Al presidente López Obrador no le bastará clasificar el de Santa Lucía como “instalación estratégica” para empezar a construir ahí el nuevo aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Lo cierto es que el gobierno federal no tiene todavía todos los estudios técnicos que exige la ley y se ha demorado el avance en los trabajos para la interconexión con el actual AICM.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los hangares de la base aérea número 1 de Santa Lucía, Estado de México, aguarda la maquinaria para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

Pero no sólo una ola de amparos está frenando el inicio de las obras; también la falta de los estudios técnicos requeridos por el reglamento de la Ley de Aeropuertos.

El lunes 7 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está todo listo para que las obras comiencen al día siguiente de que se declaren improcedentes los amparos contra el aeropuerto. Y el martes 8 reiteró que la meta es concluir la primera etapa en 2021.

“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Sólo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida”, dijo ese día en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sin embargo el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de geotecnia y mecánica de suelos, la reubicación de las instalaciones militares y la adquisición de predios, siguen en proceso. De hecho, las solicitudes de amparo contra Santa Lucía y las resoluciones de suspensión de los jueces se fundamentan en la falta de los estudios y permisos necesarios que establece el reglamento de la Ley de Aeropuertos, al que debe sujetarse la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según al artículo 4.

A finales de julio Proceso solicitó, vía la ley de transparencia, el plan maestro a la Sedena, que por conducto del general Jorge Ramírez Zúñiga, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que dicho plan “se encuentra en desarrollo, mismo que, una vez que sea integrado, se pondrá a disposición de la ciudadanía conforme a la normatividad aplicable en la materia”. En ese momento la dependencia todavía no clasificaba como “información reservada” los documentos técnicos del proyecto.

El 1 de septiembre, en el primer informe de gobierno de López Obrador, se dio a conocer que al 30 de junio el avance en la integración del plan maestro, a cargo de la empresa Aeropuertos de París (ADP), era de 40%. Una fuente del gobierno federal confirmó que hasta el pasado viernes 11 no se contaba con la totalidad del plan maestro.

La Sedena firmó con ADP un contrato plurianual mixto (DN-8/S/HyE/3050/7889-0002/F/2019, del que este semanario tiene copia) por 15 meses, con vigencia desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de junio de 2020, para elaborar “el plan maestro con estudios de capacidad y niveles de servicio”. Por esa razón difícilmente el aeropuerto será inaugurado en junio de 2021, como prometió el mandatario.

El contrato establece que el plan maestro es “necesario para la materialización del proyecto de construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional, su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y reubicación de instalaciones militares”.

El monto total del contrato con ADP fue de 1 millón 979 mil 300 euros: 798 mil para el plan maestro y 1 millón 181 mil 300 para la asistencia técnica del proyecto.

Según el primer informe de gobierno, el avance de los trabajos de ingeniería para la definición de la trayectoria de la interconexión con el AICM, así como los estudios de geotecnia y de laboratorio de mecánica de suelos, tenían hasta junio pasado un avance de 29.2%.

La adquisición de predios, con un presupuesto de 4 mil millones de pesos, para el área de amortiguamiento acústico y de seguridad, también ha sido lenta. De acuerdo con el informe de gobierno, hasta junio se habían adquirido sólo 569.66 hectáreas de predios aledaños, es decir, 41.29% de las mil 284 necesarias.

En tanto, el avance de los proyectos ejecutivos para la reubicación de las instalaciones militares era de apenas 47.9%, con una inversión estimada en 6 mil 275 millones de pesos.

Estudios a medias

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que en julio se concluyeron los estudios de aeronavegabilidad para los que fue contratada la empresa francesa NavBlue, filial de Airbus, con lo que determinaron la factibilidad técnica para el desarrollo aeroportuario y la operación simultánea de los tres aeropuertos: AICM, Toluca y Santa Lucía.

El contrato entre la Sedena y NavBlue (DN-8/S/HyE/3050/7889-0003/F/2019), cuya copia tiene Proceso, para elaborar el estudio de aeronavegabilidad y de operaciones simultaneas AICM-Santa Lucía-Toluca, es por un monto de 6 millones 164 mil 872 dólares. En el documento se indica que entre las obligaciones de la dependencia está la entrega “en forma oportuna” del plan maestro a la compañía, lo que evidentemente no ha ocurrido al no contar todavía con el documento.

El titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, reconoció el pasado miércoles 9 que si bien ya tiene el estudio del rediseño del espacio aéreo, éste sigue sufriendo modificaciones “para optimizarlo”.

Hasta el momento, el único estudio público es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en julio pasado, tres meses después de que la Escuela Militar de Ingenieros y el Instituto de Ingeniería de la UNAM entregaron el documento.

Pese a ello, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) ha cuestionado que la Semarnat haya autorizado una MIA sin conocer el plan maestro definitivo, los estudios de seguridad aeronáutica conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional ni los estudios de geotécnica y mecánica de suelo.

En entrevista, el presidente de la AMIA, Daniel Basurto González, pone como ejemplo que para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el antiguo lago de Texcoco “hubo estudios que tardaron dos años” y calificó la MIA de Santa Lucía como “deficiente”.

“La manifestación debe estar constituida por aquellos estudios que determinen o analicen qué impactos va a causar. En este caso no fueron tomados en cuenta”, señala.

En la autorización de la MIA se propone construir un acueducto para suministrar agua a Santa Lucía desde el acuífero Valle de Mezquital, Hidalgo, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, dado que el aeropuerto requerirá de 6 millones de litros al día y la base área militar se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado: el Cuautitlán-Pachuca.

“La resolución reconoce que no se puede tomar agua de ahí y propone el Valle del Mezquital, pero para hacer el acueducto necesitan realizar otro estudio de impacto ambiental, porque van a atravesar más de cinco kilómetros para proveer a Santa Lucía”, dice Basurto González.

Se queda con las ganas

Desde abril López Obrador quería dar el banderazo de salida. El 24 de ese mes, desde la base aérea, flanqueado por el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el presidente anunció que las obras estaban a punto de comenzar.

“Adelanto, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso, que el lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, dijo.

Pero la falta de los estudios lo hizo recular y al día siguiente explicó en su conferencia matutina que se trataba del banderazo a los trabajos preliminares del proyecto.

En ese entonces se estimaba que la construcción comenzaría a finales de julio. Para el presidente bastaba con tener autorizado el presupuesto: 91 mil 977 millones pesos, como informó el 1 de septiembre. En los hechos, su administración no contaba con los amparos interpuestos contra Santa Lucía que, basados en la falta de los requerimientos técnicos obligatorios por normatividad, han retrasado sus planes hasta el momento.

Tampoco en lo financiero el proyecto está saliendo conforme a lo planeado. Sin que hayan comenzado las obras, la inversión ya se incrementó. Según el presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda para 2020, la infraestructura del aeropuerto necesita 95 mil 260 millones de pesos.

Pese a todo, el martes 8, en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que confía en que los ingenieros militares cumplirán el compromiso de tener lista la obra a la mitad de su administración.

Ese mismo día el juez Juan Carlos Guzmán Rosas dio luz verde a la construcción del aeropuerto, al revocar una suspensión definitiva que había concedido al colectivo #NoMásDerroches, del que forman parte la Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que lidera Claudio X. González.

Esa resolución tomó como válido el alegato de la Sedena de que se trata de una instalación estratégica y que la suspensión “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”. Esta resolución todavía es apelable y el colectivo #NoMásDerroches prevé que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, con la reclasificación de la obra como “instalación estratégica”, López Obrador no sólo prevé que los fallos judiciales le sean favorables, sino que también podrá evadir la transparencia de la información, pues la seguridad nacional es uno de los motivos legales para imponer reservas, algo a lo que ni siquiera se atrevió la pasada administración.

Este reportaje especial se publicó el 13 de octubre de 2019 en la edición 2241 de la revista Proceso