«La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio, por la mañana, y el lugar al que irán será el panteón de Mingorrubio-El Pardo«. En puertas de la campaña electoral, el Gobierno ha puesto fecha concreta al traslado del cuerpo embalsamado del dictador sin esperar a que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada tanto por la familia como por la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. ¿Hay posibilidades reales de que el Ejecutivo que salga de la cita del 28 de abril materialice la exhumación el día proclamado por el gabinete de Pedro Sánchez?

Atendiendo a las razones que exponen los juristas consultados por este diario, al espíritu del auto con el que el Alto Tribunal desestimó el pasado mes de diciembre la primera petición de la familia Franco y a la opinión que expresan en privado fuentes del Gobierno, es prácticamente imposible que los operarios puedan levantar la losa de tonelada y medio de granito que tapa la sepultura que se habilitó en la basílica de Cuelgamuros el día señalado este viernes por la vicepresidenta Carmen Calvo: 10 de junio, jornada que el santoral consagra a Asterio de Petra, Amancio y Arecio mártir.

A la espera de lo que dicten las urnas dentro de un mes y medio, Pedro Sánchez puede pasar al martirologio político como el presidente que intentó sacar a Franco del Valle de los Caídos y no lo logró. La última palabra la tendrá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a cuya puerta han llamado ya tanto los familiares del dictador como los benedictinos para recurrir el acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó la exhumación el pasado 15 de febrero y solicitar la suspensión cautelar de la ejecución de la medida hasta que se resuelva el fondo.

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El Alto Tribunal debe analizar ahora si concurren los requisitos que exige la Ley reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativa y paraliza temporalmente el traslado de los restos. Admitidos a trámite los recursos en cuestión de horas, el Supremo resolverá en el plazo aproximado de dos semanas, evitando que la decisión -de notable interés público- coincida con la campaña electoral de las generales del próximo 28-A.

Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado a ‘El Independiente’ que es imposible que pueda consumarse el traslado en la fecha acordada este viernes por el Consejo de Ministros

El pronunciamiento del TS puede ser la ‘primera piedra’ que encuentre el Gobierno de Pedro Sánchez en su camino por sacar la momia del dictador de su sepulcro actual para trasladarlo al panteón que la familia Franco tiene en el cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo. Si el Supremo se aviene a la tesis de los nietos y de los benedictinos, a los que se sumará a principios de esta semana la Fundación Francisco Franco, la exhumación quedará suspendida y tardaría meses en ejecutarse. Y ello siempre que, tras estudiar los argumentos de las partes, la Sala terminara avalando la decisión del Consejo de Ministros.

Los nietos de Franco pidieron al Supremo a finales del pasado año que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación. El alto tribunal rechazó esa pretensión el 17 de diciembre al entender que dicho acto administrativo no justificaba por sí mismo el traslado ni producía una situación irreversible que hiciera perder su finalidad al recurso, toda vez que el gabinete de Sánchez -a diferencia de lo que ocurre ahora- no había dado por terminada la tramitación administrativa y no había adoptado ninguna decisión.

Con todo, el TS advertía al Gobierno de que el acuerdo no podría ejecutarse sin que previamente la familia hubiera «podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto». Así se lee textualmente en el razonamiento noveno de dicho auto, del que fue ponente la magistrada Celsa Pico Lorente.

Intensa deliberación

Cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo rechazó paralizar “por el momento” la exhumación de los restos de Franco, la decisión fue muy discutida por los seis miembros que integraron dicho tribunal. Según ha podido conocer El Independiente, dentro de la Sala se produjeron tres posiciones: hubo magistrados que se mostraron a favor de suspender el traslado, otros que querían denegar la medida cautelar y uno -concretamente el juez Segundo Menéndez- que emitió un voto particular defendiendo la inadmisión a trámite del recurso de la familia Franco «por interponerse contra un acto no susceptible de impugnación».

Tras más de dos horas de intensa deliberación, los jueces acordaron hacer público un comunicado en el que señalaban que la exhumación «solamente podrá producirse en virtud del acuerdo que en su momento pueda adoptar motivadamente el Consejo de Ministros». Y añadían: «Ese acuerdo, susceptible desde luego de ser objeto de recurso ante esta Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar”.

Aun en el caso de que el Tribunal Supremo no acordara la suspensión cautelar, el Ejecutivo carece de la preceptiva autorización eclesiástica para ejecutar la exhumación

La Sala apelaba a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y, de forma expresa, a la sentencia Solska y Rybycka. Fechada el pasado 20 de septiembre, la Corte de Estrasburgo condenó a Polonia a indemnizar con 32.000 euros a las viudas de dos ciudadanos que fallecieron en un accidente de avión y cuyos restos fueron exhumados en contra del criterio de las familias. Pese a ser el más reciente, fue curiosamente el único fallo que el acuerdo motivado del Consejo de Ministros no invocaba en su intento de hacer ver que podía llevar a cabo su pretensión y que el TEDH no pondría reparos a sacar al dictador de Cuelgamuros.

Fuentes del Gobierno han reconocido a este periódico que esa resolución judicial se ha manejado en el Consejo de Ministros y que, atendiendo a su espíritu, es imposible que el camino judicial esté expedito para ejecutar el traslado de los restos de Franco en la fecha anunciada. Las citadas fuentes interpretan que cuando la Sala advirtió que no podría consumarse la medida hasta que «se haya pronunciado al respecto» se refería hasta que entre en el fondo y dicte sentencia, lo que sin duda llevará meses.

Inviolabilidad y lugar de culto

En contra del discurso mantenido este viernes por Carmen Calvo, existen fundadas dudas de que el Ejecutivo pueda materializar su compromiso aun en el caso de que el Tribunal Supremo no le dé la razón a los nietos y a la comunidad benedictina y acuerde no suspender el acuerdo del Consejo de Ministros. Motivo: el Ejecutivo no tiene la autorización eclesiástica para acceder a la basílica y acometer la exhumación.

En su artículo 1.5, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede para asuntos jurídicos -firmado el 3 de enero de 1979- establece que «los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes». El Canon de Derecho Canónico otorga la consideración de espacio sagrado a los que “se destinan al culto divino o a la sepultura” -requisito que cumple el templo del Valle de los Caídos, elevado a la categoría de basílica menor durante el mandato de Juan XXIII (7 de abril de 1960)- y faculta a la autoridad eclesiástica a ejercer “libremente sus poderes y funciones” en dichos espacios.

El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Justicia pidió por carta al prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, autorización eclesiástica para la exhumación de los restos de Franco. Dos semanas después, el monje contestó a la ministra Dolores Delgado que denegaba el permiso solicitado invocando la «notoria» oposición de los descendientes del dictador y que, en consecuencia, su consentimiento podría afectar a «derechos fundamentales» de los familiares y causarles un «daño irreparable».

Fracasado el primer intento, Carmen Calvo envió una carta el pasado 18 de enero al secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, en la que se quejaba de que el prior del Valle de los Caídos les había denegado la autorización y le pedía que tomara las decisiones oportunas «a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión» y evitar «un conflicto jurídico y político» indeseado. Semanas después, el Vaticano le dejó claro a la número dos de Pedro Sánchez que «no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española”, dejando claro que la solución pasa por el Tribunal Supremo.

El frente judicial se le ha complicado al Gobierno tras suspender un juez la licencia urbanística que necesita para llevar a cabo la actuación prevista dentro de la basílica

Si el Gobierno ha solicitado expresamente la autorización eclesiástica es porque ha considerado que no puede soslayar este trámite. No sólo el Ejecutivo, también la comisión de expertos a la que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos y la Abogacía del Estado -en informes fechados el 7 de septiembre de 2011 y el 9 de marzo de 2017- han reconocido la necesidad de disponer dicho permiso de la Iglesia para poder ordenar la exhumación dado el carácter inviolable de que gozan los lugares sagrados. Y si no la tiene, ¿puede llevar a cabo el Ejecutivo el traslado de los restos aun cuando el Supremo no acordara en unas semanas la suspensión cautelar?

«Si llama poder a que materialmente lo pueda hacer, sí. Si llama poder a si jurídicamente lo puede hacer, no. La decisión del Gobierno de exhumar a Franco el 10 de junio es claramente ilegal por no tener autorización eclesiástica», responde el abogado que defiende a la comunidad benedictina en este pleito a preguntas de este diario.

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En concreto, el letrado considera que el Ejecutivo vulneraría el Acuerdo con la Santa Sede, el Código de Derecho Canónico y el propio decreto-ley con el que el pasado 24 de agosto modificó la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura normativa al traslado del dictador, por cuanto dicha disposición no establecía expresamente la imposibilidad de que los nietos entierren los restos de su abuelo en la cripta de La Almudena ni incluía ninguna salvaguarda que el Gobierno pudiera esgrimir -como ha hecho de forma sobrevenida por razones de «orden público»- en su intento de vetar la inhumación en la catedral madrileña.

¿Y la licencia urbanística?

A todo ello se suma la suspensión cautelar ordenada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid sobre la licencia urbanística para la ejecución de los trabajos de retirada de la losa que tapa el sepulcro, requisito establecido en el procedimiento administrativo instruido por el Ministerio de Justicia durante los últimos meses. El juez José Yusty Bastarreche, recusado ya por la Abogacía del Estado por su supuesta falta de imparcialidad, deberá celebrar en los próximos días una vista para resolver si mantiene la medida cautelar hasta que entre en el fondo o por el contrario levanta la suspensión tras las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid).

A finales de junio, Pedro Sánchez dejó entrever que el traslado de Franco sería en verano. No se cumplió esa previsión. Tampoco a finales de año ni en enero de 2019, las otras fechas que aventuraron miembros del Ejecutivo sin ningún éxito antes de fijar la del 10 de junio. Previamente, el Tribunal Supremo tendrá que acordar una decisión que alejará o acercará la materialización del proyecto ‘estrella’ del primer presidente español que llegó a La Moncloa a través de una moción de censura.