EnglishEn el eterno debate sobre los orígenes, la verdadera importancia y las adecuadas funciones del Estado, si hay un punto en el cual existe consenso es en el argumento que sostiene que el Estado fue creado para servir las funciones básicas de seguridad y justicia. Entonces, si no cumple con ellas, ¿cuál podría ser la justificación de su existencia?

A pesar de este acuerdo, existen dos paradojas referidas a la acción estatal en la actualidad. Por un lado, cuando cualquier Estado pretende cumplir con alguna de esas funciones, es criticado por ello. Por ejemplo, en la mayoría de las movilizaciones sociales tan comunes en los años recientes, se escuchan mucho las arengas que piden menos inversión en seguridad y más en educación.

Por otro lado, aquellos que más defienden la supuesta importancia del Estado como principal organización en una sociedad, son los que más afectan el cumplimiento de esas funciones. Es ilustrativo en este punto el caso de Barack Obama en Estados Unidos: no solo ha sido incapaz de avanzar con su agenda estatista, sino que, en el intento, ha afectado de manera grave el cumplimiento de la función de seguridad. Los escándalos de espionaje a los demás gobiernos en el mundo no solo dañan mucho más la imagen de Estados Unidos en el ámbito exterior, sino que les dan excusas a sus verdaderos enemigos para justificar su odio y eventuales ataques en contra de este país.

Un caso que resulta paradigmático en este tema, es el de Colombia. Dado el actual contexto que está viviendo el país, analizaremos el ámbito de la justicia.

Esta función del Estado colombiano se ha visto afectada de forma creciente, fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, todos los funcionarios públicos y los representantes electos critican constantemente la Justicia de ese país. Por este motivo, casi todos los años encontramos ideas nuevas para reformarla, mejorarla y solucionar el problema de la impunidad.

Aun así, la Justicia es utilizada a conveniencia de los políticos. Se ha convertido en una expresión de la polarización política del país, un ámbito en el cual las discusiones refieren a las ideas o las propuestas, sino que constituyen simples acusaciones entre los más diversos grupos políticos sobre la integridad de sus oponentes.

Las acusaciones de ser paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes se han vuelto comunes en el país y, claro está, la única forma de llegar a una solución al respecto es a través del sistema judicial. Así, la Justicia se ha convertido en el mecanismo de debate político por excelencia, utilizado para derrotar a los adversarios.

En segundo lugar, y como si lo anterior no bastara, cuando esa misma Justicia a la que se recurre para desprestigiar a los oponentes, decide actuar en contra de los mismos políticos que la utilizaron en el pasado, entonces se considera politizada y, por lo tanto, se deslegitima.

Esto ha sucedido en diversos casos, pero vamos a analizar dos ejemplos. Cuando algunos de los funcionarios más cercanos del gobierno del expresidente Uribe fueron llamados a juicio, algunos de ellos, como María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo, decidieron huir del país. ¿La razón? La supuesta falta de garantías procesales.

La actitud de estos personajes recibió muchas críticas, pero a los políticos de turno no pareció importarles. En la actualidad, el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en peligro de ser destituido por un ente de control disciplinario, la Procuraduría General de la República. Sin embargo, sin esperar al fallo, el Alcalde, denunciando persecución, ha decidido demandar al Estado ante organismos internacionales.

Es ambos casos, es interesante destacar que los funcionarios mencionados posee visiones políticas diferentes, pero se presentan como presuntos defensores del fortalecimiento estatal, de la supuesta “cosa pública”.

Tercero, además de los actores externos, dentro de la rama judicial muy poco se hace para prestar de manera correcta los servicios. No es solo el afán de los magistrados de convertirse en figuras mediáticas o haber permitido que la justicia sea utilizada según la conveniencia de los políticos de turno. También existen escándalos de profunda corrupción entre jueces y magistrados. Es más, las organizaciones de control, como la Procuraduría, la Contraloría y hasta la Fiscalía recurrieron ya a todas las formas posible para extender sus funciones a ámbitos que no les competen, chocan constantemente entre sí y abusan de su poder judicial y sancionatorio.

Como resultado de todo lo anterior, la Justicia colombiana no solo no ha solucionado sus problemas más históricos, sino que tampoco presenta un servicio adecuado en la actualidad, provocando además que cada vez menos ciudadanos crean en ella.

Si a estas reflexiones, añadimos el hecho de que el Estado colombiano se ha mostrado por décadas incapaz de cumplir la función básica de garantizar la seguridad a sus habitantes, ¿cuál es entonces su razón de ser?