La decisión de un juez belga de tramitar la demanda civil de Puigdemont contra el juez Pablo Llarena va a enfrentar a la Justicia de ambos países. El juez decano de Madrid no tiene intención de tramitar la petición del juez belga de comunicar al magistrado del Tribunal Supremo que tiene que declarar sobre el asunto el próximo 4 de septiembre ante un tribunal de Bruselas.

El juez decano de la capital, Antonio Viejo, considera que Bélgica no tiene competencia sobre una actuación jurisdiccional de Llarena en una causa penal española. También lo consideraron así desde el primer momento fuentes del Supremo y la Fiscalía del Alto Tribunal. Fuentes de altas instancias explicaron el día de la interposición de la demanda que no tendría recorrido alguno en España. El Ministerio Público ha expuesto ese parecer en un escrito.

El propio Llarena así lo mantiene, como reflejó en el reciente auto en el que rechazó una recusación presentada contra él, que entre otros motivos se apoyaba en esa denuncia presentada en Bélgica. El magistrado del Supremo se refiere a la actuación de la Justicia belga como «un tribunal extranjero que carece de competencia para emitir un juicio valorativo de la actuación jurisdiccional española».

La demanda civil reclama un euro simbólico al juez español por actuar "sin imparcialidad y movido por motivaciones políticas".