Existe una fundada preocupación por el futuro de la Suprema Corte de Justicia. Diversos nichos académicos, periodísticos y del activismo social consideran que la renovación de dos ministros, que se efectuará antes de que concluya 2015, será clave para definir el rumbo de la justicia constitucional en los siguientes años. Es cierto que en una institución como la Corte, que se integra por 11 jugadores, el cambio de dos de ellos modifica el equilibrio de fuerzas que define el sentido de sus votaciones. Sin embargo, en esta ocasión se han reunido otros ingredientes que justo vuelven a este proceso de renovación particularmente relevante.

Hay que recordar, en primer lugar, que el nombramiento de Eduardo Medina-Mora como ministro a principios de este año, suscitó una acalorada discusión que por primera vez en la historia reciente rebasó la nata de los abogados y, por algunos días, se ubicó en el centro de la opinión pública. Saltaron críticas, estridencias y peroratas. Pero lo que realmente levantó las cejas de algunos, con independencia de las cualidades como jurista de Medina-Mora, fue el precedente que implicó su nombramiento: un presidente de la República, después de varios lustros, se animó a impulsar a un candidato a la Corte muy cercano a él y que además fue integrante de su administración. Es cierto: es una ingenuidad exigirle a los presidentes que sean imparciales en este tipo de decisiones. Barack Obama, por ejemplo, al nominar a Sonia Sotomayor y Elena Kagan a la Corte Suprema estadunidense, destacó precisamente su singular manera de entender el derecho e, inclusive, varios aspectos de su vida personal. Kagan, de hecho, al ser nominada, era la fiscal general de la administración de Obama.

El punto delicado, entonces, no es que haya subjetividad detrás de la nominación presidencial de un abogado a una Corte constitucional, sino el tipo de resorte de esa parcialidad. Es decir, ¿qué sesgo es más deseable? Aquel que se inclina por un candidato con el que se comparte una idea del papel de la Constitución para articular una determinada visión de la sociedad o aquel que es fruto de una cercanía basada en lazos de amistad, filiaciones partidistas y batallas políticas. En este sentido, la primera nominación judicial del presidente Peña Nieto entreabrió una puerta que permitió percibir en el horizonte de la designación de ministros, cuotas partidistas, abolladuras a la división de poderes y una falta de reflexión seria sobre qué tipo de tribunal constitucional necesita el país. Por ello, no pocos han señalado que bien valdría mantener cerrada esa puerta. Los riesgos no son menores, sobre todo si consideramos la histórica intromisión del presidente de la República en la vida de los otros poderes y la aún joven autonomía de la Corte.

Otro ingrediente significativo en este proceso de renovación es la idea, poco atinada, que ha permeado en el Poder Judicial y, más grave todavía, en las instituciones que definen la integración de la Suprema Corte. Se trata de la creencia de que es indispensable mantener un equilibrio al interior de la Corte entre ministros de carrera judicial y ministros ajenos al invernadero de los tribunales. En los últimos procesos de renovación se ha tenido el cuidado de mantener este balance; en concreto, asegurar un mínimo de jueces constitucionales de carrera judicial —el cual hoy asciende a cinco frente a seis ministros externos. ¿Cuál es el riesgo, no obstante, de renovar la Corte bajo este dogma? Un primer punto es que el éxito de las cortes constitucionales depende en buena medida de la diversidad de sus integrantes: jueces de carrera, también académicos, litigantes y funcionarios públicos de otras ramas del gobierno. Una Corte sin este componente corre el riesgo de resolver los múltiples casos que conoce a partir de una visión monolítica de lo que es la justicia constitucional, sin tener oportunidad de oxigenarse con ideas y perspectivas variopintas.

Algo más: desde hace varios años la Corte ha sido el campo de una batalla por el derecho. Esto es, un enfrentamiento entre diferentes maneras de entender esa herramienta que es el derecho y, no menos importante, su papel frente a los conflictos sociales. Concepciones que con el tiempo se han vuelto cada vez más relevantes para definir los grandes asuntos que llegan a la Corte y que actualmente es posible identificar de manera más o menos clara en dos bloques de ministros. Por un lado, un grupo que entiende el derecho desde una óptica provinciana, formalista y rígida; por el otro, el bloque que lo ve desde una trinchera internacionalista, garantista y creativa. Hay excepciones, por supuesto, pero algo interesante es que en principio los ministros de carrera judicial tienden a ubicarse en el primer grupo. Esto, a mi juicio, es resultado del tipo de transición democrática de nuestro país y el impacto de ésta en la Suprema Corte. En efecto, las enormes ventajas que ofrece una transición gradual hacia la democracia sin un quiebre o punto de inflexión social e institucional, ha tenido un costo muy puntual en la Suprema Corte: oscilar entre viejas prácticas de la impartición de justicia y esfuerzos por dar el salto para erigirse en una institución medular de nuestra democracia.

Este ha sido el ritmo que ha marcado el rumbo de la Corte, por lo menos, desde el año 2000. Así como adopta decisiones de avanzada que amplían la protección de derechos reproductivos y de la diversidad sexual, de repente lanza sentencias en contra de un adecuado ensamblaje de nuestra Constitución con el derecho internacional o que fortalecen la figura del arraigo —ese limbo jurídico que justifica que la autoridad nos prive de la libertad sin ningún indicio, prueba o acusación formal—. Mientras impulsa programas pedagógicos para el resto del Poder Judicial en materia de derechos humanos; al mismo tiempo, con un claro tufo autoritario, cuelga en la entrada de su edificio una colección de pinturas de los ministros aún en funciones —los mismos ministros autorizan un presupuesto con dinero público para hinchar su vanidad con óleo.1 De igual forma, si bien promueve políticas de transparencia de su trabajo jurisdiccional y adopta ciertas medidas de austeridad en su presupuesto, también consiente un histórico nepotismo y tráfico de influencias que cristaliza en un rancio patrimonialismo que considera que el Poder Judicial es de ciertos grupos y familias.

Por ello, es de suma relevancia quebrar ese falso equilibrio entre ministros externos y de casa. No sólo por la indispensable pluralidad que debe existir en una Corte constitucional, sino también porque justo en el momento de consolidación democrática que se encuentra el país es clave que la justicia constitucional se guíe por formas de entender el derecho y la administración de justicia frescas e innovadoras. Una aclaración: no se trata tampoco de que los ministros deban compartir necesariamente una agenda de valores liberales a favor de la interrupción del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y demás temas peliagudos. Más bien, el alegato, insisto, se dirige a la manera como se entiende y usa el derecho para impulsar valores, sean conservadores o liberales.

De ahí que la renovación en los siguientes días de los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y pronto, en 2018, de José Ramón Cossío, sea todavía más crítica. Sus votos, con sus respectivas diferencias en estilo, ambiciones y sofisticación constitucional, han sido el pegamento institucional para construir algunas de las cadenas de precedentes más sólidas de la Corte en temas nada menores como libertad de expresión, debido proceso y protección de la familia. Es cierto: hay ministros de más reciente ingreso, como Arturo Zaldívar, que han tomado la estafeta para continuar de manera sólida esta labor. Sin embargo, el trabajo de la Suprema Corte se define a partir de una lógica aritmética. Más allá de los argumentos, es indispensable sumar votos. Una renovación, por tanto, de estos ministros por otros abogados que no compartan una visión del derecho similar sería la antesala para quebrar este precario equilibrio y definir finalmente, al menos durante los siguientes años, la balanza entre estos dos polos: pasado y futuro de la justicia constitucional.

La Suprema Corte, ciertamente, es el último de los poderes del Estado que adquirió el protagonismo que legítimamente le corresponde en la nueva dinámica democrática del país. A pesar de ciertos destellos mediáticos que han suscitado algunas de sus decisiones, sigue siendo un bicho raro, un animal exótico para el grueso de la población y la opinión pública. Hay que tener presente que la Corte, más allá de sus ritos, formalismos y ridículos uniformes de trabajo, es una arena de juego única en el entramado institucional en el que compiten diferentes proyectos y visiones del mundo. Es una cancha privilegiada para el peloteo de los valores que integran la pluralidad de las democracias contemporáneas y en donde el juego consiste en definir los valores que protege la Constitución y la forma idónea de protegerlos. El forcejeo, vale subrayarlo, no sólo se da entre los litigantes que buscan una resolución favorable a sus intereses. Más aún: la verdadera pugna por formalizar mediante sentencias ciertas ideas y concepciones se da entre los mismos ministros. Es ahí donde nuestros jueces constitucionales, a través de diferentes estrategias, logran mayorías para que prevalezca cierta lectura de las libertades y de las competencias estatales. Y eso es, precisamente, lo que está en el aire en las siguientes designaciones de ministros: el calibre de los jugadores que definirán los valores de nuestra democracia.

Saúl López Noriega

Profesor asociado del CIDE. Su libro más reciente: Manual de periodismo judicial. Tribunales y opinión pública, Tirant Lo Blanch, México, 2015.

1 Los únicos ministros en funciones que no tienen un retrato en esa colección son Eduardo Medina-Mora y Arturo Zaldívar.