RÍO DE JANEIRO. - Con toda la prensa internacional en Rio de Janeiro y millones de personas atentas a lo que sucede en Brasil, los movimientos sociales han hecho un nuevo llamamiento este domingo contra el presidente interino Michel Temer (PMDB), acusado de “golpista” y de montar un “gobierno ilégitimo”, tras el proceso que apartó a Dilma Rousseff de sus funciones el pasado 12 de mayo. Después de dos meses y medio en el poder, el equipo de Temer ha dejado claro que las privatizaciones y los recortes serán la base de su estrategia económica.



El pasado mes de junio el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, se reunió con todos los ministros para que analizaran sus pastas y les pidió que hicieran una lista de “todo lo que podría ser privatizado”. También anunció que los gastos en áreas primarias como Educación o Sanidad sólo podrían ser reajustados en relación a la inflación del año anterior: “Si esta ley hubiera estado en vigor en 2015, y otros gastos no sufrieran la reducción real, los presupuestos en sanidad se habrían reducido este año un 32% y los de Educación, un 70%”, explica Laura Carvalho, profesora de Economía de la Unversidad de Sao Paulo (USP).



“Temer, al no haber sido elegido por nadie, no tiene que dar cuentas a la sociedad y eso es muy peligroso”

El ministro de Sanidad, Ricardo Barros, declaró que el acceso a la salud pública no debía ser universal y que haría recortes en la Seguridad Social. Mientras, el de Educación, Mendonça Filho, anunció que empezará a privatizar las universidades públicas y cobrará una mensualidad a sus alumnos; los primeros en sentir el cambio serán los estudiantes de posgrado. Los recortes siguen en el área de vivienda con la sentencia de muerte del programa de Dilma Rousseff, “Mi casa, mi vida” que construyó más de tres millones de vivendas populares.



Pero una de las medidas que más asusta a los sindicatos es la promesa del ministro de Trabajo, el pastor evangélico, Ronaldo Nogueira, de flexibilizar las leyes laborales y poner en marcha el proyecto de “terciarización laboral” a partir del cual las empresas podrán terciarizar sus servicios incluso para su actividad principal: “Es un verdadero atentado a los derechos de los trabajadores porque al ser subcontrados no van a tener quién les defienda”, dice el secretario Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, Antonio Augusto de Queiroz.



El Movimienos de los Tabajadores Sin Techo (MTST) recuerda que las políticas económicas de Meirelles “no dicen nada sobre subir los impuestos a los más ricos”, especialmente en un país donde las personas que ganan 160 veces el salario mínimo, tienen el 65,8% de sus ganancias exentas de retención fiscal. “Al no haber sido elegido por nadie, no tiene que dar cuentas a la sociedad y eso es muy peligroso”, dice el Frente Pueblo Sin Miedo, uno de los movimientos que ha convocado las manifestaciones de este domingo.



El fraude del proceso contra Rousseff

Michel Temer, que puede presumir de nunca haber ganado una elección directa, tiene claro que sus políticas de recortes y privatizaciones no las podrá llevar a cabo hasta que se conozca el veredicto definitivo del juicio político a la que está siendo sometida la presidenta Rousseff. El próximo lunes 1 de agosto, el relator de la Comisión del Impeachment en el Senado, Antonio Anastasia (PMDB-MG), dará su parecer. Después Dilma necesitaría del voto de 28 senadores para librarse del proceso, si no lo consiguiera, la decisión final la tomará Lewandowski, jefe del Supremo, durante la semana del 22 de agosto.



El pasado 12 de mayo durante la votación del impeachment en el Senado donde se votaba por la continuación del juicio político de la mandataria, Rousseff obtuvo el apoyo de 22 senadores que votaron en contra. Pero en ese entonces todavía no habían salido a la luz unas grabaciones donde el presidente interino y uno de sus ministros recién nombrados, Romero Jucá, quedaban seriamente comprometidos.

Unas grabaciones telefónicas comprometen seriamente al presidente interino y a uno de sus ministros recién nombados, Romero Juá, que posteriomente dimitió

En las conversaciones telefónicas que publicó Folha de São Paulo entre Sérgio Machado, ex presidente de Transpetro (empresa que ofrece servicios a Petrobras), y Jucá, explicaban la “necesidad de acabar con Dilma” para “evitar la sangría” de las investigaciones de la operación Lava Jato. Las conversaciones se produjeron en marzo, antes de la primera votación en la Cámara de los Diputados: “La única salida es el impeachment porque si ella continúa vamos a caer todos, y el primero va a ser Aécio”, decía Jucá, en referencia a Aécio Neves, líder del principal partido de oposición (PSDB).



Pero las declaraciones de la mano derecha de Temer fueron todavía más graves cuando aseguraba que “ya estaba todo pronto para llevar a cabo un Gobierno de salvación”, y que él mismo habría hablado con las fuerzas armadas y con los jueces del Tribunal Superior de Justicia: "Están todos de acuerdo que hay que poner a Temer en el Gobierno". Sin llegar a dar nombres de los jueces que estarían involucrados en la articulación del impeachment, Jucá tan sólo cita al juez Teori Zavsacki como “el único magistrado al que no hemos podido acceder”, precisamente aquel que se encarga de Lava Jato a nivel federal.

Estas conversaciones provocaron la inmediata dimisión de Jucá del nuevo gabinete de Temer y una crisis importante en su nuevo gobierno. Varios senadores que antes habían votado a favor, entre ellos el ex futbolista Romario, dijeron que “probablemente” cambiarían su voto. La gravedad de las grabaciones, no sólo en lo que respecta a los políticos, sino también en lo relacionado con los miembros del Supremo (cuyo jefe tendrá la responsabilidad de dar el veredicto definitivo del impeachment), no han tenido muchas más repercusiones políticas.

A mediados de julio el Ministerio Público archivó la causa referida a las “pedaleadas fiscales” sobre las que se basa el juicio político contra Rousseff. Dichas “pedaleadas” se consistían en la aprobación de seis decretos presupuestarios en los que se maquillaban las cuentas del Estado y por los que la presidenta obtuvo dinero de bancos públicos sin haber devuelto a tiempo lo que ya le había sido prestado. Según el procurador de la República, Ivan Marx “no hubo préstamos sin el aval del Congreso, ya que las maniobras no se encuadran en el concepto legal de operación de crédito”.



Los argumentos coinciden con los de la defensa de la presidenta Rousseff ante el tribunal político del impeachment, lo que dio esperanzas a algunos senadores del PT que hace una semana pidieron que se decretara “el fin de este juicio” ya que el propio Ministerio Público había señalado que no habría ningún crimen.



La escasa repercusión en los medios de la resolución del Ministerio Público parece avalar la teoría de que este juicio político seguirá adelante independientemente de los argumentos que lo sostengan. Si a finales de mayo el senador Romario dijo que pensaba cambiar su voto, ahora el presidente interino Temer le ha ofrecido la presidencia de Furnas (empresa vinculada al ministerio de Minas y Energía), y parece que el ex jugador ha vuelto a cambiar su parecer.



Política y Juegos Olímpicos

Las manifestaciones de este domingo se producen con la consigna de “Fuera Temer”, pero no todos los grupos apoyan la vuelta de la presidenta Rousseff. Una reciente encuesta de Data Folha mostraba que el 62% de los brasileños querían nuevas elecciones en octubre de este año para aprovechar los comicios municipales que tendrán lugar en esa fecha.

Esta crisis política ha provocado que la imagen de los Juegos Olímpicos, de por sí bastante negativa, haya quedado todavía más ensombrecida

Esta opción también se ha barajado dentro del PT donde un sector dice que si Dilma recuperara su cargo debería convocar un plebiscito donde se preguntara acerca de una posible repetición de elecciones. En principio esta opción parece poco probable porque para ese plebiscito, que algunos juristas consideran “inconstitucional”, se pudiera llevar a cabo, necesitaría del aval del Congreso. Aunque Temer tiene el rechazo del 82% de la población, el apoyo del Legislativo siempre ha sido su mejor carta, y las reuniones de los últimos días con diversos senadores dan a entender que lo tiene bastante controlado.



Esta crisis política ha provocado que la imagen de los Juegos Olímpicos, de por sí bastante negativa, haya quedado todavía más ensombrecida. La ceremonia de inauguración el próximo 5 de agosto en el estadio de Maracaná será una de las que tenga menor número de jefes de Estado. De los 206 países que participan en los Juegos, hasta ahora sólo 45 delegaciones han confirmado la presencia de sus primeros ministros. En la edición de Londres (2012) fueron 95, mientras que en la de Pequín (2008) hubo 86. En esta ocasión el resto de delegaciones vendrán acompañadas de sus ministros de Deportes o de Exteriores.



Las bajas también serán nacionales ya que ni el ex presidente Lula, ni la mandataria apartada Dilma Rousseff asistirán a la inauguración. Michel Temer que ha pedido a los manifestantes de este domingo que “sean civilizados” y que “dejen a los senadores pensar qué voto es el más conveniente”, apenas dirá una frase durante la apertura: “Declaro abiertos los Juegos de Rio, celebrando la 31 Olimpiada de la era moderna”.

