El hijo de Irene Ramos ha estrenado tercero de Primaria con una mochila de libros llenos de colores, esquemas y elementos visuales. En su clase los profes han hecho piña para adaptar todos los contenidos. El pequeño sacrifica sus tardes de juegos para ir a un logopeda privado y, gracias a todos los esfuerzos, no pierde ritmo por el momento. Este año, por primera vez desde que entró en el CEIP Pi i Margall de Madrid, no cuenta con la profesora de Audición y Lenguaje (AL) a su lado.

Al menor le diagnosticaron Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) con tres años. “Mi hijo tiene muchas dificultades para seguir una explicación en clase, todo lo que sea emisión y recepción de un mensaje le cuesta mucho. La figura del profesor de AL es fundamental para él porque le ayuda a comunicarse”, explica esta mamá a El Salto. Cuenta Irene que, mientras en el curso pasado contaba con nueve sesiones semanales con el maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y tres con el de AL, este año tiene tres sesiones con el primero y, con el segundo, cero. Los maestros y maestras de PT se encargan de revisar las necesidades especiales del alumnado, asesorar en materiales curriculares adaptados, apoyar a los y las profesoras, y proporcionar atención personalizada. Mientras, los profesionales de AL se centran en el ámbito comunicativo y lingüístico.

Ramos asegura que su hijo necesita los dos perfiles profesionales para conseguir una educación 100% inclusiva y no ha dudado en liderar una recogida de firmas exigiendo los derechos recortados. También participó activamente en una manifestación organizada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. El pasado 5 de noviembre la comunidad educativa madrileña se echaba a la calle “por una escuela inclusiva, en contra de los recortes”.

En el Pi i Margall, otros 15 niños y niñas se ven afectados por la ausencia de esta figura profesional. Y saben que no son los únicos, pues, tal y como aseguran familiares, profesionales y sindicatos, la atención a la diversidad permanece congelada en las escuelas madrileñas. “En septiembre, la Dirección del Área Territorial Centro [DAT Centro] comunicó al jefe de Estudios que este año nos quedábamos sin AL, pues hay menos de 25 niños con necesidades especiales. Hay alumnos con autismo o con parálisis cerebral que están sin este derecho. Nosotros decimos que con que solo haya un niño que necesite clases de Audición y Lenguaje, ya son necesarias”, se queja Ramos.



La Atención a la Diversidad congelada

Desde la FAPA Giner de los Ríos denuncian que los equipos de Atención a la Diversidad llevan con el mismo número de profesionales desde hace tres años, mientras que los niños y niñas con necesidades educativas especiales aumentan cada año. Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de esta organización, recurre a los datos oficiales para fundamentar esta aseveración. Según las ratios marcadas en la legislación —que data de 1990—, un PT debería tener hasta 12 alumnos con necesidades especiales y un AL, 25 alumnos. Pero las cifras no dan y las sobrerratios son una constante.

“La atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado y corresponde a las administraciones educativas asegurarlo. Esta atención puede ser necesaria por dificultades específicas del aprendizaje, por trastornos en el déficit de atención, por altas capacidades… pero también puede ser necesaria si el alumno se ha incorporado tarde al sistema educativo o por circunstancias personales transitorias. Todo el alumnado necesita estos recursos para poder alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales porque todos pueden requerir estos apoyos en un momento determinado y no hay para cubrir la demanda”, cuenta Morillas.

Según un estudio de CC OO, en la Comunidad de Madrid faltan 626 profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje David F. Sabadell



Un estudio realizado por CC OO refrenda esta situación. Con una muestra de más del 84% de centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la región, el análisis concluye que el 72% del alumnado con necesidades educativas especiales está afectado por una ratio excesiva ya que, basándose en lo que exige la legislación, faltan 626 profesionales: 385 PT y 241 AL.

En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso. “Las cifras ponen de manifiesto la situación de alarma en la que se encuentra la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid, que sufrió en 2011 un recorte presupuestario de un 30% que aún no se ha revertido”, aseguran desde CC OO.



Comienzo de curso

El curso 2019—2020, el primero con Isabel Díaz Ayuso a los mandos de la Comunidad, comenzaba con un sobresalto entre el profesorado. Un audio circulaba por WhatsApp en el que una maestra relataba la experiencia de una compañera de AL que había recibido órdenes de atender solo a alumnado con TEL, restringiendo así este derecho al resto de menores que lo necesitan. Las órdenes, que supuestamente venían de la DAT Centro, habían sido transmitidas de manera oral y se temía que fueran nuevas directrices que acabaran fijándose de manera general. La Comunidad de Madrid, reunida con CC OO que pedía cuentas a este respecto, hablaba de “bulo”, mientras profesorado, madres y padres comenzaban a ponerse en alerta.

En la actualidad, el número de alumnos con necesidades educativas especiales asciende a 19.378 y casi 14.000 son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso

“Ha podido ser un globo sonda para ver por dónde irían las reacciones. Esas cosas no se escriben nunca, quedan como órdenes internas. En el centro en el que atiendo a 17 alumnos tengo solo dos con ese diagnóstico ¿con cuántos centros me tendrían que compartir?”. Sandra S., profesora de AL, como la mayoría de las profesionales, comparte su labor en dos centros; en uno atiende a 25 menores y en otro a 17. A uno va tres días, a otro dos. Un total de 42 alumnos —recordemos que la ratio es de 25 por profesional— a los que no puede dar una atención personalizada.

“En el cole al que voy tres días hacemos agrupamientos de tres y cuatro alumnos por curso, edad y necesidades educativas. Doy dos sesiones de 45 minutos a la semana y luego hay un grupo de cuatro que recibe una tercera sesión donde trabajamos habilidades sociales. Y en el otro centro, como solo voy dos días, solo tienen una sesión”, describe quien añade que su función es trabajar toda la parte comunicativa y lingüística, trabajar la atención, la memoria, ampliar el vocabulario o trabajar las oraciones. “Atendemos también problemas de interacción con los compañeros. Partimos de la base para poder alcanzar lo curricular. Por ejemplo, niños y niñas que te hablan solo en presente no pueden trabajar los tiempos verbales. Nuestro objetivo es afianzar estos requisitos para avanzar curricular, social y emocionalmente”.

Cristina, también profesora de AL, comparte su labor en dos colegios que pertenecen a dos distritos diferentes. Se queja de que antes su plaza era compartida entre dos colegios que estaban próximos y ya lo ha denunciado ante la inspección educativa. “Nos están apretando las tuercas. El objetivo es eliminar nuestro puesto de aquí a unos años. Esto es parte de la ideología del gobierno y se llegará a externalizar y privatizar la logopedia. En algunos colegios tienen servicios de logopedia que atienden por las tardes y están subvencionados por la Comunidad de Madrid”, cuenta esta maestra, que tiene 39 alumnos y alumnas, totalmente fuera de ratio.



Necesidades sin detectAr

Los encargados de detectar las necesidades especiales entre el alumnado son los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Entre sus funciones está adoptar las medidas de adaptación a la diversidad en cada centro y determinar la modalidad educativa y la propuesta de escolarización que consideren más adecuada en función de las características del alumnado y de los recursos del actual sistema educativo. “Por ejemplo, si no hay recursos para atender a los alumnos con autismo, que es lo que está pasando ahora, les mandan a la especial. Si hubiera los recursos, en los centros ordinarios podrían estar perfectamente”, explica Mari Carmen Morillas, de la FAPA Giner de los Ríos.

14.000 niñas y niños con necesidades educativas especiales son atendidos en condiciones de superpoblación y sin el trato individualizado que requiere cada caso. David F. Sabadell



Morillas asegura que estos equipos tampoco han crecido en estos últimos tres años. “En la zona sur de Madrid tenemos orientadores que tienen asignados más de mil alumnos y alumnas, profesionales que están de manera itinerante por los colegios. La UNESCO recomienda un orientador por cada 250. ¿Qué atención puede recibir este alumnado? Hay alumnos y alumnas que están en lista de espera para ser valorados y terminan Primaria sin valoración”, destapa mientras añade que, debido a esta situación, probablemente haya muchísimos más menores con necesidades educativas especiales que los diagnosticados.

A los problemas con los que ha comenzado el curso 2019/2020 para el alumnado con necesidades educativas especiales, en diciembre se ha sumado otro conflicto laboral. Los asesores y asesoras sordos especialistas en lengua de signos de la empresa CILSEM, contratada por la Comunidad de Madrid para atender a las y los alumnos sordos, decidían ir a la huelga el día 11, sumándose al paro que comenzaron en octubre los intérpretes de lengua de signos.

Los trabajadores y trabajadoras denuncian que la empresa adjudicataria debe cinco meses de sueldo y una subida salarial por convenio a este colectivo. Prometieron subrogar a la plantilla en una empresa capaz de hacerse cargo de las deudas contraídas, pero eso aún no ha sucedido, tal y como denuncia el comité de empresa. La Comunidad de Madrid niega cualquier responsabilidad al respecto, mientras las niñas y niños que necesitan este recurso van a clase sin traducción disponible.

Para la comunidad educativa, detrás de esta precariedad en la educación inclusiva están, por un lado, los recortes y la apuesta por la privatización de servicios, y por el otro el fomento de “una educación segregadora”. “Quieren derivar a todos los niños y niñas a educación especial, quieren segregación. No les entra en la cabeza que las clases son diversas, que tienen que ser una mezcla de todo. Ya basta de mundos paralelos”, denuncia Irene Ramos. Ella no va a parar hasta que su hijo recupere a su profesora de AL. “Estamos a diciembre y mi hijo sigue sin ella. Un día ya es mucho, pues imagínate meses. Tengo la sensación de que esto va a ir a más, pero mi hijo es igual que todos, aunque le cueste más y aunque a ellos les interese separarle”.

