El Ministerio de Ambiente de la Nación envió esta semana la propuesta para incluir dentro de los delitos ambientales a la deforestación ilegal. Las penas irán entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podría elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.

Así lo confirmó a Infobae Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. "En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos".

El funcionario se refiere al ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques y que realizó cada provincia realizó en donde se establecen las zonas rojas, que contienen los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; amarillas, a los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y verdes, a los sectores en los que, con permiso previo, se pueden realizar desmontes.

"Estamos trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para bosques junto a la Comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese trabajo ya se envió a la comisión", agregó Moreno.

Entre las funciones de los bosques, además del aporte de oxígeno, está la amortiguación de las inundaciones, el albergue y sustento de las comunidades y la protección de la biodiversidad. La Argentina es uno de los países que más bosque nativo ha perdido en las últimas dos décadas. A causa de esa situación, en 2007 se sancionó una ley de protección de los mismos que logró disminuir el desmonte, aunque continúa con índices altos.

Cifras alarmantes

Mientras tanto, se conocieron cifras preliminares del desmonte el año pasado, elaboradas por la ONG ambientalista Greenpeace, y se constató que la tendencia continúa. El desmonte de bosque nativo se mantiene en unas 130.000 hectáreas y la mitad de la superficie por donde pasaron las topadoras corresponde a zonas en donde está prohibida la actividad, según el ordenamiento territorial que cada provincia realizó.

El avance de las topadoras se produce por el avance la siembra de soja y de la ganadería. La mayor pérdida de bosques nativos se produjo entre 1998 y 2007 a una velocidad de 300.000 ha por año.

"La superficie desmontada durante 2017 en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 128.217 hectáreas. Casi la mitad la deforestación se produjo en bosques protegidos por la normativa (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 59.541 hectáreas", sostiene el trabajo realizado por la organización ambientalista.

"La Ley de Bosques no prohíbe el desmonte en forma total. Cada provincia definió su ordenamiento y el 80% de la superficie quedó en categorías amarilla y roja. Pero si se desmonta donde no se puede, se está rompiendo el acuerdo de conciliar la conservación y las explotaciones que se les permiten al sector del agro para avanzar en algunas zonas. El punto preocupante es que se avanza sobre lo que se está protegiendo", explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Santiago del Estero y Chaco son las provincias con más cantidad de desmontes en superficies señaladas como protegidas.

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Según las cifras que se conocieron esta semana, de las 42.827 hectáreas que se perdieron en Santiago, 28.987 ha eran bosques protegidos; mientras que en Chaco, 26.020 de las 41.734 ha que se arrasaron estaban en zonas catalogadas como rojas o amarillas.

"Su destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las demandas de la sociedad. Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa.", indica el informe de Greenpeace.

"Es bueno que se avance en materia penal porque hay un cuello de botella ante el incumplimiento No hay una pena que amedrente a quien actúa de manera ilegal. Incluso un castigo para los funcionarios que lo permiten. Sucede que muchas veces los propios funcionarios en connivencia con las empresas entregan permisos para que se desmonte en un lugar que está prohibido", apuntó Giardini.

La Ley de Protección de Bosques incluye un fondo, compuesto por un porcentaje de las retenciones e impuestos que se cobran a las exportaciones agropecuarias. Aunque desde que se creó nunca se consiguió el financiamiento establecido, este año se destinarán 556 millones de pesos. Según explicó Moreno, se estableció un fondo fiduciario como herramienta para poder agilizar el trámite para poder entregar fondos para la protección. Durante los últimos años el mecanismo anterior mostró serias dificultades para que las provincias rindieran los fondos del dinero que se enviaba desde la administración central.

Campaña

Entre las acciones de ONGs para que se tome conciencia sobre el desmonte en el Norte de la Argentina, el club de fútbol Chaco For Ever se unió a Fundación Vida Silvestre Argentina para preservar el bosque chaqueño. En una edición limitada la camiseta del club no cuenta con las palabras For Ever en su escudo. "El cambio responde a una consigna tan básica como real: si el bosque no está para siempre, nada lo estará, ni siquiera la emblemática institución de la provincia", explicaron en Vida Silvestre.

El bosque chaqueño, segundo en importancia mundial después del Amazonas y con la mayor biodiversidad de América del Sur, es víctima de la tala indiscriminada. "La falta de regulaciones y la ausencia de políticas de control, han colocado a la región chaqueña dentro del top 11 de lugares con mayor deforestación del mundo. La desidia es tal, que en los últimos 35 años ya se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas, aproximadamente un 20% del total de su superficie", indicó la ONG mediante un comunicado.