Un nuevo escándalo rodea al Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich. Si a su jefe Mauricio Macri le hacía falta algo este lunes 12 de agosto, después de la dura derrota en las PASO a nivel nacional y en varias provincias, era que uno de sus caballitos de batalla, la “seguridad”, quedara una vez más expuesta como un flan.

En la tarde de este lunes, mientras Macri daba una crítica conferencia de prensa junto a Miguel Ángel Pichetto en el marco de la corrida cambiaria, el Ministerio de Seguridad denunciaba judicialmente que el sistema informático de la Policía Federal fue “hackeado” y que se hicieron públicos datos sobre investigaciones criminales e información clasificada.

A su vez, según fuentes de la cartera manejada por Patricia Bullrich y de la misma Prefectura Naval Argentina, también se habría hackeado la cuenta oficial de Twitter de esa otra fuerza federal, con el agregado que desde allí se habrían enviado mensajes falsos.

La agencia Télam informó que “una persona identificada como #LaGorraLeaks2.0 (en una referencia directa a la cuenta ‘lagorraleaks’, que en 2017 informó haber hackeado correos del Ministerio de Seguridad) se adjudicó el hackeo de la cuenta de Twitter de la Prefectura e informó también haber filtrado una serie de datos reservados de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Diversas fuentes especializadas en el tema aseguran que entre esa información figuran 5 GB de “escuchas telefónicas” y una base de datos con más de 200.000 archivos en formato PDF que contienen “información personal de agentes policiales” de la Federal y de la Ciudad. Esos datos irían desde nombres y apellidos, documentos de identidad, direcciones, teléfonos e información bancaria.

Efectivamente la cuenta #LaGorraLeaks2.0 lanzó algunos tuits este lunes en los que se adjudica los hackeos y las filtraciones y hasta invita a quien quiera conocer esa información a descargarse los 700 GB de imágenes, audios y demás data en poder de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Las fuentes de la Federal aseguran que el hackeo en el sistema informático permitió que se apoderen de datos sensibles vinculados a investigaciones criminales y escuchas. “Se apoderaron de información y la hicieron pública. Era información de investigaciones en curso, información clasificada de la Policía”, dijo a Télam una fuente de Seguridad.

Sobre lo ocurrido con el Twitter de Prefectura, desde #LaGorraLeaks2.0 se anticipó a las 10:56 que “en horas se va a realizar un ataque dirigido a una cuenta de Twitter”. Poco después la Prefectura admitió haber perdido durante el control de esa cuenta por unos minutos. Durante ese tiempo se publicaron en nombre de la fuerza dos comentarios.

El primer comentario decía “vieja pegó mal”. El segundo, más largo, decía “hace unas horas, 3 de nuestros buques fueron atacados por misiles británicos. La fuerza Aérea y la Armada han respondido con éxito a esta violación de nuestro territorio. El presidente Mauricio Macri ya está en camino hacia el lugar. 27 oficiales de Prefectura han fallecido”.

Poco después los cerebros informáticos de Bullrich bloquearon la cuenta y recuperaron su control, mientras desde el área de “ciberdelitos” empezaron a buscar a los culpables.

Estos hechos, ocurridos horas después de las PASO (que prácticamente decretaron el fin de la experiencia gubernamental de Cambiemos), además de demostrar la vulnerabilidad informática de la cartera comandada por Patricia Bullrich dejan un gran signo de pregunta sobre quién/quiénes pueden estar detrás.

La jugada de hackear a las fuerzas de seguridad federales es por demás arriesgada, si es que se trata de individuos especializados en la temática pero sin poder de resguardo. Aunque no hay que descartar que ese “riesgo” aminore si quienes están detrás del hackeo son parte de alguna de las parasitarias (y siempre dispuestas a cometer todo tipo de crímenes) dependencias de inteligencia que pueblan el Estado.

Desde la propia AFI (con su personal activo, con sus agentes “inorgánico” y con sus “retirados” como Jaime Stiusso) hasta las oficinas de espionaje de las fuerzas federales y provinciales, en cada uno de esos antros hay varios especialistas que tranquilamente podrían estar buscando dejar muy mal parado al funcionariado político en retirada. Si es así, queda claro que ni Bullrich ni ninguno de sus laderos vayan a animarse a decir la verdad.