Foto de archivo del panel indicador de las empresas de IBEX 35 en la Bolsa de Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

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La recesión económica iniciada en 2008 puso en jaque la economía de millones de familias que vieron cómo sus vidas se tambaleaban. La compañías pusieron en marcha despidos colectivos de manera generalizada, los bancos ejecutaban desahucios dejando a 400.000 familias en la calle entre 2008 y 2016, bajaban los salarios mientras el coste de la vida no paraba de encarecerse… Y todavía hoy, las heridas de una crisis que afectó de manera desigual siguen abiertas. Un nuevo informe de Oxfam Intermón cartografía así algunas de sus claves: “los salarios en nuestro país siguen sin crecer y las empresas apenas aportan en impuestos la mitad de lo que lo hacían antes de la crisis”.

En su investigación ‘Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35’, la ONG realiza un análisis de los datos relativos a salarios, empleo y pago de impuestos, una información que desde este año las compañías están obligadas a facilitar, aunque según denuncia Oxfam, lo hacen “de manera muy desigual y, en general, de manera poco consistente”. A pesar de esta opacidad, las conclusiones de la organización son claras: “las empresas del IBEX 35 propician el aumento de las diferencias, al priorizar atender el interés de los miembros de los estratos más favorecidos, sus accionistas, en detrimento de la gran mayoría, formada por las personas que trabajan en estas empresas, sus proveedores y consumidores, y la sociedad en general”.

Más para los que más tienen, menos para el resto. La lógica capitalista extremada por su corriente neoliberal. Según publicaba eldiario.es hace unos días, el sueldo de los consejeros y las consejeras de las empresas del IBEX 35 batieron un nuevo récord durante 2018, situándose el salario medio en 700.000 euros brutos anuales, un 2,7% más que el año anterior. Desde 2014, el sueldo medio por consejero ha crecido más de un 100%. El grueso de la plantilla de las compañías, sin embargo, no se han beneficiado de estas mejoras, más bien lo contrario, reduciéndose su salario un 1,2% en 2018. «La brecha salarial aumenta, y la distancia media entre el sueldo más alto y el salario medio de cada empresa ya es de 123 veces”, señala Oxfam en su informe. Una brecha que se agrava en el caso de las mujeres, que ganan un 15% menos de media que sus compañeros varones. Banco Santander, Mapfre y Viscofan se colocan en las primeras posiciones de este ranking de la brecha salarial con un 31%, 28% y 26%, respectivamente.

Esta situación se produce en un contexto de aumento de los beneficios de estas grandes empresas. Siguiendo con los datos aportados por la ONG, desde 2015 el resultado de explotación de las empresas del IBEX 35 ha crecido un 65%, “pero ese fuerte crecimiento de los resultados no ha derivado en mejoras salariales ya que, en el mismo período, los sueldos de estas empresas se contrajeron un 0,5%”. Los accionistas, por su parte, sí han disfrutado de los buenos tiempos: “recibieron en forma de dividendos 3 de cada 4 euros de los beneficios obtenidos por las empresas del IBEX 35 en los últimos cinco años”.

Oxfam pone nombres a estos agentes que están reproduciendo la desigualdad: las que más: Arcelor Mittal, IAG Iberia y Mapfre, “ya que presentan un mayor número de ámbitos con resultados que apuntan a una distribución más desigual”. Acerinox, por su parte, es la compañía que “aparenta propiciar un reparto más equilibrado”. Si nos atenemos a los ámbitos de acción de las empresas, el sector financiero y el de la industria y la construcción “destacan sobre todo por sus enormes diferencias salariales y por la numerosa presencia que mantienen en paraísos fiscales”.

Los sueldos más bajos los encontramos en Inditex (20.865 euros), CIE Automotive (21.482 euros) y Meliá Hotels (21.669 euros). En el lado contrario se encuentran Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial, con sueldos de 164.281 euros y 102.542 euros, respectivamente. Sin embargo, como señalan desde Oxfam, “ambas empresas son ‘especies raras’ dentro del grupo del IBEX 35, ya que ninguna de las dos supera los 200 trabajadores y ambas son SOCIMIs, una fórmula jurídica muy específica de empresas cotizadas del negocio inmobiliario dedicadas promover el mercado de alquiler”.

“Ventajas fiscales”

En el informe ‘Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35’, la organización también denuncia la falta de transparencia en materia fiscal de las 35 empresas del principal índice bursátil español. Uno de las grandes escollos a la hora de conocer esta información se debe a la “amplia presencia que siguen manteniendo en paraísos fiscales”, contando en el último año con hasta 805 filiales en estos territorios de baja o nula tributación: “Aunque las empresas están disminuyendo el número de filiales que mantienen en estos territorios, lo hacen a un ritmo insuficiente, apenas un 6% de reducción en el último año. A ese ritmo, tardarían hasta 15 años en liquidar su presencia en paraísos fiscales”, señalan desde Oxfam Intermón.

Solo cinco empresas –Aena, Bankia, ENCE, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties– no tienen ninguna filial en paraísos fiscales. Otras cinco cuentan con el dudoso honor de tener más de 50 empresas en estos territorios: Banco Santander (207), ACS (102), Repsol (70), Ferrovial (65) y Arcelor Mittal (55). Como viene siendo habitual, Delaware es el lugar preferido por estas empresas, donde las 35 empresas del IBEX tienen hasta 352 filiales. Le siguen Holanda (119 filiales), Irlanda (75) y Luxemburgo (56).

No obstante, estas no son las únicas “ventajas” a las que pueden recurrir estas grandes compañías y que serían impensables para pequeñas y medianas empresas. Entre su amplio catálogo de gangas se encuentran “los créditos fiscales, otorgados en muchos casos por adquirir empresas en pérdidas, y que permiten a las empresas que los detentan deducirse importes en su futura factura fiscal”. Según Oxfam, estos créditos ascienden a 66.142 millones de euros, más de dos veces y medio el importe que recauda el Impuesto de Sociedades, que en 2018 recaudó 24.838 millones de euros. A España, el desvío de los beneficios empresariales hacia paraísos fiscales, con el objetivo de pagar menos tributos, le supone una pérdida del equivalente al 13% de su recaudación en el impuesto empresarial, es decir, 3.229 millones de euros..

Como en otros epígrafes, la información proporcionada por las empresas es desigual. Así, 10 empresas –Enagás, ENCE, Inmobiliaria Colonial, Mediaset, Merlin Properties, Siemens Gamesa, Técnicas Reunidas y Viscofan– no aportan datos sobre las cantidades que han pagado en impuesto de sociedades, mientras que tres de ellas –Banco Santander, BBVA y Cellnex– proporcionan incluso más información de la que pide la ley.

Las recomendaciones de Oxfam

La organización utiliza la última parte del informe para dirigirse al futuro Gobierno y a las empresas para hacerles algunas recomendaciones sobre materia fiscal, laboral e igualdad. Al Ejecutivo le pide una actualización de la lista negra española de paraísos fiscales para que sea más “objetiva y ambiciosa” y una revisión “exhaustiva y rigurosa” de todos los incentivos y deducciones fiscales a los que pueden acogerse las grandes empresas, con el objetivo de que estas “paguen un tipo efectivo sobre sus beneficios empresariales que se acerque al tipo nominal”. Solicitan también la creación de un impuesto a “los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas” y a “las transacciones financieras”.

En materia de salarios y derechos laborales piden la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros en 2020 y acabar con la brecha salarial de género, además de “reforzar el poder de negociación de las personas trabajadoras”, priorizando los convenios sectoriales, y “promover cambios legislativos encaminados a reducir la precariedad laboral”.

Por su parte, a las compañías les piden que “elaboren y firmen un manifiesto en el que, de forma pública, se comprometan a llevar a cabo unas prácticas empresariales encaminadas a disminuir la desigualdad”, además de eliminar su presencia en paraísos fiscales y poner en marcha medidas que permitan que los beneficios de la compañía sirvan para mejorar las condiciones de los y las trabajadoras, entre otras.