INFORME ESPECIAL

La caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética y la reconversión al capitalismo de China son hechos incontrastables que marcan la extinción definitiva del proyecto político comunista. Sin embargo, existe un lugar en donde el comunismo, en su versión trotskista, parece tener cada día más fuerza. Es en la provincia del Neuquén, donde se registra el fenómeno singular de que la izquierda trotskista ha conseguido los mejores resultados electorales jamás alcanzados en ninguna otra parte del mundo.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es un frente electoral de orientación trotskista que se fundó en abril del año 2011 con vistas a obtener representación electoral en las elecciones presidenciales de Argentina. La fórmula presidencial que presentaron en aquella ocasión estaba integrada por Jorge Altamira y Christian Castillo. En Neuquén la lista de diputados provinciales logró ese año el 3,6% de los votos. Pero la sorpresa fue el impresionante incremento obtenido en las últimas elecciones legislativas, en diciembre de 2013, donde alcanzaron el 10% de los votos. A nivel nacional consiguieron tres diputados nacionales: Néstor Pitrola (PO) por la provincia de Buenos Aires, Pablo López (PO) por Salta y Nicolás del Caño (PTS) por Mendoza.

El FIT está conformado básicamente por tres partidos: el Partido Obrero (PO), de histórica raigambre trotskista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), también trotskista, e Izquierda Socialista (IS). En su manifiesto político-electoral declaran su apoyo a “la lucha de toda la clase obrera mundial contra el capitalismo imperialista y sus gobiernos”; saludan “el crecimiento de la izquierda combativa y anticapitalista en Argentina, que sacó en las primarias casi un millón de votos” y anuncian que utilizarán la tribuna electoral para “fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y de la juventud como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social”.

Como corresponde a toda agrupación política anticapitalista que se precie, el programa político es un enunciado de ambiciosos propósitos, dado que se trata nada menos que de “cambiar la historia del país y abrir la perspectiva de la revolución y de la transición al socialismo en el país y en el mundo”. Para ello se propone la nacionalización, sin indemnización, de los bancos, de la minería a cielo abierto, las telecomunicaciones, los ferrocarriles y el comercio exterior agrario. En relación con las industrias petroleras impulsan también la nacionalización de las empresas privadas (”fuera Chevron”) como la “renacionalización del 100% de YPF” y declaran su rotunda oposición al fracking.

Anuncian también su propósito de “convertir a los parlamentos en tribuna política para denunciar el contubernio entre los capitalistas y los partidos políticos, y desarrollar una alternativa política de los trabajadores”. Consideran que en contraste con el desarrollo de la izquierda combativa y socialista, “el país asiste a la desintegración de la llamada “izquierda plural” integrada por la centroizquierda (Pino Solanas, Libres del Sur) que en su opinión tienen “claros vínculos con los representantes del capital bancario y sojero (Prat Gay, Binner, UCR)”. También acusan a otras tendencias trotskistas de que “bajo el disfraz del chavismo, dedicaron lo mejor de su tiempo al apoyo del kirchnerismo”.

La lucha anticapitalista que han emprendido los ha llevado a obtener el control del Sindicato de Ceramistas de Neuquén y a través de este gremio “recuperar” las fábricas de cerámica de la provincia para colocarlas bajo control obrero. La primera iniciativa les ha permitido conformar una cooperativa para gestionar la ex Zanon. El nombre de la cooperativa -Fasinpat, que es el acrónimo de “fábrica sin patrones”- es sumamente ilustrativo del propósito que los guía. De igual modo han conseguido poner bajo control obrero la Cerámica Stefani de Cutral Co; la Cerámica del Sur dedicada a ladrillos huecos y más recientemente han ocupado, sin respaldo judicial, las instalaciones de Cerámica Neuquén, convocando a los medios de prensa para anunciar con bombos y platillos que “largaban, sin el patrón, la primera producción de cerámicos luego de más de 100 días de paralizada la fábrica por la patronal”.

Como sucede en todo conflicto, las versiones sobre las causas que han originado la crisis de las empresas de cerámica difieren sensiblemente. Los delegados obreros denuncian un supuesto “vaciamiento”, y los empresarios niegan haber descapitalizado a sus empresas y acusan al sindicato de ceramistas de una acción deliberada dirigida a boicotear la producción y luego ocupar ilegalmente las instalaciones. Lo llamativo es que en el caso más reciente de Cerámica de Neuquén se reproduce una estrategia calcada de las que les permitió al sindicato ceramista hacerse con el control de Zanon en octubre de 2001.

Gran parte de los habituales cortes de ruta de Neuquén son motorizados por estos grupos políticos que aspiran a sepultar al capitalismo. Fernando Aizcon, profesor de la Universidad del Comahue, de indisimulable simpatía por la causa trotskista, reconoce en uno de sus trabajos la existencia de “un dato oculto”, aun no estudiado abiertamente, que escapa a la percepción de los escasos estudios sobre la conflictividad social en Neuquén, revelador de que la izquierda militante neuquina es “la mayor correa de transmisión de la experiencia combativa” en Argentina.

Recientemente han cortado el puente carretero con Cipolletti para denunciar la “represión” que imputan a Berni, la Gendarmería y la Policía Federal por la intervención contra otros cortes protagonizados por sus compañeros de las empresas Emfer, Cables Lear, Kromberg y Gestamp del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sostienen que “el gobierno respalda con palos y balas de goma el ajuste de las patronales”. Hábiles en el juego de la victimización permanente, consiguen que fiscales, jueces y autoridades miren para otro lado mientras ocupan fábricas y cortan carreteras y calles en el quimérico objetivo de acabar con el sistema capitalista.

Empresas bajo “control obrero”

No puede sorprender que entre los objetivos de una agrupación política que se declara revolucionaria y anticapitalista figure el “control obrero” de las fábricas. Parece oportuno recordar el caso de la cerámica Zanon de Neuquén que se configuró en ejemplo paradigmático de esta singular experiencia. Sobre el tema se escribieron varios libros y la novedad suscitó la curiosidad de intelectuales de la talla de Osvaldo Bayer, Eduardo Galeano y la activista antiglobalización Neomí Klein quien viajó desde Canadá para observar “in situ” el fenómeno.

Bajo gestión privada, Zanon participaba del 25 % del mercado nacional de cerámica esmaltada, exportando a más de 35 países (entre ellos Brasil, Canadá, EE. UU., Nueva Zelanda, Australia, etc.). Tenía la fábrica más moderna de porcellanato en Sudamérica y producía a un ritmo anual de 13 millones de metros cuadrados de pisos esmaltados y porcellanato, lo que suponía una facturación anual de 40 millones de pesos en tiempos que un peso era igual a un dólar. Llegó a ocupar a 900 trabajadores a mediados de los años noventa.

En junio del año 2000, como consecuencia de la crisis derivada del rígido sistema de convertibilidad, la empresa Zanon presentó ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis en el que anunciaba su propósito de reducir personal para poder mantener la competitividad internacional y así conservar los mercados exteriores. El líder de la Lista Marrón, Raúl Godoy, del Partido Socialista de los Trabajadores, que acababa de ganar las elecciones del Sindicato de Ceramistas, se opuso a cualquier reducción del personal. A partir de allí se inició un largo y prolongado conflicto que dio lugar a que en octubre de 2001 los obreros ocuparan la fábrica y la pusieran a producir por unos días.

La empresa se vio forzada a presentarse en concurso preventivo y el juez comercial ordenó el desalojo de la planta que nunca se hizo efectivo. Los trabajadores mantuvieron la ocupación y en marzo de 2002 anunciaron que la fábrica ya producía bajo “control obrero”. En 2005 los obreros organizaron la Cooperativa Fasinpat (Fábrica sin Patrones) y obtuvieron el respaldo de algunos legisladores que presentaron en la Legislatura un proyecto para expropiar los activos de Zanon. Así, se aprobó la ley 2656 que obligó al Poder Ejecutivo a “expropiar los bienes inmuebles, bienes muebles y todo otro bien tangible” de la ex-Zanon. En noviembre de 2012 el gobernador Jorge Sapag firmó el decreto 1977/13 de expropiación, compensando con 23 millones a los principales acreedores de la quiebra, entre ellos el Iadep.

Como aconteció con otros emprendimientos similares, los comienzos de la andadura bajo “control obrero” resultaron difíciles. La gestión asamblearia no parece un método adecuado para dirigir una empresa y la pretensión de igualar los salarios expulsa a los trabajadores más especializados. La indisciplina es otro problema. Debido a que los turnos no eran respetados y había un ausentismo importante, se aprobaron unas “Normas de convivencia de Zanon bajo control obrero” en donde se establecieron sanciones disciplinarias que dieron lugar al despido de algunos trabajadores provenientes de organizaciones de desocupados que incurrían en faltas reiteradas. Según esas reglas, el cese también podía ser dispuesto por el “alejamiento de la dirección político-sindical” o el incumplimiento de la norma que obligaba a la participación obligatoria en marchas convocadas por el sindicato.

Recientemente los obreros han acudido nuevamente a la Legislatura, reclamando ayuda financiera para renovar la maquinaria y pagar la deuda acumulada con sus acreedores. Solicitan un crédito puente de 20 millones de pesos mientras esperan recibir otro crédito del Bicentenario de unos 80 millones que tramitan ante el Ministerio de Economía de la Nación. Alegan que la maquinaria ha quedado obsoleta y que su industria no es competitiva. Los delegados, en lo que puede interpretarse como el reconocimiento de las evidentes dificultades que atraviesan, han informado a un grupo de legisladores que recorrió las instalaciones que “actualmente se trabaja al 20% con una producción promedio de 200.000 metros cuadrados cuando antes era de un millón de metros cuadrados (por mes)”.

Teniendo en cuenta que el personal actual ronda los 450 operarios -es decir la mitad de los que tenía bajo gestión privada- se verifica una productividad de unos 4.000 metros cuadrados por operario/año cuando antes, bajo la gestión Zanon, era de 14.000. Esta diferencia de productividad hace que la cooperativa arrastre pérdidas constantes. Según uno de los directivos, en el primer cuatrimestre de este año las ventas fueron de 29 millones mientras que los gastos de producción alcanzaron los 37 millones, lo que arroja un déficit de más de 8 millones en ese lapso. Esto a pesar de los subsidios que la cooperativa obtiene por la energía y el gas que consume, a lo que se debe sumar que cada trabajador recibe un subsidio de 1.500 pesos mensuales del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.

La legislación argentina les brinda a las cooperativas de trabajo otras importantes ventajas competitivas en relación con el resto de la industria. Están exentas de gravamen a las ganancias, ya que se supone que no persiguen fines de lucro; por el mismo motivo no pagan ingresos brutos y están exentas de pagar IVA cuando el comprador sea el Estado nacional, provincial o municipal. Tampoco tienen que asumir las cargas sociales de cualquier empresario dado que los trabajadores pueden inscribirse como aportantes en el monotributo social. Si bien la cooperativa está obligada actuar como agente de retención de esos aportes, las cooperativas suelen desatender esta obligación a la espera de que el pródigo gobierno nacional disponga un nueva moratoria previsional.

Las “empresas recuperadas”, presentadas como ejemplos de producción bajo control de los trabajadores, afrontan otros problemas que las hace, con el paso del tiempo, inviables. Generalmente han iniciado su andadura sin capital de trabajo y sin acceso al crédito, aprovechando los insumos de la fábrica quebrada. Esa dificultad de partida las lleva a distribuir todos los ingresos provenientes de las ventas entre los sueldos de los socios-trabajadores de la cooperativa y la compra de insumos. La falta de inversión de reposición termina convirtiendo en obsoleta la maquinaria utilizada y así es como estas empresas van perdiendo paulatinamente cuotas de mercado.

Otra irregularidad en la que suelen caer las cooperativas de trabajo es que debido a lo dispuesto en la Resolución 360/75 del INAC -que ha sido declarada vigente por el Inaes- sólo pueden contratar a otros trabajadores no socios por un período máximo de tres meses (o seis si son técnicos). A partir de ese momento deben cesarlos o incorporarlos a la cooperativa como socios. En la práctica esto no se cumple, y los mantienen trabajando ilegalmente, de modo que se da la paradoja de que empresas bajo control obrero terminan siendo más incumplidoras de la legislación laboral que las empresas controladas por la “burguesía capitalista”.

En España, donde la legislación contempla la posibilidad de formar sociedades anónimas laborales, ha habido casos de emprendimientos exitosos. Los procedimientos judiciales rápidos (un despido se despacha en tres meses) han permitido que los trabajadores se adjudicaran en subastas judiciales, con cargo a sus créditos por salarios e indemnizaciones, los bienes de las empresas fallidas, sin necesidad de pedir al Estado que expropie esos bienes. Luego han recibido la capitalización de sus prestaciones de desempleo (que pueden llegar a ascender a 24 meses de salario -unos 24.000 dólares- por trabajador) lo que les ha permitido contar con suficiente capital de giro. Es decir que todas las operaciones se han hecho en forma legal, respetando los derechos de propiedad de los anteriores propietarios, sin acudir a la usurpación de bienes.

Son reconocidos los casos de cooperativas de trabajadores exitosas que se han verificado en el país vasco español. La red de las Cooperativas Mondragón se ha ido consolidando sobre sólidas bases, como empresas con una gestión profesional impecable. Aquí reside, probablemente, la dificultad mayor de las empresas que quedan bajo “control obrero”. Es difícil imaginar que trabajadores expertos en la gimnasia revolucionaria contra el capitalismo gestionen luego adecuadamente una empresa que inevitablemente tiene que atender las exigencias del mercado capitalista. Sería tan ilusorio como poner al frente de un regimiento militar a un inveterado grupo pacifista.

Lo cierto es que la moderna empresa capitalista, basada en la gestión profesional por equipos, ofrece en la actualidad más posibilidades de realización personal a sus trabajadores, que cualquier experimento de empresa bajo “control obrero”. La tarea de gestionar una empresa es una labor altamente profesionalizada, que demanda personal muy cualificado para alcanzar una mayor eficacia productiva, basada en la mejora continua de los procesos y flujos de trabajo. El monitoreo permanente de las variables macroeconómicas que influyen sobre la empresa desde el contexto exterior, demandan un trabajo de elevada pericia. Es evidente que jugar dentro del capitalismo es algo bastante diferente a jugar a romper el capitalismo.

Aleardo F. Laría

aleardolaria@rionegro.com.ar