Reforma

Ciudad de México— A Paco Ignacio Taibo II no le preocupa saltarse las trancas.

En su plan de concentrar en el Fondo de Cultura Económica (FCE), sello paraestatal que dirige, la mayor parte de las atribuciones en políticas de fomento a la lectura y el libro del Gobierno federal, le ha "arrebatado" a la Secretaría de Cultura (SC) su Dirección General de Publicaciones y la red de librerías Educal.

Incluso, ya decide sobre estas dos últimas dependencias, aunque entre irregularidades administrativas, omisiones y una posible extralimitación de funciones, pues aún pertenecen a la estructura de la SC y no existe todavía sustento jurídico alguno que justifique su injerencia en las mismas.

El pasado 18 de junio, en el seno del FCE, se firmó el dictamen que da luz verde a estas acciones y se aprobó la presentación de las mismas a la Junta de Gobierno del sello paraestatal.

Ambos documentos, en poder de Reforma, exhiben que los planes del director de la editorial son omisos en su obligación de reformar diversas leyes y ordenamientos a través del poder Legislativo para decidir sobre áreas que no le competen, y toman un dicho del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin sustento legal, como un mandato jurídico.

En la presentación de la "alianza estratégica y operativa" para crear el grupo FCE-Educal, en fusión con la red de librerías y la DGP, de la cual se absorberán tanto tareas como recursos materiales, financieros y humanos, la razón de ser del Fondo cambia para adecuarse a un discurso del Mandatario en la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura, el pasado 27 de enero, en Mocorito, Sinaloa.

"(El Presidente) otorgó al FCE una nueva misión social, congruente con la intención de su Gobierno de favorecer una política que atienda a dos propósitos en lo general: 'buscar el bienestar material y buscar también el bienestar del alma'. Asumiendo que el vehículo fundamental del fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales es la promoción de la lectura", explica el quinto considerando.

Según se desprende, esta asunción, a partir de un dicho, basta para reformar a la editorial: "(...) acorde con lo anterior, el nuevo objetivo primordial del Fondo es 'llevar la lectura y los libros hasta el último rincón del País, y que esto se cumplirá disminuyendo el costo de los libros y ampliando la Red de Librerías del Gobierno, lo cual plantea la necesidad de unir esfuerzos y optimizar recursos", se expone.

Como en el caso del memorándum con el que el Presidente ordenó la derogación de la reforma educativa, sin un decreto o una instrucción publicada en el Diario Oficial de la Federación, los discursos del mandatario, por sí solos, carecen de sustento jurídico para reformar una institución.

En el dictamen aprobatorio realizado por la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Fondo, esto se pasa completamente por alto.

"Se dictamina procedente (la alianza y la transferencia), ya que el mandato presidencial del fomento a la lectura otorgado al FCE y expresado en Mocorito (...) obliga no sólo a la reestructura de la entidad, como ya se ha hecho, sino a establecer nuevas formas de operación", dice el documento firmado por Francisco Estrada, coordinador de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, el Fondo de Cultura Económica no ha hecho público si existe algún documento que otorgue a Taibo II atribuciones para tomar decisiones sobre Educal y la DGP, dependencias todavía adscritas a la Secretaría de Cultura (SC).

La semana pasada, trabajadores de la DGP, sobre todo afiliados al Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), realizaron un paro de actividades para demandar claridad con respecto a su transferencia hacia el Fondo, que pertenece al sector de la Secretaría de Educación Pública. A decir suyo, pareciera que el director del Fondo ya excede, de facto, sus atribuciones legales.

"La Secretaría de Cultura no tiene claridad en la política editorial que ellos venían manejando, entonces, parece ser que el escritor Paco Ignacio Taibo, desde el Fondo de Cultura Económica, está dirigiendo la Dirección General de Publicaciones sin tener nada todavía legalmente para así hacerlo", lamentó en entrevista Jorge Izaguirre, secretario general del SINAC.

En una reunión efectuada tras el paro de labores, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC, informó a los trabajadores que la posible transferencia de la DGP al Fondo era apenas un rumor, sin documentos que lo sustentaran.

La semana anterior a eso, Taibo II ya había firmado la presentación de las acciones de la alianza estratégica con Educal y la transferencia de las tareas, recursos materiales, financieros y humanos de la DGP hacia la paraestatal que dirige.

Al tomar decisiones sobre la DGP y Educal, sin un documento que le otorgue atribuciones con fundamento jurídico para ello, el director de FCE invadiría funciones, advierte el analista Carlos Lara, miembro fundador de Artículo 27.

Aclara que la alianza estratégica impulsada por Taibo II debe apegarse a los estatutos del FCE, la DGP y Educal.

"Si hacen algo mal, alguien se puede amparar y les puede echar atrás lo que quieran hacer por las prisas, y con toda la ley en la mano", ataja Lara.

Son actos de autoridad que si no están bien fundados y motivados, pueden echarse abajo mediante juicio, añade.

"El señor Paco Ignacio Taibo tiene nombramiento de una paraestatal y ¿por qué tiene atributos sobre una dependencia de la SC? ¿Por qué las decisiones de este señor de la paraestatal pasan por encima de las decisiones de una SC? ¿A cuenta de qué?", cuestiona Arturo Saucedo, experto en legislación cultural.

Ya el pasado 21 de junio, desde el Ajusco, se emitió un comunicado para justificar la decisión "discutida y aprobada por las direcciones de la DGP y el FCE" de suspender la edición de libros dictaminados por la anterior administración del programa editorial Tierra Adentro, dependiente de la DGP.

De acuerdo con Saucedo, a quien correspondía mandar el comunicado era la SC, pues, de acuerdo con sus estatutos, tanto la DGP como Educal dependen de Cultura, sector que encabeza Alejandra Frausto, y a quien corresponde rendir cuentas de sus facultades y funciones, además del ejercicio de su presupuesto.

"Se tendría que modificar el estatuto de creación, pero mientras exista quien tiene que rendir cuentas es la SC", insiste.

Plantea Saucedo como necesarias una reestructuración de la Secretaría de Cultura para deshacerse de sus facultades sobre el libro, excepto en lo relativo a bibliotecas, y la SEP tendría que hacer lo propio, y pasar por el Congreso a través de una iniciativa de ley.

Por su parte, los trabajadores de la DGP, según informó el SINAC, están a la espera de que se concrete una reunión con la subsecretaria de Diversidad Cultural de la SC, Natalia Toledo. De no suceder así, volverán al paro de labores.