EL CAMINO DE LA COCA

POR ANTONIO MONTAÑA

La droga da para todo, escribe Antonio Montaña en este reportaje que sigue los pasos de la coca, desde su plantación y recolección hasta llegar a manos de los consumidores. Da para todo, como lo demuestra Colombia, donde el Estado se halla infiltrado por el narco y donde el dinero sucio ingresa a la economía a través de la adquisición de artículos de consumo, bienes de capital y creación de empresas reales o de papel.

“La colombianizacion de México está en proceso, dijo el zar antidrogas estadunidense en una de sus tantas ruedas de prensa. No sé hasta dónde tenga razón, o si la tienen las autoridades mexicanas que coincidieron en calificar de exagerada y absurda la declaración.

Valdría la pena, sin embargo, repasar algunos de los aspectos más importantes de la llamada colombianizacion. Para empezar, la creación de un narco Estado, entendiéndose el término como el de un Estado en cuya cúpula se insertan funcionarios que por haber recibido dinero de la droga actúan como sus representantes. Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994/98) Colombia pareció ingresar a esta categoría al probarse que uno de los cárteles había negociado su apoyo con las directivas de la campaña de elección y entregado seis o más millones de dólares para financiar la campaña.

Al iniciar el proceso que recibió el nombre genérico de Ochomil, fueron investigados y condenados por haber recibido dineros” calientes”, entre otros muchos, el Procurador General, el Contralor de la Nación y dieciocho senadores, muchos de ellos exministros de Estado. Por el mismo delito fue condenado el director de la Policía Nacional y siguen sindicados jefes políticos, un exgobernador y altos dignatarios del senado y la cámara.

El presidente Samper aceptó que había entrado dinero ilícito a su campaña, pero a “sus espaldas”.

El temor a que hechos semejantes se repitan subsiste mientras sea con dinero que se consigan altas votaciones. Sólo el cumplimiento preciso de una ley electoral como la mexicana para las elecciones presidenciales, que veta el financiamiento de candidaturas a los particulares, puede evitar un intento de creación de narcoEstados. Mientras en el financiamiento de las campañas para cargos de libre elección se permita el ingreso de dineros particulares, queda el peligro de que los candidatos o sus subalternos reciban dineros que comprometan la limpieza en el ejercicio del cargo.

Este riego aumenta si, como se verá más adelante, la mafia mexicana multiplica sus ingresos con una suma semejante a la que genera la General Motors en el mundo.

“Los negocios buenos son los que carecen de competencia y dan para todo”. La frase no ha sido rescatada de algún editorialista de Fortune sino de unas declaraciones del jefe de policía antinarcóticos colombiano. Aunque es posible producir en laboratorio un compuesto químico equivalente a la cocaína, su costo sería demasiado elevado. El kilo de cocaína con 99% de pureza colocado en la “cocina”, o lugar de las selvas donde se produce, tendría un costo de producción de 200 dólares: diez centavos estadunidenses el gramo que, colocado en el dispensador del ejecutivo neoyorkino, puede valer cien dólares. Y muchos más si quien pone las líneas sobre el tablero lo hace en Rusia o lo ha pagado en el mercado europeo.

Para un estudiante de economía sería materia excelente para entender qué es el “valor agregado”. En la selva vale uno lo que diez mil afuera.

La lista de los valores agregados comienza en el aeropuerto “clandestino” en donde se embarca la droga. Es el impuesto al gramaje que cobra la guerrilla, sumado a los derechos por salida y entrada a la pista y el de vigilancia de las plantaciones. A partir de allí sigue una larga, interminable lista de sobornos que reciben autoridades aeroportuarias y de vigilancia de todos los niveles. Y concluye en el de autoridades aduanales, políticas, policiales, de justicia en el lugar donde se entrega para la distribución. A los valores agregados por corrupción hay que añadir los de transporte, antes de que comience la distribución.

Otra cadena semejante ha encarecido previamente las materias primas para la fabricación del clorhidrato de cocaína cuyos insumos son hoja de coca molida y disuelta en gasolina con un carbonato (pasta de coca), permanganato de potasio, ácido clorhídrico, acetona y éter. Salvo la pasta que se produce en la región donde está montado el laboratorio (antes se transportaba desde Bolivia y Perú, sus principales productores, hasta Colombia), los químicos son llevados hasta los laboratorios, situados, la inmensa mayoría, en regiones muy distantes fuera de las redes viales, usando toda clase de vehículos: aviones, camiones tanque, lanchas, tractores, mulas. Salvo los carbonatos (se usa cemento a falta de otros puros) y la gasolina, de origen nativo, los precursores son importados legalmente y/o traídos de contrabando. Los principales abastecedores de la importación legal para toda América Latina (una alta cuota terminará desviándose hacia el mercado colombiano) son Estados Unidos y Alemania. Su importación a Colombia está teóricamente controlada, lo cual no quiere decir exenta de corrupción. Según un experto, la importación” legal” supera en casi siete veces los de las necesidades de laboratorios, fábricas, etcétera, que los utilizan en la producción de elementos para el consumo. El resto entra de contrabando desde Venezuela por la vastísima red fluvial de la Orinoquia; desde Perú y Brasil por el Amazonas; desde Ecuador por vías terrestres y aéreas; y por vía marítima desde las costas colombianas del Pacífico y el Atlántico. Las grandes empresas productoras de los precursores alegan la práctica imposibilidad de controlar su destino final y adoptan la bandera de la libertad de comercio frente a la propuesta colombiana de limitar la exportación y la producción. Algunos millones de dólares están en juego y el interés ético no priva sobre el económico. Hasta el momento la formulación de pactos internacionales de control ha dado resultados negativos.

El proceso de fabricación de la cocaína es mucho más sencillo de lo que se piensa. Es puramente artesanal. Y esto facilita que los laboratorios puedan establecerse en la selva o en lugares muy alejados, casi inaccesibles. No requieren instalaciones sofisticadas. En un documental filmado en 1972 por Brian Flew para televisión europea, un cocinero hace la demostración ante las cámaras en una enramada, en medio de la selva, mezclando en barriles de acero y botellones de plástico transparentes que permiten ver el proceso de transformación y decantación, los elementos necesarios para producir cocaína de 99% de pureza.

La hoja de coca es recogida por los raspachines en las granjas, parcelas de cinco hectáreas dispersas en vastas extensiones selváticas (fórmula para defenderlas de las fumigaciones aéreas y confundir a los observadores que pensarían que son cultivos de pan coger). En estas granjas la hoja de coca se recolecta diez meses después de sembrada y luego cada noventa días. Una hectárea rinde al año 800 kilos de hoja; con 500 se produce un kilo de clorhidrato de cocaína. Allí mismo se muele la hoja y se la convierte en pasta. Enseguida se la transporta al sitio de procesamiento. Un laboratorio bien surtido puede producir varias toneladas al mes. El proceso más “complicado” es el de secar el producto. En los laboratorios la zona de secado ocupa casi el mismo espacio que los dormitorios. Para ello se utilizan hornos comunes de microondas. La planta eléctrica que los alimenta sirve también para hacer funcionar los equipos de transmisión, la TV y la radio, que entretienen a los operarios en horas de descanso. Y algunas veces, para asistir a la iluminación de aeropuertos para operaciones nocturnas. El tamaño de los laboratorios varía. Algunos de los ya destruidos eran capaces de alojar sesenta hombres; los localizados en zonas del interior del país son, generalmente, por razones de seguridad, más pequeños. En muchos casos basta un lugar del tamaño de la cocina para producir kilos del fármaco.

Si los cultivos pertenecen a un gran narcotraficante, éste suministra la semilla y los abonos, y adelanta a los peones dinero para la subsistencia mientras crece y se produce la primera cosecha. La zona de granjas y laboratorios está protegida militarmente, ya sea por la guerrilla o por grupos paramilitares a sueldo de los productores. El raspado de las hojas del arbusto, es decir, la cosecha, la hacen jornaleros a contrato. Se les paga por peso recogido y se les traslada de granja en granja. Los salarios de los raspachines decuplican o más el salario imperante en otras regiones. Resultado: las cosechas de arroz, café, algodón y cacao padecen de falta de mano de obra o su costo ha crecido hasta hacerse antieconómico. Los altos salarios no han mejorado el nivel de vida del trabajador. En las zonas de bonanza cocalera los precios de los artículos de consumo alcanzan niveles inimaginables. Tanto que muchas veces el recolector o trabajador al servicio de los narcos prefiere recibir el salario en especie: vituallas o droga, que negociará una vez abandone la zona, o consumirá. A veces se le paga con cocaína refinada, otras, con pasta de coca que será vendida y comercializada como bazuco.

Una vez producido, el clorhidrato de cocaína se empaca y alista para la exportación. El remanente, entregado como jornal, o a manera de moneda para pagar insumos y otros gastos, queda para el consumo nacional. La imagen familiar de objetos del tamaño de ladrillos envueltos en plásticos y con sellos o claves que señalan origen y destinatarios, corresponde a la captura de grandes envíos. Es la forma tradicional de empaque usada por los cárteles. Pero la cocaína viaja de muchas otras maneras: la policía colombiana y estadunidense la han encontrado convertida en almidón para camisas o pintura de cuadros; empacada entre trozas de madera, cajas de seguridad, marcos artísticos, postes de cemento; en compartimentos de aviones de línea u oficiales, prótesis de piernas, imágenes de santos; disuelta entre licores; mimetizada entre langostinos, peces y verduras, motores de automóviles de competencia, maletas de doble fondo. Hace poco fue descubierta una forma aún más sofisticada: la cocaína negra, irreconocible para la vista y para el olfato de los perros: mezcla con limaduras de metal y compuestos de carbono.

Los grandes productores y exportadores prefieren la venta directa o a comisión. Si al comienzo eran avionetas de tamaño reducido y autonomía de vuelo limitada, desde finales de los años ochenta los laboratorios despachan aviones cargueros de buen tamaño DC6, DC8 o jets medianos hacia los destinos intermedios como México. La mercancía aterriza en aeropuertos autorizados cuyo personal ha sido sobornado, o en pistas clandestinas. Se sabe que en las costas estadunidenses aviones dejan caer la carga dispuesta en boyas cuya señal se enciende con el contacto del agua y que es recogida por lanchas rápidas. Las modalidades del transporte marítimo son infinitas. La carga viaja escondida o colocada en contenedores de doble o falso fondo, en buques mercantes o cargueros o en embarcaciones que sirven de nodriza a minisubmarinos. O entre el estómago de los pasajeros llamados “mulas”, forma usual de envío de productores pequeños o independientes.

Las “rutas” de la mercancía son diseñadas por especialistas. La ruta es una cadena de cómplices y participantes que hacen posible que la droga ingrese al mercado exterior y sea entregada a la persona que la distribuirá. Una ruta recientemente descubierta utilizaba aviones de American Airlines, guardias y policía aeroportuaria, maleteros y mecánicos del aeropuerto. Estaba constituida por más de treinta personas que se calcula permitían el ingreso de una tonelada semanal al territorio de la Florida. Pero las rutas pueden ser indirectas. Antes de ingresar a su mercado natural, los Estados Unidos, transitan por otros países.

La ruta preferida para el ingreso al mercado del sur de Estados Unidos es México. Los cárteles de la zona fronteriza y el Golfo tienen desde hace mucho experiencia en el transporte y paso de narcóticos. Su principal negocio, hasta los años ochenta, fue la mariguana y, en menor volumen, la heroína. Cuando el cártel de Cali inició el intento de apoderarse del mercado estadunidense del norte y centro Nueva York. Chicago, las Vegas, en manos del Cartel de Medellín, se le usó como puente. El intento requería del apoyo de la mafia italo-estadunidense con la cual la mexicana tiene alianzas y negocios desde siempre. La toma del mercado requería un mayor volumen de droga, condición que podía cumplir el cártel de Cali, y “rutas” aéreas y terrestres que manejaban los mexicanos. El pacto se estableció al comienzo sobre una participación y un pago por el transporte: la distribución a los mayoristas quedaba bajo el dominio de los colombianos y la participación en droga se destinaba para consumo interno de México y para minoristas callejeros norteamericanos. Para los mexicanos el riesgo de pérdida era bajo porque los cárteles crearon una suerte de seguro para compensar las pérdidas por delación o captura.

En una segunda etapa, la actual, con la aparición de El Señor de los Cielos, los cárteles de Juárez y el Golfo asumieron el negocio comprando la droga a precios muy favorables, pagándola con armas compradas en Estados Unidos o adquiridas en Guatemala, Salvador y Nicaragua como deshecho de guerra, con las que los narcos armaron ejércitos propios, guerrillas y grupos paramilitares o la canjearon por artículos que son devueltos en los mismos aviones que llevan a México los alijos de droga y regresan a Colombia llevando el contrabando. Los cárteles mexicanos han dejado de ser simplemente parte de una “ruta” para convertirse en dueños de territorios y distribuidores autónomos. Su ganancia se multiplicó por mil.

Fue en este momento cuando el proceso generó el mismo gran círculo de corrupción creado en Colombia. Sobornos a todo nivel. Compra de conciencias y complicidades. Lavado de dinero en gran escala. Cómplices del más alto nivel. Se cumple lo previsible: “la droga da para todo”.

Y también lo produce. Las colosales ganancias deben ser invertidas y limpiadas para ocultar su origen. Es el fenómeno del “lavado”, por todos conocido, pero no siempre bien entendido. El dinero lavable ingresa a la economía a través de la adquisición de artículos de consumo, bienes de capital, creación de empresas reales o de papel. No se lava el dinero exclusivamente en bancos, ni su valor es idéntico al corriente. Al lavarse (y de allí su atractivo), el dinero “encoge”. Su valor adquisitivo es menor. En el afán de limpiarlo, el dólar puede trocarse por valores que equivalgan a la mitad o menos de su valor real. Así fue como en Colombia los precios de la finca Raíz sufrieron un alza muchas veces hasta del 500%, produciendo distorsiones prácticamente imposibles de corregir. Igual sucedió con el mercado del arte, las antigüedades y la joyería. El sobreconsumo sirvió de mecanismo para provocar fenómenos inflacionarios por abundancia de circulante y de sobrevaluación de la moneda por causa de la abundante irrigación de dólares en el mercado negro. El contrabando convertido en máquina lavadora provocó una crisis de muy difícil manejo en la industrial textil y de confecciones colombiana. Relegó a los importadores legales al sector de los negocios imposibles. Y hoy se ha convertido en una de las causas de la altísima tasa de desempleo (22%).

En el término de diez años, o menos, los miembros de los cárteles colombianos, a través de adquisiciones de terreno, dominaban regiones enteras pagando sobreprecios, o valiéndose de amenazas para adquirir las propiedades, hasta llegar a poseer y dominar por influencia más del 50% de las zonas ricas del país. En la mayor parte de los casos esas grandes extensiones permanecieron sin producir. En algunas enormes haciendas como las de Pablo Escobar y la familia Ochoa, las reses fueron sustituidas por animales exóticos. De contrabando llegaron elefantes, hipopótamos, jirafas, tigres y leones, y mil especies más. Los zoológicos se convirtieron en símbolo de status; igual sucedió con los criaderos de caballos de paso fino y de reses de lidia. Con tardanza de años los miembros de la “inteligencia” oficial descubrieron que la zoofilia tenía motivos diferentes al de mero entretenimiento: el excremento de los grandes animales exóticos con el que se mezclaban los paquetes de droga producía sensaciones de amenaza y castigo en los perros entrenados para detectar cargamentos de droga. Eliminaba su eficacia.

Las inversiones en el campo de la hotelería, los casinos y discotecas y centros de diversión se multiplicaron. Al igual que las casas de cambio, resultaban buenas fachadas para el lavado de dinero. De los 24 equipos de fútbol profesional que disputan dos campeonatos anuales, veintidós resultaron, luego de extrañas y complicadas operaciones, controlados por la mafia del narcotráfico. Los estadios se convirtieron en campo de batalla de los cárteles. Árbitros asesinados, jugadores vetados y partidos comprados por los apostadores fue la señal del fin de los clubes deportivos.

El dinero lavable y el lavado ingresaron a la economía por caminos diversos. El cártel de Cali se hizo fuerte en el manejo de laboratorios y farmacias. “Drogas la Rebaja” llegó a tener 250 puntos de venta. 83 de los cuales sufrieron ataques dinamiteros cuando se abrió la guerra con el cártel de Medellín. Los bancos abiertos a los grandes capitales concluyeron convertidos en cómplices necesarios y en financistas ocasionales (no permanentes, porque una de los dolores de cabeza de los contadores del narcotráfico es siempre su constante y excesiva liquidez). El cártel de Medellín se hizo fuerte en los campos y ambos generaron en el terreno de la construcción un boom de tal magnitud que hoy, fugados los capitales, o los ingresos a otros ámbitos, provocó un caos del cual Colombia no se ha logrado recuperar. En negocios “lícitos” la mafia no ha estado ausente: a través de una filial de la Chrysler Motor Company, cuya mayoría de acciones obtuvo legalmente, la mafia licitó para las fuerzas de seguridad y obtuvo contratos de suministro de materiales para defensa. Una cadena de radio de propiedad de los Rodríguez Orejuela compitió en plan de igualdad con otras cadenas por la publicidad del Estado y obtuvo los beneficios correspondientes. La Superintendencia Bancaria Colombiana no encontró motivos para impedir que adquirieran el Banco de los Trabajadores, ni el gobierno de Panamá tuvo reparos para la fundación del International Trade Bank of Panamá, centros propios de lavado y de su financiamiento, abiertos al grupo narco y al público en general. El auge de la maquinaria de lavandería se detuvo poco después de la publicación de una lista de empresas penetradas por la mafia o de su íntegra propiedad hecha por el Departamento de Estado norteamericano.

En 1978 el Ministro de Justicia colombiano (posteriormente asesinado) hizo el intento de expurgar las listas de candidatos a elecciones parlamentarias y pasó a las directivas de los partidos políticos una lista que incluía cincuenta nombres entre los nominados, anotando relaciones evidentes o probadas con el narcotráfico. Los jefes políticos protestaron acusándolo de intereses ajenos y prescindieron de sólo algunos. Aunque Diego Ascencio, embajador de los Estados Unidos ante el gobierno colombiano por esa misma época, declaró que los dineros de la mafia podrían sustentar de sobra un partido político propio, las mafias prefirieron elegir a sus representantes de entre los miembros comprables de los partidos tradicionales. O siguiendo la teoría del embajador, financiaron sus propias campañas haciéndose inscribir como miembros de los partidos con la inmediata aquiescensia de jefes interesados en aportes económicos. La mafia se constituía en colegisladora. De hecho, con votos propios y presión terrorista, obtuvo mayorías suficientes para bloquear o modificar leyes que pudieran lesionar el narcotráfico o sus intereses y la mayoría absoluta en la Constituyente para prohibir la extradición de nacionales.

Pero no sólo la mafia logró probar que tenía el poder de ejercer un papel decisorio en la Administración del Estado, sino en la de justicia. Ya Pablo Escobar había demostrado la eficacia del poder de amedrentamiento ordenando el asesinato de periodistas, jueces que lo sindicaban, abogados, investigadores, magistrados y testigos. Los sicariosmodernos vaqueros a bordo de motocicletas de alto cilindraje asesinaron, además de un Procurador General, un Ministro de Justicia y tres precandidatos a la Presidencia de la República, a 323 policías a quienes Escobar puso precio indiscriminado por cabeza de 5.000 dólares y que sirvieron de entrenamiento para los sicarios y centenares de personas ligadas a procesos o denuncias. Bombas colocadas frente a edificios del gobierno, periódicos, centros comerciales costaron medio millar de muertes y miles de heridos. Otra bomba colocada en un avión en vuelo mató 123 pasajeros que nada tenían que ver con la droga o el gobierno.

Reducido el cártel de Cali a prisión y dado de baja Escobar, el fantasma de los carros bombas sigue presionando a la opinión pública y a las autoridades. En el mes de noviembre de 1999 estallaron tres, uno en Bogotá y dos en Medellín. y la amenaza sigue pendiente. El gobierno ha recibido solicitud de extraditar a treinta acusados de haber introducido cocaína a Estados Unidos después de 1997 y se teme que cumplirlas traerá consigo otra ola de narcoterrorismo del cual las últimas bombas serían un aviso.

Es cierto, “la droga da para todo”. n

Antonio Montaña. Escritor y periodista colombiano.