El Gobierno presenta un techo de gasto insuficiente, que mantiene y no revierte los recortes de los años anteriores. Este techo de gasto no atiende los principales retos económicos y sociales de nuestra economía.

La cifra que baraja el Gobierno normaliza los recortes aplicados durante estos años. Aunque se quiera enfatizar que, como venía haciendo hasta ahora, el Gobierno ha dejado de incrementar los recortes («ha terminado la crisis, se acabaron los recortes»), en realidad lo que se ha hecho es normalizar los que este ha llevado a cabo a lo largo de estos años. El gasto del Estado propuesto para 2018 es de 3.500 millones de euros menos de lo que se presupuestó para 2016. Es más, es un techo de gasto 62.000 millones inferior al de 2010, cuando empezaron las políticas de austeridad, e incluso inferior al de 2013, el peor año de la crisis. Esto da una medida de su insuficiencia y de lo de «lo que queda por recuperar».

El Gobierno tiene «margen político de actuación» para decidir cifras alternativas de techo de gasto, por lo que no es una mera cuestión técnica. El Gobierno ha tomado dos decisiones políticas para fijar el incremento del techo de gasto un 1,3% por encima del año anterior, hasta 119.834 millones de euros: la primera es que ha establecido un objetivo de déficit que condiciona todo (sin justificación económica) y la segunda, que ha renunciado a adoptar medidas que aumenten los ingresos.

Tal como hemos hecho hasta la fecha y en sintonía con los presupuestos generales del Estado (PGE) alternativos que presentamos para 2017, en los próximos días plantearemos una propuesta alternativa de política económica que visibilice que hay margen para llevar a cabo una política fiscal diferente. Nuestra propuesta priorizará la reversión de los recortes, la reducción de las desigualdades y una mayor creación de empleo de calidad, por encima de objetivos secundarios, como la drástica reducción del déficit público.

Para ello es necesario flexibilizar el objetivo del déficit. Esto último lo venimos reclamando desde hace tiempo, pero se justifica todavía más una vez que el déficit se sitúa en torno al 3% del PIB. No tiene sentido perseguir la reducción del déficit en detrimento de otros objetivos más importantes.

La propia lógica asociada al concepto de «techo de gasto», que está ligado a la ley de estabilidad y al marco de las políticas de austeridad, debe modificarse: con ella se someten las políticas públicas a los límites de unos ingresos insuficientes –porque el sistema fiscal es ineficiente e injusto– y a unos objetivos de déficit arbitrarios –a los que se da prioridad absoluta–, aunque queden sin cubrir servicios públicos fundamentales.

El marco alternativo que planteamos da prioridad además al diseño de un «suelo de ingresos»: aquellas medidas fiscales que aseguren un umbral mínimo de ingresos para atender las políticas públicas necesarias en este momento. El problema de las finanzas públicas españolas no es que existan unos gastos a los que poner «techo», sino que hay unos ingresos insuficientes que no aseguran el «suelo» necesario con el que atender las políticas necesarias.

Proponemos al resto de fuerzas políticas trabajar conjuntamente para que el Parlamento fuerce al Gobierno a modificar el techo de gasto propuesto, de forma que podamos tener unos PGE 2018 que recojan estas propuestas y estén al servicio de los intereses de la mayoría social.