España es el país que más incumple las leyes medioambientales en la Unión Europea. Es el estado al que más expedientes se le abren y cuyos procedimientos llegan más lejos: está a la cabeza en el número de casos que la Comisión Europea remite al Tribunal de Justicia a pesar de las múltiples oportunidades que los reglamentos comunitarios dan a los países para evitar verse frente a los magistrados.

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La maquinaria europea para sancionar a un miembro es lenta y llena de filtros (vías para que los estados cierren los expedientes). Aun así, desde 2014 y lo que va de 2015, la Comisión Europea ha decidido abrirle a España 10 nuevos procedimientos de infracción sobre esta materia, es el país que más acumula, según refleja la base de datos de la Comisión. Se puso en cabeza en 2012 y no ha abandonado esa posición desde entonces.

Entre estos expedientes se cuentan asuntos como el deterioro y la captación ilegal de aguas en el entorno del Parque Nacional de Doñana o los niveles ilegales de contaminación en el aire de Madrid y Barcelona. El Ejecutivo comunitario también se ha visto obligado a iniciar un procedimiento de infracción porque España no ha puesto en marcha el reglamento sobre el comercio de madera. Una normativa encaminada a evitar la importación desde bosques talados ilegalmente en África, la Amazonía o las selvas asiáticas y de Oceanía.

De igual manera, en la siguiente fase de instrucción, la llamada Opinión Razonada, España también se destaca. Desde 2014 acumula nueve de estos dictámenes (el 10% continental). Le sigue Italia con ocho. Ese dictamen llega ante la falta de respuesta al problema o una respuesta insatisfactoria por parte del país aludido.

En ese informe, la Comisión expone los motivos por los que piensa que se está vulnerando la ley. Entre los casos que han llegado a esta fase, se cuenta el del proyecto de dragado del río Guadalquivir para ampliar el puerto de Sevilla o el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones españolas.

Por último, si la cosa no se soluciona, puede iniciarse el proceso judicial. En los últimos 18 meses, España ha acumulado cuatro procesos: el 14,8% de los 27 que han pasado a los tribunales a cuenta del medio ambiente. Es el primer puesto del ránking, empatado con Grecia.

Los magistrados están deliberando sobre la descarga incontrolada de residuos urbanos, el tratamiento de aguas urbanas o los vertederos ilegales en España. La Comisión subraya que "raramente se llega a este punto. El 85% de los casos se resuelve antes". El tiempo medio hasta que fallan los jueces es de dos años, según los cálculos de la Comisión.

"Que España sea el país que genere más peticiones por incumplimientos legislativos es muy revelador", dice Florent Marcellesi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo. "Cuando han fallado todos los mecanismos jurídicos en España, la Unión Europea es para muchos ciudadanos y organizaciones el último refugio para que se cumpla la ley", reflexiona.

Las leyes medioambientales son las que más se quiebran en la Unión Europea. Según el informe anual de cumplimiento de normas, de los 1.347 casos que permanecían abiertos a 31 de diciembre de 2014, casi un cuarto eran sobre esta materia. El caso español sigue esta senda. En lo que va de 2015, la Comisión Europea le ha iniciado un total de 14 expedientes. Cinco de ellos son por supuestos incumplimientos de la legislación comunitaria medioambiental: un 35% del paquete completo, más que cualquier otra área.

"Construye que luego ya se verá"

¿Por qué? Samuel Martín-Sosa, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, analiza que, por un lado, al tener España una red de espacios protegidos muy amplia "es más fácil que surjan conflictos". Pero, por otro lado, "hay algo cultural de política de hechos consumados: se construye y luego ya se verá".

En este sentido, existe un sentimiento de que "incumplir la normativa medioambiental no trae consecuencias", abunda Martín-Sosa. "Y lo peor es que es verdad", se queja.

La Comisión Europea dispone de una batería de herramientas que, muchas veces, no utiliza. No ha creado un cuerpo de inspectores pero, además, "casi no aplica la segunda vuelta en el Tribunal de Justicia que es la que conlleva las sanciones económicas", puntualiza el ecologista.

Paradigmático es el caso de la carretera M-501 en la Comunidad de Madrid (la carretera de los pantanos). La autovía se construyó sin estudio de impacto ambiental previo. Fue declarada ilegal por los jueces españoles y comunitarios pero "no ha ido a esa segunda vuelta, más bien se está negociando con España en lugar de ejecutar las sentencias".

El procedimiento de infracciones en la Unión Europea es complejo. Muchos de los expedientes son consecuencia de las quejas formales que las organizaciones o alguna administración presenta a la Comisión Europea (que es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley). En 2014, España fue el país con más quejas (553) seguida por Italia (475) y Alemania (276), según el informe anual de la CE. La mayoría de las quejas españolas se concentraron en empleo y medio ambiente.

En algunos casos, "esta es la vía que queda para que se destapen casos graves de corrupción", reflexiona Marcellesi. Según el portavoz de Equo "la mayoría de estos casos de corrupción están relacionados con grandes infraestructuras inútiles y perjudiciales para el medioambiente, la sostenibilidad y el bien común".

A pesar de que esas quejas sean ese último recurso al que se refiere Marcellesi, pocas terminan en expediente por los filtros administrativos comunitarios. La Comisión trata de resolver los posibles incumplimientos con un "diálogo estructurado", en palabras oficiales. Se trata de pedir a los posibles infractores documentación para hallar "una solución rápida", detallan en la Unión Europea. "Es un método cuando menos curioso", remata Martín-Sosa.