El Supremo ha sentenciado que la Iglesia Evangélica no tiene derecho a tener una casilla en la declaración del IRPF para que los contribuyentes le destinen el 0,7% de sus cuotas como lo tiene la Católica, o, para ser exactos, ha determinado que no está discriminada por no tenerla, que no es lo mismo pero es igual. El Tribunal, como antes hizo la Audiencia, acepta la tesis del Gobierno de que no puede acceder a la petición de los protestantes –y nunca mejor dicho- porque su Iglesia no tiene firmado con el Estado un acuerdo semejante al que el Vaticano suscribió en 1979, donde sí se reconoce este derecho y otras cuantiosas regalías. El principio que se establece es notable: privilegiar a unos no es discriminar al resto.

El llamado acuerdo económico de 1979 es, en realidad, una carta a los Reyes Magos, en el que los de Oriente, o sea, nosotros, aceptábamos colocar bajo el árbol desde el scalextric hasta la bicicleta de montaña, sin olvidarnos de la PS4. No es que se concediera a la Iglesia Católica la dichosa casilla en la declaración, sino que se aseguraba su sostenimiento económico junto a toda una serie de exenciones fiscales en el IRPF, IVA, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, IBI y hasta en el sursuncorda si en algún momento existiera como impuesto.

A cambio, la Iglesia Católica se comprometía a presentar una memoria anual descriptiva de en qué se lo gasta, aunque lo haga cuando le dé Dios a entender y posiblemente ni él la entienda, y expresaba su propósito de autofinanciarse, para lo que contó con la inestimable ayuda de Zapatero. Así, cuando Rouco tenía las sandalias del pescador sin suelas de tanto manifestarse contra el aborto, el matrimonio homosexual y la negociación con ETA, la vicepresidenta Fernández de la Vega pactó elevar del 0,5 al 0,7% la cantidad a detraer de las cuotas por las crucecitas del IRPF.

Los cerca de 250 millones de euros anuales resultantes sirven para sostener las diócesis, pagar el sueldo a los obispos, las campañas periódicas contra el aborto y para financiar 13TV, que viene a recibir lo mismo que Cáritas, por eso de la igualdad de trato. A ninguna otra confesión se le permite dedicar las subvenciones que reciben del Estado –infinitesimales en comparación- a pagar sus actividades de culto o el sueldo de sus religiosos. ¿Quién dijo discriminación?

Esta cantidad es sólo una gota en el océano. Nuestro aconfesional Estado aporta directamente a la apostólica y romana Iglesia Católica o deja de ingresar al año más de 10.000 millones de euros entre IRPF, dispensas fiscales, financiación a centros educativos católicos, subvenciones a centros sanitarios, mantenimiento del patrimonio artístico o asunción de gastos por fastos diversos, según los cálculos de esos demonios de laicistas. Sacar bajo palio al dictador bajito no era gratis entonces ni lo es ahora.

A nadie puede extrañarle, por tanto, lo escandaloso de un patrimonio –el 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago es de su propiedad –, que no deja de aumentar gracias a que la ley Hipotecaria le ha permitido registrar a su nombre inmuebles, templos o casas sacerdotales que carecían de título de propiedad. ¿Quién volvió a decir discriminación?

En este país que condecora a más vírgenes que bomberos todo es posible, hasta que el Tribunal Supremo avale privilegios que el resto de confesiones jamás podrán alcanzar. A diferencia de otros Estados, neutrales ante el fenómeno religioso y garantes de que cada ciudadano puede profesar la religión que le parezca o no profesar ninguna, España no se resiste a dejar de ser martillo de herejes, espada de Roma y luz de Trento, aunque por eso de la modernidad sea con bombillas led o de bajo consumo. Los protestantes protestan y con razón.