La Justicia ha confirmado la anulación de la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre durante el mandato de Ignacio González. El Tribunal Superior de Justicia de la capital ha confirmado la decisión tomada hace unos meses por un juzgado y critica, entre otras cosas, que el ejecutivo regional declarase innecesarias las viviendas sin justificación para poder venderlas.

La sentencia, que ha sido adelantada por Eldiario.es, es una resolución muy esperada por los afectados de la venta de esta vivienda pública del entonces IVIMA al fondo Azora: en los últimos meses distintos juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital han fallado en direcciones opuestas, anulando algunos estas enajenaciones y otros avalándolas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso de la Comunidad de Madrid y del fondo y explica, como ya hizo el juzgado de primera instancia, que el ejecutivo regional no justificó de ninguna manera que esas casi 3.000 viviendas públicas hubiesen dejado de ser necesarias para poder venderlas por adjudicación. Las memorias nada dicen, destaca la sentencia sobre que "al menos, el 80% de las mismas se hallaban ocupadas, cumpliendo, por ello, la función para las que fueron adscritas" al IVIMA.

De la misma manera, los magistrados añaden que "se habría decidido la reducción del parque de viviendas pero no justificado la reducción de las necesidades de vivienda social de la población afectada", y rechazan, como dice la Comunida de Madrid, que un cambio de casero de este calibre no afecte de ninguna manera a los inquilinos de estas viviendas públicas.

Vía penal cerrada

La decisión del TSJM llega poco después de que un juzgado de instrucción de la capital haya decidido archivar la investigación penal contra los antiguos responsables del IVIMA en el momento de la enajenación: los afectados han recurrido la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid y están a la espera de esta decisión definitiva.

Ana Botella en una imagen de archivo / EuropaPress

La Justicia también tiene el foco puesto sobre la operación similar que acometió en su momento, bajo mandato de Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid con el parque de vivienda municipal: la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir la causa penal y el Tribunal de Cuentas ha obligado a los responsables a hacerse cargo del perjuicio causado a las arcas públicas.