Por un fallo, Gils Carbó podrá ser removida sin juicio político Archivo

Un juez en lo Contencioso Administrativo avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político.

La decisión fue adoptada por el juez Pablo Cayssials, quien consideró "inconstitucional" el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

Un fallo avala la remoción de Gils Carbó sin juicio político

El fallo, publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ), es apelable, pero en su contenido podría permitirle al Gobierno sacar del cargo a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el juicio político.

"El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios,contemplados en la Constitución Nacional", dice el texto. Agrega que ese artículo, "al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario".

El escrito rechaza la defensa de Gils Carbó y hace lugar a las demandas interpuestas por la asociación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148.

Declarada inconstitucional la norma que equipara al procurador con los jueces de la Corte, no existe un mecanismo para remover al jefe de los fiscales, y ante ese vacío normativo el Ejecutivo podría recurrir a un decreto para sacar a la procuradora del cargo.

El gobierno de Mauricio Macri, que considera que Gils Carbó debió renunciar en diciembre de 2015. Afirman que es "impropia" de ocupar ese cargo, planteo que reforzaron con su procesamiento por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la compra de un edificio por $ 44 millones, que incluyó el pago de "comisiones exorbitantes".

El procesamiento de Gils Carbó, la semana pasada, reavivó en el oficialismo los pedidos de renuncia o, cuanto menos, de licencia (como sugirió el ministro de Justicia, Germán Garavano ) a la procuradora. También volvió a poner en agenda el tratamiento del juicio político en el Congreso, para después de las elecciones legislativas del próximo domingo.