Casi el 95% de los ayuntamientos de Galicia envían sus residuos a la planta de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), el modelo de gestión implantado en tiempos de Fraga que implica trasladar la basura por todo el territorio gallego con rumbo a Cerceda (A Coruña). En otoño de 2013 estos municipios recibieron la noticia de que, por motivos que nada tenían que ver con el medio ambiente, la empresa participada mayoritariamente por la Xunta les iba a subir casi un 34% el canon, esto es, la cantidad a pagar por cada tonelada de basura, que repercute en la factura de los hogares. Tras un año de protestas e incluso de rebelión en ayuntamientos de diverso signo el Gobierno gallego decide aplicar, en el año electoral de 2015, una rebaja del 10% sobre ese precio incrementado.

Feijóo sube la factura de la basura un 34% para compensar las pérdidas de la empresa que la gestiona

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La Consellería de Medio Ambiente acaba de publicar en el Diario Oficial de Galicia esta revisión a la baja de su propia subida. Desde el 1 de enero el costo por tonelada de basura tratada por Sogama es de 67,18 euros más IVA, esto es, de 73,90 euros, algo menos que los 82,10 euros de 2014 pero un 20% más de lo que los gobiernos locales tenían que afrontar antes de la subida del pasado año. Según el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo "esta revisión a la baja sobre el transporte y tratamiento de los residuos es posible" gracias "al éxito conseguido" por la Xunta "en su negociación ante el Ministerio de Industria, en la que logró aminorar el impacto de la reforma del sector eléctrico sobre Sogama", y gracias también "al plan de acción puesto en marcha por Sogama para incrementar los ingresos y disminuir los gastos, con el que ya se consiguió que las pérdidas de 2013 fueran menores de lo previsto".

La explicación oficial es, como mínimo, incompleta. Si bien es cierto, como alude el Gobierno, que el origen de la subida inicial está en la necesidad de equilibrar las cuentas de la sociedad, no lo es menos que el desequilibrio parte de una decisión del Gobierno central cuando ya estaba en las manos del PP y de la negativa del socio de la Xunta en Sogama, Gas Natural Fenosa, a ganar menos dinero en el complejo, que genera energía eléctrica a partir de los residuos. Cuando el gabinete de Mariano Rajoy decidió eliminar las primas a la generación de energías renovables la empresa energética no quiso absorber la consecuente bajada de los beneficios y la Xunta adoptó una actitud semejante, por lo que optó por cargar sobre las espaldas de los ayuntamientos el costo adicional del modelo de gestión.

Para organizaciones ecologistas cómo ADEGA, históricamente críticas con el modelo de Sogama, este episodio mostró claramente que la estrategia gubernamental consistió en "fijar un precio político para el tratamiento de la basura" y así "poder competir artificialmente" con otros sistemas, como los basados en el compostaje. Estos modelos, ya en práctica en zonas de Galicia como la Mancomunidad de O Barbanza, "además de ser más ecológicos suponen un mayor ahorro para la ciudadanía y para los ayuntamientos". "Por mucho que la propaganda intoxicadora de la Xunta presente Sogama como la opción más barata la realidad es que nunca lo ha sido", advertían tras la suba de 2014.

Amenazas de recortes y críticas de "electoralismo"

El último movimiento de la Xunta llega después de un año cargado de tensión con los ayuntamientos, hasta el punto que alrededor de un ciento de ellos, los no gobernados por el PP, optaron por la insumisión ante el incremento "unilateral, injusto y desproporcionado". Asambleas, encierros y manifestaciones, entre otras acciones, se sucedieron mientras, a finales del pasado verano, regidores del BNG iban más allá lado de la crítica política para advertir de que, en su opinión, estaban siendo sometidos a un cobro "indebido", toda vez que la subida del 34% se había justificado en una previsión de pérdidas de 4 millones de euros que finalmente fue "de un 85% menos".

El Gobierno gallego pasó de responder a los municipios que, si no estaban conformes con las condiciones, podían optar por abandonar Sogama toda vez que la adhesión es "voluntaria", a amenazarlos por la vía económica. Mediante un decreto del pasado diciembre Medio Ambiente se blindaba contra los posibles impagos advirtiendo de que, en caso de deudas, recortaría las cantidades pendientes del Fondo de Cooperación Local, una relevante vía de financiación de los ayuntamientos. Para el portavoz nacional del Bloque, Xavier Vence, esta es una estrategia para "amarrar a los ayuntamientos" e "impedir su fuga" de Sogama.

Este es, por lo tanto, el telón de fondo en el que, a escasos cinco meses de las municipales de mayo, se produce lo que desde el PSdeG ha sido recibido como una "rebaja electoralista" que, dice su portavoz de medio ambiente, Patricia Vilán, "no palía el incremento del 34% aplicado el año pasado", suba que "salió" del "estudio de viabilidad encargado por 60.000 euros" a la auditora Price Waterhouse Coopers. "El año pasado pedimos la derogación en numerosas ocasiones y el PP siempre dijo que no, pero por lo que sabemos ahora, se hizo una revisión de este estudio hace unos meses", señala Vilán. La Xunta, dice, sabía que las pérdidas previstas ya no eran esas, pero "optó por el engaño y la ocultación" y las "amenazas". "Esa -concluye- es su idea de diálogo".