El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia a la trama Gürtel por el caso Fitur, las adjudicaciones concedidas por el Gobierno valenciano para el diseño y montaje de su pabellón en la feria turística entre 2005 y 2009. Es la primera sentencia que dicta el alto tribunal sobre esta red corrupta vinculada al PP. El Supremo confirma las penas de cárcel de los cabecillas de la trama: 13 años para Pablo Crespo y Francisco Correa; y 12 para Álvaro Pérez, el Bigotes.

El caso Fitur es la primera causa relacionada con la trama Gürtel que tiene ya sentencia firme del Supremo. El alto tribunal ha confirmado las penas de entre 3 y 13 años de prisión a los 11 acusados de amañar contratos entre el Gobierno valenciano y la red corrupta para cinco ediciones de Fitur (de 2005 a 2009). Entre las penas confirmadas están las impuestas a los cabecillas de Gürtel, a los que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó encarcelar en febrero de 2017 después de dictar la sentencia que ahora ha ratificado el Supremo.

Correa, Pérez y Crespo están condenados por malversación, cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. A Crespo, además, se le atribuye un delito de falsedad documental. La sentencia del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez de Arrieta, ratifica también la pena de nueve años de prisión a la exconsejera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez por delitos de malversación, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Aval a las grabaciones

En su sentencia, el Supremo expone que las relaciones entre las empresas de Gürtel y la Administración valenciana era “tan fluidas”, que se produjo una “sustitución” de la administración por las empresas de la red corrupta, ya que eran estas las que redactaban los contratos, realizaban los planos e, incluso, diseñaban los criterios de valoración de las propuestas.

La resolución dictada por el alto tribunal supone también el aval definitivo a las grabaciones efectuadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que registró 80 horas de conversaciones con los cabecillas de Gürtel y las puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción, una denuncia que permitió poner en marcha la investigación.

Varias defensas habían reclamado al Supremo la nulidad de la causa porque consideraban que las grabaciones vulneraban su derecho a la intimidad. El alto tribunal argumenta que se trata de una conversación grabada por un particular de los sucesivos encuentros que mantuvo con los acusados: “Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación, pues con independencia de su valoración ética y moral, lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos de investigación sin observancia de las garantías legales y constitucionales”.