Uno:

El 21 de octubre del año 2015 fue aprobada por el Senado la designación de Jorge Abbott Charme como nuevo Fiscal Nacional. La aprobación fue por 32 votos a favor, dos abstenciones (Moreira y Pizarro) y ningún voto en contra. La aprobación se realizó tras una audiencia pública, transmitida por televisión, en que el candidato Abbott respondió todas las preguntas que le fueron formuladas por los senadores. En esa audiencia Abbott fue consultado en profundidad sobre cómo, bajo su mandato, se abordarían las investigaciones por delitos vinculados a financiamiento político, entregando el candidato explicaciones suficientes que provocaron tan abrumadora mayoría para su elección. Se cumplía así la exigencia constitucional de una audiencia pública para entrevistar al candidato y una votación también pública. Lo que se desconocía en ese momento y fue develado muchos meses después es que dicha audiencia había sido una pantomima. Que las verdaderas audiencias no fueron públicas sino secretas, que ellas no se realizaron en el Senado, sino en la casa de senadores (Girardi) o en oficinas de abogados (Hernán Larraín). ¿Qué se conversó y qué se acordó en esas reuniones? No lo sabemos y nunca lo sabremos, aunque lo podemos intuir.

Dos:

El 6 de diciembre de 2017 el entonces presidente del Senado, Guido Girardi -a requerimiento de los senadores Hernán Larraín y Andrés Allamand- envió un oficio al Fiscal Nacional solicitándole la mayor celeridad posible a la investigación penal por la cual había sido desaforado por la Corte Suprema el senador Moreira tras la imputación de delitos de carácter tributario. De esta manera, el Senado violaba el artículo 76 de la Constitución Política que expresamente y por razones obvias le prohíbe al Congreso avocarse a causas pendientes ante los tribunales. El Fiscal Regional a cargo de la causa, Manuel Guerra, de manera solícita, un mes después de aquel oficio dispuso que el proceso en contra del Senador fuera suspendido, terminando de esa manera su desafuero.

Tres:

El 30 de octubre de 2018 la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero solicitado a Jorge Pizarro por delitos tributarios en el caso SQM. En ese mismo período el Senado debía designar un nuevo ministro de la Corte Suprema para la sucesión de Carlos Cerda y en la quina propuesta había varios ministros que habían votado ese desafuero. El senador Pizarro participó activamente en las negociaciones de la oposición para decidir la persona elegida según informó La Tercera y trascendió, asimismo, que la UDI había vetado para dicho cargo a un ministro que había votado meses atrás de manera favorable el desafuero del senador Moreira (Javier Moya).

Cuatro:

El 19 de noviembre de 2018 el senador Juan Pablo Letelier se reunió con el Fiscal Nacional para plantearle su inquietud sobre lo que estaba sucediendo en Rancagua con una investigación a los ministros de la Corte. El resultado objetivo de esa reunión fue que tras ella el Fiscal Nacional apartó del caso a los persecutores del caso.

Cinco:

Esta semana se ha conocido una serie de whatsapp y acusaciones de interferencias en investigaciones que afectaban al síndico Hermán Chadwick y al alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por parte del hoy ministro de Interior, Andrés Chadwick. Además, el Fiscal Regional de Rancagua ha reconocido que fue sondeado para asumir una subsecretaría de dicha cartera en el actual gobierno, mientras uno de los ministros acusados (Elgueta) indica que el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, propició su candidatura como Fiscal Regional. La crisis al interior del Ministerio Público ha obligado a iniciar investigaciones penales y administrativas, y a la reubicación de causas y fiscales.

Los cinco episodios brevemente reseñados tienen en común la estrecha cercanía entre el mundo político y el mundo judicial que, para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema, debieran estar lo más separados posible. Pasamos de un escenario en que se cuestionaba la judicialización de la política, a uno en que queda de manifiesto la politización de la justicia. El fenómeno daña profundamente la ya escasa confianza en las instituciones y refuerza la idea asentada de la existencia de dos justicias en nuestro país, una para la gente normal y otra para los que tienen poder (así lo reconocía el ex presidente de la Corte Suprema Milton Juica, meses después de jubilar).

Es hora de que los que están al mando de cada una de las instituciones responsables se hagan cargo del fenómeno e impidan que se siga dinamitando la autonomía de ellas. Urge una reforma profunda al sistema de nombramientos y ascensos en que el mérito y la calificación de antecedentes juegue un rol central.

Chile (15%) y Ucrania(11%) son los países en que el sistema judicial tiene la menor confianza de los ciudadanos, según una encuesta que publica la OECD. En Ucrania esta semana eligieron un comediante como Presidente de la República. No esperemos que sea demasiado tarde.