La crisis de la industria naval atraviesa al sector público y a las empresas privadas. Han cerrado astilleros, se perdieron 1.700 puestos de trabajo en los últimos dos años y justamente, en estos días, Tandanor y Río Santiago atraviesan ajustes, despidos, reclamos y represión. El sector, que se ocupa de reparar, construir y diseñar barcos, reclama una urgente política de apoyo a la industria naval para evitar el cierre de más empresas.

En los últimos dos años, cerraron los astilleros Punta Alvear de Santa Fe; Corrientes, de la provincia homónima y el Omega de Rosario. Pero hay más en situación grave, como el astillero Mestrina de Tigre, Vanoli de Necochea, y Forte de Tigre. En estos días hubo más de 23 despidos en Tandanor y corren riesgo los 3.300 trabajadores de Río Santiago.

La industria naval argentina concentra a cien empresas, que tienen 6.000 empleados pero sostienen otros 12.000 puestos indirectos, entre talleres y proveedores navales.

"Se reglamentó la ley de la industria naval, pero el Gobierno vetó la mayoría de los artículos. Ambas cámaras aprobaron 38 artículos, pero les quitaron 30 y quedaron ocho. El objetivo era promover la construcción de barcos y se creaba un fondo para que los armadores pudieran construir embarcaciones y establecía un bono de capital, que se cobraba por producir un bien con valor agregado. El Ejecutivo lo vetó", explican empresarios bonaerenses.

La otra ley, conocida como de la Marina Mercante, la bautizan como nefasta. "Establece que se pueden importar barcos con arancel cero. Ni dejan entrar autos usados para que la industria automotriz pueda competir y en nuestro sector se permiten. Las fábricas van a desaparecer", apunta otro ejecutivo.

Apertura

El problema mayor es que hasta el Estado compra al exterior barcos que se podrían construir acá. "El ministerio de Seguridad compró lanchas a Israel para Prefectura, el ministerio de Defensa compró un barco usado y tres nuevos a Francia, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero compró dos barcos de investigación a España y se facilitó el ingreso de veinte remolcadores usados para una empresa internacional", relatan.

Miguel Angel Sánchez, presidente de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval y miembro de la Junta Directiva del la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, señaló a BAE Negocios que "estamos muy preocupados por la ausencia de políticas de Estado a favor de la industria naval argentina. Esperamos que se pueda revertir y se convoque a todos los sectores a una mesa de diálogo urgente".

Argentina cuenta con 8.400 kilómetros de costa marítima y fluvial, sin embargo, en la década del 90 se perdió la Marina Mercante. En la actualidad, el 95% del comercio que entra y sale del país se hace por barcos. "El país paga en fletes al extranjero entre u$s5.000 y u$s8.000 millones, por no tener flota propia", explica un experto en el tema.

Jaqueada por la importación, la industria naval está a la deriva. Recién hace unos pocos días, el Gobierno trata de impulsar un proyecto de reconversión de la flota pesquera. El Ejecutivo convocó a las cámaras del sector pesquero y de la industria naval. La idea es avanzar con líneas de crédito para renovar una flota pesquera que en algunos casos, promedia los cuarenta años de antigüedad.

Mientras tanto, 600 jóvenes estudian entusiasmados la carrera de ingeniero naval, aunque no se sabe si tendrán una buena perspectiva de trabajo cuando terminen.