El general de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) fue conducido al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Como temían la familia y los abogados, fue consignado ayer el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado de delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud.

Como temían la familia y los abogados, fue consignado ayer el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado de delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud.

El general de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) fue conducido al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

Luego de casi 80 días de arraigo en la Colonia Doctores, el juez tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró la orden de aprehensión contra el militar y varios presuntos operadores del cártel de los Beltrán Leyva, de acuerdo a la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

“Se tiene la garantía de que ante el juzgado de distrito podremos ejercer el derecho de defensa. Y tenemos la convicción de que tendremos éxito dada la inocencia del general”, explicó a Reporte Indigo Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del general Ángeles.

En cuanto al factor estrictamente jurídico, añadió: “No conozco la orden de aprehensión, por eso no puedo decir nada al respecto”.

Juan Manuel Flores, yerno del general, comentó que hasta ayer se enteraron que el militar en retiro sería llevado a Almoloya de Juárez en algún momento de la noche.

Y agregó que la familia estaba tratando de tomar las cosas con calma.

EN PAQUETE CON ‘LA BARBIE’

La PGR informó en un comunicado que también fueron consignados el general de División DEM retirado Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier DEM Roberto Dawe González y el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Todos ellos permanecían bajo arraigo; el general Ángeles, desde el 16 de mayo pasado.

En el mismo “paquete” fueron incluidos presuntos narcotraficantes asociados a los Beltrán Leyva: el mayor Iván Reyna Muñoz; Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”; Antonio Aguilar Cuervo, o Antonio Aguilar Vélez, o Antonio Bermúdez Uribe, o Pedro Bermúdez Suaza, o José Antonio Ramírez Suaza, alias “El Arquitecto”, y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias “El Denis”.

Por delitos contra la salud, en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína, se inició el proceso contra “La Barbie”, “El Indio” y “El Arquitecto”.

Además, se incluyó el delito de homicidio calificado contra Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, “El Denis”.

Por delitos contra la salud, en la modalidad “de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza”, se inició el proceso contra Rubén Pérez Ramírez, general de Brigada, explicó la PGR.

La dependencia que encabeza Marisela Morales aseguró que la SIEDO “desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada”.

Sin embargo, los abogados del general Ángeles declararon desde el inicio del proceso que la detención de su defendido generaba muchas dudas en torno al respeto de sus garantías individuales, ya que fue detenido por militares que lo condujeron al Campo Militar Número 1, y posteriormente fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Además, al divisionario no se le habría permitido contar con un abogado defensor, se le impuso uno de oficio.

¿PRUEBAS DE TESTIGOS ANÓNIMOS?

El general Ángeles es el militar de más alto rango que ha sido consignado por presunta vinculación con el narcotráfico. Pero hasta ahora no hay pruebas contundentes, ya que las acusaciones fueron hechas por testigos protegidos que buscarían un beneficio al imputar delitos a otros.

Las declaraciones ministeriales que mantienen preso al general han sido consideradas como falsas por su abogado, Ricardo Sánchez.

Entre ellas se exhibió la de “Jennifer”, ex colaborador de la SIEDO incorporado a un programa de protección de testigos.

Para el abogado defensor, lo dicho por “Jennifer” es un “testimonio de oídas”, ya que el declarante ha admitido que no conoce en persona al general.

En cuanto a “Mateo (Sergio Villarreal, “El Grande”), otro de los que señalan al descendiente del revolucionario Felipe Ángeles, el abogado opinó que se trata de un “testimonio mentiroso” porque no coincidían las fechas en que el ex subsecretario se habría reunido con los Beltrán Leyva.

En las fechas asentadas en la averiguación previa –cuando supuestamente el general habría recibido dinero de los Beltrán Leyva–, el militar no estaba en México. Se encontraba en Alemania con permiso de la Sedena, como lo comprobó Reporte Indigo.

Y justo en esas fechas ya había pasado al retiro por haber cumplido la edad reglamentaria. El trámite se hizo oficial el 29 de febrero de 2008.

Las declaraciones del presunto pago de sobornos fueron hechas por “El Grande” poco antes de su extradición a Estados Unidos.

EL GENERAL SEÑALADO

Tras desempeñarse como subsecretario de Seguridad Nacional de 2006 a 2008, en 2012 la PGR sorprendió con la acusación al también ex director del Colegio Militar, Tomás Ángeles Dauahare. A continuación los hechos más destacados del caso de la primer detención de un general de tan alto rango en México, acusado de vínculos con el crimen organizado.

9 DE MAYO – ESTRATEGIA

Siete días antes de que la SIEDO iniciara una investigación en contra del general Tomás Ángeles, éste negó que exista una estrategia de seguridad en México. Lo dijo cuando participaba en un evento de seguridad de Fundación Colosio, en el contexto de la campaña de Enrique Peña Nieto.

15 DE MAYO – DETENCIÓN

La noche del martes 15 de mayo la Sedena confirmó su detención así como la del ex general Roberto Dawe, por una averiguación en su contra iniciada en 2010. Detallaron que habían sido trasladados a laSIEDO para rendir su declaración por presuntos vínculos con la delincuencia

17 DE MAYO – DEFENSA

Alejandro Ortega, abogado del ex subsecretario de Defensa, dijo en entrevista que la SIEDO le había impedido, hasta ese momento, ver a su cliente y revisar su expediente. Demandó que la detención atentaba contra los derechos humanos, ya que fue detenido sin notificación previa.

18 DE MAYO – ARRAIGO

Inició el arraigo de 40 días de ambos generales, el cual concluiría una semana antes de las elecciones, tras ser solicitado por la Procuraduría General de la República. El mismo día anunciaron la detención del tercer general retirado, Ricardo Escorcia Vargas, por presuntamente haber dado información al cártel de los Beltrán Leyva.

25 DE JUNIO – EXTENSIÓN

La PGR prolongó otros 40 días el arraigo tras una llamada telefónica anónima. Por ese medio, una persona acusó al ex general de haber presionado a sus alumnos del Colegio Militar para que consumieran y vendieran drogas. El 3 de agosto sería la fecha en que concluiría el arraigo.

25 DE JULIO – NEXOS

El general Ángeles negó tener nexos con algún cártel de la droga detallando que “ni con pacíficos, ni Zetas, ni Beltranes, ni Mayos, ni Arellanos” mantuvo vínculos. Sin embargo, en entrevista con Carmen Aristegui reconoció que lo que sí hizo fue negociar con el EPR para que suspendiera bombazos a instalaciones de PEMEX en 2007.

31 DE JULIO – APREHENSIÓN

Por presuntos vínculos con el narcotráfico, un juez federal ordenó la aprehensión de los ex generales Tomás Ángeles de Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González. Anunciaron que serían trasladados a un penal de máxima seguridad.

‘LOS MEXICANOS SOMOS REHENES DEL PODER DEL ESTADO’

Adriana Ángeles Zepeda estaba consternada por la consignación de su padre.

“Nos sentimos muy decepcionadas de todas las instituciones que están embarradas en esto. Me siento muy decepcionada de que un juez, sabiendo que no hay nada jurídicamente, se haya prestado a librar la orden de aprehensión. Es una porquería”, expresó con voz entrecortada la hija del general Tomás Ángeles Dauahare.

“Aunque sabíamos que esto era factible por la corrupción y la impunidad en la que estamos viviendo, yo tenía la esperanza de que ningún juez se prestara a esto”, agregó.

—¿Qué sigue ahora? ¿Lo llevan a Almoloya?

—Sí, ya se hizo público. No creo que publiquen algo que no vayan a hacer. Para ellos es su triunfo, lo van a blandir como un trofeo… El problema es el daño que hacen. Y lo muy mal paradas que están quedando las instituciones.

—¿Cómo es que jurídicamente se pudo hacer esto si no había pruebas?

—Esto es por la corrupción, Raúl. Es pura corrupción. No hay una sola declaración de la PGR que haya sustentado sus acusaciones o echado abajo las pruebas que nosotros ofrecimos contra sus imputaciones. Si ellos tuvieran algo, lo habrían hecho público como bandera, y no tienen nada.

—¿Cómo está el general? ¿Ya sabía?

—Lo vimos hoy. Mira, estábamos preparados. El abogado siempre nos dijo: “Hay que desear lo mejor esperando lo peor”. En este país, la última palabra la tiene el Ministerio Público, aun sin tener nada sólido. Por eso sabíamos que era una posibilidad latente. Hasta las 12:40 que estuvimos hoy, estaba tranquilo. Nos dijo que tenía mucha fe en su país, en sus instituciones. Pero que estaba preparado para lo peor. Y que tuviéramos la cabeza en alto.

—¿Cómo está tu mamá, cómo recibió la noticia?

—Pues mal, Raúl. En el fondo, siempre quieres esperar lo mejor. El abogado ya está trabajando en esto. Tiene que afinar muchas cuestiones.

—¿Ya les informaron si lo van a poder visitar en Almoloya?

—No nos han dicho, pero sabemos que no es tan fácil. En las visitas no son muy flexibles. Pero de todas las violaciones, alguien tiene que asumir una responsabilidad.

La hija del general, quien es abogada agrarista, dijo que le gustaría que la gente tomara conciencia de lo grave que está la impunidad y la corrupción: “Los mexicanos somos rehenes del poder del Estado”.

EL EJÉRCITO Y EL CÁRTEL DE LOS BELTRÁN LEYVA

Por Indigo Staff

La PGR giró orden de aprehensión contra seis militares y cuatro narcotraficantes. Los pusieron en la misma averiguación y en el mismo comunicado de prensa.

A tan solo tres días de que finiquitara el plazo del arraigo, el juez tercero de Distrito en Materia Penal libró una orden de aprehensión contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, Rubén Pérez Ramírez y el mayor Iván Reyna Muñoz.

También contra Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”; Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”; José Antonio Ramírez Suaza, “El Arquitecto”, y Gerardo Rodríguez Pacheco, “El Denis”.

Estos últimos han estado bajo arraigo durante más de un año como parte de un proceso penal en el que ha estado muy presente la mano del gobierno estadounidense. Todos fueron acusados de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.

Después de 75 días de arraigo, y de presuntas irregularidades en el proceso penal, los generales finalmente fueron consignados, y se espera que sean trasladados a un penal de alta seguridad en las próximas 48 horas.

A los mandos militares se les acusa de tener presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Supuestamente, el general Tomas Ángeles se habría reunido con “La Barbie” y habría recibido cinco pagos de 350 mil pesos.

También fue señalado por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA). Esta dependencia dijo que el general era uno de los militares mexicanos de alto rango que eran investigados desde 2008 por diferentes agencias extranjeras.

Funcionarios estadounidenses señalan de manera extraoficial que los vínculos de algunos militares con los Beltrán Leyva, entre ellos Ángeles Dauahare, habrían sido la razón por la que Washington decidió no notificar al Ejército mexicano del operativo contra Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de Jefes”.

En cambio, explican, el gobierno de Estados Unidos compartió con la Marina inteligencia clave sobre la operación. Cables diplomáticos publicados por WikiLeaks lo corroboran.

El 25 de junio pasado, un denunciante anónimo acusó a Ángeles Dauahare de fomentar el narcomenudeo en el Heroico Colegio Militar durante su gestión como director de la institución.

Por ello, la PGR concedió 40 días adicionales de arraigo, hecho que atrajo la atención de la opinión pública, ya que la evidencia aportada carecía de valor jurídico.

Durante todo el proceso se han utilizado como elementos principales de evidencia las declaraciones de dos testigos protegidos.

El primero, “Jennifer” –supuesto testigo de la DEA; algunos presumen que se trata de Roberto López Nájera–, asegura que el general Ángeles recibió dinero de Arturo Beltrán a cambio de protección.

El segundo testigo protegido, “Mateo” –se sabe que se trata de Sergio Barragán, alias “El Grande”–, supuestamente entregaría dinero en efectivo al general Roberto Dawe, también de parte de los Beltrán Leyva, a cambio de protección.

Se supone que en una de sus reuniones con el general Dawe, “El Grande” vio al general Ángeles acompañado de otro militar. Dijo que salieron con maletas en las que infiere que habría dinero.

Sin embargo, el general Ángeles declaró en entrevista con Carmen Aristegui que conoció a Roberto Dawe en el arraigo, no antes.

Las declaraciones de “Jennifer” y “Mateo” fueron reforzadas con las acusaciones que hizo otro testigo protegido, el mayor Arturo González, quien afirmó que el general Ángeles tenía nexos con el narcotráfico.

La justificación extraoficial de algunos funcionarios de la PGR es que la acumulación de evidencia da certeza jurídica al proceso.

Señalan que el expediente en el que se basó el juez tercero de Distrito contiene reportes de inteligencia aportados por agencias nacionales y extranjeras.

Se supone que esos documentos tienen información detallada sobre las actividades de los militares y la naturaleza de su supuesta relación con el crimen organizado.

El elemento del que siempre se habló sigue presente: la hipótesis de que se trata de un boicot instrumentado por la élite militar, políticos y hasta empresarios de la industria de la defensa.