El gobierno comunicó la “flexibilización” del aislamiento social obligatorio por coronavirus a partir del próximo 13 de abril. Que lo haya anunciado luego de una reunión con las cúpulas de la UIA y la CGT, da a entender que la presión ejercida por la central empresaria y por la jefatura de la burocracia sindical tuvo un papel importante en dicha decisión. Sobre todo si se tiene en cuenta que las empresas venían practicándolo por la vía de los hechos desde el mismo comienzo de la “cuarentena”, presionando a los trabajadores para que trasgredan el aislamiento y concurran a trabajar, provocando suspensiones, rebajas salariales y miles de despidos (1.500 solo de Techint). Todo con la absoluta aceptación de la burocracia sindical de todo color.





La postura de la patronal y la burocracia cegetista no tiene sustento sanitario. La “flexibilización” del aislamiento, cuyos detalles se desconocen y están siendo elaborados por el gabinete, comenzaría a aplicarse el 13/4, esto es a 24 días de su comienzo, siendo que Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud, manifestó que los países que habían logrado aplanar la curva del progreso de la pandemia habían realizado cuarentenas de no menos de 5 semanas.





Los especialistas autorizados en epidemiología como el Dr. Gabriel Leung, decano de la Universidad de Hong Kong, calificado como una autoridad en materia de esta pandemia, recomienda, para tomar decisiones de supresión y levantamiento de las restricciones, evaluar la velocidad de trasmisión del virus, que no se refiere al número de enfermos diarios, sino al “número promedio de personas a las que una persona infectada transmite el virus en una población sin inmunidad”. Esa tasa de trasmisión “varía según las medidas para controlar la epidemia (protocolos de cuarentena y aislamiento, restricciones de viaje, cierre de escuelas, distanciamiento físico, uso de máscaras faciales) que se han implementado”. “A una tasa de 1 (por cada persona infectada, otra se infecta) significa que la epidemia se mantiene estable; inferior a 1, la epidemia se desvanecerá, por encima de 1, crecerá, quizás exponencialmente”, advierte el profesor Leung.





Para esta determinación es fundamental la cantidad de población testeada con el método de testear a los contactos de los infectados con síntomas y, de ellos, los contactos de los que den positivos. En nuestro país el testeo es bajo, calculado en 157 análisis por millón de habitantes, mientras en Corea del Sur llegó a 8.150 o en Alemania a 11.000 por millón (Infobae). Es sobre la base de esas estadísticas que se deben tomar medidas más o menos draconianas para impedir que el sistema de salud se vea colapsado. El infectólogo Dr. López, del comité de expertos que asesora al gobierno, estima que la cifra total de casos confirmados excede la de los informes oficiales, porque “no se están testeando a todos y porque en toda epidemia hay pacientes asintomáticos o con síntomas leves que no llegan a la consulta o no se les hace el test” (Infobae, 31/3).





Hay que agregar que siendo el período de incubación estimado de esta enfermedad de hasta 14 días, el 13 de abril sería prematuro evaluar la cantidad de infectados durante esta etapa de aislamiento y determinar el éxito o el fracaso de esta. Según Perfil “un informe internacional anticipa el pico de casos en Argentina para la cuarta semana de mayo” (de Boston Consulting Group, con fuente en la Universidad John Hopkins).





A falta de mayores datos estadísticos, corresponde, empíricamente, no flexibilizar el aislamiento, sino perfeccionarlo, especialmente colocando su control al margen de intereses empresarios, en manos de la organización colectiva de los trabajadores de los barrios, las empresas, las escuelas y los hospitales. Incluso suponiendo que la evolución actual fuera favorable – tema que está en duda- correspondería mantener la política que la determinó. El costo económico de la campaña, especialmente en términos de un gran refuerzo del sistema de salud y de la defensa de las condiciones de vida de las masas ocupadas y desocupadas, debe financiarse con medidas simples: un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, bancos y grandes empresas y la suspensión del pago de los millones de dólares por deuda externa.





No son razones de salud pública lo que lleva a la UIA y a la CGT a plantear la salida del aislamiento social estricto, sino la preservación del beneficio capitalista. El gobierno cede a estas presiones no sin muchas dudas acerca de las consecuencias políticas que tendría un fracaso de la liberalización acompañado de un descontrol de la epidemia. Ha trascendido que un sector vinculado al Ministerio de Salud estaría en contra. Los pocos anuncios que se han hecho hablan de una apertura moderada, manteniendo el cierre de escuelas, espectáculos y reuniones, mientras el gobierno tiene el ojo puesto en el progreso de la epidemia esta semana. Temas como las medidas de prevención a tomar en el transporte público con el aumento del trabajo de nuevas actividades exceptuadas y el consiguiente aumento de la circulación -de las personas y del virus– son una incógnita que habla, a una semana de la flexibilización y luego del bochorno de las colas en los bancos, de un grado de improvisación que cuestiona que puedan hacer cumplir las propias medidas de moderación que proponen.











