El 28 de septiembre de un año negro, 1994, el secretario general del PRI y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, fue asesinado por un grupo de sicarios a las puertas del hotel Casablanca, en la ciudad de México. En el abultado expediente que se armó desde el día de su asesinato aparecen los nombres de los asesinos, la cantidad por la que fueron contratados, el tipo de armas que utilizaron, la red de complicidades tejida alrededor del hombre que organizó el homicidio, el diputado Manuel Muñoz Rocha. Lo que ese expediente sigue sin contar, 20 años después del crimen, es el nombre de la persona que lo imaginó, lo financió, lo ordenó. En este relato, fascinante y desconcertante, Carlos Puig viaja al pasado para reconstruir uno de los casos más enigmáticos en la historia judicial de México.

A 20 años de distancia parece un chiste, o una pesadilla, o una novela. No lo fue.

En marzo de 1995 la Procuraduría General de la República presentó ante un juez un documento oficial, un pliego de consignación en el que afirmaba tener pruebas suficientes que en algún momento del mes de marzo del año 1993 se habían reunido los hermanos Carlos, Raúl y Adriana Salinas de Gortari con su padre Raúl Salinas Lozano y habían decidido que era necesario “eliminar físicamente” a José Francisco Ruiz Massieu. Matarlo.

En marzo de aquel año Carlos Salinas era el presidente de México que planeaba el asesinato de quien había sido su cuñado, padre de sus sobrinas y seguramente próximo presidente del Congreso.

El Ministerio Público federal le dijo al juez que el móvil era que Ruiz Massieu “estorbaba el proyecto salinista”.

Decía más el “representante social”: sostenía que el dinero para financiar el asesinato de Ruiz Massieu era entregado al organizador del atentado, el diputado Manuel Muñoz Rocha, por Justo Ceja en bolsas de dinero. Esos intercambios se hacían en casa de Raúl Salinas de Gortari. Justo Ceja era el secretario privado del presidente de México, Carlos Salinas.

Más aún: unos meses después, a partir de nuevas investigaciones, la Procuraduría General de la República le dijo al juez que Raúl Salinas de Gortari había asesinado y enterrado clandestinamente a Muñoz Rocha con la ayuda de elementos del Ejército mexicano y el ex presidente había premiado a esos militares por su ayuda en el delito.

Esta historia, vale la pena recordarlo, no la inventó un periódico, ni un partido político de oposición, ni un periodista con fuentes privilegiadas. Ésa fue la teoría oficial, la única teoría que contempló con seriedad el Estado mexicano alrededor del asesinato de quien estaba a ocho semanas de ser líder de la mayoría en la Cámara de Diputados y uno de los hombres más poderosos del país.

Poco a poco la teoría del gobierno mexicano se fue haciendo pedazos. Sin evidencias más allá de los frágiles testimonios de algunos involucrados, con montajes tan grotescos como aquel que involucró a una vidente y la profanación de la tumba de su suegro para hacerlo pasar por Muñoz Rocha, nada quedó de lo que el gobierno mexicano quiso probar.

El fracaso le costó el trabajo a la plana mayor de la Procuraduría y el desprestigio al gobierno. Desvanecida esa teoría no quedó nada. Literalmente.

Sabemos con claridad quiénes fueron los sicarios que organizaron el asesinato, sabemos del dinero que se les pagó, sabemos qué armas usaron. Y sabemos que a todos los había convocado un burócrata de segundo nivel de nombre Fernando Rodríguez González.

También sabemos que a Rodríguez lo había contratado y pagado para organizar ese asesinato el diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, quien desapareció de la faz de la tierra unos días después del asesinato.

Hay dos posibilidades: o Muñoz Rocha fue asesinado por quien o quienes le encargaron eliminar a Ruiz Massieu; o ha logrado vivir escondido durante 20 años lejos del alcance de la justicia.

Como sea, hoy no sabemos por qué y quién ordenó el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Y quien lo hizo se ríe de nosotros desde algún lugar que no es la cárcel.

Fue un homicidio que se convirtió en una aplanadora: en los años siguientes provocó una segunda tragedia en la familia Ruiz Massieu: el encarcelamiento y muerte de Mario, la mancha en la reputación de José Francisco por millones de dólares guardados en un banco texano; la huelga de hambre de un ex presidente, la revelación de millones en Suiza guardados en cuentas de su hermano con nombres falsos, el desprestigio de una casa presidencial metida en un asesinato y al final la vergüenza de una Procuraduría —y la chamba y reputación de un procurador— que tuvo que aceptar que se había equivocado en todo.

El crimen que dio la puntilla al sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que culminó un ciclo de violencia cuyas consecuencias aún vivimos fue, para quien lo imaginó, financió y ordenó, el crimen perfecto.

“José Francisco Ruiz Massieu estaba destinado a ser un hombre fundamental en el sexenio de Ernesto Zedillo”, me dijo hace poco un miembro del gabinete, priista de hace muchos años. “Por buenas o por malas razones”, agregó.

Ruiz Massieu no era de aquellos que pasaba desapercibido.

Hijo del doctor Armando Ruiz Quintanilla y de la escritora María del Refugio Massieu Helguera, José Francisco nació en Acapulco el 22 de julio de 1946. Como todo el que en ese entonces aspiraba a ser político estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después obtuvo una especialidad en ciencias políticas, en la University of Essex, de Inglaterra. Se afilió al PRI desde 1967. Había sido secretario particular del subdirector general jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social; ocupó diversos cargos en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; secretario general de Gobierno de Guerrero, y subsecretario de Planeación en la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, de 1983 a 1986, cuando fue destapado para la gubernatura de su estado natal.

Tenía 24 años de edad cuando ya casado con Adriana Margarita Salinas de Gortari, hermana de quien fuera presidente de México, constituyó la asociación civil Política y Profesión Revolucionaria, el 26 de marzo de 1971, con Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya y Manuel Camacho Solís.

Con Adriana Salinas tuvo dos hijas: Daniela, académica del ITAM, y Claudia, hoy secretaria de Turismo. Ruiz Massieu se casó en segundas nupcias con Fernanda Riveroll Sánchez.

Amante de los libros, los coleccionaba, los leía y los regalaba. Escribió algunos: Régimen jurídico de las empresas multinacionales en América Latina (1974); Nueva administración pública federal (1977); Empresa pública (1980); Estudios jurídicos sobre la administración pública (1981); Estudios de derecho político de estados y municipios (1986), e Ideas a tiempo (1990).

Le gustaba usar el adjetivo “dinosaurios” para sus compañeros de partido y si no lo inventó fue un usuario frecuente del término liberalismo social para eso que se había construido en el sexenio de su amigo y ex cuñado.

Decía Carlos Castillo Peraza, quien fuera su amigo, que Ruiz Massieu aunque era un hombre del sistema, “comprendió que éste debía cambiar. Por su propia experiencia y su sentido de la realidad mexicana, no veía posible que este cambio fuera súbito sino que tenía que ser meditado, organizado, programado y ejecutado con sus plazos y sus ritmos”. Castillo Peraza le dijo hace 20 años a Proceso que estaba seguro que Ruiz Massieu “quería modernizar al PRI. Quería su separación del Estado y el gobierno; quería que fuera un partido político más que compitiera en condiciones equitativas. Señalaba que esto no podía darse de inmediato, pero que a esto había que tender, y eso habría que propiciar e impulsar. Él era un hombre estudioso de las transiciones políticas, incluso había escrito textos sobre estos tópicos. Hay un trabajo suyo en que analiza y compara las transiciones española y chilena para ver cuáles son los caminos posibles de la transición mexicana”.

El grupo de sicarios que mató a Ruiz Massieu lo había intentado dos veces antes. Primero una mañana en el University Club al final de un desayuno al que el guerrerense nunca llegó, y después, una tarde frente al hotel Casablanca pero Ruiz Massieu salió caminando rodeado de colaboradores y policías.

La oportunidad llegaría la mañana del 28 de septiembre.

El líder de la operación era Fernando Rodríguez González, secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados al que su compadre, el diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, había pagado un millón de nuevos pesos. Fernando había reclutado a su hermano, Jorge, quien a su vez había contratado a Daniel Aguilar Treviño y Carlos Cantú Narváez, tamaulipecos cuidadores de caballos en el rancho El Corralillo, propiedad de Abraham Rubio Canales a quien Ruiz Massieu metiera a la cárcel en Guerrero por un fraude de más de siete millones de dólares.

En el complot también estuvieron la pareja de Fernando, María Eugenia Ramírez Arauz, sus hermanos Roberto Ángel y Jesús, y su cuñado Anthony Dorrego quien por cierto trabajaba en CEPROPIE. Todos se reunieron en casa de Fernando y María Eugenia, y la última noche Aguilar y Narváez durmieron en el hotel Puebla, de la colonia Roma. Jorge compró las armas, también en Tamaulipas. Una subametralladora, un AK-47 y una escuadra.

Todos coinciden en que fue hasta la noche del 27 cuando una llamada de Muñoz Rocha a Fernando les indicó que la mañana siguiente estaría Ruiz Massieu en un desayuno con la FNOC.

El periodista Ramón Márquez reconstruyó el crimen en una joya del periodismo policiaco.

De él son los siguientes párrafos.

28 de septiembre

9:15 horas.

Camina de prisa Ruiz Massieu hacia su cita con la muerte.

A tranco veloz le acompaña un pequeño grupo: Mariano Palacios, Natividad González Parás y Alfredo Morales. En el elevador se topan con un agitado Heriberto Galindo, a quien Ruiz Massieu y Palacios hacen víctima de la broma: “¡Llegaste tarde!… Te estuvimos esperando porque hay cosas importantes que platicar… Como no llegaste, tuvimos que nombrar coordinadora a Rosario Guerra”. Ofrece disculpas Galindo y, como González Parás, pide a Ruiz Massieu unos momentos para conversar. Dice el líder al segundo: “Tengo prisa. Voy al IFE. Ve como a las 12 y allí hablamos”. Y a Heriberto: “Vente conmigo en el coche”.

En el amplio vestíbulo de la FNOC, de enormes mosaicos de mármol color crema, se producen los encuentros casuales, las charlas al paso, los apretones de mano. Se forman numerosos grupúsculos. Por fin dice Ruiz Massieu a Mariano Palacios: “Ya, ya aquí nos despedimos. Regresa a atender a tus demás invitados”.

Se abrazan afectuosamente en el adiós…

Ruiz Massieu no deja de hablar, de dar indicaciones mientras camina con los futuros diputados Carlos Reta, Ana María Licona y Roberto Ortega Lomelí —subsecretario del CEN del partido—, a quien pide le acompañe en su auto, con Heriberto Galindo.

Cruza la calle el secretario priista. No puede darse cuenta de que, frente al edificio del FNOC, un sujeto vestido con jeans y tenis hace una discreta seña a otro que viste en forma similar a la suya, quien finge leer el periódico y que asiente con ligero movimiento de cabeza; “es él”, se dicen con la mirada. En breves instantes, el segundo de ellos ingresará a la historia nacional como un magnicida. Ruiz Massieu decide conducir su automóvil y ordena al chofer Juan Cabrera: “Maneja el coche de Roberto”. Pasa por la parte trasera del Buick Century plateado, abre la portezuela del conductor y se quita el saco. Está de espaldas al hombre que le quitará la vida. Antes de subir al automóvil, indica a Heriberto que ocupe el asiento del copiloto. Ortega Lomelí viajará en la parte trasera.

La secretaria Isabel Plancarte observa que en el boleto del estacionamiento donde dejó su vehículo, el reloj checador inscribe: 9:28. Sale del estacionamiento y camina por la calle de Lafragua.

Todo sucede entonces vertiginosamente…

Ruiz Massieu coloca en drive la transmisión automática y hace girar hacia la derecha el volante. Acelera ligeramente para que se aproximen los autos de Ortega Lomelí y de su cuerpo de seguridad. Tiempo suficiente para que el cazador furtivo abandone su escondite. Aguilar Treviño atraviesa el camellón, arroja al piso el Ovaciones y apunta la subametralladora Intratec a la cabeza de Ruiz Massieu, a la cabeza del hombre que hace de su seguridad una doctrina que lo lleva hasta la prepotencia. Dicen que después de Ernesto Zedillo es el hombre más protegido del partido en el poder. Ahora está aquí, paradójicamente rodeado de agentes e indefenso ante la muerte. Las ventanas están cerradas, pero Aguilar Treviño sabe que el auto no es blindado, que la bala no rebotará hacia él, y por eso dispara…

Se escucha el sonido seco, estridente.

La bala es expansiva, de punta de plomo. Su efecto comienza en el primer impacto, que es contra el cristal: abre un boquete y va directo contra la parte izquierda del cuello del político. El disparo produce gases que impiden una nueva detonación, pero la herida es mortal. Brota la sangre a borbotones y alcanza los discos compactos de Lucha Villa, Rocío Dúrcal y Marco Antonio Muñiz, que están en el asiento trasero. El cuerpo de Ruiz Massieu se inclina hacia su derecha; Heriberto Galindo y Ortega Lomelí observan, aterrorizados aún, la sorpresa en la expresión de Aguilar Treviño. La trampa se ha cerrado también para él: no podrá hacer más disparos a pesar de que desesperadamente tira del gatillo, porque su arma está trabada. Entonces decide huir y corre hacia Reforma… Comienza una nueva cacería. Detrás del sicario corren los agentes pistola en mano; gritan, exigen que alguien detenga al criminal.

La secretaria Isabel Plancarte avanza hacia su oficina, y a sus pies cae el arma que escapa de las manos del homicida, en cuyo rostro ve el terror; amenazan con explotar las venas en su cuello.

El Buick Century, en cuyo interior agoniza un hombre, se desplaza lentamente en diagonal hasta estrellarse contra un taxi turístico. Hacia él corre todo mundo. Aguilar Treviño es detenido por el policía bancario José Rodríguez Moreno, quien lo encañona con un rifle M-1 frente a la sucursal de Banca Cremi en Reforma y Lafragua. Dos paramédicos dan respiración de boca a boca a Ruiz Massieu y la doctora y futura legisladora Ana María Licona le desabotona el cuello de la camisa, le afloja la corbata color vino con motitas blancas y le golpea el corazón…

Todo es inútil. Si bien puede decirse que Ruiz Massieu vive, neurológicamente puede decirse que ha muerto. Las probabilidades de sobrevivencia son del uno por ciento. La hemorragia tiñe de rojo la blanca camisa; no hay signos vitales, el pulso se desvanece… Se extingue la vida de este hombre que tiene los ojos abiertos. Si la bala que penetró en su cuerpo hubiese sido normal, habría atravesado el cuello y penetrado en el pulmón, pero tal vez no estaría en peligro su vida. Ésta lo mató al instante. En su trayectoria por el cuello, la bala expansiva seccionó arterias y venas vitales en el organismo: rompió la carótida, la yugular y la subclavia, lo que produjo una intensa hemorragia… Después lastimó la arteria aorta y la vena cava. A cada latido del corazón fueron vertidas importantes cantidades de sangre al tórax, impidiendo la función de pulmones y bronquios. Por eso la respiración era cada vez más difícil y se sucedían los estertores en aquel cuerpo exánime; estertores: reflejos de broncoaspiración —respiración con sangre en los bronquios—, mientras el corazón late a toda velocidad, bombea más sangre y hace imposible lo poco posible… La falta de oxígeno causó el inmediato desvanecimiento de Ruiz Massieu. La muerte llegó sin que él se diera cuenta. Pelearon su organismo y los cuerpos médicos una pelea perdida desde el primer instante…

¿Cómo te llamas? Le preguntaron en la Procuraduría a Aguilar Treviño. Héctor Reséndiz, dijo primero. José Ortega dijo minutos después.

Daniel Aguilar dijo por fin.

Entregó rápido los nombres de todos sus cómplices y dijo, como le habían instruido, que el crimen lo había ordenado Abraham Rubio Canales.

¿Quién le había pagado? Fernando Rodríguez González.

Fernando Rodríguez González llegó a la prisión de Almoloya el 10 de octubre de 1994 de donde no ha salido más que para ser trasladado al Reclusorio Sur donde ahora vive. Le quedan 17 años siete meses de la pena de 37 años seis meses que le impusiera en segunda instancia el Cuarto Tribunal del Primer Circuito. En 2004 la Suprema Corte de Justicia desechó su último recurso de revisión. Si cumpliera toda su pena saldría de la cárcel con 84 años de edad.

Cometido el asesinato, esa misma noche Rodríguez se encontró con Manuel Muñoz Rocha en el parque Tlacoquemécatl, de la colonia Del Valle. El diputado le dijo que se fuera a Francia y le dio 250 mil nuevos pesos en efectivo para que terminara de cumplir compromisos pendientes del operativo. Esa misma noche recogió a su hijo y a la madre de su hijo y salió con la intención de llegar a Tampico, pero según él “se equivocó de carril en la caseta” y terminó en la carretera a Toluca y de ahí no paró hasta Morelia. Durmieron en un motel de la carretera y al día siguiente en la mañana se fue de banco en banco depositando el dinero a sus cómplices.

El viernes 29 salieron a Guadalajara y el 30 al municipio de Teul de González Ortega, en Zacatecas, donde su suegro tenía un rancho y donde fue detenido el 10 de octubre.

La primera sorpresa para la Procuraduría fue cuando Rodríguez González dijo que Manuel Muñoz Rocha le había encomendado matar a Ruiz Massieu desde diciembre de 1993 y que él había contratado a otro de sus hermanos, Marco Antonio, quien a su vez había involucrado a Claudia Carola Santos Cruz a quien Fernando le había entregado medio millón de nuevos pesos y nunca la volvió a ver.

La segunda sorpresa debe haber sido la primera versión de Rodríguez del móvil del crimen. Esto dice el expediente que le dijo al agente del Ministerio Público Jorge Frías:

“Que Manuel Muñoz Rocha junto con algunos diputados federales tiene como fin salvar la respetabilidad de la Cámara de Diputados y rescatar los puestos de dirección del país para aquellos que han sido desplazados, sin reparar en los medios que tenga que utilizar para obtenerlo, y que el declarante no sabe los nombres de los demás integrantes. Que existe también un grupo político del que también forma parte Muñoz Rocha que es encabezado por el senador de la República Enrique Cárdenas González y otros políticos afines que tiene el mismo objeto que el de diputados. Que el de la voz sabe que Abraham Rubio Canales llevaba una relación muy estrecha con Manuel Muñoz Rocha, que incluso se encuentra detenido por un fraude cometido en el sexenio de José Francisco Ruiz Massieu cuando éste era gobernador y que Manuel Muñoz Rocha le confirmó al declarante que Abraham Rubio Canales también participó en la preparación del atentado para matar a José Francisco Ruiz Massieu y que lo estaba apoyando en forma directa ya que Muñoz Rocha recibió de Rubio Canales el millón de nuevos pesos para sufragar el operativo. El emitente sabe que su hermano es compadre de uno de los Valladares del Ángel y que sabe que Raúl Valladares del Ángel, lugarteniente de Juan García Ábrego es compadre de Abraham Rubio Canales”.

Según el expediente, en esa primera declaración Rodríguez González también dice que en la lista para matar seguían Fernando Ortiz Arana, el gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma y la diputada Laura Alicia Garza Galindo. Y por supuesto, Claudia Santos, aquella que se había robado el dinero sin matar a Ruiz Massieu.

La audiencia concluye no sin antes atender la petición del declarante que por favor busquen en el rancho de Zacatecas una lata de leche donde escondió 150 mil nuevos pesos.

Justicia a la mexicana, en dos párrafos y el primer día el crimen se ha resuelto. Hay intriga, un grupo secreto, intereses políticos, algo de narco y una revancha personal.

Ésa, la del 11 de octubre, que según el expediente relató Fernando Rodríguez González a horas de ser detenido, fue la versión oficial del Estado mexicano hasta el final del salinismo.

Fue ésa la narrativa que hasta el último día de su gestión, y de su vida, defendió el primer encargado de investigar quién mató a José Francisco Ruiz Massieu: su hermano Mario.

Cuatro años menor que José Francisco, abogado también, Mario Ruiz Massieu llegó a la política desde la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día que asesinaron a su hermano era subprocurador general de la República y el presidente Salinas no dudó en nombrarlo fiscal especial para el caso.

La teoría de Mario fue la del asesino Rodríguez. El 23 de noviembre de 1994, a menos de dos meses de haber comenzado la investigación y sin más resultados que los que se tuvieron después de los arrestos inmediatos al crimen, decidió renunciar.

No sólo renunciar, sino hacerlo frente a los medios con un discurso que haría historia. Después de agradecer al PAN y al PRD su apoyo, acusó al PRI de obstaculizarlo y dijo que tenía pruebas suficientes para que se consignara “por diferentes delitos” a Ignacio Pichardo Pagaza, presidente del PRI, a María de los Ángeles Moreno y a Humberto Benítez Treviño, procurador general de la República, quien hasta ese día era su jefe.

“El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu —dijo Mario entre aplausos de sus colaboradores— a uno le quitó la vida y a otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado”.

Ese día Mario no imaginaba que tres meses más tarde estaría huyendo de la justicia mexicana por haber, supuestamente, protegido durante su investigación al verdadero autor intelectual del asesinato de su hermano y que después de su arresto se le descubrían cuentas en Estados Unidos por más de nueve millones de dólares, que él dijo eran de su hermano asesinado.

El que había denunciado por encubrimiento, muy pronto habría de ser perseguido por encubridor.

Una noche de diciembre de 1994 me llamó Juan Ignacio Zavala, recién nombrado director de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República. Su jefe, el panista Antonio Lozano, quería conocer al mío, Julio Scherer.

En esos días, al final de una larguísima cena en el San Ángel Inn, con muchos güisquis encima, ante la insistencia de Scherer sobre qué había encontrado en la PGR, Lozano dijo: “No sabe don Julio la porquería que hemos encontrado en el caso Ruiz Massieu. No sabe. Inimaginable don Julio, inimaginable. Esto será enorme”.

—Cuéntemelo don Antonio, cuéntemelo —pidió una y otra y otra vez el periodista haciendo uso de todas las armas del periodista.

—Una cosa le prometo —dijo el joven procurador—. Ustedes en Proceso lo sabrán antes que nadie.

El último día de febrero de 1995 Zavala me citó en su oficina para lo que pensé sería una reunión de rutina. Cuando me senté frente a él me dijo: no te vas a ir de aquí en una rato y me dio un papel: estamos a punto de detener a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato de Ruiz Massieu, cuando lo hayamos hecho te vas a la revista. Así cumplía Lozano su palabra con don Julio.

Esa tarde salí de la Procuraduría con un documento que conservo: una nueva declaración de Fernando Rodríguez González. Ésta tiene fecha del 15 de febrero de 1995.

Dijo Rodríguez que en marzo de 1993 “se efectuó un acto partidista precisamente en el auditorio que se encuentra en el edificio sede y es exactamente ahí cuando pudo claramente observar el acercamiento entre Manuel Muñoz Rocha y el que responde al nombre de Raúl Salinas de Gortari, persona a la que por dicho de Manuel Muñoz Rocha, conservaba una estrecha amistad desde sus tiempos de estudiante de ingeniería de la UNAM, generación 1965-69. Que estando fuera de ese auditorio el declarante pudo percatarse que Manuel abordó el vehículo propiedad de Raúl Salinas, siendo éste un Ford Marquis Grand guayín color vino, sin recordar el número de placas, que recibió la instrucción de Muñoz Rocha en el sentido de que los siguiera a una distancia prudente en virtud de que Raúl deseaba platicar a solas con Muñoz Rocha. Motivo por el cual el tripulante obedece la instrucción y circulan por avenida Reforma y fue precisamente en esta avenida a la altura de la esquina con Palmas que Manuel Muñoz Rocha se despide de Raúl Salinas y aborda el vehículo tripulado por el emitente comentándole Manuel que Raúl se encontraba visiblemente enojado, que incluso nunca lo había observado con tal actitud, que del enojo visible a Raúl le temblaba la mandíbula comentándole a Manuel que habían tenido una reunión de familia, detallándole que en esa reunión se encontraron presentes Raúl Salinas Lozano, Carlos Salinas de Gortari, Adriana Salinas de Gortari y el propio Raúl Salinas de Gortari; que la reunión versó sobre personas que posiblemente afectarían lo que ellos denominaban el proyecto salinista y que había la necesidad de eliminarlos y expresó a Muñoz Rocha la necesidad de contar con su participación leal a lo que Manuel contestó que sí participaría sin que en ese momento se le indicara cuál sería su participación o el nombre de las personas que había que eliminar”.

¿Por qué este hombre había omitido —al menos en las versiones oficiales— este relato en octubre del año pasado? Él mismo lo cuenta en una actuación del 15 de marzo de 1995.

“Es obvio que el olmo no da peras, el patético Mario Ruiz Massieu no podía contar con sus subordinados con gente más cuerda o menos enferma que él. Quiero precisar que fue a mi solicitud después que encontré una opción de ser escuchado sobre la verdad de los hechos en la persona de Pablo Chapa Bezanilla, que le llamé para conversar con él y comprobar primero mi hipótesis de que era un hombre honesto y con sentido de la responsabilidad del servicio público. Una vez que tuve la sensación y la impresión que sería escuchado y que se respetaría mi vida y la de mis hijos, que fue el 15 de febrero de presente año, nos reunimos aquí en Almoloya para contarle mi versión de los hechos”.

A Rodríguez González se le olvidó contar que dos días después de su declaración a Chapa Bezanilla, su hija había recibido 500 mil dólares de la Procuraduría General de la República como pago por su colaboración.

Por cierto, en su declaración de febrero, Rodríguez dice que es hasta agosto que Muñoz Rocha lo cita para decirle que acababa de ver a Raúl y que había llegado “la hora de la verdad” y que la familia Salinas había decidido eliminar a José Francisco Ruiz Massieu y ahora se lo encomendaba a Muñoz Rocha y éste a Fernando Rodríguez González. En esa declaración Rodríguez González vuelve a mencionar a Abraham Rubio Canales, pero ahora como la persona a la que Raúl y Muñoz Rocha le han ordenado implicar en caso de ser atrapado, para despistar a la autoridad.

Rubio Canales, quien ya había sido indiciado, fue exonerado por la Fiscalía en esos mismos días. No podía presentar ante un juez a dos autores intelectuales.

La declaración de Fernando y muy poco más —un par de registros de llamadas telefónicas e identificaciones de los coches que usaban los presuntos culpables— fue lo que la Procuraduría General de la República le presentó a un juez que determinó culpable a Raúl Salinas y lo sentenció a 50 años de prisión.

Nunca, por cierto, se formularon cargos contra Carlos o Adriana Salinas de Gortari o su padre Raúl Salinas Lozano; aunque en la teoría del gobierno eran tan autores intelectuales como Raúl.

El mismo día que se arrestó a Raúl en casa de su hermana Adriana, la Procuraduría dio por cerrada su investigación: “Los elementos con que cuenta la Procuraduría General de la República documentan la probable responsabilidad de Raúl Salinas de Gortari como el co-autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a menos que hubiese evidencias probadas como las que hoy fundamentan la consignación y orden de aprehensión, el caso se consideraría agotado por lo que se refiere a los autores intelectuales”.

Horas después del arresto y consignación de Raúl, su hermano Carlos anunció una huelga de hambre. Hay una fotografía del 2 marzo de 1995 que simboliza al país en ese momento. Ahí está el que hace unos meses presumía de haber llevado a México a la modernidad, elogiado hasta el cansancio en el extranjero, sentado en una cama de una pequeña casa en un barrio pobre de Monterrey. Trae pantalón de mezclilla, botas y una chamarra de piel con abundante borrega en el cuello mirando a la cámara. Pide que se le exonere formalmente de haber obstaculizado las investigaciones en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio y que se diga, públicamente, que su administración no fue culpable de la crisis económica que tiene al país en caída libre. Formalmente no dice nada de Raúl, pero todo mundo sabe que también tiene que ver con Raúl. La PGR cumple la primera condición. Nada de la segunda. Salinas levantó la huelga y se fue del país.

En noviembre de ese mismo año la tercera esposa de Raúl, Paulina Castañón, fue detenida en Suiza cuando intentaba retirar dinero de cuentas a nombre de su esposo que acumulaban más de 120 millones de dólares. En los meses siguientes se hicieron públicas cuentas mexicanas aún más abultadas, más de 40 propiedades entre casas, ranchos, departamentos; todo controlado con prestanombres e identidades falsas. Un año después de su arresto por homicidio, se le consignó por enriquecimiento ilícito. En Suiza lo acusaron por lavado de dinero.

La PGR, para no variar, fue perdiendo uno a uno en la Corte sus casos contra Raúl —apenas en 2013 un juez ordenó la devolución de la mayoría de sus propiedades— pero los Salinas nunca han explicado de dónde había salido tanto dinero. Lo más cercano es apenas una insinuación de Raúl en una llamada telefónica con su hermana Adriana desde prisión, filtrada al noticiario de Joaquin López Dóriga, en donde amenaza con “decir la verdad” e involucrar públicamente a su hermano Carlos, el ex presidente, con el dinero, los prestanombres y los pasaportes falsos.

La metódica exhibición de la inexplicable riqueza y probable corrupción de Raúl Salinas, sin embargo, no incluyó nada más que pudiera apuntalar la versión que Raúl había ordenado, a nombre de su familia, matar a quien fuera su cuñado. Apenas la declaración de un burócrata de segundo nivel de nombre Fernando Rodríguez que nunca pudo contestar el mayor misterio del asesinato: ¿Dónde estaba Manuel Muñoz Rocha?

Dos años después del asesinato, en octubre de 1996, la Procuraduría General de la República convocó a la prensa nacional e internacional a Cuajimalpa, a una finca de 16 mil metros cuadrados de nombre El Encanto. Ahí, en medio de tierra removida, excavadoras y una decena de peritos y miembros de la PGR, Pablo Chapa anunció que habían encontrado una osamenta que según información recabada por la Fiscalía era de quien en vida llevaba el nombre de Manuel Muñoz Rocha, pieza clave en el grupo que organizó y ejecutó el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

En El Encanto tenía algunos caballos Raúl Salinas.

A la distancia, el relato de lo que llevó a la Procuraduría a la osamenta de El Encanto parece de locos. En su momento fue contado con absoluta seriedad como una tragedia macabra que colmó nuestras primeras planas.

Un informante anónimo —después se sabría que se trataba de un tal Ramiro Aguilar Lucero— había hecho llegar a la señora Francisca Zetina, La Paca, de profesión “médium” y amiga de una de las amantes de Raúl, una narración de cómo había sido testigo de que el 30 de septiembre de 1994, dos días después del asesinato de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari había matado a batazos a Manuel Muñoz Rocha en una casa de Paseo de la Reforma en Las Lomas. Es más, Aguilar Lucero le había hecho un croquis a la “médium” para poder llegar a donde después del asesinato, Raúl y sus cómplices, habían llevado a enterrar el cuerpo.

Hasta Pablo Chapa Bezanilla supo que el cuento parecía tan inverosímil que tuvo que apuntalarlo con un testimonio de otra calidad: un teniente coronel del Estado Mayor Presidencial y miembro del cuerpo de seguridad del hermano de ex presidente.

El teniente coronel Chávez Ramírez confesó el 14 de octubre de 1996 que, por instrucciones de Raúl, cubriéndose las manos con unos calcetines, condujo el Jetta en que se vio por última vez a Muñoz Rocha, para dejarlo abandonado en la calle de Palo Santo, a unas cuantas cuadras del deportivo del Estado Mayor. También declaró que Justo Ceja, secretario particular del presidente de la República, había estado involucrado en la desaparición de las huellas del asesinato y entierro de Muñoz Rocha.

El 22 de octubre la PGR ejercitó acción penal contra Chávez Ramírez, bajo el cargo de encubrimiento de homicidio, pero el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal se declaró incompetente y trasladó el caso al fuero militar. El día 25, en la Procuraduría General de Justicia Militar, Chávez Ramírez ratificó su declaración del 14 ante el Ministerio Público federal. Al momento de ser aprehendido por encubrimiento —cuya pena va de tres meses a tres años de cárcel y multa de 15 a 60 días—, el ex jefe de seguridad de Raúl Salinas de Gortari formaba parte del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, adscrito a la Policía Judicial Militar.

Chávez Ramírez, anteriormente, había declarado dos veces ante autoridades judiciales y se le había olvidado mencionar todo esto. ¿Por qué? Por temor a los Salinas, dijo, que además, según él, habían tenido el buen gusto de agradecer su silencio con una beca en Londres para estudiar inglés.

El militar mexicano agregó en su declaración esta narración:

“Chávez Ramírez recordó que el 26 de septiembre de 1995 él y los otros dos militares, con Justo Ceja —acompañado de una dama de aproximadamente 24 años y sin recordar su nombre—, viajaron a la ciudad de Montreal, haciendo una escala en la ciudad de Toronto, llegando al otro día por la mañana, en donde los estaba esperando el teniente Rojas Guzmán, ayudante del licenciado Carlos Salinas de Gortari. Al mediodía del 27 de septiembre, en el vestíbulo del hotel Versalles, los militares becados vieron llegar a Carlos Salinas de Gortari, quien los saludó, ya que previamente el licenciado Justo Ceja les informó que iba a llegar al hotel, por lo cual ya lo estaban esperando, saludando a todos de mano, y que al momento en que saludó al dicente le manifestó: ‘le agradezco la lealtad a mi hermano’, y enseguida los invitó para cenar en la noche, la cual se llevó a cabo en un restaurante de comida japonesa, sin recordar el nombre, y ahí les comentó sobre la preocupación que sentía por lo que estaba pasando en el país, y además les preguntó a cada uno por sus familias.

”Después, los invitó a tomar únicamente una cerveza, tardando en este lugar aproximadamente una hora con treinta minutos, para proceder a retirarse de dicho lugar, en compañía del licenciado Justo Ceja y del teniente Rojas Guzmán…

”Al día siguiente, Justo Ceja les pidió que bajaran al vestíbulo del hotel al filo de las dos de la tarde, y llegó Carlos Salinas, los volvió a saludar y posteriormente les hizo entrega de un sobre, el cual contenía la cantidad de cinco mil dólares americanos, haciéndonos hincapié que era para sufragar sus gastos durante su estancia en Inglaterra, ya que no llevaban dinero para dichos gastos, que esto fue el día 28 de septiembre de 1995. Se despide y se retira, no sin antes decirles que le echaran ganas al curso, ya que les serviría para su carrera militar”.

Así es: la Procuraduría General de la República le dijo a un juez que el ex presidente de México personalmente había premiado a militares mexicanos por encubrir un asesinato cometido por su hermano.

El 2 de diciembre de 1996, cuando de Estados Unidos, donde se hizo un peritaje, llegaron las primeras noticias de que la osamenta hallada en El Encanto no era la de Muñoz Rocha, Ernesto Zedillo decidió pedir la renuncia de Antonio Lozano y el resto de su equipo, incluido, por supuesto, el fiscal Pablo Chapa Bezanilla.

El 31 de enero de 1997 la Procuraduría del Distrito Federal informó que después de peritajes e investigaciones había determinado que los restos encontrados habían sido puestos ahí unos días antes por el yerno de Francisca Zetina, La Paca, y eran los de su padre. Es decir, el consuegro de la “médium”. La Paca, el yerno y el autor de aquel anónimo todos terminaron en la cárcel. Todos, también, habían recibido dinero de la Procuraduría General de la República por su colaboración en la investigación. Eventualmente, Chapa Bezanilla también iría a la cárcel acusado de haber planeado con Zetina el espectáculo de El Encanto.

Si Muñoz Rocha no era el de El Encanto ¿dónde estaba el diputado?

Versiones hay tantas como declarantes, y la verdad es que no se sabe de él desde el día del asesinato.

Tal vez la más verosímil sea la que cuentan su hermana Magdalena y su sobrino Carlos, que lo recibieron en su casa de Coyoacán la noche del asesinato.

“Carlos Alberto recuerda que al abrir la puerta se percató que era su tío Manuel que llevaba una bolsa de color negro, de piel, de 30 centímetros de altura por 20 de ancho y de grosor 10 centímetros, y la cual llevaba colgada al hombro, y al entrar dejó esa bolsa en la mesa del comedor, y pasó al baño…

”Al sobrino le llamó la atención que el tío estuviera despeinado, se mostrara un poco apresurado, y que le apreció un poco afligido en su rostro y se le notaba preocupación. Tan pronto salió del baño, Manuel Muñoz Rocha subió a la recámara de Magdalena, quien se dio cuenta de que su hermano se notaba muy cansado y tenso, por lo que la declarante le preguntó qué le pasaba, dado el aspecto que presentaba, apreciando también que el mismo vestía de manera informal, recordando que llevaba puestos una chamarra de piel color negro, con pantalón negro, camisa al parecer de color vino, lo cual no era común en su hermano. Manuel pidió a Magdalena que no le preguntara, porque ni él mismo sabía nada, excepto que a su compadre Fernando (Rodríguez González) le habían desbaratado su casa, y que frente a la de Manuel estaban unos tipos, al parecer vigilándolo. También le dijo esa noche que ya se había comunicado con el tocayito, refiriéndose al doctor Manuel Espinosa Milo, de Pachuca, Hidalgo, con quien se dirigía y ya había quedado de verse”.

A eso de la una de la mañana del día 29 Muñoz Rocha salió de casa de su hermana. En la cocina dejó una maleta negra.

El tabasqueño Humberto Hernández Haddad fue diputado, senador, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y cónsul en San Antonio, hasta que en octubre de 1994 reportó a la Cancillería que según había sido informado por autoridades estadunidenses, el miércoles 19 de ese mismo mes agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos habían visto a Manuel Muñoz Rocha en la ciudad de San Antonio, en Texas. Según los agentes, Muñoz Rocha acompañaba al abogado Enrique Fuentes León, acusado de varios delitos en México, cuando fue apresado en la ciudad texana para ser extraditado. Seis meses más tarde, ante las acusaciones del cónsul Hernández Haddad de que el gobierno protegía a Muñoz Rocha, la PGR emitió un comunicado en el que decía:

“La Procuraduría General de la República investigó, en su momento, la veracidad de las afirmaciones consistentes en que Manuel Muñoz Rocha acompañaba a Enrique Fuentes León, cuando este último fue detenido en San Antonio, Texas, el 19 de octubre de 1994, a fin de ser extraditado a México.

”a) Enrique Fuentes León fue detenido por dos agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos y tres oficiales de la policía de la ciudad de San Antonio, el 19 de octubre de 1994, aproximadamente a las 12:00 horas, al salir del edificio donde se ubicaban sus oficinas (909 NE, Loop 410).

”b) Cuando fue detenido, Enrique Fuentes León se encontraba acompañado de dos mujeres, así como de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, 1.80 metros de estatura y 80 kilos de peso.

”c) El 29 de noviembre de 1994, es decir, 40 días después de la detención de Enrique Fuentes León, los oficiales del SIN que participaron en esa diligencia, identificaron, con base en fotografías que la Agregaduría Regional de la PGR en San Antonio envió a dichas autoridades, a Manuel Muñoz Rocha como la persona que acompañaba a Enrique Fuentes León el día de su detención, y que —según ellos— fue identificado por los agentes de la policía de San Antonio.

”d) Por su parte, los tres oficiales de la policía de la ciudad de San Antonio que participaron en la detención de Enrique Fuentes León, negaron categóricamente, bajo juramento, poder identificar a Manuel Muñoz Rocha como la persona que acompañaba a Fuentes León, el día de su detención.

”e) El señor William Franklin Gardner, quien era vecino de Enrique Fuentes León en el edificio de oficinas declaró, bajo juramento, que él era la persona que se encontraba con Enrique Fuentes León el 19 de octubre de 1994, cuando fue detenido por los oficiales del SIN y de la policía de la ciudad de San Antonio, ya que se encontró con él y con las dos mujeres que lo acompañaban al bajar del elevador y salir del edificio. El señor Gardner negó ser amigo de Fuentes León y tener negocios con él.

”f) Las dos mujeres que acompañaban a Enrique Fuentes León el día en que fue detenido, afirmaron ser las únicas que lo acompañaban en ese momento.

”g) De noviembre de 1994 a enero de 1995, debido a una investigación practicada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos en San Antonio, se descubrió la existencia de un individuo considerablemente parecido a Manuel Muñoz Rocha, quien era empleado de una conocida tienda de ropa para caballeros en San Antonio. Las fotografías de este individuo fueron mostradas a por lo menos tres personas que también decían haber visto a Manuel Muñoz Rocha por esas fechas en San Antonio, y quienes finalmente coincidieron en señalar que se trataba del empleado de la tienda de ropa”.

La insistencia de Hernández Haddad provocó que la SRE lo destituyera por “un reiterado desacato a la autoridad y un estado de completa alteración anímica y emocional que, en sus argumentaciones, llevaban al ex cónsul a una absoluta confusión y distorsión del buen juicio necesario para seguir desempeñándose como representante del gobierno de México en un país extranjero”.

Hasta hace poco, Hernández Haddad insistía que el acompañante de Fuentes León era Muñoz Rocha y que por razones no explicadas el gobierno de Zedillo lo había protegido.

En los mismos días en que alguien parecido a Muñoz Rocha era visto en San Antonio, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el siguiente aviso:

Estados Unidos Mexicanos

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

México

Juzgado Vigésimo de lo Civil

EDICTO

En los autos del juicio procedimiento de cancelación y pago del título extraviado, promovido por Muñoz Rocha Manuel en contra de Bancomer, S.A., expediente número 134/96, el ciudadano Juez Vigésimo de lo Civil del Distrito Federal, por Ministerio de Ley, licenciado Guadalupe Pérez Palma, los resolutivos de dicha sentencia y que a la letra dicen:

México, Distrito Federal a dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis. RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente el procedimiento especial de cancelación y pago de título de crédito nominativo. SEGUNDO.- Se decreta la cancelación del cheque de caja librada por Bancomer, S.A., con el número 065095, por la cantidad de N$ 500,000.00 (quinientos mil nuevos pesos) el día veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. TERCERO.- Se autoriza a Bancomer, S.A., a pagar a Marcia Cano Valdés como representante de Manuel Muñoz Rocha el importe del cheque identificado en resolutivo procedente, después del plazo de sesenta días, contado a partir de la fecha de publicación del extracto de esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO.- Publíquese por una vez un extracto del presente fallo. Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Guadalupe Pérez Palma, Juez Vigésimo de lo Civil de esta capital, por Ministerio de Ley, quien actúa con el ciudadano Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Doy fe. México, D.F., a 24 de octubre de 1996. El C. Secretario de Acuerdos “B” del Juzgado Vigésimo de lo Civil Lic. Miguel Augusto Tiburcio Toral Rúbrica.

La mujer de Muñoz Rocha había logrado que Bancomer le pagara un cheque de caja emitido dos días antes del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu a nombre de su marido, desaparecido desde entonces. Medio millón de nuevos pesos. El cheque lo había encontrado la hermana de Muñoz Rocha en la bolsa negra que el tamaulipeco había dejado olvidada en su casa la noche del asesinato.

En el expediente constan al menos dos peticiones del juez a Bancomer para que le diga quién expidió el documento. Hasta donde pude averiguar en el expediente no hay respuesta del banco.

Pero aun sin conocer su origen, el cheque prueba que Manuel Muñoz Rocha no era más que un eslabón en la cadena delincuencial que mató a José Francisco Ruiz Massieu.

Cuando el mismo Chapa Bezanilla, que plantaba osamentas en el caso Ruiz Massieu, fracasó en su teoría del segundo tirador en el caso Colosio, el presidente Zedillo designó a un fiscal, Luis Raúl González Pérez, cuya orden era desmenuzar, examinar, volver a investigar, volver a preguntar y responder cada una de las dudas, teorías, especulaciones, que habían existido alrededor del asesinato de Lomas Taurinas. Cuatro años después se hicieron públicas más de 60 mil fojas, videos, fotografías, declaraciones y una conclusión.

Después del fiasco de El Encanto, la bruja y el militar cómplice, el Estado mexicano, avergonzado, optó por la retirada. Abdicó de su responsabilidad.

Raúl Salinas fue declarado no culpable y en prisión sólo quedan Fernando Rodríguez, Daniel Aguilar y Carlos Cantú.

Nada sabemos del destino de Muñoz Rocha y menos aún de quien lo financiaba. ¿Quién y por qué se mandó asesinar a quien sería el líder de los diputados de la mayoría priista? No lo sabemos, ni lo sabremos. El Estado mexicano decidió utilizar el crimen para borrar del mapa el rastro de un sexenio y arrasó con reputaciones —la de la víctima entre ellas— y algunas vidas. Y decidió, convenientemente, olvidarse del crimen de la calle de Lafragua.

El o los culpables, donde quiera que estén, cometieron el crimen perfecto.

Carlos Puig

Periodista. Es articulista de Milenio Diario y titular del programa En 15, transmitido por Milenio TV.

NOTA: Este texto está armado, fundamentalmente, con el expediente del caso Ruiz Massieu del cual —no entiendo muy bien por qué— conservo muchos cientos de hojas en mis archivos personales. Pero hubiera sido imposible sin el trabajo periodístico de aquel momento de muchos colegas. Sobre todo el de Carlos Marín, pero también los de Ignacio Ramírez y Miguel Cabildo en Proceso, Ignacio Rodríguez Reyna y José Reveles en El Financiero o Ciro Pérez Silva en La Jornada. De aquellos trabajos hay fragmentos en éste. Mención aparte merece la crónica de Ramón Márquez publicada en Proceso el 28 de noviembre de 1994.