LORETO. Todo en la comunidad indígena Nuevo Andoas retrata el abandono. Los fluorescentes que funcionan apenas seis horas al día, la basura acumulada en la ribera, los viejos ductos de hidrocarburos ocultos entre la maleza y las manchas de petróleo flotando en las cochas describen el olvido en esta región de la Amazonía peruana.

Tres empresas han operado durante 45 años en esta zona, pero en este tiempo la calidad de vida de la comunidad quechua no ha mejorado: los casos de desnutrición en niños se incrementaron y las familias no tienen acceso a agua potable ni a redes de desagüe. El bien más preciado al que algunas, como la de Eder Díaz, pueden aspirar es un pozo en el patio de su casa que les permite extraer agua subterránea con la esperanza de que no esté contaminada.

Dos días de viaje en lancha separan a Nuevo Andoas de su capital, en la provincia de Datem del Marañón. Esta es una de las 20 comunidades indígenas de la región Loreto en cuyos territorios se desarrolla la explotación del Lote 192 desde el año 1971. Primero fue la OXI (Occidental Petroleum Corporation), que dejó varias zonas impactadas de petróleo; y luego, la empresa argentina Pluspetrol Norte.

Ni Pluspetrol Norte ni Pacific quieren hacerse cargo de los sitios contaminados por la explotación petrolera

SIN OPORTUNIDADES. Unas 400 familias viven en esta comunidad asentada al borde del río Pastaza. Sus niños padecen de desnutrición y cada mes 20 de ellos contraen dermatitis o tiña por la contaminación.

Esta última administró el lote durante 15 años, hasta agosto del 2015, fecha en que culminó su contrato y se retiró sin contar con un plan de abandono aprobado para remediar las zonas contaminadas, como exige la ley de hidrocarburos.

Desde entonces el nuevo administrador del ex Lote 1-AB es la canadiense Pacific Exploration & Production, y esta ha informado al Ministerio de Energía y Minas que no descontaminará los sitios afectados por sus antecesores. El contrato de servicios que firmó con el Gobierno indica que solo se harán responsables “de las áreas que resulten afectadas o contaminadas como consecuencia de sus operaciones, no asumiendo ninguna obligación por operaciones anteriores”.

¿Quién entonces remediará los graves daños ambientales en esta parte de la Amazonía peruana? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó en esta región 92 sitios contaminados, pero Pluspetrol -que además tiene juicios ambientales y controla otros lotes estratégicos que producen el 40% del petróleo nacional y el 95% de gas- nunca quiso asumir responsabilidad sobre estas zonas.

A OSCURAS. Pese a los 45 años de explotación petrolera, la población no cuenta con redes de agua potable ni desagüe, y tiene luz eléctrica solo de 3 p.m. a 9 p.m. desde que Pacific paralizó sus operaciones.

LA HERENCIA PETROLERA

Pluspetrol Norte forma parte del conglomerado Pluspetrol Resources Corporation y responde a una de sus filiales asentada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, donde impera el secretismo financiero y tributario. Su patrimonio está valuado en US$ 4.576 millones de dólares, según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pero pelea judicialmente para no pagar S/ 39,4 millones por 12 multas ambientales y otros S/ 3 mil millones por deudas tributarias a la Sunat.

Siete meses antes de irse, en enero del 2015, Pluspetrol Norte presentó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) su Plan de Abandono, un documento exigido por ley y que fija el procedimiento para dejar la zona intervenida en el estado que fue encontrada. Desde el año pasado Ojo-Publico.com solicitó una copia de plan presentado por la empresa, pero este pedido nunca fue atendido.

Ahora, que el informe es público, se conoce que el plan de 163 páginas incluye solo la remoción de 17 pozos, 3 rellenos orgánicos y 19 puntos de residuos sólidos; no hay ni una sola línea sobre la remediación de zonas contaminadas. Sin embargo, al día siguiente de entregar su plan, Pluspetrol envió al OEFA una carta detallando la existencia de 2.014 pasivos ambientales en el lote que tenían que abandonar -aparentemente dejados por OXY- y de los cuales no se hacen responsables.

Pluspetrol presentó su Plan de Abandono sin mencionar las zonas que deberían ser remediadas, pese a que ya había identificado 2.104 sitios impactados

El Minem le exigió a Pluspetrol incluir en su informe aquellos 2.104 puntos y los otros 92 sitios detectados por el OEFA, pero la empresa no lo hizo, y por eso el Plan de Abandono fue desaprobado en última instancia el 19 de agosto del 2015 con la resolución viceministerial 029-2015/MEM. El ministerio le ordenó presentar un nuevo informe, pero a solo 10 días de culminar su contrato, la empresa ignoró la orden.

SIN REMEDIACIÓN. Pluspetrol Norte no incluyó en su Plan de Abandono la remediación de las zonas afectadas. En el contrato que celebró Perúpetro con Pacific, esta señaló que tampoco se hará responsable.

En marzo de ese año, la entonces ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, firmó el acta de compromiso entre el Gobierno y los apus de las comunidades afectadas y les aseguró “que el abandono del Lote 1-AB se realizará cumpliendo todas las exigencias legales, principalmente en temas de remediación ambiental”. Eso no ocurrió. Lo único que hizo su sector fue emitir el oficio 1524-2015 donde confirma que Pluspetrol incumplió la normativa ambiental y le deriva al OEFA la aplicación de sanciones que hasta la fecha no son efectivas.

En Nuevo Andoas, Eder Díaz recuerda los derrames de crudo cada vez que echa las redes para pescar. La actual administradora del lote, Pacific, paralizó sus labores en febrero por nuevas roturas del oleoducto norperuano (administrado por PetroPerú) y dejó sin empleo a muchos comuneros que, como él, realizaban labores de limpieza para la empresa. Desde entonces ha vuelto a la pesca y al cultivo de yucas para alimentar a los suyos. “Podríamos crecer con nuestra chacra, sin la petrolera, pero nadie compra nuestros productos porque saben que la tierra está contaminada y los peces no son aptos para el consumo. Terminamos vendiéndolos entre nosotros mismos”, sostiene.

BASE PETROLERA. A pocos metros de la plaza de Nuevo Andoas está instalada la base principal de Petroperu, encargada de transportar el crudo, y de Pacific, la empresa que hoy tiene la cesión de uso del Lote 192.

RESPONSABILIDAD EN FUEROS INTERNACIONALES

El paisaje comunal en Nuevo Andoas, con sus casas de madera techadas con calaminas, termina a diez minutos de camino y le abre paso a dos imponentes tanques de hierro que advierten el inicio del dominio petrolero. Uno pertenece a Petroperú, la empresa estatal encargada de transportar el combustible; el otro es del campamento de extracción de crudo que dirigió la argentina Pluspetrol Norte hasta el 29 de agosto del 2015.

El documento 0023-2015 en el que esta empresa reconoce que hay 2.104 puntos contaminados fue enviado al OEFA para cumplir una obligación ministerial, pero aclararon que “cumplen con presentar la referida información aun cuando la responsabilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la obligación de su remediación está todavía pendiente de ser determinada por la autoridad competente, y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, respetando los principios de legalidad (…) y no retroactividad”.

Consultado para este reportaje, Perupetro, la firma estatal que otorga los contratos petroleros, confirmó que la empresa argentina adquirió los compromisos ambientales de su antecesor, la Occidental Petroleum.

“Pluspetrol Norte S.A. es la empresa responsable del cumplimiento de las normas ambientales que devienen del contrato de explotación vigente desde 1985 (cuando operaba Occidental), conforme lo determinen las autoridades competentes. Y la entidad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales es el OEFA. Estamos a la espera que dicho organismo, determine las responsabilidades ambientales correspondientes”, respondieron por escrito.

La empresa argentina sostiene que la obligación de remediar lo que le dejó Occidental Petroleum será resuelta por un tribunal internacional

En más de una oportunidad el OEFA ha confirmado sanciones para Pluspetrol, pero esta ha recurrido al Poder Judicial parta sortearlas, y con éxito. En diciembre pasado, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima suspendió la medida cautelar que el organismo ambiental le impuso para que, tras el vencimiento de su contrato, cumpliera con descontaminar al menos las 92 zonas impactadas; y el Juzgado Mixto de Iquitos impidió que usaran en su contra un contundente informe que resume los hallazgos ambientales en el ex Lote 1-AB.

Ojo-publico.com solicitó entrevistas a los representantes de Pluspetrol y su equipo de prensa informó inicialmente que sí presentarían sus descargos, sin embargo, no volvieron a contestar los correos electrónicos. En la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental 046-2015 la empresa señala que "la responsabilidad por impactos ambientales producidos con anterioridad a las operaciones de Pluspetrol (...) viene siendo dilucidado en el fuero arbitral internacional correspondiente", sin dar mayores detalles.

CONTAMINACIÓN A FLOTE. Algunas zonas contaminadas fueron supuestamente remediadas cubriéndolas de tierra nueva y tablones de madera, pero basta cavar un poco para que el crudo aflore de nuevo a la superficie.

Nueve meses después de retirarse del ahora Lote 192, el 13 de julio de este año, Pluspetrol Norte presentó su segundo Plan de Abandono a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Se desconoce aún su contenido, pero ya ha sido derivado para su evaluación respectiva al OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, a Osinergmin y otras entidades involucradas. El Ministerio de Energía y Minas tampoco quiso conceder una entrevista a Ojo-Publico.com para detallar en qué difiere esta propuesta de la anterior que fue rechazada.

Pluspetrol recién presentó en julio de este año un nuevo Plan de Abandono del Lote 192. Nueve meses después del fin de su contrato.

Para entender los impactos de la explotación petrolera y conocer los sitios que Pluspetrol no quiso remediar basta alejarse unos veinte minutos del campamento principal que tienen en Nuevo Andoas. Los espesos árboles se convierten pronto en matorrales lánguidos y la tierra se torna fangosa; apenas se le remueve un poco empieza a brotar agua y un líquido aceitoso que tiñe de negro las hojas. Son restos del petróleo derramado. Los comuneros no saben cuándo. “Así como este caso hay muchos sectores abandonados. Escondieron el combustible bajo tierra nueva y sembraron plantas de raíces cortas para mostrarlo verde, pero aquí no volverá a crecer un árbol”, dice Teddy Guerra Maguín, el apu de la comunidad.

Según el acta suscrita el 10 de marzo del 2015 con las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Marañón, de la región Loreto, el Gobierno asumió el compromiso de remediar solo 23 zonas claves, con ayuda de un fondo de S/ 50 millones que saldrán de las arcas del Estado. A la fecha no se ha usado el dinero porque falta el reglamento para su aplicación. Sobre esto tampoco quisieron hablar en el Ministerio de Energía y Minas.

Los apus quechuas han acordado viajar a Lima para reunirse con autoridades del Gobierno y exigir el cumplimiento de este y otros acuerdos, como la titulación colectiva de sus tierras y el desarrollo integral de su comunidad. "No queremos que el actual presidente olvidé las promesas que nos hicieron. La descontaminación y la titulación son nuestras principales exigencias, dice el apu Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.

FALSA REMEDIACIÓN. El 2005 Pluspetrol se comprometió a descontaminar algunos sectores e instaló carteles para señalar que cumplió. Sin embargo, eso no ocurrió. Foto archivo: corresponde a un monitoreo de los dirigentes de la zona el 2015.

PACIFIC, LA NUEVA ADMINISTRADORA

El Lote 192 ha quedado en manos de Pacific Exploration & Production, una empresa fundada en Canadá que, según los medios colombianos Semana y El Espectador, hoy cuenta con inversionistas venezolanos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro y está al borde de la quiebra. Perupetro le entregó la cesión de uso del yacimiento a fines del 2015 semanas después de que registrara una caída del 48% en sus operaciones y que cambiara su razón social por problemas societarios.

Detrás de este conglomerado estuvieron los empresarios venezolanos Ronald Patín, Miguel de la Campa, José Arata que trabajaron en la petrolera estatal y dejaron su país presionados por las políticas restrictivas del régimen de Hugo Chávez. El ascenso de su empresa empezó el 2007, cuando Pacific Stratus se fusionó con Petro Rubiales y se extendió por Latinoamérica como una de las principales productoras de gas natural y crudo pesado, sin embargo, el desplome de los precios del petróleo, su división societaria, las millonarias remuneraciones que pagaban y sus ostentosos patrocinios lo pusieron contra la pared el 2015.

Es en ese contexto que se suma como accionista el grupo O’Hara Administration Co, integrado por inversionistas venezolanos y liderado por Alejandro Betancourt López, un empresario cercano al gobierno de Nicolás Maduro y quien en un año impulsó su negocio familiar con la ayuda de contratos estatales obtenidos en el país vecino.

Cuando Pacific obtuvo el Lote 192, O’Hara ya poseía el mayoritario 19,5% de la compañía. Hoy, Betancourt forma parte de su junta directiva y sus estados financieros siguen en rojo. Ojo-Publico.com se contactó con voceros de la empresa para obtener su versión sobre estos hechos y, tal y como lo solicitaron, enviamos un cuestionario, pero no respondieron.

En agosto del 2017 vence su contrato en la selva peruana y el Gobierno de Perú decidirá si convoca a una licitación pública por 30 años. Pacific ha manifestado su interés por continuar en el yacimiento, pero el Congreso anterior aprobó una ley para darle la primera opción de negociación directa a PetroPerú, por lo que ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento para postular juntas al Lote 192.

La empresa estatal Petroperú tampoco pasa por su mejor momento. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que inyectará recursos para mejorar las instalaciones de su oleoducto, que en lo que va del año ha registrado seis roturas y fugas de crudo en la selva.

Cuando Pacific obtuvo el Lote 192, la venezolana O’Hara ya poseía el mayoritario 19,5% de la compañía. Su líder, Alejandro Betancourt, es un empresario cercano a Nicolás Maduro.

EN ABANDONO. Los pozos petroleros están abandonados desde que se paralizaron las operaciones por nuevos derrames del ducto. La comunidad se quedó sin trabajo y sin poder comercializar lo que pescan y cultivan porque están contaminados.

Sin importar quien postule al Lote 192, las comunidades nativas están de acuerdo en algo: exigirán una nueva consulta previa. Hace dos semanas, los apus o líderes indígenas quechuas del Pastaza se reunieron en Nuevo Andoas para debatir los problemas de sus comunidades; principalmente la contaminación ambiental y la titulación colectiva para negociar compensaciones justas por el uso de sus tierras. Allí también coincidieron en desconocer la consulta que se aprobó el 2015 para permitir el ingreso de Pacific.

“Ese acuerdo fue un engaño porque obtuvo la anuencia de dos federaciones que aparecieron recién dos meses antes de la consulta y solo representan a tres comunidades que están en la zona de influencia de la petrolera. Nosotros somos la voz de 20 comunidades y nos retiramos de la negociación porque la ministra (Rosa María Ortiz) nos presionó para aceptar sin responder previamente a nuestras demandas”, explica el apu Guerra.

Perupetro dijo a Ojo-Publico.com que no sabe cómo actuarán al respecto, pero que antes de convocar la licitación esperarán que el Ejecutivo defina una posición. Las comunidades nativas lideradas por el apu Aurelio Chino tienen las cosas más claras: “Si no descontaminan nuestras tierras y nos entregan en silencio a una nueva empresa, sacaremos las lanzas”.

Fotografías: Elizabeth Salazar Vega / El viaje a las zonas contaminadas por la explotación petrolera en Loreto (Perú) contó con el apoyo de Oxfam Internacional.