Apenas comenzaron las campañas por las gubernaturas en tres estados que se jugarán en junio, y se atisba lo que será la elección presidencial en 2018. Las viejas prácticas electorales de compra de voluntades, con un cínico uso y abuso de dinero fuera de los controles de las autoridades electorales, son acompañadas por la sumisión del Instituto Nacional Electoral ante el gobierno federal. No sólo el árbitro electoral se ha mostrado omiso, sino ha llegado al caso de admitir como legales acciones que alteran el principio básico de que una elección debe ser justa y equilibrada, porque de otra manera la competencia se vulnera. Los ejemplos empiezan a aparecer de manera amenazante para quienes esperarían que las elecciones produzcan el acuerdo institucional que permita la gobernabilidad, porque lo que se está sembrando es una bomba que va a explotar.

Lo más grave es el reciente fallo del INE donde se negó a sancionar al gobierno federal y al del estado de México, por continuar los programas sociales durante la campaña para gobernador. “ Los programas sociales no se suspenden, ni se tienen que suspender durante las campañas electorales”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “Sería absurdo pretender que la normatividad y, más aún, que la autoridad electoral, determine la suspensión de los programas en un país con las desigualdades que tenemos”. No es aceptable la postura de Córdova, porque su papel como líder de los árbitros es crear condiciones para que la contienda sea pareja y no lo contrario.

Desde que Joseph Schumpeter desarrolló su obra sobre elecciones y democracia hace más de 70 años, la idea sobre la equidad de los procesos electorales ha dominado la discusión pública, particularmente en aquellas naciones con sistemas políticos débiles y resabios autoritarios. Esto es que la voluntad del individuo no es independiente en el campo de la política, y la forma como se decide en las urnas suele estar determinado por la propaganda y fabricada por quienes más recursos tienen para manipular el voto. Por décadas, la forma como el PRI utilizó dinero no contabilizado como un método para ganar votos, ha sido motivo de denuncias periodísticas, primero, y más adelante buscado acotarse –en su caso y el de otros partidos-, por los órganos electorales.

Durante años, la maquinaria electoral mexiquense utilizó dinero en efectivo para su operación política y de medios. Isidro Pastor, que fue presidente del PRI en el estado de México –y ahora busca la gubernatura como candidato independiente-, tenía en su casa una alacena escondida detrás de un gran librero de su casa en donde, en lugar de alimentos, tenía billetes de todas denominaciones para lo que se necesitara para mantener la operación política y la cooptación. En la campaña de Eruviel Ávila hace seis años, el dinero de los convenios de publicidad llegó a varios medios organizado en fajillas de 50 mil pesos que tenían el sello del banco, de 1995. Es decir, ese dinero fue sacado del sistema financiero una década antes, y guardado para ser utilizado políticamente años después. ¿Cómo rastrear esos recursos? O ¿cómo seguir su ruta política?

Las quejas sobre la desigualdad en el proceso electoral mexiquense no han tenido mucho eco en el INE, y su pasividad o negligencia va a tener consecuencias. En algunas comunidades mexiquenses algunas familias han comentado de manera aislada que en el pasado el PRI llegó a ofrecerles 500 pesos por su voto, pero que en esta elección ha cambiado de manera significativa. Lo que dicen es que les han dado dos mil 500 pesos por cada credencial electoral, lo que ha llevado a algunos casos donde familias con hijos con deficiencias mentales, sacan de cualquier forma su credencial de electoral para poder recibir lo que ofrece el PRI. En un caso recibió un jefe de familia 10 mil pesos por cuatro credenciales, cuyo voto tendrá que ser probado mediante una selfie que se saquen con su boleta dentro de la urna.

Los márgenes que se han venido ampliando para este tipo de acciones ilegales están desbordando. En Chiapas, donde la elección para gobernador será hasta el próximo año, este domingo el senador Roberto Albores Gleason, quien es el líder del PRI en ese estado, organizó un evento para 40 mil personas en un estadio en Tuxtla Gutiérrez, para el cual pagó 400 pesos por cada asistente. Es escandaloso. Albores Gleason es respaldado por el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien está apoyando su candidatura al gobierno, pero sobretodo por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien es el responsable designado por el presidente Enrique Peña Nieto para ser su enlace y operador principal en la campaña electoral en el estado de México.

Si bien estas acciones rompen con el orden legal, la actitud del INE con respecto al aval para que los programas sociales se sigan entregando en el estado de México durante la campaña electoral, es un absurdo al permitir que la coacción electoral camine sobre los rieles que les regalaron los consejeros electorales. Esta clara ruptura a cualquier posibilidad de una elección justa puede darle espacio de tranquilidad al presidente Peña Nieto y al PRI en el estado de México con respecto al 4 de junio, el día de la votación, pero su eventual victoria no generará gobernabilidad sino conflicto. La semilla se está sembrando este año. Su veneno contaminará de manera irreversible la elección presidencial el próximo año, si no se modifica lo que hoy parece un destino manifiesto.