El Parlamento catalán aprobó este jueves una moción que insta a la Generalitat a no otorgar subvenciones a aquellos medios de comunicación privados que se nieguen a insertar o emitir anuncios sobre el referéndum independentista. La resolución, pensada para ofrecer transparencia al reparto de fondos públicos a los medios privados, incluye un punto aprobado solo por Junts pel Sí y la CUP que reza así: “Los medios se comprometen a aceptar todas las campañas que lleve a cabo el Gobierno, también las relacionadas con comunicar aquello necesario para el buen funcionamiento del referéndum del próximo 1 de octubre”.

La Generalitat solo da subvenciones a medios que utilizan exclusivamente el catalán o a productos de medios editados en esa lengua. La moción aprobada ayer por el pleno del Parlament deja ahora en el Gobierno de Junts pel Sí la iniciativa de ejecutar el texto. El punto que pretende condicionar la asignación de ayudas económicas a que los medios se comprometan a publicar los anuncios de la Generalitat, incluidos los de la consulta separatista —un referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que sería ilegal—, tan solo logró poner de acuerdo al frente independentista de la Cámara. Catalunya Sí que es Pot se abstuvo, mientras que el resto de formaciones votaron en contra en medio de fuertes críticas.

Inútiles fueron los esfuerzos argumentales del diputado de la CUP Albert Botran, impulsor del texto, que defendió que lo único que persigue el controvertido punto es lograr “una campaña normal” del referéndum, en la que haya “pluralismo”. El diputado de Junts pel Sí Jordi Cuminal aseveró que se trata solo “de un contrato comercial”. Ambos, tanto Botran como Cuminal, coincidieron en que la difusión de la campaña de la Generalitat no supone condicionar las líneas editoriales de los medios.

Pero esos argumentos no frenaron las críticas de la oposición. Incluso el grupo Catalunya Sí que es Pot, que ha votado junto a Junts pel Sí resoluciones defensoras de la convocatoria de un referéndum con garantías, se negó a asumir ese punto de la moción. Su diputada Marta Ribas defendió que no se puede obligar a aceptar la publicación de anuncios de un referéndum “sin garantías”.

Escoger entre legalidades

La diputada ecosocialista dijo que con la moción aprobada ayer se obliga a los medios de comunicación a “escoger entre una legalidad y otra”. La división y las críticas que generó ese punto contrastan con la mayoría parlamentaria que aprobó el resto del texto, en el que se reclama la “máxima transparencia” en el reparto de las subvenciones públicas a los medios de comunicación y se pide que se tengan en cuenta elementos como la lucha contra la precariedad laboral o la paridad. Todos los grupos excepto el PP respaldaron esa parte de la moción.

Junts pel Sí y la CUP no pudieron evitar las críticas pese a que ambos grupos modificaron el polémico punto, que en su versión original pedía a los medios de comunicación que se comprometieran “con el fomento de la participación democrática en el referéndum del próximo 1 de octubre”.

El socialista David Pérez denunció que la negativa a otorgar fondos públicos a los medios de comunicación que se nieguen a ofrecer los anuncios sobre el referéndum supone “trasladar a los medios el conflicto, sean públicos o privados”. Durante su intervención, Pérez subrayó que “la ley no permite que las campañas sean partidistas” y que estas “han de mantener el respeto del ordenamiento constitucional”.

Con la misma lógica argumental, el diputado popular Juan Milián tachó la iniciativa de “ataque a la libertad de prensa brutal” y acusó a los partidos que defienden la vía del referéndum unilateral de entender “el pluralismo como un problema para sus objetivos totalitarios”, por lo que obligan “a los medios a publicar lo que dicta el Govern”.

Fernando de Páramo, diputado de Ciudadanos, el principal partido de la oposición, ironizó asegurando que TV3, la televisión pública autonómica, “cada día hace campaña por el 9-N bis”, en referencia a la consulta independentista que se celebró en 2014. Entonces el Gobierno catalán ya hizo caso omiso del Tribunal Constitucional y puso en marcha la campaña publicitaria del proceso participativo.

La moción instada por la CUP llega en un momento clave de la hoja de ruta del Gobierno catalán, que el próximo martes presentará lo que considera que serán las “garantías” del referéndum. Iniciada la cuenta atrás hasta el 1 de octubre, fecha fijada para la consulta, Junts pel Sí intenta evitar nuevas polémicas con la CUP, formación con la que mantiene una tensa relación por los preparativos de la consulta. El motivo es la incapacidad, al menos hasta ahora, de la Generalitat para salir airosa de dos de los objetivos que ya tendría que tener preparados: el proceso para adquirir las urnas y el sistema para que puedan votar los catalanes que actualmente residen fuera de España. El fiasco de ambos procesos —todavía se analiza cómo adquirir las urnas y el sistema de voto electrónico no llegará a tiempo para la consulta— ha sido señalado por la izquierda anticapitalista, que considera tibia la actuación de los miembros del Gobierno catalán a la hora de tomar la iniciativa.

Conscientes de la división social que suscita la consulta, Junts pel Sí evitó que en la moción se hiciera referencia a que los medios se tenían que comprometer a “fomentar” la participación ciudadana. A cambio, aceptó establecer que los mismos medios de comunicación que aceptan cualquier otra campaña de la Generalitat tendrían que admitir una sobre la campaña del 1 de octubre si quieren seguir recibiendo posibles subvenciones. El Gobierno de Carles Puigdemont tendrá en su mano ejecutar o no la moción parlamentaria.