París era una fiesta, podría estar pensando Alberto Fernández. Lejos comienza a quedar la postal de hace solo 72 horas. Francia fue la última escala del Presidente de una larga gira por Europa que le dejó un interesante álbum de fotos con varios de los principales líderes del mundo y promesas de ayuda para la renegociación de la deuda. Del papa Francisco a Angela Merkel y de Emmanuel Macron al rey de España. El arribo a Buenos Aires lo obligó a enfocarse en una cuestión menos lejana y mucho menos técnica para el ciudadano que la negociación con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional. Dieciocho millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales esperan una decisión: ¿Cuál será, al final, el aumento que estaba pactado para marzo? O, para ser precisos, ¿a cuánto trepará el ajuste?

El tema adquiere la forma de una brasa caliente en el despacho del primer mandatario. Muchos interpretan que podría ser una bisagra en su gestión. Una señal hacia afuera, pero también hacia adentro de su heterogénea fuerza política. Durante su estadía en Europa, el jefe de la ANSeS, Alejandro Vanoli; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el de Trabajo, Claudio Moroni, intercambiaron llamados y chats y confeccionaron distintos esquemas y propuestas. Un menú de opciones que también mantuvo en alerta a los funcionarios del ala política y de íntima confianza de Fernández.

Alberto se reunió con Vanoli y Guzmán en la Casa Rosada el viernes, apenas regresó a la Argentina, y habló del asunto con Moroni y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Todos opinamos, pero el número final lo va a poner él”, contó uno de ellos a Clarín. El anuncio es inminente. Y hay roces, por supuesto. La manta es corta. Un albertista que se mueve siempre en las sombras, pero que nunca queda al margen de las grandes decisiones afirma sin eufemismos: “Lo único que no podemos hacer es cagar a los que cobran la mínima. Sería atentar contra nuestra propia base electoral”.

Los técnicos miran a Estados Unidos y piden atender el déficit. Alguno aseveró puertas para adentro que las arcas del Estado ni siquiera permiten garantizar la suba del 11,56% para los ingresos más bajos. Pero los celosos de la imagen presidencial advierten sobre los riesgos de un ajuste en el sector más vulnerable e incluso en la brecha de hombres y mujeres que dispone de ingresos por encima de la mínima pero que apenas puede subsistir con lo que gana.

Fernández estudia alternativas pero, a diferencia de su antecesor, prefiere pagar el costo de un reacomodamiento antes de los primeros cien días. Su obsesión hoy pasa por cerrar la renegociación de la deuda antes de abril, poder patear los vencimientos de intereses y capital por lo menos dos años y generar el clima para que la economía vuelva a crecer o, cuanto menos, para que logre recrearse el consumo. Siente que los acreedores empiezan a despegarlo de la imagen de Cristina Kirchner. Por eso hubo presión sobre Axel Kicillof para que la Provincia pagara el vencimiento de 250 millones de dólares y no cayera en default. Dato: en una de las reuniones de las últimas horas, el Presidente contó que el Fondo Monetario está muy entusiasmado con la reforma previsional que ha encarado su administración.

Conviene detenerse en los números y en los antecedentes para entender por qué es tan sensible la cuestión. A instancias de Mauricio Macri, el Congreso aprobó en diciembre de 2017 la ley 27.426 que planteaba que los salarios de los jubilados serían calculados sobre el 70% de la inflación y el 30% respecto a la subida de los sueldos formales. El ajuste era trimestral. La oposición, en ese momento encabezada por el kirchnerismo y la izquierda dio una dura batalla en las calles para frenar la ley -hubo serios incidentes en la manifestación frente al Parlamento, heridos, una inédita lluvia de piedrazos y una tensión en el recinto que enfrentó a los legisladores como pocas veces- y denunció que aquel régimen ponía en jaque a los jubilados.

De acuerdo a esa normativa, a la clase pasiva le correspondía cobrar el mes próximo una suba del 11,56% y en junio -según la inflación y la evolución de los salarios formales del cuarto trimestre de 2019-, una cifra cercana al 12%. “Impagable”, dijo Fernández en sus últimas apariciones. Y volvió a calificar a Macri de irresponsable. Más: dice que los presidentes con los que se reunió en Europa -que son los mismos que cortejaban al líder del PRO- también lo cuestionan por su gestión.

El papa Francisco y el ministro Martín Guzmán. Hubo respaldo del Vaticano al Gobierno.

Fernández argumenta que la economía es una calamidad más grande que la que él imaginaba. Tal vez sea una forma de explicar por qué pasó de prometer en campaña un aumento del 20 por ciento para todos los jubilados desde el 10 de diciembre a barrer con el cronograma que establecía la movilidad macrista. Quizás aplique el recurrente teorema de Baglini: cuanto más lejos se está del poder, más irresponsable son los enunciados; cuanto más cerca, más sensatos se vuelven. Lo resumió el propio Baglini hace algunas semanas en una entrevista que le realizó Gustavo Bazzan para este diario: “Alberto está cumpliendo al pie de la letra cada paso de mi teorema”. Otra duda: ¿Qué hará Fernández con las jubilaciones de privilegio? ¿Las eliminará o solo las limitará?

El albertismo insiste con que lo que buscará con los próximos aumentos será “achicar la pirámide”. No está definido, pero una versión daba cuenta ayer de que, para maquillar el cimbronazo, el Gobierno terminará otorgando un incremento mayor al que trascendió para los que menos ganan. Se trata de la mitad de la clase pasiva, que hoy percibe un ingreso de $14.067,93, o del 60% si se incluyen las pensiones no contributivas. Esto podría hacerse a partir del otorgamiento de un porcentaje fijo, igual para todos, más una suma determinada, que algunos ubican en torno a los 1.200 pesos. Otros, sin embargo, aconsejaron que el aumento sea directamente una suma fija, sin un porcentaje fijo y sin distinción de ingresos.

Lo que está en juego es el aumento global. Está claro que no llegará al 11,56%. La Casa Rosada pretende ahorrarse este año unos 100.000 millones de pesos. Dentro del Frente de Todos a algunos les causa escozor la palabra ahorrar. “No nos votaron para que vengamos a hacer ajustes. Para eso estaba Macri”, razonan.

La oposición podría hallar un hueco para perforar el relato oficial a solo dos meses del cambio de mandato. Y podría plegarse a las demandas judiciales que podrían surgir de los jubilados si es que no se les respetan los derechos adquiridos. En charlas informales ya se habla de acompañar cualquier manifestación o protesta que pudiera surgir en forma espontánea. Aunque no todos piensan del mismo modo. Los radicales están en guardia porque creen que podrían disputarle al poder actual ciertas consignas progresistas. Para los macristas es más difícil: muchos siguen pensando que se quedaron cortos con el ajuste -o que se hizo tarde y mal- y que Alberto Fernández está en el camino correcto. Paradojas de la nueva era.