Hace unos días la Dirección del Trabajo elaboró una serie de dictámenes para fijar normas laborales en el marco de la emergencia del covid-19. La mayoría de estos han servido para legalizar y darle rienda suelta a los empleadores a precarizar a sus trabajadores.

Además de contar ahora con una ley aprobada por el parlamento el 31 de marzo, llamada de "Protección al Empleo", que no hace otra cosa que permitir las suspensiones y reducciones de jornadas con bajas salariales. Una ley hecha para la defensa de los empresarios.

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Las multinacionales dueñas de los locales de comida rápida ya empezaron a utilizar toda la batería de reglamentaciones y leyes a su favor.

En el caso de McDonald’s la empresa ha informado de suspensiones a sus trabajadores, les avisa vía comunicados de su situación laboral, dejando en la incertidumbre e inestabilidad a miles de trabajadores, el 23 de marzo cerró temporalmente los 86 locales que tiene la franquicia en ese país.

Pero al mismo tiempo de manera hipócrita gasta millones en publicidad con el eslogan "Quédate en casa".

Burger King y Starbucks, que pertenecen al grupo multinacional de origen mexicano Alsea también comunicó a sus trabajadores que se suspenderá la relación laboral por los meses de abril y mayo, acogiéndose a la nueva ley.

"Procederemos a suspender temporalmente -a partir del 3 de abril- la relación laboral con todos nuestros colaboradores(as) de la operación, condición que lamentablemente te afecta a ti". Con esta cínica frase anunció las suspensiones sin pago de salarios, acogiéndose a la ley que en realidad es de destrucción del empleo.

Eso sí, el grupo se comprometió a pagar un 10% del sueldo básico, solo durante abril. Es decir que las trabajadoras y trabajadores de esos locales de comida, tendrán que sobrevivir solo con el fondo de desempleo y esas monedas que representan ese porcentaje. Esto será, según anunciaron, hasta que dure la prohibición de atención en restaurantes y sitios públicos.

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La presidenta del Sindicato Interempresas, Claudia Bustamante, declaró que "las distintas empresas se han mantenido en silencio evadiendo la comunicación con los distintos sindicatos. No ha existido voluntad de negociar otras condiciones y se manifiesta una falta importante de preocupación por sus trabajadoras y trabajadoras frente a la crisis sanitaria. Manifestamos que tienen una conducta antisindical".

Los trabajadores de Telepizza - debido a los inexistentes implementos sanitarios que existen en los locales - decidieron acogerse al artículo 184 bis del Código del Trabajo chileno que plantea que: "el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud".

Esto para resguardar la salud e integridad de sus familias hasta que las condiciones sanitarias tengan una mejora. Sin embargo la empresa les informó de que esos días no serían remunerados. Otra vez la prepotencia patronal.

La crisis sanitaria del covid-19 corrió el velo a cientos de trabajadores, que hoy se atreven a denunciar a sus empleadores: "nos han abierto los ojos, que desde el gobierno hasta los empleadores, son buenos amigos, que los primeros son capaces de crear leyes en favor de cuidarle el bolsillo a los segundos".

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Las multinacionales de comida rápida ganan millones con el trabajo de miles de jóvenes trabajadores, todos los meses, y los sueldos siempre han sido bajos.

Los empresarios no quieren perder ni un peso, quieren que las trabajadoras y trabajadores carguemos con la crisis económica que genera la pandemia. Por eso no les tiembla la mano al aplicar leyes que precarizan aún más el trabajo, como la Ley de destrucción del trabajo, que sostiene el congelamiento del contrato, absolviendo de toda responsabilidad a las empresas, utilizando el fondo de cesantía para financiar el sueldo (que es dinero de los trabajadores), entregando facultades para realizar incluso, despidos.

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