Dicho párrafo parece buscar garantizar en todo caso, como efectivamente se produjo, la inversión realizada por ACS a costa del patrimonio público o directamente de los consumidores, tal como los hechos posteriores han demostrado; aceptando un nivel de riesgo para la seguridad y salud pública que se consentía en un marco de dolo y negligencia de la empresa responsable.

MINISTERIOS DE NEGAR LA EVIDENCIA

En el último trimestre del 2009 la Sra. ELENA ESPINOSA MANGÁN, en aquel momento ministra de Medio Ambiente y Agricultura, junto con sus colaboradores toma las siguientes decisiones:

1) Otorga la declaración de impacto ambiental al proyecto Castor, de 23 de octubre del 2009 (BOE 272 de 11 de noviembre de 2009) con falta de atención al riesgo sísmico.

2) En fecha 23 de noviembre del 2009 decidió no someter a evaluación de impacto ambiental al proyecto de conexión del sistema gasista con el almacén Castor. Esta resolución fue declarada nula por sentencia de 15 de abril del 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 10 de junio del 2015.

Ambas resoluciones, una ahora investigada penalmente y la otra anulada en la jurisdicción contenciosa administrativa, tienen en común que su finalidad era no someter a los controles necesarios y previstos la actividad de Escal UGS SL. No hay más que leer el cuerpo de la resolución referida para comprobar el volumen de alegaciones vertidas por los ayuntamientos y por la Generalitat catalana e incluso la Generalitat valenciana en materia medioambiental que no fueron resueltas ni atendidas.

A demás según se puede leer en la memoria elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 2014, la realización de los trabajos de construcción se encuentra plagada de irregularidades e inexplicables ilícitos que no fueron detectados durante la fase de ejecución y que siempre redundan en un incremento de costes y en la adjudicación de la mayor parte de los trabajos a ACS o a empresas vinculadas a su grupo. En la memoria se desglosan varios conceptos para valorar la inversión:

1. Inversiones en exploración e investigación: 28.077.000 euros

2. Inversiones en instalaciones (contrato EPCI): 1.179.194.000 euros

3. Seguros, proyectos y otros conceptos: 83.928.000 euros

4. Gastos financieros activados 165.387.000 euros

5. Sondeos preconcesionales 8.483.000 euros

La parte más importante, el contrato EPCI, fue supervisado específicamente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un Informe de supervisión sobre la forma de contratación de las principales partidas de inversión en el almacenamiento subterráneo Castor durante el primer semestre de 2009, en el mismo y en cuanto al procedimiento de contratación la CNE realiza, entre otras, las siguientes observaciones:

– “Al no haber existido más que una empresa precalificada el proceso de concurrencia efectiva no tuvo lugar. (…)

– Desde el punto de vista económico, dado que no hubo concurrencia suficiente de ofertas no es posible valorar la adecuación económica del coste de los servicios contratados con ACS. (…)

– Este método de facturación basado en porcentajes no incentiva a ACS a la reducción de costes del proyecto, ya que, a mayor coste del proyecto, mayor es su beneficio .”

Precisamente y mediante una auditoría referida también en la memoria del RDL 13/2014 se calcula que el beneficio directo de ACS solo en la realización del contrato EPCI fue de 202.818.481 euros , un 17,2 % del total.

La presencia de ACS sobresale en todo momento y en toda la obra. En la fase previa al contrato EPCI, por ejemplo, el FEED (Front End Engineering and Design) fue firmado con ACS SCE sin estar sujeto a licitación el 2006 por un importe inicial de 1.500.000 euros. Ese contrato incrementó su alcance y coste durante los años siguientes hasta llegar a 18.018.000 euros.

En fecha indeterminada durante abril de 2011, el Banco Europeo de Inversiones concedió un primer préstamo a ESCAL UGS por valor aproximado de 100 millones de euros.

La participación del BEI, con la participación de la Sra. ÁLVAREZ ahora en el comité de dirección, fue clave para la materialización y el proyecto analizado porqué generaba seguridad de cobro a los inversores y convertía los bonos en atractivos en el mercado por su buena calificación después de que el BEI comprara parte de ellos. Para la emisión de dichos bonos los responsables de ESCAL UGS y ACS crearon al efecto una sociedad mercantil Watercraft Capital SA con domicilio social en Luxemburgo con la única finalidad de obtener beneficios fiscales, cuya licitud debería ser objeto también de investigación.

Y NUNCA FUNCIONÓ

En 2013 se iniciaron las inyecciones de gas colchón que de forma gradual debían permitir la validación y puesta en marcha de la instalación.

Estas inyecciones provocaron, como es notorio, más de 1000 terremotos en la costa de la Comunidad Valenciana y de Murcia, eventos sísmicos que provocaron una importante alarma social.

Estos hechos provocaron la suspensión de la inyección de gas.

El 18 de julio de 2014 ESCAL UGS SL presentó en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un escrito en el que comunicaba su decisión de ejercer el derecho a la renuncia a la concesión y solicitando la compensación establecida en el art. 14 del RD 855/2008 de 16 de mayo.

Resulta indiciaria de la voluntad de “blindar” el enriquecimiento ilícito de ACS, la aprobación de la Orden IET/2805/2012 por parte del ministro Sr. SORIA, que permitió la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión. Aunque esta ampliación afectaba al resto de almacenamientos de gas del Estado, le fue especialmente conveniente a ESCAL. Sin esta arbitraria ampliación, la renuncia de ESCAL en julio de 2014 no hubiera podido producirse porqué se habría presentado fuera del plazo permitido.

A pesar del amplio margen de maniobra que interpretaba el Tribunal Supremo en relación al art. 14 de la concesión y a pesar de las informaciones contenidas en la propia memoria relativas al informe de supervisión de la CNE o de las auditoras, el ministro de Industria, Energía y Turismo, el ministro Sr. JOSE MANUEL SORIA LÓPEZ preparó junto a sus colaboradores el Real Decreto Ley según el cual se acuerda compensar la inversión de ESCAL UGS-SL por un valor de 1.461.420.000 euros, importe al que hay que descontar la retribución provisional ya abonada de 111.691.360 euros, y por lo tanto reconociendo un importe a favor de ESCAL UGS SL de 1.350.729.000 euros. A pesar de que en dichas instalaciones ni se extrae, ni se inyecta gas natural para el almacenamiento se mantiene la utilidad pública y por tanto la imputación de los costes e ingresos del sistema gasista.

MÁS INDICIOS

El mismo prospecto de emisión de bonos de la sociedad “Watercraft Capital S.A.” reconocía varios riesgos para la concesionaria del proyecto Castor y para los bonistas, riesgos que nunca llegaron a producirse debido el injustificado trato de favor de las instituciones.

En primer lugar, el prospecto recordaba que la renuncia de la concesionaria (referida en el documento como “Borrower”) podía no ser aceptada por el Gobierno español, por motivos de interés público o incluso ser sometida a determinadas condiciones, como el requerimiento de determinados trabajos a la concesionaria antes de entregar las instalaciones.

En segundo lugar, el prospecto también recordaba que el derecho a compensación recogido en el artículo 14 de la concesión se daría solo en el caso que las instalaciones siguieran operativas.

En tercer lugar, el prospecto también hace hincapié en que el derecho a compensación si la concesión terminaba, la cantidad de la compensación podía variar según las circunstancias en que la concesión terminara, y que en ningún caso se garantizaba que se pudieran cubrir la totalidad de las obligaciones con los bonistas.

Ninguno de estos escenarios de riesgo para la concesionaria y los bonistas, contemplados como plausibles en el prospecto acabó materializado en las decisiones tomadas por el ministro Sr. SORIA en el RSL 13/2014. No en vano este mismo RDL apresuró el pago a la concesionaria, ya que una de las condiciones de la emisión de los bonos a cumplir por parte de la concesionaria era el cumplimiento de una fecha límite para el inicio de la operación: el 30 de noviembre de 2014. En caso contrario la concesionaria debía avanzar el pago de la totalidad de los tramos de deuda acordados.

Conocedor de dicha circunstancia, el ministro, actuando de espaldas al interés público y presuntamente exclusivamente al servicio de la defensa de la operación de ACS, provocó que ACS cobrara la millionaria cantidad incluso con anterioridad a la fecha límite prevista en el prospecto de los bonos.

Como es por todo conocido, hace unas pocas semanas el Tribunal Constitucional ha anulado la indemnización.

Consideramos que la concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar. El dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización por RDL del 2014 siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético español.

LOS DELITOS

a) DELITO DE MALVERSACIÓN

“(432.1 CP, según LO 15/2003) La autoridad (…) consintiere que un tercero, con ánimo de lucro, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.

(432.2 CP, según LO 15/2003) Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público.”

Tanto si la indemnización se ejecutará a través de los presupuestos del Estado como por “peaje” tal y como ha ocurrido hasta ahora, consideramos que la repercusión directa de los gastos de mantenimiento de la plataforma Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final, debe ser considerado caudal público, y ello porque el pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 25 de mayo del 2017 interpretamos así estipula.

b) PREVARICACIÓN

“(Art. 404 CP, según LO 10/1995) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”

c) FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN