Pagos en dinero negro. Sobresueldos. Fraude a la Seguridad Social. El Partido Popular cometió todo tipo de irregularidades contables y laborales en los últimos años de Manuel Fraga y los primeros de José María Aznar. Así lo reconoció por escrito el propio PP en unas auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro y a las que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.

Naseiro declaró ante notario que Aznar mandaba en la caja B del Partido Popular

Saber más

Las auditorías son de 1990. Apenas unos años antes, en 1987, había entrado en vigor la nueva Ley sobre financiación de los partidos políticos, y el Tribunal de Cuentas había puesto varios peros a la contabilidad del PP. Para subsanar todas estas deficiencias, Naseiro hizo dos cosas: auditar todas las sedes regionales del partido y encargar al abogado José Manuel Penido, un hombre de su máxima confianza, la adaptación a las nuevas exigencias de la ley.

El 6 de marzo de 1989, Rosendo Naseiro se dirigió por carta a los gerentes provinciales y autonómicos de la formación. En esa misiva, Naseiro les pedía la redacción de informes contables y advertía que, "pese a la fecha en la que fue promulgada la precipitada ley, la rendición de cuentas tiene vigencia retroactiva desde primero de enero de 1987". El PP necesitaba aclarar su contabilidad y hacerlo con urgencia, y ante la falta de respuestas claras por parte de los gerentes provinciales, Génova 13 decidió encargarse de hacer auditorías, a cuyas conclusiones ha tenido acceso eldiario.es.

El análisis de las finanzas del PP en los territorios desvela todo tipo de irregularidades: pagos generalizados de sobresueldos a cargos electos, débil control de los donativos recibidos, contratos en negro a trabajadores a los que no se daba de alta en la Seguridad Social o contratación de estudios que nunca llegaban a realizarse.

Todas estas prácticas son las que el PP reconoce en la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción y que forma parte de los papeles de Naseiro. Se trata de auditorías realizadas sobre los ejercicios de 1988 y 1989, que firmó Luis Pérez Cristóbal, auditor de la formación política y adscrito a su departamento de Tesorería. Pérez Cristóbal viajó a principios de 1990 por todas las sedes del PP para conocer el estado de sus finanzas. Los informes elaborados con posterioridad retratan a un PP instalado en la irregularidad permanente. En aquel momento, Manuel Fraga era el presidente del partido y José María Aznar, el vicepresidente ejecutivo de la formación.

La contundencia de los informes llega al punto de dejar por escrito la cuantificación del "riesgo fiscal" por no estar al corriente en sus pagos a Hacienda. La auditoría del PP de su grupo en el Parlamento andaluz da buena muestra del nivel de conocimiento que la formación conservadora tenía de las irregularidades cometidas. En uno de los párrafos de ese documento se puede leer: "No se realiza retención del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los diputados autonómicos, lo que supone un riesgo fiscal que estimamos en 48 millones de pesetas". Se refiere a los pagos de gratificaciones que el grupo parlamentario del PP repartía entre sus diputados autonómicos, al margen de los propios ingresos que les pagaba directamente el Parlamento andaluz. Este sistema de sobresueldos no solo existía en Andalucía.

Los sobresueldos de Gallardón

La documentación elaborada a petición del tesorero del PP revela que los sobresueldos han existido en la formación desde sus inicios. Su grupo en la Asamblea de Madrid tenía un acuerdo para compensar a sus señorías y elevar sus ingresos en un concepto que la auditoría califica como "gratificación asegurada". Solo en gratificaciones y dietas para los diputados, el PP se gastó 63 millones de pesetas en 1988 y 1989. Se trata de aportaciones al margen de las retribuciones que cobraban como parlamentarios autonómicos; la Asamblea de Madrid pagaba en aquel momento unas dietas por asistencia a plenos y comisiones. El dinero que el grupo parlamentario del PP pagaba a sus diputados provenía de fondos públicos: de la asignación que hacía la Asamblea de Madrid; no consta en ningún caso en el informe de la auditoría que el origen de esos fondos fuese en B.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el exvicepresidente de la CAM Luis Eduardo Cortés o el actual secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fueron algunos de los beneficiados por esos pagos en los que el grupo parlamentario PP en la Asamblea de Madrid se gastó prácticamente la mitad de su presupuesto para esos años. En el caso concreto de Alberto Ruiz-Gallardón, sus ingresos directos de la Asamblea de Madrid –dietas como diputado y como portavoz del PP en ese Parlamento autonómico– fueron en 1989 de 840.000 pesetas, mientras que las "gratificaciones" que añadió a ese sueldo su grupo parlamentario sumaban otras 1.425.600 pesetas. Según la documentación en poder de esta redacción, Gallardón ocupaba el cuarto lugar en el ranking de mejor pagados por este sistema de compensación ideado por el PP.

Algunos de esos sobresueldos en el PP de Madrid de esos años se pagaban en cheques al portador, según aparece en la auditoría. El descontrol en el manejo de dinero era de tal calibre en las oficinas del PP que incluso llegaron a robar varios de esos cheques que, a todos los efectos, eran casi lo mismo que dinero en efectivo. La auditoría del grupo popular en la Asamblea de Madrid relata la "sustracción de cinco cheques al portador, destinados a pagar dietas de los diputados". Según explica la documentación del PP, ese robo se produjo en 1988 y el dinero sustraído fue 220.050 pesetas.

eldiario.es ha podido hablar con el exministro Ruiz-Gallardón, que asegura que todos sus ingresos eran en A, los depositaba en el banco y los declaraba en la renta. "Nunca he cobrado un sobresueldo", afirma. Gallardón también dice que se trataba de un único sueldo por su trabajo como líder de la oposición en el Parlamento autonómico de Madrid, aunque los conceptos y pagadores fueran distintos.

Fraude a la Seguridad Social

Entre las ilegalidades que el PP reconoce en sus auditorías está el fraude a la Seguridad Social. Un caso paradigmático es la sede del PP catalán, donde en 1989 trabajaban 18 personas, de las que solo la mitad estaban dadas de alta. El PP tenía a 22 personas contratadas en el grupo de la Asamblea de Madrid y solo siete de ellas estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

La historia se repite hasta la saciedad, ya sea en puestos institucionales o en pequeñas sedes municipales. El informe al PP en el distrito madrileño de Chamberí reza: "La secretaria de la sede local no está dada de alta en la Seguridad Social y, según nos comunica la tesorería, es a causa de la negativa de la sede regional a formalizar este requisito". El informe relativo al PP de Álava abunda en el mismo retrato: "El gasto más importante efectuado corresponde a las gratificaciones (4,2 millones) sin que se efectúe retención por las gratificaciones de la secretaria y el asesor, dándose la circunstancia de que la secretaria cobra como autónoma y carga el IVA al grupo".

En el PP de aquellos años era frecuente fichar sin necesidad de firmar un contrato. Los pagos en negro a los trabajadores del partido eran constantes. Las contabilidades a las que ha tenido acceso esta redacción anotaban como contratados a personas a las que nadie enviaba una nómina a final de mes. Para estos casos, los populares utilizaban el capítulo de "gratificaciones" para pagar servicios y eludir el pago de impuestos para el trabajador y de cuotas a la Seguridad Social por parte de la formación política.

Además de los fraudes a la Seguridad Social, también hubo impagos. Parte de esta deuda acabó en un pacto del PP con la Administración del que muchas delegaciones se enteraron sobre la marcha. Fue el caso del PP en el País Vasco, que en febrero de 1990 acudió al organismo público para pagar sus deudas pendientes tras solicitar un crédito a La Caixa por 1.720.000 pesetas para afrontar esos pagos. En la misma ventanilla, la dirección del PP en Bilbao se enteró de que todas las cuentas habían quedado saldadas tras un acuerdo entre Génova 13 y la Seguridad Social.

Como resultado de esa visita, los populares vascos se llevaron un certificado que decía: "Según nos informa la Tesorería General de la Seguridad Social, los representantes de ese partido llegaron a un acuerdo con nuestros servicios centrales a fin de regularizar su situación frente a la Seguridad Social, por lo que adjunto remitimos impresos de solicitud de aplazamiento pago de deuda".