En esta segunda vuelta, los comandos de Bachelet y Matthei necesitarán fondos frescos para financiar sus campañas. Pese a que la ley está diseñada para que los ciudadanos no se enteren quiénes hacen donaciones electorales, CIPER buscó y encontró nuevos nombres de conocidas empresas que invierten en financiar la política. Una de las mineras del grupo Luksic, el Banco Santander y varias de las grandes pesqueras, son algunas de las que han aprobado cuantiosos montos para estas elecciones.

La campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial se inicia hoy y con ella se extiende la necesidad de financiamiento para Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, entre quienes el próximo 15 de diciembre se definirá la próxima Presidenta de Chile. Si bien algunas empresas ya aprobaron donaciones que incluían un posible balotaje, otras deberán organizar nuevas sesiones de directorio si quieren aportar dinero en esta nueva fase. Así tendría que hacerlo, por ejemplo, Minera Los Pelambres, controlada por el grupo Luksic, que sólo se puso en el escenario de los comicios de ayer.

Resguardar “el criterio de equidad fijado por el directorio, tanto a favor de candidatos como de partidos políticos” fue la resolución de la sesión extraordinaria del directorio de Los Pelambres, el 13 de julio pasado. El acta no explica cómo opera ese “criterio de equidad”, pero la decisión parece seguir la política del fallecido patriarca Andrónico Luksic, de quién siempre se dijo que financiaba a todos los sectores. La diferencia es que hoy el financiamiento electoral está regulado y, si bien la ley está diseñada para que haya total opacidad sobre los financistas y sus destinatarios, los directorios de las empresas deben aprobar las donaciones y sus sesiones quedan en escrituras públicas.

El 6 de noviembre, CIPER publicó el capítulo inicial de esta serie en que se revelaron por primera vez las donaciones políticas de las grandes empresas, tras detectar y revisar las escrituras públicas que estas compañías dejan en diversas notarías públicas. El caso más relevante es el del grupo Enersis, cuyo directorio aprobó una donación de US$ 2,5 millones ($1.274 millones) a través de distintas filiales, mientras que una de éstas, Endesa Chile, aprobó financiar campañas por US$ 1 millón ($509 millones). A ello se suma que Colbún, la eléctrica del grupo Matte que es socia de Endesa en el proyecto Hidroaysén, aprobó donaciones por $215 millones este año a través de dos filiales. Al dividir los aportes entre sus distintas empresas, los grupos económicos logran eludir los límites impuestos por la ley a las donaciones para campañas políticas, operando como una suerte de “multirut” electoral.

En esta segunda entrega, nuevamente descubrimos empresas cuyos directorios aprobaron donaciones que exceden los límites legales (10.000 UF o $229 millones para grupos de candidatos o partidos políticos). En el caso de Minera Los Pelambres, el directorio acordó donar un monto “no superior” a 36.000 UF (unos US$ 1,6 millones o $ 825 millones) (ver transcipción del documento).

El Banco Santander también autorizó un monto sobre el tope cuando el 24 de septiembre pasado se aprobó la propuesta del presidente del directorio, Mauricio Larraín, de donar hasta 14.000 UF (cerca de $ 320 millones) (ver documento). Para distribuir el dinero se fijó un criterio que suena tan salomónico como el de Los Pelambres, pues Larraín y el director Carlos Olivos fueron instruidos para que “velando por un razonable equilibrio fijen los aportes”. Entre los directores que aprobaron la medida estuvieron el empresario cercano al ex Presidente Ricardo Lagos, Marco Colodro; el presidente de Adimark, Roberto Méndez; la historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, y el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo

Corbo ya había participado de una decisión similar en el directorio de Endesa, pero no es el director que más donaciones ha aprobado en las actas de distintas empresas que han sido encontradas por CIPER. Es Carlos Heller, el mayor accionista de Azul Azul, quien aparece cuatro veces autorizando donaciones políticas, todas ligadas al grupo Bethia, del que es presidente. Si en el reportaje anterior aparecía en las votaciones para donar $80 millones a través de Falabella Retail y $196 millones a través de Sodimac S.A., ahora figura aprobando hasta $25 millones directamente a través del grupo Bethia S.A. (ver documento). En dicha sesión de directorio, que se realizó el 3 de octubre pasado, se analizó también una donación calificada de “social” para reconstruir un parque en Pudahuel, cerca de un centro de logística del grupo, por $ 20 millones.

Heller también estuvo presente en la reunión de directorio que el 29 de octubre realizó Latam Airlines Group S.A., nacida de la fusión de Tam y Lan, empresa en la que el grupo Bethia compró la participación que tenía el Presidente Sebastián Piñera. Entre los otros directores estaba el presidente de Codelco, Gerardo Jofré, y el antiguo socio de Piñera, Juan José Cueto. Su hermano Ignacio Cueto, CEO de la compañía, fue quien solicitó la autorización para hacer donaciones electorales. Si bien la moción se aprobó, no se dejó registro en el acta del monto.

Y en el ámbito minero, además de la donación aprobada por Los Pelambres, fue posible encontrar una de Molymet, la mayor procesadora de molibdeno del mundo, una empresa en la que participa el grupo Matte junto a las familias Mustakis-Anastassiou y Pirola-Gianoli. Su directorio se reunió el viernes 13 de septiembre en la planta que la compañía tiene en la localidad de Nos para autorizar donaciones políticas por hasta $ 50 millones. La sesión fue presidida por el ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, quien fue uno de los facultados, junto a George Anastassiou, para determinar a qué candidatos se efectuarían las donaciones (ver documento).

Las donaciones de las pesqueras

Si en la primera entrega identificamos a Corpesca, ligada al grupo Angelini, como donante de $25 millones, ahora se suman otras de las tres grandes pesqueras: Camanchaca S.A., Camanchaca Pesca Sur S.A. y Blumar S.A. Entre las cuatro suman $ 180 millones.

Camanchaca S.A. es controlada por Jorge Fernández Valdés y Francisco de Borja Cifuentes Correa, ambos también directores de la compañía. Camanchaca Pesca Sur es una de sus filiales y ahí también participa Pesquera Bío-Bío, de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks. Mientras la primera acordó donar $ 45 millones (ver documento), su filial decidió aportar $ 30 millones (ver documento).

Blumar S.A. nació de la fusión de Pesquera Itata y Pesquera El Golfo, propiedad de la familia Sarquis y del grupo Yaconi-Santa Cruz. En la sesión del directorio del 26 de agosto pasado se vieron en una encrucijada. En julio de 2012 habían establecido una política general para las donaciones sociales y políticas, según la cual el límite sería el 1% de las utilidades proyectadas, con un mínimo de US$ 50 mil dólares ($ 25 millones). Este monto se consideraría neto, es decir deduciendo los beneficios tributarios que tuviera. El problema es que para estas elecciones querían donar $ 80 millones, lo que era superior al 1% de las utilidades proyectadas. De todos modos, el monto se aprobó por unanimidad, dejando en claro que se trataba de una situación extraordinaria (ver documento).

El financiamiento se toma la agenda

La primera revelación de CIPER sobre los montos que las empresas donan a los candidatos generó que el financiamiento y gasto electoral se transformaran en uno de los temas de la agenda política en la última semana de la campaña electoral. Evelyn Matthei disparó duramente contra Michelle Bachelet, a quien acusó de estar llegando al límite del gasto autorizado y de haber invertido cinco veces más que ella en propaganda.

Bachelet respondió que el financiamiento de su campaña es “claro y transparente. Para eso tenemos quioscos en las calles, para que el que quiera aportar pueda aportar. Hemos hecho cena de recaudación, artistas nos han regalado cuadros, esculturas que se han rematado. Nosotros lo hemos hecho de manera transparente y cuando sea el momento entregaremos todo el detalle de cuántos recursos hemos recaudado por esa vía. Eso es como hemos financiado nuestra campaña”.

Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos grandes candidatas ha entregado información que permita transparentar ni los montos ni el origen del gasto de sus campañas. Sólo se sabe que Bachelet pidió un crédito de $2.500 millones al BancoEstado. Las donaciones de las empresas son reservadas, pero a estas alturas ambas candidatas ya tienen una idea clara de cuánto recaudaron, pues el Servicio Electoral (Servel) les va transfiriendo periódicamente las donaciones.

Lo que es seguro es que en esta campaña habrá un aumento en el gasto electoral declarado por los candidatos, pues el techo autorizado aumentó en un 80% en relación a la votación de 2009. Si en esa ocasión el límite era de $ 5.000 millones, esta vez el máximo a gastar es de $ 9.200 millones. Los montos para los candidatos a diputados y senadores aumentaron en una magnitud parecida, dependiendo de la población de sus distritos y circunscripciones. La explicación para un incremento tan significativo es que el límite del gasto electoral se calcula de acuerdo al número de personas inscritas en el padrón y con la implementación del voto voluntario, automáticamente se registraron poco más de 5 millones de nuevos electores, lo que engrosó la cifra.