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El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Badalona (Barcelona) ha archivado la causa contra seis concejales del municipio por un delito de desobediencia de funcionario público al haber abierto el edificio municipal durante el festivo 12 de octubre.

Según el auto de archivo de la causa, recogido por Europa Press, el juez toma esta decisión porque los hechos no son constitutivos de delito.

Los investigados en esta causa son el primer teniente de alcalde y concejal de Badalona Habitable, Oriol Lladó; el tercer teniente de alcalde y concejal de Badalona Democràtica, José Antonio Téllez; la concejal de Servicios Sociales, Agnès Rotger; la cuarta teniente de alcalde y concejal de Badalona Educadora, Eulàlia Sabater; la edil de Participación, Fàtima Taleb, y la de Espacios Públicos y Movilidad, Francesc Duran.

Los hechos

Seis concejales abrieron el pasado 12 de Octubre el Ayuntamiento de Badalona y desoyeron así la prohibición dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Barcelona, según el cual las dependencias del consistorio debían permanecer cerradas el día festivo del Doce de Octubre para no generar “perjuicios irreparables al interés general“. Esta acción de los regidores fue respondida horas después por el PP, que denunció lo ocurrido ante el juzgado de guardia de Badalona para que investigue si se cometió un delito de desobediencia.

A las 8:30 horas, miembros del equipo de gobierno local se personaron en la puerta del consistorio para abrir el edificio y el teniente de alcalde José Téllez rompió públicamente la resolución judicial. “A pesar del intento por parte del PP de dar un golpe de Estado contra la soberanía local, estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a la representación política», proclamó. El PSC, tras lo ocurrido, puso «en cuestión» el pacto de investidura con el que permitió a la izquierda alternativa desalojar del poder a Xavier García Albiol.

Un juez de Badalona abrió diligencias el mismo 12 de octubre, a raíz de la denuncia del PP, para investigar si estos concejales del equipo de gobierno, integrado por una coalición de CUP y Podemos, ICV-EUiA y ERC, incurrieron en un delito al desobedecer la orden del un juez contencioso-administrativo de Barcelona que, a instancias de las Delegación del Gobierno en Catalunya, les prohibió abrir el ayuntamiento el Día de la Hispanidad. La Fiscalía de Barcelona también tenía previsto iniciar una investigación, pero, al final, no lo hizo porque el juez ya lo había hecho.

Agencias/Prensa