Los cantantes habrían participado de una trama de sociedades pantalla a través de empresas cesionarias para el desvío de liquidaciones, en connivencia con las editoriales de las multinacionales discográficas, como Warner.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado a Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés, entre otros músicos, por infracción fiscal, según ha podido saber EL MUNDO. Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso este diario, los músicos habrían utilizado sociedades pantalla para, en connivencia con varias multinacionales discográficas, eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor.

Fuentes de la investigación interna consultadas por este diario cifran en 70 millones el posible fraude. La denuncia no menciona explícitamente a los músicos, tres de los que más derechos de autor ingresan históricamente, pero sí las sociedades que cobran sus liquidaciones.

Por ese motivo, la SGAE ha negado este viernes en un comunicado que haya denunciado a los músicos, sino que, puntualiza, la denuncia "afecta a personas jurídicas que son socias de la entidad", y que lo ha hecho "en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad".

Por su parte, Pau Donés (Jarabe de Palo) ha afirmado este viernes estar "estupefacto" ante esta información y ha asegurado que "éste es un sistema de gestión y cobro de derechos de autor instrumentado y consensuado por la propia SGAE, editoriales y artistas, en total conformidad con los reglamentos que regían y rigen la entidad y en ningún caso fuera de la más absoluta legalidad fiscal". En resumen, concluye en un comunicado, "la junta directiva de SGAE vuelve a meter la pata, y esta vez atacando a sus propios socios".

La dirección actual de la sociedad presentó el pasado miércoles esta denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tras descubrir que "la operativa seguida" por algunos de sus socios, "en relación con la gestión, representación y administración de los derechos de autor, pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias que pudieran ser penalmente relevantes, falsedad documental, administración desleal y frustración de la ejecución".

Sociedades "sin personalidad jurídica propia"

SGAE denuncia a la Fiscalía que Sanz y Sabina, entre otros, cobraron derechos de autor a través de sociedades"sin personalidad jurídica propia", controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, con Warner a la cabeza. Con estas sociedades intermedias, los autores se habrían ahorrado los impuestos que estaban obligados a afrontar como personas físicas, y se habrían beneficiado al hacerlo como personas jurídicas.

Vinculados a este beneficio económico existirían también, estima la actual dirección de la sociedad, posibles delitos de falsedad en documento mercantil, al no tener entidad jurídica real las pantallas creadas por estos autores y las multinacionales, y producirse el cobro en realidad en nombre de personas físicas.

Y también cree SGAE, de remate, que se habría producido administración desleal, puesto que varios miembros de las direcciones de estas multinacionales formaron parte también de la dirección de la entidad, con el consiguiente conflicto de intereses y la posibilidad de que ejercieran su poder dentro de la institución en beneficio de sus intereses.

Hechos ya investigados en 2017

La denuncia señala que estos hechos eran conocidos en el seno de la SGAE al menos desde septiembre de 2017, cuando se elaboró un informe al respecto bajo la presidencia de José Miguel Fernández-Sastrón. Sin embargo, no ha sido hasta la designación de la nueva junta directiva de la entidad, presidida por el gaitero asturiano José Ángel Hevia, cuando la sociedad se ha puesto manos a la obra y ha presentado la denuncia, esta misma semana.

Fuentes próximas a la investigación señalan que si bien la cuantía del fraude podría alcanzar los 70 millones de euros en los últimos 10 años, si se abarcan también los presuntos delitos ya prescritos la cifra llegaría a los 100 millones. El delito fiscal de entre 120.000 y 600.000 euros prescribe a los cuatro años. A partir de 600.000 euros defraudados, el plazo de prescripción es de 10 años.

En un comunicado remitido el pasado miércoles, SGAE señala que su consejo de dirección "ha tomado la decisión" por unanimidad de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía "en ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad". La decisión se produce después de haber constatado, previa consulta a los servicios jurídicos internos de SGAE, que dicha actuación "puede ser contraria a Derecho y a la propia normativa interna" de la entidad, que, prosigue el texto "no prejuzga, sino que se limita a trasladarlos a las autoridades competentes para que inicien la investigación correspondiente".

Según documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO, Alejandro Sanz creó dos cesionarias junto con Warner, Warner Gazul Autor y Warner Gazul Editorial, que en 2013 recibieron cantidades millonarias en derechos de autor, aunque fueron dadas de baja en abril de 2014. Entre 2013 y 2015, Sanz cobró 1.183.035 euros en derechos de autor en la primera, y 775.951 en la segunda.

Sabina y El Pan De Mis Niñas

De igual modo, y siempre según la denuncia de SGAE, Joaquín Sabina se valió de las mercantiles Warner El Pan De Mis Niñas y Warner Sabina Relatores para recibir unas liquidaciones igualmente millonarias entre 2013 y octubre de 2017, fecha en que ambas cesionarias fueron dadas de baja. Justo, curiosamente, cuando la dirección de entonces de SGAE encargó un informe para investigar estas sociedades y su posible ilegalidad. En la primera Sabina recibió 1.260.743 euros, y en la segunda 1.559.561, siempre en derechos de autor y desde SGAE en el lapso denunciado, 2013-2018.

Otros músicos, como Pau Donés (Jarabe de Palo) también aparecen entre los participantes de este sistema, él con dos sociedades: Tronco Warner y Tronco Records Warner. Con la primera ingresó 858.716 euros en dicho periodo, mientras que con la segunda ganó 626.367. Warner es la multinacional que prestó su CIF a las sociedades de estos tres autores, y quien habría gestionado esos ingresos ahora denunciados por SGAE

En el caso de Sabina, además, se ha detecta un intrincado sistema mediante el cual el flujo de facturación iría del autor a las dos cesionarias citadas, con contratos de administración con Warner. Se da la circunstancia de que en enero de 2017 se notificó formalmente la subrogación de dos nuevas editoriales, Carmela Juliana Martínez Oliart Editor y Rocío Paula Martínez Oliart editor, ambas hijas de Joaquín Sabina, procediendo la empresa El Pan De Mis Niñas S.L. a traspasar el 45% de los derechos ostentados sobre las obras musicales de Sabina a ambas, en proporción de un 22,5% cada una.

En la denuncia de SGAE figuran también sociedades de otros músicos, como Rosario Flores y El Pescao, ambas también vinculadas a Warner, pero ninguna de ellas cobró derechos de autor entre 2013 y 2018. La entidad afirma, incluso, que no consta que se firmara siquiera ningún contrato de cesión entre la multinacional, que terminaba gestionando los ingresos, y las sociedades pantalla, y Sanz, Sabina y Donés.

Según el texto de la denuncia, SGAE detectó que, en algunos casos como los citados, "las facturas correspondientes a las liquidaciones que hace SGAE tras la recaudación de derechos comenzaron a emitirse, en lugar de a favor del titular de los derechos de autor, a nombre de entes sin personalidad jurídica", con CIF coincidente con el de la multinacional discográfica.

"Consecuentemente", prosigue la denuncia, "se estarían emitiendo facturas con datos falsos o falseados que reflejan una relación jurídica inexistente". El texto remacha que "el emisor de las facturas no coincidiría con el verdadero 'prestador del servicio' con derecho a la percepción de las liquidaciones correspondientes, que debía ser el autor, editorial o cesionaria".

"Ciertos autores, en connivencia con las editoriales administradoras [las multinacionales], podrían haber creado una compleja estrategia negocial, ausente de actividad real, con la única finalidad de ocultar la verdadera naturaleza de los ingresos percibidos, y así eludir el pago del IRPF", reza la denuncia, que apunta a la "ocultación de datos fiscalmente relevantes.

Sociedades sin personalidad jurídica

Además, la denuncia apunta a un posible delito más, vinculados al fiscal, a la administración desleal y a la falsedad documental: se trata de la frustración de la ejecución, prevista en el artículo 258 del Código Penal. Según SGAE, dichos esquemas fiscalmente opacos habrían beneficiados a estos autores en el caso de tener deudas, al no tener personalidad jurídica propia las sociedades pantalla en las que recibían sus ingresos por derechos de autor.

De hecho, fuentes de la investigación sospechan que estas estructuras se habrían creado, en un principio, para facilitar a determinados autores en trance de separación y/o divorcio, en connivencia con las multinacionales, ocultar parte de su patrimonio a sus ex parejas. Sin embargo, posteriormente, estas prácticas se habrían extendido presumiblemente por los beneficios fiscales que comportan.

Expertos en fiscalidad consultados por este periódico estiman que los esquemas de cobro de derechos denunciados por SGAE serían constitutivos de delito siempre que existieran facturas falsas con actividades ficticias, o bien si estos ingresos no hubieran sido declarados a Hacienda. De no ser así, explicaron estas fuentes, la Agencia Tributaria podría ofrecer una regularización sin consecuencias judiciales a los autores que, no obstante, SGAE considera que pudieron delinquir con sus ingenierías contables.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, especialmente beligerante en los últimos años en lo que al delito fiscal se refiere, deberá estudiar ahora lo denunciado por SGAE para decidir si lleva los hechos ante un juez.

Este diario ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con los representantes de los socios de SGAE objeto de la denuncia para conocer su posición al respecto.