Como sociedad, tenemos una extraña relación con la corrupción. Si un extranjero revisara las portadas de los diarios de los últimos diez años se llevaría dos impresiones: que en la Argentina hay mucha corrupción y que las personas de este país vivimos por ello en un estado de permanente indignación. El lugar que ocupó el tema durante las últimas campañas electorales lo convencería de que al menos una buena parte de nosotros y nosotras tiene firmes valores morales. Todo lo contrario a lo que sucede con nuestros gobernantes. Si focalizara en los últimos dos años, las espectaculares detenciones de José López, Julio De Vido y Amado Boudou seguramente lo llevarían a pensar que, finalmente, estamos logrando moralizar a nuestra clase política como nunca antes. Si además el observador se pusiese a estudiar algo de historia, el logro se le aparecería como algo titánico. Porque la corrupción forma parte del paisaje argentino desde hace más de un siglo. Conocería así la escandalosa venalidad del decenio 1880-1890, las descripciones de Roberto Arlt sobre la ubicuidad de la coima en tiempos de Yrigoyen, el fabuloso negociado de la carne que denunció Lisandro de la Torre en los años treinta y tantos otros episodios. También notaría el salto cualitativo que dio la corrupción en tiempos de Menem y también se enteraría de la “Banelco” de De la Rúa. Cargando con esa historia, el presente se le aparecería como algo sencillamente milagroso. El “Mani pulite” argentino.

Corrupción desde abajo y dobles varas

En verdad, nuestra relación con la corrupción no admite deslindes tan optimistas. Las encuestas indican que la ciudadanía argentina está lejos de ser moralmente impoluta. En una reciente, un 34% respondió que cierto grado de corrupción le parecía aceptable. Un 40% dijo que no se tomaría la molestia de radicar una denuncia si eso le insumiese un día de trámites. Pero eso no es todo: entre quienes habían tenido que lidiar con un control policial, trámite estatal o requerimiento judicial en el último año, un alto porcentaje reconoció haber ofrecido coimas. Agréguese a esto lo extendido de la evasión impositiva en todos los niveles, desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario. En fin, pareciera que quedarse con dineros públicos o sobornar funcionarios no es algo que nos desvele tanto como podría pensarse a partir de las indignaciones de tiempos electorales.

Nuestra percepción de la corrupción tiene manifestaciones extrañas. Tendemos a depositar la culpa exclusivamente en los políticos. Pero además, sucede que no todos los políticos merecen nuestras iras en la misma medida. No caben dudas de que la corrupción fue muy alta en tiempos del kirchnerismo. Es absolutamente legítima la preocupación social que motivó y la demanda de que la impunidad no volviera a reinar.

Pero al mismo tiempo, no deja de notarse que la crítica se detiene ante las evidencias de la corrupción en filas macristas. A los casos ya conocidos –cloacas de Morón, tráfico de autopartes, megacanje, Swiss Leaks, obras públicas para el amigo Caputo y el primo Calcaterra, Panamá Papers, Bahamas Papers, entre otros– se agregaron en el último año el escándalo del Correo y los sobreseimientos express de Gabriela Michetti y Gustavo Arribas (el de Fernando Niembro era tan inconsistente que acaba de ser revocado). Un festival de licitaciones viene quedando en manos de Caputo, quien aumentó su rentabilidad de manera fabulosa (aparentemente consigue que las hagan a medida). Nada de esto logró que la corrupción PRO llegara al debate público. La causa Panamá Papers, de complejísima tramitación por lo intrincado e internacional de su trama, fue cerrada en tiempo récord con escasa repercusión. En los medios, tanto como en el campo intelectual, continúa la doble vara y ese “republicanismo intermitente” que se activa según a quien convenga criticar.

Elisa Carrió, la supuesta defensora de la moralidad, encarna esta duplicidad de manera muy clara. Puso igual empeño en denunciar a Macri como corrupto cuando estaba en otro espacio político como el que pone ahora en olvidar las palabras que supo dedicarle. De la base votante del macrismo puede decirse algo similar: desespera por la corrupción si es de kirchneristas, pero no tiene empacho en votar candidatos PRO tanto o más cuestionados. En las últimas elecciones en Vicente López, por caso, éstos obtuvieron 60% de los votos, a pesar de que el intendente Jorge Macri venía de ser embargado por lavado de dinero por la jueza Sandra Arroyo Salgado (de quien nadie podría sospechar simpatías K).

El agente invisible

En las alarmas por la corrupción, además, muy rara vez se visibiliza a su principal agente. El político que recibe coimas es el foco de las iras públicas (y con razón). Pero del empresario que las ofrece casi nunca sabemos siquiera el nombre. Nunca van presos. Esto se evidenció como nunca en el caso Odebrecht: parte de las coimas fueron pagadas por la familia Macri y sin embargo el debate público apunta exclusivamente a los funcionarios K que las recibieron. Elisa Carrió llevó esta ceguera a niveles hilarantes en uno de sus tuits, a propósito del desafuero de De Vido, en el que pidió que se hiciese una diferencia entre los empresarios que hicieron negocios con él para enriquecerse y los que fueron “obligados” a pagar sobornos y por ello corresponde considerar víctimas. Claro, la preocupación apuntaba a las evidencias de que, en la lista de coimeras, hay empresas cercanas al actual gobierno.

Un hecho reciente sirve para ver lo limitado de este enfoque. El año pasado se aprobó un blanqueo que resultó enorme. La inmunidad que se ofreció esta vez a los empresarios superó toda marca previa. Se les permitió conservar cualquier activo en el exterior sin dar explicaciones sobre su origen. Se les garantizó además el secreto total, al punto de que la ley incluye castigos para cualquiera que revele información. Tras un duro debate, el gobierno y sus aliados sostuvieron a rajatabla el derecho de sus familiares cercanos a acogerse (ampliado luego por decreto presidencial).

Horacio Verbitsky reveló que varias figuras muy cercanas al actual presidente blanquearon sumas millonarias. Su hermano Gianfranco blanqueó 35,5 millones de dólares (una suma muchísimo mayor a la que declara poseer Mauricio Macri). Nicolás Caputo, principal beneficiario de la obra pública, blanqueó 26,5 millones. Un primo de Marcos Peña 6,2 millones. Marcelo Mindlin, vinculado al actual presidente, quien compró la principal empresa constructora de la familia Macri (supuestamente transferida poco antes por Mauricio a su primo Calcaterra, a quien algunos consideran su testaferro), blanqueó 44 millones de dólares. La suma coincide con la que supuestamente habría pagado para quedarse con la empresa de los Macri.

Ante tamaña revelación en el Poder Judicial se inició una causa para castigar a los responsables de la filtración y el gobierno desplazó a un funcionario de la AFIP. Es decir: como sociedad decimos condenar la corrupción, pero damos inmunidades especiales a los empresarios y perseguimos a los quienes nos ayudan a dar mayor transparencia a los posibles delitos. Se diga lo que se diga, en los hechos eso es lo que hacemos.

La corrupción y la corrosión de la democracia

Diré una obviedad: si hay corrupción es porque quienes tienen el poder económico no manejan de manera directa la autoridad política. Un empresario ofrece coimas porque necesita que un político use su poder para darle algún beneficio: un contrato, una habilitación, una exención impositiva. La corrupción es esencialmente uno de los modos en los que el capital violenta la democracia; aleja del bien común las decisiones de nuestros representantes, para que prevalezca en cambio el interés privado. Suponemos que con políticos honestos se acaba la corrupción pero es al revés: es improbable que tengamos honestidad en la política con empresarios merodeando constantemente alrededor de los representantes.

Cuando los empresarios asumen directamente la conducción del Estado, la figura de la coima a veces se vuelve simplemente irrelevante. Nadie necesita coimearse a sí mismo como incentivo para hacer lo que más le conviene. Vuelvo al ejemplo del blanqueo: los privilegios que obtuvieron los familiares de los gobernantes (posiblemente obrando como sus testaferros) no partieron de un delito sino de un acto legal. El Estado puso todo su aparato para que la letra de la ley coincida con el interés privado. No hubo coima, porque de ambos lados del mostrador estaba el mismo sujeto. El perjuicio para la sociedad, en términos económicos, fue casi el mismo que habría habido si, en lugar de acogerse a una ley, hubiesen pagado una coima para que la AFIP no los investigara. No lo hicieron, porque pudieron forzar en cambio una norma que de pronto volvía legal el mismo hecho (la evasión impositiva).

Agréguese al panorama un último elemento. Abrir una cuenta bancaria offshore secreta es muy sencillo (un periodista hizo la prueba en 2001: le llevó exactamente 20 minutos). Las empresas offshore son igualmente sencillas de crear, con un agregado: las acciones se emiten “al portador”, de modo que es técnicamente imposible establecer quiénes son los dueños. Las sociedades anónimas con frecuencia son entramados de vinculaciones societarias que, como cajas chinas, conducen a una o varias de estas empresas “al portador”.

En términos concretos, lo que esto significa es que no tenemos manera de saber en qué dirección va el dinero. Volviendo al blanqueo, no podemos saber (y legalmente ya no tenemos el derecho a preguntar) de dónde vino y de quién es el dinero blanqueado. No hay forma de saber de cuál de los hermanos Macri es el que hoy declara Gianfranco. Tampoco si el que declara Mindlin era antes de Mindlin y si una vez blanqueado sigue siéndolo. Los circuitos del dinero blanco y del negro se tocan. Y si poder económico y poder político coinciden en las mismas manos, eso quiere decir que la diferencia entre legalidad e ilegalidad se vuelve irrelevante. Ley, decreto y coima se vuelven difíciles de distinguir, al menos en lo que significan en términos sustantivos.

El financiamiento de la política

Pero no siempre el enriquecimiento personal es lo que está detrás del impulso a apropiarse de dineros públicos. Muchas veces es más bien la presión para obtener fondos para agrandar las redes de lealtad política y financiar las costosas campañas electorales. Las finanzas de los partidos en Argentina son bastante turbias y es un hecho que el Estado ha hecho poco y nada por hacer valer las leyes que exigen transparencia. Todos los partidos están “flojos de papeles” en este punto, pero es sintomático que los menos transparentes sean precisamente el PRO e, incluso más, el de Carrió. Ya está probado que Macri recibió millones en aportes de empresas contratistas del Estado para su última campaña, algo explícitamente prohibido por la ley. Otro foco de corrupción que, sin embargo, no parece haber tenido impacto en la opinión pública.

Centrar la cuestión en los déficits morales de los políticos impide ver los impulsos sistémicos que alimentan la corrupción. Cada vez más la política se vuelve un juego que requiere inversiones millonarias. Y allí están los empresarios para ofrecer fondos. Nuestro país cuenta hasta ahora con una legislación bastante progresiva, por la que el Estado financia a los partidos y se impide a las empresas hacer donaciones (algo que está desregulado, por caso, en Estados Unidos). Así y todo, no alcanza para contrarrestar los impulsos a ampliar la recaudación por los medios que fuere. Lamentablemente, los proyectos de reforma que propone el macrismo apuntan a profundizar el problema, habilitando a las empresas a “donar” fondos de campaña.

La corrosión de la democracia es un fenómeno mundial. Estados Unidos es el ejemplo más palmario. Dos prestigiosas universidades norteamericanas condujeron una extensa investigación que demostró que el sistema político imperante allí no es hoy una democracia, sino un régimen oligárquico. El ejercicio que hicieron fue sencillo: analizaron 1779 políticas públicas implementadas entre 1981 y 2002 y compararon su orientación con lo que en cada momento prefería la opinión pública por un lado, y los ricos y los grupos de interés corporativo por el otro. En una abrumadora proporción de los casos, las decisiones del Estado habían ignorado las preferencias de las mayorías para favorecer, en cambio, las de los poderosos. O dicho al revés: la población común tenía una capacidad de incidir sobre las políticas públicas cercana a cero. Posiblemente en la mayoría de los casos no se privilegió el interés empresario porque hubiesen mediado coimas, sino sencillamente porque poder político y económico están imbricados allí como en ningún otro sitio.

Moralismo antipolítico

Aunque las indignaciones públicas y las profesiones de amor por la República parezcan indicar lo contrario, la Argentina marcha decididamente en la misma senda. Las dobles varas en la condena de la corrupción muestran que en verdad nos interesa menos de lo que declamamos. Mucha gente, con razón, está preocupada por los altos niveles de venalidad, lo que es legítimo y saludable. Pero para mucha otra, la denuncia de la corrupción funciona como excusa para otra cosa. Lo que está detrás del insistente discurso pseudorrepublicano que predomina en la Argentina actual no es defender lo público sino algo diferente.

Tras el clamor por moralizar la política se adivina la intención de abolirla. El vocabulario moral que inunda nuestro espacio público nos invita a percibir los conflictos políticos como si fuesen una lucha entre la virtud y el vicio, antes que debates y pujas para definir el mejor modo de conducir la vida social, con diferentes opciones legítimas en juego. Desde esa mirada la conclusión es clara: para que haya felicidad colectiva, los viciosos deben desaparecer de la escena. La embrutecedora narrativa a la que nos ha acostumbrado “la grieta” nos convoca, además, a considerar que el vicio comienza y termina con la letra K, mientras que la virtud está en buenas manos, administrada por una sacerdotisa de Cambiemos.

Nuestra dificultad a la hora de visualizar las relaciones reales que existen entre lo público y lo privado generan efectos directos sobre el modo en que juzgamos los actos de corrupción. La relación entre Macri y su amigo Nicolás Caputo es perfectamente comparable a la que muestra el caso Báez. Sin embargo, éste lleva más de ocho años en las portadas de los diarios mientras que aquella permanece invisible. La comparación suele desecharse bajo el argumento de que Caputo “ya era un empresario rico” antes de que Macri se convirtiese en político, mientras que Báez se enriqueció a través de sus vinculaciones con el gobierno anterior. En este razonamiento se nota que lo que molesta no son tanto esos dineros públicos que se pierden y que podrían haber ido a más escuelas o mejores hospitales, sino el hecho de que la política intervenga indebidamente, convirtiendo en rico a alguien que no debió serlo.

La misma lógica, pero en sentido inverso, es la de la increíblemente ingenua predicción de figuras como Marcos Aguinis o Pamela David según la cual Macri “no va a robar porque ya es rico y no lo necesita”. Nos molesta que la política “eleve” indebidamente a alguien y adoramos que una persona rica “descienda” para involucrarse. En ambos casos, la política es el espacio “sucio” que altera un debido orden, que no es otro que el de las desigualdades propias del plano privado.

Para discutirlo en serio, va a ser indispensable que quitemos el tema de la corrupción de las garras de la grieta. Ninguna mejora es esperable si continuamos negándonos a verla arraigada en nuestros hábitos cotidianos y ampliamente presente en varias fuerzas políticas, además del peronismo. Debatir la corrupción de verdad, más allá del pseudorrepublicanismo interesado, va a requerir que, sin quitar los ojos de los políticos, pongamos el foco principal en los empresarios y repensemos el financiamiento de los partidos y su dependencia de los medios de comunicación. En fin, si queremos proteger nuestras instituciones de la corrupción, será preciso imaginar reaseguros legales que pongan barreras entre el poder económico y el poder político. Lamentablemente, nuestro país marcha en el sentido exactamente opuesto.