La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ayer a la familia del empresario de medios Daniel Vila desalojar unos terrenos pertenecientes al Estado Nacional que habían sido cedidos a la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) en la capital mendocina. El fallo lleva la firma de cinco de los jueces del tribunal. Las dos rúbricas ausentes son las del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y Eugenio Raúl Zaffaroni.

El padre de Vila, Alfredo Luis Vila, había iniciado un juicio para poder ser declarado legítimo propietario de las tierras porque las había ocupado los últimos 20 años. Y la Justicia federal mendocina le había dado la razón en dos instancias, la última de ellas hace cinco años. Sin embargo, ahora, la Corte, con las firmas de Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, revocó el fallo y ordenó el desalojo.

Vila había iniciado un juicio de “usucapión” para obtener la titularidad de las tierras en la capital mendocina. Usucapión significa, según la Real Academia Española, la “adquisición de una propiedad o de un derecho real mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto por ley”. La ley argentina estipula veinte años para que alguien pueda reclamar como propia una tierra o propiedad que ocupó pacíficamente y por la que pagó impuestos y por la que nadie reclamó en ese tiempo.

La valuación fiscal de las tierras (31 hectáreas, ver aparte) era de $ 11.598, según los datos de la causa, pero la tasación hecha por la UNC elevó esa cifra a unos $ 8,6 millones. Se trata de tierras cedidas en 1896 por la provincia de Mendoza a la Nación para instalaciones militares. Pero que luego fueron pasadas de la Nación a la UNC mediante una ley que benefició a todas las universidades nacionales.

La familia Vila sostenía que los terrenos pertenecen al “dominio privado” del Estado y que por lo tanto son susceptibles de adquirir a través de la usucapión. Pero el Estado Nacional y la UNC dijeron que integran “el dominio público” y, por lo tanto, no pueden pasar a otras manos.

Quedó claro que son de “dominio público”.

“De las constancias del expediente no surge la existencia de actos o hechos de los que se pueda derivar la desafectación que pretende el actor”, expresó la Corte en referencia a la familia Vila y su planteo de que el Estado Nacional, al quitarles el uso militar, quitó de la esfera pública los terrenos en cuestión, pasados a la UNC.

Y agregó: “De aquí se sigue que si no se ha acreditado de manera suficiente que mediaron por parte del Estado Nacional actos o hechos que importarían la desafectación de los predios que ocupa, resulta improcedente el instituto de la usucapión, por lo que corresponde rechazar la demanda”.

El pleito por esos terrenos se tornó polémico cuando quedaron implicados magistrados de la Justicia Federal mendocina que fallaron a favor de Vila y uno de ellos, Julio Petra, fue destituido por el Consejo de la Magistratura . La pelea por los terrenos del barrio de Dalvian llegó ayer su fin.