El 23 de julio culminó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el gobierno, en cuya instancia participaron 155 mil personas en busca de residencia en Chile. Sin embargo, se estimaba una participación cercana a las 300 mil. Con el objetivo de reconocer la situación de quienes quedaron al margen y hoy permanecen de forma ilegal, el Ministerio del Interior solicitó a la PDI fortalecer la fiscalización de los foráneos, principalmente hacia aquellos que se negaron a ser parte del procedimiento.

De acuerdo al vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, "quienes no aceptaron esta invitación del Estado, a efecto de regularizar su situación, nos da un indicio de que son personas que están irregulares en el país y deben tener algún antecedente penal para no haberse acercado a regularizar su situación".

Es así que el lunes pasado se produjo la primera jornada de control masivo de inmigrantes en Santiago, oportunidad en que la policía civil controló a 153 personas, de las cuales 46 eran infractoras. Hacia todas ellas se inició un proceso sancionatorio que podría culminar en multas o directamente en la expulsión del país (ver tabla).

En palabras de Chadwick, "ordenar la casa" significa dar oportunidades a aquellos extranjeros que llegaron a trabajar a Chile. No obstante, esta definición también aplica para quienes no poseen las mismas intenciones.

"Hemos iniciado con la PDI un proceso especial de fiscalización, acogiendo las atribuciones que la policía tiene, para efecto de ir fiscalizando a aquellos inmigrantes que se encuentran en el país. Si tienen antecedentes penales por delitos graves, se inicia el proceso administrativo de expulsión por no cumplir con la ley".

No obstante, Chadwick enfatizó que quienes fueron sancionados y no poseen una hoja de vida compleja "pueden iniciar un proceso para regularizarse, porque siempre está esa opción".

Procedimientos

Según el jefe nacional de Extranjería y Policía Nacional de la PDI, prefecto inspector Víctor Nakada, las personas sorprendidas de forma ilegal corresponden a las principales nacionalidades presentes en Chile: Perú, Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia.

"Este tipo de fiscalizaciones, porque así nos mandata la ley, las hacemos siempre, pero ahora las hemos intensificado con tal de identificar a quienes no participaron del proceso de regularización", señaló. Se informó que la revisión se centró en sectores de la comuna de Santiago que registran un elevado tránsito de extranjeros, como la Plaza de Armas y algunos cités.

Nakada advirtió que en los procedimientos se ha detectado a tres clases de migrantes: aquellos que no se enteraron del procedimiento extraordinario o no confiaron en este; personas que poseían antecedentes penales en sus países y asumían que no se les otorgaría permiso y, por último, quienes pretenden no ser percibidos con tal de delinquir en el país.

Desde la PDI se enfatizó que la fiscalización no está solo dirigida a los extranjeros, ya que se aplica también a empresas con tal de identificar abusos laborales. Es así que durante este primer procedimiento también se cursó infracción contra tres empleadores.

"No somos una policía represiva. Tratamos de que los derechos de los trabajadores se respeten y sabemos que quienes están irregulares tienden a ser explotados por empleadores inescrupulosos", dijo Nakada.

Reacciones

Desde las agrupaciones de apoyo a migrantes hicieron un llamado a no generalizar la situación de todos quienes no participaron del proceso extraordinario de regularización.

"No toda persona que no se regularizó es alguien con algún antecedente. Una persona que no alcanzó a inscribirse no es sinónimo de delincuente expulsable", señaló el director del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), José Tomás Vicuña.

Al respecto, consideró "positivo" analizar las causas del por qué un alto porcentaje de inmigrantes quedó fuera del proceso. "Es necesario saber si estas razones están relacionadas a la poca efectividad de los canales de comunicación, la falta de preparación de los funcionarios públicos, las diferencias culturales, entre otras",

Para Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la UDP, "hay casos de personas que ingresaron después del 8 de abril y que no han podido regularizar su situación. ¿Son indeseables por eso? Hay personas que cumplieron condenas en sus países de origen, pero no han podido acceder a visado. ¿Son delincuentes?".

Según cifras del gobierno, a fines de 2017 se contabilizaban 1.190.000 inmigrantes en Chile. En tanto, de los 155 mil que participaron de la instancia, se ha otorgado residencia a 48 mil.