La Junta de Andalucía ha aprobado esta semana un polémico Decreto Ley en el que cambia el régimen jurídico de gestión de las emisoras municipales, facultando a los Ayuntamientos para que puedan ceder su gestión indirecta a terceros, incluidas las emisoras comerciales.

De esta manera, se entrega la gestión a los ayuntamientos y se dejan en el aire todos los procedimientos en marcha para intentar cerrar las más de 400 emisoras piratas que siguen operando en la comunidad andaluza.

La Junta justifica la medida por "mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva", aunque muchos ven en este decreto una ley hecha a la medida de los operadores que siguen al frente de este tipo de emisoras sin licencia.

Este periódico ya adelantó en febrero que Cope+ Granada, Cope+ Málaga, Cope+ Córdoba y Rock FM Córdoba seguían emitiendo en sus habituales frecuencias, pese a que estas cuatro emisoras fueron clausuradas el pasado mes de diciembre por la Junta de Andalucía por carecer de licencia.

En un documento oficial de la Junta de Andalucía fechado el 13 de diciembre y al que tuvo acceso Invertia, la directora general de Comunicación Social, Marta Olea, confirmaba que este departamento había comprobado el cese de estas emisoras (más la frecuencia de Rock FM Málaga) "sin título administrativo habilitante".

Denuncia de Abellán

De esta manera, la Junta respondía a una denuncia del periodista José Antonio Abellán -ex director de Deportes de la emisora de los obispos- que el 13 de enero de 2019 denunció que estas cinco frecuencias no tenían la autorización para emitir y que, por tanto, vulneraban la Ley General de Telecomunicaciones.

Con base en esta denuncia, la Junta y su Dirección de Comunicación Social comprobaron que estas emisoras funcionaban en frecuencias en las cuales no tenían autorización —conocidas popularmente como radios piratas— y, por tanto, procedió a su cierre.

De hecho, en la carta a la que ha tenido acceso este diario se indica expresamente "que se ha comprobado el cese de las emisoras denunciadas", por lo que el organismo dio por finalizado el expediente.

El problema es que un mes y medio después de que la Junta constatara oficialmente que estas emisoras estaban cerradas, todas ellas volvían a escucharse en sus respectivos diales en los que -confirmó la Administración autonómica- no tenían licencia para operar.

En términos prácticos, estas frecuencias habrían incurrido en al menos dos infracciones tipificadas como "muy graves" en la Ley General de Telecomunicaciones: operar sin licencia y desestimar un requerimiento de cese de emisiones.

Nueva Ley

Esta misma Ley contempla sanciones de hasta veinte millones de euros por cada licencia que opere de manera ilegal y establece que si hay reiteración en la falta (como es este caso) podría dar pie a la inhabilitación de hasta cinco años del operador para la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.

Con la anterior ley sobre la mesa, la Junta estaba facultada para acabar con las emisiones de Cope en Andalucía donde hubiese perdido su mayor vivero de oyentes (622.000 según el último EGM), nada menos que la quinta parte de toda su audiencia a nivel nacional, y se hubiese producido un hecho inaudito: su gran baluarte y comunicador estrella, Carlos Herrera, se hubiese dejado de escuchar en su propia tierra.

No obstante, la actual Ley deja la potestad de estos procesos en manos de los Ayuntamientos y paraliza de facto todos los procedimientos en marcha para cerrar emisoras piratas como las que se atribuyen a la Cope, con lo que se garantiza que la emisora siga operando en la Comunidad y que Herrera se siga escuchando.

Y todo ello pese a que la propia patronal de las radios, la AERC, en la que también está Cope, criticase duramente duramente este decretazo. La patronal "insta a la Junta de Andalucía a que, con determinación, proceda al cierre de todas las emisoras ilegales que operan en su territorio".

Andalucía y Cope

En segundo lugar, piden que se "suspenda la aprobación por vía de urgencia del mencionado Decreto Ley, una medida de dudosa cabida en el marco regulatorio de la radiodifusión, a nivel autonómico y estatal, que altera gravemente la competencia y que carece absolutamente de oportunidad".

Andalucía es uno de los mayores soportes populares de Herrera. De hecho, anualmente Cope hace solo dos presentaciones en sociedad de su nueva temporada: una en Madrid y otra en Andalucía, donde Herrera y toda la plana mayor de Cope es arropada por las autoridades andaluzas.

Una muestra de la complicidad de Cope y Herrera es que el comunicador realiza habitualmente su programa desde su amada Sevilla, donde están los estudios con mayores recursos de Cope, después de Madrid.