Golpe sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal catalán ha apartado a la Fiscalía de los mandos para que no se vote el 1-O. Ahora los llevará la magistrada del TSJC Mercedes Armas. Su objetivo es el mismo que la Fiscalía –impedir el referéndum–, aunque las vías para conseguirlo difieren entre jueza y fiscal.

La Fiscalía ordena a los Mossos precintar los colegios electorales del 1-O

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El fiscal superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada obligó a los Mossos d'Esquadra a precintar este mismo viernes los más de 2.000 puntos de votación y a que sus patrullas desalojaran durante todo el fin de semana concentraciones ciudadanas frente a ellos. También mandó impedir votaciones que se produjeran en un radio de 100 metros del local electoral, incluida la calle.

La nueva orden de la jueza se dicta no solo a los Mossos, sino también a la Policía Nacional y la Guardia Civil, e insta a "impedir" antes del domingo el uso de edificios o locales para preparar la votación, aunque sin la medida específica del precinto. El domingo 1 de octubre, en concreto, la magistrada ordena a los cuerpos policiales que no se puedan abrir locales. Y si alguno abre, se tendrán que cerrar.

La magistrada, al contrario que el fiscal, no ordena a la policía ninguna actuación que afecte a la vía pública o sobre las concentraciones ciudadanas frente a los colegios electorales.

En lo que sí coinciden magistrada y fiscal es en ordenar a los cuerpos policiales requisar todo el material relacionado con el referéndum: urnas, sobres electorales, e incluso ordenadores. Su incautación se hará, indica la magistrada, mientras el material se traslade a los colegios o una vez ya se halle en su interior.

Asimismo, la magistrada ordena impedir la actividad "y/o apertura" d establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística del referéndum o para el recuento, como los centros de procesamiento de papeletas o de recuento de los votos.

Otra de las concreciones que realiza la magistrada y que no había hecho el fiscal es que el cierre de los puntos de votación se limitará a aquellos espacios en los colegios e institutos que se usen para votar, y no la totalidad del centro. Recalca la jueza Armas a la policía que el resto de actividades que se hagan en los institutos y colegios –en muchos de ellos durante el fin de semana se practican actividades deportivas– "no se vean afectadas" por el cierre de los puntos de votación.

Armas razona su auto para ordenar todas estas medidas en que el Govern, empezando por el president Puigdemont, ha hecho caso omiso –"una clara inobservancia", en palabras de la magistrada– de la suspensión del 1-O por parte del Constitucional. Y constata la magistrada que la Generalitat ha burlado las medidas cautelares que dictó replicando y difundiendo nuevas copias de la web del referéndum que ordenó cerrar.

De los Cobos mandará a los Mossos

El auto de la magistrada también da su visto bueno para que el encargado de coordinar la acción de las distintas policías para impedir el 1-O sea el coronel de la Guardia Civil y número 3 de la Secretaría de Estado de Interior, Diego Pérez de los Cobos, que el pasado sábado asumió el mando de los Mossos d'Esquadra. Este cambio de jefes policiales provocó un enorme malestar en la policía catalana y la Generalitat.

La primera ocasión que tendrán los cuerpos policiales para coordinar las órdenes que han recibido de la jueza será en la reunión de este jueves de la Junta de Seguridad que ha convocado el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Fiscalía, apartada

Aunque la magistrada no la menciona, el auto dictado este miércoles viene a avalar la petición que este martes la Generalitat trasladó al TSJC. Puigdemont pidió al alto tribunal catalán que apartase de "de forma inmediata" a la Fiscalía de la investigación sobre el 1-O.

Argumentan en la Generalitat que, con el 1-O en manos de la magistrada desde hace dos semanas, el fiscal no puede ordenar ninguna medida sobre el referéndum, sino que tiene que ser la jueza Armas –que tiene imputado por organizar el 1-O a Puigdemont y a todos los consellers por desobediencia, prevaricación y malversación, este último delito penado con penas de cárcel.

Además de la Generalitat, las órdenes de la Fiscalía dictadas en paralelo a la causa de Armas, como la citación para interrogar a más de 700 alcaldes, habían causado alarma y críticas en sectores de la política y la judicatura.

Armas, en línea con la solicitud de Puigdemont, notifica a la Fiscalía que debe cesar sus actuaciones en relación al referéndum, en virtud del artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que prevé esta medida cuando exista un procedimiento judicial abierto sobre los mismos hechos. A partir de ahora, todo lo que quiera hacer la Fiscalía para impedir el 1-O tendrá que pasar por la magistrada. Quedan cuatro días.