La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra siete Estados miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos España, por haber incumplido sus obligaciones comunitarias en materia de homologación de vehículos en relación con el fraude en las emisiones del grupo Volkswagen. Los gobiernos han utilizado todo tipo de subterfugios para proteger a la empresa alemana tras conocerse la estafa.

"Con el caso Volkswagen la Administración se ha puesto del lado de los que han estafado"

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Bruselas ha remitido una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento comunitario de infracción, para solicitar información a esos países (Alemania, España, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y República Checa).

En el caso de Alemania, España, Luxemburgo y Reino Unido, que homologaban ciertos modelos de Volkswagen para su venta en el mercado único europeo, la Comisión Europea les reprocha no haber aplicado las penas correspondientes al detectarse en septiembre de 2015 que el fabricante alemán utilizaba un software ilegal para superar los test de emisiones en el laboratorio.

"El cumplimiento de la ley es ante todo el deber de los fabricantes de automóviles. Pero las autoridades nacionales de toda la UE deben garantizar que los fabricantes de automóviles cumplan efectivamente con la ley", ha declarado en un comunicado la comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska.

Los Estados miembros de la UE deben tener un sistema de sanciones "efectivo, proporcionado y disuasivo" aplicable a los constructores automovilísticos que incumplan la ley, ha recordado la Comisión.

La UE ordena que las compañías se atengan a ciertos criterios sobre respeto al medio ambiente, pero son los gobiernos nacionales los que tienen las competencias para aplicarlos y, en su caso, sancionar a las empresas que se los salten. Con la intención de proteger la producción de coches en sus países, varios gobiernos, incluido el español, se han mostrado remisos a castigar un fraude como el realizado por Volkswagen.

El Gobierno alemán alega que las normas comunitarias no son claras a la hora de establecer qué prácticas están prohibidas, lo que dificulta sancionarlas. La comisaria Bienkowska afirma que tanto la ley como el espíritu de las reglas son claras.

En declaraciones al Financial Times, Bienkowska afirma estar "frustrada por la falta de cooperación de los gobiernos" y les recuerda que tienen la obligación de prevenir, vigilar y sancionar los engaños que puedan cometer los fabricantes de automóviles".

El obstruccionismo de los gobiernos

En el caso de los procedimientos de infracción contra Grecia, República Checa y Lituania, el Ejecutivo comunitario les reprocha no haber introducido dicha normativa europea en su legislación nacional.

Además, en el caso de Alemania y el Reino Unido, la Comisión Europea considera que se saltaron la ley al negarse a revelar a petición del Ejecutivo comunitario "toda la información técnica recolectada en sus investigaciones nacionales" relativa a las "potenciales emisiones irregulares de óxido de nitrógeno (NOx) del grupo Volkswagen y otros fabricantes".

"Para el futuro, la Comisión ha presentado propuestas para introducir una mayor supervisión europea y un sistema de aprobación más robusto", que aún debe de ser aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo, ha recordado la comisaria.

Se refiere en concreto a nuevas pruebas sobre emisiones contaminantes, más similares a las de conducción real, para medir los niveles de emisiones de NOx y CO2 de los vehículos.

Si la Eurocámara y el Consejo aprueban la propuesta, las nuevas pruebas de medición se aplicarán desde septiembre de 2017 solo a los modelos nuevos de vehículos (no a todos los que se fabriquen), mientras que desde septiembre de 2018 se extenderá a todos los coches que salgan de fábrica.