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La Voz de Galicia Cecilia Cuerdo

Sevilla / Colpisa 27/01/2015 10:25 h

La última polémica de la legislatura en Andalucía llegó minutos antes de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, disolviera la cámara autonómica. Ante la posibilidad de que el adelanto electoral dejara temporalmente sin fuero a tres de los cuatro diputados señalados en el caso de los ERE fraudulentos, el PSOE los ha incluido como miembros de la diputación permanente para blindarlos ante posibles citaciones de la jueza Mercedes Alaya.

La decisión salió adelante pese a la oposición de PP e IU, hasta ahora socios de Gobierno de los socialistas. De esta manera, tanto Carmen Martínez Aguayo como Francisco Vallejo y Antonio Ávila, que en los últimos años ocuparon las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo, se incorporan al órgano que ostenta el poder legislativo mientras está cerrado el período de sesiones en el Parlamento. El cuarto preimputado, según la definición de la juez, es el exconsejero Manuel Recio, que ya formaba parte de este órgano.

Una vez resuelto este último pleno parlamentario, Susana Díaz comunicó el adelanto electoral, del que responsabilizó a la inestabilidad creada por su socio, IU, tras el «cambio radical» dado por la dirección federal al aupar a Alberto Garzón.

Aunque los socialistas se empeñen en negarlo, los tacticismos electorales han pesado y mucho en su decisión de no agotar legislatura. El PSOE pretende rentabilizar el hecho de que sea la política andaluza más conocida y mejor valorada, según las encuestas. Estas le dan además una ventaja de entorno a diez puntos sobre el PP a causa, entre otros factores, del grado de desconocimiento de su líder Juan Manuel Moreno Bonilla.

Díaz se muestra convencida de que tendrá mayoría suficiente para gobernar pese a la más que previsible irrupción en el Parlamento andaluz de fuerzas como Podemos, UPyD o Ciudadanos. Andalucía, dijo, «necesita un gobierno fuerte y sólido, que no se distraiga con otros asuntos». El PSOE ha gobernado casi siempre con mayoría absoluta en esta comunidad, que solo ha conocido presidentes socialistas desde las primeras elecciones en 1980.

La presidenta de la Junta reconoció que un gobierno en solitario le permitiría «trabajar a velocidad de crucero» para afrontar los retos que aún quedan por delante, aunque en cualquier caso no consideró que los tres años de cohabitación con IU se puedan tildar de «fracaso» porque han sido una oportunidad para demostrar que era posible hacer las cosas de otra manera, y que esa mayoría de izquierdas ha permitido blindar ciertos derechos. Pero «incomprensiblemente», apuntó, los presupuestos aprobados en diciembre ya no fueron «motivo suficiente para tener garantizada la finalización de la presente legislatura». «Hubieran podido ser cuatro años si no se hubiera puesto en precario un gobierno», lamentó.

Acercamiento de IU a Podemos

Con el decreto de disolución de la cámara recién firmado, la presidenta andaluza reiteró que «hace meses que nuestro gobierno carece de solidez y estabilidad», por lo que no quedaba más remedio que «dar la voz a los andaluces», una decisión, subrayó, «impecablemente democrática». Atribuyó en todo momento a IU la responsabilidad de la brecha abierta entre los socios. «No es un equívoco o un malentendido, sino un cambio radical en el que el pacto en Andalucía se convirtió en un obstáculo», dijo en alusión a los coqueteos de la dirección federal de IU con Podemos.

La presidenta andaluza, según fuentes próximas, detectó el cambio en su socio desde que el diputado malagueño Alberto Garzón se convirtió en la figura emergente de IU. Garzón nunca ocultó su disconformidad con el acuerdo con los socialistas y su apuesta estratégica es la confluencia con Podemos. Esa tesis, a juicio de los socialistas, se fue imponiendo en sectores de la coalición y se puso de manifiesto en la asamblea de IU del pasado 20 de diciembre, cuando se acordó someter a referendo después de las elecciones municipales el pacto con el PSOE.

Ese paso fue, para Susana Díaz, el detonante de la ruptura al poner fecha de caducidad al Ejecutivo. «Es como si en un matrimonio uno le dijera al otro que en seis meses iba a analizar el posible divorcio; en ese momento ya tendría falta de confianza para afrontar la convivencia», zanjó.