El 4 de febrero de 1888 un regimiento del ejército disparó contra una marcha que protestaba contra las condiciones laborales en la explotación minera de Riotinto (Huelva). Aún hoy se desconoce la cifra de muertos y la Rio Tinto Company Limited nunca fue juzgada ni penalizada.

Las mineras son de las empresas que más desastres ambientales han causado (y siguen causando) así como serias violaciones de Derechos Humanos. Muy recientemente, la multinacional minera Vale provocó otro crímen en la localidad brasileña de Brumadinho. La cifra de muertos por la rotura de una represa de residuos tóxicos alcanzó a 115 personas, pero aún hay más de 248 personas desaparecidas.

Pero en lugar de ser juzgadas y penalizadas, estas empresas están demandando a los gobiernos que intentan regular sus actividades.

Es el caso de la empresa minera canadiense Edgewater que ha puesto una demanda contra el Estado español por la decisión de la Xunta de Galicia de cancelar su licencia de explotación minera para evitar un desastre ambiental en Corcoesto.

En el mundo las empresas mineras han interpuesto unas 52 demandas contra 29 países ante tribunales de arbitraje privados, sumando un total de 53.000 millones de dólares que reclaman en indemnizaciones por medidas soberanas de los poderes públicos de regular la actividad minera, proteger la salud de las comunidades y la naturaelza o prohibiendo activiadades tóxicas.

Son cientos de años de impunidad. Esto tiene que parar.

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