La Fiscalía ha rechazado extraditar a Argentina al ex inspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al considerar que los delitos de torturas de los que le acusa la juez Maria Servini han prescrito y que, en todo caso, serían los tribunales españoles los competentes para enjuiciarle.

En un escrito hecho público este viernes el Ministerio Público pone de manifiesto que "el plazo de transcripción, de 10 años" contemplado para estos delitos en el Código Penal de 1973 "habría transcurrido con creces". Las torturas que le imputa la magistrada argentina se produjeron entre 1968 y 1975, precisa el fiscal Pedro Martínez Torrijos.

La Fiscalía destaca, además, que González Pacheco disfruta de arraigo en España "donde convive su pareja sentimental y su hija" y, sin embargo, "no tiene vinculación alguna que se conozca con el Estado que plantea la extradición".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó a declarar el pasado mes de diciembre al ex inspector y ordenó la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina, que les investiga por las torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo.

González, que se negó a ser entregado a las autoridades argentinas, tiene, además, la obligación de comparecer semanalmente en su juzgado o en el más cercano a su domicilio.

Torturas contra 13 personas

Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', está reclamado por las torturas que habría cometido sobre trece personas que fueron detenidas entre 1968 y 1975 y trasladadas a cárceles madrileñas como las de Yeserías y Carabanchel o el Tribunal de Orden Público (TOP).

Los detenidos eran José María Galante Serrano, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Andoni Arrizabalaga, Antonia Hernández, Francisca Villar del Sanz, Luis Suárez Carreño, Silvia Carretero, Acacio Puig, Alfredo Rodríguez, Antonio Chapera, Felisa Echegoyen, Francisco José Fernández y Jesús Rodríguez.

La juez argentina María Servini ha solicitado también la extradición del ex capitán guardia civil Jesús Muñecas Aguilar al que acusa de un único caso de torturas y sobre el que aún tiene pendiente pronunciarse el Ministerio Público.