La posibilidad de contar con los fondos del DEG (Special Drawing Rights, en ingles) le fue adelantada personalmente a Fernández por la directora gerente del organismo financiero, Kristalina Georgieva, quien le había anticipado al argentino que desde su sillón estaba gestionando con los principales socios del FMI, la activación masiva de estas líneas.

La búlgara necesitaba del apoyo del G-20, lo que fue habilitado durante una teleconferencia mundial de la que participó también la Argentina a través del secretario de Política Económica, Haroldo Montagu. En la cumbre virtual, donde el G-20 habló de lanzar un plan general de reactivación de la economía global llamado “Hoja de Ruta” (por ahora un conjunto de buenas intenciones), lo cierto es que el país consiguió lo que más buscaba; que el FMI obtuviera el visto bueno del grupo de estados para avanzar en estas líneas de ayuda inmediata. Ahora sólo resta que Georgieva habilite el board del Fondo, para luego comenzar a diseñar el plan de otorgamiento del dinero según el porcentaje de acciones que cada país tenga en el Fondo por integrarlo. Ese dinero se puede utilizar sin restricciones, para el uso que cada estado considere conveniente, pero dentro de la declaración de emergencia.

Como en Argentina quedan además sin haberse ejecutado otros 1.500 millones del stand by vigente (contabilizados dentro de las reservas del BCRA), el dinero disponible desde el FMI para los próximos meses de crisis intra y pos coronavirus se acercaría a los u$s5.000 millones.

Alberto Fernández medita ahora una decisión aún más polémica que la de aceptar dinero del FMI, en un Gobierno con protagonismo kirchnerista. Georgieva ya le aclaró al argentino que aún quedan disponibles para el país unos u$s5.400 millones correspondientes al último, y suspendido, desembolso por el stand by firmado por Mauricio Macri y que el Gobierno renegociará, en algún momento. Ese dinero ya le corresponde al país por haber cerrado el acuerdo, y podría reactivarse con una nuevo tratado negociado con el organismo. Georgieva ya le confirmó a Fernández que está dispuesta a hablar de nuevos acuerdos, incluso en una negociación inédita para la historia del organismo en el marco de la batalla contra el coronavirus.

Sabe además Fernández que tiene el aval inmediato de Europa y Estados Unidos para un nuevo acuerdo general de postergación del pago de la deuda de 44.500 millones, y que en el marco de la emergencia podría disponer de un especial tratamiento para la disponibilidad del dinero. Y que hasta se podría pensar en aceptar lo que reclama Fernández: un plazo de cuatro años sin pagar cuotas de ese dinero. El avance o no en este segundo, y polémico paso, será decisión del presidente. El Jefe de Estado considera, por ahora, que hay tiempo para avanzar en este último capítulo.