Sostiene que Alberto Portuondo y el empresario trabajaban "de forma conjunta" en la trama del clan catalán

El juez De la Mata exige a la Udef un nuevo informe que acredite la acusación

La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa a favor de los Pujol

ESTEBAN URREIZTIETA

Madrid

@eurreiztieta

La Policía Judicial también implica en el caso Pujol al empresario Ignacio López del Hierro, actual marido de la ministra de Defensa. Lo sitúa en «la estructura societaria para delinquir» del clan catalán y lo relaciona con Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato.

Las acusaciones de la Policía, que también ha implicado a ex altos cargos del PP como José Manuel Fernández Norniella y Juan Costa, han provocado la inmediata reacción del juez José de la Mata. El instructor ha pedido a la Policía que acredite que los datos informáticos de los Pujol que maneja fueron obtenidos de forma legal y le prohíbe seguir usándolos hasta que lo haga. También le insta a que elabore un nuevo informe.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha entregado un informe a la Audiencia Nacional en el que sostiene que López del Hierro era socio de la empresa Ibadesa Cat. Una entidad que forma parte, a juicio de los investigadores, de la «estructura societaria para delinquir» del clan catalán.

Pero es que, además, señala que López del Hierro «trabajaría de forma conjunta» desde la mencionada Ibadesa Cat con Alberto Portuondo, testaferro del ex vicepresidente del Gobierno, al que la Udef ha descubierto como accionista de una empresa de ambulancias que la familia Pujol compró con dinero de sus cuentas andorranas y recibía contratos en Cataluña.

La Udef dice que Del Hierro y Portuondo "trabajaban de forma conjunta"

«La relación de afinidad» entre López del Hierro y Portuondo, ejemplifica la Policía, «se extiende hasta el punto» de que el testaferro de Rato era «uno de los destinatarios de las cestas de Navidad costeadas por Ibadesa Cat, que se remiten a su domicilio de Madrid».

La Policía resalta en este documento, que fue entregado el pasado mes de abril ante la Audiencia Nacional y que el juez José de la Mata ha mantenido en secreto hasta ahora, que López del Hierro fue socio de Ibadesa Cat, entidad dedicada a acometer proyectos en África con financiación pública.

Para acreditarlo, la Udef ha aportado al Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el caso Pujol, «el historial registral completo» de la sociedad «anotado en el Registro Mercantil de Barcelona».

Este extremo es un hecho incontestable que ya fue desvelado por EL MUNDO. No en vano, López del Hierro fue uno de los fundadores de la entidad Ibadesa Cat en octubre de 1996 junto a Jordi Puig, hermano del ex consejero de Presidencia de la Generalitat catalana Felip Puig, considerado como el testaferro de Jordi Pujol Ferrusola.

El actual marido de Cospedal permaneció en la sociedad como consejero hasta el 12 de marzo de 2004, aunque vendió su paquete de acciones, que ascendía a un 15%, a su ex socio Puig en 1998. Esta conexión fue confirmada además en su declaración como imputado ante el juez por Pujol Ferrusola, que se encargó de recalcarla.

En su defensa, López del Hierro reiteró ayer a este periódico que participó en la referida sociedad «por un favor personal que le pidió un familiar y que permaneció en ella a título testimonial»; que «la sociedad no tuvo actividad alguna» mientras él estuvo en ella, y añadió que no ha visto «en su vida a Portuondo». Por lo tanto, asegura «desconocer» cuál ha sido la razón por la cual se le ha implicado por parte de la Udef en la operativa supuestamente criminal de los Pujol. Motivo por el que no duda en deslizar que podría existir algún tipo de interés político detrás de esta actuación policial.

Y es que la Policía no sólo aborda la presencia de López del Hierro en el apartado de su informe titulado «estructura societaria» de la familia Pujol «para delinquir» con la sociedad Ibadesa Cat, sino en otro denominado «otros negocios sospechosos de corrupción y/o blanqueo de capitales». Y éste es precisamente el extremo inédito hasta el momento.

En este capítulo, la Policía Judicial desvela que Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godés adquirieron una empresa denominada Ambulancias San Patricio en la que también participaba Portuondo.

Bien, pues la Policía alude a que dispone de pruebas que, sin embargo, no aporta ante la Audiencia Nacional, pero que asegura tener en su poder, que vincularían a López del Hierro y a Portuondo en el marco de esta entidad.

Hasta el punto de afirmar textualmente: «En el presente procedimiento, Alberto Portuondo trabajaría de forma conjunta con los intereses de Ignacio Javier López del Hierro, puesto que existen varios documentos en los que se les relaciona a ambos».

La Udef explica que Pujol y Puig «eran propietarios del 52% del capital social según acuerdo privado de 15 de diciembre de 1999» en la empresa de ambulancias.

Para ello, según la documentación que posee la Policía, Pujol y Puig «reconocieron haber invertido 52.000.000 pesetas, constando además que las 26.000.000 pesetas que aportaba Jordi Puig se las presta Jordi Pujol».

«Una cuestión que esta Instrucción policial considera primordial», señala la Udef, «reside en el conocimiento de la procedencia de esas cantidades de dinero, que se utilizaron para la adquisición de las participaciones sociales mentadas, a nombre de terceros, dado lo cual los investigados se habrían cuidado de utilizar recursos directamente asignables a ellos, como sería un cheque o una transferencia bancaria». «Siendo éste», precisa la Udef, «el motivo por el que dirigimos nuestra atención a los movimientos registrados en las cuentas de Andorra».

De ahí que añadan los investigadores que no pueden «sino vincular los reintegros en efectivo de 49.300.000 pesetas y 14.000.000 pesetas ocurridos el 16 de diciembre de 2000 con el pago por el 52% del capital social».

Una vez acreditada la inyección de dinero andorrano en la empresa de ambulancias, la Policía sostiene que Ibadesa Cat se encargó de la venta de la misma.

En este sentido, y «por arrojar luz de forma más completa sobre los investigados y su dinámica de funcionamiento», la Udef hace referencia a que dispone de un documento «en el que se arroga a Ibadesa Cat la facultad de negociar la venta de Ambulancias San Patricio, en calidad de asesor financiero».

Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato. | E.M.

Plusvalía millonaria

Asimismo, la Policía asegura disponer de documentos informáticos que reflejan «los concursos públicos» ganados por esta entidad y también que, cuando Pujol y Puig vendieron su participación en la empresa, obtuvieron una «plusvalía favorable de 104 millones de pesetas gestada en menos de dos años».

En el mismo informe en el que la Policía Judicial alude a López del Hierro y al testaferro de Rato, sostiene que destacados ex altos cargos del PP ayudaron a los Pujol a conseguir fondos públicos para sus empresas. Tal y como desveló ayer este periódico, la operativa consistía en que el clan catalán ejercía «presiones en La Moncloa» para conseguir que organismos públicos financiaran sus proyectos de obras civiles en África.

En este modus operandi, la Udef implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella.

Según la Policía, el entramado que gira en torno a Ibadesa fue utilizado «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.

Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que «concedía» a las sociedades de la trama Pujol «créditos previos para financiar proyectos».

Según la Udef «éste era el motivo por el que las gestiones de Pujol incluían 'trámites' que se hicieron ante el Gobierno de España».