El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, (PRI) ha solicitado al Congreso de la Unión que se modifique la estructura del gobierno federal de este país para devolver a la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) el papel de coordinación del Gabinete y, sobre todo, el control del aparato policial que mantuvo durante los tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional mantuvo el poder hegemónico en el país que gobernó durante 70 años en el país.

El mandatario, que asumirá el poder el 1 de diciembre, propuso además la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que supliría a la Secretaría (Ministerio) de la Función Pública, órgano percibido como poco eficaz en la captura de políticos corruptos. Esta comisión estaría conformada por ciudadanos y junto con las modificaciones que Peña Nieto ya había propuesto hace unas semanas para reforzar el acceso a la información y la transparencia gubernamental, es una de las promesas de campaña que el priísta se vio forzado a hacer tras la irrupción en mayo de la protesta juvenil #Yosoy132.

Además, Peña Nieto ha solicitado este jueves fortalecer a las secretarías de Hacienda y Crédito Público para dotar a es de mejores mecanismos de control, y de la de Desarrollo Social, que además de combatir la pobreza ahora deberá "generar condiciones que refuercen la cohesión y la convivencia ciudadana".

En un hotel del poniente de la capital mexicana, el miércoles, el presidente electo entregó su iniciativa a los coordinadores parlamentarios de su partido. En ese evento protocolario dijo que las modificaciones a la ley de la Administración Pública Federal tienen como objetivo "garantizar la coordinación del gabinete y dar seguimiento a sus políticas, generar un nuevo esquema de organización que permita mejorar la seguridad interna y recuperar la paz y la tranquilidad".

La modificación más notable es la que borra del esquema gubernamental a la Secretaría de Seguridad Pública, presidida desde 2006 por el polémico Genaro García Luna, un funcionario de amplia trayectoria policial que no ha sido ajeno a escándalos relacionados con extranjeros. Entre ellos está el de la francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en 2005 pero cuya detención fue "recreada" por la policía de García Luna para las cámaras de la televisión, y el más reciente, un ataque en agosto pasado de 14 agentes de la policía federal a un coche en el que viajaban dos agentes de Estados Unidos cuya embajada calificó entonces el acto como una "emboscada".

Del mismo modo, en la reforma propuesta por Peña Nieto desaparece el aparato policial del que presumía el gobierno de Felipe Calderón, que se ufanaba de haber consolidado una policía de alto perfil con poco menos de 40.000 efectivos. Además, Seguridad Pública desarrolló Plataforma México, un sofisticado sistema de concentración y análisis de información para combatir a los criminales. También esta secretaría estaba a cargo de las cárceles federales que, en contraste con las fugas casi mensuales que se vivieron en penales estatales, no registraron en todo el sexenio la evasión de un solo preso.

Sobre la idea de eliminar la SSP, el periodista Raymundo Riva Palacio se preguntaba el lunes en su columna del diario 24 Horas: "Si Peña Nieto transfiere las funciones de esa secretaría a Gobernación, convertirá a su próximo titular en el más fuerte que jamás haya despachado en Bucareli, pues los recursos tecnológicos con que contará jamás se tuvieron antes, sin nadie de contrapeso".

Desde hace semanas se especula con que el titular de Gobernación podría ser Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador del modesto estado de Hidalgo, y uno de los personajes que más tempranamente quemó sus naves a favor de Peña Nieto, a quien conoció poco antes de que ambos fueran gobernadores.

Peña Nieto enviaría además a Luis Videgaray a la reforzada secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde donde, se ha dicho, controlará a los gobernadores, cuyo poder creció en los doce años del panismo. El crecimiento del peso político de los mandatarios estatales fue proporcional al de los escándalos de corrupción en ese ámbito de gobierno y a las descomunales deudas que varios de los gobernadores han dejado en su estado.

De esta manera, el presidente electo ha robustecido los dos brazos con los cuales quiere marcar el control de su administración. Su objetivo, según sus propias palabras, es "ejercer una presidencia democrática y eficaz", y para ello como primer paso ha vuelto al pasado.