La emergencia sanitaria incluye la suspensión de turnos médicos o intervenciones quirúrgicas programadas, la recomendación de no ir a las guardias salvo que sea estrictamente urgente y necesario y la toma de conciencia de que el sistema de salud debe ser reservado para las personas que requieran atención por el coronavirus. Sin embargo, aun en este marco, hay servicios esenciales destinados a niñas, adolescentes y mujeres que no pueden interrumpirse: la distribución de métodos anticonceptivos y el acceso a la interrupción legal del embarazo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las “Directrices operativas para el mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante la pandemia COVID-19”, advierte que “los países deben identificar los servicios esenciales que se priorizarán a los fines de mantener la continuidad de la prestación de los servicios”. E incluye, dentro de las categorías prioritarias, a aquellos relacionados con “la salud reproductiva, incluida la atención durante el embarazo y el parto”.

En Argentina se realizan aproximadamente entre 370 mil y 522 mil interrupciones de embarazos por año, es decir, 1.220 por día.

En Argentina se realizan aproximadamente entre 370 mil y 522 mil interrupciones de embarazos por año, según detalla el Protocolo para la atención de personas con derecho a la ILE del Ministerio de Salud de la Nación, actualizado en diciembre de 2019. Es decir que alrededor de 1.220 personas por día abortan en el país.

“Lamentablemente, estamos encontrando obstrucciones en el acceso a la ILE en algunas provincias. Nos están llegando muchos casos. Están aprovechando para obstaculizar lo que cuesta siempre". Esto decía Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en una reciente entrevista con el portal feminista Latfem.

En ese sentido, Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, envió una comunicación a todos los referentes provinciales, a los servicios de salud y a las y los 900 agentes de las 12 provincias incluidas en el programa Embarazo Adolescente No Intencional (ENIA), declarando la ILE y el acceso a métodos anticonceptivos como servicios esenciales, con algunas recomendaciones para que se priorice en el marco de la pandemia.

Esta comunicación es mucho más que una formalidad: está directamente pensada para que los habituales obstaculizadores (desde médicos y médicas, hasta psicólogas y psicólogas o asistentes sociales y, a veces, servicios de salud enteros, según las provincias) no usen el coronavirus como excusa para no brindar métodos anticonceptivos o poner barreras de acceso al aborto legal.

La OMS incluyó a la #SaludReproductiva, en el marco del COVID-19, como una de las categorías prioritarias que deben sostener la prestación de servicios. — ValeriaIsla (@ValeriaIsla) April 3, 2020

El principal problema en este momento son los obstáculos para quienes necesiten interrumpir sus embarazos en algunas provincias, en las que, en ocasiones, los efectores y otras los sistemas de salud públicos completos (caso Tucumán) sacan provecho de la situación actual para establecer más trabas a los abortos legales.

En el caso de la prescripción de medicamentos, la normativa es clara -de acuerdo con la resolución 696/2020, está permitida en formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax-, pero nada se sabe en relación con el acceso a la ILE. Así como en los casos de violencia de género la salida del aislamiento es considerada “de fuerza mayor”, esta razón también debería aplicarse en este tema sin obligación de firmar ninguna declaración jurada, ya que, en territorios dominados por los obstaculizadores, las mujeres quedarían completamente expuestas.

A las nuevas y habituales barreras, la epidemia mundial agrega otro elemento: la falta de disponibilidad del misoprostol, el fármaco considerado por la OMS como el más recomendado a la hora de practicar el aborto de forma ambulatoria. Según calculan en la Dirección, en diez días habrá 3.000 tratamientos disponibles y en unos 30 se recibirán, finalmente, unos 16.000 que fueron comprados antes de la pandemia al Foro de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El aborto legal es un servicio esencial de Salud. Si necesitás consultar o tuviste algún obstáculo para acceder a la práctica, acá tenés información. #CoronavirusEnArgentina pic.twitter.com/xqGqNeUBIQ — 💚 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗶𝗱 𝗕𝗲𝗰𝗸 💚 (@soyingridbeck) April 13, 2020



A pesar de que esta droga es producida por el estatal Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe, todavía no está autorizado para tránsito federal. La solución, entonces, es caso por caso: la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya compró 8.000 tratamientos a este laboratorio.

Se identifican “cuellos de botella” en el acceso a los servicios en Mendoza y en Córdoba, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en la Patagonia, la respuesta es buena.

De acuerdo con el mapeo que realizan en el Ministerio de Salud, el 80% de los servicios que realizan ILE están disponibles. Sin embargo, esto se distribuye irregularmente. La desigualdad territorial es notoria, además de las restricciones de circulación y el temor, una vez más, de las mujeres a acudir a los servicios de salud. Se identifican “cuellos de botella” en el acceso a los servicios en Mendoza y en Córdoba, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe y en la Patagonia, la respuesta es buena.

Para reducir esas desigualdades, hay un grupo de trabajo dedicado especialmente a facilitar el acceso a las interrupciones legales, una línea 0800 (0800-222-3444) y un e-mail (saludsexual@msal.gov.ar) en donde se brinda orientación y, a la vez, se resuelven obstáculos en todo el territorio nacional.

“El nudo crítico es que nos llegue la información”, advierte Isla. “Algunas denuncias sobre obstaculización llegan por la línea 144. Por eso, necesitamos difundir el 0800 y los otros canales de comunicación para que nos llegue la información concreta y podamos facilitar el acceso a quienes requieran estos servicios esenciales”, agrega.

Por consultas o denuncias sobre barreras de acceso a interrupción legal del embarazo y a métodos anticonceptivos: 0800-222-3444 de lunes a viernes de 9 a 21; sábados, domingos y feriados de 9 a 18.