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Un golpe de Estado que recurrió a la violencia para lograr sus objetivos. Después de meses de testimonios en el juicio del procés, la Fiscalía se reafirma en haber visto algo que no sucedió en aquellos días en Cataluña. A no ser, claro, que por violencia entendamos gritos e insultos y por golpe de Estado la desobediencia institucional. De entre todas las interpretaciones posibles de la realidad, la Fiscalía, ese órgano que pretende que creamos que su mano jurídica no se entera de lo que hace su mano política, ha elegido la postura judicial que más le perjudica a la única solución posible: la política.

La decisión de la Fiscalía de pedir penas de prisión que hacen que compense más el asesinato que la desobediencia, no puede sorprendernos. Cuando, al lanzar una moneda al aire sale cruz por primera vez, podemos achacarlo a las leyes de la probabilidad. Cuando, sistemáticamente, esa moneda lanzada cae del mismo lado, la probabilidad de que alguien esté dirigiendo la moneda es muy alta. La toma de la peor decisión para la convivencia es una postura política que vienen ejerciendo los poderes del Estado desde hace tiempo. En el pre procés, aquella época en la que hacer un referéndum sin validez legal se llamaba paripé y no golpe de Estado, el Gobierno de Rajoy se encontró ante dos opciones. La primera era abordar el problema que supone que el 50% de la población catalana quisiera la independencia de España y que el 80% pidiera, al menos, someterlo a una consulta. La segunda opción era la de negarse a afrontar la realidad. Se eligió ésta.

Ante la falta de diálogo se planteó el referéndum del 1 de octubre. Un referéndum de desobediencia que sería suspendido por parte de sus impulsores en el preciso momento en el que el Gobierno español decidiera sentarse a hablar del problema. Ante esta tesitura de dos caminos, el Gobierno de entonces decidió dejar que la pólvora siguiera corriendo. Renunciando al diálogo y con el 1-O a la vuelta de la esquina, el Estado tenía dos opciones para enfrentar la desobediencia que llegaba desde Cataluña. La primera era declarar inválido el referéndum como ya pasara en 2014. Sin conflicto y sin dramas, aquello que se votara sería papel mojado. Nadie en Europa hubiera aceptado el resultado y el globo independentista se desinflaría al chocarse contra esa realidad. La segunda era mover hilos judiciales para, al contrario que pasó en el referéndum de 2014, declarar ilegal el acto físico en sí enviando a Cataluña a miles de policía para evitar que aquella papeleta sin validez legal entrase en la urna sin validez legal. ¿Se imaginan un operativo policial armado para evitar aquella campaña política de desobediencia que Esperanza Aguirre y Rajoy lanzaron llamando a desobedecer la ley que establecía una subida del IVA? En el caso catalán sí podemos imaginarlo.

Cuando aquella mañana del 1-O llegó, el Ministerio de Interior al frente del operativo “judicial” volvió a encontrarse ante dos opciones. La primera era obedecer el mandato judicial que el propio poder político había promovido. Para ello, habría que incautar urnas y papeletas respetando siempre una condición que aparecía en el mandato judicial: que la incautación no supusiera en ningún caso un mal mayor, como poner en peligro la integridad física de policías o ciudadanos. La segunda opción era desobedecer el propio mandato judicial que los había llevado allí y entrar en colegios como quien entra a una redada a un piso terrorista: patadas en la puerta, cargas policiales y agresiones que acabaron con cientos de heridos. Ya sabemos qué se eligió hacer en una jornada que pasará a la historia como el día de la barbarie del “a por ellos”.

Días después de las imágenes de la policía golpeando a ciudadanos en Cataluña a cambio de un número simbólico de urnas que no evitó el referéndum, la Casa Real anunció un mensaje institucional de un Jefe del Estado que también se encontraba ante la disyuntiva de hacer que la moneda cayera de uno u otro lado. La primera opción era hacer su trabajo de mediador. Es decir, no meterse en política y limitarse a lanzar un mensaje que aportase sosiego y calma para que escenas como las vividas un par de días antes no se volvieran a repetir. La segunda opción era usurpar unos poderes políticos que no le correspondían, amenazando con represión a representantes públicos elegidos por los catalanes y posicionándose, por primera vez en la historia de las desobediencias, en un bando determinado. ¿Se imaginan al Rey amenazando a Ana Botella tras la venta de vivienda pública que atentaba contra la Constitución? En el caso catalán, de nuevo, sí podemos imaginarlo.

Con la Declaración Unilateral de Independencia sobre la mesa catalana, pero también con el compromiso de suspenderla si el Gobierno de España hacía un solo gesto de diálogo, tocaba volver a posicionarse. La primera postura posible era la de destensar un conflicto que había llegado demasiado lejos por la desaparición de la política. La segunda opción era rocambolesca: gritar que Cataluña había declarado la independencia cuando los propios líderes catalanes no sólo no se atrevían a declararla, sino que pedían un gesto que les librase de hacerlo. Se eligió más madera.

Luego llegaron las consecuencias judiciales y con ellas el desastre: penas de prisión, políticos exiliados y la ruptura total de la política para centrarse en la represión legal. Llegados a este punto, los poderes judiciales, por supuestísimo impermeables e independientes, decidieron introducir una novedad en el panorama judicial: tratar como a detenidos por terrorismo a los líderes del procés encerrándolos de manera preventiva. Año y medio después, ahí siguen. Mientras, los partidos de derechas presumen de independencia judicial al tiempo que se adelantan a la sentencia pidiendo que no se indulte a quienes, teóricamente, aún ningún tribunal ha condenado. Desde la cárcel lograron un escaño para llevar el conflicto político a donde tiene que estar: el Parlamento. Las normas del Congreso y el Senado no eran claras en este caso. Era, como comentaba en una de sus crónicas en CTXT Guillem Martínez, un terreno inexplorado eso de que presos preventivos hubieran conseguido acta de diputados partiendo del estatus de presos. A la mesa del Congreso presidida por el PSOE se le planteaba un dilema con, de nuevo, dos posibles soluciones. La primera solución era interpretar la ley del Congreso tal cual y permitir que los políticos encarcelados ejercieran el encargo de representación pública para el que les habían votado. La segunda era no leer, sino interpretar la ley de tal forma que se les suspendiera, enterrando definitivamente la política como herramienta de solución de problemas. Una vez más, la moneda cayó del lado de aumentar el conflicto.

Son años de decisiones que, con dos vías posibles, apuntan siempre hacia el mismo lugar. Seguiremos, a pesar de esto, encontrando a líderes que nombran al poder judicial, repitiendo que aquí no pasa nada más que el simple cumplimiento de la ley. Seguiremos también encontrando a ciudadanos que les crean y defiendan que detrás de todas estas coincidencias que unen a Gobierno, tribunales y Jefatura del Estado, no hay una estrategia política con ramificaciones judiciales, sino simple legalidad. A estas alturas de la película ya sólo queda pedirles que se compren un chupete para ver cómo acaba.