Por Natalia Zuazo

Si en la bisagra entre el siglo XIX y el XX pasar de campesino a profesional era la meta, si en el siglo pasado tener un trabajo estable y una obra social era el modelo, los gurús políticos de nuestra época nos dicen que crecer se trata de la libertad: trabajar donde y cuando queramos, ser nuestro propio jefe, trascender la relación de dependencia y practicar la "economía creativa".

En este sueño de emprendedores en zapatillas, las empresas tecnológicas son el ícono del éxito. Los cuentos de Steve Jobs y Mark Zuckerberg, de sus garajes y universidades a cotizar en bolsa, son los faros del desarrollo. La tecnología alimenta el mito: no solo representa el éxito de hoy, sino el de mañana. Sin embargo, al tiempo que se privilegia este modelo, el Gobierno está cerrando la herramienta más poderosa que pueden tener las generaciones futuras para conseguir su ascenso social: el programa Conectar Igualdad, que en los últimos cinco años entregó más de cinco millones de computadoras (y fue reconocido por las Naciones Unidas como uno de los planes más importantes de inclusión de jóvenes en el mundo). La contradicción es evidente: si algo necesita cualquier niño o adolescente para construirse un futuro posible es una computadora y acceso a internet. Quitarle esa herramienta es condenarlo a empezar el camino desde el fondo del mar, mientras otros –los que nacen con una computadora en su casa– lo inician con un barco en marcha, en un día soleado y sin tormenta a la vista.

En 2008, cuando Conectar Igualdad todavía no era una foto que se veía en las escuelas, las plazas o los colectivos de Argentina, Uruguay ya tenía el Plan Ceibal. De paseo por la Ciudad Vieja de Montevideo, un barrio modesto y gris, las netbooks verde flúo de los chicos sentados en los portales de los conventillos se veían a lo lejos, repetidas en cada cuadra. Mientras tanto, en nuestro país, se debatía a qué proveedor comprar y la decisión tardaba. No era un debate menor, sino político: los fabricantes de las máquinas para los programas OLPC (una computadora por niño, por sus siglas en inglés) y los de sus softwares (con Microsoft a la cabeza) luchan y hacen lobby por ese mercado de niños que si empiezan a utilizar sus marcas desde pequeños luego lo harán de por vida. Finalmente, en 2010, se inició el programa a nivel nacional. Fue masivo y de inclusión, y sobre todo, el plan más efectivo de reducción de la primera brecha digital que tienen y tendrán que sortear todas las generaciones para ser parte del mundo. Pero Conectar Igualdad fue más allá, y no solo "dio" y puso en marcha las máquinas, sino que también desarrolló para ellas Huayra GNU/Linux, un sistema operativo propio, libre y nacional con el que podía utilizarse también cada netbook (a partir de un doble booteo, o arranque de la compu). Lo usaran o decidieran optar por Windows, la elección implicaba que los chicos argentinos supieran que había opciones de software.

Sin embargo, con el nuevo gobierno el programa comenzó a desmantelarse. En marzo, se despidió al equipo central del Ministerio de Educación que, a través de 70 personas, coordinaba Conectar Igualdad en todo el país. También, se dejaron sin funciones a 1.000 trabajadores del plan en las provincias, con lo cual se frenó la entrega de las 600.000 computadoras que ya estaban compradas (a 11 proveedores distintos por medio de una licitación) desde 2015 para ser repartidas en el inicio del ciclo lectivo 2016. En paralelo, el ministro Esteban Bullrich transfirió la continuidad del plan a cada provincia: es decir, dejó que cada una tomara la decisión de invertir o no en su seguimiento.

Sin computadoras repartidas en el primer semestre del año, las consecuencias llegaron: los concejos deliberantes de distintas ciudades hicieron pedidos de informes a las autoridades para saber dónde están las computadoras; en otras provincias y pueblos se cortaron rutas frente a las escuelas; en las redes sociales de Conectar Igualdad maestros, padres y alumnos piden que alguien vaya a desbloquear las netbooks porque no pueden estudiar. La polémica también revivió prejuicios: "los chicos solo usan las computadoras para jugar", "las capacitaciones no eran suficientes para los maestros", o "las netbooks no tenían conexión", se leía en otros comentarios. En otros, más extremos, también se celebraba el fin del programa porque las computadoras eran herramientas ideológicas del gobierno anterior.

EL NEGOCIO DE MICROSOFT

La gestión de Cambiemos comenzó su relación con Microsoft en 2013, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ingresó a la "Alianza por la Educación", promovida por la empresa de Bill Gates y firmada en Argentina por Andrés Ibarra, entonces ministro de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy en ese cargo en el país. A principios de 2016, cuando el presidente Macri viajó al foro económico de Davos, la relación con Microsoft volvió a estrecharse en la reunión que mantuvo con su CEO, Satya Nadella. Este ingeniero le ofreció al líder del PRO el programa Shape The Future, que consiste en paquetes de software educativo para 10 millones de alumnos y programas de capacitación online para un millón de docentes. La tentación quedó servida para que el Gobierno y el Ministerio de Educación accedan a desplazar el software libre de Huayra producido en Argentina y adopten definitivamente los productos de la gran empresa tecnológica en el ámbito nacional.

En tecnología, las corporaciones aplican al pie de la letra un viejo dicho: "El primero te lo regalan, el segundo te lo cobran". El negocio de la corporación de Gates (el hombre más rico del mundo según Forbes) es la venta de licencias de software. Para lograr estos negocios, la estrategia tiene dos tácticas esenciales: la primera, estar cerca del poder político, que decide las compras gubernamentales; la segunda, eliminar la competencia, mediante un trabajo dedicado de lobby que incluye no solo llegar a los funcionarios, sino también ocupar espacios en las universidades, con académicos que destacan las ventajas de las "soluciones Microsoft" en la educación. En el camino, el Estado pierde no solo la capacidad de sus recursos técnicos en generar programas alternativos y se vuelve dependiente de tecnologías de corporaciones multinacionales, sino que también entrega datos sensibles del Estado nacional (y sus ciudadanos) a empresas –como la de Gates– confirmadas de cooperar con los gobiernos para espiar a sus usuarios.