Los precios de la luz se han convertido de manera inesperada en protagonistas del verano. La escalada de las cotizaciones del mercado mayorista de la electricidad, evidente a partir de julio, superando los 70 euros/MWh algunos días, ha desatado el pánico entre los consumidores y supone el primer gran reto de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Esta prepara un paquete de medidas urgentes (incluidas en un real decreto ley) que dará a conocer el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados.

Pero los paliativos para aliviar la factura no están tanto en manos de Ribera como de su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero. Y es que el fisco está siendo el gran beneficiado de una subida de precios que le reportará este año 1.400 millones solo por las subastas de los derechos de emisión de CO2, frente a los 500 millones que, aproximadamente, venía recaudando anualmente. También hará su agosto, gracias a la subida de la electricidad, con los incrementos correspondientes a la recaudación de los impuestos medioambientales (especialmente, el del 7% a la generación) y del IVA del 21% que grava la factura de la luz, por el que el Estado ingresa unos 8.400 millones de euros anuales.

La causa principal del repunte estival de los precios eléctricos no se presta a discusión: el mercado está anticipando una mayor escasez de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (esencialmente, de CO2) a partir del año que viene, cuando está previsto que se reduzca su oferta un 24% con la entrada en funcionamiento de la llamada reserva de estabilidad del mercado. Una medida por la que la UE va a retirar derechos en las subastas que realizan los países entre las empresas que necesitan comprarlos para poder producir (tal es el caso de las eléctricas que generan con carbón o gas).

La demanda de unos derechos cuyo recorte está a la vuelta de la esquina ha disparado el precio del mercado de CO2, que se ha triplicado en lo que va de año: de los 9,3 euros por tonelada en enero a 21 euros/tonelada en agosto. Desde su creación hace más de una década, tras la firma del Protocolo de Kioto, el de emisiones ha sido un mercado mortecino, con unos precios tan bajos que no han logrado su objetivo: la rebajar las emisiones por parte de la industria en la UE.

España, que subasta cada año 84 millones de toneladas, destina, por ley, y desde 2013, un 90% de la recaudación de las subastas (con un límite de 450 millones de euros) a la tarifa eléctrica, como incentivo a las renovables. Un tope que no se había superado hasta ahora, en que el máximo que había recibido el sistema eléctrico fueron 407 millones en 2017 (ver gráfico).

Hacienda se quedó en 2017 con 144 millones de los ingresos de los tributos creados sufragar la tarifa

Por el momento, este año el Estado lleva ya recaudados 790 millones de euros por ese concepto y se prevé que ingrese en el conjunto del año 1.400 millones, si el precio de los derechos de emisión se mantiene en el entorno de los 24 euros/tonelada. El debate que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene encima de la mesa es si elimina ese límite de 450 millones de euros y destina toda o casi toda la recaudación anual de las subastas a la tarifa de la luz, que, al fin y al cabo, es la que está sufriendo las consecuencias de una decisión político-medioambiental de Bruselas.

Otra cuestión, que también forma parte de la discusión, es si estos casi 1.000 millones de recaudación extra e inesperada, que se mantendrá en el futuro, son una oportunidad para eliminar de una vez por todas el polémico impuesto del 7% que grava el valor de cualquier tipo de generación eléctrica, que ha superado cada año los 1.000 millones de recaudación. La propia CNMC alertó en su informe sobre la ley 15/2012 que ese gravamen, que las empresas generadoras pagan pero que trasladan al usuario final, encarecería el MWh en algo más de ocho euros.

Impuestos al sectorr

El 7% sobre el valor de la energía, junto con un impuesto a la nuclear y el canon hidráulico, fueron introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en la Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética en el marco de la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa. La disposición adicional segunda de dicha ley establece que los Presupuestos Generales del Estado de cada año destinarán a financiar los costes del sistema eléctrico, por un importe equivalente a lo que el Estado estime que va a recaudar por estos tributos y cánones: 1.807 millones en el caso del año pasado.

Como la estimación de los Presupuestos Generales del Estado ha sido cada año superior a la recaudación final, los peajes eléctricos han venido recibiendo menos ingresos de los previstos a principios de cada ejercicio. En todos, menos en 2017, en que la recaudación de unos impuestos creados para ayudar a la tarifa fue superior a lo estimado inicialmente en 144 millones de euros (2.849 millones de euros, frente a 2.705 millones). Un dinero que se quedó en la caja de Hacienda.

Este excedente será mucho mayor este año (con una partida prevista en los peajes por estos tributos medioambientales de 2.654 millones de euros) a la vista de la fuerte subida de los precios de generación. Fuentes del sector recuerdan que la Ley de Presupuestos de 2018 establece la posibilidad de pagar al sistema la totalidad de lo recaudado si supera (como es del todo previsible) la cantidad inicial estimada. Un crédito fiscal que ha de autorizar la ministra de Hacienda, vía BOE, y dentro de este ejercicio. Por tanto, aún tendría margen de maniobra.

El ministerio que dirige María Jesús Montero tiene en sus manos la posibilidad de aplicar medidas para aligerar la factura en el corto plazo. Bien es cierto que la Ley del Sector Eléctrico impide destinar cualquier incremento de ingresos a bajar los peajes de la luz, en tanto el sistema mantenga deuda por amortizar (aún 23.000 millones), en cuyo caso, deben destinarse a reducirla. Sea como fuere, los anteriores Gobiernos del PP nunca amortizaron deuda alguna, pese a haber acumulado un superávit de tarifa de 1.500 millones.

Una modificación de esta ley, eliminando dicho impedimento, permitiría bajar los peajes de 2019, que se aprobarán en enero. O, en su defecto, que los Presupuestos del Estado del próximo año (que todos dan por imposible, dada la falta de apoyos del Ejecutivo de Pedro Sánchez) asumieran algunos costes de la tarifa con las remesas llovidas del cielo gracias a la subida de la electricidad. Por ejemplo, la totalidad de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares, la mitad de los cuales (algo más de 700 millones) ya corren por cuenta del Estado.

A este siempre le quedaría jugar con la recaudación extra del IVA que se deriva de la escalada de unos precios “producto, además, de la especulación”, critican en el sector.

Sobre unos 40.000 millones que mueve la factura eléctrica, el 21% de IVA se traduce en unos ingresos para la Agencia Tributaria de unos 8.400 millones de euros. De rebajarlo al 10% como piden las asociaciones de consumidores (o, al menos, volver al 18% que incrementó Cristóbal Montoro) la factura se libraría de más de 4.000 millones. Algo poco probable, dada la delicada situación de las Cuentas del Estado