La memoria en lugar de la historia: esa es la clave a la que apeló el kirchnerismo —una coalición integrada también por los líderes de los organismos de derechos humanos— para referirse a la dictadura y, en un plano más general, a la violencia política durante los setenta.

Fue una “época en la que tanto los hombres de izquierda como de derecha eran capaces de acciones apocalípticas, que implicaban a veces el asesinato masivo”, según explicó el periodista Jon Lee Anderson al diario Página 12 en 2009.

Anderson es un prestigioso periodista progresista que entrevistó al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Lo cité varias veces en mi libro Disposición Final con la pretensión —vana— de que mis colegas k entendieran la importancia de entrevistar a Jorge Rafael Videla para reconstruir cómo había sido la dictadura y, en especial, qué había pasado con los desaparecidos.

Ahora, la edición definitiva de ese libro muestra por qué Videla no podía morirse sin confesar todo lo que había hecho. Por ejemplo, que encabezó un plan sistemático para matar y hacer desaparecer los cuerpos del “número grande de personas que había que eliminar para ganar la guerra contra la subversión”, según admitió.

Pero, los periodistas k prefirieron aferrarse al relato perfecto de sus líderes: una multitud de jóvenes que militaban por la justicia y la igualdad se rebelaron contra la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui; los enemigos del pueblo contestaron con una dictadura cívico-militar que provocó treinta mil desaparecidos.

Los Kirchner, bendecidos por Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, venían a concretar los ideales de aquella generación maravillosa. Tenían los mismos enemigos, pero esta vez la victoria estaba asegurada por la claridad ideológica y la integridad moral de Néstor y Cristina.

En los últimos años, a partir de 2008, este relato se ha venido agrietando; sigue teniendo fuerza, pero pierde adeptos. Por ejemplo, bastó una simple declaración de un funcionario porteño en la arena de Pinamar para que el número de víctimas de la dictadura se convirtiera en el centro de una polémica colosal.

El relato sobre los setenta ya no está firme, aunque sigue teniendo vigencia, porque, como sucede con el Partido Popular en España cuando se habla del franquismo y de la guerra civil, el Gobierno de Mauricio Macri siente que tiene más para perder que para ganar si debate sobre esta cuestión. Les resulta más confortable a Macri y a sus funcionarios moverse dentro del paradigma heredado.

La clave de la visión k es la distinción entre memoria e historia; como afirmó el semiólogo, filósofo e historiador búlgaro-francés Tzvetan Todorov en un artículo en el diario El País: la memoria “refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad; por eso, puede ser utilizada por ese grupo como un medio para adquirir o reforzar una posición política”. “Por su parte —agrega—, la Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. La Historia nos ayuda a salir de la ilusión maniquea en la que a menudo nos encierra la memoria: la división de la humanidad entre buenos y malos”.

La memoria es subjetiva, parcial, interesada. La historia —también el periodismo focalizado en la historia reciente— busca la objetividad; sabe que es imposible lograrla, pero esa meta le sirve para interpelar a todos los grupos sociales y mantener una relación tensa con todos los grupos que defienden intereses particulares, incluidos los organismos de derechos humanos.

Vuelvo a Todorov: “La Historia establece los hechos con precisión; para los juicios que formula, se basa en la intersubjetividad; en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad”. Por eso, a Todorov le llamó la atención en su viaje a Buenos Aires en 2010 —fue invitado por el Gobierno de Cristina Kirchner— que ni en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ni en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado pudo ver “el menor signo que remitiese al contexto en el cual, en 1976, se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió”.

“Como todo sabemos —completa—, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos”. La historia reconoce un lugar relevante a los organismos de derechos humanos, a Bonafini y a Carlotto, pero no puede ser complaciente con ningún grupo. Está probado que ni montoneros ni el Ejército Revolucionario del Pueblo defendían la democracia y los derechos humanos; por el contrario, robaban, secuestraban, herían y mataban.

Claro que habían inventado todo un vocabulario para esas acciones: no asesinaron a José Ignacio Rucci, sino que lo “ajusticiaron”; no robaban un banco, sino que “recuperaban” dinero. Y justificaban esos medios por los altos fines que perseguían: la liberación nacional y la revolución socialista.

Pero los derechos humanos no son relativos sino absolutos, la vida en primer lugar. De lo contrario, también habría que prestarles atención a los militares y policías que pretenden justificar las torturas y las muertes con fines como la defensa de la patria y del estilo de vida occidental y cristiano.

La historia registra tanto el apoyo estentóreo de Bonafini como el respaldo más disimulado de Carlotto a la lucha armada de sus hijos y de los compañeros y los camaradas de sus hijos. Revela así que estos organismos son parciales y sólo se preocupan de los derechos humanos cuando son violados por los “malos”: los militares, los policías y sus cómplices civiles.

La historia es molesta, crítica (no es ingenua), pero es el único remedio para digerir bien aquellos años tan dolorosos.