La lista única con la que irán a las elecciones del próximo 27 de septiembre Artur Mas y Oriol ha elevado en gran medida la preocupación del Gobierno de Mariano Rajoy. Así, Moncloa ha intensificado los contactos con la clase política catalana al concluir que Mas va a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña si su candidatura consigue 68 escaños, la mayoría absoluta.

El Confidencial ha informado que además y respecto a esta temática, las encuestas auguran que la lista que encabezará Raül Romeva, antiguo miembro de la Iniciativa per Catalunya Verds podría alcanzar el control del Parlament.

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Sin embargo, el Gobierno confía en que el 27-S haya una movilización del nacionalismo moderado y del sector constitucionalista que de una vuelta a la tendencia que dibujan los sondeos. El medio asegura que, según las fuentes consultadas, existe un margen para la derrota del secesionismo como por ejemplo la del barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que fue publicado a principios del mes de julio. Éste decía que habría un rechazo a la separación de España en un 50% frente al 42,9% que optarían por el proyecto independentista de Cataluña.

Mas y Junqueras están buscando que los comicios se celebren en un clima de tensión y plantean la consulta como una prolongación del pasado referéndum independentista del pasado 9 de noviembre de 2014. Por su parte, el Gobierno considera que el nacionalismo radical va a generar aún más tensión en la campaña de las próximas semanas para desmovilizar a los moderados.

El Confidencial asegura que la principal preocupación del Gobierno de Rajoy se centra en las movilizaciones y concentraciones que puedan darse en las calles, trasladando al exterior de nuestras fronteras una visión mayoritaria de las aspiraciones independentistas. De hecho, es importante señalar que el Ministerio del Interior trabaja en dispositivos que le permitan gestionar una situación de esas características si llegara a producirse.

Es importante señalar que las competencias de mantenimiento del orden público corresponden a los Mossos d´Esquadra en Cataluña, pero la Policía y la Guardia Civil son los responsables de la protección de edificios de la Administración del Estado. Así, y según el medio, el Gobierno español aprovechó esa 'ventana legal' para preparar el traslado de hasta 1.000 efectivos de las Unidades de Intervención Policial de la Policía y 500 miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil a Cataluña el pasado noviembre con motivo del referéndum.

Ahora, la estrategia del Gobierno ante esta lista única es similar y en los últimos meses ha adoptado modificaciones legales que dotarán al Ejecutivo de mayores recursos para controlar una insurrección si se diera el caso. El Confidencial informa de que uno de esos cambios es la Ley de Personal de Policía, que introduce la posibilidad de que los policías autonómicos que así lo deseen, puedan dar el salto a la Policía Nacional. Esta aplicación es para todas las Comunidades Autónomas.

Al parecer, esta desmovilización de la policía autonómica no sería de ayuda para el proyecto de Mas ya que en su proyecto independentista, les asigna a los Mossos un papel que equivale casi a la de las Fuerzas Armadas.



Otro de los cambios es el que va a introducir la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno espera aprobar antes de la fecha clave, el 27 de septiembre. Así el PP ha pactado con el PSOE un nuevo supuesto que permitirá a Moncloa tomar el control de las instituciones catalanas si se detecta una amenaza para la integridad nacional.

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