Manuel Bustamante, Nahuel, tiene 26 años y lleva un año en prisión provisional, acusado de terrorismo por, presuntamente, perpetrar ataques incendiarios a sucursales bancarias. Sin embargo, en la investigación no se hallaron pruebas de la autoría de esos ataques por parte de él ni de ningún miembro del grupo vegano anarquista Straight Edge Madrid, al que pertenece.

El 30 de enero de 2015 y el 7 de mayo de 2013 fueron atacadas con objetos incendiarios dos sucursales bancarias de La Caixa y Bankia, respectivamente, en Madrid. En la fachada de las oficinas o en sus cercanías había pintadas con mensajes anticapitalistas y contra la corrupción firmadas por los colectivos anarquistas Straight Edge Madrid y Juventudes Libertarias. La misma policía admite que dichas pintadas fueron hechas en días anteriores.

La investigación revela que los acusados tomaban de precauciones de seguridad al ser militantes anarquistas vigilados por la Policía, pero no aporta pruebas concluyentes de los ataques contra las sucursales bancarias

Por esos hechos, la policía puso en marcha la operación ICE, destinada a detener a los autores de dichos delitos, y detuvo en noviembre de 2015 a seis miembros de Straight Edge Madrid, grupo que se autoproclama anarquista, vegano y libre de drogas. La instrucción sostiene que el líder del grupo es el hispano-peruano Manuel Bustamante, Nahuel, a quien encarcelaron sin fianza acusado de ser el líder de un grupo terrorista.

En la instrucción no se aportan pruebas concluyentes de la comisión de los ataques contra las sucursales bancarias por parte de miembros de Straight Edge Madrid, sino que se relacionan los hechos con la actividad militante anarquista del grupo, que incluye pintadas y activismo en redes sociales en las que, entre otras reivindicaciones, justifican el accionar violento contra sucursales bancarias.

La Plataforma Nahuel Libertad, que se autoproclama como "un grupo de personas que nos solidarizamos con los represaliados en la Operación Ice" y que exigen la libertad de Nahuel y la absolución de todos los encausados e "independiente del colectivo Straight Edge", destaca que en la instrucción -a la que tuvo acceso bez.es- la policía "opta por vincular a los autores de algunas de las pintadas (SXE MAD, no a Juventudes Libertarias) con los daños en las sucursales, sin testigos, sin huellas, sin imágenes captadas por las cámaras, sin pruebas de ninguna clase".

En el marco de la investigación se procedió a la intervención de las comunicaciones de algunos de los miembros de Straight Edge Madrid y a su posterior detención tras encontrarse evidencias de que sus integrantes tomaban de manera habitual precauciones de seguridad al ser militantes anarquistas que llevan a cabo activismo destinado en última instancia a la subversión del orden constitucional, pero sin pruebas incriminantes de los ataques contra las sucursales bancarias.

La jueza que esta llevando la instrucción de la causa es la titular del juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la misma que ha procesado y enviado a prisión por terrorismo a los presuntos autores de la agresión contra guardias civiles de Alsasua (Navarra).

Grupo terrorista

Según la plataforma, simplemente se ha recogido la información que colgaba el colectivo en las redes sociales y se analizaron las comunicaciones intervenidas: "Con estos datos se fabrica la idea del grupo terrorista, retorciendo la información para hacer que encaje en los requisitos que se exigen jurídicamente para que pueda hablarse de delito de terrorismo".

Los seis puntos para acusar de terrorismo que menciona la plataforma son:

Ser una organización (SXE MAD) Que el fin de la organización sea subvertir el orden constitucional (el anarquismo tiene como fin la abolición del Estado) Ser estable en el tiempo (SXE MAD llevaba un tiempo constituida) Que haya un reparto de funciones para la comisión de delitos (se han producido ataques a sucursales bancarias -delito- y hay conversaciones telefónicas en las que se habla de reparto de tareas para organizar charlas y conciertos -reparto de funciones-) Que las acciones de la organización tengan un fin ideológico (anarquismo) Que la organización emplee medios tecnológicos (SXE MAD usaban redes sociales para conectarse y difundir las actividades del colectivo).

Además, señala la plataforma, la intervención de “botes de humo, bengalas y petardos” en casa de alguno de los detenidos se presenta como la prueba irrefutable del carácter violento del colectivo. Sin embargo, no hay restos de estos objetos en las pruebas halladas en las entidades bancarias atacadas ni prueba alguna de la presencia de los acusados en el escenario de los hechos.

Nahuel había sido detenido por participar en las protestas Rodea el Congreso en 2012 y Las Marchas de la Dignidad en 2014, como otras decenas de personas, pero los juicios por esas detenciones aún no han tenido lugar, explica a bez.es el abogado de Nahuel, Eduardo Gómez, por lo que carece de antecedentes penales de ningún tipo.

Tras la detención de 2012, Nahuel presentó una querella contra la policía por el trato recibido -que fue recogido en un informe de Amnistía Internacional de 2014 titulado El derecho a protestar, amenazado. Sin embargo, su abogado defensor sostiene que el juzgado de instrucción que lleva la investigación no ha realizado ninguna diligencia orientada a esclarecer las circunstancias en las que permanecieron en la comisaría de Moratalaz todas las personas que denunciaron malos tratos durante su estancia allí.

A los otros cinco miembros de SXE MAD detenidos se les concedió la libertad bajo fianza

A los otros cinco miembros de SXE MAD detenidos (Borja Marquerie, Candela Betancor, Diego Hernández Prieto, Javier Martínez y David Daniel Budziszewski) se les concedió la libertad bajo fianza.

Al ser acusado de liderar un grupo terrorista, a Nahuel se le aplica automáticamente el régimen F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), una modalidad en la cual el interno no comparte celda, esta solo casi todo el tiempo, y se le cambia de centro cuando se considera necesario. En un año, Nahuel ya fue cambiado de centro cinco veces (Soto del Real, Navalcarnero, Estremera, Morón de la Frontera -Sevilla- y Aranjuez), en una práctica que Eduardo Gómez atribuye a una cuestión de política carcelaria destinado al desarraigo del ámbito social y familiar, dificultando además el contacto con el abogado defensor.

"En mi caso, cuando estuvo en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) tenía que recorrerme más de 1.000 kilómetros en un día para poder hablar con él. Esta práctica está prohibida tanto por la Ley General Penitenciaria, como por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos e incluso por las Reglas Nelson Mandela dictadas por la ONU y referidas al tratamiento de reclusos", señala.

La prisión provisional puede durar hasta dos años y puede ser prorrogada arbitrariamente otros dos. El juzgado justifica la prisión provisional de Nahuel alegando “falta de arraigo y riesgo de fuga”, aunque su madre y su entorno social y familiar estén en Madrid.