Un trabajo que circula en despachos oficiales al que accedió El Cronista calcula que en las once causas por corrupción en las que tiene participación la Oficina Anticorrupción, se embargaron en 2017 y 2018 un total de $ 269.619.648.122, unos u$s 7095 millones al cambio actual, equivalente a casi dos puntos del PBI de la Argentina.

Si el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri sobre Extinción de Dominio es aprobado por el Congreso y esos fondos se recuperan, alcanzarían para cubrir, por ejemplo, el 15% de los u$s 45.000 de pagos de deuda que hay que cubrir en 2022 y 2023.

Las cifras corresponden a los embargos de los sujetos y sociedades implicados en las causas de la denominada Ruta del Dinero K, Río Turbio, enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, Skanska, Los Sauces, Odebrecht-Gasoductos, Odebrecht-Aysa, Hotesur y la causa de los Cuadernos K.

Entre los embargados figuran desde la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y su ex ministro de Planificación Julio de Vido hasta empresarios como el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, o el primo de Macri Angelo Calcattera, y personalidades mediáticas como Federico Elaskar y Leonardo Fariña.