"Es lo más duro que he visto", dice un miembro del equipo arqueológico que participa en la exhumación de víctimas del franquismo en el cementerio de Puerto Real (Cádiz). Con un centenar de personas localizadas, y lo que queda, es la mayor fosa común abierta hasta ahora en la provincia gaditana.

En doce años solo se han abierto 332 de las más de 2.000 fosas comunes

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La dureza de las imágenes no llega tan solo por el número de asesinados que yacen en la sepultura. Las abundantes evidencias de muerte violenta muestran ensañamiento de los golpistas en el momento previo a las ejecuciones. Muertos a balazos en la tapia, tirados junto a la vía del tren para servir de escarmiento, arrojados a la fosa, cadáveres cubiertos en cal viva para facilitar la descomposición.

Casi 80 años después de los asesinatos, los restos óseos muestran que hubo tortura, fracturas peri mortem... episodios infernales. Oculta, en una montonera de huesos, la tumba colectiva se reivindica como prueba de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. No hubo guerra en Puerto Real, pero sí una carnicería que acabó con cientos de vidas en el pueblo y otros como San Fernando, El Puerto de Santa María, Cádiz o Chiclana de la Frontera.

El trabajo en el camposanto aborda una segunda fase que arrancó en diciembre. La primera, en 2014, recuperó a 35 víctimas. En la actualidad hay 100 cuerpos localizados. Y queda una tercera intervención, en la misma fosa, a lo largo de este mismo año. Una exhumación de la dirección general de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puerto Real, y en la que participan la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento puertorrealeño.

"Un día le dijeron a mi madre que no volviera más, que no hacía falta"

"En esta fosa están mis tres tíos, hermanos de mi madre. Eran hijos de Cayetano Roldán Moreno, mi abuelo, último alcalde republicano de San Fernando. A todos los mataron. ¿Razones? Ninguna", dice Juan Manuel Fernández Roldán. Es uno de los familiares de víctimas del terror golpista que visitan el trabajo de recuperación de la memoria que se realiza en el cementerio de San Roque.

Enrique Fernández Infante busca a su abuelo, Andrés. Quizás esté entre los restos que aparecen en una fosa que acoge como destino final a ejecutados de diferentes poblaciones de la Bahía de Cádiz. "Mi madre vio cómo lo detuvieron y lo subieron, junto con otras dos personas, en un camión salinero. Siempre dijo que lo llevaron al cementerio de Puerto Real". Andrés Infante era maestro en la escuela de aprendices.

"Mi padre se ganaba la vida con el periodismo, tenía una librería… lo que hicieron con él fue un asesinato puro y duro", relata Elena Fernández Muñoz, hija de José María Fernández Gómez, alcalde de Puerto Real. "Fue detenido sin orden en su despacho, trasladado al penal de El Puerto donde permaneció un mes, y un día le dijeron a mi madre que no volviera más, que no hacía falta. Tenía 33 años".

Cádiz, modelo de colaboración institucional

La provincia gaditana es un ejemplo del "principio de colaboración" que señala el director general de Memoria Democrática de la Junta, Javier Giráldez. La exhumación de fosas como "importante" labor "que estamos haciendo entre todos pero falta un elemento fundamental que es el Gobierno del Estado, que hace cuatro años no aporta ni un solo recurso y es una pena", subraya.

La Diputación de Cádiz, por su parte, ha restablecido el servicio de Memoria Histórica coordinado por Carlos Perales e inactivo en el mandato 2011-2015 por decisión del anterior equipo de Gobierno de la Corporación Provincial, en manos del PP. La colaboración del ente en el estudio antropológico de los restos hallados "traslada" el "compromiso real con todas las víctimas y familiares", en palabras de la diputada Elena Anaya.

El Ayuntamiento de Puerto Real, por su parte, aporta personal y maquinaria municipal necesaria en la tarea arqueológica. "Con sus manos –el equipo técnico– están desenterrando cadáveres, cuerpos, y también la verdad, la justicia, el reencuentro con sus seres queridos", manifiesta el concejal Juan Antonio Pontones.

De los ejecutados que aparecen en la excavación de la fosa común, "el 90 por ciento de ellos tienen episodios violentos, huesos rotos antes y durante la hora de la muerte", detalla el presidente de la ARMH puertorrealeña, Francisco Aragón. Para la asociación "y los familiares", dice, el trabajo exhumatorio supone "culminar unos objetivos que nos propusimos desde el año 2003".

La mayor sepultura ilegal abierta en Cádiz, en espera de intervenir en otras como la de Jerez de la Frontera o la propia capital gaditana, como ejemplo de la suma del empuje de la sociedad civil y la colaboración institucional. Con el Gobierno de la Nación mirando hacia otro lado. "Estas personas, las víctimas, son de todos", traza Javier Giráldez.

"Ya el año pasado, en la intervención anterior, recuperamos 35 cuerpos", según el arqueólogo Jesús Román, director de una exhumación que cuenta con los antropólogos Juan Manuel Guijo y Juan Carlos Pecero. En aquel momento, otras tres víctimas quedaron "perfiladas", como indicio de la continuación de la fosa. A la tercera fase se llegará con más de 100 individuos localizados y la cifra final será una incógnita hasta el último momento. Lo que está claro, precisa Román, "es que encontramos todas las evidencias de lo que a todas luces son crímenes de lesa humanidad".