Un portavoz del Ejército de Tierra ha confirmado a EL PAÍS la apertura de una información interna por el presunto robo de dos periscopios PP-03, fabricados por la firma española Indra, que utilizan los Blindados Medios de Ruedas (BMR) y los Vehículos de Exploración de Caballería (VEC). Según dicho portavoz, el resultado de la información ha sido trasladado ya a la unidad de la Guardia Civil de la Dirección de Acuartelamiento (Diacu) del Ejército. No ha querido, sin embargo, ofrecer ningún detalle de la misma —ni siquiera cuándo se produjo el supuesto robo— alegando que la investigación continúa abierta.

Fuentes militares han precisado que el descubrimiento de que faltaban estos dos periscopios se produjo hace un par de meses y que, hasta ahora, no ha sido posible recuperarlos ni identificar a los responsables de la sustracción o a los posibles cómplices en el interior del cuartel en caso de que los hubiera.

Lo que sí se ha hecho, según las mismas fuentes, es reforzar las medidas de seguridad, con la instalación de vallas en la zona donde estaban almacenados los periscopios y de cámaras conectadas a las garitas de vigilancia.

Adjudicación por 3,5 euros hora de trabajo El Ejército ha adjudicado el mantenimiento de sus blindados antiminas RG-31, empleados en zonas de combate, a la firma SDLE, que ofertó un descuento del 95% en el coste de la mano de obra y del 25% en los respuestos. Eso supone pagar 3,5 euros la hora de trabajo por mantener un vehículo que cuesta 800.000 euros la unidad. El contrato asciende a 2,7 millones en tres años, prorrogables por dos más. SDLE quedó clasificada en tercer lugar, pero las dos primeras fueron eliminadas por "no acreditar disponer de los medios humanos y técnicos necesarios para la ejecución del contrato". La oferta de SDLE está muy por debajo del salario mínimo interprofesional: 6,86 euros, incluidas cuotas sociales, en 2016.

El parque de Madrid —junto con su gemelo, el PCMASA 2, con base en Segovia— se encarga del mantenimiento de los sistemas mecanizados y acorazados del Ejército de Tierra, por lo que almacena en sus instalaciones una ingente cantidad de repuestos del carro de combate Leopard, el vehículo de infantería Pizarro o el BMR, entre otros modelos de blindados.

Los repuestos que se han sustraído tienen un valor limitado y pertenecen a una familia de vehículos, los BMR-VEC, ya obsoleta, que el Ejército de Tierra se propone ir dando de baja en los próximos años, a medida que vaya recibiendo los nuevos 8x8 que deben sustituirlos. Pero en el centro de Villaverde se guardan repuestos mucho más valiosos —un periscopio de un carro de combate Leopard cuesta cientos de miles de euros— y lo sucedido evidencia fallos de seguridad. Aunque no sea comparable, ni en su gravedad ni en su repercusión, el Ejército portugués ha sufrido un auténtico seismo con el robo de más de un centenar de granadas, decenas de lanzagranadas, cables, mecha, munición y explosivos en la base de Tancos a finales de junio. Los ladrones, que supuestamente tenían cómplices dentro, aprovecharon los fallos de seguridad para llenar un camión con el material y salir sin ser molestados.

Sobre el destino que los ladrones puedan dar al material sustraído en Madrid, las fuentes consultadas indican que los perioscopios alimentarán probablemente el mercado negro, donde pueden ser comercializados a través de Internet, pese a tratarse de equipos militares, pero ni siquiera descartan que acabe siendo vendido al propio Ejército. No sería la primera vez.

Según los expertos, la mayoría de los repuestos lleva una placa identificativa, pero no un número de serie inalterable que permita identificar su orígen. El Ejército ha externalizado en los últimos años el mantenimiento de sus blindados y algunas empresas ofrecen descuentos de hasta el 70% en el precio de fábrica de los repuestos. Fuentes militares aseguran que el Ejército extremará el celo para asegurarse de que nadie intenta venderle el material que se le sustrajo.