0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C.B.

Lisboa / Efe 29/05/2019 19:02 h

4.500 vehículos parados en plena autovía para ser escudriñados con lupa por las autoridades fiscales. Y 93 dieron positivo en deudas. El escenario, Portugal; el motivo, una campaña de caza al moroso que ha desatado la polémica en el país vecino, hasta el punto de que la medida fue cancelada en pocas horas y el Gobierno portugués se vio obligado a dar explicaciones. La llamada «Acción sobre ruedas» fue destapada el martes en Valongo, al norte del país, cuando a una decena de conductores se les dio el alto. Habían sido identificados como morosos, tras haber cruzado los datos tributarios con sus matrículas. «Si no estaban en condiciones de pagar, entonces podíamos embargar sus vehículos», dijeron fuentes del fisco a medios portugueses. Esa circunstancia levantó ampollas y enseguida el Ministerio de Finanzas canceló la operación.

Sin embargo, la paralización de la medida recaudatoria no calmó las aguas. Las autoridades fueron acusadas de abuso de poder y de ejercer una actitud intimidatoria con los ciudadanos. En una entrevista en televisión en horario de máxima audiencia, el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, António Mendoça Mendes, habló el martes de «desproporción», aunque -matizó- su objetivo era «benigno». Hoy, su jefe, el ministro de Finanzas, Mário Centeno, salía a dar la cara para condenar de nuevo lo ocurrido. «No fue una decisión afortunada», admitió, y se apresuró a aclarar que la medida había sido cosa de autoridades locales y no del Gobierno central. «Se ha abierto una investigación para saber si todos los derechos de los contribuyentes fueron preservados», precisó Centeno.

Medios locales aseguran que es la quinta vez que se produce un control semejante, siempre en el norte del país, aunque ninguno con la repercusión de este último. Entre las airadas reacciones, la del Colegio de Abogados de Portugal, que subrayó en un comunicado que una deuda con el fisco es «solo eso, una deuda, un asunto que debe ser tratado por los Servicios de Finanzas y en los Tribunales», además de indicar que «su cobro no puede ser realizado bajo amenaza de, por la fuerza, despojar sumariamente a los ciudadanos de sus bienes». Sorpresa también en el Sindicato de Trabajadores de Impuestos cuyo representante, Paulo Ralha, señaló que «es ridículo», por las ínfimas cantidades que se debían, y que lo entendería «si se tratase de una gran operación de combate contra el fraude».