El capricho de Francisco Camps de convertir Valencia en escenario de la Fórmula 1 supuso un quebranto a las arcas de la Comunidad de 83 millones de euros, según la estimación del Tribunal de Cuentas que, en un informe demoledor, desmenuza las irregularidades administrativas cometidas y las transgresiones de las normas que hicieron posible que se libraran dichos fondos. El informe, al que ha tenido acceso cuartopoder.es, es tan concluyente que Camps, imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha pedido a la jueza instructora que no lo admita en la causa.

Entre abril de 2006 y febrero de 2007, Camps mantuvo tres reuniones con el capo de la F1, Bernie Ecclestone, para negociar un contrato según el cual Valencia acogería la celebración de un Gran Premio entre 2008 y 2014 a razón de 24 millones de dólares cada uno, canon que podría crecer un 10% al año. Las pruebas debían tener lugar en un circuito urbano en la zona del puerto y por medio de un decreto de marzo de 2007 se concedieron a la Conselleria de Infraestructuras las competencias para su construcción.

Lo normal hubiera sido encargar la gestión del evento a una empresa pública, pero en su lugar se promovió la constitución de una sociedad denominada Valmor, cuyo capital se repartió a partes iguales entre Jorge Martínez Aspar, Fernando Roig (presidente del Villareal) y Bancaja. De los 45.00 euros iniciales, fue ampliado a 1.005.000 euros en diciembre de 2007.

La empresa se constituyó en mayo y apenas unos días después firmó en Londres, en presencia de Camps, el correspondiente contrato con la Formula 1 Administration Limited con el que adquiría en exclusiva los derechos del Gran Premio de Valencia, aun siendo imposible que pudiera organizarlo por carecer de licencia federativa. Quien sí la tenía era una empresa pública, Circuito del Motor y Promoción Deportiva (CMPD), promotora del Circuito Ricardo Tormo, con la que firmó en marzo de 2008 un contrato poco menos que surrealista.

CMPD se comprometía a organizar el Gran Premio, es decir, a contratar todos los medios materiales y humanos necesarios y Valmor, a abonar por dichos servicios una “contraprestación razonable y equitativa”, que no se cuantificaba.

De hecho, el contrato no obligaba al reembolso de los gastos que tuviera que afrontar la empresa pública, que ascendieron en 2008 a 14,6 millones, ni CMPD lo exigió. La ausencia de contraprestación, según el Tribunal de Cuentas, convertía el contrato en nulo de pleno derecho, conforme al artículo 1261.2 del Código Civil.

Aparentemente, el Gran Premio resultó un fiasco económico y la Generalitat, urgida por Valmor, decidió que otra empresa pública, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), fuera quien compartiera la promoción del Gran Premio y se hiciera cargo de abonar el canon a Ecclestone los siguientes años. Se rubricó así un nuevo contrato en julio de 2009, en virtud del cual SPTCV efectuó los desembolsos correspondientes: 16,9 millones de euros en 2009, 19,7 millones en 2010 y 22,8 millones en 2011.

Nuevamente, se trataba de un contrato sin contraprestación, en una operación que ni por el objeto social ni por su rentabilidad estaba justificada. Debido a estos pagos, la empresa pública declaró en 2009 pérdidas de 49,3 millones, que obligaron a una ampliación de capital de 90,8 millones para evitar que incurriera en causa de disolución forzosa.

El Tribunal de Cuentas destaca que el contrato en realidad no era tal sino que debía ser considerado una ayuda pública o un convenio, que según las propias normas de la ley de Hacienda valenciana requerían el informe favorable de la Conselleria de Economía y Hacienda, la autorización del Consell valenciano y los informes preceptivos del secretario general de la entidad afectada, en este caso SPTCV, y el de la intervención delegada correspondiente. Nada de esto se hizo, obviamente.

En julio de 2011, en plena crisis financiera, se modificó el contrato entre Valmor y la Formula 1. Bancaja dejó de ser avalista y su lugar fue ocupado directamente por la Generalitat valenciana, representada en la firma por Lola Johnson que actuaba como “minister of Tourism, Sports and Culture”. Legalmente, ello hubiera requerido una propuesta del conseller de Economía, su aprobación por el Consell y su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad. Sin embargo, la decisión se adoptó prescindiendo completamente del procedimiento establecido. No existió expediente administrativo alguno que respaldara el aval.

Pues bien, pese a las ayudas (dos empresas públicas corrían con todos los gastos de la organización y asumían el pago del canon), Valmor entró en situación técnica de suspensión de pagos que, de consumarse, hubiera supuesto la rescisión del contrato con la Fórmula 1 y el pago de una penalización de dos anualidades de canon. Al cierre de 2001, Valmor contaba con unas instalaciones técnicas cuyo valor contable era de 8,8 millones y un pasivo frente a terceros de 31,8 millones. O lo que es lo mismo, estaba en quiebra.

Para evitarla, Camps y sus muchachos consumaron la enésima chapuza, una vez descartado el otorgamiento directo de una subvención a la empresa. Se decidió que CMPD comprara las participaciones de los socios de Valmor por menos de un euro y que, posteriormente, procediera a una fusión por absorción. El asunto fue llevado de tapadillo a la Junta General de Accionistas del Circuito del Motor, que era el Consell de la Generalitat en pleno, por su presidenta, Lola Johnson. La deuda que Valmor mantenía con CMPD ascendía a 14,6 millones. El 11 de febrero de 2013 se inscribió su extinción en el registro.

“A pesar de la existencia de esta deuda viva frente a la sociedad Valmor Sports, que podría haber conducido a hacer valer su derecho en una posible situación de concurso de acreedores, la decisión que se adoptó por el contrario, fue la absorción. Absorción por la que se asumían las deudas y cargas de la empresa al tiempo que por efectos de la confusión entre la posición de acreedor y deudor, se condonaba la deuda que Valmor Sports mantenía con la empresa pública”, precisa el Tribunal de Cuentas.

La operación volvía a contravenir las propias normas legales de la Generalitat, ya que para la compra de valores mobiliarios se requería una propuesta formal del titular de la conselleria correspondiente y el visto bueno de la Intervención General. El acuerdo era, en consecuencia, nulo.

El día 7 de marzo de 2012, fecha de la venta de las participaciones, el valor teórico contable de Valmor era negativo en 23,99 millones de euros. Esa cantidad, sumada a los 59,51 millones pagados como canon a la Fórmula 1 por la empresa pública SPTCV, totalizan los 83,5 millones en los que el Tribunal cifra el quebranto. El capricho del elegante presidente valenciano, el hombre de los pantalones con ceñidor trasero, salió por un pico. ¿Que dónde estaba mientras la Intervención General de Valencia? Presenciando el saqueo en primera línea y haciendo de palmero.

• El Tribunal de Cuentas no puede reclamar a nadie el agujero de la Fórmula 1 de Valencia (De Juan Carlos Escudier).