Los creadores de Sosafe –el software de seguridad pública utilizado a diario por miles de ciudadanos para reportar actividades sospechosas en sus barrios–, se muestran ante la opinión pública como un par de jóvenes emprendedores que a partir de una idea ingeniosa crearon una próspera empresa enfocada en el bien común. En los últimos meses, Cristián Cabrera Schindler y Carlos Fernández Rosati han concedido diversas entrevistas en las que cuentan su historia: se conocen desde kínder, cuando eran adolescentes armaron una banda de rock y siempre les ha interesado aportar a la sociedad. Dicen que un buen día se les ocurrió postular a un fondo StartUp y que ahí su emprendimiento despegó. Algo así como los Mark Zuckerberg chilenos .

Lo que no transparentan en esas entrevistas es que formaron la compañía en alianza con un grupo de empresarios de la seguridad y que actualmente los controladores de Sosafe son los dueños de Instagis, empresa experta en big data y que cumplió un rol protagónico en las campañas electorales de 2016 y 2017 (vea reportaje de CIPER “Instagis: el ‘gran hermano’ de las campañas políticas financiado por Corfo”). Instagis fue apalancada por un fondo de inversiones que recibió recursos públicos en 2013 desde la Corfo. Ese fondo –denominado Genesis Venture– le entregó a Instagis cerca de $1.400 millones en 2015.

Lo que hace Instagis es perfilar a los ciudadanos según su sexo, edad, nivel socioeconómico, creencias religiosas, formación educacional, estado civil y preferencias políticas. Lo logra cruzando bases de datos públicas como el Censo, la Casen, el Registro Social de Hogares y el padrón del Servel. A través de softwares es capaz de agregar a esos perfiles el nombre, el RUT y la dirección de las personas. A todo eso le suman los datos que recogen de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Conocen las características y las preferencias de las personas. Y ahora también pueden llegar a conocer sus miedos. Esto último podría agregárselo Sosafe.

Con Sosafe, Instagis puede convertirse en una aspiradora que recoja los reportes de miles de ciudadanos. La información sobre los temores de las personas en materia de seguridad pública es un insumo crucial para las campañas electorales y nada, salvo la buena voluntad de los dueños del software, impide que los datos de los usuarios sean utilizados para potenciar a un candidato que contrate a Instagis. O, incluso, que se comercialicen en servicios prestados por Instagis o Sosafe a otras empresas. Esa falta de límites provocó el escándalo internacional de otra aspiradora de datos: Cambridge Analytica.

CIPER detectó que al menos 27 municipalidades cuentan con los servicios de Sosafe. Varias de ellas lo han contratado de manera directa, sin licitación, lo que deja fuera de carrera a aplicaciones similares sin un motivo explícito. Lo anterior puede constituir un conflicto de interés si entre los controladores del servicio está Instagis y el alcalde ha contratado o contrata a futuro sus servicios para campañas electorales. Asimismo, Sosafe funciona en alianza con Carabineros, que recomienda el uso de esta aplicación, y no está claro por qué la policía uniformada privilegia ese software por sobre otros que cumplen el mismo objetivo.

Además, Instagis ha suscrito contratos con otros organismos públicos, como Servel, Senda, Junaeb y el Ministerio de Bienes Nacionales. La empresa podría tener acceso a bases de datos de esas entidades. Solo en ventas de licencias de sus softwares a municipios y servicios públicos, Instagis y Sosafe acumulan ingresos por, al menos, US$2,83 millones en los últimos cuatro años, de acuerdo con los registros de Mercado Público y de transparencia revisados por CIPER. A esa cifra habría que sumarle los ingresos por los servicios que prestan a grandes empresas como Falabella, Aguas Andinas, Enel, Clínica Las Condes, Walmart, Ripley y Socovesa, entre otras.

En paralelo, Instagis también trabaja en campañas políticas. En las elecciones de 2016 y 2017 la empresa recaudó $274 millones por los servicios que prestó exclusivamente a candidatos de Chile Vamos, de acuerdo con registros de gasto electoral del Servel. La información aportada por la empresa fue clave en los triunfos de alcaldes emblemáticos de la derecha, como Joaquín Lavín y Catherine Barriga. Y también en las victorias de parlamentarios como Javier Macaya (UDI), Jaime Bellolio (UDI) y otros diputados y senadores de RN. Pero sin duda, el mayor aporte lo hicieron a la campaña del Presidente Sebastián Piñera.

Instagis y Sosafe se asociaron y se convirtieron en un panóptico ultramoderno que utiliza la tecnología para saberlo todo.

Sosafe funciona como una red social comunitaria donde las personas pueden reportar posibles actos delictivos en sus barrios, desórdenes públicos, gente sospechosa que merodea cerca de sus casas y fallas en la infraestructura pública (como luminarias y pavimento en mal estado). También se utiliza para reportar mascotas perdidas y convocar a reuniones sociales.

Alguien que instala Sosafe en su celular debe entregar su nombre, su teléfono, la dirección de su casa, su correo electrónico y además autorizar a que el software utilice el GPS del teléfono, lo que puede permitir conocer el desplazamiento cotidiano de los usuarios.

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BIG DATA EN LAS CAMPAÑAS

A fines de diciembre de 2017 un reportaje de La Tercera indagó en los factores que llevaron a Piñera a ganar la elección presidencial de ese año:

“Para efectos de conocer a los votantes, el comando de Piñera trabajó con la empresa Instagis. El programa computacional permite identificar la adhesión política vía redes sociales -en especial Facebook-, a través de los comentarios de los usuarios y sus ‘me gusta’. Luego, se busca la localización de esa acotación y se dirige la campaña vía red social a esa persona. Esta vez, los posibles votantes se dividieron en tres: piñeristas, indecisos y perdidos”, señala el reportaje.

A los sectores “piñeristas” se les enviaron mensajes para reforzar su fidelidad. A quienes estaban indecisos les dirigieron información que los alejara del candidato de la competencia, Alejandro Guillier. Para esto último, según informó La Tercera, usaron conceptos como “chilezuela”. A los votos que consideraban perdidos, el mismo reportaje dice que trataron de “insegurizarlos” enviando guiños a los votantes DC o cercanos al Frente Amplio. El software de Instagis también se usó para georreferenciar las zonas donde la campaña de Piñera debía reforzar el puerta a puerta electoral.

En octubre de 2017 la revista Qué Pasa también había subrayado el trabajo de Instagis en la campaña presidencial. Según ese reportaje, el cruce de bases de datos públicas con el perfilamiento de los electores vía Facebook identificó a un millón de seguidores de Piñera, a quienes se les enviaron mensajes para que ayudaran en la campaña. Otro artículo de Qué Pasa recogió las declaraciones de un diputado –que no fue identificado– que participó en la campaña de Piñera: “Tú puedes llegar a conocer los perfiles específicos de, por ejemplo, gente cercana a la centroderecha, de Maipú, de entre 30 y 40 años, conociendo sus hábitos culturales y de consumo”.

Los registros de gasto electoral revisados por CIPER en el Servel indican que el comando de Sebastián Piñera pagó $117,9 millones a Instagis por un software especial para dirigir la propaganda del candidato y por una aplicación, llamada Civic Brain, que segmentó a los electores y ayudó a dirigir los avisos en YouTube. Instagis trabajó en la campaña presidencial de Piñera desde la primaria de junio hasta la segunda vuelta de diciembre de 2017 ( vea el desglose de los pagos según los registros oficiales del Servel ).

Instagis solo trabajó con las campañas electorales de Chile Vamos. En el verano de ese 2017, dos de los controladores de Instagis –Julián García y Rodrigo Castro– dictaron un taller junto a Joaquín Lavín en el think tank Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) sobre el impacto de las redes sociales y la minería de datos en la movilización electoral.

Los candidatos de la UDI fueron los principales clientes de los servicios de Instagis ese año, de acuerdo con los datos del Servel. El senador Juan Antonio Coloma y su hijo diputado, Juan Antonio Coloma Correa, contrataron el servicio de “georreferenciación y segmentación de audiencias”. El diputado Javier Macaya pagó $5,7 millones por una licencia de software de comunicaciones. El hijo del alcalde Lavín, Joaquín Lavín León, utilizó el servicio de “medios digitales”. Otros diputados gremialistas que usaron las aplicaciones de Instagis fueron Patricio Melero, Jaime Bellolio y Guillermo Ramírez. Todas candidaturas que resultaron triunfadoras. Además, la UDI gastó $35,4 millones para contratar la “georreferenciación y segmentación” de audiencias en su campaña para todos sus diputados.

Los registros del Servel indican que RN también desembolsó recursos para contratar los servicios de big data de Instagis. Por sus candidatos a diputados pagaron $11,9 millones, por los senadores $2,38 millones y por los candidatos a CORE otros $9,5 millones. Además del servicio suministrado por el partido, los candidatos de RN Katherine Martorell y Sebastián Torrealba pagaron por prestaciones adicionales.

Otros candidatos de Chile Vamos en las parlamentarias 2017 que utilizaron estas aplicaciones fueron Pablo Kast, Francisco Undurraga (Evopoli), Julio Isamit y Loreto Seguel ( vea el listado completo y cada uno de los pagos ).

Un año antes, durante la campaña municipal de 2016, Joaquín Lavín Infante y Catherine Barriga inauguraron el uso de softwares de Instagis en elecciones. El actual alcalde de Las Condes invirtió $4,5 millones por un software que lo ayudó en su campaña digital, mientras su nuera, que postulaba a la alcaldía de Maipú, pagó por el servicio de georreferenciación de bases de datos y redes sociales. Otros UDI que en esa misma campaña apostaron por los softwares de Instagis fueron Cristian Van Rysselberghe (el hermano menor de la presidenta de la UDI que buscó infructuosamente la alcaldía de Concepción) y José Manuel Palacios, actual alcalde de La Reina.

Los RN que utilizaron las mismas aplicaciones digitales en 2016 fueron Manuel Monckeberg (concejal de Providencia, padre del actual ministro del Trabajo), Raúl Torrealba (alcalde de Vitacura), Juan Francisco Galli (candidato a concejal por Vitacura), Felipe Guevara (alcalde de Lo Barnechea). Además, el partido destinó $10,7 millones para apuntalar las campañas de sus candidatos a las alcaldías ( vea aquí el detalle los pagos recibidos por Instagis en la campaña de 2016 según el Servel ).

Todos los candidatos que ganaron en 2016 utilizando los softwares de Instagis, hoy tienen contratados sus servicios en sus municipios.

ROBOT DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS

De los 27 municipios que han pagado por utilizar softwares de Instagis (incluido Sosafe), 16 son regidos por un alcalde de Chile Vamos. Los 11 que no están en manos de la derecha son Coelemu, El Quisco, Iquique, Macul, Huechuraba, Coquimbo, Recoleta, Caldera, La Pintana, El Monte y Conchalí.

Las municipalidades de la zona oriente de Santiago son las que han contratado la mayor cantidad de servicios y por más tiempo. Los productos de Instagis se venden como licencias renovables año a año y sus precios son diferenciados. La mayoría de los cobros se hacen en dólares. Para esta investigación periodística se usó un tipo de cambio de $680, que es un monto ponderado, considerando las variaciones que ha tenido el dólar desde que comenzaron a venderse los softwares hasta la actualidad.

Si se ordenan por volumen de pagos, las comunas que más han gastado en servicios de Instagis son Providencia y Las Condes. El municipio hoy comandado por Evelyn Matthei ha pagado $320 millones por cuatro softwares, entre 2015 (cuando la alcaldesa era Josefa Errázuriz) y 2018. Mientras que Las Condes ha girado, al menos, $182 millones entre 2016 y 2018.

El software más caro ofrecido por Instagis es Sosafe. Providencia pagó US$91 mil ($61,9 millones) el 14 de junio de 2017, a través de una orden de compra extendida a la sociedad Instagis SpA. Las licencias de Sosafe se cobran según el número de habitantes de la comuna. En el caso de Providencia pagaron por una de las más onerosas: Licencia Sosafe Basic de 150 mil a 200 mil habitantes ( vea aquí la orden de compra ).

Providencia siguió pagando por Sosafe en 2018 y 2019, pero ahora a través de la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, que también agrupa a Santiago y a Estación Central. En cada una de estas dos renovaciones de la licencia, Providencia desembolsó $60 millones. Como las compras realizadas a través de las asociaciones de municipios no están sujetas a las leyes de transparencia pública, CIPER no pudo acceder a las órdenes de compra, y por tanto no conocemos el detalle de esos pagos, que sumaron $120 millones. Desde el municipio solo informaron a CIPER las fechas y los montos cancelados.

Este resquicio legal –comprar a través de asociaciones de municipios– permite a las municipalidades saltarse las leyes de transparencia y el registro de Mercado Público, por lo que es probable que existan otros pagos a Instagis y a Sosafe que desconocemos.

Las Condes también contrató Sosafe utilizando una asociación. Fue una compra conjunta con los municipios de Vitacura y Lo Barnechea a través de la Asociación de Municipios para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente.

El 1 de abril de 2017 la Asociación de Municipios para la Seguridad Ciudadana pagó 4.800 UF por la licencia de Sosafe para Las Condes ($127 millones, según el valor de la UF de ese día). En este caso el acuerdo fue mantener la licencia durante dos años. Si no había oposición de las partes, el contrato se renovaría automáticamente por periodos de un año ( vea aquí el contrato ).

Pero, además de Sosafe, Providencia y Las Condes también contrataron otros servicios ofrecidos por Instagis. Uno de los más importantes es el software Civic Brain, que permite procesar las bases de datos municipales para perfilar a sus habitantes y crear filtros para que el municipio envíe mensajes segmentados a su público de interés. El servicio es descrito en la web de Instagis como una “herramienta de gestión de información pública y municipal que, mediante la inteligencia de los datos, permite conocer en detalle a cada uno de sus ciudadanos, ayudando a gestionar políticas públicas y optimizando las comunicaciones entre ambos”. Providencia ha pagado US$59,7 mil ($40,6 millones) y Las Condes US$20,7 mil ($14,1 millones) por el uso de este software.

Ambas comunas también contrataron el Administrador de Información Territorial, que tiene funcionalidades parecidas a Civic Brain y le suma la posibilidad de desarrollar mapas geolocalizados. Las Condes agregó el Sistema de Información Geográfico y el Citizen Relationship Management, cuyas características Instagis no detalla en su página web.

Providencia es de los municipios que más softwares opera con Instagis. Además de Sosafe, Administrador Territorial y Civic Brain, contrataron un robot que analiza información de redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook), y otro que se llama Información Geográfica Gubernamental para Estudios Territoriales, que sirve para revisar información de los censos, geolocalizar juntas de vecinos y servicios públicos, y para generar estudios y estadísticas del territorio.

El software Administrador de Información Territorial también lo contrataron Puente Alto, Vitacura, Peñalolén, Santiago, Maipú, Lo Barnechea y Huechuraba. Civic Brain opera también en La Reina, Rancagua, Colina, Zapallar y Santiago. El robot que analiza las redes sociales ha sido contratado por Puente Alto, Lo Barnechea, Vitacura, Coquimbo, Temuco, Maipú y Huechuraba ( vea aquí el detalle de los servicios de Instagis contratados por los municipios y aquí los municipios que han pagado por Sosafe ).

Según el catastro hecho por CIPER, solo dos comunas utilizan gratis Sosafe: Colina y Estación Central. En Colina tienen un acuerdo a través de la empresa Federal Seguridad Móvil, cuyos dueños fueron socios fundadores de Sosafe. Y en Estación Central están probando el software desde el verano pasado y evaluarán si lo contratan de forma definitiva.

INSTAGIS EN EL APARATO PÚBLICO

No solo los municipios han contratado los softwares ofrecidos por Instagis. Un ministerio, tres servicios públicos, entre ellos el Servel, han firmado contratos y convenios con la empresa.

El Ministerio de Bienes Nacionales presentó un convenio con Sosafe en junio de 2019, en el marco del programa “Cero rayados” que busca disminuir los grafitis en edificios públicos. El 23 de junio pasado el ministro Felipe Ward (UDI), junto a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei (UDI) y a uno de los creadores de Sosafe, Carlos Fernández, realizaron un punto de prensa donde lanzaron el programa. Allí, Fernández explicó que si una persona denuncia un rayado a través de Sosafe, ese reporte llegará directamente al municipio y al Ministerio de Bienes Nacionales.

En Bienes Nacionales aseguraron a CIPER que el convenio con Sosafe estaba firmado, pero en revisión por el área jurídica, por lo que era imposible mostrarlo. Agregaron que no tenía ningún costo para el ministerio y que ellos no entregan información a Sosafe.

Otros dos servicios públicos que tienen contratados softwares de Instagis, son el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En Senda han gastado US$50 mil ($34 millones) por los softwares Administrador de Información Territorial, Información Geográfica Gubernamental para Estudios Territoriales y la Georreferenciación Automática de Direcciones o Latitudes y Longitudes. En el servicio explicaron a CIPER que los utilizaron para geolocalizar en todo el país botillerías y establecimientos educacionales, a objeto de “focalizar el trabajo preventivo”.

El actual director de Senda, Carlos Charme, firmó los contratos de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente con Sosafe en 2017. Entonces era el director ejecutivo de la asociación. A fines de ese año formó parte del comando presidencial de Sebastián Piñera, donde también se utilizaron softwares de Instagis. En la primera vuelta trabajó en el área de seguridad ciudadana del programa presidencial y en la segunda estuvo a cargo del trabajo con los apoderados de mesa. Desde Senda subrayan que los pagos a Instagis se materializaron antes de que Charme asumiera como director.

En la Junaeb han gastado bastante más en los programas de Instagis: US$259 mil ($176,1 millones) entre 2016 y 2018. Tienen contratados los softwares Administrador de Información Territorial, Civic Brain, Información Geográfica Gubernamental para Estudios Territoriales y un programa que informa y analiza redes sociales. En la Junaeb aclararon a CIPER que en esos programas no se han cargado bases de datos que individualice a los beneficiados con becas.

Según la Junaeb, los programas de Instagis les sirvieron para desarrollar la web Junaeb Abierta, que entrega datos a nivel nacional de los beneficios otorgados por el servicio: beneficiarios de becas de alimentos por establecimiento educacional; estado nutricional de los alumnos según establecimiento, comuna y sexo; beneficiarios de la beca indígena por comuna y por domicilio familiar; atenciones médicas de niños por año, establecimiento y región, etc.

El Servel contrató en 2016 y 2017 un servicio para geolocalizar los lugares que estaban permitidos para realizar propaganda electoral. En total pagó 1.570 UF ($43,9 millones al valor actual).

ASESORÍAS PARLAMENTARIAS

Instagis no solo ha incursionado en el apoyo a campañas políticas. También dejó su huella en el Congreso. La Cámara de Diputados y el Senado registran los informes de asesorías que la empresa entregó a los ex diputados José Manuel Edwards (ex RN y actual carta del Partido Republicano, de José Antonio Kast) y Gonzalo Fuenzalida (RN), y también a la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

En noviembre de 2016 a la senadora de la UDI le entregaron un estudio sobre el crecimiento de los delitos en el país (utilizando datos de comisarías de Carabineros) y un análisis demográfico y de delitos de las comunas de la Región del Biobío, que ella representa. Allí aparecen cifras detalladas del número de habitantes por comuna, sexo, edad, número de hogares, estado civil, religión, nivel educacional y socioeconómico ( vea aquí ese informe ).

Al ex diputado Gonzalo Fuenzalida le entregaron un estudio de delitos cometidos en Chile entre enero de 2015 y mayo de 2016. Mientras que al ex diputado Edwards le prepararon un documento con la “segmentación y análisis de habitantes del distrito para comunicación de políticas públicas”. Ese informe permite ver con claridad los datos que Instagis es capaz de levantar: la empresa ofrece las cifras de penetración de Facebook en La Araucanía (la región de Edwards) y asegura que limpiando correctamente esa base de datos, puede llegar a dejar “contactables” para enviar mensajes al 54% de los habitantes de La Araucanía mayores de 18 años.

El documento señala: “Esta forma de segmentación y depuración de bases puede ser potenciada considerablemente al integrar con nuevas bases de datos, generando nuevos segmentos de interés (Ej: Enviar un mensaje enfocado y segmentado a: Hombres entre 50 a 65 años que han utilizado establecimientos de salud)”.

Utilizando sus herramientas de segmentación, Instagis asegura en su informe al entonces diputado Edwards, que logró dar con un perfil de ciudadanos que eran del interés del parlamentario: “Todas estas personas perfiladas son habitantes actuales de cada comuna, presentan intereses en políticas públicas y son altamente activos en redes sociales (al menos un ingreso al día)”. El 5,7% de los habitantes de la región obedecían a ese perfil y Edwards lo sabía. Esta información le era útil, pues ya preparaba su candidatura a senador por La Araucanía ( vea aquí el informe de Instagis para Edwards ).

LAS REDES DE EMPRESARIOS TRAS SOSAFE

Mientras Instagis asesoraba campañas políticas, Sosafe avanzaba en su penetración en los municipios. El de Colina utiliza Sosafe hace dos años y nunca ha pagado por el software. El administrador de la municipalidad, Carlos Morales, explicó a CIPER: “Tenemos un acuerdo de gratuidad. Hace más de dos años que lo utilizamos. Hasta el momento no nos han cobrado porque fuimos de los primeros municipios que implementamos Sosafe”.

Algo que no dijo Morales es que ese acuerdo de gratuidad se gestionó a través de una empresa que le presta servicios de seguridad al municipio: Federal Seguridad Móvil. Los dueños de Federal, que se dedica a la comercialización de alarmas y cámaras de seguridad, fueron los primeros socios de Cristián Cabrera y Carlos Fernández cuando se constituyó Sosafe. Así quedó registrado en la Notaría Acharán el 24 de marzo de 2014, cuando nació la sociedad.

El acta de constitución de Sosafe enumera a sus primeros socios: Inversiones C & C, (de Cristian Cabrera Schindler y Carlos Fernández Rosati); Federal Seguridad Móvil; American Products (de Rodrigo Paiva Hantke); Asesorías e Inversiones Cess (de Allan Jarry Flores); Claugaspa (de Rodrigo Rosello Baltra); y Profinde (de Fernán Ibáñez Alvarellos).

En el inicio de Sosafe los dueños de Instagis no eran parte de sus controladores. Tendrían que pasar un par de años para que estos ingresaran. Antes de que eso ocurriera, los empresarios de Federal Seguridad Móvil fueron clave en la primera parte de la historia de Sosafe.

El fundador de Federal Seguridad Móvil, Rodrigo Paiva Hankte, es el presidente de la Asociación de Empresas de Alarmas y Seguridad-ACHEA, perteneciente a la Cámara Nacional de Comercio. Otro de los hombres tras Federal, Allan Jarry (padre del tenista Nicolás Jarry) es socio de Sebastián Ibáñez Hankte (hijo de Fernán Ibáñez, otro de los dueños de Federal) en la empresa Dadneo, de la que depende el fondo de inversión Vulcano, que registra a Sosafe como parte de su portafolio de inversiones.

Federal y sus socios tenían el 60% de las acciones de Sosafe S.A. hasta diciembre de 2016. Cristián Cabrera y Carlos Fernández poseían el otro 40%. Pero algo pasó ese mes. Así lo explicó Carlos Fernández a CIPER: “EPG Partners, que era el fondo que controlaba Federal, quiso salir”.

Los socios de Federal vendieron sus acciones en Sosafe y en su reemplazo llegaron los dueños de Instagis: Julián García Núñez, Luis Fernando Ovalle Vial e Ignacio Canals.

Actualmente los dueños de Sosafe son Cristián Cabrera y Carlos Fernández (a través de su sociedad Inversiones C & C), que tienen un 40% de la propiedad; Instagis Spa; Inversiones ICC (de Ignacio Canals), y la Sociedad de Inversiones Lima (de Luis Fernando Ovalle Vial) mantienen, en conjunto, el 60% restante. Es decir, los dueños de Instagis son los controladores de Sosafe.

Luego de ingresar a la propiedad de Sosafe, Instagis cambió su nombre: desde el 20 de noviembre de 2018 es Predictable Media.

Siguiendo esa cascada societaria hacia arriba, Predictable Media es controlada por Instagis Inc. una sociedad alojada en Delaware, Estados Unidos, jurisdicción que es considerada paraíso fiscal. Instagis Inc. es propiedad de Julián García Núñez, Luis Fernando Ovalle Vial, Ignacio Canals Cavagnaro y Andrés Meirovich, según se registra en un documento oficial de Delaware publicado por Interferencia.

Meirovich es uno de los socios fundadores de Genesis Ventures, fondo de inversión que en 2013 recibió $7.020 millones como línea de crédito de parte de Corfo para invertirlos en proyectos innovadores. De ahí se aportaron $1.396 millones a Instagis en diciembre de 2015.

A pesar de que los dueños de Instagis concentran la mayoría de las acciones de Sosafe, uno de los creadores de esa aplicación, Carlos Fernández, dijo a CIPER que él y Cristián Cabrera operan la empresa “con total autonomía”. Prueba de ello, dijo, es que Cabrera es el gerente general de la compañía.

Sobre la posibilidad de que la información de los usuarios de Sosafe alimente las bases de datos de Instagis que se ocupan en campañas políticas o se venden a grandes empresas, Fernández señaló: “No vendemos ni nunca hemos vendido ninguna base de datos”.

“Somos muy preocupados y responsables con ese tema. Nosotros estamos obsesionados con ayudar a la gente y ser un actor relevante a la hora de mejorar la seguridad de los vecinos. Eso es todo lo que hemos hecho todos estos años”, agregó.

-¿Cómo se le asegura a los usuarios de Sosafe que sus datos (nombre, correo electrónico, dirección y teléfono) no serán utilizados para otros propósitos?

-¿Cómo te aseguras que tus datos en el banco no serán usados para otros propósitos? Para nosotros la seguridad de los datos es muy relevante, jamás arriesgaríamos lo que hemos logrado por ir en contra de nuestros propios usuarios. Es más, estamos estudiando volvernos GDPR Compliance (reglamento general de protección de datos europeo) –responde Fernández.

CIPER intentó comunicarse con los dueños de Instagis en los teléfonos de la empresa y a través de sus números de celulares personales, pero no hubo respuesta.

SOSAFE A TRES BANDAS

Para este reportaje no fue fácil determinar cuánto dinero público se había gastado en Sosafe. Había comunas que utilizaban el servicio pero no registraban ningún pago en el portal Mercado Público. La razón es que Sosafe se ofrece a los municipios a través de, al menos, tres sociedades distintas: Sosafe, Instagis y Cloudbook. La aparición de esta última sociedad fue una rareza, porque a primera vista sus controladores no tienen nada que ver con los dueños de Sosafe e Instagis.

Carlos Fernández aclaró a CIPER que con Cloudbook mantienen un trato de reseller (revendedor). Cloudbook fue creada el 29 de diciembre de 2014 por el ingeniero José Francisco Santander Noriega, quien un año después la vendió al también ingeniero Enrique Evaristo Varas Bahamonde.

Sosafe S.A. ha vendido su software a las comunas de La Reina, Coquimbo, Pirque y, a través de la Asociación de Municipios para la Seguridad de la Zona Oriente, a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Instagis Spa lo ha hecho a las comunas de Paine, Ñuñoa, Coelemu, El Quisco, La Reina, Iquique, Santiago, Macul, Padre Hurtado, Maipú, Santo Domingo, Huechuraba y Providencia. Mientras que Cloudbook ha vendido Sosafe a Recoleta, Caldera, Maipú, La Pintana, Santo Domingo, El Monte, Zapallar, Curacaví y Conchalí. Algunas comunas se repiten en los listados porque Sosafe se vende a través de licencias anuales, por lo que una municipalidad pudo haber pagado un año a una empresa y al siguiente, a otra.

En su página web, Sosafe asegura que tiene convenios vigentes con Carabineros y con la PDI. Lo primero es cierto y lo segundo, no. Desde el departamento de Comunicaciones de la PDI informaron a CIPER: “Ellos se acercaron como empresa para ofrecernos su software. Se hizo una evaluación técnica y se desechó la oferta. Actualmente, no hay ningún convenio con Sosafe”.