La Presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) y la de Sánchez Cerén (2009 a 2018) acumulan casi $500 millones en gastos secretos en 9 años. Foto: Archivo / El Faro

La partida de gastos reservados de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén es la tercera más abultada de los últimos 25 años. Solo la superan la de Antonio Saca (2004-2009) y la de Mauricio Funes (2009-2014), los dos expresidentes acusados de peculado y lavado de dinero por el uso discrecional de esta cuenta especial. Saca ya confesó haber usado este dinero del gobierno para beneficio propio. Funes es prófugo de la justicia. El actual presidente efemelenista utiliza los dos mecanismos que el expresidente Funes ocupó para engordar ese rubro y gastar más de lo aprobado por la Asamblea Legislativa en su presupuesto.

Hasta julio pasado, el segundo gobierno del FMLN reporta, según estados de ejecución presupuestaria, $147.96 millones en fondos públicos canalizados hacia esta partida. Estos fondos equivalen a una cuarta parte del presupuesto total con el que ha trabajado Casa Presidencial durante cuatro años del período de Sánchez Cerén y a solo uno de que concluya su período.

La partida de gastos reservados es una sección especial dentro del plan de gastos anual, o presupuesto, de la Presidencia. En principio, el mandatario puede disponer de ese dinero según su propio criterio. El nombre técnico de esa partida ha ido cambiando con el tiempo, pero diferentes informes oficiales indican que los seis presidentes que han ejercido desde 1989 en El Salvador han ocupado esta partida especial.

Los gobiernos de Arena y el primer gobierno del FMLN —hasta 2010— nutrían la billetera de gastos reservados moviendo dinero de los ministerios a Presidencia. Lo hacían sin pedir permiso a la Asamblea Legislativa. La Sala de lo Constitucional prohibió la práctica en agosto de 2010. El consejo de ministros de Funes gestionó entonces la aprobación de una Ley de Presupuesto para 2011, que permitiera hacer estos movimientos. La Asamblea Legislativa lo aprobó. En noviembre de 2011, la Sala volvió a prohibir la práctica. Funes implementó otros mecanismos: recortó partidas del presupuesto de Presidencia y reorientó préstamos para engordar la billetera secreta.

Sánchez Cerén copió estos últimos dos mecanismos que usó Funes. El primero consiste en hacer recortes internos del presupuesto de Presidencia y ubicar ese dinero en los gastos reservados, lejos del escrutinio público. Más de $40 millones reorientó Sánchez Cerén hacia esta partida opaca entre el 1 junio de 2014 y el 30 de junio de 2018. El segundo mecanismo que usó Sánchez Cerén fue desviar fondos de préstamos hacia los gastos reservados. De los $40 millones en recortes internos de Presidencia, por ejemplo, había $1.5 millones que llegaron a Presidencia gracias a un préstamo entregado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Esos $1.5 millones eran parte de un préstamo por $100 millones, que el estado salvadoreño debe pagar antes de 2034. Según el contrato número 2139, suscrito con el BCIE, estos $1.5 millones debían usarse exclusivamente para financiar "proyectos de inversión productiva y social". La administración Sánchez Cerén movió los fondos de este empréstito a los gastos reservados, una partida opaca que nunca ha sido auditada por la Corte de Cuentas. El BCIE, a preguntas de El Faro, declinó pronunciarse sobre el uso de estos fondos.

El secretario de transparencia, Marcos Rodríguez confirmó a El Faro, el 18 de agosto, estas reorientaciones. "Son dos préstamos del BCIE, aprobados por la Asamblea Legislativa, de los cuales se transfirieron $1.5 millones y $2.5 millones en apoyo a la Administración General de Casa Presidencial. Las transferencias han sido realizadas mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI)", dijo. Sin embargo, aunque Rodríguez menciona dos préstamos, El Faro confirmó que los $1.5 millones reorientados por la Presidencia hacia los gastos reservados provienen de un solo préstamo del BCIE.

En total, con ese mecanismo, se recortaron más de $40 millones que se sumaron al presupuesto para gastos reservados que la Asamblea Legislativa le había aprobado a Presidencia. En los presupuestos de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, los diputados aprobaron a la Presidencia de Sánchez Cerén —en total— $107 millones. Rodríguez defendió este mecanismo: "esta administración es, desde Cristiani a la fecha, la que menos ha modificado el presupuesto de gastos reservados cuando se compara el presupuesto programado con el ejecutado", justificó.

La salida de dinero de esta billetera secreta —que también fue conocida como partida de gastos imprevistos, gastos reservados y como partida secreta— es posible gracias a una maquinaria dirigida por el presidente de turno, su secretario privado y empleados de confianza de la Unidad Financiera de Casa Presidencial.

El 19 de junio de 2018, el secretario de comunicaciones, Roberto Lorenzana, dijo en una conferencia de prensa que están colaborando con la Fiscalía General de la República para la investigación sobre el desvío de $351 millones de Casa Presidencial, durante el gobierno de Funes. Sin embargo, cuando fue cuestionado por los $147.96 millones —de la partida de gastos reservados del actual gobierno— contestó que no están obligados a rendir cuentas a la población sobre el manejo de dichos fondos públicos.

"La Ley establece penas de cuatro a seis años de prisión por revelar esta clase de información. Si no quieren que los gastos sean reservados, que deroguen estos artículos", dijo Lorenzana. En la misma línea se expresó hace ocho años el entonces ministro de Hacienda de Funes y ahora embajador de El Salvador en México, Carlos Cáceres: “Ahí hay asignaciones para la Presidencia que constituyen, como su nombre lo representa, para temas reservados, que así lo dice el presupuesto, y que por lo tanto no estoy en la obligación de decirlo, porque son reservados. Si no les gusta a ustedes vayan a la Asamblea y díganles: este rubro no queremos que se llame gastos reservados”, manifestó Cáceres, el 28 de mayo de 2010.

En febrero de 2017, la actual Presidencia divulgó un informe sobre gastos reservados que retrataba una práctica de los presidentes que precedieron a Sánchez Cerén: desaparecer documentos sobre el uso de esa partida. "Los gobiernos de turno adoptaron la decisión de retirar la documentación relacionada con la partida (secreta) a la finalización de los respectivos períodos presidenciales", consigna el informe.

El 19 de junio de 2018, El Faro solicitó a Presidencia que facilitara reportes contables y facturas de cómo han sido utilizados los gastos reservados durante los cuatro años de gobierno que lleva Sánchez Cerén. La Presidencia respondió, a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), que, al igual que las anteriores administraciones, no tienen ese material: "de acuerdo con la información solicitada, le informo que la Unidad Financiera Institucional no cuenta con información relacionada a lo requerido". La Oficina de Comunicaciones de Presidencia declinó responder el 12 de julio de 2018 si Sánchez Cerén también desapareció información sobre el uso de estos $147.96 millones.

La historia, a la luz de lo respondido, se repite en este gobierno. La Fiscalía entrevistó a empleados de Presidencia que conocieron la ejecución de gastos reservados durante la administración del presidente Antonio Saca (Arena) y de Mauricio Funes (FMLN). En estas dos administraciones, la ausencia de facturas, reportes contables y documentación de respaldo sobre el uso de los gastos reservados llevó a enjuiciar a los dos ex presidentes. Uno de estos testigos relató que, a día de hoy, la Unidad Financiera no tiene documentos sobre cómo Sánchez Cerén gastó $147.96 millones.

Saca ya admitió en juicio haber ocupado esa partida, en parte, para pagar sobresueldos a todo su gabinete ampliado (ministros, viceministros, presidentes de autónomas): billetes en un sobre que complementaban los salarios y que no se declaraban a Hacienda. Aunque Funes lo niega por redes sociales desde su exilio en Nicaragua, una de sus funcionarias, la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, admitió a finales de 2016 que durante ese mandato los sobresueldos siguieron pagándose.

El Faro buscó una entrevista con el secretario privado, Manuel Melgar; con el secretario de comunicaciones, Roberto Lorenzana; y con el secretario de transparencia, Marcos Rodríguez para hablar sobre los controles a los gastos reservados, sobre las cuentas de banco a nombre de particulares detectadas por la Corte de Cuentas y sobre cómo opera el mecanismo de salida de dinero de los fondos reservados de la actual Casa Presidencial. Este medio también envió preguntas el 26 de julio al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre las reorientaciones de fondos provenientes de préstamos, y buscó una reacción del representante del BCIE en El Salvador sobre el destino de $1.5 millones que este banco prestó al gobierno salvadoreño. Al cierre de esta nota, solo Marcos Rodríguez respondió sobre los préstamos reorientados, pero dijo no estar autorizado a dar información sobre el resto de las interrogantes.

—Conocimos que la Presidencia de Sánchez Cerén negó el acceso a cuentas de banco a nombre de particulares a auditores de la Corte de Cuentas, cuentas donde han sido canalizados gastos reservados. Conocimos que alegan secreto bancario. ¿Por qué impidieron el acceso a esas cuentas de banco? —preguntó El Faro.

—Son aspectos que no son de mi competencia y tengo conocimiento que es información reservada, por estar en proceso entre Casa Presidencial con Fiscalía General de la República y/o Corte de Cuentas. En consecuencia, estoy legalmente impedido a revelar información —contestó Rodríguez.

La billetera secreta de Sánchez Cerén

Cuando la Fiscalía ordenó la captura del expresidente Antonio Saca por el uso arbitrario de los gastos reservados en octubre de 2016, Sánchez Cerén ya había sacado $100 millones de esa misma partida, pero con una maquinaria diferente a la usada por el exarenero. Ese mes de 2016, tres personajes claves en la salida de dinero de Casa Presidencial fueron capturados junto con Saca: el jefe de la unidad financiera, Francisco Rodríguez Arteaga; el tesorero, Jorge Alberto Herrera; y el contador del secretario privado, Pablo Gómez. Los tres enfrentan acusaciones por lavado de dinero y por peculado. Rodríguez ya confesó haber cometido peculado y lavado de dinero; y Herrera, peculado, para lograr un proceso abreviado, mientras que Gómez podría seguir el proceso tradicional. Esas confesiones ocurrieron solo para el caso de Saca. Sin embargo, esos funcionarios pasaron de administración en administración, hasta que fueron capturados. Trabajaron con Calderón Sol, Flores, Saca, Funes y, durante al menos dos años, con Sánchez Cerén.

La Fiscalía acusó a los tres empleados de la Presidencia de colaborar con el expresidente Saca y luego los acusó, en junio de 2018, de colaborar con el expresidente Funes en el desvío de fondos públicos de la partida de gastos reservados hacia cuentas inscritas a nombre de particulares. Para abrir estas cuentas necesitaban contar con la aprobación de la Dirección General de Tesorería en el Ministerio de Hacienda, según establece la Ley Orgánica de Administración Financiera (Ley AFI). Todavía es un misterio si en la administración de Sánchez Cerén han seguido operando con cuentas a nombres de particulares para canalizar fondos públicos, pues Presidencia asegura no tener información sobre el flujo de ese dinero.

La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR) Carmen Elena Rivas Landaverde, nombrada en agosto de 2017, comunicó a El Faro el pasado 10 de julio que había comenzado a auditar el periodo de Funes y el de Sánchez Cerén.

Landaverde aseveró que los auditores encontraron la existencia de cuentas a nombre de particulares que reciben fondos públicos de la partida de gastos reservados. Sin embargo, a preguntas de El Faro, no puntualizó si esas cuentas correspondieron al gobierno Funes o al de Sánchez Cerén, los únicos dos períodos que su administración ha auditado. Tampoco precisó a nombre de qué personas particulares están dichas cuentas, pero sí explicó cómo su existencia obstaculiza la investigación.

"Los auditores intentaron entrar al rubro de gastos reservados. Llega acá el gasto reservado y hasta acá ellos tienen acceso. Luego están esas cuentas, pero como están a nombre de personas particulares, la administración de turno, del presidente Sánchez Cerén, les ha dicho que esas cuentas ya son de particulares. Argumentan que como ya están en una cuenta particular ya son bienes particulares y que ya no son sujeto de fiscalización, que ya no tiene alcance la auditoría", dijo Landaverde.

—¿La presidencia de Sánchez Cerén alega secreto bancario para impedir auditorías a los gastos reservados? —preguntó El Faro a Landaverde.

—Sí. Exactamente. El hecho de que pongan estos fondos públicos en cuentas privadas no hace el fondo privado —respondió la titular de la Corte de Cuentas

—¿Tras la captura de Francisco Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Herrera en octubre de 2016 continúa habiendo cuentas particulares en la administración de Sánchez Cerén?

—No le sabría decir, porque todavía está en ejecución este examen del año 2017. El análisis de los gastos reservados se va a sacar de la auditoría de ese año y se va a incluir en un examen especial de los gastos reservados que va a abarcar desde 2013 a la fecha —agregó Landaverde. Este examen (que se enfocará en los gastos reservados) estaba programado para comenzar el 23 de julio de 2018.

El 19 de junio el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, respondió en una conferencia de prensa que desconocía si hubo cuentas privadas durante el gobierno Funes o si existen durante la administración de Sánchez Cerén para canalizar gastos reservados. "Me preguntan sobre cuentas privadas. No le sabría decir cuáles eran las cuentas privadas, pero cuando hay indicaciones de una agencia de cooperación, de un organismo internacional, las cuentas se abren siempre con un nombre del proyecto de inversión, del nombre del préstamo, pero no hay regulación que establezca que va a haber cuentas a nombres de personas en particular", dijo Fuentes.

El manejo de fondos reservados en cuentas a nombres de particulares fue una de las prácticas que la Fiscalía objetó al expresidente Saca en su acusación por peculado y lavado de dinero. Abrir esas cuentas fue uno de los pasos para proceder al desvío de fondos públicos de Casa Presidencial. El mismo expresidente Saca confesó el 9 de agosto, durante su juicio, que durante su administración habían abierto las cuentas sin pasar por el filtro de Hacienda.

Un testigo de la Fiscalía en el caso Saca explicó cómo funcionaba la administración de cuentas bancarias de Presidencia durante diferentes administraciones, incluida la de Sánchez Cerén, porque declaró hechos ocurridos después de la llegada del actual presidente. "Es el Secretario Privado de la Presidencia de la República el que nombra al titular y a los refrendarios de las cuentas", dijo. Negó tener conocimiento sobre la existencia de cuentas a nombre de particulares abiertas por Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Élmer Charlaix, durante el gobierno Saca. Sin embargo, el testigo confirmó lo revelado por la Fiscalía, en cuanto a que la Presidencia emitía cheques a nombre de un proveedor ficticio para facilitar la salida del dinero: el proveedor tenía el nombre "Gastos Reservados de Presidencia".

El testimonio de ese testigo revela que a partir de noviembre de 2016, durante la administración de Sánchez Cerén y después de la captura de los tres empleados de Presidencia, fue modificado el nombre del proveedor: "los gastos reservados actualmente se le entregan a la OIE (...) Elaboran un cheque en tesorería a favor del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el cual es firmado por el jefe de tesorería y por el refrendario, José Armando Escobar". Escobar es el jefe de presupuesto de Presidencia y —según ese testimonio— el secretario privado, Manuel Melgar, es el segundo refrendario, por ser el jefe superior inmediato del área administrativa de Presidencia.

El testimonio continúa: a partir de noviembre de 2016, dijo el testigo, salieron cheques de la partida de gastos reservados de Sánchez Cerén por $1 millón desde la Presidencia a nombre del OIE. Este testimonio también perfila a una Unidad Financiera de la Presidencia que no exige documentación de respaldo para justificar cómo son usados estos fondos públicos, y que no tiene cómo explicar qué clase de bienes o servicios son comprados con los gastos reservados, ni para beneficiar a quién. "El único documento de soporte que he observado es la orden de pago y el compromiso presupuestario", especificó el testigo de la Fiscalía, para reforzar su punto de que no recogen información sobre cómo son usados estos fondos públicos en esta administración.

En los últimos 25 años, 6 presidentes gastaron más de mil millones de dólares sin rendir cuentas a la población. En el caso del presidente Cristiani, los $5.5 millones corresponden solo a los últimos meses de su mandato, del 1 de enero de 1994 al 31 de mayo de 1994. En el caso de Sánchez Cerén los $147.96 es el monto de los gastos reservados ejecutados del 1 de junio de 2014 al 30 de junio de 2018.

Esta Presidencia gasta en secreto $36.99 millones cada año

En los últimos cinco meses de gestión, Mauricio Funes gastó $27 millones de la billetera secreta de la Presidencia. Sánchez Cerén continuó con la práctica: en sus primeros seis meses (del 1 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2014) usó de manera discrecional y sin vigilancia $15 millones. En 2015, fueron $52.5 millones; en 2016, $32.99 millones.

En 2017 la Presidencia gastó en secreto $31.53 millones. Fue el único año en el que hubo recortes a esta billetera secreta. En el plan de gastos que la Asamblea le había aprobado, esta partida incluía $32 millones. Por primera vez, gastó menos de lo previsto.

2017 fue el año de la crisis fiscal de esta administración. Estuvo marcado por el impago parcial de $28.8 millones en abril de ese año. El gobierno no canceló la cuota de la deuda adquirida con los propietarios del fondo de pensiones, es decir, con los trabajadores que alimentan ese fondo con sus ahorros. Como consecuencia, las tres principales calificadoras de riesgo degradaron la nota del país. Fue hasta septiembre de ese año, con cuatro meses de atraso encima, cuando el gobierno logró un consenso legislativo con Arena que permitió una salida financiera que castigó a los trabajadores. Estos dos partidos aprobaron una reforma que aumentó el descuento o cotización que se deduce del salario de los trabajadores para incorporarlo al fondo de pensiones. Mientras eran implementadas estas medidas, la Presidencia apenas sacrificó $566,000 de la partida de gastos reservados.

Hasta el 20 de junio de 2018, Sánchez Cerén ha utilizado $15 millones de su billetera secreta, pero en total está programado que sean $24.16 millones, de acuerdo con el plan que fue aprobado. Así, la Presidencia lleva un ritmo promedio de gastos secretos de $36.99 millones por año desde que Sánchez Cerén asumió como mandatario.

El 18 de junio de 2018, el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, durante una entrevista en el programa Focos, se desligó de la responsabilidad de transparentar el uso de gastos reservados. "Cuando la ley dice que un gasto es reservado, es porque es un gasto reservado. Para eso está la Corte de Cuentas. En ningún lado del Reglamento Interno dice que la secretaría o subsecretaría podía auditar esos fondos", argumentó.

La Corte de Cuentas nunca había auditado los gastos reservados

El gran actor ausente en la historia de los gastos reservados es precisamente el que tenía la responsabilidad de vigilar su uso: la Corte de Cuentas. La presidenta del ente contralor admitió a El Faro que tras una indagación interna concluyeron que todas las auditorías a Casa Presidencial están limpias, y que en ninguna de las auditorías hubo revisión de gastos reservados, porque ningún presidente dio acceso a la información. O sea, que esa institución absolvió de irregularidades a varios presidentes a pesar de no conocer cómo utilizaron muchos millones.

La billetera secreta presidencial de los últimos 25 años suma $1,008 millones, cuyo uso nunca fue auditado. De ese total, $498.9 millones corresponden a los dos gobiernos del FMLN. Otros $509.7 millones a la suma de los períodos en que gobernaron los areneros Alfredo Cristiani (1989-1994), Armando Calderón Sol (1994-1999), Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009).

"Los auditores alegaron que Presidencia nunca dio acceso a los gastos reservados en todas las administraciones anteriores", dijo la presidenta de la CCR. Tras ser cuestionada sobre quién debe asumir la responsabilidad de esta grave omisión, esto respondió: "los auditores podrían haberse plantado en un momento determinado para decir: ‘yo voy a establecer el hallazgo si no me dan la información’. Pero también pudo haber sido el criterio de las administraciones anteriores".

El uso arbitrario de esta billetera secreta, de 2004 a 2009, tienen en prisión al expresidente Saca desde finales de octubre de 2016 y con orden de captura al expresidente Funes (vigente desde junio de 2018), por beneficiarse de gastos reservados de 2009 a 2014. Funes huyó en septiembre de 2016 a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega le concedió asilo bajo el argumento de que es perseguido políticamente por la Fiscalía salvadoreña. En tanto, Saca podría recibir diez años de prisión y ser obligado a devolver al estado $25 millones, como máximo, gracias a su confesión, resultado de un acuerdo con la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía dieron a conocer el desvío de $301 millones durante la administración de Saca: $7 millones acabaron en sus empresas radiofónicas a través de una cadena de transferencias, y más de $7 millones fueron desviados al partido Arena. En junio de 2018 dieron a conocer la acusación por el desvío de $351 millones durante la administración de Funes, que favorecieron al presidente, a su familia y a su círculo cercano con privilegios por más de $10 millones. La partida de gastos reservados ha sido el fondo del que, según la Fiscalía, sacaban ese dinero esos presidentes.

En la CCR, estas reorientaciones de fondos públicos pasaron sin pena ni gloria. De hecho, Saca recibió un finiquito de Hernán Contreras, entonces presidente de esa institución; y Mauricio Funes, de Rosalío Tóchez. Esos documentos certificaban que tanto Funes como Saca no tenían procesos pendientes en la CCR, a pesar de que ni Funes ni Saca —según la actual presidenta de la Corte— dieron acceso a la información sobre el uso de los gastos reservados. Saca admitió en su confesión que esa institución hacía evaluaciones superficiales antes de otorgar los finiquitos.

En su testimonio ante la Fiscalía, el excoordinador de auditoría Alfonso Bonilla responsabilizó al expresidente de la CCR, Contreras, de esta omisión. Bonilla dijo que Contreras le pidió no auditar el uso de los gastos reservados del expresidente Saca ni del primer año del expresidente Funes. De acuerdo con Bonilla, recibió la orden de solo limitarse a comparar si el dinero entregado por el Ministerio de Hacienda a la Presidencia coincidía con el monto gastado.

Por su parte, Tóchez dijo a El Faro en julio de 2018 que la ley del Organismo de Inteligencia del Estado le impedía hacer auditorías a estos fondos públicos. "En septiembre de 2001, nace la Ley del OIE. El artículo ocho establece que (la información sobre los gastos reservados) solo lo va a manejar el presidente de la República. A quien le da cuenta el presidente es a la Asamblea Legislativa", se excusó Tóchez. "Si tanto les araña el corazón (a los partidos), ¿por qué no quitan esos tapones?", añadió.

La actual presidenta de la Corte asegura que si desde Presidencia no facilitan la información, entonces sumarán los recursos canalizados a la partida de gastos reservados para objetarlos como hallazgos que pueden pasar a una etapa de juicio de cuentas. En esta segunda etapa, la Corte puede determinar una responsabilidad administrativa y multar hasta un máximo de 80 salarios mínimos a funcionarios o, en el caso más grave, establecer que hay una responsabilidad patrimonial, lo que implica que un funcionario debe ser obligado a devolver al Estado todos los fondos públicos faltantes.

"Si no hay documentación, todo el presupuesto y todas las transferencias que hayan sido direccionadas a ese rubro de gastos reservados habría que cuestionarlo, porque no hay evidencia de en qué se gastó", dijo Landaverde. La funcionaria denunció que la administración de Sánchez Cerén entorpeció a los auditores el acceso a la información sobre el destino de los gastos reservados. La respuesta de la Presidencia es que, una vez estos fondos públicos aterrizan en cuentas a nombre de particulares, la auditoría ya no puede abarcarlas, porque las cuentas están protegida por el secreto bancario. Sin embargo, Landaverde no quiso explicitar si esas cuentas privadas se usaron en esta administración o en la de Funes. Landaverde advierte que si los auditores encuentran que Casa Presidencial sigue usando este argumento, notificará a la Fiscalía.

El 14 de agosto, El Faro consultó a Landaverde, a través de mensajes a su asistente, si Presidencia por fin permitió que los auditores revisen los gastos reservados, pero no hubo respuesta.

El rol que tuvo el Banco Central

Cuando la Fiscalía reveló el 8 de junio de 2018 el desvío de $351 millones durante la administración de Funes, precisó que al menos $292 millones salieron en efectivo del Banco Hipotecario. Billetes de denominación de $100 eran sustraídos en bolsas negras de basura por personal de Casa Presidencia, según testigos.

En El Salvador, los billetes son importados desde la Reserva Federal de Estados Unidos por el Banco Central de Reserva (BCR), ya que no se pueden imprimir en el territorio. Posteriormente, los bancos comerciales depositan y retiran del BCR billetes de distintas denominaciones, para suplir la demanda de efectivo. En una conferencia del 19 de junio, el presidente del BCR, Óscar Cabrera, negó que la institución que preside importe billetes de $100. “Desde el año 2009, el BCR no ha realizado importaciones de billetes de $50 ni de $100", aseguró.

Aunque después explicó cómo es que llegan los billetes de $100 al BCR. "La demanda de los billetes de $100, que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, y (de los billetes de) $50, se cubre con los depósitos que efectúan los bancos que provienen de remesas familiares, de las transacciones de bienes y servicios con el resto del mundo, del turismo u otras circunstancias”, dijo Cabrera.

Carlos Acevedo, quien fungió como presidente del BCR de junio de 2009 a abril de 2013, dijo a El Diario de Hoy que a él le llamó la atención que era el Banco Hipotecario el que más retiraba billetes de $100 del BCR durante la administración de Funes. “El sistema es así: los bancos hacen su sistema de tesorería. Ellos continuamente están yendo a traer dinero del Banco Central para tener listos en sus órdenes cuando la gente llega. Me llamó la atención que el Banco Hipotecario estaba retirando entre el 80 % y el 90 % de todos los retiros de billetes de a $100 del sistema”, explicó Acevedo.

Cuando Cabrera fue consultado por El Faro si ha seguido funcionando el mecanismo de retiro de fondos públicos del Banco Hipotecario, en fajos de billetes de $100, durante la administración de Sánchez Cerén, dijo que no podía dar una respuesta. “El Banco Central no puede dar detalles de cómo los bancos realizan operaciones de retiros y depósitos de sus cuentas en el BCR, en cumplimiento del secreto bancario”, contestó el 16 de julio.

El 12 de julio, El Faro solicitó al BCR estadísticas sobre retiros de billetes de $100, para saber si el Banco Hipotecario continúa siendo el que retira entre el 80 % y el 90 de los billetes de $100. El Banco Hipotecario pidió al BCR no entregar la información. “No conceden su consentimiento para entregar la información solicitada", comunicó la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del BCR, a través de una resolución del 25 de julio de 2018 en la que dieron a conocer que clasificaron como confidencial dicha información. De hecho, los otros bancos que operan en el país tampoco accedieron a que el BCR entregara la información a El Faro.

El 17 de agosto, la oficial de comunicaciones del Banco Hipotecario, Rosalba Asturias, dijo que no podía trasladar preguntas a la presidenta del Banco Hipotecario, Nora Mercedes Miranda de López, sobre la negativa a entregar la información, porque ella renunció. "La señora Nora Mercedes ya no labora en el banco. Renunció entre el 13 y el 14 de julio. El nuevo presidente, Óscar Armando Pérez Merino, asume hasta el 21 de agosto", respondió por teléfono.

*Con reportes de Gabriel Labrador