El gobierno de Quintana Roo, encabezado por el priista Roberto Borge, "extinguió" la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en la entidad (UVTAIP), acción que –de acuerdo con la administración estatal– se debe a que pasará a ser una Coordinación de la Secretaría de la Gestión Pública.

“Se extingue el órgano administrativo desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo”.

Así señala el Periódico Oficial del Estado con número 14 extraordinario 14 bis, del pasado 29 de julio, en el que que se suscribió el acuerdo para la extinción del órgano descentralizado que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública.

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De acuerdo con el gobierno de la entidad, la Unidad de Transparencia no desapareció sino que pasó a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme a lo mandata la nueva Ley Federal de Transparencia, promulgada en 2015, que obligó a los estados a crear sus propias leyes de transparencia.

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"El plazo para hacerlo fue de un año y venció en mayo pasado. Quintana Roo cumplió y promulgó en tiempo y forma su nueva Ley de Transparencia. (...) En consecuencia, desapareció la Unidad de Transparencia como órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, pero no dejó de existir, pues pasó a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación", afirmó el gobierno en un correo electrónico firmado por el vocero Rangel F. Rosado Ruiz.

"La ley es clara. Los actos de gobierno se realizan bajo escrutinio público de los ciudadanos. El órgano de transparencia, como tal, no desapareció y seguiremos actuando con apego a la ley, sincronizados con la legislación federal y con nuestras responsabilidades, con, sin y a pesar de críticos ignorantes y desinformados, que en redes sociales y otras instancias intentan generar una percepción distorsionada de un gobierno que trabaja y trabajará hasta el último día a favor de los quintanarroenses y de las instituciones del Estado", señaló.

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Críticas por "extinción"

La aparente desaparición de la Unidad provocó cuestionamientos entre opositores, quienes señalaron que ésta podría afectar el proceso de transición tanto en ayuntamientos como en el poder ejecutivo, pues dificultaría la posibilidad de conocer a detalle el destino de los recursos públicos.

Al respecto, la diputada federal perredista, Ivanova Pool, emitió un comunicado en el que destacó que la medida violenta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante ello, anunció que solicitará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presente los medios de impugnación necesarios para garantizar que en la entidad exista una rendición de cuentas y transparencia.

La legisladora no descartó que se trate de una medida más para "blindar" al ejecutivo estatal de cualquier acción judicial en su contra.

Hace unas semanas, el Congreso de Quintana Roo echó atrás una serie de medidas que formaban parte del paquete con el que —según expertos y opositores— el gobernador pretendía protegerse de posibles investigaciones por presuntos casos de corrupción al término de su gestión, luego de que el gobierno federal anunció acciones de inconstitucionalidad al respecto.

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Ivanova Pool reiteró que solicitará al presidente Enrique Peña Nieto que exija a la SCJN interponer un recurso de inconstitucionalidad, como los que actualmente se analizan en la Corte contra los gobiernos y congresos locales en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua en donde se aprobaron leyes anticorrrupción que contravienen el Sistema Nacional para el combate en la materia.

En una consulta al sitio web del ahora extinto organismo http://transparencia.qroo.gob.mx/portal/index.php , aún se pudo apreciar el aviso 09/2016 con fecha 5 de julio, a través del cual se notifica sobre la suspensión de actividades con motivo del primer periodo vacacional escolar.

Y pese a suspensión, designan notario ‘a modo’

Este 2 de agosto, también se publicó en el Periódico Oficial del Estado, con número 76 extraordinario, el aviso por el que inicia funciones el titular de la Notaría Pública Número 94 del Estado de Quintana Roo.

Esto a pesar de la determinación del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo , por la que se suspendió la designación de notarías a personajes cercanos al gobernador, sin la publicación de anuncios, para que interesados pudieran aplicar por la patente de Notaría.

A principios de julio, el gobernador Roberto Borge creó Notarías Públicas y las repartió entre diputados y funcionarios como parte del llamado “paquete de impunidad”.

La notaria en cuestión le fue asignada a la diputada local con licencia y regidora electa para el municipio de Benito Juárez, la priista, Berenice Polanco Córdova, hija del exsenador del PRI, Jorge Polanco Zapata, quién pretendió una candidatura independiente al gobierno de Quintana Roo, pero no logró recabar las firmas que se solicitaban por ley.

