La polémica empresa española Indra volverá a realizar el escrutinio provisorio de las elecciones, como desde 1997. Como anticipó LPO en exclusiva, el Gobierno le otorgó el contrato a través de una maniobra poco clara, ejecutada este viernes a través del Correo Argentino.

La adjudicación del contrato a Indra era un secreto a voces desde que el Gobierno decidió sacar la licitación de la órbita de la Dirección Nacional Electoral -que depende del Ministerio del Interior- y pasarla al Correo, que por ser una sociedad anónima (aunque el cien por ciento de las acciones está en manos del Estado) puede contratar con mayor flexibilidad.

Hace quince días este medio reveló que en el mercado se creía que esa maniobra fue el inicio de una licitación a medida, que se completó con la demora en la convocatoria con el objetivo de que sólo Indra pueda cumplir las exigencias. Después de esa publicación, desde el gobierno aclararon extraoficialmente que en realidad habían convocado a un concurso privado a empresas del sector. Pero incluso en esa misma "desmentida", se adelantaba el triunfo de Indra.

En el medio, el Correo incorporó como director de Asuntos Públicos al ex Director Electoral del kirchnerismo Alejandro Tullio, un conocido nexo de Indra en Argentina y que habría desembarcado en el macrismo por gestión de José Torello, asesor y amigo del presidente. Previamente, el Gobierno de Macri había descartado un proceso de licitación iniciado en enero por Adrián Pérez, que en la industria conocían y consideraban impecable.

Este viernes, según confirmó LPO, finalmente Indra se quedó con el contrato a través de una compulsa de precios y que sólo compitió otra firma: Smartmatic. La que desistió fue MSA, empresa conocida por aportar las máquinas del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y Salta.

En el mercado se comenta que el contrato con Indra será por 25 millones de dólares, unos 8 millones menos que los que pagó Cristina Kirchner en 2015. De todos modos, se trata de un trascendido porque todavía no hay información oficial de la contratación por parte del Correo o del Gobierno.

Todas estas irregularidades llevaron a los abogados de las otras firmas interesadas en el proceso a pensar en llevar a cabo acciones judiciales para impugnar la licitación, por considerarla direccionada a favor de Indra.

Toda esta situación se da en momentos en que Indra está involucrada en un escándalo de corrupción en España ya obligó a renunciar a Esperanza Aguirre, ícono de la fuerza del presidente Mariano Rajoy. Incluso, la sede de la empresa fue allanada y detenida la ex directora financiera de la filial argentina.

Además, el año pasado estalló una investigación en Brasil donde investigan a Indra por haber pagado coimas a políticos para conseguir contratos con el Estado. Situación similar había pasado en Argentina en 2005 cuando el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime le ofreció que hicieran aportes a la campaña del kirchnerismo a cambio de contratos. Por entonces Tullio ya oficiaba de intermediario, situación que mantuvo inalterable con el macrismo.

En cuanto a su papel en las elecciones, en 2010 fue sancionada en Barcelona por "faltas graves" durante una consulta. En 2012 fue acusada en Angola de complicidad con el gobierno. En 2015 tuvo una seria falla en el recuento. Y el año pasado fue denunciada por serias irregularidades en el recuento en República Dominicana.