Torra, en el centro, arropado por ANC, Òmnium y el Govern. Foto: Albert Garcia Vídeo: ATLAS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido su derecho a la libertad de expresión en su declaración este miércoles como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar los lazos amarillos. El presidente catalán ha declarado ante el juez del TSJC Carlos Ramos, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central de sacar los lazos de los edificios públicos en la campaña de las elecciones generales, símbolos que acabó retirando, ya fuera de plazo, tras recurrir sin éxito al Tribunal Supremo. En su testimonio, el presidente catalán ha insistido en que actuó en el marco de su libertad de expresión y que, además, en su opinión la JEC no es el órgano competente para decidir la retirada de los lazos. Torra ha alegado también que la orden de la JEC era un tanto imprecisa.

La declaración de Torra ha durado unos 40 minutos en los que ha contestado a cinco preguntas del fiscal y a ninguna de Vox —que ejerce la acción popular— "por decencia democrática", según ha explicado el letrado Gonzalo Boye, que ha asistido al president. Boye ha aclarado que la línea argumental de Torra ha sido "coherente" con todas sus declaraciones anteriores en las que ha defendido "hasta las últimas consecuencias" el ejercicio de la libertad de expresión como parte de los derechos humanos y en esa línea esta mañana denunciaba en un tuit la "deriva autoritaria".

Poco después de abandonar el TSJC, Torra , en el Palau de la Generalitat, ha explicado su declaración judicial en la que se ha reafirmado en que "las resoluciones de la JEC son inaplicables y contrarias al derecho de la libertad de expresión". El president ha añadido que la JEC está actuando con "parcialidad manifiesta en contra el independentismo e incumple los principios más elementales de imparcialidad" y que, en su opinión, "son muy conocidos los posicionamientos de algunos de los miembros de la junta contra el proces". Torra ha sostenido ante el juez que "el acuerdo de la JEC es nulo de pleno derecho porque no era el órgano competente para dictar esa resolución. Los partidos que recurrieron los llevaron a ese órgano porque cuentan con apoyos de varios de sus miembros. La competencia correspondía a la Junta Provincial de Barcelona, no de la central y sorprende que la fiscalía no se diera cuenta de eso". Torra ha insistido que la represión “no es el camino y negar los derechos fundamentales, tampoco. Y quiero dejar claro que he ido a defender los derechos de Cataluña, no a mí mismo”. Ha comentado que se ha negado a declarar ante los abogados de VOX "que forman parte de la candidatura de ese partido por Barcelona, quiero añadir" y que en ningún momento el magistrado le ha apercibido de que no podía revelar nada de su testimonio; "al revés, le he dicho que como presidente estaba obligado a dar cuenta de ello y así se ha quedado".

Miembros del Gobierno catalán, diputados de Junts per Catalunya y de ERC han aguardado esta mañana la llegada del president, justo bajo el Arco del Triunfo de Barcelona, para acompañarle los últimos metros antes de que entrara en la sede del tribunal catalán. A diferencia de declaraciones anteriores de responsables de la Generalitat por causas relativas al procés, la de esta mañana no ha congregado a mucha gente en apoyo de Torra. Los gritos de “president” y “Ni un paso atrás” se han coreado en los escasos 50 metros de cordón de seguridad. En esa primera línea de autoridades, junto a Torra estaba la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y Marcel Mauri, de Òmnium Cultural, junto con el vicepresidente del Gobierno catalán, el republicano Pere Aragonès.

Junto a las personas que aguardaban la entrada de Torra, que han cantado Els Segadors, había un nutrido grupo de jóvenes que coreaban otras consignas en apoyo a los ocho militantes de Arran que esta mañana son juzgados por unos incidentes que tuvieron lugar el 1 de mayo de 2016. A los acusados se les imputa delitos de desórdenes y daños en una manifestación que se produjo ese día y se enfrentan a penas de tres años de prisión.

Al interior del Palau, además de Torra, han accedido su abogado defensor en esta causa, Gonzalo Boye, y Jaume Alonso Cuevillas, además de su esposa. Paluzie ha denunciado, después de la entrada de Torra, que la citación era una ejemplo de la “represión” que ejerce la Junta Electoral Central de forma permanente: “En este caso es un atentado contra la libertad de expresión” al obligar a retirar los lazos amarillos al estar en periodo electoral. "La JEC se ha convertido en un órgano censor, que vulnera los derechos fundamentales, la liberta de expresión o los derechos políticos en el caso de Puigdemont en su momento”, ha añadido para insistir en que es “un órgano que no cumple los principios de neutralidad con miembros que han hecho declaraciones y artículos manifiestamente de parte y que no deberían formar parte de un órgano al que se le debería pedir una neutralidad exquisita”.

Sin hacer uso de la prerrogativa que le permitiría ser interrogado en su despacho por su cargo de presidente de la Generalitat, Torra se ha ofrecido al TSJC para prestar declaración el 15 de mayo, en plena campaña de las elecciones municipales y europeas, después de que el alto tribunal catalán le consultara por su agenda.

Quim Torra ha asegurado este martes, al cumplirse un año de su investidura, que acudiría al TSJC no a defenderse, sino a "acusar al Estado español" de lo que entiende como una vulneración del derecho a la libertad de expresión, por la orden de retirar los lazos amarillos en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril. Tras su declaración ante el juez, el presidente catalán tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat, tal y como hizo Mas cuando fue interrogado por organizar la consulta del 9-N.

La querella que investiga el TSJC, interpuesta por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la Junta cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía". La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".