En todo el país cerca de 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público. Pero de los fondos federales dedicados a movilidad en 2015, solo 6% se destinó a esto, otro 5% a infraestructura para el peatón, 7% para espacio público y 1% para infraestructura ciclista. El 80% restante fue para pavimentación e infraestructura para el coche (33% y un 47% respectivamente).

Esto pese a que la última Encuesta Origen-Destino (EOD) de la Zona Metropolitana Del Valle de México, publicada en 2017, documenta que solo 21% de los viajes diarios se hacen en automóvil privado y 46% en transporte público. Esa disparidad en el gasto dedicado a movilidad se replica en muchas otras ciudades mexicanas. Así lo señala el Índice de Movilidad Urbana (IMU), presentado este martes por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). En promedio, en las 20 metrópolis analizadas en el estudio (las más pobladas del país), apenas 2.1% de los fondos federales se invirtieron en transporte público. La inversión, dice Oscar Ruiz, científico de datos del IMCO, debería estar a la par de cómo se mueve la población. Seguir bajo el esquema de movilidad que tienen la mayoría de las ciudades del país, enfocado en facilitar los traslados en automóvil en detrimento de otros modos de transporte más eficientes, significa condenar a la gran mayoría de la población a una movilidad ineficiente que no solamente genera disminución de la calidad de vida de las personas, sino también tiene repercusiones económicas graves por la pérdida de productividad y por la fuga de talento. El IMCO ha determinado que cada año se pierden en productividad 33 mil millones de pesos sólo en la CDMX por la falta de traslados más eficientes. Las ciudades mexicanas no han priorizado la movilidad de las personas, han priorizado el flujo de automóviles y eso genera ineficiencia, dice Ruiz. “A las 9 de la mañana, de un día entre semana, para recorrer en coche 9 kilómetros en la Ciudad de México se invierte 1 hora 5 minutos cuando deberían ser 26 minutos”.

Las de mejor desempeño

El Valle de México ocupa la posición número 1, entre las 20 ciudades analizadas en el IMU en cuanto a eficiencia del gasto público en movilidad. La región tiene nivel de competitividad adecuada al destinar 36% de su presupuesto a transporte público, mientras que el promedio destina 2%, y Acapulco que está en el fondo de la tabla, 0%.

Destaca también el Valle de México por ser la ciudad con el mayor puntaje en el índice de gestión de calidad del aire. Sin embargo, su mayor debilidad se encuentra en el tema de transparencia, al presentar el menor puntaje en el Índice de Información Presupuestal Municipal de las 20 ciudades de la muestra.

Es por eso que en el IMU apenas alcanza a clasificarse entre las de nivel de competitividad adecuada, junto con Morelia y Mérida. Ninguna ciudad del país alcanza un nivel de desempeño alto. De las 20 ciudades, 15 ciudades no invirtieron presupuesto federal en 2015 en transporte público, a pesar de que en promedio, 38% de sus habitantes usaron este medio de transporte, precisa Fátima Masse, coordinadora de Proyectos del IMCO.

Las que tienen competitividad media alta en eficiencia y transparencia gubernamental en el gasto en movibilidad son: Querétaro, Saltillo, Veracruz, Cancún, Tijuana, Guadalajara, Toluca, Aguascalientes y Cuernavaca.

Mientras que en competitividad media baja se encuentran Puebla-Tlaxcala, León, Chihuahua y Tampico-Pánuco. Las clasificadas al final, de entre las 20, con nivel bajo son: Villahermosa, Monterrey, San Luis Potosí-Soledad y Acapulco.

Regulación y políticas públicas en favor de la movilidad

Sobre la existencia de un marco normativo que promueva la planeación adecuada en términos de movilidad, y su ejecución, Masse señala que hace falta permitir la innovación y el surgimiento de nuevas opciones de transporte administradas por tecnologías de la información.

“En este sentido es importante desregular primero antes de prohibirlas, permitir que operen, analizar cómo funcionan, generar información basada en evidencia y entonces regular”, sugiere. Esto en referencia a opciones como los patines eléctricos.

Leer: Más redes de transporte, uso de la bici y reducción de contaminantes: plan de movilidad de Sheinbaum para CDMX

Respecto a los taxis privados que usan aplicaciones móviles, como en el caso de Uber, el estudio del IMCO precisa que de las 20 ciudades evaluadas en el IMU solo siete consideran de manera explícita en sus leyes de transporte o movilidad al sistema operado a través de aplicaciones móviles y solo tres enumeran de manera limitativa los requisitos para que estas plataformas funcionen y se registren ante el gobierno del estado.

Los legislativos locales –dice el estudio del IMCO– están fallando en su obligación de generar un marco normativo que especifique los derechos y obligaciones de las plataformas proveedoras de este tipo de transporte y en hacer explícitas las condiciones que deben cumplir los conductores miembros de la plataforma.

En noviembre de 2017, Uber sumó a la lista de ciudades donde opera a La Paz, Guasave, Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado y Navojoa; mientras que en la Ciudad de México y otros estados se desplegó también la oferta de este tipo de servicio en aplicaciones como Avant, EasyTaxi, Yaxy y Cabify.

Esto demuestra que los servicios de transporte operados a través de aplicaciones móviles, al menos en el corto o mediano plazo, no van a desaparecer, sino que van a ampliar su alcance, y por eso, es necesario garantizar su adecuado funcionamiento en cualquier estado y en cualquier momento mediante un marco jurídico que dote de certeza a todos los agentes involucrados.

En este subíndice de regulación, el Valle de México ocupa también la posición número 1, puesto que la mayoría de sus municipios cuenta con una ley de movilidad. Destacan también la CDMX, el Estado de México, Jalisco y Coahuila por tener una regulación en este sentido. Acapulco está en el fondo de la lista por carecer de ella.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg