Un nombre que se ha repetido con frecuencia en los últimos días es el de Víctor Echeverría, quien en 1973 fue designado como encargado de inteligencia del Regimiento Buin. Esto, luego de que Michelle Bachelet designara a Carolina Echeverría, hija del uniformado, a la cabeza de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Durante la anterior administración de Bachelet, un grupo de marinos en retiro torturados durante la dictadura acusó que quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretaria de Marina los habría emplazado a retirar las acciones judiciales en contra de militares acusados de crímenes de lesa humanidad, a cambio de homologar sus pensiones con la del resto de los miembros de la Armada jubilados.

En el marco de las violaciones a los derechos humanos, se denuncia que el padre de la futura subsecretaria tuvo un papel importante en las torturas desarrolladas en el Regimiento Buin a los uniformados “constitucionalistas”.

Uno de estos, Carlos Pérez Tobar, detalló a Radio Bío Bío los vejámenes que sufrió por cerca de ocho meses en el regimiento, tras ser arrestado y sometido a “horrendos interrogatorios con un sistema de torturas que es casi inimaginable”, bajo las instrucciones de Víctor Echeverría.

“Salí con nueve roturas en los tímpanos y una lesión tremenda en el oído interno que me ha sido muy difícil incluso poder estudiar”, sostuvo Pérez, quien asegura que vive “con un ruido permanente en los oídos que es incluso peor que la tinnitus“.

Al respecto, manifestó que el proceso irregular que se llevó en su contra lo habría gatillado en parte su participación en la contención del “Tanquetazo”, insurrección militar contra el presidente Salvador Allende en 1973. Sin embargo, lo que inició la seguidilla de horrores fue su negativa a tomar parte en una ejecución ordenada el 11 de septiembre por el 2º comandante del Regimiento Buin, Hugo Gajardo Castro.

Además de las torturas, Pérez detalló que estuvo al menos por cinco meses atrapado en una pared de barro en una superficie “un poquito mayor que un ataúd”.

En el intertanto recibió una condena de muerte por un tribunal militar, sentencia que fue rebajada a cadena perpetua ya que se estableció que sus presuntos delitos no se desarrollaron en tiempos de guerra.

Más tarde se ordenó su expulsión del país, y pese al dolor que manifiesta haber sentido por no poder desenvolverse en su país de origen, agradece la solidaridad internacional con las víctimas de la dictadura. En especial, destacó los beneficios a los que accedió en Suecia, donde pudo tratar parte de sus lesiones.

“Por supuesto, la hija no tiene por qué asumir la responsabilidad del padre. Sin embargo, ojalá ese señor hubiera hecho algo”, declaró.

Escucha la entrevista de Tomás Mosciatti y Katherine Ibáñez a Carlos Pérez Tobar.

