“Esto ya no es una discusión sobre si se va a aprobar el matrimonio igualitario o no en distintos países. Es un debate sobre cuándo se va a aprobar”. Así de confiado se muestra David Razú, impulsor de la ley de matrimonio homosexual de Ciudad de México, la más temprana de América Latina. En plena discusión con respecto del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el sur del continente se presenta dividido entre el progresismo y las posturas conservadoras. Los más avanzados —Ciudad de México y Argentina— ya han ido por la vía legislativa. Otros como Uruguay, Brasil y Colombia, se preparan para una previsible aprobación, y los activistas de algunos Estados de México y Brasil han conseguido que los tribunales reconozcan su derecho. Mientras, Venezuela y Perú se niegan a dar pasos hacia la igualdad de derechos.

Donde todo empezó, en el Distrito Federal, dice Lol Kin Castañeda que le “quiebra” recordar los días posteriores a la legalización, el 21 de diciembre de 2009. Tras meses de trabajo, la Asamblea Legislativa de la capital aprobó la iniciativa y a ella y su esposa les llegó una avalancha de mensajes. “Una chica de 16 años me escribió. A los 13 se había dado cuenta de que era lesbiana y tenía miedo de contárselo a su madre. Cuando salió del armario, le dijo: “Lo sabía desde hace tiempo. Pensaba que ibas a sufrir, pero hoy escuché la entrevista de dos personas que se aman y son felices”. Las mujeres de las noticias eran Lol Kin y Judith, que hoy llevan nueve años juntas (seis casadas).

Con aquella decisión México sorprendió al mundo. En DF, desde 2006 estaban vigentes las sociedades de convivencia, que no variaban el estado civil de los integrantes ni permitían, por ejemplo, tomar decisiones médicas. La capital fue la primera ciudad de América Latina en reconocer los matrimonios igualitarios, de los que ha celebrado unos 2.000. Adelantó a Argentina, que ofició la primera boda en diciembre de 2009 después de que los cónyuges presentaran un recurso de amparo. Allí la ley no se aprobó hasta 2010, aunque el proceso fue rapidísimo, cuestión de meses. La ley de divorcio de 1985, en cambio, se había discutido durante año y medio, recuerda Renata Hiller, investigadora de sexualidad de la Universidad de Buenos Aires. Una vez sancionada, la norma no tuvo grandes dificultades en implementarse, asegura: “La sociedad argentina estaba y está preparada […] Ningún grupo político propone una marcha atrás, como el PP en España, aun habiendo sido aprobada con mayoría muy ajustada". En julio de 2012, a los dos años de sancionada la ley, más de 6.000 parejas del mismo sexo se habían casado en Argentina. Eso sí, “la aplicación es desigual y hay regiones donde visibilizarse como gay o lesbiana sigue siendo difícil”, subraya. A finales de marzo una joven pareja fue golpeada en una fiesta privada en el municipio de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires. "El Papa es argentino, no puede haber ‘putos’ argentinos", dijo el agresor.

ampliar foto Alex Freyre, derecha, y José María Di Bello se besan tras casarse en el registro civil en Ushuaia, Argentina en 2009. AP

En México, contradiciendo el tópico de un país conservador y machista, otros Estados han dado pasos significativos. Los activistas encontraron un vacío legal en Quintana Roo, que no especificaba que el matrimonio fuese entre personas de sexo opuesto. Oaxaca celebró su primer matrimonio homosexual este 22 de marzo después de que la Suprema Corte amparara a dos mujeres, Coahuila está discutiendo el asunto, y en el municipio de Cuauhtémoc (Colima), de unos 30.000 habitantes, la alcaldesa ya ha oficiado tres bodas, tiene tres más programadas y 10 peticiones. “Me atrevería a decir que un 80% de la gente apoya el matrimonio gay en el municipio, uno de los más conservadores del Estado”, asegura Indira Vizcaíno, la edil del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero no todo es color de rosa: en enero de 2010 una encuesta de María de las Heras aseguraba que solo el 22% de mexicanos respaldaba la igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo. Ese mismo mes, la Procuradoría (Fiscalía) General presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre el matrimonio y la adopción, rechazado por la Suprema Corte. Y meses más tarde, el expresidente Felipe Calderón intentó impugnar un amparo para que la pareja de Lol Kin pudiera afiliarse a la Seguridad Social como cónyuge.

Uruguay, Brasil y Colombia se preparan

Uruguay, Brasil y Colombia ya están a punto de incorporarse a los países avanzados en derechos LGBT. En el primero todavía no hay matrimonio igualitario, pero solo por la lentitud del sistema. El 3 de abril el Senado aprobó el proyecto de ley con una mayoría abrumadora. Ahora tiene que volver a Diputados, donde se calcula que el 10 de abril se aprobará. “Los discursos de igualdad prenden bien en una sociedad laica y que tiene una tradición fuerte en avance en los derechos civiles”, opina Diego Sempol, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y miembro del colectivo gay Ovejas Negras. Uruguay fue uno de los primeros en permitir el voto femenino y el divorcio por la sola voluntad de la mujer, ha aprobado la despenalización del aborto y el Parlamento tramita un anteproyecto para legalizar el consumo de marihuana.

También en camino está Brasil, donde el Supremo dictaminó en 2011 que los gais tienen derecho a contraer matrimonio. La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó el año pasado un proyecto de ley de matrimonio civil, pero aún debe ser aprobado por el Senado y el Congreso, con una nutrida bancada de diputados católicos y evangélicos. Sin embargo, jueces de Estados Alagoas, Bahía, Ceará, Sergipe, Espíritu Santo, Piauí, Sao Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul y el Distrito Federal han dado luz verde al matrimonio civil. A pesar de su arraigada tradición cristiana, en Brasil la libertad sexual está muy presente en la sociedad. Los colectivos de gais y lesbianas tienen en Río de Janeiro o Sao Paulo dos de sus bastiones latinoamericanos.

A pesar de su arraigada tradición cristiana, en Brasil la libertad sexual está muy presente en la sociedad

Otro país que pone de su parte es Colombia, que no ha reglamentado, pero que cursa un proyecto de ley aprobado en primer debate a finales de 2012. Le esperan tres más para convertirse en ley, algo que debe ocurrir antes de julio. La Corte Constitucional lo ordenó hace dos años. "Si no lo hace, en junio iremos a juzgados y notarías a casarnos", explica Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa. Por ahora, declaran sus uniones libres ante notario para hacer valer el derecho a seguridad social, pensión y herencia, reconocidos en el tribunal desde 2007. La opinión pública está dividida sobre sus derechos: una encuesta de Ipsos Napoleón Franco de 2012 revela que el 58% de los jóvenes entre los 18 y 24 años no apoya el matrimonio igualitario y, en general, el 66% de los ciudadanos lo desaprueba.

Nada que ver con la fronteriza Venezuela. “El régimen chavista se vende como progresista”, dice Tamara Adrián, abogada activista LGBT y miembro del secretariado mundial de ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), pero tiene una gran cantidad de evangélicos muy activos. Si a eso se le suma el militarismo y el desprecio absoluto por cualquier crítica en el área de los derechos humanos, resulta en intolerancia y falta de respeto”. La Corte Constitucional negó en 2008 que la “protección a la familia” se aplicase a parejas del mismo sexo. “Yo pienso igual que la mayoría de los venezolanos, que no lo vemos bien, pero es un estado de opinión, lo cual no significa que estemos en contra de lo que piensen ustedes”, dijo prudentemente en su momento el fallecido Hugo Chávez. El opositor Henrique Capriles ha hablado a favor del reconocimiento de derechos de pareja, pero desde luego no del matrimonio. Y en cuanto a visibilidad, los barrios de la oposición son más tolerantes, en opinión de Adrián.

En Perú, un proyecto de ley sobre patrimonio compartido reposa congelado desde 2010 en el Congreso, aunque “no crea familia, únicamente reconoce copropiedad y no da capacidad de heredar”, explica Giovanny Romero, presidente del Movimiento Homosexual de Lima. “Cada semana es asesinada una persona homosexual en Perú pero nuestro Congreso se niega a debatir una ley para prevenir estos crímenes y agravar las sanciones bajo el vil pretexto de que es el primer paso de una estrategia rumbo al matrimonio”, comenta. El clima de opinión hacia la comunidad LGBT es predominantemente hostil en Lima. Un eje de la campaña para revocar a la alcaldesa Susana Villarán este enero era su intención de reconocerles derechos, ordenanza municipal mediante. Una encuesta de Ipsos Apoyo en 2011 registra un 76% de peruanos en contra de legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo, un 82% contra el matrimonio y un 88% contra la adopción, uno de los puntos más polémicos en todos los países y que en Perú está fuera de toda discusión. En Colombia tampoco se permite la adopción, aunque la Corte Constitucional avaló en mayo de 2012 la de dos niños por parte de un periodista estadounidense al que el Instituto de Bienestar Familiar le quitó la custodia al conocer su orientación sexual.

Los expertos suelen coincidir en que, en general, la legalización de las bodas homosexuales en España en 2005 ha ayudado a la causa en América Latina. “Supuso un empuje muy fuerte, importantísimo. Derribó el mito de que los países católicos e hispanos tienen otra cultura y no aprueban estas leyes”, dice el politólogo mexicano Genaro Lozano. “Fue un parteaguas. La España católica, que hace poco era muy conservadora, consigue pasar de un solo golpe todo el esquema de matrimonio igualitario. Sienta un precedente muy importante, para el mundo pero sobre todo para América Latina”, opina el legislador David Razú.

Y el futuro, para algunos, pinta esperanzador. “La aprobación en México y Argentina tuvieron un eco tremendo. Pero ya se está volviendo parte del escenario internacional de reformas y cada vez estas noticias tienen un impacto menor”, apunta Razú. “Los movimientos civiles parecen escandalosos en un primer momento y se van volviendo habituales. ¿Quién podría hoy, en su sano juicio, defender la prohibición de bodas interraciales?”, agrega. Lo mismo opina la venezolana Tamara Adrián: “Es como el voto de la mujer, la abolición de la esclavitud o la eliminación de la segregación racial. Las mismas razones, las mismas causas, los mismos efectos”.“Ninguna sociedad está preparada para el matrimonio igualitario, así como ninguna lo estuvo para la abolición de la esclavitud y el voto femenino […] Discutir si la sociedad está preparada para reconocer los derechos humanos de lesbianas, trans y gais equivale a cuestionar nuestra humanidad”, apostilla el activista peruano Giovanny Romero.

Con información de ALEJANDRO REBOSSIO / FRANCHO BARÓN / JACQUELINE FOWKS / ELIZABETH REYES / EWALD SCHARFENBERG