El Pacto de Toledo consiguió cerrar el miércoles un acuerdo por el que llevaba casi dos años peleando. Todos los grupos presentes en la comisión, con excepción de Esquerra, acordaron volver a ligar las pensiones al “IPC real” para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. De esta forma, los grupos políticos alcanzaron un acuerdo para derogar definitivamente la reforma del PP del año 2013 y volver al consenso de 2011.

Esta es una gran noticia para los pensionistas, pero supone una gran presión de gasto para la Seguridad Social, cuyos números ya están muy maltrechos. España es el país europeo más generoso con sus pensiones, ya que realiza un cálculo muy beneficioso para los contribuyentes. Según los datos del informe ‘Ageing Report’ que elabora la Comisión Europea, España es el país con mayor tasa de sustitución en sus pensiones públicas de toda la Unión Europea. Cuando un trabajador se jubila, el sistema le garantiza un 78,7% de su salario (nivel contributivo), una cifra que es casi el doble que la media de la UE, que se sitúa en el 46,3%.

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Esto es, el nivel de vida de los jubilados se mantiene casi parejo al que tenían cuando trabajaban, lo que muestra el nivel de generosidad de las prestaciones públicas en España. El siguiente país que garantiza mayores pensiones tras la jubilación es Luxemburgo, y en su caso se reduce hasta el 72,9%, esto es, casi seis puntos menos. En el extremo opuesto se sitúan países como Dinamarca y Holanda, donde las pensiones públicas contributivas suponen menos de un 30% del último salario y donde la principal fuente de renta de los mayores son los planes de empresa.

Al generoso cálculo de la pensión inicial que se realiza actualmente se añadirá ahora un IPC garantizado, que elevará las pensiones en torno a un 2% anual en el largo plazo. Esto situará España entre los pocos países europeos que todavía actualizan las pensiones conforme al IPC. En la actualidad, Francia, Italia y Austria son los únicos países de la eurozona que tienen completamente indexadas las prestaciones a la evolución de los precios.

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Son más los países que no tienen en cuenta el IPC para nada a la hora de calcular la revalorización de las pensiones. Por ejemplo, Holanda, Lituania, Luxemburgo o Eslovenia actualizan su prestación sin tener en cuenta la inflación. Un grupo en el que todavía se sitúa España, ya que el acuerdo del Pacto de Toledo se tiene que traducir en una ley que modifique el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que sigue en vigor.

En los últimos años, el IPC ha subido más rápido que el resto de indicadores y acostumbra a ser así en casi todas las fases del ciclo, por lo que el sistema español se sitúa ahora entre los que más revalorizan sus prestaciones. El mismo miércoles en que el Pacto de Toledo alcanzó este acuerdo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que indexar las pensiones al IPC genera "efectos perversos" en el largo plazo, ya que elimina cualquier flexibilidad por la vía del gasto.

1.600 millones más cada año

La revalorización de las pensiones conforme al IPC provocará que el déficit del sistema siga creciendo en ausencia de nuevas medidas para acelerar sus ingresos. Esto significa que, a políticas constantes, el gasto crecerá más rápido que los ingresos, lo que obligará a buscar fuentes alternativas de financiación procedentes de los impuestos.

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Según los cálculos de la Seguridad Social ofrecidos a los portavoces del Pacto de Toledo, la revalorización de las pensiones con el IPC tiene un coste de unos 1.600 millones de euros. Esto es, 1.600 millones más cada año, ya que suben todos los años. Y a medida que la base sea mayor, también será mayor el incremento.

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A esta cuantía hay que añadirle otros 4.400 millones por el incremento del gasto anual por la entrada de nuevos pensionistas. Esto es el resultado del efecto sustitución (los pensionistas que entran en el sistema cobran más que los que causan baja), del envejecimiento de la población y de la llegada a la edad de jubilación de la generación del ‘baby boom’. Y este cálculo se acelerará a partir de mediados de la próxima década, cuando se incremente la entrada de pensionistas al sistema.

El gasto en pensiones crecerá cada año un mínimo de 6.000 millones, mientras que los ingresos se quedarán en 5.000 millones

Esto significa que el gasto en pensiones crecerá cada año un mínimo de 6.000 millones de euros. Una cuantía que será mayor si se decide incrementar más rápido las pensiones mínimas o las de viudedad. Difícilmente podrán cubrir los ingresos este ritmo de los gastos. Según las estimaciones de la Seguridad Social, la recaudación por cotizaciones aumentará a ritmos de unos 5.000 millones de euros anuales en un escenario de crecimiento del PIB del 2% y una inflación del 2%. Esto es, un PIB nominal en torno al 4%, en el entorno de los niveles actuales.

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De este modo, ni siquiera en la parte expansiva del ciclo los ingresos conseguidos gracias al crecimiento servirán para financiar el incremento del gasto. El desfase se sitúa en el entorno de los 1.000 millones de euros. Y eso partiendo desde un déficit del sistema que ya se aproxima a los 19.000 millones de euros. Cifras astronómicas para el país y que requieren de medidas contundentes y urgentes por parte del Gobierno. Solo incrementando la presión fiscal se podrá financiar el sistema de pensiones que ha acordado el Pacto de Toledo, pero eso también tendrá un coste.