Más de 145 mil trabajadores pasaron a engrosar las filas de desempleo en diciembre de 2018, el primer mes de la gestión de López Obrador, ocasionado por los despidos de burócratas en el sector público y ajustes en las nóminas de la iniciativa privada, con ello la tasa de desocupación está en el rango de 3.6 por ciento de la población económicamente más activa, de acuerdo con estudios del Inegi.

La tasa de desempleo en el país alcanzó su nivel más alto en los últimos 24 años.

Con la orientación del gasto del Presupuesto federal a las políticas asistenciales, el despido de más trabajadores del gobierno, así como los ajustes a la baja que está haciendo el sector privado en sus programas de inversión y generación de empleos, se prevé que continúe esta tendencia en los próximos meses.

Así que mientras en el sexenio de Peña Nieto se alcanzó una cifra récord de cuatro millones de nuevos empleos, con AMLO esta tendencia empezará a decrecer.

Además el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la tasa de subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual demanda) es del orden 7.2 por ciento, mayor a la del mismo mes de 2007, que fue de 7.0.

Los subocupados son personas que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas.

Son ahora menos los mexicanos que tienen un empleo formal con López Obrador, y esto definitivamente es un indicador que debe preocupar al presidente y su equipo, ya que en los bolsillos de la gente están pegando sus acciones en materia de adelgazamiento de la burocracia; es decir, en el despido de trabajadores, muchos de ellos de forma injustificada y que ya llevaron a los tribunales sus casos.

Lo que llama la atención es que en un periodo corto de tiempo, un mes, ya se den estos indicadores, lo que anuncia que el desempleo continuará al alza.

El gobierno no es el principal generador de empleo, es la iniciativa privada, misma que requiere facilidades y un entorno favorable para su desarrollo; en este sentido, el gobierno debe ser un facilitador y no un patrón, ya que ni tiene el presupuesto para ello ni las plazas disponibles. Sólo se puede circunscribir a crear trabajo temporal, y esto es precisamente a lo que apuesta la administración de López Obrador, que con sus macroproyectos de infraestructura, como el tren maya, intenta contratar directa y temporalmente a cientos de pobladores del sureste mexicano.

Hemos insistido en este espacio sobre el círculo virtuoso de la productividad, que no es otra cosa que en lugar de seguir dando migajas a la población marginada que viven en pobreza extrema, es mejor integrarlos al proceso productivo, mediante capacitación y créditos.

Vemos, por ejemplo, que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que en colaboración con inversionistas nacionales y extranjeros, esa entidad se convertirá en uno de los centros logísticos más dinámicos del país, y dijo que las empresas asentadas en la entidad tienen grandes oportunidades de crecimiento, desarrollo y generación de empleos.

Así las cosas, mientras que los gobernadores buscan por todos los medios atraer inversionistas y empresas globales a sus estados, en el gobierno federal se mandan señales contrarias a este propósito.