Las autoridades españolas han hecho de la excepción una rutina al permitir el uso de pesticidas calificados como "no autorizados" de manera reiterada y sin ningún tipo de fundamento científico que acredite riesgo de plagas. Así lo denuncia el último informe de Ecologistas en Acción que analiza el empleo de este tipo de sustancias prohibidas por Europa por sus cualidades nocivas con el medio ambiente y la salud de las personas y los animales.

El artículo 53 del Reglamento de Fitosanitarios europeo establece que un Estado miembro podrá consentir el uso de sustancias "no autorizadas" siempre y cuando se pueda justificar con criterios de emergencia o riesgo de plagas. Además, la norma establece como requisito que estas autorizaciones de uso no sean superiores a los 120 días, algo que según denuncia la organización ecologista, no se cumple en la mayoría de los casos.

La publicación informa que tan sólo entre abril y julio de 2018 se autorizó el uso excepcional de 49 "sustancias activas" de las cuales diez estaban prohibidas y quince consideradas como "disruptores endocrinos", es decir, químicos que alteran el funcionamiento hormonal de los seres humanos y de los animales. Asimismo, entre 2013 y 2017, en España se concedieron 365 autorizaciones de emergencia.

Desde el grupo medioambientalista denuncian que las instituciones competentes no exigen a los solicitantes ninguna acreditación que certifique la existencia de una plaga. Por otro lado, inciden en que la falta de personal impide que las comunidades autónomas puedan controlar de manera adecuada el uso industrial y agrícola de sustancias activas de la categoría "no autorizadas".

"Dos ejemplos paradigmáticos"

Del extenso análisis realizado por Ecologistas en Acción se sacan "dos ejemplos paradigmáticos" de autorizaciones. Se trata de los permisos excepcionales de dos sustancias "activas no autorizadas" –la cloropicrina y el 1,3 dicloropropeno– que se han concedido desde las instituciones en el último año, sobrepasando el límite de los 120 días establecido por el reglamento europeo.

La cloropicrina y el 1,3 dicloropropeno son dos compuestos químicos que se emplean para erradicar plagas de insectos y nemátodos a través de técnicas de goteo o de inyecciones al suelo en etapa previa a la siembra. La primera de las sustancias está prohibida, según el informe, "por el riesgo inaceptable" que supone "para los operarios". La segunda de ellas entraña, entre otras cosas, una amenaza para la calidad de las aguas subterráneas, en tanto que la Agencia para la Investigación del Cáncer la calificó como un "posible carcinogénico en humanos".

Teniendo en cuenta sus propiedades, su uso solo se permite en caso de riesgos de plagas. Sin embargo, parece que la excepción se ha convertido en regla. Y es que, según recoge la publicación del grupo ecologista, en el año 2018 se superó el periodo de 120 días de emergencia tanto en Andalucía como Castilla y León, además de Valencia en el caso del 1,3 dicloropropeno. "Estas autorizaciones se renuevan con carácter anual, de modo repetitivo, pese a que su uso debe ser excepcional por existir una emergencia", denuncia la organización.

"Sólo pedimos que se cumpla la ley" comenta Koldo Hernández, uno de los autores del informe. "Las autorizaciones excepcionales se tienen que dar únicamente cuando sea necesario y se demuestre mediante analíticas que hay plagas. Esas analíticas tienen que ir acompañadas de un estudio de alternativas que evidencien que no hay otra solución que el uso de estos productos", añade.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explican a Público que "detrás de todas las autorizaciones excepcionales concedidas por España hay una sólida justificación técnica y agronómica". Además, informan de que "tanto el Defensor del Pueblo como el Parlamento europeo y la comisión europea han recibido información detallada acerca de esta autorización excepcional en España".

Más allá de particularidades el hecho de que se concedan excepcionaldiades de manera rutinaria y sin requerir pruebas científicas no es una realidad única de la administración española. Tal y como denuncian desde Ecologistas en Acción las autorizaciones de este tipo de pesticidas son comunes en el resto de países de la Unión Europea.

