El actual Procurador del Tesoro denuncia que hubo "un espíritu malicioso" en las autoridades salientes; estuvo 975 días preso en los 70 Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez

Jaime Rosemberg Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2019 • 16:23

El flamante procurador del Tesoro, Carlos Zannini, reclama el pago de la pensión graciable como expreso político en los años 70, beneficio que le otorgó la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri en septiembre pasado, pero que aún no se efectivizó.

El 25 de septiembre, con la firma del entonces secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el gobierno otorgó a Zannini una pensión graciable que hoy asciende, según datos de la Anses, a $23.953,80 mensuales, luego de acreditar su detención, entre julio de 1975 y marzo de 1978, como preso a disposición del Poder Ejecutivo, primero durante el gobierno constitucional de Isabel Perón (que lo detuvo en Córdoba, su ciudad natal) y luego durante la dictadura militar.

En su edición del lunes 9, LA NACIÓN dio cuenta del pedido de Zannini de acogerse al beneficio y de la resolución favorable de la administración macrista. Pero el pago -según confirmó a LA NACIÓN el abogado de Zannini, Adrián Frascino-nunca se concretó, a pesar de que la Anses dio de alta su expediente el 7 de noviembre pasado. La apelación por parte de la propia Anses de la administración saliente demoró la liquidación efectiva, cuya obligatoriedad quedó firme el jueves 5 de diciembre.

Con el aval de su defendido, secretario legal y técnico durante los doce años del kirchnerismo, el abogado de Zannini apunta a la gestión saliente: denuncia que el trámite fue "pisado y demorado en forma intencional" durante dos años, ya que fue iniciado en noviembre de 2017 en Río Gallegos.

También asegura que "luego de innumerables reclamos verbales, ante la no respuesta de parte del Estado", decidió interponer un amparo "por mora de la administración", que fue radicado en el fuero de la Seguridad Social, con número de expediente 178.643/2018.

Ese trámite concluyó el 11 de septiembre pasado, cuando la jueza federal Karina Alonso Candis le dio la razón a Zannini y ordenó a la Anses la resolución del caso.

Como la Anses apeló la decisión judicial, aduciendo que no tenía "legitimación para el dictado de la medida" y cuestionando por "elevados" los honorarios fijados, Zannini volvió a recurrir a la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que le volvió a dar la razón el pasado jueves 5 de diciembre. La Cámara ordenó "remitir las actuaciones a la Anses, a fin de que liquide el beneficio".

"Un espíritu malicioso"

Según su abogado, Zannini considera que las dilaciones y postergaciones en la concreción de su pago son "un claro acto discriminativo por su pensamiento político, casi igual que en la época en que estuvo detenido". Y no solo eso: asegura que en las autoridades salientes hubo un "espíritu malicioso, incurriendo en un claro mal desempeño de la función pública", y recuerda que el Código Penal prevé sanciones para "el funcionario que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardar algún acto en su oficio". Fuentes de la entrante administración de Anses corroboraron a este diario que el pago aún no se concretó.

La ley 26.913, aprobada por el Congreso en diciembre de 2013, establece una pensión graciable para todas aquellas personas que "acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983". Uno de los requisitos es "no cobrar otra prestación o subsidio no contributivo de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza".

Antes de asumir el martes en el Museo de la Casa Rosada como procurador del Tesoro, Zannini se desempeñaba como representante del estado provincial de las acciones clase A en el directorio del Banco de Santa Cruz, por disposición de la gobernadora Alicia Kirchner.

En las últimas tres décadas ocupó distintos cargos públicos de la mano de los Kirchner: en 1987 fue secretario de Gobierno de Río Gallegos en la intendencia de Néstor Kirchner, al que luego acompañó como ministro de Gobierno de Santa Cruz (1991-1995) y diputado provincial (1995-1999), tras lo cual presidió el Superior Tribunal de Justicia provincial. En 2003 desembarcó en la Casa Rosada como secretario legal y técnico de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Fue, además, compañero de fórmula de Daniel Scioli en 2015.

Cárcel e indemnización

En los años 70, Zannini estuvo preso 975 días, cuando era militante de la agrupación maoísta Vanguardia Comunista. Años más tarde percibió una indemnización de acuerdo con la ley 24.043, aprobada durante el menemismo, a la que se acogieron unos diez mil expresos políticos (la percibieron el exdiputado Carlos Kunkel y el fallecido Juan Carlos Dante Gullo, entre muchos otros).

Durante el gobierno de Cambiemos afrontó un expediente por enriquecimiento ilícito, por el cual fue sobreseído también a principios de diciembre. Zannini continúa procesado en la causa de presunto encubrimiento de los exfuncionarios iraníes acusados de volar la sede de la AMIA en julio de 1994 a través del memorándum de entendimiento firmado en 2013, aprobado luego por el Congreso. Estuvo preso 107 días por esa causa y salió libre en marzo de 2018.

"Fue un intento de criminalizar a un gobierno. El objetivo no era yo, el objetivo era Cristina. Es parte del plan para esmerilar su imagen. La idea era bajarle el techo, que tuviese un techo tal que en segunda vuelta perdiera", dijo Zannini en referencia a ese procesamiento y en una entrevista para el diario La Mañana, de Neuquén, en junio pasado. Meses antes del triunfo de la fórmula del Frente de Todos que determinó el retorno del kirchnerismo al poder, y la vuelta de Zannini a los primeros planos de la política local.

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