Vox se ha salido con la suya y ya tiene en su poder los datos de los trabajadores, médicos y psicólogos que integran los equipos de lucha contra la violencia de género en Andalucía. Así lo anunció este jueves por la noche el presidente del partido ultraderechista en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano.

En una entrevista en un programa de 7TV, Serrano ha calificado como "escandaloso y gravísimo" el hecho de que "más del 50%" de los trabajadores que integran los equipos de atención psicosocial y evaluación de la violencia de género en Andalucía "no estén colegiados".

Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha rebajado esa cifra a más del 40% y ha explicado que Serrano "se confunde" en su denuncia porque "una cosa es no tener la titulación y preparación otra es no estar colegiado". "Él, como magistrado debería saberlo. Todos los trabajadores que prestan su servicio en la atención en las unidades de violencia integral de género y los equipos psicosociales tienen toda la preparación y capacidad necesarias para desarrollar su trabajo", ha subrayado Marín.



Fuentes del Gobierno andaluz han aclarado a Público que lo que se le ha dado a Vox no son ni nombres, ni DNI ni dato personal alguno, sino simplemente los números totales de médicos, psicólogos, asistentes... y cuántos están colegiados o no lo están. Las fuentes han agregado que Vox registró en el Parlamento una pregunta por escrito que es de obligada respuesta pidiendo los datos de colegiación.

Serano también ha confirmado tal extremo porque rectificaron su petición inicial en la que hubo un "error de interpretación" y ha anunciado que estudia pedir una ampliación de los datos para conocer su distribución por categorías profesionales.

En su opinión, el hecho de que existan trabajadores no colegiados en un ámbito tan delicado como la lucha contra la violencia de género supone que personal "no cualificado sin ningún control ni responsabilidad deontológica" está prestando este servicio que además es "contratado a empresas externas dedicadas por ejemplo a la peritación inmobiliaria", por lo que ha defendido la necesidad de corregir esta situación para que no siga "en manos de no profesionales".

"Si para ser médico hay que pasar un MIR, para ser psicólogo igual y no puede bastar con haber seguido un curso de violencia de género", ha argumentado Serrano, que ha subrayado que Vox nunca ha pretendido hacer "listas negras" como ha denunciado el PSOE, al que ha acusado de "no querer que se conocieran" estos datos para ocultar su "enchufismo y clientelismo".

El presidente de Vox en el Parlamento andaluz ha reconocido que planteó esta solicitud de información "por el bien de los menores andaluces" como "jurista profesional metido en política" tras su experiencia como juez y letrado y ha querido dejar claro que "no se puede generalizar" con los trabajadores de los equipos contra la violencia de género porque hay "magníficos profesionales", pero ha insistido en que "otros hacen informes de corta y pega".

El Parlamento andaluz rechazó la petición

Vox pidió por primera vez estos datos el pasado 22 de febrero, con una de sus primeras medidas de contrapeso tras prestar su apoyo al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno. En un primer momento, solicitó hasta "nombres y apellidos" con la justificación de que pretendía "fiscalizar y comprobar" las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía en los últimos años.

El rechazo a esta petición fue prácticamente unánime por parte de todos los grupos políticos andaluces, a excepción del propio presidente Moreno, que prefirió no pronunciar un solo comentario al respecto. Sí lo hizo la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz (de Cs), al asegurar "que a nadie le queden dudas de que vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas contra la violencia de genero y la igualdad. Vamos a seguir trabajando con todos los recursos y medios para acabar con el asesinato de más mujeres por la violencia machista. Ni un segundo de distracción frente a las ocurrencias de Vox".

El 27 de febrero, el Parlamento andaluz denegó la petición de Vox al ni siquiera ser admitida a trámite por la Mesa, al tener en cuenta la posibilidad de que la propuesta colisionara con la ley de Protección de Datos. Entonces, la diputada de Vox Ángela Mulas anunció que su grupo iba a reformular su petición y solicitar la información "desde otra óptica". En lugar de reclamar los nombres de estos trabajadores, finalmente ha demandado la experiencia profesional de los mismos o el número de colegiado. Y esos son los datos que la Junta ha accedido a otorgar.