La detención del comisario principal Jesús Figón, consejero del Ministerio del Interior en la embajada de España en Brasil, por el asesinato de su mujer, Rosa Mary Justino Lopes, ha conmocionado a la Policía, pero también ha puesto sobre la mesa las condiciones que disfrutan los policías y guardias civiles en sedes consulares.

El puesto de consejero o agregado del Ministerio del Interior en una embajada es un caramelo al que los funcionarios de la Policía y la Guardia Civil difícilmente pueden negarse en el caso de que se lo ofrezcan las cúpulas de alguna de las corporaciones. La suculenta remuneración –engordada por pluses de peligrosidad o distancia–, unida a los contactos profesionales que genera, la experiencia y el hecho de que se trata de un destino temporal, hacen del puesto uno de los más demandados.

En cada sede consular, además de un consejero y un agregado –que se encargan de canalizar las relaciones entre las autoridades policiales españolas y las del país en cuestión–, hay un grupo de agentes cuyo número varía en función de la importancia de la embajada. En concreto, cada destino tiene entre cinco y ocho policías o guardias civiles en este último grupo, que se encargan de la seguridad del personal diplomático y de la propia sede.

Imagen de archivo de guardias civiles. (EFE)

Las remuneraciones varían en función del estado en el que se encuentra la oficina, que puede ser más o menos peligroso, encontrarse más o menos lejos de España y conllevar más o menos burocracia por su propia idiosincrasia. Todos estos parámetros se miden por el denominado módulo de calidad de vida de cada nación, concepto que varía cada seis meses y que se aplica a todos los funcionarios que ocupan plazas similares en embajadas, según explican fuentes diplomáticas, que apuntan que en general en los destinos más cercanos a nuestro país los funcionarios cobran menos.

Estos sueldos oscilan entre los 7.500 euros brutos al mes que cobra un consejero en la embajada que menos paga y los 24.000 euros que recibe un agente con el mismo puesto en Rusia, donde se encuentra la sede consular que más desembolsa en gastos de personal y destino. Esta última plaza, por ejemplo, la ocupó el comisario principal Telesforo Rubio, exresponsable de antiterrorismo en la Policía durante los primeros años del anterior Gobierno y uno de los implicados en el caso Faisán, donde compareció como testigo diciendo que no recordaba nada.

El salario de los agregados –los ‘número dos’ de los consejeros– va de los 6.000 a los 21.000 brutos euros al mes. Los de los funcionarios de Policía o Guardia Civil de base (los mencionados que van de cinco a ocho según el destino), por su parte, fluctúan entre los 4.500 y los 10.000 euros. Las ventajas, sin embargo, no incluyen otros pagos en especies, como los viajes de ida y vuelta a España, que antes sí los pagaba el Gobierno y que desde hace tres años deben ser abonados por cada interesado.

Estos sueldos oscilan entre los 7.500 euros brutos al mes en la embajada que menos paga y los 24.000 euros que recibe un agente en Rusia

Estas plazas son ocupadas según los criterios de la libre designación y, por lo tanto, pesa mucho la decisión de la cúpula policial o de la Guardia Civil a la hora de decidir quién va a qué embajada. Sin embargo, los elegidos también deben cumplir requisitos profesionales que no todos los funcionarios reúnen, como los de tener experiencia, ser un buen investigador y contar con facilidades comunicativas. En el caso de la Guardia Civil, además, deben ser comandantes o coroneles los que quieran optar a una consejería o agregaduría y, en el de la Policía, comisarios principales e inspectores jefe. Además, hay que superar una prueba de idiomas y contar con una mínima trayectoria. Los puestos se renuevan cada cuatro o cinco años.

En la actualidad, el 65% de las embajadas están ocupadas por comisarios o inspectores jefe de la Policía. El otro 35%, por comandantes o coroneles de la Guardia Civil, cuya incursión en las sedes diplomáticas se inició a raíz de que el Gobierno enviara a miembros del instituto armado a Afganistán. El encargo de esta misión a la Guardia Civil conllevó un incremento de la presencia de este cuerpo en conflictos internacionales y en embajadas.

La presencia de la Guardia Civil en el panorama internacional no gustó demasiado al cuerpo homólogo. De hecho, provocó la protesta de los sindicatos policiales, que defienden que la ley encarga la competencia a su corporación y no al instituto armado.