Nuevamente a puertas cerradas, sin público, se desarrolló una nueva audiencia de formalización por la compra y venta de un fusil ruso AK-47. Eso sí, en esta ocasión no se registró el amplio despliegue de seguridad exhibido el martes, aunque en buena medida porque la situación los pilló de sorpresa.

Matías Ugalde Vásquez llegó ayer cerca del mediodía a entregarse al Centro de Justicia, después de haber estado días prófugo -con una orden de detención en su contra- y apuntado como el supuesto comprador del arma. Naturalmente, por esa razón es que la audiencia no estaba en los planes de nadie.

Luego de ser formalizado en el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el hombre de 41 años recibió la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad.

La indagación de este caso se originó hace unas semanas, cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI tomó conocimiento sobre la venta de un fusil AK-47, con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos, cuyo caso se conoció públicamente tras la filtración de las escuchas telefónicas reveladas en exclusiva por Radio Bío Bío.

La causa fue declarada reservada por la Fiscalía Oriente, quien lleva la indagatoria, por lo que tener acceso a los detalles de la investigación ha sido complejo.

Por el momento, se sabe que son 6 los formalizados por el delito de porte y tenencia de armas y municiones, 2 de ellos en prisión preventiva y el resto con medidas cautelares menos gravosas, como arraigo nacional, firma y arresto domiciliario.

“Pensó que era broma”

Luis Inostroza, abogado de Ugalde, afirmó que efectivamente su representado pensó en comprar el fusil AK-47. Aunque -según dijo- inicialmente pensó que el ofrecimiento era una “broma”, pero al percatarse de la seriedad de la oferta y ver una fotografía del arma se habría retractado.

“Ahí se dio cuenta que era verdad y en base a eso por ningún motivo lo iba a hacer”, afirmó el defensor.

Según dijo, “se trata de una interpretación no ajustada a un contexto de una conversación en broma entre dos personas, lo que tal vez muchos de nosotros hemos hecho con amigos, compañeros de trabajo, o lo que sea”.

En tanto, precisó que su representado fue formalizado por porte de municiones y no porte de armas. “En algún minuto ofreció venderle a alguien, en 100 mil pesos, unas balas 9mm”, admitió.

Al otro lado de la historia, Felipe Moraga, el abogado que representa a José Joaquín Valdés, que se encuentra en prisión preventiva acusado por la venta del arma, negó una eventual asociación ilícita y aseguró que la venta del arma no se concretó.

No obstante, según confirmó el persecutor de la fiscalía de Las Condes, Andrés Iturra, a Valdés -que quedó en prisión preventiva el martes- se le formalizó por el porte de esta arma de guerra.

Doble estándar

En medio de la polémica, la oposición ha acusado doble estándar del Gobierno -e incluso la propia UDI, aunque en un tono más moderado- por querellarse por Ley de Seguridad del Estado en otros casos, como la vandalización de torniquetes del Metro o el boicot a la PSU, pero no en esta investigación, donde los imputados están acusados por el tráfico de un arma de asalto e incluso se llegó a vincular con las protestas de marzo.

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, sostuvo que como la investigación está bajo reserva, no cuentan con los suficientes antecedentes, pero afirmó que si efectivamente existe tráfico de armas, se querellarán invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Más tarde, a través de Twitter, el ministro (s) del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que solicitaron información al Ministerio Público, pero dicha entidad les señaló que el secreto de la investigación expira el próximo 20 de marzo. Por esa razón, dijo que recién en esa fecha analizarán eventuales acciones desde La Moneda.

No obstante, algunos críticos persistieron en sus cuestionamientos. Mediante la misma red social, el exfiscal Carlos Gajardo subrayó que “con los antecedentes que se han conocido públicamente tienen sobradamente para presentar una querella contra los imputados detenidos y contra todos aquellos que resulten responsables. Lamentable que ante un hecho tan grave no lo hagan”, señaló.

Y por su parte, el abogado de Valdés salió a poner paños fríos respecto a una posible organización criminal. “Aquí no hay grupos, como se ha dicho, ‘pinochetistas’ ni de ‘ultraderecha’, nada de eso”, aseguró. Y si bien hasta ahora no se conocen indicios de una coordinación grupal, lo cierto es que -según pudo constatar BioBioChile- los protagonistas de este caso tienen marcada afición por las armas y en sus redes sociales muestra clara inclinación por las ideas del pinochetismo.

Con todo, las penas que arriesga cada uno de ellos varía en relación al grado de participación en el delito, además de qué tipo de armamento portaban o tenían. En el caso del fusil AK-47, como es un arma de guerra, las penas parten en los 5 años y un día de cárcel.