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LUIS ÁNGEL SANZ

Madrid

El bochornoso Comité Federal del 1 de octubre que tumbó a Pedro Sánchez y que eligió a la Comisión Gestora que ahora dirige el PSOE va a terminar siendo investigado por un juez. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza ha decidido admitir a trámite la demanda interpuesta por un afiliado socialista aragonés por supuestas ilegalidades e irregularidades cometidas en aquel cónclave, según ha podido saber EL MUNDO.

En un decreto dictado el pasado 20 de octubre, el juzgado decide admitir la demanda de juicio ordinario interpuesta la semana pasada por José Ignacio Martín-Maestro, coordinador de Izquierda Socialista en Aragón. Y lo ha hecho en un tiempo récord, sólo tres días. Fuentes jurídicas explicaron que una demanda como ésta -y al haber sido admitida- acabará casi con toda seguridad en juicio ordinario, si no hay acuerdo previo entre las partes.

El juez ha dado traspaso de las actuaciones al fiscal. Y ha emplazado al PSOE a que conteste en 20 días hábiles a la demanda que le ha trasladado. Si la nueva dirección socialista no comparece ante el juzgado de Zaragoza, el juez declarará al todavía primer partido de la oposición en rebeldía.

El dirigente de Izquierda Socialista presentó esta demanda como afiliado y en contra de las resoluciones del Comité Federal. Como medidas cautelares, solicitó la «suspensión inmediata» de todos los acuerdos que se adoptaron aquel día en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid por su supuesta ilegalidad. Para estudiar estas medidas cautelares, el juez ha abierto una pieza separada.

La demanda denuncia, en primer lugar, que el Comité Federal estaba obligado por los Estatutos del partido a cubrir las bajas de la Ejecutiva tras las 17 dimisiones de los críticos aquella misma semana. En el caso de que el juez entienda que las 17 bajas ya suponen la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la dirección, el denunciante asegura que el Comité Federal debería haber convocado «de modo inmediato» un congreso extraordinario y una consulta a la militancia, como propuso Pedro Sánchez y como establecen las normas del PSOE.

Además, Martín-Maestro también cree que fue ilegal aquel día el nombramiento de la Comisión Gestora que preside Javier Fernández, ya que no está prevista en los Estatutos. Las normas internas del partido sí obligan, como documenta, a cubrir las bajas de la Ejecutiva o a convocar un congreso extraordinario en el caso de que las vacantes sean la mitad más uno.

La denuncia judicial alega que estas decisiones afectan «a los derechos constitucionales de participación política», por lo que debe seguir «un cauce preferente y sumario», añade, como establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En conversación con este diario, el dirigente de Izquierda Socialista lamentó que haya tenido que «acudir a los tribunales» para «que se democratice el partido» tras el «giro autoritario» que dio, en su opinión, el 1 de octubre.

Martín-Maestro entiende que el PSOE «está dando un giro a la derecha» que va en contra de la opinión mayoritaria de la militancia y, también, de más del 40% de los cuadros y dirigentes socialistas, como se demostró en el Comité Federal del pasado domingo, añade.

El coordinador de Izquierda Socialista en Aragón asegura que desde la presentación de la demanda, el 17 de octubre, ha hablado con dirigentes de esta corriente en toda España y con decenas de militantes que podrían sumarse a la denuncia. O bien presentar otras tantas en los próximos días.