México enfila en los próximos días la previsible crecida del coronavirus. Después de tres semanas de mensajes de calma y medidas de contención, el miércoles y jueves se registraron los dos primeros fallecimientos. La primera víctima fue un hombre de 41 años con problemas diabéticos que ingresó por una neumonía al área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), un hospital de alta especialidad al sur de Ciudad de México que será uno de los cuatro centros de referencia para una crisis que de momento suma 203 contagiados, de los cuales el 8% está hospitalizado y solo cuatro personas son tratadas por cuadros muy graves. El país encara la peor fase del contagio, un periodo de al menos 12 semanas, con un laberíntico sistema de salud erosionado por recortes, desabasto de medicinas, déficit de personal sanitario e infraestructura escasa.

Los 125 millones de mexicanos viven bajo un paraguas de salud con forma de puzzle. Existen tres niveles de atención en centros públicos y privados. Pero solo la pata pública incluye a su vez nueve diferentes cabezas de la seguridad social por los que se reparte la población según dónde, cómo y para quién trabaje. Este conjunto de galaxias, criticado por ineficiente por numerosos organismos internacionales, cuenta con 121.400 camas de hospital, según cifras de la Secretaría de Salud. Esto es 97 camas por cada 100.000 habitantes. Este promedio está entre los más bajos de los socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por debajo de Sudáfrica o Colombia. En el club de países desarrollados, México es también de los que menos gasta en salud. Apenas un 5% del PIB, solo por encima de Turquía o Estonia y por debajo de Chile o Brasil.

El avance exponencial de la pandemia ha sido respondido con una catarata de medidas por parte de los países más afectados. En Europa, actual foco de la enfermedad, tardaron en despertar de un cierto optimismo inicial, pero tras el estallido se sucedieron los cierres de fronteras y las declaraciones formales de emergencia. Países latinoamericanos como Argentina, Colombia o Brasil también han impuesto acciones de cuarentena y han restringido el movimiento exterior. Mientras en China, origen del virus, se instalaron rápidamente las estrictas temporadas de confinamiento de la población y suspensión comercios, transportes y practicante cualquier actividad.

En México, sin embargo, las autoridades han optado por alargar la paciencia. Parapetados en su experiencia previa durante la influenza H1N1 de 2009, el Gobierno de López Obrador ha optado por la calma y una subordinación de la respuesta política al seguimiento literal de las recomendaciones científicas. Hasta este viernes, el protocolo se limitaba a meras recomendaciones de guardar la “sana distancia” y evitar aglomeraciones. De hecho, la declaración formal de la emergencia no llegó hasta el jueves, con la convocatoria del Consejo de Salubridad General (CGS), un órgano controlado por el presidente que se erige en autoridad sanitaria en casos excepcionales.

Han pasado tres semanas desde que, el 28 de febrero, se confirmó el primer caso en el país, y una semana desde que la OMS declaró la crisis como pandemia. Algo que ha despertado críticas entre los especialistas: “Es un desfase temporal muy amplio que no se corresponde con las guías de la OMS sobre cuándo hay que detonar la alerta”, apunta David Sánchez Mejía, abogado especialistas en derecho de la salud por la Loyola University de Chicago.

La nueva autoridad que centralizará a partir de ahora la toma decisiones ha pedido “a la brevedad” a los 32 Estados un plan para liberar y poner recursos a disposición de los futuros afectados por el virus. Los hospitales de alta especialidad de Ciudad de México han dicho que podrían convertir entre 400 y 500 camas más durante la contingencia. “Con las medidas de reconversión y las camas que tenemos será suficiente”, anuncio el jueves Ruy López, encargado de las estimaciones del Gobierno.

Estimaciones demasiado optimistas

Los pronósticos oficiales dibujan un mapa en el que cerca de 250.000 mexicanos, un 0,2% de la población, serían infectados. De ese total, unas 175.500 personas necesitarán atención hospitalaria, 24.500 serían ingresadas y solo el 6%, unos 10.500 pacientes, estarán en estado crítico, es decir, necesitarían ser tratados en centros especializados y unidades de cuidados intensivos (UCI). Para ese nivel de tratamiento el sistema mexicano cuenta con 22.050 camas, la mayoría concentradas en los hospitales federales públicos. Los hospitales privados solo aportan 1.046 camas al tercer nivel de atención médica a pesar de que el 7% de los mexicanos tienen un seguro médico. Esta estimación considera que este escenario podría ocurrir en la primera etapa de contagios, en las próximas semanas, cuando haya miles de personas diagnosticadas con el virus en varias regiones del país, lo que la Secretaría de Salud ha llamado Fase 3.

México confía, según sus números, en contar con una ratio de dos camas con UCI para cada enfermo grave. Un colchón razonable al que habría que descontar, en todo caso, las camas ocupadas por pacientes con otras patologías. Los cuatro hospitales --el INER, Nutrición, el General de México y el Juárez-- que las autoridades han fijado para la atención de los cuadros graves están todos ubicados en la capital del país.

Las previsiones del Gobierno se basan en lo ocurrido en China, pero los patrones de crecimiento del virus no son equiparables. Pekín tomó medidas antes y de manera más drástica. La evolución en México se parece más a los casos europeos y latinoamericanos. El tiempo de duplicación del contagio es similar al de España, que supera ya los 20.000 contagiados y el millar de muertes, o a los que sucede Brasil o Chile, los países latinoamericanos con más afectados. No obstante, en México, parte de la población no ha esperado a que el Gobierno imponga medidas y ya se ha adelantado con las precauciones.

Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami y exministro de Salud de México (2000-2006), considera que la estimación del actual Gobierno es poco realista considerando que el contagio ha sido exponencial en otros países además de China. “Si estos datos son así, significaría que el virus se está comportando en México de una forma muy diferente del resto del mundo”, comenta.

Solo en el vecino del norte, Estados Unidos, el país donde vive el doctor Frenk, se registran ya más de 7.000 casos y 200 muertos. Las previsiones son mucho más duras que en México: oscilan entre el 20% y el 60% de población contagiada, lo que en los cálculos más optimistas significa la hospitalización de cerca de cinco millones de estadounidenses, de los cuales dos millones irían a parar a cuidados intensivos.

Los porcentajes estadounidenses están, paradójicamente, más en sintonía con los apuntados a finales de febrero por el portavoz mexicano, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell: “Se podría llegar a tener hasta 70% de la población infectada, es decir, de 75 a 78 millones, de los cuales, cerca de 12% podrían tener síntomas, y solo de 2% a 5% podrían tener enfermedad grave”. La estimación inicial de López-Gatell contemplaba un escenario de contagio a lo largo del tiempo y que ante el desarrollo de la enfermedad en China fue ajustado hasta establecer la tasa de ataque en 0,2%. El 5% inicial equivaldría a 6,2 millones de pacientes graves en México. Un avalancha que arrasaría con las 22.000 camas previstas con UCI.

Pocos doctores y poco material

El reto que impone el coronavirus a México no es únicamente de infraestructura sanitaria, sino también de recursos humanos. No hace mucho, en octubre de 2019, el Gobierno de López Obrador admitió un déficit de más de 123.000 médicos en el país. Demasiados agujeros en todos los diferentes apartados del laberíntico sistema. México cuenta con 226.000 enfermeros y 82.300 doctores en los sistemas de Salud e IMSS, las dos grandes cabezas del sistema. Solo Salud cuenta con un puñado de especialistas: 1.200 de urgencias, 400 epidemiólogos y 200 neumólogos en la red que depende del ministerio federal. Mientras que IMSS tiene 7.600 médicos de urgencia y terapia intensiva. Se trata de una tasa de 2,2 doctores por cada 100.000 habitantes, una cifra que se sitúa en el promedio de América Latina, pero lejos de países que tienen el doble del personal sanitario y a pesar de eso se han visto rebasados por la emergencia sanitaria como España (4,4) e Italia (4,1), según datos del Banco Mundial.

Los ataques del virus al aparato respiratorio han convertido los ventiladores en una máquina crucial que puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. La Secretaría de Salud afirma tener 2.053 ventiladores, aunque estos datos no consideran los equipos con los que cuentan los hospitales privados, ni el IMSS e ISSSTE. La gente que conoce el interior de estos complejos organismos piden tomar con cautela estas cifras. “No hay inventarios únicos estandarizados de bienes”, explica Daniel Broid, quien fue coordinador de Planeación e Infraestructura Médica del IMSS entre 2013 y 2016. “El IMSS debe tener más de 2.000 ventiladores, aunque muchos de estos deben tener bastantes años de servicio”, añade. Los tiempos de recortes implementados al sector por los Gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador han hecho que los hospitales se hayan visto obligados a rentar nuevos equipos que no aparecen contabilizados en los registros oficiales. “Entre los recortes indiscriminados y un presupuesto que no fluye la gente que conoce de estos procesos se ha ido. Mucho talento ha abandonado, por lo que existe una pérdida de capacidad institucional”, profundiza Broid.

En una medida que parece anticipar que la marea será alta, el Ejecutivo ha anunciado que pretende comprar otros 2.000 ventiladores más. “Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay una escasez internacional de ventiladores”, advierte Frenk sobre el anuncio. Todos los países afectados están sufriendo esta falta, como sucedió a China, Italia y ahora es un problema que intenta resolver con urgencia EE UU. El empresario Elon Musk, de Tesla y gigantes automotrices como General Motors y Ford parecen dispuestos a volcarse a su fabricación. En el país norteamericano apenas hay 12 productores de estos ventiladores, un material complejo y caro. Con el mercado estrechándose cada vez más -y con Gobiernos como Alemania prohibiendo la exportación de material sanitario-, el propio Donald Trump conminó esta semana a los gobernadores de los Estados a buscar la manera de ser autosuficientes.