Internet se convirtió en un refugio para la pornografía infantil, uno de los negocios online con mayor crecimiento en los últimos años. Según el último informe de las Naciones Unidas, ese delito genera un movimiento comercial anual estimado en 250 millones de dólares. Y detrás de cada imagen y video que se sube a la Web o que se comparte a través de las redes sociales y WhatsApp existe un abuso sexual infantil real. Sólo en lo que va del año hubo un total de 12.455 denuncias de pornografía infantil en todo el país, que aún están siendo investigadas.

En 2016, el total de denuncias escaló a 16.798 en la Argentina. De ese número, la mitad se convirtieron en casos judiciales, resultando en un promedio de 23 expedientes abiertos cada día. Asimismo, el 64% de esos expedientes pertenecen al ámbito porteño, mientras que el resto son derivados a las fiscalías de otras provincias.

"Desgraciadamente, la Argentina siempre está entre los primeros países del mundo en consumo de pornografía infantil, pero también hemos detectado muchos casos de producción casera, o sea, filmación de los abusos a menores", explicó a LA NACION Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía de la Ciudad.

Lo que más le preocupa al especialista es la lógica de los grupos de pornografía infantil, ya que para pertenecer a esas redes hay que aportar material nuevo, y eso requiere el abuso de un niño o adolescente.

"Surge un crecimiento doble del delito: primero porque se comenzaron a usar las plataformas de redes sociales y luego porque se generó una alianza que antes no existía. Con el nacimiento de las redes sociales el submundo de la pornografía infantil cambió, y aunque antes era un delito de universos pequeños y hasta «exclusivos», ahora se liberó", explicó Del Carril.

Redes complejas

La Argentina se ubica en el tercer lugar en descargas de pornografía infantil en América latina, así lo reveló una investigación realizada por la Universidad Católica del Uruguay. El crecimiento desmesurado del delito llevó a la Fiscalía de la Ciudad a firmar en 2013 un convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de los Estados Unidos.

Se trata de una organización no gubernamental norteamericana apoyada por el Congreso de los Estados Unidos a la que las empresas proveedoras de Internet deben, por ley, notificarle cuando sus clientes suben este tipo de imágenes a la red y que desde 2014 procesaron más de 32.000 casos. Gracias a Ncmec se conoce el número alarmante de casos que se registran en nuestro país.

La titular de una de las tres fiscalías especializadas en delitos informáticos de la Ciudad, Daniela Dupuy, confirmó a LA NACION que en la mayoría de los casos es muy difícil probar que hubo intención de distribuir las imágenes. "Tiene que haber cambios de leyes para penar la tenencia y así ayudarnos a perseguir el delito: nuestro trabajo es cada vez más complicado", indicó Dupuy.

Tanto para Dupuy como para Del Carril, las investigaciones aumentan, hay más menores en estado de vulnerabilidad y las maniobras que se llevan a cabo para cometer este tipo de delitos son más sofisticadas.

Para Dupuy también hay otra problemática que empezó a entrar en juego: el sexting entre menores. Los chicos a veces se sacan fotos desnudos, en posiciones eróticas o llevando a cabo alguna actividad sexual, y luego las publican o remiten a un grupo de amigos.

Estas imágenes pueden llegar a grupos de adultos para después terminar siendo compartidas en una red de pornografía infantil internacional.

"Existe una afectación a la intimidad porque los chicos están naturalizando la distribución de estos materiales sin tomar conciencia y sin tomar conocimiento de que lo que están cometiendo es un delito de distribución de pornografía infantil, ya que en las fotos hay menores de edad", explicó la fiscal Dupuy.