Es la primera vez en la historia desde la recuperación de la democracia que el Parlamento catalán llevará ante la Fiscalíacatalana a altos cargos del Gobierno central. En este caso, la mayoría de los diputados catalanes ha acordado esta medida excepcional para que se investigue tanto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como al de Hacienda, CristóbalMontoro, por negarse a ir a declarar en los últimos meses en la comisión parlamentaria.

Esta comisión ha escuchado a más de una decena de implicados en el supuesto fraudefiscal de la familiaPujol, entre políticos próximos a CiU y empresarios. La comisión de investigación política fue abierta por la Cámara catalana desde el pasado mes de enero para aclarar el supuesto fraude fiscal cometido por su abultado patrimonio en Andorra declarado por JordiPujol, su mujer y sus hijos.

El Parlament ha reclamado su asistencia en tres ocasiones

A los dos ministros, y a otro grupo de cinco altos cargos del Gobierno que preside MarianoRajoy se les ha reclamado su asistencia hasta en tres ocasiones, pero ellos se han negado alegando que solo deben rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados, según ha podido confirmar Vozpópuli de fuentes parlamentarias en Barcelona.

A los dos ministros se les ha reclamado su asistencia hasta en tres ocasiones, pero se han negado alegando que solo deben rendir cuentas ante el Congreso

La decisión de la Mesa se ha adoptado por mayoría, y no por unanimidad, porque el Partido Popular catalán –que lidera AliciaSánchez-Camacho- se ha pronunciado en contra de la petición extraordinaria a la fiscalía.

Además de a los ministros de Interior y Hacienda, el Parlament también llevará a la fiscalía al jefe de Gabinete de Mariano Rajoy, JorgeMoragas, al director de inspección de la Agencia Tributaria, LuisMaríaSánchez; al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), FélixSanzRoldán; al director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, y al comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía, ManuelVázquez.

El Estatut regula la comparecencia en las comisiones

En la última sesión de la comisión de investigación por el denominado caso Pujol, que se celebró la semana pasada en el Parlament, los grupos parlamentarios acordaron trasladar las incomparecencias a la Mesa para que las comunicara a la fiscalía. Todos los grupos votaron a favor, salvo el PP, que lo hizo en contra.

La comparecencia en las comisiones de investigación está regulada en el Estatut d'Autonomia de Catalunya, cuyo artículo 59 establece que las personas requeridas "deben comparecer obligatoriamente". El reglamento del Parlament especifica que la Mesa debe informar al MinisterioFiscal de las incomparecencias, y el artículo 502 del CódigoPenal establece el delito de desobediencia para las personas que no comparezcan al ser requeridas de forma legal.

La comisión de investigación citó a los siete hasta en tres ocasiones diferentes, y, ante la negativa de comparecer las tres veces, decidió trasladarlo a la Mesa del Parlament, que ha aprobado llevarlo a la Fiscalía. El reglamento de la cámara establece: “Si la persona convocada desatiende, voluntariamente, el requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación, la Mesa del Parlament tiene que dar cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de sustanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder”.

También se sustenta en el artículo 502 del Código Penal, que recoge que los que no comparezcan en comisiones de investigación del Congreso o en asambleas autonómicas 'serán castigados como reos del delito de desobediencia', además de contemplar penas de suspensión de empleo si son autoridades. El Parlament ha recordado que las solicitudes de comparecencia enviadas a los ministros y altos cargos del Gobierno central ya advertían de que una incomparecencia podía “derivar en una posible responsabilidad penal”, y que aun así decidieron no acudir a la Cámara catalana.