Desde el sector de las plataformas de Economía Colaborativa aseguran que el plan de regulación del Gobierno podría ser letal para la continuidad del negocio.

La regulación de la actividad de las plataformas de Economía Colaborativa es un punto central en la agenda del Gobierno. A casi cuatro años de su llegada a nuestro país, todavía no se ha logrado un acuerdo sobre qué marco normativo brindarle al funcionamiento de apps como Rappi, Glovo, Uber y Cabify y que tanta polémica genera en el mercado

Alberto Fernández marcó en su momento una postura clara frente al funcionamiento de estas plataformas. “Macri ‘uberizó’ la economía. Ha dejado que el desempleo ocurra porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores que son monotributistas que se suben a una bicicleta y reparten pizzas. Es un sistema por el cual el empleador se quita obligaciones y el que trabaja pierde derechos”, expresó el por entonces candidato del Frente de Todos en una entrevista..

“La Argentina no es un mercado tan importante como para que las empresas adapten todo su modelo de negocios y tengan empleados. El punto de partida tiene que ser la flexibilidad del repartidor porque ese es el modelo, si no estas plataformas van a sacar su inversión de estos países y se van a ir absolutamente todas”, sentencia un exejecutivo de una de las empresas más grandes del segmento, y que conoce de cerca las problemáticas históricas de este negocio.

Desde las plataformas analizan una posible adaptación ante un marco normativo con menos libertades, pero tienen en cuenta que la actividad podría sufrir de forma irremediable. “Hemos hecho análisis y podríamos seguir operando si pasáramos a un modelo de relación de dependencia, pero deberíamos acotar nuestra flota y afectaría nuestro servicio. En lo personal no lo deseo”, señala Matías Lonardi, cofundador de Treggo, plataforma de mensajería on demand.

Para Juan Manuel Ottaviano, asesor legal de la Asociación de Personal de Plataformas (APP), el contexto económico podría incidir en la vocación de diálogo de las compañías y en su permeabilidad a ceder en algunos puntos. “El mercado argentino aún está en recesión, entonces es atractivo para estas empresas y priorizan la posibilidad de seguir en el país para discutir en qué condiciones van a prestar servicio”, comenta. El sindicato fue creado en octubre de 2018 y todavía no logró que se reconozca su inscripción gremial.

Más de 1 millón de personas en el país trabajan en el sector. Desde julio de 2016 se sumaron 138.843 monotributistas, figura clave en este modelo de negocios flexible de estas empresas, según el Reporte del Trabajo Registrado de la ex Secretaría de Trabajo.

La primera en desembarcar en el país fue Uber en abril de 2016 y tuvo a la Ciudad de Buenos Aires como uno de sus territorios más hostiles. Luego, en septiembre, se le sumó la española Cabify, que opera legalmente como si fuera una agencia de remises.

Del lado del reparto, la colombiana Rappi y la catalana Glovo llegaron casi en sincronía, en el primer bimestre de 2018, aunque con actitudes distintas. “Glovo leyó más la ley y se movió con pasos chicos, siempre pidiendo permiso. Rappi se dio unos golpes terribles porque apenas se lanzó le dio ropa con su logo a los repartidores y eso es un uniforme, ahora aprendió”, describe un empresario con experiencia en el sector. PedidosYa inició su camino en el mercado local hace varios años e incluso apostó por contratar a sus riders tras inaugurar un hub logístico. La estrategia finalizó con despidos masivos en febrero de 2019 y un cambio al modelo de ‘socios-colaboradores’.

El único proyecto de ley presentado en el Congreso para regular de alguna manera la actividad fue publicado en julio pasado por la diputada bonaerense Romina Del Plá, miembro del bloque del Frente de los Trabajadores. No obstante, aún no se debatió en las comisiones de Legislación del trabajo y Presupuesto y Hacienda. “Es un proyecto de regulación transitoria porque entendemos que tiene que ser incorporado de manera plena al convenio colectivo de comercio que es donde pertenece este rubro”, apunta la legisladora. Y agrega: “Creo que no hay un interés en salir de toda la maraña de las mil formas de eludir la regulación laboral”.