Primero fue en 2009 a través de un plebiscito que habilitara el voto epistolar, para el que solo 38% de los uruguayos dio el sí. Luego en 2013 con el apoyo del Frente Amplio de un proyecto de ley que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos para permitir el sufragio consular, pero que no prosperó en el Parlamento. Cinco años después y menos de un años y medio de las elecciones nacionales, la posibilidad de los uruguayos que viven en el exterior de votar volverá a ser tema de debate cuando el Senado apruebe con los votos del oficialismo una norma interpretativa sobre los derechos y obligaciones inherentes a la ciudanía, con la que se instalará una comisión que elaborará un nuevo proyecto para instrumentar el sufragio fuera de fronteras, que es considerada inconstitucional y "rara" por parte de constitucionalistas. En un principio estaba previsto que se votara este miércoles pero finalmente se resolvió pasar su discusión para la semana que viene.





El Frente Amplio quiso volver a dar pelea con la posibilidad de que los emigrantes uruguayos puedan votar en octubre de 2017, cuando los diputados oficialistas presentaron el texto, que pretende interpretar dos artículos de la Constitución: por un lado, el párrafo 1 del 77 que indica que "todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán", y el 81, que sostiene que "la nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico". Esa lucha tuvo una primera victoria en diciembre en la Cámara de Diputados , donde se le dio media sanción y otra más la semana pasada cuando fue aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pese al no rotundo de los legisladores de la oposición. "El acto que acaba de realizar la bancada del gobierno es de una temeridad sorprendente. Es de una gravedad inusitada", dijo el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, cuando se aprobó el último de los cuatro artículos del proyecto de ley.





"A nuestro juicio, el proyecto establece una interpretación clara y precisa", Mariana Mota, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos







La frenteamplista Constanza Moreira lo retrucó con un viejo dicho futbolístico. "Yo lo voto con mucha conciencia, con mucha responsabilidad política y, sobre todo, con un sentido del derecho que es absolutamente contradictorio con la idea de que los de afuera son de palo. Nunca me gustó esa idea y menos me gusta ahora", dijo.





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Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que no votó y no votará en el plenario porque el primer artículo interpreta algo "que no tiene nada que ver". "No podemos interpretar lo que no existe", señaló a los demás legisladores. Esa afirmación fue realizada a raíz de la opinión del constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien hace un par de semanas visitó la comisión por ese proyecto de ley y se mostró totalmente en contra de su primer artículo. "Está interpretando algo que no es necesario interpretar. Le quiere hacer decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Es claramente una disposición que la modifica en ese aspecto y por ello considero que es una norma claramente inconstitucional", aseguró en su comparecencia, según consta en la versión taquigráfica.





En la misma línea opinó su colega Martín Risso, quien al ser consultado por El Observador dijo que se trata de un artículo "innecesario, que no aporta nada y que tiene imprecisiones y problemas de constitucionalidad".





El resto del proyecto tampoco convence a Risso porque, de ser ley, obligaría a un nuevo organismo en un plazo de 120 días a elaborar otro proyecto de ley. Eso, según el especialista, los convierte en "raros" al hacer a los parlamentarios delegar "parcialmente" una de sus tareas. Correa Freitas consideró sobre ese punto que no existe delegación legislativa, pero sí sostuvo que el voto de emigrantes se debe realizar mediante una reforma constitucional, como se intentó hacer en 2009, o con una ley sancionada con dos tercios del total de componentes de cada cámara. De hecho, eso último es lo deberá pasar cuando esa comisión que prevé el proyecto que será ley eleve otro proyecto con los mecanismos de voto en el exterior. Y ahí el Frente Amplio se enfrentará con un nuevo obstáculo, porque no tendrá los votos de la oposición para pautar cómo deberán votar los uruguayos que viven en el exterior y no pueden viajar al país el día de las elecciones.





La comisión deberá no solo hacer un proyecto sino también un informe y será integrada por un representante de cada partido con representación parlamentaria, un miembro de la Cancillería, uno de la Corte Electoral, dos miembros de asociaciones civiles y será presidida y coordinada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.





"(El artículo primero) está interpretando algo que no es necesario interpretar. Le quiere hacer decir a la Constitución lo que la Constitución no dice", Ruben Correa Freitas, constitucionalista







Precisamente ese organismo elaboró varios informes en los que recomienda "el amparo del derecho al voto de los uruguayos que residen en el exterior, según manifestó en la Comisión de Constitución y Legislación Mariana Mota, una de sus integrantes. "A nuestro juicio, el proyecto establece una interpretación clara y precisa de algo que por ahora existe en esas diferentes posiciones para que, a partir de ahí, se pueda empezar a discutir cómo se ejecuta efectivamente ese derecho", sostuvo.





El Frente Amplio considera que si bien los ciudadanos uruguayos radicados en el exterior no perdieron su ciudadanía "y en consecuencia mantienen como tales todos los derechos que les corresponden, entre ellos el derecho a votar –como lo establece la Constitución- "hasta ahora ese derecho no ha podido ser ejercido, ya que se les ha impedido la posibilidad efectiva de ejercer el voto". "De esta manera, lo que es un derecho consagrado por la Constitución se ha convertido en un derecho meramente declarativo", indican los diputados oficialistas en la exposición de motivos del proyecto de ley que se aprobará.



