En la City ya empezó la dolarización de las carteras, por precaución, en caso de imponerse el proyecto de Sergio Massa sobre la renta financiera, por el cual los plazos fijos mayores a $ 1,5 millón deberán pagar impuestos.



El punto es que es acumulativo, por lo cual la base imponible es con cada renovación. Quien tiene más de $ 125.000 y renueva sistemáticamente cada 30 días, entra en ese stock total de base imponible, porque suma $ 1,5 millón al año. La idea del proyecto es hacer que el ahorrista se vea obligado a inmovilizar el depósito a mayores plazos que a 30 días: por eso dice que se da con cada inversión.



Pero aún cuando revisen esa condición, la renta financiera puede afectar a unos 225.000 depositantes que tienen entre $ 1 y $ 5 millones, por un total de $ 50.000 millones (sobre un total de $ 510.000 millones en depósitos). Con que sólo una parte buscara refugio en el billete, obligaría al gobierno a buscar deuda en el exterior para abastecer el mercado.



En el corto plazo implica una aceleración en la demanda de dólares en un momento en que la demanda neta de las personas físicas alcanza a entre los u$s 800 a u$s 1000 millones por mes. En los primeros diez meses del año, las personas físicas compraron por u$s 14.278 millones y vendieron por u$s 4857 millones: casi u$s 10.000 millones abajo está el sistema con los ahorristas pequeños y medianos, de hasta $ 5 millones de capital.



De hecho, ayer la demanda de dólares saltó en el MULC, y no precisamente la comercial: hubo mucha compra de minoristas a los que le vencen Lebac que, por las dudas, se están adelantando antes de que, eventualmente, salga a la luz el impuesto a la renta financiera.



El otro gran inconveniente es que el crédito de los bancos se va a encarecer. En la City estiman que las tasas de préstamos a empresas podrían llegar a subir entre 5 y 6 puntos si el proyecto de Massa sale tal cual existe hoy. El encarecimiento de los créditos vendrá más que nada por la dolarización de carteras de los minoristas: con tasas reales negativas de 10% ninguno ahorrará en pesos, y los bancos deberán subir la Badlar para compensar: con la Lebac en plena reducción, la Badlar referencia de todo el mercado puede hacer más profunda la recesión. Encarecería el crédito porque los bancos deberían salir a sostener los depósitos más grandes ante la huida. Una tasa del 21% hoy (con el impuesto del 20 o 30%) deja una tasa efectiva de 15%, versus una expectativa de inflación del 22%. Ante este escenario, los bancos tendrían que salir a pagar más por los depósitos y eso encarecería los préstamos de más corto plazo, como consumo, tarjetas de crédito, prendamos y personales.



"Acá hay un peligro estructural para $ 50.000 millones, ya que el colapso de la tasa efectiva a 14% por el impuesto llevará a una silenciosa huida al dólar", especulan en las mesas. El principal problema para el gobierno es que Argentina tiene una masa de ahorristas muy grande y muy sensible a las expectativas de su rentabilidad. "Pueden soportar tasas negativas de 4 o 5%, pero no de 7 o 10% como sería con un impuesto, sin importar la escala. Sería un golpe muy duro que los haría migrar al billete. Históricamente, cuando la tasa negativa superó el 5%, la demanda de dólares se disparó", recuerdan los mesadineristas, con números en la mano. Muestran que hay 2,9 millones de cuentas en plazo fijo y 95% son de minoristas, que van desde $ 5.000 a $ 5 millones. Si a eso se le suma tenedores de bonos y acciones, todas personas físicas exentas (no las jurídicas), habría una demanda potencial por u$s 2.000 millones extra. "Un impuesto progresivo de entre 10 y 35% a las personas físicas generaría una migración a dólar a lo largo de 2017 de u$s 5200 millones.

El problema aún más grave es que el gobierno emitió por u$s 50.000 millones de deuda, de los cuales entraron al país u$s 20.000 millones: la mitad de ese monto se los llevaron los ahorristas. El año que viene, si sale este impuesto, ¿cómo harán para planchar al dólar y evitar que el tema inflacionario no se les descontrole?", se preguntan en el sector.



El problema está entre los depósitos de $ 750.000 a $ 2 millones: muchos de ellos no son usados para vivir, sino como inversión, y son los más sensibles a la tasa real negativa. Son ahorristas que cuando tengan el vencimiento, si esta ley sale, irán al dólar, que sólo paga bienes personales. Eso podría generar una demanda en el año, sólo de depositantes, en torno a u$s 3200 millones. Pero el otro inconveniente es que también muchas personas físicas, que tienen cuentas en fondos comunes, en cuentas administradas de bolsa, en bonos, y que podrían pagar la tasa máxima del impuesto del 35%, podrían migrar también hacia el refugio de valor de la divisa.



El otro peligro es el efecto en cadena, porque si el dólar comienza a subir, gente que tiene depósitos mas chicos y no viven de esa renta comenzarán a sumarse. Incluso el Argentina emergente de julio de 2017 correría peligro, porque el MSCI exige que no se cobre impuestos a depósitos y a la compra-venta en el mercado de capitales para mantener el suministro de liquidez. Perú, por ejemplo, tuvo que reformar la ley para seguir siendo emergente y le quitó un impuesto a las ganancias a la compra-venta de bolsa.