El proyecto tipifica como delito "paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad (...) servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones", y también la ocupación de "bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados".

Con esta ley, en línea con la política represiva del Gobierno de Sebastián Piñera, el Parlamento pretende penalizar métodos de lucha de trabajadores como paralizaciones u ocupaciones de fábricas y empresas.

Presentado el 25 de noviembre por dos parlamentarios del partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional (RN) y tres del Partido Demócrata Cristiano (DC), y busca criminalizar "siete situaciones que serán consideradas como desorden público para efectos de esta ley", según indica un artículo publicado en la página web de Diputados.

El proyecto establece "que el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años".

Las situaciones que, según este proyecto, podrían catalogarse como "desorden público" y ser constitutivas de delito serían las siguientes:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Además, la medida señala que "se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados".

Al mismo tiempo que establece como "delito" incendiar objetos o destruir establecimientos comerciales o industriales, integra como delito las paralizaciones o interrupciones en servicios estratégicos clave como transporte, electricidad, comunicaciones, salud, lo que abre la puerta a penalizar métodos de lucha de sectores de trabajadores, o situaciones como ocupaciones de fábricas y empresas.

La iniciativa fue ratificada en general por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones, y será despachado al Senado para su sanción. Su aprobación contó con el apoyo de prácticamente todos los sectores, incluyendo el Frente Amplio (FA). Algunos sectores del Partido Humanista y el Partido Comunista(PC) votaron en contra y hubo algunas abstenciones en el PC y del FA.

Muchos diputados frenteamplistas argumentaron que su voto era a favor "en general" para luego hacer "indicaciones" (o modificaciones). Esta maniobra juega a favor de la derecha porque las indicaciones tienen un carácter testimonial frente a la criminalización de la protesta que significa la ley de conjunto.

Con esto el régimen busca establecer como ley medidas represivas y coercitivas que podrían atentar directamente contra formas de lucha de sectores de trabajadores, que pueden ser usadas para criminalizar la organización obrera, especialmente en aquellos rubros estratégicos que tienen mucha más fuerza para imponer sus demandas y poner en jaque a las autoridades.

No es casual que iniciativas como esta lleguen en un momento de profunda debilidad y deslegitimidad del gobierno de Piñera- que tiene menos del 10% de aprobación-, y en un contexto de movilizaciones sociales y cuestionamientos al Chile capitalista y neoliberal heredado de la dictadura, donde diversos sectores de trabajadores se han movilizado contra las precarias condiciones de trabajo, contra despidos y otro tipo de ataques empresariales.

Aunque este proyecto haya sido camuflado con apartados que hablan de quema de edificios o destrucción de inmuebles, lo de fondo y central son los puntos que contienen medidas represivas contra los trabajadores y las movilizaciones.

¿Y si trabajadores/as de un mall o centro comercial deciden paralizar por mejoras en sus condiciones laborales y movilizarse al interior de las tiendas? ¿Será catalogado como "delito" cuando trabajadores de la salud paralicen sus funciones para luchar por mejorar la salud pública y sus condiciones de trabajo? ¿Será estipulado como "delito" si trabajadores deciden cortar una calle para realizar una protesta?

Es escandaloso que parlamentarios de formaciones del FA como Convergencia Social y Revolución Democrática aprueben proyectos como este, que vulnera el derecho a la protesta de trabajadores, junto con la derecha defensora de este capitalismo neoliberal basado en la precarización del trabajo y la persecución contra la organización de la clase trabajadora.

Ni qué decir aquellas y aquellos parlamentarios que se abstienen en votaciones de este tipo, como Karol Cariola del PC o diputadas del Frente Amplio como Camila Rojas o Claudia Mix, que no toman posición en contra de una medida antiobrera y persecutoria como esta.

En este sentido se pronunció Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), grupo que impulsa La Izquierda Diario en Chile. El excandidato a diputado, que enfrenta una demanda del Estado contra su libertad de expresión, manifestó que se trata de una medida "escandalosa de criminalización a la protesta social ¡Una ley anti paros! ¡Y la mayoría de @elfrente_amplio votó a favor! Bailando al ritmo de la derecha y su represión!".

Cámara de diputados acaba de aprobar proyecto que tipifica la alteración de "la paz pública"como delito.

Medida escandalosa de criminalización a la protesta social ¡Una ley anti paros!

¡Y la mayoría de @elfrente_amplio votó a favor!

Bailando al ritmo de la derecha y su represión! — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) December 4, 2019

Tótoro denunció vía twitter que "la mayoría de @elfrente_amplio votó a favor y la mayoría del @PCdeChile se abstuvo ¡Favoreciendo la aprobación de proyecto de ley levantado para criminalizar la protesta social y los paros de trabajadores! ¡¡Le hacen el juego a la derecha con sus votos!!"

Se tiene que saber: la mayoría de @elfrente_amplio votó a favor y la mayoría del @PCdeChile se abstuvo ¡Favoreciendo la aprobación de proyecto de ley levantado para criminalizar la protesta social y los paros de trabajadores!

¡¡Le hacen el juego a la derecha con sus votos!! — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) December 4, 2019

No se puede tolerar que avancen proyectos que solo buscan amarrar y golpear la organización y movilización de millones de trabajadores que despertaron y fueron parte de la rebelión popular, que dijeron basta a los 30 años de abusos y miseria producto de las herencias de la dictadura.

Es urgente que las principales centrales sindicales, organizaciones de trabajadores y movimientos sociales rechacen de manera categórica este proyecto y toda medida que ataque la organización y movilización de la clase trabajadora, que es uno de los objetivos principales de este gobierno derechista y defensor de toda la herencia de la dictadura.