El 30 de junio de 2015, Leonardo García Vázquez, en ese entonces habitante del fraccionamiento Privada Esmeralda, en Zempoala, Hidalgo, sufrió la pérdida de sus bienes luego de que la casa que rentaba se inundara. Leonardo tenía apenas 6 meses habitando dicho inmueble, mismo tiempo que tenía el fraccionamiento de haberse inaugurado.

Tras la inundación, Leonardo, quien también formaba parte del Comité de Administración, buscó a la constructora responsable SYLMA, quien le respondió que no podía reparar el daño. Cinco meses después, una aseguradora le recuperó sus muebles, pero no pasó mucho para que el fraccionamiento se volviera a inundar, por lo que acudieron con las autoridades correspondientes para indagar las causas de las constantes inundaciones.

En entrevista para Atando Cabos, conducido por la periodista Denise Maerker, el afectado detalló que al solicitar la información descubrieron que la tubería del fraccionamiento no era la adecuada para la zona de Zempoala. Con ello, Leonardo demostró que la constructora SYLMA había pasado por alto una serie de dictámenes y licencias de construcción requeridos para construcciones como este fraccionamiento, para garantizar la seguridad de los habitantes.

Por tal motivo se inició una investigación sobre la constructora y quienes la representaban. Animal Político publicó el 27 de julio de 2017 que Marco Antonio Rico Moreno, subsecretario de Obras del estado de Hidalgo, tenía acciones en la constructora SYLMA, así como en otras cinco constructoras de la entidad, además de ser el hermano de la dueña, Silvia Moreno Rico.

Leonardo cuenta que tras iniciar las indagatorias, Marco Antonio Rico se hizo presente en el fraccionamiento, pero al ser cuestionado por los vecinos sobre el motivo de su visita se limitó a contestar que “iba como hermano de la dueña”, más no como funcionario público en busca de una solución, para reparar los daños.

Los vecinos afectados al no ver una reacción por parte de la constructora, acudieron a la Contraloría del Estado, donde les dijeron que no podían hacer otra cosa, más que emitir una sanción y platicar con el funcionario Marco Antonio Rico en busca de una solución.

Leonardo acudió entonces a platicar con el subsecretario de Gobierno de Hidalgo, Juan Luis Lomeli Plascencia, a quien le dijo que su única petición era que el fraccionamiento no se volviera a inundar.

“El 10 de abril de 2017 fue el último día que me reuní con el subsecretario de Gobierno y la dueña de SYLMA, Silvia Moreno Rica, ahí ella me dijo que me iba a demandar por difamarla, cuando yo no soy el único que demanda el daño, sino todos los vecinos del fraccionamiento”, explicó Leonardo al noticiero de Radio Fórmula.

Al pasar los meses y no haber solución, Leonardo se muda a una casa que tiene en el Estado de México, en la cual fue buscado por la Policía Municipal de Hidalgo la mañana de este 11 de enero para informarle que tenían una orden de aprehensión en su contra, por el delito de difamación por lo que lo trasladarían a Hidalgo.

Al llegar a la capital hidalguense, lo presentaron ante el juez Tercero de Control del Poder Judicial, quien tras la primera audiencia ordenó la libertad inmediata de Leonardo y le dictó dos medidas cautelares: firma periódica y la prohibición de salir de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

Su audiencia se retomará el próximo 15 de enero a la 1 de la tarde, en ella se decidirá si Leonardo es vinculado o no a proceso por el delito que se le imputa.

Ante esta situación Leonardo es defendido por el abogado Alberto Guerrero Rojas, quien lo asesoró para que realizara la reclamación patrimonial, ante el delito que le imputan.

En tanto, Firma Jurídica Díaz, que asesora legalmente a Sylma, justificó el arresto de Leonardo, contra quien se procedió legalmente para evitar que “continuara causando descrédito, deshonra y sobretodo desconfianza en la comunidad”, luego de que colocara mantas, lonas y fotografías en distintos puntos de la ciudad acusando a la constructora de no responder por los daños.

“El proceso que se sigue en contra de Leonardo García Vázquez no tiene relación alguna con actores políticos y/o servidores públicos, sino que se limita a una investigación ministerial apegada a las formalidades legales”, expuso la firma en este comunicado.

Con información de Radio Fórmula.