Odebrecht Archivo

El entorno directo del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras "prácticas no convencionales" a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña Odebrecht a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.

La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato que obtuvo, verificó y analizó LA NACION durante las últimas semanas.

Esos documentos muestran que la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez como interlocutor determinante.

Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como "consultor" durante años. Pero tanto él como Wagner actuaron frente a los representantes de la compañía brasileña como emisarios de De Vido, y así lo entendieron quienes negociaron con ambos y acordaron pagar esos US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo con el material al que accedió LA NACION como parte de un proyecto periodístico regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros desde hace un año y medio.

LA NACION consultó a Rodríguez y a Wagner, quienes rechazaron las sospechas. "Eso que dicen es falso", contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. "No facilité ninguna reunión", abundó.

LA NACION

Rodríguez también rechazó los dichos de los delatores brasileños. "Es mentira", replicó. "¡Me usan para tapar otros temas y otras personas, que sí estuvieron metidas!", añadió, sin dar nombres.

De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. "Nunca podrán imputarme nada con seriedad", contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil. Consultado ayer por LA NACION, De Vido se negó a responder preguntas o hacer comentarios, mientras que su vocero subrayó que el contrato bajo sospecha era para la extensión de las redes troncales como un acuerdo "entre privados".

Pero las desmentidas de De Vido, Wagner y Rodríguez se contradicen con las confesiones en Brasil. Allí, uno de los máximos jerarcas de Odebrecht, Mario Faria da Silva, se acogió al régimen de "delación premiada" para reducir su tiempo en prisión a cambio de contar lo que sabía sobre las coimas que pagó la compañía durante décadas en varios países. Y habló sobre los millones que se pagaron en la Argentina.

El ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia brasileño, Edson Fachin, reveló los primeros y acotados datos sobre ese negociado en un documento de apenas tres carillas que remitió a la Procuración General de su país, según reveló LA NACION en abril pasado.

Según reconstruyó desde entonces LA NACION, Faria reconoció que él mismo se reunió dos veces con De Vido, quien sin embargo evitó hablar sobre esas coimas.

Por el contrario, el brasileño detalló que la operatoria ilícita quedó en manos de dos colaboradores: su subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, quien pasó de levantar quinielas a asumir como subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y Roberto Mandolesi, quien como director de Nación Fideicomisos destrabó el pago de $ 1000 millones para la empresa BTU durante los últimos días en el poder del kirchnerismo, en diciembre de 2015.

Señalada desde hace años por una supuesta excelente relación con De Vido, BTU también quedó bajo la lupa en Brasil. Según detalló el ahora "delator premiado" Faria, esa empresa fue recomendada por el Ministerio de Planificación Federal.

El rol de Wagner

Condenado a 19 años y 4 meses de prisión en Brasil por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, Faria se convirtió en delator para reducir su paso por la cárcel. Y detalló quiénes son los otros ejecutivos de Odebrecht que saben sobre las coimas que se pagaron al entorno directo del entonces ministro y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV). Contó que uno de ellos es Flavio Bento e Faría, por entonces máximo jefe de la constructora en Argentina.

Flavio Bento e Faría -sin parentesco alguno con Marcio Faria- fue quien se reunió con Wagner, de Esuco, quien expuso el pedido de coimas requerido por los funcionarios públicos. Indicó que si querían hacer negocios en la Argentina, debían pasar por él, lo que Wagner negó de manera tajante a LA NACION.

Sin embargo, Marcio Faria también señaló a otro ex ejecutivo de Odebrecht como negociador directo de esa coima por US$ 25 millones. Dijo que fue Hilberto Mascarenhas da Silva, quien también se acogió al régimen de la delación premiada y contó ante los investigadores brasileños que la empresa pagó cerca de US$ 3340 millones en coimas y aportes ilegales a campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países entre 2006 y 2016. Es decir, lo que en Brasil se conoce bajo el paraguas de "Caixa 2".

¿Cómo fue la negociación delictiva? Cuando Odebrecht comenzó a moverse para pujar, desde 2007, en la licitación para la ampliación de ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas, su entonces superintendente en el país, Flavio Bento e Faria, fue contactado por Wagner, quien se presentó como dueño de Esuco y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, pero expresó su verdadera misión en cuanto vislumbró la oportunidad.

Con su nombre en la "ruta del dinero K" -causa en la que está imputado- y en al menos seis sociedades offshore que aparecen en los Panamá Papers, Wagner fue directo. Según Marcio Faroa, "le pidió coimas" a Bento e Faria, pero se cuidó de darles los nombres de los destinatarios, aunque a los brasileños les quedó muy claro quiénes eran.

Fue entonces cuando uno de los máximos responsables de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -es decir, el área dedicada a las coimas de la empresa-, Hilberto Mascarenhas ajustó los detalles para el pago de los sobornos.

A partir de allí, el camino de los negocios con el Estado argentino se simplificó para Odebrecht, que sólo recibió elogios de De Vido durante dos reuniones que mantuvo con el ahora delator premiado.

Sin embargo, el entendimiento ilícito se quebró en octubre de 2010. Con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el pacto se quebró, y Odebrecht comenzó a padecer todo tipo de problemas con la ejecución y cobro del multimillonario contrato.

Esos problemas sólo se solucionaron con la aparición del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, quien reabrió las negociaciones ilícitas con los representantes de la constructora brasileña, acordó nuevos pagos y hasta les aportó los números de las cuentas bancarias offshore donde debían depositar el dinero de las coimas.

Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Rodríguez actuó más como emisario de De Vido ante Odebrecht que como lobbista de la constructora brasileña ante el entonces ministro. Y los datos públicos que se conocen sobre él como operador alientan la confusión.

Así, como lobbista de Odebrecht, el "Corcho" recibió a varios empresarios en las oficinas de la compañía, pero al mismo tiempo viajó a China con De Vido. Lo hizo como operador de la empresa brasileña, aunque también produjo los discos del hijo guitarrista del entonces ministro.

Consultado por LA NACION, Rodríguez rechazó las sospechas. "Nunca estuve en ninguna negociación de ninguna obra", replicó. "Hasta por una cuestión de tiempos no es posible. Ese contrato se negoció años antes. Mi relación con la empresa comenzó en 2011", retrucó.

Ahora, el acuerdo para desembolsar coimas por US$ 25 millones se encuentra bajo investigación en Brasil y en la Argentina. Allá llegó a las manos de Edson Fachin, ministro del Superior Tribunal Federal de Justicia -el equivalente a la Corte Suprema.

A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin analizó los dichos de Faria y emitió la "Petición N° 6712". Dirigida a la Procuración General, le pidió que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar este tipo de actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.

En la Argentina, en tanto, la operatoria que ahora sale a la luz ya había quedado bajo la lupa del fiscal federal Carlos Stornelli, quien desarrolló una investigación preliminar. Encontró indicios y radicó una denuncia, que quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado y el juez Ariel Lijo, para luego recaer en el juzgado de Daniel Rafecas.