CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado en las últimas horas la peor crisis de su Gobierno tras una refriega entre fuerzas federales y delincuentes en la ciudad de Culiacán que dejó como saldo al menos 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados.

Con un discurso en el que han apelado a la paz, López Obrador y su gabinete de seguridad, en dos ruedas de prensa distintas, han aceptado errores en un fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán.

Una tragedia que ha puesto al Ejecutivo contra las cuerdas.

"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (el gabinete de seguridad) tomaron esta decisión (liberarlo) y yo la respaldé", dijo el mandatario a modo de justificación en su conferencia matutina.

Después de horas de un vacío informativo por parte de las autoridades que desató todo tipo de rumores y versiones, López Obrador aseguró este viernes que se daría a conocer la "verdad".

LA NARRATIVA OFICIAL DE LOS HECHOS

El hijo del narcotraficante, sobre el que pesa una orden de extradición solicitada desde septiembre por Estados Unidos, fue hallado por un comando de 30 militares y miembros de la Guardia Nacional en un casa en la ciudad mexicana de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, una región considerada tierra de narcos.

Para evitar su detención, este hijo del Chapo desató horas de tiroteos y bloqueos en la capital del estado, de unos 800 mil habitantes, desatando el pánico entre la ciudadanía.

Esta crisis ha mostrado el poder de los grupos de la delincuencia organizada, en este caso el Cártel de Sinaloa, y ha dejado al descubierto las fisuras que registra el Gobierno de López Obrador en seguridad.

"En el afán de obtener un resultado positivo. (El comando) actuó de manera precipitada con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencia", reconoció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, en conferencia de prensa este viernes tras la reunión en Culiacán del Gabinete de Seguridad.

"Ante la violencia generalizada que se produjo, este gabinete de seguridad ordenó que se retiraran del domicilio" para acabar con esta operación "precipitada y mal planeada", apuntó Sandoval, quien aseguró que "formalmente no hubo una detención".

Sandoval explicó que el comando entró en una vivienda sobre las 15.45 hora local (20.45 GMT) en la que se identificó al hijo del Chapo, estando dentro de la casa hasta aproximadamente las 17:00 hora local (22.00 GMT).

Poco después de este hecho, se dieron los disturbios en toda la ciudad, por lo que el Gabinete de Seguridad tomó "por unanimidad" la decisión de "retirar al personal" de este inmueble.

De manera preliminar, el suceso ha dejado hasta el momento ocho muertos; un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno de un penal del municipio y cinco agresores.

Además de 16 heridos, y 49 reos fugados de esta prisión de Culiacán en la que se registró un motín.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, defendió la política de seguridad del actual Gobierno mexicano y añadió que "no hay ningún pacto, absolutamente ningún pacto, con el crimen organizado".

Ni tampoco hay "falta de Estado ni ausencia de Gobierno", se defendió ante las incómodas preguntas de los reporteros.

Durazo aseguró que "ya es tiempo de dejar de culpar a administraciones pasadas", si bien minutos antes López Obrador señaló que la estrategia que se estaba aplicando en anterior Administraciones convirtió al país "en un cementerio".

Ello en referencia a los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los que se han estimado más de 250 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos por la llamada guerra contra el narcotráfico.

UNA SEMANA TRÁGICA

El episodio de Culiacán se sumó a los dos enfrentamientos registrados esta semana entre agentes del Ejército mexicano y civiles armados en los estados de Michoacán y Guerrero, que dejaron como saldo 28 muertos.

El lunes se registró el asesinato de 13 policías estatales y 9 heridos en Aguililla, en el occidental estado Michoacán, quienes fueron emboscados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El martes, en Guerrero al menos hubo 15 muertos, 14 civiles y un militar, tras un enfrentamiento en la comunidad de Tepochica, Guerrero, una población cercana a Iguala, donde en 2014 desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La refriega en Culiacán ha reflejado el enorme control y poder que tiene el Cártel de Sinaloa y sus células sobre la región, que se consideraba relativamente pacificada en los últimos meses.

Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, entre enero y agosto de este año el noroccidental estado de Sinaloa registró 577 muertos, un 22.8 % menos si se compara con los 747 homicidios dolosos del mismo periodo del año pasado.