La virulenta reacción de Pablo Iglesias ante las preguntas de la oposición sobre el escándalo de los abusos a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, dependiente del Govern balear, evidencia el nerviosismo del vicepresidente del Gobierno ante una cuestión que mina la credibilidad tanto de su discurso como el de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambos, que han anunciado sendas leyes de protección a la infancia y protección de las libertades sexuales, dos de sus principales batallas identitarias, han guardado, sin embargo, un embarazoso silencio sobre un caso especialmente alarmante como es el de la existencia de una red de tráfico y consumo de drogas y de prostitución de niñas y niños en centros públicos de las islas. Es más, y de ahí los reproches de las diputadas Mireia Borrás, de Vox, y Margarita Prohens, del PP, de que junto a PSOE y Més, sus socios de gobierno en Baleares, Unidas Podemos impidió con su voto que se crease en el Parlament autonómico una comisión de investigación sobre el tema, dando a entender que no están interesados en que se esclarezca lo ocurrido en sede parlamentaria.

A esto último no ha contestado Iglesias, que parece haber adoptado el mismo estilo que Ábalos o Grande-Marlaska para ignorar las preguntas incómodas de los diputados de la oposición. Es más, Iglesias se ha envuelto en la bandera de una supuesta responsabilidad para llamar "indignos" y "repugnantes" -incluso el siempre recurrente "fascista", en referencia a Borràs- a quienes pedían explicaciones en la sesión de control al Gobierno, argumentando que nadie debería sacar rédito político cuando se trata de la defensa de la infancia y de crímenes tan execrables como los ocurridos.

Tiene razón Iglesias en esta cuestión, y quizá podría interpretarse como un ejercicio de autocrítica, ya que la actitud de Unidas Podemos cuando estaban en la oposición era la de patrimonializar para la izquierda la defensa de los derechos de la mujer, de las minorías de género y de los delitos sexuales, especialmente contra menores. Por eso no se entiende que ahora que comparten tareas de gobierno, tanto nacionales como autonómicas, se nieguen a una investigación en el Parlament balear para que todos los ciudadanos conozcan lo ocurrido y se pueda actuar contra los perpetradores de semejantes abusos. Es cierto que la Policía investiga los hechos y hace unos días detuvo a cuatro hombres por corrupción de menores y delitos contra la salud pública y que la Fiscalía ha decidido incoar diligencias de investigación penal por tráfico de drogas y prostitución de menores. Pero no por ello debe bloquearse una investigación para esclarecer las posibles responsabilidades políticas de lo ocurrido.