Aunque muchos podrán pensar que una tasa anualizada de 180% es baja, pues en su experiencia personal “sienten” que la inflación es mucho mayor, la cifra de por si es dramática. Si consideramos esa mitad de la masa asalariada que percibe la remuneración mínima, habría que aumentarles hoy el salario mínimo a 11.880 bolívares mensuales, nada más para mantenerles el mismo poder de compra de hace un año. Pero esa cuenta no es del todo justa, pues ya 2014 fue un año maluco. Si por el contrario tomamos como referencia el 2012, el último año en que la clase trabajadora tuvo un respirito, habría que aumentar hoy el salario mínimo a 14.017 bolívares mensuales para devolverles el poder de compra que disfrutaron en septiembre de 2012. Visto desde otro ángulo, con el salario mínimo vigente de 7.421 bolívares solo se puede comprar dos tercios de lo que se compraba con el salario mínimo de hace un año y apenas la mitad (¡la mitad!) de lo que se compraba con el de hace justo tres años. Eso es lo que se llama un salario de hambre.

Si miramos el dato mensual, la lectura no es menos dramática. Se trata del mayor incremento mensual del impuesto inflación de nuestra historia. Solo en marzo de 1989 el Índice de Precios al Consumidor ha mostrado un incremento mensual mayor (21%) pero para nada es una situación comparable. Aquello fue una corrección de precios relativos como parte de un ajuste brusco orientado a destrabar el aparato productivo que, sin olvidarnos del enorme descontento popular generado, resultó en un rápido retorno de la inflación a un dígito en los meses subsiguientes y en una reactivación del crecimiento económico. Muy por el contrario, este incremento de precios de 17% en un mes obedece a una impresión descontrolada de dinero para tapar el hueco fiscal y no se espera que en el futuro próximo la inflación mensual baje de los dos dígitos, ni que el aparato productivo se recupere. Por ello reitero que estamos frente al mayor incremento mensual del impuesto inflación.

Ese es un punto que no debemos perder de vista: la inflación que padecemos hoy en Venezuela es fundamentalmente un problema fiscal. Por un lado, la Asamblea Nacional abandonó olímpicamente su obligación de formular el presupuesto nacional y ejercer control sobre la ejecución del gasto público y, por otra parte, el Seniat se declaró incompetente para gestionar un esquema de tributos justo y eficiente y, en su lugar, le pasó la batuta a un Directorio del BCV que no tiene empacho en violar la disposición constitucional que prohíbe expresamente el financiamiento monetario del déficit fiscal. Allá ellos y sus responsabilidades penales y administrativas, lo central es que aquí hay que retomar un mínimo de sensatez en lo económico si se quiere un transición política ordenada. Resulta claro que el Ejecutivo no tiene la más mínima intensión de rectificar y solo un contundente ejercicio de soberanía popular puede frenar su loca carrera hacia el barranco de la hiperinflación. No hay soluciones instantáneas, pero rescatar la conducción de la Asamblea Nacional es un firme comienzo.