El Gobierno del expresidente catalán Artur Mas soportó entre 2011 y 2014 un conglomerado de 25 embajadas, delegaciones e institutos de la Generalitat en el extranjero. La factura costó a las arcas públicas 18,5 millones de euros. Durante ese periodo –marcado por la severidad de la crisis y la petición de un rescate al Gobierno (2012)-, Cataluña concentró la mitad de las sedes fuera de España de todas las autonomías. Además, el entramado internacional de Mas consumió el 36 % del presupuesto de la política exterior de las comunidades (50,7 millones), según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso EL PAÍS y que desnuda, por primera vez, la minuta de la diplomacia autonómica.

Euskadi fue la segunda autonomía con mayor presencia institucional exterior. Sus siete delegaciones costaron 11,7 millones entre 2011 y 2014. Le siguieron Canarias (con tres sedes y un gasto de 2,4 millones); Galicia (tres delegaciones y dos millones de desembolso); y Principado de Asturias (una sede que costó 2,6 millones), según el fiscalizador.

La factura de la promoción exterior de Cataluña fue también la más cara. El Ejecutivo de Mas destinó a esta partida que incluye gastos como la Casa de la Generalitat en Perpiñán un total de 25 millones entre 2011 y 2014. La lista de los gobiernos que más desembolsaron en su acción en el extranjero incluye también a Euskadi (20 millones); Galicia (15); Canarias (7,4); Principado de Asturias (5,8); Extremadura (4,2); Andalucía (3,9); Comunidad Valenciana (2,9); Castilla-León (2,8); Madrid (1,8) y Murcia (1,6), entre otros.

El supervisor critica el entramado institucional exterior de Cataluña y el País Vasco. Ambas autonomías, sostiene, rechazaron sumarse a la estructura diplomática española en 2012. “En el caso de Cataluña, además de no reducir sus delegaciones, ha procedido con posterioridad al periodo fiscalizado a crear otras cinco representaciones en Italia, Austria, Marruecos, Vaticano y Portugal”, precisa el organismo.

El mapa de la política exterior catalana incluyó entre 2011 y 2014 una red de delegaciones de la Generalitat en París, Londres, Berlín, Nueva York, Washington y Bruselas, cuyo coste ascendió a 8,3 millones. También, oficinas de representación del instituto de enseñanza y promoción del catalán Ramon Llull (dos millones de presupuesto); seis sedes compartidas del Instituto Catalán de Empresas Culturales (1,7 millones). Y siete dependencias de la Agencia Catalana de Turismo (6,4 millones). El conglomerado empleó a 45 trabajadores y llegó hasta Sao Paulo y Helsinki.

La red de Euskadi contempló delegaciones en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Bruselas, México D. F., Nueva York y Madrid. El Tribunal de Cuentas sostiene que la factura de esta arquitectura con 27 trabajadores –cuyos salarios costaron entre 2011 y 2014 un total de 7,8 millones- sumó 11,7 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas revela que Canarias encauzó su estructura internacional a través de la Fundación Canaria para la Acción Exterior (Fucaex). El grueso del presupuesto de esta entidad pública creada en 2008 con cinco trabajadores se destinó a pagar 1,8 millones de euros que costó el mantenimiento entre 2011 y 2014 de sus sedes en Bruselas, Cabo Verde y Venezuela. Galicia mantenía, durante ese periodo, presencia institucional en Bruselas, Buenos Aires y Montevideo

El informe del Tribunal de Cuentas, de 219 páginas, vincula la firmeza de la política exterior autonómica con la decisión de reformar desde 2006 los estatutos de Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón, Castilla-León, Navarra y Extremadura. El organismo advierte de que la arquitectura institucional de las autonomías fuera de España puede provocar “duplicidades y distorsiones en la política exterior del Estado”.