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CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el hallazgo de 38 restos óseos es suficiente para señalar que los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, sitio donde la PGR dice que fueron quemados los normalistas de Ayotzinapa.

La CNDH presentó la recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos, por lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Luis Raúl González, ombudsman nacional, urgió a realizar análisis genéticos a los restos para determinar si son de los normalistas, pues la incineración y disposición de cadáveres en ese predio era práctica común del crimen organizado.

El organismo evidenció que la Procuraduría General de la República (PGR) pudo evitar los crímenes pero no lo hizo, pese a que las oficinas de la dependencia estaban a siete minutos del predio. Y agregó que la desaparición sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno. La comisión documentó que 244 familias y 685 personas fueron impactadas por estos hechos.

Fueron incinerados 19 en Cocula: CNDH

El ombudsman nacional urge a realizar análisis genéticos para determinar si los restos óseos son de los 43 normalistas; al menos 244 familias y 685 personas fueron impactadas por estos hechos.

Sin esclarecer el posible paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el hallazgo de 38 restos óseos constituiría un elemento suficiente para señalar que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incineradas en el basurero de Cocula.

Al presentar la recomendación sobre violaciones graves a derechos humanos 15VG/2018, por lo ocurrido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez señaló que es indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otros individuos.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, entre 23 y 28 normalistas de Ayotzinapa fueron entregados a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014 para luego ser conducidos hasta el basurero de Cocula en Guerrero.

En una conferencia de prensa, que se prolongó por nueve horas, el ombudsman comentó que se encontraron indicios que acreditan que hubo fuego “contemporáneo a los hechos”.

Sin embargo, insistió en que tomando en consideración que la incineración y disposición de cadáveres en el basurero era un práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en la zona, se tiene que precisar científicamente si los huesos corresponden a los jóvenes de Ayoztinapa o a personas diversas, a fin de avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos.

A cuatro años de los hechos, la comisión evidenció que la Procuraduría General de la República (PGR) supo del ataque a los normalistas a través del sistema C4 tan pronto que pudo actuar para evitar los crímenes, pero no lo hizo a pesar de que las oficinas de la dependencia estaban a sólo siete minutos.

“La PGR fue la primera autoridad ministerial que conoció lo que ocurría en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Si la PGR hubiera acudido inmediatamente a Juan N. Álvarez y Periférico, habría llegado oportunamente antes de que iniciaran y se concretaran los primeros actos de desaparición en contra de este grupo de normalistas”, asienta el organismo nacional en su recomendación.

En este contexto, el ombudsman nacional dijo que la desaparición de los 43 normalistas sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.

“La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la connivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos; la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno”, expuso.

La recomendación que se da, a tres días del cambio de gobierno, contiene 128 puntos dirigidos a 16 autoridades, entre ellas, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobierno del estado de Guerrero, a la Sedena, la Semar y la PGR.

El ombudsman aclaró que la recomendación no da por terminada la investigación del caso, pero constituye un punto de partida de lo que falta por hacer, por lo que corresponderá a las nuevas autoridades enderezar y continuar con las indagatorias.

En la investigación de la CNDH de más de un millón de hojas y mil 255 tomos se detalla que elementos federales incurrieron en ocho actos de tortura y 28 tratos crueles e inhumanos en contra de personas imputadas por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.

En total, la comisión documentó que al menos 244 familias y 685 personas fueron impactadas directamente por estos hechos.

Rechazan resultados

De acuerdo con las indagatorias de la PGR, los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.

Afirmaron que sus restos fueron arrojados a un río por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, con el apoyo de policías de Iguala y Cocula.

Dichas investigaciones se basaron en las confesiones de cuatro personas y diversos análisis.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Final del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa.

En éste señaló que persiste una investigación fragmentada, incomplea y sin una directriz clara.

Faltan detenciones y consignaciones por desaparición forzada y faltan detenciones de actores estatales.

Firmarán decreto para comisión

El lunes próximo, Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto para crear la Comisión Especial de búsqueda de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, aseguró Alejandro Encinas.

Tras participar en la entrega del informe México ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, observaciones de seguimiento 2018, el futuro subsecretario de gobernación comentó que a la firma del decreto asistirán familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Por otra parte, Alejandro Encinas informó que el próximo gobierno dotará de recursos y apoyo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues dicha comisión fue inoperante por la falta de los mismos.

jcp

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