SANTIAGO.- A las 12:13 horas del 9 de diciembre de 2013, Miguel Núñez —gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp—, a través de un correo electrónico, le pidió al gerente general corporativo de la firma, Lázaro Calderón Volochinsky, que le autorizara lo que le remitiría en el siguiente e-mail que le mandó ese día para generar la orden de compra respecto a lo que se le había solicitado.



En el asunto de ese correo, según datos internos de la firma retail, había un nombre que meses después de esa conversación se haría conocido, informa "El Mercurio".



El e-mail se titulaba: orden de compra a Giorgio Martelli. Se trata del operador político que es investigado en el caso SQM por haber presuntamente proveído facturas falsas de su empresa Asesorías y Negocios para, a cambio, recibir aportes a la campaña política de la Presidenta Michelle Bachelet.



A las 12:16 horas de ese lunes, Núñez le escribió a Calderón que le diera el visto bueno para la compra del informe de coyuntura política, económica y legislativa 2013 que —según se había solicitado— se encargó a Asesorías Credo e iría con cargo al centro de costo de la gerencia general corporativa.



En abril del año pasado, ECCSA SA., grupo controlador de Ripley, rectificó este servicio por $50 millones, entre otros, ante el SII, lo que fue requerido por el Ministerio Público, que tiene en la mira este y otros pagos de la autodenuncia.



Hasta ahora no había vínculo entre lo que se investiga en el caso SQM —por financiamiento irregular de la política— y esta arista que indaga la Fiscalía Oriente y que surgió del denominado caso Penta.



Sin embargo, la aparición del nombre de Martelli, en estos antecedentes, hará centrar las diligencias de los investigadores en los nexos del dueño de Asesoría y Negocios y el de Credo Limitada. Éste último es Diego Perry, quien fue proveedor con esta sociedad en la campaña de Bachelet y también su publicista, miembro del equipo creativo de su propaganda. Perry además es dueño de "La Clínica", firma denunciada por el SII en el caso SQM por desconocerse sus servicios por $48 millones.

