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Carlos García Berro (Barcelona, 1972) es fiscal desde hace 16 años y lleva seis en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid. Este destino le ha hecho encargarse de la quiebra del Banco de Madrid, la venta de vivienda pública a Goldman Sachs o los primeros compases de la investigación a Rodrigo Rato por sus negocios privados, hasta que la anterior fiscal general le entregó el caso a Anticorrupción. Concede esta entrevista como vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una organización empeñada en el mensaje de que la carrera fiscal necesita más transparencia y explicar a los ciudadanos su trabajo. “Hay determinadas actuaciones de la Fiscalía que no ayudan a su credibilidad”, asegura.

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¿Soporta España niveles de corrupción por encima de sus posibilidades o están creando los medios una falsa percepción?

A veces uno tiene la sensación de que se conoce solo la punta del iceberg. Venimos de un pasado muy malo en muchos órdenes de la vida y en corrupción también. Hay familias que prosperaron al amparo del franquismo, que siguen manteniendo su poder económico y que, sobre todo, siguen actuando con sensación de impunidad, algo que la democracia no ha conseguido aún evitar. El poderoso se cree impune y a salvo, piensa que nunca le va a pasar a él, que nunca le va a llegar una investigación. Ya sea de la Fiscalía, de la Agencia Tributaria. Y esas dinámicas son las que tenemos que ir cambiando poco a poco; esa sensación de impunidad que permite a personas con un gran poder económico realizar, incluso de forma grosera, algunas actuaciones delictivas.

¿Cómo se cambia eso?

La única manera de luchar contra esa sensación de impunidad es actuando. No se puede evitar en muchos casos que lo hagan, pero cuanto menos vamos a evitar que tengan la sensación de que lo hacen y no les pasa nada luego.

¿Hay medios materiales y humanos suficientes?

En lo que respecta a la Fiscalía solo tenemos dos instrumentos para luchar contra la corrupción, no solo la política, hablo de corrupción en un sentido amplio, entre particulares, todo tipo de delincuencia económica. Tenemos, por un lado, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por otro, nuestro prestigio profesional. Las leyes dependen del legislativo y los medios del poder Ejecutivo. Pero lo segundo depende única y exclusivamente de nosotros. Y sí que es verdad que hay determinadas actuaciones que no ayudan a la credibilidad de la Fiscalía.

¿Por ejemplo?

Lo que entre los compañeros se llaman los ‘aquelarres judiciales o fiscales’. Cuando te encuentras que un abogado de prestigio organiza una serie de cursos, llama como ponentes a miembros de la cúpula fiscal, y van esos ponentes ahí a cobrar un buen dinero por ello, puede que no haya nada reprochable, pero la sensación que se transmite no es la adecuada. Eso merma nuestro prestigio y la actuación de la fiscalía se basa única y exclusivamente en nuestro prestigio profesional. Hay muchos casos. Todos sabemos cuáles son. Que compartan estos aquelarres fiscales un aspirante a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción con el abogado del Partido Popular, de ahí no se cabe deducir nada, pero de cara al exterior, la imagen que se transmite no refuerza la imagen de autonomía del Ministerio Fiscal. Tenemos que ser autónomos y parecerlo. Ser autónomos respecto del poder político y parecerlo respecto de la ciudadanía.

¿A quién se refiere?

Por ejemplo, los cursos y jornadas organizadas por la Fundación Ramón Areces han sido objeto de muchos comentarios dentro y fuera de la Fiscalía, así como otros organizados por grandes firmas que han contado con ilustres participantes. Otro ejemplo que provoca suspicacias es el patrocinio de Banesto a la conservadora Asociación Profesional de Fiscales, evidentemente nada implica esa ayuda, pero no contribuye a la imagen del Ministerio Fiscal.

La pasada participación del nuevo fiscal general del Estado en esos cursos fue objeto de pregunta por la oposición en su primera comparecencia parlamentaria.

La falta de transparencia es uno de los grandes problemas de la Fiscalía. Otro hándicap que tiene es que no se explican las cosas. Cuando se toma una decisión existe un déficit de explicación a la ciudadanía. Si se dice, por ejemplo, que en las preferentes no hay delito, habría que haber explicado mejor por qué no hay delito. Esta falta de transparencia hace que la suspicacia de la ciudadanía se acentúe. ‘No hay delito por esto’ y dar una explicación lógica y coherente. Como se le da al juzgado, también se le tiene que dar a la ciudadanía. Luego, que se pueda compartir el criterio o no es otra cosa.

Esas suspicacias sobre la actuación judicial contra determinados delitos de cuello blanco parecen haber crecido durante la crisis.

Es que las cosas a veces no se entienden porque no se explican. Si hay algo que no se puede explicar, no se debe hacer. La corrupción y la delincuencia económica se basa en la oscuridad, y frente a la oscuridad solo hay una cosa, que es luz.

Hay fiscales que se van a importantes despachos de abogados y luego vuelven a la Fiscalía a acusar a personas defendidas por esos despachos ¿Qué opinión tiene de la puerta giratoria en la Fiscalía?

Al anterior fiscal general del Estado, sin respetar el plazo, se le excusó para poder irse a un poderoso despacho. Tenemos un estatuto del ministerio fiscal franquista y hay que cambiarlo. Está totalmente obsoleto. Desde la Unión Progresista de Fiscales estamos haciendo un trabajo para crear un código ético que aborde todas estas cuestiones, las actuaciones públicas del ministerio fiscal, que no están reguladas. Sin ir más lejos, esta entrevista. Las actuaciones privadas, dónde se pueden dar clases o conferencias, ¿deben o no ser remuneradas?, ¿solo en centros públicos o también en centros privados? A día de hoy la regula la conciencia individual de cada uno.

¿Y la ida y vuelta de un miembro de la Fiscalía, o de un juez, a la política?

No creo que haya que poner muchos límites en el hecho de ir y volver. El volver a dónde es otra cosa, pero tenemos como cualquier ciudadano nuestro total derecho a participar en las cuestiones públicas. Y si es un profesional altamente preparado, como un juez o un fiscal, qué mayor privilegio para la política que tener a un profesional altamente cualificado trabajando en política.

¿En qué condiciones están los fiscales como usted para ‘competir’ con carísimos despachos de abogados que defienden a los corruptos?

No con las mejores. La Agencia Tributaria, por ejemplo, tiene ahora un problema: no abarca. No puede nombrar tantos peritos en funciones de auxilio judicial como se le piden porque son inspectores de Hacienda, que si están haciendo las funciones en un juzgado no pueden hacer las propias administrativas fiscales que les corresponden. También hay problemas de coordinación. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda son profesionales con una alta cualificación, pero lógicamente tienen una visión fiscal de los asuntos que abordan, no policial. En Italia tienen una policía fiscal, que abarca ambos campos. La creación de equipos conjuntos es la solución, pero falta un mecanismo de integración.

¿Hay voluntad política para mejorar los instrumentos para luchar contra la corrupción?

Hay actuaciones en ocasiones incomprensibles. La directiva del Blanqueo de Capitales se traspone a una ley en España sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 2010. En un artículo de esa ley se dice que las entidades bancarias tienen que declarar todas y cada una de las cuentas bancarias, depósitos, etc… de cada titular. Esto se tramita en las Cortes. Muy buena ley, reconocida a nivel internacional. Pero luego se pone el reglamento (que desarrolla la ley), que no pasa por las Cortes y se hace en el Ministerio de Economía. Los bancos tenían que informar de todas esas cuestiones y se pone un articulito diciendo que sí, pero excepto las titularidades en las sucursales en el extranjero, de tal manera que se abre la puerta de la consagración de la banca offshore española. Si algún banco tiene la tentación de tener una sucursal offshore en el extranjero, en virtud de esa sola coletilla, ya no tiene obligación de informar a la Agencia Tributaria española de quién son los titulares de esos fondos en el extranjero. ¿Por qué? Yo no puedo saber qué movió al Ministerio de Economía a hacer eso, pero está hecho.

¿Somos intransigentes con la corrupción del político y tolerantes con la evasión fiscal?

No tenemos una verdadera cultura fiscal en España. Nos indigna la corrupción política y eso está bien, pero no tenemos tanto una conciencia fiscal. De esto ya se quejaba Pío Baroja en El Árbol de la Ciencia. No recuerdo la cita con exactitud, pero hay un pasaje en el que el protagonista, que ejerce de médico en un pueblo de La Mancha, se extraña de que todos defraudaran a Hacienda y no se les tuviera por ladrones.

¿Cómo evalúa la colaboración ciudadana en los delitos de corrupción?

Debería serlo más y debería protegerse mucho más al denunciante. Es necesario un estatuto propio del denunciante en los asuntos de corrupción pública, y también entre particulares, para los delitos fiscales, fraudes, etc… Ya está plenamente consolidado en los delitos de drogas. Si perteneces a una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y te arrepientes, tienes una serie de privilegios establecidos en el Código Penal. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en el ámbito de la corrupción?

La figura del testigo protegido en España cosecha sonoros fracasos.

Así es. No está funcionando todo lo bien que debiera. Hay que regular la figura del ‘co-acusado’, lo que popularmente se denomina ‘tirar de la manta’. Habría que encontrarle un mejor encaje que de momento solo es jurisprudencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda una práctica, que España no ha incorporado todavía, que es la tipificación del enriquecimiento injustificado. Si uno tiene un incremento en su patrimonio y no puede explicar su origen, el GAFI recomienda que se trate como delito.

Pero gobierno tras gobierno, hay cosas que no se tocan, parece que siempre se modifica el Código Penal para satisfacer a las tertulias de sucesos.

Sí, es que parece más fácil endurecer el código penal para pobres humildes y miserables que para poderosos, económicos o políticos. Tampoco se trata tanto de endurecer como de agilizar los mecanismos. Si uno se fija en el delito fiscal, la pena mínima es un año; un robo con fuerza en las cosas, apalancar por ejemplo la puerta de una frutería, también tiene una pena mínima de un año. El límite de la pena para considerar el fraude fiscal delito son 120.000 euros.

¿Qué opinión tiene del uso de información supuestamente robada para luchar contra los grandes delitos económicos y la corrupción?

El paradigma de todo esto es la lista Falciani. En Fiscalía hemos conseguido que todos los asuntos que han concluido lo hayan hecho en sentencia condenatoria. Era un caso de acreditar la plena validez de esa prueba. Jurídicamente tiene un gran desarrollo, pero muy sucintamente puedo decir que en España no hay secreto bancario, por mucho que lo haya en Suiza. Hemos trazado la legitimidad de la forma de obtención de esa información y que podía ser prueba de cargo en exclusiva.