El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó este viernes la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar el desabastecimiento del país y liberar las rutas bloqueadas desde hace cinco días por camioneros que rechazaron el cumplimiento de un acuerdo con las asociaciones empresariales de transportistas para reducir el precio del gasoil.



"No permitiremos que la población se quede sin los productos de primera necesidad, no permitiremos que los consumidores se queden sin productos, no vamos permitir que los hospitales se queden sin insumos para salvar vidas", dijo Temer por cadena nacional.



Las declaraciones del presidente de Brasil se dieron luego de que la mayor parte de los camioneros autónomos -pequeños empresarios o monotributistas choferes- desoyó el acuerdo firmado el jueves por la noche entre representantes patronales y el gobierno.



Hoy el país se encontró en una inédita situación de caos: el aeropuerto de Brasilia dejó de operar por falta de combustible, que se agotó en todas las capitales de los estados brasileros e incluso llegó a paralizar a San Pablo, la mayor ciudad de Sudamérica, declaró el estado de emergencia para poder actuar por decreto y adquirir alimentos directamente.



Entre los cientos de miles de camiones que hicieron más de 900 bloqueos parciales de rutas la única expresión política era “intervención militar ya”, una frase identificada con el candidato presidencial Jair Bolsonaro, un diputado ultraderechista.



La protesta iniciada el lunes pasado con piquetes de ruta y cese de entregas de las mercaderías fue contra el aumento del 58% que en las últimas semanas sufrió el gasoil, luego de que Petrobras eliminara todas las regulaciones para las variaciones de precio, en un intento de guiño hacia los inversores de la empresa estatal de capital abierto.



El decreto de Temer permite a los militares y policías invadir los camiones que están detenidos en los márgenes de las rutas y conducirlos a su destino, por ejemplo, estaciones de servicio o supermercados.



Pero el gobierno intentó ganar volumen político a la vez de la opción militar: el ministro de seguridad, Raúl Jungmann, anunció que 10 empresarios del transporte están siendo investigador por el “lock-out patronal”.



"Una huelga es algo constitucional pero un lock-out es buscar el lucro por otros medios, (y es sancionado) con penas de prisión”, advirtió en conferencia de prensa el ministro Jungmann.



Temer sostuvo que aceptó 12 reivindicaciones del movimiento de transportistas autónomos, como reducir el 10% el precio del gasoil, con estabilidad de precio mensual, hecho por el cual el gobierno deberá resarcir a la semipública Petrobras.



Asimismo, Temer acusó a una “minoría radical” de la escalada del conflicto y advirtió que será responsabilizada.



Con el correr de las horas, la situación se tornaba más crítica y la agencia de noticias Télam hizo una recorrida por supermercados, que mostraron desabastecimiento, y estaciones de servicio que cambió por completo el paisaje urbano de San Pablo, donde se acabaron todos los tipos de combustible.



San Pablo logró por la noche comprar 240.000 litros de gasoil para su flota de colectivos, que fueron transportados con escolta policial.



La ciudad más rica y más poblada de Brasil mostró un paisaje desconocido con escaso tránsito y falta de colectivos.



El arco político opositor apuntó contra la falta de reacción del gobierno: el precandidato laborista a la presidencia, Ciro Gomes, pidió la renuncia del titular de Petrobras, Pedro Parente, defensor de la liberalización de los precios.



Mientras que la ex presidenta Dilma Rousseff aseguró que Temer “no sabe gobernar un país complejo como Brasil”.



Con el correr de las horas y la falta de adhesión de todos los camioneros, el gobierno maniobró con los gobernadores para que bajen los impuestos provinciales a los combustibles, en una medida que no había surtido efecto.



En año electoral (las elecciones presidenciales están previstas para el 7 de octubre), reducir el impuesto llamado ICMS (un IVA diferente aplicado en cada estado) es considerado vital para las obras de gobierno.



Seis gobernadores se niegan a esa renuncia fiscal para beneficiar a los camioneros y piden que Petrobras asuma esa responsabilidad. Para ello, la empresa petrolera debería modificar su política de apertura, luego de acusar al gobierno de Rousseff, destituida en 2016, de intervenir los precios para evitar una disparada.



En tanto, el ministro de Seguridad Jungmann detalló que el 45% de los bloqueos fueron cancelados. Y precisó que de los 933 piquetes de hoy, lograron destrabar 519.



En Rondonia, estado amazónico fronterizo con Perú, seis ciudades quedaron a oscuras porque dependen de la generación termoeléctrica ya que el combustible no llegó para alimentar las usinas.



"La respuesta será enérgica”, afirmó sobre el final de la jornada el ministerio de Defensa, al anunciar su intervención para liberar y apropiarse de los camiones detenidos en las refinerías con combustibles.



Luego de esta medida, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam) pidió a los transportistas retirarse de la protesta, aunque no dejar de reclamar por la baja del gasoil.



Horas antes, la Abcam, que representa a 700 mil trabajadores independientes (casi un 40% del sector), había rechazado la propuesta.