La Transición Extractivista: De la Era K a la Era Mc

A 100 días de la gestión de Mauricio Macri como presidente: continuidad y profundizaciones del extractivismo. El país devaluado en manos de la especulación agropecuaria. El rol de Monsanto. La polémica quita de retenciones. Las sombras del pacto YPF-Chevron.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Durante los primeros 100 días de la presidencia de Mauricio Macri pasaron muchas cosas. A tal punto que cuesta dar pronósticos de todo lo que sucederá de acá a los próximos años. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la cuestión del extractivismo, se ha observado algunos eventos que confirman una línea de profundización a lo que fue el período kirchnerista.

Como así también, no se puede dejar obviar el hecho de que la “Herencia K” en materia de extractiva ha sido la base para otorgar la entrada a esas políticas que tanta repercusión generaron los medios de comunicación.

El modelo económico argentino, en pleno desarrollo en el siglo XXI, está definido así misma como desarrollista o neo-desarrollista. Sin embargo, la base de la misma se sustenta en la explotación de recursos naturales que se convierten commodities para la venta al exterior. Con esto, se permite la acumulación de activos y divisas para las arcas del Estado. El crecimiento sale a depender de las cotizaciones de granos, minerales e hidrocarburos.

Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) un eje central sobre los problemas económicos que vivía el país era la caída de reservas del Banco Central. Cuando asumió la mandataria en diciembre de 2011, las reservas internacionales rondaban los U$S 48.100 millones. Y para cuando dejó su cargo, fines de 2015, quedaron U$S 27.750 millones. Es decir, una merma del 42%.

La caída de los precios de los commodities, el pago a los intereses de la deuda externa, las importaciones al petróleo y la fuga ilegal de capitales son variables que han explicado la disminución de los dólares en el país. Y como desde el Estado se negó a aumentar el valor de la moneda norteamericana, esto llevó al desprendimiento del dólar en circulaciones paralelas a lo legal, como ha sido el “dólar blue”.

Con ésta base económica, esterilizada por el dólar, el ascenso del macrismo puso manos a la obra para realizar una serie de medidas con el afán de rellenar las arcas que se venían vaciando con la huida de las monedas. El Ministerio de Economía se ramificó y tomo como principal forma el Ministerio de Hacienda y Trabajo, encabezada por Alfonso Prat Gay. Desde ese bando, se tomó como medidas la unificación de todos los dólares, y con esto la devaluación de la moneda, la quita de retenciones de distintas actividades para acrecentar la productividad y el cierre de todas las medidas del kirchnerismo para extraer dólares, es decir, el fin del cepo.

Debido a que la obtención de divisas se conseguía principalmente por la explotación de bienes comunes, el discurso político-social del kirchnerismo tuvo que ocultar las consecuencia sociales y los peligros socio-ambientales que atraía éste modelo primario de supuesto desarrollo industrial.

El único momento contundente en defensa del medio ambiente por parte del gobierno kirchnerista ocurrió durante la presidencia de Néstor Kirchner, en pleno conflicto con Uruguay por la instalación de las famosas papeleras. Sin embargo, durante los dos períodos de Cristina Fernández, el tema quedó fuera de agenda.

Si se ponía en discusión las consecuencias del extractivismo, significaba un choque de intereses frente a distintas entidades trasnacionales que han favorecido al kirchnerismo con la cosecha de dólares. Altos ínidces de deforestación, degradación de suelos por el monocultivo sojero, expansión de agrotóxicos, destrucción de cerros por la mega-minería, derrames de petróleo y demás sustancias tóxicas a ríos y arroyos son algunos ejemplos que quedaron ausentes en el discuros gubernamental, como así también la ausencia de respuesta por parte del Estado.

Hoy, ese vacío sobre cuestiones ambientales que ha tenido el kirchnerimso, el macrismo lo rellena con una puesta en práctica de políticas ambientales, apuntadas a una perspectiva de ecología conservadora o proteccionista. La Secretaría de Ambiente pasó a convertirse en Ministerio de Ambiente y es ocupada por el rabino mediático Sergio Bergman, cuyo vocabulario lírico al estilo ricardoarjoniano no compensa su escueto conocimiento técnico sobre la materia.

Esto traería como consecuencia un próspero discurso apegado a la perspectiva proteccionista, basada en la conservación de espacios verdes y la proliferación de fuentes de energía alternativas.

Hasta ahora, podemos citar algunos ejemplos: 1) El anuncio de quitar a proceres de la Historia Argentina en los billetes de circulación monetaria para ser reemplazados por especies de la fauna autóctona del país. 2) La promesa de crear un parque solar en la provincia de Jujuy. 3) El anuncio de presentación de un proyecto de ley para la regulación de humedales. Y 4) Los ataques a fuego contra barcos extranjeros que cometen pescas furtivas e ilegales en el Mar Argentino, llegando al extremo del hundimiento de un buque de origen chino.

Todas éstas políticas estarán conviviendo con las consecuencias del saqueo ambiental extractivista, legitimados por el macrismo para emprender las políticas económicas sostenidas por el ministro Prat Gay.

Sector agroexportador: el país devaluado atado con alambres



La cuestión agropecuaria que deja el kirchnerismo muestra un poder económico altamente concentrado. Y ahora, con la entrada del macrismo y la devaluación de la moneda en un 40%, se observa una disminución en el control de los mismos, llevando al país a estar atada con alambre de púas.

A partir del crecimiento de las hectáreas cultivables, sobre todo de la soja, la economía argentina volvió a su reprimarización. Según información que brindaba el Ministerio de Economía en el año 2011, dentro de las empresas más poderosas dentro del sector exportador agropecuario se encuentras empresas tanto nacionales como internacionales:

–Bunge (EE.UU.): tiene cuatro plantas de producción de aceites, un puerto propio, ocho distribuidoras de fertilizantes y una docena de acopios entre otros en todo el país. El 95% de sus granos los exporta.

–Aceitera General Deheza (Argentina): cuatro aceiteras, treinta acopios, dos servicios portuarios y maneja el tren Nuevo Central Argentino (NCA). Tiene también tres plantas seleccionadoras de maní y una dedicada a la producción de aderezos. La mitad de su facturación viene de clientes extranjeros.

–Cargill (EE.UU.): tiene tres plantas, tres terminales portuarias, diez acopios, siete molinos harineros y dos frigoríficos. El 60% de lo que produce va para el mercado externo. Es la principal exportadora de granos de soja en el país; abarca la quinta parte de todo lo que se vende al exterior.

–Molinos Río de la Plata (Argentina): dos aceiteras y nueve acopios. Más veinte establecimientos industriales, dedicados a pastas, yerba mate, vinos, entre otros.

–Dreyfus (Francia): dos plantas de aceite y harinas, tres terminales portuarias propias y catorce acopios- 95% de lo producido se exporta.

–Nidera (Holanda): tiene dos plantas de aceite.

Con el triunfo de Mauricio Macri como presidente, gran parte de estas empresas sellaron un acuerdo con el Gobierno «Mc» para paliar la escasez de fondos del Banco Central y, a cambio, otorgar una serie de beneficios suculentos, en detrimento del poder adquisito de los trabajadores.

El 16 de diciembre del año pasado, seis días después de la asunción de Macri, el ministro Alfonso Prat Gay había hecho su famosa conferencia para anunciar el levantamiento del llamado «cepo». Un día después, se publica el decreto 133/2015, donde se quitó las retenciones a las exportaciones agrícolas, con excepción de la soja cuya reducción vendrá de ser cinco puntos por año, con lo cual pasó del 35% al 30%.

Según una estimación de la Fundación Mediterránea, difundida en los medios masivos, se trató de una pérdida por parte del Estado Nacional de unos U$S 3.685 millones, que se lo quedó el sector agropecuario. Es un 10% de lo que vale la producción. El más beneficiado es el sector sojero, que en teoría recibió recursos del 25% (U$S 917 M), seguido por el maíz en un 18% (U$S 667 M).

En contrapartida, Prat Gay había aseverado, en su conferencia, que las cerealeras les habían prometido liquidar 400 millones de dólares diarios durante el resto del año y la primera semana de 2016.

Tal como explican, con insistencia, los informes de la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), “la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”. Quienes integran ambas cámaras, aparecen las compañías que hemos citado arriba.

Así lo señaló explícitamente Prat Gay en la conferencia: “Tenemos un acuerdo con todo el sector de empresas cerealeras que se han comprometido, a partir de mañana (o sea, el 17 de diciembre de 2015), a liquidar 400 millones de dólares por día durante las próximas 3 semanas. Para que se entienda bien, esto implica un flujo de 2.000 millones de dólares por semana y compara con niveles de menos de 100 millones de dólares por semana en las últimas semanas”. Con lo cual, daría un total de 6.000 millones de dólares en tres semanas, una acumulación de dólares elevada. “Porque acá hay una oferta de divisas que está contenida y que ahora vuelve a ponerse en juego y a ponerse en práctica”, señaló el ministro.

El domingo 06 de marzo pasado, en el programa televisivo Economía Política, el periodista Roberto Navarro tuvo un cruce con el ministro de agroindustria Ricardo Buryaile, que transcribiremos a continuación:



-Roberto Navarro: El ministro de economía (Prat Gay) dijo que iban a liquidar 2.000 millones de dólares por semana y liquidaron 600.

-Ricardo Buryaile: No es cierto.

-Navarro: (Ríe). Está (escrito) en (el diario) La Nación. Editoriales de Clarín diciendo que han fallado.

-Buryaile: No, no es cierto. (…) El compromiso de las exportadoras fue liquidar 4.000 millones de dólares (en el año 2016). Que se cumplió con creces. ¿Cuánto me da enero y febrero (de 2016)? Me da 4.400 millones de dólares.

Sin embargo, tal como dice Navarro, el plan original de Prat Gay fue llegar a los 6.000 millones en tres semanas. Sin embargo, las cerealeras no cumplieron con lo prometido. En lugar de tres semanas, se tardó diez semanas en llegar a los tan mentados 6.000 millones de dólares. Se tuvo que esperar la última semana de febrero para liquidar los últimos U$S 353 millones para alcanzar la cifra de U$S 6.058.557.169, según CIARA-CEC.

¿Por qué las cerealeras no cumplieron a tiempo? La explicación está en la base especulativa del sector. En la tabla de abajo, se observa la liquidación de divisas que generaron éstas empresas desde las primeras campañas de octubre del año pasado hasta comienzos de marzo de éste año.

Como se puede observar, la gráfica podría dividirse en tres períodos: 1) Período predevaluatorio: mientras se desarrollaba las campañas presidenciales, las exportadoras frenaron la liquidación de divisas para esperar la subida del dólar y así incrementar sus ganancias. 2) Período devaluatorio: al subir el dólar de 9 a 13 pesos, las exportadoras liquidaron sus dólares de forma abrupta. 3) Período posdevaluatorio: cuando comenzó el presente año, el dólar comenzaba a tener un crecimiento paulatino, hasta tocar el techo de los 16 pesos. Esto hizo que las liquidaciones disminuyeran bajo la espera de una cotización elevada.

Es decir, para las empresas agropecuarias, la especulación aplasta toda promesa. A todo esto, el gobierno actual también eliminó los registros de exportación y se reemplazaron por un esquema de declaración informativa. Dichos registrados eran regulados por la AFIP. Si a esto le sumamos que la Administración Fiscal también fue sacada de sus funciones del control del retiro de dólares a particulares, se saca la conclusión de un alejamiento en el control fiscal por parte del Estado. Finalmente, no se observa una proyección a diversificar la matriz productiva, y menos un proceso de industrialización visible.

Sin retenciones -que además de cumplir una función recaudatoria, permite una regulación en los precios de los cultivos – y sin serio control fiscal, Mauricio Macri está llevando a la Argentina a la libre especulación de las multinacionales agropecuarias a la hora de decidir si quieren o no oxigenar los fondos públicos, con lo cual el país queda atada con alambres a las decisiones de dichas empresas de poner o no sus dólares.



Desde el gobierno, son conscientes que tendrán que lidiar con una política basada en la disminución de intervención por parte del Estado y a la vez evitar el crecimiento de la evasión. Antes de la conferencia de Prat Gay, Macri había hecho un discurso en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. Allí, frente a un público de productores chacareros y con micrófono en mano, prometió que sacaría las retenciones en poco tiempo. Sin embargo, también se mostró en advertencia frente a su público, ya que planteó que, al incrementar las ganancias en el campo, se elevaría la productividad y con esto algunos comerciantes les tocarían el piso del impuesto a las ganancias:

“Si hay más ganancias hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias, porque ese impuesto es solidario, ese impuesto ayuda a que podamos seguir construyendo oportunidades para otros y no querría tener que aplicar la ley, con todo el afecto que les tengo, porque encuentro que están evadiendo. Porque también quiero decirles con total honestidad: voy a ser implacable aplicando la ley a aquellos que no la cumplen”, señaló el presidente con mirada atenta.

La declaración es clara: el Gobierno tiene el pronóstico que el comercio ilegal en el campo se acrecentará. Por si fuera poco, tampoco basta con observar con claridad los problemas de la concentración: solo el 2% de los productores superaron la producción de 10.000 toneladas de granos en la campaña 2013/2014, equivalentes a la tercera parte de todo lo que se produce. Mientras que una mitad, que ronda entre los 10.000 y las 1.000 toneladas de granos, estuvo a cargo del 24% de los productores.

Para ser más sintético, resta retornar el diálogo entre Navarro y Buryaile:

-Ricardo Buryaile: El maíz había caído en la producción. Y ahora vos vas a ver con las medidas que tomamos…

-Roberto Navarro: ¡Claro, ahora con la guita que van a ganar, me imagino! Van a sembrar hasta en la vereda.

-Buryaile: Perdón, lo que vamos a hacer es rotar los cultivos…

-Navarro: Cosa que suelen hacer.

-Buryaile: ¿Qué cosa?

-Navarro: Y… en la banquina.

-Buryaile: Pero está bien que se siembre en la banquina. Peor es lavar guita en hoteles.

-Navarro: ¡La banquina es de todos, Ricardo! Yo sé que ustedes se sienten dueños del país…

-Buryaile: Pero nooo, vos estás equivocado. Porque esos permisos, ¿sabés quién los dio? Lo dieron ustedes (el gobierno anterior). (…) Cuando vos decís que yo me siento dueño del país, yo soy un tipo laburante que…

-Navarro: ¡Naaaa! ¡Qué tipo laburante si tenes 20 mil hectáreas, Cacho!

-Buryaile: Y rinde menos que un hotel… Cualquiera de los que vos conoces.

-Navarro: Jeje.

Como suele pasar, un cultivo de alta cotización se siembra hasta “en la banquina”. Pero sabiendo que los commodities cotizan en baja, el gobierno lo que tratará es de incrementar los rindes en las parcelas. Ahí entra en juego la multinacional Monsanto.

El plan de Monsanto es convencer a todos los productores sojeros del país a que reemplacen la soja transgénica RR, la que se aprobó en el menemismo, por la soja Intacta RR2 PRO. La misma asegura tener un rindes superior al 85% en relación al RR.

Pero lejos de esperar un voluntarismo por parte de los chacareros, Monsanto selló un acuerdo con las cerealeras para el cobro de un canon de 15 dólares la tonelada como contraprestación a la propiedad intelectual. “Los exportadores prestarán una suerte de servicio de policía privada a la multinacional para que ésta cobre en la venta de granos si un productor no le abonó antes”, señala una nota de archivo de La Nación. Este acuerdo mutuo entre multinacionales, en donde el Estado no tiene participación, acaba de ser denunciado por la Federación Agraria Argentina y hasta por la Sociedad Rural.

Desde prensa, se ha confirmado la voluntad de Mauricio Macri para reformar la Ley de Semillas. E incluso, será un tema a discutir con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

No está de más en recordar que la soja INTACTA fue aprobada por el kirchnerismo el 21 de agosto de 2012. El mismo día que se dictó sentencia en el juicio a las fumigaciones de barrio Ituzaingó Anexo.

Sector megaminero: pagar poco para corromper mucho

En cuanto a la cuestión de la mega-minería, la noticia central para los medios masivos fue la quita de las retenciones a la venta de productos mineros al exterior. La misma se oficializó el 15 de febrero pasado con el decreto 349/2016 que elimina las alícuotas para tanto las actividades metalíferas como no metalíferas. Se calcula que el Estado Nacional dejó de percibir 223 millones de dólares anuales.

Gran parte del sector kirchnerista ha criticado duramente la medida al afirmar que esto apunta a un beneficio al sector minero. Sin embargo, hay que decir que en materia de retenciones, el pago que realizaron los emprendimientos megamineros era efímero.

Las retenciones mineras en general rondaba el 5%, un número porcentual siete veces menor que el número que pagaban los sojeros. En Argentina, hay más de 600 proyectos mineros; la actividad metalífera a gran escala abarca el 60% de la actividad. Según declaró la Barrick Gold, Veladero le ha otorgado una ganancia previa a los intereses e impuestos de unos 330 millones de dólares. Con lo cual, sabiendo que las megamineras la manejan enormes multinacionales, el incremento por renta que tienen por no tener las retenciones es exiguo.

De hecho, si hay una razón de cómo se incrementaron los proyectos en un 1.500% desde el ascenso del kirchnerismo fue por la aplicación de una normativa que le ha dado beneficios impositivos a la megaminería. La misma tiene como base la Ley de Inversiones Mineras (Nro. 24.196). Entre los beneficios se encuentran: estabilidad cambiaria por 30 años; devolución del IVA en inversiones en exploraciones; beneficios sobre el impuesto a las ganancias en distintos tramos de la actividad; regalías para las provincias que rondan en promedio un 1% con respecto a los ingresos totales de la empresa; y eliminación del impuesto de importación, a la hora de adquisición de maquinarias e insumos. Esto último sería algo así como la legalización del contrabando.

Y aun así, durante el período 2003-2016, los metales tuvieron crecimientos exorbitantes en cotización. De la primera semana de enero de 2003, la onza de oro pasó de U$S 344 a U$S 1.090, con picos durante el comienzo de la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, triplicó su valor, al igual que la plata y el cobre.

“La política minera de los últimos 12 años fue indudablemente una continuación de la de los noventa, con la diferencia de que el Estado Nacional se apropió de parte de la renta mediante las retenciones a la exportación. Con esta nueva medida, se ha cerrado el círculo volviendo al inicio, en donde la entrega incondicional de nuestra riqueza viene acompañada de impactos medioambientales y sociales, dejando un paisaje arrasado, agujeros en las montañas, ríos con menos agua y solución cianurada derramada”, señaló el ingeniero químico Martín Scalabrini Ortiz al portal Marcha.

Todos éstos beneficios explican cómo una empresa como La Alumbrera es una de las multinacionales que más provee dólares al país por liquidación, debido a sus casi veinte años de trabajo en la mina Bajo La Alumbrera. Y aun así, el sector del Gran Catamarca es una de las regiones del país que está bajo la línea de pobreza.

Mientras tanto, la extracción de minerales de dicha minera ya ha dado una fecha límite que rondaría en junio de 2017. Lo increíble de todo ésto es que el pasivo ambiental que viene dando La Alumbrera desde 1997 será solventado por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Esto se debe a que La Alumbrera, cuyo principal accionista es la multinacional Xstrata, trabaja en forma de UTE con Yacimientos Mineros de Agua Dionisio (YMAD), donde participan el Estado Nacional, Provincial y la UNT. “La minería genera un impacto no sólo donde se realiza la extracción, sino por donde se transporta, que es el mineraloducto. El proyecto de cierre de minas conlleva una estrategia reparadora del medio ambiente y estamos ocupados de que las etapas se cumplan”, señaló hace poco la rectora de la universidad Alicia Bardón a La Gaceta de Tucumán. A su vez, esperan aprovechar parte de la infraestructura para que sea tomado por el proyecto de Agua Rica.

La pelea que vienen dando desde esa provincia contra la mina Agua Rica ha destapado también el corrompimiento de las instituciones judiciales. Luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Catamarca rechazara un amparo contra la empresa minera, los vecinos de Andalgalá llevaron sus papeles a la Corte Suprema de Justicia.

«La parte actora -dice el fallo de la Corte Suprema, refieriendosé a los vecinos- señaló que el enclave del proyecto tiene una importancia vital, toda vez que allí se encuentran las fuentes de numerosos cursos de agua que irrigan los territorios más bajos, y que aportan su caudal para la supervivencia de la ciudad de Andalgalá y de los pueblos cercanos, así como para las actividades agrícolas que se desarrollan en la región. Afirmó que, además de los cursos de agua comprendidos dentro del área de minas del proyecto, la explotación prevé utilizar aguas subterráneas, de modo que tanto el uso de este tipo de aguas como el de las superficiales se verán afectadas, ya sea por el empleo de un volumen masivo de agua para la explotación como por la generación de desechos contaminantes, lixiviados y posibles filtraciones. Alegó que la metodología de la explotación implica la detonación diaria de toneladas de explosivos, así como el triturado de roca, con el consiguiente impacto derivado de las vibraciones, el ruido y la dispersión de partículas en la atmósfera, afectando la calidad del aire y llevando la contaminación atmosférica -por acción de los vientos- a una extensa área superficial».

Si bien el fallo de la Corte terminó rebotando la cuestión nuevamente a la justicia provincial –exigiendole que vuelvan a revisar el amparo-, las críticas fundadas que pauta el máximo tribunal a la provincial dan cabida a la hora de observar cómo logran mantener la impunidad por parte de estas empresas.

En la foja número 10, la CSJ sentencia que “la decisión de la Corte local de no considerar los fundamentos de la actora tendientes a demostrar que la resolución 35/09 -en cuanto aprobó el Informe de Impacto Ambiental en forma condicionada- era manifiestamente ilegal y arbitraria y que, en consecuencia, el amparo resultaba ser la vía idónea para cuestionar este aspecto de la pretensión y evitar así un daño inminente al medio ambiente, no constituye un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencias, por lo que corresponde su descalificación”.

Similar situación se alude a la situación de San Juan, donde la Barrick Gold carga en sus espaldas el derrame de millones de litros de solución cianurada a los ríos de Jáchal, siendo multada por tan solo 145 millones de pesos por parte de la justicia sanjuanina. Habra que ver cómo continuará el proyecto Veladero. Pero también del mega-proyecto Pascua Lama, única en el mundo donde está compartida en el territorio de dos naciones, y que la Justicia de Chile ordenó el cese de las actividades. De prosperar o no, dependerá de las decisiones por parte de los presidentes Michelle Bachelet y Mauricio Macri.

Sector hidrocarburífero: pacto siniestro



Finalmente, dentro de la explotación de gas y petróleo, durante todo el período kirchnerista hay mucho por qué polemizar. Sin embargo, existen tres hechos que se remarcan como herencia para que el macrismo mantenga a flote todas las irregularidades que genera un negocio tan enmarañoso:

1) La deuda contraída con Repsol para la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Un valor nominal de 5.000 millones de dólares más intereses, acordados por los ministros de aquel entonces Julio de Vido y Axel Kicillof. Paradójicamente, De Vido y Kicillof habían realizado un año antes el “Informe Mosconi”, donde revelaban las irregularidades que realizó YPF-Repsol en nuestro país incluyendo los daños ambientales. Se especula que el pasivo ambiental-financiero que dejó Repsol es de 15.000 millones de dólares, tres veces más que la expropiación. YPF prometía estar investigando sobre dicho pasivo. Pero ahora, con el cambio de gobierno, parece que eso quedará en el olvido.

2) La creación de la Reforma de la Ley de Hidrocarburos, promulgada en octubre de 2014. La misma no otorga límites de titularidad para explorar recursos, se le extiende los plazos para hacer fracking, reduce cánones y restringe la participación de empresas públicas en el negocio. Todo sea para atraer inversiones extranjeras y conseguir los apreciados dólares.

3) Un mes antes de abandonar el poder, la presidenta Cristina Fernández recibió un duro coletazo judicial cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó que se publicaran las cláusulas secretas del acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para explotar el reservorio de Vaca Muerta. El fallo, de 22 carillas, fue el resultado de los pedidos que realizó el senador Rubén Giustiniani, después de que la petrolera argentina le negara brindar información sobre el acuerdo. A contracara de lo que era el discurso kichnerista sobre la “nacionalización” de la empresa, YPF argumentaba que al ser una sociedad anónima se presentaba como empresa privada y por ende no estaba obligada a presentar las letras chicas de sus negocios. De hecho, la petrolera se amparaba en la propia Ley 26.741 donde expropiaba el 51% de las acciones de YPF. En particular, el artículo 15, donde define a la corporación que se mantiene bajo carácter de S.A., “no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”. Así, se pone la treta de la supuesta estatización.

Sin embargo, la Corte estableció la importancia del libre acceso a la información pública. Y que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. No solo por ser titular de la mitad más una de las acciones, sino que el propio Estado designó directivos, incluyendo al que era en aquel entonces viceministro de economía Kicillof, como así también al propio CEO de la compañía, Miguel Galuccio.

Incluso la propia ley de expropiación a YPF declara como interés público nacional el autoabastecimiento hidrocarburífero, como así también todo lo que es exploración, explotación, industrailización, etc. de la misma. “La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”, resalta el fallo.

Finalmente, se llegó al momento bizarro donde la actual titular macrista de la Oficina de Anticorrupción, Laura Alonso, anunció su cambio de postura sobre las cláusulas secretas y decidió defender su estado en secreto, a pesar de ser una de las que más denunció al kirchnerismo por este acuerdo. Según Alonso, su cambio de postura fue realizada luego de una reunión que mantuvo con los directivos de YPF donde le brindaron la información técnica adecuada para comprender por qué debía mantenerse en secreto el acuerdo. Según la agencia Télam, dicha reunión duró 15 minutos.

15 minutos, con una plétora de tecnicismos, bastaron para que la especialista en casos de corrupción cambiara su postura.

Para oscurecer aún más la situación, según Giustiniani, la clausura investigada por la justicia no contaría, en realidad, con la firma de YPF SA. Sino de una subsidiaria de la compañía llamada YPF Shell Oil Company, cuya sede está en el distrito de Delaware, Estados Unidos, caracterizado por tener enormes beneficios impositivos para todas aquellas compañías que quieran instalarse allí. Un literal paraíso fiscal adentro del país estadounidense.

Según había descubierto el blog de investigación (Eliminado Variables), en marzo de 2014, Miguel Galuccio había creado cuatro sucursales de YPF en los paraísos off shore en Delaware. Según dicha investigación realizada por José Stella e Ignacio Montes de Oca: “el registro societario de todas ellas fue realizado por un reconocido estudio de abogados llamado Corporation Services Company. Esa firma fue fundada en 1899 y desde el 2005 es también la entidad registrante de Chevron Corporation Inc. Según los papeles, esa corporación tiene una oficina en la calle Centerville Road en Wilmington, New Castle County (Delaware). Casualmente, es el mismo domicilio donde figuran las empresas off shore de YPF.

Hoy, YPF está siendo multada por la justicia si no publica su acuerdo secreto. Mientras tanto, Miguel Galuccio presentó su renuncia, con la creación de cuatro empresas off shore a su haber, más la exigencia de una compensación monentaria de 5 millones de dólares.

Una de los posibles puntos que escondería el acuerdo secreto es que, en caso de que haya un daño ambiental en la reserva de Vaca Muerta, por producto del fracking, sería la propia compañía petrolera Argentina quien deberá hacerse cargo del pasivo y no de parte de Chevron. Pero habrá que ver.

Epílogo: ¿Factor anti-constitucional?

Para terminar, la defensa a la confidencialidad de las clausuras del acuerdo YPF-Chevron no es lo único que el macrismo tendrá que convivir con las manos manchadas. Ya que los dos decretos que ordenaron la quita de retenciones agrícolas y mineras se han basado en la violación de derechos constitucionales. Así lo interpreta la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) en lo que respecta al decreto 349/2016 para en beneficio de la megaminería.

Dentro de la lista de los fundamentos de dicho decreto, el último punto se ampara en el uso de facultades que le otorga dos articulados: por un lado, el articulo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, en donde se le otorga al Presidente el atributo de “jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.

Mientras que por el otro lado, se basa en el artículo 755 de la Ley 22.415 del Código Aduanero. Resulta que dicha normativa fue promulgada en el año 1981, con la firma del General Jorge Rafaél Videla, en plena dictadura cívico-militar.

La propia Ley fue creada en base del “uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”. En ese artículo, el Estatuto establece que “Las facultades legislativas que la Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los artículos 45°, 51° y 52° y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67″.

En el artículo 755, del Código Aduanero, se establece que el Poder Ejecutivo puede:

a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo;

b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y

c) modificar el derecho de exportación establecido.

Sin embargo, dichas facultades ejecutivas no son amparadas por la Constitución Nacional. Ya que el artículo 52 del mismo establece que “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”. Cuando de contribuciones se habla, se habla de tributos. Y las retenciones son tributos.

“La idea de que sólo el pueblo a través de sus representantes directos, en nuestro sistema los diputados, pueden crear impuestos es sustancial del sistema representativo y republicano de gobierno. Cabe recordar que históricamente una de las causales de las revoluciones americanas fue el rechazo que las colonias expresaban a la imposición de tributos por parte del Reino Unido. Esta postura norteamericana de distribución de competencias en materia tributaria fue adoptada por nuestro país”, señala AJAM en un comunicado.

Solo el artículo 99 inciso 3 de la Constitución le habilita al Ejecutivo emitir disposiciones legislativas mediante decretos de necesidad y urgencia, que no son este caso.

Por lo tanto, debido a que recurren a una normativa inconstitucional como es el Código Aduanero, los dos decretos de quita a las retenciones agrícolas y las retenciones mineras quedan viciadas y por ende debiendo ser discutidas en el Congreso.

De hecho, existió un antecedente directo sobre éste caso que fue la resolución 125/2008. Se trata de la normativa que había presentado el Ministerio de Economía para pasar las retenciones agrícolas a móviles y que desató el lock-out chacarero. Debido a que esta normativa ministerial fue cuestionada por ésta misma razón, la presidencia decidió publicar el Decreto 1.176/2008 que limitó la vigencia de la 125 y se pasó como proyecto ley para su discusión parlamentaria.

En definitiva, la transición extractivista pasa por un período de profundización en donde el macrismo va a paliar la caída de los commodities, a partir del incremento de la productividad de la explotación de recursos naturales, mediante beneficios impositivos y falta de regulación estatal.

A partir del saldo que heredó la década kirchnerista, las políticas de Mauricio Macri generarán un mayor impulso a la especulación y a hechos ilícitos, en paralelo con la corrosión de las instituciones republicanas y el desborde del saqueo ambiental.