Un juzgado de Madrid ha abierto una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M pese a los datos sobre la expansión del coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas. La juez ha tomado la decisión tras recibir la denuncia de un particular contra todos los delegados de gobierno de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aunque formalmente la juez sólo va a investigar al único denunciado sobre el que tiene competencia, José Manuel Franco Pardo, la apertura de la causa supone examinar la actuación del Gobierno en los días previos a la declaración del estado de alarma.

La denuncia se basa, según resume la resolución judicial, en que "a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid".

El escrito del particular consideraba que se podía haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la juez duda de que sea la calificación jurídica correcta y sugiere que a ella podrían sumarse "otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional".

"En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos", dice la magistrada en el auto en el que acuerda la apertura de las diligencias previas.

La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique "si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración".

También pide que el informe forense aclare "si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó". Y añade, como indicio de que la respuesta podría ser positiva: "Por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus covid-19". A la cabeza de la manifestación feminista estaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dio positivo al Covid-19.

El mismo informe debe explicar si "las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno", se hizo "advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios" de acudir a las mismas, y si se proporcionó a los asistentes medidas de prevención como guantes y mascarillas.

Por otra parte, la juez pide a la Guardia Civil que elabore un informe sobre el curso que se dio "al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere". En concreto, cuál fue el "órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)".

La decisión ha sido adoptada por la responsable del juzgado de instrucción 51, Carmen Rodríguez-Medel, la misma que instruyó las causas sobre los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. El avance de la investigación no será rápido. La magistrada indica que no se trata de un asunto urgente que deba impulsarse durante el estado de alarma y autoriza expresamente al forense y la Guardia Civil a "demorar en el tiempo la presentación del informe y del atestado respectivamente hasta que el estado de alarma cese y tengan disponibilidad suficiente para reanudar labores de investigación ordinarias".