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El organismo publicó ayer temprano a la mañana en su página web, la apertura del directorio para tratar el caso argentino el viernes 5, y como temario exclusivo. El board, donde están presentes todos los representantes de los países aportantes de dinero, tiene la responsabilidad de avalar (o rechazar) la recomendación que el 15 de marzo hizo Cardarelli sobre la marcha del acuerdo con la Argentina y habilitar luego el giro del primer desembolso del año para la Argentina. Ese día, el economista italiano había firmado una carta abierta donde afirmaba que ”el personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre la tercera revisión del programa económico respaldado por el acuerdo stand by. Sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo, la Argentina tendría acceso a aproximadamente u$s10.870 millones”. La habilitación nunca estuvo en duda. Sin embargo, ayer por la mañana, durante el anuncio desde el FMI; circularon temores por la forma en que el organismo redactó el memo de la reunión. Allí se mencionó que el board discutirá un “waiver” pedido por la Argentina, lo que provocó rumores sobre incumplimientos de las metas comprometidas. Con las horas se aclaró que en realidad, y por los cambios propios de la agenda del FMI (que adelantó la primera misión del año a febrero), la Argentina debía datos fiscales y monetarios del primer trimestre que envió más tarde hacia Washington. Estos datos luego debían ser incluidos en el paper que el board discutirá el viernes. Según se aclaró luego desde Buenos Aires, la Argentina “solicitó un waiver (dispensa) de aplicación, y el staff (del FMI) recomienda al directorio aprobarlo, porque al cierre de la revisión no estaban disponibles algunos datos fiscales de fin de marzo”, aclarando que en ningún momento las metas pactadas estuvieran comprometidas. En esa misma línea, el FMI aclaró después que los datos preliminares de la Argentina indican que el país cumplirá las metas fiscales acordadas para obtener un financiamiento de u$s56.300 millones, de los cuales en abril debe llegar el desembolso de u$s10.870 millones. El propio organismo comunicó que el pedido del waiver se debió a que el país había solicitado por una “cuestión simplemente de disponibilidad de ciertos datos” y no por algún tipo de incumplimiento en las metas acordadas con el FMI. Incluso algunos de los datos faltantes (especialmente algunos monetarios correspondientes a marzo y la inflación acumulada para el primer trimestre) no estarán disponible para el viernes, ya que el INDEC aún no terminó de procesarlos. Sin embargo, estos no comprometerán la aprobación de las metas generales. En todo caso, se evaluarán en la próxima revisión pactada para junio de este año. Esto implica que desde el próximo viernes 12 de abril, hasta el domingo 14, todo serán sonrisas públicas entre el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando se encuentren en Washington con Lagarde, Cardarelli y el director gerente para el Hemisferio Occidental, el mexicano Alejandro Werner. Será cuando los anfitriones del FMI reciban a los visitantes argentinos como sus mejores alumnos a nivel mundial, durante la cumbre de primavera que el organismo abrirá entre esos días en su sede de Washington. Los funcionarios argentinos ratificarán la meta monetaria de déficit cero para este año y se ponderará la ayuda del FMI para sostener y profundizar planes sociales. Será además la oportunidad para que las partes comiencen ahora seriamente a trabajar sobre el próximo paso, superador del stand by firmado en septiembre del año pasado y aplicado desde octubre de 2018. Sin prisa, pero de manera contundente, el FMI quiere que se comience a delinear el futuro del acuerdo con la Argentina, sabiendo que, según las palabras del propio Cardarelli, se trata de un programa de estabilización del tipo de cambio y no de largo plazo. Desde el FMI se prepara una oferta de mejorar el stand by, transformándolo en uno de facilidades extendidas. Este se basa en una extensión de los plazos de pago, de 4,5 a 10 años, en lugar de los 3,5/5 años del stand by. A cambio exigirá el compromiso para ejecutar reformas estructurales con acuerdo político dentro del Poder Legislativo, como la laboral y la previsional, con la condición de que además sean cambios sostenibles para el largo plazo.