Óscar Rodríguez

En el poblado indígena de San Juan Ozolotepec, -que se localiza en la Sierra de Oaxaca-, un problema de intolerancia religiosa, generado por la clausura de un templo de una religión distinta a la católica, se ha transformado en un conflicto político por el control y disputa de la alcaldía, mismo que ha dejado como saldo que unas 20 familias hayan sido desterradas.

Hace un año el gobierno municipal en funciones, -regido bajo el sistema de usos y costumbres-, ordenó desde la clausura de un templo de una congregación pentecostés, y demando el destierro de sus seguidores, por considerar sus acciones como reaccionarias.

El munícipe argumentó que desde dicho templo se llamaba a la rebelión del pueblo, por lo que opto por determinó clausurar el templo, argumentando que en dicho pueblo, la única religión autorizada para profesar era la católica.

Los integrantes de la Congregación Evangélica de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés A.R, acusaron a los representes del gobierno municipal como intolerantes y presentaron una queja por violación a sus garantías constitucionales ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recientemente emitieron una recomendación.

Sin embargo la disputa entre católicos y evangélicos ha avanzado en un enfrentamiento entre dos grupos de poder que se disputan el control de la alcaldía municipal.

Unos que están en el casco de la cabecera municipal y el otro grupo que tiene control de las agencias municipales, mismos que reprochan el uso indebido de los recursos públicos destinados para el desarrollo de obra pública.

Los grupos que demandan el cambio, exigen que la elección de autoridades municipales se desarrolle mediante voto secreto y urnas, sin embargo el grupo caciquil que ha ostentado el poder en la comarca, piden que se respete la forma de elegir a la autoridad municipal, solo mediante un asamblea a mano alzado, con presencia únicamente de los radicados en la cabecera municipal, excluyéndose la participación cívica de los pobladores que habitan en las diferentes agencias municipales.

El gobierno saliente empeñado en mantenerse el poder, al frente del ayuntamiento evito la celebración de elecciones y no ha comprobado los recursos que le fueron asignados a través del ramo 28 y 33 para ejecutar obras, lo que ha causado que la Auditoría Superior del Estado (ASE), multe al gobierno municipal saliente con más de 90 mil pesos.

El vacío de autoridad en la comarca, obligo a la legislatura local a designar un administrador municipal, cuya funcion es abonar a generar condiciones para que