El excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, con el respaldo de 205 personas que han firmado, entre ellas el exalcalde cordobés Andrés Ocaña, ha presentado este lunes en los juzgados una denuncia contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el actual alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, por la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de la capital cordobesa por el Obispado.

"A nadie escapa el más que probable conocimiento por parte de la Administración Pública del hecho de la inmatriculación por parte del Obispado y su probable nexo causal con la desaparición del monumento del inventario municipal"

En declaraciones a los periodistas, Anguita ha explicado que cree que "se ha usurpado un bien de la ciudad y el Ayuntamiento ha incurrido en algo bastante grave", puesto que, a su juicio, "no ha estado a la altura, porque tenía que haber defendido el patrimonio municipal que es de los cordobeses".

En este sentido, considera que "cuando alguien se apodera de un bien que la corporación tiene que defender, está de manera pasiva colaborando con lo que se hace". Por eso, subraya que denuncia al obispo y al alcalde, "uno por supuesta usurpación y el otro por consentimiento expreso o tácito".

Así, pide que "la Justicia intervenga y en consecuencia se ponga en marcha la denuncia", al tiempo que recuerda que en el año 1983 el Ayuntamiento estuvo "restaurando el monumento" de la Plaza del Triunfo, de manera que apunta que "no se habría restaurado si no hubiese sido propiedad municipal".

Y en relación a los demás bienes inmatriculados por la Iglesia, Anguita advierte de que "todo se ha hecho de manera ilegal y casi con nocturnidad y alevosía". Por tanto, proclama que "es hora de que las personas que tanto blasonan de querer a Córdoba defiendan los bienes de Córdoba que son suyos y dejen un poquito de estar en determinadas actividades, todas muy loables y justas, y piensen un poco de verdad en Córdoba y se dejen de pregonar su cordobesismo que no conduce a ninguna parte, mientras no vaya a defender el patrimonio de sus conciudadanos".

En concreto, detalla en la denuncia que "el 8 de abril de 2011 la Diócesis de Córdoba inmatriculó la Plaza del Triunfo de San Rafael al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por certificación del propio obispo de Córdoba. La escritura no justifica el método de adquisición de la propiedad, señalando únicamente algunos datos históricos sobre su origen".

También, agrega, "guarda silencio sobre el hecho de tratarse de un bien público según consta en el inventario municipal vigente en el momento de la inmatriculación. Acaba señalando que es un inmueble destinado 'al culto católico y la caridad' para ampararse en el privilegio contenido en el artículo 206" de la citada ley, entre otros. Todos estos hechos, añade, "podrían ser constitutivos de un delito de usurpación y de falsedad en documento público".

Además, prosigue, "el inventario de bienes del Ayuntamiento del año 2011 se aprobó el 17 de abril de 2012, omitiendo desde entonces el mencionado monumento". Para llevarse a cabo esta eliminación "debería haberse llevado a cabo mediante un acuerdo del Pleno de baja de dicho bien mediante alteración del inventario".

"A nadie escapa el más que probable conocimiento por parte de la Administración Pública del hecho de la inmatriculación por parte del Obispado y su probable nexo causal con la desaparición del monumento del inventario municipal". Este hecho, a juicio de los denunciantes, "podría constituir un delito de prevaricación".

A raíz de la aparición en prensa de la inmatriculación de la Plaza del Triunfo de San Rafael y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2013, "se presentó una denuncia ciudadana en el trámite de Información Pública que motivó que el 6 de octubre de 2014 el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública, Recursos Humanos y Salud Laboral, solicitase a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento un informe acerca de la titularidad del Triunfo de San Rafael".

Dicho informe se emitió el 14 de octubre de 2014, "contraviniendo otros dos informes del Archivo Municipal y de la Unidad de Museos Municipales, al entender que no debe reclamarse la titularidad del monumento, pese a constar como bien público en el inventario municipal al tiempo de la insostenible inmatriculación realizada por el Obispado sin acreditación de titularidad, y sin que se hayan seguido los trámites administrativos obligatorios para su desafección municipal", según se expone en el escrito, en el que se apunta que "estos hechos podrían constituir un delito de prevaricación".