Publicidad

Por Daniel Seijo

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa, y que hoy sirve en España, para mantener encarcelados a tres jóvenes independentistas, acusados de agredir a dos guardias civiles durante el transcurso de una noche de copas en Navarra. Una medida judicial definida por la propia ONU como poco democrática, que permite que hoy en nuestro país lo que en cualquier otro escenario supondría poco más que un delito de lesiones, haya terminado para estos jóvenes abertzales, en una acusación por terrorismo enmarcada en un proceso de paz en el País Vasco paralizado por la apatía estatal y durante el recrudecimiento de los juicios por enaltecimiento del terrorismo, que poco o nada tienen que ver con la realidad política o la pulsión social de Euskal Herria.

Una sociedad civil que en el pueblo de Alsasua, no ha dudado desde un primer momento y en contra de la polémica decisión de las autoridades españolas, en manifestarse para pedir la puesta en libertad de los jóvenes detenidos y el fin de lo que gran parte de los vecinos consideran continuos montajes policiales y judiciales. Lo que a día de hoy, para la Audiencia Nacional es considerado terrorismo, para los vecinos y vecinas de la localidad (Además de para 83 alcaldes de Euskadi y Navarra) no supone más que una pelea de bar fruto de lo que ellos describen como asfixiante presencia de la Guardia Civil en el pueblo.

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua, víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy, durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa

Pese a las masivas movilizaciones vecinales y a los propios informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, en los que niegan la existencia de un linchamiento organizado contra los dos guardias civiles agredidos junto a sus parejas en un bar de la localidad, la Audiencia Nacional en una actuación polémica, decidió finalmente hacerse cargo del proceso, basándose en los testimonios de los propios denunciantes como única prueba, todo, pese a las numerosas contradicciones de los mismos con la versión del resto de testigos.

En poco más de una semana desde su detención, los nueve jóvenes de entre 19 y 24 años, fueron procesados atribuyéndoles un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Una decisión fundada en la hipótesis de que los detenidos llevaron a cabo la agresión motivados por su conocimiento de la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, lo que enmarcaría los hechos en las “rutinas de hostigamiento” contra el instituto armado español protagonizadas por el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos. Una decisión judicial, que a todas luces puede llegar a suponer un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente, apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional, no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca, para normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el reciente cese de la actividad armada de ETA.

No en vano, aceptar que la pertenencia de los jóvenes detenidos en Alsasua a diferentes organizaciones independentistas, que pueden compartir o no, diversos objetivos con la organización terrorista ETA, supone motivo suficiente para su procesamiento por terrorismo tras una reyerta en un bar, abre una peligrosa vía legal en donde la afiliación de los acusados y no los hechos en sí, suponen el principal baremo para la posterior actuación de la justicia. La búsqueda de la independencia o la expulsión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Navarra y del País Vasco, figuran entre los objetivos perseguidos en su momento por la organización terroristas y hoy forman parte de las principales reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale. Precisamente, en asumir como legítimas las reivindicaciones de quienes sin el peso de las armas pueden defender tales postulados, hoy pasan gran parte de las esperanzas para la convivencia y el correcto desarrollo del proceso de paz en Euskadi. En ningún caso en una sociedad plenamente democrática, encabezar una campaña por reprobable y deshonrosa que pueda parecer esta a la Audiencia Nacional, puede suponer la posterior vinculación con una organización terrorista.

“Proporcionalidad, justicia y equidad” son las lógicas reivindicaciones de un pueblo y unas familias, que todavía hoy siguen gritando a viva voz que sus jóvenes no son terroristas. El circo mediático y político en un caso en donde en las propias palabras de las familias de los detenidos, los jóvenes de Alsasua “han sido utilizados de una manera ejemplarizante y no desde parámetros jurídicos” parece impedirnos lograr reflexionar acerca de lo absurdo e insultante de comparar una simple pelea de bar, con la realidad vivida por muchos ciudadanos durante la existencia de la amenaza de las armas en nuestro país.

Mantener la acusación de terrorismo y peticiones de prisión absolutamente desproporcionadas, que pueden llegar a superar los 10 años de prisión, supone un insulto a la inteligencia de un pueblo que ya ha pagado demasiado caro los desesperados intentos de quienes parecen querer prorrogar de manera artificial la lógica del discurso de las armas.

http://nuevarevolucion.es/alsasua-polvo-los-ojos/