Los centros penitenciarios del país recibieron 99 mil 445 mil nuevos presos durante 2018, según registros del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales publicado por el Inegi.

El 91 por ciento de las personas que ingresaron a alguno de los 255 centros penitenciarios que se encuentran distribuidos por toda la República Mexicana fue por delitos del fuero común, que son aquellos que afectan directamente a las personas en lo individual, como robo a transeúntes, de vehículos, a casa habitación, a negocio, delitos sexuales o homicidios, por mencionar algunos.

A su vez, el 7.5 por ciento fue encarcelado por cometer algún delito del fuero federal, lo que significa que afectaron la salud, economía, patrimonio o seguridad de la nación. Entre los delitos de este tipo se encuentran la portación de arma de fuego sin licencia, ataques a las vías de comunicación, narcotráfico, delitos ambientales.

Únicamente el 1.2 por ciento recibió condena por haber roto ambos delitos, tanto del fuero común como federal.

El Estado de México aportó el 13 por ciento de los ingresos a prisión a nivel nacional, seguido de Baja California (11.4 por ciento), Chihuahua (6.5), Coahuila (5.9), Jalisco (5.6), Ciudad de México (5.1) y Nuevo León (4.9). Estas siete entidades del país aportan poco más del 50 por ciento del total de los nuevos ingresos a la cárcel.

Por género, el 92.6 por ciento de estos ingresos fue de hombres, mientras que el 7.4 por ciento fue de mujeres.

Así como los centros penitenciarios recibieron nuevos prisioneros, también hubo salidas. Durante 2018, fueron liberados 101 mil 746 presos.

De esta forma, los centros penitenciarios albergaron al cierre de 2018 a 176 mil 819 personas privadas de la libertad, de las cuales el 88.9 por ciento fue encarcelado por delitos de fuero común, 8.5 por ciento por fuero federal y 2.5 por ciento por ambos casos.

Las entidades que registraron los porcentajes más altos de sobrepoblación en sus cárceles fueron Estado de México, con un 106.8 por ciento por arriba de su capacidad instalada, Nayarit con 75.8 por ciento y Durango con 74 por ciento.

La capacidad instalada se obtiene al dividir la cantidad total de personas privadas de la libertad entre las camas útiles de los centros penitenciarios.