“El incumplimiento municipal del convenio suscrito en su día puede, perfectamente, justificar el inicio de acciones judiciales de toda índole por parte de la Sociedad Estatal Pública Empresarial de Suelo (Sepes)”.

Esta era una de las frases que recogía el informe interno emitido por el Ayuntamiento de Mérida y que la concejala de Urbanismo, Raquel Bravo, 'perdió'. Nada se supo de él antes de conceder la reordenación parcial, un paso previo a la recalificación, de unos terrenos cedidos en 2006 por el gobierno local del PP a un empresario en el polígono industrial ‘El Prado’ de Mérida.

Fueron cedidos a un precio muy bajo con el fin de que se construyera una fábrica que, pasados los años, no ha llegado. Ahora el ayuntamiento que dirige el alcalde y actual senador del PP por Badajoz, Pedro Acedo, ha autorizado la reordenación del terreno que permite una parcelación más pequeña del mismo. Según sospecha IU Mérida es el paso previo a la recalificación del terreno a favor de un empresario y del presunto 'pelotazo' inmobiliario.

El informe, al que ha tenido acceso eldiairoex, fue solicitado expresamente por la delegada de Urbanismo, aunque 'olvidó' incorporarlo a la documentación que formaba parte del expediente que se facilitó a las fuerzas de la oposición.

Según su contenido la modificación del Plan Parcial del sector SUP-PA-01 estaba sujeto a la regulación del convenio firmado en su momento entre el Sepes y el Ayuntamiento de Mérida, por el que cualquier tipo de modificación en dicho terreno requería del acuerdo expreso de ambas partes. Un trámite que no se llevó a efecto. Hasta ahora el plan parcial de reordenación ha sido recurrido por el propio SEPES y por un abogado particular, aunque IU Mérida no descarta tomar medidas legales en este asunto.

Informe entregado

El informe fue solicitado por la delegada de Urbanismo y, con fecha de 14 de julio de 2014, recoge explícitamente la firma con el recibí correspondiente del secretario personal de la concejala.

El edil de IU Álvaro Vázquez critica que la tramitación del plan de modificación parcial no sólo no contó con la aceptación del SEPES, sino que incluso esta misma entidad llegó a plantear alegaciones en el procedimiento para oponerse a su tramitación y aprobación por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico, justamente en el mismo sentido en el que se pronuncian los funcionarios municipales.

Señala así que la delegada de Urbanismo hizo “caso omiso” a este documento, un hecho que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación del que pueden deducirse responsabilidades penales.

De hecho IU Mérida contempla tomar medidas legales contra esta concejala y contra el gobierno municipal del PP.

Más coincidencias

Según ha podido saber eldiarioex el suelo que el Ayuntamiento de Mérida quería recalificar beneficiaría al mismo empresario que al caso de Royanejos, donde el PP quería ceder suelo a precio de ‘saldo’, en concreto 50 veces por debajo del precio real.

La idea del Consistorio era ceder durante 99 años el terreno al empresario para que construyera allí un área de servicio compuesta de una gasolinera, un hotel de varias plantas, un alojamiento para caravanas, estacionamiento para vehículos pesados, estacionamientos para turismos, restaurantes, zona de juego infantiles, lavadero de vehículos. El precio del suelo era tan barato que hasta en dos ocasiones el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha tumbado la concesión, la primera en octubre de 2013 y la segunda, ahora.