Los especialistas coinciden en que México tiene uno de los procesos de cambio de gobierno más largos y costosos del mundo. Este año, por ejemplo, el presidente electo Enrique Peña Nieto tiene a su disposición unos US$11,5 millones para gastar en la forma que su equipo considere más conveniente.

Es más del doble del dinero que se asignó en 2008 al entonces presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, quien tuvo recursos públicos por US$5 millones para preparar su arribo a la Casa Blanca después de ganar los comicios.

El dinero que se destina al llamado proceso de transición gubernamental causa polémica en México, pues aunque existen algunas reglas para utilizar estos recursos, la decisión final corresponde al equipo del presidente electo, le explica a BBC Mundo el periodista Daniel Lizárraga, autor del libro “La corrupción azul”.

Eso provoca una amplia discrecionalidad en el manejo del presupuesto, insiste. Los decretos para asignar recursos para el relevo presidencial establecen que debe utilizarse para elaborar el plan de trabajo del nuevo gobierno, así como para el pago de asesores, equipo y papelería que se necesite.

Pero en términos reales, para cumplir estas tareas, son los colaboradores del nuevo mandatario quienes deciden a quién contratar, los servicios necesarios y el sueldo asignado a sus empleados.

Es algo que no sólo ocurre en la presidencia mexicana. Recientemente Juan Sabines, gobernador de Chiapas, uno de los estados más pobres de México, solicitó un presupuesto de US$384 millones para el cambio de gobierno en su entidad.

La petición causó revuelo en el país y al final fue rechazada. Sin embargo, es una muestra de las costumbres políticas mexicanas.

“Yo le llamo la dote del poder, pues quien gana tiene garantizada una bolsa de millones de pesos para gastarla prácticamente en lo que quiere”, afirma el periodista.

Edecanes

La falta de controles específicos provoca una escasa supervisión de gastos en la transferencia gubernamental.

Un ejemplo ocurrió hace seis años, cuando el equipo del entonces presidente electo Felipe Calderón recibió unos US$10 millones para el período de transición.

De estos recursos se gastaron cientos de miles de dólares en restaurantes, estudios de imagen, renta de camionetas blindadas, tarjetas de negocio y edecanes (mujeres jóvenes que atienden actos públicos), según documentó Lizárraga en su libro.

Las cuentas entregadas por estos servicios no fueron satisfactorias para la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo del Congreso que fiscaliza el gasto de todo el gobierno mexicano, pues consideró que no se relacionaban con el proceso de entrega y recepción de la administración pública.

En su momento, la Secretaría de Hacienda, responsable de entregar el dinero, dijo que los gastos fueron justificados porque cumplieron con los requisitos fiscales que establecen las leyes. Al final, las cuentas quedaron sin aclarar.

Eso es parte del problema, apunta Lizárraga. En términos generales existen tareas designadas por el Congreso para un adecuado cambio de gobierno, pero la última definición es discrecional. “¿Un estudio de imagen es necesario para la transición? Yo digo que no, pero ellos deciden”, afirma.

¿Transparencia?

El equipo de Enrique Peña Nieto asegura que no cobrará salario por sus servicios, ni tampoco rentará oficinas, camionetas blindadas ni guardias especiales.

“Algunos tendremos que poner de nuestros propios recursos”, le dijo al diario Reforma el vocero del presidente electo, Eduardo Sánchez.

De hecho, la coordinadora de Derechos Humanos del equipo de Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, asegura que todos los gastos serán debidamente informados. “Estamos comprometidos con la transparencia de los recursos”, asegura.

Ahora el equipo del mandatario electo dispone de tres meses para utilizar los US$11,5 millones y, a diferencia de transiciones anteriores, existen algunas normas para usar el dinero… Pero sólo en parte.

Las Reglas de Operación del Fideicomiso de Transición 2012 del Banco del Ejército (Banjercito), donde se depositaron los recursos, establece que deberán usarse unos US$307.000 en gastos como renta de oficinas, comunicación, comida y gastos de oficinas, entre otros.

Pero de los restantes US$11,2 millones no se conocen las condiciones para usarlos.

El gubernamental Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó que todos los gastos y reglas del proceso de transición fueran publicados en internet.

BBC Mundo intentó consultar el contrato del Fideicomiso de Transición 2012, que establece el destino completo del dinero para el actual relevo de gobierno, pero el servidor de internet de Banjercito respondió que la información no fue encontrada.

Tampoco fue posible conocer las facultades del comité técnico que administra ese Fideicomiso y que debe autorizar los gastos efectuados por el equipo de Peña Nieto.

Conocer el balance final del cambio de gobierno tardará algún tiempo. Según las leyes mexicanas, los gastos del actual relevo presidencial forman parte del presupuesto fiscal de 2012 que el Congreso podría revisar en 2013, si la mayoría de los diputados lo decide.

Y si existen irregularidades, legalmente el plazo para empezar su investigación iniciará en febrero de 2014. Si la Auditoría Superior de la Federación encuentra motivo para aplicar sanciones, el primer paso sería en 2015, y los castigos finales, si se concretan, podrían aplicarse a partir de 2016.