Foto de archivo de una manifestación feminista en Madrid. EDUARDO ROBAINA

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El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley cuyo objetivo es modificar el Código Penal “para eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual” y evitar sentencias, por tanto, como la de La Manada. De esta forma, toda violencia sexual física no consentida pasaría a ser considerada agresión sexual, lo que conllevaría penas de prisión de uno a cinco años, con sus correspondientes agravantes y atenuantes, para “el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.

Como ha explicado Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal en la Universidade da Coruña, los delitos de abuso y agresión sexual se diferencian en la actualidad por la violencia ejercida sobre la víctima, lo que hace que se ponga el foco en la resistencia por parte de la víctima y “coloca en un escalón más bajo” a aquellas personas que no pueden resistirse por el motivo que sea.

La ley, en la que llevan trabajando más de un año junto a diferentes expertas en la materia, responde a las “profundas carencias del Pacto de Estado”, ha asegurado Sofía Castañón, diputada y secretaria de Feminismos Interseccional y LGBTI de la Ejecutiva de Podemos. Además –ha añadido Ángela Rodríguez Pam, diputada de Podemos– también es necesario “poner el consentimiento en el centro”, como explicó un día antes la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que anunció una reforma del Código Penal en ese sentido: «Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no”.

Desde Unidos Podemos han advertido que la actual legislación, basada en la resistencia de la víctima, provoca que apenas haya condenas por agresiones sexuales a menores, ya que estos no suelen oponerse por diferentes motivos. La propuesta –denominada Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales–, incorpora también la reparación física, psíquica, social y económica a todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales, independientemente de su situación administrativa. De esta forma se evita, por ejemplo, que las mujeres en situación irregular sean derivadas a extranjería, explicaron. “Esta ley busca evitar una victimización secundaria de la víctima que hace que muchas no denuncien”, ha añadido Alicia Ramos, diputada de En Comú Podem.

Para ello también se establecen mecanismos de protección judicial de las víctimas, como la posibilidad de declarar en salas especiales, no mantener contacto con el agresor durante el proceso penal o contar con un letrado desde el momento mismo de la denuncia.

Entre otras modificaciones, se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la intención de que se creen protocolos de prevención eficaces. También se proponen retoques del código penal militar o la regulación del tratamiento de delincuentes sexuales, además de considerar la “superioridad” agravante para las ‘manadas’, estableciendo penas de prisión de cinco a ocho años.

Se crea también un “delito leve de acoso en la vía pública” para aquellas personas que se dirijan a una persona con “proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista”, que será penado con una multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 40 días.

Ione Belarra, portavoz del Grupo Confederal, se ha mostrado muy “satisfecha” con esta propuesta, que “recoge el mandato del 8 de marzo” y ha instado a la ministra de Igualdad a leer la ley al completo. Rodríguez Pam ha asegurado que se abrirá un importante debate en el que esperan poder contar con una mayoría parlamentaria para aprobarla.