El pacto firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos es 'papel mojado'. Al menos, eso es lo que sostienen los autores de un informe sobre las consecuencias prácticas que tendrá el endurecimiento de la amnistía fiscal en los términos acordados por ambos partidos el pasado 28 de agosto. Y que ha levantado ríos de tinta por su presunta ilegalidad, al tener carácter retroactivo.

El principal argumento que se ofrece es que la Administración tributaria no dispone de la información necesaria para comunicar a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal una propuesta de liquidación.

No hay que olvidar tampoco que dentro de poco más de un mes —el próximo 30 de noviembre— prescribirá el derecho de Hacienda a determinar una deuda derivada de la 'comprobación' de los datos incorporados a la llamada Declaración Tributaria Especial (DTA), al haber transcurrido más de cinco años, en caso de que hubiera delito fiscal, desde que finalizó el plazo de presentación de la misma. O cuatro años si no lo hubiera. Esa fecha se considera clave, y tanto la asociación de inspectores tributarios como los grupos parlamentarios han instado a la Agencia Tributaria para que actúe de forma urgente para así evitar la impunidad.

Esta prescripción afecta a los impuestos del IRPF, Patrimonio y Sociedades, y solo en aquellos casos casos en que se demostrara delito fiscal agravado se podría reclamar por vía penal.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

El informe, redactado por los expertos de Equipo Económico, recuerda que el modelo 750 aprobado al efecto “no contiene excesiva información” acerca de los bienes y derechos declarados. Así, por ejemplo, no se informa del número de acciones o participaciones mantenidas en sociedades o en instituciones de inversión colectiva, sino tan solo de su fecha de adquisición y de la correspondiente valoración.

Pero además, como sostiene el análisis, el volumen de documentación manejado por los despachos que en su día prepararon las DTE fue muy importante —y en ocasiones precisaba de cierta interpretación—, “por lo que parece muy difícil” que la misma se hubiera incorporado como anexo y que, por tanto, la Agencia Tributaria pudiera ahora indagar en qué declaraciones se aplicó la prescripción y en qué cuantía.

El resultado práctico es que no hay ni tiempo ni existen las circunstancias funcionales para endurecer ahora la amnistía, como pretendía Ciudadanos cuando negoció este punto con el Partido Popular. Entre otras cosas, porque las declaraciones relativas a los ejercicios fiscales hasta 2010 inclusive —último al que se refería la regularización— no pueden ser objeto de revisión por haber prescrito a fecha de hoy el derecho de la Administración a determinar las deudas mediante la oportuna liquidación. De esta manera, salvo en casos puntuales, las vías de comprobación de la DTE “se habrían cerrado”.

31.000 beneficiados por la amnistía

Hay que tener en cuenta que la Administración tributaria no puede emitir una liquidación al contribuyente por la diferencia entre el importe ingresado mediante la DTE y el que hubiera debido ingresar de haber valorado los bienes por su precio de adquisición sin descontar rentas prescritas. Por el contrario, la Administración tendría que emitir requerimientos de información a los múltiples obligados tributarios —618 sociedades y 29.065 personas físicas— que presentaron aquella declaración, para que fueran ellos los que la informaran convenientemente. Es decir, una especie de convocatoria general 'a ciegas' en busca de fraude destinada a los más de 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal.

Los expertos tributarios de Equipo Económico recuerdan, además, que una vez obtenidos en su caso los datos, aflorarían los enormes problemas de justificación de activos, rentas y prescripción que se pusieron de manifiesto con ocasión de la cumplimentación de la DTE. Y es posible, se dice, que los bienes declarados hubieran sido adquiridos en ejercicios muy lejanos en el tiempo sin formalización en escritura pública, por lo que la “dificultad de acreditación del precio de adquisición de los referidos bienes” puede incrementarse considerablemente. Debiéndose remitir la Administración en muchos casos a entidades bancarias extranjeras que pueden no haber conservado la información por no estar obligadas a su archivo.

El portavoz del PP, Rafael Hernando (i), y el de C's, Juan Carlos Girauta, durante la firma del acuerdo. (EFE)

El punto seis de las 150 medidas pactadas entre el Partido Popular y Ciudadanos obliga al nuevo Gobierno —si finalmente Mariano Rajoy gana el debate de investidura— a realizar una revisión de la amnistía para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 “tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”. El documento firmado por los portavoces Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta preveía recaudar en 2017 unos 1.000 millones de euros, tanto por este concepto como por la mejora en la lucha contra el fraude fiscal.

Ante esto, según el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, el Gobierno en funciones, y especialmente la Agencia Tributaria, que no está en funciones, debería aplicar las normas tributarias antes de que transcurran cuatro años desde que se presentaron las declaraciones. Prácticamente todas se presentaron a finales de noviembre de 2012, el próximo 30 de noviembre “ya no habrá nada que se pueda hacer legalmente”, asegura.

Inicialmente, el Ministerio de Hacienda preveía ingresar unos 2.500 millones de euros por la regularización fiscal, pero los cambios de criterios en Tributos, más favorables a los defraudadores, acabaron por echar por tierra esas estimaciones. Finalmente, la aplicación de los criterios redujo la recaudación hasta los 1.196 millones de euros. Es decir, una cifra que supone valorar los activos en relación a la renta declarada en unos 12.000 millones de euros.

Entre los que presentaron esta declaración se encuentran algunos de los implicados en los papeles de Panamá, así como nombres tan conocidos como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa del comisario Arias Cañete o Francisco Granados.