“Veníamos bien y pasaron cosas”, dijo en una entrevista el presidente Mauricio Macri para explicar una crisis que puso fin a su “utopía gradualista” que, hasta el momento, lo alejaba de la imagen del presidente ajustador con el que buscaba asociarlo la oposición. Pero la expresión podría usarse, también, para reflexionar sobre el cambio de ciclo político en la región: el continente actual está muy lejos de aquellos días en los que Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Lugo y Correa parecían estar construyendo un proyecto regional común con una espalda política que era la suma ampliada de sus propias legitimidades y de los capitales simbólicos que cada uno de ellos movilizaba. Pocos esperaban que, algunos años más tarde, la región se encontrara frente al actual deterioro económico, e incluso democrático, y con sus instituciones de integración en crisis. Pero se podría fácilmente reemplazar la superficial expresión macrista por una pregunta vargallosiana de mayor calado: ¿cuándo –y por qué– se jodió el progresismo?

Después de dos “décadas” de proyectos políticos definidos e intensos –la neoliberal de los 90 y la progresista de mediados de los 2000– el continente entró, más que en un nuevo ciclo, en un proceso de fragmentación y disgregación, que combina la supervivencia de un progresismo que no acaba de morir y de una “restauración conservadora” que no acaba de nacer, al menos en término de un nuevo proyecto hegemónico.

Mientras una Venezuela en caída libre sirve a las derechas continentales como baza de triunfo electoral –por la amenaza de “venezuelizaciones” más imaginarias que reales–, el líder estrella del post-populismo –Mauricio Macri– comenzó a hacer agua y pocos querrían hoy ser los Macris de sus países. Brasil, otro proyecto post-progresista, pero sin elecciones de por medio, se encuentra sumido en la peor crisis en décadas, con un potencial candidato ganador preso (Lula), otro hospitalizado (el ultraderechista Bolsonaro, recientemente atacado con un cuchillo) y un presidente conservador, Michel Temer, cuya aprobación asciende al 3%; el 76% lo considera ruim o péssimo. Entretanto, el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México puso en marcha una incierta experiencia de “progresismo tardío” que difícilmente sea suficiente para reeditar el ciclo sudamericano pero alcanza para limitar la consolidación del giro conservador.

Recientemente, el filósofo Slavoj Žižek convocó a “dar vuelta” la famosa Tesis N° 11 de Marx sobre Feuerbach (Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo). “En el siglo XX, tal vez hayamos tratado de transformar el mundo demasiado rápido, sin saber qué estábamos haciendo. Debemos dar un paso atrás y reinterpretarlo”. Y en el caso latinoamericano, no se trata solo de comprender el mundo, sino de sacar conclusiones no autocomplacientes de la agenda y experiencia progresistas y de su agotamiento. La reciente reunión del Foro de San Pablo reunido en La Habana –que articula a las fuerzas de izquierda de la región– es una expresión patente de las dificultades para andar este camino y de un repliegue en la “resistencia” antiimperialista que funciona como un operativo de cierre político/sentimental, cargado de nostalgia hacia el Comandante Fidel Castro, de cualquier perspectiva de lectura (auto)crítica del pasado reciente. “Este XXIV puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín”, señaló Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro, en una analogía sintomática de las dificultades para pasar del socialismo “del siglo XX” al “del XXI”.

La corrupción está hoy en el centro del debate político y social. Es cierto, como ha apuntado Frederico de Almeida, que asistimos a la expansión internacional de esquemas políticos y legales de combate a la corrupción desde el centro hacia la periferia y que los efectos de las “cruzadas anticorrupción” se vuelven más inciertos cuando se aplican en democracias frágiles, como hoy ocurre en Brasil y podríamos agregar a la Argentina. Pero no es verdad, como se sostiene a menudo, que las luchas anticorrupción sean solo contra gobiernos de izquierda: en Guatemala hubo una lucha de masas contra la descomposición del Estado, hasta niveles de verdadera podredumbre moral, bajo un gobierno de extrema derecha como el del general Otto Pérez Molina; en México, López Obrador ganó con una campaña fundamentalmente “honestista”, y el reciente referéndum anticorrupción en Colombia –boicoteado por Alvaro Uribe– fue motorizado por la izquierda; por no hablar del papel del rechazo social a la corrupción en el nacimiento de fuerzas “amigas” de América Latina como Podemos en España.

A menudo, especialmente en su versión nacional-popular, los progresismos desestiman la cuestión de la construcción de una nueva ética pública como un problema “liberal” propio de almas bellas o de repetidores del discurso de los medios hegemónicos o las agendas imperiales. Sin embargo, es posible identificar un tipo de “republicanismo desde abajo” en toda la región, que incluye una cierta economía moral de lo que debe ser la función pública junto con ideas de alternancia en el poder estatal (como ocurrió en Bolivia en el referéndum de 2016). Que eso sea manipulado por la derecha no puede ocultar que las formas de financiamiento político (y personal) –y los esfuerzos por construir o apoyar a “burguesías nacionales” de maneras opacas y corruptas– debilitaron las credenciales morales de los progresismos y habilitaron que figuras de la “patria contratista” (Macri) o de la banca y las offshore (Guillermo Lasso, en Ecuador) pudieran enarbolar banderas anticorrupción como parte de sus campañas.

En Argentina, Macri ganó; en Ecuador Lasso perdió, pero el vicepresidente correísta Jorge Glas terminó preso por la causa Odebrecht en medio de una guerra política entre Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa –quien, a su vez, habría pedido asilo en Bélgica, donde vive con su esposa–. En Venezuela, a su vez, operó un verdadero saqueo de recursos públicos “por arriba”, reconocido por el propio gobierno y el enraizamiento de una economía política de la ilegalidad “por abajo” que explica, en gran medida, la supervivencia de los sectores populares en medio de la hiperinflación y la escasez. Y en Brasil, Lula Da Silva (casi 40% de apoyo en las encuestas) está impedido de enfrentar en las urnas al neofascista Jair Messias Bolsonaro (alrededor de 22%). La sentencia de 12 años de prisión por el famoso tríplex supuestamente recibido de manos de una constructora es débil y no es difícil percibir en la aversión a su candidatura un antiplebeyismo a flor de piel, sumado al racismo y el clasismo de gran parte de las elites brasileñas. No obstante, como balance político de los gobiernos del PT, no es posible dejar de lado los vínculos opacos con constructoras o frigoríficos, y el papel del propio Lula en la expansión regional de las “translatinas” brasileñas, aprovechando su influencia y prestigio como un soft power –como queda en claro con el reguero dejado por la causa Odebrecht en toda América Latina.

Sin duda, no se puede reducir el ciclo progresista a la corrupción y borrar lo que implicó en el sentido del “derecho a tener derechos” difundido entre los sectores populares. Pero tampoco puede pasarse por alto que, históricamente, el socialismo democrático combinó la demanda de ética pública con la de justicia social y que el desacople de ese binomio terminó por crear un hándicap moral de la izquierda que dificulta seriamente la (re)construcción de alternativas políticas anticonservadoras.

Pero si el “hándicap moral” de la izquierda le lavó la cara a diversos políticos y políticos/empresarios conservadores, existe un “hándicap democrático” que impide denunciar con eficacia los retrocesos democráticos evidentes hoy en la región. Brasil es sin duda un caso alarmante de degradación con consecuencias regionales, como la desaparición de la Unión de Nacionales Sudamericanas (Unasur), e internas, como los crímenes políticos, el aumento de las desigualdades, la pérdida de derechos y la “desdiabolización” de quienes defienden la dictadura militar. El caso de Bolsonaro es un emergente de esta situación, con su discurso fascistizante y discriminador en lo político y ultraliberal en lo económico (lo que atrae a los partidarios de la mano dura y de la destrucción del Estado de bienestar). En Colombia, la violencia estatal y los asesinatos políticos son de más larga data. Pero la falta de crítica a los déficits democráticos de Venezuela –y más aún de Nicaragua– impide construir una vara común para responder ante la politización de la justicia (o judicialización de la política), la represión estatal, los retrocesos institucionales y más en general los recortes de derechos democráticos. Hoy Venezuela es gobernada por una Asamblea Constituyente –por encima de cualquier poder constituido– que opera como un poder de facto sin contrapesos institucionales de ningún tipo. Y el gobierno de Daniel Ortega utilizó grupos parapoliciales para resistir en el poder con un saldo de alrededor de 300 muertos. Todo esto es justificado por la amenaza imperialista.

Es cierto que el imperialismo conspira, pero como lo muestra un reciente artículo de investigación del New York Times, lo hace de manera menos “orgánica”, homogénea y eficaz de lo que parece creer el discurso bolivariano. Lo que no es sorprendente, dado que hoy ocupa la Casa Blanca un presidente acusado de traición a la patria por parte del establishment conservador por su aparente colusión con Rusia en la campaña electoral de 2016 que además está enfrentado con los tradicionales aliados de la OTAN. Denunciar las conspiraciones reales es diferente a utilizar la amenaza imperial como acto reflejo frente a todos los problemas –en su mayor parte de naturaleza endógena–. Por ejemplo, ¿por qué Venezuela está sumergida en caos económico y Bolivia mostró una macroeconomía cuyo desempeño fue elogiado por el Banco Mundial y la prensa económica global? Quizás la gestión de algunas pistas. Pero el actual retroceso de parte de la izquierda hacia la cultura del socialismo real –expresado en simpatías hacia Vladímir Putin– lleva a abandonar la disputa por la democracia contra las visiones que la reducen a la libertad de mercado, la pospolítica o el republicanismo conservador. Y a replegarse en un dudoso y minoritario “pueblo verdadero”.

La ventaja del progresismo es que las derechas regionales carecen de proyectos atractivos para la región, en medio de una incertidumbre global que puso en crisis a los defensores del libre comercio y las modernizaciones neoliberales más clásicas. Pero lo que parece cierto es que el progresismo no “va a volver2 tal como era. Ni el continente es el mismo que el de la “década ganada”. Quizás, el progresismo se jodió cuando dejó de leer bien la realidad. La Tesis 11 invertida.