El fiscal que investiga el caso Odebrecht en Perú, José Domingo Pérez, dijo que vínculos como el reportado en México entre el fiscal General Alejandro Gertz Manero y el abogado defensor del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien cuenta con orden de aprehensión solicitada por la misma fiscalía, deben esclarecerse y de ser necesario corregirse para que no haya duda sobre la integridad de las investigaciones.

Sin emitir un juicio personal sobre un posible conflicto de interés, el fiscal Domingo mencionó que los ciudadanos deben exigir que este tipo de temas no se pasen por alto, ya que situaciones similares en otros países, como Perú y Colombia, han derivado en la separación o salida de los fiscales “comprometidos” por nexos con sus contrapartes.

La semana pasada Animal Político y Quinto Elemento Lab revelaron que el abogado Javier Coello Trejo es apoderado legal de Gertz Manero y lo representó en un caso personal que sigue abierto. Pero además Coello es defensor de Lozoya, quien es investigado por la Fiscalía que dirige Gertz por el caso Odebrecht y otros presuntos hechos de corrupción, y en contra del cual ya hay una orden de aprehensión.

Se trata de un vínculo que ninguna de las partes interesadas implicadas había revelado públicamente. Luego de que se diera a conocer el caso, han negado incurrir en un posible conflicto e interés.

Pero el fiscal de Perú relató situaciones similares en otros países, donde sí ha habido consecuencias. Señaló, por ejemplo, que en su país el fiscal general se vio comprometido luego de que su abogado también era abogado de personas indagadas por casos de corrupción, situación que a la postre provocó que dejara de ser el fiscal nacional.

También refirió que en Colombia ocurrió una situación “bastante similar”, al descubrirse que el abogado que defendía intereses de empresas que se asociaron a Odebrecht, para defraudar al Estado, tenían vinculación con el que fue fiscal general de Colombia. La presión ciudadana obligó a que dicho fiscal se separara del cargo.

“Yo no voy a entrar al tema particular de México, pero sí decirle que ha habido situaciones similares. Es la misma situación, es una cuestión de ética (…) es un tema que entiendo se debe corregir, o por lo menos se debe establecer una claridad respecto a la actuación que debe tener la máxima autoridad de la fiscalía en su país”, dijo el fiscal.

Domingo Pérez hizo hincapié en que la ciudadanía en general tiende a rechazar el ocultamiento de este tipo de conductas, como se ha manifestado en otros países, situación que es preocupante dado que las investigaciones de casos de alto impacto, como son los de corrupción, requieren del respaldo de los ciudadanos para incluso fortalecer la denuncia, y no inhibirla.

“La confianza ciudadana respecto a quienes están investigando estos temas es fundamental. Confianza no solo para los que intervienen sino para la sociedad en general. Si no hay confianza con la Fiscalía, por ejemplo, para delatar o colaborar, o denunciar hechos de corrupción, es grave. Si hay desconfianza de la independencia de la fiscalía, por situaciones así y estos detalles, puede haber personas que ya no quieran colaborar”, añadió.

En este contexto el fiscal peruano consideró importante que la sociedad en general, y sobretodo los grupos de sociedad civil organizada, presionen a las autoridades para que cualquier hecho irregular se esclarezca y se den explicaciones. “Sin presión ciudadana no se toman acciones advirtió.

Falta de colaboración afectó avance en México

En Perú las investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obra, una práctica que se extendió en toda América Latina, ya ha generado resultados tangibles. Los últimos cuatro expresidentes de ese país, y varios funcionarios más de distintos partidos, se encuentran procesados ante los tribunales.

Se trata de una situación diametralmente distinta a la de México, donde las investigaciones iniciadas desde hace casi tres años siguen abiertas, pero sin resolución alguna. La orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya hace unas semanas no fue en relación con el caso Odebrecht, sino por presunto lavado de dinero por otro contrato con la empresa Altos Hornos de México.

Cuestionado sobre esta situación, el fiscal Domingo Pérez consideró que la decisión que tomó la antigua Procuraduría General de la República en México, de no firmar acuerdos de colaboración con Odebrecht, provocó una “pérdida de tiempo” y dificultades para llevar a buen puerto los casos.

El fiscal explicó que en Perú, como en otros países, los convenios con la empresa han generado resultados positivos para el Estado, ya que la empresa a cambio de obtener una pena no tan alta se compromete a aceptar su culpabilidad, a realizar un pago económico como reparación, y sobre todo a aportar información que ayude a desenmascarar a los funcionarios implicados.

“Es un recurso que en México no se ha aprovechado como en otros países. En el caso de Perú han sido bastante importantes estos convenios, porque prácticamente tenemos a toda la clase política siendo investigados o procesados. En México creo que no hubo este entendimiento, pero creo que la nueva Fiscalía ya está tomando las acciones necesarias. Insisto, creo que fue un tiempo perdido que no supo aprovecharse”, dijo.

El fiscal José Domingo Pérez comentó lo anterior en entrevista previo a su participación en el Foro Nacional Anticorrupción y Justicia Penal realizado en Ciudad de México, y organizado por la asociación civil TOJIL y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros.