Blanca Valadez

La Secretaría de Hacienda congeló 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó reducir 30 por ciento los gastos operativos respecto a los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios personales, desde viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a terceros, como son pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos.

Las disposiciones de “congelamiento obligatorio” del presupuesto por parte de Hacienda, cuyo objetivo es concentrar los recursos para compras consolidadas de medicamentos y de insumos a precios accesibles, ya está afectando la operatividad de 13 institutos nacionales, nueve hospitales de alta especialidad, de los centros de Transfusión Sanguínea y de Trasplantes, del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas y de los Servicios de Atención Psiquiátrica, aseguró Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el ramo 12 del presupuesto federal, la partida otorgada a las 21 instituciones mencionadas suma 25 mil 780 millones 755 mil 560 pesos, de los cuales 17 mil 945 millones 941 mil 123 pesos están etiquetados para el pago de servicios personales, 6 mil 383 millones 556 mil 313 pesos a gastos de operatividad y mil 451 millones 258 mil 124 pesos se dividen en programas de prevención de embarazo, cáncer y control de obesidad, entre otros.

Con la implementación de las medidas de "austeridad para combatir la corrupción", Hacienda giró dos memorandos: uno el 3 de mayo, con el que congeló 339 millones 516 mil 710 peso, y el segundo, con fecha 15 de mayo, con el que anuncia otro congelamiento por 454 millones 820 mil 713 pesos, lo que da un total de 794 millones 337 mil 423 pesos.

Hacienda aclaró en su memorando que "no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades y en la función de representante de todas las instituciones del gobierno federal, para lo cual se apoyará en el personal operativo de base”.

“El sistema, en colapso”

Esparza Márquez coincidió con Ana Paola López Birlain, diputada integrante de la Comisión de Salud, y con Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes señalaron que el sistema de salud está en colapso con el despido, hasta ahora, de 50 por ciento de los 47 mil 724 trabajadores de confianza.

"Vemos largas filas de espera, suspensión y reprogramación de citas de estudios clínicos y también de cirugías. Un médico solo puede atender a 20 pacientes, de acuerdo con los protocolos”, señaló García Ayala.

En la actualidad, comentaron, la centralización de recursos ha generado un desabasto superior al 40 por ciento de medicamentos del cuadro básico, desde paracetamol, sobre todo de antirretrovirales y oncológicos en nueve entidades, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato. "Anunciaron ahorro de 13.7 millones de pesos en medicamentos de patente, con mejora de precios, pero no los tenemos".

La determinación de Hacienda de reducir 30 por ciento gastos operativos en combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo y servicios administrativos “impactaría en el traslado de vacunas, pacientes y comunicados oficiales. No se podrá imprimir solicitudes para los estudios médicos, recetas, recibos, carnet para los pacientes y el personal no contaría con los indispensable para las actividades asignadas”, de acuerdo con un diagnóstico de directivos de los institutos y hospitales afectados.

“La interrupción del suministro de diésel implicaría la suspensión de vapor y agua caliente mediante la Red General del Hospital a las áreas de atención médica, así como en el comedor central de la entidad. La falta de este servicio ocasionaría, en forma inmediata, un estado de emergencia y repercutiría en estación crítica en la operatividad diaria del hospital debido a que este servicio es de carácter altamente prioritario de los pacientes”, se agregó en el diagnóstico.

Eliminar la investigación, como se ordenó Hacienda, “afectará el desarrollo de la de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades emergentes y las de mayor impacto de la población de nuestro país, por lo que se verá reflejado un retroceso saludos lo mexicanos”.

Por otra parte, la determinación de reducir en 50 por ciento los servicios personales, desde viáticos, comidas, abarca también las subcontrataciones de servicios a terceros. “Se va afectar directamente las contrataciones de pruebas de laboratorio, pruebas de gasometría, recolección, traslado y disposición final de residuos biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Se afectaría el servicio de farmacia, abasto y dispensación de material de curación, laboratorio y banco de sangre, de hemodiálisis, alimentación y servicios médicos integrales”.

Los recortes y congelamiento de recursos afectaron al Instituto Nacional de Geriatría con 51 millones 292 mil 285 pesos.

En tanto, el Instituto Nacional de Cancerología —centro de investigación que otorga 212 mil consultas— sufrió un recorte de 225 millones 896 mil 724 pesos, con lo que su margen de operación se reduce aún más, sobre todo porque ya no obtendrá los recursos compensatorios del Seguro Popular, que de 2013 a 2017, significó captar 2 mil 429 millones de 722 mil 430 pesos.

Del recorte, 85 por ciento correspondió al apartado de “compensaciones por servicios eventuales”, destinado al pago de empleados que cubren “suplencias, sustituciones o relevos”.

“Cancerología no puede ofrecer un diagnóstico oportuno y certero por falta de personal, lo cual es, literal, cuestión de vida o muerte”, agregó López Birlain.

En tanto, los institutos nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de Pediatría, de Salud Pública, de Medicina Genómica, así como el Centro Nacional de Trasplantes presentan entre 20 y 50 por ciento de recortes presupuestales y un porcentaje mayor de recursos congelados.