MADRID-. ¿Qué se esconde tras el caso del pequeño Nicolás para que un número dos de la Policía oculte datos relevantes al juez cuando declara como testigo y, por tanto, tiene la obligación de decir la verdad?



Esta cuestión fundamental para esclarecer la trama de la 'brigada política', que operó bajo el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, aflora del contenido de las palabras del propio Eugenio Pino reveladas ayer en exclusiva por Público. Porque en su conversación telefónica con un comisario, cuyo audio fue desvelado por este diario, el ex director adjunto operativo (DAO) subraya que ha advertido a un coronel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que si le vuelven a llamar a declarar –esta vez como investigado– en la pieza separada más comprometida del caso Nicolay, va a contar lo que no le dijo al magistrado cuando debía: "...o sea, que no me llamen a declarar".



En 6 de noviembre de 2015, el juez Arturo Zamarriego advirtió a Pino (entonces número dos de la Policía) al comienzo de su declaración como testigo de que debía "contar todo lo que sabe. O sea, no bastaría con el silencio". Sin embargo, los audios de Público demuestran que el comisario ocultó lo que sabía sobre si el CNI tenía o no intervenido el teléfono de Nicolás –algo que podría ayudar a la defensa o a las acusaciones del caso–, como le transmitió a un coronel de los servicios secretos tres días antes de que el digital de Eduardo Inda publicara el primer aviso del chantaje diseñado por la brigada política:



"Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar". Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?"

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Pero no sería la única irregularidad cometida en sede policial por el mando policial acusado ahora de extorsión, encubrimiento y obstrucción a la Justicia por Podemos ante la Audiencia Nacional.



Gracias a las notas informativas que el comisario Villarejo ha entregado a los dueños de la Banca Privada de Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, se ha podido descubrir que el DAO también mintió para cubrirle cuando fue preguntado por Zamarriego por las actividades empresariales de éste. Incluso su mano derecha, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, habría vulnerado la ley cuando elaboró el informe sobre la compatibilidad entre estas funciones públicas y privadas del mismo Villarejo.

Mentir al ministro, al juez y a la opinión pública

En 2015, el ministro Fernández Díaz encargó a la dirección general de la Policía que elaborara un informe sobre la actividad empresarial del comisario Villarejo, después de que se desvelara que tenía una veintena de empresas tanto en Urugay y Miami como en España; una fortuna de 16 millones de euros.



El caso del pequeño Nicolás estaba en plena ebullición, después de que las investigaciones sobre la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos apuntara a la connivencia de esta cúpula policial para grabar ese encuentro secreto y para su difusión a través del medio de comunicación del comisario Villarejo y su esposa, Información Sensible. Para esa operación se sirvieron también del tertuliano Eduardo Inda con el fin de contaminar el procedimiento, entregándole esa grabación al propio Nicolás, según sostiene la comisión judicial que investiga el caso.



El comisario Eugenio Pino hizo el encargo a su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, quien realizó un informe en el que aseguraba que todas las actividades empresariales de Villarejo estaban dentro de la Ley, a pesar de que, según explica el inspector jefe Fuentes Gago en el informe al que ha tenido acceso Público, “NO consta solicitud de compatibilidad [en el Ministerio de Administraciones Públicas], desde nuestro punto de vista hay que resaltar que no resulta necesaria”.



Tras las conclusiones de este informe, que ha permanecido secreto hasta que fue requerido por el Juzgado de Instrucción Número 2, el propio ministro Fernández Díaz salió en público haciendo una defensa férrea del comisario Villarejo y de los "grandes servicios" que había prestado a la patria.



Uno de los motivos alegados en dicho informe era que el comisario Villarejo acudía todos los días a su puesto de trabajo, donde tenía una mesa, con un ordenador y demás material necesario para su labor. También aseguraba que las empresas no interferían en su trabajo, a pesar de que algunas de ellas son de investigación privada, despachos de abogados o consultoría y asesoría y entre sus clientes se encuentran poderosos hombres con problemas judiciales, como es el caso del empresario y "compi-yogui", Javier López Madrid.

"Cuando el señor Marcelino es enemigo declarado del señor Villarejo"

El propio Eugenio Pino aseguraba al juez en noviembre de 2015 que él no tenía conocimiento de la actividad empresarial de Villarejo: "El conocimiento que yo tengo del asunto es a través del señor Marcelino [refiriéndose al ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, investigador de la causa del Pequeño NIcolás]. Si Información Sensible es conocido que es o tiene relación con el señor Villarejo es por el señor Marcelino. Si el señor Villarejo tiene esto o lo otro es porque el señor Marcelino me ha dicho que tenía... bien, vale, cuando el señor Marcelino es enemigo declarado del señor Villarejo, entenderá usted que yo siempre lo ponga entre comillas".



Pero en una nota informativa relacionada con la Operación Cataluña con fecha de 4 de julio de 2014, el comisario José Manuel Villarejo le escribió a Eugenio Pino, informándole de lo siguiente: "[Villarejo] No usa despacho en ninguna sede policial, menos aún en la DAO, empleando por medida de seguridad para el contacto con sus colaboradores una minúscula oficina alquilada con documentación operativa, cuyos gastos por cierto, aún no se le han abonado, a pesar de que se articuló la misma por orden de la superioridad".



Aseguraba también Villarejo en aquella nota dirigida a su jefe que, al no estar cumpliendo "la superioridad" con su compromiso económico, como "única ayuda" contaba con la que "a nivel privado recibe de empleados de la estructura empresarial familiar, firmas a las que en la mayoría de las ocasiones utiliza como cobertura para sus actividades de interés policial, todo ello además, sin coste alguno para el erario público".



Es decir, Pino tenía conocimiento por escrito de lo contrario de lo que declaró al juez. Algo que, además, era totalmente contradictorio con el informe que firmó Fuentes Gago.

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...CONTINUARÁ