LA PLATA.– "Ejércitos privados", dicen algunos. "Autorización para portar armas sólo con hacer un curso de ocho horas", alertan otros. "Podrán intervenir, como si fueran policías, en casos de flagrancia, incluso ante conflictos políticos, laborales o sindicales", advierten en la oposición.

El debate está abierto y crece. En la Legislatura bonaerense avanza un proyecto de ley que busca regular la prestación de los servicios de las agencias de seguridad privada, y la intención del oficialismo es que se trate en la sesión de hoy. El texto original lleva la firma del diputado Iván Budassi, alineado con el gobernador Daniel Scioli, que hasta anoche había mantenido silencio sobre la iniciativa.

Los legisladores se mostraron preocupados porque en el proyecto hay varios artículos ambiguos, como la valoración de los antecedentes penales de las autoridades de las agencias, los pobres requisitos para que se instalen empresas extranjeras en el país y la obligación que pesa sobre los custodios privados de convertirse en agentes de seguridad pública ante hechos flagrantes.

La iniciativa no sólo encontró resistencias en la oposición. Un legislador momentáneamente alineado con el sciolismo confió a LA NACION en estricta reserva: "Nuestro dictamen fue durísimo y conseguimos que el proyecto no fuera debatido en el recinto la semana pasada, porque no había acuerdo".

El proyecto, sin embargo, sería tratado hoy en Diputados, donde el sciolismo dice tener los votos para imponerlo –no requiere los dos tercios– para luego enviarlo al Senado.

"La legislación actual fija un tope de 1000 agentes, justamente para mantener un control y evitar que aparezcan fuerzas armadas paralelas", dijo a LA NACION el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) Ricardo Vago. Explicó que, para portar armas, los empleados de las agencias "sólo tienen que hacer un curso de dos semanas, ocho horas por día. Eso se mantiene, como en la actualidad".

El senador denarvaísta Aníbal Asseff opinó: "En rigor, ya hay empresas que tienen más de 1000 agentes. Yo creo que hay que blanquear esa situación. La seguridad debe ser monopolio del Estado; hay que poner el énfasis en la seguridad pública, no privada. En la provincia, hay unos 100.000 agentes en unas 700 empresas. El temor de la aparición de ejércitos privados es entendible en este contexto, pero es el resultado de la falta de inversión del Estado".

El diputado Vago teme que hoy sí se tratará la norma, tal como está. "Dicen que van a hacer modificaciones, pero las que ya hicieron no modifican los aspectos más graves. La pueden aprobar con o sin despacho, y no necesitan los dos tercios de los votos. El proyecto es polémico por lo que dice y por lo que omite", sostuvo el legislador del FAP.

El jueves pasado, el diputado Budassi tuiteó: "Mala suerte. Metí 3 de 4. Seguridad privada no «dentró», diría el paisano. Quizás la próxima sesión". Es decir, la de hoy. LA NACION intentó ayer, varias veces, comunicarse con el autor de la iniciativa y con el diputado sciolista Guido Lorenzino, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad, para dialogar sobre el proyecto. Los legisladores no respondieron las llamadas.

Artículos polémicos

Para quienes se oponen a la iniciativa, el proyecto no sólo es polémico por lo que dice, sino por lo que omite. Una de las cosas que no se establecen en la iniciativa de Budassi –sostienen los opositores– es fijar un cupo de agentes por empresa. Pero no es lo único. Parece que se omiten, también, requisitos más estrictos para habilitar una agencia de seguridad.

Por ejemplo, en el artículo 14 del proyecto, al que accedió LA NACION, se lee que los socios de las empresas, los directores, los miembros de los órganos de administración, los gerentes y jefes de seguridad deberán acreditar ser ciudadanos argentinos o con dos años de residencia efectiva en el país.

"Al policía de la esquina se le exigen más cosas, ser ciudadano argentino o nacionalizado y contar con estudios secundarios", opinó Vago.

En el artículo 15, se establecen límites: "No podrán ser socios, accionistas, presidentes, directores, gerentes o jefes de seguridad de las empresas de seguridad ni miembros de consejo de administración de cooperativas" los que estén en actividad en las fuerzas armadas y de seguridad, las policías o los organismos de inteligencia; los que hayan sido separados de esas instituciones por sanciones administrativas o judiciales; los que hayan sido condenados o indultados por delitos que configuren una violación de los derechos humanos y los que "posean antecedentes penales, hayan sido condenados o tengan procesos penales en trámite, por delitos dolosos vinculados con la actividad".

¿Y si tienen antecedentes por otros delitos no vinculados con la seguridad privada, como narcotráfico, piratería del asfalto o robo automotor, por ejemplo? Eso se preguntaron varios diputados, los que luego plantearon eliminar del artículo "vinculados con la actividad", para que cualquier antecedente penal por un delito doloso impida a las personas convertirse en dueños o autoridades de una agencia de seguridad.

Otro de los artículos observados es el 7, cuyo segundo párrafo reza: "En casos de flagrancia, el personal de los prestadores que se encuentre en funciones deberá actuar como agente de seguridad pública, debiendo comunicar su intervención a la autoridad policial o judicial en el menor tiempo posible". Es decir: para los agentes de seguridad privada se transformará en un deber el derecho del "arresto ciudadano".

Ese artículo está directamente ligado con el 13, en el que se lee: "Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán prohibido intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso, salvo en casos de flagrancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7".

La ambigüedad radica, por ejemplo, en que un corte de calle es una situación de flagrancia y, si están en el lugar, los vigiladores estarían obligados a intervenir.

El diputado Vago, además, cuestionó el artículo 2, que incorpora la vigilancia electrónica y la videovigilancia como una forma autónoma de seguridad privada. El legislador sospecha que quizá se pretende crear un marco jurídico para que en un futuro sea tercerizado el sistema de monitoreo mediante cámaras en los municipios, cuando tengan la potestad de tener su propia policía.

"Eso es lo que se comenta en los pasillos de la Legislatura. Porque en el proyecto no queda claro si se permite la concesión del sistema de monitoreo. Antes de aprobar este proyecto debió haber debatido una ley que regularice el funcionamiento de las centrales de monitoreo y la ley de policías municipales", opinó el legislador del FAP.

Acceso directo a la información del teléfono 911

Si se aprueba el proyecto del diputado oficialista bonaerense Iván Budassi, los vigiladores privados tendrán acceso a información policial, una posibilidad que inquieta a los legisladores que se oponen a la iniciativa tal cual está redactada.

Hasta el momento las empresas de seguridad privada tenían línea directa con el 911, para agilizar las comunicaciones. En que esto siga siendo así están todos de acuerdo.

Lo que cuestionan los detractores del borrador que se podría tratar hoy es que, según reza el artículo 6 del proyecto de ley, esa línea directa "podrá estar enlazada al sistema 911 u otros servicios provinciales de asistencia a la ciudadanía".

Ese enlace les permitiría a las agencias de seguridad privada de la provincia acceder a la información policial en los distritos en los que actúen.