Alberto Silva Ramos, exvocero de Javier Duarte y uno de sus brazos en la red de funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a la red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —nada más en diciembre de 2014— 245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad gubernamental.

Ese año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputados federales, facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues se le pagó a empresas fachada y la difusión nunca ocurrió.

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Además, para desviar los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal que facturaron en ese mes, y en algunos casos con apenas unas horas de diferencia, 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”.

Lo anterior supondría una violación a la normatividad correspondiente. De acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la única dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva.

Tarek Abdalá, entonces tesorero del gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y 31 de diciembre.

Unos días después, al iniciar el 2015, ambos exfuncionarios renunciaron a sus cargos para competir en la elección de diputados federales por el PRI. Actualmente integran la bancada veracruzana en la Cámara baja.

En las últimas horas, la también exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, acusó en su columna “Razones de Estado” que Alberto Silva es uno los políticos cercanos al exgobernador “que lucha salvajemente para evadir sus responsabilidades políticas y las penurias legales que le persiguen”.

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Silva, complicidades en desvíos

Alberto Silva tuvo un apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.

Del 2010 al 2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan pero sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo Social por su amigo el exgobernador Javier Duarte.

Desde el 20 de febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015.

Ese año, el gobierno de Veracruz contrató 2,795 millones de pesos en publicidad oficial, de los cuales al menos 245 millones fueron facturados por dependencias distintas a la Coordinación General de Comunicación Social para empresas fantasma.

En total 8 empresas declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se beneficiaron ese diciembre: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.

De acuerdo con la revisión a las facturas —cuyas copias tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad—, 68 millones de pesos fueron para Mercacarrey y 37 millones a Marvercarr y Publicidad Akkira para cada una.

También 35 millones para Mogarver, 33 millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y 8 millones a Ravsan y Gman Business para cada una.

Los pagos fueron realizados con diferencia de horas por transferencias autorizadas desde la oficina de Tarek Abdalá, actual diputado federal a quien la sección instructora de la Cámara decidió congelar la solicitud de desafuero pese a las acusaciones de complicidad en el desvío de recursos de Javier Duarte. Los diputados del PRI no presentaron siquiera en la sesión del jueves pasado el dictamen de desafuero para que se votara.

Dos de las 8 empresas utilizadas en éstos desvíos ya habían sido beneficiadas por Silva un año antes al entregarles contratos de la Sedesol, dependencia de la que era titular, de acuerdo con la investigación que Animal Político publicó en mayo de 2016, misma que contó con el apoyo financiero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Se trata de Mercacarrey y Mogarver que recibieron 243 millones de pesos en 2013 pero que nunca entregaron materiales para construcción de pisos y techos de vivienda en zonas marginadas para lo que fueron contratadas.

SAT documentó desvío; Fiscalía de Veracruz investiga a Silva

Los desvíos de 2014 fueron documentados por el Servicio de Administración Tributaria en noviembre de 2016.

Un documento de la oficina de Administración Central de Fiscalización Estratégica —en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad— revela que visitadores de esa dependencia verificaron todas aquellas operaciones de ese año entre la Coordinación General de Comunicación Social y las empresas.

En junio de 2015 Silva ganó la diputación federal por el PRI; en abril de 2016 solicitó licencia al Congreso para regresar a la vocería con Javier Duarte, cargo en el que permaneció hasta octubre cuando el exgobernador se dio a la fuga.

A su regreso a Comunicación Social del gobierno de Veracruz intentó pagar, vía la tesorería, 75 millones de pesos que habían quedado pendientes de cobro de los desvíos de 2014, aunque por las investigaciones periodísticas divulgadas se detuvo el trámite.

Ahora Silva es investigado también por la Fiscalía General de Veracruz por el presunto pago a empresas que no existen. El gobernador Miguel Ángel Yunes anticipó que lo someterá al procedimiento de desafuero, aunque todavía no hay solicitud formal.

En diciembre de 2016, al comparecer ante diputados locales, Yunes detalló que en la administración de Duarte, entre 2011 y 2016, se facturaron a medios, algunos fantasma, un total de 8,548 millones de pesos.

“Vamos a investigar a dos excoordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no existen”, anticipó el gobernador.

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Apenas el martes 25 de abril, una investigación de Animal Político documentó que la exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, utilizó su cargo para beneficiar con contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de Comunicación e Imagen S.A. de C.V., que luego pasó a ser de su propiedad, y mediante la cual controla editorialmente tres radiodifusoras.

La empresa SECI recibió 6.9 millones de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, 10.3 millones de pesos, entre 2012 y 2016.

Luego de la publicación, la Fiscalía General de Veracruz confirmó que Domínguez y Silva son investigados por la comisión de presuntos actos de corrupción y por el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos cometidos en agravio de la hacienda durante su gestión en la Coordinación General de Comunicación Social y en la Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador.