BARCELONA.- Una de las principales consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido el aterrizaje de fondos de inversión -especialmente de fondos buitre- en el sector, atraídos por un descenso de precios que les permite comprar barato y obtener rápidamente jugosos beneficios. Los fondos, compran carteras de hipotecas, compañías inmobiliarias, paquetes de pisos y créditos de la Sareb -o banco malo- y vivienda pública.



Y es precisamente una operación de este último tipo la que ha provocado una creciente movilización en Barcelona, hasta el punto que se reclama la recuperación del carácter totalmente público de cuatros bloques -que suman 298 pisos de alquiler social- controlados actualmente por Colón Viviendas, una inmobiliaria filial del fondo Azora. La sociedad los gestiona después de pagar 11,4 millones -unos 35.000 euros por inmueble- a la Fundació Pisos de Lloguer, dependiente del Consejo Comarcal del Barcelonès.

La compañía está en el punto de mira de movimientos ciudadanos, como el colectivo de Nou Barris 500x20 y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), pero también de la administración, después que el pasado junio la Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Catalunya le abriera un expediente sancionador por alquilar 55 pisos de alquiler social sin tener en cuenta el registro de solicitantes de viviendas con protección oficial, dónde se deban inscribir las personas que aspiran a un inmueble de este tipo. La FAVB, 500x20 y los inquilinos movilizados de los bloques denuncian, además, que Colón Viviendas ha intentado modificar varias condiciones para residir en los pisos con el objetivo de aumentar su beneficio, algo que ha ido en perjuicio de los vecinos.



Azora gestiona siete bloques de vivienda social en la capital catalana. En 2011, se hizo con el control de tres fincas -que suman 379 pisos- por un importe de 25,6 millones a través de su filial Lazora. Y en 2013, fue su subsidiaria Colón Viviendas la que pagó 11,4 millones a la Fundació Pisos de Lloguer para obtener la gestión y el derecho de superficie de los cuatro bloques.



Los inmuebles fueron construidos por Regesa, otra sociedad del consejo comarcal, y al cabo de unos años pasaron a manos de la fundación. Se ubican en las calles Travessera de les Corts, Sagrera, Río de Janeiro y Passeig Urrutia. En ambas operaciones, se traspasó la gestión de los inmuebles y su derecho de superficie [que permite el cobro del alquiler] durante 75 años, pero el suelo sigue siendo público y pasado este período los bloques deberían volver a la administración.



El mismo 2013, el fondo buitre se alió con Goldman Sachs para pagar 201 millones de euros por casi 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). En este caso, sí que se traspasó la propiedad de los inmuebles y los inquilinos han visto como a medida que debían renovar sus contratos o las ayudas al alquiler que no ha asumido la sociedad su situación empeoraba claramente. En Barcelona, Colón Viviendas no ha podido modificar el precio del arrendamiento, que está regulado por la normativa de la vivienda de protección oficial, pero ha intentado aumentar sus beneficios modificando “extras”, en palabras de Salva Torres, miembro de la asociación 500x20, dedicada a luchar por el derecho a una vivienda digna.

Medidas recaudatorias

Elvira Juncosa, vecina del bloque afectado de la calle Sagrera, detalla que la llegada de Colón Viviendas implicó un intento de encarecer los gastos de mantenimiento de la finca, pasando de 45 a 65 euros mensuales por piso; la obligación de suscribir una póliza de seguros con la compañía Ocaso por el contenido del inmueble; la obligación de alquilar una plaza de aparcamiento con un contrato distinto al del piso y por un precio de 120 euros, superior al de mercado en la zona; así como la exigencia de hacer un aval bancario para hacer una transferencia de unos 1.500 euros a la sociedad.



También se formalizaron nuevos contratos en vez de prolongar los ya existentes. De aplicarse todas las medidas -algunas de las cuáles ilegales, como la de los aparcamientos-, a la práctica el precio del alquiler de la vivienda -alrededor de 250 euros mensuales- hubiera aumentado notablemente, pero la movilización de los inquilinos ha conseguido echarlas para atrás, al menos para los vecinos que ya residían en los pisos antes de la llegada del fondo buitre.



Así, por ejemplo, en la mayoría de los casos no se ha aplicado el incremento en la cuota de mantenimiento y también se ha evitado la obligatoriedad de alquilar un aparcamiento, pero según recalcan Juncosa y Salva Torres se prioriza a los nuevos inquilinos que aceptan esta condición.



Mireia Pería, vecina desde 2004 del bloque de la calle Río de Janeiro, apunta que con la gestión de Colón Viviendas las renovaciones se han vuelto en “nuevos contratos”, por una validez de “tres años”, en vez de los cinco que se daban previamente. Pería coincide con Juncosa que la sociedad intentó “colar” nuevas condiciones para aumentar con “extras” el pago de un alquiler blindado por ley y que fue la “movilización” la que impidió que el fondo buitre se saliera con la suya. Sylvana Montenegro, como Elvira Juncosa vecina del bloque de la Sagrera, cuenta que en su caso tuvo que pagar durante 15 meses cien euros más de alquiler para pagar el aval bancario exigido por el nuevo casero, ante la imposibilidad de afrontarlo de golpe.

La FAVB y los inquilinos de cuatro bloques de pisos de alquiler social gestionados por una filial de Azora reclaman que los inmuebles vuelvan a estar bajo control público / M.F

Pisos de alquiler social anunciados en portales inmobiliarios

Fuentes de la inmobiliaria han negado a distintos medios que se hayan aplicado las subidas denunciadas por los vecinos, de la misma manera que rechazan haber cometido ninguna irregularidad en la adjudicación de los pisos. La versión de la filial de Azora no coincide con la de los inquilinos y la FAVB, ni con la de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, que le abrió un expediente sancionador al detectar que en 55 pisos no se tuvo en cuenta el orden del registro de solicitantes de viviendas con protección oficial.



El expediente hace referencia sólo a los bloques de las calles Río de Janeiro y Urrutia, pero según Juncosa “hay más casos” en los de Sagrera y Travessera de les Corts. Para Salva Torres, de 500x20, saltarse el registro permite a la compañía firmar contratos “por amiguismo o a buenos inquilinos”, es decir, aquellos que demuestren solvencia económica para pagar el alquiler. Los pisos vacíos llegaron a aparecen en populares portales inmobiliarios de la red, como “Idealista”.



Fue precisamente la apertura de este expediente sancionador del gobierno autonómico lo que motivo la celebración hace unos días de una rueda de prensa en la que vecinos, la asociación 500x20 y la FAVB reclamaron que los pisos de alquiler vuelvan a estar totalmente en manos públicas. “En el momento en el que hay una empresa privada gestionando los pisos está claro que lo hace por un interés económico, no por una voluntad de dar una beneficio social, y seguro que detrás hay algún interés especulativo”, opina la vecina Mireia Bería. Salva Torres, por su parte, añade que el Ayuntamiento de Barcelona tuvo la oportunidad de comprar los bloques durante el mando de Xavier Trias, pero no lo hizo, mientras que Colón Viviendas prevé obtener una gran “plusvalía”.



Las vecinas consultadas por Público temen lo que va a suceder con sus casas cuando se agote el período 25 años de protección oficial, lo que garantiza un precio regulado, algo que sucederá dentro de 14 años. Teniendo en cuenta que Colón Viviendas tiene el derecho de superficie de los inmuebles durante 75 años, las fuentes consultadas temen que en el 2029 los pisos pasan a ser de “renda libre”, algo que, entonces sí, dispararía los beneficios del fondo buitre. “El acceso a la vivienda protegida no puede ser nunca competencia de Colón Viviendas ni de ningún fondo. Debe haber alguien que lo regule”, reclama Elvira Juncosa. Los vecinos prevén reunirse próximamente con responsables del ayuntamiento de la capital catalana para estudiar la recuperación pública de los cuatro bloques de pisos.

Llegada masiva de fondos

La compra o el control de vivienda pública es sólo una de las patas que ilustran el creciente apetito de los fondos buitres por el sector inmobiliario estatal. Hace pocas semanas, Caixabank cerró la venda de una cartera de 800 millones en créditos a promotores inmobiliarios a Blackstone. La sociedad norteamericana ha adquirido también atrás la plataforma inmobiliaria y la cartera de créditos hipotecarios de Catalunya Caixa, entidad ahora en manos del BBVA.



La segunda operación motivó movilizaciones de la PAH, ante el temor que el fondo buitre dificultara todavía más las negociaciones para evitar el desahucio de familias que no pueden afrontar el pago de la hipoteca. Cerberus, que se quedó con la inmobiliaria de Bankia, o Texas Pacific Group (TPG), que ha comprado el 51% de Servihabitat -la inmobiliaria de CaixaBank-, además de 30.000 inmuebles y créditos a la Sareb, son otros fondos globales que han llegado recientemente al mercado español atraídos por unos precios bajos -suelen comprar lotes grandes con enormes descuentos- que les facilitan maximizar los beneficios.

