Vodafone España ha comunicado a los representantes de los trabajadores la apertura de un procedimiento de despido colectivo que afectará a un máximo de 1.200 empleados, el 24% de la plantilla total que asciende a 5.000 empleados, y les ha convocado para iniciar a finales de enero el periodo de consultas, que se prolongará durante un mes.

La medida, adelantada por EL PAÍS en noviembre pasado, es justificada por la operadora por la obligación de reducir costes debido a la caída de ingresos y beneficios (Ebitda) por la continua reducción de precios ya que los clientes se decantan por los nuevos paquetes de servicios (fijo, móvil, Internet y televisión) de bajo coste.

"En el actual contexto de mercado, la demanda de servicios sigue creciendo de forma exponencial y no así los precios: cerca del 50% de las altas brutas están asociadas con ofertas low y medium cost, lo que obliga a Vodafone a tener una estructura de costes preparada para competir con éxito en todos los segmentos", indica la compañía en un comunicado.

Asimismo, Vodafone explica que las actuales expectativas de los clientes, "que exigen una relación ágil, sencilla e inmediata", llevan a buscar "un modelo organizativo más simplificado y que refuerce la coordinación y sinergias entre los equipos".

"El procedimiento que hoy arranca persigue, por tanto, revertir la negativa evolución del negocio, reforzar su sostenibilidad, proteger la capacidad de inversión y diseñar una organización más competitiva y mejor adaptada a lo que piden los clientes", añade el comunicado.

La operadora confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos para que la medida sea lo menos traumática posible. A finales de febrero o comienzos de marzo, una vez que haya concluido el periodo preceptivo de un mes de negociaciones, se harán efectivos los despidos.

El sindicato UGT ha rechazado tajantemente este despido que considera "innecesario e inadecuado". "La situación que atraviesa la compañía no es responsabilidad directa de la plantilla sino de los gestores de la empresa que, con la medida propuesta, pretenden solucionar su incapacidad demostrada y reiterada para la toma de decisiones estratégicas acertadas", indicó UGT en una nota.

Nuevo ajuste

Este nuevo ajuste de personal de Vodafone se produce en un mal momento comercial de la operadora que ha sufrido la guerra desatada por sus rivales Movistar y Orange tras la decisión de la compañía de no adquirir el Partidazo ni la Champions League por falta de rentabilidad. La estrategia ha producido una fuga de clientes de banda ancha, móvil y televisión de pago. Precisamente, la renuncia al fútbol es otras de las medidas adoptadas por Vodafone en su plan para reducir costes, aunque sus efectos solo se empezarán a notar a partir del año que viene, puesto que en esta temporada aún mantiene el pago por los ocho partidos de la Liga Santander.

En los tres primeros trimestres fiscales, Vodafone ha perdido 361.000 líneas de telefonía móvil (de las que 70.000 son de contrato), 134.000 clientes de banda ancha fija y 108.000 de televisión de pago. (total a 30 de septiembre: 11,6 millones). La operadora solo tiene números positivos en fibra, donde ha ganado 84.000 clientes.

Vodafone España redujo los ingresos por servicios un 7,2% en el trimestre de julio a septiembre, hasta 1.091 millones, y el ebitda cayó un 27,8% en el semestre abril-septiembre. La filial española registró unas pérdidas netas de 180,3 millones de euros en su último ejercicio fiscal 2017-18 que finalizó el pasado marzo, un 36% más respecto al ejercicio anterior.

Plan de reducción de costes

El nuevo consejero delegado a escala mundial, Nick Read, anunció a comienzos de este mes, coincidiendo con la presentación de resultados, un plan de reducción de costes operativos anuales en 1.200 millones de euros para 2021, aunque no precisó en qué áreas se producirían los recortes. Además, el grupo Vodafone ha decidido rebajar el valor de su filial en España en 2.900 millones de euros debido a la revaluación del negocio futuro esperado por "las difíciles condiciones comerciales y económicas actuales"

La operadora ya aplicó un ERE en septiembre de 2015, pactado con los sindicatos mayoritarios UGT y STC, que supuso el despido de 1.509 trabajadores, 238 menos de los propuestos inicialmente por la empresa, que justificó los despidos en las duplicidades que se produjeron tras la compra de Ono en 2014, y la absorción de la plantilla de la cablera.

Antes de la adquisición de Ono, Vodafone ya emprendió otro despido forzoso en 2013 cuando la empresa pactó con los sindicatos un ERE, que incluyó el despido de 620 trabajadores, la externalización de servicios, con 130 empleados afectados, así como cambios en las condiciones laborales para otras 150 personas.