Continúa el drama de la pérdida de la vivienda, ya sea de propiedad o de alquiler, para los sectores sociales más desfavorecidos. A pesar de la acción de la PAH y de la creciente oposición social contra quienes impiden el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna, sean estos los gobiernos o los propietarios (banqueros y fondos buitres en su mayor parte), más de 111.000 familias se vieron en 2016 expulsadas de sus casas, puesto que se produjeron 48.400 ejecuciones y 63.000 lanzamientos. La mitad de los lanzamientos, un 54%, fue consecuencia de impagos de alquileres; otros 42% se produjo tras una ejecución hipotecaria, y el resto, por otras causas.

Aunque respecto al 2016 haya habido una pequeña reducción, el drama de los desahucios continúa, en medio de un contexto de aparente recuperación económica. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo largo del año pasado se produjeron 48.410 ejecuciones hipotecarias (cuando, después del impago de cuotas entre tres y seis meses se inicia el proceso con el que reclama el pago) y otros 63.037 lanzamientos (la expulsión forzosa de los ocupantes de un inmueble ).

La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas en las que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9% y del 5,6%, respectivamente. Los descensos fueron especialmente significativos en la Comunidad Valenciana (39,6%), en Galicia (39,2%) y Navarra (38,8%) y superiores al 30% en Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

La estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los lanzamientos, un 54,2 % equivalente a 34.193, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 (un 41,9%) se produjeron tras una ejecución hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.

Los lanzamientos por impago de alquileres se redujeron durante el pasado ejercicio un 4,2%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 9,7%.

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Por comunidades autónomas, Catalunya (con 14.069, el 22,3 % del total nacional)- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.

Si se tienen en cuenta sólo aquellos provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Catalunya encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364.

De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.