Unos $ 420 mil recibiría de pensión Myriam Olate si fuera trasladada hoy al sistema de AFP, como ha dictaminado Contraloría desde 2012.

La cifra es sustancialmente menor a los $ 5,4 millones que recibía antes de que su pensión fuese objetada por el órgano contralor, sino también a los $ 1,5 millones a la que fue rebajada esta semana. Esto luego que la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) resolviera invalidarla y, además, cobrar a Olate los excesos pagados durante un período de sólo cinco años en que la caja pagadora reconoce que la ex funcionaria no cumplía los requisitos para estar en ese régimen especial.

Para llegar a esta estimación, se simuló la posibilidad de que Olate fuera trasladada desde Dipreca a la AFP.

Para tal caso, si bien no existe un mecanismo predeterminado, actores de la industria de AFP coinciden en que se podría aplicar el procedimiento establecido en el Decreto Ley 3.500 que rige al sistema de pensiones vigente y que sirvió a ex uniformados para traspasarse a las AFP cuando estas fueron creadas a inicios de la década de 1980.

Como en Dipreca (al igual que en las ex cajas previsionales) no existe una cuenta individual de ahorros sino que todos los aportes de los cotizantes conforman un fondo común de reparto, cuando una persona es desafiliada la institución previsional emite un bono de reconocimiento, que contiene el monto acumulado en los períodos de cotizaciones registrados por el funcionario más un componente de rentabilidad, el que es traspasado a la cuenta individual en la AFP.

De acuerdo al articulo 4 de la Ley 18.458 -que establece la formula para estimar el bono de reconocimiento para personal de Dipreca y Capredena-, éste se calcula sobre 80% del total de las 12 últimas cotizaciones hasta un tope de 60UF ( $ 1,5 millón). Luego, se multiplica por un cuociente que resulta de la división de 35 por el numero de años que la persona cotizó, y su resultado se multiplica por 11,36, en el caso de las mujeres.

De esta forma, fuentes conocedoras del tema indican que si se trasladase al sistema de AFP, Myriam Olate obtendría un bono de $ 98.055.810 millones, que sometido al simulador de pensiones del sitio web de una AFP se traduce en una pensión de $ 420 mil, que es 72% inferior a la aplicada por Dipreca en su rebaja. Para obtener una pensión de $ 1,5 millón, una mujer a los 60 años debería tener ahorrados en su cuenta individual unos $ 350 millones.

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Modernización de la ley

Parlamentarios de la comisión investigadora de eventuales irregularidades en otorgamiento de pensiones a funcionarios de Gendarmería, afirmaron que la actual situación llama a ampliar el debate en marzo, cuando se retomen las discusiones.

El diputado Nicolás Monkeberg (RN) acusó a Dipreca de haber "agravado el problema con su actitud tardía, facilitando la existencia de jubilazos". Esto, "porque no cumplió las instrucciones de Contraloría, por que no exigió a Gendarmería que hiciera los cambios que Contraloría exigía y porque cuando debió suspender el pago en julio el año pasado no lo hizo", agregó.

Según el parlamentario, "Contraloría ha sido clara y categórica en que la pensión de M. Olate y de otro grupo de personas son ilegales, por que debieron cotizar en AFP y por que el monto superaba el tope legal". Ahora, "le queda revisar si ese criterio se aplica con efecto retroactivo a pensionados, o sólo de aquí para adelante, estableciendo la forma en que se aplicará la obligación de que personas como Olate coticen en AFP", precisó.

Su par Jaime Pilowsky (DC) agregó que dada la complejidad de la normativa vigente en materia de previsión es "la Contraloría la que está facultada para interpretar la legislación y los órganos del estado deben someterse a ello. No podemos permitir que cada uno interprete la ley según su propio parecer", dijo. "Precisamente una de las recomendaciones que haremos en la Comisión Investigadora es la necesidad de actualizar y modernizar la legislación evitando estas resoluciones contradictorias de Dipreca que no se ajustan a los dictámenes del órgano contralor" indicó.

El diputado Jorge Ulloa (UDI) añadió que "en el caso que la Contraloría siga insistiendo en que ella (Olate) debe ser parte de AFP, esa es una materia que tendremos que ver y analizar, en términos de si hay cumplimiento o no en las instituciones a la que esta sujeta". Subrayó que "vamos a esperar los dictámenes que correspondan y si hay incumplimientos veremos las responsabilidades que existan".