Las amenazas contra los habitantes de la comunidad yaqui Lomas de Bácum, quienes han protestado desde hace cuatro años contra la construcción del gasoducto Sonora, se han intensificado en el último mes, de acuerdo con pobladores amenazados.

Los indígenas yaquis han recibido amenazas de ataques por parte de otras comunidades vecinas que están a favor del proyecto, que presuntamente ocurrirán entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, si no aceptan el proyecto.

Bácum es el único de los ocho pueblos -que se encuentran a lo largo de los 90 kilómetros del segmento Guaymas, El Oro,- por los que atravesaría el gasoducto que se oponen al proyecto; sin su aprobación, la construcción no se puede realizar.

En abril de 2016, los pobladores de Bácum obtuvieron un amparo del Juzgado séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón contra la construcción del gasoducto, por lo cual la obra, que inició en 2013 por parte de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), se encuentra suspendida y el proyecto no ha podido operar a la fecha.

Los indígenas opositores al proyecto han denunciado que no fueron consultados antes de iniciar el proyecto, además, están en contra en vivir cerca de un conducto de gas.

De acuerdo con un video realizado por los opositores del proyecto y un comunicado de la CNDH, el pasado 21 de octubre se registró un enfrentamiento en Bácum, con un saldo de un muerto, ocurrido entre las personas que están a favor y en contra de la construcción de gasoducto, por lo que la Comisión recomendó resolver este conflicto pacíficamente.

Además, otros cinco opositores clave que realizaban gestiones y representaban a los cerca de 30 mil yaquis que rechazan el proyecto, han sido asesinados en supuestos “asaltos”, mientras que otros opositores han sido secuestrados para presionarlos. Además, en abril de 2017 se incendió un trigal en Bácum, donde murió un joven de 18 años opositor al gasoducto y una mujer recibió un tiro en la pierna por una “bala perdida”.

La construcción de un gasoducto genera violencia en una comunidad yaqui

“Nos mandan decir que no sabemos lo que nos espera… que hay unos sicarios dispuestos a callarnos”, dijo en entrevista una de las habitantes de Lomas de Bácum, quien solicitó omitir su nombre.

“Siempre hemos tenido amenazas de gente que nos encuentra en la calle y nos dice que nos van a mandar levantar, todos los meses tenemos una que otra, pero estos últimos días han sido recurrentes, es demasiada la gente que está haciendo esto, por eso nos preocupa”, dijo.

Los yaquis tienen una forma de gobierno comunitario en la que las autoridades son definidas por ellos mismos y todas las decisiones se toman por unanimidad: si un pueblo no firma, el proyecto no puede continuar, aunque el resto lo apruebe, explicó a Animal Político el activista Thor Morales, quien ha trabajado durante ocho años en proyectos de divulgación con las mujeres yaquis opositoras al gasoducto.

“O todos o ninguno”, explicó Morales, y agregó que los territorios de la comunidad yaqui no pueden ser administrados por separado, pues a diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas, no es un ejido donde cada uno tenga el título de su propiedad, sino que es un territorio comunal. “Por eso si un pueblo dice que no, en términos del gobierno comunitario (y a nivel institucional)… no prospera”.

De acuerdo con Morales, los yaquis de Bácum son amenazados bajo una técnica que calificó de “terrorista”, porque se esparcen rumores para crear un estado de pánico.

El activista explicó que, aunque las autoridades de los otros siete pueblos han dado su aprobación para el gasoducto, a los habitantes de Bácum les consta que los pobladores de esos otros pueblos no están de acuerdo con sus representantes, ya que tampoco quieren el gasoducto.

Ante el constante riesgo, los yaquis opositores al gasoducto presentaron una queja ante la CNDH, instancia que ha solicitado medidas de protección para ellos, y en junio de 2018 emitió una recomendación dirigida al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la que le exigió reparar el daño a las comunidades yaquis por las constantes violaciones a sus derechos humanos. Pese a esto, las amenazas continúan.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.