El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tenido que declarar ante la Guardia Civil por su presunta implicación en la trama Púnica. La cita fue el pasado 4 de diciembre y el escenario de la declaración las dependencias de la Guardia Civil en Madrid. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), autorizados por el juez que instruye este caso para profundizar en su investigación, preguntaron a Ignacio González por los contratos de reputación online que se investigan en la trama Púnica porque fueron pagados con dinero público y también por la supuesta financiación ilegal de la campaña del Partido Popular en las elecciones del año 2007.

En principio, y según fuentes de la investigación el objetivo del interrogatorio al expresidente de la Comunidad de Madrid es completar informes que se están realizando todavía en el caso Lezo. En los casos ya judicializados lo habitual es que lo haga el juez del caso, pero fuentes de la investigación admiten que tampoco es inusual este modus operandi.

A las preguntas de los agentes sobre la financiación de las elecciones del Partido Popular en el año 2007 a través de contratos inflados a la agencia de informática de la Comunidad de Madrid, a ICM, el expresidente de la Comunidad de Madrid respondió que él era simplemente el coordinador de esa campaña electoral. Según su relato entre sus competencias estaba la de cerrar los debates, organizar la agenda y seleccionar los mensajes pero que no tuvo competencia alguna en materia económica y que no tenía poder de decisión. En ese contexto, González señaló a Esperanza Aguirre como máxima responsable. Según González era la candidata Aguirre quien tenía todo el poder de decisión precisamente porque era la candidata, y aclaró que de los asuntos económicos quien se encargaba era el tesorero, Beltrán Gutiérrez.

Sobre los contratos de reputación online según fuentes conocedoras del interrogatorio, el expresidente regional explicó a la UCO que la contratación con las empresas de Alejandro de Pedro había sido acordada por el gabinete de comunicación de Esperanza Aguirre y que el departamento que dirigía Isabel Gallego –imputada en esta causa- tenía competencias y autonomía para hacerlo. Lo que investiga la Guardia Civil son contratos reputacionales de la expresidenta madrileña y del propio González a través de las redes sociales presuntamente pagados por el erario público.