El macrismo está decidido a reconvertir la producción de electrónica en el sur del país, esa misma que Cristina Kirchner había elevado a la altura de símbolo de "soberanía nacional". Se discontinuarán productos, se bajarán aranceles de importación y se relajará el "cerrojo". Lo que viene

Pocas iniciativas en el terreno industrial habían tenido tanta trascendencia política para el kirchernismo como el polo tecnológico de Tierra del Fuego.

La gravitación de este régimen de promoción en el sur del país en el "relato" fue tal que incluso llegó a ser más relevante en términos ideológicos que la industria automotriz.

Había una razón básica y fundamental: cuando Néstor Kirchner asumió su primera presidencia, el sector automotor, si bien golpeado, ya existía. La recuperación de la demanda interna y las compras por parte de Brasil hicieron el resto.

En cambio, el sueño de contar con una producción electrónica argentina tenía sabor a “gesta heroica”: significaba una suerte de revancha frente a la fallida experiencia de los años ´80 y ´90 y también permitía mostrar al país como líder en innovación.

De hecho, a fines de 2009, cuando se impulsó la ley de promoción industrial, desde el gobierno de Cristina Kirchner hablaban del “renacimiento tecnológico nacional” y de la "reafirmación de la soberanía”.

El gobierno de ese entonces hasta pretendió "reescribir" los manuales de economía.

Es que desde la isla comenzaron a llegar televisores, celulares, equipos de aire acondicionado y hasta microondas con el sello “Fabricado en Tierra del Fuego”, desafiando el poderío de China, responsable de generar el 80% de la producción mundial de productos electrónicos.

Incluso, Cristina utilizó a la isla como una suerte de “barricada” en contra del establishment. Como cuando le negó la entrada al país a los productos Apple, cuyos directivos habían rechazado fabricar los iPhone en la Argentina.

La llegada del macrismo al poder ya está impactando de lleno en el ritmo económico de la isla.

Sucede que, por primera vez desde la sanción de la ley que revivió el régimen industrial, hay un Gobierno Nacional crítico de este régimen.

Una administración que, por cierto, está poniendo el foco en tres de los grandes “tabúes” que, desde su creación, rodearon de polémica al polo industrial fueguino:

• El elevado nivel de “ensamble” presentado como “producción”.

• El altísimo costo fiscal que debe resignar el Estado para mantener con vida el régimen.

• Los sobreprecios que deben pagar los consumidores, en un contexto en el que el macrismo está enfocado en combatir la inflación.

"Plan achique", en marcha

Las aguas se están agitando muy fuerte en territorio fueguino. Según confiaron a iProfesional fuentes cercanas a los productores de electrónica, el plan que están instrumentando desde el macrismo y que tiene en vilo a las empresas, apunta a los siguientes objetivos:

• Evitar que el polo tecnológico se siga agrandando. Esto implica ponerle un freno a la radicación de nuevas plantas (ya hay cerca de 13 establecimientos y no se entregarían más habilitaciones).

• Avanzar con un paulatino proceso de reducción de incentivos fiscales e impositivos para la producción de determinados bienes, comenzando por notebooks, netbooks y tablets.

• Bajar los aranceles de importación del 35% al 16% para estos dispositivos.

• Paralelamente, el plan oficial contempla la eliminación de líneas de montaje de otros artículos, tales como cámaras fotográficas, decodificadores, microondas, equipos de audio para autos y hasta monitores.

• Así, la producción fueguina quedará acotada a sólo tres líneas de productos: celulares, televisores y equipos de aire acondicionado.

Pero no todo se limita a esos puntos. Hay un dato más, que terminará de delinear el “plan achique” que desde el macrismo pensaron para Tierra del Fuego: se abrirá paulatinamente la importación no sólo de portátiles sino también de celulares y televisores.

De hecho, se espera que antes de fin de año finalmente hagan su demorado desembarco los teléfonos de Apple, en tanto que el Gobierno ya dio luz verde a algunos supermercados para que importen sus propios televisores y no deban quedar atados a los proveedores fueguinos.

“La estrategia que comunicaron es que Tierra del Fuego ya no tendrá el 100% del mercado doméstico de consumo, como sucede con los smartphones y los LED, donde la participación de los equipos de producción nacional todos los años supera el 90%”, afirmó bajo estricto off the record una fuente que se involucró de lleno en las conversaciones con funcionarios macristas.

“El objetivo no es desmantelar el polo, pero sí reconvertirlo. Informalmente nos comentaron que la meta es que la participación de los dispositivos fueguinos baje al 70%, mientras que el 30% restante pasará a ser abastecido por productos importados”, agregó con cierta resignación.

Así las cosas, “el objetivo final es que la industria electrónica pierda peso relativo en el PBI de la isla. También nos adelantaron que lo que persiguen con esto es que se pongan más recursos y esfuerzos en potenciar actividades en las que la provincia es más competitiva, como la pesca, el turismo y la industria maderera”, afirmó.

Un dato importante es que los cerca de 12 millones de celulares que se ensamblan según el año representan el 50% de la facturación de las empresas del sur. Por eso, con la finalidad de abaratar el acceso a la tecnología, el macrismo les estará quitando una fuente importante de ingresos.

Según pudo saber iProfesional, el plan es abrir completamente el mercado para los dispositivos de alta gama (donde el único jugador de peso hoy es Apple) y habilitar pero de manera parcial la entrada de equipos baratos desde China.

Esto último, para mantener a raya los valores de los dispositivos “low cost” nacionales con tecnología 4G que acaban de lanzar las empresas por pedido de Macri.

“El Gobierno quiere que las firmas se concentren en los modelos de gama media, lo que bajaría en cerca de 30 puntos la participación de Tierra del Fuego en el parque de teléfonos”, afirmó la fuente.

Paralelamente, en el caso de las notebooks, netbooks y tablets, las empresas fueguinas están a un paso de perder un negocio sumamente jugoso: en 2015 habían comercializado casi 400.000 portátiles, por un valor superior a los u$s200 millones.

Pero no será el único rubro que el Gobierno quiere que deje de producirse en la isla. Como se mencionaba, también se apuntaría a dejar de apoyar con beneficios fiscales el ensamblado de:

• Monitores, de los cuales se habían producido 525.000 unidades el año pasado.

• Sistemas de audio para autos, con casi 200.000 equipos en 2015.

• Sistemas de audio para el hogar (75.000 unidades).

• Cámaras digitales (72.000 dispositivos el año pasado).

Si se considera una potencial baja del 30% en la producción de celulares y se suman las portátiles que dejarán de producirse y todas las líneas de productos anteriormente mencionados, esto significará que de las plantas fueguinas saldrán casi 5 millones de dispositivos menos por año.

Esto, aún sin conocer el impacto real que generará el regreso del sistema de importaciones "puerta a puerta" que, según Mariano Kestelboim, quien asesora a empresas de electrónica, podría disparar compras al mundo de particulares por más de u$s3.000 millones al año.

En la isla crece la preocupación y el temor. En particular porque anticipan que habrá un sobredimensionamiento del plantel laboral.

La fuente consultada por este medio estimó que "al menos unos 2.000 empleos directos se perderán irremediablemente".

Frente a esta posibilidad, en el macrismo confían en que la reconversión productiva que encare la isla más que compensará esa baja con la creación de nuevos puestos. Aunque esto no se verá de un día para el otro.

Dos modelos en puja Entre las razones esgrimidas por el Gobierno para avanzar con este plan, una de las que más pesa es el elevado costo fiscal que genera la isla.

A fines de septiembre del año pasado, el kirchnerismo aprobó el Presupuesto para 2016 en el que se estableció que el Estado dejaría de recaudar la friolera de $30.000 millones por este régimen de promoción.

Esa estimación, que había sido realizada por el entonces ministro Axel Kicillof, responde a que las empresas inscriptas en dicho régimen están exentas de tributar derechos de importación, IVA y Ganancias, al tiempo que se benefician con una tasa reducida de los impuestos internos que pesan sobre los artículos electrónicos.

La fuente consultada por este medio aseguró que el costo fiscal este año será más chico, pero tampoco demasiado más bajo: los empresarios del polo tecnológico manejan una pauta de entre $25.000 y $27.000 millones.

Pesos más, pesos menos, esta cifra se acerca al 40% del costo anual que representa el pago de los juicios a jubilados, en el marco del programa bautizado como “Reparación Histórica”.

Según una investigación del consultor Federico Muñoz:

• Cada uno de los 11.500 trabajadores del sector implica un subsidio estatal de $180.000 mensuales.

• El déficit comercial en la isla (el costo neto en dólares por importar los insumos) es de unos u$s3.300 millones al año.

Además, en el Gobierno entienden que ese elevado costo para el Estado nunca se tradujo en una tecnología accesible para los consumidores, que siguen adquiriendo sus productos tecnológicos en sus viajes al exterior.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, fue uno de los primeros en echar nafta a la hoguera cuando acusó a las empresas fueguinas por el atraso tecnológico y por los elevados valores de la electrónica en la Argentina.

“Es un problema. Necesitamos tener la última tecnología al precio más barato posible porque hoy, con todas las prerrogativas que tiene Tierra del Fuego, un teléfono sale casi un 100% más caro que en los Estado Unidos", disparó.

Por lo pronto, la situación no es tan simple de dirimir, ya que buena parte de la sociedad mantiene una actitud contradictoria y ambivalente.

Por un lado, apoya a los políticos que hablan a favor de la industria nacional. Pero, por otro, cada vez que pueden compran masivamente productos importados más baratos fuera del país.

Aguad no es el único que se muestra crítico al régimen. Enrique Szewach, actual vicepresidente del Banco Nación, utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un dato que cayó como un baldazo de agua fría entre empresarios y hasta funcionarios fueguinos.

“Con el costo fiscal de Tierra del Fuego se podrían pagar $50.000 por mes a todos los trabajadores de las empresas y ahorrar $15.000 millones año”, fue su comentario “picante”, que le valió críticas hasta desde el propio seno de Cambiemos.

El futuro del polo tecnológico ha venido generando roces dentro del equipo de Gobierno.

Actualmente, hay dos “bandos” enfrentados:

• Por un lado están los que apuestan por el “siga siga”. Son los funcionarios encolumnados bajo el ala de Rogelio Frigerio. El ministro sabe que el régimen tiene muchos defectos que deben ser revisados, pero considera que no es el momento, más en un contexto en el que preocupan los datos de desempleo.

Además, quiere consolidar la buena relación con la gobernadora peronista Rosana Bertone y sabe que necesita tener de su lado a los dos senadores que aporta esa provincia.

• Por otro, está el ala más “liberal”, liderada por el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que sin tirarse abiertamente en contra del polo sí predica sobre la conveniencia de abrir más el "grifo" de las importaciones.

En medio de esta pulseada, la fuente que viene de participar activamente en las reuniones entre empesarios y funcionarios afirmó que el Gobierno está optando por avanzar en una línea intermedia.

“La visión es que Tierra del Fuego se expandió más de lo necesario, que creció artificialmente sólo porque se le entregó el consumo interno. Por eso ahora la orden es que el polo no se agrande más, que no sume más empresas ni líneas de productos y que, paulatinamente, se vaya acomodando a un mercado en el que tendrá más competencia y que le exigirá revisar al detalle la productividad”, explicó.

Claro que los empresarios de la isla aseguran que no será fácil, debido a los altos costos domésticos, empezando por la logística.

De cualquier manera, la decisión está tomada. Los directivos de las principales empresas no quieren confrontar con el macrismo y se resignan a esta nueva "hoja de ruta".