Libre, otro acusado de intentar traer a hijo de dictador a México

[email protected] Denunciar un delito en México “es una absoluta locura”, dice en entrevista el empresario aeronáutico Christian Eduardo Esquino Núñez sobre la experiencia de haber denunciado, ante el gobierno federal pasado, el supuesto complot para traer ilegalmente a México a Saadi Gaddafi, hijo del depuesto dictador libio Muammar Gaddafi. El empresario fue contratado en 2011 para realizar varias incursiones a Libia durante la guerra civil en ese país. El objetivo formal de esos vuelos era retratar “la otra cara del conflicto”, la de cómo afectaban los bombardeos de países occidentales a la población civil. La misión real, según anunció el gobierno federal mexicano el 7 de diciembre de 2011, era traer al hijo del dictador y a su familia a México. Pero el juicio no concluyó para tres de los cuatro acusados. La semana pasada un tribunal federal les concedió amparo porque la PGR violó sus derechos, como el de que fueran informados de inmediato acerca del motivo de su detención. Las dos mujeres involucradas: la canadiense Cynthia Vanier y la mexico-estadounidense Gabriela de Cueto, fueron liberadas el fin de semana pasado. La madrugada de hoy salió también el danés Pierre Flensborg. La PGR afirmó que la denuncia provino del grupo activista Anonymous; sin embargo, Christian Esquino desmiente esa versión en su testimonio ante el juez. En el documento, del cual tiene copia este diario, Esquino declara que por recomendación del entonces procurador del estado de México, Alfredo Castillo, hoy subprocurador de la PGR, acudió con el secretario de Gobernación de ese tiempo, Francisco Blake Mora, para denunciar los hechos. El empresario dice que se mantuvo en contacto con el funcionario federal hasta el arresto de los involucrados el 10 de noviembre de 2011. Un día después Blake fallecería en un accidente de helicóptero. Entonces la actitud del gobierno hacia él cambió. “Si un ciudadano hace una denuncia con un MP, nunca le hacen caso... Si logra hacer la denuncia con algún funcionario de alto nivel, éste usa la acusación como le conviene”, dice Esquino. Tras detener a los sospechosos, el propio gobierno federal le confiscó uno de los aviones que presuntamente serían usados para traer a Gaddafi. El empresario se sintió traicionado: “Nosotros dejamos pasar un contrato millonario al desactivar este asunto”. Su compañía, dice, habría ganado cuando menos 2 millones de dólares si nunca hubiera acudido a las autoridades. “El señor Gaddafi tenía 60 millones de dólares dispuestos a invertir en su infraestructura de transporte y de su nueva ubicación en México”. En su declaración ante el juzgado Esquino asegura que a solicitud del Cisen grabó conversaciones en las que los acusados confiesan la trama. Sin embargo, de acuerdo con Gabriel Hernández, abogado de Flensborg, esos audios no se integraron al expediente. Parte de las pruebas anuladas por el tribunal colegiado, en el amparo concedido a los tres acusados, son correos electrónicos obtenidos por la PGR sin orden judicial. La policía canadiense tiene en su poder un correo electrónico enviado por Stephane Roy, vicepresidente de la compañía SNC Lavalin —la cual financió los viajes a Libia— a Cynthia Vanier. La fecha es 23 de agosto de 2011 a las 13:13 horas. En el mensaje el directivo da a la mujer hoy exonerada documentos de Saadi Gaddafi, como una visa canadiense. En un segundo correo, del 1 de septiembre a las 18:00 horas, Vanier manda a Roy tres archivos adjuntos con actas de nacimiento mexicanas para Amira Sayed Nader, Moah Bajer Sayed y Sofia Bejar Sayed, familiares de Saadi. Sobre el futuro de su empresa Starwood Management Esquino comenta: “Esta es una espina difícil de quitarse”. Dice que perdió el 90% de sus clientes a raíz del caso Gaddafi. Y el accidente en el que falleció Jenni Rivera fue “el tiro de gracia”. El avión en el que viajaba la cantante era propiedad de la compañía.