La pregunta que plantean algunos de los padres sobre quién llevó y por qué a los estudiantes a la ciudad de Iguala sigue sin respuesta.

23 Septiembre 2015

Por lo menos desde el 20 de noviembre de 2014, los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa externaron un reclamo al que dio voz pública don Epifanio Álvarez Carbajal: “Pienso ya en pedir cuentas a los líderes estudiantiles por haber llevado a mi hijo a realizar acciones fuera de la escuela”.

(Don Epifanio se refiere específicamente a los “líderes estudiantiles”, no al director de la Normal, José Luis Hernández Rivera. El director declara en la prensa que él no los mandó y ya, y ni siquiera ha acudido a rendir declaración porque no se le pega la gana y la Procuraduría de Guerrero es muy respetuosa de las ganas.)

Desde que don Epifanio reclamó pedirle cuentas a los “líderes estudiantiles”, el asunto se ha enterrado bajo la típica evasiva: no es el momento. Don Epifanio agregó: “sí se les ha hecho el reclamo, pero ahorita no podemos hacer nada porque si nos dividimos la fuerza se va […]; ya que encontremos a los muchachos, pues ya arreglaremos eso”. El reclamo, propio del sentido común y de toda investigación judicial, fue declarado irrelevante para la causa y aun atentatorio contra su espíritu.

Y sin embargo, don Epifanio perseveró, como otros padres. En julio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio rango de “Recomendación” a ese reclamo: “¿Por qué motivo los alumnos de la Normal fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014?¿Quién los llevó? ¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?” Los cuestionamientos “fueron manifiestos de manera legítima y enérgica por algunos de los padres de familia” en febrero de 2015, anotó el Ombudsman.

Pero nadie le ha hecho caso. Ni a don Epifanio.

El silencio de quienes tienen las respuestas no disimila el desprecio que les merecen esos padres. Es un silencio que contradice la necesaria búsqueda de la verdad sobre este asunto terrible; un silencio empeñado en escamotear un dato aspecto relevante de la pesquisa.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica “en la investigación de la desaparición forzada” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también ignora el reclamo.

Su reconstrucción de los hechos registra testimonios sobre cómo entre el 15 y el 20 de septiembre de 2014 hubo una reunión de casi todas las normales rurales para preparar la marcha del 2 de octubre. El GIEI registra que la reunión fue convocada en Amalcingo, Guerrero, por la “Federación Estudiantil (sic) de Campesinos Socialistas de México” (FECSM) y que asistieron a ella “entre 300 y 400 estudiantes de 13 normales rurales”. Y es todo: la FECSM no vuelve a figurar en el informe. Y se entiende, pues (como señala Tanalís Padilla) la FECSM es “semiclandestina”,[1] y por lo tanto no se le pega la gana de rendir cuentas a nadie.

Ni siquiera a don Epifanio.

Lo que sí registra el GIEI es un testimonio en el sentido de que la FECSM ordenó que la sede donde se reunirían todas las Normales para viajar a la capital el 2 de octubre fuese la de Ayotzinapa, pues contaba con la capacidad para “soportar a la Federación por una noche”, “brindar alimentos” y “obtener los vehículos suficientes para transportar a la Federación” (p. 24).

Y bueno, pues los 43 jóvenes desaparecieron por ir a cumplir esa orden de la FECSM. Y sin embargo, al GIEI no se le pegó la gana saber más sobre qué es esa FECSM, ni quién la manda, ni quién la financia, ni cómo funciona, ni por qué tiene ese poder sobre las Normales, ni quién se lo dio, ni nada.

Es una pena, pues si bien no tiene atribuciones judiciales, el GIEI declara hallarse sujeto al “Protocolo de Minnesota”, uno que exige que, en todo conflicto relacionado con los derechos humanos, las organizaciones que se avocan a investigarlos deben analizar “la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas, de acuerdo con el contexto en que ocurrieron y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación” (p. 351).

Cuando en diciembre de 2011 la policía de Guerrero mató a dos normalistas en Chilpancingo (y cuando los normalistas mataron a Gonzalo Rivas Cámara, el empleado de la gasolinera), el “laureado luchador social” Pablo Sandoval Cruz declaró que los líderes de la Normal estaban “siendo mal asesorados” por “alguna organización social” que les aconsejó “una mala táctica y estrategia”, y reconoció que hay organizaciones que se inmiscuyen en la Normal de Ayotzinapa y la “asesoran” (incluida la suya: la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero). El luchador social Sandoval Cruz nunca ha querido decir cuál fue la “organización social” mala que malaconseja. ¿Cuál será?

Todo indica que el derecho a saberlo que tiene don Epifanio es humano, pero no demasiadamente humano.