Los siete hospitales públicos, pero construidos por empresas privadas, que inauguró Esperanza Aguirre entre finales de 2007 y principios de 2008 son un pozo sin fondo para las arcas públicas. Las obras costaron 663 millones de euros (747,4 según la Cámara de Cuentas), dinero que adelantaron las adjudicatarias. A cambio, estas reciben un canon anual que comenzó en 2008 y que durará 30 años. Entre 2008 y 2016, es decir, durante nueve ejercicios, la Comunidad de Madrid ha pagado ya 1.182 millones de euros por ese canon, que ha ido subiendo gracias a la evolución del IPC y a determinados modificados. Una cantidad en la que no están incluidos los impuestos. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, señaló este martes en la comisión de deuda que por cada euro que invertirán las concesionarias en estos 30 años el Gobierno regiona pagará 1,72 euros.

La oposición recuerda que todavía quedan 21 años de canon y que los madrileños están pagando de más, las empresas están ocultando las cifras y la Administración no está controlando los contratos. Podemos y PSOE anunciaron este martes que llevarán el asunto a la Fiscalía, como ya han hecho con el Canal de Isabel II. Podemos habla de "administración desleal" y los socialistas tachan el sistema de concesión de "escandoloso, que ningún Gobierno democrático debería permitir". No hay que olvidar que la Audiencia Nacional ya investiga dentro del caso Púnica si los gastos de publicidad para promocionar estos centros sirvieron para financiar irregularmente al PP de Madrid.

Los siete hospitales son el Infanta Leonor (en Vallecas), el Puerta de Hierro (en Majadahonda), el Infanta Sofía (en San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (en Aranjuez), el del Henares (Coslada), el Infanta Cristina (en Parla) y el del Sureste (en Arganda del Rey). Las empresas que ganaron los concursos construyeron los edificios y, a cambio, reciben un canon anual. Cuando las concesiones venzan, dentro de 30 años, revertirán el centro a la Comunidad de Madrid, que mientras tanto es una mera inquilina. Es lo que se bautizó como contrato de concesión de obra pública, que permite la colaboración pública (la gestión sanitaria) y la privada (que construye y explota de los servicios no asistenciales). Estos siete centros atienden a 1,56 millones de madrileños y cuentan con 1.803 camas.

Según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, el coste final de estos siete hospitales (obra civil, instalaciones y mobiliario y gastos relacionados con la construcción) ascendió a 747,7 millones de euros (ver apoyo), aunque el consejero cifró este coste en 663 millones. La dirección general de gestión económico-financiera y de infraestructuras sanitarias cifra el canon ya pagado por la Administración regional entre 2008 y 2016, es decir, en nueve ejercicios, en 1.182.502.859 euros, sin incluir los impuestos. De todo lo pagado, 556 millones correponden a la recuperación por parte de las adjudicatarias de la inversión de la construcción, mientras el resto corresponde al pago de los servicios no sanitarios.

Aguirre, con los consejeros Lamela y Güemes, en la inauguración del Hospital del Henares.

¿Qué servicios? Además de las explotaciones comerciales existentes en los hospitales, como el aparcamiento, la cafetería, el servicio de televisión en las habitaciones o el alquiler de los locales, las concesionarias también han asumido la prestación de los servicios de limpieza, seguridad, restauración, gestión de residuos, lavandería, mantenimiento del centro, conservación de viales y jardines, desinsectación y desratización, gestión de almacenes y distribución, y el archivo de la documentación clínica y administrativa (aunque en este último caso solo en el Hospital Puerta de Hierro). En el canon que paga cada año la Administración no viene reflejado el concepto de construcción, es decir, la amortización de la obra, sino que este coste se incluye en el resto de servicios.

Un sistema que oculta la trampa, según Podemos. "Este modelo hipoteca hace que el coste de la construcción de los hospitales se camufle en los servicios no sanitarios, cuyo coste está por encima de mercado. Es como pagar la hipoteca de un piso escondiendo el precio de la casa en el gas, el agua o la luz. Ahí ocultan su beneficio las concesionarias. Un servicio de jardinería puede estar costando tres veces más que los precios de mercado", señala la diputada Mónica García. "Se trata de contratos opacos. No hay sistema sanitario que haya hecho este tipo de contratos. Con un simple análisis de las cifras hubiera bastado para saber que hay que revisarlos. Es una situación escandalosa, estamos pagando de más. Algunos servicios no sanitarios están incrementados un 658%. Ningún gobierno democrático debería consentir estos márgenes", explica el diputado socialista José Manuel Freire.

Las cifras de los hospitales Coste de construcción / canon pagado entre 2008 y 2016: -Infanta Leonor: 109,3 millones de euros / 155,2 millones.

-Puerta de Hierro: 221 millones de euros / 397,8 millones.

-Infanta Sofía: 109,7 millones de euros / 175,8 millones.

-Hospital del Tajo: 58,4 millones de euros / 83,9 millones.

-Hospital del Henares: 93,4 millones de euros / 140,9 millones.

-Infanta Cristina: 84,5 millones de euros / 128 millones.

-Hospital del Sureste: 71 millones de euros / 100,6 millones. Empresas adjudicatarias de los hospitales: -Infanta Leonor: Iniciativa de Infraestructuras y Servicios, Begar, Vectrinsa Gestión, Ploder, Fuensanta, Caja Rural Intermediterránea y Grupo Cantoblanco Catering Services.

-Puerta de Hierro: Dragados, Bovis Lend Lease y Sufi.

-Infanta Sofía: Acciona y Crespo y Blasco.

-Hospital del Tajo: Constructora Hispánica, Construcciones Sánchez Domínguez-Sando e Instalaciones Inabensa.

-Hospital del Henares: Sacyr, Testa Inmuebles y Valoriza Facilities.

-Infanta Cristina: Sacyr, Testa Inmuebles y Valoriza Facilities.

-Hospital del Sureste: FCC Construcción, Obrascon Huarte Lain y Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja Madrid.

El canon anual se abona mensualmente y se actualiza conforme a dos conceptos: el IPC y los llamados modificados por causas de interés general, como por ejemplo la apertura de nuevas zonas hospitalarias, ampliación de espacios... Algunos de esos modificados superan ya los 38 millones de euros, dinero extra que han recibido las empresas. "Estas modificaciones conllevan la realización de un reequilibrio en las condiciones económicas y un recálculo del canon, bien al alza o a la baja", señalan desde la consejería. El canon también se puede ajustar a la baja, ya que los pliegos por lo que se licitaron las obras incluyen 295 indicadores, que permiten aplicar deducciones por deficiencias de calidad o disponibilidad en la prestación de los servicios, lo que se llama penalizaciones. En el periodo 2008-2016, la consejería ejecutó penalizaciones por valor de 2.705.342 euros.

Un modelo implantado por Aguirre

El plan de infraestructuras sanitarias que implantó este modelo semiprivatizado fue diseñado por el consejero Manuel Lamela, que recientemente —en la comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid que analiza el endeudamiento de los gobiernos de Aguirre— aseguró que este sistema "disminuye los costes de mantenimiento y los costes de explotación y garantiza una mejor calidad". El actual Gobierno de Cristina Cifuentes señala que hay que tener en cuenta que además de la inversión inicial que estas empresas hicieron en la construcción y en las instalaciones del hospital, también realizar un importante esfuerzo económico para la renovación, ya que cuando pasen los 30 años de canon, deben entregar los centros en perfecto estado. Sanidad calcula en 663 millones los costes de construcción y en 267,4 millones las inversiones de mantenimiento. "¿Cuál hubiera sido el coste para la Administración si se hubiese endeudado para construir estos hospitales?, ¿Cuánto hubiera crecido la deuda si la Comunidad hubiera asumido el coste directo?", se preguntaba este martes el consejero Sánchez Martos.

Para defender este modelo, el Gobierno de Aguirre señaló que el gasto per cápita de estos hospitales sería un 20% inferior al de los hospitales de gestión pública. Es decir, que serían más rentables. Nueve años después de su puesta en marcha, los datos ofrecidos por el actual Ejecutivo revelan que ese gasto per cápita es más económico en todos los centros menos en el del Tajo, que es un 34% superior al resto de hospitales de su grupo (el 1), "debido a la lejanía y a la distancia a la que se encuentra". En cambio, el Puerta de Hierro es un 2,1% más bajo, en el Infanta Leonor un 20,8%, en el Infanta Sofía un 21,2%, en el Sureste un 30%, en el Infanta Cristina un 13,3% y en el del Henares un 6,4%.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos. EFE

Para Podemos, este es un "sistema de trileros". Y da datos. "El consejero dice que los hospitales costaron 663 millones y que ha hemos pagado 556. Ya están practicamente pagados. Y en vez de apostar por la gestión pública, apostamos por pagar sobrecostes a las concesionarias. El Tribunal Supremo calcula la rentabilidad razonable para cualquier cuestión pública. En 2011 esta era del 8,4%, y en 2014 del 5,72%. Pues sin analizamos el hospital Puerta del Hierro, la rentabilidad de la concesionaria fue del 40,3% en 2011 y del 30,3% en 2014. Están ganando dinero por encima de sus posibilidades. Son contratos extremadamente lucrativos para las concesionarias. Estamos hablando de administración desleal. No podemos estar pagando 20 años más lo que ya hemos pagado".

El PSOE, por su parte, asegura que el montante inicial de los contratos de estos siete hospitales ascendía a 3.482 millones. Con este ritmo de modificados y actualizaciones del canon (por ejemplo, las concesionarias cobran cada año el 50% de consumo de luz que hayan ahorrado respecto al ejercicio anterior), el dinero que saldrá de las arcas regionales cuando acaben esos 30 años puede superar la cifra de 4.000 millones de euros. "Este es un dato importante para la macroeconomía financiera de la comunidad", señalan los socialistas. "Hay que revisar los contratos porque son lesivos para las arcas públicas. Ya lo pedimos en 2011". Podemos y PSOE aseguran que llevarán estos contratos a los tribunales.