Tras varios días de huelgas y movilizaciones, los taxistas de Barcelona, España, lograron convencer al gobierno catalán para accionar en contra de Uber y Cabify.

La Generalitat cedió a las presiones del gremio de taxis y podría aprobar en los próximos días un decreto por el que obligaría a Uber y Cabify a operar bajo una precontratación de una hora (hasta entonces, el tiempo era de 15 minutos).

Antes de que la medida sea ratificada por el Gobierno, los taxistas deberán votar si aceptan o no la propuesta.

Ambas empresas de servicios de viajes en autos tildaron de "inviable" y "asfixiante" esta manera de operar, por lo que aseguraron que se retirarán de la capital catalana si se aprueba el pacto entre las autoridades gubernamentales y los taxistas.

"Restricciones como estas ponen en riesgo al sector, que emplea a más de 3000 personas", aseguró un portavoz de Uber, que funciona en más de 600 ciudades de todo el mundo, entre ellas Barcelona, donde presta sus servicios desde marzo de 2018. "Esperamos que las administraciones públicas regulen en favor del interés general. Miles de puestos de trabajo, así como la alternativa de movilidad que usan millones de personas en España, están en juego", subrayó el vocero de la compañía estadounidense.

Uber anunció hace más de dos meses su intención de llegar a una treintena de localidades de Barcelona, lo que suponía, originalmente, la incorporación de 200 nuevos vehículos y 400 conductores.

Esta plataforma domina el mercado de vehículos de transporte concertado (VTC) en España junto a Cabify, que cerró 2018 con cerca de un millón de usuarios registrados en la Generalitat y tres millones en todo el país.

Marta Plana, directora de regulación de Cabify en España, adelantó la salida de la firma de Barcelona, al término de una reunión. "Pensábamos establecer una comunicación y un diálogo, pero se nos impuso la precontratación, y por lo tanto tendremos que dejar la ciudad", aseguró.

Cataluña es la primera comunidad española en elaborar un decreto propio que regula las licencias de VTC, después de que el Gobierno traspasara en septiembre pasado las competencias en este ámbito a las comunidades autónomas.

En Madrid, también hubo protestas encabezadas por los taxistas, que buscan extender la medida barcelonesa a la capital del país. Sin embargo, el presidente del gobierno regional madrileño, Ángel Garrido, declaró que no está dispuesto a legislar "para eliminar a un sector", por más "acciones de fuerza" que tomen lugar.