La presentación legislativa de un diputado opositor se dio mientras se desarrolla el debate sobre los voluntarios en educación que el gobierno impulsa.

El diputado provincial del Frente Renovador Pablo Garate presentó un proyecto incorporando en forma expresa a la Ley de Voluntariado la prohibición de “la prestación del servicio de voluntariado social en el Estado provincial, entes autárquicos, en los organismos descentralizados, sociedades del Estado y toda otra entidad en la que el Estado sea parte constitutiva.”

“El voluntariado no puede ejercerse en el Estado, va contra la propia concepción y naturaleza del mismo. Pero a los efectos de que quede aún más claro, proponemos modificar la ley provincial prohibiendo el mismo, algo que en su momento los legisladores no incorporaron a la norma ya que nunca se hubiesen imaginado que por la mente de un gobernante pasara tan siquiera la idea de reemplazar a empleados públicos por voluntarios, algo que aún resulta más grave cuando se trata de técnicos o profesionales”, expresó el Diputado Garate del Frente Renovador.

Fundamenta la iniciativa en el hecho de la existencia de una ley nacional – Nro. 25.855- a la que la provincia adhirió y que define al voluntariado como “instrumento de la participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en actividades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los voluntarios sociales y las organizaciones donde desarrollan sus actividades”.

En consonancia con la norma nacional, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 13.447 que adhiere a la misma y establece además: “que la actividad prestada como voluntariado social debidamente acreditada, de conformidad a los términos establecidos en la Ley Nacional 25.855, constituirá un antecedente de valoración, en los concursos para cubrir vacantes en los tres poderes del Estado Provincial.”

“Es decir –señaló el diputado Garate- que queda muy claro que el voluntariado social se desarrolla en organizaciones de la sociedad civil y no en el Estado, en el que las relaciones entre las personas que desarrollan sus tareas en él constituyen relación laboral y significan empleo público, por lo que se regula

con normas específicas como por ejemplo la Ley 10.430, el Estatuto del Docente –Ley Nº 10.579- o la Ley para la Carrera Profesional Hospitalaria –Ley Nº 10.471-”.

“Por lo tanto, carece de todo tipo de fundamento legal la decisión producto del anuncio formulado por la actual gobernadora de nuestra provincia de incorporar voluntarios sociales al desarrollo de distintas tareas en establecimientos educativos, en el marco del conflicto docente que es de público conocimiento”, expresó Garate.

“No comprendemos qué interés puede tener un jefe de Estado en ocasionar divisiones, enemistar a su pueblo, enfrentar a vecinos con vecinos, trabajadores con trabajadores, como ocurriría si la gobernadora Vidal cumpliera con lo dicho. Esperemos que reflexione y considere que desde el Poder no se deben fomentar hechos tan encaminados a desunir, dividir, aumentar las grietas y que pueden generar violencia”, manifestó el Diputado de la Sexta Sección electoral.