El Ayuntamiento de Madrid ha dicho basta ante el estado de deterioro en el que se encuentra el asfaltado de las vías públicas de la capital, seriamente desgastado y cargado de socavones, y ha decidido resolver el contrato que desde hace tres años ostenta en exclusiva Dragados, una de las empresas que conforman el Grupo ACS.

Se trata de la segunda medida de este tipo que lleva a cabo el consistorio dirigido por Manuela Carmena contra el 'holding' de Florentino Pérez, a quien ya rescindió, el pasado otoño, la concesión de las obras para remodelar el paseo de la Dirección, una ruptura que terminó firmándose de mutuo acuerdo, pero a la que precedió una tensa negociación, y que conllevó el pago de 130 millones de euros en suelos a la constructora.

En esta ocasión, el área de Desarrollo Urbano Sostenible está ya trabajando en el proceso de resolución del contrato integral de infraestructuras viarias, un megacontrato presupuestado en 336,6 millones, que Dragados se adjudicó en diciembre de 2013 por un periodo de ocho años, aunque todo apunta a que no llegará a celebrar su cuarto aniversario.

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Antes de terminar esta legislatura, la concejalía dirigida por José Manuel Calvo quiere haber rescindido este contrato, ruptura que está intentando firmar de mutuo acuerdo, y haber lanzado una nueva licitación, bajo un esquema muy diferente al actual.

"Como el modelo se ha demostrado profundamente ineficaz, e insuficientemente dotado para tener el nivel requerido de conservación de las calles, lo vamos a cambiar por un modelo donde los distritos tengan capacidad de actuación en las vías secundarias, en las calles, y el ayuntamiento se quede exclusivamente con el mantenimiento de las vías estructurantes, de las grandes infraestructuras, y de las actuaciones singulares", reconoce Calvo a este medio.

Los técnicos del consistorio están trabajando ya en una nueva licitación dirigida a dividir el actual contrato integral en 12 lotes: uno por cada tres distritos —lo que dará un total de siete lotes—, otro para vías estructurantes, otro para actuaciones de emergencia, uno para actuaciones singulares, como Madrid Río, y el último para infraestructuras.

El área de Desarrollo Urbano está trabajando ya en el proceso de resolución, al que seguirá una nueva licitación, que dividirá todo el contrato en 12 lotes

Con esta fórmula, el ayuntamiento busca diversificar el número de compañías que darán el servicio, para no depender de un único contratista, y tener un nivel de intervención mayor, dando protagonismo tanto a los distritos como a la propia área de Desarrollo Urbano.

Desde su llegada al Palacio de Cibeles, el equipo de Ahora Madrid se ha mostrado muy crítico con la marcha de este contrato integral, postura que le llevó a lanzar un plan de choque para mejorar calzadas y aceras en octubre del año pasado.

Entonces se acordó reparar 500 calles, con una inversión total de 40 millones de euros, actuación que el ayuntamiento afirmó que era "cuatro veces superior en presupuesto y superficie a renovar que la ejecutada en 2014" por Dragados, y que prevé completar este ejercicio con un presupuesto similar.

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Entre los aspectos que el consistorio prevé cambiar con la nueva licitación está el funcionamiento del sistema 'Madrid Avisa', por el cual todos los ciudadanos que vean un desperfecto pueden alertar a la Dirección General de Vías Públicas del ayuntamiento, que abre un expediente y remite la incidencia a los empleados de Dragados, los cuales tienen la obligación de resolver la incidencia en unos plazos marcados según el tamaño del socavón.

El problema es que, una vez en la zona, aunque haya otro desperfecto a pocos metros, no pueden arreglarlos sin que previamente se abra otro expediente. "No podemos ir a modelos donde el ayuntamiento esté tan comprometido, el ayuntamiento debe de ser quien lleve la batuta", explica el concejal de Urbanismo, quien también admite que la nueva licitación deberá contar con "una dotación presupuestaria que esté ajustada a las necesidades de la ciudad".

Otra víctima de los recortes

Los problemas de este contrato integral se remontan a los años más duros de la crisis, cuando el consistorio, entonces dirigido por el PP, redujo en cerca del 40% la inversión en conservación de vías públicas, y eliminó las tradicionales operaciones Asfalto y Aceras, que se llevaban a cabo en verano para arreglar tanto el pavimento de las calzadas como las aceras.

El malestar social ante el progresivo deterioro de las vías públicas, unido a las famélicas arcas públicas, llevó a la anterior regidora, Ana Botella, a licitar un nuevo modelo de contrato de conservación, divido en tres lotes, que se llevó en su totalidad Dragados, con bajas en todos los casos superiores al 22%, compañía en la que se delegó toda la gestión, limitando la labor del consistorio al mero control.