Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. En vídeo, declaraciones de Joan Tardà (ERC) en el Congreso. VIRGINIA MAYO (AP) / VÍDEO: ATLAS

El PP quiere aprovechar una proposición de ley del PSOE para impedir que los condenados por delitos de sedición y rebelión puedan ser indultados por el Gobierno. Precisamente, esas son las acusaciones que ha cursado el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los líderes independentistas que ya están en prisión provisional o fugados a Bruselas (Bélgica). A falta de que se instruyan esas acusaciones y de que haya sentencia firme, el partido de Mariano Rajoy envía un mensaje tajante a los independentistas para que pierdan toda esperanza de poder quedar en libertad como fruto de un pacto político. La posibilidad de emplear esta medida de gracia ya fue invocada por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, durante la campaña electoral del 21-D.

"Esta iniciativa da una vuelta de tuerca en la extrema dureza del Gobierno para impedir cualquier posibilidad de diálogo en Cataluña", ha lamentado Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso, donde el PP también ha pedido que no se pueda indultar a los condenados por traición, terrorismo, genocidio, o delitos contra la Corona.

El partido que sostiene al Gobierno no tiene los suficientes votos para que se aprueben las enmiendas que ha registrado a última hora de este martes. Para que su propuesta salga adelante necesitaría el apoyo de Ciudadanos o del PSOE, que impulsaba la reforma para impedir por ley que haya indultos para delitos relacionados con la corrupción o la violencia de género.

El PP registró sus enmiendas, a las que ha tenido acceso este diario, justo cuando expiraba el plazo. Y no avisó al PSOE de su presentación, pese a que ambos impulsaron juntos la activación del artículo 155 de la Constitución y se han unido en contra del independentismo. La propuesta socialista dormía en el registro desde hacía un año. La mesa de la comisión de justicia decidirá este miércoles cuándo se debaten y votan las enmiendas.

Entre ellas se incluye una que modifica el artículo 26 de la ley vigente para que la fiscalía y las partes perjudicadas por el delito cometido den su parecer sobre la conveniencia del indulto. Además, se añade otra para que sea obligatorio que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haga constar la identidad de la persona indultada, el delito cometido, el origen de la petición de indulto, el contenido exacto de la gracia y sus condiciones, si las hubiere.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que ha reducido drásticamente la concesión de indultos desde que llegó al Gobierno en 2011 y que ha hecho especial hincapié en no conceder esta medida de gracia en casos relacionados con la corrupción política. Por primera vez en la historia, el Ejecutivo ha empezado a dar cuenta de los indultos que decide en el Congreso, a donde acude semestralmente.

Entre 1975 y 2014 hubo unos 470 indultos al año (más de 1 al día) y un total de 18.833, según se recoge en el libro Yo te perdono. Los indultos en el marco de la política penitenciaria en España: 1982-2014. En 2007, la estadística se disparó hasta las 521 medidas de gracia concedidas sobre 4.107 rechazadas (11,3%). Finalmente, entre 2015 y 2016 el Ejecutivo solo sumó 100 indultos y desechó 9.346 peticiones (1%). De hecho, las 27 medidas de gracia concedidas en 2016 marcaron en su momento el récord de menos decisiones favorables adoptadas por el Consejo de Ministros. En 2017, el BOE recogió un número similar de decretos de este tipo.