Entre julio y agosto de 2017, 43 personas interpusieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) escritos para inconformarse por la falta en México de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas que restrinjan el uso de plaguicidas altamente peligrosos.



Concluida la investigación el organismo comprobó que el marco legal y reglamentario en la materia permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente.



La CNDH dirigió la Recomendación 82/2018 –a los titulares de la Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)– por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas peligrosos.



En un comunicado, el organismo difundió este 9 de enero el contenido de su recomendación. Horas más tarde, las secretarias y órganos del gobierno federal señalados emitieron otro comunicado para anunciar que la aceptaban y que tomarán las medidas correspondientes.



La CNDH señaló que existe en el país un gran número de registros sanitarios de plaguicidas con vigencia indeterminada otorgados por la COFEPRIS, que incluyen sustancias cuya alta toxicidad ha sido documentada por organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Incluso Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como el Protocolo de Montreal (1987), los Convenios de Rótterdam (1998) y Estocolmo (2001), han prohibido el uso de estas sustancias”.



De los 35 plaguicidas restringidos por el Convenio de Rótterdam –un mecanismo para regular la comercialización de estas sustancias– México prohibió la importación de sólo 20, permite el intercambio con sujeción a determinadas condiciones para 10 y del resto no se ha pronunciado.



De los 17 pesticidas incluidos en el Convenio de Estocolmo, creado para proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), el Estado mexicano sólo se ha adherido a las condiciones para ocho de ellos.



La CNDH recomendó a la SEMARNAT, SADER, COFEPRIS y SENASICA dar cumplimiento a los citados tratados internacionales y emitir lineamientos para la prohibición o regulación durante todo su ciclo de vida, así como armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado en los Convenios de Estocolmo, Rótterdam y el Protocolo de Montreal, así como por organismos internacionales, como la FAO, la OMS y la Red de Acción en Plaguicidas.



Pidió también que se conforme un Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos, integrado por servidores públicos capacitados, representantes de centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil.



En particular, la CNDH recomendó a la COFEPRIS proponer al Ejecutivo Federal incorporar medidas de carácter prohibitivo o restrictivo para la totalidad de las sustancias contenidas en los Convenios de Rótterdam y de Estocolmo, e implementar atención médica en zonas agrícolas a personas con posibles signos de intoxicación por contacto con plaguicidas.



Después de valorar los términos de la recomendación, las dependencias citadas comparten la relevancia de sus fines, dice el comunicado emitido por las autoridades. “Cada una en el ámbito de su competencia y atribuciones, así como con estricto apego a las normas y procedimientos que constituyen su marco jurídico de actuación, ejecutarán las acciones de planeación, coordinación, regulación, colaboración y capacitación que derivan de dicha recomendación”.



Para dar cumplimiento, las dependencias acordaron establecer mecanismos de coordinación, entre las que destaca la conformación del Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (CEIIEAPAP).











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