Los delitos ambientales son un sumidero económico. Cada partícula de CO2, cada vertedero ilegal, cada pozo sin licencia o cada incendio intencionado conllevan unos costes para los Estados que, según un informe de la European Environmetal Bureau (EEB), se sitúan en los 231.000 millones de euros al año. Una cifra que casi cuadriplica el coste del rescate a la banca calculado por el Tribunal de Cuentas español: 66.577 millones de euros.

Los delitos ambientales son, según los datos de Interpol y Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo. Se trata de actividades muy variadas que van desde el tráfico de residuos, hasta la sustracción de agua para regadío, pasando por el contrabando de gas o el comercio ilegal de pesticidas. Desde EEB, la red de organizaciones ecologistas más grande de Europa, argumentan que estas prácticas suelen ir vinculadas a "otras formas de delincuencia organizada como el lavado de dinero o el crimen organizado".

Esta pérdida económica ligada a los daños ambientales se debe a varias circunstancias: guarda una relación directa con la falta de recursos para la investigación, la habitual responsabilidad corporativa de determinados delitos y, por último, la falta de severidad en las sanciones.

Un ejemplo que aúna estas tres realidades es el denominado Dieselgate, con el que el grupo Volkswagen alteró de manera deliberada los motores de 11 millones de vehículos para falsear los datos reales de sus emisiones contaminantes durante años. Estas prácticas, tras el escándalo, fueron detectadas en otros fabricantes de automóviles y, debido a los tiempos pausados de las investigaciones, todavía no hay sentencias que responsabilicen a las compañías de haber estado sacando un beneficio económico a través de un producto mucho más nocivo de lo que se publicitaba. No en vano, cuatro años después del escándalo, los tribunales empiezan a tratar el caso en busca de responsables.



"Las normas ambientales, hasta ahora, han sido poco respetadas y el marco institucional para hacer que se cumplan es muy débil"

Para Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), "el problema principal radica en que las normas ambientales, hasta ahora, han sido poco respetadas y el marco institucional para hacer que se cumplan es muy débil". La experta en derecho explica que "son los Estados miembro quienes deben trasponer las directivas de la UE en sus ordenamientos jurídicos internos", lo cual no siempre ocurre, y cuando es así, se hace "tarde y de una forma poco adecuada".

Buen ejemplo de la responsabilidad de los países es el caso de Croacia y el vertedero industrial de Biljane Donje, en la ciudad de Benkovac. El Ejecutivo balcánico no puso en marcha una legislación ambiciosa que protegiese los suelos y los acuíferos y, pese a los requerimientos de la Comisión Europea y los trabajos técnicos, los residuos siguen contaminando el entorno, situado a 50 metros de viviendas residenciales. Black Hill, la compañía responsable de los vertidos de ferromagneso, "ha evitado cualquier responsabilidad penal por su actividad", denuncia EEB. Es decir, la premisa ecologista de "quien la hace, la paga" no está garantizada, pese a todo, por las directivas europeas. "No existe una estructura que garantice que se cumplen", manifiesta Barreira, que pone como referencia "el control férreo" que sí se lleva a cabo en la legislación fiscal europea.

Los pozos ilegales de Doñana –también citados en el informe de la EEB–, la caza ilegal de especies protegidas, el tráfico de residuos electrónicos o el contrabando de gas son otros ejemplos de prácticas económicas ilícitas y contaminantes que se han vuelto habituales en el territorio europeo, sin apenas acarrear consecuencias, según denuncia la organización medioambientalista europea.

Los tiempos lentos de la Justicia española

Jaime Doreste, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma y abogado medioambientalista de organizaciones como Ecologistas en Acción, explica citando al filósofo griego Anarcásis que "la Ley es una tela de araña que atrapa a las moscas, pero deja pasar a los pájaros". Es decir, los casos más flagrantes y complejos, en ocasiones, quedan impunes. El experto no cuestiona el principio legal de "quien contamina, paga", ya que en 2015 el Código Penal español se modificó para que las empresas puedan ser culpables. "Creo que la impunidad tiene un carácter más estructural, al menos en España", expone.

"La Ley es una tela de araña que atrapa a las moscas, pero deja pasar a los pájaros"

Los tiempos lentos, que dilatan las deliberaciones y profundizan los daños ambientales, se pueden atribuir a cierta "pasividad". No en vano, hablar de falta de interés por parte de la Justicia sería quedarse en la superficie del problema, tal y como explica Doreste, que se centra en "la eterna demanda de medios materiales y humanos" de los profesionales del sector. A ello, se debe sumar la complejidad penal de este tipo de delitos. "Por ejemplo, en un caso de envenenamiento de fauna silvestre se requiere hacer un informe de necropsia de cada animal muerto, un análisis que coteje el veneno, tomar declaración a los guardas forestales... Es decir, se requieren técnicos de diversas especialidades", valora.

Barreira, por su parte, resalta que la legislación española lleva en "su ADN" el principio de "quien contamina, paga", pero tiene dificultades en lo relativo a "la aplicación de las normas". Los tiempos dilatados, además de por la falta de efectivos y la complejidad de efectivos, tienen relación directa con la cantidad de recursos que se pueden llegar a interponer por parte de los infractores. "Cuando se obtiene una sentencia firme puede pasar mucho tiempo y el daño se vuelve irreparable", opina la experta del IIDMA.

"Necesitamos reformular nuestras instituciones para garantizar el respeto de la legislación ambiental, debemos fortalecer el enforcement [ejecución] empezando con las administraciones públicas y terminando con la formación de nuestra judicatura", reclama.

