La cadencia entre prórroga y prórroga de presupuestos sirve como forma de medir el tiempo y la crisis política. Este viernes, el Consejo de Ministros aprueba algunos de los reales decretos (la actualización de las pensiones y la subida del salario mínimo), que certifican que el 1 de enero comienza a funcionar una nueva prórroga presupuestaria. El tiempo se detiene en las cuentas públicas, salvo en contadas partidas que el Ejecutivo retoca para cumplir con el acuerdo social.

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Las cuentas de 2017 serán las sextas en la historia de la democracia en ser prorrogadas. Las anteriores fueron las de 1982, 1989, 1995, 2011 y 2016. 7-6-6-6-1. Esta es la frecuencia de años con los que el Ejecutivo de turno se ha visto obligado a prorrogar las cuentas. Cada año ha sido diferente y 2017 se lleva el dudoso crédito de ser la primera vez que se hace en dos años consecutivos. Y el aún más dudoso mérito de que el Gobierno de Mariano Rajoy no presentó las cuentas por que no quería que se las devolverían.

Sí lo hizo Felipe González que se arriesgó en minoría a llevar a las Cortes unas cuentas en 1995 que ya nacieron muertas. Fue otro socio nacionalista, CiU, el que no accedió a dar su visto bueno a los presupuestos que diseñó Pedro Solbes. Solbes y Montoro, González y Rajoy, eran o son unos líderes políticos muy diversos. Elaboraron aquellas fatídicas cuentas que marcaron la transición entre las legislaturas de González y la primera de José María Aznar, a sabiendas de que no recibirían el visto bueno de los catalanes.

Montoro, o Rajoy, no se ha querido arriesgar a volver a los toriles. Las cuentas públicas deberían haberse presentado antes del 1-O, y antes de los palos y del resto de sucesos que ya forman parte de la historia, el Ejecutivo prefirió abstenerse de presentar las cuentas, que sin el visto bueno del PNV nacerían igual de muertas que aquellas de González de 1996.

A diferencia también de aquellos presupuestos socialistas, el viernes todo apunta a que no se aprobará en consejo de ministros el Real Decreto que fija la subida del sueldo de los funcionarios. Tampoco se hizo en 2016 pero luego se abordó con carácter retroactivo cuando a mitad de año se dieron por buenas por fin las cuentas de 2017. El presidente de CSIF, Miguel Borra dice que cuentan con la palabra de Hacienda de que este año volverán a hacer lo mismo en cuanto haya presupuestos, con la previsión de que estos vean la luz en marzo y que la subida esté entre el 1,5 y 1,75%.

A expensas de que esto suceda, con el disputado apoyo del PNV que esta misma semana instó al Ejecutivo a poner de una vez encima de la mesa un proyecto de PGE, los funcionarios tendrán congelada la subida salarial, y también estará en el frigorífico la sonada Oferta Pública de Empleo, la mayor de la historia, que acordaron sindicatos públicos y Ejecutivo para 2019.

Catalunya se ha interpuesto en el camino de Rajoy para lo que deberían haber sido sus primeras cuentas en expansión y con paz social de la legislatura. La primavera de la economía no florece en el proceso independentista. El próximo ejercicio España saldrá del proceso de Déficit Excesivo, la economía sigue creciendo y los ingresos (por fin) son superiores a lo previsto. Sin el caos político que desató la consulta ilegal del 1-O, Rajoy podría haber llevado a estos presupuestos acuerdos sociales como el de la función pública; una subida del permiso de paternidad de al menos hasta las 5 semanas y una bajada de impuestos a los que ingresan menos de 17.500 euros.

Cuentas fuera de temporada

Pero el 155 y los tempos mal gestionados se le han echado encima con lo que se acaba un año en total atonía. Fuera hace mucho frío y si en el exterior espera una minoría parlamentaria el clima se vuelve gélido. El Ejecutivo empezará el ejercicio solo sacando réditos al pacto por la subida del salario mínimo que ha rubricado esta misma semana con los agentes sociales.

Pero el impacto de este acuerdo será muy limitado. Aunque en 2018 no hay duda de que el salario mínimo legal subirá un 4%, hasta los 736 euros, no se reflejará en los convenios que lo tomen como referencia, tal y como han acordado exceptuar las partes. Así se evita el llamado "efecto arrastre" por el que subirían miles de salarios que tienen este suelo como referencia.

Tampoco está claro por el momento qué efecto tendrá esta subida en las cotizaciones sociales. Según un borrador de orden ministerial que ha sometido a audiencia pública el ministerio de empleo, la base de cotización mínima sí subiría un 4% en línea con la subida del salario mínimo. Lo cierto es que esta referencia crea un suelo legal por el cual no se puede cotizar porque sería ilegal tener un trabajo que pagara menos.

Pero la Seguridad Social no necesita tener firmada esta orden hasta finales de enero, ya que cobra a mes vencido, y por el momento no se ha decidido qué hacer con la base de cotización máxima. En el borrador que circula esta se quedaría congelada, en 3.751 euros, lo que ha llevado a especular con que se quedaría fija para el próximo año.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo aseguran que esta decisión no se ha tomado y desde CCOO Carlos Bravo asegura que solo responde al impasse de la prórroga de presupuestos ya que iría en contra de lo hablado en los últimos años con el Ejecutivo.

Según Airef, el vigilante de las cuentas públicas, la subida del salario mínimo y la de las bases máximas de cotización fueron las dos medidas que más ayudaron a mejorar los maltrechos ingresos de la Seguridad Social en un entorno de salarios bajos y de pensiones cada vez más altas.

Precisamente las pensiones serán otras de las protagonistas de este viernes ya que por ley sí que debe de aprobarse su revalorización para que opere el 1 de enero a falta de presupuestos. La actualización será de un pírrico 0,25%, cuando la inflación cerrará con casi toda seguridad 2017 por encima del 2%. Se materializa así una de las principales pérdidas de poder adquisitivo desde que comenzó la reforma de las pensiones que tiene como objetivo moderar el avance del sistema al que cada vez se añaden cohortes de población con derechos más altos.

En 2015 y 2016, años en los que ya operó la subida del 0,25%, la inflación media anual fue negativa así que esta actualización supuso una mínima mejora que se perderá por completo con la inflación de 2017.

También se queda en el limbo la subida del IPREM, el indicador que sirve como referencia para las prestaciones sociales, la actualización de las becas y otros partidas que se quedarán congeladas hasta que el Ejecutivo logre desatascar las negociaciones con el PNV. Según fuentes conocedoras de la negociación la sintonía es muy alta y ya el presupuesto está aquilatado, a la espera de que el Gobierno decida levantar el 155 sobre Catalunya. Por lo pronto, la retirada de las fuerzas policiales este mismo fin de semana es una puerta abierta a que entre una corriente de aire caliente a unas cuentas escarchadas fuera de temporada.