Hace más de 10 años, en octubre de 2009, la juez Pilar de Lara ordenaba la detención de una veintena de personas. Comenzaba así la bautizada como "Operación Carioca", una red de prostitución y corrupción que actuaba en Lugo y que se convertiría en el mayor caso de esclavitud sexual destapado hasta la fecha en España.

En los burdeles 'Queens', 'Eros' y 'Volvoreta', ubicados en la ciudad de Lugo, y 'La Colina', en Outeiro de Rei, se había impuesto un régimen del terror, con mujeres prostituidas obligadas a ejercer durante 14 horas diarias, incluso con la menstruación, y un sistema de multas mediante el cual los proxenetas engrosaban constantemente el montante de "la deuda" que debían pagar para conseguir su libertad.

Al frente de todo se encontraba José Manuel García Adán, gerente de los locales, y su ex pareja, identificada con las siglas G.P.S y responsable de la captación de las 54 mujeres, extranjeras en su mayoría. Las víctimas estaban bajo la supervisión directa de José Manuel Pulleiro Núñez, encargado de los establecimientos y señalado por la jueza como el "brazo ejecutor" de García Adán. La fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral únicamente para estos tres acusados, a pesar de que de la investigación se desprende que tejieron una red corrupta con policías y guardias civiles que actuaban como protectores de los proxenetas.

Policías implicados

Es el caso del inspector de la Policía Local José Ramón Vázquez Río, asiduo a los locales, hasta el punto de que las mujeres trataban con él asuntos más propios de un jefe que de un cliente. El agente no pagaba las copas, tenía sexo gratis cuando lo deseaba y accedía a los establecimientos por una puerta reservada al personal.

Un ex empleado testificó que controlaba el libro donde se anotaban el número de "servicios" que se hacían cada noche y una mujer le señaló como el hombre con el que “tuve que hablar para empezar a trabajar". Asimismo, numerosos testigos aseguran haberle visto acceder al comedor, la cocina, la recepción e incluso al despacho de García Adán. Además, el inspector era el propietario de Rivamar Lugo, una inmobiliaria cuya única activa comercial resultó ser el alquiler de la parcela del burdel 'Queens'. Vázquez Río subarriendo el terreno a García Adán por el mismo precio que él pagaba al propietario, es decir, no obtenía ni un solo euro de beneficio por la operación.

El inspector Vázquez Río era un cliente habitual de los locales, no pagaba por tener sexo y controlaba el libro donde se registraba la actividad de las mujeres prostituidas

A pesar de las muchas pruebas que apuntan a una implicación directa, la fiscalía esgrime que son "meros indicios" y que no hay material suficiente para sustentar una relación comercial con los imputados.

Sorprendentemente el escrito del ministerio fiscal apoya cada una de las líneas de defensa de los abogados de Vázquez Río, incluso en los términos que más claramente quedaron dilucidados durante el proceso de instrucción. Así pues reconoce que "tomaba copas y hacía uso de los servicios sexuales", pero esgrime que "lo hacía como particular y no haciendo uso de su condición de policía local".

Esto contraviene frontalmente las declaraciones de los testigos, que aseguran haberle visto uniformado, con el arma reglamentaria y llegando al club en un vehículo policial. El periódico El Salto recoge las palabras de una de las mujeres prostituidas: "Nada más conocerle ya te enseñaba la placa", y recuerda alguna de sus frases: "Soy policía y nunca pago las copas".

El grado de implicación de Vázquez Río era tal que llegó a tramitar las licencias y las multas de los locales e incluso intentó evitar la detención de García Adán cuando agentes de la Brigada de Extranjería acudieron en su arresto.

Ni siquiera tendrá que hacer frente al delito de omisión de perseguir delitos, a pesar de que varias mujeres afirman que se "encargaba de probar a las chicas nuevas". Además, los testigos refieren que entre sus funciones también estaba la de acudir a recoger a las víctimas que llegaban al aeropuerto para trasladarlas a los clubes donde de inmediato eran obligadas a mantener sexo con los clientes.

Vázquez Río no es el único miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se ha visto beneficiado por el trato indolente de la fiscalía. Francisco Javier Fernández Becerra es agente de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Barajas y los investigadores le atribuyen un delito de falsificación de pasaportes para permitir la entrada en el país de las mujeres explotadas por García Adán.

La fiscalía argumenta que no existe un registro oficial donde quede acreditado los horarios y la cabina en la que Fernández Becerra ejercía su trabajo y por tanto "no es posible sostener" su participación en los hechos delictivos.

De nuevo, se obvian indicios de sobrada contundencia, como el testimonio de la ex pareja de García Adán, que le señaló en una identificación fotográfica como una de los colaboradores de la trama, o los numerosos encuentros que mantuvo con el cabecilla de la organización y su lugarteniente, probados con un registro telefónico de más de 60 llamadas entre las tres partes.

En la taquilla de un agente de la Policía Nacional en Barajas se encontró un papel con los nombres de tres mujeres que nada más cruzar la aduana comenzaron a ejercer en los clubes

El ministerio fiscal tampoco atiende a una prueba que la magistrada del caso considera suficiente para la apertura de juicio oral: los investigadores encontraron en su taquilla del aeropuerto un papel con los nombres de tres mujeres y el número de sus vuelos. Tras su llegada a España, las tres comenzaron a ejercer en los locales de García Adán.

Las pesquisas también se han centrado en la figura de un cabo de la Guardia Civil que proponía a las víctimas contraer matrimonio de conveniencia para evitar ser deportadas. Según la investigación, el agente mantenía un contacto frecuente con un subinspector de extranjería de la Policía Nacional, que haría las labores de asesoramiento para solucionar los inconvenientes con los pasaportes: "Entre ambos se prestan favores que trascienden del cumplimiento de sus obligaciones profesionales", recoge la Guardia Civil en su informe. Uno de los testigos protegidos identificó al subinspector como un cliente habitual del club 'Volvoreta', donde "se acostaba con chicas y nunca pagaba".

Otro de los uniformados implicados que tampoco tendrá que rendir cuentas ante la justicia es el conocido con el sobrenombre de "Manolo el coletas". Una de las ex parejas de García Adán le identificó y varios testigos le señalan como un cliente asiduo de los locales. Se trataría de un agente de la policía local, cuya identidad no ha trascendido públicamente, y que actuaría como suministrador de la munición encontrada a García Adán en los registros efectuados por los investigadores.

La fiscalía, por contra, argumenta que solo ha quedado atestiguada una "relación de amistad" entre el policía y el proxeneta, y que en el hipotético caso de que resultara probado el tráfico de armamento, esto solo supondría una sanción administrativa sin consecuencia penales.

La complicidad del Ayuntamiento y la Xunta

La exculpación de los agentes salpicados en la trama ha necesitado del trato displicente del ministerio fiscal, pero no hubiera sido posible sin la complicidad de las administraciones públicas que han hecho gala de una dejadez de funciones inexplicable teniendo en cuenta la gravedad de la sucedido.

Tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Lugo han decidido no tomar partido en el asunto, a pesar de los insistentes reclamos de organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición. "Instamos al Concello de Lugo y a la Xunta de Galicia para que ejerzan sus responsabilidades como administraciones públicas y se personen como acusación popular en la causa para defender los derechos de las mujeres y las menores víctimas de la explotación", reclama Raquel Bernárdez, responsable del Área de la Mujer de Esquerda Unida.

PP y PSOE en el Ayuntamiento de Lugo rechazaron presentarse como acusación popular, porque supondría "un esfuerzo tremendo de medios humanos y materiales"

La petición llevada al pleno del Ayuntamiento para empujar al consistorio a tomar acciones legales fue rechazada con los votos del PP y PSOE. El portavoz socialista rebatió que "el ejercicio de la acción penal está garantizado por la fiscalía" y añadió que personarse en la causa supondría "un esfuerzo tremendo de medios humanos y materiales".

Así las cosas, la operación contra la explotación sexual más importante de la historia de España, que comenzó con un volúmen de imputados superior a la media docena, se saldará con solo tres personas sentadas en el banquillo de los acusados.

*Con información de El Salto.