Tras el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales del domingo pasado, las reuniones de los referentes económicos de su espacio se intensificaron durante la última semana, en donde empezó a tomar más cuerpo el modelo que planea seguir a partir del 10 de diciembre, enfocado esencialmente en recuperar el mercado interno y mantener el equilibrio fiscal pero con más impuestos y sin recortar el gasto público. PERFIL reconstruyó encuentros que esta semana tuvieron los economitas del gobierno electo con empresas grandes, pequeñas y medianas, donde adelantaron los siguientes ejes de la gestión de Fernández:

Una de las primeras medidas que se anunciarán será el regreso a la implementación de las retenciones móviles a las exportaciones del sector primario.

También se está definiendo el aumento del impueso a los bienes personales, con una alícuota diferencial para aquellos que ingresaron al blanqueo con inversiores en el exterior.

Está en estudio una nueva modificación de la escala en el impuesto a las ganancias en general, y se proyecta una mayor presión sobre las grandes empresas y holdings. Dentro de esa evaluación, se está analizando dejar sin efecto algunos aspectos de la reforma tributaria que promovió y se logró aprobar en 2017, que aliviaba los impuestos a sociedades. “Sin dudas hay que revisar algunos de esos aspectos, ya que no se cumplieron los objetivos y encima implicaron una caída en la recaudación”, afirmó una de las fuentes consultadas.

Se buscará forzar algunos cambios en impuestos para promover una baja de la carga tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas y que el costo sea compensado con mayor presión sobre las grandes firmas.

Se cambiará la forma de eliminación del IVA de la canasta de productos que resolvió el gobierno de Mauricio Macri después de las elecciones primarias. Se daría marcha atrás con la reducción general y la exención se implementaría para los beneficiarios de la Anses y también con el uso de la tarjeta de débito y crédito, pero ya no en forma directa, como es hasta ahora.

Con relación al mercado cambiario, se admite que el actual cepo continuará, pero se le agregarían algunas medidas adicionales, como aplicar un sobrecosto como pago a cuenta tributario en los consumos de las tarjetas de crédito y débito en el exterior, es decir, un esquema prácticamente igual al que se implementó entre 2012 y 2015.

Está decidido, también, que se impondrá una restricción de seis meses de inmovilidad al ingreso de capitales del exterior.

También se analiza la alternativa de modificar el esquema de encajes bancarios, con el fin de que una parte de ellos se oriente a los créditos subsidiados a las pymes. “El objetivo es recuperar lo antes posible el nivel de actividad económica”, resumen en el entorno del presidente electo, para lo cual habrá diversas líneas de crédito subsidiadas para las pymes y para el consumo.

A la vez, se analizan mecanismos para subsidiar el préstamo hipotecario y de consumo y, por el momento, no se piensa seguir trabajando con los tipos de crédito denominados UVA.

Se promoverá el desarme final de las Leliq, reemplazándolas por otro instrumento de regulación de liquidez, con tasas más bajas aunque por encima de la inflación.

Hay otras dos leyes que se impulsarán en el corto plazo: una nueva ley de alquileres, que aumente la carga tributaria sobre aquellos que posean más de dos propiedades y una norma sobre supermercados, la llamada ley de góndolas, para que haya más competencia de productos en los grandes puestos de venta.

Se está observando con profundidad el tema de las importaciones y para ejercer un mayor control se aplicaría de vuelta el sistema de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI).

Para los precios de los combustibles, se quiere echar mano a la opción que ya existe en la legislación actual, que permite variar el impuesto sobre el sector hasta en un 10% para amortiguar el impacto de cambios en el precio internacional del petróleo sobre el valor de las naftas.

Ejes. Se sabe que el gobierno electo trabajará sobre el proyecto de Presupuesto ya elaborado, que está en el Congreso, pero se le harán modificaciones con incremento de partidas para las áreas de Salud, Educación y Prestación Social y el aumento de algunos subsidios.

De allí es que se considera que el gasto público en 2020 podría tener una suba mayor que la prevista, aunque los asesores económicos de Alberto F admiten que los números del Presupuesto quedarán como una ventana abierta hasta tanto no se observe algún avance en la negociación de la deuda con el FMI y los acreedores privados.

Claro que todo este andamiaje se enmarcaría en un acuerdo económico y social al inicio de la gestión de Alberto F, que en principio sería por seis meses, para hacer un seguimiento y balance en mitad de año. “Todavía queda mucho por conversar pero se está avanzando”, dicen escuetamente sobre el acuerdo de precios y salarios, que en principio sería por seis meses y antes de la finalización se realizará un estricto control, explicaron las economistas ante los empresarios. El acuerdo incluiría topes a las paritarias también. En ese sentido, habrá congelamiento tarifario en ese período, en principio, lo cual implicará un aumento del gasto en subsidios.

Acreedores o FMI

El otro gran dilema que aún no encuentra definiciones en el Frente de Todos es el orden de prioridades con que se encarará la negociacioón con los acreedores. Por un lado, hay fondos de inversión que promueven un acuerdo rápido con los acreedores privados para luego cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la llamada de Donald Trump el viernes a Alberto Fernández y el mensaje de su secretario del Tesoro antes instando a negociar con el organismo hacen saber que crecerá la presión para que haya un entendimiento. Ahí estará una definición clave.