En foto, concentración de jóvenes en la localidad valenciana de Alcàsser, en enero de 1993. En vídeo, trailer de la serie documental de Netflix. FOTO JORDI VINCENT VÍDEO: NETFLIX

El hallazgo, el 27 de enero de 1993, de los cuerpos de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández convirtió la localidad valenciana de Alcàsser en un plató. Esa noche, en el horario de máxima audiencia rivalizaron dos programas: Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón en TVE, y De tú a tú, conducido por Nieves Herrero en Antena 3. En directo, y en plena conmoción, desfilaron ante las cámaras familiares de las niñas, compañeros de colegio, vecinos. Todos hundidos por la tragedia.

Aquella cobertura —que ha recuperado la serie documental de Netflix El caso Alcàsser— pasó a la historia como el paradigma del amarillismo televisivo. Pero el tratamiento de otros sucesos más recientes ha perpetuado, e incluso superado, los mismos desatinos. “No hemos aprendido nada”, afirma la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, que recuerda con verdadero pesar el tratamiento de la desaparición y muerte del niño Gabriel Cruz en Las Hortichuelas (Almería). Fue “lo peor” con lo que se ha encontrado el CAA desde su creación, en 2005.

De la cobertura del caso Alcàsser se ha dicho que fue morboso, que hurgó en el inmenso dolor e hizo espectáculo de la tragedia. Del caso Gabriel, el consejo percibió “un abuso del sensacionalismo y morbo” en detrimento del rigor, la precisión, la moderación y la responsabilidad informativa que exige la desaparición y muerte de un menor. Reprochó el uso de recursos para llenar horas de programación y captar audiencia obviando con absoluta impunidad derechos como “la veracidad informativa, el honor, la intimidad y la imagen de las personas”.

A menudo se ha tachado la información sobre el drama de Alcàsser como arquetipo del amarillismo televisivo. Sobre la desaparición del pequeño Gabriel, el CAA verificó un desequilibrio entre el tiempo destinado a difundir información contrastada frente a la divulgación de elucubraciones y especulaciones. Desde la pantalla se cuestionaron las conclusiones de la investigación oficial para alimentar otras tesis asentadas en meros rumores y suposiciones sin fundamento. Y hubo un “linchamiento mediático” al hombre detenido por quebrantar una orden de alejamiento.

En los últimos 25 años se han realizado gigantescos despliegues televisivos ante sucesos de gran impacto social. Errores similares a los cometidos en Alcàsser se han reproducido en otras tragedias, como las de Marta del Castillo o Diana Quer. El rescate del pequeño Julen, que cayó a un pozo en Totalán (Málaga), se retransmitió en directo durante días.

En los especiales de Alcàsser se escucharon en De tú a tú preguntas como estas: “Compartimos tu dolor, ¿alguna vez lo vas a superar? ¿Cómo valoras que se hagan estas atrocidades?”. “Tras los resultados de la autopsia ¿se puede decir si fueron maltratadas?”. Pocas diferencias con la narración sobre Marta del Castillo: “Estamos en directo viendo cómo buscan, rastrean palmo a palmo”. “¿Cómo recibe la noticia de que ha sido asesinada Marta su madre?”, le preguntan al abuelo. “Tenemos unas declaraciones exclusivas que Samuel ofreció en este programa... No se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Volvemos en dos minutos”.

La presidenta del CAC considera que las cadenas han de establecer límites claros: “Los sucesos no son un espectáculo o un entretenimiento. Son hechos luctuosos, situaciones trágicas que han de ser respetadas. A base de morbo y espectacularización se banaliza la tragedia”. Fernández añade que “la especulación, las noticias falsas y los juicios paralelos” contribuyen a frivolizar el inmenso drama que suponen estos sucesos, y enfatiza que las redes sociales ayudan a la alarma y a que muchos programas den rienda suelta a la fábula, el morbo y el espectáculo. “La sociedad tiene que hacer una reflexión y tomar conciencia de que hacen falta instrumentos con fuerza moral y capacidad normativa y sancionadora”, sostiene.

Ese instrumento, un consejo audiovisual estatal, existe en la mayoría de los países europeos. En España las competencias las desempeña la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). El catedrático de Comunicación Audiovisual Enrique Bustamante se muestra crítico: “La CNMC no es experta en materia audiovisual ni tiene sensibilidad hacia los contenidos. Analiza la televisión como si fuera un mercado más de la competencia”. Para Bustamante es preciso un organismo capaz de asumir una labor de orientación, de respeto a principios éticos y salvaguarda del pluralismo y libertad de expresión. Y, además, con poder sancionador. Quizá así se evitaría la “serialización” de los sucesos, exprimiendo los dramas con emisiones eternas para fidelizar a la audiencia. “Es una fórmula rentable y barata”, concluye.