El grupo confederal de Unidos Podemos y ERC piden a la Mesa del Congreso que reconsidere el acuerdo adoptado por este órgano de gobierno del Congreso con mayoría del PP y Ciudadanos el pasado 23 de octubre. En dicho acuerdo, apoyado también por el PSOE, no se admitió la solicitud de la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos I tras su abdicación en 2014 como rey. Unidos Podemos y ERC vuelven a la carga con esta iniciativa impulsada, inicialmente, por IU.

Según ha podido saber cuartopoder.es, los argumentos presentados por los diputados que firman el documento -Txema Guijarro y Gloria Elizo (Podemos) Eva García Sempere (IU), Joan Mena (En Comú Podem) y Antón Gómez-Reino (En Marea), por parte del grupo confederal, y Joan Tardà, por parte de ERC, tienen que ver con que el acuerdo de la Mesa del pasado 23 de octubre "se sustenta en los efectos permanentes de la figura de la inviolabilidad establecida en el artículo 56.3 de la Constitución, y en que los hechos objeto de investigación serán continuación de conductas realizadas durante el tiempo en que Juan Carlos de Borbón sí era Jefe del Estado". Esto, genera sospecha para estos diputados de que hubo actividades irregulares, por lo que consideran que la investigación debería producirse con mayor necesidad.

Pero, además, recuerdan que Juan Carlos I, según se recoge en la ley, dejó sus funciones como rey una vez su hijo, Felipe VI, asumió el trono, por lo que consideran que la inviolabilidad que se recoge en la Constitución deja de tener validez sobre su persona. Además, recuerdan que "esos privilegios solo debieran afectar a los actos que hubiesen sido refrendados y que tuvieran por objeto el desempeño de funciones propias de su cargo" y no en otro tipo de actividades.

El escrito, presentado en el registro del Congreso, recoge: "El pasado 19 de junio de 2014 se hizo efectiva, tras su publicación, la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Esta ley tiene un artículo único que dispone: Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica". Juan Carlos de Borbón abandona la figura de rey de España en favor de su sucesor y consideran que "dichos privilegios, ostentados en la figura del rey, y no en la del rey emérito, son puntual y únicamente aplicables desde junio de 2014 a Felipe de Borbón".

De este modo, estos parlamentarios no admiten que "una figura que ha abandonado voluntariamente su posición de rey de España continúe beneficiándose de los privilegios constitucionales amparados por el artículo 56". Y siguen, argumentando "su disconformidad con la exigua y errónea argumentación utilizada como razonamiento legal para inadmitir a trámite la solicitud de creación de esta comisión de investigación".

Además, consideran que la negativa de la Mesa contraviene los artículos 76.1 de la Constitución sobre las facultades constitucionales atribuidas a los diputados y diputadas firmantes y el derecho fundamental reconocido en el artículo 23, apartados 1 y 2. El primero de ellos dice: "El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas".

El segundo artículo al que hacen referencia, el artículo 23, comenta: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".

Los diputados firmantes consideran que se han violado sus derechos como parlamentarios y piden a la Mesa del Congreso que reconsidere la decisión. La Mesa tendrá que reconsiderar y volver a argumentar por qué el rey emérito Juan Carlos de Borbón no puede rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre sus sospechosas actividades una vez abdicó y cedió el trono a su hijo Felipe.