No sorprende, aunque resulta indignante que tras la sentencia del TJUE -Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, en la que dictaminaba que los bancos del Estado español deberán devolver todo el dinero que se embolsaron mediante las “cláusulas suelo”, el Gobierno de Mariano Rajoy se saque un “as de debajo la manga” para que todo el proceso de devolución se lleve a cabo de forma «ordenada» y “dentro de un cauce, un camino alternativo al judicial”, como bien informaba este martes el ministro de Economía Luís de Guindos. Sí, claro, un proceso ordenado y bien encauzado para los intereses de la banca.

El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará el Real Decreto Ley que debe permitir reclamar el dinero cobrado indebidamente a los afectados por la estafa de las cláusulas suelo por parte de las entidades bancarias.

Este Decreto permitirá que los afectados puedan llegar a un acuerdo entre las partes sin necesidad de entrar a la vía judicial, mediante una comisión integrada por representantes del Banco de España, el Ministerio de Justicia, registradores mercantiles, notarios y asociaciones de consumidores. A partir de aquí, hagan sus apuestas, vista la desproporción entre ilustres y lustrosos representantes de la banca y los representantes de los afectados.

Pese a las “facilidades” que pretenden aprobar durante el próximo Consejo de Ministros, el Decreto Ley tendrá un recorrido más bien corto. El plazo máximo para la devolución de lo cobrado por las entidades será de tres meses. Después, como se dice, la suerte estará echada.

En caso de que se tenga que acudir a los tribunales para llegar a un dictamen, no se

ha especificado si se eximirá del pago de los costes. Aunque la eximición del pago de los costes judiciales a las entidades bancarias como demandadas, entrará, más que probablemente, en el texto final. Sin duda, un buen salvavidas por parte del Gobierno. Los demantantes por ley están exentos de pagar costes judiciales.

El borrador anterior al actual Decreto Ley del Gobierno, apoyado por PSOE y C’s, fue rechazado en un primer momento por los socialistas al señalar que se preveía un código de buenas prácticas al que la banca se podía sumar de manera voluntaria. Las entidades bancarias también lo vieron con malos ojos, ya que casi todas las hipotecas con cláusulas suelo son nulas, es decir, que de todas habrá que retornar lo cobrado.

No obstante, lo que causa mayor indignación es que el Gobierno haya consultado el borrador previamente a los bancos ¿Se imaginan haciendo lo mismo con todos los afectados? Sin embargo, como decíamos, la banca siempre gana.

No es la primera vez que el Gobierno sale en ayuda de la banca. En la retina de todos está el rescate financiero del Gobierno del PP en 2012. Cuando más fuerte estaba golpeando la crisis a la clase trabajadora y los sectores populares, con casi cinco millones de personas engrosando las filas del paro y una reforma laboral que arreciaba con todo a su paso, Mariano Rajoy abrió el grifo para salvar a la banca de la crisis financiera. Ya antes, su predecesor, el «socialista» Zapatero, aprobó en 2008 avales milmillonarios para las entidades con el apoyo de hasta las direcciones sindicales de CCOO y UGT. Entre los gobiernos del PSOE y el PP se calcula que se han entregado más de 100.000 millones de euros a la banca desde el inicio de la crisis.

Esta es, sin duda, una de las principales funciones de cualquier gobierno capitalista, proteger los intereses de la banca y las grandes compañías. Legislar para que banqueros y empresarios no tengan que responder por sus tropelías. Y si es necesario, que «papá gobierno» suministre una sobrevida, vía inyección económica, a costa de la clase trabajadora y los sectores populares.