Las dudas por la tragedia de Iguala han llegado a la ONU. El Comité de Desapariciones Forzadas, en su último informe sobre México, propina un varapalo a las investigaciones “tardías y deficientes” emprendidas por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, y en una inesperada vuelta de tuerca pide un “replanteamiento general” de las pesquisas en consonancia con el análisis de un grupo internacional de expertos que ha cuestionado las tesis oficiales. Como remate, solicita que se permita a dichos especialistas interrogar a los soldados presentes esa noche en Iguala, un punto rechazado por el Ejecutivo y que es visto como una agresión por el intocable estamento militar mexicano.

México es una tierra poblada de espectros. Más de 25.000 desaparecidos desde 2006 han convertido al país en una enorme tumba sin nombre. Y los intentos de cerrarla han fracasado. “La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico y favorece la perpetración de desapariciones forzadas”, sostiene Naciones Unidas.

Más de 23.000 desaparecidos desde 2006 han convertido al país en una enorme tumba sin nombre

A lo largo de 300 páginas, el comité revisa los trabajos iniciados y prometidos por el Estado mexicano para hacer frente a esta lacra. El resultado es desolador. Aunque advierten algunos avances, los expertos de la ONU sostienen que prevalece la misma “situación deteriorada” que hace cuatro años, cuando giraron visita al país. No hay, a su juicio, un diagnóstico ni una admisión del problema al más alto nivel. “Esta falta de reconocimiento cabal se evidenció de manera cruda con la desaparición de forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala en septiembre de 2014 y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron”, destaca la ONU, antes de entrar de lleno en la última polémica en torno a este caso y que tiene como protagonista al Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Estos especialistas, tras una revisión de seis meses, no solo han solicitado la apertura de nuevas líneas de investigación, haciendo tambalear el cierre del caso, sino que han puesto en marcha una bomba de relojería al asumir el trabajo de un perito internacional, el peruano José Torero, que niega que en el basurero de Cocula se hubiese incinerado a los normalistas. Esta hipótesis tiene efectos sísmicos. La hoguera de Cocula es el punto conclusivo de las confesiones de los sicarios detenidos. Pero si no hubo tal fuego, sus declaraciones tampoco serían ciertas, por lo que, como en un árbol contaminado, colapsaría el núcleo de la versión oficial.

Frente a esta andanada, la policía se ha mantenido firme. Sus investigadores sostienen que sus tesis vienen avaladas por 487 informes periciales, 386 declaraciones, 114 detenidos, 95 líneas telefónicas intervenidas y un sinfin de registros. Es más, consideran que el dictamen del perito internacional parte de un supuesto, la necesidad de 800 kilos de madera para quemar un solo cuerpo, rechazado por colegas de más prestigio y fácilmente refutable.

Ante la polémica, el grupo de trabajo de la ONU se ha alineado con sus colegas del GIEI y pide un “replanteamiento general” de la investigación de Iguala. En este contexto, también respalda que se permita interrogar al personal militar presente aquella noche en la ciudad, un punto de extrema sensibilidad y cuya sola mención levanta ampollas en un generalato poco acostumbrado a rendir cuentas al poder civil.

El presidente Enrique Peña Nieto, consciente de la enorme volatilidad emocional del caso, ha dado orden de evitar la confrontación pública y ha mostrado su apertura a nuevas investigaciones. La semana próxima se cumplirá un año de la matanza y las heridas abiertas por aquella tragedia aún no se han cerrado. Los padres rechazan la tesis oficial y las encuestas muestran que una mayoría de la población sigue siendo escéptica. En un entorno de fuerte desconfianza institucional, la posibilidad de que cualquier chispa desencadene una marea de protesta es muy alta. Iguala, a estas alturas, ya ha superado los estrechos límites de un caso judicial y se ha erigido en símbolo, en un recordatorio de la noche oscura que persigue a Mexico.