Que los lobbies económicos son capaces de cualquier cosa ya lo sabemos. Que son mafias de guante blanco en los despachos y de mano ensangrentada en donde ponen en práctica sus decisiones ya los sabemos. Que son capaces de mentir, de extorsionar y hasta de matar. Lo sabemos.

Hace pocos días fue asesinada en Honduras Berta Cáceres por su activismo ecologista y por ser indigenista, feminista y defensora de los derechos humanos. Ella misma advirtió unos meses atrás de que estaba amenazada. Se podría decir que a Berta Cáceres la asesinaron el Gobierno hondureño, el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, transnacional de la construcción: ella había liderado la oposición popular a la construcción de una represa en el río Gualcarque, que arrasaría con núcleos de población, recursos naturales y paisaje. Los militares también la habían rondado en 2009, cuando se opuso al golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

El drama del asesinato de Berta Cáceres personifica al de una víctima aún mayor: los pueblos, la naturaleza y el Planeta. Son muchas e importantes las voces que se alzan en una última llamada contra los abusos de quienes fomentan y provocan la llamada crisis ecológica y claman por la asunción de alternativas socioeconómicas que no favorezcan los intereses de la banca, de las élites y de las corporaciones, sino que combatan la desigualdad, trabajen por el desarrollo de un modelo de producción y consumo más justo y sostenible, y luchen por la regeneración ecológica. Frente a esas voces se emplean sin límites los lobbies económicos, y la muerte de Berta Cáceres nos demuestra hasta dónde son capaces de llegar.

En estos mismos días nos enteramos también de que la industria cárnica maniobró en España para contrarrestar el informe que la ONU publicó en octubre de 2015, en el que se advierte sobre los efectos cancerígenos del consumo de carne. Las cuatro principales empresas del sector cárnico español (Interporc, Provacuno, Asici e Interovic) contrataron los servicios de la consultora británica SPRIM para lanzar una campaña de comunicación y marketing que negara lo que había dicho la ONU. La mejor manera era dar una “respuesta científica”, y decidieron hacerlo a través de “expertos en salud y nutrición”, profesionales que se mostraron públicamente críticos con el informe y avalaron con su (ahora nulo) prestigio un documento de “refuerzo de la imagen positiva de la carne”, que habría de trasladarse a organizaciones de protección del consumidor y medios de comunicación. La consultora llega a llamarlo “evangelización” en defensa del sector.

El escándalo mayúsculo es que consiguen la colaboración, incluso en algunos casos a cambio de 500 euros, de Carmen Vidal Carou, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona; Abel Mariné, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona; Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital de La Paz, en Madrid; Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA); y Susana Monereo, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón (Madrid). La campaña "científica" de la consultora contratada por los carnistas llega a conseguir que se pronuncien los pediatras a favor del consumo de la carne. Los que tienen en sus expertas manos a nuestros niños y niñas.

Una vez destapado el escándalo, estos presuntos expertos, así como los empresarios de la carne para los que actuaron de sicarios, debieran haber sido detenidos como un titiritero cualquiera y haber sido enviados a prisión preventiva del grave daño que causan a la sociedad, a la comunidad científica y a sus respectivos colectivos profesionales. No ha sido así, pues las fuerzas judiciales y del orden estaban ocupadas en detener e incomunicar a unos pacíficos antitaurinos que saltaron a la plaza de toros de Vistalegre para protestar contra la tortura pública y legal que se aplica a los animales en este país, y que a los medios no les resultó de interés, a pesar de que los activistas recibieron una paliza allí mismo por parte de unos taurinos que no fueron detenidos.

Pero más preocupante aún que las violencias de los lobbies económicos es la ceguera de esas víctimas suyas que no quieren ver que lo son. No hay más que remitirse a los comentarios de muchos lectores a esa noticia, que habría de ser una bomba mediática si no fuera porque las propias víctimas de su onda expansiva se resisten a aceptar que lo son, ya que, de reconocerlo, habrían de cambiar sus hábitos de consumo: si en octubre todo fueron chistes con el chorizo, ahora tocaba negar la mayor aunque las cartas estuvieran boca arriba. Cabe destacar que quien firma este artículo es sistemáticamente acusada, precisamente, de querer "evangelizar" sobre ese consumo, cuando resulta que quien trata de evangelizar, como literalmente demuestran los documentos filtrados, es el lobby de la industria cárnica.

Afortunadamente, aún queda un rastro de sensatez y dignidad, y la Confederación de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) pide a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria que refuerce su papel como portavoz para evitar el uso "torticero" de la "figura de los expertos". No ha tenido mucho eco su protesta (ni siquiera hay comentarios en la noticia), pero demuestra que solo en nuestras manos está la posibilidad de hacer frente al monstruo que nos devora: el de los lobbies y sus intereses, que no son los nuestros. De un modo u otro, nos va la vida en ello, como siempre nos recordará la muerte de Berta Cáceres.