La consulta nacional sobre el aeropuerto ha desatado una buena discusión en torno al papel que debe jugar la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones del gobierno. ¿Debe la gente ser partícipe de esas decisiones o debe el gobierno actuar con base al conocimiento de los expertos?

En México hemos llevado un seguimiento de estos dos puntos de vista por medio de la encuesta CNEP, un estudio internacional que se realiza en diversos países inmediatamente después de las elecciones. Según la encuesta, el porcentaje de mexicanos que apoya completamente la idea de aumentar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno ha caído dramáticamente desde 2006. En ese año, 59 por ciento apoyaba una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, pero la proporción bajó a 49 por ciento en 2012 y ésta cayó hasta 32 por ciento en 2018, justo después de la victoria de AMLO.

Por lo visto, la propuesta de democracia participativa del presidente electo no llega en el mejor momento de demanda popular. Hace doce años, la “demanda” por una mayor participación era casi el doble de lo que es hoy. Pero el paquete de consultas del nuevo gobierno es la oferta del momento y hay que ver cómo responde la gente.

Si bien la “demanda” por una mayor participación ha caído notablemente, eso no se ha traducido en un mayor apoyo a que los expertos orienten las decisiones. La opinión de que el gobierno debe tomar en cuenta a los expertos ha sido, y continúa siendo, minoritaria: 13 por ciento, en 2006; 18 por ciento, en 2012, y 11 por ciento, en 2018. ¿Cómo se ha compensado la caída en la demanda participativa? Según la encuesta, lo que creció fueron las posturas intermedias entre los dos puntos de vista extremos: de 24 a 32 por ciento entre 2006 y 2012, y hasta 56 por ciento en 2018. La combinación de voluntad popular con buena información experta es la postura ganadora y, hoy en día, mayoritaria. La mayoría de mexicanos se siente cómoda con la idea de participar, pero siente que requiere del conocimiento que asista sus decisiones. Ese es el sentir mayoritario con el que se topa la oferta de consultas populares del próximo gobierno.

El CNEP también revela que al menos dos terceras partes de los mexicanos están de acuerdo con la frase “La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el gobierno”: 67 por ciento, en 2012 y 69 por ciento, en 2018. Quizás las consultas sean una buena oportunidad para transformar ese sentir negativo, esa separación del ciudadano con los gobernantes. Pero para que eso suceda, la participación ciudadana debe contar con los canales debidos y apropiados, que generen confianza y certidumbre en el proceso mismo. Desafortunadamente la consulta sobre el NAIM ha dejado muchas dudas en su configuración. “No hay que tenerle miedo al pueblo”, dijo el presidente electo en torno a la consulta del NAIM, pero los temores que se escuchan no se centran tanto en el pueblo como en el mecanismo diseñado para esta consulta, o en los criterios para hacer consulta (NAIM sí, pero Tren Maya no).

“No es cara, ni que fuera el INE”, dijo AMLO, congruente con su discurso de austeridad. Pero el hecho es que el Instituto Electoral ha sido una garantía de las elecciones en el país aun en medio de una cultura de desconfianza. De igual manera, la exitosa realización de consultas populares requiere de una base institucional sólida, de reglas claras, de procesos transparentes y de organizadores no partidarias de alguna de las opciones en juego. La mayoría de los mexicanos están abiertos a la participación ciudadana y a contar con la información pertinente que asista sus decisiones. El deseo de expresar una voluntad popular lo mejor informada posible da muestra de que la gente sí quiere y sí le importa. Eso merece canales adecuados para la participación. Veremos cómo responde la gente a la oferta que hay.