La explosión mediática que se viene produciendo en asuntos medioambientales parecería responder a descubrimientos espectaculares que, apasionando a la opinión pública y figurando en el discurso político, podría parecer que están entrando en la agenda de la acción política, es decir, en una perspectiva de solución. Así sucede con el “miedo climático”, cuando la movilización juvenil hace que todo el establishment acuda a saludarla y halagarla; y con la marea de plásticos que nos agobia y ahoga, redoblándose las intenciones y promesas del ahorro y el reciclado; o con el asalto a la naturaleza, con los datos terroríficos sobre la extinción de especies.

Más específicamente, en España nos hemos sobresaltado, casi de la noche a la mañana, por el vaciamiento de la mitad de nuestras provincias y de miles de nuestros pueblos, desde 20.000 habitantes hacia abajo: un proceso que, sin embargo, se inició a finales de los años 1950 y que –con el industrialismo, el progreso técnico y el virus consumista– ha parecido inscrito, durante mucho tiempo, en el devenir lógico de un país que se hacía potente y rico (y democrático: este fenómeno se nos ha hecho ver como omnipresente en la evolución de las sociedades desarrolladas).

Todo esto, la intensa deriva antiecológica de nuestras sociedades, la inviabilidad de un mundo que maltrata deportivamente a la naturaleza, la humillación de pueblos y gentes… es el resultado del imperio incontestado de un modelo socioeconómico que viene neutralizando sus crímenes con promesas de progreso (consumista), migajas compensatorias (a los daños inocultables) y espejismos innumerables (que prosperan, entonteciéndonos, gracias a la potente maquinaria mediática de los poderes implicados). Ahora es el momento de poner de relieve que las críticas (siempre minoritarias) desde los sectores más preocupados y reflexivos de la sociedad no han cesado de advertir, explicar y proponer.

La conversión en espectáculo –noticias llamativas, reportajes emotivos, imágenes horripilantes, solemnes reuniones internacionales… – de estos dramas consolidados nada bueno augura, ya que las apariencias suelen negar los contenidos, y este es, como siempre, el riesgo principal. La despoblación de la España interior (que afecta a todo el territorio, incluidas las comarcas interiores de las provincias costeras) ha llegado a adquirir cierta (tampoco mucha) presencia en las recientes campañas electorales, y la mayor parte de los pronunciamientos escuchados a modo de programa o de intención sobre políticas futuras coincidían en lugares comunes como conectar debidamente a Internet esas poblaciones residuales y marginadas, promocionar el turismo rural, el teletrabajo y las energías renovables… en definitiva, aumentar la productividad de nuestro campo pero no la población ni la actividad agraria que le es propia, ya que se sigue considerando que su hundimiento se debe a un retraso productivo secular respecto de la industria y la ciudad. Y se ha eludido reivindicar el campo y el agro como actividad esencial y propia de la España vacía, que es en realidad lo único que puede hacerlo revivir. Siempre y cuando se liberen las mentes y las políticas de rémoras y necedades –agricultura rentable, libre mercado, cuotas de exportación– absolutamente incompatibles con las necesidades del campo y del país, al tener que afrontar una época incierta e inquietante, en la que no hay más remedio que abandonar principios y prácticas de la economía liberal.

El marco general, por supuesto, debe ser la formulación de una política estatal que combine los criterios de la ordenación del territorio con una política agraria “hacia adentro”. Perdimos el paso cuando abandonamos las políticas físico-territoriales, que incluían desde planes comarcales de ordenación (global: física, ambiental y socioeconómica) hasta un plan de dimensión estatal. Pero llegaron las autonomías, que recibieron las competencias territoriales y urbanísticas para ignorarlas (cuando no para pervertirlas), se inició la larga marcha liberaloide de menosprecio de lo público y hostilidad hacia cualquier planificación y nos creímos que nuestros problemas estructurales –concretamente, los del campo– los iban a resolver las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), comunitaria.

El verdadero influjo de la PAC, obsesiva de la productividad y la rentabilidad, nos ha forzado a la transformación del campo en una maquinaria de ineficiencia alimentaria y de generación de múltiples contaminaciones integrales (aguas, suelos, aire), de acaparamiento de un agua escasa (el 80 por 100 del consumo total va al campo) y de exportaciones con mucho de ficción; confluyendo todo ello en el desarraigo, un interminable desarraigo de las poblaciones campesinas; todo ello se ha convertido en un gigantesco problema –por sus dimensiones y su complejidad– que, con seguridad, ningún gobierno querrá acometer en sus justas y debidas medidas y necesidad.

Así, nuestro campo más productivo en términos monetarios, el del regadío intensivo (la “agricultura mediterránea” de exportación) resulta ser una catástrofe alimentaria y ambiental ya que, en términos energético-alimentarios, consume mucho más de lo que produce, con un regadío insostenible, que se ha ensanchado a base de miles de hectáreas ilegales, ya que la Ley de Aguas de 1985 ni se ha respetado ni se respeta; la inutilidad de una ley prudente y previsora se debe en parte a las manipulaciones que introdujo en su día el ex ministro Arias Cañete con el Real Decreto Legislativo de 2001, que aprobaba el “texto refundido” de la ley de Aguas, para favorecer, precisamente los regadíos, contraviniendo el espíritu de la propia ley.

Por otra parte, no hay que olvidar que al exportar productos agrícolas gran consumidores en agua y energía –recursos, ambos, que subvencionamos de la forma más necia imaginable– exportamos, con ellos, un agua cada vez más escasa y una energía cuya producción y consumo nos deja una importante contaminación ambiental, además del deterioro de los suelos y de la salud de quienes trabajan en estas actividades; es decir, que la exportación al exterior de un producto limpio tiene como contrapartida la contaminación en origen (que no compensa, en términos ambientales, las divisas logradas).

De modo que conviene ser realistas e ir reduciendo las hectáreas de agricultura intensiva, antes de que el deterioro de nuestros suelos sea más extensivo y agudo. Y recuperar los cultivos de secano que sí son eficientes agroalimentariamente e impactan de manera infinitamente menor en el medio ambiente. Es el secano el que hay que subvencionar y el que necesita de verdaderas políticas agrarias y territoriales, promoviendo los empleos juveniles y la sujeción al medio rural.

Reconozcamos que en las últimas décadas, y sobre todo a consecuencia de la crisis que tanto ha castigado a las capas populares y a los jóvenes, se ha ido revelando cierta hambre de campo y paisaje, silencio y armonía con la naturaleza. Y que los “regresos” al pueblo, en fines de semana, fiestas o vacaciones, son momentos de reencuentro intenso, aunque fugaz, tanto en lo espiritual y anímico como en lo físico y psicológico. Y que los heroicos, y puntuales, regresos de jóvenes, arrostrando todo tipo de incertidumbres, son la prueba de que es posible recuperar el mundo rural (y de que nuestro país tiene en ello su asignatura pendiente más decisiva).