Canicoba Corral quedó a cargo de la denuncia de Carrió contra Arribas Fernando Massobrio - Archivo

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral , quien quedó a cargo de la denuncia de Elisa Carrió contra Gustavo Arribas por sus supuestos vínculos con el Lava Jato, advirtió hoy que no se podría hablar de "sobornos" en el caso porque cuando el jefe de la AFI recibió las transferencias en su cuenta en Suiza, no era un funcionario público. Sin embargo, aclaró que debe investigarse si actuó en nombre de un tercero.

Canicoba Corral se encuentra de vacaciones - su juzgado es subrogado por Sergio Torres- por lo que, explicó, aún no tomó contacto con la presentación que hizo la referente de Cambiemos. Carrió pidió investigar si el jefe de los espías recibió en su cuenta en Suiza, en septiembre de 2013, transferencias por 600 mil dólares del operador de Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado por la justicia brasileña en el caso de corrupción Lava Jato, tal como reveló LA NACION.

“Estoy un poco ausente porque estoy de licencia. Por lo que he leído, no sé si se puede hablar de sobornos. Parece que Arribas no era funcionario, sino un ciudadano común, que vivía en Brasil, donde se habría producido esta supuesta transferencia de dinero”, indicó en diálogo con Radio Con Vos.

Cuando le recordaron que Arribas era un intermediario de futbolistas y clubes y tenía una relación estrecha con Macri cuando se realizaron los giros en 2013, el magistrado respondió: “¿Y esto qué tiene que ver con el supuesto soborno? No sería soborno, salvo que se pruebe que fue por interpósita persona, porque es para funcionarios públicos, no para los particulares. En los ciudadanos comunes podrá ser reprochable desde el punto de vista ético, sin ninguna duda, pero no sería delito, si no es funcionario público”.

Arribas no era funcionario público en el año en el que -según la denuncia- habría recibido el dinero, pero sí tenía una estrecha relación con Macri, entonces jefe de gobierno porteño. Este medio reveló que comenzó a recibir las trasferencias un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella

"Si se acredita que actuaba en favor de un funcionario público, quedaría como partícipe necesario", advirtió Canicoba Corral. Por lo pronto, el juez advirtió que le correrá vista al fiscal Federico Delgado para que produzca o no un requerimiento de instrucción.

El caso

Según la investigación de LA NACION, Meirelles, quien fue condenador por la justicia de Brasil, realizó cinco transferencias por casi 600.000 dólares a una cuenta suiza del jefe de la AFI vía Hong Kong a través de una sociedad opaca. La AFI emitió un comunicado en el que informó que Arribas sólo recibió un giro por unos 70.000 dólares como parte de pago de una venta de un inmueble en Brasil. Esta afirmación fue respaldada por un mail que una ejecutiva de cuentas del banco Credit Suisse le envió al titular de la AFI, en el que señala que en su cuenta sólo se acreditó una de las transferencias

Consultado qué medidas tomaría para investigar los giros que hizo Meirelles a la cuenta suiza de Arribas, el magistrado indicó: “No veo que haya algo, un elemento formal de prueba, que establezca una relación espuria entre un funcionario público y el señor Arribas. Hasta ahora. Habrá que ver si, como se consecuencia de la investigación, se puede probar. Es decir, la serie de elementos de que haya cercanía, pueden ser elementos para iniciar una investigación, pero no son para condenar o procesar”.

Si bien se mostró cauto, Canicoba Corral explicó que si hubiera elementos que permitirían probar que el jefe de inteligencia era un "prestanombres" de un funcionario, la figura penal que podría surgir en el caso es "el cohecho". “De acuerdo a lo que se manifiesta, si hay elementos como para inferir y después tratar de probar, de que Arribas era un prestanombres de funcionario público, la figura sería el cohecho. Si, además, se prueba que esto estaba vinculado con un hacer o no hacer por parte de este funcionario público que estaría oculto. El problema probatorio es complejo", señaló.