El pasado martes 30 de julio, convocados por NACIÓN ANDALUZA y por la CNT, decenas de personas nos hemos concentrado ante el Centro de Menores de reforma “Tierras de Oria” en la localidad almeriense de Oria, para mostrar nuestra protesta y exigir responsabilidades ante la muerte ocurrida el 1 de julio del joven Iliass Tahiri, cuando era objeto de la aplicación de un supuesto protocolo de contención basada en el abuso físico. El joven, boca abajo, fue amarrado por todos lados a una cama y a la vez, 6 vigilantes sobre él, hasta que dejó de respirar. El médico llegó 15 minutos después de haberse producido ya su muerte.

Además de las militantes independentistas andaluzas, venidas de Almería y de Granada, han estado presentes también familiares de Iliass, en concreto su madre, tía y hermanos así como otros familiares de chicos internados en dicho centro, y otras personas solidarias.

La concentración se ha desarrollado en un ambiente emocionalmente muy fuerte, ya que el dolor y sufrimiento que acarrea la familia de Iliass, se traslucía a cada instante, a lo largo de la hora y media en que hemos estado concentrados. El llanto inconsolable de la madre de Iliass, y la intervención emocionada de su hermano, nos ha producido un sentimiento y una rabia enorme a todas las personas allí concentradas. Como era de esperar, los responsables de esta muerte totalmente evitable, no han dado la cara y se han atrincherado dentro del Centro escondidos.

Hasta ahora nadie, ni el Centro, ni GINSO la asociación que la gestiona, ni la Junta de Andalucía dan explicaciones de lo ocurrido y lo único que se ha filtrado interesadamente han sido mentiras y falsedades.

Durante la concentración no se ha parado de gritar “asesinos” y de corear consignas como: “No son muertes, son asesinatos”, “Justicia para Iliass”, “Encerrando no se educa”, “No es reinserción, es destrucción”, “Ginso, sinónimo de lucro” y de reclamar el cierre de Tierras de Oria.

En su intervención las militantes de Nación Andaluza han dejado bien claro que no se van a callar, que van a luchar, para que lo ocurrido con Iliass no quede impune, a la vez que han querido mostrar todo su cariño y arrope a sus familiares, así como a los chicos encerrados y a sus familias que sufren al comprobar los malos tratos que se dan en dicho centro. Además han tratado de explicar las conexiones político-empresariales que se dan en la asociación que rige el centro así como hacer ver que el perfil de todos estos menores es siempre el mismo, de familias humildes y de los barrios marginales de nuestra Andalucía. Y que el problema de fondo no es otro que este podrido sistema

capitalista, al que hay que combatir y erradicar para que algún día se acabe de verdad con esta situación.

UN CENTRO QUE ACUMULA MÚLTIPLES DENUNCIAS

Tierras de Oria acumula múltiples denuncias por malos tratos y por irregularidades de todo tipo.

Pero no sólo de internos y de sus familiares e incluso de ex trabajadores, sino hasta de organismo oficiales.

En 2011 el Defensor del Pueblo Andaluz denunció la aplicación de castigos en el centro, como inmovilizaciones indefinidas o privación del sueño.

En 2012 el Defensor del Pueblo abrió un expediente por quejas de familiares de un interno que aseguraba que sufría continuas y cotidianas represiones físicas, verbales y sicológicas.

En 2016 el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visita el centro y alerta sobre: “denuncias creíbles relacionadas con maltrato físico deliberado a internos por parte del personal”. En esa visita se constata que sujetan a los chicos a la cama con correas en tobillos y muñecas y que estando así, no los dejan utilizar el baño, teniendo que orinarse encima. Que existen barrotes por todos lados y que se aplicaba el aislamiento como medida disciplinaria durante tres periodos consecutivos de siete días.

En 2018 el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, constata que no existe un libro obligatorio de registro de las contenciones.

¿Qué hay detrás de Tierras de Oria?

El CIMI Tierras de Oria pertenece a la asociación GINSO (asociación para la gestión de la integración social). Su presidente Alfredo Santos y su vicepresidente Enrique Tuñón, a la vez son propietarios de empresas, que además de que gestionan estos centros de menores a través de GINSO, también son los encargados de construir dichos centros y cárceles. Hasta ahora fundamentalmente en Andalucía y en la Comunidad de Madrid. Extendiéndose también por Sudamérica.

GINSO fue uno de los primeros en aprovechar que la Ley del Menor en 2000 abría la posibilidad de gestión privada y empezar a construir centros como este de Oria en Almería, la Marchenilla en Cádiz o Brea de Tajo en Madrid.

Alfredo Santos, arquitecto y con experiencia en prisiones se ha beneficiado de las adjudicaciones de la Junta de Andalucía. Una de sus empresas de construcción, ICONO CONSULTORES, fue la encargada de llevar a cabo el proyecto de construcción de Tierras de Oria.

GINSO recibió 40 millones de euros en 2015 de la Junta de Andalucía para cuatro años. Recibe 214 euros al día por cada plaza ocupada y 178 por las que no se cubran. El año pasado también le adjudican oros 6,9 millones para la apertura de otro centro de menores en Huelva.

RELACIÓN CON EL PODER POLÍTICO

Política y empresa suelen ir de la mano en este corrupto estado español. Las relaciones de GINSO con el poder político son espléndidas.

En 2015 fueron condecorados con la cruz al mérito policial por su “valiosa colaboración en la seguridad ciudadana”.

El Director del Centro de Oria, Manuel Madrid Saavedra, debe tener muy buen “agarre” cuando después de tanta denuncia y tanto hecho grave, ni dimite ni lo cesan.

Y en este Centro las vinculaciones amistosas y política con el PSOE son claras.

Desde candidatos a alcaldes en poblaciones de la comarca que tienen cargos en el Centro, a incitar al voto a ese partido, a todo el personal del centro, como en su momento denunciaron ex trabajadores.

Y como en Madrid quien mandaba era el PP, pues allí por lo visto las vinculaciones son con este partido corrupto. Y así GINSO aparece en algunos de los papeles de los casos de corrupción del PP como son la Púnica o Lezo. De hecho GINSO ha sido supuestamente vinculado como “tapadera para el traspaso de fondos públicos a la financiación irregular del PP de Madrid”.

FALTA DE CUALIFICACIÓN Y AISLAMIENTO DEL CENTRO

El amiguismo y la vinculación política originan también que otro grave problema de Tierras de Oria sea la falta de cualificación profesional del personal que allí trabaja. Siendo contratados, careciendo de experiencia profesional previa, con la dificultad que ello supone, al trabajar con este tipo de chicos que necesitan de una atención especializada. Sin ir más lejos, ayer mismo aparecía en una famosa web de anuncios, una oferta de trabajo para este Centro, donde se buscaba un enfermero cuya única exigencia era que tuviera coche propio y que supiera un poquito de informática para escribir en el ordenador. En ningún momento en la oferta solicitaban ni experiencia como enfermero, ni trabajo previo con este tipo de menores.

Otro tema gravísimo es la situación física y geográfica en la que se encuentra este Centro, perdido en un descampado, alejado del pueblo y de cualquier vivienda. Sin transporte público que llegue hasta allí, sin posibilidad de que el menor que salga de permiso pueda trasladarse o que el familiar que quiera visitar y no disponga de

vehículo propio, pueda hacerlo. Muy lejos de una finalidad educativa o de reinserción.

Es paradójico que para conseguir que estas personas se adapten a la sociedad, se opte por alejarlas de ella.

MUERTE DE RAMÓN BARRIOS Y DE OTROS CHICOS.

En 2011 moría también Ramón Barrios, un chico de 17 años, en el Centro de Brea de Tajo en Madrid. También gestionado por GINSO. Al igual que en el caso de Iliass, el centro ofrece una versión poco creíble, diciendo que ha muerto de un infarto.

La familia puso inmediatamente en duda la versión oficial, tras comprobar en el cuerpo del chico arañazos y moratones.

Ramón es un caso sintomático porque fue condenado a cumplir doce fines de semana de arresto, conmutables por la paga de 300 euros. Al no poder pagar la familia, ingresa en el centro. Si no fuera de una familia pobre, probablemente aún estaría vivo.

Otro caso reciente el de Mamadou Barry, muerto en el centro de menores de Melilla en 2017.

Hay más de 15 casos de niñas y niños muertos bajo tutela de la administración en centros de gestión privada.

LA PRIVATIZACIÓN UN NEGOCIO RENTABLE PARA UNOS POCOS

Desde el año 2000 la Ley del Menor permite que entidades privadas gestionen centros de menores, siempre que no tengan ningún ánimo de lucro. Por lo que hemos visto, GINSO es todo lo contrario, GINSO es sinónimo de lucro.

Hasta hace años la pobreza y la delincuencia (que siempre van de la mano) eran realidades nada rentables para el estado. Pero desde hace ya un tiempo, se ha descubierto que a través de esta problemática se puede ganar mucho dinero. La privatización la ha convertido en un negocio muy rentable para unos pocos, y como consecuencia prima mucho más el interés económico que el pedagógico o educativo.

La muerte, los malos tratos, el dejar de por vida física y síquicamente destrozados a estos chicos, el sufrimiento de sus familias…todo ello, no importa nada. En el capitalismo lo importante es ganar dinero. Y no tiene arreglo. Lo determina la propia supervivencia del sistema capitalista. Dentro del sistema no hay solución para la mayoría de la población andaluza. Todo pasa porque nuestra juventud y la clase trabajadora andaluza se vayan dando cuenta que su enemigo es este sistema capitalista, españolista y patriarcal y que hay que caminar ya hacia una Andalucía independiente, socialista y feminista.

Mariano Junco para La Otra Andalucía

Almería: Iliass T. murió por asfixia según los análisis toxicológicos

Según una información que publicaba ayer el diario EL PAÍS los análisis toxicológicos afianzan la hipótesis de que Ilias T. pudo morir asfixiado por la aplicación del llamado “protocolo de contención” en el centro de menores de Oria (Almería) contra la versión inicial que dieron fuentes cercanas a la dirección -con una clara intencionalidad de descargar cualquier responsabilidad sobre lo sucedido con un joven que estaba bajo su custodia- de esta cárcel de menores que apuntaban a una intoxicación por consumo de drogas.

Los resultados de la autopsia enviados al juzgado de Purchena reflejan “congestión y hemorragias agudas” en todos los órganos del joven de 18 años y “respiración agónica” (falta de oxígeno) en los pulmones, que pudieron provocar la parada cardiorespiratoria. Hasta seis guardias del centro ataron al chico a la cama de una habitación, según quedó reflejado en un vídeo. La Junta de Andalucía, el centro y la entidad gestora (GINSO) siguen sin dar explicaciones.

Ilias Tahiri murió el pasado 1 de julio en una habitación del centro de menores de Tierras de Oria (Almería), que tiene a 130 menores internos entre los 14 y los 18 años. Al chico, residente en San Roque (Algeciras), se le aplicó un llamado “protocolo de contención”: fue reducido y atado por seis guardias jurado sobre una cama, según la descripción del vídeo de los hechos —había una cámara que registró todo— que realizó el forense en su informe preliminar enviado al juzgado. En él el forense señalaba —a la espera de los resultados toxicológicos— “signos asfixiaicos generales” y “no descartaba la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón en esta muerte”. Los análisis toxicológicos enviados al juzgado único de Purchena que instruye la causa, y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, afianzan ahora esa primera hipótesis, ya que dan negativo a sustancias químicas y reflejan “congestión y hemorragias agudas” en todos los órganos del joven de 18 años. “Ruptura aguda de septos alveolares. Edema. Hemorragia aguda. Congestión. Aspiración agónica”, puede leerse en el informe forense en el apartado correspondiente a los pulmones.

La coincidencia entre las instituciones, la empresa que gestiona el centro y la juez parece ser algo más que casualidad. Hasta la fecha, tanto el centro, como la entidad gestora del mismo (GINSO), la Junta de Andalucía y la Consejería de Justicia han mantenido silencio amparados en “la investigación judicial en curso” y el secreto de sumario decretado por la titular del juzgado. Y sólo el pasado 15 de julio —dos semanas después de la muerte de Iliass— la juez encargó a la Guardia Civil un informe sobre los vídeos captados por distintas cámaras el día de los hechos, así como la identificación de las personas implicadas en la aplicación del llamado “protocolo de contención” y la toma de declaración a las mismas.

Fuentes próximas al caso y expertos forenses consultados por EL PAÍS señalan que “los resultados evidencian que todo sucedió en el momento de la muerte y que antes no había nada y todo era correcto” en el organismo de Ilias. Además, aclaran que “no hay agente químico alguno” y que el chico “muere por asfixia” tras ser manipulado (a la luz de las imágenes visionadas) de manera “violenta y contundente”.

CONCENTRACIÓN ANTE EL CIMI «TIERRAS DE ORIA»

“No son muertes, son asesinatos”. Esta fue la consigna más coreada por la treintena de personas concentradas a las puertas del Centro de Menores Tierras de Oria en protesta por el fallecimiento el pasado 1 de julio de Ilias Tahiri, uno de sus internos. Familiares de algunos de ellos, educadores sociales de otros centros y representantes de las organizaciones convocantes, Nación Andaluza y CNT, acudieron para exigir, según se recogía en un comunicado, “responsabilidades penales y políticas a los culpables de la violenta muerte”, así como reclamar “que se aclaren las circunstancias del suceso”.

Entre los familiares se encontraban el hermano y la tía de Ilias, de 18 años, que no fueron recibidos ni atendidos por nadie del centro, pese a que supuestamente habían quedado en que les atenderían. “Incluso colocaron coches en la puerta para impedirles el acceso”, señaló un asistente. Desde la fecha de la muerte, el hermetismo del centro, dirigido por Manuel Madrid Saavedra desde 2002 y que acumula polémicas, ha sido total.

Fuentes de la familia aseguran que no han recibido ni las pertenencias del chico, que continúan en el Juzgado. “Nadie de la Administración se ha puesto en contacto con nosotros, ni siquiera para darnos el pésame”, se quejan. Las críticas expresadas por los familiares presentes se refieren “al silencio que se busca para que pase el tiempo y se olvide”. “Solo pedimos que la Administración cumpla con su función”. El vicepresidente andaluz, Juan Marín, eludió la semana pasada dar explicaciones en el Parlamento por estar el caso inmerso en un proceso judicial.

Martín Uad para La Otra Andalucía.