Ya no se sabe con certeza si el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene control de su gobierno, es una anarquía en la cual se desenvuelven sus funcionarios, o es el arquitecto de una autocracia. Pero el paquete de reformas al sistema de justicia que llevaron el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, al Senado, la semana pasada, habla del desaseo con el que este nuevo régimen hace las cosas. El Senado rechazó aceptarla al argumentar que no había sido consultada dentro del propio gobierno, lo cual es incorrecto, porque fueron todas las dependencias a las que se les pidió observaciones y propuestas quienes incumplieron con la solicitud, salvo la Unidad de Inteligencia Financiera.

Es posible conjeturar que se buscó un control de daños ante las críticas por la regresión a las libertades que entrañaba, y que abría la puerta al retorno de un modelo autoritario, sepultando años de lucha por la democracia, lo que a muchos les parecerá abstracto, hasta que sufran las arbitrariedades de los excesos del poder, como sería este el caso. El paquete de reformas, sin embargo, es un suicidio político –lo que es muy poco probable–, o lo hizo un enemigo del Presidente, porque de aprobarse como lo envió, él mismo violaría varios de sus artículos.

Esta es una proposición hipotética porque el Presidente no puede ser juzgado salvo por traición a la patria. Pero como ejercicio para problematizar la reforma y observar las líneas que se cruzan dentro del gobierno, se pueden plantear las preguntas sobre si el contenido de la iniciativa aprovechó su desinterés por temas que no tienen que ver con lo electoral, o es un intento por la centralización del poder y controlar lo que está, hasta ahora, fuera de su alcance: la libertad de expresión. Lo que no cabe pensar es que sea ajeno a la iniciativa y a sus tesis centrales, al haber sido acompañada todo el tiempo por su consejero jurídico, probablemente el colaborador más cercano que tiene el Presidente. Como botones de muestra:

El artículo 468, fracción V del nuevo Código Penal Nacional, se pide cárcel para quienes hicieron imputaciones para causar deshonra, descrédito, perjuicio, o desprecio de alguien. Pero si alguien se ha embarcado en ese tipo de prácticas de manera cotidiana es el presidente López Obrador, que utiliza las comparecencias públicas matutinas en Palacio Nacional para denostar, calumniar y crear las condiciones para el linchamiento, hasta ahora virtual, pero con una tendencia a que se mude al mundo real.

Estos abusos no deben ser permitidos, pero las democracias los castigan con sanciones administrativas, como lo establece el Código Penal mexicano de 2007, y no penales, como quieren ahora modificar, pese a que si quien incurre en ellos sea quien, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia, tendría que ser más tolerante que todos, el Presidente. Aun en este caso, son preferibles los excesos retóricos del Presidente –siempre y cuando no incite al odio, como sucede frecuentemente–, que socavar la libertad de expresión.

Otro botón que llevaría al Presidente a delinquir está en el capítulo que se refiere a Delitos contra el Orden y la Paz Pública, cuyo artículo 836 señala que constituye un ataque, “toda manifestación o exposición dolosa hecha públicamente que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; a las personas físicas o morales”. Nadie podría caber mejor en esa descripción que López Obrador. A través de difamaciones inició el proceso de destrucción de los órganos electorales desde la campaña presidencial de 2006, cuando clamó la liquidación del actual Instituto Nacional Electoral. Mediante un rearmado legislativo, a través de las cámaras controladas por él, lo está logrando, al tiempo que ha colonizado los órganos reguladores autónomos, para evitar los contrapesos indispensables en una democracia.

La calumnia y la ridiculización lo acompañan permanentemente, por lo que la ley Gertz Manero lo pondría una vez más en el campo de quienes la violan. De cualquier forma, esta reforma es profundamente inhibitoria y busca la previa censura, rechazada tajantemente en la Constitución de la Ciudad de México, donde participaron en su arquitectura varios miembros prominentes del gobierno de López Obrador. Es decir, aquello que el hoy Presidente instruyó a que se legislara, quiere desmontarse.

La fracción II del mismo artículo señala como un atentado al orden y la paz pública “la publicación o propagación de noticias falsas sobre acontecimientos de actualidad, capaces de perturbar la paz o la tranquilidad de la República o en alguna parte de ella, o de causar el alza o baja de los precios de las mercancías”. Las mañaneras caerían invariablemente en este delito. Todos los días, de acuerdo con los estudios de Spin Taller de Comunicación Política, López Obrador miente cuando menos cinco veces, y en otra ocasión mencionó negativamente a una empresa, injustificadamente, lo que provocó una caída en sus acciones de 5 por ciento.

El artículo 838, vinculado al 836 mencionado previamentre, refiere: “las manifestaciones o expresiones se considerarán hechas públicamente cuando se hagan o ejecuten en lugares públicos, o en lugares privados, pero de manera que puedan ser observadas, vistas u oídas por el público”. En este caso, el Presidente también violaría la ley. Por ejemplo, por la forma como se refiere a un columnista como cocainómano, lo que alimenta los ataques en su contra de los afines a López Obrador en las redes sociales.

¿Qué se pretendió con la ley Gertz Manero? No se sabe y, a la vez, todo es posible. El talante de la reforma se va a ver, junto con las intenciones hoy ocultas, cuando formalmente se presente en el Senado. Ahí se apreciarán las verdaderas intenciones de López Obrador. O sus omisiones.