Con la decisión del gobierno federal de entregar directamente a las familias el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), en lugar de transferirlo a estos centros de cuidado, se corre el riesgo de que el dinero no se use para ese propósito y de afectar así el desarrollo de los niños, indicaron especialistas consultados por Animal Político.

En el largo plazo, mencionaron, la decisión puede perpetuar la desigualdad, afectando más a las familias que tienen condiciones precarias.

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El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol), tiene como población objetivo las madres, padres solos y tutores que laboran, buscan empleo o estudian, con ingresos por hogar que no rebasan la línea de bienestar y sin acceso a servicios de cuidado en instituciones de seguridad social.

Hasta diciembre, el programa entregaba un subsidio a la responsable de la estancia donde el menor asistiera: 900 pesos mensuales por niña o niño de entre un año y 3 años 11 meses, o 1,800 pesos si tenía alguna discapacidad; en el último caso se consideraba a menores de uno y hasta los 5 años 11 meses.

Sin embargo el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ahora el dinero se entregará directo a la familia. El nuevo planteamiento es que las madres o padres reciban el dinero y decidan cómo lo usan: si pagan una estancia infantil para que cuiden ahí a sus hijos, o si se lo dan a algún familiar o a algún vecino para que cumplan con esa labor, o si lo usan para otra cosa.

Guillermo Cejudo, profesor investigador de políticas públicas y rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que si el dinero se usa para algo distinto a pagar una estancia infantil, los niños no tendrán acceso a los cuidados que requieren ni a una estimulación adecuada.

En tanto Héctor Villareal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que al desmantelar parcialmente un programa público, como el de estancias infantiles, no solo se afecta el desarrollo de los niños, también se les está poniendo en riesgo.

“Si los padres deciden no llevarlo a una estancia y eligen dejarlo con una vecina que les cobre 400 pesos por cuidarlo, imagina el tipo de riesgo que eso conlleva”, opinó.

Y no es que se ponga en duda que los padres buscan lo mejor para sus hijos, dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, “es que puede ser que no consideren riesgos de maltrato o de abuso, y eso es una posibilidad, pasa y se ha documentado que a veces el abuso viene, ni siquiera de un vecino, de familiares”.

Sin incentivos y verificación de estancias

Otro riesgo del cambio en los esquemas para entregar los subsidios es que se desalienta la oferta de estancias infantiles. Una de las ventajas del programa, dijo Cejudo, era que subvencionaba tanto la oferta como la demanda, al otorgar dinero por cada niño inscrito y también subsidiar para que se abriera un centro de cuidado infantil.

El monto oficial de apoyo que el gobierno federal ofrecía a quien quisiera abrir una estancia era de 70,000 pesos, para invertir en la adecuación del espacio, la compra del mobiliario, el pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros.

El PEI tenía cobertura nacional, en 2017 tuvo presencia en poco más del 50% de los municipios del país, con 9,399 estancias infantiles, donde se brindó servicio a 310,968 madres y padres solos, y se atendió a un total de 327, 854 niños y niñas, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Si ya no habrá incentivos para que se abran estas estancias, seguiremos teniendo localidades rurales donde no existirá el servicio, y entonces aunque las madres o padres tengan 800 pesos para llevar a su hijo a un centro de cuidados, no tendrán la opción de hacerlo”, advirtió el investigador del CIDE.

Y aquí lo que va a suceder, señalaron los expertos, es que se va a desalentar también la opción de las madres de seguir estudiando, de buscar trabajo o de conservar un empleo.

El programa, dijo Villarreal, “es importante para tener buenos mercados laborales, para balancear género en el mercado laboral y para el desarrollo de la población en el mediano y en el largo plazo”.

El tercer problema es que no se podrá asegurar ni monitorear la calidad de los servicios otorgados. El programa, comentó Cejudo, no solo subsidiaba sino que daba lineamientos a los responsables y a las asistentes, y en algunos casos incluso las capacitaba.

De acuerdo a las reglas de operación del programa para 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el DIF Nacional, la Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar, o terceras personas que estas instituciones determinaran, debían brindar capacitación al personal de las estancias en temas relacionados a su operación, pero también a salud y educación.

Para asegurar la calidad, cada dos meses, tanto el DIF como Sedesol hacían verificaciones en las estancias infantiles, “no solo en cuanto a la seguridad en los espacios, también respecto a los cuidados que ofrecían a los niños, a si había condiciones de salud y de alimentación mínimas. Si el Estado renuncia a esa verificación, está dejando que el mercado defina la calidad, y las madres no van a poder conocer cuáles son los estándares de cuidado infantil ni hacerlos exigibles”, dijo Cejudo.

Lo primero que se debería haber hecho, consideró el director del CIEP, es desarrollar un programa de certificación de guarderías y de estancias infantiles. “Ver cuáles estaban cumpliendo y cuáles no. Nadie hubiera criticado que se pusieran reglas más estrictas a las que ya estaban funcionando, pero aquí fue otra la lógica, fue un manotazo”.

Se pierde una oportunidad

El riesgo de largo plazo, destacó el investigador del CIDE, es el de contribuir a perpetuar la desigualdad. El programa de estancias equilibraba una de las causas más importantes de las diferencias en el aprendizaje de los niños de familias de escasos recursos, al asegurarles un espacio donde estaban expuestos a ciertos estímulos que mejoran el desarrollo infantil.

“Eso no puede garantizarse cuando se quedan en casa o al cuidado de familiares. Los niveles de desarrollo en estos dos escenarios son diferentes, y entonces no importa que les ofrezcamos a los niños la misma primaria, el aprovechamiento y desarrollo de los que se quedaron en casa va a ser distinto”.

El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, ha señalado que la inversión en el desarrollo de la primera infancia tiene un efecto positivo en su capacidad para ejercer sus derechos, rompe ciclos de pobreza y genera una elevada rentabilidad económica.

La falta de inversión suficiente en este rubro, agregó el especialista, puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de los menores, y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.

Y lo mismo con las madres. Si no hay una oferta de cuidados para los hijos de madres de escasos recursos, las mujeres no tendrán la opción de seguir estudiando, de buscar trabajo, y no podrán mejorar su ingreso ni sus alternativas a futuro. Así se perpetua la desigualdad, en estas poblaciones ya de por sí con condiciones precarias.

Las estancias infantiles son un mecanismo de protección social, conocido en todo el mundo, explicó Mariana Campos de México Evalúa, “en Europa hay un sistema público de cuidado infantil muy robusto y se considera parte del sistema de protección social, esto ayuda a que las familias puedan enfrentar bien riesgos”.

En un país con altos índices de embarazo adolescente, agregó la analista, la estancia infantil es la diferencia entre que las mujeres puedan seguir o no sus estudios. “Por eso es que este es un programa prioritario, por su impacto en la población beneficiaria”.

Para los investigadores, el que se aleguen presuntos actos de corrupción, irregularidades o problemas administrativos no exime a las autoridades de cumplir con sus obligaciones.

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Campos señaló que se debería hacer un rediseño de los programas sociales, no solo del de estancias.

“Hacen falta instrumentos para poder monitorear qué está sucediendo en la operación de los programas, con la entrega de los apoyos, con el padrón de beneficiarios, y hace falta tener indicadores para asegurarse que están sirviendo para atender las vulnerabilidades económicas y sociales para las que fueron creados”, opinó.

Para Villareal, director del CIEP, el gobierno debió optar por la expansión del sistema de cuidados y por su mejora, en lugar de recortar el de estancias infantiles.

“Se perdió la oportunidad de hacer una política pública, para un grupo prioritario, más integral, más igualitaria, con reglas más claras, con fuentes de financiamiento más transparentes. Se ha dejado ir la oportunidad de homologar el sistema de guarderías y estancias del país, que ahora está pulverizado y con ofertas muy desiguales, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Bienestar, hasta en SEP. Eso es a lo que está renunciando hoy el Estado, ojalá rectifique”.

Por ahora se desconoce cuáles serán las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Este lunes, la Secretaría del Bienestar retiró el anteproyecto de las nuevas reglas de operación del programa, registrado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para ajustarlo a los requerimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El anteproyecto se había publicado en la página de esa comisión el 1 de febrero, pero desde el lunes ya no fue posible consultar el documento. La fecha límite para que este programa cuente con reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es el próximo 28 de febrero.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg