El fiscal Manuel Guerra, hombre de confianza del Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, lleva adelante las diligencias para investigar las supuestas filtraciones del caso Penta-SQM. Según declaraciones del ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, el Fiscal Alberto Ayala habría entregado información sobre el avance de las investigaciones de SQM al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñaillilo. De comprobarse la violación de secreto, Ayala podría terminar formalizado y su carrera como fiscal quedaría sepultada. Sin embargo, será difícil probar que efectivamente las filtraciones se produjeron, porque hasta ahora son solo dichos y no existen pruebas concretas.

El fiscal Metropolitano Oriente es reconocido por cultivar un perfil político y tener nexos con la Nueva Mayoría y también con la oposición. “De hecho, es el más político de sus pares”, asegura una fuente de Fiscalía. Participó en la Vicaría de la Solidaridad en una de las épocas oscuras de Chile, fue abogado de la Corporación de Asistencia de Valparaíso y ha sido Fiscal Regional en Santiago, Antofagasta y Los Lagos. Es cercano a José Antonio Gómez, ex ministro de Justica, y también al senador de RN, Alberto Espina. Su aspiración a convertirse en el sucesor de Chahuán, para lo que necesitaba el apoyo de la Corte Suprema, que propone la quina, luego la elección de la Mandataria y la posterior ratificación del Senado, habría marcado su errático actuar desde que explotaron los casos de financiamiento irregular de la política y también explicaría las filtraciones a Peñailillo.

Un claro indicio de su intento por controlar los alcances del caso y mantener en buen estado las relaciones con la clase política y La Moneda, es la tensa relación que sostiene con el fiscal Carlos Gajardo casi desde el inicio de las investigaciones. En diciembre pasado, Ayala trató de bajarles el perfil a los aportes que realizó Penta a la UDI. "Pueden ser muy cuestionados, pero no constituyen delito (y) no tienen por qué ser investigados", dijo entonces Ayala, evidenciando claras diferencias con Gajardo. Por el revuelo causado, Ayala tuvo que salir a aclarar sus dichos.

En enero, tras conocerse que la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, emitió boletas a SQM, Ayala se vio obligado a inhabilitarse en la causa, ya que trabajó más de 12 años como abogado en la minera no metálica donde Julio Ponce Lerou ostenta el 32% de las acciones y el control del directorio. Pero Gajardo siguió al mando de ambas investigaciones. Por entonces, el control que ejercía Ayala sobre las diligencias de Gajardo eran escasas y las indagatorias se acercaban peligrosamente a la Nueva Mayoría y a la precampaña de Bachelet.

El golpe blanco a Gajardo

El mes siguiente, en uno de los episodios más polémicos del caso, intentó sacar a Carlos Gajardo de la arista SQM y arrebatarle el control del caso Penta. Durante las vacaciones de Sabás Chahuán, la Fiscalía Nacional, con Solange Huerta a cargo, informó un reordenamiento del caso. Todo lo relacionado con SQM sería derivado al Fiscal Regional Metropolitano Centro, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, y el resto del caso quedaría en manos de Alberto Ayala.

Hasta ese momento, el fiscal adjunto de la causa era Gajardo, en su calidad de persecutor de delitos de alta complejidad. Él tomaba las decisiones clave, como a quién citar a declarar, dónde poner el foco de la investigación y hacia dónde dirigirla. En el comunicado de la Fiscalía se informó que Ayala asumía la investigación, con la colaboración de los fiscales adjuntos y, debido a su inhabilidad, SQM pasaba a ser dirigida por Montes. Pero no funcionó. El hecho de que un fiscal, hijo de un senador PS, quedara a cargo de la arista SQM –que involucraba a figuras del oficialismo– infló la sospecha pública.

Fue tal la molestia de Gajardo, que tras ese episodio amenazó con renunciar. Días después, para ordenar la situación y calmar a Gajardo, Sabás Chahuán sorprendió a todos con una inédita medida haciendo uso de sus facultades excepcionales. Él, personalmente, tomaría la dirección de la causa político-judicial más importante de los últimos años con el apoyo de un grupo especial de fiscales –conformado por Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, especialistas en causas de alta complejidad–, dejando fuera a Ayala y retornado a Gajardo a la primera línea del caso. A ese grupo, más tarde, se sumaría la fiscal Carmen Gloria Segura y en Corpesca Ximena Chong.

En uno de los episodios más polémicos del caso, intentó sacar a Carlos Gajardo de la arista SQM y arrebatarle el control del caso Penta. Durante las vacaciones de Sabás Chahuán, la Fiscalía Nacional, con Solange Huerta a cargo, informó un reordenamiento del caso. Todo lo relacionado con SQM sería derivado al Fiscal Regional Metropolitano Centro, Andrés Montes, hijo del senador socialista Carlos Montes, y el resto del caso quedaría en manos de Alberto Ayala.

La investigación apunta a Ayala

Desde entonces, el Fiscal Ayala quedó con nula injerencia en el desarrollo de las investigaciones. A pesar de su intento por mantener la arista Corpesca en junio pasado, también debió inhabilitarse porque existían boletas de Carolina Gacitúa –asesora de confianza del senador UDI Jaime Orpis–, emitidas tanto a SQM como a Corpesca. Antecedente que dio a conocer Carlos Gajardo, dejando a Ayala fuera de juego.

El bajo perfil que Ayala había mantenido en los últimos meses, fue sacudido hace unos días por una verdadera bomba. El 24 de julio Chahuán ordenó iniciar una investigación penal en su contra para indagar si filtró información del caso para congraciarse con el entonces hombre fuerte de La Moneda, Rodrigo Peñailillo, y obtener algún crédito de ello.

La declaración del ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, que fue citado ayer por Guerra durante cinco horas, le dio sustento a una sospecha que la Fiscalía Nacional albergaba hacía varios meses: la fuga de datos de la indagatoria Penta-SQM de la oficina de Alberto Ayala a La Moneda.

Lo planteado por Vargas apuntó a las mismas palabras que había dicho mucho antes el ex director del SII, Michel Jorratt, sobre el tema. Luego que el SII presentara la querella contra SQM el 9 de enero pasado, fue comentario la inmediatez con la que Rodrigo Peñailillo manejaba los detalles de esta. Según informó La Tercera, Vargas le preguntó a Jorratt, cómo Peñailillo había obtenido la información, ya que no había detalles de la diligencia en el comunicado y además la querella estaba bajo reserva. Ante esto Jorratt le habría respondido que “un fiscal” había advertido a Interior sobre el hecho.

En su declaración, Jorratt también sostuvo que el ex ministro Rodrigo Peñailillo manejaba una serie de datos y detalles sobre la investigación que incluso él desconocía.

Una vez que Ayala se inhabilitó de la arista SQM, Peñailillo se quejó con el Ministerio de Hacienda por el SII. Mientras Ayala supervisara la investigación, él podía tener una mejor información de la marcha de la misma y controlar de mejor forma el caso. Pero sus reclamos fueron infructuosos. La incautación de la contabilidad de la minera no estatal entre los años 2009 y 2014 develó los vínculos con el recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, y selló su suerte. Fue expulsado de La Moneda y del círculo de hierro de Bachelet.

El origen del nexo entre Ayala, Peñailillo y el bacheletismo más duro estaría dado porque el primero es primo del actual embajador de Chile en Roma, Fernando Ayala González, un diplomático de conocida militancia PPD, pero sobre todo con fuertes vínculos con el original núcleo del bacheletismo.

En el PPD explican que es conocida la amistad que une al embajador Ayala con el líder de la G90, que se remonta al primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando Peñailillo era el jefe de gabinete de la Mandataria y Ayala González el jefe de la Dirección de Protocolo de la Cancillería, hasta julio del 2009, momento en que fue destinado como embajador en Portugal.

Ayala es el Fiscal Regional que más tiempo ha durado en el cargo. En el Ministerio Público comentan que ha sabido moverse, hasta ahora, con precisión. Eso le ha permitido llevar más de 14 años en esa posición, pese a que la ley solo lo faculta para estar ocho años como máximo. Lo que Ayala ha hecho es cambiarse de región cuando se acerca el plazo límite, práctica conocida como “la sillita musical”.

Ahora habría renunciado a sus aspiraciones a la Fiscalía Nacional y postularía nuevamente al cargo de Fiscal Regional de Antofagasta, región donde SQM tiene gran parte de sus intereses económicos.

El Mostrador intentó obtener una versión del fiscal Ayala, pero este ha declinado referirse públicamente a las acusaciones. Desde la Fiscalía Oriente informaron que Ayala solo hablará ante el Ministerio Público.