Mes y medio de intensas conversaciones y tiras y aflojas entre los equipos negociadores del PSOE y Esquerra Republicana, pilotadas por Pedro Sánchez y Pere Aragonès, culminaron ayer con la difusión pública del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones. El pacto, negro sobre blanco, se concreta en apenas un folio y medio. Pero el documento tiene un notable calado político: Sánchez abre por vez primera el cauce para celebrar una consulta a la ciudadanía en Catalunya para ratificar los acuerdos que puedan alcanzarse en la mesa bilateral entre los gobiernos de España y Catalunya, que se constituirá de manera inmediata aunque aún sin plazo de conclusión, para superar el “conflicto político”.

El acuerdo, avalado anoche de manera abrumadora por el consejo nacional de ERC y que hoy será ratificado por unanimidad por la ejecutiva federal del PSOE, encarrila definitivamente la investidura de Sánchez en la segunda votación con la que el próximo martes concluirá el pleno del Congreso. La abstención ya garantizada de los 13 diputados de Esquerra en la investidura permitirá a su vez la conformación del primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia en España, entre el PSOE y Unidas Podemos.

Nuevo horizonte Los negociadores hablan de “nueva etapa” que entierra la judicialización

A pesar de la ambigüedad, el acuerdo va más allá de las bases puestas en diciembre del 2018 en Pedralbes. Las partes firmantes del acuerdo –el PSOE y el PSC de un lado, y Esquerra del otro– aseguran constatar que “nos encontramos ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya y establecer las bases para su resolución”. Ambas partes reconocen igualmente que “hay voluntad de diálogo para alcanzar un acuerdo que nos permita superar la situación actual”. Reconocer esta oportunidad, junto a la “voluntad y firmeza política” de ambas partes, según el prefacio del documento, “permiten explorar y abordar la apertura de una nueva etapa basada en el diálogo efectivo, abierto y sincero, y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional”.

El acuerdo, que asegura anclarse en “los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya”, consta sólo de dos puntos. El primero subraya el reconocimiento de que “existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya”. Y que dicho conflicto “sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”. Es decir, mediante la activación de la vía política y sin el único recurso a los tribunales de justicia que los socialistas reprochan a los siete años de mandato de Mariano Rajoy que acabaron desembocando en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, si bien con el concurso del PSOE.

La composición El acuerdo elude concretar la presencia de los presidentes en la mesa de diálogo

El segundo punto del acuerdo es, no obstante, el determinante. Es el que anuncia el compromiso de la creación de una “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos”, para tratar de reconducir la situación y superar el conflicto político. Dicha mesa, según el documento, “partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas”. Y “actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Se elude toda referencia expresa a la Constitución en el documento, como también a la autodeterminación.

La mesa bilateral entre gobiernos, “como instrumento político”, se asentará sobre las cuatro patas definidas por Aragonès en un artículo en La Vanguardia . La primera es la composición: en la mesa se sentarán representantes de los gobiernos de España y Catalunya, sin hacer alusión explícita a los presidentes. “Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan”, enuncia el documento.

Las condiciones PSOE y ERC asumen una negociación sin vetos al debate de la autodeterminación

La segunda pata se refiere al contenido, en el que no habrá vetos y, por tanto, el Govern de la Generalitat podrá poner encima de la mesa la autodeterminación de Catalunya o la amnistía para los condenados por el procés , tal y como recoge el acuerdo del Govern del 22 de octubre tras la sentencia del 1-O. “Diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas”, garantiza el acuerdo. “Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”, señala.

El calendario de la mesa entre gobierno, la tercera pata, será “transparente”. Iniciará sus trabajos, según el acuerdo, “en el plazo de quince días desde la formación del gobierno de España, y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones”. El documento, por tanto, no establece un plazo máximo ni un límite temporal para la conclusión de las negociaciones de la mesa. La pretensión, en cualquier caso es que se circunscriba a la actual legislatura. Aunque la cuarta pata fija las garantías y el seguimiento: “la mesa establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos”.

El encaje legal El pacto prevé un mecanismo específico para la consulta de los acuerdos alcanzados

El documento suscrito por socialistas y republicanos concluye con el verdadero quid de la cuestión, la clave de bóveda del acuerdo: la consulta ciudadana final. Y es que en dicha mesa, según el documento, “deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana”. Y así ambas partes “se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos”. “Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”, asegura el párrafo más importante del ­documento. Hay que tener en cuenta la salvaguardia –“en su caso”–, pero también que se asumen mecanismos de consulta no contemplados en el actual ordenamiento jurídico.

No obstante, esta mesa entre gobiernos, según el documento, “se coordinará” con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, “que deberán potenciarse”, en referencia a la comisión bilateral Generalitat-Estado y la Taula de Partits conformada en el Parlament, a instancias del PSC.

ERC ha impuesto sus tiempos y hasta la distancia necesaria. El documento no lleva el logo de ninguno de los partidos firmantes y, aunque los comunicados de republicanos y PSOE, seguían el mismo guion, ponían el foco en elementos diferentes. ERC, simplemente en la “consulta a la ciudadanía”; el PSOE, en los procedimientos que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político.

El acuerdo ya cuenta con detractores. Pablo Casado acusa a Sánchez de liquidar la soberanía nacional, y, en Catalunya, Quim Torra pretende renegociar la mesa de diálogo en su reunión prevista con el presidente tras la formación del nuevo gobierno central.

¿Apruebas una consulta en Catalunya para superar el conflicto catalán?