Publicidad

La acusación popular en el ‘caso Bárcenas’ anunció ha anunciado su intención de recurrir el último auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para intentar sentar en el banquillo «a todos los responsables», tanto del PP como de las empresas constructoras que realizaron pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos.

La acusación popular la ejercen organizaciones y asociaciones que presentaron la querella criminal en febrero de 2013 que dio pie a la apertura de la investigación. Son Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y Justicia y Sociedad.

Consideran «apresurado» el cierre de la instrucción decidido por el juez y, pese a reconocer «elementos positivos» en ese auto, lo recurrirán para conseguir un «duro reproche penal» para todos los implicados.

Además de las repercusiones penales, consideran acreditados indiciariamente diversos delitos «que deberían desencadenar consecuencias políticas drásticas».

Por ejemplo, señalan, la existencia de una caja B, la comisión de un delito electoral o de financiación ilegal, así como la falsedad contable «tendrían que provocar dimisiones en masa», y no comparten la decisión del juez instructor de considerar prescritos algunos de esos delitos.

«Las distintas maniobras para acortar el tiempo de instrucción, apartando al juez Ruz de la misma, han hecho que ésta resulte incompleta. El cierre prematuro y forzado de la instrucción provoca que no se hayan recopilado pruebas suficientes como para abrir juicio oral contra muchos de los protagonistas que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas», dicen los querellantes.

Creen «imposible a estas alturas» creer que los pagos de las constructoras, en muchos casos por cuantías muy superiores a los máximos legales permitidos, «se hacían por filantropía y no a cambio de sustanciosos contratos de obra pública». Es difícil de creer que sea casualidad, apuntan, que el mismo día en que se adjudica una obra pública la empresa beneficiaria haga una donación al PP, como queda acreditado en la documentación aportada.

Destacan también el «escaso apoyo» a Ruz por parte de la Fiscalía, la Agencia Tributaria o la Intervención General de la Administración del Estado, a la que al parecer «le faltaba información sobre un buen número de contratos de los que sí teníamos conocimiento las organizaciones querellantes».

Agencias