El gobierno de Mauricio Macri encontró un caos administrativo apenas asumió. Por eso el Presidente le ordenó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizar una auditoría integral del Estado y de la administración pública nacional para poder sincerar la herencia que dejó el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El relevamiento durará 60 días y estará a cargo de la Sindicatura General de la Nacion (Sigen), que dirige Ignacio Rial. Pero existe otro problema: la Sigen también fue desmantelada por la gestión del kirchnerista Daniel Reposo.

No sólo eso. Cada ministerio tiene una Unidad de Auditoría Interna (UAI), que reporta a la Sigen. Peña les ordenó a sus sabuesos valerse de las UAI para facilitar el trabajo. Pero todas están desactivadas.

"Todo hay que volver a ponerlo en marcha. Nos encontramos un puñado de contadores en la Sigen. Habrá que contratar decenas de contadores y profesionales", señaló a LA NACION un funcionario muy allegado a Peña. Macri quiere curarse en salud. Planea medidas duras para sanear el Estado y las provincias y revertir el estancamiento económico. Por eso, presume que necesita un inventario para exhibir lo que recibió como herencia. "Cualquier medida se entenderá mejor si mostramos lo que recibimos", dicen a su lado. Posiblemente, esa auditoría se articule con las ya anunciadas en el Senado, la Afsca, el PAMI, la Cancillería y el Ministerio de Medios, entre otras dependencias.

Peña puso en marcha a sus dos laderos: Gustavo Lopetegui, secretario de Gabinete, y Mario Quintana, secretario de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria. Ellos, junto con un grupo de jóvenes distribuidos en mesas del emblemático Salón de las Mujeres del Bicentenario, comenzaron a evaluar por dónde empezar.

Apenas asumió, Peña descubrió que para pagar sueldos en un organismo descentralizado él tenía que firmar una autorización. No había sistema de débito automático. Cuando sus ministros piden informacion a los directores de Recursos Humanos sobre el personal de planta y contratado, las planillas no existen o no llegan.

En muchos casos, los directores de RR.HH. no tienen la información. En otros, no la suministran por viejas simpatías con el kirchnerismo.Cuando Paula Bertol asumió en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Gabinete,le agradeció a su antecesor Oscar González el orden en su área. Pero descubrió que el resto del edificio de la ex Somisa, en Julio A. Roca y Belgrano, era un auténtico aguantadero de militantes de La Cámpora. Se chocaban entre sí, sin funciones claras: muchos de ellos no le podían dar la mano y mirarla a la cara. Se notaba la tensión en sus rostros.

Una funcionaria descubrió que en su subsecretaría tenía 27 empleados. Pero le costó tres días descubrir dónde estaban. Nadie le acercaba la información. Al ver la lista descubrió muchos nombres de La Cámpora. Al citar a uno, le pidió los "programas" en los que trabajaba: eran puras fotos de militantes.

"Esta auditoría durará todo el verano, quermos terminarla en 60 días. No queremos hablar siempre del kirchnerismo", dijo un funcionario de Peña a LA NACION. Los jóvenes de Peña evaluaron tercerizar la auditoría en una empresa especializada. Pero temieron que el proceso se hiciera largo y costoso.

Peña y sus hombres, Lopetegui y Quintana, tuvieron varias reuniones con Rial, titular de la Sigen, y con los sindicos generales adjuntos, Alejandro Ameijenda, y Ignacio Díaz Zavala. Luego de reactivar las UAI revisarán inventarios de bienes del Estado, deudas, licitaciones en marcha, listados de personal, entes cooperadores que contratan personal con recursos del Estado y los posibles focos, cajas y negocios de corrupción que ya comenzaron a encontrar o a sospechar.

¿Quiénes, cómo y en qué se gastaba la plata? También pretenden hurgar el personal de cada ministerio, secretaría o subsecretaría de Estado. ¿Qué empleados trabajan y cuáles sólo militan?

"Muchas veces no hay información y no es mala voluntad. En otros, los de RR.HH. son puestos por el kirchnerismo", confiaron.

De todos modos, la auditoría no está vinculada a la revisión que anunció el mininstro de Modernización, Andrés Ibarra, de 64.000 contratos temporarios.

En la última reunión de gabinete en la Casa Rosada, Macri escuchó de varios ministros que existía un desorden de contratos de personal y de planes sociales no sólo en la Nación, sino en las provincias. Con ellos el anterior gobierno mantenía el disciplinamiento de los gobernadores. Se acordó que la racionalización debía federalizarse.

También mencionaron cientos de empresas y cooperativas que reciben subsidios caóticos. El desafío de los macristas es hacer el saneamiento profundo, pero sin afectar beneficios laborales y sociales para evitar los conflictos.