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La primera huelga general de este curso convocada por la comunidad educativa para este 26 de octubre en contra de la aprobación del decreto de las reválidas por parte del Gobierno en funciones del Partido Popular en el mes de julio, está cargada de razones, sobre todo pedagógicas.

Estas reválidas que han impuesto suponen que el alumnado de 4º de la ESO con 16 años y que suspendan la prueba, habiendo superado cuarto de la ESO, será expulsado del sistema educativo sin ningún título que acredite los años de estudio, o se verá abocado a retroceder en el sistema yendo a la Formación Profesional Básica (FPB), que ofrece un bajo nivel formativo y la cualificación profesional más baja que existe en España. En el caso de aquel alumnado que haya repetido al menos un curso es aún peor, ya que serán expulsados directamente de la educación sin titulación ninguna, al ser un requisito para acceder a la FPB no haber cumplido los 17 años ni cumplirlos durante ese primer curso.

En el caso de la reválida de Bachillerato, después de 360 evaluaciones trimestrales que ha pasado a lo largo de su escolaridad, el PP quiere que los estudiantes se jueguen todos sus estudios en una sola prueba. Si se suspende, supone dejar sin validez alguna todos los años cursados durante cada etapa y afirmar que todas esas 360 evaluaciones no han servido para nada y que el profesorado que las ha realizado es un incompetente.

Como podemos comprobar, este sistema de pruebas es segregador, excluyente y competitivo porque lo que obligan es al alumnado a someterse a un examen, antes de poder obtener el correspondiente título académico, aunque haya aprobado todas las asignaturas. La finalidad de estas reválidas no es mejorar el sistema educativo, sino expulsar a cientos de miles de jóvenes del sistema educativo sin cualificación, de forma prematura, condenándolos a unas condiciones de completa precariedad en el sistema laboral.

La comunidad científica ha probado sobradamente que las reválidas no sirven ni mejoran los resultados escolares, como afirma el Gobierno que las ha implantado. Los estudios e investigaciones muestran que, a pesar de los recursos invertidos en evaluaciones estandarizadas desde los años 90, no hay mejoría consistente y/o significativa en los resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas y problemas de comparabilidad entre ellas.

Por eso la comunidad educativa rechaza este tipo de exámenes memorísticos porque sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas, limitando la valoración del progreso del alumnado al rendimiento académico medido en el momento de la prueba, sin contemplar los avances del alumnado en su proceso y despreciando además otros elementos cualitativos, así como las circunstancias personales del alumnado, que sólo pueden ser valoradas adecuadamente por el profesorado que las conoce y que ha estado presente y acompañado el proceso de aprendizaje.

Efectos negativos colaterales

Los efectos negativos añadidos más evidentes que se han observado respecto a este tipo de evaluaciones estandarizadas son: a) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, recurriendo a otros profesionales; b) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos en preparar pruebas y exámenes; c) el coste económico por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años; y el coste para las familias de quienes suspendan pagando academias privadas para repetir la reválida; d) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar estas pruebas a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; e) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera aprender mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la motivación por conocer.

Este modelo segregador de exámenes, ahonda el modelo excluyente que ha implantado el PP con sus recortes educativos. Porque esta es la segunda gran razón de las movilizaciones de la comunidad educativa, la reversión de los recortes educativos que ya se cifran en 7.000 millones de euros.

El reciente Informe de la OCDE para España concluye de forma tajante: “Una educación de calidad necesita una financiación sostenible”, no más recortes. Porque los pagan aquellos que más apoyo y atención necesitan. España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno/a y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE. Nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc. La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países. En términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% frente a un 6,2% de media europea. Además, el Gobierno del PP se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017. Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España por parte de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años.

Consecuencia de estas políticas neoliberales de recorte de lo público, pactadas entre PP y PSOE y consagradas con la modificación del artículo 135 de la Constitución, es que la cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años de nuestro Estado ni está estudiando ni puede trabajar. Lo cual tiene su origen en este tipo de políticas educativas que potencian el fracaso y abandono escolar de la población joven que más lo necesitaría.

Creo que hay razones de sobra para apoyar estas justas reivindicaciones y participar en las movilizaciones convocadas que también piden la derogación de la LOMCE, que prosigue implantándose, pese a haber sido rechazada por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso de los Diputados hasta en dos ocasiones en los últimos meses.

La evaluación es necesaria. Pero otro modelo de evaluación. Ha de ser integral (que analice todos los factores que intervienen) del sistema educativo y que no pierda el carácter formativo (orientada a la mejora). En la educación, y más aún en la obligatoria, la evaluación debe tener una función formativa, de ayuda al aprendizaje. Una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa es antipedagógica, sancionadora y excluyente. Es apostar por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a otro centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Esta es la apuesta de la comunidad educativa desde un enfoque pedagógico.

Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor del Departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación en la Universidad de León.