El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sube a la tribuna en la tercera jornada del debate de investidura en el Congreso. EMILIO NARANJO (EFE) / VÍDEO: QUALITY

Las políticas activas de empleo, cuya gestión ha reclamado el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el debate de investidura, son una competencia en buena medida transferida a las comunidades autónomas y garantizada por la propia Constitución. El objetivo de estas políticas es ayudar a los parados a encontrar empleo (a través del asesoramiento o de la formación) lo más rápido posible y, en el caso de los que ya tienen empleo, a formarse para no perder su cualificación o adaptarse a los cambios en su puesto de trabajo.

De todo el dinero que se destina a la lucha contra el desempleo, esta es la partida menos cuantiosa, 5.700 millones este año. Casi la triplican las llamadas políticas pasivas de empleo, esto es, las prestaciones y subsidios para desempleados, que este ejercicio suponen cerca de 18.000 millones.

Buena parte del dinero que se destina a las políticas activas va para las bonificaciones a la contratación, es decir, subvenciones que ayudan a los empresarios a pagar las cotizaciones de trabajadores a los que contratan de forma indefinida o de colectivos, en teoría, desfavorecidos. Según los Presupuestos en vigor, los prorrogados de 2018, son cerca de 2.000 millones. En este capítulo es en el que la Administración central tiene todo el protagonismo. No obstante, es el más discutido. Su eficacia a la hora de estimular la creación de empleo está muy cuestionada por todos los estudios sobre el tema, de ahí que todos los Gobiernos se propongan eliminarlas para destinar su dinero a instrumentos de lucha contra el paro más eficaces.

En esas otras herramientas, el papel de las comunidades autónomas es mucho mayor, como ha recordado el Tribunal Constitucional en bastantes sentencias cada vez que se ha planteado un pleito sobre los límites de las competencias de cada administración. En formación, por ejemplo, se emplean 2.300 millones que se dividen casi a partes iguales entre parados, gestionada por las autonomías, y ocupados.

El resto, en el que también tienen un papel protagonista las administraciones regionales, se destina a actuaciones de inserción como el asesoramiento a parados, los planes de empleo o el empleo municipal subvencionado.

Entre las competencias que podría desarrollar un responsable estatal de las políticas activas de empleo está la reforma de la formación, reclamada tanto por sindicatos como por la patronal. La última reforma, apoyada por casi todas las fuerzas políticas, se realizó en 2015. No obstante, esta reforma no acaba de entrar en funcionamiento plenamente y el Gobierno se ha sumado ya a las tesis de los agentes sociales para cambiarla.

Las políticas activas de empleo siempre han sido la cenicienta de la política contra el desempleo. Su reforma ha sido reclamada reiteradamente por organismos internacionales, como la Comisión Europea.