El Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid ha acordado este jueves embargar bienes por importe de 18 millones de euros al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en concepto de responsabilidad civil. El juzgado de Instrucción ha adoptado esta decisión al no haberse abonado el ex ministro la fianza civil que acordó contra él el juez Antonio Serrano-Arnal el pasado mes de mayo.

En consecuencia, el juzgado -a través de la secretaria judicial- ha decretado el embargo de la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Rato percibe en calidad de ex director gerente de la institución. Rodrigo Rato está imputado en este procedimiento por delitos de corrupción entre particulares, delitos fiscales y blanqueo de capitales.

El juez de Madrid ha tomado este jueves declaración al abogado Domingo Plaza como imputado

Por otro lado, el magistrado Antonio Serrano- Arnal ha tomado este jueves declaración en calidad de imputado al abogado Domingo Plaza por los presuntos delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales en la causa que se sigue en este órgano judicial por el popularmente conocido como 'caso Rato', donde se investiga la gestión del patrimonio personal y familiar del ex ministro de Aznar. Según han informado fuentes jurídicas, el juez no ha acordado ninguna medida cautelar contra Plaza.

El letrado Domingo Plaza es el tercer imputado en este procedimiento después del propio Rodrigo Rato y el empresario Alberto Portuondo, quien se encuentra actualmente en prisión sin fianza por hacer de testaferro del ex gerente del FMI.

Ningún juez quiere el caso

La instrucción de este procedimiento judicial se encuentra en gran medida aletargada por la negativa que han dado dos jueces para dirigir el caso. Por un lado, el juez de Madrid que en los últimos meses se ha inhibido sin éxito a favor de la Audiencia Nacional en dos ocasiones y, por otro lado, el rechazo del juez Fernando Andreu a dirigir la misma al considera que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar los hechos que se le imputan a Rato.

El magistrado Andreu, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, entiende que el delito de blanqueo de capitales que arrastraría la investigación del caso Rato a la Audiencia es competencia del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo -al llamado "principio de la ubicuidad- que establece que "el juez que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa".

El Ministerio Público ha recurrido este jueves su decisiónargumentando, en cambio, que "si todo o parte de los actos de blanqueo se han producido en el extranjero es competente el Juzgado Central de Instrucción", es decir, de la Audiencia Nacional.