El Gobierno argentino de Mauricio Macri emitió el pasado martes 29 de noviembre un decreto beneficioso para la corporación de autopistas, Abertis, controlada por el grupo de infraestructuras italiano Atlantia y la constructora española ACS, propiedad esta última del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El referido decreto establece una subida de las tarifas de los peajes en los accesos a la capital de Argentina con el objetivo de proteger a las concesionarias de autopistas Autopistas del Sol y Grupo Concesionario Oeste, propiedades ambas de Abertis, de la devaluación del peso argentino y de una circulación vehicular menor de la esperada, según detalló el medio argentino especializado en finanzas Ámbito Financiero. El mismo medio había informado en 2017 que el Grupo Sideco, propiedad de la familia de Mauricio Macri, vendió su participación del 7% en la concesionaria Autopista del Sol para evitar conflictos de intereses.

En paralelo, fuentes conocedoras del sector explican que a la dirección de ACS le interesa mucho más el mercado argentino que a Atlantia por tener mucha más presencia allí. Puntualizan que el referido decreto forma parte de cuestiones "que llevaban tiempo negociándose".

Santiago Bernabéu

El decreto se consumó el martes de 29 de noviembre, el mismo día que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció que la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca se jugaría finalmente fuera de Argentina a raíz de los incidentes ocurridos en Buenos Aires.

Dos días después, el uno de diciembre, saltaba repentinamente la noticia de que el Santiago Bernabéu era serio candidato para albergar la final. Si bien se había especulado con suculentas ofertas desde Catar y Miami para quedarse con el partido, lo cierto es que ninguna de esas sedes ofrecía la proyección al evento que le da el estadio del club más laureado del balompié mundial. La charla entre el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y Florentino Pérez duró pocos minutos, han informado distintas fuentes.

En el acuerdo influyó también la "buena relación" entre el presidente de Argentina y expresidente de Boca Juniors, Mauricio Macri -curiosamente presidente de Boca cuando venció al Real Madrid del propio Pérez en la Copa Intercontinental del año 2000-, y el actual mandatario español, Pedro Sánchez, informaron distintos medios.

Según ha informado este periódico, la celebración del evento tendrá un impacto económico que rondaría entre los 25 y los 42 millones de euros para la ciudad de Madrid, y de entre 3 y 5 millones por IVA para el Estado español. Para garantizar la seguridad del partido, las autoridades españolas han organizado una operativo policial sin precedentes con aproximadamente 4.000 efectivos.