De 2008 a 2014 se tiene registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre éstas se encuentra el caso de Yecenia Armenta Graciano, una mujer que lleva casi cuatro años en prisión acusada de asesinar a su esposo. La única prueba en su contra, sin embargo, es un documento que ella firmó con los ojos vendados, después de haber sido torturada y violada durante horas por policías locales. A su historia se suma la de dos jóvenes señalados recientemente por el homicidio de dos turistas australianos; uno de ellos denunció bajo tortura y luego de la siembra de evidencia.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Yecenia Armenta Graciano creía que estaba secuestrada. Con los ojos vendados y las manos esposadas hacia atrás, colgaba boca abajo atada de los tobillos. Escuchaba amenazas. Creía que no saldría viva de aquella bodega a la que fue llevada el 10 de julio de 2012 por policías vestidos de civil, luego de obligarla a salir de su automóvil. Después de ser golpeada, asfixiada y violada la obligaron a firmar una confesión que no pudo leer. A raíz de esa evidencia sustraída por medio de tortura, lleva casi cuatro años encarcelada en el penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, acusada de haber asesinado a su esposo.

A pesar de todos los abusos a los que fue sometida, afirma Amnistía Internacional, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad gobernada por Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no ha presentado ninguna prueba legítima y concreta. De aquella pesadilla sí hay huellas y, además, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos estatal y nacional para investigar y castigar la tortura, así como reparar el daño físico y psicológico.

El próximo julio se cumplen cuatro años de que ella vive en prisión lejos de sus hijos y, en contraste, los policías ministeriales que la torturaron brutalmente continúan en libertad.

“En el estado de Sinaloa la tortura se tolera sin ninguna consecuencia […]. Nos lleva a cuestionar muchísimo la independencia de procuración de justicia en ese estado y nos lleva a preguntarnos sobre qué intereses pueden estar implicados en este caso”, declaró a SinEmbargo Madeleine Penman, investigadora sobre tortura en México de Amnistía Internacional.

El 9 de mayo pasado, la Procuraduría local formuló al juez conclusiones acusatorias. “A pesar de que cuatro peritos de gran calidad han verificado la tortura que Yecenia vivió, la han seguido acusando de un delito fabricado”, aseguró Penman.

Ahora el juez es quien tiene que determinar si será liberada o condenada por delito de homicidio agravado. No tiene un plazo definido, pero es probable que tarde un par de meses para tener un fallo.

“DE TODAS LAS FORMAS ME AGREDIERON”

“Señora, conteste todo lo que le pregunten porque si no la va a pasar muy mal”, escuchó aquel 10 de julio sin poder ver nada. “Me hablaba de una persona que le gustaba cortar lenguas y orejas. Que estaba afilando el cuchillo. Que iban a traer a mis hijos y los iban a violar y hacer pedazos”, narró Yecenia para Amnistía Internacional. “De todas las formas me agredieron”, recordó.

“No quiero pasar otro día más aquí. Necesito su ayuda: las autoridades deben saber que el mundo las está viendo. Sin esta presión, las autoridades se olvidarán de mí”, escribió en una carta.

Su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda, médico en la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a disparos al salir de un restaurante la mañana del 2 de julio de 2012, un día después del proceso electoral en el que su hermano Héctor Melesio participó como candidato al Senado por el Partido Nueva Alianza (Panal).

El cuerpo quedó boca arriba cerca de la camioneta en la que se subiría. Los peritos ubicaron a su alrededor nueve casquillos de arma de fuego calibre nueve milímetros. El Procurador de Justicia estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, declaró que las primeras investigaciones revelaron “que fue un solo sujeto” quien lo asesinó, reportó la prensa local. El sospechoso, agregó, viajaba en un vehículo color blanco.

Luego que Yecenia, bajo tortura, firmó un documento que nunca leyó, la versión se amplió.

La PGJ de Sinaloa informó, de acuerdo con una nota del 12 de julio de 2012 del diario Noroeste, que Yecenia “confesó haber pagado 85 mil pesos a una célula delictiva para que asesinara a su esposo, y fue la encargada de ‘ponerlo’ el día del crimen”.

También fue detenido Luis Enrique Hernández Maldonado, quien vigiló si había policías en las cercanías donde ocurrió el homicidio.

El Procurador Higuera Gómez añadió que Yecenia declaró quiénes colaboraron con ella, quién fue el contacto con las personas que cometieron el asesinato y también que ella corroboró que la víctima se encontraba en el restaurante.

Según la confesión, la pareja estaba en trámites de divorcio y ella, “víctima de maltrato”, buscaba cobrar un seguro de vida. El Procurador descartó que el móvil del homicidio tuviera relación con el ex candidato al Senado.

“La Procuraduría de Justicia de Sinaloa está jugando el papel de juez y parte, es decir, son los torturadores de Yecenia y también los que llevan la acusación en su contra. Eso es un grave atento a la justicia”, consideró Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.

CNDH PIDE CASTIGAR SU TORTURA

En febrero de 2013, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa determinó que aplicaron tortura en contra de Yecenia y lo notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). En septiembre de 2012, médicos independientes ya habían detectado señales físicas y psicológicas.

El Ombudsman sinaloense, Juan José Ríos Estavillo, informó que encontraron violaciones a su derecho a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y salud. Ante ello, recomendó iniciar una investigación contra los servidores públicos identificados como responsables.

La PGJE no aceptó la recomendación por no estar acreditada la existencia de una “situación de coacción” contra la mujer.

Dos años después, en enero de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, acatar las disposiciones emitidas por la CEDH por la tortura a Yecenia Armenta. Coincidió en que se violaron los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, y demandó a López Valdez que se repare el daño.

“Después de la recomendación de la CNDH en 2015, el estado de Sinaloa abrió una averiguación previa por tortura en el caso de Yecenia. Nosotros tenemos contacto con la Procuraduría estatal, pero no hemos visto resultados completos. Peor aún, después de tantas evidencias y a cuatro años de su tortura, la Procuraduría tuvo la audacia de mandar peritos para retraumatizarla y levantar otra pericia para fallar que ella no fue torturada”, dijo Madeleine Penman, de Amnistía Internacional.

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE JUSTICIA

Más de siete mil firmas exigen que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la tortura sufrida por Yecenia Armenta y que se retiren los cargos en su contra.

Amnistía Internacional implementa esta petición en su plataforma Alza tu Voz. En una carta emitida al Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, denuncia que médicos forenses de la Procuraduría General de la República la examinaron. Sin embargo, no mencionaron indicio alguno de tortura u otras formas de malos tratos.

“Le pido que implemente las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de revisar la aplicación de los exámenes médicos forenses a víctimas de tortura, para que cumplan plenamente las normas internacionales de derechos humanos, como el Protocolo de Estambul, que México ha prometido respetar y defender desde hace muchos años. Las víctimas de tortura merecen un examen inmediato y adecuado a cargo de expertos independientes a la Procuraduría General de la República”, dice la misiva.

De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Yecenia es una de las miles de víctimas “del malvado sistema de justicia mexicano” que muy a menudo se basa en evidencia extraída bajo tortura u otros malos tratos para sentenciar a personas.

“Yecenia debe ser liberada inmediata e incondicionalmente y se debe lanzar una investigación urgente para asegurar que aquellos que abusaron de ella enfrenten la justicia. Si esto no se hace, se perpetuará el temible mensaje que la policía y los militares pueden torturar a cualquiera para que confiese sin que hayan consecuencias”, pidió este mayo en un comunicado de la organización.

Mañana, en la Plaza de España, de Santa Cruz de La Palma, en España, Amnistía Internacional llevará a cabo una manifestación con el objetivo de “despertar” al Procurador del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, que lleva más de tres años “dormido” sin revisar la situación de Yecenia.

Los activistas escenificarán una “guerra de almohadas” entre dos bandos: uno, el de quienes lucirán máscaras del Procurador, y el otro, el de quienes exigen la liberación de la mujer torturada.

TORTURA EN SINALOA

De 2008 a 2014 se tiene el registro de 103 quejas por tortura en Sinaloa, revelan cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa. Pero de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha habido ninguna sentencia.

“A nivel estatal, la regla es la impunidad casi absoluta”, concluyó el Centro Prodh en su Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos. La ausencia de justicia “repercute en el reconocimiento legal del carácter de víctimas a las personas sobrevivientes de tortura a efecto de recibir una reparación integral del daño”.

A nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) documentó que el número de denuncias de tortura presentadas aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “La epidemia de la tortura en México continúa”. De los 2 mil 403 casos, mil 622 se encontraban bajo investigación.

“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía.

Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.

El 29 de abril de este año la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente se encuentra una minuta en la Cámara de Diputados.

“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, opinó Penman.

De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.

Si los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentan cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa.

CASO DE AUSTRALIANOS

Julio César González Muñiz, Martín Ponce Rogelio Muñiz (primos) y Sergio Simón Benítez fueron señalados por las autoridades sinaloenses como los culpables del asesinato de los dos australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman, quienes desaparecieron en noviembre durante sus vacaciones en la costa del Pacífico.

Sin embargo, de acuerdo con una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los hombres presos confesaron bajo golpes y amenazas.

“Ellos estaban echando agua en mi nariz y boca”, contó Martín Ponce a Men’s Journal desde prisión. Él estaba dormido en casa de su hermana cuando los policías arribaron. “Ellos estaban hiriendo a mi hermana, lastimándome, queriendo que les dijera dónde vivía Julio [su primo]”, añadió.

El 4 de diciembre, el Procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera informó que los tres detenidos pertenecían a un grupo de robo de vehículos que utilizaban uniformes falsos de corporaciones policiacas para atacar a sus víctimas.

Ellos sembraron los uniformes y armas, acusó Martín. Nosotros no estuvimos envueltos, dijo.

El abogado de los primos, Francisco Fierro Verdugo, declaró al medio que las autoridades de Sinaloa estaban bajo mucha presión nacional e internacional para encontrar a los culpables del homicidio. “Los arrestos aliviaron esa presión”, sugirió.

La medianoche del 20 al 21 de noviembre fue la última vez en que los turistas fueron vistos. El empleado de una tienda les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no poder comunicarse con ellos, sus novias, familiares y amigos comenzaron a solicitar ayuda.

Los cuerpos de los surfistas fueron localizados ya calcinados en el interior de una camioneta el sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama, “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.