Carles Puigdemont está de enhorabuena. La Hacienda alemana tendrá que pagar dos tercios del dinero que el expresidente catalán ha gastado en su defensa en la Audiencia del 'land' de Schleswig-Holstein, según consta en el auto en el que las autoridades alemanas descartaban su entrega al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le reclamaba mediante una euroorden por los delitos de rebelión, desórdenes públicos y corrupción-malversación.

Precisamente, la Audiencia de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por dos de estos delitos: rebelión y desórdenes públicos, pero aceptó el de corrupción-malversación. Es por este motivo por el que el fisco de Berlín tendrá que abonar dos tercios de los gastos personales que Puigdemont ha tenido que realizar en su defensa jurídica en Alemania.

Fuentes cercanas a la defensa de Puigdemont aseguran que, de esta forma, Alemania pagará la mayor parte de las minutas de los abogados que han defendido en este país europeo al expresidente catalán: Wolfgang Schomburg y y su hijo Soeren Schomburg. En España la defensa de Puigdemont corre a cargo del letrado Jaume Alonso-Cuevillas.

Wolfgang Schomburg es un destacado penalista alemán que formó parte del Tribunal Supremo de este país, y que también participó en un tribunal penal internacional. Empezó sus carreras de juez y de fiscal en Berlín y fue secretario de Estado de Justicia tras la caída del Muro.

130.000 euros

Fuentes del procedimiento explican a Vozpópuli que el trabajo de los letrados alemanes podría valorarse en varios cientos de miles de euros, por lo que la cantidad que deberá abonar la Hacienda alemana será muy elevada.

El tribunal alemán aseguró que le entrega a las autoridades españolas de Puigdemont por un delito de rebelión era "inadmisible" ya que considera que en el 'procés' no se produjo el grado de violencia "suficiente" imputarle este delito en Alemania.

En el auto, la Sala alemana aseguraba que aunque en el caso de delito de rebelión se "evoca a los pronunciamientos militares", se podía entender que había sido "sin armas", dado que tanto el 20 de septiembre como el 1 de octubre de 2017 se produjeron hechos violentos contra personas.

Juicio anticipado

Tras esta decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, Llarena rechazó la entrega de Puigdemont sólo por el delito de malversación. En un auto, el magistrado español llegó a acusar a las autoridades alemanas de "falta de compromiso".

Además, el magistrado aventuró que el tribunal alemán podría haber quebrantado el orden constitucional español, y estimó que con su decisión podrían haber anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa.

El pasado lunes, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmó la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como de Carles Puigdemont, todos ellos procesados por rebelión en la causa abierta por el 'procés'.