La aceleración en el alza del dólar y su consiguiente presión sobre la tasa de interés obligó a las autoridades económicas a improvisar acciones para tratar de calmar los ánimos. Así se anunció un cambio en la meta de déficit fiscal primario pasando del 3,2% al 2,7% del PBI, sin explicitar cómo se logrará. Las expectativas de mercado no respondieron en consonancia con lo esperado por lo que el gobierno decidió solicitar el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los funcionarios nacionales argumentan que la volatilidad en el mercado cambiario es exagerada ya que se está sobre-cumpliendo la meta de reducción del déficit fiscal. Bajo esta lógica, acudir al FMI es una opción pragmática que ayudará a disipar dudas y desalentar movimientos especulativos además de permitir obtener financiamiento a costo más bajo. Una hipótesis alternativa es que la presión sobre el dólar se origina fundamentalmente en las inconsistencias de la estrategia adoptada y que el FMI, además de aportar financiamiento barato, deberá inducir a corregir errores.

Para dilucidar el interrogante se puede apelar a las propias cifras oficiales. Según el Ministerio de Hacienda, entre el 2016 y el primer trimestre del 2018 se observa que:

El déficit fiscal primario (esto es, antes del pago de intereses de deuda) bajó de 4,3% a 3,6% del PBI.

(esto es, antes del pago de intereses de deuda) bajó de a del PBI. El pago de intereses de deuda pública subió de 1,6% a 2,3% del PBI.

subió de a del PBI. Esto implica que el déficit fiscal total se mantuvo en alrededor de 5,9% del PBI.

Estos datos muestran que el déficit fiscal total, que es la variable más relevante para medir la sustentabilidad de las finanzas públicas, no está bajando. Es cierto que el déficit primario bajó un 0,7% del PBI, pero los intereses aumentaron en una magnitud equivalente. Es decir, la disminución de gastos operativos apenas compensa el aumento en el pago de intereses que genera el creciente endeudamiento.

La inconsistencia posiblemente se genera por un exceso de confianza en la amigabilidad de los mercados. Pero es humano que las decisiones de quienes administran inversiones se tomen en base a la realidad de un déficit total persistente. Ante esta situación es inevitable la presión sobre el dólar, la tasa de interés y los precios y, con ello, la imposibilidad de cumplir con el objetivo de reducir la inflación.

Para revertir este proceso, el Ministerio de Hacienda debería inducir al resto del gabinete a reducir gastos con mayor velocidad, para que el Ministerio de Finanzas contraiga menos deuda y el Banco Central emita menos dinero. En este sentido, sería un error muy costoso que el acuerdo con el FMI se limite a convalidar la actual dinámica y solo sirva para prologar la inconsistencia con financiamiento más barato. Si lo hace, confirmará las sospechas de que es un organismo que induce al endeudamiento poco responsable a los países que dice ayudar. El principal apoyo que necesita la Argentina no es de plata sino de ideas para darle consistencia a su estrategia. No se trata de abandonar el gradualismo, sino de darle más velocidad para evitar los costos sociales del déficit fiscal.

Reducir más rápido el déficit y depender menos del endeudamiento es la mejor manera de cuidar a los sectores más vulnerables. Para ello es clave ordenar el federalismo apelando al espíritu del Consenso Fiscal cuando establece que la Nación debe dejar de financiar los servicios públicos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires y dejar de entrometerse en funciones provinciales y municipales (es decir, revisar programas de educación, salud, medioambiente, desarrollo social, vivienda y urbanismo que corresponden a las provincias). Más importante aún es abordar la reforma previsional para revisar los regímenes especiales que jubilan gente antes o con mayores haberes y la doble cobertura que se produce entre la jubilación y la pensión por cónyuge.

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