Manuel Moix ha presentado este jueves su dimisión "irrevocable" como fiscal jefe Anticorrupción. Desde su nombramiento el pasado mes de febrero, las polémicas y controvertidas decisiones de Moix le han situado en el ojo del huracán a lo largo de estos tres meses y medio.

Las asociaciones de fiscales y la mayoría de partidos de la oposición han exigido la dimisión de Moix en varias ocasiones. Incluso, el hasta ahora fiscal jefe -junto a José Manuel Maza, fiscal general del Estado, y Rafael Catalá, ministro de Justicia- han sido reprobados por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados por proteger al Partido Popular en el caso Lezo. Ha sido la primera vez que una reprobación abarca la cúpula del ministerio público.

La breve carrera de Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción ha estado plagada de momentos polémicos:

Nombramiento discutido

Nombrado por el fiscal general de Estado, Moix fue acusado de su proximidad al PP y de la falta de experiencia en el área. Anteriormente, pasó por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ejerció como fiscal de la Comunidad de Madrid. Asimismo, fue el encargado de denunciar al juez Elpidio Silva, quien fue apartado de la carrera judicial; y rehusó acusar a Esperanza Aguirre de un delito por la huida de los agentes de movilidad de Madrid.

Intentó frenar el registro del domicilio de González

No llevaba ni dos meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción cuando se conoció que Manuel Moix intentó frenar por escrito el registro del domicilio de Ignacio González, antes de ser detenido -posteriormente en prisión- en el marco del caso Lezo, una operación contra su gestión en la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. Según la información publicada en la Ser, Moix ordenó a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, que no ejecutaran ese registro que ya estaba previsto. No obstante, los fiscales se negaron y forzaron la celebración de una junta de fiscales Anticorrupción que se opuso por mayoría a las intenciones de su jefe.

El preferido del expresidente madrileño

En el sumario de la operación Lezo, el juez Eloy Velasco, entonces juez instructor del caso, se hacía eco de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunitat Valenciana y exministro en los Gobiernos de Aznar. Éste tranquilizó a González sobre la investigación de la compra de su ático en Marbella con el nombramiento posterior de Manuel Moix como nuevo fiscal jefe Anticorrupción. Para más inri, José Manuel Maza, sabía que Moix era el candidato favorito de Ignacio González para ocupar el cargo ocho días antes de su nombramiento, al ser avisado por la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez.

Retirada del delito de organización criminal

Manuel Moix impuso la retirada del delito de organización criminal contra el expresidente de Madrid Ignacio González y el resto de investigados en la operación Lezo. Así, instó a Carlos Yáñez y Carmen García a omitir uno de los siete delitos que Velasco atribuyó a los imputados a la hora de formular la petición de prisión.

Evitó investigar el caso del campo de golf

En este tiempo se ha conocido que Moix evitó hasta en tres ocasiones que se investigase el caso González, la trama societaria que afectaba al expresidente de la Comunidad de Madrid y su familia en torno a la construcción del campo de golf del Canal de Isabel II. De este modo, el entonces fiscal superior de Madrid archivó en 2007, 2009 y 2010 las denuncias presentadas en relación a esta trama corrupta sin practicar ninguna diligencia.



Intentó apartar a lo fiscales del caso Lezo

El fiscal jefe Anticorrupción decidió apartar al fiscal principal de la operación Lezo, Carlos Yáñez. Según publicó la Ser, Moix pidió a Yáñez que renunciara a este puesto y volviera a Granada, donde tiene asignada la plaza. Tras esta información, Moix lo negó en la propia emisora de PRISA.

Pero días después, un documento inédito probaba que Moix mintió al aludir a la designación de “otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”. En el decreto firmado tras la junta de fiscales celebrada la víspera de la operación Lezo, Manuel Moix eximía a Yáñez y García de las "responsabilidades" a la hora de ejecutar la operación "ante la premura de tiempo para designar a otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento".

También mintió cuando aseguró que Yáñez le había pedido trasladarse a Granada, ya que, según el mismo documento, el hasta ahora fiscal jefe pidió tanto el relevo de Carlos Yáñez como el de Carmen García por encabezar la rebelión en la junta de fiscales que acabó con la aprobación del registro del domicilio de González.

Relevo frustado de los fiscales del 3%

Las decisiones de Moix no han sido sólo polémicas en el marco de la operación que investiga el expolio del Canal Isabel II. A finales de abril, el fiscal jefe Anticorrupción relevó a José Grinda y Fernando Bermejo, los fiscales del caso de las comisiones del 3% que presuntamente cobró CDC de empresarios. Con esta decisión, Moix y Maza pretendían imponer orden en una fiscalía dividida en dos y en la que Grinda encabeza uno de los bandos.

Casi dos semanas después, José Manuel Maza decidió aplazar la decisión del fiscal jefe Anticorrupción ante el Consejo Fiscal. El fiscal general alegó que se necesitaba una mejor información antes de refrendar este cambio.

Utilizó una denuncia de un imputado para investigar a los fiscales del caso Pujol

Casi una semana después de relevar a los fiscales del 3%, Moix ordenó investigar por supuestas coacciones y obstrucción a la Justicia a Grinda, Bermejo y Juan José Rosa, los tres encargados del caso Pujol. Para ello, el exjefe de Anticorrupción utilizó una denuncia de Rafael Pallardó, imputado desde 2011 por blanquear en Andorra millones de la mafia china, según informó este medio. En esta, el empresario afirma que los fiscales Grinda y Bermejo le presionaron en una reunión para que declarara contra varios miembros de la familia Pujol.

No obstante, Pallardó presentó su denuncia más de dos años después de que se reuniese con estos dos representantes del ministerio público. Asimismo, aseguraba que la reunión se celebró el 12 de marzo de 2015, cuando en realidad se produjo el 30 de octubre de 2014. Y, según ha podido averiguar Público, fue el blanqueador confeso quien presionó a los fiscales para que le fuera entregada una importante suma de dinero a cambio de delatar detalles sobre operaciones de blanqueo del clan Pujol.

Reuniones con los imputados de la banca andorrana

Manuel Moix se reunió en su despacho con los hermanos Higini y Ramon Cierco, actualmente investigados en el juzgado de instrucción 38 de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales en la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA), Banco de Madrid, de la que ambos son dueños. Los dos fiscales que investigan la causa contra los Cierco, Juan José Rosa y José Grinda, no fueron informados de este encuentro.

En esta reunión secreta, el abogado de la familia, Javier Iglesias, ofreció al fiscal jefe la disposición de los Cierco a colaborar para esclarecer casos de corrupción como el caso de las comisiones del 3%. No obstante, cuando este asunto estaba en manos de la Audiencia Nacional, los hermanos banqueros se ampararon en su derecho a no declarar.

La guinda al pastel: una empresa en Panamá

Aparte de sus polémicas decisiones y tejemanejes con el PP, Manuel Moix es dueño desde el año 2012 del 25% de una empresa radicada en Panamá -Duchesse Financial Overseas-, según publicaba este martes InfoLibre. La compañía, heredada de su padre y distribuida entre él y sus tres hermanos, es propietaria de un chalé en España, localizado en la localidad madrileña de Collado Villalba y valorado en 550.000 euros. En una entrevista con Onda Cero, Moix ha reconocido que es "indudable" que calculó "mal" la relevancia de la sociedad panameña.