La Policía Nacional investiga a centenares de ciudadanos italianos por colegiarse como abogados en España tras obtener la convalidación parcial de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y obtener el título de licenciado en Derecho al margen presuntamente del procedimiento legal.

Según ha podido confirmar El Independiente, la investigación corre a cargo del Grupo Operativo de Extranjeros II de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 40 de Madrid. Fuentes jurídicas han confirmado a este diario que el objeto del procedimiento es la investigación de «convalidaciones académicas», al tiempo que precisaron que las pesquisas se encuentran en una fase todavía «incipiente».

En un oficio enviado al juzgado que instruye la causa contra el director de los másteres bajo sospecha de la URJC (Enrique Álvarez Conde) por imputar gastos personales al presupuesto público, los investigadores policiales detallan que «gran parte de la información» que manejan relaciona a esta Universidad madrileña con los ciudadanos italianos investigados por las falsas titulaciones. Es por ello por lo que la Policía tomó declaración en calidad de testigo al profesor Pablo Acosta, la persona al que el rector puso al frente del Instituto de Derecho Público (IDP) tras apartar provisionalmente a Álvarez Conde de la dirección de este organismo después de que estallara el escándalo del curso de posgrado de Cristina Cifuentes.

Las pesquisas permitirán conocer qué concreto organismo de la Universidad Rey Juan Carlos se encargaba de realizar y facturar las pruebas bajo sospecha y si el título que ha permitido a centenares de estudiantes italianos acceder a la profesión pierde su validez.

El origen de la investigación es la denuncia que el Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción interpuso a principios de julio de 2016 ante la Fiscalía de Madrid y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Este foro civil relataba que el 28 de mayo de 2016 se había celebrado en la URJC «un examen o prueba de conjunto» a unos 500 alumnos de nacionalidad italiana a fin de que éstos pudieran obtener el título de licenciado en Derecho «y así poder comenzar su actividad profesional mediante la simple colegiación en España», sin someterse a la prueba de acceso a la profesión de abogado.

Los denunciantes de las presuntas irregularidades cifran en unos 11.000 euros el dinero que pagaron los estudiantes italianos a la URJC

«El procedimiento utilizado a tal fin habría sido el de la convalidación de los estudios realizados por tales alumnos en Italia por una parte de la Licenciatura de Derecho seguida de ese posterior examen o prueba de conjunto», detallaba la denuncia. Ello les permitía eludir el examen de acceso y les daba la posibilidad de ejercer la profesión mediante la mera colegiación en cualquier Colegio de Abogados.

Para el Observatorio contra la Corrupción, la convalidación parcial de estudios extranjeros para la obtención del título de licenciado supondría «no sólo una contravención del ordenamiento educativo», sino un «fraude» de lo que lo que prevé la Ley sobre el Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (Ley 34/2006 de 30 de octubre), en vigor desde finales de octubre de 2011. Esta norma introducía nuevas exigencias para poder ejercer como abogado una vez superada la carrera de Derecho: un máster, un periodo de prácticas y el examen de acceso a la profesión.

En su disposición adicional octava, la citada norma dice textualmente: «Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes».

«Ocho autobuses desde Atocha»

Los denunciantes sostenían que la presencia masiva de alumnos italianos en el campus de la URJC el sábado 28 de mayo de 2016 para obtener la licenciatura en Derecho tenía como precisamente como objetivo «eludir la prueba de acceso a la abogacía» prevista en la ley, lo que explica la elevada demanda que había despertado en el país transalpino.

«Es muy llamativo que haya habido hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha a la Universidad Rey Juan Carlos I como si fueran de excursión, que no dejan en buen lugar el prestigio de las universidades españolas. Según informaciones a las que damos crédito pero no hemos contrastado porque no es nuestra misión, los alumnos italianos podían haber pagado en torno a 11.000 euros por ese ‘examen de convalidación», precisa la denuncia.

Un portavoz oficial de la URJC ha recordado que los hechos que se investigan se remontan a 2016 -el equipo rectoral lo dirigía entonces Fernando Suárez Bilbao- y ha asegurado que la Universidad está colaborando «en todo momento» con la Policía, aportándole «toda la documentación» que les está requiriendo para esclarecer los hechos.