El jefe de Gabinete defiende a rajatabla el modelo económico y acepta que el rechazo a la reforma previsional afectó la imagen del gobierno. Defiende a las fuerzas de seguridad y considera una "canallada" acusarlas de violencia institucional.

En el primer piso de la Casa Rosada, Marcos Peña tiene uno de los despachos más amplios de Balcarce 50. El único que lo supera está al lado y lo ocupa el presidente Mauricio Macri, su jefe directo. Luego de dos años de solicitudes, el jefe de Gabinete de ministros le concedió una entrevista a Tiempo en el cierre de un año convulsionado para la coalición de derecha que administra el país desde diciembre de 2015.

El próximo 15 de marzo cumplirá 41 años. Ya suma dos como ministro coordinador y, a pesar de las duras internas que le tocó afrontar, es uno de los pocos miembros del entorno de Macri que sobrevive al lado del mandatario, desde la creación del PRO. Junto al ecuatoriano Jaime Durán Barba, estuvo al frente del marketing político que llevó Macri a la Presidencia y actualmente tiene en sus manos la comunicación oficial del gobierno. Quizás por eso, dentro de un discurso diseñado a fuerza de coucheos comunicacionales, no tiene problemas en negar sistemáticamente los argumentos y datos críticos hacia la gestión . En medio de un contrapunto que se extendió por una hora, Peña reconoce que la reforma previsional afectó la imagen del gobierno, pero se endurece cuando habla sobre la desaparición y muerte del joven Santiago Maldonado. Horas después de la conferencia de prensa que encabezó para anunciar los cambios en las metas de inflación, el jefe de Gabinete celebra ante este diario que el país tenga acceso a una tasa de endeudamiento del 4% anual, pese al récord histórico de financiamiento externo impulsado por Cambiemos.

-El penúltimo día hábil del año arrancó con la corrección de las metas de inflación. Después de la presentación quedó en el aire un interrogante. Sturzenegger, ¿se queda o se va?

-Federico Sturzenegger está absolutamente confirmado, es un lujo como presidente del Central. Hay un rumbo y una mirada compartida sobre el proceso de transformación económica. Desde su tarea, con la independencia que eso implica, ha venido llevando adelante las políticas que consideró necesarias de acuerdo a lo que le pidió el Ejecutivo. Y el Ejecutivo comunicó una modificación parcial de tiempos, no de estilos, de esas metas. No hay razón para especular con su salida.

-El primer resultado de la conferencia del jueves es que se completó una devaluación del 10% en diez ruedas, y si uno las toma, verá que la depreciación del peso es la cuarta más importante desde el crack de la convertibilidad. ¿Eso es deseado por el gobierno y, en tal caso, qué impacto puede tener?

-Una de las grandes fortalezas del programa económico es que se trata del primer proceso de estabilización que se hizo con tipo de cambio flotante. Eso permite tener un amortiguador frente a las variables externas. No estamos bajo ningún punto de vista en una situación de crisis cambiaria.

-Ya hay ganadores de esta devaluación del diez por ciento, particularmente quienes tienen recursos en dólares. Más de la mitad del gabinete tiene su patrimonio en el exterior, y muchos hicieron la reflexión de que Dujovne y Sturzenegger son los ganadores del día...

-Insisto, no es correcta la apreciación del diez por ciento, porque cuando ves el cambio real, hubo más inflación que apreciación del peso. El peso está apreciado en relación al dólar. Justamente hemos roto la dinámica de la presión devaluadora de distintos tipos para romper esa inercia de que haya ganadores o perdedores especulando con el tipo de cambio.

-¿El gobierno revisará que buena parte de sus ministros tienen su patrimonio en dólares o en el extranjero?

-Hay casos y casos, no todos son lo mismo. No comparto esa afirmación de generalizar. En el PRO lo más importante es la transparencia absoluta, que estén presentadas las declaraciones juradas, y el mayor compromiso de los funcionarios es trabajar para que la Argentina salga adelante.

-El Presidente tomó una de las medidas más antipáticas después de las elecciones, como la reforma en la movilidad jubilatoria, AUH, y pensiones por discapacidad, y además lo hizo bajo la amenaza de que si no salía podía explotar la economía. ¿Ahora buscan bajar el tono de esa afirmación?

-El año próximo será récord en materia de inversión social. Y habrá justamente una nueva fórmula para proteger a los jubilados de la inflación que es, por lejos, el impuesto más perverso para los sectores vulnerables. Todavía hay jubilados que piensan que van a cobrar menos que lo que cobran hoy. Buscamos ordenar y darle previsibilidad a todo el esquema fiscal y previsional. Hoy la Argentina financia con deuda la decisión que ha tomado como Estado de tener un nivel de cobertura muy amplio en materia previsional.

-Pero con la reducción de los aportes patronales se resignan unos 200 mil millones para el fisco. Podría haberse echado mano a esos recursos, entre otros. ¿Por qué con los jubilados?

-Son discusiones paralelas y distintas. Necesitamos generar trabajo formal y en cantidad. Está la hipocresía de un sistema laboral, como el vigente, con una parte de los trabajadores que tienen cobertura, derechos y protección y una enorme cantidad que no la tienen. Eso lo tenemos que corregir.

-Pero la mayor inversión social podría leerse como socorrer a gente que se cayó del sistema. Las cifras de empleo están empujadas por el crecimiento del monotributo social, pero reflejan una crisis del sistema laboral.

-No, no es así. El grueso de la inversión social del Presupuesto fue aumentar la cobertura de protección a los niños con la ampliación de la AUH, la posibilidad de seguir aumentando en un 20% las jubilaciones. La inversión social va más allá de la coyuntura de un país con profunda desigualdad y pobreza.

-Según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, al que ustedes siempre le dieron valor, la pobreza baja y crece la indigencia.

-No comparto que esté estable la pobreza porque no es lo mismo un número que el otro. Ahora hay un Estado que dejó de mentir con la pobreza. Lo importante es la tendencia, porque parte de la normalización del 2016 implicó la corrección de precios relativos y poner sobre la mesa los problemas que se estaban ocultando. Ese punto de partida generó un aumento de la pobreza e implicó que nos dijeran no sólo que no la mejoramos, sino que la empeoramos, y esa tendencia se revirtió.

-Pero es como una gota en el mar

-No, no lo creo. Por primera vez en muchos años la Argentina crece por dos años seguidos, y no por rebote. Estructuralmente está en condiciones de crecer en forma sustentable así como estaba preparada para un quiebre y un colapso en 2015.

-Ahora, más que la base de un desarrollo sustentable, el crecimiento está apalancado con deuda y déficit.

-No, eso es falso. Hoy demostramos que el crecimiento se sostiene a partir de la inversión, se basa en la inversión que está en un nivel muy alto en relación con los años anteriores.

-Estamos hablando de los recursos públicos destinados para eso

-No, son las dos cosas, y no creo que cambie eso, salvo que no pensemos en el Estado como dinamizador de la economía y la infraestructura. Ahora con el PPP (Programa de Participación Público Privada) vamos a lograr que muchas inversiones en infraestructura las haga el sector privado con tasas bajas y accesibles. El otro punto es que esto desfinanciaba la transición del gradualismo, producto del déficit que recibimos. Eso es temporario no tiene que ser definitivo. Es una muy buena noticia para el país que estemos endeudándonos a la tasa más baja de la historia, en torno al 4% cuando nos endeudábamos al 15%. No queremos un modelo de un país que dependa de la deuda, y lo queremos corregir.

-En ese contexto tanto la CGT como la CTA sostienen que ligar al proceso de búsqueda de inversión extranjera directa a la liberalización de las normas de trabajo y cambiar los convenios colectivos no es una salida.

-Nosotros no estamos trabajando para la inversión extranjera, para el Fondo Monetario, para todas esas etiquetas ideológicas que no explican la realidad. Trabajamos para salir de la pobreza y generar trabajo y para eso hay que ser pragmáticos. Toda realidad obliga a estar en una mesa sindicatos, gobiernos y empresarios.

-En términos de la competitividad y el impacto de la reforma laboral de Brasil, ¿se puede complicar la paritaria del año próximo?

-No sé si la paritaria, lo que sí tenemos que empezar a mirar es lo que hacen otros países. Nosotros somos parte del bloque comercial más proteccionista del mundo. Ratificamos que nuestro ámbito de pertenencia es el Mercosur, pero queremos generar un esquema de desarrollo hacia afuera para potenciar la exportación. Necesitamos diversificar nuestra matriz productiva para vincularnos con el mundo. No hay una receta mágica. No somos un gobierno ideológico que viene con un libreto a forzar la realidad a lo que piensa. Somos un gobierno pragmático que viene a solucionar los problemas, y eso exige mayor flexibilidad y pragmatismo.

-Veinte días antes de las elecciones usted dijo que no iba a haber una reforma de la movilidad jubilatoria y después la hubo. Es razonable desconfiar cuando afirma que no habrá una reforma laboral a la brasileña.

-La tranquilidad de que no hay una reforma a la brasileña es que hemos consensuado una reforma con la CGT que es beneficiosa para la creación de trabajo formal y de calidad. Pero si alguien no tiene tranquilidad con eso, estamos en un país con minoría parlamentaria, de modo es que eso obliga a que se debatan todos los temas.

-Varios de los valores de la economía están peor que en el 2015, aún así ¿está conforme con el modelo económico que están aplicando?

-De ninguna manera creo que los indicadores sean peores.

-El déficit, por ejemplo, es mayor...

-No, el déficit primario no. En el 2015 no había Presupuesto, y hubo una rectificación del 20% del déficit. En un país donde no había datos de nada y teníamos una cantidad enorme de pasivos no computados, entre ellos el default o la deuda con los jubilados, que estamos pagando nosotros con la Reparación. Todo eso nos lleva a entender que el déficit era superior al de hoy. Los indicadores de la economía que sí, hasta hace poquito, estaban en algunos casos iguales o peores, indican obviamente el costo de la normalización de una economía que no era sustentable.

-Ministro, en los prospectos que el gobierno llevó a los road show de deuda reconocía un déficit de 2015 de 4,5 por ciento mientras que ahora es de 6,5. Los propios datos del gobierno muestran que está peor.

-Por más que agarren algún elemento puntual, creemos que hay una caída del déficit.

-¿El gobierno asume los costos políticos por cómo llevó a cabo la reforma en los haberes previsionales?

-Puede ser que haya una parte de la gente que no haya entendido, que no haya estado de acuerdo y que eso ponga en duda la imagen respecto al gobierno. Pero creemos que eso es parcial y se va a recuperar. No creemos que sea algo estructural porque en muchos casos surge del temor que muchos pueden tener de que van a cobrar menos de lo que cobran hoy. Cuando cobren más esos miedos se va a disipar.

Seguridad y violencia institucional

-Tras el asesinato de Rafael Nahuel, el obispo de Bariloche consideró que era un error hablar de la RAM y que eso era, en realidad, la búsqueda de un enemigo interno. Esta semana se dio a conocer la creación de un comando unificado entre la Nación y tres provincias para avanzar sobre el conflicto mapuche. ¿No cree que esto empeora el conflicto?

-Quizá el obispo u otros no tengan la información completa sobre las casi 90 causas de un grupo que, a nuestro entender, existe como una organización dedicada a ejercer violencia. El informe fundamenta con datos que no se trata de un fantasma o un mito urbano. No aceptamos la idea de que la cuestión mapuche sea lo mismo que la RAM. Debemos trabajar con la justicia para evitar que esa violencia se legitime. No creemos que la violencia sea el camino.

-¿Y qué piensa de la violencia de Estado? En el último año se acumularon observaciones de organismos locales e internacionales que advierten sobre una aceleración de la violencia institucional

-Es interesante El caso Maldonado nos enseña sobre la necesidad de ser prudentes, de no salir a hacer campañas de difamación en base a información que después resultó ser mentira. Hoy ya está probado que hubo información que no se verificó en la realidad. Y va a haber una línea de trabajo internacional para dejar en claro lo que ocurrió en realidad y lo que fueron acciones con intencionalidad política. Porque puede haber gente que de buena fe creyó versiones que no eran correctas, pero hubo otra que buscó perjudicar al país para sacar rédito político de corto plazo.

-El caso no está resuelto, pero está claro que Santiago Maldonado no estaba en ese río pescando. Y que la primera reacción del gobierno fue proteger a la Gendarmería

-No es cierto. Desde el primer momento se separó a la Gendarmería de la investigación, intervinieron los equipos de violencia institucional, se buscó trabajar con el juez Ahora la versión que se quiso instalar no fue la realidad, no hubo desaparición forzada. Y no escuchamos una sola autocrítica de quienes afirmaron que había una decisión de este gobierno de hacer desaparecer a una persona. Si alguna fuerza de seguridad hace algo mal, hay mecanismos para que eso tenga castigo. Aceptar o plantear que las fuerzas de seguridad tienen una cuestión de violencia institucional, a mí entender es una canallada.

-No hubo una sola actitud de parte del Ministerio de Seguridad que sugiriera la aplicación de algún tipo de sanción a un uniformado y hay innumerables imágenes que comprueban que hubo agresiones a jubilados en las marchas contra la reforma.

-Es un desafío que tenemos como democracia encontrar ese equilibrio entre fuerzas de seguridad jerarquizadas, capacitadas y valorizadas. Si vos tenés fuerzas que no terminaron la secundaria, que tienen sueldos muy bajos y no tienen reconocimiento por las tareas bien realizadas, es muy difícil pedirles que sean el equivalente a la mejor fuerza de seguridad del planeta.

-Pero se las puede controlar políticamente...

-Pero no es un tema de control.

-La instrucción es política...

-Nosotros queremos fuerzas de seguridad que sean de clase media, que estén capacitadas y equipadas, reconocidas como servidores públicos y por ser elementos centrales en el cumplimiento de la ley. Creo que en la Metropolitana se avanzó mucho en ese sentido. Hoy nuestras fuerzas de seguridad no son eso. Hay una brecha que recuperar y por eso no nos gusta que se hable de ´la fuerza´ sino de personas. No creemos que la institución inherentemente sea una institución que esté con la violencia. No. Aunque haya imágenes, que haya situaciones que hay que investigar. Dicho esto, en el caso Maldonado no es cierto que se haya cerrado filas.

-El caso Rafael Nahuel, con un disparo por la espalda, no contribuye a la idea de que no hay responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

-Cuando uno tiene un preconcepto fácilmente se puede confirmar el pre concepto. Confiemos en la justicia y en las instituciones.

-Pero en el caso Nahuel la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó respaldar a efectivos del grupo Albatros y las pericias mostraron que hay un involucramiento de la fuerza en ese lugar y la preocupación de la mesa de enlace era que las fuerzas avanzaran sin intervención del juez.

-Eso es falso. La intervención fue ordenada por la justicia en un operativo donde los prefectos nada de lo que hicieron fue fuera del marco judicial. Fueron a un operativo como auxiliares de la justicia y luego cuentan la visión del tema, entregan las armas, no fue clandestino. Y además pasaron cinco o seis días hasta hacer la pericia del lugar. Si el operativo judicial indica que esos prefectos hicieron mal las cosas y asesinaron a Nahuel, tendrán que tener todo el castigo de la ley. Ahora, ¿qué pasa si después se refleja que no era así? ¿Hay un mensaje para los hijos de los gendarmes escrachados en las escuelas diciendo tu papá asesinó a Maldonado?

-Todavía no hay un fallo que haya determinado lo que ocurrió con Maldonado, y hay indicios de que la Gendarmería intrusó un espacio amparada en el concepto de flagrancia.

-Pero son cuestiones distintas, cargarle un asesinato a una persona es una acusación muy grave.

-En estos dos años se plantearon críticas a los retrocesos en el cuidado del ejercicio del trabajo de prensa, agravado por lo ocurrido en la marcha contra la reforma previsional. ¿Cuál es su lectura?

-Rechazamos cualquier idea que plantee que no valoramos al trabajo de prensa. Creemos que trabajan con absoluta libertad, como nunca. Ya calificar de aparato represivo, es entrar en valoraciones. Es muy difícil encontrar el equilibrio en las situaciones de conflicto callejero para resguardar la seguridad de los trabajadores. Era una situación de alta complejidad, y habrá que hacer sumarios para que en caso de que haya habido excesos sean sancionados, lo que no quita que haya una intención. Vuelvo al punto: ¿Cuál es el objetivo? El 70% de los contenidos para un lado y para el otro surgieron de gente que filmó con el celular. Son discusiones que atrasan, desde ya nuestra solidaridad para cualquier persona que quede herida en una situación de confrontación. Ahora eso también comprende la solidaridad para los policías que resultaron heridos.

-Lo corrijo: no hubo confrontación, hubo un sistema represivo estatal tratando de impedir una movilización numerosa.

-Había una intención de impedir que se realice la sesión coordinada de adentro y de afuera y se probará judicialmente, se investigará. Y eso tiene una gravedad que hay que trabajar desde lo político y lo institucional. «

Clarín-Telecom: "Creemos que es beneficioso para el país"



¿Cómo sería el gobierno de Cambiemos si no hubiese una estructura de medios que le es muy favorable y con una fuerte reducción del mercado periodístico representativo de las voces disonantes?

No comparto mucho eso, yo creo que hablar de periodismo por signo político es despreciar al periodismo .

No hablamos signo político, sino de voces disonantes, críticas.

Nosotros tenemos una mirada muy crítica de cómo nació una estructura periodística que a nuestro entender fue fogoneada desde el Estado para reflejar una visión política. Hoy la comunicación se transformó de tal forma que no existe un control de la emisión de la información. Esa lógica gramsciana de los factores de construcción del relato, eso voló por el aire.

Pero el principal medio de comunicación tuvo beneficios en términos de negocios inéditos.

Clarín como empresa tomó la decisión, escindiendo la parte mediática y la parte empresaria, de dedicarse a las telecomunicaciones. Creemos que es beneficioso para el conjunto del país pero también para que la Argentina esté más conectada. Cuanta mayor conexión haya, menos control va a haber de la emisión del contenido.

Con la fusión Cablevisión y Telecom va a tener el 70% del mercado, 30 millones de clientes. Es la mayor concentración de la historia de la Argentina

De todas formas, todavía falta la discusión de defensa de la competencia.

Hay una esperanza entonces...

No es esa la discusión, lo que nosotros queremos es la competencia. El gobierno anterior fomentó la cartelización de las telecomunicaciones.

Pero todo el sistema de contenidos públicos del gobierno anterior, de alta calidad y valorizado por los propios funcionarios de este gobierno está siendo desmantelado.

Nosotros no creemos que modificaciones en la cantidad de dotación signifique desmontar. Ratificamos que queremos tener producción de contenidos de alta calidad desde el Estado, lo cual no quita que creemos que se puede trabajar con mayor nivel de organización.

