Ernesto Cayetano pasó ocho meses en una cárcel de Veracruz (al este de México) porque un aparato que supuestamente detectaba drogas apuntó hacia él. Era enero de 2011 y viajaba en un autobús con destino a Coatzacoalcos para visitar a su hijo, el Ejército detuvo el coche para hacer una inspección de rutina en busca de droga. En la revisión, un perro halló un paquete con marihuana a cuatro asientos de distancia del lugar de Cayetano. Los militares pidieron a todos los pasajeros que bajaran del autobús y pasaron frente a ellos con una caja negra conectada a una antena que señaló directamente a Cayetano. Era el detector molecular de drogas y explosivos GT200 -también llamado la Ouija del Diablo por los militares-, el inicio de un calvario para Cayetano y parte de la historia de la estafa que un ciudadano británico jugó al Gobierno mexicano.

El aparato era uno de los 742 que el Ejército de México compró entre 2007 y 2010 a la compañía Global Technical LTD del empresario británico Gary Bolton. La Secretaría de la Defensa Nacional gastó alrededor de 15 millones de dólares en adquirir estos dispositivos cuyo precio unitario estaba estimado en 30.000 dólares. La oferta era imposible de rechazar: cada aparato tenía la supuesta capacidad de detectar desde una distancia de 300 metros cantidades mínimas de 300 tipos de drogas, además de armas, explosivos, y hasta cadáveres. Era un producto ideal para las circunstancias de México, que acababa de comenzar la guerra contra el narcotráfico. Para usarlo, los militares debían insertar una tarjeta a la caja negra con la información sobre las sustancias que detectarían y la antena les daría la ubicación de la droga. El misterioso aparato no usaba ningún tipo de batería y su vendedor aseguraba que se nutría de la energía electrostática de la persona que lo manipulaba. El detector molecular GT200 y otras versiones similares ya habían sido comercializados en Tailandia e Irak.

Defensa gastó 15 millones de dólares en detectores cuyo precio unitario estaba estimado en 30.000 dólares

Fue precisamente en Irak donde el GT200 dio indicios del fiasco que estaba por venir. Allí era usado para detectar bombas y explosivos, pero mostró una eficiencia dudosa cuando los atentados se multiplicaron en aquel país en 2010. El departamento de Defensa británico puso a prueba el artefacto a petición de la Oficina de Comercio y concluyó que “no tenía credibilidad como un detector de explosivos”. Al mismo tiempo, la BBC llevó el artefacto ante expertos que demostraron frente a las cámaras de televisión que el dispositivo no era más que una caja negra vacía unida a una antena inservible y que las tarjetas no poseían información alguna sobre estupefacientes. El detector fue retirado en Reino Unido e Irak y comenzó una investigación sobre la empresa de Bolton.

En México, el físico Luis Mochán, investigador de la UNAM, supo en la primavera de 2010, a través de un amigo, que el Ejército mexicano había adquirido algunos detectores moleculares GT200 y que se usaban arbitrariamente para inspeccionar desde casas, escuelas y hasta autobuses, sin una orden judicial. Mochán comenzó a investigar sobre la viabilidad científica de los artefactos y en 2011 participó en un experimento ordenado por la juez que llevaba el caso de Ernesto Cayetano para saber si el detector podía ser usado como evidencia en su contra. “Los GT200 no sirven para nada, no es que sirvan mal, no es que sean malos detectores, sino que no son detectores, no detectan absolutamente nada”, afirma el científico a EL PAÍS, que además rechaza que el aparato pueda funcionar por medio de la energía electrostática de quien lo opera.

“Los GT200 no detectan nada en absoluto”, dice el físico Luis Mochán

El experimento de Mochán era sencillo. De ocho cajas de cartón, una estaba llena con 1.700 pastillas de anfetaminas. El Ejército designó a un soldado que desconocía el contenido de las cajas y que operaría el artefacto. De 20 intentos, el detector molecular falló 17. Ernesto Cayetano salió libre luego de que la juez descartara como válido el incidente con el GT200. El físico Mochán subió al servidor de la Universidad de Cornell los resultados de su experimento y unos meses después la Scotland Yard lo encontró para relacionarlo con la investigación contra Bolton. Monchán testificó en un juicio por fraude contra el empresario británico.

Para 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había hecho un exhorto al Gobierno mexicano para retirar el uso de estos aparatos. La Marina, Petróleos Mexicanos y algunas policías estatales también se habían hecho de algunos ejemplares del aparato. Sin embargo, las sospechas sobre la efectividad del detector cobraron fuerza cuando en agosto de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de dos mujeres –María de Jesús Nieto Domínguez y Laura Cuevas Pineda- que como Cayetano habían sido detenidas en un trayecto en autobús luego de que el detector las señalara como portadoras de droga aunque ellas no llevaban ni un gramo de alguna sustancia. El Tribunal Supremo ordenó a Defensa hacer pruebas sobre la utilidad del detector, mismas que nunca se realizaron porque la Procuraduría General de la República (PGR) desistió en sus acusaciones contra ambas mujeres y quedaron en libertad.

Un tribunal británico detectó que los aparatos eran “simples cajas con manijas y una antena”

El pasado 20 de agosto el empresario británico Gary Bolton fue hallado culpable y condenado a siete años de prisión por fraude. Un tribunal en Reino Unido confirmó que los detectores eran “simples cajas con manijas y una antena”, que el empresario británico sabía que no funcionaban y que aún así los comercializó desde enero de 2007 hasta julio de 2011, obteniendo ganancias anuales por cuatro millones de dólares.

Tras conocer el veredicto contra Bolton, el Gobierno mexicano ha asegurado que el detector molecular GT200 ya no se utiliza en ninguna institución del país. “Estamos haciendo una valoración desde el punto de vista jurídico a partir de esta información sobre cuáles son las alternativas para en su momento poder solicitar el pago de daños y perjuicios”, expresó Eduardo Sánchez, portavoz del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, nada se ha dicho sobre los responsables de la compra de los 742 aparatos en México o los juicios en los que el detector se ha tomado como evidencia acusatoria. Hasta junio pasado, el Ejército mexicano mantenía en su cuartel general la exhibición de un detector molecular GT200 en su Museo de Enervantes – al que este diario tuvo acceso- y los militares aseguraban que en los últimos años este dispositivo había sido uno de los elementos clave para la búsqueda de drogas en México.