El vicepresidente Pablo Iglesias ha establecido su propio marco discursivo para un eventual gran pacto de Estado que redefina, como dijo la ministra portavoz María Jesús Montero, la España que queremos para los próximos años. Y ese marco es “el constitucionalismo social, como mínimo común denominador” para cualquier acuerdo de país. El hereje recita hoy los textos sagrados. La idea de Montero la expresaba el presidente Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del jueves: España va a detraer recursos de las generaciones venideras para paliar la devastación económica y social de la crisis sanitaria, va a endeudarse y a cargar con esa deuda a los ciudadanos del futuro, y por tanto tiene el deber de entregarles un país que haya fijado los cimientos de las grandes transformaciones que el siglo depara, en términos de robotización de la economía, digitalización de la vida y cambio climático. E Iglesias, que en las últimas semanas ha puesto de los nervios a sectores conservadores, neoliberales y reaccionarios con solo reproducir en un tuit el artículo 128 de la Constitución, quiere que esos eventuales consensos descansen sobre la protección de derechos sociales que contiene la Constitución, y que el vicepresidente atribuye a la actitud pugnaz del PCE en la transición.

Pactos de la Moncloa Iglesias considera que “el constitucionalismo social” debe ser base de nuevos consensos

Aunque es cierto que desde el día mismo del nacimiento de Podemos Iglesias adelantaba que la política real que aspiraban a practicar –la del ser , no la del deber ser – les obligaría a “cabalgar contradicciones”, y que el nuevo partido huiría de la habitual prédica de la ortodoxia de las izquierdas poscomunistas, el viaje de Podemos desde la embrionaria impugnación de los pactos de la transición al actual pertrecho constitucional produce vértigo. Pero no comenzó con su entrada en el Gobierno y esa singladura, dibujada sobre el mapa político, no solo habla de la progresión –de la deriva, la maduración, la renuncia y el envejecimiento (táchese lo que no proceda)– de Podemos, sino también de la convulsión en la que ha vivido la política del país tras la brutal crisis del 2008 y la erosión de la cohesión social por las inmisericordes consecuencias económicas para las clases medias y populares.

Cambio de marco Podemos pasó, del 2015 al 2019, de un programa facsímil del catálogo de Ikea al de la Carta Magna

El sábado 23 de marzo del 2019 –se acaba de cumplir un año que parece un siglo– Pablo Iglesias reaparecía para la campaña electoral del abril, tras una baja de paternidad, en su plaza talismán del museo Reina Sofía con una réplica de la Constitución en la mano, y leía varios de los artículos que recogen los principales derechos sociales reconocidos por la carta magna. El gesto pasó casi inadvertido, pues de aquella reaparición –la primera tras la escisión del sector errejonista y con el partido al borde del colapso– copó titulares un mea culpa nunca visto antes en la política española: “Hemos dado vergüenza ajena”, espetó al sorprendido auditorio respecto al extendido cainismo en la casa morada, y exhortó a sus seguidores a ser incompasivos: “No os conforméis con lo que somos”.

El eje político Los morados iniciaron su reivindicación constitucional tras la irrupción de Vox

El mismo partido que había usado un facsímil de catálogo de Ikea en 2015 –acabada expresión del nuevo país al que hablaban cuando los morados se dirigían a las estrellas– repartía en abril del 2019, apenas cuatro años después, un programa que reproducía forma y contenido de la Constitución Española. El viaje odiseico , para acabar arribando a la Ítaca constitucional, de una formación que nació con el propósito declarado de un nuevo pacto constitucional. Podemos venía a “romper los candados” del texto constitucional que en 40 años había sido incapaz de arbitrar más reforma que la súbita y noctámbula firma de una costosa rehipoteca del país, retocando el artículo 135 para hacer de él un reaseguro del moroso español ante terceros.

Podemos nacía para impugnar al PSOE, convertido, como toda la socialdemocracia europea, a la ortodoxia neoliberal bajo los auspicios de Tony Blair, y para someter no tanto las ideas como la praxis de IU a una profunda actualización pragmática. Se alió con IU al año y medio de nacer y gobierna con el PSOE cuatro años después sin despeinarse. La capacidad de Podemos para readaptar su hoja de ruta al entorno inmediato, seguro que es parte de la receta de su exitosa porfía para no morir, pese a las muchas veces que los forenses han querido levantar acta del cadáver, pero también irrita y desazona a los estómagos políticos desacostumbrados al vértigo de montaña rusa en que se ha convertido el presente.

Los intérpretes El giro restaura el papel del PCE e inicia la pugna por la interpretación del texto constitucional

El movimiento de Podemos en el arranque del 2019 hacia el constitucionalismo fue vertiginoso y se operó en apenas cuatro meses. Fue una respuesta a una transformación profunda del escenario político. La Constitución, en su interpretación más rígida –que es la que bendice el Tribunal Constitucional desde más o menos el cambio de siglo, y que en su ultraortodoxia es antitética de la de esa misma magistratura en las dos décadas anteriores, cuando su jurisprudencia acostumbraba a ensanchar el texto–, se convirtió en el parapeto conservador español ante las convulsiones sociales y políticas. Pero sobre todo, las tensiones territoriales. La sentencia contra el Estatut fue el banderín de enganche del llamado “constitucionalismo” que reunió a PP, Ciudadanos y buena parte del viejo PSOE. Pero la irrupción de Vox en Andalucía, en diciembre del 2018, empujó ese conglomerado inmovilista (en términos constitucionales) hacia la derecha: apenas dos meses después, el líder del PSOE era acusado de felonía por querer dialogar con independentistas catalanas. El eje político español se desplazó a la derecha y la Constitución dejó de ser el argumento del centroderecha debido a que la nostalgia del nuevo artefacto político de Santiago Abascal tiene aroma preconstitucional. Ahí inicia Podemos su giro, reivindicando la memoria del PCE y se amarra a los derechos sociales reconocidos por la Carta Magna como “bases materiales de la democracia”.

Los judíos tienen dos textos sagrados: la Torá es el dictado de las reglas y el Talmud reproduce los debates rabínicos en torno a ellas. Uno de los magistrados del Constitucional que impugnó el Estatut de Catalunya, Manuel Aragón Reyes, reprendía estos días desde la prensa madrileña a Iglesias –sin mencionarlo– por la herejía de citar el artículo 128 de la Constitución –que habla del sometimiento de toda la riqueza del país, al margen de su titularidad, al interés general– probando que la batalla venidera será una pugna por la interpretación de los textos sagrados. Podemos nació como apóstata de la Torá y hoy está llamado a ser escriba del Talmud.

¿Apruebas unos nuevos Pactos de la Moncloa?