La formación reclama que “el Gobierno de Aragón no haga dejación de su obligación de defender los intereses de nuestro país y actúe para que las concesiones hidroeléctricas caducadas pasen a ser públicas”

La organización independentista rechaza “el intento de estas empresas de seguir exprimiendo los recursos aragoneses” y reclama del Gobierno de la Diputación General de Aragón actuaciones contundentes contra Acciona y Endesa.

Puyalón recuerda que las centrales de Urdiceto o la auxiliar de Campo “se encuentran en un proceso de reversión con muchas incógnitas ya que desde el gobierno central y la CHE se dejaron caducar expedientes de reversión como el de Lafortunada-Zinqueta, para seguir beneficiando a las grandes compañías energéticas”.

Daniel Lerín, secretario general de Puyalón considera que “la soberanía sobre los recursos económicos es un pilar fundamental de cara a articular políticas que redistribuyan la riqueza”. “La restitución social y económica pasa por nacionalizar todas estas instalaciones” y recuerda que “en Aragón, tenemos cerca de 150 centrales, que producen el 10% de la hidroelectricidad de todo el Estado”.

“Si el beneficio privado de estas empresas se revertiese sobre el territorio, cambiarían las expectativas de muchos municipios aragoneses, justo en un momento en el que la financiación local está ahogada”, apunta Lerín.

Desde Puyalón se considera que “la administración aragonesa y los municipios deben obtener la propiedad y gestión todas las centrales a las que se les va a caducar la concesión”. A su juicio, “con estos recursos estratégicos el Gobierno de Aragón debe crear una empresa pública energética que esté al servicio de la población y no de los intereses empresariales”.

“Esta empresa pública ayudará a dinamizar el medio rural aragonés que ha soportado el peaje de centrales y embalses, de pueblos deshabitados, de pésimas infraestructuras, de servidumbres medioambientales, concluye Puyalón de Cuchas.