Durante los dos programas de cancelación y condonación de créditos fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo en 2007 y 2013, más de 253 mil millones de pesos fueron condonados a contribuyentes y, por el contrario, logró que sólo 54.9 mil millones de pesos fueran pagados al gobierno.

Aunque el Congreso reformó el año pasado el llamado secreto fiscal, a fin de que por primera vez se hagan públicos los datos -nombre, RFC y montos- de los contribuyentes beneficiados por condonaciones o cancelaciones de créditos fiscales, el SAT ha interpretado que sólo aplicará para los casos registrados a partir del 1 de enero de este año.

El último informe presentado por el organismo federal, publicado el pasado 30 de diciembre, detalla que durante el programa de regularización fiscal de 2013 -también conocido como “Ponte al corriente”-, fueron condonados más de 166 mil millones de pesos.

Entre estos recursos se encuentran los 3 mil 334 millones de pesos que le fueron condonados a la empresa Televisa, a cambio de que sólo pagara el 10% de esa cantidad. El resto de beneficiarios no se conoce.

Por el programa de cancelación de créditos de 2007, el gobierno perdonó a los contribuyentes un total de 86.9 mil millones de pesos y sólo recuperó 14.5 mil millones.

Ambos programas de regularización fiscal fueron aprobados por el Congreso en las Leyes de Ingresos de la Federación de ambos años.

“Comparado con el programa de 2007, “Ponte al Corriente” representó un incremento en la recuperación de adeudos, principalmente en el número de solicitudes pagadas, así como también en el monto pagado (…) La relación entre lo pagado y lo condonado se incrementó de 17% en 2007 a 24% en el 2013”, señala el informe del SAT.

Del programa de condonación del año pasado, el SAT dio a conocer los siguientes datos estadísticos: 69 mil 397 beneficiarios fueron personas físicas a las cuáles se les condonaron 6.8 mil millones de pesos, a cambio de que pagaran mil 670 millones.

Sin embargo, el mayor monto provino de 41 mil 413 personas morales (empresas) -equivalente al 37% de los contribuyentes que ingresaron al programa-, a las cuáles se les condonaron 159 mil 620 millones de pesos y sólo pagaron al gobierno mexicano 38 mil 665 millones.

Los principales impuestos condonados fueron el ISR, con 45 mil 742 millones, y el IVA por 4 mil 437 millones, de acuerdo con el informe.

“El 80% de la recuperación se integró en siete ramas de actividad económica: Industrias manufactureras, Servicios financieros y de seguros, Servicios de apoyo a los negocios, Dirección de corporativos y empresas, Medios masivos, Comercio al por mayor y Comercio al por menor, con un monto total recuperado de 32 mil millones de pesos”, explica el documento.

Con la reforma al secreto fiscal aprobada por el Congreso, se estableció que ya serán públicos los datos de los contribuyentes que tengan créditos fiscales firmes; créditos fiscales no pagados; contribuyentes no localizados; con sentencias por delitos fiscales; créditos cancelados por la imposibilidad de ser pagados por los deudores o que hayan sido condonados.

Sin embargo, con la interpretación hecha de la reforma, el SAT sólo ha dado a conocer la lista de deudores de los primeros cuatro supuestos, aunque sus adeudos sean anteriores al 1 de enero de 2014. Pero en los últimos dos casos -cancelaciones y condonaciones-, determinó que sólo se darán a conocer si son posteriores al 1 de enero, a pesar de que el Código Fiscal no plantea esa excepción.

La organización Fundar, la cual llevó hasta la Corte la constitucionalidad del secreto fiscal y ha litigado la apertura de las cancelaciones de 2007, ha señalado que el SAT realiza una lectura amañada de la Ley y nuevamente bloquea la rendición de cuentas.

“Estamos otra vez en el camino de las solicitudes de información, de los recursos ante el IFAI y los amparos para que el SAT dé a conocer esta información porque están haciendo una interpretación tramposa, apelable, del artículo. Nosotros, en Fundar, estamos analizando qué estrategia vamos a seguir para que esta información de interés público se difunda”, explicó María Sánchez de Tagle, abogada del centro de análisis.