Banco Madrid, la filial al 100% del andorrano BPA en España, estaba controlada por la familia Cierco del Principado y por dos miembros del famoso 'clan Intermoney' que dominó los principales organismos económicos del país durante el Gobierno socialista: su presidente, José Pérez, director de supervisión del Banco de España durante 25 años y presidente de la otrora todopoderosa agencia de valores, y la consejera Soledad Núñez, exdirectora general del Tesoro y esposa de Javier Vallés, que sucedió a Miguel Sebastián (miembro del núcleo duro del clan) al frente de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero.

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La presencia de estos dos ex altos cargos procedentes del bróker 'socialista' por excelencia supone la coartada perfecta para que el ministerio de Luis de Guindos no se dé por enterado, cuando menos, de la crisis del banco andorrano, según fuentes cercanas al mismo. Yendo más allá, ha generado gran sorpresa la tardanza de la denuncia de posibles delitos como resultado de la inspección del Sepblac, que se produce justo al mismo tiempo que la intervención, y que este incluya posibles delitos que no se comunicaron en su día a la entidad.

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Esta actitud contrasta con la mantenida antes de la denuncia del Tesoro de EEUU, cuando ni Economía ni Banco de España pusieron ninguna pega a BPA para hacerse con las gestoras de fondos de varias entidades rescatadas por el FROB con dinero público: Banco Valencia (Nordkapp), BMN y Liberbank. Tampoco objetaron a su participación en la puja por Inversis, participada por la nacionalizada Bankia, que ganó inicialmente BPA, pero que al final fue a parar a manos del también andorrano Andbanc gracias a una maniobra de Banca March (asimismo accionista de Inversis).

Imagen de la sede de Banco Madrid (Reuters)

Además, la influencia de los dos ex de Intermoney en Banco Madrid es bastante limitada. José Pérez era presidente no ejecutivo, y su presencia fue una imposición del anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para autorizar la venta de la entidad por parte de Kutxa a un banco andorrano en 2011 (fue la primera operación de una entidad de ese país en España) antes de que se firmara el convenio de intercambio de información del Principado con España. En cuanto a Soledad Núñez -que no perteneció a Intermoney, pero sí era protegida de Pérez porque su padre trabajó con él en el BdE-, sólo llevaba en el consejo desde enero. No obstante, su caso es más grave, puesto que formaba parte del consejo de Banco de España como directora del Tesoro cuando se autorizó la venta de Banco Madrid.

En todo caso, BPA era el que ejercía el control absoluto de la gestión a través de su consejero delegado, que también lo era de la filial española: Joan Pau Miquel Prats, el hombre de confianza de la familia Cierco –propietaria del banco– y ahora detenido por su participación en estas operaciones de blanqueo de capitales. Asimismo, dos miembros de dicha familia, Higini y Ramón, eran consejeros de Banco Madrid para respladar dicha gestión.

Los agravios de Intermoney

Pero la lista de agravios del PP contra Intermoney es muy larga. Sus dos cabecillas eran Miguel Sebastián, mano derecha de Zapatero para la economía y excandidato a la alcaldía de Madrid, y Carlos Arenillas, el polémico vicepresidente de la CNMV que tomaba vinos de 600 euros cuando cenaba con el gestor del hedge fund Vega, Rhavi Mehra.

La mano de ambos fue señalada detrás de la pelea por Endesa (en este caso el denunciante fue el propio Manuel Conthe, presidente de la CNMV que dimitió por este asunto y hoy en Ciudadanos) y del intento de asalto de Sacyr a BBVA –en su día se publicó que el propio Pérez hizo unos dosieres contra Francisco González y que él mismo era el candidato a sustituirle–. Asimismo, formaban parte del clan David Vegara, exsecretario de Estado de Economía, el citado Javier Vallés.

Un hombre se manifiesta frente a la sede de la entidad bancaria (Reuters)

EEUU obliga a moverse al Gobierno español

La presencia de los Intermoney puede justificar la actitud del equipo actual del Ministerio de Economía, pero la causa de la misma reside, según distintas fuentes consultadas, en la presión de las autoridades norteamericanas sobre el Gobierno español. Estas fuentes explican que el Tesoro de EEUU está totalmente decidido a acabar con la vía andorrana de blanqueo de dinero, y que eso es lo que explica la detención de Miquel Prats y la actitud de España.

En esta actitud, lo más llamativo es la denuncia de Banco Madrid por parte del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) ante la Fiscalía Anticorrupción por indicios de varios delitos de blanqueo, sobre la base de un informe que se inició en abril del año pasado y concluyó en febrero, y del que se da traslado justamente al mismo tiempo que llegan las acusaciones norteamericanas. Además, según la versión del banco, las conclusiones que les comunicaron hablaban de infracciones administrativas referidas únicamente a ocho de sus 15.000 clientes, y en ningún caso de posibles delitos como los que se denuncian ahora. Y, en todo caso, ni Economía ni el Banco de España habían movido un dedo en este sentido hasta que se produjo la intervención.