Las investigaciones realizadas en el marco de la 'operación Pokémon' han permitido a la juez instructora, Pilar de Lara, concluir que "indiciariamente" el PP de Ourense "se habría podido financiar ilícitamente" a través de un elaborado sistema de facturación falsa y ficticia utilizando diversas entidades.

La conclusión la emite la magistrada en un nuevo auto en el que libra oficio al PP de Ourense y a los grupos provincial y municipal del partido para que aporten su contabilidad y los movimientos de las cuentas bancarias a partir del año 2003.

Con esos documentos, aspira a verificar los nuevos datos que maneja y que apuntan a que el dinero utilizado para pagar determinados servicios y gratificar a los empleados del partido con pagos en efectivo "procedía de las entregas de dinero realizadas por el señor Baltar al margen del ingresado en las cuentas del partido", siendo el 'señor Baltar', en este caso, el ex presidente del partido y de la Diputación José Luis Baltar Pumar (hijo del histórico José Luis Baltar).

El auto se basa en nuevos informes de Vigilancia Aduanera que obran en la causa y en las declaraciones realizadas por empleados del PP de Ourense y por representantes de las empresas afectadas, así como en la prueba documental aportada por el ex gerente del partido, Emilio Pascual, en su declaración sede judicial, en la que facilitó facturas y documentación que refrendarían sus acusaciones y que, tal y como declaró él mismo, "recibía cantidades de dinero procedentes de empresas" a través de Baltar Pumar.

El informe de Aduanas revela, según la juez, que el PP tenía una supuesta contabilidad B en la que se reflejarían "las supuestas entregas de dinero realizadas por José Luis Baltar a Emilio Pascual", quien, a su vez, haría "pagos en efectivo de diversos servicios". Según mantiene, "de forma habitual" habría estado realizando pagos en efectivo a distintas empresas.

La juez De Lara añade que a medida que avanza la investigación se ha podido "refrendar todas y cada una de las manifestaciones prestadas por Pascual", pero "resulta absolutamente necesario" contar con la documentación ahora solicitada al Partido Popular para poder refrendarlo.

En base a esa informe de Aduanas, la juez no sólo ha podido "corroborar la veracidad" de la declaración del ex gerente, sino que ha podido "dotar de certeza" la hipótesis que mantenía sobre la forma en que Baltar Pumar recaudaba dinero y la "existencia de cobros y pagos continuados en el tiempo al margen de la contabilidad oficial del partido". Todo daría lugar a "una estructura paralela de gestión económica a modo de 'caja B'".

210.385 euros en tres años

El informe de Vigilancia Aduanera sobre esa presunta contabilidad B que la magistrada cita en su auto cifra en 210.385 euros la cantidad que Baltar Pumar entregó entre los años 2007 y 2009 a quien fue gerente del PP de Ourense durante 27 años: 48.850 euros en 2007; 104.250 en 2008; y 57.285 en 2009.

Pilar de Lara mantiene que esas supuestas elevadas cantidades de dinero en efectivo de las que disponía José Luis Baltar Pumar y entregadas a Pascual tiene una "procedencia por el momento no concretada" y se hace necesario concretar si todo o parte de él procede de las empresas investigadas en el marco de la operación Pokemon, tales como Vendex, PAU y Sermasa. También si las cantidades aportadas por las empresas fueron a parar íntegramente al PP o una parte pudo quedársela el propio ex presidente.

En las declaraciones efectuadas en esta causa por empleados del PP en Ourense, estos reconocieron que recibían "gratificaciones extraordinarias" y que estas se realizaban "mediante pagos en metálico". La jueza mantiene, al respecto, que estos pagos en efectivo los realizaba el ex gerente, pero a él se los entregaba José Luis Baltar Pumar y él lo distribuía "siempre bajo sus instrucciones".