Un día después de que se diera a conocer que profesoras, nanas y la directora de la Guardería ABC fueron consignadas por el incendio en el que murieron 49 niños en 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este jueves 13 de agosto en un comunicado que procedió en contra de 22 personas pero sin precisar identidades ni cargos.

Sin embargo, fuentes de la PGR informaron a Animal Político que entre las 22 personas hay maestras y empleadas de la guardería.

La PGR subrayó que ejercitó acción penal en contra de este nuevo grupo de personas en cumplimiento de una sentencia de amparo promovida por un grupo de padres de los menores afectados.

Esto ocurre un día después de que Gabriel Alvarado, abogado del grupo Manos Unidos pro Nuestros Niños –uno de los que da seguimiento al caso ABC–, dijo que los consignados eran maestras, nanas y trabajadoras de la guardería.

Al respecto, autoridades federales confirmaron a Animal Político que los nuevos consignados sí son empleados de la guardería pero que no se detallarán identidades ni cargos. A juicio del Ministerio Público, estas personas incurrieron en delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Trabajadora y madre de afectada asegura no haber abandonado la guardería.

Olga Lidia Sánchez, una de las personas consignadas – quien dijo haber sido notificada por su abogado y no por las autoridades – y que se desempeñaba como auxiliar de educadora en la Guardería ABC, aseguró en el programa Atando Cabos, que en ningún momento abandonó las instalaciones ni a los menores, incluso, destacó que tanto ella como su hija sufrieron quemaduras en la mayor parte del cuerpo.

“Soy víctima, estuve a punto de morir y mi hija también. Presenta 87% de quemaduras en el cuerpo; no hay otro sobreviviente con el grado de quemaduras que tiene ella” detalló Olga Lidia Sánchez, quien dijo desconocer qué otras trabajadoras, además de la directora, sean las personas consignadas.

Será el Juzgado Tercero de Distrito en Sonora quien defina a más tardar el 18 de agosto si concede o no las órdenes de aprehensión pedidas por la PGR.

La PGR recordó en su comunicado que previamente ya había 22 personas bajo proceso penal, también por los mismos delitos, entre ellos servidores públicos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, de Protección Civil, del H. Cuerpo de Bomberos, del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora y particulares.

Animal Político publicó el pasado 5 de junio que ninguno de esos 22 exfuncionarios y particulares ha recibido sentencia aún y que a través de amparos han conseguido seguir su proceso en libertad.

Por otra parte, el Movimiento por la Justicia 5 de Junio emitió un comunicado y ofreció una conferencia de prensa en donde respaldaron los pasos que ha tomado la PGR aun y cuando no se comparta en algunos casos su punto de vista.

Además reprobaron el que Gabriel Alvarado de Manos Unidas hay hecho públicas las consignaciones de la PGR y adelantaron que procederán legalmente en su contra.

Alvarado Serrano, abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres de las víctimas de la tragedia, criticó la determinación de la PGR porque –dijo– se procede en contra de quienes sufrieron lesiones y pusieron en riesgo su vida al tratar de salvar a los menores, “y no contra los verdaderos culpables de la conflagración”.

Tras señalar que ya interpuso una queja ante la PGR, el abogado explicó que entre las personas contra quienes se emitiría una orden de aprehensión está una empleada madre de una niña que sufrió quemaduras en 95% de su cuerpo. “Esa niña está en la disyuntiva de que su propia madre pueda ir a la cárcel”, dijo el abogado, de acuerdo con un reporte del diario La Jornada.