La carta está dirigida a la inquilina del tercero 16 de un edificio de Belgrano y la firman los propietarios. Saben que es médica pero no salen al balcón a aplaudirla todas las noches a las 21: la intiman a que no circule por el edificio porque representa "un alto riesgo" de contagio por estar en el frente de batalla contra el coronavirus.

"Atento al ALTO RIESGO CREADO por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, SE LA INTIMA A EVITAR EL TRÁNSITO Y PERMANENCIA EN ZONAS COMUNES así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escalera, acceder a terraza y demás elementos que ATENTO LA GRAVEDAD DE LA PANDEMIA PONGAN EN RIESGO A QUIENES HABITAN EL EDIFICIO", así comienza el relato, con mayúsculas inclusive.

A la médica, de la que se desconoce su identidad o en qué área y hospital desarrolla su actividad, se le indica que "caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado por el capítulo VII y concordantes del Código Penal Argentino, reservando acciones que de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia".

En principio, se trataría de un alquiler temporario. La médica comenzó a habitar el departamento el 31 de marzo, dos días después de que un hombre, que volvió de España con su hija y pasaron la cuarentena allí, lo desocupara. Horas más tarde, el consorcio le pasó esa carta por abajo de la puerta y la pegó en áreas comunes.

Rápidamente, el escrito se filtró en las redes sociales. Y en Twitter causó una fuerte indignación. Varios usuarios se quejaron por la actitud que ese grupo de vecinos mostró hacia la médica y la decisión de intimarla con la posibilidad de llevar la situación al fuero penal.

A raíz de la difusión de la noticia, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su abogado Vadim Mischanchuk, radicó una denuncia penal contra los propietarios integrantes del consorcio para que se investigue "la comisión del delito de discriminación". Así, la causa quedó en manos de la justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña.

JPE​

