La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se dejarán de imprimir 40 millones de libros de texto gratuitos, de los 220 millones que se requierenen el país para el próximo ciclo escolar 2019-2020, que iniciará en agosto.

Escudada en el plan de austeridad que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Hacienda –encabezada por Carlos Urzúa– considera que la SEP puede ajustarse el cinturón en este rubro a 3 meses de que inicien las clases. Cabe recordar que la producción de libros cubre preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación indígena y del sistema braille en todo el país, así que el tema no es menor.

La medida sorprendió a la autoridades educativas que estaban inmersas en resolver el tema de los tiempos, pues por el retraso de 8 meses en la producción se estima que los ejemplares lleguen hasta noviembre de 2019 a las escuelas más apartadas en el país. Ello, porque apenas se adjudicaron cinco contratos para imprimir alrededor de 12.5 millones de libros y hasta hoy 8 de mayo no se ha impreso ningún libro, al menos en lo que compete a la iniciativa privada.

Según los tiempos marcados en la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se tiene la obligación de entregar estos materiales a más del 90 por ciento de las escuelas en julio, 1 mes antes del inicio de clases y no meses después.

El propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, empeñó su palabra el pasado 26 de abril al afirmar que los 220 millones de ejemplares llegarían a tiempo a todas las escuelas del país. Hasta entonces, nadie en Hacienda le había informado que por la “austeridad republicana” se imprimirán sólo 180 millones de libros, con el impacto en planes y programas de estudio que de esta medida se deriva.

En conferencia de prensa, Moctezuma Barragán había asegurado que el proceso de impresión “ya inició desde hace varias semanas y hay millones de libros impresos” (Laura Poy Solano, La Jornada, 26 de abril de 2019). El tema es que ahora se dejará de producir el 18.1 por ciento del total y eso no estaba en el radar del secretario.

Y es que la Secretaría de Hacienda simplemente ajustó sus cuentas a la baja y decidió eliminar de un plumazo esos 40 millones de ejemplares, sin reparar en las graves consecuencias que esta medida puede traer a la educación pública.

La relación entre ambas dependencias ya es muy tensa y con esto habría empeorado. Los secretarios Carlos Urzúa y Moctezuma Barragán están inmersos en una disputa que parece no tener salida: mientras el primero defiende que su mandato es la austeridad, el segundo no halla cómo explicar tanto a los técnicos de Hacienda como al presidente Andrés Manuel López Obrador la urgencia de imprimir ya “todos” los libros que se requieren para la cobertura nacional. Hasta ahora va ganando Urzúa y sus recortes presupuestales, y quien pagará las consecuencias va a ser Moctezuma Barragán cuando la población reclame porque los niños no reciben los libros.

Por lo pronto la Oficialía Mayor de Hacienda se reunirá con los impresores privados entre el 9 y el 10 de mayo para seguir regateando el precio por cada ejemplar. En Hacienda esperan convencerlos de bajar un 20 por ciento del costo.

La crisis

Anular de tajo 40 millones de libros profundiza la crisis en la que de por sí se encuentran la SEP y la Conaliteg, y de paso afecta aún más a toda la cadena productiva en la iniciativa privada (desde las grandes papeleras e imprentas, hasta los productores de cajas y tarimas, e incluso a fleteros y bodegueros que forman parte de este proceso).

En el caso de la Secretaría de Educación Pública, echa abajo toda la planeación que se hizo en torno a los títulos que se destinarán a cada grado escolar, así como los propios planes y programas, porque el ajuste no puede ser dejar a 40 millones de menores sin ciertos materiales, sino de plano eliminar esas materias para todos y así no generar un tema de inequidad.

Otra forma de ajustar esto sería reduciendo los materiales que se entregan a los docentes o incluso dejar de imprimir aquellos destinados a padres de familia y tutores para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Veremos cómo resuelve el entuerto el secretario de Educación o si, por fin, López Obrador entra al tema y obliga a Hacienda a erogar el dinero que se requiere para la enseñanza.

Lo que es un hecho es que el nerviosismo ya ha llegado a las autoridades educativas estatales, sobre todo de las entidades fronterizas, porque era en abril cuando recibían los primeros cargamentos.

Otros que la están pasando muy mal son los que integran la cadena productiva: además de las papeleras que han cerrado de plano, están las imprentas que han empezado a correr a su personal y, en el mejor de los casos, a reducirles sus jornadas laborales a la mitad, cuentan fuentes cercanas al problema.

La mano del presidente

Detrás de todo este conflicto entre ambas secretarías de Estado está una decisión del presidente: concentrar todas las compras en la Oficialía Mayor de Hacienda, que no se da abasto con todos los procesos de contratación y deja maniatadas a las autoridades educativas respecto del ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los tiempos de los calendarios escolares.

Y es que en la Oficialía, a cargo de Raquel Buenrostro, parece que no se ha entendido la urgencia de avanzar en este tema. Hasta el 8 de mayo de 2019 no ha siquiera arrancado la producción de los 12.5 millones de libros de texto gratuitos correspondientes a los cinco contratos asignados a fines de abril, porque esa autoridad hacendaria ha omitido autorizar a las cuatro imprentas privadas las pruebas que presentaron, paso indispensable para poder arrancar la impresión masiva.

Según fuentes cercanas al proceso, aún no hay fecha para un nuevo proceso de adjudicación de contratos, respecto de los otros 150 millones de libros que en teoría se deberían manufacturar antes de agosto, algo ya totalmente imposible de cumplir.

Por ello es previsible que la crisis empeore en torno a la distribución de esos materiales. Y es que antes de que los libros lleguen a las escuelas hay todo un tema de logística: una vez acabada la impresión de los mismos, la propia Conaliteg es la que recibe los ejemplares y los concentra en dos grandes almacenes que tiene (en Tlalnepantla, Estado de México, y en El Marqués, Querétaro).

De allí se mandan a 233 almacenes en 31 estados y a 362 centros de acopio en la Ciudad de México. Toda esta cadena históricamente se ha financiado por el gobierno federal a través de la Conaliteg, aunque ahora seguramente también se hará con intermediación de Hacienda.

De ahí la responsabilidad ya se traslada a las autoridades educativas estatales, quienes se encargan de la recepción, almacenamiento y distribución de los libros a las escuelas, refieren datos de la Conaliteg.

Cada estado debe destinar “los recursos y el personal necesarios para realizar una distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos que la SEP les proporciona a través de la Conaliteg. Algunos estados se apoyan en sus autoridades educativas, en los gobiernos municipales, en delegaciones de dependencias federales o en otro tipo de organizaciones, según consideran conveniente”.

La austeridad

Bajo los argumentos de ahorrar y evitar actos de corrupción, la Oficialía Mayor no sólo ha retardado la asignación de estos contratos sino que ahora ordena a la SEP cancelar la impresión de los 40 millones de libros.

Ya de por sí la Cámara Nacional de la Industria Editorial había señalado en diciembre de 2018 que por la austeridad resultaba insuficiente el presupuesto para la producción de libros de texto gratuitos, pues se habían recortado 517 millones de pesos.

Según denunció la Cámara, los 2 mil 55 millones asignados no alcanzan para cubrir la demanda. Ahora, con el nuevo recorte a la producción de los 40 millones de libros seguramente Hacienda cumplirá con su encargo de austeridad, pero a costa de la educación pública del país. Veremos que resuelve López Obrador.

Nancy Flores

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