La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún anunció que pondrá nuevos candados para evitar la comercialización de las 9 mil 500 hectáreas de terrenos, propiedad del gobierno estatal, que presuntamente el ex gobernador Roberto Borge Angulo comercializó entre familiares y amigos.

Cabe recordar que el martes pasado, el secretario estatal de la Gestión Pública en Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció demandas en contra del ex gobernador Borge por haber dilapidado el patrimonio de Quintana Roo, equivalente a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, para beneficiar a familiares cercanos, empleados o allegados de su familia.

También señaló como responsable a la ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, por la venta de estos terrenos que por ley debieron ser empleados en desarrollo social o desarrollo de vivienda, pero por el contrario se enajenaron a particulares.

Wexford James Tobin Cunningham, dirigente de AMPI en Cancún, dijo que se tendrán que hacer revisiones minuciosas en todas las transacciones inmobiliarias de todo el estado para evitar comercializar terrenos que hayan pertenecido al IPAE.

Esto tiene la finalidad de evitar “la venta de problemas” a quienes estén interesados en adquirir propiedades que en el corto o mediano plazo se verán envueltas en largos litigios, pues el gobierno del estado anunció que buscará recuperar toda esa reserva territorial que nunca debió ser enajenada a particulares.

Primero solicitarán al IPAE información para identificar las propiedades que se vendieron de manera ilegal a particulares, las cuales no entrarán en el inventario de venta de AMPI; en el caso de transacciones que ya estén en proceso, se deberá verificar el historial de esos terrenos en el Registro Público de la Propiedad para identificar los que pertenecieron al IPAE y cancelar la venta.

“Cuando se vende por debajo del precio de mercado, hay responsabilidades hacendarias, civiles, y seguramente habrá responsabilidades penales. No queremos promover este tipo de terrenos porque es promover un problema”, aseguró.

El presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Ezequiel Orozco, dijo que incluso se podrían fincar responsabilidades no sólo para las autoridades involucradas en la dilapidación del patrimonio estatal, sino que incluso podría configurarse el delito de colusión en aquellos casos de funcionarios o allegados del gobernador que adquirieron esos terrenos a precios que incluso llegaron a 1 peso por metro cuadrado.

“Muchos de esos terrenos fueron vendidos a la mamá del anterior gobernador, lo cual es imposible. Si yo soy el gobernador no puedo venderle eso a mi mamá. Cualquiera puede entender eso”.

Dijo que aunque el gobierno estatal ha dado muestras de voluntad política para resarcir este daño patrimonial, hay una sombra de duda sobre el actual Fiscal de Justicia en el estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, de quien incluso la Suprema Corte se pronunció el martes pasado, declarando que su nombramiento provoca incertidumbre jurídica.

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