La mayoría de los españoles es consciente de que el fraude fiscal es un problema de gran magnitud , sobre todo cuando conoce los supuestos casos de fraude que salpican a los partidos políticos, de los que hay novedades prácticamente todos los días. Y esta no es únicamente una cuestión de percepción, sino que además viene respaldada por los números: según las últimas estimaciones de Gestha, la economía sumergida supone el 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros.

Ahora bien, ¿cuáles son los principales problemas que el fraude crea a un país? Quizás el más palpable sea el debilitamiento de los ingresos del Estado, ya que al recaudar menos por impuestos, las administraciones públicas cuentan con menos recursos que destinar a políticas sociales y de infraestructuras, como la conservación de carreteras, por poner un ejemplo de actualidad.

Pero defraudar puede perjudicarnos igualmente en situaciones límite pero tan reales como la pérdida de nuestro puesto de trabajo. De este modo, la caída de la recaudación tributaria que conlleva la existencia de fraude fiscal, es utilizada como justificación por los gobiernos para rebajar las pensiones, subsidios por desempleo y ayudas sociales en su sentido más amplio, amenazando el ya maltrecho estado de bienestar.

En un plano más macroeconómico y general, todas aquellas rentas que no se declaran no cuentan a la hora de cifrar la riqueza total de nuestro país, por lo que el fraude distorsiona la renta per cápita que sirve de base para el diseño de las políticas económicas.

Y no nos podemos olvidar de la competencia desleal que genera entre empresarios, dado que los que cumplen con sus obligaciones tributarias siempre contarán con un margen de beneficio menor que aquellos que escapan al control del fisco.

Por tanto, no solo es necesario conocer la dimensión del fraude a través de la realización de estudios sobre economía sumergida, así como aumentar y mejorar el control, sino que también se deben llevar a cabo campañas de concienciación ciudadana –al estilo de las realizadas por la DGT– para sensibilizar acerca del pago de impuestos y alertar sobre los efectos del fraude fiscal. Ahora bien, cuando la conducta de los altos cargos e instituciones es de todo menos ejemplarizante, resulta harto difícil pensar que estas campañas puedan llegar a dar resultado.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)