Carmen Benítez, esposa del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha actuado como procuradora para Endesa en al menos una ocasión desde que su marido accediera al cargo, y en al menos otra en los dos años previos. Sin embargo, el ministro no se ha inhibido en ninguna decisión sobre la multinacional energética, como obliga la Ley de altos cargos de 2015 y su predecesora, la Ley de conflicto de intereses.

Esta última norma, promulgada en 2006 y vigente en el momento en que Soria llegó al ministerio, establecía en su artículo 7.1 la obligación de los altos cargos de apartarse de aquellos asuntos en los que pudiera producirse colusión de intereses.

"Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

Benitez ha sido procuradora de la compañía eléctrica para la provincia de Las Palmas desde la década de los noventa. Esta representación legal se ha ejercido en, al menos, una ocasión en el plazo de dos años previos al nombramiento de su marido, el mismo plazo que la ley marcaba para la inhibición posterior. Entonces, los actos de representación cesaron aparentemente, hasta el pasado mes de julio, cuando la procuradora interpuso una demanda en nombre de la compañia eléctrica.

Benítez también ha representado a otra empresa del ramo, Proyectos y Desarrollos Renovables, S.A., dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica y a la construcción y explotación de parques eólicos. La procuradora presentó un recurso contra una orden del consejero Empleo, Industria y Comercio de Canarias que perjudicaba a la compañía, y que fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad autónoma.

Por su parte, Soria ha tomado decisiones en Industria que afectaban directa o indirectamente a Endesa, económicas y de otra índole, individual o conjuntamente, favorables y desfavorables para la compañía, por lo que no es fácil determinar la colusión de intereses.

La Oficina de Conflicto de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es el organismo al que la ley otorga poderes para investigar y sancionar estos supuestos. No obstante, la norma excluye de este escrutinio a ministros y secretarios de estado, cuyos expedientes solo podrán ser estudiados y, en su caso, sancionados por el consejo de ministros.

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, la poca capacidad de maniobra de un procurador y el hecho de que el asunto sea juzgado por el propio Gobierno al que pertenece el ministro hacen improbable una sanción. En los casos más leves esta sanción se reduciría a la publicación de la infracción en el BOE, y en los más graves podría conducir a la destitución y a la inhabilitación para ocupar un cargo público durante un plazo de cinco a diez años.

En Endesa niegan haber trabajado directamente con Benítez desde que su marido es ministro, y están investigando si pudiera haber sido contratada por alguno de los bufetes de abogados con los que trabajan en la isla. Ni la procuradora ni el ministro Soria han querido hablar con cuartopoder.es para ofrecer su versión de los hechos.