José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, habla por su teléfono móvil. Víctor Sainz / ATLAS

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, se encuentra detrás de la “chivada” que supuestamente alertó a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, de que estaba siendo investigado en la Operación Lezo. El ministerio público subraya la “gravedad” de la supuesta comunicación de Nieto con Pablo González, hermano del expolitico, ahora en prisión, “por lo que ello puede implicar”. Un portavoz de Interior ha negado este martes cualquier filtración de datos de la investigación de Nieto a González y su entorno.

El escrito en el que los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá se oponen a la puesta en libertad de Ignacio González lleva incorporadas varias cargas de profundidad. La más dura, contra el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al que sitúan, con una redacción ambigua, como fuente de un supuesto chivatazo al expresidente de la Comunidad de Madrid de que estaba siendo objeto de escuchas telefónicas en el caso Lezo. A última hora, la fiscalía matizaba que no le imputa ningún delito.

Según los fiscales —que se enfrentaron con el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, por la negativa de este a algunos de los registros que propusieron— , Ignacio González buscó “la impunidad de sus acciones” de saqueo del Canal de Isabel II “ampliando su círculo de acción” a “diversos sectores de la Administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía”.

En uno de los pinchazos telefónicos de la investigación se oye a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño decir que este estaba “un poco preocupado” porque “le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos”. El escrito apunta que Ignacio González tenía interés en saber quién estaba al frente de la investigación de sus asuntos en la Policía Nacional “por la presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad”, José Antonio Nieto, afirman los fiscales.

El 6 de marzo de 2017, el presidente madrileño y sus hermanos Pablo —también encarcelado bajo fianza— e Isabel, diputada autonómica madrileña, se reunieron en el despacho del primero y mantuvieron una conversación que fue grabada por orden judicial. Dos días después, el 8 de marzo, Pablo González se reunió con el número dos de Interior. Según los fiscales, el auto de prisión de Ignacio González “valora la gravedad de la comunicación” con Nieto “por lo que ello puede implicar”.

El informe de los fiscales relata también que González se reunió con un “alto cargo de la Policía Nacional” para saber si lo investigaban. También recurrió a personas del Ministerio de Justicia, de la fiscalía y de la judicatura, cuya identidad no reveló, para “conocer el estado de sus casos”. Así lo reconoció el propio González en su declaración como máximo imputado en el caso Lezoante el juez Velasco.

Respaldo de Zoido

Según el escrito de los fiscales, Ignacio González “ha demostrado una capacidad real de acción” para “interferir” en la investigación por las “vías ilícitas” señaladas. Fuentes cercanas a Nieto negaron “rotundamente” este martes a EL PAÍS haber tenido ningún contacto con el político o su familia para hablar de dicha investigación y se reiteraron en las explicaciones que dio en el Congreso el 28 de abril. En la misma solo admitió un encuentro protocolario con Pablo González el 8 de marzo.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes que “por supuesto” respalda a su número dos y exalcalde de Córdoba. En los pasillos del Senado, el ministro pidió “rigor” antes de lanzar hipótesis sobre el escrito de Anticorrupción, que reconoció no haber leído aún.

El informe de los fiscales sostiene, además, que las supuestas actividades corruptas de Ignacio González le han proporcionado “una ingente cantidad de fondos públicos” que todavía “no están controlados”. Los fiscales recuerdan que el investigado “tiene patrimonio oculto tras entramados societarios” radicados en “paraísos fiscales”, lo que, según ellos, incrementa el riesgo de fuga.

Sobre el riesgo de reiteración delictiva, otro de los presupuestos para la prisión provisional, los fiscales afirman que los investigados “proyectaban inversiones de capitales en distintos sectores” y usan fondos de inversión para “pasear el dinero” antes de emplearlo en otras actividades. “La capacidad económica de la familia González es absolutamente incompatible con las inversiones millonarias que pretendían realizar”.