Al menos 9 personas fueron detenidas en las últimas horas acusadas de integrar un grupo paramilitar denominado "Compañía de Reserva Teniente General Mohamed Seineldín", en homenaje al ex militar condenado por participar del alzamiento carapintada en 1988.

Fuentes oficiales informaron a Clarín que, en total, se realizaron 26 allanamientos en Córdoba, Mendoza, y Santa Fe por orden del juez Sergio Pinto. De los operativos participaron más de 500 efectivos de fuerzas federales y provinciales.

La causa se inició luego de una denuncia que realizó el propio Ejército argentino tras una investigación llevada adelante por la División de Inteligencia Antiterrorista (DIA).

Algunos de los elementos secuestrados durante los operativos.

El grupo mantenía una estructura similar al de una reserva del Ejército, con roles y jerarquías que imitan a las militares. La investigación conjunta entre la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Córdoba permitió identificar a los integrantes –algunos de ellos ex militares y un ex gendarme dado de baja en 1992- que acopiaban un arsenal de armas de fuego, uniformes militares, credenciales apócrifas e insignias, cascos, chalecos, armas de fabricación casera, máscaras de gas y una gran cantidad de municiones.



Además de los detenidos, se secuestraron armas de guerra y elementos y documentación apócrifa del Ejército. La banda contaba con armas de fuego, municiones, chalecos y uniformes, insignias y credenciales militares, máscaras de gas y armas de fabricación casera con las que realizaban ejercicios militares fuera de la ley.

Según las informaciones, el grupo "realizaba ejercicios de instrucción militar y utilizaba armas de fuego sin autorización". Los investigadores intentan establecer ahora si tenían vinculación con alguna fuerza política.

“Esta operación es el resultado del trabajo en conjunto y el esfuerzo que realizamos diariamente en investigación criminal. Esto nos permitió desbaratar esta organización armada y paramilitar, sus miembros están acusados de estafa, asociación ilícita y adulteración de documentos públicos”, sostuvo la ministra Bullrich

