El senador Mayans, muy duro contra la legalización del aborto

Apenas un día después de los anuncios del presidente Alberto Fernández para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, advirtió que si se aprueba el proyecto de ley de legalización del aborto “el Estado está autorizando a matar a una persona”.

El senador del Frente de Todos, un formoseño que fue elegido para ese cargo por la vicepresidenta Cristina Kirchner, destacó en diálogo con la FM Futurock que el aborto es un tema “muy profundo” y que, más allá de su postura, el bloque que preside “respetará la decisión de cada senador y diputado”.

“Yo voy a votar a favor de la vida”, dijo el legislador, quien sostuvo que en caso de aprobarse el proyecto que anunció el Presidente “se va a violar la Constitución” ya que “matar a una persona es un crimen”.

En ese sentido, señaló que “está prohibido tomar una vida por sí a un ser que se está gestando” y afirmó que con la iniciativa que presentará el Poder Ejecutivo al Congreso “se está autorizando matar a una persona”.

Ante una consulta sobre si estaba comparando el aborto con la pena de muerte, el senador nacional sostuvo que “si el Estado está autorizando a matar a una persona, obviamente”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, durante la Asamblea Legislativa de este domingo

Tras asegurar que se podría “accionar judicialmente” de aprobarse la ley, Mayans consideró que la muerte por aborto “es la causal de muerte número 77 en las mujeres” y se preguntó qué se hace por “los otros temas centrales” porque, aseguró, "hay más mujeres que se mueren por otras causas”.

“Hay que trabajar en las prioridades en la salud pública para atender las prioridades: acá nadie tiene que morirse, ni la mujer ni el niño”, agregó.

Según anunció Alberto Fernández, el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la legalización del aborto será acompañado de otro proyecto de ley que establecerá "la asistencia del Estado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, conocido como el Plan de los 1.000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”.

Mayans afirmó que su postura respecto al aborto “sigue siendo la misma” que la que tenía en 2018, cuando el Senado debatió el texto que finalmente fue rechazado por la Cámara alta, y puso de relieve que la Constitución argentina y los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere “están a favor de la vida y crean obligaciones en ese sentido”.

Mayans y su par radical Silvia Elías de Pérez, antes del debate en el Senado del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto de 2018

En su discurso de este domingo para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente anunció en estos términos el proyecto sobre la legalización del aborto: "Quiero ahora abordar un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Sé que para muchos es un tema que tiene profundas implicancias personales. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es sólo la hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Por eso, dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”.

Este anuncio de Fernández, junto con el de la reforma judicial que propone el Poder Ejecutivo, fueron los dos momentos de su discurso más aplaudidos por los presentes en la Asamblea Legislativa.

Incluso fue uno de los proyectos más elogiados por distintos referentes de la oposición, como la diputada nacional por la UCR Karina Banfi y la diputada porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman, entre otros, mientras el presidente del Comité Nacional de la UCR y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, planteó la necesidad de que el proyecto de ley de aborto pase primero por una instancia superior al Congreso como una consulta popular.

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