El 24 de septiembre de 2018, un autobús de pasajeros que llevaba levantada la puerta lateral de carga, desnucó a dos ciclistas en una avenida de Celaya, Guanajuato.

La primera víctima se llamaba Juan Carlos Guerrero Peña, tenía 30 años de edad y regresaba de su trabajo en una compañía de envíos. La segunda víctima tenía el nombre de Gerardo Serrato. Él tampoco vio venir lo que lo mató. El autobús lo golpeó cien metros más adelante. La necropsia señaló “traumatismo profundo de cuello”.

El conductor no se detuvo y siguió su camino hacia la terminal de autobuses de Celaya. Eran cerca de las siete de la noche y el sol comenzaba a irse. La patrulla 1666 recibió el informe: en la avenida 2 de Abril había ocurrido “un hecho de tránsito”.

Uno de los agentes escribió en el parte 584, rendido ese mismo día, que “personas curiosas” le manifestaron que “un camión de la empresa Primera Plus llevaba la puerta media lateral derecha levantada” y que “con la misma estas dos personas recibieron el impacto”.

La esposa de Juan Carlos recibió una llamada esa noche. Le dijeron que en una página de Facebook, dedicada a registrar casos de nota roja, hablaban de un camión que en menos de cien metros había desnucado a dos ciclistas, y que uno de ellos era Juan Carlos.

Cuando los familiares llegaron al ministerio público, les dijeron que no había aún un responsable, que las cámaras de seguridad de la zona no servían o no habían registrado los hechos, y que “sin las placas del camión no tenemos nada”.

Se realizó el sepelio. Luego, los deudos volvieron al lugar de los hechos para colocar una cruz y algunas flores. Ahí descubrieron una cámara de seguridad que pertenecía a una empresa privada. Los dejaron consultarla. Ahí estaba el momento atroz en que el ciclista era arrollado. Ahí estaba también el autobús que seguía de largo con la puerta levantada.

Tania, la viuda de Juan Carlos, entregó los videos al ministerio público. Y tampoco pasó nada.

Contrató dos abogados que consiguieron lo mismo, nada. El segundo, incluso, dejó de contestarle el teléfono de un día para otro.

Como ocurre siempre, los deudos tuvieron que llevar a cabo su propia investigación. Una abogada cercana a la familia de Juan Carlos tomó el asunto.

En la central de autobuses le negaron a la familia los videos de aquel día. En una de las bitácoras, que después de muchas vueltas pudieron consultar, dieron, sin embargo, con un autobús que había ingresado a la terminal en los minutos posteriores al accidente.

Era el 6223.

Le llevaron el dato a la agente del MP que llevaba la carpeta. Según la versión de uno de los miembros de la familia, la abogada descubrió que la MP había tenido comunicación con la empresa, y que no había asentado este acto en la carpeta.

La esposa de Juan Carlos interpuso una denuncia contra Primera Plus. Semanas después, el autobús involucrado fue sometido a un peritaje, pero el resultado fue negativo. La empresa declaró que no había ninguna seguridad de que uno de sus autobuses hubiera estado involucrado en el accidente.

Los boletos de esa línea poseen la leyenda “Autobuses de La Piedad, S.A. de C.V”.

La empresa replicó asimismo que sus autobuses no estaban registrados con dicha razón social.

Once meses después, en un oficio firmado por el licenciado Jorge Carranco, delegado del ministerio público adscrito a juzgados civiles y de oralidad familiar (294/2019), se lee que, a su consideración, no se cuenta “con elementos suficientes y vastos” para demostrar “lo que pretende la parte promovente”, por lo que solicita “que una vez que quien promueve demuestre la responsabilidad de su contraria, se dé intervención a esta institución que represento”.

Nadie es responsable.

Otra vez, solo hay una familia destrozada que, para obtener justicia, tiene que demostrar quién mató a Juan Carlos.