¿De qué hablamos cuando hablamos de tortura?

El principal Tratado internacional sobre el tema entiende como tortura cualquier acto que "inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales". La finalidad debe ser la de obtener información, arrancar una confesión, o castigarla por algo que la víctima haya podido cometer, o intimidar a esa persona o a otras. El último requisito para hablar de tortura es que el autor debe ser un funcionario público, o alguien bajo sus órdenes.

España firmó este Tratado, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 1985, y es de obligado cumplimiento en el país. Pero ya sabe, las normas internacionales de poco sirven si no hay voluntad para cumplirlas en cada país.

¿En España se tortura?

Sí, en España se tortura. Es una afirmación tan segura como "el cielo es azul" o "el sol sale por el este". Sin embargo, provocará la incredulidad de la mayoría de personas que la escuchen. En España se tortura, hay que repetirlo hasta el aburrimiento, porque es de las frases que menos queremos escuchar. Y menos quieren que escuchemos.

Olvídese de las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando se pronuncia esta palabra: descargas eléctricas, la bañera (simulacros de ahogamiento), alicates o latigazos. La tortura en España "juega con el horror, con el miedo, es sobre todo una tortura psicológica", sostiene Pau Pérez, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A veces, tan sutil como dar comida salada sin agua. Pero no solo: también se tiene constancia de agresiones injustificadas, palizas colectivas, violaciones...

¿Cuántos casos de tortura se producen en España?

La única respuesta posible ante esta pregunta es "no lo sé". Es más, es imposible saberlo. Seis organizaciones de derechos humanos defendieron el pasado enero en la jornada "Contra la Tortura" que su práctica en España no es "sistemática", pero sí "frecuente y generalizada".

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado más de 6.700 denuncias por malos tratos o torturas policiales en los últimos diez años. Y entre 2001 y 2012 se han registrado 752 condenas por algún tipo de violencia por parte de agentes de seguridad. Pero éste tampoco parece un dato definitivo, porque las denuncias por tortura y malos tratos apenas se investigan. Los testimonios de presuntas víctimas e incluso las pruebas médicas no suelen bastar ni siquiera para iniciar un juicio. "Parece que los juristas en España tienen alergia a admitir casos de tortura", afirmó durante la jornada Manuel Ollé, uno de los principales expertos españoles en el tema.

¿Quién tortura?

En España hay tortura, ¿pero quién la práctica? Los casos de tortura se producen casi exclusivamente cuando las víctimas se encuentran bajo custodia del Estado.

La tortura se practica principalmente en los lugares donde la indefensión por parte de la víctima es mayor, por no decir total: espacios de detención tras manifestaciones, Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), o durante el régimen de incomunicación. Las sucesivas reformas penales siguen sin eliminar la posibilidad de que un detenido pase 13 días sin poder comunicar su situación a sus familiares, ni recibir visitas de médicos o abogados de su elección. Muchas veces sin cámaras y sin controles, estos escenarios son el mejor campo de juego para que un agente pueda tomarse la justicia por su mano. A veces de forma literal...

¿Para qué se tortura?

Los expertos apuntan a que cualquier tipo de tortura tiene el objetivo de que la víctima se sienta vulnerable. Esa debilidad puede perseguir una confesión, la venganza por hechos anteriores (aunque se confunda a los autores, como en los casos del documental Ciutat Morta), evitar denuncias sobre anteriores actos ilegales de los propios agentes. Pero en otros casos, parece que sencillamente no había más motivación para una agresión, una amenaza, un insulto, o una violación, que la voluntad de llevarla a cabo.

Y las autoridades, ¿persiguen la tortura?

Además de investigar con rigor los casos de tortura y malos tratos, la primera medida para prevenir este delito sería la instalación de cámaras de seguridad en los centros de detención. Esto permitiría además contradecir con facilidad las posibles denuncias falsas que puedan realizarse. Por tanto, la pregunta lógica es: ¿para qué les sirve no grabar lo que pasa en estos lugares?

Inocentemente, se podría pensar que un Estado que se considera democrático se avergüenza tanto de los casos de tortura que no puede aceptar su existencia, y de ahí la ocultación. Sin embargo, autoridades y jueces también impiden que se juzgue a posibles torturadores que actuaron durante el franquismo. El pasado septiembre un tribunal argentino solicitó la extradición de cuatro españoles, entre ellos el conocido como Billy el niño, acusados de crímenes de derecho internacional, entre ellos el de tortura. La respuesta por parte de la justicia española fue que los delitos habían prescrito, una motivación que podría desmontar un estudiante de primero de derecho.

Pero ninguna señal más clara de la falta voluntad de los diferentes gobiernos de luchar contra la tortura que los frecuentes indultos a los que afrontan una condena (y ya es difícil) por este delito. Cuatro mossos d'esquadra recibieron un doble indulto del Gobierno en 2012. El juicio probó que habían propinado una paliza, amenazaron e introdujeron una pistola en la boca a Lucian Paduraru, durante su detención y en el posterior traslado a comisaría. Fue ahí cuando se dieron cuenta que habían detenido, y agredido brutalmente, a la persona equivocada.

¿Quién tiene más riesgos de sufrir tortura?

Algunos piensan que solo puedes ser torturado si estás acusado de terrorismo. Mohamed Mrabet Farsi fue detenido por este cargo en enero de 2006, cerca de Barcelona. Durante su detención en régimen de incomunicación no pudo llamar a su abogado. Denunció torturas y malos tratos, pero tanto el médico que lo examino como el juez de instrucción no hicieron ningún caso a estas quejas. Ante una denuncia similar de los miembros de ETA Gallastegi, Portu y Sarasola, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó la inocencia de los agentes antes de realizarse ninguna investigación. El Tribunal Supremo les absolvió después de una condena, utilizando como uno de los argumentos que los miembros de la banda recibían instrucciones de presentar denuncias falsas. No importó que otro tribunal hubiera concluido que en este caso no lo eran.

Puede parecer que tienen más posibilidades los extranjeros sin papeles. Sobre todo si pasan por los CIE. Y sobre todo si son mujeres. En Málaga, siete funcionarios fueron detenidos tras una denuncia por abusos sexuales contra las internas del "Capuchinos". El juicio se ha retomado en enero 2015. Dos años antes se había suspendido para buscar a varias de las posibles víctimas: habían sido expulsadas a sus países de origen.

O si participas en protestas. Sobre todo si te juegas el tipo intentando parar un desahucio, o te quedas hasta el final de las manifestaciones. Como Marta (nombre ficticio, pasar por cosas así es lo que tiene), quien tras acudir a la "Marea Ciudadana" se encontró con un grupo que huía de la policía. “Uno de los antidisturbios me acorraló contra la puerta de un restaurante y me presionó el cuello con su brazo mientras me gritaba: 'asquerosa, que te he visto tirar piedras', a pocos centímetros de mi cara. Luego me agarró del cuello y me arrastró hasta la carretera”, relata María. El informe médico detalla contusión en la mejilla y abrasión de las rodillas.

Una vez en comisaría, Marta cuanta que le hicieron pasar mucho tiempo de cara a la pared. Cuando ya no pudo más, se dio la vuelta y le dijo al policía que sentía que se iba a caer. "¿Qué quieres, ¿agua o sexo?", fue la respuesta del agente.

Pero también te puede pasar como a Lucian, que te confundan con otro mientras vuelves a tu casa y acabes en una comisaría golpeado por todas partes y con una pistola en la boca. Porque nadie está a salvo de sufrir tortura cuando los que pueden cometerla se saben impunes.