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Darío Serrano, portavoz del colectivo Libres, asegura que «el retroceso que hemos padecido en libertad de expresión en España es más que evidente»

El activista de esta agrupación que cumple tres años insta a la sociedad que está «anestesiada» a que se organice para «evitar que esta situación vaya a más»

«Tengo 52 años y todos los grupos que escuchaba de chaval estarían ahora en la cárcel», apunta en referencia a casos como el de Valtonyc o La Insurgencia

«Mientras no despertemos, los sectores más reaccionarios de las instituciones seguirán derogando nuestros derechos». Se trata del alegato que Darío Serrano lanza a una sociedad que la considera «anestesiada o adormecida». Este activista es el portavoz de la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (Libres) que cumple tres años de actividad «comprometida en la defensa, promoción y construcción de un verdadero marco de libertades colectivas e individuales, y en la lucha contra el clima de represión y criminalización de las movilizaciones sociales que se vive en Cantabria y en el resto del Estado español», tal y como recogen las bases de este colectivo.

Serrano asegura en una entrevista a este medio que «el retroceso que hemos padecido en libertad de expresión en España es más que evidente». Pone como ejemplos casos que hemos conocido recientemente como la condena de tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones o el secuestro cautelar del libro ‘Fariña’, en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego .

En este sentido, Serrano lamenta que «hemos empezado el 2018 de una manera horrible». «Son sentencias que implican directamente la privación de libertad y el ingreso en prisión», apunta sobre la del rapero, al tiempo que señala que, a su juicio, «ya es un disparate querer limitar la libertad de expresión» pero que «querer hacerlo con el código penal es aún más grave». «Tengo 52 años y todos los grupos que escuchaba de chaval estarían ahora en la cárcel», apunta en referencia a las condenas de Valtonyc, La Insurgencia o Pablo Hasel.

«Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo e incluso criticar el contenido de sus canciones, pero no se entiende y no existe ninguna proporción para que sean penados con la privación de libertad», argumenta este activista

«Cada noticia que conocemos es peor que la anterior», sostiene. Recuerda también la retirada de la obra de Santiago Sierra en la que se retrataba a Junqueras y a ‘los Jordis’ como presos políticos en en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO). «Son casos que asustan muchísimo», reconoce, puesto que «no se acepta la exposición de obras artísticas por motivos políticos». Ante este panorama, Serrano resalta que «no sabe hasta qué punto vamos a llegar». «Si me hubiesen dicho esto hace un año no me lo habría creído», asegura.

Así pues, insta a la sociedad a que se organice para que esta situación «no vaya a más». «Irá a peor en tanto en cuanto lo permitamos», incide. «Tenemos que decir ‘no’, hasta aquí, este derecho no se puede tocar», manifiesta, ya que de esta forma «se producirán los cambios legislativos que necesitamos para que esto no suceda así».

«Restricción de derechos»

Este activista lamenta también que la conocida como Ley Mordaza, aunque se inició una tramitación para su derogación, esté «durmiendo el sueño de los justos». «Su depuración fue inexistente, y la legislación que tenemos actualmente en España y su aplicación es muy restrictiva con los derechos de expresión, manifestación e información», subraya Serrano, «es absolutamente desproporcionada», sentencia.

Precisamente este asunto abordaron los integrantes de Libres en la asamblea que celebró el colectivo el pasado mes de enero para hacer un balance del año 2017. La reunión, según señala Serrano, giró en torno a tres ejes: La limitación de libertad de manifestación, expresión e información, la falta de independencia del poder judicial, y la recentralización del Estado más allá del conflicto catalán, centrándose en la pérdida de competencias de las autonomías.

Entre las últimas actuaciones llevadas a cabo por esta agrupación, destaca la petición de dimisión del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), por lo que consideran «un excesivo celo» en la aplicación de la Ley Mordaza en la comunidad. Le recriminaron que «no facilitase los datos para identificar a los agresores de ultraderecha» que provocaron los altercados con periodistas y simpatizantes de Podemos en el mitin que celebró Pablo Iglesias el pasado mes de octubre en Santander.

«No hay igual vara de medir», subraya Serrano, en referencia a la aplicación de esta ley en actuaciones de colectivos sociales respecto a miembros de ultraderecha. En las primeras, asegura, «identifican y pasan los datos inmediatamente». Finalmente, Serrano recuerda que Cantabria tiene el récord de España de sanciones de esta índole cuando «su peligrosidad social es cero».

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