El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España a indemnizar con un total de 14.400 euros a dos jóvenes catalanes que quemaron fotos del entonces Rey Juan Carlos, durante una manifestación antimonárquica e independentista en 2007. Estrasburgo considera que España vulneró su derecho a la libertad de expresión y que la pena de prisión, sustituida por una multa, fue excesiva.

En septiembre de 2007, movimientos independentistas y antimonárquicos organizan una manifestación ante la visita del entonces Rey de España, Juan Carlos I a Gerona. Al término de la misma, en una concentración en una plaza pública, Enric Stern y Jaume Roura -que actuaron con el rostro cubierto- quemaron fotografías del Monarca. Ambos fueron condenados a 15 meses de prisión por un delito de injurias a la Corona. La prisión fue sustituida en la propia sentencia por una multa de 2.700 euros a cada uno de ellos. La indemnización fijada por Estrasburgo corresponde a esas dos multas más 9.000 euros por los gastos legales del proceso. Se rechaza por contra imponer otros 6.000 euros que solicitaba cada uno por "el daño moral sufrido", daño que según el tribunal queda diluido con la sentencia que les da la razón.

Tras el rechazo del recurso de amparo por parte el Tribunal Constitucional, que consideró el acto como delito de incitación al odio, los demandantes acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les da ahora la razón.

Enric Stern (izqda.) y Jaume Roura, en la Audiencia Nacional. | POOL | E.M.

"Crítica política"

El Tribunal entiende que la quema de las fotografías forma parte de "la crítica política" y alega además que "el interés de un Estado de proteger la reputación de su propio jefe de Estado no puede justificar otorgarle un privilegio especial o protección frente al derecho a informar y expresar opiniones a su sujeto".

Respecto a la calificación de delito de odio por parte del Tribunal Constitucional, Estrasburgo considera que la quema de la fotografía no era más que una forma de "puesta en escena provocadora" para llamar la atención de los medios de comunicación. Y, de nuevo, que se enmarcaba dentro de una crítica a la institución de la monarquía en general y no una amenaza a la persona de Juan Carlos I. Considera por tanto la corte que la intención de los demandantes no era de incitar a la comisión de actos violentos contra el entonces Rey. El Tribunal, por tanto, "no está convencido de que, en el presente caso, como un todo, el acto mencionado pueda considerarse razonablemente como una incitación al odio o la violencia", concluye.

Estrasburgo subraya que, efectivamente, el derecho a la libertad de expresión está limitado por la incitación al odio y la violencia. Sin embargo, entiende el Tribunal, "la inclusión en el discurso de odio de un acto que, como el alegado en este caso a los solicitantes, es la expresión simbólica del rechazo y la crítica política de una institución y la consiguiente exclusión del campo de la protección que brinda la libertad de expresión implicaría una interpretación demasiado amplia de la excepción permitida por la jurisprudencia del Tribunal, que sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y la apertura".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos alega además que la pena de prisión por un delito cometido en el marco de un debate político, "constituye una injerencia en la libertad de expresión que no guarda proporción con el objetivo legítimo perseguido o necesario en una sociedad democrática".

La sentencia sigue la estela de otras dos anteriores que también condenaron a España: la referida a la condena a Arnaldo Otegi por llamar jefe de torturadores al Rey Juan Carlos y la correspondiente a la condena al periodista Federico Jiménez Losantospor sus palabras contra el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón. En ambos casos Estrasburgo consideró vulnerada la libertad de expresión de los condenados. El caso de Otegi dejó claro que el tribunal europeo no admitía una especial protección para el Monarca. El del periodista, que en el ámbito del debate político sólo se puede recurrir al Código Penal cuando se incite a la violencia o al odio.

La condena ha sido dictada por los siete magistrados que han compuesto la Sala, entre ellos el español Luis López Guerra. En España, el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se dividió a la hora de confirmar la condena impuesta por el juez Central de lo Penal. Diez magistrados avalaron la condena y seis votaron en contra. En el Tribunal Constitucional también cuatro magistrados se opusieron a la condena, frente a los siete que la confirmaron.

El abogado al que Estrasburgo ha dado finalmente la razón ha sido el ex diputado de la CUPBenet Salellas.

PP, PSOE y Ciudadanos rechazan despenalizar las injurias al Rey ÁLVARO CARVAJAL / Madrid Apenas unas horas después de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, el Congreso se ha manifestado en contra de despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España a raíz de una proposición de ley presentada por ERC para amparar todos esos actos dentro de la libertad de expresión. Sin embargo, la mayoría de diputados del PP, PSOE y Ciudadanos tumba iniciativa por pretender legalizar la "calumnia", la "mentira" y la "humillación". "La ausencia de límites no nos hace más libres, sino más vulnerables", ha advertido el parlamentario socialista José Andrés Torres Mora.



Por contra, Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís o EH Bildu se han posicionado a favor de la despenalización de estos delitos y se han agarrado precisamente a la sentencia de Estrasburgo para reforzar su posición y criticar la existencia de un Código Penal y una "Ley Mordaza" que pretenden "criminalizar" a quienes piensan distinto.



"No cuenten con nosotros para dejar desarmada la democracia española frente a quienes quieren pisotearla. No estaremos al lado de quienes desprecian y humillan a España", afirmó el diputado de Ciudadanos José Manuel Villegas.