3 min

La asociación Convocatoria Cívica, presidida por el juez Baltasar Garzón, pide explicaciones al Ministerio del Interior por los datos erróneos de las elecciones del 20D​. La plataforma denuncia la incoherencia de las cifras que ofrece el departamento en su página web. Tanto los censos nacionales para el Congreso y el Senado como los de las provincias no cuadran.

Por esa razón la asociación ha iniciado una campaña para que el ministerio aclare qué pasa con la información, en la que se indican censos distintos para las cámaras y los de residentes en el extranjero; no encajan. Por una parte, exigen nombrar una auditoría externa que informe de la gestión realizada por el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz.

Además, reclaman al Congreso que solicite la comparecencia del ministro, último responsable de los datos, para que aclare las razones de las “anomalías”. Instan también al presidente en funciones que adopte las medidas necesarias para clarificar los números “incoherentes”.

“Fuera de la ley”

La indagación que ha hecho el politólogo Domingo Sanz en estos datos ha servido para poner de manifiesto incongruencias en los datos que incluyen los resultados electorales del ministerio. “Va contra la ley: el tercer apartado del artículo 31 de la Ley Electoral dice que el censo es único”, explica Sanz.

Es por esto que Convocatoria Cívica ha abierto también una campaña de recogida de firmas en Change.org. “Estamos elaborando una carta que enviaremos a los partidos para que exijan en el Congreso la comparecencia del ministro y que de explicaciones, porque esto tiene toda la pinta de manipulación”, carga Ángel Viviente, el coordinador general de la plataforma.

Resultados del 26J

El foco de las protestas no se limita a los comicios del 20D. Las últimas elecciones, celebradas a finales de junio, todavía no tienen resultados definitivos en la web de Interior, más de tres meses después. La Junta Electoral Central, por su parte, publicó en el BOE los resultados finales el 22 de julio. Faltará ver si en esos “también hay irregularidades”, afirma Viviente.

Sanz recuerda en este sentido que en Formentera pasó algo similar, el llamado ‘caso MAPAU’. El politólogo lo equipara a la causa que terminó con tres condenados por trasladar algunos votantes del CERA (el Censo Electoral de los Residentes Ausentes) a la circunscripción de la isla pitiüsa para que fueran más útiles a la hora de obtener escaños.