La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó nuevos vínculos entre pagos del DIF de Veracruz por más de 220 millones de pesos a múltiples empresas fantasma, y cuentas presuntamente ligadas a su expresidenta Karime Macías y su círculo cercano.

Ello gracias al seguimiento de operaciones bancarias a través de una intrincada red de compañías y posibles prestanombres, que además arroja indicios del posible destino del dinero: hay desde retiros en efectivo, hasta transferencias al Reino Unido, país al que se fue Macías tras la detención de su hoy exesposo Javier Duarte.

Estos hallazgos derivaron ya en dos denuncias penales presentadas por el titular de la UIF, Santiago Nieto, que dieron pie a la apertura de nuevas carpetas de investigación en contra de Macías y demás involucrados. A diferencia de casos previos iniciados en su contra por ilícitos como fraude o defraudación fiscal, en esta ocasión se le investiga directamente por delitos de corrupción.

La primera denuncia fue presentada por la UIF en marzo pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en contra de Macías y otras 87 personas físicas, así como 32 empresas posiblemente fantasma.

La segunda denuncia fue promovida el pasado 8 de abril ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y es más amplia, pues se procedió en contra de la expresidenta del DIF Estatal y 92 personas más, así como en contra de 36 compañías fachada.

De acuerdo con la información a la que Animal Político tuvo acceso, en ambos casos las denuncias señalan a Macías como la principal beneficiaria de un posible desvío de recursos públicos desde el DIF Estatal que asciende a 224 millones 25 mil 477 pesos, perpetrado entre 2012 y 2016.

Para desviar los recursos el DIF Estatal – por supuesta instrucción de Macías – habría simulado múltiples licitaciones con empresas legalmente constituidas pero incapaces de realizar servicio alguno, es decir empresas fantasma, para que estas obtuvieran los contratos y pudieran facturar los pagos.

En respuesta a ello, la defensa de Karime Macías dijo a este medio que lo anterior es imposible dado que el cargo de su clienta era honorífico y no participaba en procesos de contratación, y confiaron en que haya una investigación “objetivo y sin tintes políticos”.

Cabe señalar que las empresas identificadas por la UIF en sus denuncias pertenecen a la misma red de compañías fachada creadas por un conocido despacho de contadores en Veracruz que, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por Animal Político junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), recibieron más de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias del gobierno de Veracruz.

¿Dónde quedó el dinero?

Para sustentar sus denuncias la UIF presentó a las fiscalías una amplia red de vínculos en la que consiguió relacionar, a través de transferencias bancarias y de posibles prestanombres, a Karime Macías y su entorno con las empresas involucradas en este desfalco, y a su vez con el posible destino que tuvo el dinero.

Los detalles relacionados con las rutas del dinero y las conexiones descubiertas es información clasificada y forma parte de las investigaciones.

Pero en cuanto a los vínculos de personajes clave cuyo perfil ya es conocido públicamente la denuncia destaca, por ejemplo, el hilo conductor relacionado con una persona de nombre Astrid Elías Mansur, exdirectora del DIF Estatal en el sexenio de Duarte. Ella forma parte del grupo de 25 personas en contra de las cuales ya se solicitaron órdenes de aprehensión por su participación en las licitaciones simuladas con empresas fantasma.

Lo que llama la atención a los investigadores es que Astrid es familiar cercano de un empresario de nombre Moisés Mansur Cysneiros, quien desde hace mas de tres años es prófugo de la justicia luego de que un juez federal ordenó su arresto, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero de Javier Duarte.

El nexo cobra relevancia porque Mansur Cysneiros era el propietario de una tarjeta American Express que utilizó Macías para realizar diversas compras en el extranjero, por un monto cercano a los 10 millones de pesos.

En ese contexto la UIF sospecha que, a través de los Mansur, Macías consiguió desplazar recursos públicos fuera de su cauce legal y posteriormente aprovecharlos para compras personales.

La anterior es solo una de múltiples hipótesis que el trabajo de inteligencia plantea sobre el destino que pudo tener el dinero desviado con la red de empresas fantasma.

En la red presentada en la denuncia, la UIF identifica el vínculo entre lo ocurrido en el DIF de Veracruz con una empresa fantasma de nombre Logística ASISMEX, que en su momento fue sancionada por el INE por financiar gasto electoral no reportado en la campaña presidencial del expresidente Enrique Peña Nieto.

Este nexo fue detectado también en una investigación periodística publicada por Animal Político y MCCI. Logística ASISMEX no recibió directamente contratos del gobierno, pero pertenece a la misma red de empresas fachada en la que si se ubican más de 30 compañías que recibieron pagos del DIF de Veracruz y de otras dependencias estatales.

De manera similar y a través del seguimiento de diversas transferencias, la UIF detectó múltiples retiros en efectivo que posiblemente corresponden a dinero inicialmente desviado del DIF Estatal, e incluso se identificaron transferencias hacia el extranjero utilizando diversas triangulaciones con posibles prestanombres.

Entre esos movimientos se ha identificado con interés especial transferencias hacia cuentas en el Reino Unido, ya que ese fue el país al que Macías eligió irse luego de que Javier Duarte fuera detenido en Guatemala.

Las indagatorias de la UIF también identificaron como líneas de interés la adquisición o enajenación de cuatro propiedades en el círculo de la exprimera dama de Veracruz, como otro posible uso del dinero desviado.

Defensa niega nexos ilegales y pide indagatoria sin tintes políticos

Cuestionados sobre este hecho la defensa de Karime Macías aseguró que no tienen conocimiento formal de las denuncias presentadas por la UIF, pero descartaron cualquier beneficio ilegal que ella hubiera obtenido de los desvíos investigados en el DIF Estatal, ya que no tenia injerencia en procedimientos de contratación pues no era funcionaria.

“Resulta imposible que obtuviera beneficio alguno por el cargo honorífico (Presidenta del DIF) que ostentaba; incluso resulta jurídicamente insostenible que ella pudiera siquiera haber ordenado a las personas facultadas para disponer de dichos recursos, ya que, insisto, no tenía facultades para hacerlo”, dijo Pablo Campuzano, abogado de la defensa.

En ese contexto, el abogado subrayó la importancia de que las fiscalías General de la República y la de Veracruz atiendan cualquier imputación con “objetividad” y sin tintes políticos como consideraron que ocurrió en años anteriores. “No tenemos otra petición para las autoridades, más que se resuelva conforme a Derecho”, concluyó.

Los casos pendientes

Con independencia de las nuevas investigaciones iniciadas por las fiscalías tras las denuncias de la UIF, Karime Macías enfrenta ya dos procesos penales en curso a nivel federal y en Veracruz.

La primera acusación, que dio pie a la solicitud de extradición de Macías que se encuentran en curso, está relacionado con pagos por 110 millones de pesos del DIF de Veracruz a varías empresas fantasma. Por este caso un juez de dicha entidad giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude específico.

Actualmente el procedimiento de extradición detonado por este caso se encuentra en curso, y se prevé que sea a mas tardar en noviembre cuando la justicia británica defina si la concede o la niega.

A este caso se suma una segunda orden de aprehensión girada apenas en febrero pasado en contra de Macías, por el delito de defraudación fiscal.

Esta acusación deriva de una investigación iniciada desde 2017 por la entonces PGR, que detectó ingresos no reportados ni declarados relacionados con la exprimera dama de Veracruz, pero que se retrasó por la resistencia de la Secretaría de Hacienda para presentar la denuncia formal en el sexenio pasado.

Se trata de una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar dado que Macías está fuera del país.