La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera sorprendente la afirmación del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando ha asegurado esta mañana en el Congreso que “decir que en España hay problema de libertad de expresión parece una broma”, en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz del PSOE, Antonio Hernando.

La PDLI, que lleva registrando desde 2014 los incidentes contra la libertad de información y expresión que ocurren en España, ha recordado hoy que gran parte de ellos se han producido contra periodistas o activistas en actos de protesta, como las detenciones de los reporteros Andrés Kudaki, Jaime Alekos, Alicia Armesto o Raúl Capín, entre otros. Unos hechos que llevaron a la Plataforma a denunciar esta situación ante las autoridades europeas.

Pero, además, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” por su impacto negativo en el derecho de protesta y en la libertad de expresión, las amenazas se han multiplicado, según denunciaba la PDLI en su balance del primer aniversario de la ley.

Recientemente, la propia Defensora del Pueblo, en respuesta a una queja de la PDLI, advertía de la inconstitucionalidad de las sanciones que bajo esa norma se están imponiendo a periodistas, al estarse vulnerando un derecho fundamental como es la libertad de información.

Según datos del Ministerio del Interior, solo en los seis primeros meses de vigencia de esa norma, se habían impuesto 40.000 sanciones, una cifra que la PDLI trasladó a todos los Grupos Parlamentarios para hacerles conscientes del alcance de la situación. Entre ellas, algunas tan insólitas, como la multa a una joven por usar una mochila con la inscripción “All Cats Are Beautiful”, la sanción de 800 euros a una mujer por sacar una foto a un coche de policía mal aparcado o el hombre multado por llamar “escaqueados” a los policías de su pueblo en Facebook.

Estos hechos, que están lejos de ser aislados como demuestran las cifras oficiales, ponen en evidencia la verdadera situación de la libertad de expresión en España y de cuyo deterioro se han hecho eco organismos como la ONU, organizaciones de defensa de la libertad de prensa como el International Press Institute, medios internacionales como The New York Times o The Guardian, colectivos de juristas y académicos, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, y entidades sociales de todo tipo -como Cáritas, Greenpeace, la PAH o la propia PDLI- integradas en la plataforma No Somos Delito.

1. La libertad de prensa en España,

por detrás de Lituania, Chipre

o Eslovenia, según un informe https://t.co/5jPHV173iK — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) December 14, 2016

Petición de datos a Interior

Conscientes de que la realidad no responde a lo afirmado esta mañana en el Congreso por el presidente del gobierno, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha realizado hoy mismo una petición al ministerio del Interior, al amparo de la Ley de Transparencia, solicitando los datos de sanciones impuestas en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Dice Rajoy que solo el 0,2% de las denuncias en el marco de la Ley Mordaza se producen fuera de un ámbito de disturbios. — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) December 14, 2016

Además, la PDLI tiene previsto realizar a lo largo del año que viene un análisis de un aspecto igualmente grave pero menos visible de las ‘Leyes Mordaza’: su efecto disuasorio, al actuar como mecanismo que estaría favoreciendo la autocensura de periodistas y movimientos sociales, ante a la inseguridad jurídica a la que se enfrentan bajo estas normas.

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