Luego de 2015, año en que se dieron a conocer las cifras más recientes de pobreza en México, organizaciones civiles señalaron la poca efectividad de los programas sociales como una de las principales causas de que la cifra haya aumentado 2 millones en dos años. De acuerdo con los datos más recientes de la ASF, Prospera –el programa social más importante del país e incluso el estandarte gubernamental en materia de combate a la pobreza– ejerció su presupuesto durante 2015, pero no hay información que permita conocer si cumplió con alguno de sus objetivos.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Durante 2015 resultó imposible verificar si las acciones realizadas a través del programa Prospera sirvieron para combatir la pobreza en México, ya que las secretarías a través de las que se ejercieron 37 mil 911 millones 332.6 mil pesos carecen de mecanismos de información y seguimiento que demuestren a dónde fue a parar ese dinero público, concluyó la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El periodo de referencia fue el último en el que la política de desarrollo social estuvo a cargo de Rosario Robles Berlanga, y tambiénel último que permitió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicar las cifras nacionales de pobreza en el país.

La evaluación referente a la política pública se realizó a partir de los informes de 13 dependencias, con el objetivo de determinar la pertinencia del programa para atender la pobreza, así como la efectividad de sus acciones para cumplir metas.

El objetivo general de Prospera en 2015 fue el de “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza mediante acciones que amplían el desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza”.

En un país donde 55.3 millones de personas carecen de las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos, Prospera ha operado bajo tres ejes: alimentación, salud y educación. En todos se encontraron fallas en los mecanismos de entrega de apoyos, de requisitos para acceder a ellos, de evaluación y seguimiento de casos que sirvan para medir la efectividad y de un padrón íntegro.

“Los indicadores del programa no son suficientes para valorar el grado de desarrollo de las capacidades en alimentación, salud y educación de los beneficiarios; para verificar la inclusión financiera, laboral y productiva, ni para evaluar su contribución en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza”, sostuvo la ASF en su informe presentado el día de hoy.

La revisión evaluó la entrega de apoyos monetarios para alimentación, y la mejora de la alimentación de los beneficiarios; los diseños programático-presupuestal y normativo; el cumplimiento del objetivo general del programa, relacionado con la coordinación de sus componentes para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; los resultados de las actividades de inclusión financiera, laboral y productiva de los beneficiarios; la economía en el ejercicio de los recursos; el sistema de evaluación del desempeño; los mecanismos de control interno implementados para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, y la rendición de cuentas.

Prospera busca generar incidencia en 25 millones 807 mil 615 personas que integran 6 millones 168 mil 900 familias beneficiarias.

En 2015, el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública, fue de 37 mil 911 millones 332.6 mil pesos. El 91.5 por ciento se ejerció en “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, como el pago de comisiones a instituciones liquidadoras y la operación del programa, la contratación y pago de honorarios del personal operativo; el 6.3 por ciento para los operativos relacionados con la incorporación de familias al programa; el 1.8 por ciento para el pago de las obligaciones laborales, y el 0.4 por ciento para el mantenimiento del padrón de beneficiarios.

UN DÉBIL AVANCE CON LA SEP

De 2010 a 2014, el rezago educativo en el país sólo disminuyó 2 por ciento. En esa condición, según la última revisión del Coneval, viven 22.4 millones de personas y que son población objetivo de Prospera. El programa tiene como propósito otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria y educación media superior a los niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, para fomentar su inscripción, asistencia regular a la escuela y la conclusión de sus estudios.

En 2015 el presupuesto asignado a este rubro fue de 28 mil 275 millones 872.8 mil pesos para la atención de becarios y adquisición, entrega y reposición de útiles escolares.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que ejerció 18 mil 025 millones 599 mil pesos para la operación del componente educativo de Prospera para educación básica, pero careció de información sobre el resultado de la entrega de apoyos educativos justo en educación básica a niños y niñas de las familias beneficiarias, en el fomento de la inscripción, la asistencia regular y la terminación de ese nivel educativo.

“Los resultados muestran que los apoyos otorgados mediante el componente educativo de Prospera no han logrado fomentar que el total de los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriban, concluyan ese nivel y transiten a la educación media superior, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el derecho social en educación”, se puede leer en el informe de la ASF.

La SEP es la encargada de manejar los recursos presupuestarios y se encontró que esta no es “ni suficiente ni adecuada” para operar dicho componente educativo, porque no se incluyeron mecanismos para el seguimiento y control de las actividades de la política. Como resultado, no se pudo determinar si se fomentó o no la inscripción y terminación de la educación básica, ni tampoco se establecieron estrategias de coordinación para disponer de información del seguimiento de los becarios.

El documento indica, además, que no se establecieron los requisitos a cumplir para acceder al apoyo, ni la evaluación requerida para determinar si el apoyo funcionó o no y no se estableció el monto a otorgar a cada beneficiario ni el plazo en que recibiría la ayuda.

La ASF instó a la SEP a que nombrara una autoridad encargada del manejo de los recursos, las evaluaciones y requisitos; a que elabore un plan de coordinación, seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones y que esclarezca por qué no se cuenta con un mecanismo de seguimiento a los becarios en su fase de beneficiarios y cuando ya no lo sean.

Mientras, el programa sigue aumentando su número de becarios que reciben 594 pesos mensuales. Al respecto, en el año de evaluación, la SEP no realizó la comparación entre el padrón de beneficiarios de Prospera con el de su lista de becarios, es decir, hubo dos listas y se duplicó el apoyo a 8 mil 050 beneficiarios.

El programa no tiene indicadores ni metas. Nada que pueda medir la efectividad.

“La ASF verificó que los apoyos otorgados mediante el componente educativo de Prospera, no han logrado fomentar que el total de los integrantes de las familias beneficiarias en edad de cursar la educación básica se inscriba y concluya ese nivel, y que transite a la educación media superior, a fin de contribuir a que la población en pobreza ejerza el derecho social en educación”, señala el documento.

En el caso de la educación media superior, la ASF revisó además la certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en educación, y la entrega de becas, del apoyo a “Jóvenes PROSPERA”.

El resultado fue el mismo: la SEP no es no suficiente ni adecuada para operar el componente educativo del programa.

En este rubro se volvió a insistir en la falta de mecanismos para el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades del componente. En el cual, por no tener reglas de coordinación, tampoco hubo requisitos para acceder al apoyo, ni un mecanismo de evaluación de saberes adquiridos. Aún así, en 2015 se incrementó en 20.6 por ciento el número de becarios que en promedio recibieron 989.2 pesos al mes.

La ASF confrontó el padrón de beneficiarios de Prospera con el padrón del Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS), y en la revisión identificó 13 mil 590 becarios de Prospera que también fueron beneficiarios del PROBEMS en el mismo periodo.

OPACIDAD EN SALUD

En lo que se refiere al componente de salud, en 2015 Prospera atendió a 5 millones 639 mil 982 familias en promedio, en 16 mil 837 unidades de salud; sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no acreditó los resultados de las intervenciones otorgadas por el componente de salud de Prospera; ni la asistencia de las familias beneficiarias a los talleres para el autocuidado de la salud, y no generó información, ni dispuso de indicadores para medir la contribución del componente en el fomento del autocuidado de la salud, la mejora de la salud, y el desarrollo de capacidades en salud de la población beneficiaria.

Incluso, el Reglamento Interno de la CNPSS y el Manual de Organización Específico de la CNPSS no están actualizados, ya que siguen haciendo mención al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, pese a que cambió de denominación a Prospera Programa de Inclusión Social. En el año evaluado, la Comisión careció de información, indicadores y metas para medir los resultados de los talleres comunitarios, en el fomento del autocuidado de la salud.

La auditoría constató que para 2015, la comisión no contó con información respecto del número y tipo de intervenciones del Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) y del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) otorgadas a los beneficiarios; del tipo de consultas que se brindaron a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni de los otros integrantes de las familias beneficiarias; ni del resultado de las intervenciones otorgadas, debido a que no dispuso de estrategias para la conducción del diseño, instrumentación, operación y difusión de la información necesaria para el seguimiento y evaluación, para contar con información oportuna para la toma de decisiones.