Foto de archivo de una manifestación feminista en Madrid. EDUARDO ROBAINA

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“El sistema judicial escupe sobre las víctimas de agresiones sexuales”. Son palabras de Bárbara Tardón, una de las responsables del reciente informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la violencia sexual en España. Se estima que 3.251.567 mujeres la habrían sufrido a lo largo de su vida por parte de parejas, exparejas o terceros.

El problema está en que la ley asocia el consentimiento con el uso de la fuerza y obvia que, aun sin violencia física, hay coacción. Así que las víctimas se quedan absolutamente desprotegidas. Para evitarlo, AI aboga por eliminar la difusa línea que separa los tipos penales del abuso sexual y la agresión sexual, aunque no es lo prioritario. En su opinión, el foco debe ponerse sobre quien interpreta la norma: “Lo fundamental es que jueces y juezas tengan formación en género y puedan interpretar desde un enfoque específico qué ha ocurrido. Les permitiría entender perfectamente que en una situación de miedo, hay intimidación”, explica Tardón.

Coincide este criterio con el de la abogada Amparo Díaz, que apuesta por una legislación que se apoye más en el daño provocado a la mujer: “En la humillación que sienta y con la conducta que sufra. Si no, se está metiendo constantemente el estereotipo”. A día de hoy, prevalece una perspectiva masculina que ahonda su raíz en la mezcla de violencia, seducción y deseo. Díaz plantea la necesidad de incorporar en la Justicia conocimientos científicos sobre las mujeres para evitar, por ejemplo, que se les exija un relato minucioso de lo sufrido, como si el brutal impacto no afectara a su memoria.

Elvira Villa Camarca, antropóloga médica y feminista, aclara que ante una actitud violenta hay tres respuestas posibles: la quietud, la agresión o la huida. Y en ellas intervienen tres mandatos distintos: el biológico, que suele implicar la parálisis ante un peligro; el de género, por el que las mujeres han sido educadas en evitar el enfrentamiento que no sea con ellas mismas; y el público, que determina que el espacio sea controlado por hombres. Todas estas variables cambian la percepción de la amenaza para su posterior enjuiciamiento. Permiten entender el ataque desde las víctimas y no desde los instintos destructivos de los agresores.

«Si te quedas quieta como la chica de ‘La Manada’, es que estás en éxtasis. Si te mueves, estás en arrebato». Pilar Careaga, filóloga, editora y feminista, recuerda una sentencia del Supremo en la que el hecho que se juzgaba en una violación era exclusivamente si había excesiva violencia: el acusado quedó libre porque la víctima se movió. Es decir, la resolución de cualquier caso depende de la interpretación judicial.

Las expertas consultadas coinciden en que hay que transformar la legislación. Mientras se consigue, las víctimas deben armarse de informes. Si son públicos, mejor. Y prepararse emocionalmente para enfrentarse a un sistema patriarcal en el que la mayoría de elementos están en su contra. Quizá por eso solo llegue hasta el final una minoría. Y el resto sufra bajo el pesado manto del silencio. «El sistema es un auténtico infierno para las víctimas», sentencia Tardón.

Algunas enfrentan hasta 17 horas desde que son violadas hasta que vuelven a su casa, tras pasar por hospitales y comisaría con la ropa aún rota. Luego son constantemente juzgadas a lo largo del proceso y llegan a sentirse invisibilizadas, cuestionadas. Son desoladoras sentencias como la de La Manada o como la de la Audiencia de Lleida en la que dos hombres fueron condenados solo por abusos sexuales porque, «si bien [la víctima] lloraba y les decía que no, (…) no fue capaz de expresar su negativa de forma física». Revictimizan, y el trauma se abre camino con fuerza, también en los entornos familiares.

«¿Qué nos dice a las mujeres una sentencia así?», pregunta Tardón. «Nos lanza un mensaje evidente: perpetúa el mito en torno a la violencia sexual. O te resistes o no vas a ser considerada una víctima de violencia sexual. O te resistes o te lo estabas buscando». La narrativa judicial fortalece la idea de que las mujeres tienen que estar sometidas por completo a la opresión masculina.

«Los que dominan, los poderosos, marcan las directrices y no se puede consentir», denuncia Careaga. Una parte de la sociedad comienza a exigir a las instituciones un modelo alternativo. Dentro de unos días se sabrá si las conclusiones de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia que estudia los delitos sexuales mantienen el statu quo o desestabilizan el modelo hegemónico que concibe las violaciones a las mujeres como hechos aislados.