Sin duda fue una de las imágenes más impactantes de la crisis catalana: los policías nacionales interceptando vehículos de los Mossos con material destinado a ser destruido en vísperas de la aplicación del 155 y de que el mando de la policía autonómica fuera a parar al Ministerio del Interior. La tensión del momento es narrada aún con sobresalto por los implicados. Los Mossos se negaron a entregar ese material a los agentes de la Comisaría General de Información si no existía orden judicial. Y la orden llegó, la firmó la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Pero esos minutos fueron uno de los momentos de «máxima tensión» desde que estalló la crisis soberanista.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron la destrucción de ese material policial ante la sospecha de que podría estar relacionado con actividades ilegales vinculadas con el referéndum del 1 de octubre anulado por el Tribunal Constitucional. Y, efectivamente, entre la documentación que aún siguen expurgando los agentes de Información se han encontrado «abundantes» documentos, en diferentes soportes, que relacionan a mandos y agentes de la policía autonómica catalana con el referéndum ilegal.

Según explican a EL MUNDO fuentes de la investigación, entre el material figuran escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1 de octubre cuya finalidad era proteger aquella consulta ilegal. La intervención del material se produjo el pasado 26 de octubre.

Estas fuentes explican que no solo hay material relacionado con el referéndum, sino también otro tipo de documentación sobre otras actuaciones de los Mossos, «algunas de ellas de ámbito político», apuntan estas fuentes.

La documentación implica a mandos autonómicos en la protección del 1-O

Los servicios de Información expurgan con detalle uno por uno cada uno de los papeles y «apartan» aquellos que nada tienen que ver con la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por sedición y en la que, entre otros, está investigado el que fuera el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien ahora ha sido destinado por el Ministerio del Interior a tareas burocráticas.

«Material muy sensible y clave», así definen estas fuentes la documentación intervenida. Los investigadores no tienen dudas: se pueden apuntar comportamientos delictivos con nombres y apellidos tanto de mandos como de agentes de los Mossos. El material se encuentra bajo secreto de sumario. De hecho, el estudio policial ordenado por la juez Lamela aún no se ha completado. «Aún nos quedan días para finalizar el trabajo», apuntan fuentes relacionadas con el juzgado. De los avances está también informada la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Como detallan estas fuentes, entre el material figuran documentos que corroboran que se produjeron «seguimientos sin autorización judicial», coberturas de vigilancias y hasta datos sobre intervenciones telefónicas que estarían bajo sospecha. Todos esos datos relacionados directamente con actuaciones para «blindar» por parte de agentes de los Mossos, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.

Podría haber habido seguimientos o intervenciones sin autorización judicial

Los documentos fueron interceptados cuando eran trasladados a una planta de Sant Adrià de Besós (Barcelona) para ser incinerados. Oficialmente, los Mossos, entonces aún liderados por Trapero, negaron que esos documentos estuvieran relacionados con el 1 de octubre y lo redujeron a meros trámites administrativos y copias sin interés policial.

Pero, además de actuaciones bajo sospecha sobre el pasado 1 de octubre, los agentes han localizado «material sensible» de otras actuaciones de los Mossos d'Esquadra que podrían rozar la ilegalidad. Se habla de «datos políticos».

Los investigadores están separando la documentación. A la juez instructora Carmen Lamela le será remitido todo aquel documento que tenga relación directa con los delitos de sedición que la magistrada está investigando. El resto del material considerado delictivo será remitido al juzgado de guardia para que lo envíe a un instructor por reparto.

La interceptación se produjo la víspera de que el Gobierno activara el artículo 155 de la Constitución y se produjeran, entre otras actuaciones, la intervención en los Mossos. El camino estaba a punto de iniciarse y el anuncio del Gobierno de que la policía autonómica catalana sería uno de los pilares que se iban a tocar estaba más que publicado. Y en esta inmediatez es donde los investigadores colocan el intento de destruir documentación.

La interceptación se produjo en la víspera de la activación del artículo 155

Los servicios de Información sospechan que, ante la inminente llegada del Ministerio del Interior, el sector soberanista trató de eliminar el rastro de sus actuaciones sobre el 1 de octubre, «y algunas otras que se podrían considerar investigaciones políticas».

El choque entre agentes de ambos cuerpos se produjo ante la planta que la empresa de tratamiento de residuos Tersa tiene cerca de la Ronda Litoral. Se trata de la planta con la que los Mossos tienen un acuerdo por el que, semanalmente y por regla general el mismo día, trasladan documentos que deben ser eliminados por falta de espacio físico o por carecer de interés.

Ahora, los investigadores entienden que los implicados en el 1 de octubre trataron de «camuflar» documentos incriminatorios en el marco de la destrucción habitual de documentos. Los investigadores contaron con la colaboración y la alerta de agentes de los Mossos que detectaron esta irregular maniobra. Por este motivo, la intervención de la Policía Nacional fue inminente.

Se han descubierto también datos ajenos al 1-O que podrían ser delictivos

El convoy interceptado estaba formado por un coche y una furgoneta blanca con la documentación en su interior. Los mossos de la Comisaría General de Información se vieron sorprendidos por la presencia de una quincena de miembros de las unidades de intervención policial (UIP) -antidisturbios- de la Policía Nacional y al menos otra decena de agentes de la Brigada de Información.

Tras identificarse, los agentes de la Policía Nacional requirieron que les fuera entregada la documentación, algo a lo que los Mossos d'Esquadra se negaron sin antes contar con una orden judicial específica que les obligara a ello. Tras unos minutos de tensión entre mandos de los dos cuerpos, que ya habían tenido roces, fue finalmente la juez Lamela la que dio permiso de urgencia para que las cajas fueran requisadas para analizar su contenido.

En un comunicado oficial, la policía de la Generalitat sostuvo que las cajas sólo contienen «documentación administrativa» relacionada con miembros del cuerpo, además de informes policiales sin valor policial actual y otro tipo de documentación.