Cambiemos recibió una economía en crisis. Dos datos lo resumen inexorablemente: en 2011/2015 la riqueza económica (medida por el PBI p/cápita) cayó un 5,0% y la inflación promedió 30% anual. Algunos critican que el Gobierno no explicó la “herencia recibida”. ¿Por qué no lo habrá hecho? Simple. No se puede explicar lo que no se entendió.

Para Cambiemos, el tamaño del Estado, el nivel de gasto público y la presión tributaria no eran la causa de la falta de inversión, empleo y crecimiento ni de la inflación. Para Cambiemos, “todo” era “culpa” del discurso anti-mercado y anti-empresa de Cristina Kirchner. Por el contrario, todo se corregía con shock de confianza y la consecuente lluvia de inversiones, lo cual permitía arreglar todos los problemas creciendo. En este marco, queda claro que Cambiemos tuvo un diagnóstico equivocado y, en consecuencia, el diseño de la política económica fue malo y los resultados, peores.

Algunos critican que el Gobierno no explicó la “herencia recibida”. ¿Por qué no lo habrá hecho? Simple. No se puede explicar lo que no se entendió.

Este mal diagnóstico hizo que Cambiemos sólo tuviera plan político y nunca plan económico. El plan era que la economía se acomodara a las necesidades políticas. ¿Pruebas? Habiendo recibido un déficit fiscal (previsional) de 5,8% (2,8%) del PBI, el gasto previsional (Ley de reparación histórica a jubilados) y las metas de déficit fiscal fueron ampliados “pensando” en las elecciones 2017. En diciembre 2017, luego de ganar dichas elecciones y pensando en las presidenciales 2019, se hizo lo contrario cuando se pisó la fórmula de las jubilaciones para financiar el proyecto reelectoral de Vidal en Buenos Aires. No terminó ahí, Jefatura de Gabinete cambió las metas de inflación para bajar la tasa de interés e intentar incentivar el nivel de actividad pensando en las elecciones 2019.

Ante tanto desatino en materia de política económica, la macro no tardó en imponer su propia dinámica y “reglas”. En cinco meses el dólar subió un 45% y el Banco Central perdió u$s 10.000 millones. La inflación anualizada saltó a más del 30%, la tasa de interés la querían en 20% pero subió a 40% y los números de actividad van derechito hacia 0% y las variaciones negativas. La economía se “cargó” a la política y se llevó “puesto” al gradualismo de Cambiemos.

El ajuste fiscal obligado

En este marco, el gobierno tuvo que acudir al prestamista de última instancia (FMI) y ahora tiene que hacer lo que nunca quiso hacer en estos dos años y medio: poner la economía por sobre la política haciendo el ajuste fiscal y cambiando la política monetaria. No hay margen.

No haber hecho lo que se debía hacer (ajuste fiscal) en el momento que se tenía que hacer (2016) tuvo costos. O sea, hacer tarde y a los “apurones” lo que se debería haber hecho antes y “bien”, no conlleva a los mismos resultados, sino a peores. Puntualmente, el ajuste fiscal era expansivo en 2016, pero ahora es recesivo en 2018; aunque no queda “otra” que hacerlo.

En 2016 el ajuste fiscal era expansivo porque si se lo hacía “bien”, la baja del gasto y del déficit fiscal terminaba siendo más que compensada por incrementos de la inversión, que potenciaban tanto la demanda como la oferta agregada sacándonos de la estanflación. Por el contrario, en 2018 el ajuste fiscal es recesivo, porque la baja del gasto y del déficit no es acompañada por más inversión, y en consecuencia el nivel de actividad termina contrayéndose.

Sin embargo, aunque el ajuste fiscal sea recesivo, al Gobierno no le queda otra que ajustar. Es más, aun siendo recesivo, el ajuste fiscal es la mejor alternativa para el Gobierno. Si la política económica no ajusta, las dinámicas macroeconómicas ajustarán, y el resultado será peor. Cambiando las políticas y haciendo lo que hay que hacer, tendremos alta inflación y estancamiento por algún tiempo. Por el contrario, sin hacer lo que hay que hacer, tendremos más inflación y peor nivel de actividad por más tiempo aún. En pocas palabras, no hay peor escenario que no ajustar y dejar que ajuste el mercado.

Aun siendo recesivo, el ajuste fiscal es la mejor alternativa para el Gobierno.

El Gobierno tiene que entender que ajustando se abren dos escenarios:

1) puede perder las elecciones, pero mejora los fundamentos de la macroeconomía, y

2) si es reelecto, su segundo mandato puede ser mejor que el primero.

Por el contrario, si no ajusta o lo hace insuficientemente, también emergen dos escenarios:

3) enfrentará un año y medio mucho más difícil hasta terminar su gobierno, y

4) si (aún) fuera reelecto, se verá obligado a hacer un ajuste mayor y más doloroso más adelante en el tiempo.

Claramente, la mejor opción es diseñar un ajuste fiscal y monetario que nos pueda conducir hacia los escenarios 1 y 2. Un ajuste fiscal basado en la reducción de los gastos de la administración nacional es insuficiente. El recorte de choferes, pasajes en “business”, viáticos, el congelamiento de los nombramientos, el “ordenamiento” salarial y la auditoria de la Biblioteca del Congreso son señales en el sentido correcto, pero no pueden transformarse en los pilares del ajuste fiscal. Se necesita un ajuste fiscal con pilares más sólidos y voluminosos.

Reforma del Estado

El PEN debería encarar una reforma del Estado suprimiendo ministerios, secretarías y subsecretarías. De acuerdo con nuestra visión, una importante reducción del organigrama y el cambio de funcionarios jugarían a favor de la credibilidad y la gestión del ajuste. Por el contrario, si el ajuste fiscal es diseñado, coordinado y aplicado por quienes nunca creyeron en él, su credibilidad será débil y el fracaso está a la vuelta de la “esquina”.

El nuevo programa fiscal debe presentar metas de equilibrio fiscal primario (0% del PBI) en 2018 y 2019. ¿Cómo lograrlo? Recortando conjuntamente las transferencias a provincias (1,1% del PBI); la obra pública (2% del PBI), los subsidios económicos (2,2% del PBI) y el organigrama del PEN. En este sentido, hay que recordar que el sector público nacional tiene un gasto salarial de 3,2% del PBI y el PEN tiene el 85% de la planta total de empleados.

Un programa fiscal basado en metas de equilibrio primario tiene tres activos fundamentales:

primero y principal, mejora sustancialmente la capacidad de repago de nuestra política fiscal, devolviéndonos la chance de financiarnos en el mercado voluntario de deuda;

segundo, baja nuestras necesidades de financiamiento en forma importante, permitiendo cerrar el programa financiero 2018/2019; y

tercero, permite bajar el riesgo país, compensando la futura suba de la tasa libre de riesgo de manera que no suba el costo financiero total.

Política monetaria

La política monetaria también debe cambiar. El primer paso parece haberse dado en el sentido correcto: se le devolvió la independencia al BCRA. Sin embargo, es sólo el primer paso de una larga carrera contrarreloj.

Se necesita una política monetaria dura para minimizar y postergar la traslación a precios de la devaluación. En este sentido, habría que virar hacia un sistema de metas de agregados prohibiéndose la asistencia al Tesoro y la compra de dólares al Tesoro.

Paralelamente, habría que desarmar la bomba de las Lebac con un canje voluntario por bonos largos del Tesoro. En un marco de expectativas racionales, las LEBACs son una promesa de emisión futura (cuasi fiscal) que alimenta las expectativas de inflación y consecuentemente la inflación.

En síntesis, hay que tomar todas estas medidas “juntas” y rápido. Es una inversión. Costos en el presente para recoger “frutos” en el futuro. Es el precio de no haber hecho lo que se tenía que hacer. La platea hace lo que tiene que hacer: proveer análisis riguroso y ofrecer alternativas a quien quiera escuchar.