Maduro anunció en diciembre la decisión de vender gasolina a precios internacionales en la frontera para evitar el contrabando; pero sigue siendo un negocio lucrativo en esa tierra donde no hay muchas opciones para salir adelante.

El salario mínimo en Venezuela es de 40.638 bolívares (unos 58,81 dólares si se calcula al cambio controlado por el gobierno; 11,16 si se hace con el valor del dólar en el mercado negro). Un dinero que se vuelve sal y agua con especial rudeza en la frontera, donde todo es más caro. Un kilo de arroz, por ejemplo, alcanza los 3000 bolívares: más del siete por ciento del salario mínimo.

El gobierno mantiene el control cambiario desde 2003 para evitar la fuga de divisas. Desde entonces, es el único que puede conceder dólares de modo legal para todo: desde importar cualquier mercancía hasta para viajar al extranjero. La tasa de cambio, a 690,98 bolívares por dólar, la fija el gobierno. En paralelo, surgió un mercado ilegal cuya tasa cambia diariamente y que se ha disparado en los últimos dos años (al momento de escribir esta nota el cambio en el mercado negro es de 3640,29 bolívares por dólar).

El contrabando de gasolina es un negocio de doble vía. Por un lado están los usuarios que llenan el tanque de su vehículo en estaciones legales, donde pagan por un tanque de 50 litros unos 250 bolívares (menos de 10 centavos de dólar al precio del mercado negro). Al vender ese combustible en los puestos irregulares, ganan entre 8000 y 12.500 bolívares (entre 2 y 3,5 dólares al precio del mercado negro). Esa misma gasolina es la que compran después quienes llenan el tanque en los puestos ilegales, ya sea para evitar las largas colas que se forman en las estaciones o, en el caso de los colombianos, para beneficiarse de la diferencia de precio. Llenar un tanque de contrabando puede costar entre 17.000 y 25.000 bolívares (entre 4 y 7 dólares aproximadamente).