El subtítulo de esta columna es una frase de Desmond Tutu pronunciada en referencia al Apartheid. Por añadidura, se aplica a todo orden político y jurídico diseñado con el objetivo de restringir derechos. Con lo cual tiene validez para cualquier tipo de autocracia.

Ello ofrece la oportunidad de conversar sobre la actual regresión autoritaria en América Latina. La proposición aquí es que demasiados actores de la comunidad internacional han optado por la “neutralidad”; lo cual, por lo anterior, es una forma de intervención en favor del opresor. Invocan a tal efecto una arcaica concepción de la soberanía según la cual un gobierno puede actuar a voluntad dentro de sus fronteras.

Se trata de un argumento falaz, los Estados no pueden hacer lo que quieran simplemente por ejercer soberanía territorial. En el mundo real, además, ningún Estado está eximido de algún tipo de injerencia del exterior. Ello ocurre por la acción—u omisión, como nos señala el Arzobispo Tutu—de actores estatales, no estatales y supraestatales. Los Estados tienen compromisos internacionales que deben honrar.

Este es el caso del Sistema Interamericano, un conjunto de convenciones y tratados que obligan a los Estados a observar la democracia y los derechos humanos. Como en todo régimen internacional, el principio de reciprocidad es fundante entre las partes. Una porción de la soberanía es así cedida y transferida a dicha instancia supra-nacional. La paz y la seguridad—bienes públicos indispensables—se derivan de las normas compartidas y se logran por medio de la fiscalización mutua.

De ahí que estos instrumentos incluyan sanciones. La Carta Democrática Interamericana, por ejemplo, prevé suspender e incluso expulsar del sistema a los transgresores reiterados. El Estatuto de Roma, por su parte, que funda la Corte Penal Internacional, establece que violaciones graves a los derechos humanos tales como los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad son imprescriptibles y de jurisdicción universal.

De esta manera, dichos acuerdos institucionalizan mecanismos de intervención. Siendo la mayoría de los países de América parte de ambos sistemas, están obligados a aceptar dichas normas y la intervención consiguiente en virtud de haber asumido sus obligaciones de manera libre y voluntaria. Más aún, muchos de esos Estados han incorporado esa normatividad internacional en sus propias arquitecturas constitucionales.

De tal modo que apelar a la neutralidad y la no intervención hace que la discusión actual transcurra por una zona de eufemismos, arsenal retórico para justificar crímenes. El sistema de partido único se juega todo en Venezuela con Maduro y en Nicaragua con Ortega. El primero que caiga hará caer al otro. Ello bien podría causar un efecto dominó: la perpetuación de Evo Morales sería entonces una quimera, la Cuba de Castro quedaría sin amortiguación en su periferia. Aquí también se trata de reciprocidad pero entre dictadores. En consecuencia, no intervención es su concepto más preciado.

No son los únicos. También es el caso de los gobiernos de Uruguay y México, a pesar de no ser dictaduras. Al primero, su silencio frente a los crímenes de Maduro lo ha llevado a distanciarse hasta de sus aliados más cercanos, ello en sentido geográfico tanto como en interés estratégico. De hecho, los demás países del Mercosur son críticos severos de la dictadura de Venezuela. La incoherencia es más que obvia al advertirse que, en contraste, el gobierno de Tabaré Vázquez sí condena los abusos de Ortega en Nicaragua.

En México, cambió el gobierno en diciembre pasado y López Obrador llegó con la doctrina Estrada y el principio de no intervención bajo el brazo; una distorsionada versión del mismo, esto es. Pues dicha idea no puede verse sino en su especificidad histórica, es decir, una noción vital en el siglo XIX y comienzos del siglo XX para un país recién independizado, vulnerable y expuesto a la fragmentación y la pérdida de territorio. Ese era el sentido de la no intervención: mantener la integridad territorial del país.

La posterior doctrina Estrada en los años treinta, sin embargo, no fue un impedimento para denunciar a Mussolini, Franco, al Tercer Reich y al fascismo en general, ni para llevar a cabo una noble política de asilo tanto en el país como en sus embajadas en las capitales europeas. Luego en los setenta, México condenó a las dictaduras del cono sur, recibiendo exiliados con generosidad y llegando a interrumpir relaciones diplomáticas con Pinochet. Algo similar ocurrió cuando López Portillo rompió relaciones con Somoza en los días previos a la revolución, prestando apoyo estratégico al Frente Sandinista.

Nadie le pide algo diferente a López Obrador. Intervenir quiere decir condenar, censurar moralmente, ejercer presión diplomática y mostrar solidaridad con aquellos cuyos derechos son vulnerados por una dictadura. Ocurre que el significado del concepto cambia según quien lo usa. Tanto que México ahora se abstiene de firmar declaraciones condenatorias de los crímenes de Maduro en el Grupo de Lima y en la OEA, pues lo que ocurre en Venezuela es un “asunto interno” y el presidente “no busca pleitos”.

Doble estándar por decir lo menos, ello sugiere una selección arbitraria, sino una lectura ideológica, de los derechos humanos. En cualquier caso, el gobierno mexicano abandona así su tradición y elude sus obligaciones internacionales. México también es Estado parte en todas las convenciones y tratados mencionados antes. Los crímenes de lesa humanidad nunca son un asunto interno.

Es que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Si no hay intervención, no hay derechos humanos. En situaciones de abuso, el opresor siempre invoca la soberanía y la no intervención. La razón es simple: mantener la opresión en privado. La víctima no tiene dónde recurrir, pues la norma es injusta y no existe una justicia independiente ni la voluntad política de enjuiciar.

A la víctima solo le queda la intervención de la comunidad internacional para hacer esa opresión pública y equiparar una relación de poder fundamentalmente asimétrica. La no intervención, como la neutralidad que menciona Tutu, es tan solo la herramienta retórica de la complicidad.

@hectorschamis