La conclusión del informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias es rotunda: Julian Assange debe ser inmediatamente liberado y compensado por la detención arbitraria y la privación de libertad a las que ha sido sometido desde 2010.

En su opinión legal, el Grupo considera que «las variadas formas de privación de libertad que ha sufrido Julian Assange constituyen una forma de detención arbitraria». En concreto, cita que en este caso se han violado los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

El pronunciamiento de la ONU exigiendo la liberación de Assange supone una clara condena a la acción persecutoria de los gobiernos estadounidense, sueco y británico contra el fundador de WikiLeaks, refugiado desde junio de 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres.

Según recuerda el propio Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, sus dictámenes están basados en la normativa internacional de derechos humanos y sus opiniones constituyen una referencia para las instituciones jurídicas internacionales y regionales, incluida la Corte Europea de Derechos Humanos.

Desde Podemos, defendemos los derechos de libertad de expresión y acceso a la información como valores democráticos fundamentales. En el ejercicio de esos derechos, los informantes que denuncian irregularidades, o ‘whistleblowers’ como son denominados en inglés, juegan un papel imprescindible al permitir que salga a la luz información a la que de otro modo la ciudadanía nunca accedería.

Tanto el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respaldan la creación de normas que protejan a los ‘whistleblowers’ en el marco de la construcción y mantenimiento de sociedades democráticas. En esa misma dirección, el informe de septiembre de 2015 (http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ProtectionOfSources.aspx) de David Kaye, enviado Especial de las Naciones Unidas para la protección del derecho a la libertad de expresión, destacaba la importancia de proteger las fuentes de información y a los ‘whistleblowers’ e incluía recomendaciones para gobiernos y organizaciones internacionales.

Podemos reafirma que es necesario asegurar el cese de la persecución policial a la que ha sido sometido Assange desde el inicio de las filtraciones de WikiLeaks. Creemos que ya no existen excusas para que la fiscalía de Suecia se traslade a Londres para tomar declaración a Julian Assange, como él mismo se ha ofrecido a prestarla, demostrando en numerosas ocasiones que está dispuesto a colaborar con la justicia.

Ante esta situación, la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo -integrada por los eurodiputados Tania González, Lola Sánchez, Miguel Urbán, Estefanía Torres y Xabier Benito- enviará una carta a Jean Claud Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europe, exigiendo que las instituciones europeas inicien acciones para garantizar los derechos y libertades del ciudadano Julian Assange, siguiendo el dictamen de la ONU.

Hay que recordar que varios representantes de Podemos han visitado a Assange en los últimos años: en 2014 lo hicieron tanto Iñigo Errejón, diputado del Congreso y Secretario Político del partido, como Tania González, portavoz de Podemos en la Eurocámara y Secretaria de Rescate Ciudadano. Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán visitó a Assange en la Embajada de Ecuador el pasado 4 de enero.

A pesar del carácter no vinculante del pronunciamiento de la ONU, el acontecimiento es extraordinariamente relevante porque se trata del primero realizado por un organismo internacional, que hasta la fecha habían sido completamente insensibles a la violación de derechos de Julian Assange. Iniciativas de este tipo sientan un precedente importante para la protección de los ‘whistleblowers’, informantes que develan información de interés público o que impacta en el ejercicio de derechos humanos.