La muerte de la fiscal adjunta Susana Rivadavia marcó un punto de inflexión en el gremio de los fiscales que viene reclamando desde hace casi dos años por la falta de recursos y sobrecarga laboral. Rivadavia –una mujer de dilatada trayectoria dentro de la Asociación de Fiscales del Uruguay– era una de las voces más críticas contra las extensas jornadas laborales, recuerdan sus compañeros, y quien más denunciaba la sobrecarga laboral que sufren los fiscales de Delitos Sexuales, materia en la que se desempeñaba.

“Esto es una bomba de tiempo: hasta que no pase algo grave...” le escribió en un mensaje de WhatsApp a la fiscal adjunta de Flagrancia Cecilia Sosa, según supo El Observador. En Delitos Sexuales la situación es peor porque hay cuatro fiscalías, y aunque las autoridades aceptaron crear una quinta oficina para aliviar su trabajo, al mismo tiempo dispusieron que el sistema de guardias se extendiera. De hacer turnos diarios de 10 a 18 horas de lunes a viernes, ahora cada fiscalía está de turno las 24 horas una semana al mes para atender los delitos en los que hay detenidos. Antes, de esos detenidos se ocupaban las fiscalías de Flagrancia. Y según dijeron los fiscales consultados, la quinta fiscalía no está funcionado todavía, por lo que el trabajo se reparte entre las cuatro que ya estaban.

Rivadavia murió de un paro cardíaco el jueves 9, y aunque no hay elementos que relacionen su muerte con el trabajo, para muchos de sus colegas fue el corolario de su situación.

A partir de ese momento varios fiscales solicitaron tomar medidas y por eso el gremio llamó a una asamblea extraordinaria para este lunes a la tarde en la que evaluarán qué hacer. Mirta Morales, su presidenta, resumió así la situación: “Jornadas laborales extensas y cargas de trabajo extenuantes, a lo que suma una total incertidumbre sobre los derechos laborales que nos amparan".

La muerte de Rivadavia le trajo ingratos recuerdos a la hija de la fiscal Sandra Boragno, también de Delitos Sexuales, quién escribió una carta al semanario Búsqueda, publicada el jueves 15. En la misiva recordó un episodio de salud que tuvo su madre en febrero de 2018, cuando hacía pocos meses se había implementado el nuevo Código del Proceso Penal. Pero sin embargo habló en presente: “Veo a mi madre triste, agotada y me pregunto qué fue lo que la hizo apagarse tanto”.

Y luego contó: “A raíz de tantas tareas, tanta presión de ella misma y de externos, queriendo cumplir con su trabajo al pie de la letra, un día se vio en medio de la oficina pidiendo ayuda, le faltaba el aire y sintió por dentro que estaba a punto de morirse”. El diagnóstico médico que recibió, cuenta la carta y confirmó El Observador con la propia fiscal, fue el fenómeno del burn out, tras el cual pidió una licencia médica durante varios meses.

Entre las opciones manejadas, el secretario general de la Asociación, William Rosa, dijo este domingo a la sección Qué Pasa de El País que tienen pensado realizar una encuesta para conocer cuántos casos hay como el de Boragno, y saber cuántos fiscales planifican renunciar o retirarse en forma anticipada para cuidar su salud.

Boragno volvió a trabajar pero dice que todavía no está del todo recuperada.

Cálculos

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, respondió a los reclamos este miércoles en conferencia de prensa en la que dijo que lo intentó, que hizo todo lo que pudo, pero que las soluciones ideales no están a su alcance. Además se defendió y dijo que “a veces se escucha por ahí y parece que no se hizo nada”. “Se hizo mucho”, insistió.

El aumento del trabajo se conocía y fue parte de la prolongada planificación: el nuevo sistema penal iba a determinar que la Fiscalía General de la Nación se dedicara mayoritariamente a la investigación y persecución de los delitos, una tarea que antes hacían los jueces. Ese nuevo rol, en un nuevo marco legal que crearía juicios orales y públicos donde los fiscales deberían debatir y defender sus posiciones, implicaría que aumentara ostensiblemente su trabajo.

Y así fue. Cuando Jorge Díaz asumió en 2012, el organismo tenía 19 fiscalías penales en Montevideo y hoy hay 36, ejemplificó. En el interior el crecimiento fue menor: se crearon solo seis fiscalías más.

De todos modos hubo problemas de cálculos.

El primero –recordó– fue que la cantidad de noticias criminales que recibieron los fiscales cuando comenzaron a asumir las investigaciones en noviembre de 2017 era mucho mayor a la que habían proyectado.

“Obviamente que ese mucho que se hizo fue tomando en cuenta los datos que disponíamos y esos datos eran, cuando elaboramos la rendición de cuentas de 2016 (…) se nos hablaba de un promedio de 18.680 denuncias por mes. La realidad es que del primero de noviembre al 30 de abril de 2018 ese promedio fue de 25.274, y en el correr de 2018 oscilamos entre las 28 y 30 mil”, justificó. La diferencia de números fue de 40%.

Luego se refirió a los recursos que finalmente el Parlamento decidió destinar al organismo en la rendición del año pasado, que fueron muchos menos que los que habían pedido. “Lo que hicimos fue solicitar un incremento presupuestal de $ 440 millones (…) para el sistema penal acusatorio”. Pero los legisladores aprobaron solo el 16.5% de lo solicitado: $ 73 millones.

La lata y otras propuestas

“Rascar la lata” es una frase que Díaz repite a menudo para explicar de qué debe valerse para responder a las necesidades presupuestales: reorganizar recursos, suprimir actividades no esenciales.

La primer medida que tiene en carpeta el fiscal de Corte es “la eliminación de la intervención de la Fiscalía en la materia civil”, ya que esa materia “comprende toda una serie de procesos que implica una carga de trabajo muy importante”. Es decir, Díaz quiere que “el Estado deje de gastar dinero en esos procesos y que redireccionen esos recursos a la materia penal”.

La otra materia de la que el Estado puede prescindir de los servicios fiscales, según Díaz, es el derecho aduanero, un proyecto que ya lleva más de un año de trabajo y que cuenta con el consentimiento de las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas. “Estamos planteando que el organismo especializado dentro del Estado para llevar adelante estas demandas es la Aduana y no la Fiscalía: lo mismo que hace la DGI en procesos civiles que lleva adelante para cobrar dinero producto de defraudaciones tributarias”, explicó.

Brenda Puppo, expresidenta del gremio hasta fines de 2018 y hoy integrante de la directiva, dijo que no le convencen esas soluciones. “Para mí no alcanza: va a depende de cómo se distribuyan los cargos. No sé si va a resolver la problemática”, sostuvo en diálogo con El Observador.

Pero además lamentó que “cada vez se achique” más la Fiscalía como institución. “No me parece que sea bueno. Habrá que estudiarlo”, opinó.

En sentido amplio, las propuestas de Díaz no conforma del todo al gremio, de acuerdo a varios consultados que prefirieron mantener su nombre en reserva hasta tanto culmine la asamblea de este lunes.

Lo que algunos proponen es, además, designar a los cerca de 10 abogados que trabajan en la oficina de Depuración, Priorización, Asignación –que se encarga de filtrar las denuncias que ingresan a la Fiscalía y distribuirlas según las distintas competencias– para que colaboren con la tarea de los fiscales. Aunque solo sean abogados, pueden desempeñar tareas de asesoramiento o tomar declaraciones, pusieron de ejemplo los fiscales.

Otra opción que será discutida en la asamblea, que se espera sea “importante” y concurrida, es manejar la posibilidad de hacer lo mismo con otros abogados que trabajan en la Fiscalía de Corte realizando tareas administrativas.