Por: Saul Vazquez Torres (@SawieV)

¿Qué está en el fondo de la idea de eliminar el financiamiento público a los partidos? Una idea muy simplista y profundamente peligrosa: los partidos tienen “secuestrada” nuestra democracia y además “lucran” con ese secuestro, reciben muchos millones de pesos cada año y cierran la puerta a la participación política. Son, resumidas cuentas, el origen de todos los problemas en la democracia mexicana.

Hay un grave problema con este diagnóstico, no que carezca de verosimilitud. En nuestra democracia es muy difícil participar por fuera de los partidos, los requisitos para una candidatura independiente son ridículos y sólo quien tiene mucho dinero o una profunda organización social lo puede lograr. Casos como el de Kumamoto se cuentan con la mano y responden a la realidad de unos cuantos distritos urbanos. El problema entonces no es que nuestros partidos estén libres de vicios, es que quitarles el financiamiento público sólo los puede hacer estar peor.

Seguí con atención la campaña de Bernie Sanders por la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos el año pasado. Uno de sus principales reclamos era cómo los candidatos ahora tenían que venderse a los Comités de Acción Ciudadana, para lo cual Sanders exigía que las campañas se financiaran sólo con dinero público, ya no el dinero de los grandes magnates. A Sanders no le falta razón, en Estados Unidos, según un estudio de Thomas J. Hayes, los senadores de ambos partidos no responden a las preferencias de sus votantes, sino a las preferencias del 10 % más rico de los americanos, es decir, a las preferencias de aquellos capaces de financiar sus campañas. Incluso el mismo Trump se vendió durante su campaña como un político capaz de financiarse a sí mismo, no como Hillary que era presa de éstos comités.

Sé que suena difícil en medio de la tragedia pedir que se gaste dinero en los partidos políticos, pero hoy en día la influencia del desvío de recursos en las campañas es grande. A los lectores de Animal Político no les debe ser raro saber cuánto dinero desvío Javier Duarte a las campañas del PRI, más aún, con el escándalo de la Estafa Maestra. ¿De dónde van a sacar los partidos dinero para sus campañas? Hay de dos sopas: o buscan dinero con los empresarios, que después querrán recuperarlo a través de contratos gubernamentales, o desvían recursos de donde ya son gobierno, promoviendo aún más el clientelismo.

Estoy consciente que voy contra las voces del momento. Hay petición en Change.org donde más de 1.7 millones de personas han pedido que se done el presupuesto de campaña para los afectados de los sismos del 7 y 19 de Septiembre. Ya he visto pronunciarse a los dirigentes del Frente Ciudadano por México en este mismo sentido. López Obrador también lo había dicho, aunque él hablaba del 20 o 50 por ciento. Sin duda a la ciudadanía no le falta algo de razón, hay que repensar cómo gastan nuestro dinero los partidos. Necesitamos mayores controles y fiscalización. Sin embargo, privatizar la política y hacer que sólo puedan ser candidatos las personas con el privilegio para financiarse, o con los contactos en la esfera empresarial, es muy peligroso.

Claro, ésta crisis ha demostrado la urgencia también de replantear la manera en que se construye y ejerce nuestro presupuesto público. Mi maestro Leonardo Núñez González ha venido denunciando este problema en los últimos meses. Hay mucho dinero que no se está gastando como debería y se está desviando. Eliminar el financiamiento a la política sólo va a agravar este problema. Creo además que hay un gasto muy obvio a eliminar que sí representa en términos prácticos lo necesario para la reconstrucción y el mismo Leonardo nos los hizo ver. Aunque nunca verán a los medios presionando para que esto ocurra, ya que muchos de ellos hoy se benefician de esto.

* Saul Vazquez Torres es estudiante de Relaciones Internacionales en el ITESM Campus Santa Fe, consejero nacional del PRD e Integrante de la Iniciativa Galileos.

Comités que surgieron de una sentencia de la Suprema Corte para darle la vuelta a los límites de aportaciones privadas en Estados Unidos.