El día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, Mariano Rajoy y su esposa Viri ofrecieron una cena navideña a los ministros y sus cónyuges en la Moncloa. Durante el ágape –se sirvieron capón y turrones­­–, el presidente en funciones no aportó ninguna clave sobre cómo desencallar el embrollo político que han arrojado las elecciones del 20 de diciembre, pero a los presentes les quedó un regusto a despedida. En un breve discurso, Rajoy les recordó que nueve de los catorce ministros (sin contarle a él) han sobrevivido en el Gabinete desde el primer día. En el Gobierno del PP cunde el convencimiento de que lo más probable es que haya nuevas elecciones. Pero Rajoy ha diseñado una estrategia para llegar a un acuerdo con el PSOE que permita su investidura. El plan de máximos del presidente incluye el ofrecimiento a los socialistas de un pacto de Estado para una legislatura corta dedicada a afrontar reformas de calado, como la de la Constitución y la ley electoral, entre otras.

Esa fase no se abrirá hasta principios de febrero aproximadamente. Antes se deberán cubrir otras etapas. Primero se producirán las consultas del Rey con los representantes de los partidos. Rajoy pedirá al Monarca que le encargue formar gobierno como líder de la fuerza más votada, a sabiendas de que la primera votación de investidura, por mayoría absoluta, la tiene perdida de antemano. Incluso se someterá a una segunda votación, por mayoría simple, que también sabe que perderá. El líder del PP prevé que entonces sea Pedro Sánchez quien intente formar gobierno y no lo consiga, puesto que no sólo necesita a Podemos, sino que también deberá buscar el apoyo de varias fuerzas de entre IU, PNV, ERC, CDC y Bildu. Cuando ese intento de mayoría alternativa se frustre, Rajoy considera que será el momento de abrir una negociación en serio con el PSOE, según ha podido saber este diario.

Los populares son muy conscientes de la dificultad de convencer a un partido cuya campaña se basó en buena parte en pedir el voto para echar a Rajoy de la Moncloa. De hecho, si alguna certidumbre hay entre los dirigentes del PSOE, sean favorables o críticos con Pedro Sánchez, es que apoyar a Rajoy dejaría a Podemos como la gran alternativa de la izquierda. Vencer esa resistencia parece, hoy por hoy, imposible. Pero el presidente en funciones confía en que el paso de las semanas y la irremisible cercanía de unas nuevas elecciones acabe por convencer a los socialistas. La presión –aseguran en el Gobierno– se empezará a apreciar cuando se tenga que constituir la Mesa del Congreso, el 13 de enero, y se compruebe que no hay acuerdo para elegir al presidente de la Cámara baja. “Los mercados y las cancillerías europeas empezarán a presionar”, aseguran.

Para entonces, habrá que despejar otra incógnita en el campo socialista: si Susana Díaz y sus afines fuerzan la celebración de un congreso extraordinario para desbancar a Pedro Sánchez. En el entorno de Rajoy se considera que ésa sería la mejor solución para abrir la negociación con el PSOE. Las relaciones entre el presidente del Gobierno y Sánchez están muy deterioradas. Ya no había excesiva confianza entre ambos, el debate televisivo acabó de empeorar las cosas y la primera reunión que mantuvieron después de las elecciones fue un completo desastre. No obstante, también sería difícil introducir el congreso del PSOE en un calendario tan apretado. En cualquier caso, para abrir el diálogo entre ambos partidos sería necesario que al menos se reuniera el comité federal socialista para levantar el veto impuesto a Rajoy como presidente, ya que el líder del PP no tiene intención alguna de quitarse de en medio para favorecer un acuerdo. Si se insiste en relevarle por Soraya Sáenz de Santamaría u otro candidato –insisten en su entorno–, habrá elecciones.

¿Qué es lo que está dispuesto a poner sobre la mesa Rajoy para llegar a un acuerdo con el PSOE? La disposición a formar un gobierno con ministros socialistas es total, pero el jefe del Ejecutivo es consciente de que será difícil lograr tal grado de compromiso. Por tanto, la idea que maneja es solicitar su abstención en la investidura para abrir una legislatura centrada en varias reformas que deberían negociarse, pero que podrían abarcar desde la constitucional, a la reforma de la ley electoral y del Poder Judicial, además de la nueva financiación autonómica. Los cambios en la Constitución (que podrían afectar a la Corona, al reparto competencial con las autonomías y al Senado, entre otros puntos) implicaría la convocatoria de un referéndum de ratificación y unas nuevas elecciones, por lo que la propuesta es que la legislatura dure unos dos años aproximadamente, lo que se tardaría en acordar esas reformas. Los cambios en la ley electoral que propondrá el PP se ciñen a las municipales y autonómicas, para primar a la lista más votada, incluyendo una segunda vuelta. En todo caso, ésas ya serían cuestiones a abordar en una eventual negociación.

Para los populares, esta solución tendría el apoyo nítido de los mercados y de Bruselas. Recuerdan, además, que sin el PP no hay agenda reformista posible, puesto que sus 123 diputados son imprescindibles en cualquier cambio constitucional. Además, no sería necesario negociar un presupuesto, puesto que el del 2016 está aprobado y podría prorrogarse para el 2017. El PP está incluso dispuesto a ayudar al PSOE en aquellos ayuntamientos y autonomías donde gobierna con Podemos y que, como consecuencia de estas negociaciones, quedara en minoría. ¿Y qué ocurre con Ciudadanos? Es evidente que el PP estaría encantado de que la formación de Albert Rivera se sumara a esta negociación, pero eso está supeditado a lo que marque el PSOE, que es la fuerza imprescindible para disponer de una clara mayoría absoluta (se superaría los 200 diputados). Con Ciudadanos, las mayorías cualificadas estarían garantizadas, ya que se llegaría a los 253 escaños. El PP cuenta además con mayoría absoluta en el Senado.

A la complejidad del escenario abierto por las elecciones del 20-D hay que sumar lo que ocurra en Catalunya. Hoy está previsto que la CUP decida si da su apoyo a Artur Mas para que sea investido presidente o si se convocan nuevas elecciones. En el primer caso, se formará un gobierno de coalición entre Convergència y Esquerra para aplicar la hoja de ruta hacia la independencia en 18 meses. Visto desde la óptica de la Moncloa, los pasos que dé ese nuevo Ejecutivo catalán hacia la “desconexión” con el Estado español podrían ayudar a la tarea de convencer al PSOE para que acepte la investidura de Rajoy y el inicio de una legislatura de reformas. Si finalmente hubiera elecciones en Catalunya, las negociaciones entre PP y PSOE se complicarían sobremanera. De hecho, es probable que quedaran suspendidas debido a la campaña electoral catalana.

Todo este plan es papel mojado si el PSOE persevera en su negativa a entrar siquiera en una negociación con Rajoy. El PP no quiere llegar a la convocatoria de nuevas elecciones, pero tampoco considera que vaya a salir peor parado si no hay más remedio. De hecho, estiman que recuperarían voto útil de Ciudadanos y que el PSOE, en medio de las turbulencias internas, aún se hundiría más, salvo que Susana Díaz lograra el liderazgo y consiguiera frenar la sangría hacia Podemos. Las generales podrían ser el 30 de mayo. Pero dado que el dictamen de las urnas es inescrutable, no es de extrañar que la cena de Rajoy y sus ministros estuviera también marcada por la posibilidad de que sea la última en la Moncloa. Por cierto, el presidente fue agasajado con un reloj y su esposa con unos zapatos, ya que celebraban también su aniversario de boda. Se casaron el 28 de diciembre de 1996, un día después de lo previsto porque Mariano Rajoy tenía que votar la ley de presupuestos y el PP tampoco tenía la mayoría suficiente de no haber sido por el pacto del Majestic con CiU.