La Contraloría General de la República echó pie atrás un decreto de la Municipalidad de Valdivia, luego que esta se declarar como la primera ciudad de Latinoamérica “Libre de Apartheid Israelí”.

Recordemos que el Concejo Municipal, en la sesión del martes 12 de junio, aprobó un proyecto que ingresó el alcalde Omar Sabat, en rechazo a la política de limpieza territorial implementada por Israel.

Esta medida significó abstenerse de contratar servicios de “cualquier empresa que se lucre o esté vinculada al apartheid israelí”, entre otros puntos.

La respuesta de la embajada de Israel no se dejó esperar. A través de un comunicado, señalaron que “lamentamos la campaña de incitación al odio desplegada por el alcalde Omar Sabat, quien ha arrastrado al Concejo Municipal a adoptar una resolución basada en información falsa, parcial e interesada”.

Discusión en Contraloría

Según publicó el portal web de Contraloría, la Municipalidad de Valdivia señaló que “no es un proyecto de resolución o acuerdo, sino que simplemente es una declaración pública”.

Agrega que “se solicitó al Presidente de la República revisar los convenios de cooperación, tratados y negociaciones en materia económica entre Israel y Chile, así como también la solicitud de expulsar al embajador de dicho país”.

En este sentido, la Contraloría señaló que los puntos a), b) y c) de la declaración, que tienen relación al rechazo de limpieza territorial, solicitud de revisar acuerdos de cooperación entre el Ejército de Chile y de Israel, además de la solicitud de expulsar al embajador de dicho país, no se ajustan a las facultades y prerrogativas de las entidades edilicias.

Agregó que tampoco ha correspondido que el municipio, mediante el acuerdo del concejo y el decreto alcaldicio, incorporara una nueva causal de inhabilidad para contratar en razón de la nacionalidad de la entidad.

Finalmente el documento concluye que, pese a que los concejos y municipios tengan cierta independencia, los puntos señalados en el decreto no se ajustan a derecho, ya que no tienen la autoridad legal para ello.

La resolución de Contraloría está disponible a continuación:

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