El borrador del nuevo plan de vivienda presentado por el ministerio de Fomento propone una subvención a la compra de vivienda para los jóvenes menores de 35 años. Esta ayuda directa, a fondo perdido, sería de hasta 10.800 euros con un límite de un 20% del valor del piso. Para poder acceder a ella, los jóvenes tendrán que cobrar menos de tres veces el IPREM, es decir, menos de unos 1.600 euros al mes, no tener otra vivienda y que esta vaya a ser su residencia habitual. Una medida criticada por los expertos por ser una ayuda directa, lo que puede incrementar los precios, y por potenciar la compra frente al alquiler.

El Gobierno quiere dar ayudas para la compra de viviendas a los jóvenes de hasta 10.800 euros

Saber más

"Según todos los análisis económicos, es una medida que no beneficia al comprador o arrendatario, sino al vendedor y o al arrendador, ya que van a subir los precios automáticamente", mantiene Alain Cuenca, profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza, que considera que reimplantar las ayudas a la compra y al alquiler se trata de "un desaguisado", ya que la experiencia demuestra, y todos los organismos internacionales han dejado claro, que este tipo de medidas se traducen en una subida de precios.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha admitido durante la presentación del plan que existe una subida de precios del alquiler debida a la oferta limitada frente a la subida de la demanda de los últimos años. En este sentido, considera que la solución pasa por aumentar el parque de vivienda en alquiler. Para ello, el ministro ha explicado que habrá ayudas para desarrollar nuevas promociones de viviendas destinadas al alquiler. Una idea que choca con la propuesta de subvencionar la compra, que reduciría el parque de vivienda.

"Es un error. Sea vía IRPF o subvención directa, las investigaciones aplicadas muestran que, fundamentalmente, acaban encareciendo el precio de la vivienda al elevar la capacidad de compra de los demandantes. De hecho, las deducciones en el IRPF por compra de la vivienda (hoy abolidas) son una de las causas de la burbuja de inmobiliaria de la década pasada", señala Santiago Lago-Peña, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

Julio Rodríguez, economista de Economistas Frente a la Crisis y expresidente del Banco Hipotecario, señala que "la problemática actual no está centrada en la compraventa" y que las ayudas no tendrían que ir a la compra cuando hacen mucha más falta en el alquiler. "Les gusta demasiado la propiedad y el alquiler con opción a compra y confían poco en el alquiler", añade.

Por su parte, el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, en declaraciones a Europa Press señala que el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 da un "varapalo" al alquiler. Carroza cree que vuelve al paradigma que metió a España en la crisis, por lo que le parece "insultante que se esté replicando el mismo sistema". "No hemos aprendido de los palos y en el primer síntoma de recuperación volvemos a cometer los mismos errores", ha añadido.

Las anteriores ayudas a la vivienda

Cuenca recuerda que la desgravación a la compra de vivienda se introdujo en 1978 sin límite de cantidad a desgravar, y en los noventa José María Aznar la limitó a unos 1.300 euros anuales. Para 2011 y años sucesivos el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redujo estas ayudas, aunque fueron recuperadas por Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno. Fue la "troika" la que obligó a eliminar estos incentivos, que ahora vuelve a anunciar Íñigo de la Serna.

¿Hacía dónde tendrían que ir las políticas públicas de vivienda? "Hacia un (buen) parque de viviendas en alquiler (sin posibilidad de compra) gestionado por las administraciones autonómicas y locales al abrigo de convenios o consorcios ad hoc. Tenemos que invertir el dinero en esto", responde Lago-Peña al comentar hacia dónde se deberían dirigir las políticas de viviendas estatales.

Una idea que comparte Rodríguez, que señala que España "arranca de un nivel muy bajo de vivienda social". Además, añade que la vivienda social que se hace, por ejemplo, en la comunidad de Madrid es "muy cara". Por otra parte, que las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas no debería ser óbice para que se lleven a cabo planes estatales de vivienda y que las políticas de vivienda en estos últimos cuatro años "no han existido".