Durante el huracán Odile, ocurrido en Baja California Sur en 2014, 11 mil personas fueron desplazadas y 15 más fallecieron. Aunque se destinaron recursos para atender la emergencia, insumos como medicamentos se quedaron en almacenes o la entrega de ayuda para damnificados tardó hasta 45 días y algunos ayudas fueron entregadas a nombre de un partido político.

Estas son parte de los hallazgos de la auditoría realizada al Fondo para la Atención de Emergencias en la Cuenta Pública 2014 en 20 entidades federativas donde se registraron emergencias naturales (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).

En Baja California Sur, el huracán Odile provocó afectaciones por 15 mil millones de pesos y dejó a 95 por ciento del estado sin servicio de electricidad, según reportes oficiales. La Secretaría de Gobernación activó la Declaratoria de desastre natural, lo que implicaba la activación de ayuda emergente y del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Aunque, el gobierno de Baja California Sur, compró insumos, “no proporcionó evidencia de la distribución de 32 mil 43 materiales de curación y productos para el control de vectores (mosquitos que transmiten virus) fueran entregados a la población afectada ni que ésos se reportaran como remanentes (sobrantes)”.

Esto implica que 25 millones de pesos invertidos en insumos no llegaron a los damnificados, según determinó la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública.

Además, el gobierno de Baja California Sur tampoco reportó al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud (CENAPRECE) las existencias en el almacén del gobierno de 4 mil 193 medicamentos y diversos insumos.

La Auditoría, además, quiso comprobar la entrega de despensas, láminas galvanizadas, cobertores, colchonetas, kits de limpieza y de aseo personal, impermeables, botas, linternas y agua a la población afectada, por lo tanto realizó 131 encuestas a beneficiarios en los municipios de Comondú, Los Cabos y La Paz del estado de Baja California Sur.

Entre los encuestados, 69 personas (52%) no recibió ningún tipo de insumo. Y de los 62 que sí obtuvieron alguna ayuda, en tres casos, los insumos fueron entregados por un partido político y en 38 casos no hubo una repartición equitativa de los insumos.

La Auditoría detectó que los insumos fueron entregados en una sola ocasión, y en algunos casos, después de hasta 45 días posteriores a la emergencia y, algunas veces, los productos de las despensas estaban caducos.

Otras emergencias

El gobierno de Hidalgo gastó 5 millones 774 mil pesos para afrontar las lluvias severas ocurridas en 2014. Sin embargo, “se presume un posible daño al erario” por 289 mil pesos por falta de evidencia de la entrega de 1,200 colchonetas.

Lo mismo ocurrió en Michoacán. El gobierno compró 66 mil 540 colchonetas por 16 millones de pesos sin embargo, “no se acreditó la entrega de 1,100 colchonetas”. En Oaxaca, el gobierno gastó 13 millones 72 mil pesos de insumos que llegaron a un almacén; sin embargo no hay evidencia de quién los recibió.

En Chiapas, la Auditoría revisó la compra y distribución de medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de mosquitos que transmiten virus. Sin embargo, no se proporcionó un registro de entradas y salidas de almacén de los medicamentos.

La Auditoría revisó mil millones 486 mil pesos del Fonden del presupuesto total que ascendió a 2 mil millones 721 mil pesos para 2014. Entre las irregularidades encontradas es que hubo 10 recibos de pago por 30 millones 474 mil pesos cuyas facturas “no contenían el domicilio fiscal del proveedor”.

En 2014 se emitieron 63 declaratorias de emergencia en todo el país y los recursos del Fonden son indispensables para afrontar los desastres.