La provincia de Buenos Aires -la más poblada de Argentina, con casi cinco millones de alumnos- tomó en 2006 la decisión de vetar el uso de teléfonos móviles durante las horas de clase por considerar que "desconcentra el proceso de enseñanza-aprendizaje". Diez años después, el Gobierno provincial, de signo macrista, ha levantado la prohibición con el objetivo de "cambiar el paradigma de cómo se enseña en el aula". La medida choca de entrada con un problema técnico: solo una de cada cuatro escuelas bonaerenses tiene conexión a Internet. Sin contar ese obstáculo, que las autoridades se comprometieron a tener resuelto en 2018, la decisión divide a la comunidad educativa. Los partidarios alegan que enriquecerá el proceso de aprendizaje, mientras que los detractores advierten que falta capacitación docente y que se corre el riesgo de ampliar las desigualdades entre estudiantes.

La nueva normativa deja al criterio de cada escuela el uso de la tecnología, algo que ya ocurría de facto en la mayoría. Con la excepción de algunos maestros, como aquellos que ponen una caja en la entrada de la clase para que los estudiantes dejen allí sus teléfonos móviles, muchos llevan años negociando su uso con los alumnos.

Una realidad inocultable

"Creo que la medida es positiva. En mi clase ya lo estábamos usando todos. Lo uso si tengo una duda, para buscar cosas en el momento y los alumnos igual, para hacer trabajos prácticos o tareas", opina Ezequiel Prat, profesor en la escuela de Secundaria n° 20 de San Martín, en el conurbano bonaerense. Admite que hay alumnos que emplean el celular para chatear con amigos, jugar o navegar, pero cree que esas conductas son muy difíciles de erradicar por completo. "Así como un alumno habla con otro alumno o se distrae mirando por la ventana, a veces usa el celular y se distrae de esa forma. Se podría decir que no es lo correcto, en términos pedagógicos, pero es una realidad y no se puede ocultar", agrega Prat.

El director general de Cultura y Educación bonanerense, Alejandro Finocchiaro, presentó el jueves la iniciativa oficial, titulada "Traé tu propio dispositivo al aula". "Hoy los celulares permiten otras cosas y queremos darle la posibilidad a docentes y alumnos de que utilicen cualquier dispositivo tecnológico siempre que esté incluido en el proyecto educativo institucional de cada escuela", dijo Finocchiaro. "Hoy tenemos una escuela del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, donde hay un docente activo que emite conocimiento y un alumno pasivo que lo recibe. Tenemos que llevar todo al siglo XXI", destacó.

La extitular de la cartera educativa bonaerense, Adriana Puiggrós, sostiene que antes de dar ese paso el 100% de las escuelas tendrían que estar conectadas, los maestros capacitados y existir garantías para evitar que se convierta en un elemento discriminador. "Es como hacer las cosas al revés", dice a EL PAÍS Puiggrós. Esta pedagoga considera esencial asegurarse de que "la enseñanza y el aprendizaje no quedan en un lugar secundario" y que las escuelas no se convierten en "un lugar para navegar sin rumbo", motivo por el que diez años atrás firmó la resolución para prohibir su uso durante las clases.

"Existe el riesgo de que la tecnología termine siendo un elemento de discriminación en el aula: no todos los nenes tienen el mismo celular o un celular inteligente", coincide el secretario general del mayor sindicato docente de Buenos Aires, Roberto Baradel. A su juicio, "el Estado debe intervenir para igualar" y piensa que en ese sentido "era un buen programa" Conectar Igualdad, impulsado por el kirchnerismo para entregar a cada alumno una computadora portátil.

La discusión sobre celulares sí y celulares no lleva más de una década sobre la mesa y la nueva resolución parece por ahora insuficiente para terminarla.