El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto esta misma semana una investigación por la filtración de los datos de la víctima de la Manada y ahora los abogados que representan a la joven madrileña han presentado una denuncia en el juzgado de Instrucción número 38 de Madrid por delitos de amenazas y contra la intimidad, en relación con la publicación de sus datos en medios de comunicación digitales y en las redes sociales.

La joven sostiene que ha recibido mensajes amenazantes e insultos tras la difusión de sus datos. El origen de esta denuncia está en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra facilitada por el gabinete de prensa el pasado 26 de abril a los medios de comunicación, en la que se habían borrado todos los datos personales de la víctima pero no un código que figuraba al margen de cada una de las 370 páginas que tiene la sentencia y el voto particular, lo que permitió acceder a la resolución original en la web del Gobierno de Navarra.

De esta forma, se expusieron datos personales de la joven, como su nombre y apellidos o su dirección, y esos datos fueron publicados por algunos medios digitales y en las redes sociales, donde además se pudieron ver fotos de la víctima, una imagen de su DNI e incluso algunas capturas del vídeo que habían grabado dos de los cinco sevillanos condenados por estos hechos a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.

El juzgado número 38 ha abierto diligencias tras la denuncia de la joven y ha solicitado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía que identifique a los autores de los mensajes que contienen esas amenazas e insultos, y que verifique los mismos han sido ya retirados, dado que así lo solicita la denunciante como medida cautelar.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abogó este miércoles por cambiar "normas, reglas y cultura" tras lo ocurrido con este caso, y añadió que "algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer".