Michoacán.

A sus 12 años Luis ingresó a las filas del narcotráfico como un empleado más. Su deseo era comprarle una casa a su mamá y pensó que la única manera en que lo lograría era uniéndose a quienes le dieron una pistola y, en poco tiempo, dinero, pero insuficiente.

Luis nació en Apatzingán, en la comunidad de Cenobio Moreno, parte de lo que fuera el epicentro del Cártel de Los Caballeros Templarios, grupo delictivo surgido en el estado de Michoacán en 2011. Hoy tiene 18 años y sabe que dentro de toda la organización, él es el eslabón más débil.

Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre Goyo, se ha dedicado a ayudar a las víctimas de la violencia a través de su asociación Cristos, la cual calcula que en 2014 ya había 4 mil 800 huérfanos en Michoacán y más de 2 mil 500 viudas.

Desafortunadamente las cifras de El Padre Goyo son unas de tantas que pululan en registros no oficiales o en documentación de organismos internacionales. El gobierno mexicano no cuenta con un censo de los huérfanos, víctimas de la delincuencia organizada.

Hasta noviembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Michoacán sólo contaba con 414 niños puestos a disposición de una institución para su cuidado y educación en toda la entidad. Todos relacionados en algún tipo de delito violento.

Información solicitada en el DIF de Michoacán señala que no cuenta con censos especiales para conocer el número de niños y jóvenes en riesgo, mucho menos la cifra de los huérfanos, porque el trabajo es “100% preventivo”, advirtió la directora de Asistencia e Integración Social del Sistema DIF en Michoacán, Gabriela Perusquía Carreras.

La institucionalización de los niños es el último recurso por “ley y humanidad”, aunque eso signifique dejar a los menores a resguardo de un familiar, que no está apto para atender a los niños.

Según los testimonios recabados con funcionarios del DIF estatal, son dos las razones por las cuales esta institución omite dar continuidad a los casos de los niños huérfanos en resguardo de un familiar: la primera, que los trabajadores sociales no pueden obrar con libertad y seguridad en algunas regiones de Michoacán, como la de Tierra Caliente; la segunda, la falta de personal calificado, debido a pugnas sindicales.

Aunque según Perusquía Carreras, “dice la teoría que si hay un niño huérfano, tiene que estar puesto a disposición de una institución, si perdieron a papá y mamá y no están con nosotros es porque hay alguien que se puede hacer responsable de ellos. ¡Sería preocupante pensar que hay menores de edad en la calle y no los tenemos nosotros!”.



Los reportes de las víctimas revelan que los niños que son reclutados por organizaciones criminales se encuentran, en la mayoría de los casos, expuestos a entornos violentos.



La Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim) reveló en su informe “Infancia y Conflicto Armado en México” que serían alrededor de 30 mil huérfanos en todo el país, mientras que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados fue más allá, calcula 40 mil.

Uno de estos jóvenes de la comunidad de Cenobio Moreno explica que un menor huérfano es más fácil de captar por las redes del crimen organizado.

“Conocí a un niño de aquí, de Apatzingán, de 12 años, que ahorita anda allá en el cerro con esta gente. Y este es un niño huérfano, que él vivía ahí con su abuelita, pero sin papás; entonces, pues no le hacía caso a la abuelita, y ella no le promocionaba muchos valores, y además tenía vecinos malandrines, entonces el chiquillo todo el día se la pasaba en la calle. Sí, sí es un factor, y muy importante, el que sean huérfanos; es más difícil”, cuenta el menor de edad.

Narco desborda la violencia

Hace siete años, 23 niños deambulaban solos en medio de una plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los menores dijeron a los policías que a sus padres los habían “levantado”, es decir, secuestrado por el crimen organizado. La noticia que se dio a conocer al día siguiente, también informaría que en la institución encargada de acoger a menores, el DIF de aquella entidad, tenía ya a casi mil menores en los últimos años.

Esta situación es igual que en el estado de Michoacán. Los dos ocupan las principales estadísticas en torno a homicidios y desaparecidos por el crimen organizado.

Para atender el caso de huérfanos, Selene Vázquez Alatorre, ex comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, informa que se está haciendo un registro, pero que va lento debido al desplazamiento de los deudos.

“El registro es un poco más lento, pero sí lo estamos haciendo. Aunque el mayor número de víctimas son varones, los agraviados indirectos que sobreviven a los varones son niños y esposas que quedan en la miseria y en el abandono, que a veces tienen que cambiar de ciudad o de lugar, por temor a ser ellos luego objetos de venganzas o cosas así”, dice

La ex diputada local explica que el caso de Michoacán es especial, sobre todo después de que se detonó el movimiento de las autodefensas: “Hubo muchas familias desplazadas y eso dejaba en indefensión a las víctimas, tenemos un caso de un solo sobreviviente de una familia de 14 y esa mujer quedó supremamente afectada”, relata para justificar por qué ha sido tan difícil llevar un registro detallado de las víctimas.

Vázquez Alatorre explica cómo se fragmentan las familias y quedan en la orfandad decenas de menores.

“En un caso de Apatzingán, el homicida es el padre, la mamá muere y los niños quedan en extrema pobreza a cargo de algún pariente que los quiera recoger. Te quedan cuatro niños huérfanos, que se van a cargo de una hermana de la madre que vive en una choza, sin piso… y de un momento, de cuatro hijos pasa a ocho”.

A nivel nacional todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar porque así está estipulado por la ley: sólo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.

Pero el problema principal por el cual no se ha podido atacar de manera directa es por la falta de registros confiables que permitan conocer cuántos huérfanos son y cuáles son sus necesidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, detalla que al menos 30 mil menores de edad en México estarían en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado para realizar actividades como extorsión, tráfico de personas, piratería, robos y narcotráfico.

Liberar a menores de su entorno

Es por ello que expertos como Juan Martín Pérez García, director de Redim y Froylán Enciso, historiador y experto en temas de política de drogas, coincidieron en que no sólo falta otorgarles recursos para apoyar a las familias que acogen a estos menores en orfandad. Hace falta tener un número confiable y así otorgarles apoyo sicológico y evitar que en un futuro no muy lejano se conviertan en empleados del crimen organizado.

Enciso explicó que es fundamental enseñar a los niños que se han “acostumbrado” a vivir en medio de la violencia a que ese tipo de contextos no son normales.

Comentó que hay reportes de menores de edad que no solamente se vieron afectados y traumatizados por la violencia, sino que como efecto de ese trauma la normalizaron.

“Esto es muy preocupante —advierte Enciso— porque cuando creces pensando que esa es la única manera de vivir, la única manera de ser, terminas repitiendo las conductas antisociales, terminas convirtiéndote en uno de esos victimarios que tuvieron un efecto pedagógico en ti. No es normal crecer en medio de un ambiente social que legitima la violencia”.

En este atropello armado, los niños han sido impactados directamente de forma crítica. Parte de esos daños incluyen el reclutamiento forzoso, los homicidios violentos, la orfandad, el desplazamiento forzado y las desapariciones, señala Juan Martín Pérez García, director de la Redim.

El experto afirma que en esta guerra contra el crimen organizado una gran parte de las estadísticas de homicidios lo ocupan los menores de 12 a 17 años.

La guerra fallida y el reclutamiento

En el sexenio del ex presidente panista Felipe Calderón se registraron mil 400 homicidios contra menores de edad, y de esta cifra, 681 correspondían a jóvenes de 15 a 17 años que fueron enrolados por el crimen organizado, de acuerdo con el informe de la Redim.

“Esta estrategia de 10 años es claramente fallida. Los indicadores que tenemos sobre lo que sucedía en 2006, 2007, y lo que ahora tenemos es totalmente horroroso. Las tasas de homicidio están por arriba, particularmente cuando hablamos de niños; ahora mismo, los adolescentes tienen 30% más de probabilidad de ser asesinados que si son adultos; las mujeres adolescentes tienen la misma proporción de ser víctimas de desaparición o feminicidio, si son adolescentes de 15, 17 años, frente a una mujer adulta”, detalla Pérez García.

Casos a la deriva y una actividad delictiva que golpeó a la Iglesia

Un huérfano de Apatzingán habla del asesinato de su padre, en ese entonces su hermano mayor fungió como su figura paterna, pero poco después también le quitaron la vida .

“Cuando también falleció quedó muy afectado, tiene muchos problemas a raíz de eso”, relata una vecina quien conoció a la madre del joven.

Otro de los testigos de la crisis de huérfanos en Apatzingan es el padre José Luis Segura Barragán, quien antes era párroco de La Ruana, pero debió abandonar la iglesia por amenazas.

“Este es otro mundo. Lo que nos está pasando es una cosa terrible, y que nadie quiere que se den cuenta… todos los días hay asesinatos, la semana pasada hubo 10 misas de ejecutados”, narra el párroco Segura Barragán.

Segura salió de La Ruana por mandato del obispo Cristóbal Asencio García, por las constantes amenazas de muerte, ya que ha sido una de las voces críticas de lo que ocurre en Apatzingán. Llegó a Tierra Caliente hace 32 años, después del sismo de 1985, y desde entonces oficia como sacerdote.

Parte de su labor es acudir a comunidades de los alrededores de Apatzingán a oficiar misa, aunque ahora sean muy pocos los que asisten, como aquella tarde del 9 de noviembre de 2017 en una iglesia ubicada en la ranchería El Paso del Capire, donde sólo hubo 10 asistentes, entre mujeres, niños y ancianos. De igual forma, 10 fueron los minutos que duró aquella misa, ya que, de acuerdo con el párroco de esa iglesia, “cuatro jóvenes que quizás ni a los 20 años llegaban, armados cada uno con su respectivo AK-47, aguardaban a unos pasos del atrio en una camioneta”.

Eran halcones, es decir, jóvenes que se dedican a vigilar en las calles a personas que les indique el crimen organizado. Vigilaban uno de los márgenes del río Grande o Tepalcatepec: un punto rojo. Frente a ellos, un grupo de niños jugaban futbol, como si fuera normal hacerlo junto a las armas.

No se puede afirmar que los niños y jóvenes que han quedado huérfanos de uno o ambos padres se enrolarán al crimen organizado; sin embargo, las cifras del Inegi y Redim sobre el aumento de los homicidios dolosos de jóvenes de entre los 15 y los 17 años en las entidades protagonistas de la guerra contra el crimen organizado parece demostrar el cumplimiento de esta teoría.

Los miles de niños en México se han convertido en presa fácil de la delincuencia organizada y, por su parte, el Estado mexicano no los reconoce, al no contar con cifras exactas de cuántos de ellos sufrieron afectaciones por perder familiares directos, relacionados con eventos del narcotráfico.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.