Indígenas purépechas (Foto: EFE/Luis Enrique Granados)

Una red de organizaciones defensoras del medio ambiente denunció este miércoles que la mayoría de los activistas ambientales asesinados en México son de origen indígena, con 11 de los 14 casos ocurridos en 2018.

"Estas agresiones (a indígenas) son casi el 80 % de los casos. En el caso de Oaxaca, Puebla y Michoacán el 100 % de los agredidos son indígenas", sostuvo Gustavo Sánchez director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Global Witness reveló que México fue el cuarto país más peligroso para los defensores de la Tierra en 2018 con 14 asesinatos y en el reporte del 2019 se encuentra en el sexto lugar con 14 homicidios de ambientalistas.

Antonio Medina, representante de la Red Indígena de Turismo de México (RITA), dijo en rueda de prensa que de las 14 ejecuciones que se presentaron en 2018, once fueron personas de pueblos originarios.

Asesinaron a José Luis Álvarez Flores, ecologista y defensor del santuario del mono saraguato en Tabasco. Había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta

El 50 % del territorio mexicano es propiedad de los pueblos indígenas, la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y biodiversidad del país es parte de su patrimonio, situación que favorece conflictos con la iniciativa privada y el Estado.

"Los proyectos de desarrollo son implementados en nuestras comunidades sin nuestro consentimiento", criticó Medina.

El defensor señaló que la actual administración elabora consultas con las comunidades indígenas que en muchas ocasiones están coaccionadas debido a que se otorgan concesiones previas a las empresas y no se les incluye en la plantación de los proyectos.

"Las consultas deben de ser libres, previas e informadas. Nosotros los pueblos indígenas debemos estar participando en la planeación, en el diseño, en el monitoreo y evaluación de estos proyectos", aseguró.

Medina reveló que estas iniciativas no se hacen a través de las asambleas comunitarias lo que provoca que mucha gente no pueda llegar al centro de las entidades para participar.

"Los que estamos en la sierra, los que estamos en el desierto o en la selva no podemos llegar a las capitales de las ciudades para poder estar en estas consultas. Además no se hacen a través de nuestras instituciones", explico el representante de RITA.

Las organizaciones aseguran que si el gobierno federal mexicano estuviera vigilando el territorio se podría saber donde puede suceder un conflicto en materia ambiental.

"Si hay un monitoreo serio y una política de prevención se puede saber en donde es previsible que vaya a reventar una bronca (pelea) o agudizarse un conflicto", dijo Sánchez.

La representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Alejandra Leyva, apuntó que la única manera de frenar la situación es acelerar en el Senado la ratificación de Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú ya firmado por México.

Con información de EFE.