El juez federal de Nueva York , Thomas Griesa, en una causa promovida por el fondo buitre NML-Elliot, dejó en firme una orden al Banco Nación para que informe el presunto movimiento de fondos en el exterior de Néstor y Cristina Kirchner. Los polémicos demandantes, pudo saber LA NACION, están decididos a avanzar a fondo en este sentido.

Así lo indica el fallo de 24 páginas del 8 de este mes del veterano magistrado del sur de Manhattan, que dio vía libre al pedido del fondo buitre para que se siga la pista de los bienes de ambos y de otros funcionarios del Gobierno.

En la página 3, 4 y 5 del escrito se explicaron los pasos que se dieron en esta causa en la que se autoriza el pedido de NML de conocer los bienes del Estado argentino en el exterior para pedir eventualmente su embargo en las causas de la deuda en default que le reclama al Gobierno, al 100% de su valor, pese a haberla comprado a un bajo valor en la crisis de 2001-2002.

En la página 3 se explicó que "la corte garantizó a NML" la apertura de la información, pero "quiso limitar la apertura a aquellos bienes que puedan ser embargados".

Al respecto, recordó que "NML aceptó modificar el tamaño de su pedido para no pedir información sobre los depósitos en la Argentina" respecto de todos los ciudadanos particulares, con el objetivo de no generar pánico en Wall Street ni antipatía en la sociedad.

Por esta razón, NML accedió a eliminar el pedido de información de "todas las personas de la Argentina, salvo por la actual presidenta Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner".

LA NACION pudo saber que los abogados del fondo NML están empecinados en conocer los detalles de los movimientos financieros de los Kirchner bajo la presunta sospecha de que podrían detectar movimientos hasta ahora no conocidos.

Sobre este tema no hay ninguna investigación formal abierta, más allá de algunos trascendidos. Por lo tanto, no queda claro si los abogados del fondo buitre tienen datos estratégicos reservados o si, simplemente, si están "tirando la caña" para ver si, con la ayuda de Griesa, logran "pescar" algún dato para avanzar en el hasta ahora infructuoso proceso para cobrarle al Gobierno la deuda en default.

En todo caso, en esta causa judicial, hasta ahora, el magistrado y la cámara de apelaciones le han dado la derecha al agresivo fondo de inversión en todas las instancias y en los próximos días se espera una audiencia en la que se definirá el pedido para multar al Banco Nación con US$ 25.000 diarios si no brinda la información que se le exige. Ésta es otra causa, diferente a la que NML y Aurelius, junto con 13 bonistas minoristas argentinos, ganaron en dos instancias contra el Gobierno y le reclaman US$ 1450 millones.

"Mala fe"

En su última resolución, Griesa utilizó un lenguaje particularmente agresivo contra el Banco Nación, al que acusó de actuar con "mala fe" para dilatar presuntamente los tiempos judiciales, amparándose en leyes bancarias de los países donde tiene sucursales.

"El Banco Nación argumenta que actuó con buena fe, ya que hizo todo lo que tenía que hacer sin violar leyes de otros países. Pero esta corte ya determinó que actuó de mala fe, al fallar en presentar sus argumentos de que esas leyes prohibían la difusión de información durante un año y medio", indicó.

El argumento central del estudio Dorsey & Whitney, que defiende a la entidad que preside Juan Carlos Fábrega en EE.UU., es que el Banco Nación no puede brindar datos porque están amparados por el secreto bancario de los diferentes países donde opera.

El Banco Nación no respondió a las consultas de este diario sobre el tema, mientras que un socio del estudio jurídico de Nueva York, Mario Díaz-Cruz, se limitó a responder que las novedades están contenidas en el expediente de Griesa y que no tenía nada para agregar.

Hasta ahora, la entidad pública nacional viene eludiendo los pedidos de la justicia norteamericana, pero el fallo de Griesa parece ser categórico respecto de las consecuencias de seguir con esta estrategia.

En las 24 páginas del fallo se mencionan las leyes bancarias de los países donde el Banco Nación tiene sucursales y desde los que debería informar sobre el movimiento de fondos de funcionarios y de los Kirchner: España, Brasil, Bolivia, Chile, Panamá, Paraguay, Islas Caiman y, por supuesto, la Argentina.

En todos los ejemplos se citan los detalles de cada legislación, pero la conclusión es similar: "Esta corte no encuentra argumentos legales que le prohíban al Banco Nación a cumplir con las órdenes judiciales para producir documentos de respuesta".

Leyes de otros países

Mientras que casi todos los casos se citaron en media página cada uno, el de Uruguay ocupó siete páginas debido a la particular legislación bancaria de ese país. El magistrado comienza por describir las severas penas que puede recibir aquel que viole el secreto bancario uruguayo, para concluir que, si no hiciera lugar al pedido de los demandantes, no preservaría sus derechos ni el interés nacional de los Estados Unidos , al que juzga por encima de las cuestiones de cada uno de los otros países.

"Por encima de todo, el juzgado concluye que el cumplimiento de esta orden está garantizado, aun cuando viole leyes de otros países", indica en una frase polémica.

El abogado Marcelo Etchebarne consideró que, aunque la decisión de Griesa "es mala para la situación judicial de la Argentina, es posible que, con las apelaciones, tenga efectos a fines de año". A la vez, indicó a LA NACION, "es una muestra de que los problemas de los litigios pendientes seguirán aumentando hasta que sean resueltos".

Qué dice el fallo de Griesa

Éstos son algunos puntos del documento, de 24 páginas