La investigación de 11 contratos de venta de armas al país de los jeques concluye con el descubrimiento de más de 100 millones desviados por la empresa estatal española Defex desde 1991 hasta 2016

Casi una década de investigación, primero en Luxemburgo y después (los últimos siete años) en España, está destapando la que quizá sea la mayor red de corrupción del Estado conocida hasta la fecha. Sólo en cifras, el caso de la empresa española estatal de exportación de armas ya anda cerca de duplicar los 123 millones exigidos como responsabilidad pecuniaria por el caso Gürtel. Porque la empresa pública Defex, disuelta por el último Gobierno de Rajoy ante la imposibilidad de sobrevivir al escándalo, ya cuenta con unos 220 millones desaparecidos.

Los últimos 100 precisamente se han descubierto hace relativamente poco, en la fase final de una de las ramas que se investigan: la de 11 contratos de venta de armamento con Arabia Saudí. Aparte se han investigado contratos en Angola, Egipto y Camerún.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este pasado miércoles su escrito de acusación por esa pieza relativa a Arabia, donde se da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales desde 2005 hasta el 2014, pero con menciones a un periodo mucho más amplio, que comienza en 1991.

Arabia Saudí es uno de los grandes clientes de España en diversos ámbitos, sobre todo en infraestructuras (el AVE a La Meca) y material de defensa (corbetas de Navantia, bombas...). Y es en esta última parte del material de defensa donde el Estado español desplegó prácticas muy oscuras.

Según relata el fiscal Conrado Saiz en su escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, las investigaciones de estos años han acreditado que hubo 11 contratos en los que se pagaron sobornos a funcionarios saudíes, entre los que se ha identificado sin duda al que fue agregado militar en la Embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al Shamuary.

Tan claro está, que se tienen perfectamente trazadas las transferencias que recibió en cuentas españolas a su nombre.

Esos pagos -y los demás- los realizaba Defex, pero no ya para conseguir contratos, como suele ser la práctica habitual, sino para pagar comisiones en nombre de la empresa privada que consiguió esos contratos a lo largo de los años.

Entonces la pregunta que surge es: ¿para qué necesitaba la empresa privada que una empresa pública española pagara sus sobornos a los árabes? La respuesta, de haberla, es que Defex así lo imponía, y que la estructura corrupta estaba institucionalizada: aunque no hiciera nada, Defex se llevaba su mordisco de cualquier negocio internacional de exportación de armas.

Asesoraba a la empresa privada para conseguir la licencia de exportación; encargaba el material al proveedor; repartía comisiones entre funcionarios saudíes; y se encargaba de la logística del contrato.

Empresas pantalla

Los agentes de la UCO, que se han encargado de la investigación de estos 11 contratos, han descubierto una maraña de empresas pantalla repartidas por distintos paraísos fiscales cuyo único fin sólo podía ser despistar. El empresario privado acusado en esta pieza saudí es Álvaro Cervera, junto a los omnipresentes en toda la causa Manuel Iglesias Sarriá, José Ignacio Encinas y Ángel María Larumbe, antiguos responsables de Defex. Algunos de ellos pedían a sus testaferros "vino" cuando necesitaban efectivo.

Según ha emergido de la investigación, fueron dos empresas las conseguidoras de los 11 contratos: Nytel Global y IKE. La primera de estas ya fue conocida en 2016, cuando este periódico publicó en exclusiva cómo los jefes de Defex intentaron usurpar un contrato de 2.400 millones al propio Estado español. En aquella época, el Gobierno de Zapatero trataba de vender directamente a Arabia Saudí unos carros de combate Leopard 2E, pero Defex consideró que la exclusiva debía seguir siendo suya, y no del Ejecutivo.

En este documento, un jefe de Defex pedía "vino" a su testaferro, la clave para pedirle dinero.

En los 11 contratos que ahora son objeto de acusación, la Fiscalía explica que tres de ellos fueron conseguidos por Nytel y ocho por IKE. Y a esta última, Defence Development, la empresa del acusado Álvaro Cervera, pidió que se desviara dinero. Y el dinero lo tenía que desviar Defex.

Pero gracias a la figura de Cervera los investigadores han destapado que el fraude ha sido mucho mayor de lo conocido hasta ahora: a raíz de los registros y la documentación examinada, se ha descubierto que desde 1991 Cervera era el agente de Defex en Arabia Saudí. Y que desde entonces hasta 2016, Defex realizó pagos por valor de 100 millones a diversas empresas en paraísos fiscales.

La lista de empresas en lugares de fiscalidad laxa es larga: Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Isla de Man, Islas Caimán, Delaware y la propia Arabia Saudí. En todos los casos, los pagos se hicieron en relación a contratos de Defex con Arabia, y siempre, como es habitual en estos casos, amparados en unos supuestos servicios de esos "intangibles", como asesorías, que son difíciles de comprobar y lo normal es que ni siquiera se produzcan.

Los 11 contratos investigados, en la mayoría de los casos de municiones y repuestos, supusieron una facturación de cerca de 51 millones de euros, por lo que aún queda un trecho importante para averiguar los mecanismos que permitieron desviar 100 millones durante 25 años.

Esta parte de la investigación continuará, pese al cierre de la pieza de Arabia Saudí, en la pieza llamada Kogan-Oscar, que investiga la UDEF.

En el juicio por los 11 contratos de Arabia Saudí, el desvío de comisiones concreto es de al menos cuatro millones de euros, y se han descubierto cinco empresas vinculadas a funcionarios saudíes presuntamente sobornados, aparte del diplomático.

El fiscal Saiz acusa a ocho personas físicas y cuatro empresas (entre ellas la propia Defex, claro) de cinco delitos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito continuado de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

A los principales acusados se les piden penas cercanas a los 30 años de prisión, aparte de multas millonarias, como una de 45 millones a Defex.