La reforma de Ley contempla sanciones de 5 días a 5 años de prisión a quienes contaminen cuerpos de agua y no usen de agua reciclada

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En fechas recientes, se presentó ante el Congreso de Baja California Sur una iniciativa ciudadana que buscará reformar la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en la entidad, para que se utilice agua reciclada al regar áreas verdes y hacer uso de inodoros a lo largo de la entidad.

El documento elaborado por el ciudadano Juan Ángel Trasviña Aguilar─representante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida─, se enfatiza la importancia de reutilizar el agua que se genera en hoteles, condominios, escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, casinos, entre otros.

La única excepción contemplada en la iniciativa serán las viviendas que tengan acceso al drenaje municipal y que sean construidas para uso particular de la misma familia que la va a habitar y no sean para venta.

Asimismo, en el proyecto de decreto se establece que “no debe usarse agua potable para regar áreas verdes ni para utilizarse en los inodoros, y por ello, cuando no exista una red de drenaje municipal, los desarrolladores y/o propietarios de hoteles, residencia, centros comerciales, casinos, así como responsables de fraccionamientos, condominios y cualquier otra construcción similar que cuente con muebles sanitarios, deberán instalar sistemas de tratamiento, individuales o comunales, que cuenten con la capacidad suficiente para abastecer y reusar el efluente”

En casos excepcionales, en las que las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, los Ayuntamientos de Baja California Sur podrán autorizar la construcción de letrinas y/o fosas sépticas, pero si las condiciones geobiofísicas indican que es un riesgo, la autoridad municipal deberá instalar una planta de tratamiento comunal que permita el reuso del agua

Para el uso de agua tratada se tomará como parámetro los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público que se establecen en la Norma Oficial Mexicana que los regula.

Por su parte, el documento presentado ante el Congreso de Baja California Sur señala que se impondrá una pena de 5 días a 5 años de prisión y multa equivalente entre los 422.45 pesos y los 4.2 millones de pesos (de 50 a 5,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización) a quien, sin autorización de la autoridad, descargue, deposite, infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o contaminantes en cuencas, mares, vasos o demás depósitos de corrientes de agua de jurisdicción estatal.

En caso de que se trate de agua para ser entregada en bloque a centros de población, la pena podrá elevarse hasta 2 años más a lo antes referido, añade la iniciativa.

Además, se pondrán de 5 días a 5 años de prisión y una multa de 422.45 pesos a los 4.2 millones de pesos, al desarrollador, responsable y/o propietario del inmueble, según corresponda, que no instale los sistemas de tratamiento en los términos establecidos.

De aprobarse, y una vez que entre en vigor el decreto, a las construcciones existentes se les dará un plazo de 2 años, para que los sujetos obligados implementen el tratamiento y reciclaje de agua a inodoros y áreas verdes.

Entre tanto, el Congreso tendrá un plazo no mayor a 3 meses para realizar las adecuaciones necesarias en las disposiciones legales; las reformas, modificaciones o nuevas normas deberán prevalecer con el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto.

