El Govern de Quim Torra está a punto de perder el Gran Premio de Catalunya, la única prueba de la Fórmula 1 que se celebra en España. La crisis ha estallado tras la suspensión del Mobile World Congress (MWC) por la epidemia de coronavirus y en plenas dudas sobre la continuidad del evento más allá de 2023. El agujero contable de Montmeló, que se ha convertido en un cementerio de dinero público, deja incluso en el aire el propio funcionamiento de la instalación a partir del próximo ejercicio. Hasta el Mundial de Motociclismo, la otra gran prueba de su calendario, se acerca a su fecha de caducidad.

Los hechos se precipitaron el pasado martes durante el consejo de administración de la mercantil Circuits de Catalunya, en la que tiene mayoría la Generalitat (tanto directamente como a través del ente Avançsa del Departamento de Empresas) y también se sientan el Ayuntamiento de Montmeló y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). El proyecto de Presupuestos de la comunidad para 2020 revela graves deficiencias en la gestión y situación financiera de la sociedad. De hecho, las cuentas indican que está al borde del colapso. Cerrará el año con unas pérdidas acumuladas de 32,6 millones de euros, a las que habrá que sumar las que genere durante este ejercicio. Con una cifra idéntica de patrimonio neto (32,6M), la conclusión es que el consorcio está en quiebra.

Entrenamientos de pretemporada en el circuito de Montmeló. (EFE)

Su horizonte no es mejor. Sus ingresos han ido cayendo año tras año, según destaca el auditor independiente. En 2018, cerró con pérdidas de más de nueve millones de euros que fueron compensadas con subvenciones a fondo perdido. La Generalitat inyectó seis millones, la Diputación de Barcelona otros 1,03 millones y el ayuntamiento de la Ciudad Condal, 2,5 millones de euros con el supuesto objetivo de fomentar Barcelona como capital del deporte.

A esas cantidades hay que sumar otros ocho millones de euros que el Govern de Torra le concedió ese mismo año a la sociedad para costear gran parte del canon anual de 22 millones de euros que exige Liberty Media, empresa propietaria de los derechos de la F1, para que Barcelona siga acogiendo una de las 22 pruebas del Mundial. Aunque Circuits de Catalunya asegura que la prueba genera cada año 163 millones de euros de riqueza, lo cierto es que el mayor acontecimiento planetario en el deporte del motor ni siquiera permite cubrir gastos y la asistencia sigue una línea descendente, hasta el punto de que tienen que regalarse miles de entradas para que las gradas no luzcan vacías.

Ni la Generalitat (JxCAT y ERC) ni el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona en Común) están ya dispuestos a seguir poniendo dinero para tapar las pérdidas que genera el funcionamiento ordinario del trazado. Más difícil parece aún que vayan a poner otros 22 millones de euros anuales para garantizar la continuidad de la prueba. La que tendrá lugar el próximo mayo es la última acordada con Liberty Media y ese pacto ya se firmó 'in extremis', al límite del plazo que exige el organizador y con una prórroga de solo un ejercicio.

722.904 euros en gastos no justificados

El consejo de administración del martes también fue tenso por otros motivos, aseguran fuentes conocedoras de la reunión. Se puso sobre la mesa un informe de la Intervención General de la Generalitat sobre Circuits de Catalunya que ha detectado, entre otras deficiencias, que el director de la instalación, Joan Fontseré, político de la antigua CDC, habría autorizado pluses salariales fuera de convenio para la cúpula del organismo por importe de 722.904 euros. El informe, adelantado por 'El País' en enero, también detectó contrataciones irregulares de trabajadores temporales y graves anomalías en el sistema de adjudicación de contratos menores.

Según el auditor independiente, el propio Fontseré percibió en 2018 un salario de 104.000 euros, casi como un consejero de la Generalitat (112.700 euros). El responsable de la infraestructura no atendió las llamadas de El Confidencial para dar su versión. También declinaron pronunciarse el Departamento de Empresa y el RACC, los dos principales accionistas.

El patrón y CEO de la Fórmula 1, Chase Carey (i), con Vicenç Aguilera (d) y Quim Torra.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya había anunciado su negativa a seguir poniendo dinero público para salvar las instalaciones. En 2019 se terminó el convenio del consistorio con Montmeló, con una última aportación de 1,5 millones de euros. Pero durante el consejo de esta semana, también quedó patente, por primera vez, que la Generalitat no va a seguir saliendo a su rescate con nuevas subvenciones. Se da la circunstancia añadida, además, de que ERC necesita a los comunes de Colau para respaldar los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que deben aprobarse en el Parlament este 18 de marzo.

La situación es tan crítica que el presidente del consejo de administración durante los últimos nueve años, Vicenç Aguilera, presentó su dimisión el mismo martes. Alegó motivos personales, pero fuentes próximas al dirigente aseguran a este diario que se va para no pasar a la historia como el enterrador de Circuits de Catalunya. No solo peligra la Fórmula 1. El acuerdo con Dorna, la firma propietaria de los derechos del Mundial de Moto GP, termina en 2021. No hay aseguradas más pruebas y, en este caso, Montmeló tiene la competencia de otros tres circuitos de España (Alcañiz, Cheste y Jerez de la Frontera) que tienen cerrada una fecha en el calendario de la competición.

El panorama es tan negro que Circuits de Catalunya apuesta ya por soluciones desesperadas. En los últimos días ha contactado con las federaciones de motociclismo y automovilismo catalanas para intentar que pongan dinero, a pesar de que se trata de organismos modestos con recursos muy limitados. La misma propuesta ha llegado a la Unión de Federación Deportivas de Cataluña (UFEC). Todas estas instancias han rechazado la oferta de Montmeló.