GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2015).- ¿Qué hacen con tanto dinero? Es la pregunta sin respuesta que se hace María, secretaria del Ayuntamiento de Guadalajara desde hace dos décadas, afiliada al Sindicato de Servidores Públicos. “Yo quisiera saber qué hacen con todas las cuotas, pero como agremiados no tenemos conocimiento de lo que hacen con todo ese dinero… además de las cuotas, cuando hay un evento el Ayuntamiento les otorga una cantidad considerable para regalos, para que hagan rifas y viajes, pero no te da cuentas de lo que se gastó, no lo sabemos”.



María acusa al líder de su gremio, Fernando Jaime Gaytán, de nunca haber rendido un informe en los tres años que ha estado al frente. Tampoco reciben apoyo: “No nos brinda apoyo, cuando pides un favor rara vez te lo resuelven, nos quedó a deber mucho. En primer lugar nunca te recibe o nunca está, para eso pagamos una cuota sindical… con el sindicato no contamos, deja mucho que desear”.



Entre las promesas incumplidas está la homologación salarial, “ya va a terminar su gestión y hay varias personas con el mismo nombramiento, pero diferentes sueldos. Cada año te aumentan el salario, pero ésta vez no fue para todos, sólo para unos cuantos”.



Y señala el tráfico y rifa de plazas: “La mayoría de delegados sindicales mete por medio del sindicato a toda la familia, sobrinos, hermanos, parientes; así se manejan. Hay tráfico de plazas, aportas una cantidad y te la dan. Ellos hacen sus ajustes y amarres”.



Juan Pelayo Ruelas, dirigente de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ), asegura que le rinde cuentas a la asamblea de dirigentes sindicales y éstos a su vez le deben informar a sus agremiados.



Sin embargo no hay un marco normativo o autoridad que obligue a los sindicatos a informar a sus miembros sobre el uso y destino de las cuotas sindicales. La Federación evadió proporcionar a este medio un informe del ejercicio presupuestal de 2014-2015 y de las actividades realizadas.



“No es tan fácil tenerlo porque ahorita todos andamos regados en diferentes comisiones”, se excusó el líder de la Federación. Sobre el plan de trabajo de 2015 dijo: “Por muchas razones no se había dado hacia el interior de la organización… pero estamos trabajando sobre actividades permanentes”.



Lo que es un hecho es que no dejará de pedir recursos al Estado: “Sí tengo planeado mostrar un plan de trabajo específico y fuerte, pero que se vea así con hechos para ver si nos pueden apoyar un poquito más”.



Para Miguel Turriza Cuevas, director de Egresos de la Sepaf, los sindicatos deben rendir cuentas por lo menos a sus agremiados: “La nueva economía mundial exige a los sindicatos aportarles a sus trabajadores y no ser una carga para ellos”.



José Bautista Frías, investigador del ITESO, añade que “los sindicalizados están en todo su derecho de conocer cuánto es lo que se recauda y en qué se gasta”. Señala que los gremios de trabajadores no están obligados por ley a hacer públicas las cuotas sindicales, pero “en tanto no lo exijan los propios sindicalizados, las cuotas no se harán públicas”.



Gobierno les regala 81.4 millones en una década



Entre 2006 y 2014, el Gobierno de Jalisco ha gastado 81.4 millones de pesos (MDP) en subsidios y partidas extraordinarias para sindicatos, según un informe de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), pero revela que a la fecha sólo un sindicato sigue beneficiándose del Estado: La Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco (FSESEJ).



En 2008, el Estado entregó a Juan Pelayo Ruelas, líder de la Federación, medio millón de pesos para la realización del Congreso Nacional de la Federación que se llevó a cabo en Puerto Vallarta.



Tres años más tarde recibió 400 mil pesos para la realización de su Congreso Nacional, también en Puerto Vallarta; a los que se suman otros 240 mil para la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Federación ese mismo año.



Pero a estas partidas, se añade el subsidio que recibe todos los años por 224 mil pesos para los festejos del día del servidor público en septiembre; también ha recibido 45 mil pesos anuales (la última vez en 2013) para los festejos de fin de año, así como partidas para otras asambleas y desayunos del 10 de mayo.



En lo que va de la administración el líder sindical ha recibido tres millones 394 mil pesos, pese a que la Sepaf admite que no hay comprobación del recurso. En el sexenio pasado, la Federación recibió más de 11 millones de pesos, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se hizo de 66.8 millones de pesos.



Los encuentros y asambleas del SNTE fueron asumidos por el Gobierno hasta el año 2012, cuando las secciones 16 y 47 recibieron 7.5 millones para la remodelación de sus oficinas.



Un año antes, el Gobierno panista de Emilio González Márquez entregó casi nueve millones para la remodelación de edificios sindicales; otros 10.3 para la remodelación de las oficinas; 1.5 millones para el equipamiento de las oficinas y dos millones más para para cubrir los eventos culturales programados por la Casa Jalisco en Chicago.



Las partidas millonarias se otorgaban al SNTE por la negociación entre el Estado y el sindicato, sin embargo, como consecuencia de la reforma educativa ya no se permite la doble negociación y el sindicato sólo obtiene lo que el comité nacional pueda negociar con el Gobierno federal.



RECOMIENDAN MODERNIZACIÓN GREMIAL

“Los tiempos exigen un cambio”



Para Miguel Turriza, director de Egresos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), es impostergable que los sindicatos se modernicen: “Los nuevos tiempos exigen un nuevo sindicalismo, uno que aporte a la sociedad ayudando a sus afiliados a capacitarse, a que se superen en conocimiento y en capacitación e indicadores de calidad para que los incrementos sean con base en un resultado”.



El reto es lograr una mayor difusión al interior de los gremios sobre los beneficios de pertenecer a una agrupación, “la nueva economía mundial les exige aportarles a sus trabajadores y no ser una carga para ellos, es importante que ofrezcan un menú de servicios que permita el aglutinamiento de trabajadores y que pudiéramos alinear las prestaciones para que no sean una carga indebida”.



Sara estuvo afiliada durante una década al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Sistema DIF de Jalisco, que dirige Porfirio Vega Ruiz. Pero en todo ese tiempo el gremio fue una carga para ella por lo que desde 2006 decidió destinar sus cuotas al Sindicato Democrático de Trabajadores del Sistema DIF, Guarderías y Preescolar.



Coincide en que los sindicatos deben ser más productivos, “que gasten en cosas que realmente sirvan, ese sería el mejor apoyo que nos puedan dar, en lugar de andar regalando bolos, bolsas o mochilas… Mejor que lo que se gastan en fiestas, en comidas, bebidas y renta de salones, nos den una buena despensa”.



En el sindicato al que está afiliada “sí nos dan cursos de capacitación, pero en el otro nunca me dieron ningún curso y sé que en esa agrupación les ha ido peor a los trabajadores que se acercan para pedir apoyo”.



Hasta este momento, los sindicatos han sido opacos y omisos, estima José Bautista Frías, investigador del ITESO: “Se han quedado muy atrás de los avances democráticos del país… al ser entidades de interés público, tienen que transparentar el recurso que reciben no solamente del Gobierno sino también de sus agremiados”.



El otro pendiente: “Deben democratizarse, hay mucho autoritarismo y control vertical hacia los agremiados y eso tarde que temprano tendrá que modificarse, ya no pueden mantenerse con ese atraso antidemocrático en sus mecanismos de toma de decisiones”.



Gilberto Tinajero Díaz, experto en Transparencia de la UdeG, remarca que el espíritu del sindicalismo debe reivindicarse para fortalecer los lazos de responsabilidad con los agremiados.



REFORMAN LEY DE TRANSPARENCIA

Ya están obligados a rendir cuentas



La nueva Ley General de Transparencia, que entró en vigor en abril de 2015, establece como sujetos obligados a los sindicatos. Para que esto suceda, el Congreso de Jalisco tiene un plazo de hasta un año para armonizar las leyes estatales relativas, conforme a lo establecido en la legislación federal.



De acuerdo con esta ley, los sindicatos tendrán que publicar el padrón de socios; la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan; el informe de avances presupuestales, balances generales y su estado financiero; además de los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, entre otros puntos.



Según Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, son más de 100 los sindicatos que tendrán que rendir cuentas. Sin embargo, en Jalisco, según la Secretaría del Trabajo, existen 672 gremios, aunque no todos reciben recursos públicos.



Para Gilberto Tinajero, especialista en transparencia de la UdeG, el reto está en profesionalizar la labor de la transparencia: “Lo que contempla la ley va a favorecer sólo sí hay un buen nivel profesional de quienes operen, asesoren y desempeñen las labores de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales en las organizaciones sindicales”.



Lo importante será “todo el marco normativo subsecuente, los lineamientos para la publicación y actualización de la ley”, dice el coordinador de la maestría de Transparencia.



Además, añade el director de la Sepaf, Miguel Turriza, “los sindicatos serán sujetos de fiscalización ante operaciones de lavado de dinero, actualmente no pagan impuestos, en el caso de los sindicatos públicos es prácticamente imposible, pero el resto podría recibir dinero de rara procedencia y depositarlo en su cuenta de banco”.



El líder sindical Juan Pelayo Ruelas se defiende: “No tengo objeción en ser un sindicato transparente”, pero añade: “Vamos a rendir cuentas nada más de lo que nos otorga el Gobierno, no tengo ningún empacho ni preocupación, a nosotros como Federación no nos afecta, no creo que sea muy difícil porque no manejamos cantidades estratosféricas”.



Sobre los 180 sindicatos afiliados a la Federación asegura que no tendrán que publicar lo que gastan, pues “no todos reciben apoyos públicos, todos se mantienen con recursos de sus cuotas sindicales y a quienes le rinden cuentas es a sus propias asambleas, a los trabajadores, cada año están haciendo sus informes de actividades y financieros, pero a nosotros no nos rinden cuentas”.



SABER MÁS

Nuevas reglas



Según la ley, los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.



Para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, los organismos garantes podrán imponer a los miembros de los sindicatos las siguientes medidas de apremio: amonestación pública o multa, de 150 hasta mil 500 veces el salario mínimo general vigente.



AFILIADOS AL GOBIERNO DE JALISCO

Cuotas o aportaciones anuales de trabajadores a sus sindicatos



Cuotas Agremiados Sindicato



43,235.31 378 Sindicato de Empleados de la Secretaría de Promoción Económica



144,490.20 1,464 Sindicato de Empleados Públicos de la Secretaría de Desarrollo Humano



453,722.11 1,344 Sindicato Democrático de la Secretaría General de Gobierno



33,030.52 198 Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría de Planeación



36,566.99 347 Sindicato de la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía)



110,455.53 956 Sindicato demócrata de la Secretaría de Trabajo



29,856.45 398 Sindicato de Trabajo de la Secretaría de Cultura



31,650.84 319 Sindicato de la Contraloría



86,590.00 898 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de la PGJ (hoy Fiscalía)



406,541.89 3,334 Sindicato personal de la PGJ (hoy Fiscalía)



161,021.82 1,557 Sindicato Secretaría de Administración



434,060.48 5,318 Sindicato de la Secretaría de Cultura



148,988.30 1,636 Sindicato de la Secretaría de Desarrollo Urbano



173,246.31 1,138 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud



189,212.02 2,064 Sindicato Democrático de la Secretaría de Desarrollo Urbano



580,796.85 5,956 Sindicato de la Secretaría de Finanzas



54,095.31 434 Sindicato de la Secretaría de Turismo



424,462.37 4,545 Sindicato de la Secretaría de Movilidad



453,722.11 4,077 Sindicato de la Secretaría General de Gobierno



69,138.99 490 Sindicato de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social



47,741.89 533 Sindicato de la Secretaría del Medio Ambiente



51,343.17 515 Sindicato de la Secretaría de Desarrollo Rural



35,854.84 267 Sindicato del Coplade



109,887.50 1,346 Sindicato democrático de la Secretaría de Cultura



113,485.18 2,176 Sindicato de Empleados Unidos de la Secretaría de Movilidad



4’423,196.98 41,688 Total



Fuente: Sepaf (2014).



LA VOZ DEL EXPERTO

Deben explicar los subsidios



José Bautista Frías (investigador del ITESO).



El académico José Bautista lanza un llamado al Gobierno del Estado para que explique con qué finalidad está dando recursos al sindicato, pero también este último debe decir con qué propósito recibió ese dinero, en qué lo ha gastado y mostrar los comprobantes del ejercicio de ese recurso público.



“El Estado tendría que ofrecer razones de por qué se da ese recurso y con qué objetivo, tendría que tener una justificación y estar etiquetado con base en programas o proyectos, en un principio el recurso debiera ser aprobado por el Congreso y contemplado dentro del Presupuesto de Egresos”.



¿Se les debe otorgar recursos a los sindicatos pese a que ya reciben las cuotas de sus trabajadores? Se le cuestiona al investigador y responde: “Todo depende en qué casos, en algunos el Gobierno estatal financia proyectos o programas específicos para beneficio de los sindicalizados, se tendría que justificar y fundamentar debidamente, pero sólo tendría que justificarse cuando el subsidio tenga un beneficio social”.



FEDERACIÓN DE SINDICATOS

El líder opaco



Juan Pelayo Ruelas es secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco desde hace 15 años.



En 2009 fue reelegido en el cargo, sin embargo, la asamblea fue calificada como “amañada” por un sector de la Federación, debido a que el líder sindical convocó a una sesión extraordinaria en el marco del festejo del día del servidor público, con el propósito de refrendarse en el cargo.



Ante su reelección, Pelayo Ruelas continuará como secretario general por otros seis años (plazo que se cumple este año), por lo que ya suma 15 años al frente de uno de los gremios locales más poderosos.



Alrededor de 20 sindicatos que conforman la Federación pretendían impugnar la reelección “por las irregularidades” presentadas. Además, señalaron al líder de recibir pagos del erario “sin dar explicaciones”.



Este medio le solicitó un informe del ejercicio presupuestal de 2014 y 2015 sin que haya rendido cuentas sobre su uso:



“Los apoyos que nos dan los enfocamos para mantener la armonía entre las dependencias, buscar eventos deportivos sociales y culturales… en el evento sorteamos unos artículos, en ocasiones podemos sortear una casita o un carro y ahí se nos diluye mucho, y más con los eventos deportivos que tenemos permanentes”.



Con el Gobierno, dice, “no hay diferencias, seguimos recibiendo algo de apoyo que nos ayuda a mantener una comunicación y bonita relación entre los compañeros de todas las dependencias”.



Esta casa editorial publicó en marzo de 2012 que el Ejecutivo le entregó tres camionetas Suburban 4x2, Tahoe y Van 1000. Las primeras dos costaron un millón de pesos. La Suburban se compró en 2009, con valor de 496 mil 603 pesos, y la Tahoe (2007) costó 441 mil pesos. La tercera, 200 mil pesos.



Ante la reducción del gasto, Pelayo asegura que “tener el apoyo de algunos vehículos nos ayuda mucho, yo traigo siete vehículos comisionados, una camioneta que me permite moverme, gasolina ya no me dan pero lo subsanamos con nuestros propios recursos”.



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