El juicio del año está a punto de empezar. El lunes se sentarán en el banquillo de los acusados dos miembros de la familia del rey Felipe VI, su hermana y su cuñado. Desde que el juez de Palma José Castro decidió imputar a la infanta Cristina de Borbón, mediáticamente el 'caso Nóos' se ha centrado ella. Sin embargo, lo que sobrevuela es la cárcel de Iñaki Urdangarín. Se enfrenta a veinte años de prisión y su defensa tiene un duro trabajo durante medio año para desmontar las acusaciones por los amaños con la administración pública, la facturación falsa y las irregularidades en su declaración de la renta.

Fuentes del caso explican que con las pruebas que hay encima de la mesa sobre el papel de Urdangarin en el Instituto Nóos, el yerno del monarca Juan Carlos tiene un futuro judicial difícil. Ahora bien, hasta que la Audiencia Provincial de Baleares no dicte sentencia tiene la presunción de inocencia.

El caso de Urdangarin y el de su esposa son bien distintos. Respecto de la infanta, su acusación jurídicamente está muy discutida. Cristina de Borbón se sienta en el banquillo bajo la única acusación del sindicato Manos Limpias, mientras que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado mantienen que no se la puede hacer criminalmente responsable de los delitos fiscales cometidos por su marido. La clave que debe desentrañar el tribunal es si ella es cooperadora necesaria porque Urdangarin declarara en el Impuesto de Sociedades unos ingresos personales que cobraba a través de la sociedad Aizoon, que compartían al 50%.

Es más, la vista oral comienza con la fase de las cuestiones previas, en las que los abogados exponen al tribunal planteamientos que no se han podido hacer durante la fase de instrucción. Tanto la Fiscalía como la defensa de la infanta van a solicitar que, aplicando la 'doctrina Botín' del Tribunal Supremo, no se la juzgue. Ella está acusada por dos delitos fiscales, cuyo perjudicado es Hacienda, representada por la Abogacía del Estado. El alto tribunal dictaminó que no se puede llevar a juicio a una persona si el perjudicado directo o la Fiscalía no acusan, como ocurre en este caso. Durante un mes que ha dado la Sala para resolver las cuestiones que se planteen, podría resolver que Cristina de Borbón no tiene que sentarse en el banquillo de los acusados.

Pero Urdangarin es bien distinto. Durante este mes, hasta que el 9 de febrero se retomen las sesiones con los interrogatorios, los acusados pueden presentar escritos reconociendo los hechos para conseguir un atenuante de la pena o llegar a pactos con la Fiscalía para obtener una rebaja sustancial a cambio de confesar los delitos. Como ya publicó este diario, ya hay seis acusados que estarían dispuestos a dar ese paso. Uno de ellos es el propio ex presidente balear, Jaume Matas, que baraja la posibilidad de reconocer que se puso de acuerdo con Urdangarin y su socio Diego Torres para obtener varios convenios de colaboración con el Govern saltándose todas las leyes y normativas.

Si el propio ex presidente reconoce los hechos, el cuñado del rey Felipe VI tendría complicado obtener una absolución. Ante el riesgo de acabar veinte años en prisión, tiene otra vía. Si reconoce que cometió tales tropelías y devuelve el dinero defraudado podría obtener una rebaja de la condena aunque en ningún caso se libraría de la cárcel.

En este último escenario, tendría que cumplir como mínimo seis años de cárcel, y según está actuando la Audiencia Provincial de Baleares en los casos de corrupción, los cumpliría de manera íntegra. El entorno del ex duque de Palma ya da por hecho que tiene pocas posibilidades de librarse de la prisión, lo que llevaría a convertirle en el primer miembro de la familia del Rey que acaba entre rejas.

Y se descubrió el pastel

Hace tan solo cinco años, Urdangarin era un modelo a seguir. Deportista de élite, casado con una infanta de España, el yerno favorito del rey Juan Carlos, padre de cuatro hijos y triunfador en los negocios. Vivía en un palacete en Barcelona, era asesor, entre otros, de Telefónica, y presidía un instituto sin ánimo de lucro dedicada a fines altruistas. Pero su burbuja de amor y lujo se pinchó cuando en 2010 saltó a la palestra el nombre del Instituto Nóos dentro del caso 'Palma Arena', en el que se investigaba a varios funcionarios y al propio presidente balear por la malversación en la adjudicación del velódromo.

Dentro de las pesquisas llevadas a cabo por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y el juez de Palma José Castro, la Fundación Illesport entregó un convenio de colaboración con el Instituto Nóos pero en éste sólo aparecía Diego Torres. Había algo que no cuadraba pero todavía no sabían qué era. Torres entregó todas las facturas para demostrar que el convenio de colaboración para montar el Illes Balears Forum era correcto. Fuentes del caso explican que fiscal y Policía se pasaron horas contando las facturas y haciendo un cuadrante. Así, descubrieron que existía un desfase de dinero. Siguieron analizando y encontraron que gran parte del dinero entregado por el Gobierno balear al Instituto Nóos había acabado en mercantiles propiedad tanto de Torres como del propio Urdangarin.

Se había descubierto el pastel. Los investigadores pronto vieron lo que estaba ocurriendo. Urdangarin y Torres habían utilizado el Instituto Nóos, supuestamente una asociación sin ánimo de lucro, para obtener convenios de colaboración con organismos públicos vinculados al Govern muy inflados de precios. Las facturas demostraba que el dinero entregado para llevar a cabo los congresos internacionales dedicados al turismo y el deporte no se había invertido en su preparación más que una parte mínima. El resto había acabado en sociedades creadas por los dos socios, desde las cuales se emitían facturas por trabajos realizados a Nóos, cuando en realidad no existían. La mecánica era sencilla y las pruebas saltaban a la vista.

Puso tierra por medio

Fue en ese momento cuando la Fiscalía pidió a Castro el secreto de las actuaciones y el registro a la sede del Instituto Nóos. En ese momento, tanto Torres como Urdangarin sabían que les habían pillado. Es más, meses antes Urdangarin, tras ver que la justicia cercaba a Matas, puso tierra por medio y se fue a Washington con su familia. En ese momento se dijo que Telefónica le necesitaba en la capital norteamericana pero todo hace indicar que veían venir lo que iba a ocurrir.

Ahí no se conocía que Urdangarin cobraba de Telefónica como asesor después de que el marido de Cristina de Borbón, por orden de la Casa Real, abandonase la presidencia del Instituto Nóos en marzo de 2006. Aunque sólo lo hizo en el papel. En la realidad seguía distribuyéndose los beneficios con Torres. En ese nuevo reparto de funciones que tuvieron que hacer se decidió que Telefónica, que era ya cliente de Nóos, pasara a pagar labores de asesoría a Urdangarin a título personal.

Entre los años 2004 y 2005, el marido de la infanta y su socio conocieron al presidente balear y le propusieron montar un congreso internacional, que se llamaría Illes Balears Forum. Matas aceptó la idea pero para no llevarlo a concurso público ordenó que se le concediera un convenio de colaboración a través de la Fundación Illesport por 1,2 millones de euros, de la cual el propio Matas era el presidente del patronato. Esto ocurrió en 2005 y al año siguiente se hizo exactamente lo mismo por 1,1 millones de euros. Del primer contrato, Urdangarin y Torres desviaron a sus empresas 737.726 euros, mientras que del segundo 618.274 euros.

Los dos socios hicieron exactamente lo mismo con la Generalitat valenciana, en su caso con cuatro convenios de colaboración, tras varias reuniones con el presidente valenciano entonces, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El 'modus operandi' era exactamente el mismo. Es más, a la hora de justificar con facturas su trabajo mezclaron conceptos de los convenios de Baleares y Valencia de manera indistinta. Entre 2004 y 2007, Nóos recibe de organismos públicos casi seis millones de euros, desviados a sus empresas privadas, y de éstas parte del dinero acabó en paraísos fiscales a través de estructuras societarias fiduciarias montadas para tal fin.

Urdangarin fue demasiado lejos

En la medida que la investigación avanzada, la Casa Real iba tomando decisiones. Hasta ese momento, Cristina de Borbón tenía su propia agenda. Como hija del Rey acudía a actos representando a la Familia Real y Urdangarin en ocasiones la acompañaba. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2011, la Casa Real decide apartarle de los actos oficiales por su comportamiento no ejemplar. Dos meses después, el 2 de febrero de 2012, acudía a declarar en calidad de imputado.

En ese momento, todavía pensaba que el asunto quedaría resuelto y no llegaría a juicio. Se trataba de unos convenios de colaboración que no necesitan concurso público. Era sencillo de defender pero la ingente cantidad de pruebas desmontó su versión. A lo largo de todo este tiempo, se le dio la posibilidad de devolver el dinero defraudado, llegar a un pacto y evitar un juicio. Pero no quiso.

En estos tres años nunca ha querido reconocer los hechos lo que ha llevado a este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados. Fuentes del caso explican si tras ser imputado hubiese devuelto el dinero y admitido una pequeña pena el asunto no hubiese crecido tanto y, sobre todo, su mujer e infanta de España no se hubiese visto salpicada por el caso.