“Si cada español una peseta me diera...”, proponía Lola Flores a sus conciudadanos en 1989. La idea no le funcionó a la Faraona para salir de su propia crisis fiscal, pero sí parece que sirvió de inspiración a las eléctricas y a los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE para engrosar las cuentas de las cinco grandes empresas del sector a través de indescifrables pagos en la factura de la luz.

Desde 1998, cuando se liberalizó la energía eléctrica, 28 millones de consumidores han visto cómo el precio de la luz ha aumentado más del 80% mientras los beneficios de las eléctricas no han dejado de crecer, incluso en los peores años de la crisis. Algo que tiene consecuencias directas en la población: un 16,6% de los españoles tiene serios problemas para afrontar los pagos de la luz y de la calefacción. En la Unión Europea, sólo los habitantes de Ale­mania, Irlanda y Dinamarca pagan más que los españoles en la factura de la luz.

La perra gorda se la llevan las cinco empresas que conforman la Asocia­ción Española de Industria Eléctrica (UNESA): Endesa, Iber­dro­la, Gas Natural-Fenosa, Viesgo y EDP. Junto con Red Eléctrica de España, controlan cerca del 90% del mercado de la electricidad.

Las eléctricas han conseguido camuflar en las facturas de la luz “pagos ilegítimos” de 80.000 millones

La razón que aducen las eléctricas para aumentar año tras año las tarifas es que su actividad es deficitaria. Algo complicado de saber ya que, a día de hoy, no se conoce buena parte de sus costes de producción, afirma Cote Ro­mero, coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético e integrante de la cooperativa Ecooo.

El sistema eléctrico es tan opaco como la factura de la luz, y no es casualidad, afirma Ro­mero: “Es tan complejo porque lo que están ocultando es una permanente transferencia de la renta de los consumi­dores de la luz a las grandes corporaciones, a las eléctricas”.

Las cantidades de esta gigantesca transferencia han sido calculadas por primera vez por el Obser­vatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Según el reciente informe El Coste real de la energía, los hogares entregaron a través de la factura de la luz a las grandes eléctricas entre 60.000 y 80.000 millones de euros en “pagos ilegítimos” entre 1998 y 2013. Y pretenden que la transferencia continúe, al menos, hasta 2027. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?

De servicio público a privado

Hasta 1997, el suministro eléctrico estaba completamente regulado. El Estado establecía lo que los consumidores tenían que pagar, pero también lo que las eléctricas tenían que cobrar. Sin embargo, el 27 de noviembre de ese año, el Gobierno de Aznar decidía dar un paso más en el proceso de privatización del sector y “abandonar la noción de servicio público”, según podía leerse en el texto de la ley 54/1997.

“Liberalizar el mercado fue el regalo real que se les hizo a las grandes eléctricas para forrarse”, explica a Diagonal Mario Sánchez Herrero, profesor de Economía de la Uni­ver­sidad Complutense de Madrid. La “reducción de la tarifa” y de los “costes energéticos de las empresas”, según palabras del entonces ministro de Industria, Josep Piqué, eran las dos principales ventajas de abrir el mercado eléctrico a la competitividad. Una parte importante del precio de la electricidad a partir de ese momento sería decidido por las leyes de la oferta y la demanda. Pero ¿qué ocurre cuando el 67% de la oferta y el 87% de la demanda de electricidad están en manos de las mismas cinco empresas, como sucede a día de hoy?

Las eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin que mediara ningún tipo de auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó

A pesar del control que ejerce este oligopolio sobre el mercado, para que las empresas aceptaran los vaivenes de la competencia, el Gobierno creó los Costes de Transición a la Compe­tencia. Con la llegada del libre mercado, las empresas “temían” una bajada de los precios, y lograron cubrirse las espaldas. Así, “si el precio del mercado diario de la electricidad no llegaba a una cantidad concreta se ponían en marcha unos mecanismos que garantizaban que las empresas cobraran la cantidad desea­da”, precisa Romero. Por este concepto, el Gobierno concedió ayudas a las eléctricas por valor de 7.327 millones, que aún hoy siguen pagando los consumidores en su factura. A razón de 261 euros cada uno.

Ése fue el primer pago “ilegítimo”, según el ODG, que se derivó de la ley de 1997. Pero desde entonces, indica Romero, “la sangría no ha parado”.

El gran golpe

El segundo gran regalo del Gobierno del PP a las eléctricas se llamó “déficit de tarifa”. En el año 2000, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, estableció un límite para el precio de la luz. Sin embargo, se diseñó una arquitectura para que, en ningún caso, las empresas perdieran.

Las grandes eléctricas pusieron sobre la mesa sus costes, sin que mediara ningún tipo de auditoría pública. Y el Gobierno los aceptó. Si el dinero que ingresaban las empresas a través de la factura de la luz era inferior a esos costes acordados, el Estado le debía esa diferencia a las empresas. Se había creado la deuda con las eléctricas, que fue creciendo desbocadamente año tras año.

Sería injusto negar cierta clase y estilo al golpe. La deuda, aunque contabilizada como tal, no la paga realmente el Estado, sino millones de consumidores, mes a mes, en su factura de la luz. Y la deuda no es ya con las eléctricas, sino con los tenedores de bonos que le compraron la deuda a las eléctricas, y cobran intereses del 4,5% por los años de demora en el pago. A finales de 2013, los consumidores habían pagado a través de su factura 13.169 millones de euros en cuotas e intereses de esta deuda, 470 euros cada uno. Y quedan por pagar otros 27.700 millones de euros: unos 964 euros por consumidor. Según algunos estudios, la eliminación del déficit de tarifa representaría una bajada inmediata del 10% en el recibo de la luz.

“Éste es el gran engañabobos de todo este asunto. Ha servido para justificar todo tipo de tropelías y de cambios de regulación y consolidación del poder de las eléctricas”, subraya el autor del informe del ODG, Pablo Cotarelo. “Como no sabemos cuáles son los costes reales, porque tanto las eléctricas como el Estado no quieren dar acceso a esos datos, lo que decimos es que se haga una auditoría para ver si realmente existe ese déficit de tarifa y decidir entre todos si realmente debemos pagarlo”, agrega.

Y en éstas llegó la crisis

La euforia de la burbuja inmobiliaria, con su ilusión de crecimiento indefinido, también encandiló al sector eléctrico, que vivió su propia burbuja. Las inversiones llegaron en forma de centrales de ciclo combinado. Pe­ro la euforia no tardó en desinflarse.

La capacidad de generación de electricidad en centrales de ciclo combinado, alimentadas por gas, se multiplicó por diez entre 2002 y 2010. Pero, con la crisis, el consumo de electricidad no sólo no creció sino que disminuyó. “Consumimos menos electricidad por la pérdida de poder adquisitivo. Y las centrales de gas, que tienen costes mucho más altos que las renovables, se han visto desplazadas en el mercado diario”, explica Cote Romero.

Las energías renovables habían crecido en esos mismos años en competitividad y eficiencia hasta convertirse en la principal fuente de electricidad, con el 40% del mercado español de generación eléctrica. Las centrales térmicas, especialmente las de ciclo combinado, se habían quedado “obsoletas”, explica Mario Sánchez Herrero, funcionando a un 10% de su capacidad.

Frente a la caída del consumo de energía, el Gobierno realizó un “rescate encubierto” a las eléctricas

“El sector inmobiliario, el de la construcción, el de las cajas de ahorro, quebraron –señala este economista–. Y un sector que había hecho exactamente lo mismo en su ámbito, no quebró. ¡Qué extraño! Se les rescató para que se mantuvieran con los beneficios que venían recibiendo”.

Las reglas establecían que las empresas nunca perderían. Y así fue. Nunca como en los años de crisis subió tanto el precio de la luz y nunca la deuda generada por el déficit de tarifa, que debían pagar religiosamente los hogares, fue más alta que en esos años. Pero no bastaba. Llegaron los llamados pagos por capacidad.

Pagar periódicamente a las grandes eléctricas por unas instalaciones inactivas, como las de ciclo combinado, por si se necesitan en algún momento, podría parecer absurdo, más aún en años de sobreproducción de electricidad, denuncia Cote Romero. Los pagos por capacidad, reactivados en 2007 y camuflados en la factura de la luz, supusieron a los consumidores 12.476 millones de euros, unos 445 euros por hogar. “Te­nemos una sobrecapacidad para cubrir la demanda. ¿Qué hacemos entonces pagando a determinadas centrales por si acaso?”, critica Romero.

Déficit de tarifa, pagos por capacidad... ¿por qué no financiar también a otras grandes industrias con la factura de la luz? ¿Imposible? Todo es ponerse. En el supuesto de que se produzca un pico de demanda eléctrica, el Gobierno acordó con los grandes consumidores de electricidad (acereras, sector cerámico, etc.) la posibilidad de cortarles puntualmente el servicio para garantizar el suministro a la población. A cambio, la factura de la luz incluye otro concepto, los llamados pagos por interrumpibilidad, por los que los hogares subvencionan a industrias como Acerosa o Porcelanosa con 500 millones al año. Para Romero, se trata de otra “transferencia de renta ciudadana a las grandes empresas con un mecanismo que no se llega a poner en marcha. Eso sí, cobrarlo, lo cobran todos los años”. Entre 2008 y 2013, los consumidores pagaron a la gran industria 2.700 millones de euros, 96 euros cada uno. Peseta a peseta.

Beneficios caídos del cielo

Para Sánchez Herrero, donde se encuentra el principal “agujero oscuro” es en los llamados “beneficios caídos del cielo” de las nucleares y las hidroeléctricas, centrales cuyas inversiones ya habían sido amortizadas hace décadas. Una singularidad que no es reconocida a la hora de cobrar por la electricidad que venden en las subastas diarias, donde se paga a todos los productores de electricidad el precio más alto de todas las instalaciones que se necesitan para cubrir la demanda. Unas subastas en las que vendedores y compradores pertenecen a las mismas cinco empresas.

Según el informe El Coste de la energía, si en 1997 no se hubiera cambiado la forma de calcular el precio de la electricidad, las familias se hubieran ahorrado en sus facturas de la luz 10.573 millones de euros, otros 377 euros. Y que seguirán pagando, sostiene Pablo Cotarelo, hasta que se audite el sector eléctrico y entre toda la ciudadanía se decida qué hacer con los cerca de 80.000 millones de pagos ilegítimos a las eléctricas.

Una peseta. Eso es lo que pedía Lola Flores, una de las pioneras del crowdfunding, que nunca llegó a lograr su objetivo. Lo que le falló a la cantante no fue su vis mediática, sino que no pudo evitar el control del fisco. Algo que no le ha pasado, al menos hasta ahora, a las eléctricas, que han conseguido camuflar en millones de operaciones, peseta a peseta, pagos ilegítimos, según el ODG, por un monto que se acerca al 10% del PIB español.

Entre las razones de esta falta de transparencia, Cote Romero señala la línea directa que tiene el sector eléctrico con el poder político a través de las puertas giratorias y con los medios de comunicación. “Todos los consejos de administración de las grandes eléctricas y energéticas están cruzados con los de los grandes grupos de comunicación. De ahí que sea muy difícil entrar en los medios con el debate sobre la energía”. Para Mario Sánchez Herrero se trata “del negocio del palco del Bernabéu, de siempre ganar”. Y pone como ejemplo el caso del almacén Castor, que fue paralizado después de que provocara 500 seísmos. El Estado pagará a la compañía de Florentino Pérez, ACS, 1.350 millones de euros. Para ser exactos, no lo hará el Gobierno. Lo pagarán millones de hogares en las próximas facturas del gas.