El desmesurado crecimiento de la industria del porcino ha hecho que el número de cerdos sacrificados al año supere ya al de habitantes del país: 50,07 millones el año pasado, y el volumen sigue creciendo según los datos del Ministerio Para la Transición Ecológica, con otros 18 de enero a abril, por 46,57 (http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852 ) residentes.

¿Tanta carne de cerdo se come en España? Ni por asomo. Las matanzas del año pasado generaron 4,29 millones de toneladas de canales, es decir, de piezas para consumir, cuando la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra el consumo interno en 367.582 y el particular en ocho kilos, en ambos casos con dos años seguidos de ligero descenso. El Gobierno eleva el consumo a 21,2 kilos por cabeza, con lo que el mercado interno no asumiría ni siquiera la mitad de la producción.

El resto se exporta mientras el país asume la huella ecológica de esa intensa producción porcina. Esos 50 millones de cerdos sacrificados proceden de un censo de 29,9 de engorde, cuyas plazas en las granjas se ocupan dos veces al año, y a los que se suman 2,48 de cría. Solo en agua, con una demanda de en torno a quince litros diarios para alimentación y limpieza, supone casi 180 hectómetros cúbicos anuales, que viene a ser el consumo urbano conjunto de tres ciudades como Sevilla, Zaragoza y Alicante.

Paralelamente, el crecimiento de la industria del porcino, con el resto de cabañas prácticamente congeladas desde hace un lustro, es el principal responsable de que la ganadería se haya consolidado como el cuarto generador de emisiones de gases de efecto invernadero con un volumen de 23,48 millones de toneladas equivalentes de CO2 que solo superan el transporte (171,5), la generación eléctrica (69,8) y la industria (63,5).

“Las actividades ganaderas, responsables del 66% de las emisiones [agrarias], aumentaron sus emisiones un 1,7% debido principalmente al aumento de la cabaña de vacuno de carne (2,7%) y de porcino blanco (3,8%)”, señala el Gobierno.

El Gobierno toma cartas



Las consecuencias ambientales de ese desmesurado crecimiento de la industria del porcino han hecho que el Gobierno se dedica a intervenir para atajarlas, por lo que una de las primeras medidas del equipo de Teresa Ribera ha sido sacar a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, que data del año 2000.

El texto sobre el que trabaja, cuyos objetivos incluyen “permitir un eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector porcino, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, bienestar de los animales y medio ambiente”, destaca a las granjas de cerdos como las responsables del 27% de las emisiones de amoniaco a la atmósfera.

También llama la atención sobre la necesidad de “actualizar y reforzar” las exigencias en cuanto a la gestión de estiércoles y purines, de los que España es el principal productor europeo y cuyos residuos de nitratos están provocando la contaminación de acuíferos, especialmente en las cuencas del Ebro y el Tajo.

“La norma debe establecer unos criterios respecto a la dimensión de las explotaciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica de los productores y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que se desarrolla su actividad”, añade.

El anterior intento de abordar esta problemática, iniciado en 2009, no salió adelante con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni con el de Mariano Rajoy.

Una evaluación ambiental estratégica del sector



La expansión de la ganadería intensiva, que en la última década ha abandonado sus tradicionales áreas de Catalunya, Aragón y Murcia para extenderse por toda Andalucía, Castilla y León y el norte de Castilla-La Mancha, ha provocado la aparición de numerosas plataformas locales críticas con ese modelo productivo y aliadas desde hace unos meses en la Coordinadora Stop Ganadería Industrial (http://stopganaderiaindustrial.org/la-comision-europea-debera-revisar-la-proliferacion-de-macrogranjas-en-espana ).

“Se ha pasado a un modelo industrial e intensivo que tiene graves consecuencias en el agua y en la atmósfera, en Cuenca hay macrogranjas cuyo consumo de agua supera al del municipio en el que se encuentran”, explica Dani González, de Ecologistas en Acción, que llama la atención sobre los problemas de contaminación por nitratos que comienzan a detectarse en los acuíferos de esa provincia como consecuencia de la proliferación de esas instalaciones.

"Las comunidades pelean entre ellas con ayudas para trasladar la producción desde otras zonas", explica González

Esta organización reclama una moratoria para la instalación de macrogranjas mientras se realiza “una evaluación estratégica del impacto ambiental del sector”, que se está extendiendo por zonas poco pobladas de todo el país.

Sin embargo, la actitud de las comunidades autónomas va por otros derroteros. En ocasiones, con el argumento de que la apertura de granjas permite frenar la despoblación; en otras, con estudios de impacto irregulares que los tribunales acaban por tirar atrás, como ha ocurrido en Cuenca recientemente, y, en otras, con medidas como la adoptada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha declarado estratégico el sector y que subvenciona con hasta 100.000 euros (127.000 se trata de un agricultor de menos de 42 años), la construcción de granjas. “Las comunidades pelean entre ellas con ayudas para trasladar la producción desde otras zonas”, explica González.

Para Rosa Díez, de Loporzano Sin Ganadería Intensiva, la plataforma contra las macrogranjas de ese pequeño pueblo de Huesca, y coportavoz de Stop Ganadería Industrial, “el mensaje de los movimientos vecinales que defienden sus pueblos ante la amenaza de la ganadería industrial es de "’menos y mejor’: se busca una reducción del consumo de carne, pero también sacando la ganadería industrial del plato. Si se elige comer carne, que sea carne de calidad, de un método de producción sostenible, y que se reconozca en el plato”.

Un negocio de 6.000 millones al año



El negocio, que se acerca a los 6.000 millones de euros anuales, está, además de en el consumo interno, en el que el precio de la carne se multiplica por 2,5 entre la granja y la nevera, en la exportación, que es la principal causa de que el volumen de sacrificios haya crecido más de un 15% en los últimos cuatro años tras duplicarse en los seis anteriores. La mitad de la producción, 2,1 millones de toneladas en canales, se va fuera tras duplicarse en una década el comercio exterior.

“Continúa el incremento de las exportaciones” aunque este “se modera” tras crecer ‘solo’ un 6,2% el año pasado, señala el Ministerio de Transición Ecológica, que sitúa a España como el tercer productor mundial de cerdo, con crecimientos de más del 4% en su cabaña en los últimos años.

“Durante el año 2017 el sector porcino español ha continuado con su expansión (…), aunque se aprecia un ligero cambio en la evolución” con “una reducción significativa en el ritmo de crecimiento con respecto a los tres años anteriores”, señala el mismo informe, que recoge cómo las ventas suben en Japón, en el sudeste asiático e incluso en países europeos como Italia, Reino Unido y Francia.

Sin embargo, comienza a activarse una luz de alarma: caen en China (casi un 12% el año pasado), que tras convertirse en el principal cliente de la industria porcina local comienza a canalizar su abastecimiento desde África. ¿Comienza a perder fuelle la burbuja del porcino?

