EnglishDespués de días de intensas negociaciones, el Senado mexicano aprobó la reforma parcial del sector energético, específicamente los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con 95 votos a favor y 28 en contra, se permitirá abrir el sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Desde 1938, con la expropiación petrolera, la participación privada en el sector energético ha sido un tema de gran controversia que ha generado grandes resistencias. En el 2008, el gobierno de Felipe Calderón promovió una reforma energética, que si bien cambió la legislación, no logró la apertura del sector a la inversión privada. Ahora, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la participación de empresas privadas puede ser posible. Esta reforma se ha planteado como un intento para recuperar el crecimiento del sector logrando una mayor atracción a la inversión; a través de diversos cambios en su estructura, resumidos en los siguientes puntos:

Empresas privadas nacionales e internacionales podrán participar en los procesos de extracción del petroleo y el gas natural. Pemex (Petróleos Mexicanos), empresa pública paraestatal mexicana petrolera, contará con 60 días desde la entrada en vigor de este decreto para demostrar que cuenta con las capacidades financieras y técnicas para asumir la exploración y explotación de hidrocarburos de forma eficiente y competitiva; de lo contrario, se le retirarán los derechos para operar en esas áreas.

Anteriormente, Pemex era el único que podía procesar el gas natural y transformarlo en petroquímicos básicos; pero con esta reforma, otras empresas podrán participar en esa fase. Esto implica la creación del Centro Nacional de Control del Gas Natural, como órgano público descentralizado, encargado del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.

Modelos de contrato.

La participación de las empresas se podrá realizar en cuatro modalidades: contratos de servicios, utilidad compartida, producción compartida y contratos de licencia. Sin embargo, se mantiene prohibido que Pemex se beneficie con la «ronda cero», eligiendo los proyectos que más le convengan, así como también, que otorgue concesiones. Con respecto al modo de pago, el Estado podrá pagar los contratos en efectivo, proveniente de la venta de hidrocarburos o con barriles de crudo o gas natural.

Creación del Fondo Méxicano de Petróleo.

Se propone la creación del «Fondo Méxicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo», el cual recibirá los ingresos provenientes del petróleo, y será controlado por el Banxico (Banco de México) como fiduciario. Se constituirá en el 2014 y comenzará a funcionar en el 2015. Esta estructura será presidido por un Comité Técnico integrado por representantes de la Secretaría de Energía, Banxico y Hacienda, así como dos miembros independientes.

Este fondo podrá financiar proyectos petroleros, pensiones del sector público, becas, desarrollo regional en el sector industrial así como inversión en proyecto de ciencia y tecnología para energías renovables. Estos aportes sólo se podrán realizar una vez que el fondo alcance un ahorro de largo plazo del 3% en relación al PIB. En caso de que alcance el 10%, los ingresos extras serán destinados a Hacienda.

El Sindicato petrolero sale del Consejo de Administración de Pemex.

El STPRM (Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) perderá poder de decisión en el Consejo de Administración de Pemex, donde contaba con cinco representantes. Este tema causó ciertas tensiones entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido de Acción Nacional), sin embargo, lograron a acordar la necesidad de retirar el sindicato del órgano de gobierno de la empresa, con el fin de hacerla productiva y eficiente.

Pemex y CFE deberán ser empresas competitivas

Esta reforma apunta a la transformación de Pemex y CFE (Comisión Federal de Electricidad), las cuales pasan a ser de «órganos desconcentrados» a «empresas productivas para el Estado«. El proyecto de reforma sostiene que el Estado establecerá las medidas que deberán tomar estas empresas en su administración y funcionamiento, para garantizar su eficiencia y productividad. Igualmente, en el artículo 27, se establece que ambas organizaciones podrán celebrar contratos con particulares para obtener ingresos.

Se les concede autonomía a órganos reguladores.

A partir de esta reforma, la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) — órganos reguladores — serán entes descentralizados, con personalidad jurídica propia. Por su parte, la CNH apoyará a la Secretaría de Energía en definir los yacimientos a licitarse, convocar y decidir los ganadores; mientras que la CRE otorgará permisos para la distribución, regulación y almacenamiento de petróleo y gas natural.

¿Quienes apoyan esta reforma?

El PRI, el PAN y PVEM (Partido Verde Ecologista de México) han sido los grupos políticos que han impulsado esta reforma en el sector. Sin embargo, esta iniciativa rompe con esquemas tradicionales y tabúes políticos en México. No es una sorpresa que hayan algunos partidos en contra de esta reforma.

El Partido de la PRD (Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo) y MC (Movimiento Ciudadano) han votado en contra de este proyecto. El PRD anunció su reserva a todos los artículos, incluyendo los 21 transitorios; y protestó, dentro del órgano legislativo, a través de pancartas que enunciaban «No a la privatización de Pemex y la CFE».

Igualmente, el partido inició una campaña informativa acerca de la reforma, convocó diversas protestas, e informó que intentará derogarla mediante una consulta a la ciudadanía. De acuerdo al fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, responsable de la expropiación petrolera de 1938: «Esta reforma abre la posibilidad de que toda la riqueza petrolera del país… quede influenciada por los intereses de las grandes empresas petroleras».

Además, MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) — fundado por el ex candidato presidencial de izquierda Manuel López Obrador — también se opuso a esta iniciativa, y protestó afuera del Senado por seis días consecutivos.

El impacto que tiene esta reforma no solo en el sector energético de México, sino en todo el aparato económico, es indudable. Los retos que deberá enfrentar Peña Nieto para poner en práctica esta reforma son diversos. Sin embargo, con esta aprobación del Senado, el actual Presidente ha llegado más lejos en este tema que cualquier otro gobernante en las últimas décadas.