Sigue dibujándose el cambio más profundo y más acelerado de la política mexicana del que tengamos memoria. El sistema de partidos está hecho añicos y se va conformando un poder hegemónico capaz de dictar la ley y tal vez de rehacer la Constitución sin tener que negociar con adversarios. Pero ahí no termina el cambio. Tan importante como la ruptura del arreglo tripartita es la sacudida que se anuncia en la estructura burocrática y la amenaza que pende sobre nuestro precario sistema federal.

Algo he hablado del cambio en los partidos y espero hablar pronto del cambio en el sistema federal. Aquí me gustaría intentar una interpretación del cambio administrativo. Se anunciaba ya en los discursos del candidato presidencial. El gobierno no estaba del lado del pueblo porque estaba desconectado del pueblo. La alta burocracia ha vivido en una burbuja de privilegios y lujos. Puede advertirse una sensata sensibilidad republicana en esta crítica de López Obrador pero sus propuestas pueden resultar peor medicina que la enfermedad. Por lo pronto, no se anuncia una transición tersa en el ámbito de la administración. No es para menos. El futuro Presidente anuncia una draconiana reducción del salario de los altos funcionarios y la cancelación de prestaciones relevantes. Al mismo tiempo, declara que el 70% de los trabajadores de confianza son desechables. Y, al mismo tiempo, ha decidido la mudanza obligatoria de miles de servidores públicos que, a partir de diciembre, tendrán que rehacer su vida en otra ciudad si es que quieren conservar su trabajo.

Se ha hablado de los efectos de esta fricción y de estos anuncios. Me gustaría detenerme en el proceso de toma de decisiones. La dispersión del gobierno puede ser uno de los cambios más radicales en la historia reciente de la administración pública federal. Sacar Secretarías y dependencias de la capital es un asunto extraordinariamente complejo y costoso. Dudo que el cambio produzca las bondades prometidas y, por el contrario, imagino la mudanza como una distracción mayúscula para un gobierno cargado de proyectos y exigencias. Un derroche que desaprovecharía un patrimonio de generaciones. De llevarse a cabo la reubicación, las Secretarías tendrían que prestar tanta atención al traslado como a los asuntos de su despacho. Complejo asunto, sin duda, pero lo relevante aquí es examinar cómo llega la futura administración a la persuasión de que se trata de una buena idea. Es sencillo: se escucha al caudillo y se ponen en práctica sus deseos. A fin de cuentas es su gobierno. La convicción del futuro Presidente basta. No hace falta nada más. La SEP a Puebla, Comunicaciones a San Luis, Pemex a Ciudad del Carmen. Él y sólo él clavó los alfileres en el mapa. ¿Para qué perder el tiempo con nimiedades prospectivas? ¿Para qué arrastrar el lápiz analizando el costo de la ocurrencia si ésta es, en realidad, una iluminación?

Detrás del llamado a la austeridad se revela una convicción patrimonialista que no puede ser anticipo de buena gestión. El Presidente decide qué hacer con la casa presidencial como si ésta le perteneciera. El Presidente decide vender el avión presidencial sin examinar si esa operación es una forma razonable de cuidar los recursos comunes o, más bien, un despilfarro. El Presidente decide a dónde enviar las oficinas públicas como si fueran piezas de su ajedrez. Estamos en presencia de un nuevo experimento patrimonialista. Por sus primeros gestos, López Obrador se acerca a la administración pública como un hacendado se relaciona con sus peones. Puede tronar los dedos y reducirles el salario. Puede deshacerse de ellos si le da la gana. Puede cambiarles el horario del trabajo de un día para otro sin que importe mucho lo que dice la ley. Moviendo un dedo ordenará a sus criados que empaquen sus cosas y se trasladen a la otra punta del país. Si rompen sus familias, si pierden oportunidades de educación para sus hijos, si las mujeres tienen una desventaja adicional, si el cambio significa una merma económica para el servidor público le tiene sin cuidado. El peón debe, ante todo, demostrar su lealtad. Aunque se dé ínfulas de cartujo, López Obrador ejerce un liderazgo patrimonialista que, seguramente, terminará siendo una nueva fuente de derroche, ineficiencia y corrupción.

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Jesús Silva-Herzog

Agencia Reforma