Los programas de traslado de confinados que implementaron administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1993 y 2012 a cárceles de Estados Unidos administradas por la empresa CoreCivic culminaron de manera violenta y no generaron ahorros al erario. La empresa no cumplió con los servicios que prometió, los reclusos se amotinaron y regresaron a las cárceles de la isla. Los acuerdos de los traslados, así como tres contratos que recibió CoreCivic para administrar cárceles en Puerto Rico durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, fueron un fiasco. Pero aún así la administración de Ricardo Rosselló decidió dar otra oportunidad a CoreCivic. Hace cuatro meses el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le adjudicó un contrato que podría costar $125 millones en cinco años para trasladar de forma escalonada al 30 por ciento de la población penal de la isla a cárceles de esa empresa en Estados Unidos.

Corrección esperaba que entre 1,000 a 1,200 confinados participaran de la primera fase de traslado y que el número aumentara a 3,000 en cinco años. “Actualmente son cerca de 1,193 confinados los que han mostrado interés en trasladarse a cárceles en Estados Unidos”, dijo Erik Rolón, secretario de Corrección, ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado el 28 de junio. Pero el martes 16 de octubre, Corrección informó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que han orientado a prisioneros de diez cárceles y que el número de confinados interesados en el programa de traslado es de 490 confinados.

El contrato fue otorgado a CoreCivic en julio de 2018 pero no ha sido firmado, ya que sobrepasa los $10 millones y debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Gobierno de Estados Unidos para controlar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico. “El viernes [12 de octubre] se le envió [el contrato] a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y estos lo sometieron a la Junta de Control Fiscal el mismo viernes”, dijo Rolón al CPI. La Junta no respondió un pedido del CPI sobre qué tiempo podría tomar la evaluación del contrato.

“Se espera que en las próximas semanas ya salga el primer grupo [de confinados]”, agregó. En agosto y septiembre el secretario ya había dicho que esperaba que saliera el primer vuelo con reclusos, pero eso nunca pasó.

Amanda Gilchrist, directora de relaciones públicas de CoreCivic, no contestó preguntas del CPI. “Por respeto a la integridad del proceso de adquisición y por razones competitivas, no damos detalles sobre ninguna propuesta que pueda haber sido presentada”, dijo Gilchrist.

Un Comité Evaluador de Propuestas estaría a cargo de investigar el trasfondo de las compañías que licitaron para ver si “han manejado situaciones y si han tenido problemas de cualquier tipo”, dijo al CPI Luis Cruz Nieves, presidente de la Junta de Subastas durante una reunión el 24 de abril en la sede de la agencia en donde se orientó a las empresas interesadas en el contrato. El Comité coordinado por Ulrich Giménez, secretario auxiliar de administración y gerencia del DCR, quedó compuesto por Alex Joel Torres, Secretario Auxiliar en Programas y Servicios de Corrección, y Janet Rivera, Jefa del Negociado de Instituciones Correccionales.

Durante la reunión con los licitantes para el programa de traslado, Giménez López dijo que había un representante de la firma de abogados Sidney Denson LLC.

El pasado 22 de marzo de 2018 el presidente de Sidney Denson LLC, Alexis E. Quiñones Martínez, hizo un donativo de $2,500 al gobernador Ricardo Rosselló. Al día siguiente, Quiñones Martínez firmó un contrato de $20,000 con el DCR. El contrato, que tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2018, lleva la firma de Erik Rolón, secretario de Corrección. Los servicios que prestaría Quiñones Martínez al DCR incluyen “asesoría legal general, consejería estratégica, asuntos gubernamentales y relaciones”, entre otros, según el contrato. Pero el DCR no ha querido precisar el rol que tuvo la firma en el proceso de evaluación de propuestas o en el diseño del programa de traslados.

Foto tomada de Facebbok

Quiñones Martínez ha aportado $8,972 en donativos a candidatos del PNP entre 2016 y 2018, incluyendo el donativo de marzo a Rosselló. Entre 2017 y 2018 su empresa Sidney Denson LLC ha firmado diez contratos por servicios legales con diferentes agencias que suman $477,300, incluyendo el de Corrección. En 2012, Quiñones Martínez se postuló como senador por el PNP para el distrito de Humacao en las elecciones de 2012, pero fue derrotado en primarias. Su perfil de Facebook indica que participó activamente en la campaña “Boricua ahora es”, liderada por Ricardo Rosselló y su nombre aparece en el “Plan para Puerto Rico”, el programa del gobernador, en donde Quiñones Martínez fungió como “colaborador”.

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Quiñones Martínez no respondió las llamadas ni a un correo electrónico del CPI para indagar sobre este contrato.

Erik Rolón, secretario de Corrección, dijo al CPI que conocía a Quiñones Martínez antes de que firmara el contrato con Corrección, “por la simultaneidad en la escuela de Derecho”, haciendo referencia a que estudiaron a la misma vez en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

¿Cuál fue el proceso de selección de la firma Sidney Denson LLC como asesores del DCR? ¿La seleccionó el secretario de Corrección o fue recomendada por Fortaleza?, preguntó el CPI a Rolón vía correo electrónico.

“La firma Sydney Denson LLC fue contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación como asesores para que los procesos se produjeran conforme a derecho y cumplieran con los reglamentos en el Área de Subastas. Dicha contratación siguió el procedimiento establecido en ley para la adquisición de servicios profesionales”.

¿Qué experiencia tiene la firma Sidney Denson LLC o su personal en el tema de Corrección o de traslado de confinados?

“La firma Sydney Denson LLC posee la experiencia necesaria y está capacitada para brindar representación, consejería y asesoría en todos los aspectos del área legal”, indicó.

Más asesores y viejos jugadores

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) es la agencia que trabaja con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en el diseño del programa de traslado con la asesoría de la firma Bluhaus Capital.

El director general de Bluhaus Capital es Eduardo M. Inclan Pietrantoni, quien también es gerente principal de la empresa financiera McLarty Bluhaus Capital Partners LLC, según documentos del Departamento de Estado. El socio de Inclan Pietrantoni en McLarty Bluhaus Capital Partners es Thomas F. McLarty, un empresario estadounidense que es también Director Independiente de la empresa Union Pacific Corp, cuyos accionistas principales son los mismos accionistas principales de CoreCivic. Estos accionistas son los fondos de cobertura The Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, Fidelity Management & Research Co. y SSGA (State Street Global Advisors) Funds Management, Inc.

El contrato otorgado a CoreCivic para el traslado de confinados de Puerto Rico a cárceles privadas de Estados Unidos, terminaría beneficiando a estas firmas que además han tenido deuda del Gobierno de Puerto Rico. The Vanguard Group adquirió $100 millones en la emisión de bonos de Obligación General calificada como chatarra que lanzó el Gobierno de Puerto Rico en 2014. BlackRock obtuvo $10 millones de la misma emisión.

“Estos acreedores que tienen intereses en CoreCivic, al CoreCivic aumentar el volumen de negocios con el traslado de los confinados, pues el valor de las acciones de CoreCivic, hipotéticamente debería subir. Y en la medida en que las acciones aumentan, la participación que tienen estos acreedores en ese negocio en particular es mayor, tienen un beneficio económico”, explicó Iyarí Ríos, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Damon Hininger, presidente y director ejecutivo de CoreCivic, comenta en el último informe financiero de la empresa que para el 2019 espera un crecimiento en ganancias y en el resultado de las acciones. Esto debido a “cinco nuevos contratos estatales en los últimos 12 meses y las adjudicaciones de contratos recientes, que se espera aumenten el número de personas bajo nuestro cuidado en el resto de 2018”. En el segundo trimestre de 2018 CoreCivic obtuvo $449.9 millones en ganancias.

Inclan Pietrantoni dijo al CPI que Bluhaus Capital no participó en el proceso de selección de CoreCivic y que no tuvo acceso a las propuestas que sometieron las compañías para el programa de traslado. También dijo que no mantiene una relación “activa” con McLarty, su socio en McLarty Bluhaus Capital Partners.

“No he tenido contacto con él en más de un año y medio. El mencionado McLarty Bluhaus Capital Partners no se materializó”, dijo Inclan Pietrantoni, quien añadió que la entidad se encuentra en un proceso de liquidación.

Sin embargo, en 2016 McLarty Bluhaus Capital Partners hizo una oferta de $50,000,000 en valores, de la que vendió $16,400,000, según el registro de la Security and Exchange Commission (SEC, en inglés). En la transacción participaron Inclan Pietrantoni, McLarty y Alberto J. Toro, director de Bluhaus Capital y oficial ejecutivo en McLarty Bluhaus Capital Partners. También participaron Christopher Smith, Parris Boyd y Terence Crikelair.

Inclan Pietrantoni dijo que esta transacción era un requisito para obtener una licencia que permitiera a la firma operar dentro de un programa administrado y regulado por el US Small Business Administration y que no se recibió dinero, sino “compromisos para aportar capital a futuro”. Esta información no se desprende del documento de la SEC, el cual constata que sí hubo una gestión formal en la que Inclan Pietrantoni y McLarty intentaron hacer un negocio juntos.

“McLarty no tiene relación con o está al tanto de las actividades que lleva a cabo Bluhaus [Capital]”, enfatizó Inclan Pietrantoni.

El bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez, cuyo socio y fundador, Manuel R. Pietrantoni, es tío de Inclan Pietrantoni, “sirvió de recurso” al Comité Evaluador de Propuestas que revisó el proceso de subastas en el que fue seleccionada CoreCivic, dijo Ulrich Giménez, coordinador del comité durante la reunión de subasta el 24 de abril. En esa reunión había personal de Pietrantoni Méndez & Álvarez, observó el CPI.

Foto tomada de https://www.pmalaw.com

A través de un correo electrónico, Manuel R. Pietrantoni dijo que no tiene conocimiento de que “el bufete [Pietrantoni Méndez & Álvarez] esté envuelto en ese asunto”, refiriéndose al programa de traslado. Luego de que se le informara que el CPI estuvo presente en la reunión donde se dijo que ese bufete estaba dando servicios al DCR, Manuel Pietrantoni escribió:

“Me comuniqué con mi oficina para averiguar más detalles de nuestro envolvimiento en este tema. Me informan que nosotros NO asesoramos al Comité Evaluador. Tuvimos una participación menor en representación de AFFAF al inicio del proceso y fue como parte de ese envolvimiento inicial que unos de nuestros abogados fueron a la primera reunión con licitantes. A partir de esa reunión no hemos participado en nada en el proceso”.

Los contratos actuales de Pietrantoni Méndez & Álvarez para asesoría legal son con AAFAF, uno firmado en 2017 por $600,000 y otro del 30 de julio de 2018 por $1,500,000. El mismo 30 de julio, la Junta de Subastas del DCR tuvo una reunión con funcionarios de AAFAF en la que decidieron adjudicar el nuevo contrato a CoreCivic, dijo el Secretario de Corrección al CPI.

Durante la administración de Pedro Rosselló en 1994, Manuel R. Pietrantoni trabajó como asesor del desarrollador y operador de la primera cárcel privada en Puerto Rico, mediante la empresa GEO Group, en ese momento conocida como Wackenhut Corporation, que en 1994 fue contratada para operar una cárcel de Bayamón. En 2003 esa cárcel volvió a ser administrada por Corrección, igual que las cárceles que administraba CoreCivic, porque no estaban generando ahorros.

“Cuando yo llegué (a la secretaría de Corrección) estaban (las cárceles privadas), pero eso lo cesamos porque era un gasto adicional”, dijo al CPI Miguel Pereira, senador Popular y exsecretario de Corrección de 2003 al 2008.

En 2012, Pietrantoni Méndez & Álvarez fue asesor de la administración de Luis Fortuño para el programa de traslado de 480 confinados a una cárcel de CoreCivic en Oklahoma. Ese traslado terminó en un motín luego de que la empresa no cumpliera con los servicios estipulados en la contratación. Los reclusos regresaron a Puerto Rico al cabo de un año, el Gobierno terminó pagando $10,410,847 a CoreCivic y no se ha demostrado que el traslado conllevó ahorros al fisco.

Entre 2017 y 2018 el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez ha firmado ocho contratos con AAFAF, la Autoridad de los Puertos y la Autoridad de Energía Eléctrica que suman $4,385,000.

AAFAF es la agencia a cargo de ejecutar el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y velar porque las agencias cumplan con el mismo. Pero el programa de traslado de confinados que impulsan la AAFAF y el DCR no forma parte del plan fiscal certificado por la JCF. El 30 de agosto la Junta notificó al gobernador Ricardo Rosselló que debía eliminar del Plan Fiscal las referencias al traslado de confinados hasta que pueda explicar cómo el programa “llevará a los ahorros requeridos”. En el Plan Fiscal certificado en junio la Junta ordenó al DCR generar ahorros de $395 millones en los próximos cinco años.

“Si la Junta no aprueba esto [el programa de traslado] me atrevo a aventurar que estaríamos yendo a los tribunales para que se determine si la Junta de Control Fiscal, en esta iniciativa en particular, la puede denegar por mero capricho. Porque realmente sería un capricho, nosotros le vamos a demostrar a ellos que es la mejor alternativa fiscal. Y el tribunal va a tener que resolver como ya lo ha hecho en dos ocasiones o más”, dijo al CPI el Secretario de Corrección.

Corrección ignora historial de CoreCivic

El Gobierno ha presentado el programa de traslados como una medida de ahorro y una oportunidad de rehabilitación para los confinados. El CPI estuvo presente en una orientación en la cárcel Guayama 500 en donde se presentó a un grupo de confinados los servicios que recibirán quienes participen del programa de manera presuntamente voluntaria, pero no se dijo nada sobre el historial de CoreCivic.

El primer grupo de prisioneros de Puerto Rico llegaría la cárcel Tallahatchie Correctional Facility en Mississippi, una cárcel administrada por CoreCivic cuyo historial incluye un motín en 2004 y deficiencias en los servicios de salud. En otras cárceles de CoreCivic también se han reportado situaciones de violencia y fallas en la atención médica.

En 2015, Tyrone Madden, un recluso de 30 años de edad que formaba parte del programa “Out of State” de California murió en la cárcel Tallahatchie. Luego, auditorías del Departamento de Corrección de California encontraron que la calidad de la atención médica en Tallahatchie era “deficiente”, la instalación “indeseable” y que “no cumplía con su desempeño y objetivo”. En abril el Departamento de Corrección de California llevó a cabo una auditoría en Tallahatchie en donde la cárcel obtuvo un 68 por ciento en las puntuaciones que evalúan el cuidado médico en la prisión, por lo cual fue calificado como “inadecuado”.

En 2004 confinados de Vermont habían sido traslados a cárceles de CoreCivic en Kentucky y Arizona. Allí los confinados presuntamente fueron acosados sexualmente por guardias de seguridad, en momentos en que la compañía operaba con poco personal y respondía de forma inadecuada a eventos de violencia, según la American Civil Liberties Union (ACLU). No obstante, en octubre el Departamento de Corrección de Vermont, enviará a 200 confinados a Tallahatchie bajo un nuevo programa de traslados.

“No creo que haya muchas razones para esperar que esta instalación de Mississippi, que está dirigida por una organización con fines de lucro con un pasado escabroso, sea capaz de proporcionar el tratamiento con medicamentos de buena calidad, atención de salud mental, educación y capacitación que las personas encarceladas necesitan”, dijo Tom Dalton, director ejecutivo de la organización Vermonters for Criminal Justice Reform, al VTDigger.

La instalación tiene capacidad para 2,672 reclusos y su población penal se compone de prisioneros de California, Carolina del Sur y de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el DCR los confinados de Puerto Rico estarían segregados del resto de la población penal.

Cabildeo, donativos y el negocio de encarcelar

En 1994, la abogada Lizzie Portela Fernández era la asesora legal de la entonces Secretaria de Corrección, Zoraida Buxó, luego de haber sido asesora legal de Pedro Rosselló en 1993. Ahora, en 2018, Portela Fernández trabaja para el bufete McConnell Valdés y está registrada como cabildera en la Cámara de Representantes. Su cliente es CoreCivic. A la reunión de subasta que se llevó a cabo en la sede del DCR en abril, Portela Fernández asistió junto a Brian Ferrell, desarrollador de propuesta de la empresa carcelaria, observó el CPI.

Foto tomada del portal de McConnell Valdés

Entre los donativos políticos que ha realizado Portela Fernández se encuentra uno de $150 al senador Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, quien ha dirigido las vistas públicas sobre el programa de traslado de confinados y tiene una investigación legislativa abierta sobre el mismo. El donativo fue registrado el 28 de septiembre de 2016. Al día siguiente, la empresa, a través del bufete Reichard & Calaf, solicitó al Departamento de Estado preservar el nombre de CoreCivic Inc. para hacer negocios en la isla.

A preguntas del CPI, Neumann dijo que no conocía a Portela Fernández y que no ha recibido visitas ni ningún tipo de presión para actuar en relación al programa de traslado de confinados.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado “no favorece el programa de traslados de confinados a otras jurisdicciones de los Estados Unidos”, indica “el primer informe parcial” sobre el programa de traslado suscrito el 12 de octubre.

En 2016 Portela Fernández también hizo un donativo de $200 al gobernador Ricardo Rosselló y otro de $300 a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación. Además, donó al exgobernador Luis Fortuño ($200), al presidente del senado Thomas Rivera Schatz ($250), a la comisionada residente Jenniffer González ($250), al Partido Nuevo Progresista ($20) y al senador Popular José Nadal Power ($250).

Portela Fernández no contestó preguntas del CPI enviadas por correo electrónico.

CoreCivic invirtió $1,665,000 en contribuciones políticas en Estados Unidos en el año 2016, distribuidas en 32 por ciento a candidatos del Partido Republicano, 31 por ciento a Demócratas y 36 por ciento a Comités de Acción Política (PACs). El mismo año reportó gastos de $1,090,000 en cabilderos en la capital federal. En 2017, fueron $840,000, y en lo que va de 2018 ha reportado $550,000 en gastos de cabildeo, según refleja la base de datos Open Secrets, que se basa en los registros de cabilderos del Congreso.

En el Congreso de Estados Unidos, CoreCivic tiene varios bufetes como cabilderos, uno de ellos es Akin Gump, quienes también son cabilderos del Puerto Rico Statehood Council y del Puerto Rico Equality Forum. Otra firma de cabildeo que emplea CoreCivic es Greenberg Traurig. Esta firma también ha fungido como fiduciaria de la Autoridad de Energía Eléctrica y asesoró al Gobierno de Puerto Rico en la emisión de bonos de Obligación General de 2014.

Grupo de confinados y organizaciones civiles se oponen a traslado

Entre 1980 y 1990 hubo un aumento de encarcelamientos en Estados Unidos impulsado por un cambio hacia políticas más severas contra el crimen, como limitar la elegibilidad a la libertad condicional, mantener a las personas mas tiempo en prisión y la guerra contra las drogas. “Durante el tiempo en que creció la población penal, también aumentó la cantidad de personas en las cárceles privadas”, explica un estudio del Justice Policy Institute.

El estudio explica cómo CoreCivic y otras empresas de la industria carcelaria que dependen totalmente de contratos con el Gobierno federal y estatal utilizan una estrategia de tres elementos: donativos políticos, cabildeo y relaciones con exfuncionarios de la empresa que se cambian a puestos gubernamentales de corrección.

A principios de 1990 en Puerto Rico se aplicaba la política de la “Mano Dura” contra el crimen del Gobernador Pedro Rosselló, en combinación con un programa de privatización de servicios públicos. El Gobierno enfrentaba además una demanda federal que le obligaba a pagar $300 millones por violaciones a la Constitución por las pésimas condiciones carcelarias. Mediante esa demanda federal, conocida como el caso Morales Feliciano, el Tribunal Federal ordenó al Gobierno de la isla resolver el problema de hacinamiento carcelario. Las medidas que se implementaron terminaron por enviar a parte de la población penal a cárceles privadas de Estados Unidos y provocaron la construcción de nuevas cárceles en la isla. Fue entonces cuando la empresa CoreCivic comenzó a hacer negocios con el Gobierno de Puerto Rico.

A menos de un año de que comenzara el primer programa de traslado de confinados puertorriqueños a cárceles privadas de Estados Unidos administradas por CoreCivic, El Nuevo Día informó, en 1994, sobre una demanda contra esa empresa. Al menos cinco confinados recibieron disparos con perdigones, golpizas con patadas en la cabeza y luego fueron amarrados y encerrados en celdas sin acceso a servicios médicos, agua ni comida por varias horas en una cárcel de Nuevo México.

Los reclusos formaban parte de un grupo de 130 prisioneros que fueron trasladados por el DCR en 1993. Luego del incidente, 50 de ellos fueron reubicados en una cárcel del Departamento de Corrección de Fort Lauderdale, Florida. Los informes médicos de cuatro de los reclusos revelaron que habían recibido descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, además de fracturas y los impactos de perdigones.

El mismo año, fueron trasladados 350 confinados a una cárcel de Minnesota, también administrada por CoreCivic. Los confinados no recibieron los servicios que les habían prometido, se amotinaron, y en 1995 regresaron a Puerto Rico. En 2012, se repitió la historia con el traslado a Oklahoma, también a una facilidad de CoreCivic.

“Ambos traslados [el de 1993 y 2012] culminaron en motines de grandes proporciones que a su vez propiciaron el traslado de nuestros confinados de vuelta a Puerto Rico”, lee una ponencia de la Asociación Pro-Derechos y Rehabilitación del Confinado, conocida como ÑETA, firmada por Benjamín Guzmán Rivera, recluso y presidente de la Asociación. La ponencia la presentó Madeline Gotay Marcano, portavoz del grupo y madre de dos confinados, ante la comisión de Seguridad Pública del Senado el 31 de agosto.

“Nuestra Asociación se opone a la imposición del programa que pretende sacar a miles de confinados fuera del país. Si bien es cierto que cometimos un error y estamos pagando el precio, no tenemos porqué pagar por los errores fiscales y económicos que cometieron nuestros gobernantes. Es de suma importancia resaltar que las dos veces anteriores que el Departamento ha trasladado a confinados fuera del país, como pretende hacer en esta ocasión, nuestra Asociación ha apoyado ambas iniciativas, bajo la promesa de que la población penal se vería beneficiada de una amplia variedad de cursos, estudios, trabajos y bonificaciones extraordinarias”.

“Cabe señalar que la empresa que se le adjudicó el contrato de Oklahoma en 2012 (Correction Corporation of America) al momento de ser contratada por el Departamento de Corrección de Puerto Rico estaba bajo investigación por violaciones de derechos civiles y agresivos cabildeos por controlar los contratos de estos programas, lo que es un denominador común en las empresas que se dedican a lucrarse del encierro de seres humanos”, continúa la carta.

La Asociación detalla que se oponen al traslado porque “no forma parte del programa de Gobierno que le presentó esta administración a nuestro país… Si los confinados al llegar al estado que finalmente se determine, se encuentran que no existe lo que se les ofreció, no tienen ninguna alternativa para retornar a Puerto Rico, que no sea esperar que venza el contrato que se estima será de un término de cinco años. Actualmente no hay un reglamento que rija [el programa de traslados]”.

Señalan además que “la compañía contratada no cubrirá los gastos por ocurrencia médica sobre $2,000. Los confinados que se acojan al programa no estarán cobijados bajo las estipulaciones del caso Morales Feliciano. Una vez el confinado acepte e ingrese al programa, CoreCivic va a usar su sistema de clasificación interno para clasificar la población penal en sus niveles de custodia. La compañía privatizadora no asumirá los gastos de salud de pacientes de HIV ni Hepatitis. No se nos ha explicado en qué medida fomenta la rehabilitación. No se nos ha enseñado ningún documento que garantice que el acogerse a dicho programa redundará en un ahorro significativo al Departamento y a nuestro país”.

Otras organizaciones que se han opuesto al traslado de confinados son la Sociedad para la Asistencia Legal, Comité de Amigos y Familiares del Confinado, la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Comisión de Derechos Civiles.

En mayo, el senador popular Miguel Pereira y el senador independiente José Vargas Vidot, radicaron un proyecto de ley que busca prohibir los traslados de confinados a instituciones en Estados Unidos.

La American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) y su filial Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, también se opuso al traslado. En una carta dirigida a Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, AFSCME cuestiona los cálculos que ha presentado el Gobierno para justificar el programa de traslado en sus planes fiscales.

El programa de traslado debe generar un ahorro de $46.9 millones, según los planes fiscales del Gobierno de febrero y marzo. El cálculo se basa en que en Puerto Rico un confinado le cuesta al Gobierno de alrededor de $90 dólares diarios, mientras que en una cárcel privada debe costar aproximadamente $60. Pero el costo por confinado en Puerto Rico ha variado de entre $80 a $200, depende de cuándo y a quién se le pregunte. El DCR no ha presentado ningún documento para sustentar el costo por confinado.

AFSCME señala que el programa de traslados calcula los ahorros sólo en términos de “costos operacionales directos”, pero deja de lado el impacto que tendrá en la economía pagar por servicios carcelarios fuera de la isla. En otra carta que envió la representante Nydia Velázquez y un grupo de congresistas a la JCF para oponerse al programa de traslado, indican que si el per diem en Estados Unidos es de $60, esto representaría sacar de Puerto Rico $70 millones al año, con el resultado de que la reducción en recaudación de impuestos sería mayor que el ahorro. Además, calculan que la medida incrementará el déficit del Gobierno en $46.6 millones al año.

Pero el Secretario de Corrección en entrevista con el CPI insistió en que este programa es la apuesta más importante de su agencia. “Nosotros estamos convencidos de que [el traslado de confinados a Estados Unidos] es la zapata de todo lo que vamos a hacer [en Corrección]. Nosotros con esta iniciativa no solamente vamos a ahorrar en términos del cierre de la institución como te mencioné, con la reubicación de personal, sino que a su vez va a impactar otras iniciativas que tenemos para la población correccional…. Al liberar instituciones tenemos dos formas de hacer ahorros, cerrando para ahorrar, o manteniéndola abierta para poder quizá monetizarla”, dijo Rolón.

Detalló que está considerando ofrecer las facilidades carcelarias que queden vacías luego del traslado para que otras jurisdicciones de Estados Unidos y entidades federales envíen confinados y paguen por el servicio.

“Yo he tenido acercamientos de Rick Mulgrave, que es mi peer allá en Virgin Islands, de que él necesita instituciones cerca de él. Ahora mismo [Virgin Islands] tiene contratos con California [para trasladar confinados], con otros estados, que en distancia estamos hablando que para él representa un problema. Quizá es algo, un negocio en el que nosotros pudiéramos entrar porque realmente vamos a generar ingresos”, dijo Rolón.

Tres meses antes de que se abriera el proceso de subasta del Departamento de Corrección y Rehabilitación para trasladar a confinados a cárceles privadas de Estados Unidos, el CPI preguntó al gobernador Ricardo Rosselló durante una conferencia de prensa si ya sabía cuál era la cárcel de Estados Unidos a la que serían enviados los presos de Puerto Rico. No se supone que el gobernador supiera esa información, ya que el proceso de subastas no había comenzado y las compañías aún no habían sometido sus propuestas. Sin embargo, la contestación del gobernador fue: “Me parece que es con Oklahoma que se han trabajado los primeros pasos [del programa de traslado de confinados]”.

De las dos compañías que licitaron para obtener el contrato para el programa de traslados, la única que tiene cárceles en Oklahoma es CoreCivic.