Álvaro Ballarín, número 7 en la lista electoral de Cristina Cifuentes (PP) a la Comunidad de Madrid, lleva imputado por prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia de una resolución judicial desde el pasado 8 de enero.

Cifuentes, que ganó las elecciones del pasado domingo y negocia en estos días con Ciudadanos para presidir el Ejecutivo regional, hizo bandera durante la campaña de limpieza de imputados en su lista electoral, y aseguró en multitud de ocasiones que pediría a cualquier diputado regional de su lista que se viera envuelto en proceso judicial alguno que abandonara su escaño.

La ex delegada del Gobierno también aseguró durante la campaña que su lista electoral le había venido confeccionada desde el PP regional, controlado por Esperanza Aguirre aún hoy después del batacazo electoral de la lideresa.

Ballarín fue imputado en enero, y lo sigue estando actualmente según confirmaron a este diario fuentes judiciales, en su calidad de concejal del distrito de Moncloa-Aravaca, por la magistrada titular del juzgado de instrucción número 39 de Madrid.

El edil, según la querella presentada, habría obstaculizado el cumplimiento de una sentencia judicial que obligaba a demoler la construcción de dos aparcamientos por haberse levantado ilegalmente en la urbanización de La Florida, y habría maniobrado para favorecer a la firma que habría incurrido en ilícito apoyada en una licencia ilegal. La empresa presuntamente favorecida por Ballarín es Corporación Financiera Alba S.A., propiedad de la familia March. El juez admitió a trámite la querella y acordó incoar diligencias previas el pasado 8 de enero, tras la presentación de la querella el 26 de noviembre.

'Manipulación' del proceso administrativo

El querellante, Cadena de Moteles S.A., sostiene que Ballarín, el gerente del distrito, Carlos González, y dos técnicos, Enrique Baño y Beatriz Río, «manipularon el procedimiento administrativo» y maniobraron para favorecer a la empresa de la familia March y para desoir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, actuando con «opacidad» y eludiendo «conscientemente las obligaciones de su cargo», violando la legalidad urbanística.

Cadena de Moteles asegura en el documento, según fuentes judiciales, que ha peleado «durante 13 años» después de que se concediera la licencia «ilegal» para la construcción de los dos aparcamientos, que ha interpuesto «más de cuatro recursos contenciosos por silencio administrativo o inactividad de la Administración en relación al expediente», que la junta de distrito «entre un trámite y otro tardaba hasta dos años para resolver».

Aseveran también que Ballarín y los otros tres querellados incumplieron la orden de demolición dictada por la Justicia, tras la sentencia emitida por el TSJM en octubre de 2007. Y lo hicieron utilizando subterfugios para negarse a cumplir el designio de los jueces, según Cadena de Moteles.

La juez de Instrucción 39

La magistrada Belén Sánchez Hernández aseguró en su auto del 8 de enero que «los hechos a los que se refieren las actuaciones recibidas pudieran constituir un delito de falsificación de documentos públicos», y matizó ocho días después que incluía los ilícitos penales de prevaricación y desobediencia también en la admisión a trámite.

Cristina Cifuentes obligó a los candidatos de su lista a firmar un código ético según el cual renunciarían a su acta en el caso de ser imputados o investigados. Los imputados no sólo habrían incumplido la obligación de demoler, sino que también intentaron dar apariencia de legalidad a sus actuaciones según la querella, que les acusa de muñir por ejemplo el archivo del expediente valiéndose de un informe técnico que «tergiversa el derecho aplicable».

Ballarín fue noticia en 2011 por haber contratado como «asesora para temas culturales» a una actriz que había ocupado la portada de Interviú, de nombre Cintia Martínez, y también por su relación con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás. Es presidente del PP en Moncloa-Aravaca y ha sido concejal de distrito desde 2007 hasta la actualidad.

El entorno de Ballarín aseguró anoche que los querellantes retiraron el pasado viernes la querella. El juez y el fiscal deberán decidir ahora sobre su imputación.