El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la causa contra el exjuez Elpidio José Silva, al que el Ministerio Público acusaba de haber filtrado los correos de Blesa, informaron a eldiario.es fuentes jurídicas. La Sala de lo Civil y Penal del TSJM corrige así a la instructora del caso, la jueza Susana Polo, quien había dictado auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra Silva, a pesar de que solo contaba con el testimonio de una examante en su contra, quien también acusa al ahora abogado de practicar "magia negra" contra ella.

La jueza basa la imputación a Elpidio Silva en una testigo que le acusa de hacer "magia negra"

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Silva escapa así de una posible condena de cárcel hacia la que se dirigía la actuación de la Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, recientemente premiado con una plaza en el Tribunal Supremo. Silva era acusado de un delito de revelación de secretos e infidelidad de documentos por haber supuestamente filtrado los correos que había obtenido durante la instrucción del denominado caso Blesa. Por decisiones adoptadas durante aquella instrucción, la Fiscalía ya había conseguido la inhabilitación del juez, entre ellas haber enviado en dos ocasiones a la cárcel al expresidente de Caja Madrid. Manuel Moix es el fiscal que informó de que la fuga de Esperanza Aguirre de la Policía Municipal fue una falta y no un delito.

La publicación de los correos de Blesa permitió a los ciudadanos conocer la dinámica de favores e irregularidades de Blesa y su equipo al frente de Caja Madrid, cuyo rescate por 23.500 millones de dinero público está en el epicentro de la crisis financiera española. Y no solo eso: cómo ha reconocido el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, uno de aquellos correos, publicado por eldiario.es en diciembre de 2013, permitió a la actual dirección conocer la existencia de las tarjetas black e iniciar una investigación interna que ha acabado en un proceso judicial en la Audiencia Nacional.

Moix ordenó abrir diligencias contra Silva el 19 de diciembre de 2013, en plena vorágine mediática por la publicación de los correos. El 14 de enero, el expresidente del Gobierno José María Aznar denunció ante la Fiscalía a eldiario.es y otros medios por los correos en los que él aparecía y que consideraba habían sido publicados con "intención difamatoria". Dos días después de la denuncia de Aznar, la testigo se presentó en la Fiscalía de Madrid para aportar su relato. La declaración en la Fiscalía arrancó a las 18.59 horas del 16 de enero. Exactamente 60 minutos después, la defensa de Miguel Blesa envió un burofax a eldiario.es amenazando con medidas legales si distribuía los ejemplares de la revista 'Cuadernos', dedicada en su número 4 a un especial sobre los correos del expresidente de Caja Madrid.

"Comprobamos que en la declaración testifical de Susana García Romera (la testigo) concurren importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio, los cuales admite llanamente la testigo, pero que por ello no pueden ignorarse", dice la Sala en su auto sobre la examante de Silva, que también le reclama 1.000 euros por un supuesto trabajo.

El recurso de la defensa

Los abogados del exjuez, Gonzalo Boyé e Isabel Elbal, habían recurrido el auto de transformación en procedimiento abreviado de la jueza Polo en reforma, subsidiario de apelación. La magistrada rechazó el recurso de los letrados, pero finalmente la Sala de lo Civil y Penal del TSJM les ha dado la razón. Los letrados alegaban "inexistencia de suficientes indicios racionales de criminalidad" por el testimonio de la mujer, quien llegó a ser declarada testigo protegido y recibió una asignación mensual por ello. La testigo reconoció en su interrogatorio ante la juez que nunca llegó a ver los supuestos correos de Blesa que guardaba Silva, como destaca el auto del TSJM.

Por otra parte, la defensa de Elpidio Silva denunciaba "incoherencia y falta de lógica en la redacción de los hechos". En este apartado recogía el contenido de un informe policial que recomendaba a la jueza instructora no seguir adelante con la causa porque el testimonio de la mujer peca de "cierta credulidad". Ese informe tiene fecha de 22 de mayo de 2014. A pesar de ello y de que la testigo ha estado desaparecida durante meses, sin acudir a las citaciones judiciales, la causa se ha archivado más de un año después.

La testigo perdió la condición de protegido después de las incomparecencias, utilizar al tiempo las redes sociales y revelar a terceros su situación, según argumentó la jueza Polo. Para entonces ya había recibido 4.000 euros por su carácter de testigo protegido a cuenta de la Comunidad de Madrid.

En el auto del TSJM, los jueces destacan que Romera realizó ante la Fiscalía declaraciones de "dudosa credibilidad": que Silva tenía un teléfono secreto con el que está en contacto con altos dirigentes de varios países, entre ellos Venezuela, que era de la opinión de que no bastaban ya las manifestaciones pacíficas, sino que había que empezar a poner bombas, que estaba en contacto con grupos armados y que, a partir de entonces, no fuera al Corte Inglés, Mc'Donalds', ni Starbucks, y que el imputado presume de haber matado gente en la guerrilla colombiana, en la que dice haber estado un año cuando tenía 17. Afirmaciones que se reiteran en su declaración judicial".