Vicenç Navarro | Nueva Tribuna | 23/02/2018

El conocido y prestigioso European Trade Union Institute ha publicado un informe (“Bad Jobs” recovery? European Job Quality Index 2005-2015) sobre la calidad del empleo en los 28 países de la Unión Europea que es demoledor para España. Si consideramos que una de las responsabilidades del Estado en cualquier país es asegurarse que la población pueda aspirar a desarrollar su gran potencial a través del trabajo, entonces la conclusión rotunda de este informe es que el Estado español está fracasando rotundamente.La Constitución Española, cuya supuesta violación está siendo la causa de encarcelamiento por parte de los tribunales de este país, contiene en el artículo 35.1 el siguiente mandato “Todos los españoles tienen el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”, mandato constitucional que se está violando masivamente en España, como bien documenta el informe. En la mayoría de los indicadores de calidad de empleo utilizados en este excelente estudio -(1) salarios, (2) formas de empleo y seguridad laboral, (3) tiempo de trabajo y equilibrio trabajo-vida, (4) condiciones de trabajo, (5) habilidades y desarrollo en su carrera laboral, y (6) representación sindical-, España aparece en el informe a la cola (repito, a la cola) de toda la Unión Europea, sólo después de Rumanía y Grecia (Figura 2, p.11 del informe). En una puntuación de 1 (peor) a 10 (mejor), recibe un 3 de en el Job Quality Index (la más baja después de los dos países citados), mientras que los países nórdicos de la UE, Suecia, Finlandia y Dinamarca, reciben, respectivamente, un 7,5, un 8 y un 9 (las más altas). España, cuyo establishment político-mediático se enorgullece de tener una de las economías más fuertes y desarrolladas de la UE (la quinta economía de la UE), con un nivel de riqueza (23.200 euros en PIB per cápita en 2015, según Eurostat) semejante al promedio de la UE (28.900 euros en PIB per cápita en 2015, también según Eurostat), es de los países que peor trata a sus trabajadores, dato que apenas aparece en los mayores medios de información. Y ello ocurre en cada componente que configura dicho indicador de calidad del empleo. Veamos los datos.

España no es sólo el país de la UE donde hay mayor precariedad, sino que es también el país donde el crecimiento de la precariedad ha sido mayor durante el periodo 2010-2015

España tiene uno de los mayores porcentajes de la población laboral con inestabilidad, con temporalidad indeseada y con dificultad para encontrar empleo indefinido (principales componentes de la definición de precariedad) en la UE (Figura 4, p.13). Este porcentaje es incluso mayor entre las mujeres trabajadoras, y también es el país donde el porcentaje de trabajadores y trabajadores en precario ha crecido más durante el período 2010-2015 (conocido como la Gran Recesión).

España es el país donde las condiciones de trabajo son peores (en la UE-15)

Es también interesante subrayar que el elevadísimo nivel de desempleo (de nuevo, uno de los más altos de la UE) va acompañado con uno de los porcentajes mayores de horas extras. Los trabajadores y trabajadoras españoles son los que hacen más horas extras, lo que afecta a su vida personal (lo que el informe define como “equilibrio entre vida personal y laboral”) (Figura 5, p.14). En realidad solo en Grecia los trabajadores y trabajadoras están en peor situación que los españoles, es decir, tienen jornadas de trabajo que se alargan todavía más allá de las horas acordadas. Es también importante subrayar que las mujeres trabajadoras incluso trabajan más horas extras que los hombres trabajadores. En este punto cabe señalar el bien conocido hecho entre salubristas de que las mujeres españolas son de las que tienen mayores enfermedades relacionadas con el estrés en la Unión Europea debido a su enorme sobrecarga entre la familia y el trabajo.

España tiene el porcentaje mayor de trabajadores pobres en la UE

En 2015, España tenía también el porcentaje mayor (después de Rumanía y Grecia) de trabajadores en pobreza. Uno de cada diez trabajadores se encontraba por debajo del umbral de la pobreza (es decir, por debajo del 60% de la mediana nacional de ingresos después de transferencias sociales).

En el informe se nos da también una comparativa de salarios entre países. Si miramos el promedio de ingresos mensuales netos del trabajador remunerado ajustado a los precios de cada país, en España es aproximadamente de unos 1.300 euros, un nivel por debajo del promedio de la UE, aunque más alto que países como Hungría o Bulgaria (Figura 3, p.12). Ahora bien, cuando comparamos el porcentaje de los trabajadores (empleados o autónomos) que están por debajo del 60% de la mediana nacional (incluso después de transferencias públicas sociales) sobre el total de trabajadores, España se encuentra incluso peor que estos dos países.

Estos datos nos indican que aun cuando España no tenga como promedio los peores salarios en términos absolutos, sí que tiene el mayor porcentaje de trabajadores pobres, después de Rumania y Grecia. Esto es resultado de la gran pobreza de los salarios, la gran pobreza de las trasferencias públicas y las grandes limitaciones de las políticas redistributivas del Estado Español, causas determinantes del elevadísimo nivel de pobreza laboral que existe en España.

España está entre los que tienen peores condiciones de trabajo en la UE

España es también uno de los países con peores condiciones laborales (después de Hungría y Chipre), que alcanzan su cenit en sectores como la agricultura y la construcción (Tabla A4, p.42). Este es una de los indicadores de calidad del empleo más estudiado y detallado en el informe, que incluye gran número de variables (veinte ítems) que analizan cómo y en qué entorno se realiza el trabajo. Está compuesto por tres sub-dimensiones: intensidad del trabajo; autonomía del trabajo; y factores de riesgo físicos. España se encuentra a la cola en prácticamente cada uno de estos subindicadores, y muy especialmente en los citados anteriormente (Figura 6, p.16).

España está entre los países que menos atención prestan al mejoramiento del conocimiento y la educación laboral

Por último llama la atención como también España está fallando estrepitosamente en la capacitación de sus trabajadores (en el informe se registra el porcentaje de la población adulta -de 25 a 64 años- que participó en educación o capacitación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta). Además se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con la afirmación «Mi trabajo ofrece buenas perspectivas de progreso profesional». Como promedio, uno de cada cuarto trabajadores en la UE participó en alguna capacitación en el mes anterior y / o consideró que su trabajo ofrecía buenas perspectivas para el desarrollo de carrera. Lo interesante es que se comparan los datos de 2005-2010 y 2015 para ver la reacción después de la crisis. En el conjunto de la UE ha habido un gran avance en la mejora de las habilidades y el desarrollo profesional de los trabajadores, pero no así en España, que destaca entre los países con peores resultados en la mejora de capacitación de sus trabajadores durante este período (Figura 22, p.31) (junto al Reino Unido y Bélgica, que son países con un mercado de educación muy desregulado y privatizado, mientras que los países con mejores puntuaciones son los nórdicos, que son los que tienen la mayor inversión en educación pública).

¿Cuáles son las causas de esta deplorable situación?

La respuesta a esta pregunta no es difícil. Naturalmente que no hay solo una causa. Hay muchas causas que, por regla general, aparecen en las páginas económicas de los mayores medios de comunicación, en las pocas veces que estos problemas son tratados por tales medios. Pero las causas más importantes (que son las causas políticas y la distribución de poder dentro del país) no aparecen casi nunca en dichos medios. Y ello no es por casualidad. Tales causas permanecen ocultadas y silenciadas en esos medios pues la mayoría de ellos están controlados por los mismos grupos empresariales que forman parte de las élites económicas y financieras, las cuales, a través de la enorme influencia que tienen sobre los aparatos del Estado y las instituciones mal llamadas representativas, imponen y fuerzan a la población políticas públicas que promueven sus intereses en contra de los derechos de los trabajadores. En otras palabras, la clase empresarial (lo que antes se llamaba la clase capitalista, término que ahora no se utiliza porque parece un término “anticuado”) tiene en España mucho, pero que mucho mayor poder político y mediático que la clase trabajadora. Y ello explica que en España se permita que existan tales condiciones deplorables, promoviendo reformas laborales como las que aplicó el gobierno Zapatero primero y después Rajoy en el conjunto del Estado, y los gobierno de Mas y Puigdemont en Catalunya, las cuales debilitaron al mundo del trabajo de una manera muy notable. Este debilitamiento ha ido acompañado de una gran reducción de los derechos laborales, políticos y sociales (con los recortes del gasto público social) que ha empeorado la calidad de vida de las clases populares en general y de la clase trabajadora en particular.

Estas políticas públicas neoliberales, cuyos máximos promotores son los partidos neoliberales como el PP, Ciudadanos (que es el más neoliberal de todos ellos), el PDeCAT y los partidos socioliberales (como el PSOE), han contribuido a este gran deterioro de las condiciones de empleo. En realidad las políticas neoliberales tienen como objetivo precisamente aumentar el poder del mundo empresarial a costa de disminuir el del mundo del trabajo. Y lo han conseguido.

Ni que decir tiene que este excesivo poder político-mediático del mundo empresarial viene de lejos. Ha sido una constante en la historia de España. El gran subdesarrollo social de España está basado precisamente en la enorme concentración de poder político y mediático que ha existido en este país y que la Transición de la dictadura a la democracia no cambió (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).

La Constitución, el patriotismo y la calidad del empleo

Hoy estamos viendo un gran debate sobre el MONOTEMA NACIONAL en el que unos y otros están utilizando la Constitución Española (definiéndose como los constitucionalistas) como el principal punto de referencia para sancionar a sus adversarios, incluyendo su encarcelación. Convierten así la Constitución en un documento sagrado al que hay que respetar y obedecer. Es más, algunos constitucionalistas (como el PP y Ciudadanos) incluso exigen su aceptación como prueba de patriotismo. Según tal argumento, la Constitución es el documento que garantiza la unión y el bienestar de los españoles. Esta postura es también promocionada activamente por los medios de información, que deliberadamente promueven los artículos de la Constitución que les favorecen, e ignoran aquellos que les desfavorecen, como el artículo 35.1.

En el debate “nacional” sobre quién es más patriota se ignora y oculta, sin embargo, que estas mismas fuerzas políticas súper-patriotas son también las mayores defensoras de las políticas neoliberales que van en contra precisamente del derecho-mandato explicitado también en la misma Constitución por aquel artículo. En realidad, es un signo de una enorme hipocresía que a la vez que sacralizan la Constitución, presentándose como los grandes patriotas, hayan estado proponiendo y aplicando políticas públicas que han dañado enormemente a las clases populares de este país, que constituyen la mayoría de la nación y de la patria. Si el concepto de patria incluye (como debería incluir) a la población que vive en su territorio, entonces está claro que tales partidos están utilizando el sentimiento patriótico para movilizar a la población para fines distintos y contrarios a los que indican, ocultando que son las políticas públicas neoliberales las que están violando el artículo 35.1 de la Constitución y el bienestar de las clases populares, componente central de la nación y de la patria.

Un tanto parecido ocurre en el otro lado del debate nacional. Los independentistas están hegemonizados por el PDeCAT, la derecha catalana de siempre, que ha estado imponiendo y forzando políticas neoliberales idénticas a las aprobadas por el PP y Ciudadanos (en realidad, los recortes han sido incluso más extensos en Catalunya que en el resto de España), realidad ignorada bajo su llamada al patriotismo, olvidando también que las clases populares son o deberían ser el centro de dicha patria y nación. No puede amarse la nación, la patria, un país, y a la vez dañar la calidad de vida de la población que vive en ella. Y esto es lo que está ocurriendo (y ha estado ocurriendo) en España y en Catalunya durante bastante tiempo. Los nobles sentimientos patrióticos se han estado manipulando y utilizando para ocultar el daño que los falsos patriotas han estado imponiendo a la población. Así de claro.