FOTO: Pedro Sánchez rodeado de militantes y de cámaras en el congreso del PSOE, este sábado. / VÍDEO: Declaraciones de Susana Díaz sobre la plurinacionalidad. Carlos Rosillo / ATLAS

La "plurinacionalidad" de España, una de las propuestas más controvertidas impulsadas por Pedro Sánchez vía enmienda, ha sido aprobada este sábado en la comisión política del congreso del PSOE. El secretario general aboga por una reforma constitucional federal, en la que se mantiene que la soberanía "reside en el conjunto del pueblo español" pero se "debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución". El texto inicial presentado por el secretario general ha sido modificado e incluye una referencia a la lealtad institucional e interterritorial como premisa del federalismo.

A lo largo del proceso de primarias Sánchez insistió, en varias ocasiones, en que "España es una nación de naciones con una única soberanía, pero tiene que reconocer a través del perfeccionamiento de la Constitución el carácter plurinacional de este país". El documento de Sánchez no ha incluido finalmente el concepto de "nación de naciones". Manuel Escudero y José Félix Tezanos, coordinadores de su programa, puntualizaron que la propuesta de la plurinacionalidad no implicaba plantear la existencia de naciones "políticas" diferentes a la española. En su lugar hablaron de "naciones culturales" cuya "singularidad" sí debía ser reconocida.

Un delegado asturiano, Fernando Lastra, presentó una enmienda contraria al posicionamiento sobre la plurinacionalidad del Estado que fue rechazada con 41 votos a favor y 165 en contra, según distintos asistentes a la comisión. Ante la falta de apoyo, ni llegó al plenario. “Ni la soberanía popular ni la unidad de España están en juego”, ha subrayado por la mañana Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura y nuevo presidente del Consejo de Política Federal del PSOE. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo por su parte que está "muy cómoda con el artículo 2 de la Constitución".

La ponencia marco que había desarrollado la gestora defendía la modificación de la Ley Fundamental buscando "reforzar" la idea de España "en su diversidad, tal y como recoge la Declaración de Granada" que el PSOE aprobó en verano de 2013 con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general. Entonces consideraba "indispensables" una serie de reformas que garantizasen "la convivencia y el funcionamiento del Estado". Serían la reforma del Senado, los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas, el sistema de financiación y la protección de las diferentes "identidades culturales" en el marco de un Estado federal.

No a los vientres de alquiler

El pulso entre los colectivos feministas, coincidentes con el secretario general en su posición contraria a la gestación subrogada frente a los sectores de Juventudes y LGTB a favor, ha concluido con el rechazo a los vientres de alquiler por 175 votos a 31. Sánchez ha endurecido aún más su posición en el congreso socialista. “El PSOE no puede abrazar ninguna práctica que suponga socavar los derechos de mujeres ni de niñas y apuntalar la feminización de la pobreza”, revisó su equipo el documento original. Durante las primarias Sánchez ya se declaró abiertamente en contra de la gestación subrogada en un acto con feministas. “No estoy a favor de utilizar el cuerpo de la mujer para la prostitución, para la trata, ni para la maternidad subrogada”. Sánchez se comprometía en su programa a “restablecer” la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para tratamientos de reproducción asistida “con carácter universal, dejando sin efecto las limitaciones por el Gobierno del PP”. De los vientres de alquiler se decía que “suponen una mercantilización de las mujeres”. “Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción”, zanjaba.

La Red Estatal contra el Alquiler de Vientres ha facilitado una carta abierta a los delegados al 39º Congreso del PSOE contra una "práctica" que "anula derechos fundamentales". "Si el PSOE se mostrara favorable a esta práctica daría validez a una modalidad contractual abusiva, ya que los derechos fundamentales no pueden ser objeto de relación contractual para revocarlos (...) La práctica del alquiler de vientres da por válido el mercado reproductivo y la explotación reproductiva de las mujeres", recoge la red citada.

La ponencia marco del PSOE que coordinaron el diputado Eduardo Madina y el economista José Carlos Díez evidencia la controversia sobre la maternidad subrogada. La falta de una postura común de los socialistas quedó patente. "En los últimos tiempos, revestido con un discurso amable y altruista, se ha esgrimido un discurso a favor de los vientres de alquiler, a favor de la mercantilización de los cuerpos y de las vidas de niñas y mujeres, pobres en su mayoría", establecía el documento. Partiendo de la base de que el PSOE "no puede abrazar ninguna práctica que suponga socavar los derechos" de mujeres ni de niñas, su pretensión es defender los derechos (...) "sobre todo de las más pobres en un contexto de rearme del neoliberalismo patriarcal". "No obstante, somos conscientes de que se ha abierto un debate en la sociedad y en el seno del partido que afrontaremos desde nuestros principios y nuestros valores, con absoluta libertad", concluye la referencia a la maternidad subrogada.

Valores republicanos

También ha generado debate la habitual enmienda de Juventudes en la que se instaba a que España tienda a la república federal como forma de organización del Estado. La iniciativa, que superó el 20% de apoyos, no ha logrado el visto bueno del plenario aunque ha forzado una transaccional y ha quedado en la defensa de los valores republicanos. Adriana Lastra y José Luis Ábalos, futura vicesecretaria general y secretario de Organización respectivamente, tuvieron que emplearse a fondo para evitar un problema que Sánchez no tenía previsto. La medida animaba a “avanzar e implantar la república como modelo de Estado” mediante una reforma constitucional.

Otro compromiso adquirido fue el de la despenalización de la eutanasia y su inmediata regulación. También se ha aprobado una enmienda por la que se pide que la Iglesia pague el IBI.