Hace ya más de diez años, le pregunté a un vocal del CGPJ sobre su destino cuando este se renovara. No sabía entonces que el manejo político lo iba a convertir en el consejo casi inacabable. “Me voy a la Nacional”, me dijo ufano. ¿A la Nacional -le respondí- ¡si no te da la antigüedad!”. Sin ningún rebozo me dijo: voy a ser presidente de la Sala de Apelaciones, Michavila me la va a crear. ¡Fantasma!, pensé. Mal pensado porque la sala, en efecto, se creó sobre el papel aunque luego no se implementó. El magistrado, sin embargo, fue a la Nacional con otra trampita legal -una especialización penal por correspondencia- y siguió su ascendente tarea con el viento del PP siempre en sus velas hasta que él mismo la flambeó. La vida.

En la era del necesario periodismo de datos, no hay que olvidarse nunca de que estos no son sino trazos si uno no es capaz de tejerlos hasta ofrecer un tapiz de la realidad que oriente al receptor. Tejer. La importancia de tejer y contextualizar en la época en la que el poder no da puntada sin hilo.

España está obligada a poner en marcha una segunda instancia penal desde el año 1977, en el que suscribimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero nada se hizo. Aclaremos que solo existe en puridad esa doble instancia para las sentencias de juzgados de lo Penal o de Instrucción porque para los demás solo cabe la casación ante el Tribunal Supremo y ese recurso, el de casación, no constituye una segunda instancia real puesto que los hechos y las pruebas no pueden ser revisados. La inacción le costó a España una condena de la ONU en 2000. Ya no quedó otro remedio que hacer algo, y en 2003 el Gobierno Aznar, siendo ministro efectivamente Michavila, en la ley orgánica 19/2003 la creó, y con ella la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. La nota característica es que para dotarla, los magistrados serán elegidos no sólo por el escalafón sino también por la “especialización y experiencia”. Nada se hizo sino escribir pero escribieron ese añadido.

Sigamos tejiendo.

Al Gobierno le han entrado ahora las prisas y quiere tener lista la segunda instancia penal en la Nacional y en los tribunales superiores de Justicia para el 1 de junio. Todo está pasando muy desapercibido. ¿Y a mi qué me cuentas?, me dirán. Mucho, porque hay que tejer sobre todo en este momento en el que debemos de velar por la pureza, independencia y despolitización de una Justicia que debe juzgar a los poderosos. Lo van a ver muy claro. Esa segunda instancia penal supone la posibilidad de cambiar las decisiones de la que existe ahora. Ergo, si la madeja la hacemos jersey, vemos muy fácil el interés que puede tener volver a intentar controlar la tendencia ideológica de las personas que conformen las citadas salas de segunda instancia.

En el caso de la Audiencia Nacional, la introducción del concepto “especialista” junto a la pura y dura antigüedad, es especialmente inquietante. El único intento serio del CGPJ de crear un cuerpo de magistrados especialistas en penal -que se llevó a cabo con unas pruebas muy exigentes- fue anulado por la Sala III del Tribunal Supremo porque dijeron que el Consejo se había extralimitado al aplicar un reglamento. Así que nos quedamos de nuevo con los del cursillo por correspondencia y la ambivalente situación de los alrededor de 25 magistrados que pasaron las exigentes pruebas hace unos cinco años.

Esto no lo digo sólo yo, dos vocales del actual CGPJ hicieron un voto particular en el preceptivo informe informe sobre la implantación de la segunda instancia en el que hablaban de “inexplicable premura” y de la aplicación de una especialización penal “confusa, indeterminada y en un limbo”.

No hay situación mejor si los que gobiernan quieren manosear la Justicia que dejar resquicios que les permitan seleccionar a los jueces.

Contextualizar los datos. Tejerlos. No es un tema interno o gremial. No, señor. Necesitamos poner el foco y la luz en esta cuestión porque es en estos procesos administrativos oscuros y aparentemente aburridos en los que el poder político nos la cuela y juega a hacerse una Justicia a su medida.

Lo mismo digo de las salas de apelación de los tribunales superiores, en las que los aforados de aquí y de allá podrán recurrir sus sentencias. Ya teníamos un grave problema por el hecho de que en las salas enjuiciadoras de aforados sólo uno de los tres magistrados tenga su plaza sin posible intervención de la voluntad política. Es imprescindible vigilar qué se hace ahora con los que serán los superiores de estos.

Sigamos los datos y los hechos de este proceso y dotémoslos luego de sustancia.

Creo que ya advertía el otro día sobre el riesgo de mirar el dedo y olvidar la luna. Esto que indico ahora vive de momento en la cara casi oculta. Ojo al dato y al tejido que forma.