Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– Corazón de la enmienda constitucional del ámbito educativo, la evaluación de los docentes mexicanos se convirtió en la modificación más cara de las generadas en las reformas estructurales impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, bajo el cobijo del Pacto por México, en 2013.

De acuerdo con la nueva normativa, la evaluación docente quedó a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que recibió en 2014, 613 millones 350 mil 881 pesos y que para 2015 –bajo el argumento de que tendría una atribución nueva y estructural– incrementó su presupuesto a mil 020 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Es una partida mayor que la de otros organismos a los que también les conciernen modificaciones generadas en el andamiaje legal impulsado por el Presidente en 2013.

Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), organismo modificado por la Reforma de Telecomunicaciones, tuvo en 2014, 297 millones 126 mil 371 pesos y para este año, 478 millones 332 mil pesos. En el ámbito energético, sometido a una enmienda histórica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tuvo en 2014, 91 millones de pesos y en 2015, 400 millones de pesos; mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trabajó con 23 millones de pesos el año pasado y lo hace con 350 millones de pesos en el presente ejercicio.

No obstante los recursos invertidos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene su determinación de suspender de manera indefinida las pruebas para evaluar a los profesores mexicanos, una tarea que hace casi dos años la misma dependencia anunció en un puñado de spots como “la fuerza transformadora de México”. Mientras, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –opuesta siempre a la reforma– extiende sus manifestaciones en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, lo que en el primer estado ha incluido el desalojo de personal militar de dos oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), en el preámbulo de las elecciones del próximo domingo 7 de junio.

“Si echan el paso para atrás, el dinero invertido se tirará a la basura”, advirtió Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) y analista del presupuesto educativo. Explicó que los compromisos de la Reforma Educativa se financiaron con el déficit que planteó el Gobierno federal en su proyecto de Presupuesto de Egresos, lo que implicaba un riesgo que ahora “parece no importar” ante el temor de “quedar mal en los comicios”.

EL CASO DEL INEE

Mediante un decreto, publicado en septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron modificaciones a la Ley General de Educación, y se expidieron La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Con este nuevo marco legal, el INEE adquirió autonomía, como la obtuvo también el INE a través de la reforma político-electoral.

Hoy, además de algunas organizaciones civiles, el INEE es una de las entidades opositoras a la decisión de la SEP. En cuanto conoció la determinación de suspender la evaluación, exhortó al Gobierno Federal a dejar sin efecto la medida que “invade su autonomía”. En un comunicado indicó que había revisado y aprobado todos los elementos de evaluación necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente (SPD), por lo que “no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP …”.

En el decreto de la Reforma Educativa quedó estipulado que en cuanto a la evaluación, “el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.

Aunque de manera formal, la evaluación debía iniciar el próximo 15 de junio, el INEE había dejado ver indicadores del panorama de los maestros de México y lo que podía ocurrir con las plazas. Publicado en línea por el instituto y en poder del Senado de la República, el estudio “Los docentes de México” arroja que el magisterio mexicano tiene poca preparación. En ese documento se lee que el 69.7 por ciento de los recién egresados de las Normales Superiores no llegaron a obtener la puntuación necesaria para tener una plaza como docentes, una situación que resultó más dramática en los niveles de Preescolar y Primaria.

Y ENTONCES, ¿DE QUÉ SIRVIÓ TANTO ENFRENTAMIENTO?

Eso ocurre en cuanto al aspecto económico. Pero si las reformas impulsadas a principios de sexenio se vieran en una línea de tiempo con picos, en cuanto se buscara cuál ha sido la de mayor costo social la Educativa volvería a relucir. Su puesta en marcha ocasionó uno de los plantones más largos de la Historia reciente en el Zócalo de la Ciudad de México. Si la Reforma de Telecomunicaciones apenas sumó una decena de marchas en la capital del país, así como en Guadalajara; la Educativa mantuvo a 40 mil maestros de todas las regiones del país en un plantón de cinco meses en la Plaza de la Constitución. La petición de los maestros era única: suspensión de la evaluación o exámenes diferentes para cada región del país.

Las protestas provocaron caos vial, el bloqueo de las actividades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que funcionarios y legisladores dejaran sus camionetas blindadas, el traslado de la sede de las cámaras de diputados y senadores e incluso cambió los planes del Presidente de la República para dar el mensaje de su primer informe de gobierno.

Con todo, las movilizaciones de la CNTE desde agosto hasta diciembre de 2013 en la capital del país habrían costado unos 285 millones de pesos, según un cálculo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la capital. El monto se acerca al presupuesto que iba a tener el INEE en 2014.

¿A dónde más puede ir todo el dinero gastado y perdido? ¿A dónde puede ir la violencia generada en todo este esfuerzo? –se pregunta José Fernández Santillán, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). “Sólo a la basura. Este es un síntoma de la falta de planeación y del desprecio que hay por los recursos de una Nación. Parecer firmes primero, invertir hasta la médula y luego dar marcha atrás sólo hace que la desconfianza crezca porque es un equipo rendido ante los actos de la violencia organizada de un grupo”, responde el especialista en temas sobre educación en México.

LA ROTUNDA HISTORIA DE UN FRACASO

Era febrero de 2013. El Presidente Enrique Peña Nieto completaba ese mediodía dos meses y algunos días de gobierno. En El Palacio Nacional se puso de pie, sonriente, franqueado por el círculo íntimo. Promulgó entonces la primera ley de la Reforma Educativa. “Este es un cambio de fondo que marcará para bien el rumbo de México en las siguientes décadas; así, inicia una transformación educativa largamente esperada por la sociedad mexicana”, dijo.

Hubo una foto final: los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión, los presidentes de los partidos políticos y el Secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor. Detrás de ellos, el logo del Pacto por México. En esta gráfica no quedó registrado el rostro de la entonces lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

El paradero de la dirigente sindical más acaudalada de Latinoamérica se desconocía. Y en las próximas 24 horas, no aparecería. Así que ese mediodía, el sindicato que dirigió desde 1989 no tendría posición oficial al cambio histórico de la Educación en México.

En los hechos, la reacción ya estaba en Guerrero. Un grupo de 60 mil maestros de la CNTE inició un paro. Los maestros habían anunciado que en cuanto el Presidente Peña Nieto tomara el micrófono, las clases en el estado se suspenderían. Y así fue: un millón cien mil alumnos sin posibilidades de ir a las aulas.

Si el Presidente se encontraba un evento histórico, con la promulgación de una reforma estructural, Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente de la Coordinadora, ratificaba que en su estado también había algo sin precedentes. Iban a sellar un pacto con los maestros de la Sección XIV del SNTE, encabezados por Gordillo. Según este dirigente, la CNTE y el SNTE se unirían por primera vez para que la Reforma Educativa fuera derogada por el Congreso.

Pero esa alianza no ocurrió. 48 horas después, Elba Esther Gordillo apareció. Estaba en el Aeropuerto de Toluca a punto de abordar hacia San Diego, California cuando fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR), en ese momento a cargo de Jesús Murillo Karam, acusada de desviar por lo menos dos mil millones de pesos de los trabajadores de la educación a varias cuentas privadas. “La maestra” había triangulado recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para el pago de tarjetas de crédito personales, muebles, bolsas, zapatos, cirugías estéticas, casas y obras de arte.

Los meses pasaron. El descontento de la CNTE continuó y en mayo de 2013, le puso pulso al Gobierno federal desde el Zócalo de la Ciudad de México. Llegaron decenas de contingentes de la Coordinadora de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Muchos de ellos maestros rurales. Y entre todos, algunos de la Normal Rural Superior Raúl Isidro Burgos (la tremenda noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron 43, aún estaba lejana). El 19 de agosto, la Coordinadora anunció que llegarían otros veinte mil maestros de la sección 22 de Oaxaca. Luego, se unirían miles de la sección 9 del D.F. Así pasó, hasta que 40 mil profesores mexicanos abarcaron toda la plaza pública bajo casas de campaña.

Se acercaba el primer Grito de Independencia del Presidente Enrique Peña Nieto. De modo que el Gobierno emplazó a la CNTE a desalojar. Hubo caso omiso. El 13 de septiembre, elementos de la Policía Federal recuperaron la plancha del Zócalo en un operativo que se inició a las 10 de la mañana y concluyó hasta las 18:30 horas. Se utilizaron tanquetas de agua y gas lacrimógeno. Se vieron personas con tubos y palos. Se usó la técnica llamada “encapsulamiento”. Los maestros caminaban descalzos en el Centro Histórico de la Ciudad de México y buscaban sus zapatos en los revoltijos de cosas formados tras la persecución. Las calles del centro de la capital del país se quedaron desiertas, en silencio, como en guardia.

El plantón se trasladó al Monumento a la Revolución y ahí estuvo un mes y medio más.

Fuera de la Ciudad de México, la CNTE continuó con sus manifestaciones. En Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Sonora, la reforma no fue acatada. Ello significó más movilizaciones, más caminatas, más palos, más policías, más corretizas, más quemazones.

Pero nada hacía revirar al Gobierno.

A una semana de las elecciones del 7 de junio, ocurrió lo impensable: la SEP suspendió la evaluación docente, uno de los cambios más caros que había impulsado y mantenido, pese a todo, el Gobierno de Enrique Peña Nieto.