Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El Secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, reconoció que el General de Brigada de la zona militar de Tlatlaya, José Luis Sánchez León, intervino para que personal de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) demorara su llegada al lugar donde 22 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

“[El General] nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro y que había por ahí alguna posibilidad de que hubiesen más personas en el trayecto de Toluca, hacía Tlatlaya y que pudieran tener algún riesgo los funcionarios de la Procuraduría de Justicia”, dijo esta tarde el funcionario del Estado de México en comparencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Camara de Diputados.

Sin embargo, Manzur Quiroga relató que el mismo General pidió el apoyo de peritos y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El Secretario de Gobierno refirió que la mayoría de las 22 víctimas de la matanza eran originarias de Guerrero, estado colindante con el Estado de México.

En cuanto a la indemnización a las tres mujeres sobrevivientes, cuya situación jurídica pasó de testigos a víctimas, dijo que el gobierno estatal ya tiene listo un fideicomiso para realizar los pagos.

“Por lo que corresponde al Estado de México nosotros tendríamos que indemnizar, en caso de que así se determinara a las tres mujeres, que repito, el Estado de México, la Procuraduría, les cambió la situación jurídica de ser testigos a ser víctimas, fuimos los primeros que pensamos que estas personas pudieran ser víctimas. Estas personas en el momento en que se determine la cantidad de la indemnización, el Estado de México tiene listo un fideicomiso para hacer los pagos correspondientes”, dijo José Manzur.

El 30 de junio de 2014, se registró un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejó como saldo 22 muertos.

Luego de los hechos, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.

En septiembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.