En una medida insual, el Gobierno recurrió al Homeland Security (el poderoso ministerio del Interior de EE.UU.) para conocer los datos personales de un grupo de tuiteros que apoya al suspendido fiscal José María Campagnoli. Lo hizo a través de un pedido de cooperación judicial cursado por la Cancillería, en el marco de la ofensiva kirchnerista contra el primer fiscal que investigó a Lázaro Báez.

El pedido de cooperación se conoció cuando un grupo de tuiteros recibió el 16 de junio una solicitud del departamento legal de la empresa Twitter basada en San Francisco por orden del Homeland Security (Ver facsímil), informaron fuentes judiciales. Este ministerio tiene en su jurisdicción las agencias de seguridad de EE.UU. y fue creada luego de los atentados terroristas a las Torres Gemelas en el 2001.

El proceso comenzó en enero cuando la fiscal Cristina Caamaño, que coadyuva en reemplazo de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, hizo una denuncia contravencional por hostigamiento contra un grupo de tuiteros. Miembros del equipo de Campagnoli, a su vez, hicieron una denuncia penal contra Caamaño por abuso de autoridad.

Luego la fiscal Daniela Dupuy impulsó una causa en su fuero -es el que investiga los ruidos molestos, por ejemplo- y solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, Walter Bernal, que arbitre “todos los medios a su alcance” para recabar datos de los tuiteros denunciados. Se trata de @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @andres uno (1) a cinco (5) días de arresto ”.

Al recibir el pedido de Twitter, Andrés Rimoldi presentó, con el patrocinio de la abogada Daniela Portino Gonzalez, un recurso de hábeas corpus porque el pedido de Twitter no estaba ordenado por ningún juez argentino. Pero la Cámara del Crimen desestimó el pedido porque escapa a la órbita argentina.

Portino dijo a Clarín que hizo una presentación ante la embajada de EE.UU. y se paró la investigación. La abogada quiso dejar en claro que “consideramos que tanto la fiscalía contravencional, como la Embajada de EE. UU.y el Homeland Security procedieron de buena fe ”. Fuentes de la embajada norteamericana consultadas por este diario no hicieron comentarios.

Las críticas de Portino están dirigidas al gobierno argentino por haber violado “cuestiones tan sensibles como la intimidad y la libertad de expresión de las personas”.