La funcionaria Ana Garrido denunció la trama Gürtel en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla y desató la caja de los truenos: las presiones que recibe desde entonces -económicas y sociales- la han puesto contra las cuerdas, subsistiendo a duras penas, sin más respaldo moral que el de un puñado de personas de su máxima confianza. Apenas alcanza a vivir con las pulseras y collares que ella misma vende. Y teme que el tumor que le descubrieron hace dos años -“la angustia se somatiza”, asegura- pueda suponerle un grave problema de salud. Todo ello, afirma, son las consecuencias de denunciar la corrupción.

A Roberto Macías también le ha salido caro destapar las malas prácticas en el sindicato UGT Andalucía: “Sólo encuentro puertas que se cierran, nadie me quiere contratar: recibo una ayuda de 426 euros mensuales que está a punto de terminar y no sé que será de mis dos hijos de 2 y 5 años”, grita desesperado.

El teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura y Azahara Peralta, exdirectora de obra en Acuamed -empresa implicada en el escándalo de adjudicaciones públicas hídricas y medioambientales-, son otros dos nombres que, en terrenos diferentes, denunciaron corruptelas en su propia casa. Y lo pagaron con el acoso al que se vieron sometidos.

El próximo lunes 8 de mayo a las 20.30 en el Ateneo de Madrid estos cuatro ciudadanos honestos recibirán un homenaje organizado por la Plataforma por la Honestidad al que asistirán un centenar de personas para darles su apoyo e impulsar la Ley de Protección del Denunciante. “Lo que queremos es que se siga hacienda partícipe a la sociedad, a la clase política y a los medios de comunicación que ser valiente, como lo han sido ellos, no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena”, explica Pedro Arancón, presidente de dicha asociación.

Una cena que cuesta 35 euros (30 euros son para pagar el menú y 5 euros para sufragar los gastos del plato de los agasajados y fondos para su subsistencia) a la que se espera acuda un centenar de personas y a la que han invitado a todos los grupos políticos salvo a uno: el PP. “Sería una vergüenza invitar a un partido cuyo presidente es un cobarde y un desalmado ya que no ha ido de forma voluntaria a testificar en el caso Gürtel, o que algunos de sus representantes estuvieran sentados junto a una persona que, como Ana Garrido, sabe desde hace diez años lo caro que sale denunciar la corrupción de su partido”, añade.

Precisamente Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla, fue la razón de la fundación y puesta en marcha de esta Plataforma, que lucha por la dignidad y la protección de quienes dan un paso al frente ante los abusos. “Su caso tan sangrante me decidió a hacer algo que, de forma totalmente desinteresada, le pudiera ayudar a ella y a otras personas a sobrellevar el calvario por el que pasan cuando denuncian: la ruina económica, la falta de trabajo, la soledad, la depresión, las calumnias o las amenazas de muerte”, recalca Arancón.

DEL AYUNTAMIENTO AL MERCADILLO

Garrido lleva diez años, con sus días y sus noches, viviendo las consecuencias de sacar a la luz todo lo que se cocía en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) a raíz de la Gürtel. Ella, como directora del área de Juventud en el Consistorio -cargo al que accedió en 2007- fue testigo de las corruptelas que después denunció. Arturo González Panero, el Albondiguilla, alcalde desde 1999 y uno de los principales protagonistas de la trama, había sido antes su amigo, pero la amistad entre ambos terminó por culpa de estos tejemanejes.

Ana Garrido era funcionaria en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

La denuncia de Ana Garrido, lejos de amilanar a los culpables y poner sobre la mesa un mal demasiado endémico en nuestro país, marcó un antes y un después en su vida. No solo perdió su puesto de trabajo como funcionaria -y con ello su sueldo asegurado y acomodado-; también sufrió amenazas de muerte, se tuvo que ir de su casa por no poder pagar la hipoteca (la alquiló para hacer frente a la misma), y desde entonces arrastra una deuda de 10.000 euros solo en abogados.

Ha tenido que trasladarse a una pequeña localidad de Mallorca “para poder vivir en una casa con una renta en alquiler asequible”, y subsistir con lo que saca vendiendo sus pulseras o collares que ella misma diseña en mercadillos y en la web en la que aloja sus diseños -que le han hackeado ya en tres ocasiones-. “He llegado a comer de lo que me han dejado en platos en la puerta de mi casa. Además he tenido varios problemas de salud desde que comenzó esta pesadilla. El estrés y la angustia durante tanto tiempo, se somatizan de algún modo. Es algo de lo que nunca he hablado, pero en mi caso creo que lo que más tengo que cuidar es un tumor que me detectaron hace dos años, y que he de revisar con regularidad. Afortunadamente sigue siendo benigno. Mi día a día es muy en solitario. Echo en falta la compañía de mi gente”, nos confiesa.

Si en lugar de denunciar el delito que usted descubrió (artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), hubiera mirado a otro lado y se hubiera puesto pinzas en las narices para no oler tanta corrupción, ¿dónde cree que estaría? ¿Quién sería?

Seguramente seguiría con mi trabajo, con un súper sueldazo de por vida, tendría una segunda vivienda, un cochazo, etc... Así es cómo viven los técnicos que firmaron los informes favorables para adjudicaciones a empresas de la trama Gürtel. Yo sería una persona aparentemente feliz a la que la vida le sonríe, pero con un sentimiento de culpa tremendo. Y lo que es peor, me avergonzaría cada día de mí misma.

¿Ha dejado de sentirse acorralada y muerta de miedo?

Bueno, muerta de miedo me he sentido en algunos momentos de mi vida. En cuanto al acorralamiento, hubo un año que fue horrible; no me dejaban ni respirar. Cada día me levantaba con una noticia falsa sobre mí, injurias, calumnias, denuncias que acababan siendo archivadas… el acoso fue brutal. Y la imputación por “infidelidad en la custodia de documentos” que fue archivada a petición de la Fiscalía. Pero cuando estás viviendo tantos ataques a la vez, es un desgaste tremendo y te preguntas: “¿Cuándo me van a dejar en paz?”. Estas pasadas Navidades hicieron correr un bulo diciendo que me habían encontrado ahorcada en un árbol en el monte de Boadilla. Al principio me enteré porque llamó una persona a mi teléfono, pensando que le iba a dar el pésame a mi madre. Después ya me lo contaron varias personas a las que les había llegado. Pensé: “¡Qué mente más perversa y siniestra!”; pero ellos son así, gentuza sin escrúpulos. ¡No sé de qué me sorprendo a estas alturas!

Ahora ha disminuido bastante esa sensación de acorralamiento, y creo que ha sido porque no les ha servido. La gente no es tonta, mi caso ha tenido repercusión a nivel internacional, he invertido mi tiempo y esfuerzo como activista contra la corrupción en mi lucha por conseguir que exista en España una Ley de Protección al Denunciante. Creo que ese cúmulo de circunstancias ha hecho que me dejen un poco en paz, ya que se les estaba volviendo en contra.

¿Cree que la impunidad de algunos llegará a su final?

Desafortunadamente, creo que la impunidad no llegará a su final, al menos para todos. No existe una Justicia universal, y menos aún una Justicia justa, valga la redundancia, en España. No es ningún secreto la lentitud a la que nos vemos sometidos las víctimas de la Justicia por falta de medios, que por supuesto al Gobierno no le interesa resolver. Por otro lado, lo que antes era desconocido, hoy es un secreto a voces. A pesar de que existen jueces y fiscales que defienden con uñas y dientes su vocación y sus responsabilidades, no hace falta que comente lo que está ocurriendo con la Fiscalía en España y las presiones a las que se ven sometidos determinados jueces. Es algo que está saliendo en las noticias cada día. Y respecto a los legisladores, es para morirse de la vergüenza lo que están haciendo con los ciudadanos: penas desmesuradas para delitos menores y penas irrisorias para auténticos delincuentes que llevan años expoliando el patrimonio de nuestro país.

¿A qué le saben las últimas lágrimas de Esperanza Aguirre, quien siempre ha presumido de haber destapado la trama Gürtel, ante las informaciones de Ignacio González?

Que yo sepa, antes que yo aportara mi dossier/denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, el primero que denunció, aunque yo no lo sabía en aquel momento, fue José Luis Peñas [quien puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción conversaciones grabadas con los cabecillas de la Gürtel]. En cuanto a Esperanza Aguirre, tengo un tuit que responde a tu pregunta a la perfección: “Ante los llantos de Aguirre; entiendo cómo se siente: acorralada y muerta de miedo. Le dedico los últimos 10 años de mi vida #Anacontragurtel”.

Ante los llantos de Aguirre; entiendo cómo se siente: acorralada y muerta d miedo. Le dedico los últimos 10 años de mi vida #Anacontragurtel pic.twitter.com/juoZmVD42r — Ana Garrido Ramos (@AnaGarridoRamos) 20 de abril de 2017

NO PODER DAR DE COMER A LOS HIJOS

El mexicano Roberto Macías, al igual que Ana, también sabe lo que es llorar por ser honesto. Este administrativo afincado en Sevilla trabajó para UGT Andalucía seis años hasta que un día decidió señalar la línea que separaba la sociedad de bien de quien la corrompe: “No me compensaba seguir callando lo que yo y todos mis compañeros veíamos y callábamos por miedo y decidí hablar”, resume.

Roberto Macías denunció las tramas en UGT-A.

Macías declaró ante la UCO el tejemaneje de un sindicato nacional que se financiaba inflando o inventando facturas para después desviar subvenciones a cursos de formación: “Vi cómo se cocinaba en UGT ese sistema para desviar sistemáticamente ayudas de la Junta de Andalucía a través del cobro de mordidas y rápel a los proveedores con el sistema de los botes”, recuerda. Su declaración como testigo fue determinante. Con ella, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla (responsables de UGT-A entre 1998 y 2013) por su “participación directa” en la “financiación ilícita” del sindicato.

Una decisión que desde hace 3 años le ha arruinado económica y anímicamente. “Lo absurdo de todo esto es que a pesar de haber destapado este escándalo, los responsables del fraude siguen recibiendo apoyo y a mí se me piden cuatro años de cárcel y 60.000 euros de indemnización. Me indignan las palabras de Jose María Álvarez -nuevo secretario general de UGT- que habla de limpiar la corrupción en las cloacas del Estado, pero él no hace nada por limpiar la suya propia. Al contrario, los que están blindados son sus exlíderes históricos imputados en la causa de las facturas falsas”, explica. “Estoy arruinado y desesperado. Con dos hijos de 2 y 5 años cobro una ayuda de 426 euros que se me acaba ya. Busco trabajo por todos lados y solo encuentro puertas que se cierran. Nadie me quiere contratar. No me llaman ni para una entrevista. En cuanto buscan mi nombre por internet y ven quien soy me desechan”, dice triste y apesadumbrado.

Y es que este administrativo y defensor de la honestidad ya no puede seguir tirando de su familia en México para que le ayuden: “Hasta ellos tienen un límite económico para poder mandarme dinero. Hace meses que no puedo pagar la luz, debo la comunidad... Me siento estigmatizado y lo peor es que se me parte el corazón cuando veo a mis dos hijos y no les puedo dar nada. A ellos no les falta lo más importante, que es amor, pero más allá de eso no disfrutan de lo que deberían”, añade Macías. Y para muestra de su amor de padre desesperado comenta dos simples ejemplos: “A mi hijo Alejandro de 5 años le voy engañando como puedo. Siempre le digo que tendremos vacaciones. Cuando llega el verano le digo que serán en Navidades, cuando llegan las Navidades le digo que en Semana Santa y así va pasando el tiempo y nunca nos vamos a ninguna parte porque lo más importante es que podamos llevarnos a la boca algo que comer. Hace tres meses conseguí juntar dinero para llevarle al cine a ver una película y fue maravilloso para él y muy, muy triste para mí”, cuenta con voz entrecortada.

Macías achaca el no encontrar trabajo a la denuncia que presentó contra el sindicato.

Ahora Macías, a punto de quedarse sin nada, está pendiente de una llamada de teléfono que le vendría como agua de mayo. Hace unas semanas pidió un microcrédito de 6.000 euros para montar una agencia inmobiliaria y poder sacar adelante a su familia, pero también a su dignidad. “Me aferro a esta posibilidad y deseo de todo corazón que por fin se acabe todo esto y por fin podamos ser una familia feliz. Solo quiero que mis hijos tengan todo lo que se merecen y que no les he podido dar hasta ahora”, añade.

Si volvería a denunciar, lo tiene claro: “A veces tengo la impresión de ir a la guerra con una espada de palo, pero hay que luchar contra este mal endémico de la sociedad española que es la corrupción. No puede ser que el que denuncia sea perseguido hasta estos niveles de vergüenza”, subraya.

LOS VALORES NO SE ROBAN

La tercera homenajeada en la cena de la Plataforma por la Honestidad es Azahara Peralta, exdirectora de obra en Acuamed y a quien sus superiores echaron por negarse a firmar sobrecostes de 40 millones de euros en diferentes proyectos; una conducta intachable que le acarreó un calvario personal y profesional como nunca imaginaba. Y es que esta ingeniera sufrió un “despido disciplinario camuflado en una auditoria” cuando se negó a “ceder al acoso del contratista”. Peralta tiene claro que, a pesar de que denunciar puede arruinar la vida, no hay que callarse ni debajo del agua: “La culpa la tienen mis padres. Me han educado para tener unos valores y unos principios, y uno fundamental es que no se roba”.

Azahara Peralta denunció la corrupción del caso Acuamed.

Otro que tampoco calla es el exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, cuarto y último homenajeado en la cita. En su caso sacar a la luz en dos libros -Un paso al frente (2014) y Código rojo (2015)- las turbias idas y venidas del dinero en las Fuerzas Armadas le han traído por la calle de la amargura. En ambos libros (con cuya recaudación viven él y su familia a falta de ningún otro ingreso) habla del fraude de facturas falsas del Ejército del Aire (500 facturas falsas al año durante 5-6 años, entre 60 y 150 oficiales y suboficiales imputados y 10 millones y medio de euros); o del despilfarro de presupuestos “en un submarino que no flota (S-80), un avión que no vuela (A400M), carros de combate despiezados y almacenados porque no podemos pagar el combustible (Leopard), aviones también almacenados por no poder asumir un aumento del gasto (EF-2000 Eurofighter), fusiles defectuosos (HK que han sido cambiados por los alemanes), aeronaves en pésimo estado de mantenimiento (helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate) y un sinfín de disparates propios del Ejército de Gila, millones en armamento defectuoso, negligentemente mantenido y/o adquirido o almacenado (al tiempo que se expulsa a aquellos que lo denuncian) o las enormes puertas giratorias”, dice.

Un testimonio que viene a reafirmar que hablar y contar la verdad sale caro: “Lamento que mi cobardía durante años me hiciera callar y asentir. Ese es el único pesar que me entristece hoy”, destaca. Pero ya no hay marcha atrás. “A las amenazas de muerte que recibo tanto por la calle como por mail o por redes sociales, así como a la ruina económica, se suma una carrera de obstáculos a la que aún le quedan tres largos años por delante para que se resuelva en los tribunales europeos [mi readmisión en el Ejército]”, desgrana. Hasta entonces solo pide a los medios de comunicación y a la ciudadanía una cosa: “Que no nos olviden y que sean conscientes de que no podemos seguir manteniendo, ocultando ni votando al corrupto. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos y maduros. O denunciamos o se seguirán riendo de nosotros con nuestro propio dinero”.