El primer paso que podría dar el gobierno para atender el problema de la ineficiencia y la corrupción en los ministerios públicos federal y estatales sería la aplicación de acciones como supervisar de manera eficaz el trabajo de los agentes del MP y fiscales; digitalizar las denuncias para agilizar su trámite y que los denunciantes puedan seguir su proceso, así como capacitar a los agentes y dotarlos de autonomía, sugirió Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), de la UNAM.

Durante la presentación de la propuesta de reforma al Ministerio Público, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del otrora Distrito Federal dimensionó el problema al señalar que en países como España o Japón, nueve de cada 10 presuntos homicidas son puestos a disposición de un juez , mientras que en México sólo ocurre en menos de dos, y en algunos estados de la República, “menos de uno”.

“La procuración de justicia es de mayor importancia, porque si se comete un delito, la víctima y el familiar de la víctima esperan que se haga justicia y que se haga justicia en un plazo razonable. Si eso no pasa, se deteriora el Estado de derecho (...) (Las víctimas) no solamente fueron agraviadas por un delito, sino que les queda la impresión de que al Estado no le importa”, advirtió.

Entre las propuestas, De la Barreda destacó la creación de un Instituto de Ciencias Forenses autónomo, que corrobore de manera científica la investigación de la policía. Asimismo, planteó la creación de un Consejo de Procuración de Justicia que supervise la labor del Ministerio Público y que proponga medidas para mejorarlo y “combatir sus vicios”.

Detalló que el Consejo de Procuración de Justicia podría estar integrado por personas designadas por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Academia Mexicana de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, e incluso el Consejo de la Judicatura Federal. Además, mencionó que éste podría nombrar al fiscal de la República, para evitar intereses políticos.

Agregó que quienes desean colaborar en un Ministerio Público deben formarse profesionalmente de manera rigurosa; recibir salarios decorosos por el riesgo de su profesión, pero igualitarios; tener jornadas laborales de ocho horas, y autonomía para realizar su trabajo. Sin embargo, aclaró que debe ser supervisado por la sociedad a través de la transparencia, el consejo que propuso y el propio denunciante.

Recursos, indispensables

Por su parte, el secretario académico del PUDH, José Antonio Aguilar, enfatizó la importancia de atender la crisis de los ministerios públicos, al recordar que la Fiscalía General de la República sufrió un recorte presupuestal cuando éste debería triplicarse.

Agregó que dentro del Instituto de Ciencias Forenses que se propone, podría haber un departamento especial que cuantifique la reparación de los daños, ya que rara vez esto sucede.

Finalmente, dijo que el estudio fue enviado al presidente de la República, gobernadores y fiscales, entre otros actores, para su eventual análisis.