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Una mujer pidió autorización a la Justicia para iniciar un tratamiento de fecundación in vitro con el semen congelado de su marido fallecido. La jueza Myriam Cataldi le negó el pedido, argumentando que el hombre no había firmado en vida un consentimiento informado para la procreación.

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°7 precisó que un proceso de Fertilización Post Mortem (FPM) hubiera afectado los derechos personalísimos del difunto, dado que no había quedado un “consentimiento informado expreso” firmado por el hombre, según publica Clarín a partir de un fallo difundido por ElDial.com.

Según reproduce el diario, el hombre había decidido congelar esperma luego de que le indicaran un tratamiento de quimioterapia a causa de un cáncer, práctica que podría afectar su capacidad reproductiva. La jueza, a sabiendas de que la mujer abona mensualmente para mantener la criopreservación, deja en claro que ninguna decisión personalísima puede ser tomada “sin la opinión ni actuación de su titular”.

El debate bioético es complejo, y una vez más deja al descubierto un vacío legal vinculado a las técnicas de reproducción asistida. “Se está ante una laguna del derecho en una temática que es de gran importancia y que, mal que le pese a los legisladores, existe en el mundo real; razón por la cual -a mi criterio- resulta imprescindible que la FPM sea expresamente regulada, estableciendo los requisitos que la legislación considere pertinentes, siendo respetuosa de los derechos de todos los involucrados”, escribió Cataldi en su fallo.

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Marisa Herrera, doctora en Derecho (UBA), investigadora del Conicet y una de las redactoras del nuevo Código Civil admitió a Clarín que se trata de un vacío legal la filiación post mortem.

“El fallo reafirma la centralidad de la dupla inescindible entre voluntad procreacional y consentimiento informado. ¿La persona lo prestó?”, se preguntó Herrera.

Desde 2011, la Justicia resolvió ocho pedidos de Fertilización Post Mortem apelando a técnicas de reproducción humana asistida, según indica Clarín. En cuatro de esos casos, la solicitud se hizo por gametos (células sexuales) criopreservadas; en dos por embriones criopreservados; y otros dos se pedía la extracción compulsiva de semen a la persona fallecida, partiendo de un consentimiento previo.

"La fecundación post mortem se aplica en casos en los que existe la voluntad procreacional pero que, por una fatalidad, ésta se vio impedida. En este caso, si bien el padre falleció, se espera que la madre transmita la función y el legado de este hombre al hijo o hija por venir", señaló Juan Michel Fariña, titular de Psicología, Ética y Derechos Humanos de la UBA.

Otro debate abierto

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En octubre de 2018, un juez cordobés pidió al Congreso que legisle sobre la naturaleza jurídica de un embrión in vitro, luego de que una pareja solicitara la cobertura de un estudio para realizar un estudio de diagnóstico preimplantatorio.

En aquella ocasión, en diálogo con La Voz el juez federal Alejandro Sánchez Freytes se preguntó qué sucedería si, ante el estudio de diagnóstico, se detectara alguna anomalía genética o cromosómica en el embrión in vitro. “Si son embriones portadores de una ‘patología’, ¿los van a tirar? ¿Los van a donar?”, se preguntó Sánchez Freytes, y también hizo un llamado al Congreso para que amplíe la legislación en la materia.

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