Sólo con la obligación de capacitarse durante un año en ética empresarial y de efectuar donaciones a ONGs del área de la salud quedaron 10 imputados en el caso de la colusión de las farmacias para elevar el precio de más de 200 medicamentos.

Así quedó establecido luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera este lunes la suspensión condicional por un año de la causa, tras aceptar la solicitud que en ese sentido había formulado la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

El fiscal Andrés Montes reconoció que se trata de sanciones insuficientes para un delito que afectó a miles de personas, pero advirtió que igualmente se logró "una parte de la reparación necesaria por este ilícito". En ese sentido subrayó lo indicado por el juez del Tribunal de Garantía, Cristián Sánchez, quien estableció que la pena de un juicio como este podría haber llegado a 21 días y "obviamente sin ningún tipo de privación de libertad”.

Por lo anterior, manifestó que la legislación actual es "es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos", ya que considera que se trata de un delito grave que debe sancionarse “drásticamente”.

El perseguidor penal indicó que además de esta capacitación y las multas establecidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), los imputados tendrán que efectuar donaciones periódicas a instituciones como la Cruz Roja, Coaniquem, la Corporación Nacional del Cáncer (Conac) y la Liga Chilena Contra la Epilepsia, por un total estimado en 225 millones de pesos.

Los ejecutivos, que aceptaron la propuesta dle Ministerio Público son Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde; Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand; y Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa. Tambiénel gerente general del Laboratorio Mediapharm, Mario Zemelman.

Montes indicó que con esta suspención condicional del juicio, “por una parte los imputados de este grave delito se han comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas, en orden de evitar que este tipo de situaciones de colusión, que perjudican claramente a los ciudadanos chilenos, vuelvan a repetirse".