Pablo Iglesias insinúa una y otra vez que se nacionalizarán sectores económicos. EFE

El artículo 128 de la Carta Magna que esgrime Iglesias para insinuar la expropiación de sectores no es una patente de corso del Gobierno, aunque haya estado de alarma. La Ley Fundamental garantiza la propiedad y la economía de mercado.

Que no se asuste el vicepresidente. Si mañana llegara a la presidencia del Gobierno de España un cafre, Dios no lo quiera, que se empeñase en expropiar la bonita casa familiar de Pablo Iglesias en Galapagar apelando al artículo 128 de la Carta Magna, la propia Constitución se lo impediría.

Afortunadamente esas arbitrariedades sólo son posibles en regímenes totalitarios que distan bastante del modelo de sociedad que desde hace más de 40 años disfruta España. Por mucho que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se empeñe; el artículo 128 de la Constitución, ese que dice que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", no es una patente de corso para que el Ejecutivo pueda nacionalizar empresas, ni siquiera aunque esté declarado el Estado de alarma.

El artículo 128 no tiene nada que ver con el ¡exprópiese! con el que Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, también en nombre del interés general, fundieron la economía de Venezuela hasta dejar a millones de ciudadanos en la más absoluta miseria y desamparo.

En una sociedad democrática avanzada como la española y en una Constitución que consolida una economía de mercado, el artículo 128 da capacidad a las Cortes, no al Gobierno, para regular sectores de la actividad en situaciones extremas. Pero siempre respetando los procedimientos y derechos fundamentales de los propietarios, recogidos en otros artículos.

El artículo 33 de la propia Carta Magna, donde se recoge el derecho a la propiedad privada, que no puede ser vulnerada. Si hubiera que expropiar debería ser por causa justificada y el Estado debería indemnizar al propietario. En ningún caso el artículo 128, como está insinuando irresponsablemente el vicepresidente, sirve para cambiar las bases del sistema e instaurar una economía planificada aprovechando el río revuelto.

Pablo Iglesias, para hacerse acreedor del título de adalid del interés general, suele repetir una y otra vez, como si fuera un eslogan, que él defiende los intereses de la gente, ignorando que detrás de cada empresa, de cada banco o de cada sector de actividad en este país lo que hay es gente. Accionistas, inversores, trabajadores, proveedores y otros muchos cuya propiedad está protegida como derecho fundamental en el citado artículo 33 de la Constitución y en el artículo 38, en el que se reconoce la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser protegido por los poderes públicos como recoge la propia Carta Magna. El "exprópiese" con el que sueña el vicepresidente, conjuga más con una comedia histriónica de Sacha Baron Cohen, que con el relato propio de una democracia avanzada como la española.

Cualquier intervención como las que avanza el vicepresidente estaría convenientemente fiscalizada en varios frentes. En primer lugar tendría que plasmarse en una ley que requeriría la aprobación de las Cortes. Y lo cierto en estos momentos es que un líder con 35 diputados tiene poco que hacer. Nadie cree que el PSOE pueda apoyar esa deriva, sobre todo cuando alguno de los grupos que da apoyo al Gobierno como el PNV ha tomado distancia a raíz del descalabro que va a provocar en la economía vasca la mala gestión de la crisis llevada a cabo por el Ejecutivo. Aun así son muchos los que afirman que las salidas de tono de Iglesias dañan la credibilidad de España ante los agentes internacionales que van a tener capacidad de decisión sobre el futuro de este país y que no distinguen bien si el vicepresidente se está dirigiendo a sus acólitos o si es un portavoz autorizado de este Gobierno. La fiscalización de Europa es también importante. El propio Iglesias ya tuvo que renunciar hace meses a meter sus manos en Bankia, cuando las autoridades europeas le recordaron que eso no estaba a su alcance. La pretensión del vicepresidente Iglesias de ganar protagonismo para que su grupo no quede diluido en el Gobierno no supera, de momento, la puesta en escena, aunque muchos juristas empiezan a preguntarse si hay algo más detrás de la actuación. Se empieza a temer que el Gobierno pueda estar utilizando el estado de alarma como cortina de humo para erosionar otros derechos básicos como la libertad de información o de movimiento de las personas. "Es fundamental estar alerta. Que las Cortes estén en su sitio", dicen algunas fuentes.

En lo económico, la vicepresidenta Nadia Calviño se ha encargado de matizar el afán intervencionista de Podemos en los decretos para que, de momento, no salten las alarmas. La letra pequeña de los textos, aunque bastante caóticos, está siendo relativamente garantista con los principios de una economía de mercado, incluidos los derechos de los propietarios. Algo que, a medida que avance la crisis, provocará un inevitable choque en el seno del Ejecutivo. Pero no habrá nacionalizaciones porque el canario en la mina que representa Calviño sigue piando.

Durante la Gran Depresión americana, Stalin vislumbró la posibilidad de superar a Estados Unidos. Construyó y difundió por toda la Unión Soviética el eslógan Dogonim y Peregonim Ameriku (alcanzaremos y superaremos a Estados Unidos). Hizo que todas las máquinas de las fábricas del país inscribiesen las siglas DIP para que los obreros tuvieran presente aquel objetivo. Ni siquiera en aquel momento lo consiguió. Para producir más no servía la voluntad de un hombre, aunque estuviese borracho de autoestima. Era la libertad y la iniciativa de todos y cada uno las que obraban el milagro. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1989, Estados Unidos acudió al rescate. Algún vicepresidente se perdió esa parte de la historia y amenaza con repetir los errores.