Editorial Punto Crítico | 13/06/2018

En primer lugar debemos aclarar que AUSAJ no debe confundirse con el SAT.

AUSAJ ejerce la representación letrada del SAT en el Procedimiento Penal iniciado el día 1 de junio de 2018 por denuncias del SAT, de la Letrada de AUSAJ Belén Luján y de una Trabajadora Marroquí (que los letrados de AUSAJ consiguieron sacar de uno de los Campos de Trabajo el día 31 de mayo, y trasladaron al Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Huelva, donde fue diagnosticada de diversas afecciones relacionadas con los malos tratos recibidos en la Empresa).

De justicia es decir que el SAT fue la única organización que se ofreció a colaborar con AUSAJ y con las trabajadoras (10 en estos momentos) para llegar a una justa resolución de este terrible asunto, que viene durando, al menos, veinte años ya.

El pasado 30 de abril, la web alemana correctiv.org, publicaba un reportaje titulado “Er kommt am Abend” (Él viene por la tarde), un estremecedor reportaje de investigación en el que se denunciaban, violaciones, abusos y explotación en los campos de fresas de Huelva.

Si el documento de por sí, resultaba aterrador, un hecho lo hacía aún más vergonzante, el que la denuncia fuera hecha por un medio extranjero y no por uno español. Parece que lo que, según supimos más tarde, ocurría desde hacía muchos años en el campo de Huelva, no le interesaba a ningún medio nacional.

El 15 de mayo, publicamos en Punto Crítico el artículo “¿FEMINISMO NEOLIBERAL? Ya; y pajaritos preñados // Huelva: esclavitud laboral y sexual en los campos de Fresas” en el que mencionábamos el artículo de Perico Echevarría que llevaba el mismo título del reportaje alemán y que había sido publicado en El Confidencial Andaluz el día anterior.

Tras esta publicación, nuestra asociación comienza a recibir informaciones anónimas sobre este asunto. El 30 de mayo, nuestros abogados se hallaban en Málaga atendiendo la entrada voluntaria en prisión de Francisco Molero. Ese día reciben una llamada en la que son informados de que en las inmediaciones de Almonte, hay un campo en el que se encuentra una trabajadora con la cadera rota, que no se podía mover, y una segunda que debía ir a urgencias pero que no podía hacerlo porque la empresa le pedía 40€ por su traslado al hospital, cantidad que no podía pagar porque no le habían abonado su salario.

Presentados por sorpresa en el “campo de trabajo” se dio la casualidad de que en ese preciso instante, sólo se encontraba vigilando el lugar la “manijera”, una mujer rumana que no entendía por qué un par de abogados se presentaban allí para llevar al hospital a una trabajadora, pero que ante las exigencias de estos, se vio obligada a abrir la puerta del campo cerrada con una llave de la que ella era depositaria. Nuestros abogados pudieron ver así el lugar donde más de 200 mujeres se hallaban encerradas en un solar rodeado de rejas del que, al menos en este momento no podían salir, en contenedores con literas que servían de habitáculos, a razón de 6-7 mujeres por cada contenedor.

En ese traslado al Hospital, dos coches intentan echar de la autopista el vehículo en el que se desplazaban a urgencias y nuestros compañeros reciben una llamada en la que se les amenaza diciendo que cuando regresen les será dado “el recibimiento que merecen”.

La trabajadora, acompañada en todo momento por los miembros de AUSAJ, permanece en el hospital hasta las seis y media de la mañana. Al día siguiente, se personaron en el juzgado de guardia de Huelva para presentar la correspondiente denuncia junto con miembros del SAT y un traductor puesto que este juzgado tiene la competencia de “diligencias a prevención”, es decir, que aun no siendo competente, este juzgado tiene la obligación de gestionar algo que no admite demora como es el caso que nos ocupa y que consistía nada más y nada menos que en liberar a 200 mujeres presas. En el juzgado nos dicen que el juzgado competente cierra a las 14:00 y les pedimos que se comuniquen con ellos y que les avisen de la urgencia del asunto para que nos esperen. Salimos inmediatamente para allí y llegamos a las 14:00 en punto y los funcionarios nos dicen que no nos pueden coger la denuncia que volvamos al día siguiente. Exigimos el nombre del juez (Juez de Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado) y nos responden que lo busquemos en el BOE.

Declaración jurada de Óscar Reina Gómez, Secretario General del SAT

El Guardia Civil de la entrada nos indica que lo mejor es que vayamos a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Almonte y así lo hacemos.

Tras unas horas, la Guardia Civil acompaña a un miembro del SAT y a uno de nuestros abogados al campo, donde son recibidos por un pequeño grupo de jornaleras marroquíes veteranas, de las que vienen desde hace muchos años a trabajar a Huelva. Algunas de ellas que hablaban un poco nuestro idioma, nos indican que no pasa nada, que todo está bien. Gracias al traductor nos damos cuenta de que esas mujeres no trabajaban en ese campo y que sin embargo, se habían erigido en portavoces de todas las demás que, enteradas del engaño, comienzan a protestar mostrando sus pasaportes y sus permisos de trabajo y gritando “No bien, no bien”.

Teníamos constancia de que, al menos, seis o siete jornaleras habían tomado la decisión de denunciar su situación, pero para saber el número con exactitud, les pedimos un listado de todas aquellas que quisieran denunciar, así como que pusieran una barra aquellas que no quisieran hacerlo por cuantificar de alguna manera el número de afectadas en ese campo. Cuando nos entregan el listado, comprobamos que son más de 100 las mujeres que quieren reclamar los derechos que les han sido conculcados y que con gran valentía, han puesto su nombre, sus apellidos y su número de pasaporte en el listado, aún a sabiendas de las consecuencias que ello podría acarrear.

Entregado el listado al comandante del puesto de la Guardia Civil, acompañando a la denuncia, este hace copias y se queda con ellas, de este modo el mismo 1 de junio ya obra en su poder un listado preciso de todas las mujeres que quieren denunciar, tanto abusos laborales como las Agresiones Sexuales que denunciarán posteriormente.

Debemos aclarar que en Marruecos, sobre todo en las zonas rurales, de las que proceden las trabajadoras de estos Campos, la mujer que es violada es considerada culpable de su propia violación, siendo por ello repudiada por su familia y por toda la comunidad, por lo que el valor que demuestran estas mujeres al denunciar es doblemente digno de elogio.

Es por este motivo, que necesitamos que el juzgado las declare testigos protegidos, puesto que si el conocimiento de este asunto llega a su país de origen, las consecuencias para ellas podrían ser mucho más gravosas para ellas, victimas de terribles delitos.

En los dos días siguientes la Guardia Civil se presenta en el campo con el listado de las denunciantes y las introduce a la fuerza, una a una, en autobuses enviándolas así la empresa de los Denunciados de regreso a su país, evitando de este modo que las denuncias puedan llegar a ser presentadas. 15 de ellas corrieron por los campos tratando de escapar de la Guardia Civil para evitar su injusta deportación, 10 fueron capturadas por la Guardia Civil y los propietarios de la Empresa, con sus capataces. Sólo 5 consiguieron escapar.

Vemos pues que las mujeres denunciantes se encuentran en un país que no es el suyo, en el que se habla un idioma que desconocen, trabajando por unas condiciones que no son las que les prometieron, abusadas y acosadas sexualmente por sus jefes, muchas de ellas violadas por terceros a los que sus jefes las entregan, indefensas; y cuando deciden denunciar su situación, se encuentran con unos juzgados que no las atienden, con unos policías que en lugar de protegerlas las agreden y las tratan de silenciar y sin nadie que pueda ayudarlas.

Con evidente mala fe, se publica entonces en el Telediario de la 1 de RTVE la noticia de que lo que estas mujeres quieren son los papeles y que todo este asunto es mentira. Conviene hacer aquí otra aclaración importante. La inmensa mayoría de estas mujeres son madres que dejan a sus hijos en Marruecos y que vienen aquí en la temporada de recogida de la fresa a ganarse un jornal con el que sacarlos adelante en su país. Más tarde nos enteramos de que el perfil de madre con hijos es uno de los preferidos, precisamente porque eso asegura que las trabajadoras regresarán a su país al finalizar la temporada.

Ninguna de ellas desea permanecer en España más del tiempo estrictamente necesario para hacer su trabajo. Lo que sí desean es ser tratadas con justicia.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 23.

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Nos enteramos también posteriormente, de que lo que estas mujeres han hecho es un primer paso después de años y años de abusos conocidos por todos y que el campo onubense ha callado durante lustros.

Lo que se ha ocultado desde hace 20 años, sale ahora a la luz gracias a aquellas que decidieron decir basta y plantar cara a sus agresores.

Quizá tampoco AUSAJ tenga respuesta a la pregunta ¿qué es la verdad? pero sí sabemos que lo que aquí se cuenta es rigurosamente cierto y que no es más que el principio de un procedimiento que esperamos que termine de una vez por todas con la impunidad de los abusadores y consiga que la fresa deje de tener ese sabor amargo que, al menos a los miembros de nuestra asociación nos ha dejado ya para siempre.

Esperamos que todo este proceso empiece a ser publicado con rigor en la prensa extranjera en los próximos días y que se sepa de una vez por todas cuál ha sido la política real de inmigración y de trabajo del hasta hace unos días partido del gobierno y su ministra Fátima Bañez. La esclavitud de los inmigrantes y la ocultación mediática y política de su situación en la tierra de la exministra, en donde ella posee más de 1600 hectáreas, debe salir a la luz.