BRUSELAS.– La firma del CETA, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, estaba prevista ayer en Bruselas. Sin embargo, el veto impuesto por la Región de Valonia desde abril y que impedía a Bélgica firmar el tratado hizo que la cumbre fuera cancelada. A la misma hora a la que hubiera tenido lugar la reunión entre los representantes de la UE y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, los valones y el gobierno Federal llegaban a un acuerdo para aceptar el tratado. ¿Qué ocurre entonces con el CETA?

Desde hace semanas, el movimiento social Tout autre chose mantenía una convocatoria para rodear la cumbre UE-Canadá que debía tener lugar ayer. A pesar del veto valón al CETA, varias decenas de personas se concentraron frente a las instituciones, casi premonitoriamente. Alrededor de la 1 de la tarde, el primer ministro belga, Charles Michel, anunció el desbloqueo de las negociaciones. Los manifestantes mostraban entonces su descontento a las puertas de la Comisión, tal vez como símbolo de una negociación que, a pesar de la oposición de los últimos meses, tanto en las calles como en los despachos, parece ver la luz al final del túnel.

Tras semanas de presiones y ultimátums, dos cumbres fallidas y una ministra de Comercio Exterior canadiense al borde de las lágrimas, Valonia accedió a dar plenos poderes al gobierno Federal para firmar el Tratado. El acuerdo alcanzado es un compromiso político belgo-belga. Dicho compromiso se ha materializado en una declaración que no modifica el acuerdo sino que, simplemente, lo complementa. Esta declaración, aprobada por los embajadores de los 28 reunidos en el Coreper ayer por la tarde, debe ser ahora respaldada por el Parlamento valón, antes de medianoche y aceptada por la propia Canadá.

Valonia lleva el sistema de arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la UE

La declaración que ha logrado desbloquear la firma del CETA, que ha filtrado la prensa belga, se limita a apenas cuatro páginas que hacen referencia a algunos de los puntos más polémicos del Tratado: el sistema de arbitraje para litigios entre empresas y Estados, el Foro de Cooperación Reguladora o el comercio de transgénicos.

En primer lugar, las autoridades belgas procederán a evaluar "los efectos socio-económicos y medioambientales" del acuerdo durante su aplicación provisional que, de firmarse el texto en los próximos días, empezaría probablemente el próximo año. Serán estas evaluaciones las que determinen la ratificación o no definitiva del acuerdo que, por tanto, se mantiene en suspenso.

En segundo, en referencia al capítulo más polémico del CETA, el sistema de arbitraje entre inversores y Estados, Bélgica pedirá al Tribunal Europeo de Justicia que evalúe si éste es acorde con la legislación europea. Una posibilidad que el grupo de los Verdes en la Eurocámara ya contemplaba, tal como adelantó en declaraciones a cuartopoder.es el eurodiputado español Ernest Urtasun. La declaración belga saluda que la aplicación provisional no incluya este punto y advierte de que los parlamentos valón y bruselense no tienen la intención de ratificar el acuerdo mientras se mantenga el capítulo 8 del mismo, que hace referencia precisamente a las inversiones, tal como está redactado.

En tercer lugar, Bélgica aclara que cualquier decisión en materia de cooperación reguladora deberá ser tomada entre el Consejo y los Estados miembros y, en caso de ser competencia parcial o exclusiva del Gobierno Federal, exigen el acuerdo previo del Parlamento.

Bélgica se reserva además el derecho a activar la cláusula de protección de ciertos productos agrícolas en caso de "desequilibrio en el mercado". Por último, la declaración incluye una referencia a la defensa de la legislación europea en materia de transgénicos.

Paul Magnette, ministro presidente valón que denunció las presiones a las que se ha visto sometido por parte de la Unión Europea, ha celebrado el acuerdo y ha agradecido el apoyo recibido en las últimas semanas. Magnette ha defendido en una entrevista que "el nuevo CETA es la muerte del TTIP" porque Estados Unidos "nunca aceptará estas condiciones".

La política comercial europea, en tela de juicio

El proceso de ratificación del CETA pone de manifiesto las dificultades de la Unión Europea en el desarrollo de su política comercial. La UE acusa una falta de confianza tanto de sus propios ciudadanos, desencantados con el resultado de las negociaciones, como de sus socios comerciales, que cuestionan la capacidad de la Unión para concretar los acuerdos.

La fuerte oposición de la ciudadanía a los tratados de libre comercio ha tenido como consecuencia la movilización contra los mismos, además de la recogida de firmas para su paralización e incluso la declaración de decenas de ciudades en toda Europa simbólicamente "zona de exclusión del TTIP y el CETA". La sociedad civil se opone no sólo al contenido de los tratados sino también al modo en el que se llevan a cabo las negociaciones, por su falta de transparencia. En el caso del CETA, sólo tras la oposición valona la Comisión publicó íntegro en las 24 lenguas oficiales de la UE el texto del acuerdo. En este sentido, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi ha destacado que la ciudadanía puede parar las negociaciones, "la cancelación de la cumbre entre la UE y Canadá es buena prueba de ello". Precisamente, tras la fallida firma del acuerdo con Canadá por parte de los 28 en la pasada cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, admitió que la Unión debe encontrar la manera de convencer a la ciudadanía de que la UE negocia acuerdos en defensa del interés de los europeos. Aunque no parece tanto un problema de comunicación como de contenido.

Por otro lado, no pocos países han mostrado sus reservas en los últimos meses ante la firma no sólo del acuerdo con Canadá sino también con Estados Unidos. Austria esperó hasta la sentencia del Tribunal Constitucional alemán para confirmar su aprobación al CETA; el Senado irlandés aprobó una resolución contra el tratado con Canadá y Francia o Alemania han mostrado sus dudas respecto a las negociaciones del TTIP.

La falta de unidad, las dudas y los largos procesos de ratificación inquietan a los socios con los que la UE negocia y ponen en tela de juicio su capacidad para alcanzar acuerdos satisfactorios en el futuro no ya con Canadá o EEUU sino también con Reino Unido, de materializarse el brexit. La falta de transparencia en las negociaciones y de atención a los reclamos de la sociedad civil aumentan las reticencias de la ciudadanía ante una política comercial de la Unión que parece más en tela de juicio que nunca.

(*) Beatriz Ríos es periodista.