Héctor Illueca, Manolo Monereo y Julio Anguita

Los Presupuestos Generales del Estado son una especie de mapa que refleja las prioridades y objetivos de los poderes públicos. Nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Pues bien, a la vista del “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado-2019” suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos (“Acuerdo”, en adelante), parece que en nuestro país se está produciendo un importante giro social con respecto a las políticas que se han venido aplicando desde que empezó la crisis económica. El Acuerdo constituye un auténtico programa de gobierno que afecta a aspectos muy sensibles para el bienestar de la ciudadanía, tales como sanidad, vivienda, dependencia, empleo y protección social… Pero, si hemos de destacar dos cuestiones a fin de calibrar su importancia, éstas son, sin duda, las medidas y compromisos adoptados en materia de pensiones y salario mínimo interprofesional (SMI). En los párrafos siguientes nos referiremos a estos aspectos, tratando de precisar su significado y alcance en el contexto político que atravesamos.

Por lo que respecta a las pensiones públicas, el Acuerdo prevé su revalorización con arreglo al IPC en 2018 y 2019, garantizando así el poder adquisitivo de los pensionistas. Pero no sólo eso. El texto recoge expresamente el compromiso de los firmantes de impulsar una reforma legislativa orientada a la recuperación del IPC como valor de referencia para la revalorización de las pensiones con carácter permanente, lo que afectaría al núcleo duro de la reforma perpetrada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular. Ello es importante, al menos, por dos motivos: en primer lugar, porque conecta dicho Acuerdo con las principales reivindicaciones de los pensionistas, un colectivo movilizado y crecientemente organizado que se ha convertido en un importante actor de la política española; y en segundo lugar, porque supone un distanciamiento con la Unión Europea y otros organismos internacionales como el FMI, que en las últimas semanas han expresado un contundente rechazo a la posibilidad de que el IPC volviera a ser el indicador al que se vincule la actualización de las pensiones.

Siendo todo ello importante, la medida de mayor impacto ha sido la subida del SMI a 900 euros mensuales, lo que supone un incremento superior al 22 por ciento en términos reales con respecto a la situación anterior. Para comprender la relevancia de esta medida conviene reparar, siquiera someramente, en la función que desempeña el SMI en el mercado de trabajo. El salario mínimo constituye un ingreso irreductible fijado por el poder público e insusceptible de modificación por la negociación colectiva o individual: un suelo de la contratación por debajo del cual es ilegal trabajar para otro. En general, el SMI tiene menos importancia en los países que poseen un sistema de negociación colectiva fuerte y bien consolidado, en el que los agentes sociales establecen de manera autónoma los límites salariales; en cambio, adquiere protagonismo en aquellos otros en los que la negociación colectiva, o bien no se ha desarrollado, o ha sido devaluada en favor de la negociación individual entre empresarios y trabajadores. Pues bien, éste es precisamente el caso de España, cuyo mercado de trabajo, tras la reforma laboral de 2012, se parece cada vez más al de los países subdesarrollados.

En efecto, siempre se había entendido que los perceptores del SMI eran exclusivamente los trabajadores que no están cubiertos por ningún convenio colectivo, lo que representa una exigua proporción de la población asalariada (alrededor del 1 por ciento). En la actualidad, sin embargo, esta cifra se ha multiplicado debido a los efectos de la reforma laboral sobre la negociación colectiva. La proliferación de los acuerdos de empresa, la aplicación generalizada de descuelgues salariales y la eliminación de la ultraactividad del convenio han provocado una violenta devaluación salarial que ha situado a muchos trabajadores en el umbral del SMI o en cifras muy próximas, ampliando de forma exorbitante los efectos de cualquier incremento en su cuantía. Según datos del Banco de España, los trabajadores directamente afectados por una medida como ésta podrían alcanzar el 12,2 por ciento del total, o sea, más de millón y medio de personas, lo que nos permite valorar en su justo término la magnitud del Acuerdo de referencia. Y eso no es todo. El incremento del SMI influirá en las estrategias de los agentes sociales en la negociación colectiva, alejando el horizonte de moderación salarial que ha caracterizado estos años.

El principal riesgo que presenta esta medida, que ya ha sido criticada por la CEOE, es precisamente la resistencia patronal a su aplicación en las empresas. Recordemos que las sucesivas reformas del trabajo a tiempo parcial han fomentado el uso abusivo de esta modalidad contractual para enmascarar jornadas a tiempo completo, lo que se traduce en un grave perjuicio sobre los derechos laborales del trabajador y en un menoscabo para las arcas de la Seguridad Social. Es muy probable que, dada la desregulación existente en este ámbito, muchas empresas traten de eludir el incremento del SMI mediante una reducción ficticia de la jornada de trabajo, de modo que el trabajador trabaje las mismas horas y siga cobrando lo mismo. Los controles administrativos que sin duda se implementarán son insuficientes para neutralizar este riesgo, que exige una reestructuración del trabajo a tiempo parcial ordenada a facilitar las tareas de control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por eso es tan importante que el Acuerdo se refiera expresamente a este asunto y anuncie compromisos de futuro en esta materia.

La revalorización de las pensiones y el incremento del SMI son los aspectos más llamativos del Acuerdo alcanzado por el Gobierno y Unidos Podemos, pero no queremos dejar de mencionar otras medidas de gran relevancia sociolaboral: la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la igualdad salarial entre mujeres y hombres o la protección de los trabajadores de las empresas subcontratistas, entre otras, son propuestas positivas para promover un mercado laboral más equitativo e inclusivo. En este sentido, merecen especial mención el anuncio de la derogación inmediata de los aspectos más lesivos de la última reforma laboral, particularmente en materia de negociación colectiva, y el compromiso de desvincular el contrato para obra o servicio de las contratas empresariales, una de las prácticas que más ha contribuido a la precarización del mercado de trabajo. Ambas medidas dan cumplimiento a la reciente Resolución del Parlamento Europeo en la que se pide a los Estados miembros que luchen contra la precariedad laboral y contra la utilización abusiva de los contratos temporales.

La negociación ha sido muy difícil y hay que poner en valor el trabajo que ha realizado Unidos Podemos. Se dirá, con razón, que el Acuerdo es perfectible y que España necesita cambios de mayor calado. Pero es un paso importante para mejorar las condiciones de vida de muchas personas. En nuestra opinión, el texto expresa un compromiso razonable entre las principales fuerzas políticas que impulsaron la moción de censura. Y lo que es más importante, apela a una amplia coalición social entre los estratos medios y las clases populares golpeadas por las políticas de austeridad europeas. Subsisten, claro está, algunos interrogantes que muy pronto se resolverán: los apoyos parlamentarios, la respuesta de la Unión Europea y, sobre todo, la capacidad y voluntad del PSOE de llevar hasta el final un programa político que supone un giro social en las políticas que tanto daño han hecho a nuestra patria: las del PP y las del PSOE. En este sentido, el Acuerdo abre un proceso cuyo resultado final no está garantizado: la sociedad civil debe movilizarse para exigir su cumplimiento y avanzar en la definición de una plataforma programática contra el neoliberalismo. Entre tanto, una tímida sonrisa asoma en el rostro de millones de trabajadores.