Además de las interrogantes en torno a la organización de la consulta ciudadana de este fin de semana, debe ser motivo de preocupación conocer el destino y uso que se le dará a los datos personales que se recogen fuera del marco legal vigente.





22 Noviembre 2018

Una de las mayores expectativas que ha despertado el gobierno entrante son sus promesas de cambio y “escuchar al pueblo”. Esa fue la supuesta premisa rectora de la consulta que se realizó para decidir la continuación o no de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el NAICM, y de las consultas que siguen. Dicen que es “democracia directa”.

La organización de la consulta por la continuidad del NAICM fue atropellada. En los primeros días de octubre se dio a conocer parte de la metodología y que la fundación Arturo Rosenblueth sería la encargada el conteo y procesamiento de los votos. No fue una consulta popular regida por el marco legal establecido en el INE que además garantizaría su calidad vinculante, sino que se le llamo “una consulta ciudadana”. No en vano son cuestionados la legitimidad del proceso y sus resultados.

Consultaaeropuerto.mx: vulneración a la privacidad

La ejecución de la consulta se realizó por voluntarios en boletas impresas y utilizando un sitio web a manera de aplicación, consultaaeropuerto.mx. En este sitio la participación y validación del voto se realizó tomando la clave de elector de la credencial del INE.

La clave de elector es un dato personal sensible y se manejó sin ninguna forma de precaución. Al ser la fundación Arturo Rosenblueth un particular, se rige por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, LFPDPPP. Por ello, al recopilar los datos personales sensibles de la credencial del INE tenía la obligación de hacer de conocimiento de quien quisiera votar, antes de ejercer el voto, un aviso de privacidad que informara claramente al obligado responsable en el manejo y resguardo de los datos, y los medios para ejercer los derechos ARCO. Lo que resulta grave es que los organizadores y encargados del resguardo de los datos recopilados por la aplicación no ofrecieron ningún aviso de privacidad y mostraron total desconocimiento del tema.

La aplicación almacenó en los dispositivos utilizados los números de la clave de elector. ¿De quién eran los dispositivos? ¿Los proveyó la fundación? ¿Eran los dispositivos de los voluntarios? ¿Cuál es el destino final de los datos recopilados? En algunos casos, por fallas en la red de datos y dificultades en el acceso al sitio que funcionó como app, combinado con con la falta de capacitación adecuada a los voluntarios, se sabe de mesas donde la clave de elector se anotó en cuadernos.

Las consultas que vienen

El 25 y 26 de noviembre el ejercicio se va a repetir, ahora para decidir sobre la construcción o no del Tren Maya y otros nueve proyectos estratégicos prioritarios para el gobierno entrante.

No debería preocuparnos que sea una vez más un ejercicio realizado bajo condiciones opacas y convenientes para el gobierno entrante.

Ni que nuevamente sea la fundación Rosenblueth la encargada de realizar la consulta, con el riesgo que conlleva de que se siga vulnerando la privacidad de los participantes en la votación.

Ni el planteamiento maniqueo de las preguntas de este próximo ejercicio. Casi todas las preguntas en su negativa implican una carga moral transferida a quien responda.

Ni que una vez más la ubicación de las casillas se concentre, a partir de un sesgo estadístico conforme a los resultados de la votación federal, en los lugares donde Morena goza de amplia simpatía.

Para este momento, ya la mayor preocupación debe ser vislumbrar el destino y uso del levantamiento de datos indiscriminado que está realizando la administración entrante, fuera del marco legal vigente.

El caso de estas consultas debe entenderse junto con el Censo del Bienestar, en el cual miles de voluntarios están recorriendo el país para reunir información que será usada para asignar de manera directa los programas sociales que habrá de implementar el próximo gobierno.

El censo ha sido comparado, falazmente, con programas como los realizados por Sedesol y Sagarpa. Pero la diferencia es en sí misma el ejercicio. Sedesol y Sagarpa son secretarías que tienen entre sus facultades justamente las de ejecutar todas las tareas necesarias para realizar las asignaciones económicas de los programas a su cargo. En cambio, el “Censo del Bienestar” está siendo llevado a cabo por voluntarios que reportan directamente a la estructura partidista de Morena.

En México, que se realice un censo fuera del marco legal, cuando ya existen instituciones facultadas para esas labores especificas, puede ser el primer paso para la institucionalización de instrumentos de control económico y social más cercanos al partido en el poder que al gobierno. Si esto lo realizara un partido político con el afán de conservar simpatías existentes y ganar nuevas militancias, a manera de empadronamiento velado, recuperando información personal sensible y detallada, ¿cómo se le llamaría? ¿clientelismo político?

Pero no: es el próximo gobierno federal, ignorando las leyes de protección de datos personales, para lo cual se ha formado el instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Eso es más grave.