La deserción de Márquez también daña en lo político el proceso de paz. El acuerdo de 2016 tiene enemigos poderosos, incluyendo a buena parte del partido político de centroderecha del presidente Iván Duque. La existencia de un nuevo grupo disidente da motivos a aquellos dispuestos a financiar ofensivas militares en lugar del desarrollo rural y otros compromisos del acuerdo.

También hay una dimensión internacional inquietante. Márquez dice en su video que este se grabó en la región del río Inírida, en la frontera con Venezuela. Las guerrillas disidentes podrían pasar bastante tiempo en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha tolerado a los grupos de izquierda de Colombia, e incluso se podría haber aliado con ellos. Esto aumenta las posibilidades de que haya un conflicto regionalizado a una escala alarmante.

Es sorprendente que a líderes de los más altos niveles de las Farc les haya tomado tanto tiempo desertar, dada la lentitud con la que el gobierno de Colombia ha cumplido parcialmente con los compromisos derivados del acuerdo de paz. Muchas de las promesas más importantes del gobierno que se mencionan en el acuerdo aún necesitan legislarse. E, incluso, el 57 por ciento de las leyes necesarias para que el acuerdo se ponga en marcha están estancadas en el Congreso de Colombia, si es que acaso se presentaron.

Los esfuerzos para reintegrar a los combatientes de las Farc en la sociedad y la economía se han retrasado de manera crónica. Hoy, aunque todos reciben un subsidio mensual, solo cuatro mil de los doce mil guerrilleros desmovilizados han encontrado trabajo o han recibido la ayuda prometida para emprender proyectos agrícolas o pequeños negocios. Las agencias creadas para determinar las disposiciones rurales del acuerdo sufrirán un enorme recorte presupuestal en 2020.

El gobierno no ha podido contener la terrorífica ola de amenazas, ataques y asesinatos de líderes de distintos grupos sociales. Por todo el país, asociaciones de agricultores, víctimas, participantes del programa de sustitución de hoja de coca, juntas consultivas comunitarias, comunidades afrocolombianas y reservas indígenas viven aterrorizados. En un momento en el cual la democracia local debería estar floreciendo, un líder comunitario es asesinado cada dos días y medio. Los miembros de las Farc desmovilizados también han sido víctimas de ataques y asesinatos. El número de víctimas ahora se encuentra entre 126 y 132.

Los excombatientes también necesitan certidumbre sobre su futuro jurídico. Duque y su partido emiten ataques verbales y legislativos frecuentes al sistema de justicia posterior al conflicto (por ejemplo, contra los tribunales, cuya estructura tardó diecinueve meses en negociarse, pues emiten sentencias poco severas para aquellos que confiesan los delitos de guerra cometidos). Esto ha aumentado la incertidumbre entre los miembros de las Farc y alimenta las advertencias de los extremistas como Márquez de que el gobierno de Duque se dedica a buscar excusas para meterlos a prisión o extraditarlos.

El proceso de paz no está muerto, pero Colombia necesitará cambios para evitar unirse a la lista de países que recaen en la guerra cinco años después de haber celebrado la paz. El gobierno debe demostrar que el discurso de las facciones extremistas de las Farc se equivoca.