El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política', entre los que están los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A todos ellos se les enjuiciará por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita. Además, 18 de ellos serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla.

Anticorrupción pide seis años de cárcel para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves por el caso ERE

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Era el paso esperado después de que las partes se pronunciaran. La Fiscalía Anticorrupción pide para Griñán seis años de cárcel, mientras que para Chaves solicita diez años de inhabilitación especial. Después de que el último día del pasado mayo, el juez Álvaro Martín decidiera continuar el procedimiento, la Fiscalía presentó su escrito de acusación en esta pieza separada.

Manos Limpias se adhirió a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

Fianza civiles millonarias

El juez, además, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Martínez Aguayo para que presten, cada uno de ellos, una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pide una fianza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procederá a decretar el embargo de bienes.

Según se indica en el auto, "para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario.

Asimismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado". Sobre los otros 14 procesados por indicios de un delito continuado de malversación de caudales públicos, el juez acuerda traer a la pieza 'política' de los ERE las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa matriz.

El resto de acusados

En el auto, el juez también abre juicio oral contra los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.

También abre juicio oral contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.

El instructor abre juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita --delito del que únicamente acusa el PP-A--, mientras que también abre juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abre juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Álvarez, entre otros.