CUCICBA, el Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Corredores Inmobiliarios (CECIN), la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI) y todos los Profesionales Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires celebraron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5859.

Según los profesionales del sector, en la práctica, la norma llevó a que los alquileres de vivienda subieran en la CABA un 38% su valor (por sobre el 27% de aumento que los mismos tuvieron en la Provincia de Buenos Aires), y limitó ilegítimamente el derecho de los Profesionales Inmobiliarios a cobrar la remuneración correspondiente por los servicios que legal y legítimamente brindan a los inquilinos.

La decisión se dio en base a los amparos presentados por CUCICBA, el CECIN, la CRCI y 75 Corredores Inmobiliarios matriculados, y revoca la arbitraria sentencia emitida por el Juez de Primera Instancia, Dr. Lisandro Fastman, en agosto de 2018.

“Hoy es un día histórico para nuestra profesión”, expresó Armando Pepe, Presidente de CUCICBA, “Gracias al esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y de todos los profesionales matriculados logramos que la Justicia reconozca que la verdad y el Derecho nos asisten frente a la ilegítima Ley 5859”, agregó.

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En su fallo, la Cámara expresa con claridad que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de “comitente” y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al Corredor que interviene en la operación. Asimismo, la Cámara rescata que las partes ya poseen facultades para convenir el monto de una comisión de corretaje, con lo cual la legislatura porteña no tiene facultades para modificar en contrario cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación

“Si bien este fallo es motivo de alegría para la familia inmobiliaria, no debemos bajar los brazos. Aún quedan instancias para que la inconstitucionalidad de la Ley 5859 sea definitiva, y por eso los Profesionales Inmobiliarios debemos seguir más unidos que nunca”, completó Pepe.

La Ley N° 5859 fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad en agosto de 2017, y representó un inconstitucional avance del Estado sobre una actividad legal y profesional llevó, hasta ahora, al cierre de más de 600 inmobiliarias chicas y medianas, afectando miles de puestos de trabajo de profesionales inmobiliarios y al sustento de sus familias.

Los inmobiliarios dijimos en reiteradas ocasiones que una mala ley es doblemente injusta. Y la Ley 5859 lo es porque, por un lado, solo logro que aumente el precio de los alquileres de vivienda en CABA por encima del resto del país y, por otro lado (y el fallo lo demuestra), era claramente inconstitucional, cercenando los derechos de los trabajadores inmobiliarios.