"Roma no paga traidores. ¿Está seguro de lo que va a hacer?", lo recibió el fiscal federal Jorge di Lello a Alejandro Vandenbroele , mientras le abría las puertas de su despacho. Y, ya decidido –o acaso jugado–, el presunto testaferro de Amado Boudou le respondió que sí. Se convirtió así, el 13 de noviembre pasado, en el primer arrepentido del " caso Ciccone ".

Cuatro meses después, sin embargo, la confesión de Vandenbroele apenas generó secuelas procesales. El expediente permanece aletargado hasta que la Cámara Federal porteña –que ayer escuchó los alegatos a favor y en contra- defina si confirma a Ariel Lijo como juez instructor de la causa o acepta la recusación que plantearon Amado Boudou y su socio, José María Núñez Carmona .

En tanto, en el juicio oral contra ambos sobrevoló el nombre de Jorge Brito, uno de los señalados por Vandenbroele como quien puso la plata para que Ciccone pudiera operar. El contador de Ciccone, José Melo, dijo que cuando Máximo Lanusse gerenció la empresa con los nuevos dueños ordenó que le enviaran los papeles contables al estudio Della Rocca-Piazza-Almarza, que atiende al Banco Macro. No hizo falta más.

Vandenbroele se inició como arrepentido cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py el lunes 13 de noviembre. Boudou llevaba diez días detenido, al igual que Núñez Carmona, y Vandenbroele temía ser el próximo.

Apareció en el quinto piso donde se encuentra el despacho del fiscal Di Lello, junto al jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia , y el secretario de Cooperación del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané. Llevaba una gorrita con visera sobre su cabeza, vuelta hacia atrás.

Fue entonces que, ante Di Lello, oficializó su decisión de acogerse al régimen del arrepentido e ingresar al sistema de protección de testigos, aunque su primer tanteo para dar ese paso había ocurrido semanas antes, a través de su abogada y la ministra Patricia Bullrich .

Vandenbroele relató cómo fue la maniobra que llevó al desembarco de The Old Fund en la imprenta Ciccone Calcográfica, cuál fue su rol y los de Boudou, Núñez Carmona y el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray .

Vandenbroele también relató cómo fue un negociado anterior que Boudou tejió con el gobierno formoseño de Gildo Insfrán , y quiénes financiaron toda la operatoria. Señaló a Raúl Moneta y a Jorge Brito, al que le adjudicó un rol adicional: dijo que le pagó una mensualidad, a través del abogado Francisco Sguera, tras el estallido del escándalo. Por su silencio.

Tras escucharlo dos días –el lunes 13 y el miércoles 15-, Di Lello propuso medidas de prueba para comprobar los dichos de Vandenbroele y evitar que algunos de los acusados pudieran destruir evidencias. Pero fue más lejos: le planteó a Lijo la opción de detener a Brito y a Sguera.

Tras remarcar que Vandenbroele declaró que "recibía una remuneración económica para no presentarse a declarar en los términos que lo hiciera en el acuerdo" –es decir, como arrepentido-, Di Lello argumentó que Brito y Sguera podían "obstaculizar la presente investigación". Por eso, le comunicó al juez que debía "adoptar las medidas que estime pertinente", en línea con las decisiones que tomó con Boudou y Núñez Carmona. En otras palabras, detenerlos.

Pero eso no ocurrió. "Téngase presente", despachó Lijo, que optó por citar a indagatoria a Brito e Insfrán, y buscar documentación en el estudio Della Rocca - Piazza – Almarza, también señalado por Vandenbroele,.

En los días que siguieron -y mientras caían la acciones del Banco Macro-, Brito pidió licencia como presidente de la entidad y acudió a Tribunales. Presentó un escrito en el que negó ser el financista detrás de The Old Fund para adquirir la ex Ciccone.

Desde entonces, el expediente apenas se movió, a la espera de la decisión de la Cámara Federal. Si lo confirman como juez instructor, Lijo deberá resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito de Brito –quien afronta una prohibición de salir del país-, Echegaray e Insfrán.

Durante las últimas semanas, además, el juez le respondió a un planteo de las defensas de otro ex ejecutivo del Macro acusado en el expediente, Máximo Lanusse, quien reclamó que Vandenbroele no podía "declarar en cuotas", como si jugara al póker, sino que debía hacerlo de una sola vez.

Di Lello compartió, en parte, ese criterio. Sostuvo que la colaboración del arrepentido no es "un acuerdo abierto". Si bien puede declarar cuando quiera en indagatoria como todo acusado, su relato como arrepentido debe circunscribirse al acuerdo. Eso permite otorgarle los beneficios previstos por la ley, pero solo si al cabo de un año se corroboran sus dichos.

Pero en esta causa, se demora ese proceso de verificación. Lleva ya cuatro meses sin definiciones. Acaso por eso, la semana pasada, Di Lello redobló la apuesta. Reiteró su pedido para indagar a dos de las hijas de Nicolás Ciccone –Silvia y Olga, conocida como "Bettina"- y recabar toda la información sobre The Old Fund que almacene el Macro. Quiere así iniciar el peritaje contable que desentrañe cómo fue la "ruta del dinero".

Lijo se sabe bajo la lupa. Tanto de la Casa Rosada, como del Consejo de la Magistratura –que lo investiga a través de su hermano, el operador judicial Alfredo Lijo- y sus propios pares, que saben de su relación personal con Brito, uno de los invitados a la fiesta por su segundo casamiento.

Quienes lo defienden a Lijo, sin embargo, no apuntan a su relación personal con Brito por la quietud del expediente. "El temor a una caída del Macro movilizó a todo el mundillo político", indicó un interlocutor judicial, con conocimiento pleno de lo que ocurre en ese expediente, a LA NACION. "Y cuando digo ‘todo el mundillo’, es ‘todo’".