Se supone que en medio de esa polémica, Aurelius compró esos títulos a precio de mercado unos días después de haber anunciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que el crecimiento del PBI no alcanzaba para liquidar esa rentabilidad. En esas jornadas los cupones sufrieron caídas récord que llegaron al 50%, en medio de la polémica de aquellos años por las manipulaciones del INDEC. Para el mercado argentino, hubo una manipulación de los datos a propósito para perjudicar a los tenedores del cupón. Sabía Aurelius que en esa polémica existía la posibilidad de una demanda, y comenzó a adquirir esos bonos. Esperó luego al cambio de gobierno, y comenzó una nueva causa en los tribunales de Preska. Hoy Argentina deberá explicar porqué la medición del INDEC era la adecuada; un argumento que el gobierno de Mauricio Macri siempre negó. Se supone incluso que algunas de las declaraciones del macrismo serán utilizadas por los abogados de Aurelius como argumentos para fortalecer su postura. Otra alternativa es que los defensores renuncien a la pelea y reconozcan que en el 2013 se manipuló la cifra de crecimiento; algo poco recomendable ya que esa posición podría generar una catarata de denuncias del resto de los tenedores de esa deuda. El temor, si Preska le da la razón a Aurelius, es que comience una ola colectiva de demandas contra el país, por la manera en que se modificó el cálculo de liquidación del cupón a partir de la alteración de la manera de medir el crecimiento de la economía en 2013.

Según el especialista Sebastián Maril, será interesante “ver como el Gobierno para evitar el pago del reclamo de Aurelius, defiende el manejo del INDEC”.

Aurelius ya hizo un gran negocio con la Argentina. Era uno de los fondos buitre más intransigentes, que ganó el Juicio del Siglo en los tribunales de Thomas Griesa. Se calcula que obtuvo una ganancia de más de 1.100% en dólares, por haber litigado contra el país. En aquel caso, por bonos anteriores al default. Ahora, va por más.