MADRID.- La Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS y la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil han presentado ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional una laboriosa investigación en la que ponen en conocimiento de la unidad policial que la empresa de la que es consejero José María Aznar Botella, el hijo del expresidente y Ana Botella, y de la que fue presidente Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo de infancia del expresidente, "está directamente relacionada" con el fondo buitre Blackstone y las sociedades instrumentales que compraron las 1.890 viviendas públicas que vendió Ana Botella como alcaldesa de Madrid a través de la EMVS por 128,5 millones de euros en noviembre de 2013.

Pero la investigación no se queda ahí. El mismo escrito presentado por las asociaciones ciudadanas asegura que los miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de sociedades "que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".

De esta manera, en caso de poder certificar la denuncia presentada por las asociaciones, existiría un más que complejo entramado empresarial que estaría siendo beneficiado tanto de la construcción de vivienda pública, como de su gestión y de su enajenación en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular desde 1995.

José María Aznar Botella, junto a su padre, el expresidente del Gobierno. EFE

Los inquilinos de las viviendas públicas vendidas al fondo buitre han sufrido una subida en el precio del alquiler del 40%

"Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral Empresas, la empresa de la que es consejero el hijo de Aznar, ha mantenido vínculos con las sociedades vinculadas a los miembros del Consejo de Administración de Blackstone", denuncian en conversación telefónica con este medio desde la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil.



Cabe destacar que la investigación realizada por estas dos asociaciones ciudadanas también podría salpicar a Esperanza Aguirre. Según apunta el escrito -aunque admiten que no está en condiciones de afirmarlo- la inmobiliaria Aguirre & Newman Madrid S.A., propiedad de Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, podría estar relacionada y mantener vínculos con la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 2,2 millones de euros para "asesoramiento e intermediación inmobiliaria" durante la venta de las 1.890 viviendas.



Esta relación se establecería a través Patricia Sáinz Sanz, gerente única de esta empresa intermediaria, que sería socia, según diversas informaciones, del hermano de Esperanza Aguirre. No obstante, fuentes de la investigación aseguran que este extremo no ha podido ser confirmado, por lo que ruegan a la Udyco que investigue este punto. Consultado a Aguirre Newman, esta compañía niega este extremo.



Mentiras a los inquilinos



Cuando los fondos buitre compraron las viviendas públicas del Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Botella no dudó en señalar que se garantizaría "los contratos y condiciones de los inquilinos actuales". "Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la EMVS será el nuevo propietario de los inmuebles", aseguraba Botella.



La palabra de Botella, sin embargo, no tuvo ninguna validez. Los inquilinos han denunciado reiteradamente que los precios del alquiler se han incrementado un 41% y que están desahuciando a los vecinos que tienen problemas para pagar su recibido debido a la falta de ingresos en el domicilio.



Asimismo, otra diferencia importante entre los contratos que ofrecía el Ayuntamiento y el que ofrece ahora el fondo de inversión es que los primeros tenían una duración de dos años que se prorrogaba obligatoriamente, siempre y cuando persistieron las condiciones que hicieron al inquilino merecedor de la vivienda pública. Por contra, el contrato del fondo de inversión tiene una duración de un año que se renovará año a año con un máximo de "tres anualidades".

