La Asociación Dignidad y Justicia va a emplear los documentos liberados tras la sentencia del 'caso Faisán' para presentar una acusación de lesa humanidad contra 'Josu Ternera' como jefe político de la banda durante el tiempo en el que duraron las negociaciones entre ETA y el Gobierno de Rodríguez Zapatero

«Ellos, los policías me dijeron: bien, tendrá pronto una reunión con Zapatero, ¿no?. Yo les dije: Y ustedes tienen como misión joderlo todo, ¿no?». Ése es el modo en el que el etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Txang, contó ante las autoridades policiales y judiciales francesas el momento en el que fue detenido el 23 de mayo de 2005. Exactamente siete días antes, el 16 de mayo, este veterano miembro de la organización terrorista, ex jefe del aparato internacional, se encontraba participando como interlocutor en una de las reuniones de las negociaciones que se estaban iniciando entre el Gobierno socialista y ETA. A los efectos, él se había hecho pasar por un tal Alain.

Aquel día, Alain había estado disfrutando de una excelente comida de tres horas y media en un restaurante reservado previamente -a las que habría que sumar la media hora posterior «al salir a tomar un café»- junto a Josu Ternera -que se hacía pasar por Georges- y un intermediario designado por la Fundación Henry Dunant al que los agentes galos describieron en aquellos momentos como «alguien que hacía buenos oficios y que verosimilmente había formado parte de la organización del Nobel».

Estas escenas son descritas en la documentación que fue remitida en su día por la juez Antiterrorista Laurence Levert a la Audiencia Nacional a petición de la Asociación Dignidad y Justicia, que incluía las actas elaboradas por ETA en las que se relataban los encuentros, y que fue incluida en un sumario secreto dentro del caso Faisán. El secreto del sumario fue levantado mucho después de la sentencia y Dignidad y Justicia va a emplear los documentos que trascendieron para abrir un caso de lesa humanidad contra Josu Ternera. La asociación solicitará informes policiales con los que acreditar que Ternera actuó como jefe del aparato político de la organización terrorista durante el tiempo que duraron los encuentros entre los enviados de ETA y los representantes del gobierno de Rodríguez Zapatero.

En esa documentación están las actas -adelantadas por EL MUNDO en exclusiva en 2009- que fueron incautadas en su día tanto a Sagarzazu como a López Peña (Thierry) y a Juan Carlos Yurrebaso (Robert en la negociación) -dos jefes de la banda que también participaron- cuando fueron detenidos; y también están las diligencias elaboradas por los agentes franceses en las que describían lo que se iban encontrando.

En estas diligencias el capitán Nicolás Engel describe un momento de la negociación que tuvo lugar tras el coche bomba que ETA hizo estallar en el fin de año de 2006 contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, en el que fueron asesinados Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. «Sin embargo, a pesar del atentado, el Comité Ejecutivo de ETA dirigió en el mes de febrero de 2007 un comunicado al jefe de Gobierno español con el fin de manifestar su voluntad de reemprender el diálogo y la necesidad de establecer un acuerdo político», recordaba el funcionario.

«En el mes de mayo de 2007, una proposición de hoja de ruta se estableció en vista de conseguir en 2012 un Estatuto único para los cuatro territorios españoles que son Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra con el apoyo del PSOE, el PSE y el PSN», añadía.

«La propuesta fue hecha por el PSOE con ocasión de una reunión que tuvo lugar ante los observadores internacionales. Mientras tanto, ETA condicionaba el avance de las discusiones de la mesa técnica a la redacción de un acuerdo político entre PSOE y Batasuna. Este acuerdo no ha sido encontrado. La organización terrorista, siempre en el curso del mes de mayo de 2007, indicó que 'la mesa de negociación entre la organización y el gobierno está rota'».

En román paladino, lo que el redactor de las diligencias quiere decir es que, a pesar de los dos asesinatos, se cedió a la creación de una mesa en la que estaban sentados Batasuna (Arnaldo Otegi y Rufino Etxebarria) y los socialistas (Jesús Eguiguren, presidente del PSE, y el ex consejero de Interior Rodolfo Ares) -para llegar a acuerdos políticos-; y otra mesa entre el Gobierno (Eguiguren y José Manuel López Benítez) y ETA (Thierry e Igor Suberbiola), en la que tenía que hablarse del fin de la organización pero que no prosperó porque la banda quería que se cerrasen antes los logros políticos.

La hoja de ruta elaborada por Eguiguren iba más allá de lo detectado por el instructor de aquellas diligencias. Los socialistas se mostraron dispuestos a reformar los estatutos del País Vasco y Navarra para que estos transfiriesen sus facultades ejecutivas y legislativas a un órgano común: plantearon crear un Parlamento común y una asamblea de municipalidades también única y esa fue la propuesta que pusieron sobre la mesa de los batasunos. Lo que ocurre es que el policía judicial francesa no dio con esos papeles y sólo pudo constatar, por primera vez en un informe oficial, la existencia de aquellas negociaciones -negadas entonces por el ejecutivo- y una parte de la oferta.

La primera parte de las actas escritas por ETA remitidas a la Audiencia Nacional, aunque desordenadamente, empiezan por la referencia de aquella comida celebrada el 16 de mayo de 2005. «Lau -que es como se denomina a la Henry Dunant en las actas- ya ha encontrado un intermediario directo para acceder a Gorburu -el presidente José Luis Rodríguez Zapatero- . Se ha citado cuatro veces con él. Confirma que ha recibido nuestra carta directamente, el 18 o 19 de marzo. Gorburu solicita que toda la relación entre la organización y Gorburu se produzca sólo por esta vía y se desarrolle con discreción. Debido a las elecciones solicita un cambio de fechas. Ha firmado una delegación adecuada para presentarse ante la organización». En aquellos momentos, Rodríguez Zapatero había designado a Jesús Eguiguren para negociar, que más adelante se haría asesorar por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Lau, es decir, los mediadores aseguraron que Rodríguez Zapatero pedía «un alto el fuego tácito» para empezar con buen pie. Pero los etarras le dijeron a Lau, a la Henry Dunant, que eso no era problema suyo, que debía ser tratado entre el presidente y ETA , y Lau «se mostró totalmente de acuerdo con la aclaración».

Los etarras aprovecharon aquella primera reunión con los mediadores para informarles convenientemente. «Les confirmamos que la organización tiene voluntad». Preguntan qué podría conducir a una ruptura del proceso. «Les decimos que la falta de facultad para decidir». Respecto a Francia, «se les informó sobre la generación Mitterrand/González, el Gal, su desaparición con el comienzo de las deportaciones: Cuba, Panamá, Cabo Verde, de que a día de hoy hay 177 presos en la cárceles francesas». «Se les dice que habría que concretar el papel de las Fuerzas Armadas extranjeras ¿Qué hacer por ejemplo con la Guardia Civil?, ¿Cómo evitar su injerencia?», añaden.

Los mediadores les informaron de que iban a tomar medidas de seguridad para que no fueran detenidos durante el proceso y ETA concluye: «Son peace makers, constructores de la paz. No debemos olvidar que ambos han estado en la ONU. Son muy profesionales, no tienen prejuicios, no se muestran en contra, no realizan comentarios inapropiados sobre las acciones armadas si no es para constar su existencia. No van a vender un proceso anticipadamente: hasta que sea realidad, será siempre un proyecto».

No en vano, ETA se llevó una buena impresión de los mediadores aceptados por el Gobierno. En actas posteriores, tomarán partido por la organización en su obsesión por ser exquisitamente ecuánimes.

Incluso en una de las ocasiones se negaron a la petición del enviado del Ejecutivo de que la organización terrorista anunciase un alto el fuego definitivo «cuando todavía no han empezado las negociaciones sobre las consecuencias y las garantías del Gobierno están todavía por definir». En otra de las ocasiones le dio la razón a la banda y dijo que no se le podía exigir a ETA que acabase con el terrorismo callejero porque nunca lo había asumido como propio.

Aquellos peculiares intermediarios durante las negociaciones acabarían sorprendiéndose por un aspecto: «Ven equilibrado el terreno de juego de estas conversaciones. En su experiencia no habían visto nunca nada así, pues siempre se ha dado un desequilibrio en favor del Gobierno», dice el acta de la banda. Lo cierto es que les debió resultar llamativa la actitud constructiva del enviado del Ejecutivo, Jesús Eguiguren, que al principio incluso alababa la capacidad de trabajo y la seriedad con la que sus interlocutores se habían tomado aquella negociación.