Un colaborador de Marcelo Ebrard, que se ha presentado como asesor pero no cuenta con un cargo oficial, fue el principal negociador del acuerdo migratorio que el gobierno federal inició con la administración de Donald Trump desde el periodo de transición, en noviembre de 2018, y que cerró semanas después de haber tomado posesión.

El libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration de Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear, corresponsales del New York Times en Washington, detalla en el capítulo 30 cómo Javier López Casarín, descrito como “la mano derecha de Marcelo Ebrard”, se hizo cargo de negociar a nombre del gobierno mexicano los detalles del acuerdo migratorio en el que se decidió que Estados Unidos regresaría a México a los solicitantes de asilo y que el país los recibiría, sin objeción, con el compromiso de otorgarles visas humanitarias.

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La información dada a conocer en el libro que se publicó este 8 de octubre fue confirmada a Animal Político por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores que participaron en distintos momentos en reuniones con autoridades del gobierno de Donald Trump e identificaron a López Casarín como uno de los negociadores del equipo de Ebrard.

Sin embargo, el área de comunicación social de Cancillería negó que López Casarín se haya hecho cargo de las negociaciones e, incluso, señaló que la negociación como se describe en el libro de los corresponsables del NYT nunca existió.

Cancillería agregó que Javier López Casarín solo es presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un cargo honorario que no percibe remuneración y que según el reglamento de la agencia —un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)—, tiene duración de un año.

Pero el nombre de López Casarín también aparece en un documento oficial que se entregó al Consejo General de las Naciones Unidas para presentar a la delegación mexicana que participaría en la Conferencia Intergubernamental para Adoptar el Pacto Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular que se celebró en Marrakesh, Marruecos del 8 al 11 de diciembre de 2018.

En ese documento, López Casarín se identifica como asesor de SRE y aparece como el primero de los Delegados que se inscribieron ante las Naciones Unidas, incluso por encima del Representante Permanente de México ante la ONU, el embajador Juan José Gómez Camacho; y el Director General para la ONU, Eduardo Jaramillo; además de senadores y diputados que acudieron a la cita y que fueron parte de lo que la Cancillería llamó “una delegación de alto nivel”.

Por la participación en esa Conferencia, Javier López Casarín firmó el 18 de diciembre de 2018 un documento oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores como “director general” en esa dependencia que recibió viáticos para la Comisión a Marrakesh, Marruecos.

El equipo de Comunicación Social de la Cancillería explicó que, en ese momento, se había invitado a López Casarín a ser parte del equipo de la SRE, pero al rechazar la invitación, reembolsó los viáticos que recibió por participar en la Comisión a Marruecos.

Cancillería dijo que el colaborador nunca ha tenido un cargo oficial y aunque ha acompañado a Marcelo Ebrard desde la transición, su participación ha sido solo como externo.

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La negociación del acuerdo migratorio

Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear, autores del libro, señalan que en noviembre de 2018, cuando por la transición entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador murió la posibilidad de acordar un proceso de refugio en México para migrantes, con el apoyo de las Naciones Unidas; autoridades de la administración Trump se reunieron con el equipo del próximo presidente mexicano.

En una reunión con Marcelo Ebrard —en ese momento futuro Canciller mexicano—, Mike Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos y Kirstjen Nielsen, entonces Secretaria de Seguridad Interna, pusieron sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo migratorio que pudiera mantener en México a los migrantes que pidieran asilo en territorio estadounidense.

Según los autores, los funcionarios dejaron claro a los mexicanos que, de no aceptar, Donald Trump haría “cualquier locura”, incluso cerrar la frontera.

Ante ello, Marcelo Ebrard dijo que el gobierno de México estaba dispuesto a cerrar un acuerdo que tomara en cuenta las obligaciones internacionales adquiridas y ofreciera a los migrantes ayuda humanitaria.

Entonces se decidió dejar la negociación en manos de Miles Taylor, jefe de gabinete de la secretaria Nielsen; y Javier López Casarín, “mano derecha de Ebrard”.

Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration detalla que Taylor y López Casarín se reunieron tanto en la Ciudad de México como en Washington para continuar con la negociación cuyo punto central era que los solicitantes de asilo no permanecieran en Estados Unidos y que México pudiera ofrecerles visas humanitarias para argumentar que protegía sus derechos humanos.

“Taylor tuvo que convencer a López Casarín que el gobierno de Estados Unidos realmente iba a procesar las solicitudes de asilo, eventualmente, en lugar de dejarlos en México de manera indefinida. López Casarín juró que las autoridades mexicanas no iban a permitir que los migrantes se perdieran y pudieran ser coptados por el crimen organizado”, cita el libro de los corresponsales del NYT.

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Remain in Mexico o un nuevo acuerdo

El Washington Post publicó el 21 de noviembre de 2018 la intención del gobierno de Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México y reveló que se gestaba el plan llamado “Remain in Mexico”, que planteaba que si no existía un riesgo real para el migrante en territorio mexicano durante el proceso de asilo, no habría forma de ingresar y permanecer en Estados Unidos.

Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear aseguran que la fuga de información sobre las negociaciones enfureció al equipo negociador de México, que argumentaron que con esa publicación aumentarían las resistencias que enfrentaban para lograr el acuerdo.

La publicación del Washington Post provocó que Olga Sánchez Cordero, nombrada ya como futura Secretaria de Gobernación, instancia a cargo de la política migratoria del país, dijera que no existía ningún acuerdo, de ningún tipo, entre el próximo gobierno federal y la administración de Trump.

El libro relata que, al final, los equipos negociadores de Estados Unidos y México —a cargo de López Casarín—, crearon el Migrant Protection Protocols, al que llamaban MPP, que ponía el foco en un acuerdo que respondiera a las necesidades de los dos países.

Según los autores, el equipo mexicano puso dos condiciones: Estados Unidos anunciaría un plan de desarrollo de 10 mil millones de dólares para México y países de Centroamérica, que permitiera hablar de un plan de cooperación.

Y segundo, no se firmaría ningún acuerdo oficial; Estados Unidos declararía que la decisión de regresar a los solicitantes de asilo se trataba de una decisión unilateral, lo que permitiría a la administración Trump presumir que demandó a México frenar a los migrantes y el gobierno mexicano no tendría ninguna complicidad en la medida, argumentando que otorgaría ayuda humanitaria.

El anuncio se hizo oficialmente el 20 de diciembre de 2018, el día que Kirstjen Nielsen testificó ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Según los autores del libro, horas antes de la audiencia recibió la notificación de que México aceptaba el acuerdo.

Ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó en un boletín de prensa que “a las ocho de la mañana, el gobierno de Estados Unidos comunicó al gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros, no mexicanos, a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos”.

Más tarde, el consultor jurídico de Cancillería, Alejandro Alday, dio una conferencia de prensa y tras enfatizar que se trataba de un “medida unilateral” del gobierno estadounidense que ponía en situación de vulnerabilidad a los migrantes, dijo que México había decidido brindarles protección.

“El gobierno mexicano por lo tanto va a recibir algunas de estas personas y les brindará toda la protección y el goce de los derechos que brinda la Constitución mexicana y la ley de migración. Y lo va a ser por una cuestión fundamental que es por razones humanitarias”, dijo Alejandro Alday.

Nielsen, por su parte, declaró que esperaba que “los migrantes afectados reciban visas humanitarias para permanecer en el territorio mexicano, la posibilidad de solicitar trabajo y otras protecciones mientras esperan una determinación legal de los Estados Unidos”.

El Secretario de Estado, Mike Pompeo, también dio declaraciones sobre el anuncio en entrevistas con NPR y Fox News. “Hemos dejado claro al gobierno de México nuestra intención de devolver a los extranjeros ilegales. Ellos han hecho un anuncio, o en breve lo harán, sobre cómo van a tratar a los migrantes que regresan. Les ofrecerán oportunidades para proteger sus derechos, pero no estarán en Estados Unidos durante el tiempo que se procese su solicitud de asilo”, dijo.

En entrevista con NPR, vinculado al anuncio del acuerdo migratorio, a Mike Pompeo también se le preguntó sobre el interés de Estados Unidos de invertir en Centroamérica, a lo que el secretario respondió: “Sabemos que lo mejor es que las personas que se encuentran en condiciones difíciles tengan mejores resultados económicos. Esperamos que los negocios estadounidenses viajen a esa zona a crear oportunidades para esas personas que están en situaciones difíciles en esos países.

El capítulo dedicado a la negociación del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos cierra diciendo que de los 10 mil millones de dólares que se prometieron invertir en un plan de desarrollo, como parte del acuerdo, no se volvió a saber nada.