La ex presidente Cristina Kirchner fue acusada por los fiscales de favorecer al empresario Lázaro Báez. (NA)

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le solicitaron al juez Julián Ercolini que llame a indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner por su responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer, en principio, al empresario de la construcción Lázaro Báez.

Luego de analizar 49 obras viales que desde el Estado Nacional -con la supuesta connivencia de varios funcionarios públicos tanto de la administración central como santacruceña- recibieron las empresas del Grupo Báez, Pollicita y Mahiques le pidieron a Ercolini que cite a indagatoria a otras 33 personas además de la ex presidente. Los fiscales los consideran responsables de los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.

Entre los que Pollicita y Mahiques señalaron que deben ser indagados por su responsabilidad en el esquema de negocios con dinero estatal que terminó en las arcas de Báez, están el ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas -detenido cuando cargaba bolsos con más de 9 millones de dólares- José López, el empresario Báez -detenido desde abril pasado- y Martín Báez, uno de sus hijos. Entre los sospechados también está Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente fallecido, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación. Los fiscales también solicitaron la inhibición general de bienes de los más de treinta investigados en este caso.

El monto involucrado en las supuestas maniobras ilegales supera los 16 mil millones de pesos

La lista de quienes son considerados sospechosos de participar en la maniobra por la que se le derivaron a Báez unos 16.000 millones de pesos, se completa con varios ex subsecretarios de Obras Públicas de la Nación, de administradores de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, entre otros.

Según el dictamen de los fiscales al que Infobae accedió en fuentes judiciales la maniobra desarrollada es la siguiente: "… durante los últimos doce años existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003. La modalidad escogida para lograr el fin buscado fue a través de la adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde el año 2003 y hasta el 2015 el empresario Lázaro A. Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16 mil millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner".

Según los fiscales, para desarrollar la maniobra, los Kirchner designaron en distintos lugares de la administración pública nacional relacionada con las obras viales, a funcionarios que garantizaron el cumplimiento de lo ideado. Al mismo tiempo en la provincia de Santa Cruz, destinataria de las obras viales que se le otorgaron a Báez, se designaron funcionarios que para los fiscales contribuyeron al funcionamiento de la maquinaria de manejo de millones.

Los fiscal Mahiques y Pollicita pidieron al juez Ercolini la indagatoria de la ex presidente Cristina Kirchner por la distribución de los fondos de obras públicas.

"De este modo -señalaron los fiscales-, ya montada la estructura de funcionarios nacionales que garantizarían los beneficios derivados de la obra pública, la tercera etapa derivó en la selección del territorio en donde se llevaría a cabo, que como dijimos, consistió en la concentración económica de la mayor cantidad de recursos públicos en materia de obra vial en un solo lugar: Santa Cruz, precisamente, la provincia de la que los ex presidentes son oriundos, la que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos y la que además administran gente de confianza en los últimos 12 años".

Para la investigación realizada por Pollicita y Mahiques, fue fundamental la información brindada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que desde la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia está a cargo de Javier Iguacel. Los fiscales citaron datos aportados por las nuevas autoridades luego de auditar los números de la obra pública vial durante el kirchnerismo y de realizar una denuncia que está bajo investigación de Ercolini: "Tal como se desprende del informe de la Dirección Nacional de Vialidad, la provincia de Santa Cruz fue la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales con un 11,2% del presupuesto total. Para tomar real dimensión de lo que ello implica, se le destinó lo que en conjunto se asignó para ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones; e incluso un monto por encima del 11% ejecutado en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y extensa de nuestro país con conocidas necesidades en la materia…".

El juez Ercolini deberá responder si acepta o rechaza el pedido de indagatoria a Cristina Kirchner

La maniobra por la que se le pide la indagatoria a la ex presidente puede resumirse de la siguiente manera, siempre según los fiscales a cargo de la investigación. Los Kirchner pusieron a un hombre de absoluta confianza al frente de una constructora. Hasta entonces Báez ganaba 3.500 pesos por mes como empleado estatal santacruceño y era monotributista. El Estado Nacional derivó hacia Santa Cruz cientos de millones en obra pública vial a punto tal que fue la provincia a la que más porcentaje se le adjudicó. Casi el 80 por ciento de ese total fue a manos del Grupo Báez. Los funcionarios provinciales -de confianza de los Kirchner- direccionaron las licitaciones y sustentaron un sistema para beneficiar a Báez. Al empresario, amigo y socio de los Kirchner, se le otorgó un canal de pago preferencial, se le prorrogaron contratos y no se verificaron los avances de las obras y ante los incumplimientos, no se lo sancionaba. Al tiempo que Báez dejaba de ser monotributista y recibía contratos que alcanzaron los 16.000 millones de pesos, su patrimonio crecía: entre 2002 y 2014 se incrementó en un 12.127%. Para los fiscales, algo de todo lo que recibió Báez volvió a manos de los Kirchner, específicamente con los negocios hoteleros de Alto Calafate. Según Pollicita y Mahiques, Báez, entre 2008 y 2013 aportó mediante la explotación y el alquiler del hotel Alto Calafate, una cifra cercana a los cuatro millones de dólares y 12 millones de pesos a las arcas de los Kirchner.

Para los fiscales, el caso de la obra pública vial está conectado con la causa iniciada en el año 2008 por una denuncia de Elisa Carrió por la existencia de una asociación ilícita manejada por los Kirchner para favorecer a empresarios amigos con contratos del estado. También está relacionada con el Caso Hotesur donde se investiga si hubo lavado de dinero proveniente de empresas de Báez en los hoteles de la familia Kirchner. El juez Ercolini debe resolver si acepta el pedido y convoca a Cristina Kirchner para que vaya nuevamente a declarar a los tribunales de Comodoro Py.