El Gobierno en funciones ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser "la persona claramente implicada y afectada" que lidera una institución que vulnera "de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional". La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado tras el Consejo de Ministros de que este es uno de los puntos clave del incidente de ejecución aprobado hoy, que se presentará de manera inmediata ante el Constitucional y que el presidente Mariano Rajoy ha comunicado posteriormente a los demás líderes políticos.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno busca con esta actuación la nulidad y suspensión inmediata sin ningún efecto de la resolución 263/11 de 27 de julio del Parlament aprobada para iniciar la desconexión con España, pero también un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara, el secretario general de ese organismo, el presidente catalán y todos sus consejeros para que se abstengan de realizar a partir de ahora cualquier iniciativa relacionada con esa resolución. En el último punto del incidente de ejecución el Gobierno demanda del Tribunal Constitucional que deduzca "testimonio de particulares" para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Carmen Forcadell por incumplir ya sus mandatos.

El término jurídico "deducir testimonio de particulares" quiere decir, según la versión que ofreció Santamaría tras el Consejo de Ministros, que el tribunal se ocupe ahora de documentar de manera precisa todos los incumplimientos en los que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore cómo debe actuar penalmente contra la presidenta del Parlament catalán. Santamaría aclaró que han apuntado directamente a Forcadell por permitir esta misma semana la celebración de un debate en esa institución para favorecer la llamada desconexión y porque al ser la presidenta de la cámara "ejerce el liderazgo en la ordenación de los debates".

"No estamos solo ante un desafío institucional, aquí hay un desacato ante el Tribunal Constitucional", enfatizó Santamaría. La dirigente popular subrayó asimismo que el Constitucional deberá discernir sobre la gravedad de que "una institución y sus miembros se quieran poner por encima de la voluntad de todos los españoles".



El ejecutivo reclama, además, y en su segunda demanda al tribunal, que se advierta a la propia Forcadell, a la Mesa de esa Cámara, al secretario general del Parlament, al actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos sus consejeros, que está en vigor la prohibición expresa de que actúen o promuevan cualquier iniciativa que favorezca las pretensiones separatistas. Santamaría recordó así que tras esa advertencia se engloba la posibilidad de que el tribunal decida imponer multas económicas y coercitivas contra los afectados que podrían abarcar desde los 3.000 euros y hasta los 30.000 e incluso la suspensión de sus funciones.



Carmen Forcadell, por su parte, ha considerado que "sería profundamente antidemocrático" ser inhabilitada a causa de la aprobación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que se votaron a pesar de que el Constitucional había advertido de que vulneraban la Constitución. La presidenta de la Cámara ha señalado, además, que la decisión del Gobierno central no servirá para resolver la cuestión catalana. "El Gobierno está coartando la libertad de expresión del Parlament y de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy triste", ha dicho en declaraciones a TV3, justo después del anuncio de la vicepresidenta. Según Forcadell, ella se limitó a "hacer lo que tenía que hacer". "No se puede pedir ni a la presidenta del Parlament ni a nadie que renuncie a sus ideas", ha dicho.

La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont. La unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.