Pase lo que pase con Pedro Sánchez, los ciudadanos ya tenemos algo que agradecerle. Con su decisión de aceptar la oferta del rey e intentar formar gobierno, el secretario general del PSOE no solo puso fin al vacío institucional provocado por Mariano Rajoy con su fullera maniobra, sino que va a obligar, por fin, a que todas las fuerzas políticas, incluido el PSOE, se retraten. Y eso es precisamente lo que más necesita este país: que se acabe tanta ambigüedad y tanta maniobra de distracción y que los dirigentes políticos se vean forzados a definir sus opciones. Sánchez ha intuido muy bien el estado de ánimo de la opinión pública y ese olfato siempre es bienvenido en alguien con vocación de gobernante. Y ha demostrado además coraje, al descartar un posible apaño con el PP y tomar una responsabilidad que muchos en su propio partido y en los medios oficialistas le animaban a abandonar.

La decisión de Sánchez ayudó a aliviar la desairada posición en la que Rajoy había puesto a Felipe VI y a colocar el proceso constitucional en sus raíles habituales. Es muy pronto para aventurar siquiera el resultado final del proceso negociador que se inicia esta semana, pero sí es posible hacer algunas observaciones. Por ejemplo, que Mariano Rajoy es un dirigente político agotado y un pésimo candidato para su partido, incluso en lo que parecería, hasta hace solo unos días, la mejor opción popular, unas nuevas elecciones. De un plumazo, Rajoy ha acallado a quienes pronosticaban una mejora de resultados del PP en unos nuevos comicios. ¿Mejorar el resultado con un candidato que cuando llega el momento se echa para atrás? Mala cosa, sobre todo cuando Albert Rivera ha aprovechado la oportunidad y le ha arrebatado de golpe todo protagonismo, incluso para interpretar lo que quieren los populares. Para colmo, el estallido del caso Valencia hace que hasta los socialistas más amantes del establishment huyan como de la peste del PP, así que Rivera no parece estar ya tan empeñado en conseguir realmente un acuerdo PP-PSOE-Cs, sino en sustituir a Rajoy como portavoz del centro-derecha. El presidente en funciones no podía caer más bajo. Su mandato será recordado como el periodo más corrupto y torpe de la democracia.

Como advirtió CTXT desde el primer momento, la mejor, por no decir la única, posibilidad de formar gobierno, con los resultados del 20D en la mano, la tienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el PSOE y Podemos. No es una operación fácil, porque cuenta con la enemistad de gran parte del sistema financiero y mediático, pero es una salida posible y deseable, que ha sido respaldada por once millones de electores. En teoría, no basta con la suma de sus propios diputados (aunque una hipotética abstención de Ciudadanos facilitaría esa opción), pero en la práctica es muy difícil pensar que ERC y PNV, por ejemplo, llegado el momento de definirse y aun a cambio de nada, pudieran votar en contra de un gobierno con mayor sensibilidad hacia Cataluña y Euskadi. De hecho, en los pasillos del Congreso se ha podido oír a un representante de ERC decir que no necesitan un ministerio de la Plurinacionalidad para abstenerse en una eventual investidura. Les bastaría con un ministro de Administraciones Públicas que no fuera un cafre.

Así que la única negociación decisiva es la del PSOE y Podemos. Otra de las ventajas de que Sánchez haya aceptado el encargo es que los mandarines y los barones del PSOE tienen que mantenerse callados, obligatoriamente, al menos durante unas semanas. Ni siquiera pueden murmurar contra el equipo negociador, porque está integrado por socialistas de perfil moderado y muy experto en estas lides. Así que no les queda más remedio que permitir que Sánchez siga adelante. Por ahora.

Está claro que hay un sector de la dirección socialista que no acepta la posibilidad de un gobierno de coalición con Podemos y que solo contempla, en el mejor de los casos, un acuerdo de investidura. Pero también hay un sector, más pequeño, que cree que Podemos no es tan fiero como lo pintan y que, precisamente, sería más fácil tratar con ministros podemitas que con un grupo parlamentario de Pablo Iglesias permanentemente a la contra. Gobernar, dicen, tiene la virtud de desactivar voluntarismos y exige contar con muchos técnicos y expertos, algo de lo que Podemos no tiene en exceso; de llegar a ser ministros, salvo el ex jefe del Estado Mayor, general Julio Rodríguez, todos se darían cuenta muy pronto de que precisan el apoyo de los cuadros del PSOE.

Sea como sea, Pablo Iglesias sigue manteniendo que el acuerdo debería pasar por una coalición y es una demanda razonable, dado su número de votos y sus escaños. Su posición, sin embargo, no es mejor hoy que hace una semana porque, de alguna manera, ha perdido la capacidad de iniciativa que ha caracterizado hasta ahora su acción política. El líder del proceso es ahora Pedro Sánchez, que ocupa lógicamente todos los focos y tiene una capacidad de acceso a los medios muy grande. Ese protagonismo (que irrita tanto a Susana Díaz, quien lo oculta a duras penas) debe ser el motivo por el que Iglesias quiere meter prisa y obligar al PSOE a definirse en solo dos semanas. Algo de razón tiene en que no hace falta más tiempo para llegar a las líneas maestras de un eventual acuerdo, pero el plazo lo establece libremente el presidente del Congreso. Perfilar después los puntos concretos de ese pacto no sería difícil, dadas las coincidencias de programa en todo lo relativo a reforma laboral, rentas básicas e incluso reforma fiscal. Claro que en esas dos semanas también tendría que quedar claro que Podemos acepta la principal condición socialista: archivar o aplazar la solicitud de un referéndum catalán, aunque no parece difícil que ambos entiendan que hay urgencias mayores. Si Iglesias piensa en unas nuevas elecciones, parece lógico que quiera acortar el tiempo que Pedro Sánchez le roba ante las cámaras.

Negociar no es llevar a un oponente a que haga algo que no quiere hacer, sino algo que habitualmente no haría. Por supuesto que una negociación necesita persuasión, pero lo básico es el establecimiento de una cierta relación de confianza. De momento, no parece que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan superado sus suspicacias. Anden con cuidado porque aquel que aparezca ante los ciudadanos como responsable del fracaso pagará las consecuencias en las urnas. En cualquier caso, ambos deberían tener claro que, si no se entienden ahora, los 11 de millones de electores que el 20D votaron por un cambio real podrían no volver a concederles una oportunidad semejante.