Ciudad de México— Víctimas de abuso sexual por parte de miembros de Legionarios de Cristo acusaron que la congregación sigue encubriendo a violadores, además de financiar investigaciones a modo, por lo que anunciaron que acudirán ante los juzgados para que sus delitos sean sancionados.

Los afectados, quienes afirmaron sufrir abusos cuando estudiaban en sedes del Colegio Cumbres, denostaron el informe que fue difundido la semana pasada en la que esta organización católica admite seis casos de abuso contra niños y niñas.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad de México, señalaron vicios sobre el documento realizado por la empresa Presidium, agencia estadounidense dedicada a la prevención y actuación contra abusos sexuales de menores.

Biani López Antúnez indicó que sufrió abusos de parte del padre Fernando Martínez, cuando éste era director del Colegio Cumbres de Cancún. Esto, aseguró, fue por dos años, comprendidos entre los 8 años y 10 años.

“Fueron abusos graduales, continuados. No solamente abusó de mí, sino que también me obligaba a ser testigo de los abusos contra otras niñas. Los daños que eso ha causado en mi han sido permanentes”, expuso.

“Hasta el día de hoy sigo sufriendo las secuelas y apenas soy capaz de hablar, de dar mi cara, de dar mi nombre y de alzar la voz contra estos abusos que truncaron mi infancia y destruyeron gran parte de mi vida. Estoy aquí para evitar que esto siga pasando, y estoy aquí para exigir justicia en este caso, porque este caso no tiene que prescribir y no tienen que refugiarse en que el padre Fernando Martínez tiene 82 años. El daño que nos hizo sigue presente hoy y debe responder por los delitos cometidos”, manifestó.

López Antúnez, quien fue alumna de la escuela que pertenece a los Legionarios de Cristo, rechazó que sean sólo seis las víctimas pues señaló que según el informe las denuncias contra este sacerdote se acumularon desde 1969 hasta 2016.

Acusó que los Legionarios han encubierto a Fernando Martínez por 47 años y reprochó que si desde la primera queja se hubiera actuado, ella no habría sufrido ese daño, ya que el padre llegó al Colegio Cumbres de Cancún en 1991.

“Indignante, revictimizante. Sabían bien que estaban poniendo a un depredador sexual como director, como padre en un colegio y que iba a abusar de niños y de niñas. Cuando supieron nuevamente que había ocurrido lo que era evidente que iba a ocurrir, lo único que hicieron nuevamente fue trasladarlo”, lamentó.

“Los mecanismos de encubrimiento que sucedían en 1993 son exactamente los que siguen sucediendo el día de hoy. Las caras cambian, las empresas que les ayudan cambian, pero el sistema sigue siendo el mismo y mientras ese sistema prevalezca no podemos asegurar que no siguen sucediendo estos abusos y no podemos asegurar que dentro de 23 años no van a estar aquí paradas las otras víctimas que están sufriendo los abusos del día de hoy”, añadió.

Agregó que muchas víctimas quedaron fuera del informe porque la indagatoria fue ineficiente, por lo que la disculpa que propone la congregación en el documento no sirve para nada.

“Presidium es una empresa a modo contratada para hacer una investigación que ellos mismos pagaron, ellos deciden hasta dónde llega la investigación”.

Biani López Antúnez indicó que esta empresa tiene conflicto de interés al ser la misma que les certifica las instalaciones como “entornos seguros”.

Aurora Morales González debe ser llevada ante la justicia, pues se desempeñaba como maestra de moral en el colegio y se encargaba de sacar de los salones a los alumnos para llevarlos a la oficina de Fernando Martínez o a la capilla para que fueran abusados, refirió.

Así como a Eloy Bedia Diez, quien en ese entonces era director territorial y se encargó, señaló, de sacarlo del país cuando hubo denuncias contra el clérigo.

María Belén Márquez García, de 34 años, apuntó que ella sigue viviendo en Cancún y sufrió abuso sexual de parte de Fernando Martínez a los 6 y 7 años.

Ante medios expuso que siente que es víctima del encubrimiento sistemático de los Legionarios a su agresor.

Recordó que en enero de 2020 se votará por representantes en esta congregación religiosa y para ello se perfila a Eloy Bedia Diez, por lo que calificó como indignante que quien fue identificado como uno de los principales encubridores tenga un puesto alto dentro de la organización.

Afirmó que es terrible que sólo se culpe al fundador de los Legionarios, Marcial Maciel, y al padre Álvaro Corcuera, pues ambos, dijo, están muertos y ya no pueden ser procesados.

“Para nosotros como víctimas duele mucho y no es correcto”, expuso.

Jesús Romero Colín, otra víctima de la Ciudad de México, aseveró que su intención es llegar a las últimas consecuencias.

David Peña, abogado de las víctimas y miembro del Grupo de Acción por la Justicia Social informó que el documento que fue dado a conocer el 22 de noviembre sólo propone la reconciliación con las víctimas por lo que preparan una acción penal que en un principio llegará a un Juzgado de Distrito, pero también podrían interponer un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No hablan de verdad, de acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación, de sanción, de medidas, de no repetición, de prevención de agresiones, de prevención. Estos mismos actos se siguen cometiendo hoy al interior de los Institutos Cumbres de México. Hoy sigue operando un sistema de impunidad y de protección al interior de los Cumbres, donde muchas niñas y niños pueden estar siendo víctimas de abuso hoy”, advirtió.

“Este sistema de impunidad sigue operando, a visión que tienen los legionarios al operar estos institutos lo que buscan, es reconciliar a las víctimas es decir; como si se hubieran peleado con las víctimas, como si se tratara de una pelea familiar. Es una visión absolutamente alejada de los estándares internacionales, de las obligaciones legales y es el de seguir invisibilizando la responsabilidad institucional. Nosotros buscamos justicia”.