El Pleno del Tribunal Supremo ha acordado este martes volver a la doctrina que establece que son los clientes, y no la banca, los que deben afrontar los gastos derivados del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. Según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente, la decisión se ha adoptado por 15 votos a favor y 13 en contra en medio de una gran división del tribunal.

Tras quince horas de deliberación, los 28 magistrados que componen la Sala Tercera han fallado a favor de volver a la doctrina establecida antes de que la Sección Segunda afirmara que son los clientes y no la banca la que debe pagar dicho impuesto. Hasta quince minutos antes de que finalizase el Pleno el sentido del fallo fue el contrario pero Díez-Picazo hizo dar en un giro inesperado a la reunión exigiendo a los jueces que votaran a favor o en contra d

De esta forma, el Alto Tribunal –que se ha visto envuelto en una polémica sin precedentes debido a la convocatoria por parte del presidente Luis María Díez-Picazo del citado Pleno- zanja el debate jurídico y revoca el “giro jurisprudencial” conocido hace algo más de veinte días. No existen precedentes en el tribunal de una decisión similar en la historia del Supremo.

Cuando Lesmes pidió disculpas a los ciudadanos por la gestión de esta crisis aseguró que no se iba a «revisar» ninguna doctrina

Quienes han defendido este martes volver a la doctrina jurisprudencial anterior han sostenido que, pese a que se ha anulado un decreto del Reglamento, la Ley daba margen para volver al dictamen previo a las tres sentencias de la Sección Segunda donde se dio la razón al consumidor frente a la banca. El motivo es que el texto de la Ley del Impuesto de actos jurídicos documentados dice que el sujeto pasivo es el adquiriente por lo que defienden que eso es bastante para entender que el obligado al pago es el prestatario, es decir, el que recibe el dinero y adquiere su propiedad.

Cuando el presidente del Tribunal Supremo Carlos Lesmes pidió disculpas sobre cómo se había gestionado la crisis de las hipotecas en este órgano aseguró que no se iba a “revisar” ninguna jurisprudencia. Ahora, la realidad muestra lo contrario.