Las cámaras de vigilancia de la comuna de Quintero grabaron el 17 de marzo a una pareja besándose en la plaza de la ciudad, algo que parece cotidiano y sin mayor relevancia, pero los registros de seguridad comunal llegaron a manos del marido, que no era el hombre que aparecía en las imágenes, y se provocó un quiebre matrimonial.

Días después de la grabación, el hombre llegó ofuscado al trabajo de la mujer con fotografías en mano. Ella prefirió mostrar el registro a sus hijos, a los que dejó de ver y producto de la crisis se fue de la casa, tal como recoge este sábado El Mercurio.

La situación captada no constituía un problema de seguridad pública ni un delito, por lo que la mujer afectada exige explicaciones a las autoridades comunales, acusando que se vulneró su privacidad. “Las cámaras son pagadas por la municipalidad para brindar seguridad. Pero en las imágenes no estoy haciendo nada malo, ni robando ni cometiendo algo que infrinja la ley”, afirmó al matutino, solicitando que se explique cómo las capturas pudieron llegar a su marido sin una orden judicial.

“La regulación de las cámaras de seguridad de los municipios es exigua, pero hay tratados internacionales firmados por Chile que resguardan la privacidad e intimidad”, indica el abogado de la mujer.

Desde la Municipalidad de Quintero detallaron al citado medio que se ordenó una investigación para aclarar responsabilidades y el alcalde (s) Rubén Gutiérrez afirmó que tienen protocolos con el objetivo de que no se caiga en malas prácticas al usar las cámaras. “Estas solo pueden ser operadas por personas autorizadas que no pueden entregar imágenes sino a fiscales y policías que las requieran para investigaciones”, declaró.

De acuerdo a El Mercurio, el operador de cámaras habría realizado un acercamiento a la escena en la plaza y se fotografió el monitor, capturas que luego se habrían enviado directamente al marido.

Actualmente son muchos los municipios que han puesto énfasis en el desarrollo de redes de televigilancia con fines de seguridad. El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, comentó que el incidente ocurrido en Quintero “es una buena instancia para revisar los protocolos para contratar a esas personas (operadores)”.

Para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lo que pasó motivaría un despido inmediato y recalcó que siguen “todos los lineamientos que la Corte Suprema dio (en junio de 2016) a propósito de los drones y globos aerostáticos con cámaras de seguridad”.

En ese sentido, el fallo del máximo tribunal establece que este tipo de herramientas deben resguardar la intimidad y evitar apuntar hacia propiedad privada. El material debe ser custodiado por personal municipal y será destruido en 30 días. Sin embargo, “todo ciudadano tendrá derecho al acceso de las grabaciones”, aclara el texto.

“Cualquier persona puede pedir ver alguna imagen si tiene alguna duda”, confirma el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.