CIUDAD JUPAREZ.- Un grupo de ciudadanos chihuahuenses se ampararon contra la reforma a la Constitución del Estado en material electoral, concretamente contra el Artículo 21, fracción II, que establece que no pueden ser candidatos independientes los miembros de un partido político o que hayan dejado de pertenecer a él tres años antes de la fecha de la elección, lo que popularmente se le conoce como la “ley antibronco”.



La reforma es violatoria a los derechos humanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos tratados internacionales suscritos por México, señalaron los ciudadanos al presentar el amparo ante un juez de Distrito en la ciudad de Chihuahua.



El amparo fue presentado este fin de semana por el abogado Guillermo Villalobos Madero, el exregidor de la capital Rodolfo Rojas Ornelas y el expresidente municipal de Chihuahua y excandidato a gobernador Carlos Marcelino Borruel Baquera.

El documento, que fue turnado al Juzgado II de Distrito, fue también firmado por Edgar Fernández Chacón, Benjamín Templeton Barrera, Luis Alberto Soto Ponce y Javier Villarreal Posada, de acuerdo a lo que dio a conocer Borruel Baquera.



A juicio de los quejosos, la citada reforma es un capricho injusto del Poder Legislativo del estado que contraviene al bien común porque limita la libertad de asociación y el derecho a ser votado.



De la misma manera se advierte la personalidad autoritaria y violatoria de los derechos humanos por parte del gobernador del estado, quien es el autor de la propuesta que limita indebidamente a los ciudadanos que deseen buscar un cargo de elección popular.



"Debe ser la propia sociedad y no el gobierno, quien diga si es buena o no la irrupción de candidatos independientes en una elección”, estimaron los quejosos.



Agregaron que la Reforma Constitucional contraviene los Tratados Internacionales que México ha firmado entre otros con la ONU, la OEA y expresamente el Pacto de San José que establece como únicos requisitos para ser candidato, los de domicilio, edad, nacionalidad, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o no haber sido condenado por juez competente.



Precisaron que el Juzgado II de Distrito habrá de notificar del amparo al gobernador, al Congreso del Estado, al secretario General de Gobierno, a la Imprenta de Gobierno y a los Ayuntamientos que hicieron posible la validez de la Reforma al Artículo 21, en su fracción II.