La realidad mexicana: un exquisito platillo para chuparse los dedos en materia de corrupción, impunidad y desapego a la ley. Efectivamente, indudablemente es cotidiano que el ciudadano converse, abunde, profundice sobre el desvigorizado desempeño del sector público y el raquítico beneficio que otorga a la sociedad el sector privado; ambos incapaces de satisfacer los objetivos fundamentales de bienestar y eficiencia económica en el país.

Algunas notas periodísticas recientes hacen alusión a este padecimiento o cáncer social llamado corrupción, que incide drásticamente en la manera en la cual se distribuyen bienes, servicios, y demás. En el bienestar en términos prácticos. Por ejemplo, en una nota para El Universal, el economista Gerardo Esquivel apunta correctamente como incluso en un sector tan indispensable y básico como el de agua y saneamiento, el otrora director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, se vio obligado a renunciar por “acumulación de tarjetas”; o dicho de otra manera, dejó entrever recurrentes comportamientos de falta de ética y turbios intereses durante su mandato en la CONAGUA que derivaron en su renuncia y, posteriormente, en un donativo multimillonario a una universidad en Estados Unidos con el objetivo de limpiar su nombre.

El riesgo de los actos de corrupción en una institución tan importante como la CONAGUA merece particular atención. Y los lectores se preguntarán: ¿por qué? Bueno, comencemos contextualizando lo que acontece a nivel global en el sector de agua y saneamiento y posteriormente delineemos la magnitud del problema en México y la gravedad del asunto. De acuerdo con Transparencia Internacional el sector de agua y saneamiento a nivel global esta diezmado por la corrupción y como resultado los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplieron en un gran número de países en vías de desarrollo. Aún más: existe un número de países en donde el acceso básico al agua potable y al saneamiento es relativamente alto, como lo es en el caso de México, pero en donde la corrupción en el sector genera profundos problemas respecto a la calidad del servicio, y como resultado el agua está contaminada, o no se abastece, o es poco costeable para los más pobres.

Y si ampliamos el foco del análisis la cosa se pone color de hormiga. Según el reporte global “Integridad del Sector de Agua y Saneamiento” (2016), México figura en una vergonzosa posición en donde se detalla que “funcionarios de mediano y bajo nivel están involucrados en la venta ilegal de agua y en derechos de explotación acuífera, lo cual es obviamente prohibido por la ley”. En términos llanos, la corrupción del sector es sistemática dentro de la estructura institucional del sector. Y eso no se queda ahí. Resalta el mismo reporte en una de las secciones sobre el penoso caso del encarcelamiento de un grupo periodistas que destaparon a la luz pública el desmesurado crecimiento tarifario promovido por la Comisión Estatal del Agua en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo. Este crecimiento desmesurado surgió por la falta de solvencia financiera de dicha comisión, generada en parte por la falta de mecanismos de prevención contra la corrupción y transparencia en dicha comisión estatal.

No hay que comer ansias, hay más tela de dónde cortar. En la mismísima Ciudad de México, cuna cultural, económica y social del país, los residentes de ciertas zonas –pura coincidencia que sean éstos lo más pobres– no conocen, desde hace algunas décadas, lo que es contar con un servicio de agua potable continuo y eficiente. Ante el abrumador desabasto del agua, muchas personas acceden al agua a través de las famosas pipas, las cuales cuentan capacidad individual para abastecer alrededor de dos hogares por solamente dos semanas. Tan sólo en Iztapalapa existen cerca de 1000 pipas de agua, las cuales no pueden abastecer de manera continua a las más de dos millones de personas que viven en esa delegación. Y si nos vamos al tema de cobertura de saneamiento urbano, en donde la inversión ha sido mermada por la ineficiencia en el uso de recursos, la situación es menos meritoria: menos del 10 % del agua utilizada en la ZMVM es tratada, por lo cual el agua no tratada termina en mantos acuíferos o canales de agua, con lo cual se contaminan los pocos recursos hídricos con los que cuenta la ciudad. ¿Y quienes son los más perjudicados por el inadecuado manejo de las aguas negras? Pues los pobladores más pobres que viven cerca de los lugares en donde se desechan las aguas negras.

Un síntoma innegable del desafío que enfrenta el sector ha sido expuesto ante los medios recientemente. La poca transparencia y rendición de cuentas del sector han generado una fuerte escasez financiera que se ha traducido en un deterioro continuo en la calidad del agua y el saneamiento público adecuado. Como consecuencia, en varias ciudades y poblados del norte, centro y occidente de México los casos de insuficiencia renal se incrementaron empedernidamente en los últimos seis años, debido a las altas concentraciones (y fuera de norma) de flúor, metales pesados y sulfuro en el agua. La gente más pobre está expuesta a esta mala calidad del agua en una mayor proporción y en muchas ocasiones los daños renales son tan severos que los afectados necesitan diálisis renales. A temprana edad, la exposición a estos químicos mencionados puede generar daños renales irreversibles e incluso la necesidad de trasplantes de riñón. Y nuestro sistema de salud también sufre las consecuencias de este problema. Las diálisis y los trasplantes producto de insuficiencia renal no sólo generan una alta carga de enfermedad en la población sino además un alto costo para el sistema de salud. Tan sólo basta con vislumbrar que en México existen 700 casos por millón de habitantes de insuficiencia renal, cuando la media internacional es de 70 casos por millón.

Pero la corrupción que afecta la provisión y distribución de agua y saneamiento también se genera afuera del sector. El problema que existe yace en entender qué causa qué. Me explico. México es el país que más consume agua embotellada en el mundo. En parte como consecuencia de la mala calidad del agua, como expuse anteriormente. Pero también en parte debido al cabildeo político ejercido por productores de agua embotellada, que figuran por su amplia riqueza financiera, con lo cual promueven y refuerzan su posición dominante del mercado a través de la legislación. Tan sólo en 2014 México consumió casi 8 mil millones de dólares en agua embotellada, un alza del 56% respecto a 2009, y con una tendencia para alcanzar los 9,400 millones de dólares en ventas para 2019. Por tanto, la condición mermada del sector dio paso a un comportamiento oportunista de la industria del agua embotellada que causa a su vez un mayor deterioro en el servicio de agua potable público con el fin de preservar su influencia en el mercado.

Son tan desilusionantes los resultados en el sector de agua y saneamiento en México que los “garrafones” o los “tinacos” no sólo son indispensables en los hogares Mexicanos, sino que además han sido sujeto de investigaciones académicas que concluyen que los garrafones y tinacos son fuentes alternativas al servicio público de agua, pero con poca efectividad y altos costos sociales.

A pesar de todo esto, es una incógnita la medida en la cual las instituciones del sector de agua y saneamiento en México reaccionan ante estos desafíos. En parte puede explicarse dicha falta de reacción institucional a partir de la insuficiente e ineficaz rendición de cuentas hacia los ciudadanos y a otras instituciones públicas del país. Sin mecanismos de rendición de cuentas del sector, la pobre calidad del agua pasa desapercibida ya que no existe una institución independiente que separe funciones de “juez y parte” respecto al monitoreo y evaluación de la calidad de agua y servicios afines.

Finalmente, las consecuencias de la corrupción y falta de transparencia en un sector tan primordial como lo es el del abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado son palpables y tangibles. La mala calidad del agua afecta el bolsillo de los hogares y el uso productivo del tiempo (sustituido por conseguir agua limpia); afecta directamente la incidencia de enfermedades, que en muchos casos pueden tornarse graves e irreversibles, particularmente para los niños; y se afecta la manera en la que se distribuye el recurso hídrico sujeto a la escasa inversión y los intereses ajenos a maximizar el bienestar social. El acceso al agua potable ha sido declarado un derecho humano universal (resolución de la Organización de las Naciones Unidas No. 64/292 ) y en la forma en la que la gente más necesitada económicamente padece los efectos directos de la corrupción en el sector conllevan a que México este muy por debajo de las expectativas internacionales. Por ello, los resultados de las instituciones del sector, encargadas de proveer un servicio equitativo y adecuado en México, quedan muy lejos de lo que aspiramos como sociedad.

Christian Borja-Vega es economista del Banco Mundial.

Las opiniones y expresiones son exclusivas del autor y no reflejan la opinión institucional del Banco Mundial.