La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) continuar con las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos el pasado 24 de marzo en Tamaulipas, donde murieron miembros de una familia por disparos de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), lo que el organismo calificó como “uso excesivo de la fuerza”.

En un comunicado, la ONU-DH expresó “especial preocupación (por) lo sucedido en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde fallecieron dos menores de edad y su madre, y resultaron heridos otro menor y el padre, todos integrantes de una misma familia”, que, de acuerdo con peritajes de la PGR, fueron víctimas de disparos realizados desde un helicóptero de la Semar.

La Oficina de las Naciones Unidas destacó que, de acuerdo con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”, emitidos por este organismo internacional, y a los que están incorporados las fuerzas armadas de México, las armas de fuego se pueden usar, incluidas las incorporadas en helicópteros, solo cuando sea estrictamente necesario, y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida.

Por ello, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, mencionó que “todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con dichos Principios”.

Siendo así, apuntó, “la información hecha pública por Semar que niega que se hubieran realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de la Marina a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”.

Jan Jarab señaló que los Principios Básicos referidos establecen que cuando al emplear un arma de fuego se ocasionen lesiones o muerte de una persona, “se comunicará el hecho inmediatamente a sus superiores”, por lo que las medidas disciplinarias pertinentes y la investigación de la PGR deben incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido”.

“Informes públicos en los días siguientes a los hechos en los que no se informa de las personas muertas y heridas por los disparos de Semar podrían constituir un incumplimiento del deber de enviar rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial”, detalló.

La Oficina llamó la atención sobre el hecho de que no es la primera vez que un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a hechos violentos; sin embargo, señaló la ONU-DH, “dichos casos no han derivado en los necesarios cambios de comportamiento institucional”.

De acuerdo con el organismo, la Semar “asumió la responsabilidad” e informó que realizará las acciones correspondientes para proporcionar ayuda y reparación integral a las víctimas, “a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales”.

Para la ONU-DH, es positivo que Semar acepte haber realizado los disparos, pero expresó su preocupación “por la calificación de la muerte de una madre y dos hijos como un ‘hecho circunstancial’ y lamenta que el comunicado no ofrezca ninguna disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores”.

Igualmente, la oficina de la ONU mostró preocupación que con la declaración del representante jurídico de la Marina, quien dijo que culpaban a la institución para recibir una pensión, “se haya querido criminalizar y desprestigiar a las víctimas y defensores de derechos humanos de la localidad”.

ONU-DH instó a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables; también llamó a las autoridades a emitir medidas para proteger a la familia y al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Finalmente, la Oficina expresó sus condolencias a la familia de las víctimas y su apoyo a los defensores de derechos humanos que los están acompañando.