En su primer año, el trabajo de Gobierno del Estado a cargo del panista Javier Corral Jurado exhibe que ha sido insuficiente ante la grave problemática de violencia e inseguridad que enfrenta Chihuahua.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General, en la entidad se registró entre octubre de 2016 y agosto de 2017 un 60 por ciento más de víctimas de homicidio que en el mismo período anterior: de mil 80 a mil 733 casos.

Esta proporción es casi el triple del alza en la violencia registrada en el resto del país, donde, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio de las 32 entidades fue de un 24 por ciento más delitos contra la vida en el mismo período comparado.

Las zonas más afectadas del estado, de acuerdo con la estadística de la Fiscalía, son la Centro, con la ciudad de Chihuahua como mayor centro de población y un aumento de más del doble en el registro de hechos violentos: de 243 asesinatos a 496, o un 104 por ciento más.

En la Zona Norte, que incluye a Ciudad Juárez, el alza en el número de víctimas de asesinato fue de un 87.5 por ciento, al pasar de 362 a 679 casos en el período analizado. Están además los 72 asesinatos registrados en septiembre, que concluyó ayer.

Al incremento, en la entidad se sumó el regreso de crímenes de alto impacto, múltiples y/o en lugares públicos –frecuentes entre 2008 y 2012–, como ejecuciones en centros nocturnos, el asesinato de los periodistas Jesús Adrián Rodríguez Samaniego y de Miroslava Breach Velducea, el de 15 personas en Las Varas, Madera y, el pasado 26 de septiembre, el de otras 15 personas en un centro de rehabilitación de la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado no respondió una solicitud de entrevista sobre el primer año de trabajo de Corral en materia de seguridad. Tampoco se obtuvo respuesta a la petición hecha al gobernador.

Integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, de la Mesa de Seguridad de Juárez y alcaldes de la región noroeste, así como fuentes de la Fiscalía, atribuyen hechos de este tipo a la operación, reacomodos o confrontaciones de grupos de la delincuencia organizada.

Grupos ante los cuales, advierten entrevistados, el Gobierno estatal ha quedado rebasado, sin armamento ni equipo suficientes ni apoyo de la Federación.

Y, como el propio Corral reclamó el pasado 25 de septiembre, en el caso de Juárez con insuficiente coordinación con el Municipio, con el cual se enfrentó desde el primer mes de su administración por el nombramiento del exfiscal de César Duarte, Jorge González Nicolás, como secretario de Seguridad Pública de esta frontera.

Confrontación y carencias golpean combate al crimen

“Haciendo un balance, creo que tuvimos un tiempo perdido muy valioso en los primeros meses de las administraciones tanto estatal como municipal. No hubo la coordinación que hubiéramos querido, creo que el fue el mayor problema que se tuvo en las áreas de seguridad, por los diferentes grupos políticos”, dice el diputado local panista Gabriel García Cantú, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.

La falta de recursos en la Fiscalía, agrega el legislador, derivan del programa de austeridad anunciado por el gobernador y en el que la dependencia encargada de la seguridad, dice el panista, fue la segunda más afectada –sólo después de la Coordinación de Comunicación Social–, con 486.4 millones de pesos menos que en el ejercicio anterior.

“Ahora nos damos cuenta que el error que en su momento se tuvo fue descobijar a la Fiscalía General del Estado”, señala García Cantú.

“Hace falta comprar helicópteros, chalecos antibalas, vehículos de mayor peso para atajar la Sierra de Chihuahua, la contratación de más elementos (…) La principal razón es por el enfrentamiento que haces con grupos criminales, que ellos traen armas largas que no podrás enfrentar con tus pistolas calibre .38 y ellos con calibre .50”, agrega.

Gabino Gómez Escárcega, activista de la zona noroeste e integrante del Centro de Derechos de las Mujeres (Cedehm), coincide: “Ha habido golpes importantes, pero no ha sido suficiente, falta eficacia en el término de la actuación y para esto se requieren mayores recursos. En materia de desaparición de personas, no han cesado, continúan igual que en el pasado y si bien se han encontrado algunas personas, hay varios casos de los que no se sabe nada y las investigaciones no han dado para la localización”.

El Gobierno Federal, de acuerdo con el informe de actividades del primer año de la administración de Corral, integró con el Estado las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas (FRIM), con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal para patrullajes en las zonas Centro, Norte y Occidente.

Apoyo que, considera Gómez, es también insuficiente. “Está el llamado a la Federación para que apoye a Chihuahua, porque el Gobierno del Estado no tiene la capacidad ni recursos de enfrentar a estas bandas que lo rebasan en armamento y vehículos”, agrega el derechohumanista, también parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Estrena Gobierno con mayor alza de asesinatos

De acuerdo con las estadísticas, la violencia en el estado empezó a agudizarse desde abril de 2016, pocos meses antes del cambio de Gobierno y cuando la cifra de 84 homicidios subió a 104. La tendencia al alza se mantuvo –en septiembre de 2016 llegó a 143 víctimas–, pero fue en octubre, justo durante los cambios de Gobierno tanto estatal como municipales, que el indicador registró el mayor pico, con 209 víctimas.

“Hay que tener mucho cuidado con empezar a magnificar; los problemas de inseguridad pueden ser también a veces más una percepción”, dijo Corral entonces.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, lo que es muy importante es que no empecemos a generar una percepción más allá de la realidad”, agregó, de acuerdo con una nota publicada el 1 de noviembre de 2016 por El Diario.

La violencia, sin embargo, persistió con cifras mensuales por encima de las cien víctimas y, en junio pasado, alcanzó los 220 casos, el más violento de al menos los últimos tres años.

Otras problemáticas endémicas, como los feminicidios o la inseguridad en el Valle de Juárez –y cuyo combate fue ofrecimiento de la campaña de Corral– persisten y, tan sólo hasta el 18 de septiembre pasado, 61 mujeres habían sido asesinadas en Juárez, cinco más que las 56 victimadas en todo 2016.

Noroeste, epicentro de respuesta contra inseguridad

El Gobierno del Estado ha enfocado su estrategia de seguridad en la intervención en la zona Occidente –alrededor de Madera–, donde asumió el trabajo de seguridad pública y exigió el retiro de 220 elementos de las policías de ese municipio y otros cinco –Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Temósachic, Gómez Farías e Ignacio Zaragoza– para someterlos a pruebas de confianza.

El argumento de la intervención estatal fueron los indicios de un alto grado de infiltración del crimen organizado entre estas filas institucionales. O, como indica el decreto oficial 80/2017, por “el conocimiento de la población y de las autoridades que el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo a los desplazamientos de grupos armados”.

Para sustituir a los municipales y “asumir el control territorial”, el Gobierno envió a esos municipios a 300 de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (antes Policía Estatal Única), la mitad procedentes de la ciudades de Chihuahua y Juárez.

La exigencia entonces a la Fiscalía por parte de la comisión legislativa de Seguridad, dice García Cantú, fue “atacar de manera frontal esas áreas (occidente) para no generar un efecto cucaracha, y blindar Chihuahua y Juárez”, por lo que la FGE, agrega, inició un “un ataque más directo al crimen” y a “los elementos infiltrados”.

Seis meses después, la intervención estatal arrojó un 40 por ciento de elementos municipales reprobados en los controles de confianza y que, de acuerdo con Érika Jasso, fiscal especializada en Control Análisis y Evaluación del Estado, es una medida “exitosa” debido al saneamiento de las corporaciones.

La violencia, sin embargo, persistió en las diversas regiones e incluso en la Zona Occidente, de acuerdo con datos de la Fiscalía, muestra repuntes en asesinatos (de 19 en febrero a un promedio de 32 en los meses siguientes), en robos a casas habitación y locales comerciales. Tan sólo en Madera, considerado epicentro de la actividad delincuencial, 15 personas fueron asesinadas en julio en la localidad de Las Varas.

“La situación es que, finalmente, en ese municipio había mucho control por parte de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad pública, y cuando llega una corporación sin la coordinación o facilidad para estarse moviendo, pues buscan la manera de generar la desestabilidad, para poder lograr entrar a ese cuerpo y que regresen las personas con quienes se sienten en confianza para operar”, dice Jasso.

“No esperábamos tener pérdidas humanas o bajas tan lamentables, pero sí había una perspectiva del escenario a enfrentar (…) Se generó un costo social importante, sí, pero valió la pena”, agrega.

Alcaldes de los municipios intervenidos también consideran un avance la aplicación de pruebas, pero advierten problemas en la interacción con los agentes estatales.

“Estaban extorsionando gente, los estatales (…) aquí tuvimos quejas de unas personas que estaban construyendo un fraccionamiento y se estaban robando puertas y ventanas, y tardaron cinco horas en llegar, cuando aquí se tardan unos minutos”, dice David Martínez Garrido, alcalde de Nuevo Casas Grandes.

Datos de la comisión legislativa de Seguridad indican un trabajo considerado por García Cantú como “sin precedente” por parte de un gobierno estatal: 19 mil personas detenidas, 691 armas y 14.4 toneladas de mariguana aseguradas.

El combate “frontal” al crimen organizado de parte del Gobierno del Estado repite la estrategia aplicada por el Gobierno federal desde diciembre de 2006, enfocada en el descabezamiento de los presuntos grupos delictivos y que, aun de acuerdo con el propio comisionado estatal, Oscar Aparicio Avendaño, tienden a derivar en más violencia.

“Desde que se detiene a ‘El Chapo’ (Joaquín Guzmán Loera) y los acomodos entre éste y Dámaso (López Núñez), La Línea, ha habido una disputa entre cárteles en toda la República y esto ha generado hechos violentos en la mayor parte de la República”, dijo Aparicio Avendaño en entrevista con El Diario publicada el 10 de septiembre.

Tal explicación, sin embargo, dice el activista Julián Lebarón, es una aceptación de la incapacidad institucional para hacer valer el Estado de Derecho: “Aunque el asesinado o secuestrador sea el peor delincuente en la sociedad, el trabajo del Gobierno sigue siendo el mismo: tienen la responsabilidad de traerlos a la justicia y hacer un debido proceso para establecer y resolver lo que sucede”, dijo. (Sandra Rodríguez / El Diario)