El cambio del delito Del que se acusa a Javier Duarte de Ochoa implica una reducción de la condena que podría enfrentar y existe la posibilidad de que salga de la cárcel debido a que el supuesto ilícito no es considerado grave y el proceso se puede enfrentar en libertad.

Ciudad de México, 22 agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) presentó en los último minutos de ayer formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Lo anterior constituye una reconfiguración del delito del que se acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaría una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, la pena por el primer ilícito es de 20 a 40 años de prisión, mientras que por el segundo alcanza de 5 a 10 años.

La dependencia presentó la acusación cerca de las 23:30 horas del martes y deja la puerta abierta a la posibilidad de que Duarte abandone la cárcel, pues lo delitos no son considerados como graves y se pueden enfrentar en libertad.

Ante ello la PGR anunció que presentará una solicitud para que el juez aplique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que el veracruzano podría huir como lo hizo antes de concluir su mandato.

Fue en julio de 2017 que Duarte fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y debido al riesgo de fuga le fue impuesta la prisión preventiva justificada.

Desde entonces, el ex mandatario ha permanecido en el Reclusorio Norte y aunque se ha solicitado su traslado a un centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos, esto no ha sucedido.

Por su parte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del ex Gobernador, comentó que está a la espera de que el juez le notifique la acusación de la PGR para poder tomar acciones.

El ex político que gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado y después extraditado a México, al ser reclamado en el país por una orden de arresto derivada de los cargos federales y las dos órdenes de la fiscalía del estado recién cumplimentadas.

La PGR lo acusó de supuestamente crear una red para desviar millonarios recursos de las arcas de Veracruz y lavarlos mediante la compra de bienes raíces.

Antes de su extradición, Duarte desestimó y calificó de irrisorias las dos acusaciones de la fiscalía local alegando, entre otras razones, que no participó en la transferencia de los 220 millones de pesos.