La democracia española tiene cada cierto tiempo este tipo de cosas. Contradicciones, ironías, bromas pesadas de muy mal gusto o, como bien dice el expreso político de la dictadura franquista Manuel Monge, consecuencias "lógicas y directas de cómo se hizo la Transición". La familia Franco, concretamente la ya fallecida Carmen Franco y José Cristobal Martínez Bordiu, presentaron una querella contra los 19 activistas que entraron el 30 de agosto de 2017 al Pazo de Meirás para denunciar el "expolio" de los Franco. Entraron pacíficamente y desplegaron dos pancartas: "Que devuelvan lo robado" y "El Pazo del pueblo gallego".

La acción coincidía además con el día en el que la Fundación Francisco Franco, que gestiona las visitas al histórico lugar, tenía que abrir el recinto para visitas al público, tal y como le obliga la declaración de la Xunta de Galicia en Bien de Interés Cultural. Pero no le daba la gana abrirlo. Estaban por encima del bien y del mal. Los activistas decidieron entrar pacíficamente, reivindicaron que el Pazo debía ser un lugar público y se fueron a las dos horas tras llegar la Guardia Civil.

Ahora, diez meses después de aquello, los activistas comienzan a recibir notificaciones judiciales. Citaciones para declarar ante la justicia a finales de septiembre. La familia Franco pide para ellos una suma de 247 años de prisión y medio millón de euros de multa. Denuncia la comisión de delitos de odio, de allanamiento de morada, de daños y contra el honor. El mundo al revés. Los descendientes de un dictador querellándose contra activistas por un delito de odio, una figura legal creada para proteger a colectivos discriminados. El mundo al revés, una vez más, en la democracia española cuando se habla de memoria histórica.

"Impresiona mucho entrar al edificio y encontrarte un busto enorme de Franco", recuerda Lucía López

Una de las personas que aparecen en la lista de 19 querellados es Lucía López. Tiene 32 años y participa en diferentes movimientos sociales. Entre ellos, el de la recuperación de la memoria histórica y el patrimonio expoliado por los Franco en Galicia. Lucía fue una de las personas que subió a la torre del Pazo de Meirás aquel 30 de agosto. Saltó el pequeño muro de la valla principal y se dirigió hacia la puerta. Subió hasta la torre y desde allí desplegó, junto a un grupo de personas, una pancarta. Otro grupo desplegó un cartel junto a la carretera. "Impresiona mucho entrar al edificio y encontrarte un busto enorme de Franco. Y conforme iba avanzando por la casa confirmé lo que pensaba: ese edificio tiene la única finalidad de exaltar la figura de Franco y su dictadura", señala en conversación telefónica con Público.

Militantes del BNG durante la jornada de protesta en el Pazo

Lucía aún no ha recibido la notificación del juzgado. No obstante, sabe que su nombre está en la lista de los 19. Tarde o temprano llegará el 'papelito' que le informará de que la familia Franco pide para ella una pena de 13 años de prisión. A Lucía le parece surrealista. Un mal chiste. "Es bastante irónico que la familia Franco denuncie a personas que luchan por la recuperación de un bien expoliado por la dictadura. Los herederos de una dictadura que ha asesinado, torturado y expoliado se atreve a seguir defendiendo sus privilegios utilizando la figura del delito de odio. Es irónico a la par que indignante", dice Lucía.

Quien sí ha recibido la notificación es Néstor Rego, quien también subió a la torre del Pazo. "Fue una acción simbólica, sin violencia y que, creemos, que es compartida por la mayoría del pueblo gallego. El Pazo tenía que haber estado abierto ese día ya que era día de visita y lo que hicimos fue ejercitar nuestro derecho a la libertad de expresión. Después, salió la Fundación Franco diciendo que se van a querellar contra el BNG y a pedir su ilegalización. El mundo al revés", explica con tono pausado Néstor, que repite la expresión de Lucía: "Es indignante".

El sentimiento de indignación es probablemente el más repetido entre las personas contactadas por Público. Hay documentos, informes y estudios, según la Diputación de A Coruña, que demuestran que la venta del Pazo de Meirás estuvo plagada de irregularidades. De hecho, denuncian que llegó a manos del dictador en 1938, en plena Guerra Civil, y que después, tras su victoria, regularizó la compra a través de un "contrato simulado". La dictadura terminó y llegó la democracia, pero la familia del dictador siguió disfrutando de todo su patrimonio. También del que había sido expoliado a la ciudadanía.

"Es insólito a nivel mundial. Tendremos que dar las gracias a PP, PSOE y UCD por haber la Transición", dice Manuel Monge

La intensidad de la conversación, no obstante, sube varios niveles de emoción cuando el que habla es Manuel Monge, ex preso político de la dictadura y exconcejal del BNG en A Coruna. Este hombre pasó por las cárceles de Basauri (Bilbao), junto a Nicolás Redondo (padre) y al artista Agustín Ibarrola; y de A Coruna. Precisamente, se encontraba en esta cárcel cuando un atentado acabó con la vida del presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco. Era el año 1973 y Monge ya llevaba a sus espaldas la lucha por la democracia. Una lucha que mantiene a día de hoy.

"Es evidente que continuamos conviviendo con los restos del franquismo. Una Fundación como esta es impensable en cualquier país democrático y mucho menos que los descendientes de un dictador fascista sigan disfrutando de lo expoliado. Aquí, encima, se dedican a poner denuncias a demócratas. Es insólito a nivel mundial. Tendremos que dar las gracias a PP, PSOE y UCD por haber permitido esto. Eso sí. No nos sorprendamos. Esto es producto y consecuencia directa de la Transición", reflexiona Monge.

Rueda de prensa de los activistas denunciados por la familia Franco

El problema de esta denuncia, como bien sabe Monge, es que puede provocar una caída en el ánimo, en el espíritu combativo y rebelde del grupo de activistas, vinculados al BNG, que decidieron ocupar el Pazo. Que la familia Franco y la Fundación que lleva el nombre del dictador logren inocular el miedo a la población. Monge sabe que la lucha por la recuperación de la memoria histórica es una batalla a largo plazo y las victorias se suceden casi por cuentagotas, pero se suceden. Por eso es importante mantener el ánimo arriba. "Quieren meternos más miedo en el cuerpo", dice Monge.

´La reflexión de Monge es compartida por Óscar Calvo, secretario comarcal Confederación Intersindical Galega de Banca en A Coruña. Participó en la ocupación simbólica del Pazo de Meirás para reivindicar que el Pazo "es del pueblo gallego" y admite que es imposible no sentir un cierto vértigo cuando alguien tan poderoso, como la familia Franco, solicita penas de 13 años de prisión contra tu persona: "La preocupación personal está ahí. Obvio. Por lo que pueda sufrir yo, pero sobre todo por lo que pueda sufrir mi familia. Intentas pensar que no pasará nada, pero entre mordazas y reformas legales en la Justicia, pues uno tiene respeto. Está claro que ellos buscan que tengamos miedo, pero no vamos a caer tampoco. Fue un acto de libertad de expresión". Óscar Calvo incide en el carácter pacífico del acto. Sin amenazas, sin destrozos. Con el único objetivo de denunciar algo tan "lógico" como el "expolio" del dictador.

"La preocupación personal está ahí. Intentas pensar que no pasará nada, pero entre mordazas y reformas legales en la Justicia pues uno tiene respeto", dice Néstor, de los 19 de Meirás

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que hace escasas semanas impulsó una visita de eurodiputados al Pazo de Meirás, añade a la ecuación de los objetivos de la familia Franco y de la Fundación con esta querella: el dinero, los euros que necesita la familia Franco para poder mantener su abultado patrimonio. "Está claro que lo hacen por dinero. Necesitan tener el Pazo bien acondicionado y todo eso vale mucho dinero y ahora quieren sacar medio millón de euros a 19 activistas", denuncia Ana Miranda, que anuncia que llevará la querella al Parlamento Europeo.

"Vamos a intentar que este tema tenga repercusión internacional. Es tremendo que la familia de un dictador se atreva incluso a utilizar la figura del delito de odio contra los activistas. Son capaces de darle la vuelta a todo. Son capaces de pedir 13 años de cárcel y medio millón de euros para unos activistas que solo quieren recuperar el patrimonio público de su país", denuncia la eurodiputada, que recuerda que el PSOE pidió ilegalizar a la Fundación Francisco Franco estando en la oposición.

"Pedro Sánchez tiene la oportunidad de ilegalizar a la Fundación Nacional Francisco Franco. No hacerlo sería amparar esta denuncia y que unos activistas afronten un juicio con una petición de cárcel mayor de la que ha sufrido ningún dirigente franquista por sus responsabilidades en la dictadura", dice Miranda, que anuncia que el caso llegará la semana que viene al grupo de Memoria Histórica del Parlamento Europeo.

Mientras tanto, 19 activistas van recibiendo con cuentagotas la notificación judicial de una querella que lleva el nombre de la mismísima Carmen Franco, con fecha del 10 de octubre de 2017, solo dos meses y 21 días antes de su fallecimiento. La querella les atribuye delitos penados con 13 años de prisión para cada uno y un montante de medio millón de euros. Es de la democracia al revés. Una broma de mal gusto. Contradicciones, ironías de un régimen político que nunca acabó del todo con el franquismo pese a la muerte de Franco.