Por MDO/E.P.

lunes 21 de marzo de 2016 , 16:51h

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que archiva la querella presentada por el PP contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, el padre (Raúl Sánchez) de la actual diputada de Podemos y exconcejal de la localidad Tanía Sánchez y su hermano, Héctor Sánchez, por el denominado 'caso Aúpa' en relación a la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa del hermano de Sánchez y por la adjudicación de plazas de funcionarios. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha anunciado acciones judiciales contra el PP por denuncias faltas y calumnias.

En una sentencia, la Audiencia desestima el recurso interpuesto por el PP contra la sentencia del Juzgado de Instrucción Número 6 de Arganda, confirmando el fallo inicial "en su integridad". La querella de los 'populares' se sustentaba en el hecho de la supuesta comisión por parte de estas personas de los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Aúpa.

"No se dicta, por tanto, una resolución arbitraria o injusta ni hay evidencia de que se produjera un desvío de fondos a un fin distinto al propio festival de teatro, no concurriendo por ello ninguno de los presupuestos exigidos en los ilícitos descritos", expone la sentencia en relación a los acuerdos de la Junta de Gobierno sobre el convenio de colaboración para la gala de clausura de un festival de teatro aficionado.



Además, recalca que la misma conclusión se alcanza de los contratos adjudicados a 'Aupa', cooperativa de la que era administrador Héctor Sánchez. En este punto, la sentencia alude a que en los cinco mayores y diez menores con dicha entidad "en ninguno de ellos se aprecia irregularidad alguna constitutiva de delito". "En efecto, y de su examen, se desprende que, en cuanto a los primeros, cumplen los supuestos exigidos en la Ley y Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas respecto a la incoación de expedientes de procedimiento abierto, con el correspondiente concurso público (...)", destaca.



Por todo ello, en consecuencia, "y a pesar de la evidente vinculación de Aupa con parte de los querellados en calidad de fundadores, socios y administradores (...)" destaca que, "dejando de lado cualquier valoración sobre comportamientos éticos, según los informes de la Secretaría Municipal y los propios responsables de intervención, dicha cooperativa no se encontraba incursa en causa legal de prohibición de contratar ni incurría en motivo alguno para poder excluirla de participar en concursos", prosigue la sentencia.



Asimismo, "idéntica conclusión" alcanza la Audiencia respecto a los denominados contratos menores, observando según informes de Secretaría Municipal que se tramitaron con "mayores exigencias" de las previstas legalmente, pues se procedió a constituir una Mesa de Contratación, sólo exigible para los conocidos como contratos mayores, con invitación de empresas licitadoras y aprobación por Junta de Gobierno.

Reproche moral



"Por lo demás, y con independencia del reproche moral que su actuación sin duda merece en cuanto al deber de abstención que habría ser exigible, la realidad es que ello no afecta a la validez del acto administrativo en cuanto que su intervención no resultó determinante para la toma de decisión por haberse aprobado según dijimos, por unanimidad", destaca. De esta manera, el juez hace referencia al hecho de que tanto la ahora diputada de Podemos Tania Sánchez como su padre, Raúl Sánchez, no se levantara de la Mesa el día que se votaron estos contratos, para abstenerse dado la condición de familiares con el final adjudicatario. "La legalidad del acto administrativo impide, como consecuencia directa pues, la calificación como delictivo del comportamiento descrito, el cual no resulta punible, no quedando constancia de que se hubiera producido desvío o distracción de fondos", insiste la sentencia.



Descarta también delitos en la actuación del entonces jefe de Departamento de Deportes. También expone en el proceso de adjudicación de plazas a Pedro del Cura, Yolanda Pérez y María Abril Barceló concurre los presupuestos legales exigidos.



El 16 de enero de 2015 el PP presentó una querella criminal en el TSJM por este asunto, que se desestimó en marzo por "falta de competencia", pues Tania Sánchez ya no era aforada al renunciar a su escaño en la Asamblea de Madrid. Ese mismo mes, el PP registró una querella en el Juzgado de Arganda, que la admite a trámite y procede a su archivo en julio. La Audiencia Provincial archiva de nuevo la querella e indica que contra la resolución no cabe interponer recurso.

Acciones judiciales contra el PP

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha anunciado que este martes el alcalde de la localidad explicará las acciones legales que tiene previsto adoptar contra el PP tras el archivo de la querella al considerar que la sentencia asegura que las denuncias se basaban en "datos inciertos". El Consistorio ha afirmado que denunciará por denuncia falsa y calumnias.