El Ministerio del Interior, del que es titular Jorge Fernández Díaz, socorre con un contrato de 33,38 millones de euros por un año (segundo semestre de 2014 y primero de 2015) a las empresas de seguridad 'perjudicadas' por el fin del terrorismo etarra. Hasta ahora les venía renovando los contratos de escolta de altos cargos y dirigentes políticos del PP en el País Vasco que siempre rechazaron la protección de la Ertzaintza, pero el abandono de la 'lucha armada' decidido por ETA no permitía al Gobierno justificar las prórrogas de los contratos de seguridad.

Tal como adelantó cuartopoder.es, la compensación arbitrada por Interior consiste en adjudicar a las empresas que han dejado de prestar protección en el País Vasco algunas tareas de seguridad en las 67 prisiones dependientes del Gobierno central. Se trata de cometidos como el control de entradas y salidas, la vigilancia de los perímetros carcelarios para que los presos no escapen y la videovigilancia interior, que hasta ahora realizaba el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

El ministro ha decidido que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dediquen a las "funciones exclusivas de ellos" como la custodia de los presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos. Para asignar los demás cometidos policiales a las empresas privadas de seguridad, Fernández Díaz ha obtenido el visto bueno del Consejo de Ministros a una partida de gasto de 33.387.743,03 euros.

La empresa Seguriber, que realizó el plan piloto de vigilancia carcelaria, figura en una unión temporal de empresas como la más beneficiada por la operación. Esta sociedad, presidida por Mónica Oriol Icaza, la presidenta del Círculo de Empresarios, quien en mayo pasado insultó a "un millón de jóvenes" que, según dijo, "no tienen formación y no sirven para nada" (después pidió disculpas), era responsable de la seguridad del pabellón Madrid-Arena en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012. Los jueces establecerán su responsabilidad penal.

El volumen total del contrato para los 67 centros penitenciarios supone 203 puestos de trabajo –181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas– y requiere una plantilla de unos 800 vigilantes privados. Para preservar al máximo la información sobre entradas y salidas de presos y "los intereses de la seguridad del Estado", Interior ha hecho la contratación por el procedimiento negociado y sin publicidad.

Aunque se trata de sustituir funcionarios públicos por empleados de empresas privadas, el ministro Fernández Díaz ha negado que esté privatizando la seguridad pública. En una respuesta escrita al diputado socialista Juan Carlos Corcuera Plaza asegura que "el Gobierno no tiene previsto privatizar actividad alguna de seguridad pública" y afirma que la contratación de vigilantes privados es para realizar "tareas auxiliares de seguridad" en las prisiones. Si no es una privatización vale concluir que estamos ante una compensación a las empresas conectadas durante años al presupuesto de Interior para dar escolta y protección en el País Vasco.

Esta contratación privada corre en paralelo a la congelación de las plantillas de funcionarios de instituciones penitenciarias y se produce cuando la convocatoria de nuevas plazas en el Cuerpo Nacional de Policía se ha reducido a 400 y en la Guardia Civil a 150. Luego ya, la supresión de las "escalas auxiliares" (ingenieros, médicos, veterinarios, técnicos y especialistas de todo tipo) en la Guardia Civil con la nueva Ley del Eégimen de Personal que aprobó ayer el Congreso, con el rechazo de IU y UPyD y sin el apoyo del PSOE, augura nuevas privatizaciones de servicios esenciales para la seguridad, según coincidieron varios diputados consultados por este periódico.