Mariano Rajoy decidió judicializar el problema catalán, por miedo escénico e incapacidad para resolverlo y día de hoy, con esa decisión, ha puesto en riesgo el futuro del Estado. Les dijo a los jueces que le hicieran su trabajo, cuando estos le decían una y otra vez que no era un problema jurídico sino político. Hasta que lo crearon. La inacción, falta de diálogo, de tender manos y el insulto por bandera, provocó el desafío de la parte independentista situándose al límite de la legislación española actual.

Con el 1-O en los tribunales, con medio Govern encarcelado sin motivos y otros tantos fuera del país para evitar la represión, con un PP cada día más desgastado y casi residual en Catalunya u después de haber movido los hilos judiciales a su antojo, a Rajoy se le complican las cosas. En el Tribunal Supremo, jueces y fiscales están cansados de las injerencias políticas y de la fiscalía general del Estado. Llevan meses avisando y para el gozo de los que defienden que en España hay independencia judicial, ese cabreo se ha materializado en contadas ocasiones en las últimas semanas, escenificando en público los desencuentros entre los que trabajan en el Supremo y la fiscalía general del Estado, a órdenes de La Moncloa.

El último episodio de este divorcio entre poderes -qué no debería ser noticia en un estado normal- es el desafío del magistrado Llarena al ministro Cristóbal Montoro y viceversa. Ahora dice que le quiere someter a un careo con la Guardia Civil… a ver quien miente más y durante más rato. Montoro, uno de los más anticatalanistas del Gobierno, convirtiéndose en el nuevo ídolo del independentismo. Lo que nos quedaba por ver… pero eso no es lo peor. Lo peor es que un juez quiere enfrontar a un ministro contra la policia judicial, para intentar dejar en ridículo al ministro, cuando puede salir vencedor. Y es que encima, es el único del gabinete Rajoy que defiende en voz alta la tesis que no se gastó dinero público para el referéndum. Aunque solo sea para salvarse el culo.

Tras el varapalo de la justicia alemana con la liberación de Carles Puigdemont, la tranquilidad de la belga y la escocesa con los procesos de extradición de los ex consejeros y la inacción de la Suiza, a España solo le queda confiar en la dureza del Tribunal Supremo para sentirse moralmente vencedores. Aunque ello puede suponer un golpe electoral duro para Rajoy, cuando cada vez, hay más españoles que critican la regresión de derechos que hay en España.

Como en tantas otras ocasiones, la táctica Rajoy de dejar pasar el tiempo hasta que se solucione o traspasar el marrón a otro está fallando. No se quién ganará el pulso en el problema catalán, si España o Catalunya, más allá del coste personal que tendrá para algunas personas. Lo que se seguro es que la incapacidad del Presidente del Gobierno y el querer demostrar a diario -igual porqué ni ellos mismos se lo creen- que existe un Estado de Derecho, acabará con España como un estado desecho.