En tiempos de crisis y ajuste fiscal, la creatividad impositiva parece florecer. Los apostadores que jueguen en las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los barcos-casino de Puerto Madero deberán pagar un 2% de impuesto por cada premio que ganen. No por el pozo final: por cada una de las apuestas ganadoras. Con el dinero, el Gobierno porteño armará un fondo especial que se destinará a fines sociales. Esta medida también se aplicaría en la Provincia de Buenos Aires.

Así lo aprobó ayer la Legislatura porteña, sólo con los 33 votos de Vamos Juntos y el rechazo de la oposición.

La ley plantea cobrarle un 2% "a todos los premios o créditos en las sucesivas apuestas". Fuentes del Gobierno porteño estiman que la recaudación anual rondará "entre los 1.500 y los 2.000 millones de pesos". Fuentes del sector del juego afirman que la cifra sería incluso mayor.

Los barcos-casino funcionan desde 1999.. Foto: Mario Quinteros

Con ese dinero, crearán el Fondo de Integración y Desarrollo Social (FIDES), con el que financiarán inversiones en Salud, Educación, Vivienda y otros fines sociales.

Esa recaudación le permitirá al fisco porteño compensar gran parte de los 6.000 millones de pesos que tuvo que resignar en la negociación con las provincias para que el Gobierno nacional consiguiera aprobar su presupuesto. Desde el año que viene, la Ciudad deberá usar unos 4.000 millones de pesos propios para subsidiar los boletos de las 33 líneas de colectivos que circulan exclusivamente por Capital (antes lo cubría la Nación), y otros 2.000 millones en concepto de la tarifa social de luz y gas de los porteños que reciben ese beneficio.

La iniciativa fue presentada hace menos de un mes, y a la par con la Provincia de Buenos Aires, que está mucho más necesitada de nuevos recursos impositivos. Fuentes del Gobierno bonaerense comentaron que esperan recaudar "más de 6.000 millones de pesos". Lo votarían el lunes, en la sesión donde discutirán Presupuesto 2019

En el Hipódromo de Palermo hay 4.500 tragamonedas, que usan un promedio de 20.000 personas por día. En tanto, en los barcos-casino hay 1.500 slots. Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires, donde se estima que juegan unas 100.000 personas por día, hay 25.750 máquinas en 46 bingos y 3.850 en 12 casinos.

En el oficialismo justifican la medida porque el dinero se destinará a fines sociales. También, porque este impuesto puede ayudar a desalentar el juego, y por lo tanto la ludopatía.

Pero esta decisión genera cuestionamientos. Por lo pronto, la única provincia del país que la adoptó es Córdoba. Empezó a cobrar el impuesto en 2008, y desde entonces la alícuota fue subiendo para llegar al 3,75% actual. En el sector del juego comentan que muchos otros distritos lo intentaron pero hubo varios recursos de amparo que lo frenaron.

A las tragamonedas del Hipódromo de Palermo las usan unas 20.000 personas por día.

En la oposición también hay críticas. "Estamos en contra de la proliferación de los juegos de azar que se está promoviendo. No compartimos la lógica de aceptar a los casinos y tragamonedas como fuente de recaudación, pasando por alto las graves consecuencias sociales que esas actividades traen aparejadas", aseguró el legislador Roy Cortina, del Partido Socialista.

Los operadores del juego en la Ciudad pagan un 8% de Ingresos Brutos y un 30% de la recaudación de las tragamonedas en concepto de canon, con lo que suman unos 5.000 millones de pesos por año. Los apostadores sólo abonan el 0,95% del dinero que juegan, impuesto nacional que cobra la AFIP y se descuenta automáticamente en las tragamonedas.

Este nuevo impuesto del 2% podría generar una situación curiosa. Si un apostador comienza ganando pero termina perdiendo, se irá sin dinero pero en el medio habrá pagado impuestos. La justificación que dan en la Ciudad es que cada apuesta es individual, y que si la persona decide continuar jugando una vez que ganó es su decisión.

Esta nueva ley permite inferir una decisión futura. En octubre del año que viene se vence el contrato de los barcos-casino de Puerto Madero, que hasta ahora vienen funcionando con un permiso que les dio años atrás Lotería Nacional. Pero desde 2016, con la llegada de Cambiemos al Gobierno nacional, el control sobre el juego pasó a la Ciudad. La Constitución porteña prohíbe la explotación privada del juego, con lo cual la actividad debería ser estatizada o desaparecer. Desde el momento que el Estado crea este impuesto, difícil pensar que el juego porteño deje de existir.