Israel Lira Salas se ha convertido en el fiscal estrella del caso Javier Duarte. El encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana es uno de los responsables de vertebrar la acusación en contra del exgobernador de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. El exmandatario expulsado por el PRI en octubre de 2016 aguarda en una prisión de la Ciudad de México el arranque del juicio que intentará probar su responsabilidad en una sofisticada red de prestanombres que utilizó cientos de millones de pesos de dinero público para comprar propiedades en el país y el extranjero. Lira confía en que los mexicanos se sentirán satisfechos con el desenlace del proceso de quien se ha convertido en emblema de la corrupción política. “Será una sentencia condenatoria porque tenemos los elementos suficientes y se va a satisfacer al público, que quiere que se haga justicia”, asegura.

Lira ganó notoriedad después de haber acudido a la segunda audiencia del caso Duarte, el pasado 22 de julio. Al exgobernador se le juzga en el nuevo sistema de justicia penal, que hace públicas las audiencias. El esquema anterior mantenía las sesiones judiciales cerradas y confidenciales. “Esto nos da la gran oportunidad de legitimar el trabajo de los agentes del ministerio público y de los fiscales. El público y los medios de comunicación están conociendo nuestro trabajo y se ha desnudado cuando alguien pudo haber cometido un error”, explica el subprocurador.

Esos errores de la acusación fueron exhibidos en la primera audiencia. Los fiscales de la PGR mostraron poca pericia y conocimiento del expediente, pero lograron que el juez vinculara a proceso a Duarte. La defensa del exgobernador está encabezada por Marco Antonio del Toro, uno de los penalistas más caros de México, que lleva el caso de Elba Esther Gordillo, otra exmilitante del PRI caída en desgracia y acusada por el Gobierno mexicano de lavado de dinero.

El papel de Salas en la acusación ha sido importante. Antes de llegar a la SEIDO, el fiscal era parte de la Unidad de Inteligencia de la secretaría de Hacienda. Esta área del Gobierno recibe información de todo el sistema financiero: quienes venden inmuebles, vehículos, obras de arte y joyas. “Este modelo de riesgo arroja alertas y te dice de operaciones o personas que están haciendo actividades que pueden constituir un delito”, señala. Salas no recuerda la fecha exacta en que las alarmas de este modelo matemático saltaron y apuntaron hacia Veracruz. Pero calcula que comenzó a dar forma a las querellas hace aproximadamente “un año”.

Ese modelo de riesgo supuestamente hizo que las autoridades mirar las operaciones de Duarte y un grupo de allegados. Las pruebas en poder de la Fiscalía se remontan a diciembre de 2010, cuando el priista que había sido secretario de Finanzas con Fidel Herrera se convirtió en gobernador de Veracruz. En una fiesta de fin de año celebrada en un departamento de Duarte en el complejo de lujo Finestre de la Costa, de Ixtapa (Guerrero), el joven mandatario invitó a una serie de amistades a hacer negocios. Esos amigos son Alfonso Ortega, Moisés Manzur, Mario Rosales, José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Rosas Bocardo.

Esas amistades son la piedra angular de la Fiscalía para desenmascarar la trama de corrupción. Según las pruebas en manos de la PGR, el grupo creó una inmobiliaria para comprar distintas propiedades en distintas regiones de Veracruz, en lujosos barrios de la Ciudad de México y en Nueva York. Esta empresa fue utilizada para comprar 21 parcelas en un ejido del Estado de Campeche, al sur del país, por 20 millones de pesos (1,1 millones de dólares). Ortega, Janeiros, Rosas Bocardo y Manzur mintieron y falsificaron documentos para asegurar que vivían allí. Compraron las tierras a campesinos a un peso (menos de seis centavos de dólar) por metro cuadrado. Después, las vendieron con un sobreprecio —a 253 pesos por metro cuadrado— a dos empresas fantasmas creadas por ellos mismos, Brades y Terra. La PGR cree que unos 350 millones de pesos (18,5 millones de dólares), tan solo de la Secretaría de Educación de Veracruz, fueron desviados para comprar propiedades. También se ha encontrado que dinero de otras cuatro dependencias de Gobierno ha sido desviado por un monto que podría llegar a los 1.600 millones de pesos.

En esta red, que Salas deberá comprobar ante un juez junto a sus compañeros de la Fiscalía, cada una de las amistades tenía un encargo. Ortega buscaba oportunidades de inversión, Romero de la estructura, Manzur de los dineros, Rosas Bocardo era quien ponía su nombre para las transacciones y Rosales limpiaba los rastros ilícitos desde una notaría.

La Fiscalía ha logrado que algunos de los secuaces de Duarte testifiquen en su contra. Ortega ha detallado al Gobierno la compra de joyas por 200.000 dólares, propiedades y pagos en efectivo a medios de comunicación. Janeiro Rodríguez también ha confesado haber comprado con dinero público una camioneta de lujo y un departamento en la Ciudad de México a una supuesta amante del exgobernador. La mujer, la exfuncionaria Xóchitl Tress, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito y aceptó frente al juez devolver sus bienes además de cooperar con la Fiscalía en el caso Duarte.

“Los hechos esenciales ya están ahí. Lo que habremos de hacer es aportar las pruebas”, explica Salas. La Fiscalía tiene seis meses para reunir los elementos necesarios y evitar que el caso Duarte se caiga. Si consiguen probar las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el exgobernador Duarte podría ser condenado a cinco y hasta quince años de prisión. A esto se le sumaría otra condena por delincuencia organizada.

Salas asegura que el nuevo sistema de justicia podría dar un fallo antes de las elecciones presidenciales de 2018. “El plazo para dictar una sentencia es de dos años, pero puede darse el caso de que se le sentencie en ocho o diez meses”, considera. Más que la velocidad, al fiscal estrella de la PGR le preocupa más lograr una sentencia “justa”. Y para acabar con la ambigüedad de la palabra explica: “Que satisfaga el interés de las personas y que deje tranquilas a las víctimas”. Todo un reto en México, un país que lucha día con día con la impunidad.