Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a que te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad de defender una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está siendo rehén del miedo a que te encasillen en uno de los lados de la trinchera, mal asunto para la democracia. Sin embargo, el grueso de la ciudadanía ha encontrado llenas de sensatez las opiniones conjuntas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada Colau y de Manuela Carmena, pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso constituyente. Sobran políticos que monologan y sobran periodistas y tertulianos que repiten en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.

La situación actual en el estado español, que va tomando tintes surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del gobierno de Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del PP desde, al menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger firmas contra el Estatut catálan, que había sido aprobado por el Parlament catalán, el Parlamento español y ratificado en referéndum.

Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa religiosa), se ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la hora de tomar de decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid están siendo responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay periodistas (también hay mercenarios) e incluso profesores (a los que se les presuponen lecturas y capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a poner sensatez, echan más gasolina, por las razones que sea, a un ambiente que otros querríamos más sosegado.

Entre las afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los que critican que se hable en España de "presos políticos", un recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si Junqueras o Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las que están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos. Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. La diferencia es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia. Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la legalidad.

Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo actos ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la desobediencia hoy votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos educación y sanidad públicas, pensiones, los niños no trabajan y los patrones no pueden hacer lo que les de la gana con sus empleados. Aunque hay gente que también quiere dar marcha atrás a la historia en estos asuntos.

No soy independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas para el encaje territorial en una España que es una nación de naciones. Los antepasados recientes de millones de catalanes y catalanas no pueden ser extranjeros en la tierra de sus hijos y sus nietos. No debiéramos ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales reales o nos vamos a romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos capaces de hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña, de María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla, García Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los días para trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.

Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también sé que está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las elecciones con dinero negro provenientes de contratos públicos fraudulentos. Con una Constitución que fomentara más la participación, el gobierno de Puigdemont estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría fuera de una Constitución que garantizara el derecho de expresión, de reunión, la división de poderes, la limpieza de las elecciones y unas reglas de juego justas e iguales para todos. 800 cargos del PP están imputados por corrupción.

Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:

I. Quedan amnistiados: