PP, Ciudadanos y Vox ya gobiernan la capital de España. El pacto tejido por los populares a dos bandas ha dado como resultado que José Luis Martínez-Almeida haya sido elegido nuevo alcalde de Madrid. Para ello se ha visto obligado a ceder la vicealcaldía y algunas de las carteras más importantes a Ciudadanos, y dar entrada a la extrema derecha con la presidencia de algunos distritos.

Martínez-Almeida, nuevo alcalde de Madrid en un gobierno de coalición con Ciudadanos y Vox

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Los acuerdos firmados entre los tres partidos de la derecha recogen una bajada de los impuestos que dependen del Ayuntamiento. El nuevo alcalde ha reconocido en su discurso que lo podrá hacer gracias al superávit de las cuentas que ha heredado de Manuela Carmena. Además, el acuerdo recoge grandes proyectos urbanísticos y una remodelación de Madrid Central que, por el momento, dejará sin efecto la medida.

El documento, por ejemplo, contempla un "Plan de Choque" para la agilización de las licencias urbanísticas. Además se incluye el compromiso de recuperar todos los grandes desarrollos de viviendas que el Gobierno de Carmena frenó "por puro sectarismo ideológico", además de impulsar el del sureste.

La única referencia para frenar el imparable ascenso de los precios de la vivienda en la capital es un cheque-vivienda joven y la colaboración público-privada para facilitar el acceso al alquiler. En cuanto a las viviendas turísticas, solo se incorpora la promesa de regularlas "adecuadamente" respetando el marco estatal.

Soterrar, regenerar y reformar

En el capítulo urbanístico también se recogen grandes obras como el soterramiento de la A5, una promesa de Martínez-Almeida en campaña que proyectó con un presupuesto mucho menor del que habían pensado corporaciones anteriores. Además, se soterrará la M30 a su paso por el Estadio Vicente Calderón -un proyecto que ya está en marcha-, se remodelarán el Nudo Norte y Manoteras, se reformará la Plaza de Carlos V y se aprobará un plan para "regenerar y reformar" el complejo de Azca. Todo esto, además de dar el visto bueno definitivo a la Operación Chamartín.

En el acuerdo con Vox se incluye otro posible soterramiento. Ese documento quiere ir más allá de la ampliación de aceras de Gran Vía que llevó a cabo Carmena para estudiar "la viabilidad técnica y económica del soterramiento" de esa calle, "como vía de circulación alternativa y aparcamiento subterráneo".

Hay otras grandes obras que dependerán de si se impulsan algunos de los puntos del acuerdo. Por ejemplo, el de volver a optar a la celebración de unos juegos olímpicos. Algunas de las dotaciones que se iniciaron para las candidaturas de la época de Gallardón y Ana Botella no llegaron a terminarse y están abandonadas. En los dos documentos firmados por el PP con Ciudadanos y Vox se incluye la promesa de buscar "el consenso para recuperar el sueño olímpico".

Reducción de todos los impuestos

Las tres derechas hicieron campaña por la bajada de impuestos y así lo han plasmado en sus acuerdos. Los documentos recogen una rebaja del IBI al mínimo legal posible y bonificaciones de todo tipo, además de rebajas en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), incrementando sus incentivos fiscales, al igual que en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

El documento recoge también una bonificación del 95% en la plusvalía de las donaciones y herencias de viviendas entre parientes directos, se eliminará la tasa de cajeros y de generadores de residuos y, tal y como prometió el propio Martínez-Almeida en campaña, se revisarán "las sanciones por parte del Ayuntamiento para evitar cuantías abusivas y los objetivos recaudatorios". El apartado dedicado a las ayudas a las familias también incluyen bonificaciones fiscales, aunque no se especifican.

La nueva corporación cierra así las principales vías de ingresos del Ayuntamiento. Su plan para garantizar la viabilidad de las cuentas pasa por renegociar con el gobierno la regla de gasto que Cristóbal Montoro impuso a los ayuntamientos, y que sirvió especialmente para ahogar las cuentas del de Madrid. PP, Ciudadanos y Vox quieren ahora que se les permita lo que no pudo hacer Carmena: reinvertir el superávit para que sea viable esa bajada de impuestos generalizada.

Una moratoria que termina con Madrid Central

Entre las medidas sobre la movilidad destacan los cambios en Madrid Central. El acuerdo incluye "reconvertir" esta zona de bajas emisiones, pero la primera decisión ya la deja sin efecto: quienes entren en esa área restringida desde el próximo 1 de julio no serán multados. Hasta que la nueva corporación decida qué hace finalmente con una de las medidas estrella del anterior gobierno, quedará suspendida.

El capítulo de movilidad también incluye un plan de seguridad vial, miles de plazas nuevas de aparcamiento y un rediseño de la red de EMT. Ciudadanos y PP han pactado también ampliar la red de BiciMad pero eliminar algunos de los carriles bici que consideran "peligrosos". Además, contemplan acabar con las conocidas como "aletas de tiburón", las bandas de separación que se instalaron durante la época de Alberto Ruiz Gallardón para impedir que los coches invadiesen el carril bus.

Contra la okupación y los manteros

Tanto el documento firmado con Ciudadanos como el que ha suscrito el PP con Vox tiene un punto dedicado a la lucha contra la okupación ilegal. Fue una de las banderas de los tres partidos de derechas durante la campaña, en la que acusaron a Carmena de ser demasiado permisiva con ese fenómeno, e incluso desde Ciudadanos acusaron a la alcaldesa de ser una "okupa".

Según el acuerdo, ahora se va a crear "una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos para velar por la seguridad de las familias afectadas" y asesoramiento jurídico a las comunidades de propietarios. El punto está calcado en los dos pactos firmados. También se incluye la lucha contra "las mafias de venta ambulante ilegal".

Apenas hay menciones a la educación, a pesar de que la capital gestiona desde hace unos años su propia red de escuelas infantiles. Carmena las desgajó de la Comunidad de Madrid con el fin de poder imponer sus propios criterios en la concesión de esos centros: se eliminó la primacía del requisito económico -que llevó a filiales de ACS a hacerse con la gestión de varios centros– para dar más importancia al proyecto educativo. Las cooperativas de profesores se impusieron así a las grandes empresas.

Ahora, PP y Ciudadanos solo incluyen que esas escuelas infantiles serán bilingües y que se pondrá en marcha un sistema de becas para quienes no hayan conseguido plaza en los centros públicos. A pesar de que Martínez-Almeida prometió volver a ceder la gestión de las escuelas a la Comunidad de Madrid, el documento no recoge ese compromiso. Eso sí, se ha incluido un punto que promete ceder suelo al Gobierno regional para la construcción de colegios públicos y concertados.

Dos compromisos ya encarrilados

"Elaboraremos un nuevo modelo de participación ciudadana, situando a las nuevas tecnologías como el instrumento principal de participación", dice el acuerdo PP-Ciudadanos. No hay más detalles. Durante esta legislatura ese modelo ya se ha desarrollado, aunque no ha funcionado como se prometió. Los ciudadanos de la capital pudieron participar en qué destino se daba a una parte de los presupuestos –aunque algunas partidas no se llegaron a ejecutar– o decidir sobre proyectos como la Plaza de España.

La web que se diseñó para canalizar esa participación ciudadana se ha copiado en otras ciudades e instituciones del mundo.

"Acondicionaremos el Frontón Beti-Jai de acuerdo a su condición de bien protegido, con una programación de calidad", dice el acuerdo de PP y Ciudadanos. Como el de la participación ciudadana, es un compromiso ya encarrilado. El frontón ya está completamente reformado después de llevar décadas abandonado.

¿Violencia machista o intrafamiliar?

PP y Ciudadanos se han comprometido a aprobar "un Plan de detección temprana de la violencia machista". Pero el acuerdo con Vox no es exactamente igual. El documento firmado con el partido de extrema derecha no incluye ese término y se limita a promover "un plan municipal de educación contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar".

También hay discrepancias sobre los derechos LGTBi –se incluyen en el documento con Ciudadanos pero no en el de Vox– y sobre cuándo debe dimitir un concejal salpicado en un caso de corrupción. El acuerdo firmado entre Villacís y Martínez-Almeida incluye que "los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción presentarán su renuncia al cargo y no podrán ir en listas electorales". Sin embargo, el que el PP ha firmado con Vox rebaja esa exigencia.

"Los cargos públicos municipales para los que se hubiera dictado auto firme de apertura de juicio oral por delitos contra la Administración Pública del título XIX del Código Penal serán cesados del cargo que ostenten". Así, Vox pide esperar a que se abra juicio oral contra los acusados e incluye que serán cesados, algo que no es posible. El acta es personal y la dimisión será decisión de cada concejal.