De todas las cosas que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador como presidente, hay una profundamente disruptiva y altamente riesgosa: la despenalización de la amapola. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación designada, dice que es una de las vías centrales para la pacificación del país, y un proceso de reinserción para cientos de personas metidas en la actividad ilícita de los opiáceos y la puerta para que los cárteles de la droga, al cambiar la dinámica del negocio del narcotráfico, opten por llevarlo de la ilegalidad a la legalidad, en donde sean parte del mercado. Está por verse.

La despenalización de la amapola no sería un proceso unilateral. Sánchez Cordero señala que tendría que ser en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, mediante una convención internacional sobre narcóticos que comprende este tipo de iniciativas, y supervisada por la Oficina Internacional de Control de Narcóticos, un órgano autónomo con fuertes vínculos con la ONU, que administra y regula la producción legal de la amapola, hoy en día realizada por 18 países, tan disímbolos como Afganistán, Australia y el Reino Unido.

La racional expuesta por Sánchez Cordero tiene su piso en que –afirma– hay 110 comunidades en Guerrero dedicadas plenamente a la producción ilegal de la amapola, que mediante un proceso químico producen una de las drogas más lucrativas. La goma de opio tenía un valor de 18 mil pesos por kilo en la sierra de Guerrero el año pasado, en un mercado global cuyo valor oscila entre 55 mil y 65 mil millones de dólares anuales. El incremento de la introducción de fentanilo procedente de China para producir drogas sintéticas, le restó mercado a los opiáceos, cuyo valor a principio de este año había bajado a ocho mil pesos el kilo en la sierra de Guerrero, donde en contraste con uno de sus principales cultivos, el mango de manila, la caja de 28 kilos vale 14.29 pesos.

Las comunidades señaladas por Sánchez Cordero se encuentran en la región de Tierra Caliente, de donde sale 49 por ciento de los opiáceos que se exportan cada año al mercado estadounidense. Esas comunidades se concentran en siete municipios, algunos de los más violentos en el país, y su puerta de salida es por Cocula, donde el gobierno señala que fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa en 2015, como resultado de una confusión de bandas criminales que creían que pertenecían a un grupo rival en el trasiego de drogas.

Según Sánchez Cordero, la despenalización de la amapola establecería no sólo la libertad para que se cosechara, sino también para distribución y comercialización por parte del Estado mexicano, y sería una fuente de ingreso al colocarla en el mercado internacional, donde los laboratorios químico farmacéuticos la compran masivamente porque de ahí producen la morfina, que sigue siendo uno de los medicamentos más utilizados en el mundo. La duda sobre el planteamiento del próximo gobierno es si al entrar en el negocio y disputarle las ganancias a los cárteles de la droga, no entrarán a una confrontación abierta con los cárteles.

Sánchez Cordero no lo cree, y piensa que el cambio de reglas de juego podría ser utilizado por los cárteles como una posibilidad de reinserción en la legalidad. Es decir, dejarían de ser grupos ilegales para convertirse en empresas privadas productivas. Este tránsito se antoja en este momento, utópico. El negocio de los opiáceos es boyante por la demanda del mercado estadounidense, donde hay dos millones de adictos. La despenalización de la amapola iría aparejada a la amnistía que están preparando para todos aquellos campesinos o niños arrastrados por las diferentes facetas del narcotráfico. La idea central de la propuesta es que al convertir en mercado legal lo que hoy es ilegal, quienes viven de la derrama de la amapola podrán dormir tranquilos al saber que realizan la misma actividad, pero con patrón diferente: el gobierno.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los campesinos operen en los dos mercados, el legal y el ilegal, de manera simultánea, ante la alta rentabilidad que tendrían sus cultivos y la posibilidad de que gracias a la amnistía puedan seguir trabajando con los cárteles de las drogas. Las organizaciones criminales no van a convertirse en organizaciones privadas dentro de los marcos de la legalidad, porque no está en su esencia. Para estas bandas, los márgenes de utilidad es lo que determina el camino de su negocio. De hecho, llevar al narcotráfico de una política prohibicionista y punitiva a una política de salud, como quiere el nuevo gobierno, beneficia a los cárteles porque amplía la demanda, según han demostrado experiencias internacionales.

El objetivo de que con la despenalización se reduciría la violencia también tiene claroscuros. Turquía, el primer país que –por presión de Estados Unidos– atacó el mercado ilegal de los opiáceos y lo volvió legal, tenía instituciones que solventaron ese tipo de desarrollo de negocios. México no tiene fortaleza en sus instituciones y se asemeja más a la realidad afgana, donde los jefes tribales, muchos de ellos metidos en el negocio del narcotráfico, están por encima de las instituciones. Afganistán, ciertamente, es una experiencia fallida de la despenalización de los opiáceos.

La idea del próximo gobierno lopezobradorista no es inédita. Hace dos años el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto realizó consultas con expertos internacionales coqueteando con la idea de despenalizar los opiáceos como una vía para reducir la violencia. Finalmente lo desecharon. Esa experiencia será compartida con López Obrador y Sánchez Cordero durante la transición, por lo que esta propuesta, radical y disruptiva, se podría decir que no es definitiva.