Hace un año, los presidentes del continente americano le pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre el consumo de drogas en la región. Ayer se conocieron sus conclusiones: la despenalización es el primer paso para encontrar un solución.

“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública ”, dice el informe que ayer fue entregado en Bogotá por el titular de la OEA, José Miguel Insulza. Además, recomienda la implementación de tribunales de drogas, la “reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”, como un modelo de transición hasta llegar a la despenalización.

La OEA advierte que esta postura “no constituye una conclusión, sino el inicio de un debate largamente esperado ” y que, en definitiva, serán los gobiernos los que arribarán a esas conclusiones. En otro tramo, el informe agrega que “ las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la salud”.

El informe recoge una tendencia mundial hacia una mayor tolerancia al consumo y sobre todo a encarar el problema como un tema de salud pública. De todos modos, la OEA sostiene que hoy no existen “apoyos significativos” en favor de la despenalización.

En Argentina, los especialistas coinciden en que hay una mayor tolerancia y, de acuerdo a las estadísticas de la Sedronar, sólo la mitad de las personas considera que el consumo ocasional –probar alguna vez o en una o dos ocasiones– representa un “gran riesgo”. En el Congreso existen varios proyectos para la despenalización. Uno de los que mayor consenso tiene es el que presentaron en forma conjunta el radical Ricardo Gil Lavedra, la kirchnerista Diana Conti y Victoria Donda, del FAP. Pero a pesar del impulso inicial, ninguno de los proyectos logró salir de comisión. La Iglesia es una de las principales opositoras. El año pasado, cuando se conocían estos proyectos, el entonces cardenal Jorge Bergoglio dejó en claro el rechazo.

Uno de los argumentos de quienes están a favor de la despenalización es el bajo efecto que logró hasta ahora la ley de estupefacientes. Según la organización Intercambios, en 20 años el 70 por ciento de las causas abiertas por esta ley fue para sancionar el consumo personal.

“Hay un movimiento mundial que va en esta dirección –sostiene, consultado por Clarín, Carlos Souza, director de la Fundación Aylén– porque hay políticas de avanzada que están frenadas por este tipo de legislación.

Una vez que el consumo sale de lo jurídico para quedar en el ámbito de la salud pública entonces se puede avanzar sobre el problema.

Hasta ahora, sólo podemos hacer prevención primaria clásica”.

Para Souza, la declaración de la OEA plantea otro ángulo para el debate: “ Rompe el paradigma de la guerra contra las drogas. Si no hay guerra puede haber paz incluso con drogas. Y no es una cuestión filosófica sino técnica”.

Miguel Espeche, especialista en adicciones y Coordinador del Programa de Salud Mental del Hospital Pirovano, opina lo contrario. “Las drogas son algo nocivo que atentan contra el bien común porque los efectos pueden resultar nocivos para terceros.

No creo que todo lo prohibido sea algo negativo.

En una sociedad debe haber elementos prohibidos, de lo contrario no hay un territorio delimitado para los jóvenes”, sostiene.