Mañana el gobierno ya tiene pactado el inicio de la construcción de Santa Lucía, sin embargo el opositor del proyecto, el colectivo #NoMásDerroches asegura que no tienen los argumentos legales todavía.

En primer lugar, expone que si bien el Poder Judicial revocó por “seguridad nacional”, los amparos definitivos, aún hay amparos que siguen en litigio, dijo el colectivo en un comunicado.

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“Además, subsisten importantes restricciones legales antes de que pueda dar”, enumera.

El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. “La Sedena evidentemente no cumple con este requisito”, dice.

No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, añade.

Tampoco existe un Proyecto Ejecutivo del aeropuerto dictaminado y certificado así como a falta de un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie.

La empresa NAVBLUE no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal, expone.

No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Semarnat en la Autorización de Impacto Ambiental, agrega.

“Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez”, adiciona.

El gobierno ya programó para mañana un evento para iniciar la construcción del aeropuerto.

“Además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad tanto de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas”, expone.

Por Everardo Martínez

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