El Gobierno no tiene compromiso legal por parte de Arabia Saudí de que las 400 bombas láser, de precisión, que España acaba de venderle no serán empleadas contra la población civil en la guerra de Yemen, tal y como alertan organizaciones no gubernamentales. No obstante, la portavoz, Isabel Celáa, ha afirmado este viernes que, por su naturaleza, no parece que este sea el uso que vaya a darse a estas armas.

"No hay especificación en el contrato (de venta de las bombas), pero por las características de los misiles láser, no parece que vayan a fomentar ese fin", ha declarado Celáa en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

"El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son laser de alta precisión y sin son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", ha abundado Celáa, que también ha recordado que hace justo una semana, en la rueda de prensa tras el Congreso de Ministros del viernes pasado, ella misma aseguró que el contrato de Navantia no tenía nada que ver con esta cuestión y que, en todo caso, el Gobierno trabajaba para que no se perdieran puestos de trabajo.

"Afirmé el viernes pasado que este Gobierno se alineaba con los intereses de los trabajadores en la Bahía de Cádiz y que ninguna carga de trabajo para los trabajados estaba en riesgo", ha dicho Celáa que ha asegurado que la decisión final de vender las bombas a Arabia Saudí es "colegiada" de todo el Consejo de Ministros para negar diferencias entre ellos o llamadas de atención por opinar lo contrario.

Esta semana, el Gobierno dio luz verde definitiva a la venta de 400 bombas de precisión por nueve millones de euros a Riad, una transacción que estaba paralizada para analizarla como, según explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, se hizo con todos los proyectos de Defensa a la llegada del nuevo Ejecutivo.

No obstante, la posibilidad de que las armas fueran empleadas contra la población de Yemen estuvo en el corazón de la decisión de bloquear el contrato cuando se conoció a principios de este mes de diciembre.

La semana pasada, los trabajadores de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz culparon directamente a esta decisión de la posible anulación de un contrato por el que Arabia Saudi había encargado la construcción de cinco corbetas militares.