Hacinados en cités, casonas, galpones y campamentos, los migrantes han debido soportar condiciones infrahumanas de habitabilidad, buscar estrategias de sobrevivencia y lidiar con todo tipo de especuladores que les arriendan bodegas, corredores y hasta pequeños espacios debajo de las escaleras. Sólo en la comuna de Santiago, al menos 6 mil extranjeros serían víctimas de “subarriendos abusivos”. Una práctica extendida transversalmente que refleja el rostro deshumanizado de la sociedad chilena.

Era tanto el frío que prefirió dormir con ropa. Todavía no se acostumbraba al invierno. Menos a la húmeda habitación que compartía con un amigo. Aún somnoliento, creyó escuchar una explosión. Cuando su compañero de pieza lo despertó, entendió que la pesadilla era real. Un estallido acababa de romper los vidrios de la pieza. La habitación se estaba incendiando.

Kesnel Toussaint llegó a Chile el 4 de mayo de 2017, proveniente de Anse-à-Pitre, un pueblo haitiano de 30 mil habitantes ubicado en la frontera sur con República Dominicana. Primero llegó a vivir a una pieza en la comuna de San Miguel y un mes más tarde se mudó a una vieja casona ubicada en Cienfuegos 237, junto a un amigo de infancia. Él fue quien le salvó la vida la madrugada del 18 de mayo de este año. “Me empujó, estábamos durmiendo juntos en una cama pequeña. Había humo, corrimos a la puerta y salimos. No alcancé a sacar nada”, recuerda.

El incendio había comenzado en la pieza de Kesnel, aparentemente por una falla eléctrica. Los gritos alertaron a los demás moradores que vivían repartidos en alrededor de 42 habitaciones. Más de 100 personas. El 90% haitianos.

Según el mapa de la migración en Santiago, realizado por la consultora Atisba a partir de datos proporcionados por el censo 2017, la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de migrantes con 80.094 personas, equivalente al 25,6% de los extranjeros reportados en la región. Los niveles de hacinamiento, a partir de los datos de la última Casen en la Región Metropolitana, alcanzan un 28% en población migrante, concentrándose en las comunas de Quilicura, Renca y Santiago. Una bomba de tiempo que estalló con la primera chispa surgida en la pieza del joven haitiano de 26 años.

Sin luz en los pasillos, la evacuación fue caótica. El incendió se propagó tan rápido que algunos inquilinos del tercer piso no pudieron bajar y comenzaron a lanzar colchones desde las ventanas y a amarrar sábanas para deslizarse hacia la calle. Una mujer descolgó a su pequeño hijo y luego se lanzó por la ventana. Otra perdió a su bebé luego de tirarse desde el tercer piso. Estaba embarazada. Varios terminaron con múltiples fracturas y uno de los habitantes murió.

Esa noche, estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que estaba en toma, albergaron a gran parte de los damnificados. Al otro día las redes asistenciales de vecinos y diversas organizaciones promigrantes comenzaron a buscar arriendos en el sector. “La escasez de habitaciones hizo que empezaron a subir de inmediato. Encontramos piezas pequeñas por 250 mil pesos. La especulación fue tremenda”, recuerda Valeska Aguilar, vecina de la vivienda afectada.

Los más desprotegidos tuvieron que regresar a la casona siniestrada. El abogado del dueño de la propiedad dijo en los noticiarios que se trataba de una toma, lo que fue desmentido por los migrantes con los comprobantes de pago. Cada piso, asegura Kesnel, era administrado por un delegado, el mismo a quien pagaba sagradamente 150 mil pesos mensuales por una pieza humedecida por la filtración de un baño. Una práctica que a falta de regulación jurídica se ha denominado simplemente “subarriendo abusivo”. Al menos 6 mil personas, según un catastro de la municipalidad de Santiago, viven bajo esta modalidad, repartidas en alrededor de 100 inmuebles. El déficit habitacional en la comuna alcanzaría las 14.405 viviendas.

Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, asegura que el subarriendo es una figura que ha aumentado sin ningún tipo de regulación. “La política de vivienda se vincula a las exigencias en cuanto a propietario, no en la forma en que ocupan y hacen uso de ese espacio. El proceso migratorio exige que los municipios interpelen a las políticas habitacionales para que exista una responsabilidad social respecto a la mantención del inmueble. El país no se está haciendo cargo de estas prácticas abusivas”, sostiene.

La municipalidad de Santiago reconoce el problema. Pero si no hay denuncia, no hay intervención. Y como la responsabilidad en este caso recae en un privado, es poco el margen de acción que les queda. La única política que ha funcionado hasta ahora es la de hechos consumados. Y, paradójicamente, son los propios incendios los que gatillan una intervención. El pasado 6 de junio un decreto de inhabitabilidad del inmueble permitió el desalojo de los últimos moradores de la propiedad ubicada en la calle Cienfuegos. Algunos se fueron a vivir a una casona en la calle Almirante Latorre. Otros se repartieron en comunas aledañas como Conchalí y Recoleta. La mayoría, sin embargo, optó por una nueva modalidad de habitabilidad colectiva: los galpones.

A escasas cuadras de su antiguo hogar, un viejo taller mecánico fue adaptado para recibir a los damnificados. Un lugar inhóspito, sin luz natural y piso de cemento, donde han construido pequeñas piezas con el mes de garantía que les pasó el dueño de la propiedad incendiada. Pagan hasta 180 mil pesos mensuales y ellos mismos se han encargado de edificar los baños. Las piezas ni siquiera tienen techo, sólo un cielo de material ligero para resguardar la intimidad. Quienes conocen el lugar describen los habitáculos como “pequeños cubos con tapas”.

Kesnel finalmente encontró una habitación en las inmediaciones del metro Toesca. Una casona similar a la de Cienfuegos. Todavía tiene problemas para conciliar el sueño en las frías noches de invierno.

Nuevo Amanecer

Elizabeth Andrade llegó al campamento Nuevo Amanecer, ubicado en la parte alta de Antofagasta, el 5 de noviembre del año 2015. Recuerda que se mudó en la madrugada y que decidió instalarse bien apartada del resto de las viviendas. “Lo hice para que nadie se enterara de las cosas que tenía adentro”, señala. Hoy reconoce con vergüenza que fue una decisión clasista. “Pensaba que estaría lleno de prostitutas, traficantes y delincuentes, pero me equivoqué. Ahora puedo asegurar que todo lo que dicen de los campamentos es un mito y que con el tiempo uno va generando una mirada más inclusiva e intercultural”, agrega.

Elizabeth es peruana, tiene 51 años y llegó a Chile a comienzos de los ‘90. Ingresó al país dejando atrás su vida religiosa como misionera de la comunidad ignaciana Niño Jesús de Praga. Primero estuvo en Arica once años, donde trabajó como empleada puertas adentro, y luego emigró a Antofagasta junto a su hija y esposo. En la ciudad trabajó de empleada doméstica y arrendó piezas junto a su hermana en una casa compartida. Hace tres años, tras separarse de su marido, decidió irse a vivir a un campamento.

Entre los años 2011 y 2016, según datos del ministerio de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, los campamentos en la ciudad de Antofagasta aumentaron un 487%. Del total de habitantes de estos asentamientos, según un estudio realizado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, un 59,2% son migrantes. La familia de Elizabeth engrosó la estadística.

Al cabo de unos meses, venciendo todos sus prejuicios, la exmisionera se transformó en dirigenta. Primero fue secretaria, luego presidenta del comité de vivienda y ahora es una de las voceras de todo el macrocampamento. Hoy, asegura, conviven en el lugar 1.357 familias repartidas en 977 casas, en una ciudad que posee el mayor ingreso per cápita del país. “Es la paradoja de la minería, Antofagasta es la ciudad más rica de Chile y también la más desigual, tiene los arriendos más caros y el costo de vida más alto. La cantidad de plata que circula es inmensa, pero la distribución de los ingresos deja mucho que desear”, asegura.

En el año 2011, según datos de Techo Chile, existían 28 mil familias viviendo en campamentos. Hoy el número se empinaría sobre las 40 mil, cifra similar a la del año 1985, lo que implica un retroceso de más de 30 años. El mismo estudio señala que de los 99 asentamientos estudiados, el 51% tienen familias migrantes.

Para Bruno Rojas, dirigente del Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, se trata de una realidad compartida por chilenos y extranjeros. “A diferencia de lo que cree la gente, los migrantes no llegaron a aumentar los problemas sociales, sino a condensar a través de sus experiencias en cités, campamentos o edificios, las mismas vivencias por las que han pasado miles de chilenos. En el fondo encarnan los problemas de loa que como sociedad no nos estábamos haciendo cargo, como el hacinamiento, la especulación inmobiliaria y la discriminación de la pobreza”.

Si bien Elizabeth reconoce todas las dificultades que enfrentan los migrantes, prefiere asumir su tarea como un desafío, dejando de lado cualquier atisbo de victimización.

“Valoro nuestro proceso de organización, porque la construcción de sentido no es algo considerado en la política de vivienda”, dice. Precisamente este ímpetu, asegura la socióloga María Emilia Tijoux, hace de los campamentos un lugar de resistencia. “Vivir en un campamento es un trabajo de planificación colectiva. Existen horarios, comidas, cuidados. Involucra necesariamente una organización social. Eso es algo fundamental y tiene que ver, por supuesto, con una mirada política”.

Y en esta lucha, que no es ni de chilenos ni de extranjeros, Tijoux ve un desafío en la política pública. “Debemos entender que estamos frente a trabajadores que necesitan vivir tan dignamente como los demás. Las personas migrantes deberían ser incorporadas a las políticas públicas de vivienda, que tampoco son las mejores para los chilenos, pero no de una manera diferenciada”. Porque en la división, asegura, “está la esencia del racismo”.

Cités

Eran tan pocos los peruanos que vivían en el país a principios de los ‘90, que la familia Delgado era siempre invitada a las fiestas patrias del 28 de julio en la embajada. Con el correr de los años y el arribo de innumerables compatriotas, la celebración se tornó más exclusiva y los dejaron de invitar. “Con suerte éramos 40 personas, ahora no invitan a nadie porque somos muchos, les sale más caro”, cuenta Margarita Fernández- Dávila.

Su esposo, Alfredo Delgado, fue el primero de la familia en llegar a Chile el año ‘89, arrancando de las esquirlas del grupo maoísta Sendero Luminoso. Un año después lo hizo Margarita y posteriormente seis de sus diez hijos. Tras un par de años viviendo hacinados en dos habitaciones en la calle Cóndor, la familia se instaló en el cité “El Palto”, ubicado en el número 328 de la calle San Francisco. Fueron los primeros migrantes peruanos en habitar el cité, a principios de los años ‘90, en lo que se reconoce como la primera ola de migración transfronteriza.

Los cités históricamente han estado ligados al fenómeno migratorio. Primero como vivienda obrera, receptora de la migración campo-ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX, y posteriormente como alternativa de vivienda a los migrantes que lentamente comenzaron a instalarse en Chile. Hoy conviven allí colombianos, haitianos, dominicanos y venezolanos.

“A través de los cités puedes contar la historia de la migración en Chile. Primero fue la migración campo-ciudad, luego la transfronteriza peruano-boliviana en los ‘90, posteriormente la de colombianos a partir del año 2000, y lo que vemos hoy, que es toda la ola migratoria de haitianos y venezolanos”, asegura Pedro Palma, geógrafo y magíster en Desarrollo Urbano del Observatorio Cite (Ciudades Integradas al Territorio).

Lentamente, el cité, con una estructura física de pasaje, comenzó a modificar su apariencia debido a las variadas intervenciones que realizan tanto chilenos como extranjeros. Palma estudió el tema en el marco de una investigación sobre patrimonio inmaterial en estos conjuntos habitacionales. El trabajo aportó información sobre la ocupación del espacio y el cambio en la morfología original. “Los ocupantes de los cités se empiezan a apropiar del lugar producto del hacinamiento. Construyen habitaciones hacia el exterior de las viviendas y el interior es modificado con segundos y terceros pisos, subdivisión de las habitaciones y fabricación de altillos”, cuenta.

La familia Delgado pasó por el mismo proceso. En total eran ocho personas y contaban con tres pequeñas piezas. La dueña del inmueble los autorizó para construir un altillo. Allí se instalaron Margarita y Alfredo, junto a las hijas del matrimonio. Los hombres ocuparon las piezas restantes.

De acuerdo a los planos de las viviendas investigadas, Palma pudo comprobar que las habitaciones originales prácticamente se triplicaron. “Casas de 70 metros cuadrados, con tres habitaciones, pasaron a tener hasta ocho piezas”, explica. En los cités más pequeños la estrategia fue otra. Como la subdivisión era imposible debido al tamaño,

optaron por rotar el uso de camas de acuerdo al horario de trabajo de los ocupantes. Una práctica conocida como “camas calientes”.

La creciente demanda de espacios, sin embargo, ha generado nuevas ofertas de vivienda. Viejas casas con terrenos de 400 o 500 metros cuadrados, ubicadas en Lo Hermida, Quinta Normal o Cerro Navia, han construido en sus patios habitaciones a ambos costados, con un estrecho pasillo al medio y baños compartidos, resucitando la morfología clásica de los viejos conventillos.

La transformación de los patios traseros de las viviendas antiguas es un fenómeno extendido. A tal punto ha llegado la especulación, que arriendan antiguas bodegas, utilizadas para almacenar balones de gas, las que han sido acondicionadas como habitaciones. “Son viviendas ubicadas en Estación Central, cerca de 5 de abril con Las Rejas, que originalmente tenían ese espacio y que lo adaptaron para arrendarlo. Apenas cabe una cama de una plaza con una repisa”, cuenta la Geógrafa Yasna Contreras.

Si de espacios reducidos se trata, se han reportado casos que apenas califican para cuchitril. “Nos hemos encontrado con arriendo de corredores, separados por cortinas, y espacios ubicados debajo de una escalera. La especulación se ha instalado transversalmente, configurando un retrato deshumanizado de la sociedad chilena y naturalizando la explotación contra la gente. Porque el que alquila sabe que el migrante es un buen pagador y que trabaja para tener un techo. Por eso es un sujeto cautivo del mundo laboral. Está atrapado entre la vivienda y el trabajo”, agrega la socióloga María Emilia Tijoux.

La única manera de entender a los otros, asegura, es formularse una simple pregunta a sí mismo: “¿Estarías dispuesto a vivir en las mismas condiciones?”.

* El reportaje fue publicado originalmente en Palabra Pública