La comisaría de Centro en Madrid está en ruinas. Los sindicatos policiales han interpuesto diversas denuncias por vulnerar la ley de riesgos laborales y este año se celebrará este juicio. Pero antes de la sentencia, desde la Dirección General de la Policía ya se ha iniciado el plan de reforma. De hecho, en esas instalaciones tiene su sede el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), al que pertenecen la mayoría de los mandos policiales, y ya han sido avisados de que se les proporcionará otro lugar donde estar hasta que finalice la reforma.



La obra total, según denuncian diferentes fuentes sindicales a Público, “estará estimada en varios millones de euros, pero lo que están haciendo es partir esta reforma en pequeños contratos que no superen los 200.000 euros para que se tramiten como negociado sin publicidad y así darlas a empresas afines sin tener que pasar por un concurso público”. Público se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Policía para saber en cuánto está valorada la reforma total de la comisaría y también en cuántos contratos se ha fraccionado sin obtener respuesta.

Una de las favorecidas de esta reforma es la constructora Seranco, señalada como “beneficiaria habitual” junto a otras empresas en una denuncia presentada ante la fiscalía anticorrupción en 2012 por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que ha llevado a que el juzgado de instrucción número 26 de Madrid imputara el pasado marzo a cinco funcionarios del Área de Arquitectura y Patrimonio de la Policía, perteneciente a la División Económica y Técnica de la corporación, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras sin publicidad realizadas en las dependencias del cuerpo por toda España.



A pesar de las imputaciones y de que la investigación continúa abierta por el juzgado, ayer se publicaba en el BOE que la Dirección General de la Policía le concedía las “Obras de reubicación de vestuarios masculino y femenino en planta 5º de la Comisaría de Distrito Centro de Madrid” a la constructora Seranco. Esta reubicación consiste en un contrato de 199.983, 20 euros de importe neto, sin IVA y otros conceptos, por lo que se ha podido hacer sin publicidad.

"La Policía debería evitar aunque fuera por imagen, y ya que sus arquitectos están imputados, realizar este tipo de contratos"

Debido a la Ley de Contratos del Sector Público, argumentaba el denunciante ya en 2012, “la elevación de las cuantías de los contratos menores a 50.000 euros y a 200.000, los negociados sin publicidad han producido una continua adjudicación indiscriminada, fraccionando el gasto de obras mayores en una repetida adjudicación de contratos menores a una misma empresa” y “siempre a las mismas empresas afines”.



Para José María Benito, de la Unión Federal de la Policía (UFP), “la Policía debería evitar aunque fuera por imagen, y ya que sus arquitectos están imputados, realizar este tipo de contratos. Está claro que la obra entera de la comisaría debería salir a concurso y aunque sea legal este método de fraccionar las obras para no tener que publicitarlas, no es bueno. Más aún, si esta empresa ya fue señalada en una denuncia que investigan los tribunales de Madrid y que por ahora apunta a una clara connivencia entre ambas partes”.



Continuidad



La sociedad Seranco, encabezada por Marcos Somoza, lleva años haciéndose con este tipo de contratos del Ministerio del Interior a pesar de esta investigación iniciada en 2012. El 19 de agosto de 2013 se le adjudicaban las “Obras de reforma de aseos en dormitorios en el bloque de residencia n.º 8 en el Centro de Formación de Ávila”, por un valor de 152.700,49 euros. En octubre de ese año fue cesado el Jefe de la División de Coordinación Económica y Técnica, Ildefonso Escalero Simón. Pero Seranco ha seguido llevándose obras. En marzo de 2014 también se llevó por 174.752,00 euros la rehabilitación del aparcamiento exterior del Área de Automoción en El Escorial. Y en la actualidad está haciendo otra en el complejo policial de Canillas, precisamente las dos adjudicaciones que se anunciaban pero fuera del contrato de 9 millones. Todas son otorgadas por la División Técnica y Económica de la Policía.



Seranco también es un habitual contratante de obras sin publicitar en la Guardia Civil. Por ejemplo, recientemente ha hecho la remodelación de tres garitas de la valla de Melilla.

No es el único procedimiento en el que se ve relacionado esta constructora. El juzgado de instrucción número 2 de Guadalajara también investiga una denuncia puesta por el PP contra el edil de Hacienda y Desarrollo y alcalde por el PSOE de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, al representante legal de la constructora Seranco SA y a dos técnicos municipales, por un presunto un delito de estafa por haber autorizado el pago de facturas de obra que no se correspondían con la realidad y que supusieron "un sobrecoste para las arcas municipales de más de 470.000 euros".



Para José María Benito de la UFP, “está adjudicación es si cabe más grave porque es una empresa que ya está relacionada en dos ocasiones con procedimiento relacionados con la corrupción. La Policía tiene que poner unos controles para que no se pueda contratar con empresas que tienen ese tipo de manchas”.



