Los miles de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que se lavaba en la Banca Privada de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan documentos oficiales de la Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.

La detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese mismo año.

Puerta Valera tenía una cuenta en la BPA con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía, pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente (gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención). El único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de 2012 en Youtube, el expolicía relata cómo fue captado por el español Xavier Mayol González, directivo de la BPA que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.

La documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150 folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.

El contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo

Los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió no ser identificado, contó que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. “Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el Reglamento de Pasaportes”, indicó.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas “cuando así lo ordene el Presidente de la República”.

Algunos ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.

“En esa época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.

El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica de Venezuela.

Un “asesor” que traficaba heroína

Tulio Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el estado Lara.

Su nombre aparece en la investigación de la Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.

Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado. Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo.

Una fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos.

Hernández Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó 1,4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008.

Hernández estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 15 años.

Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.

En el expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007, según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.

Hernández Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Tanto él como su esposa frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.

En el acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:

—¿Sabía usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína en Venezuela?

—No lo sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las personas detenidas, no los demás.

—¿Cómo es posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?

—No se me ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Yánez y Tulio Hernandez Fernández, quien estaba presente pero en un segundo plano.

Un testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

“Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.

La oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.

La misma fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.

Con pasaporte diplomático y maleta de dólares

Gabriel Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.

En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.

El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. “Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe.

Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández, ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los fondos depositados en BPA.

Según la fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española. Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta Valera. Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación.

Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.

Una fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato afirmó:

“Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”.

Preso por una avioneta

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

Además, Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era “investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional drogas”.

Al venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.

Gil Yánez registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Actualmente Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La “reclutadora” de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela Milagros Prieto González, quien se encargó de captar y procesar la documentación para la apertura de cuentas a venezolanos en esa entidad. El español Antonio Salvador Lozano era también encargado de captar clientes y referirlos a Prieto González, quien se aseguraba de que toda la documentación estuviera “en orden y completa” (en ocasiones las fichas estaban vacías).

Prieto González trabajó en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando aún estaba en manos del español Grupo Santander. Su experiencia le permitió ser reclutada por BPA, pero la relación laboral terminó en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en una cuenta abierta en la misma entidad.

Prieto no solo recabó información para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que también facilitó la simulación de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panamá, Cristina Lozano Bonet. Un caso frecuente eran las transferencias declaradas como “permuta” o “traspasos” sin que se presentara la documentación que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

La jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre ordenó en 2010 la detención de la venezolana Mariela Milagros Prieto González, junto a los españoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de BPA Serveis en Panamá, Cristina Lozano Bonet.

En Venezuela, Prieto aparece también como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A., especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanización El Marqués, en Caracas; y la otra en la población de Ocumare del Tuy, a 44 kilómetros de la capital venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), según consta en el expediente del Registro Nacional de Contratistas (RNC), donde también figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto González.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) intentó contactarla por medio de llamadas telefónicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declinó hacer algún comentario sobre la vinculación de Mariela Milagros Prieto González con la Banca Privada d’Andorra.

Entretanto, la cuenta del excomisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones de dólares, continúa bloqueada.