La Contraloría General de la República cuestionó duramente la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querellas en casos de corrupción en campañas políticas.

Se trata de un dictamen de fecha 21 de abril pero que fue dado a conocer la mañana de este lunes y que pone en aprietos al SII, luego de la presentación de Paulina Carrasco y Maritza Navarrete -exabogadas del organismo tributario- para que el ente contralor revisara la legalidad de las decisiones del servicio en materia de ilícitos tributarios y, en especial, en relación al financiamiento irregular de campañas políticas.

Al respecto, Contraloría reconoció que si bien el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para aplicar multas y penas de cárcel, o sólo sanciones económicas, así como también presentar querellas y denuncias, asegura que es indispensable que tengan un “fundamento racional” y que no obedezcan al “mero capricho”.

“Pese a tratarse de una atribución discrecional del Director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional ya que conforme al principio de juridicidad es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto”, indica el texto.

Además, recordó que “las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad”, y en el caso que esto no se respete, se vulnera el principio de probidad.

Asimismo, la Contraloría le exigió adoptar todas las medidas para ajustar sus actuaciones a este duro dictamen y emitir un informe a la Unidad de Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría del organismo contralor dentro del plazo de 20 días hábiles contado desde su notificación.

Contraloría pide sumario en el SII por Caso Ominami

Asimismo, la Contraloría pidió investigar demora del SII en presentar una denuncia en contra de Carlos Ominami, contra quien se interpuso una querella después de 7 meses desde que el Ministerio Público le comunicó sobre su eventual participación punible.

Esta demora generó, según las abogadas recurrentes, la prescripción de la acción penal. En otras palabras, el exsenador se “libró” de la justicia penal gracias a la demora del SII.

Al respecto, Contraloría indicó que le corresponde al servicio tributario investigar las razones de la demora de 7 meses, para lo cual deberá ordenar un sumario para establecer eventuales responsables y sus respectivas sanciones.

Revisa el dictamen completo a continuación.