Javier Segura

Profesor de Historia javisegura.es

Según el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, la crisis ya es algo del pasado. En todo caso, lo que queda es el "legado de la misma". Formaba parte del guión que el Gobierno legitimara el ajuste draconiano impuesto a la ciudadanía, tras la victoria electoral de Diciembre de 2011, como el "sacrificio necesario para volver a estar en forma". Lo ha hecho desde 2014. Para ello ha creado su propia realidad paralela, amparada en cifras macroecómicas referidas al crecimiento económico y al descenso del paro, que, expresadas con la apariencia neutra del dato, nada dicen de la recuperación de la economía real, la que vive la ciudadanía en el día a día. Es la estrategia del tecnócrata: "Como las cifras no mienten, los mentirosos las adoran" (Mark Twain dixit). Pura propaganda.

Es falso que primero haya que crecer para luego repartir. Está suficientemente acreditado que en los últimos tres años, que han sido años de crecimiento económico, la desigualdad social ha seguido creciendo en España, siendo el segundo país de la Unión Europea (UE), por detrás de Chipre, en el que más se ha disparado la divergencia de rentas. Un sólo ejemplo para ilustrarlo, tomado del Informe sobre desigualdad de Intermon-Oxfam, de 2017: Sólo en 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%, siendo la fortuna de esas tres personas equivalente a la riqueza del 30% de la población más pobre, es decir, de 14,2 millones de personas. Hoy en día, 1 de cada 3 personas sigue viviendo en el Estado español en situación de exclusión social o pobreza. ¿Dónde está el maná que iba a resultar del crecimiento económico?

Esta brecha social no es el resultado fatal de una crisis sin responsables. Por el contrario, es el corolario inevitable de las políticas públicas que se vienen aplicando en España desde hace dos décadas, fundamentadas en la ortodoxia neoliberal, de la que el PP es el alumno por excelencia.

Recordemos los principios básicos del neoliberalismo:

El origen del neoliberalismo está en el núcleo de jerarcas de la economía (bancos de Wall Street, la Reserva Federal estadounidense, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI) que marcó las directrices de la revolución conservadora de los años 80, protagonizada por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Bajo el "mito" de que "El Estado es el problema y el mercado la solución", la revolución impuesta desde arriba por este "complot de privilegiados" supuso la ruptura del pacto social entre capital y trabajo, encarnado en el Estado del Bienestar, y la colocación en el puente de mando de la sociedad del poder empresarial y financiero, para los que el neoliberalismo opera como "un traje hecho a medida". En efecto, el neoliberalismo aboga por la implantación del marco institucional que permita la extensión continua del mercado hacia todo ámbito social que ofrezca oportunidades de negocio a los dueños y gestores del gran capital. En la práctica, dicho marco, que es el Estado neoliberal, supone la eliminación de los "costes" asociados al Estado social (elevado gasto público, en su vertiente social, derechos laborales y altos impuestos a las grandes empresas), mediante la implementación de políticas que faciliten la privatización de los bienes públicos y las prestaciones sociales, la liberalización, es decir, el levantamiento de las restricciones a todo bien o actividad que pueda convertirse en objeto de compraventa y la desregulacíon, es decir, la supresión de la legislación garantista (reguladora) de los derechos laborales o que pueda limitar la expansión de las finanzas. Una agresión en toda regla que produce y reproduce, de manera inexorable, una permanente brecha social entre la minoría poseedeora y la mayoría desposeída.

Pues bien, en España, el objetivo político de los gobiernos del Parido Popular, desde la aznarato al marianismo, ha sido la integración sin paliativos del país en el orden neoliberal, merced a la articulación en torno a los "genoveses" de toda una red de intereses que conecta a grandes grupos económicos y financieros, entre los que destacan los del IBEX 35, con altos cargos políticos, reclutados, no por su competencia profesional, sino por su vinculación con círculos de poder, nacional y transnacional, con capacidad para tomar decisiones-clave. Este "subcomplot nacional", que se retroalimenta en las famosas puertas giratorias, es el fundamento que explica la facilidad con que el Partido Popular ha traspasado las propias fronteras del neoliberalismo para cubrirse de lodo en su secuela delictiva: la corrupción.

Durante la etapa de Aznar como presidente del Gobierno se amplió la política de privatizaciones, iniciada bajo los gobiernos del PSOE, que puso en manos de las élites económicas empresas como Endesa, Tabacalera (hoy Altadis), Repsol, Telefónica, Argentaria, Iberia o Gas Natural, se impuso una política de bajos salarios y precarización laboral (reforma laboral de 1997) que reforzó el poder empresarial, se redujeron los impuestos (reformas fiscales de 1999 y 2003) a las grandes rentas y se liberalizó el suelo ((Ley del Suelo de 1998), lo que permitió la masiva recalificación de terrenos como suelo urbanizable y, consiguientemente, el boom de la construcción.

Al amparo de esta ley, el sector financiero-inmobiliario aprovechó la escasa demanda derivada de la devaluación salarial para centrar su expansión en la concesión de créditos baratos para la adquisición de viviendas y, de esta forma, asegurarse pingües beneficios a costa del endeudamiento de la población. El resultado fue que la demanda, atraída por la creencia en la seguridad de la inversión en bienes inmuebles, se disparó, el ritmo de la construcción se aceleró y los precios de la vivienda y el suelo, retroalimentados entre sí, se multiplicaron, haciendo de las hipotecas objeto de complicadas especulaciones financieras, que absorvieron ingentes cantidades de capital procedente de la inversión productiva y dieron lugar al crecimiento insostenible de la burbuja inmobiliaria. Éste fue el verdadero "milagro" patrocinado por Aznar y su lugarteniente, Rodrigo Rato: dejar incubado el virus de la crisis en su modelo de "crecimiento económico", mientras vendían el sueño del enriquecimiento fácil.

En España, la crisis estalló en 2008, en la segunda legislatura del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El hecho de que el detonante fuese la caída del gigante financiero estado-unidense Lehman Brohers, que desató la crisis bancaria, hizo que fuese catalogada por el establisment económico como una crisis financiera asociada al déficit público, supuestamente generado por el "gasto alegre" del Estado. Fue el diagnóstico interesado que justificó los planes de austeridad. Sin embargo, ni el déficit, ni la deuda pública resultaron de un gasto público elevado, como desde entonces ha venido defendiendo el "pensamiento oficial", sino de la disminución de los ingresos del Estado, por el efecto combinado del empobrecimiento social y la fiscalidad favorable a las grandes empresas. Bruselas, que prefirió ver una crisis de gasto en lo que a todas luces era una crisis de ingresos, obligó al Gobierno de Rodríguez Zapatero a dar un viraje neoliberal y aplicar, en Mayo de 2011, un severo plan de austeridad, origen de la desafección ciudadana hacia los representantes políticos, plasmada en la irrupción del movimiento del 15-M. El posterior pacto de Rajoy y Zapatero para la reforma del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda pública sobre la financiación de las necesidades sociales, fue la constatación evidente del "secuestro" de la democracia por la cofradía financiera que gobierna la Unión Europea.

El Gobierno de Mariano Rajoy utilizó el shock generado por la Gran Recesión, no para frenar el modelo que había conducido a la misma, sino para consolidarlo. Fue la continuación radicalizada del guión iniciado por Aznar en su etapa de presidente, rematado con acciones como: recortes multimillonarios del gasto público-social, penalización de las rentas de la ciudadanía mediante impuestos tasas y copagos, vía libre para la privatización de servicios públicos y prestaciones sociales, reforma laboral que permite la reducción de salarios, asienta la precariedad laboral y debilita los convenios colectivos, fusiones pagadas con dinero público que consolidaron el dominio de la gran banca sobre el sistema financiero a costa de las cajas de ahorro, rescates bancarios que, frente la amenaza de impagos, convirtieron la deuda privada, contraída por los bancos durante el "boom", en deuda pública que la ciudadanía está pagando por la vía del expolio... Un programa anti-social en toda regla, que implica la sanción legal de un modelo de redistribución de la riqueza en el que la desposesión de la ciudadanía alimenta el proceso de acumulación y concentración de capital en pocas manos, un modelo, en el que la invocación de objetivos como la "lucha contra el déficit público", la creación de empleo o el saneamiento financiero sirve para justificar, respectivamente, los recortes, la precarización laboral (blanqueo del paro) o el rescate con dinero público de la banca (40.000 millones robados, sin devolver"). Neoliberalismo en estado puro.

Si, como he intentado demostrar, la desigualdad social actuó como factor determinante de la Gran Recesión, al suponer la contracción de la demanda, es decir, la ausencia de clientes a las puertas de las empresas, el Gobierno del Partido Popular, al añadir desigualdad a la desigualdad, ha dejado el terreno bien abonado para que la Gran Recesión, supuestamente superada, se convierta en una crisis endémica: la de la desigualdad y la deuda pública.

La recuperación real de la economía exige un cambio de paradigma, centrado en la redistribución justa de la riqueza y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, que deberá provenir de la recuperación y la expansión del conjunto de derechos amparados en un Estado social. Continuará.