«Soy diputado y presidente de la Generalitat; no ha cambiado nada, no daremos marcha atrás». Este ha sido el mensaje de Quim Torra tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, que ayer acordó no conceder la medidas cautelares solicitadas por el presidente de la Generalitat contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitarle como condenado por desobediencia, aunque no sea por sentencia firme, y ratificar su pérdida de condición de diputado autonómico. Una decisión que la Junta electoral se apresuró a notificar al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent.

La Junta Electoral ha dado a Torrent 48 horas para hacer efectiva la retirada del acta de diputado autonómico al presidente catalán. Una orden que los letrados del Parlament entienden, ahora sí, que obliga a Torrent a acatar la decisión de la JEC. El vicepresidente del Parlament, el neoconvergente Josep Costa, insistía hoy viernes en que la Junta Electoral no tiene autoridad ni superioridad jerárquica para dar esa orden a Torrent. Y el president Torra ha abundado en las presiones a Torrent con un comunicado oficial de su oficina en el que denuncia presiones al republicano e insiste en la negativa a acatar la decisión de la JEC.

Torra amenaza además con denunciar a quienes intenten obligar a Torrent a retirarle el acta de diputado, asegurando que «las presiones a las que se pretende someter al presidente del Parlament y otros miembros de la cámara que defienden la soberanía del Parlament está llegando a límites insostenibles» e «incompatibles con el Código Penal».

El presidente catalán tacha de «coacciones» las advertencias de la JEC a Torrent e insiste en que la condición de diputado solo le puede ser revocada, en caso de sentencia firme, por el propio Parlament. «Sin duda la decisión de un órgano administrativo, incompetente para dictar la resolución» es a su juicio una «anomalía democrática» que «excede el ámbito del Parlament«, por lo que anuncia su intención de ejercer «acciones legales» contra quienes le acusan de «usurpación», en referencia a Cs y PP.

Roger Torrent, mientras tanto, permanece en silencio, igual que la cúpula de Esquerra, que durante este viernes ha reunido en diferentes formatos en la sede del partido en Barcelona. De Torrent dependerá en última instancia hacer cumplir la decisión de la JEC, y el próximo lunes tendrá su prueba de fuego, cuando el pleno vote la presentación de un recurso del Govern contra el Decreto digital de Pedro Sánchez.

Si Torra participa en esa votación, habrá incurrido en desobediencia no sólo el presidente catalán, sino también el presidente de la cámara por permitirlo puesto que ha sido informado de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Así lo entienden Cs y el PP, que han amenazado tanto a Torrent como a los miembros de la Mesa que den apoyo a la postura de Torra con denuncias por desobediencia y, eventualmente, prevaricación, si el presidente catalán sigue ejerciendo como diputado autonómico en contra del criterio de la Junta Electoral, avalado ahora por el Tribunal Supremo.

Torrent, advertido ya en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional, se arriesga por tanto a una inhabilitación por desobediencia el próximo lunes, cuando de hecho sólo se producirá una votación, forzada por su propio gobierno, que veía como se agotaba el plazo para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto contra la «república digital». Ese voto es la señal que el PP ha estado esperando como prueba de la desobediencia de Torra y Torrent a la JEC.

Durante este semana Torrent ha aplazado hasta en tres ocasiones la celebración de ese pleno. Aplazamientos justificados oficialmente por las graves consecuencias del temporal Gloria en Cataluña, en los que muchos han visto, sin embargo, un intento de evitar que la decisión del Supremo sobre las cautelares de Torra les cogiera en medio de una votación en el pleno, con el president en primera fila.

Las batallas de Torrent con JxCat

No han sido las únicas maniobras de Torrent para esquivar un nuevo enfrentamiento con JxCat, después de las batallas mantenidas con los neoconvergentes por su negativa a investir a Carles Puigdemont a distancia y la aceptación de su suspensión como diputado por orden del Tribunal Supremo. Cuando el pasado día 3 la Junta Electoral acordó la inhabilitación exprés de Torra, atendiendo a la petición de Cs, PP y Vox, el presidente de la Cámara se apresuró a restar legitimidad a la decisión y aceptó convocar un pleno extraordinario que, en sábado y coincidiendo con el debate de investidura de Pedro Sánchez, sirvió para aprobar una declaración de adhesión a Torra.

Y cuando el Tribunal Supremo rechazó las cautelarísimas pedidas por el president para suspender la decisión de la JEC, Torrent se amparó en el informe elaborado por los letrados de la cámara para argumentar que era necesario esperar a la decisión sobre las cautelares. Una tesis que también asumió como propia el PSC en la reunión de la Mesa celebrada el martes 14, en el que se rechazó una iniciativa de Cs que reclamaba hacer efectivo el cese de Torra.

Malabarismos contra la JEC

Días antes, la Junta Electoral Provincial de Barcelona había anulado la credencial de Torra como diputado y emitido una nueva credencial en favor del siguiente en la lista, Ferran Mascarell. Pero la representante de JxCat ante la Junta no atendió el aviso para recoger esa credencial, y la Mesa obvió esa decisión. El miércoles 15, un representante de la Junta se personó en el Parlament para hacer entrega de la nueva credencial y entregar por escrito la decisión de emitirla, obedeciendo a la JEC.

El Parlament no hizo nada al respecto hasta que este martes, casi una semana después, Torrent fue requerido por el PP al respecto. Solo entonces anunció una consulta a la Junta Electoral provincial para aclarar si la credencial se había emitido para sustituir a Torra o a Carles Puigdemont, que renunció a su acta de diputado el pasado día 5 de enero para acceder a la condición de eurodiputado.

Con estos precedentes, no resulta extraño que la Junta Electoral se haya dirigido explícitamente a Torrent, al que reclama que le remita la documentación que «certifique» la pérdida de la «condición de diputado» de Torra, en un acuerdo adoptado tras considerar que su decisión de enero tiene carácter «plenamente ejecutivo» puesto que la suspensión que había solicitado el propio Torrent «ha sido denegada por el órgano jurisdiccional competente», es decir, el Tribunal Supremo.