Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

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Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.