(CNN Español) — El pasado 29 de mayo, la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) dictó auto de detención en contra de catorce implicados de alto nivel en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Sin embargo, sectores civiles de la sociedad dominicana siguen manifestándose vivamente en las calles en contra de la corrupción que ellos ven que se palpa en el país.

El colectivo social y político dominicano Marcha Verde, una agrupación ciudadana que nació a finales de 2016 y que organiza protestas contra la corrupción, convocó para el domingo pasado una caminata a nivel nacional para manifestarse sobre la manera en que han actuado las autoridades en el escándalo con la constructora brasileña, que viene azotando a la nación caribeña desde finales del 2016. Ya este movimiento se había expresado en las calles dominicanas en enero, febrero y mayo.

«A pesar de que el proceso inició, con el procesamiento de catorce personas, lo cierto es que faltan muchos en la lista de los sobornados. Porque del periodo del 2012 hasta el 2014 no hay nadie procesado, y ahí fue donde se concretó el proyecto de mayor volumen de dinero que es Punta Catalina. Es inconcebible que la propia Odebrecht haya declarado que pagó sobornos y lo hiciera por las obras más pequeñas y que por la de mayor volumen no lo haya hecho. Punta Catalina es el cuerpo del delito y debe ser investigado seriamente», le aseguró a CNN en Español María Teresa Cabrera, activista y dirigente de Marcha Verde.

Punta Catalina es una central termoeléctrica ubicada en la provincia de Peravia (sur del país) en la que el gobierno del presidente Danilo Medina apuesta para asegurar energético del país y que está siendo construida por el consorcio Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella.

El pasado 3 de julio, el Ejecutivo dominicano pidió que se terminaran las obras de la termoeléctrica, por recomendación de una comisión presidida por el monseñor Agripino Núñez y constituida por mandato del decreto 6-17 de enero del 2017.

Los procesados

«Nosotros hemos valorado que hay mucho en la acción de la detención de los procesados de intento de mareo, como lo llamaríamos los dominicanos. Es decir, hay una maniobra para tratar de tranquilizar a la ciudadanía diciendo «miren, estamos actuando». Instrumentaron un expediente mal hecho porque no tienen la intención real de hacer una investigación que termine con sanción», le dijo Cabrera a CNN en Español.

La PGR ha defendido su papel en la investigación del caso, asegurando que ha perseguido a todos los implicados y que seguirá investigando «caiga quien caiga». La PGR ha asegurado que las investigaciones están en curso, que están en fase preliminar y que se han dictado medidas de coerción contra todos los procesados, quienes se han declarado inocentes.

¿Qué pide Marcha Verde?

En uno de sus manifiestos en redes sociales, el colectivo pide encarcelar a los corruptos, recuperación de lo que ellos aseguran que se ha «robado» (en cuanto a los sobornos y a las sobrevaluaciones de las obras), la cancelación de los contratos (entre ellos el de Punta Catalina) y una investigación por parte de una comisión independiente.

«Los que conocieron el 89% de los proyectos que el Estado le otorgó a Odebrecht no han sido incluidos en la lista de procesados. Obviamente la gente se da cuenta que hay una intención de entretenernos. Por eso, después de ese proceso, del apresamiento de los catorce, las manifestaciones continúan siendo más grandes, porque la gente se da cuenta que hay una intención de burlar a la ciudadanía», añade Cabrera.

En República Dominicana, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se recibieron 92 millones de dólares de los sobornos de Odrebrecht.