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por Ramon Martinez

Una comparación usada por Pablo Iglesias para definir la situación de corrupción en España, es que los políticos en el poder “utilizan el Estado como si fuese su cortijo”.

Esta situación es la que ha causado la indignación social que ha surgido ante la desfachatez con la que los poderes públicos se han estado lucrando sistemáticamente a costa de empobrecer al país, hasta el punto de provocar miles de muertes causadas por precariedad económica. Con el tiempo los distintos sectores sociales se han ido sumando a las acciones de protesta, desde los estudiantes a los pensionistas, según han ido siendo afectados directamente por el saqueo que asola España. La inteligencia de Podemos ha sido, en mi opinión, la de aglutinar los distintos sectores sociales, encauzando las acciones para reivinficar la legitimidad que tiene la sociedad para formar parte de las decisiones del Estado de una forma pacífica . Pero ¿que es el Estado?

Son muchos los autores que han dado una definición de lo que es el Estado, y aunque difieren unos de otros, la mayor parte coinciden en ver el Estado como un poder regido por normas que controla una sociedad. No voy a entrar aquí sobre qué definición sería la más adecuada, pero desde un punto de vista estrictamente antropológico, una sociedad se considera Estado cuando aparece la figura del funcionario que, básicamente, en un principio fue un administrador de bienes públicos como los sacerdotes que administraban los cereales ofrecidos a los dioses en la antigua Mesopotamia.

En la actualidad, la concepción de Estado y sus atribuciones varían dependiendo del país y su situación geoestratégica. Una diferencia esencial del concepto de Estado entre países democráticos y los que no lo son, es que en los países considerados democráticos la administración de los bienes públicos es regulada por Gobiernos elegidos por la mayoría, confiando la sociedad en que los políticos elegidos vayan a realizar una gestión pública que favorezca los intereses sociales, acorde con lo que acostumbran a predicar en sus mítines preelectorales. Por supuesto que en estos casos las normas jurídicas tienden, o tendían, a proteger a los ciudadanos contra los abusos de poder y no lo contrario.

La frase atribuida a Luis XIV de Francia “el Estado soy yo” es una forma de entender el Estado más propia de dictaduras, donde las oligarquías imponen sus intereses a la sociedad mediante sometimiento por la fuerza. En estos casos el Estado puede considerarse formalmente una propiedad privada, porque esas oligarquías que ostentan el poder pueden hacer uso de los bienes “públicos” sin darle explicaciones a nadie, además de usar a las personas como meros objetos de especulación restringiendo sus derechos, llegando incluso al extremo de anular derechos completamente mediante sus “leyes” que con frecuencia ni siquiera son necesarias porque, teniendo el monopolio del Poder Judicial, en la práctica da igual que existan leyes como que no existan.

Aunque España es considerada un país democrático, según la actuación de sus políticos, especialmente los que son conocidos miembros del Opus Dei, parece más bien que el Estado y sus bienes sean una propiedad privada. Basta resaltar algunos ejemplos:

Designación a dedo de los componentes del Poder Judicial (su impunidad). Vender a sus amigos empresas públicas rentables (puertas giratorias). Usar la Fiscalía como una sucursal suya (defender a los suyos). Usar organismos del Estado para perjudicar a sus adversarios. Regalar propiedades públicas a la Iglesia. Regalar fortunas de dinero público a sus bancos (de los suyos). Colocar a sus familiares en puestos relevantes del Estado. Perdonar impuestos a los suyos. Negarse a colaborar con la justicia (encubrir a los suyos). Etc. etc. …

Podemos, es un intento de materializar un Estado democrático donde las decisiones estén enfocadas al bien general y no hacia el interés de unos pocos, como desgraciadamente ha venido siendo la norma hasta el momento. El problema de la corrupción en el Estado en España no es endémico, y por esta razón sería necesaria una colaboración a nivel internacional para impedir que sigan creciendo los niveles de pobreza a nivel mundial, mientras que de forma paralela siguen creciendo las fortunas en los paraísos fiscales.