El líder del PP, Pablo Casado, viene reclamado la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Catalunya, incluso anima a aprobarla ya, este mismo viernes, en el Consejo de Ministros. Casado lanza esta propuesta ante el obstáculo que supone la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio pasado sobre el articulo 155, cuando aclara que este no puede aplicarse indefinidamente, y el dilema que supone saber si este precepto constitucional se podría aplicar en pleno periodo electoral y con el Gobierno en funciones. El popular recomienda la ley de Seguridad para evitar entrar en discusiones de derecho constitucional y como fórmula más eficaz y rápida para tomar el control a través de un real decreto que sería aprobado en la Diputación Permanente del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que el Ejecutivo lo tenía estudiado y que, a pesar de esta en funciones y con las Cámaras legislativas disueltas, se podía aprobar y aplicar un eventual 155 en Catalunya. Sin entrar en detalles, el jefe del Ejecutivo fue rotundo al señalar que se podía hacer “sin problemas” y a través de la Diputación Permanente. El debate estaba servido y, tal y como ha podido comprobar La Vanguardia , no todos los expertos en derecho constitucional se expresan con la misma contundencia y expresan muchas dudas al respecto.

Ley de Seguridad Nacional Casado reclama su aplicación para tomar el control de los Mossos d’Esquadra, en caso de que puedan recibir “órdenes ilegales”

El motivo de la discordia está en el hecho de que la Constitución establece específicamente que el precepto debe aprobarse en pleno del Senado y que, ante su disolución, la Diputación Permanente de la Cámara Alta tiene restringidas sus atribuciones. Sin entrar en esa discusión, la ley de Seguridad Nacional ha emergido como una opción que Sánchez se plantea en caso de no tener tan clara la vía del 155 y en función de la premura con que necesite actuar. Además, esta vía podría ser la más adecuada ante un recrudecimiento de la respuesta ciudadana ante la sentencia del juicio del ‘procés’, puesto que no implicaría la suspensión de la autonomía catalana ni la intervención de competencias, pero permitiría al Ejecutivo central coordinar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía autonómica`

Casado reclama dicha aplicación para tomar el control de los Mossos d’Esquadra, en caso de que puedan recibir “órdenes ilegales” por parte de la cúpula política y para cerrar el llamado ‘CNI catalán’, el Cesicat, que aparece vinculado a los CDR detenidos en algunas informaciones. Sin descartarla abiertamente la vía propuesta por el líder popular, el presidente del Gobierno comentó ayer que mantiene “absolutamente” la confianza en la policía catalana, con lo que este no sería el motivo para aprobar la norma.

La ley contempla que, ante una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, el presidente , vía real decreto, defina la crisis, su ámbito geográfico, la duración y, en su caso, nombre a una “autoridad funcional” para que dirija y coordine las actuaciones

Pero qué conlleva y cómo se aplica la ley de Seguridad Nacional. Fundamentalmente, la ley es más rápida en su aplicación que el artículo 155.. Además del debate que suscita su aprobación estando en funciones, aplicar el 155 implica realizar unos pasos previos, como el requerimiento formal al president de la Generalitat, la aprobación en la Cámara Alta (en su defecto, en la Diputación Permanente) y diseñar exactamente los plazos y actuaciones que deberían aprobarse también en Consejo de Ministros. En cambio, aprobar la ley de Seguridad Nacional sólo requiere de un Real Decreto que se convalidaría inmediatamente en la Diputación Permanente, como tantas veces se ha hecho.

Las diferencias en cuanto a celeridad y facilidad de ejecución son innegables. La ley de Seguridad contempla que, ante una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, el presidente del Gobierno, vía real decreto, defina la crisis, su ámbito geográfico, la duración y, en su caso, nombre a una “autoridad funcional” para que dirija y coordine las actuaciones y a las administraciones implicadas. La ley tiene el objetivo de “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”, de manera que vuelve a emerger, como lo hizo en 2015, como una herramienta para sancionar un comportamiento en Catalunya contrario a la Constitución sin que el Govern tenga medios legales para frenar esta potestad.

“Esta ley será de aplicación a las diferentes Administraciones Públicas y, en los términos que en ella se establecen, a las personas físicas o jurídicas”

Desde el punto de vista procedimental, la ley de Seguridad tiene ventajas pero no tiene el apoyo constitucional que sí tiene el 155 u otras leyes que también pudieran aplicarse, como la ley orgánica 4/1981 de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que deriva directamente del artículo 116 de la Constitución. Esta última ya va muy allá y permite controlarlo todo en caso de verse alterada la integridad territorial; de hecho permite una intervención de la autoridad para una parte del territorio nacional.

Hay quien identifica la ley de Seguridad con las vacunas, puesto que en su artículo 2 se señala que “esta ley será de aplicación a las diferentes Administraciones Públicas y, en los términos que en ella se establecen, a las personas físicas o jurídicas”, mientras que en el siguiente punto se indica que “los estados de alarma y excepción se rigen por su normativa específica”.

El hecho de que Casado pida su aplicación para tomar el control de los Mossos se debe a que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional “supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”. Este apunta nos remite irremediablemente a los días previos al 1-O, cuando el Gobierno envió a Catalunya 6.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil.

“La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el presidente del Gobierno”, quien “convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación”

Pero la norma da manga ancha al presidente para actuar. Sánchez tendría vía libre para designar cuál es un problema para la seguridad nacional que justifica su aplicación y poner en marcha las medidas adecuadas para solucionarlo a través de un Consejo de Seguridad Nacional creado a partir de una reunión del Consejo de Ministros. La autoridad del presidente del Gobierno, aunque esté en funciones, es máxima en este caso, puesto que le permitiría tener el control de las instituciones catalanas en caso de desobediencia y nombrar una autoridad competente para que lleve a cabo las funciones directivas. “La situación de interés para la Seguridad Nacional se declarará por el presidente del Gobierno”, y este “convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión de la situación”, señala el texto legal.

La norma fue probada en el Congreso con el apoyo del PP, el PSOE y UPyD, y el rechazo de los nacionalistas, que ya denunciaron que con ella se pretendía frenar el proceso catalán y se ponía en entredicho el Estado autonómico. De hecho la recurrieron ante el TC, que avaló la plena constitucionalidad de la ley porque en ella se establece la necesidad de “cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, e incluso concluyó que la norma no excluía incluso la intervención autonómica.

¿Qué habrá tras la sentencia del ‘procés’?