La Procuraduría General de la Nación le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, evaluar la suspensión inmediata de las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas, rurales y de los bienes de uso público, como las aguas marítimas y zonas de bajamar, en Playa Blanca, Cholón y otras áreas.

La solicitud la hizo la Procuraduría Provincial de Cartagena como parte de una acción preventiva, que inició un proceso de vigilancia y seguimiento, ante las reiteradas situaciones de inseguridad, que ocasionaron la muerte de una turista, los frecuentes accidentes, las fallas de las ambulancias acuáticas, los excesivos cobros e tarifas de servicios turísticos, bebidas y alimentos.

También se instruyó una vigilancia y seguimiento a las condiciones de salubridad e higiene en la zona, abuso a los consumidores, ruidos excesivos, accidentes e incidentes por tráfico de motonaves y afectaciones al medio ambiente.

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En su comunicación al alcalde, la Procuraduría exhortó a extender la suspensión hasta que se garanticen las condiciones de uso, lo que exige la caracterización y señalización de las playas, vigilancia y seguridad para las mismas, reglamentación del uso, regularización de las actividades, y la protección efectiva y real del medio ambiente en zonas de playa y bajamar, con la puesta en marcha de un plan de manejo ambiental.

Así mismo, a que exista una definición y control de la capacidad de carga de las playas, garantizando servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, ambulancia marítima, servicios de rescate y guardavidas, protección efectiva de los usuarios de los servicios, control real de embarcaciones de turismo y motonaves de recreación, control sanitario efectivo, que incluya bebidas y alimentos.