Tras la polémica misa por "paz, pan y trabajo" convocada por Moyano, que generó gran controversia con el gobierno nacional y provocó cierta tensión dentro del Episcopado, la Iglesia renunciará a los aportes económicos del Estado.

Se trata de 140 millones de pesos que serán eliminados gradualmente. La suma representa el 7% del presupuesto eclesiástico. Si bien, la suma parece ser poco significativa políticamente se traduce como un paso más hacia la separación de la Iglesia y el Estado, informó diario Clarín.

La decisión de avanzar con esta medida ratificada por todos los obispos tras un debate durante la última asamblea plenaria del año, durante la cual compartirán sus inquietudes sobre la realidad pastoral de cada una de sus diócesis y debatirán posibles cambios al actual sistema de sostenimiento de culto.

En la última reunión de la comisión permanente en agosto, los obispos recibieron un informe del grupo que integran representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Culto y la CEA que se está encargando de analizar alternativas al actual sistema.

Se acordó entonces seguir profundizando esas alternativas y estudiar propuestas, con "el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional", según se informó en ese momento.

En las últimas semanas, la comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de todas las diócesis argentinas, con quienes se analizó los futuros cambios en el sistema que viene estudiando una comisión integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.

En marzo, el tema originó un caluroso debate cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la legalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica en 2018 ascendía a 130 millones de pesos.