El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación

Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.