Primeras fisuras en el Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defiende la posibilidad de aprobar los objetivos de déficit por real decreto-ley en caso de que el Senado —como es algo más que probable— vete el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se fijan tanto el techo de gasto como la nueva senda de reducción del déficit para 2019. Lógicamente, siempre que el Congreso dé luz verde a su tramitación.

La vicepresidenta, de esta manera, quiere evitar una dura derrota en la Cámara Alta, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.

La estrategia de Calvo, sin embargo, cuenta con la oposición de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de cumplir de forma rigurosa tanto el espíritu como la letra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que deja bien claro que el Senado tiene autonomía plena para devolver al Gobierno el acuerdo del Consejo de Ministros. Entre otras cosas, porque de esta manera el Partido Popular “tendría que retratarse” y defender que vota contra la tramitación de una norma que supone un aumento del gasto público de unos 6.000 millones de euros (medio punto de PIB), de los que 2.500 millones irían a las comunidades autónomas y una cantidad similar a la Seguridad Social. Los 1.000 millones restantes irían al subsector Estado.

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La norma, del año 2012, fue redactada personalmente por el anterior titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y deja bien claro (artículo 15.6) que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”.

Es decir, se habilita al Senado a devolver al Gobierno una norma, lo cual es singular en el sistema constitucional español, donde una de las dos cámaras, el Congreso, tiene jerarquía sobre la otra a la hora de aprobar las leyes.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria es, por lo tanto, una excepción. Sin duda, porque la propia Constitución, aunque no ha sido desarrollada, ha pretendido configurar al Senado como una cámara territorial, como se demostró con la aplicación del artículo 155. Y, precisamente, los objetivos de déficit afectan a cada una de las administraciones públicas. Por lo tanto, en este caso, como dice la ley, el Senado no es una cámara de segunda lectura.

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Esta tesis es la que sostiene el catedrático Javier Pérez-Royo, quien defiende que el Gobierno debería aprobar un real decreto-ley con la fijación de la senda de déficit aprobada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Pérez Royo admite que lo más probable es que el Partido Popular opte por interponer un recurso de inconstitucionalidad, lo que obligaría al TC a decidir quién tiene razón. En su opinión, la senda de déficit no figura entre las materias no susceptibles de ser reguladas por real decreto-ley.

Veto del Senado

El artículo 90 de la Constitución establece que, “en caso de veto”, como muy probablemente ocurrirá por la mayoría absoluta del PP en el Senado, el Congreso tiene la última palabra, ya sea por mayoría simple o absoluta. A ese artículo es al que se agarran como un clavo ardiendo algunos miembros del Gobierno para evitar el veto del Senado. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido desde 2004. Desde entonces, han sido numerosos los proyectos de Ley de Presupuestos remitidos por gobiernos socialistas vetados por el Senado, aunque sin ningún éxito final. En todos los casos, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó los vetos de la Cámara Alta. Si bien la Ley de Estabilidad (que es orgánica) es una excepción.

Es decir, lo que pretenden quienes apoyan la vía del decreto es una especie de 'patada hacia adelante' con el objetivo de ganar tiempo, ya que cuando el TC hiciera su pronunciamiento, la Ley de Presupuestos de 2019 estaría plenamente en vigor. La propia vicepresidenta Calvo admitió ayer que el Gobierno está intentando “encontrar una solución”. Para Calvo, “no es fácil de entender que todas las leyes que se vetan en el Senado vuelven al Congreso” pero no en este caso. Máxime cuando la Ley de Presupuestos vuelve a la Cámara Baja aunque sea vetada por el Senado. Para Calvo, el hecho de que el presidente del Gobierno sea investido de forma exclusiva por el Congreso explica que su criterio prevalece ante la Cámara Alta.

El artículo 90 de la Constitución establece que, “en caso de veto”, el Congreso tiene la última palabra, ya sea por mayoría simple o absoluta

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, sin embargo, dice lo que dice, y el grupo socialista nunca ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad a la norma, pese a contar con los parlamentarios suficientes. La ley dice, en concreto, que “tras el correspondiente debate en pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno”. Es decir, sitúa al mismo nivel a ambas cámaras, lo cual se refuerza en el párrafo posterior, en el que se establece que si cualquiera de las dos cámaras rechaza los objetivos de déficit y deuda pública, el Ejecutivo tiene un mes para presentar otra senda.

Lo que debe votarse en ambas cámaras legislativas es el acuerdo del Consejo de Ministros, que incluye tanto los 125.064 millones de euros del techo de gasto —límite de gasto no financiero del Estado— como los objetivos de desequilibrio fiscal. En caso de que estos objetivos no fueran aprobados, seguirían en vigor los actuales. Es decir, un déficit del 1,3% en 2019 y un 0,5% en 2020, por lo tanto, cinco y seis décimas menos, respectivamente, que lo que pretende el Gobierno, lo que le obligaría a aprobar un ajuste de unos 6.000 millones de euros.