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Es la primera vez que un tribunal internacional condena a un Estado por malos tratos hacia una embarazada y su recién nacida, tanto durante el parto como después de él. Este lunes, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha hecho pública su denuncia a España al considerar que «una mujer fue sometida a intervenciones médicas durante el parto de su hija, incluida la inducción al parto, sin aparente justificación«. En un comunicado del Observatorio de Violencia Obstétrica señalan como conclusión que no se actuó «de manera diligente para proteger los derechos de S.M.F. –siglas de la denunciante– y su hija a una atención obstétrica de calidad y libre de violencia». La CEDAW cataloga los hechos como violencia de género.

Esta resolución tiene sus inicios en 2011. Fue en ese año cuando S.M.F. acudió «a un hospital público con un embarazo normal y terminó encontrándose en quirófano», continúa el comunicado del Observatorio. «Le cortaron la piel, músculos y nervios que rodean la vagina –lo que se conoce como episiotomía– sin pedirle permiso y fue separada durante varios días de su hija recién nacida. La niña acabó ingresada en la unidad de neonatología por una infección adquirida durante los más de 10 tactos vaginales a los que fue sometida y para los que tampoco se pidió su consentimiento», relatan.

«Ingresar en el hospital fue como entrar en un túnel de lavado, en una cadena de montaje: todo el mundo te hace cosas de forma mecánica. La mujer no hace nada, pero sale del túnel con un bebé», explica la denunciante, cuyo testimonio también recoge el comunicado. Y añade: «Me sentí desautorizada, sin autoestima. El vínculo con mi hija lo he tenido que crear a pulso, racionalmente».

Tras varias reclamaciones y acciones judiciales, en octubre de 2018, un equipo de abogadas –entre ellas, Francisca Fernández, directora jurídica del Observatorio de la Violencia Obstétrica– presentaron una queja ante Naciones Unidas. En ella ponían de relieve no solo la forma en que actuó el hospital público en cuestión, ubicado en Galicia, sino también la ineficacia de la Administración sanitaria y de la justicia a la hora de proteger a la denunciante y a su hija.

Según cuenta Francisca Fernández, «la trataron de loca». «Fue significativo cómo en uno de los juicios, al relatar S. lo que le habían hecho, el juez ni se inmutó; sin embargo, cuando declaró su marido diciendo que no habían podido mantener relaciones sexuales por este motivo durante un tiempo, ahí sí mostró algo de empatía«, recuerda Fernández. Es por eso que concluye que «la judicatura también es responsable».

Para el Observatorio de Violencia Obstétrica, se está reconociendo así «el efecto negativo de las dinámicas de poder en las relaciones entre los profesionales de la salud y las gestantes y los estereotipos de género sobre el papel del cuerpo de la mujer y sus funciones tradicionales en la sociedad en lo que respecta a la sexualidad y la reproducción». Y sirve, según explica Francisca Fernández, para visibilizar este tipo de violencia, «que más allá de ser trivializada ha despertado un movimiento reaccionario por parte de algunos médicos». «A raíz de esta resolución se ha consagrado el término violencia obstétrica, que es una forma más de violencia sexual», apunta. Y espera que dé lugar a «que se analicen las terribles consecuencias que tiene y cuyos daños no se recogen en ningún registro de los hospitales españoles».

Sobre este tipo de violencia de género en el ámbito de la salud –así la califica Naciones Unidas y, por tanto, reconoce que se trata de un problema estructural–, añade, además, que uno de los principales problemas es que «hay muchas mujeres que la sufren sin ser conscientes de ello, de que muchos de los daños que han padecido eran evitables». A esta falta de reconocimiento, la experta añade que muchas veces las mujeres no se sienten en condiciones de contar lo que han vivido. «Se están dando casos de médicos que denuncian a mujeres que no quieren acatar sus órdenes –como las de inducción del parto–», explica Fernández, que espera que la condena sirva para «poner freno a este tipo de prácticas».

El organismo pide a España que proporcione a la mujer afectada una reparación apropiada, incluida una indemnización financiera adecuada a los daños de salud física y psicológica por el daño que sufrió; que ofrezca a los y las profesionales de salud, y a los y las operadores de justicia, una capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva; y que se garantice el acceso a procedimientos legales efectivos en casos de violencia obstétrica.