El Gobierno se ha atribuido la libre designación de los secretarios judiciales del Tribunal Supremo, es decir, el cuerpo de funcionarios que tiene control sobre el trámite de grandes causas y recursos. El Ejecutivo lo ha hecho de nuevo por la puerta de atrás de una enmienda del PP a la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida en el Senado, al margen del foco político y mediático. La norma fue ratificada el miércoles en el Congreso para que entre en vigor el 1 de octubre y a parir de ese momento los secretarios pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia.

En el Supremo hay 21 secretarios judiciales que hasta ahora eran designados por el procedimiento ordinario de concurso, es decir, en función de la antigüedad, como se hace en el resto de los tribunales y en otras carreras funcionariales. Así se mantenía en el artículo 450.1 del proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y en el que salió del Congreso. Sin embargo, en el Senado se introdujo una enmienda en el que se elimina el criterio objetivo de la antigüedad para asegurar que esas plazas “se provean por libre designación” y “se elimina la preferencia por la mayor antigüedad en el orden jurisdiccional al que corresponda la plaza”.

Según el Sindicato de Secretarios Judiciales la reforma “no prevé ninguna valoración de méritos o capacidades u otra medida que haga transparente el mecanismo de selección”.

“La elección a dedo de todos los puestos de trabajo en el Tribunal Supremo no se justifica ni por la naturaleza del órgano, ni por las funciones del Secretario Judicial, ni por las necesidades del servicio público. Desde hace tiempo se tiende a perjudicar la neutralidad e imparcialidad de la función pública a que nos debemos”, añade este sindicato.