Pero desde luego que nos indignamos. ¿Cómo está eso de que por el solo hecho de que no parezcamos gringos, que no seamos rubios y con sobrepeso por tanta comida frita en nuestra dieta de comidas rápidas, nuestros paisanos puedan ser sujetos de arrestos, multas y deportación? ¿Cómo está eso de que una violación a la ley migratoria, que es una falta administrativa, se convierta en Arizona en un acto criminal? Por supuesto que tenemos que denunciarlo, en coro y desde todos lados.

Qué bien que nuestros políticos dejen de lado que Estados Unidos es una democracia para que exijan a Barack Obama, que como presidente de Estados Unidos frene esa ley - al final de cuentas, nuestros resabios culturales del autoritarismo nos permiten excesos como pedir al Ejecutivo que manipule a la federación. Es excelente que la Iglesia católica se queje y presione al gobierno federal de que haga algo por los pobres mexicanos que están a punto de ser repatriados contra su voluntad, y que el gobierno ofrezca la defensa a ultranza de ellos. Qué motivador es también que en el Congreso haya voces que quieran promover iniciativas contra la ley antiinmigrante.

Hay una ola nacional contra la gesta racista en las tierras desérticas de Arizona. Pero en realidad vemos al norte para no voltear hacia nosotros mismos. Culpamos a otros sin mirar lo que hacemos de forma bastante más salvaje y grotesca. Les gritamos que discriminan, que son déspotas, mal nacidos y exterminadores del multiculturalismo. Gritamos con la fuerza de nuestro pulmón para esconder cuán hipócritas somos y lo infame de nuestra maniquea solidaridad. Sacamos lo mejor de nosotros para esconder lo peor porque, ¿cuál fue la reacción mexicana cuando el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre el maltrato de los centroamericanos en México? ¡Exacto! Nada.

Pero no nos confundamos. La ley antimigratoria que firmó la semana pasada la gobernadora Jan Brewer es la más restrictiva que existe actualmente en Estados Unidos, lo que motivó críticas del presidente Obama inclusive antes de que la suscribiera y lo hizo advertir que el Departamento de Justicia observará su aplicación -de acuerdo con la ley en Arizona, en un plazo de 90 días-, porque existe la posibilidad de que sea violatoria de los derechos humanos.

Brewer esperó hasta el final para hacer algo que sus antecesores se habían negado a firmar. Arizona no se ha distinguido en los últimos años por ser un espacio donde confluye un conocimiento amplio del complejo fenómeno migratorio, sino al contrario. Esta decisión que polarizó al país en unos cuantos días se inscribe en el marco electoral que muchos fuera de Estados Unidos pasan de largo.

La ley antiinmigrante fue una iniciativa que el tesorero del estado Dave Martin aprovechó para presionar a Brewer y obligarla a tomar una posición pública. La gobernadora, que sustituyó a Janet Napolitano cuando Obama nombró a ésta secretaria de Seguridad Territorial, buscará la reelección este año y en las primarias republicanas a finales de agosto, su principal adversario es, precisamente, Martin.

Una vena racista que se ha venido alimentando desde hace años cuando aparecieron en Arizona organizaciones vigilantes que crearon grupos paramilitares para frenar la inmigración en la frontera con México, y sucesivos gobiernos que elaboraron más de 200 iniciativas en contra de ese grupo en esta década, construyen parte del sedimento político que se ha empalmado con la temporada electoral. La denuncia, como rápidamente se hizo en varios países centroamericanos cuyos inmigrantes también resultarán afectados, es una obligación moral y una posición política.

Pero, ¿con dobles discursos como el mexicano?

El reporte que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que policías se habían vinculado con el crimen organizado -cárteles como Los Zetas y pandillas como los maras- para secuestrar, golpear, violar, prostituir, extorsionar y asesinar impunemente a inmigrantes a su paso por México. Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, periodo que comprendió el estudio, fueron secuestrados un promedio de 67.7 inmigrantes centroamericanos por día -una cifra que, bajo cualquier perspectiva, es escandalosa. En el 10 por ciento de esos casos se documentó la participación de autoridades.

El informe describió algunos testimonios que recogió de las víctimas, como el de una inmigrante salvadoreña, secuestrada junto con una compatriota, a quienes secuestraron en las vías de tren por la zona de Tierra Blanca, en el estado sureño de Veracruz, para luego ser llevadas a una casa de seguridad. La salvadoreña recordó: "Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron con groserías, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo, nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.

A mi compañera la mataron porque ella no tenía quién le ayudara y no les dio ningún número... le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.

"El lugar en donde me tuvieron secuestrada es una casa grande, oscura, sucia, que olía mal. Los dos días que estuve secuestrada dormía en el piso, no había cobijas y sólo me dieron una vez de comer un pan duro y poquita agua, además de que los individuos que me secuestraron me desnudaron y me violaron. En ese lugar todo el tiempo se escuchaban quejidos, gritos y lamentos de otras personas que posiblemente estaban secuestradas".

Los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontraron las ligas de complicidad entre delincuentes y autoridades por todo el país. Descubrieron que las redes de traficantes humanos llegan a darles salvoconductos a los inmigrantes, que es un nombre-clave, útil para que cuando en el trayecto hacia la frontera con Estados Unidos los vuelvan a secuestrar para extorsionarlos, sus nuevos captores ya no les cobrarán. El monto que pagan cada uno de los inmigrantes va de 1,500 mil a 5,000 dólares, y en volumen este ilícito generó una utilidad, en el periodo que investigaron, superior a los 25 millones de dólares.

La denuncia fue difundida con discreción en los medios de comunicación, y provocó nulas medidas correctivas del gobierno federal y menos aún de los gobiernos estatales, donde sus policías resultaron involucradas. Los políticos deben haber estado entretenidos con algo muy importante para el futuro de la patria, pues prácticamente no se enteraron de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de centroamericanos y ciudadanos de otros países en territorio mexicano.

Ya sabemos. Hablar a favor de los inmigrantes no tiene ninguna utilidad política. Hablar contra los gringos, tiene enormes réditos. Con gritos no se resuelve nada en Estados Unidos, porque el problema, por más molestia que nos pudiera llegar a causar, es doméstico. Con gritos en México a favor de inmigrantes se habría generado una corriente de opinión pública que podría haber puesto presión sobre autoridades y legisladores para que este problema añejo de racismo y violencia contra los indocumentados en este país pudiera comenzar a tener contrapesos políticos, judiciales y, eventualmente, alguna solución que no fuera la extorsión, la violencia y la muerte.

Pero es pedirle demasiado a nuestras clases gobernantes, que hablan mucho y hacen poco, o hacen mucho cuando el esfuerzo es mínimo y no se meten en problemas reales, como habría sucedido si gritaran tan fuerte por los inmigrantes que cruzan México, como lo están haciendo hoy en día en el Cañón del Colorado. En Estados Unidos probablemente no influirán en absoluto, ni incidirán en frenar la tendencia racista en estos tiempos electorales. Pero si lo denunciaran en México con la vehemencia y reiteración que lo hacen frente a Estados Unidos, podrían haber hecho una diferencia, y la doble moral que exudan por la piel habría sido un punto negro en nuestra historia, no una realidad que diariamente nos atropella.