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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril.- La Secretaría de Seguridad Pública federal delineó 30 reglas para el uso legítimo de la fuerza policiaca, a fin de garantizar la seguridad de la población civil inocente involucrada en operativos, así como evitar excesos en la utilización de armas de fuego y en la contención de protestas sociales que deriven en enfrentamientos.

Los lineamientos están contenidos en un documento que la dependencia entregó al Senado, y del que Excélsior posee una copia.

Las reglas establecen los derechos de los propios policías de resguardar su integridad física, pero los delimita a un comportamiento inteligente, pues de lo contrario se les fincarán responsabilidades en caso de comprobarse un exceso en el uso legítimo de la fuerza a la cual tienen derecho como agentes del orden. “En caso de que los integrantes de las instituciones policiales no adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza pública, se les iniciará la investigación respectiva por las áreas de asuntos internos de las instituciones policiales, en términos de las disposiciones legales aplicables”, dice el texto.

Regulan uso legítimo de fuerza

Por primera vez y a siete meses de concluir el gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, delineó 30 reglas para el uso legítimo de la fuerza, a fin de garantizar la seguridad de la población civil inocente involucrada en operativos, así como evitar excesos en el uso de armas de fuego y en la contención de protestas sociales que deriven en enfrentamientos.

Se trata de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, que establecen los derechos de los propios policías de resguardar su integridad física, pero los delimita a un comportamiento inteligente, pues de lo contrario se les fincarán responsabilidades en caso de comprobarse un exceso en el uso legítimo de la fuerza a la cual tienen derecho como agentes del orden.

El documento de la secretaría, cuya copia posee Excélsior, fue entregado al Senado para su conocimiento, pues al menos siete de los legisladores federales han solicitado en varias ocasiones a Genaro García Luna que haga públicas sus reglas para el uso legítimo de la fuerza.

“El principio de necesidad significa que sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los Integrantes (policías) emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo.

“El principio de proporcionalidad implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior.

“En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad.

“La racionalidad en el uso de la fuerza implica que ésta será empleada de acuerdo con elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes.

“La oportunidad en el uso de la fuerza pública tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública”, precisa el documento que será publicado en el Diario Oficial de la Federación para su inmediata entrada en vigor.

Añade que “cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los integrantes de las Instituciones Policiales encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y d) Notificará lo sucedido, sin dilación alguna, a los familiares de las personas heridas o afectadas”.

Recuerda que “todo los integrantes de las Instituciones Policiales tienen derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la sociedad en general. Además desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la Secretaría de Seguridad Pública proporcionarles capacitación en materia de derechos humanos, así como los conocimientos técnicos, tácticos y teóricos en la materia.

“A los integrantes de la Instituciones Policiales se les proveerá, acorde con las funciones que desempeñen, equipo autoprotector y medios de transporte pertinentes, armas incapacitantes no letales y letales, para el mejor desempeño de sus atribuciones”, destaca.

Y les advierte que “en caso de que los integrantes de la Instituciones Policiales no adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza pública, se les iniciará la investigación respectiva por las áreas de asuntos internos de las Instituciones Policiales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin óbice de que sean acreedores, de acuerdo con su participación, a la responsabilidad a que diere lugar, sea administrativa, civil o penal”.

Regulaciones y derechos de las instituciones policiales

La SSP entregó al Senado el documento en que se delinean 30 reglas para el uso de la fuerza por parte de los policías; aquí, algunas de ellas:

- El uso de la fuerza pública deberá ser: legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna para garantizar el cumplimiento de sus deberes.

- El uso de la fuerza necesaria se destinará a neutralizar y a controlar conductas que generen amagos de violencia a otras personas o a policías federales.

- El uso legítimo de la fuerza podrá emplearse también para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos.

- Los integrantes de las instituciones policiales podrán hacer uso de sus armas en forma racional y proporcional para asegurar la defensa oportuna de las personas.

- Los policías informarán de los hechos cuando se haya participado en algún acto en que se hubiere tenido que hacer uso de la fuerza.

- Las instituciones policiales desarrollarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los métodos y técnicas para el empleo de la fuerza pública en las distintas áreas de prevención, reacción e investigación en términos de los presentes lineamientos, así como las reglas para el empleo de armas, incluidas las de fuego.

- Todos los integrantes de las instituciones policiales recibirán la capacitación y adiestramiento necesarios para el empleo de la fuerza pública en el desempeño de sus funciones.

- La capacitación y adiestramiento incluirá el uso de la fuerza física y el empleo gradual de las armas incapacitantes no letales y letales que utilicen en el ejercicio de sus funciones los integrantes de la instituciones policiales.

- ...En su capacitación y adiestramiento se dará especial atención a la ética policial y a los derechos humanos, desde su formación inicial y de manera permanente y continua, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, tales como la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación.

- Una vez recibida la capacitación y adiestramiento, los integrantes de las instituciones policiales serán examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas.

- El personal que deba portar arma de fuego deberá estar autorizado para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su uso y de derechos humanos en su empleo.

- Cuando el uso de la fuerza requiera de acciones coordinadas entre las instituciones policiales y las de otra Dependencia u órdenes de gobierno, los mandos de las Instituciones Policiales de la SSP actuarán sujetándose a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

- Cuando el uso de la fuerza haga necesaria la coordinación entre las instituciones policiales, se aplicarán las reglas contenidas en la normatividad de la Secretaría de Seguridad Pública y sus órganos desconcentrados, o bien, los criterios de coordinación que determine el titular de la misma.

- En caso de que los integrantes de la policía no adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza pública, se les iniciará la investigación respectiva por las áreas de asuntos internos de las instituciones policiales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin óbice de que sean acreedores a la responsabilidad a que diere lugar.

- Todos los integrantes de las instituciones policiales tienen derecho a la protección de su vida e integridad física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y de la sociedad en general. Además desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, por lo que es obligación de la SSP proporcionarles capacitación en materia de derechos humanos, así como los conocimientos técnicos, tácticos y teóricos en la materia.

- A los integrantes de la instituciones policiales se les proveerá, acorde a las funciones que desempeñen, equipo autoprotector y medios de transporte pertinentes, armas incapacitantes no letales y letales, para el mejor desempeño de sus atribuciones.

- Los integrantes de la instituciones policiales deberán contar con la adecuada atención médica, sicológica y jurídica que, en su caso, requieran.

Derechos humanos

En su informe de labores correspondiente a 2011, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, refirió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión:

En 2011 el organismo recibió 29 mil 439 escritos de queja, lo que representa un aumento significativo en la atención proporcionada y un incremento de 50 por ciento respecto de las investigaciones iniciadas durante 2010.

Plascencia detalló que de esas 29 mil 439 quejas, 38 por ciento fueron resueltas satisfactoriamente de manera casi inmediata y se abrieron 182 expedientes de personas desaparecidas.

Asimismo, destacó el hecho de que en la lucha entre la delincuencia organizada y las fuerzas del orden al menos 43 personas murieron y que eran ajenas a cualquier hecho delictivo.

Dio a conocer que entre las diez entidades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos figura el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, Procuraduría General de la República y Marina.

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