La victoria en los tribunales de los sindicatos de Coca-Cola contra el intento de la filial española de despedir a 821 empleados mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ha supuesto todo un precedente. Los representantes de los trabajadores de Indra ya han presentado una demanda en la Audiencia Nacional contra el despido de 1.750 personas, un paso que van a dar también los miembros de la mesa de negociación de Vodafone, que quiere ajustar su plantilla en 1.297 empleados.

Fuentes próximas a ambos EREs han confirmado que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de CGT y Co.Bas, los sindicatos minoritarios de Indra, que se opusieron al recorte de 1.750 empleos pactados por la empresa con UGT, CC OO, USO y STC el pasado 5 de agosto. De hecho, el juez ya ha fijado la fecha para la vista, que se celebrará el próximo 11 de noviembre, justo cuando los partidos políticos estarán ya en precampaña para las elecciones generales, con el empleo y la reducción del paro como asunto central.

Tanto CGT como Co.Bas sostienen que el ERE es injustificado porque la compañía daba beneficios hasta el tercer trimestre de 2014, y que solo tras el cambio en la presidencia aparecieron una pérdidas millonarias que la compañía usa como excusa para recortar los puestos de trabajo (3.000 en todo el mundo). De hecho, el grupo anunció unas ganancias de 78 millones entre enero y octubre de 2014, todavía bajo la gestión de Javier Monzón, y números rojos de 92 millones en el conjunto del año cuando Fernando Abril Martorell asumió el mando el 29 de enero de 2015.

Oficinas centrales de Indra en Alcobendas. (Indra)

En Indra están convencidos de ganar el pulso a ambas organizaciones en la Audiencia Nacional al tener el apoyo del resto de sindicatos mayoritarios. Pero la anulación del ERE de Coca-Cola, aunque por un motivo distinto -el no respeto al derecho de huelga-, y la obligación de la embotelladora española de readmitir a los 821 despedidos tras la sentencia del Tribunal Supremo tiene en vilo a la compañía participada por el Estado, dueño de un 20% del capital.

Indra ha recibido unas 1.350 solicitudes voluntarias para acogerse al expediente de extinción, por lo que tendría que aplicar al menos 400 despidos forzosos. No obstante, parte de las solicitudes proceden de empleados que pertenecen a las áreas de defensa y control aéreo, divisiones que por motivos operativos y estratégicos no están incluidas en el ajuste de la plantilla. En consecuencia, la negociación se presenta larga.

La situación en Vodafone es aún más compleja, puesto que la compañía de telecomunicaciones todavía no ha llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en las condiciones del expediente de extinción. Mientras el sindicato STC, el mayoritario en ONO, de donde saldrán 805 de los 1.300 empleados que deberán dejar el grupo fusionado, está por la labor de seguir negociando una mejora de las condiciones, CC OO tiene decidido ir a la guerra y llevar la disputa a la Audiencia Nacional. Ante la dureza de las posturas, la multinacional británica ha contratado los servicios de Uría y Menéndez para preparar su defensa.

La propuesta de Vodafone ha sido calificada de "inaceptable" por "injustificada y desproporcionada", aseguran los sindicatos, los cuales han reclamado un planteamiento más generoso, con reducción del número de despidos. La compañía ha ofrecido dos alternativas: indemnizaciones de 30 días de salario por año trabajado y prejubilaciones a partir de los 58 años, ofertas que fueron rechazadas por los representantes de los trabajadores.