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El allanamiento al Royal Bank of Canadá (RBC) dispuesto por la Justicia de Crimen Organizado en junio de 2013 dejó una lección para las autoridades, que fue recogida en el proyecto de ley. El RBC cesó su operativa en Uruguay, y alegó que las pruebas en que se basó la Justicia no eran suficientes, aunque la Suprema Corte no sancionó a la jueza Adriana de los Santos y validó su intervención.

En el artículo 76 del proyecto se incorpora la "regulación de eventuales responsabilidades" al colaborar con las autoridades extranjeras. Según el texto, la legislación interna de la República será la encargada de regular esas responsabilidades. Además, "la República Oriental del Uruguay se reserva el derecho de repetir contra los Estados requirentes por eventuales indemnizaciones que pudieran emanar del diligenciamiento de solicitud de cooperación jurídica penal internacional".

El proyecto establece también que la Justicia local podrá negar la solicitud de cooperación jurídica internacional si "las mismas afectan en forma grave, concreta y manifiesta el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República".

La iniciativa también determina que "en los casos de solicitudes de cooperación jurídica penal internacional relativas a registros, levantamiento de secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, el tribunal nacional actuante diligenciará la solicitud si determinara que la misma contiene toda la información que justifique la medida solicitada". El caso del RBC debió archivarse luego de que la Justicia argentina absolviera a todos los procesados al concluir que la indagatoria era solamente "un compendio de datos totalmente desconectados entre sí".