En febrero de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy cedía a las presiones de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) y aprobaba el Proyecto de Ley por la que se modificaba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Una nueva ley, aprobada en el Congreso ese mismo año con el único apoyo del Partido Popular y que incluía una polémica medida, en su artículo 32.3: el “derecho irrenunciable” de las publicaciones y sitios web de información, opinión o entretenimiento a recibir una compensación económica por parte de los agregadores de contenidos en Internet, como Google News.

Conocida popularmente como el ‘canon AEDE‘, esta norma implicaba el reconocimiento de que los agregadores de noticias estaban obteniendo ingresos (vía publicitaria) a costa del trabajo y la labor de los medios y sus periodistas, por lo que debían compensar la supuesta pérdida de visitas -e ingresos- que su existencia acarreaba a los sitios de información digitales. Se trata de una ley similar a la existente en Alemania, donde los agregadores también deben pagar a las fuentes de noticias, aunque en este caso la reclamación de los pagos es voluntaria, no obligatoria como en España. Además, según la ley, no serán los medios los responsables de exigir esa tasa, sino que AEDE sería la encargada de recaudar este impuesto y distribuirlo entre los miembros de CEDRO.

Estos principios, sin embargo, no fueron compartidos por gran parte de la comunidad, no sólo ya expertos en tecnología y juristas, sino también los propios medios de comunicación. En ese sentido, los principales portales de noticias digitales rechazaron la idea de que Google News les restara visitas, sino todo lo contrario: era un escaparate para mostrar sus contenidos y obtener más clicks hacia sus artículos. Asimismo, este impuesto recordaba en parte al fallido canon de la SGAE, al ser una entidad no gubernamental (AEDE) la que recaudara impuestos de forma obligatoria sobre los links dirigidos a todos los medios de comunicación en España, incluso aunque no formaran parte de esta asociación.

De hecho, la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP) nunca estuvo de acuerdo con esta ley y exigió su retirada en numerosas ocasiones. Un hecho especialmente simbólico, dado que esta entidad representa a más medios de comunicación (unas 700 cabeceras) que la propia AEDE, además de formar parte de las principales patronales empresariales (hecho que tampoco se puede extender a AEDE), como la CEOE o Cepyme. La propia AEEPP fue una de las fundadoras de la Coalición ProInternet, una entidad creada para fomentar una idea de la Red abierta y colaborativa, claramente opuesta a las restricciones del canon AEDE. En esta plataforma también encontramos a la Asociación Española de Economía Digital ( Adigital), la Asociación de Internautas o a Google, principal afectada de la ley, así como medios de la talla de 20 minutos o eldiario.es.

Un canon imposible de cobrar

Pese a todas estas oposiciones públicas, y el consiguiente malestar en la ciudadanía, el Gobierno siguió adelante con la aprobación de la ley. Así, el canon AEDE entró en vigor el 1 de enero de 2015 pero, desde entonces, aún no se ha podido cobrar ni un sólo céntimo por los enlaces dirigidos hacia los medios de comunicación españoles.

En ese sentido, el sector denuncia una extraordinaria inseguridad jurídica, dado que nadie conoce cuál es el precio del canon AEDE, en qué casos concretos debe cobrarse, de qué modo y el formato en que AEDE lo recaudará y distribuirá.

En ese sentido, la ley aprobada por el Parlamento ni incluía ninguno de estos detalles, que deberían detallarse en un Real Decreto posterior, dado que se esperaba una negociación entre los agregadores y los medios de comunicación supuestamente afectados. Sin embargo, este proceso nunca llegó a darse, con lo que el canon AEDE sigue en vigor pero sin capacidad operativa real y sin perspectivas de que eso ocurra en un futuro próximo.

El cierre de Google News

Entre los principales motivos que han llevado a esta inoperancia del canon AEDE se sitúa la desaparición del principal agregador de noticias en nuestro país, Google News. En diciembre de 2014, ante la inminente entrada en vigor de esta tasa, el popular buscador decidió abandonar nuestro mercado para evitar toda la incertidumbre y este impuesto que, en su opinión, era injusto (argumentaban que no producían ingresos con este servicio) y contraproducente.

A la AEDE no le hizo ninguna gracia la marcha de Google News y pidió al Gobierno medidas para evitar su cierre, aunque de nada sirvió esta petición de urgencia ya que la asociación se quedó sin su principal objetivo en este proceso. Otros agregadores, como NiagaRank, también echaron el cierre amenazados por esta polémica Ley de Propiedad Intelectual.

Las consecuencias de la desaparición de Google News no están claras, variando mucho las cifras entre distintos analistas e informes. Uno de ello, realizado por la compañía Chartbeat, reflejó en su momento una caída de entre el 10% y el 15% en el tráfico que recibían los principales medios de comunicación en España.

Podemos ya pidió su derogación

En la pasada (y breve) legislatura, el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una propuesta formal para derogar el polémico canon AEDE y acabar, de una vez por todas, con la incertidumbre que existe en torno al uso de los agregadores de noticias en nuestro país.

Sin embargo, el fin prematuro de la legislatura y la convocatoria de unos nuevos comicios impidió el desarrollo parlamentario de esta medida; con lo que el canon AEDE sigue vigente en España… aunque recordemos que sin posibilidad alguna de ser cobrado por parte de esta asociación.

Y la Unión Europea lo podría implantar a escala europea

Pese a todas estas dificultades, que podrían calificarse como de fracaso anunciado, la Unión Europea se está planteando un impuesto similar a escala comunitaria, llamada popularmente como la ‘tasa Google’. En el marco de la persecución que la Comisión Europea está llevando a cabo contra las principales multinacionales tecnológicas, ahora se están filtrando algunos borradores sobre una futura reforma de las normas comunitarias sobre copyright y que incluyen la posibilidad de que los medios puedan exigir hasta un 10% de sus ingresos a buscadores y agregadores de noticias, extremo confirmado por la propia Comisión Europea, como ya hemos adelantado.

Una propuesta que ha generado un importante cisma dentro de la Eurocámara, incluso con la creación de un grupo de parlamentarios llamado Save The Link que se opone frontalmente al cobro por enlazar artículos en la Red. Para saber quién ganará la batalla, los medios o la libertad de Internet, tendremos que seguir esperando acontecimientos…