Son las 8.15 del jueves 3 de septiembre de 2015. “J”, de 17 años, estudiante de tercero medio del colegio Verbo Divino, es conducido a una oficina del establecimiento. Allí lo esperan su profesor jefe José Robledo, el subdirector de convivencia Christian Allan y el encargado de educación Jorge Rojas. “J” está intranquilo. Se sienta frente a los profesionales, quienes actúan como un tribunal. De cualquier cosa que pudieran imputarle, escuchó la que menos esperaba: era acusado por consumir, promover a través de las redes sociales y vender en el establecimiento, nada menos que marihuana. Le indicaron que su situación había “pasado el límite” y que debía reconocer su “problema”. “J” no cejó en su versión: solo consumía tabaco y sus padres estaban enterados de ello. Los profesores volvieron a la carga. Contaban con pruebas irrefutables, le indicaron. ¿Cuáles eran las pruebas? No tuvo que esperar mucho para conocerlas. Son las 9.35. Al colegio llega la madre de “J”. Los mismos profesionales la reciben e insisten en que su hijo es “un adicto”, le exhiben fotos donde aparece liando tabaco, letras de rap y una calcomanía de una tienda especializada de cultura cannabis. Todas son pruebas, le indican, de que fuma marihuana, le insisten en que el reglamento del colegio califica esa conducta como “gravísima”, y que por ello la autoridad ha resuelto cancelarle la matrícula para 2016. Entonces, la madre de “J” y su marido comenzaron el largo camino para defender a su hijo de las acusaciones. Dos días después de la citación en el colegio, “J” se sometió a un examen de orina que arrojó negativo de marihuana, al igual que otro practicado dos semanas después. Con la primera prueba biológica, los padres apelaron a la decisión que dejaba a su hijo sin colegio. Entonces, el 10 de septiembre, la rectoría les informó que habían resuelto ampliar el tiempo de investigación. No alcanzó a terminar el mes cuando la autoridad confirmó la medida: la familia de “J” debía buscar otro lugar para que terminara sus estudios. Sin embargo, la decisión del establecimiento cambió drásticamente el 22 de octubre. El padre fue informado que su hijo quedaba en carácter de “condicional” y que su situación sería revisada a mediados de 2016, donde se resolvería su continuidad. Insatisfechos con la “rebaja de pena”, los padres de “J” insistieron que el proceso estaba viciado, y que toda la situación vulneraba sus derechos constitucionales, provocándole problemas emocionales y de imagen, al igual que a todo el grupo familiar, incluyendo a su hermano pequeño, que va al mismo colegio. El 27 de octubre, la familia –asesorada por su abogado Ricardo Freire- interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de Armando Schyndrig, el décimo tercer rector del Verbo Divino. En paralelo, ingresaron una denuncia ante la Fiscalía Oriente para que se acredite la acusación de tráfico y consumo. Esto porque Schyndrig no concurrió al Ministerio Público a dar cuenta del ilícito que supuestamente operaba en la institución que dirige. Y eso está penado por ley. El tribunal le ordenó al colegio evacuar un informe antes de analizar el fondo del recurso. En dicho documento, la abogada del colegio, Ana Monsalve, rechazó que la institución haya actuado arbitrariamente, argumentando que se procedió en base al reglamento del colegio, y que jamás le indicó a los padres que su hijo fuera adicto a las drogas ni que las promocionara o traficara. Sin embargo, las tres magistradas de la Primera Sala -Dobra Lusic, Dora Mondaca y Jenny Book- fallaron en forma unánime en contra del colegio. En el dictamen, contradicen al establecimiento, citando párrafos de la comunicación de los directivos con los padres dándoles a conocer el “problema” de su hijo. “Se le informa a (...) que ha sido citado a esta entrevista para transmitirle de parte del colegio que su conducta de riesgo en torno al tema del consumo de marihuana ha llegado a un punto límite”, se lee en el fallo. Las ministras, también aluden a otro mensaje, donde el colegio aseguró nunca haberse referido a no renovar la matrícula de “J”. En él, señalan que la conducta gravísima es: “portar y/o consumir droga y promover el consumo de droga al interior del colegio, lo que se evidencia a través de publicaciones fotográficas en las redes sociales, lo cual incluso puede menoscabar su imagen y la del colegio (...)”. En su parte resolutiva el fallo es tajante: el procedimiento de investigación interno estuvo viciado, los fundamentos eran errados, se omitió la falta de la presunción de inocencia, el mal uso de las pruebas y levedad de estas -tratándose solo de una fotografía y el sticker de una tienda- atentaron contra la recta inteligencia con que se deben llevar adelante indagatorias de este tipo. Por último, condenó al Verbo Divino a pagar las costas del juicio, que serán fijadas en los próximos días. El abogado Freire indicó aque el fallo es significativo, ya que reconoce que el colegio no respetó siquiera su reglamento interno a la hora de indagar. “Se evitó que a través de un proceso sumario, leonino, arbitrario, muy injusto y sobre todo atravesado por múltiples prejuicios, se expulsara a este alumno del colegio”. El profesional dice que, en los alegatos, el establecimiento intentó desconocer los actos que realizó contra el menor, “pero la Corte estableció que la conducta fue arbitraria y que al joven sí le imputaron el consumo y promoción de marihuana, a la vez que se incumplió la obligación de denunciar el hecho a la fiscalía. El procedimiento que se usó resulta sencillamente inaceptable. Se buscaba que el alumno confesara algo que no era real, sin que pudiera defenderse”. Para Freire, lo más llamativo es que esto haya ocurrido en un colegio que se dice católico: “Aquí operó otro Jesucristo, que es el Jesucristo de la exclusión”.