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La cifra genera escalofrío. La empresa Swiss Medical acaba de denunciar ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a su principal competidora en el mercado de la medicina prepaga, OSDE, por una supuesta evasión de más de 16 mil millones de pesos. La maniobra habría comenzado en 1989 y se extendió durante 22 años, con la supuesta connivencia de funcionarios de varios gobiernos. ¿En que consiste? En la falta de pago al Estado de los aportes generados por los adherentes voluntarios al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), destinado a apuntalar la salud nacional. El tema es parte de un juicio que tramita desde 1998 y que recorrió todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema. Pero la controversia promete escalar: Swiss Medical reclamó ahora la intervención estatal de su competidora y que se pague la deuda histórica.

El 2 de enero pasado, Swiss Medical presentó un reclamo administrativo ante la Superintendencia de Salud por el supuesto incumplimiento de obligaciones de la seguridad social por parte de OSDE y "haberse valido de la utilización de beneficios tributarios para irrumpir en la medicina prepaga". Esto es el no pago del impuesto a las ganancias, entre otras exenciones.

"Quizás se trate de la corrupción sistémica histórica de mayor envergadura que se tenga noticias", destaca la presentación administrativa, un primer paso para accionar ante la Justicia. Y agrega que la maniobra no se podría haber llevado a cabo sin la complicidad o complacencia de actores de los tres poderes, y obviamente de las autoridades de la Superintendencia de Salud.

Ese organismo está encargado de regular y supervisar los servicios de salud y entre sus funciones debe velar por el "equilibrio entre usuarios, prestadores y financiados, en condiciones de libre competencia, transparencia, eficiencia económica y equidad social". No obstante, para Swiss Medical permitió "que se afiance y agrande la posición dominante y privilegiada de OSDE en el mercado".

La maniobra denunciada obliga a hacer un poco de historia. Entre 1980 y 1989, las obras sociales no cumplieron con la obligación de aportar al Fondo Solidario de Redistribución (era un 10% de los ingresos por los afiliados adherentes). En 1989, se condonó esa deuda y se modificó el sistema de recaudación, que pasó a manos de la entonces Dirección Nacional de Recaudación Provisional. Pero la ley dejó afuera a los adherentes voluntarios. Esa omisión se terminó de suplir en 1990, mediante una resolución del Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), el organismo de aplicación de ese momento.

Recién en 1998, la Superintendencia decidió accionar judicialmente contra las obras sociales que habían percibido los fondos y no habían pagado. En el caso de OSDE, la demanda tramita desde antes en el juzgado de la Seguridad Social número 5. El Estado en ese caso reclama el cobro retroactivo de los aportes a partir de 1989.

La demanda ya atravesó todas las instancias y llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió sobre el fondo de la cuestión. El Máximo Tribunal solo determinó que la SSS tenía legitimidad para reclamar el pago de los fondos.

Para cuantificar la supuesta defraudación, la presentación de Swiss Medical recupera un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los fondos adeudados por las obras sociales. El informe fue aprobado en 2012 y analiza la situación de OSDE y otras obras sociales entre 2009 y 2010.

Según los números de la AGN, en 2009 las obras sociales debían aportar al FSR un total de $308.624.433 (es el 15% que dispuso la resolución INOS 490/90) y solo aportaron menos de 1 millón. La cifra adeudada en ese año fue de $307.639.358. Si se la multiplica por 22 años de supuestos incumplimientos (de 1989 a 2011) trepa a $6.768.065.883. Con los intereses, el monto escala hasta 16.004.976.891, más del doble del monto que la AFIP le reclama al empresario Cristóbal López por el impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC).

Ante la consulta de Infobae, fuentes de OSDE dijeron que se trata de un juicio que "está en primera instancia" y que la deuda reclamada "abarca el período entre 1990 y 1998". "Nadie cuantificó la deuda, todavía se están tratando de determinar los montos", dijo una fuente calificada de la empresa. Sobre la posible intervención, la misma fuente dijo que significaría un quiebre de la empresa y un perjuicio inmediato para sus 2 millones de afiliados.

El titular de Swiss Medical Claudio Belocopitt minimizó el impacto de la medida. "Los afiliados no son cómplices del sistema. Nosotros vamos a seguir dando servicios a OSDE", dijo.

Pese a las conclusiones de la AGN, la Superintendencia no tomó ninguna medida desde 2012. Entre sus facultades tenía la posibilidad de sancionar, intervenir las obras sociales deudoras o incluso denunciar a los responsables. "La actuación de la SSS no importa solo beneficiar a uno de los actores del mercado sino que redunda en un claro perjuicio a los competidores y fundamentalmente al sistema solidario diseñado por la propia ley", dice la presentación administrativa.

Tampoco intervino el Congreso. La Comisión Revisora de Cuentas recibió el informe de la AGN en 2012 pero recién se expidió en 2015 a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

En 2011, la nueva ley de medicina prepaga agregó más confusión porque "legalizó" una situación irregular. En su artículo 23, la norma determinó que "por los planes de adhesión que comercialicen los agentes del seguro de salud no se realizarán aportes al Fondo Solidario de Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes".

La presentación de Swiss Medical reclama ahora que la Superintendencia de Salud avance con el proceso de intervención de OSDE para que esa firma "realice con la totalidad de la liquidez disponible un pago a cuenta de la millonaria deuda que detenta con el FSR" y que luego se adhiera a un plan de pagos. También insta a la actual conducción de la SSS a realizar denuncias penales contra los funcionarios que comandaron ese organismo en los últimos 22 años. La pelota ahora está del lado del Gobierno.