La denuncia de debe a su insolvencia económica y las irregularidades técnicas detectadas.

La Plataforma pide la actuación contundente y responsable de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ante una serie de anomalías en las que presuntamente ha incurrido la mercantil infringiendo la Ley 22/1973, de Minas.

En primer lugar, resulta patente el grave incumplimiento del procedimiento reglado, pues la empresa no aporta los documentos preceptivos relativos a la solvencia económica. La Plataforma considera que ha existido una voluntad deliberada de la empresa de evitar la verificación de garantía, dada la carencia de esta y ello a la vista de los balances de las Cuentas Anuales del Ejercicio del año 2014 -fecha de transmisión de los derechos mineros-, presentados en el Registro Mercantil, donde la empresa carece de bienes materiales y personales y únicamente constan deudas.

En consecuencia, puede entenderse que la mercantil Quantum Minería S.L. carece de los factores de solvencia técnica y económico-financiera, y carece de las garantías necesarias para cubrir las posibles responsabilidades del proyecto, lo que a la vista de los hechos debería de conllevar la declaración de caducidad de los derechos mineros.

Además no quedan ahí las irregularidades, pues posteriormente a la transmisión de los derechos mineros, la mercantil presentó solicitud de concesión de explotación derivada de los permisos Matamulas, Rematamulas-1 y Rematamulas-2 ante el Servicio de Minas de Ciudad Real, siendo admitida a trámite por el Jefe del Servicio en un tiempo record al día siguiente, dando pábulo a unos proyectos que carecen de la garantía preceptiva de abastecimiento de agua, lo que ya de por sí invalidaría la tramitación de los expedientes.

Por otra parte, Quantum Minería S.L. incumplió de manera reiterada las condiciones impuestas para el otorgamiento de los permisos al realizar el lavado y preparación del material extraído de las catas en un local sin la correspondiente autorización administrativa y que en su momento fue denunciado al SEPRONA por la Plataforma, pues los condicionantes del permiso de investigación Rematamulas en ningún caso amparaban esta actividad, concretando que un laboratorio externo sería el encargado de realizar el lavado y preparación de las muestras, no la mercantil y muchos menos de forma clandestina.

Finalmente, Sí a la Tierra Viva considera que estos hechos han impedido el control debido de la legalidad por parte de la autoridad administrativa, lo que debería implicar una sanción ejemplar y la anulación de los permisos de investigación otorgados ante la falta de rigor de los actos de la empresa, y que estos hechos no pueden ser obviados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que por principio ha de hacer valer la legalidad antes que cualquier otro tipo de consideración, teniendo en cuenta además el mandato de las Cortes Regionales, que el pasado 19 de mayo instó por mayoría absoluta al Ejecutivo de Emiliano García-Page al archivo de los expedientes de los proyectos de minería de tierras raras.

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