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¿Está dispuesto el nuevo gobierno español a poner fin a medio siglo de desprecio, y restablecer efectivamente y por igual la dignidad de muertos y represaliados?

El nuevo gobierno español afirma estar dispuesto a corregir la Ley de la Memoria (2007) para atender todas las reclamaciones y causas pendientes. Ya hace casi medio siglo de la muerte de Franco, medio siglo de traición a la inmensa mayoría de las víctimas de la dictadura franquista. Costó muchos años vencer la resistencia, en democracia, a denunciar los crímenes del franquismo, explicar e investigar la historia, reclamar dignidad, justicia y reparación para las víctimas. Los pactos de la transición eran el muro de contención. La ley del silencio a la cual se acogieron unánimemente, PP y PSOE, CiU y PNB.

Franco murió, pero el estado le sobrevivió. El poder y la corrupción cambiaron de manos o, sencillamente, se adaptaron y mimetizaron según los estándares europeos y americanos. Los políticos de la transición nunca tuvieron como referente los principios de los cuales tendría que haber emergido la democracia española: los referentes de la Segunda República. Y así fue como los rojos fueron discriminados e ignorados. Eran molestos para el relato colectivo que había que imponer a fin de cimentar aquella monumental transacción.

Pero pasaban los años ,y países como Sudàfrica, Chile o Argentina iniciaban procesos de verdad histórica, justicia y reparación que ponían en evidencia, aquí y ante el mundo, la estrategia de la peculiar transición española. Al menos una generación de jóvenes fueron educados de espaldas a la oscura realidad del pasado. El desconocimiento del pasado es la absolución del presente. El desconocimiento del pasado permite manipularlo al servicio de los intereses políticos partidistas y de propaganda del presente. Esto es lo que querían. Unos y otros. Construir sobre la ignorancia y la manipulación una trama que les fuera favorable.

No obstante, asociaciones, historiadores, juristas y periodistas persistieron. Cuando Aznar se quitó la máscara, el PSOE no tuvo escapatoria. Finalmente, el 2007, se aprobó la Ley de Memoria Histórica del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Hicieron falta más de treinta años para conseguir aprobar una ley que si bien manifestaba buena voluntad –¡ya iba siendo hora!- no resolvía a fondo, en justicia, las cuestiones más importantes.

Aquellos mismos partidos habían elaborado una Ley de Amnistía en 1977 que era una ley de punto final, una legislación que exoneraba los culpables del régimen franquista; que impedía, en democracia, hacerlos responder de sus crímenes ante los tribunales. Aquellos partidos tenían que hacer una ley de memoria que no entrara en contradicción con las leyes fundacionales de la transición, ni con ellos mismos, muchos de los cuales eran herederos conscientes, pasivos, o disfrazados, del régimen franquista.

Además de ignorar algunas importantes reclamaciones, la traición básica de aquella ley era que establecía dos categorías de víctimas: las de antes del 1968 y las de después. Una distinción aleatoria, caprichosa, inaceptable en la argumentación jurídica y política de un país que dice ser una democracia y que quiere honorar a las víctimas de la dictadura. La otra cuestión candente era la anulación de los juicios, de los Consejos de Guerra, del Tribunal de Orden Público o del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Si bien la ley Zapatero reconocía la ilegitimidad de los tribunales no actuaba, en consecuencia, anulando las sentencias y comprometiendo al estado en la reparación de las víctimas o de sus descendentes.

Traspasaban así a las víctimas la tarea de reclamar las anulaciones a los tribunales actuales, una trampa que pronto fue descubierta, puesto que los tribunales de hoy se negaron a hacerlo, alegando que ellos no podían anular las decisiones de tribunales que eran la legalidad en el pasado. Nuevamente, los juegos de palabras, los malabarismos de diccionario, el «trilerismo» conceptual, una estrategia habitual, ayer y hoy. «Ilegítimo» no es «ilegal». Del mismo modo que «nacionalidad» no es «nación».

El año 2017, no obstante, el Parlamento catalán aprobó una ley para anular los juicios franquistas realizados en Catalunya. Era una resolución más simbólica que práctica, sin poder de reparación o reclamación ante el estado español.

De hacer justicia, de actuar legalmente hoy contra los franquistas responsables de crímenes y torturas, ni hablar. Los más persistentes y combativos han tenido que recurrir a Argentina para pedir allá la justicia que su país les niega. Y quedan pendientes muchos más detalles que afectan el expolio económico y patrimonial, requisición de bienes y propiedades, la estafa franquista de la confiscación de dinero republicano, el trabajo esclavo de los presos rojos, la dignidad de los maquis, de los internados en los campos nazis, las víctimas de la transición, o la “resignificación” del Valle de los Caídos, que parece apenas haber empezado en el 2019, doce años después de la aprobación de la ley Zapatero.

Hay que recordar que la Ley Zapatero, con todas estas trampas y agujeros negros, fue aprobada y consensuada por PSOE, IU-ICV, CiU y PNB. No era, por lo tanto, responsabilidad única de él. Votaron en contra, por motivos opuestos, PP y ERC que, junto con IU, había sido motor de la iniciativa. ERC no aceptó someterse nuevamente a los pactos de los cuatro artífices de la transición, al maquillaje que proponía la ley, sin resolver los puntos clave, porque no «acababa con el sistema español de impunidad».

Hasta donde llegará el nuevo impulso a la Ley que promete el gobierno

Después de siete años y medio de inacción absoluta del PP bajo la presidencia de Mariano Rajoy, el pasado 24 de enero el PSOE registró en el congreso una propuesta de ley para «dar uno nuevo impulso» a la Ley Zapatero del 2007 y establecer «medidas en favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». El debate está servido. Ya se han levantado voces de muchas asociaciones memorialistas contra la vaguedad y la indefinición de la nueva propuesta, reclamando la reparación de las lagunas y errores de la ley del 2007.

Especialmente claras y directas son las demandas de los sectores más activos y combativos como el sindicato CGT y el anarquista y activista por la memoria histórica, Octavio Alberola, que podéis leer aquí: https://kaosenlared.net/cgt-pide-una-reforma-real-de-la-ley-de-memoria-historica/, y aquí http://rojoynegro.info/articulo/ideas/s%C3%AD-se%C3%B1ora-vicepresidenta-primera-es-una-infamia

CGT ha dirigido una carta a los parlamentarios reclamando que esta vez se contemple a las víctimas del franquismo sin hacer distinción en función de las fechas en qué sufrieron la represión. Y que se ajuste la ley a las recomendaciones hechas en el estado español por los diversos relatores de la ONU que han investigado y estudiado el tema aquí, sobre el terreno. La ley actual establece el derecho a una indemnización de 135.000 euros para los ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Los de antes de 1968 tienen derecho a una indemnización de 9.615 euros. La nueva propuesta de ley presentada por el PSOE no contempla suspender el artículo de la ley anterior que establecía esta discriminación y tratar a todas las víctimas por igual.

Octavio Alberola en su carta pública del 12 de febrero se dirige a la Vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, denunciando, de entrada: «Sí, señora Vicepresidenta primera, es una infamia mantener este artículo que discrimina a las víctimas de la represión franquista de antes de 1968. Una discriminación que el redactor del artículo 10 ha pretendido justificar «por las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte». ¡Cómo si la muerte de Lluís Companys, Joan Peiró, Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, los hermanos Sabater y los guerrilleros de los años cuarenta y cincuenta, Julián Grimau, Joaquín Delgado, Francisco Granado y tantos otros, abatidos o ejecutados por el régimen franquista antes de 1968, no se hubiera producido en las mismas «circunstancias excepcionales de la represión franquista!». Y más adelante añade que si los que sufrieron prisión no han están divididos en dos clases, cómo es que sí que lo están los que perdieron la vida?

Tanto la CGT como Alberola constatan que Unidas Podemos lo ha entendido y ya presentaron en el 2018 una Proposición de reforma de la ley que fijaría una reparación única: «por una cuantía de 80.000 euros a las personas beneficiarias de quienes murieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977».

La anulación definitiva de los juicios y otras asignaturas pendientes

La nueva propuesta de ley hace referencia a otras asignaturas pendientes ampliamente pedidas durante años, pero ignora otras que podrían afectar a miles de personas en todo el estado.

Por un lado, según que ha declarado Carmen Calvo, es importante subrayar que parece ser que, finalmente, se anularán las condenas del franquismo, entre ellas, la del Presidente Lluís Companys, y que contemplan el apertura de los archivos de la Guerra Civil y la Transición que, hasta hoy -¡casi medio siglo después de la muerte de Franco!- han sido vetados a los historiadores y al público en general. Se trataría de documentos fechados entre el 14 de abril de 1931 –proclamación de la República- y el 31 de diciembre de 1982, justo antes del inicio del primer mandato de Felipe González. Es un paso, pero habrá que ver qué pasa con muchos dosieres clasificados como «materia reservada» que duermen encerrados bajo llave en archivos oficiales, civiles y militares.

También se comprometen, entre otras cosas, a abrir una línea de ayudas para que los Ayuntamientos puedan abrir las fosas comunes, la creación de un banco de ADN para poder identificar los restos exhumados o la «resignificació» del Valle de los Caídos, una operación que, de entrada, tendría que contemplar el traslado de la comunidad de monjes benedictinos, como los de Montserrat, que viven allí desde el 1957 cuando el dictador decidió que vivieran sobre la fosa común más grande del estado español. La benedictina es una comunidad tenaz que se resistirá a ser expulsada de su paraíso particular, aptitud que ya demostraron, sin éxito, para intentar impedir el traslado de los restos del dictador que ellos custodiaban.

La estafa franquista del dinero republicano

La Propuesta está pendiente de discusión en el congreso y senado. Hay todavía muchas incógnitas por resolver a la práctica. Por ejemplo: si se anulan sentencias que comportaron requisición de bienes o multas en efectivo, ¿devolverá el estado a las familias el valor de lo que se les quitó?

Pero, sobre el tema económico, la cuestión principal que hasta ahora todo el mundo esquiva es el de la confiscación del «dinero republicano» que afecta a unas mil familias.

Durante la guerra civil, el bando sublevado puso en marcha una estafa para acabar con la economía republicana. Exigía a la gente de las tierras, pueblos y ciudades que iba ocupando, que entregase el dinero republicano que tuviera en los Ayuntamientos, cuarteles militares o bancos que ellos ya habían ocupado. Bajo amenaza: los que conservaran dinero rojo puesto en circulación después del 18 de julio de 1936 serían detenidos y procesados por contrabando.

A cambio, se les extendía un recibo consignando la cantidad entregada, en previsión de que en un futuro se les reintegrara en moneda del nuevo régimen. A pesar de que el miedo a la represión era tal que hubo gente que optó a la larga para destruir aquellos recibos, hoy, muchas familias, unas mil, según dicen las asociaciones de afectados, conservan estos pagarés que nunca nadie ha querido reconocer.

Aquel dinero republicano requisado durante la guerra era vigente todavía en parte de España y perfectamente legal en Europa, por lo cual se sospecha que los franquistas podían haber hecho inversiones, transacciones y suculentos negocios con el botín robado a los perdedores. Además de billetes, había muchas sumas en monedas de plata.

Si Alemania, por ejemplo, que perdió la guerra, devolvió buena parte de los bienes confiscados a los judíos o, sin ir más lejos, el estado español, al acabar la dictadura, devolvió a partidos y sindicatos el patrimonio requisado por Franco, ¿por qué no hace lo mismo con el dinero republicano que los franquistas expoliaron a los particulares? Y, más aún, si hay la sospecha de que aquel dinero les aportó copiosos beneficios.

Existe un libro de registro de estas operaciones en el archivo del Banco de España. Y muchas familias han conservado los pagarés toda la vida. Todo está perfectamente documentado. Hace muchos años que los estafados iniciaron un largo proceso para reclamar lo que les requisaron. Nadie ha atendido sus reclamaciones. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni los Tribunales. Alegan que el plazo de reclamación ha caducado, que se tenía que haber hecho entre diciembre del 1978 y el del 1979. Es decir, desde que se aprobó la Constitución y durante un año después. Una parte de los afectados, a través del despacho de abogados de Baltasar Garzón, ha interpuesto varias demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, todavía en trámite.

¿La nueva Ley de la Memoria contemplará y solucionará este problema? De momento, en la Propuesta presentada el pasado 24 de enero en el congreso por el PSOE no parece haber ninguna intención. Ni se menciona el tema. Se trata de una nueva categoría de víctimas rojas que no pueden reclamar sus derechos a la democracia española. Los partidos y sindicatos recuperaron su patrimonio confiscado por Franco. Los particulares, no. La modélica transacción.

Este artículo ha sido traducido y publicado originalmente por Vilaweb