Reforma

Ciudad de México— Una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios con un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan ahora esas anomalías en el arrendamiento de mil 500 patrullas para la PF y que autorizó la Secretaría de Gobernación con una adjudicación directa.

El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por alrededor de 4 mil 300 millones de pesos hasta el año 2021.

Según las investigaciones, los montos del contrato se pactaron con sobreprecios y, además, hubo incumplimientos en la entrega y en las características y equipamiento pactado para las patrullas, y que en su momento no fueron sancionados por los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Segob.

El contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C060/2018 establece el arrendamiento de 100 patrullas Pick ups doble cabina blindadas RAM 2500 Heavy Duty modelo 2018; otros 800 autos Dodge Charger 2018 y 600 Pick ups RAM 2500 SLT sin blindaje.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Durazo afirmaron a REFORMA que la dependencia también solicitó a la SFP indagar qué funcionarios dieron luz verde al millonario contrato plurianual.

El acuerdo fue firmado por Héctor Martínez Cordero, secretario general de la PF, y funcionarios de la Coordinación de Servicios Generales, de la Dirección de Recursos Materiales, y de la Dirección de Transportes de la PF.

Para la adjudicación directa, la PF argumentó que convocar a una licitación pública y divulgar las características de las patrullas podría poder en riesgo a los federales y ser blancos de ataques.

Con ese pretexto, la Federal realizó una "investigación de mercado" y durante 4 días solicitó cotizaciones a 5 empresas, una de ellas con domicilio fantasma y otra a un pequeño negocio de renta de autos en una zona popular de Cuernavaca.

Según las indagatorias, los ex funcionarios podrían estar vinculados a corrupción administrativa, cohecho y abuso de atribuciones.

El contrato se firmó para su arranque el 9 de julio de 2018 con un anticipo de 194 millones 795 mil 227 pesos; compromiso de dos pagos anuales en 2020 y 2021 de mil 584 millones 750 mil 240 pesos cada uno y una liquidación final por 792 millones 375 mil 120 pesos, en la terminación del contrato pactado para el 7 de julio de 2021.

Las mil 500 patrullas, según el contrato, fueron distribuidas en las 32 coordinaciones estatales de la PF en el País, con pólizas de 3 millones de pesos por evento y un seguro de muerte por 150 mil pesos por cada ocupante.