Por Lourdes Encinas Moreno

Ehui.com/Primera Plana

A un año del incendio en la guardería ABC el rompecabezas empieza a acomodarse, la existencia de un tercer peritaje independiente, que acredita la intencionalidad del siniestro en la bodega del Gobierno de Sonora, se perfila como la base con la que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda proceder a la reclasificación el delito de culposo a doloso, fincando responsabilidad penal a ex funcionarios de primer nivel, incluido Eduardo Bours Castelo.

Con información confirmada de fuentes involucradas en la investigación, que por seguridad pidieron el anonimato, revelan que el presidente Felipe Calderón Hinojosa instruyó a la PGR para que llame al responsable de este dictamen para que lo ratifique y, de ser así, reclasificar el delito de lesiones y homicidio culposo a doloso, que no alcanza fianza, por lo que los inculpados llevarían el proceso tras las rejas.

Las conclusiones de este peritaje sobre el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, que pasó a la guardería ABC, son:

Que se produjo por la mano del hombre,

Se encontró evidencia de acelaradores químicos,

La fuente de ignición fue una llama directa,

La papelería almacenada fungió como combustible

Que inició antes o al mismo tiempo de que los empleados abandonaran el lugar.

Este peritaje, al cual se tuvo acceso, fue solicitado a la PGR en base a la demanda interpuesta por un grupo de padres de niños lesionados, se realizó el 4 y 5 de enero de 2010 por la Associated Fire Consultants, Incorporated (Asociación Nacional de Protección del Fuego), con sede en Tucson, Arizona. El documento es firmado por David Smith, con fecha de 4 de febrero de 2010.

Se utilizó la metodología de la Asociación Nacional de Protección del Fuego, Documento NFPA 921 (por sus siglas en inglés), “A Guide for Fire en Explosion Investigation” (Guía para Investigación de Fuego y Explosiones) y del cual Smith es coautor.

El NFPA 921 se ha usado como un estándar para investigadores profesionales de incendios, así como el sistema para la corte en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en cuanto al origen del incendio y testigos causales expertos. También es usado en Centro y Sudamérica.

El incendio: origen, causa y responsabilidad





Este peritaje clasificó el siniestro de la bodega como “incendiario”, es decir, “intencionalmente provocado bajo circunstancias en las cuales la persona sabe que el incendio no debería de iniciarse”.

En el documento se subraya que el papel contenido en las cajas de archivo se consumieron en su totalidad, lo que califican de “extraordinario” ya que “es extremadamente difícil quemar completamente papel apilado, debido a su masa y falta de oxígeno al interior de la pila”. Se notó que el fondo de las cajas de papel estaba parcialmente consumido a nivel del piso en una patente irregular.

“Las patentes observadas son consistentes con la aplicación de líquido de ignición, comúnmente referidos como aceleradores. No se encontró en el área ningún contenedor que pudiera explicar potencialmente la fuente del líquido acelerador de manera accidental”.

En su conclusión de la causa del incendio, el señor Smith establece que de acuerdo a NFPA 921, el aire en la bodega hizo las veces de oxidante, el primer combustible es muy probablemente combustible ligero en forma de “archivos gubernamentales” y la fuente de ignición puede ser inferida como una flama directa, ya que no se sabe de otras fuentes de ignición presentes.

“La forma y ubicación de patentes irregulares de líquido en el piso dañado son consistentes, en este caso, con la distribución de líquido de ignición. Desafortunadamente, la demora de siete meses entre el incendio y la inspección de un servidor evita que los análisis de laboratorio del escombro confirmen la presencia o tipo de líquido de ignición”, señala David Smith.

El dictamen concluye con la definición de responsabilidades derivado del origen del incendio, en este caso en la bodega de Hacienda estatal y, al no ser un evento fortuito, señala a la persona o personas que tenían acceso a este lugar, durante el tiempo que estaba ocupada por empleados estatales.

“Información recibida, representando que el incendio fue descubierto antes de 10 minutos después de que los empleados salieran, refuerzan la opinión de que el fuego había comenzado antes de o al mismo tiempo que los empleados salían. El volumen en metros cúbicos del edificio podría proveer naturalmente un período prolongado de tiempo para que el humo y el calor se concentraran al interior, antes de que éste se ventilara al exterior.

En ningún momento se hace mención al cooler. Tanto el peritaje de la PGJE como el de la SCJN, realizado éste por The McMullen Company, coincidieron en que el incendio se originó por el sobrecalentamiento del motor del cooler.

La cronología

En su primera declaración ante la PGJE, empleados de la bodega estatal, declararon que abandonaron la bodega de hacienda a las 2.45 de la tarde. Sin embargo, quedó acreditado en los expedientes judiciales que ésa fue la hora en que empezó a quemarse la guardería.

Quedó asentado también que la primer llamada que se recibió en el C4 fue a las 2.54 pm y a las 2.56 se asignó a la primer patrulla para acudir al lugar.

El peritaje de los norteamericanos reveló que debido al área de la bodega, debió generarse 10 minutos antes o al mismo tiempo que los empleados salían de la bodega.

El documento

En rueda de prensa junto a Bours Castelo, el 6 de junio, el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, declaró que la guardería ABC había aprobado la última revisión realizada a sus instalaciones en mayo de 2009.

El 12 de junio, en rueda de prensa conjunta el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora y el procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, dio a conocer la existencia de un documento en el que se hacía notar a los dueños de la guardería ABC sobre fallas en el sistema de seguridad que debían ser subsanadas.

Ese mismo día, Alfonso Escalante Hoeffer, esposo de una de las socias de la guardería, desmintió su existencia.

El 16 de junio, Murrieta Gutiérrez, y el entonces delegado de la PGR en Sonora, Martín Godoy Castro, presentaron el documento supuestamente emitido el 26 de julio de 2005 por Emigdio Martínez García, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, dirigido al entonces representante legal de la guardería, Marcelo Meouchi Tirado, en el que se pedía subsanar las irregularidades de contar con techo de falso plafón, la cubierta de poliuretano espreado sin revestimiento y la falta de salidas de emergencia.

En el transcurso de la investigación, quedó acreditado en la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/1132/2009, el testimonio de Martínez García, afirmando que ése documento es falso, puesto que carecía de las claves de seguridad que él solía utilizar en los documentos que firmaba y desconociendo la rúbrica. Tiempo después, Emigidio Martínez falleció víctima de cáncer.

El tercer dictamen

La existencia del dictamen de Associated Fire Consultants, Incorporated, fue revelada en febrero pasado por un grupo de padres de menores fallecidos, llamado “Manos Unidas por Nuestros Niños”.

Al no haber revelado copia del peritaje, éste no fue validado por el resto de los padres de familia. Que para ese momento, estaban ya divididos en grupos: “Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio”, y con la misma representación legal los de “Manos Unidas por Nuestros Niños”, “Salud y Justicia” y “Padres Unidos”.

El 30 de abril, una representación de padres de niños fallecidos, lesionados y de los heridos más graves, pertenecientes a estos últimos grupos, fueron recibidos en Los Pinos por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo su esposa Margarita Zavala el conducto.

Al presidente, se le entregó copia de este peritaje, que se realizó en coadyuvancia con la PGR. En ese encuentro estuvieron presentes el director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, la primera dama, Margarita Zavala y el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena.

El otro caso

El 29 de septiembre de 2002, mientras la atención de medios y sociedad estaba centrada en la elección del candidato del PRI al Gobierno de Sonora, una bodega de la entonces Secretaría de Finanzas se incendiaba. Eduardo Bours Castelo se alzó ese día con la victoria.

La nota del periódico El Imparcial, escrita por el entonces reportero José Larrinaga Talamantes, hoy vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), da cuenta de que se tardaron 12 horas en sofocar el incendio que consumió papelería y las instalaciones. No hubo ningún herido, sólo daños materiales.

A la postre, trascendió que esa bodega, propiedad de Efraín Monreal, almacenaba la documentación del cuestionado proceso de regularización de autos “chuecos”, que terminó con una investigación de Contraloría.

Siete años después, el 5 de junio de 2009, al final del sexenio de Bours Castelo, otra bodega de la ahora llamada Secretaría de Hacienda de Sonora se incendió. Las consecuencias, sin embargo, resultaron brutalmente distintas: el saldo fue 49 niños muertos y 75 lesionados.

Esta bodega estaba en la misma nave industrial que la guardería ABC, subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), separados por un muro, pero compartiendo un mismo techo, desprendido en ciertas áreas, lo que permitió el paso del humo y las llamas a la estancia infantil.

La bodega y la guardería

La guardería ABC inició operaciones de 2001, obteniendo la autorización el 6 de agosto de ese año, bajo el esquema de subrogación a particulares. El contrato de renovación fue firmado el 29 de diciembre de 2006, por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, con vigencia hasta diciembre de 2009.

Es decir, la guardería se instaló primero que la bodega estatal.

El contrato de arrendamiento de la bodega fue signado el 14 de febrero de 2002, siendo la última renovación el 1 de enero de 2009 con vigencia al 31 de diciembre del mismo año, pagando una renta mensual de 41 mil 337.29 pesos a sus propietarios.

Firmaron sus propietarios María Esmeralda Matiella Mendoza y/o José Manuel Matiella Urquidez y por los entoncesDirector Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y el Coordinador Estatal de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Ramírez.

En la cláusula cuatro del contrato, se específico que su uso sería exclusivo para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación. Sin embargo, al momento del incendio se acreditó la existencia de cajas con papelería y tres vehículos con gasolina en su tanque.

Las instalaciones de la bodega están clasificadas como de Alto Riesgo. Quedando acreditado en los peritajes que no cumplía con las normas de seguridad, al no contar ni siquiera con detectores de humo, extinguidores, aspersores ni salidas de emergencia; así como con una instalación eléctrica inadecuada.

Quedó asentado también que no existe documento alguno de Protección Civil que acredite que se le haya realizado alguna inspección.

Por su ubicación y tamaño, la guardería ABC era una de las más solicitadas de la ciudad, teniendo incluso lista de espera. Nunca se pudo precisar cuántos niños exactamente estaban en la estancia al momento del incendio, dando las autoridades un número no corroborado de 142 pequeños.