La Sala III de la Cámara de Apelaciones suspendió la resolución del juez porteño Roberto Gallardo, quien hace dos semanas había hecho lugar a un recurso de amparo que consideraba inconstitucional el nuevo protocolo de uso de armas que dio a conocer el Gobierno nacional.

Así lo decidió la cámara con los votos de Gabriela Seijas y Esteban Centanaro, en tanto que Hugo Zuleta sufragó en disidencia.

Seijas y Centanaro hicieron lugar a las apelaciones del fiscal de grado y también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones.

Gallardo había hecho lugar a un recurso de amparo que presentaron la legisladora porteña Myriam Bregman, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI), y Carla Laporte, referente de la lucha contra el gatillo fácil.

En ese fallo, Gallardo decretó que el reglamento propuesto por el Ministerio de Seguridad es inaplicable en el territorio de la Ciudad y ordenó al Gobierno porteño "el estricto acatamiento" a lo dispuesto en el artículo 34 de la Constitución local.

El ministro de Justicia y derechos Humanos, Germán Garavano, había cuestionado la resolución del juez porteño al señalar que llamaba "la atención la competencia del juez Gallardo, él tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia".

"No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales", apuntó en ese entonces Garavano

El magistrado le frenó varias medidas al macrismo en la Ciudad y tomó decisiones polémicas, como cuando citó a Mauricio Macri a poco de asumir como jefe de Gobierno a raíz de la muerte de una beba en un centro de evacuados en Villa Cartón.

En 2010, siguió con su enfrentamiento con el PRO y ordenó desconectar un cartel luminoso frente al Obelisco, con el argumento del riesgo para la seguridad vial.

Al otro año, pidió que se intervenga el SAME porque una ambulancia no llegó a asistir a un hombre que murió en la Villa 31. Y solicitó un allanamiento en el Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento a cargo de María Eugenia Vidal, en una causa por desvío de fondos que luego fue desestimada.

En 2016, ya bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, tuvo un fallo controvertido luego de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Time Warp: prohibió toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada.

