Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular junto a otras asociaciones en la causa de los denominados ‘Papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’ del Partido Popular que se investiga en la Audiencia Nacional, ha registrado hoy una nueva solicitud de diligencias de investigación dirigida al Juzgado Central de Instrucción Nº 5. El equipo jurídico de IU pide al magistrado José de la Mata que cite a declarar en calidad de investigado al empresario Juan Miguel Villar Mir, por su actuación como presidente de la constructora OHL y la sucesiva entrega de “fondos opacos” al Partido Popular, y como testigo a la dirigente del PP Esperanza Aguirre, para que explique distintas actuaciones durante su etapa al frente de esta formación en la Comunidad de Madrid.

IU expone al instructor en los fundamentos jurídicos de esta iniciativa judicial que a lo largo de las últimas diligencias practicadas a lo largo del año pasado -después de que De la Mata reabriera el caso en marzo, también a instancias de esta formación- “han cristalizado ya una serie de elementos que hacen razonar la concreción de conductas gravemente punidas por nuestro ordenamiento jurídico”.

“Cabe afirmar -constata el escrito- que de la conducta de los investigados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, ex tesoreros del Partido Popular, se pude inferir fundadamente que los mismos se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y el tráfico de influencias, estando por otra parte por determinar si también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal”.

Izquierda Unida vuelve a pedir que se tome declaración como imputado a Villar Mir, como ya hizo sin éxito al reabrirse el caso en 2017, debido a las múltiples referencias a su persona que se han ido acumulando en la causa. Entre otros, recuerda lo señalado por “el testigo y ex presidente de la Comunidad de Madrid Jaime Ignacio González sobre reiterados pagos al PP. Debe recordarse que además de las anotaciones realizadas en la contabilidad opaca llevada por Luis Bárcenas, este investigado señaló que la última intermediación de entrega de fondos opacos en la que participó, junto al también investigado Álvaro Lapuerta, fue en septiembre u octubre de 2011”.

En la solicitud de nuevas diligencias de investigación se plantea al magistrado José de la Mata que cite como testigos a otras seis personas, entre las que destaca Esperanza Aguirre. Se recuerda que según lo declarado ya por quien fuera durante muchos años su ‘número dos’ en el PP al frente del Gobierno madrileño, Jaime Ignacio González, “se celebraron dos reuniones entre el testigo y el investigado Álvaro Lapuerta, ambas a instancias de Esperanza Aguirre, en las que Lapuerta le manifestó cuestiones relativas a su conocimiento de adjudicaciones y comisiones. Por otra parte, como presidenta del Gobierno del que González era vicepresidente y coordinador político, puede tener conocimiento de las presiones que relató este último por parte de Álvaro Lapuerta a miembros de la administración pública de la Comunidad de Madrid”.

También se pide la testifical de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, quien el 20 de diciembre de 2016, en su declaración en la vista oral del ‘caso Gürtel’, declaró que “Álvaro Lapuerta le llamó en al menos una ocasión para que favoreciera a las entidades del empresario Molpeceres, en particular a la empresa Licuas”. En esa misma comparecencia, Ortega sostuvo que su expulsión del PP “se debió, precisamente, a no aceptar esa petición tras la queja de Molpeceres por la falta de adjudicaciones en el municipio madrileño”. Molpeceres también aparece citado en los ‘Papeles de Bárcenas’.

Las otras cuatro peticiones de declaración ante el Juzgado Central de Instrucción Nº5 solicitadas son las de los cargos del PP Ignacio López Galiacho, Pedro Catalina y el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, además del periodista vinculado al Grupo Intereconomía Javier Horcajo.

Los dos primeros aparecen citados en el audio grabado al empresario Rafael Palencia como personas que, tras reunirse éste con la también alto cargo del PP en los gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y persona de confianza de Alberto Ruiz-Galladón, María Paz González, “esta lo remitió a reunirse con ‘un tal Ignacio’ y con ‘Pedro Catalina’. El testigo Ildefonso de Miguel identificó a este Ignacio como Ignacio López Galiacho”.

De Luis Vicente Moro se expone en el escrito que “además de tener conocimiento de algunos de los hechos objeto de investigación, según se desprende de su conversación con Jaime Ignacio González, en la referida conversación el señor Moro habla del conocimiento que tiene del dinero negro que el también investigado en esta causa Alfonso García Pozuelo obtenía de sus gasolineras”.

Izquierda Unida hace constar también al instructor en los antecedentes de su escrito que tras las últimas declaraciones de investigados y testigos en la Audiencia Nacional en diciembre se produjo “la plena confirmación por parte de Ildefonso de Miguel de la autenticidad del audio grabado al investigado Rafael Palencia, así como del contenido de la conversación sobre las indicaciones dadas por Luis Bárcenas al referido empresario para tratar de adjudicar contratos públicos”.

“A la vez -se añade- el testigo Jaime Ignacio González relató la veracidad en lo relativo a su conocimiento del audio, del conocimiento que tiene sobre los pagos que López Madrid le indicó que Juan Miguel Villar Mir realizaba al Partido Popular, así como el testigo aportó diversos detalles de las presiones que el investigado Álvaro Lapuerta habría realizado sobre diversos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid. También relató que Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas mostraron interés en la recuperación de la supuesta comisión que Juan Miguel Villar Mir había abonado para la construcción de un vial público que finalmente no llego a ejecutarse, relatando diversas maniobras de los dos ex tesoreros para averiguar el paradero de dicha comisión, interés que estaría en satisfacer al empresario y nunca en dar cuenta a la justicia de hechos criminalmente reprobables”.

Además de estas pruebas testificales, Izquierda Unida reclama también a José de la Mata, entre otras de distinta índole, que haga un “requerimiento de auxilio judicial a la UDEF”. Así, se detalla que “en relación a lo manifestado por Luis Vicente Moro en relación al investigado Alfonso García Pozuelo sobre la generación de dinero negro con las gasolineras de su propiedad, solicítese a la fuerza actuante, UDEF, para que realice informe sobre las diferentes propiedades o inversiones que el referido investigado pudiera tener en el sector de la distribución de combustible, así como información o detalle sobre el volumen de negocio de estas, ubicación y espacio temporal en que ha tenido vínculos mercantiles con el investigado”.

En el mismo sentido, se expone también que “en relación a la prueba documental remitida por el Juzgado Central de Instrucción Nº6, que obraba en la causa investigación seguida en las Diligencias Previas 85/14 -más conocidas como ‘caso Púnica’-, en la que se da cuenta de diversa documentación contable del investigado y procesado Luis Bárcenas, documentación intervenida en casa del ex gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y no constando haberse acordado, se dé traslado del mismo y de la documentación incorporada en esta causa a la fuerza actuante que ha venido realizado diversos informes en al presente causa, la UDEF, para la emisión del correspondiente informe con el detalle preciso de la relación de la documentación intervenida con la presente causa”.

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