Un atasco en el centro de Madrid. En vídeo, Anfac califica de "excesiva" la propuesta del Gobierno. VÍCTOR SAINZ | EUROPA PRESS

El Gobierno ha puesto en el punto de mira a los automóviles que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y que también son responsables, en gran medida, de los problemas de contaminación urbana. El Ministerio para la Transición Ecológica propone que los coches y vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y gas natural no se puedan vender en España a partir de 2040, al igual que han planteado países como Reino Unido y Francia. Y lo hace en la redacción de la futura ley de cambio climático y transición ecológica, que debe ayudar al país a cumplir con sus compromisos internacionales contra el calentamiento global.

La medida pretende que el transporte deje de ser el alumno rezagado en la lucha contra el cambio climático, algo que ocurre tanto en España como en la mayoría de la Unión Europea. Mientras que en el sector eléctrico la penetración de renovables se ha acelerado y se contempla un horizonte claro y realista en el que el 100% de la luz vendrá de fuentes limpias, en el transporte por carretera no se viaja a la misma velocidad. Así, el 26% de todos los gases de efecto invernadero de España proceden del transporte, principalmente, el que se hace por carretera. Y las previsiones del Gobierno indican que, si no se toman medidas, esas emisiones crecerán un 15% de aquí a 2030.

El texto del proyecto de ley llegará al Congreso antes de que acabe este año, pero el ministerio ha trasladado ya a los partidos y a los agentes sociales el documento de trabajo, en el que figura la polémica medida que prevé el fin de los coches que emiten. El parque mundial de vehículos eléctricos alcanza hoy los 3,1 millones, pero la previsión de los expertos es que en 2030 supere el 40% del total de vehículos en circulación. En España falta todavía mucho camino por recorrer. En la actualidad, circulan 46.500 vehículos eléctricos, de los que unos 11.000 son turismos, según la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). El año pasado se matricularon en España 1.234.000 turismos, de los cuales 4.106 son eléctricos puros y 3.342 híbridos enchufables, añade la patronal.

El Gobierno pretende, además, trabajar con los Ayuntamientos para que en 2050 se prohíba la circulación de los coches que emiten en los municipios, ya que estos son los competentes para ello. También propone el Ejecutivo la obligación de instalar puntos de recarga eléctricos en las gasolineras, en diferentes plazos en función del volumen de ventas, que, sin embargo, no especifican. Aedive asegura que existen unos 160 puntos de recarga pública rápida y en torno a 5.000 en lugares como gasolineras u otros establecimientos comerciales del sector terciario. Una red escasa frente a las 11.000 gasolineras, que dificulta que los consumidores den el salto al eléctrico.

Reducción de empleo

El veto a este tipo de motores es algo que llevan años anunciando diferentes Estados de la UE. El ministerio recuerda que Reino Unido y Francia han propuesto medidas similares para 2040. Y otros países (como Dinamarca, Irlanda y Holanda) plantean el horizonte de 2030 para aplicar la misma medida. La propuesta del ministerio va más allá e incluye que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones “no más tarde de 2023”. Es decir, donde no puedan circular los coches más contaminantes.

El veto a las ventas de turismos con motores de combustión es “una buena noticia” para Miriam Zaitegui, responsable de políticas de cambio climático en la ONG Ecodes. Pero cree que la fecha de 2040 es “demasiado tardía”. “Se dejan todavía 22 años más en los que se seguirán vendiendo coches diésel y gasolina”, apunta esta especialista, quien cree que esto puede producir una “brecha insalvable” en la lucha contra el cambio climático.

En el lado opuesto se sitúa la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, que rechaza “de plano” la estrategia del Gobierno de impedir las ventas de coches de gasolina y diésel a partir de 2040, informa Dani Cordero. Considera que se trata de una iniciativa “excesiva en sus planes y acelerada en sus plazos” y que no respeta “la neutralidad” respecto a las diferentes motorizaciones por las que ha optado la UE. La medida ha cogido por sorpresa al sector, que no conocía los planes del Ejecutivo, ya recogidos por otros Gobiernos europeos. Han pedido una reunión.

La patronal, basándose en diferentes estudios, sostiene que ampliar la actual cuota de vehículos eléctricos hasta el 25% podría suponer una reducción del 11% en el empleo actual de la industria de la automoción y del 18% si se alcanza el 40%. Solo el anuncio conocido ayer, teme Anfac, puede comportar un recorte “sustancial de la compra de automóviles, como ya está pasando en el caso del diésel”.

Gerardo Pérez, presidente de la patronal de concesionarios, Faconauto, planteaba ayer que las medidas del Gobierno, si se aprueba la prohibición en 2050, requerirán un potente plan de achatarramiento de unos 15 millones de vehículos.

El borrador —que fija un objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero para 2030 del 20% con respecto al dato de 1990— tendrá que negociarse en el Congreso y, al no contar el PSOE con la mayoría necesaria, los plazos se pueden dilatar.

El Gobierno y Podemos han constituido un grupo de trabajo en la Cámara baja y el resto de grupos ha recibido el documento hace unos días. Juan López de Uralde —portavoz de Equo y diputado de Podemos— calificó el borrador de ley de “poco ambicioso”, al igual que varios grupos ecologistas. Sin embargo, aplaudió la oportunidad que se abre ahora para tener una ley que el Congreso de los Diputados reclamó al Gobierno ya en 2011. La propuesta gubernamental se enmarca en un escenario en el que el tráfico es uno de los principales responsables de la contaminación del aire, que en España causó más de 38.000 muertes prematuras en 2015, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Objetivos generales

El objetivo general que plantea el Gobierno para la futura ley es que en 2030 las emisiones de España sean de 230 millones de toneladas de CO 2 equivalente, la medida que se utiliza para los gases de efecto invernadero, frente a las 339 millones de toneladas actuales. Esto supone un 20% de reducción respecto a los niveles de 1990.

El ministerio sostiene que el objetivo que plantea es muy ambicioso, más de lo que exige la Comisión Europea. Según sus cálculos, las políticas puestas en marcha por la Comisión, que deben aplicar los Veintiocho, implicarían que España podría emitir un máximo de 290 millones de toneladas en 2030, 60 más del objetivo que establece la ley.

Además, en 2030, el 35% de todo el consumo de energía de España debería ser de origen renovable y al menos el 70% de la generación de electricidad tendrá que ser limpia, según el borrador del ministerio. Respecto a los objetivos a largo plazo, en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país deberán haberse reducido un 90% respecto a 1990 y todo el sistema eléctrico deberá ser renovable.

Veto al 'fracking'

Entre las medidas que también contempla el texto del ministerio está la prohibición de la utilización de la fractura hidráulica, el polémico fracking, para extraer petróleo y gas. Además, a partir de la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para prospección y explotación de hidrocarburos, ni en tierra ni en mar. Los permisos vigentes no podrán seguir operando más allá de 2040.

El Gobierno también plantea la prohibición de establecer nuevos subsidios o incentivos a las energías fósiles desde la entrada en vigor de la norma. Y se elaborará un informe sobre el régimen fiscal de estos combustibles para revisar dichos incentivos. El ministerio pasa de puntillas por la fiscalidad (no se menciona la equiparación de la tributación de diésel y gasolina) argumentando que es algo que debe acometerse en colaboración con el Ministerio de Hacienda.

Es en este punto (el de la fiscalidad) en el que Xavier Labandeira, economista especializado en cambio climático y miembro del centro de investigación Economics for Energy, considera que el borrador presentado por el ministerio flaquea. Considera este especialista que se debería utilizar la fiscalidad como "un mecanismo" para reducir los gases de efecto invernadero. "Y especialmente en el transporte", señala. Propone este investigador que los tributos del diésel y la gasolina se igualen y que ambos se aumenten paulatinamente. También, que se utilice el impuesto de matriculación para penalizar realmente a los coches más contaminantes y emisores de dióxido de carbono.

Renovables

La ley de cambio climático se debe completar con el llamado plan de energía y clima que España tendrá que presentar a Bruselas en diciembre. En ese plan se establecerá la programación energética del país para la próxima década. Por ejemplo, si España contará con el carbón, con la nuclear, con el gas natural...

Ese documento aún está en elaboración, pero en el borrador de la ley de cambio climático ya se fijan medidas de fomento de las renovables. Entre 2020 y 2030, deberán instalar anualmente 3.000 megavatios de potencia renovable (en estos momentos toda la potencia renovable suma los 48.000 megavatios y en 2017 estas tecnologías limpias generaron el 32% de toda la electricidad en España).

Los riesgos del cambio climático

Como ya se había anunciado, el ministerio quiere obligar con esta ley a las empresas cotizadas a que elaboren informes de riesgo climático. Y el Banco de España (como ya hace el de Reino Unido) deberá elaborar cada dos años informes sobre los riesgos del cambio climático para el sistema financiero. También contempla el ministerio crear un comité asesor de cambio climático que deberá analizar si España cumple o no con los objetivos a los que se comprometa.

Los partidos políticos piden consenso Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP en el Congreso, sostiene que su grupo mantendrá un “espíritu constructivo, porque la lucha contra el cambio climático es una necesidad”. El PP mantendrá esa actitud siempre que el PSOE evite caer en una política de efecto anuncio, como ha ocurrido, por ejemplo, con la prohibición de vehículos que emiten, medida que no se ha consensuado antes de hacerla pública. Desde Ciudadanos se reprocha también al Gobierno que el borrador llegue antes a los medios que a los grupos políticos. “Vamos a ver si esto no acaba en otra chapuza del Gobierno de Sánchez”, puntualizan. Juan López de Uralde —portavoz de Equo y diputado de Podemos— calificó el borrador de ley de “poco ambicioso”, al igual que varios grupos ecologistas. Sin embargo, aplaudió la oportunidad que se abre ahora para tener una ley que el Congreso de los Diputados reclamó al Gobierno ya en 2011.