En las tensas negociaciones sobre el futuro del tratado de Libre de Comercio (TLC) entre EE.UU., Canadá y México, uno de los asuntos mas espinosos son los salarios mexicanos. Dos de las delegaciones de ministros y representantes empresariales y sindicales presentes en las últimas rondas en ciudad de México y Washington insisten en la importancia de mejorar la situación del malparado trabajador mexicano.

Es lógico. El salario mínimo real –ajustado para compensar la inflación– en México, ha caído el 22% desde la firma del tratado en 1994 hasta 69,7 pesos al día, menos de 3,4 euros. Es un dato bastante fuerte y aún más porque el 70% de los trabajadores mexicanos cobra menos de tres salarios mínimos. Veintitrés años después de la firma del TLC –también conocido como Nafta por sus siglas en inglés–, el mexicano medio cobra menos en términos reales de lo que su padre o madre cobraba en 1994. Ni tan siquiera se ha logrado la prometida convergencia con EE.UU: en 1994 un trabajador industrial cobraba en torno al 18% de su homólogo estadounidense. Ahora cobra el 13%.

Incluso en las modernas plantas multinacionales del automóvil, de Nissan, Audi, Kia o Ford, que han aparecido como setas a lo largo de la cadena de suministro desde Puebla a Monterrey , los salarios han decepcionado. Mientras un trabajador de una planta sindicalizada en EE.UU, cobra más de 40 dólares la hora; su homólogo mexicano solo ingresa entre uno y dos dólares a la hora. “Eso es un buen salario en México”, dijo el conductor de uno de los buses que transportan a los trabajadores a la planta de Kia en Pesquería, cerca de Monterrey. Hasta el obrero chino ha rebasado al mexicano. Los salarios nominales han subido el 157% en las plantas del automóvil de Shenzhen o Guanzhou desde el 2006 frente al 20% en las de Guanajuato o San Luis Potosí.

De modo que no es de extrañar que uno de los participantes en la negociaciones del TLC afirmase ante la prensa tras terminar una de las últimas rondas: “nuestro objetivo es incorporar requisitos que faciliten un aumento de salarios en México”. Lo que sí resulta extraño es que quien lo dijo no era Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía mexicano, sino Robert Lighthizer, el líder del equipo estadounidense. Mientras EE.UU. y Canadá quieren una cláusula laboral que permita subidas de salario mínimo y la defensa de algunos derechos de convenio colectivo, el gobierno mexicano se opone.

La posición de los sindicatos mexicanos es aún más sorprendente. Estos rechazan cualquier medida que pueda elevar los salarios en México. “Hemos llegado a la situación extrema en la cual la patronal apoya un pequeño aumento del salario mínimo y los sindicatos no”, dice Hugo Beteta, director de la Cepal (la agencia económica de la ONU en América latina) en Ciudad de México. Increíblemente, dado el elevado grado de descontento que se palpa en todo México por el estancamiento salarial y las subidas de precios, no ha habido ni un solo día de huelga oficial en dos años.

¿Que pasa con los sindicatos mexicanos? Igual que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron cooptados bajo el histórico patriarca sindical Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), durante el largo monopolio del poder del PRI (1929 a 1989). “Debido al corporativismo y el PRI, la representación de los trabajadores es muy limitada”, dice Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México. Antes el sistema corporativo protegía la posición de las empresas nacionales. Pero en los 23 años desde el TLC son las empresas multinacionales las que se han beneficiado del sistema. “Las empresas extranjeras como Walmart, Audi, Honda, crean sus propios comités sindicales antes de establecerse en México; así se protegen de presiones de los sindicatos auténticos y de las extorsiones de los sindicatos espurios”, dice Esquivel. En Jalisco, los trabajadores de la planta de Honda hace dos años que intentan organizar su propio sindicato pero se enfrentan a una multinacional que solo negocia el convenio con el representante del sindicato actual que es un empleado de facto de Honda. BMW firmó un convenio en el 2014 con el CTM antes de cerrar su inversión en una planta en San Luis Potosí, y sin contar con la participación de ningún trabajador. El salario base pactado: un euro la hora. Solo la planta de Volkswagen en Puebla tiene un comité sindical independiente, según Esquivel.

Todo esto es importante para el futuro de México tras la renegociación o desaparición del TLC. Porque “este modelo basado en salarios bajos no es sostenible” , dice Beteta. “Necesitamos la convergencia salarial para crear una demanda interna y no depender tanto de las exportaciones; y eso se hace con instituciones y con sindicatos independientes”. El gobierno defiende la necesidad de mantener un gran diferencial salarial respecto a EE.UU. con el fin de captar más inversiones de multinacionales. Pero “no deberíamos incentivar inversiones si la empresa solo quiere mano de obra barata”, dice Esquivel. Es un problema de modelo, dicen ambos economistas. México debería haber complementado el TLC con políticas industriales, inversión en educación e infraestructura y fondos de compensación para corregir los desequilibrios territoriales. Al no hacerlo, su única ventaja comparativa son los salarios permanentemente bajos. Y eso es el motivo de un crecimiento bastante mediocre, peor que la media latinoamericana, para las dos primeras décadas del TLC.

Es la raíz también de la crisis política que puede acabar con el TLC en los próximos meses. La economía de bajos salarios ha forzado a decenas de millones de mexicanos a cruzar la frontera en busca de salarios mejores en EE.UU. y mandar remesas por más de 20.000 millones de dólares al año a México. Asimismo, es el trasfondo de la economía de la droga y la delincuencia organizada. “La renta per cápita en México no ha crecido en 30 años y la emigración y la violencia no son factores exógenos, sino el resultado de este estancamiento”, dice José Romero, del Colegio de México. Todo esto, a su vez ha generado un resentimiento en EE.UU., que se tradujo en millones de votos a Donald Trump.

El TLC –y otros 12 tratados de liberalización que México ha firmado con 44 países– ha cumplido, eso sí, con las expectativas en áreas de comercio. Las exportaciones mexicanas de bienes manufactureros se multiplicaron por cinco y pasaron de 50.000 millones de dólares en 1994 hasta 336.000 millones en el 2016. Se ha logrado reducir la dependencia del petróleo en el 70% de las exportaciones al 20% desde 1994, un logro importante si se tiene en cuenta los estragos que ha causado la caída del precio del petróleo le en países como Venezuela. La inversión transnacional ha subido también conforme las multinacionales asiáticas y europeas del automóvil y en menor medida aeronáutica y electrónica han elegido a México para acceder al gran mercado norteamericano.

Un componente medio de un automóvil vendido en EE.UU. ya cruza la frontera siete veces. El TLC ha sido muy positivo para los beneficios empresariales en ambos lados de la frontera. Pero la distribución es extremadamente desigual. En 1994, los salarios mexicanos correspondían al 40% del PIB frente a las rentas del capital; ahora son el 27% del PIB .

Por supuesto, la defensa del trabajador mexicano por parte del equipo de Trump es descaradamente oportunista. Primero, porque es incompatible con las otras exigencias estadounidenses. La opción de salir del TLC al cabo de cada quinquenio, pro ejemplo. Una multinacional con plantas en México podría aceptar una subida salarial que estrechase la brecha con EE.UU., pero no admitiría la incertidumbre generada por este llamado “ Sunset clause”. “Se marcharía en seguida”, dice Romero. Asimismo, Trump quiere una cuota de contenido nacional, es decir un requisito de que del 30% al 50% de los componentes de un automóvil vendido en EE.UU. sean de fabricación estadounidense. Esto destruiría la industria proveedora en México, precisamente el sector mas dinámico de la economía y el que más posibilidades tiene de mejorar los salarios. El tercer requisito estadounidense es la eliminación de los tribunales que resuelven conflictos comerciales, lo cual se entiende como dar carta blanca a la ley del más fuerte, es decir de EE.UU. Como meta general, Trump quiere medidas que reduzcan el déficit comercial de EE.UU. con México. Pero, los déficits son el resultado de políticas macroeconómicas mucho más que del diseño de los tratados comerciales. Los recortes billonarios de impuestos que Trump quiere legislar en EE.UU., por ejemplo, seguramente elevarían el déficit con México por su impacto expansivo sobre la demanda estadounidense. Paradójicamente, la salida de EE.UU. del TLC provocaría una depreciación del peso frente al dólar que probablemente elevaría todavía más el déficit estadounidense que ahora soporta con México.

Estas exigencias estadounidenses son tan poco realistas que muchos creen que el equipo de Trump está buscando una excusa para justificar la retirada de EE.UU. del TLC a principios del 2018. “Mi sensación es que Trump quiere cargarse el tratado”, dijo Gary Hufbauer, experto en comercio del Peterson Institute en Washington. Según los cálculos de Hufbauer, la salida de EE.UU. restaría muy poco al crecimiento estadounidense –el 0,03% al año durante el primer año– frente al 0,9% al crecimiento mexicano.

Incluso el anuncio de la retirada estadounidense provocaría un ataque de nervios en los mercados, una salida de capitales y un aumento de la inflación por la caída del peso. Una probable recesión en México sería un desastre para el Gobierno en el año de las elecciones presidenciales. Por eso, México hará todo lo que pueda para proteger el TLC. “Trump quiere forzar a los demás a levantarse de la mesa; pero, en estos momentos, el Gobierno de México no tiene un plan B”, resume Romero.