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España está entre los países europeos donde más han crecido los niveles de desigualdad en los últimos diez años, según alertó la Comisión Europea. Hoy es el Día Mundial de la Salud y la OMS lo dedica a la «Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar». Justo a lo que no han podido acceder unas 3784 personas en España, según datos de Reder, excluidas del sistema sanitario desde la reforma que el Partido Popular realizó en 2012, a través de un Real Decreto Ley. Los principales afectados fueron migrantes en situación irregular, pero también algunos pensionistas, parados de larga duración o jóvenes.

Tras ello, casi todas las Comunidades Autónomas intentaron tomar medidas para paliar la situación y otorgar cierto acceso a las personas excluidas. No es este el caso de Ceuta, Melilla o Castilla y León, donde el decreto sigue vigente con todo su rigor.

Para Médicos del Mundo, «no parece que vaya a mejorar a la luz de los Presupuestos del Gobierno, cuya inversión en Sanidad es del 5,8% de su PIB cuando la media de los países del entorno de la UE alcanza el 7,2%.».

La propia OMS indica que la cobertura sanitaria universal significa «garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos». Y la organización añade que esto se logra cuando hay una «firme determinación política». Determinación que no existe en España, como demuestran algunos de estos casos recientes. Algunos no hablan en primera persona. Deciden que sus técnicos hablen por ellos, o no han querido que aparezcan en este reportaje más datos sobre su identidad por temor.

Vivir en una casa de acogida y que se agoten los medicamentos que necesita

Raquel Delgado lleva unos días intensos antes de abrir una de las nuevas tiendas de segunda mano de Remar Valladolid, en Pérez Galdós, donde trabaja de técnico administrativo: «Con estas tiendas de ropa y muebles ayudamos a otros que no tienen nada, con programas de acogidas o comida», comenta.

Entre las personas que reciben esa ayuda, hace poco tiempo llegó una señora de origen palestino a la que Delgado atendió. Es la historia de una mujer que lleva 43 años en España y que en 2015, por un descuido, perdió el permiso de residencia. Los hijos se desatendieron de ella y antes de quedarse en la calle, su único destino, acudió a Remar, donde vive ahora en una de sus casas de acogida.

«Ella venía de otras ciudades como Alicante o Toledo, pero al llegar a Castilla y León la tarjeta sanitaria, que la tenía vigente, ya no le servía. Es una persona que tiene hipertensión, azúcar y colesterol con 61 años, que había sufrido un ictus hacía poco y estaba sin medicación», explica. Cuando la acompañaron a asistencia primaria, les dijeron que como su tarjeta sanitaria era de otra comunidad no le podían asignar un médico de cabecera. «Las propias trabajadoras sociales nos dijeron, radicalmente, que no había alternativa», asegura Delgado. «Esta señora siempre necesita medicación pero, por ejemplo, al no tener un médico de cabecera en aquel momento, no podían hacerle una analítica y ver cómo estaba porque la medicación y su administración podía haber cambiado», comenta.

El equipo de Remar buscaba una solución, así que acuden a Médicos del Mundo en Valladolid y, a través de ellos, en una farmacia le facilitaron la medicación para un tiempo limitado. Este equipo de Médicos del Mundo fue el que empezó a intentar arreglar su situación sanitaria y, a través de Procomar, comprobar su situación legal. “Así pudieron asignarle ya un médico de cabecera, pero sigue sin tarjeta sanitaria por lo que la medicación no se la cubren. Ahora tiene subidas de azúcar y colesterol. Su medicación valía 22 euros y ahora vale 52 euros”, explica Delgado. Cáritas también le ha asistido en este proceso, pero la ayuda para el coste de su medicación se agota este 30 de abril.

Esta técnico de Remar se desvive por la situación de esta señora con la que habla a menudo, para que sienta algo de cariño y no sola o marginada. «Ella tiene momentos de todo, a veces mejor y otras peor. Por ejemplo, hoy le dije que Pedro, de Médicos del Mundo, había gestionado una llamada de diario Público para conocer su caso y ha sonreído animada. Cualquier cosa le da esperanza de que su situación mejore”.

La madre de Marcelo, 92 años, y 4000 euros de deuda por su hospitalización

La historia de la madre de Marcelo empieza en julio del año pasado, cuando viene desde Argentina a España para visitar a sus biznietos, recién nacidos. Tenía 92 años. Tras un largo viaje llega a Burgos y trae en su maleta ropa de verano para pasar unos días de descanso.

«Mi madre era una mujer muy activa y dinámica, y llegó a España con su seguro privado. A los días de estar aquí sufre una descompensación cardiaca y respiratoria», relata su hijo Marcelo. La llevaron a una clínica privada, la atendieron y volvieron a casa. A las semanas sufrió otra crisis, más grave que la anterior. Los médicos le comunican que su madre ya no puede volver a Argentina. «Subir a mi madre en un avión, en un trayecto de tantas horas, es muy arriesgado. A la misma vez, el seguro médico privado de mi madre ya le caducó, así que cuando le dio una tercera crisis acudimos a urgencias del hospital público de Burgos”.

Allí estuvo ingresada diez días y cuando le dieron de alta llegó la ‘sorpresa’ en forma de factura. «Nos pedían 4000 euros, por los 10 días de hospitalización, a 400 euros al día de media. Imagina nuestra cara, nos quedamos de piedra. Y por suerte no tuvo que ir a la UCI, que nos dijeron que eran 900 euros diarios», matiza Marcelo.

Desde entonces empezó un periplo de trámites en la Seguridad Social y Extranjería por si había forma de incorporar a su madre al sistema de salud. «Hay un seguro médico que da el Estado, pero tiene que estar un año empadronada en un mismo lugar. Ella llegó en julio y dicen que los plazos no se pueden acortar”. Por ahora han solicitado que se considere la situación, porque «mi madre está en desamparo sanitario. Además, hemos intentado hacerle un seguro privado pero con más de 65 años y con su salud, ya no se lo hacen. Lo hemos intentado en todas, intentando convencerlos de que es una situación excepcional, pero tampoco», confirma este hijo.

Mientras hablamos, Marcelo denuncia la situación tan complicada, donde ni la sanidad pública ni privada atendería a su madre en caso de que sufriera otra crisis. Sin tarjeta sanitaria tampoco tiene sus medicamentos cubiertos. «No nos sobra el dinero y sus recetas nos hacen gastar unos 300 euros cada mes», calcula.

Incluso pensaron en trasladarse a Madrid por si allí cambiaba su situación, pero sus trabajos está en Burgos y no pueden abandonarlos. Comenta que su madre está muy deteriorada físicamente, pero que su mente «está clara y lo entiende todo, sabe lo que pasa».

Le cuesta andar y necesita un equipo de oxígeno que la familia también paga de su bolsillo. Según Marcelo, «a veces, cuando la miro, veo que está deprimida y le levantamos el ánimo entre todos. Es normal, han cambiado sus rutinas y sus recuerdos. Ha pasado aquí su 93 cumpleaños y le hemos comprado ropa de invierno. Ella quiere volver a su Argentina, en su casa, en su cama, con los suyos, y para hacerlo solo puede recuperarse. Si volviera a tener una crisis no sé qué sería de ella».

Susana, problemas con la vacunación de su bebé

“Yo hice un viaje muy duro desde África, desde Guinea Ecuatorial, para llegar a España. En nuestro país solo tenemos sanidad de pago y aquí pensábamos empezar una nueva vida, con más derechos, pero es muy complicado”. Es el relato de Susana, que vive con la ayuda de Cáritas en una casa de la asociación, junto con su hijo.

Desde 2014, Susana llega a España y al año se queda embarazada. Debe afrontar sola el proceso y hasta el momento del parto, como mujer embarazada, le ofrecen una asistencia médica. «Por entonces vivía en León, pero justo cuando me dieron de alta del parto y salí a la calle con el bebé, me quitaron aquella tarjeta sanitaria. Ahí terminaba la ayuda». Por lo tanto, desde 2016, Susana no ha sido revisada por ningún médico, ni nadie controla su salud. «Siempre tengo el susto de no caer enferma», añade.

En León administraron las primeras vacunas del bebé, pero por motivos de trabajo Susana y su hijo se tienen que trasladar a un pueblo de Bilbao. La familia hace las maletas y una mujer les ayuda, y les ofrece casa de forma temporal. Al poco tiempo de llegar a esta nueva residencia, al bebé le corresponde una nueva vacuna así que Susana se dirigió al centro de salud: “En aquel momento, recién llegada, no estaba empadronada aún. Yo no tengo sanidad, pero mi hijo, como menor, sí que debe de tenerlo, es una vacuna, una prevención, algo que necesita. Una señora en la entrada del centro de salud, con muy malos modos, me dijo que no, que mi hijo no tenía derecho a nada, ni a vacuna ni a médico”.

Reconoce que salió de allí llorando. Primero, por su hijo y la impotencia de no poder vacunarlo. Y también por vergüenza, porque “todo el mundo me miraba, me sentía vigilada, cuestionada, yo estaba hablando de mi bebé. Incluso dije que vivía en casa de una señora que me ayudaba, que podría darles esa dirección, y me dijeron que nada servía. Me dejaron sola, me ignoraron, y siguieron trabajando como si nada, como si mi bebé fuera una cosa más”.

De allí, Susana acudió con su hijo a Cáritas y la remitieron a Médicos del Mundo, para pedir ayuda. Necesitaba la asignación de un pediatra. Uno de los técnicos, Javier, se desplazó a los pocos días al centro de salud con ella. «Empezaron a hacer papeles y, de repente, sí que mi hijo podía ser vacunado. Se pasó del no rotundo a que sí que había una opción». Está contenta porque para ella lo importante es su hijo y ya está vacunado. También porque está trabajando y cree que todo empieza a avanzar. Cuando le pregunto por ella, dice que ahora Cáritas está gestionando su empadronamiento para poder acceder a la tarjeta sanitaria en un futuro: “Pero muchas veces pienso en cuántos hijos como mi bebé pueden estar pasando por la misma situación”.