Cubre en Cataluña las vacantes en Información y Policía Judicial, que eran del 30 por ciento.

La Guardia Civil tiene en estos momentos su plantilla al completo en Cataluña. Este hecho no debería ser en sí mismo noticia si no fuera porque responde al desafío soberanista lanzado por determinadas fuerzas políticas y el propio Gobierno autonómico. «Se trata de una decisión lógica de responsabilidad de Estado», han dicho a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

La plantilla del Instituto Armado en Cataluña, cuyas unidades de Información, Policía Judicial y Seguridad Ciudadana se consideran fundamentales en estos momentos, tenía entre el 25 y el 30 por 100 de vacantes, según las citadas fuentes.

El despliegue total del Instituto Armado en esta Comunidad, que incluye otras funciones como puertos, revista de armas, etcétera, es de unos 3.500 guardias.

El problema lingüístico, en especial para los agentes que cuentan con familia e hijos en edad escolar, era uno de los factores que más contribuía a que se produjera esta situación.

Hostilidad

Que una parte de la población, no tan grande como aparentan sus gritos y algaradas, manifieste una actitud hostil hacia la Benemérita, es algo que los miembros del Cuerpo desgraciadamente conocen porque muchos han pasado por el País Vasco y en las peores épocas de actividad terrorista de ETA. Y precisamente era entonces cuando gran parte del personal iba voluntario a esos destinos.

Los acontecimientos que se están produciendo en los últimos tiempos, en especial los que afectan a los Mossos d’ Esquadra, son un factor más que aconseja contar con la plantilla de la Guardia Civil al completo.

Los altos responsables de la Policía Autonómica hasta hace pocas fechas, partidarios de que este cuerpo cumpliera con sus funciones de forma reglamentaria, imparcial y constitucional, han sido «invitados» a dejar sus puestos. Y sustituidos por personas afines al independentismo que, en sus primeras declaraciones, han llegado a decir que los agentes autonómicos garantizarán el desarrollo y el voto de un referéndum que es ilegal. Desde luego, añaden las mismas fuentes, no se han leído la ley por la que se rigen los Mossos, que les obliga a cumplir y acatar la Constitución y que está firmada por el que fuera presidente de la Generalitat Jordi Pujol. En concreto, el artículo 4 de dicha Ley dice que «previo a la toma de posesión, los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra jurarán o prometerán acatamiento a la Constitución, como norma fundamental del Estado, y al Estatuto de autonomía, como norma institucional básica de Cataluña». La firman M. Eugenia Cuenca, consejera de Gobernación; y Jordi Pujol. Presidente de la Generalidad, el 11 de julio de 1994.

Por lo tanto, la decisión de completar las plantillas, no de aumentarlas, de la Guardia Civil no es un acto coercitivo o de hostilidad, sino que responde a unas necesidades que han generado una serie de personas e instituciones, no el conjunto de los españoles.

La deriva que están tomando el independentismo pueden provocar situaciones en las que es necesario contar con todos los efectivos de la plantilla prevista para Cataluña.

Acontecimientos que se han producido en los últimos días, cuando los agentes de la Guardia Civil actuaban como Policía Judicial para entregar requerimientos o cumplir órdenes emanadas de la autoridad judicial, han provocado por parte de autoridades autonómicas, más por imposturas que por capacidad real, una cierta actitud de no colaboración y cumplir esas órdenes «porque no hay más remedio». Hacer ver que la Guardia Civil se quedaba en la puerta (lo que no era cierto) de las instituciones a las que se requería judicialmente la entrega de una serie de datos, delata unos comportamientos que se pueden agravar conforme se acerque la fecha prevista para el referéndum ilegal, el próximo 1 de octubre.

De la importancia del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) no hay que dar muchos detalles porque su efectividad está absolutamente demostrada. En estos momentos, y dada la peculiar situación que algunos políticos quieren colocar a Cataluña, su trabajo resulta fundamental para prevenir acciones contra la Constitución.

La cifra de la plantilla del SIGC y de otras unidades no se facilitan por razones operativas obvias. Las vacantes han sido cubiertas con el desplazamiento de agentes en comisión de servicios.

Las misiones de la Jefatura de Información de la Guardia Civil son las de «organizar, dirigir y gestionar la obtención, recepción, tratamiento, análisis y difusión de la información de interés para el orden y la seguridad pública en el ámbito de las funciones propias de la Guardia Civil, y la utilización operativa de la información». «La estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas constituye información clasificada con el grado de secreto, según acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996», según la página web de la Benemérita.

Tiempo necesario

En principio, los guardias civiles que ya se han desplazado a Cataluña para completar las plantillas estarán en esos destinos el tiempo necesario en función de la marcha de los acontecimientos.

La Guardia Civil cuenta en esta Comunidad Autónoma con unos 3.500 efectivos y ha sido la Comandancia de Tarragona, a las órdenes del juez de El Vendrell, la que ha sido protagonista en los últimos tiempos por la investigación del caso del «3 por 100», cuyas pesquisas no han concluido aún ya que para este lunes estaba prevista la toma de declaración judicial de Germá Gordó, que ocupó altos cargos en Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y en el Gobierno de la Generalitat.

Algunos de los requerimientos que los agentes de la Benemérita han acudido a entregar a algunas instituciones están relacionados con estas investigaciones; en otras ocasiones, se referían a las pesquisas que realiza un juzgado de Barcelona sobre la convocatoria del citado referéndum. En algunos casos, se ha tomado declaración a funcionarios.

Dentro de las funciones de la Guardia Civil para el cumplimiento del plan antiterrorista, que se halla en su nivel 4 reforzado, sobre un máximo de cinco, unos 70 agentes, en dos turnos de 35, están instalados permanentemente en un cuartel habilitado en el interior de los recintos de seguridad de las centrales nucleares de Vandellòs II y Ascó.