Febrero de 2019. Pedro Sánchez convoca un adelanto electoral para el mes de abril, después de que los independentistas hubiesen tumbado sus presupuestos. Pablo Iglesias, que había trabajado activamente para desatascar la negociación, asume que con un PSOE al alza y con la amenaza de Íñigo Errejón debe poner toda la carne en el asador. Unas elecciones a "vida o muerte”, le comentan sus dirigentes más estrechos.

En aquellas semanas de preocupación, el equipo de abogados de Podemos recibe una petición por parte de sus jefes. Los líderes del partido plantean ceder datos personales de los afiliados a Facebook, para desarrollar una propaganda segmentada en Internet que gestionarán empresas seleccionadas, entre las cuales destacan una portuguesa y otra mexicana, Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero y que ha trabajado para Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales y Nicolás Maduro.

Los abogados de Podemos, sin embargo, frenan el entusiasmo. Advierten de que esa cesión incumple la ley de protección de datos personales. Los dirigentes de Podemos afirman que aparcarán su idea, pero los abogados del partido, encargados de vigilar sobre el cumplimiento de los límites legales, sospechan que el plan puede seguir en marcha.

Cese inmediato

El asunto pasa a otoño, cuando el Tribunal de Cuentas empieza a investigar (y a pedir más datos) sobre el gasto electoral de Podemos. Es entonces cuando, según revelan a Vozpópulifuentes internas de Podemos, el equipo legal pide información. Busca averiguar si el partido llevó a cabo su proyecto. Hasta que todo se para por el despido repentino de los letrados, afirman fuentes de Podemos.

El pasado mes de diciembre, después de su cese, los abogados de Podemos enviaron una carta al partido en la que denunciaron ser víctimas de “represalias” por estar “investigando graves irregularidades”

Las primeras cifras del gasto interno para la campaña en Facebook de Podemos alcanzan los 700.000 euros. El método elegido fue el marketing segmentado, a través del uso masivo de datos (Big Data). Otras fuentes de Podemos elevan ese desembolso a más de dos millones de euros, sumando la propaganda para las autonómicas, europeas y las generales de noviembre.

Una de las empresas involucradas en dicha operación es la portuguesa ABD Europa, que está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por su relación con un holding financiero en Rio de Janeiro y la dificultad de comprender exactamente cuál fue su trabajo para Podemos. Según las fuentes consultadas, el gasto de Podemos en redes ha sido “muy elevado” y que el partido utilizó técnicas de “inteligencia artificial”, vinculadas al uso de datos personales. Se trata de un método innovador, que puede rozar esquemas como el de Cambridge Analytica, que está siendo investigado en Estados Unidos y Reino Unido.

Carta confidencial

El pasado mes de diciembre, después de su cese, los abogados de Podemos enviaron una carta al partido en la que denunciaron ser víctimas de una “represalia” por estar “investigando graves irregularidades” en materia de protección de datos y cumplimiento de la normativa penal por parte del partido morado.

“El despido disciplinario del Delegado de Protección de Datos y la propuesta de mi cese como Responsable de Cumplimiento Normativo es un grave acto de represalia y posibles coacciones porque estábamos investigando graves irregularidades de Podemos en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido”, escribió Mónica Carmona Segura en dicha carta.

En el partido morado temen que la Agencia de Protección de Datos se interese en el caso. Y que lo que en apariencia parece un caso menor se pueda convertir en un asunto judicial

La denuncia de los abogados se suma a otra investigación relativa a las consultas internas. Concretamente, a la votación sobre el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero y sobre el pacto de gobierno con Sánchez. En el partido morado aseguran a Vozpópuli que los datos obtenidos por la cúpula también los tuvieron las delegaciones locales del partido, y que por lo tanto nunca tuvieron acceso a información "secreta".

Aun así, en el partido morado temen que la Agencia de Protección de Datos se interese en el caso. Y que lo que en apariencia parece un caso menor se pueda convertir en un asunto judicial de un partido que entre febrero del año pasado y noviembre de 2019 se lo jugó todo y logró salvar los muebles, hasta alcanzar una entrada en el Gobierno inesperada hace tan solo un año.