La propuesta para derogar la Reforma Educativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador elimina la evaluación para el ingreso y permanencia en el servicio docente, pero no plantea cómo será el nuevo mecanismo para asignación de plazas docentes, a fin de evitar su venta y herencia, una práctica que ocurría en administraciones anteriores.

Con dicha iniciativa se pretende echar atrás la Reforma Educativa –la primera reforma estructural impulsada por el exmandatario Enrique Peña Nieto en 2013–; tiene como puntos principales eliminar la evaluación docente y desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Al preguntarle sobre la manera en que se evitará la venta y herencia de plazas, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sólo dijo que “todas las prácticas de corrupción van a ser atacadas, investigadas y obviamente sancionadas”. Por lo que buscarán tener una mejor administración y en la medida que “liguemos de una manera mejor asignaturas con alumnos, con maestros, con escuelas, con presupuesto tendremos la posibilidad de un mucho mayor control”.

De acuerdo con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el mecanismo para la asignación de plazas se establecerá en las leyes secundarias, que se harán en los 180 días posteriores a la publicación de la reforma, y en la que participarán todos los actores educativos, incluyendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La abrogación de la Reforma Educativa fue una promesa de campaña de López Obrador y por eso este miércoles, al informar que la propuesta sería enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, sentenció que se trataba de un “compromiso cumplido, maestros y maestras” y no se volvería a faltar “al respeto” a los docentes con evaluaciones “punitivas”.

Alertan sobre autonomía universitaria

La oposición y académicos alertaron que en la iniciativa presentada por el gobierno de López Obrador se desaparece la autonomía universitaria. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados panistas, publicó un comparativo, criticando el cambio propuesto para la fracción VII del artículo tercero constitucional.

#Alerta #ReformaEducativa2018 aniquila autonomía universitaria. Va t exto vigente vs texto propuesto de la fracción VII del artículo 3o. constitucional: pic.twitter.com/8KaWW2gpWA — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 13, 2018

Ante estos cuestionamientos, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que se trataba de una “falsa polémica”, y que se reuniría con el legislador Romero Hicks, para aclarar el tema.

“La polémica no es falsa porque sí borraron la fracción VII. Más bien, ¿por qué no nos explica Esteban Moctezuma qué pasó?”, cuestionó la investigadora Alma Maldonado.

Esto se elimina

La Reforma Educativa previa fue aprobada en 2013 y en las leyes secundarias se establecieron los parámetros de aplicación. Por eso se creó la Ley del Servicio Profesional Docente que, entre otras cosas, obligaba a los profesores a realizar exámenes para obtener una plaza y también a ser evaluados para continuar dando clases.

Incluso, en caso de reprobar las evaluaciones, los maestros eran separados del aula y asignados a tareas administrativas.

Para el ingreso se estableció la organización de “concursos públicos” organizados por el INEE, y se prohibía la realización de cualquier pago para el ingreso, promoción en la función o promoción en el servicio profesional docente.

Toda vez que hasta antes de la Reforma las plazas eran vendidas o heredadas en contubernio con el SNTE, pero nunca hubo datos concretos al respecto al tratarse de una práctica irregular.

Aunque los concursos intentaron detener dicha práctica, su aplicación tuvo complicaciones. En 2015, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública ofertó sólo 10 mil plazas de educación básica, pero 60 mil maestros aprobaron el examen, por lo que la mayoría no consiguió un puesto de trabajo de primer ingreso.

Además, las evaluaciones de permanencia en el aula también tuvieron que ser modificadas a raíz de las protestas encabezadas por la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En 2016, el INEE anunció las modificaciones a la evaluación docente para el siguiente año, por lo que los exámenes fueron sólo para los profesores que habían reprobado en su primer intento, mientras que el resto pudo escoger la fecha en que serían evaluados.

La propuesta de López Obrador contempla eliminar la evaluación e incluso restituir en sus cargos a los maestros que habían reprobado. Se calcula que son mil profesores en esa situación, de acuerdo con el secretario Moctezuma.

El artículo tercero transitorio de la propuesta establece que “quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo, que derive de evaluaciones realizadas con anterioridad, hasta que entre en vigor la legislación secundaria que establezca los criterios y parámetros de verificación de resultados aplicables a las distintas actividades desarrolladas en el ámbito educativo del país”.

Por tanto, “cualquier efecto posterior derivado de los procesos aplicados con motivo de las disposiciones abrogadas (la evaluación) que implique un perjuicio a los derechos laborales de quienes tengan interés jurídico, no se aplicará en ninguna circunstancia”.

Adiós a un órgano autónomo

La propuesta presidencial también plantea la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), un órgano autónomo que se dedica a la evaluación del sistema educativo y no sólo de los maestros.

Éste será sustituido por un el Centro para la Revalorización del Magisterio que será dirigido por un Consejo Directivo, integrado por siete miembros “designados por la autoridad educativa Federal”, es decir, por la SEP, y contará con un Consejo Consultivo conformado por “docentes distinguidos’ madres y padres de familia, representantes de la sociedad civil, investigadores y expertos”.

El Centro realizará “estudios, mediciones e investigaciones especializadas y la determinación de estándares e indicadores de resultados; que acredite a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación”.

A pregunta expresa respecto a cuál es la lógica de eliminar un órgano autónomo que evaluaba al sistema sin ser juez y parte, el secretario de Educación aseguró que la decisión responde a que el INEE “participó” en las evaluaciones “punitivas” que molestó a los profesores.

“El problema de fondo, es un problema en el cual se ligó a muchos procesos, muchas categorías, con una evaluación que el magisterio llamó punitiva (…) El INEE participó de una manera activa en ello y para el magisterio existe un tema muy importante que tiene que ver con eso y con conceptos como la misma calidad”.

Al respecto, los consejeros del INEE aseguraron que la desaparición del Instituto es un “atentado” a los órganos autónomos que representan un contrapeso en un sistema democrático.

“No podemos volver a dejar la evaluación de los diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio, porque conocemos sus limitaciones e imprecisiones. Hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos”, aseguró Teresa Bracho, consejera presidente del Instituto.