Una auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del país adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de ilícitos como feminicidio o extorsión.

Son irregularidades que, en los hechos, significan que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal que padece el país.

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La presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría esta semana pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad el problema es la resistencia de algunos gobernadores, pero sobretodo de los propios fiscales del país para transparentar dicha información, hasta en tanto ellos no analicen y revisen los resultados.

Hace unos días los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia información de incidencia delictiva separada de la que maneja el SESNSP. Esto con el argumento de que son ellos los dueños de esa información, que hay que presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía.

Incluso el fiscal estatal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, sugirió en su calidad de vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que se reforme la ley del Sistema Nacional de Seguridad para que se reconozca la autonomía de los fiscales, así como la posibilidad de desaparecer el Centro nacional de Información (CNI) del SESNSP.

Ayer, en la sesión de Consejo Nacional de Seguridad realizada en Palacio Nacional, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías del país a que continúen aportando la información al CNI lo que, además, es una obligación legal.

La evaluación

La auditoría que realizó el gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).

Su objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que publica periódicamente el SESNSP, a partir de los datos que aportan las procuradurías, hoy fiscalías estatales.

En los hechos se trató de una auditoría realizada por personal especializado en cada una de las 32 fiscalías del país, donde se tuvo acceso no solo a los registros estadísticos sino también a las carpetas de investigación. La idea era documentar y dimensionar las inconsistencias en estos registros que desde hace varios años se reportan en algunas entidades como Veracruz o Ciudad de México.

Los trabajos comenzaron desde principios de 2019 financiados en buena medida por la ONU. En agosto pasado se dio a conocer que las revisiones llevaban un avance del 75%, y para finales de noviembre la evaluación estaba prácticamente terminada.

Cabe señalar que, en todos los casos, los propios fiscales autorizaron por escrito la revisión de sus áreas estadísticas.

Los resultados: datos lejanos a la realidad

El informe de resultados del MORE no se conoce en su totalidad dado que se decidió posponer su apertura y por ende su publicación.

No obstante, de la información a la que Animal Político ha podido tener acceso se sabe que la auditoría habría identificado al menos una decena de focos rojos en los registros estadísticos de las Procuradurías. Algunas son fallas generalizadas mientras que otros son problemas que se identifican en estados en específico.

Se trata de deficiencias que en algunos momentos ya se han advertido públicamente o se sospechaba de ellas, pero lo relevante es que ahora se han documentado y confirmado oficialmente, y se conoce la dimensión de estas.

Entre los hallazgos destaca, por ejemplo, el grave subregistro (en algunos estados premeditado) de asesinatos de mujeres que tienen rasgos claros de posibles feminicidios desde un inicio, pero que son clasificados como homicidios dolosos. Ello provoca que los datos de carpetas de investigación sobre feminicidio que se conocen actualmente no sean, ni de cerca, un parámetro real del fenómeno.

También se detectaron subregistros alarmantes en casos de posibles extorsiones que son denunciadas por las víctimas pero que las agencias del ministerio Público clasifican con otro delito menos grave, como amenazas. Si a eso se suman los casos que ni siquiera se denuncian, se concluye que los datos de carpetas de extorsión tampoco son un parámetro confiable.

En la auditoría realizada por los especialistas también se detectaron hechos criminales en los que se cometieron múltiples delitos, pero donde las fiscalías solo registraron uno de ellos. Se consideró que esa falla también contribuye a subestimar la incidencia de la actividad delictiva.

Resistencia y división

Desde el mes pasado se había planificado que los resultados del MORE fueran presentados y aprobados en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública realizada ayer en Palacio Nacional. Ocurrido lo anterior se prepararía el documento para ser difundido públicamente.

Pero ayer, en la reunión previa donde se analizan los temas que son votados públicamente, el SESNSP no consiguió el consenso necesario para respaldar el informe. Para evitar que públicamente se mostrara el desacuerdo, se optó por sacar el tema de la orden del día.

El problema, según las fuentes consultadas, surge principalmente por la resistencia de algunos fiscales estatales – respaldados por la FGR y la CNPJ – a que se publiciten los datos sin que sean revisados por ellos mismos.

En la primera mitad de 2019 la aplicación de esta evaluación contó con el aval de todas las fiscalías locales, sin embargo, en los últimos meses se ha registrado un distanciamiento de estas con el SESNSP y con la Secretaría de Seguridad federal por diversos temas, como la implementación Registro Nacional de Detenciones o la propuesta de Alfonso Durazo de dar facultades de investigación a las policías y no solo a las fiscalías.

La ruptura se hizo evidente el pasado 6 de diciembre cuando la CNPJ anunció que a partir del 2020 las fiscalías presentarán sus propias cifras de incidencia el denominado Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, respaldado además por INEGI. Ello significa, de facto, apostar por un sistema distinto al del SENSP y por ende trabajar en su mejoramiento.

Además, diversas notas periodísticas reportaron la opinión de algunos fiscales en el sentido de desaparecer el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, que es justo el ente responsable del MORE y de publicar los datos de incidencia mensualmente.

El CNI respondió con un comunicado público en el que recordó que las fiscalías están obligadas a continuar aportando informados al SESNSP porque así lo marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los invitó a sumar esfuerzos para construir una estadística común.

Pero el fiscal Rubén Vasconcelos, vocero de la CNPJ, respondió a su vez que es definitiva la decisión de las fiscalías de optar por su propio sistema, y de paso recordó que ahora son instancias autónomas.

“Es necesario que la Ley General del Sistema Nacional se adecue a esta nueva realidad constitucional, con objeto de respetar dicha autonomía de nuestras instituciones (las fiscalías), que siempre se han coordinado con todas las instancias necesarias, y así lo seguirán haciendo”, dijo Vasconcelos.