El estudio “Legalidad contra las Cuerdas”, presentado hoy por las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción, Causa Ciudadana y Nexos, identificó 20 acciones impulsadas por el gobierno federal que a su juicio son ilegales, siete de dudosa legalidad y cuatro “leyes a modo”.

María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción, así como José Antonio Polo Oteyza y María Elena Morera, ambos de Causa en Común, precisaron que el estudio cubre de diciembre de 2018 a mayo de 2019 e identifica las acciones de gobierno que han tenido consecuencias negativas para la población.

Casar opinó que una de las frases más utilizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, pero en los hechos una gran cantidad de actos del nuevo gobierno han sido motivo no sólo de cuestionamientos, sino de litigios por parte de ciudadanos, gobiernos locales, funcionarios públicos, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.

El estudio identifica como acciones ilegales la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, el memorándum para dejar sin efecto la reforma educativa, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el inicio de Santa Lucía, la omisión en la desocupación o bloqueo de vías férreas en Michoacán y el cierre de comedores comunitarios.

Asimismo, el reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional, la cancelación de recursos para estancias infantiles, la adjudicación directa sin justificación en compra de pipas de Pemex, el inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos, la consulta participativa para la termoeléctrica en Huexca, Morelos, la militarización de las funciones de seguridad pública, entre otras.

El documento también incluye como acciones de dudosa legalidad el nombramiento de los llamados “súper delegados”, la adjudicación directa del estudio costo-beneficio del Tren Maya, la refinería Dos Bocas sin licitación ni permisos ambientales, la reducción de recursos para combatir el VIH Sida y cáncer, los programas sociales sin reglas de operación.

En tanto, enlista como “leyes a modo” la llamada “Ley Taibo”, para que Paco Ignacio Taibo II pudiera asumir la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE); la transformación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en una dirección adscrita a la Secretaría de Bienestar.

También el cambio al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que las asociaciones religiosas e iglesias puedan participar en proyectos de reconstrucción del tejido social; y el reglamento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Polo Oteyza indicó que el estudio será publicado en Nexos, y aclaró que no se hizo para ganar dinero, pues “en todo caso nos estamos ganando una bronca”.

A su juicio, desde el gobierno se inventan problemas para tapar la realidad que se vive, por ejemplo, con una recesión en materia económica y un grave tema de inseguridad.

En tanto, María Elena Morera criticó el hecho de que se haga a un lado a las organizaciones de la sociedad civil, cuando “no nacimos ayer” y tenemos el derecho de participar y opinar de diversos temas.