Una de las manifestaciones convocadas tras el 11-M contra la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. JOSÉ MARÍA MATEOS / Licencia CC BY 2.0

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“Como se puede ver, el éxito de la ‘campaña por la verdad del 11-M’ no se medía tanto por su capacidad para desvelar una verdad alternativa, como por sembrar la duda, promover y canalizar la indignación”. La frase lleva ocho años plasmada en las páginas de un libro y se refiere a unos hechos que ocurrieron a partir del 11 de marzo de 2004, tras los atentados de Atocha, en Madrid. Pero si obviamos estos datos, bien podría haberse escrito hace unos días, durante esta crisis del coronavirus.

Spanish neocon. La revuelta neoconservadora en la derecha española (Traficantes de sueños, 2012), de Pablo Carmona, Beatriz García y Almudena Sánchez, recoge en uno de sus capítulos la estrategia de la derecha tras el 11-M, basada en generar dudas y azuzar la conspiranoia en torno a la tragedia, con el objetivo de derrocar al PSOE, que ganó las elecciones el 14 de marzo.

Si bien existen diferencias sustanciales entre ambos contextos, también se dan claras similitudes: en el Gobierno, como entonces, está una izquierda recién llegada al poder que se enfrenta a una crisissin precedentes; en la oposición, una derecha radicalizada y desacomplejada que pugna por sacar rédito electoral de la crisis. El confinamiento actual ha hecho, además, que los acontecimientos que tardaron meses en producirse tras el 11-M, se hayan disparado ahora en solo unas semanas.

Algunas actuaciones más que cuestionables por parte del Gobierno central han avivado la llama de la conspiranoia que alimenta la derecha radicalizada. Por ejemplo, la decisión de suspender los plazos en las solicitudes a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estadoimpide ejercer una labor de escrutinio del Ejecutivo y de sus decisiones por parte de los medios de comunicación.

A esto se le suman las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que aseguró en rueda de prensa que perseguían los bulos en las redes para minimizar «el clima contrario» a la gestión del Gobierno, y que sirvió a la oposición para dar consistencia a la idea de que Ejecutivo censuraba las opiniones críticas en redes sociales.

Aunque dichas declaraciones fueron posteriormente matizadas, el Estado Mayor sí había enviado el 15 de abril a sus unidades un mail en el que pedía identificar bulos que pudieran generar «desafección a instituciones del Gobierno». También es gasolina para la duda que el propio Ejecutivo haya divulgado algunas informaciones falsas –que han sido desmentidas por plataformas como Maldita.es–.

A partir de algunas citas de Spanish Neocon, repasamos la estrategia de la derecha tras el 11-M y los paralelismos con la actualidad:

1. “En primer lugar, la duda sistemática: el cuestionamiento de la investigación oficial y de los datos que se iban filtrando a la prensa”

Sembrar la duda ha sido una de las constantes en la estrategia de la derecha y la extrema derecha desde que comenzó la crisis de la COVID-19. Al igual que con el 11-M, la pugna por la “verdad” se ha impuesto en la agenda de los conservadores desde el primer momento. Vox, por ejemplo, utiliza dos expresiones para afianzar este marco: Gobierno del bulo y Ministerio de la Verdad. La consigna es clara: el Gobierno miente y se apoya en ese Ministerio de la Verdad compuesto por medios supuestamente afines capitaneados por La Sexta y RTVE.

La lista de mentiras en torno a este tema es larga: el Gobierno controla las redes sociales y censura aquellas informaciones críticas, los datos oficiales son falsos, el Gobierno crea periodistas fake para dar consistencia a sus informaciones, manipulación de fotos… Y, aunque estas desinformaciones sean desmentidas una tras otra, la mayoría ya han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Spanish neocon sostiene que los principales artífices de la teoría de la conspiración tras el 11-M “fueron Libertad Digital y El Mundo, pero sobre todo el trabajo independiente de investigación de Luis del Pino”. Ahora, sin embargo, las redes sociales han marcado una importante diferencia entre la situación actual y la de 2004, lo que ha diluido una parte de la enorme influencia de determinados medios que, a pesar de todo, han seguido manteniendo un poder crucial.

Las redes sociales, sin embargo, han jugado un papel esencial en esta ocasión, principalmente WhatsApp, una herramienta que la extrema derecha global ha sabido usar con maestría para difundir su propaganda. Tal es la importancia de WhatsApp que, en cuanto la aplicación de mensajería –propiedad de Facebook– ha decidido luchar contra la difusión de bulos, han arreciado las críticas contra esta.

En esta línea, Vox ha pedido a sus seguidores que migren a Telegram: “Han puesto la excusa de los bulos para coartar la libertad de los españoles, cuando todos sabemos que quien nos mienten son el Gobierno y sus televisiones subvencionadas”, rezaba uno de los mensajes emitidos por la formación de ultraderecha.

En este clima de supuesto control de las redes sociales, el PP registró una pregunta parlamentaria que acabó convirtiéndose en objeto de mofa y que demuestra, entre otros, un claro desconocimiento de la forma de funcionar de estas herramientas. Según rezaba la pregunta, firmada por seis diputados populares, «en el Canal oficial de Twitter de RTVE se invita a seguir al periódico El País, a Pablo Iglesias y al PSOE», dando a entender que el Gobierno hacía un uso partidista del perfil de la televisión pública. Sin embargo, las recomendaciones en la red social las determina un algoritmo que ni RTVE ni ningún perfil puede controlar.

La punta mediática en esta ocasión ha sido copada por Javier Negre, adjunto a la dirección audiovisual de Unidad Editorial –empresa editora de El Mundo– y Mediaset. Algunos días después de declararse el confinamiento, el periodista –recientemente condenado por publicar una entrevista que jamás fue concedida– puso en marcha un espacio a través de YouTube con el nombre de Estado de Alarma en el cual pretende contar esa verdad –“sin censura”– alternativa a la oficial.

El elenco del programa de Negre lo completan conocidos periodistas e influencers de la extrema derecha como Carlos Cuesta (OkDiario), Cristina Seguí (OkDiario y fundadora de Vox) y Alvise Pérez(exasesor de Toni Cantó), entre otros. Todo ello, unido a una red de tuiteros muy activos –entre los que se vuelve a encontrar a Luis del Pino–, ha generado una viralización constante de los mensajes lanzados para deslegitimar y cuestionar al Gobierno. Algunos mensajes difundidos por Javier Negre se contradicen con informaciones publicadas por su propio periódico.

A la izquierda, el mensaje de Negre acusando a Newtral y Maldita.es de decidir «qué censurar en WhatsApp». A la derecha, la noticia en la que El Mundo explica que WhatsApp no comparte mensajes con ninguna de las plataformas.

Negre, que ha creado la compañía Fack News Consulting para la “producción de programas de televisión”, es una pieza clave que viene organizando a una derecha y extrema derecha antaño desorientada. Hace unos meses, el periodista fundó la Asociación de Periodistas y Analistas por España, de un marcado carácter ideológico conservador en el que han encontrado cobertura varios periodistas denostados dentro de la profesión.

“Al tiempo que Luis del Pino va alimentando su blog, decenas de webs, de muy distinta condición, se lanzan a la red con la misma carga incendiaria y siempre bajo consignas antiZP”, explican los autores de Spanish Neocon. Muchos de quienes antes leían gruporisa.com, antizp.com, tveplus.com, monclovitas.com, nocallaremos.com y zetape.com, visitan ahora mediterraneodigital.com, casoaislado.com o diariopatriota.com, supuestos portales de noticias repletos de publicaciones que embarran el debate político. Una estrategia que la alt-right viene perfeccionado desde hace muchos años y que le ha servido para ganar elecciones en lugares como Estados Unidos, Brasil o ser tercera fuerza en España.

2. “La segunda línea de la ofensiva es de nuevo moral: se concentró en el PSOE y en su descarado aprovechamiento de la situación. No faltaron los artículos que apuntaban a su posible implicación en los atentados o en los acontecimientos posteriores”.

Como cuentan Carmona, García y Sánchez, tras la masacre del 11-M, el PSOE fue incluso acusado de participar en los atentados con el objetivo de provocar un vuelco electoral en las elecciones generales de 14 de marzo que, según las encuestas, volvería a ganar el Partido Popular. Eran las llamadas teorías Cui bono o Cui prodest, es decir, ¿a quién beneficia?

En la actualidad, culpar a los partidos que gobiernan en coalición –PSOE y Unidas Podemos– era algo más complicado al tratarse de una pandemia a nivel global. Sin embargo, la oposición y sus satélites mediáticos han señalado desde un primer momento al Gobierno como culpable de la situación, en ocasiones acusándole de participar de una manera activa en la expansión de los contagios por permitir actos como la manifestación feminista del 8 de marzo. Tanto es así que el líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que su formación ha presentado una querella contra el Ejecutivo «por delitos de imprudencia grave» en la gestión de esta crisis.

No es la única denuncia a la que tiene que hacer frente el Gobierno. A finales de marzo, el abogado Víctor Valladares interpuso una demanda contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir «77 reuniones multitudinarias», destacando principalmente la manifestación del 8 de marzo. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, abrió una investigación al respecto.

Finalmente, el delito de lesiones ha sido retirado al no encontrar una «relación de causalidad» entre el evento y el repunte de contagios, aunque mantiene la investigación por un delito de prevaricación. El Tribunal Supremo, por su parte, ha obligado a Sanidad a que le informe cada 15 días sobre las medidas que está tomando para proteger al personal sanitario, instándole a que tome «todas las medidas a su alcance» para protegerles.

El Gobierno ha sido señalado, igual que tras el 11-M, por un “descarado aprovechamiento de la situación”. Aquí, los bulos han ido dirigidos principalmente hacia el partido de Pablo Iglesias, al quese ha acusado en el Congreso de intentar “imponer su modelo chavista” y también de legalizar las expropiaciones de viviendas en el Boletín Oficial del Estado. Afirmaciones que han tenido que ser desmentidas de forma continua y que la extrema derecha ha tratado de viralizar en redes sociales.

3. “El tercer elemento de esta campaña por la verdad, giraba en torno a la víctimas. La apelación a las víctimas del 11-M era meridianamente clara y se asimilaba a las víctimas de ETA, y al papel jugado por la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo)”.

La politización de las asociaciones de víctimas del terrorismo ha sido una constante en la trayectoria del Partido Popular. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, cuya presidenta ha sido muy crítica con el PP, se ha quedado sin subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid durante algunos años, mientras otras asociaciones afines a los conservadores –como la AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M– recibían 149.000 y 240.000 euros, respectivamente, en 2006.

El PP incluso ha llegado a acoger entre sus filas a algunas de las cabezas de estas organizaciones, como es el caso de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT entre 2010 y 2016, y cuya hija fue asesinada el 11-M. Pedraza ha asegurado en reiteradas ocasiones lo siguiente: “No sabemos ni la mitad del 11-M”. En 2016 se afilió al PP y, en agosto de 2019 fue nombrada comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, puesto del que fuecesada siete días después para ocupar otro: el de comisionada para la Cañada Real Galiana.

En la actualidad, la derecha no ha desaprovechado la situación para politizar a las víctimas y ha comenzado a crear asociaciones. Según ha publicado el colaborador de La Marea Antonio Maestre, el dominio de la web de la Asociación Afectados Coronavirus (ASACOVID) está a nombre de Juan Manuel Hita, abogado de Aliter Abogados, que, según su perfil de Twitter, es afiliado al Partido Popular.

Vamos a seguir con las Asociaciones de Víctimas del Coronavirus que han empezado a aflorar de manera sorpresiva después de que VOX anuncie que dona parte de su sueldo a estas asociaciones que nadie conocía.



La primera de la que hemos hablado es ASACOVID https://t.co/GwyqBcC42m — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 3, 2020

Pero no es la única. La ANVAC (Asociación Nacional de Víctimas y Afectados del Coronavirus) se encuentra vinculada a Vox. Su dominio está registrado por Jaime Sánchez Bermúdez, número 3 de la formación de Abascal al Congreso por Cantabria. Una investigación de InfoLibre demostraba que tras la Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19 se encontraba la conocida como “la mujer más franquista de España”, Pilar Gutiérrez Vallejo, una habitual defensora del dictador, que es la coordinadora del servicio psicológico de la plataforma.

Según ha reconocido la propia Gutiérrez Vallejo, el impulsor de la plataforma es “el doctor Richard Pinault”, uno de los difusores de bulos del sector ultra que, según ha demostrado el responsable de redes de Podemos, Julián Macías, se congratulaba de la victoria de Pablo Casado en las primarias del PP.

Finalmente, la Plataforma de Afectados por la Pandemia Covid-19 –que ha denunciado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su “mala gestión y falta de transparencia en la crisis sanitaria”– estápresidida por Carmen Balfagón, directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) con Mariano Rajoy y exvicesecretaria de Acción Social de Vox. Demasiadas coincidencias a las que hay que añadir una más: el partido de Abascal anunció que donaría la subvención de su grupo durante el mes de abril a este tipo de asociaciones.

4. “Agitación, propaganda, medios. Una posibilidad antes poco imaginada por una derecha marginada y acomplejada: la de movilizar a los ciudadanos en la calle”.

Una de las grandes diferencias entre el contexto actual y el que sucedió al 11 de marzo es la imposibilidad de salir a la calle. Pero esto también ha representado una ventaja organizativa para la alt-right. Mientras que tras los atentados las grandes manifestaciones de la derecha contra la política antiterrorista tardaron años en llegar a producirse, ahora, apenas un mes después de decretarse el estado de alarma, los líderes de opinión ya convocaron la autodenominada “primera manifestación virtual de la historia”, una iniciativa que congregó supuestamente a más de 400.000 personas en un directo en YouTube a cargo de los ya mencionados Javier Negre, Carlos Cuesta y Alvise Pérez.

Si la estrategia post 11-M acaba por repetirse al completo, una vez se permitan grandes concentraciones de personas en las calles, las asociaciones anteriormente mencionadas podrían jugar un papel esencial convocando manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno. A falta de saber quién podría liderar esas protestas, es interesante recordar quién iba a la cola tras en la segunda oleada de movilizaciones contra el Gobierno de Zapatero*, tal como se recoge en Spanish Neocon: “Cerraba la manifestación Santiago Abascal, presidente de DENAES (Fundación para la Defensa de la Nación Española), que recordó que ETA mata ‘porque son los enemigos de la nación y de la libertad’ y que terminó con un carpetovetónico y sentido ¡Viva España!”.

*Ha sido añadida la aclaración «en la segunda oleada de movilizaciones contra el Gobierno de Zapatero» para evitar confusiones.