Han pasado 37 años y un mes del intento de golpe de Estado del 23F y aún quedan muchos misterios por resolver. Todos los documentos elaborados en las instituciones por aquellas fechas permanecen secretos con el amparo de la ley, pero la situación puede cambiar si se aprueba una modificación de la ley de secretos oficiales. El problema está ahora en cómo conjugar los intereses de los partidos de la oligarquía en el Congreso para poner fecha a las desclasificaciones.

La propuesta del PNV para que las materias delicadas solo puedan permanecer en los cajones 25 años (y diez extra en casos excepcionales y justificados por el Gobierno), o lo que es lo mismo, un máximo de 35 años, se desbloqueó esta semana. El PP decidió no seguir bloqueando la iniciativa en el Congreso, pero solo para que los grupos del tripartito plutocrático presentaran unas enmiendas que invalidaran la propuesta del PNV, porque la aprobación de esa modificación legal, tal y como la plantean los nacionalistas vascos, supondría la publicación inmediata de cientos de páginas oficiales sobre la historia de España.

El PP, como Ciudadanos, que son partidos de los que no se esperaba ninguna transparencia, plantea una dilación en los plazos para desclasificar secretos. Los de Mariano Rajoy solo quieren desvelar de forma automática los papeles anteriores a 1968 (cuando entró en vigor la ley de secretos oficiales), o lo que es lo mismo, los documentos clasificados que tengan más de 50 años. Y además los ultraderechistas fijan la fecha para empezar las revelaciones el 1 de enero de 2023. Ese año se darían a conocer todas las materias secretas de 1968. A partir de entonces, cada año se desclasificarían dos ejercicios. Con la secuencia planteada por el PP en sus enmiendas, las materias clasificadas en 1981 no verían la luz hasta el primer día de 2030 –casi 49 años después de que Antonio Tejero entrara a tiros en el Congreso–.

Los socialistas coinciden plenamente con el PP en el planteamiento de que las materias clasificadas vean la luz en un plazo de 25 años con la posibilidad de una única prórroga de 10, pero sus enmiendas conllevan un retraso en la publicación de los actuales asuntos secretos de un año: los preceptos de la proposición de ley de secretos oficiales entrarían en vigor un año después de su aprobación en el Congreso. Y por si fuera poco, el PSOE da además una moratoria de 10 años al Gobierno para publicar las materias clasificadas, sin importar la cantidad de años que lleven esos documentos sin ver la luz. «Todo lo que ya tenga los 25 años o más es susceptible de ser desclasificado, pero si el Gobierno estima que no, puede mantenerlo otros diez años más», señalan fuentes socialistas, que de facto están poniendo el plazo de algunas materias reservadas en casi 60 años. «Se trata de establecer un régimen transitorio que asegure la correcta aplicación de la modificación normativa», dice el PSOE en la «motivación» de esa enmienda.

Si sale adelante la enmienda del PSOE, los documentos elaborados durante el golpe de 1981 podrían quedarse en el cajón hasta 2028 –y eso si la norma se aprueba este año–. Lo mismo sucedería, por ejemplo (cómo no), en el caso de los GAL.

El PNV mostró un gran malestar con PP, PSOE y Ciudadanos a los que acusó de «oscurantismo» por sus enmiendas. El portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, llegó incluso a insinuar que «seguramente» habían negociado previamente los términos de sus enmiendas. Y seguro que no se equivocaba. Hoy por ti y mañana por mí, o por los dos a la vez.

Unidos Podemos y ERC, por su parte, plantean en sus enmiendas que no podrán clasificarse aquellas informaciones que resulten esenciales para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de los derechos humanos.

Marca España.

*Con información de agencias y El Diario