En su consejo de administración hay ex políticos del PP y se ha visto salpicada en dos casos de corrupción

Durante veinte días el grupo hackers Anonymous ha sido infiltrado en las redes informáticas de la empresa encargada de hacer el recuento de votos de las elecciones catalanas del próximo 21-D. Lo anunció por redes sociales, donde asegura que la multinacional Indra «no es tan fiable como parece» y tiene una «seguridad nefasta», a pesar de ser un gigante tecnológico del Ibex 35. Con el 155 desplegado, en esta ocasión, el contrato con Indra se ha tramitado por la vía de la emergencia, es decir, sin concurso público, a dedo. Se trata de un procedimiento que la ley de contratos de las administraciones públicas reserva para «eventos catastróficos», «situaciones que supongan un grave peligro» o «necesidades que afecten a la defensa nacional».

Hace ya más de tres décadas que se encarga de las tareas de recuento de votos de elecciones en diferentes países del mundo: más de 350 procesos electorales, según datos del mismo grupo empresarial

Al margen de la excepcionalidad del procedimiento, Indra ya hace más de tres décadas que se encarga de las tareas de recuento de votos de elecciones en diferentes países del mundo: más de 350 procesos electorales, según datos del mismo grupo empresarial. Desde que nació en 1989, en España lo ha hecho en todas las elecciones locales, autonómicas, estatales y europeas, con una sola interrupción. El próximo 21 de diciembre, sus softwares y dispositivos volverán a gestionar la tecnología de toda la jornada electoral. Simona Levi de la Plataforma xnet denuncia que haya una empresa privada intermediaria en los comicios, «cuando no se hace voto electrónico, sino analógico» y alerta de que puede responder a que «una intermediaria amiga podría ser una aliada en el caso de que el ‘

Puertas giratorias y presuntas irregularidades

Con cerca de un 19% de la propiedad en manos del Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Indra no sólo ha sido omnipresente en los procesos electorales, sino que también está detrás de los equipos de venta de tickets del metro de Barcelona, ​​de una parte de la atención telefónica de la Tesorería de la Seguridad Social, del sistema de control biométrico en los aeropuertos de Madrid y Barcelona o de los sistemas de radares y aviones no tripulados para el Ministerio de defensa, entre otros muchos servicios.

Con sede central en el municipio madrileño de Alcobendas y oficinas en el distrito 22 @ de Barcelona, ​​Indra dispone de 43.000 trabajadoras en todo el mundo. Integrado por 259 empresas, el grupo ganó 70 millones de euros netos en 2016.

Indra nació en 1989, esencialmente pública en manos de lo que en aquel entonces era el Instituto Nacional de Industria, pero con la ola de privatizaciones del gobierno de Jose María Aznar, a finales de los 90, el Instituto venderla a varios accionistas por 92.526 millones de pesetas. No fue hasta 2013, que el SEPI volvió a entrar en el accionariado de la empresa. Dentro de su consejo de administración, figuran ex miembros de empresas públicas -o que serlo-, como Ignacio Santillana del Barrio, que ha pasado por Telefónica y por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA); y ex políticos, como Juan Carlos Aparicio, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o Adolfo Menéndez Menéndez, que fue subsecretario de Defensa y de Fomento.

La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado apunta que Indra habría tenido un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid

Durante 22 años, Javier Monzón estuvo comandando la nave de Indra. Amigo personal del rey Juan Carlos I, recientemente ha rechazado sustituir Juan Luís Cebrián como consejero delegado del Grupo Prisa, pero forma parte del consejo de administración del conglomerado mediático. Actualmente la presidencia recae en Fernando Abril-Martorell, hijo de un procurador en las Cortes franquistas hasta el 1976 y ex ministro de economía de la UCD, quien dirige la empresa. En Cataluña, Manuel Brufau, hermano del actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, figura a la cabeza, y Josep Pujol Ferrusola llegó a tener un cargo.

Aparte de ex políticos, hay dos episodios de corrupción que también vinculan Indra al PP. Primero, en el marco de la Operación Púnica, la empresa apareció como presunta financiadora del gasto del partido de Esperanza Aguirre en Madrid. Y hace unos meses, en abril pasado, la Guardia Civil irrumpió en sus oficinas, en el segundo día de la Operación Lezo. La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado apunta que Indra habría tenido un papel decisivo en la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Según la investigación, la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) debería adjudicado a la empresa una serie de contratos inflados a cambio de que ayudara a pagar la campaña del PP madrileño para los elecciones autonómicas de 2011.

las fronteras europeas

La llegada de personas que buscan refugio en Europa ha legitimado un gasto de 15.000 millones de euros en control de fronteras, según el informe hecho público por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresa (OHDE). Hasta el año 2002, el aumento previsto llega hasta 29.000 millones. El investigador Jordi Calvo, del Centro Delàs, detallaba en una investigación, Como la inversión en seguridad nacional, incluyendo la militarización de las fronteras, venía precedida por la política de investigación del sector de la seguridad de la UE. En todo este proceso de definición de las líneas estratégicas, iniciado en 2003, no participaron las organizaciones para las migraciones, refugiados o especializadas en conflictos armados. En cambio, sí estaban, los comisarios europeos del ámbito del comercio y la seguridad, representantes de la OTAN, la Asociación de Armamento del Oeste de Europa, el Comité Militar de la UE, ocho empresas multinacionales del sector armamentístico (EADS, BAE Systems, Thales, Leonador Finmeccanica) y las más grandes empresas del sector tecnológico, entre ellas, Indra.

Indra es la principal empresa adjudicataria para la construcción de las vallas en Ceuta y Melilla / Bru Aguiló (Fotomovimiento)

Actualmente, el lobby de la industria militar y de seguridad se refuerza a través de la European Organization for Security (EOS), un grupo que trabaja por el desarrollo y armonización del mercado securitario en Europa. Indra es uno de sus principales miembros, y ha invertido 1,5 millones de euros en actividades de lobby en torno a las instituciones de la UE, los últimos cinco años. Desde finales de 2013 hasta 2015, se han realizado ocho grandes encuentros entre la industria y representantes de Frontex. El informe apunta que «las corporaciones privadas están definiendo la arquitectura y la política de seguridad de la Unión Europea, dando respuestas militares y securitarias que requieren su propia contratación por parte de las instituciones europeas y de sus Estados miembros».

En España, Indra es la principal empresa adjudicataria para la construcción de las vallas en Ceuta y Melilla. Entre 2004 y 2014 recibió 27 millones de euros del Ministerio de Interior para esta finalidad. La empresa explica que, en total, sus sistemas de tecnología SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia) «controlan y protegen más de 5000 km de fronteras y tráfico marítimo y terrestre a diferentes países y continentes». Asimismo, Indra es líder en sistemas de vigilancia autónomos y drones. La UE ha invertido hasta 315 millones de euros para incorporar esta tecnología en los sistemas de vigilancia y orden público, sin ningún tipo de consulta a los parlamentos de los estados miembros.

Misiles, drones y guerra electrónica

Indra Sistemas es la división encargada del sector de seguridad y defensa. Aproximadamente 1.035 personas trabajan en esta sección ubicada en el distrito 22 de la ciudad de Barcelona.

Indra se ha convertido en el principal cliente del Ministerio de Defensa español, que y le encarga el desarrollo electrónico de la mayoría de su armamento

Desde su privatización, Indra no ha cesado de recibir contratos del Ministerio de Defensa español, que se ha convertido en su principal cliente y le encarga el desarrollo electrónico de la mayoría de su armamento. Indra controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles (Inmize) y es la filial española de la principal empresa fabricante de misiles en el ámbito europeo (MBDA). Esto, combinado con las subvenciones, ha posibilitado el crecimiento de la empresa.

Indra aporta soluciones tecnológicas para productos armamentísticos que luego se venden en países como Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudita y Yemen. Asimismo, colabora directamente en la provisión y transferencia de material tecnológico, sistemas de vigilancia y drones para uso securitario y militar a Israel Aerospace Industries (IAI), una corporación que ha beneficiado directamente del control y vigilancia sobre los territorios ocupados palestinos. Lo ha hecho siendo pionera en la producción de drones de vigilancia, con los modelos Heron 1 y Heron TP, equipados con misiles y que fueron empleados en las operaciones militares israelíes Lluvia de verano (2006) y Plomo fundido (2008) en Gaza, que dejaron más de 1.700 palestinas muertas.

Por ello, el ODHE denuncia que la transferencia de tecnología entre las dos empresas, puede suponer una complicidad con los crímenes de guerra en los Territorios Ocupados Palestinos. El Centro Delàs así como movimientos antimilitaristas y antirracistas también han denunciado la participación indirecta de la tecnología de la empresa en conflictos armados en Oriente Medio, que afectan población civil yemení, kurda y palestina.