CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Andrés Manuel López Obrador dice estar “bien y de buenas” por la aprobación del T-MEC. Y tiene razón en sentirse aliviado. La firma del tratado comercial es una buena noticia; un triunfo del gobierno lopezobradorista en condiciones difíciles creadas por un gobierno estadunidense mercurial e impredecible. El nuevo acuerdo disminuye la incertidumbre que ha dañado las perspectivas de crecimiento, y es uno de los factores que explican el estancamiento actual. Pero la celebración debe estar acompañada de la reflexión, la algarabía necesita atemperarse ante las implicaciones de lo que México negoció y cómo lo hizo. Es mejor que haya T-MEC a que no lo haya, sin duda. Pero por las prisas y la presión, el gobierno lopezobradorista acabó negociando de rodillas, y México podría padecer las consecuencias.

La confusión creada por el propio subsecretario Seade, con sus declaraciones airadas sobre los “agregados” laborales y su viaje intempestivo a Washington, así lo demuestran. El principal negociador mexicano creó un ambiente de duda y confusión sobre lo que supuestamente México desconocía y le fue impuesto. Prevalece la duda sobre si mintió o le mintieron, si Estados Unidos nos metió un gol unilateral o si Seade y el Senado mexicano le metieron un autogol al país por la falta de previsión y de capacidad negociadora.

Como diversos expertos en comercio internacional han señalado, es imposible que Seade no supiera sobre los “agregados” tan controvertidos; formaron parte del documento publicado por el propio Congreso estadunidense el día que el tratado fue anunciado. Parecería que Seade fue tramposo o ingenuo: o quiso engañar a la opinión pública sobre lo que había cedido o no le avisaron sobre las implicaciones de lo que acordó. Y aunque el negociador estadunidense Lightzinger después envió una carta, asegurando que los “agregados” laborales se portarían bien, lo cierto es que el gobierno mexicano acabó aceptando una figura con alcances inciertos.

Jorge Castañeda Morales describe lo ocurrido de manera explícita: más que un tratado comercial, México acabó aceptando un acuerdo laboral. Por eso el entusiasmo del Nancy Pelosi, los aplausos de las centrales obreras estadunidenses, el consenso generalizado que ni el propio TLC logró. En Estados Unidos se cree que el T-MEC podrá ser un instrumento para obligar a México a cumplir con la reforma laboral prometida. Desde afuera nos obligarán a llevar a cabo lo que no hemos podido hacer solos, desde adentro. Competir a partir de buenos salarios y no mano de obra barata. Dejar de ser un país maquilador y atraer la inversión a partir de la productividad y no la explotación laboral. Todo eso es bueno porque implica un avance para la clase trabajadora del país, que contará con mejores condiciones y mayores posibilidades de organizarse de manera independiente. Así, el T-MEC se vuelve un acicate necesario y aplaudible.

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Pero también riesgoso por el alcance imprevisto que podrían tener los “agregados” laborales que contarán con poder y presupuesto. México se rehúsa a llamarlos inspectores pero tendrán la capacidad de inspeccionar, monitorear, inducir quejas, y llevarlas a la comisión de monitoreo, aduciendo que México está violando derechos laborales. Eso, a su vez, podría desencadenar un proceso de sanciones a empresas específicas, claramente intervencionista e injerencista.

Como lo ha argumentado Patricio Solís, el T-MEC nos coloca en “un dilema entre preservar la soberanía o mantener las condiciones precarias de nuestros trabajadores”. En esta negociación, México aceptó ir dejando atrás el modelo maquilador y mejorar los sueldos y las condiciones de trabajo en las fábricas mexicanas. Pero a cambio, aceptó que Estados Unidos vigilara ese proceso. La debilidad estructural de México, aunada a la prisa, llevó a aceptar condicionamientos que pueden ser usados como mecanismo de presión, de manera discrecional, para extraer concesiones en cualquier ámbito de la agenda bilateral. El garrote potencial que representan los “agregados” laborales, así como los mecanismos de inspección, verificación y monitoreo de condiciones laborales y ambientales, es algo que el gobierno de México permitió.

Esta aceptación que coloca al país en una posición de rehén permanente es resultado de la prisa que AMLO tenía, las instrucciones que le dio a Seade para sacar adelante el tratado a como diera lugar, la falta de contrapesos en el gabinete, el uso de un subsecretario de la Cancillería para negociar un tratado comercial complicado, que claramente rebasó la capacidad del negociador. Seade insistió en hacerlo solo, sin incorporar equipos de técnicos y expertos y abogados especialistas en comercio internacional que le hubieran ayudado a zanjar la situación de mejor manera. Excluyó al “cuarto de al lado” que podría haberlo alertado sobre las consecuencias previsibles de lo que estuvo dispuesto a acordar. Y el Senado mexicano se sumó al apresuramiento, cuando debió haber esperado a que el Congreso estadunidense enviara la legislación implementadora, que incluía la descripción detallada del papel de los “agregados”. AMLO, Seade y el Senado, la trifecta responsable de la firma del Tratado pero también de colocar al país a la merced de los designios del gobierno de Estados Unidos.

El Financial Times lo resume a la perfección: “AMLO se inclina ante Trump en una relación de desiguales”. Una y otra vez, el presidente mexicano ha logrado llevar la fiesta en paz con su contraparte irascible e impredecible, pero cediendo a sus demandas. Ha demostrado un pragmatismo encomiable, pero costoso. México sigue haciendo concesión tras concesión, con consecuencias notoriamente dañinas en el tema comercial, en el tema migratorio, en el tema del combate conjunto al narcotráfico. Y el T-MEC lo constata: el gobierno de México logró sacar adelante el tratado, pero lo hizo negociando de rodillas.

Este análisis se publicó el 22 de diciembre de 2019 en la edición 2251 de la revista Proceso