Si algo ha caracterizado el primer año de Gobierno de Cristina Cifuentes es que la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP de Madrid ha mantenido un discurso firme contra la corrupción. Tolerancia cero. Ha mostrado mano dura cuando tocaba (ahí están las destituciones en el Canal de Isabel II tras publicarse las irregularidades en las filiales de Suramérica) y ha intentado trasladar a la opinión pública que su política se basa en la transparencia y la regeneración, presentando incluso un paquete de medidas que tiene que negociar ahora en la Asamblea de Madrid, y un código ético para sus diputados y cargos públicos.

Un discurso muy medido que ha evitado dar pasos en falso. Hasta este jueves, cuando Cifuentes decidió organizar un acto de partido con militantes y simpatizantes en Colmenar Viejo, un pueblo de 47.000 habitantes de la sierra norte madrileña. El anfitrión del acto fue Miguel Ángel Santamaría Novoa, regidor del municipio y procesado por el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo. De hecho, La Fiscalía Provincial de Madrid ya ha solicitado, en su escrito de acusación, 3,6 años de prisión para Santamaría; para su antecesor en el cargo, José María de Federico Corral, y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales en los últimos 10 años. También pide para todos ellos 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.200 euros. Todos los procesados forman parte de la actual cúpula del PP en este municipio. Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía de Medio Ambiente interpuso una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística. Tras la instrucción, y en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal rechazó los recursos de los imputados, ya ha pedido la apertura de juicio oral y ha acusado a Santamaría y al resto de su equipo de "auténtica apología de la prevaricación".

La Fiscalía relata que "los miembros integrantes de las sucesivas juntas de gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo en los últimos 10 años se pusieron de acuerdo para otorgar de forma muy reiterada licencias urbanísticas, específicamente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, pese al incumplimiento de la normativa urbanística, puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, consintiendo el mantenimientos de dichas irregularidades urbanísticas". A la Fiscalía han llegado de momento 36 denuncias anónimas, aunque el alcalde siempre defendió que se trataba de ataques de un grupo de funcionarios del Consistorio.

Una de las denuncias salpica al edificio donde está la sede local del PP. El 9 de octubre de 2006, la junta de gobierno local concedió la licencia de primera ocupación del edifico que ocupa las calles Matadero Viejo y Olivar. Las obras tenían "informes técnicos y jurídicos desfavorables porque los trabajos no se ajustaban al proyecto con el que se concedió la licencia". Aun así, la junta decidió concederla. Cifuentes organizó el acto en esta sede bajo sospecha, presidiendo la reunión un viejo retrato de Manuel Fraga.

La gestora del PP de Madrid aprobó su código ético en marzo de este año, que según su reglamento "será de aplicación a los miembros de la Comisión Gestora, Presidentes y Secretarios Generales, Locales y de Distrito, en la comunidad de Madrid". Miguel Ángel Santamaría es el presidente del PP de Colmenar. El código obliga a dejar el cargo si se "es investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social".