Washington está denegando pasaportes a estadounidenses en la frontera y amenaza a cientos de miles de migrantes con permiso de residencia Melania Trump rechaza la separación familiar de migrantes: "Odio ver a los niños separados de sus familias"

En la cruzada antiinmigrante del presidente Donald Trump nadie parece estar a salvo. Ni siquiera aquellos con un permiso de residencia permanente -popularmente conocido como Green Card- o un pasaporte estadounidense en el bolsillo. La guadaña de la deportación está tratando de cobrarse casos insólitos.

El de Juan, un ex militar y actual funcionario de prisiones, puede que sea el más sangrante desde que el presidente Trump puso en marcha esta caza de brujas contra inmigrantes latinos en todo el país. Juan, de 40 años, nació en el sur de Texas, muy cerca de la frontera con México, y se ha pasado la vida prestando servicio a su país, Estados Unidos. Fue soldado en el Ejército durante tres años, después cadete para la patrulla fronteriza y ahora guardia en una prisión estatal.

Con todo y con eso, Trump le considera un sujeto sospechoso al que le podría revocar el pasaporte. Según ha podido saber el diario 'The Washington Post', cuando presentó su solicitud para renovar el documento, se lo denegaron. En una carta, el Departamento de Estado le informó de que no creen que sea un ciudadano americano, pese a tener un certificado de nacimiento legal. Vino al mundo en Brownsville, Texas, con la ayuda de una matrona.

La explicación es que su caso puede ser parte de un fraude masivo cometido por cientos o miles de latinos en la zona fronteriza entre la década de los 50 y los 90, los cuales se beneficiaron de certificados de nacimiento falsos otorgados por matronas pese a haber hecho su trabajo en México.

En cualquier caso, Juan -que no quiso revelar su apellido por temor a represalias de las autoridades- era entonces un bebé y poco podía saber del asunto. Por eso su reacción ha sido furiosa. "He servido a mi país. He luchado por mi país", indicó al Post, y ahora puede terminar deportado.

Casos similares al suyo han terminado encarcelados o en centros de deportación. En otros, atrapados en México al haber salido al país vecino y no haber logrado la renovación de su pasaporte estadounidense.

Desde Washington niegan que haya habido un cambio en sus políticas a la hora de tramitar pasaportes. Sin embargo, son muchos los abogados de inmigración que aseguran que el número de solicitudes rechazadas ha aumentado de forma dramática en los últimos meses. Para empezar, el proceso de naturalización se ha extendido de los cinco meses de media anteriores a Trump a los más de 12 que tardan ahora en contestar. El escrutinio es considerablemente mayor.

Acceso más difícil a la Green Card

Planea además la sombra de una ley que presuntamente está redactando el entramado de la Administración Trump para hacer más difícil el acceso a la Green Card y a la ciudadanía a aquellos inmigrantes legales que hayan hecho uso de los servicios sociales del país, como seguros médicos subsidiados por el Gobierno (Medicaid) u otros programas de emergencia para personas de bajos recursos.

Es un capítulo más del ambiente denso que se respira en materia de inmigración desde que Trump asumió su cargo. El epicentro sigue estando al sur, donde comenzaron las separaciones de padres e hijos de inmigrantes indocumentados hace unos meses como castigo ejemplar para proteger su frontera. Hasta 3.000 menores fueron trasladados a centros de detención a gran distancia de sus padres, un trauma que obligó al propio Trump a rectificar ante el clamor social y el malestar en su propio partido.

De esas 3.000 familias separadas, más de 500 niños aún siguen en Estados Unidos, esperando reencontrarse con sus padres. Y de esos, al menos 22 son menores de 5 años, con su suerte a merced de las gestiones de las organizaciones sin ánimo de lucro.

La mayoría de esos niños llegaron procedentes de Guatemala, seguido por Honduras y El Salvador. Precisamente desde esa nación centroamericana se ha denunciado el abuso sexual cometido a tres de esos menores en centros de detención en Arizona.

La subsecretaria de Asuntos Exteriores de El Salvador, Liduvina Magarín, denunció los casos la semana pasada y exigió a las autoridades estadounidenses la liberación de los jóvenes, los tres en edad adolescente, para protegerlos de los abusadores.

Dos ex empleados de uno de los centros enfrentan ya cargos criminales, mientras Washington aún no ha podido confirmar ni desmentir los incidentes. Se conocen sus nombres y sus edades, Fernando Magaz, de 32 años, acusado de toquetear y besar a una niña de 14 años, y Levian Pacheco, de 25 años, que abusó de ocho niños adolescentes en el periodo de un año.

Es la guinda a un pastel macabro. Ya lo decía la hija del presidente Trump, Ivanka, hace unas semanas. Las separaciones de familias en la frontera han sido el punto más bajo de su presidencia, con el padre empeñado en añadir más leña al fuego con la deportación de ciudadanos americanos.