La pasada semana David Camerón prometía a su homólogo francés "más perros adiestrados, más vallas y más asistencia" para atajar la "crisis" migratoria en el Canal de la Mancha. En Abril el líder de la Liga Norte, el europarlamentario Matteo Salvini, ante la pregunta sobre qué haría si estuviera en el puesto del ministro del Interior Alfano o de Matteo Renzi, respondió tajante: "mandaría un preaviso de desalojo en seis meses, y luego arrasaría los campos de los gitanos con la excavadora". En abril, en pleno debate sobre el drama de los naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo, el presidente francés, François Hollande, anunció que presentaría una resolución ante la ONU para poder destruir los barcos de los traficantes antes de que zarparan de Libia. "La decisión tomada ha sido presentar todas las opciones para que los navíos puedan ser aprehendidos, aniquilados" antes de que embarquen en ellos los migrantes, declaró el mandatario francés.

Esta gramática pseudo-belicista y de exclusión para afrontar lo que no deja de ser un problema humanitario, genera el caldo de cultivo perfecto para una retórica punitiva que aborda la inmigración como un "problema"y sobre la que se plantean exclusivamente soluciones represivas: vallas más altas, alambres de espino más punzantes, devoluciones irregulares en "caliente", más policía…

Pero vayamos al fondo del asunto. Las primeras vallas migratorias se encuentran fuera de Europa, promoviendo una creciente externalización de las fronteras que reproducen viejos mecanismos de dominación en una suerte de neo-colonización que permite que otros hagan el "trabajo sucio" por "nosotros". Todo ello sin ningún tipo de respeto o consideración por los derechos humanos de las personas migrantes, consideradas muchas veces moneda de cambio para negociar con la UE en sus países de origen.

Pero la realidad es tozuda. Las vallas de la Europa fortaleza no parecen ser suficientes para frenar el drama migratorio de miles de refugiados políticos y económicos que pretenden huir de la guerra y miseria de sus países de origen. Y es que las vallas, los controles fronterizos y los centros de detención de extranjeros, se han convertido en una industria opaca que mueve miles de millones y promueve la xenofobia institucional como un gran negocio. La paradoja, en este sentido, se convierte en círculo vicioso: cuantos más controles hay, más hay que controlar. Se produce entonces el "milagro" de la multiplicación de los controles fronterizos, y con ellos arrecian las declaraciones políticas y policiales que ligan migración irregular con crimen organizado, terrorismo o tráfico de seres humanos.

Pero el drama no se para en los controles fronterizos. Cuando se superan las vallas exteriores hay que construir vallas interiores: toda una legislación orientada a "cazar" y expulsar a los migrantes. De esta forma, se genera una degradación de la seguridad jurídica y policial, organizada con el objetivo de expulsar al emigrante que, como primera consecuencia directa, conlleva la pérdida no sólo de un conjunto de derechos en particular, sino el propio derecho a tener derechos. Lo que conduce también, como segundo resultado, a producir una mano de obra fácilmente explotable desde el punto de vista económico. Una mano de obra que los propios Estados han convertido en vulnerable.

En este sentido, las leyes de extranjería en las últimas décadas han tratado de modificar la imagen pública de los migrantes, presentándola como un "problema" y generando, de esta forma, un marco político y discursivo para su criminalización. Estas normativas han desempeñado un papel fundamental en la difusión de un estereotipo negativo del emigrante sobre el que se han ido asentando y activando todo tipo de prejuicios y aparatos retóricos de marcado carácter xenófobo.

Hay que recordar, a este respecto, que los inicios de la xenofobia política se marcaron como objetivo básico situar esta frontera entre aquellos que deben ser protegidos y aquellos otros (no) ciudadanos que pueden, o aún peor, deben ser excluidos de tal protección. Una operación de exclusión, por tanto, con una evidente matriz también económica. Esta exclusión (de facto y de iure) genera, precisamente, el caldo de cultivo perfecto para la xenofobia política, definida mediante esta operación de exclusión que favorece una competencia entre autóctonos y foráneos en el esfuerzo por conseguir un recurso escaso: el trabajo.

Pero la exclusión no solo se produce en el marco de la relación laboral. En cada gran ciudad europea (o más bien en sus periferias) se construyen vallas invisibles que separan a los migrantes en "guetos" urbanos. Pero las vallas también se convierten en cárceles en nuestras ciudades llamadas eufemísticamente Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). Recientemente, tuve la oportunidad de visitar el lamentable famoso CIE 127 bis en Bruselas, situado estratégicamente al lado del aeropuerto, en una zona despoblada para no "molestar" a los vecinos. Según nos intentan vender las autoridades, estos Centros no son cárceles, pero en la práctica funcionan como tal, con condiciones aún más degradantes que las propias cárceles. Son auténticos espacios al margen del derecho. Solo hay que visitar sus instalaciones para asistir al horror, por ejemplo, de las espeluznantes "células" de aislamiento. Personas que no han cometido ningún delito son privadas de su libertad a la espera de ser expulsados de la Europa fortaleza o de conseguir una regulación "in extremis" de sus papeles de residencia.

Los y las migrantes son, en definitiva, las víctimas de una política inútil y degradante basada en construir vallas cada vez más altas, una xenofobia institucional, un racismo de guante blanco, anónimo, legal, poco visible pero constante. En este sentido, es difícil separar racismo y políticas de inmigración ya que, aunque no son exactamente lo mismo, la mayoría de las veces aparecen entrelazadas y como coartadas necesarias. Los políticos arquitectos de la Europa fortaleza cada vez que se enfrentan a una crisis humanitaria migratoria gritan con mas fuerza: ¡Europa necesita vallas más altas!

No hay ejemplo más gráfico para comprobar en qué se ha convertido este proyecto europeo: vallas cada vez más altas; derechos cada vez más bajos.