Eurodiputados Xabier Benito y Miguel Urbán, con ocasión de la movilización el 11 de junio en Cáceres (Extremadura) por el cierre de la central nuclear de Almaraz

El 11 de marzo de 2011 se produjo el catastrófico accidente nuclear en la central de Fukushima-Daiichi (Japón) en un momento en que se estaba produciendo una verdadera ofensiva de la industria nuclear (sobre todo en China y la India) para intentar revertir su declive. Los costes totales del accidente superan los 80.000 millones de euros, según un estudio de dos universidades japonesas. Pero hay costes difíciles de cuantificar y que no hay dinero que compense. Las consecuencias de la radiactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes de la zona cercana a la central nipona aún tardarán un par de décadas en mostrarse en toda su intensidad. Pero, de momento, ya sabemos que entre los más de 300.000 niños que viven en la prefectura de Fukushima, el número de cánceres de tiroides ha aumentado sustancialmente, multiplicándose entre 15 y 50 veces según los distintos estudios.

Consecuencias de las que toman nota en otros lugares del mundo. Y Europa no es una excepción. Alemania ha decidido cerrar todos sus reactores en 2022. En Austria, la constitución prohíbe la instalación de plantas nucleares gracias a la movilización ciudadana. En Italia se rechazó en referéndum la energía nuclear. Y en España, tal y como demuestran las encuestas, una mayoría de la población está en contra de la energía nuclear.

Lamentablemente, el Gobierno del PP ni escucha estos clamores, ni sigue el camino de los principales países europeos ni parece haber aprendido nada de las lecciones de Fukushima, sino más bien todo lo contrario. El CSN todavía se planteaba la reapertura de la central de Garoña, idéntica al reactor número 1 de Fukushima, que finalmente parece que no se pedirá su reapertura por cuestiones económicas. Además, los planes de emergencia nucleares no se han reformulado todavía para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente, mientras que las llamadas "pruebas de estrés" realizadas no han sido suficientemente rigurosas.

Por si fuera poco, el pasado mes de mayo se destapó el escándalo de la empresa francesa AREVA, responsable de haber falseado alrededor de 400 protocolos de control de calidad. AREVA está contratada por la empresa CNAT, entidad que gestiona las operaciones de mantenimiento y fabricación de combustible en las centrales españolas de Almaraz I y II (Cáceres) y de Trillo (Guadalajara).

La situación de Almaraz preocupa, y mucho, tanto en Extremadura como en Portugal, y es una prioridad en el calendario de desconexión nuclear. El pasado 29 de abril el Parlamento portugués aprobó por unanimidad pedir al Gobierno español el cierre de Almaraz. Porque aunque Portugal no cuenta con centrales nucleares, el riesgo que supondría un accidente para el río Tajo, que atraviesa ambos países, en caso de producirse un fallo en la central nuclear vecina, tendría consecuencias incalculables en términos medioambientales, sociales y económicos.

La central de Almaraz se refrigera con agua del embalse de Arrocampo, en el curso del río Tajo. Esto convierte cualquier problema de Almaraz y su propio funcionamiento en un asunto internacional dado que su actividad, tanto la ordinaria como un hipotético accidente, afecta al río. Que el agua del Tajo podría hacer de vector de transmisión de la contaminación no es solo una hipótesis, sino también una realidad que ya tuvo lugar en el escape de agua radiactiva producido en 1970.

Pero, ¿es realmente necesario someternos a este riesgo catastrófico? Muchas veces se suele argumentar que los riesgos de la energía nuclear se compensan por sus beneficios económicos y de rendimiento productivo. Pero, contrariamente a lo que se suele pensar, las centrales nucleares no son rentables. No podrían funcionar sin el coste astronómico que suponen para las y los contribuyentes. En el caso del mercado eléctrico español, estamos pagando un kilovatio/hora (kWh) varias veces por encima de lo que le cuesta producirlo a las empresas, dado que las centrales nucleares no asumen entre sus gastos muchas de sus externalidades que genera su funcionamiento, entre los que se incluyen la gestión de los residuos, el desmantelamiento de las centrales, la moratoria nuclear, el almacenamiento del uranio o los costes de transición a la competencia. Pero estos costes no asumidos, no se esfuman en el aire, sino que terminan distribuidos entre todos los consumidores de energía eléctrica a través del recibo de la luz. De esta forma, la energía nuclear se vuelve un gran negocio para las empresas del sector pero uno muy ruinoso para las y los contribuyentes y usuarios eléctricos.

Medio centenar de organizaciones de España y Portugal que integran el Movimiento Ibérico Antinuclear convocan una jornada reivindicativa este sábado 11 de junio en Cáceres para pedir el cierre de la central de Almaraz y del resto de centrales nucleares españolas. Nosotros vamos a participar en estas movilizaciones porque creemos que es necesario y urgente denunciar los riesgos que supone que Almaraz siga abierta. También porque es imprescindible que, en paralelo a su desmantelamiento, se desarrollen planes transitorios de fomento de la economía y del empleo local, asegurando un futuro justo y seguro para todas y todos.

Creemos que es fundamental contribuir constructivamente al debate sobre el papel de la energía nuclear en el marco del tan repetido pero poco abordado cambio de modelo energético europeo y mundial. El actual, basado en el peso central del consumo de combustibles fósiles con una pequeña aportación nuclear, no tiene futuro, tanto por sus impactos ambientales, especialmente el cambio climático y la radiactividad, como por el irremediable agotamiento de sus fuentes, sean estas petróleo, carbón, gas o uranio.

La única forma de evitar futuros accidentes como los de Chernóbil o Fukushima es proceder al cierre escalonado de centrales nucleares lo antes posible, apostando por un nuevo modelo energético y de desarrollo justo y sostenible tanto social como ambientalmente. Lo diremos en la manifestación del Movimiento Ibérico Antinuclear, en los parlamentos, en las calles y donde corresponda. Porque el futuro nos va en ello.