El Gobierno tomará el control de la Generalitat. Será efectivo desde el próximo sábado. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consejeros del Govern serán destituidos de sus cargos; el Ejecutivo establecerá un mando estricto sobre los Mossos, sobre los ingresos y gastos y sobre las telecomunicaciones, comunicaciones electrónicas y medios públicos audiovisuales. La presidenta del Parlament perderá sus principales atribuciones y la Cámara quedará intervenida.

Con estas medidas de gran dureza, propuestas al amparo del artículo 155 de la Constitución, Rajoy pretende «recuperar la legalidad y la convivencia» en Cataluña para, en un plazo máximo de seis meses, proceder a convocar elecciones. Las urnas se abrirían para los catalanes, como muy tarde, el próximo mes de junio.

«Hemos llegado hasta aquí», explicó hoy Rajoy, «porque el Govern ha liquidado la ley y ha intentado imponer una legalidad paralela». El presidente aseguró que «nunca» fue «deseo ni intención» del Gobierno llegar al extremo de tener que activar el 155. Más aún, que aunque pudo haberlo invocado antes, optó por la «prudencia» en un intento de «dar tiempo a la rectificación».

«Pero», recalcó, «no quisieron; al final no ha sido posible reconducir la situación y ha habido que actuar». El presidente hizo hincapié en que la Generalitat «nunca quiso diálogo», sino sólo «imposición».

El Ejecutivo entiende que la Generalitat se ha arrogado la capacidad de «actuar fuera de cualquier norma y de ejercer un poder sin control y sin límite», de manera que «los derechos y libertades de los ciudadanos quedan desprovistos de cualquier garantía y sometidos a la voluntad y la arbitrariedad de sus gobernantes».

Rajoy lamenta: "La Generalitat nunca quiso diálogo, sino sólo imposición"

Es por ello por lo que se acude al artículo 155: «Para garantizar derechos y proteger la libertad, la seguridad y la pluralidad» como principios fundamentales que recoge la Constitución. Los objetivos últimos, según Rajoy, no son otros que devolver Cataluña a «la legalidad», restablecer «la convivencia», recuperar «la economía», que está en «evidente peligro», y finalmente, celebrar elecciones «en situación de normalidad».

El Gobierno admite que las medidas que ha propuesto al Senado son duras, pero insiste en que están en congruencia con la «gravedad» de la actuación de la Generalitat. La Cámara Alta pasa ahora a ser el órgano decisivo y el único que podría paralizar este proceso si Puigdemont rectifica de inmediato.

En definitiva, el Consejo de Ministros ha propuesto al Senado como medida «imprescindible» la sustitución en el ejercicio de sus funciones de las autoridades autonómicas. El Gobierno asumirá el control absoluto de la comunidad y lo hará, asegura, «por el tiempo necesario y preciso para reponer la legalidad constitucional y estatutaria vulnerada».

Rajoy puso ayer especial empeño en recalcar que esto no significa suspender la autonomía de Cataluña, sino «salvaguardar y restaurar la aplicación de su Estatuto de Autonomía como parte del orden constitucional».

Las medidas que se proponen al amparo del 155 tienen dos destinatarios: el Govern y la Administración de la Generalitat y el Parlament. Respecto del Govern y la Administración, el Ejecutivo considera «indispensable» el cese de todos sus responsables, puesto que la pretensión secesionista, recogida en la Ley de Transitoriedad que aprobó el Parlament y suspendió el Tribunal Constitucional, afectaba a todas las áreas competenciales. En definitiva, que todos ellos tenían como fin promover la creación de estructuras de Estado para la república independiente de Cataluña.

"Es un momento difícil pero lo superaremos juntos. Esto se arreglará"

No obstante, en este terreno la decisión más importante es la de arrebatar a Puigdemont la facultad de convocar nuevas elecciones autonómicas. Esta competencia pasará ahora a manos del presidente del Gobierno, si bien con carácter temporal. En principio, los comicios tendrán que ser convocados en un plazo máximo de seis meses. Esto quiere decir que si se agotase este plazo, las urnas se abrirían a más tardar en junio de 2018.

Rajoy aseguró que su deseo es, en cualquier caso, llamar a elecciones «tan pronto como se recupere la normalidad institucional», por lo que el margen que le da el acuerdo adoptado podría no agotarse. «Se trata», dijo el presidente, «de abrir una nueva etapa en la que la ley se preserve» y cuando eso se consiga que sean de nuevo los ciudadanos quienes elijan a sus legítimos representantes.

Las funciones de los miembros del Govern pasarán a ser controladas por los diferentes ministerios en tanto que la Administración de la Generalitat continuará desarrollando sus funciones ordinarias bajo las directrices de los órganos u autoridades que sean designados.

Mossos y TV3, controlados

Habrá sin embargo tres áreas neurálgicas que quedarán sometidas a un control especialmente estricto: primero, la seguridad y el orden públicos, es decir, los Mossos, cuyos mandos llegado el caso podrían ser sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Segundo, la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria, o lo que es lo mismo, todos los ingresos y gastos de la autonomía, incluidos sus entes y organismos vinculados, así como su sector público empresarial. Y tercero, el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales, asumiendo todas las facultades de la Generalitat en la televisión y radio públicas de la comunidad.

A todo esto se añade la intervención del Parlament, que seguirá ejerciendo su función representativa pero no podrá proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni celebrar debate y votación de investidura. Tampoco podrá ejercer control sobre las autoridades que se designen -el órgano colegiado que dirigirá el funcionamiento diario de la Administración- para ejecutar las medidas del 155. El control de esta suerte de gobierno en funciones corresponderá al Senado, ante el que rendirá cuentas cada dos meses.

La Cámara catalana mantendrá su potestad legislativa, pero deberá someter todas las iniciativas a la supervisión de una autoridad que será designada por el Gobierno y que garantizará, en el plazo de 30 días, que las mismas no contravienen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Tras exponer este escenario de intervención, Rajoy quiso lanzar un «mensaje de tranquilidad» a los catalanes. «Este es un momento difícil», dijo, «pero lo superaremos. Esto se arreglará. Lo haremos todos juntos y sin más daño para nadie».

El Consejo de Ministros del viernes, tras el aval del Senado El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, retrasará la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes para que se desarrolle una vez que el Senado haya dado su aprobación a las medidas acordadas ayer en aplicación del artículo 155 de la Constitución ante la actuación de la Generalitat, informa Efe.



En principio, la reunión del Ejecutivo estaba prevista para las 10 de la mañana del 27 de octubre, la hora habitual en la que Rajoy cita cada viernes a sus ministros en el Palacio de la Moncloa.



Sin embargo, a esa hora ha fijado la Mesa del Senado el inicio de la sesión plenaria de esta Cámara en la que se debatirán y votarán las propuestas anunciadas ayer por Rajoy y entre las que se incluye el cese del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; de su vicepresidente, Oriol Junqueras, y de todos sus consejeros.



Fuentes del Gobierno han dado por hecho que Rajoy y gran parte de su Gabinete asistirán a ese pleno y que el jefe del Ejecutivo tomará la palabra con el fin de explicar las medidas para las que pide la aprobación del Senado.



El debate, que concluirá con la votación de esas propuestas (y que contarán con el aval de una amplia mayoría), se prevé que se prolongue durante toda la mañana, por lo que no será hasta la tarde cuando Rajoy podrá convocar la reunión del Consejo de Ministros.



En ella pueden ultimarse algunos detalles sobre la aplicación de las medidas, que entrarán en vigor en cuanto sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado.



A partir de entonces, Puigdemont y el resto de miembros del Govern serán cesados y el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades que se creen a tal efecto o que designe el Gobierno central.



En principio, Rajoy avanzó que serían los ministros de cada una de las áreas los que se harían cargo de esas funciones, pero el Gobierno estudiará la posibilidad de crear un órgano colegiado para tomar las decisiones que deben adoptar en desarrollo de esas competencias.



Será después de que las medidas sean aprobadas por el Senado y publicadas en el BOE cuando el Gobierno hará un organigrama concreto.