En este marzo de alerta mundial las declaraciones, los decretos y las medidas se suceden con una velocidad vertiginosa. En España, en poco más de diez días, una escalada de disposiciones en respuesta a una emergencia sanitaria sin precedentes ha ido cambiando el escenario vital de la población con consecuencias que se prevén devastadoras.

Desde la presentación del decreto real 463/2020 un gobierno considerado progresista ha ido anunciando una serie de medidas sociales destinadas a paliar las principales consecuencias de la crisis, identificando colectivos en riesgo y aplicando medidas específicas que amortigüen los efectos más dramáticos de la parálisis económica como quien corre para apagar los focos más urgentes en un incendio inmenso que un viento desbocado no para de extender.

Mientras tanto, las voces apuntando a la necesidad de aplicar una medida económica que abarque a toda la población, que blinde a toda la ciudadanía sin excepción ni condición ante las llamas, son cada vez más audibles. Según reportaba ayer 22 de marzo El Confidencial, remitiéndose a fuentes del ejecutivo, esta demanda podría haber penetrado los debates del gobierno de coalición mientras el país, como adelantó el presidente Pedro Sánchez un día antes, afronta al menos dos semanas más de estado de alarma que esta vez podría incluir una paralización ulterior de la actividad económica.

El resultado de este pulso lo veremos posiblemente tras el Consejo de Ministros del próximo martes, cuando se anuncien nuevas medidas sociales y conozcamos los efectos del runrún por una renta básica de cuarentena que ha ido intensificándose en estos larguísimos diez días que arrancaron el 14 de marzo.

“La economía se tiene que detener para frenar la curva, pero la vida no se puede parar”, sentenciaba el lunes 16 de marzo Hontanares Arranz, activista de la Marea Básica contra el paro y la precariedad, colectivo que ese mismo día difundía un llamamiento para la implementación de una renta básica de cuarenta. Si bien el gobierno no había hecho público aún el grueso de sus medidas sociales, Arranz ya calificaba la incipiente respuesta a las situaciones de vulnerabilidad económica derivadas del impacto de la crisis sanitaria como “ineficaz y sin sentido”.

“La situación es caótica, el trabajador no sabe si tiene que ir a trabajar, el empresario no sabe si tiene que abrir, y el que no tiene trabajo no sabe cómo va a conseguir recursos. Es urgente una renta básica de cuarentena para poder tomar estas decisiones con más calma”

“La situación es caótica, el trabajador no sabe si tiene que ir a trabajar, el empresario no sabe si tiene que abrir, y el que no tiene trabajo no sabe cómo va a conseguir recursos”, resumía la activista. “Consideramos que es urgente una renta básica de cuarentena para poder tomar estas decisiones con más calma”. Para esta empleada de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que había sido llamada a trabajar solo un día en toda esa primera semana, la dificultad de implementar cualquier medida condicionada era más que evidente. “Es más fácil que una familia sepa que tiene una prestación universal garantizada para ir al supermercado a que sean los servicios sociales lo que tengan que identificar esta situación de vulnerabilidad”.

Según el nforme sobre el Estado de la pobreza de 2019 un total de 12.188.288 personas, más de un cuarto de la población, estaría en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto en una situación de funcionamiento “normal” de una economía en crecimiento. Quienes trabajan en servicios sociales como Arranz y además defienden una renta básica como herramienta fundamental contra la desigualdad, llevan años denunciando la inoperancia de las ayudas condicionadas para paliar estas situaciones de necesidad. La ampliación de más medidas condicionadas en época de emergencia no parece ser prometedora en términos de eficacia.

El pasado miércoles 18 de marzo, apenas las medidas sociales anunciadas en la víspera salieron publicadas en el BOE, el presidente de la Red Renta Básica Daniel Raventós junto a Julen Bollaín, también integrante de la Red y ex portavoz económico de Elkarrekin Podemos se preguntaban en una tribuna publicada por eldiarionorte.es: “Que toda la población tuviera modestamente la existencia material garantizada… ¿hasta fin de año? ¿Es mucho pedir? ¿Se trata de una propuesta escandalosa?”.

En el texto apuntaban a que la mayoría de los recursos movilizados por el gobierno irían a asistir a las empresas, y contraponían la posibilidad de, con los mismos recursos, garantizar “una renta básica de 1.000 euros mensuales para toda la población hasta final de año”.

“Esta crisis nos está enseñando la importancia de poner literalmente al vida en el centro, pero para que la vida sea cuidada necesitamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas y eso, para un alto porcentaje de la población, se puede hacer solo mediante la renta básica”, valoraba en conversación con El Salto Pura Sánchez, quien defiende desde el feminismo la renta básica universal.

Sánchez no puede evitar imaginar cuál sería el escenario si esa renta básica universal e incondicional que hace años reivindica hubiese estado ya funcionando en el momento en el que se desató la emergencia, un escenario de una vulnerabilidad sensiblemente menor. “La salud de mucha gente sería mejor, estarían mejor alimentadas, tener un ingreso garantizado en estas circunstancias reduciría en gran medida la angustia, y podrían focalizarse en la conservación de la salud, sin tener que preocuparse en las condiciones materiales de la vida”.

Trabajar en estado de alarma

Una inquietante paradoja ha generado debates y cuestionamientos desde el pasado 14 de marzo: si se está apelando a la responsabilidad individual de la gente para reducir al mínimo sus desplazamientos con el fin de evitar contagios, ¿por qué los centros de trabajo siguen abiertos y una parte considerable de la fuerza laboral sigue desempeñando su actividad?

Si bien probablemente nos encontremos en la víspera de un salto hacia delante en cuanto a la paralización económica del país, durante la primera semana del estado de alarma han sido incontables las tensiones entre el derecho de los trabajadores y trabajadoras a preservar su salud, y la prerrogativa de muchas empresas de requerirles en sus puestos de trabajo. En este contexto se imponía una vieja pregunta: en la correlación de fuerzas actual entre capital y trabajo, ¿qué posibilidades tienen las personas empleadas de hacer valer sus derechos?

“Si las personas trabajadoras recibieran todas por igual la renta básica, hoy no habría nadie que se viera obligado a asumir el riesgo de ir a trabajar. Se podría parar la producción sin muchas consecuencias para el trabajador”

“Si las personas trabajadoras recibieran todas por igual la renta básica, hoy no habría nadie que se viera obligado a asumir el riesgo de ir a trabajar. Se podría parar la producción sin muchas consecuencias para el trabajador”, explica Anna Acalá, delegada sindical de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) en el hospital de Girona.

A diferencia de otras centrales sindicales, la IAC cree en la renta básica universal e incondicional como una medida imprescindible, más allá de la cuarentena, para fortalecer la capacidad negociadora “individual y colectiva” de la masa trabajadora.

“Proporcionaría una seguridad que te permite exigir unas condiciones de trabajo. Nadie se vería obligado a aceptar la primera basura que le ofrecieran con el fin de tener ‘algo’ con lo que pagar las facturas”, resume la sindicalista, para quien la renta básica también facilitaría alimentar una caja de resistencia, o permitiría priorizar los trabajos útiles para la comunidad.

“Hay mucha gente que lleva años lucrándose de nuestro esfuerzo, y ya es hora que la empresa privada asuma responsabilidades, que se les suban los impuestos y establezcan una renta básica universal”, defiende Alcalá.

Salud mental y seguridad material

“Por un lado vemos la eficacia del sistema sanitario universal que no hace distinciones a la hora de tratar a toda la población y por otro las miserias del sistema condicionado a ser pobre, a estar en paro, o tener una gran discapacidad”

Estamos al principio de una cuarentena que recién acaba de prorrogarse y los efectos del confinamiento en la salud mental ya son un tema recurrente en conversaciones y artículos. Para Sergi Raventós, trabajador social que integra una Fundación de salud mental, no es posible disociar ésta de las condiciones materiales de las personas.

El colectivo con el que trabaja este activista por la renta básica se va a ver particularmente afectado por esta situación pues algunos “tienen empleos temporales y que es probable que no vayan a ser renovados. Otros iban a ser contratados justamente ahora por Semana santa y el período de verano”.

En estas circunstancias puede apreciar la diferencia en cuanto a nivel de incertidumbre entre quienes dependen de un trabajo y quienes, al tener un 65% de discapacidad “disponen de una pensión no contributiva asegurada de forma mensual que les da una cierta tranquilidad económica importante”, aún cuando la cantidad que perciben está por debajo del umbral de la pobreza.

Para este integrante de la Red Renta Básica, un ingreso garantizado y universal permitiría a la gente “cuidar y evaluar su salud por delante de la imperiosa necesidad económica de tener que ir a trabajar”. Ante la emergencia sanitaria para Raventós son claras las evidencias de que se impone la incondicionalidad: “Por un lado vemos la importancia y la eficacia del sistema sanitario universal que no hace distinciones a la hora de tratar a toda la población y por otro las miserias del sistema focalizado y condicionado a ser pobre, a estar en paro, o tener una gran discapacidad”.

¿Un cambio de paradigma?

Ante las medidas sociales aprobadas por el gobierno relativas a los ERTEs o la situación de los autónomos las redes sociales son un hervidero de dudas laborales y burocráticas. ¿A qué medida podré acogerme? ¿cuáles son los trámites a cumplimentar? La confusión ante los procesos para acceder a ayudas y recursos en el caso de tener derecho a ellos, o las llamadas de atención por parte de colectivos que se ven excluidos de estas operaciones condicionadas de salvataje, son la resaca que van dejando estos anuncios.

“Ya haremos la declaración de la renta y ajustaremos cuentas pero ahora habría que apostar por una renta básica para todo el mundo y sin problemas de gestión, ni controles costosos, ni burocracia. Acabaríamos con la pobreza, la incertidumbre, la inseguridad económica, el malestar y la inseguridad psicológica”, afirma con vehemencia Sergi Raventós ante esta situación.

“Si quedarse en casa es incondicional, la renta básica también”, defendía por su parte la periodista Nuria Alabao en una tribuna en la revista ctxt el pasado jueves 19 de marzo en la que, con tono esperanzador, afirmaba: “Quizás estemos a tiempo para dar un paso más hacia un nuevo mundo donde las crisis ya nunca más las paguemos los de abajo, donde todos tengamos garantizado un mínimo para vivir en condiciones”.

En el discurrir acelerado de estos días de cuarentena, queda poco para poder constatar si el gobierno avanza hacia el modelo de rentas no condicionadas que muchos defienden

Estando de acuerdo con que esta situación extraordinaria invita a la valoración de una renta básica, Pura Sánchez, sin embargo, se muestra escéptica, para ella dos obstáculos enormes se interponen en la consecución de este cambio de paradigma: el primero tiene que ver con lo que ella considera una falta de soberanía. Opina que las decisiones del gobierno están sujetas a los dictados de organismos internacionales que no permitirían una medida redistributiva de este alcance. La segunda tendría que ver con la manera en la que el individualismo que abandera la gobernanza neoliberal habría conquistado las subjetividades: “Me cuesta pensar que vayamos a generar en este parón la capacidad de reflexionar en términos colectivos”.

En el discurrir acelerado de estos días de cuarentena, queda poco para poder constatar si el gobierno avanza hacia el modelo de rentas no condicionadas que muchos defienden, posible antesala para pensar en una renta básica incondicional cuando acabe la tormenta, o si sigue intentando apagar focos de un incendio que no se detiene, mientras muchos se preguntan si esta crisis la pagarán una vez más los mismos.