Las funciones de las Unidades Centrales de Seguridad -los antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid- están siendo rediseñadas de facto por la alcaldesa, Manuela Carmena, y su equipo de gobierno. Sin poner nada por escrito, las decisiones tomadas por el concejal Javier Barbero, del que depende el cuerpo, ponen en evidencia el nuevo papel que están jugando estos policías en la seguridad de la ciudad, que nada tiene que ver con lo que venían haciendo hasta ahora.

Los antidisturbios ya no intervienen en desahucios ni en manifestaciones como los que controlaban antes de la llegada de Carmena. La corporación municipal les ha apartado de esas funciones por la vía de los hechos para evitar que vuelvan a las retinas de los madrileños las imágenes que tanto criticaban los mismos que hoy ocupan la alcaldía.

Antidisturbios intentan romper la barrera de activistas que pretende frenar un desahucio. (EFE)

Los miembros de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) se dedican hoy a otras tareas. En concreto, los funcionarios se están reconvirtiendo en agentes que realizan controles rutinarios en materia de seguridad ciudadana por las calles de la capital de España.

Además, los agentes de las UCS dan apoyo a las unidades de distrito si es necesario cuando tienen lugar celebraciones o eventos de gran magnitud que pueden suponer un riesgo para la seguridad debido a la masificación, como fue el caso del espectáculo que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en el Madrid Arena, que requirió la presencia de los antidisturbios municipales para controlar a los miles de personas que se congregaron para ver a Arnold Schwarzenegger.

Ahora, los policías municipales tienen que tirar de los antidisturbios de la Policía Nacional para que les acompañen a cumplir las órdenes judiciales

La redefinición de tareas de los antidisturbios por la vía de los hechos ha provocado que los agentes de la Policía Municipal encargados de ejecutar desahucios ya no puedan recurrir a sus propios compañeros para apoyar la función que les encomienda la autoridad judicial, como hacían antes del aterrizaje del actual equipo de Gobierno.

En la práctica totalidad de los casos, por contra, los policías municipales tienen que tirar de las Unidades de Intervención Policial -los antidisturbios de la Policía Nacional- para que estos agentes especializados les acompañen a dar cumplimiento a las órdenes de los jueces.

Los miembros de las UCS vienen temiendo sobre su futuro desde que comenzó la legislatura. Por un lado, estas unidades no tienen la competencia de orden público, que corresponde por ley a la Policía Nacional, aunque por otra parte se trata de un departamento que ha experimentado un fuerte arraigo en el cuerpo y que desde hace tiempo es considerado "necesario" por los propios compañeros de corporación. Así lo entienden, por ejemplo, desde la Asociación de Policía Municipal Unificada, que entienden que los agentes "no pueden ir sin casco y escudo a determinadas misiones", herramientas que sí tienen las UCS cuando acuden a apoyar a sus colegas.