Cada vez que Alberto Fernández dice en una entrevista, y ya lo escuché en varias, que nunca fue acusado de corrupción, no puedo dejar de pensar que es un hombre con suerte, ya que sus dos principales denunciantes están muertos.

La historia de Alberto Fernández con la corrupción menemista y sus denunciantes fallecidos viene a cuento porque tras las PASO Fernández quedó muy cerca de la presidencia y sería bueno que hable del tema, que presente las explicaciones del caso, porque dudo que lo haga una vez que se instale en el sillón de Rivadavia. Estaría bueno saber si se arrepiente de algo de lo actuado en esa época nefasta en que el Estado argentino fue rematado a precio vil con la complicidad silenciosa de sus propios agentes, incluido el propio Fernández.

Así como hubiera estado bueno que alguien le preguntara a De la Rúa por su trabajo como abogado de Yabrán o la venta de sus emprendimientos mineros en Tucumán a la Barrick Gold durante la campaña de la Alianza, pero nadie lo hizo para no hacerle el juego a la corrupción duhaldista; así como hubiera estado bueno preguntarle a Néstor Kirchner durante la campaña del 2002 sobre cómo fugó del país las regalías petroleras de Santa Cruz, pero nadie le preguntó para no hacerle el juego a la corrupción menemista; así como nadie le preguntó en la pasada campaña a Mauricio Macri por su condena por contrabandear autopartes desde Uruguay para no hacerle el juego a la corrupción de Cristina y Scioli, y así nos fue en cada caso, ahora quienes conocen esta historia callan otra vez, presumiblemente para no hacerle el juego a la corrupción macrista. No me parece. Porque al menos que haya cambiado mucho, dada su historia, y más allá de sus virtudes como estratega político y hombre de diálogo, sería ingenuo pensar que durante su presidencia Fernández se pondrá al frente de una cruzada contra la corrupción. Tan ingenuo como haber pensado que lo haría alguno de sus antecesores. Me parece que todos los candidatos deberían poner todas sus cartas sobre la mesa a la hora de pedir nuestro voto y que los periodistas deberíamos controlar que así sea, más allá de cualquier especulación política. Ya va siendo hora.

En su beneficio cabe aclarar que nadie ha acusado a Fernández de cobrar coimas o enriquecerse ilícitamente, ni he visto pruebas de ello. Pero sí se le acusa de ser el responsable político y jurídico de un saqueo, el saqueo que las empresas aseguradoras hicieron de las arcas del Estado, durante la larga década menemista, a través del Instituto del Reaseguro (INdeR), una caja estatal creada durante el segundo gobierno de Perón para asegurar a las aseguradoras. Y también, de que a cambio de hacer la vista gorda en uno de los mayores desfalcos de la historia argentina, las aseguradoras y los bancos a las que pertenecen han financiado y apoyado desde entonces la ascendente carrera política del amplio favorito para suceder a Macri.

Resulta que Fernández fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) de Carlos Menem durante la primera mitad de su mandato y que durante gran parte de la segunda mitad el puesto lo ocupó Claudio Moroni, un estrecho colaborador suyo que hasta entonces era su número dos en la SSN. La gestión Fernández-Moroni fue la más longeva de la historia de la SSN y abarcó su período más oscuro. Durante dicha gestión el INdeR era un barril sin fondo de pagos inflados por siniestros apenas comprobados, o ni siquiera, reconocen hoy prácticamente todos los actores con conocimiento del tema. Basta decir que desde el retorno de la democracia hasta entonces los montos de los reclamos de las aseguradoras se multiplicaban año a año y los pagos se hacían a las empresas favorecidas con total discrecionalidad mientras los precios de las pólizas de reaseguro permanecían congeladas y la deuda del instituto se disparaba sin control.

En 1995 Cavallo nombró liquidador del INdeR al ex ministro de Economía de Salta y ex investigador de la Fundación Mediterránea Roberto Guzmán, una especie de talibán contra la corrupción de intachables antecedentes que emprendió una lucha frontal contra las mafias de las aseguradoras. Guzmán, que falleció en el 2004, fue el primer denunciante muerto de Fernández. Escribió un libro, “Saqueo asegurado”, cuya publicación pagó de su propio bolsillo. El libro es un compendio de los escandalosos negociados que entonces ocurrían en el INdeR, desde pagos millonarios a empresas en bancarrota que acumulaban deudas igualmente millonarias con el fisco, hasta la creación de un fondo especial financiado por las aseguradoras para recompensar a inspectores, empleados y funcionarios del instituto, pasando por la política de pagar sin comprobante alguno cualquier siniestro valuado en menos de diez mil dólares.

Todo esto, según Guzmán, bajo la distraída mirada de Fernandez-Moroni. O peor. Según Guzmán, Fernández había arreglado con las aseguradoras pagarles 1200 millones de dólares para saldar la deuda del Estado, pero según había calculado el liquidador esa deuda era de menos de 500 millones. Más aún, según Guzmán, si se tomaran en cuenta las acreencias del Estado con respecto a estas aseguradoras es muy probable que no se le debía ni un peso. “Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del instituto). Así, en tanto miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y las reaseguradoras,” denunció en su libro Guzmán. “Cuando mi gestión buscó adoptar medidas tendientes a reducir perjuicios económicos al Estado nacional, el doctor Fernández sostuvo que ´no se acompañaba adecuadamente al sector´.”

El liquidador no se quedó con su impresión de lo que ocurría en el instituto. Contrató a los abogados Luis Moreno Ocampo, ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y ex fiscal de la corte criminal internacional de La Haya y su entonces socio Hugo Wortman Jofré, hoy presidente de la ONG pro transparencia Poder Ciudadano, para que hagan una auditoría externa. El resultado es un informe que ratifica la denuncia de Guzmán, tanto con respecto a los desguisados como sobre las responsabilidades políticas y la colonización del SSN por parte de la industria bajo la superintendencia de Fernández.

En ese entonces yo dirigía la revista de Poder Ciudadano y en octubre de 1995 publiqué una nota firmada por Moreno Ocampo, en realidad una entrevista desglosada que le hice sobre el tema, artículo de tapa que titulé “La Mafia del INdeR”. En ese texto el abogado cuenta con detalles y ejemplos cómo corroboró a través de cámaras ocultas la corrupción galopante que existía en el INdeR. Los intermediarios de los punteros políticos que ocupaban el directorio del INdeR junto a Fernández y Moroni captados por las cámaras ocultas ofrecían dos tipos de servicios: pago de siniestros hasta entonces demorados y pago de siniestros directamente inventados. El texto también señala que en pocos meses Guzmán y su equipo redujeron a un tercio la deuda con las aseguradoras que el instituto había acordado y estaba dispuesto a pagar. Aunque en nuestras conversaciones Moreno Ocampo no dudaba en señalar a Fernández como el principal responsable por lo que sucedía en el INdeR, en la revista midió sus palabras:

“Los operadores de plaza nos advirtieron que por razones políticas el Ministro (Cavallo) no iba a poder modificar la situación, aunque intentara. Dijeron que se sospechaba que algunos miembros del directorio estaban vinculados con miembros del Congreso.” Años más tarde, en una entrevista con la periodista Claudia Acuña en la revista MU, Wortman Jofré se animó a ir un poco más lejos: “Guzmán era un hombre íntegro que luchó seriamente contra la corrupción en el INdeR. Guzmán era un técnico y Fernández un político. En el directorio estaban representados todos los bloques parlamentarios. Había quien respondía al justicialismo y quien al radicalismo, así que hasta la llegada de Guzmán el manejo era, fundamentalmente, político.”

Pasó el tiempo y la mafia del INdeR quedó convenientemente en el olvido, salvo honrosas excepciones empezando por la del periodista Julio Nudler, ex jefe de Economía de Página/12. Nudler, que falleció en el 2005, un año después que Guzmán, es el segundo denunciante muerto de Alberto Fernández y el principal responsable de mantener viva la denuncia original de Guzmán.

Mientras vivió, Nudler dedicó varias de sus columnas al tema. Cada vez que el INdeR cambiaba de liquidador (tras varios cambios de gestión se terminó de liquidar el año pasado), Nudler recordaba lo que había hecho Guzmán y, en sentido contrario, lo que había hecho Fernández, quien nunca lo desmintió ni le respondió. Hasta que en noviembre del 2004 Nudler escribió su famosa columna censurada “Títeres y titiriteros”, referida a Fernández y su colaborador Moroni, texto cuya censura desató una crisis terminal en el seno de la Asociación Periodistas, que agrupaba a los principales editores y columnistas del momento.

En esa columna que Nudler dio a conocer por internet luego de que el diario se negara a publicarla, el periodista repasa todo el chanchullo con el INdeR menemista para pasar a informar que el bueno de Alberto, ascendido a jefe de Gabinete por el entonces presidente Néstor Kirchner, había vuelto a sus andanzas, nombrando a su fiel Moroni en la Sigen, un órgano de control estatal que debería vigilar la corrupción, para terminar de blindar con un incondicional suyo la corrupción kirchnerista que ya por entonces empezaba a asomar detrás de la fuerte recuperación económica. La columna recordaba que ya ocupaba un asiento en la Sigen la señora Alessandra Minnicelli, esposa del ministro de Planificación Julio De Vido. Acerca de ella, Nudler escribió: “según la opinión generalizada del organismo contralor, ni siquiera conoce lo mínimo como para serle útil a su marido el ministro.” O sea, dijo que el gobierno de Néstor era controlado por el intimo colaborador de su jefe de Gabinete y la esposa de su ministro más sospechado. Era una columna fuerte.

“En 1999 Fernández, gracias a su estrecha vinculación con las aseguradoras, la mitad de las cuales estaban en poder de los bancos, pudo ocuparse de la financiación de la campaña del hincha del Taladro (Duhalde),” escribió entonces Nudler. De la relectura de la columna pasados los años surge la duda de si fue censurada por las críticas a Fernández-Moroni (el propio Nudler reconoció que el diario ya le había publicado varios textos sobre el tema) o más bien por pegarle al matrimonio De Vido, teniendo en cuenta que durante la década K De Vido fue el funcionario más intocable para los periodistas del diario, así como uno de los principales financistas de la publicación, tanto a través de sus cuadernillos sobre el INVAP, los satélites y demás desarrollos científicos, como por el direccionamiento de pauta oficial desde sus múltiples esferas de influencia. La cuestión es que por h o por b el texto fue censurado y eso causó la disolución de Periodistas porque los principales editores y columnistas del país entonces opinaron que la censura solo puede provenir del gobierno y lo demás es línea editorial, pero los periodistas Claudia Selser, Claudia Acuña y Uki Goñi se opusieron con sus renuncias a la agrupación, Tomás Eloy Martínez los apoyó y lo demás es historia. O casi.

Tres semanas después, el entonces columnista de Página/12 Horacio Verbitsky publicó uno de sus textos más recordados, en el que entrevistó a Moroni y Fernández para defenderlos y a Nudler para defenestrarlo. En su frase más hiriente lo acusó de haber “roto los códigos” por estar enfermo con un cáncer terminal: “creo que lo suyo fue un desesperado y conmovedor grito de despedida”. Después vino una investigación de MU que defiende a Nudler y Guzmán de las alegaciones de Verbitsky, Moroni y Fernández, quien había declarado en la nota del columnista que él y Guzmán prácticamente habían trabajado codo a codo contra la corrupción, que lo de Guzmán había sido un problema de celos y que la oferta de pagarles a las aseguradoras 1400 millones de dólares-pesos en cash y bonos había sido correcta porque al final el instituto terminó pagando mucho más. La investigación de MU señala que las denuncias penales que presentara Guzmán y que eventualmente podrían haber alcanzado a Fernández fueron archivadas por dos jueces de la servilleta, primero Urso y después Canicoba Corral. Por su parte Nudler respondió a la columna de Página/12 con una carta cargada de ironía. No viene al caso lo que dijo de Verbitsky, blanco principal de sus dardos, pero bien vale la pena recordar sus observaciones acerca de Fernández:

“Ellos han manejado el sector Seguros –de cuya operatoria Verbitsky no entiende una jota- durante casi todo el menemismo, régimen que HV denunció como absolutamente corrupto. Pero ahora nos dice que Fernández y Moroni, dos de los grandes sirvientes de Menem en el manejo de un sector donde se mueve muchísima plata, obraron honestísimamente. ¿Cómo, entonces no estaba todo podrido con Menem?…Ellos (Fernández y Moroni) tienen miedo porque si en este país se restablece la Justicia, irán presos.”

Nadie puede hacer callar a los muertos, ni siquiera un futuro presidente.