La falsa sensación fabricada para el ciudadano, de que el pueblo hace el reparto del poder entre partidos, es la esencia de la farsa democrática actual en México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad de la Presidencia de la República, y no del pueblo.

Por Sergio O. Saldaña Zorrilla

La decisión de publicar este artículo no me fue fácil. Tengo una relación cordial con muchos actores involucrados a quienes quizá no les agrade la dureza de mi argumentación. Sin embargo, si la civilización en México ha de subsistir, debemos romper con la sistemática tolerancia a la violación de los preceptos democráticos de la que, pasiva o activamente, son cómplices quienes no llaman a las cosas por su nombre. Si nos mostramos blandos en la crítica hoy que el Estado mexicano se cae a pedazos, mañana recaerá sobre nosotros la responsabilidad histórica de no haber diseñado una ruta para refundarlo. No diseñar un nuevo orden implica necesariamente la repetición de la historia y, en nuestro caso, de una muy trágica historia.

Me parece que el resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 será resultado de acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno federal. Los partidos podrían ocupar un número de cargos sin corresponder necesariamente al número de votos que obtengan en las urnas. Una vez electos, los diputados de cada partido simularán en tribuna defender con su discurso a uno u otro ideal, pero finalmente las votaciones en el Congreso seguirán yendo en la dirección que la Presidencia de la República señale. En ese caso, el sistema político mexicano seguirá representando una farsa democrática. Ante ello, la anulación del voto en las próximas elecciones me parece una respuesta eficaz. Mis argumentos y fundamentos a continuación.

La falta de independencia de partidos y órganos electorales

Es muy probable que las próximas elecciones sean un fraude porque existe abundante evidencia de que las dirigencias de los partidos políticos y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) fueron decididos desde Los Pinos. Esta vez no será un fraude a algún partido político e, indirectamente, al pueblo; esta vez será directamente al pueblo. La intervención de la Presidencia de la República en la elección del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) está bastante documentada[1]; lo mismo con la del Partido de la Revolución Democrática (PRD)[2]. En el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)… quizá salga sobrando documentar al respecto. Entonces, si las dirigencias de los partidos le deben el cargo al presidente, no es difícil advertir que estos partidos no tienen independencia para decidir a sus candidatos; es muy factible, entonces, que los candidatos de los partidos sean sólo aquellos autorizados por la Presidencia de la República.

A su vez, las dirigencias de estos partidos son las que han ido decidiendo a los consejeros del INE, pactando entre ellos cuotas de cada partido al interior del Consejo General del INE[3]. Así, el INE tampoco es independiente, sino dependiente de las dirigencias de los partidos políticos, las cuales, a su vez, tienen una deuda con el presidente de la República. Lo mismo ha sucedido con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife) y de los tribunales electorales locales[4], los cuales son los encargados de resolver las controversias legales en los procesos electorales.

Entonces, tanto los candidatos como los árbitros (INE) como los jueces (Trife) de la elección son decididos por la Presidencia de la República. Así, mientras la selección de candidatos al interior de los partidos no es objetiva ni imparcial ni independiente debido a que las dirigencias de, al menos, los tres grandes partidos provienen de Los Pinos; igualmente, cualquier controversia o impugnación sobre el proceso y la jornada electoral tampoco tiene garantizada la objetividad ni mucho menos la imparcialidad de estos órganos electorales por provenir sus consejeros y magistrados también de Los Pinos[5]. Lo anterior no quiere decir que todas las decisiones del INE y del Trife vayan necesariamente en beneficio del partido en el poder; hace tiempo que los fallos favorables se negocian entre los partidos y el Ejecutivo federal (y no de acuerdo con la ley ni la voluntad popular, como debe ser en un sistema democrático). La falsa sensación fabricada para el ciudadano sobre un reparto del poder entre partidos electos por el pueblo es la esencia de la farsa democrática actual en México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad de la Presidencia de la República, y no del pueblo.

Así, se han encendido dos señales de alarma de la lucha por la democratización en México:

Al ser decididas desde la Presidencia de la República las dirigencias de los partidos mayoritarios, estos partidos no representan a la mayoría del pueblo, por lo que no existe la representatividad democrática en México. La existencia de un pacto no escrito entre los partidos mencionados, en el que, de facto, se le permite el uso del poder a una sola persona (al presidente de la República) para controlar el resultado de las elecciones, son síntomas de la instauración de una dictadura. Fundamentemos lo anterior, pues alguien con razón aparente podrá objetar que una dictadura es algo mucho peor (como aquel que dijo que los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 no son un crimen de Estado, que “crimen de Estado es algo mucho más grave”[6]). Ignacio Molina (2007[7]) define la dictadura como “una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder”.

Opositores farsantes

Esta farsa democrática tiene muchos cómplices. La base de esta farsa son los políticos a modo del presidente, los cuales, sin el más mínimo respeto por la democracia, aprueban sin leer todo lo que el presidente envía al Congreso; este bloque es evidente y está integrado por los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (Panal). El resto de la farsa la constituye el bloque de legisladores del PAN y del PRD, quienes, bajo pretextos siempre inverosímiles, alternadamente se unen al bloque de los legisladores del presidente para aprobarle todo también. Los legisladores aparentemente en contra –incluyendo a los de partidos pequeños– toman la palabra para contradecir las iniciativas presidenciales; su discurso en tribuna pronto parece convertirse en un predicar en el desierto en una alegada defensa de las mayorías de este país, en medio de un huracán de legisladores abiertamente serviles al presidente que terminan por ganarles cada ronda de votación.

Pero, ¿por qué las figuras de oposición no salen a la opinión pública a denunciar esto? ¿No brillarían más si empujaran una verdadera democratización y denunciaran esta farsa convocándonos a todo el pueblo a exigir juntos la democratización por medio de una movilización histórica? Después de todo, sus partidos disponen de una estructura territorial para movilizarnos si ellos quisieran. Ello sería la prueba irrefutable de que no son unos farsantes y de que en verdad son nuestros representantes. Sin embargo, no lo hacen porque les conviene, no los dejan o simplemente porque se conforman con interpretar el papel de víctimas del parlamentarismo en esta farsa, que no es más que una obra de teatro.

Para esta obra, ellos luchan entre sí –por medio de las elecciones– para quedarse con el papel de parlamentario opositor; para interpretar el papel del que se desgañita en tribuna defendiendo al pobre pueblo del infame tirano; tirano al que reiteradamente expresan su coraje para ganar credibilidad. Que ese papel lo interpreten ellos y no otros en nada cambiará nuestras vidas ni la de la nación. Eso solamente es relevante en la vida personal de ellos, que acrecentarán su fama personal. Las elecciones internas para esas candidaturas de oposición parecen cumplir más bien la función de casting de selección de actores. El guión ya está escrito; sólo tienen que competir entre ellos. Una vez electos, ellos no pueden modificar sus líneas de los diálogos de la obra –sólo el estilo personal–. Así, las figuras de oposición hacen las veces de válvulas de escape de la presión social, a través de las cuales se calma el ansia popular, pues nos hacen sentir que alguien ya llevó nuestra voz a las más altas tribunas de la nación. Luego del fracaso al proponer una iniciativa popular, en entrevistas nos dicen: “lo intentamos, soy un convencido de que la próxima vez sí lo logremos”, invitándonos siempre a seguir apoyándolos votando por ellos. Puedo comprender las motivaciones de estas figuras de oposición; para ellos esto es una carrera profesional, con prestigio, privilegios y cuya remuneración suele ser tan buena como la de un parlamentario del partido oficial –o incluso mayor, dependiendo de su papel relativo al interior del grupo parlamentario a que pertenezcan–. Todos, con diferentes papeles y vestuarios: actores de la misma farsa.

El caso del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el mismo. Aunque este partido dará la lucha, sólo le reconocerán algunas posiciones, las suficientes para que el pueblo crea que alguien lleva su voz a tribuna, pero menos de las necesarias para que se aprueben sus iniciativas populares. Si las elecciones se definirán nuevamente en Los Pinos y Gobernación, me queda la impresión de que a Morena se le ha invitado a un fraude electoral en forma de pacto de caballeros; me queda la impresión de que Morena aceptó esa invitación y que, aunque van a presionar muy fuerte para que les reconozcan sus triunfos (como lo hacía la oposición –de izquierda y de derecha– de los años setenta en una mezcla de heroísmo y mendicidad), al final se tendrán que conformar.

Los seguidores de Morena me parecen el elemento más vulnerable de esta farsa, porque los avances de su partido este 2015 les darán falsas esperanzas. En el 2018 nuevamente no los dejarán pasar a la Presidencia, luego de lo cual sus líderes volverán a invitar a sus seguidores a desfogarse en marchas y plantones, y un mes después, refunfuñando todos, les pedirán continuar con sus vidas. Sus líderes, no obstante, habrán arrebatado a otros partidos los papeles estelares de líderes del pueblo en el Congreso.

Anulación del voto

Así las cosas, en las elecciones del 7 de junio próximo ¿debemos votar, abstenernos, anular el voto, boicotear las elecciones o qué hacer? Para efectos legales, ni la abstención ni la anulación del voto ni el boicot electoral tienen posibilidades reales de anular la elección[8]. Partidos y gobierno ya se aseguraron que la legislación electoral posibilite que las elecciones sean válidas, así sea con un solo voto (además que ellos controlan el Trife[9]).

Para efectos morales, en cambio, la abstención, anulación y boicot sí serán cachetadas con guante blanco al sistema político mexicano actual. Su impacto sería indirecto. Una cachetada con guante blanco surte efecto directo sólo cuando quien la recibe tiene un mínimo de moral –y, por tanto, de vergüenza–, y reacciona ante ello corrigiendo su actuar. Sin embargo, el gobierno y sus partidos carecen de moral y de vergüenza, por lo que la medida no tendrá gran impacto directamente en ellos. El impacto de estas acciones provendrá de su eco al interior de cada hogar en el país, así como por su alcance internacional. El mensaje de deslegitimación será difundido entre nosotros a todos los mexicanos, así como por todos los medios a todo el mundo. Esto fortalecerá la unidad de la sociedad mexicana para exigir con más fuerza la democratización del país. A través de nuestros relatos, estas acciones se traducirán en millones de mensajes a nuestros familiares, vecinos, amigos, redes sociales y, por múltiples declaraciones, a medios nacionales y extranjeros.

Entre las acciones mencionadas, creo que la mejor es anular el voto. El voto se anula al:

Escribir un mensaje en la papeleta.

Marcar en la papeleta a más de un candidato.

Depositar en blanco la papeleta en la urna.

Ello, además de ser perfectamente legal, será un mensaje pacífico y claro. En contraparte, abstenernos de votar sólo alimentaría el argumento de que nos quedamos viendo el futbol, mientras que boicotear las elecciones –ya sea pacífica o violentamente– abre la puerta a caer en provocaciones del propio gobierno y sus partidos (no necesitamos más mártires en México; los 120,000 de los últimos 10 años ya son suficientes).

Existe un no-estructurado pero generalizado repudio de la sociedad mexicana a esta farsa democrática. Este repudio se ha ido manifestando por etapas: la primera fue (y es) la “Acción Global por Ayotzinapa”; la segunda, el “Aristegui se queda”, y la tercera son estas elecciones. Mientras el guión de esta farsa está muy claro, el nuestro no está escrito; en ello radica nuestra ventaja.

[1]“El PAN ya no es oposición; ‘Peña sí cumple’, Madero”. Documental. Revista Proceso. 11 de mayo de 2013.

“PAN cogobierna con Peña Nieto”, entrevista de El Universal a Gustavo Madero del 21 de abril de 2014.

[2]La campaña de Carlos Navarrete a la presidencia del PRD fue apoyada por Ángel Aguirre, y Ángel Aguirre, a su vez, apoyó la campaña de Peña Nieto.

[3]“El INE, en crisis por intervención de partidos en elección de Consejeros”. Reportaje de El Universal del 31 de marzo del 2015.

“Elección de consejeros del INE tuvo el respaldo de partidos”. Azteca Noticias, 23 de febrero del 2015.

“Expertos: cuotas de partidos tienen al INE en crisis”. Reportaje de El Universal del 25 de febrero del 2015.

[4]Los magistrados del Trife son elegidos por el Senado por medio de ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (y, a su vez, los ministros de la SCJN son propuestos a votación del Senado por ternas propuestas por el presidente de la República). Respecto a la elección de magistrados del Trife véase la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Art. 198.

Respecto a la elección de los magistrados locales consúltese la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 108.

También léase.

[5]Aquí podrán objetar muchos, en especial los magistrados del Trife, que ellos son gente de carrera, que estudian y se preparan mucho día con día. Tienen razón; eso yo no lo podría objetar en la mayoría de los casos. El elemento que, en contraparte, ellos no me podrán objetar, es que al ser ellos postura de alguien dejan de ser independientes en sus fallos: su conciencia ya no es libre.

[6]Al respecto, véase mi respuesta al ex-procurador Murillo Karam al respecto.

[7]Molina, Ignacio (2007). Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Alianza Editorial. ISBN 84-206-8653-0.

[8]Véase el art. 75, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), los cuales describen todas las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, mismas que no contemplan ni la anulación del voto ni la abstención electoral. Si bien el art. 77 de la misma LGSMIME considera que la no instalación de al menos 20% de las casillas en un distrito electoral federal es causal de nulidad de la elección del diputado del distrito correspondiente, impedir que se instalen esas casillas conlleva un alto riesgo de tensión o incluso violencia innecesaria. Innecesaria porque, aun si con ello se lograra anular la elección en algún distrito, puede hacerse efectiva la Tesis LXXII/98 del TEPJF, la cual contempla la expedición de convocatoria para organizar una nueva elección en ese distrito –y así, tantas veces como sea necesario hasta elegir diputado.

[9]Si bien la Tesis X/2001 y Sentencia SUP-JRC-165/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contempla la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales (como la falta de independencia de la autoridad electoral, aquí demostrada), ello queda sujeto a interpretación de la Sala Superior del TEPJF, y ya expliqué a quién se deben sus magistrados. Insisto, el laberinto no es sólo legal, también es político.

Sergio O. Saldaña Zorrilla es doctor en ciencias económicas y sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (Cepal) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt.

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