Por Xan Pereira

El Gobierno de Cristina Cifuentes y a la empresa pública Arpegio, encargada de la gestión del suelo de la región y bajo su control, reconocen en un escrito que ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6, que investiga el caso Púnica, que han «traspapelado» documentos clave para el juicio de Púnica.

El texto fue enviado al juez el pasado 13 de junio y en él se expone que los contratos originales que firmó la empresa pública con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. y otros documentos de interés se han “traspapelado”, que «no se han podido encontrar» y que “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación se encontraban vacías”. Los documentos originales no fueron encontrados en los registros realizados por la Guardia Civil a Arpegio el pasado mayo, por orden del juez Eloy Velasco, instructor entonces del caso Púnica.

Los investigadores creen que Granados usó a Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S. A. para desviar fondos públicos.

“Una vez más la documentación remitida por la entidad pública ha sido mínima y con un nivel de inconsistencia serio que nos hacen cuestionar su veracidad y que se pueda estar ocultando información relevante a la autoridad judicial”, se afirmaba en el informe, añadiendo además que “La última documentación recibida de Nuevo Arpegio en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.

Los investigadores creen que el consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados usó a Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S. A., que preside el imputado Adolfo Fernández Maestre, para desviar fondos públicos. La Fiscalía Anticorrupción ya denunció que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la empresa pública Arpegio “ocultan información relevante a la autoridad judicial”.

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