Las cifras son estremecedoras. Y ponen de relieve hasta qué punto es relevante la acción protectora del Estado. Nada menos que 13,52 millones de personas perciben alguna prestación de carácter económico procedente del sector público. Esta cifra representa el 28,9% del conjunto de la población española. Y se eleva hasta el 74,8% si se compara únicamente con quienes tienen un puesto de trabajo. Es decir, por cada cuatro ocupados hay tres españoles que viven de prestaciones públicas. La gran mayoría tras haber cotizado, y un número cada vez más importante sin haber podido hacerlo por distintas razones.

Las cifras las acaba de publicar la Seguridad Social, y muestran el ensanchamiento del Estado de bienestar en toda su amplitud. Y ello sin contar los 637.573 beneficiarios de una renta mínima de inserción que abonan las comunidades autónomas para evitar o minimizar la exclusión social. La prestación media pagada se sitúa en 418,58 euros mensuales, pero con una enorme divergencia en función de la política social (y de los recursos disponibles) de cada comunidad autónoma.

Esto quiere decir que, en total, 14,16 millones de personas cobran alguna prestación económica de carácter público, lo que significa que el 30,5% de la población, incluidas todas las edades, se beneficia de la acción protectora del Estado. Por lo tanto, casi la tercera parte de la población.

Las pensiones son, con diferencia, la rúbrica que recoge mayor número de beneficiarios (9,3 millones), pero hay que tener en cuenta que sólo el 60% son de jubilación (que tienen el carácter de contributivas), y de estas la tercera parte reciben complemento de mínimos, lo que obliga al Estado a aportar determinadas cantidades para alcanzar el umbral que cada año fijan los Presupuestos Generales del Estado.

Las pensiones de viudedad (2,35 millones) son la segunda rúbrica más numerosa dentro de las pensiones del sistema de Seguridad Social, y tras ellas se encuentran las pensiones por incapacidad permanente (936.666) y las de orfandad (339.166).

Las prestaciones por desempleo forman la segunda gran partida del gasto público en términos de protección social. Pese a que en los últimos años ha caído muy intensamente la cobertura de desempleo (por el agotamiento de la prestación y por la reducción del paro), 2,13 millones de desempleados cobraban una prestación al acabar el año pasado, dos terceras partes de ellas con carácter asistencial, es decir, que se financian vía presupuestos y no con cotizaciones sociales.

Pensiones asistenciales

El informe de la Seguridad Social, igualmente, revela que 453.547 personas perciben alguna pensión de carácter no contributivo, ya sea de jubilación o de invalidez, mientras que el número de beneficiarios de prestaciones LISMI (en extinción) sigue bajando, hasta los 11.503 beneficiarios. Por último, el sistema público de protección social contabiliza 4.730 pensiones asistenciales, que se entregan cuando el perceptor no ha podido cotizar por diferentes casuísticas.

Es destacable, igualmente, que el número de beneficiarios de una asignación por hijo a cargo asciende a 1,56 millones, con un crecimiento del 2,4% en 2015 respecto del año anterior.

El ensanchamiento de la acción protectora del Estado ha sido la constante desde la Transición política, sólo interrumpida por la crudeza de la crisis. En 2013, último año con datos oficiales cerrados, España destinó a protección social 257.223 millones de euros, lo que representa casi un 6% menos que en 2009. De esa cantidad, el 54% se financia con cotizaciones sociales y el resto procede de impuestos. En concreto, y sin contar otras aportaciones menos relevantes, 111.618 millones, que se destinan a la acción protectora del Estado. Es decir, unos 6.700 millones menos que al comenzar la crisis.