Los socialistas decidieron no votar ni sí, ni no, ni abstención... sino todo lo contrario. Decidieron, sencillamente, no votar. Fue su manera de escapar de la ratonera catalana que le había tendido la derecha con las que eran sus primeras Proposiciones No de Ley (PNL) en la flamante legislatura andaluza de mayoría conservadora.

Humillación, chantaje, acoso, golpe de Estado… La destemplada redacción de ambas iniciativas parlamentarias, que salieron adelante con los votos de PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, hacía imposible que fueran apoyadas ni por Adelante Andalucía ni por el Partido Socialista.

Un asunto delicado

Sin embargo, con su ofensiva PP y Cs marcaban territorio y enviaban un mensaje claro a sus votantes: el Gobierno y la nueva mayoría parlamentaria de la comunidad más poblada de España serán muy beligerantes en la cuestión territorial, que los socialistas andaluces procuran eludir cuidadosamente eludir desde las primarias de mayo de 2017 y muy en particular desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018 gracias a los votos del secesionismo.

El conflicto catalán divide profundamente no ya a Susana Díaz y Pedro Sánchez, sino al propio Partido Socialista, al que desde las elecciones generales de diciembre 2015 tiene abierto en canal y cuyo último episodio fue la crisis del relator que acabaría precipitando la convocatoria anticipada de elecciones para el 28 de abril.

Lenguaje grueso

Las proposiciones aprobadas disparan por elevación con afirmaciones como esta: el Parlamento de Andalucía insta al "Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril que no acepte la constitución de una Mesa Bilateral para una negociación entre el Estado y una comunidad autónoma en un plano de la igualdad".

O como esta otra: el Parlamento autonómico exige que "el futuro presidente del Gobierno de España, salido de las urnas el próximo 28 de abril, rechace concesiones al separatismo, como las reflejadas en el documento de las 21 exigencias separatistas". Y esta otra más: el Parlamento considera “una humillación y un chantaje inaceptable el nombramiento de un mediador para negociar con los separatistas".

Férriz y Mora, al ataque

Para la diputada Ángeles Férriz, que defendía la posición socialista, no era fácil interpretar sin artificios retóricos demasiado visibles el papelón de rechazar unas proposiciones que –no en la forma, pero sí en el fondo y aun viniendo de unos “salvapatrias de tres al cuarto”– no están muy lejos de lo que piensa tanto la nomenclatura socialista andaluza como el grueso de su electorado.

La iniciativa de la derecha también enfadó a Adelante Andalucía, cuya diputada Maribel Mora se declaró indignada por el intento de PP y Ciudadanos de “rebañar votos” y por dedicar su “primera iniciativa” parlamentaria no “al paro, la pobreza o el empleo juvenil”, sino a Cataluña.

Tiempo de silencio

Las PNL conservadoras puede que equivalgan a jugar con fuego territorial, pero tienen sentido electoral: el PSOE-A se encuentra entre la espada de su electorado, al que no puede defraudar en un asunto tan sensible, y la pared de Ferraz, a quien no debe desestabilizar en un momento tan delicado, a solo dos meses de unas elecciones generales.

Desde el triunfo de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa hace nueve meses, los distintos barones territoriales habían procurado morderse la lengua para apuntalar la fragilidad parlamentaria del presidente y salvaguardar la precaria cohesión orgánica y política del ‘nuevo PSOE’.

Aun así, varios de ellos estallaron con declaraciones públicas de calibre cuando trascendió que el Ejecutivo había aceptado la exigencia independentista de incorporar un relator –término señalado en el vocabulario diplomático de Naciones Unidas– a la mesa de partidos para dialogar sobre el procés.

Al contrario que otros líderes territoriales o históricos como Felipe González y Alfonso Guerra, Díaz y los suyos guardaron un estruendoso silencio para no acorralar todavía más a Sánchez ni reabrir heridas internas aún no cicatrizadas, aunque era obvio que su opinión sobre el relator no era menos crítica que la de sus compañeros de Extremadura, Asturias, Aragón o las Castillas.