A menos de una semana para que Jaime Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador constitucional de Baja California −lo cual será el viernes 1 de noviembre−, todavía persiste la pregunta: ¿por cuánto tiempo será gobernador? Mientras Bonilla prepara su gobierno para un mandato de 5 años, la opinión pública especializada considera que debe gobernar por 2, pues por ese periodo fue electo, y la ciudadanía…no sabe qué esperar. Ante esta incertidumbre, vale la pena hacer un recuento de cómo llegamos a este punto.

Empecemos por remontarnos a 2014, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral a nivel federal. Entonces, en aras de reducir los costos electorales se optó por hacer coincidir las elecciones estatales con las federales, por lo que se ordenó a las entidades federativas buscar empatar sus elecciones locales (gubernatura, congresos y/o ayuntamientos) con las federales (presidencial o intermedias). Algunas entidades federativas optaron por empalmar sólo una de sus elecciones, mientras que otras, como Baja California, buscaron que todas se realizaran en la misma jornada.

En aquel año, el Congreso de Baja California estimó adecuado que sus elecciones se empataran con las federales en 2021. Considerando que la gubernatura es por un período de 6 años y que el gobernador actual concluiría su mandato en 2019, para hacer coincidir la elección en cuestión con las elecciones federales de medio término, se tomó la decisión de reducir, por única ocasión, el mandato de la siguiente gubernatura a 2 años. Entonces se aprobó la reforma correspondiente, cuyo artículo Octavo Transitorio señala que quien tomara protesta en el cargo el 1 de noviembre de 2019 tendría que dejarlo el 31 de octubre de 2021.

En su momento nadie se inconformó. Pero pasados casi cuatro años, una vez iniciado el proceso electoral 2018-2019 en esta entidad y aprobada la convocatoria para renovar la gubernatura, el Congreso y los ayuntamientos (en la que se señalaba expresamente que el mandato duraría hasta el 31 de octubre de 2021, es decir, 2 años), esta fue impugnada por Blanca Estela Fabela Dávalos, precandidata de MORENA a la gubernatura.

El argumento para impugnarla fue que una gubernatura de 2 años transgredía excesivamente su derecho a ser votada al cargo. En un primer momento el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California le dio la razón y decidió que el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de 2014 debía interpretarse en el sentido de que por única ocasión la gubernatura electa en 2019 concluiría en 2024. A su parecer, dicha medida presentaba la opción más progresiva del derecho a ser votado y cumplía con la finalidad de emparejar la elección con la intermedia federal. En tal virtud, ordenó al Instituto Electoral emitir una adenda a la que esta interpretación quedara plasmada.

Esta decisión fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, dejando intacta la Convocatoria inicial; es decir, señalando que el periodo de la gubernatura sería de 2 años. Ya como candidato de MORENA a la gubernatura, Jaime Bonilla volvió a impugnar la duración de la minigubernatura. Nuevamente el Tribunal Electoral de Baja California, reiteró la decisión que había tomado anteriormente; es decir, que el período de 2 años restringía excesivamente el derecho a ser votado, por lo que no debía ser considerado válido. En esta ocasión señaló que el período adecuado era el de 6 años, lo que supondría la conclusión del cargo en 2025. Esta decisión del tribunal local también fue revocada por la Sala Superior.

Pasadas las elecciones y habiendo triunfado en las urnas, buscando nuevamente pelear los dos años de duración de la gubernatura, Jaime Bonilla impugnó la declaratoria de validez de la elección. En tanto se resolvía aquel asunto, en julio de 2018 el Congreso local optó por modificar el artículo en controversia para señalar que la gubernatura que tome protesta el 1 de noviembre de 2019 se mantendría en el cargo hasta 2024; es decir, la misma pretensión que intentaba Bonilla con su impugnación. El proceso legislativo se llevó a cabo, pero la reforma aprobada por el Congreso y una mayoría de los ayuntamientos de la entidad tardó varios meses en publicarse en el Periódico Oficial del Estado, quedando publicada apenas el pasado el 17 de octubre.

En el inter entre la aprobación y la publicación de la reforma, la nueva legislatura del Congreso optó por hacer una consulta popular con la finalidad de conocer si la ciudadanía aprobaba o no la ampliación del mandato. Este ejercicio se llevó a cabo el pasado 13 de octubre y su organización tuvo un costo superior a los 250 mil pesos; sin embargo, apenas participó el 2% de la ciudadanía bajacaliforniana (con 70% a favor de la ampliación).

El pasado 18 de octubre, los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y otros, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora solo resta esperar que se resuelvan estas acciones para saber si Jaime Bonilla gobernará 5 o 2 años. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y la democracia se tambalea.

@Eleccionesymas

¹ Decreto 112 de 17 de octubre de 2014.

² Recurso de Inconformidad 18/2019.

³ SUP-JRC-05/2019.