El gobierno de Quintana Roo dio más de 50 millones de pesos a una empresa fantasma para la elaboración de un Atlas de Riesgos, que no ha sido entregado.

La administración de Roberto Borge otorgó el contrato con la empresa Gusluher Enviromental Service Providers, S.A. de C.V., por un monto de 50 millones 360 mil pesos, a través de una licitación cerrada.

Lo anterior pese a que tres investigadores de la Universidad de Quintana Roo ofrecieron al gobierno de Borge elaborar el Altas en siete meses, y 94% más barato: costaría solo 2 millones 957 mil pesos.

El objetivo de la empresa Gusluher, según su sitio web, es “colaborar con las autoridades y la iniciativa privada para cumplir con los requerimientos legales en materia ambiental, ofreciendo soluciones que logren el desempeño ecológico, económico y social, encaminado a la sustentabilidad”.

Sin embargo, la empresa no tiene antecedentes de otros contratos con la administración pública estatal o la federal, y tampoco hay registros de que haya realizado algún trabajo relacionado con la prevención de riesgos, o en materia de protección civil, por contingencias climatológicas.

De acuerdo con los registros de la empresa, entre sus principales clientes se encuentran empresas dedicadas a la minería.

Según la licitación, el apoderado legal de la empresa es Gustavo Adolfo Pérez Acosta, de quien en la web existe muy poca información, ya que se limita a describir su participación en eventos y ponencias relacionadas a la actividad minera, pero nunca en materia de protección civil.

Empresa y trabajo fantasma

Las autoridades de Protección Civil y de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado confirmaron que el domicilio fiscal de la empresa Gusluher Enviromental Service Providers es inexistente.

En su página web, la empresa señala que sus oficinas están en calle Real de la Plata, número 445-D en Chetumal, pero esta dirección no existe. También aparece el número telefónico 771 1 38 35 21, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el cual está fuera de servicio.

De acuerdo con documentos oficiales sobre el proyecto, en poder de Luces del Siglo, en la cláusula IV de la licitación se consigna que los concursantes “deberán contar con la infraestructura, personal especializado, metodología y experiencia, que le permita cumplir con el programa de actividades y los plazos para la entrega del Atlas de Riesgo”.

Las autoridades del estado también señalaron que no existe un padrón o identificación de los investigadores que realicen los estudios de campo en los 11 municipios del estado.

El pasado 24 de enero pasado, el director de Protección Civil en Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, dijo que la administración de Roberto Borge ya le había otorgado una prórroga de más de un año a la empresa para que entregara el Atlas, que debía estar listo el 29 de febrero de 2016.

La prórroga vence el 29 de mayo próximo.

Martínez Ortega señaló que el Gobierno Federal aceptó la prórroga con la condición de que se tenían que reponer desde cero todos los trabajos, “al comprobarse que en los supuestos avances existían mapas, datos y estudios desfasados y que no corresponden con la realidad actual de Quintana Roo”.

En junio de 2015, el gobierno de Roberto Borge, a través del subsecretario de Planeación Gustavo Guerrero Ortiz, presumió que los trabajos tenían un 80% de avance, y entonces proyectó su conclusión para antes de febrero de 2016, pero no cumplió.

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