La Justicia mantiene abierta una causa que amenaza a Carles Puigdemont con poner fin a sus casi dos años de fuga y, de rebote, sentarlo en el banquillo por el 1-O. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) está ultimando un informe sobre presuntas irregularidades cometidas por el expresidente de la Generalitat durante su época como alcalde de Girona (2011-2016).

Las diligencias se centran en la compra de un fondo de arte valorado en 3,9 millones de euros con dinero de la concesión municipal del suministro de agua. Según fuentes cercanas al caso, el documento de la IGAE apuntaría a que Puigdemont incurrió en los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, dos tipos penales por los que hasta las garantistas autoridades de Bélgica no tendrían más remedio que entregarlo a España.

Las diligencias, practicadas por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona a petición de la Fiscalía Anticorrupción, suponen un contratiempo en la estrategia diseñada por los abogados de Puigdemont para mantenerlo alejado de los tribunales españoles. De confirmarse las irregularidades en la compra de la colección de arte, la juez que instruye la causa podría solicitar su extradición automática por dos delitos que están contemplados en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos del primer mundo. Y, una vez que el expresidente del Govern ya estuviera en territorio nacional, podría ser acusado nuevamente por los delitos relacionados con su participación en el 1-O por los que Bélgica y Alemania ya se opusieron a entregarlo.

Registros de la Guardia Civil en Agissa, el 19 de septiembre de 2017. (EFE)



La causa de Girona es previa al referéndum independentista. Arrancó en julio de 2016 tras una querella de la CUP que denunciaba presuntas corruptelas en la concesión del contrato de abastecimiento de agua del municipio gerundense. El servicio había estado desde 1992 en manos de Agissa, una sociedad mixta participada en un 20% por el consistorio y en el 80% restante (Girona SA) por inversores privados (CaixaBank, Agbar, FCC...). La denuncia incidía en el supuesto trasvase sistemático de fondos de la parte pública a la privada, en la presunta generación de pagos falsos para inflar aún más los ingresos de los accionistas y en anomalías en los procedimientos que se siguieron para renovar la adjudicación de forma continuada.

Desvío de fondos a una agencia de publicidad

En junio de 2017, ya se incorporó a la causa un primer informe de Hacienda que ratificaba las sospechas de la CUP y adelantaba que la concesión también pudo ser utilizada para financiar campañas electorales de la antigua Convergencia i Unió con el desvío de fondos al partido a través de una agencia de publicidad, AMR Publicitat SL. El caso ha ido avanzando lentamente desde entonces, entre otros motivos, por la complejidad del procedimiento y el larguísimo periodo que abarca, desde 1998 cuando la ciudad estaba gobernada por el PSC hasta 2015, ya con CiU en la alcaldía.

Sin embargo, el caso está ahora cerca de experimentar un salto definitivo. El Ministerio Público ha optado por centrarse en uno de los aspectos más controvertidos de la relación entre el Ayuntamiento de Girona y Agissa ante los numerosos indicios de delito que la rodean. En 2014, la corporación que encabezaba Puigdemont acordó la compra de la colección privada de arte del crítico Santos Torroella con dinero aportado por la concesionaria del agua. El importe de la operación ascendió a 3,9 millones de euros y contó con el rechazo de los partidos de la oposición, que lo consideran un gasto innecesario en plenas crisis y sostenían que no se debía cargar esa adquisición al recibo del agua que pagaban los ciudadanos.

Los investigadores sospechan de otros elementos. Sostienen que el expresidente de la Generalitat aprobó ese gasto sin los informes técnicos preceptivos y vinculan la compra con otra medida adoptada por el propio Puigdemont apenas un año antes: la renovación del contrato de Agissa. Tampoco en este último procedimiento llegó a contar el entonces alcalde con un informe técnico favorable a la prórroga de la concesión. Ni siquiera trascendieron los criterios que utilizó el expresidente catalán para justificar la decisión. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de abastecimiento durante los años anteriores ni se garantizó que haría obras en los siguientes.

Empleados del ayuntamiento de Girona entran al edificio durante el segundo registro de la Guardia Civil, en junio de 2018. (EFE)

El 19 de septiembre de 2017, solo un día antes de la operación Anubis contra los organizadores del 1-O, la Guardia Civil entró en el consistorio de Girona y en varias empresas en busca de información sobre la compra de la colección de Torroella y el procedimiento de renovación del contrato de agua. Y el 13 junio de 2018 se produjo una segunda tanda de registros en organismos públicos y compañías privadas. La documentación incautada en esos dispositivos es la que están usando ahora los funcionarios de la IGAE para redactar un informe que será definitivo.

Una vía para la extradición

El Tribunal Supremo ya desistió de solicitar la entrega de Puigdemont por su participación en el 'procés'. Tanto Bélgica como Alemania consideraron que el delito de rebelión no tiene encaje en su ordenamiento y, por tanto, no debía ser extraditado. Sin embargo, los delitos de los que podría ser acusado por la compra de los cuadros —malversación de caudales y prevaricación, sin ningún tipo de connotación política— sí están contemplados por la legislación de esos países. Si el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona emitiera una orden europea de detención contra el expresidente por esos delitos, sus abogados tendrían difícil tumbarla, incluso en Bélgica, donde reside actualmente, aseguran las fuentes consultadas por El Confidencial.

La jugada sería redonda para la justicia española. Aunque Puigdemont sería entregado por las irregularidades que cometió en su etapa como alcalde, una vez estuviera en suelo nacional podría ser automáticamente acusado por el 1-O. El líder de Junts per Catalunya ya está procesado por rebelión y malversación en el procedimiento que se está celebrando desde febrero en el Alto Tribunal y tiene la prisión preventiva decretada. En cuanto pusiera un pie a este lado de los Pirineos sería enviado a la cárcel.