“Os destruiremos en casas, pisos y trincheras. Todas las fuerzas de seguridad, soldados, policías y vigilantes de aldeas continuarán la ofensiva hasta limpiarlo todo y asegurar un clima de paz. No vamos a parar. Continuaremos con la misma determinación”. Con estas palabras, pronunciadas en Konya el 17 de diciembre, el presidente Tayip Erdogán dejaba bien claros sus planes en el Kurdistán turco, donde miles de militares y policías entran a sangre y fuego en las ciudades kurdas para recuperar la autoridad del Estado.

De acuerdo con las distintas cifras suministradas por el propio Gobierno, las organizaciones humanitarias y los partidos de la oposición, en una veintena de ciudades del sureste de Turquía se estaría viviendo una verdadera situación de guerra tras la instauración del estado de queda. En total, la población afectada superaría el millón y medio de personas y unas quinientas mil se habrían visto obligadas a abandonar sus hogares. De hacer caso a los datos del Ejército, desde el pasado mes de julio, cuando comenzó esta vasta ofensiva en las regiones kurdas, habrían muerto bien en combate o por los bombardeos aéreos unos 3.000 guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), mientras que las organizaciones humanitarias calculan que unos 200 civiles también habrían muerto debido a estos combates.

Solo en las ciudades de Cizre y Silopi, ambas en torno a los 150.000 habitantes, estarían interviniendo en las operaciones para “limpiar de terroristas” estas dos ciudades kurdas unos 10.000 militares, apoyados por tanques, carros blindados, piezas de artillería y, en ocasiones, aviones y helicópteros.

De acuerdo con los sindicatos de Enseñanza, más de 2.000 profesores han recibido la orden de evacuar la zona, las escuelas e institutos han sido cerrados de forma indefinida y algunos de estos centros escolares han sido convertidos en bases provisionales del Ejército.

En Cizre, se contabiliza una media de casi un civil muerto por día, entre ellos un bebé de tres meses y su abuelo, que fue alcanzado cuando precisamente intentaba llegar al hospital para que atendieran a su nieto. En el distrito histórico de Diyarbakir, que lleva más de un mes bajo la ley marcial, Melek Alpaydin, una mujer de 38 años, falleció al ser alcanzada de lleno la habitación en la que se encontraba desayunando por un obús de mortero de gran calibre.

En Silopi, decenas de personas habrían sido llevadas a un complejo deportivo y después detenidas por la Policía, desconociéndose su paradero. Según Firat News, entre ellos estaría Nedim Ocuç, reportero de la agencia de noticias Diha. Entre las personas fallecidas, se encuentran Seve Demir, Pakize Nayir y Fatma Uyar, tres destacadas activistas kurdas que, según distintas fuentes, habrían muerto por disparos de la Policía durante las operaciones de "limpieza" en la ciudad.

Los principales partidos kurdos, como el DBP (Partido Democrático de las Regiones) y el HDP (Partido Democrático del Pueblo), así como la Asociación turca de Derechos Humanos (IHD) han realizado sendos llamamientos a la opinión pública de Turquía, de Europa y del resto del mundo para que se detenga lo que consideran una masacre contra la población kurda, especialmente en las ciudades de Cizre, Silopi, Nusaybin y Diyarbakir.

Lo cierto es que las imágenes que se han difundido no solo a través de internet sino también por los principales periódicos turcos, como el Turkish Daily News o Zaman, muestran una paisaje de destrucción y desolación que no tiene nada que envidiar a las ciudades sirias.

Pese a la gravedad de esta situación, no se ha producido reacción alguna por parte de los países europeos, que recientemente han llegado a un acuerdo con Ankara sobre los refugiados sirios, en lo que se interpreta como un consentimiento implícito de la escalada represiva a cambio de resolver este grave problema.

La única reacción significativa ha sido, por iniciativa de las asociaciones de abogados de Diyarbakir y Batman, una intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha preguntado al Gobierno turco por los fundamentos legales de los toques de queda instaurados, sobre las necesidades básicas de la población, incluidos los servicios médicos, y si se ha previsto la apertura de corredores para las personas que deseen salir del cerco militar.

Paralelamente, la Asamblea Nacional, a instancias del presidente Erdogán, ha abierto una investigación para retirar la inmunidad parlamentaria a los diputados del HDP debido a su reciente declaración reclamando el derecho a una autonomía para la región kurda, una exigencia que el partido islamista en el poder considera un "crimen" contra el sistema constitucional. Por motivos semejantes, trece dirigentes del DBP y del HDP han sido acusados de colaborar con el PKK y condenados a un total de 155 años de cárcel, entre ellos el alcalde de la populosa y turística ciudad de Van (400.000 habitantes), Bekir Kaya, que ha sido sentenciado a 15 años de prisión bajo esa misma acusación.