Dos personas con mascarillas pasan frente al Museo del Louvre de París. CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

España ya es en el segundo país de Europa con más casos de Covid-19, después de haber superado claramente primero a Alemania (2.512) y, este jueves, a Francia (2.876), que parecen tener más éxito en la contención de la pandemia. Con un nuevo salto de casos del 40% con respecto a las 24 horas previas, este jueves se han superado las 3.000 infecciones y se ha llegado a 84 fallecimientos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Y, a efectos prácticos, toda España es ya una zona de riesgo de transmisión de Covid-19. Hay comunidades autónomas en las que el coronavirus se extiende sin control y otras sin apenas incidencia, y Sanidad siempre ha mantenido que en cada lugar debían tomarse unas medidas u otras en función de cómo evolucione en ellas la epidemia. Pero ese discurso ha saltado por los aires cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha extendido a todo el territorio nacional las medidas que desde esta semana se venían aplicando tan solo en los focos más preocupantes: Madrid, Álava y La Rioja.

Sánchez ha comparecido tras un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar un paquete de contingencias económicas y sociales para frenar la epidemia. “El Ministerio de Sanidad ha recomendado ya a todas las comunidades autónomas estas medidas”, anunció en referencia a las iniciativas de distanciamiento social que se habían decretado esta semana en las zonas de riesgo.

Incluyen la supresión de clases en todos los niveles escolares (de cero años a la universidad), así como las actividades complementarias; la cancelación de todos los eventos a puerta cerrada que congreguen a más de 1.000 personas y, para los de menos, solo se podrá vender un tercio del aforo para posibilitar que haya una distancia de seguridad de más de un metro; fomento del teletrabajo y las reuniones no presenciales; a todas las personas de edad avanzada o con patologías se les recomienda restringir al mínimo imprescindible los contactos sociales y las salidas fuera de sus viviendas o residencias; todas las personas con síntomas de enfermedad respiratoria deberán permanecer en sus domicilios y ser valoradas por un médico.

Esto se suma a medidas que ya se aplicaban a toda España, como la restricción al máximo de viajes por el territorio nacional. “El objetivo es superar la emergencia sanitaria con el menor coste de vidas. Si queremos vencer al virus cuanto antes es imprescindible la responsabilidad y la disciplina social. Cada ciudadano debe extremar el cuidado de su propia salud para cuidar de los demás, debe protegerse para proteger a los demás”, ha dicho en una rueda de prensa sin periodistas, en las que recibió las preguntas por vía telemática por precaución a los contagios tras el positivo de la ministra Irene Montero. Se reunieron los miembros imprescindibles del Ejecutivo para poder adoptar medidas. El titular de Sanidad, Salvador Illa, que tenía prevista su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, tuvo que suspenderla apenas una hora antes, para hacerse las pruebas por el riesgo de infección.

Aunque las medidas generales se han recomendado a toda España, algunas comunidades ya se habían adelantado. Cataluña ya había prohibido las actividades cubiertas con más de 1.000 personas el miércoles. Allí ya hay 316 casos, más que en La Rioja y casi tantos como el País Vasco. La Generalitat insiste en que, al contrario que en Madrid o Álava, el foco está “perfectamente localizado” en la localidad de Igualada, informa Jessica Mouzo.

Además de extender las recomendaciones de distanciamiento social, el presidente del Gobierno ha anunciado un paquete de medidas en cuatro ámbitos: proteger la actividad médica y hospitalaria garantizando el suministro de medicamentos y material; atención social directa a familias para ayudar a enfrentar la emergencia; proteger el empleo, en especial las pymes, y apoyo a los sectores productivos, sobre todo turismo y transporte.

En ese plan se incluye una inyección de dinero en el sistema sanitario: una transferencia de 2.800 millones de euros a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en salud pública, para que puedan destinar los recursos necesarios a atención sanitaria. “Esto va a permitir reforzar servicios sanitarios, que en varias de ellas están sufriendo tensiones”, ha dicho. También se movilizarán en torno a 1.000 millones en intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.

El presidente del Gobierno también ha asegurado que se va a garantizar el suministro de medicamentos y material de protección frente al virus a precios asequibles. Mientras el miércoles se determinó la compra centralizada por parte del Ministerio de Sanidad, ayer se acordó que el Ejecutivo pueda regular los precios de medicamentos y material sanitario, “fijando si es necesario precio máximo de venta al público”. Sánchez explicó que Sanidad ha comprado 410.000 mascarillas quirúrgicas, de las que 130.000 irán destinadas a la comunidad de Madrid, la más afectada por la epidemia, con más de la mitad de los casos de toda España (1.388, según el último recuento que el ministerio publicó ayer). Próximamente se comprarán 500.000 más.

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