Aníbal Fernández se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga sobreprecios en la licitación del plan oficial Qunita, destinado a mujeres embarazadas.

El funcionario declaró como imputado durante una hora ante el juez federal Claudio Bonadio y entregó un escrito como parte de su defensa, y a la salida habló brevemente con los periodistas que le aguardaban.

Fernández dijo que le insistió al magistrado con su opinión de que "la causa debe ser cerrada" porque a su criterio no existió ningún delito. "No detecté irregularidades", se defendió.

La denunciante de la causa es la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien ayer entregó al juzgado un kit semejante al del Plan Qunita y acompañó facturas de un comercio minorista por 4100 pesos, bastante menos que los 7850 pesos pagados por el Gobierno en la licitación.

Ayer estaba citado el gobernador electo de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, pero se negó hoy a declarar ante el magistrado. Hizo lo mismo su sucesor en la cartera sanitaria, Daniel Gollán, que estaba citado para anteayer.

El programa bajo investigación

Las licitaciones para el plan Qunita comenzaron cuando Manzur aún era ministro de Salud, terminaron en la actual gestión de Gollán y la conclusión de los trámites llevó la firma del Aníbal Fernández, Fue presentado por la presidenta Cristina Kirchner en julio pasado desde Tecnópolis y consiste en la entrega de un kit maternal a mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE): cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, cremas y otros elementos para los recién nacidos. En total fueron cerca de 150 mil kits que costaron 1100 millones de pesos.

Según la denuncia de Ocaña se pagaron sobreprecios y la mayor adjudicataria de la licitación resultó ser la sociedad Fasano SRL que, según indicó, se dedica a los negocios inmobiliarios y en 2014 habría tenido una facturación de seis mil pesos.

Esta causa reaviva la pelea del Gobierno y Bonadio, quien investigó a la Presidenta por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur hasta que fue apartado del expediente por supuestas irregularidades en su tramitación.