Ante la propuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) de retener impuestos a las transacciones que se realicen en el país, las micro, pequeñas y medianas empresas (micropymes) serán las más afectadas.

Adriana Lozano, diputada del Partido Encuentro Social (PES) y secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, indicó en entrevista que, de aprobarse la propuesta del ombudsman fiscal, las micropymes tendrán una mayor carga administrativa, además de un menor flujo de efectivo.

Explicó que, tras esta iniciativa, varias micropymes se han acercado a la comisión para mostrar su inquietud. “Ellos están trabajando bien, dentro del marco legal, son cumplidos (...) No hay que perseguir a un sector tan importante por perseguir fantasmas”.

Agregó que se debe cuidar la solidez y confianza de las micropymes, ya que éstas generan 72% de los empleos del país y aportan 52% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“Nosotros, como grupo parlamentario, no estamos de acuerdo con que se realicen estos actos ilícitos por parte de los contribuyentes, pero no sólo se debe apoyar a la autoridad para disminuir la venta de facturas falsas, sino que también se debe cuidar a las empresas para que no tengan una mayor carga fiscal o administrativa”, expuso.

Recientemente, la Prodecon presentó su propuesta para retener las dos terceras partes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando se paguen servicios, así como 10% del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Si bien los empresarios han mostrado preocupación, la diputada refirió que lo que sí es importante hacer es tipificar este delito como grave e incrementar su penalidad.

“Al no estar tipificado como delito grave, estos delincuentes siguen emitiendo comprobantes falsos de manera libre. Si lo aumentamos a grave, los sujetamos y amarramos para que ahora sí pase algo, para que no se amparen (...) queremos que tiemblen antes de cometer el ilícito”.

En agosto, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, declaró que en su gobierno se considerará la emisión de facturas apócrifas como delito grave, con lo cual quienes incurran en esta práctica no tendrán derecho a fianza y tendrían que seguir el proceso en prisión.

Actualmente, este delito se castiga con prisión de tres meses a seis años. La Prodecon propuso que se eleve a un rango de dos a 10 años.

Anuncian foro

Ante las inquietudes de los empresarios, Adriana Lozano dijo que se realizará el foro en defensa de la micro, pequeña y mediana empresa el próximo martes 13 de noviembre para abordar y analizar el tema en la Cámara de Diputados.

Añadió que primero quieren abrir el diálogo con los empresarios para escuchar sus miedos y propuestas, para después poder entablar un diálogo con la Prodecon y ver las posibles soluciones.

“La Prodecon ha hecho un trabajo correcto. Ha defendido al contribuyente y ahora no nos referimos a que lo esté atacando, pero es importante considerar y plantearle a la entidad las afectaciones resultado de este tipo de propuesta”, explicó .

Agregó que el combate a la factura apócrifa va a ser algo a lo que se dará prioridad en el siguiente gobierno y, junto al combate a la corrupción, se espera que el contribuyente pueda notar beneficios del pago de sus impuestos, lo que incentivará a que se cumpla con la obligación.

“El contribuyente necesita ver que los impuestos están bien utilizados (...) Eso va a estimular al contribuyente a generar su cumplimiento fiscal en tiempo y forma”.