Mauricio Fernández, miembro de una de las familias más ricas de México y político por vocación, abrió por la puerta de atrás un debate nacional que tiene a muchos alarmados. El sábado pasado, al tomar posesión como alcalde del municipio San Pedro Garza García, en el estado norteño de Nuevo León, y considerado el más rico per cápita del país, reveló en su discurso que esa misma mañana, el miembro de uno de los cárteles de la droga más violentos que hace tiempo lo amenazó de muerte y era el principal secuestrador en esa zona, había sido ejecutado en la ciudad de México. Como no había información pública sobre ese incidente sucedido a casi mil kilómetros de distancia, y Fernández había dicho en su mensaje político que enfrentaría al narcotráfico por encima de sus atribuciones, desató las especulaciones sobre si su mano estaba detrás de esa ejecución.

Fernández se sorprendió de que sus palabras se convirtieran en noticia de primera plana en los periódicos nacionales y que terminaran en las páginas de análisis. Pero ¿qué podía esperar? Su revelación fue unas cuatro horas antes que siquiera se descubrieran los cadáveres, y con seis de antelación a que las autoridades identificaran los cuerpos. La realidad estaba construida, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico que tiene dividido al país. La percepción es que el gobierno va perdiendo la guerra contra los cárteles de la droga por la espiral de violencia desatada a partir de que empezó su cruzada contra el narcotráfico. El gobierno dice que la violencia tiene que ver, precisamente, con el éxito de su campaña contra los delincuentes. Pero la sociedad se siente insegura y amenazada, y sus representantes más poderosos, como los empresarios, han venido dando muestras de hastío con el presidente Felipe Calderón y de creciente insatisfacción por la forma como está resolviendo el problema del narcotráfico.

La relación mecánica que se hizo en los medios de la revelación de Fernández y la ejecución de su enemigo no es, sin embargo, algo tomado a la ligera. Desde el año pasado los grupos empresariales del país han venido discutiendo la posibilidad de armar sus propios ejércitos de la noche para enfrentar a los narcotraficantes, pues consideran que el Ejército Mexicano y las policías federales, no están pudiendo con ellos. En una reunión privada que sostuvo Calderón con empresarios de Ciudad Juárez, la ciudad norteña en el estado de Chihuahua que todos los días rompe su propio récord de ejecuciones, recibieron como respuesta a sus preocupaciones que si las cosas estaban mal, peores se iban a poner, y que hicieran como empresarios de otros estados, que estaban contratando escoltas y el gobierno les otorgaba permisos de portación de armas. Los empresarios de Juárez se quedaron indignados.

La razón de la existencia de los gobiernos es proveer, precisamente, seguridad a sus ciudadanos. Los mexicanos no sienten que el gobierno de Calderón esté cumpliendo con esa responsabilidad primaria, sin aceptar el discurso oficial de que poco más del 92% de quienes han muerto están relacionados con el narcotráfico. El país está en guerra, declarada por el gobierno, pero el gobierno se queja de que la guerra no está por todo el país. Tiene razón, pero está equivocado. La guerra nunca toca en forma clara el nervio central de un gobierno hasta que la pierde o está en camino de perderla. Pero la guerra sí se ve en muchas otras ciudades importantes del país, que es el reclamo permanente de los empresarios, como los de Ciudad Juárez.

El desencuentro que hubo en aquella ciudad fronteriza con Estados Unidos, tuvo consecuencias colaterales. A través de mensajes en Internet, un llamado Comando Ciudadano de Juárez convocó a los ciudadanos a formar un grupo armado y a asesinar cada 24 horas a un delincuente. En enero apareció en las calles de esa ciudad un ejecutado que colocado un mensaje sobre el cuerpo que decía: "Esto es para quien continúe extorsionando". En junio, aunque por breve tiempo, estuvo en YouTube un video donde otro grupo, Empresarios Unidos-Escuadrón de la Muerte, incitaba a asesinar a delincuentes. La justicia por propia mano. Vigilantes, al mejor estilo de la impotencia ciudadana, como en estos días los medios sugieren que hizo Fernández.

Pero el alcalde de San Pedro Garza García está lejos de ser un hombre aislado del imaginario empresarial. Hace algunos meses, otro grupo de empresarios, entre los cuales se encontraban algunos de los más ricos de México y el mundo, debatieron la posibilidad de contratar comandos extranjeros para cuidar sus intereses y empezar a actuar contra el narcotráfico en sus mismos términos y condiciones. Los empresarios no sienten, como muchos mexicanos, que el gobierno esté haciendo lo mejor para resolver el problema de la delincuencia. Algunas empresas tras evaluar el costo-beneficio de pagar extorsión a un cártel de drogas o incrementar sustancialmente la protección en sus rutas de distribución y comercialización, están pagando una cuota mensual a los narcotraficantes. Algunos grandes consorcios se negaron a hacerlo y contrataron seguridad adicional, con lo cual sus costos se han elevado de manera significativa.

La impotencia es un sentir que cada vez se extiende más entre un mayor número de grupos sociales. Las críticas a la forma como el gobierno encauzó su guerra contra el narcotráfico van ganando nuevos adeptos. Entre los más visibles ya no están los estudiosos o los intelectuales que escriben en los periódicos, sino el propio ex presidente Vicente Fox y sus antiguos colaboradores, que pertenecen al mismo partido que Calderón, quienes son los primeros agoreros del desastre de la estrategia del gobierno. Menos visibles son los empresarios, pero a la vez los únicos que están en condiciones de armar sus propios ejércitos y salir a la calle a matar narcotraficantes. No hay evidencias sólidas de que esto ya esté sucediendo. Las declaraciones de Fernández, que pertenece a una de las familias más ricas de México, tampoco prueban nada, cuando menos hasta ahora. Pero de que hay muchas ganas de hacerlo, las hay.