MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

De las más de 1,1 millones de personas que en España tienen reconocido algún tipo de dependencia (el 2,5% de la población) un tercio, 384.326 ciudadanos, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales del que se desprende que en 4 años, 125.000 personas han muerto esperando que llegasen las ayudas.

Se trata del XVI Dictamen de la Dependencia, un estudio a partir de los datos oficiales del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD) que analiza tanto la información sobre personas que han sido evaluadas, diagnosticadas como dependientes y que reciben o no las ayudas comprometidas, como la relativa a la financiación del sistema nivel nacional y autonómico.

Según expone, en la última Legislatura el Gobierno ha recortado 2.865 millones de euros al sistema entre la supresión del nivel acordado de financiación, la reducción del nivel mínimo de aportación del Estado a las comunidades autónomas y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares que afrontaba la Seguridad Social.

En este sentido, afirma que el gasto público "se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley", que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

"La realidad es que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración General del Estado aporta solo el 22,6% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 77,4% restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema", exponen los directores y gerentes de servicios sociales.

90.000 EMPLEOS POR 1.631 MILLONES

El Dictamen destaca que pese a esa retirada de fondos, el Sistema presenta una "sorprendente capacidad para la generación de empleo" y al cierre de 2015 contaba con 182.000 puestos de trabajo directamente vinculados a él, con una ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público que asciende a 35.

Según afirma, si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera cumpliendo así con la Ley, se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo habiendo invertido "sólo 1.631 millones de euros al año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año en retornos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social)".

"Creemos llegado el momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera decidida e inteligente o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley", dice la organización en el informe.

En su opinión, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, es "imprescindible" un pacto de Estado que replantee el modelo de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, con epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

MADRID APRUEBA POR PRIMERA VEZ

Como en cada dictamen, los Directores y Gerentes evalúan la aplicación de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas con una escala de cero a diez que cruza variables como el gasto público, la lista de espera o equilibrio entre prestaciones y servicios. La media nacional es 4,01 puntos, un suspenso, y son seis las comunidades que aprueban aunque ninguna llega al sobresaliente.

En concreto, Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5) destacan por encima de las demás con un notable, seguidas de País Vasco (6,8) La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7), comunidad autónoma ésta que por primera vez desde que se realiza el dictamen pasa del aprobado en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Las doce comunidades restantes suspenden: Galicia (4,3), Asturias (3,6), Cataluña (3,6), Extremadura (3,6), Cantabria (3,2), Navarra (2,9), Murcia (2,9), Baleares (2,1), Aragón (2,1), Canarias (0,7), y la Comunidad de Valencia, que obtiene cero puntos, la peor nota de todo el país.

Ceuta y Melilla, que tienen el SAAD gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tampoco aprueban, se quedan en un 3,2 sobre 10.