Por Mara Laudonia



También utilizan la apertura de empresas offshore las familias, para planificar las sucesiones de una manera menos costosa, o en el caso de eventuales separaciones.



Esto sucede, a modo de ejemplo, cuando un inversor quiere invertir en activos financieros del exterior u operar con firmas de Estados Unidos u otro país del exterior en servicios relacionados con Argentina. La ley argentina especifica que debe suscribir por temas regulatorios una sociedad, puede afectar en materia de costos.



En cambio, al armar una sociedad en un paraíso fiscal, que pueden ser las Islas Vírgenes, o Cayman, tienen un costo de entre u$s 1.000 y u$s 1.200 dólares "all inclusive" y con un tiempo reducido en papeleríos de inscripción, y que incluye costos legales e impuestos, balances anuales, y mantenimiento.



En cambio, en la Argentina, registrar una sociedad puede demandar mucho tiempo y mayores costos, que quizá no haga redituable el negocio.



En Argentina constituir y mantener una sociedad por acciones resulta no sólo oneroso a nivel impositivo sino que debe ser inscripta en el registro público de comercio o la Inspección General de Justicia, con trámites que suelen demorar semanas y hasta más de 6 meses, con el consecuente pago de tasas anuales y por timbrados.



Además los socios deberán constituir un directorio por cada período de hasta tres años, mediante reuniones de accionistas y de directores cuyas actas deberán ser registradas -previa publicación de edictos- ante la IGJ.



Otro motivo por el cual un individuo puede tener tener una offshore, son las sucesiones familiares.



Si el individuo muere, con una acción de una offshore puede distribuir su patrimonio a través de acciones con los titulares de dicha sociedad, que serían familiares o allegados.



Esto resulta más práctico, cuando hay problemas familiares, o hijos de diferentes madres o padres, entonces con una acción de una sociedad offshore, se puede manejar sin problemas la división, con la parte proporcional que el Codigo Civil permite.



No obstante, para muchos argentinos el "paraíso" sigue siendo el colchón, tras haber pasado por varias crisis o restricciones económicas, como hiperinflación, el plan Bonex, la quiebra de bancos (que tuvo sus primeros casos en el Banco de Intercambio Regional o el Banco de los Andes, durante la segunda mitad de los años '70), el corralito del 2001, o el cepo cambiario del 2011.



Es decir, alguna vez esa plata fue generada legalmente en el país y pagó impuesto a las ganancias, pero luego fue retirada del sistema, al colchón o a la caja fuerte, con lo cual desapareció del patrimonio declarado de los individuos que la tenían, que hoy no pagan por este dinero el impuesto a los bienes personales.



Ante un blanqueo, debería comenzar a pagar impuesto a los bienes personales, en el caso de ser necesario.



La Argentina es un país considerado "poco amistoso" en relación al pago de impuestos para individuos y para armar negocios, lo que alienta a explorar alternativas con el lema bajo el brazo de "nadie está obligado a hacer lo que la ley no dice", a la hora de tener una firma.



En el mundo, entre los países amigables para las inversiones, medida por el peso de sus cargas fiscales, el país se ubica entre los últimos lugares, ocupando el puesto número 170 de 189, según el índice 2015 Doing Business que confecciona el Banco Mundial.