La estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contempla, como uno de sus objetivos prioritarios, reducir los índices de criminalidad en 266 regiones del país, de las cuales 153 fueron clasificadas como de mayor violencia.

Aunque se identificaron puntos clave en todas las entidades, la mitad se concentra en ocho estados, siendo el Estado de México y Veracruz las que tienen el mayor número de focos rojos.

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A partir de datos oficiales del gabinete de seguridad y de un informe de la organización México SOS, Animal Político presenta el listado completo de las regiones (denominadas técnicamente coordinaciones territoriales) en las que el gobierno federal pretende, según el plan anunciado en diciembre pasado, desplegar a los efectivos de la Guardia Nacional.

Cada una de estas regiones ha sido clasificada como de alto, mediano y bajo riesgo por su nivel de violencia.

Por ahora el despliegue, con un mando militar al frente, se ha enfocado en 150 de estas regiones consideradas de mayor riesgo. Esta primera selección se debe a que no se cuenta con el estado de fuerza suficiente para atender a las 266 regiones existentes, según lo anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Pero la estrategia, de aprobarse la Guardia Nacional, es lograr un reclutamiento intensivo que en los próximos años permita atender todos los puntos.

Un análisis de dicho listado, elaborado por la organización México S0S, evidencia que más del 70% de los municipios contemplados en la nueva estrategia coinciden con un listado de 300 zonas prioritarias que ya se habían planteado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), como parte de su estrategia para restablecer la paz en el país.

El informe de la organización, sin embargo, plantea algunas dudas en cuanto a las variables que se utilizaron para clasificar el nivel de riesgo en las regiones, y la forma en que se dará seguimiento a la estrategia.

Sobre este tema Animal Político contactó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual confirmó el listado de regiones y dijo que próximamente se dará respuesta a México SOS.

El mapa de la violencia

Las 266 coordinaciones territoriales del plan de seguridad del gobierno se concentran en igual número de municipios. En las 32 entidades federativas del país hay localidades que contarán con el despliegue militar. Del total de estas regiones, 153 están calificadas con un nivel de violencia “alto”, 62 con un nivel de violencia “medio”, y 50 “bajo”. En un solo caso no se precisa el nivel de riesgo.

Hay ocho estados que por sí solos concentran 132 regiones, prácticamente la mitad de todas las contempladas.

La entidad más poblada del país, el Estado de México, es la que acumula el mayor número de regiones con 32, de las cuales 26 están identificadas como de violencia “alta” y solo cuatro como de violencia “media”. Entre los focos rojos figuran Ecatepec, Cuatitlán Izcalli, Huixquilucan, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Amecameca, Chalco y Atizapán.

Le sigue Veracruz, en donde se identificaron 18 regiones de las cuales 14 están consideradas como de alto riesgo de violencia, cuatro como de nivel medio y ninguna de nivel bajo. Entre las localidades de mayor riesgo en esta entidad se ubican Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, el puerto de Veracruz, Xalapa y Cosamaloapan.

La tercera entidad con mayor número de regiones identificadas dentro de la estrategia del gobierno es Ciudad de México, con 16 en total. No obstante, a diferencia de las dos entidades anteriores, aquí la mayoría de las zonas son calificadas como de riesgo medio o bajo. Solo Azcapotzalco es señalada como foco rojo.

El cuarto estado con más puntos a atender es Jalisco, con 15, de los cuales ocho son identificados como de alto, seis de riesgo medio y uno de riesgo bajo. Los focos rojos son Guadalajara, Zapopan, Tepatitlán, Zapotlán, Tlajomulco, Colotlan, Jocotepec y Tonalá.

También con 15 regiones identificadas figura Oaxaca, de las cuales nueve son de alto riesgo, cuatro de riesgo medio y 2 de riesgo bajo. Entra las zonas de mayor violencia se incluye a Oaxaca capital y a Ciudad Ixtepec.

Los otros tres estados que completan la lista de las ocho entidades que acaparan la mitad de las regiones son Michoacán, con 13 (8 de ellas señaladas como foco rojo entre ellas Morelia); Chiapas con 12 regiones (ninguna de ellas calificada de riesgo alto); y Puebla con 11 regiones, de las cuales 10 están calificadas con un nivel alto de violencia, y solo una con nivel bajo.

Hay siete estados que destacan porque todas las regiones identificadas en sus territorios se consideran focos rojos. Se trata de Zacatecas con seis regiones, Baja California con cinco, Morelos con cinco, Querétaro con cinco, Tlaxcala con tres, Aguascalientes con dos y Colima con dos. En estos casos figuran ciudades como Tijuana, Mexicali, Tlaxcala, Cuernavaca, Fresnillo y Manzanillo.

Por el contrario, en Yucatán y Campeche todas las regiones localizadas en sus territorios se consideran de riesgo “bajo”. Otro caso similar es Quintana Roo en donde de las cuatro regiones identificadas, dos son de riesgo bajo y otras dos (Cancún y Playa del Carmen) son de riesgo medio, sin que haya alguna de riesgo alto.

En Guerrero, la tercera entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos del país en 2018 (solo detrás de Colima y Baja California), se identificaron ocho regiones prioritarias, de las cuales seis fueron consideradas de alto riesgo, entre ellas Acapulco, Iguala y Chilpancingo.

Coincidencias con estrategias anteriores

En un análisis sobre el listado de las regiones, la organización México SOS encontró que 196 coinciden con las 300 zonas prioritarias que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto identificó desde 2013 para su estrategia de prevención y combate al delito. Esto equivale al 73% del nuevo listado.

Entre las que se repiten se encuentran prácticamente todas las capitales de los estados y las ciudades más pobladas del país.

“Para México SOS el hecho de encontrar continuidad regional en la propuesta de Coordinaciones resulta alentador, toda vez que permitirá consolidar los avances, apuntalar las políticas de seguridad desde cada localidad y fortalecer el trabajo de colaboración entre sociedad y gobierno, logrando así una mayor cohesión social y el repunte de la confianza en las instituciones del Estado”, indicó la organización en su informe.

Los especialistas también expresaron que no basta con identificar esas zonas pues, como ya se observó, en el sexenio pasado se hizo y aun así los niveles de homicidio alcanzaron niveles récord en múltiples estados del país.

Otra coincidencia – esta verificada por Animal Político – se encuentra en el plan que el gobierno de Peña Nieto puso en marcha en los últimos dos años de su sexenio para tratar de revertir –sin éxito– el crecimiento de la violencia. El plan consistía en reforzar la seguridad en los 50 municipios que concentraban el 47% de los asesinatos del país.

De esa relación de 50 municipios hay 49 que se encuentran incluidos ahora entre las regiones definidas por el nuevo gobierno para abatir la violencia. La única excepción es el municipio de Tecomán, en el estado de Colima.

Dudas sobre la estrategia regional

La organización civil México SOS planteó en su análisis algunas “interrogantes” que de acuerdo con ellos subsisten en la estrategia de las 266 regiones del nuevo gobierno. Esto tras haber analizado la información disponible, y de haber coordinado meses de trabajo sobre seguridad y justicia en más de 30 puntos del país.

Una de las dudas es sobre los criterios que el gobierno federal utilizó para haber clasificado el nivel de riesgo entre una zona y otra, sobre todo porque a partir de dicha selección parece haberse realizado el despliegue militar inicial en 150 regiones.

Un segundo cuestionamiento es en torno a cómo se gestará la información que se genere como parte de esta nueva estrategia, y cómo podrá realizarse un seguimiento y evaluación de la misma. Es decir, cuáles serán los indicadores que permitirán, de ser el caso, realizar correcciones.

Los especialistas también cuestionaron lo que consideraron como falta de transparencia en la implementación de este programa y de la estrategia de seguridad en general. Esto ya que, por ejemplo, no se han hecho públicas las 150 regiones en las cuales se realizó ya un despliegue militar.

