Los recientes acontecimientos que se viven en el estado de Michoacán, protagonizados por el avance intermitente de las guardias comunitarias o grupos de autodefensa, en territorios donde el crimen organizado ha ejercido el poder sin consideración, vuelven a ocupar, otra vez, la atención de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional. Las noticias e imágenes y videos que circulan en los medios electrónicos sobre el conflicto armado muestran fragmentos dramáticos sobre las luchas por la seguridad en una población que ha padecido infinidad de atrocidades e injusticias. Conversaciones con la población local que está en medio del conflicto narran historias todavía más desesperadamente dolorosas sobre la complejidad de la situación actual. La toma de Parácuaro, Antúnez y Nueva Italia por parte de las guardias comunitarias, y las respuestas del crimen organizado, desencadenaron una nueva alerta roja sobre el futuro de la seguridad en el estado. ¿Qué es lo que parece estar en juego tras estos nuevos acontecimientos?

Un primer elemento a considerar es que el surgimiento de las autodefensas, a inicios del año 2013, se dio en el marco de una serie de cambios institucionales, como el desplazamiento del PRD de la gubernatura en las elecciones de noviembre de 2011, tras dos periodos consecutivos, por parte del PRI, encabezado por Fausto Vallejo. El segundo elemento es que el surgimiento de las autodefensas se da en un momento en que el crimen organizado pareció adquirir mayor predominancia en la vida social. No sólo en el cultivo y tráfico de drogas, sino también en temas de secuestro y extorsión, además de prácticas cada vez más indignantes para los michoacanos de desposesión de propiedades, abusos, expulsiones, autoexilios, etc. El tercer elemento es un proceso de ruptura de pactos y alianzas entre quienes participaban directa o indirectamente, forzada o voluntariamente, en el mundo del narcotráfico o eran afectados por éste. Es decir, agentes importantes como empresarios agrícolas, comerciantes, intermediarios, campesinos, etc., fueron afectados de una manera u otra en sus vidas por las relaciones de poder centralizadas por el crimen organizado.

Estas tres cuestiones parecen haber generado una nueva configuración del orden político que dio origen a los grupos de autodefensa. Por tanto, su emergencia es un tipo de desdoblamiento de las relaciones dominantes, en las que grupos sociales específicos ya no estuvieron dispuestos a aceptar las reglas y prácticas emanadas del crimen organizado. En parte, la fortaleza de los grupos de autodefensa proviene de haber aglutinado y capitalizado los intereses y frustraciones de sectores de la población bajo un lenguaje de seguridad que el Estado, pese a sus campañas, no ha podido restablecer. Pero aún cuando el movimiento de las autodefensas ganó el apoyo popular, no debe echar las campanas al vuelo contra la erradicación del crimen organizado, pues dentro de las propias guardias comunitarias hay infinidad de intereses y proyectos que tarde o temprano pueden desatar otras tristes realidades, dado que su composición no es el de una “sociedad civil” desvinculada de la economía y política regional en la cual viven grandes sectores poblacionales.

Estas cuestiones nos llevan a un punto crucial del momento actual del conflicto armado en Michoacán. Dado que las autodefensas lograron colocarse como un actor central en el desplazamiento del crimen organizado, su expansión obligó a tomar posiciones que no estaban claramente definidas, o bien en algunos casos a evidenciar negociaciones ocultas. La descalificación sistemática que el gobierno estatal ha hecho de las guardias comunitarias, contrasta con la posición federal que hasta hace unos días tomó el gobierno de apoyar implícitamente a las guardias en sus tareas de limpieza social del crimen. Por su parte, los Caballeros Templarios imaginaron que detrás de los grupos de autodefensa se hallan otros cárteles, además de una estrategia tipo paramilitarismo a la colombiana para erradicarlos. Es aquí donde parece haber un punto demasiado delicado o peligroso. Si el gobierno estatal niega sistemáticamente la legalidad de las guardias, mediante la condena de no permitir mayor expansión, el gobierno federal parece actuar discretamente al contrario, mientras los Caballeros se atrincheran en la Sierra esperando mejores momentos.

Por tanto, la configuración de las guardias comunitarias (grupos con intereses de diverso tipo y alcance, personas que han cambiado de bando, personas que sólo pretenden ajustes de cuentas con aquellos grupos del crimen, por nombrar algunos), las contradicciones entre el gobierno federal y estatal, la resistencia del crimen organizado, la probable incursión de otros cárteles, etc., son los principales elementos que están delineando el escenario del conflicto armado actual. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos suscitados en la Tierra Caliente, tras la toma de Nueva Italia por parte de las guardias comunitarias y los enfrentamientos armados con el crimen organizado, se ha generado una nueva situación de emergencia sobre la seguridad y el futuro de las autodefensas. La reunión extraordinaria del gobierno federal y estatal para anunciar una nueva estrategia de seguridad, puso en cuestión otra vez la llamada legalidad de los grupos de autodefensa. Se anunció que ya no se tolerarán más tomas de territorios, que son grupos que deben retornar a sus localidades y dejar las armas, mientras el gobernador promete despachar desde el municipio de Apatzingán con el fin de generar mayor acercamiento con la población. Por su parte, los grupos de autodefensa resisten tales peticiones imaginando los peligros que pueden pasar si dejan la armas y retornan a sus comunidades como ciudadanos comunes.

En este escenario una cosa parece clara: las nuevas modalidades del conflicto armado michoacano exigen tratarlo de una manera menos simple que sólo restablecer el “orden” o la “ley”, debido al costo de vidas humanas que puede acarrear cualquier desenlace. Si las autodefensas retornaran a la vida civil, dejando las armas, se enfrentarían ante una ofensiva real y despiadada de parte del crimen organizado, puesto que entre las propias comunidades y familias, se sabe perfectamente quién es quién, lo que indudablemente ahondaría la de por sí aguda violencia. Esto traería otras implicaciones; la violencia armada de ahora se tornaría una violencia cotidiana más aguda de la que existe en las localidades actualmente; si el crimen organizado lanza una ofensiva contra los “volteados” o los que supuestamente los traicionaron, se va desarrollar un problema mayor. No se debe restar la capacidad que tiene el crimen organizado para restablecer sus dominios en contextos de un mundo lleno de complicidades ocultas. De igual forma, si las fuerzas armadas como el Ejército y la Policía Federal pretenden tomar el control total de la seguridad, desplazando a las autodefensas, es claro que ni el trabajo de inteligencia más fino les va a permitir desmantelar las estructuras del crimen organizado, ya que el narcotráfico es la cristalización de una red espesa de la misma organización económica, política y social de las poblaciones y sus mercados, tanto locales como nacionales o internacionales. Además de que su presencia en la región, la cual data de la década de los años sesenta para combatir el narcotráfico, no ha generado resultados impactantes, en parte no porque el Ejército sea ineficaz, sino por la complejidad misma de la economía y sus actores involucrados. No debemos olvidar que la violencia que se ha vivido en estos pueblos es histórica y de muy distintas dimensiones, en donde la capacidad de resiliencia que han desarrollado, las lleva a buscar distintos medios para enfrentar adversidades, ya sean legales e ilegales, formales e informales. Por tanto, no debemos ver este tipo de poblaciones como entes que pueden ser sólo objeto de intervención, como si su capacidad de organización no existiera.

En este sentido, lo que parece más plausible de este triste panorama es una negociación pública entre los múltiples actores legales o semilegales, con el fin de construir agendas políticas sistemáticas, con contenido, focalizadas en problemas reales y que pudieran irse modelando conforme se vayan destrabando obstáculos. Esto exige una capacidad de recepción y diálogo, sin posiciones de poder preestablecidas o etiquetas de autoridad que lo único que hacen es cancelar la posibilidad de acuerdos.

Salvador Maldonado Aranda es profesor-investigador en El Colegio de Michoacán. Su más reciente investigación es sobre territorios ingobernables.