Hay estados que no admiten puntos medios. Una mujer, por ejemplo, puede estar embarazada o no estarlo, pero es metafísicamente imposible estar un poquito embarazada, semiembarazada o ligeramente embarazada. ¿Se puede estar un poco imputado? Estos días el PSOE, esclavo de sus palabras, intenta explicarlo. Frente al compromiso previo de que forzarían la renuncia al escaño de Chaves, Griñán y demás aforados por los ERE en caso de que fuesen imputados, ahora dicen Diego en vez de digo.

Tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz fueron extremadamente claros y contundentes en distintas declaraciones hace solo unos meses; ambos prometieron que obligarían a dimitir a los aforados si el Tribunal Supremo los imputaba. Ese momento ha llegado y aquel compromiso no se ha cumplido.

El argumentario interno del PSOE sobre la imputación de estos cinco aforados dice alguna verdad y muchas medias verdades. Es cierto, el Supremo aún no les acusa de ningún delito concreto, pero sí lo hace la juez Alaya, que por eso da traslado a este tribunal, ya que son aforados. Por ahora solo estamos ante una diligencia que les cita a declarar, no ante un auto del Supremo que les acuse de delitos concretos. Pero no es del todo cierto que estén declarando porque lo hayan pedido de forma voluntaria: les habrían citado de igual forma y es tramposo presentar su imputación como un ejemplo de "colaboración con la Justicia".

No van como testigos porque no podrían, porque hay indicios que les relacionan con los delitos que están investigando: por eso solo pueden declarar en presencia de su abogado. Por seguir con el símil del embarazo, la imputación acaba de empezar, puede que se interrumpa más adelante y que el proceso judicial se archive, como ocurrió con José Blanco. Pero el hecho innegable es que Manuel Chaves, José Griñán, José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno van a declarar ante el Supremo como imputados. Imputados: con todas las letras.

Es verdad que el Código Ético del PSOE sitúa la dimisión obligada en el momento de apertura de juicio oral y no antes. Hay argumentos razonables para así defenderlo, como también los hay para pedir que la dimisión se produzca en el preciso momento en el que un político es imputado, o también –un término medio– cuando esa imputación también suma que el juez instructor acuse de delitos concretos. Ser imputado, además, no es sinónimo de ser corrupto, ni de ser culpable ni de ser un delincuente. Hay imputados que acaban siendo condenados y otros son absueltos, pero la presunción de inocencia es para todos hasta que llega la sentencia.

¿Cuándo debe asumir responsabilidades un político ante una investigación judicial? Es un debate interesante y legítimo: en qué punto procesal debe llegar la dimisión irrevocable. Pero lo que es indefendible es decir cada día una cosa. Fijar una línea roja y después cambiarla: aplicar distintas varas de medir a los ERE, a los usuarios de las 'black' o a Tomás Gómez y el tranvía de Parla. Es cierto que la presidenta andaluza sí matizó, después de sus primeras palabras, que con imputado se refería a que el Supremo imputase delitos. Como explica en este otro artículo el catedrático de derecho Joan J. Queralt, hay diferencia entre ser citado a declarar como imputado y que un auto judicial te impute –en el caso de los diputados y senadores, pasa además por un suplicatorio que el Parlamento debe votar–. Pero no se entienden los matices porque esta letra pequeña con la que ahora se excusa la palabra dada, en su momento, no se explicó de forma clara.

Además, Chaves, Griñán y demás aforados del PSOE imputados en los ERE simplemente deberían haber dejado el Parlamento hace ya tiempo: por su responsabilidad política, que es independiente de cómo acabe una posible responsabilidad penal –que, con la pruebas actuales, por ahora es muy dudosa–. La juez Alaya no les acusa de robar, sino de fallar en la supervisión y haber legislado un mecanismo de gestión del dinero público que no evitó que otros robaran.

Si se aplicase el mismo criterio a la Gürtel, por ejemplo, todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaría también en el Supremo. Pero la gravedad de estos hechos, la enorme cantidad de dinero malversado, obliga a que esta investigación sacuda a la Junta de Andalucía hasta lo más alto, aunque eso no sea ni de lejos el rasero judicial que se aplica en otros casos.

La responsabilidad penal de los aforados en los ERE la decidirá la justicia; la responsabilidad política de Manuel Chaves y José Griñán en los ERE es bastante obvia. Bajo sus barbas, se malversaron cientos de millones de euros, razón más que suficiente para dejar para siempre la política. Así lo entendió el PSOE cuando les apartó de la presidencia de Andalucía –aunque en su momento se dieron otros motivos, después la propia cúpula socialista ha argumentado que su salida fue por los ERE–. Pero les aplicó una semidimisión: dejaron la presidencia pero se les refugió en un escaño. Dimitieron solo un poquito, igual que Ana Mato.

Es bastante hipócrita que el mismo Partido Popular que esta misma semana defiende que, en el caso de Imbroda, hay imputados e imputados, pida la renuncia al escaño de Griñán y Chaves. Pero el doble rasero del PP no sirve para disculpar al PSOE. "La gente no está ya para palabras", decía hace unos meses la presidenta andaluza, Susana Díaz, cuando argumentaba que los imputados no se pueden sentar en un Parlamento. Tenía razón.