El Parlamento Europeo ha admitido la queja interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) por un supuesto incumplimiento normativo del Ministerio del Interior en la conducción de los presos a los hospitales. El organismo comunitario remitirá ahora la denuncia al Comité de Peticiones con el fin de que este estudie si inicia una investigación. La agrupación profesional considera que el Gobierno conculca los derechos humanos de los reclusos al no permitir su traslado a centros sanitarios cuando estos están enfermos y quebranta también los laborales de los guardias civiles al ordenarles que trabajen más horas de las legalmente establecidas.

En concreto, la asociación considera que la Instrucción 08/09 de la Secretaría de Estado, que regula las conducciones y custodia de los internos, "vulnera derechos fundamentales de los reos y laborales de los guardias". Entre estos derechos, el denunciante destaca el derecho a la salud, a la integridad e incluso a la propia vida de los internos, ya que entiende que la falta de efectivos para llevar a cabo estas conducciones de presos impide que la administración pueda trasladarles hasta un hospital siempre que estos lo necesiten.

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La queja también está sobre el despacho del Defensor del Pueblo, que está pendiente de emitir un dictamente. De momento, ya ha reclamado información al Ministerio del Interior. AUGC calcula que solo en los dos últimos años han sido canceladas más de 700 consultas médicas programadas por internos únicamente en la Comunidad de Madrid. Además, denuncian desde la asociación, en estos momentos los guardias civiles no pueden atender las conducciones por urgencias médicas en los plazos fijados por los servicios sanitarios de Instituciones Penitenciarias dada la escasez de efectivos de que disponen.

"En un elevado número de casos, estas urgencias deben de ser atendidas con carácter inmediato, o con un espacio temporal de menos de dos horas, exigencia que no se suele cubrir; a veces, obligan a los guardias civiles a hacer jornadas maratonianas de servicio para atender estas necesidades, con los riesgos laborales que eso conlleva", explican desde AUGC, que habla de "internos con patologías cardiacas, respiratorias, renales o vasculares", entre otras. El infarto y las denominadas "causas naturales" son de hecho la principal causa de muerte en las prisiones españolas.

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Los centros, pone de relieve AUGC, "carecen de medios apropiados" para atenderles, por lo que los presos tienen que ser derivados a hospitales, extremo que por esa falta de personal no siempre ocurre. En no pocos casos, asegura la asociación profesional, la Guardia Civil se encarga de coordinar custodias y conducciones de internos o detenidos que "son responsabilidad Policía Nacional, al estar en capitales de provincias, donde la competencia en seguridad ciudadana es de dicho cuerpo".

"Hay guardias civiles custodiando internos en salas de urgencias de hospitales públicos situados en demarcación de la Policía Nacional, lo que supone un riesgo añadido, ya que los agentes no tienen apoyos suficientes en caso de necesitarlos", denuncian desde AUGC, que señala la reducción de plantilla sufrida por la institución en los últimos años como base del problema. "Debemos recordarle al ministro Fernando Grande Marlaska que, en los últimos diez años, la plantilla de Policía Nacional se ha incrementado en casi 5.800 agentes y la de Guardia Civil ha descendido en 1400 agentes", asegura la asociación.

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Desde el Ministerio del Interior no niegan esa falta de recursos humanos y admiten que existe un problema que está tratando de solucionar. "El tema de las conducciones se analiza desde hace tiempo para intentar mejorarlo; pero tenemos que esperar al informe definitivo para sacar las conclusiones de lo que tenemos que hacer", aseguran desde el departamento dirigido por Grande Marlaska. "La última oferta de empleo público paliará en parte esa limitación de efectivos destinados al traslado de presos", aventuran desde el Ministerio, que destaca también la apuesta de Instituciones Penitenciarias por la Telemedicina que, a juicio de Interior, reducirá las conducciones de internos a hospitales.

El problema de la escasez de personal para trasladar a los presos a urgencias se suma a la falta de médicos que hay en las prisiones, que está provocando que los servicios de emergencias de los centros penitenciarios estén continuamente saturados. Los reclusos no pueden ser atendidos con normalidad en una consulta rutinaria en la cárcel por esa falta de efectivos y se acumulan en urgencias. Este problema también es admitido por Interior, que sin embargo niega que de momento la situación esté provocando altercados violentos entre los reclusos.