Por Iván Gabriel Dalmau (CONICET – UNSAM – UBA)

Múltiples son los ejes a partir de los que puede perfilarse una crítica del neoliberalismo y sus programas de reforma. Sea que se ponga el foco en las propuestas erigidas por el mainstream académico y de los llamados organismos multilaterales de crédito (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), o que el análisis se circunscriba a los proyectos y medidas que configuran la agenda del Poder Ejecutivo de un Estado en particular, las críticas suelen pendular entre el aspecto socioeconómico y el jurídico. Así, habitualmente encontramos trabajos cuyo aporte radica en señalar los aspectos regresivos en términos de distribución del ingreso, que traen aparejados la implementación de dichos programas; o bien, se destaca la pérdida de derechos que dichas reformas acarrean. Por lo tanto, ambas facetas pueden articularse en la sugerente figura de la precarización.

Ahora bien, sin desconocer la pertinencia teórica, ni muchos menos la relevancia política de estos análisis, consideramos que no agotan las posibilidades del ejercicio de la crítica. En ese sentido, nos proponemos indagar estratégicamente acerca del modo en que el neoliberalismo se articula en tanto prisma reflexivo gubernamental. Dicho de otro modo, ¿cómo se problematiza, en perspectiva neoliberal, el ejercicio del gobierno en el marco de la soberanía política?

Punto de partida: ¿un retorno al siglo XIX?

El neoliberalismo, formado en la Alemania de entreguerras y consolidado en la posguerra, se encuentra ligado fundacionalmente a la Escuela de Friburgo, a la publicación de la revista Ordo y a un conjunto de economistas, sociólogos y juristas, entre quienes se destacan Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Walter Eucken y Wilhelm Röpke, entre otros. En ese sentido, no puede desatenderse que, tal como lo señalara el filósofo francés Michel Foucault en su curso dedicado al Nacimiento de la biopolítica , el ordoliberalismo – denominación que se le otorga a esta corriente en alusión al título de la citada publicación – se articuló tomando al nazismo como campo de adversidad, problematizándolo como “punto de coalescencia” en el que convergen las distintas formas de dirigismo y planificación económica, como así también las políticas sociales de corte “socialista” (en un sentido amplísimo, lo que implica una radical puesta en cuestión de las políticas de redistribución progresiva del ingreso).

Hace casi 40 años Foucault nos alertaba de la ruptura que había introducido el neoliberalismo con respecto al liberalismo clásico, remarcando lo inapropiado de una crítica que “denuncie” que los neoliberales pretenden volver al siglo XIX. Básicamente, sostenía que con la Escuela de Friburgo se rompe la ligazón entre liberalismo y laissez – faire, ya que ellos marcarán que el mercado no es algo dado, una suerte de dato natural, sino que debe ser constituido activamente. Así, más que gobernar limitando la acción del gobierno en función del “respeto” a los mecanismos del mercado, propondrán que hay que gobernar activamente para producir las condiciones del mercado. De lo que se trata, entonces, es de un activo gobierno del marco que permita inscribir en la realidad el mecanismo de la competencia, apuntado hacia la empresarialización de las relaciones sociales. Por lo tanto, si bien cualquier intervención sobre los mecanismos del mercado será impugnada, se alentarán formas de intervención activas sobre las condiciones de posibilidad del mercado. Más que de un retorno al “naturalismo” del siglo XIX, se trata de un “liberalismo sociológico”, que en lugar de tomar al mercado como dato y límite, lo problematiza bajo la forma de la competencia en tanto principio formal que debe ser inscripto en la realidad.

La citada ruptura entre liberalismo clásico y el llamado ordoliberalismo configurado en la Escuela de Friburgo, será profundizada y radicalizada en el marco del desarrollo de la “teoría del capital humano” por parte de la Escuela de Chicago, es decir del neoliberalismo norteamericano, entre cuyos exponentes se destacan Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Gary Becker. La teoría del capital humano se erige a partir de la problematización del “capital” como “aquello que produce un beneficio”, en el contexto de “asignación de recursos limitados hacia fines mutuamente excluyentes”; lo cual permite introducir al “trabajo” como “actividad” dentro del análisis económico. El “capital humano”, en tanto objeto, se constituirá entonces en torno a una serie de capacidades físicas e intelectuales vinculadas a la “productividad” y al savoir-faire atravesadas por la tensión entre lo “innato y lo adquirido”. En el seno de dicha estrategia discursiva, la “grilla de análisis económico” es aplicada a la totalidad de las prácticas sociales, es decir incluso a aquellos comportamientos considerados “habitualmente” como no económicos; razón por la cual, son analizables en tanto “inversiones”. El homo oeconomicus será problematizado, entonces, como empresario de sí.

A esta altura, cabría preguntarnos, ¿en qué medida la lectura que hemos realizado nos permite perfilar una herramienta potente para la crítica de las propuestas de reforma que articulan la agenda del gobierno nacional? Dicho de otro modo, ¿cómo problematizar la agenda de reformas que el gobierno encabezado por Mauricio Macri perfila para la “segunda fase del sinceramiento”, tras las elecciones de término medio?

Las reformas de la Alianza Cambiemos en perspectiva gubernamental

Si de lo que se trata es de problematizar las reformas impulsadas por Cambiemos en clave gubernamental, consideramos que puede plantearse la siguiente hipótesis, a saber: el modo en que se problematiza el “mercado de trabajo”, se configura a partir de la puesta en juego de la empresarialización de las relaciones sociales no sólo como objetivo a inscribir en la realidad, sino también como herramienta conceptual para para dar cuenta de la misma. Como contracara de esta forma de racionalización del ejercicio del gobierno, se perfila una hábil maniobra de ubicación de los clivajes en pos de la conducción de la opinión pública.

Al respecto, no puede pasarse por alto la trama que se articula en torno a un variopinto abanico de discursos puestos a circular tanto desde el elenco gobernante como desde los grandes medios de comunicación. Trama por medio de la que se nos invita a “tener la fortaleza de aceptar la verdad”, a salir del “engaño y la ilusión populista” y, por sobre todas las cosas, habida cuenta del modo en inciden sobre el “dinamismo del mercado laboral”, se nos insta a dejar de lado “privilegios” que generan costos laborales “anómalamente altos”. “¿Cómo puede ser que asfixiemos nuestra economía al aferrarnos a convenios anquilosados que tienen más de medio siglo?” Solamente inclinándonos frente a la verdad, podremos racionalizar el gobierno adecuado para todos.

Ahora bien, esa verdad que debería funcionar como vara incuestionable para analizar la “gestión” del gobierno, se configura de manera inmanente a la forma de problematización que hemos revisado. En ese sentido, consideramos fundamental destacar el modo en que se produce la profunda ligazón entre la empresarialización como criterio de inteligibilidad y objetivo a inscribir en lo real. Esto habilita a problematizar todas las prácticas sociales en términos del análisis de costo – beneficio, y por lo tanto permite que el trabajo en tanto práctica sea susceptible de ser analizado como una actividad que implica una inversión en vistas a un eventual retorno. De este modo, el trabajador, en la medida en que realiza dicha actividad, resulta problematizado en tanto empresario de sí.

Al resultar aplicable a todas las prácticas sociales, la grilla de análisis económico permite que se produzca una supresión de las relaciones de clase y, como contracara de ello, que el clivaje se coloque al interior de los sectores populares. Si de “combatir a la informalidad” se trata, la clave pasará por la introducción de nuevas formas de precarización legal, es decir de flexibilización laboral que “dinamicen el mercado de trabajo”. Si hay “trabajo informal” es porque “el Estado” impone pesadas cargas sociales a los empleadores, “impulsándolos” a la incorporación de trabajadores no registrados. Es decir, que el trabajo no registrado no se constituye como un problema vinculado a las estrategias de hiper – explotación de que se valen los empresarios, sino que el clivaje que se propone es al interior de la fuerza de trabajo: es porque hay trabajadores que reciben “salarios altos” y acceden “mezquinamente a beneficios” – que el “Estado populista” le arranca a los empresarios – que el resto de los trabajadores se encuentra “en negro”. Por lo tanto, los contratos basura no son parte del problema del trabajo precario, sino su solución. Una suerte de “solidaridad suicida” en el recuento de pulgas: frente al trabajo informal, contratos temporales fuera de convenio gremial para todos.

Por otra parte, desde dicha perspectiva, puede minimizarse entonces la destrucción de puestos de trabajo, en la medida en que los trabajadores sean capaces de “emprender nuevas actividades”, como por ejemplo “producir cerveza artesanal” o poner un “parri-pollo en la puerta de su casa”. Es decir, que en tanto empresarios sumidos en un mercado competitivo, quienes han perdido su empleo formal deberán analizar en qué nueva actividad invertir su tiempo, ahora que han dejado de hacerlo en ir a trabajar y recibir como “retorno” de dicha de inversión una ganancia – bajo la forma de salario – a fin de mes. En última instancia, de lo que se trata, como nos invitan a hacerlo las publicidades del gobierno oficialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de “animarnos a emprender”.

Del mismo modo, parecería indispensable avanzar hacia una reforma previsional, habida cuenta de que el aumento de la expectativa de la vida y la extensión de la cobertura jubilatoria tornan insostenible el sistema de previsión social. Nuevamente, el doble clivaje se ubica al interior de los sectores populares, por una parte fisura la fuerza de trabajo entre trabajadores activos y jubilados (en pos de estos últimos los primeros deberán trabajar más antes de su propio retiro) y, por otra parte, entre quienes “aportaron en tiempo y forma” y los “beneficiarios de moratorias” (parecería que la tendencia hacia la universalización de la cobertura jubilatoria fuera la desacertada política que se encuentra a la base de la miseria de los haberes percibidos por los jubilados y de que la ANSES se encuentre “al borde del colapso”).

Obviamente, cualquier planteo que apuntara a la baja de las contribuciones patronales conquistadas por los empresarios durante el menemismo, el bajo nivel del salario medio, la extensión de las llamadas “sumas no remunerativas” y el elevado nivel de empleo “en negro” como aspectos relevantes a considerar en torno a la problemática jubilatoria, estaría “fuera de la verdad” y funcionaría como “perro que se muerde la cola”. Cualquier medida que pretendiera mejorar el nivel de las jubilaciones a partir del reconocimiento de dichas cuestiones, daría lugar al desacertado intento de “apagar un incendio con nafta”, ya que sobrecargaría el costo de la fuerza de trabajo, quitándole más “dinamismo” aún al mercado de trabajo. La “fantasía populista”, al no aceptar la verdad, no plantea una política “responsable” que permita ubicar a la Argentina en la senda del crecimiento económico…

Palabras finales: gobernar los clivajes y desarticular las resistencias

En profunda ligazón con la estrategia que hemos revisado en el apartado precedente, consistente en la promoción de reformas empresarializadoras, que hacen de la empresarialización el objetivo y – al mismo tiempo – el principio de la inteligibilidad, que se entronca con las tácticas de gobierno de la opinión pública en tanto suprime las relaciones de clase y permite ubicar el clivaje al interior de los sectores populares, no pueden desatenderse las tácticas perfiladas en pos del desbaratamiento de las formas de resistencia. Así, al compás del recrudecimiento del accionar de las fuerzas represivas, ha proliferado en torno a las intervenciones de las figuras más destacadas del elenco gobernante, como así también desde los medios masivos de comunicación, un discurso articulado en torno al “combate a las mafias”. Articulación estratégica que se torna explícita en el discurso recientemente pronunciado por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando al “celebrar” nuevas inversiones de la multinacional Down Chemical en Bahía Blanca, destacó que las mismas no estarán sometidas a ningún tipo de “extorsión sindical”, lo que alentará que “otros se animen a invertir”.

En este contexto, resulta pertinente destacar que si nos detenemos en el discurso presidencial enunciado en relación a la detención del sindicalista “Pata” Medina, encontraremos que si de combatir a las mafias se trata, se torna necesario apuntar a “sindicatos, empresarios, la Justicia, el periodismo y el ámbito académico”. Planteo que se inscribe en la lógica de criminalización de las formas de resistencia a las políticas de Cambiemos, que van desde la descalificación por “violentas y extorsivas” a distintas formas de protesta realizadas por trabajadores de base, gremios y organizaciones sociales, hasta el desacreditar fallos judiciales contrarios a las directivas del Ejecutivo al señalar que fueron realizados por funcionarios que poseen “antecedentes K”.

Dicho de otro modo, el discurso del combate a las mafias permite deslegitimar y, peor aún, criminalizar acciones tales como el manifestarse para reclamar por el resguardo de las fuentes de trabajo tras un despido colectivo, o el otorgar aval judicial a un acuerdo paritario que se encuentra por encima de la pauta que buscaba imponer el Poder Ejecutivo Nacional. Cabría preguntarse si, al incluir al mundo académico dentro de los ámbitos en los que tienen lugar “comportamientos mafiosos”, se está preparando el terreno para desarticular la esperable resistencia que despertará la profundización de los recortes en el CONICET. Quizás, en lo que a los académicos respecta, el ubicar sus formas de lucha dentro del universo de “lo mafioso” permita contrarrestar el “halo de protección” que, frente a la opinión pública, les otorga su elevada calificación universitaria. En torno a lo cual, no puede desconocerse que, frente a las tomas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología – que se extendieron por días – el gobierno se ha conducido de manera bastante particular, puesto que ante la ocupación de otros Ministerios el desalojo fue inmediato.

Por último, no podemos pasar por alto la labilidad y plasticidad que posee la figura plural de “las mafias”, a punto tal que la candidata oficialista a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, sostuvo que el pedido de renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el encubrimiento a la Gendarmería en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, responde a una alianza entre “sectores del narcotráfico y el kirchnerismo” para “voltearla”.

Si bien excede con creces las posibilidades de este trabajo, no podemos dejar mencionar que en torno a la desaparición forzada de Santiago, que tuviera lugar en el marco de la represión al pueblo mapuche, se engarzan simbólicamente los dos genocidios que tuvieron lugar en la historia argentina, el fundacional de fines del siglo XIX, articulado en torno a la denominada “Campaña del desierto” que tuvo por blanco de exterminio a los pueblos originarios, y el instrumentado por la última dictadura cívico – militar que tuvo entre sus blancos a los sectores combativos de la juventud. Paradójicamente, con el correr de los días, el gobierno nacional y los grandes medios de comunicación oscilaron entre el negacionismo absoluto y la lógica de los “errores y excesos” individuales. En dicho marco, pusieron en circulación un variopinto conjunto de discursos tendientes tanto a generar confusión, como a legitimar la represión. Santiago Maldonado “fue visto” en distintas provincias tras la represión, o bien no estuvo ese día porque “había sido asesinado previamente por un puestero”; en paralelo, la reivindicación y el accionar del pueblo mapuche fueron capturados por la “lógica antimafia”, y se llegó a plantear que eran “terroristas anarquistas”, “antiargentinos” y “entrenados por las FARC”. Sin hacer comparaciones extemporáneas, no puede desconocerse que dicha proliferación de discursos reconfigura una matriz cuya procedencia nos remonta hacia la última dictadura cívico – militar. Como lo hiciéramos colectivamente el pasado 1 de octubre desde Plaza de Mayo, a dos meses de su desaparición forzada a manos de las fuerzas represivas, no podemos cerrar estas líneas sin preguntarnos: ¿dónde está Santiago Maldonado?