El Senado de la República de México culminó este lunes una de las transformaciones legislativas más significativas desde el fin de la etapa revolucionaria. Con la aprobación de la reforma energética, gracias a los votos del PRI y del PAN, el presidente Enrique Peña Nieto no solo entierra 76 años de monopolio estatal del gas y el petróleo, sino que pone fin al paquete de reformas estructurales nacido en 2012 al calor del Pacto por México, un ambicioso acuerdo cerrado con la oposición con el objetivo de acabar con décadas de atraso y volver a encender las turbinas del crecimiento económico.

El rediseño, además de abrir al capital privado y extranjero el sector energético, cambia las reglas del juego en telecomunicaciones, educación, fiscalidad, finanzas y sistema electoral. Un vendaval reformista que, aprobado en sucesivos tramos, se ha convertido en la clave de arco de la política mexicana y en foco de la atención mundial. En esta apuesta, de la que se apeó hace meses el PRD (izquierda) por su rechazo a la apertura energética, el presidente ha empeñado gran parte de su capital político. Y con él, el partido que lo sustenta, el PRI, cuya vuelta al poder central, tras 12 años de apartamiento, llegó precedida de la promesa de abandonar prácticas pasadas. "Hemos impulsado una agenda de reformas muy importantes en el orden institucional y legislativo, con la participación de todas las fuerzas políticas, y hemos buscado encontrar el mayor consenso. En el tiempo, cuando estas reformas alcancen su plena madurez, los logros y beneficios se dejarán sentir”, afirmó Peña Nieto.

Con la aprobación del paquete energético en el Senado, ya solo queda su paso, en segunda lectura, por la Cámara de Diputados, donde el PRI y el PAN volverán a ejercer su aplastante mayoría. Aunque este último trámite entra en la rutina parlamentaria, el PRD amenaza con movilizaciones y ya ha anunciado que accionará todos los recursos judiciales posibles, incluido el intento de convocar un referéndum que anule la reforma.

La apertura al capital privado del sector energético, el pilar más importante del edificio reformista, convierte en pasado la legendaria decisión tomada la noche del 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas al anunciar en un mensaje radiofónico a la nación la expropiación de las compañías petroleras, hasta entonces en manos de las todopoderosas multinacionales británicas y estadounidenses. La medida del carismático general revolucionario, desencadenada por la resistencia de las empresas extranjeras a mejorar las paupérrimas condiciones de los trabajadores petroleros, catalizó como pocas veces a la sociedad mexicana y desató una ola de patriotismo que renace cada vez que se debate la posesión de los hidrocarburos, una de las grandes riquezas nacionales.

“Con la entrega de la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, la nación perderá ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico. Pemex se convertirá en testigo de piedra y será superada por la competencia internacional; con ello se acelerará su desaparición en el mediano plazo y aumentará la dependencia energética y la extranjerización del sector”, sostiene el PRD.

Frente a esta percepción soberanista, Peña Nieto ha blandido las cifras. Pemex, la empresa estatal que controla el monopolio del oro negro mexicano, es un dinosaurio de 150.000 empleados que ha entrado en pérdidas (9.300 millones en 2013) y cuya capacidad para competir en un mercado cada vez más tecnificado es patente: en los últimos 13 años la inversión en la compañía se ha triplicado (de 9.000 millones de dólares a 28.000 millones), pero su producción petróleo ha descendido un tercio. El resultado es que México, el séptimo gigante energético del planeta, importa el 30% del gas y el 49% de la gasolina que consume.

México, el séptimo gigante energético del planeta, importa el 30% del gas y el 49% de la gasolina que consume

En su intento de superar esta disfunción energética, la reforma convierte a Pemex y su homólogo eléctrico en lo que se ha denominado empresas productivas, es decir, sujetas a resultados y con mayor autonomía del Estado. También se aligera la carga fiscal de Pemex, que pasa del 79% a menos del 65%. Un cambio de enorme magnitud si se considera que este flujo suponía hasta ahora un tercio del presupuesto nacional. La operación se ha completado con la salida del consejo de administración del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros. Aún así, muchos economistas han advertido que la reforma no desmantela el plúmbeo y oneroso aparato de Pemex, una empresa paternalista y con uno de los índices de productividad más bajos de todas las petroleras internacionales.

Pero el plato fuerte queda reservado al nuevo modelo de explotación. Sin perder la soberanía de los yacimientos, que siguen bajo propiedad del Estado y de los que Pemex ya ha seleccionado un alto porcentaje de los que se va a quedar, la ley autoriza las concesiones a empresas privadas, un anatema hasta la entrada de Peña Nieto a la presidencia. El giro tiene algo de guiño a Lázaro Cárdenas, quien, en sus últimos días de gobierno, permitió la producción compartida con empresas privadas de capital mexicano. Una posibilidad que fue enterrada definitivamente en 1958 bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, lo que convirtió a México en uno de los países más cerrados del planeta en términos petroleros.

Los futuros contratos, sometidos a la transparencia, se firmarán con las compañías que ofrezcan la mejor oferta al Estado. En esta línea, el Gobierno prevé que las regalías, sin contar impuestos y cuotas, rondarán el 10% por barril. El dinero, exceptuando la contribución fiscal, irá al denominado Fondo Mexicano del Petróleo, un organismo que tendrá como institución fiduciaria al banco central. La reforma, que se completa con una apertura gradual de la venta de gasolinas, ha tenido como referentes a Noruega y Brasil, cuyas empresas Statoil y Petrobras están abiertas al capital privado para fines de exploración y explotación.

La esperanzas depositadas por Peña Nieto en esta desguace del sistema monopolístico son grandes. Los arquitectos de la reforma confían en que la apertura atraiga a capitales extranjeros con capacidad suficiente para explotar tanto las inmensas bolsas de gas de esquisto del norte del país como de lanzarse a las reservas profundas, que requieren de una tecnología y unos fondos de los que ahora no dispone Pemex. El Gobierno ha calculado que para 2018 los cambios habrán generado 500.000 empleos nuevos, así como un aumento del 20% la producción petrolera, del 40% en el gas y, en general, un crecimiento del 1% del PIB. Todo ello con el objetivo de sacar a la economía mexicana de su anemia crónica. El crecimiento medio en los últimos 30 años ha sido solo del 2,4%, cuando el listón puesto por el Pacto por México gira en torno al 5%: una cifra con la que se supone que el país podrá enfrentarse a su gran problema: la pobreza y la desigualdad.

Este proceso de reformas, en el que también entran los cambios en materia de telecomunicaciones, educación y fiscalidad, ha sido acogido en el extranjero con entusiasmo. El FMI, el Banco Mundial y agencias de calificación como Moody’s, consultados por este periódico, lo apoyan sin apenas paliativos. Y sus primeros efectos, como el desmembramiento del imperio telefónico del magnate Carlos Slim, han sido interpretados como una victoria política de Peña Nieto. Pero en el interior los cambios están siendo acogidos con frialdad. La polémica reforma fiscal ha dado un varapalo a la clase media, principal baluarte de los cambios. Y la reiteración del discurso reformista a lo largo de estos 20 meses le ha hecho perder fuerza. A ello se añade un clima de escepticismo económico, influido por proyecciones mucho menores de las esperadas y donde el índice de confianza del consumidor se hunde en uno de sus puntos más bajos de los últimos años.

Ante esta erosión, que las encuestas señalan y que los propios miembros del Gobierno reconocen en privado, la presidencia ha puesto en marcha un potente plan de reactivación. Su fundamento son las infraestructuras. Para su desarrollo se inyectarán 589.000 millones de dólares, el 63% procedentes de capital publico. En este paquete, que será el eje de los próximos cuatro años de legislatura, entran la construcción de 10.000 kilómetros de gasoductos, nuevas líneas férreas y hasta la posibilidad de construir otro aeropuerto en la Ciudad de México. Mucha pólvora para lograr ese objetivo que se persigue desde hace décadas: el despegue de México.