Dos imágenes dibujaron ayer el doble tratamiento que el sistema tiene cuando se trata de “negociar la ley”: mientras a los maestros que se oponen a la reforma educativa se les manda la fuerza pública y se les amaga con “tomar decisiones” ante sus protestas y presiones para modificar las leyes educativas, a los empresarios, que también protestaron en la calle, se les arregla en el Congreso una ley que no les gustó por afectar sus intereses y, por órdenes del Presidente, el Senado les redacta una nueva ley a modo. Faltaba más.

Así, el discurso político y la retórica presidencial —que dictó tajante que en este país “la ley no se negocia”— tiene sus excepciones. No es lo mismo dialogar con maestros revoltosos (ellos dirían demandantes de sus derechos) que con trajeados líderes de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. A los primeros se les condiciona y dosifica el diálogo en la Secretaría de Gobernación, ante su negativa a retirar bloqueos y plantones que estrangulan a la población civil; a los segundos se les recibe con alfombra roja en Los Pinos luego de una marcha, una sola, que bastó para que el mismo presidente los escuchara y se comprometiera a un arreglo fast track de las leyes anticorrupción.

Eso define el perfil del gobierno de Enrique Peña Nieto, que prefiere que lo acusen de todo, hasta de tecnocrático-neoliberal-proempresarial, siempre y cuando no le llamen “populista” ni “demagógico”, ni siquiera en la acepción de Barack Obama que se confesó como gobernante populista por ayudar a los más pobres y menos favorecidos para equilibrar las oportunidades con los privilegiados.

La definición del gobierno de Peña Nieto, a partir de sus hechos, sería exactamente lo contario: ayudar a los privilegiados a que no sean incomodados con la ley y brindarles cada vez mejores oportunidades de negocios en detrimento de los pobres y menos favorecidos. Para éstos la visión social del peñismo sólo tiene “migajas” de programas sociales y una aplicación estricta de le ley y la justicia.

Así que señores clasemedieros y jodidos, tienen que cumplir la ley porque, al menos para ustedes, y lo dice su presidente, “la ley no se negocia”. ¿Les queda claro o nos obligarán a tomar “decisiones”? Porque el tiempo se agota.

NOTAS INDISCRETAS… Hablando de tecnócratas, al jefe del neoliberalismo peñista, el secretario Luis Videgaray Caso, lo acusan de “desacato y abuso de autoridad” por incumplir un fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) que le ordenó desde el 14 de junio de 2014 la reinstalación de una ex funcionaria de Hacienda que le ganó a la dependencia en los tribunales laborales un juicio por despido injustificado. La misma ex funcionaria, Lilia Cortés García, quien laboraba en la Subsecretaría de Egresos, como directora de Asuntos Jurídicos, de donde fue despedida en el año 2002, pidió a la titular de la PGR, Arely Gómez, “la destitución inmediata del Secretario de Hacienda y Crédito Público”, a quien acusa de incurrir en el delito de abuso de autoridad y desacato cometido en contra de ella y del TFCA y pide a la procuradora “iniciar las acciones legales correspondientes de acuerdo a la ley para sancionar al funcionario federal. Según Cortés García durante dos años la orden del Tribunal Federal para su reinstalación ha sido ignorada, a pesar de varios escritos y peticiones que le dirigió a Videgaray Caso y lo único que recibió del secretario y sus colaboradores en Hacieda fue “maltrato, discriminación, violación de mis derechos y amenazas”. Al negarse a cumplir tres acuerdos emitidos por los magistrados del TFCA, notificados en tiempo y forma a la SHCP, se tipifica el delito de desacato como consta en el expediente laboral 1418/03, que dio origen al juicio laboral de la demandante. El tema podría agravarse para Videgaray porque la misma quejosa ha documentado en el escrito que entregó en la PGR y que tiene sello de recibido el 30 de junio de 2016 en la “oficina de la C. Procuradora”, que el abogado que representó a la Secretaría de Hacienda durante todo su juicio, Jaime Loe Rangel, quien se presentaba como “apoderado legal” de la dependencia, no tiene en realidad el título de abogado y utilizó de 2006 a 2012, una cédula profesional falsa, que corresponde a una contadora pública de la Universidad Autónoma de Puebla. Aunque Loe Rangel ya fue destituido desde julio de 2014 por el órgano interno de la SHCP por “ejercicio indebido de profesión”, Cortés García acusa que todos los actos y documentos firmados por el falso abogado de Hacienda durante su juicio laboral carecen de validez. La pregunta es por qué Videgaray se niega a reinstalarla… Los dados mandan doble Escalera. Mejora el tiro.

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