A diferencia de otros ejecutivos autonómicos o estatales que emplean la figura del portavoz, en la Xunta de Galicia es el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el encargado de informar a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados en las reuniones semanales de su Gobierno. En esas comparecencias, al tiempo que incrementa la divulgación de informes propagandísticos sin validez administrativa real y que no requieren de aprobación por el Consello da Xunta, se siguen ocultando acuerdos efectivos de contenido económico.

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Desde 2013, en esas reuniones el Gobierno gallego ha autorizado por lo menos en 13 ocasiones recurrir a dinero del Fondo de Contingencia para cubrir gastos no previstos en sus presupuestos por importes que suman 280 millones de euros.

Sin embargo, ninguno de esos acuerdos fue incluido ni en las ruedas de prensa de Feijóo ni en los listados de asuntos aprobados que se envían posteriormente a los medios de comunicación. Frente a la ocultación de esos 13 acuerdos de contenido económico, en los listados de asuntos supuestamente tratados en esas mismas reuniones que la Xunta sí hizo públicos incluyó 44 informes propagandísticos sin validez administrativa alguna.

El Fondo de Contingencia es una partida de cuantía variable que la Xunta incluye todos los años en sus presupuestos para hacer frente a gastos imprevistos. En 2015 alcanzó su máximo de la última década, con 125 millones de euros de unos presupuestos totales que sumaban unos 8.500 millones. Para 2017, por el contrario, cae a su mínimo del mismo período, con 36 millones en unas cuentas que suman unos 9.000 millones.

El Gobierno gallego suele recurrir a ese Fondo de Contingencia para, con el ejercicio ya iniciado, asumir gastos incorrectamente presupuestados en otras áreas, fundamentalmente en las partidas destinadas a personal, en particular de los servicios sanitarios.

Este proceder viene siendo criticado por el Consello de Contas, el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas estatal, que considera que “lejos” de emplear ese fondo para “la atención de gastos imprevistos y no discrecionales”, como debería ser su función, el Gobierno gallego lo emplea para pagar “gasto corriente” que fue “objeto de una deficiente presupuestación, por escasamente realista”.

En 2013 el propio Gobierno gallego se obligó a sí mismo a comunicar al Parlamento con carácter trimestral sus decisiones de recurrir al Fondo de Contingencia, que deben ser aprobadas por el Consello da Xunta. Así se lo trasladó este a la Cámara en 13 ocasiones desde entonces que suman un total de 280 millones de euros sacados del Fondo de Contingencia en otras tantas reuniones del Gobierno gallego. Sin embargo, nada informó la Xunta a los medios de comunicación sobre esas decisiones tras esas reuniones.

Por el contrario, en esas mismas 13 reuniones en las que ocultó esas decisiones relativas al Fondo de Contingencia, el Gobierno gallego divulgó listados de asuntos supuestamente tratados en ellas que incluyeron un total de 44 informes propagandísticos sin validez administrativa real.

Frente a los proyectos de ley, decretos o acuerdos que aprueba el Consello de la Xunta, figuras legales con un trabajo jurídico previo y repercusión real en la vida del ciudadano, el Gobierno gallego también suele tratar los denominados “informes”, documentos sin validez legal que no tienen que ser aprobados formalmente por el Consello porque hacen referencia a competencias radicadas en otros órganos.

Esos informes propagandísticos pueden llegar a ser orales y son empleados por el presidente para orientar la agenda política e informativa poniendo de relieve algún tema sobre el que le interese pronunciarse personalmente. En la práctica, no son más que notas de prensa sobre asuntos favorables para el Gobierno, pero que muchos medios de comunicación suelen tratar como si fueran acuerdos efectivos del ejecutivo.

Como ejemplo, en el Consello de la Xunta celebrado el 10 de julio de 2014 el Gobierno gallego decidió destinar más de 42 millones de euros del Fondo de Contingencia a gastos de personal no presupuestados previamente. Nada dijo de ese acuerdo ni el presidente Feijóo en su comparecencia posterior a la reunión ni el departamento de comunicación en el listado de asuntos tratados. Por el contrario, ese día se divulgaron cinco informes propagandísticos, entre ellos uno que elogiaba la reducción de las listas de espera sanitarias, destacado por el propio presidente.

Ocultaciones reiteradas

Los acuerdos relativos al Fondo de Contingencia, que según el Consello de Contas evidencian una “deficiente presupuestación” y “escaso realismo” por parte de la Xunta, no son los únicos que el Gobierno gallego viene ocultando en los listados que divulga después de cada reunión semanal. En los últimos años se han ido desvelando a través de diversas informaciones periodísticas otros acuerdos polémicos silenciados por el Ejecutivo.

Así ocurrió con la decisión de desviar a otros gastos fondos destinados a ayudas para pagar la luz de familias necesitadas, medida adoptada en un Consello de la Xunta tres días antes de las pasadas elecciones autonómicas pero no divulgada a los medios. O con el perdón de una multa de tres millones de euros al exdiputado popular y promotor inmobiliario Telmo Martín, acuerdo que el Consello aprobó en su reunión de 24 de noviembre de 2011 pero que ocultó en el listado de asuntos que divulgó ese día y que no trascendería hasta que medio año después lo reveló El País.

El Gobierno gallego también omitió en el listado de asuntos divulgado sobre su reunión del 4 de agosto de 2011 la decisión de impulsar un luego frustrado macrogeriátrico privado con la recalificación de 173 hectáreas de bosque comunal en Guitiriz (Lugo). Igual que en el Consello del 8 de marzo de 2012 renunció a llevar a juicio a la empresa Brenntag por un vertido contaminante en el río Umia ocultando también su decisión en el listado de acuerdos divulgado. Con el mismo secreto de cara a los medios de comunicación la Xunta también ha regularizado en sus reuniones semanales viviendas y piscifactorías ilegales, incrementado tasas o modificado la estructura de entes públicos.

Según el Gobierno gallego, el hecho de que el propio ejecutivo se obligase a comunicar trimestralmente al Parlamento las decisiones de recurrir al Fondo de Contingencia supone que no tiene ningún afán de ocultarlas, y remite a los periodistas a la base de datos de la Cámara autonómica para conocerlas. El Ejecutivo también admite que no divulga todas las decisiones que toma el Consello de la Xunta y argumenta que no suele hacerlo cuando afectan a particulares, aunque esos casos abriesen debates públicos como los citados en los que han participado con sus declaraciones miembros del Gobierno gallego.