A pocas horas de cumplir su primer año de Gobierno, el presidente Mauricio Macri enfrenta un dilema que ya no tiene salida sin costo: qué hacer con Milagro Sala. Es un laberinto al que entró empujado por su aliado, el gobernador jujeño Gerardo Morales, y donde ahora está arrinconado por la presión unánime de los organismos de derechos humanos con prestigio internacional. Si Sala sigue presa, la presión sobre Macri será cada vez más potente, y deberá responder por el tema en cada lugar del mundo donde aterrice. Si la libera, deberá pagar el costo político por la marcha atrás. Muchas veces, los seres humanos, y más aún los presidentes, unen lo inútil a lo desagradable. Este es uno de esos casos: tarde o temprano Sala recuperará la libertad y la gestión de Macri, en términos democráticos, tendrá una mancha.

Es difícil entender que alguien, en un Gobierno que presume de ser técnicamente capacitado, no haya previsto lo que necesariamente iba a suceder. Es muy exótico que en un país democrático detengan a un líder opositor. Solo se puede evitar el escándalo internacional si la fundamentación para hacerlo es muy sólida. Sala fue detenida días después de la asunción de Morales. La actitud de los tribunales es sumamente sospechosa, desde el momento en que no tomaron ninguna medida contra ella antes del 10 de diciembre de 2015 y las tomaron todas luego del cambio de Gobierno. Sala no está condenada por ningún delito, no intentó fugarse. Fue detenida bajo el cargo de sedición, es decir, porque protestaba. Luego le informaron que seguiría presa como sospechosa de asociación ilícita y porque se presumía que libre, obstruiría el trabajo de la Justicia. Ni Macri ni Morales ni el Tribunal Superior de Justicia jujeño podrán convencer a Amnesty o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es razonable tener detenido a un opositor durante un año para que la Justicia pueda proceder: existen, claro, métodos alternativos.

Por otra parte, la apelación moralista a la razón de estado -con ella suelta era imposible gobernar- para detener a un opositor, no parece compatible con el sistema democrático. Con ese criterio tan personal, cualquiera puede terminar detenido.

Milagro Sala tiene en su contra una denuncia de asesinato, múltiples denuncias de amenazas violentas y golpes a personas que pertenecían a su organización, hay evidencias muy sólidas en su contra sobre desvíos millonarios de fondos, y uno de sus colaboradores más cercanos está detenido por haber asesinado a Luis Condorí, en Humahuaca, cuando él y otros pobladores resistieron una toma de tierras violenta, que intentó realizarse con el apoyo de costosísimas camionetas de la Tupac. Los atropellos que ella y los suyos han cometido tal vez sean más graves que aquellos de los que hoy es víctima. Basta escuchar al perro Santillán para entender quién es Sala. Y no es el único testimonio contundente.

Pero, si se le aplican sus métodos, ¿se la fortalece o se la debilita? Su privación ilegítima de la libertad, ¿ayuda a la consolidación de un sistema democrático o, aunque no lo parezca en lo inmediato, reproduce y legitima los métodos que se pretendía combatir? Si Morales utiliza a la justicia de su provincia para perseguir a un enemigo, ¿qué impedirá luego que aplique ese recurso contra otro, o que otro gobernador lo haga, incluso contra Morales o que lo haga la propia Sala si alguna vez llega al poder? ¿Eso es la república? Los organismos internacionales de derechos humanos están acostumbrados a pedir que se respeten las garantías de miembros del Ejército Islámico, ¿por qué no lo harían en este caso? ¿Nadie supo avisar a tiempo?

Roberto Gargarella fue uno de los constitucionalistas más críticos y valientes durante la agresiva gestión kirchnerista. No tiene ninguna simpatía por Sala. Pero explicó la reacción internacional en términos muy precisos. "El reclamo en favor de la libertad de Milagro Sala se basa en principios y criterios como los siguientes: el de presunción de inocencia; la protección especial de la crítica y las protestas políticas; los criterios de persecución y enemistad que ha hecho visible el gobierno jujeño en su contra; la no demostración del riesgo de fuga; la noción de que la privación de libertad solo debe ser utilizada como ultimísimo recurso; la fragilidad de las razones alegadas por el estado en su contra".

Ese tipo de razonamiento es habitual, casi un abc, en la comunidad de derechos humanos, cuya influencia en muchos gobiernos del mundo ya ha notado Mauricio Macri, por ejemplo, durante la reciente visita del premier canadiense. Sostener que esta ofensiva tiene la marca kirchnerista es otra muestra de ignorancia aldeana. Amnesty International o Human Rights Watch cuidan puntillosamente -a diferencia de muchos de sus pares argentinos- no quedar atrapados en ningún tipo de alineamiento. Sería un daño mortal a su credibilidad.

Así, José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch fue expulsado de la Venezuela bolivariana y celebró la postura de Mauricio Macri contra ese regimen. En septiembre pasado, Venezuela se retiró formalmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual calificó como un arma desestabilizadora del imperialismo. Ambos ahora, Vivanco y la CIDH, exigen a Macri que libere a Sala. Porque lo que importa no es quien es el que viola los derechos sino que los derechos no sean violados.

La última declaración de Mauricio Macri confirma su errada apreciación del conflicto. "A la mayoría de los argentinos nos pareció que había una cantidad de delitos importante cometidos por Sala", dijo el Presidente. Es una obviedad que la libertad o la detención de las personas no se resuelve por plebiscito ni, mucho menos, por encuestas. Tal vez esa frase sea una especie de confesión de motivos ocultos. Cada vez que termina un Gobierno, en el país se produce una enorme presión social para que muchos de sus referentes vayan presos. Este clima de supuestas mayorías empuja a los nuevos mandatarios y a los viejos jueces a tratar de ganar legitimidad, o recuperarla, por medio de la satisfacción de ese ansia de justicia o venganza rápida. Alguien tiene que ir preso. Si eso se hace mal, como en este caso, tarde o temprano, termina en un papelón que daña a quien impulsó o se complicó con esa iniciativa.

Por lo demás, la aparición de los organismos internacionales de derechos humanos en el centro de la escena argentina es una noticia positiva. Durante los últimos años, desde el gobierno anterior, comenzó a crearse un consenso donde se ponía en duda su palabra, especialmente, cuando se referían a las serias violaciones que se producian en la República semidemocrática de Venezuela. El discurso chavista, según el cual todo aquel que reclamaba la libertad de un opositor era una herramienta del Imperio, había prendido en numerosos sectores del gobierno kirchnerista y de su juventud militante. Si ahora reciben con alegría y alivio la reacción de la comunidad internacional, tal vez sea un buen momento para que revisen lo que esos mismos actores dicen sobre los sistemas que ellos reivindican, y donde la existencia de presos políticos no es un hecho excepcional sino más bien cotidiano. Porque se supone que la libertad debe ser para todas las personas y no solo para las que piensan como uno.



Macri quedó encerrado en un laberinto. Aunque él no se de cuenta, cuanto más tarde en salir de él, más costoso será.