Cristina Kirchner sumó su procesamiento número trece en la Justicia Federal y siete pedidos de prisiones preventivas. Este jueves, el juez federal Claudio Bonadio amplió su procesamiento en dos expedientes vinculadas a la causa de los Cuadernos de las Coimas, acusándola de ser jefa de una asociación ilícita por la cartelización en la obra pública y, por otro lado, por supuestas coimas cobradas para la concesión de la explotación de los corredores viales. Más de cien empresarios fueron procesados junto a los principales ex funcionarios de lo que fue el Ministerio de Planificación Federal.

En su resolución, el juez Claudio Bonadio al referirse a la cartelización de la obra pública afirmó: "Se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".

Así, decidió ampliar el procesamiento contra la ex mandataria en $ 11.502 millones. Cristina en la Justicia ya acumula embargos por más de $ 25.000 millones sumando todas las causas en las que está procesada.

En el área del Ministerio de Planificación Federal "por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles", indicó el juez Bonadio en su resolución. En ese contexto que calificó de "espurio" se remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, "debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".

En el caso específico de la Dirección Nacional de Vialidad, que quedó involucrada en este tramo de la causa, se determinó que los actos de adjudicación de las obras se formalizaban por intermedio de resoluciones suscriptas por el entonces Administrador General Nelson Periotti, y en cuanto a las entregas de dinero, "en el caso de que se abonaran anticipos financieros, la suma oscilaba entre el diez y el veinte por ciento del monto ofertado por la obra; y para el supuesto de que en las obras no se efectuaran tales pagos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra".

Al detallar cómo funcionó la cartelización de la obra pública se responsabilizó a Julio De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista), y a las autoridades de Vialidad Nacional .

En consecuencia, se procesó a más de un centenar de empresarios que "participaban de este sistema, al igual que sus directivos y/o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas" a ex funcionarios kirchneristas.

Una vez más, el juez Bonadio se refirió a las entregas de los fondos ilegales al señalar que se realizaban "semanalmente; al inicio en dos ocasiones, y luego, en una oportunidad, siendo que la suma total entregada fue superior a los 30 millones de dólares. Incluso mencionó información, transmitida por Muñoz, acerca del destino que se le daba a ese dinero, que viajaba en aviones oficiales hacia las ciudades de Río Gallegos y de El Calafate, y era resguardado en una bóveda instalada en el subsuelo de la residencia del matrimonio Kirchner-Fernández, en El Calafate".

Entre los empresarios procesados se encuentran los detenidos Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabian De Sousa. Sin dictarle prisión preventiva están; Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Hugo Eurnekian, Héctor Javier Sánchez Caballero, Angelo Calcaterra, Juan Carlos De Goycoechea y Juan Chediack. También se procesó al hijo de Cristóbal López, y al hermano de Fabián, Osvaldo De Sousa -hermano de Fabián. Muchos de estos empresarios ya se encuentran procesados en otros expedientes vinculados a los Cuadernos de las Coimas.



Concesiones viales

Además, Bonadio también procesó a Cristina Kirchner por “la maniobra ilegales realizada en el otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad adquirió una magnitud considerable, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo 2003-2007 en el OCCOVI", indicó en otra resolución Bonadio.



A estas actuaciones se agregaron los dichos que, como imputados colaboradores, efectuaron Claudio Uberti, Marcela Edith Sztenberg, Patricio Gerbi y Miguel Marcelino Aznar.

Las concesiones investigadas fueron el Acceso Norte (Autopistas del Sol S.A.), Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste S.A), Acceso Riccheri (AEC S.A), Ruta 8 tramo Pilar a Pergamino, su concesionario era Corredor Americano.

También fueron procesados empresarios como Gerardo Ferreyra -de la firma Electroingeniería-, Marcelino Aznar, de Decavial, y Hugo Eurnekian, de Corporación América. En la misma causa le dictaron la falta de mérito a Gianfranco Macri, hermano del presidente y a Eduardo Eurnekian.