El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia.

Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.

El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes".

"No se puede decir que el Banco de España no hizo nada, aunque puede que fuera insuficiente", ha explicado esta mañana el supervisor en una presentación de su informe. La institución ha tratado de delimitar tanto el alcance de sus conclusiones sobre la crisis como de su propio papel. Así, afirma que la intención del informe "no es exculpar de nada al Banco de España pero tampoco de autoinculparlo de nada. Se dice lo que se pudo haber hecho y lo que se hizo. Que lo juzgue la comisión parlamentaria y que saquen sus conclusiones", sostienen.

El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".

Instrumento político, ruina económica

Así, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica".

Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos.

Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema.

Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros.

En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen.

Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.