El anuncio del sistema electrónico de publicidad de precios argentinos (SEPA) a través del cual los supermercados y los comercios minoristas deberán informar en forma diaria los valores de mil productos de consumo masivo no parece una buena señal. En particular porque este control de precios en línea lo instrumenta un Gobierno que desde la oposición hasta el año pasado ha criticado en forma permanente los controles de precios del kirchnerismo. Aunque lo quieran disfrazar de publicidad electrónica, se trata de un nuevo intento de controlar los precios en la Argentina un poco más sofisticado, vía internet. “Quienes incumplan dicha normativa serán sancionados conforme lo previsto en las leyes 22802 (de lealtad comercial) o ley 24240 (de defensa del consumidor), que establece multas desde 100 hasta 5 millones de pesos, según corresponda”, dice uno de los artículos de la resolución.

Si bien se trata de una plataforma electrónica donde los consumidores podrán conocer los valores de los artículos que se venden en todos los comercios para defender al consumidor, tal como indica la resolución 12/2016 de la Secretaría de Comercio, publicada hoy en el Boletín Oficial, tiene el olor a un control de precios más sui generis en los tiempos de internet. En particular porque establece fuertes sanciones monetarias para las empresas que no cumplan con esos precios que se publicarán en internet. Es también una forma bastante elitista de controlar precios por parte de la Secretaría de Comercio a cargo de Miguel Braun, un economista que siempre desde el sector privado ha pregonado sobre la libre competencia en los mercados de bienes y servicios, y la libertad de precios y salarios en mercados competitivos.

En la resolución se explica: “A través de dicha plataforma, los consumidores podrán acceder a la información brindada y comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios en el SEPA”. Es difícil creer que todos los argentinos tengan acceso por internet a través de un celular o de una computadora personal para bajarse una aplicación para seguir la evolución de los mil precios que se publicarán. Es más, a un jubilado que no tenga esos servicios el Gobierno le ofrece ir a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) todos los días para consultar los precios en los distintos centros de ese organismo.

La Secretaría de Comercio debería considerar además que no se puede lanzar un sistema de control de precios de estas características si no se publican los precios en las planillas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cuyo director, Jorge Todesca, ha declarado una especie de apagón estadístico de por lo menos ocho meses para poder confeccionar un nuevo índice de precios al consumidor. Sería la primera vez que un Gobierno sale a controlar los precios en Argentina sin un índice de precios al consumidor (IPC) que el Indec debería informar todos los meses, información que ha discontinuado desde que no se publicó el índice de noviembre del año pasado en adelante. Sería un gran error controlar los precios de mil productos mientras el Indec no dé a conocer el nuevo IPC.

Por otra parte, el primer artículo de la resolución indica: “Todos los comercios que realicen venta minorista de productos de consumo masivo deberán informar en forma diaria para su difusión los precios de venta al público vigentes en cada punto de venta, de los productos que se determinen en la reglamentación”. Teniendo en cuenta que hay supermercados que venden hasta diez mil productos de los cuales se contolarán mil, ¿qué pasará con el resto de los nueve mil que no se contolarán? Está a la vista que este no es un mecanismo para combatir la inflación si es eso lo que busca el Gobierno.

La resolución agrega: “La información suministrada será difundida y de público acceso para el consumidor y en cada producto y punto de venta los comerciantes deberán informar los siguientes datos: el CUIT de la empresa, razón social y nombre o denominación comercial; la ubicación de cada punto de venta, con domicilio completo y coordenadas para que permita su geolocalización; el código de barras o equivalente sectorial del producto; el precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso o medida de producto, según la forma de comercialización y promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones”. Estos requisitos son los mismos que le solicitaban los anteriores secretarios de Comercio Guillermo Moreno y Augusto Costa a las empresas para controlar sus precios, algo que, por lo que se puede observar, no ha cambiado en la nueva gestión de Miguel Braun. Al parecer han cambiado los modos, pero no las formas en lo que respecta a control de precios.

Por último, hay que destacar que en octubre de 2012 el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno lanzó el portal <preciosensusitio.gob.ar> para que los consumidores pudieran consultar los precios de 350 productos en los supermercados y constituyó un verdadero fracaso. El sitio dejó de funcionar a menos de seis meses de haberse lanzado. Era un sitio web comparativo de precios vigentes en las cadenas de supermercados de todo el país; además incluía un servicio de ofertas para negocios, almacenes y supermercados orientales. Un nuevo intento de controlar los precios en Argentina al que sucedió Precios Cuidados, que tampoco funcionó.

Al parecer, este nuevo intento del SEPA podría terminar de la misma forma, con el agravante de que se trata de una especie de control de precios en línea, con un Indec en off. Los controles de precios explícitos o disfrazados nunca funcionaron en el mundo y tampoco en la Argentina, los ejemplos están a la vista.