Durante la jornada del jueves el fiscal nacional, Jorge Abott, decidió trasladar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur la causa que investiga la presunta corrupción de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, quitándosela de las manos a la fiscalía regional de O’Higgins.

Lo anterior se da justo tras una denuncia del fiscal adjunto de la zona, Sergio Moya, el mismo que pidió la formalización de uno de los jueces indagados por corrupción y que ahora inició la acción contra su superior, el fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias.

Dicha denuncia, a la que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío, apunta a un eventual tráfico de influencias en el caso Caval, obstrucción a la investigación en la indagatoria contra el ministro de la corte de apelaciones Emilio Elgueta, ocultamiento en la causa de Malversación de Caudales Públicos en el Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información desde la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt.

Obstrucción a la investigación

El fiscal Sergio Moya explicó que, en la indagatoria por corrupción de los jueces que involucra prevaricación y enriquecimiento, solicitó en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del fiscal regional Emiliano Arias para poder pedir la formalización del juez Emilio Elgueta, pero no recibió respuesta.

Por lo anterior decidió actuar pese a arriesgar sanciones administrativas, y pidió la formalización sin el consentimiento de su superior jerárquico, debido a que le preocupaba que se demorara la indagatoria.

Tráfico de influencias

El fiscal Emiliano Arias realizó sólo una intervención en el Caso Caval, la cual se llevó a cabo en diciembre de 2017 y consistió en un intento de realizar un procedimiento abreviado al síndico de quiebras Herman Chadwick Larrain.

Según detalla el fiscal Moya, se le plateó que se debía terminar con esa arista, porque la presencia de Chadwick en la causa y un eventual juicio oral, podría traer consecuencias para la imagen del gobierno entrante.

Fue por eso que Arias intentó realizar un juicio abreviado, pero con penas que estaban fuera del marco legal, mucho más bajas de las establecidas.

Ocultamiento de información

También se denuncia el caso de la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de 3500 millones en el Teatro Regional de Rancagua.

El fiscal Moya asegura que fue convocado a una reunión -que le pareció impropia pero no constitutiva de infracción- donde se encontraba el abogado del alcalde -imputado por este caso- y fue instruido por Arias para estar atento a los requerimientos del jurista.

Tras esto solicitó autorizaciones judiciales para incautar computadores, ipads y aparatos electrónicos del alcalde, sin embargo el fiscal Arias le ordenó devolver las especies.

Pese a lo anterior, el fiscal Moya no las devolvió por tratarse de una investigación por malversación de caudales públicos.

Violación de Secreto

Finalmente la cuarta denuncia está ligada a una extracción de documentos de la base de datos de la Fiscalía regional de O’Higgins, que terminaron en manos de un particular en Puerto Montt.

El OS7 de Carabineros de esa ciudad dio con esa información y avisó a la fiscalía, por lo que Moya inició la indagatoria, determinando que la información fue extraída por orden del mismo fiscal regional Emiliano Arias.

Es por lo anterior, y por estar involucrada la jefatura regional de los fiscales, que se debía poner en conocimiento de los antecedentes a la Fiscalía Nacional para que esta desgnara un persecutor encargado de de indagar a Arias, pero según constató Moya durante esta semana, esa carpeta nunca llegó a su destino.

Corrupción

Moya explicó que hay antecedentes que se deben procesar y que ameritan que la causa que investiga corrupción en la corte de Rancagua se traslade a otra fiscalía, pero aseguró que el permanecerá a cargo de la indagatoria bajo el alero de otro fiscal regional, e incluso podrá trabajar más rápido.

El fiscal Nacional Jorge Abott ya está en conocimiento de toda esta información, la cual fue entregada mediante un detallado informe enviado por el fiscal Moya durante la jornada de este viernes a la Unidad de Asesorías Jurídicas de la Fiscalía Nacional.

“Yo tengo la tranquilidad absoluta de que estos hechos que yo hice saber formalmente a la Fiscalía Nacional, los conversé con él (fiscal Emiliano Arias), los analizamos y de alguna forma se adoptó un compromiso de que no se iba a incurrir en este tipo de conductas, pero la reiteración y la persistencia en lo mismo es lo que me hace tomar la decisión que en lo laboral es muy complejo. En esta región, en todas sus fiscalías, hay gente muy valiosa que se saca la mugre trabajando, y esto de alguna forma claramente enloda”, señaló el fiscal Sergio Moya.