PODEMOS SOLICITA AL CONSEJO DE GOBIERNO QUE LOS INMIGRANTES, EN SITUACIÓN IRREGULAR, TENGAN UNA TARJETA SANITARIA “CONVENCIONAL”

Nuestro grupo parlamentario ha presentado una moción en la Asamblea que insta al ejecutivo regional a que la Consejería de Sanidad estudie las medidas necesarias para dar a los inmigrantes irregulares una tarjeta sanitaria similar a las Tarjetas Sanitarias Individuales convencionales.

Esto permitiría, según el diputado Andrés Pedreño, “que los inmigrantes pudieran acceder a una cartera común básica de servicios y que por tanto sus titulares tengan asignado un facultativo de medicina general, acceso al hospital y al tratamiento farmacológico”:

Los datos aportados por Pedreño son los siguientes: “miles de inmigrantes irregulares excluidos de la tarjeta sanitaria en la Región de Murcia. Hace casi tres años, cerca de 30.000 personas ‘sin papeles’ de la Comunidad Autónoma perdieron el derecho asistencial. Durante este tiempo, unos han regularizado su situación, pero otros muchos han retornado a sus países con la crisis económica. En estos momentos se estima que todavía miles de personas siguen fuera del sistema y son ellos los posibles beneficiarios”.

Hoy en día, tanto la Comunidad Valenciana como el gobierno de Baleares han establecido una tarjeta sanitaria para inmigrantes irregulares que son similares a las tarjetas “convencionales”. En el caso de Valencia, el requisito es ser mayor de edad y no tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro, mutua o un tercer país al que se pueda factura por la atención y acreditar una residencia efectiva mínima previa en la Comunitat de, al menos, tres meses.

De ahí, que nuestro diputado Andrés Pedreño “no entienda” que estos mismos criterios no puedan ser aplicados en la Región de Murcia y “se solvente esta importante laguna en los Derechos Humanos”. Estas medias, para Podemos, deberían contar con la colaboración de la Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria y Médicos del Mundo.

Asimismo, Podemos denuncia, que el Real Decreto de 2012 que puso en marcha el gobierno central, “convirtió a los extranjeros en asegurados, retirándoles la tarjeta sanitaria y cobrándoles tras ser atendidos”. Una ley que también estableció “una serie de excepciones por las cuales recibirían asistencia sin acabar con una factura cuando entraran por los servicios de urgencia con una enfermedad grave, embarazo, parto y postparto, y estaría garantizada la atención a menores.”

Esto provocó, en palabras del profesor de sociología Andrés Pedreño, que “la exigencia de un compromiso de pago previo, la factura y el miedo a que ésta se ejecutase, han tenido un efecto disuasorio y muchos se han negado a ir Urgencias, tal y como han denunciado las organizaciones sociales”.

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eldiario.es/murcia

La Crónica del Pajarito