La Cámara de Diputados prevé realizar al menos cuatro cambios importantes al dictamen aprobado en diciembre sobre Guardia Nacional, con el objetivo de atender algunas de las críticas y observaciones vertidas por servidores públicos y expertos durante las audiencias públicas que se llevaron a cabo la semana pasada, y conseguir el consenso suficiente para que la misma sea aprobada.

De acuerdo con legisladores que participaron en las audiencias, entre los cambios que serán impulsados por Morena y sus aliados (fuerza mayoritaria en el Congreso) se encuentra el ya anunciado relacionado con el mando civil, pero además se prevé modificar mecanismos de intervención que originalmente se habían propuesto en los municipios, así como la posibilidad de fortalecer el mecanismo de control legislativo sobre la nueva fuerza.

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Por otro lado, y pese a las críticas de especialistas y organismos de derechos humanos, los diputados de la coalición mayoritaria esperan mantener algunas medidas ya establecidas en el dictamen, entre ellas la capacidad de investigación que tendrá la Guardia Nacional, así como su formación y administración en el ámbito de la Defensa Nacional.

A partir de la información proporcionada por los diputados que participaron en las audiencias, se detallan a continuación los cambios que presentarán legisladores de Morena y sus aliados, y que, por tanto, cuentan con mayor probabilidad de ser aprobados. También se detallan aspectos que no se prevén modificar del dictamen.

Dado que el dictamen ya fue aprobado en comisiones en diciembre pasado, estos cambios serán presentados como reservas de modificación al referido documento. Legisladores de oposición como la diputada Martha Tagle destacaron la necesidad de que las propuestas de cambios se transparenten antes de su discusión en el pleno, en el periodo extraordinario que inicia el 16 de enero.

Los cambios que vienen

Mando civil

El que la Guardia Nacional opere bajo la dirección de un mando civil es una determinación que, en realidad, ya estaba plasmada en el dictamen de la reforma constitucional aprobado en comisiones en diciembre pasado.

Ello quedó establecido en el artículo 21 constitucional cuya redacción, ya reformada, indica que la Guardia estará adscrita a la dependencia del ramo de seguridad (es decir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana) la cual se hará cargo de la “plantación, programación y ejecución” de sus funciones. Agrega además que la Guardia también estará adscrita a la Defensa Nacional, pero solo en cuanto a temas de formación y reclutamiento.

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Esto coincide plenamente con lo propuesto por el gobierno federal en la audiencia del viernes pasado. El problema es que el artículo 5to transitorio del dictamen aprobado en diciembre postergaba hasta cinco años la adscripción de la Guardia al ramo de seguridad en cuanto a la ejecución de sus funciones, y lo trasladaba a la Defensa Nacional, bajo el argumento de la situación de “emergencia” en que se encuentra el país. Es decir, el dictamen establecía un régimen de excepción en sus transitorios que postergaba el funcionamiento del mando civil.

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Lo que ahora se propondrá al pleno de la Cámara de Diputados es la eliminación del artículo 5to transitorio, para que la Guardia tenga el mando civil planteado en la reforma desde el día uno de su entrada en funcionamiento.

Los legisladores indicaron además que se está revisando la redacción del artículo 21 en cuanto a la doble adscripción de la Guardia Nacional, luego de que en las audiencias de la semana pasada se expresara que ello genera ambigüedades y posibles confusiones.

Marcha atrás a sanciones

De acuerdo con el artículo 7mo transitorio del dictamen aprobado en diciembre, los gobiernos locales que hayan recibido el apoyo de la Guardia y aun con ello no cumplan con desarrollar instituciones policiales propias que puedan desarrollar adecuadamente su función, podrían ser sancionados económicamente, al descontárseles los recursos federales que se les asignen periódicamente para temas de seguridad pública.

El diagnóstico y evaluación de las policías en cuestión estaría a cargo del denominado “Consejo de Seguridad Interior”.

Lo que se va a proponer en el periodo extraordinario, de acuerdo con los legisladores consultados, es eliminar todo lo que dice el párrafo referido. Ello luego de que los alcaldes, gobernadores y diputados de oposición advirtieron en las audiencias que está medida atentaba contra el federalismo y trastocaba la soberanía de las entidades federativas, que ya de por sí reciben una fracción del dinero que generan y mandan al gobierno federal.

Otro problema que tiene este párrafo del transitorio y por el cual se buscará su modificación o eliminación, es que el denominado “Consejo de Seguridad Interior” que se alude para evaluar a las policías locales no existe actualmente. Dicha función tendría que recaer en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mayores controles

El dictamen aprobado reforma el artículo 76 de la Constitución para que el Senado tenga, entre sus atribuciones, la revisión del informe anual de actividades que el Ejecutivo proporcione respecto a la Guardia Nacional.

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Lo que los legisladores prevén ahora es cambiar está redacción o, en su caso, incluir nuevos párrafos en el mismo o en el régimen transitorio, con la finalidad de que el seguimiento y control que realice el Legislativo respecto a la nueva fuerza de seguridad no se limite solo al análisis de informe anual.

En las audiencias de seguridad realizadas con expertos se sugirió que las cámaras de Senadores y Diputados tengan, por lo menos, la capacidad de requerir mayor información sobre la Guardia al Ejecutivo en cualquier momento, y que se pueda citar a comparecer a los responsables de la misma.

También se analiza si es necesario hacer un nuevo cambio al artículo al artículo 73 constitucional, para clarificar la facultad del Congreso de emitir las leyes complementarias a Guardia, entre ellas la de uso proporcional de la fuerza.

Policía auxiliar fuera; ingresó a C5 a revisión

El dictamen aprobado en diciembre establecía en el reformado artículo 89 de la Constitución que el Poder Ejecutivo Federal tendría la facultad de reglamentar dos cosas: a las fuerzas de policía auxiliares de las entidades federativas, y la operación y conexión de los centros de monitoreo locales (que controlan las cámaras de videovigilancia), conocidos como C4 o C5.

El cambio que se buscará en el periodo extraordinario es eliminar la porción normativa relacionada con las policías auxiliares. En las audiencias públicas gobernadores y alcaldes advirtieron, de nueva cuenta, que esta regulación atenta contra el federalismo y la soberanía de las entidades, al abrir la posibilidad de intervención al poder federal en instituciones y estructuras locales.

Los expertos que participaron en el debate subrayaron además que se trata de un tema totalmente ajeno a la Guardia Nacional y que no tenía sentido incorporarlo como parte de esta reforma. El diputado de Morena Pablo Gómez, quien promovió las modificaciones a los transitorios en diciembre, se expresó a favor de retirar del dictamen el apartado relacionado con los policías auxiliares, aunque reiteró que es un tema que necesita ser regulado en algún momento.

En cuanto al manejo de los centros de control C4 y C5, tema que de acuerdo con varios gobernadores y alcaldes también es un exceso en las atribuciones que busca el gobierno federal, los diputados analizan qué modificación es la que llevarán a cabo.

Esto luego de que en la audiencia del viernes el secretario de Seguridad Ciudadana federal, Alfonso Durazo, pidió a los legisladores buscar la redacción más adecuada pero mantener esta disposición, pues dijo que es urgente que los centros de monitoreo de las entidades tengan comunicación entre ellos, y que a su vez estén interconectados con Plataforma México, que es la base de datos criminal del gobierno federal.

Lo que no se prevé modificar

Varias disposiciones más del dictamen de la Guardia Nacional aprobado en diciembre fueron duramente criticadas por expertos y por organismos como los ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, no existe consenso en el grupo mayoritario (Morena y sus aliados) para llevar a cabo modificaciones. Al menos hasta el momento.

Entre lo que no se prevé modificar se encuentra la disposición constitucional (artículo 21) para que la Guardia Nacional sea reconocida como una nueva fuerza destinada a tareas de seguridad pública , y que la misma pueda fungir como auxiliar del Ministerio Público, otorgándole facultades para investigar delitos.

En un análisis técnico la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la CNDH advirtieron que, de acuerdo con estándares internacionales, no es recomendable otorgar facultad de investigación de delitos a una institución de corte militar. En las audiencias el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, también se había mostrado en contra de esta disposición.

Pese a ello, los legisladores se inclinan a mantener dicha facultad pues consideran inútil crear una fuerza de seguridad pública que no esté facultada para actuar en apoyo al Ministerio Público.

Por esa misma razón, los diputados tampoco prevén modificar la capacidad que el dictamen da a la Guardia Nacional para intervenir en todos los delitos y no solo en los ilícitos del fuero federal, como originalmente se había planteado.

Otro tema fuertemente criticado en las audiencias públicas es el hecho de que los elementos de la Guardia Nacional vayan a ser reclutados, formados y mantenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Distintos expertos y organizaciones consideraron que eso puede generar confusiones en cuanto al mando, además de que contribuye a la militarización de un cuerpo de seguridad pública.

Pero en este punto los diputados no prevén ninguna modificación pues la intención central de Morena, y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es contar con un nuevo cuerpo policial que tengan disciplina y formación militar.

Ruta legislativa y dudas

La ruta legislativa de esta reforma, de acuerdo a lo explicado por el diputado Mario Delgado, quien es coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, es la siguiente:

En el periodo extraordinario que arranca el 16 de enero el pleno de la Cámara de Diputados buscará aprobar el dictamen ya avalado en comisiones en diciembre. Todas las modificaciones que se plantean se presentarán como reservas al mismo, para ser aprobadas con voto particular. Cabe señalar que se requiere del apoyo de dos terceras partes del pleno para que todo el dictamen se avale.

Una vez aprobada la iniciativa de reforma constitucional se elaborará la minuta que se enviará al Senado de la República para que, siguiendo el mismo procedimiento, se busque su aprobación. Primero por las comisiones que lo analicen, y después por el pleno de la Cámara Alta. Los senadores tendrán facultad para realizar las modificaciones que consideren pertinentes.

Una vez que el dictamen sea aprobado por las dos cámaras, el mismo será enviado a todos los congresos estatales. Por tratarse de una reforma que modifica la Constitución y por ende afecta a todo el país, se requerirá que más de la mitad de los poderes legislativos locales de las entidades den su aval para la misma.

De concretarse lo anterior, la reforma ya podrá ser promulgada por el Poder Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe señalar que distintos legisladores de oposición que participaron en las audiencias de la semana pasada, así como expertos del colectivo ciudadano #SeguridadSinGuerra, mantienen dudas importantes respecto al dictamen.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien además ha llevado a la mesa varios de los posicionamientos del referido colectivo, subrayó la necesidad de que se transparenten los cambios que se pretenden hacer al dictamen, antes de que se aborde su discusión en el pleno.

“Como estaba planteada la Guardia Nacional no se garantizaba lo que los ciudadanos exigen. De ahí lo valioso de las audiencias. Ahora tenemos un reto importante de cara a la dictaminación y aprobación en el pleno. Esperamos que antes de llegar a la votación podamos conocer las propuestas de reserva a la modificación del dictamen, para ver si en efecto se cumplen con los parámetros que la sociedad civil organizada y los especialistas consideraron para que se garantice la seguridad, pero se respeten a su vez los derechos humanos”, declaró la legisladora.