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Una jueza de Río Segundo ratificó la vigencia de la ley provincial 10.060, que prohíbe los prostíbulos y whiskerías, con el argumento de que “la prostitución no es trabajo”, ya que eso favorecería la trata de personas (ver fallo en PDF).



Se trata de la jueza de Control, Niñez, Juventud, y Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María de los Ángeles Palacio de Arato, quien determinó que no es arbitraria, irrazonable ni manifiestamente ilegal la ley provincial. Así lo decidió al resolver un amparo presentado por el dueño de la whiskería “El Lagarto” de Oncativo, y seis “autodenominadas trabajadoras sexuales”, según el fallo.



La ley 10.060, conocida como “Ley de trata”, fue sancionada hace cuatro meses por la Legislatura de Córdoba. Ordenó la clausura inmediata y la prohibición de todos los locales donde se ejerciera la prostitución.



La jueza sostuvo que la prostitución “no puede ser considerada un trabajo porque la explotación de la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, una violación a los derechos humanos, dado que no es un contrato entre cliente y mujer en prostitución porque no se puede hablar de consentimiento –condición de todo contrato– en situaciones de profunda desigualdad”. Además, afirmó que “la relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada. No ingresa dentro del campo del derecho del trabajo, ni puede ser inscripta en los organismos respectivos”.



“Como ninguna forma de trabajo –dijo– puede separarse del cuerpo, en la prostitución el cliente obtiene el derecho unilateral al uso sexual del cuerpo de una mujer. El cliente prostituyente le impone su cuerpo, su sexualidad y su placer a la mujer prostituida, con lo cual considera un trabajo legítimo la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres”. “Considerar la prostitución un trabajo favorece la trata y la legalidad de proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal”, agregó.



Críticas. Desde la Asociación de Meretrices de Argentina (Ammar) defendieron el carácter de trabajadoras sexuales.



“La gran crítica al fallo es que pone en juego el factor moral. El Estado no puede regular qué trabajo es digno y qué no. Si una compañera considera que es digno trabajo sexual porque le da la posibilidad de mantener a su familia y estar con sus hijos más horas, quién es el Estado o una jueza para decidir qué es más digno y qué no”, dijo Sergio Job, abogado de Ammar.



La organización promueve que las mujeres trabajen en cooperativas, para no tener que depender de un proxeneta.



Eugenia Aravena, titular de Ammar, recordó que la asociación también lucha contra la trata y que trabaja por darle mejor calidad de vida a sus afiliadas. Pero se quejó de que el actual gobierno les haya recortado la ayuda. Por ejemplo, el subsidio que cobraban para pagar parte del alquiler de su sede, el programa de cursos de oficio y el que les permitía extender cuatro horas más la atención de la guardería del lugar.



Justamente, en el fallo, la magistrada instó a la Provincia a que brinden a las mujeres “la posibilidad de un trabajo digno que les permita salir de la situación de vulnerabilidad”.



Búsqueda de restos óseos. La Policía reanudó ayer la búsqueda de restos óseos en el predio de una whiskería ubicada cinco kilómetros al norte de Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero.



El comisario mayor Rubén Almada confirmó que el operativo es por la misma causa en la que se investiga el hallazgo de restos óseos en ese lugar a fines de agosto. “Se reanudó la búsqueda con la utilización de un georradar monitoreado por Gendarmería”, indicó. La búsqueda la ordenó el fiscal de San Francisco, Bernardo Alberione.

2.500 mujeres en la ciudad

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Cálculos. Sólo en la ciudad de Córdoba, entre 2.500 y tres mil mujeres ejercerían la prostitución, según cálculos de Ammar.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 2/10/2012 en nuestra edición impresa.