Greta Ter-Akopian es abogada y activista contra el acoso sexual callejero

Brenda Struminger Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 21:13

Después de meses de sufrir una situación de acoso sexual callejero de parte de empleados de un negocio de la Ciudad de Buenos Aires, una mujer denunció a los acosadores y a la empresa que los contrataba. La Justicia penal aún no se expidió en el caso de los dependientes, pero los dueños del lugar acordaron, tras una mediación, pagarle a la víctima un resarcimiento económico de 100.000 pesos y se comprometieron a brindar el espacio para charlas sobre violencia de género.

Greta Galvaño Ter-Akopian tiene 29 años y vive en Palermo hace un año y medio. En agosto, mientras caminaba por la calle Gorriti, escuchó que dos empleados de un local de comidas le gritaban obscenidades. No era la primera vez que ocurría: al contrario, cada vez que pasaba por ahí recibía ese tipo de comentarios e incluso había resuelto cambiar sus recorridos diarios para evitarlos.

Pero la última vez, ya harta, frenó y les pidió que dejaran de hacerlo. La respuesta fue una burla.

La mujer, entonces, entró en el local y les contó al encargado y al gerente lo que ocurría. Le pidieron disculpas y llamaron a los empleados. Uno de ellos admitió lo que había pasado. El otro se quedó en silencio. Ter-Akopian les anunció que los denunciaría penalmente. A los hombres y a la empresa.

"Si tuviera que hacer una denuncia por cada vez que me acosan verbalmente en la calle tendría que vivir en la fiscalía. Pero esta vez me harté, fueron meses", dijo la mujer a LA NACION.

Desde que tiene memoria sufre este tipo de violencia. Por eso en 2016 creó la organización Libres de Acoso Callejero (LIDA), y en 2017 representó a Lucía Cabrera en la primera mediación por acoso callejero en la Ciudad. Fue por el caso del taxista que persiguió a la joven por dos cuadrasgritándole obscenidades desde su auto; la demanda salió a favor de la denunciante.

Litigio

Contra los hombres que la acosaron, la mujer radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal invocando el artículo 67 del Código Contravencional, por "acoso sexual en espacios públicos", y solicitó un botón antipánico, que le fue entregado y aún conserva.

Tomaron intervención en el hecho la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, especializada en Violencia de Género, a cargo de Verónica Andrade, y el juzgado N°13, cuya titular es María Lorena Tula del Moral.

La mujer pidió que se aplicara la sanción correspondiente a los acosadores y ofreció como testigos al encargado, al gerente y al apoderado de la empresa, que fueron citados por la fiscalía. Cuando se les tomó declaración, respaldaron la denuncia y llevaron la carta documento del despido de los acusados. La investigación se inició y los imputados irán a juicio.

Tula del Moral, que en este caso es la jueza de garantías, fijará una audiencia de admisibilidad de prueba, previa vista de la defensa. Luego, se sorteará un juez para ir a juicio.

En paralelo, en el caso del local de comidas -cuyo nombre no puede publicarse por cuestiones legales- Ter-Akopian se representó a sí misma como querellante, con el patrocinio de otra abogada. Tomó parte con la empresa de una mediación civil prejudicial obligatoria y, al cabo de una semana, llegaron a un acuerdo: un resarcimiento de 100.000 pesos y el compromiso del local de brindar el lugar para que se den charlas sobre violencia de género. En las cláusulas del convenio, la mujer se aseguró de que se respetara la posibilidad de publicar el caso.

"Para mí es fundamental que se sepa lo ocurrido porque significa una ampliación de derechos para todas las mujeres y un precedente que podría impactar en casos similares", dijo Ter-Akopian, quien se comprometió a resguardar el nombre del local.

Normas específicas

El caso es un nuevo capítulo en la historia de las medidas judiciales por acoso sexual callejero en la Ciudad de Buenos Aires desde que la Legislatura aprobó la ley que creó la figura correspondiente y la incorporó al Código Contravencional. En 2018, una reforma estableció nuevos agravantes y endureció las sanciones con entre uno y cinco días de arresto o multa económica de 80 a 400 UF por acosar sexualmente en lugares públicos o privados, por hostigar o intimidar de modo amenazante o por ejercer violencia o maltrato físico o psicológico. Cada UF tiene actualmente un valor de $21,40, por lo que las multas van de 1712 a 8560 pesos.

Mientras tanto, a nivel nacional, este año la Cámara de Diputados dio media sanción, por unanimidad, a la ley que incluye como delito en el Código Penal el acoso sexual en espacios públicos, en el contexto de una batería de normas que buscan ampliar los derechos del colectivo feminista, como la Ley de Cupo Femenino en los escenarios, que exige un 30% de participación de mujeres en festivales musicales; la aplicación de la Ley de Cupos en la conducción de organismos científicos, y la Ley de Talles, que impulsa medidas contra la discriminación en los comercios y atacar enfermedades tales como la bulimia y la anorexia.

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