Hong Kong da muestras hoy de que padece una enfermedad grave y contagiosa: lo que sucede allí tiene su réplica en muchas partes del mundo donde se recortan derechos debido a la ascendiente influencia china. Los síntomas se multiplican: prueba de ello es que, por ejemplo, el pasado 26 de octubre el juez Andrew Chan, de la Corte Suprema de Hong Kong, consideró legalmente justificada la condena a cuatro meses de prisión para un anciano sin hogar que se unió a las manifestaciones prodemocracia del llamado '15-M hongkonés', el Movimiento de los Paraguas de 2014. Aunque el magistrado reconoce que el indigente no se implicó en ninguna actividad ilícita o violenta, cree que enarbolar una pancarta amarilla a favor del sufragio universal y exhibir una desafiante actitud ante la policía constituyen un comportamiento sancionable. La mayoría de expertos advierte con preocupación que la fórmula “Un país, dos sistemas” que ha regido a la excolonia británica desde su reincorporación a China en 1997 ha dejado de funcionar.

Este lunes se han sentado en el banquillo nueve ciudadanos cuyo único delito ha sido protestar pacíficamente contra la injusticia y la falta de democracia en una de las metrópolis económicamente más desarrolladas del mundo. Entre los procesados se encuentra el trío Occupy, integrado por dos profesores de universidad –Benny Tai, jurista, y Kinman Chan, sociólogo-, junto con un superviviente de la matanza de Tiananmen –el Reverendo Chu Yiu-ming-, con quienes hemos tenido oportunidad de conversar en varias ocasiones.

A los tres activistas se les acusa de conspiración e incitación contra el orden público durante las movilizaciones de los paraguas de 2014, además de “incitación a la incitación” (algo bastante inusual, pues según el profesor italiano S. Casabona ese delito suele aplicarse más bien a los casos de terrorismo). Las dudas sobre la legitimidad del cargo se han acentuado todavía más desde que el 6 de abril de 2017 la Corte Suprema de Australia lo haya declarado inconstitucional a tenor de la Common Law, que también rige en Hong Kong. A pesar de todo, la fiscalía mantiene su posición y solicita hasta 7 años de cárcel para los imputados. Uno de ellos, Kinman Chan, ha manifestado al respecto: “En las ocupaciones llegaron a participar más de un millón de personas. Considerar que lo hicieron instigadas o manipuladas por nosotros es una falta de respeto a la voluntad de la ciudadanía. (…) Pero sólo en las horas más negras se pueden ver las estrellas”.

Ante la alarmante erosión del sistema de garantías fundamentales que el juicio está poniendo de manifiesto, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña a favor de los activistas que sorprendentemente antecede a su condena. La razón de esta premura es que se está ahogando la expresión de la sociedad civil y del movimiento democrático. “Hay que despertar a la opinión pública porque el mundo no está prestando suficiente atención a lo que sucede en Hong Kong, la gente no se hace a la idea de lo que en este contexto supone la falta de libertad de expresión”, ha declarado William Nee, investigador de Amnistía.

Paralelamente, los indicadores internacionales no dejan lugar a dudas. Según Reporteros Sin Fronteras, desde 2012 –el año de la llegada al poder de Xi Jinping- Hong Kong ha descendido del puesto 54º al 73º en el ranking mundial de libertad de expresión. Estas cifras resultan todavía más elocuentes si se comparan con los datos de 2002, cuando la metrópolis ocupaba un 18º lugar. De ahí la contundencia con que se ha posicionado la Asociación de Periodistas de Hong Kong en su último informe, al calificar la propaganda nacional en torno al llamado 'Sueño Chino' de auténtica “pesadilla”.

El Trío Occupy recabando donativos para el Fondo de Defensa de la Justicia, que se dedica a ayudar a los activistas y políticos que están siendo procesados, el 1 de julio de 2018. (A. García)

Frente al declive, nacionalismo y represión

La coyuntura actual alberga una disimulada pero profunda crisis en el Partido Comunista Chino (PCC) y en el régimen que lidera como partido único de facto. Desde la época de las reformas de Deng Xiaoping en los años 80, y sobre todo desde 2001, fecha del ingreso en la Organización Mundial de Comercio (OMC), China ha experimentado un progreso sin precedentes en la historia de la humanidad. Las potencialidades de la actual tecnología, combinadas con lo que la revista The Economist denomina 'crony capitalism' –“capitalismo de amiguetes”-, ha permitido que los poderes y recursos del Estado se hayan puesto al servicio de una élite empresarial en estrecha connivencia con la élite política, lográndose así una sinergia que se ha traducido en extraordinarios niveles de crecimiento durante cuatro décadas.

Debido a la opacidad del sistema, el autoritarismo unipartidista, la falta de independencia judicial y la ausencia de libertades no se ha establecido ningún sistema de controles y contrapesos ('check-and-balance') para evaluar las operaciones mencionadas de un modo democrático y ajustado a Derecho. Esto ha generado una progresiva desafección en la ciudadanía respecto a los supuestos ideales y valores que promueve el “socialismo con características chinas” y una focalización hacia los meros beneficios materiales. “Actualmente la única garantía de supervivencia del régimen es que se mantenga el ritmo de creación de riqueza que ha permitido amortiguar otro tipo de demandas por parte de la sociedad civil”, ha explicado Benedict Rogers, fundador de Hong Kong Watch.

Consciente del declive ideológico del país, el Presidente Xi Jinping se ha propuesto revitalizar el nacionalismo y reforzar el sistema de controles sobre la prensa, la academia y la opinión pública. “La sociedad civil vive hoy en China la represión más dura desde Tiananmen”, denunció Rogers durante su última visita a España. Este endurecimiento se ha materializado en el terreno normativo con una serie de leyes y prohibiciones como las que se estipularon en abril de 2013 respecto de siete áreas políticamente sensibles –entre ellas la libertad de prensa-, la instauración en octubre de 2014 de un Sistema de Crédito Social que discrimina a los ciudadanos “desobedientes” al régimen, la promulgación de una nueva ley de Seguridad Nacional en julio de 2015 que ha significado la detención de decenas de abogados proderechos humanos y, dos años después, la aprobación de una ley de Ciberseguridad que legitima el espionaje oficial y el férreo control de las comunicaciones.

China como campo de pruebas: este es el futuro de la represión política en el mundo Daniel Iriarte El país asiático está a la vanguardia mundial en sistemas de vigilancia: no solo tiene la tecnología, sino que ya la aplica en varias regiones. Y el resto del planeta está comprándola o imitándola

Respecto de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Pekín ha modificado progresivamente su hoja de ruta, incumpliendo su compromiso de garantizar elecciones verdaderamente democráticas para 2017. En cuanto a la ecuación “Un país, dos sistemas”, ha resuelto priorizar el primer factor, en detrimento del segundo.

Este viraje ha tenido uno de sus momentos cruciales en 2012, fecha en que el Ejecutivo hongkonés –a instancias del gobierno central- trató de imponer un currículum educativo que incluía el adoctrinamiento ideológico a favor del régimen comunista. Ante tal exhibición de autoritarismo, el activista Joshua Wong con apenas 14 años de edad movilizó a la ciudadanía y logró dejar sin efecto la iniciativa. Al año siguiente, en 2013, los académicos Benny Tai, Kinman Chan y el Reverendo Chu Yiu-ming, iniciaron una campaña de deliberación cívica inspirada en los politólogos Habermas y Fishkin: “Quisimos integrar a todos los estratos de la sociedad para que reflexionaran, debatieran e hicieran propuestas políticas en función de sus necesidades e intereses. Los agrupamos por sectores profesionales sin olvidar a los ‘sinhogar’, pues su situación tiene que ver con el modo como está gobernada la ciudad”, ha aclarado Chan.

La diputada Tanya Chan, del Partido Cívico, una de las procesadas estos días, en un acto junto al grupo prodemocracia Boyz Reborn, una de cuyas canciones se convirtió en himno durante la Revolución de los Paraguas, el 1 de julio de 2018. (A. García)

Una sociedad absolutamente desigual

La ausencia de democracia en Hong Kong lleva efectivamente aparejada una importante inequidad en la distribución de la riqueza. El índice Gini, que mide la desigualdad económica, ha llegado a alcanzar 0,539 puntos: se trata de la cifra más elevada en Asia y en el conjunto de países desarrollados. Incluso instituciones prorrégimen como el diario SCMP, del grupo Alibabá, han advertido que el 10% más rico de la ciudadanía gana 44 veces más que el 10% en la franja de ingresos más bajos. “Muchas personas viven en microviviendas, algunas se llaman ‘apartamentos ataúd’ porque se reducen al espacio de un mero lecho con barrotes alrededor”, señala el joven activista Alex Chow.

En un escenario lastrado por tales deficiencias, dos significativos acontecimientos detonaron las movilizaciones ciudadanas de 2014. En junio de ese año, el Consejo de Estado chino publicaba el Libro Blanco sobre “Un país, dos sistemas”, subrayando como objetivo último la reunificación con el continente. En agosto, el Congreso Nacional del Pueblo estipulaba serias limitaciones a la presentación de candidatos para las elecciones a la Jefatura del Ejecutivo. Ambas noticias provocaron reacciones en cadena. En primer lugar, una masiva huelga de estudiantes convocada por Joshua Wong y Alex Chow, de las organizaciones Scholarism y HK Federation of Students. En segundo lugar, la ocupación de Central –el distrito financiero de la ciudad-, donde a los estudiantes se sumaron muchos otros ciudadanos liderados por Benny Tai, Kinman Chan y Chu Yiu-ming, que proponían la desobediencia civil y la resistencia pacífica bajo el lema Occupy Central with Love and Peace (OCLP).

De este modo fraguó el Movimiento de los Paraguas, bautizado así por la prensa ante el multitudinario uso de paraguas frente a los gases lacrimógenos que repetidamente utilizó la policía para dispersar a los manifestante durante los 79 días que se extendieron las movilizaciones. Finalizaron cuando sus líderes se entregaron a las autoridades ante la ausencia de avances en la negociación.

McRefugiados en Hong Kong: sobreviviendo entre arcos dorados y hamburguesas Ismael Arana. Hong Kong Muchos poseen un título universitario y trabajan, pero cada vez más pobres pasan sus noches en un McDonald's, un fenómeno que también se registra en otras megalópolis de China

Tales antecedentes explican por qué el juicio que comienza el 19 de noviembre es tan importante para la sociedad hongkonesa, para el resto de China y para el conjunto de la comunidad internacional. “Hong Kong ha sido el espejo donde se ha mirado el continente al llevar a cabo su transformación económica y su imparable ascenso; lo que allí suceda en el plano político podría traer consecuencias de largo alcance para el régimen”, sostiene la responsable de una consultora financiera afín al gobierno, que prefiere ocultar su identidad.

En ese contexto, nada más terminar la primera sesión del juicio, el trío Occupy ha querido subrayar lo siguiente: “La finalidad de []nuestros actos de desobediencia civil no es desafiar el imperio de la Ley; antes al contrario. Luchar de este modo por el sufragio universal garantiza que la ley sea hecha por el pueblo y se sustente sobre un mandato público, lo cual consolida la justicia y la autoridad de la Ley. […] En caso de que se confirmen los cargos se producirá un grave impacto intimidatorio sobre el público de Hong Kong y el gobierno podrá purgar a todo el bando demócrata sobre la base de este precedente”.

Si en la excolonia británica triunfa la verdadera democracia –no un adulterado sucedáneo-, el mundo tendrá algunas garantías de que China puede comportarse como un socio comercial fiable y como una potencia global responsable. Pero si fracasa, la opinión pública internacional reconocerá que Pekín no sólo asfixia las legítimas demandas de su sociedad civil, sino que además incumple sus compromisos nacionales e internacionales.