Prestación sanitaria y crisis son dos términos que siempre han ido de la mano. Pero la necesidad de los gestores sanitarios de ahorrar tiene un inconveniente: como hacía el Lazarillo de Tormes cuando roía los panes que el clérigo tenía guardados en un arcón, se trata de recortar poco a poco para que los usuarios no lo noten. Porque la atención de los hospitales es para los dirigentes autonómicos el buque insignia de su gestión. Y hay que hacer las economías sin que los pacientes se quejen. Pero el déficit de los sistemas sanitarios, que se calcula que supera ya los 11.000 millones de euros, no deja mucho margen de maniobra.

El ejemplo más llamativo de los riesgos del exceso de celo es lo que sucedió en verano en el Hospital La Paz, de Madrid. En agosto suprimió la merienda de los pacientes -un vaso de leche y unas galletas-, y las protestas hicieron que en dos semanas se volviera a dar. Otros hospitales de la misma comunidad, como el Gregorio Marañón, hace ya más de cuatro años que no dan merienda, pero los tiempos han cambiado, y el tentempié de la Paz tuvo que ser recuperado. Quizá, porque como reconocían la semana pasada fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, "el problema no fue que se quisiera ahorrar con la merienda, sino que se había recortado tanto en personal que no había auxiliares para repartirla".

El objetivo de los gestores es recortar sin que lo note el usuario

En Madrid, las protestas obligaron a reponer la merienda en La Paz

Los pacientes no saben si lo que tardan en operarlos es "lo normal"

Murcia, Cataluña y Baleares se han quedado sin dinero para pagar recetas

Eliminar horas extra puede aumentar las listas de espera

Las bajas de personal no se cubren y se cierran camas

Pero el cuidado que se tiene para no incomodar a los pacientes, no se tiene con el personal, capítulo al que la crisis lleva claramente la tijera. Es el caso de Cataluña, donde el 70% de la actividad se realiza en centros concertados. En la mayoría de los casos los gerentes de los centros han optado por fórmulas de manual: no cubrir vacantes ni sustituciones de personal laboral y jubilaciones, supresión de dietas y gastos de representación, etcétera.

Sin embargo, en otros centros estas medidas se han demostrado calderilla y han tenido que cerrar plantas, recortado servicios y clausurado quirófanos. Por ejemplo, el hospital Arnau de Vilanova, que gestiona el Instituto Catalán de la Salud, ha cerrado seis camas de la unidad de cuidados intensivos y otras tantas en nefrología. La clínica Plató de Barcelona ha clausurado 20 camas de cirugía y el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes otras 13 de cardiología. El hospital de Berga también ha suspendido una planta entera de cirugía y ha recortado un 40% la actividad de uno de los quirófanos. Todas estas medidas se aplicarán al menos hasta diciembre.

Mientras los sindicatos, como Comisiones Obreras, achacan esta crítica situación a la crisis económica, los gerentes de los centros y el Departamento de Salud de la Generalitat aseguran que es fruto del descenso en la presión asistencial y el número de pacientes. "En la gestión de los servicios sanitarios siempre se ha de ser cuidadoso, adaptar la plantilla y los servicios a la demanda, pero la actual situación nos obliga a que el seguimiento sea más a corto plazo", afirma Montse Figuerola, directora de servicios asistenciales del Instituto Catalán de la Salud.

En Galicia, el sindicato CIG afirma que este año hay un 40% menos de contratos de personal de sustitución. También en Andalucía diversos representantes sindicales coinciden en que la crisis se está notando especialmente en la demora en cubrir las bajas laborales de los profesionales sanitarios, así como en la reducción paulatina de las intervenciones quirúrgicas programadas extraordinarias, aquellas que se desarrollan por la tarde (fuera del horario laboral de los médicos) y que permiten cumplir con los plazos máximos de espera estipulados por decreto para las operaciones más frecuentes. Estas operaciones se pagan como horas extra, por lo que los sindicatos sostienen que la Junta las está eliminando para ahorrar gastos. Salud admite esta reducción en las intervenciones extraordinarias, pero afirma que obedece a un plan puesto en marcha en 2007 para reordenar la atención en los hospitales.

Este último tipo de medidas puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Tiene la ventaja -para los gestores- de que, acostumbrados a que haya esperas, los pacientes no saben si lo que tardan en operarlos es "lo normal" o es más de lo que les correspondería porque se hayan suprimido turnos. Si aumentan los tiempos de espera se sabrá el año que viene (los datos se están facilitando con unos ocho meses de retraso), con un agravante: este mes, por primera vez, las comunidades se han puesto de acuerdo con el Ministerio de Sanidad en limitar la espera a seis meses para cinco intervenciones. No es mucho, pero sería un mal comienzo si los ahorros implicaran que el primer dato de este control fuera negativo.

Pero los ahorros más significativos económicamente, y con mucho menor coste político, están en los pagos a los proveedores. El incumplimiento de la ley que fija en 60 días el plazo de la Administración para pagar los suministros está tan extendido que la Ley de Morosidad aprobada en junio que fija el máximo para 2013 en 30 días parece en estos momentos más un ejercicio de buena voluntad que de realismo. Y ahí están los datos de Farmaindustria para corroborarlo. Según la asociación de laboratorios, a 30 de junio tenían que esperar de media de 281 para cobrar lo que vendían a los hospitales. La deuda ascendía a 3.415,9 millones de euros. Este importe representa aproximadamente el 80% de la facturación total en un año de los laboratorios a los centros sanitarios. Así que se podría decir que, de media, todos los pacientes tratados el primer medio año por los sistemas de salud habían recibido fármacos que los hospitales no habían pagado. Los portavoces de Farmaindustria admiten que la situación nunca ha sido buena, pero afirman que se está llegando a valores récord. Y la prueba está en que los impagos han aumentado desde 2008 un 26,11%.

Peor aún lo tienen los proveedores de productos y tecnologías sanitarios, un sector que abarca desde las tiritas a los marcapasos. La patronal Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) ve la situación tan complicada que ha accedido por primera vez a facilitar los datos de la deuda. Calcula que el tiempo medio para cobrar estaba a 30 de septiembre en 299 días, un plazo que desde el 1 de enero ha aumentado un 11%. El importe que se les adeuda está ya en 3.450 millones de euros, un 15% más que a primero de año. "Desde 2007, la deuda se ha duplicado", afirma una portavoz de Fenin. Y el plazo medio para cobrar ha pasado de 214 a 299 días.

Estos dos suministradores se ven en una situación complicada, ya que aproximadamente la mitad de los hospitales del país son públicos, y entre ellos están los más grandes. El problema es casi inocuo para los usuarios mientras las empresas no se vean obligadas a cerrar por las deudas, indican portavoces de los sectores. En teoría, los pacientes ingresados reciben su medicación y sus prótesis independientemente de que se hayan pagado o no. Pero empieza a haber flecos que muestran que el sistema tiene las costuras a punto de reventar. Ha pasado con los medicamentos que se dan en las farmacias hospitalarias para que el usuario los tome en su casa, sobre todo anticancerosos y antivirales. Por ejemplo -y sin ánimo de ser exhaustivos -, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid se han impuesto protocolos que hacen que la farmacia pueda negar un medicamento a una persona con VIH aunque se lo haya prescrito un médico del centro. El servicio obliga a que el paciente tramite un permiso especial para obtenerlo, lo que retrasa que empiece a tomar las pastillas. También ha habido casos de hospitales de Andalucía y Asturias, entre otros, que dejaron de facilitar la triple terapia combinada contra el VIH en una pastilla, con lo que el paciente tenía que llevarse las tres cajas correspondientes, lo que sale más barato pero aumenta el riesgo de que no tome bien su dosis.

Pero las comunidades no pagan solo los medicamentos de los hospitales. También abonan los productos vendidos en farmacias con receta oficial (12.506 millones en 2009). Y ahí también empieza a haber problemas. Según los Colegios de Farmacéuticos, que son los que hacen de intermediarios entre las boticas y la Administración, Murcia, Cataluña y Baleares ya se han quedado sin dinero para pagar las recetas, por lo que están buscando otras vías para no dejar a las oficinas de farmacia en la estacada -ayudas que a veces pasan simplemente por facilitar que puedan conseguir líneas de descuento o créditos hasta enero, cuando se les pagará-. Y a esa lista se pueden unir antes de fin de año la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja. Un estudio del periódico especializado Diario médico calcula que solo País Vasco y Castilla y León acabarán el año en este apartado sin problemas. La Xunta gallega ha comenzado incluso a tramitar en el Parlamento autónomo una ley que restrinja el catálogo de medicamentos subvencionados por la comunidad, algo inédito en España y que excede sus competencias, según el Ministerio de Sanidad.

Los efectos de las medidas adoptadas por el Gobierno con el acuerdo de las comunidades en marzo y abril (recortes de sueldos y de precios de los medicamentos) van a llegar tarde para las comunidades. Aunque la factura de los fármacos empezó a caer por primera vez en septiembre, algo que no había sucedido prácticamente nunca, no va a ser suficiente.

De nuevo, los usuarios, de momento, no deben de notar las estrecheces. Puede haber alguna farmacia que reduzca el número de productos que tiene en el almacén, por lo que es posible que el usuario tenga que ir dos veces a la oficina para conseguirlo. Pero si los recortes acaban obligando a la farmacia a cerrar, será distinto.