La mancha espesa del populismo venezolano gotea sobre una de las empresas argentinas que más prosperó a su sombra. Es cierto que la firma tucumana Paramérica SA existía antes de que el presidente Néstor Kirchner considerara una alianza con el régimen de Hugo Chávez. También que Diego Ruiz Juárez, a quien se identifica como el “cerebro” de la expansión económica de Paramérica SA, contaba con activos invaluables para sacar partido de ese acercamiento hemisférico impensado en 2002: el conocimiento del terreno y contactos en Caracas. Coyunturas particulares y geopolíticas, como la necesidad de la Argentina de servirse de los dólares y del petróleo que al chavismo le sobraban, y el deseo de su líder de expandir su influencia por el Cono Sur, confluyeron para que la familia Ruiz Juárez se anotara varios porotos. Tanto creció el grupo gracias al Fideicomiso Pdvsa que, a comienzos de 2017, un captador de inversiones local afirmó: “en una década pasaron de productores pequeños a sentarse en la mesa de los grandes capitales privados de Tucumán”.

Luego de que trascendiera el informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que revela presuntas irregularidades acerca de los negocios que los otrora poroteros hicieron con los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, los empresarios han reiterado que su enriquecimiento procede de fuentes lícitas y rechazado sobornos a funcionarios públicos. El presidente de Paramérica SA, Carlos Ruiz Juárez rechaza cualquier insinuación de quienes emparentan a su organización con Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal que, junto a adláteres que lo acompañan en la caída en la desgracia -como José María Olazagasti y Claudio Uberti-, manejó los hilos del acuerdo comercial con Venezuela. El ejecutivo repite que no existen pruebas que los vinculen con los kirchneristas presos, procesados o arrepentidos (Uberti lo es) por su participación en hechos de corrupción.

Es probable que Paramérica SA no haya precisado de los oficios de De Vido para entrar en el esquema de “pagos seguros” y de controles débiles que ofrecía el Fideicomiso Pdvsa, según la Sigen. Pero Eduardo Sadous, el embajador eyectado de Caracas en 2005 por haber denunciado maniobras corruptas, declaró en la Justicia que nadie gozaba de las ventajas de ese mecanismo sin la bendición de las jerarquías estatales de los países aliados. Estas manifestaciones constitutivas de la “Embajada (o Aduana) Paralela” llevaron a Sadous al ostracismo diplomático: fue procesado por uno de los jueces federales más desacreditados de los Tribunales de Comodoro Py, Rodolfo Canicoba Corral, y desde hace años aguarda un juicio oral.

La exoneración simbólica del embajador que levantó la perdiz permitió a Nilda Garré convertirse en la representante de la Argentina ante Venezuela. Dicen que, con la funcionaria ultrakirchnerista al frente, el pacto comercial bilateral adquirió proporciones orgiásticas. En Paramérica SA toman distancia de esa red de transacciones opacas extinguida en 2016 y que el informe de la Sigen reactualizó. Pero los archivos muestran hechos llamativos. Tres años atrás, la situación privilegiada de la compañía en cuanto a pagos y preferencias de cobro llevó a la prensa nacional a informar que esa entidad privada estaba radicada en Venezuela y no en Tucumán. La confusión se corresponde con el interés que habrían exhibido altos dignatarios del chavismo para que el Fideicomiso Pdvsa cancelara las facturas de Paramérica SA. En el país de Maduro hay sospechas sobre los vínculos de la empresa con el poderoso ex ministro de Alimentación, Rodolfo Clemente Marco Torres. Al parecer, un lugarteniente de aquel militar chavista de paladar negro habría viajado a comienzos de 2016 a Buenos Aires para acelerar desembolsos a favor de los Ruiz Juárez, cuando la administración de Mauricio Macri alistaba el cese del Fideicomiso.

La auditoría del organismo control no sólo ratificó que la compañía tucumana quedó en el segundo puesto en cuanto a beneficios obtenidos a partir del mecanismo argentinovenezolano -sólo el gigante Sancor la superó-: también dejó a la vista operaciones que contrastan con las condiciones del mercado. Los dueños de Paramérica SA aseguran que todo es fruto de la desinformación de la Sigen y se precian de haber superado las fiscalizaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). A diferencia del grupo de Juan José Levy, exponente de la desmesura del Fideicomiso Pdvsa, los Ruiz Juárez -por ahora- no afrontan una imputación judicial. Mas todavía no están a salvo de correr la misma suerte que los Levy, otra familia que, al igual que los Vignati (Bioart), se hicieron multimillonarios gracias a las relaciones carnales con Venezuela. Para algunos estos serían versiones tropicales del fenómeno Lázaro Báez.

En el desempeño de Paramérica SA llama la atención, además, su papel de intermediaria. Carlos Ruiz Juárez y Marcelo Ruiz Juárez dijeron que la empresa había vendido al Gobierno de Maduro repuestos y maquinaria agrícola a precios inferiores a los que ofertaron los fabricantes argentinos. Pese a que la Sigen detectó recargos de hasta el 91,5% en productos como piñones, discos, semiejes, arandelas, cajas, aceleradores y cables, los tucumanos se vanagloriaron de ser más baratos que los fabricantes. “Hay que investigar por qué”, sugirieron. En su momento, al parecer, ellos no juzgaron necesario alertar sobre la intención de perjudicar a los venezolanos. Los Ruiz Juárez tampoco se hacen cargo de que el programa estatal en el que participaron para que los bolivarianos cultivaran sus propios alimentos haya terminado consumido por una hambruna africana pocas veces vista en el continente. Ante estos resultados, algunos postulan, con lógica de patria contratista, que no es culpa de Paramérica SA que el chavismo haya hecho malos negocios y políticas. El problema es que lo que trajo gran prosperidad para unos hoy lastima su reputación. Debe ser ese el único precio no querido de hacer negocios con Venezuela.