Hijo y nieto de almirantes franquistas, el magistrado es célebre en la carrera judicial por sus ataques a la memoria históricaNATALIA JUNQUERA

Madrid 28 FEB 2019 – José Yusty Bastarreche, el magistrado que suspendió cautelarmente la licencia urbanística para exhumar a Franco, es famoso en la amplia familia de jueces españoles. Un compañero que pide ocultar su nombre para no ser sancionado afirma que es uno de los más “activos y locuaces” en el foro del Consejo General del Poder Judicial donde comparten opiniones sobre algunos temas. Y asegura que Yusty tiene tres “obsesiones”: Manuela Carmena —de la que criticó hasta cómo se vestía—, el desafío soberanista —se ofreció a ayudar en lo que pudiera a la asociación antindependentista Libres e Iguales firmando un manifiesto al grito de “¡Viva España!” y vetó un acto en la capital a favor del referéndum catalán —y sobre todo, la memoria histórica.

José Yusty Bastarreche es hijo de José Yusty Pita (1909-1986), almirante de la Armada durante el franquismo y cuatro veces condecorado por el dictador (gran cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, gran cruz del mérito naval, gran cruz de la orden del mérito aeronáutico y gran cruz de la orden del mérito militar). Y es nieto del también almirante Francisco Bastarreche Díez de Bulnes que, según la Real Academia de la Historia, se pronunció “a favor de la causa nacional” tras el golpe del 18 de julio de 1936, nombrándose alcalde de la localidad gallega de Marín. En 2003, el juez Yusty solicitó la sucesión en el título de conde de Vigo. En 1998 fue nombrado decano de los Juzgados de Pontevedra.

El almirante Bastarreche fue comandante del crucero Canarias y consejero de Falange. En 2017 fue retirado, en aplicación de la ley de memoria histórica, un busto en su honor en Alhama de Murcia, así como el título de hijo adoptivo y el nombre que daba a una avenida. En Agüimes (Las Palmas), el padre del juez cuenta con una calle a su nombre.

Al juez Yusty le gusta el águila del escudo franquista. Tanto como para escribir una carta al Abc en 2005 defendiendo que “el escudo auténticamente constitucional” es ese. En 2007 escribió un artículo para la revista Aportes contra la ley de memoria histórica. En él, se preguntaba si la norma obedecía a “la gran maldad de Zapatero y el social-nacionalismo” o a una “maniobra de gran habilidad para tenernos fritos discutiendo de esto”. A su juicio, la ley —que abrió un sistema de subvenciones para que los familiares de fusilados pudieran recuperar los restos de sus seres queridos de fosas y cunetas— “representa el ansia de venganza y el odio de los vencidos de la Guerra Civil”.

Quizá por todo eso, en el auto en el que intenta paralizar la exhumación de Franco, Yusty se refiere continuamente al dictador como “jefe del Estado”. En el mismo, cita el artículo 15 de la Constitución, el que establece que “todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral sin que puedan ser sometidos a torturas”, el que, termina diciendo que “queda abolida la pena de muerte”, para argumentar la suspensión de la licencia urbanística para intervenir en la basílica por motivos de seguridad. En cualquier caso, admite no haber “visto” la documentación necesaria para ejecutar la obra y ser “profano en la materia”.

“Quiere pasar a la historia como el juez que paralizó la exhumación de Franco”, afirma un compañero. En la carrera judicial hay una mayoría conservadora, pero Yusty va mucho más allá, “es un ultraconservador, le conocemos por eso”, afirma un magistrado valenciano. “El auto no está motivado. No aporta argumentos jurídicos y eso es muy poco habitual cuando se trata de tomar medidas cautelares como este caso, donde vulneras el derecho de una de las partes, a la que no escuchas. Aquí ni siquiera había concluido el procedimiento, no hay una fecha fijada para la exhumación”.

Como ya informó el martes EL PAÍS, otro juez de Madrid, Daniel Sancho, emitió 24 horas después otro auto contrario a medidas cautelares. Los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid se han encontrado hasta 17 prodecimientos en los que se demanda la suspensión cautelar de la licencia administrativa para exhumar a Franco.

Fuentes jurídicas ven “poco recorrido” al auto del juez Yusty. La Abogacía del Estado desea que todos esos recursos, que el Gobierno atribuye al entorno de la Fundación Franco y su familia, se acumulen en un único procedimiento. De momento, el juez que denegó las medidas cautelares 24 horas después de que las decretara Yusty ha aceptado seis de 12 expedientes.

El Ejecutivo admite que ese “obstruccionismo” judicial puede causar “retrasos”. El mayor obstáculo, no obstante, sigue siendo el recurso de la familia al Tribunal Supremo. Y el reloj. Al Gobierno se le acaba el tiempo.

https://elpais.com/politica/2019/02/27/actualidad/1551302362_777928.html