"We will do our best", dice una alta fuente del oficialismo, que espera que pasado mañana se apruebe en la comisión de Economía del Senado la Ley de Mercado de Capitales, aggiornada como de Financiamiento Productivo. El objetivo es que vaya al recinto la semana siguiente al dictamen.

Pero para tener quorum, el Peronismo Federal le pide a cambio que aprueben la Ley Lavagna, como denominan al sistema de protección para créditos hipotecarios UVA creado por el diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna.

Promueve un fondo fiduciario de compensación hipotecaria: el deudor que se adhiera al sistema paga mensualmente la cuota hipotecaria, pero indexada al índice de salarios, y no más del 5% de la diferencia entre cuánto aumentó el salario sobre la inflación. O sea que en ocasiones puede pagar una cuota algo más cara.

El banco recibe mes a mes el pago en UVA y no se ve afectado si los sueldos suben menos que la inflación. El fondo compensador recibe mensualmente la diferencia entre la variación de salarios y la inflación acumulada, más lo que gana por sus inversiones y utilidades del Banco Central. Esos fondos alimentan un fondo anticíclico fiscal que existe por ley, y una parte se puede usar también para proyectos de vivienda.

El nombre completo de la ley es "programa de protección frente a los descalces entre la inflación y los salarios para deudores de créditos hipotecarios". El ingreso al programa por parte de los deudores será optativo. Se construirá un índice de actualización del programa que se utilizará para actualizar el monto en pesos de las cuotas. El valor se actualizará mes a mes con el coeficiente de variación salarial del Indec.

Se creará un fondo fiduciario destinado a financiar la protección contra la inflación para los deudores, fomentar el mercado de capitales y de la vivienda, y generar ahorros que en el futuro se integrarán al fondo anticíclico fiscal. Este fondo estará integrado por las eventuales diferencias de cuotas que se definan, el producido de las inversiones que realice, el 10% de las utilidades anuales del BCRA y aportes reintegrables del Tesoro Nacional en caso de insuficiencia de fondos.

En sus inversiones, deberá primar el criterio de liquidez. Pero en caso que cuente con niveles adecuados de liquidez, una fracción podrá destinarse al financiamiento de programas de vivienda social. Dicha fracción deberá ser aprobado a por el Congreso y los fondos deberán incluirse en el presupuesto nacional. El Estado será el fideicomisario de los fondos y un Comité de Inversiones estará a cargo del destino de las inversiones financieras. El fondo no cobrará comisión alguna por la administración.

"Si bien el actual sistema de créditos UVA prevé una prolongación de hasta 25% del plazo del préstamos en caso que la inflación de precios acumulada supere a la variación del salario en al menos 10%, esto en la práctica implica un importante encarecimiento para las familias y una sobreexposición a la materialización de un nuevo evento de caída en el salario real", precisa la Ley Lavagna.

Este esquema tiene dos beneficios: permite acumular fondos en momentos de suba del salario real, y proteger a los deudores en momentos en los que la inflación sobrepasa a los salarios. La ley pretende establecer un mecanismo de cobertura para los deudores de créditos atados a la inflación, habida cuenta de la historia inflacionaria argentina y el crecimiento de los pasivos. Esto permitirá acumular fondos si aumenta el salario y proteger a las familias si cae.