Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti.

Por Gabriel Morini La reuni ón había sido coordinada el viernes pasado, vía WhatsApp, con una invitación directa del presidente Mauricio Macri al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El encuentro se tradujo en un almuerzo que se extendió por una hora y media, donde la coyuntura política y económica fueron temas que atravesaron la charla, cara a cara. La intención del Gobierno fue ratificar un tema que lo desvela: necesita asegurar el resultado en el combo de casos judiciales referidos al sistema previsional argentino que el máximo Tribunal tiene también entre sus prioridades. Los tópicos son variados y van desde pisos y topes en el cálculo de haberes, la aplicación del Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones y la catarata de sentencias apeladas por la ANSES por la fórmula de movilidad basada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que la Justicia de la Seguridad Social considera ilegal. Son, al menos, 100 mil casos, pero continúan acumulándose. Para otro capítulo quedará la validación de la reforma previsional de diciembre de 2017, cuya definición -promesa mediante de un trámite "slow motion"- podrá extenderse a 2019.



ón había sido coordinada el viernes pasado, vía WhatsApp, con una invitación directa del presidente Mauricio Macri al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El encuentro se tradujo en un almuerzo que se extendió por una hora y media, donde la coyuntura política y económica fueron temas que atravesaron la charla, cara a cara. La intención del Gobierno fue ratificar un tema que lo desvela: necesita asegurar el resultado en el combo de casos judiciales referidos al sistema previsional argentino que el máximo Tribunal tiene también entre sus prioridades. Los tópicos son variados y van desde pisos y topes en el cálculo de haberes, la aplicación del Impuesto a las Ganancias a las jubilaciones y la catarata de sentencias apeladas por la ANSES por la fórmula de movilidad basada en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que la Justicia de la Seguridad Social considera ilegal. Son, al menos, 100 mil casos, pero continúan acumulándose. Para otro capítulo quedará la validación de la reforma previsional de diciembre de 2017, cuya definición -promesa mediante de un trámite "slow motion"- podrá extenderse a 2019.

Como adelantó Ámbito Financiero el 11 de junio, la dinámica que adquieran esas resoluciones que la Corte tiene en carpeta puede descomprimir la caja del Estado o comprometer, de manera irremediable, las metas de reducción del déficit prometidas al Fondo Monetario Internacional (FMI), transformando el acuerdo en letra muerta. La Casa Rosada pretende que el "esfuerzo" requerido a la ciudadanía, en el caso de la cabeza del Poder Judicial, se transforme en un compromiso de gobernabilidad, similar a lo que fue en su momento el aval a la pesificación asimétrica, que evitó un colapso económico. El punto central es el antecedente que generaron las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social, considerando ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la RIPTE. Lo reemplazan por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular, por lo que ANSES forzó que todo ese millonario paquete de eventuales recomposiciones termine en la Corte. La consecuencia de los fallos que están en "la cocina" de la Corte puede alterar el escenario para todo el sistema previsional argentino tal como está actualmente concebido. Para el Gobierno, esa prioridad de "caja" desplaza en importancia a cualquier asunto que emane desde el otro polo de poder que conforma Comodoro Py. Lorenzetti tiene injerencia en ambos frentes.



