Marque la fecha en el calendario: miércoles 12. Y no, no es por el anuncio de los nuevos iPhone de Apple, que también llegarán ese día. La próxima semana, internet, tal y como lo conocemos, puede dejar de existir. El Parlamento Europeo se prepara para votar la nueva directiva de copyright, una ley que no se actualizaba desde hace 20 años. Se intentó el pasado julio, pero fue rechazada por 40 votos en contra. Ahora, el miércoles 12, habrá una segunda vuelta en la que el Gobierno español está empleándose a fondo para lograr que, esta vez sí, se apruebe. Desde viajes relámpago a Bruselas para hacer 'lobby' con los europarlamentarios a reuniones con Andrus Ansip, vicepresidente de mercado único digital, pasando por ataques a los juristas, activistas y políticos que se oponen a la ley, acusándoles de "intoxicación".

La plana mayor del ministerio de Cultura, con el ministro José Guirao al frente, se trasladó el pasado martes a Bruselas para reunirse con los europarlamentarios españoles y convencerles de la necesidad de aprobar la ley rechazada en julio. Con la excepción de Francia, España es el único país que está realizando semejante esfuerzo de 'lobby' solicitando reuniones a nivel europeo y convocando luego a los medios en España para contrarrestar lo que consideran informaciones falsas, según fuentes del propio ministerio.

"No puede ser que haya plataformas como Spotify o Deezer que están pagando derechos de autor y cumpliendo la ley y luego otras en las que los usuarios suben contenido protegido por copyright y no pasa nada. Estas plataformas tienen que hacer lo mismo: obtener licencias y compensar a los dueños de los derechos", explica Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales en el ministerio.

Moscoso, exempleada de la SGAE en excedencia, ha sido precisamente la designada por Cultura para liderar la posición del ejecutivo en este frente. Su objetivo es claro: lograr que dos de los artículos clave de la directiva, el 11 y el 13, se aprueben con los mínimos cambios posibles respecto al texto de julio para favorecer al máximo los intereses de la industria cultural.

Los creadores contra YouTube

El más controvertido de ambos, el artículo 13, propone obligar a las grandes plataformas de vídeo, principalmente YouTube, a filtrar el contenido que suben los usuarios para detectar si infringe derechos de autor antes de su publicación. Además, exigirían a YouTube firmar contratos con las grandes discográficas para abonarles miles de millones en concepto de 'royalties' por su contenido. Algo parecido a lo que ocurre con Spotify, pero trasladado a los vídeos.

La nueva directora general de Industrias Culturales y exempleada de la SGAE, Adriana Moscoso (en primer término). (EFE)

Sería un golpe brutal a Google y el buscador ya avisó hace tiempo que no va a pasar por el aro. Primero, porque ya tiene implantado un sistema en YouTube desde hace años para detectar estas infracciones de copyright: Content ID. Segundo, porque sería tecnológicamente imposible revisar miles de millones de vídeos cada hora sin generar errores y perjudicar a los usuarios. Tercero: la factura a pagar sería tan descomunal que probablemente haría el servicio inviable.

Las voces críticas con esta ley argumentan que algo así tumbaría además para siempre la libertad de expresión. Un ejemplo: imagine que un cómico quiere hacer una parodia de, pongamos... los gitanos. Se graba vestido como ellos, los imita, pone de fondo una canción de Los Chungitors y sube el vídeo a YouTube. Se trata de un gag, una parodia que, de existir los filtros y algoritmos que exige Europa en su directiva (y de querer la discográfica de Los Chungitos...), no vería nunca la luz. Como este habría miles de casos similares.

Nadie defiende que los autores no deban ser compensados. El problema es que hacerlo con estas propuestas carece de sentido

"Lo que proponen daría también más poder a las grandes empresas como Google, que es justo lo que se quiere evitar. Solo ellas podrían crear una solución tecnológica parecida a lo que exige Bruselas. Se perjudicaría a las pequeñas 'startups' y negocios que no tienen recursos para hacerlo", explica a Teknautas Julia Reda, europarlamentaria del Partido Pirata y una de las voces más visibles contra la ley de copyright. "Algo así destruiría internet. Hacer que sea un algoritmo, y no un juez, el que decida qué se puede retirar o no de internet es una auténtica salvajada jurídica. Estamos permitiendo a un 'software' tomar una decisión sin posibilidad de apelación jurídica, no tiene sentido", señala Carlos Sánchez-Almeida, abogado especializado en internet.

Desde Cultura contrarrestan estos argumentos con una cifra de la Federacion de la Industria Fonográfica Internacional, el 'lobby' mundial de las discográficas. Mientras que el dinero que recibieron estas compañías en 2017 por el 'streaming' de audio ascendió a más de 5.500 millones de dólares por 272 millones de usuarios de plataformas como Spotify o Deezer, los ingresos en el 'streaming' de vídeo solo ascendieron a 856 millones de dólares por 1.300 millones de usuarios (básicamente, los que tiene YoutTube), Dicho de otra forma: quieren un trozo del pastel de Google, y lo quieren ya.

"Nadie defiende que los autores no deban ser compensados. Ese no es el debate. El problema es que compensarles con estas propuestas y estas herramientas carece de sentido, sería muy dañino para internet", zanja Reda.

(Reuters)

¿Vuelta a la tasa Google?

El otro artículo de la directiva que amenaza con cambiar las reglas de internet es el 11 y está pensando, nuevamente, para obligar a Google a compartir sus ingresos. En este caso con los medios de comunicación. Es, a grandes rasgos, una resurrección de la 'tasa Google' o 'canon AEDE' que se intentó establecer en España y acabó en el cierre de Google News. Este artículo habilitaría a los medios de comunicación a cobrar a agregadores de noticias por publicar pequeños extractos de artículos (como el titular y las dos o tres líneas iniciales).

El movimiento se intentó en España en el 2014 y fracasó: Google News cerró dejando en la estacada el canon de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). En la actualidad Cedro, la entidad gestora del canon, ha firmado un acuerdo con el agregador de Samsung Upday, pero faltarían otros por entrar. "Sí, consideramos que Menéame realiza funciones de agregador y sería objeto de esta ley", señalan fuentes del Ministerio de Cultura. Algo parecido se intentó en Alemania y también fracasó: los medios volvieron a pedir a Google aparecer en News porque su tráfico, simplemente, se había desplomado tras salirse del servicio.

Según Julia Reda, esta medida es un ataque al enlace y, por extensión, a la misma definición de internet. "Usar un titular y un par de frases no atenta contra nada, es parte de cómo funciona internet", señala. "Están trantando de cobrar por el derecho de cita. Se lo tienen que hacer mirar. Esto solo hará que los medios que lo exijan tengan menos y menos tráfico. Va en contra de su propio negocio", explica Sánchez-Almeida.

Negociaciones de último minuto

La situación ahora mismo es de "total incertidumbre", confirman fuentes de un bando y de otro. Entre hoy y el próximo martes por la noche, los diferentes grupos politicos que configuran el Parlamento negociarán a contrarreloj. Y todo puede cambiar en el último segundo. Sobre la mesa hay ahora mismo hasta siete propuestas diferentes de enmienda de los artículos 11 y 13 y van desde eliminarlos por completo (sería la apocalipsis para los creadores), a realizar cambios cosméticos pasando por propuestas intermedias como olvidarse de los filtros y algoritmos para controlar las subidas de contenidos pero hacer responsables a las plataformas de que nadie infrinja el copyright.

(Reuters)

Si no se llega a un acuerdo antes del miércoles 12, las siete propuestas se someterán a votación, empezando por la más opuesta al texto original. Es decir, la eliminación de los artículos 11 y 13. "La primera propuesta que obtenga mayoría de votos, es la que se adoptará", explica Reda. Hay 751 europarlamentarios. Por la parte española, el Gobierno asegura haber logrado el consenso de todos los grupos para votar a favor de la ley. Pero será tan fácil. El pasado julio, solo PP y PSOE apoyaron la directiva. El resto, Ciudadanos, Podemos, IU, Esquerra, Equo, PDeCat y PNV la rechazaron. ¿Qué ocurrirá esta vez?

"Es muy pronto para saberlo. Lo más probable es que no haya acuerdo y se tenga que acabar votando las enmiendas. Creo que será de nuevo un resultado muy ajustado", dice Julia Reda. "Es una 'ley frankenstein', un compendio de asuntos que no tienen nada que ver unos con otros. Habla de minería de datos, de la prensa, de Google y YouTube... Solo el tema de los algoritmos necesitaría una directiva en sí mismo", señala Sánchez-Almeida. "¿Sinceramente? Creo que lo mejor es tirar esta directiva a la basura y empezar de cero".