1. Desde que Rafael Catalá es ministro de Justicia, han pasado por el mando de la Fiscalía tres fiscales generales del Estado: tres en menos de tres años. Primero fue Torres-Dulce. Dimitió tras un montón de encontronazos con el Gobierno, que le quería controlar. Después llegó Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año. No fue renovada porque tampoco se quiso plegar. Y a la tercera Rafael Catalá encontró a su fiscal general ideal, José Manuel Maza. Por ahora no ha dimitido, aunque por decencia debería hacerlo ya.

2. Consuelo Madrigal duró poco en la jefatura de la Fiscalía porque se negó a obedecer al Gobierno con los nombramientos de varios fiscales claves para controlar los procesos penales que afectan al Partido Popular: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de Murcia, el fiscal jefe de la Unidad de Apoyo… Y especialmente el fiscal jefe Anticorrupción.

3. En Anticorrupción, tras la jubilación de Antonio Salinas, Consuelo Madrigal quería poner de jefe a Alejandro Luzón: un histórico de esa Fiscalía que, entre muchos otros casos, ha llevado el de las tarjetas Black. El candidato del Gobierno siempre fue Manuel Moix, precisamente el fiscal que, cuando eldiario.es destapó la exclusiva de las Black, el único delito que vio es el que, según Moix, podíamos estar cometiendo los medios que publicábamos los correos de Blesa.

4. Consuelo Madrigal se negó a nombrar a Moix y por eso, entre otras cosas, el Gobierno no la renovó. Tras su salida, el ministro de Justicia apostó por José Manuel Maza. En su designación –y en la de Manuel Moix– influyó la recomendación de Manuel Marchena: presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, exfiscal, amigo de Catalá y hoy pieza clave en toda la estrategia judicial del PP. Maza viene de esa misma sala que preside Marchena, era juez en el Supremo también. Tres meses después de su nombramiento como fiscal general del Estado, Maza puso en marcha los relevos a los que se había negado Madrigal y cambió la jefatura de varias de las fiscalías más sensibles, empezando por la más importante de todas si eres un político imputado: la de Anticorrupción.

5. José Manuel Maza fue advertido en al menos dos ocasiones de que Manuel Moix no era el candidato ideal. Una persona de su equipo y después cuatro miembros de la Unión Progresista de Fiscales –a los que mintió– le avisaron de que, en un sumario de la Audiencia Nacional, estaba grabada una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana donde el hoy encarcelado Ignacio González hablaba de que había que colocar a Moix en Anticorrupción, que era muy "serio" y "profesional".

6. A pesar de los elogios del corrupto González, a pesar de que era el único entre los siete candidatos sin experiencia alguna en Anticorrupción, Maza impuso el nombramiento de Manuel Moix al frente de esta sensible Fiscalía. Lo hizo con el apoyo de la Asociación de Fiscales, la única que con sus votos respaldó a Moix. Casualmente, el exportavoz de esta asociación de fiscales conservadores, Emilio Frías, ahora trabaja en el Ministerio de Justicia, nombrado por el ministro Rafael Catalá como asesor en el Gabinete de Estudios.

7. ¿Por qué el Gobierno y el corrupto Ignacio González tenían tanto interés en que Manuel Moix fuese el fiscal Anticorrupción? Viendo su trayectoria, es fácil de deducir: la mayoría de sus decisiones han sido del agrado del PP. Bajo sus órdenes, la Fiscalía de Madrid intentó cerrar el caso de los espías pagados por la Comunidad, ignoró las primeras denuncias sobre el campo de golf del Canal de Isabel II, rechazó acusar a Esperanza Aguirre cuando se fugó de los agentes de tráfico…

8. La Fiscalía de Madrid de Manuel Moix fue también quien pactó la salida de prisión del principal imputado del fraude de los cursos de formación a cambio, entre otras cosas, de que exculpase a la Comunidad de Madrid. Moix asegura que no tuvo nada que ver con ese impresentable pacto. Es curioso: el mismo fiscal jefe que está en cada decisión de sus subordinados y siempre recalca la dependencia jerárquica en la Fiscalía dice que de esto no se enteró.

9. La trayectoria de Manuel Moix como fiscal jefe de Madrid, su falta de experiencia en la lucha contra la corrupción, las maniobras políticas para ponerle en el puesto y los elogios del corrupto Ignacio González ya eran datos más que suficientes para cuestionar su nombramiento como jefe de Anticorrupción. Sus órdenes al frente de esta Fiscalía, en apenas dos meses, han confirmado lo peor.

10. Moix ha intentado parar un registro del caso Lezo que afectaba a turbias operaciones aprobadas por el gobierno autonómico de Alberto Ruiz-Gallardón. Ha provocado una inédita rebelión de sus fiscales por ese registro, con una votación que perdió. Ha intentado apartar a los fiscales que llevaban el caso Lezo y ha mentido públicamente sobre esta cuestión. Ha difundido dos informes de la Fiscalía, saltándose a la torera el secreto de sumario, a pesar de las advertencias de su propio equipo. Al mismo tiempo que pedía multar a los medios que publicasen filtraciones, él mismo ha ejercido como filtrador.

11. Moix también intentó parar los pinchazos telefónicos a Ignacio González y el resto de su banda contra el criterio de los fiscales que llevaban la investigación. El jefe de Anticorrupción se negaba a prorrogar las escuchas, como pedían sus subordinados. Los fiscales querían dos meses más y Moix decía que no. Tras mucho tira y afloja, Moix impuso una prórroga de solo un mes: insuficiente para seguir con las escuchas hasta el último día antes de las detenciones. Después el juez Velasco, con más sentido común, ordenó una prórroga de mes y medio, lo que permitió poder mantener las escuchas –y los seguimientos por medio de la posición del teléfono móvil– de toda la banda de González hasta el día en que fueron detenidos por la Guardia Civil.

12. Dos de las decisiones de Moix –la filtración de unos informes de la Fiscalía de un caso bajo secreto de sumario y la petición de solo un mes de escuchas en vez de dos– han abierto la puerta a que los abogados de González y su banda puedan plantear la nulidad de una parte de la investigación. Es dudoso que esta nulidad prospere, pero el riesgo que ha provocado Moix es tan innecesario como irresponsable, salvo que combatir la corrupción no sea su prioridad principal.

13. Moix también ha metido mano en la investigación del 3%, que persigue la corrupción de la antigua Convergencia y los Pujol. El fiscal jefe dio pábulo a una denuncia de un imputado contra los fiscales que le acusan –algo extremadamente inusual– y también ha querido mandar el caso a dos fiscales de Catalunya, con la excusa de una reestructuración del trabajo. Esta medida sacaría de la investigación a José Grinda y Fernando Bermejo, los dos fiscales que más lejos han llegado en la investigación de la corrupción de la antigua Convergencia, los mismos que solicitaron registrar el despacho de Germá Gordó, muy próximo a Artur Mas, y que el TSJ de Cataluña rechazó. Casualmente, la "reestructuración" de Moix llega cuando el Gobierno intenta rebajar tensión con los nacionalistas.

14. Los argumentos que dan el Gobierno, el Fiscal General del Estado y el propio Manuel Moix para justificar su actuación es que hay que "acabar con las macrocausas", evitar que algunos fiscales actúen "demasiado por libre", luchar contra su "corporativismo"... ¿Y qué son las macrocausas? Pues procesos como Gürtel, los ERE o el 3%, donde fiscales que supuestamente van por libre han resultado implacables contra políticos de todos los partidos; corruptos que ya se sientan en el banquillo, están en la cárcel o van camino de prisión gracias al trabajo de esos fiscales a los que Moix ahora quiere embridar. Porque el problema no son las macrocausas: son quienes temen acabar en una de ellas. Es el corporativismo: el de tantos políticos con sus compañeros imputados por corrupción.

15. Si consiguen someter a la Fiscalía, el siguiente objetivo será la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa, esa eficiente UCO que tan buen trabajo está haciendo hoy contra la corrupción. Lo tienen más difícil porque la Guardia Civil es un cuerpo con carrera militar, por lo que es mucho más complicado poner mandos a dedo. Esto explica por qué la UCO ha podido mantener su independiencia frente a ministros como Jorge Fernández Díaz y sus brigadas políticas, a diferencia de lo que ha ocurrido con la UDEF en la Policía Nacional.

16. El daño que el fiscal jefe Manuel Moix, el fiscal general, José Manuel Maza, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, están haciendo a la Fiscalía, a la Justicia, a la confianza en las instituciones y al Estado de derecho no será fácil de reparar. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en un juez o en un fiscal que claramente incumple Manuel Moix. El fiscal anticorrupción que prefieren los corruptos no debería seguir un día más.