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La exigencia de UPyD de modificar la ley electoral en Asturias fue el principal escollo que demoró su pacto de legislatura con el PSOE en mayo de 2012. Su aceptación, aunque a regañadientes, permitió al socialista Javier Fernández ser investido hace 17 meses con mayoría absoluta. El respaldo de los 17 diputados del PSOE, 5 de IU y 1 de UPyD le dio a Fernández un respaldo sólido (23 de los 45 votos) frente a una derecha (12 escaños de Foro y 10 del PP) que, aunque suma los mismos diputados que la izquierda, no había sido capaz de entenderse tras su fractura traumática de 2011 y tampoco había logrado captar el respaldo de UPyD.

La exigencia de reforma electoral del partido magenta y la división fraticida de la derecha fueron dos impedimentos determinantes para la formación de un gobierno conservador. UPyD, convertido en partido "llave" de mayorías en la Junta General del Principado (Cámara legislativa), acabó inclinándose por el PSOE. Los socialistas habían ganando las elecciones, suponían una mayor garantía de estabilidad y además fueron la formación que accedió a sus demandas. Entre ellas, cambiar la ley electoral.

Ahora la renuncia del PSOE a llevar adelante la reforma de la norma que rige los comicios autonómicos, y que también apoya y exige IU, ha colocado al ejecutivo de Fernández en la orfandad, sustentado sólo en la minoría de su propio grupo y supeditado en lo que resta de legislatura a negociaciones ímprobas para superar la insuficiencia de sus votos. El PSOE alega que no se puede hacer un cambio de tanto calado institucional con el rechazo frontal de todas las formaciones de la derecha. Pero el efecto ha sido la retirada inmediata de los apoyos que venían dando estabilidad al Gobierno socialista.

Javier Fernández ha dicho que "no tirará la toalla" y ayer lo repitió el consejero de la presidencia y portavoz del ejecutivo, Guillermo Martínez, quien garantizó "iniciativa política y capacidad de acción". Martínez acusó a Rosa Díez de querer convertir a los asturianos en "rehenes de sus intereses particulares y egoístas".

Los socialistas descartan nuevas elecciones anticipadas. Si las hubiese, los asturianos tendrían que ir cuatro veces a las urnas en cuatro años. Eligieron Gobierno en 2011, volvieron a hacerlo en 2012, tendrían que volver a pronunciarse en 2014 si ahora se disolviese la Cámara y habría que volver a celebrar comicios regionales en 2015 junto con el resto de las autonomías de régimen común. El electorado difícilmente lo soportaría y el daño para las instituciones sería elevado. IU ya ha dicho que actuará "con sentido de la responsabilidad". Y el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, también ha descartado la disolución de la Cámara. El PP, Mercedes Fer pidió altura de miras y, como IU; llamó al diálogo de todas las fuerzas. El Gobierno anunció que convocará a IU y UPyD para negociar los presupuestos de 2014. Francisco Álvarez-Cascos (Foro) calificó la crisis como "el derrumbe de la gran pantomima".

La alternativa, una moción de censura promovida por los partidos de la derecha con el respaldo de UPyD, es casi imposible. Foro y PP están enfrentados en una lucha titánica por la hegemonía de la derecha asturiana y no cabe el entendimiento en lo que es una familia rota de modo traumático tras la escisión liderada en 2011 por el ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos, actual líder de Foro Asturias. Y UPyD tampoco tiene capacidad de entenderse con Foro y PP, que ya en 2012 se negaron a aceptar su exigencia de reforma electoral y que el jueves votaron en contra de la propuesta que habían promovido UPyD, IU y PSOE. Ayer, la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, fue muy crítica, al igual que el portavoz socialista, con Rosa Diez.

El veto frontal de los partidos de la derecha a la modificación de esta norma básica e institucional fue el argumento en el que se amparó el PSOE para votar con Foro y PP en contra de la toma en consideración por el parlamento de la propuesta de introducir cambios en el sistema electoral.

Javier Fernández ya había declarado sucesivas veces en los últimos meses (por ejemplo, el 17 de abril) que la norma electoral, cuya actual redacción fue consensuada hace 26 años, "es una ley básica y cuya reforma, aunque técnicamente requiere el apoyo de 23 diputados, debería contar con el mayor consenso. Los cambios de este tipo de leyes deben ir más allá de la mayoría absoluta". "No es un asunto central, puede dejarse para el futuro", agregó entonces. "Un cambio que cambia las reglas del juego merece un consenso amplio entre todas las fuerzas parlamentarias", sostuvo.

Para UPyD e IU esto supone un cambio de posición de los socialistas que "traiciona" lo pactado, "dinamita" los acuerdos y genera una profunda "desconfianza".

Los socialistas niegan la mayor y esgrimen el documento de los pactos de legislatura suscritos con UPyD el 18 de mayo de 2012 y que permitieron la investidura de Fernández con 23 de los 45 votos de la Cámara cuatro días más tarde.

En el apartado 3.4 del documento de 15 folios firmado por Javier Fernández y el diputado de UPyD José Ignacio Prendes se lee: "Partiendo de la idea de que el sistema electoral es un elemento estructural del sistema político de la comunidad autónoma (…) parece obvio que tanto su aprobación como su reforma debe ser objeto de un amplio debate previo, y su configuración final, objeto de consenso entre las fuerzas políticas o, al menos, de un acuerdo de amplia mayoría".

Los socialistas interpretan este párrafo como una exigencia que supedita el cumplimiento de este aspecto del pacto al entendimiento con otras fuerzas políticas no firmantes del mismo pero que con las que habría que contar, y más por ser fuerzas con posibilidades de Gobierno, con el fin de garantizar la estabilidad de la norma. Para UPyD e IU, por el contrario, 23 de los 45 diputados de la cámara cumplen el requisito de "mayoría amplia".

La reforma electoral tenía dos pretensiones prioritarias. Una era introducir una mayor proporcionalidad y corregir el efecto distorsionador para las aspiraciones de las minorías de la existencia de tres circunscripciones electorales en las elecciones autonómicas.

"Fortalecer la calidad del sistema democrático puede requerir ajustes en los sistemas de representación ahora vigente. Sin renunciar al principio de reequilibrio territorial, se trataría de avanzar en una mayor proporcionalidad que haga de la Junta General del Principado una institución más representativa", reza el documento pactado el año pasado por PSOE y UPyD. Se trataba, según el compromiso suscrito por ambas fuerzas, de introducir "modificaciones que propicien la corrección de desequilibrios en el valor del voto de cada asturiano, independientemente del lugar en que resida".

Ésta es una vieja reivindicación de IU y que también abandera UPyD. La división de Asturias en tres circunscripciones electorales se hizo para que los extremos occidental y oriental de la región (las dos zonas más rurales, menos industrializadas y con menor densidad de población) no quedaran demasiado relegadas en el parlamento autonómico y confinadas a una ínfima representación frente a la zona central, que aglutina al 80% de la población y a las siete mayores ciudades.

La existencia de tres circunscripciones, y, por añadidura, que se necesiten menos votos para obtener un escaño por las comarcas oriental y occidental que por la central, favorece a las fuerzas mayoritarias y penaliza a las formaciones menores y más cuando tienen su principal implantación en las zonas industriales y obreras del centro de Asturias, caso de IU, y poseen un perfil predominantemente urbano, como UPyD. En los últimos comicios sólo PSOE, Foro y PP obtuvieron diputados por los extremos de la región.

Por la zona central se eligen ahora 34 de los 45 diputados; por la occidental, 6; y la oriental, 5. Esto supone que en la circunscripción central hay un diputado por cada 21.596 electores censados, mientras que la occidental dispone de un representante por cada 17.386 y la oriental (la menos habitada), uno por cada 12.809, con lo que, a menores censo, el coste de obtener un escaño también es menor.

La propuesta a la que habían llegado PSOE, IU y UPyD en los últimos meses consistía en mantener las tres circunscripciones pero corrigiendo la asignación de diputados. La propuesta planteaba que el Occidente tuviera 5 diputados; el Oriente, 3 y el centro, 28. Así se elegirían 35 de los 45 diputados. Los 10 restantes se asignarían, también mediante la ley D' Hont, en función de los votos sobrantes recibidos por cada partido entre los tres distritos electorales y que formarían una "bolsa" única para cada formación. De este forma, 10 escaños se elegirían en un distrito único con los restos que no hubiesen obtenido representación en las tres circunscripciones. Con ello se pretendía combinar la representación territorial con una mayor proporcionalidad.

Los pactos de PSOE y UPyD mantenían la actual exigencia de obtener al menos el 3% de los votos para entrar en el reparto de escaños.

El otro compromiso de los acuerdos de mayo de 2012 era "el desbloqueo de las listas electorales". Para ello, las tres fuerzas concernidas en este propósito se habían concertado en los últimos meses en la introducción de la obligación de primarias en los partidos para la elección de los candidatos a la presidencia del Principado y el desbloqueo parcial del resto de las listas, de forma que los votantes pudieran cambiar el orden de sus integrantes.

El veto de Foro y PP, secundado por el PSOE, vuelve a colocar ahora a Asturias en la inestabilidad e incertidumbre por segunda vez dos años y medio y convierte a esta legislatura en la más accidentada en 42 años de autonomía junto con la de 1995-1999, la única en la que gobernó el PP y que acabó con este partido rompiéndose a mitad de mandato.