Ambas lucharon contra las respectivas dictaduras de sus países, ambas fueron presas políticas y torturadas por gobiernos militares, y ambas hace rato que no pasan por buenos momentos. Tal como Bachelet, la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff, que llega hoy de visita a Chile, está en niveles bajos de popularidad. Pero a diferencia de la Mandataria chilena corre el riesgo cierto de ser destituida de su cargo. Hace meses que enfrenta un proceso de impeachment a manos del Congreso, algo que solo ha ocurrido en la historia brasilera reciente con el populista neoliberal Fernando Collor de Mello.

Bajo la amenaza de la destitución, la crisis sanitaria del Zica y el Dengue, la desaceleración económica, el caso de corrupción Lava Jato que salpica directamente a su partido, y las protestas por el alza del precio del transporte público, Dilma Rousseff se reunirá con la única otra mujer que continúa como Presidenta en Sudamérica luego de la salida de Cristina Fernández.

Y es que si cada vez está más sola en Brasil, Dilma no quiere quedarse aislada en la región. El panorama eso sí no es ideal. El chavismo, apoyado en su momento públicamente por Lula, parece estar en una agonía irremediable, mientras que en la Argentina ahora gobierna el empresario Mauricio Macri, alguien muy cercano al estilo de Sebastián Piñera, personaje de quien Dilma se mantuvo bastante alejada.

Recomponiendo relaciones

Durante la gestión de Sebastián Piñera las relaciones Chile-Brasil no fueron buenas. Dilma no visitó nuestro país durante toda esa administración y las causas fueron variadas. En primer lugar, fuentes de la Cancillería hablan de “nula sintonía” entre los dos Presidentes y también está el hecho de que Alfredo Moreno no generaba simpatías ni respeto en Itamaraty, una Cancillería con historia destacada a nivel mundial por el profesionalismo y capacidad de sus miembros, quienes no podían ver con buenos ojos a un canciller con nula experiencia diplomática y que venía del mundo de los negocios como gerente de retail. Otra causa fue la política exterior de Piñera, que incluyó fuertes acercamientos con los Estados Unidos y la formación de la Alianza del Pacífico, un bloque de países con economías de corte mucho más neoliberal que Brasil, que siempre ha apostado por fortalecer el Mercosur.

Las relaciones Brasil-Chile estuvieron en el congelador durante cuatro años, pero con el regreso de Bachelet se pensó que lógicamente las cosas debían cambiar. Aunque aquello no fue inmediato, sino que más bien un proceso lento de parte de Planalto. Desde la diplomacia chilena se cuenta que su contraparte brasilera no respondía a tiempo las invitaciones o que constantemente las rechazaba por motivos de agenda. Sin embargo, un hecho hizo que Brasil pisara el acelerador: la estrategia de Mauricio Macri con Chile y sus fuertes señales de coqueteo con Santiago.

Aunque ni Lula ni Dilma –que dirigió Petrobras antes de ser candidata a Presidenta– han podido ser vinculados judicialmente a los casos de corrupción, a pesar de los desesperados intentos de la oposición de derecha por lograrlo, la situación sí se ha convertido en un fuerte dolor de cabeza para Planalto. La idea del gobierno brasilero es que los escándalos internos no se sigan ramificando hacia el extranjero, desprestigiando las áreas de influencia que su política exterior ha logrado. De acuerdo a fuentes cercanas a las relaciones exteriores chilenas, Dilma vendría a hacer un catastro previo para verificar que todas las operaciones realizadas en Chile estén “en orden”.

El nuevo Presidente argentino comenzó por declararse públicamente como un “admirador del modelo chileno” y a poner sus fichas en política exterior en un acercamiento hacia nuestro país. A pesar de ser de signos políticos distintos, Bachelet y Macri han mostrado señales de recíproca simpatía. Apenas ganó el balotaje, el argentino eligió a Chile para su primer viaje como Presidente electo, y luego Bachelet asistió a su asunción de mando. Todo esto hizo que en Brasil se encendieran las alarmas porque, como dicen desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, “una cosa es Chile solo en el contexto regional, pero otra cosa muy distinta son Chile y Argentina actuando juntos”.

En Brasilia se habría tomado la decisión de que urgentemente había que recomponer los históricos lazos con Chile, tradicional aliado de la política exterior del gigante sudamericano.

Escenario adverso

Funcionarios cercanos a Cancillería dicen que un tema que de todas maneras se tocará en las reuniones bilaterales será la crisis de la izquierda sudamericana. De acuerdo a estas versiones, Dilma quiere hablar personalmente con Bachelet sobre cómo actuar en un escenario en el que la derecha vuelve a ganar terreno en Sudamérica luego de diez años de dominio de gobierno de la izquierda bolivariana y la centro izquierda. No es un misterio que en el gobierno petista de Brasil preocupa ver cómo sus aliados van cayendo paulatinamente: primero fue Fernando Lugo de Paraguay destituido por el Congreso, luego Maduro –apoyado públicamente por Lula– perdiendo estrepitosamente la Asamblea Nacional, Macri asumiendo en la Argentina, Evo perdiendo el referéndum de reelección y ahora se suma la posibilidad cierta de un gobierno de Keiko Fujimori en el Perú.

Durante la última década Brasil puso sus fichas en un Mercosur dominado por gobiernos de izquierda y centro izquierda, donde podía ejercer un alto grado de influencia y promover en la región su modelo económico. Si bien Argentina siempre ha sido un contrapeso natural para Brasil dentro de ese organismo regional, ahora con Macri habrá también diferencias ideológicas y de postulados económicos muy complejas de conciliar. Ahora Dilma debe salir a arreglar los asuntos pendientes con antiguos aliados como Chile, con los que la relación se había descuidado.

Corrupción de exportación

En julio de 2013 la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero con conexiones en Brasilia y São Paulo, que les condujo a detener al cambista Alberto Youseff, quien a cambio de una delación compensada comenzó a delatar un esquema de blanqueo de dinero y sobornos a políticos y ejecutivos de Petrobras. Estallaba el caso “Lava Jato”, llamado así porque se utilizaban locales de lavados de autos para las operaciones. Básicamente trata de desvíos de dinero en las licitaciones de grandes obras de Petrobras, generalmente 3% de cada contrato por concepto de sobornos para lograr la adjudicación. Los imputados enviaban el dinero al extranjero a través de empresas de fachada que simulaban operaciones de importación y exportación.

Una de las empresas que participó del esquema y que quedó con prohibición de firmar contratos con la estatal petrolera es Odebrecht, una megaconstructora con operaciones en América Latina, Estados Unidos, Portugal, Angola, los Emiratos Árabes y el propio Brasil. Fundada en 1944 en Salvador de Bahía por Roberto Odebrecht Pernambuco, se ha adjudicado desde ese entonces millonarias obras tanto en su país de origen como en el extranjero. Entre estas se encuentran los estadios Arena Corinthians y Arena Pernambuco, los aeropuertos Santos Dumont y Tom Jobim de Río de Janeiro, el metro y aeropuerto de Miami, el metro de Lisboa, siendo además actual concesionario del Estadio Maracanã.

El 19 de junio del año pasado la policía brasilera detuvo a Marcelo Odebrecht nieto, presidente de la compañía, junto con otros cuatro ejecutivos de esta. El motivo fue amañar contratos con Petrobras mediante sobornos siguiendo el esquema ya descrito. En esos días se acusó al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de haber usado su cargo para hacer lobby en favor de Odebrecht, incluso se dijo que la división portuguesa de la organización habría costeado a Lula un viaje a Portugal en 2013 para asistir a la presentación de un libro del ex Primer Ministro portugués José Sócrates, a cambio de interceder a favor de la empresa ante el gobierno del país ibérico.

Pero tal como esta empresa tiene un alcance global, sus escándalos también prometen impacto transnacional. El pasado lunes, horas después de que Dilma anunciara su visita a Chile, el canal de tv O Globo publicó un informe de la Policía Federal de Brasil que sindica al Presidente peruano Ollanta Humala como receptor de sobornos de parte de la megaconstructora. Tanto Petrobras como Obedrecht han sido grandes proveedores del Estado peruano durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala, cuya administración ha concedido licitaciones a Odebrecht Perú Ingeniería Construcción por más de $1.300 millones de soles –más de $254 mil millones de pesos chilenos–.

Aunque ni Lula ni Dilma –que dirigió Petrobras antes de ser candidata a Presidenta– han podido ser vinculados judicialmente a los casos de corrupción, a pesar de los desesperados intentos de la oposición de derecha por lograrlo, la situación sí se ha convertido en un fuerte dolor de cabeza para Planalto. La idea del gobierno brasilero es que los escándalos internos no se sigan ramificando hacia el extranjero, desprestigiando las áreas de influencia que su política exterior ha logrado. De acuerdo a fuentes cercanas a las relaciones exteriores chilenas, Dilma vendría a hacer un catastro previo para verificar que todas las operaciones hechas en Chile estén “en orden”.

Si bien Odebrecht no tiene obras en construcción actualmente en Chile y solo mantiene en el país una oficina administrativa, sí operó aquí en el pasado. De hecho fue en Chile en donde la constructora inició su internacionalización. En 1979 se encargó de las obras de desvío del Río Maule para la usina hidroeléctrica Colbún-Machicura. A través de Tenenge, empresa que Odebrecht compró en 1986, inició en Chile operaciones en los sectores petroquímico, minero, eléctrico y de celulosa. La idea de Dilma sería conversar del tema con Bachelet y asegurarse de que el caso no tenga un capítulo chileno.

La empresa que sí participa activamente en licitaciones en Chile es Petrobras, la que se ha adjudicado procesos para vender combustible a Carabineros, el Ejército y la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre otros. En 2014 Odebrecht demandó a su otrora íntima socia Petrobras por obras impagas en Chile, denunciando que la petrolera estatal le debía $3.5 millones de dólares, por concepto de obras de adecuación de plantas a normas mayores de seguridad, salud y medio ambiente. Inicialmente el contrato sería por $31,7 millones de dólares, pero la crisis que enfrentan tanto Petrobras como Brasil hizo reducir el monto y el alcance de la operación. Dilma estaría interesada en controlar personalmente cualquier foco de irregularidades de empresas brasileras en Chile.