Trabajar como periodista en México puede ser una cosa de vida o muerte. Sobretodo si se vive y labora en las zonas más calientes en el país, donde los cárteles de la droga han sentado sus imperios. En esas regiones la autoridad no importa, pues mandan los criminales. Como los gobiernos no son capaces de proveer seguridad para el trabajo, los medios optan por callar. La censura en México cambió de dueño aceleradamente: de ser la bota dura de gobiernos autócratas hasta hace unos tres lustros, pasó a ser la mano dura de los monopolios que exigían impunidad a cambio de publicidad a principio de esta década. Hoy, las cosas son más violentas.

El viejo adagio de plata o plomo de las mafias se transformó en silencio o plomo. Muy simple. Antes compraban su silencio con dinero; ahora con su benevolencia para permitir mantener la vida. Casi nadie traga fuego en México. El último, y prácticamente el único que sí lo hizo fue Jesús Blancornelas, un periodista controvertido y heroico que vivía en Tijuana, Baja California, la frontera más transitada hacia Estados Unidos, donde cuando los políticos dejaron de ser relevantes se enfrentó a los narcotraficantes. Los jefes del Cártel de Tijuana ordenaron su asesinato, pero sobrevivió gracias a que 120 balazos de un fusil de asalto que estaban dirigidos a él, pegaron sobre su chofer que se lanzó sobre de él para protegerlo.

Blancornelas acabó su vida de muerte natural, pero sus últimos años vivió muerto. Tras el atentado, una escolta de militares se encargó de cuidar de él; perdió toda la libertad de movimiento. Pese a vivir recluido y amenazado, nunca perdió la libertad de pensamiento y continuó, hasta el final, horadando todo lo que podía a los narcotraficantes. Su pluma se convirtió en fierro caliente, y hace casi una década empezó a notar cómo cada vez más, los periódicos de la frontera norte mexicana y algunos más hacia el sur, dejaban de publicar sus artículos. En las condiciones de inseguridad que vivían, eran imposibles de publicar.

Con él se dio el punto de inflexión real en la vida diaria de los medios y los periodistas que trataban de registrar lo que estaba sucediendo en sus plazas con el deterioro en la seguridad. Fue un cambio notable en la batalla por la libertad de prensa en México, que siempre tuvo sus bemoles y remó a contracorriente. Durante los 25 últimos años del Siglo XX fue una lucha de algunos contra el autoritarismo, donde se pagaba con represión y despidos realizados por dueños subordinados al poder. Siguen existiendo vestigios de aquellas épocas hoy en día, pero lo que antes era norma, hoy es excepción.

Con la delincuencia organizada, los términos son distintos. En un periódico de Tamaulipas llegaron un día hace no mucho los abogados del Cártel del Golfo para pagar un desplegado de su ex líder, Osiel Cárdenas. Cuando los dueños dijeron que no lo publicarían, la respuesta de los abogados fue muy clara: o publicaban la inserción, o al día siguiente publicaban el obituario del propietario. La espectacularidad de recientes acontecimientos en varias ciudades de la frontera norte regresó a un primer plano de preocupación la seguridad de los periodistas.

Este es un tema que divide a muchos, e inclusive polariza. Hay a quienes no les importa en absoluto lo que suceda o deje de suceder con ese gremio, y otros, periodistas algunos de ellos, consideran que la protección para ellos debe ser la misma que tiene un ciudadano ordinario. No es lo mismo, por las características del trabajo que realizan los periodistas y los medios. En los tiempos que se viven, acallar a la prensa ha permitido a la delincuencia organizada en varias regiones del país proveer un blindaje a los funcionarios y policías que tienen en sus nóminas, y a dejar inermes a las sociedades que los padecen. El que las cosas nunca lleguen a la opinión pública no significa que no sucedan. A lo que sí contribuye el silencio de la prensa es a la impunidad.

En Michoacán, una provincia en la costa del Pacífico, los periodistas viven permanentes bajo amenaza. Cada vez que escriben un texto o salen a hablar en la radio o televisión, deben de cuidar muy bien sus palabras para evitar que alguien, entendiéndose por alguien un capo de las drogas, se vaya a sentir afectado y ordene matarlo. En Zacatecas, hace poco más de un año, los criminales convocaron a una rueda de prensa para exigir a los periodistas -que llevaron el mensaje a sus jefes- que dejaran de informar sobre hechos en donde estuvieran involucrados, o se atuvieran a las consecuencias.

La semana pasada, dos enviados de la estación de televisión del Grupo Milenio en Reynosa, una ciudad en la provincia de Tamaulipas que hace frontera con Texas, fueron "levantados" (secuestrados) por sicarios y los expulsaron de la ciudad. Les salió barato. Periodistas en esa zona ni siquiera hablan en privado de lo que sucede, ni envían correos electrónicos aportando alguna información sobre lo que sucede, por temor de que los criminales monitoreen sus comunicaciones y les cueste la vida. Alejandro Junco, dueño del influyente diario Reforma, se fue con sus hijos y nietos a vivir a Estados Unidos luego que recibió un video que mostraba los movimientos de sus familiares al salir de su casa, en las escuelas de los niños y en los trabajos. Como en Colombia, cuando en vísperas de asesinar a un periodista le llegaban flores sin destinatario, el video que le llegó a Junco parecía seguir el mismo patrón.

A diferencia de la gran mayoría de los periodistas, Junco pudo acudir a una pronta cita con el presidente Felipe Calderón para exponerle el caso. La respuesta de Calderón fue descorazonadora: está mal, pero se va a poner peor. De hecho, se ha puesto peor para los periodistas. El Centro de Periodismo y Ética Política documentó el año pasado 183 actos de violencia contra periodistas en el país, que significó un incremento de 10,23% con respecto a 2008. De ellos, presume en 12 la autoría de la delincuencia organizada. Un creciente número de medios en todo el país está dejando de publicar las firmas de sus reporteros en informaciones relacionadas con el narcotráfico; varios de ellos como resultado de amenazas directa contra sus periodistas.

La semana pasada el presidente Calderón reconoció que la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para la libertad de prensa, pero sus palabras parecen estar más cerca de la demagogia que del reconocimiento pleno de lo que significa una sociedad sin información. El gobierno federal está pensando en crear una comisión intersecretarial que incluya a representantes de periodistas y de defensores de derechos humanos para enfrentar los riesgos en los que viven. Organizaciones de periodistas dicen que no está mal, pero que es insuficiente.

Lo que no ataca el gobierno, pese a reconocerlo, es que la debilidad de las instituciones y la falta de gobernabilidad en varias regiones del país han permitido que sean los cárteles de la droga quienes decidan qué se informa y qué no, quién vive y quién no. Se supone que uno de los objetivos de la guerra contra el narcotráfico era precisamente fortalecer instituciones y generar gobernabilidad, lo que no ha sucedido. Se pueden haber reducido las bolsas territoriales controladas por los criminales, es cierto, pero como lo pueden corroborar en diversas regiones del país consideradas como zonas calientes, el gobierno no ha podido proveer seguridad a los informadores para que informen, y tampoco ha tenido la capacidad para frenar la temporada de caza de periodistas en la que estamos entrando.