La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado a las Corts Valencianes la confirmación de la condición de diputada o senadora de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), en lo que se entiende como paso previo a la imputación de un delito, en este caso por incumplir la Ley de Memoria Histórica por haber mantenido símbolos franquistas en edificios públicos.

La tramitación de Fiscalía de este requerimiento pone un margen de 5 días para que se comunique la condición jurisdiccional de la afectada, Rita Barberá, y que así posteriormente se valore si tiene competencia para abrir diligencias o no, e investigar la causa por la denuncia que se ha presentado contra ella.

Esta denuncia fue presentada por el secretario del PSPV de la provincia de Valencia, José Luis Áblaos, el coordinador del Grupo para la Memoria Histórica, Marías Alonso, y el abogado madrileño Eduardo Ranz, denuncia que estaba acompañada por otra contra el cardenal y arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por mantener menciones y símbolos franquistas, vulnerando así la Ley de la Memoria Histórica como escudos anticonstitucionales en edificios públicos e incluso el Monumento a los Caídos en la plaza de la Porta a la Mar de la capital.

Honores a Franco en Xàtiva

La denuncia también preveía actuar contra el ya ex alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, por haber mantenido los honores al dictador Franco como "alcalde perpetuo, hijo adoptivo e hijo predilecto de la ciudad". No obstante estos honores fueron derogados el pasado sábado 25 de julio en un pleno municipal presidido por el nuevo alcalde socialista, Roger Cerdà, en el que votaron a favor todos los grupos municipales, incluso el PP que en anteriores ocasiones se opuso.