“¿A nadie del mundo de la cultura le chirría que haya unos tíos en la cárcel, en prisión preventiva, sin juicio ni nada?”, se preguntaba el lunes el periodista y director de La Ventana, en la Ser, Carles Francino, tras la gala de los Goya. Todo mi agradecimiento a esta voz sincera en medio de un aparente muro de silencio. Tristemente, cuestionar nuestra prisión preventiva parece un acto de valentía.

Tras denunciar ante la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU nuestro caso, el abogado Ben Emmerson destacó que nuestra detención y encarcelamiento es un agravio a los derechos humanos, queda al margen de los estándares internacionales, viola nuestro derecho a la libertad de asociación y expresión, a la opinión política y participación. Además, se nos está discriminando por apoyar el derecho a la autodeterminación.

En su exposición ante la prensa, Emmerson fue claro: “este caso no pide a la ONU que arbitre sobre la independencia de Catalunya, sino que la ONU afiance la doctrina de que los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria de los adversarios ". “Imaginad -añadió el abogado británico- que el Reino Unido encarcelara a los dirigentes del Partido Nacionalista Escocés por promover la independencia. Pues esta es la situación en España”, concluyó. No faltarán voces que digan que Emmerson se limita a cumplir con las obligaciones contraídas con el cliente. El dinero quizás lo compre todo, pero el sentido común dice que el señor Emmerson no tiene motivo alguno para echar por la borda 25 años de experiencia litigando en tribunales internacionales.

La directora de Amnistía Internacional para Europa, Gauri Van Gulik, también cree que prolongar nuestra prisión es “excesivo y desproporcionado” y que los cargos de sedición y rebelión que pesan sobre nosotros “deben retirarse”. Diego López Garrido, corredactor del delito de rebelión del Código Penal, destaca precisamente que acusarnos de rebelión y sedición no tiene base legal porque el soberanismo nunca ha ejercido la violencia.

Dos voces más que se suman a la de Joaquín Urías. Exletrado del TC y profesor de Derecho Constitucional, defiende que el movimiento independentista catalán está poniendo a prueba la solidez del sistema democrático y constitucional español, que tendría que garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. Él es uno de los más de 100 penalistas que piden preservar la independencia judicial.

A estas alturas no cabe duda de que los demócratas españoles están ante un precedente peligroso que cuestiona los derechos de protesta pacífica y oposición política, del pluralismo, no sólo en el estado sino en todo el mundo. Los precedentes de detenciones arbitrarias confirmadas por la ONU son en Argelia, Kazajistán, Irak, Marruecos… o Venezuela.

¿En la Europa del s. XXI, las ideas de una minoría o de la disidencia política se pueden encarcelar? Como presidente de Òmnium, una entidad con 100.000 socios que, entre 1963 y 1967 fue ilegalizada por el franquismo, sabemos que las libertades democráticas garantizan la cohesión social. Tras 116 días en Soto del Real por haber ejercido mis derechos básicos, mi convencimiento en el diálogo, la paz y la libertad son más fuertes que nunca.