Hace poco hablé con una amiga sobre la época en la que se aprobó el matrimonio igualitario en España y recordé cómo el Partido Popular y la jerarquía de la Iglesia católica se opusieron de forma furibunda a la ley. A mi amiga le sorprendió mucho, no se acordaba de esas manifestaciones llenas de odio y le parecía alucinante que alguien se opusiese a la igualdad de derechos. Esta anécdota prueba hasta qué punto el respeto a la diversidad sexual se ha convertido en una seña de identidad de la sociedad española. Dice una encuesta que casi el 90% de los españoles acepta la homosexualidad, un porcentaje que nos convierte en una de las sociedades menos homófobas del mundo.

Además, en los últimos años se han aprobado importantes reformas legales que han mejorado la situación de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Además de la legalización del matrimonio y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, hace ya años que es legal cambiarse de sexo en el registro civil sin necesidad de operarse, y en algunas Comunidades Autónomas se ha reconocido el derecho a la autodeterminación de género. Estos progresos no han sido concesiones generosas de un gobierno o un partido político, sino el resultado de décadas de lucha de los movimientos LGTB, desde las movilizaciones por la abolición de las leyes que penalizaban la homosexualidad en los años setenta y ochenta hasta la actual campaña por la despatologización de la transexualidad y la promulgación de leyes integrales anti-discriminación. Porque sabemos que son los movimientos ciudadanos los que hacen avanzar la historia, es un honor contar en las listas electorales de Podemos con activistas como Beatriz Gimeno, que era presidenta de la Federación Estatal de LGTB cuando se aprobó el matrimonio igualitario.

Debemos estar orgullosos de los progresos que hemos conseguido en las últimas décadas, pero la orientación y la identidad sexual siguen siendo motivo de graves discriminaciones en nuestro país. Dos de cada tres alumnos homosexuales o transexuales han sufrido acoso escolar, según la asociación COGAM, y al profesorado le falta la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones. Los delitos de odio contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales son aun más numerosos que las agresiones racistas, sin que las fuerzas de seguridad tengan protocolos adecuados para evitar estos delitos y proteger a las víctimas. Además, el 75% de los trabajadores LGTB ocultan su orientación o identidad sexual en su centro de trabajo, lo que significa que mucha gente sale del armario para su familia y amigos pero sigue fingiendo ser quien no es en el trabajo, donde pasamos gran parte de nuestras vidas.

La creciente precarización de los empleos y de las vidas de la gente afecta con mayor intensidad a las personas que pertenecen a una minoría sexual. Cuando eres lesbiana y tienes un trabajo precario que depende de que tu jefe quiera renovarte cada tres meses, es más difícil que te atrevas a aparecer en una cena de empresa con tu pareja. Cuando estás esperando un tratamiento de transexualidad en la Seguridad Social y no tienes permiso de residencia, la exclusión sanitaria decretada por Ana Mato desde su Jaguar te afecta más dramáticamente que a otros ciudadanos. Y cuando miles de orientadores y educadores sociales son despedidos de los colegios es más difícil que se actúe de forma efectiva ante las agresiones homófobas en los centros educativos. El Partido Popular no se ha atrevido a retroceder en conquistas como el matrimonio igualitario, pero sus políticas antisociales han empeorado radicalmente la situación de las minorías sexuales en nuestro país. La exclusión de las mujeres lesbianas y solteras de la reproducción asistida en la Seguridad Social es la última prueba de que el partido de Mariano Rajoy sigue siendo tan homófobo como cuando se manifestaba con Rouco Varela contra la igualdad. Volvió a demostrarlo hace dos días, cuando el Gobierno definió a las familias homosexuales como "familias con problemas".

Es urgente revertir esta situación, abandonando la desastrosa política económica y social del PP y aplicando medidas eficaces para conseguir la igualdad real. Por eso, los diputados y gobiernos autonómicos de Podemos van a impulsar las medidas que los movimientos LGTB llevan años reclamando. Lo primero, leyes y planes integrales contra la homofobia y la transfobia, con medidas transversales orientadas a eliminar estas discriminaciones en todos los ámbitos de la vida social, desde el empleo hasta la educación y la sanidad, en colaboración con organizaciones sociales y empresariales. También es urgente elaborar planes autonómicos contra el acoso escolar por razón de orientación o identidad sexual. Un gobierno responsable no puede quedarse de brazos cruzados sabiendo que el 43% de los adolescentes que sufren acoso por motivos de orientación o identidad sexual ha pensado en suicidarse. Finalmente, es necesario que las Administraciones dejen de considerar la transexualidad como una enfermedad, garantizando el derecho a la atención sanitaria completa a las personas transexuales y reconociendo el derecho a la autodeterminación de género.

Hoy hace 25 años que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Eliminar la homofobia y la transfobia es más difícil, porque no basta con quitarlas de una lista, sino que es necesario un compromiso político firme y sostenido en el tiempo. Dice Manuela Carmena que la igualdad social beneficia a todo el mundo, hasta a los ricos, porque ninguna persona decente puede tolerar la pobreza y la crueldad. De la misma manera, el compromiso de Podemos no es sólo con los derechos de los ciudadanos gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, sino también con esa enorme mayoría social que quiere un país decente en el que todo el mundo tenga derecho a ser feliz sin que importe su orientación o identidad sexual.