A días de estar en el banquillo de los acusados, una vez más, Amado Boudou sumó otro juicio oral. El juez federal Sergio Torres elevó la causa en la que el ex vicepresidente está acusado por "administración fraudulenta agravada por el perjuicio a la administración pública", por los sobreprecios detectados en la compra de 19 vehículos de alta gama en el 2009 cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

El ex vicepresidente que la próxima semana será juzgado por “abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos”, por la compra de la imprenta Ciccone, tendrá por delante otro juicio oral y público.

En esta oportunidad , es investigado como coautor del delito de "administración fraudulenta agravada por el perjuicio a la administración pública" junto a otros seis imputados.



La causa se inició por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, por la adquisición de una "partida vehicular innecesaria, mediante subasta privada direccionada en favor de la empresa 'Guido Guidi SA', por un valor global de $ 2.301.227".

El juez Torres consideró que estaban acreditados "los delitos investigados" y la vinculación de los mismos "con los imputados". Por ello, dio por clausurada la instrucción y elevó la causa a juicio oral y público.



Amado Boudou la próxima semana enfrentará su segundo juicio oral y público. Foto Rolando Andrade Stracuzzi

El 17 de agosto el fiscal de la causa, Ramiro González pidió la elevación a juicio oral en argumentando que el Ministerio de Economía "no manifestó en el marco del expediente, cuál era la necesidad de adquirir los automóviles", todos ellos de alta y media gama.

Al respecto, el juez Torres en la resolución a la que accedió Clarín, sostuvo que "la impronta otorgada al trámite de ese expediente, en cuanto a la urgencia y tenor de las deficiencias detectadas, como los actores del mismo, ponen claramente la decisión en cabeza de la máxima autoridad del Ministerio de Economía, en el caso Amado Boudou".

Para la Justicia "se incumplió con el procedimiento establecido para este tipo de contrataciones, es decir un llamado a licitación pública para garantizar la transparencia" en el procedimiento. Tratándose de un monto superior a los $ 300.000 debía realizarse la compulsa de precios, "paso que fue omitido".

El trámite que terminaría beneficiando a la empresa Guido Guidi SA, adquirió "celeridad cuando se tomó conocimiento de la subasta que iba a realizar" la firma involucrada. Por ello, se concluyó que era "evidente que los funcionarios del ministerio de Economía mantenían comunicaciones con los integrantes de Guido Guidi por fuera de lo plasmado en el expediente administrativo".

Para Torres "quedó demostrado con el grado de certeza exigido la intervención no sólo de Beningno Vélez y Álvaro Refino, sino en cuanto atañe de Daniel Reposo, Amado Boudou, Guido Guidi y Fernando Guidi en los sucesos investigados y dictar su procesamiento".

Sobre el ex vice de Cristina Kirchner, el juez planteó que su "actuar se circunscribió a procurar acomodar las consultas técnicas y asesoramientos legales que la adjudicación requería a los fines de otorgarle apariencia de legalidad al proceso".

El ex vice de Cristina tendrá otro juicio oral. foto Rolando Andrade Stracuzzi

En este escenario, el juez Torres ordenó la clausura de la investigación y quedó en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que tiene a su cargo el juicio contra Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, y que el próximo martes juzgarán a Boudou por el caso de la compra de la exCiccone Calcográfica.

Los procesados en esta causa son el ex vice de Cristina Kirchner junto a Benigno Vélez (entonces Secretario Legal y Administrativo de Economía), ambos acusados de coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la Administración Pública y uso de documento público falso". A Boudou el juez Torres le trabó un embargo de $ 3 millones cuando lo procesó.

En el caso de Daniel Reposo (ex titular de la Sindicatura General de la Nación), Álvaro Reffino (Director de Asuntos Administrativos del ministerio) y de Fernando y Guido Guidi (dueños de la empresa que subastó los autos), todos deberán responder como "partícipes necesarios de los delitos de administración fraudulenta y perjuicio contra la administración".