“Se trate de Trump, Orban, Erdogan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas. La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Esta práctica amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana”, denuncia Salil Shetty, secretario general de AI.

Para esta ONG, un claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder a discursos de miedo, culpa y división.

Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. Amnistía Internacional denuncia que, en 2016, los Gobiernos “hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva, y ampliaron poderes policiales draconianos”.

El informe documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional, al devolver de forma ilícita a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro. “Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman, desvergonzada y activamente, todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia. El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira”, prosigue Shetty.

España, en el punto de mira

Amnistía Internacional sostiene que España no se ha quedado al margen del menoscabo de los derechos humanos. Por un lado, “la acogida de personas que huyen de conflictos o de graves violaciones de derechos humanos sigue siendo insuficiente, y se siguen produciendo expulsiones colectivas en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por otro, se ha utilizado el delito de ‘enaltecimiento de terrorismo’ para limitar desproporcionadamente la libertad de expresión”, señala AI en su informe.

La ONG también denuncia la “impunidad” hacia ciertos casos de tortura cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tilda de “insuficientes” las cifras de refugiados acogidos por el Estado español (1.034 personas). Asimismo, la organización advierte que “no se garantiza el derecho a la información” y de la falta de garantías de protección para colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de trata, o las personas del colectivo LGBTI.