La misión de Hernán Lorenzino a los Estados Unidos sufrió un duro traspié y, así, el Gobierno fracasó en su intento de abrir un canal mínimo de diálogo con Washington.

El Tesoro de EE.UU. volvió a comunicar que no apoyará a la Argentina en los tribunales de Nueva York.

La Casa Blanca condicionó el envío de una nota de respaldo a la Corte Suprema a que el país cancele previamente las deudas pendientes en el CIADI, por 460 millones de dólares.

También el Banco Mundial transmitió otra sonora negativa: rechazó un sondeo que hizo Lorenzino, quien fue a buscar un crédito para cancelar con esa plata los cinco juicios perdidos en el tribunal internacional.

La actitud dura obedece a una convicción que existe en Washington: que Cristina Kirchner quiere ganar tiempo pero no saldar las deudas, y menos aún, solucionar los problemas que existen en la macroeconomía. También, porque sostienen que ningún miembro del equipo económico es interlocutor confiable para la Casa Blanca.

Ya se habla del reemplazo de la embajadora Cecilia Naón.

Esa es la conclusión –como lo anticipó Clarín– del informe que elaboró un enviado secreto de Washington a Buenos Aires. En mayo, William Lindquist, el delegado del Tesoro norteamericano, redactó un memo negativo y desde entonces la Casa Blanca endureció su posición con la Argentina.

La misión que encabezó Lorenzino apuntó a desbloquear la situación, pero el ministro chocó contra un témpano en Washington.

Adrián Cosentino –su segundo– buscó disimular el fracaso, difundiendo versiones positivas sobre el viaje. Pero ese relato duró poco y quedó en ridículo. El operativo tuvo el aval de la Presidenta, después de la soledad y ausencia de solidaridad que ella sintió en la reunión del G-20.

Sus planteos contra EE.UU. no contaron con el aval real de Brasil ni de México. Los reclamos tampoco fueron escuchados por Barack Obama, quien desestimó su pedido de audiencia.

Lorenzino sólo logró una bocanada de oxígeno en el FMI: el directorio volverá a postergar una sanción al país, a la espera del nuevo índice, aunque no cerrara la auditoría por la manipulación estadística. Pero volvió de EE. UU. con otras dos mochilas políticas: La Comisión de Valores de Estados Unidos no aprobaría el “Formulario 18 K”, imprescindible para hacer una reapertura del canje de la deuda con mínimo plafond internacional. La Casa Rosada está condenada a hacer la reapertura en Buenos Aires, porque la política económica argentina no pasaría el filtro de la SEC.

–El ministro regresó ya con un adelanto del fallo del juez Thomas Griessa que declaró embargables las reservas del Banco Central.

Esta medida no fue correctamente ponderada, aunque implica un severo traspié para el país. Hasta ahora, los tribunales de Manhattan respetaron los fondos del BCRA, pero la pésima estrategia judicial del Gobierno terminó vulnerando ese dique de contención. El resultado también obedece al uso político interno que ha hecho Cristina del tema fondos buitre, ajeno a la búsqueda de soluciones.

Ayer, en la Asociación de Bancos temían lo peor: que la resolución de Griessa abra las puertas a pedidos de embargos de acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street en las cuales la ANSeS –un organismo del Estado– tiene participación.

La cuestión abrió una fuerte interna en el gabinete económico y Lorenzino culpó a Mercedes Marcó del Pont. El BCRA tiene sus propios abogados y cosecharon este inusual fracaso, luego que durante las gestiones de Alfonso Prat Gay y de Martín Redrado fuera bloqueada esa posibilidad.

Entre los líderes de la Unión Industrial Argentina circula la siguiente información: que Cristina planea un replanteo de la conducción económica después de octubre. Daniel Scioli y otros gobernadores tienen idéntica información. En la UIA afirman que la Presidenta habría sido muy explícita en un encuentro con intendentes peronistas, liderados por Fernando Espinoza. El intendente de La Matanza fue el vocero que le transmitió los problemas que origina la inflación y el costo político que provoca la ineficaz gestión de Guillermo Moreno.

Cristina sorprendió a todos: “Moreno no va a seguir, pero estoy buscando la forma y el momento de su salida.” Y remató: “No le quiero dar a Clarín la victoria y entregarle en bandeja esa cabeza”.

Los gobernadores quieren un interlocutor confiable en el Palacio de Hacienda y alguien que intente corregir gradualmente las distorsiones actuales. Axel Kiciloff no está en los planes de Cristina. El viceministro no pudo imponer hasta ahora sus candidatos al directorio del BCRA.

Tampoco continuarían Marcó del Pont y Hernán Lorenzino. Moreno podría ir al Banco Nación y Juan Fábrega al Central.

Pero el tema no es de nombres, sino de política. Todos están sorprendidos por el fabuloso negocio financiero que la Presidenta avala y que le costará 4.000 millones de dólares a las cada vez más escuálidas reservas del BCRA.

El dibujo del INDEC sobre el alto crecimiento de este año hará que los tenedores de bonos cupón-PBI cobren una super-renta ficticia en 2014.

La ANSeS no se beneficia porque tiene pocos títulos públicos atados al PBI. Entre los bancos locales, insisten en que la medida genera ganancias a los Fondos de Inversión del exterior. Pero en privado los banqueros, admiten una cuestión delicada: sostienen que muchos grupos económicos kirchneristas compraron esos bonos. También confiesan lo siguiente: lo hicieron porque conocían que Moreno iba a alterar los datos y sobreestimar el crecimiento económico, habilitando el pago de la super-renta el año próximo.

Copyright Clarín, 2013.