Dos folios, en rigor solo dos folios, bastaron al magistrado Salvador Alba Mesa (respaldado como siempre por sus compañeros Emilio Moya y Carlos Vielba) para pasarse por el forro la esencia de una investigación judicial de más de tres años alrededor del “peor atentado ambiental” de la isla de Lanzarote, en expresión de la Fiscalía. Se trataba de aceptar o rechazar (por cuarta vez) la pretensión del poderoso empresario conejero Juan Francisco Rosa de levantar la orden judicial de cierre de la bodega Stratvs, precintada en 2013 por orden judicial por supuestas ilegalidades urbanísticas (un montón de ilegalidades urbanísticas) y por provocar daños ambientales severos en el espacio protegido de La Geria.

Y Alba lo hizo. En un auto que desprecia por completo un principio básico del buen Derecho, el de la motivación de las resoluciones judiciales, el polémico juez se abrazó a la argumentación que más se adapta a sus actuales circunstancias: Et quod manet in conventu, ego cacas in. Es decir, “para lo que queda en el convento me cago dentro”. Y el aroma que naturalmente desprende su evacuación en forma de auto es exactamente el contrario que pretendió el estudioso jurista que acuñó aquello de fumus boni iuris, que Alba también escribe como le da la gana, “fumas bonos iris”, expresión que seguramente le sobrevino al imaginarse encendiéndose un puro con un billete de 500 euros. Y una prueba más, dicho sea de paso, de que ni él ni los que con él firman sus resoluciones se toman la molestia de leérselas con el mínimo de atención exigible en quienes deciden sobre la hacienda y la vida de las personas, teniendo al lado a quien tienen. En fin.

Con este auto permitiendo la reapertura de la bodega Stratvs, Alba se adentra en lo que los más respetados juristas denominan “falsa motivación” de las resoluciones judiciales. Magistrados de la talla de Perfecto Andrés Ibáñez (Sala de lo Penal del Supremo) llaman a recordar cosas tan olvidadas como el artículo 120 de la Constitución, que obliga a los jueces a motivar sus resoluciones como un auténtico esquema de control -democrático, constitucional- del razonamiento judicial.

Alba parece pertenecer a otra escuela, la de aquellos que, amparados por un principio de autoridad por el que los tribunales no tienen por qué razonar sus decisiones, (“libre convicción judicial”) se convierten en lo que Perfecto Andrés Ibáñez llama “juez oracular”. La Constitución exige no solamente que se motiven adecuadamente las resoluciones, cosa que Alba no hace en absoluto en esta de Stratvs, sino que se exige “un canon o medida constitucional de motivación, una vara de medir que no es otra que la razonabilidad de la convicción judicial, que ha de expresarse de manera comprensible y por lo tanto recurrible”. No es de recibo que se pueda reabrir la bodega Stratvs sencillamente porque no haya peligro de destruir pruebas o porque el juez de por absolutamente creíbles informes de la parte imputada sin ni siquiera explicar qué coño es lo que dicen.

El juez tiene que explicar el proceso de formación de la convicción: los datos objetivos en los que se basa y los criterios que llevan a la conclusión. Como dice Perfecto Andrés Ibáñez, existe el deber de justificar por escrito las inferencias con rigor, evitando saltos en el aire (o burros volando). Eso es lo que, según la concepción más avanzada de la función judicial, exige una democracia constitucional a sus jueces y tribunales. No unos párrafos crípticos – y no precisamente por la altura del lenguaje de este magistrado, incapaz de poner bien una coma- que sirven tanto para concluir que sí como que no. En resumen: que nos quedamos sin saber por qué hace tres años era imprescindible cerrar Stratvs para suspender los efectos del “mayor atentado ecológico en la historia de Lanzarote” y hoy hay que alzar la suspensión. Aquí, un chupito.

El "perfume de buen Derecho"

Leer en una resolución del juez Salvador Alba que “debemos ponderar los criterios (…) de periculum in mora y el perfume de buen derecho” da para unas cuantas reflexiones más. Porque en su segunda reverencia al fumus boni iuris, el juez ya pasa del latinajo y lo escribe directamente en castellano vulgar, saltando del “humo” al “perfume”, sin ni siquiera un previo paso por el “aroma”, que se acercaría más a la acepción original, “humo de buen Derecho”, o por adaptarnos a la concepción más extendida: “apariencia de buen derecho”. Quizás esto responda a ese impulso que de un tiempo a esta parte lleva a este magistrado a tomar todos los atajos posibles con tal de alcanzar sus, de momento, ignotos propósitos, y de embriagar a todos los que presenciamos asombrados sus acrobacias con un intenso perfume que nos impida olfatear y apreciar en su magnitud el tamaño de su comportamiento (presuntamente) corrupto. Algo que, según parece, ha conseguido con el Consejo General del Poder Judicial que, camino de los ocho meses tras el estallido de las conversaciones del Albagate, continúa tejiendo y destejiendo su expediente a la espera de no se sabe muy bien qué milagroso advenimiento. Es fuerte el aroma embriagador que desprende Salvador Alba, de eso no parece haber duda.

Si apreciara en su justa medida lo de la “apariencia de buen derecho” recordaría que él es el magistrado que se permitió grabarse a sí mismo en animada charla junto a sus compañeros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, hablando entre otras cosas más o menos afortunadas del caso Unión, un escándalo de corrupción en la isla de Lanzarote donde aparecen personajes tan influyentes como el mentado Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs, y el abogado Luis Lleó, emprendedor empresario con muchos resortes dentro y fuera de la Justicia en Canarias. Caso del que milagrosamente desaparecieron dos magistrados de alto copete de Madrid (uno en el Supremo, el otro en la Audiencia Provincial de la Villa) gracias al buen hacer (nuevamente) de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que anuló la entrada y registro en el que se encontraron unos correos electrónicos que los comprometían penalmente.

Si apreciara lo que significa la “apariencia de buen derecho” recordaría que habló de Lleó con sus compañeros de la Sexta resaltando en su propia grabación sus habilidades en la búsqueda de nulidades y, cómo no, sus negociaciones con el Ministerio Fiscal tratando de sustraerse a condenas que puedan suponer su ingreso en prisión.

Alba es, por si no lo recuerdan, el ponente milagrosamente designado (vamos a encendernos otro puro y a empinar otro chupito) para presidir el juicio con jurado de esa parte central del caso Unión, donde las peticiones de condena obligarían a varias actualizaciones de las medidas de seguridad de la prisión de Tahiche. Un juez perseguido por corrupto juzgando el mayor caso de corrupción de la historia de Lanzarote es como para hacérselo ver. Pero no hay motivación.

Además, acaba de resolver este asunto de Juan Francisco Rosa en el que aparece como abogado José Antonio Choclán, el mismo que viene representando a Miguel Ángel Ramírez en su causa por fraude fiscal en Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde Alba hizo unas cuantas trapisondas; por la denuncia por falsedad de Alba contra él en Instrucción 2 por la grabación de Ramírez, y en el de los cinco delitos que se investigan al magistrado en la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias, donde el empresario también está imputado por tráfico de influencias.

- "No me esperaba esto de vosotros", le dijo a Choclán el abogado de Salvador Alba (y de Soria) Nicolás González-Cuéllar, después de que Miguel Ángel Ramírez destrozara al magistrado en su declaración ante la magistrada Margarita Varona.

¿A qué se refería Cuéllar? ¿Esperaba un compadreo especial? ¿Qué papel ha desempeñado Soria en la designación de Alba como magistrado de las corrupciones conejeras? ¿Puede un magistrado resolver el recurso de un abogado al que tiene enfrente interrogándole como imputado en una causa penal? ¿Es eso apariencia de buen derecho o pestazo que tira para atrás?

Para lo que queda en el convento, veamos algunos burros volar.

Alba, desvictimizado

De propina les obsequiamos hoy con este vídeo. Corresponde a la declaración de Salvador Alba como "víctima" en la causa que se abrió a raíz de una denuncia suya contra Miguel Ángel Ramírez por grabarlo conspirando contra su compañera de carrera Victoria Rosell. A petición del propio Alba, el juez Rafael Passaro censuró este vídeo mediante un auto en el que nos amenazó con acusarnos de desobediencia si lo manteníamos publicado. Ahora resulta que Alba retiró los cargos contra Ramírez, lo que significa que renunció a su ansiada condición de víctima. No se lo pierdan, es la representación misma de un juez convertido en impostor.