Foto Rox Ana

Este lunes se conoció la sentencia en el juicio contra Facundo Jones Huala, Fernando Jones Huala, Andrea Millañanco, Matías Santana y Sergio Ruiz. Los cinco jóvenes eran acusados de “abigeato” (robo de ganado) y “usurpación” del predio de la localidad chubutense de Cushamen, recuperado en marzo de 2015 por la Pu Lof en Resistencia.

En un fallo considerado “histórico” por la propia comunidad y organismos de derechos humanos de la región patagónica, la jueza de la Cámara Penal de Esquel, Carina Estefanía, resolvió absolver a los acusados por la corporación de la familia Benetton, quien los había denunciado hace cuatro años de haberle robado un pedazo de su latifundio y algunos animales.

El fallo es un duro revés para los planes criminalizadores del Estado nacional y del de Chubut, sirvientes de los terratenientes de la Patagonia y a cuyo servicio ponen sus fuerzas represivas, sus leyes y sus juzgados. En este juicio se trataban hechos ocurridos entre marzo de 2015 y mediados de 2016.

Fundamentos de la absolución

Hay varios elementos que justifican hablar de un fallo inédito o “histórico”. Por una lado, la jueza Estefanía sentenció que el conficto que derivó en las denuncias de Benetton no es un conflicto “judicializable” sino que todo debería resolverse en el terreno de una solución política.

De allí que convocó en su fallo a la conformación de una “mesa de diálogo” entre las partes, es decir entre la Pu Lof de Cushamen y representantes de la corporación Benetton, lo que debería incluir a las organizaciones de derechos humanos y demás actores sociales conocedores del tema.

A su vez en el fallo, si bien no lo planteó en estos términos, la jueza realizó un reconocimiento del genocidio perpetrado por el Estado sobre los pueblos originarios, al remarcar que hubo un exterminio, que muchas familias fueron desmembradas, que parte de ellas terminaron esclavizadas y que cuando comenzaron los procesos de recuperación territorial “recuperaron la libertad”.

Otro elemento importante de la sentencia es que la jueza ordenó que se investiguen algunos mecanismos judiciales que se aplicaron en este caso para procesar y criminalizar a los mapuches. Por caso, ordenó investigar el accionar del fiscal Oscar Oro en la instrucción de la causa y que se investigue también la violencia institucional perpetrada en los allanamientos policiales donde se “buscaban pruebas”.

A su vez la jueza cuestionó por “incompatibilidad” a la pareja de Guido Otrando y Rafaela Ricono, quienes actuaron originalmente en la causa desde los dos “extremos” de la investigación judicial, uno como juez federal de Esquel y otra como secretaria de la Fiscalía Federal de la misma ciudad.

Histórico

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel reconocieron la particularidad de esta sentencia. En diálogo con La Izquierda Diario Celeste Palavecino dijo que “hace años que la APDH viene acompañando los reclamos de las comunidades mapuches, en especial el conflicto de Cushamen, y no recordamos que haya habido una sentencia en la que quien juzga se haya tomado el trabajo de estudiar el caso desde la perspectiva del derecho indígena”.

La referente de la APDH destacó que “la jueza fundamentó su fallo apelando a la historia de las tierras en cuestión, relatando que desde la Campaña del Desierto de fines del siglo XIX esas tierras pasaron de mano en mano, desde terratenientes ingleses hasta Benetton, pero que siempre fueron tierras vitales para los mapuches y su vida comunitaria ancestral”.

Originalmente en la causa también estuvo imputado Martiniano Jones Huala, tío de Facundo y Fernando, aunque en su caso fue absuelto con anterioridad. Él siguió de cerca el juicio y luego de la sentencia de este lunes se lo vio muy emocionado en las puertas del Juzgado.

Martiniano también habló con La Izquierda Diario. Destacó que “este proceso de recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia de Cushamen lleva cuatro años” y que el precio que están pagando “viene siendo demasiado alto. Nosotros sabíamos de la persecución y represión que podíamos sufrir pero esto nos ha sobrepasado, superó todos los cálculos”.

“Desde el primer momento en que recuperamos el territorio pedimos un diálogo serio, con gente que tenga poder de decisión sobre este tema”, afirmó Jones Huala, “pero nunca lo hubo, sabemos cómo arreglan los poderosos sus cosas”.

El comunero mapuche afirmó que este juicio fue parte de la persecución que sufren desde que lograron hacer visible la recuperación del territorio en Cushamen. Por eso coincidió en que “el fallo de este lunes es histórico, la jueza se vio obligada a reconocer derechos que siempre estuvieron en los papeles pero nadie los pone en práctica”.

Causa armada

Desde la APDH de Esquel reconocieron que “el veredicto dejó en evidencia el nivel de irregularidades que plagaron la causa, entre otras cosas los allanamientos violentos de la Policía, arrastrando y esposando a mujeres y chicos, para buscar ‘pruebas’ que nunca encontraron”.

Palavecino destacó que “la jueza cuestionó el accionar del juez federal Otranto y de su esposa, quien es secretaria de la Fiscalía Federal, considerando incompatible que ambos fueran los encargados de las dos facetas de la investigación”. Y también que Estefanía haya “recordado que el anterior fiscal Díaz Meyer fue muy ‘desordenado’ en la causa, con faltantes de pruebas y todo”.

Por su parte Martiniano Jones Huala reivindicó “la colaboración de mucha gente para que se llegara a este fallo”, entre ellas la del periodista de una radio comunitaria de la región, Dante Lobos, “que presentó un informe muy serio que demostró la estigatización de los grandes medios contra la Pu Lof de Cushamen”.

“Parecía que todo venía muy arreglado para encarcelarnos, amedrentarnos y lograr que no sigamos recuperando nuestras tierras y reclamando nuestros derechos. Pero nada de eso va a ocurrir, todo lo contrario. Seguimos reivindicando los derechos ancestrales que tenemos como parte del pueblo Mapuche y de este territorio”, afirmó Martiniano Jones Huala.

Sin embargo reconoció que “este es un fallo que festejamos a medias. No queríamos pagar tan alto el precio de tener dos muertos en estos cuatro años de recuperación territorial. Hablo del compañero Santiago Maldonado, muerto por la represión de Gendarmería en la Pu Lof, y del peñi Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. No queremos que más jóvenes, con todo un futuro por delante, pierdan la vida por el ensañamiento de aquellos poderosos que se creen dueños de todo”.

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Un dato alrededor de este juicio debe ser remarcado, sobre todo de cara al futuro. En palabras de Jones Huala, “se han hecho muchos daños irreversibles contra nuestra gente, y lo único que hizo el Gobierno fue enviar a la mano derecha de la ministra (Patricia) Bullrich, ese personaje al que no se le puede llamar señor, (Pablo) Noceti. Desde que él estuvo acá dando vueltas comenzamos a recibir la peor persecución que yo he visto, al menos en los últimos veinte años. Seguramente mis antepasados habrán visto cosas peores, pero yo sinceramente nunca había visto el nivel de persecución que se vive en la Pu Lof”.