El proyecto del Ejecutivo plantea un cambio en varios artículos de la Ley provincial 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) sancionada en noviembre del 2011 y cuenta con una moción de preferencia para que sea tratado en las últimas sesiones del año.

El proyecto en cuestión desató la polémica inmediatamente por varios aspectos. Por un lado, por tratarse de una votación “exprés” en la cual la iniciativa ya cuenta con una moción de preferencia votada la última sesión y se encuentra a la espera que los despachos de la comisión de Medio Ambiente y posteriormente la de Asuntos Constitucionales, habiliten su tratamiento en la sesión del 4 de diciembre.

También se pone en cuestionamiento el impacto ambiental que producirá el nuevo ordenamiento territorial

Según Lopez Raggi, ministro de Producción, los cambios propuestos se amparan bajo una actualización de los últimos cinco años del ordenamiento territorial y que se ajusta a los criterios de zonificación a la ley nacional. Con esta modificación se busca aumentar las hectáreas rojas de bosque (mayor protección) pero también aumentan las de color verde, aquellas de menor protección y que permiten ser edificadas. Se eliminan categorías de conservación Estos cambios están considerados en los 15 artículos que se modificarán y en la derogación de otros dos de la Ley 2780.

En la eliminación de los artículos 17° y 18°, y tal cual muestran los mapas anexados al proyecto, radica principalmente el cuestionamiento. Ya que las categorías intermedias de protección como la naranja y amarilla decrecen un 33%, lo que habilita un incremento de las zonas aptas para el desarrollo inmobiliario. Es decir, mediante el cambio de categorías se busca legalizar hectáreas para loteos, principalmente en el Cerro Chapelco.

El impacto ambiental que tendría la venta de terrenos a valor fiscal, muchos de ellos a centavos el metro cuadrado, a grandes grupos empresariales de desarrollo inmobiliario no se puede calcular, pero sería catastrófico.

La propuesta del oficialismo cosechó el repudio de la Asamblea Socio Ambiental y el Defensor del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes y comunidades mapuches, entre otros.

Según los asambleístas, los nuevos mapas con los cambios de categoría disminuyen la protección de los bosques, habilitaría el resistido proyecto inmobiliario en el cerro Chapelco y que también afectaría al Cerro Bayo en Villa la Angostura.

En este sentido se expresó la Defensoría del Pueblo de San Martín mediante una carta dirigida a la Legislatura, argumentando que “la Ley Nacional 26331 y la respectiva provincial 2780 se alimentan, sobre todo, de criterios técnicos ambientales de preservación, reconstitución y restricción, que han sido olímpicamente apartados a la hora de “mapear” la actualización de la cota intermedia de cerro Chapelco”.

Las comunidades de la línea sur Paicil Antriao, Vera y Curruinca también hicieron su descargo sobre la modificación al esgrimir que no fueron consultadas según convenios de la OIT y que “la determinación del uso del bosque en el territorio de pueblos indígenas y áreas colindantes que han desarrollado su cultura, sus tradiciones y su espiritualidad en ese entorno no puede hacerse sin la consulta y el consentimiento previo libre e informado de estos”.

La modificación será tratada este miércoles en la Comisión de Medio Ambiente a partir de las 9 horas, a la que los asambleístas y las comunidades adelantaron que se movilizarán para repudiar su tratamiento.