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CIUDAD DE MÉXICO.

Esta madrugada, elementos de la Policía Federal ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en diversos puntos del estado de Oaxaca.

La dependencia federal, a través de un comunicado, apuntó que a los detenidos, vinculados con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), están vinculados con varios delitos federales, entre ellos, el allanamiento de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec del Instituto Nacional Electoral, previo a las elecciones federales del mes de junio pasado.

La toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicano, entre ellas, la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la zona conurbada a la capital.

Según la institución, los detenidos también participaron en actos vandálicos en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en el municipio de Santa Lucia del Camino, al oriente de la ciudad.

De acuerdo con la delegación de la PGR a los aprehendidos se le imputa el robo de diez mil libros de texto gratuitos, propiedad de la Secretaría de Educación Pública.

El comunicado expuso que Juan Carlos Orozco Matus, fue detenido por su probable participación en los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional, en la toma de las instalaciones del INE en Tehuantepec, y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí en Salina Cruz.

Al profesor, Othón Nazariega Segura, por su probable autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región Militar en la ciudad de Oaxaca.

A Efraín Picaso Pérez, de 44 años de edad, también se le acreditó haber participado en el robo de libros de texto. Asimismo, a Roberto Abel Jiménez García se le vincula en diversos delitos del fuero común.

La dependencia informó que por delitos del orden federal, los miembros de la dirigencia de la Sección 22 podrían alcanzar penas entre de 3 a 40 años de prisión, y fueron puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

Con estas acciones el gobierno de la República ratifica su compromiso con el cumplimiento de la Ley y el estado de derecho”, concluyó la PGR.

mpe

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