Documentar y denunciar el sufrimiento de los animales vulnera la ley de bienestar animal. Es el paradójico argumento que esgrime el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, que ha distribuido un documento en el que explica el procedimiento a seguir en caso de que los ganaderos se enfrenten a la presencia de activistas en sus instalaciones. Al mismo tiempo, los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d’Esquadra para, cuando se produzcan dichas acciones, poder levantar actas por infracción de la Ley de Bienestar Animal, lo que conllevaría sanciones que oscilan entre los 6.000 y los 100.000 euros.

Según la Generalitat, este tipo activismo “vulnera la ley de bienestar animal, al suponer un elevado estrés para los animales” y “pone en riesgo la bioseguridad de las granjas”. Y para luchar contra él lanza una serie de recomendaciones: desde las que tienen una naturaleza preventiva, como “instalar una valla perimetral alrededor de toda la instalación” o “cerrar los accesos en todo momento, incluso cuando haya personal trabajando en el interior” a las que han de acometer en caso de que los activistas accedan al interior de las granjas. Si se produce esa situación, se recomienda avisar al 112, “evitar enfrentamientos" e interponer la pertinente denuncia ante los Mossos d’Esquadra. De cara a formalizar la denuncia, se aconseja detallar “el número aproximado de personas” que forman parte de la protesta e “identificar sus vehículos”, así como informar en caso de que los activistas se lleven algún animal o tomen fotografías o vídeos del interior de las instalaciones.

La decisión de la Generalitat de poner en circulación este documento y aplicar la mano dura con los activistas con la necesaria colaboración de los ganaderos llega tras varios meses de importantes y mediáticas acciones por la liberación animal en Catalunya. La más reciente tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando miembros del colectivo Meat the Victims entraron en una explotación en Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) para “mostrar al ciudadano de dónde vienen los productos que consume y que conozca, a través de imágenes, quiénes son las víctimas de sus decisiones”, según explicó después uno de sus portavoces, Massin Akandouch. En abril, 126 activistas de la organización francesa 269 Libération Animale se encadenaron durante más de diez horas en el matadero de Friselva de Riudellots de la Selva, el más grande de Girona, de donde liberaron siete cerdos. Aunque la mayoría de los participantes en la acción era de nacionalidad belga y francesa, los 13 españoles que formaban parte del grupo fueron denunciados, por lo que previsiblemente se enfrentarán a las citadas sanciones económicas.

El documento de la Generalitat no ha tardado en correr como la pólvora por las redes sociales de muchos activistas, que han mostrado su rechazo frontal a la campaña. Aitor Garmendia (Tras los Muros), que lleva más de diez años accediendo a explotaciones de varios países para arrojar luz sobre lo que ocurre en su interior, denuncia que se trata de “una clara llamada a la represión”. En su opinión, el razonamiento del documento “se articula sobre una aparente preocupación por el bienestar de los animales, pero es sólo una artimaña”.

Según explica Garmendia, “si atendemos a las cifras que reflejan los informes oficiales de la propia Generalitat nos encontramos con una total ausencia de control y de inspecciones. En 2013, de 22.616 explotaciones ganaderas sólo se inspeccionaron 1.825. Es decir, no se sabe qué sucede en la gran mayoría de granjas. Millones de animales pueden estar sufriendo abusos por encima de los que ya padecen bajo la propia explotación. Si la Administración no hace su trabajo, la única herramienta de la que dispone la sociedad para hacer suyo el derecho a la información es ejerciendo la desobediencia civil, que es lo que han hecho los activistas”, sostiene.

Tal y como recuerda Garmendia, “en las dos granjas a las que accedieron los activistas se incumplía la normativa: había terneros sin acceso a agua -obligatorio en caso de calor-, animales moribundos y cadáveres pudriéndose al sol”. Por ello, en su opinión, “queda claro lo que persiguen estas medidas: proteger a la industria ganadera, blindar a la sociedad el acceso a la información y amordazar a los activistas que denuncian los abusos que sufren los animales en granjas y mataderos”.

Leonardo Anselmi, activista y una de las voces más reconocidas en materia de defensa de los derechos de los animales en Catalunya, también ha mostrado su rotundo rechazo al documento, que ha tildado en Twitter de “demencial”. Anselmi hace especial hincapié en la manera en que la Generalitat muestra a los participantes en este tipo de acciones. “Ponen a los activistas con pasamontañas y máscaras. Justamente lo que más molesta de estas acciones es que sean pacíficas y a cara descubierta”, recuerda.

En opinión de Anselmi, “hay una estrategia muy antigua para justificar la violencia de estado: crear el enemigo. Así, poniéndole un pasamontañas, se asocia el activismo a la maldad y, por tanto, se llega a la conclusión de que “mi bando es la bondad y todo se justifica por el bien”. Anselmi concluye: “No es un debate entre ganaderas y veganas, sino entre vida y muerte. No se trata sólo de la vida de los animales, sino de la subsistencia de todo el planeta”.

¿Obedece la campaña de la Generalitat a presiones del lobby ganadero? Anselmi lo tiene claro: “No es que lo crea: es un hecho. Hemos visto cómo se producen constantemente reuniones de los ganaderos con Teresa Jordà (consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de ERC). El último de esos encuentros tuvo lugar el pasado 16 de julio, cuando Jordà mantuvo una reunión con representantes de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) para tomar medidas ante lo que este organismo calificó de “intrusismo de grupos animalistas”. Una reunión de la que, entre otros compromisos, se acordó elaborar el polémico documento que ahora ha visto la luz.

Lo cierto es que desde la Generalitat quieren cerrar filas con el sector de la explotación cárnica, importante para la economía catalana. Y ERC parece haber hecho bandera de ello. La propia Jordà declaró hace unos días en una entrevista a la emisora Ua1FM que “los asaltos a las granjas son una gran irresponsabilidad”, ya que “ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas”. Por su parte, los dueños de esas explotaciones han tenido una importante presencia mediática en los últimos meses. Uno de los que han contado con mayor visibilidad es Abel Peraire, quien tras la reciente acción de Meat the Animals ejerció como portavoz de los ganaderos en varios programas televisivos. Se da la circunstancia de que Peraire es hermano de Isaac Peraire, ex alcalde de la localidad de Prats del Lluçanès y, desde 2016, vicesecretario general de coordinación interna, territorio y organización de ERC.

“Es la historia de siempre”, lamenta Anselmi, “a los movimientos de liberación animal los criminalizan con un panfleto cutre y los convierten en el enemigo de lo bueno”. "A los otros no les hace falta ni recibirlos, ya comen juntos y en familia cada domingo".