El 25 de octubre de 2017 el fiscal Sergio Moya le envió un mensaje por whatsapp al mayor de Inteligencia de Carabineros Patricio Marín, uno de los protagonistas del montaje de la Operación Huracán. Se tenían confianza. Habían trabajado juntos en varias causas sobre organizaciones mapuche radicales, en la época en que Moya prestó servicios en la Fiscalía Regional de la Araucanía. Aunque ahora el fiscal estaba radicado en Rancagua, el vínculo nunca se cortó.

El mensaje que Moya puso en su chat con Marín era una imagen: la foto del carnet de identidad N° 13.XXX.XXX-7, perteneciente a E.R. (*), una mujer que aseguraba ser militante de una célula activa del FPMR, basada en la zona poniente de Santiago. Esa imagen –a la que CIPER tuvo acceso– es una hebra que conecta a Sergio Moya y al fiscal Emiliano Arias con el ahora ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien entonces ejercía como jefe político de la campaña presidencial de Sebastián Piñera. Y también acreditaría la particular cercanía que habrían cultivado al menos dos de los citados: Arias y Chadwick.

CIPER contactó a E.R. y conversó con ella. La versión de la mujer es que por un quiebre con sus compañeros de militancia que afectó gravemente su vida personal, decidió revelar su historia y colaborar con la justicia. Según su testimonio, en el segundo semestre de 2017, cuando la carrera presidencial ya estaba en tierra derecha, llegó hasta las oficinas que ocupaba el círculo de hierro de Sebastián Piñera en Apoquindo 3.000, donde la recibió la actual ministra de la Mujer, Isabel Plá. Ella la derivó con Andrés Chadwick, quien ya se perfilaba como jefe del futuro gabinete ministerial.

Chadwick, dice E.R., escuchó su historia y la puso en contacto con un fiscal que él describió ante la mujer como de su entera confianza: Emiliano Arias. Ella cuenta que el jefe del comando de Piñera le pidió a Isabel Plá que la llevara hasta Rancagua y que la pusiera directamente en manos de Arias. En la fiscalía regional las recibió Arias, pero no estaba solo. Lo acompañaba el fiscal Moya. Eran los tiempos en que Arias y Moya trabajaban en absoluta sintonía y total confianza, lejos de la guerra que hoy los enfrenta.

CIPER pidió la versión del ministro Chadwick. Desde el Ministerio del Interior recalcaron que este episodio ocurrió antes de que él asumiera en esa secretaría de Estado y dijeron que inicialmente dudó de la historia de la mujer, pero que igualmente decidió encargarle a Isabel Plá que la pusiera en contacto con la Fiscalía. Según esta versión, como la mujer entregó antecedentes que vinculaban los mega-incendios forestales, que estaban siendo investigados por Arias, con células extremistas, decidieron contactarla con el fiscal regional de O’Higgins.

Una primera señal de la cercanía entre Arias y el ministro del Interior fue la publicación –hecha por radio Biobío– de un chat entre Chadwick y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, fechado en abril de 2017. En ese mensaje el ahora ministro le pidió al edil que interviniera públicamente en favor del fiscal Arias cuando este fue sumariado por orden del fiscal nacional, Jorge Abbott, a raíz de sus declaraciones en la causa por los mega-incendios forestales. El chat entre Chadwick y Soto fue filtrado desde la carpeta investigativa que llevaba Moya sobre malversación de caudales que involucra al alcalde de Rancagua. Ahora, la irrupción del caso de E.R. confirmaría la estrecha relación entre el fiscal Emiliano Arias y el jefe del gabinete ministerial.

La versión de E.R. y diversos documentos que ha revisado CIPER también muestran los cercanos vínculos que por años ha cultivado el fiscal Sergio Moya con agentes de inteligencia de Carabineros.

ESPIONAJE EN TEMUCO

CIPER tuvo a la vista los chats entre Moya y el mayor Patricio Marín y esos registros indican que en distintos momentos el fiscal recibió y envió información sensible a Carabineros, por medio del mayor Marín. Lo más delicado que emerge de esos contactos: Sergio Moya supo en octubre de 2017 que Carabineros estaba investigando reservadamente al fiscal de Temuco Luis Arroyo, lo que incluía espionaje telefónico a su asistente, la abogada Mónica Palma. Estos hechos solo fueron conocidos formalmente por la jefatura del Ministerio Público recién en diciembre de ese año, cuando Carabineros presentó su Informe 202, dirigido a Jorge Abbott.

En ese informe la policía acusaba que la abogada Palma tenía un romance con Arroyo y que se aprovechaba de esa circunstancia para filtrar información a una persona que después la entregaba a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco. Como quedó demostrado posteriormente, los hechos denunciados eran falsos y se basaban en un montaje de pruebas.

A pesar de que estaba en conocimiento de estos graves antecedentes sobre espionaje a funcionarios del Ministerio Público y posibles filtraciones desde la Fiscalía de Temuco hacia líderes mapuche, Moya no hizo denuncia alguna, aunque por ley estaba obligado a hacerlo. CIPER intentó contactar al fiscal Moya para pedir su versión sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta.

No obstante, en una declaración judicial que prestó el 22 de febrero de 2018 –y a la que CIPER tuvo acceso–, el fiscal Sergio Moya aseguró que el 5 de octubre de 2017 informó al director de la Unidad de Delitos Económicos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado del Ministerio Público (Uldecco), Mauricio Fernández, que Carabineros había detectado una filtración desde la Fiscalía de Temuco hacia líderes mapuche. Según esa declaración de Moya, Fernández le informó días más tarde que los antecedentes se habían “canalizado a las jefaturas respectivas, con lo cual me quedé tranquilo”.

Aunque en la misma declaración Moya dijo que después se desentendió del tema, los chats revisados por CIPER indican otra cosa. El intercambio de mensajes entre él y el mayor Marín se intensificó e incluyó sugerencias del fiscal sobre cómo llevar adelante la denuncia contra Arroyo y Palma. Además, Marín le envió audios con grabaciones de interceptaciones telefónicas hechas a la misma abogada Mónica Palma.

El Informe 202, que alertó al fiscal nacional sobre la supuesta filtración, fue respondido por Jorge Abbott con un oficio el 13 de diciembre en el que pidió más antecedentes a la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Ese mismo día, el mayor Marín envió copia de ese oficio a Sergio Moya a través de fotos por whatsapp. A las 20:02 de esa jornada, Moya despachó un correo electrónico a Marín. Es el mismo correo que fue difundido por la defensa del fiscal Emiliano Arias la semana pasada. En ese e-mail, Moya entrega instrucciones a Marín sobre cómo elaborar un informe con el detalle de las pesquisas sobre la abogada Palma y el fiscal Arroyo.

Dos días después, el 15 de diciembre, la Dipolcar despachó su Informe 210 en respuesta a Abbott con nuevos antecedentes.

Entre el 10 de noviembre y el 28 de diciembre de 2017, cuando ya se había desatado la pugna entre Carabineros y la Fiscalía de Temuco, porque esta última ponía en duda la veracidad de las pruebas usadas en la Operación Huracán, el mayor Patricio Marín envió al menos cuatro mensajes por chat al fiscal Moya sobre este tema. Todos se referían a causas que no estaban en manos del fiscal y que se relacionaban con espionaje electrónico e interceptaciones telefónicas sobre blancos de la Fiscalía de Temuco.

Los más llamativos son dos mensajes de whatsapp fechados el 13 de diciembre, el mismo día en que Moya envió al mayor Marín el correo con instrucciones para elaborar un informe acerca de la indagatoria sobre Mónica Palma y el fiscal Luis Arroyo. En ambos mensajes Marín adjuntó archivos de audio con “pinchazos” telefónicos a la abogada Palma. CIPER escuchó lo que la profesional dice en esas grabaciones, en las que queda en evidencia que ella no tenía una relación sentimental con su jefe. A pesar de la contundente prueba, el fiscal Moya siguió “asesorando” a Marín para justificar el Informe 202 que se basaba en el supuesto romance de Palma y Arroyo.

De acuerdo con la declaración de Moya, él informó en octubre al jefe de la Uldecco solo sobre una filtración en Temuco. CIPER no encontró registros de que, con posterioridad, haya informado a su jefatura que Carabineros estaba espiando a personal del Ministerio Público ni que había recibido audios de “pinchazos” telefónicos a la abogada Palma. Tampoco que “asesoró” al mayor Marín sobre este tema.

La única fórmula que podría justificar que Moya no haya denunciado el espionaje ni comentado sus “sugerencias” a Marín, es que hubiese recibido autorización de la jefatura del Ministerio Público para aplazar la denuncia porque estaba monitoreando si efectivamente había una filtración. Pero el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó a CIPER que eso nunca ocurrió:

“Desde la Fiscalía Nacional no hubo ninguna instrucción, mandato o similar al fiscal Sergio Moya para que monitoreara a los fiscales de La Araucanía. Por lo demás, no existe ninguna normativa que lo hubiera permitido”, respondió Abbott.

BOMBA DESACTIVADA Y DETENCIONES

Entre los chats que intercambiaron el fiscal Moya y el mayor Marín, hay uno enviado por el oficial de Carabineros el 29 de diciembre de 2017:

Marín: “(El fiscal Omar) Mérida mañana va a reventar un tema de la Villa Francia con la informante (E.R.) y bombas”.

Moya: “Ojalá le resulte”.

No era la primera vez que compartían información sobre E.R. A fines de octubre de ese año Moya le había enviado al mayor Marín la foto con la cédula de identidad de la mujer. Pero ella no siguió a cargo de los fiscales de Rancagua.

E.R. dijo a CIPER que una vez instalada por Andrés Chadwick en las manos de Emiliano Arias, sostuvo al menos cuatro reuniones con los fiscales de Rancagua. En tres de ellas participaron Arias y Moya, y en la cuarta solo Arias. CIPER intentó obtener la versión del fiscal Arias, pero su abogado señaló que se encuentra fuera de Santiago y no fue posible comunicarse con él hasta el cierre de este reportaje.

La mujer cuenta que Arias y Moya la derivaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y que fue puesta bajo protección policial. Fuentes del Ministerio Público consultadas por CIPER confirmaron que E.R. quedó a cargo del fiscal Omar Mérida, que recibió resguardo de Carabineros de la Dipolcar y que actuó como “testigo protegido”.

Las mismas fuentes confirmaron que la mujer aportó datos que permitieron desactivar un artefacto explosivo que había sido instalado en Escuela de Suboficiales de Carabineros, así como detener a cuatro personas que supuestamente integraban una célula extremista de la Villa Francia, incautar armas y material explosivo.

La testigo dice que contó con protección policial solo hasta que estalló el escándalo por el montaje de la Operación Huracán, en enero de 2018. Desde entonces, según su versión, quedó a la deriva y no volvió a tener contacto ni con Carabineros de la Dipolcar ni con la Fiscalía. En la Fiscalía Metropolitana Oriente, donde actualmente se desempeña Omar Mérida, confirmaron que ese persecutor dirigió diligencias con información aportada por E.R. Pero descartaron que la testigo haya quedado desprotegida, sino que Mérida dejó esa causa porque fue trasladado de la Fiscalía Centro Norte a la de Santiago Oriente. Eso habría coincidido, de acuerdo con esta versión, con el término del periodo de protección a E.R.

CITA ENTRE ARIAS, MOYA Y VILLALOBOS

Son múltiples los diálogos por whatsapp entre el fiscal Sergio Moya y el mayor Patricio Marín, actualmente en prisión preventiva por su participación en el montaje de Huracán. Por esta vía Marín coordinó varias reuniones entre Moya y el ex director general de Carabineros, Bruno Villalobos. Algunas de esas citas ocurrieron cuando el Ministerio Público ya indagaba las pruebas falsas de la Operación Huracán, por lo que el fiscal nacional ordenó instruir un sumario contra Moya por sus eventuales “asesorías” a los oficiales de Carabineros que estaban bajo investigación.

El sumario contra Moya debía ser visado por su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias. Lo extraño de esta figura es que Arias también participó en una de las reuniones entre el general Villalobos y Moya, gestionadas por el mayor Marín. El 23 de agosto de 2017, cuando la Operación Huracán ya estaba entrando en su fase final, Marín escribió al general Bruno Villalobos vía whatsapp:

Marín: Buenos días mi general, Sergio Moya me pregunta a qué hora pasa por su oficina a verlo.

Villalobos: Hoy a las 14 a 16. ty Oficina (sic)

Marín: Mi general, me pregunta si le parece a usted que también concurra Emiliano (Arias, fiscal regional de O’Higgins).

Marín: Mi general, va saliendo a su oficina desde Rancagua. Sergio (Moya) va con el jefe igual. En la noche tienen una cena ellos con la persona que le comenté en la mañana.

Arias y Moya son antiguos conocidos entre los oficiales de inteligencia policial. Ambos, por ejemplo, actuaron juntos en la investigación que apuntó a supuestos vínculos entre grupos mapuche y las FARC de Colombia. Esa hebra surgió en 2008, cuando el general (r) Bruno Villalobos era el director de Inteligencia de Carabineros. Entonces Arias trabajaba en la Fiscalía del Biobío y Moya en la de Temuco. Ambos incluso viajaron a Colombia, aunque las pesquisas resultaron completamente infructuosas.

El sumario que ahora se lleva en la Fiscalía Regional de O’Higgins contra Moya ha sido señalado como el punto de inicio de su quiebre con Arias. La guerra fue declarada finalmente cuando Sergio Moya denunció a Emiliano Arias por tráfico de influencias (Caso Caval), por violación de secreto en una causa de drogas y por obstrucción tanto en la investigación que afecta al alcalde de Rancagua por malversación, como en la indagatoria contra los ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

Si bien al inicio de su round con Arias pareció que Moya estaba arropado por el fiscal nacional Jorge Abbott (quién mantiene una histórica pugna con el fiscal regional de O’Higgins), los últimos episodios de este enfrentamiento muestran que tanto Moya como Arias están igual de complicados. Ambos enfrentan sumarios internos y están imputados en causas penales: Arias a raíz de las denuncias de Moya y este último en la investigación por el montaje de Huracán, causa por la que fueron allanados su domicilio y su oficina la semana pasada.

La dupla que conformaban Moya y Marín también terminó quebrada. El ex oficial de Carabineros se querelló contra el fiscal a fines de abril: lo acusa de obstrucción a la justicia. Al mayor lo representa en esta causa el abogado Javier Jara, un antiguo conocido de Sergio Moya: fue el jefe de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Regional de La Araucanía cuando Moya era fiscal jefe de Temuco.

(*) Las iniciales fueron modificadas para proteger la identidad de la fuente.