Desde 1987, la Universidad de Chile ha realizado en 11 ocasiones la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), entre ellas las últimas dos versiones, a través del Centro de Microdatos del plantel académico.

Para poder hacerlo, la Casa de Bello ha tenido que participar de la licitación que hace el Ministerio de Desarrollo Social a través del portal público ChileCompra. Sin embargo, para el nuevo proceso, que se abrió el pasado 25 de mayo y que finaliza el 23 de junio, la institución no podrá postularse.

Esto, porque desde el pasado 1 de junio, la U. de Chile no cumple con los requisitos para ser proveedor de ChileCompra, lo que significa que no puede vender servicios al Estado, ni participar de licitaciones a través del portal de mercado público. ¿La razón? Haber sido condenado por infracción a la tutela laboral, fallo que fue ratificado en mayo por la Corte Suprema y que trae como consecuencia para la institución la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un plazo de dos años, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley de Compras Públicas (ver claves del fallo).

Entre los servicios que la universidad no podría seguir prestando figuran actividades como capacitaciones y cursos cerrados para el sector público, de manera directa o a través del Hospital Clínico, y la realización de estudios de diversa índole, como, por ejemplo, de impacto medioambiental o de salud, mediante el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta).

Desde la universidad, extraoficialmente, precisan que esto no afecta el funcionamiento de la docencia o investigación, ya que dichas materias están financiadas a través de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, se estima, preliminarmente, que la situación podría mermar las finanzas del plantel hasta un 2%. Hay otras áreas y servicios que no se verán afectadas, como el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), del cual depende la PSU, o el Centro Sismológico, que también están fijados a través del presupuesto.

En los últimos cinco años, la casa de estudios ha realizado ventas al Estado por casi $ 39 mil millones (ver tabla) y en lo que va de este año ha recibido casi $ 3 mil millones.

Con todo, desde el plantel señalaron que están evaluando estrategias para revertir la situación, ya que, al no poder prestar servicios, "nos vemos imposibilitados de dar apoyo al Estado en diversas áreas, como algunos servicios en el área de la salud, que tienen un impacto directo en la población. De todas maneras, estas son actividades anexas a las funciones de nuestra universidad", explicaron.

fallo

La demanda

Vulneración de derechos fundamentales, acoso laboral y disminución de las remuneraciones. Esas son las principales acusaciones que hizo el profesor asistente de planta de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, Miguel Mendoza, en su denuncia de tutela laboral contra el plantel.

En mayo del año pasado, el docente llegó hasta el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago e interpuso la denuncia, donde señalaba que desde 2004 sufría hostigamiento y acoso laboral. Según él, ese año se le informó que ya no se requería de sus servicios y sostuvo que no se le dio una causa para la decisión. De acuerdo a Mendoza, la razón del plantel se habría gatillado por el rechazo público que el docente hizo a la reintegración del profesor Carlos Maquieira a la facultad, quien, años después, sería formalizado por negociación incompatible.

Mendoza agregó que se le prohibió dictar clases y finalmente, en marzo del año pasado, se le señaló que el plantel había decidido "poner término a mi relación laboral".

El plantel contestó la demanda y aclaró que el 2004 sólo se le solicitó que presentara un nuevo currículum para de esa manera ser evaluado y poder subir de categoría, ya que llevaba más de 12 años como profesor asistente, que es el máximo permitido por el plantel. Así, según la casa de estudios, no existieron "los supuestos actos que el denunciante afirma constitutivos de acoso laboral".

La demanda fue acogida por el juzgado, luego de esto, el plantel interpuso un recurso de nulidad, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones. Finalmente, se interpuso otro recurso de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, el que fue desechado a finales de mayo.

Para el abogado laboralista y ex director del Trabajo Marcelo Albornoz, la situación en la que se encuentra el plantel es extraña y llama la atención, puesto que son muchas las empresas que son denunciadas por estas prácticas, "pero no es frecuente que una empresa o entidad que tiene un fuerte componente de suministro de bienes y servicios al Estado termine siendo condenada, porque las empresas se resguardan para no caer en este tipo de condenas".