Los perredistas Zoé Robledo, Angélica de la Peña y Alejandro Encinas, así como la panista Laura Rojas adelantaron que interpondrán algunas “alternativas de redacción”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo.- Con un mes de retraso, el pleno del Senado conoció ayer en primera lectura la nueva Ley General de Transparencia que, entre otros puntos, desnuda a los sindicatos que reciben dinero público, así como a los partidos políticos y los organismos autónomos del Estado mexicano y deja en claro que únicamente 11 instituciones tienen el derecho de restringir información.

La nueva Ley fue aprobada por unanimidad por los integrantes de las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda y ayer mismo quedó de primera lectura en el pleno del Senado, para que el próximo miércoles sea aprobada por los 128 legisladores federales, porque las comisiones acordaron aplicar el proceso legislativo ordinario de las dos lecturas en dos sesiones distintas.

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública avalada con el voto unánime del PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PT y Nueva Alianza en Comisiones Unidas establece que los sindicatos sólo podrán reservar la información en torno a los domicilios de sus integrantes, pero deberán mostrar los contratos y convenios que tienen con las autoridades y “la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan”.

Así, los gremios como el de los petroleros, los maestros y los trabajadores del Estado deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la plataforma nacional.

El sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información y en el momento en que no cumpla con sus obligaciones de transparencia, el IFAI o los institutos de transparencia estatales “darán vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar”.

La nueva ley crea un sistema mixto sancionatorio, pues faculta a los institutos de transparencia a aplicarlas, así como a las propias instancias sancionadoras de las instituciones.

Los institutos de transparencia “podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable” amonestación pública o una multa de hasta mil 500 veces el salario mínimo vigente en la zona geográfica de que se trate”.

Pero además de que aplicarán estas sanciones a quienes no cumplan las resoluciones que emitan, los institutos de transparencia podrán aplicar sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones de transparentar, “y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción”.

Deja en claro que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y se trate de información relacionada con actos de corrupción”.

La ley precisa que todos los sujetos obligados deberán contar con un Comité de Transparencia, que serán la máxima autoridad en la materia; sin embargo, aclara que 11 dependencias federales que manejan información de seguridad pública, nacional y financiera no estarán obligadas.

Luego de tres semanas intensas de negociación, encabezada por Pablo Escudero, del Partido Verde; Laura Rojas, por el PAN y Alejandro Encinas, por el PRD, ayer los senadores integrantes de las Comisiones Unidas respaldaron el dictamen e hicieron un reconocimiento a la capacidad de negociación de sus tres compañeros y de la priista Arely Gómez, quien estuvo en todo el proceso hasta que el presidente Enrique Peña Nieto la nombró titular de PGR.

El dictamen ordena que en la aplicación de la prueba de daño para pedir que una información sea clasificada o reservada, el sujeto obligado justificará que “la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.

“El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés general de que se difunda y la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”, precisa.

También detalla 13 causales para que proceda la reserva de información, entre ellas que comprometa la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y efecto demostrable o pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras o del sistema financiero del país, entre otras.

Puntos clave

Estos son los puntos más relevantes de la legislación votada ayer:

Los sindicatos deben informar el uso de recursos públicos, así como de los que reciba en donativos o especie.

También tienen que adecuar sus sitios de internet para cumplir con las obligaciones señaladas en la nueva legislación.

Ninguna institución no podrá reservar información cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción.

Las dependencias que manejan datos de seguridad pública nacional y financiera no están obligadas a exhibir su información.

Entre quienes pueden no ser transparentes se encuentra el Estado Mayor Presidencial, la SEIDO, el Cisen, el IFT.

Los legisladores federales y locales también deben detallar las remuneraciones totales que reciben.

Ayer quedó en primera lectura en el pleno del Senado de la República la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que el próximo miércoles sea aprobad a por los 128 legisladores federales.

​Legisladores no podrán ser opacos

Los 628 legisladores federales estarán obligados a informar las remuneraciones completas que reciben, sus dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones, así como toda esta información referente a sus asesores que trabajan con ellos, establece la nueva Ley General de Transparencia que ayer quedó en primera lectura en el Senado.

Las nuevas reglas aplicarán también para todos los legisladores estatales, quienes no pueden evadir sus obligaciones, ya que implicará sanciones por omisión, incluso por dolo y negligencia.

De acuerdo con las obligaciones comunes que tendrán todos los sujetos obligados de esta ley, entre ellos las administraciones públicas federal, estatales y municipales; todos los organismos autónomos, incluidas las universidades públicas; los tres poderes de la Unión, los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos y las empresas del ramo energético, deberán cubrir 48 requerimientos cotidianos de información y mantenerlos actualizados.

Entre ellos está la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluidos sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, para las cuales deberán señalar la periodicidad de pago.

De igual forma deberán hacer públicos los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisiones correspondiente; el número de las plazas y del personal de base y confianza, con la especificación del total de las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa.

Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, con el señalamiento de los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; la versión pública de las declaraciones patrimoniales, de los servidores públicos que así lo determinen, en los sistema habilitados para ello de acuerdo con la normatividad aplicable.

Entre las obligaciones comunes que aplican al Legislativo federal están también las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; la información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto.

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas; la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; los informes de resultados de las auditorías del ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Otra obligación para el Legislativo es la información sobre los resultados de adjudicaciones directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluida la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos la convocatoria o invitación emitida, así como fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; los nombres de los participantes; el nombre del ganador y las razones que lo justifican, el área solicitante y la responsable de su ejecución; los dictámenes y fallo de adjudicación.

El IFAI celebra el avance

Comisionados del IFAI celebraron la aprobación del proyecto de decreto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Comisiones Unidas del Senado.

Indicaron que sienta las bases para uniformar, homologar y armonizar reglas, principios, procedimientos y mecanismos que se establezcan en las respectivas leyes reglamentarias para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo el país.

“Las comisionadas y comisionados tenemos la convicción de que, una vez aprobado en el Senado de la República, el proyecto de ley será ratificado en sus términos por la Cámara de Diputados”, señalaron en un comunicado.

Expresaron su reconocimiento a los integrantes de las Comisiones Unidas, por la atención y sensibilidad con la que actuaron al atender las propuestas de organizaciones sociales, instituciones académicas y del pleno del IFAI.

Aseguraron que con este dictamen se da a los mexicanos una ley de vanguardia, congruente con el espíritu de la reforma constitucional en transparencia promulgada en febrero de 2014 y que contribuirá al fortalecimiento de la democracia.

Se trata de un proyecto que garantiza normativamente el derecho de acceso a la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes de la Unión, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Senado recibe a CIDH

El Senado recibió ayer a una parte de la comisión plural de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que están en nuestro país para analizar el caso de los normalistas de Ayotzinapa y conocer las acciones que realiza el Estado mexicano para frenar la comisión de este tipo de hechos.

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, concretó que en la reunión estuvieron presentes Ángela Buitrago (Colombia), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Francisco Cox Vial (Chile).

“La intención de estos, expertas y expertos, es conocer y saber lo que estamos haciendo en el Senado de la República en materia de desaparición forzada de personas. La preocupación que ellos tienen es acerca de lo que hace el Estado mexicano para la armonización de las convenciones y, por supuesto, en materia de desaparición forzada de personas, qué es lo que estamos trabajando”, precisó.

En tanto, el legislador del PRI, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, comentó que los senadores tratarán de adecuarse al marco internacional en la materia y unificar protocolos de investigación, por lo que esperarán las recomendaciones que hagan los expertos de la Comisión Interamericana.

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