El juez federal Luis Rodríguez sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en una investigación donde se la había acusado de presunta "insolvencia fraudulenta" por el traspaso de sus bienes en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. La denuncia sostenía que habría buscado "evadir los embargos" dictaminados en diferentes causas judiciales.

Cristina Kirchner había sido imputada en 2017 por “insolvencia procesal fraudulenta”, por la cesión de bienes por 77 millones de pesos que hizo en 2016 a favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. El fiscal Carlos Stornelli había requerido que se investigue dicha maniobra, para establecer si todo respondía a una "jugada financiera familiar" para desprenderse de su patrimonio e "insolventarse frente a las medidas cautelares en diversas causas”.

La vicepresidenta cuenta con embargos judiciales en tres causas diferentes, que suman más de 12.000 millones de pesos. Además, tiene una inhibición general de bienes a su nombre, y dos de sus empresas familiares se encuentran con interventores y veedores informantes de la AFIP.

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La investigación sobre el manejo de su patrimonio inició en 2017, pero solo dos años después el juez Rodríguez determinó que allí no hubo delito.

El foco de la denuncia estaba colocado no en el incremento de su fortuna desde que llegó a la Casa Rosada (según las declaraciones juradas, en 2003 el matrimonio Kirchner tenía sólo 6.851.810 pesos, y se retiró del poder con 77 millones), sino en el desprendimiento de su patrimonio, donando todo a sus hijos procesados junto a ella por asociación ilícita y lavado de dinero, en partes iguales.

Rodríguez analizó si el “presunto traspaso de bienes, cuentas bancarias y acciones societarias por parte de la ex Presidenta" buscaba "evitar responder a los embargos trabados en los expedientes penales”.

La discusión inició en 2016, cuando el juez Claudio Bonadio procesó a la ex Presidenta por “administración infiel con perjuicio al Estado”, le trabó un embargo de 15 millones de pesos. Entonces, argumentó que no tenía con qué responder a dicha medida cautelar: toda su riqueza había sido cedida en partes iguales a sus hijos. Con la decisión del fiscal, se investigará si esta maniobra fue una “insolvencia fraudulenta”.

Antes de retirarse de la Casa Rosada, Cristina declaró un patrimonio de 77.303.100,23 pesos: 13 millones más que el período anterior. Sus bienes se componían de 26 inmuebles (casas, terrenos fiscales, departamentos) valuados en 15.516.730 pesos.

Después de una batería de medidas impulsadas por el magistrado, se determinó que la cesión de derechos hereditarios gananciales que Cristina Kirchner realizó a favor de sus hijos, "ocurrió antes de que fuera procesada y embargada".

En su resolución, el juez indicó: "Sin perjuicio de cuándo fue publicada la noticia y de cuáles eran para ese entonces los autos de méritos decretados en los expedientes sustanciados en su contra, conforme se encuentra acreditado en la presente causa -mediante copias de la escritura correspondiente- la cesión de derechos hereditarios gananciales de la ex presidenta en favor de sus hijos tuvo lugar el 10 de marzo de 2016". Para ese momento, sin embargo, varias de las causas judiciales en su contra habían empezado a moverse con velocidad.

Según consideró Rodríguez, la fecha en la que se realizó el traspaso de bienes, acciones y cuentas bancarias, "no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 4 de abril siguiente) en la causa conocida como "dólar futuro".

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Entonces, se refirió a uno de los expedientes que ya se encuentra elevado a juicio oral, el conocido como Los Sauces, la inmobiliaria familiar donde Cristina, Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero. "No resulta un dato menor señalar que la causa denominada `Los Sauces' ni siquiera había sido iniciada". Asimismo, sostuvo que "se inició recién el 4 de abril de 2016, y Cristina Fernández no fue convocada a prestar declaración indagatoria en estas actuaciones sino hasta el 3 de febrero de 2017, cuando se la citó para el 7 de marzo siguiente".

Por estos motivos, encontró que Cristina Kirchner debía ser sobreseída y que en el traspaso de sus bienes, no hubo ninguna intención de evadir las medidas cautelares que se le habían impuesto.