La PAH exige al gobierno del PSOE y Unidas Podemos medidas de urgencia para afrontar el problema habitacional en su nueva campaña #ViviendaPorDerecho. Entre ellas, que se amplíe y prorrogue la moratoria de desahucios y que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas frente a los desahucios sin alternativa habitacional.

Exigen también la interlocución entre la PAH y resto de organizaciones sociales con el Gobierno, que incluya todos los Departamentos que tienen competencias en materia de vivienda y Derechos Humanos, para desarrollar una futura Ley de Vivienda.

En rueda de prensa, frente al Congreso de los Diputados, el martes pasado han presentado su campaña donde recordaban que en el Estado español aún hay aproximadamente 190 desahucios diarios.

La reunión que tuvieron el viernes pasado los activistas de la plataforma con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, no les dio ninguna tranquilidad, constatando que no había propuestas concretas sobre la mesa.

Por esto en su campaña han puesto en marcha lo que ellos llaman “el contador de la vergüenza”, recogiendo la cantidad de desahucios que se producen bajo el nuevo gobierno, sobre todo por impago de alquiler, en el que ya llevan 8.316 desalojos producidos en los 42 días desde que el nuevo ejecutivo de coalición entre el PSOE y UP tomara posesión.

Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH, señala que miles de familias dependen de las medidas reclamadas, aunque las considere un parche sobre el problema existente. "Si se están tomando medias ante la emergencia climática, el mercado de trabajo y los problemas de los agricultores, la emergencia habitacional también tiene que estar encima de la mesa y tienen que llegar respuestas en forma de reales decretos", sentenció.

Por otro lado, instan al Gobierno a cumplir con las recomendaciones señaladas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en materia de vivienda. Desde la PAH recuerdan que España ha sido reprendida ya en tres ocasiones, por el mismo organismo imperialista de las Naciones Unidas por permitir desalojos de familias vulnerables con menores sin alternativa habitacional. Incluso este organismo, nada sospechoso de ser de izquierdas, ha condenado estas prácticas que vulneran el derecho humano a una vivienda.

La PAH considera que, más que construir miles de nuevas viviendas lo urgente es poner a disposición las "miles de casas vacías" que están hoy en poder de entidades bancarias o la Sareb en un parque público de pisos en alquiler social.

"Si este Gobierno es tan progresista como nos han vendido, tiene que dar un paso adelante y acabar con las leyes injustas que sólo benefician a los bancos y los fondos de inversión", ha señalado Juanjo Ramón, otro de los portavoces de la plataforma.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha celebrado la campaña de presión de la PAH al gobierno para que este "no sólo reciba presiones de la banca o la CEOE". Un gesto que mezcla cinismo, humildad impostada y victimismo, que no deja de ser solo un gesto mientras decenas de miles de personas sufren la vulneración del derecho elemental a una vivienda.

Aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, o Rafael Mayoral hayan colaborado en sus inicios en la PAH no debe llamar a engaños. Ya tenemos el antecedente de Ada Colau que después de ser su portavoz estrella, al alcanzar la alcaldía de Barcelona nada ha hecho por impedir los desahucios ni la brutal subida de alquileres. Algunos personajes se aprovechan de este problema sensible en beneficio de sus carreras políticas.

Un programa de emergencia y de fondo

El problema de la vivienda sigue siendo una de las necesidades más acuciantes de una inmensa parte de la población trabajadora. Como consecuencia de la ofensiva antiobrera y de la estafa de los bancos, desde el inicio de la crisis más de un millón de familias perdieron su vivienda. Solo entre 2012 y 2015 se llevaron a cabo 177.900 "entregas de viviendas", según datos del Banco de España, y según la PAH, los cuatro años anteriores hubo otros 244.000 desahucios.

Los bajos salarios y el aumento exponencial de los alquileres, así como de otros servicios elementales, dibujan un panorama difícil para decenas de miles de familias cada mes.

Las tendencias destructivas y degradantes del decadente capitalismo español privan a la mayoría de la población de las condiciones básicas para subsistir. Hay que terminar con este sistema de explotación, miseria, corrupción y saqueo.

No se puede resolver el grave problema habitacional sin tocar los intereses directos de los bancos, las grandes constructoras y los especuladores. Hay que poner fin a los desahucios, imponiendo la prohibición de los mismos y procediendo a la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores, para que esta sea la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar.

Al mismo tiempo, es necesario terminar con la especulación urbanística y los procesos de gentrificación y turistificación, que expulsan a las familias obreras hacia la periferia de las ciudades, así como la urbanización desenfrenada que afecta el medio ambiente.

Es necesario imponer la derogación de la Ley del Suelo y la socialización de todo el suelo urbano, para establecer un plan urbanístico racional y democrático diseñado por las asociaciones vecinales al servicio de las grandes mayorías.