El expresidente conservador Nicolas Sarkozy fue llamado hoy a declarar ante la Policía Judicial de Nanterre, localidad cercana a París, sobre un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.

Los agentes, según indicaron los medios galos, le colocaron en régimen de "garde à vue", una medida inédita hasta ahora para un antiguo mandatario y durante la cual está bajo la jurisdicción de la Policía judicial y con asistencia letrada, lo que permite interrogarle hasta 48 horas en caso de que sea necesario.

Los investigadores intentan determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una "red" de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012.

El abogado del expresidente, Thierry Herzog, y dos altos magistrados fueron llamados a declarar este lunes sobre ese mismo caso. Tan solo unos días después la Justicia ha citado al exmandatario francés.

Los investigadores sospechan que el abogado de Sarkozy recababa información de consejeros del Tribunal Supremo sobre los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al líder conservador al Palacio del Elíseo.

Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida a Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto en la administración de Mónaco que buscaba.

En el llamado "caso de las escuchas" de Sarkozy, pues para la investigación se pincharon los teléfonos del expresidente y de su abogado, se investiga, entre otros asuntos, si el político recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L'Oreal, Liliane Bettencourt, y del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi.