Solo tres meses después de desentenderse de un preacuerdo al que había llegado con la canadiense Edgewater —cuando la Xunta hizo naufragar definitivamente el proyecto de los extranjeros para Corcoesto— Sacyr anunció su intención de lanzarse de lleno al negocio minero. Coincidía también que hacía un mes había liquidado su filial inmobiliaria Vallehermoso. Con un comunicado fechado el 15 de enero en Londres, la constructora hizo público que su flamante empresa del sector extractivo, Valoriza Minería, acababa de sellar un acuerdo de colaboración con la mayor financiera de proyectos mineros del mundo, la australiana Macquarie Capital. Y en la misma nota se decía que el objetivo serían las minas de cobre, oro, estaño y wolframio. Un sector, según el director general de Valoriza, Gonzalo García San Miguel, “en el que hay muchos proyectos de alto valor por desarrollar”. Una portavoz oficial de la empresa confirma que actualmente “se están estudiando proyectos en Galicia”, además de en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. El propósito de las compañías aliadas es “empezar a desarrollar alguno este mismo año”. Y mientras los detractores del proyecto de Edgewater se han puesto ya en alerta; los partidarios en la comarca de Bergantiños (que hasta habían peregrinado a Santiago para reclamar el permiso de explotación) difunden por Twitter la irrupción de Sacyr en el negocio. La portavoz de la compañía no niega ni afirma nada respecto a este caso. Se limita a asegurar que pronto habrá noticias y que Galicia cuenta con recursos minerales “interesantes” para su empresa.

De entrada, Sacyr calca los argumentos de industrialización y progreso que desplegó Edgewater (Feijóo se hizo varias veces eco de una cifra: 1.400 puestos de trabajo) cuando llegó a Corcoesto para ganarse el favor de los vecinos. Según García San Miguel, estas minas “pueden ser grandes generadoras de riqueza y empleo”. Pero además avisa de que el aterrizaje en el mercado de las licencias de Valoriza y Macquarie “supone una extraordinaria oportunidad para colaborar con aquellos promotores que por motivos económicos o técnicos no han podido desarrollar sus permisos de investigación o sus concesiones mineras”. Con esto se refiere a los filones de metales valiosos que están en manos de pequeñas empresas o incluso particulares y que no pueden explotarse por falta de recursos.

Después de anunciar Feijóo en 2013 que la Consellería de Industria había decidido rechazar el proyecto de Edgewater por la falta de solvencia económica, tal y como declaró a EL PAÍS el presidente de la compañía, George Salamis, la propia Xunta les aconsejó que se asociasen “con una empresa sólida, preferiblemente española”. Y así llegaron a Sacyr. El preacuerdo impedía a los canadienses revelar el nombre de esta otra firma, pero, según Salamis, llegaron a sentarse todos, con el Gobierno gallego, “en la misma mesa”. La filial gallega de Edgewater, Mineira de Corcoesto, pasaría a estar “bajo control español” a cambio de que la otra empresa inyectase el dinero que exigía la Xunta como aval para dar su visto bueno. Lo “único” que faltaba para cerrar el trato era, precisamente, esa bendición de Industria, pero para sorpresa de los extranjeros, sucedió justo lo contrario. Tras casi un año de negociaciones con Sacyr, en el último trimestre del año pasado la ruptura entre Edgewater y la Administración gallega se hizo definitiva, y en consecuencia la minera cumplió lo que llevaba tiempo anunciando: recurrir el fallo de la Xunta contra su proyecto en el Tribunal Superior y reclamar los 21 millones que decía haber tirado por la borda en el intento. El recurso fue admitido, pero al mismo tiempo, en enero, la Xunta inició los trámites para cancelar definitivamente los derechos mineros de la compañía.