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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio.- El gobierno federal considera que hubiera sido más costoso para México no combatir a la delincuencia.

Además, asegura que es falso que la sociedad esté en desacuerdo con luchar de una vez por todas para que la seguridad prevalezca sobre los criminales.

La enorme mayoría de la población, señala, coincide en que merecemos espacios libres de violencia y temor.

A través del blog de la Presidencia de la República, Alejandro Poiré, vocero del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno federal, afirma que “a los mexicanos nos une el anhelo de una seguridad auténtica y duradera”.

Explica que desde hace ya varios años, el secuestro, la extorsión y el robo se han convertido en una preocupación recurrente.

Los grupos criminales que se dedicaban en un primer momento exclusivamente al tráfico de drogas, comenzaron a diversificar sus actividades ilegales hacia estos delitos, dada la debilidad o complicidad de las policías locales, dice.

Al exponer lo que según el funcionario es el séptimo mito sobre la lucha anticrimen, considera que la situación de inseguridad se agravó cuando la propia rivalidad delincuencial vio en la violencia exacerbada el medio para intimidar a organizaciones delictivas contrarias, a las autoridades y a la propia sociedad.

Explica que frente a la amenaza de los criminales, la ciudadanía ha exigido desde tiempo atrás respuestas a las autoridades.

Recuerda la marcha silenciosa de junio del 2004, para demandar a las autoridades del Estado mexicano un alto permanente a los delitos que ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.

Reitera que es falso que la sociedad esté en desacuerdo con luchar de una vez por todas por que nuestra seguridad prevalezca sobre los criminales.

Poiré Romero reconoce que la sociedad exige a las autoridades mejores resultados en el corto plazo y en todos los frentes.

“Pero es claro que el principal anhelo de la población no es que se detenga la lucha, sino que rinda mejores resultados con base en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión”, afirma.

Explica que la Estrategia Nacional de Seguridad es la síntesis de un reclamo social por orientar las capacidades del Estado contra la criminalidad.

Por ello, dice, es que todos los actores políticos debemos acelerar la lucha por la seguridad.

“Porque ella es la respuesta a un malestar legítimo de la sociedad. Es el trabajo por renovar y fortalecer nuestras instituciones, y porque para ello es indispensable debilitar a criminales que campearon con enorme libertad durante años”.

Para concluir, el funcionario refiere que el gobierno federal es consciente de la insatisfacción de la población con los resultados en materia de seguridad en muchas localidades del país. Pero también es consciente, dice, “como el resto de los mexicanos que han vivido años con el crimen alrededor, que hubiera sido infinitamente más costoso no combatir a una criminalidad enfrentada vorazmente entre sí”.

dgp

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