El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.

Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.

Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.

Dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Grave cuestionamiento

Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.

Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.

Sólo desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo.

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que se están usurpando competencias del próximo Consejo.

Control del Supremo

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.

Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

“Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años, hasta la jubilación.

Las asociaciones recurren

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. Esta reforma que pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo “es nombrar a los afines antes de que termine el mandato”.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que toda situación de interinidad está “acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención que no se haya producido en los nombramientos”.

Vuelco al Tribunal Supremo



Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.

Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados.

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.

Espejel y Barrientos, los favoritos

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. Jefa de la Inspección de los tribunales, es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde, elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.