Fiscalía investigará un posible caso de financiación ilegal de la Iglesia Católica. La diputada de Compromís Isaura Navarro ha llevado al ministerio público una batería de documentos que, según ha explicado, acreditan que el Gobierno del PP financió a esta institución.

Según la documentación recopilada por el grupo, durante al menos nueve años la conselleria de Educación estuvo pagando la nómina a 22 trabajadores del obispado. Estas personas figuraban como profesores de religión en centros públicos pero en lugar de dedicarse a la docencia trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón. En su lugar, el obispado enviaba otra propuesta de docente para el centro educativo. De esta forma se producía una "duplicidad de trabajadores" y ahí es donde Compromís aprecia la financiación ilegal: el Gobierno pagaba a dos docentes por el mismo concepto, pero sólo uno trabajaba en un centro educativo.

El importe global que calcula la formación es cercano a los 9 millones de euros por estos profesores 'zombis' que nunca fueron a dar clase. Según la diputada, éstos cobraban como jefes de departamento, unos 1.800 euros mensuales. "No sabemos qué trabajo realizaban en las diócesis. Constan en su archivo, pero ni el director del centro conocía a estos trabajadores, ni sus compañeros de trabajao", ha explicado Navarro.

Cabe recordar la particularidad de los profesores de religión en la enseñanza pública. El gasto lo asumen las comunidades autónomas (en este caso, la conselleria de Educación valenciana), pero a los titulares de enseñanza los elige el obispo, que los propone a la Administración.

La diputada denunciante, Isaura Navarro, señala a varios posibles responsables de este fraude: dos titulares de Educación del PP, Maria José Catalá y Alejandro Font de Mora (ahora diputados autonómicos) y a los obispos de Valencia, Castellón y Alicante, entre ellos el Cardenal Cañizares. Según ha recordado Navarro, el arzobispo pidió el voto para el PP en las últimas elecciones generales, apoyado por otras diócesis.

A través de solicitudes de información parlamentarias, el grupo ha podido constatar que además el Gobierno de los populares intentó "blanquear" esta situación en 2014. Ese año se plantea un proyecto de decreto para establecer los criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo de carácter docente para la realización de funciones específicas de asesoramiento. Es decir, el personal con plaza de profesor que puede realizar funciones fuera del centro educativo. En ese decreto se establecía que la diócesis fuera uno de los centros de trabajo en los que se podría ceder al personal. En el informe posterior de Abogacía de la Generalitat se determinó que esto supondría "una cesión ilegal de trabajadores", por lo que al aprobar el decreto se suprimió el párrafo.

Fiscalía ya abrió diligencias en febrero de 2015 por pagos excesivos a colegios concertados entre 2008 y 2014. El ministerio público pidió a los centros que acreditaran si pagaron con fondos públicos a una decena de liberados -la Intervención de la Generalitat ya recogía en 2013 el abono de salarios a diez 'liberados patronales' (FERE y Feceval), figura que no existe- y a profesores mayores de 65 años que no ejercían como docentes.