Los empresarios han estado presionando al Congreso mexicano para que apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción y, de hecho, ha llevado la causa a foros internacionales. En respuesta, y como berrinche de última hora, los senadores incluyeron una disposición entre anoche y hoy que obliga a las personas físicas y morales a hacer también declaraciones patrimoniales. Hoy, organizaciones civiles han respondido que se trata de algo irracional: “Esta disposición carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del SNA y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción. Por ello, conminamos a los diputados a que eliminen el artículo 32”.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Miembros de organizaciones civiles, investigadores y empresarios se pronunciaron en contra de algunas de las leyes secundarias anticorrupción aprobadas por el Senado en estos días, en particular a la llama ley 3 de 3 “light” y la aplicación de la misma a empresarios y personas que reciban algún tipo de recursos del Estado o que hagan negocios con el mismo.

El pleno del Senado aprobó ayer la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para funcionarios públicos, sin embargo, de último momento en la madrugada de este jueves, los legisladores impusieron esa nueva obligación a personas físicas y morales cuando realicen contratos para obras o servicios con el sector público, que se suma a las limitaciones de la llamada Ley 3 de 3, que los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron el pasado miércoles; 17 senadores no votaron ese punto y un Senador del Partido del Trabajo (PT) se abstuvo.

Los activistas e investigadores reconocieron que existen avances en el paquete de leyes aprobado por la Cámara Alta, sin embargo se manifestaron en contra de la eliminación de los contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos:

“Consideramos que contar con un asidero jurídico brindaría certeza, generaría obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello que les pedimos, como revisores de este marco jurídico, cambien los términos del artículo 29 de la ley en mención”, señalan en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, órgano legislativo que analizará lo aprobado por los senadores.

Otro de los puntos en los que no están de acuerdo fue la inclusión, que de último momento hicieron los senadores, al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades mediante la cual, “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”, se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que tengan tratos con el gobierno.

“Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones. Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía”, alertaron en la misiva.

Y abundan: “Creemos que esta disposición carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.

Por ello conminaron a a los diputados a que como Cámara revisora eliminen el artículo 32 en mención de la minuta de la Ley General de Responsabilidades.

“El país exige contar con un marco jurídico robusto y eficaz para combatir este mal, la corrupción, que afecta profundamente el bienestar social y en particular a los menos favorecidos de la sociedad. Confiamos en que honrarán su compromiso como representantes de la ciudadanía”, finaliza el documento.

La carta está firmada por Óscar Arredondo (Fundar), Guillermo Ávila (Fundar), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Mercurio Cadena (CIDE), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), María Amparo Casar (Mexicanos Contra la Corrupción), Enrique Díaz-Infante (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), Marco Fernández (México Evalúa y Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey) Sergio Huacuja (Barra Mexicana Colegio de Abogados), Sergio López-Ayllón, Javier Angulo y José Roldán Xopa (CIDE), Mauricio Merino (Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (Red por la Rendición de Cuentas), María Elena Morera (Causa en Común), Juan Pardinas y Max Kaiser (IMCO), Haydeé Pérez Garrido (Fundar), Alejandro Francisco López y Ríos (Coparmex) y Pedro Salazar (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM).

SENADO MADRUGA

Lo aprobado a los largo de este periodo extraordinario no ha dejado insatisfechos sólo a los miembros de organizaciones sociales que promovieron la Ley 3 de 3 y que cabildearon su inclusión en el paquete de reformas anticorrupción, la cúpula empresarial también se manifestó este día.

Representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron en contra del agregado y de la limitación a las declaraciones de los representantes populares.

Durante una manifestación en el Monumento a la Independencia, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que las reformas de los senadores quedaron cortas, ya que que permitirá que los funcionarios se escondan tras millones de declaraciones:

“Los senadores como grupo colegiado nos quedaron a deber. Tuvieron la oportunidad de estar a la altura del reclamo del país. Nosotros como empresarios transparentamos nuestra información y la tiene el SAT todos los días. No nos parece que se inserte en una iniciativa ciudadana, es un despropósito”.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial consideró como excesiva e inaplicable la inclusión aprobada por el Senado para que las personas físicas y morales presenten las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses cuando realicen contratos para obras o servicios con el sector público.

“Consideramos que la inclusión a última hora en el Senado de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”, expresó la cúpula empresarial en un comunicado.

Integrantes de la Coparmex acudieron el pasado 31 de mayo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a su brazo empresarial, el BIAC, para expresar su preocupación por el retraso en la aprobación del SNA y solicitó que los organismos actúen como observadores en el proceso de votación de las leyes secundarias y en su implementación.

“Expresamos la preocupación por el retraso en la aprobación de ese cuerpo normativo en el Congreso y destacamos la importancia que tiene el combate a la corrupción y a la impunidad, como condiciones fundamentales para lograr un verdadero Estado de Derecho e impulsar el gran potencial que tiene México”, destacó el sector patronal en un comunicado.

El Pleno del Senado de la República aprobó el martes por 94 votos a favor y 23 en contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El artículo 29, que aborda la Ley 3 de 3, expone que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de la alta burocracia serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, lo cual será determinado por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante la madrugada, 59 senadores votaron en contra de que sea obligatorio que las declaraciones se publiquen de acuerdo con el formato de la Ley 3 de 3 apoyado por más de 634 mil firmas ciudadanas: 52 legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), seis del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y un independiente. En contraste, 51 senadores votaron a favor sobre la máxima publicidad de las declaraciones: 34 miembros del Partido Acción Nacional (PAN), 16 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un independiente.

Esta especificación, de acuerdo con expertos en transparencia, fue una forma de “ignorar” y “fallar” a los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa por el nivel de hartazgo hacia la corrupción. Con tal de “protegerse” y no explicar el origen de sus bienes, los legisladores demostraron su falta de compromiso con la ciudadanía y desperdiciaron la “oportunidad histórica” de avalar un referente a nivel internacional.

Sin embargo, subrayaron, la ley también contiene puntos favorables, como la lista negra que impide a funcionarios sancionados por corrupción seguir brincando a otros cargos y la creación de una Fiscalía Anticorrupción especializada e independiente, el nacimiento de un Tribunal de Justicia Administrativa especializado y ordena la coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una política integral.