El 3 de agosto se publicó en el Diario Oficial la Ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio y que tendrá un periodo de implementación de seis meses para las grandes empresas y de dos años para aquellas que sean pequeñas y medianas.

Para celebrar el comienzo de esta iniciativa, el presidente lanzó el nuevo cuerpo legal en el centro de Santiago, en compañía de la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos; y la intendenta metropolitana; Karla Rubilar.

No obstante, las bolsas reutilizables que repartió el jefe de Estado serían tóxicas, de acuerdo a un estudio que el diputado Raúl Soto (DC) le encargó a la Universidad Católica.

Los resultados del informe, según indicó el legislador en un comunicado, arrojaron “altos niveles de toxicidad”, lo que calificó como un acto “impresentable”. “Estas bolsas que suponían ser biodegradables (…) terminaron siendo enviadas desde China”, aseguró.

“Estas bolsas no cumplen con los criterios de cuidado del medio ambiente (…). Nos preocupa que la Ley de no más bolsas plásticas sea una cáscara sin contenido porque no podemos esperar establecer una prohibición del uso de bolsas plásticas sin tener como contra partida una regulación adecuada respecto de aquellos materiales que vienen a reemplazar a las bolsas plásticas”, sentenció el diputado falangista.

“En este caso, por supuesto que tienen que ser materiales biodegradables y no tóxicos”, añadió Soto en relación a las bolsas que entregaron las autoridades a la comunidad.

A su juicio, la situación es preocupante porque si el Gobierno no cumple con los estándares establecidos, es difícil poder avanzar en otras iniciativas, como la que busca lograr prohibir todos los envases de plástico en alimentos, bebidas y utensilios.