Madrid. (Agencias).- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputado el próximo viernes 13 de febrero al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, por un delito fiscal en el fichaje del brasileño Neymar, del que también tiene que responder el Barça como persona jurídica.



En un auto dictado este martes, el magistrado accede a la petición del fiscal José Perals y apunta indiciariamente que el Barça y Bartomeu podrían haber defraudado a Hacienda 2,8 millones de euros en 2014 en la operación de adquisición de Neymar, que se sumarían a otros 2,4 millones no abonados en 2011 y a otros 6,9 millones correspondientes al ejercicio de 2013.

"Ante la evidencia de que, para el caso de haber incumplido su obligación de retención del IRPF impuesta en la normativa tributaria, pudiere haberse superado en exceso el límite de 120.000 euros de cuota defraudada que fija el artículo 305 del Código Penal, concurren al presente estadio indicios suficientes para la investigación acerca de la posible comisión de un nuevo delito contra la Hacienda Pública (...) correspondiente al ejercicio de 2014", señala el juez.

Declaración sin demora

El magistrado rechaza por el momento abrir una pieza separada sobre el ejercicio de 2014, como pidió la Fiscalía, al considerar que las diligencias de investigación, incluida la declaración de Bartomeu, pueden ser practicadas "sin demora". En este sentido, no se pronuncia sobre la posibilidad de cerrar la investigación para que el expresidente del club Sandro Rosell sea juzgado por un delito societario y él mismo y la entidad por dos delitos fiscales que se habrían cometido en 2011 y 2013.

A juicio de Ruz, existen "relevantes elementos de conexidad objetiva y subjetiva respecto de la totalidad de los hechos puestos en el presente procedimiento que pudieren aconsejar su enjuiciamiento conjunto". En su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también da un plazo de cinco días al Barça para que presente los certificados de retenciones que se hubieren practicado en relación con estos hechos, al tiempo que pide a la Agencia Tributaria un informe complementario sobre la declaración del Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).

El fichaje de Neymar costó, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un total de 94,8 millones de euros (82,7 millones por el traspaso y 12,1 millones en impuestos). Rosell, sin embargo, cifró la operación en 57,1 millones

Fraude de 9,3 millones en 2011 y 2013

El juez recoge el escrito de la Fiscalía que apuntaba que las cifras reales del fichaje "fueron ocultadas por el presidente del club y no se incluyeron en las cuentas anuales de la sociedad, que fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada el 5 de octubre de 2013". Con esta actuación, según el Ministerio Público, Rosell ocasionó "un perjuicio económico al club" al no incluir en la contabilidad "las cantidades reales de adquisición del jugador" y simular "operaciones que no tenían como base una relación mercantil real". El fiscal también detallaba que en 2013 Rosell "ideó fragmentar" el pago del fichaje "en diversas partidas con diversos objetos y denominaciones que, sin embargo, tenían una misma causa, el fichaje de Neymar Jr.". Para ello, firmó cuatro contratos con el Santos y siete con el futbolista, con su padre y representante y con sociedades pertenencientes a este.

Asegurarse el fichaje

Rosell llevó a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista, que tenía contrato con el Santos hasta 2014, y adelantar el fichaje a 2013. El expresidente culé había llegado a un acuerdo en 2011 con la empresa del padre de Neymar, propietaria de sus derechos desde 2014, para adquirir la propiedad del futbolista y otro que se denominó "de préstamo" por el que se adelantaba una remuneración al jugador de diez millones de euros; por este pago debería haber pagado a Hacienda 2,4 millones de euros.

En 2013, "y ante las perspectivas de que Neymar Jr. no asumiera el compromiso pactado", Rosell buscó un acuerdo con el Santos para adquirir sus derechos federativos, lo que tuvo un coste de 17,1 millones de euros. Sin embargo, firmó con el club brasileño otros tres contratos: 7,9 millones por un convenio de colaboración con el fútbol base, 4,5 millones como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado y la participación del Santos en el Trofeo Joan Gamper. Además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en la que se comprometían a abonar otros 2 millones si Neymar era elegido entre los tres finalistas al mejor jugador de la FIFA. A estos contratos se sumaron otros siete con Neymar y las sociedades de su padre, por los que se rescindieron los dos acuerdos suscritos en 2011 y se añadieron otros cinco: 8,5 millones como contrato de trabajo; 1,5 millones en concepto de imagen, 649.985 euros en gastos de representación y gestión del agente del futbolista (su padre, que se llevó un 5% de todos los contratos); 2 millones por el seguimiento de jugadores (400.000 euros durante cinco años) y 4 millones por labores de "agencia" (contratos de publicidad con empresas brasileñas por el que se abonaron dos pagos de 602.000 y 198.000 euros en 2013).

Podría haber conformidad

La investigación contra Rosell y el Barça podría solventarse a través de una sentencia de conformidad, una vez que los acusados reconozcan los delitos que se les imputan y admitan la pena solicitada por la Fiscalía, lo que evitaría la celebración del juicio oral, según señalaron fuentes fiscales.

El pasado 23 de febrero la Junta Directiva del Barça acordó por unanimidad presentar una declaración complementaria a Hacienda por la que pagaba 13.550.830,56 euros, a fin de "saldar cualquier posible deuda" derivada de esta operación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga el fichaje de Neymar desde el 22 de enero de 2014, día en el que admitió a trámite una querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente de la entidad Sandro Rosell, quien se vio obligado a presentar su dimisión un día después.