La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Florencia y Máximo, por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur, por el alquiler de sus hoteles.

Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien deberá decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes, en el caso de la UIF querellante en el caso por el cual la actual senadora está procesada por lavado de dinero.

El próximo paso será correr vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si eleva a juicio el expediente.

El pedido de debate oral ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y alcanza además al empresario Lázaro Báez.

Cristina Kirchner y sus hijos, acusados de lavado

¿Qué es la causa Hotesur?

El juez federal Julián Ercolini investiga las operaciones de Hotesur SA, empresa dueña del hotel Alto Calafate. Se sospecha de presuntas maniobras ilícitas de blanqueo.

Estiman que esa práctica de lavado fue por unos 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la "ruta del dinero K".

Hay 18 imputados, entre ellos a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares; además de Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornos, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.



Según expresaron los fiscales de la causa, esa práctica llevada adelante "por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados".

Sospechan que los hoteles de la familia Kirchner fueron parte de un "proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública, se desarrolló entre 2008 y 2013 con la participación del empresario Báez".

Pollicita entiende además que la investigación "no se agota" en dicha maniobra y la vinculó con otras causas de lavado de dinero donde está involucrado Sanfelice y Cristóbal López.