El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ha lanzado un rompedor programa de recorte de impuestos con la esperanza de reactivar la economía y financiar así un ambicioso programa de inversiones públicas que, de entrada, costaría más de 30.000 millones de libras, unos 33.200 millones de euros. Y muchísimo más si se ponen en marcha todas las propuestas que lanzó durante su campaña por el liderazgo de los conservadores británicos.

Johnson ha anunciado que bajará el IRPF a las clases medias-altas (con ingresos de entre 50.000 y 80.000 libras al año, entre 55.500 euros y 88.500 euros), reducirá las cotizaciones sociales y recortará el impuesto que grava las transacciones inmobiliarias. Quiere también bajar la llamada business tax que está ahogando el comercio en las grandes ciudades, universalizar la banda ancha antes de 2025, crear seis nuevos puertos francos al estilo de Singapur, extender el tendido ferroviario de alta velocidad, tener un aeropuerto abierto 24 horas, aumentar los policías, más dinero por alumno en las escuelas primarias y secundarias, más carreteras, más centrales eléctricas limpias y hasta un puente que una Escocia con Irlanda del Norte.

¿Cómo se va a financiar todo? Boris el optimista, que ha alcanzado la cima política de Reino Unido con el populista mensaje de que el verdadero problema del país no es el Brexit sino el pesimismo que han difundido los enemigos de la ruptura con Europa, cree ciegamente en la política impulsada en su día por Ronald Reagan en Estados Unidos en los años ochenta del siglo pasado. Siguiendo los consejos de su asesor Arthur Laffer, Reagan recortó impuestos para aumentar las recaudaciones fiscales, una fórmula considerada quimérica por una gran mayoría de expertos.

“Deberíamos recordar el fenómeno identificado antes que nadie por el gran erudito musulmán Ibn Jaldún en el siglo XIV en Túnez, adscrito ahora a Arthur Laffer: si recortas los impuestos adecuados, puedes incrementar los ingresos fiscales para el Gobierno. Y con eso en la mente, deberíamos mirar no a una subida de impuestos sino a un recorte del IRPF, de las ganancias del capital y de las transacciones inmobiliarias”, escribió Johnson en septiembre del año pasado en su columna semanal en The Daily Telegraph, el diario conservador y furibundamente pro-Brexit.

Y dicho y hecho. Aunque Reagan acabó disparando el déficit y la deuda pública de Estados Unidos para lograr su objetivo de inyectar miles de millones de dólares en la economía, gastados en gran parte en contratos multimillonarios para las empresas de defensa, no en programas que permitieran la incorporación a la economía de las clases más desfavorecidas del país.

Johnson ha puesto en marcha su versión particular del cuento de la lechera. Ha anunciado ya diversas medidas concretas de recortes de impuestos. Y, a la espera de que esos recortes empiecen a dar fruto de acuerdo con las tesis de Ibn Jalún, prevé poder financiar el aumento del gasto público con un dinero que hasta ahora se consideraba intocable: la bolsa de 26.600 millones de libras ahorradas por el canciller del Exchequer saliente, Philip Hammond (que saltó del barco gubernamental antes de que el nuevo primer ministro le echara a patadas por su tibieza en materia de Brexit), y que este quería reservar para un eventual presupuesto de urgencia en el caso de que Reino Unido acabara abandonando la Unión Europea sin acuerdo.

La factura del divorcio

Johnson, que se ha comprometido a materializar el Brexit no más tarde de la actual fecha límite del 31 de octubre, haya o no haya acuerdo, cuenta también con el paquete de 39.000 millones de libras (43.000 millones de euros) que Reino Unido debería pagar a la UE al marcharse para cumplir con los compromisos presupuestarios pendientes o ya en marcha. La llamada “factura del divorcio”. Boris el optimista ha asegurado a las bases conservadoras que Londres no pagará ese dinero si se va sin acuerdo. Y quiere utilizarlo para suavizar el impacto de un Brexit a las bravas.

Sin embargo, esa posición tiene dos puntos débiles. El primero es que no hay acuerdo sobre la tesis de Boris de que el pago de la factura del divorcio (que incluye, por ejemplo, las pensiones de los funcionarios británicos en Bruselas) no es una obligación legal. El segundo punto débil es que Bruselas considera que, al margen de la cuestión legal, esa es una obligación moral de Reino Unido y es imposible aceptar ningún futuro acuerdo comercial que no incluya el pago de esa factura. Y no es descartable que Europa se niegue incluso a empezar siquiera unas negociaciones sobre el futuro sin que Londres acepte antes pagar ese dinero.

A pesar de sus apelaciones al erudito tunecino y al asesor económico de Reagan, Johnson parece intuir que sus cuentas se parecen más a las de la lechera que a las del mundo real y ha dado órdenes al nuevo responsable de las finanzas públicas, Sajid Javid, para que se salte las rígidas normas de disciplina fiscal impuestas por los conservadores en 2010. Aplicadas tanto por el canciller George Osborne en tiempos de David Cameron como por Philip Hammond con Theresa May, esa austeridad ha permitido reducir el déficit presupuestario desde el 10% del PIB en 2010 a poco más del 1% ahora.

El nuevo primer ministro ha detallado algunas de las nuevas medidas, pero muchas son meras declaraciones de intenciones. El anuncio más concreto es el recorte del IRPF para las clases medias más acomodadas, uno de los principales graneros de votos para el Partido Conservador. Johnson quiere que el nivel mínimo del IRPF (20%) se aplique a los ingresos superiores a 80.000 libras anuales, en lugar del nivel actual de 50.000 libras al año. Hasta ahora, los ingresos por debajo de 12.500 libras están exentos, hasta 50.000 libras pagan el 20%, hasta 150.000 el 40% y el resto el 45%.

Esa bajada de impuestos beneficiaría a 3,2 millones de contribuyentes con empleo activo, 400.000 pensionistas y un número menor de autónomos, generando una reducción media de 2.500 libras al año por familia. Sin embargo, el respetado Instituto de Estudios Fiscales (IFS por sus siglas en inglés) estima que el 75% de esa reducción iría al 10% de hogares con más ingresos (dentro de ese grupo de contribuyentes) y el 97% beneficiaría a un 30% de esos hogares. Es decir, solo un 3% del ahorro fiscal total quedaría repartido entre el 70% de los contribuyentes con ingresos entre 50.000 y 80.000 libras. El IFS estima, además, que el recorte beneficia mucho más a los hombres que a las mujeres.

Johnson ha anunciado también un aumento del techo que afecta a las contribuciones sociales, que en la actualidad deben pagarse por salarios que superan las 8.632 libras al año. Pero el nuevo primer ministro no ha aclarado ni cuál será el nuevo mínimo exento ni si la reducción afecta a la parte que pagan los empleados o a la que cubren las empresas, o ambas.

El Instituto de Estudios Fiscales calcula que, si la medida afectara solo a empleados (y autónomos), un aumento de 1.000 libras al año en el techo beneficiaría a 600.000 trabajadores con un coste de 3.000 millones de libras para las arcas públicas. Si beneficiara también a las empresas, el coste subiría a 4.500 millones de libras anuales. Si el nuevo mínimo exento alcanzara las 12.500 libras (como en el IRPF), el coste sería de 11.000 millones al año y superaría los 17.000 millones si también beneficiara a las empresas, eximiendo del pago de cuotas a 2,4 millones de trabajadores.

Otra de las propuestas de Johnson, elevar el gasto educativo a 5.000 libras al año por alumno de secundaria y 4.000 por alumno de primaria, costaría 4.600 millones de libras. Crear 20.000 nuevas plazas para policías costaría 1.100 millones de libras al año. Eximir del pago de la licencia de TV a los mayores de 75 años obligaría a subvencionar a la BBC con 250 millones el año. Aumentar a 500.000 libras el mínimo exento del pago de la tasa de transacciones inmobiliarias y actos documentados (la llamada stamp duty) costaría 3.800 millones de libras.

Se ignora el coste de los proyectos de gasto en infraestructuras. Ni cómo se van a pagar. Solo la lechera y Boris el optimista parecen saberlo…