A Mónica la llamaron el viernes para firmar su renuncia, sin previo aviso, y sin derecho a liquidación. Óscar se enteró el miércoles de que el viernes sería su último día y le darían lo que se pudiera de finiquito. Luisa lleva un mes desempleada y esperando sus papeles de baja oficial, después de aparecer en una lista de personas que serían recortadas.

No se trata de trabajadores de una misma empresa que está en crisis, sino de servidores públicos, despedidos de distintas dependencias, aunque todos con la explicación de que se debe reducir la estructura de gobierno por la austeridad republicana. Relatan a Animal Político lo ocurrido en el Archivo General de la Nación (AGN), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed). Sus nombres han sido cambiados por temor a represalias.

Mónica, del AGN, llevaba 20 años trabajando en el Archivo General, en una plaza de “enlace”, es decir, un mando medio. La mandaron llamar de Recursos Humanos y le dijeron que tras el memorándum de austeridad enviado el 3 de mayo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenían que recortar al 20 % del personal, por lo que le pidieron que firmara su renuncia, sin derecho a liquidación.

“Supuestamente, me dijeron que mi plaza por ser de enlace, es una plaza que está pidiendo la Secretaría de Hacienda que se recoja, conforme al oficio de Presidencia, fue lo que a mí me argumentaron”, cuenta en entrevista.

Como se negó a firmar, días después le ofrecieron un arreglo por 160 mil pesos, pero ella contestó que eso no compensa sus dos décadas de trabajo en la institución y la Ley del Trabajo la Ampara, así que se negó de nuevo.

También le ofrecieron que siguiera trabajando ahí, pero con un contrato por tres meses en una plaza eventual —una de las figuras que Presidencia ha ordenado reducir a la mitad—, por lo que tampoco aceptó, ante el temor de que después de ese tiempo se quede en la calle de todas maneras.

Asegura que desde el inicio del sexenio han sido despedidos alrededor de 30 trabajadores de los poco más de 200 que tenía el Archivo: la mitad en diciembre pasado y la otra mitad ahora en mayo. Aunque le dijeron que en julio y en noviembre habrá más recortes.

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En contraste, le parece irónico que la dependencia ha reclutado a 100 becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los principales programas del nuevo gobierno, que paga 3 mil 600 pesos mensuales a chicos que reciben capacitación.

La subdirección de difusión del AGN confirmó que están “en proceso de reestructuración, a petición de la Secretaría de Hacienda”, pero todavía están elaborando la propuesta que van a presentar, por lo que no pudo dar la cifra de cuántas plazas se han eliminado.

En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) el recorte ocurrió en abril, días antes del memorándum del 3 de mayo. De acuerdo con el testimonio de Luisa, una de las afectadas, ese oficio solo confirmó públicamente la petición que ya se había hecho internamente de cancelar plazas. Asegura que fueron despedidas 52 personas con entre 8 y 20 años de antigüedad, de las alrededor de 150 que trabajaban ahí, es decir, una tercera parte.

Animal Político preguntó en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Salud, de la que Conamed es un órgano desconcentrado, la cifra y criterio de los despidos, pero no hubo respuesta.

Esta Secretaría presumió desde marzo el ahorro de 680 millones de pesos por recorte del 30 % de personal.

La Conamed está integrada principalmente asesores médicos y jurídicos que resuelven conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud. Luisa era personal administrativo del área de atención al público, que quedó casi a la mitad ante el recorte de 12 personas. Pero del total, explica, unos 20 eran administrativos y 30 directores, subdirectores, jefes de departamento y apoyos técnicos.

“Nos dijeron a todos que era parte de la reestructuración del gobierno federal, que aplicaba también una reestructuración en la Comisión, que eran instrucciones superiores de la Secretaría de Salud y del gobierno federal”, explica.

“Y que las plazas quedaban canceladas. Yo les comenté que entonces eso pusieran en lo que nos estaban dando a firmar, que era por la cancelación y reestructuración del gobierno, pero me contestaron que no era posible, que tenía que renunciar así, en los términos que ellos me estaban dando: renuncia de manera voluntaria e irrevocable”.

El 23 de abril, recuerda, los directores de área comenzaron a llamar a personas de Servicio Profesional de Carrera para informarles que estaban en una lista de plazas a eliminar. Después los mandaron con el subcomisionado jurídico, el director general de administración, el de recursos humanos y una persona del comité de ética como testigo, para pedirles que firmaran la renuncia con fecha a fin de mes.

La mayoría firmó, cuenta Luisa, ante la amenaza de si no lo hacían los cesarían, y después de que hace unos meses vieron que a otra persona que se negó a renunciar, de plano ya no la dejaron entrar al edificio.

Lo más que obtuvieron, fue negociar que extendieran la renuncia al 15 de mayo, para que cobraran otra quincena. Pero a la fecha, no han recibido los papeles de su baja, que necesitan para comprobar antigüedad y hacer cualquier trámite en caso de que logren obtener otro trabajo en gobierno.

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Otra dependencia con recortes recientes fue el Fondo de Cultura Económica. Aunque ahí, según cuenta uno de los afectados, no les fue tan mal en cuanto a trato e indemnización.

“La justificación fue que habían pedido un recorte del 20 %, y bueno, al menos a mí lo que me dijeron es que Paco (Ignacio Taibo II, director del organismo) fue a hablar con el presidente para que hiciera un excepción con el Fondo, pero que no, no se iba a hacer excepción con ninguno, y pues vinieron los recortes”, cuenta Óscar.

Los afectados fueron jefes de departamento, editores, administrativos, del área jurídica y de comunicación. Pero al menos, señala, aunque no les dieron liquidaciones completas, sí se les pagó lo más que se pudo y no los dejaron con las manos vacías, como en otros lados.

Mientras él deja su puesto de jefe de área, se quedarán en la oficina cuatro becarios que capacitó en los últimos meses de Jóvenes Construyendo el Futuro, dice.

Comunicación Social del FCE confirmó que en total fueron 20 personas despedidas por la orden de recortar mandos medios y de enlace, sin tocar a personal sindicalizado o de confianza.

El memorándum del 3 de mayo ordenó, en el punto 1, sujetarse al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en cuanto a servicios personales.

“En este sentido, deberán desocuparse, antes del 31 de mayo, las plazas no autorizadas y ajustarse las estructuras orgánicas conforme a los procedimientos y plazos existentes”.

Hasta ahora, no hay un balance oficial de cuántas personas han sido despedidas del gobierno. La Secretaría de la Función Pública detalló recientemente que este mes terminará el proceso de implementación de medidas de austeridad, reestructuración y eliminación de plazas que no hacían falta o duplicaban funciones, por lo que en julio informará el resultado y cuántos empleos se eliminaron.