La denuncia penal contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se robusteció. Este miércoles las organizaciones Tojil, A. C. y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentaron a la Fiscalía General de la República un convenio de colaboración que firmó la exfuncionaria con la Universidad Autónoma del Estado de México y que permitió la entrega de 304 millones de pesos para la realización de supuestos servicios del programa de Adultos Mayores, que formó parte del esquema conocido como La Estafa Maestra.

Los denunciantes entregaron el documento al fiscal Alejandro Gertz Manero y al Ministerio Público para que valoren esta información en la investigación del caso, y por el cual Rosario Robles deberá presentarse a una primera audiencia prevista para este jueves 8 de agosto en los juzgados del Reclusorio Sur.

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Animal Político obtuvo y entregó a dichas organizaciones el convenio que Rosario Robles firmó el 19 de junio de 2013 con el rector de la UAEM, Jorge Olvera –actual ombudsman del Estado de México– y, como testigo de honor, el entonces gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, ahora senador por el PRI.

La intención del documento, dice, fue “establecer los mecanismos y acciones de coordinación entre las partes para la realización de proyectos y programas en áreas de interés común”, desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre de 2018.

Si bien un convenio de colaboración es legal y una práctica común entre entidades de gobierno, el matiz en este caso está en lo que ocurrió posteriormente gracias a éste documento.

Se estableció que para llevar a cabo los proyectos, los funcionarios de ambas partes que tuvieran “las facultades para comprometer y representar legalmente a las mismas” firmarían “convenios específicos”.

En estos se establecerían las obligaciones de ambas partes y el costo de los servicios. Es decir, solo los funcionarios de las áreas correspondientes podrían comprometer los recursos, de acuerdo a sus obligaciones reglamentadas, por lo que ningún secretario de Estado le corresponde firmar los convenios específicos.

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Los convenios de La Estafa Maestra

En la parte correspondiente a “los antecedentes” de los convenios específicos se explica que estos “derivan” del acuerdo general firmado por la titular de la entonces Secretaría de Desarrolo Social (Sedesol) y el rector de la universidad el 13 de junio de 2013.

En el convenio específico DGAGP/DASNOP/SAC/002/2014, la Sedesol pidió a la Universidad el servicio de “mantenimiento al padrón de beneficiarios del programa pensión para Adultos Mayores y la digitalización de documentos”, por lo cual se acordó el pago de 174 millones 291 mil pesos.

En tanto, por el convenio específico DGAGP/DASNOP/SAC/003/2014 la Universidad debía poner en marcha las “ventanilla de atención para incorporación de los beneficiarios del programa pensión para Adultos Mayores”, por un pago de 130 millones de pesos.

Los dos documentos fueron firmados en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés, director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol y Javier González Martínez, secretario de administración y apoderado legal de la UAEM.

Sin embargo, en ambos casos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los servicios. Para ambos servicios se contrató a las mismas empresas: Inteligencia y Tecnología Informática, S.A. de C.V., y Symmetrix Architecture, S.A. de C.V.

Sin embargo, ni abrieron todas las ventanillas comprometidas, ni digitalizaron todos los documentos, ni incorporó a todos los beneficiarios que se solicitó, lo que se realizaron pagos injustificados que representó “un daño al erario”.

Estos convenios y las empresas involucradas fueron parte de la investigación de La Estafa Maestra, en la que se comprobó que dichas compañías no tienen antecedentes registrales, es decir, incumplió con el registro de su nombre ante la Secretaría de Economía, la primera obligación para constituirse como empresa en el país.

De hecho, en 2013, las mismas empresas fueron contratadas por la Universidad para supuestamente cumplir otro convenio con la Sedatu para “comprobar la supervivencia” de los beneficiarios del programa de Adultos Mayores y para abrir ventanillas para incorporar a más personas. La Auditoría también señaló irregularidades y daño al erario público.

Y las irregularidades cometidas por ambas empresas contratadas por la Universidad del Estado de México se repitieron también en supuestos servicios para el programa de Jornaleros.

De hecho en febrero de 2018, la Auditoría Superior de la Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación un citatorio para Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma del Estado de México quien autorizó pagos irregulares a dichas compañías, para que declarara y ofreciera pruebas en la investigación que estaba realizando la Auditoría.

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Más convenios, más irregularidades

Gracias a ese convenio general de la exsecretaria de Desarrollo Social, también se firmó el convenio CE-45799-2014 entre el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM, y el jefe de la Unidad de Microrregiones de la Sedesol, Julio Federico Villegas, para realizar “el estudio socioeconómico de 200 mil familias” ubicadas en los municipios más pobres del país en 2014, por un pago de 70 millones de pesos.

La Auditoría comprobó que el mismo día en que firmaron este convenio, el Fondict contrató a la empresa Integrasoft, S.A. de C.V., por casi 31 millones de pesos, (aunque sólo comprobó servicios por 9 millones de pesos) y ésta a su vez, subcontrató a Suasor Consultores, S.A. de C.V., por 21 millones de pesos.

La Auditoría comprobó que los servicios entregados a la Sedesol estuvieron incompletos y mal. Entregaron los 200 mil cuestionarios, pero 64% fueron hechos en fechas diferentes a las pactadas y la base de datos presentó inconsistencias como “duplicidades en el registro de los folios de programa que van desde inexistencia de CURP o duplicidad de 2 hasta 87 veces el mismo folio, lo cual ni el FONDICT-UAEM, ni la Sedesol aclararon”. Por esto, la Auditoría determinó un “probable daño al erario” por 44 millones 945 mil pesos.

Además, la empresa Integrasoft, S.A. de C.V. apareció de nuevo en convenios entre la Sedesol y las Universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Tecnológica del Sur del estado de México (UTSEM) en 2015, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.

En otro convenio, el Fondict-UAEM cobró a la Sedesol 140 millones de pesos en dos meses (del 3 de octubre al 1 de diciembre de 2014) para hacer otra vez cuestionarios socioeconómicos para “el programa para el desarrollo de zonas prioritarias durante dos meses”.

Se repitió el mismo mecanismo que en el convenio anterior: subcontratación de empresas e inconsistencias en las bases de datos de los supuestos cuestionarios levantados. La Auditoría determinó un “probable daño al erario” por 98 millones 427 mil pesos, es decir, 70% de los recursos entregados en este convenio.