Fotos: Nacho Yuchark / Dossier crónicas

—¿En la casa de cuántos de ustedes Gendarmería tiró la puerta abajo, entró y dio vuelta todo? —preguntó la trabajadora social a un grupo de 50 pibes de 13 y 14 años del barrio San Petersburgo, la San Pete, uno de los tantos asentamientos que pueblan el partido de La Matanza, al oeste del conurbano.

Como en una coreografía, casi todos los chicos y chicas de primer año de la Secundaria 79 levantaron sus brazos al mismo tiempo. Solo cinco no lo hicieron. Conversaban sobre la convivencia: intentaban definir qué entendían como violencia. Hasta esa pregunta, nunca habían pensado que la violencia también podía ser una topadora derrumbando sus propias casas porque alguien la había señalado como un búnker narco o policías armados entrando a los gritos en una casilla buscando a alguien que no vivía ahí. Se acostumbraron a la espectacularidad de los operativos que no miran por TV: los protagonizan en vivo y en directo.

Desde la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia, Cambiemos buscó instalar la idea de que el narcotráfico es una de las mayores preocupaciones del país. “Argentina sin narcotráfico” fue una de sus tres principales promesas electorales que luego se convirtió en el anuncio de un plan que lanzó el 30 de agosto de 2016 en Tecnópolis. “Tenemos que ganar esta guerra”, dijo ese día el presidente. ¿Cuál es el escenario después de cuatro años de discursos bélicos alimentados por una obsesión en la construcción de cifras sobre incautaciones y detenciones como supuestos indicadores de éxito? Un paisaje de posguerra conurbana: miles de consumidores y pobres en las cárceles que engrosan las estadísticas al tiempo que colapsan los espacios de encierro; miles de madres criando solas a sus hijos e hijas porque sus parejas están presos y una cifra récord de mujeres presas por infracción a la ley de estupefacientes 23.737.

Una vez que se apagan las cámaras de las fuerzas de seguridad que filman los allanamientos y las imágenes se publican en las redes sociales del Ministerio de Seguridad, en las barriadas empobrecidas del Gran Buenos Aires quedan ruinas y escombros. No es metáfora gastada: las huellas del paso de la Gendarmería o la Policía Bonaerense son parte del paisaje villero de la San Pete, entre las casas de material precario, la basura amontonada, las zanjas de agua putrefacta y las casillas de chapa que se acomodan con urgencia en las tiras en las que se organiza el barrio. En el piso sobre el que hasta hace poco había camas, mesas y sillas, chicos y chicas haciendo la tarea y las doñas cocinando, no queda nada. La vegetación hizo su trabajo y algún perro descansa sobre los cascotes. Las topadoras dejaron un hueco que permite ampliar el horizonte de la villa y ver un poco más allá: el cablerio que cruza el cielo, las casitas del fondo, los árboles secos. Esta intemperie compone una escena de posguerra a siete kilómetros de la General Paz, cerca de las líneas del ferrocarril Belgrano Sur.

Los escombros de las casas derrumbadas en San Pete omiten el dato que cuentan vecinas y referentes sociales: las familias que vivían ahí se fueron, se las arreglaron para encontrar un techo nuevo; algunos transas perdieron y están detenidos pero fueron rápidamente reemplazados; otros zafaron de los allanamientos y siguen vendiendo pequeñas dosis de cocaína envueltas en papel glasé de colores.

“Es que se tiran las casas, pero en realidad son las casas de las familias, no del transa. El transa sigue estando, el negocio está. Tiran las casas de la gente de los barrios”, dice Pablo Enríquez, operador del Equipo de Salud Mental y Adicciones del Centro de Salud 3 Ramón Carrillo, ubicado en un punto neurálgico: cerca de San Pete, Puerta de Hierro y Villegas.

Si las paredes de las casillas que quedaron de pie no dijeran “Vote Espert” o “No a Macri” esta estampa podría ser en cualquier otra parte del mundo. Si los pibes no hubiesen escrachado con aerosol “Dylan de San Pete” en uno de esos muros, una imagen de este lugar podría reflejar cualquier otro rincón pobre del territorio bonaerense en los que se repite la espectacularidad de los operativos.

—¡Hacen terrible operativo para llevarse a los giles! ¡Los pibes después vuelven y se creen Pablo Escobar!

Carina Leguizamón resume con precisión barrial la puesta en escena del macrismo. Ella es responsable de la Red de Mujeres de Moreno y de la Casa Joven de Lomas de Casasco, un barrio creado en el Plan Federal de Viviendas del primer gobierno de Néstor Kirchner donde hoy los pibes roban los portones de la escuela o garrafas para comprar marihuana o cocaína. La obsesiona cómo llegar a los esos chicxs, por eso propone espacios de formación como talleres de tapicería y electricidad.

“Más detenidos que nunca”

El 25 de marzo de 2019 el mercado abrió con un dólar a la baja y las tapas de los diarios reflejaron la marcha por un nuevo aniversario del golpe de estado cívico-militar. Ese lunes para la gobernadora María Eugenia Vidal no fue “un día más”. Con rictus de preocupación y enfundada en un poncho verde mostró frente a las cámaras cómo derribaban en Rafael Castillo, partido de La Matanza, “el búnker de droga número 100”. La acompañaron el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el comisario Fabián Perrone, jefe de la Policía Bonaerense. En la conferencia de prensa improvisada tiró los números de su gestión: 65.000 kilos de marihuana y medio millón de dosis de paco decomisados, 100 mil operativos y “más detenidos que nunca”. El tono era de celebración.

Cada día 100 personas son detenidas en la Provincia acusadas por formar parte de una estructura criminal vinculada a la venta de distintas sustancias ilícitas. Los datos son del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires: entre diciembre de 2015 y enero de 2019 111.183 individuos fueron “puestos a disposición de la Justicia por venta o tenencia de estupefacientes”. Es un promedio de 37.000 detenciones por año. En este territorio hubo un aumento de más del 300% en la cantidad de causas iniciadas por consumo y narcomenudeo: pasaron de 13.948 en 2006 a 48.046 en 2017. Cada año se abren alrededor de 10.300 causas por consumo solo en esta provincia.

Todos estos números forman parte del capítulo Guerra contra el narcotráfico. Guerra contra les pobres del Informe Anual 2019 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Aumentaron significativamente los niveles de encarcelamiento”, dice Marina García Acevedo, una de las investigadoras que trabajó en el informe. “La literatura especializada es muy crítica de este enfoque. Dar por sentado que es un éxito, corre la discusión sobre su efectividad y consecuencias. Los datos muestran la detención policial de consumidores y un mayor encarcelamiento de pequeños vendedores que son reemplazables en la cadena de comercio. El encarcelamiento de un pequeño vendedor no desarticula la venta de drogas”, explica.

Todos narcos

“Con la pérdida de empleo que hay, me contaba un cura del barrio Carlos Gardel, que hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, dijo el próximo gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof el 6 de octubre de 2019 en una entrevista.

Al momento de entrar al sistema carcelario, el 36% de los varones presos por delitos de drogas estaba desocupado y el 38% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 24% tenía trabajo estable a tiempo completo. Entre las mujeres un 46% estaba desocupada y un 29% tenía trabajo a tiempo parcial. Sólo el 22% tenía trabajo a tiempo completo. Entre la población trans el 63% estaba desocupada y un 25% tenía trabajo a tiempo parcial. Estas cifras le dan la razón al cura que habló con Axel: la venta de sustancias ilícitas se vuelve una opción posible para sobrevivir.

“Profesión ama de casa. Al momento de su detención vivía sola con sus hijos de 16, 10 y 8 años respectivamente, con la ayuda del Plan Social Jefes y Jefas de Hogar. Residía en una vivienda de un solo ambiente separado por muebles”; “La imputada residía sola junto a sus tres hijos de 7, 13 y 15 años. Casilla con paredes de madera. Techo solo de chapa, piso de cemento alisado”; “Casa de material sin revocar, con puerta de acceso construida en chapa”.

Estas frases aparecen en los partes policiales de allanamientos en los que fueron detenidas mujeres por comercialización de drogas en Buenos Aires que fueron sistematizados por el Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres en el país. En 2017, 1.561 mujeres estaban encarceladas por delitos tipificados en la ley 23.737. En 2015 habían sido 1.093. “Así como en los trabajos lícitos las mujeres tienen los peores trabajos, los más precarios y precarizados, en los ilícitos también. Los mercados ilícitos son capitalistas. Reproducen las mismas lógicas”, explica el abogado de la ONG Intercambios Alejandro Corda.

—O te vas a chupar pija o te vas a vender merca —sintetiza Carina Leguizamón.

Rescatarse

La organización Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos hizo el cálculo sobre el costo del Estado en la persecución de personas que usan distintos tipos de drogas y llegaron a un números estimativos: más de 40 millones de dólares por año.

A nivel nacional, el presupuesto destinado a criminalizar a las personas sigue siendo desproporcionado en relación con los recursos destinados a la prevención y el tratamiento de las adicciones. Mientras tanto, el consumo va en aumento: del 3,6% de la población consumidora de alguna droga ilícita en el año 2010, se pasó a un 8,3% en la actualidad, de acuerdo a datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). El gobierno nacional continúa sin reglamentar, después de cinco años de vigencia, la ley de Abordaje de los Consumos Problemáticos.

En Villa Loyola, un pequeño asentamiento del partido de San Martín, la fila de pibes para comprar marihuana y cocaína se alcanza a ver desde Avenida Constituyentes. Desde las 14 empiezan las transacciones y duran hasta las 6 de la mañana del otro día. Los “soldaditos” que custodian los puntos fijos de venta cobran 3.000 pesos por semana y tienen colaboradores extra ad honorem.

—¡Gorra! ¡Gorra!—se escucha desde el playón del barrio cada vez que creen que la policía se acerca al lugar.

A veces quienes gritan son nenes a quienes nadie les dio esa tarea pero la asumieron como propia. Interrumpen lo que estaban haciendo y avisan a los más grandes. Ninguna actividad social, cultural, política se hace sin la venia de ellos.

—Nunca vi una situación de consumo como ahora. Los pibes van a buscar las pastillas que tiran laboratorios en el fondo del CEAMSE. Se empastillan con cualquier cosa. Los vemos fisura los fines de semana. Otros van, compran y en seguida que salen del lugar están consumiendo —dice Zulma Monges. Ella hace 19 años que vive en Costa Esperanza, donde las barriadas pobres de San Martín comenzaron a ganarle terreno a las montañas de basura de la planta de residuos. Zulma forma parte del Movimiento Evita. “Cuando hay crisis siempre crece el consumo. No hay trabajo, las instituciones empiezan a expulsar a las personas, las escuelas a los pibes”, dice. Suma la estadística con la que cuentan quienes conocen el pulso del barrio: “Que un familiar no tenga un integrante de la familia consumiendo es raro”.

Zulma escucha el mismo reclamo de las madres de los pibes: “Que lo internen o que lo metan preso”. Ella apuesta a otro tipo de intervención y pone a trabajar a la creatividad junto a sus 21 compañeras de la Casa de la Mujer Kuña Guapa, un espacio destinado para acompañamiento y atención comunitaria para mujeres en situación de consumo problemático y violencias. Kuña significa “mujer” en guaraní. Guapa no tiene que ver con ser linda, sino con la capacidad de “hacer bien muchas cosas”. Su objetivo es la reducción de daños. “Trabajamos con pibas y las situaciones de consumo muchas veces aparecen mientras jugamos al fútbol. Evitamos les saquen a les hijes. Nuestra intervención a veces consiste en que la piba cobre las Asignación Universal por Hijo, que vaya al comedor a buscar viandas todos los días y tengan para comer, que se ponga el implante hormonal anticonceptivo para evitar un nuevo embarazo. Quizás sigue consumiendo pero menos porque está ocupada y tiene distintos recursos de protección”, cuenta Lucha Cappra, la responsable de Kuña Guapa.

—Las familias son herederas del paradigma prohibicionista. No es que van a venir y te van a habla de consumo problemático. Vienen y piden internación porque, en general, quien está en consumo rompe todos sus lazos familiares—explica la trabajadora social Yanina Martínez, del Equipo del Carrillo.

Laura Correa habla como integrante de la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos y como madre de un pibe que se fue tres veces de una internación voluntaria. Su hijo vive en el barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora y consume pastillas: Rivotril y “gusanito”, un cóctel de fármacos. Ella dice que en tiempos de crisis es más barato que el porro y la cocaína: pagan 150 pesos la tableta de doce. Los pibes ya tienen el circuito para comprar también las recetas. Laura cuentan que llegan a pagar 500 pesos por un pack de tres recetas.

—Buscas respuestas y no hay. Pasás diferentes instancias y tenés que terminar en una judicialización para poder salvarle la vida. A fin de mes, el farmacéutico que te vende las recetas hace un informe como que les robaron y tenés 50 cajas de pastillas faltante en el resumen de la farmacia y 450 pibes haciendo desastres en el barrio. Después de las pastillas terminan consumiendo paco. Porque mi hijo hace eso —explica con la bronca instalada en sus gestos.— Los dispositivos son abiertos y ambulatorios pero yo tengo un pibe que estoy criando en un barrio conflictivo. A veces una internación a través del equipo zonal tarda dos meses y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Necesitamos que haya una política que acompañe a más.

El alcohol y las pastillas es lo que más preocupa a quienes hablaron para esta nota. “Pablito, si me ves empastillado y con un fierro correte porque no te voy a reconocer y te puedo matar”, le dijo uno de los pibes a un operador del Programa Envión.

“¿Cómo competís con un centro cultural que le puede dar fútbol con ser soldado de un transa que te ganas 3 lucas por día? No hay chance”, dice Lucha Cappra en Costa Esperanza. Y la pregunta casi idéntica resuena, cerca de ahí en Villa Curita: “¿Cómo le compito a los transas si nada más le puedo ofrecer 8.000 pesos para que se sume a la cooperativa de limpieza y ellos pueden darle 5.000 o 6.000 si trabajan de noche?”, se pregunta Pao Insaurralde. Tiene 35 años y está terminando el secundario. Hace 15 que sostiene un comedor donde todas las tardes 100 personas se acumulan en el pasillo angosto de la entrada. La demanda del hambre no les deja dinero, tiempo y espacio para pensar actividades sociales, deportivas y culturales.

Para Pao el problema es la comisaría del barrio, “la cuarta”.

—Acá los policías vinieron a sacar a una señora diabética de 40 años que no tenía donde vivir y había tomado un terreno con su hija. Vinieron con 10 patrulleros ¿Por qué no van y le caen al verdadero proveedor, al transa?

La reforma policial es otra de las demandas que aparece en boca de quienes están en los barrios. “La policía decide con quien negocia, con quien tiene una práctica extorsiva o a quien va a detener. A su vez no hay auditorías serias que puedan dar cuenta de que hace seis años la policía que interviene en tal o cual barrio hoy interviene de otra manera o igual. Eso también es un problema”, dice Victoria Darraidou, del CELS.

La Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, reglamentada en 2013, significó un cambio de paradigma. “Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, señala.

Celeste Paracchini es la coordinadora del Equipo de Salud Mental y Adicciones del Centro Carrillo. Ella observa que, con la gestión de Vidal, se fue vaciando el espacio de recursos provinciales: renuncias sin reemplazos, medicación que dejó de llegar, etc.

—Lo que funciona es lo artesanal—define Paracchini. Con su equipo reinventan formas de atención y tratan de llevar el Centro de salud a los barrios. Todas las semanas hacen actividades en los pasillos, canchitas, rincones de las barriadas que lo rodean en la que incluyen a los pibes y a las pibas desde la idea inicial. Como hicieron con Luisito, un pibe 17 años que vive en San Pete y lo veían ahí, en el borde. Uno de los integrantes del equipo del Centro lo conocía del barrio y quería pensar una actividad con él. Se juntaron y anotaron algunas ideas en un papel para organizar partidos de fútbol todas las semanas: dónde, cómo y cuándo. Así surgió el espacio de fútbol para pibes de 16 en adelante que están en el barrio sin muchas opciones y que no caminan más de seis cuadras para nada porque les parece mucho.

—Con estos espacios se gana vida. En ese rato están vivos. Para este barrio es un montón— dice Yanina Martínez.

Los andamiajes formales se desbordan cuando se trata de dar respuesta a la demanda. Algunas referentas encuentran artilugios para conseguirles un Salario Social a los pibes que no están en edad para ser parte de cooperativas de trabajo: anotan a sus mamás pero los que van a trabajar son ellos. Así evitan que estén en la calle y se la den en la pera a diario.

José Luis Calegari es parte de la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos, que tienen presencia en distintos puntos del conurbano. Él trabaja en Florencio Varela. Cuestiona la lógica de planes y la de idea de “competir” económicamente con aquello que tienen para ofrecer los transas. Interviene en los territorios desde una “cadena de acompañamiento afectivo”.

—El fracaso del kirchnerismo-macrismo es pensar que el problema se soluciona poniéndole guita en los bolsillos a los pibes —dice José Luis y enumera los programas pensados para jóvenes en territorio bonaerense: Progresar y Envión —. Tus 5.000 pesos o 7.000 no compiten con lo que le van a dar por hacer de campana en la puerta de un lugar de venta de droga”.

Para él, lo clave es “poner la guita” en espacios comunitarios sostenidos en el tiempo. “Generar espacios amables, de abrazo, de afecto. En eso podemos competir y así empezamos a tener cada día más fuertes. Porque si el pibe tiene un problema de adicciones, los 7.500 pesos terminan siendo contraproducentes”.

En los años de macrismo los movimientos sociales también se movilizaron para reclamar atención de la SEDRONAR a los temas de consumos problemáticos. En particular, exigieron ser parte de la trama de los CAACS, las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario que surgieron en 2014 durante la gestión del cura Juan Carlos Molina. Hoy son 420 sitios distribuidos en todo el país. Muchos de ellos, gestionados por curas villeros a través de los Hogares de Cristo. Algunos equipos técnicos de trabajadoras sociales y psicólogas cuestionan las formas de intervención de estos espacios que, muchas veces, se vuelven aguantaderos de pibes sin una propuesta técnica. Hace dos años el padre “Tano”- Nicolás Angelotti- llegó a Puerta de Hierro e instaló un jardín, un polideportivo, un centro de salud y un Hogar. “La vida como viene”, es el lema de este espacio.

“Faltan espacios de internación o de medio camino a la internación. Las comunidades terapeúticas muchas veces están detonadas”, dice Celeste Paracchini. Las pibas de Kuña Guapa coinciden y también reclaman espacios específicos para pibas: si ellas consumen no pueden entrar en los refugios destinados a víctimas de violencia doméstica. Se quedan afuera.

La épica de la “guerra contra las drogas” y su consecuente “guerra contra el narcotráfico” no deja sólo imágenes de quemas de droga para hacer memes, cifras leoninas y una ministra de Seguridad vestida con fajina militar. Se suman a las que ya estaban, una cantidad enorme de minas para desactivar.