El manifiesto No más cortes de luz ha sido lanzado por más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil con seis reivindicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios.

El manifiesto No más cortes de luz ha sido lanzado por 22 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, con seis reivindicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios.

El manifiesto recoge seis reividicaciones para acabar con los cortes de luz a familias sin recursos y las elevadas tarifas que sufren los usuarios domésticos en España. El documento ha sido remitido a los partidos políticos y cuenta ya con el apoyo de todas las formaciones del grupo parlamentario Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza Energética, Amigos de la Tierra, Asgeco, Attac, CC OO, CGT, Confederación Intersindical, Democracia real YA!, Ecologistas en Acción, FACUA-Consumidores en Acción, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos, UGT, Unccue, USO y WWF.

Manifiesto

No más cortes de luz

Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica.

7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles.

Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25 %. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica.

Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTC).

Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones.

Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas.

Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país.

Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción.

Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009).

Por lo expuesto reclamamos: