Un juzgado de Inca ha citado a declarar como investigados a dos agentes de la Guardia Civil por no atender ni proteger a Lucía Patrascu, la mujer de 47 años que fue asesinada por su marido en el Port de Pollença. La magistrada les imputa un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Ambos se entrevistaron con la víctima cuando esta acudió, en la madrugada del 29 de mayo, al cuartel del instituto armado para denunciar al agresor y explicar que tenía miedo de él, pero los dos guardias concluyeron que se trataba de un caso civil, de divorcio. Patrascu se marchó sin denunciar ni obtener protección y cuatro horas después murió al ser acuchillada por su compañero.

Los guardias acusados son el agente encargado de recoger la denuncia, que se incorporó a su puesto con más de media hora de retraso al quedarse dormido, y el brigada que estaba al frente del cuartel. Ambos se entrevistaron con Patrascu y, según su versión, no apreciaron ningún indicio de que se tratara de un caso de violencia machista. La mujer, sostienen, les dijo que quería echar de casa a su marido y llegaron a la conclusión de que se trataba de un litigio civil vinculado al proceso de divorcio. Existen algunas contradicciones en sus declaraciones, ya que mientras el brigada apuntó que fue la víctima quien rechazó presentar la denuncia, el agente contó que le ofrecieron regresar acompañada de su hijo para recabar más información.

"Vengo a denunciar"

La magistrada encargada del caso ha tomado ya declaración al menos a otros tres guardias civiles que tuvieron contacto con la mujer aquella noche. De sus declaraciones se desprende que Patrascu estaba atemorizada y su intención era presentar una denuncia. "Vengo a denunciar que mi marido me está acosaNdo y persiguiendo. Tengo miedo, no sé lo que es capaz de hacer", explicó a su llegada al cuartel. Eran las seis de la madrugada, hora del cambio de turno, por lo que estos agentes le indicaron que esperara en una sala y comunicaron a sus dos compañeros ahora investigados que la mujer pretendía presentar una denuncia. Los guardias que han comparecido como testigos ante la magistrada consideran que si se hubiera activado el protocolo para casos de violencia machista, la víctima habría permanecido entre tres y cuatro horas en dependencias policiales.

Sin embargo, Patrascu se marchó de allí sin presentar denuncia ni gozar de ninguna medida de protección. Acudió al domicilio de la anciana a la que cuidaba, donde llevaba tres semanas quedándose a dormir, y le contó su experiencia en el cuartel. "Le dijeron que si no tenía golpes y no le había pegado no podían hacer nada", detalló esta mujer. Ambas llamaron a varios teléfonos de ayuda a las víctimas de violencia machista, pero no obtuvieron respuesta.

Lucía Patrascu llegó a su piso hacia las diez de la mañana. Allí se encontró con su marido, Ioan Ciotau, que la mató de varias cuchilladas. El hombre, de 58 años, permanece desde ese día en prisión preventiva.

La juez de Inca que investiga a los dos guardias civiles pretende aclarar también por qué tras el crimen no informaron a sus compañeros de la Policía Judicial de que Patrascu había estado en el cuartel cuatro horas antes de morir. El brigada alegó que no le dio importancia. Estas pesquisas son paralelas a la investigación interna abierta por la Guardia Civil para aclarar si los agentes actuaron de forma incorrecta. Los hijos de Lucía Patrascu han informado ya al ministerio del Interior de que reclamarán una indemnización al entender que hubo un mal funcionamiento de la administración. Mientras tanto, otro juzgado de la capital del Raiguer instruye la causa por el asesinato de la mujer.