En medio de múltiples cuestionamientos por parte de habitantes, expertos, activistas y autoridades locales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó este jueves una reunión pública de información sobre el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la cual hubo una respuesta prácticamente unánime de rechazo a la iniciativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el auditorio de la Escuela Primaria “Pedro Rodríguez Vargas”, ubicada en el municipio de Zumpango, estado de México, las autoridades del Ejército y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron a lo largo de una hora y media los datos principales del proyecto, muchos de los cuales están incluidos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por ambas dependencias.

El teniente coronel Luis Enrique Calderón Fernández, del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, expuso que en el aeropuerto mixto civil-militar que se pretende construir habría tres pistas, en las cuales podrían operar aviones de grandes dimensiones, con el objetivo de que, en su fase inicial, la terminal pueda recibir 20 millones de pasajeros al año, para concluir con 80 millones cuando la obra alcance su máxima capacidad.

De igual manera, detalló que podrían recibirse 350 mil toneladas de mercancías en 10 posiciones de contacto, con miras a llegar a 700 mil, y almacenar 25 mil litros de combustible, para llegar a 75 mil litros.

La ampliación de la base aérea creada en 1952, apuntó, permitiría recibir 190 mil vuelos al año al inicio de las actividades de la nueva terminal, con el objetivo de llegar a 750 mil al año, para un total de 80 millones de pasajeros, casi el doble de los 45 millones que hoy recibe el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Calderón indicó que, para construir este proyecto, haría falta adquirir mil 284 hectáreas para ampliar la terminal de Santa Lucía, en las cuales se ubicaría una zona de amortiguamiento acústico. En dicha zona, añadió, hoy se encuentran zonas agrícolas de temporal de los municipios de Nextlalpan, Tecámac y Zumpango.

La adquisición de dichas tierras sería a través de la compra directa con los propietarios de ejidos que estén dispuestos a vender sus propiedades, pero también se contempla la posibilidad de de expropiar terrenos en los casos donde no haya acuerdo y estén en manos de privados.

Con respecto al tema de la disponibilidad de agua, Jesús Mejía Gómez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó que el nuevo aeropuerto requeriría de 6 mil metros cúbicos de líquido al día, que sería 184 veces menor de lo que hoy significa el consumo público urbano, por lo que no habría peligro de desabasto para la población.

Al dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, los asistentes a la reunión informativa lanzaron diversos cuestionamientos y críticas sobre el carácter “incompleto” de la información presentada por las autoridades, y pidieron mayor información sobre la manera en que supuestamente se evitaría el desabasto de agua.

De igual forma, preguntaron cómo se evitaría el daño a la flora y fauna de la región y la forma en que se manejaría el patrimonio arqueológico, e incluso cuestionaron que se se hiciera mención a los daños sicológicos que puedan generar las obras en los habitantes de los municipios afectados.

En un auditorio que por momentos se ocupó en tres cuartas partes, pero que después empezó a tener menos aforo, las intervenciones fueron prácticamente unánimes en contra de la edificación del nuevo aeropuerto, salvo algunas intervenciones para preguntar cómo se podría conseguir empleo en la obra o manifestar su respaldo al criterio de López Obrador con respecto a Santa Lucía.

De igual forma, durante la fase de presentación de ponencias, académicos, pobladores y expertos en temas ambientales señalaron que la MIA elaborada por el Ejército y el Instituto de Ingeniería de la UNAM carecía de evaluaciones realistas y de conclusiones certeras.

Por momentos, grupos de pobladores corearon “agua sí, aviones no”, y desplegaron mantas en rechazo al proyecto.

La reunión estaba programada para terminar a las 19.30 horas, pero al agotarse las intervenciones, y tras no realizarse un segundo receso, culminó a las 16 horas.