Captura de pantalla del video presentado en VTV

EN UN BALANCE DEL PLAN ZAMORA ofrecido por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami, el martes 9 de mayo de 2017, presentó un video identificando a supuestos integrantes de grupos violentos “complotados con bandas organizadas de Caracas para generar violencia y saqueos en la ciudad”.

Los nombres y fotografías presentadas corresponden a: Nixon Leal, José Daniel Hernández, Fermín Coccione Castillo, Oswaldo García Piñero, Rances García Ortega, Manuel Cotiz, Carlos Contreras, Carmen Salazar y Víctor Salazar”.

#EnVideo || ¡VEA SUS ROSTROS! Estos son los integrantes de la célula terrorista que operaba en el eje central de Venezuela (1/2). pic.twitter.com/gkzT3CXahk — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 9 de mayo de 2017

“Este grupo violento fue capturado y se le incautaron múltiples explosivos, bombas molotov, granadas y armas largas, las cuales serías utilizadas para atacar instalaciones militares en Caracas”, aseguró el vicepresidente.

Lo que no dijo El Aissami

Joel García, abogado de Fermín Cocchioni Castillo, venezolano-italiano de 32 años detenido arbitrariamente en Colinas de Bello Monte, municipio Baruta, apuntó que su defendido fue presentado ante el tribunal 4to militar con sede en Macuto (estado Vargas), tras sufrir una detención arbitraria por parte de la Policía Nacional Bolivariana y una desaparición forzada de tres días.

“Apareció en Fuerte Tiuna luego de pasar 50 horas incomunicado. Cuando leímos las actas del expediente decía que Cocchioni llevaba en su vestimenta una granada de uso defensivo, de fabricación israelí y que por eso lo llevaban a la jurisdicción militar”, describe García.

La Fiscalía le imputó tres delitos: traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. “¿Cómo sacan todo eso de una granada?”, se pregunta su abogado.

Modus operandi: confesión bajo tortura y audio para incriminar a la oposición

“A Cocchioni lo torturaron en la DGCIM, lo cubrieron con una colchoneta y le entraron a batazos, luego lo pusieron a firmar varias cosas que él no supo qué eran y además lo pusieron a grabar un audio en el que él se identifica como un líder de las guarimbas, además de decir que quien patrocinaba las guarimbas eran Ramón Muchacho y Henrique Capriles para comprar máscaras, gasolina para las molotov, todo con la intención de matar guardias nacionales y policías nacionales”, describe García, abogado miembro de Fundeci, organización que lleva la defensa de numerosos presos políticos.

No se trata del primer caso en el que abogados refieren el “modus operandi” de videos o audios obtenidos mediante tortura, con el fin de culpar a dirigentes opositores.

El más reciente fue el video de los morochos Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, dirigentes de Primero Justicia, presentado por Nicolás Maduro en cadena nacional como “prueba” para incriminar a la oposición.

Esta práctica vulnera derechos consagrados en la Constitución, leyes venezolanas y tratados internacionales:

Viola el precepto constitucional (Art. 49 literal 5), el cual estipula que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, aclara además, que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza; Viola el artículo 33 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”; Viola el artículo 132 del COPP, según el cual la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor;

Gobierno acude a las redes sociales para difamar

Tampoco es la primera vez que bajo la etiqueta de “conoce sus rostros”, organismos del Estado publican fotos y videos de manifestantes con la intención de difamarlos. “El mote “generadores de violencia” no solo fue aplicado a ciudadanos, sino también a legisladores elegidos por voto popular y a defensores de derechos humanos que estaban en las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro”, describe un trabajo de investigación de la periodista Lorena Meléndez.