El número de funcionarios públicos no escapa jamás del debate político, pero los años electorales tienen más que nunca en el ojo a los trabajadores del Estado, uno de los principales parteaguas en la campaña.

Mientras que los candidatos opositores Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) asientan gran parte de sus planes de reducción de gastos en la no provisión de vacantes, el Frente Amplio reivindica la gestión de recursos humanos de los últimos gobiernos bajo el argumento de que las filas del Estado se han engrosado principalmente con funcionarios dedicados a la educación, la salud y la seguridad.

¿Qué fue lo que pasó en los últimos años? En medio del fervor electoral, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentó los números cerrados de 2018 que permiten pasar raya a la evolución de los vínculos laborales en la actual administración.

Allí se constata que 2018 finalizó con 4.474 vínculos laborales más que en 2014. En cuatro años se pasó de 308.091 vínculos a 312.565.

Ese número contempla tanto a los funcionarios públicos (299.490) como a los no funcionarios (13.075), que tienen vínculos más precarios con el Estado.

Como algunas personas tienen más de un vínculo –por ejemplo, los docentes–, la ONSC descompone también el número de individuos “de carne y hueso” que trabajan para el Estado: en total son 274.977.

Período

Si uno se detiene en el total de vínculos y los descompone por grupo, efectivamente se percibe que los organismos del artículo 220 de la Constitución (que incluyen a ANEP, Udelar y ASSE, entre otros) concentran gran parte del aumento del período 2014-2018.

Esos organismos aumentaron en 10.442 sus vínculos (7,4% en comparación a 2014). El Poder Legislativo sumó 86 nuevos vínculos (un aumento del 7%), el Ejecutivo bajó 3.052 (-3,6% respecto a 2014), los entes industriales y comerciales disminuyeron 2.802 (-7,2%) y los gobiernos departamentales bajaron 200 vínculos (-0,5%).

Otra lectura posible se desprende de analizar la evolución de las diferentes categorías. Al mirar exclusivamente los números de funcionarios públicos clasificados por escalafón se destaca un incremento del 20% de los cargos de confianza (escalafón Q), pasando de 579 en 2014 a 695 en 2018.

El mayor salto en esa categoría estuvo en los gobiernos departamentales (donde crecieron 27,8% en cuatro años), seguido por los organismos del 220 (26,7%) y el Poder Ejecutivo (10,4%).

En cualquiera de los tres casos, el aumento es más pronunciado que en el escalafón H (docentes ANEP) y el G (docentes de Udelar). Mientras que los primeros aumentaron 5,1% (3707 funcionarios), los segundos crecieron 3,8% (421).

Por otra parte, los cargos de confianza no solo son aquellos registrados oficialmente bajo el escalafón Q. Existen otros tipos de vínculos –algunos de ellos ni siquiera con estatus de funcionarios públicos– que son designados por confianza.

Es el caso, por ejemplo, de los adscriptos o los asistentes de los ministros o directores de entes. Ambos son contratos asociados a la permanencia del superior en el cargo. Cuando el jerarca deja el puesto, el vínculo del adscripto o asistene finaliza, aunque puede volver a ser contratado por el sucesor.

Desde 2014, los adscriptos a los ministros crecieron moderadamente (de 84 a 91), mientras que el número de asistentes aumentó 78%, pasando de 59 a 105, según los datos de la ONSC. Los asistentes de los ministros pasaron de 9 a 19, mientras que en los entes el número creció de 50 a 86.

Polémica electoral

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, monitorea los números “como si llevara el tanteador de la final de básquet”. Según el jerarca del organismo que controla los vínculos laborales de todo el Estado –pero en especial los de la Administración Central–, en los últimos años se ha hecho “un esfuerzo gigantesco” para mantener a raya los ingresos, y los resultados “son muy satisfactorios”.

“Pudimos aplicar criterios férreos de reducción en el Poder Ejecutivo y los artículos del 221, y ambos disminuyeron los vínculos sin que eso haya sido factor de debilitamiento de los servicios prestados”, dijo a El Observador.

Sabedor de que el tamaño del Estado es asunto candente en tiempos de campaña, Scavarelli expresó que Uruguay “ya tuvo un período en el que durante diez años no entró nadie a la administración” y que los resultados fueron “contraproducentes”.

“Como el ministro no tenía más remedio que tener la gente para cumplir los objetivos, se crearon unipersonales y se tercerizó la función pública. Tenías muchachos que trabajaban como empleados públicos pero facturaban como unipersonal”, argumentó. Tanto Lacalle Pou como Talvi proponen frenar la reposición de vacantes durante el próximo período, exceptuando áreas prioritarias como educación, salud y seguridad. Scavarelli entiende que “no se puede” reducir la plantilla –al menos en la magnitud que los candidatos opositores proponen– “sin afectar el cumplimiento de los cometidos políticos y jurídicos” o “sin recurrir a tercerizaciones”.

El dos de cada tres “no existe”

En diversas oportunidades a lo largo de los últimos años, jerarcas del gobierno señalaron que el criterio para el ingreso al Estado sería reponer “dos de cada tres” vacantes. Así se expresaron, entre otros, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo.

Scavarelli, sin embargo, dijo que ese criterio “no existe”. “Puede ser un propósito, pero no puede ser un mandato. Por los procesos que estamos teniendo, cada vez incrementales en función publica, yo no puedo forzar un tres a dos. No puedo sacar el 33% de la gente a un ministerio, al que sea”, señaló. El director de la ONSC dijo que sí “hay autorregulación de los propios jerarcas” y que se redujo “donde ha habido posibilidad”.