10.000 informes conservados en archivos militares con fechas que van desde 1936 a 1968. Todos ellos clasificados y por tanto, pese a su interés histórico, fuera del alcance de historiadores e investigadores. Los documentos fueron incluidos en un listado elaborado por la Secretaría de Estado de Defensa durante el mandato de Carme Chacón como ministra de Defensa en el que se aseguraba que la divulgación de su contenido “no constituye en la actualidad riesgo real alguno para la seguridad del Estado”.

El listado elaborado por el equipo de Chacón comprende información sobre campos de concentración y de la actividad censora, documentos de la Armada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial; la política del protectorado español en Marruecos o los planes nacionales de respuesta ante invasiones extranjeras. Elaborado con información de los tres ejércitos (Aire, Tierra y Armada), incluye expedientes sobre desertores, desterrados, detenidos y sospechosos. También recoge material relacionado con los antiguos "batallones de trabajo", documentos relativos a la actividad del espionaje español en ese periodo, material topográfico y criptográfico, información sobre los proyectos nacionales de construcción de armamento y la entrega de material militar por parte de EEUU.

En España, la Ley de Secretos Oficiales (promulgada en 1968) no contempla la desclasificación automática de documentos al transcurrir un plazo determinado, por lo que los informes clasificados los son ad eternum a no ser que las autoridades decreten expresamente el fin del secreto. ¿Qué sucede con toda la información clasificada con anterioridad a la Ley? Según la norma, esta también se regirá por ese principio. Un candado cerrado y bien cerrado.

El catálogo de 10.000 documentos (todos anteriores al 68) fue ultimado en octubre de 2011 todavía con Gobierno socialista, pero no llegó sin embargo a la mesa del Consejo de Ministros dada la inminencia de las elecciones generales que darían la vitoria a Mariano Rajoy solo un mes después.

Pedro Morenés, que heredó el expediente al asumir la cartera de Defensa tras Chacón, decidió no seguir adelante con el proyecto socialista alegando que provocaría “más ruido que bien” con unos documentos “que al final seguramente quedarán en nada y requieren un extraordinario trabajo de análisis antes de desclasificarlos”.

El equipo de Cospedal mantiene que no hay presupuesto para la desclasificación

Según fuentes del Ministerio de Defensa, María Dolores de Cospedal tampoco retomará la labor comenzada por Chacón. El argumento descansa en el mismo principio al que aludió en su momento Morenés: el enorme trabajo que supondría revisar “documento tras documento”.

Tanto Morenés en su momento como ahora Cospedal interpretan que el proyecto de Chacón no puede considerarse como un “catálogo efectivo ”, ya que este estableció bloques o materias genéricas consideradas listas para ser desclasificadas pero no un listado pormenorizado de documentos concretos. Fuentes del Ministerio recuerdan que el proyecto socialista “recogía un plazo de tres meses para identificar todos los documentos que formaban parte de los lotes recogidos en el catálogo y desclasificarlos formalmente; de hecho el número de 10.000 es tan solo una estimación ”.

Para el actual equipo de Cospedal, los gastos estimados de ese proceso de “identificación” hacen que sea imposible abordar la desclasificación con el actual presupuesto: “No se puede desclasificar lo que no está catalogado, y eso supondría un coste que no podemos asumir”, ha asegurado a la SER un portavoz del departamento.

La reforma de la ley de secretos, paralizada en el Congreso

Así, la única esperanza para historiadores e investigadores descansa ahora en que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales (admitida a trámite por el Congreso el pasado noviembre a propuesta del PNV) aborde también el estatus de la información anterior a la aprobación de la Ley. Algo, de momento, más lejos que cerca dada la actual “congelación “de la tramitación parlamentaria.

El plazo de presentación de enmiendas se ha prorrogado en 14 ocasiones a petición de PP, PSOE y Ciudadanos. El reglamento del Congreso no contempla límite de prórrogas, por lo que el bloqueo podría prolongarse hasta el final de la legislatura.

En este contexto, y como reveló El País hace pocas semanas, 160 historiadores españoles y extranjeros han dirigido una carta a los grupos parlamentarios pidiendo que “no obstaculicen con tácticas dilatorias” la reforma de la Ley. Está por ver si el Congreso abre finalmente ese candado.