España acaba de registrar la mayor destrucción de empleo de la Historia reciente. El coronavirus ha desangrado a la Seguridad Social en el mes de marzo. El Gobierno ya ha decretado la "hibernación" de la economía... pero ni Moncloa ni los partidos de la oposición lideran un adelgazamiento pactado que afecte a su propia clase.

Este jueves, el diputado socialista Odón Elorza anunciaba haber rechazado la parte de su sueldo -alrededor de 1.900 euros- referida a esos desplazamientos que casi ningún diputado realiza. Apenas 40 de los 350 acuden a las sesiones extraordinarias debido a la cuarentena. Tras ese gesto, todas las formaciones actuaron en efecto dominó, pero siempre limitando la apuesta a un apartado de la nómina parlamentaria.

Las donaciones personales, que no han sido aireadas hasta casi veinte días después de decretarse el estado de alarma, resultan algo así como el chocolate del loro. La punta del iceberg. Ni el Gobierno ni las principales siglas de la oposición han osado cuestionar la subvenciones a partidos y sindicatos, la cuantía de asesores, las duplicidades, las fundaciones, el tamaño de los gabinetes...

Los ERTES empresariales y las persianas bajadas de los autónomos no han desencadenado un pacto de Estado que desengrase el sector público, tal y como vienen recomendando distintos organismos a lo largo de la última década. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calificó este año a España -al hilo del gasto público- como uno de los países "menos eficientes" de la OCDE. Puesto 26º en una clasificación de 36º.

Vox sí ha dado un paso al frente, pero su propuesta ataca directamente al sistema y se entronca en la abolición del Estado de las Autonomías que viene exigiendo Santiago Abascal. "Disolvamos los parlamentos autonómicos mientras dure la crisis", sintetizó Rocío Monasterio este jueves.

¿Qué hace el Congreso?

La Mesa del Congreso, según las fuentes consultadas por este diario, se ha puesto a trabajar en una reforma que suponga el destino de esa partida de manutención -cobrada por un trabajo que no se desempeña- a la lucha contra el virus. Una decisión a la zaga de la irritación ciudadana.

En Change.org se acumulan las peticiones que solicitan una especie de ERTE "para los políticos". También son centenares los ciudadanos que unen fuerzas para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que en los tiempos que corren se trata de un mero símbolo. En caso de aunarse las 500.000 firmas requeridas, la propuesta llegaría a la Cámara una vez se hubiese disuelto el estado de alarma.

El PSOE, tras la avanzadilla de su diputado, pregonó que sus senadores y diputados donarán las partidas dedicadas a los gastos de manutención. El Partido Popular anunció la "creación de un fondo común" -del que todavía no se conocen demasiados detalles- por parte de sus cargos. En Ciudadanos, reiteran que algunos de sus diputados "ya están donando". Lo mismo que en Podemos. Ni rastro de una reforma que trascienda las nóminas y afecte a la estructura.

Un diputado cobra 2.981 euros al mes. Una cifra que puede incrementarse con algunos complementos debido a las funciones adicionales de portavoz. A esa asignación se añade también la conocida como "indemnización por las labores en el ejercicio del cargo", que asciende a los 1.921,20 euros para los elegidos por circunscripciones fuera de Madrid. Lo propuesto hasta ahora por PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos afecta a este último apartado.

Vox, por su parte, y sobre esta acepción, "no está de acuerdo". Iván Espinosa de los Monteros asevera que sus diputados "siguen pagando el alquiler" mientras se desarrolla la crisis.

Algunos países mucho menos afectados que España por la enfermedad ya han dado pasos reseñables. Uruguay, tal y como reseña el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, ha creado un impuesto del 20% para gravar a las administraciones.

Este profesor cifra en 300.000 los cargos públicos y de libre designación que existen en nuestro país. De ahí que reitere la "necesidad" de que la reforma supere el mero sueldo de diputados y senadores. Se trata, en definitiva, de un gran acuerdo entre gobierno y partidos cuya cadena de transmisión sea nacional, autonómica y municipal.