La Iglesia Católica utiliza el dinero que le aporta Hacienda, entre otras cosas, para montar campañas antiaborto, homófobas y contra diversidad de derechos civiles, denuncia Europa Laica

Aprovechando el debate de los Presupuestos Generales del Estado que arranca este martes con la entrega en el Parlamento del proyecto de ley del Gobierno, la organización en defensa del laicismo, Europa Laica, vuelve a exigir a las distintas fuerzas políticas que se eliminen de la declaración de la Renta las casillas de asignación a la Iglesia Católica y de ‘fines sociales’.

En el marco de su campaña “Campaña IRPF 2017” , Europa Laica pide a la Agencia Tributaria y a las Haciendas de las CCAA, que clarifiquen el procedimiento, para no inducir a error a los contribuyentes con las casillas, ya que el año pasado casi “obligaba” a señalar o una o las dos casillas, al menos en la forma electrónica. Hecho que generó un montón de problemas y se señalaron miles de casillas de contribuyentes que no deseaban hacerlo, denuncia.

La organización recuerda que 250 millones de euros al año son sustraídos del IRPF para financiar a la Iglesia Católica. Esto, “además de vulnerar los artículos 14 y 16 de la Constitución, lo utiliza la Iglesia “para pagar sueldos y seguros sociales de curas y obispos, para gasto corriente y proselitismo de la Conferencia Episcopal, para publicidad y propaganda de las campañas eclesiales, para la financiación de sus propios medios de comunicación, para las universidades eclesiásticas, para montar campañas antiaborto, homófobas y contra diversidad de derechos civiles, para las beatificaciones, para engordar las arcas del Vaticano, para el pago del IVA. En fin, nada que ver con fines sociales ni benéficos”, lo que Europa Laica califica de “totalmente ilegítimo”, ya que a ello contribuyen todos los ciudadanos, sean o no creyentes y quieran o no financiar a esta religión.

Europa Laica también insta a la ciudadanía a no marcar la casilla de ‘Otros Fines de Interés Social', ya que la mera existencia de esta casilla “sirve a efectos de legitimación (o como coartada) de la existencia de la casilla de la Iglesia Católica, pues ofrece apariencia de voluntariedad y libertad de opción cuando, en la práctica, no es así”.

La organización señala que marcar una u otra o las dos casillas, a efectos prácticos y presupuestarios, tiene como objeto calcular la cantidad sobre el total del impuesto recaudado que se repartirá entre la Iglesia Católica y las ONGs (y que se detrae de otros gastos sociales en los que pudiera emplearse dicha cantidad). “No supone, por tanto, una donación voluntaria sino una forma con la que establecer qué cantidad del dinero de todos (quienes marcan y quienes no marcan una, otra o ninguna casilla) se destinará a la Iglesia y los Otros Fines”.

“Distinto quizá sería -añade- si, además del impuesto, el contribuyente pagara un 0,7% más para dichos fines (de la iglesia u otros), en cuyo caso sí sería una donación voluntaria, lo que no es el caso en el modelo actual".

“Los derechos sociales básicos exigibles a los poderes públicos por la Constitución Española no pueden quedar al margen, por tanto, de la asignación y discusión de los Presupuestos del Estado, ni de los procedimientos de control que garanticen que se asignen con equidad, eficacia y objetividad, y siempre en función de los intereses generales. De lo contrario nos situamos en el terreno de la discrecionalidad y se posibilita la asignación de recursos públicos con criterios sectarios y clientelistas”, subraya.