Acaban de cumplirse dos años desde que tres de los siete jóvenes encausados en el caso Alsasua entraron en prisión. Un caso mediático en el que han jugado varios factores, desde la entrada en acción de Covite, la petición del delito de terrorismo, hasta la publicación de vídeos que contradecían las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que denunciaron lo sucedido.Han tenido que pasar dos años y dilucidarse ciertos aspectos del caso a nivel público, para que algunos exmagistrados de la Audiencia Nacional hayan considerado que la acusación de terrorismo era exagerada. Uno de los primeros en hablar de ello fue el exmagistrado Baltasar Garzón, quien en repetidas ocasiones ha hablado de una desproporción en el caso Alsasua, ocurrido en octubre de 2016, durante las fiestas de la localidad navarra.

"Los magistrados están hablando del caso y mostrando su descontento cuando ya están jubilados. Mientras ejercen no denuncian lo grave del caso". Son palabras de Garbiñe Biurrun, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y una de las integrantes de Jueces y Juezas por la Democracia. Una entiedad que, desde hace 20 años, como ha recordado Biurrun en su intervención, ha solicitado "la eliminación de la Audiencia Nacional" por tratarse de un tribunal excepcional. "Si todo es terrorismo, sobra la existencia del Código Penal", ha apuntado Biurrun parafraseando algunas de las opiniones vertidas por exmiembros de la Audiencia Nacional.

"La Audiencia Nacional es un tribunal muy permeable", a juicio de la magistrada "a los intereses políticos", apuntó Biurrun. Un "tribunal que ha sufrido, hace sufrir y del que soy partidaria de su eliminación", ha insistido la magistrada vasca. "Ha estado muy vinculada a la herencia del Tribunal de Orden Público, TOP, pero ahora tiene más vinculación con intereses más políticos".

En la mesa han participado, además, la abogada y profesora Soledad Barber, Amaia Izko, abogada del caso, especializada en casos que llegan a la Audiencia Nacional, y la abogada Olga Rodríguez. Precisamente Rodríguez ha apuntado que en el caso de Alsasua "persiste el imaginario de la 'kale borroka' y da igual luego qué se diga en Europa, en unos años, porque ya ha calado el discurso de que aquí eso sigue existiendo". Ha indicado también que "no es normal que uno tenga un incidente con otras personas, que es lo que ha ocurrido en este caso, y acabe en la Audiencia Nacional, ya que se debe partir de un principio de inocencia", algo que, considera la experta, no se ha cumplido en este caso.

Precisamente sobre la excepcionalidad del caso y del tribunal que ha juzgado el caso, la Audiencia Nacional, ha indicado que se ha incumplido otro de los principios básicos de todo caso mediático y es que "los delitos deben instruirse en el juzgado natural, el más cercano al lugar de los hechos, que en este caso era en Pamplona, y no en Madrid". También ha querido indicar su posición respecto a la prisión preventiva, una medida "también excepcional" y que, frente al principio que establece que debe "optarse por los medios menos invasivos para los encausados, en este caso no tenía ningún sentido pero se aplicó para tres" de los jóvenes.

Europa, una puerta lejana

Desde el principio la puerta europea ha sido una opción más que viable para los familiares -lo contaron en esta entrevista con cuartopoder.es- más aún cuando es desde Estrasburgo desde donde llegan varios toques de atención [el último, a favor de Otegi sobre el caso Bateragune] a distintos tribunales españoles. Consideran las ponentes que "será tarde cuando en Europa se pronuncien". También, como ha incidido Biurrun, será tarde para los jóvenes de Alsasua "cuando entre savia nueva en las instituciones judiciales y se acabe con este tipo de casos". "No se podía caer más bajo y se ha caído", ha apuntado al respecto Izko en su intervención.

"En las últimas sentencias he apreciado un relato novelado y no una acreditación de los hechos", ha apuntado la abogada Soledad Barber. Esta experta legalista ha sido la encargada de analizar el aspecto de la atribución de los delitos pedidos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde también ha detectado "varias anomalías jurídicas". Fiscalía que, ha apuntado, "pidió el agravante de género para la agresión a las dos mujeres parejas de los Guardias Civiles, un agravante que se aplica tras el Convenio de Estambul y que en este caso no procede", ha apuntado la legalista, quien ha sentenciado que "la prueba de terrorismo en este caso se coge con pinzas".