Ha sido mucho peor que puro teatro. Se ha tratado de una descarnada burla a la opinión pública, escenificada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien convocó a toda la prensa para que comprobase cómo la Policía Judicial se dedicaba durante cuatro horas a rastrear la sede del Ministerio, en Castellana, 5 –incluido su perímetro exterior– en busca de supuestos micrófonos ocultos... como si no supiera perfectamente que fue grabado en sus conversaciones con el recién destituido jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya (en octubre de 2014) por un dispositivo móvil que acarreaba su interlocutor.



El ministro está empeñado en aducir que esas grabaciones fueron ilegales, para que no constituyan pruebas válidas ante los tribunales, porque el contenido de esas conversaciones no sólo es profundamente antidemocrático sino también delictivo –pues están tramando conspiraciones para destruir a rivales políticos manipulando pruebas, filtrándolas a la prensa y presionando al poder judicial–. Además, ha acusado públicamente a los periodistas de Público de "conspiración", de comportamiento "mafioso" y de actuaciones "delictivas", tres cosas que son justamente las que él ha cometido, tal como queda más que demostrado escuchando las grabaciones de sus conversaciones.



Pero esas grabaciones quedarían invalidadas como prueba judicial si la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado –a la que este diario ha hecho entrega de los archivos digitales de audio íntegros– llegase a la conclusión de que fue una tercera persona la que grabó esas reuniones sin conocimiento de ninguno de los dos interlocutores. Así que el ministro está empecinado en demostrar que nada sabían de que estaban siendo grabados, algo que se demuestra evidentemente falso con sólo escuchar los archivos digitales de audio... cosa que los investigadores de la Policía Judicial no parecen muy interesados en hacer.

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En el audio que no quiere escuchar el ministro queda claro que miente

Más aún, el remedo de barrido de la sede de Interior se efectuó justo al día siguiente de que Público divulgase todos los fragmentos de audio que demuestran que la conversación de ninguna forma fue grabada por un micrófono estático, sino por un aparato móvil, ya que el dispositivo que graba se desplaza una y otra vez por el despacho del ministro. Uno de los clips que lo prueban es este anterior, en el que se puede escuchar perfectamente cómo se cae algo. “Ay, perdón”, dice Daniel de Alfonso mientras se oye el sonido de apertura de unos cierres metálicos. A continuación se vuelve a oír la voz un poco más lejana, reflejando que se ha movido el dispositivo donde está el micrófono.



No cabe duda de que los investigadores a los que el ministro encargó que averiguasen quién y cómo grabó las conversaciones –obviando hechos muchísimo más graves que figuran en el contenido del diálogo– tenían que haber empezado por escuchar las grabaciones íntegras. Así lo reconoció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al afirmar tras el pasado Consejo de Ministros que era preciso "analizar" las grabaciones "antes de sacar ulteriores consecuencias".



Pues bien, tres días después de que Fernández Díaz anunciase que había ordenado investigar la grabación, ningún agente de la Policía Judicial se había puesto en contacto con este diario para solicitar los archivos de audio. Sólo cuando ese hecho se puso de manifiesto en una tertulia televisiva, reaccionó precipitadamente su ministerio y envió a dos recaderos a la redacción de Público. Llegaron sin orden judicial –sin siquiera saber qué tenían que recoger– y por ello no se les dieron las grabaciones.



Eso no quiere decir que este diario no quiera colaborar con la Justicia. Todo lo contrario. Seis días después, una vez difundido todo el material que considerábamos de evidente interés público –al amparo del derecho constitucional de la ciudadanía a la información libre y veraz–, Público entregó todos los archivos digitales de audio a la Fiscalía General del Estado. Algo que se anunció en todos los medios de comunicación, incluidas las principales agencias de prensa. Sin embargo, el diario de más tirada del país seguía afirmando ayer sábado en su información sobre el caso que nuestro diario se había negado a entregar las grabaciones a las autoridades.



En cualquier caso, cuando se ejecuta el desmedido barrido policial del Ministerio del Interior han pasado muchas horas desde que Público difundiese los fragmentos de audio que demuestran que todo se grabó con un dispositivo móvil en poder de uno de los dos interlocutores, y no mediante micrófonos fijos que pudieran seguir instalados –y quizá ya oxidados– casi dos años después. Sin embargo, Fernández Díaz ordenó escenificar semejante teatro y dejó claro que está mintiendo cuando alega total desconocimiento del contenido de las grabaciones:



¿Cómo es posible, si no, que dos semanas después de la publicación del primer capítulo de la exclusiva, Interior aún no ha hecho lo necesario para analizar esos audios? ¿No dice que los está investigando? ¿O es que tiene sus propias copias? Pues varios tertulianos de la derecha, que alardean de contactos en Interior, han dicho que "hay más copias". ¿Ah, sí?





La prueba de cargo de las falsedades es una máquina de café

Público ha estudiado detenida y repetidamente los audios completos de las grabaciones y ha llegado a la certeza de que fueron efectuadas por un dispositivo móvil que portaba Daniel de Alfonso, tal como demostramos exhaustivamente un día antes del numerito policial en la sede de Interior. Ahora bien, hasta hoy no habíamos desvelado la prueba de cargo que demuestra eso, pues esperábamos que fuera la propia Policía Judicial la que alcanzase esa conclusión. En vista de la falta de interés de los cuerpos de seguridad que dirige Fernández Díaz por analizar el contenido íntegro de las grabaciones, hoy revelamos ese hecho inédito:



Como ya explicamos el pasado miércoles, la primera parte de la grabación de la segunda conversación es crucial para identificar al que la está grabando. Entonces explicamos que el dispositivo comienza a grabar casi cinco minutos antes de que se pueda escuchar algún sonido y que no es hasta el 04.54 cuando se oyen unas pisadas que parecen acercar a dos interlocutores.



Las voces están alejadas del micrófono. Dos segundos al inicio del minuto cinco recogen el sonido de lo que parece una máquina. En el 07.05 suena un timbre. De Alfonso espera paciente y sin hacer apenas ruido la llegada de Fernández Díaz...

La clave para desentrañar el misterio de las grabaciones son los ruidos que hace la máquina expendedora en la sala de espera del ministro

Lo único que omitimos –de nuestro análisis de esos sonidos– es de qué máquina se trata. Resulta que a la entrada del despacho del ministro hay una zona de espera donde hay una máquina de café. Los ruiditos que se oyen –de forma apagada porque el aparato grabador está dentro de una chaqueta o de un maletín– son claramente identificables con la selección, pago y extracción de un café desde una máquina expendedora... como la que hay en el lugar donde esperan los que tienen cita con el ministro.



Poco más de tres minutos después (en la grabación, el 8.09) el micrófono recoge unos pasos que se acercan y se abre una puerta. Aunque lejanas, se distinguen las voces de dos hombres que se ceden el paso amablemente. Apenas unos instantes más tarde se inicia la charla con un tal Javier, quien –según ha podido confirmar Público con fuentes del Ministerio del Interior– se trata de un asesor del ministro.

De Alfonso y Javier charlan amigablemente sobre temas sin importancia hasta que, en el 09.32, se oye nítidamente un pitido de mensaje de móvil. Se escucha mucho mejor que las voces de ambos hombres. Entonces, Daniel de Alfonso se acerca precipitadamente a la grabadora y el micro recoge a la perfección cómo se abren unas cremalleras y cómo el director de la Oficina Antifraude dice nerviosamente unas palabras en voz baja, mascullando con evidente desasosiego. Javier se acerca a preguntar.



DA: … [De Alfonso refunfuña y el interlocutor le pregunta algo sobre un micro] No, no, no son mensajes de estos de… ¿cómo se apaga este asunto...? [De Alfonso sigue muy nervioso]



J: …y no sería el primero que… Oye, que no te preocupes por mí [dándole entender que atienda al móvil si es urgente] ...yo soy el primero que en cualquier momento...



DA: Que no, que no... Huy, esto... esto es muy delicado.



J: No sería el primero que incurre o incumple… en un delito…



DA: Es muy delicado, no, no, no. Lo estaba precisamente hablando con José Antonio [se oye cómo guarda el móvil y cierra la cremallera] ...porque tener un móvil encendido en una reunión... y eso es delicado, es muy delicado.



J: Sí, aparte de peligroso, es pesado.



D: No, y peligroso, por eso digo…



J:

La grabadora entra en el despacho del ministro con De Alfonso

Por si quedaba alguna duda de que el aparato grabador entró en el despacho del ministro con De Alfonso, tras una espera en la sala adjunta, en éste otro corte –justo cuando acaba de llegar Fernández Díaz– el propio exjefe de la Oficina Antifrau de Catalunya admite que se acaba de tomar "un cafetito" de la máquina expendedora:



J: ¿Queréis tomar algo?



DA: Yo tomé… [no se oye]



J: ¿Tú quieres algo, ministro?



JFD: Siéntate aquí… Yo, yo, yo él… por favor… yo, yo, yo tomo un… ¿Tú qué acabas de tomar has dicho?



DA: Yo me acababa de tomar un cafetito y ahora…



J: ¿Agua?



DA: Pues sí…



JDF: Si quieres te puedes tomar otra cosa, ¿eh?



DA: No, no, no, no… jajajajaja.



Queda más que claro lo ocurrido.

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La prensa de derechas culpa ahora al policía que desveló la trama

Pues no. Resulta que nada más difundir Público todos estos fragmentos de audio que demuestran que todo se grabó con un dispositivo móvil que entró y salió del despacho del ministro entre las pertenencias de De Alfonso, la Policía Judicial hace un número de teatro en la sede del Ministerio –como si sus expertos fueron incapaces de escuchar lo grabado–y los medios de comunicación afines al Gobierno empiezan a publicar informaciones en las que se afirma taxativamente que la persona que efectuó la grabación fue, precisamente, el mayor enemigo de la mafia policial que ha montado los casos del pequeño Nicolás, de Villarejo, del falso informe PISA, etc.



Público ha verificado que desde el propio Ministerio del Interior se ha estado llamando a directivos de importantes medios de comunicación achacando todo el supuesto delito de grabar con micrófonos ocultos al ministro al ex comisario jefe de Asuntos Internos que denunció esa mafia policial y acabó siendo destituido. Ayer mismo, el más importante diario digital puro de la derecha, El Confidencial, aseguraba:



"Las primeras diligencias informativas ven como una posibilidad factible que fuera el exdirector de la Oficina Antifraude quien posteriormente entregara el audio –de cuatro horas de duración– a los policías de la unidad de inteligencia creada por Fernández Díaz para investigar al independentismo catalán, departamento que por aquel entonces estaba dirigido por el comisario Marcelino Martín Blas, en ese momento jefe de Asuntos Internos.



Lo absurdo de esta teoría es que Martín Blas dirigió esa unidad de inteligencia en 2012 y 2013, pero ya había sido totalmente apartado de esas funciones –por atreverse a tirar de la manta del caso Nicolás– cuando se producen esas dos conversaciones, en octubre de 2014. Más aún: ese mismo 16 de octubre, cuando se produce la segunda conversación, Martín Blas está interrogando durante todo el día al pequeño Nicolás.



¿A qué se debe esta insidiosa insistencia en que el responsable de la filtración es Martín Blas? Pues casualmente se trata del comisario que se enfrentó a esa mafia de Interior que dirigía José Ángel Fuentes Gago, el hombre al que alude en numerosas ocasiones De Alfonso como su introductor ante el ministro del Interior y del que dice que es una de las cuatro personas que está al corriente de las conspiraciones contra dirigentes políticos que están planeando.



Por cierto, Fuentes Gago fue quien hizo el informe interno exonerando al comisario José Manuel Villarejo Pérez cuando se desveló que poseía una fortuna y casi cuarenta empresas incompatibles con sus tareas policiales. Poco después, en abril de 2015, fue recompensado con un puesto en la Embajada en Holanda, donde tiene asignada una remuneración de 10.000 euros al mes y también está destinada su mujer.



Nada en el contenido de los audios, ni en la cronología de los hechos, ni en la realidad de las tramas policiales que están ya judicializadas en los tribunales, ofrece indicio ninguno de que Martín Blas tenga algo que ver con estas grabaciones. Pero, una vez escuchado cómo traman destruir a sus rivales políticos el ministro y De Alfonso, no es de extrañar que todavía se pretenda incriminar a otro enemigo mientras se intenta tapar la extrema gravedad de lo tratado en estas conversaciones.



Así que, ¿por qué no lleva el ministro los hechos ante los tribunales para que aporten luz y taquígrafos a lo ocurrido? Él sabrá.





