Ante el anuncio que el viernes 3 hizo el presidente de la República de que “devolverá” los llamados tiempos fiscales a los concesionarios de radio y televisión, especialistas consideran que se trata de una condonación de impuestos que contradice el discurso de López Obrador y que se trata de un gesto político para atenuar las críticas a su gestión. Por ese motivo, advierten, organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y organismos autónomos como el INE tienen la posibilidad de interponer amparos y presentar acciones de inconstitucionalidad.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Los tiempos fiscales de radio y televisión que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende “devolver” a los empresarios del ramo equivalen a una condonación similar a la que hizo el expresidente Vicente Fox en 2002 para esa industria, mediante un decreto que se tradujo de inmediato en un incremento de 2 mil millones de pesos en gastos de publicidad oficial.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) es de las primeras organizaciones en levantar la voz contra lo que considera un “doble regalo” del gobierno federal a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), beneficio que sólo se explica como un gesto político de López Obrador para ganarse el favor de los empresarios del sector.

El presidente del consejo directivo de la Amedi, Jorge Bravo, advierte que los tiempos fiscales no pertenecen a los concesionarios de la radio y televisión ni al titular del Ejecutivo federal, sino al Estado mexicano, ya que se trata de una contraprestación por la explotación del espacio radioeléctrico o, en su defecto, de un pago en especie del impuesto que televisoras y radiodifusoras pagan por la explotación de concesiones que se les otorgaron en dicho espacio.

“Parece que estamos ante una estrategia política para obtener algún tipo de cobertura favorable frente a una situación tan compleja como la que enfrenta el presidente López Obrador en este momento. Esta iniciativa data de noviembre del 2019, desde entonces ya se veía un fuerte cuestionamiento a las políticas del Ejecutivo federal”, afirma Bravo.

Para la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, la cancelación de los tiempos fiscales en radio y televisión también es contraria a la reforma del artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones fiscales de manera discrecional, una reforma legal que el propio López Obrador promovió de manera insistente y que fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2019.

A una semana de haber concluido su cargo como consejera del INE, Pamela San Martín Ríos agrega que la emisión de un decreto para concretar la decisión presidencial violaría la Constitución, ya que corresponde al Congreso de la Unión aprobar cualquier modificación a las leyes fiscales del país, por lo que el “decretazo” de López Obrador para beneficiar a televisoras y radiodifusoras invadiría las competencias del Poder Legislativo.

Además, San Martín advierte que cualquier modificación de los tiempos fiscales en radio y televisión es contraria a las leyes electorales vigentes desde el 2007 y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la rectoría de las concesiones en radio y televisión, por lo que ambos organismos autónomos pueden impugnar la medida mediante controversias constitucionales.

Desde la sociedad civil, la directora de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, agrega que existe además una violación al derecho a la información en tiempos de pandemia, por lo que esa organización analiza interponer un juicio de amparo en contra del decretazo que anunció López Obrador, aunque admite que primero se debe esperar la publicación oficial para definir sus alcances.

Extracto del reportaje publicado el 12 de abril de 2020 en la edición 2267 de la revista Proceso

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