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Cuando hace cuatro meses de la entrada en vigor del 155, crece dentro del gobierno español el número de partidarios de mantenerlo más allá de la constitución del nuevo gobierno catalán para presionar y condicionar el debate de investidura. La previsión es que decaiga automáticamente una vez constituido el ejecutivo, pero este miércoles tanto el portavoz del ejecutivo, ÍñigoMéndez Vigo, como el ministro de Justicia, Rafael Català, han hecho advertencias a favor de prorrogarlo si no hay un gobierno ‘constitucional’ en Cataluña. El PP quiere que el parlamento se limite a investir un presidente autonómico sin cargas judiciales y con un programa de gobierno autonómico para los cuatro años próximos, es decir, el completo sometimiento al marco autonómico y a la constitución monárquica del pueblo catalán.

Co ello el PP ni siquiera respeta el resultado de las elecciones del 21 de diciembre pasado, que convocó después del golpe del 155 para hacer volver al redil autonómico al bloque independentista, después de la rebelión popular del 1 y del 3 de octubre y de la inconsecuente y ‘simbólica’ proclamación tardía de la república catalana.

Después de renunciar a la restitución de Puigdemont como el presidente legítimo anterior al golpe de estado y de las elecciones impuestas del 21-D, donde obtuvo el mayor número de votos del bloque independentista, Junts per Catalunya y ERC ya han pactado investir a Jordi Sànchez como presidente, para evidenciar que continúa la represión. El ex-dirigente de la ANC está en la prisión de Soto del Real en prisión preventiva y necesitará un permiso del juez Llarena para asistir a la sesión de investidura. Este permiso, todavía no lo ha pedido, pero algunas informaciones ya apuntan que le será denegado. Aun así, a pesar de estar en la prisión, Sànchez mantiene su derecho de sufragio pasivo y si el juez le deniega el permiso, puede ser acusado de prevaricación. En caso de que finalmente le dé el permiso y sea investido presidente de la Generalitat, teóricamente el juez tiene que decidir si lo mantiene en prisión provisional o lo deja en libertad. En el primer caso, que es lo más probable, todavía podría apelar al Constitucional español para pedir la suspensión cautelar de la medida.

A pesar de que es muy difícil que el juez Llarena le conceda el permiso, el gobierno español no quiere dejar ninguna rendija y presiona a los partidos independentistas para que cambien de candidato antes de convocar el debate de investidura, que, en teoría, se debería hacer la semana próxima.