En un guiño a Vox, el punto 51 del acuerdo de Gobierno para la Comunidad de Madrid, suscrito por el PP y Ciudadanos y difundido el lunes, asegura que “se garantizará que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan acceso a la información de la que disponga la Administración regional relativa a los extranjeros en situación irregular”.

Esta frase es la respuesta a otra contenida en el documento que, el 26 de junio, difundió el partido ultranacionalista con sus condiciones para apoyar a la candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que exigía “colaborar, desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la Sanidad, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de Madrid de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los menas [menores no acompañados]”.

Todos los expertos consultados por EL PAÍS advierten de que el Gobierno madrileño carece de base legal para facilitar a la policía toda la información de que dispone sobre los inmigrantes irregulares. “La ley española, transposición de la directiva de la UE, señala que los datos personales solo pueden utilizarse para el fin para el que han sido recopilados y cederlos para otro objetivo requiere el consentimiento del afectado o una habilitación legal. Haría falta una ley básica, de carácter estatal, que la Asamblea madrileña no tiene competencias para aprobar”, explica Artemi Rallo, senador socialista y director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 2007 a 2011.

La Ley de Bases de Régimen Local contiene una habilitación que permite a la Dirección General de la Policía acceder a los padrones municipales para aplicar la Ley de Extranjería, pero no existe ningún mecanismo legal parecido para las comunidades autónomas.

Populares y Ciudadanos dicen que todo seguirá igual Portavoces de Ciudadanos y del PP restan trascendencia al punto 51 de su pacto madrileño y aseguran que se trata solo de “cumplir la ley como ya se está haciendo, en el marco de colaboración entre administraciones”, informa Juan José Mateo. Lo que se hace ahora es dar a la policía la información que pide, pero siempre limitada a datos concretos de cualquier ciudadano (español o extranjero) en el marco de una investigación. Nunca con carácter masivo e indiscriminado. Vox, que pidió en Andalucía la expulsión de 52.000 irregulares, acabó arrancando, en su acuerdo presupuestario con PP y Cs en esa región, la firma de un convenio con la policía “para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular”.

La legislación, advierte José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y director de la AEPD de 2002 a 2007, contempla la cesión de datos entre las administraciones en el cumplimiento de sus competencias y con criterios de proporcionalidad. “Lo que no es posible”, subraya, “es una cesión generalizada e indiscriminada”.

Las comunidades autónomas no tienen ningún fichero sobre inmigrantes irregulares y es dudoso que puedan crearlo, ya que carecen de competencias en la materia. Los únicos bancos de datos autonómicos en los que figuran inmigrantes irregulares son los de usuarios de la sanidad pública y alumnos del sistema educativo. Ambos ficheros están especialmente protegidos por ley, ya que afectan a materias muy sensibles como la salud y los menores de edad, por lo que su cesión a la policía, como pide expresamente Vox, resulta controvertida para los expertos.

Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, advierte de que una medida de ese tipo requeriría un informe previo de la Agencia de Protección de Datos y una reflexión, “pues no solo afecta al derecho fundamental a la intimidad, sino también a los derechos a la sanidad y la educación”.

El riesgo es que los inmigrantes irregulares dejen de acudir a los hospitales y de escolarizar a sus hijos por miedo a ser fichados y expulsados de España.