En una nota dirigida a todos los integrantes de la Cámara alta, letrados, juristas y académicos advirtieron sobre las “graves falencias jurídicas” que tiene el proyecto. Firmaron Eduardo Menem y Rodolfo Barra, entre otros.

Abogados, juristas y académicos de todo el país entregaron este martes una carta dirigida a los 72 senadores advirtiendo sobre las “graves falencias jurídicas” que tiene el proyecto de legalización del aborto, y alertando sobre la “alta litigiosidad” que sobrevendría a la aplicación de la norma.

El documento, de cinco páginas, fue recibido por el titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR) y las senadoras Silvia Giacoppo, Silvia Elías de Pérez, Cristina Fiore y Marta Varela, todas de Cambiemos.

Entre los remitentes del texto figuran los exconvencionales constituyentes Eduardo Menem, Rodolfo Barra y Fernando López de Zavalía; los académicos Alberto Bianchi, Alfredo Vítolo, Estela Sacristán, Ricardo Ramírez Calvo, Félix Montilla Zavalía y Fernando Toller; el fiscal José María Campagnoli, y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato.

En la misiva, los firmantes pidieron “velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución Nacional” y, bajo ese espíritu, exigieron a los legisladores que el proyecto “sea revisado con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado”.

Manifestaron a su vez que es fundamental que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se expida sobre el proyecto, mientras parte de la oposición reclama que el giro del proyecto a esa comisión sea anulado, al igual que el de Presupuesto y Hacienda.

Los abogados plantearon que el proyecto contraría la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, ambas con rango constitucional, al igual que varios artículos de la Carta Magna.

Puntualmente, formularon objeciones a los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 y 16 del texto aprobado en Diputados, y subrayaron que “se pretende presentar una despenalización del aborto cuando, en realidad, se busca una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional”.

Los especialistas en Derecho alertaron que el proyecto “viola de forma clara y evidente la letra del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (CADH), que expresa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, y el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que resguarda “el derecho intrínseco a la vida” de todo menor de edad, y que en el caso argentino, se extiende a todo niño “desde el momento de su concepción”.

Los firmantes advirtieron que “se aspira a crear un derecho al aborto con fondos públicos, que puede ser ejercido hasta el momento mismo del nacimiento, con amenaza de cárcel para los médicos”.

“No existe en nuestro ordenamiento jurídico vigente un derecho que tenga semejante alcance y protección, y es inconstitucional que se permita que sea la mera decisión o arbitrio de una persona la que pueda decidir sobre la vida de otra hasta su nacimiento”, cuestionaron.

Según los especialistas, el proyecto “no deja espacio para el ejercicio del derecho a la vida de los niños por nacer, que quedará librado al arbitrio de un tercero en franca violación también del artículo 19 de la Constitución”.

El proyecto, tal como lo ven los abogados, “permitirá que se aborten personas por nacer con síndrome de down, labio leporino, espina bífida o aun por razón de su sexo en cuanto el embarazo cause un peligro a la salud concebida en términos amplísimos”, y repitieron que “la causal de peligro para la ‘salud social’ permitirá así que se pueda abortar por cualquier causa hasta el momento mismo del nacimiento”.

También se objeta que no haya lugar al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia profesional “en debida forma”, al crear “un registro discriminatorio de objetores”.

“Es inconstitucional -agregaron- que tampoco se permita la objeción de conciencia institucional en ningún caso. Afecta la libertad de ejercer una actividad lícita y asociarse con fines útiles, también la libertad religiosa: ¿por qué no puede existir un centro médico con un ideario a favor de toda vida, que no tenga entre sus prácticas el aborto? ¿Van a cerrar acaso las mejores y más prestigiosas clínicas del país?”.

Por último, concluyeron que “es responsabilidad del Congreso buscar una solución que respete nuestro sistema constitucional y que considere alternativas superadoras, que permitan respetar todos los derechos en juego. Nunca el derecho a la vida se puede subordinar a una cuestión de salud pública”.