Angélica Mercado

El presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado una iniciativa para que el procurador general de la República, Raúl Cervantes, no sea nombrado en automático fiscal general, sino que sea designado por la Cámara Alta.

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En iniciativa presidencial, inscrita en la Gaceta Parlamentaria de hoy, el mandatario explicó que la modificaciones al artículo 16 transitorio de la Constitución obedecen a las inquietudes manifestadas por los legisladores, la sociedad y la academia, quienes señalaron que el nombramiento automático del fiscal "no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional de la Fiscalía".

La iniciativa indica que corresponderá al Senado iniciar el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Constitución.

"Previendo, a efecto de no afectar el funcionamiento de la propia Fiscalía, que el procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía constitucional, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado de la República designe al fiscal general de la República y, adicionalmente, que el Procurador de que se trate podrá ser considerado para participar en el proceso de designación", dice la iniciativa.

De acuerdo con la Presidencia, se trata de una modificación que busca fortalecer a la Fiscalía General de la República y a la procuración de justicia en México.

Hoy las bancadas del PAN y del PRD también presentarán sus iniciativas de reforma al artículo 16 transitorio, que define el procedimiento para que el Senado elija al nuevo fiscal, con características como ser un funcionario sin antecedentes partidistas.



La iniciativa del PAN plantea que el fiscal general sea una persona desvinculada de cualquier partido político. En tanto la del PRD propone que todas las fiscalías sean por designación del Senado y por ellos se propondrá un paquete de disposiciones que garantice la autonomía del fiscal general con reglas de transparencia que pasen por una amplia auscultación ciudadana.

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Además, contienen medidas de remoción del fiscal por el ejecutivo que limitan la discrecionalidad al dar facultades al Senado para objetar la remoción en cada caso, entre otras.





JASR