El Cermi reclama en el Senado la modificación de leyes orgánicas

Reforma del régimen electoral o la educación inclusiva son algunas de las peticiones

El presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha demandado este martes una Ley Estatal de Garantías y Derechos Sociales, al asegurar que "es necesario que se modifiquen las leyes orgánicas que regulan los derechos fundamentales" de este colectivo.

La razón no es otra de romper con "la exclusión sistémica y estructural de las personas con discapacidad", junto con las "dificultades severas de acceso a bienes sociales básicos y al ejercicio regular de derechos fundamentales". "Es el momento y no se puede desaprovechar" ha aseverado.

En su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Cayo ha recordado que en 2011 "hubo un primer conato" de modificación normativa, que se limitó a 20 leyes ordinarias, cuando el Cermi estimaba que había que reformar hasta 90, pero "no se tocaron las orgánicas", informa Efe.

Entre las modificaciones que considera imprescindibles ha destacado la reforma del régimen electoral, ya que el actual "priva de su derecho fundamental al voto a 100.000 personas por razón de su discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo", lo que, para Cayo, "vulnera la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Además, ha exigido la universalización de la educación inclusiva para que se implante un sistema en el que los niños y jóvenes estén en entornos compartidos, ya que, según sus datos, "sólo el 80 % están en el sistema ordinario y el 20 % restante en segregado". También ha denunciado que la Ley del Jurado establece exclusiones de personas discapacitadas, y ha solicitado la retirada de la normativa que impone la esterilización forzosa de algunas mujeres, así como la supresión de internamiento involuntario para determinados enfermos mentales.

Luis Cayo, que ha demandado también que se reviertan los recortes de derechos y prestaciones "que provocaron las políticas de austeridad", ha recordado que más de cuatro millones de personas en España (9% de la población) tienen una discapacidad, de las cuales el 60% son mujeres y otro tanto por ciento mayores de 65 años. La cifra de discapacitados se eleva hasta los 12 millones si se cuentan las familias, puesto que es una situación que "irradia en su impacto inmediato". Según los datos de Cermi, en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad, y este porcentaje "sigue aumentando por nuevas discapacidades y por el envejecimiento de la población".

Grupos parlamentarios

El senador de Ciudadanos, Tomás Marcos , ha puesto el acento en la necesidad de implementar un único modelo de educación inclusiva y destacó que "el motor de nuestra acción legislativa tiene que ser algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, como la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se insta a los estados firmantes del tratado a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad", informa Servimedia.

Isabel Sánchez, del Grupo Popular, ha resaltado la necesidad de que la empleabilidad de las personas con discapacidad siga incrementándose y ha subrayado que se siente "orgullosa" de que el Gobierno, entre otras acciones, haya adoptado diferentes medidas para abonar el pago de facturas pendientes a organizaciones sociales.

Desde Unidos Podemos, Virginia Felipe ha centrado la atención en los incumplimientos en materia de accesibilidad por parte del Estado español, lo que en su opinión, "vulnera los derechos humanos" de las personas con discapacidad.

Nerea Ahedo, del PNV, ha mostrado el "compromiso" de su grupo para "trabajar en todo lo que queda por hacer", mientras que el senador socialista Nemesio de Lara ha expuesto algunas preocupaciones del PSOE como la falta de accesibilidad del teléfono 112 o la falta del derecho al voto de personas con discapacidad.