Lo que pareció dejar bastante claro el ministro de Economía Martín Guzman en su primera aparición pública es que descartado el ajuste fiscal por la vía de una baja del gasto público, y descartada también la emisión monetaria, el oxígeno para frenar la caída de la actividad económica y recuperar la capacidad productiva provendrá de de dos vías:

- El ahorro que se obtenga en el pago de intereses tras la renegociación de la deuda.

-Una muy posible mayor presión fiscal, apelando al recurso de una suba de las retenciones o alícuotas mayores en, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, como para empezar a hablar.

En otras palabras, para que el Estado -porque según Guzmán la gravedad de la recesión económica no lo permite- recupere oxígeno par frenar la caída y se recupere la actividad, el ajuste deberán hacerlo los acreedores y un sector de los contribuyentes.

Es decir, los fondos para volcar a la calle, al consumo, a la producción, los pondrán los acreedores, que resignarán parte de los pesos o dólares que les corresponden y los exportadores y contribuyentes que pagarán, se supone, más impuestos por su riqueza patrimonial.

Es el “esfuerzo solidario” que pidió el Presidente Alberto Fernández en la ceremonia de asunción del miércoles.

Guzman dijo que la tarea por delante es converger al equilibro fiscal y alcanzar superávits primarios fiscal y comercial para resolver los desequilibrios múltiples.

El tema es cómo converger a esos equilibrios, y a qué velocidad. Si la oferta aa los acreedores es muy agresiva tal vez se demore un poco más la reapertura del crédito, no solo para el Estado, sino también para el sector productivo.

Guzman dejó claro que no hay espacio en 2020 para aplicar una mayor contracción fiscal. Que no hay espacio para un shock fiscal porque tampoco hay crédito, ni doméstico ni internacional. Y se rechazó explícitamente acudir a los desembolsos pendientes del acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario.

Guzmán subrayó que apostar a la emisión de dinero sería desestabilizante. Esto último supone una definición fuerte -y contraria- a lo que se venía diciendo hasta ahora desde los equipos económicos que rodean a Alberto Fernández.

De modo que no quedaría otro camino que bajar sensiblemente el peso de los pagos de la deuda. “Para no ir a un ajuste brutal, hay que resolver el problema de la deuda, recuperar capacidad de pago para crecer y luego poder pagar” resumió Guzman. Es la salida al “virtual default”, como describió Guzman.

El ministro de Economía relativizó el contenido de la presentación que hizo semanas atrás en Ginebra (Suiza) donde señalaba que debían despejarse los pagos de intereses por dos años. Se infiere que la propuesta que se les haga a los acreedores sería un poco más agresiva.

Guzman apuesta a resolver esta discusión en no más de 100 días. “No vamos a permitir que esta discusión se extienda mucho más”. Una afirmación que avisa que, agotado el plazo, se impondrá una fórmula aún sin consenso de los acreedores.

Estas afirmaciones permiten imaginar que la negociación será dura y si bien se podría presentar una propuesta sin quita nominal de la deuda, la reducción en el pago de los intereses será más que drástica, como para que el valor presente de los bonos se reduzca sustancialmente. La quita consistirá en devolver la deuda original en un plazo mucho mayor.

En paralelo a la negociación que se inicie con los acreedores,se continuará el diálogo con el FMI. Guzmán fue tajante. “El FMI reconoció el fracaso del programa”. Se sabe que la intención del Gobierno es patear los pagos al organismo sin mucha resistencia del Fondo. Si el Fondo acepta, es porque, tal vez, avalará una oferta muy dura a los bonistas.

Guzmán sostiene que tanto el FMI como los acreedores coinciden en que la situación de la deuda es insostenible. Y a partir de esa realidad tanto el Fondo como los bonistas se allanarán a aceptar la oferta Argentina.

Como ya se ha dicho, el riesgo de presentar una oferta demasiado agresiva es que el Gobierno no podría alcanzar las adhesiones necesarias como para cumplir con las cláusulas de acción colectiva que le cierren el camino a los fondos buitre, es decir quienes optan por el camino judicial.

La tarea de la comisión especial que se conformará para negociar con los bonistas tendrá entonces una difícil tarea de convencimiento, si, como se supone, se pedirá a los bonistas un desprendimiento importante. Tal vez se apueste a convencer primero a los hedge-funds que compraron bonos en cantidad a precios bien por debajo de los de emisión. Estos tal vez acepten una oferta magra pero que para ellos signifique una ganancia importante. El problema son los que compraron bonos entre 2016 y enero de 2018. Hoy, son bonistas que llevan anotadas pérdidas importantes. La puja será interesante.