En junio del año pasado, Diputados aprobó, y giró de inmediato al Senado, una iniciativa clave contra la corrupción y la lucha contra el narcotráfico: la ley de extinción de dominio, que apunta al decomiso de bienes adquiridos con dinero de origen ilícito. Un año después -se cumple mañana- la norma sigue completamente trabada en la Cámara alta y nadie vislumbra que pueda ser aprobada en el corto plazo.

Es más: en el Gobierno ya dan directamente por caída la ley. El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, tiene incluso listo el borrador de un nuevo proyecto.

La idea es enviarlo hacia fines de este año, después del recambio legislativo de diciembre.

La apuesta del oficialismo es que con una nueva composición del Congreso -sumado al empuje que tendrían ante un eventual triunfo en las elecciones de Cambiemos- podría avanzarse con la iniciativa.

Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Con el impulso de Sergio Massa, la norma obtuvo media sanción en Diputados días después del escándalo del ex funcionario K José López, quien fue detenido en un convento de General Rodríguez con sus bolsos repletos de millones de dólares.

Pero en el Senado el proyecto encontró resistencias de entrada. Se argumentó que la redacción era mala, que el procedimiento de decomiso que se proponía era complejo, que se vulneraba el derecho constitucional a la defensa.

Después de una prolongada discusión, a mediados de noviembre pasado la iniciativa tuvo dictamen en la Cámara alta, aunque con una serie de modificaciones. Una central: como reclamaba el peronismo, se trasladó del Fuero Civil al Penal el trámite de extinción de dominio.

Antes de aprobar el texto, los senadores del mayoritario bloque PJ-FpV reclamaron garantías de que Diputados no insistiría posteriormente con su proyecto original. En estos 7 meses no se logró ese acuerdo.

En febrero, la ministra Bullrich invitó a un almuerzo en su despacho a los senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Sigrid Kunath y Pedro Guastavino, al macrista Federico Pinedo y a la diputada massista Graciela Camaño.

Diputada massista Graciela Camaño.

La idea era avanzar en el tratamiento de la ley, pero Camaño no fue a la comida. Cerca de la diputada explicaron a Clarín que no asistió porque, entiende, las negociaciones deben realizarse "dentro del Congreso".

Para avanzar en un acuerdo entre las cámaras es imprescindible el okey de Sergio Massa porque su bloque es el que puede garantizar que Diputados sancionará la ley sin retocar lo que les envíe el Senado.

Hubo intentos para seducir al tigrense. La última vez le ofrecieron desde el Gobierno que se la llamaría "ley Massa", un gesto para que pudiera quedarse con el crédito de la norma. Pero el referente del Frente Renovador nunca contestó. Su resistencia obedece a que considera que su proyecto era mejor que el del Senado.

Mirá también Mirá también La lucha contra la corrupción: en veinte años, sólo cinco condenas firmes

En el Frente Renovador creen que entre fines de agosto y mediados de octubre -es decir, después de las PASO y antes de las legislativas- existiría una ventana para llegar a un acuerdo y aprobar la ley.

Pero en el Gobierno entienden que ya no tiene sentido intentar una negociación. Por eso, el Ministerio de Seguridad avanzó con la redacción de otro proyecto.

El nuevo texto retoma la idea de que la extinción de dominio sea autónoma del proceso penal. Es más: prevé la creación de un Fuero Especial de Extinción de Dominio.

Así, para recuperar bienes provenientes de la corrupción o el narcotráfico no habría que acreditar la culpabilidad del imputado. Se le quitarían los bienes antes de que reciba la condena penal, que habitualmente lleva años. Ahí parece estar la clave de la resistencia que genera extinción de dominio.

El Senado, en su última sesión, en mayo pasado. Foto: Juan Carlos Cárdenas/ Comunicación Senado. ciudad de buenos aires media sancion en el senado a la ley de proteccion de victimas de delitos camara de senadores aprobacion ley de proteccion a victimas de delitos

En los últimos días ocurrió un hecho que muestra cómo funcionaría la ley. Fue el de la entrega a la Prefectura Naval del lujoso yate que se le secuestró al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime para que haga tareas de patrullaje y lucha contra el narcotráfico.

Esa entrega, se quejan en el Gobierno, es endeble jurídicamente y temporaria en vez de permanente porque no hay ley de extinción de dominio