jueves 3 mayo, 2018

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó al ministro de Justicia, Germán Garavano, una impugnación a la candidatura de Inés Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación y a otras postulaciones de jueces y fiscales por "falta de compromiso con los derechos humanos".

Así lo informó oficialmente la entidad que preside Estela de Carlotto, que manifestó su "preocupación por el perfil de candidatos a fiscales y jueces propuestos por el Ejecutivo para ocupar distintos cargos vacantes".

En esa línea, además de la impugnación a la candidata impulsada por el presidente Mauricio Macri para conducir el Ministerio Público Fiscal, la Asociación presentó ante Garavano su objeción a las postulaciones de Guillermo Jorge Yacobucci, postulante a juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y de Guido Otranto, que interviniera en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, Río Negro.

Asimismo, Abuelas impugnó ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación a Santiago Ulpiano Martínez, candidato a fiscal General de Bahía Blanca.

"En el caso de la doctora Weinberg, las Abuelas expresamos que no cumple con los requisitos del decreto 222/03, en particular en lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que las posiciones públicas de la Dra. Weinberg no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina", indicaron las Abuelas en un comunicado.

A modo de ejemplo, señalaron que como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la doctora Weinberg, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país, contestó: "Sólo estamos generando prueba de un solo lado (...) entonces, tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien".

"Esta afirmación resulta sumamente preocupante, pues puede interpretarse como un aval a las opiniones referidas a igualar los delitos cometidos por el Estado represivo con aquellos delitos comunes cometidos por organizaciones no estatales -que no reúnen el estatus jurídico de ´grupos beligerantes´- y que en la actualidad se encuentran prescriptos", señaló la entidad de derechos humanos.

Abuelas también advirtió que Weinberg, como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, "emitió un fallo que faculta a la Policía a detener personas en la vía pública para pedirles identificación, sin una justificación objetiva", un criterio que "implica un grave retroceso para las garantías constitucionales, reconociendo un poder exorbitante a las fuerzas policiales y no refleja un compromiso de la candidata con los derechos humanos".

Los otros cuestionados

Con respecto a Yacobucci, el juez fue postulado para cubrir la vacante en el máximo tribunal penal del país, que es clave fijando criterios en las causas de lesa humanidad.

Sin embargo, Abuelas advirtió que entre sus antecedentes, Yacobucci, como juez subrogante en la Casación, "dispuso el cese de la prisión preventiva a represores que actuaron en la ESMA, como Jorge Acosta o Alfredo Astiz". "Además, Yacobucci sostuvo que los organismos de derechos humanos no podían presentarse como querellantes en la misma causa ESMA, desconociendo así el derecho a accionar colectivamente", apuntó la organización.

En cuanto a la impugnación a la candidatura de Otranto, las Abuelas se refirieron a su actuación en la investigación relativa a la desaparición de Santiago Maldonado tras un procedimiento ejecutado por la Gendarmería Nacional, dispuesto a su orden. Al respecto, remarcaron que "el juez no sólo negó a los familiares de la víctima la posibilidad de ser recibidos y escuchados, sino que durante todo el proceso demostró su parcialidad y, por lo tanto, finalmente fue apartado de la causa".

Por último, las Abuelas impugnaron la candidatura de Ulpiano Martínez porque durante su actuación en Bahía Blanca como juez federal subrogante "demostró severas deficiencias en la investigación de crímenes de lesa humanidad que dilataron la instrucción y garantizaron la impunidad a los responsables de estos graves delitos", señalaron.

"Esperamos que el Ministerio de Justicia y el Senado desistan de designar en estos importantes cargos a magistrados que no actúan conforme a la consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia", reclamó la Asociación.