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¿La cárcel debe tender a la desaparición? ¿Debe reducirse de manera drástica hasta quedar irreconocible? Quedar irreconocible, sin embargo, llegado el caso, requeriría a día de hoy una condición que no se cumple: que los ciudadanos supieran cómo es el recipiente al que van a parar los condenados. A unos metros de los “que se haga justicia” y “que se pudra en la cárcel”, hay un lugar al que casi nadie mira. El Estado, por su parte, cuando se fija, lo hace con los dos ojos estrábicos, concentrado en lo colindante (en el calentamiento electoral y el negocio) y no en lo que sucede detrás de los barrotes y del hormigón. Sí observan, no obstante, los organismos internacionales y las oenegés de Derechos Humanos que emiten dictámenes, recomendaciones y condenas que no nos dejan en buen lugar.

España es uno de los países con más población reclusa de Europa: una media de 52.307 personas en 2016. Hasta 2017, nuestro país ha acumulado ocho sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa por no investigar minuciosamente las denuncias por torturas y sometimientos a tratos crueles e inhumanos. Según un informe de Instituciones Penitenciarias, de 2009 a 2016 murieron 1.325 personas presas. Por otro lado, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) documentó en su último estudio 50 casos de tortura o malos tratos intramuros durante 2016; sin embargo, ésta es una cifra fantasma porque no existen datos oficiales sobre trato degradante. Hagámonos una idea del limbo informativo: la CPDT trata de documentar las muertes cada año, pero la aparición de los datos oficiales demuestra periódicamente que sus estimaciones se quedaban muy cortas. Para el periodo 2009-2016, la CPDT sólo alcanzó a recoger 233 fallecimientos: un 17,5% del total. Por extensión, los 50 casos de malos tratos apuntados por la Coordinadora en 2016 (los 514 entre 2009 y 2016) representan sólo una fracción de una cantidad superior e imprecisable.

España es uno de los países con más población reclusa de Europa: una media de 52.307 personas en 2016

Las muertes y maltratos son las burbujas de un caldo siempre al borde de la ebullición, pero no son la razón principal que mueve a muchos expertos a abogar por una reducción radical de la cárcel. El problema no afecta sólo a España. En otro informe, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntosde Interior del Parlamento Europeo esbozó la perversión de los sistemas de reclusión de los países de la Unión: señaló el imperativo de respetar los derechos de los presos y de implementar medidas contra los malos tratos; se quejó de la superpoblación de los penales; instó a recurrir más a la libertad vigilada y las alternativas al encierro; y recordó que el objetivo de la privación de libertad debe ser la reinserción. Estas carencias y abusos se repiten por todo el mundo.

Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, toma muchas de estas reconvenciones de organismos supranacionales y oenegés como base para su libro Descarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel. “Debemos hablar de una vez no de resocialización a través de la cárcel, sino de una reintegración a pesar de la cárcel. Sabemos que, si uno pone la mirada en el respeto estricto de los derechos de las personas presas, la cárcel es irreformable. Deberíamos tomar en serio el Derecho nacional y el internacional, que en un país como España está ignorado e infrautilizado”, razona Rivera. Para él, la prisión es en sí misma una “contradicción institucional”.

El sistema penitenciario se sostiene sobre el pilar de la ignorancia. Los ciudadanos deben desconocer no sólo sus circunstancias (organización, gestión y funcionamiento), sino también, y sobre todo, sus fundamentos reales, su origen, su verdadera finalidad social y política. Cuando dirigimos los ojos hacia el cosmos de la reclusión, lo último que vemos antes de darnos la vuelta y olvidarnos del tema es un letrero, un eslogan: el artículo 25.2 de la Constitución, el que habla de reeducación y reinserción social. ¿Pero qué hay más allá? ¿Cuál es la motivación real?

La cárcel nació para encerrar a los pobres

El sociólogo Ignacio González Sánchez ha estudiado el castigo como institución social y encuentra en la configuración de la demografía reclusa una prueba del servicio de la ley al sistema de poder. Fue así desde el principio. “La cárcel se inventó para encerrar a los pobres y sólo 150 años después se convirtió en instrumento de gestión de la delincuencia”, expresa. “Con la revolución industrial y el surgimiento de las grandes ciudades aparece la pobreza como problema social, antes existía, pero no era algo sobre lo que urgiese actuar. En general, la cárcel como hoy la conocemos nace para encerrar a mendigos, borrachos, prostitutas o, sencillamente, a personas que se consideraba que daban mal ejemplo. Se decía que recluirlos era una forma de reformarlos”.

La cárcel se inventó para encerrar a los pobres y sólo 150 años después se convirtió en instrumento de gestión de la delincuencia

Iñaki Rivera afirma que la privación de libertad como pena y como sistema se consolidó con el surgimiento del sistema capitalista: “La penalidad carcelaria fue una novedad. No es casualidad que emergiera cuando el capitalismo convirtió el tiempo en un elemento de intercambio económico. La privación no es solo ambulatoria, sino de tiempo. El obrero sólo era propietario de su tiempo, que vendía en el mercado de trabajo a cambio de una cosa nueva que se llamó salario; privarle de eso estaba en la noción primigenia de la invención carcelaria”.

Si el crimen es la expresión de la maldad inmanente del ser humano, debería existir una prevalencia del delito semejante en todos los grupos sociales y, en consecuencia, una representación proporcional de cada clase detrás de los barrotes. ¿Ocurre así ahora cuando se presume que la Justicia es igualitaria y está bien pulimentada? Según un informe de la plataforma ROSEP publicado en 2016, el 60% de los reclusos cometieron delitos contra el patrimonio, robos y hurtos, o delitos contra la salud pública. “Son los dos grandes colectivos que pueblan las cárceles españolas y de toda Europa. Al hablar de delitos contra la propiedad no nos referimos a grandes desfalcos de los mercados y las multinacionales, sino al tirón en la calle; en el caso de la salud pública tampoco se habla de la lucha contra el gran narco, sino contra el menudeo”, resume el autor de Descarcelación.

Alrededor del 80% de los encarcelados pertenece a la clase trabajadora. Según la experiencia de Rivera, no es que los pobres delincan más, sino que el sistema penal y policial persigue de manera más exigente los delitos que perpetran los excluidos. Éstos, además, no disponen de medios para contratar a grandes bufetes de abogados. Los letrados del turno de oficio han denunciado en comunidades como Madrid, Aragón o C. Valenciana que cobran menos de dos euros a la hora.

En Cataluña, el 54,3% de los internos sufre un trastorno mental. Un estudio del Instituto Andaluz de Criminología realizado en el centro malagueño de Alhaurín de la Torre mostraba que el 78,4% de los enfermos mentales en prisión había sido declarado semiimputable y el 11%, inimputable. Estos trastornos vienen acuciados en buena parte por el consumo de drogas que, a su vez, afecta con más fuerza en entornos precarios, de desestructuración familiar y desprotección social. En la cárcel se guardan los residuos que produce a su paso un sistema cuyo Bienestar mengua cada vez más.

La cárcel, ¿centro para reeducar o agujero de sufrimiento?

España es el tercer país de Europa con menor tasa de delincuencia tras Portugal y Grecia, sin embargo, las personas pasan mucho más tiempo privadas de libertad y el código penal se articula con más crudeza que en la mayoría de los países vecinos. El objetivo del sistema no parece orientarse, por lo tanto, a mantener la armonía social ni a reparar daños. Entre 1995 y 2010 la población reclusa ascendió un 64,26% mientras que la población total sólo se incrementó un 19,98%. Las reformas del código penal de la democracia han abusado del recurso del encarcelamiento. Detrás de esta desproporción respecto a la realidad se esconde una simbiosis entre el negocio de las prisiones y el populismo punitivo que comenzó a arreciarse, sobre todo, con los gobiernos de Aznar. La abogada Patricia Moreno, que dirigió la web de referencia del Colegio de Abogados de Pamplona, traza un paralelismo alarmante. Ahora, argumenta, es más fácil entrar en la cárcel y más complicado salir de lo que lo era en 1973.

Las reformas del código penal de la democracia han abusado del recurso del encarcelamiento

Se trata de un recrudecimiento represivo que se desentiende de la persona una vez que da con sus huesos en la cárcel. “Hay una carencia de cultura política y de reflexión al respecto. Apenas existen programas de evaluación de impacto. Cuando se diseña una política criminal de mano dura, el Estado debería preocuparse de comprobar si ha funcionado o no”, critica Patricia Moreno.

“La cárcel es un mundo tremendamente opaco”, lamenta la letrada. Según los expertos consultados, los tratamientos (que deberían diferenciar una cárcel moderna –resocializadora- de un agujero) son deficientes. Moreno pone el ejemplo de la violencia de género: “Si se hace una foto fija de los maltratadores condenados en un momento concreto, el 86% no está recibiendo tratamiento, aunque puede que lo haya recibido o lo vaya a recibir”. Existe un programa diseñado por Instituciones Penitenciarias, pero “hay listas de espera inevitables; si el maltratador entra en prisión cuando el programa acaba de empezar, no se podrá incorporar hasta un año después: esto provoca que en casos de condenas cortas no haya ningún tratamiento”. “La cárcel es intimidatoria, pero ya está. No hay cosa menos rehabilitadora que el castigo excesivo; hace que se acabe perdiendo el respeto al sistema”, reflexiona. El programa es voluntario y muchos lo rechazan, señala, por esa desconfianza.

El abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas Julián Carlos Ríos lleva años investigando intramuros. “Legalmente tiene que haber reeducación, pero no hay tratamientos suficientes. Las condiciones del encierro son tan destructivas para la mente y la sociabilidad, y a veces tan desproporcionadas respecto al hecho delictivo cometido, que el preso no asume su responsabilidad: pasa de ser agresor a sentirse víctima de una reacción inhumana y desproporcionada del Estado”.

Ríos recogió las repercusiones de la reclusión en su libro "Cuestiones de política criminal: funciones y miserias". En prisión se sufre una continua percepción de peligro que deviene en ansiedad permanente, paranoias, depresiones, enfermedades digestivas, consumo de ansiolíticos; se incrementa la desconfianza hacia el otro, se ceba el sentimiento de odio; se generan sentimientos de indefensión ante “ceremonias de degradación” como los registros indiscriminados a deshoras o cacheos con obligación de desnudarse; también se impide la sociabilidad humana, se arruinan las relaciones personales y familiares, se atrofia la capacidad de tomar decisiones … En definitiva, brota en el interno una identidad renegada que acaba favoreciendo la reincidencia.

Populismo punitivo y negocio

El universo carcelario, decíamos, se sostiene gracias a la ignorancia. Pero para que la ignorancia triunfe no puede ser sencillamente pasiva. La materia ocultada debe colocarse tras una alambrada, a muchos kilómetros de tierra quemada de la vida cotidiana. Con esa lógica se ubican en el mapa los recintos carcelarios y a la vez, con esa misma filosofía, se dibuja la conciencia de la opinión pública. “Los enfoques informativos de estos fenómenos son absolutamente desproporcionados y tendenciosos para generar alarma social, para vender más publicidad. Al final se ha creado una sensación de que a los presos hay que triturarlos y que no salgan, y lo terrible es que son personas”, razona Julián Ríos. En su opinión, se ha instalado un engranaje de pensamiento en el que defender a las víctimas implica basurizar al condenado y viceversa.

Al Estado no le corresponde tomar partido; debe “cuidar a la víctima y propiciar unas condiciones mínimamente dignas a los condenados”. Los políticos, sin embargo, aprovechan el tirón: “No le dan a los ciudadanos seguridad con lo más básico, con las pensiones, los salarios o la vivienda; pero tienen que legitimar su existencia y lo hacen dando sensación de seguridad”. A esta ola se han sumado todas las ideologías: la izquierda, a pesar de su rechazo a la prisión perpetua revisable, lleva tiempo pidiendo penas más duras, solo que aplicadas a objetos políticos de su parcela ideológica: corrupción, delitos contra el medioambiente, violencia de género… “Y con un derecho penal extendido y ampliado”, continúa Ríos, “de pronto aparece el mercado de la privatización de servicios y de las empresas de seguridad”. A pesar de que la seguridad privada es un 200% más cara que la pública, el Gobierno implementó un plan para sustituirla. El objetivo es aumentar el volumen de negocio de estas empresas y de paso recolocar a los 400 escoltas que se quedaron sin empleo tras la desaparición de ETA.

El cosmos de la trena es elástico y puede expandirse sin que los ciudadanos alcen la voz gracias a una serie de mitos elevados a verdad oficial. La población acepta la cadena perpetua revisable primero por una conceptualización de la maldad cada vez más simplificada y primitiva; y segundo porque se cree que la mayoría internos no cumplen sus condenas. No obstante, actualmente, más del 75% de los encarcelados se encuentran en primer o segundo grado, es decir, dentro de los centros, en unas condiciones que, poco a poco, los invalidan como sujetos activos de una sociedad. El riesgo de cara al futuro es más fuerte tras las rejas que en la calle, a no ser que se pretenda aislar a los condenados hasta la muerte. A no ser, en suma, sólo se busque la venganza.

Reducir la cárcel pasaría por aumentar poco a poco las medidas alternativas, las libertades vigiladas, los programas de trabajo con vigilancia. El amplio programa de Descarcelación propone un enfoque integral que implique en el proceso de rehabilitación una acción conjunta de las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil y de los presos y sus familias.

Bajo la atmósfera actual, cualquier propuesta en este sentido levantaría alarmas emocionales, sociales y mediáticas: se pregonarían los riesgos para la armonía y el orden público y se auguraría una anarquía criminal en las calles. Pero, como explica Iñaki Rivera, el 80% de la población reclusa no ha matado, no ha violado ni ha lesionado la integridad física de nadie. “La cárcel debería reservarse a quienes hayan cometido los delitos más brutales que atenten contra la vida de las personas y contra la libertad sexual, y también a los responsables de los delitos de los mercados y los estados que llegan a zarandear economías enteras”, resume. “Esa cárcel no tendría nada que ver con la actual, sería para un 15% de los que hoy la ocupan. En lugar de prisiones vergonzosas de 1.000 o 2.000 personas, tendríamos unidades pequeñas, reducidas, de pocas decenas o algún centenar de personas: entonces sí cabrían programas de actuación que hoy no tienen sentido”.

Pero para eso urge un cambio de paradigma mental. A día de hoy, el partido que incluyera en su programa un cuestionamiento frontal del sistema penal se aseguraría un fracaso electoral rotundo. La opinión pública se ha viciado hasta rozar lo paranoide. Incluso cualquier esfuerzo por ejecutar las recomendaciones internacionales (esto es, por cumplir la ley) supondría un riesgo político casi inasumible.