Entrevista de Alejandra Ballón a Giulia Tamayo (publicado originalmente en la web del proyecto La Madre).

En noviembre de 1996, Giulia Tamayo —abogada feminista especialista en derechos de las mujeres—, halló en las vitrinas del entonces Director del Centro de Salud de Huancabamba (Piura), las cuotas de captación de usuarias programadas para la ZONADIS[1]. Desde entonces, hace más de veinte años,Tamayo emprendió una investigación exhaustiva que nos dio a conocer la real dimensión del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Ya no se trataba de denuncias aisladas de negligencia médica o malas prácticas, sino de un programa masivo de esterilizaciones forzadas. Las metas no eran proyecciones destinadas a satisfacer la demanda de planificación familiar: eran parte fundamental de una política de Estado impuesta a los establecimientos y puestos de salud con el fin de controlar cierto sector de la población.

Desde sus importantes hallazgos y con el fin de impedir el buen desarrollo y difusión de sus investigaciones, Tamayo y sus familiares se vieron constantemente amenazados, sufrieron ataques en la calle e incluso diversos allanamientos a su casa que pusieron en riesgo sus vidas. Por ello, Amnistía Internacional lanzó en 1998 una acción urgente que pudiera prestar garantías para ella y su familia. Así, una vez publicados sus hallazgos en el reporte de derechos humanos Nada Personal (1999), Tamayo y su familia se exiliaron en Madrid desde el año 2000.

A lo largo del mes de Agosto de 2011, entrevisté a Giulia Tamayo León y su esposo José María García Ríos. Ellos, junto con Sebas, su hijo menor, me acogieron en su departamento de la calle Seseña en Madrid. Fueron desayunos, almuerzos, cenas, cigarrillos en el balcón, caminatas al parque, participaciones en la plaza del Sol con el movimiento 15M y tardes de I Ching. Conversamos sobre el Perú de la década del noventa, sobre los movimientos de mujeres de base y sobre las condiciones que enfrentaban las organizaciones feministas de entonces. A continuación, se presenta parte de la extensa entrevista que realicé a Tamayo. Una mirada retrospectiva de quien arriesgó tanto por acercarnos a conocer la verdad detrás de las cicatrices que tantas mujeres peruanas llevan en sus cuerpos.[2]

¿Cuáles eran los intereses y cuáles las agendas que se manejaban detrás de la aplicación de cuotas del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000)?

Intervinieron varias agendas. Esto se va poder observar a partir de la determinación de cuotas sobre las poblaciones, no solamente cuotas a niveles regionales, sino a niveles locales. Cuanto más buscábamos en el nivel local, encontrábamos que, pese a que los poblados tenían un perfil demográfico más bien preocupante de descenso de población, se les imponían cuotas altas. Entonces, había que buscar una explicación. Es decir, ponían cuotas altas en los niveles locales a poblaciones que habían decrecido demográficamente, no en la natalidad pero sí en el tamaño de la población, bien por muerte en el conflicto llamado “interno” o bien por migración.

[…] Muchas localidades no tenían un perfil demográfico alto y, sin embargo, se imponían cuotas, de pronto en Huancabamba o en la zona de la sierra de Piura igualmente cuotas muy elevadas. Algunas veces, se imponían cuotas elevadas en localidades con supuesta presencia del narcotráfico como, por ejemplo, en Huánuco. Si uno iba a zonas como San Lorenzo en Alto Marañón (Loreto), ahí lo que habían eran intereses de extractivas o madereras. Cajamarca era un departamento muy apetitoso para las extractivas; es en Cajamarca donde también se marcan cuotas muy elevadas.

En Ayacucho y en Huancavelica, los objetivos eran por temas de seguridad. Se mezclaban los intereses tanto por considerar que podían ser zonas ‘calientes’ donde las personas se sublevarían, ya que no tenían igualdad de oportunidades (teoría de los recursos escasos), pero también era la idea, no solamente de zonas ‘calientes’ por convulsión social, sino porque podían dar lugar al narcotráfico, lo que ahí podía enganchar con intereses de los Estados Unidos en los que ellos consideran su combate al narcotráfico. Entonces, hay zonas como Ayacucho, Huancavelica, Huánuco en donde los intereses de seguridad van a tener varias alianzas. Ese es el cuadro y, si uno reconstruye las cuotas en los niveles locales, se va a dar cuenta de qué intereses y qué agendas se estaban moviendo ahí.

Ahora, voy a la metodología que utilizaban. El caso de María Mamérita Mestanza Chávez, por ejemplo, nos va a reflejar un poco la metodología que va a ser diferente a la que se aplicó en otras zonas; en las zonas con altas cuotas que no se justifican demográficamente, las mujeres van a ser objeto de persecución, van a ir a sus casas, las van a asediar, las van a amenazar, las van a coaccionar, las van a levar, las van a conducir de sus casas directamente a las postas de salud o al hospital, donde se iba a practicar la intervención; además, van a ir a las comunidades de manera tal que prácticamente en algunas comunidades podían arrasar, o sea, no era una, dos o tres. Ahora, justamente resta por saber cuál es el impacto 10 años después en el perfil poblacional de esas comunidades.

¿Se puede hacer un estimado de cuántas de estas extractivas eran nacionales y cuantas internacionales?

El gobierno de Fujimori quería atraer el capital grande; el volumen de la inversión nacional era muy limitado. Él buscó expresamente el gran negocio a través de abrir el país a las transnacionales y, además, siempre quiso sacar una tajada a través de negocios corruptos. Fue una actividad delictiva en la que también estaba comprendido el asegurar a la inversión transnacional que su inversión no iba a enfrentar problemas, o sea, que su inversión iba a tener la seguridad de que no iba a tener una población que resistiera, que no iba a tener problemas de ningún tipo. Era como la mafia: “tú mete plata aquí que yo garantizo que tu dinero va producirte un negocio”. Fundamentalmente eran transnacionales, norteamericanas y canadienses, aunque también hubieron japonesas.

Según el Informe Final sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (2002), el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar costó 60 millones de dólares, 50% del presupuesto fue asumido por USAID, UNFPA y otras cooperaciones internacionales y el 50% por el Estado peruano.

Luego de entrar UNFPA, entra la cooperación Suiza y la cooperación Canadiense, entre las que yo recuerdo.Creo que utilizaron sobre todo a la cooperación Suiza para ‘blanquear’ el negocio para que pareciera políticamente correcto.

Sigamos con el informe que señala que un 50% fue financiamiento internacional y un 50% fue financiamiento del Estado peruano, pero lo que me interpela del informe es que, del 50% que pertenecía a Perú, hay indicios que señalan un acuerdo con USAID a través de la comida. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?

En cada año (1996, 1997 y 1998), se tuvieron que hacer las previsiones presupuestarias, o sea, se aprobaban cada año y eso figuraba en los anexos, por eso es que se puede descomponer, pero no se llega al detalle del tipo “gasto por comida”, porque son como partidas globales. Creo que las categorías eran “gasto operativo” y/o “gasto personal”. Eran grandes partidas para poder desagregar el contenido de esas partidas, entonces, era mucho más difícil. Cuando Mohme [Gustavo Mohme Llona, entonces congresista] me da lo que fue aprobado en el presupuesto de 1996, no se llega a ese nivel de detalle.

Entonces, en ese momento uno se comienza a preguntar de dónde vienen una serie de componentes que van a intervenir en el programa, por ejemplo, lo que pasa con la comida, porque hay varios programas de USAID que tienen excedentes de comida. Yo encontré en Piura lo que desde luego eran bolsas de USAID en donde las mujeres habían recibido comida, es más, USAID hace un informe, porque justamente les pillamos con las manos en la masa. Ante una evidencia de esa naturaleza, señalan que quieren hacer una supuesta investigación para poder ver si se habían usado fondos o materiales pertenecientes a USAID. La verdad que [la supuesta investigación] fue un informe de vergüenza, yo estuve ahí e incluso les pregunté por qué en Piura no habían elegido zonas como Huancabamba, en donde yo tenía las evidencias de que estaban usándolas. Eran esas ‘investigaciones’ para encubrir y no precisamente para esclarecer.

Había comida por esterilización que se utilizaba en Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Piura, entre otras fuentes de esa comida era de USAID. Estos eran excedentes de comida que provenían de Estados Unidos y que se vendían en Perú. Lo que Estados Unidos hace es que los excedentes de su producción luego los pasa como si fuera cooperación. Una de las paradojas en Haití es que les venden soja y les venden arroz a una población que antes era productor de arroz. Lo que hacen es dumping con lo cual a quien destrozan, en suma, es al agricultor nacional, porque hay una producción que ingresa sin costo, que no les permite competir al agricultor que esta produciendo con costo. ¿Me explico? Si yo produzco arroz con el sudor de mi frente durante un año y luego te inundan por dumping con bolsas de regalo, dime, ¿cómo puedes competir si te están metiendo un producto de regalo?

¿La comida que provenía de USAID se vendía a bajo precio?

Eso no está esclarecido. USAID se puso muy frenética para querer separar lo que era la entrega de alimentos de lo que era planificación familiar, a pesar de que, a nivel local, sí había evidencia de que sus alimentos y sus bolsas llegaba justamente en el contexto de las ferias o ligaduras. El Programa de Alimentación y Nutrición a familias en alto riesgo (PANFAR) era un programa llevado por USAID, y fue justamente lo que denuncié, y, por eso, USAID se puso de los nervios, porque yo había encontrado las bolsas del PANFAR en Cuzco y en Piura en Huancabamba. Además, los testimonios de las mujeres hablan del PANFAR. Ellos hacen la investigación argumentando que no necesariamente el público objetivo del PANFAR es el mismo coincidente de las mujeres esterilizadas y eso es falso, porque eso es lo formal, en cambio, yo obtengo evidencias de lo que vive la gente.

Uno de los referentes en la genealogía del programa es el llamado Plan Verde (1989), luego el Proyecto 2000, que va de los años 90 al 2000, es decir, durante los dos gobiernos consecutivos de A. Fujimori funciona como el gran plan nacional de población. Entonces, ¿el PNSRPF se inserta dentro del Proyecto 2000?

Correcto, Fujimori, cuando cambia la constitución en el año 1993, él habla de un proyecto de 25 años, por eso, él cambia tres cosas importantes: 1. La posibilidad de reelección (porque Fujimori decía que había que garantizar una estabilidad: lo que él llamaba estabilidad política es lo que hoy sabemos que fue una dictadura). 2. Modifica totalmente los derechos económicos, sociales y culturales, y 3. Prepara la constitución para la apertura al libre mercado (Tratado de Libre Comercio). Esos son los tres puntos. Por eso, nos opusimos. Esa Constitución es aprobada raspando: con un 1% de diferencia que, desde luego, nadie se lo cree. Por eso es que Humala, cuando juramenta por la Constitución del 1979, realmente está haciendo justicia, frente a lo que significó esa Constitución de 1993. Fujimori en 1993 hace su diseño que abarca 25 años, entonces, el Proyecto 2000 es el tramo que el quería asegurar sobre un plan de 25 años y ahí es donde se inserta el componente adaptado que proviene del Plan Verde y la Constitución de 1993 era su pilar.

Según el Informe Final sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 (2002), “Debería hacerse notar también que la “donación” de 30 millones de dólares de USAID al gobierno de Perú es dinero que es gastado, no por las autoridades peruanas, sino por USAID para gastos relacionados con el proyecto tales como contratos, consultores, costos operativos y abastecimientos.”

Por eso es que la responsabilidad de USAID es muy grande, a diferencia de la cooperación Suiza que lo que hizo fue poner dinero y de-responsabilizarse del uso de este, en el caso de USAID, nunca ha dado puntada sin hilo. Cuando da dinero en forma de cooperación, impone normalmente estar presente y tener a su cargo la toma de decisiones. Por ejemplo, al proyecto ReproSalud, que financió a Manuela Ramos con 21 millones de dólares en esa misma época, por parte de USAID, les imponían, entre otras cosas, que en la toma de decisiones tenía que estar USAID, cosa que Flora Tristán rechazó (bajo mi dirección). Lo cuestionamos porque éramos autónomas y jamás permitiríamos que, en nuestra toma operativa de decisiones, estuviera presente una organización gubernamental, no a nivel orientativo, sino a nivel operativo y eso USAID lo lleva a cabo en todos los países. El filme de Matilde Demoiselle A Woman’s Womb, the politics of reproduction (2010) analiza la participación de las organizaciones norteamericanas en el PNSRPF.

Mira toda la entrevista aquí

[1] ZONADIS: Zonas de desarrollo integral de la salud.

[2] Una publicación previa de esta entrevista se publicó en Noticias SER 9. Bajo el título de “Las esterilizaciones forzadas en la perspectiva de Giulia Tamayo”.