El informe hizo referencia no sólo a la situación de vulnerabilidad social hasta 2015, sino también a la incidencia de las políticas actuales en un nuevo estrato de pobreza Archivo

Aunque, en teoría, el nuevo informe de la UCA toma el período 2010-2015 para hacer un análisis de la situación socioeconómica de los argentinos y la necesidad de que haya una mayor inclusión, es significativa la advertencia de que hay más de un millón de personas en situación vulnerable, con empleos precarios, que caen o pueden caer en la pobreza sin ninguna contención por parte del Estado.

La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó la sexta edición del Barómetro de la Deuda Social, serie Bicentenario (2010-2016), llamado “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo con mayor equidad e inclusión social”. Estos informes realizados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) cobraron relevancia a partir de la falta de confianza en las estadísticas oficiales en temas centrales como pobreza, empleo y situación de la infancia en la Argentina. “La manipulación de las estadísticas públicas ejercida durante los últimos años constituyó un acto perjudicial para el cuidado de la calidad de vida de la población, así como para el funcionamiento pleno de la democracia”, dice Agustín Salvia, director de Investigación de ODSA, en la introducción al último informe de la UCA.

El trabajo registra “el estado de la situación social en la Argentina para el período 2010-2015 a partir de la Encuesta de la Deuda Social”. El “punto de partida para un nuevo ciclo económico”, en palabras de Salvia, es decir, qué carencias en derechos sociales y económicos tenía la población hacia fines de 2015 es: 4,4 millones de personas con riesgo de padecer hambre o con hambre; 7,9 millones sin la protección adecuada a la salud; 5,6 millones sin conexión a servicios básicos, 7,2 sin acceso a una vivienda digna, 7,4 millones sin la educación que necesita.

Lejos de la última cifra de desempleo del Indec, de 5,9%, el Observatorio estimó en 9,5 % el porcentaje de la Población Económicamente Activa desocupada.

Son las 6 dimensiones de la pobreza multidimensional que estudia el Observatorio, y que van más allá de la pobreza por ingresos. La pobreza multidimensional es padecida, según el informe, por el 47,7% de población, casi 20 millones de personas.

Con el visto bueno del Papa

Con la carta del Papa Francisco a monseñor José María Arancedo todavía fresca en el marco de la fiesta de San Cayetano, el pasado 7 de agosto, donde los creyentes piden trabajo o lo agradecen si lo tienen, vale recordar que fue el ahora pontífice quien dio su bendición al Observatorio cuando era el cardenal Bergoglio. En su carta reciente dijo que “seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos”.

Al respecto, el rector de la UCA, monseñor Víctor Manuel Fernández, contó que “el Papa no nos dice digan esto, digan aquello”, aunque sí mencionó que el Pontífice “varias veces lamenta que las ayudas y planes se prolonguen en el tiempo, ya que hay que crear fuentes de trabajo digno y que las transferencias de ingresos sirvan para transitar una crisis”.

Más pobreza

Desde el Observatorio se hizo referencia no sólo a la situación de vulnerabilidad social hasta 2015, sino también a la incidencia de las políticas actuales en un nuevo estrato de pobreza en la que se sumergen aquellos hogares de clase media baja y residentes en áreas residenciales medias y medias bajas; hogares del conurbano bonaerense y de las grandes áreas metropolitanas del interior y hogares con jefe sin secundario completo y empleo informal, entre otros.

Se trata de una población con una situación vulnerable pero no reciben asistencia por parte del Estado y quedan sin protección ante una variante económica negativa en su quehacer diario. Esta diferencia entre ser pobre, o no, representa solo un 10% de sus ingresos, es decir que con un 10% de pérdida del salario real se cae en la pobreza. “Es el sector invisible”, dijo Daniel Arroyo durante la presentación del informe, en la sede de la UCA en Puerto Madero.

En un adelanto del Barómetro que fue presentado el 1 de abril, se informó que a fines del 2015 el 29% de los argentinos estaban alcanzados por la pobreza, y que en el primer trimestre de 2016 se habían sumado 1,4 millones de personas, llegando entonces al 34,5% de la población, un total de 13 millones de personas. Este nuevo informe habla de un “dato preocupante que no dejó de ser una estimación conservadora”.

“Los precios siguieron creciendo antes, durante y después de la devaluación, y hubo poco respaldo del sector empresario de nuestro país”, dijo Salvia. Por otro lado, Fernández destacó que “lamentablemente hay empresas que dejaron de apoyarnos para evitar problemas”, pero que mantienen su independencia para poder hacer el informe sin presiones”.

Y José Nun, con ánimo provocador y en contra de la teoría del derrame por la cuela si a ls sectores mas ricos les va bien, hay un derrame de la riqueza sobre los sectores mas desfavorecidos, agregó que “el problema en la Argentina no son los pobres sino los ricos”, a modo, según sus palabras, de captar el ánimo de los presentes a las 9 de la noche.

Haciendo referencia a una transición actual hacia el reordenamiento de la economía, desde el Barómetro se dedican también a analizar desde el punto de vista socioeconómico los primeros meses del nuevo Gobierno y advierten que a partir de la escalada de precios en todos los rubros, no solo sufren quienes están en situación de vulnerabilidad extrema, que tienen algún tipo de ayuda económica o medidas de alivio por parte del Estado, sino también millones de hogares que subsisten gracias a trabajos precarios, pequeños comercios y empresas, cuentapropistas, emprendimientosfamiliares y también trabajadores eventuales, que no tienen ninguna protección social frente a la caída del consumo, el aumento de los precios, caída de la actividad y riesgo de despido. Son segmentos a los cuales “no llegan los aumentos por paritarias, ni tarifas sociales, ni aumentos en los programas sociales”.

Se trata de la clase media baja, que se constituye en los “nuevos pobres”, que, según dice el informe “emergen de medidas normalizadoras (también habla de medidas de ajuste) adoptadas por el actual gobierno”. Agrega que “es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

Salvia agrega como introducción al informe que se imponen, por ejemplo, preguntas como las siguientes. ¿Se están repartiendo con equidad los costos de la herencia recibida? ¿Existe un plan integral de emergencia que prevenga las injusticias que está generando la actual transición? ¿Son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres? Nuestras investigaciones muestran que a la actual matriz de marginalidad puede sumarse muy fácilmente una nueva capa de pobres si el supuesto derrame tarda más de lo previsto o llega tarde”.

También se refiere a funcionarios actuales que, a diferencia de otras épocas donde intentaron hasta ocultar datos y descalificar al Observatorio, “procuraron acceder a la información, comprender la problemática y no confrontar con los datos sino con las consecuencias de sus propias decisiones”.

En palabras del director del Observatorio, “este nuevo escenario está signado tanto por expectativas entusiastas como por temores y preocupaciones ciertas. Esto ocurre en el marco de un conjunto de decisiones en materia de política socioeconómica que tienen la intención de enfrentar tanto los desajustes heredados de la administración anterior, como crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento. En este marco, los desajustes sociales acumulados constituyen una herencia de mucho peso”.

Ante de la pregunta de LA NACION a Agustín Salvia sobre por qué no se había medido la pobreza este 2° trimestre del año, respondió que en ese primer trimestre de 2016 hubo un considerable aumento de precios sin que el impacto se viera amortiguado por aumentos por paritarias, aunque sí se vieron aumentos en asignaciones familiares, entre otras. “Durante este segundo trimestre ya hay aumentos de sueldo, pero también hay que analizar cómo reaccionaron los hogares en términos de estrategias. Entendieron que había que ajustar. Por otro lado, no hay pérdidas de empleo masivo, pero sí se perdieron empleos. Se podría decir que se agravó la situación por la recesión y el menor nivel de empleo mas inflación, pero también hubo medidas compensatorias, y habrá otras también”, sostiene Salvia.

Desde la UCA ya comenzó el nuevo relevamiento 2016. Con respecto al nuevo Indec, Salvia considera que “es confiable y valorable lo que están haciendo, aunque se requiere información estadística con más rapidez y riqueza”.

La “herencia”

Con respecto a los últimos años, “pese a las oportunidades extraordinarias que experimentó el país ningún cambio cualitativo tuvo lugar en materia de dejar instalada una senda sustentable de desarrollo con equidad social. La pobreza, la marginalidad y la desigualdad son actualmente más estructurales que hace veinte o treinta años” dice el investigador de la UCA. “Por otra parte, hace casi un lustro que la economía está estancada en materia de inversión y crecimiento, sin creación de buenos empleos, sometida a un desgastante proceso inflacionario, no menos generalizado desorden macroeconómico y un insostenible déficit fiscal.

Algunas cifras del período 2010-2015

A diciembre de 2015 el 6% de la población sufría indigencia extrema y, más ampliamente, entre el 24% y el 29% (según la fuente de datos que se utilice) se encontraba en situación de pobreza por ingresos. Asimismo, el 48% de los hogares urbanos del país –el 54% de la población– se encontraba afectado por al menos una de las formas que adopta la pobreza estructural: inseguridad alimentaria (15%), tenencia irregular o vivienda precaria (22%), falta de acceso a la red de agua corriente y servicios sanitarios (17%), padecimiento de enfermedades crónicas sin cobertura médica (20%), exclusión de la seguridad social (25%) o exclusión educativa (20%).

Las investigaciones muestran que más del 47% de los ocupados se encuentra desafiliado de la seguridad social, el 25% de la fuerza de trabajo está desocupada o realiza trabajos de indigencia y el 30% de los hogares necesita recibir algún programa social de subsistencia.

En materia de empleo, entre 2010 y 2015 se produjo un leve descenso de la proporción de empleo pleno de derechos. Se redujo la tasa de desocupación, pero aumentó el subempleo inestable. Hay una persistencia del empleo informal y “posibilidades limitadas al acceso a un trabajo pleno de derechos. 1 de cada 4 personas entrevistadas dijo que había experimentado una situación de desempleo en el último año.

Uno de cada tres encuestados no está debidamente registrado. En quienes trabajan por cuenta propia, 7 de cada 10 no realizan aportes jubilatorios. Desarrollan actividades de escasa productividad, muchas veces al límite de la mendicidad. Además 3 de cada 10 trabajadores no tienen cobertura de salud.

Los ingresos reales medios se muestran por debajo del costo de vida durante todo el período.

Entre 2010 y 2015 bajaron los indicadores de marginalidad, tanto de Inseguridad Alimentaria (IA) como de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Fuerte mejora de ingresos, pero descenso y amesetamiento entre 2012 y 2013 y nuevos retrocesos en 2014 y 2015 reales entre 2010 y 2011.

Las tasas de pobreza se redujeron entre 2010 y 2011, pero crecieron entre 2012 y 2015

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registra indicadores más positivos que en el resto del país.

En materia de capacidad de consumo y ahorro, el balance 2010-2015 es negativo. Para el 35% de los hogares urbanos, en 2015 su ingreso les resultaba insuficiente para satisfacer sus necesidades y patrones habituales de consumo. En 2015 solo el 14% de los hogares declaró haber tenido capacidad de ahorro.

Entre 2010 y 2015 aumentaron los programas sociales. A fines de 2015 alrededor de 3 de cada 10 hogares tenían una política social de empleo, transferencia de ingresos o un programa de asistencia alimentaria directa.

6 de cada 10 hogares en situación de pobreza reciben programas sociales.

En el período estudiado hay un leve efecto positivo de la inversión en materia de infraestructura urbana. De todas maneras, el 11,% de los hogares habitan en viviendas con tenencia irregular y el 12,3% en viviendas sumamente precarias. Hay un hacinamiento del 30% de los hogares situados en villas o asentamientos precarios.

En asentamientos precarios, 9 de cada 10 hogares no tienen acceso a la red de gas natural

19,4% de los hogares urbanos están en áreas cercanas a basural y casi el 40% cerca de espejos de agua contaminada. En 2015, la mitad de los hogares en villas y asentamientos precarios reside en viviendas que están cerca de los basurales. Uno de cada tres, cerca de industrias contaminantes.