Por: Ximena Antillón

Hoy recibí una llamada telefónica para convencerme de que me afiliara a cierta AFORE. Resistí a los embates del operador que insistía en que le diera mi RFC y mi domicilio para que me mandara mi “estado de cuenta”, al tiempo que intentaba averiguar cómo había obtenido mi número de teléfono celular y quién me aseguraría que mi dinero iba a estar ahí cuando cumpliera 65 años. Sin embargo, debo agradecer al operador la inspiración para la reflexión que quiero compartir con ustedes.

El señor de la AFORE me explicaba que los rendimientos dependen de las “inversiones” que cada empresa realiza, que pueden ser de alto, de mediano y de bajo riesgo (especulan en la Bolsa de Valores, compran CETES, etc.). Tras la apariencia —seguramente mal lograda— de que entendía perfectamente lo que me decía, crecía dentro de mí un sentimiento de incertidumbre sobre mi futura jubilación. Venían a mi imaginación ideas catastróficas mezcladas con fragmentos de un artículo de Chomsky que leí hace algún tiempo, compilado en un libro llamado “Los límites de la globalización”, en el que el autor critica la supuesta lógica racional del mercado y expone el caso de las bolsas de valores afectadas por ataques de pánico y otras eventualidades del orden de lo subjetivo. Vaya, todas las condiciones que en mi cabeza ayudarían a que mi ahorro para el retiro se esfumara invariablemente. En esas estaba cuando empecé a preguntarme quién me había puesto en esta situación y cómo han podido dejar en las manos irresponsables de la especulación financiera mi futuro. Después de todo, ¿qué no se supone que existe algo así como un contrato social según el cual el Estado tendría que protegerme?

Así que aquejada por todas esas preguntas busqué en Google el término “contrato social” y me encontré que Wikipedia lo define como “un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y deberes del estado y de sus ciudadanos”. En virtud de este acuerdo las personas renunciarían a su libertad total y cederían ciertas prerrogativas al Estado —como el monopolio de la violencia— a cambio de ciertos derechos. Este contrato social estaría en la base del reconocimiento de la autoridad y de las leyes.

Una vez aclarado el punto de que el contrato social es una hipótesis y confirmado que efectivamente nadie de nosotros ha sido consultado sobre si nos gusta el Estado o tenemos otra propuesta, no se puede negar el valor didáctico de este planteamiento en el sentido de que apunta hacia el reconocimiento de los derechos humanos y el Estado como su garante.

Entonces, continuando con mi búsqueda, consulté nuestra Carta Magna, que a la letra dice lo siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” (art. 1). Como considero que poner en manos de la especulación financiera la seguridad de mi vida futura es una suspensión de mis derechos humanos, me dediqué a buscar aquellas circunstancias excepcionales que justificarían dicha restricción o suspensión y me encontré con el artículo 29 que explica cuáles serían estos casos y establece el mecanismo para restringir o suspender el ejercicio de los derechos. Sin embargo, en mi criterio estas circunstancias no guardan relación, al menos obvia, con mi AFORE. Aquí debo suspender mi labor para concluir con la siguiente reflexión:

Este contrato social, más o menos implícito e hipotético, parece tener unas letras chiquitas al calce, más o menos invisibles, que estipulan que el Estado será el garante de los derechos humanos de la población que en reciprocidad ha cedido ciertas libertades, siempre y cuando no contravengan los intereses de las empresas. En este sentido podríamos decir que hay un contrato superior con los poderes económicos, en virtud del cual las personas y colectividades son despojadas de sus derechos.

Esto que hasta ahora ha sido planteado con ligereza a partir de una experiencia personal, toma proporciones trágicas cuando son los pueblos los que se oponen de manera organizada al despojo de sus derechos y se encuentran enfrentados a poderes fácticos y a un Estado cuya lealtad está del lado de los poderosos. Este es el caso de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solis, líderes de El Barzón y opositores a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense MagSilver, en el ejido Benito Juárez, Municipio de Buenaventura, Chihuahua. Ismael y Manuela fueron asesinados el pasado 22 de octubre de 2012.

*Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.