Carpetas rotuladas, cajas numeradas, expedientes con poco avance, documentación secuestrada, cajas atadas con hilo sisal y bolsas con papeles son el reflejo de más de cien causas contra Cristóbal López que tramitaban en el fuero Penal Tributario y hace meses fueron remitidas al juez federal Julián Ercolini, quien procesó y ordenó detener al empresario K por defraudar al Estado en 8.000 millones de pesos.

Sin espacio para almacenar la cantidad de expedientes ni recursos para procesar los miles de documentos que estas causas representan, Ercolini decidió delegar estas causas en el fiscal Gerardo Pollicita. Juntos tuvieron a cargo la investigación sobre la defraudación multimillonaria de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray al Estado.

Causas contra Cristóbal López

Cuando la Cámara de Casación Penal dictaminó que la causa por la falta de pago del impuesto a las naftas por parte de Oil Combustibles (el principal activo que tenía el Grupo) debía investigarse como un delito de corrupción y no tributario, se ordenó que las causas que se investigaban en el otro fuero en contra de López y De Sousa debían quedar en el juzgado de Ercolini.

En Comodoro Py se resistió el planteo pero sin éxito, y un centenar de investigaciones ingresaron hace pocos meses al juzgado.



Los dueños del Grupo Indalo están presos desde el año pasado, después de que la Cámara de Casación revocó la excarcelación que en un controvertido fallo había decidido la Cámara Federal con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah. López y De Sousa están procesados y enviados a juicio oral por no tributar a la AFIP 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que fueron a parar a la financiación del holding, según determinó la Justicia.

Causas contra Cristóbal López

Aunque este expediente ya se encuentra elevado a juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal 3 -que debe fijar fecha para el inicio de esta instancia- ahora ingresaron al juzgado de Ercolini más de cien causas abiertas en contra del empresario K y su socio, que ya deben al fisco más de 17.000 millones de pesos.

Este centenar de expedientes se encontraban en el fuero Penal Tributario. En su mayoría, esas causas se iniciaron por denuncias generadas ante la retención indebida de aportes a la seguridad social y la falta de pagos de impuestos. Sin mayores avances, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, "no se llamó a indagatoria a los dueños del Grupo Indalo en ningún caso".

Ya no hay espacio para almacenar la cantidad de carpetas que referencian a cada causa, como tampoco la cantidad de cajas con más de mil documentos inherentes a la investigación. Como si fuera poco, se remitieron una gran cantidad de pruebas secuestradas.

Causas contra Cristóbal López

Con el inicio de la actividad judicial, el fiscal Pollicita no descarta volver a insistir con su tesis de que todo esto debe volver a su fuero natural: el Penal Tributario, ya que se trata de delitos de dicha competencia. Hubo una gran cantidad de expedientes que tuvieron que ser apilados junto a una de las bibliotecas utilizadas por la falta de espacio.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que esta acumulación de causas "resulta inconveniente" por la falta de recursos para "dar curso a las mismas", siendo que la causa principal por la que Cristóbal López quedó detenido, aún tiene una importante parte en instrucción con más de 30 funcionarios del fisco involucrados.

Por otro lado, se debe discriminar cuál de todos los expedientes corresponden al mismo período fiscal, a las mismas empresas del Grupo Indalo.

La petrolera Oil Combustibles fue a la quiebra, y en tal instancia se vendieron los activos industriales (refinería San Lorenzo, estación fluvial, estación de almacenamiento y red de estaciones de servicio) por 85 millones de dólares.

En el proceso de liquidación de la firma quebrada, desde el 2 de octubre pasado, y en sociedad con la argentina Dapsa, YPF se quedó con Oil, y este mes se acreditará a favor del Estado el dinero de la operación. Se estima un reintegro de 2.000 millones de pesos a favor de organismo que conduce Leandro Cuccioli



