Esperanza Aguirre protagonizó este viernes un bronco interrogatorio con las fiscales del caso Púnica e, incluso, con el juez instructor, Manuel García-Castellón, según fuentes jurídicas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que declaró como imputada en la Audiencia Nacional durante más de tres horas y media por la supuesta caja b del PP regional, se desvinculó de la financiación y apuntó al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez. En la causa se investigan delitos de cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros.

Aguirre, en su primera declaración como investigada –también depuso como testigo en el juicio del caso Gürtel–, se desvinculó de la gestión económica del partido y apuntó como único responsable de las finanzas al exgerente, ya imputado. La expresidenta se desmarcó de Gutiérrez al decir que a este antiguio alto cargo del PP madrileño lo conocía únicamente “de hola y adiós”. Aguirre añadió que el gerente no le rendía cuentas a ella sino a alguien en el PP nacional, que no especificó.

Cuando el juez le preguntó si a efectos económicos su cargo era “figurativo”, ella esgrimió los estatutos del partido, de los que, según su interpretación, se desprende que el presidente de la formación no tiene funciones económicas. Aguirre afirmó que, en la actualidad, sigue creyendo que en el PP regional no había ninguna contabilidad paralela. Al mostrarle la Fiscalía el contenido del pendrive con la contabilidad paralela que llevaba Gutiérrez, ella dijo que todo era “mentira”.

El comienzo de la declaración de la expresidente madrileña fue una sucesión de broncas e interrupciones. La primera surgió cuando se refirió a las representantes del ministerio público como “las fiscalas”, en lugar de “las fiscales”, como le reclamó el juez que dijese. Cuando le preguntaron por Fundescam, la fundación del PP que supuestamente sirvió para desviar al partido subvenciones públicas, Aguirre dijo que “las fiscalas o las fiscales se han empeñado en que Fundescam era el Watergate”, en referencia al escándalo que acabó con la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos en 1974.

Otro momento de tensión surgió cuando las fiscales le preguntaron por el tamayazo, la deserción de dos diputados autonómicos socialistas —Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez— que forzó la repetición de las elecciones autonómicas de 2003 y propició la primera mayoría absoluta de Aguirre. La expresidenta, aconsejada por su abogado, Carlos Aguilar, se acogió a su derecho a no contestar tras mostrarse indignada por la pregunta.

Según letrados presentes en la declaración, Aguirre hizo una “exhibición de carácter”. Cuando las fiscales le preguntaron por qué no destituyó como gerente a Gutiérrez al ser imputado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, y por qué después de que este dimitiera, la expresidenta le pidió que volviese, Aguirre se volvió a cerrar en banda. A renglón seguido, manifestó que ella, como presidenta, nombraba a todos sus cargos en la Comunidad “pero que lo consultaba siempre con Mariano Rajoy”, presidente nacional del partido.

Durante el interrogatorio salieron a colación las dos principales “ranas” —según su propia definición— de sus mandatos: Ignacio González y Francisco Granados. De González, que la sucedió en la presidencia, manifestó que lo conocía desde 1989 de su etapa en el Ayuntamiento de Madrid. Sobre el segundo, dijo que lo nombró consejero en 2003 porque “le habían hablado muy bien de él” como alcalde de Valdemoro.

Sobre la agencia pública de infraestructuras de transportes Mintra, uno de los supuestos focos de corrupción de la trama Púnica en la Comunidad y disuelta en 2011, Aguirre reconoció que estaba “mosca”. Según fuentes presentes, el juez le pidió entonces que matizase la expresión y ella, titubeante, dijo que era “muy austera” y que “no quería hacer muchas estaciones de metro”, de cuya adjudicación se encargaba Mintra. La fiscal vio un punto de debilidad y le insistió. Ella, según los testigos, dijo: “Retiro mosca”. “No puede retirar la mosca porque está grabado”, le recordó el magistrado.

Aguirre también negó haber participado en la reunión de comienzos de 2004 en la que supuestamente se acordó favorecer con adjudicaciones a las empresas de publicidad de Daniel Horacio Mercado —imputado en la causa y cuyo testimonio ha salpicado a la expresidenta— para pagarle los actos de campaña que organizaba para el PP. Aguirre la redujo a un breve encuentro fuera de su despacho para que ella diera el visto bueno a un nuevo logo. Insistió en que se había enterado “por el sumario” de la trama del 1% madrileño, la reserva de ese porcentaje para publicidad en los contratos de grandes obras públicas, una cantidad que en parte acabó supuestamente en las arcas del PP y de la que Mercado resultó beneficiado.

Al salir de la Audiencia, Aguirre expresó a los medios su "satisfacción" por haber podido explicar al juez su versión de los hechos. "Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido", dijo, sin aceptar preguntas. "Mi inocencia prevalecerá", afirmó antes de irse del edificio judicial.