60 mil millones de pesos implican un negocio muy grande como para que se quede en una venta informal de tambos de plástico en camionetas clandestinas. Es obvio que el robo de combustible escala a los más altos niveles.

El presidente López Obrador, cuya estrategia para combatir el llamado “huachicol” ha generado una grave escasez de gasolina y diesel en varios estados del país, ha señalado que altos funcionarios de Pemex estuvieron metidos, que incluso sus antecesores supieron y no hicieron nada. Han sido ubicados políticos y dirigentes sociales, extrañas organizaciones no gubernamentales que protegen a los alcaldes huachicoleros. Todos, como parte de la estructura de este negocio multimillonario.

Pero lo que no se ha dicho hasta ahora es que también existen grandes empresas mexicanas a las que las autoridades detectaron comprando sistemáticamente enormes cantidades de combustible robado a las mafias del huachicol.

Un informe de inteligencia al que tuve acceso, y que elaboraron hace cuatro años durante el sexenio de Enrique Peña Nieto las dependencias de Seguridad y de Inteligencia Financiera, puso en la mira a dos grandes empresas. Una dedicada a la comercialización de pan y golosinas, y otra dedicada a los útiles escolares. Según las investigaciones gubernamentales de esa época, ambos consorcios privados compraban combustible robado que usaban en el transporte de sus productos. Gracias a ello, pagaban menores costos y mejoraban sus márgenes de utilidad.

Pero como muchas otras cosas que se investigaron en el sexenio pasado, el asunto no avanzó más. El expediente se cerró y no se actuó en consecuencia. (Por respeto a la presunción de inocencia y considerando que la autoridad no actuó ni hubo juicio al respecto, omito los nombres de las compañías).

Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrían hurgar en los archivos de sus dependencias o preguntar a los funcionarios de carrera que estuvieron involucrados en el amplio y añejo expediente del huachicol.

Y quizá, sin generar desabasto, comenzar a desmantelar el sangriento negocio apegados a la vieja máxima de los investigadores: sigue la ruta del dinero.

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