La iniciativa de Ley de Seguridad Interior llevaba años estancada en el Congreso de la Unión. En los últimos meses, tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han venido presionado al Poder Legislativo para que la aprobara. Ayer, los diputados apresuraron el aval. ¿Pero por qué ahora, cuando a Enrique Peña Nieto se le agota el sexenio y cuando estamos en vísperas de las elecciones de 2018?

Para analistas y representantes de la sociedad civil, las acciones del Congreso responden a un interés que se superpone al de la ciudadanía: el interés de los diferentes actores de Estado. Al Presidente, dicen, le conviene porque aumenta su potestad y control sobre la sociedad, el Ejército es la herramienta perfecta para meter en cintura a quienes considere como “amenazas”. A las Fuerzas Armadas les beneficia, pues amparadas bajo esta Ley, quedarían legitimadas para actuar en las calles -en medio de acusaciones por atropellos en materia de derechos humanos-. Y a la estructura priista del Primer Mandatario, le conviene por la posibilidad de suavizar asperezas electorales para el próximo año.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Noviembre fue un mes mediático para el Presidente Enrique Peña Nieto y para su Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. El primero salió a decir que la Ley de Seguridad Interior es una “imperiosa necesidad”, porque brinda mayor certeza a nuestra Fuerzas Armadas. El segundo promovió la iniciativa so pretexto de ser necesaria para trabajar, “hombro con hombro”, con el gobierno y la sociedad civil, para “garantizar el bienestar común y la seguridad de la ciudadanía”.

Un año antes, en diciembre de 2016, Cienfuegos instó a los diputados para que legislasen sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. Entonces – al menos discursivamente- no era ajeno a regresar a los militares a los cuarteles para que pudieran efectuar “sus labores constitucionales”, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”. Hoy, el regreso a las barracas no lo menciona, aunque sí la necesidad de “legalizar una situación que ya se estaba dando prácticamente desde el sexenio de Felipe Calderón, que es la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”, apuntó Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado. Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas, e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.

La aprobación fast-track de la norma “tiene que ver con el periodo electoral”, pero antes responde a un “pacto de impunidad” por parte de las autoridades, comentó Aguilar. “Ante la perspectiva de que haya una alternancia política de nuevo en México [en 2018], parecería muy lógico dejar protegidas a las Fuerzas Armadas que han cometido muchos abusos de derechos humanos. Entonces, quizá, también en eso radica la prontitud con que se aprobó en este periodo”, mencionó.

Entre 2006 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido al menos 151 recomendaciones a las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas; entre ellas, dos dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones graves a las garantías individuales.

La capacidad del Ejecutivo y del Ejército para presionar la aprobación de una Ley también preocupa al activista Pablo Girault, consejero de la organización México Unido Contra la Delincuencia, por dar carta blanca a la posibilidad de una represión, por parte del gobierno, a la sociedad civil, como podría darse, ejemplificó, en 2018 en contra de manifestantes o en contra de los procesos democráticos. Este tipo de presión, dijo, “puede ser el final del Gobierno civil […]. Así se acaban las democracias; cuando se le da mucho poder a los militares por cualquier excusa”.

En su opinón, el Congreso incurrió en “un acto de gran traición hacia el Gobierno civil, [hacia] el Gobierno democrático de este país y al pacto federal, porque lo que están haciendo es dándole al Presidente la autorización de intervenir en cualquier estado, cuando él decida”.

La Ley de Seguridad Interior amplía, en efecto, la capacidad del Presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas a discreción, siempre y cuando haya la necesidad de contener un “grave peligro a la integridad colectiva”, que por la ambigüedad del concepto, puede ser cualquier acto: desde una marcha hasta un atentado terrorista, han dicho expertos; y que la situación supere “las capacidades efectivas de las autoridades competentes”. Asimismo, la Ley protege a las Fuerzas Armadas al amparar sus actos en las calles, cuando ejerzan labores de seguridad pública.

Con la aprobación, los analistas observan que el Gobierno federal pretende mantener la estrategia de combate frontal en contra del narcotráfico. Desde 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al crimen organizado, las Fuerzas Armadas han salido a las calles para combatir los índices de violencia y criminalidad. Sin embargo, este año, nuestro país alcanzó niveles históricos de homicidios.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de este año, se registraron cuando menos 20 mil 878 homicidios dolosos; esto es ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011 -el año más violento del sexenio anterior- y 15.3 por ciento más que en 2012 -cuando inició funciones Enrique Peña Nieto-.

UN CONGRESO SOMETIDO A INTERESES POLÍTICOS

Para los analistas, el Congreso de la Unión vota de manera parcial –por intereses- y a ciegas –sin saber lo que votan-.

El primer problema con respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior radica en que “puede más la presión política que una genuina atención a las necesidades de los gobernados”, según explicó a SinEmbargo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.

En su opinión, “no puede haber una Ley de Seguridad Interior, sin antes haber un modelo claro de fortalecimiento de la seguridad y de la justicia en México”. Además, dijo, “nos están olvidando en la medida en que no se han movido para mejorar las condiciones de contrapeso, transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia”.

El segundo problema con la aprobación de la Ley, es que los diputados no conocen ni han leído la iniciativa, apuntó Pablo Girault refirió que “hay muchos senadores y diputados que están dispuestos a traicionar y usurpar esta Ley, que es una Ley que el Presidente quiere”, siendo que “ni siquiera la han leído”. Y Francisco Rivas, por su parte, sostuvo que existe “un desconocimiento de la materia ante la urgencia de presentar algún resultado”.

“Estamos a poco de la elección; hay un contexto social enrarecido; y los datos de seguridad apuntan a una debacle en las acciones que está llevando a cabo el actual gobierno [para combatir tanto la violencia como la incidencia delictiva]”, mencionó. Por ello, abundó, “no están teniendo resultados, y evidentemente, cuando se desconoce qué hacer, lo más fácil es retomar una iniciativa que lleva años en el Congreso […] y para la cual no hay un entendimiento claro de los alcances negativos que podría llegar a tener”.

Sobre este último punto, Pablo Montalvo Pérez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que hay una presión ideológica y política para que el Congreso aprobara la Ley, no sólo para demostrar “que realmente se está haciendo algo” en materia de seguridad, sino también “por la premura de los tiempos políticos”.

Al final, esa necesidad de dar resultados antes de las elecciones hace evidente, según Rivas, que las acciones del Congreso responden “al interés de un partido que hoy no está mostrando resultados en materia de seguridad”. E inclusive algunos, como el maestro Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, señalan que el comportamiento de la oposición fue “cobarde” por abstenerse de votar para “permitir que se obtuvieran los votos suficientes para la aprobación”.