Cruzar por un paso de cebra no tiene demasiada ciencia. Tampoco encierra gran riesgo. Mucho menos aventura. Sin embargo, en Alsasua existe un cruce para peatones que ha sido presentado a nivel de España como la “línea de la vergüenza”. El apodo se lo puso un periódico de tirada nacional hace unos meses, cuando este pueblo estaba lleno de cámaras y reporteros buscando gente que asegurara vivir con miedo. No encontraron a muchos, pero no importó. Sin dar nombres, el matutino recreó una supuesta tensión entre las dos Alsasuas. De un lado, los malos. Del otro, los españoles.

Cuando Edurne Goikoetxea recuerda aquel artículo, no sabe si reír o llorar. Su hija es una de las imputadas por la Audiencia Nacional a raíz de la “agresión de Alsasua”, un término que aparece reflejado 38.300 veces en Google. La gran mayoría de artículos encontrados ofrecen una versión monolítica sobre lo ocurrido durante la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando dos guardias civiles sin uniforme se vieron involucrados en una reyerta de bar, de esas que suelen registrarse un sábado a las cinco de la mañana.

Ahí empezaron las diferentes lecturas. Donde muchos vieron una pelea nocturna, otros vieron un acto terrorista. Entre estos últimos se encuadran varios medios de prensa estatales, el gobierno del PP, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) y la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Fue esta última quien imputó a nueves jóvenes –dos de ellos menores de edad- por un delito de terrorismo. A día de hoy, tres de ellos continúan en la cárcel de Soto del Real en régimen FIES –uno de los más restrictivos-, a la espera de juicio.

“Todavía no hay condena, pero ya fueron condenados”, han dicho en varias ocasiones sus familiares. La hemeroteca lo confirma: los nombres, apellidos, fotos y otros datos íntimos de sus hijos aparecieron una y otra vez en distintos medios de comunicación, principalmente de ámbito nacional. Hubo diarios que publicaron sus fotos –filtradas por alguna “mano generosa” con acceso al expediente- en portada. Incluso se revelaron datos e imágenes de jóvenes que posteriormente no fueron imputados, sin que posteriormente hubiese la más mínima rectificación. Tampoco habría valido de mucho: el daño, comentan los familiares, ya estaba hecho.

“Hubo una parte de la prensa que participó en esa campaña, pero también hemos conocido a periodistas y medios que han contado todo esto tal como ocurrió. Simplemente por eso, les estamos muy agradecidas”, comentó Goikoetxea. Varios de esos trabajadores de la prensa tomarán parte este miércoles en la concentración quincenal que realizan los familiares de los jóvenes imputados en Pamplona, con el objetivo de visualizar el apoyo que reciben desde distintos sectores de la sociedad. Se prevé que en este acto tomarán parte –a título individual- periodistas que trabajan en medios como Gara, Ahotsa.info, Diario de Noticias, EITB y Público, entre otros.



"Fabricar una historia"

A pocas horas de esa concentración –que tendrá lugar a las 12.00 en el Monumento de los Fueros-, la portavoz del grupo de madres y padres recordaba algunos de los ejemplos más sangrantes del tratamiento informativo que recibió este caso. “El mensaje estaba claro desde el principio: tenían que fabricar una historia determinada sobre este pueblo, a sabiendas de que no se correspondía con la realidad”, lamenta Goikoetxea. De ahí la leyenda –en formato de artículo periodístico- sobre la supuesta “línea de la vergüenza” que, según un diario de Madrid, representa el paso de cebra que se encuentra en el centro de la localidad.

“Querían transmitir que había gente que tenía miedo de pasar a la parte vieja de Altsasu, y eso es mentira: somos un pueblo absolutamente transversal”, vuelve a reivindicar hoy esta madre, tal como lo viene haciendo desde el pasado mes de octubre. De hecho, estos conceptos fueron certificados hace ya algunos meses por el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, quien negó tajantemente que sus agentes en Alsasua se sintiesen “incómodos” o que existiesen problemas especiales de convivencia. Aquellas declaraciones del coronel Hernández no encajaban con la historia que se pretendía construir. Por tanto, tuvieron escaso eco mediático.



Mirando a Madrid

Tampoco ha habido grandes titulares sobre la última decisión de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional: según se ha conocido esta misma semana, los magistrados que la componen han paralizado el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión de competencias abierta por la Audiencia de Navarra, que el pasado 24 de marzo reclamó que la causa sea devuelta al juzgado de Pamplona, lo que equivale a que los acusados no sean juzgados por terrorismo. Dicho de otra manera, las hipotéticas penas no alcanzarían los 15 años de cárcel –tal como podría ocurrir si son juzgados en Madrid-, sino que serían considerablemente menores.

La paralización del procedimiento puede derivar en otra noticia relevante: según entienden los abogados defensores, los tres jóvenes que continúan en prisión deberían ser puestos en libertad hasta que exista una resolución del Supremo. Sin embargo, no abrigan demasiadas esperanzas: hasta ahora, Altsasu se ha parecido demasiado a una historia con guion ya escrito. Adivinen el final.

