La dimensión territorial es una de las problemáticas centrales en el estudio de la transición. Las relaciones centro-periferia pueden ser conflictivas durante estos procesos, especialmente en sistemas federales. Si esos conflictos son intensos, la democratización será desigual y contradictoria, pudiendo conformarse un sistema político dual. En él coexistirán dos órdenes políticos contrapuestos: uno con instituciones nacionales democráticas, colindante y superpuesto a otro, una serie de regímenes provinciales autoritarios.

Es la génesis del “autoritarismo subnacional”, un régimen por el cual las elites regionales intentan conservar sus enclaves de poder frente al avance democratizador del centro. Dicho orden se reproduce precisamente cuando esas elites alcanzan una cierta potestad jurisdiccional. Es decir, consolidan sus enclaves cuando logran ejercer un efectivo control del territorio y de las fronteras internas, en palabras de Edward Gibson, pionero de este campo de estudio.

A pesar de esos conflictos territoriales, ciertos aspectos del autoritarismo subnacional pueden resultar funcionales para el centro, que paradójicamente lo tolera e inclusive lo alienta. Institucionalizado en un conjunto de normas que se reproducen en el tiempo, el autoritarismo subnacional sirve para estabilizar las relaciones entre el centro y la periferia, desviar demandas sociales hacia los estados provinciales, abroquelar al gobierno nacional detrás de la devolución y, sobre todo, relocalizar los conflictos lejos de la capital de la nación. Al final bien puede tratarse de un arreglo conveniente, un pacto político con los recursos necesarios para engrasarle las ruedas.

El autoritarismo subnacional sirve para estabilizar las relaciones entre el centro y la periferia

La literatura sobre el tema describió el problema y analizó posibles trayectorias democratizadoras del espacio subnacional, condición necesaria para construir una verdadera democracia. Le prestó menos atención, sin embargo, al camino inverso, es decir, a un escenario en el que la proliferación del autoritarismo subnacional sea de tal magnitud que el sistema nacional termine absorbiendo sus características centrales. En otras palabras, si la propagación de estos enclaves autoritarios cubre un espacio extenso, será por la simple geografía, entonces, que habrá que explicar el autoritarismo subnacional en la nación como un todo.

Más aún, si ese poder subnacional se entrelaza con el crimen organizado, ello intensificará la propagación de ese tipo de autoritarismo de manera acelerada. Así llegamos a México, donde la fragmentación territorial ha venido interactuando con el surgimiento de una nueva tipología del crimen organizado, como destacó recientemente Jan Martínez Ahrens. Más violentos y organizados en células relativamente autónomas, los nuevos carteles también son más resistentes a la coerción del centro.

En realidad es una forma organizativa que recuerda al viejo foquismo de ultra izquierda pero sin el objetivo de asaltar el palacio de gobierno en la capital; es un foquismo solo interesado en mantener control de un territorio acotado. Como en Guerrero y otros sitios, la especie ha mutado. Ahora es un autoritarismo criminal subnacional, la colusión de la política y el cartel. Ya no se trata solo del régimen político, porque la profundidad de esta transformación permea y compromete la integridad del propio Estado, entendido como pacto de dominación y como monopolista de la coerción. Esa es la sabia connotación de la sociedad en “fue el Estado”.

Para eludir su responsabilidad, el Gobierno abdica hasta de la soberanía estatal

El autoritarismo criminal-subnacional también requiere de un pacto político entre el centro y la periferia, solo que es más oscuro, más cínico, más corrupto y criminal. Es la parcelación de la soberanía, desagregada en una variedad de feudos violentos que rodean y sitian al propio Estado, no para conquistarlo sino para neutralizarlo. El viejo negocio político basado en la no interferencia entre el centro y la periferia, mirar hacia otro lado y aparentar normalidad, es así insostenible. La tragedia de Iguala nacionalizó el problema y lo convirtió en crisis política, una bomba virtual que le explotó en las manos al Gobierno nacional. Falto de empatía con las víctimas y comprensión cabal de la realidad, este continúa intentando regresar al antiguo arreglo con algo que ya no existe: un autoritarismo subnacional benigno.

El problema adicional es que la dominación territorial ya no se ejerce con los métodos del viejo clientelismo, sus caciques y caudillos. Los jefes territoriales de hoy responden a los carteles, ejercen su poder de manera obscena, exhibicionista—de ahí que la violencia sea cualitativa y cuantitativamente diferente—y manejan recursos exponencialmente más elevados. Para eludir su responsabilidad en esta crisis, el Gobierno abdica hasta de la soberanía estatal. Cuando el Procurador General dice que “Iguala no es el Estado mexicano” y que haber intervenido antes habría constituido “una invasión de ese territorio”, en realidad le está concediendo la soberanía, lo ha independizado.

Es trágico, pero al mismo tiempo irónico. Londres quiere conservar Escocia y Madrid, Cataluña. El DF, por el contrario, parece alentar la secesión de Guerrero. Y eso simplemente para que el partido gobernante—otrora hegemónico—pueda blindarse, frente a Iguala y tantas otras masacres.

Twitter @hectorschamis