La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, ha sido diseñada y concebida para limitar el ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la no discriminación ideológica, el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. Ahora Madrid considera que esta ley castiga con medidas absolutamente desproporcionadas, convirtiendo faltas en delitos o infracciones administrativas, por lo que ya no serán juzgadas por un juez, sino impuestas desde la Administración, desapareciendo así las garantías del proceso penal.

Entre las medidas que contiene esta ley destaca como especialmente lesiva para los derechos de la ciudadanía el artículo 43.1, que prevé la creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana “a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia”.

Ahora Madrid considera injustificado que determinados delitos vinculados al derecho de huelga y manifestación se traten de forma específica. Por el contrario, la reincidencia sólo se genera cuando hay condena. En este caso la reincidencia, y por lo tanto el agravamiento de las penas o sanciones, estará en manos de criterios exclusivamente policiales y al margen de cualquier garantía jurídica. De facto, es una forma de “legalizar” las listas negras de activistas. Asimismo otorga a la Policía la facultad de evaluar el tipo de falta, el delito y la reincidencia de una persona, lo que supone una vulneración del Estado de derecho que se garantiza con la separación de poderes. Estas medidas son propias de estados totalitarios y entendemos que sólo cabe su derogación.

Ahora Madrid confía en que la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso contra la Ley Mordaza implique un rechazo total a este tipo de políticas de acoso y criminalización de la protesta legítima, atendiendo a lo recogido por la Constitución Española como derecho fundamental para la ciudadanía.

Ahora Madrid adopta por tanto una posición totalmente contraria a esta Ley de Seguridad Ciudadana, concebida como la herramienta última de un Gobierno incapaz de dar respuesta a las legítimas demandas de la sociedad. Además, animamos a toda la ciudadanía a denunciar y trabajar para su derogación, mediante la articulación con los agentes sociales que llevan interviniendo a tales efectos en este contexto.

Por su parte, Ahora Madrid pone a disposición de la ciudadanía todas las herramientas para dar apoyo y seguimiento a este trabajo enfocado a diseñar estrategias de sensibilización, denuncia o minimización de la vulneración de estos derechos fundamentales, así como para el estudio y desarrollo de medidas que minimicen las sanciones asociadas a la ciudadanía que continúe ejerciéndolos. Todo ello enfocado a contribuir a la derogación de una ley que, como ya se ha podido comprobar, tiene visos de inconstitucionalidad.

Ahora Madrid se compromete a hacer lo posible por desarrollar con la ciudadanía cuantas iniciativas se lancen desde el Gobierno municipal o desde el resto de partidos políticos representados en el Ayuntamiento para paliar los efectos de una Ley que nunca debió existir.

Por último, Ahora Madrid expresa su solidaridad con las personas que, protestando contra esta ley, han visto violentados sus derechos fundamentales. Rechazamos el uso de la fuerza para resolver conflictos y defendemos la mediación como mecanismo más justo y efectivo para abordar este tipo de situaciones. Por ello, lamentamos la intervención sucedida el pasado lunes en la Puerta de Sol que acabó con la detención de dos personas.

https://conoce.ahoramadrid.org/ahora-madrid-pide-la-derogacion-de-la-ley-mordaza-y-anima-al-trabajo-conjunto-entre-la-ciudadania-y-los-agentes-institucionales-y-sociales-para-conseguirlo/