Uro Property, la inmobiliaria cotizada (socimi) que tiene como primer accionista a Santander, ha aceptado "la oferta vinculante de compra recibida por la mayoría de las oficinas que integran la Cartera Amarilla", ha informado la sociedad en un hecho relevante publicado en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

La empresa, propietaria de 1.136 oficinas de Banco Santander, adquiridas en 2007, aporta un valor a las sucursales de 2.000 millones de euros, de acuerdo a un estudio realizado por la consultora CB Richard Ellis en agosto de 2014, y divide la totalidad de las oficinas en tres carteras: Verde (con un valor neto de 722,4 millones de euros); Amarillo (con un valor de 272,4 millones, 413 oficinas con una superficie de 98.425 metros cuadrados); y Azul (1.005 millones de valor). De acuerdo al hecho relevante publicado este miércoles por Uro el importe acordado de venta por la Cartera Amarilla es "superior a la valoración realizada por el experto independiente CB Richard Ellis [272,4 millones]". La socimi añade que espera formalizar "la compraventa en un corto plazo"; fuentes conocedoras de las negociaciones informaron que posiblemente la operación se cierre esta semana. La compañía no quiso ampliar la información.

Uro Properties, que comenzó a cotizar el mes pasado, informa también en su comunicado que ha iniciado un proceso de presentación ante inversores para valorar "la receptividad de los mercados a una posible operación que permita optimizar su estructura de capital y financiera".

Denuncia de Podemos y Guanyem Barcelona

La empresa presidida por Carlos Martínez de Campos afronta denuncia presentada en octubre de 2014 por la formación política Podemos y Guanyem Barcelona (ahora Barcelona en Comú, liderada por Ada Colau) por supuestos delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales. La denuncia está dirigida contra la sociedad y 64 "personas tanto físicas como jurídicas". Entre los denunciados se encuentran Luis Iglesias, que sigue vinculado a Uro Property, fundador de Drago Capital, que intermedió en la venta de las oficinas de Santander, y el hijo pequeño de Jordi Pujol, Oleguer Pujol, que ya no es accionista de la empresa.

Oleguer Pujol habría realizado inversiones a través de diversas sociedades y operaciones financieras "para blanquear los bienes procedentes de otros supuestos delitos anteriores"

Uno de los objetos de la denuncia, tal y como explica Uro en su documento de incorporación al MAB, es la venta de las 1.152 sucursales de Santander. La empresa señala que hasta el momento (el pasado mes de marzo) "el juzgado no ha citado a declarar como imputado a ninguno de los denunciados". El pasado día 23 de octubre la policía registró domicilios y empresas ligadas a Iglesias y Pujol.

El Ministerio Fiscal alega en la denuncia la existencia de "indicios de perpetración de un delito de blanqueo de capitales y un delito fiscal" en la operación de venta de las sucursales del banco presidido por Ana Botín. El Fiscal argumenta que las garantías ofrecidas por Uro (cuya denominación en el momento de la operación era Samos Servicios y Gestiones) para asegurar la financiación de la operación "serían presuntamente insuficientes para cubrir la totalidad del riesgo subyacente a dicha financiación".

Los informes policiales sobre la operación "parecen concluir que habría motivos para sospechar que las entidades financieras habrían recibido garantías adicionales de la Sociedad en la forma de un depósito opaco en efectivo en un paraíso fiscal".

El despacho Pérez-Llorca, destaca Uro, considera que en el caso de que los hechos imputables a la sociedad únicamente se remontasen al año 2007, la empresa no podría ser considerada responsable penal y que únicamente "podría ser llamada al procedimiento como responsable civil subsidiaria del delito".

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, presuntamente, Oleguer Pujol, entre otros, habría realizado inversiones a través de diversas sociedades y operaciones financieras "para blanquear los bienes procedentes de otros supuestos delitos anteriores por los que está siendo investigado en este y otros procedimientos". Uro considera en la documentación enviada al MAB que la responsabilidad pecuniaria máxima que se le podría imponer "sería de cuatro veces la cantidad de dinero blanqueada".

La socimi del Santander indica que en caso de que la supuesta defraudación fiscal se refiriese al ejercicio fiscal 2007, el delito se encontraría "prescrito tanto en vía penal como en vía administrativa tributaria de forma que no podría ser perseguido por las autoridades españolas puesto que el plazo de prescripción del delito contra la Hacienda Pública es de 5 años y de la infracción en vía administrativa de 4 años".

Uro señala que la investigación de los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal se encuentra en una fase incipiente. "Está pendiente de concretar por parte del Juzgado el alcance de tal investigación. Hasta que esto no ocurra, es prematuro extraer conclusiones acerca del alcance de la eventual responsabilidad civil subsidiaria de la Sociedad", dice.