Cada vez que alguno de los economistas que estamos preocupados por el aumento del déficit fiscal planteamos el tema del gradualismo y shock, se nos acusa de liberales insensibles que solo miramos una planilla de Excel, sin tener en cuenta que detrás de los números hay gente.

Se argumenta que si se bajara el gasto público muy rápido habría un estallido social; y ponen como ejemplo el caso de Ricardo López Murphy cuando en 2001 quiso bajar el gasto público y duró solo dos semanas en el cargo de ministro de Hacienda.

Tal vez ese sea el peor ejemplo que puedan dar quienes defienden el gradualismo, porque justamente el gradualismo que luego se aplicó terminó en el corralito financiero; el corralón; una crisis institucional con cinco presidentes en una semana; la devaluación; la pesificación de los depósitos; el estallido de la pobreza; la caída del 15% del PBI y el aumento de la desocupación.

No haberle dado apoyo político a Ricardo López Murphy tuvo un costo económico e institucional mucho peor. Es más, esa crisis institucional derivó en el kirchnerismo que intentó un camino hacia la tiranía en el famoso "vamos por todo".

No haberle dado apoyo político a Ricardo López Murphy tuvo un costo económico e institucional mucho peor. Es más, esa crisis institucional derivó en el kirchnerismo

Hoy estamos con el mismo debate. Ahora bien, bastante ridículas son las acusaciones de que los economistas que pedimos bajar el gasto público pretendemos despedir, de un día para otro, a un millón de empleados públicos. Y la acusación es ridícula porque el Estado nacional tiene 780.000 empleados a su cargo, de manera que no puede despedirse a una cantidad de empleados mayor de la que hay. Semejante burda acusación parece estar reflejando que en realidad la corporación política pretende esconder detrás del supuesto gradualismo su negocio de vivir de la política. Puesto de otra manera, los políticos le piden al sector privado paciencia hasta tanto se pueda ajustar el gasto para evitar una crisis social, sin embargo, lo que se observa es que el gasto no baja y el costo del ajuste recae por completo sobre el sector privado.

El gráfico previo muestra la evolución del empleo total registrado entre noviembre de 2015 (último mes completo del kirchnerismo) y septiembre de este año, en base a datos del Ministerio de Trabajo. Como puede verse, el empleo creció en términos netos en 207.000 puestos, sin embargo el empleo en el sector privado asalariado disminuyó en 46.000 posiciones, en tanto que en el sector público aumentó en casi 51.000. El Estado no tuvo ningún ajuste de reducción de personal (estoy hablando de Nación, provincias y municipios).

También crecen los perceptores del Monotributo Social, algo más de 76.600 casos. Esto se explica básicamente por los planes sociales Argentina Trabaja que exige que los beneficiarios se anoten en esa categoría, lo que es pagado por el contribuyente al igual que el subsidio. Es decir, el beneficiario del plan Argentina Trabaja, no solo es mantenido por el contribuyente sino que éste, además, tiene que pagarle el monotributo social. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para decir que esos 77.000 puestos son de trabajo.

Hay que hacer un esfuerzo de imaginación muy grande para decir que los nuevos 77.000 puestos con Monotributo Social son trabajo

Obviamente, los autónomos somos los más castigados y al final de nuestros días de trabajo nos espera una jubilación de $7.500 luego de 40 años de actividad profesional. En síntesis, el peso del ajuste, a casi dos años de Gobierno de Cambiemos, sigue recayendo sobre el sector privado y el Estado sigue siendo la vaca sagrada que nadie puede tocar.

El rol de los subsidios económicos

Otro ejemplo, siempre he insistido con que había que terminar con los subsidios económicos (luz, gas, transporte, etc.), y sigo insistiendo con el mismo punto. Por eso no me quejo de que tenga que pagar un aumento del 116% el metro cúbico de gas consumido respecto al último bimestre de 2016; ni que el cargo fijo haya aumentado el 596%, ya que pasó de $43,51 en el último bimestre de 2016 a $302,71 en el último bimestre de 2017. Pero ojo que dentro de esos aumentos hay un impuestazo encubierto.

Los impuestos y tasas municipales que se incluyen en la factura de gas representan el 38,6% del cargo fijo y el consumo. Esto significa pagar un 155% más de impuesto sobre el consumo de gas. Con una inflación del 25% es claro que hay un fenomenal impuestazo y tasas municipales escondidas. Lo lógico sería subir el costo del m3 y el cargo fijo pero eliminando, o al menos reduciendo, sustancialmente los impuestos que se incluyen en la factura.

Una vez más, todo parece indicar que ante lo preocupante de la situación fiscal la dirigencia política se resiste a dar una mínima señal de estar dispuesta a asumir parte del costo del ajuste. Prefiere trasladarle todo el ajuste al sector privado invocando la cantinela del costo social.

Prefiere trasladarle todo el ajuste al sector privado invocando la cantinela del costo social

Veamos algunos datos. Si uno compara el Presupuesto 2018 versus el 2017 se va a encontrar que los recursos destinados solo al Senado de la Nación aumentan un 37% contra una inflación del 15,7% que figura en la pauta de gastos del año próximo.

Diputados incrementa sus recursos en un 18,7%, la Biblioteca del Congreso con sus 1.726 empleados un 42% y la imprenta, con 679 empleados, tendrá un presupuesto asignado de un 31% más alto que en 2017. Insisto, con una inflación presupuestada del 15,7 por ciento.

Los empleados destinados específicamente al senado (sin incluir los que están en la biblioteca, la imprenta, la obra social, etc.) son 5.779 para abastecer a 72 senadores, es decir, el promedio es que hay 80 empleados por cada senador. En el caso de diputados hay 6220 empleados para 257 diputados, con un promedio por diputado de 24 empleados. Cada legislador es una pyme. Aquí el gradualismo se impone en nombre de la solidaridad social y como contrapartida tenemos gradualismo en la baja de la carga impositiva a medio punto por año, con lo cual vamos a tardar 32 años en volver a la carga impositiva que regía en los 90.

Pero hay un dato más que muestra que la dirigencia política no tiene ningún interés en mostrar un mínimo esfuerzo de poner el hombro para reducir el déficit fiscal y espera que todo el peso caiga sobre el sector privado. En efecto, en el presupuesto del Congreso para 2018 aparece el programa que es Comisión Bilateral para la Reforma Tributaria con un presupuesto de $23,6 millones. Es cierto que no va a mover el amperímetro quitar este gasto, pero la realidad es que el costo de analizar la reforma tributaria debería salir de los inmensos recursos que absorben ambas cámaras. Es solo una muestra de la falta de consideración de la dirigencia política hacia el contribuyente, que está padeciendo una asfixiante presión impositiva en nombre del gradualismo y la sensibilidad social hacia los ñoquis y planeros.

Por supuesto que el negocio de la política no se limita solo a la Nación. El presupuesto del Congreso de la provincia de Buenos Aires es casi un secreto de estado y en Vicente López, donde vivo, el presupuesto del Concejo Deliberante es de $92,6 millones para 24 concejales. Cada concejal tiene un costo para los vecinos de $297.000 mensuales entre su sueldo y gastos indirectos.

Cada concejal tiene un costo para los vecinos de $297.000 mensuales entre su sueldo y gastos indirectos

Acá lo que está en debate es el negocio de la corporación política (Nación, provincia y municipios) versus el contribuyente que tiene que mantener los tres niveles de gobierno. Y ojo que estoy tomando solo las ramas legislativas de los tres niveles.

Considero que el presidente Mauricio Macri está en el camino correcto cuando da sus discursos y señala que hay que bajar el gasto público porque la gente no puede pagar más impuestos y no podemos seguir endeudándonos eternamente. Sin embargo, hay toda una dirigencia política que se resiste, al igual que los sindicatos y los empresarios prebendarios, a no sacrificar su nivel de vida y por eso, a los economistas que señalamos que hay que bajar el gasto público nos señalan como liberales salvajes que no consideramos la situación social y los problemas humanos.

Es un buen discurso pantalla para defender el fenomenal negocio en que se ha transformado la política, no muy diferente al de los dirigentes sindicales y empresarios proteccionistas. Todos quieren vivir a costa del consumidor y del contribuyente y mientras tanto sacan a relucir la bandera del gradualismo en nombre de la solidaridad social.

Esperemos que el Presidente abra los ojos y no se dejen engañar por los vendedores de humo que lo único que buscan es mantener su negocio de la política sin importarles nada más.