El Gobierno de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid duplicó cun contrato electoral ya licitado por el Gobierno estatal y entregó con eso a Indra 2.9 millones de euros públicos. Y luego, según la tesis de los investigadores, la empresa de tecnología correspondió abonando de forma irregular gastos de campaña y otros servicios correspondientes en realidad al Partido Popular de Madrid.

Para confirmar o desmentir su sospecha, el pasado 18 de abril el juez Manuel García Castellón envió a varios agentes de la Guardia Civil en labores de policía judicial a la sede del Ministerio del Interior. Allí y según el sumario del caso, los agentes hablaron con Irene Sánchez (Jefa del área de Gestión Económica de Procesos Electorales y Financiación de Partidos Políticos) para solicitar un documento concreto. Una carta que Interior envió a la Comunidad de Madrid en verano de 2010 advirtiendo para que la Administración autonómica no licitara contratos electorales para los comicios del año siguiente.

¿El motivo? Fue el Ministerio del Interior quien sacó a concurso la gestión y organización de las elecciones autonómicas en toda España. El contrato, salió a licitación el 1 de julio de 2010 y fue adjudicado a Indra, con un presupuesto de 14,7 millones de euros. El objeto del contrato se centraba en todos los aspectos de organización y escrutinio para la celebración de las elecciones autonómicas y locales de 2011. En cualquier punto del país. Y por supuesto, también en la Comunidad de Madrid.

Contrato firmado entre Indra y el Ministerio del Interior en marzo de 2011 tras la adjudicación del contrato.

Sin embargo, pese a la licitación pública y el contrato del Ministerio del Interior, el gobierno de Esperanza Aguirre sacó a concurso dos meses después su propio contrato. Una licitación para estos mismos servicios... que volvió a ganar Indra.

Un segundo contrato

El anuncio de la licitación por parte del gobierno de Esperanza Aguirre se publicó en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid el 8 de septiembre de 2010, después de que el Ministerio del Interior anunciara el suyo en el BOE.

El objeto del contrato fue el “servicio de asistencia técnica para la infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso electoral y para la informatización del sistema de captura, procesamiento y difusión de los datos correspondientes a las elecciones de la Asamblea de Madrid”. Es decir: el mismo concepto que 40 días antes había sacado a concurso el Ministerio del Interior.

El organismo de licitación fue la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una de las instituciones más investigadas en la llamada operación Lezo, de la que el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, es el principal imputado.

El exlíder del PP de Madrid era, como vicepresidente, el máximo responsable de ICM, dependiente directamente de su cartera. Además, González y los suyos no pueden alegar desconocimiento sobre las licitaciones planteadas previamente desde Interior. El 28 de junio de 2010,fue el propio organismo público quien les avisó textualmente por carta para que, según refleja la documentación judicial, no contrataran de forma duplicada “los servicios relativos a los procesos electorales en el caso de elecciones simultáneas en las que ese Ministerio ya debe contratar esos servicios”. Una advertencia que, según el sumario del caso, obra ya en manos del juez.

líneas abiertas

No es la primera vez que el nombre de Indra aparece relacionado con operaciones presuntamente ilegales del Partido Popular. Fue el empresario informático Alejandro de Pedro quien mantuvo en sus declaraciones en el seno de la operación Púnica que recibió un sobre de dinero en efectivo de un directivo de esta multinacional por servicios de posicionamiento realizados para el Partido Popular de Madrid.

Además, en el transcurso del caso Lezo, uno de los responsables de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid aseguró ante el juez Eloy Velasco, entonces instructor de la causa, que González recurrió a ICM para solicitar desviar un millón de euros con el que sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid tras las elecciones. Es en esa pieza, que se vincula también con los negocios de Indra, donde el magistrado actual de la causa investiga los negocios de la empresa tecnológica en las campañas electorales.