La reunión ha estado marcada por discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos, toda vez que éstos últimos querían más medidas económicas de protección social, como proteger a los trabajadores.

El Consejo de Ministros que aprueba este sábado la declaración de estado de alarma por la crisis del coronavirus se prolongó más de lo previsto como consecuencia de un debate pormenorizado de todas las medidas que conlleva esta decisión, pero también porque al comienzo de la reunión los ministros de Unidas Podemos han planteado sus reticencias por su nulo margen de poder en esta situación.

El borrador de Real Decreto que permite al Ejecutivo asumir durante 15 días nuevas competencias para intentar hacer frente a la crisis del Covid-19 deja en manos de ministros del PSOE toda la autoridad durante este tiempo.

Bajo la "superior dirección" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se establece un segundo escalón al mando como "autoridades competentes delegadas" con la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa. Ellos son los habilitados para ejecutar todas las medidas contempladas en el estado de alarma y, por tanto, ningún representante de Unidas Podemos está incluido. Los de Iglesias quedarían al margen de la gestión.

Según fuentes conocedoras del debate que se ha producido en el Consejo de Ministros, ésta ha sido unas de las primeras cuestiones que se ha discutido en el seno del Ejecutivo. Ha sido, aseguran, "la bronca de inicio". Fuentes de Unidas Podemos afirman que el debate se ha sostenido en torno a medidas a aplicar.

El Gobierno lleva reunido desde las 12.30 horas de la mañana. Se había anunciado una comparecencia de Pedro Sánchez para las 14.00 horas, que después se ha retrasado a las 15.00 horas. Finalmente, minutos antes de ese momento, Moncloa ha comunicado que hacían un receso de media hora y que el jefe del Ejecutivo realizaría una declaración institucional "a lo largo de la tarde" de este sábado.

Medidas planteadas por Podemos

Con España entera pendiente de conocer las medidas excepcionales para afrontar la grave crisis sanitaria y económica que ha provocado esta enfermedad, otras fuentes apuntan que en el Consejo de Ministros se está produciendo un "debate profundo", pero "no de discrepancias" sobre "el impacto social" de todas estas decisiones. La presencia de Pablo Iglesias en la reunión, que se ha saltado la cuarentena impuesta por el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también es su pareja, obedecía en una parte a liderar el debate en esta cuestión.

Es decir, Iglesias, y por ende Podemos (por ejemplo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz), apostaba porque las medidas económicas tuvieran una visión social, un impacto social. U de sus prioridades era la puesta en marcha de medidas encaminadas a defender los puestos de trabajo, toda vez que estas semanas pueden haber despidos por el descenso de la actividad profesional, o para no perder la prestación por desempleo mientras dure la expansión del coronavirus. Su discurso era evitar que la repercusión económica del coronavirus vaya contra las "mayorías sociales".

La visión del sector morado del Gobierno es que el estado de alarma supone una oportunidad para reforzar el bien común. En otras palabras, su visión pasa por garantizar, por ejemplo, los derechos mínimos de suministros básicos en todos los hogares o en materia de vivienda -ayudas para el pago de las hipotecas y los alquileres-.

Otra de las exigencias que planteaba Unidas Podemos desde el principio es que la sanidad privada esté supeditada a la gestión pública, es decir, "al servicio del interés general", repetían miembros morados estos días.

La división en el Gobierno

Podemos quería activarlo de inmediato. Para ello se han acogido al artículo 128.2 de la Constitución: "Toda la riqueza del país está subordinada al interés general". Y además, "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

Se estarían repitiendo las discrepancias que el Gobierno arrastra desde hace días sobre la contundencia de las actuaciones que se deben tomar. El jueves 12 de marzo por la tarde, según ha podido sabe este diario, algunos ministros eran aún reticentes a la declaración de estado de alarma -el sector de Unidas Podemos era partidario-. Entre ellos, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, temerosa del impacto que las medidas tengan en la actividad empresarial. Calviño, en algunas ocasiones junto a María Jesús Montero, ha protagonizado puntos de vista enfrentados a los mantenidos por Iglesias o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidarios de disponer de más inversión pública.

La visión de Unidas Podemos contó con el respaldo de ministros socialistas como José Luis Escrivá, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes o José Luis Ábalos, frente a la posición mantenida por Carmen Calvo y Calviño, según las fuentes consultadas. Una circunstancia que evidencia la división que ha generado en el Gobierno este decreto del estado de alarma.

Así, lo cierto es que después de que el presidente avanzara que el decreto se aprobaría este sábado, de que Moncloa haya trabajado durante un día en el borrador de Real Decreto, no hay consenso aún en el Gobierno sobre el alcance de las decisiones. Una fuente lo resume como un enfrentamiento de "políticos frente a tecnócratas". Sin embargo, finalmente Iglesias no ha logrado su objetivo, ya que las medidas sociales y de protección a los trabajadores se estudiarán en el próximo Consejo de Ministros, dado que Pedro Sánchez, en esta ocasión, ha estado en sintonía con Calviño.

El propio Iglesias ha reconocido tras la reunión que seguirán luchando por implantar estas medidas. "Vamos a seguir trabajando para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación. Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008".

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón: "Posteriormente aprobaremos medidas económicas y sociales para proteger a las familias trabajadoras frente a los costes de la crisis".