El Poder Ejecutivo difundió un comunicado de prensa en el que defendió la legalidad de la maniobra y aseguró que el jefe de Estado no tenía la obligación de declarar ante las autoridades fiscales su participación porque no había obtenido dividendos de la operación. Ahora la Justicia determinará si la interpretación oficial es la adecuada o si se violó alguna norma.