Decía Olof Palme que los derechos de la democracia no pueden estar reservados a un grupo selecto de la sociedad, sino que corresponden a todas las personas. La reflexión de aquel socialdemócrata sueco que caminaba sin escolta adquiere en nuestros días una notable radicalidad, ya que señala, con enorme precisión, la diferencia entre el cambio político y el mero recambio, algo que se puede aplicar a las alternativas a los partidos tradicionales en España.

Que el mapa político español va a cambiar con la llegada de nuevos actores a las instituciones es un hecho. También lo es que la causa fundamental del retroceso de los partidos políticos tradicionales se explica por su gestión de la crisis económica y por la percepción que tienen los ciudadanos de las élites políticas y económicas, a las que identifican con la corrupción y con el saqueo de lo público. Llegados a este punto hay que preguntarse qué sería necesario hacer para que las cosas cambiaran en nuestro país.

Hace poco me reuní en Madrid con Economistas Frente a la Crisis (EFC), un grupo plural e independiente de economistas, muchos de cuyos miembros proceden de la tradición socialdemócrata. No tienen ninguna intención de vincularse con partido alguno, pero sí de que sus propuestas sean asumidas por las formaciones políticas progresistas de nuestro país. Tras leerlas con atención y escucharles les dije que para mí sería un honor llegar a acuerdos y formar parte de un Gobierno que asumiera tales propuestas. Precisamente porque señalan las claves del cambio político en nuestro país, que pasan por señalar que las políticas económicas aplicadas hasta ahora han sido un desastre y que es necesario rectificar.

Sin embargo, en los últimos meses, ciertos sectores de las élites económicas saludan alborozados algunas propuestas de supuesta regeneración que resultan incapaces de poner solución a la estafa cotidiana que padecen los ciudadanos.

Frente a la injusticia fiscal de nuestro país —donde la presión fiscal sobre las grandes fortunas está a la cola de Europa al tiempo que los asalariados, los autónomos y la pequeña y mediana empresa cargan con la mayor parte de los impuestos— cambio significa, como plantea EFC, llevar a cabo una reforma fiscal progresiva para que paguen más quienes más tienen, acercando los tipos reales a los tipos nominales. Proponer, como hacen los abanderados del recambio, subir el IVA a los productos de primera necesidad y bajar el de los artículos de lujo, no es solo una insensatez: es además una forma de prorrogar la ineficacia de nuestro sistema fiscal.

Frente a una legislación laboral que fomenta la temporalidad, la precariedad y la destrucción de empleo, cambio significa derogar por ineficaz e injusta la reforma laboral para acabar con la precariedad, fortaleciendo la inspección laboral que acabe con las contrataciones temporales fraudulentas y favoreciendo el empleo estable. Establecer el contrato único significaría hacer temporales e inestables todos y cada uno de los empleos que se crearan en España: una propuesta de recambio, y además insensata. En un país en el que la pobreza afecta cada vez más personas en edad de trabajar, cambio significa apostar por un sistema nacional de seguridad social que garantice la protección frente al desempleo, un sistema de formación eficaz para los trabajadores y rentas mínimas de inserción con las que hacer frente a la exclusión. Proponer seguros individuales contra el despido es poco menos que volver al siglo XIX, cuando apenas existía el derecho laboral.

Si algo humilla nuestra dignidad como país es que buena parte de nuestros jóvenes mejor formados se hayan visto obligados a emigrar y estén produciendo riqueza en el extranjero

En nuestro país las pymes y los autónomos son quienes más empleo generan. Cambio significa facilitarles el crédito (para eso debería estar el ICO), racionalizar las cuotas que pagan los autónomos y agilizar los trámites burocráticos. Plantear, como quieren los promotores del recambio, que hay que favorecer la concentración empresarial, subir las multas a los autónomos y eliminar los incentivos fiscales que favorecen a la microempresa no solo es bailar el agua a la élite de privilegiados que ha dictado la política económica a los gobiernos españoles: es también atacar a quien genera empleo en España.

Si algo humilla nuestra dignidad como país es que buena parte de nuestros jóvenes mejor formados se hayan visto obligados a emigrar y estén produciendo riqueza en el extranjero. Cambio significa trabajar para que esos jóvenes puedan volver a nuestro país. Proponer un “plan de importación del talento extranjero” porque en España no hay “mentalidad emprendedora” no solo es despreciar el enorme esfuerzo de nuestros mayores para que las nuevas generaciones pudieran prepararse: es no entender las potencialidades productivas de los talentos que se han formado aquí.

En los próximos meses los portavoces de las élites tratarán de convencernos de que los problemas de España se solucionan con un plan renove, con leves cambios de caras y con medidas cosméticas alineadas con el discurso de recuperación del Gobierno. Por eso hay que recordar algunas cosas evidentes, como las que señalaba Olof Palme: no se puede estar con los privilegiados y con los golpeados por la crisis al mismo tiempo.

Pablo Iglesias es secretario general de Podemos.

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