Luego de que la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, anunciara la necesidad de sancionar al Estadio Monumental por los desórdenes en el recinto deportivo, ocurridos en la victoria de Colo Colo ante U. de Chile, una serie de mensajes ingresaron a su cuenta de Instagram. Uno de ellos decía: "No te metas con la GB (Garra Blanca). Te irá mal. Recuerda que antes de ser intendenta eres una sola persona, y nosotros? Cinco mil, 10 mil, que te tenemos puro odio". Otro de los mensajes hacía alusión a sus familiares cercanos.

De inmediato, Rubilar denunció las advertencias a la policía uniformada, asumiendo la investigación el OS-9 de Carabineros, departamento especializado en la investigación de bandas y organizaciones criminales.

La identificación de los autores de los mensajes, dicen en el OS-9, no fue casualidad, pues aseguran que cuentan con un equipo especializado para detectar este tipo de amenazas en las redes sociales, al igual que para la investigación de otros delitos.

El equipo está conformado esencialmente por cuatro ingenieros, quienes realizan "ciberpatrullajes" en las diferentes redes sociales, para encontrar conductas delictuales en internet.

La vocera del OS-9, teniente Javiera García, explicó que este equipo "constantemente mantiene monitoreos o patrullajes virtuales revisando muchas redes sociales. Cuando hay algún comentario que indica directamente la intención de agredir gravemente a una persona, como, por ejemplo, un te voy a matar, se enciende la alerta que la configura como una amenaza a considerar y a investigar junto al Ministerio Público".

Posteriormente, explicó, se contacta a la víctima de las amenazas y "se lleva a cabo el rastreo, aunque es mucho más fácil y más rápido cuando existe la denuncia, porque ahí se entregan antecedentes por mensajería interna u otros de contenido más explícito".

Además del caso de la intendenta, esta semana el OS-9 también detectó las supuestas amenazas de un estudiante de Derecho a la ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez. En este caso se identificó a una persona, quien quedó apercibido a declarar ante la fiscalía.

La teniente García, además, explicó que "cuando son perfiles de muchos seguidores, por ejemplo de autoridades, se establece una vigilancia permanente, porque tienen más visitas y se mantienen en alerta mensajes que pudieran tener una connotación más delictual".

Consideraciones legales

El Código Penal establece que el delito de amenaza se considera cuando alguien efectúa una advertencia "seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho".

La pena de este ilícito es de 541 días a tres años y un día.

Para el académico especialista en Derecho Penal de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Riego, lo verosímil de la amenaza es fundamental para perseguir este tipo de conductas. "No basta con la mala onda; el delito de amenazas tiene requisitos, exigencias, la manifestación en un grado concreto de intimidar al otro, no basta con decir: me cae mal. Además, tiene que tener cierto grado de credibilidad", explicó.

Agregó: "La intención, por ejemplo, de matar a alguien depende mucho del contexto, porque en las cosas que yo he leído se da cuenta de una mala onda, más que una voluntad cierta".