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El reporte celebra que Uruguay sea "pionero de un nuevo paradigma", pero señala varios puntos a cambiar y mejorar para reducir el mercado negro de marihuana en el país.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) presentó esta semana en la ciudad estadounidense un reporte sobre la experiencia pionera del Uruguay en la legalización del cannabis. El informe se titula "La ley de cannabis uruguaya: pionera de un nuevo paradigma" y fue elaborado por especialistas estadounidenses en políticas de drogas.

El evento fue organizado por WOLA y la Brookings Institution, encargados de realizar el reporte de 24 páginas sobre la experiencia. El informe fue redactado por John Hudak, Geoff Ramsey y John Walsh, integrantes de estas organizaciones.

"Movimos la frontera de lo que es posible", dijo en Washington el director del Instituto de Regulación del Cannabis (IRCCA), Martín Rodríguez, al presentar el reporte. "El modelo uruguayo es diferente del de otras regiones. Esto es mejor que la prohibición para las poblaciones locales", agregó, según informa Vice.

Uno de los redactores del informe, John Hudak, dijo en la presentación que hay problemas de suministro en el país por la cantidad limitada de cannabis producido, que en ocasiones no satisface la demanda de las farmacias.

Con respecto al problema generado por los bancos, cuya presión hizo que algunas farmacias se bajaran de la venta de marihuana, el reporte indica que la decisión de Canadá de legalizar el cannabis recreativo podría aliviar la presión sobre Uruguay. Por ejemplo, en enero, el Banco de Montreal se convirtió en la primera entidad bancaria canadiense en aceptar negociar con un productor de cannabis.

Recomendaciones

El amplio informe narra toda la peripecia del proyecto uruguayo, analiza los puntos fuertes y también los problemas generados por la regulación y finalmente realiza una serie de recomendaciones al gobierno uruguayo para que mejore la experiencia.

Por ejemplo, considera que Uruguay "debería considerar medidas de largo plazo para asegurarse que las entidades que trabajan en la industria del cannabis tengan acceso a instituciones financieras, acudiendo a otras jurisdicciones que estén pensando en regular el cannabis, como Canadá".

Los sectores médicos y también los policiales "necesitan un aprendizaje y educación sustanciales, en particular sobre los objetivos y los beneficios que se esperan de la regulación del cannabis, así como los cambios policiales bajo la nueva ley".

Hasta ahora, la implementación de la venta estuvo marcada por problemas de distribución. "Uruguay puede superar estos obstáculos al ampliar los puntos legales de venta e incluir no solo farmacias sino algún otro dispensario", indica el informe.

Para que el cannabis regulado displace al mercado negro en forma más efectiva, "las autoridades deben reconsiderar las reglas que obligan a los usuarios a elegir solo una de las tres formas legales de obtener cannabis: autocultivo, clubes o compra comercial", agregan.

Además, los especialistas recomiendan que para reducir el narcotráfico, el gobierno uruguayo debe considerar permitir la venta de cannabis a turistas. Recuerdan que si bien Uruguay fue muy claro en que no se convertiría en una meca de turismo cannábico, "la realidad es que los visitantes llegan a Uruguay con la idea de que no es difícil encontrar cannabis si así lo desea". Como resultado, "los turistas la adquieren a través de medios ilegales, lo que incentiva a individuos a producir marihuana para la venta". "De muchos modos, el deseo de reducir el mercado negro generó una ley que aumentó la demanda del mercado negro por parte de visitantes", señaló.

Las autoridades "podrían considerar un programa piloto que permita a los turistas comprar cannabis legalmente", indican, aunque esta iniciativa solo podría realizarse cuando el suministro esté estabilizado para el consumo local. Debería permitirse solo una cantidad mínima y los precios a turistas podrían ser más altos, recomiendan.

Por último, piden a las autoridades que trabajen en forma más estrecha con investigadores independientes y la sociedad civil para permitirles acceso a información clave que respalde su trabajo.