Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian), Laura Aquino y Layda Negrete (@laydanegrete)

Ninguna autoridad gubernamental con atribuciones para realizar detenciones en México está exenta de efectuar agresiones físicas y psicológicas que pueden configurar actos de tortura o malos tratos. Sin embargo, en el marco de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, es necesario señalar que 88 % de las personas en prisión que reportó haber sido arrestado por la Marina, y 86 % de las arrestadas por el Ejército, afirmaron haber sufrido al menos un tipo de estas prácticas ilegales.

El INEGI preguntó mediante la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016) a las personas en prisión –que incluye las sentenciadas y las que esperaban la sentencia del juez– si desde su arresto hasta antes de llegar al Ministerio Público, la policía o autoridad realizó o permitió un listado de agresiones. A partir de esta información pudimos construir una aproximación a la prevalencia de tortura o malos tratos en este momento específico del proceso penal.

Para fines de nuestro análisis, la categoría de “tortura o malos tratos” durante el arresto agregó las respuestas positivas a las siguientes opciones:

1) Lo amenazaron con levantarle cargos falsos, 2) lo amenazaron con hacerle daño a su familia, 3) lo desvistieron, 4) le vendaron los ojos o cubrieron la cabeza, 5) le hicieron daño a su familia, 6) le impidieron respirar (sofocándolo o asfixiándolo o metiendo su cabeza en agua), 7) patadas o puñetazos, 8) golpes con objetos (palos, cacha de la pistola, la culata del rifle o cualquier otra parte de un arma de fuego, toletes, bastones, etcétera), 9) quemaduras, 10) descargas eléctricas, 11) aplastamiento de alguna parte de su cuerpo con algún objeto (lesiones por aplastamiento), 12) heridas con algún cuchillo, navaja u otro objeto afilado (lesiones con arma blanca), 13) heridas por disparo con arma de fuego (lesiones por arma de fuego), y 14) fue obligado mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual).

La agregación que describimos arriba se guía de la cautela y deja fuera casos que podrían explicarse por el uso legítimo de la fuerza por parte de la autoridad. Es decir, que no se considerara como tortura o malos tratos el uso de la fuerza que se ejerce legalmente cuando una persona se opone a su detención. En este sentido, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Denigrantes, señala en el Artículo 19 que “no se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza (…).”

También es cierto que, por el hecho de encontrarse bajo custodia de una autoridad, ciertas libertades se ven suspendidas por tiempos previstos en la ley. Por ello, no incluimos en nuestra contabilidad las respuestas positivas a las siguientes opciones que sí aparecen en el cuestionario de ENPOL 2016: lo incomunicaron o aislaron, lo ataron, lo presionaron para denunciar a alguien, y otro tipo de agresión física.

¿Por qué confiar en las respuestas de la población privada de la libertad?

Una objeción posible al uso de esta información proviene de la creencia de que la población privada de la libertad no tiene razones para proveer respuestas verdaderas. No obstante, la ENPOL 2016 es una encuesta en la que ofrece garantía de la condición de anonimato a los encuestados y consta de una muestra robusta y aleatoria que es representativa de la población privada de la libertad del país, a nivel nacional y por estado. Por otro lado, si bien pueden existir sesgos en las respuestas de los encuestados, llama la atención la variación que existe entre cortes analíticos. En este caso, la mayor frecuencia de reporte de maltrato para autoridades específicas nos sugiere que estas diferencias en las respuestas de la encuesta pueden corresponder a diferencias reales en la población de estudio.

La discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige un análisis basado en datos sobre del desempeño de nuestras fuerzas castrenses en tareas de combate a la delincuencia

* Lilian Chapa Koloffon, Laura Aquino y Layda Negreteson investigadoras de World Justice Project.

La investigación en la que se basa este análisis fue parcialmente financiada por la Fundación MacArthur y Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México. Las ideas y la responsabilidad de esta publicación son de sus autoras.