Aunque suelen señalarse las rupturas políticas y económicas del actual gobierno respecto del anterior, en no pocos campos priman las continuidades y aún peor, se apuesta al reforzamiento. Uno de ellos, que está tomando mayor estado de gravedad, se refiere a la megaminería. La quita de retenciones a las mineras auguró mayores exenciones a una actividad ya de por si favorecida por un generoso marco regulatorio. La apuesta por la profundización del modelo megaminero fue acompañada por la sorpresiva designación de Sergio Bergman como Ministro de Ambiente, cuya temprana confesión acerca de que “no tenía conocimiento técnico en el área ambiental”, parecía ser una mala broma.

A ocho meses de su designación, lo que podía ser leído como efecto de una política en línea con el histórico desprecio que por la problemática ambiental han venido mostrando los diferentes gobiernos, en realidad evidencia un hecho premeditado, una estrategia asentada en el rol de “dialogador” del ministro. Todo parece indicar que Bergman tiene a su cargo la tarea de hacer ingresar la megaminería, allí precisamente en las provincias donde hay resistencia social. En los hechos esto significa que el Ministro de Ambiente se convirtió en un virtual Ministro de Minería de la Nación. Así, promociona la actividad como “una política de Estado”, afirma “que hay que desplegar a la minería “ y que “hay que debatir” sobre el tema. Estas declaraciones fueron realizadas en Chubut, donde está prohibida la actividad por una norma provincial desde hace trece años.

Todos los gobiernos sostienen con ligereza que no ha habido debates sobre megaminería en el país. Hoy le toca al macrismo recurrir a la estrategia de la negación de la historia. En realidad, los debates acerca del carácter insustentable de este tipo de minería se vienen dando al compás de las luchas, a partir de 2003, con la lucha pionera de Esquel, y luego en diferentes territorios provinciales: en los lugares de trabajo, en la calle, en las escuelas, en las universidades públicas. Sin tales debates, resultaría muy difícil explicar los procesos ciudadanos que desembocaron en la prohibición legal de este tipo de minería en siete provincias.

Por otro lado, preocupa el desdichado derrotero de la Ley de Glaciares (que empezó con un veto presidencial a pedido de la minera Barrick en 2008). Dicha ley, aprobada en 2010, prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciares y define legalmente ambos ecosistemas. En la actualidad, el IANIGLIA, organismo oficial encargado de hacer el inventario de glaciares, pretende sustituir las taxativas definiciones legales de “glaciares” y “ambiente periglacial” por nuevas definiciones, creadas en un “reglamento” que reduce notablemente las superficies a proteger. Dicha redefinición favorece a la minera Barrick al dejar fuera de la protección, por ejemplo, un glaciar (Toro 1), donde se haría el tajo del megaproyecto Pascua Lama. También quedaría fuera todo el ambiente periglacial de la mina Veladero, donde se produjo el brutal derrame de cianuro de septiembre pasado. Además de no resistir el mínimo examen de constitucionalidad (un “reglamento” no puede contradecir a una ley), de continuar con esta actitud, tanto el Ministro de Ambiente como los funcionarios del IANIGLA podrían incurrir en los delitos penales de “falsificación de documento público” (el inventario lo es) y de “falsedad ideológica”, entre otros.

Por último, vale la pena destacar la encerrona en la cual se encuentra la población de Jáchal, luego del derrame de cianuro. La vía judicial fue sellada luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desviara oportunamente la investigación penal hacia la complaciente justicia de San Juan, donde ahora duerme en un cajón del juzgado de Jáchal. Pese a ello, los jachalleros probaron otra vía institucional, la más democrática: impulsar una consulta popular para que el pueblo decida.

Tampoco se lo permitieron: por presiones de sectores mineros y del propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, la ordenanza fue sepultada en el Concejo Deliberante. Como aviso, el pasado 25 de mayo, al menos 20 vecinos que participaban de una manifestación, terminaron demorados en la comisaría local, acusados de diversas contravenciones. Garantizada la impunidad, no se puede votar ni protestar contra Barrick, la minera responsable del peor incidente ambiental que tenga registro la minería argentina.

En suma, el nuevo oficialismo repite y empeora la historia, cerrando las vías de la institucionalidad a los reclamos socioambientales más urgentes de las poblaciones.





Maristella Svampa es socióloga e investigadora del Conicet.

Enrique Viale es presidente de la Asociación de abogados ambientalistas