Las tiendas de electrodomésticos en Caracas intervenidas por el Gobierno empiezan a mostrar su lado más desolador a medida que se agotan los inventarios de televisores, reproductores de blueray, neveras, lavadoras y secadoras. Ya no hay casi nada que vender salvo productos nada atractivos en términos de su revalorización: tostadoras de pan, planchas para alisar el cabello, ollas, batidoras de mano de seis velocidades, deshumidificadores, hornos microondas y cámaras de bolsillo. Vitrinas vacías, estanterías a medio llenar y mercancía dispuesta de cualquier forma en el piso dan a algunos locales el aspecto de un depósito que está rematando su existencia para cambiar de ramo. O para no abrir nunca más.

Este viernes en la sucursal de la tienda Daka, el negocio donde se inició la ofensiva económica del Gobierno de Nicolás Maduro, ubicada en Bello Monte, al este de Caracas, había una fila de 20 personas esperando la apertura del local, poco antes de las once de la mañana. El militar encargado de la seguridad parecía estar haciendo tiempo para que la fila aumentara. Los minutos pasaban y los clientes no llegaban en masa como hace dos semanas. La información se ha esparcido entre todos: ya no hay televisores con pantalla LCD o LED, los productos más buscados. Los cinco primeros de la fila entraron con la desesperación de un toro de lidia recién salido al ruedo, pero después, apenas comprobaron lo que se rumoreaba en la fila, dieron la vuelta y salieron.

Vacía también lucía la vidriera que exhibía los audífonos. Donde alguna vez estuvieron las neveras apenas hay tablones de madera con restos de plástico regados en el piso. Las cocinas a gas que quedaban ya estaban vendidas. El miércoles había unas siete neveras pequeñas que este viernes ya no estaban. Son estos los efectos concretos de la decisión de confiscar y rematar la mercancía a precios justos ordenada por el Gobierno hace dos semanas. Cumplida la orden del presidente Nicolás Maduro de vaciar los anaqueles de las tiendas los venezolanos parecen prepararse para enfrentar la larga resaca que ha ocasionado esta medida.

Para evitar que no se agoten los inventarios antes de la llegada del mes de diciembre, cuando se esperan mejoras en las ventas, los empresarios de otros ramos han limitado el número de piezas que se pueden adquirir. Al lado de Daka está una de las sedes de la cadena ferretera Ferretotal. El Ejecutivo ordenó allí un recorte de entre 30% y 50% en los precios, pero una página impresa pegada a cada una de las cajas advertía a los consumidores de que no se podían llevar más de dos unidades de un producto. A pesar de estas limitaciones las filas para comprar cualquier cosa se multiplican. Los venezolanos parecen estarse endeudando sin reparar en lo que deberán pagar en enero.

“Ya se acabaron los televisores. ¿Y ahora qué?”, se pregunta Jorge Roig, presidente del gremio de los patronos, Fedecamaras, en una conversación con este diario. Él mismo hace un vaticinio: lo más probable será que los importadores de electrodomésticos rematen todo lo que tengan y luego cierren para dedicarse a otra cosa. “No hay mucha gente dispuesta a iniciar una aventura empresarial en estas circunstancias”, agrega el líder empresarial. Además, la reciente promulgación de una Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos en el marco de los poderes legislativos que ha recibido Maduro limita un aspecto del que poco se habla en estas tumultuosas horas: Venezuela debe ser de los países donde la inversión se recupera más rápido. Ese nuevo instrumento legal extenderá sin duda ese plazo. Si a eso se suma el incierto clima de negocios reseñado por publicaciones como Doing Business, en cuyo ranking de 2013 Venezuela ocupó la posición 181 entre 189 naciones, y las nuevas obligaciones de la Ley de Trabajo, que establecen topes en las horas que deben trabajar por semana y la obligación de dar dos días libres consecutivos, todo indica que las empresas venezolanas también deben ajustar su estructura de costos para poder garantizar la rentabilidad de sus operaciones.

Juan Rojas, gerente de Ventas de la sucursal de Daka, es consciente de ello. La cadena genera unos 600 empleos, entre directos e indirectos. Los vendedores ganan un salario mínimo (2.973 bolívares, unos 50 dólares al cambio libre) más las comisiones por venta de cada aparato. Este viernes muchos estaban sentados en el piso o apoyados en los mostradores manipulando sus teléfonos inteligentes con caras apesadumbradas. Rojas calcula que la mitad de ellos abandonará la empresa ante la incertidumbre y la segura eliminación del segundo turno de trabajo. El gerente no es capaz de precisar cuándo volverán a vender televisores. “Ya no nos queda nada en el almacén. Todo lo hemos puesto a la venta para evitar que piensen que estamos acaparando”. Sí tiene claro que, si llegan, no se volverán a vender al precio que fijó el gobierno en noviembre.

Para anticiparse a las fallas de abastecimiento el Estado se dispone a llenar el espacio que previsiblemente dejarán libres los importadores privados. Es una estrategia que les permitirá establecer una nueva relación con los locales que venden electrodomésticos. Si el Gobierno corre con los gastos de importación será más fácil fijar el precio máximo al cual serán vendidos. En ese lote entrará la mercancía comprada a la surcoreana Samsung, que antes de fin de año traerá a Venezuela 400.000 aparatos, entre tabletas, teléfonos inteligentes y electrodomésticos. “Nosotros estamos tomando previsiones. Además del acuerdo con Samsung, importaremos equipos Haier desde China. Habrá suficientes equipos para todo el año”, aseguró el presidente Nicolás Maduro este jueves poco antes de promulgar sus dos primeras leyes.

Ese empeño del Gobierno por estimular la compra de televisores de última tecnología contrasta con todos los esfuerzos que hizo Hugo Chávez por modificar el patrón consumista de los venezolanos. Y también es parte de las paradojas de un país hedonista. Mientras el Gobierno libra una batalla con el sector privado por regular los precios de los electrodomésticos y se ofrece como candidato para importarlos si hace falta, ha recortado en 32,7% el presupuesto de salud de 2014 para remodelar y construir nuevos hospitales.