La justicia militar lleva meses investigando el supuesto pago de comisiones a mandos del Ejército por parte de contratistas encargados de adjudicar plantas energéticas en instalaciones del Ministerio de Defensa. En concreto, los dos juzgados togados centrales instruyen en paralelo sendas causas que, por el momento, están conectadas por la presencia de al menos un comandante en ambas diligencias. Se trata de Julio C. M., investigado por la concesión de varias plantas de condensación de agua que fueron instaladas en las islas Chafarinas y que solo llegaron a funcionar durante una semana, y situado también en el centro de otras diligencias que rastrean su presunta implicación en una trama de inflado artificial de facturación a favor de la contratista, Gas Natural.

Este último asunto, instruido por el Juzgado Militar Central número 1, fue abierto después de que la Fiscalía Jurídico Militar tuviera conocimiento de que "determinado personal se estaría prevaliendo de su situación y destino para obtener de forma habitual comisiones de contratistas del Ministerio de Defensa". La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró un informe en el que concluía que "los militares denunciados" eran "propietarios de un patrimonio de difícil justificación, teniendo en cuenta las retribuciones medias de un empleado público".

Las diligencias se centraron en los "excesos de facturación" que revelaban las denuncias en relación con la concesión de la planta de cogeneración de energía instalada por Gas Natural en el hospital militar Gómez Ulla. El coronel F. G. C., que trabajaba como ingeniero de obras en la Dirección General de Infraestructuras, departamento responsable de la adjudicación, emitió un informe que apuntaba a que esas facturaciones infladas "no coincidían para nada con las que figuraban en el contrato" firmado con Gas Natural.

Había, según el coronel, que ratificó sus conclusiones también en sede judicial, "importantes desviaciones en el coste de la energía facturada". En concreto, se habría "incrementado el coste en un 42%", lo que representaba "un exceso anual de 733.000 euros". El testimonio del militar coincide con el que ofreció A. R. D., director técnico de la mercantil Alba Ingenieros, encargada de emitir informes independientes sobre el rendimiento de la planta de cogeneración. El directivo señaló ante la Guardia Civil, responsable de las pesquisas, que él mismo había detectado "una serie de irregularidades o fallos cometidos en la contratación de las empresas adjudicatarias".

Sede de Gas Natural.

En un auto fechado el pasado 18 de febrero, el Juzgado Militar Central número 2, que repasa las dos causas -la de Chafarinas, que ya cuenta con auto de apertura de juicio oral, y la de la planta de cogeneración del Gómez Ulla-, apunta a la existencia de un delito contra la Hacienda Pública, contemplado en el artículo 191 del Código Penal Militar, en la adjudicación presuntamente irregular del contrato de la planta de cogeneración.

El mismo escrito señala además que el comandante C. M., sobre el que pivota la investigación, "carecía de capacidad de contratación", aunque participó en la redacción de pliegos de prescripciones técnicas e intervino como "certificador del consumo y subsiguiente gasto eléctrico de toda la facturación del Ministerio", en virtud de los dos acuerdos marco que había firmado Defensa para la adquisición de suministros de combustibles y de energía eléctrica para todo el departamento hoy dirigido por Pedro Morenés y por aquel entonces -cuando se produjeron los hechos- coordinado por Carme Chacón.

El Juzgado pone en evidencia también al propio comandante C. M., quien aseguró en sede judicial "no haber mantenido relación profesional con empresas que hubieran contratado con el Ministerio de Defensa". Según revela el citado auto, en la memoria de Gas Natural, adjudicataria de la planta, "figuran una serie de servicios realizados por el comandante para dicha empresa", lo que contradice el testimonio del investigado.

El presunto cobro de comisiones en torno a la planta de cogeneración adjudicada a Gas Natural no es el único escándalo económico que investiga la justicia militar en torno al hospital Gómez Ulla. El Juzgado Togado Central número 2 procesó el pasado diciembre a tres mandos del Ejército por cobrar comisiones de hasta el 50% del valor de los contratos de limpieza, formación y servicios administrativos que adjudicaba el centro sanitario desde 2009.