El Gobierno no va a cumplir con su promesa de enviar una carta a los mayores de 50 años con la pensión privada y pública futura. Lo admitió el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cuando, el pasado 5 de noviembre, dijo: “Comprometido, pero no realizado”. En lugar de la misiva, Burgos presentó un simulador electrónico, puesto en marcha en la web Tu Seguridad Social, en el que se puede consultar una aproximación de cómo será la prestación de los futuros jubilados con limitaciones y dificultades técnicas. El sector del ahorro privado cree que el Gobierno ha parado la carta para evitar dar malas noticias por motivos electorales.

El compromiso del PP con esta incitativa —que ya se ha hecho en algunos de los principales países de la Unión Europea— viene de lejos. En enero de 2011, el PP pidió en la reunión del Pacto de Toledo, donde se regula la marcha de las pensiones públicas, que se incluyera una recomendación para que se facilitara el conocimiento del importe de las cotizaciones realizadas. El Gobierno de Zapatero, en julio de 2011, poco antes de dejar el poder, contó con el apoyo del PP para aprobar una disposición adicional en la que estableció la obligación de la Seguridad Social de informar a cada trabajador sobre su jubilación, obligación que se extendió a las empresas privadas de seguros y fondos de pensiones.

La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 8 de mayo de 2012, resaltó la importancia de facilitar a los ciudadanos información precisa sobre las expectativas de la pensión, para lo que anunció que se crearía una regulación reglamentaria. El 8 de abril de 2014, Burgos, anunció la intención del Gobierno de plasmar el derecho de información sobre la pensión en un “real decreto de próxima aparición”.

Así, se elaboró un borrador de real decreto, sometido a los interlocutores sociales, a la patronal de fondos de inversión y fondos de pensiones, Inverco, y a la de seguros, Unespa. Después de las consultas, se envió al Consejo de Estado.

Todo estaba preparado

Estaba previsto enviar la carta para finales de 2014. Los grandes bancos se lo creyeron y anunciaron campañas comerciales con el lanzamiento de herramientas en las que usarían de gancho la escasa pensión pública para que los clientes la complementaran con sus productos de ahorro.

¿Qué pasó para que la carta no se remitiera? Fuentes consultadas coinciden en que fue desde el palacio de la Moncloa donde se paralizó la misiva ya que incluso llegó a debatirse en la reunión de subsecretarios previa al Consejo de Ministros. Ninguna de esas fuentes duda de que ha sido la voluntad política la que ha dado con la carta en la papelera, porque el real decreto estuvo a punto de salir hace más de un año.

Por una razón u otra, la información nunca llegó y la banca, sin ocultar su enfado, trató de salir del paso con simulaciones del ahorro privado. “Tener esta información es más importante que las ventajas fiscales que se puedan dar a los fondos de pensiones. Los cotizantes tienen derecho a saber lo que pueden esperar del Estado para hacer sus planes y evitar sorpresas desagradables cuando llegue la jubilación”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de seguros, Unespa, y ex directora general de Seguros con el PP. Su testimonio refleja el malestar del sector, que no se conforma con el simulador. “La web está bien, pero es insuficiente. El Gobierno debía cumplir lo que prometió y sacar la carta escrita, que es lo que la gente puede entender bien”.

En términos parecidos se expresa Ángel Martínez-Aldama, presidente de la patronal Inverco: “La gente con más de 50 años es la que tiene más dificultad para manejarse con el simulador porque no tiene tanta facilidad con los medios electrónicos. La carta era una obligación del Gobierno; ahora quedará para el siguiente”.

Desde organismos del Gobierno se ha acusado al sector privado de frenar esta iniciativa para que el cliente no viera que es más rentable la pensión pública que la privada. Tanto González de Frutos como Martínez-Aldama niegan que hayan paralizado el proceso. Ambos coinciden en admitir que no fue fácil llegar a una información más o menos homogénea, que siguiera unos parámetros comparables a los de la pensión pública, pero aseguran que al final se alcanzó un consenso técnico. Estaba previsto que los que tuvieran pensión privada recibirían una carta y, de forma separada, el Estado enviaría otra a todos los mayores de 50 años.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se estuvo tan convencido de que la carta iba a ser realidad, que adjudicó dos concursos a empresas privadas: Mailfactory, se encargaría de imprimir las cartas y los sobres por 251.000 euros; y Unipost, se haría cargo del envío por 1,3 millones, un importe menor a los 2,2 millones por los que se licitó el concurso. En Empleo alegan que la paralización del proyecto no tendrá ningún coste público.

“Los mercados van mal y los tipos de interés están casi en cero, con lo que la rentabilidad de los productos en donde invierten los fondos de pensiones van peor de lo previsto. Por eso es tan importante la carta y la información”, asegura un experto del sector.