La Secretaría de Educación Pública (SEP) gastó 26 mil millones de pesos en un programa llamado “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, que significa dar dinero extra para la operación de servicios en nivel medio superior y superior, pero no hay comprobación de que llegaron a su destino y que los recursos dieron resultados.

El programa sólo tenía 3 mil millones de pesos de presupuesto, pero después de 268 movimientos en los registros contables, la dependencia terminó entregando 26 mil 668 millones de pesos, lo que representa 763.2% más.

Sin embargo, ese millonario gasto no significó algún tipo de mejora, pues “respecto de la eficacia, en términos del cumplimiento de sus metas y objetivos, no tuvo la evidencia documental de ese hecho y no demostró que este resultado tuviera impacto para completar la operación de los servicios educativos”.

Así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación en la revisión a dicho programa, como parte del segundo informe de la Cuenta Pública 2018, entregado a la Cámara de Diputados.

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Dicho presupuesto significa casi tres veces el presupuesto del programa Escuela de Tiempo Completo en 2018, que atendió a 25 mil planteles de educación pública ofreciendo un horario ampliado con actividades culturales, deportivas, o entrega de alimentos a alumnos de primaria.

La manera de distribuir los recursos del programa de apoyo fue a través de convenios entre la SEP y las entidades federativas. La Auditoría detectó que se hicieron convenios e intentó comprobar las erogaciones a través de correos electrónicos, instrucciones de pago, acuses de recibo de la ventanilla de pagos, pero esto fue insuficiente.

Es decir, no pudo acreditar los criterios y la metodología que comprobaran que el presupuesto se ejerció “con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, ya que no evidenció los criterios y la metodología para definir cómo debe cumplir con dichos principios”.

Entre el listado de instituciones beneficiadas con registro de entrega de recursos está la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Colegio Nacional, la UNAM, la Universidad Tecnológica del Valle de Chalco y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras.

Sin embargo, la entrega de recursos a dichas instituciones sólo suma 569 millones de pesos, es decir, sólo 2.4% del monto total gastado, según información registrada en la Cuenta Pública de 2018.

Por eso es que la Auditoría advirtió que el dinero se gastó “sin que se pudiera demostrar que las 268 adecuaciones presupuestarias efectuadas durante su ejercicio hayan propiciado una mejor gestión del programa para cumplir con su propósito, ello evidenció la carencia de sistemas de control presupuestario adecuados que promovieran el registro e información del gasto con base en resultados”.

Aún con esas irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación no interpuso ninguna responsabilidad si quiera administrativa en contra de algún funcionario público responsable, y sólo se hicieron “27 recomendaciones al desempeño”.

Tampoco se señalaron recuperaciones probables de recursos públicos, como ocurre cuando señala que el presupuesto no se aplicó, o no se comprobó que se hubiera gastado para las acciones que se etiquetaron.

Este programa, con la clave presupuestaria U080 que lo ubica en la categoría de “subsidio”, supuestamente tenía como meta “garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”, como parte del Programa Nacional de Desarrollo del sexenio, pero en realidad la dependencia “no verificó la atención de las prioridades establecidas en el documento de planeación de mediano plazo, ni utilizó el seguimiento para la toma de decisiones, con base en información sobre su desempeño”.

También se suponía que debía “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”, pero la SEP no acreditó documentación comprobatoria de los resultados, por lo que “no fue posible medir el avance obtenido por la secretaría en esos rubros; además de que mostró deficiencias en su control interno al no tener información relevante y suficiente”.

La dependencia tampoco dio seguimiento al ejercicio del gasto público, ni al avance de los resultados para medir el cumplimiento de sus objetivos y metas, ya que no reportó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.