Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3216-VII, martes 8 de marzo de 2011

Iniciativas

Que reforma los artículos 364 del Código Federal de Procedimientos Penales; y 4o. y 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado J. Eduardo Yáñez Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, J. Eduardo Yáñez Montaño, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en las facultades que otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, apartado 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 364 del Código Federal del Procedimientos Penales, así como el artículo 4 y la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El proceso penal mexicano constituye el conjunto de actividades y formalidades legales, previamente establecidas por el órgano legislativo, que se lleva a cabo por personas que intervienen en una relación jurídica de derecho penal, con la finalidad de que un órgano jurisdiccional aplique la ley penal en un caso concreto, y tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por la comisión de un delito se reparen.

En este sentido, dentro de la relación jurídica procesal penal, participan sujetos considerados indispensables, como lo son el juez, el ministerio público, el ofendido, el procesado y el defensor; reconociéndoseles como parte en el proceso, a quienes están investidos de facultades necesarias para hacer valer u oponerse respectivamente a un derecho sustantivo.

En consecuencia, por partes penales se entiende a aquellos sujetos procesales legitimados para intervenir en el proceso a los fines del logro de una resolución sobre el objeto de la causa.

En razón de lo anterior, quienes tienen legitimidad para intervenir en el proceso penal mexicano, es por un lado el Ministerio Público, quien representa a la víctima y al ofendido, y por el otro lado, el procesado representado por su defensor, que puede ser particular o de oficio, ambos representantes con la característica sine qua non, que deben haber obtenido el título de licenciados en derecho.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra las garantías y principios fundamentales del debido proceso penal, buscando siempre igualdad y respeto a los derechos fundamentales de las partes; como lo es la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 constitucional, la cual consiste, en que las partes deben tener una verdadera y real oportunidad de defensa a sus derechos ante los tribunales previamente establecidos, ofreciendo todas las pruebas que coadyuven a la misma; resaltándose en consecuencia, que en los procesos penales existe la garantía de defensa, que se ejerce con respecto al adversario, frente al tribunal que juzga y al que se pretende persuadir, mediante el ofrecimiento de pruebas favorables al planteamiento formulado y en la posibilidad de obtener asistencia jurídica por parte de un profesional del derecho, auxiliando a cada una de las partes.

Un aspecto fundamental durante el proceso penal, es que debe prevalecer siempre, el principio de equilibrio entre las partes, que asegure los derechos del inculpado, el ofendido y la sociedad, en la forma y términos previstos por la ley.

Con el análisis de los planteamientos señalados, pareciera que efectivamente en el proceso penal mexicano existe un equilibrio entre las partes que en él intervienen; sin embargo, el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales que se pretende reformar, en nuestra opinión tiende a proteger más los intereses del procesado, al expresar:

Artículo 364.- La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o, siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente...

En la interpretación estricta del artículo de referencia, podemos deducir que, cuando un juez emite una resolución, las partes en el proceso tienen derecho a inconformarse cuando esta no les favorezca, mediante el recurso de apelación, abriendo con ello una segunda instancia, en la que al defensor del procesado, que debe ser un profesional con título de Licenciado en Derecho, le suple la deficiencia en la expresión de los agravios que le cause la resolución impugnada, cuando se advierta que por torpeza no los hizo valer debidamente, y por otro lado, al Ministerio Público en representación de la víctima, del ofendido y en general de la sociedad, quien de igual manera es un profesional con título de licenciado en derecho, no se le concede el beneficio de la suplencia en la deficiencia que pudiera tener en la expresión de los agravios, observándose un desequilibrio entre las partes que se pretende corregir con la reforma que se propone.

De igual manera si se trata de interponer el Juicio de Amparo, la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente hace referencia al reo en cuanto a la suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación o expresión de agravios, evidenciando un desequilibrio ya que en la suplencia de la queja a que se hace mención, no se incluye a la víctima o al ofendido, al expresar textualmente:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo ...

Y por último, el artículo 4 de la misma ley, al hacer referencia o facultar a quienes tienen derecho de interponer el juicio de amparo, concretamente en las causas del orden criminal, exclusivamente faculta al defensor del procesado, sin mencionar al Ministerio Público como representante del ofendido, de la víctima y en general de la sociedad, dejándolos en consecuencia en estado de indefensión, observándose ello en su propio texto que establece:

Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.

Se concluye pues, la necesidad de reformar las disposiciones antes mencionadas, tomando en cuenta que si bien es cierto que el delito afecta valores generales, también lo es que no puede jamás desconocerse que siempre hay afectados concretos que la realización penal no puede ignorar. En virtud de ello, en los planteamientos expuestos, se percibe la necesidad de que tanto el Código Federal de Procedimientos Penales como la Ley de Amparo, protejan de manera imparcial a las partes involucradas en el proceso penal de nuestro país. La reforma al artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales contempla que el tribunal de apelación conceda el derecho para suplir la deficiencia de los agravios, en los términos señalados para ambas partes.

De igual modo, la reforma al artículo 4 de la Ley de Amparo persigue el objetivo de facultar al Ministerio Público en representación del ofendido, la víctima y en general de la sociedad, para que en los juicios del orden criminal, pueda interponer el amparo.

Por último, la propuesta de reforma al artículo 76 Bis de la misma ley incluye al Ministerio Público en representación de la víctima, ofendido y la sociedad, en el beneficio de la suplencia ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, y no solamente al reo, como actualmente se encuentra establecido.

Por lo expuesto, someto a la elevada consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el artículo 4 y la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 364 del Código Federal del Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 364. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando se advierta que por torpeza no se hicieron valer debidamente.

Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera instancia, deben ser resueltas por el tribunal de apelación antes de que se emita dicha sentencia.

Segundo. Se reforma el artículo 4 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor o el Ministerio Público si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y podrá seguirse por el agraviado, el Ministerio Público, por su representante legal o por su defensor.

Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo, la víctima y el ofendido...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

Diputado J. Eduardo Yánez Montaño (rúbrica)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la de la voz, Josefina Rodarte Ayala, en nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción I y la fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es uno de los procesos necesarios y más importantes que puede poseer el ser humano para aprender diversas materias inherentes a él. Por medio de ésta es que conocemos cómo actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de socialización del hombre que le permite poder insertarse de manera efectiva en la misma y a través de ella, la persona está en un proceso permanente de aprendizaje.

Educar a una sociedad para la vida constituye un complejo, arduo y difícil trabajo por ser un deber fundamental para el hombre y más aún, al borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos para que sean capaces de afrontar los retos del presente y futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura.

Reza un proverbio chino relativo a la educación: Si quieres 1 año de prosperidad, planta arroz. Si quieres 10 años de prosperidad, planta árboles. Si quieres prosperidad para siempre, educa un pueblo.

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. Uno de los fundamentales para todo ser humano es el formal, que lo constituye la educación que imparten las instituciones presentes en toda sociedad y que son las encargadas de proporcionar una educación formativa a escala intelectual, con base en conocimientos prácticos, que permitan a la persona insertarse en la sociedad como miembro integrante de ella.

La educación para México, como en cualquier otro país, ha tenido gran importancia, ya que desde tiempos prehispánicos, las civilizaciones asentadas en nuestro territorio se ocupaban de preparar a sus integrantes en todo aquello que necesitaban saber para la vida y así cumplieran satisfactoriamente las tareas que mejor convenían a la sociedad de la que formaban parte.

Para alcanzar el progreso y desarrollo del país son necesarios los cimientos de una buena educación; la ausencia de éstos, conduce a un estancamiento económico y social.

Para nadie es un secreto que el avance de una nación está en la fortaleza que se le dé a la educación en todos sus niveles, particularmente en los niveles superiores, ya que ésta es el principal agente de cambio y movilidad social.

En el país, el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 3o. de la Carta Magna, que a la letra dice:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria...

La Ley General de Educación, Reglamentaria del Artículo 3o. Constitucional, es la que regula la educación que imparte el Estado federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

En el artículo 2o. establece:

Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

...

Aun cuando la ley suprema establece la obligatoriedad para el Estado de prestar servicios educativos, para que toda la población pueda cursar gratuitamente la educación preescolar, primaria y secundaria, dicha disposición no se ha cumplido cabalmente y han sido las instituciones de educación privadas las que han complementado el porcentaje deficitario del Estado.

En México hay 239 mil 150 escuelas en todos los niveles. De éstas, 33 mil 767 son particulares, que representan 14.12 por ciento. La matrícula nacional es de 31 millones 969 mil 559 estudiantes en todos los niveles y de los que las escuelas privadas atienden a 3 millones 908 mil 778, lo que representa 12.23 por ciento.

A raíz de la entrada en vigor del impuesto empresarial a tasa única, los colegios particulares del país incrementaron hasta 10 por ciento las colegiaturas, por lo que la aplicación de dicho gravamen provocó que algunas familias trasladaran a sus hijos de escuelas privadas a las públicas y las que los han mantenido en el sector privado han visto afectado de manera muy sensible su gasto familiar. Asimismo, estas deserciones provocaron cierres de planteles privados.

En virtud de que el Estado no ha sido capaz de satisfacer la totalidad de la demanda educativa, una de las exigencias reiteradas de las familias mexicanas que tienen a los hijos en escuelas privadas ha sido la deducibilidad del gasto en este rubro, particularmente en los últimos años, de crisis económica permanente en el país.

En atención de las justas demandas de los representados en todo el país, nuestro grupo parlamentario en la LX legislatura planteó el 4 de abril de 2009 a través del diputado Jericó Abramo Masso una iniciativa para reformar los artículos 5o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y 176 de la del Impuesto sobre la Renta a fin de que los contribuyentes efectúen las deducciones por los montos que corresponden a las becas, que por ley son otorgadas por las escuelas particulares y asimismo éstas presenten el listado de las asignadas al inicio escolar del año fiscal en curso que se pretenda deducir.

Asimismo, en esta legislatura, el 15 de diciembre de 2010, Miguel Ángel Riquelme Solís presentó en nombre de los diputados federales de Coahuila una iniciativa en los mismos términos, lo que reitera el compromiso con nuestros conciudadanos que tienen a los hijos inscritos en escuelas particulares.

Lamentablemente, estas iniciativas cuya intención era desahogar un poco la difícil situación económica que atraviesan miles de familias mexicanas, no han sido dictaminadas por falta de acuerdos, particularmente la falta de consenso mostrada por parte de los diputados federales del partido en el poder, así como del propio secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que siempre se han opuesto a dictaminar favorablemente en aquéllas iniciativas que signifiquen o requieran recursos adicionales, sosteniendo permanentemente la insuficiencia de recursos para el Presupuesto federal.

Resulta importante señalar que también en el Senado, nuestro compañero Rogelio Rueda desde 2008 presentó una propuesta para hacer deducibles las colegiaturas y en su momento fue rechazada con el argumento de que las finanzas públicas no soportarían el efecto.

Precisado lo anterior, es posible comprender que en un afán evidentemente electorero y de manera tardía, el pasado 14 de febrero, el presidente Felipe Calderón anunció la expedición de un decreto que concede un estímulo fiscal para las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que puedan disminuir del resultado obtenido conforme a la primera oración del primer párrafo del artículo 177 de la referida ley, la cantidad que corresponda conforme al artículo tercero de dicho decreto, referente a los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y medio superior, realizados a instituciones educativas privadas, es decir, el estímulo abarca el pago de colegiaturas erogadas desde preescolar hasta bachillerato.

Los diputados federales de Coahuila celebramos que finalmente el Ejecutivo federal se haya sensibilizado y en consecuencia emitido este decreto, consideramos que es un logro para la educación del país. Sin embargo, lamentamos que como siempre, el Ejecutivo federal se haya demorado tanto en tomar esta decisión que con anterioridad se había venido planteando, ya que de haberse adoptado antes, se hubiera beneficiado a miles de mexicanos más en un momento de profunda crisis económica.

Por otra parte, estamos conscientes de que nuestras atribuciones como legisladores nos facultan a reformar la legislación en este rubro, por lo que creemos necesario armonizar el contenido de este decreto con el texto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos que la construcción de un estado de derecho implica además de la creación de leyes, la adecuación de las ya vigentes a las necesidades cambiantes de las diversas ramas de actividad, para evitar que dependamos del capricho o estado de ánimo de una persona o a la presión que los medios de comunicación o los tiempos electorales ejercen sobre ella. Así, vemos necesario plasmar en la Ley del Impuesto sobre la Renta el estímulo fiscal concedido por el Ejecutivo federal, que ya se había propuesto ante este poder, como ha quedado asentado.

Por lo expuesto, en congruencia con nuestros compromisos de campaña y en aras de proporcionar certidumbre jurídica y permanencia del referido estímulo fiscal para beneficio del amplio sector de mexicanos que estudian o tienen a sus familiares estudiando en instituciones privadas, acudimos a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción I y la fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adicionan un párrafo segundo a la fracción I y la fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

I. ...

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste.

II. a VIII. ...

IX. Los pagos de colegiaturas que por concepto de servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados para las personas señaladas en la fracción I de este artículo, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla lo siguiente:

a) Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación.

b) Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

c) La deducción a que se refiere la presente fracción no será aplicable a los pagos que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno y los correspondientes a cuotas de inscripción y reinscripción.

Para los efectos de este inciso, las autoridades educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno.

d) No será aplicable la deducción a que se refiere la presente fracción cuando las personas mencionadas en el primer párrafo reciban becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

e) Los pagos referidos en el párrafo primero de la presente fracción deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

Para la aplicación de la deducción se deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, la deducción únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada.

f) La cantidad que se podrá deducir en los términos del párrafo primero de la presente fracción no excederá, por cada una de las personas enunciadas en la misma, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo corresponda, conforme a la siguiente tabla:

Nivel educativo Límite anual de deducción (pesos)

Preescolar 14 mil 200

Primaria 12 mil 900

Secundaria 19 mil 900

Profesional técnico 17 mil 100

Bachillerato o equivalente 24 mil 500

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

Diputados: Josefina Rodarte Ayala, Francisco Saracho Navarro, Diana Patricia González Soto, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González (rúbricas).

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge A. Kahwagi Macari, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El mercado se caracteriza por la utilización de publicidad para llamar la atención del consumidor hacia el proveedor y es cierto que la actividad publicitaria determina un cierto comportamiento y consumo con la información que presenta.

Desde el punto de vista de la legislación, el Estado se asume como un garante de la protección de los intereses de los consumidores y de la población en general. Para dichos efectos, la Constitución indica al legislador contar con una ley federal que proteja a los consumidores. Dicha tarea, de eminente componente social, se cumple a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), además desde el punto de vista sanitario, compete a la Secretaría de Salud regular y vigilar la publicidad de los productos y servicios regulados por la Ley General de Salud.

Sin duda, el centro de las promociones sigue siendo el cómo inducir al cliente para que prefiera cierta marca en vez de otras, así como provocar una compra adicional e incluso generar un proceso de recompra. Todos estos objetivos son el eje sobre el cual gira cualquier estrategia promocional.

Las promociones de ventas se definen como un conjunto de actividades de corta duración, dirigidas a los intermediarios, vendedores o consumidores, que mediante incentivos económicos o materiales, o la realización de actividades específicas, tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la eficacia de los vendedores o intermediarios.

La promoción de ventas se ha convertido en un instrumento con importancia creciente en los mercados de gran consumo. La práctica empresarial y los presupuestos asignados son cada vez mayores en las diversas actividades comerciales y de servicios.

El uso de dichas promociones como herramienta de mercadotecnia, ha ido adquiriendo gran importancia a lo largo de los últimos años, y en concreto las dirigidas a los consumidores son las más numerosas.

Cuando la promoción de ventas se dirige a los consumidores finales se pretende estimular la demanda a corto plazo, tanto mediante la intensificación de las compras de los clientes actuales, como a través de la captación de nuevos compradores.

La publicidad engañosa es aquella que utiliza mensajes con afirmaciones que son distintas a las características, ventajas, beneficios y/o desempeños reales del producto o servicio y que inducen al error afectando el comportamiento económico de los consumidores o perjudicando a un competidor. Dicho en otras palabras, la publicidad engañosa es aquella que realiza afirmaciones engañosas, exageradas o falsas acerca del producto o servicio y que afectan al bolsillo del comprador y/o perjudican a algún competidor (práctica comercial desleal).

Aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor en el Capítulo IV De las Promociones y Ofertas, en su artículo 48 señala que; ...en las promociones y ofertas deberán indicarse las condiciones, así como el plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos, presumiendo que en el caso de no fijar los mismos, estos se consideran indefinidos hasta que se haga del conocimiento público..., es omiso al no determinar también el alcance geográfico (nacional, algunos estados, o inclusive algunas tiendas de la cadena), así como al no incluir un periodo límite para hacer del conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios de difusión.

En la actualidad es común constatar que los proveedores que ofrecen ofertas o promociones, no informan en la misma publicidad en que las difunden, la duración o el período de vigencia de las mismas, así como volumen, dejando al consumidor en la más absoluta ignorancia respecto de las condiciones que corresponden a la misma, no siendo difícil de imaginar que más de algún consumidor contrate el servicio o adquiera el bien, en función de la oferta o promoción sin saber que ésta no se encuentra vigente.

La publicidad engañosa es un tema complejo en materia de protección de los derechos del consumidor, y la finalidad de esta iniciativa es reformar el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer obligaciones para los proveedores que publicitan sus bienes o servicios, respecto de la veracidad y total información, no sólo de las características del respectivo bien o servicio, sino también respecto de la temporalidad para informar sobre el término de la promoción, así como su alcance geográfico.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 48 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 48. En las promociones y ofertas se observarán las siguientes reglas:

I. En los anuncios respectivos deberán indicarse las condiciones, así como el alcance geográfico, plazo de duración o el volumen de los bienes o servicios ofrecidos; dicho volumen deberá acreditarse a solicitud de la autoridad. Si no se fija alcance geográfico, plazo ni volumen, se presume que estos dos últimos son indefinidos y que el alcance geográfico es nacional, hasta que se haga del conocimiento público la revocación de la promoción o de la oferta, de modo suficiente y por los mismos medios de difusión, para tal efecto se hará del conocimiento dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles, una vez finalizada la misma.

II. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 8 de marzo de 2011.

Diputado Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, suscrita por integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte

Los que suscriben, diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan José Cuevas García, César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Nely Edith Miranda Herrera, Sandra Méndez Hernández, Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la junta directiva de la Comisión de Juventud y Deporte, en nombre de ésta, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentan a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para establecer las características de una moneda conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, con la siguiente

Exposición de Motivos

Mediante la emisión de monedas conmemorativas de circulación legal, se han resaltado acontecimientos de gran importancia y trascendencia nacional.

En el caso concreto, se pretende reconocer y festejar uno de los acontecimientos deportivos más importantes a nivel mundial que tendrá lugar en el país en octubre de 2011.

Los Juegos Panamericanos es el encuentro multideportivo más importante del continente americano y uno de los más importantes del mundo; se realizan cada 4 años, a partir de 1951. Forman parte del movimiento olímpico; por tanto, la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 constituye el escenario clasificatorio a las Olimpiadas de Londres 2012.

Esta justa continental tendrá lugar en octubre de 2011 en Guadalajara, Jalisco; es el evento deportivo de mayor relevancia que se llevará a cabo en el país desde el Mundial México 86, por lo que es de gran trascendencia y proyección para México a escala internacional, ya que será el anfitrión de la comunidad internacional al recibir a 42 países de América, participarán 36 disciplinas deportivas, habrá aproximadamente 1.5 millones de espectadores y se transmitirán 700 horas de televisión en más de 100 países.

La sede para la realización de los Juegos Panamericanos, representa una de las máximas aspiraciones de cualquier ciudad con la capacidad de servir como anfitrión de esta justa deportiva, de los países miembros de la comunidad internacional. Durante la 44 asamblea general de la Organización Deportiva Panamericana, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 28 de mayo de 2006, Guadalajara, Jalisco, fue elegida por unanimidad de los miembros sede para la celebración de los XVI Juegos Panamericanos. Se trata de la tercera ocasión, a lo largo de la historia nacional, en la que el país tiene el honor de organizar la celebración de una de las justas deportivas más importantes del mundo, máxime cuando existió la confianza unánime de los miembros de la organización, motivo por el cual es importante dejar registro de la celebración de dicho evento en nuestra historia nacional, siendo un medio importantísimo la elaboración de una moneda conmemorativa que se distribuya entre todos los mexicanos.

Los Juegos Panamericanos no son un encentro más sino un acontecimiento de importancia internacional que brinda la oportunidad de posicionar a nuestro país como una nación que impulsa el deporte y los valores que conlleva, y como promotor de una cultura saludable y de convivencia e intercambio cultural. Es un acto que está dejando un legado en infraestructura deportiva jamás visto en la historia de México, ya que se han construido más de 25 estadios de diversas disciplinas deportivas con la más alta tecnología y calidad a escala mundial.

Recordemos que el deporte más allá de ser solo un medio de recreación, representa un instrumento eficiente y eficaz de organización y cohesión social al desempeñar una clara función integradora y socializadora; 1 es un medio de identificación social y comunitaria, así como factor clave en la formación de valores desde la niñez, ya que contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, el trabajo en equipo, la fijación de objetivos y metas, pues permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados, de ahí la importancia de promover y apoyar la celebración de eventos deportivos de esta magnitud que impulsan el talento deportivo mexicano y fungen como inspiración para niños y jóvenes. El deporte en otro ámbito desempeña un papel preponderante para preservar la salud, prevenir o controlar diversas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, además de constituir una de las acciones más importantes de prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares; 2 y que es uno de los medios más idóneos para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Los Juegos Panamericanos fomentan en la población la práctica del deporte y el conocimiento de diversas disciplinas deportivas que no son tan populares entre los mexicanos, debido a la falta de promoción y de espacios adecuados para practicarlos.

Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 conllevan un beneficio no sólo en materia deportiva sino, también, en el ámbito económico, turístico y cultural, ya que representan una oportunidad para que México muestre ante la comunidad internacional, su riqueza, así como su diversidad turística y cultural, ya que serán miles de visitantes los que acudirán de diversas regiones de América a participar y disfrutar de esta magna justa deportiva y gozarán de las bellezas naturales, gastronómicas, y culturales que ofrece nuestro país.

En una época en que el crecimiento económico y la generación de empleo han ido en descenso, esta justa continental ha contribuido a la generación de miles de empleos, tan sólo en la industria de la construcción ha generado 12 mil empleos directos y 35 mil indirectos; asimismo, se requerirán más de 80 mil proveedores de servicios y dejará una derrama económica de gran relevancia.

Por todo lo anterior, y con el propósito de resaltar la trascendencia del acontecimiento para la comunidad deportiva, así como para la sociedad en general, nos permitimos proponer la emisión de una moneda conmemorativa de circulación de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Estamos seguros de que con la emisión de la moneda conmemorativa de circulación alusiva a la justa continental resaltará aún más este magno encuentro de relevancia en el desarrollo de la vida nacional e internacional del país.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

Artículo Único. Se autoriza la emisión de una moneda bimetálica con valor nominal de veinte pesos, conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Veinte pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 32.0 milímetros (treinta y dos milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda

Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a) Contenido: 75 por ciento (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25 por ciento (veinticinco por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 7.355 gramos (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.294 gramos (doscientos noventa y cuatro miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda

Aleación de bronce-aluminio, que estará integrada como sigue:

a) Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre, 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

b) Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c) Peso: 8.590 gramos (ocho gramos, quinientos noventa milésimos).

d) Tolerancia en peso por pieza: 0.344 gramos (trescientos cuarenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponde a 15.945 gramos (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 gramos (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda Estados Unidos Mexicanos, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que apruebe el Banco de México. Dicho motivo deberá referirse invariablemente a la celebración de la justa deportiva.

Canto: Estriado discontinuo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado de los diseños de acuñación de la moneda.

Notas

1 Elías N., 1992. Refiriéndose a la aportación social del deporte, comenta que lejos de significar un pasatiempo inocuo e intrascendente, es una más de las claves sociales que nos permiten comprender el origen y evolución de los tiempos modernos: La deportivización fue como un empuje civilizador comparable por su dirección global a la cortesanización de los guerreros, proceso en el que las opresivas reglas de la etiqueta desempeñaron un papel significativo... es posible pensar que las sociedades europeas, desde el siglo XV en adelante, sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez mayor de su conducta y sus sentimientos... el progresivo reforzamiento de los controles reguladores sobre las conductas de las personas y la correspondiente formación de la conciencia, la interiorización de las normas que regulan más detalladamente todas las esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus agradables asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas. El deporte fue una de las soluciones a este problema. Confr. Lagardera Otero, Francisco, La sociología y el deporte, op. cit., páginas 21 y 22.

2 Revista Deporte Federado, Codeme, año 4, número 19, febrero de 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga, Juan Carlos Natale López (rúbrica).

Que reforma el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada María Elena Pérez de Tejada Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Elena Pérez de Tejada Romero, diputada federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones II y III todas del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de Naciones Unidas, se han celebrado diversas conferencias mundiales en las que la perspectiva de género se ha aceptado como fundamental para analizar las relaciones entre mujeres y hombres, con el objetivo de conocer positivamente esas diferencias y generar propuestas encaminadas a eliminar la discriminación y garantizar la igualdad sustantiva.

De los instrumentos surgidos de las Conferencias Mundiales y de los propios instrumentos internacionales de derechos humanos, emana el compromiso de incorporar de manera transversal dicha perspectiva no sólo en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; sino también, de los programas y presupuestos en todos los niveles de gobierno de los tres poderes del Estado.

Para lograr estos compromisos existe la necesidad de asignar los recursos humanos y materiales indispensables para incidir en cada poder del Estado, sus instancias y en cada uno de sus programas. Implica asimismo, una revisión profunda y una transformación integral de las instituciones, de manera que la perspectiva de género sea parte de todos sus procesos cotidianos.

Al respecto, un avance fundamental para lograr una igualdad real entre mujeres y hombres ha sido la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. En ella se establece el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y de proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Asimismo, en tal ordenamiento jurídico se instituye la obligación del gobierno federal de incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad.

De tal forma que en nuestro país, hoy contamos con las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, todos ellos gastos etiquetados para mujeres que consolidan, de alguna manera, un mecanismo real para el desarrollo de las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres y para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y una herramienta concreta para monitorear programas, acciones y estrategias de la política pública dirigidas y que afectan directamente a las mujeres.

Sin embargo, conscientes de que los esfuerzos deben venir de todos los frentes, es que el día de hoy presento ante ustedes una iniciativa en donde se establece que a los gobiernos estatales y el del Distrito Federal también corresponderá incorporar en los presupuestos de egreso de la entidad federativa la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en material de igualdad.

Asimismo, presento reformas a la ley citada a fin de instituir claramente, a través de ella, que a las entidades federativas también les corresponde crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como, vigilar el cumplimiento del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionadas con la material. Además propongo que a las entidades federativas no sólo les corresponda elaborar sino aplicar las políticas públicas locales en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Lo anterior permite establecer de forma clara la obligación de las entidades federativas de asignar recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, y de crear un organismo encargado de diseñarla, aplicarla, vigilarla y evaluarla; ello como un ejercicio de corresponsabilidad con las y los ciudadanos en pro de lograr una democracia efectiva donde la igualdad de acceso y oportunidades sea una realidad para mujeres y hombres.

Compañeras y compañeros, como un país que transita sigilosamente hacia una democracia, quienes ocupamos cargos públicos y tenemos incidencia en las decisiones de integración, ejercicio, seguimiento y evaluación de las políticas y los presupuestos públicos, hoy más que nunca no podemos más que pugnar por una corresponsabilidad en las políticas y en la asignación de recursos para lograr un efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

Debemos pues continuar avanzando hacia la institucionalización de una perspectiva de género que permita tomar en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres en cada una de las etapas de las políticas públicas y el proceso presupuestario, impulsando con ello un enfoque que permita alcanzar la equidad y mejorar la eficacia de las políticas públicas.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis y se reforman las fracciones II y III, todas del artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 15. Corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal:

I. ...

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad;

II. Crear un organismo encargado de diseñar, vigilar y evaluar la aplicación de los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, que deberán ser aplicados en las instancias administrativas de la entidad, así como, vigilar el cumplimiento de los compromisos del gobierno estatal o del Distrito Federal relacionados con la materia;

III. Elaborar y aplicar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente ley, y

IV. ...

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio, Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero

(rúbrica)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, 77, 78 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La agroindustria azucarera ha sido, es y seguirá siendo parte fundamental de la economía de nuestro país. Podemos constatar su importancia socioeconómica en los datos siguientes: de la agroindustria en su conjunto dependen un total de 165 mil productores de caña de azúcar, 90 mil cortadores de caña, 45 mil trabajadores agrícolas, 40 mil obreros azucareros, genera 450 mil empleos directos, 2.5 millones de empleos indirectos, y depende de ella directa o indirectamente la economía de 12 millones de habitantes en 227 municipios de 15 Estados de la República Mexicana. Representa 11.6 por ciento del valor del sector primario y el 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero. Sin duda alguna es la agroindustria más importante de nuestro país.

La importancia de esta agroindustria azucarera ya fue reconocida por los 3 Poderes de la Unión, el honorable Congreso de la Unión aprobó en 2005 la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la cual, con sus bemoles, ha estado ayudando a otorgarle mayor seguridad jurídica y económica a toda la cadena agroindustrial azucarera, creando entre otros organismos el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y también a la espera de la creación, que se encuentra establecido por la misma ley, del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (Cictcaña), la que fue publicada por el titular del Poder Ejecutivo el 22 de agosto de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación, y el Poder Judicial, por medio de la Corte Suprema de la Nación, en diciembre de 2007, dictaminó la validez jurídica de la Ley ante una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de diversos artículos de la citada ley. Sin duda alguna, esta ley cuenta con una legitimidad total y es un orgullo para los integrantes de toda la cadena agroindustrial.

Para esta zafra que se encuentra en curso la 2010/2011, según datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se espera una superficie industrializable de caña de azúcar de alrededor de 673 mil 105 hectáreas, de las cuales se espera que se produzcan aproximadamente 48 millones de toneladas de caña que se convertirán finalmente en 5.3 millones de toneladas de azúcar física real, entre refinada y estándar.

La cadena agroindustrial azucarera se ha enfrentado a diversas problemáticas entre las cuales podemos mencionar las siguientes: aumento histórico de las lluvias en algunas regiones del país, decisiones de política comercial erróneas como lo es la importación injustificada de azúcar principalmente de Centroamérica, tardanza en la aplicación de recursos presupuestales para el campo cañero, incremento en la producción y en la importación de edulcorantes, principalmente el jarabe de maíz de alta fructosa, a partir de la firma del TLCAN, originando también una disminución en la exportación de azúcar mexicana al mercado norteamericano, las dificultades estructurales que enfrenta el sector azucarero son el atraso tecnológico, la falta de financiamiento y la inexistencia de una comercializadora única para las exportaciones del endulzante.

La problemática recurrente del sector que año con año se venía presentando al momento de la determinación del precio de referencia del azúcar, para en base a la aplicación de la fórmula contemplada en la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, fijar los precios de pago de los ingenios a los productores de caña de azúcar, ahora han sido superados. Los problemas que ahora afronta el sector son más de índole estructural que de visión inmediata.

La caña de azúcar tiene un futuro promisorio, por ser un producto agrícola del cual se puede obtener la mayor cantidad de etanol por hectárea, con ventajas incluso sobre el maíz y otros productos, además de otros muchos subproductos, coproductos y derivados, pero requiere el impulso de las políticas públicas para poder competir con otros productores de países en los que se les otorga cuantiosos subsidios para su actividad.

Actualmente en esta legislatura contamos con la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, la cual de acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, indica que las comisiones especiales se harán cargo de un asunto específico y se extinguirán cuando se haya cumplido el plazo bajo el cual fueron creadas, cuando su objeto se haya cumplido o bien termine la legislatura que la estableció; lo que suceda primero. Por otra parte en el artículo 40 del mismo ordenamiento se establece que las comisiones ordinarias desarrollen las tareas específicas que en cada caso se señalan.

La agroindustria azucarera, como ya se estableció en los párrafos anteriores, tiene una posición estratégica en la economía del país y no puede ser considerando como un tema coyuntural únicamente y atenderse solo en el tiempo que dura una legislatura sino que los retos que este presenta deben de contar con el apoyo de una comisión ordinaria específica en la Cámara de Diputados.

Esta es la razón que motiva esta iniciativa que adiciona una fracción II y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer en este ordenamiento la Comisión de la Agroindustria Azucarera.

Decreto por el que se adiciona una fracción II y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción II y se recorren el resto de las fracciones del numeral 2 del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 39

1. ...

2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:

I...

II. Agroindustria Azucarera

III. Asuntos indígenas

IV. Atención a grupos vulnerables

V. Ciencia y Tecnología;

VI. Comunicaciones;

VII. Cultura;

VIII. Defensa Nacional;

IX. Derechos Humanos;

X. Desarrollo Metropolitano;

XI. Desarrollo Rural;

XII. Desarrollo Social;

XIII. Economía;

XIV. Educación Pública y Servicios Educativos;

XV. Energía;

XVI. Equidad y Género;

XVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;

XVIII. Fortalecimiento al Federalismo;

XIX. Función Pública;

XX. Gobernación;

XXI. Hacienda y Crédito Público;

XXII. Justicia;

XXIII. Juventud y Deporte;

XXIV. Marina;

XXV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXVI. Participación Ciudadana;

XXVII. Pesca;

XXVIII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXIX. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXX. Puntos Constitucionales;

XXXI. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXII. Recursos Hidráulicos;

XXXIII. Reforma Agraria;

XXXIV. Relaciones Exteriores;

XXXV. Salud;

XXXVI. Seguridad Pública;

XXXVII. Seguridad Social;

XXXVIII. Trabajo y Previsión social;

XXXIX. Transportes;

XL. Turismo; y

XLI. Vivienda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

Diputado Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y de Procedimientos Penales, así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del PRD, y suscrita por diputadas de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México y por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera; 67, numeral 1, y 102, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer las bases para una investigación con la debida diligencia en los feminicidios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio recibido por las mujeres en sus sociedades.

La obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de ocurrencia, ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos.

El asesinato es una de las consecuencias más cruentas de la violencia feminicida que se compone por todas las muertes violentas y evitables de las mujeres. Esta violencia es resultado de situaciones inseguras, agresivas y dañinas, vividas por mujeres tanto en lo público como en lo privado, que finalmente conducen a su muerte.

Estas situaciones y modalidades de violencia son señaladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como resultado de la sistemática violación de sus derechos humanos, (Cfr. Título I, Capítulo V, artículo 21) que cuenta con la tolerancia social y la impunidad ante el Estado.

La desventaja jurídica, política, económica y social de las mujeres, se debe a una desigualdad histórica que ha colocado a los hombres en posiciones de poder, supremacía y dominio, y a las mujeres, en posiciones de subordinación, inferioridad, desventaja y dependencia. Estas desigualdades entre los géneros producen brechas en el desarrollo, en el acceso y disfrute a los derechos, el poder y la participación, en otros aspectos de la vida social.

Así, las mujeres ocupan los escalones laborales más bajos y peor remunerados, tienen menor acceso a la educación, la alimentación, la propiedad de la tierra y la vivienda. Su participación civil y política es numéricamente menor y bajo reglas discriminatorias, que se traducen en bajo acceso a los cargos y puestos más altos en las empresas, las organizaciones sociales y el Estado. En situaciones de pobreza, la carga de las mujeres es más pesada y en casi todos los hogares son exclusivas responsables del cuidado de niñas, niños, enfermos y personas con capacidades distintas; además de realizar un sinnúmero de tareas comunitarias y labores de manera gratuita.

La violencia contra las mujeres es también por ende histórica. En el mundo antiguo (Grecia y Roma) porque se consideró a las mujeres propiedad privada de los hombres, pater familias del oikos . En el Estado moderno porque en sus orígenes (siglos XVIII y XIX) no fueron consideradas sujetos de derechos ni ciudadanas. De ahí que todavía en el Estado Liberal, el monopolio de la violencia legítima del Estado para aplicar castigos y hacer valer el respeto a los derechos privados, individuales de los ciudadanos, no incluía la prohibición de la violencia hacia las mujeres en el seno de la familia, donde el padre o jefe de familia podía ejercerla como parte de sus prerrogativas de autoridad como marido. Así, actuando a nombre de la autoridad del Estado, como tutelar de la norma social en el seno familiar, el padre-esposo podía ejercer legítimamente en casa la misma violencia que el Estado ejercía al castigar y penalizar a los individuos con conductas antisociales, en el orden público.

Desde esta manera, la discriminación de las mujeres desde el origen de las sociedades modernas, marca con sello indeleble su relación con el derecho y la justicia en el sentido de separar, distinguir y diferenciar con un trato desigual, de inferioridad o minusvalía, a las mujeres tanto en la letra como en las prácticas de la justicia.

Por ello, si bien en los términos formales del derecho, se dice y se reitera, que las diferencias conceptuales entre los sexos no implican desigualdad, no es menos cierto que el sujeto abstracto incrustado en el derecho moderno es el hombre público que históricamente se autodefinió como sujeto- modelo y norma de todas las leyes (los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos y sociales) desde su posición como hombre libre, ciudadano, trabajador . Mientras las mujeres consideradas como no-sujeto de derechos, quedaron adscritas al ámbito doméstico, jurídicamente subordinadas; política y civilmente representadas por otros, económicamente dependientes y bajo el dominio del padre, el marido, el hermano o cualquier pariente o sujeto del sexo masculino.

Contra esta legitimidad de facto y de jure las mujeres han tenido que luchar por siglos para ser reconocidas como sujetos de derechos a nombre propio y sin representación, para ser titulares de derechos civiles, políticos, económicos, y para conquistar una justicia reconociendo esta herencia de subordinación y minusvalía ante la ley.

1.1. El marco internacional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

La lucha de la mujeres en contra de la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres, ha sido fundamental en la conquista de su igualdad jurídica y sustantiva. Desde la segunda mitad del siglo XIX pugnaron por reformas legales para la adquisición de derechos civiles y el establecimiento de la separación y el divorcio ante situaciones de violencia. Buscaron también desde entonces, la adopción de medidas de apoyo para las víctimas de la violencia conyugal, el derecho al voto, y a la educación, que consideraron esenciales para revertir la condición general de subordinación y minusvalía.

La conquista formal de derechos civiles y políticos de las mujeres que se logra entre la primera y la segunda mitad del siglo XX, constituye un avance de gran relevancia. Así, en 1928 la Conferencia Internacional de Estados Americanos crea la Comisión Interamericana para la Mujer, primer organismo intergubernamental encargado de analizar y promover el estatus jurídico de la mujer. En 1933 se toma el Acuerdo de la Convención de Montevideo sobre los derechos de Nacionalidad de la Mujer Casada. En 1937 la Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, establece un Comité de Expertos sobre el Estatus Legal de la Mujer, que coloca el tema de los derechos de las mujeres en la agenda de la cooperación internacional. En 1938, la Convención Interamericana prepara la Declaración de Lima a favor de los Derechos de la Mujer y recomienda a los miembros revisar la discriminación femenina en códigos civiles.

De esta primera fase de derechos fundamentales, destaca finalmente en 1945, la Carta que funda la ONU y que establece el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, e igualdad de trato, seguida en 1946 con el establecimiento del Comité sobre el Estatus Legal de la Mujer que entre los años 50s y 60s, prepara la propuesta de cambios legislativos y convenciones diversas, que abrieron el acceso de las mujeres a la educación en todos los niveles escolares, así como a profesiones antes exclusivas de los hombres; al empleo remunerado, la seguridad social, participación política, etcétera, etcétera.

No obstante, la adquisición formal de derechos civiles y políticos no fue suficiente para desmontar las estructuras de la desigualdad de género ni para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

En 1975 cuando se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en México, además de las evidencias del atraso y la desigualdad que padecía la mitad del género humano, se dieron las primeras reflexiones sobre el problema de la violencia en el seno familiar, considerándolo un problema social. Para la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer (Copenhague, 1980) se adopta la primera resolución sobre violencia hacia la mujer, declarándola un crimen contra la humanidad. Pero es en la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer (Nairobi, 1985) cuando la violencia hacia las mujeres emerge como un problema central compartido por las mujeres de todo el mundo, deviniendo entonces un problema de la comunidad internacional.

Para 1990, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reconoce que la generalización del problema de la violencia en contra de las mujeres trasciende clases, niveles de ingreso, razas y culturas, conminando a todos los Estados miembros a contrarrestar el problema con medidas urgentes y eficaces para erradicar su incidencia. Con esta finalidad establece un grupo de especialistas para la preparación de un marco general para el abordaje de la cuestión. Dicho grupo sesiona en Viena en 1991 y consolida su propuesta en 1992. Gracias a esto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cocedaw) organismo que vigila la ejecución de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, creada desde 1961, incluyó formalmente la violencia de género como discriminación por razón de género desde 1992.

En junio de 1993 se realiza en Viena la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que es uno de los hitos más importantes en la zaga del reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El fruto de esta Conferencia es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de ese mismo año.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer define por primera vez la violencia contra las mujeres como: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer y se incluyen también como actos de violencia, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Y reconoce que la violencia basada en el género constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, (...) la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre (resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993)

La violencia basada en el género permite el dominio sobre las mujeres, al ejercer control sobre sus cuerpos, su sexualidad y sus vidas. Es parte de la discriminación que por razón de género viven las mujeres, porque se ejerce como mecanismo de sujeción, como castigo y venganza y es funcional a la prevalencia de condiciones de exclusión, marginación, explotación, subordinación de las mujeres. Se trata además de una violencia que busca ejemplarizar ya que al violentar a una mujer, se amenaza a todas las demás mujeres. Y es genérica porque abarca a todas las mujeres.

De esta manera la declaración s itúa a la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derechos al disfrute y protección de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante. Al mismo tiempo amplia el concepto de la violencia contra las mujeres para reflejar las condiciones reales de la vida de las mujeres, reconociendo no sólo a la violencia física, sexual y sicológica, sino también las amenazas de este tipo. Aunque sin duda el avance más trascendental para la vida y los derechos de las mujeres, fue reconocer la necesidad de luchar en contra de este flagelo tanto en el espacio público como en el privado, reconociéndola como un problema público, exhortando a la aplicación universal de principios y derechos para garantizar la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todas las mujeres. De suerte que los gobiernos de los Estados Miembros, los organismos especializados, así como las Organizaciones No Gubernamentales, adoptaran medidas de prevención, sanción, prohibición, asistencia a víctimas y formación de profesionales.

En la región latinoamericana la Organización de Estados Americanos propuso adoptar, firmar y ratificar, en su Vigésimo Cuarto período ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, celebrado en Belem Do Pará, una Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que distinguió a la región de otras que no contaban o aún no cuentan a la fecha, con instrumentos similares.

En los mismos términos que la Resolución 19 de Naciones Unidas, se destaca en el preámbulo de la Convención de Belem Do Pará, el reconocimiento por parte de los Estados firmantes de que, la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y social y para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Esta Convención que cuenta con 32 ratificaciones de Estados Miembros de la OEA, siendo el instrumento más ratificado del sistema interamericano de derechos humanos, define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Distingue la violencia contra la mujer en tres modalidades: física, sexual y psicológica y amplía el rango de ámbitos y responsabilidad en actos de este tipo perpetrados en contra de las mujeres, ya sea que tengan lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal; o ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que involucre actos como violación, maltrato y abuso sexual. Asimismo incluye una amplia gama de ámbitos ya sea que los actos de violencia tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, comprendiendo hechos como: violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Convención de Belem Do Pará, incluye aquellos actos violatorios o violentadores de sus derechos perpetrados o tolerados por el Estado o sus agentes, dondequiera que estos ocurran.

1.2 El marco jurídico nacional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

En México, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia para asegurar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, el 14 de Diciembre de 2005 un grupo de diputadas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). Después de una amplia discusión en las Cámaras de Diputados y Senadores, esta Ley fue aprobada y finalmente publicada el 1 de febrero de 2007.

El objetivo fundamental de esta Ley fue establecer los principios y criterios desde la perspectiva de género, para orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta Ley fue elaborada desde un marco teórico conceptual feminista y de derechos humanos y establece con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La ley específica los ámbitos en los que se presenta la violencia, así como los daños que esta ocasiona, los cuales fueron identificados a partir de la investigación diagnóstica realizada por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada de la LIX Legislatura.

Esta investigación, permitió relacionar los homicidios dolosos y culposos con otras muertes violentas y muertes evitables: accidentes y suicidios, así como con muertes evitables producto de enfermedades: cáncer, VIH/sida, las llamadas muertes maternas (por falta de salud y atención integral durante la gestación, el aborto, el parto, el puerperio). Desde luego, la violencia, los crímenes y las muertes violentas y evitables de mujeres, fueron analizadas en su compleja relación con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres no sólo de género, sino de edad, de clase, etnia, condición social territorial (regional y municipal). Este conjunto de articulaciones, se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración.

Así, además del feminicidio, en nuestro país se identificaron otras formas de muerte violenta contra las mujeres que es necesario tener presentes para su prevención, sanción y erradicación.

El conocimiento de la gravedad del problema permitió correlacionar las muertes violentas con formas de violencia familiar, sexual, física, psicológica, patrimonial y económica y también con la violencia institucional. De ahí que la Ley recogiera la modalidad de violencia feminicida. 1

En la LGAMVLV se recogió el concepto de violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y que culmina con diversas formas de muerte violenta de mujeres (artículo 21)

Para hacer frente a la violencia feminicida, la Ley General establece una de las medidas gubernamentales más innovadoras de la Ley, la Alerta de Género que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

La alerta de género es la respuesta a la alta incidencia de violencia feminicida y a la ausencia de políticas gubernamentales para enfrentarla; incluso a la negación del problema, a su gravedad y a la negligencia de las autoridades locales y federales que no responde de manera adecuada ante la el problema.

Esta alerta es un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de manera articulada para atender desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita, sin dilación, hechos de violencia feminicida en una zona determinada. Se trata de una medida de emergencia que implica acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de justicia que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a la detención y el proceso de los agresores y al acceso a la justicia de familiares de las víctimas. Incluye desde luego medidas de prevención para evitar que la violencia feminicida continúe.

La promulgación de esta ley detonó un proceso de armonización legislativa en las entidades del país que ha consistido en la formulación y establecimiento de cuerpos legislativos similares en las 32 entidades, pero en casi la totalidad de los estados pervive con la presencia de leyes administrativas para prevenir la violencia intrafamiliar, que no están alineadas con la Convención de Belem do Pará y que compite con la nueva legislación, generando ambigüedad en la aplicación de la misma. Igualmente está pendiente la armonización de estas nuevas leyes, con los códigos penales y civiles de las entidades, a fin de crear un mismo piso de derechos y garantías para las mujeres en todo el país.

Destaca el hecho que buena parte de los mecanismos establecidos por la Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia, no estén funcionando debidamente, como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia que hasta el momento no se haya integrado por la entidad responsable de hacerlo que es la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Asimismo, no han sido publicados ni el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ni el Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres en el país.

1.3. La situación actual de la violencia y los feminicidios en México

La violencia hacia las mujeres sigue estando presente en diversas modalidades en todo el mundo siendo uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, a pesar de que en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario; y a pesar del deber general de los Estados para promover la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y los hombres; así como los deberes de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema; así como entre la calidad de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres. 2

En 2006, la Secretaría General de las Naciones Unidas sintetizó los resultados de un Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (ONU A/61/122/Add.1) señalando que: el progreso en la elaboración de normas jurídicas, estándares y políticas internacionales, no ha estado acompañado por un progreso comparable en su aplicación a nivel nacional, que sigue siendo insuficiente y desigual en todas partes del mundo. Ratificando que esta violencia es inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. (Ya que) Mientras siga existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. 3

Así a despecho de los avances logrados en la legislación que protege la seguridad y la vida de las mujeres en diversas regiones del continente americano como México, Guatemala, Salvador, Honduras, se han extendido formas extremas de violencia en contra de las mujeres, como son los asesinatos. Estos crímenes aunque con características distintivas en cada país, relativas a la edad, las relaciones de parentesco o las condiciones particulares de cada lugar, tienen en común que se originan en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, que produce una situación de vulnerabilidad y limitación para las mujeres en el disfrute de sus derechos, en especial el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros.

Enmarcados en la violencia contra las mujeres definida en la Convención Belém Do Pará, estos asesinatos se han nombrado de manera particular en nuestro país como feminicidios o en otros países Guatemala, Costa Rica y Chile como femicidios .

Esta forma de violencia contra las mujeres que revela en sus manifestaciones un carácter sistemático, se ha identificado a lo largo de casi dos décadas por el trabajo de familiares de las víctimas, de organizaciones de mujeres, activistas defensoras de los derechos de las mujeres y de derechos humanos, logrando llamar la atención de diversos organismos internacionales, como la CIDH, que produjo el Informe sobre la Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación (2003), fundamental para visibilizar el problema en la región americana.

El primer problema que se ha presentado para dimensionar y conocer el problema es que las mujeres asesinadas son sistemáticamente invisibilizadas en las cifras de homicidios que recogen las instituciones de procuración de justicia en la región. Solo gracias a insistente lucha de las organizaciones y los familiares que en diversos países han logrado que se establezcan tipificaciones penales y registros especiales del fenómeno se ha ido conociendo la gravedad y profundidad de la violencia feminicida en nuestros países.

Invisibilizadas en los registros. En efecto, uno de los grandes problemas para conocer la magnitud y gravedad de los homicidios de mujeres, es su indistinción en los registros oficiales. Esta es la segunda constante en los homicidios de mujeres. De ahí la clara necesidad de contar con estudios y estadísticas que permitan dar cuenta de sus rasgos, frecuencia y de las condiciones en que se produce, además de develar las tendencias de su comportamiento

Como se afirma en el Informe del Secretario General de la ONU: En la mayoría de los países los datos policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos, y frecuentemente no brindan una información básica acerca de las circunstancias de la muerte o la relación entre la víctima y el infractor. En numerosos países los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo de la víctima. (Naciones Unidas, 2006a: 78).

Por esta razón la Recomendación 19 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, explícitamente menciona la necesidad de que los Estados parte alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella. Un Estado que no cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de violencia contra las mujeres. (OACNUD, 2009, p. 41).

No distinguir y no registrar estos crímenes equivale a no identificar su particularidad, su ocurrencia lo que conlleva a su disolución y a la virtual negación de su existencia. Pero la gravedad de esta indiferencia institucional va más allá, porque un Estado que no se ocupa de registrar y dimensionar un problema como el feminicidio revela no solo desinterés en brindar protección y salvaguardar los derechos de las mujeres, sino que además da pauta a la extensión de prácticas viciosas que originan la impunidad de estos asesinatos.

En este sentido, la invisibilidad en los registros se convierte en el primer eslabón de una cadena de injusticia que da como resultante la impunidad y connivencia de las instituciones con la violencia feminicida porque la omisión de la contabilidad de los cuerpos sin vida de mujeres que aparecen en los espacios públicos y privados, se torna en irresponsabilidad de las autoridades que deben investigar, procurar e impartir justicia y reparar el daño a las víctimas. El círculo de la omisión se cierra en una ausencia de justicia, opacidad y falta de rendición de cuentas de los gobiernos ante las miles de víctimas y sus familiares.

La impunidad es pues otra de las constantes en los homicidios de mujeres. Atendiendo a esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso conocido como Campo Algodonero (10 dic. 2009) subraya que lo que caracteriza homicidios de mujeres ocurridos entre los años de 1993 y 2004 en Ciudad Juárez [DOF: 08/03/2010] es su falta de esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones respectivas. Lo que contribuye a generar un clima de impunidad, en torno a su ocurrencia.

En el caso mexicano, organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de la Mujeres y las propias comisiones especiales que la Cámara de Diputados, ha creado para el seguimiento de estos crímenes desde la LIX Legislatura, se ha logrado ir consolidando información sobre los casos y obteniendo conocimiento sobre cómo su incidencia victimiza a las mujeres.

En nuestro país, a pesar de evidentes problemas de registro, la fuente más confiable para dimensionar la incidencia de las muertes violentas en las mujeres son la Estadísticas Vitales, en especial las defunciones que se recuperan de las Actas que los médicos legistas llenan bajo el rubro de presuntos homicidios y cuyos datos más antiguos se remontan a 1985. Este año, el registro consigna 1 mil 485 presuntos homicidios de mujeres, equivalentes al 9.6 por ciento de todos las defunciones con presunción de homicidios del año.

Para el año 2000, estas muertes representaron ya el 12.2 por ciento, presentando un porcentaje incremental en el conjunto de los asesinatos. Así, mientras el homicidio masculino ha tendido a bajar llegando en al año 2001, a solo 8 mil 888 con una caída equivalente a 27 por ciento respecto a 1985, los presuntos asesinatos de mujeres han tendido a elevarse de 9.6 a 13.2 que fue su porcentaje más alto en 2003.

A partir de 2007, como resultado de la lucha en contra del narcotráfico se han vuelto a elevar los homicidios masculinos, los cuales llegaron a 17 mil 161 en 2009. Los asesinatos de mujeres se mantienen entre el 11 y 12 por ciento de los mismos. Se trata pues de un problema creciente que de 1985 a la fecha ha privado de la vida a 34 mil 176 mujeres, desde la infancia temprana a la vejez.

Los asesinatos de mujeres tienen características distintivas que los diferencian de los homicidios masculinos. En primer lugar, 36 por ciento de ellos ocurre en los hogares mientras que en el caso de los varones 56 por ciento se producen en lugares públicos. Estos datos muestran que la incidencia de la violencia hacia las mujeres que se ha recogido en instrumentos como la Encuesta Nacional de la Dinámica y las Relaciones en los Hogares en 2006, (ENDIREH) cuyos resultados indican que 57 por ciento de las mujeres mexicanas sufre algún tipo de violencia, encubre la presencia de violencia feminicida al interior de ellos. Y que por la debilidad de los derechos humanos de las mujeres mexicana, los hogares son donde viven son, para muchas el sitio más inseguro para su vida y su integridad.

Pero es al observar la distribución de estos asesinatos por grupos de edad, donde encontramos que la discriminación y la vulnerabilidad que experimentan las mexicanas las abarca a todas, aun por diversos motivos. Así, encontramos que 5.8 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a bebés de menos de cinco años , esto significa que una de cada 17 mujeres privadas de la vida, apenas comenzaba a crecer. Ciertamente la mayor victimización se produce entre las jovencitas ya que la edad más frecuente en las muertes con presunción de homicidio se ubica entre los 20 y los 24 años. Pero la proporción de asesinatos de mujeres en la tercera edad casi duplica a la correspondiente a los varones.

Mientras que el patrón por edad de los homicidios masculinos sigue una pauta conocida internacionalmente, con una concentración en las edades jóvenes, en el caso de las mujeres tenemos un fenómeno más complejo, donde se conjuntan infanticidio, asesinato de mujeres en las edades que están siendo madres y homicidio de ancianas.

Con los datos disponibles empezamos entonces a perfilar la existencia de un entorno que produce violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres , más que uno relacionado con ciertas características de las víctimas, como su participación en riñas o en el crimen organizado, que es la característica de los homicidios de varones.

Una tercera característica de los asesinatos de las mujeres es la brutalidad con que se priva de la vida a las mujeres. Los datos disponibles en el registro de estas defunciones muestran que los medios usados en la agresión presentan también diferencias en la forma como son asesinados hombres y mujeres. Mientras que en dos tercios de los homicidos, los hombres mueren por agresiones con armas de fuego , en los asesinatos de las mujeres es más frecuente el uso de medios más primitivos y brutales : como el ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión; y se usan objetos cortantes tres veces más que en los asesinatos de los hombres. Además de que la proporción en que son envenenadas o quemadas triplica a la de los varones.

Una de cada cinco mujeres es asesinada directa y literalmente a manos de su agresor , y en 5 por ciento de los casos es quemada con sustancias o con fuego. La violencia y brutalidad con que se ultima a las mujeres indica la presencia de una intención de agredir de diversas maneras su cuerpo, antes o después de privarla de la vida.

El contexto de violencia criminal que está viviendo el país también tiene un impacto en la forma como se está asesinando a las mujeres: si bien en términos generales el panorama es muy parecido entre 2006 y tres años después, la proporción de mujeres muertas por a arma de fuego crece una tercera parte. En tanto que el ahorcamiento y similares baja de 22.4 a 18 por ciento y las defunciones en las que se utilizó un objeto cortante pasan de 17.7 a 14.2 por ciento.

Además de estas muertes violentas directamente certificadas por los médicos - que no siempre son los facultados médicos legistas, violándose en 30 por ciento de casos esta disposición así como la realización de necropsias- hay otras muertes imputables a la violencia feminicida que se enmascaran con otros decesos, como es el caso de los egresos hospitalarios por muerte de los hospitales del sector salud, de pacientes mujeres que presentaron: traumatismos, heridas, fracturas, amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras, caídas, agresión con drogas, sustancias corrosivas, agresión por empujón, y otros síntomas de maltrato, que debieran ser relacionados con eventos de violencia y que los médicos se resisten a identificar como tal, violando las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana la NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra de las mujeres, criterios para la prevención y atención, que los obliga a dar parte al Ministerio Público de estos casos.

En atención a estas cifras de muerte hospitalaria por causas imputables a la violencia, se advierte que de 2004 a 2009 son casi 120 mil casos, con un incremento de 21.2 por ciento en el periodo. Esto significa que un mayor número de mujeres mexicanas está siendo propensa a accidentes de este tipo en los últimos años.

El suicidio es en muchos casos otra arista de la violencia feminicida. La presencia de un contexto sistemático generador de violencia contra las mujeres se evidencia cuando tomamos en cuenta factores como la prevalencia de suicidios.

En general, en los estudios de muertes violentas se presume que hay una relación negativa entre los niveles de homicidio y los de suicidio. Así, en los países con menores tasas de homicidio se encuentran las mayores tasas de suicidio. En nuestro país se ratifica también este patrón cuando toca ver el comportamiento de la relación homicidios/suicidios. Pero si bien las tendencias nacionales a lo largo del tiempo refrendaron en el caso de las mujeres, esta misma tendencia inversa entre las defunciones con presunción de homicidio y aquellas auto inflingidas intencionalmente (que es como se clasifican médicamente los suicidios), también se advierte un crecimiento simultáneo de ambas en los momentos donde ha habido un punto de inflexión en los asesinatos de mujeres. Es decir que de venir bajando han vuelto a subir y lo mismo está ocurriendo con el suicidio. Así, desde 1985, el suicidio de mujeres se ha multiplicado por 2.37 y en los últimos diez años ha crecido 166 por ciento. Lo que es una manifestación contra fáctica a todo lo que ocurre en el mundo.

En este sentido, el registro de los presuntos asesinatos de mujeres que se realiza en el país, vuelve a mostrar inconsistencias e imprecisiones que se antojan más producto de la indiferencia o denegación de su importancia, cuando no de una deliberada intención de las autoridades ministeriales de las entidades para reducir por la vía burocrática, una realidad dolorosa para las familias que padecen estas traumáticas pérdidas, e incómoda para las autoridades.

La procuración e impartición de justicia en estos casos, es también otro escollo para dar plena garantía a los derechos de las mujeres a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física. Un fenómeno particularmente perturbador es la prevalencia de violaciones sexuales en buena parte del país.

A diferencia de las muertes violentas, donde el subregistro estaría relacionado con el no hallazgo de los cadáveres, en este caso la información son las denuncias por violación levantadas ante el Ministerio Público .

Es bien conocido el tipo de problemas a que se enfrentan las víctimas de este tipo de violencia, desde el shock psicológico, la negación como recurso de autoprotección, la revictimización cuando se atreven a denunciar, etc. No obstante que el número de las denuncias de estos hechos es sólo la punta del iceberg de un problema mayor, se registran en el país 15 mil violaciones sexuales anualmente, habiendo entidades del país como Chihuahua, Baja California y Baja California sur, Estado de México, Quintana Roo, Morelos y Tabasco, que en 2009, presentaron tasas superiores a 40 violaciones por cada 100,000 mujeres.

En lo que hace a la procuración e impartición de la justicia los obstáculos de las mujeres son casi infranqueables. Las víctimas son catalogadas de entrada y con mucha frecuencia casi como responsables de sus propias muertes, debiendo los familiares que reclaman justicia probar que sus hijas o parientes eran honradas y honestas. Se agrega a esto la existencia de códigos penales en muchas entidades donde aún se considera como atenuante el estado de emoción violenta. De suerte que nos enfrentamos a un contexto en que la violencia contra las mujeres es condonada desde el derecho, lo que contribuye a su invisibilización y la impunidad al ofrecer menores castigos a los asesinos de mujeres si alegan que estaban fuera de sí, aunque le hayan quitado la vida con lujo de violencia.

1.4. Un asesinato con nombre propio: Feminicidio

El asesinato es la negación de uno de los principales derechos humanos: el derecho a la vida, reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entrado en vigor el 23 de marzo de 1976), ambos instrumentos ratificados por el Estado mexicano.

Todas las personas se encuentran sometidas a una serie de riesgos a lo largo de toda su vida, y la muerte es lo único seguro. Pero la forma en que algunos grupos están expuestos a la violencia y las maneras en que ésta se torna una amenaza para su vida no es aleatoria, ya que depende de la manera en que las personas están ubicadas en el orden social. Desde esta perspectiva la muerte sí hace diferencias.

Por ello hablar de violencia feminicida implica abordar la discriminación y la violencia que padecen las mujeres en distintos ámbitos (comunitario, familiar, de pareja, laboral, escolar, institucional) bajo distintas modalidades. Y considerar que esta violencia es resultado de relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, en materia de acceso a recursos, derechos, oportunidades y capacidades.

Para las mujeres su propio cuerpo constituye un factor de riesgo, ya que sobre él se cierne un afán de dominio, uso y control, que puede convertirse en una amenaza para su seguridad, su integridad física y sus libertades. Que termine vulnerando su salud, sus capacidades, causando denigración, intimidación, miedo, sufrimiento, daño, hasta llegar a la muerte cruenta.

La amenaza en la que viven las mujeres queda evidenciada por la percepción de inseguridad y el temor que experimentan y revelan mujeres de distintos niveles sociales y en la mayoría de las ciudades del país. Pero esta amenaza se torna con más frecuencia en un severo peligro para aquellas que trabajan en la maquila, o que sobrevive