El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la indemnización impuesta por la Audiencia Nacional al Estado por abandonar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por militares estadounidenses en Irak en 2003, en su batalla legal en Estados Unidos. Según confirman fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado ya ha comunicado que presentará alegaciones a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia, que concluyó que se debía pagar cerca de 182.000 a la esposa y descendientes del cámara de televisión por no haberles prestado ayuda diplomática. Según subrayó aquel fallo, del pasado 11 de diciembre, España “se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos”.

Esta decisión supone un nuevo revés a la familia del periodista asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el Estado debe “reparar el daño causado”, ya que “no consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”. “Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo”, incidieron los magistrados de lo Contencioso-administrativo.

Según fuentes de Exteriores, se ha decidido recurrir por las implicaciones que puede tener la sentencia sobre la política exterior española. Pese a ser consciente del alcance político que tiene contestar una decisión favorable a la familia Couso, el ministerio lo ha hecho para evitar que siente un precedente, informa Lucía Abellán. Una sentencia que obliga al Estado a prestar asistencia diplomática a cualquier ciudadano, sea en el ejercicio de una labor pública o privada, condiciona mucho la labor exterior del país y puede incluso afectar a las relaciones bilaterales con otros Estados, según este razonamiento. “Abre de una manera tan extensiva el derecho de protección consular que es inasumible para el Estado”, ha dicho este martes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha asegurado que se reunió con la familia hace unos días para avanzarles el recurso.

La Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ejecutivo, ya se opuso en la Audiencia Nacional a la indemnización. Los servicios jurídicos del Gobierno alegaron que en el caso de la muerte de Couso “no concurre la relación de causalidad necesaria entre el daño sufrido y la actuación del Estado español”. “La razón estribaría en que el ejercicio de la protección diplomática no constituye, según el derecho internacional, un deber del Estado sino que este goza de una amplia discrecionalidad para ejercitarla o no”, argumentó el Ejecutivo. En aquella fase del proceso, el Estado llegó a pedir, incluso, reducir a 21.315,56 euros la cuantía a abonar a los familiares si ganaban la causa.

Pero los magistrados rechazaron esa tesis e insistieron en que el asesinato de Couso se produjo en unas circunstancias que “constituyen un ilícito internacional”. “Y la Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha”, subrayaron los jueces en su resolución. España sí lo hizo, en cambio, en otros casos anteriores: el Ejecutivo de Felipe González reclamó a Washington que indemnizara a la familia de Juantxu Rodríguez, un fotógrafo abatido en 1989 por marines en Panamá cuando cubría para EL PAÍS la invasión de aquel país por tropas norteamericanas.

Por ello, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado diciembre criticó que España aceptase que EE UU se limitase a afirmar que el “ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento de Couso fue un lamentable accidente”. Pese a que la instrucción de la Audiencia Nacional ya descartó que “los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo” —“el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban”—. Además, el ejército norteamericano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.

“Confiemos en que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, tenga la decencia de no formalizar el recurso anunciado. Está a tiempo rectificar”, ha denunciado el colectivo de abogados Red Jurídica, que representa a la familia en su batalla legal, tras conocer la decisión del Ejecutivo de Sánchez (PSOE). “¿Gobierno del ‘cambio’? ¡Ja! Igual de genuflexos ante EE UU que el PP”, ha escrito también en Twitter uno de los hermanos del cámara de televisión asesinado.

Los Couso lograron esta victoria en la jurisdicción contencioso-administrativa después de que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) cerrara la puerta a la vía penal al recortar la justicia universal. Una reforma de los conservadores, avalada después por el Tribunal Constitucional, que obligó a la Audiencia Nacional a archivar la causa aunque veía la posible existencia de un delito. Este proceso se encuentra ahora a la espera de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie sobre el recurso que ha presentado la familia del reportero.