A más de dos semanas de la desaparición de Santiago Maldonado, la investigación judicial para hallarlo se centra en dilucidar, a través de cotejos de ADN, si la Gendarmería Nacional lo capturó en el predio ocupado por la comunidad mapuche en Leleque, Chubut, como afirmaron desde un principio tres testigos presenciales de la comunidad mapuche. Sin embargo, los investigadores y el Gobierno no descartan otras hipótesis y desconfían de algunas pruebas entregadas por allegados a Maldonado.

Dos de los testimonios de la comunidad mapuche, que declararon como testigos protegidos y que son allegados a Facundo Jones Huala, el líder mapuche detenido en una cárcel de Esquel, afirmaron que Maldonado fue aprehendido, golpeado, introducido primero en una Unimog dentro del predio y luego traspasado a una camioneta blanca de la Gendarmería, en la ruta 40, a unos 500 metros del lugar donde actuó la fuerza.

Santiago Maldonado Archivo

Esas declaraciones constan ahora en la instrucción que lleva adelante la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, en el marco de una causa penal por desaparición forzosa de persona y se agregarán como prueba a los tres pedidos de hábeas corpus, unificados en una sola causa, que instruye el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

Cotejos de ADN

En el allanamiento a la vivienda del barrio Los Hornos que ocupaba Maldonado en El Bolsón, la división científica de la Policía Federal recogió cabellos y una rastra de pelo cortada, perteneciente, presuntamente, al joven tatuador. Ahora ese material genético está siendo analizado y cotejado con los cabellos recogidos en las camionetas de los escuadrones 35 de Esquel, 36 de El Bolsón y 37 de José de San Martín, de Gendarmería, según señalaron fuentes de la investigación.

También serán contrastados con los vestigios que puedan observarse en una soga y en otra mancha, que podría ser de sangre, halladas en uno de esos vehículos.

Para la eventual contrapueba, los investigadores ya cuentan con el ADN de su hermano Sergio. Los peritajes genéticos recayeron en el Dr. Daniel Corach, de la Universidad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Los resultados preliminares demandarán al menos 10 días.

“La presunta participación de la Gendarmería es hasta ahora la pista más firme que debemos convalidar o poner en duda de acuerdo a lo que arrojen los resultados de ADN”, señalaron fuentes de la investigación. Y afirmaron en que en el violento procedimiento en el Pu Lof de Leleque, la fuerza federal utilizó balas de goma antitumulto y no 9 mm, como dijeron miembros de la comunidad mapuche.

Santiago Maldonado, el joven que lleva más de dos semanas desaparecido Archivo

En la instrucción, según pudo saber LA NACIÓN, no está hasta ahora acreditada la presencia indubitable de Maldonado en el predio, salvo por los dos testimonios en ese sentido y la denuncia ante el defensor oficial, Fernando Machado, que realizó una mujer mapuche inmediatamente después de concluida la actuación de los 30 miembros de Gendarmería, de los escuadrones de Esquel y El Bolsón, afectados el 1 de agosto. Efectivos del escuadrón José de San Martín arribaron después.

El desalojo de Gendarmería

En rigor, según se desprende de diferentes videos y fotografías que constan en la causa, la movilización de esa fuerza fue violenta y se produjo en un espacio temporal de dos días: el 31 de julio, mediante una orden judicial del juez Otranto, los gendarmes despejaron un corte en la ruta 40, provocado por cuatro encapuchados. Al día siguiente por la mañana, entre ocho y diez miembros de esa comunidad, siempre con sus rostros cubiertos, intentaron realizar un nuevo corte mientras agredían con piedras lanzadas con hondas tipo boleadoras a los gendarmes. En ese momento, es cuando se decide actuar, en sintonía con lo anunciado días antes por el Ministerio de Seguridad para accionar frente a los delitos en flagrancia. En ese enfrentamiento, dos gendarmes resultaron gravemente heridos. Uno de ellos, con severo traumatismo de cráneo, debió permanecer hospitalizado durante seis días, mientras que el otro padeció una fractura facial. Desde entonces, el jefe del escuadrón de Esquel, Fabián Mendéz, recibe amenazas de muerte, por lo que debió poner a resguardo a su mujer y a su hija.

Prendas que desconciertan

El último rastrillaje en el predio ayer, acompañado por un helicóptero y miembros de la policía científica, contó además con perros de la División Cinotecnia de la Policía Federal. Entrenados para detectar rastros de olor, los canes fueron guiados por tres prendas que pertenecerían a Maldonado. Pero la reacción de los canes sumaron más confusión a la pesquisa. Se utilizaron un cuello polar azul, una gorra blanca—hallada en una lomada del predio donde habría sido golpeado Maldonado—, y un buzo entregado días atrás por la comunidad mapuche, a través de un emisario.

“El seguimiento de los rastros de los olores efectuado por los canes tanto en el predio, como en los escuadrones y en la vivienda de Maldonado indicarían que las tres prendas no pertenecen a Santiago sino a diferentes personas. De corroborarse ese indicio, estaríamos frente a evidencia plantada, por parte de la comunidad”, dijo una alta fuente de la investigación. Concedió, sin embargo, que esa sospecha quedaría desestimada ante lo concluyentes que resultan las pericias de ADN.

La vivienda que ocupó durante tres meses Maldonado en El Bolsón —un espacio de 50 m2, con un entrepiso, varios colchones apilados, mucha ropa, alguna todavía en remojo, y al parecer habitado por entre siete u ocho personas— funcionaba como una suerte de hostel y como biblioteca, con abundante material bibliográfico de índole revolucionario y sobre cuestiones mapuches, describió la fuente.

Tres celulares

Los investigadores policiales, que buscaban allí al menos uno de los dos celulares de Maldonado, no los hallaron. Un testigo reservado, residente en El Bolsón y amigo del joven tatuador, aportó otro número que llamó la atención, puesto que se trata de una línea chilena. Fuentes vinculadas a la causa contaron que esa línea está a nombre de un ciudadano chileno y su abono también es pagado por él. Maldonado había estado viajando como mochilero por Chiloé e interiorizándose sobre el conflicto de los pescadores en esa zona.

Del análisis de las llamadas telefónicas realizadas por el ministerio de Seguridad se desprende que uno de los aparatos argentinos registra actividad hasta el 21 de julio, y el otro, hasta el 27 de ese mes. Esos fueron algunos de los indicios que empujaron ayer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a plantear la hipótesis de que Maldonado podría haber participado de la última incursión violenta de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ocurrida el 21 de julio en Epuyén. Ese día, el puestero Evaristo Jones hirió con su cuchillo a uno de los agresores. Ninguna persona fue atendida u hospitalizada en esos días ni en los subsiguientes por heridas de ésa índole. Una de las presunciones es que el agresor podría haber fallecido.

“Es al menos llamativo, primero, que Maldonado se manejara con dos celulares argentinos; que uno de ellos haya sido usado por última vez el 21 de julio, en coincidencia con el ataque a Jones y que, en el segundo caso, la actividad se extienda hasta el 27 de julio y no hasta el 1 de agosto, día en que desapareció”, dijo otra fuente con activa participación en la pesquisa.

Otra información, aportada por un testigo reservado, amigo de Maldonado de El Bolsón, asegura que él lo llamó al celular chileno el 2 de agosto y que alguien atendió la llamada sin hablar durante 22 segundos. Sin embargo, fuentes del ministerio de Seguridad afirmaron que esa línea no registra actividad.

De todas formas, esa información será requerida vía exhorto diplomático a Chile, en el caso de que los resultados preliminares en los cotejos de ADN arrojen resultados negativos.

Ayer, luego de la exposición ante el Senado de la ministra Bullrich, Sergio Maldonado dio a conocer un audio en el exige que no se revictimice a su hermano y a su familia. “Van más de 15 días y las autoridades judiciales y políticas siguen desviando el foco —afirmó— y continúan garantizando la impunidad a la fuerza de seguridad y el miedo a toda la sociedad”.

"Creo que la ministra Bullrich incurre en un error conceptual —dijo Gastón Chiller, director del CELS—. Aceptar que estamos ante una desaparición forzada, por miembros de la fuerza que actuaron en ese procedimiento, acicateados por un anunciado protocolo de acción ante los delitos en fragrancia, no implica que el gobierno esté embarcado en un plan sistemático de desaparición de personas como sucedió con la dictadura".