Más vale tarde que nunca. Once años después de su desaparición y casi cuatro después de recibida la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió a la Argentina que asegure las condiciones necesarias para esclarecer el caso de Jorge Julio López.

Es el albañil de La Plata que había sido secuestrado y torturado durante la última dictadura militar por la banda del represor Miguel Etchecolatz y que volvió a desaparecer el 18 de setiembre de 2006, en pleno gobierno kirchnerista y dos meses después de declarar contra sus secuestradores.

El pedido de la CIDH no lo dice pero está claro que pesó en el ánimo del organismo regional el impacto que está teniendo en la Argentina la desaparición de Santiago Maldonado, hasta ahora sin respuestas concretas ni hipótesis confiables por parte del gobierno de Mauricio Macri, ni del gobierno de Chubut, ni de la Justicia Federal, ni de las policías provinciales.

En medio de la polémica nacional que ha despertado el caso, parecía una broma que la Comisión no hubiera respondido a la denuncia de hace casi cuatro años por alguien que fue víctima de la dictadura militar y desaparecido durante la gestión kirchnerista, también sin respuestas firmes del Estado.

La denuncia por López había sido presentada ante la CIDH el 7 de mayo de 2014 por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la Unión por los Derechos Humanos y por el Comité de Acción Jurídica.

Las entidades fueron asistidas legalmente por cinco abogadas: las doctoras Belén Gil, Pía Garralda, Ailyn Álvarez, Carolina Vilchez y Myriam Bregman. Esta última es la dirigente troskista que se presentará en octubre como candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

El caso de la desaparición de López, en el que Bregman es abogada defensora, se constituyó en un estigma y una contradicción para Cristina y el kirchnerismo.

Siempre buscaron minimizar su importancia, al punto que durante la gestión K el Estado argentino nunca se convirtió en querellante, lo que le hubiera permitido asumir un papel mucho más activo y protagónico en las investigaciones.

Paradójicamente, el Estado argentino pidió convertirse en querellante en abril de 2016, ya en pleno gobierno de Macri. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, hizo la presentación ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Fue rechazada y luego apelada.

En la misma línea, el represor Etchecolatz nunca había sido exonerado de la Policía Bonaerense, hecho que ocurrió hace dos semanas por orden de la gobernadora María Eugenia Vidal, tal como lo anticipó en Clarín el periodista Héctor Gambini.

Rubén López, el hijo del albañil que a los 77 años pasó a ser uno de los casi 200 desaparecidos en democracia, estuvo en Plaza de Mayo el 1º de septiembre durante el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Allí habló con Sergio, el hermano del artesano, que oficia de vocero público de la familia. Le aconsejó confiar en la Justicia pero también le pidió que nunca dejara de controlarla.

El hijo de López tiene sólidas y lamentables razones para la desconfianza.

