El hijo de 17 años de la mujer señalada por el Ministerio del Interior como la líder de la banda de Los Chingas, Mónica Sosa, fue enviado a cumplir internación en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) luego de que este sábado se lo detuviera en posesión de una pistola robada. El fiscal de adolescentes de 3er Turno, Carlos Reyes, solicitó que se lo internara por 90 días a la espera de un juicio, en el cual podría recibir una medida socioeducativa de privación de libertad por un período superior.

El joven ya había sido recluido a fines de 2017 cuando se le imputó un delito de extorsión y usurpación, debido a su participación en la expulsión de más de 110 personas de Los Palomares (Casavalle) a lo largo de todo 2017. El hecho liderado por su madre motivó la acción de los llamados Operativos Mirador que se ejecutaron en Casavalle primero y luego en distintos barrios del país, con el objetivo de desarticular grupos criminales que intentaban tomar control sobre un territorio determinado.

La acción en Los Palomares llevó a la detención de varias personas, y según dijeron fuentes del Ministerio del Interior, con la internación del hijo de 17 años de La Moni (como es conocida en el barrio), todo el grupo criminal está ahora tras las rejas.

A pocos días de cumplir su pena por los delitos de extorsión y usurpación, el adolescente volvió a ser imputado en mayo, esta vez por un delito de receptación, luego de que entregara a la Justicia una pistola calibre 7,63 milímetros, dos cartuchos calibre 7,63 y dos cartuchos calibre 32. Esa arma había sido utilizada el 30 de abril en el asesinato de Rodrigo Martín López Sosa (primo de La Moni), crimen por el que ahora están siendo investigados Sosa, su consuegro y el hijastro de este último, todos bajo prisión preventiva.

Según los investigadores, aquel crimen se ejecutó porque la víctima se negó a volver a trabajar para La Moni, quien, a pocos meses de recuperar la libertad, intentó reagrupar al diezmado grupo de Los Chingas.

Leonardo Carreño

El 30 de abril, el hijo de Sosa llamó a su madre y le dijo: “Ya está, se tirotearon, ya está, lo mataron. Le encajaron, ta, bueno, ahora yo no me meto más. Ahora que hagan, que hagan su vida, yo porque me voy a abrir, pedile mi pistola, sacásela y guardala en otro lado, pedile mi pistola, sacásela y guardala en otro lado”. La conversación quedó registrada en una de las escuchas, razón por la que se vio obligado a entregar su arma, aun cuando eso significaba que se le imputara un delito más.

En aquella oportunidad, el adolescente, que entonces tenía 16 años, no fue internado en un centro de reclusión del Inisa. El imputado fue derivado al Programa de Medidas no Privativas de Libertad y Mediación del Inisa con la obligación de presentarse semanalmente.

Sin embargo, con la detención de este sábado, el adolescente volvió a ser privado de su libertad, por lo menos hasta que la Justicia defina qué medida aplicarle.

A raíz de las actuaciones del Ministerio del Interior en Los Palomares, varios familiares de Sosa fueron enviados a prisión, entre ellos su sobrina; su hermana; su otro hijo, Jairo Sosa. El número total de personas imputadas por delitos que van desde la usurpación y el robo de luz y agua hasta la extorsión y el homicidio se eleva a 54.

La matriarca

Moni, como es conocida en el barrio, es hija de Waldemar Ross, el primer procesado por tráfico de drogas del clan de Los Chingas en el año 2000. Este hombre fue asesinado en abril de 2017 por su propio nieto e hijo de la Moni, Jairo Sosa, luego de que manifestara estar en contra de la escalada de violencia que estaba tomando el grupo contra los vecinos del barrio. Sin embargo, para ese entonces la opinión del patriarca no tenía el peso de antaño, ya que su lugar empezaba a ser tomado por tres de sus hijas mujeres.

Moni fue condenada con prisión domiciliaria por un delito continuado de extorsión en calidad de cómplice en febrero de 2018. En agosto de ese año volvió a ser detenida, esta vez bajo la imputación de un delito de usurpación (por no tener el título de propiedad de la casa en la que vivía) y hurto de energía eléctrica y agua potable. Cinco meses más tarde volvió al barrio y otra vez intentó reorganizar el grupo.

Fue entonces que se produjo el asesinato de fines de abril de 2019. En mayo fue imputada por violencia privada, luego de que amenazara al hermano de la victima, quien fue testigo del hecho, para que no presentara denuncia a la policía. Más tarde, la investigación permitió reunir pruebas para involucrarla directamente con el asesinato, y la carátula de su caso se amplió a homicidio.