Marisol Martínez tiene 31 años y lleva uno colaborando con la Plataforma Stop Desahucios 15M Granada. En su 'primer' desahucio el pasado lunes vivió en primera persona lo que ella denuncia como "abuso de autoridad policial".

La mañana del día 8, ella y un compañero de la plataforma se presentaron en el domicilio que iba a ser desalojado en la calle Arquitecto Modesto Cendoya, situada en la zona Norte. Mientras varios agentes ejecutaban el cambio de puerta de la vivienda, ella y su compañero se limitaron desde fuera del edificio a mantener informados a otros miembros de la plataforma que se encontraban en la sede de AVRA, junto a la pareja afectada, citados por el técnico de la agencia.

Marisol sacó el móvil en un intento de hacer una foto del exterior del edificio. Tuvo muy en cuenta que no se viera retratado ningún agente, pues la Ley Mordaza impide fotografiar a agentes de policía desempeñando su labor.

Al percatarse del movimiento de la joven, uno de los policías la sorprendió. Seis agentes la rodearon y de la impresión a Marisol se le cayó el móvil. "Ni me miraron el móvil, ni me preguntaron. Me esposaron y me llevaron a la comisaría". Era la primera vez que Marisol se enfrentaba a los calabozos sin saber siquiera el motivo por el que había sido detenida hasta entrar en ellos. "En el calabozo me he sentido despreciada y mal informada. En el momento que me detuvieron, el policía me advirtió amenazante que si había subido algún vídeo a las redes me multarían con 300.000 euros", todo esto sin comprobar si había hecho fotos o vídeos del edificio.

La detenida, que estuvo nueve horas en los calabozos, afirma que sufrió un trato desagradable, llegando a recibir frases del tipo: "¿Habías estado alguna vez detenida?" y al decirles que no, los agentes contestaron con tono burlón: "Siempre hay una primera vez".

Marisol fue puesta en libertad sin la devolución de su móvil, algo que le dijeron ocurriría una vez estuviera en libertad. "Ni siquiera me han dejado hacer un duplicado de la tarjeta, lo necesito para trabajar pero me lo deniegan". La chica salió de la comisaría denunciando al agente por abuso de la autoridad y con una infracción administrativa por desobediencia a las autoridades que alcanzará los 300 euros. Para la recuperación de su dispositivo tendrá que recurrir a la Subdelegación de Gobierno.

Miembros de la plataforma, junto a varios afectados, se citaron ayer en la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación para mostrar su apoyo a todos los casos de desahucios existentes, y denunciar el abuso de autoridad con la compañera. Desde la plataforma destacan que lo que se está haciendo desde AVRA con las viviendas sociales es "desvestir a un santo para vestir a otro".