La Cámara de Cuentas acaba de aprobar su dictamen sobre la fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015. El documento final omite datos relevantes que figuraban en el anteproyecto, publicado por eldiario.es antes de someterse al periodo de alegaciones, como la multiplicación del coste de las intervenciones en los hospitales privatizados, el "envejecimiento" acelerado de los centros públicos por la falta de inversión o la constatación de que los hospitales gestionados por concesionarias derivan a los pacientes a centros públicos "para reducir costes en tratamientos complejos o largos".

Un informe oficial certifica que no hay pruebas de la eficacia de la privatización sanitaria en Madrid

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El órgano encargado de la fiscalización del gasto público en la Comunidad de Madrid ha modificado el texto teniendo en cuenta las alegaciones de los "fiscalizados", confirman fuentes de la Cámara a eldiario.es. Entre ellos está la Consejería de Sanidad y el exconsejero Javier Fernández Lasquetty, ideólogo de la privatización sanitaria madrileña y actual jefe de gabinete del líder del PP Pablo Casado.

Fuentes cercanas a Lasquetty explican a este medio que los consejeros de la Cámara aceptaron cuatro de sus cinco alegaciones contra las "exageraciones", a su juicio, incluidas en el anteproyecto, elaborado según las mismas fuentes por la consejera Mónica Melle, propuesta por el PSOE. Ese dictamen provisional revelaba que la Comunidad de Madrid no ha aportado en una década ningún informe con datos que avalen que la privatización sanitaria es más eficiente. Esta tesis del "ahorro", sin fundamento para la Cámara de Cuentas, fue reproducida entre otros por el exconsejero Lasquetty. Sanidad también presentó alegaciones aunque rehúsa hacerlas públicas y valorar el texto final acordado por el pleno de consejeros.

La Cámara de Cuentas es un órgano colegiado e independiente. Tiene siete consejeros aunque desde diciembre de 2017 solo hay seis. El presidente, Arturo Canalda, dimitió tras ser imputado por el caso Lezo y ahora desempeña sus funciones el vicepresidente Carlos Salgado. La mayoría de los consejeros encargados de elaborar los informes de fiscalización tienen vinculación con algún partido político porque se eligen a propuesta de ellos en el pleno de la Asamblea.

Cada año el órgano remite a la Cámara regional un programa de fiscalizaciones que luego el presidente reparte entre los consejeros: a cada uno le encomienda unos trabajos concretos y ellos deben tutelar al equipo que elabora los anteproyectos que analizan el gasto público. Una vez completada esta fase, el documento provisional se somete a votación en el pleno y solo se publica si una mayoría –vertebrada ahora por personas más o menos cercanas al PP– respalda el contenido.

En este caso, el proceso de negociación para dar a luz un texto final se ha demorado cuatro meses. Este proyecto, de hecho, estaba incluido en el programa de fiscalizaciones de 2018 pero no se ha aprobado hasta 2019. Fuentes conocedoras de las negociaciones apuntan que el proceso ha sido complejo por las "fuertes implicaciones políticas" del documento, que pone negro sobre blanco que la supuesta eficiencia de la privatización no se ha logrado demostrar y "se desconoce en base a qué criterios" se decidió poner en marcha.

Estas conclusiones han permanecido intactas en el texto final. También, por ejemplo, que el programa para reducir las listas de espera de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González fue un fracaso porque la mitad del presupuesto, 61 millones de euros, se quedó sin gastar mientras el número de pacientes que aguardaban para ser intervenidos aumentaba y también el tiempo de espera (de 80 a más de 126 días).

"Puede concluirse que la ejecución presupuestaria de este programa de gasto ha sido ineficiente en el objetivo de reducción de lista de espera, y que las medidas desarrolladas no han sido suficientes para conseguir el objetivo perseguido", dice el informe final. En la versión definitiva también ha quedado plasmado el abuso de la "contratación temporal" en la sanidad madrileña. "La contratación de facultativos alcanzó, en 2014, una cifra de 2.615, que representa sobre la plantilla efectiva un 35%, seguido del personal sanitario no facultativo que en dicho ejercicio representó el 28%".

Otras afirmaciones del anteproyecto han sido matizadas y algunas, directamente, eliminadas. Entre las primeras está la alusión a la "derivación" de pacientes de hospitales privatizados a públicos "para reducir costes en tratamientos complejos". Esta conclusión, muy clara en la versión provisional previa a las alegaciones, ha desaparecido del texto definitivo, que sí admite que a veces estos centros no pueden darles el cuidado que precisan porque no tienen una cartera de servicios suficientes. El informe final también busca justificaciones más amables para explicar las derivaciones, como "la fidelización de los pacientes crónicos con los facultativos que les venían tratando".

Cuatro páginas borradas

Las omisiones más evidentes tienen que ver con la Fundación Jiménez Díaz que, contactada por eldiario.es, no ha querido hacer declaraciones. Del dictamen final han desaparecido, según ha podido comprobar este medio, cuatro páginas completas del anteproyecto donde se mostraba con gráficos las diferencias de coste de las intervenciones y tratamientos en este hospital de la red pública gestionado por Quirón Salud respecto a otros 100% públicos del mismo tamaño.

Las comparaciones eran demoledoras: hay cirugías, especialmente las ambulatorias que no requieren ingreso hospitalario (rodilla, pie, varices, ojos...), que cuestan hasta seis veces más. El informe provisional cuantificaba el exceso de coste en "desviaciones de hasta el 743%" que pueden verse en este gráfico elaborado con los datos incluidos en el anteproyecto.







El anteproyecto, que publicó eldiario.es, también reflejaba que en 2012 la propia Consejería de Sanidad detectó que era posible ahorrar hasta 37 millones de euros anuales de más de 312 si se renegociaba el convenio y planteó varios escenarios para hacerlo: con "financiación capitativa (considerando lo que se paga por cápita, es decir, por paciente)" o teniendo en cuenta "las tarifas medias (precios públicos)". En este segundo caso el ahorro ascendería a 58 millones, según recogía el órgano fiscalizador.

Nada de esto ha quedado por escrito en el informe definitivo, que es el único que tiene validez para la Cámara de Cuentas. "El criterio de este órgano solo se refleja en el informe definitivo", responden las fuentes oficiales de la Cámara, que admiten la "discrepancia" entre un texto y otro y la enmarcan dentro de la "normalidad" por la incorporación de las alegaciones.

Partidos como el PSOE o Podemos consideran un "escándalo" que los datos más comprometidos para Sanidad se hayan esfumado" del documento aprobado por la Cámara de Cuentas este lunes. "Hemos conocido el informe de fiscalización del gasto sanitario entre 2011 y 2015 en 2019, con retraso y a tres meses de las elecciones. Lo que da muy poca posibilidad de debate sobre el asunto", critica el diputado socialista José Manuel Freire. "Esto nos da una idea del tipo de organismos de control que tenemos", añade. Para Mónica García, diputada de Podemos, "el anteproyecto contenía una parte fundamental que evidenciaba el fraude de la privatización". "No es casualidad que esa parte haya desaparecido del informe final y eso solo profundiza en el desprestigio de nuestras instituciones", considera.