Héctor Illueca, nuevo director general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, apuesta por la teoría del ‘trabajo garantizado’, por la cual el Estado debería contratar a todos aquellos que no estén ocupados para lograr así el pleno empleo. Illueca, diputado de Podemos por Valencia, fue nombrado este martes por el Consejo de Ministros para hacerse cargo de las inspecciones en las empresas, bajo la dirección del ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz (IU).

Doctor en Derecho y profesor universitario, Illueca llegó al Congreso el año pasado, cuando obtuvo escaño por Valencia. Durante la legislatura fallida presidió además la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja y fue vicepresidente de la Comisión del Pacto de Toledo.

El dirigente de Podemos -que milita desde su época universitaria en Izquierda Unida- fue uno de los miembros del Frente Cívico, la plataforma impulsada por Julio Anguita, en 2012, y que, entre otros, proponía una banca pública o la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía.

En distintos textos, Illueca desarrolla su propuesta de una contratación generalizada a cargo del Estado, que considera avalada por una «importante base científica» y necesaria para «erradicar el desempleo ocasionado por la crisis del capitalismo», según sostenía en 2015 en el artículo ‘El trabajo garantizado y la Constitución’.

En sus artículos, publicados en el diario ‘Público’, sostiene, por ejemplo, que «la transformación del Estado en empleador de última instancia permitiría, no sólo alcanzar el objetivo del pleno empleo, sino también detener y revertir el deterioro acelerado de las condiciones de trabajo que se viene produciendo en España desde que estalló la crisis económica».

En este escenario, según el ahora jefe de la Inspección de Trabajo, transformar al Estado en empleador «convertiría el derecho al trabajo en un auténtico derecho subjetivo susceptible de encuadrarse entre las libertades públicas que nuestra Constitución sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico».

La propuesta se definiría, de forma general, como que el Estado «actuando como empleador de última instancia, ofrece un puesto de trabajo a todas las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, no han logrado obtener un empleo en el mercado ordinario de trabajo», sostiene Illueca.

Los empleos comprenderían «una amplia gama de necesidades económicas, sociales y medioambientales que el mercado no considera rentables, pero que no por ello dejan de ser importantes para la sociedad». El Servicio Público de Empleo Estatal asumiría el abono de los salarios.

El derecho al trabajo, destaca Illueca, obtiene también el respaldo constitucional. Así, defiende que «la apertura de un proceso constituyente en España abriría la puerta a la ampliación del todavía limitado elenco de derechos sociales fundamentales, otorgando el máximo rango normativo a demandas democráticas como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y, por qué no, el derecho al trabajo, que sería inmediatamente exigible por su titular e indisponible para los poderes públicos».

«Complementar al sector privado»

En otro artículo, aclara que la propuesta no pretende «sustituir el empleo proporcionado por el sector privado», sino «complementarlo», ofreciendo «un puesto de trabajo a todas aquellas personas que no han obtenido un empleo a pesar de que desean y se encuentran en disposición de trabajar».

Sin embargo, en otro texto defiende que «las desempleadas siempre podrían acogerse a esta modalidad de trabajo y, por consiguiente, gozarían de un mayor poder de negociación para obtener condiciones salariales al menos equivalentes en el ámbito privado, evitando situaciones de sobreexplotación y de degradación laboral».

«La retribución del trabajo garantizado se comportaría como un suelo salarial de carácter general, estableciendo la base mínima de las contraprestaciones económicas que los empresarios tendrían que satisfacer a sus trabajadores», añade.

15.000 millones, según IU

En 2015, el ahora ministro de Consumo y entonces candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, recogió también la propuesta del ‘trabajo garantizado’ como medida estrella de su programa electoral. Según la iniciativa, el Estado tendría que convertirse en ‘empleador’, en áreas como servicios sociales -cuidado de dependientes o menores- medio ambiente, actividades culturales o cuidado de espacios urbanos.

El salario oscilaría entre los 900 y 1.200 euros brutos mensuales, en doce pagas, para una jornada de 35 horas semanales, además de un 12% del tiempo dedicado a formación. Todo ello, a cargo del Estado. El plan supondría un desembolso inicial de 15.000 millones de euros -si bien desde la formación calcularon que el impacto neto ascendería a 9.600 millones tras el retorno en forma de cotizaciones e impuestos, el 1% del PIB- para la creación de un millón de empleos públicos en un año.

Illueca, que ha estado ligado a los movimientos sociales, mantiene una relación muy cercana con Pablo Iglesias, a quien conoció en 2011 y que le pidió personalmente que entrara en política, incorporándose a la candidatura autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana. En los comicios de 2018 y el pasado 10-N concurrió como número uno al Congreso por Valencia.

Podemos logra así retener las competencias de Inspección de Trabajo bajo el organigrama de Yolanda Díaz, ocupándose de la vigilancia de la normativa laboral.

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez pretende endurecer las sanciones por su incumplimiento y, entre otros, derogar parte de la reforma laboral del PP, de 2012.