México es hoy por hoy el país en donde se padece “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en América Latina en las últimas décadas”. Así lo establece el informe Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada, elaborado por la ONG Human Rights Watch.

“Human Rights Watch ha documentado 249 desapariciones cometidas en México desde diciembre de 2006”, asegura el documento dado a conocer este miércoles. En 149 de esos casos “han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales”.

El informe supone un jarro de agua fría para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, empeñado en quitarle visibilidad mediática al tema del combate al narcotráfico, agenda casi única de su antecesor Felipe Calderón. Human Rights Watch destaca que la estrategia de Calderón “no solo no logró contener a las poderosas organizaciones delictivas que operan en el país, sino que además generó un incremento dramático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad”.

La organización humanitaria advierte de que ahora le corresponde a quien gobierna desde el 1 de diciembre pasado “la obligación fundamental de asegurar que las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por militares y policías” sean investigadas, así como juzgados los responsables de las mismas.

El documento pone en el punto de mira, en especial y de manera grave, a la Marina Armada de México, que junto con el Ejército fue incorporada por Calderón a la lucha en contra de los cárteles de la droga.

“Las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un período breve y en una misma zona”, dice el informe. “Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de vídeo, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los Estados vecinos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. (…) El paradero de estas personas se desconoce desde el día en que fueron detenidas”. La organización concluye que “el modus operandi aplicado comúnmente en estos casos sugiere que estos delitos podrían haber sido planificados y coordinados, o al menos no podrían haberse concretado sin conocimiento de funcionarios de alto rango de la Marina”.

El tema de los desaparecidos en México ha sido una pesadilla que durante largo tiempo fue un lamento que ninguna autoridad atendió. Aunque hay organizaciones de familiares de desaparecidos en Baja California, Coahuila y Nuevo León que llevan años haciendo denuncias sobre estos crímenes, fue a partir de que surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia cuando todo México comenzó a oír de viva voz tétricas historias de desaparecidos por doquier.

La semana pasada, y después de difundirse informaciones periodísticas que cifran en alrededor de 25.000 el número de las desapariciones en México durante el periodo 2006-2012, el Gobierno mexicano dijo que está realizando un censo de estos crímenes y que tan pronto como lo tenga concluido anunciará la información específica de cada desaparición que haya logrado comprobar. Aunque su informe está basado en una investigación realizada en solo 11 Estados de la República Mexicana, Human Rights Watch no duda en afirmar que “hay miles de casos más”.

Entre las recomendaciones que hace Human Rights Watch al Gobierno mexicano destaca la solicitud para que el presidente Peña Nieto presente al Congreso un proyecto de reforma del sistema de justicia militar para garantizar que todas las violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria. Y es que el informe de la organización destaca que parte de crisis de las desapariciones se debe a que “en casi todos los casos las autoridades no adoptaron medidas oportunas ni exhaustivas para buscar a las víctimas ni investigar lo sucedido”.