Ante la inacción y debilidad del gobierno del estado de Oaxaca, fue por demás evidente que la decisión para desmantelar el poder político-administrativo de la sección 22 del SNTE, acudiendo al expediente de abrogar el decreto de 1992, reestructurar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y dotarla de nuevas facultades para aplicar en forma supletoria la Ley General de Servicio Profesional Docente, fue tomada por el gobierno federal valorando todas los escenarios de riesgo de corto y mediano plazo a nivel estatal y nacional, vista la capacidad de organización y movilización del gremio magisterial, tanto en el estado de Oaxaca como en las entidades en donde tiene presencia notable la CNTE.

Al tratarse de un asunto de Estado, el gobierno federal puso en movimiento todos sus instrumentos legales y de coacción física (órdenes de aprehensión contra dirigentes magisteriales, congelamiento de cuentas bancarias producto de las cuotas sindicales y una presencia apabullante de elementos de la policía federal, ejército y marina en la ciudad capital), para encomendarle al gobernador Gabino Cué la incómoda tarea de emitir un decreto para poner punto final al control que desde 1992 mantenía la sección 22 del SNTE de los principales puestos administrativos en el aparato educativo de Oaxaca.

La tarea de Cué resultó incómoda por varias razones: primero, porque se vio obligado a romper una alianza estratégica que mantenía con el gremio magisterial desde el 2006, cuando la APPO intentó derrocar al gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, pacto que se consolidó electoralmente en el 2010 cuando llegó a la gubernatura; segundo, porque al romper con el magisterio también abrió otros frentes de oposición a su gobierno, fundamentalmente con organizaciones sociales e indígenas que apoyaron su candidatura en el 2010 y, tercero, porque su postura, ahora antagónica a la sección 22 del SNTE, estaría restando viabilidad su proyecto de continuidad transexenal mediante una amplia coalición electoral de las izquierdas.

Si en primera lectura con este golpe al corporativismo y corrupción sindical el gobierno de Oaxaca estaría recuperando autoridad y legitimidad, socavadas por la conjunción de debilidad institucional y violación sistemática del estado de derecho por parte de las corrientes mas beligerantes del magisterio y de otros poderes fácticos, está por verse su voluntad y capacidad de operación técnica y política para procesar las disposiciones derivadas del decreto mediante el cual se reorganizará el IEEPO, de tal suerte que la ofensiva no se traduzca en una prolongada disputa administrativa y política entre autoridades federales y estatales y el gremio magisterial que, a final de cuentas, obstruyan el inicio del ciclo escolar y abonen a la ingobernabilidad de un estado que en el mes de octubre de este año inicia su proceso electoral para renovar la gubernatura, el congreso local y 152 ayuntamientos.

Una disidencia fortalecida desde el gobierno

La historia del empoderamiento de la sección 22 del SNTE en la estructura educativa de Oaxaca, y su fortalecimiento como la principal fuerza sindical y política en la entidad, y, además, columna vertebral de la CNTE, se inició precisamente en 1992, 12 años después de su surgimiento como un movimiento democrático y antagónico al poder de Vanguardia Revolucionaria, corriente hasta entonces hegemónica en la estructura de poder del SNTE.

Como ahora ya se hizo público, en el marco de la descentralización educativa y la firma, por parte de los gobiernos estatales, del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en mayo de 1992 el gobierno de Oaxaca, encabezado por Heladio Ramírez López, firmó con la sección 22 del SNTE una minuta, que luego alcanzó el nivel de decreto, para transferir los servicios educativos y crear el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Sin embargo, como caso excepcional y único a nivel nacional, en Oaxaca el gobierno del estado cedió a una sección disidente del SNTE el control del aparato educativo.

La claúsula XII del citado convenio o minuta señala textualmente: “La selección y nombramiento futuro de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública, como resultado de las propuestas de la representación sindical, serán respetadas en la forma y términos acordados con antelación, aún cuando cambie la estructura orgánica del Instituto”.

A partir de entonces se inició una nueva etapa en la vida sindical y política de la sección 22: si entre 1980 y 1989 los principales objetivos del movimiento magisterial oaxaqueño habían sido democratizar su sindicato y obtener el reconocimiento legal de su dirigencia por parte del CEN del SNTE y, por esa vía, recuperar sus cuotas sindicales suspendidas por casi una década, ahora la prioridad de los líderes y corrientes sindicales se desplazó a ganar espacios administrativos en el IEEP , especialmente direcciones y jefaturas de departamento.

Poco o nulo interés hubo desde entonces para fortalecer la educación básica en tanto el quehacer fundamental de sus líderes y corrientes sindicales estuvo enfocado a la actividad político-sindical, la formación ideológica marxista y el empoderamiento en cargos administrativos en el IEEPO.

Precisamente para normar la conducta sindical y política de los agremiados, pero fundamentalmente de sus dirigentes de todos los niveles, en 1982, dos años después de haber desplazado a Vanguardia Revolucionaria del control político de la sección 22 del SNTE, en un Congreso Extraordinario se aprobaron 20 principios rectores del movimiento magisterial, una especie de estatutos alternativos al SNTE, que hasta la fecha siguen vigentes.

Un año después el movimiento acordó integrarse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que había nacido en Chiapas en 1979 para agrupar a todas las secciones disidentes del CEN del SNTE.

Para 1992, cuando el gobierno federal decidió descentralizar los servicios de educación básica en todo el país, ya la propia presidencia de la república, encabezada entonces por Carlos Salinas de Gortari, había promovido la destitución de Carlos Jonguitud Barrios como Secretario General del CEN del SNTE y avalado el ascenso de Elba Esther Gordillo. Y fue bajo ese contexto que los trabajadores de la educación de Oaxaca finalmente pudieron legalizar e institucionalizar a su representación sindical.

Además de la minuta derivada del ANMEB, en ese mismo año de 1992 el gobierno del estado se comprometió a financiar las actividades del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo (CEDES), integrado por cuadros políticos y académicos miembros de la sección 22 del SNTE, y crear en la Procuraduría de Justicia del Estado una Agencia Especial del Ministerio Público para la atención de los asuntos del magisterio, mismo que después se elevó al rango de Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales.

Y de ahí en adelante las actividades de las sucesivas dirigencias del movimiento magisterial se orientaron esencialmente a presentar a los gobiernos estatal y federal, durante los meses de mayo de cada año, extensos pliegos petitorios que además de sus demandas gremiales incluían reclamos políticos y hasta sociales.

La estrategia de movilización-negociación-movilización, reforzada con la suspensión temporal o indefinida de actividades escolares, que en la década de los ochenta les había resultado exitoso para obtener el reconocimiento de su dirigencia seccional por parte del CEN del SNTE, se replicó en grado superlativo en los años subsiguientes para obtener importantes logros económicos y prestaciones sociales, inéditos hasta entonces en el sindicalismo magisterial.

Y, pese a que en todas las negociaciones anuales el gobierno federal, vía SEP y Secretaría de Gobernación, conoció y participó de los arreglos con las dirigencias de la sección 22, acompañada en ocasiones por una representación del CEN del SNTE; cada año terminaba poniendo su parte, dejando que los gobernadores en turno hicieran lo suyo.

Fue precisamente entre 1993 y 2003, durante los gobiernos de Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat Casab –ambos priístas– que el magisterio oaxaqueño logró acumular el pago de 365 días, mas 10 días de prima vacacional, 90 días de aguinaldo y 19 días de bono de productividad; es decir un total de 483 días cobrables por 200 días laborables.

Muchas de estas prestaciones, pero sobre todo el pago de la diferencia de 50 días de aguinaldo (los 40 días de ley corrieron a cuenta del gobierno federal) entre otras erogaciones no consideradas en el presupuesto educativo, con el tiempo impactaron negativamente en las finanzas del IEEPO, al punto de acumular un déficit que para el 2003 se estimaba en dos mil millones de pesos y para principios del 2015 en 7 mil 400 millones. Un efecto similar tuvo el compromiso, pactado entre 2003 y 2006, para homologar los salarios de poco mas de 70 mil trabajadores de la educación de Oaxaca mediante la rezonificación económica.

Sin embargo, el déficit financiero del IEEPO también se multiplicó por la corrupción de los funcionarios de todos los niveles, el crecimiento desordenada de la burocracia sindical y administrativa, una abultada nómina de miles de maestros comisionados y “aviadores” así como por el desvío de recursos para sufragar las campañas electorales de candidatos del PRI.

Cero en conducta

El control de la mayor parte del aparato burocrático y administrativo del IEEPO le garantizaba a las dirigencias formales e informales de la sección 22 del SNTE convertirse en facilitadores eficaces de sus representados así como asegurar una amplia red de lealtades y clientelas sindicales, pero ese poder también fue usado para el tráfico de influencias, venta de plazas, promociones laborales, tal como había ocurrido en la década de los setenta con Vanguardia Revolucionaria.

Sin embargo, ese apropiamiento del gobierno educativo, y los recursos humanos y económicos que administraban, era solamente la pirámide de un una amplia y sólida estructura organizativa que tuvo otros dos instrumentos básicos de control en el aparato sindical: la aplicación discrecional de los principios rectores del movimiento magisterial y la institucionalización de una política de premios y castigos laborales a partir de la participación sindical y política de los agremiados.

Si en su origen los principios rectores fueron un factor de contención a los intentos de los gobiernos priístas para recuperar el control de la sección 22, una vez consolidado el movimiento disidente los dirigentes seccionales los aplicaron para evitar críticas internas a su desempeño, sobre todo en las etapas de negociaciones con los gobiernos federal y estatal, y para expulsar a disidentes. Fue bajo ese contexto, y de fuertes acusaciones públicas de corrupción entre las partes en pugna, que en el 2005 un grupo disidente encabezado por los exsecretarios generales Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos se separaron de la sección 22 para crear mas adelante la sección 59 del SNTE.

El segundo mecanismo de control, y que permeó la base magisterial y personal administrativo de todos los niveles educativos, fue el sistema de estímulos y castigos aplicado por asistencias o inasistencias a mítines, marchas, plantones y tomas de edificios llevados a cabo dentro y fuera del estado de Oaxaca. Al trabajador o trabajadora, docente o administrativo, que acreditaba haber cumplido parcial o totalmente con las actividades sindicales que se le indicaban podía tener derecho a ascensos, cambios de adscripción, préstamos económicos y todas las prestaciones laborales establecidos en el tabulador del IEEPO. El castigo, la denegación de estos derechos, se aplicaba casi en automático para quienes preferían mantenerse en el aula o en su comunidad antes que participar en algún tipo de movilización.

A diferencia de Vanguardia Revolucionaria, el movimiento magisterial disidente del SNTE pudo crecer y fortalecerse sindical y políticamente por la confluencia de estos factores, pero también porque por omisión, temor, conveniencia o complicidad, altos directivos y funcionarios de los gobiernos federal y estatal terminaban por concederles la mayor parte de sus demandas gremiales y políticas, en muchos casos inalcanzables por otros sectores de trabajadores mexicanos.

Sin embargo, la gran debilidad de su movimiento fue que se hizo a costa de castigar el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes; de abrir un enorme boquete a las finanzas públicas, especialmente del gobierno del estado de Oaxaca; de vulnerar con sus métodos de lucha los derechos constitucionales y humanos de hombres y mujeres de todas las edades, y, para el 2014, de desafiar al Estado mismo al oponerse en forma beligerante a la aplicación de una reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ni reforma ni diálogo

A partir de que en el primer semestre del 2014 los congresos locales iniciaron el proceso de aprobación de la reforma educativa en sus estados , en Oaxaca se instaló una mesa de trabajo con representantes de la sección 22 del SNTE, del Congreso local y del poder ejecutivo para revisar el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), proyecto educativo alterno al del gobierno federal que ya desde un año antes venía impulsando la parte sindical. Frente a la férrea y reiterada oposición del movimiento magisterial para que se aprobara la reforma educativa federal, los poderes ejecutivo y legislativo determinaron diseñar una ley educativa a modo, prácticamente transcribiendo el proyecto magisterial. Sin embargo, una vez que la iniciativa fue entregada al Congreso local por el gobernador Gabino Cué, el magisterio lo vetó y se opuso a su aprobación.

A cada convocatoria del congreso local para abordar el tema educativo la respuesta magisterial era la misma: movilizarse, tomar el congreso e impedir que los diputados sesionaran.

El amago de una controversia constitucional por parte de la presidencia de la república no caminó, como tampoco los insistentes llamados del gobernador a la dirigencia magisterial para dialogar y avanzar en la revisión de una iniciativa de ley que, a diferencia de la federal, era bastante laxa en materia de evaluación docente y otros temas vinculados al desempeño laboral.

Con pocas o nulas posibilidades para aprobarla, esta iniciativa, como otras mas que presentaron los diputados del PRI, PAN y PRD, prácticamente quedaron archivadas durante el último tercio del 2014 cuando ya el proceso electoral federal se había iniciado.

Y en esa coyuntura, de nueva cuenta la sección 22 del SNTE, con el apoyo de la CNTE, asentó en su agenda de movilizaciones para frenar la aplicación de la reforma educativa el amago de boicotear las elecciones federales en Oaxaca y a nivel nacional.

Pero ni en la Secretaría de Gobernación, ni en el INE, ni tampoco en el gobierno del estado se tomó con suficiente seriedad la advertencia. En Gobernación se confiaba todavía en una salida negociada antes de la jornada electoral. En el INE solo eran receptivos a lo que les reportaban desde Bucareli y en poco atendieron las señales de riesgo que ya desde algunos de sus consejos distritales les estaban enviando. Y en Palacio de Gobierno el gobernador Gabino Cué no se cansaba de declarar que confiaba en la civilidad de los maestros y en la eficacia de las autoridades electorales del INE.

Todos se equivocaron y el primer domingo de junio, aún con la presencia por tierra y aire de cientos de elementos de la policía federal y el ejército, grupos bien organizados de maestros “accionaron” en los 11 distritos electorales federales para intentar impedir la realización de los comicios. La jornada finalmente concluyó pero con un saldo de cientos de casillas no instaladas, una considerable cantidad de material y boletas electorales destruidas, algunas sedes distritales del INE incendiadas y un abstencionismo que superó el 65 por ciento.

Este desafío al Estado, que se acompañó en días previos de otras actos violentos como la toma de las instalaciones de PEMEX y de gasolineras, convencieron finalmente a los funcionarios mas cercanos al presidente de la república que bajo esas condiciones no había posibilidad de restablecer el diálogo y las negociaciones reclamadas por la dirigencia de la sección 22 del SNTE. Se valoró entonces, o se confirmó, en su caso, el escenario de un golpe de mano mediante la abrogación del decreto de 1992 que aseguraba al magisterio el control del aparato educativo de Oaxaca, así como la intensificación de la campaña en medios nacionales para desacreditar a la dirigencia magisterial que justificaría la eventualidad de librar órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes oaxaqueños.

El decretazo

Un elemento fundamental para que el 21 de julio el gobernador Gabino Cué decretara la reestructuración, que no desaparición del IEEPO, fue el incremento de la presencia de la fuerza pública federal y de elementos fuertemente armados del ejército y la marina, que desde días antes de la jornada electoral del 7 de junio patrullaban por aire y tierra la ciudad capital y otros puntos de la entidad.

Políticamente, la presencia del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y del vocero de la presidencia de la república, Eduardo Sánchez, evidenció no solo el total respaldo del gobierno federal sino su abierta intervención en una decisión que, ninguno de los gobernadores priístas que antecedieron a Cué ( Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz) se atrevieron a hacer. Entronizado en la gubernatura por una coalición electoral opositora (PRD, PAN, PT y MC) y por el apoyo de organizaciones sociales de izquierda, entre éstas por importantes sectores de la sección 22 del SNTE, Gabino Cué tampoco estaba en la ruta de romper con un aliado estratégico. Y sin embargo, tuvo que asumir el costo de hacerlo para recomponer su deteriorada relación con el gobierno federal; recuperar una autoridad bastante disminuida por el constante embate de los movimientos sociales y los poderes fácticos; oxigenar su administración acicateada por la ineficacia y una corrupción galopante; y posicionarse a nivel nacional, en la antesala del relevo gubernamental, como un gobernante de mano firme y con capacidad para recuperar la rectoría educativa de su estado. En la etapa final de su sexenio, es probable que con esta determinación, Gabino Cué gane perdiendo: se gana la confianza y el apoyo del gobierno federal y del presidente Enrique Peña Nieto, pero pierde a otros aliados claves para evitar el regreso del PRI en la gubernatura, entre ellos a su viejo amigo, Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA.

Pero finalmente el primer paso ya lo dio y ahora el reto mayor está en procesar todas las disposiciones laborales, técnicas y administrativas establecidas en el “decretazo” sin tener que desgastarse en mas arreglos ( o desarreglos) con un gremio magisterial que por un lado lo acusa de traidor y advierte que no regresará a labores al inicio del ciclo escolar, y por el otro demanda diálogo. El apoyo político y económico del gobierno federal deberá mantenerse y acrecentarse, no así la presencia de miles de elementos de la policía federal que a dos meses de su arribo ya empieza a provocar el rechazo de algunos sectores sociales y políticos, incluyendo,por supuesto, de la sección 22 del SNTE y la CNTE.

En lo que hace a la parte técnica y administrativa, el gobierno de Oaxaca por principio está obligado a respetar su propio decreto, designando en los poco mas de 300 cargos que ocupaban los sindicalistas de la sección 22 en el IEEPO a profesionistas con conocimientos y experiencia en materia educativa. A estas alturas, y con los medios nacionales atentos a lo que ocurra en el sector educativo oaxaqueño, el gobernador Gabino Cué no puede equivocarse y prestarse a simulaciones barnizando currículas, por ejemplo, tal como ya se hizo con el Director General, Moisés Robles; o permitiendo que los secretarios de su gobierno que integran la Junta Directiva del IEEPO, con amplias atribuciones para definir e instrumentar la nueva política educativa, delegue en sus subordinados, como solían hacerlo en el pasado reciente, obligaciones y tareas institucionales de trascendencia para hacer viable los cimientos de la reestructuración no solamente del aparato burocrático y administrativo sino de todo el sistema de educación básica en Oaxaca.

Isidoro Yescas Martínez

Maestro en Sociología y analista político. Coautor de La Insurgencia Magisterial en Oaxaca,1980. Investigador jubilado del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO.