Sus candidatos a la Corte Suprema no jurarán por el momento, pero el nuevo gobierno seguirá adelante con su política de modificar la Justicia por decreto. El ministro del área, Germán Garavano, dijo que están trabajando en "muchas medidas", que los decretos saldrán "antes de fin de año o los primeros días de enero" y que incluirán, por ejemplo, el traspaso de las escuchas judiciales de la Procuración a la Corte Suprema.

Según Garavano, es imprescindible contrarrestar cuanto antes la "sanción insana de leyes sin consenso" aprobadas por el kirchnerismo porque tienen "efectos muy nocivos". "Los DNU [decretos de necesidad y urgencia] que se van a dictar son básicamente reparativos", los defendió el ministro. Según él, "parece muy ingenuo" detenerse a criticar los mecanismos.

-¿Cuándo jurarán los jueces que designaron en comisión para la Corte?

-La Corte dijo que cuando se reanude la actividad judicial. Eso es en febrero. Les tomará el juramento y estamos sujetos a esa decisión.

-¿Qué les dijo Ricardo Lorenzetti de que los hayan designado así?

-Nada, eso es una facultad constitucional del Presidente.

-Si no van a jurar ahora, ¿por qué insistir en el decreto?

-La Corte ha manifestado la necesidad de que se integre el tribunal y el decreto es el mecanismo previsto en la Constitución para estos casos. Nosotros pensábamos que la urgencia era tal y la Corte dijo: "Ahora no, juran en febrero". De todas formas, con el acuerdo del Senado, el tema se postergaría hasta abril y tendríamos hasta entonces una Corte de-sintegrada.

-Ustedes llegan como defensores de la institucionalidad y ahora saltean al Congreso para designar a jueces de la Corte. ¿Cómo se explica?

-Nadie salteó nada, es un mecanismo de la Constitución y en forma paralela se inició el proceso del decreto 222, que demora al menos un mes hasta que nosotros podemos avanzar.

-Mientras tanto estos jueces firman sentencias.

-Eso es lo que prevé la Constitución; si quieren la modificamos (se sonríe). Desdramatizando, hay una vía de entendimiento con la Corte y el Senado. Todos admitieron que es una facultad constitucional. De las críticas de los constitucionalistas que no habían leído la Constitución, ahora se pasa a que es un mecanismo políticamente incorrecto. El Presidente encaminó el tema. Se reunió con la Corte y con los senadores, que se quedaron conformes con el hecho de que no se haya hecho la jura.

-¿Quién le propuso a Macri este mecanismo?

-Algún brillante constitucionalista. Los kirchneristas no estudiaron muy bien la Constitución estos años.

-¿Estudian ampliar la Corte?

-No por el momento.

-¿Qué otras medidas sacarán por decreto relacionadas con la Justicia?

-Muchas. No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes. Muchas cosas de Justicia van a estar incluidas en la emergencia de seguridad; tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal Penal, que hay que sacarla por DNU rápidamente... Estamos definiendo si conviene un solo decreto. La idea es hacerlo antes de fin de año o los primeros días de enero. Si se llega. La situación dista de ser la ideal en el Ministerio, con personas con cargos políticos que no se quieren ir, con conflictividades gremiales.

-La reforma procesal la votó el Congreso, que la debatió. ¿No debería revisarla el Congreso?

-Fue un proyecto de ley que el kirch-nerismo sacó con su mayoría automática, de forma inconsulta, que generó críticas de todos los actores y expertos. Es unánime que no se puede aplicar. Fue un tema político para dominar la Justicia.

-¿Le van recortar poder a Gils Carbó por decreto?

-¿Qué es recortar poder? El Ministerio Público tiene facultades exorbitantes que no corresponden a un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso.

-¿Crearán un fuero contra el crimen organizado?

-Probablemente. Debemos optimizar la capacidad de la Justicia para hacer frente al narcotráfico. En este tema entra el traspaso de las escuchas de la Procuración a la Corte. Tenemos numerosas quejas de jueces porque es un mecanismo de producción de una prueba muy sensible, que hoy queda en manos de una de las partes en el proceso.

-¿Evalúan convocar a extraordinarias?

-La convocatoria es una decisión de otros ministerios más políticos y del diálogo con ambas cámaras. Debemos preparar los instrumentos jurídicos para que sean aprobados por el Congreso o por un decreto.

-¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura?

-Sigue funcionando, hay un fallo apelado por el Ministerio de Justicia [el fallo declara inconstitucional la reforma kirchnerista que llevó el Consejo de 19 miembros a 13; el kirchnerismo lo apeló]. Podríamos desistir de ese recurso. Antes vamos a generar un consenso para modificar la ley; mientras, el Consejo sigue funcionando.

-Hoy el macrismo tiene mayoría.

-Exacto. Más allá de eso, queremos consensuar la ley que respete la Constitución.

-Están reformando leyes con decretos. ¿Por qué no debatir estos temas en el Congreso?

-Porque en relación con el sistema de Justicia ha habido una sanción insana de leyes sin consensos, sin estudios serios; leyes que generaron efectos muy nocivos al sistema judicial y a la población. Se crearon por ejemplo tribunales para la cooptación política del Poder Judicial; parece muy ingenuo criticar ahora estos mecanismos que son para tratar de corregir eso. La gente pidió rápidamente reconstruir esta situación. Los cambios que proponemos son cambios que todos los actores consideran indispensables.

-¿Pero un DNU no tiene nada de consenso?

-Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total. Dennos tiempo y critiquen después sobre lo que hacemos, téngannos confianza.