La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cree necesario incrementar la dotación de las becas universitarias y adelantar la convocatoria antes del inicio del curso para asegurar la igualdad de oportunidades. Igualmente, pide aumentar la generosidad de las ayudas a investigadores doctorales y posdoctorales, revisar los criterios de concesión para que sean más objetivos y adecuar estas becas con las necesidades del sector privado.

El organismo fiscalizador de las cuentas del Estado ha publicado este miércoles su cuarto y quinto informe del Spending Review en los que analiza cómo se están gastando los más de 800 millones de euros destinados a becas universitarias y a los 300 millones dirigidos a ayudas a investigadores. Concluye, de una parte, que si bien el sistema de ayudas a estudiantes universitarios ha contribuido notablemente a garantizar la igualdad de oportunidades, todavía existe cierto margen de mejora. Así mismo, destaca que las becas predoctorales (FPI) tienen un impacto limitado sobre la producción científica, por lo que sugiere enfocar las ayudas a proyectos de investigación de alto impacto, entre otras propuestas.

Becas universitarias más cuantiosas y antes de iniciar el curso

La institución dirigida por José Luis Escrivá considera que las becas universitarias para estudiantes que permanecen dentro del hogar familiar son “suficientes” ya que cubren la práctica totalidad (98%) de los gastos del curso académico. Pero estima que es necesario incrementar en un 80% la dotación de aquellas otorgadas a los jóvenes que residen fuera del domicilio materno, pasando de los 1.500 euros actuales hasta los 2.700 euros, ya que en su caso, quedan sin cubrirse el 20% de los gastos. Ello supondría aumentar en 98 millones de euros (un 12%) de los 816 millones que cada año destina el Estado a ayudas universitarias, casi uno de cada cuatro euros (36,4%) del presupuesto total del Ministerio de Educación.

Otro de los puntos que el organismo considera fundamental es modificar el calendario de tramitación y asignación de las becas, ya que en la actualidad el 70% de los alumnos recibe la dotación una vez iniciado el segundo cuatrimestre del curso, cuando ya ha tenido que sufragar numerosos gastos. Así, la institución pide que se adelante la convocatoria de agosto a enero para que la resolución llegue en mayo en vez de en enero o febrero, de tal forma que los alumnos puedan afrontar el curso sabiendo de antemano si les han concedido la beca y por qué cuantía.

Además, la Airef ve necesario revisar los criterios económicos de concesión de las becas, cuyos requisitos no se han actualizado desde hace casi una década (2010) y establecer mayores tramos dentro de los umbrales de renta familiar, para evitar que los saltos entre unos y otros sean tan elevados, ya que, por ejemplo, una diferencia de un euro en la renta puede suponer recibir 1.500 euros menos de beca. Igualmente, considera que se podría eliminar los requisitos patrimoniales (bienes inmuebles, etc.) ya que distorsionan la asignación de las ayudas.

Por último, el organismo pide incrementar las campañas de publicidad de las becas, especialmente hacia las rentas más bajas, ya que un 17% de los estudiantes que cumplen los requisitos se quedan cada año sin recibirlas por desconocimiento. En ese sentido, propone crear centros de atención al estudiante y un portal de solicitud única que reúna tanto las becas universitarias del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Con todo, y a pesar de estas mejoras, la Airef valora positivamente el impacto de estas ayudas sobre el sistema educativo español y destaca que recibir una incrementa significativamente la probabilidad de graduarse, mientras que mejora solo modestamente el rendimiento académico y la nota del expediente. En 2016 (último dato que maneja el organismo) más de 300.000 estudiantes se beneficiaron de una ayuda, lo que supone el 22% de todos los universitarios y dos tercios de quienes la solicitaron. De media, la ayuda ascendió a 2.200 euros, y el 31% de quienes la recibieron declara que no hubiera podido estudiar sin beca y un 70% tendría que haber buscado trabajo para poder seguir haciéndolo.

Ayudas a investigadores más integradas con el sector privado

La Autoridad fiscal también ha entrado a analizar los 305 millones de euros anuales destinados a becas predoctorales y posdoctorales, que suponen apenas el 5% del presupuesto total en I+D+i, y concluye que sería necesaria una dotación económica más generosa, así como una mayor integración entre estas ayudas y el sector privado para que el talento pueda integrarse en el tejido productivo del país. Y es que solo el 3% de las ayudas predoctorales tienen relación con empresas y apenas un 37% de los investigadores posdoctorados trabaja junto al sector privado, frente al 49% de la media de la UE.

El organismo alerta del bajo número de patentes en España en comparación con el resto de la Unión Europea, que tan solo asciende a las 18 por cada millón de habitantes, frente a las 174 de Alemania, las 87 de Francia o las 72 de la media comunitaria, por lo que llamado a trasladar la investigación en innovación científica, patentes, start ups y clusters.

Concretamente, respecto a las becas de Formación del Personal Investigador (FPI), dotadas con 98 millones de euros y de las que se beneficiaron 3.700 estudiantes de doctorado en 2017, la Airef destaca que aunque estas ayudas tengan un impacto positivo para terminar el doctorado, su efecto es limitado en cuanto a calidad y cantidad de producción científica. Algo que sin embargo mejora con las becas Ramón y Cajal (54 millones y 1.330 beneficiarios), destinadas a investigadores posdoctorales, que tiene un efecto positivo tanto en términos de producción científica como de empleabilidad.

En este sentido, la Airef detalla que parte de la explicación puede deberse al hecho de que existe cierto grado de discrecionalidad en la concesión de las FPI (que dependen tan solo en un 40% del curriculum vitae y un 60% de la adecuación del proyecto a la beca), por lo que recomienda crear comisiones de evaluación independientes y establecer criterios más objetivos, como los aplicados con las Ramón y Cajal, donde prima la excelencia académica.

El organismo considera además que se debería aumentar la cuantía de las becas pre y posdoctorales para ajustarlas al coste de vida pero también para hacerlas más competitivas a nivel internacional y retener talento, una medida que tendría un coste de 6,5 y 4,8 millones, respectivamente. Paralelamente, sugiere fomentar que se finalicen los doctorados en tres años, algo que podría suponer un ahorro de cuatro millones de euros.

Sostiene también que el número de becas es insuficiente, ya que tan solo cubren un 21% de los potenciales doctorandos (aquellos que han hecho un máster enfocado a la investigación) y apenas un 6% los potenciales investigadores (con una tesis doctoral completada).