El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó el pedido para aplicar la ley antiterrorista, impulsada por el kirchnerismo, contra un periodista de Santiago del Estero.

A través de un comunicado, la organización alertó sobre la posible aplicación de la ley antiterrorista "como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo".

El texto de Fopea relata el caso del editor del sitio web Última Hora, Juan Pablo Suárez, quien fue acusado por el fiscal federal Pedro Simón de Santiago del Estero de "incitación a la violencia colectiva", agravada por la "finalidad de aterrorizar a la población", contemplado en la normativa.

"La Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones", indicó Fopea.

En diciembre pasado, Suárez fue detenido durante diez días, bajo la denuncia de "sedición", por cubrir el conflicto policial en su provincia. El sitio Última hora había difundido un video en el que se mostraba la violenta detención del policía Nelson Villagrán.

"Consideramos que esta causa judicial es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística y por eso su peligrosidad. La posición contraria a la Ley Antiterrorista en este aspecto viene siendo sostenida por Fopea desde diciembre de 2011 y consideramos nuevamente que debe ser derogada en aquellos aspectos a los que hacemos referencia", señaló.

.@fopea repudia la aplicación de la ley antiterrorista contra el periodismo en un caso testigo en Santiago del Estero http://t.co/34W77VqKIZ &? FOPEA (@fopea) Mayo 12, 2014

La ley antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011 bajo fuertes cuestionamientos de la oposición, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

La normativa incorpora como agravante de todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando "los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".

"El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces", remarcó Fopea.

"Esto podría depositarme en la cárcel entre 6 y 12 años", afirmó Suárez, en diálogo con Radio Mitre.