La ley del silencio, el miedo y las amenazas se imponen en el entorno de un centro educativo. Un nutrido grupo de profesores se niega a hablar por temor a las represalias, la mayoría de las familias de los alumnos y alumnas prefiere mantener el anonimato "por lo que pueda pasar", buena parte de los políticos desprecian a los periodistas y se niegan a responder a sus preguntas. Todo ello está ocurriendo en estos días en el municipio murciano de Fuente Álamo.

El detonante del "enorme clima de tensión" que describen algunos de los protagonistas de esta historia se encuentra en la fachada principal de su colegio público. Sobre la roja pared de ladrillo destaca, en letras gris-azuladas, un nombre en mayúsculas: José Antonio. Esta denominación perdura desde que las tropas franquistas tomaron la localidad en 1939 y decidieron rebautizar las escuelas graduadas construidas por el Gobierno republicano.

Tras algunos tímidos intentos, hace ya cuatro años que comenzó una lucha para evitar que el lugar en el que se educan los hijos de los fuentealameros siga homenajeando al principal líder fascista español y fundador de la Falange. Lo que los promotores de la iniciativa consideraban que iba a ser un puro trámite administrativo ha derivado en un largo y tortuoso proceso de resultado incierto.

El Consejo Escolar del centro, que según la legislación es el competente para proponer la modificación, aprobó en 2013 por 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones rebautizar el edificio con el nombre de Adolfo Suárez. Solo quedaba pendiente la ratificación final por parte del Ayuntamiento que se daba por segura.

Sin embargo, la alcaldesa del Partido Popular enterró la propuesta en el fondo de un cajón y no la tramitó. "Ahí comenzó todo. Si se hubiera ratificado en aquel momento, no estaríamos como estamos", dice un profesor del centro que prefiere no dar su nombre "porque las cosas ahora están muy mal".

Dos años más tarde, después de que la alcaldesa tuviera que dimitir al ser imputada por cohecho, el gobierno municipal pasó a manos del PSOE con el apoyo de Ciudadanos. En ese momento el Consejo Escolar, que nunca recibió una respuesta a su petición anterior, volvió a aprobar el cambio de denominación del centro. Esta vez, según aseguran fuentes presentes en aquellas reuniones, se intentó despolitizar aún más la iniciativa buscando el nuevo nombre fuera del mundo de la política.

Finalmente, se eligió la figura de la poetisa cartagenera Carmen Conde, integrante de la Generación del 27 y primera mujer que ingresó en la Real Academia Española de la Lengua. El alcalde llevó la propuesta al pleno municipal, pero resultó rechazada con los votos del PP y Ciudadanos.

Tercer intento

En el último año la tensión no ha hecho sino crecer. Un grupo de padres, madres y profesores está presionando para impedir el cambio de nombre. Ninguno de ellos ha querido atender a las llamadas de este diario, aunque encontramos sus razones en el texto que acompaña a la recogida de firmas que han iniciado en internet. En él aseguran que no saben si "fueron personas de izquierdas o de derechas" los que decidieron llamar "José Antonio" al colegio y se preguntan: "¿A quién ofende que el colegio se llame así? A mí sólo me trae buenos recuerdos y un sentimiento de unión con un pueblo que crece continuamente".

Aun así, el Consejo Escolar ha vuelto a aprobar el cambio, eligiendo esta vez como alternativa un nombre todavía más aséptico, "CEIP La Vía Verde", y lo ha remitido al Ayuntamiento para su ratificación.

Juan Lorenzo Mendoza, concejal de Educación de Fuente Álamo, confirma a eldiario.es que llevará la propuesta al próximo pleno y que su grupo, el socialista, votará a favor de la nueva denominación, como también hizo la vez anterior: "La legislación educativa establece que el Consejo Escolar es el competente para tomar estas decisiones y que el Ayuntamiento debe ratificarlo salvo en casos de enorme excepcionalidad. Igualmente está vigente la Ley de Memoria Histórica. Se trata, por tanto, de cumplir las leyes".

Todo indica, sin embargo, que el PP y Ciudadanos se preparan para volver a defender el mantenimiento del nombre del fundador de la Falange. Tanto el portavoz popular, Bartolomé Rabal, como el de la formación naranja, José Antonio Oliver, se han negado a responder a las llamadas y los mensajes reiterados desde este diario para conocer su posición sobre este tema. "No sabemos qué van a hacer", admite el concejal de Educación.

Mientras tanto, uno de los profesores que defiende la iniciativa recuerda que la Ley de Memoria Histórica prohíbe exaltar en edificios públicos la figura de personas vinculadas a la dictadura. Otro compañero añade un argumento más para defender el cambio de nombre: "Los niños nos preguntan por qué se llama José Antonio y no sabemos qué decirles. Tampoco podemos hacer como el resto de los centros que celebran el día de su patrón y construyen actividades educativas en torno a su persona. Se trata de dotarlo de una identidad y de alejarlo de cualquier duda o sospecha".