Nota: se han eliminado los apellidos por petición de la Fundación Euskal Memoria y para proteger la identidad de las personas que han aportado su testimonio.

Con el veto de Mariano Rajoy al reconocimiento de las víctimas de la ultraderecha y las torturas policiales, más de 4.000 personas quedarán en el olvido solo en Euskadi y Navarra. Estas cifras, recogidas por la Fundación Euskal Memoria, relatan los abusos por parte de cuerpos de policía llevados a cabo desde 1960 y, fundamentalmente, en plena transición, en las décadas de los 70 y 80.

Los nombres y las historias detrás de cada número se han recogido de forma meticulosa por parte de la Fundación Euskal Memoria. En su tratamiento han participado historiadores y expertos en la materia, que han incluido cada caso en base a la legislación internacional vigente, apoyada por la ONU y por la que "cualquier agresión de carácter físico o psicológico bajo custodia de un mando policial es considerada tortura".

Los años 80 fueron los más sangrientos según los testimonios recogidos. Esta década concentra una cuarta parte de los casos de tortura que hasta ahora se conocen. El año 1980 fue el peor, con 284 torturas policiales conocidas. A pesar de que en este momento cuentan con 4.015 casos verificados desde 1960, las estimaciones que manejan investigadores del tema “aproximan los datos hasta los 19.000 torturados” por parte de los cuerpos policiales (Policía Nacional, Guardia Civil y Brigada Político Social, principalmente), afirman desde la Fundación Euskal Memoria.

Los testimonios que faltan por recoger para completar este macabro mapa pertenecen “a gente que aún no ha hablado, otras personas que prefieren no hablar y otros tantos que han fallecido antes de poder relatar sus historias”, explican desde la entidad. También se encuentran los casos “de gente que no considera tortura ser golpeado con una vara mientras te están interrogando” y por tanto declinan aportar su testimonio. Destacan el caso de un “joven detenido que consideró que recibir golpes no era una tortura, ya que después lo llevaron al cuarto de socorro”. En la fundación atribuyen este tipo de negación a “la desprotección que han sentido, y que el proceso sufrido no les deja que su cabeza lo asuma”.

Por último, entre los casos más graves no contabilizados se encuentran aquellos de los que se tiene conocimiento por charlas previas pero que “no quieren volver a vivir una pesadilla” relatándolo para estos estudios e informes. En este sentido los miembros de la fundación recuerdan relatos de “mujeres detenidas que, además de ser torturadas, fueron violadas” mientras se encontraban en dependencias policiales. Afirman, “son momentos que no desean recordar y, a pesar de conocer su existencia, no se incluyen en estos archivos”.

Estas víctimas contaban desde el pasado 10 de abril con el reconocimiento y el amparo de la Ley Navarra de reconocimiento y reparación de las víctimas de la ultraderecha y la violencia policial. Esta legislación pretendía que las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sean reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. La citada Ley sufrió la paralización a través de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy el pasado enero. Mientras, el Ejecutivo de la Comunidad Foral defiende su puesta en marcha en el ámbito estatal y pide el levantamiento de la suspensión por parte del gobierno nacional.

Día contra la Tortura

Con motivo del “Día contra la Tortura en Euskal Herria”, celebrado el 13 de febrero, se programaron varios actos en Pamplona, entre los que destacó la experiencia de Paco Etxeberria, antropólogo forense, que resumió los resultados de un estudio paralelo realizado para el Gobierno del País Vasco que “cifra en más de 5.000 los casos de torturas” solo en esta región. Etxeberria recalcó especialmente los casos ocurridos ya en periodo democrático. “El sistema de torturas ha funcionado sin diferencia en el tránsito de la dictadura a la democracia. Quienes dieron palos en los años 70 también lo hicieron en los 80”, sentenció el antropólogo.

La conmemoración de este “Día contra la Tortura en Euskal Herria” parte del 13 de febrero de 1981, cuando Joseba Arregi murió en la Dirección General de Seguridad. Un informe forense posterior reconoció que Arregi, acusado de ser miembro de ETA, había sufrido torturas durante su estancia en este lugar. El informe recogía la existencia de “hematomas y erosiones” en la piel recientes, además de “quemaduras”.

El maltrato sufrido por Arregi en instancias policiales fue corroborado por tres presos del penal de Carabanchel a través de una carta publicada en el diario Egin pocos días después del fallecimiento del preso. El manuscrito, realizado por Iñaki Aguirre, miembro de ETA, José Luis Fernández, de los GRAPO, y Luis Alonso Rivero, del Partido Comunista de España Reconstituido (PCEr), ve la luz ahora, 35 años después de que fuera redactado para aportar datos sobre la brutal muerte de Arregi: «Al verle los párpados totalmente amoratados y un gran derrame en el ojo derecho, así como las manos hinchadas, le preguntamos el tipo de tortura que había sufrido y respondió: "Oso Latza izan da (ha sido muy duro). Me colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho; los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes"». El castigo para los policías implicados: cuatro meses de arresto y dos años de suspensión para dos agentes.

El de Arregi es solo uno de los tantos testimonios ya conocidos que se unen a represiones atroces por parte de mandos policiales. Las investigaciones y reconocimientos a las víctimas de torturas y de los excesos policiales van floreciendo en estos últimos años. Mikel Zabalza fue detenido en San Sebastián y llevado a comisaría el 25 de noviembre de 1985; desde ese momento se perdió el rastro del joven, hasta que 20 días después de su detención se halló su cuerpo sin vida flotando en el río Bidasoa. El documental que recoge las investigaciones sobre la muerte de Zabalza, Galdutako Objektuak (Objetos perdidos), toma el nombre de la respuesta que recibió la madre del joven, Garbiñe Garate, al preguntar por él en la comisaría de Itxaurrondo: “Si su hijo se ha perdido, será mejor que lo busque en objetos perdidos”. Este trabajo pretende arrojar luz sobre este caso, tras archivarse la investigación de la muerte del joven por falta de pruebas.

(*) Ana Isabel Cordobés es periodista.