Los secretarios general y adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli y Néstor Segovia, fueron denunciados hoy por ‘parar el servicio de subte‘ de la Línea C y ‘dejar en total desamparo‘ a miles de pasajeros.

La denuncia, que bajo el número 234/2017 quedó radicada ante el juez federal Sebastián Ramos, la presentó esta mañana el abogado Isaac Wieder.

El letrado acusó a Segovia, Pianelli y a los titulares de la AGTSyP por ‘entorpecimiento del servicio público‘ del subterráneo línea C, por ‘asociación ilícita‘, ‘extorsión‘ y ‘atentar contra los derechos de los ciudadanos‘.

Por la ‘gravedad‘ que implica el paro y para ‘limitar los daños‘, el abogado pidió, además, la ‘urgente intervención del sindicato‘.

Para el abogado ‘los metrodelegados se quieren amparar en el derecho constitucional de huelga‘, sin tener en cuenta los del resto de los ciudadanos.

Wieder recordó que la protesta se produjo sin previo aviso, en el marco de las obras que se realizan en la estación terminal Constitución las cuales, según la empresa Metrovías, ‘fueron informadas con más de un mes de anticipación a la representación gremial‘.

‘Soy pasajero habitual de la línea C, como 200.000 más que en forma diaria‘ utilizan ese ramal, indicó Wieder, quien cuestionó a los denunciados porque ‘ellos se consideran que son los propietarios del subterráneo‘ y ‘por cualquier motivo, en forma arbitraria y sorpresiva, paran el servicio‘.

Wieder no es un desconocido ni un letrado de perfil bajo. Ha sido protagonista de distintas denuncias con resonancia mediática, como un pedido que realizó el año pasado para que sea clausurado el Palacio de Tribunales por el riesgo que sus deficiencias entrañaba para “la vida de funcionarios, empleados y público en general‘. También fue uno de los que realizó planteos individuales en 2010 para frenar la decisión del Gobierno de dejar a Cablevisión sin permiso para ofrecer acceso a Internet a través de Fibertel. En esta acción Wieder fue más allá y denunció penalmente al ministro de Planificación, Julio De Vido, y al secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, por los presuntos delitos de ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público y contra la seguridad de los medios de comunicación‘. Su popularidad, sin embargo, tuvo su pico más alto cuando se constituyó como defensor del traficante de armas Diego Palleros, en el contexto de la causa por tráfico ilegal de armas a Perú y Ecuador, que llevó a la cárcel al expresidente Carlos Menem.