En estos días el Ministerio de Salud afina el reglamento con el que se harán cumplir drásticas restricciones a los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y sodio, entre otros nutrientes críticos. De aprobarse, la “Cajita Feliz” de McDonald’s desaparecerá y la Coca Cola, junto a la mayoría de los cereales y cecinas, serán obligados a llevar una etiqueta que advierta que son poco saludables. Estos productos se verán limitados en su publicidad y su venta estará prohibida en colegios. Eso explica el potente lobby de la industria en el último round de una batalla que ya cumple siete años.

Dos años después de que la llamada “ley del Súper Ocho” fuera promulgada (en junio de 2012), el lobby de la industria alimentaria cuyos intereses se ven afectados por esta norma alcanza su mayor fuerza. Lo hace en los precisos días en que se dirime la columna vertebral del reglamento que permitirá aplicar en la práctica las restricciones que impone esa ley al mercado de los alimentos. Una normativa que debería entrar en vigencia en julio de 2015 y que, de concretarse tal como hoy lo plantea el Ministerio de Salud (Minsal), afectará las ventas y utilidades de una industria que tiene una incidencia clave en el presupuesto familiar cotidiano.

Es precisamente el volumen de negocios que está en juego en esta reforma lo que hizo que la discusión de la Ley 20.606 (sobre etiquetado y publicidad de los alimentos) demorara más de cinco años en el Congreso. Apenas se promulgó, la redacción del reglamento que le daría vida a esa norma quedó en manos del Minsal, entonces encabezado por el ministro Jaime Mañalich y el subsecretario Jorge Díaz. Y se hizo. El decreto respectivo se publicó el 17 de diciembre pasado en el Diario Oficial y, en rigor, fue una modificación al Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA).

Las normas que dictó Mañalich fueron inmediatamente cuestionadas por los principales especialistas en nutrición que habían participado en la discusión de la ley. Y apenas se instaló la nueva ministra de Salud, Helia Molina, la alerta se encendió en la industria alimentaria: la normativa diseñada por Mañalich, que debía entrar en vigencia en julio de este año, sería anulada. En efecto, todo volvió a fojas cero.

Transcurridos tres meses de la instalación del nuevo gobierno, el borrador que prepara la ministra Molina justificó los temores de la industria afectada. Porque a partir de junio del próximo año, la mayoría de las bebidas gaseosas, de los cereales para el desayuno, helados, vienesas, papas fritas y néctares de fruta, entre otros alimentos de alta demanda entre el público infantil, formarán parte de los productos poco saludables, o al menos no recomendables. Si a esa fecha estos alimentos mantienen inalterables las fórmulas o recetas con las que hoy son preparados, tendrán que poner en sus envases una notoria etiqueta, similar a un “disco pare” (pero de fondo negro y letras blancas), que advertirá: “Exceso en calorías”, “Exceso en sodio”, “Exceso en azúcar” o “Exceso en grasas saturadas”.

Estos cuatro elementos –calorías, sodio, azúcar y grasas saturadas-, son considerados nutrientes críticos que gatillan enfermedades de alto impacto en la población: diabetes, obesidad, hipertensión, afecciones coronarias y accidentes vasculares, entre otras. Al mismo tiempo, desangran el presupuesto del sistema de salud público. Por eso, el Minsal, a contrapelo de los intereses de la industria alimentaria, decidió anular las resoluciones que había adoptado el gobierno anterior y endurecer las restricciones para desincentivar su consumo.

Este lunes 14 de julio, sólo un día antes de la reunión en que los funcionarios del Ministerio de Salud informarían a representantes de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) las restricciones que pretenden adoptar, la gerenta técnica de ABChile, la principal asociación de industrias alimentarias, arremetió contra la iniciativa en una entrevista de dos páginas publicadas por La Tercera.

En la entrevista, Marisol Figueroa reiteró los argumentos que las empresas desplegaron en el Congreso Nacional cuando se tramitó la ley: 1) estas serían las normas más drásticas a nivel mundial y el nuevo etiquetado afectaría las importaciones y exportaciones de alimentos a otros países con reglas más flexibles; 2) más que restringir contenidos de nutrientes, lo importante es educar a la gente para que opte voluntariamente por una dieta equilibrada; y 3) la autoridad no debe “demonizar” los alimentos con etiquetas de connotación negativa, pues los productos no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino en relación a la dieta y actividad física de cada persona.

La batalla es clave para la industria: los cálculos de ABChile indican que hasta un 80% de los alimentos envasados que actualmente se comercializan en el país podrían quedar con el rótulo de “Exceso en…”. Por lo mismo, esa asociación empresarial se prepara buscando un nombre de la “primera división” del mundo político para que la represente en su dura negociación con las autoridades.

La reforma del Minsal estipula que todos los alimentos que se venden envasados deberán ser sometidos a mediciones a objeto de determinar cuántas calorías, sodio, grasas saturadas y azúcares contienen por cada 100 gramos. De esta medición sólo se exceptuarán los alimentos que se comercializan en su forma natural, es decir, aquellos a los que no se agregan nutrientes críticos en su proceso de elaboración, como el arroz, las legumbres, las carnes a granel (no envasadas) y las verduras.

La propuesta, que será sometida a consulta pública a contar de agosto próximo, establece los siguientes límites por cada 100 gramos de alimento: 240 Kcal de energía (calorías), 10 gramos de azúcar, 4 gramos de grasas saturadas y 400 mg. de sodio. Esta reducción del sodio, en todo caso, es sólo inicial, ya que los especialistas del Minsal proponen que siga bajando gradualmente, a razón de 15% cada cinco años, hasta alcanzar un piso definitivo de 150 mg.

Los alimentos líquidos serán medidos de otra manera: se analizarán cada 100 ml. del producto y no podrán exceder de 70 Kcal de energía, 100 mg. de sodio, 5 gramos de azúcar y 2 gramos de grasas saturadas.

Si a contar de junio de 2015 un producto supera estos límites, estará obligado a poner el rótulo de “Exceso en…”.

De esta forma, una Coca Cola quedaría bajo el rótulo de “Exceso en azúcar”, pues contiene 10,8 gramos de ese nutriente cada 100 ml., por lo que superaría en más del 50% el límite propuesto por el Minsal. Algo similar ocurre con cereales como las Zucaritas de Kelloggs, que quedarían en exceso tanto en calorías (362 Kcal) como en sodio (587 mg.). Incluso, alimentos tradicionalmente considerados saludables, como las galletas de agua, tampoco pasarán la prueba. Las galletas Agua Light de Costa, por ejemplo, quedarían en exceso de calorías (399 Kcal) y sodio (750 mg.). Lo mismo ocurre con las galletas Soda Light de Mackay: 412 Kcal y 693 mg. de sodio. (Vea una tabla con 70 alimentos que quedarían en “exceso” de prosperar la iniciativa)

LA TABLA DE MAÑALICH

El Reglamento Sanitario de los Alimentos es, en definitiva, el cuerpo legal que determina qué se puede hacer y qué queda prohibido en Chile en materia alimentaria. Bajo la gestión del ministro Mañalich, las modificaciones a este reglamento para aplicar las restricciones impuestas por la “ley del Súper Ocho” fueron encargadas a un asesor externo: el doctor Patricio Davidoff, experto en Diabetes y Nutrición de la Clínica Arauco, quien presidió el especialmente creado Comité Asesor de Alimentos y Nutrición.

Los cambios elaborados por Davidoff sólo afectaron a 20 categorías de alimentos pues desestimó establecer un límite general de nutrientes críticos para todos los productos. Rechazó así la propuesta de un acucioso estudio realizado en 2011 por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA). Esa investigación, encargada por el propio ministerio para que sirviera de insumo a la reforma del RSA, fue firmada por investigadores de reconocida trayectoria, como Isabel Zacarías y Jorge Uauy. Entre sus autores se cuenta también la doctora Lorena Rodríguez, actual jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal, quien está a cargo de diseñar la versión definitiva del nuevo reglamento (vea el estudio del INTA).

La decisión de Davidoff dejó fuera de las mediciones a decenas de productos, entre ellos algunos con las más altas concentraciones de sodio (como las cecinas, quesos, algunas carnes envasadas y las sopas deshidratadas) y otros con altos aportes de calorías, grasas y azúcares (como los chocolates). Además, permitía hasta 450 Kcal por cada 100 gramos para “masas horneadas” y “productos farináceos para cóctel” (como el pan y las papas fritas empaquetadas, entre otros snacks), lo que prácticamente duplica el límite que ahora quiere instaurar la nueva administración del Minsal (vea la tabla de límites elaborada bajo la gestión de Mañalich).

El reglamento anterior tampoco tocó la “comida rápida” o “comida chatarra”, bajo el argumento de que la ley sólo afecta a los alimentos envasados.

La reacción más dura contra la propuesta de Davidoff provino del INTA. “Reglamento de Ley de Etiquetado de alimentos deja como saludable casi todo”, se tituló un comunicado elaborado por ese instituto. En ese texto la directora del INTA, Magdalena Araya, señaló: “Sería lamentable que por un mal reglamento se pierda el espíritu de la ley”.

El académico del mismo instituto, Fernando Vío, agregó: “Si el reglamento no dice lo que la ley pone con énfasis, el reglamento no sirve (…). El objetivo era reducir el consumo de grasa, azúcar y sal, porque tenemos altos índices de obesidad, hipertensión arterial y de diabetes (…). En este reglamento, por ejemplo, cabrían todas las bebidas gaseosas azucaradas y se sabe que son una gran causa de obesidad. Caben, por ejemplo, hasta las papas fritas. Eso es inaceptable”.

LÁPIDA PARA LA “CAJITA FELIZ”

El 15 de julio de este año era la fecha prevista para que entrara en vigencia el decreto con los cambios al reglamento decididos por Davidoff. Pero, a mediados de abril la ministra Helia Molina remeció a la industria de los alimentos al anunciar que se posponía la puesta en marcha de la reforma y que se revisarían los límites para los nutrientes críticos. Los cuestionamientos del INTA y el lobby de los distintos especialistas en nutrición que fueron a argumentar al despacho de la ministra, habían surtido efecto.

Las autoridades del Minsal contactaron al doctor Davidoff para que explicara las fuentes documentales científicas y técnicas que avalaron su reforma. No obtuvieron respuesta. Así, el 19 de abril la ministra Molina anunció que todo volvía a fojas cero y casi un mes después, el 14 de mayo, despachó un decreto que formalizó su decisión: “Luego de un exhaustivo análisis realizado por académicos y expertos en la materia, se ha llegado a la conclusión de que el Decreto Nº 12 (que contenía las modificaciones decididas bajo la gestión de Mañalich) introduce en el RSA conceptos técnicamente erróneos”, dice el documento.

Esta nueva ofensiva del Minsal no solo pretende endurecer los límites de los nutrientes críticos, pues también puso en la mira la “comida rápida” que se promociona con juguetes, adhesivos y otros accesorios. Y ello porque ahora los expertos del Minsal estiman que el inciso segundo del artículo 8º de la “ley del Súper Ocho”, que restringe la publicidad y promoción de productos destinados a niños, se refiere a los alimentos en general y no solo a los envasados: “En ningún caso se podrán utilizar ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares”, dice la norma. Esta frase le pone la lápida a la “Cajita Feliz” de McDonald’s y en el ministerio ajustan la fórmula para fiscalizar su cumplimiento.

El pasado martes 1 de julio se reunió en el Ministerio de Salud, por primera vez desde que se instaló este gobierno, el Comité Asesor de Revisión del RSA, en el que participan cinco representantes del mundo privado: cuatro de la Sofofa (por los industriales productores de alimentos) y uno de los supermercadistas. Allí se les informó oficialmente de los criterios que maneja el ministerio para reformular la normativa. Pero no se entregaron detalles.

El comité quedó citado para este martes 15 de julio y en el intertanto las organizaciones que reúnen a las empresas afectadas -Chilealimentos y ABChile- declararon que no emitirían opiniones hasta conocer formalmente la propuesta gubernamental. No obstante, el lunes 14 se publicó la entrevista a Marisol Figueroa, adelantando el clima de las próximas sesiones del comité que revisa el RSA. Un ambiente tenso y confrontacional que, en todo caso, ya ha teñido varias veces el debate a lo largo de la tramitación de esta ley y de su reglamento.

BACHELET EVITA LA DISPUTA

La última Encuesta Nacional de Salud (2009-2010) indicó que el 32% de los niños chilenos sufre de obesidad o sobrepeso, cifra que sube a 67% entre los adultos. El 38,5% presenta colesterol elevado, un 26,9% es hipertenso y un 9,4% diabético. Todas estas afecciones se multiplican por la ingesta de alimentos ricos en calorías, grasas, sodio y azúcares.

Fueron indicadores similares, pero previos a la encuesta, los que motivaron en marzo de 2007 a un grupo transversal de senadores a presentar un proyecto de ley para advertir a los consumidores sobre los productos con nutrientes críticos y restringir su publicidad. La moción fue auspiciada por Evelyn Matthei (UDI), Guido Girardi (PPD), Carlos Kuschel (RN), Carlos Ominami (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC). Inicialmente se propuso que los envases de los alimentos llevaran un semáforo, donde el color rojo indicaría el exceso de un componente poco saludable. La respuesta de la industria fue inmediata y unívoca: ataque frontal.

En el primer trámite legislativo fueron recibidos por la Comisión de Salud del Senado el gerente general de Nestlé Chile, Fernando del Solar; el director de comunicaciones de McDonald’s Chile, Cristián Lührs; el presidente de Chilealimentos AG, Alberto Montanari; el presidente de la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA), Marcelo Davis, y el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANBER), Renato Ramírez. Todos destacaron que el sistema del semáforo no existía en otra parte del mundo y que adoptarlo generaría complicaciones de etiquetado para las exportaciones e importaciones. Además, argumentaron que las limitaciones a la publicidad de alimentos con alto contenido de nutrientes críticos (el proyecto prohibía su promoción en colegios y establecía que sus spots se difundieran sólo en horario para adultos), afectarían la libertad de expresión.

En medio de la crisis económica que aumentó el desempleo y bajó la inversión, el primer gobierno de Michelle Bachelet prefirió no abrir un nuevo flanco de disputa en el área económica. Los parlamentarios que impulsaban la iniciativa fueron informados que La Moneda “suavizaría” el proyecto. En la segunda mitad de 2008, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que sustituyó el original y que eliminó de raíz el semáforo. En su reemplazo se propuso que fuese el Minsal el que determinara los alimentos que presentaran un elevado contenido de calorías, grasas, azúcares y sal, y que estos productos fueran rotulados como “Alto en grasas”, “Alto en calorías”, etc.

La leyenda “Alto en…” fue cuestionada por los expertos en nutrición. Argumentaron que no entregaba una clara connotación negativa de advertencia, porque ya existen productos que promocionan de esa manera nutrientes saludables, como “alto en calcio” o “alto en vitamina C”. Por esa razón, las autoridades del Minsal ahora proponen la nueva advertencia “Exceso en…”.

En 2008 el doctor Tito Pizarro, entonces jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del ministerio, concurrió a la Comisión de Salud del Senado y admitió que la nueva versión del proyecto enviada por la Presidenta Bachelet era más débil: “Hay una disminución en la fuerza del proyecto original, en el sentido de un cambio en la forma de lo que se planteó en sus inicios, particularmente respecto a describir límites específicos en un semáforo”, dijo. Pizarro volvió ahora al ministerio como jefe de la División de Políticas Públicas Saludables, repartición que tiene bajo su alero realizar los nuevos cambios al RSA.

Cuando el proyecto de Bachelet se votó en la Cámara Alta, el senador Jorge Arancibia (UDI) fue menos lírico que el doctor Pizarro para explicar que La Moneda le había dado en el gusto a la industria: “Pasamos desde un proyecto que contemplaba ‘semáforos’, es decir, una señal verde, amarilla o roja en el tarro o frasco, (…) a una indicación del Ejecutivo bastante más moderada, en el sentido de que hace referencia a ‘alto en calorías’, ‘alto en azúcar’, etcétera (..). Es decir, un texto que para la industria y los productores de alimentos ha sido válido fue el que nos permitió la tranquilidad de acoger el proyecto en los términos en que lo presentó el ministerio”.

TELETÓN Y COPA MILO BAJO AMENAZA

La primera vez que el presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANBER), Renato Ramírez, se presentó ante la Comisión de Salud del Senado para oponerse al semáforo y a las restricciones a la publicidad de los alimentos, lo hizo acompañado de Manuel Melero, socio director de la consultora Tironi y Asociados, y hermano del diputado y ex presidente de la UDI Patricio Melero.

Cuando el proyecto fue discutido posteriormente en la Cámara Baja, el diputado Melero no mencionó que su hermano tenía intereses en este tema. Por el contrario, reiteró los mismos argumentos esgrimidos por los representantes de ANBER, quienes manifestaron su rechazo a las restricciones a la publicidad y promoción de los alimentos, pues las consideraban un atentado a la libertad económica. Agregaron que también pondría en riesgo, por falta de empresas auspiciadoras, la continuidad de campeonatos deportivos escolares. En la sala de la Cámara, Patricio Melero dijo:

“¡Ojo!: el proyecto que llegó del Senado contempla algunas prohibiciones que podrían terminar, por ejemplo, con la ‘Copa Milo’ o con la ‘Copa Coca Cola’, iniciativas deportivas que son auspiciadas por productores de alimentos”.

En el segundo semestre de 2010, el mismo Melero presentó junto al diputado Juan Masferrer (UDI), una indicación para permitir que se siguieran promoviendo alimentos con nutrientes críticos mediante el uso de “ganchos comerciales”, como regalar juguetes, siempre que al mismo tiempo destacaran las ventajas de una alimentación sana y la práctica del deporte. La respuesta provino del diputado y médico Marco Antonio Núñez (PPD): “Escuché la intervención del diputado Melero, cuyos argumentos coinciden absolutamente con los de los representantes de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile y con los de los representantes de las grandes cadenas que producen comida chatarra”.

La amenaza de poner fin a los campeonatos escolares no fue la única que se escuchó a lo largo del debate legislativo. A sólo un par de días de que el Senado votara para despachar por fin la ley, en abril de 2011, la industria alimentaria desplegó su ofensiva comunicacional más potente, en la que incluso se sostuvo que, de aprobarse la nueva norma, estarían en riesgo campañas solidarias como la Teletón.

En esos días, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, abrió los fuegos al declarar que el proyecto no era útil para combatir la obesidad y que limitaría la importación y exportación de alimentos. El senador Jovino Novoa (UDI) calificó de “talibanes” a los parlamentarios que promovían el proyecto: “Si una persona quiere una parrillada tiene todo el derecho a comérsela, o van a prohibir los asados también por el alto contenido de grasa de los chorizos”.

De inmediato, el ministro Mañalich se sumó a las críticas, asegurando que la iniciativa era “absurda” e “inaplicable”. Hasta ese momento, el Minsal no había cuestionado el proyecto de ley durante toda su tramitación en el Congreso, por lo que los senadores que impulsaban la iniciativa reaccionaron airados:

En el debate previo a la votación, el senador Mariano Ruiz-Esquide (DC) señaló: “Jamás imaginé que en este país, después de 20 años de democracia, pudiera haber instituciones mercantiles o económicas que tuvieran el sans-façon de hablar en el tono en que lo han hecho las aludidas. ¡Eso es una insolencia! Y es una insolencia, además, para el gobierno, porque lo han puesto en una situación tal que hace coincidir -lo digo en esos términos- la vuelta atrás de su posición con la voz de la Sofofa”.

Menos diplomática fue la intervención del senador Fulvio Rossi (PS): “Luego de que la Sofofa dio a conocer su opinión crítica respecto del proyecto (…) resulta que la iniciativa, cuyos artículos fueron aprobados prácticamente por unanimidad, ahora es mala. El ministro de Salud lo hizo, sorprendentemente, después de que la Sofofa, los empresarios, los productores, los importadores, los fabricantes de alimentos señalaran que no les gustaba el proyecto”.

EL ROUND PENDIENTE

Aunque en ese momento el lobby de la industria consiguió aplazar el despacho de la ley hasta junio de 2012, finalmente la norma fue aprobada y quedó a firme la obligación de destacar en el etiquetado los alimentos con altos nutrientes críticos. Pero, la ley no contiene detalles técnicos y le confió al Minsal establecer los límites de esos nutrientes y diseñar la señalética de advertencia al consumidor. De esta forma, durante la administración del ministro Mañalich y del subsecretario Díaz, se establecieron “límites de referencia” sólo para 20 categorías de alimentos y se adoptó la leyenda “Alto en…” con un diseño que no guarda referencia con la forma de un “disco pare”.

La tabla de Mañalich dejó exentas de cumplir la norma a todas las cecinas, bajo el argumento de que se trata de productos que se venden, al mismo tiempo, a granel y envasados. Se consideró que, como la ley sólo afecta a los alimentos envasados, de incluirlas se habría producido una discriminación en el mercado a favor de las cecinas a granel. De acuerdo con las mediciones realizadas en el estudio del INTA, las cecinas que se comercializan en Chile presentan niveles de sodio que van desde 586 mg. a 1.328 mg. por cada 100 gramos.

Respecto de los quesos, el INTA informó que contienen entre 45 mg. y 1.520 mg. de sodio por cada 100 gramos, pero quedaron fuera de las restricciones de la ley no sólo porque también se venden a granel y envasados, sino porque se estimó que no hay evidencia de que su consumo genere aumento de peso.

Las sopas deshidratadas son los productos que más sodio contienen. El estudio del INTA detectó que van desde 2.600 mg. a 6.300 mg. por 100 gramos. Sin embargo, las autoridades del gobierno anterior las eximieron de cumplir la ley, debido a que no las consideraron homologables a los demás alimentos envasados, sino a las comidas preparadas, ya que no se compran para su consumo directo. En la nueva propuesta del Minsal, los nutrientes críticos de estas sopas y de todos los alimentos deshidratados que requieran líquido para ser reconstituidos, serán medidos en el estado sólido original del producto.

Los chocolates con alto contenido de cacao, aún cuando presentan valores altos en tres de los cuatro nutrientes críticos (calorías, azúcares y grasas saturadas), tampoco fueron considerados, debido a que su consumo moderado puede ser benéfico gracias a sus cualidades antioxidantes.

Todos estos argumentos son los que las nuevas autoridades del Ministerio de Salud han puesto en duda y motivaron una nueva normativa más exigente. La propuesta, que en los próximos días será inicialmente informada al Comité Asesor de Revisión del RSA, donde participa la Sofofa, luego será sometida a consulta pública y se espera que a fin de año esté afinado el decreto con los cambios definitivos. Para cuando aquello ocurra, seguirá pendiente otra arista no menos controversial.

Una vez que se determinen los alimentos que deben llevar el rotulo de “Exceso en…”, no podrán ser vendidos ni promocionados dentro de colegios y estará prohibido que su publicidad se dirija a menores de 14 años. Así lo estableció la misma “ley del Súper Ocho”. No obstante, la norma no detalla bajo qué parámetros se entenderá que una pieza publicitaria está dirigida a menores de 14 años, lo que augura un nuevo round entre la industria y la autoridad sanitaria. Y es altamente probable que esta vez las agencias de publicidad y los medios de comunicación suban al ring a favor de los fabricantes de alimentos.