El Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz ha desvelado ahora los secretos que lleva años guardando sobre el sector público andaluz y la conocida como 'administración paralela', compuesta por la tupida red de empresas públicas, fundaciones y agencias que han servido a los socialistas para colocar afines y enchufados. Precisamente el PP y Ciudadanos pretenden poner en marcha una gran auditoría sobre este asunto en cuanto formen el gobierno que finiquitará los 36 años y medio del PSOE en el poder.

Después de años de opacidad, la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz ha difundido un documento de 57 páginas en el que se analizan los puntos más polémicos sobre la gigantesca función pública andaluza. El informe revela que hay 270.101 empleados a sueldo de la Junta, entre ellos 43.641 adscritos a la Administración general, 96.451 docentes no universitarios, 95.184 en instituciones sanitarias, 7.521 de la administración de justicia y 27.304 en el sector instrumental o 'administración paralela' (el 10,1% del total).

Finalmente, en el conglomerado de empresa públicas y fundaciones hay más trabajadores de los que inicialmente se creía. Los sindicatos barajaban la cifra de 24.000 empleados y los presupuestos del año 2018 de la Junta de Andalucía recogían que había 23.899 empleados en nómina. Ahora, el Gobierno en funciones de Susana Díaz afirma que en realidad son 27.304, exactamente 3.405 más de los consignados en las cuentas públicas.

El documento también detalla que hay 2.137 funcionarios en puestos de libre designación, también conocidos como 'a dedo', en la Administración general, 148 contratos de alta dirección en el sector público instrumental, 239 eventuales y 273 altos cargos. Sumados estos tres últimos resultan los 660 que cesarán de forma automática con el nuevo gobierno, como explicó Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta en funciones.

Estas cifras han sido el secreto mejor guardado de los sucesivos gobiernos socialistas. El Sindicato Andaluz de Funcionarios tuvo que ir a los tribunales y litigar durante años para que le facilitaran el listado de efectivos reales que había en la Junta. Pretendía poner al descubierto a los posibles enchufados, los privilegios de los que disfrutan y otras situaciones anómalas, como por ejemplo los conocidos como empleados 'fantasma' con nómina de la administración andaluza, pero que nunca acudieron a su puesto.

Trabajadores 'fantasma'

Ejemplos ya conocidos de trabajadores 'fantasma' son Luis Guerrero, miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga que durante tres años figuró y cobró como director del Centro Andaluz de Flamenco sin pisar el despacho, y el histórico ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres, que cobró durante 11 años 535.000 euros de una fundación de la Junta sin ir a trabajar. Fue en la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ahora objeto de investigación judicial en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por los desvíos de fondos públicos en clubes de alterne.

Ahora, y a pocos días del desalojo del PSOE del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, Susana Díaz se anticipa y revela las verdaderas cifras sobre la "mastodóntica" -en palabras de Juan Marín, líder de Cs y futuro vicepresidente de la Junta- función pública andaluza que, sin duda, habrían dado munición contra ella y su equipo al nuevo gobierno del PP y Cs. La estrategia es clara y se asemeja a la seguida por el PSOE en los ERE o el pufo de la Faffe. Cuando afloren los datos más escandalosos, Díaz podrá decir que fue ella quien los puso sobre la mesa. "Yo denuncié primero", es el mantra que repite en los ERE y la Faffe.

Con independencia de la estrategia que inicie Susana Díaz, el gobierno del cambio que impulsan el PP de Juan Manuel Moreno y la formación 'naranja' de Marín pretende poner orden en la función pública andaluza y terminar con los "chiringuitos" que han servido al PSOE para colocar afines y enchufados.

Pero antes de eso tienen que saber a qué se enfrentan. El segundo punto de las medidas acordadas días atrás por el PP y Cs para los cien primeros días de gobierno recoge encargar "una auditoría integral" a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre "todo el gasto" de la Junta, "incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir y reorientar el gasto superfluo".

El punto 3 de las medidas del futuro bipartito de PP-Cs prevé aprobar un decreto ley para "centralizar la dirección, supervisión y evaluación" de todas las entidades "dispersas" de la 'administración paralela', con el doble objetivo de "eliminar" todos los entes que se consideren "innecesarios" o que se hayan visto "expuestos a la corrupción", así como para garantizar su "despolitización"

Los casos de corrupción ya conocidos también se abordarán. Las medidas para los cien primeros días incluyen la presentación "conjunta", por parte del PP y Cs, en el Parlamento de Andalucía de la solicitud de creación de una comisión de investigación de la Faffe. "Igualmente estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE", dice el punto 7 del acuerdo.

Otra medida relacionada con la función pública es que el PP y Cs pretenden aprobar un proyecto de ley de "despolitización" de la Junta de Andalucía que garantice la "profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad" de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas. Para ello, restringirán el sistema de libre designación, "generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza".

También pretenden "definir" una figura de los directivos públicos, de carácter técnico, que serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño. Ahora hay 148 directivos en el sector instrumental con contratos de alta dirección y sueldos fuera de convenio.

En el documento difundido por el Gobierno de Susana Díaz se precisa el listado de entes de la 'administración paralela' y el número exacto de trabajadores que hay en cada una de ellos. La cifra más abultada es la de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay 4.868 empleados. La Fundación Andalucía Emprende cuenta con 936; la RTVA, 1.458; y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, 1.538.

Libre designación

El gobierno socialista en funciones justifica que haya 2.137 empleados públicos en puestos de libre designación, también conocidos como 'a dedo', que ocupan funcionarios de la confianza del político de turno.

"No se ajusta a la realidad la imagen social que se pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios", ya que "se procura la cobertura de estos puestos especiales" con los funcionarios "más preparados para cada uno de los perfiles", dice el documento, que destaca cómo este tipo de puestos se han ido reduciendo en los últimos años. En 2016 había 2.425.

Se cubren por este sistema tanto puestos de coordinación como las subdirecciones (niveles 30), jefaturas de servicio y puestos de especial responsabilidad (niveles 28, 27 y 26), y también puestos de especial confianza, como los de secretaría de altos cargos (nivel 18). Sin embargo, hay puestos de libre designación hasta en los niveles más bajos del escalafón administrativo, ya que hay 18 puestos 'a dedo' en nivel 16 y 51 en el nivel 17.

Cesantías para 141 altos cargos El ejercicio de transparencia que ha hecho el Gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz, al difundir un informe de 57 páginas sobre la función pública y la extensa red de empresas públicas, fundaciones y otros entes, no es total porque falta por conocer a cuánto ascienden los contratos de alta dirección del sector instrumental o cuánto cobrarán los 141 altos cargos que tienen derecho a cesantías al dejar el cargo. Sin embargo, incluye algunas perlas que el PSOE ha ocultado celosamente durante años, a pesar de que la oposición y los sindicatos han reclamado esta información de forma reiterada y hasta en los tribunales. Estos son los datos más llamativos. El documento incluye un apartado titulado «concepto de personas asimiladas a altos cargos», en el que detalla que hay 268, de los que 141 «tienen derecho a una asignación económica con motivo del cese» siempre que acrediten como mínimo un año en el «desempeño como personal alto cargo». Tienen derecho a cesantías Susana Díaz y sus trece consejeros, otros 100 altos cargos adscritos a las viceconsejerías, secretarías generales y técnicas y direcciones generales, 19 de las agencias y 8 de las delegaciones del gobierno de la Junta en las provincias. No aclara qué cantidad percibirán al abandonar sus puestos. Las cesantías son incompatibles con cualquier otro sueldo. Los ex consejeros que sean diputados en el Parlamento andaluz, en teoría, tendrán que elegir entre el sueldo de parlamentario o las cesantías. La Junta de Andalucía incluye en la Ley de Presupuestos de cada año un artículo para que las retribuciones íntegras anuales de los altos cargos sean inferiores a las de la presidenta de la Junta, con un sueldo de 65.184,20 euros anuales. Sin embargo, los directivos de Canal Sur disfrutan de «un régimen singular» y cobran más que la presidenta. El documento elaborado por la Junta no lo precisa, pero perciben sueldos de hasta 78.522 euros anuales. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuenta con una plantilla formada por 2.020 trabajadores. Esta agencia tuvo que absorber en 2011 al millar de empleados procedente de la polémica Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), entre los que había ex alcaldes socialistas y todo tipo de allegados al PSOE. En el documento elaborado por la Junta destacan las agencias con las plantillas más abultadas y también otros entes con 1, 2, 7 o 9 trabajadores, como la Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada con un único empleado, la Fundación Andalucía Olímpica (1), Venture Invercaria (9), el parque tecnológico de Huelva (2) y la Fundación Doñana (7). La Junta cuenta con una participación mayoritaria en 69 entes, entre los que hay 12 agencias administrativas, 3 agencias de régimen especial, 18 agencias empresariales, 21 sociedades mercantiles, 15 fundaciones y 12 consorcios. No obstante, el inventario de entes de la comunidad incluye otros 144 en los que el Gobierno andaluz tiene partipación, pero minoritaria. Figuran en los listados porque existe obligación de suministro de información a efectos de control de déficit en el contexto del Sistema Europeo de Cuentas.