El problema sobre el uso y abuso del aparato de inteligencia por parte de la clase política y el Poder Judicial no es nuevo en Argentina ni en ninguna parte del mundo. La necesidad de controlar a los agentes y de evitar que esos recursos se vuelvan herramientas para hacer política, tampoco. Sin embargo, las pocas acciones que la gestión de Mauricio Macri llevó a cabo en el área no hicieron más que recrudecer problemas que, en la actualidad, llevan a que la situación sea crítica. “Es el momento más obsceno de la crisis”, advirtió la vicepresidenta del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), Sidonie Porterie, con la red de espionaje ilegal destapada por la investigación del juez federal Alejo Ramos Padilla sobre la mesa. El Ilsed y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta con ideas base sobre las cuales empezar a debatir la refundación del sistema de inteligencia, para lo cual, remarcaron, es imprescindible la voluntad política.

–La propuesta que difundieron desde la Iniciativa de Control Ciudadano sobre el Sistema de Inteligencia (Iccsi) fue motivada por la red de espionaje paraestatal que tiene a Marcelo D’Alessio en el centro, pero ¿qué de todo aquello es nuevo en el sistema de inteligencia?

–Lo nuevo es que quedó al descubierto. El caso D’Alessio es una demostración muy obscena de la crisis que atraviesa el sistema, porque toca todas las aristas: mala utilización de escuchas telefónicas, vínculos con el sistema de Justicia –especialmente con Comodoro Py–, con la política y los medios de comunicación, con el empresariado; y el uso y la venta de información y los negocios ilegales. Es el momento más obsceno de la crisis, pero de nuevo hay poco. Pero este tipo de prácticas han venido conociéndose a lo largo de las décadas. Todos los gobiernos lo han padecido. La ley de inteligencia, sancionada en 2001 y motivada en buena medida por el escándalo del caso AMIA, tuvo que ver con eso y tampoco alcanzó.

–¿Por qué?

–Fue positiva en muchos aspectos, principalmente porque dio por primera vez un marco legal a la inteligencia. Sin embargo, dejó abiertas dos ventanas por las que el sistema se coló en la Justicia, lo que permitió que se propiciaran las relaciones espurias que vemos hoy. Por un lado, permitió que los agentes pudieran ser convocados por jueces y fiscales como auxiliares en investigaciones criminales. Por otro, dejaron a la Secretaría de Inteligencia a cargo la Oficina de Observaciones Judiciales (Ojota), el organismo que tramita las intervenciones telefónicas. Esto permitió la vinculación entre espías y funcionarios de la Justicia federal sobre todo, lo que condujo al intercambio de favores de distinta naturaleza y también dieron origen al armado de causas para extorsión, en su mayoría con fines políticos y mediáticos. Y la práctica de hacer política a través de los recursos que da la inteligencia se ha repetido gobierno tras gobierno y la clase política argentina ha demostrado que no ha querido prescindir de estos recursos. Los mecanismos de control que creó esa norma también han demostrado que son insuficientes. La ley creó la Comisión Bicameral de control que nunca pudo funcionar como se esperaba y también se amparó en el secreto para ocultar su actividad o inactividad. Y es grave porque, si hay algo que legaliza a la actividad de inteligencia, es el control.

–¿Se soluciona el problema emparchando estos baches?

–Desde Iccsi proponemos repensar de cero el sistema. Quisimos señalar puntos clave, puntos de partida para construir consenso político sobre el nuevo modelo: que el sistema de inteligencia no debería intervenir en investigaciones criminales ni cumplir funciones policiales, que no debería estar regido por el secreto como regla general, que deberían estipularse cuáles fondos deberían ser reservados, que debería estructurarse un nuevo sistema de control parlamentario y externo y que se debería reorganizar el sistema de interceptación de comunicaciones, uno de los nudos más fuertes de esta crisis. El mal uso de las escuchas telefónicas es un escándalo. Por si fuera poco, muchos de esos escándalos, como las filtraciones de audios realizados a la ex presidenta, han salpicado a la Corte Suprema, un costo que nuestra democracia no se puede permitir y que tiene un camino de solución bastante claro. No es conveniente que sigan conjugados en un mismo organismo la administración de las escuchas de inteligencia y las de investigación criminal; y tampoco es razonable que esa labor esté en manos de la Corte Suprema. Se había dado un paso adelante en la reforma de 2015 con el traspaso de las escuchas desde la Ojota al Ministerio Público Fiscal, pero se retrocedió cuando el presidente Mauricio Macri, por decreto, las entregó a la Corte. Peor aún, ese decreto no fue convalidado por el Congreso. Así que desde hace más de dos años, el funcionamiento de ese sistema está enmarcado en una legalidad precaria.

–¿Cuáles son las consecuencias para el funcionamiento democrático de la continuidad de este sistema en estas condiciones?

–Están a la vista. No hay garantías para nadie, el nivel de desprotección es alto. Y lo es tanto para la clase política como para el común de los ciudadanos. Además, enfrentamos dos grandes problemas. Uno es que no se atienden las funciones institucionales que debe atender el sistema de inteligencia, necesarias en este momento del mundo, como prevenir amenazas a la seguridad interior y la defensa nacional. El otro es este conjunto de ilegalidades que crece sin control.

–Buscan generar consensos con los mismos actores que, hasta ahora, están haciendo un mal uso del sistema. ¿No es una incongruencia?

–Llamamos a un gran consenso de toda la dirigencia política y también de los referentes sociales afectados por estas situaciones. La convocatoria no solo llama al consenso sobre el estado de situación, que es un punto de tocar fondo, sino también sobre las bases para empezar a solucionarlo. Con los cambios aplicados en 2016, la crisis recrudeció: Cambiemos restableció el secreto sobre los gastos generales de la Agencia y el principio del secreto como regla general de funcionamiento y traspasó las escuchas de la Procuración a la Corte. La voluntad política que requerimos es para acordar un punto de partida desde el cual no haya vuelta atrás.