Como tantas veces sucede con los gobiernos que llegan de nuevas, en sus primeros compases el andaluz ejerce de oposición contra su antecesor y éste actúa de Gobierno contra su sucesor.

La última y más encarnizada batalla ha tenido lugar este martes: el Gobierno de PP y Ciudadanos ha acusado al anterior de ocultar a la opinión pública “más del doble” de los pacientes realmente existentes en listas de espera y que en total se elevarían a 843.538.

Dos versiones

Según el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hay 506.408 personas que no habían sido contabilizadas por el Ejecutivo de Susana Díaz. “Hacían las cuentas de forma sesgada y torticera, pero nosotros vamos a incluirlos a todos”, decía Aguirre.

El PSOE replicaba así: “El Gobierno andaluz miente sobre las listas de espera de la sanidad pública porque está preparando el terreno para aumentar los conciertos y privatizaciones”.

En un comunicado difundido esta tarde, los socialistas aseguraban textualmente que “las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aportadas por el Gobierno socialista, son datos oficiales contrastados, expedidos según los criterios y parámetros dictados para todas las comunidades autónomas por el propio ministerio”.

Una consejería tiesa

Para el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, son sus antecesores quienes “han mentido a los andaluces maquillando las cifras de espera quirúrgica o de atención especializada”.

La Consejería de Salud va a destinar 25,4 millones de euros a un plan de choque para agilizar las listas, aunque todavía no tiene ese dinero disponible: "Mi consejería está tiesa como la mojama, pero ya hemos presentado un presupuesto y el consejero de Hacienda es favorable", ha dicho con vocabulario castizo el consejero Aguirre. De esos 25,5 millones, denuncia el PSOE, algo más de 15 irán a conciertos con la sanidad privada.

La versión de Aguirre sostiene que han detectado que un gran número de pacientes no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa.

Dos formas de contar

La discrepancia en la contabilidad de uno y otro Gobierno radica en que el anterior incluía en la lista únicamente a los que esperaban una operación quirúrgica o una consulta hospitalaria, que son los conceptos reglados en el decreto de la Junta de garantía de tiempos máximos de espera. Además, su lista de espera era sólo de los hospitales del SAS, más el hospital san Juan de Dios de Sevilla, pero no de los hospitales concertados.

Por su parte, el nuevo Gobierno incluye en las listas de espera a todos los pacientes de cualquier tipo de centros y que hayan demandado asistencia sanitaria de cualquier tipo, aunque no esté incluida en el decreto de garantía de tiempos de espera.

Un ejemplo: a fecha de junio de 2018 el número de personas en lista de espera quirúrgica ascendía a 71.868, pero si se les suma a quienes no estaban incluidos en el decreto de garantías la lista se eleva a 158.015.

Peras y manzanas

Para la dirección del PSOE andaluz, “el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos ha hecho demagogia con los datos, suma y resta cifras diferentes y mete en el mismo saco actos médicos y citas en lugar de pacientes, lo que consideramos absolutamente irresponsable por parte de una administración”.

Los socialistas insisten en que, “según los últimos datos de listas de espera oficiales a junio de 2018, Andalucía está por debajo de la media nacional en tasa de pacientes pendientes, en porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera y en demora media. En la comunidad andaluza –aseguran– 9 de cada 10 pacientes se opera dentro de plazo”.

Las cifras de Arellano

En la misma línea había insistido por la mañana el exconsejero y delegado de Universidades del PSOE-A, Antonio Ramírez de Arellano, según el cual es “absolutamente imposible e inviable que desde el sistema andaluz de salud se oculten datos al sistema nacional".

Los datos facilitados por Ramírez de Arellano son estos: la tasa andaluza de pacientes que esperan una intervención quirúrgica es 8,15 por cada mil habitantes, frente a los 12,95 pacientes por cada mil habitantes de la media española.

Además, según el exconsejero, en Andalucía hay 66.000 pacientes que esperan una intervención quirúrgica, lo que supone el 11,23 por ciento del total nacional, mientras que hay 222.000 esperando una primera consulta de especialista, lo que representa una tasa de 27,69 pacientes por cada mil habitantes, frente a una tasa de 43,06 pacientes por cada mil habitantes de la media española.

Los plazos

Lo que estipula el decreto de garantías es que la administración sanitaria se obliga a atender a los pacientes en plazos tasados en determinadas enfermedades: 90 días para ciertas afecciones cardíacas, 120 para los 11 procesos sanitarios más comunes y 180 para intervenciones quirúrgicas menos graves, 700 en total.

El decreto de garantías también regula la atención obligada en un plazo no superior a 60 días para la consulta en determinadas especialidades, no en todas, solicitadas por el médico de familia.