La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura. En un fuerte revés para la presidenta Cristina Kirchner, el Máximo Tribunal se manifestó en contra de la ley impulsada por el oficialismo, que estipula la nueva composición del organismo y la elección por voto popular de sus miembros.

Como consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para los próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados.

En un fallo de 67 páginas, la Corte convalidó lo sentenciado por la jueza María Servini de Cubría y declaró inconstitucionales los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855.

"Es inválido obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones populares", determinó el Máximo Tribunal en su sentencia.

Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura, que estipula la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner.

El fallo fue avalado por seis de los siete miembros de la Corte Suprema, mientras que el juez Raúl Zaffaroni firmó en disidencia.

El fallo de Servini de Cubría

María Servini de Cubría había dictado días atrás la primera sentencia definitiva contra la reforma del Consejo de la Magistratura. La magistrada había declarado inconstitucional tanto la nueva composición que la ley establece para el organismo como la forma "popular y partidaria" de elegir a sus miembros.

Ante el fallo de Servini de Cubría, el Gobierno presentó un per saltum para que fuera la Corte Suprema quién decidiera sobre la constitucionalidad o no de la nueva ley, aprobada por el Congreso como parte del paquete de proyectos de la denominada "democratización de la Justicia".

Defensa de la Procuradora

Por su parte, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en su carácter de fiscal ante la Corte Suprema, había pedido ayer revocar la sentencia de Servini de Cubría.

Según Gils Carbó, la modificación en la composición del Consejo y la elección de sus miembros por el "voto popular" no sólo no es inconstitucional, sino que también reglamenta la carta magna "de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno".