El diagnóstico de las prisiones en México que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en el 60% de 100 centros penitenciarios visitados por la institución son los reos quienes tienen el control de la seguridad.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, confirmó que las cárceles mexicanas “pasan por una grave crisis”. Un ejemplo de ello es que 53 prisiones están reprobadas porque en ellas los reclusos tienen llaves de seguridad.

El caso más reciente es la fuga de 131 reos del Cereso de Piedras Negras, en Coahuila, en donde, por cierto, los visitadores de la CNDH no pudieron entrar “por ingobernabilidad”.

Una de las recomendaciones de la CNDH es que se destine un custodio por cada 10 internos.

Sin embargo, la situación en Piedras Negras es muy distinta: hay un custodio por cada 70 prisioneros.

Los penales mexicanos, señala el organismo, no están cumpliendo con su función y en ellos hay una “crisis delicada”.

El mando de los criminales al interior de los centros, llamado por la CNDH, “autogobierno”, permite la repetición de problemas como la aplicación de sanciones disciplinarias que violan los derechos de los internos, tales como la suspensión de la visita familiar, íntima y del defensor.

Otra situación que se agrava con el “autogobierno” es la proliferación de objetos y sustancias prohibidas, la prostitución, cobros para la protección personal, la asignación de “plancha” para dormir, o la violación derechos elementales como el acceso a alimentos o a servicios médicos.

Las autoridades, incapaces de garantizar la integridad de los internos

De 2010 a la fecha, la CNDH ha detectado la muerte de 352 reos en 75 riñas y el fallecimiento de otros dos en igual número de motines. Además, se han fugado 521 internos en 14 hechos.

Para prevenir y atender estas situaciones, la mayoría de los penales, según el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, las autoridades carecen de procedimientos. Tampoco cuentan con un registro de las supervisiones hechas para verificar el funcionamiento de los centros.

Si bien existen manuales para tratar procesos de ingreso o traslado de internos, enfrentar casos de motines y otras medidas para salvaguardar la disciplina en el penal, el diagnóstico revela que las autoridades son omisas en su implementación.

“El estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se encuentra en prisión”, afirmó Plascencia Villanueva en la presentación del diagnóstico.



De la ‘tiendita’ al ‘autogobierno’

En la toma de control de los penales por los internos influye, entre otros factores, la sobrepoblación. Los centros trabajan al 125% de su capacidad según el diagnóstico, pues de 189 mil 397 espacios en los centros, la población carcelaria es de 238 mil 269 reos.

La sobrepoblación y el hacinamiento dan lugar también a la falta de separación entre hombres y mujeres en los centros mixtos, a la deficiencia en el acceso a servicios de salud y a la tortura y maltrato.

El creciente número de internos hizo también crecer las necesidades, mismas que las autoridades fueron incapaces de solventar.

“Se fueron generando situaciones que comenzaron con la tiendita donde se ofrecían productos de consumo personal y que hoy encontramos, venden alcohol. Igualmente logramos detectar el olor a mariguana”, añadió el Presidente de la Comisión.

Respecto de diagnósticos hechos en años anteriores, Plascencia Villanueva asegura que las condiciones que enfrentan los internos se han deteriorado. Las fugas, los motines y otros actos que dejan muertos y lesionados son muestra de lo que ocurre dentro de los penales.

El autogobierno, afirmó el Presidente de la Comisión, nace mediante las amenazas de los custodios, pero también mediante la corrupción en la que participan los responsables de vigilar los centros.

“Cuando uno logra encontrar que hay bebidas, armas, drogas, es evidente que esto se introduce por la corrupción del personal de custodia”.



Faltan custodios y mejorar infraestructura

En Piedras Negras, Coahuila, donde hace una semana se fugaron 133 reos, había 15 custodios para una población de 737 internos, cuando las normas de seguridad recomiendan un custodio por cada 10.

El diagnóstico ha permitido a la CNDH observar otros estados donde hay preocupación porque se generen incidentes violentos o hechos similares a los que provocaron la fuga en Piedras Negras. Esas entidades son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, el Distrito Federal, Durango, Guerrero y Jalisco. Asimismo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas son focos potenciales de violencia.

La necesidad de que los penales se modernicen en infraestructura y de que tengan personal de custodia suficiente en número y en capacidades es imperativa para mejorar los centros de reinserción social.

“Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional”, puntualizó Plascencia Villanueva.

La lista negra

Con una calificación que va del 0 al 10, los estados cuyos penales resultaron peor evaluados fueron los siguientes.

Nayarit 4.57

Tabasco 4.86

Guerrero 5.13

Oaxaca 5.15

Coahuila 5.21

Quintana Roo 5.44

Nuevo León 5.77

Tamaulipas 5.88

Estado de México 5.89

Distrito Federal 5.99

Con información de Dulce Ramos (@Wikiramos)