Galicia responde por más de la mitad de la superficie forestal del estado español. Supone una verdad estadística que Galicia siempre arderá más que el resto. Resulta aún más cierto que si coinciden temperaturas superiores a los 30 grados, vientos a más de 30 kilómetros por hora y humedad por debajo del 30% el fuego prenderá más rápido, se propagará más fuerte y se moverá más incontenible.

La ley del 30-30-30 era cierta en 2006 cuando se dieron esas condiciones durante las dos primeras semanas de agosto y lo es en 2016 cuando han estado muy cerca de volver a darse. Núñez Feijóo lo sabía entonces y lo sabe ahora. La diferencia es que ahora dice la verdad al invocarla y entonces mentía al negarla para sacar rédito político de los incendios.

Galicia gasta cada año casi el doble en sofocar los incendios que en gestionar el monte. Ha habido ejercicios donde la lucha contra el fuego ha devorado mas de 170 millones de euros, como en 2006 y 2007. Los incendios se apagan en invierno cuidando el monte, parece indudable. Pero también resulta notorio que existe una industria del fuego muy provechosa, que deja suculentos beneficios cada año. Quemar el monte representa una tragedia para la mayoría pero también un buen negocio para unos pocos.

Señalar la existencia de incendiarios no es culpar a la sociedad civil gallega. Existen verdaderos delincuentes del fuego que se organizan en tramas y actúan como bandas criminales ante la indiferencia o la falta de medios de unas fuerzas de orden y una justicia más preocupadas por otros delitos. Núñez Feijóo lo sabía entonces y lo sabe ahora. La diferencia es que ahora dice la verdad al hablar de terrorismo ambiental y entonces mentía al negar su existencia para sacar rédito político de los incendios.

La mala gestión y la falta de previsión de las administraciones limitan la capacidad de gestión de los incendios y muchas veces avivan el fuego. Por eso arden más de 90.000 hectáreas un año o más de 10.000 en una semana. En 2006 el bipartito se equivocó gravemente al presentarse en julio sin haber completado el cambio en el sistema contraincendios para dotarlo de un operativo mas profesional y al retrasar la contratación de las brigadas municipales ante el boicot organizado desde los ayuntamientos del PP. En 2016 el gobierno Feijóo se ha equivocado gravemente al retrasar la puesta en marcha de su dispositivo antiincendios hasta mediados de julio y congelar la firma de los convenios con los ayuntamientos para ahorrarse unos cientos miles de euros y seguir presumiendo de control del gasto.

En ambos casos existe responsabilidad política y debió y debe asumirse. Núñez Feijóo lo sabía entonces y lo sabe ahora. La diferencia es que en 2006 decía la verdad al reclamarla y ahora en 2016 miente al negarla para intentar que la oposición no saque rédito político de los incendios. Eso es todo, señoría.