El gobierno de Ada Colau ha conseguido coser el apoyo de todos los partidos de la izquierda barcelonesa para la aprobación de las ordenanzas fiscales. Incluso el de la CUP, que hasta el último momento no ha dado a conocer el sentido de su voto, que finalmente ha sido positivo. Con el apoyo de la izquierda anticapitalista, sumado al de socialistas y republicanos, Barcelona sustituye la política fiscal de CiU -que se impuso en el pasado mandato gracias a la complicidad del PP- y aplicará a partir del 1 de enero de 2016 una nueva fiscalidad "más justa y equitativa". El acuerdo refuerza los vínculos de BComú con sus potenciales socios de gobierno, a la espera de que en el próximo año se concreten las alianzas para reforzar la estabilidad política de Barcelona.

Colau cede a las demandas de ERC y PSC para aprobar las ordenanzas fiscales

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El encargado de defender la propuesta, el teniente de alcalde Gerardo Pisarello, ha reivindicado que las nuevas ordenanzas fiscales "preservan las clases medias y protegen las familias más golpeadas por la crisis". Unas exigencias que, según el gobierno, se hacen compatibles con que "los grandes patrimonios contribuyan en el gasto del Ayuntamiento", ya que el IBI finalmente sólo se subirá a las viviendas de valor catastral superior a los 300.000 euros, tal y como sugería el PSC.

En un debate intenso, marcado por la indignación de la oposición, CiU ha hecho una lectura política de un acuerdo que ve como el renacimiento "de un nuevo Tripartito". La concejala de Unió, Sònia Recasens, ha alertado que la nueva fiscalidad supondrá una pérdida de ingresos de 2,2 millones de euros y ha lamentado "el poco margen de maniobra" que tiene el gobierno a la hora de aprobar medidas importantes. La fiscalidad vigente es la misma desde 2012, el último año en que se renovó, pactada entre el gobierno de CiU y el PP. Desde entonces, se ha prorrogado de manera automática y sin pasar por el pleno.

El debate sobre las ordenanzas ha girado alrededor del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. El gobierno pretendía congelarlo a en todos los tramos inicialmente, pero en la aprobación inicial se aceptó una propuesta del PSC para subirlo un 2% de las viviendas de la ciudad, los que tienen un valor catastral superior a los 300.000 euros. Para el resto de pisos, el impuesto quedará congelado. El PSC defiende el "sí" a las ordenanzas para esta medida, con la que ve una progresividad en el IBI; y también para las bonificaciones a que se ha comprometido el gobierno para industrias culturales y nuevos emprendedores.

ERC también ha hecho una defensa el "sí" a las ordenanzas con el fin de rebajar el transporte público a los jóvenes de 16 años según la renta familiar con una T-Joven bonificada. El jefe de filas de los republicanos, Alfred Bosch, además, ha querido contestar personalmente a Recasens: "No sé dónde ve usted el Tripartito, en todo caso aquí hay un pentapartito", ha dicho el edil independentista enumerando las formaciones que forman parte de la confluencia que representa BComú.

La sorpresa la ha dado la CUP, que finalmente ha apoyado la medida. El apoyo de los cupaires, sin embargo, ha ido acompañado de algunos matices. Su jefa de filas, María José Lecha, ha lamentado que la Iglesia no pague el IBI, aunque ha reconocido que el Ayuntamiento "no tiene mano" en esa materia. Lecha ha anunciado el apoyo a las ordenanzas, aunque puntualizando que se trata de un avance "muy pequeño".

Más allá de la congelación del IBI en todos los tramos excepto el más alto, las nuevas ordenanzas fiscales incluyen otras medidas como el aumento de tasas vinculadas a la emisión de informes técnicos o autorizaciones por parte de Bomberos o Guardia Urbana y incorporan subvenciones a las tasas de entidades o actividades no lucrativas y se implanta una tasa de desenganche de la grúa municipal antes de que se inicie la marcha.