Los retrasos a la hora pagar le han pasado un multimillonario tributo a las finanzas de Madrid. El Ayuntamiento de la capital tuvo que desembolsar en 2013 y 2014 –dirigido entonces por Ana Botella (PP)– más de 180 millones de euros de sanción por demorarse en el abono de facturas a proveedores. Solo el año pasado, los intereses de demora que debió afrontar la ciudad sumaron 113 millones, según el cálculo derivado del cierre de las cuentas oficiales del Consistorio. El resto, hasta superar esos 180 millones, corresponde al ejercicio de 2013.

Las políticas de la ciudad de Madrid han estado lastradas desde hace años por la gigantesca deuda financiera (5.900 millones en 2014). Sin embargo, en la recta final de los mandatos del Partido Popular al frente de la capital, un buen puñado de dinero ha estado viajando directamente desde las arcas públicas a sufragar los impagos a terceros.

Los intereses de demora se activan automáticamente por "el mero incumplimiento en el plazo pactado", según la ley de medidas de lucha contra la morosidad. Las administraciones públicas tienen la obligación de "abonar el precio en los 30 días siguientes" a la certificación de conformidad del servicio prestado. Una vez pasados los plazos, los contratistas tienen derecho a reclamar por escrito estos intereses. Lo habitual es que aplique "el interés legal del dinero", cuentan los funcionarios de Hacienda. Este interés lo establece cada año el Gobierno central en la ley de Presupuestos Generales. Para 2013 y 2014, ese interés fue del 4%.

"Esto es fruto de una mala planificación", cuentan a eldiario.es fuentes del departamento de Hacienda. De hecho, antes de 2013, el rango de pagos por intereses de demora no superaba los ocho millones de euros al año, según estas mismas fuentes.

El nuevo equipo económico del Ayuntamiento madrileño -de Ahora Madrid- analiza, además, que se ha estado dando la circunstancia de que mientras algunas empresas "han reclamado [y obtenido] este dinero por los retrasos, al mismo tiempo, estaban cayendo en incumplimientos de contrato a la hora de prestar servicios o alcanzar los niveles de calidad acordados". Sin embargo, Madrid "no ha ejercido las medidas coercitivas necesarias" para aplicar las sanciones económicas, cuentan ahora en el Consistorio.

"La mayoría del dinero que ha hecho falta para hacer frente a esos cargos no estaba presupuestado al inicio del ejercicio", explica un experto contable municipal. Así que esas cantidades no se pueden hallar en los presupuestos que, cada año, el Ayuntamiento ha presentado públicamente. Ahí están incluidos los ingresos y gastos (teóricos). Sin embargo, tras la ejecución real de esos presupuestos, las cuentas sí tienen que reflejar ese volumen de efectivo.

Código 35.200

Los intereses de demora tienen un código específico: 35.200, que se asocia a cada programa de las áreas de gobierno y a cada distrito. Si se rastrean las cuentas cerradas de Madrid, se puede ver cómo hay múltiples entradas –desde 1.000 a varios millones de euros– bajo este código. Y en la mayoría de ocasiones el crédito inicial asignado a la partida es de "0,00" euros. A lo largo del año se hicieron las modificaciones contables oportunas para satisfacer esas obligaciones.

De esta manera, la ecuación se formula con un Ayuntamiento cuya política se ve condicionada por la deuda, unido a la acumulación de retrasos en el pago de facturas más el abono de intereses por este retraso y, finalmente, empresas que, a juicio de los técnicos, también incumplen parte de sus obligaciones con poco castigo.

Las estrecheces presupuestarias han lastrado tanto el día a día de la ciudad que, según contaba un funcionario del área de Hacienda a eldiario.es, "los dos últimos años se ha trabajado para la deuda". Sin ir más lejos, en 2010, el Ayuntamiento aprobó un Plan Económico Financiero para el Ministerio de Hacienda en el que se contaba que se estaban "tomando medidas de ajuste presupuestario con reducciones paulatinas del gasto" con el objetivo de "garantizar el reequilibrio del Ayuntamiento de Madrid".

El plan dejaba claro por donde irían los tiros en los servicios públicos hasta 2016: la "reducción de un 15% de media" en los contratos privados de limpieza, mantenimiento, movilidad...De ahí la cascada de "contratos integrales" que han reunido diversas funciones en una única oferta. Este sistema suma muchos millones para los posibles contratistas, pero, a cambio de rebajar el montante económico global que debía aportar el presupuesto. El campo quedó abonado solo para grandes empresas capaces de afrontar al mismo tiempo la recogida de basuras y la atención de parques o el aparcamiento regulado sumado a la señalización de calles y el sistema de alquiler de bicicletas.