Foto: Jean Francois Renaud

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Artículo publicado en el dossier ¿De quién es España? de #LaMarea71 (julio-agosto de 201). A la venta aquí

En su primera acepción, el Diccionario de la Real Academia Española define el aire como “fluido que forma la atmósfera de la Tierra”. Recurriendo a una descripción más filosófica, “el aire es, como sostenían los estoicos, lo que da vida y conecta todo entre sí: pneuma, respiración, es decir, vida en movimiento”, explica a La Marea la filósofa Ana Carrasco-Conde. Desde el punto de vista económico, supone un bien intangible, un recurso del ser humano para hacer frente a sus necesidades más capitalistas. Un ejemplo de esta práctica es la familia Botín, poseedora de un aeródromo de uso privado, según una lista facilitada por el Ministerio de Fomento.

La instalación está situada en El Castaño, en el término municipal de Luciana (Ciudad Real), y figura a nombre de Agropecuaria El Castaño, gestionada por empresas de la familia y con el propio hijo del fallecido Emilio Botín, Javier Botín O’Shea, como propietario. En 2013, un año antes de morir, el que fuese presidente de Banco Santander solicitó una evaluación de impacto ambiental para ampliar la pista de aterrizaje de los 900 hasta los 1.500 metros, como consta publicado en el BOE. El proyecto fue aprobado bajo la firma del entonces secretario de Estado de Medio Ambiente y exnúmero tres de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, quien consideraba que “no producirá, en términos generales, efectos ambientales significativos”.

En cuanto a los requisitos para abrir un aeródromo, es indispensable tener la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y no requiere pagar ninguna tasa. Actualmente, según registros oficiales, existen 82 aeródromos de uso restringido –es decir, privados– y 142 helipuertos de la misma índole. Entre los titulares de estas instalaciones figuran empresarios, clubes privados e instituciones públicas.

Según la doctora en Derecho Esther López Barrero, «el espacio aéreo es la columna de aire que hay por encima de la tierra y del mar territorial”, y cuya soberanía recae sobre el Estado, en concreto, sobre el Ejército del Aire, dependiente del Ministerio de Defensa. No obstante, el principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España es ENAIRE. Esta entidad, de carácter pública, está bajo la tutela del Ministerio de Fomento, y gestiona un total de 2.190.000 kilómetros cuadrados de territorio. Solo el año pasado, según datos oficiales, surcaron los cielos españoles 300 millones de personas a través de 2,1 millones de vuelos.

Hasta 2014, ENAIRE se denominaba Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), siendo ahora su filial Aena S.A., responsable de la gestión de 46 aeropuertos y dos helipuertos. No obstante, aunque se trata de una empresa pública, Aena sufrió durante el mandato de Mariano Rajoy una privatización parcial dividida en dos tramos: primero, con la venta de un 21% de las acciones de la compañía a inversores institucionales; y segundo, sacando el 28% restante a Bolsa mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), cotizando actualmente en el IBEX 35. El 51% restante sigue siendo titularidad de ENAIRE. Entre los accionistas privados más significativos de AENA está el inversor británico Christopher Hohn, que controla personalmente un 8,3%, además de otro 3,6% a través de su fundación The Children’s Investment. También figuran en el accionariado Deutsche Bank, que posee un 4,4% de la entidad pública, y The Capital Group Companies, una de las gestoras de fondos de pensiones más grandes del mundo, que atesora un 4,5% de la compañía aérea.

En cuanto a beneficios, el Estado español ingresó a través de AENA 530,1 millones de euros por el ejercicio correspondiente a 2018, mientras que los beneficios netos totales de la empresa fueron de 1.327,9 millones de euros. Por su parte, ENAIRE obtuvo en 2017 unos beneficios de 446,1 millones. Un dinero que proviene, principalmente, de las propias compañías aéreas gracias a las tasas de ruta (800 millones de euros, 82% del total) y las tasas de aproximación (22 millones de euros, 2% del total) que están obligadas a abonar. Por aerolíneas, Ryanair supuso el 15% de la facturación, seguida de Vueling, con un 8%, y EasyJet, con un 6%. Aun así, determinados vuelos están exentos de pagar tasas, como los efectuados en misión oficial por la Casa del Rey, jefes de Estado y de Gobierno y ministros del Gobierno; los de búsqueda y salvamento oficiales; o los de aeronaves militares de países con acuerdos, entre otros. Asimismo, ni los aeródromos privados ni las aeronaves que hacen uso de estos recintos pagan ningún tipo de canon o tasa a las entidades aéreas.

Las ondas también tienen dueño

Como el aire que respiramos, en el espacio convergen infinidad de elementos que son imprescindibles para el desarrollo de nuestra sociedad actual: WiFi, 4G, 5G, radio, televisión, bluetooth… Una variedad de términos imposibles de entender sin el espectro radioeléctrico, ondas electromagnéticas propagadas por el espacio y que, según el artículo 60 de la Ley General de Telecomunicaciones, es un bien de dominio público cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Concretamente, es el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias el instrumento legal encargado del ordenamiento del espectro radioeléctrico de nuestro país. Actualmente, depende de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, organismo regulado por la Secretaría para el Avance Digital, bajo control del Ministerio de Economía y Empresa. Por tanto, una vez más, el control recae sobre el Estado, pero es el sector privado quien se encarga de sacar mayor rédito económico.

Un caso reciente ha sido el lanzamiento en junio por parte de Vodafone España del 5G, una nueva tecnología que “aportará mayores velocidades de datos y mucha menor latencia”, además de “ayudar a que la industria sea más productiva, las ciudades más inteligentes y sostenibles, y los vehículos autónomos”, destaca Ana García Armada, ingeniera de telecomunicaciones experta en este campo. Actualmente, el 5G emplea una banda de frecuencias -es decir, por donde circula- adjudicada por subasta en julio de 2018, método habitual para estos casos. Esto permitió al Gobierno recaudar 1.410,7 millones de euros, de los que 437,6 millones corresponden a licencias, 104,6 millones a intereses y 868,5 millones de euros a la tasa por reserva de espectro radioeléctrico, tal y como apuntan desde el medio digital Xataxa.

Una cifra, no obstante, inferior a las que logra un sector privado donde unas pocas empresas han monopolizado el tablero de juego: “Que sea un bien público [el espacio por el que circula el espectro] no quiere decir que no se pueda ni que no sea bueno darle concesiones al espacio privado para que se pueda explotar”, asegura Jorge Pérez Martínez, doctor Ingeniero de Telecomunicación. A la espera de una nueva subasta a principios de año, Vodafone, Orange y Movistar, las tres mayores telecos de nuestros país, serán las encargadas de hacer llegar a la población una tecnología que alcanzará a partir del 30 junio de 2020 su mayor potencial.

No obstante, una de las sombras que colean sobre esta tecnología va referida al uso de los datos, o más bien la explotación de estos. A este respecto, Pérez Martínez asegura que “el 5G no deja de ser una infraestructura para las teleoperadoras para intentar captar más valor del mundo de Internet” y que “es evidente” que “para los países es una oportunidad de que los datos, por decirlo de alguna forma, se exploten de forma más local”.

Vientos de negocio

La energía eólica no es nueva. El viento ha sido aprovechado desde hace siglos para poner en marcha barcos, moler trigo a través de molinos de viento -popularizados por Cervantes en el siglo XVII– o mover molinos hidráulicos para sacar agua de los ríos. Con el progresivo desarrollo tecnológico, a partir del siglo XX se empezó a utilizar la energía cinética del viento para producir electricidad. Lo que antes eran molinos, ahora son aerogeneradores.

El primer generador eólico de España se puso en marcha en 1983 en la localidad oscense de Candasnos. Fue instalado por parte de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER), en colaboración con la Generalitat de Catalunya. Esta empresa fue absorbida en el año 1999 por una recién privatizada Endesa. A diferencia de lo que ocurre en otros países, el negocio de convertir el aire en energía eléctrica está siendo acaparado en España de forma creciente por grandes corporaciones privadas. Las ayudas públicas han regresado en forma de subastas, después de varios años de parálisis del sector. Estas subvenciones, que requieren un aval preliminar de 60.000 euros por cada megavatio ofertado, parecen diseñadas para favorecer a las grandes firmas eólicas. Detrás de estos incentivos hay una serie de trabas burocráticas previas a la adjudicación. Aquí entran en juego las relaciones con el poder político, fundamentales para lograr la autorización administrativa de un abanico de permisos a nivel local, autonómico y estatal. Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) reciben las nuevas subastas con optimismo, aunque consideran los plazos de los permisos demasiado ajustados.

Las últimas cifras del sector registran 23.484 MW eólicos instalados, conforme al Anuario 2019 de la AEE. Esta potencia se distribuye a través de 20.306 aerogeneradores situados en 1.123 parques eólicos, repartidos a lo largo de 807 municipios de la geografía nacional. Son datos que sitúan a España como quinta potencia eólica del mundo. Esta energía supone el 19% del total de generación eléctrica nacional. Las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de instalaciones son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía. Sin embargo, no son las administraciones locales de estas regiones quienes están aprovechando la ocasión. Los 3.394 millones de euros de beneficios declarados por la patronal eólica en 2018 se reparten, mayormente, entre media docena de multinacionales. Lideran el ranking: Iberdrola, Acciona Energía, la portuguesa EDP Renováveis, la italiana Enel Green Power, Naturgy y Eolia Renovables, controlada por el grupo de capital riesgo Oaktree Capital. Dos de cada tres MW de potencia instalados corresponden a estas promotoras.

Otra oportunidad perdida

Con creciente frecuencia, se puede encontrar contenido patrocinado por este tipo de compañías en los medios de comunicación de mayor difusión, donde se ensalza el positivo impacto económico que la actividad eólica está suscitando en los lugares donde se implanta, generalmente áreas rurales con baja densidad de población.

En España, ante la falta total de iniciativas por parte del sector público, este desarrollo se limita, en el mejor de los casos, a un porcentaje de la facturación para los propietarios de los terrenos o un canon fijo que aplican algunas comunidades autónomas. Este tipo de tasas a menudo cuentan también con la resistencia de las empresas adjudicatarias. La AEE se queja de un tratamiento fiscal discriminatorio. Asegura que “en los últimos años se ha aumentado la presión fiscal efectiva a las instalaciones eólicas respecto a otro tipo de instalaciones renovables” y considera que existe una “contradicción inherente a predicar un impacto medioambiental adverso de una fuente de producción de energía respetuosa con el medio ambiente”.

En Castilla-La Mancha, entidades como Iberdrola, Elecdey Carcelén, Ibernova Promociones o Energías Eólicas de Cuenca batallaron judicialmente durante seis años en contra del canon impuesto por la Junta. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó en 2017 la decisión que habían tomado los tribunales al considerar compatibles el canon y el fomento de las energías renovables. Se trata de un canon que obliga a un pago anual de entre 0 y 1.275 euros por cada aerogenerador, dependiendo del número del que disponga cada parque eólico. En todo caso, son cifras inferiores a las existentes en Galicia (entre 0 y 5.900 euros), y muy lejos de la cuota tributaria de Castilla y León, que oscila entre 2.000 y 12.000 euros por molino eólico instalado.

Al margen de las tasas de carácter autonómico, algunas legislaciones están dejando indefensos a municipios que sufren la ocupación -a veces no deseada- de estos parques eólicos. En Galicia, el diputado de En Marea Antón Sánchez ha señalado en varias ocasiones el expolio ocasionado por las compañías eólicas, facilitado por el Gobierno autonómico con la aprobación de una nueva ley de medidas fiscales y administrativas, que agiliza los procesos de expropiación de montes vecinales por parte de las corporaciones. “Ya sufrimos en su día el expolio del lignito en Meirama o As Pontes (Coruña), y ahora se trata de hacer lo mismo con el viento”.

Algunos parques eólicos se encuentran ubicados dentro del área Red Natura 2000. Sánchez ha denunciado recientemente actuaciones dentro de este entorno, cuya ampliación se encuentra paralizada desde hace dos años por el Gobierno de la Xunta “hasta que las compañías tengan todos sus parques eólicos posicionados”. Toda esta situación contrasta con el panorama que existe en países europeos como Alemania o Dinamarca, donde es común la explotación de parques eólicos por parte de cooperativas y el apoyo de las instituciones locales. En España, la excepción que confirma la regla se encuentra en Pujalt, ubicado en la comarca catalana de Anoia. A través de la cooperativa Viure de l’aire, las aportaciones de más de 600 participantes han hecho posible la instalación del primer aerogenerador levantado por impulso popular. El objetivo declarado es contribuir a la democratización de la energía mediante la implicación directa y el aprovechamiento de los recursos al alcance de toda la población.