El pasado viernes La Sexta informó con detalle sobre las inmatriculaciones de bienes inmuebles realizadas por la Iglesia católica española durante los últimos 20 años gracias a una ley aprobada por el primer gobierno de Aznar. En una de las páginas oficiales de la propia Iglesia en Internet, la de su campaña publicitaria para recaudar dinero que han denominado “Por tantos”, se dice lo siguiente:

“En el año 1998, para no colapsar la Administración, se promulgó una Ley permitiendo que la Iglesia pudiera inmatricular sus edificios”.

“Inmatricular”, según la RAE, significa “Inscribir por primera vez un bien inmueble en el Registro de la Propiedad”. Por tanto, la frase “sus edificios” debería ser sustituida por “los edificios que considerara de su propiedad”, por ejemplo. Conviene reparar también en la frase “para no colapsar la Administración” que parece una excusa para callar a los desconfiados. Quizás, pero, en cambio, sí que es un insulto a la inteligencia de los españoles, pues nunca han faltado más que suficientes organismos públicos repartidos por todo el país capaces, si la ley lo hubiera establecido, de realizar la tramitación de unas inmatriculaciones que en ningún caso eran urgentes. Si se hubiera legislado como debe hacerlo un estado moderno y democrático se habrían evitado errores, abusos y perjuicios a terceros. En resumen, se habría respetado la tan estimada seguridad jurídica. Si en el futuro inmediato el Congreso no aprueba una ley que comience por expropiar todo lo inmatriculado por la Iglesia desde 1998, lo de revertir uno a uno los excesos cometidos por la Iglesia en posición ventajista será un verdadero suplicio.

Por tanto, veinte años después de aprobada la Constitución el PP le concedió a la Iglesia católica el privilegio de ser “juez y parte” a la hora de decidir sobre algo tan importante como lo es el destino de miles de bienes patrimoniales de España, con un valor incalculable. O, dicho de otra forma, le permitió actuar a su libre albedrío y unilateralmente. El PSOE de entonces, felipista, bipartidista, corrupto y en crisis no servía para nada. Por su parte, la Iglesia católica sigue obteniendo importantes beneficios, bien por explotación o por enajenación de algunos de los bienes obtenidos a un coste prácticamente cero. Por ejemplo, el conocido caso de los 30.- € que pagó por registrar a su nombre la Mezquita de Córdoba. La cara oculta de esa moneda pecadora son los millones de € de ingresos anuales que consiguen por la venta de entradas a visitantes, de los que ni siquiera pagan impuestos.

Sin salir de la Iglesia católica, ayer mismo, lunes 17, resultaba difícil contener la emoción en alma ajena que provocaban las palabras que, a modo de catarsis, Ángels Barceló, desde La SER, le iba consiguiendo, despacio y con toda la sensibilidad del mundo, a quien en 1989 no era más que un niño, uno más de los muchos que han sufrido esa pederastia infernal que, blindada con la autoridad eclesial y, por tanto, “divina”, destroza la vida de sus víctimas. Quien a duras penas contaba el sufrimiento ocasionado por el cura abusador, a él mismo y a su hermano, ya fallecido, solo tenía catorce años. Estudiaban ambos en uno de esos colegios religiosos en régimen de internado. Al culpable, descubierto y confeso, la Iglesia lo ha trasladado a otro convento por un periodo de diez años. La Justicia terrenal, única verdadera, tampoco puede hacer nada en este caso, pues gracias a la protección de los abusadores que practican las autoridades eclesiásticas, las violaciones que cometió han prescrito. Y también por la cobardía de una clase política que, como todo el mundo, siempre ha sabido que la Iglesia ha sido, y sigue siendo, la institución donde más han proliferado los abusos sexuales contra personas indefensas, en su inmensa mayoría menores de edad.

Hasta tal punto fue dura la entrevista a la víctima que uno de los tertulianos recordó, lapidario, la conocida advertencia de Jesucristo: «Y al que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y sea arrojado al mar”. Aunque en las ondas siguieron debatiendo unos minutos más, a miles de oyentes, acongojados como yo, nos sobraban sus palabras.

Por último, y esta vez sin salir del PP, el regreso del expresidente Aznar al Congreso de los Diputados para responder sobre corrupción ha permitido encajar el póker de eventos aquí mencionados: inmatriculaciones, PP, Iglesia y pederastia. Veamos.

La prisa de Aznar para legislar las inmatriculaciones, pues solo hacía dos años que estaba en La Moncloa, desvela que aquello correspondía a un plan masivo y partidista destinado a beneficiar al electorado del PP mediante un fortalecimiento desmesurado del poder real de la Iglesia católica. A nadie se le escapa que, en España, que en los años 90 también se dividía en dos mitades similares en las urnas, de los electores que eran católicos practicantes los que votaban al PP eran muchos más de los que lo hacían al resto de partidos. Y es muy probable que ahora ocurra lo mismo, porque tanto el PP como la Iglesia han perdido muchos adeptos. Historias demasiado paralelas.

También, y no es coincidencia sino lógica consecuencia, la Iglesia católica beneficiada por el PP de Aznar era heredera, inevitable y directa, de la que bendijo mil veces la dictadura de Franco. También sus asesinatos y su crueldad, que fue la «ideología» principal de su forma de gobernar. Lo sigue siendo, pero en menor medida gracias a los cambios impulsados desde Roma.

Así mismo, es igualmente un lugar común que el PP es el partido que más fielmente representa la herencia directa de aquellos criminales, todos sin excepción, que se prestaron a colaborar con el mayor asesino de la historia de España, ya citado, y para el que ni siquiera se atreven a apoyar su exhumación, con tal de no perder los votantes franquistas que siempre les han apoyado. Por cierto, se echan de menos encuestas con mordiente que crucen religiones y añoranzas del pasado con preferencias electorales. Siempre aprovecharemos cualquier ocasión para pedir en voz alta algo nuevo, por si cuela.

Para que nadie se mosquee, no se está insinuando aquí que José María Aznar quisiera favorecer a la Iglesia católica para que, en su seno, los curas pederastas que la habitan siguieran practicando sus vicios favoritos disponiendo de más recursos y mejores comodidades.

Pero sí se está afirmando que ese ha sido el resultado de una ley tan criminal contra los intereses de toda la sociedad como la que abrió paso a las inmatriculaciones eclesiásticas. Porque, partiendo de la base de que, como ya se ha dicho, todo el mundo, incluido Aznar, ha sabido desde siempre que en un porcentaje importante de los lugares donde los curas tenían al alcance menores de edad se producían abusos, y también que las autoridades eclesiásticas no hacían nada, ni para curar ese cáncer ni para denunciar a los delincuentes ante las autoridades civiles, es evidente que la única actitud decente de cualquier gobernante digno es que «A la Iglesia, ni agua». Simplemente.

Si no hay figura jurídica, que no la habrá, que pueda castigar al legislador de las inmatriculaciones por traidor a los intereses generales de España, o si habiéndola hubiera prescrito, sí que procede recordarle al señor Aznar que debe aprender de la Esperanza Aguirre que decidió dimitir por fracasar en lo de “in vigilando». En el caso de don José María se debería traducir por el compromiso de no regresar jamás a la política, incluso prohibiéndose a sí mismo el acercarse a menos de 100 metros de cualquier sede parlamentaria o de gobierno. De esa manera podría conseguir que nos quedara de él aquel que, para muchos, es el único buen recuerdo que dejó: cuando prometió que solo estaría dos legislaturas y cumplió.

Pero una parte de la sociedad en la que vivimos es de esta manera. Así como la mayoría de votantes del PP siguen eligiendo la misma papeleta por mucho que los de su partido favorito les roben, a ellos y a todos los españoles, desde las instituciones, muchos católicos siguen ciegos tras su Iglesia, por muchos niños y niñas que a lo largo de los siglos hayan sido violados por los sacerdotes que les hablan desde los púlpitos. Ni siquiera escriben millones de cartas al PP pidiendo el fin del celibato.

Solo la historia acabará con estas dos organizaciones sociales, tan peligrosas, pero en estado de flagrante delito como se encuentran parece mentira que la Justicia no encuentre manera de proceder. Ver todavía en la calle al último mafioso que ha aflorado en escena, el concejal del PP de Torrelodones esta misma mañana, que a estas horas, libre, estará con los de su banda destruyendo pruebas, resulta definitivamente deprimente.

Para no perder el pulso de la actualidad y terminar en el mismo sitio donde hemos comenzado, en la radio, acabo de escuchar a esa diputada del PP de la Asamblea de Madrid hablando de “el Caudillo”. Acto seguido, Martínez Maíllo ha dicho que hay que llamar a las cosas por su nombre, y que Franco fue un dictador como Lenin o Hitler. En mi opinión, la categoría del reto lanzado por la diputada “franquista” hubiera requerido una respuesta a nivel de Pablo Casado pero, la verdad, a mi este chico me hace pensar en aquella banda parapolicial llamada Guerrilleros de Cristo Rey, de infausto recuerdo que, durante los años 70 asesinaron a algunos estudiantes antifranquistas.