Roh Young-Hee, el dueño de Poom Seoul, un restaurante de lujo de Corea del Sur, está a punto de cerrar su negocio. Y como él, muchos otros locales temen seguir el mismo camino debido a la nueva legislatura impuesta por el gobierno de Corea del Sur. La nueva ley anticorrupción, que se aplica desde el 28 de septiembre, prohíbe la aceptación de comidas y cenas de negocios para funcionarios, docentes de la enseñanza privada y periodistas, que superen los 30.000 wons (unos 24 euros).

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Tampoco serán legales los regalos con precio superior a 50.000 wons (40 euros), o los vales y efectivo por encima de los 100.000 wons (81 euros) como detalle de boda o funeral.

La preocupación del Gobierno coreano tiene sus motivos. Según una encuesta llevada a cabo en 2014 por el Instituto Coreano de la Administración Pública, el 78% de los encuestados coincidín en que la corrupción en los altos oficiales era real, mientras que el 90% afirmaba que se trataba, además, de un problema entre los parlamentarios.

Aquellos que acepten regalos por encima del medio millón de wons (unos 400 euros) podrán ser enviados a prisión durante dos o tres años, o bien pagar una multa de hasta 30 millones de wons (24.500 euros).

El representante surcoreano de las pequeñas empresas aseguró a CNN que la nueva ley causara pérdidas de 2.600 millones de dólares anuales para los pequeños negocios y que también golpeará a los consumidores. "Aunque simpatizamos con el propósito de la ley, que pretende mejorar la confianza en los sectores públicos, nos preocupan los efectos colaterales que podría causar. La ley podría dañar a siete millones de propietarios de pequeñas empresas y a aquellos trabajando en la agricultura y silvicultura", aseguraba.

Los expertos, a favor

Desde Access Info en España concuerdan con la necesidad de establecer requisitos y registros para los regalos. "En Reino Unido, por ejemplo, ya se publica una lista pública y trimestral con los regalos que reciben los miembros del Gobierno y el hecho de que en Corea del Sur también traten la corrupción en docentes y periodistas me parece una medida muy positiva", comenta Alba Gutiérrez, coordinadora de campaña.

El primer centro anticorrupción internacional tendrá su sede en Londres a partir de abril de 2017, formado por Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza, junto con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

Aunque reconocen que el tema de ir a prisión por una invitación a comer pueda parecer un poco exagerado, "nosotros estamos a favor del establecimiento de sanciones y sí que creemos que deberían imponerse multas y por qué no, penas de cárcel, en función siempre del caso de corrupción que se trate", añade Gutiérrez.

Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional, cree que aunque las sanciones que acompañan a la medida del país asiático suenen abultadas, "en general estamos de acuerdo en la limitación de esos regalos por parte de funcionarios públicos o representantes políticos, como así lo venimos manifestando en TI-España desde hace bastante tiempo en los sucesivos pronunciamientos y medidas que hemos publicado". Entre otras medidas, su organización defiende la limitación de "recibir regalos por encima de un importe de 50 euros".

En España, las invitaciones excesivas y los regalos han llevado a algunas dimisiones pero más por la presión pública que por la limitación legal. Fue muy celebrado el caso de la invitación a cenar de un inversor al vicepresidente de la CNMV en 2007, Carlos Arenillas. La cena le costó al financiero 1.400 euros y a Arenillas su puesto.

De momento, muchos de los restaurantes de Corea del Sur han empezado a elaborar menús especiales que cumplan con el máximo establecido, de 29.900 wons (23,92 euros). También, el Gobierno ha lanzado una app para que los ciudadanos puedan informarse de los detalles de la nueva legislación, y que les permite saber si la están incumpliendo.

Los medios de masas como herramienta

China aporta su propia medida anticorrupción también muy heterodoxa usando como soporte la televisión. La serie En el nombre del pueblo es una superproducción nacional de 120 millones de yuans (16 millones de euros) de 42 capítulos que comenzará a emitirse a finales de año, y que trata de propagar el programa anticorrupción del presidente Xi Jinping.

Al otro lado del planeta, México encabeza la lista de países más corruptos de la OCDE. Según el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), la corrupción mexicana supone un gasto de entre el 2% y 3% del PIB nacional y reduce las inversiones en un 5%. Recientemente, el presidente Peña Nieto ha establecido el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, con condenas más severas para los corruptos. Este sistema cuenta, por primera vez, con la participación ciudadana, junto a la del Congreso.