CCOO viene alertando de cómo el sistema de formación va expulsando a las empresas, especialmente a las PYMES, abandonando a su suerte a los trabajadores y trabajadoras en la actualización de su cualificación. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno las cifras de formación no han hecho más que empeorar. En 2016 tan solo 367.770 empresas han realizado formación para sus trabajadores y trabajadoras a diferencia de las 439.188 empresas que lo hicieron durante 2015 o las más de 459.000 del 2012. Esto supone un descenso de la tasa de cobertura de casi 10 puntos porcentuales en tan solo 4 años, pasando del 31, 1 % en el año 2012 al 22,7 % actual.

El año 2016 ha continuado con la tendencia descendiente iniciada hace cuatro años: alrededor de 71.000 empresas participantes en formación menos que en 2015, de las que más del 95 % (68.000) son micro pymes de menos de 10 trabajadores o trabajadoras, en las que miles de ellos se quedan sin formación, perdiendo la oportunidad de actualizar sus perfiles profesionales y competencias.

En cuanto a la edad de los participantes, las cifras indican que algo está fallando también, ya que la participación de los jóvenes cae en picado. Así, la proporción de personas menores de 35 años sobre el total del alumnado es de un 30 %, mientras que en el año 2008, al inicio de la crisis, era del 50%. Finalmente, las mujeres suponen el 44%, por debajo de su peso en el universo de personas asalariadas, que es del 46%. Los contratos a tiempo parcial, la temporalidad y el empleo precario impiden que estos colectivos accedan a la formación para ampliar su perfil profesional. Una asignatura más que sigue pendiente y en la que el Ministerio de Empleo tampoco parece reparar.

Para CCOO, el problema reside en que la gran mayoría de los recursos para formación bonificada los gestionan las llamadas “entidades organizadoras”, empresas que en teoría se encargan de organizar e impartir eficazmente la formación cuando la empresa no lo hace por sí misma, pero que en la práctica ofertan sus propios catálogos de cursos generalistas en modalidad a distancia, en lugar de ajustarse a las necesidades reales de estas pequeñas empresas y de sus trabajadores. Para ser empresa organizadora no es necesario cumplir ningún requisito, ni siquiera hace falta ser un centro de formación. De hecho, de las casi 8.000 entidades organizadoras existentes, sólo la mitad son entidades de formación.

Francisco Moreno, representante de CCOO en el Patronato de la FUNDAE, afirma que “CCOO lleva años denunciando esta situación y lamentablemente los datos nos siguen dando la razón. Además desde la llegada del PP al Gobierno ha desaparecido la resolución del SEPE sobre la prioridad de colectivos con más necesidades de formación”.

En definitiva, según afirma Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, “la formación bonificada no corrige los desequilibrios en el acceso a la cualificación, sino que, por el contrario, los acentúa. Es necesario que se establezca de nuevo prioridades en el acceso a los cursos para conseguir un uso más justo y equilibrado de unos recursos que pagamos todos”.

A la vista de los datos recogidos en el Balance de Situación 2016, CCOO cree que urge recuperar un modelo de formación consensuado que atienda a las necesidades reales de los trabajadores y las trabajadoras, y ejercer un mayor control sobre la formación bonificada, vigilando de cerca a las entidades organizadoras y apoyando a las micro pymes para que los cursos respondan a sus necesidades formativas, en vez de a los intereses económicos de las entidades organizadoras.

CCOO