SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Con la tarea de la Junta Electoral Provincial (JEP) enfocada en el cómputo de las mesas de la sección Capital, el candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario (APB), José Cano, aventaja por siete puntos al oficialista Juan Manzur (FPV).

De acuerdo al último parte difundido por el organismo encargado de fiscalizar los comicios del pasado 23 de agosto, escrutadas 882 mesas (el 24,49% de un total de 3601), Cano logra el 48,33% de los sufragios (118.648) contra del 41,75% (102.484) de Manzur.

Del total de urnas computadas hasta ahora, 597 pertenecen al circuito Capital, donde el APB realizó su mejor elección, lo cual explica por qué Cano sacó una buena ventaja a su favor en este tramo del conteo definitivo. Sin embargo, las proyecciones señalan que cuando la JEP retome el escrutinio de las urnas del interior (Este y Oeste), que es donde el FPV logró una contundente ventaja, Manzur volverá a ponerse al frente.

Según el recuento provisorio realizado por el Correo Argentino el mismo día de los comicios, Manzur alcanzaría la gobernación con un 54% de adhesiones contra el 40% de Cano.

El candidato del APB, que cuenta con el apoyo de la UCR, Pro, el peronismo disidente, el Frente Renovador y Progresistas, sostiene que hubo fraude y anunció que mañana realizará una presentación judicial solicitando que se declare la nulidad de los comicios.

La JEP completó ayer al mediodía el escrutinio de las 641 mesas que, por distintas observaciones, habían sido descartadas durante el conteo provisorio, y comenzó a computar las 2.960 urnas restantes. Hasta ahora, el organismo electoral procedió a la apertura de aproximadamente el 50% de las mesas que va escrutando y solamente anuló cuatro que presentaban graves irregularidades: una estaba vacía, otra contenía más votos que electores y las dos restantes mostraban diferencias entre las planillas, los votos positivos y la cantidad de sobres que contenían en su interior.

Los comicios tucumanos se vieron empañados por graves hechos de violencia, que incluyeron la quema y destrucción de 42 urnas, el clientelismo y las denuncias sobre presuntas irregularidades, como la adulteración de planillas y el voto cadena.

Pese a ello, la JEP descartó que haya habido fraude y rechazó un planteo del Partido Obrero que había solicitado la anulación de las elecciones del pasado 23 de agosto por considerar que hubo fraude.