Una ex empleada municipal chilena denunció ante la Justicia que fue obligada bajo amenaza de despido a infiltrarse en las protestas sociales . Evelyn Quezada reveló que le pedían obtener información sobre las personas que conforman la denominada "primera línea". Este es un grupo de manifestantes que ante el avance de carabineros y camiones hidrantes se ponen como fuerza de choque para resguardar al resto de las personas. La red de espionaje podría involucrar a la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei, ubicada en el centro de Santiago. Matthei forma parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que integra la coalición con la que Sebastián Piñera llegó a la presidencia de Chile.

Quezada denunció que recibió órdenes de su jefe directo, el encargado de planificación del municipio Felipe Frez, desde el 19 de noviembre, un mes después de que comenzara el estallido social. La mujer trabajaba como inspectora municipal. Según detalló en la denuncia presentada ante la justicia, Frez le pidió que ingresara disfrazada en las protestas de la Plaza Baquedano, rebautizada Plaza de la Dignidad por los manifestantes. Tenía la misión de juntar información, sacar fotos con su celular, observar movimientos de los líderes y anticipar acciones de la “primera línea”. “Nos pidió recabar información de cómo se organizaban, quién era el líder de los encapuchados, para cuándo se programaba la siguiente marcha, la cantidad de vendedores ambulantes, quiénes vendían drogas, si eran estudiantes o no, si eran flaites, si andaban con banderas, si vivían en la calle, todo servía”, narró Quezada al sitio El Desconcierto. Los datos obtenidos eran enviados a un grupo de WhatsApp creado con ese fin en la municipalidad que lidera Matthei, según contó Quezada. La alcaldesa además de formar parte de la UDI es hija del general Fernando Matthey, miembro de la Junta Militar durante la dictadura (1973-1990).

Los movimientos de la “primera línea” son un verdadero dolor de cabeza para los gobiernos comunales en todo Chile. Es un colectivo anónimo conformado por personas jóvenes. Usan escudos creados de forma artesanal y se mueven de manera táctica con el objetivo de resistir la represión de las fuerzas de seguridad. El gobierno busca neutralizarlos pero por el momento no tuvo éxito.

Quezada contó que pese a que intentó negarse, la directora de fiscalización de la municipalidad, María Ivonne Johansen, le había insistido para que siga realizando el trabajo. Como método para presionarla Johansen usó el inminente fin de su contrato con la municipalidad. “Me dijo que tenía que jugármela, demostrar que hacía bien esta pega y que considerara que mi contrato acababa pronto. En otras palabras, me amenazó con despedirme si no hacía la pega. Como necesitaba trabajar, le dije que cuidaría mi trabajo. Soy sola y vivo con mis cuatro hijos. No puedo no trabajar”, contó la exempleada municipal a El Desconcierto.

También contó que el primer día tuvo que caminar por las calles aledañas a la plaza para observar a los vendedores ambulantes, personas en situación de calle y a los manifestantes. Ese trabajo lo hizo junto a dos compañeros de trabajo, también infiltrados. La información recopilada supuestamente fue traspasada a sus jefes, aunque Quezada asegura que iba directo a la alcaldesa Evelyn Matthei. La mujer agregó que su jefe también le exigía revisar casas que dieran ayudada a los manifestantes y tomar nota de las direcciones. "Otra cuestión preocupante es la utilización de fondos municipales para actividades de espionaje y que por ningún motivo deberían estar dentro de las potestades de las autoridades políticas”, sostuvo la extrabajadora estatal.

Finalmente a las dos semanas de hacer el trabajo colapsó. Por eso tuvo que pedir una licencia por estrés que concluyó en su renuncia el 24 de diciembre. “La municipalidad me expuso a riesgos innecesarios, vulneraron mi integridad como persona y amenazaron mi seguridad y dignidad ya que estuve expuesta a la violencia, a recibir balines de carabineros, gases lacrimógenos, piedrazos, a que me llevaran detenida o a que los mismos manifestantes se dieran cuenta que era funcionaria municipal, además de no contar con servicios y derechos básicos”, se lee en la demanda. La denuncia por vulneración de derechos fundamentales y despido indirecto fue presentada en el Tribunal del Trabajo de Santiago. La audiencia preparatoria está programada para el 18 de febrero.

El concejal de ese mismo municipio por el partido opositor País Progresista, Jaime Parada Hoyl, calificó el hecho como gravísimo. Además informó que pedirá información para saber cuántos funcionarios más fueron expuestos de esta manera, según informó en su Twitter. Desde varios sectores de la oposición acusaron al gobierno chileno de repetir prácticas de la dictadura.