El Cercle Català de Negocis (CCN), una camarilla de empresarios independentistas que apoyan a Puigdemont, ha lanzado un siniestro mensaje en el que sugiere que la situación de Cataluña sólo se resolverá con «terrorismo o una guerra civil».

Ya tras el referéndum ilegal del 1-O, el vicepresidente de esta asociación, David Fernández, abogó públicamente por hundir la economía para que se dispare la prima de riesgo, como fórmula para que la Unión Europea acabe aceptando la independencia de Cataluña. David Fernández trabaja como informático para la firma Aggity, cuyo presidente, Óscar Pierre Prats, fue consejero de RTVE en representación del PDeCAT (antes CiU).

El Cercle Català de Negocis (CCN) ya ha cumplido su objetivo: las 3.000 mayores empresas de Cataluña han traslado su sede fuera de la región, huyendo de la inestabilidad política y social provocada por los independentistas.

La camarilla de empresarios independentistas próximos a Puigdemont ahora va más lejos. En una cadena de mensajes, sugiere que sólo «el terrorismo o una guerra civil» puede sacar a Cataluña de su actual bloqueo. De este modo, lanzan el mismo mensaje que el etarra Otegi hace apenas una semana: puesto que resulta inviable alcanzar la independencia por vías pacíficas, la única solución que nos dejan es la violencia. Ya no es suficiente con ponerse el lacito amarillo.

El CCN recuerda la oleada de solidaridad que provocó en Cataluña el secuestro de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA: «En aquella época el corazón de muchos catalanes aún latía al mismo ritmo que el corazón de los españoles. Desgraciadamente, no sirvió para nada; el fanatismo no quiso escuchar la voz del pueblo».

«El conflicto vasco», añade, «causó 834 muertos a manos de los terroristas de ETA. Durante 50 años políticos, empresarios, jueces, militares y sus familias vivieron bajo la amenaza permanente de la irracionalidad etarra mientras la kale borroka se apoderaba de las calles y el miedo de los ciudadanos».

Por eso resulta tan siniestro que los políticos independentistas catalanes reciban ahora y abracen en el Parlament al dirigente de la banda terrorista ETA Arnaldo Otegi. El propio Carles Puigdemont ha contratado en Bruselas a un abogado especializado en defender a etarras, Paul Beckaert, y varios de sus ex consellers tienen como abogado a Gonzalo Boye, que fue condenado a 14 años de cárcel por ayudar a ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.

El Cércle Català de Negocis (CCN) pasa a comparar la actual situación de Cataluña con los años de plomo del País Vasco: «Pese al estado de permanente excepcionalidad política y social que durante décadas sacudió al País Vasco, el Gobierno español nunca se planteó suspender la autonomía vasca, ni suspendió el régimen de derechos y libertades fundamentales que emanan de la Constitución de 1978, ni forzó el exilio del gobierno vasco. Al contrario, España ha preservado el convierto económico vasco y todos sus privilegios fiscales que en cambio la ominosa sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 negó a Cataluña».

Y aquí es donde el discurso del CCN comienza a ser absolutamente mendaz. El Gobierno español no suspendió la autonomía vasca, porque el gobierno vasco nunca se situó al margen de la Ley y quebró unilateralmente la Constitución, como sí ha hecho el Ejecutivo de Puigdemont.

El Gobierno español tampoco ha provocado el «exilio» del gobierno catalán: el ex presidente Puigdemont y seis de sus ex consellers han huido de la Justicia española, para evitar responder de los graves delitos que han cometido.

Por último, el Cercle Català de Negocis (CNN) lanza una velada amenaza: puesto que no hemos alcanzado la independencia por medios pacíficos, nadie debería sorprenderse si algunos lo intentan mediante la violencia, como ocurrió en el País Vasco. Y es aquí donde la camarilla de empresarios amigos de Puigdemont plantea la disyuntiva entre «terrorismo o una guerra civil» para cumplir sus objetivos.

El CCN lo dice con las siguientes palabras: «Si en España el terrorismo es la única manera de adaptar el ordenamiento constitucional a las exigencias de los nuevos tiempos y a las legítimas demandas políticas económicas y sociales de la ciudadanía, y la guerra civil es la única manera que los poderes fácticos del Estado tienen para resistirlo, que Dios nos coja confesados. El ordenamiento constitucional ha de evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias sociales de manera pacífica. Si no es así, España está condenada a repetir su historia».

Por supuesto, los empresarios amigos de Puigdemont mienten: el terrorismo jamás ha conseguido modificar el «ordenamiento constitucional» español. Y pese a ello, los independentistas catalanes han buscado el apoyo del dirigente de ETA Arnaldo Otegi, al que invitaron a visitar el Parlament y convirtieron en la estrella de la Diada del 11-S de 2017.