19/06/2019 17:20

Las prácticas de corrupción en el periodismo no son objeto de indagación por parte de los medios de comunicación que, sin embargo, no cejan de exigir transparencia a algunos partidos y líderes políticos, a ciertos magistrados del poder judicial, a varios sindicalistas y, más recientemente, a una parte del empresariado. ¿Es posible sostener campañas públicas contra la desinformación que invocan la responsabilidad editorial por parte de empresas periodísticas que no revisan sus procedimientos y conductas?

El año pasado, Hugo Alconada Mon, periodista laureado por sus investigaciones, publicó La raíz de todos los males, un libro que fue éxito de ventas, en el que recorre todos los ámbitos y poderes del país cimentados sobre un entramado de corrupción, desde el ámbito judicial hasta el financiamiento de la política. Dedicó un capítulo entero al periodismo, concebido como una de las aristas del problema, y describió una historia de acusaciones cruzadas, pagos en negro de empresarios y funcionarios por silencios o promociones de dudoso valor noticioso. Mientras difundía su libro, repitió, sin dar nombres de colegas, que Macri pagó más de 40 mil dólares por una entrevista y, también, que la compra de periodistas es el segundo ítem más caro de una campaña electoral.

La denuncia, vertida en unos de los libros más vendidos de 2018, no generó repercusiones en los nombres pesados de los medios de comunicación, más que alguna especulación e indignaciones que se perdieron en discusiones en redes sociales digitales.

Casi un año después, el caso D´Alessio dirigió las miradas hacia Daniel Santoro, periodista de Clarín, autor del libro El mecanismo –denuncia sobre el circuito de la corrupción kirchnerista-, uno de los fundadores de FOPEA y ganador de premios a nivel nacional e internacional. El circuito de provisión a los servicios de inteligencia de datos de sus colegas en el ciclo televisivo de discusión política Animales Sueltos y su participación en operaciones políticas y judiciales son materia de investigación en la actualidad. Las primeras repercusiones incluyeron desde una solicitada en su apoyo por parte de colegas y un funcionario hasta numerosas entrevistas al protagonista y notas de opinión de coyuntura, como la de Edi Zunino que catalogó como “promiscua” la relación de Santoro con sus fuentes. A pesar de ello, el caso no ha motivado hasta el presente una reflexión persistente al interior del campo profesional. Es más: el mismo Santoro admitió que tuvo un proceder errado con su fuente, aunque negó las acusaciones de colaboración activa y consciente con D´Alessio. Pero tampoco esa tímida autocrítica alcanzó para salir de las trincheras de la polarización desde donde –con excepciones- se reivindicó o reprobó a Santoro quien, en su más reciente descargo tras la citación a indagatoria ordenada por el juez federal que lleva el caso, Alejo Ramos Padilla, habla de una "criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K”.

Las denuncias de corrupción en el oficio, con distintas dimensiones, no son cosa nueva: en las últimas décadas varios trabajos (como el libro Clarín. El gran diario argentino, de Martín Sivak) aluden a la expansión de los “chivos” y “kioscos” institucionalizados en redacciones de grandes medios y de los cruces cada vez más íntimos de los servicios de inteligencia estatal con la agenda mediática.

La naturalización de estas prácticas por parte de un sector del periodismo es solidaria con la precarización del empleo. Tal vez eso influye en que no sea visto realmente como un problema por la mayoría de los empresarios de medios y hasta se estimule. Una voz disonante en el debate sobre estas cuestiones es la de Jorge Fontevecchia, quien en 2012 le dedicó una columna a Cristina Fernández de Kirchner –y también a Marcelo Bonelli- a partir de la denuncia que la primera hizo en cadena nacional contra el segundo por cobros de YPF cuando la petrolera era privada. Esa nota fue citada tanto en el libro de Alconada Mon como en el de Zunino, Periodistas en el barro, que también hurga en esta delicada cuestión: “El tema no es sólo Bonelli. El tema es ese sistema de corrupción de periodistas y medios. Pero lo curioso es que, si ustedes no lo inventaron, señora, lo engrandecieron a niveles inconmensurables”, decía el CEO de Perfil Networks.

Tampoco hay consenso en el establishment periodístico local acerca de la cotidiana difusión de escuchas ilegales a opositores al gobierno de Mauricio Macri, algo que compromete a los medios más grandes del país y que ameritaría, cuanto menos, una introspección acerca de sus fuentes y métodos de funcionamiento, amén del respeto por el principio constitucional de presunción de inocencia que, en otras latitudes -como en Suecia o Alemania-, es respetado por los periodistas considerados "serios" o "de calidad".

Pero el caso D´Alessio-Santoro es un salto en escala de la descomposición del ideal periodístico y hace pensar ya no en la arista semiótica de cómo se construye una noticia sino en cómo se accede a cierta información, para qué, por qué, incluso más allá de cuán ingenuo o consciente haya sido el periodista. La falta de reacción ante la difusión de los vínculos promiscuos entre la labor informativa y esa llamada cloaca de la democracia que son los servicios de inteligencia parece conducir a un estado de real journalism donde la calidad profesional y la transparencia son hipotecadas en aras del alineamiento/rechazo que produce la ideología manifiesta por el notorio protagonista de estos sucesos: si se coincide con su posición política se lo aplaude y, si no, se lo condena. Así, las denuncias de corrupción y de prácticas indecorosas en el periodismo hoy sorprenden tanto como las del estamento político: nada.

Que la denuncia de un primus inter pares como Alconada Mon y el escándalo D´Alessio-Santoro no susciten un debate profundo sobre cómo se hace periodismo en Argentina puede asociarse a varios factores: a los miedos por perder el trabajo -histórica y tradicional forma de coacción a la libertad de expresión- se le suma el escepticismo que todo tipo de iniciativa para un periodismo transparente que huele a liberal despierta en la entelequia del progresismo local. Tal vez, los mismos que militaron o se sintieron interpelados de algún modo por los debates estructurales sobre la necesidad de regular la propiedad de los medios y la relación entre la concentración y libertad de expresión -fundamental para la democracia-, ven en las “buenas prácticas periodísticas” -que incluyen la revelación de los aportantes a los medios, el rechazo de dádivas, la consulta a fuentes diversas, la relación con las fuentes, el chequeo de la información, la consulta previa a quienes se investiga y sobre quienes se escribe y otros procedimientos que hacen a las conductas de los y las periodistas- un blef liberal.

Así como el capítulo de Alconada Mon incluyó la publicidad oficial discrecional pero excluyó la concentración de medios como parte del problema de la corrupción sistémica de la Argentina y se centró en las prácticas de periodistas y empresarios de medios (como si éstas no poseyeran gravitación estructural en la concentración excesiva del sector), los debates -más y menos preponderantes de acuerdo al contexto- sobre concentración de medios suelen dejar afuera la atención a las prácticas periodísticas, como si la agenda por el pluralismo fuera excluyente de la actividad cotidiana de los periodistas de medios comerciales más y menos concentrados.

Si en el lodo aparecen todos manoseados, resulta comprensible que las consignas sobre la edición responsable de los contenidos noticiosos, que los grandes medios esgrimen para distinguirse de las plataformas tecnológicas globales, no prenda ni entre sus audiencias ni entre sus planteles de periodistas profesionales.

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Por supuesto, la Argentina no es el único país del mundo en el que algunos periodistas incurren en prácticas espurias. En el Reino Unido, por ejemplo, el hallazgo de que un diario -News of The World, propiedad del magnate Rupert Murdoch- había estado hackeando teléfonos para obtener primicias terminó de sacudir a la opinión pública en 2011. Pero las consecuencias fueron algo diferentes. A raíz de la denuncia comenzó un larguísimo debate sobre quién debía erigirse como regulador y cuidar que ese tipo de prácticas no volviera a suceder. El reporte Leveson, como se llamó la investigación oficial, indagó en la cultura, prácticas y valores de la prensa y confirmó que la autorregulación del sector había fallado, lo cual disparó ideas que fueron y siguen siendo discutidas. A partir de eso, algunos blogs y sitios se unieron a un nuevo regulador reconocido por una nueva autoridad, muchos otros diarios a uno independiente, y otros, como The Guardian, no se unieron a ninguno y continuaron con su propio sistema de ombudsman de lectores. En tanto, News of the World cerró, y sus responsables fueron juzgados, algunos hasta encarcelados un tiempo. La segunda parte del reporte Leveson, que iba a dedicarse a las relaciones entre el periodismo y la policía, fue cancelada por el gobierno.

En Brasil, en cambio, la connivencia entre jueces, fiscales y medios de comunicación en operaciones políticas para ensuciar, detener y evitar la excarcelación del expresidente Lula da Silva, constatadas en audios del ex juez y hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, no provocaron hasta el momento impacto de gran calado en las principales empresas periodísticas. A diferencia de las empresas periodísticas argentinas, The Intercept, el medio que publicó la investigación, dio una interesante justificación acerca de por qué publicar comunicaciones de interés público y con qué criterio hacerlo.

En la Argentina, la falta de reacción pública explica también la merma en la confianza y en la credibilidad que tienen los medios argentinos, que es mayor a la de otros países de la región. El último informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford muestra datos interesantes al respecto. Así como describe una baja general en la confianza en toda la región hacia los medios en el último año, en Argentina el 45% sus encuestados manifestó evitar las noticias frecuentemente o a veces. Argentina ocupa el quinto puesto mundial en este aspecto.

No es fácil discutir buenas o mejores prácticas para el quehacer periodístico en un contexto de derrumbe de puestos de trabajo y cierre de medios. Sin embargo, algunos de los nuevos medios que nacen en este contexto consideran que uno de sus activos puede ser la transparencia de sus aportantes. Tiempo Argentino, como medio autogestionado, tomó nota de ello con la publicación de cómo administra sus ingresos. Chequeado es otra de las iniciativas que, como trabaja de juzgar a otros, también le da visibilidad a sus sustentos económicos y sus métodos. Mediapart (Francia) o eldiario.es (España) son ejemplos europeos que se plantean abrir zonas que los medios tradicionales se guardaban para sí. El vaciamiento de los medios estatales por el actual gobierno colabora con un ecosistema de comunicaciones poco propenso a indagar sobre sus zonas erróneas.

Los centros de estudios de las problemáticas globales del periodismo y sus lugares de encuentro invierten horas a pensar y discutir cómo “recuperar” esa confianza en las noticias en esta era. Es interesante notar que de esas discusiones -como demuestran el reciente Festival Internacional de Periodismo en Perugia y el International Symposium of Online Journalism (ISOJ) en Texas- suelen participar las divisiones dedicadas al periodismo de los gigantes tecnológicos, como Google News, Facebook Journalism o Microsoft News, además de representantes de nuevos y viejos medios y académicos. Mientras que esas mismas empresas están en el ojo de la tormenta de las discusiones sobre las nuevas regulaciones de medios alrededor de copyright, monopolios, concentración y libertad de expresión, parecen estar más presentes a la hora de sentarse a hablar con los periodistas sobre su trabajo que los reguladores o los estados.

Cada país adapta este debate global a sus condiciones. En tiempos de falsas noticias, sobreinformación, grietas, crisis de modelos de negocios y desproporcionado poder de las plataformas, los estados y los medios, la discusión sobre las prácticas y los procedimientos periodísticos tiene valor. ¿Pero hay lugar para llevarla adelante en Argentina?