Naciones Unidas ha dado la voz de alarma ante el aumento de las demoliciones de edificaciones palestinas por Israel en Cisjordania en lo que va de año, que superan ya a las ejecutadas en 2015. Más de 450 viviendas y construcciones auxiliares han sido derribadas en el primer trimestre, una cifra similar a la del año anterior (447), lo que ha forzado el desplazamiento de más de 600 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU.

El Cogat, la agencia del Ejército que coordina la Administración civil en Cisjordania desde la ocupación israelí en 1967, sostiene que se trata de edificaciones ilegales construidas sin permiso o en contra del planeamiento, y en zonas militares restringidas. En una reciente comparecencia ante la Knesset (Parlamento) su máximo responsable, el general Yoav Mordejai, aseguró que tiene sobre su mesa 11.000 órdenes de demolición pendientes. Las licencias de obra para palestinos se conceden con cuentagotas en los territorios bajo control israelí.

La ONU destaca que entre 2012 y 2015 se ha registrado una media de 50 demoliciones al mes, que se ha disparado hasta 165 durante los tres primeros meses de este año. Los desahuciados se ven así desplazados a la fuerza, en contra del Derecho Internacional. Pequeños agricultores palestinos y ganaderos beduinos han perdido sus casas, almacenes, corrales e incluso escuelas. Un centenar de las construcciones derribadas habían sido financiadas por la Unión Europea por un importe de 200.000 euros para acoger a familias cuyas construcciones habían sido destruidas previamente por las excavadoras israelíes.

Esta ola de demoliciones se produce durante el mandato de uno de los Gobiernos más conservadores de la historia de Israel, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y del que forman parte los nacionalistas religiosos del partido Casa Judía, defensor de los intereses de los 600.000 colonos israelíes establecidos en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este, la parte de la Ciudad Santa anexionada por Israel en el año 1980.

Demanda de los colonos

Mientras el Ejército veta las nuevas construcciones y derriba las edificaciones que considera no autorizadas en la llamada Área C de Cisjordania —zona bajo control exclusivo militar que representa un 60% de todo el territorio— en los Acuerdos de Oslo de 1993, el movimiento colono, que agrupa a un centenar de asentamientos en ese perímetro, y sus representantes políticos reivindican su anexión al Estado de Israel.

El Departamento de Estado de EE UU ha expresado su preocupación por un incremento de las demoliciones de construcciones palestinas que, en su opinión, “socava la solución de los dos Estados”. El director de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Robert Piper, ha alertado también a los responsables de la Unión Europea sobre la situación actual. “Hemos entrado en una nueva fase de confrontación entre la legislación humanitaria internacional y la ocupación israelí en Cisjordania”, declaró Piper a Reuters.

Otras demoliciones ejecutadas por Israel son las llamadas “punitivas”, en contra de las familias de los atacantes palestinos de la última ola de violencia, en la que han muerto durante los seis últimos meses 28 israelíes y 200 palestinos (dos terceras partes de ellos abatidos por las fuerzas de seguridad al ser considerados atacantes). Las viviendas de los familiares son arrasadas por las excavadoras militares en una medida de represalia vista como un castigo colectivo por las organizaciones humanitarias.