El PP de la ciudad de Valencia es un erial. Un proyecto político agotado, derrumbado, hundido, contaminado por la corrupción. Y los líderes sobre los que construyó una hegemonía que ha durado más dos décadas, Rita Barberá y Alfonso Rus, están amortizados en lo político y amenazados por la sospecha de haber participado en una trama de financiación ilegal. Poco o nada queda de aquel partido que fue embrión, en 1991, de un éxito inigualable para el PP español: desde la ciudad de Valencia, que arrebató al PSPV-PSOE, y que en pocos años ocupó todas las instituciones, con un poder absoluto, así en la Generalitat, en 1995, como en las Diputaciones y todos los grandes ayuntamientos.

Hasta hace una semana, el PP de Valencia, y su líder Rita Barberá, parecían haber escapado a la metástasis de la corrupción que ha llevado ante la justicia a todas las personas claves de los diversos equipos de Francisco Camps, tanto en el partido como en la Generalitat Valenciana. La lista es interminable, así como los afectados. Más de 100 procesados. Prácticamente todos los exconsellers de Camps, incluido el expresident, han sufrido o sufren la condición de condenados, imputados, procesados o investigados. Algunos, como Rafael Blasco o Carlos Fabra están en prisión.

Rita Barberá, además, había escapado a los casos de corrupción “locales”, como el caso Emarsa, sobre la depuradora de aguas de la ciudad; el caso Nóos, en el que sí está siendo juzgado el que fuera su mano derecha y vicealcalde, Alfonso Grau; o el Ritaleaks, sobre el presunto uso privado de dinero público.

Pero el caso Taula ha alcanzado a todo el PP local, ahora en proceso de refundación. Y todos los ojos están puestos en Barberá; la misma que junto a Francisco Camps, imputado ahora por el caso Fórmula 1, alimentó el modelo de crecimiento económico impulsado por Eduardo Zaplana a finales de los años 90: construcción, grandes eventos, endeudamiento e intervencionismo en la sociedad civil. Estrategia para la que se usaron las cajas de ahorros valencianas –Bancaixa y la CAM– y al Banco de Valencia. Ahora no existen, porque todo el sistema financiero valenciano cayó por la negligencia de sus gestores.

El modelo ha sido ampliamente estudiado, por profesores como Josep Vicent Boira, Joan Romero o Manuel Alcaraz, actual conseller de Transparencia. Hay amplia coincidencia: el PP ocupó las instituciones y las gestionó en beneficio del partido y de las empresas satélites. Las múltiples causas judiciales lo atestiguan. Hubo, al respecto, un modelo, una estrategia, de saqueo de la administración y de las empresas públicas, hasta hundirlas. Los pufos son multimillonarios en RTVV, 1.300 millones de deuda; CIEGSA, 1.700 millones; Ciudad de la Luz, 300 millones; Aeropuerto de Castellón, 200 millones; Feria de Valencia, 1.000 millones, y así un largo etcétera.

En cada caso abierto la operativa es similar. Obras faraónicas, subcontratas con sobrecostes, comisiones en negro presuntamente destinadas al partido o en beneficio propio, según los jueces. La dinámica afecta a toda la estructura institucional, que arrastra, castigada por la infrafinanciación, una deuda de 40.000 millones de euros.

Pero todo esto sucedía en un tiempo de borrachera económica, de orgía del ladrillo, de enriquecimiento generalizado. La sociedad civil valenciana, como apuntan Boira y Alcaraz, intuían el precio de los excesos: Copa del América, Fórmula 1, visita del Papa, Open de Tenis, Hípica, Óperas costosas; pero calló, con dignas excepciones.

Gürtel rompió la burbuja del imaginario colectivo, y la opinión pública descubría que el PP había creado un modelo corrupto que había arruinado la cajas, los eventos, los contenedores culturales y las empresas públicas. Le siguieron más casos: Fitur, la visita del Papa, caso Cooperación, caso Carlos Fabra, caso Brugal, caso Emarsa o caso Fórmula 1. Y esta semana, ha estallado el caso Taula, que confirma que la corrupción se había instalado en todas las instituciones, sin excepción.

El PP local, el último bastión que parecía haber esquivado esta enorme lacra, ha caído bajo el peso de la ley, a causa del caso Taula. Con una fuerza desconocida: toda la militancia está bajo sospecha. Suficiente para que el PP autonómico, ahora en manos de Isabel Bonig, haya optado por disolverlo, borrarlo, con el objetivo de empezar de cero. Desde la convicción de que el daño al partido y a la Comunidad Valenciana tardará años en curarse.