El juez federal Norberto Oyarbide admitió ante la Justicia que frenó un allanamiento en una cooperativa de crédito porque recibió un llamado del segundo del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, quien supuestamente le advirtió que la policía estaba pidiendo sobornos.

Así lo informó Oyarbide por escrito al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, que realiza un sumario para determinar si hay responsabilidad administrativa del juez o del secretario del tribunal Carlos Leiva, pues los denunciantes dijeron que los policías pidieron sobornos en nombre del juzgado y que ellos respondían sólo ante el juez y "no ante ninguna autoridad política", según consta en la denuncia.

Oyarbide -dijeron fuentes judiciales a LA NACION- mencionó que recibió un llamado de Carlos Liuzzi, subsecretario Legal y Técnico de la Casa Rosada y mano derecha de Zannini, que había sido sobreseído por Oyarbide en una investigación por enriquecimiento ilícito. No se sabe cómo Liuzzi sabía del procedimiento, pues los denunciantes no mencionaron haberlo llamado. Por esta causa, el juez Luis Rodríguez investiga a los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, quienes, según los denunciantes, les pidieron 300.000 dólares para no allanar la Mutual Propyme.

Pero la investigación penal puede extenderse al secretario Leiva, que en el juzgado quedó relegado a tareas menores, y al propio juez.

El 19 de diciembre pasado, una comisión policial se presentó en Maipú 311, piso 20 y allanó la empresa con una orden del juez. El dueño es Alejandro Greppi, que en el momento del procedimiento estaba a pocas cuadras de la Casa Rosada, en una confitería de Balcarce y Alsina, desde donde llamó a su abogado Fernando Torres, dijo Greppi a la Justicia, Los policías levantaron papeles, armaron cajas y descubrieron que en la oficina había $ 5.000.000 termosellados, embalados, como habían venido del banco. Pidieron entonces $ 2.500.000, según los denunciantes.

Greppi declaró que llamó a autoridades policiales y mencionó a un oficial Calviño, quien le transmitió que nada podía hacer. El juez le preguntó si había pedido ayuda a otra persona y Greppi respondió que sólo se limitó a "divulgar entre sus allegados a quien pudiera ayudarlo". No mencionó a Liuzzi. Según Greppi, el procedimiento terminó cuando el jefe policial Ascona le dijo que lo levantaba "porque no había motivos" y porque "llamaron del juzgado que se terminaba". Le dijo a Greppi que el pedido de coima "fue un error" y le rogó que hablara bien de él, según la declaración del financista.

Se ignora cómo Oyarbide supo lo que pasaba en la financiera para dar por terminado el procedimiento, declaró el abogado Torres. El juez asentó en la causa una anotación manuscrita, con su sello y firma, que dice que ante el conocimiento de "graves hechos de corrupción ordenó dejar sin efecto los procedimientos".