Hoy 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes. Y digo "es" y no "se celebra" porque, desafortunadamente, tenemos poco que celebrar en Europa. Dos años después de la mal llamada crisis de los refugiados tenemos, por solo citar algunos hitos, un acuerdo que externaliza el control de nuestras fronteras a Turquía, ya se han gastado millones de euros en Libia entrenando a milicias y paramilitares que dicen ser guardacostas que acosan a las ONGs de búsqueda y rescate del Meditérraneo, al tiempo que descubríamos que allí mismo florecían, puede que con ese mismo dinero, mercados de esclavos. ¡Oh, sorpresa! ¡En pleno siglo XXI! ¿Quién lo hubiera imaginado? Nos hemos dado golpes en el pecho. Nos hemos rasgado las vestiduras. Y se nos ha vuelto a olvidar. Dos años después de que la foto de Aylan nos removiera las conciencias y nos estremeciera en nuestras sillas, ya no renta hablar de refugio. Pero mucho menos aún de migrantes.

Este año 178.277 personas han inmigrado a Europa, de las cuales 167.724 (el 94%) lo han hecho por mar. En el mismo tiempo, 3.095 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo. Se dice pronto: de media, en 2017 cada tres horas ha muerto un migrante intentando llegar a Europa. Si bien la tendencia global es que ha descendido el número de llegadas a nuestras costas, especialmente con respecto a 2015 y 2016, en el caso español se ha duplicado, pasando de 13.246 en 2016 a las 26.000 contabilizadas este año. El cierre de otras rutas migratorias reabre viejas y nuevas rutas: como las que de nuevo pasan por nuestra frontera sur o las que ya operan en el Mar Negro. Porque quienes huyen del hambre, de las bombas o del cambio climático, o quienes simplemente ejercen un derecho básico universal a la movilidad, no van a dejar de venir, sino que lo harán por rutas más largas y peligrosas, exponiéndose más a las mafias, a la trata y a la muerte.

Que hoy apenas se hable ya de personas refugiadas y mucho menos de migrantes no es casualidad: la perversa diferenciación entre ‘refugiados políticos buenos’ y ‘migrantes económicos malos’ está hoy bien consolidada. El cuestionamiento de quién tiene derecho a tener derechos es una realidad que nos sacude a diario. Pero no es un fenómeno climatológico que haya caído del cielo. Es el resultado de las políticas xenófobas aplicadas por las instituciones europeas y estatales, mezclada con la equidistancia, cuando no connivencia, con el discurso y agenda de la extrema derecha que recorre Europa cual fantasma retornado del pasado más oscuro. No en vano, este fin de semana se ha confirmado la entrada del FPO en el Gobierno austriaco, asumiendo carteras tan centrales como Interior, Defensa y Exteriores. Esta vez no veremos quejas internacionales como cuando, hace ya más de quince años, la extrema derecha de Haider entró en el gobierno de coalición. En este tiempo, el establishment eurocrático de Bruselas ha asumido muchas de las propuestas migratorias de la derecha radical.

Este Día Internacional de las Personas Migrantes llega apenas unos días después del último Consejo Europeo del año. Una reunión que, siguiendo la tradición navideña de las grandes familias tradicionales, incluyó una buena bronca en la que se evidenciaron por enésima vez las profundas fracturas que atraviesan la UE de este a oeste y de norte a sur. "No hay ningún derecho humano a viajar a la Unión Europea. Debemos protegernos", fueron las palabras de Robert Fico, primer ministro eslovaco. Junto con sus otros socios del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría y la República Checa) apuestan por el cierre de las fronteras europeas y por la externalización integral de los flujos migratorios a países como Turquía o Libia.

Una muestra más de que, complementariamente al cierre por arriba e intento de recomposición del proyecto europeo liderado por el extremo centro y el nuevo espíritu macronista, la agenda política europea está también marcada en muchos aspectos por el populismo xenófobo. Una ola reaccionaria que avanza especialmente por el este y el norte, donde el euroescepticismo crece a pasos agigantados y la deriva nacional-autoritaria es trending topic.

Pero la posición del Gobierno español tampoco es mucho mejor. Para el ejecutivo de Rajoy el auténtico reto no son los refugiados, ni siquiera las cuotas de reubicación incumplidas, sino "los veinte millones de inmigrantes económicos potenciales que tiene África" y para quienes en este Consejo no se propuso solución alguna. Si en algo estamos de acuerdo con Tusk, presidente del Consejo, es que la política de cuotas de refugiados ha resultado absolutamente ineficaz, tal y como declaró la semana pasada. Lo que no dijo es que también es insuficiente, contribuye perversamente a reforzar esa dicotomía entre migrantes de primera y de segunda categoría, y muestra obscenamente las costuras del proyecto europeo.

Que el proyecto europeo se descompone no es nuevo. La Europa de las distintas velocidades que anunció Juncker a principios de año siempre ha existido. Pero no nos referimos a Schengen o el euro, sino a esa Europa que separa, cada día más, a los alumnos aventajados, esto es las élites económicas, la oligarquía y las clases dominantes, del resto de la población: la clase trabajadora de la baja Sajonia, de Italia, Dinamarca o del Estado español, los repartidores de Deliveroo, las Kellys, las precarias, los parados de larga duración, las interinas o los migrantes que llegaron a Cartagena hace unas semanas y se encuentran hoy encerrados en una prisión a medio hacer de Archidona. Esas son las dos velocidades reales. No nos equivoquemos de enemigo ni caigamos en la trampa de los últimos contra los penúltimos.

Hoy Europa está en crisis, pero también en disputa el proyecto europeo. Una disputa que determinará en gran medida la respuesta a esa pregunta fundamental, quién tiene derecho a tener derechos, que no debería preocuparnos solo en el Día Internacional de las Personas Migrantes. Porque esa pregunta nos interpela a todos y cada uno de nosotros a diario. Y en qué sentido se resuelva condicionará los mimbres de la Europa del mañana.