La solución extrajudicial que el Gobierno trata de promover entre los bancos y sus clientes hipotecarios sobre las cláusulas suelo tiene una condición indispensable que consiste en salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Pero además existen otras dos premisas básicas que deberán garantizarse tácita o explícitamente en el real decreto que estudiará el Consejo de Ministros este próximo viernes. De un lado, el Ministerio de Economía trata de evitar que la nueva regulación suponga un nuevo estigma en la imagen del sector bancario. Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha pedido que la normativa no deje en evidencia al Tribunal Supremo tras el desaire sufrido a manos de la Corte de Justicia de Luxemburgo.

Cláusulas suelo: solución exprés para no desairar al Supremo ni demonizar a la banca

Las cláusulas suelo y, por ende, los gastos administrativos vinculados a la constitución de las hipotecas se han convertido en un extraordinario filón para los despachos de abogados que gestionan las causas judiciales, pero al mismo tiempo ha supuesto un nuevo caballo de batalla dentro del relato populista que impulsa los principales movimientos políticos de un tiempo a esta parte en España. Los ministros de Economía y de Justicia, Luis de Guindos y Rafael Catalá, vienen trabajando a destajo desde primeros de año con sus respectivos equipos técnicos y legales para resolver el sudoku de intereses contradictorios que se agolpan detrás de la resolución del Tribunal de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre.

La plena retroactividad de las cláusulas suelo dictaminada por la jurisdicción comunitaria ha evidenciado las lagunas que fueron advertidas en su día por distintas instancias financieras sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que abrió hace tres años y medio el proceso de reclamaciones contra las entidades de crédito. El alto tribunal determinó la falta de transparencia de los contratos hipotecarios, pero fijó la retroactividad a la fecha en que impartió su doctrina, mayo de 2013, y no al momento de constitución de las hipotecas, como ha hecho ahora el Tribunal de Luxemburgo. La diferencia se traduce, al cambio, en un agujero potencial para el conjunto del sistema financiero español de más de 4.000 millones de euros, según el Banco de España.

Las costas judiciales, que podrían elevarse a otros 3.000 millones, suponen un acicate para que los bancos prefieran la vía extrajudicial

El organismo regulador ha solicitado a los bancos que provisionen las cantidades a devolver al cierre de 2016, pero eso no significa que el sector financiero vaya a tirar la toalla sin recibir nada a cambio. La contrapartida que buscan las grandes entidades, aparte de reducir el importe de las devoluciones en acuerdos negociados con los clientes, pasa por resarcir el fuerte desgaste social y de marca padecido a lo largo de estos últimos años. Los bancos se han cansado de actuar como cabezas de turco de la pugna entre las distintas fuerzas parlamentarias y quieren ahora vender cara su derrota haciendo de la necesidad, virtud.

Los procedimientos extrajudiciales que impulsa el Gobierno tienen por objeto facilitar el reembolso derivado de las cláusulas suelo a los prestatarios, pero todo ello dentro de un entendimiento que probablemente se traduzca en una rebaja de las compensaciones a pagar. La eventualidad de un pleito en los tribunales es algo que tampoco interesa a las entidades de crédito, ya que cualquier resolución negativa lleva consigo el pago de las costas judiciales, que representan en torno a los 2.000 euros por cada juicio. Si se tiene en cuenta que el número de hipotecas susceptible de indemnización por cláusulas suelo se sitúa en un millón y medio, la pérdida potencial que tendrían que asumir los bancos se incrementa en otros 3.000 millones de euros.

Los bancos tienen, por tanto, mucho que perder, pero si algo pueden ganar es la mejora de su castigada reputación, dando ahora una imagen renovada de confianza al mercado mediante la adopción de acuerdos en serie que satisfagan las expectativas de sus propios y damnificados clientes. Con esta base de partida viene trabajando Luis de Guindos, y a este objetivo respondía el Código de Conducta y Buenas Prácticas que inicialmente fue planteado por el ministro de Economía. Los requerimientos mucho más exigentes del PSOE para que los bancos aceptasen de antemano la nulidad de las cláusulas suelo provocaron la retirada de un proyecto formulado con carácter voluntario pero que, al final, suponía un trágala de obligado cumplimiento para las instituciones de crédito.

La opción preferente de una negociación deja abierta la posibilidad de que algunos bancos mantengan viva la doctrina del Tribunal Supremo

El real decreto que ahora está siendo ultimado ofrece mayores garantías a los bancos desde el momento en que induce a una negociación abierta con los clientes, y en la medida en que se orienta al margen de los tribunales otorga carta de naturaleza también a la doctrina del Tribunal Supremo. Los bancos que inicialmente quedaron vinculados por la primera sentencia de mayo de 2013, como el BBVA, Cajamar y Abanca (antigua NovaCaixaGalicia), podrán eludir la sentencia del Tribunal de la Unión Europea apelando a que sus respectivos casos habían sido previamente juzgados.

Todas las entidades financieras deberán abordar, eso sí, tres meses de negociación como paso previo para evitar el recurso a los tribunales. El Gobierno considera que dicho plazo puede resultar suficiente para que las entidades financieras muestren su verdadera responsabilidad social corporativa con un 'alarde de generosidad' que evite no solo la demonización del sector financiero sino también, y no menos importante, el colapso del sistema judicial en España.