Con una constante mención a los casos de femicidio que se han dado sobre todo en las últimas semanas, y que suman 30 en lo que va de 2017, el diagnóstico en Diputados este miércoles fue unánime: Uruguay tiene un problema de violencia de género.

Aunque la ley integral de violencia hacia las mujeres fue aprobada con 63 votos que incluyó a todos los partidos políticos –ya había sido votada por unanimidad en el Senado- contó con cuestionamientos desde varios ámbitos en el debate llevado a cabo por más de seis horas que se enfocó principalmente en la violencia doméstica. La discusión arrancó algo acalorada con algunos cruces por parte del oficialismo y la oposición, pero rápidamente se encaminó a un debate sobre la ley en particular.

El diputado del Partido Colorado Ope Pasquet dijo a El Observador que se trata de una ley discriminatoria porque protege a la mitad de la sociedad y "expresamente desecha a la otra mitad que son las personas de sexo masculino aunque sean víctimas de violencia doméstica. Hay que proteger a la víctima de violencia doméstica sin importar su sexo", señaló.

El artículo 95 de la nueva ley establece que para casos de violencia doméstica respecto a varones víctimas, incluso niños y adolescentes, se deberá aplicar la ley 17.514 de 2002 sobre violencia doméstica, en lugar de la aprobada por la cámara baja.

En tanto, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que el problema del proyecto era la forma, porque creaba un "constante manto de sospecha". En la misma línea de Goñi, el diputado también del Partido Nacional Gerardo Amarilla fue recorriendo todo el proyecto de ley realizando críticas específicas a varios de los artículos.

También fueron varias las críticas por parte de la oposición sobre la falta de tiempo que se tuvo en Diputados para estudiar el proyecto que tiene 98 artículos, enfocadas principalmente a los cambios en lo penal que establece. "No legislar a la ligera", reclamaron.

Desde el oficialismo la mayoría de las intervenciones se dieron por parte de las mujeres que integran el cuerpo. Entre ellas, la diputada Lilian Galán dijo que lo que se estaba discutiendo era también por la disputa de poder y que "eso tenía que ver con la lucha de clases".

"Cuando se votó lo de femicidio le pusimos nombre a lo que les ocurre a las mujeres ya muertas, ahora este proyecto le pone nombre a todas las formas de violencia cuando están vivas", dijo la diputada frenteamplista Romina Napiloti

Ante estas declaraciones, y varias menciones por parte de legisladoras frenteamplistas al patriarcado y a que se trataba de una cuestión de género, la diputada del Partido Nacional Gloria Rodríguez que se desempeñó como presidenta de la comisión de Equidad y Género que trato el documento y estaba a favor del proyecto señaló: "Estoy desilusionada de cómo se está llevando adelante el debate por parte de algunas compañeras. Acá se están buscando soluciones. No comulgo con la ideología de género y estoy incluso repensando mi voto".

Las legisladoras frenteamplistas argumentaron que los que votaban en contra del proyecto tenían una mirada patriarcal, y alguna de las legisladoras hizo mención a que lo que realmente molestaba era "que las mujeres sean sujetos políticos".

Aspectos centrales de la ley aprobada

La ley crea organismos para atender la violencia de género, amplía las garantías y medidas de protección para las denunciantes y modificará el Código Penal para, entre otros puntos, incluir el delito de abuso sexual y eliminar el artículo que permite que los jueces eximan de culpa a un homicida que le quita la vida a su pareja al encontrarla "in fraganti" siendo infiel.





Atención a las víctimas

La ley crea la Red de Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia Basada en Género que las proveerá de atención psicosocial, de salud y patrocinio jurídico. También tendrá que dar respuestas para la permanencia en el sistema educativo, laboral de las mujeres agredidas y aportará soluciones habitacionales urgentes y de mediano plazo. El Ministerio de Vivienda proveerá de vivienda a las mujeres en momentos de crisis y de riesgo de muerte, como "durante el proceso de fortalecimiento socio-laboral a modo de contribuir a su autonomía económica". En caso de que la víctima conviva con su agresor, se podrá ordenar el retiro de éste, sin importar quién sea el titular del inmueble.





Persecución Penal

Se crean juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual (el nuevo Código del Proceso Penal ya había creado fiscalías especializadas en violencia de género). Asimismo, la ley establece que los organismos e instituciones públicas y privadas que atiendan a niños o adolescentes están obligados a comunicar a las autoridades las situaciones de maltrato, abuso sexual o explotación sobre las que tengan conocimiento. Además podrán denunciarlo a la Justicia o a la Fiscalía. Una vez presentada esa denuncia, se dispondrán medidas de "protección urgente", y se "vigilará" que la víctima tenga "asegurada la defensa letrada" correspondiente. En audiencia -que no será pública si así lo solicita la víctima-, las partes deben ser escuchadas por separado y "en ningún caso" pueden estar presentes en la misma sala.





Cambios al Código Penal

Se crea el delito de abuso sexual, el cual se le tipifica a quien "por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona". La pena será de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría. Con esta figura se sustituye el delito de atentado violento al pudor, que es el que actualmente se tipifica en estos casos. Asimismo se sustituye el artículo 36 del Código Penal, que permite al juez exonerar de pena a quien comete delito de homicidio o lesiones por "la pasión provocada por el adulterio (...) siempre que la víctima sea cónyugue o su amante, y que el homicida tenga buenos antecedentes". Ese artículo que es derogado exime de delito a quien cometa un homicidio contra su cónyuge, excónyuge, concubino, exconcubino, descendiente o ascendiente.





Creación de organismos

El proyecto establece la creación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, que se encargará de asesorar al Poder Ejecutivo en la materia y velará por el cumplimiento de la ley. Este organismo estará presidido por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, crea el Observatorio sobre la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que será el encargado de llevar adelante la recolección y sistematización de datos sobre este tipo de violencia.