El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue elegido en el cargo durante nueve años (2016-2025) para llevar algo de luz a un lugar quebrado socialmente, donde cientos de madres recorren cada día hospitales, morgues y las casi 400 fosas abiertas, en busca de sus hijos.

A la crisis de desaparecidos en Veracruz, el segundo Estado más poblado de México con casi ocho millones de habitantes, se suma el saqueo de la etapa de Javier Duarte (2010-2016), considerada una de las más corruptas de la historia reciente de México.

Después de un año de trabajo su equipo ha reunido confesiones, identidades y notas internas dirigidas a los superiores, que confirmarían la existencia de dos escuadrones dentro de la policía destinados a desaparecer a supuestos colaboradores de Los Zetas. Los agentes habrían terminado con la vida de 15 personas después de torturarlos en la Academia de Policía de El Lencero, cercana a Xalapa.

Ante la contundencia de las pruebas, una jueza ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas, toda la cúpula de la Secretaría de Seguridad Pública.

El caso podría ser histórico ya que, por primera vez, la fiscalía de un estado utiliza la teoría de la ‘autoría mediata’ para establecer responsabilidad. Esto significa que los altos mandos, hoy procesados, habrían instrumentado una estrategia para realizar desapariciones de manera sistemática.

En entrevista con EL PAÍS, Winckler explica que a falta de precedentes la fiscalía ha recurrido al modelo peruano que logró la condena de Alberto Fujimori por la muerte de 25 personas al considerar que conocía los planes, encubrió los hechos y obstaculizó las investigaciones.

Pregunta: ¿Por qué es un caso emblemático?

Respuesta: Es la primera vez en Mexico que se establece acción penal contra los actores materiales de las desapariciones físicas y contra los altos mandos que hicieron de la desaparición forzada una política sistemática e institucional. Es la primera vez que una fiscalía puede demostrar en México que existía una política consistente en detectar, detener y desaparecer a personas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada.

P: ¿Cómo funcionaban estos dos grupos clandestinos de policías?

R: La fuerza de reacción era una policía con apariencia de función preventiva. Detectaban a alguien sospechoso, lo revisaban y si había indicios de que colaborara con el crimen organizado porque le encontraban fotografías o mensajes de texto, tenían la instrucción de entregarlas a un grupo de Fuerzas Especiales para extraerles más información y luego desaparecerlas. Entre las víctimas hay cuatro menores de edad por lo que podrían ser condenados a 90 años de prisión.

P: ¿A qué tipo de torturas eran sometidos?

R: Golpes, palizas, descargas eléctricas y dos mujeres fueron violadas de forma tumultuaria.

P: ¿Cuál es el perfil de los desaparecidos?

R: Eran personas muy jóvenes de los 16 a los 32 años supuestamente con actitud sospechosa y con vínculos con la delincuencia que, obviamente, no tenemos demostrados.

P: ¿Eran casos aislados?

R: No fue un hecho aislado sino un ‘modus operandi’ claro y con un objetivo definido desde la cúpula policial de Veracruz. Era una Política sistemática extendida por todo Veracruz durante el mandato de Duarte.

P: Aporta pruebas por la desaparición de 15 personas, en el entorno de Xalapa y entre obril y octubre de 2013. ¿Hay más casos?

R: Seguro, no es política exclusiva de 2013 ni de la zona de Xalapa sino que fue una dinámica replicada en todo el Estado. Contamos con un reporte de desaparición de personas con participación de policías en, al menos, 53 municipios distintos.

P: ¿Cómo empieza la investigación?

R: Es el resultado de un año de trabajo revisando de forma obsesiva de carpetas de investigación y expedientes hasta encontrar un patrón de comportamiento de criminalidad reiterado en Veracruz.

P: ¿Con qué pruebas cuentan?

R: Hemos reunido el testimonio de los supervivientes, confesiones de miembros de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y pruebas documentales que demuestran que esta política era conocida, apoyada y alentada por los mandos policiales de Veracruz. Fue algo sistemático durante los años que Arturo Bermúdez (2012-2016) estuvo al frente de la SSP.

P: ¿Qué levantó las primeras sospechas?

R: Era un secreto a voces que la policía estaba implicada en un aparato represivo para las desapariciones, pero no teníamos certeza. Cuando comenzamos a analizar todas las carpetas de investigación vimos que había un patrón generalizado. Descubrimos también que, en realidad, hay 3.600 casos de desaparecidos cuando las cifras oficiales mostraban datos mucho menores

P: ¿Cuantas personas habrían hecho desaparecer estos escuadrones parapoliciales?

R: Hay un número superior a 200 personas en carpetas de investigación que aparecen como desaparecidos con posible participación de policías

P: ¿Podía Bermúdez organizar esto sin que lo supiera Duarte?

R: No es posible este crimen sin la complacencia, participación u omisión de los mandos superiores. Continuaremos con la investigación hasta que todos sean castigados.