Ernesto Clarens tiene 63 años, una historia forjada en el microcentro porteño y cimentada en el sur patagónico. La historia tiene coincidencias y el destino tiene travesuras. En los ochenta, Clarens instaló sus primeras oficinas como operador bursátil, bajo la máscara de Finmark, en el mismo edificio que funcionaba la sucursal Buenos Aires del Banco de Santa Cruz, pieza clave de la estructura estatal de la provincia patagónica por aquel entonces. El tiempo pasó y la entidad financiera santacruceña colapsó. En la pelea por la privatización y la sudestada política que soplaba en Río Gallegos, Clarens conoció a un pujante gerente del Banco de Santa Cruz: Lázaro Báez. Luego de un par de cenas y charlas, el financista se convirtió en un consejero fundamental del proceso de privatización que, luego de más de un año y medio de idas y vueltas, marchas y contramarchas, quedó en manos del grupo Eskenazi. Ese proceso fue complejo y estuvo plagado de irregularidades que llevaron al entonces procurador de la provincia, Eduardo Sosa, a iniciar a una investigación. La iniciativa no prosperó y Sosa fue expulsado de su cargo por mandato de Néstor Kirchner. En esos tiempos todo era extraño. Por su llegada directa al despacho del gobernador, Báez se transformó en el jefe del banco en las sombras y, por pedido de Kirchner, se encargó de que en el medio de cheques voladores, sea la constructora Gotti, la predilecta de los Kirchner para la obra pública, la única que cobrara sus certificados de obra. Los gestos de Báez con Gotti como operador del vaciamiento del banco le sirvieron para que, una vez desembarcado el grupo Eskenazi, llegue a la constructora como enlace entre el Estado y la empresa. Clarens ya no era el mismo: ahora tenía el teléfono directo de un gobernador y de su principal operador.