El grupo parlamentario de Unidos Podemos (UP) ha presentado este miércoles ante el Congreso una propoisición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno que regule las excedencias y compatibilidades del Cuerpo de Abogados del Estado, los altos funcionarios que más interrumpen su labor pública para dar el salto al sector privado. Según denuncian, las empresas los contratan por grandes cantidades de dinero para “pleitear contra la Admnistración que tan bien conocen”.

“Estamos reclamando algo de sentido común para todo el mundo. No es lógico que alguien que está trabajando para la Administración y la conoce perfectamente, de pronto se pase al lado oscuro, cobre muchísimo dinero y empiece a utilizar sus conocimientos para ir contra el Estado”, ha indicado el coordinador parlamentario de Izquierda Unida, Víctor Alonso Rocafort, en declaraciones a cuartopoder.es.

El pasado mes de diciembre, después de tres demandas al portal de transparencia de la Administración general del Estado, fueron actualizados los datos: el 38,22 % de los abogados del Estado (250 de un total de 654) se encuentran en situación de excedencia, una cifra que supera ampliamente al 2,16% de los notarios o al 2,73% de los registradores de la propiedad.

Según critica UP, los abogados del Estado se marchan principalmente a grandes bufetes, empresas del Ibex 35, consultoras o auditorías, donde reciben un alto salario a cambio de su experiencia y sus contactos, como son los magistrados que ejercen en los tribunales donde se dirimen cuestiones del Estado, o los principales responsables del Ministerio Fiscal. Una vez que estos trabajadores se topan con las prejubilaciones en la empresa privada, solicitan volver a su plaza de funcionario, algo que no se les niega debido a la falta de personal que sufre la Administración.

Para UP la situación de los abogados del Estado, además de implicar posibles conflictos de intereses, conlleva la falta de personal en la Administración. Cada año llegan a la abogacía 120.000 procedimientos judiciales nuevos y cada abogado en activo debe encargarse de 350 pleitos. Ante la falta de personal, del Ministerio que dirige Rafael Catalá contrata a otros profesionales para que hagan el trabajo propio de los abogados del Estado que se encuentran en situación de excedencia.

El documento presentado por UP recuerda el caso de las empresas unidas en la ampliación del puerto del Musel, en Gijón, que en 2013 reclamaron a la autoridad portuaria un sobrecoste de 354 millones de euros por unas obras por las que habían recibido 624 millones. La demanda fue preparada por un equipo en el que se encontraban dos abogados del Estado que habían sido director y subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado hasta 2004. También rescata el ejemplo de un abogado del Estado que fue secretario del Consejo de Seguridad Nuclear entre 2002 y 2006 y que “pidió una excedencia para ser socio de un bufete estadounidense especializado en pleitos en el sector de la energía” y así asesorar, entre otras, a la central nuclear de Garoña.

Otro problema señalado en el documento del grupo es que los abogados pueden compatibilizar su trabajo con otras tareas siempre que no participen en pleitos contra la Abogacía del Estado, pero “nada les impide ir contra otras administraciones, comunidades autónomas o ayuntamientos”.

Por todo ello, UP pide que se regule la actividad del Cuerpo de Abogados del Estado con un reglamento específico; que se garantice la excedencia solo cuando las necesidades del servicio lo permitan; que los abogados que soliciten una excedencia lleven más de cinco años de función pública, pierdan su plaza si pasan más de quince años fuera de la Administración o que no puedan permanecer de excedencia menos de dos años. Además, exigen la dotación pública de plazas de sustitución o el refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses en su competencia, independencia, transparencia en sus labores de inspección y sanciones. Para Rocafort, este es “un ensayo sobre proposiciones de ley potentes que vendrán más adelante y que seguramente vayan tocando todos los temas de la función pública” en esta legislatura.

(*) María F. Sánchez es periodista.