Sergio Maldonado, durante uno de los actos que se realizó en Plaza de Mayo (Martín Rosenzveig)

La frase acuñada por el presidente Mauricio Macri "conmigo se terminó el curro de los Derechos Humanos" comienza poco a poco a cobrar vigor.

En los últimos años las indemnizaciones otorgadas por el Estado en compensación por haber violado derechos civiles estuvieron sujetas a cuestionamientos por aquellos que consideran que hubo un aprovechamiento coyuntural de parte de la militancia.

El denominado Caso Maldonado, de algún modo, generó sensaciones en tal sentido, en particular por todo lo que significó y aún significa en materia política. Además, llama la atención que la primera gran certeza de la investigación aún no haya sido plasmada en la modificación de la carátula de la causa, ya que Santiago no está más "desaparecido": lamentablemente falleció y su cuerpo fue encontrado sumergido en las frías aguas del río Chubut.

El debate sobre por qué ese ser humano terminó así su vida continúa abierto y, aunque algunos sugieren que el expediente está paralizado, por el contrario, el juez federal Gustavo Lleral lo mantiene en movimiento con varias medidas.

Algunas de estas decisiones del magistrado generaron respuestas jurídicas por parte de la familia Maldonado; son las que dieron combustible al fuego de la polémica que desde siempre marcó a este caso.

Una de las primeras declaraciones de la familia de Santiago Maldonado en Esquel

Una de ellas fue en ocasión de haber tomado declaración al testigo Lucas Pilquiman, presuntamente sin haber notificado en tiempo y forma a ambas partes, motivo por el cual la querella pidió la anulación de la prueba. No ha lugar, respondió el juez.

Luego de haber solicitado que se sometiera a una prueba de agua a un DNI para tratar de determinar si el cuerpo de Santiago fue "plantado" en el río, la propia familia desistió de la idea y pretendía que se dejara sin efecto. No ha lugar, sostuvo nuevamente.

Cuando Lleral, a solicitud de la familia, dispuso el reconocimiento al Pu Lof para el 12 de diciembre, Sergio Maldonado pidió que se postergara porque tenía audiencia con el papa Francisco. No ha lugar, una vez más.

Algunos observadores comenzaron a considerar que la familia Maldonado tenía como objetivo una deliberada intención de dilatar todas las acciones con el fin de estirar el expediente y que, de esa manera, no se cayera la calificación general.

El propio Lleral decidió mantener la carátula ante el requerimiento de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, quien consideró que las pruebas recolectadas no eran suficientes para sostener la figura penal de la desaparición forzada. Hay que recordar que la desaparición forzada se sostiene en la privación de la libertad, la participación del Estado, y el ocultamiento de la víctima o la negativa a dar información sobre la suerte de la persona.

La fiscal pretendía (y lo sostiene aún) que se tipificara como "muerte dudosa"; sin embargo, el magistrado mantuvo la calificación porque consideró que no era relevante desde el punto de vista jurídico, aunque sí lo es desde el punto de vista económico y político.

Concretamente, Lleral había argumentado en diciembre pasado: "El pedido de recaratulación del expediente, teniendo en cuenta la etapa procesal que se transita (…) no es relevante para el trámite de la investigación, puesto que lo esencial son las medidas que se materializan con la finalidad de dilucidar los hechos".

Hace pocos días, por medio de una cédula de notificación, el propio magistrado respondió casi sin querer (o no) una pregunta que viene repitiéndose entre miembros de la sociedad desde que el cadáver hallado en el río Chubut arribó a la morgue. ¿La familia Maldonado cobra algún tipo de subsidio por la desaparición de Santiago?

La notificación del magistrado obedecía a una solicitud que hizo la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien pretende que Lleral vuelva a atender en Esquel, en lugar de quedarse en Rawson como lo decidió hace algunas semanas. Heredia argumenta que el traslado a Rawson para responder escritos y otros etcéteras le insume muchos gastos a su representación y que por ello debe atender en el Chubut andino, como lo venía haciendo.

A Lleral solo le bastó con la siguiente notificación para poner en su lugar a la letrada. Allí se puede leer que "el Sr. Sergio Maldonado se encuentra asistido económicamente por el Estado Argentino, y que ha percibido a la fecha pasajes aéreos, alquileres de vehículos, viáticos, alojamiento, honorarios, y otros".

Con tan solo esa frase, el juez derribó lo que hasta ahora era una barrera infranqueable por parte de la familia Maldonado y los organismos de Derechos Humanos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el Estado habría pagado ya un total de 1.600.000 pesos, en concepto de 200 mil pesos por mes desde el primero de agosto de 2017. Al mismo tiempo, la abogada Heredia habría percibido unos 300 mil pesos en concepto de honorarios.

Todo esto no hace más que dar sustento a una denuncia presentada hace pocos días por el Ministerio de Seguridad de la Nación, asesorado por Fernando Soto, que considera que algunos testigos y los organismos de DDHH integran una asociación ilícita que pretende lucrar con la muerte de Santiago Maldonado y desprestigiar al gobierno nacional.

(*) El autor es conductor del programa radial "El Ojo de la Tormenta" en Radio Latina 101.1 Mhz, lun a vie de 17 a 20 hs. Twitter – @gusmura