Fuera de los cuadernos radiactivos del remisero Oscar Centeno también hay corrupción. Corruptela de la peor calaña en la que funcionarios y empresarios se asociaron para defraudar al Estado en más de 19 millones de pesos vendiendo "alimentos repugnantes", con sobreprecios y hasta en menor cantidad, al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Por esos hechos, la Justicia acaba de procesar a 21 personas entre autoridades y privados. En este caso el "mecanismo" fue el siguiente:

1) Se creaba "un déficit alimentario" en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

2) De esta manera se generaba una falta de alimentos que llevaba a que los reclusos, inclusive, amenazaran con motines.

3) La "dilatación adrede" de los "procedimientos de licitación pública, ideados desde el principio para fracasar", y ante "la inminencia de una crisis alimentaria" posibilitaba que las autoridades del centro de detención de máxima seguridad, contrataran a un frigorífico amigo de manera directa y favoreciendo la discrecionalidad.

4) Por este artilugio, se evitaron controles y se posibilitó que con los impuestos de los ciudadanos se abonara por la compra de carne vacuna y chorizos que no fueron entregados, se pagaron precios exorbitantes aduciendo una "urgencia" autogenerada, para encubrir los sobornos.

5) Las medias reces y embutidos que sí ingresaban al penal -donde por ejemplo está detenido el ex ministro de Planificación, Julio de Vido- eran de "inferior calidad" por lo cual se facturaba carne "de primera", por cortes en estado de putrefacción que en realidad tenían como destino el cinturón ecológico o la incineración.

6) En tan solo dos años "el proveedor Carnes Yamuni S.A., facturó un total de 19.162.525,42 pesos, pagados por el SPF, por la adquisición de 623.776 kg de carne vacuna, mayormente en forma de media res, pero también de chorizo". Sin embargo, en la causa se probó que la empresa, en ese tiempo, no le entregó al Centro Penitenciario Federal II de Marcos Paz, 92.922 kg de carne vacuna, equivalentes a $2.985.876,13, que sí fueron abonados por el SPF".

Una más y van

La metodología utilizada en el Penal de Marcos Paz no es nueva, pero por ellos no menos perversa.

La causa se inició después de varias inspecciones, como los monitoreos efectuados por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles presidido por el juez federal Gustavo M. Hornos

Los descubrimientos del "mecanismo" dentro del SPF llevó a que el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, Jorge Rodríguez, dicte el procesamiento de 21 de los 41 imputados originalmente, entre ellos, funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, del Complejo Penitenciario Federal II y de los responsables del frigorífico Carnes Yamuni S.A.

A todos los imputó por su presunta responsabilidad en defraudaciones a través de la compra de alimentos, maniobras que ocasionaron un perjuicio económico millonario al Estado por la suma de $19.162.525,42; pero además sufrimientos físicos y psíquicos a las personas detenidas como consecuencia del déficit en la alimentación.

"En muchos casos", sostuvo Rodríguez en su resolución de 400 carillas, "la provisión se realizaba en volúmenes menores a los acordados o, directamente, no se entregaba".

Y como si esto fuese poco "además de un lucro indebido por parte de los propietarios de Carnes Yamuni S.A., tal situación generó "un sistema de hambre, al interior del penal, lo que implicó un trato degradante a las personas privadas de la libertad, que recibían comida escasa y en pésimo estado aun cuando se habían asignado para ello las partidas presupuestarias correspondiente".

Corrupción K y M

De esta manera el magistrado ratificó y convalido las investigaciones y denuncias que realizaron los fiscales responsables de la Fiscalía Federal N°2 de Morón y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Carlos Hernán García y Félix Pablo Crous, respectivamente.

Infobae ya había alertado sobre este comportamiento corrupto por parte de un sector del Servicio Penitenciario Federal y de empresarios que se originó, según los propios fiscales, durante la administración kirchnerista y que continuó, al menos en parte, en la actual gestión.

Tanto es así que los más de 19 millones de pesos comprometidos abarcan los años 2014 y 2016 y, según se desprende de la resolución, se seguirá pesquisando hacia adelante pero, se presupone, que desde el ministerio de Justicia de la Nación ya se tomaron las medidas para detener la sangría de pesos y la entrega de carne en mal estado.

Por estos hechos, entre otros fue indagado por la justicia el actual el Director Nacional del SPF, Emiliano Blanco, a quien el juez Rodríguez le acaba de dictar una "falta de mérito", es decir que por ahora no se encontraron pruebas en su contra.

La causa se inició después de varias inspecciones realizadas en el Complejo Penitenciario Federal II (Marcos Paz) y en el Módulo V del Complejo Penitenciario Jóvenes Adultos, como los monitoreos efectuados por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles presidido por el juez federal Gustavo M. Hornos.

En esas recorridas, fueron los propios internos los que habían denunciado la deficiente alimentación recibida, tanto en cantidad como calidad, circunstancia que contrastaba con los valores de compras de alimentos facturados por el Servicio Penitenciario Federal.

En base a ello, la Fiscalía Federal n°2 de Morón -por entonces a cargo del fiscal Carlos Hernán García- realizó la denuncia penal que derivó el procesamiento de la veintena de funcionarios y empresarios.

Por entonces la fiscalía ya había expuesto de manera pormenorizada el análisis del mecanismo corrupto de contratación implementado para designar al frigorífico Carnes Yamuni S.A. como proveedor.

En este sentido, la maniobra consistió -en un primer momento- en dilatar los procedimientos de licitación pública para la adquisición de los alimentos, las que en algunos casos terminaban sin adjudicarse.

En ese contexto "armado", para cubrir las necesidades "emergentes e impostergables" de carne vacuna y chorizos y evitar así una crisis alimentaria, contrataban al frigorífico con el que tenían "el arreglo".

Para ello, los funcionarios se valían de instrumentos como "el Legítimo Abono y Fondos Rotatorios".

Previo a esto, los funcionarios del SPF habían "acordado" con el frigorífico la recepción de mercaderías que debían ser facturadas sin superar el monto que tenían autorizado para abonar por medio de los Fondos Rotatorios.

Por esa razón la documentación secuestrada da cuenta que, dentro de un mismo período de tiempo –y relativamente corto- se conformaron varias facturas por montos menores siempre en beneficio del mismo proveedor y por las mismas razones.

En síntesis, se reflexiona en la resolución judicial "los imputados habrían creado artificialmente las condiciones para llevar adelante un mecanismo de contratación excepcional, apartándose de la normativa que rige para los contratos del Estado con particulares".

Para más datos, el juez Rodríguez recuerda que, según las pruebas reunidas en el expediente, quedó establecido que, por ejemplo, "existían períodos donde el penal no contaba siquiera con las condiciones necesarias –es decir espacio en sus cámaras frigoríficas y heladeras- para poder recibir la mercadería que, de acuerdo a los remitos secuestrados, era ingresada al establecimiento".

Las vejaciones

El magistrado también argumentó en la resolución de procesamiento que "las vejaciones fueron causadas por medio de la sistemática entrega de escasa cantidad de carne, con todo el aporte nutricional que ella implica, y su pésima calidad, por parte de quienes debieron hacerlo en forma adecuada"

"Esa conducta –indicó el magistrado- provocó que las personas alojadas en el CPF II de Marcos Paz debieran someterse a un sistemático menoscabo de su dignidad personal para sobrevivir o, dicho de otra manera, 'comer alimento repugnante con tal de mantenerse en pie'".

"En efecto, los detenidos no pudieron satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, conformándose así un sistema institucionalizado que genera hambre, padecimiento físico/emocional y violencia", puntualizó Rodríguez.

"Hacer pasar hambre a una persona privada de su libertad es claramente un trato degradante, no sólo psíquico, sino físico. Lo mismo que entregarle una calidad de carne pésima, prácticamente incomible. Ello ataca su sentimiento de dignidad o de respeto que merece como persona y que el Estado es garante. Así, no cabe más que concluir que no brindar los alimentos diarios necesarios o brindarlos en mala calidad, cuando su destinatario no tiene otra forma de adquirirlos, significa a todas luces un trato degradante, que el Estado no sólo no debe cometer, sino que debe evitar", concluyó el juez federal.

Ahora será la instancia superior quien deberá resolver sobre las apelaciones que ya realizaron los procesados.