Alrededor de 1,5 millones de familias españolas no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada en su vivienda, ni en verano ni en invierno. Equivalen a un 11% de los hogares de España, aunque el informe que detalla estos datos, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) , también estima que más de uno de cada cuatro hogares del país se sitúa en el borde o bajo la línea de la pobreza energética. Más de 2,6 millones de habitantes del Estado español dedican más del 15% de sus ingresos a pagar la factura de la electricidad, el gas, el butano...



“Para transformar las cosas hay que avanzar poco a poco”, afirma Adrián Dios. Es gerente de Nosa Enerxía, la primera cooperativa gallega dedicada a la comercialización de electricidad. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que busca sumar las fuerzas de los pequeños consumidores para acudir conjuntamente a las subastas de electricidad, comprar la que provenga de fuentes renovables y comercializarla al mejor precio posible. Van a cumplir año y medio de funcionamiento, cuentan con 348 socios pero están creciendo a un gran ritmo: más de cien nuevos asociados en lo que va de año, y esperan superar los quinientos al terminarlo.

Dios explica la filosofía de la cooperativa: “El mercado energético es un oligopolio en manos de muy pocas empresas. Y lo que pretendemos es que los consumidores puedan ser parte activa en la toma de decisiones que les afectan”.

España liberalizó su mercado de la energía en 1997 bajo el Gobierno de José María Aznar, que aseguró que la nueva fórmula devendría en un modelo de libre competencia que favorecería la bajada de precios de la que se beneficiarían todas las familias. Lejos de eso, la factura de la luz ha crecido más de un 100%, y la oferta de energía se ha configurado como un oligopolio manejado y controlado por cinco grandes compañías. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo copan más del 80% de las ventas de electricidad. Según un informe de Público, sólo las tres primeras ganaron más de 56.000 millones de euros entre el 2008 y el 2015, en plena crisis económica.

La legislación energética española es muy extensa, complicada y farragosa, y en la práctica ha venido favoreciendo a las grandes empresas frente a los consumidores. El mercado está muy tasado y regulado y apenas permite a las pequeñas comercializadoras lograr entre un 4% y un 6% de beneficios sobre el precio de compra. Si la mentalidad es lucrarse, no es negocio porque la rentabilidad es difícil. Pero Nosa Enerxía utiliza ese pequeño espacio no para obtener plusvalías, sino para garantizar su solvencia y para beneficiar a los usuarios finales. “Es cierto que ese margen no es muy grande. Pero manejarlo adecuadamente nos permitió el invierno pasado mantener los precios para nuestros asociados, cuando en las subastas estaban subiendo sin parar en plena ola de frío”, apunta Dios.

"Lo que pretendemos es que los consumidores sean parte activa en la toma de las decisiones que les afectan”

Nosa Enerxía crece paso a paso. No sólo entre los consumidores individuales. Acaban de firmar un contrato de 17.500 euros para suministrar electricidad a cinco edificios municipales del Concello de Moaña, en Pontevedra, una localidad de clase trabajadora de 20.000 habitantes ubicada frente a Vigo y gobernada por el Bloque Nacionalista Galego con apoyo del PSOE. El pleno del pasado 24 de julio aprobó dejar en manos de la cooperativa el suministro eléctrico de la Casa de la Juventud, la Escuela Infantil, la Ludoteca y dos clubes de jubilados.

Según el Ayuntamiento, en la decisión pesaron varios aspectos: que la cooperativa sólo comercializa energía con certificado verde; que se trata de una entidad sin ánimo de lucro; que tributa en Galicia; que ahorrará dinero a los contribuyentes de Moaña, y que “participa de la economía social, aspirando a un modelo económico más democrático donde los consumidores sean parte activa en la toma de decisiones sobre el modelo energético que queremos”. Además, Nosa Enerxía se ha comprometido a descontar durante un año un 5% de la factura a los vecinos del municipio que se sumen a la cooperativa.

“Nosotros creemos que el suministro de un bien básico como la energía es un derecho ciudadano y no debe servir para que nadie se lucre con él”, afirma Aldán Santamarina, concejal de Hacienda de Moaña. El Ayuntamiento paga una factura anual total de más de 420.000 euros –su presupuesto ronda los 10 millones de euros-, y Santamarina admite que abonársela sin más a una gran empresa no es de su agrado. “Tenemos contratado el suministro con Gas Natural, pero no por una decisión técnica. Somos clientes por incercia”, explica el concejal, quien anuncia que Moaña sí licitará el año que viene todo su gasto energético. “Y en esa licitación queremos puntuar especialmente aspectos como que la energía provenga de fuentes renovables o la implicación social de la empresa suministradora.

Nosa Enerxía mantiene acuerdos similares con otros tres ayuntamientos gallegos (Rianxo, Ames y San Sadurniño, todos en la provincia de A Coruña), y está negociando con otros cinco, todos de tamaño pequeño o mediano. Según su gerente ha entablado contactos con alguno de los grandes, aunque, de momento, su estructura no les permite acudir en igualdad de condiciones a las licitaciones que, por ley, deben convocarse para los contratos de grandes suministros. Tampoco cuentan con apoyo de la Xunta: “La verdad es que no lo hemos buscado, pero tampoco nadie se ha interesado por nosotros”, cuenta Dios.

Nosa Enerxía aspira a apoyar el cambio en el modelo de mercado energético

La legislación española sobre la distribución de energía, como decimos, beneficia a las empresas, y no a los consumidores. De hecho, las pequeñas comercializadoras como Nosa Enerxía no pueden operar en el mercado del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC, la antigua Tarifa de Último Recurso o TUR, cuya cuantía establece Red Eléctrica Española y a la que se acogen más de 17 millones de clientes). Tampoco pueden ofrecer el “bono social”, un descuento del 25% en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables y que, según Adrián Dios, sólo puede constar por ley en la oferta de las “operadoras de referencia”. Es decir, de las grandes.

Aun así, según el gerente de la cooperativa, incluso los consumidores adscritos al PVPC pueden obtener ventajas de ella, o al menos garantizarse una factura equivalente a la que abonan a las grandes firmas: “Tenemos socios que vienen de la PVPC y no pagan más con nosotros”.

Nosa Enerxía aspira a apoyar desde el cambio en el modelo de mercado energético, y Adrián Dios pone como ejemplo a cooperativa catalana Som Energia, que ya cuenta con alrededor de 36.000 socios y gestiona más de 57.000 contratos de suministro proveniente de fuentes renovables certificadas. Y asegura que la idea de la entidad gallega es dotarse de la estructura y de la fortaleza necesaria para convertirse, también, en productora. Es decir, para hacer de los consumidores “prosumidores”. “A partir de 500 ó 600 socios podemos empezar a pensar en desarrollar proyectos de generación. Pero tenemos que ir avanzando poco a poco para ir comprobando nuestra capacidad”, destaca. Para asociarse a la cooperativa hay que abonar 100 euros (que se devuelven si la abandona) y rellenar el formulario que figura en su web.

Dios concluye afirmando que su cooperativa no pretende ganar socios sólo por razones ideológicas, aunque destaca que la fórmula mercantil elegida, la del cooperativismo, tiene mucho que ver con esa intención de transformar las cosas: “Ojo, no somos sólo un grupo de colegas cabreados con el sistema, que también. Aspiramos a cambiar el modelo”.

