13 de Septiembre de 2013

La política informativa del gobierno federal en varios temas, pero en particular en lo relacionado a las reformas energética y fiscal, ha dejado innumerables espacios sin llenar y no han explicado, incluso, los razonamientos que están detrás de algunas de sus decisiones más controvertidas propuestas por las propias autoridades.

Una de esas decisiones es la de no aplicar el IVA generalizado a alimentos y medicinas, el tipo de impuesto al consumo que aplican prácticamente todas las economías de mercado. Y que muchos analistas, empresarios, políticos, veíamos como una medida necesaria en la reforma fiscal. Ayer me encontré con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y ella me proporcionó la explicación que nadie en el equipo económico o de comunicación del gobierno federal había proporcionado sobre el tema.

¿Por qué el presidente Peña decidió no generalizar el IVA? La decisión, dice Rosario, fue a partir de información dura, no de razonamientos de otro tipo. Más allá del ambiente político muy tenso, de la economía decaída, de los conflictos partidarios que se podrían presentar, los estudios realizados por la Sedesol junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le mostraron al presidente Peña que el IVA generalizado aumentaría la recaudación en 3.75 puntos del PIB, pero que también haría pasar en forma automática al nivel de pobreza alimentaria a 14 millones y medio de personas. Quienes viven en pobreza alimentaria pasarían de ser 19.7% de la población a 32.1 por ciento. Si se hubiera gravado con 2%, como se dijo, el IVA en alimentos y medicinas habría recaudado un punto del PIB con esa medida, pero se dejaría a cuatro millones de personas más en la pobreza alimentaria. Se consideró que el costo social era inaceptable.

Se estudio entonces la posibilidad de mantener una canasta exenta e incluso la posibilidad de transferirle vía bonos, tarjetas, recursos directos el dinero que perdieran con el IVA a las familias damnificadas (a esas 14.5 millones de personas que pasarían a la pobreza alimentaria, en total serían 37 millones 600 mil, 32% de la población), pero resultó que el recurso necesario para esa operación sería equivalente a prácticamente todo lo que se recaudara extra por concepto IVA, con un costo social y político mucho mayor. Por eso no se generalizó el IVA.

Se podrá estar o no de acuerdo con esas razones, pero no es en absoluto un argumento despreciable. No creo que el país pudiera solventar ni social ni políticamente el ingreso masivo de más de 14 millones de personas más a la pobreza alimentaria. Eso no justifica propuestas erróneas como el IVA a colegiaturas, hipotecas o rentas, pero proporciona un cuadro donde las demás fichas pueden colocarse con racionalidad. Rosario mostró, explicó lo que en otros ámbitos simplemente se ignoró.

Pero esa decisión del IVA permite explicar lo que es el corazón de la propuesta y que no ha tenido demasiada atención pública: el déficit equivalente a 1.5 del PIB. Si con la miscelánea fiscal se recaudarán 302 mil millones de pesos extras, con el endeudamiento público se accederá a 226 mil millones de pesos. Se necesitan para cumplir con los programas gubernamentales un incremento presupuestal de 3.5 puntos del PIB o sea 528 mil millones extras que saldrán de esa fórmula.

Ahora bien: ¿es sano endeudarse? ¿Implica regresar a los viejos tiempos de deudas externas incosteables que llevaron a la economía del país a la ruina? Como está planteado no tendría que tener consecuencias graves ni dañinas, al contrario. Todas las economías con un cierto nivel de desarrollo, desde las medianas hasta las grandes tienen un margen de déficit para impulsar el desarrollo en una época de poco crecimiento. Pero el endeudamiento debe ser manejable, transparente, claro y esos recursos deben utilizarse indefectiblemente en infraestructura, obra, financiamiento rentable, educación, salud, no puede ir ni al gasto corriente ni mucho menos a la corrupción, al despilfarro político. Hemos tenido muy malas experiencias en los últimos tiempos con estados que se han endeudado a niveles imposibles de solventar por sus propias economías. El gobierno federal no puede hacer lo mismo. Pero controlados y transparentados esos factores, un grado sensato de endeudamiento no es malo ni para una familia ni para un gobierno. Una deuda insostenible lleva a ambos a la quiebra. Se necesita control, transparencia e información sobre su manejo y objetivos claros para la utilización de esos recursos.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.