El PP ha incluido en el pacto con Ciudadanos una reforma electoral que convertiría en papel mojado la democracia parlamentaria a la hora de elegir al jefe del Gobierno. La fórmula propuesta trata de garantizar que el Poder Ejecutivo corresponda a la fuerza más votada. De llevarse a cabo supondría, según los juristas consultados, la implantación de un sistema presidencialista ante las dificultades de su candidato, Mariano Rajoy, para conseguir más votos a favor que en contra en la votación del 2 de septiembre, en la que le bastaría con la mayoría simple para salir investido presidente.

Aunque los negociadores de C's rechazaron una reforma que permitiría burlar la democracia parlamentaria en la elección del jefe del Gobierno, el PP insistió en plasmarla en el documento que firmaron el domingo los respectivos portavoces parlamentarios en presencia de Rajoy y Albert Rivera. Así, en el punto 97 del acuerdo, relativo a la reforma de la ley electoral, el PP introdujo una reserva anunciando "la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada”.

En términos políticos, el aviso se interpreta como una presión más al PSOE, que ha planteado la reducción a siete días de la campaña electoral para evitar que si hay elecciones coincidan con el día de Navidad. Ese planteamiento ha sido bien acogido por Podemos y C's. Y en términos jurídicos, el enunciado sin más concreción supondría una alteración de la democracia parlamentaria y según los letrados consultados sería manifiestamente inconstitucional.

Antes de la reserva mencionada, el texto recoge la voluntad del PP y C's de abordar la reforma electoral en el marco del Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad Democrática para mejorar la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales.

Por otra parte el PP ha asumido, por inevitable, la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre su presunta financiación ilegal. Según ha quedado plasmado en el acuerdo, se trata de “esclarecer las responsabilidades políticas” y de “formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en el futuro”. Este compromiso llega precedido del registro de la iniciativa parlamentaria del PSOE, apoyada por C's y Unidos Podemos, de activar la mencionada investigación en sede parlamentaria.

El catálogo de medidas éticas y de persecución de la corrupción, suscrito entre los portavoces del partido mayoritario y de la formación naranja contiene compromisos similares a los firmados en febrero por Rivera y Pedro Sánchez. Hay coincidencia en la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial; que las personas en esa situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni nombrados para desempeñar cargos públicos; en la supresión de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos y en la no concesión de indultos a las personas condenadas por delitos de corrupción, financiación ilegal de partidos, violencia de género o delitos de terrorismo.

En este último punto –la no concesión de indultos--, el acuerdo C's-PSOE era más amplio, ya que no se refería al terrorismo únicamente sino a las condenas por vulneración de “derechos humanos”. Ambos pactos coinciden asimismo en la protección de los testigos que denuncien la corrupción, la persecución penal del enriquecimiento ilegal e ilícito –lo que, según Rivera, obligaría al sospechoso a demostrar la procedencia de sus bienes-- y en la regulación de los grupos de interés o lobbis que intervienen ante las administraciones públicas. La novedad del acuerdo entre el PP y C's es que los firmantes proponen un Pacto de Estado por la Regeneración y la Calidad de la Democracia a las demás fuerzas políticas para debatir y aplicar esas y otras medidas relacionadas con el funcionamiento y la financiación de los partidos.

El acuerdo entre el PSOE y C's contenía un plan más preciso de medidas urgentes de carácter preventivo, de control y de sanción de la corrupción. Del actual con el PP ha desaparecido el fraude y los sobre costes en la contratación pública. Quiere decirse que no habrá sanciones por fraccionar los contratos, que las mesas de contratación de licitaciones superiores a 300.000 euros no tendrán que ser públicas o que ya no es necesaria la rotación periódica de sus miembros. Otras medidas como la eliminación de cargos electos y altos cargos de las mesas y órganos que intervengan en la concesión de subvenciones también se han elidido. Y asimismo, el compromiso de endurecer todas las penas por las figuras delictivas relacionadas con la corrupción y el uso de testaferros.

También ha desaparecido una medida profiláctica como la revisión del “secreto fiscal” para publicar las infracciones tributarias muy graves y la identidad de sus autores. Como sucedáneo, desde diciembre pasado la Agencia Tributaria publica semestralmente la lista de deudores históricos (personas y empresas) de más de un millón de euros. Por el contrario, algunas medidas novedosas que no estaban en el acuerdo PSOE-C's, como la limitación a “ocho años consecutivos” del mandato del jefe del Gobierno y las exigencias de funcionamiento democrático y transparente de los partidos políticos se remiten al mencionado Pacto por la Regeneración y la Calidad Democrática. Con ese mecanismo se aplazan asuntos que, como la exigencia de elecciones primarias y de listas paritarias, son vistos con susto y desagrado por el líder Rajoy.

Aunque en materia institucional el pacto de centro-derecha contempla la reducción del Senado y la mengua en la financiación de las Diputaciones, los negociadores de C's reconocen el retroceso de no haber podido suprimir esas corporaciones provinciales, como finalmente asumió Sánchez con fuertes resistencias en su partido. En todo caso Rivera cree que ha pinchado “la burbuja política” y seguirá dando la batalla. Luego ya, con el argumento de la “despolitizar de la justicia”, el pacto sustrae la competencia al soberano, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, de elegir a los miembros del Consejo del Poder Judicial, y deja la designación de 12 de los 20 consejeros del órgano de gobierno de los jueces en manos del estamento judicial.