Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo. Así se evidencia en el índice de percepción de la corrupción 2014, donde el país se ubicó en el puesto 161 del ranking (de 177 países evaluados). Y a pesar de que el partido de Gobierno maneja todos los ministerios, 263 alcaldías, 20 gobernaciones, dos mil 748 puestos de concejales, 238 diputados regionales y 100 nacionales, la Contraloría General de la República solo inhabilitó en el último mes a opositores.

Las sanciones impuestas en julio a cuatro integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), todas con una argumentación bastante escueta, no solo prueban lo que viene advirtiendo desde hace algunas semanas los dirigentes de la coalición sobre el plan del Ejecutivo para sacar de la carrera electoral a líderes emblemáticos, sino que deja en evidencia el trato privilegiado que tienen los funcionarios revolucionarios, quienes pese a tener en su contra denuncias vinculadas con corrupción, podrán participar sin problema en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“El Gobierno tiene el control de la instituciones, tiene el poder del dinero, bolívares, porque son unas barajitas que imprime en una imprenta en Maracay. Tiene todos los bolívares que quiera, tiene el control de la violencia, legal e ilegal. Tiene todo eso, lo único que no tiene es gente, lo único que no tiene son votos, y del camino electoral no nos va a sacar nadie. Nosotros vamos estar allí empeñados hasta construir esa victoria del pueblo”, confesó Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, después de la sanción que recibió Enzo Scarano, exalcalde de San Diego.

Diosdado Cabello. Elías Jaua, Argenis Chávez, Hugo Carvajal y Jaqueline Farías, son algunos de los dirigentes del oficialismo que han recibido algún tipo de denuncia en su gestión y que la Contraloría General de la República pudiera inhabilitarlos si, como afirman los representantes de la oposición, hubiese una separación de poderes y se midiera, tanto a rojos como azules, con la misma vara.

Diosdado Cabello, presidente de la AN

Ha ocupado siete cargos en el Ejecutivo y tiene a más de una decena de familiares directos trabajando en el Gobierno, entre ellos su esposa y sus hermanos. Un par de empresas pertenecientes a dos de sus primos obtuvieron 16 contratos para prestar servicios al Estado cuando el parlamentario dirigía el extinto Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación de Miranda, informó Contrapunto.com. Henrique Capriles, gobernador de ese estado, hizo 17 denuncias por supuesta corrupción durante la gestión de Cabello. Su primo, Ramón Rafael Campos, es según el mismo portal, superintendente de Bienes Públicos y fue presidente de la Inversora del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa). Otro de sus primos, Gustavo Cabello Canales, es presidente de la red de distribución de alimentos Pdval y su hermano José David, es ministro de Industrias, superintendente del Seniat y directivo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

Elías Jaua, circuito 6 de Miranda

Hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez, que se ha desempeñado en -al menos- siete cargos dentro del Gobierno revolucionario. El 24 de octubre de 2014 Jeanette Anza, niñera que labora para su familia, fue detenida por autoridades brasileñas en el aeropuerto Internacional Guarulhos, en Sao Paulo, por portar un arma de fuego dentro de su equipaje, presuntamente propiedad del ministro, según su perfil en Poderopedia. Opositores denunciaron que ese viaje lo hacía la familia de Jaua en un avión de PDVSA. Las autoridades judiciales no se pronunciaron. Tampoco lo hicieron cuando fue denunciado por irregularidades en las importaciones durante su mandato en el Ministerio de Agricultura y Tierras.

Argenis Chávez, circuito 1 Barinas

Este es, según medios locales, el hermano de Chávez con más acusaciones por corrupción. El abogado Omar Arévalo, en su condición de miembro del Sistema Nacional de Control Fiscal, presentó pruebas y lo denunció en la Contraloría General por excesos cometidos en 2007. Expuso en la comunicación entregada que se trataba de una “contratación indiscriminada de publicidad en los diarios locales, emisoras de radio y televisoras, con recursos provenientes de la Oficina de Prensa de la Gobernación de Barinas". La deuda sería por un millardo de bolívares, reseñó El Universal. Arévalo había denunciado un año antes que los decretos de emergencia de la Gobernación de Barinas permitían hacer adjudicación directa de contratos, y por esa vía comerciantes vinculados a los Chávez presuntamente habrían salido beneficiados. Fuentes vinculadas a Corpoelec aseguran que durante la gestión de Argenis Chávez aumentaron los problemas de la empresa, entre ellos las deudas por pasivos laborales y las carencias de insumos.

Hugo Carvajal, circuito 2 Monagas

"El Pollo", como se le conoce a este funcionario de larga trayectoria en la revolución, fue sancionado en 2008, junto a los gobernadores Henry Rangel Silva (de Trujillo) y Ramón Rodríguez Chacín (de Guárico), por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana. “(…) armaron, asistieron y financiaron a las FARC, incluso cuando éstas aterrorizaban y secuestraban a inocentes", dijo Adam J. Szubin, entonces director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Esta instancia ordenó congelar sus cuentas y propiedades en EEUU, según su perfil en Poderopedia. La revista Semana reseñó que la prensa estadounidense ya lo había señalado en 2007 como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa. El 23 de julio de 2014 fue detenido en Aruba tras una solicitud de extradición de Estados Unidos, pero luego fue liberado por su inmunidad diplomática.

Jaqueline Farías, circuito 5 Distrito Capital

La abogada Elenis Rodríguez, presidenta de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci), introdujo en 2010 un recurso legal ante el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que señalaba, según las reseñas de algunos medios de comunicación: “(…) vimos cómo la jefa de Gobierno juramentó a un grupo llamado guerrillas comunicacionales, considerando que atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes (…) se está atentando contra la libertad de pensamiento y de conciencia (…) ya que públicamente se está pretendiendo adoctrinarlos”. Su esposo, Rolando Corao, también trabaja para el Estado y la acompañó en la GDC como coordinador de comunas. Figura, según Poderopedia, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) como funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha ocupado otros cargos en el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comunicación e Información.