Las intensas relaciones entre el sector público y el privado de la sanidad catalana tienen en Josep Maria Padrosa, número 2 del Departamento de Salud, el último y más llamativo ejemplo. Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud —CatSalut, organismo público con el que la Generalitat financia a hospitales y servicios sanitarios— es a la vez apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al propio CatSalut más de 14 millones de euros. Este hecho, que podría vulnerar dos leyes catalanas sobre incompatibilidades, cuestiona además los duros recortes aplicados por el CatSalut desde la llegada al cargo de Padrosa. Las medidas de ahorro, que han llegado al 20% en algunos hospitales desde 2011, no han superado el 9% en las empresas de Padrosa, que ya trabajaban anteriormente para el Gobierno catalán.

Este último caso de presuntas irregularidades en la sanidad catalana se remonta a diciembre de 2010, tras la primera victoria de Artur Mas (CiU) en las elecciones catalanas. Mas eligió como consejero de Salud al presidente de la patronal, Boi Ruiz, quien se llevó con él al departamento a la cúpula de la Unión Catalana de Hospitales. Padrosa ocupaba un cargo en la Unión como director de Corporación Fisiogestión, holding de empresas dedicado a la fisioterapia, rehabilitación y logopedia.

Su actividad choca con la ley de incompatibilidad de altos cargos

Padrosa era director general del holding y apoderado de 16 de sus empresas, que tienen a las Administraciones públicas como principal y casi único cliente. En 2010, último año que Padrosa dirigió Corporación Fisiogestión, seis de sus empresas —Fisioterapia SA, Fisio Girona SA, Servicios de Fisioterapia SA, Instituto Logopédico de Barcelona SA, Centro de Recuperación Funcional y Fisioterapia SA y Kinesiterapia SA— facturaron al Cat Salut 15,74 millones. Según datos del Registro Mercantil, esta cantidad supuso la práctica totalidad de la cifra de negocios de las seis empresas.

El año 2011 resultó duro para las empresas del grupo, al igual que para toda la sanidad catalana. La facturación de las seis empresas al CatSalut —en ocasiones en solitario, otras formando parte de uniones temporales de empresas (UTE) en las que casi siempre son mayoritarias— cayó hasta los 14,31 millones, un 9,1% menos. El recorte para el conjunto de la sanidad fue ese año del 10%.

Dos años y medio de escándalos ►La sanidad pública catalana se ha visto sacudida, desde la llegada de Boi Ruiz al cargo, por una sucesión de casos de supuestas irregularidades que ahora investigan los juzgados o la fiscalía. ►‘Caso Manté’. Dos de los máximos dirigentes de la sanidad catalana en las últimas dos décadas, Josep Prat y Carles Manté, fueron detenidos el pasado 27 de febrero por el pago desde la empresa municipal de Reus (Innova, dirigida por Prat) de 720.000 euros a Manté por trabajos que, según el Ayuntamiento, no existen. Prat dirigió el CatSalut entre 1998 y 2003 y Manté entre ese año y 2007. ►‘Caso Bagó’. Ramon Bagó, exalcalde de Calella por CiU, es dueño del grupo Serhs, que cuenta con varias empresas dedicadas a la restauración de colectividades. La Oficina Antifraude de Cataluña ha remitido a la fiscalía un informe que constata que Bagó utilizó sus cargos en la sanidad pública para ayudar a sus empresas a conseguir contratos en hospitales públicos. ►‘Caso Sant Pau’. Una denuncia del comité de empresa dio origen a una macroinvestigación judicial que mantiene imputados a prácticamente todos los directivos del hospital en los últimos 15 años. El juez investiga pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares. Los beneficiados son gestores próximos a CiU y PSC, además de constructoras. ►‘Caso Crespo’. El diputado de CiU en el Parlamento catalán Xavier Crespo obtuvo más de 200.000 euros de forma irregular de una empresa filial de dos hospitales públicos, a los que causó unas pérdidas de 2,4 millones. El caso, investigado por la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, fue ocultado por el primer organismo y el propio Departamento de Salud de la Generalitat. ►‘Caso Innova’. Además de los pagos investigados en el caso Manté, un juzgado de Reus investiga cobros irregulares y la gestión de Josep Prat al frente de Innova, empresa municipal del Ayuntamiento de Reus que gestiona dos hospitales y decenas de centros sanitarios en la provincia de Tarragona. Prat también está imputado.

Más llamativo fue lo ocurrido al año siguiente, en 2012. Mientras los recortes siguieron en el conjunto del sistema —el CatSalut vio reducido su presupuesto un 4,76% adicional, según datos de la Generalitat—, las empresas de Padrosa apenas notaron las tijeras y redujeron su facturación al CatSalut en solo 20.000 euros hasta los 14,29 millones (un 0,1% menos).

Padrosa dejó la dirección general del grupo tras ser nombrado director del CatSalut, pero los poderes en sus empresas no le fueron revocados, admite el administrador del holding, Carlos Núñez. “Nuestra práctica administrativa es la de no derogar los poderes, porque los custodiamos nosotros y podemos asegurar que Padrosa no los ha utilizado”, explicó ayer. Pese a ello, Núñez reconoce que “visto con la perspectiva del tiempo, es evidente que se ha podido cometer un error”. Padrosa, por su parte, declinó ayer atender a EL PAÍS y el Departamento de Salud se limitó a asegurar que “en todos los concursos y procedimientos se ha cumplido la ley”.

La doble situación de Padrosa, sin embargo, puede violar dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán. La primera, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Generalitat, establece en su artículo 3: “Los altos cargos deben ejercer su función con dedicación plena y no pueden compatibilizar su actividad con el ejercicicio de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad mercantil, profesional o industrial de carácter público o privado por cuenta propia o ajena”. La Ley de Ordenación Sanitaria, por su parte, fija en su artículo 13.3: “La condición de miembro del comité de dirección del CatSalut es incompatible con cualquier vinculación con empresas o entidades relacionadas con cualquier tipo de prestación de servicios”.

Andrés García, miembro de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) considera que “este es un nuevo caso de perversión del servicio público por personas con evidentes intereses en el sector privado”. “Esto ha sido una constante desde la llegada de Boi Ruiz, expresidente de la patronal, al frente del departamento de Salud. Prácticamente todos los cargos relevantes que ha nombrado son personas que proceden del sector privado y ven en lo público una fuente de financiación del engranaje privado del que proceden”, añadió.

En la estructura de la Generalitat de Cataluña, el CatSalut ocupa un lugar clave. Depende del Departamento de Salud y acapara casi todo su presupuesto: un 97,9% de los 8.685,01 millones en 2012. El organismo financia la red asistencial pública: hospitales, centros de salud, ambulancias, centros sociosanitarios, de rehabilitación... Entre los equipamientos sanitarios financiados por el CatSalut están los del Instituto Catalán de la Salud (ICS), ocho hospitales y 400 centros sanitarios gestionados por la Generalitat. El ICS se vio salpicado hace un año por otro caso de incompatibilidades: su presidente, Josep Prat, hoy imputado y también nombrado por Boi Ruiz, compatibilizaba el cargo con la vicepresidencia del grupo privado USP Hospitales y la dirección de Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus con intereses en el sector sanitario.