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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio.- Los cárteles mexicanos de la droga introducen cada año a México al menos 17 mil 200 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, reveló el Departamento de Justicia.

Tal cantidad es ligeramente inferior a los 19 mil millones de dólares que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, México recibió en 2010 por concepto de inversión extranjera directa.

En la más reciente Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, divulgada por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Narcóticos (NDIC, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se establece que las organizaciones ligadas al tráfico de drogas de México y Colombia lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares al año.

No obstante, la firma estadunidense No Money Laundering va más allá, al estimar que el lavado de capital en un país fluctúa entre 2 y 5% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de México, pronostica que al ser una economía con un elevado grado de corrupción y trasiego de drogas, el fenómeno llega a 5%, es decir, alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año.

Ante la vulnerabilidad del país debido al blanqueo de dinero, la Secretaría de Hacienda ha decidido reducir la exportación de dólares y poner especial atención a las compras de viviendas, automóviles, yates, buques y avionetas, blancos favoritos del crimen organizado para infiltrar el dinero ilegal a la economía mexicana.

México se convierte en un enorme lavador de dinero

La lucha contra el lavado de dinero va en aumento, pues este fenómeno también crece en el país.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refiere que el último informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denominado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2009, asevera que las organizaciones ligadas al tráfico de drogas de México y Colombia generan, limpian y lavan entre 18 mil y 39 mil millones de dólares al año, procedentes sólo de la venta de narcóticos.

La dependencia norteamericana afirma también que los cárteles mexicanos del narco introducen anualmente a nuestro país por lo menos 17 mil 200 millones de dólares provenientes de Estados Unidos.

La firma No Money Laundering, también de EU, va más allá, al estimar que el lavado de capital en un país va de dos a cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de México, pronostica que al ser una economía con un nivel elevado de corrupción y narcotráfico, el fenómeno se apega a cinco por ciento, es decir, “alrededor de 45 mil millones de dólares en dinero sucio al año el que pasa por bancos, casas de cambio, casas de bolsas, empresas de seguros, etcétera”.

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ha señalado que anualmente México registra diez mil millones de dólares excedentes en el sistema financiero, los cuales se presume pueden ser de procedencia ilícita.

Sin embargo, en Hacienda afirman que, sin dejar de reconocer que faltan retos por vencer, el país va en la dirección correcta.

Sostienen que la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, conocida como la Ley Antilavado, vendrá a reforzar los mecanismos para ganar la batalla.

“En general, quedé contento, se hizo una buena ley. No sé si en cuatro o cinco años de aplicación se tengan que hacer ajustes, pero, de verdad, me hubiera sentido muy frustrado si no hubiera salido, porque creo que es un instrumento fundamental para coadyuvar a la lucha contra el blanqueo de dinero”, manifiesta el procurador fiscal de la Federación, Javier Leynez.

El abogado de la Secretaría de Hacienda detalla que son cinco los principales cambios que el Senado realizó, respecto a la propuesta del Ejecutivo: incrementar el límite de las operaciones en efectivo en prácticamente todos los rubros y poner montos a las actividades reportables en la Ley, denominados avisos.

El tercero, dice, tiene que ver con que algunos sujetos obligados (gatekepers), como los notarios, podrán realizar sus avisos de manera colegiada, siempre y cuando comprueben ante Hacienda que se cumplirán las disposiciones de la ley.

El cuarto está relacionado con sanciones. En esa ley sólo se castiga penalmente hasta con ocho años de prisión la mala utilización de los avisos, la falsificación o por darlos a conocer teniendo obligación de reserva.

Por no enviar un aviso a las autoridades, aclara, sólo implicará multas económicas, mismas que tendrán el carácter de créditos fiscales e irán desde 200 y hasta 65 mil días de salario mínimo vigente en el DF, o de diez al 100 por ciento del valor del acto u operación, la que resulte mayor.

El último punto está relacionado con la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, la cual quedará a cargo de la PGR, cuya labor será procesar la información que le mandará la Unidad de Inteligencia Financiera para realizar averiguaciones previas “exitosas”.

“¿Qué podemos pensar cuando un usuario del sistema financiero tiene un historial de operaciones en efectivo que ronda en 50 mil pesos mensuales y, de un momento a otro, su actividad registra cifras que rebasan los 200 mil pesos?”, es lo primero que cuestiona.

“¿Lavado de dinero?”, responde. “No necesariamente hay una acción ilícita detrás de ese comportamiento. Sin embargo, es un acto no común que requiere ser analizado y vigilado por las autoridades correspondientes, debido a su carácter potencial como actividad no legal”.

Como ese caso, denominado operación inusual, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de la Secretaría de Hacienda, recibió cinco reportes cada hora durante 2010. Se trata de conductas que no concuerdan con los antecedentes del patrón habitual de los clientes de las instituciones financieras.

El reto es claro: reducir de manera gradual el número de casos inusuales que recibe la UIF, situación que, de concretarse, reflejará los avances en el combate al lavado de dinero.

Sin embargo, la meta no es fácil y la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y la Policía Federal, autoridades encargadas de su prevención y combate, lo saben.

La primera batalla, aseguran los especialistas, es conocer el tamaño real del “monstruo” que se tiene por enemigo. Hasta el momento no existe un consenso de cuánto capital se “blanquea” en el país. Las cifras van desde diez mil hasta 45 mil millones de dólares al año.

Las alertas

La adquisición de viviendas, hoteles, automóviles, yates, buques y avionetas, es uno de los blancos favoritos del crimen organizado para infiltrar el dinero ilegal en la economía mexicana.

El gobierno federal conoce el problema y asegura estar dispuesto a dar la lucha para, sino eliminarlo por completo, limitar su proliferación en otros sectores productivos del territorio nacional.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda, la lucha se está dando. Prueba de ello, aseguran, es la reducción de la exportación de dólares por parte del sistema financiero mexicano, debido a las restricciones que se fijaron en las operaciones en efectivo durante 2010.

De 2007 a 2009, refieren, salieron del país cerca de 14 billones de dólares en promedio de manera anual, de los cuales seis billones no lograron explicar su origen, pero tampoco se demostró que fuera capital sucio.

Para 2011 se estima que la exportación de divisa estadunidense se reducirá a poco menos de siete billones de dólares, prácticamente todo con justificación.

En su opinión, a pesar de que la UIF de la Secretaría de Hacienda cuenta con un número reducido de personal, su objetivo, que es de prevención del delito, lo ha cumplido, aunque reconocen que falta camino por recorrer.

Sin embargo, en un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT-GAFI), publicado en los últimos meses de 2008, calificó como “parcialmente cumplidas” algunas de las 49 recomendaciones que realizó,

“El fenómeno del lavado de dinero en México refleja un problema estructural en el sistema financiero nacional”, sostiene el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), del Tecnológico de Monterrey, José Luis de la Cruz.

En su opinión, las autoridades encargadas de prevenir y aniquilar ese “cáncer” carecen de una estrategia paralela que se dirija a la misma dirección. “Cada quien actúa por su lado”, asegura.

Ese motivo, dice el profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, Eduardo López, limita que México pueda demandar más reciprocidad a Estados Unidos en el tema.

“No estamos en las mejores condiciones para exigírselo, para hacerlo primero debes poner orden en la casa”, manifiesta.

Al respecto, la socia de la Práctica de Servicios de Asesoría Financiera de KPMG, Judith Galván, reconoce que el país “no tiene el poder de coerción para demandar más apoyo”.

Acepta que EU va un paso más adelante en temas regulatorios que México, situación que de cierta manera nos pone en desventaja ante esa nación.

“Ellos tienen poder de coerción sobre nosotros, pero México no sobre ellos”, insiste.

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