Tom Kucharz

Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña contra TTIP, CETA y TiSA

La sociedad civil critica duramente la decisión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que ha votado a favor del tratado de comercio e inversión UE-Canadá (CETA), una especie de globo sonda del TTIP con Estados Unidos. Con ello, el SPD ha sacrificado los servicios públicos y la protección del medio ambiente y la salud para salvar las ambiciones personales y la carrera política de su presidente, Sigmar Gabriel, traspasando todas sus "líneas rojas".

La decisión ignora a la opinión pública, según sondeos sólo un 18% de la población alemana considera el acuerdo con Canadá como "algo bueno", y llega a sólo dos días de la movilización en siete ciudades alemanas que congregó a más de 320.000 personas en contra de estos tratados comerciales.

La convención extraordinaria del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) votó a favor de la resolución que la dirección había preparada para respaldar la línea política de su presidente, Sigmar Gabriel que se empleó a fondo en los últimos meses para hacer propaganda a favor del tratado y maniobrar confundiendo a la opinión pública. Gabriel ha llegado a definir el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) como el "mejor tratado comercial jamás negociado". "Queremos convencer a los sindicatos que CETA también protege los intereses de los trabajadores", comentó la semana pasada.

Gabriel ha conseguido meter en cintura a su partido con promesas vacías y consuelos sobre supuestas mejoras del CETA. La promesa, a último hora, de incorporar al acuerdo una especie de "protocolo" con mejoras procedimentales en algunos capítulos no altera el espíritu peligroso del acuerdo y ha sido una simple cortina de humo para distraer y acallar a la oposición interna del partido.

El también vicecanciller alemán y ministro de economía realizó la semana pasada un viaje relámpago a Canadá para negociar una declaración conjunta que incluye elementos como garantizar "jueces independientes" a través de un código de conducta en los tribunales de arbitraje, la ratificación y aplicación de las normas laborales de la OIT, la efectividad de los mecanismos de resolución de controversias Estado-Estado, la intención que los servicios públicos "están protegidos" o que los procedimientos de la contratación pública puedan incluir criterios sociales y laborales. Gabriel reconoció que el propósito de la declaración conjunta era convencer a los sindicatos y los críticos de su partido, que CETA era un "buen acuerdo".

Sin embargo, con la resolución a favor del CETA el SPD apoya la expansión muy sustancial de los privilegios especiales e inconstitucionales de las grandes multinacionales para demandar a los Estados antes tribunales privados de arbitraje si una decisión política o una sentencia judicial afecte negativamente a sus beneficios.

El CETA incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) —al que más tarde, en febrero de 2016, se le dio un cambio de imagen cambiando el nombre por el de Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) que concede a los inversores extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichos inversores, socaven sus intereses.

El SPD reniega sus propias líneas rojas porque con el CETA se daría vía libre a una ola de demandas de las multinacionales contra los Estados con la posibilidad de frenar medidas, por ejemplo, para aumentar del salario mínimo, re-municipalizar servicios públicos privatizados, para prohibir casos de industria fraudulenta como el caso Volkswagen o luchar contra el calentamiento global.

Según una querella ante el Tribunal Constitucional CETA contraviene la Constitución alemana. Por ejemplo, los órganos europea-canadienses que se crearían con el CETA obtendrían amplios poderes para interpretar y cambiar el Tratado sin pasar por los parlamentos.

Gabriel miente cuando dice que "con CETA no hay una disminución de los estándares". Incluso durante su negociación ya se han bajado normas ambientales. Por ejemplo, se ha debilitado la «Directiva sobre calidad de los carburantes». Entre 2013 y 2015 el Gobierno canadiense y las empresas petroleras –como Shell, BP y Repsol- se gastaron más de 30 millones de dólares para hacer lobby en Bruselas con el fin de que la UE levante sus barreras al crudo más contaminante de Canadá. Ahora, la entrada masiva a Europa del petróleo procedente de arenas bituminosas, cuya combustión produce un 23% más de emisiones de CO2 que la del petróleo convencional, hará inviable el compromiso original de la Directiva de Calidad de los Combustibles, de lograr que el carburante consumido en 2020 tenga un 6% menos de emisiones de media que el consumido en 2010.

La "cooperación regulador"a en CETA tiene graves implicaciones. Es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea y de las asociaciones empresariales para controlar la reglamentación nacional a través de los acuerdos comerciales internacionales que tienen preferencia sobre las leyes nacionales. En CETA, la cooperación reguladora cubre una vasta área, tanto del comercio de bienes y servicios y de la inversión. Entre sus objetivos figuran la eliminación de "obstáculos innecesarios al comercio y la inversión" y la modificación de muchas leyes que protegen el medioambiente y la salud pública, entre otros. Equiparar las regulaciones de Canadá y la Unión Europea conduciría a una competición a la baja.

Las instituciones y los mecanismos que crearía el CETA buscan facilitar a las grandes empresas dominar la agenda reguladora. La estrecha relación de Canadá con Estados Unidos y los filiales de la mayoría de las grandes empresas de Estados Unidos en Canadá abre la puerta para que dichos sectores empresariales también tengan una influencia significativa sobre los cambios legislativos que se pueden desarrollar con el acuerdo y alcanzar así una parte sustancial de los objetivos perseguidos bajo las negociaciones del TTIP (incluso si no se llegase a concluir el TTIP).

Debido a las funciones que el CETA transfiere a instituciones de nueva creación es probable que conduzca a retrasos, bloqueos y una reducción en el nivel de regulación y las competencias parlamentarias en áreas tales como el cambio climático, las finanzas, los productos químicos tóxicos, etc.

Esto es extremadamente peligroso en una época en la que se necesitan políticas coherentes sobre cambio climático y la contaminación del aire, la regulación financiera, en áreas como nanotecnologías, disruptores endocrinos (contaminantes hormonales), la biología sintética, la reducción de los precios farmacéuticos, la protección de datos y los problemas en la agricultura, por mencionar sólo algunos de los desafíos regulatorios que tenemos.

Con la resolución de Wolfsburg bajo el brazo, Gabriel puede ir a la cumbre informal de ministros de comercio, que tiene lugar esta semana en Bratislava, fanfarronear sobre la "responsabilidad" de la socialdemocracia y votar en el seno del Consejo de la Unión Europea a favor de la firma del CETA prevista para finales de octubre. Pero sobre todo alienta sus ambiciones para presentarse como rival a la canciller Angela Merkel en las elecciones generales del próximo año.

A medio plazo, eso quiere decir que el SPD votará –probablemente- a favor del tratado con Canadá tanto en el Parlamento Europeo así como en el Bundestag. Ello podría debilitar al ala izquierda del partido y a las delegaciones de Francia, Bélgica, Reino Unido, etc. en el grupo parlamentario europeo (S&D), entre cuyas filas hay bastantes parlamentarios críticos o incluso contrarios al CETA.

Queda la esperanza que en la cámara alta (Bundesrat) una mayoría de los estados federales vote en contra el CETA y bloquee así su ratificación. Es especialmente en el ámbito regional y local donde hay mucho malestar institucional por las posibles consecuencias del CETA y del TTIP sobre las competencias gubernamentales y parlamentarias.

¿Qué pasa ahora?

La agenda oficial de Bruselas registra, por el momento, una decisión sobre la firma y aplicación provisional del CETA prevista para la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) el 12 de octubre, la adopción de una decisión en la cumbre del Consejo sobre Política General el 18 de octubre y la firma el 27 de octubre en la cumbre UE-Canadá.

Aún no se ha dicho la última palabra. Según las actas secretas de la última reunión del Comité de Política Comercial del Consejo de la Unión Europea, del pasado día 16, hay varios gobiernos, por ejemplo de Bélgica, Austria, Hungría y Eslovenia, que han señalado no estar en condiciones para firmar el CETA. Lo cual puede alterar la agenda oficial. La movilización contra estos tratados malditos continuará y tendrá cada vez mayor impacto electoral. Y, al final, cosecharemos victorias.

Como siguiente paso convocamos a toda la sociedad a expresar su opinión ante los tratados TTIP y CETA. Para ello, se han convocado acciones el día 20 de septiembre y manifestaciones el próximo 15 de octubre.