Rubén Mosso

La versión pública de la carpeta de investigación que se integra contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por los presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, no será dada a conocer porque la Fiscalía General de la República se amparó y obtuvo una suspensión definitiva contra los ordenamientos del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La FGR señaló que como parte de la investigación por los sobornos que realizó la empresa brasileña Odebrecht a ex funcionarios de Pemex, el gobierno de Suiza entregó tres discos compactos con información financiera, que está siendo dictaminada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), cuyos resultados estarán listos la próxima semana.

A través de una tarjeta informativa entregada al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que le hizo llegar el subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, se menciona que en abril de 2018, antes concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República solicitó al Instituto Nacional de Migración registrar las entradas y salidas al país de los funcionarios de Odebrecht.

Suspensión y Suiza

En la tarjeta se menciona que el 29 de enero del presente año el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la FGR para que no se dé la información solicitada por los comisionados del INAI.

También detalla que en mayo, agosto y septiembre de 2018 se recibieron tres discos compactos “que advierten información financiera” procedente del gobierno de Suiza, consistente en 3 mil 239 fojas.

El 3 de enero del presente año, agrega, se solicitó un dictamen en materia de contabilidad en espera de la emisión del mismo.

“En fecha 7 de enero de 2019, en virtud de haberse recibido más información financiera procedente de Suiza, se solicitó a Cenapi (la) red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, con los cuales se contará la próxima semana”, detalla la tarjeta enviada al fiscal Gertz Manero.

De acuerdo con la misma, se puntualiza que Emilio Lozoya, quien tiene calidad de imputado, se ha reservado su derecho a declarar desde 2017.

En diciembre de 2016, las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, se declararon culpables ante la Corte Federal del Distrito de Nueva York por pagar sobornos a servidores públicos de diversos países, uno de ellos de 6 millones de dólares a “oficiales de alto nivel” en una empresa propiedad del Estado Mexicano, para verse favorecidos en la asignación de contratos.

Sobre este caso, es pública la información en el sentido de que funcionarios brasileños, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht, director presidente de Odebrecht, refirieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estar directamente involucrados en pagos de sobornos, ello mientras Emilio Lozoya se desempeñaba como director de Pemex; todo ello, con la finalidad de que la empresa Odebrecht se viera favorecida en la adjudicación de contratos de obra pública utilizando empresas offshore y bancos privados en paraísos fiscales.

El 16 de febrero de 2017 el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, se reunió en Brasil con diversos procuradores de Latinoamérica, misma en la que se suscribió convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht.

Dichos convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno el 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Posteriormente la PGR tomó declaración a tres ex funcionarios de la empresa Odebrecht, relacionados con los hechos denunciados.



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