El intendente de Atacama, Miguel Vargas, presentó una querella contra quienes resulten responsables por la publicación de un video en el que se acusaba el presunto aprovechamiento político por parte del Gobierno de la ayuda enviada a los damnificados del norte tras los aluviones.

En el video de poco menos de dos minutos que se difundió por redes sociales se acusó de una supuesta apropiación del Gobierno de la ayuda de privados a los afectados por la catástrofe en la Región de Atacama. Esta ayuda donada por particulares llegó a la comunidad de Los Loros y en las imágenes se acusa que el Gobierno las envasó en bolsas con logos del Ministerio del Interior.

La querella, según informó la Subsecretaría del Interior, advirtió que con la difusión del video "los distintos involucrados generan graves alteraciones al orden público en la región al divulgar a la ciudadanía informaciones falsas e injuriosas contra el Gobierno para generar alarma y afectar la tranquilidad pública".

El intendente Vargas explicó que la situación descrita en el video es "absolutamente falsa" y "la publicación y divulgación del vídeo con falsas imputaciones dan cuenta de informaciones que han perturbado la tranquilidad pública, distorsionado la realidad".

"El centro de acopio y distribución de la localidad de Los Loros corresponde a un recinto ubicado en el Fundo Apachenta, cuya administración fue entregada a la municipalidad de Tierra Amarilla, con resguardo del Ejército, para almacenar y ordenar toda la mercadería adquirida por el Gobierno, para ir en ayuda de los miles de damnificados y albergados de la catástrofe", añadió.

Elizalde: Denuncia es absolutamente falsa

Respecto a lo acusado en el video, el ministro vocero de Gobierno Alvaro Elizalde sostuvo en un comunicado que "dicha denuncia es absolutamente falsa" y que "más del 90 por ciento de la ayuda distribuida en las regiones afectadas por la emergencia corresponde a compras que ha realizado el Estado".

Elizalde explicó que "la ayuda que ha comprado el Gobierno se clasifica y se identifica con el distintivo oficial para evitar que se utilice con finalidades distintas, como por ejemplo, que sea revendida o que no se entregue a los afectados de forma absolutamente gratuita".

"La mentira lesiona y ofende a los damnificados afectados por el desastre del norte", indicó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.

La querella fue presentada contra quienes resultan responsables, los que se arriesgan a la pena de reclusión menor en su grado mínimo, es decir desde los 61 días hasta los 540 días de reclusión.