En el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto, está concentrada parte fundamental de la información de Grupo Higa y OHL-México, corporativos conocidos por sus tramas de millones de pesos y sospechas de corrupción. Pero el Gobernador Eruviel Ávila logró reservar los datos de las dos empresas hasta 2024, un sexenio después de que concluya la presente Administración federal. Banobras también mantiene bajo candado las convocatorias que publicó antes de otorgarle contratos a Higa. Y Pemex indica que sus contratos con OHL México son públicos, pero uno de ellos tiene un costo de casi 200 mil pesos. Son los obstáculos encontrados por SinEmbargo en un ejercicio en todos los sistemas de Transparencia del país para lograr un acercamiento a esas dos entidades, las más controvertidas de los últimos años.

Por Alejandra Padilla, Linaloe R. Flores y Daniela Barragán

PRIMERA PARTE

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– Si un ciudadano quiere conocer alguno de los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha firmado con la filial de Obrascón Huarte Lain en México (OHL México), tiene razones para alegrarse: la información es pública y puede ser solicitada ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Pero ese ciudadano deberá tomar en cuenta un detalle: sus recursos económicos. Por el documento tendrá que pagar 171 mil 522 pesos, el costo fijado por el instituto para ese legajo de unas nueve mil cuartillas.

Ahora, si el ciudadano quiere enterarse al pie de la letra de un contrato que la Secretaría de Energía celebró con Grupo Higa, S.A. de C.V., de Juan Armando Hinojosa Cantú, tendrá que pensar en desembolsar 27 mil 610 pesos con 50 centavos, más 107 pesos con 50 centavos por gastos de envío.

En México, los datos públicos tienen precio: 50 centavos por copia simple y 18 pesos por copia certificada. Son costos regidos por la Ley Federal de Derechos, una legislación promulgada en 1981 por el entonces Presidente José López Portillo y a los que se apega la normativa de Transparencia y Acceso a la Información vigente.

Así, el acercamiento a Grupo Higa y OHL México, las dos entidades privadas más conocidas en la presente Administración por supuestas anomalías en sus relaciones contractuales con los gobiernos, tiene un costo que puede rebasar los cien mil pesos.

A juzgar por los cientos de solicitudes de información ante el INAI, los mexicanos desean desenmarañar las tramas que vinculan millones de pesos con sospechas de corrupción o privilegio en ambos corporativos. Investigadores, tesistas, periodistas o ciudadanos comunes han manifestado su deseo de contar con los contratos entre el Gobierno y estas empresas; además de pormenores de reuniones que han implicado a funcionarios, según puede leerse en las peticiones.

Pero además del costo de los contratos, quienes buscan información sobre Higa y OHL encuentran otro tope: la reserva. Parte fundamental de los datos de ambas empresas está concentrada en el Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto; pero no puede accederse con facilidad a la información guardada ahí. Una Ley de Transparencia que permite la extensión hasta el infinito de los plazos para reservar información, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar hasta 2024 asuntos como la concesión a Grupo Higa de la autopista Toluca-Naucalpan, cuya construcción implicó el desalojo y destrucción de viviendas de una comunidad otomí en Santiago Xochicuautla en abril pasado; además de los datos del Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción de OHL-México.

Esta casa editorial hizo más de mil solicitudes de información para conocer en qué sitios de la República, estas dos empresas contaban con contratos y con qué gobiernos. Las respuestas fueron prórrogas de 20 días hábiles, declaraciones de inexistencia o de reservas parciales o totales, así como el costo en miles de algunos contratos.

A cada institución le fue solicitado el número de convenios, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. A nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo.

En cuando a OHL, la SCT, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron las instituciones que admitieron relación contractual.

Mariana Campos, coordinadora del Programa Gasto Público, de México Evalúa, una de las autoras del estudio “Métrica de la Transparencia en la Obra Pública”, conoció el ejercicio de SinEmbargo. Para la observadora, el acercamiento a través de los mecanismos de Transparencia a esas empresas se interrumpió cuando la intención fue ir más allá en el conocimiento detallado de los contratos y también en la reserva con plazos mayores a cinco años.

También fue consultado Ernesto Gómez Magaña, forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#yoco) de la organización Contraloría Ciudadana y a cargo de la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

“Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con la Transparencia”, expuso el especialista.

LOS SECRETOS DEL EDOMEX, LA TIERRA DEL PRESIDENTE

El 11 de abril de 2016, la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, amaneció repleto de maquinaria pesada. La empresa Autovan, filial de Grupo Higa había ingresado para desalojar a sus habitantes y luego, destruir sus casas. Fue notoria la zozobra en el pueblo. Los obreros que conducían los pesados tractores no iban solos, los apoyaban elementos granaderos del Gobierno del Estado de México.

La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas mediante un decreto firmado por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2015 para concluir la autopista Toluca-Naucalpan.

La carretera está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros que beneficiaría el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.

Pero los detalles de la concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Es una reserva que incluye todos los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que derivan de la liberación del derecho de vía requerido para la construcción de esa carretera.

De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.

El 2024 también es el año en que se abrirán los datos relacionados con el Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA), la concesión que originó el escándalo de corrupción de la filial en México de OHL México.

Aunque desde 2013, el conductor que transita cada día por el Circuito Exterior Mexiquense ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, si pregunta por el destino de sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.

El Gobierno del Estado de México argumenta que la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, el Gobierno canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato habría sido una orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo.

HIGA Y BANOBRAS: CERRADURA QUE NO ABRE

“Parcialmente reservada” fue la respuesta de Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– cuando se le solicitó información detallada de sus contratos con Grupo Higa. El emblemático banco ha firmado seis convenios con filiales del Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, pero de cuatro, no pueden conocerse las convocatorias, parte fundamental de una adjudicación en un proceso de libre competencia.

Ocurre así en la convocatoria que se hizo para la ejecución de la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado.

También el que se le otorgó a Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” y en el que se le dio a la misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Altacomulco-Maravatío.

En el que tiene la constructora Teya para la ejecución de los trabajos de la ampliación de dos a cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero Guadalajara-Colima, la convocatoria también está reservada.

Banobras informó a este medio digital que la información que mantiene reservada está protegida por el secreto bancario y fiduciario y que el comité de información (ante el INAI) se pronunció por confirmar ese estado de los datos en su sexta sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2016.

El Banco se había propuesto mantener bajo el candado de la reserva (hasta 2025) los contratos que firmó respecto a la autopista Guadalajara-Colima, uno con Constructora Teya S.A. de C.V. y otro con Obras del Pacífico S.A. de C.V., ambas filiales de Higa.

Y era así, según Banobras, porque los datos de ese contrato pertenecían a un fideicomiso el cual también estaba bajo secreto fiduciario.

Pero el INAI lo reconvino para que abriera la información.

De modo que ante las solicitudes de este diario digital, Banobras respondió: “Se hace de su conocimiento que los contratos celebrados con Constructora Teya S.A. de C.V y Concretos y obras del Pacífico S.A. de C.V. se han dado a conocer con motivo de una resolución del INAI”. En efecto, en sus respuestas, Banobras remite a su dirección electrónica (http://www.banobras.gob.mx) para que se consulten sus contratos. Pero al llegar al rubro indicado, el click no lleva a ninguna información.

Las respuestas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también representaron una traba. Ante cuatro solicitudes, la dependencia notificó que requería prórroga pero concluido ese periodo, dejó sin contestar dos. Una de sus respuestas se refiere a OHL España cuando la pregunta fue específica en OHL-México.

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México aparece hundido en el “Índice de percepción de la corrupción”, elaborado por la organización Transparencia Internacional cuya sede está en Berlín. En el último reporte de 2014, obtuvo 35 puntos, en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción).

Cuando Peña Nieto fue candidato el Índice de Percepción de Corrupción 2011, elaborado por Transparencia Internacional, México tenía el sitio 100 de 183. Una posición de alarma. Hoy, el país no ha logrado atravesar el bache: se superó cinco posiciones, pero se mantiene entre los países con las peores calificaciones: está en el casillero 95.

En estos momentos, el costo de la corrupción tanto en el Gobierno como en las empresas está calculado en el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ubica ese número en 10 por ciento. De cualquier forma se trata del doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y es superior a los dividendos de la extracción de petróleo crudo cada año por Pemex.

El 4 de mayo de 2015, Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, promulgó en el Palacio Nacional la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de estampar su firma, el Primer Mandatario dijo que con esta nueva norma se cerraban los espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abría una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en el país.

Apenas dos días después, el diario británico The Financial Times –el más influyente para los inversionistas del mundo– publicó un reportaje en el que relató que la corrupción se había convertido en un lugar común en México, al grado que a las empresas locales y multinacionales ya les resultaba indiferente.

El plazo para que los estados armonizaran sus sistemas de información de acuerdo con la Ley General de Transparencia que entró en vigor el 5 de mayo ha expirado y sólo xx estados lo lograron. Y mientras buscan homologarse, los obstáculos para acercarse a Higa y OHL brotan en casi todos los sistemas de transparencia. El de Tabasco no permitió realizar las solicitudes pues en su portal público no aparece la opción para registrarse en el sistema. En los de Yucatán y Tamaulipas, después de ingresar la solicitud, no se obtuvo fecha de respuesta.

A nivel federal, la frecuencia con la que el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2016) han negado información se refleja en el Índice de Expedientes Reservados que a la fecha suma 12 millones 416 mil 154 asuntos. Las negativas concentran contratos, gastos en obras o funcionarios involucrados en irregularidades. Respecto a los contratos de Higa, el Gobierno mantiene la categoría “información pública” ante el INAI. Pero el acercamiento implica un camino con topes.