Tanto la víctima como el juez lo tuvieron claro desde un principio: el ecologista Juan Clavero no es ningún narcotraficante. "Ni consume, ni transporta, ni trafica. Todo parece una burda trampa de película mala", señalaban desde su organización, Ecologistas en Acción, en cuanto se supo que habían arrestado a Clavero a finales de agosto por haber encontrado en su vehículo 47 gramos de cocaína. No solo demostraron en cuestión de días que el activista no estaba implicado en ninguna trama de narcotráfico, sino que se propusieron encontrar a los culpables: "Estoy seguro de que esto no va a quedar impune", le afirmó Clavero a este diario hace dos meses.

"El guardia civil que me detuvo se reunió con los que me tendieron la trampa"

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Así ha sido: el Juzgado de Ubrique ha citado a declarar como imputados a cuatro personas, tres trabajadores de la empresa Sociedad Breña del Agua Investments S.L. en el momento de los hechos investigados y una cuarta persona. Breña del Agua Investments gestiona varias fincas en la Sierra de Grazalema, que han ocupado caminos públicos y a la que se han enfrentado, en numerosas ocasiones, Clavero y otros activistas. Según declaraciones a este diario de la empresa, el apoderado, J.M.H., y los administradores de las fincas investigados, J.L.P.R. y Ó.G., "ya no trabajan aquí". "No es por los hechos investigados, simplemente han dejado de trabajar para nosotros", han declarado desde la empresa Sociedad Breña del Agua Investments.

En cualquier caso, un "exhaustivo informe realizado por la Guardia Civil", en palabras de Ecologistas en Acción, ha permitido al juzgado gaditano identificar a la persona que, supuestamente, introdujo 47 gramos de cocaína "en la furgoneta de Juan Clavero y tambien a aquellas (personas) que presuntamente urdieron la trama y colaboraron para que se produjera la detención de nuestro compañero por un delito contra la salud pública".

En cuestión de dos semanas, ese mismo juzgado exculpó al ecologista gaditano, al considerar que "existían indicios suficientes para considerar que la droga había sido introducida en su vehículo como parte de un plan urdido para su detención". Los ecologistas vieron claro, desde un principio, que se trata de una maniobra y una represalia contra un activista y una organización que, desde hace años, reclaman que los caminos públicos no se vean usurpados por fincas privadas.

En una entrevista concedida a eldiario.es Andalucía, Clavero explicaba que, rumbo a una movilización contra la ocupación de dichos caminos, "se nos acercó un señor que decía que era amigo de Ecologistas en Acción de Jerez y que quería hacer el camino con nosotros. Le dijo que era un camino conflictivo, pero no se nos ocurrió que fuera un infiltrado". Con la excusa de que había podido perder sus gafas en la furgoneta de Clavero, el tipo "empezó a buscar debajo de los asientos de mi coche y ahí fue cuando dejó la droga. Le hicieron una llamada, me pidió que lo dejara por el camino e inmediatamente me paró la guardia civil, quienes no terminan de explicar muy bien qué hacían justo allí". Dicha persona es el cuarto imputado en la trama, responde a las iniciales M.A., y "hay testigos que lo relacionan con O.G. Era su amigo y pasaba tiempo en la finca", señalan desde la organización verde.

"La detención no fue casual"

Por esa razón, Ecologistas en Acción se personará en la causa "para que sean esclarecidos los hechos" y han solicitado ya que se impute al agente de la Guardia Civil que le detuvo, ya que "existen indicios suficientes de que la detención de Juan Clavero no se produjo de forma casual, ni tuvo su origen en la llamada anónima que denunciaba la ubicación de droga en su furgoneta, tal y como explicó en un principio la Guardia Civil. Dicha llamada se produjo, pero lo cierto es que uno de los Agentes que intervinieron en la detención se había reunido previamente con los responsables de la citada sociedad que han sido llamados a declarar como investigados. Incluso existen evidencias de que uno de los agentes que detuvo a Juan Clavero estuvo en contacto permanente con los responsables de la citada sociedad para saber el punto exacto por donde pasaría el vehículo de Clavero y el lugar donde presuntamente el infiltrado a sueldo de ellos había colocado la droga", según explica la organización verde.

Por esa razón, la ONG ambientalista cree "sin ningún tipo de dudas" que, al menos, uno de los guardias civiles que lo detuvo "falseó el atestado" que presentó en el Juzgado de Ubrique, "contando una versión de los hechos falsa y omitiendo a la autoridad judicial datos relevantes e importantes de cómo y por qué se había producido la intervención de la droga y la detención" del ecologista.

Delito de acusación y denuncia falsa

El informe de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, concluye que "no cabe duda de la gravedad y relevancia penal de los hechos investigados, de los que dada las circunstancias concurrentes, se podría calificar el hecho como delito de acusación y denuncia falsa. De haber prosperado la trama urdida, podría haber conllevado que Juan Clavero Salvador fuera condenado a una pena de prisión por ser considerado como autor de un delito contra la salud pública, engañando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al sistema judicial, lo que hubiera supuesto un daño irreparable en su honor y dignidad de éste y su familia". Si hubiera prosperado la trampa, Clavero se podría haber enfrentado hasta a tres años de cárcel, doce meses de multa y la inhabilitación profesional, en su caso, profesor de educación secundaria, según el código penal. En cambio, los responsables de la supuesta trama se enfrentarían hasta a dos años de cárcel y multa, en caso de delito grave de acusación y denuncia falsa.

Tres de los imputados trabajaban, en el momento de los hechos, para la empresa Sociedad Breña del Agua Investements, propiedad de una de las personas más ricas de Bélgica, el magnate Marnix Galle. "Yo no tengo ninguna sospecha de que se dedique al narcotráfico, pero lo cierto es que ha llegado aquí en plan prepotente, como si fuera el tercer mundo y volando en helicóptero para hacer cacerías. Eso sí, que tenga empleada a gente que por su cuenta se dedique a cosas ilegales… ahí sí tengo mis dudas. En Bélgica ha trascendido que un gran propietario belga está ocupando caminos públicos. Galle ha venido muy enfadado a Cádiz, diciendo que se le ha querido implicar en temas relacionados con narcotráfico. Yo creo que a esta persona la engañaron cuando le vendieron la finca, porque asegura que él no sabía que había vías pecuarias", explica Clavero.

La empresa española de Marnix cuenta, según el registro mercantil, con un capital de 13 millones de euros y su objeto social es "la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con: a) La explotación agrícola y ganadera de fincas rústicas, propias o arrendadas, directamente o mediante arrendamientos o aparcerías".

Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se pronunció en su momento en contra de las acusaciones contra el presunto agente implicado. "Las insinuaciones de que, no ya la Guardia Civil, sino que determinados agentes estén al servicio de intereses privados relacionados con la industria cinegética, o que estos fabricasen o colaborasen con el montaje de pruebas para, en definitiva, actuar contra este miembro destacado del ecologismo, son cuando menos injuriosas, del todo intolerables y con cierto tufillo de querer enturbiar el asunto desviando e influyendo en la investigación de los hechos", sostenían.