El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta su nuevo informe: Tierras y Conflictos Rurales. El gran asalto a la propiedad rural se dio entre 2000 y 2008.

Colombia es un país híper diagnosticado, aunque sea sobre mediciones parciales o precarias. Las cifras del llamado despojo de tierras (la desposesión de predios rurales de manera forzada) bailan entre los 10 millones de hectáreas que establece el Movimiento Nacional de Víctimas y las 6,5 millones de hectáreas consignadas por Acción Social en base a los Registros Únicos de Territorios y Predios Abandonados individual y colectivo (RUPTA). El fenómeno, en todo caso, supone toda una contrarreforma agraria que, según el informe que hace público ahora el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), se concentró en dos periodos de tiempo: entre los años 2000 y 2002, y entre 2005 y 2008. El despojo estuvo muy relacionado con el accionar paramilitar y se produjo, con especial intensidad durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) –cuando estuvo vigente la denominada como política de Seguridad Democrática-.

El informe Tierras y Conflictos Rurales contiene un extenso recorrido por las políticas agrarias de Colombia y destaca que “desde la República, la adjudicación de terrenos baldíos ha sido prácticamente la única política estatal de distribución de tierra que ha tenido continuidad”. De hecho, entre 1903 y 2012 el Estado ha distribuido 60 millones de tierras baldías a personas, entidades y, en los últimos años, a pueblos étnicos.

El CNMH concluye que esa distribución no ha alterado de manera significativa la estructura de propiedad y desarrollo agrario. E, incluso, recuerda las denuncias hechas en 2013 por el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en los debates de control político sobre el tema de los baldíos: “El funcionario advirtió que el 77% de los baldíos no están en manos de las personas originarias a las que se les tituló. Según Vélez, desde 1961 han sido titulados 517 mil predios baldíos, 336 mil antes de la Ley 160 de 1994 y 180 mil después de esta Ley, pero entre el 65% y 80% de estas tierras ya fueron vendidas. Es decir, no están en manos de campesinos como se supone debería ser el uso de las tierras de la Nación”. No parece que haya nada casual. El informe señala que “en algunas zonas que han padecido con mayor intensidad el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los Montes de María, se observan incrementos anormales en la compraventa de predios adjudicados como baldíos y/o de parcelas de reforma agraria”.

La reforma agraria eternamente prometida y varias veces legislada se encontró con una violenta contrarreforma agraria alimentada por el fenómeno paramilitar, al auge de ciertos cultivos agroindustriales (como la palma africana) y de los biocombustibles, los cultivos de uso ilícito o el boom minero energético. A los investigadores no les sorprende, simplemente diagnostican la evolución de este despojo: “En Colombia, la apropiación ilegal de tierras públicas y privadas es una práctica tan antigua como el origen mismo de la propiedad privada, aunque ciertamente se ha potenciado, reproducido y sofisticado, no solo por efecto del narcotráfico y del conflicto armado, sino también por la corrupción en las esferas gubernamentales, en la dirigencia política y en miembros de las élites económicas del país”.

Los más afectados

Cuando se sigue el rastro del abandono de tierras, muy relacionado con el desplazamiento forzado, se puede hacer el mapa del desarrollo paramilitar en el país o del choque de estos con grupos subversivos. Los municipios que tenían más del 20% de sus tierras rurales abandonadas individualmente en el país se concentran en Antioquia (Turbo con el 23,7% de abandono y San Carlos, con el 23,5%), Bolívar (Carmen de Bolívar -47,7%-, San Jacinto -46,3%-, Cantagallo -34%- y San Pablo (31,9%), Meta (La Macarena con el 88,5% de sus predios rurales abandonados, Vistahermosa -43,1%- y La Uribe -24,8%) y Putumayo (Puerto Guzmán con un 56,4%).

Cuando se mira el abandono colectivo aparece el Chocó en primer lugar, donde el 37% de los predios de uso agropecuario fueron abandonados.

El despojo, según analiza el informe, se ha dado bajo tres perfiles. Uno de carácter “estratégico”, más relacionado con la lucha antisubversiva de grupos paramilitares y que buscaba restar control territorial a las guerrillas mediante el desplazamiento del campesinado y la acumulación de tierras para sumar poder en las regiones de confrontación. El segundo modelo ha sido el “clientelar”, en el que lo que se buscaba era consolidar el apoyo político local a las acciones paramilitares y que supone la alianza entre estos últimos, políticos locales y regionales y funcionarios militares y no militares. “Para ello, los paramilitares presionaban la usurpación y transferencia de propiedades a antiguos dueños o a terratenientes vecinos para la ampliación o el inicio de nuevas explotaciones”. El tercer perfil es el despojo “oportunista”, en el que mandos paramilitares han aprovechado “su posición en los grupos” para despojar de tierras a campesinos en beneficio propio.

El informe detalla que “la tendencia general muestra que los departamentos del noroccidente presentan mayores casos de abandono desde finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, en tanto que los del suroccidente presentan mayor abandono durante el periodo de la Política de Seguridad Democrática (2002-2010) y en años posteriores al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares”. Y se reseñan casos específicos, como el de La Mono y Puerto Torres, en el sur del Caquetá, donde “17 veredas pasaron 3 grandes haciendas en un periodo de 20 años”.

La información disponible también apunta a que en el periodo 2005-2008 influyó de manera determinante el Plan Patriota. Por un lado, por el incremento de las fumigaciones que no distinguían entre cultivos lícitos e ilícitos y que provocaron el desplazamiento y abandono de tierras de miles de campesinos. Por otro, la relación estudiada en municipios como la Macarena y La Uribe entre la implantación de puestos de la policía o de las fuerzas armadas y el abandono de tierras. “Estos indicios fortalecen la trama entre abandono y presencia de la fuerza pública. Como lo han señalado diversos estudios, esto puede estar relacionado con fuertes procesos de estigmatización de la población campesina por parte del Ejército. También, y en particular para esta zona, se ha señalado la alianza entre Ejército y paramilitares luego del fin de la zona de despeje”.

Por último, el informe categoriza las razones por las que alguien deja su tierra cuando preferiría quedarse. Las tradicionales serían por conflicto armado, por presión de los “proyectos de desarrollo”, por razones ambientales o por catástrofes. Pero en el caso de Colombia, el análisis se complejiza porque los expertos añaden: la fumigación de cultivos de uso ilícito, la estigmatización de poblaciones campesinas como guerrilleras y las incursiones de la fuerza pública, e, incluso, las políticas económicas, entre la que destaca la denominada como “apertura económica” desarrollada por el Gobierno de César Gaviria. “No solo las dinámicas del conflicto armado desplazan a productores del campo en Colombia. Las dificultades de acceso a crédito, la imposibilidad de tenencia de la tierra y las consecuencias de tratados de libre comercio con países que producen a menores costos, han expulsado, y continúan haciéndolo, a productores rurales”.