En un fallo inédito, la jueza María José Sarmiento le ordenó al Gobierno que le entregue títulos de propiedad a una comunidad mapuche, asentada a 15 kilómetros del centro de Bariloche. Las tierras están ubicadas en el sector conocido como Virgen de las Nieves, a metros del cruce que lleva al lago Gutiérrez en la ladera del Cerro Otto. Sin embargo, la Nación apeló en las últimas horas la medida y espera una resolución.

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En su decisión, la magistrada remarcó que "en el término de 60 días le transfiera a título gratuito el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a los efectos de su adjudicación inmediata en propiedad comunitaria al lof Trypay Antú".

Se trata del primer fallo de la Justicia Federal que determina la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, ya que los antecedentes solo se registraron en fueros provinciales. Las tierras estaban atribuidas al Ejército. Por su ubicación turística y características geográficas, tienen un valor estimado entre 25 y 30 millones de dólares.

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La comunidad mapuche, integrada por unas 30 personas, asegura que habita en ese lugar desde fines del siglo XIX. La lucha por esa superficie empezó formalmente desde principios de los noventa, primero en las oficinas provinciales, después en el INAI y por último ante la Justicia Federal.

Las tierras habían sido concedidas en 1937 por el Estado al Ejército Argentino. Por eso la discusión judicial, encabezada por el abogado Manuel Aliaga, se trasladó a los tribunales federales de la capital.

La Justicia Federal le ordenó al Gobierno entregar tierras a una comunidad mapuche en Bariloche.

La jueza Sarmiento, quien se jubiló a los pocos días de su sentencia, remarcó que "el Poder Ejecutivo Nacional tiene los medios jurídicos correspondientes para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras afectadas, a la Comunidad Indígena a través del mecanismo preceptuado por el artículo 8° de la ley 23.302".

La comunidad Trypay Antú tiene desde 1998 personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. A pesar de que en reiteradas oportunidades los quisieron desalojar, regresaron a las tierras. En 2009, se les reconoció dos sectores llamados "A" y "0079", que componen unas 170 hectáreas.