"Acudí al centro de valoración de la Comunidad de Madrid en silla de ruedas, con el muñón totalmente vendado y el pie también. Ni me podía levantar, si lo hubiese intentado me hubiese comido el suelo con la boca", así recuerda Carlos Romero, 36 años, la mañana de hace un par de años en la que acudió al examen médico para que dictaminasen qué porcentaje de discapacidad le correspondía. Se llevó una sorpresa al comprobar que no le concedían el baremo de movilidad reducida y que valoraban su discapacidad en un 49%. Esta cifra da por hecho que es una minusvalía moderada: el Real Decreto que rige los baremos establece que con ese porcentaje el afectado puede realizar la mayor parte de las actividades diarias.

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Como no estaba de acuerdo con la valoración planteada recurrió esta decisión. Un tribunal de Móstoles le ha dado la razón y considera que sí tiene derecho a la concesión de movilidad reducida y aumenta el porcentaje de discapacidad a 71%, es decir, minusvalía "grave". El juzgado acepta el peritaje médico alternativo que presentó el joven y considera acreditada "la utilización de una silla de ruedas por el actor para sus desplazamientos" y "una mayor trascendencia en las enfermedades que se tomaron en cuenta para valorar el grado de discapacidad".

Sin embargo, la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta sentencia judicial. El gobierno regional toma esta decisión, después de no presentarse a la vista en la que Romero explicó los problemas que le ocasiona tener la pierna derecha amputada por debajo de la rodilla y una úlcera en el pie izquierdo que se extiende por la mitad de la planta y no le permite pisar correctamente. Esta herida ha hecho que pierda un número y medio de calzado, ha pasado del 47 y medio que utilizaba hace dos años al 46 que usa ahora.

Hace cuatro años se quemó las plantas de los pies "con una acumulador de calor" mientras dormía en un sofá donde le sobresalían las piernas y su rutina ya no es la misma. Estuvo dos años recibiendo tratamiento para que le curasen esas heridas, sin embargo las úlceras fueron empeorando. En la primavera del 2013 le amputaron parte de la pierna derecha porque una enfermedad infecciosa fue devorando el hueso y los médicos querían conseguir que no afectase a toda la extremidad. Según fuentes médicas consultadas por eldiario.es, uno de los factores que pudo provocar el empeoramiento físico fue la diabetes que sufre Carlos, ya que esta enfermedad aumenta el riesgo de que las extremidades del cuerpo pierdan riego sanguíneo.

Tras la primera operación pasó un año hasta que el muñón cicatrizó. Sin embargo, en 2014 tuvo que volver al quirófano, ya que al comenzar la rehabilitación los médicos se dieron cuenta de que había problemas. "Me tuvieron que volver a operar para reconstruirme el muñón porque no estaba bien intervenido". Así que hasta hace un par de meses ha estado en "dique seco" y ha sido en primavera cuando ha comenzando a caminar con una prótesis.

"Tengo dolores crónicos en el pie, no puedo andar bien, todos los días hago frente a barreras arquitectónicas al ir con la prótesis o la silla de ruedas", apunta el afectado para justificar que no puede realizar lo que la normativa denomina como "actividades diarias".

Gracias a la sentencia judicial, la discapacidad de Carlos pasa a ser valorada como grave y, por tanto, a partir de ahora tiene mayores derechos sociales y económicos. Puede tener acceso a una pensión contributiva, se puede jubilar antes y puede conseguir mayores deducciones fiscales en la declaración de la renta. Además, al concederle la movilidad reducida pasa a contar con una tarjeta especial de aparcamiento o con un descuento del 4% del IVA en las adaptaciones de un coche con el que pueda desplazarse.

La Consejería recurre

En la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid están empeñados en negarle a Carlos lo que un juez ya le ha reconocido, han recurrido la sentencia dictada por el juzgado de Móstoles. "Ya pensaba que estaba todo ganado, viendo el poco interés que pusieron al no venir a la vista. Pero no ha sido así", señala.

El escrito presentado por el gobierno regional, al que ha tenido acceso eldiario.es, es un recurso tipo en el que no se detalla por qué no están de acuerdo con el peritaje específico realizado a Carlos. Lo que buscan es justificar que un juzgado no es el órgano en el que se debe alterar una decisión decisión administrativa, como es esta valoración. Por eso solicitan, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que revoque el 71% de discapacidad y la movilidad reducida que le han concedido mediante sentencia. Ahora, el TSJM debe tomar una decisión. Esta redacción se ha puesto en contacto con la Consejería para conocer por qué no se presentaron al juicio, sin haber recibido respuesta por el momento.

Lo primero que hizo Carlos al salir del hospital tras la amputación fue comenzar a tramitar el certificado de discapacidad: "Lo necesitaba para poder rehacer mi vida, conseguir un trabajo, una casa rehabilitada". Dice que está agotado de tener que recurrir lo que "le pertenece". "No pido una pensión, ni una invalidez permanente. Solicito que valoren mi discapacidad correctamente, yo no puedo hacer una vida normal, tengo muchos problemas de desplazamiento y una diabetes muy fuerte", indica. Durante estos años en los que ha estado haciendo frente a la enfermedad ha dejado de trabajar y ha invertido sus ahorros en comprar una prótesis, 12.000 euros, y en conseguir una silla de ruedas adaptada a sus dos metros de estatura, 7.000 euros.