La regulación de los precios es un reclamo histórico de los colectivos de vivienda de todos los lugares del mundo, que ven en ello el principio del fin de la especulación inmobiliaria. En el caso de Nueva York, hay dos tipos de límites: el control y la estabilización de la renta. La regulación establece que los edificios con renta de 1970 cuya construcción fuese anterior a 1947, continúen pagando los precios anteriores, con pequeñas subidas controladas.

Esta protección lleva décadas practicándose, cada vez con menos apartamentos protegidos, pues se ha pasado de 2 millones en 1950 a unos 27.000 en la actualidad. Respecto al control de precios, sin embargo, la ley neoyorkina da un margen de subida para los alquileres de un 7,5 % anual (sin poder superar un umbral máximo) y se avala el incremento de esta renta máxima cada dos años.

Los colectivos de vivienda inciden en que no basta con limitar los precios del alquiler, sino que hay que blindar las leyes para que no se puedan eludir estos límites mediante subidas con diversos pretextos. Uno de ellos es el de la renovación del edificio (esto en ocasiones no es más que una pequeña limpieza de la fachada y una mano de pintura, como ocurre en Berlín). Cuando por cambio de arrendatario se hace un nuevo contrato, la subida suele ser automática y llega a alcanzar cifras de hasta un 20 % en algunas ocasiones. Es otra forma de eludir esta limitación de la renta.

La buena noticia de esta renovación en el límite de los precios del alquiler es que ahora podrá extenderse a otros lugares del propio estado, no solo a la capital. A pesar de la negativa tajante de los grandes tenedores inmobiliarios, el proyecto ha salido adelante y ahora pasará su trámite por el senado del estado, que también está controlado por los demócratas.

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