La captura de la CNDH por parte del Ejecutivo no es un hecho fortuito. Responde a una estrategia —colonización institucional, le llaman los expertos— como se ha visto con otras instituciones; la Suprema Corte, el Coneval, distintos órganos de control gubernamental, la desaparición del INEE. Y en la mira están el INE, el TEPJF y el INAI. No debe por tanto sorprender que la candidata oficial a la CNDH, Rosario Piedra, quedara en el cargo. Lo distintivo ahora fue que quedó clara la disposición de Morena y su líder nato de incluso pasar por encima de la Constitución para lograr dicha subordinación institucional, sin el menor recato (se violaron los artículos 102 de la Constitución y el 9 y 10 de la Ley de la CNDH). Eso no sólo deteriora la autonomía de tales instituciones y afecta los equilibrios democráticos, sino que rompe una vez más con el Estado de Derecho —ese que AMLO sostiene que ya tenemos en México—, y refuerza el Estado de Chueco —ese que AMLO asocia al neoliberalismo—.

Pero ello cuadra perfectamente con el guión establecido en el Foro de Sao Paulo, del que Morena es miembro desde su nacimiento (y el PRD ingresó ahí bajo la presidencia de López Obrador). Es un órgano de partidos de izquierda que comparten el desdén al neoliberalismo y el impulso al socialismo del siglo XXI. Nació por iniciativa de Lula da Silva en los noventas. Los miembros se comprometieron a respaldar —desde la oposición o el gobierno— a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega y a Evo Morales, “frente a las embestidas brutales de la oligarquía apátrida y el imperialismo”. Y se trata de un apoyo incondicional, pues esto no es un asunto de legalidad sino de alianza ideológica. De ahí el apoyo velado de México a Maduro en su crisis de este año, y después el aval prematuro al fraude en Bolivia, además del trato de adalid democrático que se le ha prodigado aquí a Evo.

Pero importa destacar las directrices del Foro para hacer triunfar el proyecto, y que además sea irreversible (algo en lo que insiste López Obrador); ampliar tanto como sea posible el control político del Ejecutivo, es decir desmantelar contrapesos, autonomías y equilibrios, desarticular lo poco o mucho de democracia política que se haya alcanzado en esos países. Dice en esos documentos: “No debemos olvidar que las instituciones de la democracia funcional a los grupos de poder y al imperio en la mayoría de nuestros países, han sido construidas para limitar el ejercicio de los derechos democráticos de las mayorías en función del interés de las oligarquías locales” (Managua; 2017). Desde luego se recomienda utilizar la democracia liberal para conquistar el poder (a falta de condiciones para una revolución), y preservarla “mientras no haya sido sustituida por el nuevo modelo político”.

¿Cuál es ese “nuevo modelo político”? Uno centralizado, para garantizar la transformación social: “El poder popular se expresa como el control del poder político del Estado… una propuesta… encaminada a superar la democracia liberal burguesa, punto de partida de nuestras transformaciones”. Por lo cual, “Una fuerza, política y socialmente organizada, se define por una posición política empeñada en acceder a la influencia y el control de las instituciones públicas del Estado: gobierno, parlamento, alcaldías, poder judicial y electoral”. Y lograr esto “por las vías que sean posibles”. Justo eso dijo Evo Morales en entrevista con Denise Maerker al preguntarle sobre el control de las instituciones presuntamente autónomas por parte del Ejecutivo; es necesario para preservar el proyecto (15/nov). Pues por esa ruta centralizadora vamos también.



Profesor afiliado del CIDE.

@JACrespo