El 3 de marzo de 2011, en uno de los momentos más sangrientos de su sexenio y con una creciente desesperación privada y pública ante la falta de resultados, Felipe Calderón viajó a Washington para una difícil y compleja visita de trabajo. Tenía previstos encuentros que se antojaban poco amigables con el presidente Barack Obama y Hillary Clinton, la secretaria de Estado. Iba con una meta clara: exigir la cabeza de Carlos Pascual, el embajador estadunidense en México, resultado de una estrepitosa pérdida de confianza.

Habían pasado tres meses exactos desde que Wikileaks diera a conocer el devastador cable diplomático 240473, en el que Pascual acusaba al Ejército mexicano de cobardía en la guerra del narcotráfico —“es lento y tiene aversión al riesgo”—, mientras ensalzaba las virtudes de la Marina Armada, su dependencia consentida. En el ala dura del gobierno calderonista había un abierto descontento ante lo que se percibía como una falta de lealtad del embajador, quien de un plumazo desestimaba las decenas de bajas incurridas por la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al crimen organizado.

Con ese y otros escándalos alimentados por Wikileaks, Pascual había detonado una crisis que amenazaba con regresar la relación bilateral al que bien pareciera ser su estado natural, uno basado más en la desconfianza mutua que en la cooperación como iguales. La indiscreción del embajador, sólo conocida gracias al desastre que resultó la filtración de los cables diplomáticos por la organización liderada por Julian Assange, fue considerada en el gobierno federal como una traición.

Dolió aún más porque contra el antecedente y recelo histórico la administración Calderón se había atrevido a abrir las puertas de México a Estados Unidos de par en par, como parte de un inédito “enfoque binacional” a la guerra contra los cárteles de la droga.

Poco antes de ir a la Casa Blanca ese 3 de marzo, Calderón ofreció una entrevista al Washington Post. La advertencia que lanzó ante su junta editorial fue clara: por alguna peligrosa razón la embajada norteamericana estaba jugando con la Secretaría de la Defensa, la Marina, la PGR y la Policía Federal como si se trataran de peones en un tablero de ajedrez, enfrentando a unos contra otros. El resultado: una creciente disparidad en el acceso a información de inteligencia, además de una cada vez más acentuada desconfianza interna.

“Puedes decidir que quieres jugar el juego de que [la Marina y el Ejército] no están coordinados”, dijo Calderón, de acuerdo a la transcripción del encuentro con el Post. “Y puedes comenzar a darle información a una agencia y no a la otra para que empiecen a competir entre ellas”. Era una acusación grave, preocupante, que achacaba al embajador Pascual la responsabilidad de sembrar semillas de disenso entre las fuerzas de seguridad del país, quizá, con fines oscuros.

Horas más tarde Calderón reclamó a Obama y Clinton la remoción inmediata de Pascual. “Me dijo que ya no quería trabajar con Carlos e insistió en que fuese reemplazado”, recordaría en sus memorias, años después, la secretaria de Estado y ex candidata presidencial.

Y en efecto, trabajo no hubo. 15 días después de la visita a Washington caía el embajador. Al menos públicamente, era el primero en ser removido de una forma tan intempestiva de México, en donde más de dos siglos de antecedentes —algunos de ellos nefastos— han permitido entender que el poder de la legación diplomática norteamericana es innegable y se amolda muy bien a la máxima de Federico Reyes Heroles: no se ve, pero vaya que se siente, en especial en lo que a seguridad atañe.

El antecedente de lo ocurrido con Pascual —colaboración, manipulación, traición, ruptura— sirve como punto de partida para analizar los riesgos que enfrenta la relación bilateral de seguridad a la llegada de un presidente impredecible como Donald Trump a la Casa Blanca. En especial porque el masivo entramado binacional tejido durante la administración de Calderón le fue heredado al gobierno de Enrique Peña Nieto casi de manera intacta. Los gringos, podría decirse coloquialmente, siguen aquí metidos hasta la cocina y no se fueron sólo por el cambio de sexenio.

A la distancia y con la historia inmediata como guía, queda la duda: si una traición como la de Pascual u otras como la del escándalo de la Operación Rápido y Furioso ocurrieron cuando los dos países se hallaban en “el mejor momento de su historia” y ya como aliados, ¿qué se puede esperar de la administración más antimexicana desde el siglo XIX?

No mucha ayuda, por lo pronto.

Ilustraciones: Adrián Pérez

Primero, cuantifiquemos el dinero que está en riesgo de evaporarse.

“La víctima inicial [del gobierno Trump] podría ser la Iniciativa Mérida. Con una administración nueva que busca que México pague por un muro fronterizo y un Congreso mucho más conservador, parecería poco probable que se mandará dinero al sur para ayudar a México en combatir a los cárteles de la droga”, asegura Paul Rexton Kan, profesor de estudios de Seguridad Nacional del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

A última cuenta, desde su lanzamiento en 2008 la iniciativa había dado acceso a México a más de 2.5 mil millones de dólares en equipo y entrenamiento, en un programa tan amplio como ambicioso —y, dirán sus críticos, poco enfocado—, que pasa por la venta de helicópteros y aviones hasta el diseño, financiamiento e implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, sin dejar de lado certificación de seguridad para prisiones, controles de confianza, programas para la reconstrucción del tejido social e incluso entrega de útiles escolares o perros antinarcóticos.

Pero en un entorno adverso y con una administración de corte aislacionista en Washington, la muerte del programa no se ve del todo imposible, según Rexton Kan. En particular porque Trump se ha mostrado reticente a “regalar dinero” a otros países a cambio de nada. Como sea, la iniciativa ya se ha ido haciendo pequeña: para 2017 la administración Obama asignó 129 millones de dólares a su financiamiento, la cifra más baja desde su incepción.

Pero fallida o no, la iniciativa ha vinculado a las instituciones de seguridad de los dos países de forma estrecha. Kan sentencia que, con la desaparición de ésta, se puede dar un paso más hacia una era de desconfianza entre ambos lados, sobre todo dada la retórica empleada por Trump y sus partidarios.

“El peligro que enfrentamos es que los temores comunes de los dos países sobre el narcotráfico se transformen en una maldición de desconfianza mutua. En la campaña, Trump ya vinculó la migración a la seguridad pública y, por extensión, al narcotráfico”, dijo el académico estadunidense. “La desconfianza puede crecer muy fácilmente si la migración, la seguridad pública y la guerra contra las drogas son vistas a través del prisma de la seguridad nacional”.

Si bien en el papel parece ser la más vulnerable, no sólo la Iniciativa Mérida se hallaría bajo la lupa en el Washington de Trump. Baste recordar que amenazó con exigir contribuciones sustanciales por parte de sus aliados militares. “Tienen que pagar lo que deben pagar”, dijo, atemorizando a países como Japón y las naciones bálticas, que dependen del paraguas bélico estadunidense. Pero México no se queda atrás. Recibe miles de millones de dólares en dinero y especie mediante programas de asistencia del Pentágono y los departamentos de Estado y Justicia.

De acuerdo al listado de tratados internacionales del Departamento de Estado, al margen de la Iniciativa Mérida, México y Estados Unidos mantienen vigentes 15 acuerdos militares, la mayoría de ellos firmados desde 2006. Éstos incluyen el intercambio de oficiales navales mexicanos en buques de la Marina estadunidense y la asignación de oficiales de Semar y Sedena como enlaces en el Comando del Norte, en Colorado, así como convenios de “cooperación confidencial” mediante los cuales los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas de ambos países acceden a entregarse mutuamente datos secretos.

A este armazón castrense, que ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en algo muy similar a la relación que tiene Estados Unidos con países aliados de la OTAN, se le puede sumar el número de militares mexicanos entrenados por el Pentágono a través de sus programas de Educación Internacional. Se trata de los mismos programas que, en la década de los noventa, dieron pie a la creación de los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES), de los cuales derivaron los desertores que posteriormente fundaron Los Zetas.

Tan sólo entre 2013 y 2015 el Pentágono entrenó a más de cinco mil 700 oficiales mexicanos —militares y policías— en al menos 45 bases de Estados Unidos como Fort Huachuca, Fort Benning y la Base Aérea Lackland, según datos públicos del Departamento de Estado. Entre los cursos tomados destacan: operaciones antinarcóticos, misiones antiterrorismo, control fronterizo, inteligencia y contraespionaje.

En términos monetarios la asistencia militar que Washington entrega a México es una de las más altas del planeta, sólo por debajo de países como Israel y Egipto. Asciende a varios cientos de millones de dólares, repartidos en una veintena de programas coordinados y financiados por el Departamento de Defensa con títulos como “Programa de Liderazgo de Aviación”, “Beca para Combate al Terrorismo”, “Financiamiento Militar Extranjero” o “Programas Antiterrorismo”.

Según la organización Security Assistance Monitor, dedicada a registrar los montos de asistencia militar asignados por Washington a países del mundo, el Departamento de Defensa estadunidense ha inyectado desde 1996 a la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, PGR y Policía Federal (a partir de 2007) más de tres mil millones de dólares.

Si a lo anterior se añade la peligrosa dependencia que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas de entregas de armamento estadunidense, el panorama se complica aún más. Datos del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo dan cuenta de que entre 1990 y 2015 Estados Unidos vendió a México más de mil 770 millones de dólares de armas, cuatro veces más que el siguiente país, Rusia.

La dependencia es más marcada ahora que nunca. En 2015 el 74% de todas las armas y refacciones compradas al extranjero provinieron de la industria militar estadunidense, 20 veces más que lo procurado por la Defensa Nacional y Marina en Rusia, Canadá y España.

A mayor detalle, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015 México procuró de fabricantes norteamericanos decenas de aeronaves y embarcaciones críticas para las operaciones de la Defensa Nacional, Policía Federal y Marina, sin las cuales muchas de sus actividades se verían fuertemente impactadas.

Una investigación de Íñigo Guevara, especialista en temas militares, publicada por el Instituto México del Centro Woodrow Wilson en octubre pasado, destaca que durante la administración de Enrique Peña Nieto se han recibido flotillas de aviones Beechcraft, helicópteros BlackHawk y Panther, patrulleros aéreos King Air 350ER y CN235Mp Persuader y barcos Damen 4207.

Son aviones y embarcaciones que, eventualmente, requerirán refacciones. La autorización final sobre su venta depende, por completo, del Ejecutivo en Estados Unidos.

Y luego está el riesgo interno.

El próximo 20 de enero, al rendir juramento como el 45 presidente de la Unión Americana, Donald Trump asumirá también formalmente el papel de comandante en jefe de un enorme aparato de seguridad que tiene un largo historial de operar de manera autónoma en México, a veces sin respetar las reglas ni los límites, actuando siempre en pro de los intereses de Washington —aun si esto es en detrimento de los mexicanos.

Es una nebulosa y atomizada red que, desde el sexenio de Calderón, ha incrementado su penetración hasta niveles insospechados, prácticamente sin comparación en ningún otro país del mundo. No sólo la embajada de Estados Unidos en el país es la segunda más grande del orbe, su red consular es la más extensa, con presencia en nueve ciudades.

A nivel agencias y por mencionar sólo a algunas, en territorio mexicano operan de manera simultánea el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, los Marshalls, el Buró Federal de Investigaciones, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Defensa, la Patrulla Fronteriza, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad en el Transporte, entre otros tantos.

Y ésos son los que están registrados. Los que trabajan desde la sombra son conocidos sólo por algunos cuantos.

A ciencia cierta “no sabemos cuántos integrantes del servicio clandestino estadunidense se hallan en territorio mexicano”, admitió un ex agente del Centro de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (CISEN), consultado por nexos. “Ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta para el futuro inmediato”.

Primero, es necesario dimensionar esa presencia. Qué tanto se permitió a las agencias de seguridad de Washington entrar a México para asistir en control migratorio, garantizar una robusta capacidad antiterrorismo y combatir a los cárteles de la droga —sus tres principales intereses— es difícil de estimar. En particular por la naturaleza subterránea de muchas de sus operaciones ante el impacto que tendría su conocimiento en la opinión pública mexicana.

Lo que se sabe de las operaciones más clandestinas viene de testimonios de ex funcionarios que han trabajado bajo el mando de estadunidenses. Por ejemplo, el de un ex piloto de helicóptero de la PGR que solía volar para la ahora extinta Dirección General de Servicios Aéreos en el área de intercepción. Si bien el mando nominal lo ejercía el procurador, el real, el de campo, estaba en manos de un oficial adscrito a la Sección Antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos.

“La DEA volaba con nosotros para ver qué aviones interceptábamos de Sudamérica. Su avioneta estaba pintada con una bandera mexicana, pero para nadie era un secreto que los gringos venían a bordo, como escoltas”, me dijo.

Un ex integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército me narró una experiencia similar. “En los noventa teníamos a un manejador de la CIA en nuestra base en Durango. Ellos son los que se encargaron de entrenarnos y darnos formación en técnicas de vigilancia, demolición y contrainsurgencia”.

La clandestinidad de estas operaciones, en especial las de inteligencia, hace imposible determinar su tamaño. Pero una breve revisión a los tratados firmados por ambos países, las peticiones presupuestales de varias agencias y las noticias filtradas casi siempre por la prensa norteamericana, da la oportunidad de formar una idea más general sobre la extensión de la huella de Washington en México, sobre todo en lo que se refiere a la lucha antinarcóticos.

Lo que estas tres fuentes pintan es un escenario de creciente dependencia e integración de las instituciones mexicanas de seguridad a raíz de la aprobación de la Iniciativa Mérida. En el espacio de unos cuantos años del proverbial “entre la fuerza y el poder, el desierto” de Sebastián Lerdo de Tejada, se pasó al anverso, una relación compleja, entreverada, en la que es difícil saber dónde termina y empieza la influencia estadunidense en los servicios mexicanos.

Por ejemplo, con la venia de la Secretaría de Gobernación y la puerta abierta, la DEA incrementó desde 2008 sus agentes y agregados, además de abrir oficinas de enlace en una decena de ciudades mexicanas; hoy tiene agentes basados en Tijuana, Hermosillo, Nogales, Ciudad Juárez, Monterrey, Matamoros, Nuevo Laredo, Mazatlán, Mérida y la Ciudad de México. No sólo eso: pese a que durante años el gobierno mexicano se resistió a esa exigencia, desde 2013 ya se les permite ir armados.

Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA y autor del libro Ataúdes de acero, asegura que la presencia de la agencia se halla en su máximo histórico. “Nunca habíamos tenido una presencia como la actual en México. Son 29 agentes en 10 oficinas”, dice. A eso debe añadirse el personal de apoyo. En total, quizá 100 funcionarios antidrogas y una enorme red de informantes y soplones trabajan en el país, una cifra que supera por mucho a la de Colombia, la segunda ubicación más importante para Washington.

Y ahí yace un potencial conflicto. ¿Qué política antinarcóticos implementará Trump? ¿Volverá a los tiempos de la certificación, cuando Washington imponía sanciones a los países que “no cooperaban” en la lucha contra las drogas?

Guillermo Valdés Castellanos, ex director del CISEN durante el sexenio de Felipe Calderón admite que la relación con la DEA puede ser uno de los puntos más contenciosos en el futuro cercano. Sin empacho, advierte que la relación bilateral antinarcóticos corre el riesgo de sufrir retraso “de 50 años”. La confianza y corresponsabilidad construidas durante décadas están en peligro de quebrarse.

“Todas las noticias son y todos los indicios suenan a que esto se va a romper. Y si se rompe, obviamente se le va a tener que decir a los agentes de la DEA en México: muchas gracias, no son bienvenidos. Regrésense, alerta.

Pero extirpar a la DEA de México quizá no sea tan sencillo como pedirle a sus chicos retornar allende el Río Bravo. La supeditación mexicana a la administración antidrogas es prácticamente total en algunas áreas: por mencionar un ejemplo, fue su información de inteligencia la que llevó a las dos capturas de Joaquín El Chapo Guzmán por parte de la Marina. Una versión nunca confirmada apuntaba, incluso, a que agentes antinarcóticos estadunidenses vestían uniformes de la Armada.

A la pérdida del apoyo de la DEA y su eventual transformación en un rival, se suma el espinoso asunto de las extradiciones de grandes capos. En el sexenio de Calderón escalaron a niveles jamás vistos: la PGR entregó en bandeja de plata a Benjamín y Eduardo Arellano Félix, Osiel Cárdenas Guillén, Juan García Ábrego y Vicente Zambada Niebla, entre más de un centenar de narcos. Bajo la administración de Peña Nieto la cifra se ha reducido, pero aun así ha continuado.

Una extradición pendiente es la de El Chapo Guzmán, buscado en cortes de California, Illinois, Nueva Hampshire, Nueva York y Texas. Es un blanco de alto perfil cuyo largo proceso de entrega ha sido ya motivo de irritación para el Departamento de Justicia estadunidense, que será conducido a partir de enero por el senador por Alabama Jeff Sessions, un abierto crítico de México.

Más allá de eso y para ejemplificar el tamaño del riesgo, algo tan pedestre como los salarios de un centenar de policías depende de Washington. Desde el sexenio de Vicente Fox la DEA paga al interior de la Policía Ministerial la nómina de un grupo de ultraelite, conocido como Unidad de Investigaciones Sensibles (SIUs, por sus siglas en inglés). Se trata de un equipo modelado en torno al mítico Bloque de Búsqueda que cazó en los noventa a Pablo Escobar. Para 2017 la solicitud presupuestal del Departamento de Justicia en este rubro alcanza los 30 millones de dólares.

Difícil y polémica como ha sido la relación bilateral a lo largo de dos siglos de convivencia, la llegada de Trump presupone un nuevo reto inédito para los dos países. Los riesgos de seguridad nacional están ahí, como reconoce Valdés Castellanos. “Ahora bien, las relaciones entre las agencias de seguridad se construyen a niveles inferiores. Y quizá ésas no se vean afectadas por lo que pase en las capas superiores”, dice.

Cierto o no, decenas de agentes estadunidenses en México deberán tomar sus órdenes de un nuevo commander in chief en cuestión de semanas. Un hombre que en sus manos tendrá una herramienta muy poderosa, capaz de desestabilizar a México si así lo desea.

Víctor Hugo Michel

Periodista. Director editorial El Financiero Televisión.