MANUEL ÁLVAREZ TARDÍO

No hace mucho hemos conocido un comunicado de la plataforma Ganemos Madrid en el que critican la conformación -y algo más- de la comisión creada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a propósito de la aplicación de la llamada ley de la memoria histórica. A juzgar por su contenido, parece que 40 años después de concluido el periodo ominoso de la dictadura de Franco, el antifranquismo se resiste a morir. Sigue siendo un ingrediente primordial en la movilización de sectores de la izquierda antiliberal y anticapitalista, ahora englobados en las nuevas plataformas ciudadanas. Pero, ¿también en el Partido Socialista?

El PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra lo mantuvo a buen recaudo, a sabiendas del peligro que entrañaba. Era un partido de mayorías que no podía perder el voto de los moderados. Puesto que los socialistas habían contribuido mucho a la fundación de la nueva democracia y al desmantelamiento pactado de las instituciones franquistas, cuanto más insistieran en que sus políticas y su reformismo habían enterrado la vieja España, menos coherente era sacar a pasear el antifranquismo. Ellos, además, no habían beatificado a sus antecesores socialistas de los años 30 y habían aprendido a rentabilizar una moderada autocrítica con la que abandonar el marxismo y defender la conciliación de monarquía, democracia y pluralismo, todo un hito en una formación con un pasado traumático. En fin, el partido de Largo Caballero en 1936 y el de Felipe González en 1982 eran completamente diferentes.

Sin embargo, tras 14 años en el Gobierno, el PSOE no remató su propia transición ideológica, temeroso de verse privado de una parte de su identidad histórica. Y, tras abandonar el poder, González no tardó mucho en mostrar cierto arrepentimiento por no haber sido más contundente en su antifranquismo, como si la victoria de la derecha en las urnas, a finales del siglo, fuera una aberración fruto de la pervivencia de la dictadura. Era un juego arriesgado porque si el PSOE aceptaba una parte de lo que las izquierdas marginales habían estado diciendo durante años sobre la Transición (esto es, que era una operación dirigida por franquistas para mantener las estructuras de poder de la dictadura, que no se había fundado una democracia completa y que no se había rendido honores a los vencidos de la Guerra Civil), era su propia trayectoria política, desde 1976 en adelante, lo que acabaría estando en entredicho.

Años después, el nuevo presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, no lo entendió así. Se apresuró a redefinir el espacio ideológico del socialismo español pensando que podría abrir la puerta de las instituciones a los debates sobre el pasado sin que éste se convirtiera en un arma arrojadiza. Era una apuesta peligrosa para la identidad electoral del PSOE, que había sido hasta entonces un partido situado en la centralidad. Pero el nuevo secretario general de los socialistas coqueteó en los márgenes de su izquierda para apropiarse de un discurso que, sin embargo, los radicales enarbolaban con más convicción y firmeza: si la democracia española se enfrentaba cara a cara a las huellas del franquismo, seguiría siendo una democracia imperfecta en beneficio de la derecha. Zapatero no se fue hacia el centro sino todo lo contrario, como si quisiera suplir el agotamiento ideológico de la socialdemocracia con una dosis de identidad antifranquista. Pero lo hizo a costa de situar a su partido en contra de su propio pasado. Porque la postura de los socialistas durante la etapa constituyente y sus primeros años de gobierno no era compatible con un discurso que, se quisiera o no, terminaba dando la razón a los radicales que denunciaban la Transición como un pacto amnésico, injusto con los vencidos y responsable de un travestismo que había mantenido vivo el poder franquista. Pero lo peor es que desarmaba a los socialistas ante la contundencia de quienes querían demoler la herencia de la Transición, y no sólo por lo que aquella tuvo de reconciliación y pacto, sino básicamente porque permitió instaurar una democracia representativa y garantizó el pluralismo y la economía de mercado.

Si se estaba contra el franquismo es porque éste último seguía vivo, lo que quería decir que alguien tenía que encarnarlo. Por consiguiente, 30 años después de aprobada la Constitución, el antifranquismo era una buena arma para atacar al PP. Sin embargo, lo que no entendió bien la dirección del PSOE, de nuevo en el gobierno desde 2004, es que si el franquismo no había muerto todavía, el problema no podía estar sólo en la derecha sino en ellos mismos, esto es, el centroizquierda que lo había consentido. ¿Acaso el PSOE no había gobernado durante muchos años una economía de mercado, había sido un firme defensor de la institución monárquica, había respetado los acuerdos Iglesia-Estado y había cumplido con los pactos suscritos con sus socios europeos en materias como la legislación comercial e industrial? El PP, por heredero de AP y por ser la derecha, encarnaba en sí mismo y sin necesidad de demostración empírica, el franquismo. Pero a los ojos de la izquierda situada en los extramuros de la democracia constitucional del 78, el PSOE no sólo era un cómplice sino también quien había acabado mimetizándose con las estructuras del poder posfranquistas, haciendo lo mismo que la derecha. Así pues, sólo era cuestión de tiempo y oportunidad (la movilización del 15-M, el despliegue de populismo a través de la telepolítica y, sobre todo, las contradicciones de la política económica entre 2007 y 2011) que los socialistas se vieran desbordados por su izquierda y atrapados en su propia paradoja: protagonistas felices de la Transición y cómplices vergonzantes de sus críticos antiliberales.

En estos términos, era perfectamente predecible lo que esperaba al grupo de trabajo que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido para resolver el asunto de la memoria histórica. El hecho de que su presidenta sea socialista y la comisión tenga una composición variada no la ha protegido de una dura crítica por parte de aquellos a quienes el Partido Socialista apoyó para presidir el Gobierno de la ciudad.

El comunicado de Ganemos Madrid ha devuelto a los socialistas a la realidad de sus contradicciones: les "alarma", han dicho, que la presidenta de la citada comisión, Francisca Sauquillo, haya dicho que la "Memoria Histórica se recupera por consenso", puesto que, para ellos, lo que está en juego es la "justicia" que debe hacerse a las víctimas de un "golpe militar contra un gobierno democrático". Enunciado este diagnóstico sobre el pasado de forma tan categórica y simplista, es evidente que para los ciudadanos de Ganemos no cabe consensuar nada. A un integrante de la comisión, un académico próximo a los socialistas, le han reprochado su "oposición a la nulidad de los juicios del franquismo". También han puesto el grito en el cielo por el mero hecho de que otro de los miembros (uno entre seis) haya sido propuesto por el PP. Y han dejado claro que no hay antifranquismo que se precie sin una referencia a la Iglesia: ésta, en tanto que antigua aliada del franquismo, no debería tener voz ni voto en la citada comisión.

Seguro que la toma de postura de la gente de Ganemos ha extrañado a algunos socialistas, que quizá habían esperado más comprensión por parte de quienes les deben la alcaldía, a sabiendas de que ellos, desde una posición de respetable centroizquierda, serían capaces de dar por cerrado el asunto con una combinación adecuada de prudencia y respaldo académico. Pero no hay nada de extraño en la recriminación ideológica que les han hecho los de la sucursal de Podemos. Porque o el franquismo está muerto y no cabe deslegitimar la Transición por esa vía, ni por lo tanto a quienes han gobernado el país en estos 30 años; o si aquella fue imperfecta y la dictadura sigue vigente por otros medios, el PSOE no puede apelar al consenso, puesto que eso le conduce directamente a la derecha y a quienes encarnan el franquismo redivivo. Probablemente, al PSOE de los años 80 no le habría llevado un minuto decidir en esta disyuntiva: seguir o no de comparsa de quienes utilizan el antifranquismo para disimular una concepción perversa de la ciudadanía.

Manuel Álvarez Tardío es profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad Rey Juan Carlos.