Profesores cobrando supuestamente 820 euros por hora. Facturas emitidas por 849.359 euros donde sólo se indica en el concepto Cursos de formación, sin desglose ni justificación ninguna. Subcontratación a una empresa de la que el mismo empresario es el administrador y en la que, además, se contrata a sí mismo y a su hermano como profesores. De una factura presentada por valor de 69.000 euros su coste real, el que se puede acreditar, es de 9.600 euros, con un beneficio, por tanto, del 800%.

Son sólo algunos de los ejemplos de la presunta corrupción generalizada en Extremadura del sistema los cursos de formación para ocupados -que no para parados, como en Andalucía- y que ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción el Ejecutivo de José Antonio Monago.

"Tras la investigación, tenemos indicios suficientes que podrían determinar que en nuestra región se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados", ha señalado la consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, que ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar "el presunto fraude a gran escala". Los afectados son exclusivamente la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, "así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial", según ha explicado Muñoz.

Se trataría de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas. La denuncia se ha dirigido a la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada y se ha presentado en la Fiscalía Provincial de Badajoz. "Hasta el momento hemos investigado sólo la convocatoria de 2011, pero ya hemos iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores no prescritos como consecuencia de esta investigación", ha advertido.

Los cursos, gestionados por empresarios y sindicatos, tendrían un sobrecoste, pagado por la administración, de hasta ocho veces más de media que su valor real y el desfalco superaría los tres millones de euros sólo en el único año investigado hasta el momento, el 2011, convocatoria gestionada por el entonces ejecutivo del socialista Fernández Vara.

Las irregularidades detectadas por una auditoría externa contratada por la Junta de Extremadura al efecto -y cuyas conclusiones finalizaron hace aproximadamente dos semanas- afectan a CCOO y UGT y también a la patronal regional (Creex) y la confederación de economía social 'Cepes'. Las facturaciones podrían constituir presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar las subvenciones públicas aparejadas a la realización de los cursos, sean estos subcontratados o no.

Sistema diseñado para defraudar

La mencionada auditoría apunta a un sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.

"Cuando llegamos al Gobierno, conscientes de lo que estaba pasando con los cursos de formación en España, decidimos en 2012 como Ejecutivo gestionar y fiscalizar directamente con medios propios estas ayudas y examinar con detalle qué pasaba con la formación en Extremadura", ha destacado la consejera, quien añadió que dentro del sistema establecido se echaba de menos un control riguroso para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado. Y ahí es donde detectamos irregularidades y un presunto fraude a gran escala", denunció.

El Servicio Extremeño de Empleo recibió en junio de 2014 desde la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la propuesta inicial de liquidación de los planes formativos, en la que no se despejaban las sospechas que ya albergaba el servicio público extremeño. La Fundación Tripartita es la entidad de ámbito nacional -creada en 2008- que daba apoyo técnico al Sexpe para la gestión y justificación de la formación de dichos cursos. En la misma están representadas las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las empresariales más representativas, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En Extremadura, la convocatoria de cursos de formación para ocupados de 2011, y las de los años inmediatamente anteriores, obedecía a un convenio entre la Fundación Tripartita y el Gobierno autonómico de entonces. El actual Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región al sospechar desde que llegó al gobierno regional que dichos cursos se estaban ejecutando de forma irregular. Respecto a los años anteriores en los que este sistema estuvo en vigor, el Sexpe ha solicitado un examen "escrupuloso" de la facturación de las convocatorias no prescritas a la Intervención General de la Junta de Extremadura. Al margen de las actuaciones de la Fiscalía tras la denuncia del Gobierno Extremadura, el Sexpe ha puesto en marcha un proceso administrativo para exigir la devolución a las arcas públicas de las cantidades presuntamente defraudadas.

Durante los últimos meses, se dio traslado a los agentes afectados (empresarios y sindicatos) de las irregularidades detectas con el fin de que contaran con la posibilidad de justificar las facturas, pero en la mayoría de los casos no pudieron hacerlo.

"Les comunicamos (a las partes afectadas) en junio de 2014 que investigaríamos sólo una muestra de la formación. Y que si lo habitual en estos casos era investigar un 5% del total, nosotros decidimos analizar un 10% de los cursos para ser más exhaustivos, tener mayor certeza de la realidad y mostrar la mayor diligencia en el control de los fondos públicos que nos ocupan", ha indicado Muñoz.

Empresarios

De los tres millones de euros presuntamente defraudados durante la convocatoria de 2011 -cuyos cursos se ejecutaron en el 2012- la mitad, unos 1,5 millones, correspondería supuestamente a la Creex. En su conjunto, ese año, la asociación empresarial recibió subvenciones por valor de 3,1 millones de euros y el presunto fraude podría llegar hasta el 65% del total, tanto de la confederación Coeba de Badajoz como las federaciones empresariales de Cáceres y Plasencia, todas integrantes de la Creex.

Desde el Gobierno de Extremadura se indica que la Creex y sus federaciones no realizan de forma directa los cursos sino que los subcontratan a empresas del sector, algunas de las cuales habrían presentado las facturas infladas que luego cobraba la patronal a la administración autonómica.

Sindicatos

Los sindicatos alternaron la subcontrata de empresas con la realización de cursos por parte de entidades asociadas, como a través de las fundaciones Forem (CCOO) o Ifes (UGT). La cantidad presuntamente defraudada por los dos sindicatos podría ascender a más de 600.000 euros en el caso de CCOO y una cantidad similar para UGT. Dado que ambos fueron subvencionados con 1,8 millones cada uno, el presunto fraude podría alcanzar el 30 % de la subvención que recibieron. Por parte de la confederación Cepes la estimación del presunto fraude superaría los 300.000 euros de los 700.000 recibidos.

Según señalaron esta mañana los responsables de Empleo de la administración extremeña, y a tenor de la magnitud de las cifras presuntamente defraudadas y, en tal caso, constitutivas de delito contemplado en el artículo 308 del Código Penal, el Ejecutivo que preside José Antonio Monago ha tomado la decisión de poner en manos de la Fiscalía toda la información que posee al respecto, para que sea la Administración de Justicia la que emprenda las investigaciones judiciales que considere oportunas.