José Antonio Sánchez Román revela una encuesta que dice que el 85 por ciento de los argentinos admitió haber hecho fraude fiscal. Foto: Gentileza del autor

Gabriel Rossini

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“La relación de los argentinos con los impuestos no es buena. Pero no es por una cuestión cultural, que está metido en el ADN. No les gusta porque a nadie le gusta, pero además porque se ha generado cierto tipo de relaciones históricas de desconfianza hacia la institución y entre ciertos grupos sociales que aumenta aún más ese poco placer que sentimos a la hora de pagar impuestos”, dice el español José Antonio Sánchez Román.

En el libro “Los argentinos y los impuestos. Lazos frágiles entre sociedad y fisco en el siglo XX”, editado por Siglo XXI, examina la historia argentina contemporánea desde el ángulo impositivo.

—Desde la década del ‘20, las elites económicas estaban de acuerdo con que había que pagar impuestos.

—La década del ‘30 es un período con muchas contradicciones. Hubo muchos logros, incluso en el desarrollo de capacidades del Estado para ofrecer servicios, en particular en el tema impuestos, que no deben ocultar otros fenómenos políticos que hacían muy difícil legitimarlos como el fraude electoral, la manipulación política. En los años ‘30 -y en la década anterior también-, el Estado liberal argentino va construyendo capacidades para intervenir en la sociedad de manera positiva. Hago énfasis en el tema institucional porque me parece que el buen funcionamiento de las instituciones hace que la gente pague impuestos de manera menos dolorosa.

—Este tipo de decisión -querer cobrar impuestos- tiene todas las posibilidades de no ser aceptada por la sociedad. Y aun con el acuerdo -como en el caso de Argentina- lo tuvo que hacer un gobierno de facto por decreto.

—El acuerdo con las elites no es algo excepcional de Argentina. Históricamente, en casi todos los países se requiere cierto grado de consenso y apoyo dentro de la sociedad. Hay circunstancias excepcionales que permiten ampliar muchos impuestos y olvidarse de ese apoyo. Una Guerra Mundial, por ejemplo. Pero Argentina no se vio afectada como otros países en ese sentido.

—También hay que decir que en un principio el sistema era simple.

—Se va haciendo gradualmente más complejo. Al principio es bastante sencillo. Es el impuesto a los réditos, a las ventas y luego poco a poco se van introduciendo nuevos impuestos como a los beneficios extraordinarios producidos por la guerra. Hay que ver esta complejidad de dos maneras: en parte, es un intento del Estado de recaudar más y mejor, hacerlo de manera más progresiva. Pero en un momento dado también, la complejidad obedece a las dificultades que tiene ese Estado para recaudar, son como subterfugios. Si no te cobro por aquí te cobro por otro lado.

—La necesidad hacía que cada vez que el ciclo era adverso presentaran el proyecto en el Congreso. Después, la economía mejoraba y el proyecto se dejaba de lado.

—Claramente la crisis de 1929 es la oportunidad de introducir este impuesto que no se había podido imponer en los años de gobiernos democráticos radicales. Si bien venía de una discusión previa -el primer proyecto fue presentado en el Congreso en 1918- entra en vigencia en 1932 durante el gobierno de Uriburu, sin aprobación parlamentaria, impulsado por un grupo de economistas muy jóvenes encabezados por Raúl Prebisch, que tenían una visión tecnocrática de la cuestión. Las formas de intervención en la economía del Estado antes de la crisis del ‘30 son mucho más sencillas que después del ‘30, donde se implementaron distintos tipos de impuestos, control de cambios. Las elites económicas no manejan este nuevo vocabulario, no entienden demasiado el nuevo escenario, mientras estos técnicos lo entienden o lo intuyen. Empiezan a experimentar y también es parte de la cuestión: esos técnicos tienen una ventaja a la hora de ofrecer respuestas a los problemas económicos del momento.

—Decís en el libro que el peronismo tuvo una relación ambigua con los impuestos. Es interesante destacar que hasta entonces se hablaba sólo de impuestos progresivos, había una idea casi hegemónica de que los impuestos tenían que ser progresivos.

—Todos sabemos que el peronismo tiene un discurso que es el de la justicia social y una práctica que implica gasto social. Sin embargo, es muy tímido a la hora de avanzar en la idea de la progresividad de los impuestos. En realidad, encuentra alternativas que son menos dolorosas para financiarse o al menos lo parecen en el corto plazo. Tanto sea la inflación, la deuda o los fondos de la seguridad social. Hay dos cuestiones en el peronismo. Entiende que no puede hacer que los trabajadores queden incluidos en el impuesto a los réditos, porque dice que eso es quitarle los beneficios sociales que le dan por otros lados. Utiliza los impuestos como un intento de obtener la paz social. Y por otro lado, es sorprendente que aunque aumentan los impuestos regresivos, tiene una mala relación con las instituciones y -aunque había heredado instrumentos e instituciones fiscales importantes- no trata de legitimarlos en un sentido democrático, de que esas instituciones funcionen, de que la gente pague impuestos porque forma parte de la normalidad institucional. Otra de las cosas que se extiende durante el peronismo es un mecanismo muy complicado de exenciones, pequeños favores que no hay que pensarlos sólo desde un punto de vista de la corrupción, sino favores a un sector porque antes se les dio a otro. Esta multiplicación de exenciones y favores socavó la capacidad del impuesto a la renta para funcionar.

—Pero estaba la idea de la industria como motor del progreso del país.

—Claramente. Y las exenciones de las que hablo tienen que ver con esto, con la idea de promocionar la industria. La idea de Alejandro Bunge era que si poníamos un impuesto a las rentas no necesitábamos las tasas aduaneras como instrumentos de recaudación y podíamos elevar la protección hasta donde se quisiera.

—Qué pasa después del peronismo con los impuestos.

—Reflejan todo lo demás que está pasando. La inestabilidad política, el ciclo económico tan abrupto, esto que los economistas llaman stop-and-go, ciclos de crecimiento y crisis cíclicas constantes. En el fondo, es muy complicado para cualquier gobierno hacer una reforma fiscal e impositiva en cualquier dirección, porque no tiene suficiente estabilidad. A esto, hay que añadirle la herencia de desconfianza que viene del peronismo y la inflación, que socava la recaudación del impuesto a la renta y es un poderoso estímulo para que la gente no lo pague y lo evada por una sencilla razón: si uno no paga se convierte en deudor y ser deudor en una época de inflación puede ser conveniente. Lo que es interesante también es que a pesar de todo esto me atrevería a decir que, excepto una minoría de economistas, la mayoría sigue pensando que la dirección es hacer que los impuestos sean progresivos, que paguen más los más ricos, el viejo credo que viene desde los inicios del siglo XX perdura.

—Krieger Vasena -que no era un ministro de economía de un gobierno nacional y popular- establece las retenciones agropecuarias.

—Pero tenía notables antecedentes. Había impuestos a la exportación de distintos tipos desde principios de siglo. Yrigoyen los utiliza, el Iapi en el peronismo tenía un mecanismo parecido, Prebisch lo hacía en la década del ‘30. Onganía obtiene bastantes recursos de las retenciones pero tiene un conflicto enorme con la Sociedad Rural y con otros grupos y representaciones del campo. Es interesante porque en el caso de Onganía la idea es promocionar las exportaciones no tradicionales que impliquen algún valor agregado industrial. Las retenciones tienen varios atractivos: son fáciles de cobrar y no hay que compartirlas con las provincias. Eso me parece que explica el éxito como instrumento recaudador de las retenciones.

—El último capítulo del libro se llama “En busca de soluciones: el IVA”, que se convirtió en fundamental y representa el fracaso de la progresividad.

—Por lo menos el fracaso relativo. El Impuesto a las Ganancias no ha de-saparecido de la Argentina pero tiene un papel pequeño, que en los últimos años se ha recuperado. En el sistema fiscal argentino, la progresividad existe pero su protagonismo es chico. Lo que viene a reconocer el IVA es que ese largo período en el cual los gobiernos frente a las crisis y la inestabilidad siguen diciendo que hay que buscar que el sistema sea más progresivo, ha fracasado.

—¿Qué pasó para que empecemos tan progresivos y terminemos tan regresivos?

—Hay varios temas. En primer lugar, el hecho de que Argentina se convirtiera a partir de los años ‘30 y ‘40 en una sociedad conflictiva es importante. Y claramente en los ‘60 y los ‘70 es un hecho muy importante porque esos conflictos sociales atraviesan al Estado, erosionan la idea del Estado como un actor neutral y hacen que sea parte de los conflictos. En segundo lugar, marcaría el tema de la industrialización. Estos impuestos estaban asociados a un proyecto de desarrollo industrial. El agotamiento del proyecto industrializador argentino se los lleva consigo. La necesidad de incluir cada vez más exenciones; la ruina de las industrias hizo que éstas trataran de financiarse dejando de pagar los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Y hay oportunidades perdidas, como la de legitimar un impuesto producto de un gobierno autoritario y la de generalizar y acostumbrar a la mayor parte de la población a pagar estos impuestos progresivos y directos.

—Uno de los cuestionamientos más fuertes al gobierno viene del lado de los impuestos. Los trabajadores, por el impuesto a las Ganancias; el sector agrícola, por las retenciones; los industriales, por el control de las importaciones. ¿Esto se dio antes con la intensidad actual?

—Una cosa llamativa de este último gobierno es cómo el sistema impositivo atrajo tanto el conflicto. Los impuestos no fueron el centro del conflicto social y político argentino. Hubo debates, discusiones, pero los problemas eran otros. Un ejemplo: es una novedad que los trabajadores estén incluidos en los tramos de Ganancias que pagan. A los de los años ‘40 ó ‘50 le preocupaban el salario, las comisiones internas en las fábricas, otro tipo de cuestiones. No era la principal preocupación. El sector rural y los industriales han tenido más preocupación por las cuestiones impositivas que los trabajadores, pero quedaron subsumidas en otros debates que tenían que ver con el control de la mano de obra, con los sindicatos, etc. Es verdad que ahora los impuestos han logrado una centralidad en el escenario público que antes no tenían.

—Lo que deja claro tu libro es que en el país no siempre se cobró impuestos a las trompadas.

—Por un lado, algo de coerción es necesaria. Necesitamos un inspector que fiscalice. Pero por otro lado, uno necesita ciertos consensos sociales y cierta confianza porque de lo contrario no lo vas a cobrar y vas a tener que recurrir a otros impuestos. Para muchos economistas, la inflación es un impuesto y no es la mejor alternativa para recaudar.

—En el libro, contás varios casos de blanqueos que hubo en la historia argentina, que no es una novedad de este gobierno.

—El blanqueo no es una novedad ni una originalidad argentina. Desde los años ‘50 en adelante que se implementan. En España, se hizo uno el año pasado, por ejemplo. Las autoridades creen que si perdonan a los contribuyentes, se van a ganar su confianza y van a volver a pagar. Históricamente, la mayoría de los casos demuestra lo contrario. Además, estas inequidades generan desconfianzas. Creo que no han funcionado estos perdones.