La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Pujol para estudiar la posible vinculación de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y del exministro de Trabajo popular Manuel Pimentel con la red de negocios de los Pujol en África. Los investigadores enmarcan a ambos en una operativa de cobro de comisiones irregulares que provocó un quebranto en las arcas del Estado español de 92 millones de dólares.

En un informe fechado el 5 de mayo al que ha tenido acceso El Confidencial, los investigadores apuntan que el clan del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol formaba parte de una red dedicada a utilizar sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio estatal, para financiar y otorgar garantías a proyectos en terceros países, “normalmente en vías de desarrollo o subdesarrollo", y que eran ejecutados después por contratistas españoles. Con respecto a estos hechos, fuentes cercanas a López del Hierro "desmienten tajantemente cualquier tipo de relación con la familia Pujol, ni en África ni en ningún otro sitio".

“Los intervinientes obtendrían cuantiosas comisiones” por sus gestiones para lograr que entidades como la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), se avinieran a participar en los proyectos, y en algún caso “parece que también a canalizar pagos y recompensas no justificadas a las autoridades de los países del proyecto”.

Según detalla el informe, la operativa necesitaba de la intervención de personas con capacidad de influencia en instituciones españolas, quienes a tenor de sus contactos personales, conseguirían que el Estado respaldase el proyecto, otorgando la cobertura necesaria en forma de seguros y garantías. Una vez se ha conseguido el aval gubernamental, una entidad financiera privada facilita la liquidez, agrega.

Así, los agentes han localizado varios proyectos en los que existirían indicios “sólidos de corrupción”, el Centro de Logística y Distribución de Luanda y la modernización del sector cafetero en Angola. También en la República Dominicana con el Mercado Central de Santo Domingo. Dentro de las operaciones “se identifican unívocamente, transacciones que pudieran ser las dádivas destinadas a las autoridades públicas de los países donde se desarrollan los proyectos”, dice el informe.

El marido de Cospedal aparece mencionado en otro de los negocios de los Pujol, en este caso en Gabón, donde se encargaron supuestas tareas de consultoría a Ibadesa Cat. Esta empresa medió, según la UDEF, en una adjudicación para la construcción del tendido eléctrico gabonés con la intención de que CESCE interviniera para “obtener financiación bajo la modalidad de crédito concesional". “Se infiere que la modalidad de negocio comprometida, exigía como ineludible la intervención positiva de CESCE, cuya adherimiento a la causa se conseguiría a través” de la mencionada Ibadesa, “en la que habrían estado representados los intereses de Ignacio Javier López del Hierro” y otros, entre ellos el mayor de los Pujol, dice la UDEF.

También explica, haciendo referencia a varios escritos de las defensas, que Pujol Ferrusola se propuso auxiliar en esta operación de Gabón al Grupo Isolux Corsán para así extender su actividad por el continente africano. El primógenito del clan Pujol propuso que dicha relación de consultoría se realizara mediante la sociedad Ibadesa Cat, de la que él era Director General.

El eje de las gestiones de esta empresa a través de Pujol Ferrusola se centró en tratar con una persona identificada como Etienne Dieudonne Ngoubou, que en ese momento era Director de General de Energía y Recursos Hidrúalicos de la República de Gabón. Diudonne fue detenido en ingresado en prisión el pasado 12 de enero por las autoridades gabonesa, por sus actividades en el ejercicio como autoridad pública, atribuyéndole delitos de corrupción, precisamente en el sector de la energía hidráulica.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. (EFE)

Respecto a Pimentel, la Policía le señala en relación con otra empresa, Globaltec Desarrollos e Ingeniería. Argumenta que participó en el reparto de comisiones que se desviaron a su sociedad Almuzara Estudios y destaca “la capacidad de las personas mentadas para ejercer influencia en instituciones estatales parece clara”. Precisa respecto a este punto que el exministro tiene “evidentes vinculaciones con el partido político PP”. Por su parte, el exministro ha negado su vinculación en Europa Press: "No tengo ninguna relación con los Pujol, ni la he tenido, ni personal ni económica".

Las pesquisas de inteligencia financiera han conducido a localizar también indicios sólidos de que proyectos públicos de grandes infraestructuras en países extranjeros, financiados por entidades financieras, entre ellas Deutsche Bank, emplearon a la empresa del hermano de Ignacio González Incatema-Mercasa.