Si usted piensa renunciar completamente a la nacionalidad argentina, lea con atención estas líneas: "No es admisible que un argentino nativo pueda de manera voluntaria renunciar a la nacionalidad ni tampoco a la ciudadanía argentina", así lo confirmó un fallo de la Cámara Nacional Electoral, al rechazar el pedido de dos ciudadanos que pretendían hacerlo para obtener la nacionalidad lituana.

Los jueces Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné emitieron un fallo en el que remarcaron que es inconstitucional renunciar a la nacionalidad argentina. Los camaristas resaltaron que un argentino nativo "nunca puede dejar de serlo porque es una condición jurídico-política que la propia Constitución adjudica".

La explicación. Los magistrados sostuvieron que "admitir la renuncia voluntaria del ejercicio de los derechos políticos sería contrario al principio de obligatoriedad del voto consagrado en el primer párrafo del artículo 37 de la Constitución Nacional". Los camaristas expresaron además que "la nacionalidad es un derecho humano de la persona y no sólo es un atributo que el Estado le reconoce". Los magistrados, quienes respaldaron su sentencia con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacaron que la nacionalidad es un "derecho humano" de toda persona.

El pedido. Fue impulsado por dos ciudadanos salteños, Christian Simoliunas y Federico Javier Simoliunas, quienes querían perder la nacionalidad argentina y así continuar con los trámites para obtener la de Lituania.

El caso llegó hasta la Cámara Electoral porque el juez federal electoral de Salta también había rechazado el pedido al entender que: "la nacionalidad es un prerrequisito del reconocimiento de la personalidad jurídica", cuya falta "lesiona la dignidad humana". El juez consideró que si no existe tratado de doble nacionalidad entre Argentina y Lituania "nuestro país no puede encuadrar la situación jurídica como pérdida de nacionalidad".

A través del fallo, la Cámara Electoral estableció su competencia para resolver este tipo de cuestiones, al sostener que la ley de nacionalidad y ciudadanía carece de una pauta genérica de atribución de competencia".