Uno de los allanamientos realizados ayer LA NACION

El gobierno bonaerense busca contener la epidemia de amenazas telefónicas a establecimientos educativos. Sólo en uno de los 2600 casos denunciados en los últimos dos meses se encontró una granada. Los restantes episodios fueron falsas advertencias realizadas por estudiantes que pretendían evitar un día de clases. El protocolo de evacuación de los colegios se realiza siempre, por más que las autoridades piensen que sólo se trate de bromas malas. La repetición de esos sucesos no causa gracia entre los funcionarios y el personal judicial que actúan en cada caso. El mismo Juzgado Federal Nº 3 de Morón intervino ayer en la captura de asaltantes de bancos y de un niño de 11 años que había amenazado a una escuela...

Las autoridades políticas y judiciales decidieron tomar en serio las llamadas con avisos sobre bombas. En los últimos 20 días fueron detenidos 28 menores por esas amenazas. Las investigaciones avanzan en al menos otros 120 expedientes. Si bien los adolescentes podrían confiarse en su condición de inimputables para seguir con sus supuestas bromas, en todos los casos las líneas telefónicas están registradas a nombre de los progenitores y serán los adultos quienes sean llevados ante la Justicia. Doce padres de los 28 menores demorados en esas causas ya fueron imputados por el delito de intimidación pública.

"Vamos a empezar desde la provincia de Buenos Aires, a ir en una causa civil contra los padres para que se hagan responsables. Porque lo que le cuestan al Estado estas cosas que creen que son una broma es muchísimo", explicó ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

Las autoridades de las escuelas bonaerenses deberán presentar una denuncia por cada amenaza y eso habilitará el seguimiento del caso con una casi inmediata identificación del teléfono utilizado para realizar esa intimidación.

Sin lugar para risas

Las autoridades sostienen que estas amenazas son realizadas por chicos que consideran el tema como una travesura estudiantil, pero para frenar el tema la Justicia se pondrá más dura en causas que tienen contempladas penas de hasta seis años de prisión.

La mayoría de los arrestos se concretó en los últimos siete días, cuando se decidió actuar con mayor firmeza para desalentar la imitación de casos.

Dos de los mayores notificados sobre el inicio de una causa en su contra por intimidación pública son docentes, demorados tras allanamientos en Quilmes y Merlo. Los autores de las llamadas con advertencias de bomba habrían sido sus hijos, pero los adultos fueron tomados por la Justicia como responsables.

En General Rodríguez dos hermanos adolescentes de 15 y 16 años vieron el viernes pasado cómo sus padres fueron llevados esposados tras un allanamiento en su casa. Más allá de la denuncia penal contra los padres, esas familias también afrontarán un costo económico, ya que tanto el estado provincial como los municipios presentarán demandas civiles.