Los vecinos de Trebujena no podrán decidir si se construye un macroproyecto turístico en sus marismas, frente al Espacio Natural de Doñana, con 300 viviendas de alto standing, hoteles y campo de golf. Izquierda Unida, que lleva gobernando 37 años este ayuntamiento de la provincia de Cádiz, se ha opuesto al referéndum popular que proponía el único grupo de la oposición (PSOE) para consultar la opinión de los ciudadanos sobre una urbanización turística de más de dos millones de metros cuadrados contra la que diversas organizaciones ecologistas, sociales y sindicales han presentado decenas de alegaciones a la modificación del PGOU por sus efectos ambientales y económicos.

El alcalde, Jorge Rodríguez Pérez, dejó muy clara la posición de su formación en el pleno municipal celebrado la noche del lunes: “la consulta popular no tiene sentido”, porque –explicó- no se puede preguntar a los vecinos sobre algo que ya no se puede cambiar, esto es, la modificación del PGOU aprobada en 2007 que declara como urbanizable el terreno de marisma desecada junto al río Guadalquivir para uso hotelero y turístico. Según el regidor, si se llevara a cabo ahora un cambio en ese planeamiento urbanístico, obligaría a anular todos los proyectos ejecutados en Trebujena desde hace 12 años en virtud de esa ordenación municipal, con las consiguientes repercusiones legales y económicas para el Ayuntamiento.

“Eso es inamovible”, subrayó el alcalde, quien acusó al PSOE de “oportunista” por haber propuesto ahora una consulta popular en relación a un asunto en el que el grupo socialista ya había mostrado su posición favorable, al haber aprobado la modificación del PGOU en 2007, y por intentar “engañar a la gente sobre algo respecto a lo cual ya no se puede decidir”.

El portavoz del grupo socialista, Miguel Guerra, negó la mayor, la acusación de oportunismo, y aseguró que su propuesta de referéndum tiene ahora un objetivo muy claro: reforzar las garantías de sostenibilidad y viabilidad de un macroproyecto turístico 16 años después de que se presentaran los primeros planos, en 2003, más de una década después de que se aprobara la modificación del PGOU y en las postrimerías de una grave crisis económica que aún deja ver sus efectos.

Y, a juicio de Guerra, la trascendencia de un proyecto de este calado, con un previsible notable impacto ambiental, exige una mayor transparencia, la organización de unas jornadas formativas en las que inversores, ambientalistas y técnicos expliquen los pros y contras de esta urbanización turística y luego la consulta a la ciudadanía para que todos los vecinos puedan decidir sobre un asunto de tanta trascendencia para el futuro de su pueblo. “Nuestro mandato es de cuatro años y esto puede afectar a las generaciones presentes y futuras de Trebujena”, advirtió el portavoz socialista.

En el turno de réplica, el alcalde aseguró que su equipo de gobierno va a “seguir peleando” para que el macroproyecto, si finalmente sale adelante tras el debate de las alegaciones, se desarrolle con las máximas garantías medioambientales. Preguntado por la oposición y por vecinos presentes en el pleno sobre las posibles repercusiones para el ayuntamiento en caso de que no se ejecutara la obra, Jorge Rodríguez recordó que el promotor ha comprado suelo y pagado impuestos por un terreno urbanizable, por lo cual siempre habría consecuencias si se diera marcha atrás en el planeamiento.

De hecho, la puesta en marcha del proyecto turístico ya ha generado ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que el Consistorio firmó con la sociedad Zanona SA del primer promotor de la urbanización, el belga Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonarle algo más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable que hiciese posible la obra.

Sin embargo, en 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, ya que, tras la intervención de la Junta de Andalucía, se había bajado de 750 a 300 casas la edificabilidad máxima. El Ayuntamiento ya ha recibido 1,8 millones de euros a cuenta de esa compensación y podrá recibir el resto, 1,5 millones, cuando se apruebe la modificación del PGOU que permita la construcción de la gran urbanización turística, un proyecto que ahora gestiona Costa Guadalquivir, una empresa también de origen belga.

En la moción presentada por el grupo socialista se recuerda que un proyecto similar, el de la Loma de Martín Miguel construido en la vecina Sanlúcar de Barrameda, también ubicado frente a Doñana, ya tiene su campo de golf “abandonado” por falta de uso tras el cierre de la empresa que gestionaba la urbanización turística abanderada en su día por el príncipe Alfonso de Hohenlohe.

El proyecto Costa Guadalquivir queda ahora a expensas del debate en pleno de las alegaciones que han presentado a la modificación del PGOU organizaciones como WWF, Ecologistas en Acción, Sindicato Andaluz de Trabajadores o Ateneo Cultural El Zarandaó de Trebujena, que, entre otras cosas, advierten de que el complejo turístico se construiría sobre una zona inundable y generaría graves problemas para la recuperación del estuario del río Guadalquivir.

Además, alertan del peligro que supondría el gasto en agua de una urbanización con campo de golf, amplias zonas ajardinadas, hoteles y 300 casas, gasto que estiman superaría los 800.000 metros cúbicos al año y aumentaría aún más el impacto ambiental en una época de cambio climático en los que los recursos hídricos tienden a la baja. Y no sólo alegan cuestiones ambientales.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) considera que estamos ante un proyecto de “especulación urbanística” que reproduce los males de la burbuja inmobiliaria que desencadenó la grave crisis económica cuyas consecuencias se siguen padeciendo en nuestro país.