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El ser humano es racional, es decir, tiene la capacidad suficiente para analizar una situación y tomar la decisión más conveniente. Este principio inspira, por ejemplo, a la gran mayoría de los modelos económicos. Luego, efectivamente, llega una crisis que nadie preveía y nos vamos todos al carajo. ¿Hemos dejado de ser racionales por inundar el mercado financiero de hipotecas subprime, por fabricar bienes que tienen una obsolescencia programada o por haber mantenido a Rita Barberá como alcaldesa de Valencia durante muchos años?

Quizás el problema radica en la generalización, en meter a todas las personas en ese saco llamado “ser humano” y atribuirles, genéricamente, la misma causa y el mismo efecto a las decisiones que cada una pueda tomar. Entremos en materia.

El miércoles 21 de septiembre se votó en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley de Podemos para crear una Oficina independiente para la prevención del fraude y la corrupción en la Administración Pública. Por si Gurb, los habitantes del planeta Omicron Persei 8 o George W. Bush nos están leyendo, hay que recordar que Andalucía es esa maravillosa tierra, conocida en todo el mundo por La Alhambra, el flamenco, los ERE y el fraude de los cursos de formación. Una Comunidad en la que, si todos los cargos públicos imputados y condenados por corrupción montasen una red social, tendrían más usuarios que Google Plus.

Ante este panorama, ese ser racional que llevamos dentro pensaría: “La corrupción es mala. Algo malo es algo que no queremos. Una Oficina Anticorrupción previene la corrupción, luego una Oficina Anticorrupción es algo que queremos”. Y mientras hacemos ese razonamiento, Aristóteles y Kant sonríen y asienten satisfechos en sus respectivas tumbas.Pero lo que sucedió en el Parlamento de Andalucía nos tiene que hacer, por fuerza, dudar de esa cualidad pensante del ser humano porque, lo que debería haber sido un trámite felicísimo, donde todos los grupos parlamentarios se felicitasen de dar un paso importante para acabar con la lacra de la corrupción, se convirtió en un nuevo esperpento.

Si Aristóteles o Kant hubieran asistido a ese debate, terminarían arrojándose al vacío desde lo alto de la Giralda. El Consejo de Gobierno de la Junta, ese ente que ha sido dirigido en las últimas décadas por Chaves -la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para él- y por Griñán –la Fiscalía pide 6 años de cárcel para él-, abrió el debate en el Pleno oponiéndose a la creación de esa Oficina Anticorrupción por dos motivos principales. El primero, alegan, es que tiene deficiencias técnicas y jurídicas. Probablemente las tenga y, con seguridad, son perfectamente salvables. Prueba de ello es que una Oficina similar se está tramitando en Las Cortes Valencianas, donde gobierna también el PSOE y, a pesar de tener las mismas deficiencias, han decidido darle paso a la fase de enmiendas para corregirlas, una actitud ligeramente más constructiva que tumbar todo el proyecto y permanecer sin oficina.

Claro que ya nos estamos acostumbrando a que el PSOE de otras Comunidades saque adelante leyes que el Susanato no ha permitido siquiera admitir a trámite. El segundo motivo es el “alto coste” de esta Oficina, cifrado en 3 millones de euros anuales. 3 millones, nos dice nuestra lógica, es un pastizal. Cierto. Pero luego uno mira lo que nos ha costado el fraude de los ERE -700 millones- o el de los cursos de formación -800 millones- y se pone a hacer cuentas:

800,000.000 + 700,000.000 = 1.500.000.000 de euros en 2 casos de corrupción.

1.500.000.000/3,000,000 = 500 de años de Oficina Anticorrupción.

Y uno se preocupa pensando que es tremendamente problemático que los responsables de la dirección y la gestión de la Junta de Andalucía no comprendan lo que es una inversión claramente ventajosa. De hecho, esta inversión no es tan tan tan ventajosa como las condiciones del préstamo que se les dio a los bancos rescatados y que ni siquiera van a devolver, pero casi.

La posición y esta brillante argumentación del Consejo de Gobierno de la Junta estuvo, además, acompañada por la intervención del grupo parlamentario del PSOE, cuyo portavoz se pasó 8 minutos de los 10 que dura la intervención hablando de los casos de corrupción del PP. Y aunque podamos compartir que esos casos son repugnantes y denunciables, cuesta entender que Bárcenas, Rita Barberá, los ordenadores destruidos, la Gürtel o la Púnica puedan justificar el voto en contra del PSOE a la Oficina Anticorrupción. Una de dos, o el grupo parlamentario socialista ha alcanzado cotas de pensamiento tan avanzadas que son inalcanzables para el resto de los mortales, o utilizan esa avezada técnica discursiva conocida popularmente como “pues anda que tú…”.

Y en estas que llega el turno del portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Si cada vez que este grupo parlamentario interviene se paran los relojes, los pájaros detienen su canto, cierran los chinos y hasta mi abuela prescinde de su siesta, tratándose de una propuesta contra la corrupción y por la regeneración democrática, raro es que no se produjese un eclipse o una alineación de todos los planetas del Sistema Solar. El paladín naranja de turno embocó los micrófonos y reprochó a Podemos (sí, sí, a los que proponían la creación de la Oficina Anticorrupción) que llegan un año y medio tarde. Que esa y otras medidas contra la corrupción ya las incluyeron en el pacto de investidura que hizo Emperatriz a Susana Díaz.

Y haciendo memoria de los dos últimos años de elecciones e investiduras, uno se da cuenta de que la política de Ciudadanos ha consistido únicamente en la firma de pactos everywhere. Y si, además, tenemos en cuenta que en el Parlamento de Andalucía no han presentado ni una sola proposición de ley, podemos temer, con motivo, que aún no saben diferenciar un pacto de una ley, que piensan que, después de firmar un pacto, hay unos duendecillos que lo llevan a cabo mientras duermen, que cuando incluyen medidas anticorrupción en todos sus pactos, todos los corruptos y los mafiosos corren a entregarse a la policía.

No comprendo aún muy bien cómo funciona el mundo en el que vive esta gente de Ciudadanos, pero debe ser maravilloso. Eso sí, me pregunto qué pasará si, en algún momento extraño, deja de haber elecciones, investiduras y posibilidad de pactos. Tendrán que convocar a los medios cada vez que coincidan en el servicio con alguien de otros partidos para que siga pareciendo que hacen algo. Como viene siendo habitual, la posición de Ciudadanos en la votación supone, en la práctica, engordar los votos del grupo parlamentario del PSOE, por lo que la abstención del PP y el voto favorable de IU a la creación de la Oficina Anticorrupción no pasan de ser tristemente anecdóticos y, en esta tierra donde una ardilla puede llegar desde Huelva hasta Almería saltando de malversación en prevaricación más fácil y más rápido que en tren, nos quedamos sin poner en marcha la primera iniciativa real para prevenir y erradicar la corrupción institucional. La lógica, la razón, esas capacidades que se le presuponen al ser humano, parecen quedar en entredicho hasta que nos hacemos en voz alta la pregunta con la que el diputado Juan Moreno Yagüe cerró el debate: “¿Quiénes serían capaces de votar en contra de crear una Oficina Anticorrupción?”. Todos sabemos la respuesta…

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Francisco Jurado es asesor del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía.