El Gobierno ha reafirmado esta semana su voluntad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, conforme al IPC real. Eso seguramente le obligará a abonar una paga compensatoria a final de año, como se hacía antes, ya que el comportamiento de los precios está siendo peor de lo previsto.

Cada décima que se desvíe la inflación generará un coste para la Seguridad Socialde 128,6 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Trabajo.

La posibilidad de esa paga compensatoria fue anunciada a raíz de una intervención pública de la titular del departamento, Magdalena Valerio, y es consecuente con los compromisos presupuestarios adquiridos entre el Gobierno y su socio parlamentario preferente, Unidos Podemos.

Las pensiones han experimentado en 2018 una subida general del 1,6% y el IPC en tasa anual se situaba a finales de octubre en el 2,3%, aunque las estimaciones apuntan a que podía cerrar el ejercicio entorno al 1,9%.

Si finalmente fuera así, los pensionistas se repartirían 358,8 millones, lo que hace una media de 41,7 euros por persona, que se consolidaría para los años siguientes. Teniendo en cuenta que el gasto derivado de esta prestación asciende ya a 9.287 millones mensuales, el efecto de la paga compensatoria sobre las cuentas de la Seguridad Social sería poco relevante. Pero es cierto que ahondaría un déficit que ha ido esquilmando año tras año la hucha de las pensiones y que sólo en 2017 se acercó a los 19.000 millones de euros.

El anuncio del Ministerio de Trabajo de llevar a la práctica su acuerdo con Unidos Podemos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones se ha producido sólo unos días después de que dos instituciones internacionales alertaran a España de las amenazas que se ciernen sobre el sistema. Se trata del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicaron la semana pasada sus últimos informes sobre la situación y perspectivas de la economía española.

En materia de pensiones, ambos solicitaban cambios que van justo en la dirección contraria de las medidas adoptadas como respuesta a las masivas movilizaciones que están teniendo lugar desde hace varios meses en las principales ciudades españolas, especialmente en Bilbao. Entre dichas medidas figuraban dos de singular trascendencia: la vuelta a la indexación de las pensiones (es decir, a subirlas con arreglo al IPC) y el aplazamiento hasta 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que tendrá en cuenta la esperanza de vida y que estaba previsto aplicar a partir del año próximo.

Tanto una como otra supusieron una ruptura de los pilares fundamentales de la reforma introducida unilateralmente por el Mariano Rajoy en 2013 so pretexto de frenar el déficit galopante de la Seguridad Social. Él mismo acabaría renunciando a lo esencial de ella para obtener el respaldo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, poco antes de que la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez lo desalojara del poder. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo daría la puntilla no mucho después a la controvertida reforma de 2013.

En sus primeros análisis sobre la economía española tras esos acontecimientos, el FMI y la OCDE meten presión para que no se ceda a las reclamaciones de la opinión pública en materia de pensiones, con recetas que supondría en la práctica su progresiva devaluación. El FMI habla, en concreto, de volver a desvincularlas del IPC para evitar una “pronunciada trayectoria alcista”. La OCDE, por su parte, sugiere elevar la edad de jubilación, teniendo en cuenta los años que, por término medio, se viven ahora.

No parece que, en principio, el Gobierno esté por la labor de atender estas propuestas, pero las recientes declaraciones de la ministra de Trabajo dan a entender que algo está barruntado. Según dijo Valerio, el sistema debería llegar saneado a 2022 o 2023, cuando se espera una jubilación masiva de persona nacidas durante el baby boom. Para ello, explicó que es necesario reforzar su equilibrio financiero, reordenando ingresos y gastos. En qué consistirá exactamente esa reordenación es algo que aún está por ver.

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