La religiosa Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asegura que los procesados denuncian a los defensores públicos por esta práctica cuando ya están encarcelados.

Según consta en la página de transparencia de este instituto, el tabulador de sueldos para abogados llega hasta los 40 mil pesos.

Aunque ahora los litigantes de oficio tienen un mejor salario, en comparación con años anteriores, aún así persisten en prácticas de corrupción al solicitar compensaciones extras a los procesados para una mejor defensa.

En Nuevo León, del 80 por ciento de los casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor público

“(El abogado de oficio debe) abstenerse de solicitar, cobrar o recibir honorarios en numerario o en especie, o cualquier otro beneficio, directa o indirectamente, con motivo del desempeño de su encargo” - artículo 60 del Reglamento de la Ley

de la Defensoría Pública

Aunque ahora los litigantes de oficio tienen un mejor salario, en comparación con años anteriores, aún así persisten en prácticas de corrupción al solicitar compensaciones extras a los procesados para una mejor defensa.

Según consta en la página de transparencia de este instituto, el tabulador de sueldos para abogados llega hasta los 40 mil pesos.

La religiosa Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asegura que los procesados denuncian a los defensores públicos por esta práctica cuando ya están encarcelados.

“Les piden dinero para sacarlo o que pase el proceso de tal manera”, sostuvo Morales.

Esta versión fue confirmada el pasado 6 de agosto durante la mesa de transición del equipo del gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón con la Secretaría General de Gobierno.

El director del Instituto de Defensoría Pública, David Peña González, reveló que habría despedido a dos defensores de oficio por solicitar “moche”.

“Y en algunas ocasiones todos nos equivocamos, no conozco una institución perfecta”, consideró el funcionario.

El artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Defensoría Pública señala que el abogado de oficio debe “abstenerse de solicitar, cobrar o recibir honorarios en numerario o en especie, o cualquier otro beneficio, directa o indirectamente, con motivo del desempeño de su encargo”, dice el texto.

Otra mala práctica muy recurrente de los defensores de oficio hacia los procesados está en el poco interés de los abogados por realizar una buena defensa y tener contacto directo con el cliente.

“Y es que la inmensa mayoría de los abogados de oficio no tiene contacto con su cliente, muchos no lo conocen, se los cambian y unos no saben quién es su defensor”, explicó Consuelo Morales.

Añadió que se ha hecho un esfuerzo para lograr que los litigantes tengan un buen salario.

“Los abogados de oficio antes tenían un salario muy bajito, pero ahora el nivel salarial es alto, y tenemos igual o más grave la situación en la Defensoría, porque tenemos una gran cantidad de internos del cual, el 40 por ciento está en vinculación a proceso”, dijo Consuelo.

En Nuevo León, del 80 por ciento de los casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor público.

Reporte Indigo adelantó que el Instituto de la Defensoría Pública está en una crisis interna de transparencia por la falta de buenos resultados.

Y que bajo el estigma de una imagen incompetente, la ciudadanía pareciera tener la percepción de que un defensor público es de poca o nula ayuda cuando se enfrenta un caso penal.

Incluso, organizaciones civiles consideran que asesorarse por un defensor público durante un caso penal es prácticamente una condena a pisar la cárcel.

Nada los rige

El Instituto de la Defensoría Pública estatal opera sin fundamento, al no contar con la aprobación del Gobierno estatal para la ejecución del reglamento de este organismo.

Y sin este estatuto, los abogados trabajan sin un código de operación o sanción que los rige en abstenerse de pedir “moches” a las personas vinculadas a proceso.

“No hay nada que nos rija, porque la ley habla en términos muy generales, pero si tu vas a otra secretaría tiene su ley y reglamento, y eso es muy importante en términos administrativos.

“Hoy el Instituto de la Defensoría de Nuevo León no tiene un reglamento porque el Gobierno no lo hace oficial”, reveló una fuente de la Defensoría.

Actualmente, este organismo sólo cuenta con una ley, pero debería contar con el Reglamento a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León.

“Vivimos en un estado de Derecho, muchas de las cosas que hacemos de la operatividad de la Defensoría no vienen en la ley, está en el reglamento, pero estamos actuando sin soporte jurídico porque no tenemos reglamento”, refiere la fuente.

Agregó que la falta del estatuto apunta a que el Gobierno estatal intentó quitarle la autonomía financiera al Instituto de la Defensoría Pública.

“Hace dos años el Gobierno le empieza a quitar la autonomía financiera a la Defensoría Pública, no en la ley, pero sí en la operatividad.

“El año pasado salió una reforma a la ley de la Defensoría Pública de Nuevo León, y tenía que salir el reglamento, y a la fecha no ha salido porque no lo ha firmado el Gobierno, pero no lo hace porque quería quitarle la autonomía financiara”, reveló el informante.

Casos no deben llegar a juicio

Demetrio Cadena Montoya, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial estatal, explicó que los defensores públicos tendrían que evitar que el caso llegue a juicio.

“Hoy en día un defensor que llegue a juicio su caso, es porque no pudo solucionar el problema antes, hay delitos que son complejos, pero en un asunto menor, el llegar a juicio es porque no pudo desplegar otras habilidades el defensor.

“El reto es solucionar la mayor parte de los asuntos en un grado de conformidad bastante alto en ambas partes en los asuntos civiles y delitos menores. Y en delitos mayores es hacer un buen juicio de defensa”, explicó el director.

Los abogados y defensores en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio tienen como obligación invitar a sus clientes a que existen otras alternativas para resolver un conflicto.

“Hay asuntos que no son muy importantes y desgasta mucho a la ciudadanía, todos los problemas tienen un impacto para ellos, pero quieren tener una solución y no quieren llegar a juicio”, explicó Cadena.

Consideró que los defensores públicos poco a poco están ganando confianza en la ciudadanía para llegar a acuerdos para ambas partes.

“Se ha podido observar que la mayoría de los asuntos los tiene la Defensoría Pública, y se han preparado a los defensores públicos, tengo entendido que la Defensoría, al menos la local, está reconocida a nivel nacional.

“Se ha tocado el tema que la Defensoría de Nuevo León es la que tiene un nivel de avance importante, incluso trabajamos con ellos en la capacitación, pero los que más han estado pegados a aprender el nuevo sistema son los defensores públicos” concluyó Cadena.