De vuelta al ruedo tras las Fiestas, la Casa Rosada contempla esta semana un incesante desfile de gobernadores apretados en sus cuentas públicas y necesitados de recibir por parte del Gobierno nacional adelantos financieros a fin de hacer frente a gastos corrientes de urgencia, como el pago de salarios a los estatales y proveedores y contratistas que reclaman sumas atrasadas.

El martes por la mañana, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el pampeano Sergio Ziliotto, recalaron en Balcarce 50 con preocupaciones bien distintas. El rafaelino, que sucedió en la Casa Gris al socialista Antonio Bonfatti, logró pasar en la Legislatura local una reforma tributaria que sube impuestos, pero fracasó en la declaración de las emergencias que le otorgaban facultades extraordinarias.

Tras anunciar que aplazaba el pago de los salarios hasta mitad de mes, Perotti se entrevistó con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para solicitar un anticipo de fondos que le corresponden por derecho de la Coparticipación Federal, al igual que la Nación hizo con Chaco, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán, por un total de $ 5650 millones.

La más beneficiada de ellas fue la tierra gobernada por Jorge Capitanich, donde el presidente recalará este miércoles, por $ 2000 millones, mientras que las administraciones de Juan Manzur, Mariano Arcioni (el lunes visitó al titular de Economía, Martín Guzmán) y Arabela Carreras recibieron $ 1000 cada una. Alicia Kirchner, en cambio, fue asistida en $ 650 millones.

Con el anticipo financiero que aguarda del Tesoro, Perotti busca hacer frente al pago de haberes y tomar aire de un pasivo por obras heredadas de la anterior gestión que, según dio a conocer la cartera de Infraestructura local, superan los $ 8000 millones. “Tuvimos una reunión de trabajo positiva para articular fuerte la presencia de la Nación con obras y acompañamiento en el territorio”, declaró el gobernador tras verse con De Pedro, y antes acudir al despacho del jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

El pampeano Ziliotto, en cambio, no pasó en reclamo de transferencias de urgencia, sino para insistir con la ejecución de obras nacionales postergadas en su territorio, por las cuales culpa a la administración Macri. El heredero de Carlos Verna reclama la construcción de viviendas con fondos nacionales y la recuperación de tramos de autovías nacionales, además del pago de fondos destinados a solventar a jubilados.

La visita de gobernadores había comenzado el lunes con la presencia del tucumano Manzur, pero también del “bonaerense” Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el único al que por ahora se le avisó que afrontará un recorte de fondos nacionales. El jueves se espera la venida del riojano Hugo Quintela.

Una de cal, varias de arena

Para descomprimir la situación fiscal en las provincias, el Gobierno apresuró una serie de medidas que comenzaron allá por diciembre con la suspensión del Consenso Fiscal, lo cual liberó de manos a los gobernadores para subir tributos locales, como Sellos e Ingresos Brutos, y así hacerse de liquidez.

Sin embargo, la dilatación en ciertos casos del debate en las legislaturas locales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, postergó la recaudación y motivó el pedido de asistencia. En territorio bonaerense, Kicillof ya dio a entender que cede en su objetivo inicial para hacer ley la suba impositiva.

También la convocatoria a la paritaria nacional docente, a partir de la segunda quincena de enero, alivia las arcas provinciales en tanto implicará seguramente un retoque hacia arriba del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y/o el Programa de Compensación Salarial, dos mecanismos por el que el Tesoro cubre parte de los haberes que cobran los maestros y pagan las jurisdicciones subnacionales.

Del mismo modo, el Ministerio de Transporte anunció la prórroga del Fondo Compensador Provincial por 120 días y el reparto de $ 5000 millones hasta mayo para que los distritos hagan frente a los costos del sistema urbano de transporte y no incrementen el boleto de colectivo en ciudades del Interior.

La contracara de estas facilidades es la inminente promulgación del decreto que fijará un aumento salarial mínimo obligatorio de $ 4000 para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, a percibir con los sueldos de febrero y marzo. Solo Kicillof prometió el pago de una suma similar, lo que promete la presión de estatales provinciales hacia los demás gobernadores, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.