A pocas horas del anuncio de la Orden Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, que impone sanciones a Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau —del círculo íntimo de Daniel Ortega—, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley de sanciones contra el régimen conocida como Nica Act. Con este proceso concluye la etapa más difícil del proyecto legislativo, pues avanzó en el Senado.

La Ley de sanciones para Nicaragua está compuesta por la unión de dos proyectos legislativos.

El primero es la Nica Act, propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, aprobada en el Congreso en octubre de 2017, la que fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a través de una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, la S.3233 del senador Bob Menéndez.

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La legislación destinada exclusivamente para sancionar los vejámenes y crímenes de la dictadura se convertirá en una fuerte Ley de sanciones dirigida al régimen, más dura que la Ley Global Magnitsky Act (Glomag).

El proyecto está a dos pasos de convertirse en Ley. Ahora deberá regresar al Congreso para la aprobación de las enmiendas propuestas y aprobadas por el Senado, un proceso que, de acuerdo con expertos, no tendrá ningún obstáculo debido a que la Nica Act ya fue aprobada por la Cámara Baja el año pasado.

Por último, la legislación deberá pasar a manos del presidente de Estados Unidos para su firma en un plazo de diez días. A partir de la firma entraría en vigencia la Ley dirigida a sancionar los abusos a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega.

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La congresista Ileana Ros-Lehtinen dijo a través de una declaración escrita que la legislación es el resultado de las constantes violaciones del régimen despótico de Daniel Ortega, que representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y un enemigo para la estabilidad regional.

“Ortega y sus secuaces han intensificado su campaña de opresión en contra del pueblo nicaragüense, implementando políticas para intimidar y silenciar a los disidentes. Además, la Policía del régimen ha detenido y encarcelado arbitrariamente a sus críticos, mientras que las turbas del régimen han matado a cientos de personas inocentes.

Estas son las acciones de alguien que quiere mantenerse en el poder sin importar el costo”, señala la congresista.

“La Ley Nica garantiza que Estados Unidos continúe respondiendo en consecuencia a estas acciones, cortando acceso de fondos a Ortega hasta que implemente las reformas electorales y de derechos humanos que tanto se necesitan”, añadió.

Sanciones combinadas

L as sanciones individuales incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones en el Sistema Financiero de EE.UU., o bajo su jurisdicción; bloqueo de propiedades o intereses en una propiedad, y negación o revocación de visados.

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El proyecto legislativo propone restricciones a los créditos al régimen de Ortega, en ese sentido establece que el secretario del Tesoro debe instruir a los directores de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), FMI y el BID para que se oponga a la aprobación de cualquier préstamo al régimen si no se realizan reformas democráticas.