El sistema previsional enfrenta un complejo momento. Masivas marchas ciudadanas contra las AFP -ya suman tres- y la reacción casi obligada del gobierno, alentada por la presión política, de anunciar una reforma al sistema, previo acuerdo nacional, hoy tienen transversalmente cuestionada a la industria por las bajas pensiones que entrega.

Andrés Castro, presidente de AFP Capital, gestora que tiene el 17% de los afiliados y administra el 19% de los ahorros previsionales de los trabajadores, aclara de entrada que en un comienzo el sistema de AFP -creado en 1981- no pretendía ser universal y que fue con la instalación de esa noción recién en la década de los 90 que la industria debió responder a esa expectativa.

Pero ahora la crítica y las dudas sobre el negocio ya están instaladas y por eso cree que cometieron un error, ya que, en su opinión, pudieron haber advertido entonces que el modelo chileno estaba diseñado sólo para los trabajadores formales.

Hoy, fustiga, las AFP han sido el chivo expiatorio de las magras pensiones. Si el sistema de capitalización obligatoria individual necesita que la gente ahorre por 25 o 30 años para obtener tasas de reemplazo de 60% o 70% (porcentaje del sueldo que representa la pensión), dice que generar buenas pensiones es difícil, pues más de la mitad de los afiliados tiene menos de 15 años de cotizaciones.

De aquí que afirma que eventuales cambios al modelo deben apuntar a elevar el ahorro de las personas y alentar un rol activo en la construcción de su pensión. "El sistema de reparto tenía una gran virtud, era simple y las reglas estaban claras: la gente sabía que debía cotizar ciertos años para tener pensión. Pero no funciona. Nos cambiamos al modelo de AFP, donde la gente se sigue comportando como si tuviera beneficios definidos. Ese es el talón de Aquiles que tiene el sistema", dice.

¿Cuál es la responsabilidad de la industria frente a este escenario?

El sistema fue transformado en 1981 y se determinó un 10% de tasa de contribución. Se pensó que tendríamos cinco años de lagunas en 40 años de trabajo. Por tanto, estaba hecho para los trabajadores formales, para quienes funcionó bien, porque ahorraron y las AFP tuvieron buena rentabilidad. Pero resulta que en los 90 se estableció que las pensiones debían ser universales y el país cambió. Hoy, enfrentamos una realidad distinta desde el punto de vista de las expectativas y también de la participación de los trabajadores en un sistema que no pretendía la universalidad y que no tenía un pilar solidario en los años 80. Las AFP pudimos haber sido más claras en advertir que 'esto va a funcionar para este conjunto de cotizantes que tenemos, pero para estos (otros) no va a funcionar'.

¿Qué faltó en ese momento?

El sistema de AFP ha tenido muchas modificaciones, siempre tratando de optimizar y mejorar el rol principal: administrar los recursos de los afiliados y rentabilizarlos con un riesgo controlado. Pero, finalmente, estamos aquí para entregar pensiones y eso es lo que pudimos haber puesto arriba de la mesa con más fuerza; haber golpeado la mesa al gobierno de turno para decir 'esto no va a funcionar'. Por eso, creo que la reforma de 2008 es muy buena, hace un buen diagnóstico, se mete en el problema de multipilar, pero se queda corta. Y las AFP, que entonces parecían responsables, se enfrentan a los resultados que hay, que son pensiones que deben mejorar. Y están solas, no tienen aliados.

¿El Estado no ha sido un aliado en la construcción de las pensiones?

No. Hoy nos enfrentamos a un escenario de bajas pensiones, que al final no es más que reflejo de una precariedad que la ha ido mejorando -hace 35 años había una informalidad mayor que el 50%, los salarios reales se han más que duplicado-, pero la foto que nos estamos sacando ahora es la de esa precariedad que, al mismo tiempo, se compara con las mejores condiciones actuales. Pese a eso, el 50% de los afiliados tiene menos de 15 años de cotización, lo que genera pensiones insuficientes y tasas de reemplazo bajas. Y cuál es el gran chivo expiatorio: las AFP. Y como el riesgo es del afiliado, el Estado dice 'son las AFP', pero en realidad es el mercado laboral. Tampoco hemos tenido aliados en las empresas y, por último, debimos ser más enfáticos para que la reforma de 2008 fuese más potente.

¿En qué se debió enfatizar?

Ojalá esa reforma hubiese determinado una institucionalidad tipo Banco Central, técnica, para sacar de los momentos políticos algo tan relevante como el sistema de pensiones, revisando parámetros respecto de demografía, tasas de interés, mercados laborales y nos dijera qué tenemos que hacer con este tipo de política pública tan relevante. Nos quedamos cortos y eso hay que tratar de resolverlo de nuevo.

¿Resolverlo cómo?

Este es un producto complejo, de consumo futuro, del que la gente no se quiere preocupar ahora. Le decimos al afiliado que debe contribuir el 10% de su sueldo a su cuenta individual y después el riesgo (de construir pensión) es de él. Y se enfrenta a un sistema con una arquitectura de absoluta libertad, donde no conoce cómo funciona y tampoco es sencillo; va tomando decisiones y sin tomarle el peso a la responsabilidad en la construcción de su pensión. Eso tiene que cambiar y mejorar.

¿El afiliado tiene mucha libertad, pero no la utiliza?

Tiene demasiadas libertades. Esa es la arquitectura a la que me refiero: el Estado provee un montón de opciones y libertades, pero dado que (generar pensión) es un bien público, que estamos obligando a que al cabo de la vida activa, si no lo hiciste bien existe un impacto social, entonces, el Estado tiene que preocuparse de esa arquitectura y de si funciona o no.

¿De qué forma se enfrenta eso?

Es fundamental que la competencia agregue valor al afiliado. Eso se puede conseguir mediante una competencia productiva.

¿Esa fue su propuesta a la autoridad? ¿En qué consiste?

Sí. La competencia se tiene que dar, por supuesto, por precio, rentabilidad, pero donde debe ser intransable y fundamental es en la ayuda que damos al trabajador para que tome decisiones relevantes respecto de su pensión. En el fondo, lo ayudamos en este sistema que es complejo, donde él tiene libertades, pero no conoce las palancas que puede mover para lograr la pensión que quiere. Esta productividad no podemos hacerla sin una alianza público-privada, donde el Estado mejora la arquitectura del sistema y donde el empleador nos abre las puertas y, en conjunto con las AFP, ayudamos al trabajador a abordar un tema que es relevante.

¿Competir por precio no sirve?

El precio ha venido funcionando. Desde que comenzaron las licitaciones, el precio promedio ha bajado de 1,5% a 1,25%. Además, el 25% de los trabajadores está en las AFP más baratas, que tienen dinámicas comerciales productivas. La competencia por precio está desatada. No me imagino un sistema en tres o cinco años con los precios de hoy; esto va para abajo.

¿Y ampliar la licitación?

Aquí se habla de exacerbar el mecanismo de los precios a través de licitaciones y no le puedo encontrar más contrasentido, porque necesitamos que el afiliado cada vez participe más y no que sea pasivo.

Entonces, si licito, le estoy poniendo una venda en los ojos al afiliado y, además, le estoy diciendo que aparentemente la decisión para mejorar la pensión es obtener unos menos pesos en la comisión, cuando la verdadera decisión está en las medidas que va tomando para aumentar su ahorro.

Se está hablando de ligar la rentabilidad y la comisión a las AFP...

Cobrar por saldo nos alinea más, es más transparente, más claro. Pero, de nuevo, la competencia por precio está, las compañías seguiremos buscando eficiencia. Pero, por sobre todo, lo que nos falta es ayudar a la gente a enfrentar el gran desafío que es su riesgo y su pensión y no esta percepción de que es un beneficio definido, porque no lo es.

Solidaridad y 5%

¿El destino del 5% adicional de cotización será clave para los cambios que proponga el gobierno?

Se ha hablado que parte de ese 5% vaya a reparto; nosotros hemos planteado que debe ir a las cuentas individuales. Cuando le hemos preguntado a la gente, los estudios muestran que quieren solidaridad, pero también que ese mayor ahorro vaya a las cuentas individuales. Sólo el 8% quiere reparto, según Cadem. La gente ha entendido que avanzar en esa dirección sería hipotecar generaciones futuras, porque serán los pasivos los que serán financiados por los activos.

Pero el gobierno piensa administrar el 5% de forma similar a lo que ocurre con el seguro de cesantía.

Eso es un poco reparto al fin y al cabo, lo que tiene un tema grave por los salarios actuales y por la cobertura del Pilar Solidario, que aunque se aumente dejaría a gran parte de la clase media ahorrando para solidaridad y no recibiendo beneficios en el futuro. En este sistema uno tiene que ahorrar 25 o 30 años de cotizaciones para obtener una tasa de reemplazo entre 60% y 70% del salario. Vamos a tener gente que tiene menos. Por eso, todo lo que hagamos por incrementar el ahorro aporta.

¿Y los actuales pensionados?

Las propuestas que se han hecho para mejorar pensiones generan conflicto entre el corto y largo plazo, pero eso no nos puede inmovilizar. Esperamos que el gobierno tenga una propuesta en marzo y no pasemos dos o tres años más discutiendo modificaciones. Y si lo hacemos en dos o tres años más, bienvenido igual, porque la idea es hacer una buena reforma. Lo que se hizo con el ajuste del 10% en el Pilar Solidario es una buena noticia, que en algo mejora los problemas del corto plazo. Todos aspiramos a que el Pilar Solidario sea más robusto.

¿Es ese el camino?

Nosotros hemos recogido el concepto de pensión digna, no hemos querido ponerle un número, pero en el fondo la gente aspira a eso. Intentar fortalecer el pilar con el 10% está muy en línea, pero una reforma tiene que hacer más. Nos gusta el concepto de pensión básica universal, en que sólo tengamos que excluir a los 'ricos'. Hoy, la Pensión Básica Solidaria (PBS) está estigmatizada, hay que demostrar ser pobre para obtenerla, lo que en sí mismo no está en este concepto de dignidad. Pero también el APS (Aporte Previsional Solidario) debiera fortalecerse, porque es el mecanismo por el cual podemos ayudar a la gente que ha confiado y ha participado del sistema, pero que por su historia laboral no tiene grandes densidades de cotización. El APS debería apoyarlos, pero generando incentivos a formalizarse y a cotizar cada vez más, porque hay una clase media que requiere ese apoyo.