[email protected] Todas las autoridades que participaron en la entrega de la menor Alondra Luna Núñez a una mujer que dijo ser su madre, en un fallido proceso de restitución internacional, se deslindan de responsabilidad y argumentan que actuaron apegadas a la ley, sin verificar con pruebas genéticas si la niña era efectivamente de quien la reclamó. La juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, Cinthia Elodia Mercado García, quien ordenó la entrega de la adolescente a Dorotea García, sostuvo que cuando un juzgado resuelve sobre la recuperación de un menor de edad, previa solicitud de una autoridad central, el juez no está obligado a investigar si se trata o no de la persona reclamada ni de ordenar pruebas de ADN, y sus resoluciones están apegadas a la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. En entrevista con EL UNIVERSAL puntualizó que su resolución estuvo apegada al marco jurídico internacional y sólo dio trámite a lo que una autoridad central de Estados Unidos solicitó. “Las cuestiones de investigación no nos corresponden”, enfatizó. Según la explicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en marzo de 2015 la Autoridad Central estadounidense informó que Dorotea García había viajado a Guanajuato y había identificado a la menor como la hija que buscaba desde 2007. A raíz de esa información, la juez Mercado solicitó la intervención de Interpol México para la búsqueda y presentación de Alondra para determinar en una audiencia si procedía o no su restitución a Estados Unidos. Precisó que en este caso no le tocó a ella resolver sobre la patria potestad, custodia o derecho de convivencia de la menor, y aseguró que fue la SRE la que debió encargarse de revisar todo el expediente enviado por las autoridades estadounidenses antes de derivarlo a un órgano jurisdiccional y realizar la sustracción. “Los documentos ya estaban avalados por una autoridad y nosotros no podemos hacer indagatorias, ni investigar, los que nos compete es determinar la recuperación o no de la menor en donde se tienen que salvaguardar sus derechos”, explicó. Gobiernos se deslindan A pregunta expresa sobre el “fiasco” de la operación realizada de forma conjunta con las autoridades mexicanas, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, se limitó a señalar que la embajada de Estados Unidos en México estuvo al tanto y ofreció asistencia consular: “Hemos alentado el procesamiento oportuno de este caso a través de los canales gubernamentales apropiados”, concediendo la “máxima prioridad” al bienestar de la menor de edad Alondra Luna”. Aunque fue incapaz de explicar lo ocurrido. El subsecretario de América del Norte de la SRE, Sergio Alcocer, defendió: “No tenemos absolutamente ninguna responsabilidad. Nosotros sólo actuamos como autoridad central, vigilando que se cumplan los protocolos internacionales”. Respecto a la toma de ADN de manera posterior y no previa al envío de Alondra a Estados Unidos, señaló que no es competencia de la secretaría intervenir en un procedimiento ordenado por un juez. Reyna Torres, directora general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, explicó que este es el primer caso que la Cancillería mexicana enfrenta en donde existe una controversia por la identidad de la menor. Reconoció que no existe en la Convención de La Haya alguna disposición que señale a alguna autoridad como responsable de corroborar la identidad de la niña que se supone sustraída. “Es un caso inédito. Este caso sienta precedente y permitirá hacer ajustes. Tendremos que hablar con nuestras contrapartes involucradas en estos temas”, admitió. No obstante, precisó que el papel de la Cancillería se cumplió. “Nosotros no tendríamos que haber solicitado una prueba de ADN en el proceso previo, no nos corresponde, la controversia se da a partir de la resolución de la juez. Tampoco nadie nos pidió intervenir para hacer la prueba de ADN y en caso dado debíamos haber checado el marco jurídico, podríamos haber ejercido buenos oficios, pero todo parte de lo que emite la juez”, indicó. Asimismo, señaló que de la lectura de la resolución de la juez, asentada en actas, se ve que en ningún momento alguna de las partes menciona la solicitud o pertinencia de que se lleve a cabo una prueba de ADN. Dijo que “durante las diligencias no ofrecemos pruebas, no representamos a ninguna de las partes, no asesoramos, ni recomendamos al juez lo que sería conveniente. Intervenimos sólo si hay dudas respecto a la Convención de La Haya”. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que no se iniciará ninguna averiguación previa en contra de los agentes de la Interpol o de otra dependencia que hayan participado en la recuperación de la menor, pues ellos sólo cumplieron con un mandato judicial.