María Eugenia Zamora es uno de tantos ejemplos de supervivencia con lo mínimo en la Ciudad de México. Buena parte de sus 37 años de vida han discurrido en un asentamiento informal al sur de la segunda ciudad más grande de América Latina, donde la urbe se funde con el campo y la miseria queda a flor de piel. Ella y su hijo Leo, de 10 años, viven a duras penas en una casa de madera poco más de 30 metros cuadrados y una sola estancia recién levantada por una ONG sobre un terreno familiar baldío. En un extremo, un precario fuego de gas en el que a duras penas cocina; al otro lado, una litera y un armario desvencijado. Es verano, pero tras varios días de lluvias torrenciales en la capital mexicana, la humedad se convierte en frío en el centro de la estancia donde un tablón de madera y tres botes de pintura hacen las veces de comedor y una bombilla, la única, ilumina tenuemente la escena. Sin un contrato de electricidad formal, el pinchazo a la red no da para más.

Zamora gana poco más de un salario mínimo: 3.500 pesos al mes (algo menos de 200 dólares) por nueve horas diarias de trabajo como limpiadora de un laboratorio. Como madre soltera, con ese dinero tiene que mantener a su pequeño y a sí misma. “Es muy difícil llegar a finales de quincena [cuando cobra]; no alcanza”. Cada mes, 300 pesos se van solo en desplazarse, durante más de dos horas al día, de casa al trabajo y del trabajo a casa. 800 cuesta el transporte de Leo a la escuela. Y 1.500 se evaporan todos los meses en la comida más básica del mercado: unos frijoles, unas tortillas, huevos y, de vez en cuando, algo de pollo. La situación se complica en pleno inicio del curso escolar, cuando tiene que comprar material escolar para el crío: 230 pesos para una guía, 220 para un par de zapatos —”tienen que ser buenos porque el piso es de loza y el año pasado ya se cayó dos veces”, relata esta mujer menuda y de mirada firme–, 220 para el uniforme y otro tanto para cuadernos y bolígrafos. En total, más de 1.000 pesos (56 dólares) de una tacada: una suma asumible para un mexicano de clase media, pero una fortuna para el 39% de la población que, como María Eugenia, cobra entre uno y dos salarios mínimos. Por mucho que se estire, ese ingreso es insuficiente para que una familia de dos miembros pueda hacerse con lo más básico, según los cálculos del Coneval, el organismo público que evalúa las políticas de desarrollo social. Ni hablar si en el hogar viven cuatro personas, lo más común en México: en esos casos, echar números no sirve para nada.

En las últimas semanas, el debate sobre el salario mínimo ha tomado una nueva derivada: en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), tanto Estados Unidos como —sobre todo— Canadá han puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar salarios y, muy especialmente, de elevar el mínimo. Aunque los 125 dólares actuales no rinden igual al norte que al sur del río Bravo, ambos países consideran que su vecino del sur lleva décadas compitiendo deslealmente con ellos conteniendo artificialmente los sueldos. Y, en buena medida, perjudicando a un segmento importante de su propia población. "No entiendo el argumento del Gobierno mexicano de que de alguna manera 'tenemos que oprimir a nuestros ciudadanos para estar mejor'. Es un sinsentido y es indignante", dijo el sábado el líder del mayor sindicato canadiense, Jerry Dias, que acompaña a su Gobierno en las conversaciones.

En México, un país en el que el cuatro de cada diez personas vive por debajo del umbral de la pobreza y ocho de cada 10 están en situación de carestía extrema, cobrar el salario mínimo (el 5% de los trabajadores) o entre uno y dos salarios mínimos (uno de cada tres) no es sinónimo de una vida digna en lo material. “Es dramático que el lugar en el que nazca una persona condicione tanto su futuro“, se queja Enrique Cárdenas, exrector de la Universidad de las Américas-Puebla y uno de los economistas que con más vehemencia (y conocimiento de causa) piden revisar el suelo salarial.

Blanca García, de 25 años, en Xochimilco (Ciudad de México). DANIEL VILLA

Aunque sigue entre los más bajos de Latinoamérica, el salario mínimo mexicano pasó el año pasado de 73 a 80 pesos diarios. Y Gobierno, patronales y sindicatos debaten ahora otro aumento para este año, hasta los 94 pesos. Técnicamente, a María Eugenia no debería afectarle positivamente lo que decida en los próximos meses la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) –el órgano encargado de fijar el suelo salarial en México–: al estar ligeramente por encima de ese umbral, sus empresas no estarían obligadas a aplicarles el nuevo baremo. “Pero sí tendrá efectos sobre ellas y sobre el resto de ese casi 40% de mexicanos que está en su misma situación”, explica Raymundo Campos, investigador en temas de economía del desarrollo de El Colegio de México. “Aunque un incremento del salario no tiene efectos sobre toda la escala salarial”, complementa Enrique Cárdenas, “sí tiene incidencia a la larga para quienes cobran solo un poco más de un salario mínimo”. Con la inflación por encima del 6%, la subida se torna más necesaria que nunca para, al menos, recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Por paradójico que parezca, quienes siguen de cerca las reuniones de la Conasami aseguran que las mayores resistencias no proceden de los empresarios, sino del Gobierno y sus sindicatos afines. “Es el mundo al revés”, resume Campos. “Ha quedado demostrado que una subida moderada del salario mínimo no tiene efecto sobre los precios ni provoca aumentos en los salario medios y altos, pero ellos siguen oponiéndose”, lamenta.

Con 3.500 pesos mensuales también se mantienen como pueden Blanca García y su hermano, que justo ahora acaba de empezar a trabajar tras terminar la preparatoria (bachillerato), un nivel educativo que ella no pudo alcanzar: se vio abocada a trabajar a los 15 años. Una década después se desempeña nueve horas al día en un comedor industrial. Los cálculos le salen igual de mal que a María Eugenia: “Nos privamos de muchas cosas y vivimos al día para enviarle lo que sobra a mi madre”, que volvió hace años a la zona rural del Estado de Hidalgo (noreste de la Ciudad de México) de la que procede su familia. En el barrio de la capital en el que viven ellos ni siquiera hay agua potable; cada tres días tienen que rellenar sus garrafas para cocinar y ducharse. “Es el impuesto que pagan por ser pobres“, resume Enrique Cano, portavoz de Techo, la ONG que ha ayudado tanto a Blanca como a María Eugenia a levantar la casa en la que viven. El 80% de las familias con las que trabaja la organización subsiste con menos de 4.800 pesos al mes.

Este mes, después del palo económico que supuso el inicio del curso escolar, el objetivo de María Eugenia es ahorrar 200 pesos “para urgencias”. Quizá, si este año y los siguientes vencen quienes luchan por un aumento de los salarios más bajos, en un futuro no tan lejano su esfuerzo de verdad sirva para cubrir imprevistos. Por lejos que le queden, las conversaciones para la actualización el TLC pueden jugar a su favor.