Decenas de efectivos de Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizan un operativo por orden del juez federal Sebastián Casanello, en los galpones de la ex bodega Giol, barrio de Palermo. El perímetro abarca dos manzanas entre la calle Soler y Honduras, delimitado por la avenida Juan B. Justo, con el tren San Martín que lo atraviesa. El lugar está ocupado por cartoneros hace más de una década. Los terrenos son fiscales; pertenecen al área de Ferrocarriles del Estado.

Vecinos de la zona denunciaron en esa área varios hechos de inseguridad. Uno de los más resonantes se registró a principios de año, cuando la periodista Manuela Fernández Mendy contó en primera persona un violento ataque sexual padecido en un corredor que nace en Juan B. Justo y Soler, paralelo a las vías del ferrocarril. "Nunca me sentí más sola, ni vulnerada en mi vida. Mi cuerpo temblaba, mis manos no me respondían y mis piernas comenzaban a aflojarse. Estaba en trance", recordó Fernández Mendy.

(Foto de archivo: Adrián Escandar)

El mecanismo que utilizan los atacantes es simple: intentan lograr que las víctimas ingresen aunque sea unos metros al corredor. Cualquier excusa les sirve. Sólo necesitan alejarlas de la avenida para que nadie interfiera en sus planes. La trampa se adapta a cada víctima o, como en el caso de Rodríguez Mendy, las obligan a entrar por la fuerza. Los delincuentes escapan y se esconden en los galpones abandonados.

Sin embargo, los rateros y violadores de la zona no son el foco de la orden firmada por el juez Casanello, sino los viejos galpones donde viven más de 40 cartoneros y sus familias. Rocío A. vive allí hace nueve años: "Entraron hoy a la mañana, salimos y no nos dejan volver a entrar. No nos llegó ninguna notificación de esto, para sacar las cosas o cuidar a nuestros chicos. Había llegado una orden en enero, nos daban diez días hábiles para irnos, pero no pasó nada. Acá hay cerca de 20 chicos chiquitos", asegura la mujer a Infobae.

Tarjeta del GCBA exhibida por uno de los cartoneros del lugar.

Cartoneros que viven en el lugar.

Al menos 25 de esas familias de cartoneros trabajan bajo el marco de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, que depende de la CTA y está reconocida y regulada por el gobierno porteño. Varios de ellos exhibieron sus credenciales de recuperadores urbanos emitidas por el gobierno de la Ciudad para cobrar haberes en el Banco Ciudad.

Luis Termignello fue el referente de la Cooperativa presente en el desalojo. La causa del procedimiento, asevera Termignello, "es, en teoría, por obras para el tren San Martín, por el elevado de traza entre las estaciones de Palermo y Paternal. Sin embargo, esto no deja de ser un asentamiento. Aquí nunca han venido trabajadores sociales o personal de Desarrollo Social. Siempre se patearon la pelota entre Ciudad y Nación. Por otra parte, estos cartoneros están reconocidos por el Estado".

(Foto de archivo: Adrián Escandar)

(Foto de archivo: Adrián Escandar)