La Organización de Estados Americanos (OEA) condicionó su participación como observadora internacional en las negociaciones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica a la liberación de todos “los presos políticos” en Nicaragua, según afirmó este lunes el secretario general del organismo, Luis Almagro, en una carta enviada al canciller nicaragüense, Denis Moncada.

En la misiva, fechada el pasado viernes y hecha pública este lunes por fuentes cercanas a las negociaciones, Almagro afirma que la organización que él dirige está dispuesta a participar en las conversaciones, y para ello nombró como su representante en calidad de “testigo y acompañante” a Luis Ángel Rosadilla, el mismo delegado que había visitado hace dos semanas Nicaragua para conocer las condiciones del llamado diálogo, y que ya se reunió con Ortega y con los integrantes de la Alianza. En la carta, Almagro también afirma que estaría dispuesto a nombrar dos “asesores” para “temas específicos”, aunque no da detalles al respecto.

Sin embargo, la participación de estas personas está condicionada a que el régimen deje en libertad a quienes han sido detenidos desde abril de 2018 en el marco de la represión que Ortega desató contra las manifestaciones que exigen el fin de su mandato. “Como es de su conocimiento, para esta Secretaría General resulta prioritaria la liberación de los presos políticos. Es por ende fundamental para asegurar la presencia de la Secretaría General en el diálogo, la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado como presos políticos”, afirma Almagro en la carta.

La Alianza Cívica, por su parte, emitió un comunicado en el que afirma que “hasta el día de hoy el diálogo no ha producido los resultados que legítimamente espera la gran mayoría de nuestros conciudadanos”, aunque no afirman si se retirarán de las conversaciones, que han caído en un impasse tras la decisión de los estudiantes universitarios —un importante grupo dentro de esa organización— de dejar temporalmente el proceso dado que el Gobierno de Ortega se niega a liberar a los detenidos y cesar la represión en Nicaragua.

El sábado, el Ejecutivo desató una dura represión contra centenares de personas que intentaron participar en una manifestación para exigir la libertad de los presos y que fue convocada por organizaciones opositoras. Al menos 165 manifestantes fueron detenidos en poco más de tres horas y otros seis resultaron heridos. Aunque los detenidos fueron liberados la noche del sábado por la gestión del representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, integrantes de la Alianza Cívica y por la presión de la población en redes sociales, la actuación de Ortega deterioró aún más la imagen que el régimen tiene frente a la comunidad internacional.

España y Estados Unidos condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza y coincidieron en que esa actuación no ayuda a la negociación para hallar una salida a la crisis política que sufre el país centroamericano y que ha dejado 325 muertos. La Unión Europea también condenó la represión: la portavoz de Asuntos Exteriores de la UE afirmó que esperan "que el Gobierno y sus fuerzas de seguridad pongan fin a cualquier represión y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión y reunión, así como la libertad de prensa". Y exigió, además, que todos los "grupos paramilitares" sean desarmados y disueltos "urgentemente". La Eurocámara aprobó la semana pasada una resolución en la que exige a la UE que imponga sanciones al Gobierno y en específico a Ortega, su esposa y funcionarios más cercanos.

“El Gobierno debe demostrar voluntad política para superar la crisis”, afirmó la Alianza en su comunicado. Ortega, atornillado en el poder, no parece estar dispuesto a ceder a ninguna exigencia, ni interna ni de la comunidad internacional.