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Justicia Nacional Ley Zamudio, una normativa insuficiente para frenar la violencia A siete años de promulgada la Ley 20.609 y frente a la ola de violencia contra la comunidad LGBTIQ+, surgen cuestionamientos sobre la efectividad de la norma. Para la abogada y activista trans, Constanza Valdés, “la ley no ha logrado sancionar la discriminación”. Pilar León Domingo 24 de marzo 2019 10:12 hrs. Compartir

Hasta la fecha, trece son los delitos violentos cometidos contra comunidad LGBTIQ+ en Chile, el último, contra mujeres trans en Valparaíso. De acuerdo al Informe de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh), las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o identidad de género aumentaron un 44% durante el 2018. El informe registra que de los 698 casos, 3 corresponden a asesinatos, 58 a agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas, 16 a casos de abusos policiales, 28 a hechos de discriminación laboral y 37 a episodios de exclusión educacional. Es por ello que, frente a esta nueva ola de violencia, organizaciones pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han cuestionado la eficacia de la Ley Zamudio, normativa que fue promulgada hace siete años en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera. La abogada y activista trans, Constanza Valdés, es crítica respecto de su aplicación pues, a su juicio, se supone que es una ley que mandata al Estado a crear normativas y políticas públicas para garantizar la no discriminación, pero en la práctica, las autoridades no lo han hecho. Además, la abogada afirmó sobre la acción de no discriminación que consagra la normativa que “la evaluación que hacen todos los abogados y expertos es que la ley no ha logrado sancionar la discriminación, existen muchas situaciones de discriminación arbitraria, en las que no se ha podido acreditar la situación”. “Sólo se han dictado tres sentencias favorables en cuanto a discriminación por orientación sexual y dos por identidad de género. De alguna u otra manera la ley no ayuda y las personas prefieren los recursos de protección”, añadió. Asimismo, la directora de la comisión LGTBIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Carmina Vásquez, aseguró que la Ley 20.609 ha sido una normativa insuficiente para la comunidad LGBTIQ+ pues no ha sido una real respuesta para los casos de violencia. “Hay que modificar esta normativa, por lo mismo, el Gobierno anunció que realizará consultas ciudadanas para ellos, sin embargo, nosotros estamos escépticos como comunidad. A nuestro juicio, es una reacción a lo que sucedió con Carolina Torres, no es que a las autoridades les interese realmente proteger a la comunidad”, agregó. ¿Que se necesita para frenar la discriminación? Para la abogada Constanza Valdés, para hacerle frente a estas olas de violencia y proteger a la comunidad LGBTIQ+, es necesario que el Estado trabaje en tres ejes principales: prevención, sanción y reparación, las que abarcarían desde la educación y las instituciones públicas hasta la aplicación de la justicia y la modificación de la normativa existente. “Para que efectivamente funcione una política pública en materia de no discriminación necesitamos orientarla en estas tres aristas y complementarlas. Actualmente en Chile, en lo único que se piensa es en la sanción, hemos visto como en el país se reacciona con leyes muy punitivistas, las que no educan”. Por su parte, la directora de la comisión LGBTIQ+ de Abofem planteó en la misma línea que “es necesario hacer modificaciones a la Ley Zamudio. En primer lugar, hay que poner atención a la formación de las policías y de los mandos medios en el tema, para que quienes necesiten recurrir a ellas cuando son agredidos obtengan la respuesta adecuada”. Chile avanza y la violencia aumenta Desde la comunidad LGTBIQ+ aseguran que si bien la sociedad chilena ha avanzado en términos de tolerancia, respeto e igualdad a raíz de una mayor visibilidad de los derechos de las disidencias sexuales, también durante el último tiempo han proliferado los discursos de odio provenientes de grupos fascistas contra la comunidad. “Pensar que Chile en verdad está cambiando es relativamente cierto, en ese sentido, hay más gente que apoya y que entiende. Sin embargo, esto también implica que hay gente que no piensa así y se envalentona con las olas fascistas, grupos religiosos y personajes que se encargan de difundir discursos de odio, con quienes se sienten legitimados para poder actuar violentamente”, señaló la abogada y activista trans, Constanza Valdés. Para Carmina Vásquez, de Abofem, la explicación es similar. “Creemos que el aumento de la violencia es una reacción frente a la unión y fuerza que ha tenido para protegerse la comunidad. Lo que se suma al incremento de los fanatismos de derecha y los fascismos que se están tomando Latinoamérica”. Frente a estos cambios de paradigmas sociales, el encargado del área de Derechos Humanos de Movilh, Ramón Gómez, señaló que “los grupos opositores a la igualdad se están movilizando con mayor violencia” , es por ello, que resulta necesario que el Estado se haga cargo de la protección de las personas y cree iniciativas eficientes contra la discriminación.

Hasta la fecha, trece son los delitos violentos cometidos contra comunidad LGBTIQ+ en Chile, el último, contra mujeres trans en Valparaíso. De acuerdo al Informe de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género del Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh), las denuncias y abusos basados en la orientación sexual o identidad de género aumentaron un 44% durante el 2018. El informe registra que de los 698 casos, 3 corresponden a asesinatos, 58 a agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles desconocidos por las víctimas, 16 a casos de abusos policiales, 28 a hechos de discriminación laboral y 37 a episodios de exclusión educacional. Es por ello que, frente a esta nueva ola de violencia, organizaciones pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han cuestionado la eficacia de la Ley Zamudio, normativa que fue promulgada hace siete años en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera. La abogada y activista trans, Constanza Valdés, es crítica respecto de su aplicación pues, a su juicio, se supone que es una ley que mandata al Estado a crear normativas y políticas públicas para garantizar la no discriminación, pero en la práctica, las autoridades no lo han hecho. Además, la abogada afirmó sobre la acción de no discriminación que consagra la normativa que “la evaluación que hacen todos los abogados y expertos es que la ley no ha logrado sancionar la discriminación, existen muchas situaciones de discriminación arbitraria, en las que no se ha podido acreditar la situación”. “Sólo se han dictado tres sentencias favorables en cuanto a discriminación por orientación sexual y dos por identidad de género. De alguna u otra manera la ley no ayuda y las personas prefieren los recursos de protección”, añadió. Asimismo, la directora de la comisión LGTBIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Carmina Vásquez, aseguró que la Ley 20.609 ha sido una normativa insuficiente para la comunidad LGBTIQ+ pues no ha sido una real respuesta para los casos de violencia. “Hay que modificar esta normativa, por lo mismo, el Gobierno anunció que realizará consultas ciudadanas para ellos, sin embargo, nosotros estamos escépticos como comunidad. A nuestro juicio, es una reacción a lo que sucedió con Carolina Torres, no es que a las autoridades les interese realmente proteger a la comunidad”, agregó. ¿Que se necesita para frenar la discriminación? Para la abogada Constanza Valdés, para hacerle frente a estas olas de violencia y proteger a la comunidad LGBTIQ+, es necesario que el Estado trabaje en tres ejes principales: prevención, sanción y reparación, las que abarcarían desde la educación y las instituciones públicas hasta la aplicación de la justicia y la modificación de la normativa existente. “Para que efectivamente funcione una política pública en materia de no discriminación necesitamos orientarla en estas tres aristas y complementarlas. Actualmente en Chile, en lo único que se piensa es en la sanción, hemos visto como en el país se reacciona con leyes muy punitivistas, las que no educan”. Por su parte, la directora de la comisión LGBTIQ+ de Abofem planteó en la misma línea que “es necesario hacer modificaciones a la Ley Zamudio. En primer lugar, hay que poner atención a la formación de las policías y de los mandos medios en el tema, para que quienes necesiten recurrir a ellas cuando son agredidos obtengan la respuesta adecuada”. Chile avanza y la violencia aumenta Desde la comunidad LGTBIQ+ aseguran que si bien la sociedad chilena ha avanzado en términos de tolerancia, respeto e igualdad a raíz de una mayor visibilidad de los derechos de las disidencias sexuales, también durante el último tiempo han proliferado los discursos de odio provenientes de grupos fascistas contra la comunidad. “Pensar que Chile en verdad está cambiando es relativamente cierto, en ese sentido, hay más gente que apoya y que entiende. Sin embargo, esto también implica que hay gente que no piensa así y se envalentona con las olas fascistas, grupos religiosos y personajes que se encargan de difundir discursos de odio, con quienes se sienten legitimados para poder actuar violentamente”, señaló la abogada y activista trans, Constanza Valdés. Para Carmina Vásquez, de Abofem, la explicación es similar. “Creemos que el aumento de la violencia es una reacción frente a la unión y fuerza que ha tenido para protegerse la comunidad. Lo que se suma al incremento de los fanatismos de derecha y los fascismos que se están tomando Latinoamérica”. Frente a estos cambios de paradigmas sociales, el encargado del área de Derechos Humanos de Movilh, Ramón Gómez, señaló que “los grupos opositores a la igualdad se están movilizando con mayor violencia” , es por ello, que resulta necesario que el Estado se haga cargo de la protección de las personas y cree iniciativas eficientes contra la discriminación.