Diego Cabot Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 22:32

Un kilo de fideos comprado en cualquier supermercado del país, ¿puede costar menos de la mitad que 680.000 paquetes comprados al por mayor? Depende de quién compra. Si alguien paga, por unidad, 680.000 paquetes al doble de lo que sale uno en el almacén de la esquina, se tratará, irremediablemente, de un organismo público.

La ineficiencia en las compras públicas se ha convertido en un debate central en la Argentina. No es para menos. Al abrigo de la pandemia de coronavirus, el Gobierno convalidó precios de alimentos de la canasta básica que se convirtieron en un escándalo. Compró 4,76 millones unidades repartidas en paquetes de arroz, lentejas, fideos y azúcar, además de un millón de botellas de aceite. El ticket sumó $543 millones. Si hubiese pagado el precio que cualquier argentino abona en el almacén de la esquina se podría haber ahorrado, al menos, $220 millones.

La operación sospechosa

El ministro Daniel Arroyo, junto al renunciado Calvo Fuente: Archivo

El precio al que se adquiere un producto es una combinación de varios factores. La burocracia, las demoras, la desidia y la corrupción son algunas de las excusas que se escuchan cuando se ingresa al oscuro mundo de las compras del Estado. A nadie le interesa la eficiencia. Se negocia con intermediarios y allí hay una fauna diversa. Compañías enormes con miles de empleados y sellos con un monoambiente y una cadena de contactos para quedarse con el negocio, aunque se tenga que devolver una parte.

Del otro lado, desde los compradores, asoman funcionarios que pasean con sus tarjetas que lucen el preciado sello de agua del escudo nacional en relieve. Se pavonean con cargos grandilocuentes y presupuestos millonarios. Viven de la tarjeta y las compras.

Las excusas sobre los motivos de los precios inflados siempre son los costos de financiamiento y los plazos de pago eternos que dependen, en gran medida, de la buena voluntad de un funcionario, más que de un proceso. A nadie le interesa generar grandes mejoras. Finalmente, muchos proveedores del Estado forman parte de la rueda que lubrica el engranaje de la política. La Argentina conoció la corrupción en la obra pública. Ahora tomó conciencia del perfil más miserable del Estado: comprar comida con sobreprecios en medio de la emergencia. No importa cuánto sale, total, paga el Estado.

Purga en el Ministerio

La caída de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social fue la respuesta política a un escándalo. Esta vez, el sistema de chequeo de una información estaba a tiro de supermercado de barrio. Como respuesta al escándalo, el Gobierno desarmó el área de Articulación de Política Social. Incluso se fueron funcionarios que no habían llegado a ser nombrados. Pero no ofreció una respuesta clara de qué había pasado, ni cuáles serán los cambios que se generarán para depurar el sistema.

El presidente Alberto Fernández se vistió de voluntarista y vociferó que, de ahora en más, no se pagaría por los alimentos más que lo que establece su mismo Gobierno como tope para los precios minoristas. Los intendentes y los gobernadores tienen que controlar precios en los súper, pero ellos mismos superan esos precios en las compras que hacen. El sistema de compras argentino requiere de cambios profundos. Por ahora, nada de eso ha sucedido. Total, paga el Estado.

Es posible que aquel atisbo de sentido común del Presidente, que pidió que las compras no superen el precio minorista, se torne un abstracto. Al menos, si no se mejoran los procesos.

El derrumbe de los alfiles de los intendentes bonaerenses, que se habían hecho de un sector clave en el manejo de la política territorial, fue la salida que se le encontró a la necesidad de mantener en el cargo al ministro, Daniel Arroyo. La jugada fue simple: entregar algunas piezas para salvar otra más valiosa. Sin embargo, los intendentes -sobre todo Mariano Cascallares, de Almirante Brown, y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora- quedaron golpeados y sospechados.

Los funcionarios que cayeron

El Estado sale de compras

La historia de las compras de los alimentos es una crónica del desastre burocrático argentino y un devenir lógico de los egoísmos de los funcionarios. Pero, por sobre todo, es el ejemplo de cómo funciona uno de los principales nidos corrupción del que se vale la política para funcionar. De allí sale gran parte del lubricante con el que se mueve la rueda del financiamiento.

Las empresas adjudicatarias explican, en gran parte, el sistema que impera en la administración pública. Sol Construcciones es una SRL con domicilio en un departamento de Corrientes al 1300 y que, según los registros bancarios, tiene compromisos mensuales de deuda por 5770 pesos. Casi la cuota de un televisor grande. Esa compañía tiene los mismos socios que Alimentos Generales, otra SRL con cinco empleados domiciliada en Burzaco. Ambas operan en el Banco Provincia de esa zona, en el corazón del Partido de Almirante Brown, dominios del intendente Mariano Cascallares. Entre las dos ganaron la entrega de cuatro lotes de 340.000 unidades de azúcar, aceite, fideos y arroz que suman $131 millones.

Teylem y Forain tienen otra entidad. Son históricos vendedores al Estado y armaron un pequeño imperio. Cuentan con una planta para preparar viandas y un frigorífico. Atienden comedores y también están en el negocio de las exposiciones. Pertenecen al Grupo L, una empresa de la familia Lussardi que hace años mantiene relación con el Estado.

Copacabana es otra compañía de muchos años, (44). Pertenece a la familia Assisa. Tiene un perfil similar al Grupo L y ha participado en decenas de licitaciones. La última, MH Accurso es la única proveedora que tiene como objeto social cultivar legumbres. Y, obviamente, licitó por la venta de lentejas. Son de la provincia de Santa Fe y tienen diez empleados.

La vida de estas empresas, que anidan entre el productor y el Estado, tiene varias explicaciones. La primera tiene que ver con la ineficiencia del Estado. LA NACION consultó a tres de las empresas ganadoras y las tres coincidieron: el financiamiento de una operación así determina el precio.

¿A cuánto paga el Estado? A lo que se le antoja. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo cobrará. Dependerá de la voluntad del burócrata, de la disposición de la partida presupuestaria y de la burocracia dedicada a trabar los expedientes. Se podría preguntar el lector para qué se traban. La respuesta la dieron los empresarios en la causa de los cuadernos. Los constructores acudían mansos a las oficinas del financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, y ahí destrababan el pago a cambio de un porcentaje. El lector podrá usar papel de calcar y transpolar esta solución a la gran mayoría de las compras estatales.

¿Cómo es el proceso para adquirir bienes?

Formalmente, la Argentina tiene un sistema llamado Comprar. Allí anidan todos los expedientes que se generan para adquirir un bien o un servicio y que, al iniciarse, determinan un trámite digital al que se puede entrar con facilidad para auditar.

Durante la gestión del ministro de Modernización del anterior gobierno, Andrés Ibarra, se puso el acento en el desarrollo del sitio Comprar.gob.ar. Entonces se obligó a que todas las agencias y organismos públicos se sometieran a los procedimientos que se estipulan en la plataforma digital. Se cursaron 17 millones de documentos públicos con esa herramienta.

En estas últimas semanas se dieron dos medidas que determinaron la salida de ese sistema. La primera, un procedimiento de compra en emergencia distinto al habitual. Mediante el decreto 287/2020 se estableció la compra en emergencia. "Durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones y organismos (...) estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia" dice la norma. Sólo hay un requisito final que, finalmente, sirvió de reaseguro: la publicación posterior en el Boletín Oficial.

A esa norma le siguió una segunda. El decreto 338 aprobó el denominado "procedimiento de contingencia", para ser utilizado ante "eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones" al Congreso. Es decir, estableció la posibilidad de regresar al papel para alejarse del sistema digital.

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra explicó en Twitter que es para que el Estado no quede paralizado cuando el sistema "se cae". Fue una de las que, publicamente, defendió el retroceso burocrático.

Pocos días después, el Gobierno lanzó la compra de miles de productos con la utilización de estos dos sistemas. Al salirse del Comprar, el Estado inició un proceso de contratación directa. Sucede que si alguien quiere hacerse de un bien y lo sube a Comprar, la posibilidad de ofertar le llega a todas las empresas inscriptas en ese rubro. El sistema nuevo sólo referencia a los habituales proveedores que están inscriptos en el ramo. La principal diferencia entre el Sistema Comprar y el método individual es que, además de que no queda registro digital de todos los movimientos, genera un coto cerrado de oferentes.

En el caso de los alimentos, el Ministerio de Desarrollo Social invitó a tres grupos. Sol Ganadera y Alimentos Generales ambas de los mismos dueños, Grupo L y Copacabana. De casualidad MH Acurso se enteró de la compra de lentejas y se coló.

El 24 de marzo, siempre basados en la emergencia, partió un correo electrónico con destino a los tres grupos. Tiene 26 páginas. Allí se establecen las condiciones de la compra. Entre ellas, que se entregue en 15 días el 70% de la mercadería en Villa Martelli y el resto en Tafí Viejo, Tucumán. Pero nadie cree en la palabra del Estado.

Al quedar atrás el régimen de contrataciones, se permitió comprar los alimentos con un sistema similar al de la compra directa, que, de acuerdo a la normativa vigente, debe utilizarse para contrataciones que no superen los $1,3 millones. Aquellos decretos habían eliminado la obligación de la publicidad previa (que ahora se hace por Comprar) y se utilizó una simple invitación telefónica, o por correo electrónico, a por lo menos tres proveedores.

Con dos decretos, el sistema de compras, que tiene en la publicidad y en la amplia competencia de oferentes su base para el buen funcionamiento, había sido aniquilado. Pocos días después, se desató el escándalo que arrastró a Arroyo a vaciar su ministerio para salvarse.

La explicación de la Unión de Proveedores del Estado

"El Ministerio de Desarrollo Social adeuda a los proveedores mercaderías que le fueron entregadas desde septiembre a diciembre de 2019, la mayoría con precios anteriores a julio, las que fueran utilizadas por ese organismo sin que a la fecha se hayan cancelado dichas deudas, con un proceso inflacionario en ese período que supera el 40%", dice el comunicado con el que se defendió la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE).

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, la ecuación es aún peor, ya que arrastra deudas de facturaciones del año 2018, en casos particulares, y de 180 días, en general, sin que exista posibilidad cierta que se puedan hacer efectivas las mismas", agrega.

Pero hay un párrafo de sus explicaciones que es determinante. Dicen que la decisión de llamar a tres y no a más empresas fue la clave del escándalo. "Dicha publicidad no implicaba ninguna demora en el procedimiento impuesto y hubiera evitado situaciones como las que ahora se ventilan en la prensa y en la que nos hemos visto involucrados sin tener ningún conocimiento de nuestra trayectoria, actividad y lucha contra este tipo de costumbres que siempre, subrayamos SIEMPRE (sic) y en todos los ámbitos de nuestra actuación hemos denunciado y colaborado con el fin de erradicarlas", dice el comunicado.

Finalmente, el gobierno se vistió de voluntarista. Sin palabras para poder explicar el sobreprecio, Fernández decidió que no se paguen precios por encima de los que otra parte de su Gobierno obliga a cumplir. Se trata de revertir una situación ridícula, como ver al propio Estado no cumplir las normas a las que sí obliga a todos los comercios del país.

El 8 de abril, la Oficina Nacional de Contrataciones envió una la nota 8/2020 a todos los compradores del Estado. "En los procesos de compra que se lleven a cabo para atender la emergencia (...) no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los Precios Máximos establecidos", dice el artículo 1.

Le costará al Estado conseguir precios si es tan mal pagador. No por nada hay quienes dicen que gobernar también es contratar.

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