En una votación dividida, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Alejandra Gils Carbó en una causa en la que se la investiga por una serie de nombramientos irregulares cuando se desempeñaba como Procuradora General de la Nación.

En su resolución, la Cámara le ordenó al juez federal Sebastián Casanello, quien había sobreseído a Gils Carbó, que indague a la ex funcionaria y siga adelante con el proceso.

La investigación se inició en 2013, en el marco de una causa iniciada por la denuncia que radicó el ex senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y designaciones.

"La Procuradora General de la Nación ha violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal y ha procedido “manu militari” –por sí y ante sí- a la designación de sujetos que, sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial, nomina 'magistrados'", denunció en su momento el senador por Chubut.

Mario Cimadevilla, el denunciante de Gils Carbó.

Entre esos nombramientos, Cimadevilla no hacía distinciones. Para él, Gils Carbó lo había hecho en torno a Fiscales Generales Adjuntos, Fiscales Federales, Fiscales, Fiscales Auxiliares "con el aditamento –en algunos casos- de 'subrogante', atribuyéndoles, ilegalmente, las potestades, facultades y derechos que, respecto de los magistrados regularmente nombrados, consagra la Ley del Ministerio Público", señalaba en su escrito de 2015.

Ahora, Gils Carbó ya jubilada vuelve a estar en la mira de la Justicia. "He sido coherente en este tema. Como senador, no le di acuerdo, discutí con ella en el Senado, anticipé lo qué iba a hacer", sostuvo en diálogo con Clarín el exsenador.

"Cómo me tocó muchas veces, terminé diciendo las verdades en soledad como en el caso AMIA", agregó quien meses atrás dejó su cargo en la unidad especial de investigación del atentado a la mutual judía con fuerte denuncias contra el Gobierno.

"La justicia en la Argentina está muy mal, ahora también. Este gobierno no difiere mucho con él anterior en este tema de tener jueces para el poder", dijo Cimadevilla.

En la denuncia se estableció que Gils Carbó nombró fuera de procedimiento, sin llamado a concurso de antecedentes y oposición, abiertos y públicos, al secretario y ex abogado en causas de derechos humanos Carlos Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Gonella fue denunciado por excluir al empresario Lázaro Báez en la etapa inicial de la investigación por la “ruta del dinero K”. Tras el programa de Jorge Lanata -que reveló el caso- y con el fiscal titular Guillermo Marijuan de viaje, el jefe de la Procelac fue enviado por Gils Carbó para intentar frenar la causa y, junto al fiscal Omar Orsi, firmó un dictamen que omitía al contratista público como principal sospechoso del supuesto delito de lavado de dinero.

El ex fiscal antilavado, Carlos Gonella.

En 2015, Gonella -miembro de la agrupación K Justicia Legítima- fue procesado por no haber imputado al empresario santacruceño. Se lo acusó de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos.

Finalmente, renunció a su cargo en abril de 2016 argumentando que su salida "ya estaba en los planes desde hace tres años y medio", y se enmarcaba en "el cumplimiento de un ciclo en términos profesionales".

Esta no es la única causa judicial que afronta Gils Carbó. En septiembre pasado, La Cámara Federal Porteña confirmó su procesamiento por la compra irregular de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración.

Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones. En la operación intervino Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, segundo de Gils Carbó en la Procuración.

Inicialmente, la ex jefa de fiscales fue acusada de ser coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sin embargo, al confirmar su procesamiento, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens la encontraron responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

PJB