MÉXICO, D.F. (apro).- En México la militarización y la violencia “son un medio de control y de contención” frente a los reclamos sociales del pueblo, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, durante su reunión con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.

El fundador de la Red Solidaria Década contra la Impunidad acudió a Ginebra en septiembre pasado para presentar dos casos que permanecen impunes: la masacre de El Charco, Guerrero, donde diez indígenas y un estudiante universitario fueron asesinados por personal militar, y la ejecución del presidente del Congreso de esa entidad, Armando Chavarría Barrera.

Los militares, dijo, han estado involucrados en violaciones graves a derechos humanos, y la vida de los familiares y víctimas corre riesgo por denunciarlos.

En conferencia de prensa, Vera López dijo este martes que durante sus entrevistas con integrantes del Comité de Ejecuciones Extrajudiciales y de otras organizaciones en Europa, entre ellas France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand, advirtió que “las violaciones a derechos humanos forman parte de la estructura del Estado mexicano, y en ellas se asoma de manera permanente la presencia del Ejército”.

Al hacer un breve recuento de los casos en que se han violado los derechos humanos, el obispo resaltó que en los más graves aparece el Ejército “en esta actitud violenta contra la población, y otro cuerpo que está en esto –dijo– es la Policía Federal”.

Luego de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se negara a dar acceso a los militares que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, Vera López lamentó que no se pueda investigar al Ejército porque eso, subrayó, alimenta la impunidad.

También criticó que tras la publicación de diversos informes, entre ellos el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto sea “denostar”. Lo hizo con el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y con el grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó.

Para el sacerdote, la estrategia del gobierno ha sido “justificar y negar la observación internacionales”, en tanto que se criminaliza a los familiares y a las víctimas.

Y luego de señalar que México es el país “más observado del mundo”, Vera López destacó que el crimen organizado opera a favor del Estado, lo que explica que los migrantes centroamericanos sean detenidos en el camino a la frontera norte, remató.