Dos espectadores en la taquilla de un cine de Madrid. FOTO: LUIS SEVILLANO / vídeo: El País

Cuatro juzgados de Madrid investigan un supuesto fraude millonario en las subvenciones que otorga el Ministerio de Cultura a las productoras de películas españolas. El fraude consiste en sobredimensionar falsamente las taquillas y entradas de espectadores para aparentar que el filme reúne los requisitos que establece la normativa que regula las subvenciones y obtener así ayudas que pueden alcanzar los 1,5 millones de euros, según un informe remitido por Cultura a la fiscalía y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Solo en 2012, Cultura sospechó de la veracidad de los datos facilitados por exhibidores de 38 de los 74 filmes que pidieron ayudas. Las pesquisas judiciales salpican a productoras, distribuidoras y salas de cine de toda España.

El monto del fraude no está aún cuantificado, pero fuentes jurídicas sostienen que puede ser elevado dado que los requisitos supuestamente trampeados para acceder a las ayudas tienen soporte legal desde hace muchos años. De hecho, esta normativa ha sido criticada por el propio gremio por sus efectos perversos. Cultura otorga las subvenciones en función de una combinación de parámetros que valoran la inversión realizada, su recaudación y, básicamente, la cifra de espectadores. “Para cobrarla hace falta un mínimo de 60.000 espectadores, o 30.000 si la película es en lengua no castellana”, confirmó José Manuel Bernabé ante uno de los juzgados que investigan este fraude. Bernabé ha sido secretario general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de Cultura y el organismo que supervisa las ayudas. Las salas de cine están obligadas a facilitar los datos de recaudación y espectadores al ICAA.

Los investigadores sostienen que “en el falseamiento al alza de las recaudaciones” no solo han intervenido los dueños de las salas. “Hay pruebas indiciarias de que se están desarrollando prácticas previsiblemente concertadas [con productores y distribuidores]”, señala el ICAA en el informe remitido a la Fiscalía de Madrid, que dirige el fiscal jefe José Javier Polo. Algunas de las películas bajo sospecha son de los productores José Frade y Enrique Cerezo, entre otros. Cerezo explicó a EL PAÍS que no ha “sido informado ni tiene conocimiento” de anomalías en los datos de sus películas. Frade, por su lado, ha declinado hablar sobre este asunto.

Supuestas connivencias

Según acredita el informe de Cultura, incorporado a los distintos sumarios, muchas salas falsean las cifras de espectadores y de recaudación para “obtener subvenciones” del Gobierno. Los beneficiarios de las ayudas son las productoras, de ahí las supuestas connivencias entre los diferentes escalones del negocio.

Fruto de este fraude, entre otras razones, el Ministerio de Cultura modificó el pasado verano la Ley 55/2007 del Cine y cambió la metodología para acceder a las ayudas. Por tanto, a partir de enero de 2016, la subvención empieza a darse a medida que la película se va produciendo, indica un portavoz del ICAA. El cambio ha hecho que la suma de los dos sistemas de ayudas de Cultura —el anterior a posteriori y el actual, a priori— alcance los 60 millones para 2016.

Cintas de Frade y Cerezo, bajo la lupa Don Mendo Rock ¿La venganza?, película de 2010 producida por José Frade Producciones Cinematográficas, SA, y La Montaña Rusa, producida por el presidente del Atlético de Madrid a través de su empresa Enrique Cerezo P. C., son sólo dos ejemplos de películas que aspiraron a subvenciones y que el ICAA ha puesto bajo sospecha. Respecto a la película de Frade Don Mendo Rock ¿La venganza?, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, como a otras 11, es minorarle de oficio los datos que sobre ella facilitaron las salas donde fue proyectada porque estas “no aportaron la documentación justificativa del número de espectadores y recaudación”.

Los juzgados de Madrid que indagan este fraude son el número 41 (Diligencias Previas 1850/2013, contra la firma Luna Exhibición, S. L.); el 23 (DP 4869/2013, contra AbacoCine), y el 29 (contra Séptimo Arte Exhibición). Además, hay un cuarto juzgado, el 40, que ya ha remitido las pesquisas para que se celebre un juicio: los implicados han decidido devolver el dinero y aceptan una pena reducida.

En su informe, el ICAA describe graves “infracciones administrativas, y también ilícitos penales (delitos)”, entre ellos, el de falsedad y fraude en las subvenciones. Ante las reiteradas sospechas sobre recaudaciones hiperinfladas, el ICAA envió por sorpresas en 2012 a sus inspectores a determinadas salas. Estos observaron cines que comunican que a una determinada película han ido más de cien personas, cuando en realidad han acudido una o dos, o ninguna; y otras que fingían proyecciones y espectadores irreales.

El informe del ICAA detalla “anomalías en la recaudación de las taquillas obtenidas y los espectadores asistentes” de 38 películas. Algunas de ellas son las siguientes: La Montaña Rusa, de Enrique Cerezo P. C.; Holmes & Watson. Madrid Days, de Nickel Odeon. Ambas, exhibidas a través de las salas de la firma Abacocine-Cinebox. Otras películas investigadas son De Mayor quiero ser soldado, una coproducción de España-Italia entre Canónigo Films y Produzione Straordinaria; Los Muertos no se tocan, nene, de 2011 y producida por Gona Centro de Producción. Fuentes de esta productora admiten que tienen “congelada” la subvención de 2012, algo más de 400.000 euros, aunque ignoran los motivos. Otra película bajo la lupa es Mr. Nice, proyectada en los cines Mirasierra.

El ICAA sostiene que la taquilla de estos títulos fue falseada “con la finalidad de posibilitar a las productoras su participación en las convocatorias de ayudas a la amortización de largometrajes”. Según fuentes jurídicas, a veces el engaño consiste en que la productora ordena a la distribuidora que compre entradas sin espectadores para cubrir el cupo. Pero en la mayoría de los casos se investigan alzamientos ficticios de entradas. La fiscalía empezó denunciado a los dueños de las salas, pero la investigación ha avanzado y las imputaciones afectan ya no sólo a exhibidores, sino también a productores y distribuidores.

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