El candidato del PP en Cataluña en la reunión de trabajo con el grupo parlamentario. Atlas / Claudio Álvarez

El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las Administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña. Los populares pretenden que la reforma sea tramitada de manera urgente, lo que evita que tengan que pronunciarse de manera preceptiva el Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.

Se trata de una proposición de ley que ha registrado en el Congreso el portavoz del grupo Popular, Rafael Hernando, y el candidato del PPC a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, Xavier García Albiol, quien ha asistido a la reunión del grupo parlamentario, aunque no pertenece a él. "La broma se ha terminado", ha señalado el candidato catalán. El hecho de que la reforma está especialmente pensada para Cataluña se desvela en la propia exposición de motivos de la proposición que indica que el Tribunal podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento, o encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria".

Los plazos que prevé el PP para la tramitación de la iniciativa marcan el día 17 como la fecha de consideración de la propuesta que será aprobada, previsiblemente, el día 29 de septiembre, una vez celebradas las elecciones catalanas.

Según ha indicado Hernando, la propuesta de reforma está inspirada en el sistema alemán y austriaco. Además, ha indicado que el momento requería una actuación porque "hace cuatro años no había una situación como esta donde se presentan juntos los que dicen que quieren romper España en una lista".

En su exposición de motivos, el PP considera que el Constitucional tienen instrumentos suficientes para garantizar la efectividad de sus resoluciones pero persigue "desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad [del tribunal] sea efectiva".

Aunque el Senado aún está debatiendo la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cámaras.

Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando toos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión). García Albiol ha asegurado que la proposición de ley es la "garantía de que nadie pueda incumplir las resoluciones del Constitucional y es un mensaje muy claro" a los que quieren romper Cataluña del resto de España.

Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, de ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.