Hasta ahora, los poderes financieros nos habían obligado a ajustar nuestras vidas a las demandas del mercado de valores, es decir, a los intereses de los accionistas de las grandes empresas. Pero, la pandemia del covid-19 nos ha obligado a rebelarnos: nos ha hecho ver con claridad que la economía debe estar supeditada al sostenimiento de la vida. Se ha reconfigurado, consecuentemente, el orden de prioridades de inversión estatal. Y, más aún, se ha puesto de relieve el insustituible papel del Estado a la hora de garantizar el respeto por el igual valor de todas las vidas humanas.

Sin las medidas del "Escudo Social" aprobadas por el Gobierno, ni las familias ni las pequeñas y medianas empresas habrían podido soportar los efectos económicos derivados del confinamiento. Frente al ilusorio sentimiento de omnipotencia que había instalado la lógica del crecimiento económico sin límites; el momento presente ha puesto en el centro del lenguaje político la vulnerabilidad de nuestro sistema y de nuestra existencia.

Una adecuada comprensión de la vulnerabilidad debería constituir el mínimo común denominador para llegar a un acuerdo nacional entre los principales partidos del Congreso. Es tiempo de contener la inflación retórica de los asustadizos que ven sobrevolar los espectros de Marx y Lenin por los pasillos del Congreso. En estos momentos, los inquisidores nostálgicos, aficionados a la caza de brujas, deberían ceder el paso a quienes tienen una visión más mundana de la actividad política.

Habría al menos cuatro temas en los que sería imprescindible alcanzar un acuerdo nacional, para transmutar los focos de vulnerabilidad en ejes de soberanía.

Soberanía alimentaria

Si algo nos ha enseñado esta crisis, ha sido a distinguir lo esencial de lo superfluo. Asegurar la alimentación de un país, cuando las largas cadenas de suministro global no están garantizadas, es una tarea vital. Para ello se ha de responder a los desafíos que plantea el sector agropecuario y pesquero. Especialmente en las cuestiones relativas a la fijación de precios justos, la revisión de los acuerdos de comercio tanto dentro de la Unión Europea como con terceros países, facilitar el acceso a líneas de financiación y promover los incentivos a la contratación.

Soberanía sanitaria

La gestión neoliberal de la crisis de 2008, durante diez años, trajo consigo duros recortes en los presupuestos generales del Estado destinados al sistema público de salud. En lugar de ser tratados como un servicio público con el deber sagrado de salvar vidas, durante diez años, se aplicó a los hospitales la lógica de una empresa que debe minimizar costes. Esto ha conducido a unas condiciones desastrosas que ahora nos pasan factura: adelgazamiento de las plantillas profesionales, fuga de nuestro capital humano, y limitación de la cantidad y la calidad de la tecnología biomédica. Es crucial robustecer el sistema público de salud, a través de un plan de contratación para el retorno del talento emigrado y de una valiente inversión tanto en investigación como en equipamiento técnico. La atención sanitaria de calidad, universal y gratuita, es fundamental para detectar y tratar adecuadamente a todas las personas infectadas por el virus, para así aplanar la curva de contagios.

Soberanía habitacional

Se prevé que las consecuencias económicas del confinamiento limiten severamente la capacidad adquisitiva de las familias con rentas más bajas. Además, se prevé un aumento significativo del desempleo, debido al cese económico de la actividad no esencial. Ante este escenario, cuyos efectos ya son visibles, garantizar el derecho a la vivienda es una misión primordial para un Estado social y democrático de derecho. La negociación de los precios del alquiler, así como las moratorias de pago con los grandes tenedores de vivienda supone un paso en la dirección correcta. Pero ahora se abre una ventana de oportunidad para ir más allá, y generar empleo mediante la construcción de vivienda pública y la rehabilitación de inmuebles. Es también una ocasión propicia para que la banca devuelva los 60.000 millones de euros que le prestó el Estado, los cuales podría pagar mediante bienes inmuebles.

Soberanía salarial

Para las personas privadas de empleo, el ingreso mínimo vital junto con el acceso a la vivienda supone la garantía de una vida digna. De otro modo, con el actual contexto económico, el país se expondría a un potencial aumento de casos de explotación y precariedad laboral. Y en los casos más graves, supondría un aumento de las bolsas de marginalidad y pobreza. Los temores de la patronal sobre los efectos que este ingreso tendría sobre la negociación de los salarios al alza, no muestran más que su falta de empatía hacia las aspiraciones de la clase trabajadora a tener una vida digna.

No son tiempos para generar nuevas fracturas, en un país cuyas clases menos privilegiadas aún no se han recuperado del anterior desplome de la economía. La actual crisis es una oportunidad para convertir nuestras debilidades en fortalezas. Por responsabilidad de Estado, los principales partidos deberían acordar un plan nacional de economía de resistencia, para vencer al virus sin dejar a nadie atrás. Así podremos revertir los abusos que se produjeron en 2008, cuando se rescató a la banca con el dinero de todos los españoles y del Banco Central Europeo.