Tipificar como delito autónomo el uso de violencia o las amenazas dirigidas, en virtud de la actividad o en ocasión de la función, contra integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y Fiscal, abogados, auxiliares de los tribunales, partes, testigos, o a cualquiera que, por imperio de la ley o de un interés público, actúe en un proceso penal