La señora María ve sorprendida cómo, después de dos días, trabajadores de la tienda “Los Barateros” siguen sacando escombros. Ropa quemada hecha casi cenizas, que de colores alegres tienen un tono negro y huelen a carbón quemado. El olor es tan intenso que hace toser. Se le escapa una lágrima: “¿Es que por qué no fue Aurrerá, por qué no aquellas grandes empresas?, ¡Había ropita de 30 pesos!”.

El edificio rosado de tres pisos —en que se lee aún el nombre “Los Barateros”, con su logotipo, un águila sosteniendo un pantalón que parece de mezclilla en la pintura— se consumió casi por completo. Se observan las ventanas color azul cielo, pintadas de negro. Entre las cenizas, los empleados de la tienda —cuyo dueño, Waldo Díaz Vázquez, regalaba ropa a comunidades sin ser político— sacan prendas y las dan.

Desde el sábado antes de las 21:00 horas cuando Protección Civil reportó el siniestro hasta hoy, hay mensajes, sobre todo en redes sociales de lo ocurrido. Gente cuenta de forma anónima que ése no fue un incendio casual, sino provocado, el mismo Waldo narró lo ocurrido: hombres armados entraron al almacén de tres pisos, amenazaron a todos que salieran e incendiaron con gasolina.

Son días complicados para la clase empresarial que se organizó para pedir una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque no pueden seguir al acecho del crimen organizado. La situación tiene que cambiar. Esta vez fue Waldo Díaz, pero se preguntan: “¿Quién sigue y bajo qué circunstancias?”. Chilpancingo está secuestrado, suelta un propietario de forma anónima: “¡Estamos hartos!”.

Los empresarios que han tenido que marcharse de Guerrero o están aquí con temor, y guardan con paciencia hasta el día que todo cambie, esperan con seriedad una respuesta.

Carros de volteo ubicados cerca de la avenida Insurgentes, una de las más concurridas de Chilpancingo a pocos metros del mercado central y del zócalo, recogen y recogen ropa hecha cenizas. Aún está visible el mensaje en una pared: “Bienvenidos con sus amigos de siempre, los embajadores de los precios justos”.

María, como mucha gente está conmovida, porque aquellos armados no sólo se metieron con Waldo Díaz, quien no ha precisado si fue amenazado previo al evento, sino con la clase obrera de la capital, gente que puede comprar playeras de 30 pesos y pants en 100, y espera a diciembre a que salgan los saldos de regalo que desde hace 13 años regalan allí. El empleo de al menos 50 personas está en riesgo.

Waldo relató que unos 20 hombres armados, sin capucha, irrumpieron con violencia a su negocio para exigir a mentadas de madre que todos se salieran. Estaban alterados y en cualquier momento podían disparar. Los trabajadores y los clientes salieron. No saquearon ni quisieron llevarse efectivo, iban a lo que iban a incendiar y dejar reducida a nada la tienda. Una testigo contó que los hombres llevaban consigo granadas de fragmentación y que todos prefirieron salir corriendo antes de morir. Las armas que portaban eran largas, AK-47 y R-15. Había niños y ancianos. Las luces de adentro nunca se apagaron hasta que el fuego lo consumió todo.

Ese día el titular de Protección Civil municipal, Gustavo Vela Guevara, dijo que el incendio pudo ocurrir por un cortocircuito en la tercera planta del edificio, pero hasta ahora no hay nada claro. El gobernador Héctor Astudillo dijo al respecto que instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar las razones.

Voluntarios y trabajadores, llenos de cenizas en las manos y ropa, limpian los escombros y tiran a la basura lo que fueron calzones, mandiles y playeras de personajes de Disney. La calle 18 de julio, que baja de la avenida Insurgentes donde está el edificio rosado-quemado sigue vigilada por efectivos de la Fuerza Estatal.

En la calle Miguel Alemán que baja directo de la rampa donde se entra al zócalo de Chilpancingo hay al menos 20 cortinas de negocio abajo. Algunas dicen se renta, otras se observan abandonadas. Son las 14:30 horas y el panorama es similar en Ignacio Ramírez, otra calle del centro. En la capital, el cierre de negocios y huida de propietarios de negocios por violencia se triplicó, reportan cámaras empresariales.

Adrián Alarcón Ríos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) cuyo negocio familiar comenzó hace 47 años, dice que todo ha cambiado de tres años para acá. No sólo han bajado las ventas, que en su caso y en el de los agremiados a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) han disminuido 30%, el único negocio que ha crecido hasta 1500%, asegura, es el de la muerte: funerarias, capillas, pago a pastores y sacerdotes.

“Hemos tenido que cambiar hábitos familiares, yo estoy pensando seriamente irme con mi familia… mi negocio está blindado, hay unas 50 puertas aceradas, cámaras de seguridad, circuito cerrado, algunos empleados están armados porque han preferido defender su vida y sus empleos de ese modo”, relata en su oficina el empresario, víctima ya de delincuencia, que cuenta con medias cautelares.

Relata que a su negocio fueron hombres armados buscándolo a él y a su contadora, pero al no encontrarlo le rompieron los dientes a su velador y tuvo que redoblar medidas de seguridad. Tanto él como Víctor Ortega, dirigente de la Canaco que agrupa a al menos 600 pequeños comerciantes, reportan unos 200 negocios cerrados por el incremento de violencia.

Ambas cámaras están decepcionadas de la actuación de las autoridades y la falta de coordinación. Tan sólo en el primer semestre del año, situación que admiten se ha mantenido estable, les han reportado 54 empresarios secuestrados. La mayoría no denunció su situación a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque hay desconfianza y temor a represalias. “Nos hacen denuncias, asaltos, confidencias, asesinatos más que el Ministerio Público, por mucho”.

Algunos empresarios a pesar de que han pagado su rescate, fueron encontrados muertos días después o meses.

Hay dos vertientes de cómo se da el éxodo de propietarios de empresas en Chilpancingo: algunos, cuenta, se han ido a estados como Morelos, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato. Cierran sus negocios, se llevan a sus familias o sacan a sus seres queridos y a distancia mantienen sus empresas. Insiste en que es difícil que alguien vuelva a empezar y más aún que haya alguien con liquidez de comprar casas y adquirir el traspaso de una empresa. La economía está frenada.

Para ellos la seguridad se ha convertido desde 2013, en un impuesto más, de acuerdo con sus cifras, tienen que gastar al menos 16% del total de sus ganancias al año en guardias privadas y en equipos de comunicación. Hay una empresa sueca, comenta, que hizo un estudio a sus socios de Chilpancingo: “es impresionante que la mayor aspiración sea irse de aquí”.

Coparmex ha bajado de un padrón de casi 400 agremiados a 235, que con valentía y porque piensan que ante la situación de más de mil 500 homicidios en Guerrero en lo que va del año, la pugna de al menos tres cárteles del narcotráfico: Los Ardillos, Los Rojos y el Cártel de la Sierra, según autoridades, ellos han quedado como toda la ciudadanía en medio y no hay garantías para que la ola se detenga.

Víctor Ortega, quien relata la situación de Canaco al mismo tiempo que Coparmex, precisa que han dado opciones al Ejército, a la Policía Federal y a la Fuerza Estatal pero no les atienden. En el caso de la 35 zona Militar propusieron la implementación de cinturones de seguridad para resguardar la ciudad y ya ni siquiera son llamados para ver cómo va esa propuesta.

Según el empresario, han propuesto la zonificación de presencia militar para inhibir y perseguir a la delincuencia. La idea era que los 119 policías que hay en la capital resguardaran el primer cuadro de la ciudad, los cuatro barrios tradicionales; el segundo círculo el Ejército, resguardar las 20 colonias más conflictivas de norte a sur, poniente-oriente. Y las nueve salidas que hay en la capital. Nada, a pesar de que han insistido, se ha realizado.

Y es que en Chilpancingo toda la gente conoce a una víctima de violencia. Este sector no es la excepción. Apenas el 4 de abril pasado fue asesinado afuera de su casa el líder comerciante del mercado “Baltasar R. Leyva Mancilla”, Juan Serrano Moreno, en la colonia Guerrero 200 al sur de Chilpancingo. El crimen ocurrió después de que Serrano denunciara el secuestro del mercado por parte de la delincuencia organizada.

La gente de este ramo no quiere opinar de inseguridad, mucho menos en sus negocios, coinciden Ortega y Alarcón que con la creación de la Fiscalía Especializada en el sector económico que está a punto de crearse podrán recibir más atención y dar seguimiento a sus casos. Es sólo una esperanza que no garantiza nada.

Waldo Díaz no comió hasta el lunes porque no tiene muy claro qué hará. Sus empleados, fieles, prefieren no opinar de los hechos y remueven como hormigas obreras hasta el último escombro. “Tenemos que limpiar y continuar”, comparte uno; otro, voluntario, asegura que está allí para “ayudarnos a todos”.