El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. FOTO F. Villar EFE | ATLAS

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Lezo de corrupción, está investigando en esta causa al exministro del PP Eduardo Zaplana por sus tratos con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, encarcelado desde el pasado viernes. El magistrado investiga también en el mismo procedimiento al empresario Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la constructora OHL. Ambos nombres figuran en un listado de 60 personas que el Juzgado Central de Instrucción número 6 envió a distintos registros de la propiedad para embargar los bienes de los principales imputados.

En esta lista, adelantada por Europa Press, se incluyen, además de todos los detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de la semana pasada y familiares de estos, directivos del Canal de Isabel II, el principal foco de la operación Lezo. También se encuentran nombres de empresarios como Joaquín Molpeceres, responsable del grupo Licuas y que ayer declaró como testigo en el juicio del caso Gürtel de corrupción, o Carlos Turró, de la constructora Cleop. En el listado se incluyen también antiguos cargos públicos del PP como Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado para el Deporte, o Luis Vicente Moro, que fue delegado del Gobierno en Ceuta.

Todos ellos figuran en una lista en la que se establece que contra ellos se siguen las diligencias previas 91/2016 [denominación judicial oficial de la Operación Lezo] “por la presunta comisión de delitos”. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que pese a que todos ellos están siendo objeto de investigación, no todos ellos tienen forzosamente la antigua condición de imputados.

Sociedad para blanquear

Zaplana, presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002. Ese año José María Aznar le nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cargo que ocupó hasta abril de 2004, cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso durante la octava legislatura. En 2008 abandonó la política para dedicarse a los negocios. Según la investigación del caso Lezo, Ignacio González pretendía adquirir con él el 50% de una sociedad en Uruguay a través de una abogado de aquel país, Fernando Belhot. Esta mercantil iba a servir para blanquear los fondos que el expresidente madrileño obtuvo a través de supuestas comisiones ilegales.

El plan, desvelado por los pinchazos telefónicos que ordenó en 2016 el juez Velasco, no llegó a fraguar. El pasado sábado, el exministro Zaplana hizo público un comunicado en el que desmiente cualquier relación mercantil con su antiguo compañero de partido y el haber “participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno”. Fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, al menos de momento, Zaplana no figura entre los imputados de la causa.

La supuesta compra de la sociedad uruguaya no es la única mención de Zaplana en el auto por el que Velasco envió a prisión el viernes a Ignacio González, así como a su hermano Pablo y a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón, entre otras personas. En la resolución el juez hace referencia a una serie de gestiones que Zaplana y González realizaron para favorecer al empresario Conrado Rodríguez-López Braun en un “litigio” que este mantenía con el Ministerio de Defensa. Según el auto, lo hicieron “mediando una contraprestación económica”.

La investigación a Villar Mir se centra en el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González a cambio de la adjudicación a OHL del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Por esta causa declaró como imputado, tras ser detenido a su regreso de Londres, el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, consejero delegado de OHL. El juez Velasco lo dejó en libertad con la obligación de depositar una fianza de 100.000 euros. El magistrado también ordenó el registro de la empresa de obra pública, donde los agentes de la UCO intervinieron documentación sobre esa obra.

Las cuentas pendientes de López Madrid con la justicia se han ido acumulando en los últimos años. De momento ha sido condenado a seis meses de cárcel por su etapa como consejero de Caja Madrid por el uso irregular de las tarjetas black: gastó con su tarjeta opaca 34.800 euros. Devolvió el dinero y se benefició de una reducción de condena. Además, está imputado en el caso Púnica, en el que se le acusa de haber entregado 1,6 millones para financiar al PP.