Fernando Damián, Elia Castillo, Eduardo de la Rosa y Karen Guzmán

Los empresarios del país tronaron contra las reformas aprobadas ayer por la Cámara de Diputados para tipificar la facturación apócrifa, el llamado huachicoleo fiscal, como crimen organizado, y adelantaron que interpondrán los amparos necesarios desde las vías institucionales contra lo avalado.

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“Con esta reforma los buenos empresarios podrían ser procesados o incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada. Finalmente fuimos presa de la bebida que ahora será la preferida de los mexicanos: el atole con el dedo”, señaló Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex.

En conferencia con medios, Esquer señaló que las comisiones de la Cámara de Diputados no hicieron caso alguno a las propuestas hechas por los organismos empresariales, civiles y sociales, quienes pedían, entre otras cosas, incluir la palabra “dolo” en la redacción del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en el que se tipifica como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

“A pesar de todo el esfuerzo desplegado para convencer al gobierno federal y a nuestros legisladores, no fue posible hacerles cambiar de parecer y modificar su propuesta de iniciativa. De nada sirvió nuestra opinión contra el grave daño que estas reformas provocan”, dijo.

Por separado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que en la aprobación, el Legislativo no haya considerado las voces que alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá en la certidumbre y la inversión, por lo que pidió sensatez al gobierno en su implementación.

En un comunicado, el organismo que preside Carlos Salazar Lomelín indicó que pese a la advertencia “contundente y sustentada” de especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y sectores productivos del país, “no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos. Hacemos un exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores y no a los contribuyentes cumplidos”.

El CCE resaltó que “la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”.

En tanto, Arturo Pueblita, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal afirmó que esta reforma estará utilizando un recurso penal para incrementar la recaudación fiscal: “Si queremos incrementar la recaudación tenemos que generar un crecimiento económico y no en sentido contrario”.

PASA AL EJECUTIVO

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, las reformas a cinco ordenamientos para tipificar la defraudación fiscal y la facturación falsa como delincuencia organizada, además de considerarlas amenazas a la seguridad nacional e imponerles prisión preventiva oficiosa.

Tras seis horas y media de debate, sin admitir un solo cambio al dictamen, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados avalaron el proyecto y lo turnaron al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Las bancadas de PAN, PRI y PRD calificaron la reforma de “terrorismo fiscal” y, al igual que los legisladores morenistas Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Martha Patricia Ramírez, Javier Castañeda y Ulises Murguía, votaron en contra.

De acuerdo con el dictamen, la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones falsas se sancionará con entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere 7 mil 800 pesos.

Las modificaciones prevén el endurecimiento de las acciones contra las más de 9 mil empresas fantasma dedicadas a expedir y enajenar facturas de operaciones simuladas.

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