Morenés impuso la instalación de misiles de la multinacional que presidió en España, paralizando la definición de un proyecto de 4.000 millones de euros que garantizaba diez años de carga de trabajo en Ferrol.

Gonzalo Cortizo

Las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy para contratar armamento de la multinacional armamentística MBDA que Pedro Morenés presidió en España hasta su entrada en el Gobierno retrasaron durante años la puesta en marcha del contrato para construir cinco fragatas en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, fue ese empeño del anterior Gobierno en colocar a las embarcaciones militares ese modelo de misil fabricado por la multinacional en la que Morenés ejerció como alto ejecutivo hasta que fue nombrado ministro por Rajoy el que aplazó el inicio de los trabajos en los astilleros que la empresa pública tiene en Ferrol.

Durante la gestión de Morenés y Cospedal, Defensa impuso como "prioritaria" la implantación en las fragatas F-110 de los misiles Sea Ceptor, un tipo de proyectil que nunca había sido usado por la Armada Española y que la compañía del ministro estaba intentando colocar en el mercado internacional de la Defensa.

Esa insistencia retrasó dos años el proyecto de diseño técnico, según fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es, y llegó a provocar un enfrentamiento entre la cúpula de la Armada y la Dirección General de Armamento, controlada por el ministro. Fue en pleno verano, semanas después de la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y de la toma de posesión de Margarita Robles como responsable de Defensa, cuando se desbloqueó la situación, se descartó la compra de ese modelo de misil y se sortearon los últimos trámites para que Navantia empiece, por fin, a construir las fragatas, algo que está previsto para los próximos meses.

Fuentes del entorno de Morenés reconocen que la Armada estaba en contra de implantar los misiles de la compañía MBDA, un gigante transnacional que factura miles de millones de euros y vende a un centenar de países, pero niegan una participación activa por parte del ministro en la elección del material bélico que su exempresa pretendía colocar en el mercado.

El programa técnico con el que Defensa trabajó durante la etapa de Morenés y Cospedal como ministros (entre 2015 y junio de 2018) calificaba como opción prioritaria" la instalación de los misiles Sea Ceptor que fabricaba la empresa de Morenés. El Gobierno de Sánchez decidió a principios de agosto tumbar el plan de sus antecesores y apostar por la solución más cómoda y que menos problemas de integración planteaba a la construcción de las fragatas: volver a la idea original de instalar los misiles desarrollados por el consorcio NATO del que España forma parte y que ya se usan en las fragatas F-100. Defensa asegura ahora que "está trabajando para que los trámites previos a la firma de la orden de ejecución finalicen los antes posible" y se pueda recuperar tiempo para cumplir el calendario del programa con Navantia, una empresa pública que depende de la SEPI.

En una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, el Gobierno confirma que la discusión sobre las opciones para armar el buque retrasaron la puesta en marcha de un proyecto clave para una comarca, Ferrolterra, que lleva décadas sufriendo las consecuencias de la desindustrialización y cuyos trabajadores han salido a la calle para reclamar carga de trabajo.

Defensa tenía que elegir como armamento para los barcos de guerra entre los misiles que ofertaba la empresa de Morenés y otro modelo que ya está en servicio en las fragatas F-100, el Sea Sparrow Block 2.

Esta segunda opción tenía la ventaja, según las fuentes consultadas, de ser un modelo desarrollado por un consorcio internacional (NATO Sea Sparrow) del que España forma parte desde 1991 y al que se comprometió financiación de manera regular durante 15 años. El propio Morenés autorizó en 2013 un desembolso de 16,4 millones de euros de los presupuestos de la Armada para participar en la solución técnica del misil que, sin embargo, su gabinete acabaría calificando como "opción alternativa" frente al que fabricaba la empresa en la que él mismo había sido alto ejecutivo, como presidente de su filial española.

En resumen, el Gobierno del PP pagó por el desarrollo de un misil con los principales socios militares de España mientras intentaba comprar otro modelo diferente en el mercado privado. Las gestiones para implantar el armamento impuesto por la dirección del Ministerio retrasaron la definición del proyecto técnico, imprescindible antes de dar luz verde al inicio de la construcción de las fragatas.

En una intervención parlamentaria, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, insinuó hace unas semanas la existencia de "intereses empresariales" del PP en la decisión sobre las armas que llevarían las fragatas. Durante aquella sesión de control al Gobierno y a preguntas del PP, Robles aseguró: "Como consecuencia de su actuación, los ciudadanos españoles están teniendo que pagar mucho dinero para suplir sus omisiones y que puedan tener trabajo en Navantia en Ferrol y Cartagena".

El entorno de Morenés defiende que sus gestiones no supusieron un retraso "porque nunca hubo un calendario de construcción" para esas fragatas. "Lo único que hizo la dirección general de armamento fue buscar un misil de fabricación europea para no depender en exclusiva del material americano. El ministro no tuvo participación alguna en esa decisión", sostienen las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2015 el lanzamiento del programa tecnológico previo a la construcción de las fragatas F-110 que incluía las indicaciones sobre el tipo de misil que quería implantarse en el conjunto. Morenés se ausentó de esa deliberación para evitar un conflicto de intereses y dejó en manos del Ministerio de Hacienda la firma del programa que supuso un primer desembolso de 12 millones de euros. Durante todo el proceso su Ministerio manifestó la preferencia por el armamento de su exempresa, MBDA.

Los misiles elegidos por el departamento de Morenés suponían un problema de ingeniería para su adaptación a las fragatas pero ofrecían la ventaja de plantear un desarrollo de aplicación para los tres ejércitos. El Sea Ceptor es un misil de corto alcance, desarrollado por MBDA como parte de un proyecto para Reino Unido. La idea de desarrollo se basa en la construcción de un misil compatible para los tres ejércitos y que ofrezca sus diferentes versiones adaptables a las lanzaderas navales, de tierra o aire. La Marina española era la entrada que MBDA buscaba para vender sus productos a los tres ejércitos. Tras el desembolso provocado por el ensayo, la operación ha quedado desactivada con el cambio de Gobierno.

4.000 millones y diez años de carga de trabajo

La construcción de las Fragatas F-110 supondrá un volumen de inversión de 4.000 millones de euros y dará carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores.

El Diario

Cospedal encargó por 9,5 millones a la empresa de Morenés evaluar el misil que esa misma firma quería vender a Defensa

Gonzalo Cortizo / Antonio M. Vélez

María Dolores de Cospedal formalizó un contrato de 9,5 millones de euros para que una empresa del sector armamentístico redactase un informe sobre las ventajas y riesgos de la implantación de un tipo determinado de misil en la futura construcción de las fragatas F-110. La empresa elegida, donde el anterior ministro Pedro Morenés había sido alto ejecutivo, para elaborar el documento que evaluase los misiles era la principal interesada en asegurar que el armamento no ofrecía riesgos y que su incorporación a los buques de la Armada era idónea, ya que optaba a la adjudicación del Ministerio.

La compañía, MBDA, es un gigante multinacional dedicado a la fabricación de proyectiles pesados y tuvo al ministro Morenés como presidente de su filial en España, justo antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Con Morenés al frente del Ministerio, los dispositivos de MBDA fueron calificados por Defensa como "opción prioritaria" para su implantación en los buques de guerra. Dos años después, y frente a la oposición de la Armada según fuentes del Ejército, Cospedal decidió encargar el estudio que despejase dudas sobre la selección del proveedor de Defensa a uno de los dos aspirantes que aspiraba a vender el armamento.

Fuentes del Ministerio consultadas por eldiario.es califican el contrato como "profundamente irregular". "No es normal pedir un análisis de riesgos a la misma empresa que sirve el producto que se somete a juicio", asegura un exalto cargo del Ministerio, con responsabilidades en el pasado en la evaluación y compra de material militar.

Según los expertos consultados, lo "habitual" en este tipo de situaciones es buscar a un tercero sin intereses directos en la adjudicación para realizar la evaluación sobre las ofertas y la integración de los misiles. Este tipo de encargos suelen realizarse a empresas de ingeniería para que analicen pros y contras sobre el material de una compañía con la que firman un contrato de confidencialidad.

Sin embargo, Cospedal encargó esa tarea de análisis -a través de un procedimiento negociado y sin publicidad de nueve millones de euros que incluía un solo pago fijado para 2021- a una de las dos aspirantes a ese millonario contrato. Ninguna otra compañía asistió como competidora. La fecha oficial de formalización del acuerdo fue el 28 de diciembre de 2017.

El estudio encargado por el Ministerio de Cospedal evidencia el empeño que el Gobierno de Rajoy mantuvo durante dos años para que fueran los misiles de MBDA los que finalmente se instalasen en las fragatas F-110. Esos dos años de discusión con la Armada, contraria a los misiles de la empresa de Morenés y partidaria de surtirse de un consorcio internacional que ya financiaba el Ministerio de Defensa, retrasó la puesta en marcha del proyecto técnico, previo al inicio de la construcción de las fragatas F-110.

Pendiente de revisión

Al tratarse de un acuerdo adoptado a finales de 2017, el Gobierno de Sánchez podría tener que abonar parte o la totalidad de los 9,5 millones de euros pactados en su día. A pesar de que los misiles de la empresa de Morenés quedaron descartados con el cambio de Gobierno, Defensa podría tener que cumplir sus obligaciones contractuales con la exempresa del ministro.

"Se han realizado los trabajos sin finalizar y el contrato está en fase de liquidación. Hay que valorar en qué porcentaje", aseguran fuentes de Defensa a eldiario.es. El equipo que dirige Margarita Robles reconoce que habrá que pagar la parte del trabajo que se haya realizado, aun cuando su utilidad sea nula para el desarrollo de las fragatas que Navantia espera empezar a construir en Ferrol. El Ejecutivo está analizando los resultados del informe para intentar sacar utilidad de alguna de las conclusiones que contienen sus páginas: "Se está analizando su posible utilización para otros fines", aseguran desde el ministerio.

7.000 empleos pendientes de las F-110

La construcción de las Fragatas F-110 supone una inversión de 4.000 millones de euros y carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año después de que este verano se desbloquease por fin la elección del misil y se descartarse a la anterior empresa de Morenés.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra, una zona muy castigada por la reconversión naval en las últimas décadas, asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores.

El Diario