Torres de alta tensión, tuberías, registros, tendidos aéreos y hasta un oleoducto atraviesa el municipio de La Carlota, en Córdoba. El Ayuntamiento, por unanimidad, ha decidido que las compañías distribuidoras de energía deben pagar por usar el suelo, el subsuelo y hasta el aire, que es propiedad de todos los vecinos. Algunos lo que se temen es que terminen pagando ellos el incremento de costes.

El Ayuntamiento ya recibe de las compañías 100.000 euros al año por las facturas de luz y gas que pagan sus vecinos. Ahora también quieren cobrarles por usar sus campos y sus calles, igual que un bar debe pagar por poner una terraza. El alcalde, Antonio Granados, piensa que también podría "plantearse el tema de la telefonía".

Aseguran que el Tribunal Supremo ya ha respaldado la legalidad de este impuesto, que llegaría hasta los 12.000 euros por cada metro de cable que recorra el municipio, y hasta 4000 euros por metro de tubería de gas. Dinero que repercutiría en los vecinos por utilizar el espacio público, según dice el concejal Javier Mengual.

Otros municipios se han interesado por esta medida que, en todo caso, aún tardará al menos un año en hacerse realidad.