La situación en el Estado español por la pandemia del coronavirus Covid-19 se extrema por momentos. La declaración del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ayer es muestra de la gravedad. El número de personas infectadas y fallecidas aumenta cada día. Hoy, el Consejo de Ministros anunciará nuevas medidas que afectarán al conjunto de la población española. Millones de personas llamadas a confinarse en sus hogares, a limitar al máximo los contactos sociales y a sumarse a una sola causa: parar la propagación del virus.

Esta situación excepcional se vivirá de maneras completamente distintas por los diferentes colectivos sociales y sectores de población que están ya inmersos en una constante excepcionalidad. Así, en el Estado español, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, contabilizaba en enero de este año que hay un total de 58.369 personas reclusas. Un grupo social que, por sus condiciones de vida, es especialmente vulnerable al contagio. Está considerado como un “colectivo de alto riesgo”.

Así lo considera Maribel Valiente, médica e integrante del área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “La población reclusa es más vulnerable a una infección por distintos factores, entre ellos, aquellos que determinan que una persona termine en prisión, como el provenir de contextos sociales empobrecidos, de una situación de inmigración, de situaciones de precariedad vital”, comenta Valiente, que prosigue: “Todos estos factores condicionan la salud y también la probabilidad de entrar en prisión, son determinantes sociales predispuestos a ser compartidos entre la enfermedad y la prisión”.

Además, “la propia prisión es un lugar que genera enfermedad”. Según explica esta especialista, “la arquitectura de las prisiones, la mala ventilación, el hacinamiento, la sobrepoblación… Todo esto favorece la transmisión de enfermedades infecciosas en el interior de las prisiones”. Es por ello que, desde el Ministerio del Interior, se ha optado por el aislamiento de los 69 centros penitenciarios. Para ello, se han puesto en marcha una serie de medidas, protocolo y restricciones que también afectan a los 23.000 funcionarios que trabajan en estas prisiones, descontando las catalanas que dependen directamente de la Generalitat.

Quedan prohibidas, de este modo, las comunicaciones de internos con familiares, de convivencia e íntimas (los vis a vis), pero sí se permitirá a los presos encontrarse con sus familiares, amigos y abogados a través de locutorios separados por una mampara de cristal. En un primer momento, se temía que se eliminaran también estos contactos, según explica Valiente a cuartopoder. Una reclamación de la APDHA y otras asociaciones hizo falta para que se permita a los reclusos mantener este derecho, el único contacto semanal que mantienen con el exterior, mampara mediante.

Medidas similares a las que en un primer momento se intentaron implementar en España, se habían puesto en marcha en Italia con las consecuencias conocidas: motines en prisiones italianas con seis reos muertos, diez prisiones incendiadas en las protestas y unos 300 reclusos fugados durante las mismas. “En un principio, en Italia se reaccionó a la crisis del coronavirus aislando a toda la población presa, han muerto más personas en las cárceles por el amotinamiento que por el coronavirus”.

Aquí, tan solo podrán acceder desde el exterior los funcionarios de prisiones y trabajadores o personal extra penitenciario “cuya labor sea imprescindible”, pero no podrán entrar voluntarios de ONG, observadores de derechos humanos u integrantes de otras entidades colaboradoras durante el protocolo contra la propagación del coronavirus. También tendrán una observación especial aquellos condenados cuyas penas permitan salir de la cárcel temporalmente.

Falta de médicos en las cárceles

Para la APDHA, las grandes restricciones en derechos por la epidemia en las cárceles no son tan efectivas como una buena cobertura sanitaria en las mismas. Una asignatura en la que el Estado español no tiene los deberes hechos. Excluyendo Catalunya con gestión penitenciaria propia, las prisiones españolas tan solo cuentan con 285 médicos y seis psiquiatras para todo su sistema de salud, según esta organización. “La asistencia sanitaria dentro de prisión cada vez es menor, cada vez faltan más profesionales sanitarios”, asegura Valiente, que recuerda que “a raíz de la crisis económica del 2008, el presupuesto para personal y asistencia sanitaria ha disminuido en varios millones de euros”.

“Además, hay un problema de relevo generacional, se dan muchas jubilaciones, pocas oposiciones, pocos relevos de nuevos médicos”, relata esta médica, y añade: “El último factor es la posibilidad de contratar personas que no tengan la residencia para trabajar en prisión, muchas veces sin la formación adecuada”. “Si en las oposiciones para prisiones hay personas con residencia que no las aprueba, meter a alguien sin residencia nos parece un despropósito que solo va en perjuicio de la salud de la población reclusa”, considera.

“En febrero, el 41,6% de las plazas de profesionales médicos estaban sin cubrir” en el sistema penitenciario español, según esta responsable del área de Cárceles de la APDHA, quien recuerda que “la contratación depende del Ministerio del Interior”. Esto conlleva unos efectos colaterales que se ven agravados en las prisiones: “Si los escasos recursos sanitarios van destinados a combatir el coronavirus, menos quedará para tratar otras dolencias que también aumentan la mortalidad”.

En el Estado español, hasta el momento, tan solo se han dado dos casos positivos de Covid-19 en las prisiones: una trabajadora de la cárcel de Aranjuez (Madrid) y un interno de la prisión alavesa de Zaballa. Sin embargo, “la sobrepoblación en las cárceles” también es un factor de riesgo para que el coronavirus pudiera propagarse con facilidad entre la población reclusa.

Valiente teme que un mayor aislamiento de las personas reclusas a raíz de la actual crisis del coronavirus se traduzca en un aumento de problemas de salud mental, como psicosis o estrés post-traumático. Unas dolencias que son más comunes entre los presos “por lo que genera en sí la propia situación de estar presa: aislamiento, tener a los seres queridos lejos, situaciones de violencia, de tortura…”. La crisis del coronavirus también tiene el reto del no olvido de lo que ocurre tras las paredes de la prisión.