"El Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de 'acusaciones consecutivas' e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo" y concluyó "que en este caso se está vulnerando la independencia judicial", señaló un comunicado divulgado por las organizaciones Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).



Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, está acusada en Jujuy de malversar fondos destinados por la Nación para la construcción de viviendas sociales. En esta causa también está procesado el ex secretario de Obras Públicas, José López. También está acusada de evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. En este expediente debe justificar su aumento patrimonial.



Por otro lado, pesa contra la militante social una acusación por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial y por amenzar de muerte a dos policías, el 13 de octubre de 2014.



El Grupo de Trabajo, "al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva" y además "consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad".



Según el organismo de la ONU, "el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada".



Además, "entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención".



El Grupo entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.



El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo, en este caso consecuencia de una denuncia presentada por Amnistía Internacional, el Cels y Andhes en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy.



El trámite incluyó sucesivas presentaciones de las organizaciones y del Estado argentino, informó el comunicado divulgado este mediodía por los tres organismos de derechos humanos.



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