VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Este día salió libre Marcos Iván Soto Vidal después de ocho años de estar internado en el Centro Tutelar para Menores, acusado de la autoría intelectual del asesinato del político priista José Francisco Fuentes Esperón, su esposa y dos hijos menores, en septiembre de 2009.

El fiscal general Fernando Valenzuela Pernas confirmó la liberación del llamado Chelo Satán porque, dijo, se le aplicó la pena máxima de ocho años por ser menor de edad.

“Se le investigó conforme a la ley de justicia para adolescentes, es un sistema penal especial, distinto al que se aplica a un adulto”, informó y añadió que no hay posibilidad de volverlo a juzgar porque ya cumplió su sentencia.

También dijo desconocer si Soto Vidal se reformó durante su estancia en el Centro Tutelar y lamentó que otra investigación en su contra no haya prosperado, por ser un delito no grave.

Luego recordó que hace año y medio, cuando Soto Vidal reclamaba su libertad, durante un cateo a su celda se le halló un teléfono celular, “y nosotros consideramos que por encontrarse ese hecho no se le debía otorgar beneficio alguno”.

Aunque se le negó la libertad en aquella ocasión, no prosperó ante el juez la denuncia de la FGE.

El 5 de septiembre de 2009 los tabasqueños amanecieron horrorizados por el multihomicidio de la familia Esperón Argüelles.

En su residencia de esta capital habían asesinado a José Francisco Fuentes Esperón, candidato a diputado local del PRI, así como a su esposa y dos menores hijos.

Los niños fueron asfixiados, la señora violada y junto con su marido recibieron disparos de arma de fuego.

Luego de las investigaciones fue detenido Ricardo Hernández Rodríguez, vigilante de la privada Los Tucanes, donde residían las víctimas, y posteriormente Marcos Iván Soto Vidal y Julio César Moreno García.

Soto Iván, que era vecino de la familia Esperón, fue acusado de la autoría intelectual de los crímenes y, por tener 16 años el día de los hechos, fue internado en el Centro Tutelar para Menores, donde se le aplicó la pena máxima de ocho años.

En marzo de 2014, Julio César Moreno García, El Loco, quedó en libertad por recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La CEDH pidió a la Procuraduría local que se desistiera de la acción penal contra Moreno García, debido a que el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito invalidó 17 pruebas ministeriales por irregularidades en el proceso.

“Las evidencias que sirvieron de prueba para su consignación y posterior auto de formal prisión fueron invalidadas por el juez, de tal manera que no había razón jurídica para negar la recomendación”, justificó en aquella ocasión el entonces procurador y ahora fiscal Fernando Valenzuela Pernas.

No obstante, aclaró que el error no estuvo en la integración de la averiguación previa, sino en la violación de la presunción de inocencia, que los tribunales federales “han hecho valer fuertemente”, como sucedió en el caso de la francesa Florence Cassez.

Moreno García permaneció cinco años en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).

El otro cómplice, Ricardo Hernández Rodríguez, aún sigue preso en el Creset.