Por lo menos desde los años veinte del siglo pasado, en México ha habido una predisposición a celebrar a los asesinos que por distintas razones adquirían fama ante el público nacional. La última fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ha dado ocasión para manifestaciones de admiración, si no alegría, que evocan la tradición nacional de usar a los criminales para criticar al Estado y naturalizar la violencia. Hubo, por ejemplo, varias mujeres que mataron a hombres y fueron absueltas por el jurado popular —que decidía sobre crímenes comunes en el Distrito Federal hasta 1929—. Algunas de ellas recibieron todo tipo de adhesiones durante su proceso y tras su liberación. Víctor Macías González, por ejemplo, ha escrito sobre el caso de la primera Miss México, María Teresa de Landa, que en 1929 mató a su esposo porque era bígamo y la maltrataba. El asesino más famoso de esa década fue, sin duda, José de León Toral, quien dio muerte a Álvaro Obregón en 1928 y se convirtió, sin planearlo, en portavoz de la resistencia católica cuando el juicio en su contra y de Concepción Acevedo de la Llata, la Madre Conchita, fue reportado en todos sus detalles por la prensa y transmitido en cadena nacional por la radio. Tal fue el impacto de la explicación de Toral sobre las razones por las cuales cometió el crimen que un grupo de diputados federales, comandados por Gonzalo N. Santos, decidieron detener la propaganda contra el gobierno de Plutarco Elías Calles: interrumpieron la transmisión radiofónica, atacaron al periódico Excélsior, golpearon a los acusados y amenazaron de muerte a los jurados. Sin embargo, para mucha gente, el crimen de Toral se podía justificar como una forma de tiranicidio. Su figura se volvió objeto de culto aún antes de su ejecución. A quienes lo visitaban en su celda, Toral regalaba pedacitos de papel con sus pensamientos sobre Jesús, el martirio y otros temas religiosos.

En los años treinta, mientras la nota roja se convertía en la sección más dinámica y comercialmente exitosa de la prensa mexicana, hubo varios asesinos que atrajeron el interés de los lectores. Uno de los primeros en atraer una “curiosidad [que] había llegado a ser paroxística” fue Luis Romero Carrasco, asesino de sus tíos, su criada y hasta el perico, en 1929. Los reporteros lo asediaban, tratando de entrevistarlo para que explicara sus acciones, pero él los rehuía razonando, según una nota de El Universal: “—Pa qué, ay na más se sueltan ustedes de argüenderos y laberintosos… pa qué hablo, mejor me asilencio”. Pedro Gallegos, encontrado culpable en 1932 de dar muerte a Jacinta Aznar, una mujer de la alta sociedad pero de costumbres independientes, fue más locuaz. Pensando que la fama podía ayudarle durante su juicio, en el que se declaró inocente luego de una falsa confesión, Gallegos daba entrevistas a los reporteros desde su celda y les hablaba de música, de sus escritores favoritos, y posaba cuidadosamente para las cámaras, mientras tejía historias complicadas que sacaban de quicio a la policía y al juez. Romero Carrasco y Gallegos fueron víctimas de la ley fuga, en momentos distintos, cuando los llevaban a las Islas Marías a purgar sus condenas. Tal vez esto haya sido una forma de compensar la imposibilidad de aplicarles la pena de muerte, tal vez un efecto de su reputación. El hecho es que su fama los sobrevivió. En el caso de Gallegos, por ejemplo, a través de un personaje (Asturias) en la novela Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli, publicada en 1944.

En 1942 apareció el asesino famoso por excelencia, Gregorio Goyo Cárdenas, quien mató a cuatro mujeres y las medio enterró en el patio de su casa en Tacuba. Cárdenas se fingió loco para evitar el castigo pero también explotó su fama. Durante los 34 años que estuvo encerrado, entre La Castañeda, de donde escapaba para ir al cine con su novia, y Lecumberri, Cárdenas dio entrevistas a la prensa, recibió visitantes, escribió tres libros, se casó y tuvo hijos, y tras su liberación fue aplaudido por la Cámara de Diputados como un ejemplo del poder rehabilitador de las cárceles mexicanas. Everard Meade ha escrito el mejor estudio sobre el Goyo y su significado en la cultura pública y la psiquiatría mexicanas. La fama por lo menos le ayudó a evitar la ley fuga.

La lista podría seguir pero la detendré en el caso de Alfredo Ríos Galeana, narrado por Carlos Monsiváis en Los mil y un velorios: Crónicas de la nota roja. Ríos Galeana era un policía convertido en robabancos, pero no uno del montón. Cuando lo capturaron dijo a la prensa que había sido porque no había cubierto su cuota a quienes lo protegían, que los policías mexicanos eran ineptos y que se fugaría. Esto último lo cumplió. Se hizo cantante de mariachi y después de su último escape pasó 19 años prófugo hasta que lo encontraron en Los Ángeles, en 2005.

Todo lo anterior no es otra cosa que una nota histórica al pie para entender las reacciones ante el último escape de El Chapo. No hace falta resumir la explosión de chistes y celebraciones provocados por su fuga, publicados en internet y otros medios, ni tampoco los comentarios explícitamente moralistas que condenan el desvarío de quienes apoyan a un criminal. Baste decir que existe una predisposición, anidada en el discurso público sobre los criminales famosos en México, de festejar sus hazañas. Más allá de los atributos de estos personajes, su constante celebración es un reflejo de la desconfianza o el desprecio del público y la prensa hacia el Estado. La ineptitud o complicidad de la justicia quedan expuestas en la debilidad de la acusación judicial, la porosidad de las cárceles o la brutalidad de los carceleros. Como la narrativa que debería producir la justicia en la forma de una investigación y una sentencia no tiene ningún valor ante el público, la voz de los criminales se vuelve más importante. En busca de fuentes más interesantes y accesibles que las resmas ilegibles de papel que son los juicios criminales, los reporteros hacen todo lo posible por registrar sus palabras, explorar su pasado e interpretar sus acciones. Esto es lo más cerca que se puede llegar a la verdad, particularmente en los casos de asesinato: frecuentemente sólo un testimonio de lo que sucedió puede sobrevivir, y es el del criminal.

Éste no es un fenómeno exclusivo de México. En otros países ha habido criminales famosos cuyas acciones y palabras fueron objeto de la atención minuciosa y masiva de los medios y de la admiración popular. Los gángsteres norteamericanos desde los años veinte fueron ejemplos que el cine multiplicó más allá de las fronteras. La celebridad de los criminales mexicanos se distingue porque no tiene un contrapeso en el discurso de ley y orden. Estos hombres y mujeres que asesinan han adquirido una voz pública y sus acciones han sido extremadamente productivas en términos de significado, inspirando múltiples interpretaciones que, en el caso de El Chapo, incluyen densas conspiraciones. Aunque El Chapo no es tan locuaz, sus túneles dicen más que mil palabras, y su leyenda expande su alcance constantemente. Ante la afasia del Estado, los asesinos se convierten en autores. Sin embargo, el requisito fundamental para que esa voz pública sea tan poderosa en México es el silencio de las víctimas. Esto parecería obvio en casos de asesinato pero no lo es. La prensa siempre ha tenido la opción de reconstruir la historia y restaurar la dignidad de los muertos pero, por lo menos en el caso de la nota roja, pocas veces lo hace. Las excepciones recientes vienen de los esfuerzos de parientes, amigos o colegas de las víctimas, como en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa o de los periodistas de Veracruz.

Obviamente, hay varias diferencias entre El Chapo Guzmán y otros asesinos famosos de la historia nacional. El contexto del narcotráfico y la fallida guerra contra las drogas son las más claras. El Chapo no es cualquier asesino sino un plutócrata que ordena la muerte de sus víctimas a distancia. Sin embargo, el éxito comercial del prófugo más rico del mundo no ha hecho más que aumentar la fascinación mediática hacia su trayectoria exitosa de campesino a millonario. Como sucedía con los asesinos famosos del siglo XX, la historia personal es el eje de la interpretación pública de los crímenes. La estulticia y corrupción de los representantes del Estado, y la inyección de dinero y tecnología de parte de Estados Unidos, magnifican la hazaña de la fuga y retrospectivamente parecen justificar la violencia al servicio del negocio ilegal. Los orígenes rurales de El Chapo le dan a su historia una resonancia romántica que muchos han ligado con los bandidos sociales. Da gusto ver a los columnistas políticos contemporáneos citar a Eric Hobsbawm, historiador marxista y autor del modelo del bandido como agente de la resistencia social y la leyenda popular —aunque a decir verdad el modelo no ha sobrevivido muy bien el avance de las investigaciones sobre crimen en sociedades rurales, en parte porque Hobsbawm se limitaba a fuentes que, podría decirse, eran el equivalente prehistórico de internet, expresiones de las percepciones populares más que de las prácticas criminales—. Pero el modelo todavía sirve para trazar conexiones entre prácticas ilegales de autoayuda y la resistencia a la hegemonía de clase: robarse un poco del arroz del hacendado es desafiar, sin mucho ruido, su poder. Sin embargo, la comparación entre El Chapo con los bandidos sociales requiere un salto lógico demasiado grande, llevando modelos de ilegalidades con baja violencia observados en sociedades locales a un mundo de tráficos globales y enormes avances en la tecnología disponible para la destrucción del cuerpo. Es como comparar a Los Zetas con los Bandidos de Río Frío.

A pesar de esto es común oír sobre los beneficios del narcotráfico para ciertas regiones de Sinaloa. Nunca falta un agradecido beneficiario a quien citar, o alguna evidencia anecdótica sobre infraestructura pagada por este o aquel capo. Uno de los paralogismos más frecuentes en la proliferación de opiniones sobre el narcotráfico y su impacto social y cultural en México es la idea de que el narco reemplaza con ventaja al Estado, desde la construcción de caminos hasta la provisión de empleos. No hay evidencia de que ningún grupo del crimen organizado intente reemplazar al Estado más allá de lo que concierne a sus intereses inmediatos. Decir que el narcotráfico genera beneficios requiere limitar el análisis geográficamente, ignorando la dimensión transnacional y las repercusiones de violencia y salud pública que son inherentes a la industria.

Otro mito que se oye con frecuencia es el de que El Chapo no es de los más violentos entre sus colegas, que sus fuerzas no son las que extorsionan, secuestran o violan. Tampoco he visto evidencia alguna de esto. El culto a El Chapo requiere poner entre paréntesis la muerte de miles de personas. El mito y la negligencia son posibles en buena medida porque el aparato de justicia mexicano no es todavía capaz de investigar el delito de homicidio de una manera que la sociedad civil pueda encontrar aceptable. Las acusaciones por delitos contra la salud o el uso de armas prohibidas reciben la prioridad de las agencias federales y sus socios norteamericanos. Los cadáveres quedan sin identificar. Ante ese panorama, El Chapo puede decir que no ha matado a nadie y no va a haber manera oficial de contradecirlo.

Es ingenuo esperar ese desmentido si tenemos en cuenta la larga historia de escepticismo hacia la justicia y la policía que cubre ya más de un siglo la historia nacional, y que encuentra su mejor símbolo en la ley fuga. Lo que no se puede contradecir, sin embargo, es el número elevadísimo de víctimas causadas por la violencia que es parte esencial del negocio del narcotráfico desde los años setenta. La celebración de El Chapo y sus hazañas es una forma de naturalizar esas muertes porque confirma que las víctimas carecen de voz frente a los asesinos. Ese silencio no es nada nuevo en la historia mexicana de los criminales famosos, pero tiene una escala hoy día que nos obliga a ser más críticos hacia él.

Pablo Piccato

Historiador. Profesor en Columbia University. Ha publicado Ciudad de sospechosos: Crimen en la ciudad de México, 1900-1931.