Magario y Espinoza utilizaron la semana pasada el avión de la gobernación tucumano para volver de un acto de Alberto Fernández

Fabián López Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 14:58

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La oposición local decidió llevar a la Justicia su rechazo al uso indebido del avión sanitario de la provincia por parte del gobernador Juan Manzur. El legislador radical Eudoro Aráoz impulsará en las próximas horas una denuncia penal contra del mandatario peronista, quien la semana pasada ordenó el uso de esa aeronave oficial para el traslado de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien llegó para participar de los actos proselitistas que encabezó en la capital tucumana el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

Según Aráoz, tanto Manzur como Magario habrían incurrido en el delito de "peculado", previsto y tipificado en el artículo 261 del Código Penal, que establece que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". Dicho artículo advierte que "también será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública".

Magario, que es candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, llegó a Tucumán el miércoles pasado, a las 15, proveniente del aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires), junto con el diputado nacional Fernando Espinoza y otras dos personas, en el avión sanitario de la provincia, un Cessna Citation Bravo matrícula LV-BEU, para participar de los actos de campaña de Fernández.

Desde el Ejecutivo provincial confirmaron a LA NACION la utilización de la aeronave oficial para el viaje de los dirigentes bonaerenses. Explicaron que el avión estaba en Buenos Aires por mantenimiento y que Manzur ordenó que a su regreso a Tucumán traslade a Magario y Espinoza, quienes no habrían conseguido asiento en vuelos comerciales para asistir al mitin peronista.

Sin embargo, el propio registro oficial de vuelos del gobierno provincial indica que la aeronave oficial partió a las 10.05 desde Tucumán con destino al aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires, para recoger a Magario y Espinoza, quienes aterrizaron en esta provincia a las 15. El registro también confirma que el avión sanitario partió nuevamente a Buenos Aires a las 23.30 del miércoles con cuatro personas a bordo y que regresó a Tucumán, ya sin pasajeros, a la madrugada del jueves.

Costos

La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio), denunció que el costo del operativo de traslado de Magario y Espinoza para participar de los actos de campaña que encabezó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner rondó los U$S 24.000 (a razón de US$ 6000 por cada tramo entre Tucumán y Buenos Aires).

Aráoz explicó que "el motivo de la denuncia penal es el uso indebido del avión sanitario de la provincia de Tucumán, violando la normativa vigente, que es la ley provincial 8350, que establece los parámetros o las razones para el uso de la aeronave oficial".

Además, aclaró que "el Código Penal contempla la sanción tanto para el beneficiario como para el prestatario de los bienes del Estado, en este caso el gobernador Juan Manzur y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, porque sus conductas están tipificadas como ilícitas".

Según el parlamentario radical, el viaje autorizado por Manzur viola los alcances de la ley provincial 8350, que regula la utilización de las aeronaves oficiales de la gobernación (son dos: el Cessna Citation Bravo y un Lear Jet).

Esa norma, vigente desde 2010, establece que esas aeronaves solamente pueden ser utilizadas para viajes del gobernador en misiones oficiales; en vuelos con fines sanitarios; o para atender contingencias ocasionadas por fenómenos climáticos, catástrofes, accidentes o rescates de personas. También se autoriza el uso de los aviones de la provincia cuando se trate del traslado de funcionarios nacionales y legisladores nacionales y cuando los transportados sean funcionarios, empleados públicos o personas contratadas por el Estado en el marco de una misión oficial.

Excepcionalmente, la ley provincial prevé que se realicen vuelos particulares sin costo "cuando se trate de personas vinculadas a los ámbitos de la cultura, las ciencias, la producción, el comercio, el turismo, el deporte y demás actividades socioeconómicas cuyo traslado sea del interés de la provincia; o cuando se trate de vuelos destinados a satisfacer necesidades de una actividad declarada de interés provincial".

Según el legislador Aráoz, "el traslado de Magario no encuadra en ninguno de los supuestos permitidos como vuelos particulares sin costos, ya que el viaje tuvo motivos proselitistas, relacionados con la campaña electoral".

En paralelo a la denuncia penal contra Manzur, desde la oposición provincial, los legisladores radicales José María Canelada y Adela Estofán impulsan un proyecto de ley para que quede "absolutamente prohibido el uso de las aeronaves oficiales para fines electorales y particulares de los funcionarios y de sus familiares, bajo pena de incurrir en sanciones administrativas y penales".

Los parlamentarios provinciales proponen que por ley "se consigne en la página del Gobierno cada viaje que realice alguna de las aeronaves de la flota de la Provincia, consignando fecha del vuelo, horarios de llegada y partida, el trayecto recorrido, la lista de pasajeros, la causa del vuelo y las características del viaje".

Antecedentes

Esta no es la primera vez que desde la oposición advierten sobre el uso indebido de los aviones oficiales por parte del gobierno provincial. Quien más denuncias recibió por esta situación fue el exgobernador y actual senador nacional, José Alperovich, en cuya gestión fueron adquiridos los dos aviones que hoy tiene la provincia: el Cessna Citation Bravo LV-BEU y el Lear Jet matrícula LV-CKA.

En 2006, Alperovich fue denunciado penalmente por el exdiputado nacional Esteban Jerez tras haber ordenado la compra directa del LV-BEU, por considerar que se valió de recursos públicos con fines particulares, ya que utilizaba ese avión periódicamente para vuelos oficiales y privados. Ese mismo año, el fiscal general federal, Gustavo Gómez, decidió investigar el uso del avión sanitario por parte de Alperovich con fines particulares.

Más tarde, en 2010, el legislador provincial Ariel García (UCR) solicitó a la Justicia Federal que investigue el uso del avión luego de que el diario local La Gaceta publicara una foto que mostraba al gobernador Alperovich mientras aterrizaba en Tucumán junto a su familia después de sus vacaciones en Punta del Este.

En 2015, Dardo Caciccio denunció en la Justicia Provincial que su hija, Morena, de pocos meses de vida, falleció debido a que se demoró su traslado aéreo a Buenos Aires ante la imposibilidad de usar el avión sanitario, ya que la aeronave estaba siendo ocupada por la familia Alperovich.

Sin embargo, ninguna de esas causas penales prosperó.

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