Una de las medidas del acuerdo firmado por PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid para investir alcalde a José Luis Martínez-Almeida es la eliminación de las tasas de cajeros y de generadores de residuos. El pacto, que ambas formaciones hicieron público el pasado viernes para desalojar a Carmena de la alcaldía, establece que esa medida servirá para "aliviar fiscalmente a nuestros autónomos y comercios". Este punto aparece bajo el epígrafe "Madrid emprendedor: mínimos impuestos para los que crean riqueza y empleo".

La tasa de cajeros es, como su propio nombre indica, una tasa que pagan los bancos —y no los comercios o autónomos— por poner cajeros en la calle. La introdujo el gobierno de Manuela Carmena, con Carlos Sánchez Mato como delegado de Economía y Hacienda al frente, en 2017. Madrid no es la única ciudad que recauda por esta vía: Palma de Mallorca tiene tasa desde 2005 y otras urbes madrileñas como Las Rozas o Boadilla también la han puesto en marcha.

El impuesto sigue la misma lógica que se aplica a las terrazas, a las acciones publicitarias o a los contenedores para recoger ropa usada: el Ayuntamiento cobra por el uso del espacio público. En el caso de los cajeros, se entiende que ocupan vía pública porque solo se puede acceder a ellos desde la calle. La cantidad depende de la ubicación y va de los 26 a los 742 euros al año por cajero.

¿Cuánto le supone a un banco pagar este impuesto? La realidad es que muy poco. Por poner un ejemplo: Santander es el banco que más cajeros tiene en Madrid, 286. Si pagara el máximo por cada uno de ellos, su tasa ascendería a 212.212 euros anuales.

La tasa de cajeros es limitada a efectos recaudatorios, porque apenas supone medio millón de euros anual para las arcas municipales, según figura en las propias cuentas del Ayuntamiento de Madrid. En 2017 fueron 522.000 euros; en 2018, 507.000. Por comparar, las terrazas (que sí suelen estar regentadas por comercios y autónomos) pagan 10 millones de euros y los contenedores de la ropa algo más de un millón.

Sin embargo, en el momento de su introducción la oposición al gobierno de Ahora Madrid la tildó de ser parte del "sablazo fiscal" de Carmena. Sánchez Mato defendió entonces que su planteamiento no era recaudatorio, sino de "justicia fiscal", y que se podría destinar a programas sociales.

Gallardón recaudaba 170 millones con la tasa de residuos

La tasa de gestión de residuos, por otro lado, es una medida que ya existía con el PP. La recuperó como tasa de basuras el alcalde Ruiz Gallardón en 2009, cuando tenía la deuda en máximos (6.700 millones, aunque luego Ana Botella le superó y llegó hasta 7.400) y necesitaba recaudar. En ese momento, llevaba diecinueve años sin cobrarse porque el Ayuntamiento la eliminó en 1990 al implantar el IBI. Madrid era una de las pocas capitales españolas sin su tasa específica de basuras.

Durante el mandato de Gallardón, la tasa de basuras —que pagaban vecinos y comercios— le reportó a las arcas públicas hasta 171 millones de euros anuales. En 2015, como se aprecia en el gráfico, Ana Botella la suprimió.







El gobierno de Carmena recuperó este impuesto en 2016 bajo el nombre de Tasa Residuos Urbanos de Actividades (TRUA). A diferencia de la tasa de basuras de Gallardón, la TRUA solo la pagan las actividades económicas (comercios, hoteles, oficinas, etc.) y no los residentes. Se paga en función del valor catastral del local y la actividad y es bastante reducida para el pequeño comercio. Por poner un ejemplo: un local cuyo valor catastral sea menor de 100.000 euros paga únicamente 49 euros al año, así que es un impuesto que afecta más a las grandes empresas —con grandes locales— que a las pequeñas y a los autónomos.

Por esta vía, que PP y Ciudadanos pretenden eliminar, el Ayuntamiento recauda unos 45 millones anuales. Fuentes de la alcaldía consultadas por este medio indican que es "un punto del acuerdo que hay que desarrollar".