“La casa donde vivo pertenece ahora mismo a un fondo de inversión y a ellos no les interesa alquilar. Cuando se me venció el contrato de alquiler social que tenía con el banco, me dijeron que un fondo había comprado la casa y que tenía que irme, sin otra opción. Los fondos buitre juegan sucio: hostigan a la persona. Cuando decían que teníamos que desalojar el piso nos pusieron algo en la puerta para que no pudieran entrar, nos querían meter miedo. Ese día yo estaba trabajando y me dio un ataque de ansiedad, los niños estaban en la calle…”.

Alicia fue desahuciada por su hipoteca en el Deutsche Bank en 2012, y desde 2013 había obtenido un alquiler social de 400 euros por un piso en el que viven ella, sus hijos y nieto. En mayo le venció el contrato de alquiler social y el banco le comunicó que el piso pertenecía al fondo Oaktree Capital. Desde entonces, continúa en la vivienda peleando porque le renueven el contrato: “Estamos en un sinvivir latente de no saber si mañana vendrá una notificación de que tengo que dejar el piso, o que me han demandado. No es que yo me quiera aferrar a la casa, es que necesitamos una vivienda”.

Alicia es una de las víctimas de un fenómeno cada vez más frecuente, según denuncian plataformas por la vivienda justa: personas que, tras un primer desahucio, optaron al alquiler social y se enfrentan ahora a un nuevo desahucio tras una brutal subida del alquiler acordado. En muchos casos, las propiedades en manos de los bancos que aceptaron la tarifa del alquiler social han sido vendidas a fondos de inversión inmobiliarios “buitre”.

“Nos estamos encontrando con muchísimos casos de gente que firmó una dación en pago y un alquiler social por tres años, que es lo que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero que ve que, en el momento de vencimiento del contrato, el dueño ya no es el banco, sino que lo han vendido a un fondo buitre”, asevera a Cuartopoder.es Francisco Morote, portavoz a nivel nacional de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En muchas ocasiones, el precio del que era un alquiler social llega a subir un 200% o 300%, forzando a los inquilinos a irse o, en los casos más desesperados, a un procedimiento de desahucio.

Los alquileres sociales resurgieron al calor de la España de los desahucios post crisis, junto a medidas como la dación en pago. Sólo algunos de los afectados por los desahucios por hipoteca podían beneficiarse de estos alquileres sociales por debajo de los precios del mercado en creciente ascenso: familias con dos hijos menores, madres solteras, personas en situación de discapacidad o desempleo sin prestaciones...

Según sostiene Morote, en el código de buenas prácticas sobre el que se firmaron esos contratos de alquiler señala que, si en el momento de vencimiento persisten las circunstancias de desamparo, el banco está obligado a renovarlo.

Para negociar la renovación, Pilar acudió a Banco Popular, con quien tenía un contrato de alquiler social tras haber perdido su vivienda de 25 años por ejecución hipotecaria, sólo para encontrarse que el bloque había sido adquirido por Blackstone y la promesa de que le subirán el alquiler. “Los bancos se han desprendido de esas casas a sabiendas de que iban a tener que renovar los alquileres sociales, y el nuevo propietario, un fondo buitre, no se siente vinculado” denuncia el portavoz de la PAH.

Fondos de capital riesgo como Cerberus, Blackstone o Lazora o Socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) como Fidere se han hecho con gran parte del sector inmobiliario: adquieren los bloques para luego ponerlos en alquiler a precios multiplicados, con rangos de rentabilidad esperada de hasta el 6%, cuando lo normal antes de la que algunos ya llaman burbuja del alquiler era del 1-2%, según fuentes inmobiliarias consultadas y un informe del CBRE.

El problema ha llegado al Congreso, donde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha afirmado que el Estado se personará en la causa penal que investiga la venta de cerca de 5.000 viviendas de alquiler social y protección oficial en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid durante el gobiernos del PP tanto del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) como de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). “El número que Pedro Sánchez maneja como vendidas a fondos buitre por entidades públicas es mucho más bajo que la que nosotros tenemos censado. El problema es mucho mayor de lo que ha dicho (en el Congreso)”, sostiene Marta Montero, portavoz del sindicato de inquilinas.

“Tenía una hipoteca con el Banco Sabadell. Trabajaba en la construcción y tengo tres hijos. Cuando me quedé en paro porque dejó de haber trabajo y no pude hacer frente a la hipoteca, me desahuciaron. Conseguimos negociar un alquiler social de 400 euros, pero ahora me vence el contrato y me daban dos opciones: o salir del piso o me subían el alquiler en 300 euros más. La casa la ha comprado, me enteré después, el fondo Empire Real State”, cuenta Andrés, vecino de Madrid.

Montero lamenta que las víctimas de estos nuevos desahucios “son personas que ya han pasado por un proceso para acreditar que sus ingresos son bajos y no pueden acceder a un alquiler de mercado, y ahora se les están exigiendo unos alquileres que obviamente no pueden cumplir”.

“Si finalmente tengo que irme del piso, yo y mi familia no podemos permitirnos un piso de alquiler a precio de mercado”, cuenta Alicia, que tiene una nómina de unos 700 euros y varias personas a su cargo. “Lucharé hasta donde tenga que luchar, he recurrido al IVIMA, al EMVS, al padre Ángel, al defensor del pueblo… Pero hay una cantidad inmensa de lista de espera para sacarse un alquiler en vivienda social, es una lotería. En último caso tendré que irme de okupa, pero es porque nos han forzado”.