MADRID.- Es ilegal, pero todo vale por un puñado de votos. Eso debió de pensar el alcalde de Fuente del Maestre (Badajoz) cuando decidió avisar a sus vecinos de que se iba a llevar a cabo una inspección laboral en la localidad.



Es más, Juan Antonio Barrios García, del PP, ha emitido este viernes un comunicado en el que desmiente las críticas que recibió por, al parecer, haber dejado un local del Ayuntamiento a los encargados de llevar a cabo la campaña contra el fraude. En la nota, el primer edil no sólo niega estas acusaciones, sino que se vanagloria de que "lo primero" que hizo en cuanto tuvo conocimiento de la campaña de inspección fue "prevenir a todos los comerciantes e industriales de la localidad y que no les cogiera de sorpresa".

La inspección no era ningún secreto. La propia Junta de Extremadura que dirige José Antonio Monago publicitó que su Plan Especial de Actuación Inspectora en la Comunidad daría comienzo el 26 de enero. La prensa regional [El Periódico de Extremadura o el diario Hoy, entre otros medios] se hizo eco de ello y hasta entrevistó a uno de los 30 inspectores que, llegados desde fuera de esa Autonomía, se encargaría de alguno de esos controles. No era la primera vez que se reforzaban los exámenes laborales en la comunidad. Según el Canal Extremadura, en 2014, durante una campaña similar, afloraron 2.300 empleos sumergidos.



Sin embargo, el alcalde de Fuente del Maestre —también diputado del PP en el Parlamento extremeño— fue más allá. Según han relatado a Público fuentes municipales, no sólo avisó de forma genérica de la campaña, sino que anunció las fechas próximas en las que los inspectores iban a llegar a la localidad pacense. Dichas fuentes incluso aseguran que hubo filtraciones del Ayuntamiento a las gestorías para que éstas, a su vez, advirtieran de la situación a los trabajadores que cobraban en B.



Él mismo presume, tanto en su página de Facebook [ver imagen superior] como en un comunicado publicado en la página web del Ayuntamiento, de haber anunciado la visita en la radio municipal.



Un "malentendido"



Horas después de haberse publicado esta noticia, Juan Antonio Barrios devolvió la llamada a este diario para ofrecer su versión de los hechos. Todo se debe, dice, a un malentendido. "A lo mejor lo he explicado mal", reconoce. Y se exculpa de las acusaciones asegurando que él sólo dio la información que ya se conocía por parte del Gobierno de Monago a través de la radio local. "Sólo hice el mismo anuncio que se hizo desde la Junta", insiste.



Sin embargo, sus explicaciones son contradictorias. Por un lado, desmiente haber avisado a los vecinos, pero justifica la advertencia que cita en el texto ("lo primero que hizo este alcalde fue anunciarlo para prevenir a comerciantes y que no les cogiera por sorpresa") comparándola con las campañas que la Dirección General de Tráfico realiza avisando de los radares o el refuerzo de los controles de alcoholemia. "No se trata de recaudar con multas, sino de prevenir accidentes; en este caso, es igual: no se quiere sancionar, sino que se pongan al día las situaciones irregulares", ejemplifica.



Barrios se considera víctima de un complot. "Los mismos que ahora han denunciado esto, me acusaban de ser el único alcalde que había solicitado una inspección. No es cierto. Yo no tengo conocimiento de fraudes laborales y aquí, inspecciones, ya se hacen muchas, pero no porque yo pida más de las habituales", asegura.



Sin embargo, vuelve a contradecirse al explicar otra parte del texto publicado en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales. "Es mentira que este Ayuntamiento haya cedido local alguno a ningún inspector de Trabajo. Ni lo ha hecho ni lo hará nunca", reza el comunicado. Ahora, se desmiente a sí mismo: "Nosotros tenemos una relación institucional con el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal); cuando nos piden un local para sus controles, se lo dejamos". "Lo que pasa es que no nos lo han pedido nunca en 11 años que llevo como alcalde", apostilla.