La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado este martes una rueda de prensa junto a los miembros de la plataforma antidesahucios 'Yo no me voy'. El motivo ha sido la solución a la que han llegado tanto ayuntamiento como vecinos al dar validez a los contratos sociales originarios y evitar así el desahucio de las viviendas que iban a ser vendidas a un fondo buitre, tal y como acordó la corporación de Ana Botella (PP) en 2012.

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Estos planes de venta fueron previstos por el anterior ayuntamiento. Desde la directiva anterior se instó a los vecinos a firmar unos nuevos contratos que esta vez sí contaban con fecha de finalización, a determinar por la alcaldía. Las viviendas afectadas son las que se encuentran en las calles: Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26.

La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas". "Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda, ha dicho la alcaldesa madrileña.

Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intentó desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando todo el parque de viviendas" públicas de la capital.

La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo". El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha habido "acoso, malas palabras y malos modos".

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El abogado de la Asociación Yo no me Voy, Endica Zulueta, ha dicho que se trata de contratos de alquiler de vivienda social que se renuevan cada dos años si cumplen unas determinadas condiciones económicas, cosa que los titulares han cumplido desde hace 30 años.

Sin embargo, en 2012, -según el abogado- "de la noche a la mañana, la anterior administración decidió dar por terminados los contratos con la intención de vender cinco edificios de viviendas a la sociedad Renta Corporación por 12 millones de euros".

El abogado ha destacado cómo los afectados, "que vieron cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales".

"La Empresa Municipal de la Vivienda ha cambiado de política con el nuevo Ayuntamiento" y esto supone que los vecinos ahora pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha dicho Zulueta. Manuela Carmena ha añadido que los 2.086 contratos restantes que anteriormente tenían prevista su venta a fondos buitre ya no corren peligro y por lo tanto, estos vecinos pueden "mantener la calma, pues sus pisos no se van a vender".

Manuela Carmena ha detallado que el Ayuntamiento está "localizando" a los vecinos que ahora mismo están "desorientados" pensando que no continuarán sus contratos sociales y que sus pisos se van a vender. Les explicarán que el contrato que en muchos casos firmaron en los años 80 "es válido y no perderán sus viviendas".