El Congreso de Honduras aprobó este miércoles una restricción "parcial" de algunas garantías constitucionales por 72 horas, propuesta por el gobierno, informaron dos diputados que participaron en la sesión del legislativo.

"La norma autoriza a mantener personas detenidas por más de 24 horas y suspende garantías como la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libre circulación", señaló la diputada Doris Gutiérrez del partido Unificación Democrática (izquierda).

Marcia Villeda, del partido Liberal, señaló que la iniciativa presentada por el presidente interino Roberto Micheletti "es básicamente una restricción parcial, que estará vigente junto al toque de queda".

El acuerdo del Congreso fue avalado por aclamación y suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras, dijo a periodistas el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal. El toque de queda es de 10 de la noche a cinco de la mañana.

"No se trata de un estado de estado de excepción ni de un estado de sitio", aseguró Dubón. "Esto se hace por el riesgo que existe porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno", añadió, aunque no dio más detalles sobre la supuesta presencia de extranjeros.

Añadió que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan combustibles y los diarios locales. Tampoco hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró.

El toque de queda está previsto que al menos hasta el viernes se aplique de las 10 de la noche a las 5 de la mañana.

El gobierno desafió el miércoles el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.

Unas horas después de que la OEA pusiera un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.

"No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos", declaró el miércoles a la radio colombiana La FM. "Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema", señaló.

Micheletti había asegurado que una misión hondureña ya estaba en Washington "para presentar la verdad de lo que sucedió en el país", aunque posteriormente su canciller Enrique Ortez Colindres dijo a la AP que no había ningún grupo en la capital estadounidense pero que el embajador hondureño en Estados Unidos Roberto Flores había sido convocado para consultas.

Flores, designado por el gobierno de Zelaya, retornó el miércoles a Tegucigalpa y reconoció como legítimas a las nuevas autoridades.

"Yo reconozco a la cancillería y a las autoridades que están en este momento tomando decisiones en este país", dijo el diplomático a periodistas a su llegada al aeropuerto.

Zelaya, depuesto el domingo por las fuerzas armadas, postergó para el sábado sus intenciones de retornar el jueves a Tegucigalpa acompañado de algunos mandatarios latinoamericanos, a fin de dar tiempo a las gestiones diplomáticas de la OEA.

En el primer comunicado desde el derrocamiento de Zelaya, las fuerzas armadas justificaron su acción del domingo alegando que se limitaron "únicamente al cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado competente.

"En ningún momento sus acciones han constituido o constituirán una suplantación de los poderes del Estado legalmente establecido, ni de ninguna otra institución estatal", según el pronunciamiento castrense.

Las manifestaciones a favor de uno y otro gobierno resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una "alerta migratoria" con la que esperan que Zelaya sea "capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado".