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“El problema, insisto, no es con quién pactar sino para qué. Hay que ver cuáles son sus propuestas de creación de empleo, de recuperación justa, de regeneración y lucha contra la corrupción. Ciudadanos es una derecha civilizada, pero derecha al fin y al cabo”. Las palabras son de Pedro Sánchez en una entrevista con El Mundo en marzo de 2015. Menos de un año después, ya pasadas las elecciones, el líder socialista pactaba bilateralmente con Ciudadanos un acuerdo-candado, esto es, cerrado y excluyente, en el que se pedía a Podemos -que quedó en las elecciones por detrás del PSOE con menos de 400.000 votos de diferencia- que les apoyara. Eso sí: sin dar la posibilidad a la formación de modificar nada sustancial del trato y, además, dejándola fuera del gobierno. «Ciudadanos tiene mucho que ver con las Nuevas Generaciones del PP», insistía Sánchez en campaña, pero con este partido cerró finalmente la puerta a un gobierno rupturista de izquierdas. Lo hizo con ese acuerdo-candado, inmutable, en sus palabras un pacto “histórico” de corte “reformista y de progreso”. ¿Y esto, cómo se explica?

La suma PSOE+Podemos+IU no sólo acumulaba muchos más escaños que la de PSOE+Ciudadanos -con 161 contra 130-, sino que además implicaba muchísimo más apoyo popular -11.600.000 votos contra 9.000.000-. Es decir, había más de dos millones y medio de diferencia entre ambas opciones y, por si fuera poco, la primera tenía un amplio soporte por parte de ciudadanos que prefieren de manera clara políticas progresistas y de izquierdas. En el día a día parlamentario de esta cortísima legislatura, el PSOE ha coincidido con C’s en 15 de las 24 votaciones en el Congreso, tres menos que con Podemos. Las diferencias entre los socialistas y el centro-derecha se han dado en torno a la suspensión de la ley Wert o la ley de emergencia social, entre otras cuestiones. Es decir, tienen que ver con esa necesidad de “recuperación justa” que reivindicaba Sánchez un año antes.

Pero si se mira el fondo del acuerdo-candado que se cerró con Ciudadanos, es evidente que casa difícilmente con las ideas socialistas. De hecho ha logrado que el PSOE renuncie a su programa en algunas materias en tiempo récord. En él los socialistas no se comprometen a derogar las últimas reformas laborales, responsables del aumento de la precariedad, ni de la ley mordaza. Del mismo modo, no se acepta subir el IRPF, derogar el artículo 135 de la Constitución -cuya promulgación fue asumida como un error en el PSOE-, bajar el IVA a los productos básicos o prohibir las puertas giratorias. Estos, entre otros, son elementos que han hecho que Podemos no haya aceptado permitir ese gobierno mixto entre los centros izquierda y derecha.

Iglesias presentó 20 «cesiones» a los socialistas en un intento por recuperar la perspectiva de un gobierno conjunto. Tampoco resultó. “El problema, insisto, no es con quién pactar sino para qué”, decía Sánchez en la entrevista citada. Poco cambio real se desprende, sin embargo, del pacto con Ciudadanos. Tanto por contenido como por condiciones, el acuerdo-candado parece diseñado con el único fin de hacer de muro de contención de Podemos, de acorralarlo y alejarlo de cualquier papel decisivo en el panorama político. Aunque eso implique dar poder a la “derecha civilizada, pero derecha al fin y al cabo”.

Último intento de pacto

Aún hubo un intento más de pacto de izquierdas, que llegó de la mano de Compromís, formación que puso sobre la mesa 30 medidas sobre las que conseguir el entendimiento. De nuevo, rechazo de la coalición PSOE-C’s y concretamente de tres puntos, medulares en cuanto a “recuperación justa” y creación de empleo: los referentes a los desahucios -que se pretendían rebajar-, la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero -el PSOE sólo quiere dejar sin efecto la de Rajoy-.

Como pantalla de todos estos desacuerdos programáticos se ha situado el rifirrafe parlamentario y mediático. Errores por parte de Pablo Iglesias sacando en sede parlamentaria el tema de los GAL dieron alas a las voces internas del PSOE que se oponen a pactar con ellos. Las acusaciones de Pedro Sánchez de que Podemos recibe dinero de Venezuela, un hecho que de momento no tiene base, tampoco ayudan. También fue sorprendente el sentimiento de “humillación” que expresaron ciertos barones socialistas cuando Podemos propuso -con el exceso, eso sí, de llegar a asignarse el Ministerio de Interior y el CNI- un gobierno con ministerios y presidencias compartidas, algo comprensible cuando ambos partidos han obtenido un número de votos muy cercano.

Cataluña como arma arrojadiza

A toro pasado, se le afea a Podemos que no renunciara a (o aplazara, al menos) la intención de declarar España como un “país de países”, un estado “plurinacional”, como si ésta fuera la única causa del bloqueo y los desacuerdos programáticos en materia económica no fueran -probablemente en mayor medida- importantes. Olvidan estos críticos que gran parte de su base electoral vota a Podemos porque está de acuerdo no únicamente con sus ideas laborales o impositivas, sino también con su modelo de país. De hecho, en Cataluña se valora mucho que Podemos defienda un referéndum del mismo modo en Barcelona que en Badajoz -una unidad de discurso que no han tenido el PSOE y el PSC-, y que los votantes de una y otra ciudad estén de acuerdo.

Un gobierno entrante debe navegar por esta legislatura haciendo frente también a la cuestión catalana, que ha tomado una fuerza inusitada en los últimos años. No es, en cualquier caso, un tema que pueda aplazarse y dejarse en el congelador, como si no existiera. Además, poca credibilidad le quedaría a Podemos si comenzara renunciando a uno de los ejes integradores de su proyecto político. Y, claro está, la crítica se puede hacer a la inversa y dirigirse al hecho de que el PSOE se oponga a un ejercicio democrático como es un referéndum en base al dogma de la unidad de España. De nuevo, un candado al denominado régimen del 78, que no se discutió colectivamente sino que fue fruto del miedo a la dictadura.

Sea como fuere, si Podemos y PSOE se pusieran de acuerdo en el tema catalán, aún les quedaría a los socialistas asumir que, para gobernar juntos, deberán tomar medidas socialistas. Ante la repetición de elecciones en junio, la izquierda aún puede jugar una carta: la de la confluencia entre Podemos e IU que, como apuntan muchos -desde la eurodiputada Lola Sánchez hasta Alberto Garzón, pasando por referentes compartidos como Julio Anguita- podría generar un efecto de ilusión que superase la sensación de bloqueo y, de este modo, lograr la hegemonía en el campo progresista. Así, la candidatura Podemos+IU+confluencias podría asumir el liderazgo de las próximas negociaciones de investidura y cambiar las reglas del juego. Romper el candado o hacerlo ya totalmente visible, forzando la gran coalición. Todo está aún abierto.