Reforma

Ciudad de México.- En plena alza de homicidios dolosos las corporaciones de seguridad pública o ministeriales han reportado el robo o extravío de 792 armas de fuego de enero a octubre de este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un informe, indicó que esa cantidad supera en un 32 por ciento todas las armas desaparecidas en manos de corporaciones de seguridad durante 2018, cuando sumaron 533.

De enero a octubre las policías reportaron el extravío de 600 pistolas y 192 armas largas, cifra récord desde 2015 cuando se perdieron mil 199 armas.

El reporte militar señala que el caso más grave es el Estado de México. En esta entidad se desconoce el paradero de 206 armas.

Le siguen la Ciudad de México con 69 armas robadas, Veracruz con 52, Puebla con 49, Guerrero con 48 y Chihuahua con 39.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la desaparición de 37, mientras que la Policía Federal (PF) 45.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) advirtió que en el caso del Estado de México, las irregularidades se centran en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar (Cusaem), que ofrece servicios de seguridad privada y cuenta con una licencia colectiva de armas, sin tener la preparación necesaria.

"Estos cuerpos de policía (dicen) que son parte de la seguridad pública, pero cuando se les audita dicen que son seguridad privada.

"Trabajan en un limbo jurídico y sin ninguna regulación, porque no son cuerpos de seguridad pública, y tampoco tienen la capacitación ni cumplen con los reglamentos que a las empresas de seguridad privada se les exige, de acuerdo a los reglamentos que hay en el País", dijo Raúl Sapién, presidente del consejo.

El Ejecutivo federal ya pidió investigar quién vigila y proporciona las armas a esta institución de seguridad.

Fuentes de la FGR aseguraron que existe una conexión entre las armas aseguradas a la delincuencia y las que perdieron o fueron robadas a las corporaciones policiacas.

En 2018, la Fiscalía General publicó en el Diario Oficial de la Federación que en caso de robo, pérdida, destrucción o extravío del armamento por descuido o negligencia se tendrán consecuencias penales y se deberán cubrir los costos de reposición.

Por su parte, agentes de la PF aseguraron que mandos de esa corporación incurrieron en negligencias al reportar pérdidas de arsenal y culpar a elementos de tropa por el extravío, lo que llevó a diversos elementos a enfrentar sanciones administrativas y penales.