Los tres magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto por el que desestiman la recusación que el PP presentó el pasado 16 de septiembre contra la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, encargada de la investigación por la destrucción en 2013 de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas en la que el partido está imputado como persona jurídica. Los populares alegaban que la juez no era imparcial ya que, en su opinión, tenía una “evidente cercanía” con el PSOE. El auto de los tres magistrados concluye que nada de lo expuesto por los representantes legales del PP lleva a concluir “desde un punto de vista objetivo y aséptico la pérdida de imparcialidad de la magistrada”. Los populares ya habían presentado una anterior recusación contra la magistrada, que también fue rechazada.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados repasan una por una las tres causas alegadas por el PP para pedir que la juez dejara un caso en el que, además del partido, están procesados su tesorera, Carmen Navarro; al abogado de la formación, Alberto Durán, y al exjefe informático, José Manuel Moreno. En primer lugar, los populares argumentaban que Freire había sido propuesta por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exdiputado socialista Álvaro Cuesta como candidata a ocupar un juzgado de la Audiencia Nacional. “No podemos asumir que la defensa de una candidatura determinada para cubrir un puesto judicial previamente ofertado a través del mecanismo temporal de la comisión de servicios implique una contaminación política sobre él o la aspirante”, destacan los magistrados en su escrito, en el que, además, resaltan que “ni fue la única magistrada cuyo nombramiento se debatió ni, además, fue quien resultó designada”.

En segundo lugar, el PP invocaba la “evidente” relación de Freire con Álvaro Cuesta por la participación de la primera en diversas jornadas jurídicas en las que también había intervenido el vocal del CGPJ. Una coincidencia que el auto considera lógica teniendo en cuenta que ambos son expertos en mediación penal, la cuestión sobre la que trataban dichas mesas redondas. Por ello, consideran que tal coincidencia no puede “generar suposiciones relacionales negativas”.

Finalmente, los populares argumentaban que la magistrada fue designada por el grupo parlamentario socialista como ponente en la Comisión de Justicia del Congreso para debatir la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Una intervención que, por lo demás, fue especialmente crítica con el proyecto de reforma del Partido Popular", añadían en su escrito los populares. Sin embargo, tras analizar el acta de aquella intervención, la Audiencia Provincial considera que de la misma no se puede deducir “un atisbo de animadversión hacia un partido político y que eso luego se traduzca en la pérdida de imparcialidad”. Por todo ello, el auto concluye que “ninguna de las circunstancias alegadas, por si solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la magistrada recusada” y desestima la pretensión del partido.