"Irse de rositas". Según el Diccionario fraseológico documentado del español actual, de Manuel Seco, es una locución que significa marcharse "sin pagar lo que se debe o sin recibir el castigo merecido". Eso es lo que les pasará a los 30.000 beneficiarios de la que fue, probablemente, la decisión fiscal más polémica del Gobierno de Rajoy: la amnistía de 2012. El PP siempre ha tenido claro que jamás se deben dar a conocer las identidades de estos amnistiados, una postura a la que ahora se suman por sorpresa PSOE y Cs, que hasta ahora sí se comprometían en sus programas electorales a levantar este secreto.

El programa del PSOE en 2016, con Pedro Sánchez como candidato a la presidencia, era contundente en este aspecto. Proponía "introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal". Negro sobre blanco. Pero este 2019 el giro es evidente, renunciando a una de las principales promesas del sanchismo en las primarias y una vez recuperada la secretaría general.

Los socialistas plantean para el 28-A que "se implemente lo ya previsto en el anteproyecto de ley de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal: ampliando el listado de deudores a la Hacienda Pública, prohibiendo el software de doble uso, creando una unidad para grandes patrimonios, prohibiendo nuevas amnistías fiscales, y contribuyendo al avance a escala internacional contra los paraísos fiscales".

Son dos planteamientos muy diferentes, lo que evidencia que el PSOE de 2016 no es el mismo que el actual. Su líder también ha cambiado: Sánchez hablaba en el pasado de este documento de beneficiarios como "la amnistía de la vergüenza y de Mariano Rajoy". Ahora, por tanto, se olvida de ellos.

El cambio de Ciudadanos

Ciudadanos, por su parte, ha experimentado una evolución similar. En 2016 el partido de Albert Rivera apostaba por la siguiente medida: "Exigiremos los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal, y llevaremos a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existan indicios de delitos relacionados con la corrupción o blanqueo de capitales. Especialmente, se remitirán los más de 600 casos de funcionarios y políticos que se acogieron a la amnistía para que justifiquen el origen del dinero regularizado". En el programa de este 2019 no existe referencia alguna a la amnistía fiscal.

Los mismos líderes, los mismos partidos, pero planteamientos sobre la "lista de la vergüenza" diferentes. Es más, en el 'Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso' que firmaron Sánchez y Rivera tras las elecciones de 2015, ambas formaciones se comprometían a "exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) y remitir a los Tribunales todos los casos de acogidos a la amnistía en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales".

De esta forma, el único partido que lleva en su programa electoral para el 28-A la publicación de los amnistiados fiscales es Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias propone "poner en marcha una Estrategia Nacional contra el Fraude Fiscal" en la que, entre otras medidas, se publicaría "de manera inmediata, la lista de amnistiados fiscales de los Gobiernos anteriores", así como incluir "la prohibición de decretar amnistías fiscales en la Constitución, ya que una simple previsión legal puede cambiarse con la siguiente mayoría parlamentaria".

Las cifras de la amnistía... y algunos nombres

La amnistía fiscal que aprobó Cristóbal Montoro en 2012 consiguió aflorar 225.507 bienes o derechos y supuso una recaudación adicional para Hacienda de 1.191 millones gracias a la famosa Declaración Tributaria Especial (DTE), el modelo 750. Solo se conocen algunos beneficiados debido a filtraciones periodísticas: los Pujol, Rato, los Franco, Diego Torres, el exsocio de Urdangarín...

En la Estrategia de Política Fiscal, un documento que el anterior Gobierno sí publicaba y que este Ejecutivo ha dejado de difundir públicamente, se repasa que a través del modelo 720 (Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero) se consiguió aflorar un patrimonio de 140.916 millones de euros, lo que supuso un saldo vivo de 96.878 millones de euros desde 2012. "El afloramiento de los bienes fue clave para la recuperación económica", destacan desde el anterior equipo de Hacienda. "Ese dinero se mueve y se invierte, por lo que genera riqueza", concluyen.