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“El ministro de Hacienda, José Serrato, que estaba mucho más cerca de Batlle que Acevedo, tenía un método diferente al de este sobre cómo llevar a cabo el desarrollo económico. [...] Ese éxito demostraba que el Estado era eficaz y productivo al manejar tanto el crédito como la industria, y servía como justificación del programa de Batlle de establecer más empresas nuevas”. Milton Vanger (1980), El país modelo.

Un Cerro Chato, un Arroyo Seco, un Penal de Libertad. Un estadio Charrúa en medio del Parque Rivera. Un Fata Delgado que está cada vez más gordo. Un grupo musical con muchísimos seguidores y “me gusta” en las redes sociales que se llama No Te Va Gustar. Un hermoso balneario con playas de agua salada llamado Aguas Dulces. Una Isla de Flores donde no hay ni una margarita. Y finalmente, como pináculo de este ejercicio de absurdo nacional, una escuela superior de vitivinicultura llamada Tomás Berreta.

El idioma español reserva el término “oxímoron” para estas expresiones formadas por conceptos contrapuestos. Quizás sea porque estamos tan acostumbrados, quizás sea por nuestra capacidad nacional de manejar con soltura este tipo de artefactos retóricos, que en la campaña aparece, sin ningún tipo de rubor ni reparo, una paradójica forma en el discurso político: el “batllismo liberal” de Ernesto Talvi.

Advertir esta rareza no es novedad. Muchos confiesan lo extraños que se sienten al utilizar el término “batllista” para referirse el ex director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), uno de los principales think tanks liberales de Uruguay (un amigo me dice que es como si en 2024 Daniel Olesker se tirara a la presidencia proclamándose neoliberal y confesando una idolatría por Ramón Díaz). Extrañeza que más de uno ha acentuado a la luz del manifiesto liberal explicitado por Ana Zerbino, su referente en el área económica.

Sin embargo, este artículo no profundizará en el candidato, sino en el programa del Partido Colorado: un documento de 288 páginas en una edición agradable, colorida y cuidada, encabezada con una cita de José Batlle y Ordóñez –“Yo pienso aquí en lo que podríamos hacer para construir un pequeño país modelo”–, extraída del mismo libro del epígrafe que inicia esta nota. En particular, me detendré en tres puntos neurálgicos del programa: la propuesta de no renovación de vacantes, el abordaje de la seguridad social y la tesis central que recorre el programa. Sin ánimo de spoilear, me animo a adelantar que el hilo conductor de las propuestas es, en el fondo, el mismo: el retroceso del Estado de la actividad pública.

Funcionarios públicos: otra vez Gasalla

Antes de comenzar, le pediré que haga un ejercicio mental. Cuando lea las palabras “funcionario público”, haga un esfuerzo por no imaginar a Gasalla, por olvidar aquella vez que esa señora lo increpó por no haber traído el timbre profesional de 134 pesos para el formulario A-345 (¿cómo no lo sabía?), ni rememorar aquella larga cola de espera hasta llegar a ese señor pelado que, acomodándose los lentes y sin mirarlo, le dijo que no había más números para atender ese día (¿por qué no vino antes?). Piense en la maestra de sus hijos, en la doctora que en este momento atiende a su abuela, en el policía que patrulla. De esta forma podré trasmitirle con mayor facilidad algunas ideas y además será –en definitiva y a pesar de lo que nos han insertado en el cerebro durante años– una representación más cabal de lo que es un funcionario público (55 de cada 100 vínculos públicos corresponden a las áreas de educación, salud y seguridad).

Dice el programa: “Si no reponemos 6.000 vínculos que terminan por año de personas jubiladas, destituidas o fallecidas podemos alcanzar ahorros de hasta 1.000 millones de dólares sin resentir la calidad de los servicios públicos y sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores”. En declaraciones públicas se sube la apuesta y se habla de 9.000 vacantes que no se cubrirían. Este punto también forma parte del programa del Partido Nacional en su shock de austeridad; pero si aquel era un shock, este es un electroshock.

Sobre la cantidad óptima de funcionarios públicos hay diferentes opiniones. Está perfecto, es una discusión válida e interesante, siempre y cuando se base en evidencia y no en preconceptos. En este sentido, sería bueno que se tuvieran en cuenta algunos elementos.

Primero, si se analizan con seriedad las vacantes anuales y la distribución de funcionarios públicos por área, se concluye que no es posible cumplir los objetivos de no cubrir vacantes sin afectar las áreas de educación, salud y seguridad. Salvo que se piense, por ejemplo, en eliminar totalmente la administración central. Una de dos: o no se cumple el objetivo de las 9.000 vacantes o se reducen los funcionarios de estas áreas vitales.

Segundo, Uruguay no tiene un nivel de funcionarios públicos alto en la comparación internacional: 17% del total de trabajadores en Uruguay, contra 18% en promedio en los países desarrollados.

Tercero, Uruguay ha disminuido (sí, disminuido) la cantidad de funcionarios públicos como porcentaje de los trabajadores totales (en 1996 era de 21%), básicamente porque ha aumentado significativamente la cantidad de trabajadores en la economía. Incluso estando hoy en un momento complicado en cuanto al dinamismo del mercado de trabajo, Uruguay tiene más personas trabajando que en cualquier año que usted elija desde la restauración democrática hasta 2005.

Cuarto, los funcionarios públicos efectivamente han aumentado en números absolutos. De los 65.000 más que tiene Uruguay de 2005 a esta parte, 60.000 fueron para las áreas educación, salud y seguridad; por su parte, disminuyó (sí, disminuyó) la cantidad de empleados en la administración central y en el Ejército.

Por lo antedicho, la tan escuchada frase “pensamos que es terrible el aumento de funcionarios públicos de estos últimos años, pero no pensamos reducir los funcionarios en las áreas de salud, educación y seguridad” resulta una contradicción en sí misma, una más para la colección nacional. ¡Si es precisamente en esas áreas donde se incorporaron los nuevos funcionarios!

Seguridad social: la agenda de las AFAP privadas

El capítulo sobre seguridad social, sin dudas un tema de meridiana importancia, se divide en dos pilares. El primero, el de reparto, plantea una modificación global del sistema, introduciendo cuentas nocionales, una jubilación mínima, una modalidad de retiro gradual y el cálculo de una edad jubilatoria atada a la esperanza de vida. Ameritarían una columna específica y mayor detalle en los parámetros para poder hacer una evaluación completa, por lo que omitiré realizar un comentario sobre este pilar (los economistas Braulio Zelko y Jimena Pardo, verdaderos expertos en la materia, virtieron comentarios muy interesantes en la entrevista publicada en la diaria de ayer).

Lo que resulta bastante preocupante es el segundo pilar, correspondiente al ahorro individual que administran las AFAP. Dice el programa: “La comisión máxima del sistema será el promedio simple de las comisiones del trimestre anterior más un 50% (en lugar de la comisión mínima del trimestre anterior más un 50%) de manera de no favorecer a ninguna AFAP”.

Contextualicemos: en 2017 se introdujeron cambios para regular las ganancias de las AFAP –enormes, las mayores de Latinoamérica– mediante la imposición de topes. La medida concreta fue que la comisión máxima no fuera mayor a 50% de la comisión mínima, con un cronograma gradual de aplicación, lo que está generando una importante disminución de las comisiones de las AFAP privadas (en ese momento las comisiones de las AFAP privadas eran de entre el doble y el triple que la mínima, la de República AFAP).

La propuesta del Partido Colorado es cambiar la regla del tope, y que sea de 50% del promedio en lugar de 50% del mínimo. Vamos, ¿qué puede generar este pequeño cambio, poner “promedio” en vez de “mínimo”? Bueno, este cambio inocente, técnico, nerd, tiene como resultado concreto e inmediato la eliminación del tope a las comisiones de las AFAP. El cambio en el cálculo del tope beneficia directamente a las AFAP privadas, otorgándoles ganancias mayores a las normales, y perjudica a las jubilaciones futuras, en particular a las de personas jóvenes y de menores ingresos.

Esta sección también introduce otra normativa que beneficia a las AFAP privadas y perjudica a los afiliados. Dice el programa: “la asignación de oficio –la asignación de una AFAP a un nuevo contribuyente que no eligió una en particular– se realizará a aquella que tenga mayor rentabilidad neta”. Aquí la clave es que al inicio de la vida laboral (repito y subrayo: al inicio de la vida laboral) la decisión óptima para un usuario es elegir la AFAP con menor comisión; así, por suerte, lo entendió el legislador y lo estipuló en la Ley 19.162 de 2013. Como la AFAP con menor comisión es la estatal, y a ella van los afiliados de oficio, las AFAP privadas protestan.

Finalmente, vale destacar que ambas propuestas figuran también en documentos de ANAFAP, la asociación de AFAP privadas en Uruguay. En particular en un documento que, haciendo honor a la colección de oxímoron de este pequeño gran país, se titula “Competencia en el mercado de las AFAP” y es realizado por tres empresas que coluden en el mercado.

El Estado: “la madre del borrego”

Por supuesto que casi 300 páginas de programa de gobierno incluyen muchas propuestas muy interesantes y compartibles. La creación de un comité fiscal independiente, cambios en la lógica de diseño presupuestal, cambios en la gobernanza de las empresas públicas, la incorporación de economía del comportamiento a la evaluación de políticas públicas son elementos que –al menos para este humilde cronista– resultan buenas propuestas de política pública, en algunos casos incluso coincidentes con líneas de trabajo vigentes en la actualidad.

Sin embargo, más allá de algunas propuestas puntuales, una tesis central recorre el documento. Se la puede encontrar en las referencias a la relación entre déficit fiscal y atraso cambiario (página 9) –denominada como “la madre del borrego en la pérdida de competitividad”, y a mi entender incorrecta desde el punto de vista técnico, ya que para ver este efecto debe atenderse más el déficit primario que el déficit global, pero no quiero aburrir–. También se la puede encontrar en las menciones a la carga impositiva (página 20) –en particular en contra del IRPF y sin hacer ninguna referencia al IVA en todo el programa– o las tarifas públicas (página 100). De estos diagnósticos se deriva un conjunto de propuestas, como la disminución de funcionarios públicos o la desregulación de las comisiones a las AFAP ya comentadas, pero también la disminución de la regulación del sistema financiero para los actores “de mayor experiencia” (página 28), la desregulación de la actividad bancaria bajo el diagnóstico de que hay “sobrerregulación” (página 29) o modificaciones en la regulación y legislación laboral, reduciendo la negociación a nivel de empresa y limitando las competencias de los Consejos de Salarios a la fijación de salarios mínimos por categoría (página 94).

Olvidemos por un momento el hecho de que no haya, en ninguna parte del documento, ni una mención a las crisis económicas de Argentina y Brasil (el peor escenario económico regional de la historia contemporánea) como elemento explicativo de la desaceleración económica (llamativo en un programa realizado por técnicos capacitados), para ir directamente al punto central: el hilo conductor que atraviesa el programa, brotando de tanto en tanto en las propuestas, es una lucha, un hastío, un desencanto, un enfado con el accionar estatal.

Más allá de la razonabilidad que pueda tener o no este hastío, una cosa es segura: no es, ni de cerca, un reflejo batllista. De esta forma, una vez leído el programa, el concepto de “batllismo liberal” ya no se configura solamente como una figura retórica pintoresca; es directamente un imposible. El batllismo, que en este programa del Partido Colorado empieza en la página 1, también termina en la página 1.

La irrupción del candidato liberal progresista desde una óptica gramsciana

Volvamos el foco, para terminar, nuevamente al candidato; olvidemos definitivamente su mote de “batllista” para centrarnos en su autodefinición como “liberal y progresista”.

Si uno observa datos de encuestas de opinión detecta algunas grandes tendencias en los últimos 20 años: el aumento de la idea de que la gente paga muchos impuestos, de que el IRPF es malo, de que no es esencial para la democracia cobrar impuestos a los ricos para subsidiar a los pobres y de que los pobres son pobres porque son vagos. Si se quiere, un aumento de la idea de que la deriva vital de cada uno es más responsabilidad del esfuerzo personal que de las circunstancias, una disminución de la importancia que debe tener el Estado en los asuntos públicos. Un avance hacia lo liberal.

Por otra parte, y sin haber analizado encuestas pero considerando algunos cambios recientes en el debate público, la adhesión creciente a nuevas movilizaciones multitudinarias (marcha de la diversidad, marcha feminista del 8 de marzo) y la escasa convocatoria a algunos referéndums (contra la ley de despenalización del aborto, contra la ley trans), me permito arriesgar que también hay un avance en un conjunto de nociones sociales: las ideas de que debe aspirarse a una igualdad entre el hombre y la mujer y que dicha igualdad no se cumple hoy en día, de que las personas deben tener derecho a decidir sobre su identidad sexual o de género, de que las mujeres deben ser libres para interrumpir su embarazo de forma segura y sin ser condenadas por ello y de que las configuraciones familiares que no son necesariamente papá-mamá-hijos también son válidas. Lo que algunos llaman un avance de la “agenda de derechos”. Un avance hacia lo progresista.

Desde este punto de vista, el ascenso de una figura autodenominada liberal y progresista no es solamente un detalle comunicacional, sino la manifestación misma de un movimiento en el sentido común uruguayo, en la hegemonía cultural, en aquello que Antonio Gramsci llamaba el folclore de la filosofía. Comprender la aparición de Talvi y su prédica liberal y progresista como una consecuencia más profunda de movimientos en el sentido común, de años, es vital para entender su ascenso y posibilidades de éxito.

Me pregunto entonces si quienes discrepamos con esta perspectiva, más que mostrar que no es razonable que un programa de gobierno se considere batllista cuando tiene un eje estructurador liberal, no deberíamos focalizar en cómo lograr que la población se vuelva a identificar con un programa de características batllistas, progresista y no liberal.

Sé que estará pensando, estimado lector, si cerrar esta nota justamente con este pensamiento no representa una incongruencia, una contradicción, una zancadilla al punto central de todo el artículo. Yo creo que no, que se pueden hacer las dos cosas, pero en última instancia tampoco me quita el sueño: sé que terminar de esta forma no representa un problema para nosotros, hombres y mujeres acostumbrados a manejar este tipo de ingenios, felices habitantes del pequeño gran país de los oxímoron.