Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de julio de 2017, p. 3

Con pendientes que podrían ser determinantes para su consolidación, este miércoles entrará en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ha sido un largo y tortuoso proceso al que le faltan varios pasos para concretarse. El sistema iniciará sus trabajos sin dos piezas fundamentales.

Han sido varios años de discusiones, propuestas y contrapropuestas, y en el Senado aún no hay acuerdo para nombrar al fiscal anticorrupción, uno de los principales sostenes del sistema, ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que serán los encargados de sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.

Además, sólo 19 de las 32 entidades federativas del país han armonizado sus leyes locales con los líneamientos federales anticorrupción, por lo que el proceso seguirá su sinuoso camino con el SNA ya en operaciones.

La iniciativa de contar con un mecanismo contra la corrupción fue una oferta desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero se vio rebasada por otras reformas prioritarias para la administración federal y fue abandonada ante la resistencia de diversos sectores.

Tras casi dos años de gestión, la idea se convirtió en la opción presidencial para sortear las crecientes inconformidades sociales que surgieron a raíz de la divulgación, en noviembre de 2014, de presuntos actos de conflicto de intereses por la llamada Casa Blanca.

Actores de la sociedad civil vieron entonces la oportunidad para empujar el proyecto, mientras que en el Congreso fueron largas las discusiones para definir las reformas constitucionales que darían cauce a este esquema.

Así, hace justo un año, el 18 de julio de 2016, Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las leyes secundarias del SNA –que hoy entran en vigencia–, acto en el que aprovechó para asegurar que había cometido ‘‘un error’’ en el caso de la Casa Blanca, por el que pidió perdón a la ciudadanía.

En esta larga ruta de construcción ya se ha nombrado a quienes estarán al frente de dos áreas también fundamentales para el sistema: los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, formado por Jacqueline Peschard (presidenta), Mariclaire Acosta, José Octavio López, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso Hernández. Sin embargo, estos destacados personajes han hecho pública la falta de recursos para esta instancia.