"Todos los Gobiernos son de coalición: de un lado, el ministro de Economía y Hacienda; del otro, el resto", cuya "función es gastar". La frase aparece en las memorias del que fuera ministro de Economía hasta 2009, Pedro Solbes (PSOE). Publicado en 2013, y por tanto en plena crisis, como todas las autobiografías el tomo tiene mucho de justificación y descargo de responsabilidad: el que fuera comisario europeo de Asuntos Económicos y también jefe de Economía en los gobiernos de Felipe González se limpiaba las manos ante las acusaciones de sus padrinos neoliberales, que achacaron el aumento del déficit y de la deuda pública durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero a imprudentes decisiones de gasto social. Yo estaba ahí y firmé los decretos, viene a decir Solbes, pero sin mí podría haber sido mucho peor.



Gris como la biografía política de este economista del Estado, el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) reúne los méritos para que Solbes pueda pasar las puertas de un supuesto cielo de políticos neoliberales. Desde que el ministro de Economía impusiera su creación en 2004, los diferentes subsidios por desempleo en todo el territorio estatal, y un disperso catálogo de ayudas de emergencia, rentas de subsistencia y servicios autonómicos y municipales, no reflejan las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ocurrirá lo mismo con los planes del actual Gobierno de coalición, que quiere ir elevando el SMI al 60% del salario medio español para el final de la legislatura hasta los 1.100 o 1.200 euros mensuales.



Parados de larga duración que han agotado la prestación por desempleo, jornaleros en paro, solicitantes de justicia gratuita, perceptores de ayudas autonómicas por extrema necesidad, de vivienda pública o de ayudas al comedor escolar son los variopintos afectados por este “daño de Solbes”, el indicador que apenas ha subido cinco euros desde 2010 y lleva congelado en 537 euros desde hace tres años. Un hermano gemelo, tacaño y pobretón del SMI que se ha quedado atrapado en el tiempo. Concretamente en el año 2006, cuando el salario mínimo estaba en los 540 euros mensuales.

“Lo más sangrante del IPREM son los subsidios [por desempleo]”, señala Hontanares Arranz, trabajadora social madrileña y miembro del colectivo Marea Básica contra el paro y la precariedad. La cuantía de estas ayudas no contributivas, explica, depende directamente de este indicador. Y puede ser peor porque además los servicios públicos de empleo “ni siquiera tienen en cuenta el 100% de un índice congelado desde hace tres años”, sino porcentajes menores. Es lo que sucede con el subsidio y la renta agraria que cobran cerca de 200.000 jornaleros en Andalucía y Extremadura (desde el 80% del IPREM) o con la Renta Activa de Inserción o RAI (el 75%).



Una perceptora de esta última ayuda (son abrumadoramente mujeres) puede cobrar aún menos si su último contrato ha sido a tiempo parcial: a 402 euros que le corresponderían de RAI se le pueden restar porcentajes equivalentes a la disminución de jornada. “Yo he visto prestaciones de este tipo de a lo mejor 50 euros al mes”, se lamenta Arranz. Además de las perceptoras de renta y subsidio agrario, en noviembre casi 1.100.000 personas eran beneficiarias de subsidios de desempleo.









La varita mágica neoliberal

Aquello que preocupó tanto a Solbes en 2004 no llegaría a concretarse: la brutal destrucción de empleo durante la Gran Recesión española se llevó por delante la promesa hecha por Zapatero a los sindicatos y al electorado de situar el SMI en 800 euros. Aún con el subsidio desvinculado de las tímidas subidas del SMI por la varita mágica de Solbes, el gasto por desempleo sería, junto con los intereses de la deuda, el monstruo de dos cabezas que disparó el déficit español: llegaría a alcanzar los 34.000 millones de euros en 2010.

Nueve años después la mayoría de perceptores de ayudas de los servicios públicos de empleo (el 53% en noviembre) lo es del sistema de subsidios no contributivos, y por lo tanto está sujeto al peculiar techo de gasto que tuvo que aceptar en 2004 el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a cambio de las subidas del SMI. Además de la bajada del paro y de que en torno al 40% de desempleados no cobre prestación ni subsidio, el IPREM es una de las causas de que hasta 2019 el gasto en desempleo se haya situado por debajo de los 18.000 millones anuales.

El ataque del Gobierno del PSOE a uno de los llamados estabilizadores automáticos (como se conoce en economía a las medidas que favorecen un mayor gasto en momentos de recesión) pasó desapercibido en la España de la burbuja, aunque sus efectos comenzaron a notarse antes de que el paro de larga duración multiplicara a los perceptores de subsidios. Desde su creación, el IPREM es utilizado por ayuntamientos y autonomías de todo el Estado para fijar un umbral de acceso a convocatorias de vivienda pública, ayudas de emergencia social (como el pago de alquileres o de comedor escolar) o solicitudes de justicia gratuita; o directamente para calcular la cuantía de sus propias prestaciones asistenciales dirigidas a hogares en situación de necesidad.

El IPREM es una de las causas de que hasta 2019 el gasto en desempleo se haya situado por debajo de los 18.000 millones anuales

Nati Casanova lleva 25 años como trabajadora social en San Sebastián de los Reyes, un municipio al que define como “rico”, limítrofe con los distritos del norte de Madrid. Dentro de las ayudas que muchos ayuntamientos madrileños engloban como de emergencia social, “en descuento del alquiler o hipoteca”, dice Casanova, éstas no permiten descontar más del IPREM al calcular la renta per cápita familiar que da acceso a las ayudas. Esta se encuentra fijada en 350 euros al mes en San Sebastián de los Reyes: por encima de ese cálculo no hay derecho a ayudas. Así, una unidad familiar de tres personas con ingresos totales de 2.000 euros al mes no entraría: paguen el alquiler que paguen, en el cálculo solo se les descuenta la parte equivalente a este indicador. “El problema es que estos criterios no se ajustan del precio de la vivienda real, descuentas el IPREM pero quién encuentra un alquiler por 500 y pico en Madrid”, señala.

Para Arranz, aunque la congelación del IPREM “significa que hay cada vez menos personas que al ver incrementados sus salarios pueden acceder a ciertos servicios”, su impacto fuera de los distintos subsidios de desempleo es “bastante relativo”. Al ir acompañado de multiplicadores, “al final se amplía bastante el margen de personas que entran”, explica. Por ejemplo, otro tipo de ayudas al alquiler, esta de la Comunidad de Madrid, sitúa el límite de ingresos del hogar en 3 veces el IPREM, lo que equivaldría a 22.000 euros anuales de ingresos por hogar. Y el tope puede subir hasta el 7,5 veces del indicador según el número de personas de la unidad de convivencia. En las solicitudes de justicia gratuita (un recurso básico, por ejemplo, en cualquier procedimiento por desahucio), dice Arranz, “sí son un poco más rácanos”: 2,5 veces el IPREM en un hogar de tres personas, o lo que es lo mismo: los hogares de ese tipo con ingresos mayores a 18.826 anuales brutos no pueden acudir al turno de oficio.

“No puede ser que en estos diez años no haya cambiado ningún indicador económico para las ayudas sociales”, señala Roger Civit, director de la Taula d´Entitats del Tercer Sector de Catalunya. Esta comunidad autónoma dispone desde 2006 de su propio indicador paralelo al IPREM: el IRSC (Indicador de Renta de Suficiencia). La referencia lleva 10 años congelada en 664 euros: como su equivalente estatal, no está atada a criterio objetivable alguno para su actualización más allá de la voluntad de los respectivos legisladores al hacer las cuentas anuales. Esto provoca, según destaca Civit, que las cerca de 124.000 beneficiarias (de las cuales 79.839 son titulares directas) de la Renta Garantizada catalana estén “por debajo del umbral de la pobreza en Cataluña”. Del resto de rentas asistenciales autonómicas, solo la vasca, la valenciana y la madrileña tienen el SMI como referencia, y ni siquiera en su totalidad: el 88% en el caso de la RGI vasca, el 70% para la valenciana y el 100% para la RMI madrileña, esta última solo en su tope máximo (la ayuda básica es de 400 euros). En el conjunto del Estado, 293.302 personas eran titulares en 2018 de las distintas rentas autonómicas de subsistencia, en su mayoría referenciadas (explícitamente o implícitamente) al IPREM. En total, el número de beneficiarios, contando los miembros dependientes de la persona titular, alcanzaba las 679.180 personas.





El palo y la zanahoria

Además de cuadrarle las cuentas al Estado, este tipo de índices pueden tener otros efectos. En Andalucía y Extremadura, donde el latifundismo y la mecanización han creado un problema de desempleo estructural entre los jornaleros, el jornal “es un sistema opresor para los trabajadores, porque el empresario tiene el poder de decir quién cobra [la renta o subsidio agrario] y quién no”. Lo dice Diego Cañamero, veterano miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y autor de una propuesta de ley de Unidas Podemos para dignificar el sistema de ayudas a los trabajadores del campo.

La propuesta quiere que esos cerca de 200.000 jornaleros en paro vuelvan a recibir sus ayudas con referencia al SMI a través de un solo subsidio. De los dos existentes, el subsidio agrario va siendo desplazado por la renta agraria, de requisitos más estrictos (hay que haber completado 35 peonadas en el año anterior para cobrar la cantidad más mínima). “La clave es que con cero jornadas tengas derecho al 75% del SMI”, resume Cañamero. Con ello se evitaría que los jornaleros aceptasen cualquier condición para poder sumar jornales con los que cobrar la ayuda.



“Es un sistema absurdo y habría que eliminarlo”, comenta Hontanares Arranz sobre el IPREM. Para su colectivo, Marea Básica, la referencia más lógica debería ser el umbral de pobreza, fijado en 738 euros al mes, a los que se añadiría un 50% por cada miembro mayor de 14 años, y un 33% más para cada miembro menor de 14. “Es más lógico, porque es un indicador que tiene en cuenta los miembros que tiene una familia, y que ya tiene adaptaciones hechas para esas cuantías, y está publicado”, explica.

El acuerdo de investidura entre PSOE y UP menciona que actualizará el IPREM y que creará una base objetiva para hacerlo. Pero en lo básico, mantendrá lo que para Arranz es “un pacto para dejar fuera de la economía, en una situación de pobreza por decreto, a la mayor parte de la población trabajadora que no encuentra empleo”.



