Juan Torres López

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro de ATTAC

Hay cuatro falsedades que se utilizan habitualmente para confundir a la población respecto a la deuda y para combatir a los movimientos y partidos progresistas.

La primera es que la deuda se origina porque la gente normal y corriente ha vivido por encima de sus posibilidades, lo que produce lógicamente un gran sentimiento de culpa y lleva a que la gente asuma que hay que pagarla sin rechistar.

La segunda es que la deuda pública se origina porque se realizan demasiados gastos sociales.

La tercera es que los gobiernos y los partidos de izquierda en general son los partidarios de aumentar siempre la deuda porque no ven peligro alguno en ello,.

La cuarta es la acusación de que los partidos o movimientos progresistas o de izquierda no pagan la deuda y provocan así problemas económicos mucho mayores.

Veámosla una por una

Las familias no son responsables de la deuda

En 2008, las familias españolas solo eran responsables del 20% de la deuda total española (pública y privada). Además, y según el Banco de España, la mitad de las familias españolas no estaba endeudada en aquel año. En el caso del 40% de las familias más pobres de España, las tres cuartas partes de su deuda era la relativa a la vivienda, y si esta era alta no era por su gusto sino por el precio establecido por los bancos que le prestaban.

Por el contrario, el 57% del total de la deuda española lo originaron los bancos y las grandes empresas. En todo caso, pues, fueron estos quienes vivieron por encima de sus posibilidades y no la gente normal y corriente a quien se le ha pasado la factura.

La deuda no está originada por los gastos excesivos en bienestar

En 2008, la deuda pública solo representaba el 19% de la deuda total española Además, es evidente que la deuda pública no ha crecido en mayor medida cuando se ha ido consolidando el Estado de Bienestar en España sino precisamente cuando éste se ha debilitado como consecuencia de las crisis, tal y como viene sucediendo desde 2007. En ese año, España tenía uno de los porcentajes más bajos de deuda de toda la Unión Europea (36,3% del PIB, frente al 65,2% de Alemania, o el 64,2% de Francia o el 103,3% de Italia).

Por el contrario, la deuda se ha incrementado vertiginosamente cuando la crisis, la falta de actividad y las reformas fiscales favorables a los grupos de renta más alta y a las grandes empresas y bancos ha producido una gran caída en los ingresos públicos. A lo que hay que añadir la gran cantidad de dinero destinado a ayudar a la banca.

Y de una forma muy particular, la deuda se incrementa extraordinariamente desde que se estableció que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos.

Desde entonces, los gastos extraordinarios o la caída en los ingresos que provocan a los gobiernos las crisis financieras o las circunstancias extraordinarias deben ser financiados por la banca privada a tipos de interés de mercado o incluso más altos por culpa de los especuladores.

Los datos son claros: si se quitan los gastos financieros dedicados al pago de intereses, la inmensa mayoría de los países que forman parte del euro (entre ellos España) registran superávit presupuestarios, salvo en algunos años excepcionales. O dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por los bancos centrales a los mismos tipos con que tan generosamente financian ahora a los bancos privados, la deuda pública de los países sería mínima, casi insignificante.

Y aquí aprovecho para señalar otra mentira complementaria de los economistas liberales cuando dicen que, si eso fuese así, es decir, si los bancos centrales financiasen a los gobiernos, se produciría una inflación muy peligrosa.

Es otra falsedad porque para que esa financiación provocase inflación deben darse necesariamente tres condiciones: que el dinero de los bancos centrales llegue a la economía (por eso el que ahora dan a los bancos no produce subida de precios), que cuando llegue a la economía se dedique al consumo (y no, como ocurre ahora en mayor medida, a reducir la deuda) y, además, que no aumente paralelamente la producción de bienes y servicios. Por tanto, si al mismo tiempo que los bancos centrales financian a los gobiernos aumenta de modo proporcional la producción de bienes y servicios (que es lo que se busca) no hay peligro alguno de inflación. Y la deuda pública apenas si existiría salvo que, lógicamente, otras circunstancias estén provocando crisis y ayudas extraordinarias a los grupos privilegiados constantemente.

Quien incrementa la deuda son los bancos y los gobiernos de derechas

También es falso que sean los gobiernos de izquierdas quienes crean más deuda.

No hay que olvidar nunca que crear deuda y aumentarla constantemente es el negocio de la banca. Por tanto son los banqueros quienes más que nadie están interesados en que aumente y quienes hacen todo lo posible para que los gobiernos tomen medidas que la provoquen (disminuyendo los ingresos de la gente o las empresas que no cuentan con financiación propia, promoviendo la venta de viviendas en lugar del alquiler, o simplemente corrompiendo a los gobiernos y políticos).

La historia muestra claramente que las etapas de mayor deuda están unidas a fases en las que los bancos han estado más desregulados y han tenido más libertad para hacer negocios y también que han sido con los gobiernos de derechas (Reagan, Bush, las dictaduras militares... o ahora Rajoy en España) con quienes se han alcanzado los niveles más altos de déficits o deuda de todos los tiempos en sus respectivos países.

Por el contrario, los gobiernos de izquierdas o progresistas, casi siempre y salvo alguna excepción, se han tenido que tragar esa deuda previamente acumulada: o han tenido que hacer mil equilibrios para pagarla (como la Venezuela bolivariana, por cierto) o, a pesar de hacer quitas o reestructuraciones que han beneficiado también a los acreedores, han tenido que asumir una gran parte de ella (como recientemente en Ecuador).

La deuda es impagable, no es que no se quiera pagar

Por último, es falso también que los movimientos o partidos progresistas, como Izquierda Unida o Podemos, digan caprichosamente que no pagarían la deuda si gobernasen. ¡Ojalá pudiera ser así y que la deuda desapareciera sin más de un día para otro!

Al respecto, a mí me parece que hay que ir por partes.

En primer lugar, los economistas más sensatos, sean del color que sean y hasta los que trabajan en organismos como el FMI, saben e incluso reconocen públicamente que la deuda que se ha acumulado en el mundo, en Europa o incluso (aunque en menor medida) en España es materialmente impagable (de hecho, si se quisiera pagar en este momento, no habría medios de pago suficientes para ello de tanto como ha crecido. Es imposible, por ejemplo, que una buena parte de las empresas españolas, como ha reconocido el FMI, genere en el futuro beneficios suficientes para poder acabar con su deuda.

Por tanto, la cuestión no radica en decir si se quiere pagar o no, sino en ser inteligentes y poner sobre la mesa soluciones que no sigan paralizando la actividad productiva, hundiendo a las economías y ¡generando más deuda! No tiene sentido empeñarse en hacer frente a un imposible en algo que no conviene a nadie salvo, claro está, a la banca que en 2013 se metió en el bolsillo solo en la Unión Europea y en concepto de intereses, 365.017 millones de euros en 2013 y 6,2 billones de euros desde 1995. Lo que hay que hacer es plantear es cómo salir del bucle infernal en el que estamos, por ejemplo, reestructurando un determinado porcentaje de la deuda para convertirla en perpetua a 100 años. Y, por supuesto, recurriendo a otras fuentes de financiación menos onerosas que las de la banca privada.

Otra cosa es, por otro lado, que una parte importante de la deuda fuese literalmente ilegítima u odiosa, es decir, el resultado de decisiones tomadas materialmente en contra de las decisiones o deseos de la ciudadanía. En cuyo caso, los pueblos tienen el derecho, después de que eso se demuestre con toda claridad, a repudiarla. Estados Unidos, sin ir más lejos, quizá sea el país que en mayor número de ocasiones o ha promovido o ha amparado o ha establecido el ejercicio de este derecho.

Si mañana nos viene un banco y nos reclama 10.000 euros no le decimos de entrada que no le vamos a pagar. Simplemente nos citamos inmediatamente y comprobamos el origen de esa deuda. Si es correcto y legítimo, no nos quedará más remedio que pagarlo, aunque su origen no nos complazca en absoluto.

Desgraciadamente, los gobiernos españoles de los últimos años han dilapidado recursos de todos los españoles. Una clase política corrupta ha tirado el dinero público para enriquecerse (aunque ni siquiera así se puede decir que esa sea la causa de nuestra deuda total), los bancos han pedido prestado cientos de miles de millones para hacer negocio financiando la especulación inmobiliaria que ahora no pueden devolver y se han hecho reformas encaminadas a permitir que los más ricos apenas paguen o que han destrozado nuestra capacidad de generar ingresos. Todo eso ha provocado una deuda gigantesca, aumentada por la manipulación en los mercados y por la existencia de instituciones europeas que se dedican a salvaguardar los intereses de unos países y de unos grupos sociales y financieros frente a los demás.

Ante ello no sirve hacerse ilusiones ni ser ingenuos. La traición de los partidos hasta ahora gobernantes la pagaremos cara y lo que cabe hacer no es creer que todo es fácil y que se le puede dar la vuelta a la situación en 24 horas. Hará falta mucha mano izquierda, mucha transparencia y democracia para que la gente sepa lo que ha pasado, mucha inteligencia para garantizar la estabilidad y que la situación no se vuelva peor de lo que hoy está, y fomentar un sentido muy amplio y generoso del patriotismo para reunir a una inmensa mayoría social que incorpore a la regeneración de España al mayor número posible de compatriotas. Y aún así, nos queda mucho sufrimiento por delante porque la estafa y el robo al pueblo han sido gigantescos.