"En este momento existe un colectivo, uno de los más marginados del mundo, que sufre vulneraciones de derechos humanos cada día: violaciones, palizas, discriminación, desalojos forzosos... Teníamos que decidir cuál era la vía más efectiva de protegerlo". Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, habla de la prostitución y la reciente decisión de su organización al respecto: a partir de ahora, exigirá su despenalización en el mundo. Esta nueva meta ha desencadenado duras críticas por parte de aquellos que la entienden como un ataque contra los derechos de las mujeres en sí misma y que luchan por su abolición.

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Según explican, Amnistía Internacional dedicó dos años hasta tomar esta decisión basándose en un proceso de consultas con organizaciones especializadas, pruebas de organismos de la ONU y en las conclusiones de sus investigaciones en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Desde que se hiciese público el borrador donde mencionaban su debate interno acerca de una nueva posición sobre el trabajo sexual, las reacciones de un lado y de otro no tardaron en aparecer.

Cerca de 400 personas firmaron una carta impulsada por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, a la que se han unido varias actrices de Hollywood, mostrando su oposición a la decisión de Amnistía de luchar contra las sanciones a la prostitución. Desde su punto de vista, su visión "convierte a los proxenetas en hombres de negocios" que venden "a personas vulnerables con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y abuso sexual". Por su parte, más de 800 personas han firmado un documento encabezado por el Comité por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa que apoya la postura de la ONG por "proteger" a estas personas "de la discriminación".

Pero tras este proceso, ¿cuáles van a ser exactamente las exigencias de la organización? AI pedirá a los gobiernos la despenalización de todas las partes involucradas en la prostitución "siempre que haya consentimiento", es decir, cuando no existe explotación sexual. Esto significa la descriminalización de "las trabajadoras sexuales pero también los clientes y las terceras partes (proxenetas, burdeles, etc). No defienden la legalización, pues entienden que puede llegar a ser perjudicial para la mujer, al poder derivar, indican, en dos clases de prostitución: la legal y la irregular. Se centran, afirman, en que los Estados dejen de castigar a quienes ejercen la profesión y a los implicados en este negocio.

"Hay lugares en los que quizá no esta criminalizada la mujer pero sí el cliente o terceras partes, lo que llaman 'potenciar el trabajo sexual', añade la directora adjunta de la ONG. Las personas que ejercen la prostitución no cometen un crimen, pero existen leyes alrededor a las que se agarran las autoridades para violar los derechos humanos de estas mujeres", subrayan desde Amnistía Internacional.

Para explicar su postura, toma el ejemplo de Noruega, que representa el modelo nórdico, donde las mujeres no están penalizadas pero sí otras partes implicadas. "Allí es delito que dos trabajadoras sexuales compartan piso pues es considerado burdel. Y el dueño del piso, promotor del trabajo sexual. Entonces, hemos comprobado cómo amenazan al propietario: si no las expulsa de su casa, está acusado de promover la prostitución en su edificio. Es frecuente que las desalojen de forma forzosa", explica Rebollar. Por este tipo de situaciones, indica, consideramos más eficaz despenalizar también a las terceras partes: burdeles, proxenetas, etc. "Esta es la parte más controvertida", reconoce.

La iniciativa choca de bruces con la posición abolicionista. Desde este enfoque, la prostitución no es voluntaria, siempre es fruto de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una forma de discriminación en sí misma y, por tanto, luchan por su erradicación. "Es un lástima que Amnistía Internacional, que se dedica a la defensa de los derechos humanos haya adoptado una postura en contra de los derechos de las mujeres", critica Sara Vicente, responsable del programa de prostitución de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM).

Prostitución, ¿discriminación en sí misma?

Al otro lado, desde el Colectivo Hetaira celebran la decisión de la ONG pues considera que se trata de "un paso adelante en la defensa de los derechos humanos". "Las políticas abolicionistas están provocando atropellos a las trabajadoras pues las abocan a una situación de clandestinidad donde, aunque ellas no sean castigadas y el cliente o terceras partes sí, pierden capacidad de negociación y suelen acabar en lugares más peligrosos", afirma Cristina Garanzabal, una de sus fundadoras.

Desde la posición contraria, insisten. "La prostitución significa que las mujeres están al servicio de los varones en la sociedad. Es el sometimiento de la mujer. Nos sorprende que Amnistía Internacional apoye esta discriminación", afirma Vicente, quien anuncia a eldiario.es que a partir de septiembre la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres trabajará en una campaña de boicot contra AI, con la intención de presionar a través de una posible pérdida de socios.

Desde la ONG destacan que uno de los puntos clave de su política siempre ha sido la lucha contra la discriminación de género. En este sentido, asumen que detrás de la prostitución "hay unas relaciones de poder desiguales, fruto de una sociedad patriarcal", detalla Rebollar. Sin embargo, afirma, "se trata de un principio de reducción de daño. Hay unas personas cuyos derechos están siendo violados. ¿Qué podemos hacer para que sean erradicadas estas vulneraciones?".

¿Libre elección?

"La criminalización de las partes involucradas en la prostitución viola los derechos de estas personas, esto no quita que luchemos contra la discriminación de genero existente dentro del trabajo sexual. Pero también hay personas que están en el trabajo sexual porque toman esta decisión y eso hay que respetarlo", añade la directora adjunta de la ONG en España.

Sara Vicente discrepa. "La posición de Amnistía Internacional se basa en la diferenciación entre la prostitución consentida y la que no lo es. Estamos en contra porque consideramos que no hay ninguna mujer que pueda elegir libremente la prostitución", argumenta la portavoz de la Comisión contra el Maltrato.

"Pueden permanecer de modo voluntario pero bajo ninguna circunstancia esto significa que sea defendible por una sociedad democrática, de izquierdas que defiende la igualdad de clases". Desde su punto de vista, se puede comparar con una relación donde existe violencia de género. "Hay mujeres que continúan en ella, pero la sociedad en su conjunto se posiciona en contra, con independencia de que esa mujer decida permanecer".

La explotación de personas

Uno de los argumentos más empleados contra la despenalización de la prostitución es la hipótesis de un posible aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual. Desde la posición opuesta defienden que la despenalización de clientes y proxenetas da "cobertura legal a las mafias" y, por tanto, "aumentaría la explotación sexual", defienden. La organización internacional insiste en que a lo largo de su investigación no ha encontrado indicios para sostenerla.

"Amnistía condena toda la trata de seres humanos. Constituye un abuso contra los derechos humanos y debe estar penalizada. No hay indicios que la descriminalización de la prostitución impulse la trata o tenga un impacto en ella", afirma Rebollar, cuya organización asegura haber detectado lo contrario.

"Nuestras investigaciones concluyen que la despenalización puede tener un efecto positivo en la lucha contra la trata: las trabajadoras sexuales, si no son perseguidas, podrán denunciar lo que ven libremente", explica. "En los países donde están criminalizadas no pueden denunciar una violación porque las primeras a las que detienen son a ellas". En este sentido, desde el colectivo Hetaira, coinciden con esta posición. "En muchas ocasiones se mezcla la trata con la prostitución, lo que deriva en una disminución de la conciencia social acerca de la explotación sexual", considera su fundadora.