La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propuso ayer un sistema de ingresos mínimos con el que atajar uno de los más alarmantes problemas que sufre la sociedad española: la tasa de pobreza severa en España es la segunda más alta de Europa. En concreto, y según los datos de Eurostat a partir de los que ha trabajado el organismo presidido por José Luis Escrivá, las tasa asciende al 6,9%, dato que sólo supera Rumanía y que duplica la media europea del 3,5%. Con su modelo, la AIReF asegura que la cifra se reduciría hasta el 2,7%, y que el desembolso sería sensiblemente inferior a la propuesta que en 2017 realizaron CCOO y UGT y que obtuvo el respaldo, entre otros, de Podemos y PSOE.

De hecho, la opinión de la institución se enmarca en la evaluación de esa Inciativa Legislativa Popular (ILP), y el trabajo a su vez forma parte de la revisión del gasto público que está llevando a cabo el organismo. En su estudio, la Autoridad Fiscal señala que «la prestación de la ILP tiene un coste fiscal estimado para 2017 [año que se ha tomado como referencia] de más de 7.200 millones de euros, con riesgo de que aumente a 9.800 millones por el posible efecto llamada». Y es más, en situaciones «de crisis graves y prolongadas», añade, «el coste podría alcanzar los 11.000 millones».

En cambio, la propuesta de la AIReF tendría un coste de 3.500 millones y sería, además, más efectiva contra la pobreza extrema, que en España está fijada en los 355 euros mensuales para un individuo y 746 euros para un hogar con dos adultos y dos niños. Según sus estimaciones, la iniciativa de los sindicatos reduciría la cifra en un 28%, dejando la tasa en un 5%, mientras que el modelo de la Autoridad rebajaría el dato en un 60% y aliviaría la tasa hasta el anteriormente señalado 2,7%.

Las notables diferencias se deben a que el equipo de Escrivá aporta una serie de propuestas que buscan mejorar la eficacia, y entre las que se incluyen hacer que la prestación compatible con el empleo; simplificar el sistema de rentas mínimas; evitar solapamientos entre las prestaciones de las distintas administraciones; o establecer una ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales.

La AIReF subraya asimismo que «corresponde al ámbito democrático de decisión determinar el diseño final de la prestación», pero aporta dos posibles diseños que, sin duda, serán tenidos muy en cuenta por parte de los políticos. El más efectivo en términos de reducción «focaliza la prestación en los hogares más pobres sin establecer requisitos con respecto al empleo y plantea una prestación con dos tramos». Además, incluye un complemento «por hijo a cargo de 1.200 euros al año, con un máximo de tres hijos», y «afectaría a 1,8 millones de hogares, mejoraría la distribución de la renta en un 4% y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%».

El segundo beneficiaría al mismo número de hogares y mantiene también una sola prestación con dos tramos. Las diferencias se centran en las cuantías de los tramos y en las ayudas por hijos, y su capacidad de reducción sería algo inferior al 50% pero, en todo caso, superior al sistema de los sindicatos.