La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por las declaraciones del Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en las que criticó la propuesta de exhumar los restos de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo. Díaz expuso que este interés es un intento de “ganar la Guerra Civil muchos años después”, palabras que para la asociación son “claramente irrespetuosas con los valores democráticos”.



Estos restos descansan en el Monumento a los caídos en Pamplona, y como denuncia la ARMH, “sostenidos con fondos públicos”. Por lo que la decisión del ayuntamiento de la ciudad de terminar con cualquier honor a estos “promotores de una sangrienta dictadura es un deber democrático y respecto a las miles de víctimas que continúan desaparecidas”.

La plataforma considera las manifestaciones del ministro como un grave ataque, “no sólo a los valores democráticos”, sino “a quienes sufrieron durante cuarenta años la falta de libertades y la persecución política por el hecho de no haber apoyado un golpe de Estado, ni celebrar la instauración de una larga dictadura”.



Asimismo, desde la asociación afean que Diaz llegue a criticar este tipo de iniciativas, al considerar que falta a su deber “”al no respetar y mantener su rechazo hacia quienes destruyeron una democracia”. Democracia "en la que por primera vez votaron los hombres y las mujeres con sufragio universal, hubo alternancia de ideologías en el Gobierno y un avance sin precedentes en cuestiones educativas y de protección social”, sentencian.



También la ARMH censura la afirmación que se hace desde el Gobierno de que “ya nos reconciliamos en la transición” al observar que los golpistas “siguen honrados en grandes monumentos erigidos por una dictadura” pero aquellos que no apoyaron la dictadura “siguen en caminos y cunetas, sin una sepultura digna a la que tiene derecho todo ser humano independientemente de su ideología”, remachan. Para la asociación, nunca se llegará a la reconciliación si se “deja impunes gravísimas violaciones de derechos humanos y no garantiza los mínimos derechos a decenas de miles de familias”.





