Suecia, un país con un alto nivel de desarrollo socioeconómico y muy moderno, muy Siglo XXI, ha adoptado una ley contra la prostitución que por fin dio en el clavo con la mejor solución. Como se sabe, tanto en los países donde la prohibición es total, como en aquellos en que el gobierno la ha legalizado, imperan el descontrol y el desbarajuste. La prohibición total no hace sino victimizar a las mujeres doblemente: víctimas de los depredadores que las prostituyen, y encima, víctimas también del gobierno que las persigue y las multa o encarcela, si el país es moderno. Total, en la mayoría de los países modernos que aplican ese sistema de prohibición total, las retienen por un tiempo, las sueltan, para volverlas a arrestar en la próxima redada. Un show vacío que no toca ni de lejos el problema. Si es un país de ideas arcaicas, la victimización doble puede incluir hasta la pena de muerte, probablemente por lapidación.

La legalización ha demostrado ser un desastre en todos los países que la han implantado, sobre todo en Europa occidental. Por doquier la legalización no ha hecho sino promover la trata y el comercio sexual, la captura de mujeres pobres del mundo subdesarrollado para obligarlas a prostituirse en Europa con el fin de satisfacer todo tipo de aberraciones de los depredadores del “mundo desarrollado” europeo. La trata internacional, un negocio que mueve miles de millones de dólares y euros al año, captura o engaña y transporta anualmente a esos países de la legalización a decenas de miles de mujeres que, creyendo que irían a un buen trabajo en Europa, terminan en las redes del tráfico sexual. La Fundación Ricky Martin de Puerto Rico ha descrito la trata de mujeres o de niños como “la nueva esclavitud del siglo XXI”.

En efecto, la legalización solo libró a las mujeres afectadas de la persecución del estado y quizá proveyó algunos beneficios marginales económicos y sociales, tales como los cuidados de la salubridad pública. Pero no ha podido terminar con la trata ni con los abusos contra las prostitutas, ni mucho menos con toda suerte de crímenes atraídos por la prostitución legalizada y por la trata, como lo son el bajo mundo de las drogas, la trata infantil, la pornografía y la violencia descarnada contra la mujer. Todas las variantes del crimen organizado suelen atraerse cuando el estado legaliza la prostitución. Un “free for all”.

Ante el fracaso de los dos extremos, prohibición total y legalización total, el Parlamento sueco legisló en 1999 una ley sabia. La nueva ley penaliza la compra de favores sexuales, pero despenaliza su venta. ¿Qué significa esto? Pues que se castiga al varón si la impone o la propone, porque se percibe claramente que la esencia del mal no está en el sexo mismo, o en las relaciones sexuales entre adultos que consienten, sino en la explotación de la mujer por el hombre y en la violación a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Al mismo tiempo, la mujer que se prostituye no se castiga por las razones siguientes: (1) se reconoce que es un derecho humano de las mujeres el tomar decisiones sobre su propio cuerpo; (2) se quiere evitar con ello, además, la doble victimización, ya que todos los estudios indican que la mayoría de las mujeres que se prostituyen lo hacen por necesidad económica y porque no han podido resolver esa necesidad con un trabajo legal de remuneración suficiente. En ocasiones, necesitan con urgencia los ingresos para enfrentar la responsabilidad de criar y educar a varios hijos. De modo que perseguirlas, encerrarlas o castigarlas por practicar la prostitución atenta contra su salud mental y contra sus derechos humanos. Además que tales castigos ignoran que estas mujeres son víctimas y no criminales. Y, por último, (3) la nueva ley sueca sobre la no penalización contra las prostitutas viene acompañada de oportunidades que aprovecha el gobierno sueco para utilizar ayudas de la red nacional de servicios sociales del Estado y lograr con ello que una mayoría de estas mujeres consigan beneficios económicos y trabajos legales los cuales contribuyen, de conjunto, a extraerlas del comercio sexual. En diversos países en que la prostitución está legalizada los estudios indican que un alto porcentaje de ellas preferirían abandonar el comercio sexual si se les diera la oportunidad de tener un empleo de otra naturaleza con buena remuneración. En otras palabras, la ley sueca tuvo bajo consideración que en muchas sociedades las mujeres pobres son empujadas por el propio sistema capitalista vigente, por sus remuneraciones más bajas en los trabajos para las mujeres, a tomar el camino de la prostitución. Es esta una forma más humana e integral de resolver, no solo el problema de la prostitución, sino también el problema más complejo y terrible de la trata, que afecta no solo a mujeres adultas, sino también a jovencitas procedentes de los países del subdesarrollo y la pobreza, y hasta a muchas niñas y niños.

Dificultades en Suecia para implantar exitosamente la nueva ley

El éxito que hoy celebra la sociedad sueca costó trabajo y un buen tiempo para lograr los resultados favorables que se observan hoy: reducción de la prostitución a niveles muy inferiores a los precedentes, eliminación del 80% de los intentos de los hombres de prostituir a las mujeres y la reducción dramática en la selección de Suecia como destino de la trata internacional del comercio sexual. Mientras a otros países europeos ingresan anualmente decenas de miles de mujeres esclavizadas por los comerciantes del sexo, cada año el gobierno sueco ha calculado que solo llegan a Suecia con el mismo propósito entre 200 y 400 mujeres. La mayoría de los depredadores, por lo tanto, se han marchado a otros países porque la ley sueca castiga con severidad la trata, e incluso a los hombres que han sido acusados individualmente por mujeres de haberles propuesto el comercio sexual, cuando tal acusación se prueba veraz por las autoridades. Como demuestra Laura E. Asturias, de Guatemala, en su traducción al español de la información publicada sobre la ley sueca de 1999 por Marie De Santis del Women’s Justice Center,el principal obstáculo fue al principio la falta de adiestramiento adecuado de las fuerzas policiales suecas en la implantación y ejecución de lo que mandata la ley. Dos años pasaron sin resultados positivos sensibles, pero una vez identificado el problema, las instituciones gubernamentales se movilizaron a adiestrar intensivamente a los agentes del orden público para que comprendieran primero el concepto detrás de la nueva ley: la prostitución es una forma de la violencia masculina contra las mujeres. En consecuencia, debe castigarse a los compradores y depredadores. Las prostitutas, como víctimas, lo que necesitan es recibir ayuda, no castigo.

Una vez adiestrada la policía en los principios y conceptos que motivaron a los legisladores suecos a aprobar la ley, comenzaron a palparse los resultados, tanto en el espacio público sueco, como en las estadísticas gubernamentales sobre la prostitución y la trata en Suecia. Este modelo exitoso ha sido estudiado y está en vías de implantarse en otros países escandinavos y hasta en Escocia, en el Reino Unido.

El caso sueco demuestra claramente cómo las políticas públicas solo tienen una implementación efectiva cuando aquellos a cargo de hacer cumplir la ley la conocen a fondo y la ejecutan apropiadamente. No basta la buena intención legislativa, ni siquiera la claridad conceptual con que se redacte una ley. En casos como este, que requieren la adopción de una nueva mentalidad que se aleje del machismo tradicional, es necesario tal cambio de mentalidad, no únicamente en las autoridades políticas y los legisladores, sino a lo largo de toda la cadena de ejecución por las administraciones públicas, y por supuesto, en una masa crítica de ciudadanos.

Requisitos culturales para la adopción del modelo en Puerto Rico

Es evidente. Para trasplantar la solución sueca a cualquier otra sociedad, esa sociedad deberá, como la sueca, pasar por cambios culturales importantes: por un cambio de mentalidad sobre este problema. Es lo que se ha dicho tantas veces respecto del modelo salubrista para combatir efectivamente el problema de las adicciones. Hasta tanto, no solo las autoridades políticas, sino también los encargados de ejecutar la política pública y la sociedad en general —incluyendo al personal médico y hospitalario—no transmuten su mentalidad tradicional punitiva, no puede tener éxito en Puerto Rico el modelo salubrista. La última noticia desastrosa sobre esto tiene que ver con cómo la Administración García Padilla exporta adictos ambulantes a Chicago, Illinois, y otras ciudades de Estados Unidos, para salir de ellos, con la excusa de que allá podrán “rehacer sus vidas” con la rehabilitación. Para muchos la supuesta “vuelta a la vida” no significa sino drogarse y deambular en otro lugar. Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico trata de ganar buena imagen con que los adictos ambulantes hayan disminuido en las calles de San Juan y de otras ciudades de Puerto Rico, como Carolina o Ponce. ¡Hasta ahí llegó la dependencia colonial!: hasta para exportar los adictos a la metrópoli, específicamente a Chicago, una ciudad que no puede ser un lugar fácil para la rehabilitación por la accesibilidad a las drogas y por el ambiente de violencia y pobreza que se vive en ciertos barrios. No obstante, la Policía de Puerto Rico auspicia “De vuelta a la vida”, les pagan un boleto de avión de ida a Chicago y, muchos de ellos, continúan su adicción y su situación de personas “homeless” en zonas de Chicago como Humboldt Park y Ohio Street.

Para empezar, tanto para implantar un modelo salubrista y trabajar apropiadamente y con éxito las adicciones existentes en la población puertorriqueña, como para adoptar una solución “a la sueca” en el caso de la prostitución, la trata y el comercio sexual, es necesario abandonar en nuestro país el complejo imitativo colonial de hacerlo todo “como en Estados Unidos”. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más atrasados del mundo en todo lo concerniente a la solución de sus problemas sociales. Es una sociedad sumamente marcada por la desigualdad y por la mentalidad punitiva, combinación que lleva a la cruel realidad de que en esa sociedad, aunque hay más adictos a drogas ilícitas entre los blancos anglosajones que entre los negros y los hispanos, la tasa de convicciones en los tribunales—y el porcentaje del total de encarcelados por delitos relacionados con las drogas— arrojan una subrepresentación notable en la población penal de blancos anglosajones y una sobrerepresentación de ciudadanos que son hispanos. En el caso de las personas de raza negra, la sobrerepresentación en la población penal por estas causas es todavía mayor que en el de la población hispana. Ferguson no es meramente un caso aislado. En consecuencia, no es hacia Estados Unidos a donde hay que mirar para buscar la solución efectiva a los principales problemas sociales de Puerto Rico. ¿Además no han sido ellos quienes han dirigido la “guerra contra las drogas” en nuestro país con un fracaso tan patente?

En segundo lugar, es necesario superar la mentalidad machista tradicional que continúa insistiendo en discriminar contra las mujeres, en usar un doble estándar por medio del cual las infidelidades masculinas se celebran o se perdonan, mientras las femeninas se consideran dignas de los castigos más severos, y por supuesto, que lleva a la presunción de que las mujeres son las perpetradoras en los casos de prostitución. Hasta que un número suficiente de ciudadanos, políticos y administradores públicos no comprendan, como comprendieron ya en Suecia, que la prostitución es una forma más de explotación y violencia de los hombres hacia las mujeres —y del capitalismo abusivo en contra de las mujeres— sobre todo de aquellas de escasos recursos y poca educación, no podría implantarse en nuestro país una ley como la sueca.

Por otra parte, el cambio cultural requiere que, desde el punto de vista de resolver el problema social que constituyen la prostitución y la trata en nuestra sociedad, tanto el gobierno como los ciudadanos, comprendan que tenemos que entender que la raíz de tales males sociales, no está en las relaciones sexuales entre adultos que consienten libremente— no está en la percepción tradicional religiosa del sexo fuera del matrimonio como algo pecaminoso— sino en la explotación sexual de la mujer por el hombre. El mal social de la prostitución —y de su variante más abyecta, la trata comercial sexual de mujeres y niños— radica, no en que la relación sexual sea o no pecaminosa, según la ética privada de las religiones, sino en que es una violación crasa de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y de las demás víctimas. Por lo tanto, el estado, que en su ética pública no tiene como objetivos primordiales de su acción, ni puede tener como desean los religiosos, ni la salvación del alma de los ciudadanos, ni el cumplimiento con la Biblia u otros textos considerados sagrados por los religiosos, ni la observación estricta de las concepciones éticas de las iglesias y religiones, sino únicamente la sana convivencia entre las personas en la sociedad material de este mundo —y el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de todos— tiene el deber de legislar una ética pública relativa a estos males sociales que vaya a su raíz social más importante. La prostitución no victimiza a las mujeres porque sea una relación consentida entre dos seres humanos libres, en igualdad de condiciones. La prostitución se basa exactamente en lo contrario: en anular la capacidad de consentimiento libre de las mujeres mediante la coerción económica y social. En la inmensa mayoría de los casos, es la coerción económica de la pobreza relativa, y la necesidad económica, lo que lleva a las mujeres a prostituirse. Y es el aprovechamiento que de ello hace el hombre poseedor de medios económicos lo que lleva a las mujeres a entrar en el comercio con su cuerpo. Ese aprovechamiento por parte de los hombres de la necesidad económica de muchas mujeres se hace más fácil cuando la sociedad promueve también la inferioridad social de la mujer frente al hombre. Por ejemplo, cuando se transmiten de generación en generación ideas que favorecen la superioridad del hombre sobre las mujeres en diversas áreas de la vida, algo que propende a perpetuar las instancias de la violencia de género. Es por esa razón que es tan vital que se adopte una perspectiva de género en nuestra educación pública. Con la perspectiva de género en la educación pública se busca lograr que, en lugar de nuestras familias y nuestras escuelas constituirse en el caldo de cultivo del machismo y de la pretendida inferioridad femenina, sean por el contrario contextos sociales para difundir y practicar el concepto de la igualdad entre los géneros, el respeto mutuo y los derechos humanos iguales de los hombres y de las mujeres.

En la tradición arcaica de muchos de los grupos religiosos que actúan en el espacio público puertorriqueño, la prostitución es condenable porque es pecaminosa, según los cánones y creencias de la religión, llegando incluso al extremo de colocar la responsabilidad en las mujeres como seres “malvados” y “tentadores del hombre”, instrumentos de Satanás desde los tiempos “en que Eva hizo pecar a Adán”. Con semejante pensamiento, diversos grupos religiosos no hacen sino contribuir a que sea más difícil para todos caer en cuenta de que el verdadero mal de la prostitución no origina ni con la maldad de la mujer, ni mucho menos con el supuesto carácter pecaminoso del sexo libre, sino con la desigualdad social y económica de las mujeres y con la violencia machista de los hombres que gustan de saciar sus apetitos carnales mediante la disponibilidad de lo que llaman despectivamente “mujeres públicas”. La pretensión de ciertos grupos religiosos de —a contramarcha de nuestra Constitución y del estado de derecho democrático y laico los cuales consignan la completa separación de las iglesias y el Estado— de lograr que el estado legisle una ética pública basada en la ética privada de las religiones, es algo que obstaculiza en nuestro país la adopción de una legislación contra la prostitución y la trata al estilo de la de Suecia, mediante la cual se castigue al hombre y se ayude a las mujeres. Es así porque muchos de nuestros políticos y legisladores se dejan intimidar por las amenazas y chantajes de tales grupos religiosos de “colgarlos” votándoles en contra en las elecciones, o de favorecer con donativos y votos al partido que complazca sus pretensiones. Mientras nuestros políticos vivan temerosos de los chantajes de los grupos religiosos, la legislación que ayudaría a reducir estos males en nuestro país no podrá implantarse.

No se trata, por supuesto —y valga la aclaración— de pretender que los grupos religiosos no tengan amplia libertad de expresar sus opiniones como los demás ciudadanos. El estado de derecho que se supone opere en Puerto Rico se presume democrático. Por lo tanto, por su carácter oficialmente democrático —y por el compromiso con la libertad de expresión para todos y con la libertad de culto de las diversas religiones— nadie debe pretender evitar que los religiosos expresen sus propios puntos de vista sobre éste o sobre cualquier otro tema: mientras se limiten a la persuasión y el diálogo que está disponible en nuestro sistema para todos los demás ciudadanos y no pretendan tener accesos privilegiados a las autoridades públicas con el fin de imponer sus visiones éticas particulares y sus convicciones religiosas al estado. No es lo mismo intentar imponer que intentar convencer. El estado, en un sistema de derecho democrático y laico, como mandata la Constitución que sea el de Puerto Rico, ni puede ni debe basar sus decisiones sobre ética pública en las convicciones religiosas privadas y particulares de nadie, porque de hacerlo, favorecería unas creencias religiosas sobre otras, no sería neutral ante todas las religiones, como se supone que sea, y se pone en peligro de permitir que los líderes religiosos impongan la política pública del estado según sus creencias. Si el gobierno sueco hubiera permitido tal cosa, jamás se habría podido legislar en el sentido en que se legisló sobre la prostitución y la trata en 1999. Curiosamente, los religiosos que se oponen a la igualdad entre los géneros, que condenan la perspectiva de género en la educación pública y que promueven su visión castigadora hacia “la mujer pecaminosa” contribuyen con sus presiones indebidas ante las autoridades políticas a perpetuar males que dicen combatir de labios afuera, como la prostitución y la trata. Al mismo tiempo, no parecen haber sido capaces de evitar ni controlar las violaciones crasas a lo que dicen creer por mandato bíblico entre sus propias filas, ya que es bien conocida la cantidad de sacerdotes católicos y pastores protestantes que han sido acusados de abuso sexual contra niños o contra las mujeres que se cuentan entre sus propios feligreses. No son capaces de convencer a sus propios prelados y seguidores de que se ajusten a los cánones religiosos en que dicen creer, pero pretenden que el estado les haga el trabajo que les toca a ellos. El estado no está para decidir el bien común con base en creencias religiosas, sean ellas éticas o de otra naturaleza. Ese es el trabajo de las iglesias. Si no lo saben hacer de forma efectiva, no deben pretender que el estado les haga el trabajo por imposición legislativa.

La función del estado es gobernar para todos en aras del bien común. Y el bien común de la sana convivencia tiene que ser lo que guíe las decisiones de ética pública en un estado de derecho democrático y laico. Así actuó el estado sueco, con base además en los hallazgos de múltiples estudios e investigaciones científicas sobre el problema. Es debido a eso que hoy Suecia tiene entre las más bajas tasas de prostitución en el mundo y ha dejado de ser un destino importante para la trata y para el comercio sexual que degrada a las mujeres y viola los derechos humanos de muchas féminas en tantos otros países del mundo, incluyendo al nuestro.