XALAPA, Ver. (apro).- En su último año de gestión, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa dejó de ministrar mil 488 millones 900 mil pesos a los 212 ayuntamientos de Veracruz, pese a que esos recursos eran –en su mayoría– del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), recursos federalizados en tiempo y forma por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el informe de resultados de la Cuenta Pública Consolidada 2016, alusiva al último año de gobierno de Duarte –en poder del reportero– se señala que la anterior administración incumplió con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los 212 municipios, agrega, tenían un importe programado por cinco mil 605 millones 700 mil pesos, de los cuales al cierre del ejercicio 2016 recibieron sólo cuatro mil 116 millones 800 mil pesos, con un importe aún pendiente de transferir por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por mil 488 millones 900 mil pesos.

“Los recursos federales se distribuyen a los municipios con base en el número de habitantes, el rezago social, índices de actividad económica, entre otros, por lo que se considera necesario continuar con las acciones encaminadas al abatimiento del rezago social en los municipios”, señala el documento del Órgano de Fiscalización, al ilustrar la afectación por la no ministración de esos recursos.

Tan sólo en municipios como Coatzacoalcos dejaron de ministrar 20 de 89 millones 900 mil pesos autorizados para obras de infraestructura social. En San Andrés Tuxtla, 46 millones 400 mil pesos no fueron depositados de un total autorizado de 154 millones 400 mil pesos. En Tantoyuca quedaron pendientes 62 millones 700 mil pesos de un monto global de 209 millones.

La insolvencia financiera de Veracruz y el desvío de recursos resultó lacerante para los municipios en el último año de gobierno de Duarte de Ochoa, quien solicitó licencia el 12 de octubre del 2016 para huir a Guatemala.

Por ejemplo, en Tihuatlán se dejaron de ministrar 27 millones de un total de 90 autorizados; en Ixhuatlán de Madero, 25 millones de 85 aprobados; en Veracruz, 33 millones de 110 admitidos y en Xalapa, capital del estado, 32 millones 800 mil pesos no fueron ministrados de un autorizado para obras de 119 millones 400 mil pesos.

Incluso, en Xalapa el gobierno de Américo Zúñiga, militante del PRI, reclamó vía demanda (FED/VER/XLPA/0001166/2016) un monto de 207 millones 27 mil 276 pesos por retención indebida de recursos del Fondo Metropolitano para infraestructura social municipal, proyectos de desarrollo regional y fortalecimiento financiero.

En la querella –en poder de Apro–, Zúñiga Martínez y su equipo jurídico ilustran que tan sólo del Fondo Metropolitano, el gobierno de Duarte les quedó a deber la totalidad del recurso federalizado, traducido en 126 millones 987 mil 393 pesos.

La desesperación edilicia por la insolvencia financiera orilló al mismo ayuntamiento a interponer una demanda de controversia constitucional por la ilegal e indebida retención del dinero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre del 2016.

Actualmente, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sólo ha depositado los pendientes que dejó su antecesor al ayuntamiento de Xalapa a “cuentagotas”. En cada reunión de alcaldes con la nueva administración continúa el reclamo de la administración pasada, pues hay obras de norte a sur que continúan paradas.