En una nueva derivación del Lava Jato brasileño, la Policía Federal de ese país acusó al actual jefe de Inteligencia argentino, Gustavo Arribas, de ser el beneficiario final de US$850.000 que recibió a través de una estructura montada para lavar dinero y evadir a través de sociedades "pantalla" y cuentas offshore.

Identificada como "Operaçao Descarte", la investigación desarmó una estructura montada para generar fondos negros a través de facturas truchas y transferir el dinero resultante a sus destinatarios finales. Entre ellos, a "Consorcio Soma2, la empresa a cargo desde 2011 de la recolección de residuos en San Pablo.

Durante esa investigación, los sabuesos también detectaron que otro beneficiario de la trama delictiva fue Arribas, según confirmó el delegado de la Policía Federal, Víctor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, al detallar los operativos en San Pablo y otras cuatro ciudades de Brasil, bajo la supervisión de la Segunda Vara Federal Criminal de San Pablo.

"En el curso de las investigaciones, [detectamos] una única remesa de valores al exterior por valor de 850.000 dólares. Ese dinero salió de Brasil, pasó por una cuenta en Hong Kong y fue a parar a la Argentina, en una cuenta ligada al director de Inteligencia de aquel país", precisó Rodrigues, quien omitió detallar cuál sería el origen de esos fondos.

Según reconstruyó la Policía Federal, esos US$850.000 fluyeron hacia Arribas mediante 14 transferencias que en 14 días completó Meirelles desde Hong Kong en septiembre de 2013, con destino final en un banco argentino, cuyo nombre no trascendió.

"Arribas está investigado como destinatario de una parte de los valores de una red de lavado de dinero", confirmó a la nacion el comisario a cargo del operativo, Milton Fornazari. "Recibió 850.000 dólares que fueron enviados de manera ilegal de Brasil a la Argentina. Lo que queremos saber es por qué recibió esos valores de manera ilegal y cómo se benefició en esa operación", explicó.

Por su parte, Arribas emitió un comunicado para defenderse. Calificó de "versiones periodísticas" las novedades que llegaron desde Brasil y negó "cualquier tipo de participación delictiva", así como así "cualquier tipo de vínculo" con los "cueveros" brasileños.

Del Lava Jato a Descarte

La Policía Federal brasileña inició la Operaçao Descarte junto al Ministerio Público Fiscal y a Receita Federal, la AFIP de ese país, por los delitos de lavado, evasión y asociación ilícita. Para eso, se basaron en los testimonios y documentos que aportaron los doleiros –"cueveros"– Alberto Youssef y Leonardo Meirelles.

Tanto Youssef como Meirelles fueron condenados a prisión por el juez federal a cargo del Lava Jato, Sergio Moro, y se convirtieron en delatores premiados y aportaron información y documentos a cambio de reducir su tiempo tras las rejas.

Como parte de su colaboración, Meirelles viajó a Hong Kong –donde operaba una cuenta a nombre de la firma fantasma RFY Import & Export– y aportó copias de más de 4000 transferencias. Entre ellas, varias a favor de Arribas, tal como la nacion reveló en enero de 2017.

Tras la publicación periodística, Arribas dio versiones diferentes a la prensa sobre esas transferencias, fechadas en septiembre de 2013. Admitió todas, luego ninguna y por último una sola. Dijo que eran por la venta de un inmueble y luego de muebles de esa vivienda.

Basándose en esas explicaciones, el presidente Mauricio Macri expresó su confianza en Arribas –quien reside en su departamento desde que volvió a Buenos Aires– y calificó las publicaciones de "cuento que parecía muy atractivo".

Ante la Justicia argentina, en tanto, Arribas solo admitió haber recibido una transferencia en una cuenta a su nombre en Suiza, en 2013, que adjudicó a la venta de muebles, operación que completó en 2015 con el comprador, al que identificó como Atila Reys Silva, un doleiro colaborador de Youssef y Meirelles.

Sin embargo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Arribas, antes de recibir las respuestas a los exhortos que él mismo ordenó librar a Hong Kong, Brasil y Suiza. El fiscal Federico Delgado apeló esa decisión, que a último momento no sostuvo el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, por lo que el fallo fue confirmado en segunda instancia. Con la intervención del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien sí apeló, la decisión final sobre la investigación local depende ahora de la Corte Suprema