Hace unos días el gobierno cubano impidió la entrada al país de un grupo de personajes unidos por la fascinación hacia el desprestigiado dogma neoliberal, la necesidad de apuntalar desinflados proyectos políticos en sus países y también otras motivaciones non sanctas. Es el caso de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien se desvive para cumplir el papel que le han asignado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las derechas locales en la desestabilización de los gobiernos verdaderamente independientes de nuestra América.

A mediados del año pasado trascendió un documento firmado por el almirante Kurt Tidd, jefe del mencionado comando, que explicaba la Operation Venezuela Freedom-2, segunda fase de un plan subversivo contra Venezuela que describe con asombrosa fidelidad lo que viene intentando hacer la contrarrevolución en ese país. Aquí entra Almagro, inmoral y gris personajillo que desde su cargo de canciller de Uruguay fingió simpatizar con los gobiernos revolucionarios y populares de América Latina y el Caribe para hacerse con la secretaría general de la OEA. Al referirse a la distribución de tareas en el intento de derrocar al presidente Nicolás Maduro, dice el Comando Sur “en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA…” Si fuera por Almagro, Temer, Macri y otros de su ralea, ya el instrumento que indica el almirante se habría aplicado a Venezuela para excluirla y aislarla, como se hizo con Cuba en 1962. El problema es que no se cuenta con los votos, como explicó el argentino a empresarios españoles que lo acogieron en Madrid encantados con sus acciones y planes entreguistas.

Almagro, el ex presidente de México Felipe Calderón y la dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Chile, Mariana Alwyn, supuestamente se disponían a viajar a La Habana para participar en una provocación contra la Revolución Cubana orquestada por varias siglas que agrupan a Felipe González y José María Aznar, corruptos ex presidentes del gobierno español; al ex mandatario y prófugo de la justicia peruana Alejandro Toledo y otros tantos de igual o menor insignificancia política. Entre ellos, el terrorista y agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner.

Los gobiernos de México y Chile fueron informados con antelación por las autoridades cubanas que no se permitiría la burda provocación que se estaba pretendiendo montar ni el viaje de sus connacionales para tomar parte en ella. Los presuntos viajeros ya habían sido informados por sus gobiernos que no serían recibidos en La Habana.

El pretexto para el viaje era la entrega, por mercenarios de Estados Unidos en Cuba, de un premio a Almagro y a Calderón como defensores de la democracia. A la señora Alwin, igual condecoración a su padre, el ex presidente Patricio Alwin, reconocido cómplice de Pinochet en el golpe de Estado de la CIA contra el heroico presidente Salvador Allende.

Muy ofendido al parecer, el gobierno chileno llamó a su embajador a consultas. El mismo gobierno que ha impedido la entrada de varias personalidades solidarias con la lucha del pueblo mapuche y en octubre del año pasado a Piedad Córdova, prestigiosa y reconocida luchadora colombiana por los derechos humanos y la paz. Más de un analista de derecha en Chile ha escrito que el viaje de Alwin no tiene nada que ver con los derechos humanos en Cuba, sino con el deseo de su partido de un pretexto para abandonar la coalición gobernante Nueva Mayoría, en busca de horizontes políticos más redituables.

De Almagro llama la atención que su frenética actividad contra los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no esté respaldada por un mandato de la Asamblea General de la OEA y su silencio cómplice ante el golpe mediático-judicial-parlamentario en Brasil contra la presidente Dilma Rousseff, rematado por una cordial visita al usurpador Temer para concertar acciones contra Venezuela.

En México hubo más tino que en Chile. El tema fue despachado con un discreto tweet del secretario Videgaray y no tuvo repercusión parlamentaria alguna pese a los denodados esfuerzos de la senadora Mariana Gómez del Campo, siempre tan dispuesta a acoger y a apapachar a los mercenarios del imperio en Cuba y a los golpistas venezolanos; en particular a la esposa del fascista Leopoldo López, preso no por razones políticas, sino por provocar la muerte de 43 compatriotas.