CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias consideró las iniciativas de reformas constitucionales para ampliar el catálogo de delitos que ameritarían prisión preventiva, como violatoria a los “derechos y garantías de presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad, la seguridad e integridad personal, así como la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación”.

En una comunicación fechada el 30 de noviembre en la sede del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, el grupo de expertos de la ONU manifestó su preocupación por las propuestas de reformas al artículo 19 constitucional, al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes contra la Delincuencia Organizada, de Armas de Fuego y Explosivos, en Materia de Delitos Electorales y para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Hidrocarburos.

Dichas enmiendas pretenden “ampliar el listado de delitos que deberán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa”, asentó el documento.

Al recordar que México ya ha reconvenido por recurrir de forma reiterada y no excepcional a la prisión preventiva, en la misiva firmada por Elina Steinerte, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, resaltó que “preocupa seriamente que algunos actores de la política y la sociedad insistan en extender el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y colocar a más personas bajo un régimen de detención que no es compatible con la libertad personal”.

El grupo de expertos de la ONU consideró preocupante que “con el sólo hecho de una acusación penal las personas deban ser automáticamente privadas de su derecho a la libertad persona, en ocasiones por periodos excesivos de prisión preventiva, antes de concluir un juicio contradictorio donde se examinen los hechos y el derecho aplicable”.

Reprobó que las iniciativas legislativas, “ampliarían lo supuestos bajo los cuales la garantía fundamental de presunción de inocencia sería excluida de oficio en juico penales, en virtud del tipo penal invocado”, además de que los fiscales y querellantes “gozarán de un incremento en los supuestos de hecho bajo los cuales pueden formular una acusación, independientemente de su veracidad, para automáticamente privar de su libertad a cualquier persona”, situación en la que los jueces “no tendrán opción más que, de oficio, darle un tratamiento de presunto culpable a todos aquellos que sean acusados bajo una gama de delitos que ahora se pretende extender”.

El miércoles 28 de noviembre, dos comisiones senatoriales aprobaron el anteproyecto para reformar el artículo 19, mismo que se discutirá y votará este jueves 6 en el pleno del Senado, y en el determinaría someter a prisión preventiva automática los delitos de violencia sexual contra menores; uso de programas sociales con fines electorales; robo de transporte de carga; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y corrupción.

A esa lista se tiene contemplado adicionar como sujeto a prisión oficiosa, los delitos de desaparición de personas y la violencia contra menores más allá de la violencia sexual.

Las iniciativas fueron presentadas a partir de septiembre por los grupos parlamentarios en el Senado de Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES).

Al recordar que el argumento de aprobar en comisiones las reformas, “para presuntamente complacer la demanda ciudadana de mejoras en las políticas de seguridad”, el Grupo de Trabajo de la ONU lamentó que los legisladores omitieron considerar las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desde 1981, “donde se contempla la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El Pacto Internacional al que México se adhirió, lo obliga a proteger los derechos “a la libertad personal, a un trato humano durante la detención, a un juicio justo, independiente e imparcial, con las debidas garantías del debido proceso, así como a la igualdad y la no discriminación”.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias recordó que resulta grave que pretenda modificar el artículo 19 constitucional para ampliar el abanico de delitos que ameritan prisión, cuando se ha sido cuestionado internacionalmente por “lo arbitrario y prolongado de la prisión preventiva en México, así como la falta de utilización de alternativas a la detención que no constituyan privaciones de libertad”.

Al señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha recomendado a México suprimir de la legislación la prisión preventiva, el Grupo de Trabajo de la ONU señaló que hacer uso excesivo de esa media cautelar “puede resultar en hacinamiento en centros de detención, lo cual es contrario a la prohibición de la tortura y de penas o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esta comunicación se sumó a otro extrañamiento firmado por el responsable de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, dirigido a los senadores y diputados, y fechado el 7 de noviembre.

En el documento, Jarab destacaba que la ONU-DH “no ignora los grandes desafíos que tiene México en materia de seguridad pública, ni el hecho de que hay conductas delictivas que lesionan gravemente a la sociedad y al Estado de derecho”, pero que dichos desafíos “deben y pueden ser confrontados a través de medidas eficaces que no contravengan las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos”.

En esa carta, el representante diplomático solicitaba a los integrantes del Congreso de la Unión “a abstenerse de aprobar las iniciativas que se han presentado para ampliar los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa y subsecuentemente derogar esa figura penal”.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y Jan Jarab, expresaron su disponibilidad para brindar asesoría técnica al Congreso de la Unión y sus comisiones legislativas.