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El delirante espectáculo del presidente Nayib Bukele, que este domingo usurpó la curul del presidente de la Asamblea y amenazó con disolverla, rodeado de militares fuertemente armados y policías antimotines con las escopetas al frente, y deslegitimando el papel de la Sala de lo Constitucional, es el momento más bajo que la democracia salvadoreña ha vivido en tres décadas.

Bukele y su gabinete habían ya instrumentalizado en los últimos meses a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil hasta la degradación, pero la ocupación militar del Salón Azul este domingo nos remite a estampas dictatoriales y a un Ejército que creíamos haber dejado atrás. Las imágenes de soldados en uniforme de campaña, con chalecos antibalas, cascos y armas largas dentro del salón de sesiones legislativas son vergonzosas y no se olvidarán fácilmente.

Si a eso agregamos el populismo mesiánico llevado al extremo -durante su irrupción en la Asamblea el presidente cerró los ojos y se tapó el rostro, para posteriormente decir a sus seguidores que había hablado con Dios y fue este el que le recomendó no consumar el autogolpe-, la jornada siembra serias dudas sobre la madurez y responsabilidad de Nayib Bukele para gobernar.

Su acto de matonería populista es un ataque muy grave a toda la institucionalidad democrática que tanto ha costado levantar en El Salvador. Si el presidente no lo sabe es un incapaz; si no le importa, una amenaza para el país.

Bukele estuvo a punto de incendiar todo. Y probablemente lo hubiese hecho de no intervenir gobiernos extranjeros, gremiales y organizaciones nacionales e internacionales que le hicieron saber que ponía a El Salvador al borde del precipicio.

Tal vez es lo que buscaba. Los diputados confirmaron desde el sábado que el lunes discutirían el préstamo que el presidente demanda para financiar la fase III de su programa de seguridad. Un gobernante y un gabinete con verdadero interés en el país, o en el préstamo, hubiesen esperado unas horas. Pero Bukele y su equipo de trabajo creyeron rentable representar la imagen del presidente fuerte, armado de su Ejército, que arenga multitudes contra sus opositores y está en comunicación directa con un ser supremo. Decidieron que era una audacia política poner una pistola en la cabeza de los legisladores. Literalmente.

En esas condiciones no es posible debatir la viabilidad de un préstamo. La Comisionada presidencial de operaciones de gabinete, Carolina Recinos, afirma que este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo es normal. No, no lo es, ni puede ser normalizado. No cuando el Ejecutivo ordena a las fuerzas de seguridad merodear frente a las casas de diputados opositores. No cuando se presume de tener el poder -las armas- para disolver el Congreso. No cuando se da a los diputados una semana de plazo para votar a favor de una ley, bajo amenaza de encabezar una insurrección popular.

En esas condiciones es difícil garantizar que los diputados tendrán libertad para votar. En estas condiciones, los diputados tienen un único camino digno: negarse al chantaje y debatir, en cambio, la violación a su recinto llevada a cabo por otro poder del Estado y el Ejército. Votar por el préstamo, así, ahora, sería ceder a la amenaza, pretender que no ha pasado algo tan grave como lo que ha pasado y sentar un peligroso precedente. Solo un diálogo político que incluya la renuncia de Bukele a las amenazas puede abrir el camino a una nueva normalidad legislativa.

Una crisis de instituciones

Los salvadoreños, que nos creíamos a salvo de las aventuras caudillistas que viven algunos de nuestros vecinos en la región, hemos descubierto que lamentablemente sufrimos el mismo cáncer.

Esta crisis, construida pieza a pieza por Bukele, desnuda las verdades de nuestra vida nacional. Tras varios gobiernos profundamente corruptos, en momentos en que se ventilan en un juzgado los acuerdos entre los principales partidos políticos y las pandillas, nuestro sistema político ha perdido credibilidad y urge de una renovación total.

El presidente ha convertido la comprensible sed de novedades de la población en plataforma para su proyecto personalista. En apenas ocho meses, la enorme popularidad de sus exhibiciones es la prueba fehaciente de los peligros de nuestra debilidad institucional. Pero su estilo de gobierno es el parto del sistema podrido y parte fundamental del problema, no su solución. La democracia necesita ser fortalecida, no dinamitada como Bukele lo está haciendo.

Es doloroso descubrir que tampoco nos hemos librado de la pesadilla de la amenaza armada para imponer decisiones políticas y amenazar a opositores y críticos. Que las cabezas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se hayan prestado al perverso espectáculo del presidente sienta un nuevo precedente y obliga a recordarles nuevamente que no los queremos, nunca más, interviniendo en política; ni siquiera cuando se los ordena su Comandante en jefe.

La actuación del Ejército y la PNC durante el fin de semana solo merece repudio. Ojalá los oficiales comprometidos con su uniforme y con la democracia, que sobran en ambos cuerpos, exijan rectificación, mesura y sensatez, especialmente en las difíciles semanas que tiene por delante el país. No es solo por el bien de la nación, sino por el de sus mismas instituciones.

Y tampoco ha estado a la altura de la crisis la Corte Suprema de Justicia, y en particular su Sala de lo Constitucional. Su silencio, por cobardía o incapacidad, es criminal y dio alas a un presidente que se atribuye el derecho de interpretar la Constitución y trata de usarla como una guillotina. Eran los magistrados los llamados a intervenir y reivindicar su independencia y su relevancia. Su voz llegará tarde, pero su silencio, si se prolonga, los puede condenar a la intrascendencia que el mismo Bukele les atribuye al decir frente a las masas que no necesita que la Sala de lo Constitucional interprete los artículos constitucionales en los que ampara su chantaje al legislativo y el llamado a la insurgencia.

Con la toma militar de la Asamblea, Nayib Bukele disipó las últimas dudas que quedaban sobre su naturaleza: es efectista, populista, antidemocrático y autoritario. Con el truco más barato, repudiable y peligroso, el de clamar que tiene a Dios de su lado, ha abierto una de las páginas negras en la historia de nuestra incipiente democracia. El país queda golpeado; pero la mancha más oscura es la que acompañará al presidente en los años que le quedan de mandato y para la historia.

No tiene sentido esperar ya de él demasiada reflexión o giro alguno. A un gobernante capaz de lo sucedido este domingo solo cabe ponerle límites y mayores contrapesos.

La defensa de nuestra democracia no pasa por los baños de masas que el mismo presidente convoca, organiza y en los que luego deposita demagógicamente la iniciativa de la insurrección. No. Pasa por una sociedad civil organizada que le dé respuesta, desde el compromiso con los principios democráticos, que presione para que siga el combate a la corrupción y crezca el respeto al Estado de Derecho. Pasa por que el resto de poderes se pronuncien y actúen en defensa de la institucionalidad. Pasa por una comunidad internacional vigilante. Pasa por una reflexión y revisión profunda de todas las fuerzas políticas, que necesitan una purga interna y regenerarse en busca de alguna legitimidad. Pasa por un compromiso colectivo para fortalecer el pluralismo.

Y pasa, también, por que los miembros de su gabinete examinen si vale la pena seguir acompañando un proyecto basado en el culto a la figura de un hombre ignorante de nuestra memoria colectiva y sin sentido de la responsabilidad política. Entregar todos los poderes a una sola persona, o permitir que los acapare, es la fórmula perfecta para el desastre. La historia tiene suficientes ejemplos. Ya basta.