Han transcurrido 34 años desde la restauración de la democracia en Argentina y del fin del ciclo de Gobiernos militares, que acabó con crímenes aberrantes y una guerra perdida con Gran Bretaña, y más allá del cambio cualitativo que significó vivir en democracia, los resultados en el plano social dejan mucho que desear. Tal vez el indicador más importante, el índice de pobreza, resuma el fracaso de esta época transcurrida: subió del 18,5% en 1983 al 30% en 2016. En simultáneo, han sufrido un fuerte deterioro los sistemas de salud y educación, otrora un modelo para envidiar en Iberoamérica. Otro dato significativo y preocupante es que, en paralelo con esos pobres indicadores, el porcentaje del gasto público sobre el total del producto bruto trepó nada menos que del 29% en el 83 al 45% de nuestros días. ¿Cómo es posible: subió el gasto público que se supone que es para paliar penurias y necesidades sociales y se deterioró el cuerpo social?

A su vez, la estructura socioeconómica que se ha gestado en democracia es repulsiva de las inversiones (por impuestos abrumadores, el desborde del poder sindical y la falta de inversión por décadas en infraestructura) cuando el país necesita más que nunca de la inversión. Por otro lado, la economía argentina hoy es una de las más cerradas del mundo. Si bien en el 83 el país no gozaba de una economía abierta, ese era el paradigma reinante en toda América Latina. De allí al presente, todos los países de la región se han abierto al mundo: Uruguay, Chile, Perú, Colombia y, aunque en menor medida, también Brasil.

No hay indicadores del año 83 en ese campo, pero las masas obreras de tiempos de Perón (a mediados del siglo XX) estaban conformadas por trabajadores alfabetizados, un abismo con la marginalidad desapegada al trabajo y a la educación que ha surgido por doquier en esta época.

En vista de estos panoramas, cabe preguntarse si no está en deuda la democracia con el país. Más bien somos los argentinos los que estamos en deuda con la democracia. Veremos por qué. Si bien nos compete a todos los argentinos en cuanto electores de los distintos Gobiernos, la cuota mayor de responsabilidad les cabe a quienes usufructuaron del poder del Estado gracias a la democracia (8 años el partido Radical, 24 años el peronismo y menos de 2 años el PRO, el partido de Macri).

Si bien la democracia en América Latina coincidió con el período donde se dieron las mejores condiciones internacionales de la historia moderna —algo que benefició especialmente a la Argentina—, lo concreto es que, contrariamente a lo sucedido en este país, la pobreza descendió desde el advenimiento de la democracia en Brasil (del 29% en 1985 al 18% de hoy), en Uruguay (del 17% en 1985 al 11% de hoy), en Chile (del 25% en 1990 al 12% de 2016), en Perú (del 42% en 1980 al 21% de 2016) y en Bolivia (del 58% en 1982 al 26% en 2016). Todas esas democracias redujeron drásticamente la pobreza mientras en Argentina creció escandalosamente. Con el extraordinario potencial del país y el grado de desarrollo social que había alcanzado, las comparaciones dan escalofríos y rabia.

Sería injusto, además, culpar a la democracia de las penurias del presente, ya que la democracia es apenas un sistema que permite que las sociedades puedan desplazar pacíficamente —por medio del voto y reglas preestablecidas— a un Gobierno con el cual no están más conformes. Esta simple regla de oro es la que posibilita en el seno de las distintas comunidades la convivencia pacífica y el respeto a la libertad y a los derechos humanos de los ciudadanos. Si esa regla se rompe o se viola, deja de existir la democracia y automáticamente están en peligro la convivencia pacífica, la libertad y los derechos humanos.

Por eso hay que tener mucho cuidado con los movimientos pseudodemocráticos (como el que gobierna actualmente en Venezuela, régimen que cuenta con la simpatía de los kirchneristas en Argentina) que llegan al Gobierno por las reglas de la democracia y, como se ha visto, una vez encaramados en el poder, rompen las reglas para perpetuarse y subyugar a los pueblos con relatos místicos como el del socialismo del siglo XXI.

Contemplados estos espectáculos, se desprende que la democracia es un sistema frágil, que para sobrevivir requiere como mínimo dos condiciones: por un lado, un mínimo de eficacia y responsabilidad de los que gobiernan. Por el otro, responsabilidad también de las oposiciones.

La democracia argentina costó mucha sangre conseguirla. Vivió momentos de grandes sobresaltos (en 2001 y 2002). Fue una conquista de todos los argentinos y les cabe a todos cuidarla y defenderla. Por eso, resulta chocante que Cristina Kirchner, que hace apenas unos años se rasgaba las vestiduras por considerar golpista a cualquier alusión crítica —facultad que también hace a la esencia de la democracia— a los desmanes y brutales actos de irresponsabilidad que estaba cometiendo mientras gobernaba, y hoy promueve descaradamente el golpismo al tachar de dictadura al Gobierno que democráticamente la sucedió. Y si este nuevo Gobierno se ve obligado a aplicar medidas de ajuste es precisamente por esas irresponsabilidades cometidas durante esa gestión, salpicada por todas partes de corrupción y desatinos.

Por otro lado, con el gasto público tan elevado (de los más altos del mundo), las autoridades no tienen margen para tomar medidas proactivas de la inversión y el desarrollo, única vía para salir del estancamiento. Tampoco lo tienen para atender con recursos genuinos los recurrentes reclamos provenientes de grupos sociales carenciados (muchas veces, recurriendo a la extorsión y a la violencia), que solo pueden satisfacerse con emisión de moneda —lo que retroalimenta la ya de por sí elevada inflación de más del 20% anual— o con más deuda exterior, que genera intereses que incrementan el abultado gasto público. Tampoco se pueden subir los impuestos —como ha acontecido por décadas— porque provoca que diversas actividades vayan dejando de ser rentables. Así, hay empresas que no tienen más remedio que cerrar porque sus negocios ya no son viables, dejando trabajadores en la desocupación (con el drama humano que eso implica y el descenso en el consumo global que acarrea) o conchabados en el Estado. O sea, más salarios públicos a solventar con deuda, emisión o más impuestos. No hay otras fuentes alternativas.

Cada vez que suben los impuestos para atender una deuda social justificable hay empresas que se ven forzadas a desaparecer. Este proceso es el que ha conducido al actual nivel de pobreza, de gasto público y de déficit fiscal. Un mecanismo de transferencia de asalariados del sector productivo a empleados y subsidiados del Estado. Así, cada vez hay menos empresas para sostener a un Estado del cual depende cada vez más gente (durante el kirchnerismo se han incorporado varios millones más al erario público). Y que al cabo terminan todos viviendo cada vez peor. La consigna de hoy debería ser recorrer el camino inverso: bajar el gasto público para poder reducir impuestos y que reflorezca el empleo privado. O sea, traspasar dependientes del Estado al sector privado.

Como se ve, el país se halla en una gran encrucijada entre los que quieren llevarlo a la modernidad y los que lo han postrado en el atraso y se resisten al cambio.

Ricardo Esteves es empresario argentino, cofundador del Foro Iberoamérica junto a Carlos Fuentes.