Actualmente en el estado de Yucatán existe un contexto de criminalización hacia las activistas y defensoras de derechos humanos. Tras la manifestación del día 28 de septiembre, en el “Día internacional para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el alcalde Renán Barrera Concha difundió, a través de sus redes sociales, un video en el cual refiere que el Monumento a la Maternidad fue vandalizado por feministas y anunció que la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Esto ha sido acompañado de represión, discursos de odio a cargo de los medios de comunicación, y criminalización hacia las defensoras de derechos humanos.

Desafortunadamente, esto no es nada nuevo, ni el uso desproporcionado de fuerza pública, ni la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Estos mismos elementos han estado presente en otras luchas que continúan hoy, como lo son la lucha de los pobladores de Homún, la lucha por el matrimonio igualitario y nuestra lucha, la lucha por los derechos de las mujeres, en específico, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Desde el inicio de funciones del actual gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, hasta la actualidad, se ha reportado la represión de la protesta social, así como la persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

En el caso de la lucha de los pobladores de Homún contra el otorgamiento de permisos para la construcción de una granja porcícola sin consultar al pueblo y sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en septiembre de 2018 se manifestaron pacíficamente, realizando una clausura simbólica de la megagranja.

Mientras esta protesta se llevaba a cabo, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron ilegalmente 5 cenotes cuyos encargados eran líderes del movimiento que se oponía a la instalación y operación de la megagranja. Debido a esto, exigieron el retiro de los sellos.

Al mismo tiempo, quince camionetas antimotines y más de cien elementos de la policía estatal llegaron al lugar, reprimiendo a las personas que exigían sus derechos como personas indígenas mayas.

Respecto a la lucha por el matrimonio igualitario, recientemente activistas fueron expulsados del recinto donde se llevaba a cabo la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, cuya sede fue la capital yucateca; esto bajo el argumento de que sus registros habían sido bloqueados por “seguridad”. Cabe mencionar que aun cuando desde el inicio del evento había presencia policial y de militares, posterior a la denuncia de los activistas se observó la presencia de militares en la zona de ingreso al Centro de Congresos.

Esto resulta especialmente contrastante tomando en cuenta que el Matrimonio Igualitario fue un tema sobre el cual se pronunciaron conferencistas e invitados como Diego Luna, Joy Huerta y Ricky Martin.

Meses antes, el legislador local Felipe Cervera declaraba públicamente que activistas de la comunidad LGBT+ “solo son 4” y que, además, estaban “bien ubicadas”. Esto después de la interposición de dos amparos, uno por la negativa del Congreso a legislar en materia del matrimonio igualitario, en desacato de lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro porque esta votación se realizó mediante cédula (de forma secreta).

En nuestro caso, durante la protesta del #28s se encontraban policías armados, que si bien al principio se mantuvieron al margen y eran aproximadamente 6 agentes, conforme el tiempo pasaba el número de agentes aumentó, comenzaron a empujar a las mujeres encargadas de la seguridad, tomando fotos y vídeos de todas las mujeres en general, aun cuando se les explicó que mantuvieran distancia al ser una manifestación exclusiva de mujeres.

Esto finalizó con amenazas de violencia explícitas y directas de hacernos daño al término del evento. Es alarmante que inclusive en una protesta pacífica, en la que no hubo enfrentamientos directos, ni uso de violencia y en la que se reclamaba la garantía de nuestros derechos humanos como mujeres, los agentes policiales portaban armas largas y en lugar de protegernos fueron los primeros en pasar por alto nuestras exigencias.

Además, diversos medios de comunicación locales han participado en una campaña de odio y desprestigio contra los grupos feministas y mujeres específicas. Medios que han estado publicando fotos sin consentimiento, noticias antiguas y de otros estados simulando ser actuales haciendo referencia a la ya mencionada manifestación, acompañadas de titulares estigmatizantes en donde se resaltan palabras como ‘’feminazis’’, ‘’vándalas’’ y ‘’radicales’’.

¿El Gobierno de Yucatán criminaliza la defensa de derechos humanos?

Sí, no solo hemos sido nosotras, también hemos visto la represión contra activistas por los derechos de la comunidad LGBT+ y activistas por los derechos de las comunidades indígenas. Lo anterior es una clara muestra de la represión de la protesta social y de la libertad de expresión que existe en el estado de Yucatán.

En nuestro caso, ¿ha variado la forma de represión? ¿Por qué la cobertura de medios ha sido distinta?

Sí, no solamente se ha repetido el patrón de uso desproporcional de la fuerza y persecusión a activistas, en nuestro caso ha sido acompañado de violaciones al derecho a la vida privada que han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. La variable que resalta es simple, es porque somos mujeres.

En Yucatán esta reacción no es nueva, siempre hemos sido calladas. Recordemos que la lucha por la autonomía de las mujeres siempre ha sido reprimida. Elvia Carrillo Puerto fue callada a través de la institución del Día de la madre en 1922, y justo el Monumento a la Maternidad, que tanto se menciona en estos días, es un recordatorio de la labor ‘’natural’’ de las mujeres y que fue donada por la “Liga de Acción Social” Mérida en 1928.

En esta ocasión la prensa ha jugado un papel muy importante, pues mientras que en los casos de Homún y el matrimonio igualitario la mayoría de las notas se centran en el relato de sucesos, en nuestro caso se han empeñado en tener titulares que nos colocan como las enemigas número uno del Estado por el simple hecho de ser mujeres que reclaman derechos, tildándonos de vándalas, feminazis, delincuentes, entre otras.

Estas violaciones al derecho a la vida privada han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. Además de que la reproducción de titulares y notas de este tipo deslegitima la lucha, desvía la atención y constituye discursos estigmatizantes que criminaliza la labor de defensa de los derechos humanos y lucha por la autonomía de las mujeres.

En Yucatán definitivamente existe un contexto de criminalización y persecución con respecto de luchas sociales, en esta ocasión nos persiguen a nosotras las mujeres, pero también lo han hecho con las comunidades indígenas y la comunidad LGBT+.

Tanto el gobierno estatal encabezado por Mauricio Vila, así como el Ayuntamiento de Mérida encabezado por Renán Barrera, deberían cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como hemos referido en el comunicado publicado el día 1 de octubre, en específico la obligación de respetar la protesta social y la obligación de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos.