Los mexicanos estaban mucho más preocupados por los temas inmediatos, como cuándo podrían volver a ponerle gasolina a su auto —una crisis ha afectado el suministro en todo el país— y si el nuevo gobierno obtendría los votos necesarios para crear un nuevo aparato nacional de seguridad, parte de su plan para frenar la violencia.

Garantizar que se haga justicia “no está en nuestras manos”, dijo Dolores Haro, una mujer de 59 años que estaba almorzando en un puesto de tacos en Ciudad de México el miércoles. Haro dice que la mayoría de las personas que conoce están más preocupadas por problemas más urgentes, como la falta de gasolina.

Las acusaciones de corrupción —incluso a escala monumental— no son tan sorprendentes, agregó Pedro Rodríguez, un ejecutivo de mercadotecnia de 28 años que estaba sentado al lado de Haro.

“A los mexicanos eso ya no nos mortifica”, dijo. “Sabemos que no habrá respuesta alguna”.

La débil reacción refleja en parte el escepticismo consolidado respecto de la honestidad de la clase política del país y de la fuerza de sus instituciones gubernamentales, en una cultura de corrupción e impunidad rampantes, según algunos analistas. Muchos mexicanos dudan de que una acusación de corrupción pública, incluso uno de estas dimensiones, pueda alguna vez prosperar en el sistema mexicano de justicia penal, sobre todo en casos que exploran la opaca intersección entre el gobierno y el crimen organizado.

“Entendemos que hay un Estado de derecho muy débil, una falta de capacidad para investigar”, dijo Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Políticas y Gobierno en la Universidad George Mason, quien estudia el crimen organizado en México. “Los nombres de los políticos aparecen en los juicios, pero no sucede nada”.