Primero fueron mensajes de Whatsapp y llamados de alcaldes, jueces de la Corte Suprema y ministros del gabinete a los celulares de los diputados que ayer en la tarde estaban en la Comisión de Constitución de la Cámara. Todos sorprendidos, inquietos y molestos porque se acababan de enterar que mientras se discutía y votaba el recorte del 50% de la dieta que se paga a senadores y diputados, se había extendido la rebaja salarial a otros poderes del Estado. Como en la misma sesión se presentó una indicación que además rebaja las asignaciones que reciben los congresistas, ahora se sumaron a la indignación sus propios asesores, que temen quedarse sin trabajo o recibir menos sueldo apenas se se haga carne esta ley con que el Congreso trata de quitarse la soga de la presión ciudadana.

Con ese panorama amaneció hoy una de las instituciones más desprestigiadas del Estado, que en medio de esta crisis comienza a pagar la cuenta y demostrar que no está sorda, sino que escucha. Amputarse el sueldo a la mitad, una cruzada casi personal de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, mutó durante la sesión de ayer a un proyecto que provoca un impacto colateral en los pasillos del Congreso, en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. El recorte a estos dos últimos, producto de una indicación de -entre otros- el diputado y presidente de la misma comisión, Matías Walker (DC) derivó en que el pleno de la Corte Suprema convocara a un pleno extraordinario que se celebró a primera hora de esta mañana específicamente para esto. Su presidente, Haroldo Brito, estuvo conversando con el diputado en las últimas horas.

"Puede atentar contra la independencia de los jueces", dijo el vocero Lamberto Cisternas más avanzada la mañana.

Por parte del Ejecutivo, al menos tres integrantes de la comisión que ayer votó el proyecto y sus indicaciones cuentan que recibieron reclamos desde miembros de su gabinete, aunque sin identificar a las y los afectados. También se han quejado alcaldes y magistrados. Pero el incendio más inmediato lo tienen los honorables en casa: ayer varios asesores llegaron a la comisión apenas se enteraron de que además se plantea bajar a la mitad el dinero que paga sus sueldos y las sedes parlamentarias. Y hoy protestaron en los pasillos del Parlamento con pancartas.

Esto último fue producto de una indicación que los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri presentaron junto a parlamentarios RN y Evopoli durante la misma sesión de ayer. La redactaron ahí mismo, en uno de los tarjetones que usan para enviar y recibir recados, y la aprobaron por siete votos contra seis.

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La tarjeta donde se redactó la indicación.[/caption]

Así, la idea original tiene ahora varios focos de conflicto adicionales que hasta ayer no existían, y el problema ya se está trasladando al gobierno, que no se había involucrado en el tema y que ahora -según el propio Coloma- comprometió hacerlo a más tardar el próximo lunes en la tarde. ¿Cómo? Aparentemente enviando una o más indicaciones.

Mientras, el proyecto avanza y debería votarse en la sala la próxima semana. Los plazos son inciertos, pero algunos diputados calculan que podría estar en la puerta del horno -con algo de suerte y urgencia- a fines de diciembre o comienzos de enero. Otros son más cautos. Como sea, la fecha es vital para sus asesores: con crisis y todo, se viene Navidad, vacaciones de verano que tal vez haya que olvidar y luego marzo con el colegio de los niños, el pago de patente del auto, el seguro y el permiso de circulación.

Entre los mismos integrantes de la Comisión de Constitución confiesan que tendrán que despedir personal, probablemente cerrar sedes en sus distritos, rebajar o reasignar gastos. Pero mientras desde la oposición culpan a sus pares de derecha por este costo colateral, que impactará en el desempleo del Congreso, los espadachines del oficialismo retrucan que si la calle pide que el Parlamento pague su parte de la cuenta, pues que "no tiene que ser con letra chica", que tienen que rebajar todos los gastos y que si ruedan cabezas, pues conseguirán trabajo porque el Estado no es el único empleador.

"Lamentablemente voy a tener que desvincular a gran parte de las personas que trabajan conmigo", dice el diputado PS Leonardo Soto, que tiene nueve asesores entre su distrito y el Congreso entre "secretarias, asistentes sociales, una periodista, un abogado y administrativos". Sincera que "no lo he conversado con ellos todavía, pero conocen el debate", y que "todos vamos a tener que redefinir nuestra labor, tal vez reducir drásticamente la presencia en el distrito, cerrar sedes y despedir personal que hace de puente con la ciudadanía".

¿Cuántas personas podrían perder su trabajo en el Parlamento? Soto calcula que "cada parlamentario tiene un promedio de 7 a 8 personas de apoyo, y que en términos aproximados tendrían que existir alrededor de 1.200 asesores al servicio de los parlamentarios. Si se rebaja la asignación al 50%, inmediatamente se deberían desvincular a unos 600 por simple proporción matemática".

Matías Walker (DC) -que al igual que Coloma pide que el gobierno haga su parte en esta historia-, dice que "espero no afectar a los profesionales que trabajan con nosotros, nuestros asesores legislativos, asistentes sociales y territoriales. Uno puede ajustar otros ítemes y otras asignaciones". No quiere, dice, que aumente el desempleo en el Congreso, pero hace ver que "tenemos que dar señales de austeridad sin debilitar el rol del Congreso".

Coloma también admite que "tendremos que reordenar nuestros equipos. Pero hay que entender también que la gente le pide al Parlamento un esfuerzo adicional, y letra chica para eso, no estamos. Es parte de lo que tendremos que asumir. Eso lo voy a analizar una vez aprobada la indicación, falta la sala todavía".

-Pero sus asesores ya saben. ¿Les contó?

-Probablemente voy a estar obligado a reasignar gastos operacionales para destinarlos a contratación de personal. Y quizás tenga que hacer alguna modificación en mi distrito. Es parte del esfuerzo que la gente nos pide.

Coloma -quien tiene ocho asesores a los que les da trabajo- dice que "lo he conversado con ellos y entienden que el Parlamento está siendo cuestionado por la ciudadanía, y tiene que responder. Honestamente, siento que no hay espacio para la letra chica en esto".

Alessandri adelanta que "tengo cuatro asesores y tres de apoyo administrativo, y estamos viendo cómo compartirlos entre diputados para mantenerlos o ver la posibilidad de que trabajen part time en otra cosa pero sin dejar la función con nosotros porque les gusta el servicio público", y que "obviamente he tenido la conversación con mi equipo y con otros diputados, muchos estamos viendo fórmulas para compartir profesionales, un abogado, un periodista entre dos o tres diputados".

"También hemos visto la posibilidad de cerrar algunas sedes, solo dejar una en la comuna más central de nuestros distritos, buscar todas las formas posibles para mantener un buen trabajo legislativo pero acomodándonos a las nuevas circunstancias que nos exige la ciudadanía. No tenía sentido rebajar las dietas pero mantener cinco millones de pesos en gastos operacionales, no iba en la línea correcta a nuestro juicio", remata.

¿Qué pasa si algunos asesores pierden su trabajo? Alessandri anticipa que "hay una tremenda calidad de profesionales, muchos de ellos podrán ajustarse los sueldos a la nueva realidad cuando tienen otra forma de solventar su vida, pueden ajustar su vida a la nueva realidad, por supuesto, en el sentido del servicio público. Y quienes no lo podrán hacer estoy seguro que encontrarán trabajo rápidamente ya sea en otra repartición pública o en el sector privado porque el nivel profesional de asesores legislativos es sumamente bueno según he podido constatar en la Cámara"

Dimes y diretes

Todo esto ha provocado un nuevo conflicto entre gobiernistas y opositores. Soto asegura que Coloma -cuyo apellido se leía en las pancartas de algunos manifestantes- y los parlamentarios que lo secundaron "presentaron esta indicación frívola, improvisada, y que parece una represalia de la derecha a la reducción de la dieta parlamentaria".

Los aludidos lo niegan y tienen sus propios argumentos. Coloma recalca que si el asunto estriba en el que el Congreso haga un gesto y los parlamentarios deban renunciar a parte de sus privilegios, pues no solo deben recortarse la dieta sino que también las asignaciones. Que no hay letra chica y punto. Y que "espero que el gobierno presente lo antes posible las indicaciones que ha comprometido, y eso no puede pasar del próximo lunes en la tarde, como se comprometió".

Alessandri explica que "aquí no se trata que los trabajadores de los diputados paguen el costo, se trata que hay que financiar una pensión básica solidaria para aumentarla en un 50%, beneficios para adultos mayores en el transporte público, perdonar las deudas del CAE a los estudiantes que no pudieron pagar los altísimos intereses, una serie de nuevos recursos que el Estado destina a la agenda social. ¿Alguien pensó que todos estos beneficios de la agenda social se iban a poder pagar sin hacer ningún recorte?"

¿Y los reclamos de alcaldes, jueces y ministros? Bueno, en la Cámara dicen que ahora hay qué esperar qué cartas juega La Moneda con las indicaciones que enviarán. Walker dice que "entiendo la preocupación y los llamados. En muchos casos hay derechos adquiridos (de los afectados), y por lo mismo tenemos que tener una mirada en conjunto a todos los cargos de alta responsabilidad del sector público. Quien está en mejores condiciones de hacer eso es el gobierno.

Jackson: "No vamos a permitir que se desquiten"

¿Qué dicen los diputados Boric y Jackson, que ayer celebraban que se aprobara la rebaja de la dieta? El diputado de RD es tajante: "Solo están buscando una revancha porque por fin logramos bajar el sueldo de los parlamentarios. No vamos a permitir que se desquiten forzándonos a despedir o bajar el sueldo a las y los trabajadores".

El legislador magallánico retruca que "la idea de reducir los sueldos de secretarias, abogados/as, asesores, funcionarios/as del Congreso y la biblioteca, entre otros, que día a día realizan una labor esencial para el funcionamiento del Congreso fue una iniciativa de última hora de la derecha para tratar de empatar y ensuciar el debate sobre la rebaja de la dieta parlamentaria que no compartimos y por eso rechazamos. Seguiremos trabajando para que se concrete la rebaja de sueldo de los parlamentarios y, a la vez, defenderemos a las y los trabajadores del Congreso".

Y agrega que "en el debate de la Comisión concordamos en que se debía además evaluar los sueldos de las altas autoridades del Estado. Nuestra propuesta es que esta evaluación realizada por un órgano independiente sea respecto de cargos electos de representación popular (diputados, senadores, alcaldes, etc...) y cargos designados de confianza política (ministros, subsecretarios, seremis, gobernadores, directores de empresas). Los funcionarios públicos que tienen una carrera funcionaria o bien que existen en función de determinadas características técnicas creemos que deben tener otro tratamiento diferenciado".