SIBIOS de ADC en Vimeo.

La tecnología digital, sumada a contribuciones de un equipo humano, permite la implementación de un sistema avanzado de alcance internacional, que asegura la identidad incambiable de los individuos. Ahora estás por tu cuenta.

En Argentina, una base de datos gubernamental con las imágenes y huellas dactilares de sus ciudadanos pronto permitirá a los funcionarios identificar a los ciudadanos basándose en su ADN, iris ocular y la manera en que caminan. El video promocional (arriba) explica al SIBIOS, el Sistema Federal de Información Biométrica, que ahora puede ser visto en grandes LCD en estaciones seleccionadas de control migratorio. Fue recientemente relanzado con subtítulos en inglés.

El video va desde detalles técnicos y aseveraciones filosóficas dudosas a afirmaciones intrépidas sobre lo que puede hacer la tecnología. Con referencias visuales que recuerdan -de manera escalofriante- a 1984 (la película de Michael Radford), el video es un vistazo importante sobre una práctica política y un asunto de derechos humanos. Por una parte, el caso argentino muestra cómo ciertas políticas pueden avanzar cuando son presentadas como mejoras tecnológicas de métodos existentes. En efecto, la nueva base de datos solo lleva el esquema de identificación nacional hacia un nuevo nivel. Pero por otra parte, el video muestra cómo el derecho fundamental a la privacidad está ausente de la arena política.

Esto necesita cambiar. Las revelaciones de Snowden son un primer paso en esa dirección. Han indignado a presidentes de América Latina, desatando ofertas de asilo, palabras duras en el seno del Consejo de Seguridad y Asamblea General y votos [en] “para crear las condiciones para prevenir que el ciberespacio sea una arma de guerra a través de espionaje, sabotaje y ataques en contra de sistemas e infraestructura de otra naturaleza”. Sin embargo, las prácticas de privacidad y espionaje en América Latina son muy preocupantes. Además del esquema de retención de datos biométricos, Argentina sufre de falta de control sobre sus agencias de inteligencia. De cuando en cuando, las cuentas de funcionarios, políticos y periodistas son hackeadas y el escándalo estalla. Estos abusos son el resultado de una Ley de Inteligencia para los cuales los mecanismos de supervisión parlamentaria simplemente no funcionan. En Brasil, durante una manifestación unos meses atrás, la agencia de Inteligencia conformó un equipo especial para monitorear actividades en redes sociales incluyendo a la aplicación Whatsapp para celulares (que no es en realidad una red social). Y en Colombia encontraron al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) no solo espiando las comunicaciones de periodistas, sino también amenzándoles. El DAS produjo incluso un manual [en] para esta iniciativa.

Estos son algunos ejemplos de la clase de problemas que uno puede encontrar en América Latina más allá de la molestia de líderes políticos en foros internacionales. Son considerables los desafíos para construir políticas de derechos sobre privacidad. Tenemos una necesidad urgente de superar viejas prácticas políticas que se han vuelto más riesgosas. Y para lograr ello, una visión robusta de la privacidad debe entrar en el debate político.

Hay grandes obstáculos por delante. Primero, cambios en las dinámicas sociales desafían lo que se entiende tradicionalmente como la separación público-privado. Lo que solía ser privado ahora se comparte en redes sociales. ¿Cómo esto afecta la percepción de privacidad en ciudadanos que de por sí tienen compromiso débil con este derecho fundamental? Segundo, los contranarrativa que es usualmente citada para contrarrestar los argumentos de privacidad se relaciona con lucha contra el crimen, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de América Latina (según las encuestas). ¿Cómo podemos hacer que la privacidad desafíe prácticas y políticas -inefectivas- que son vistas como pasos concretos en la lucha contra el crimen? Finalmente, los riesgos relacionados con algunas de las prácticas más problemáticas son percibidos como solo hipotéticos: después de todo, vivimos en democracias y la mayoría de los ciudadanos no han sentido el impacto completo de políticas invasivas de la privacidad.

Generalmente, los gobiernos tienen las primeras de ganar gracias a la costumbre y al miedo. Esto solo puede cambiar a través del activismo fundamentado en investigación cuidadosa, capacitada para descubrir las prácticas reales de los Estados. Mientras vamos a esa meta, el tema de la privacidad requiere aumentar su presencia en el debate público. Lograrlo pide ideas innovadoras, nuevas narrativas para sobrepasar el argumento de la seguridad y un compromiso férreo a la idea base: la libertad exige que nuestras conversaciones sean, de verdad, privadas.

Ramiro Álvarez Ugarte es un abogado senior en la Asociación por los Derechos Civiles en Buenos Aires, Argentina.