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Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2019 • 16:22

En los tres niveles de gobierno existentes en la Argentina -nacional, provincial y municipal- rigen al menos 163 impuestos y regímenes de seguridad social. Pero, para dimensionar adecuadamente el costo de administración tributaria que afrontan los contribuyentes, es pertinente analizar cuántos alcanzan efectivamente a uno en particular, por caso, una pyme.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), una empresa mediana con personal en relación de dependencia en la provincia de Córdoba, que se dedica a la venta mayorista y minorista de productos electrónicos se ve alcanzada directa o indirectamente por 47 impuestos, regímenes o normas procedimentales. Y esto tratándose de una actividad de tipo general y, por consiguiente, no afectada por disposiciones específicas.

De ese total de 47 tributos, en 30 casos se ve afectada en forma directa o activa en su carácter de contribuyente o agente de recaudación anticipada, con la consiguiente carga en materia de exteriorización y pago de la obligación. En los 17 restantes está afectada de manera indirecta como sujeto pasivo de las retenciones, recaudaciones o pagos a cuenta, señala el informe.

El listado completo incluye 20 impuestos y sistemas previsionales (11 nacionales, 5 provinciales y 4 municipales), 24 regímenes de recaudación anticipada relacionados con los anteriores (16 nacionales, 5 provinciales y tres municipales) y tres normas procedimentales en materia tributaria, uno por cada nivel de gobierno.

"Estas cantidades muestran a las claras la complejidad del sistema tributario argentino desde el punto de vista de los sujetos pasivos del mismo en lo referido al cúmulo de legislación tributaria que deben conocer, a la permanente actualización de las mismas que deben contemplar, a la cantidad de declaraciones juradas que deben presentar periódicamente y al número de liquidaciones de pago mensuales o anuales que deben realizar. Todo lo cual implica un notable costo de administración tributaria, no solo directo para cumplimentar con sus obligaciones, sino indirecto, derivado de las posibles consecuencias pecuniarias de los errores involuntarios cometidos", sostiene el trabajo del Iaraf, y agrega que la carga es aun mayor para los contribuyentes incluidos en el régimen de Convenio Multilateral (que afecta a los que deben tributar en distintas jurisdicciones) y para aquellos alcanzados por regímenes específicos vigentes para diversas actividades particulares.

Consultado por LA NACION, el director del Iaraf, Nadin Argañaraz, dijo que las empresas tienen que estar al tanto de 47 normativas, además de los permanentes cambios, con lo que al costo de pagar impuestos se le suma el costo de cumplir.

"Esto es claramente una complejidad adicional que no se mide cuando se calcula la carga tributaria. Es un costo adicional y también es un costo para la AFIP. Si tuvieses 10 tributos a nivel provincial, nacional y municipal, obviamente que tendría que ser más simple recaudarlos y la fiscalización. El desafío es simplificar este esquema, además de que bajen los impuestos y se eliminen los gravámenes distorsivos", concluyó el economista.

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