Quita la razón a la Comisión Europea al no haber demostrado ésta que "se hubiera conferido una ventaja" al club en una permuta de terrenos

El Tribunal de Justicia de la UE ha anulado este miércoles la decisión de 2016 de la Comisión Europea que declaraba la existencia de ayuda de Estado ilegal en favor del Real Madrid y que le obliga a devolver 18 millones de euros. Los magistrados consideran que la Comisión no probó de modo satisfactorio que se "hubiese conferido una ventaja al Real Madrid" en una permuta de terrenos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y precisamente una de las "condiciones acumulativas necesarias para que una medida pueda ser calificada de ayuda de Estado".

El origen del caso se remonta a 1991, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid Club de Fútbol firmaron un convenio que afectaba a la remodelación del Santiago Bernabéu. Un lustro después, en noviembre de 1996, el club y la Comunidad de Madrid suscribieron por su parte convenio que incluía una permuta de suelo, y dos años después el Ayuntamiento firmó otro para la ejecución de esa permuta. Por el contrato, el Real Madrid decía ciertos terrenos al Ayuntamiento y éste, en contrapartida, cedería al equipo otros por un importe equivalente al de las obligaciones contraídas. Unas parcelas por un valor aproximado de 13,5 millones de euros.

La permuta era de terrenos en la zona de Julián Camarillo Sur y de Las Tablas («parcela B-32»), siendo el valor de estas últimas, según el análisis de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid de apenas 595.194 euros.

Sin embargo, mucho tiempo después, en 2011, el Ayuntamiento y el Real Madrid "suscribieron un acuerdo transaccional" para intentar cerrar una disputa abierta durante más de una década. "Ambas partes reconocieron la imposibilidad jurídica de ceder la parcela B-32 al Real Madrid, y como consecuencia de ello el Ayuntamiento de Madrid decidió compensarle abonándole una cantidad equivalente al valor de la parcela B-32 en 2011", explica el Tribunal.

El problema era el precio. Para entonces, el valor de la parcela era de más de 22 millones de euros. Al final el acuerdo se cerró con la decisión de pagar al Real Madrid con otras parcelas, cuyo valor total era de casi 20 millones de euros. A la que se sumaría una cantidad adicional por el IBI pagado por el club desde 2002.

A finales de 2011, varios clubes europeos denunciaron ante la Comisión Europea que esas transacciones suponía ayuda ilegal de Estado a favor del Real Madrid. Bruselas abrió una investigación en diciembre de 2013, llegando a "la conclusión preliminar de que la compensación concedida al Real Madrid por el Ayuntamiento de Madrid en virtud del acuerdo transaccional de 2011 constituía una ayuda estatal en favor del Club", por lo que pedía tanto al equipo como al Gobierno de España a que remitieran información adicional.

En 2016, tras revisar la documentación, Comisión declaró incompatible con el mercado interior la ayuda estatal por importe de 18.418.054,44 euros, concedida ilegalmente el 29 de julio de 2011 por España al Real Madrid", y dispuso que "España debía recuperar del Real Madrid la mencionada ayuda y estimó además que un operador en una economía de mercado en una situación comparable a la del Ayuntamiento de Madrid no habría celebrado el acuerdo transaccional de 2011".

Según los expertos de Bruselas, y dadas las incertidumbres jurídicas que había en 2011, "un operador en una economía de mercado en la misma situación que el Ayuntamiento de Madrid habría recabado asesoramiento jurídico antes de suscribir el acuerdo transaccional de 2011", algo que el Ayuntamiento de Madrid no hizo. En segundo lugar, a su juicio, "un operador en una economía de mercado en una situación similar a la del Ayuntamiento de Madrid no habría aceptado pagar al Real Madrid una compensación de 22 millones en virtud de tal convenio, puesto que esta cantidad superaba con creces el grado máximo de su responsabilidad jurídica por incumplimiento de la obligación de ceder la parcela B-32".

Por todo ello, la Comisión concluyó que la cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid constituía una ayuda de Estado, dado que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones. Ante la Justicia Europea el Real Madrid alegó varias cosas. Que la Comisión se "equivocó al declarar que el acuerdo transaccional de 2011 dio lugar a una ventaja económica y, en consecuencia, a una ayuda de Estado en favor del Club", que "cometió graves errores de apreciación al basar su conclusión en un informe pericial carente de valor probatorio y rechazar el resto de tasaciones de la parcela B-32" y que "no estimó el valor de los inmuebles cedidos al Real Madrid en virtud del Acuerdo Transaccional de 2011 en concepto de indemnización, sino que aplicó el valor atribuido a los mismos por el Ayuntamiento, a pesar de que la propia Comisión rechazó de plano otras tasaciones (como la de la parcela B-32) realizadas por el Ayuntamiento con base en esta misma metodología".

En su sentencia de hoy, el Tribunal General de la UE desestima las dos primeras argumentaciones del Real Madrid. Pero en cambio, "considera que la Comisión no probó de modo satisfactorio que la medida de que se trata hubiese conferido una ventaja al Real Madrid", porque "la concesión de una ventaja al beneficiario es una de las condiciones acumulativas necesarias para que una medida pueda ser calificada de ayuda de Estado. Al no cumplirse, la Comisión no podía considerar que hubo una ayuda de Estado ilegal".

El Tribunal estima que "las parcelas cedidas en lugar de la parcela B-32 no fueron objeto de una tasación por parte de la Comisión, sino que ésta dio por buenos los valores que constaban en el acuerdo transaccional de 2011", mientras que el Real Madrid "había puesto de relieve durante el procedimiento administrativo la diferencia entre los valores de las parcelas cedidas con arreglo a dicho acuerdo y el valor de las mismas indicado en el informe de la consultora inmobiliaria, y por ende de la posible sobrevaloración de esas parcelas".

El Tribunal General considera que, "al ceñirse a examinar el valor de la parcela B-32, la Comisión no tuvo en cuenta todos los elementos de la operación controvertida y su contexto, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Así pues, no pudo cumplir con su obligación de llevar a cabo un análisis completo de todos los elementos pertinentes con el fin de demostrar no sólo la cuestión de la evaluación del importe de la ayuda, sino también -y sobre todo- la de la propia existencia de una ventaja derivada de la medida en cuestión considerada a la luz de todos sus elementos".

Por lo que, a falta de ver si la Comisión recurre la decisión, el club se ahorra los 18 millones de euros que desde 2016 tenía bloqueados.