El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha fijado una fianza civil de 800 millones de euros a Bankia y su matriz, BFA, así como al expresidente de la entidad Rodrigo Rato y otros tres directivos en el momento de su salida a bolsa: José Manuel Fernández Norniella, José Manuel Oliva y Francisco Verdú. Los cinco imputados deberán abonar la fianza de forma solidaria y en el plazo de un mes.

Las fianzas en concepto de responsabilidad civil son fijadas para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan establecerse en una posible condena. La pieza central del caso Bankia ha entrado en su fase final una vez que los peritos del Banco de España concluyeron sus informes y los ratificaron en sede judicial. En ellos aseguran que Rato y el resto de la cúpula de Caja Madrid maquillaron la situación de la entidad con el fin de asegurar su salida a bolsa.

Andreu adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso al establecimiento de fianza alguna en este momento procesal. En las sesiones destinadas a que las acusaciones hicieran sus peticiones de fianza, el fiscal Alejandro Luzón defendió que la prueba pericial que representa el informe de los peritos fuera cotejada con otras de parte, como otro informe que ha realizado en sentido contrario el Banco de España, porque el trabajo de los primeros presentaba “incertidumbres”.

El juez impone los 800 millones para asegurar, dice, las "legítimas expectativas" de los minoristas que perdieron su dinero. Es, por tanto, afirma el juez, una cantidad “proporcionada, adecuada y justificada”. El cálculo se realiza con una tercera parte de la suma invertida por los accionistas minoritarios (1.800 millones), es decir, 600 millones, más un tercio. El juez recuerda que la ley permite ampliar o reducir esta cantidad según avance el proceso.

Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú son requeridos por el juez al abono de la fianza de forma solidaria porque fueron responsables del acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de Bankia, al que pertenecían, el 15 de junio de 2011. En esa reunión se aprobaron los estados financieros que fueron incorporados al folleto informativo de la salida a bolsa, “cuya veracidad está cuestionada con sólidos y fundados indicios”.

Afirmaciones del fiscal Luzón durante la vista, como que la contabilidad en las entidades financieras es un concepto “elástico”, causaron perplejidad y preocupación entre las acusaciones, que presenciaron cómo varias defensas de los imputados comenzaban sus intervenciones “adhiriéndose” a las tesis del Ministerio Público.

Una de esas acusaciones, el 15MpaRato, pidió que no se destinara la fianza civil a Bankia. Según su argumento, el concepto de abono en régimen de solidaridad hace que la fianza termine siendo abonada por una entidad que fue rescatada con dinero público y no por los políticos y banqueros que la condujeron a la quiebra, al no poder alcanzar con su patrimonio una cifra tan elevada.

El juez considera que, una vez conocido el informe pericial, hay indicios suficientes de que en Bankia se cometió un delito tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal relativo a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores que falsean la información económica y financiera contenida en los folletos de emisión u otros instrumentos financieros con el propósito de captar inversores.

En este sentido, y frente a las dudas del fiscal sobre el trabajo pericial, Andreu dice que sus conclusiones afirman “con total rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad”. Andreu destaca que ni siquiera el informe de parte encargado con Bankia se atreve a contradecir esa afirmación. Además del Banco de España, la entidad ha aportado a la causa otro informe que también intenta echar por tierra el trabajo de los peritos.

Andreu lo tiene claro: las cuentas de BFA y Bankia son falsas desde el principio porque contienen “un relato incompatible con la verdad”. Y añade que el folleto falseado estaba dirigido a inversores minoristas, ya que los del tramo institucional “tienen otro recorrido” y conocimientos más amplios.