Esta actuación judicial que impulsan Alberto Garzón y Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida por Málaga, busca ejercer este derecho “contra quien o quienes pudieran ser responsables de los hechos objeto del procedimiento” abierto

El equipo jurídico que asesora a IU en este caso destaca que esta representación “quiere impulsar la investigación sobre lo acontecido en el penal de Archidona para esclarecer las diferentes incógnitas y sospechas que sobrevuelan el caso”, ya que “se parte de una situación absolutamente irregular, en la que se utiliza un espacio no habilitado para enclaustrar a personas que no han cometido ningún ilícito penal”

Izquierda Unida ha registrado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona una solicitud formal para personarse como acusación popular en las Diligencias Previas 639/2017 a través de las que se investiga el fallecimiento del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala, supuestamente debido a un suicidio. La muerte se produjo el pasado 29 de diciembre en el Centro Penitenciario Málaga II situado en esa localidad malagueña, reconvertido ‘de facto’ por el Gobierno del PP en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde retener a buena parte de las más de 500 personas del norte de África llegadas a las costas españolas en noviembre.

Esta actuación judicial de IU la impulsan su coordinador federal, Alberto Garzón, y Eva García Sempere, diputada de esta formación por Málaga, quienes el 28 de diciembre viajaron hasta estas instalaciones penitenciarias en compañía de dirigentes andaluces para interesarse por la situación cada vez más complicada de las personas migrantes allí retenidas.

Izquierda Unida busca ejercer la acusación popular “contra quien o quienes pudieran ser responsables de los hechos objeto del procedimiento seguido en las citadas diligencias”, tal y como explica el escrito.

Esta formación “tiene interés en tener conocimiento y poder actuar en la presente instrucción, siendo los hechos objeto de investigación, el fallecimiento de Mohamed Bouderbala en el Centro Penitenciario de Archidona súbitamente reconvertido en Centro de Internamiento de Extranjeros, de indudable interés público y honda repercusión social”.

“En la presente causa -se apostilla en la petición registrada en el juzgado malagueño-, existen elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas irregulares, en el ámbito de la administración pública y las Fuerzas de Seguridad del Estado”, relacionadas con el fallecimiento del ciudadano argelino muerto.

IU argumenta que “tiene plena legitimación para poder personarse y actuar en la presente causa, estando entre los principios que desde luego rigen la acción de Izquierda Unida en el conjunto del Estado la salvaguarda de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad y la defensa de los derechos de las personas migrantes”.

Desde el equipo jurídico que asesora a Izquierda Unida en este caso destacan que esta representación “quiere impulsar la investigación sobre lo acontecido en el penal de Archidona para esclarecer las diferentes incógnitas y sospechas que sobrevuelan el caso. Se parte de una situación absolutamente irregular, en la que se utiliza un espacio no habilitado para enclaustrar a personas que no han cometido ningún ilícito penal”. Entienden que “debe investigarse a fondo la intervención policial dentro del recinto, hecho absolutamente anómalo”.

En esta misma línea, IU apoyará las peticiones de prueba realizadas por la acusación particular de los familiares del fallecido y por ‘Andalucía Acoge’. “Entendemos que es fundamental que se paren las deportaciones de aquellas personas que han podido ser testigos de los hechos en el interior del centro penitenciario de Archidona, que se tome declaración a los testigos que aún estén en el centro o que se aporten los visionados de todas las cámaras de seguridad internas, incluidas las del comedor”.

“Además -indican los/as abogados-, debe requerirse a la administración pública que informe al juzgado de los motivos que conllevaron el aislamiento de la persona fallecida y de las visitas de control que pudieron haberse realizado al interno en esas horas”.

Alberto Garzón y Eva García Sempere prosiguen de esta forma la batería de iniciativas políticas y acciones que vienen realizando en los últimos días sobre este grave asunto. Al día siguiente de acudir personalmente a la cárcel de Archidona registraron en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja “repruebe al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por grave vulneración de los derechos humanos”.

La iniciativa parlamentaria plantea con claridad en su parte propositiva que “el Congreso considera que Zoido no puede continuar al frente del Ministerio del Interior, una institución que debe velar por el respeto a los derechos humanos y no por provocar su más directa vulneración”.

Para Garzón y el resto de firmantes de la proposición “varias circunstancias no se han tomado en cuenta por parte del Gobierno” en un asunto tan importante, “lo que ha provocado una situación de inusitada gravedad que debe solventarse lo antes posible y ante la que deben exigirse las máximas responsabilidades”.

La reprobación del ministro Zoido se argumenta también en las múltiples irregularidades producidas estas semanas en Archidona. Van desde “la inexistencia de un plan de evacuación o de un sistema antiincendios”, que “300 plazas de funcionarios que iban a trabajar en este centro han resultado asimismo retenidas y, según diversas informaciones, son las propias unidades de antidisturbios de la Policía Nacional las que estarían haciéndose cargo del centro en su funcionamiento temporal como CIE”, al hecho de que “la normativa que regula los CIE es clara también a la hora de indicar que el Estado debe poner a disposición de los internos la asistencia necesaria para resolver sus expedientes”.

A comienzos de diciembre varios medios de comunicación preguntaron al Ministerio del Interior si había menores entre los recluidos en la cárcel de Archidona. Responsables del mismo lo negaron, tal y como se ha publicado. La iniciativa constata que “desde entonces, sin embargo, al menos 7 menores extranjeros no acompañados (MENAs) han sido identificados y liberados del centro. Algunos tenían una orden de expulsión que se iba a ejecutar de forma inminente. Esto de nuevo iría contra la legalidad vigente, pues tanto la Ley de Extranjería como la Ley del Menor prohíben las expulsiones de menores extranjeros”.

“Todo lo expuesto -concluye la propuesta de reprobación del ministro del Gobierno de Mariano Rajoy- muestra no sólo una dureza y una insensibilidad preocupantes ante la llegada de personas sin recursos, debilitados tras haber sobrevivido a un viaje que ponía en juego su vida, sino que también muestra que el ministro es responsable directo de las graves vulneraciones de derechos humanos que se extraen de todo lo relatado. Habrán de ser las instancias judiciales quienes determinen si las posibles ilegalidades cometidas y aquí apuntadas son tales”.

Alberto Garzón y Eva García Sempere enviaron también el pasado martes, día 2, una carta a Rajoy donde le hicieron llegar tres peticiones muy concretas: que destituya a su ministro del Interior, la “clausura inmediata” de las instalaciones de la prisión de Archidona y que acabe con las deportaciones a sus países de origen en los últimos días de decenas de estas personas migrantes allí retenidas.

“De no producirse -cerraban la misiva-, la responsabilidad por lo que haya sucedido en Archidona la extenderíamos hacia su persona, como responsable último de la permanencia en el cargo del ministro y de las actuaciones de su Gobierno en este caso”.

Ambos dirigentes de IU exponían al presidente del Gobierno que desde que a mediados de noviembre llegaron a las costas españolas más de 500 personas migrantes y fueron recluidas en el Centro Penitenciario Málaga II “la cadena de graves errores por parte del Ministerio del Interior ha ido ‘in crescendo’” hasta llegar a la actual situación “que se hace insostenible”, por lo que le reclamaban “su intervención inmediata para frenarlo”.

Apuntaron también que esta decisión “no sólo se tomó en contra de la legislación vigente -sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, Ley de Extranjería o Reglamento de los CIE-, sino que ni tan siquiera se habilitó la cárcel para adecuarla a lo que debe ser un Centro de Internamiento”.

“La sorpresa ya ha sido mayúscula cuando ayer, 1 de enero, supimos que se estaba deportando a decenas de presos, alrededor de 80 personas según diversas informaciones periodísticas, justo cuando se han abierto investigaciones sobre el fallecimiento de Bourdebala”, advertían.

Además de todo esto, el 29 de diciembre la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió de forma urgente una carta a Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario del Estado de Derecho y la Carta de Derechos Fundamentales, en la que expresó “nuestra preocupación por la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidas en el Estado español”.

Albiol expuso a su interlocutor que desde IU y su grupo parlamentario en Europa “consideramos imprescindible que desde la Comisión Europea se entable un diálogo con las autoridades españolas para garantizar que estas situaciones no vuelvan a repetirse. La opacidad con la que operan y su nulo respeto a los derechos fundamentales hacen que la integridad de las personas migrantes y demandantes de asilo detenidas en el Estado español esté en grave riesgo”.

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