Carles Puigdemont abandonó este jueves más de dos meses de resistencia y aceptó, por primera vez, que no será él quien ocupe la presidencia de la Generalitat. Aunque el mandatario cesado por el Gobierno definió su decisión como un paso "provisional" y vistió su discurso desde Bruselas de épica, los mecanismos que ha activado permiten otear el inicio del fin de su papel preeminente. La imposibilidad legal de acceder al cargo y la decisión de ERC de dejarle caer han obligado a Puigdemont a tirar la toalla. El anuncio desde su "exilio", no obstante, no supone el desbloqueo inmediato para la formación de un Govern por haber escogido una alternativa, a priori, inviable.

Puigdemont ungió al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, como candidato de Junts per Catalunya (JxCAT) a la investidura para una presidencia "autonómica". El encarcelamiento del líder soberanista en la prisión de Soto del Real (Madrid) y una probable negativa del juez Pablo Llarena a permitirle salir para el debate de investidura prometen volver a encallar la formación de un Govern. El nombre del ex consellerJordi Turull, también imputado pero en libertad provisional, es la siguiente alternativa. Pese a las dificultades que todo el mundo soberanista asume, Sànchez hizo ayer acuse de recibo del encargo a través de Twitter: "Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña".

Gran parte de los esfuerzos de Pugdemont se destinaron a evitar que su anuncio sonara como una rendición por las presiones judiciales y de ERC y fuera interpretado como un gesto de audacia. Aprovechó la votación en el Parlament tras la que se le ratificó como president "legítimo" y la usó en su favor. "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", sostuvo entre acusaciones al Estado de haber ejecutado lo que definió como un "golpe de Estado" por la aplicación del artículo 155. Una de las razones que esgrimió para apartarse y abrir la puerta a otro candidato fue, de hecho, que las instituciones catalanas vuelvan a ser gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155". Acabó su intervención anunciando una demanda contra España ante la ONU "por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

La nueva fase en la que entra la política catalana tomará forma a partir de la semana que viene, cuando está previsto que el presidente del Parlament, Roger Torrent, inicie los contactos con los grupos para promover la candidatura de Sànchez. Puigdemont también convocará una "reunión solemne" de miembros del Parlament en Bruselas para escoger al denominado Consejo de la República, una suerte de Govern paralelo para internacionalizar la causa sobre el que aún negocian JxCAT y ERC. El acuerdo contempla crear otros dos órganos: una Asamblea de Representantes de la República y la Presidencia del Consejo que ocuparía él mismo. Ese plan debe ser ratificado este sábado por la asamblea de la CUP, donde existe otro debate que puede generar todavía más problemas al soberanismo. En la lista antisistema el nombre de Sànchez ha sido rechazado tras su admisión ante el juez que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue sólo un artefacto "simbólico" sin cabida en la política real.

El paso atrás de Puigdemont llegó horas después de que el Parlament consumara su primer acto de desobediencia de la era Torrent y le ratificara como president legítimo, aunque meramente simbólico. El presidente republicano de la Cámara desoyó a sus servicios jurídicos y permitió que se debatiera y aprobara una resolución pactada entre JxCAT y la CUP que defiende la "legitimidad" del referéndum ilegal del 1 de octubre y la de Puigdemont como "candidato a la Presidencia de la Generalitat", a pesar de que su investidura fue prohibida por el Tribunal Constitucional (TC).

La iniciativa salió adelante con los votos de todos los diputados independentistas -incluidos los emitidos por Jordi Sànchez y Oriol Junqueras desde prisión- y la connivencia de los comunes, que decidieron abstenerse. Los 57 parlamentarios constitucionalistas rehusaron participar en la votación después de que Torrent se negara a impedir la inclusión en el orden del día de una propuesta que, atendiendo a los requerimientos del Constitucional en la anterior legislatura y al propio criterio de los letrados del Parlament, es inconstitucional.

A pesar de su dudosa legalidad, el texto finalmente aprobado es sustancialmente menos radical que el inicialmente previsto por la CUP. En sus enmiendas originales, los antisistema abogaban por "reafirmar y reiterar la declaración independentista" del 27 de octubre que derivó en la aplicación del 155 y el cese del Govern, pero finalmente optaron por suavizar su redactado ante la amenaza de la Fiscalía, que este miércoles ya anunció que estudiaría las "posibles implicaciones penales" de los diputados que la suscribieran.

Pero la marcha atrás de la CUP llegó demasiado tarde para Torrent, que sucumbió a una trampa técnica que podría conducirlo a la imputación. El presidente del Parlament no sólo permitió que se votara la resolución que legitimaba el 1-O y a Puigdemont como candidato, sino que para hacerlo tuvo que ratificar la tramitación de la enmienda original de los antisistema que se reafirmaba en la declaración de independencia. Mantener viva la enmienda original era necesario para que su modificación posterior pudiera ser debatida y votada en el pleno y Torrent decidió arriesgarse para que el hemiciclo pudiera reconocer simbólicamente a Puigdemont, paso previo a su renuncia, a la formación del nuevo Govern y al consecuente levantamiento del 155.

Que Torrent era plenamente consciente de su temeraria decisión, lo evidencian las dos horas que la Mesa pasó reunida antes de decantarse por tumbar las peticiones de reconsideración de los partidos constitucionalistas y mantener con vida las enmiendas de la CUP. La deliberación obligó a realizar un receso en la reunión para que los partidos independentistas discutieran su estrategia por separado y provocó un retraso de más de una hora en el inicio del primer pleno de la legislatura.

Pasadas las 11 de la mañana arrancaba la sesión y lo hacía impregnada del mismo clima de tensión que reinaba cuando era Carme Forcadell quien presidía la Cámara.

Los partidos constitucionalistas subrayaron, de inmediato, a Torrent del riesgo que acababa de correr para continuar con la "farsa" independentista. "Hoy se la ha jugado señor Torrent", espetó la portavoz del PSC, Eva Granados. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, secundó el diagnóstico de la socialista al acusar al Torrent de ser "la versión 2.0 de Forcadell".