La privatización y el deterioro del Sistema Nacional de Salud son el resultado de las políticas que se llevan ejecutando desde hace más de 15 años, por parte de todos los partidos políticos que han ejercido funciones de gobierno, ya sea estatal o autonómico, hasta el punto de que en estos momentos el 55 % de los hospitales existentes tienen ya gestión privada[1].

Ahora de nuevo, según se acercan las elecciones, asistimos a la escenificación de “pactos por la sanidad” que, dado su contenido y sus firmantes, no modificarán nada esencial, ya que no abordan las verdaderas causas del problema.

Para garantizar un sistema sanitario universal y de calidad, entendemos que habría que adoptar una serie de medidas urgentes, que no vemos reflejadas en los distintos programas electorales (en algunos de ellos sólo muy parcialmente), puesto que colisionan con los intereses de las grandes corporaciones privadas y de ciertos sectores profesionales:

– Derogación de la Ley 15/97 y de todas aquellas normas que introducen el ánimo de lucro en la sanidad, así como del RD-Ley 16/2012.

– Planes y plazos concretos para la realización de un estudio independiente, de las necesidades sanitarias territoriales, de forma que aquellos centros y servicios privatizados/externalizados que se consideren necesarios se “rescaten” y vuelvan al sector estatal, y se rescindan los contratos de los que no lo sean.

– Reapertura de las camas y servicios que han sido cerrados en los últimos años. Aumento de plantillas, con implantación de un turno de tarde en aquellas especialidades médicas necesarias, para utilizar al 100 por 100 los recursos. Como consecuencia: supresión paralela de los conciertos privados.

– Eliminación de peonadas y horas extras. Establecimiento de un sistema real de incompatibilidades para el personal médico. – Desarrollo de una industria farmacéutica básica sin ánimo de lucro y distribución de los medicamentos más prescritos desde los centros sanitarios.Central de compras para farmacia y resto de materiales.

Potenciación de la investigación y formación continuada dentro del sector estatal y no mediante multinacionales y farmacéuticas.

Prohibición de todo tipo de publicidad sobre medicamentos, y de la actividad comercial por parte de los laboratorios farmacéuticos hacia el personal facultativo.

Eliminación del Registro de todos aquellos medicamentos y productos sanitarios que no ofrezcan ventajas esenciales desde el punto de vista terapéutico sobre otros de inferior coste. Financiación pública de todos aquellos medicamentos registrados.

– Planes urgentes de actuación sobre aquellos elementos responsables de una parte importante de la mortalidad: contaminación atmosférica, tabaco, alcohol, agrotóxicos… – Para acabar con las diferencias de calidad entre los 17 servicios de salud: financiación per cápita, cartera de servicios y prestaciones, iguales para todo el territorio. Supresión de las redes paralelas (Muface, ISFAS, Mugeju, Colaboradoras..) e integración en el SNS.

– Descentralización de los recursos sanitarios con el establecimiento de mecanismos de control real y autogestión del sistema sanitario por parte de trabajadores y pacientes. Transparencia: acceso en todo momento y para cualquier persona a toda la información sobre gasto, resultados, indicadores de calidad, etc.



Terminamos recordando que el deterioro y privatización del SNS son solo un síntoma más del proceso de ruptura del pacto del capital con las clases medias del siglo pasado. En un contexto de paro estructural creciente y aumento de la exclusión social, el capital no necesita mantener servicios públicos de acceso universal. La lucha por tanto deberá ser global y dirigida a la recuperación de los servicios básicos para su gestión democrática por la propia población: “Si nosotrxs lo pagamos, nosotrxs lo gestionamos”.

[1] Ministerio de Sanidad. Catalogo de hospitales 2013 Enlace con el artículo