La policía española no tiene previsto detener a los 19 excargos franquistas reclamados desde Argentina e imputados por crímenes de lesa humanidad y torturas, a pesar de la orden de Interpol que ha recibido este miércoles. Tras recibir la orden, la Policía se ha limitado a trasladarla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional pese a que a lo largo de la tarde un portavoz había asegurado, por error, que también habían presentado una alegación ante la Secretaria General de Interpol, con sede en Lyon, en base a una resolución de 2010 de ese organismo que permite paralizar órdenes de arresto relacionadas con delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra si el país al que pertenece el reclamado protesta. La policía no ha dado tal paso, según aclaró más tarde, aunque tampoco piensa detener a los 19 reclamados por Argentina de momento.

Interpol Argentina notificó el pasado 4 de noviembre a María Servini de Cubría, la juez que investiga desde Buenos Aires la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, que había remitido a su oficina de Madrid una "comunicación muy urgente" solicitando la detención de los exministros José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa y los otros 18 cargos franquistas cuyo arresto y extradición reclama la magistrada. Uno de los reclamados, Antonio Barrera de Irimo, falleció recientemente.

Notificación de Interpol Argentina a la juez María Servini de Cubría.

El Gobierno ya ha hecho saber que no cree que la petición de la juez argentina vaya a prosperar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado esta tarde su convencimiento de que se denegará la entrega de los 19 imputados porque los delitos que les imputa Servini de Cubría “están prescritos en España” y “por la ley de Amnistía de 1977”. El ministro ha recordado que así se había procedido cuando en septiembre de 2013 la misma juez reclamó la detención y extradición del expolicía José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas, ambos imputados por torturas en la misma causa por delitos de lesa humanidad. Tampoco ellos llegaron a ser detenidos, aunque sí fueron citados en la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz les retiró el pasaporte hasta que se resolvió no conceder la extradición a Argentina por considerar prescritos los delitos de que les imputaba Servini.

“Es increible que un ministro de Justicia diga eso: ¡Que los políticos dejen actuar a los jueces, y en todo caso, que colaboren con la justicia”, se queja el abogado de los querellantes, Carlos Slepoy. El letrado recuerda que la ley española de Extradición Pasiva (1985) establece que una vez recibida la orden de detención se debe proceder a la detención de los reclamados y ponerlos a disposición del juzgado de guardia “en un plazo no superior a 24 horas”. Slepoy insiste en que “las leyes de amnistía o punto final no pueden aplicarse sobre delitos de lesa humanidad, como este caso” y que así se lo ha reprochado la ONU a España. Naciones Unidas recomienda que los crímenes del franquismo sean juzgados aquí. “Presentaremos denuncias en todo el país. Queremos deslegitimar la impunidad”, añade el abogado.

Servini imputa a Utrera Molina (88 años) por haber convalidado la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil en 1974, y a Martín Villa por la llamada matanza de Vitoria, en la que murieron cinco trabajadores. Completan la lista de reclamados por la justicia argentina Abelardo García Balaguer, ginecólogo acusado del robo de un bebé en 1967 en un hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz); Antonio Carro Martínez, ministro de la presidencia entre 1974 y 1975, Licino de la Fuente, ministro de Trabajo entre 1969 y 1975 y Carlos Rey, capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército, por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich; José María Sánchez Ventura Pascual, Fernando Suárez y Jesús Cejas Mohedano, por haber firmado la sentencia de muerte de Xoxé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes y Ángel Otaegui, fusilados el 27 de septiembre de 1975; Alfonso Osorio y Jesús Quintana, por su "responsabilidad" en la conocida como "matanza de Vitoria", el 3 de marzo de 1976; Antonio Troncoso, por "tentativa de homicidio"; Jesús González Reglero,Ricardo Algar Barrón,Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez y Benjamín Solsona, por haber participado en torturas; y Atilano del Valle, exmiembro de la Brigada Político Social, al que la juez imputa el "haber disparado y arrojado por la ventana" a Miguel Jiménez Hinojosa tras su detención en un piso de Barcelona el 24 de abril de 1971.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) exige "el estricto e inmediato cumplimiento" de la orden de detención realizada por la juez argentina y recuerda la plena vigencia del Tratado Bilateral de extradición y asistencia jurídica suscrito entre España y Argentina en marzo de 1987.