Que irresponsabilidad la del presidente del Banco Central. Ya firmó contratos de venta futura de dólar por más de 19.000 millones de dólares. Es una operación temeraria. Más allá de las decisiones particulares de política económica que pueda tomar el próximo gobierno, es evidente que se trata de una política que condiciona a las autoridades que asuman el 10 de diciembre: tendrán que sopesar no solamente los costos y benficios que son habituales en las decisiones de política monetaria y cambiaria, sino eventualmente el efecto favorable o desfavorable que pueden tener sobre la situación patrimonial del Banco Central y, por ende, del Estado.

La expectativa de los mercados es que, gane quien gane el 22-N, el precio del dólar sea más alto que el precio al que el Banco Central firma sus contratos. Por ejemplo: el BCRA se estuvo comprometiendo estos dìas a vender en marzo de 2016 dólares a $10,70. La prueba más evidente de que el mercado espera otro precio es, precisamente, el número de contratos: $10,70 les resulta una ganga a los mercados. Esto no ocurría en las ocasiones anteriores en las que participó el Banco Central, en los que hubo contratos pero ni por asomo de una magnitud similar.

Si los compradores en realidad esperan, por ejemplo, un dólar de 12,70 en marzo, y la misma diferencia de 2 pesos para los otros meses, es que esperan hacerse de una ganancia total de 38.000 millones de pesos. Si de esta especulación participan 4000 personas, cada una se llevaría en ese ejemplo casi 10 millones de pesos. Si participaran 40.000, cada una se llevaría casi un millón de pesos: de cada mil argentinos, uno se llevaría un millón de pesos, financiado por los otros 999 que le transferirían casi $1000 cada uno.

¿Para qué? No está claro. La excusa es que el BCRA puede decirle a un importador: “no te puedo entregar dólares ahora, porque no tengo, pero te concedo el derecho a comprarme un dólar a $10,70 en marzo del año que viene”. No tiene mucho sentido. Es como si un niño se quejara porque quiere un caramelo y le dijeras “No, pero te regalo plata y le regalo plata a todo el que quiera plata, y esa plata no necesariamente la tenés que usar para comprarte el caramelo”.

Un clásico argentino, el saqueo al Estado de parte de unos pocos, organizados por el propio Estado: la estatización de deuda en la dictadura; la pesificación en la época de Duhalde, y tantas otras. ¿Es justo? Claro que no. ¿Se puede evitar esa injusticia? Difícil, aunque polìticos de Cambiemos iniciaron una denuncia penal.

Para hacer más tortuoso el ejercicio: supongamos que existiera (cosa que ignoro) alguna vía legal, aunque contraria al espíritu de esos contratos, para evitar un nuevo desfalco: ¿atentaría contra la seguridad jurídica y por lo tanto contra el futuro de la Nación? ¿O, al contrario, en el balance neto sería una señal favorable hacia el futuro, una muestra de que hay una Argentina diferente, en la que el saqueo del Estado por parte de los ricos ya no puede seguir ocurriendo? ¿La respuesta sería diferente si en vez de 19.000 millones de dólares fueran diez o cien veces más? ¿O es independiente del monto, y la seguridad jurídica de un contrato obviamente sesgado en su origen es más importante que, por ejemplo, la estabilidad monetaria?

No lo sé.