A raíz de la decisión del primer ministro británico de suspender el Parlamento entre mediados de septiembre y el 14 de octubre, Ignacio nos ha planteado a través de nuestro formulario de EOM explica la pregunta de si esta medida está amparada por la legalidad británica y si tiene precedentes.

En la mañana del pasado miércoles 28 de agosto, el Gobierno de Boris Johnson solicitó a la reina Isabel II que aprobara su petición de suspender la actividad del Parlamento británico entre mediados de septiembre y el 14 de octubre, decisión que la reina rubricó pocas horas más tarde. Esta maniobra de Johnson ha sido duramente criticada por la oposición y hasta por el portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que lo calificó de “escándalo constitucional”. Pero ¿es legal la vía elegida por Johnson? ¿Tiene precedentes?

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En el sistema parlamentario británico, cada legislatura —que dura normalmente cinco años— se divide en sesiones anuales, o excepcionalmente bianuales. Cada nueva sesión es inaugurada con la ceremonia de apertura del Parlamento, un acto cargado de tradición y protocolo donde el momento central es un discurso del monarca en la Cámara de los Lores en el que este detalla las líneas maestras del Gobierno para la sesión entrante, después del cual se suceden cuatro días de debate sobre el contenido del discurso. Como forma de significar el fin de la anterior sesión, es costumbre que la actividad parlamentaria se suspenda durante un periodo indeterminado de varios días antes de la ceremonia (prorogation, en inglés). Con el Parlamento suspendido cesa la actividad parlamentaria y todas las iniciativas legislativas en tramitación se extinguen, por lo que sería necesario volver a iniciarlas en un periodo de sesiones futuro.

Como parte de una costumbre asentada desde el siglo XVI, la suspensión del Parlamento suele darse en los meses de abril y mayo, y durar entre una y dos semanas. Sin embargo, no es infrecuente que las suspensiones sucedan también en otoño y duren incluso más de dos meses, como fue el caso en 2015, a menudo coincidiendo con los recesos vacacionales habituales. Es prerrogativa del primer ministro decidir cuándo poner fin a un periodo de sesiones, fijar el discurso del monarca y establecer la duración de la suspensión. Cuando estaba en el cargo, Theresa May decidió, por ejemplo, que el presente periodo de sesiones fuera bianual para ganar tiempo para negociar el brexit, por lo que en 2018 no hubo suspensión ni ceremonia de apertura del Parlamento.

Teniendo todo ello en cuenta, la decisión de Johnson se ajusta a la legalidad británica: ni la duración ni el momento son inusuales. Es más, dado que el presente periodo de sesiones es bianual y ya se ha extendido hasta convertirse en el más largo desde la Guerra Civil Inglesa (1642-1651), no terminar con esta sesión también es en cierto modo extraordinario. Habiendo recibido la aprobación de la reina, nada podrá impedir que el Parlamento británico suspenda su actividad desde un momento todavía por determinar entre el 9 y el 12 de septiembre y hasta el 14 de octubre, día en que se celebrará la ceremonia de apertura.

Sin embargo, el que las suspensiones sean una costumbre asentada en la práctica no significa que el primer ministro las pueda utilizar con fines políticos. Normalmente, estos periodos se toman como un mero acto protocolario, y hay muy pocos precedentes recientes de una utilización controvertida y claramente motivada por intereses políticos. Las más recientes sucedieron en 1948 y 1997. En el primer caso, el laborista Clement Attlee suspendió el Parlamento para terminar con el periodo de sesiones con el fin de aprobar una importante reforma legislativa. Y en el segundo, el conservador John Major optó por el mismo camino para tratar de impedir que el Parlamento debatiera sobre un caso de corrupción en su partido en el contexto previo a unas elecciones.

Por tanto, la maniobra de Johnson no implica un golpe de Estado o que el Reino Unido se encamine hacia una dictadura, como se ha llegado a sugerir. Sin embargo, parece claro que el primer ministro está abusando de un procedimiento habitual usándolo en su beneficio político y con una intención: asegurarse que el brexit se produce el 31 de octubre y restar tiempo a la oposición para dificultar que el Parlamento impida una salida sin acuerdo.

Para ampliar: “Boris Johnson y la batalla por el brexit”, Astrid Portero en El Orden Mundial, 2019

Actualización: el Tribunal Supremo británico finalmente declaró ilegal la suspensión propuesta por Johnson el 24 de septiembre de 2019, con lo que el Parlamento volvió a su actividad habitual pocos días después. El Tribunal entendió que cesar la actividad parlamentaria durante un periodo tan largo atentaba contra el derecho del Parlamento a controlar la actividad del Gobierno. El Gobierno volvió a suspender la actividad del Parlamento entre el 8 y el 14 de octubre, periodo considerado suficientemente corto como para no suscitar la controversia del anterior intento.