Marcha y contramarcha. A través de un decreto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, estableció que a quienes revelen datos reservados de las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales se les podrán aplicar los artículos 157 y 157 bis del Código Penal. Como en el decreto publicado ayer esa prohibición alcanzaba a "terceros", el castigo de hasta dos años de prisión podía recaer sobre periodistas que difundieran esa información.

Luego de la polémica que desató el decreto, la gobernación envió anoche un comunicado en el que reconoció "un error en la redacción" del texto. "Por lo tanto, la gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas", concluyó.

El decreto iba a contramano de la postura anunciada anteayer por el presidente Mauricio Macri, quien prometió revisar el artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de capitales que se discute en el Congreso, que establecía la misma pena para los periodistas que revelaran información sobre las personas que blanquearan bienes o dinero.

Por la tarde, a través de Twitter, Vidal ya había anunciado que podría "revisar" el decreto. Antes, destacó que fue ella quien decidió, en marzo, que "todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas". Y remarcó: "Esto no pasaba antes".

Precisamente, a través del decreto 116, del 29 de febrero, Vidal instruyó a cerca de 50.000 funcionarios bonaerenses, que incluyen desde la gobernadora y los cargos de conducción política hasta 4500 policías y agentes penitenciarios con grado de subcomisario o mayor, a presentar sus declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno.

Las declaraciones deben presentarse en dos formatos: integral y sintética. El primer formato contiene los mismos datos solicitados por la AFIP para la declaración de Ganancias y Bienes Personales y un anexo reservado con la totalidad de los datos personales y patrimoniales del funcionario, su cónyuge e hijos menores no emancipados.

La declaración sintética, por su parte, es la que pueden solicitar los periodistas. Es, en rigor, un formulario más exhaustivo que el que se exige a los funcionarios de otras administraciones, ya que obliga, por ejemplo, a registrar el valor de bienes, créditos y deudas de los familiares del funcionario.

Pero algunos datos quedan fuera de la declaración sintética, como la ubicación precisa de los bienes o el momento en que fueron adquiridos, la individualización de sociedades, fundaciones y fondos de inversión vinculados a los funcionarios y el nombre de quienes son sus deudores o acreedores, por ejemplo.

El artículo 6° del decreto 116 dice expresamente que la declaración sintética "no podrá contener" este tipo de datos, que quedan restringidos a la declaración integral y su anexo.

Pues bien, el decreto 647 de Vidal, publicado ayer, agregaba un artículo "5 bis" al decreto 116. Allí, destacaba que la declaración integral (incluido el anexo) "tendrá carácter reservado" y que los "funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal".

Esos artículos establecen penas de un mes a dos años de prisión y, en el caso de los funcionarios, la inhabilitación de uno a cuatro años.

Ayer, desde la gobernación destacaron a este diario que lo que se buscó aclarar con el nuevo decreto era la intención de evitar el uso indebido o la alteración de las declaraciones juradas. Pero el artículo apuntaba en primer lugar a quienes vulnerasen el carácter reservado de esos datos. O sea, a quienes los difundan.

"El formulario que nosotros llamamos «anexo» es el mismo que en la AFIP se denomina «papeles de trabajo». Son documentos que están protegidos por el secreto fiscal. Por ende, los artículos 157 y 157 bis del Código Penal ya se aplicaban desde antes, con independencia de que los hayamos expresado en el decreto", señaló a LA NACION el secretario legal y técnico de la gobernación, Julio Conte Grand.

"Lo agregamos porque había una duda en el tratamiento de las declaraciones sintética e integral. Pero es absolutamente obvio que no está dirigido a los periodistas, sino al uso indebido por parte de nuestros funcionarios", agregó, para remarcar que la declaración sintética que se les exige a los funcionarios bonaerenses es más exigente que la que solicitan otras administraciones.

El conocimiento del decreto generó una ola de críticas del kirchnerismo y pocos ecos en el resto de la oposición. "Es una medida escandalosa, criminaliza la práctica periodística y blinda a la provincia de una manera inaceptable", denunció la senadora Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, titular de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado.

También hubo críticas del sciolismo, pese a que durante los ocho años de la gobernación de Daniel Scioli fue política de Estado rechazar todos los pedidos de acceso a las declaraciones juradas. El decreto 116 de Vidal significó, en ese sentido, un avance claro en pos de la transparencia. El decreto de ayer, en cambio, abrió una incógnita inesperada.

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