Diversos informes publicados en los últimos meses han puesto en la picota la fuerte apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por la alta velocidad ferroviaria debido a las dudas que genera la rentabilidad de determinadas líneas. Polémicas y debates electorales al margen, las cifras hablan por sí solas. Entre 2011 y 2013, el Estado perdió cerca de 1.000 millones de euros en la gestión de la red ferroviaria, especialmente por las inversiones en alta velocidad.

El último en hablar sobre la dudosa rentabilidad del AVE ha sido el Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias, correspondiente al citado periodo. El estudio arroja dudas sobre la viabilidad de la alta velocidad en España según está concebido actualmente el modelo pero, además, arroja una serie de cifras que hace difícil creer en la política que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento y a la que pretende dar continuidad.

Entre 2011 y 2013, el Estado ha invertido 7.820 millones de euros en la red de alta velocidad. Estas cifras se han traducido en que, en este mismo periodo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha sufrido pérdidas que suman 923 millones. Los cánones que cobra a los operadores por el uso de las vías (en el caso del AVE, únicamente Renfe hasta que se conceda el título habilitante para el transporte de pasajeros en el corredor de Levante) no son capaces de compensar los balances.

“Aunque las partidas de ajuste, entre las que destacan las amortizaciones, disminuyen su impacto negativo sólo en 2011 éstas han sido suficientes para obtener unos recursos generados por las operaciones positivos. En consecuencia, los recursos generados por las operaciones no han aportado fondos en el periodo fiscalizado excepto en 2011”, asegura el Tribunal de Cuentas. En los otros dos años, estos recursos generados fueron negativos, con lo que el global de los tres años arroja un resultado negativo de 18,7 millones de euros.

En una palabra, que la operativa ferroviaria no es capaz de cubrir los gastos y, además, obliga el Estado a tener que poner fondos para compensar las pérdidas.

El pago de intereses se lleva los cánones

Otro de los problemas que se desprenden de la aportación documental del Tribunal de Cuentas es el referido al elevado endeudamiento de Adif, que se situó por encima de los 12.500 millones de euros al cierre de 2013.

De esta forma, teniendo en cuenta los tipos medios que afronta Adif de sus diferentes acreedores (especialmente, el Banco Europeo de Inversiones, que acapara casi las tres cuartas partes de la deuda), el gestor paga en torno a los 350 millones de euros anuales solamente para satisfacer los intereses de su deuda. Esta cifra supone prácticamente la totalidad de lo que Adif ingresó en concepto de cánones tanto en 2011 como en 2012.

Es decir, casi la totalidad de lo que la compañía percibe por el alquiler de las vías se esfuma en costear el servicio de la deuda. Como advierte el propio Tribunal de Cuentas, los periodos de carencia de principal ofrecidos en su día por el BEI en la concesión de sus diferentes préstamos está a punto de vencer, con lo que Adif deberá empezar en breve a incrementar los pagos derivados de la deuda.

Mientras, los planes del Gobierno incluyen inversiones superiores a los 12.000 millones de euros para completar la red de alta velocidad que tiene planeada, lo que supondrá incrementar el endeudamiento de Adif, toda vez que España recibe cada vez menos fondos europeos. La alta velocidad se ha convertido en una caballo de batalla para el actual Ejecutivo.