MÉXICO, D.F. (apro).- La amenaza latente del crimen organizado sumado al abandono de las autoridades locales y federales han obligado a unas 40 poblaciones indígenas del estado de Michoacán a adoptar el esquema de guardias comunitarias, mismas que ahora buscan formalizar.

Uno de los casos más sonados es el de Urapicho, comunidad indígena ubicada en el municipio de Paracho.

En agosto pasado, el gobierno estatal en coordinación con el federal instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) a cambio de que los indígenas levantaran los retenes civiles que habían instalado en las entradas de su comunidad y depusieran sus armas.

Los habitantes accedieron y permanecieron en paz con la presencia de militares y policías federales y estatales, pero su tranquilidad se terminó hace justo una semana, luego de que la BOM fuera retirada de la zona.

A falta de policías, los comuneros retomaron sus armas y reinstalaron las guardias comunitarias y el ejemplo fue retomado por alrededor de 40 comunidades más, casi todas de la región Oriente de Michoacán. Los habitantes de esas poblaciones buscan no sólo mantenerlas, sino expandirlas y que sean legalmente reconocidas.

Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas en el estado, comenta que se buscará que, en la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución de Michoacán en materia indígena, se reconozca a las guardias comunitarias.

El funcionario reconoció que se ha retomado esa vieja práctica en poblaciones donde ésta ya había quedado atrás, luego del saqueo de los recursos naturales, actividad que ahora está ligada también a grupos de la delincuencia organizada.

Puso como ejemplo justamente el de la comunidad de Urapicho, que reinstaló sus barricadas como mecanismo de autodefensa luego del retiro de la BOM.

“Ellos tienen un temor de que pudieran ser atacados, dado que uno de los personajes que supuestamente era el que comandaba todo en la región apareció muerto por ahí”, justifica.

Avilés Reyes subraya que hasta el momento esas guardias comunitarias no son legalmente reconocidas por el gobierno, pero consideró que eso cambiará una vez que se concrete la elaboración, aprobación y publicación de la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución del estado en materia indígena.

La reforma prevé el reconocimiento a las formas tradicionales de gobierno y organización de los pueblos originarios, lo que les permitirá formalizar las guardias comunitarias cuando una población así lo requiera.

También afirma que la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local ya trabajan en la elaboración del reglamento.

Éste, dice, será presentado al pleno una vez que se resuelva la controversia constitucional que promovió el Concejo Mayor del gobierno comunal de Cherán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra de las reformas constitucionales que en materia indígena, fueron aprobadas por el Congreso local en diciembre pasado.

En tanto, según el funcionario, el lunes pasado entregó al secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, un documento en el que varias comunidades solicitan el retorno de la BOM retirada el miércoles de la semana pasada.

Además de Urapicho, el documento fue signado por las comunidades de Ocumicho, Cocucho, Nurío, San Felipe de los Herreros, Paracho, Aranza, Cheranástico, Comachuén, Turícuaro, Aratepakua, Quinceo y Pamatácuaro.

Urapicho, junto con Cherán, son las únicas comunidades de la región Purépecha que mantienen el esquema de las guardias comunitarias, mientras que alrededor de 37 poblaciones indígenas del oriente del estado replicaron esa forma organizativa de defensa civil.

En todos los caminos están organizados por cuarteles, en cada uno hay listas sobre qué día le toca vigilar a cada quien y no reciben remuneración alguna por ello.