El Tribunal Constitucional otorga impunidad al franquismo al no admitir a trámite el recurso de la Juntas Generales de Álava contra el archivo de la causa del 3 de marzo de 1976, en la que cinco obreros fueron asesinados por las Fuerzas de Orden Público, cuando Manuel Fraga Iribarne era ministro de la Gobernación. Así lo ha informado la Asociación Martxoak 3.

En una nota de prensa, la citada asociación ha explicado hoy que el TC acordó por medio de una providencia fechada el pasado 5 de diciembre, y notificada recientemente, no admitir a trámite la demanda de amparo presentada por las Juntas Generales de Álava contra la decisión de la Audiencia Provincial alavesa de archivar la causa penal sobre los sucesos del 3 marzo de 1976 en Vitoria.

El citado tribunal acordó el archivo al estimar —tal y como hizo antes el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria— que la responsabilidad de un presunto delito de genocidio o de lesa humanidad ha prescrito porque esos delitos no estaban contemplados en la legislación vigente en 1976.

El TC rechaza admitir a trámite el recurso de las Juntas Generales alavesas al entender que no se aprecia en el mismo la “especial trascendencia constitucional que se requiere para su admisión”.

Para la Asociación 3 de Marzo se trata de un hecho “sorprendente, insólito y vergonzante”, además de resultar “totalmente disconforme” con el derecho internacional de los derechos humanos y estudia la forma de llevar la cuestión a los tribunales europeos.

Así recuerda que la demanda de amparo interpuesta ante el TC planteaba cuestiones de “especial trascendencia constitucional” vinculadas con la prescripción de acciones criminales que pudieran tipificarse como delitos de lesa humanidad.

“A pesar de todo ello —denuncia— el TC dicta una providencia inmotivada y estereotipada sin atender en ningún momento a la real y verdadera trascendencia que desde el punto de vista constitucional el recurso de amparo tenía”.

Así constata la “falta de voluntad” del Gobierno español para “cumplir con las obligaciones internacionales” contraídas en el ámbito internacional de los derechos humanos, lo que genera, dice, “un profundo desamparo a las víctimas de las graves violaciones” que se produjeron en Vitoria el 1976.

Por ello anuncia que contactará con las Juntas Generales de Álava, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria para, una vez agotada la vía judicial en España, analizar la posibilidad de acudir a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.