Un mes después de los seísmos, asociaciones civiles y vecinos denuncian casos de corrupción urbanística que provocaron el colapso de edificios Al menos 89 personas murieron debido a obras ilegales, según la Comisión de Vivienda Al menos 358 muertos tras el fuerte terremoto en México

Los vecinos de la calle Nuevo León 230, en Ciudad de México, comenzaron a escuchar ruidos de noche y durante los fines de semana en noviembre de 2016. Un día, alterados por el jaleo, volaron un dron para entender qué estaba sucediendo, y descubrieron que sin ningún permiso, en la azotea del edificio contiguo al suyo, Nuevo León 238, estaban construyendo un helipuerto.

El 19 de septiembre de 2017, tras meses de denuncias sin atender por las autoridades, la tierra tembló y el edificio -que había ganado dos alturas y un montón de peso con su nuevo helipuerto- se balanceó sobre el inmueble contiguo hasta casi derrumbarlo. Hoy sus casas son inhabitables.

"La obra violaba el uso del suelo. Denunciamos a la Delegación de Cuauhtémoc y nadie hizo nada hasta que comenzamos a movilizarnos en enero. Entonces por el ruido en los medios vinieron a poner sellos de precinto de la obra que el dueño del inmueble se saltó con total impunidad, algo que es un delito penal. El 19 de septiembre nuestro edificio recibió un golpe fuerte del que tiene el helipuerto. Tres peritos independientes certifican que el exceso de altura del otro inmueble hizo brazo de palanca y por eso colisionaron los edificios", explica a EL MUNDO Mony De Swaam, vecino del 230.

Desde entonces, afirma De Swaam, la delegación ha emitido tres informes distintos y cambiantes que contradicen lo dicho por los informes independientes del Colegio de Arquitectos e Ingenieros hasta que se ha reconocido finalmente que ninguno de los dos inmuebles es habitable. "Hemos puesto una denuncia penal para frenar la demolición antes de poder hacer los dictámenes, no queremos que se borren las pruebas. El problema es que existe una total impunidad".

Esa impunidad y la alta corrupción urbanística que emerge de entre los escombros de la Ciudad de México y el resto del país la han sufrido personas como las que aparecen en las fotos de este reportaje. Dos terremotos, el 7 y el 19 de septiembre, se han llevado por delante cientos de vidas, miles de edificios e infraestructuras y han destapado el secreto a voces de una enorme ilegalidad permitida.

Un informe de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la capital indica lo siguiente: "El problema de la corrupción está presente desde la falta de cumplimiento de las normas básicas y llega a afectar a decisiones fundamentales como el número de niveles o la construcción disfrazada de pisos o habitaciones adicionales. Hay indicios de que la corrupción mató al menos a 89 personas".

"Hubo 228 muertos en el seísmo de Ciudad de México. ¿Cuántos podrían estar vivos si se hubieran cumplido las normas?", se pregunta Salvador Camarena, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una asociación que está elaborando un informe sobre los edificios derruidos tras el temblor. "Queremos saber qué pasaba en cada uno de los edificios afectados hasta las 13:14 horas del 19 de septiembre. Tenemos más de 300 ciudadanos que ya se han acercado a denunciar", señala.

El problema es que los papeles oficiales no coinciden siempre entre las distintas administraciones, los requerimientos son especialmente lentos y la verdadera legislación se mueve soterrada. EL MUNDO ha hablado con varios arquitectos e ingenieros que han puesto como condición que no saliera su nombre: "No volveríamos a trabajar si nos reconocen", advierten.

"Hay una ventanilla única donde se presentan los papeles de las obras: planos, escrituras... Si está todo en regla el de la ventanilla mismo te pide una lana que suele oscilar entre los 5.000 y 10.000 pesos (225 y 450 euros). Si hay algún fallo grave subes a ver al director y te cuesta más", explica un arquitecto.

"Los mejores directores de obra son los que tiene más colmillo, así se dice. Les pueden dar un millón de pesos para que con ese dinero consigan que se autorice una obra. De ahí ellos pagan a los funcionarios. Ellos son también los que realizan los dictámenes de seguridad", explica otro arquitecto.

Un ejemplo claro es también cómo funcionan las escuelas. Del pasado terremoto, el caso del colegio Rebsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos, es el que más polvareda ha levantado.

"En Rebsamen se descubrió una obra irregular y su peso se cree que provocó el derrumbe. Yo no creo que la dirección falsificara el permiso, creo que se lo dieron pagando", dice un arquitecto que conoce cómo funcionan las inspecciones. "Te pagan 5.000 pesos (235 euros) por cada escuela que revisas y 5.000 si haces una actuación de reestructuración. El problema es que sólo puedes intervenir escuelas que tengan papeles y muchas lo consiguen en el mercado de Santo Domingo [una zona de Ciudad de México donde se hacen todo tipo de falsificaciones]. Al arquitecto le interesa revisar y actuar, de ahí saca su sueldo. Tienes un presupuesto de entre 500.000 y 600.000 pesos y 200.000 era obligado que fueran para una empresa de tanques de agua", explican. "Yo revisé escuelas con riesgo de derrumbe donde se debía recomendar aulas prefabricadas y como no eran legales no se podía hacer nada. Los niños corrían riesgo y su única salida era ir a Santo Domingo a hacer los papeles".

"Hay que vigilar más las obras, aplicar mejor los reglamentos y evitar que los constructores ahorren dinero en seguridad", advierte Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de México.

"La corrupción se ha cobrado vidas. Se hacen 20 departamentos donde sólo hay permiso para seis y luego no aguantan el peso. Yo he sido testigo de la enorme corrupción de los desarrolladores inmobiliarios. Hay un dicho que define todo: es mejor pedir perdón que pedir permiso", concluye el ingeniero civil Luis Javier Castro.