El diputado independiente Gaspar Rivas, en compañía de representantes del Partido Poder, invitó a la presidenta Michelle Bachelet a reflexionar con mayor profundidad acerca del nombramiento del nuevo general director de Carabineros, el cual podría recaer en el actual jefe de inteligencia de la policía uniformada, Bruno Villalobos Krumm, cuestionado en el caso de escuchas telefónicas ilegales que remeció al Congreso en 2011.

Es tanta la desconfianza que existe en Villalobos que hace cuatro años, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja le pidió la renuncia luego de que su presidente, Sergio Ojeda (DC), recibiera un llamado impropio del general. En tono amenazante, según Ojeda, Villalobos le expresó su molestia por recibir denuncias de ex funcionarios de Carabineros que lo involucraban en pinchazos ilegales dirigidos a políticos, abogados y dirigentes sociales.

Para Gaspar Rivas, el sólo hecho que Villalobos aparezca mencionado en un caso de corrupción perturba la tranquilidad de la ciudadanía. Dichos antecedentes, en su opinión, deben ser considerados por el ejecutivo antes del cambio de mando que llamará a retiro al general Gustavo González Jure.

Los comentarios del parlamentario fueron secundados por la presidenta del Partido Poder, Karina Oliva, quien aprovechó la oportunidad para pedir que Carabineros de Chile se «democratice», procurando evitar que violadores de derechos humanos lleguen a altos cargos en referencia a la participación de González Jure en el operativo que dio muerte al menor Sergio Albornoz Matus en 1988, situación que empeoraría con Villalobos a la cabeza.

Y es que el actual director de Inteligencia es el favorito de la quina propuesta a Bachelet. Antiguo escolta de la mandataria, hoy, a través del Departamento OS-9, está a cargo de las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público en el marco del caso Caval, donde se investiga al hijo y nuera de la presidenta por tráfico de influencias, y vínculos con Luksic.

Villalobos ha sido sindicado no sólo como artífice de un espionaje contra parlamentarios de ambos sectores políticos, sino también contra el ex embajador de Pakistán, Burhanul Islam, a pedido del ministro Rodrigo Hinzpeter. También se le atribuye una participación importante en los llamados «montajes» del caso bombas y paquistaní, a través de documentos emitidos por Dipolcar que fueron desestimados por los tribunales.

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