La solución española es la misma solución de las naciones integradas en España. Ya que no se trata de una integración voluntaria, natural ni casual. No es un integración «en». Sino «por y contra». Una integración obligada, forzada. Por eso, para que desaparezca el problema España. No hay otra salida. España debe desaparecer. El España como problema. El qué es España. El por qué es España. O de qué está hecha España. Y su constante discusión, lo demuestra. España es el problema. Su desaparición es la solución. Con la desaparición de España y su definición, o proyección, en las naciones, que hoy la componen a la fuerza: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla, Catalunya, Euskadi, Galiza… El problema desaparece.

El camino para esta desaparición ya existe. No hay que innovar, ni inventar nada extraordinario. El propio Estado de las Autonomías, con todos sus importantes defectos e injusticias históricas, supuso un primer reconocimiento. A pesar de ser un sucedáneo de la aspiraciones independentistas. De suyo, reconoce que hay un problema nacional no resuelto. Que se ha tratado de esconder, con unas lentejas autonómicas. Aunque si este programa y este reconocimiento pudieran desarrollarse, hasta sus últimas consecuencias. Con lógica, justicia histórica y con independencia de cada territorio, debería profundizar, hasta reconocer el derecho de autodeterminación. Para los pueblos que lo deseen.

Las autonomías no son naciones federadas. Mucho menos confederadas. Son regiones descentralizadas, con algún amago y fantasía de poder. Ni siquiera pueden, o no han podido hasta ahora, renovar o revisar, libremente, su actual condición autonómica subordinada. Que dura ya cuarenta años. Pero, en cualquier caso, son un primer ensayo de descentralización histórica. Si bien políticamente, la dependencia del Estado es absoluta, hay transferencias de algún interés, en gestiones y poderes. Entre ellos, los básicos como Educación, Sanidad, Orden Público etc. Que, en las antiguas nacionalidades históricas, han hecho posible visibilizar y avanzar una situación antes bloqueada. Y más cerca de la realidad, que las anteriores. Por eso, como decimos, el Estado constitucional del 78, tiene al menos una virtud. Aunque pequeña, puede ser significativa.

Es un hecho histórico, que debería hacer reflexionar a los españoles más recalcitrantes. Si España, o el Estado español, reconocen cierta autonomía a regiones históricamente reivindicativas. Aunque las haya mezclado y camuflado con otras menos «históricas», quiere decir que hay cierto movimiento. España podía haberse negado frontalmente a cualquier transferencia o reconocimiento. Haber repetido, simplemente, la organización territorial del franquismo. ¿Por qué no lo hizo? Sabemos que España, y sus leyes, niegan la independencia a las naciones ocupadas… Pero, ¿sabemos bien por qué les ha reconocido ciertas identidades?

Tal vez un paso intermedio entre las autonomías actuales y la independencia, sería precisamente el desarrollo completo y total de estatutos y transferencias. Después del cual, el Estado centralizado de las autonomías, debería reducir drásticamente su presupuesto. Y perder peso específico, en el total estatal. Empezando por Hacienda y policías… Quedándose solo con lo indispensable…¿Federal? Negociado, en todo caso, y desbloqueando la actual incomprensión con las autonomías. Esta descentralización, podía formar de aquel España se encoge, de José Mari Esparza. Que empezó a finales del siglo XVI. España seguiría «desmembrándose», como temían los del 98. Perdiendo, si no territorios, si al menos competencias administrativas y sociales.

Además, esta reducción española no solo se haría en el interior, transfiriendo competencias a las naciones ocupadas. Convertidas en regiones autonómicas. Desde finales del siglo pasado, España también se reduce hacia el exterior. Renunciando a otras soberanías y dominios. Con la entrada en el Mercado Común (1986), en la OTAN (1982–1986) y luego en la Unión Europea (1992). La pertenencia a estos organismos merma la independencia en la toma de decisiones de gran calado. Como por ejemplo, la elección del modelo socioeconómico. Las relaciones internacionales, incluyendo la guerra o la paz con otros Estados. La política laboral y sindical. Las normativas sobre las cuatro libertades: mercancías, capitales, servicios y personas. La entrada en la OIC, obliga también al mantenimiento de un arancel determinado. Dentro del conjunto de la Unión, etc. Con todas ello, se consolida la participación en la globalización actual. Y la pertenencia voluntaria de España a otros poderes.

Se ha transferido a la Unión, la soberanía monetaria y las directivas económicas fundamentales. Se ha transferido a la OTAN, la soberanía militar. España depende en numerosos aspectos de las normas europeas. Las últimas instancias judiciales, son también de la Unión. No tiene independencia legislativa en materias como relaciones exteriores o política monetaria. Sus expectativas generales están subordinadas a lo que marca el Consejo Europeo. Las directivas de obligado cumplimiento, son el instrumento de la Unión para conseguir armonizar las legislaciones comunitarias. No puede limitar las libertades políticas o sindicales, o de expresión del pensamiento, más allá de lo que determinen las directivas unitarias. La gran paradoja es que, la España que impide la independencia de «sus naciones» internas, a su vez es dependiente de otros espacios superiores. De esos imperios nuevos creados por la globalización económica. Y por los intereses estratégicos políticos y militares, de las grandes potencias occidentales.

En resumen, las competencias y soberanías de los Estados europeos, incluidos los imperiales como España, están suficientemente mermadas o disminuidas como para que el orgullo nacional español, el del imperio de los Reyes Católicos o los Austrias, esté tocado. Sea historia. Tanto como lo estaba en 1898, después de que Estados Unidos le obligara a cañonazos, a firmar la humillante Paz de París. En cuyos renglones se quedó para siempre la gloria imperial. España es hoy una región autónoma de la Unión Europea. Estructurada a su vez en unidades regionales autonómicas. Muchas de las cuales ocultan una sufrida y perseguida realidad nacional. Que se resiste a desaparecer. Cada que vez que alguna de ellas presiona, se ve muy claro que no queda gran cosa de aquel imperio de Felipe II. O del absolutismo soberbio de Felipe V. Ni de la ¡Una, grande y libre! franquista. Donde se prohibía casi todo. Y pronto quedará poco del Estado de las autonomías, implantado por la dictadura del 78.

Después de todo, qué interés puede tener hoy la gran burguesía, industrial o financiera. Las clases dirigentes, que han dominado España desde el siglo XIX. En mantener una estructura interior de prohibiciones nacionales. O la exaltación exclusiva de la España, una, grande, etc. Ya no existe un mercado nacional español, que cerrar o proteger, con el mito de un arancel comercial. La mayor parte de los grandes negocios «españoles», no son «españoles». Tampoco vascos, catalanes, andaluces, etc. Son internacionales. Ni siquiera son totalmente europeos. Sus mejores clientes, sus inversiones más rentables, tampoco están en Europa. Y se alejan cada vez más de la España histórica. La España de hoy, es la España de los autónomos y las PYMES. La de los pensionistas, nacidos con Franco, cuyo salario medio base ronda los 700 euros. La de las clases medias conservadoras y nacionalistas hispánicos nostálgicos. Que han nutrido las filas de combate y votado al fascismo histórico. Las que todavía hacen posible los gobiernos de la derecha.

En este país de jubilados y parados estacionales. Donde el turismo sigue siendo la primera industria nacional. Amancio Ortega es el héroe empresarial más admirado. El hombre más rico de España. Casi de Europa. Uno de los grandes capitalistas multinacionales «español». Es un galego de Arteixo. Que por supuesto no tiene patria. Aunque, como Juaristi y tododios, tiene un DNI que pone España. Pero no es español. Tampoco pierde el sueño por la independencia de Catalunya, o de Euskadi. Es posible que le inquietara algo la existencia de ETA. Que, incluso, por eso llevara guardaespaldas… Ahora, ya ni eso. Los grandes magnates del IBEX tienen sus mejores clientes e inversiones, en otros países. No en Castilla o en las otras naciones interiores, del Estado. Qué puede importarle al Santander o al BBVA, a Iberdrola y otras buenas piezas, con el mayor volumen de sus negocios fuera del alcance de los independentistas, o de la Acorazada Brunete… Qué puede importarles lo que pase con España. O con su unidad constitucional indisoluble. Por qué gastar tanto dinero y energías, en la defensa de esta falsa uniformidad. Que no tiene nada por delante. Y por detrás solo tiene una Contrahistoria impresentable. Poco defendible. Cada vez menos aceptable.

La desaparición y disolución formal del Estado imperial español. O de sus últimas consecuencias. Es un asunto a medio plazo. Es cuestión de años. Tal vez de decenios. Aunque esto depende, en primer lugar, de la presión nacionalista de las naciones hasta ahora impedidas. De las que, como Catalunya o Euskadi, tienen un movimiento social independentista con una base importante. Pero también depende, del escaso interés que tiene la gran burguesía apátrida, en su mantenimiento. Para los burgueses el arancel sigue a la nación. Cuando el arancel desaparece, por la globalización, la nación y su función mercantil dejan de interesar. Lo que queda de nacional a España, es el sector hostelero. Que además depende absolutamente de los visitantes extranjeros. España, cuarenta años después de la «democracia» ha vuelto a ser lo que con Franco. El gran negocio nacional es la hostelería. Es el país del mundo con mayor número de bares. Tabernas, mesones, cafeterías, alquileres turísticos y cadenas hoteleras. Donde el turismo de borrachera está protegido por las leyes. Porque es el que mantiene la renta per capita.

La disolución de España, como Estado-nación, dando paso a las independencias de las naciones naturales, hasta ahora impedidas, sería una consecuencia histórica y políticamente justa. Sería también lo más lógico, dentro de la evolución ascendente del capitalismo global. Los Estados decimonónicos, como el español, están acabados históricamente. Son historia. Es cuestión de tiempo que la burguesía, que ya ha decidido integrarlos en unidades de negocio cada vez mayores, acabe con ellos. Por elevación. Por las buenas. O no. En el caso español esto se podía llevar a cabo, sin demasiados traumas. A pesar de la ruinosa y nefasta historia, que habría que dejar atrás. Sería una salida práctica a una larga crónica de imperios y dictaduras. Aunque es de temer que las clases medias y pequeño burguesas defenderían «a muerte» la vida de su patria. Por pura nostalgia. Por muy falsa e históricamente precaria que haya sido esta.

España desaparecería. Porque no tienen ninguna sustancia como tal. Pero no las naciones naturales, que hasta hoy ha sometido. Nacerían y serían liberadas, no menos de media docena de Estados. Que tendrían por fin la vida y la historia libre, que se merecen. Es absolutamente falso que las divisiones nacionales, en un capitalismo global, sean peores o menos eficaces que las grandes potencias e imperios históricos. Este argumento, inoculado a las clases medias y defendido absurdamente por la clase política (derechas o izquierdas) es falaz. Es además germen y práctica histórica, de los fascismos europeos históricos. Que siempre se han apoyado en las grandezas nacionales o imperiales, para justificar su nostalgia de poder.

En el capitalismo, no tiene ningún valor económico o social, ni mucho menos histórico, ser nacional grande o pequeño. Lo que cuenta son otras cosas. El argumento sobre la grandeza o el tamaño, es imperialista y medieval. Pertenece a la mentalidad del sacro imperio germánico, copiada del imperio romano. Pertenece al periodo de la historia de apropiaciones y robos extensivos, propios de la dinastías medievales y renacentistas. Antes de la revolución burguesa, que cambió el modo de producción y de apropiación. Y luego, en los años treinta, lo heredará el historicismo de los fascismos. Aunque lo aprovecharán las burguesías nacionales en su búsqueda de mercados protegidos. Durante el siglo XIX.

Josemari Lorenzo Espinosa

[Capítulo del libro Contrahistoria de España, Ed. Artizarra (2018)]