El Gobierno porteño se presentó este viernes a la Justicia para reclamar que el joven con coronavirus que viajó en un barco de la empresa Buquebus desde Uruguay le pague al Estado 700 mil dólares por los gastos que demandó montar el operativo para intentar evitar el contagio de los otros 404 pasajeros.

Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9, a cargo de Luis Rodríguez, el Gobierno pidió que se lo admita como querellante en la causa por graves delitos contra la salud pública, por los daños y perjuicios que demandó el operativo para llevar a los pasajeros a un hotel, donde permanecen en cuarentena.

El proceso penal es contra el pasajero de 21 años que arribó en la noche del jueves desde Colonia y que al ocultar su condición de positivo de coronavirus puso en riesgo a todo el barco San Patricio.

En detalle, el Gobierno reclama al joven por el gasto del operativo en el puerto, el alquiler de combis, el traslado a los tres hoteles asignados, los gastos de los hoteles, la alimentación y los cuidados médicos.

El joven argentino había sido diagnosticado por coronavirus y evadió los controles sanitarios de Uruguay.

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Ante esta situación, la autoridad sanitaria prohibió inmediatamente el desembarco de todas las personas que se encontraban en el buque y, simultáneamente, confirmó que el pasajero sintomático, efectivamente estaba infectado por el virus, aunque fue derivado a un centro asistencial para controles más exhaustivos.

Al ser puesta en conocimiento del hecho, la Justicia dispuso el traslado y la custodia de todos los pasajeros y tripulantes del barco, que fueron alojados en hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para permanecer aislados 14 días.