



Tras el juicio, la fiscalía local destacó que existen pocas sentencias condenatorias por este tipo de delito, especialmente con la legislación que se encontraba vigente a la época de los hechos, esto es en febrero de 2017, antes de la "Ley Cholito".





"Efectivamente hay muy pocas sentencias condenatorias en maltrato animal, sobre todo porque estos hechos son previos a la dictación de la 'Ley Cholito', donde la acreditación del delito era de mayor dificultad. Así es que es un gran logro que entendemos es el fruto de la investigación que se hizo", indicó la fiscal Ingrid González.





La representante del Ministerio Público indicó que el Juzgado de Garantía "accedió a la solicitud de la Fiscalía de condenar a la imputada mayor de edad por el delito de maltrato animal a la pena que se había solicitado", esto es a 41 días de prisión en su grado máximo más una pena de multa.





La fiscal González dijo que la pena de multa solamente, como pedía la defensa, " nos parecía que no era proporcional con el daño que se había causado al animal, ya que éste había recibido un maltrato que se extendió casi por una hora, con acciones que estaban directamente destinadas a causar dolor al animal, que prolongaron su sufrimiento y que terminaron con la muerte del mismo".





La persecutora puertomontina indicó que los hechos fueron acreditados e investigados, añadiendo que en la carpeta fiscal se adjuntó además un video de los hechos.





Asimismo, de importancia fue el informe emitido por un veterinario "que analizó la situación y emitió una opinión técnica de que el animal efectivamente había sufrido y había recibido golpes de diversa índole que no estaban destinados sino a maltratarlo y causarle sufrimiento".





En la sentencia tribunal, si bien consideró la pena solicitada por la fiscalía, otorgó a la imputada el beneficio de la remisión condicional por un año.





Por estos mismos hechos, el hijo de la mujer quedó sujeto al Programa de Salidas Alternativas para Adolescentes, debiendo cumplir con un programa a cargo del Sename.





Por su parte, la Agrupación Albergando un Amigo –que actuó como querellante en esta causa- destacó la valentía de los testigos, en especial de la primera denunciante, así como la gestión realizada por la PDI de Puerto Montt y la Fiscalía.