Casi un tercio de los latinoamericanos pagaron sobornos en el último año para acceder a servicios públicos como salud o justicia, en una práctica que no diferencia género ni clase social, según una encuesta de la ONG Transparencia Internacional difundida este lunes.

El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y el Caribe, revela un cuadro de rampante corrupción en la región, con especial recelo de los ciudadanos hacia su policía y los políticos, y ante el cual la respuesta gubernamental es considerada insuficiente.

El sistema termina arrastrando a parte de la población. Un 29% de los ciudadanos que usaron 6 servicios públicos (educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, policía, servicios básicos y tribunales) pagaron algún soborno en los 12 meses anteriores, según TI.

La organización calcula que ello representa unas 90 millones de personas, sin mayores diferencias entre género, edad y clase social, aunque acotó que los pagos de sobornos pueden ser una carga desproporcionadamente mayor para los más pobres.

“El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad”, dijo el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, citado en un comunicado.

El reporte destacó que a pesar de las recientes manifestaciones anticorrupción en Brasil, Guatemala y Venezuela, casi dos tercios (62%) de los encuestados afirmaron que la corrupción había aumentado.

¿Los más corruptos? Policías y políticos, según 47% de los consultados. En el caso de la policía, se eleva a 73% en Venezuela, y 69% para los políticos en Paraguay.

También, más de la mitad de los encuestados reprueba la respuesta de los gobiernos, especialmente los venezolanos y los peruanos, con 76% y 73% respectivamente.

“Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado”, dijo Ugaz, destacando que el escándalo brasileño del Lava Jato “demuestra que la corrupción está ampliamente extendida” en la región.

Por el contrario, la gran mayoría (70%) confía en que los ciudadanos pueden tener un papel positivo en la lucha contra la corrupción, especialmente en Brasil (83%), donde los escándalos millonarios tienen acorralada a prácticamente toda la clase política.

Aún así, menos de 1 de cada 10 denuncian las irregularidades. “No es sorprendente” pues la “amenaza de una represalia violenta constituye un riesgo real”, dijo TI. De hecho, un 28% dijo haber sido sancionado tras hacer una denuncia por soborno.

“El soborno es una experiencia demasiado habitual” en la región, según la ONG.

Varía sustancialmente según los países. Un 51% en México y un 46% en República Dominicana afirman haber pagado sobornos, cifras que contrastan con el 6% registrado en Trinidad y Tobago.

En Chile, quienes aseguraron haber pagado un soborno o hecho un regalo a un funcionario público para obtener un documento o servicio asciende a 22%, cifra mayor que las vecinas Argentina (16%) o Brasil (11%).

La mayor incidencia cae en la atención médica, con un quinto de los encuestados afirmando que pagaron sobornos para obtener el tratamiento adecuado, seguido de la educación y los trámites en tribunales.

Pero al analizarlos por país, los sobornos a la policía son los más comunes en Venezuela: más de 40%, y también son elevados en los tribunales (36%).

En México, la corrupción está más arraigada en escuelas, hospitales y entes que emiten documentación personal.

Los resultados del sondeo tiene un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confiabilidad de 95%.