De camino hacia unas elecciones generales, ¿los dirigentes independentistas catalanes considerarían legítimo que una futura mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, argumentando disponer de un “mandato democrático” porque figuraba en sus programas electorales, decidiera que la Administración central recuperara unilateralmente competencias transferidas a las comunidades autónomas, vulnerando lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía? ¿Considerarían un ataque a la democracia y a los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional anulara tal legislación? Y si, pese a ello, se intentara imponer transgrediendo la legalidad y desobedeciendo a los tribunales, ¿considerarían que no existirían responsabilidades de quienes así obraran?

Pere Ysàs Solanes

Barcelona

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