El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, contrató en 2014 a personal ajeno sin estar debidamente formado para tramitar prestaciones por desempleo por valor de 1.369,6 millones de euros, según revela la auditoría de las cuentas del organismo público que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o pendientes de pago por concursos de acreedores.

El BOE publicó el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, las cuentas de 2014 del Fogasa. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de la auditoría de las cuentas del organismo público, deniega dar su opinión sobre las mismas, algo poco habitual en el caso de las auditorías de sociedades públicas, debido entre otras razones a esa contratación de personal ajeno para tramitar decenas de miles de expedientes.

El Fogasa arrastra una elevadísima acumulación de expedientes desde la anterior legislatura, aseguran desde Empleo

La IGAE explica que el Fogasa ha empleado "criterios dispares en el cálculo de prestaciones" y que esta situación se agravó por la activación del denominado proyecto Greta. Este consistió en la externalización de tramitación de expedientes de desempleo por parte del Fogasa a favor de la empresa pública Tragsatec, efectuada por tanto por personal ajeno "sin la experiencia necesaria ni la formación adecuada", denuncia la IGAE. Dicho personal se encargó de tramitar 148.260 expedientes que comportaron prestaciones abonadas por valor de 1.369,6 millones de euros, el 59,85% del total del gasto de prestaciones de 2014 (el pasado año se tramitaron en total 276.589 expedientes que supusieron un gasto por prestaciones de 2.288,59 millones de euros).

En su informe la IGAE explica que ha solicitado documentación al Fogasa relacionada con la regulación de la gestión de prestaciones, correos electrónicos comunicando diversas incidencias, manuales de trabajo, o justificación de la formación impartida a los empleados de Tragsatec. "Ninguna de esta documentación ha sido aportada o la aportada no reúne los requisitos necesarios para constituir evidencia suficiente", asegura el auditor de las cuentas del Fogasa.

Desde el Ministerio de Empleo se ha indicado a Vozpopuli que el Fogasa es un organismo que no se ha modernizado desde los años noventa y que arrastra una elevadísima acumulación de expedientes desde la anterior legislatura. El proyecto Greta, señalaron, fue una solución a ese atasco de expedientes, y su labor fue "adecuada".

La IGAE explica que las cuentas representativas de la gestión de prestaciones "se encuentran afectadas por la limitación al alcance basada en la inexistencia de normativa reguladora del pago de las mismas" y que ello se traduce "en la imposibilidad de este órgano de control para pronunciarse sobre el cumplimiento de la legalidad de las resoluciones de pago de prestaciones y la consecuente comprobación de los pagos realizados".

Una empresa de consultoría agrícola que afronta 610 despidos

La empresa que se encargó de tramitar el pasado año 148.260 expedientes para el Fogasa, Tragsatec, en el conocido como proyecto Greta, es una filial de Tragsa, que forma parte del grupo de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Tragsatec, acrónimo de Tecnologías y Servicios Agrarios, está especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícola, ganadera, forestal, medioambiental, de desarrollo rural o medio marino, sanidad y salud pública, según explica en su web. Está tutelado por el Ministerio de Agricultura y emplea a unas 4.500 personas

El Tribunal de Cuentas destacó en su informe el atasco de expedientes del Fogasa y la "carencia de medios humanos para tramitar las prestaciones"

La empresa pública, según denuncia hoy 30 de diciembre el sindicato CC OO, afronta 610 despidos avalados por sentencia del Tribunal Supremo del 26 de noviembre. El sindicato advierte que la compañía tiene intención de realizar todos los despidos antes de finalizar el próximo mes de enero y denuncia que Tragsatec cuenta con más de 143 millones de euros en reservas "conseguidos tras más de 35 años de beneficios consecutivos". Se trata "del mayor ERE efectuado en el sector público", aseguran en CC OO (en Tragsa está planteado otro ERE que afecta a más de 700 trabajadores).

Greta, denunciado también por el Tribunal de Cuentas

En enero de este año el Tribunal de Cuentas publicó su informe de fiscalización sobre la gestión de las prestaciones abonadas por el Fogasa en 2013, y en el mismo ya denunciaba la externalización efectuada por el organismo público para tramitar expendientes.

El Tribunal de Cuentas destacaba en su informe el atasco de expedientes del Fogasa y la "carencia de medios humanos para tramitar las prestaciones de garantía salarial". Entre las medidas que el Fogasa aprobó para paliar la situación de acumulación de expedientes, explicaba el Tribunal, "se encuentra una encomienda de gestión que el Fondo suscribió con una empresa pública [Tragsatec]".

El Tribunal de Cuentas manifiesta en su informe sobre la actividad del Fogasa en 2013 que dado que la práctica totalidad de las actividades que desarrollaba Tragsatec "estaban relacionadas con trabajos agrícolas, ganaderos y de protección de medio natural, y no con la actividad administrativa propia del organismo", desde el punto de vista de la legalidad vigente, "el Fogasa no debió realizar esta encomienda de gestión".

Además el TC denunció sobre las cuentas de 2013 del Fogasa que si la tramitación de los expedientes realizados por los empleados de Tragsatec la hubieran realizado los propios funcionarios del Fogasa "el importe abonado a éstos hubiera ascendido a 274.281 euros, frente a los 3,26 millones de euros de la encomienda de gestión".