La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela aprobó un pronunciamiento el día 31 de diciembre de 2019 explicando el plan del régimen autoritario para la disolución de la Asamblea Nacional teniendo como instrumento de su ejecución a la Sala Constitucional. En dicho documento se hace una completa relación de la obstaculización del ejercicio de la soberanía popular, desde el mismo inicio del presente periodo legislativo el 5 de enero de 2015 y demuestran que esa Sala del TSJ desacata sistemáticamente la Constitución.

Ante la proximidad de la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional advierten sobre todas las maniobras dirigidas a evitar la instalación y funcionamiento del órgano máximo de representación nacional. La más reciente maniobra montada para anular las reglas de debate parlamentario y producir la nulidad de todos los actos del Poder legislativo. Explican la evolución histórica de las prerrogativas del Parlamento para demostrar que el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional es un acto privativo del parlamento.

En el documento demuestran con ejemplos concretos que es falsa la afirmación de los representantes del régimen sobre la invalidez de la emisión no presencial del voto parlamentario. Al contrario de lo afirmado por Diosdado Cabello, en el sistema comparado del mundo occidental se han consagrado reformas estatutarias que permitan vencer los obstáculos y dificultades que sufren los parlamentarios para manifestar la voluntad popular y cumplir su función.

La mejor justificación para establecer el voto no presencial en el Parlamento son los actos de persecución personal contra diputados que se traducen en 28 enjuiciamientos por parte del Tribunal Supremo de Justicia sin respetar la inmunidad parlamentaria; tres diputados objeto de medidas privativas de libertad sin formula de juicio que cumpla con los requisitos mínimos de un debido proceso; y 27 parlamentarios inhibidos de cumplir su función ante la necesidad de ausentarse del país por las amenazas y agresiones de las que han sido objeto. En este último aspecto, incluyen a sus compañeros, profesores universitarios, Manuel Rachadell y Miguel Albujas, los cuales son objeto de persecución penal por haber sido designados representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo Nacional de Universidades.

Los catedráticos explican que la estrategia no solo se limita al control político-institucional sino que ha tenido por objeto levantar todo control que impida la disposición y enajenación de los recursos del país. En este sentido, vinculan tal estrategia con el desorden de las finanzas públicas, el imprudente endeudamiento y el desastre monetario. También señalan la forma inconstitucional en que se ha comprometido el patrimonio de la República mediante empréstitos y la asunción de obligaciones económico-financieras que han sido suscritas en forma inconstitucional; además del otorgamiento indiscriminado de concesiones desconociendo las más elementales normas de preservación del medio ambiente, irrespetando las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrificando la soberanía nacional.

Finalmente, destacan el deber ciudadano de defender la institucionalidad como única opción de defensa del ideal democrático y que la tiranía se apoya en las falencias de los mecanismos democráticos y en los errores de la dirigencia política para tratar de aplastar a la Asamblea Nacional como institución. Por ello afirman la necesidad de declarar la emergencia legislativa y la sesión permanente de la Asamblea Nacional al momento de designar de nuevo a su directiva en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates. También ratifican el pedimento de instalación del Consejo Consultivo presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, integrado por la directiva, las presidencias de comisiones permanentes y los ciudadanos representativos de los factores comprometidos en la restauración democrática.

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Nota de Prensa