CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El secretario de Seguridad Pública estatal (SSP), David Portillo Menchaca, anunció la detención de Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, líder del grupo delincuencial Los Jefes, que actualmente mantiene una confrontación con la banda de Los Ardillos, que dirige la familia del diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, por el control del municipio de Chilapa.

El funcionario dio lectura a un escueto comunicado donde se limitó a informar, sin especificar, que El Chaparro fue detenido ayer en Chilapa, junto a tres hombres más en posesión de armas y droga.

La captura de Nava Sánchez ocurrió luego que este fin de semana, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acudió al panteón de Ahuacuotzingo, acompañado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), para exhumar el cuerpo de Ranferi Hernández Acevedo, exdirigente del PRD y promotor de la campaña del presiente Andrés Manuel López Obrador, asesinado junto a su esposa, suegra y un sobrino en 2017 en el contexto del proceso electoral sobre la ruta que conecta con Chilapa.

En abril de 2017, familiares de personas desaparecidas de Chilapa acusaron directamente a María Elena Jaimes Martínez, actual coordinadora del Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno estatal de tener nexos familiares con Zenén Nava, El Chaparro.

En febrero de 2016, Proceso publicó el reportaje En Guerrero, impunidad garantizada, donde se documentó la guerra que comenzó un año antes, entre la banda de Los Rojos o Los Jefes de El Chaparro y Los Ardillos y que ha dejado a la fecha una estela de muerte y desaparecidos en Chilapa, que exhibió los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles, y el Ejército con el narco.

Se reproduce el texto publicado en Proceso hace más de tres años en el que se incluye un perfil de El Chaparro:

Desde hace más de un año la banda de Los Rojos y Los Ardillos desataron una ola de ejecuciones, desaparecidos y desplazados en la zona baja de La Montaña en su disputa por la estratégica plaza de Chilapa.

Ante la red de complicidades de políticos, tropas castrenses y funcionarios con el narco que han sacado a la luz las refriegas, el gobierno federal implementó un operativo policiaco-militar el jueves 28, similar al que existe en la región de Tierra Caliente, no obstante que éste sólo ha polarizado la violencia en ese entorno.

Desde septiembre pasado, autoridades federales identificaron a los operadores de ambos grupos delincuenciales. Conocen sus zonas de influencia y el control que ejercen en los municipios de la zona que conecta la región Centro con La Montaña guerrerense, donde han sembrado muerte y terror, amparados por políticos locales, según los documentos oficiales obtenidos por Proceso.

Uno de ellos, elaborado por la Fiscalía General del Estado (FGE), indica que Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, es el líder de Los Rojos, una pandilla que se afincó en Chilapa. A su vez, Celso Ortega Jiménez, La Vela, hermano del exdiputado local Bernardo Ortega, quien hoy lidera la corriente perredista denominada Movimiento Alternativo Social, encabeza a Los Ardillos.

El informe refiere que el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por el PRD, y Bernardo Ortega, presidente del Congreso en la LX Legislatura local, conforman el brazo político de Los Ardillos, cuyo bastión se encuentra en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, desde donde controlan los municipios de Tixtla, Mochitlán, José Joaquín de Herrera, Atlixtac y Zitlala.

El reporte de la FGE, entregado al gobierno federal, señala que Los Ardillos forman parte de la estructura del grupo de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, capturado en agosto de 2010 y extraditado a Estados Unidos el 30 de septiembre de 2015.

Y añade que desde hace meses el grupo se apropió de tierras en los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Tixtla y José Joaquín de Herrera, bajo el amparo de Aguirre Rivero y Bernardo Ortega, para controlar las regiones del Centro y La Montaña.

Los municipios controlados por la familia de Bernardo Ortega son utilizados como “centros de acopio y trasiego de droga” por Los Ardillos. Éstos también cuentan con narcolaboratorios donde elaboran drogas sintéticas. Además de producir y comercializar droga, los integrantes del grupo se dedican a secuestrar, extorsionar a los comerciantes locales y a cobrarles el derecho de piso.

La FGE atribuye a Los Ardillos “el levantón y desaparición de al menos 30 personas en Chilapa” a principios de mayo pasado, cuando presuntos autodefensas sitiaron la cabecera municipal con el apoyo del Ejército y policías estatales y federales.

Según el documento, elaborado durante el interinato de Rogelio Ortega Martínez, Chilapa es importante para Los Ardillos porque les permite controlar el trasiego de la mariguana y amapola que se produce en los municipios indígenas de La Montaña, como Acatepec, Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte y Metlatónoc.

“Desde Chilapa, los subproductos de la droga (heroína) pueden ser trasladados a través de vías alternas al puerto de Acapulco y la Ciudad de México hasta el norte del país, con pérdidas relativamente menores y mayores rangos de seguridad debido a los contactos que los transportadores tienen con algunas autoridades”, señala el análisis gubernamental.

Jornadas de violencia

La banda de Los Ardillos fue creada por Celso Ortega Rosas, El Ardillo, quien en 2008 fue detenido y estuvo preso en un penal federal acusado del secuestro y ejecución de dos agentes federales.

Ortega Rosas recuperó su libertad en enero de 2011. Días después fue atacado a tiros por uno de sus principales pistoleros durante un festejo en su natal Tlanicuilulco. Murió poco después en un hospital privado de esta capital. Su lugarteniente fue cazado más tarde en Acapulco.

La fiscalía refiere que los líderes de este grupo delictivo -que lleva más de 20 años operando impunemente en Quechultenango- han sido blanco de atentados. Menciona el del 2 de julio de 2008, cuando un grupo armado irrumpió en el poblado de Tlanicuilulco y agredió a los Ortega. En la refriega hubo tres muertos, incluida Olga Alarcón León, “esposa de Bernardo Ortega Jiménez”, asegura el reporte oficial.

Antonio Ortega Jiménez, otro de los líderes de Los Ardillos, fue atacado a balazos al sur de Chilpancingo y aunque él salió ileso, murió su hijo de siete años.

Fuentes oficiales refieren que la expansión de Los Ardillosha sido proporcional al poder acumulado por Bernardo Ortega, quien controla a los alcaldes de los municipios donde tiene presencia el grupo delictivo que dirige su familia.

La administración de Rogelio Ortega informó al gobierno federal acerca de la disputa de la plaza de Chilapa, que comenzó a mediados de 2014. En esa época la controlaba el grupo del Chaparro, quien mantenía un férreo control en varios municipios de la Sierra y la región Centro, como Chilpancingo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Tixtla y Juan R. Escudero.

El Chaparro, quien tiene alrededor de 30 años, es vecino del barrio de San Rafael, ubicado al poniente de Chilapa. Asumió el control de esta importante plaza hace cuatro años y se dio a conocer por su extrema violencia. Sin embargo, sus excesos marcaron su debacle.

En julio de 1996, el diario La Jornada informó sobre la irrupción de una célula de miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Chilapa, donde distribuyeron panfletos. Decía el reportaje firmado por el reportero Raúl García:

“El niño de 11 años Zenén Nava Sánchez fue uno de los primeros que notaron la presencia del comando. Dice que le entregaron un montón de comunicados (el Manifiesto de Aguas Blancas) para que los repartiera, ‘pero los tiró a la basura, ya que se fueron’. Junto con otros niños, siguió al grupo hasta la iglesia de San Rafael.”

El reportero entrevistó al menor, quien años después se convirtió en jefe de la plaza de Chilapa y organizaba conciertos del grupo de hip hop regiomontano Cártel de Santa, cuando el priista Francisco Javier González, El Tepache, era el alcalde.

El informe consultado por el corresponsal menciona que el 30 de abril de 2014 gente de Los Rojos secuestró al ¬sacerdote católico de origen ugandés ¬John Ssenyondo al término de una misa en la comunidad de Santa Cruz. Su cuerpo fue localizado meses después en una fosa clandestina.

Según la fiscalía, Ssenyondo fue ejecutado porque se negó a bautizar a la hija de Giovani Anastasio Parra, El Chivo, lugarteniente del Chaparro.

Los principales líderes de la banda de Los Rojos, quienes controlaron el corredor Acapulco-Cuernavaca durante la época de esplendor de Arturo Beltrán Leyva, ejecutado en diciembre de 2009, fueron detenidos por la Policía Federal en la entidad o asesinados en diferentes puntos de los estados de Morelos y Puebla.

Entre ellos estaban Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, La Bocina, los hermanos José, Leonor y María del Carmen Nava Romero, Concepción Sánchez Ávila, El Conce, y Antonio Reyna Castillo, La Borrega.

Los reacomodos

La FGE señala que la recomposición de la banda de Los Rojos generó divisiones y una lucha intestina por el control de la organización, que fue aprovechada por Los Ardillos, quienes formaron una alianza denominada Gente del Sur, con dos células delictivas: La Nueva Línea y otra que dirige Constantino Chino Jiménez, El Chino, un expolicía de Chilapa que fue pistolero del Chaparro.

De forma paralela, Los Ardillos y otros grupos delictivos que operan en la Sierra y la capital del estado integraron otra alianza denominada Cárteles Unidos para evitar el resurgimiento de Los Rojos.

Según la FGE, el 7 de julio de 2014 una caravana de 30 camionetas del grupo de la familia Ortega irrumpió en la cabecera municipal de Chilapa, instaló retenes y se llevó por la fuerza a “gente del Chaparro”. Durante los enfrentamientos murieron al menos seis sicarios.

Días después, los lugareños denunciaron la desaparición de alrededor de 10 personas, incluidos taxistas y mujeres, así como de Francisco Tizoc Benítez Ramírez, hijo del líder priista Francisco Benítez Domínguez, presunto operador del Chaparro, encargado del cobro de piso y cuota a comerciantes y transportistas.

A partir de entonces se desataron los enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones de personas. Las autoridades civiles y militares se limitaron a observar la barbarie que alcanzó a varios políticos.

El 10 de marzo de 2015 fue decapitada la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo, Aidé Nava González, porque presuntamente traicionó al Chaparro, quien era su compadre, y se alió a Los Ardillos. Sus ejecutores dejaron una manta con un mensaje dirigido a los políticos que “no se quieren alinear”. Estaba firmada por El Chaparro.

El 1 mayo siguiente, el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fue ejecutado por un grupo armado en las inmediaciones del poblado de Atzacoaloyacuando regresaba de un acto de proselitismo. El crimen se atribuyó al perredista Miguel Cantorán Gatica, muy cercano a Bernardo Ortega.

La confrontación entre Los Rojos y Los Ardillos llegó a su punto crítico el 9 de mayo, cuando un grupo armado encabezado por comisarios municipales irrumpió en Chilapa y sitió la ciudad durante una semana para exigir a las autoridades gubernamentales la detención del Chaparro, acusado de desparecer y matar a campesinos que se negaron apoyarlo.

Un grupo de presuntas autodefensas vinculado a Los Ardillos se llevó por la fuerza a por lo menos 30 personas, sobre todo adolescentes. Los policías y soldados no hicieron nada por impedirlo.

La organización Siempre Vivos, conformada por familiares de personas desaparecidas de Chilapa, documentaron 57 casos entre 2014 y 2015 y más de un centenar de homicidios en esta zona durante la confrontación de las dos bandas criminales.

El jueves 28, después de un año y seis meses de terror y muerte en Chilapa y los municipios vecinos de Zitlala y Tixtla, el gobierno federal implementó un operativo policiaco-militar en el que participan al menos 3 mil 500 soldados e infantes de marina, así como 200 policías estatales y federales.

Una semana antes, el gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió en Chilapa para discutir sobre la ola de violencia en esa franja de la entidad.

El profesor José Díaz Navarro lamenta que el gobierno federal haya demorado tanto en actuar. Dice que los políticos y autoridades que por omisión o complicidad forman parte de la delincuencia, entre ellos Bernardo Ortega y el exgobernador interino Rogelio Ortega, deben ser sancionados por su presunta protección a Los Ardillos.

A finales de noviembre de 2014 dos hermanos del profesor Díaz Navarro, Hugo y Alex, y tres ingenieros que trabajaban en el programa Escuelas de Calidad, fueron secuestrados en el poblado de Jagüey. Sus familiares aseguran que los responsables son Los Ardillos.