Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, envió en la víspera una solicitud al Congreso local para que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, la Ley Bala que él propuso, sea abrogada justo el día en que van a enterrar a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años que murió luego de recibir el impacto de un artefacto disparado por elementos de la Policía Estatal.

Esta petición se discutirá este día ante los mismos legisladores que aprobaron la ley el pasado 19 de mayo.

El punto número 16 de la orden del día indica:

“Lectura del oficio SGD/0120/2014 del ciudadano Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, quien por acuerdo del ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado, remite la iniciativa de Decreto en virtud del cual se Abroga la ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”.

El Gobernador decidió abrogar su propia Ley Bala tres días después de que José Luis Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años, murió a causa de un impacto de un artefacto lanzado por la Policía Estatal que dispersó una manifestación, bajo la Ley Bala, en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio y que hoy será enterrado en su comunidad.

Ayer por la tarde, el activista y politólogo, Misraim Hernández Fernández, acudió a la Ciudad de México para presentar ante medios de comunicación algunos de los artefactos que lanzaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. Entre ellos, dos balas de goma que el titular de dicha dependencia, Facundo Rosas Rosas, ha negado reiteradamente que la entidad tiene posesión de ellos.

Misraim Hernández cuestionó si el estado no tiene dichas gomas, “¿de dónde sacó las balas de goma? ¿de la administración anterior? o ¿de dónde?”.

También lamentó las acciones de las autoridades que presionaron a la madre de Luis Alberto, Elia Tamayo para que firmara “una declaración distinta a la de los hechos, la estuvieron hostigando, presionando además de que no se le dio a conocer inmediatamente de la muerte cerebral de su hijo, ni la muerte física. Ella se enteró por los medios”.

Además del poblano, también estuvo presente el activista Daniel Gersherson, quien dijo que en su calidad de ciudadano condenaba los hechos, y aseguró que la aplicación de la Ley Bala se puede multiplicar en otros estados.

Denunció que el Gobernador Moreno Valle tiene a los medios del estado “maniatados, comprados”, por lo que está tendiendo un “manto de opacidad” sólo por su intención de ser candidato Presidencia.

Aseguró que Rafael Moreno Valle tiene una intención “de desviar las miradas, las responsabilidades que le corresponden no solamente a él, sino a Facundo Rosas, un hombre que debería estar inhabilitado”, dijo.

“Tenemos que decirle al señor Moreno Valle que sobre los cadáveres de niños de 13 años, sobre la represión que representa su Ley Bala no se puede pavimentar una carrera Presidencial. Él es el responsable político, ético de los sucesos en Chalchihuapan y lo primero que debería hacer es cesar fulminantemente y fincar responsabilidades a Facundo Rosas y castiga a los que ocasionaron la muerte estúpida, inútil, de un muchacho de 13 años”.

SSP DE PUEBLA

Por otra parte, Francisco Montiel, de la asociación Causa en Común, dijo que se tiene un monitoreo de los policías en el país y en Puebla “un policía gana en promedio 7 mil pesos, tienen turnos de 24×24, lo cual ya no ocurre en casi ningún otro estado de la República. No existen protocolos de actuación policial, mucho menos de desarrollo policial. no hay carrera policial, todo es discrecional”.

Denunció que desde hace “5 o 6 años que no hay un solo ascenso en la Policía, dicen que porque no hay dinero. Lo que nosotros pensamos es que no hay capacidad para impulsar un desarrollo policial. Esta es la muestra, el uso de estos artefactos significa nada más que no existen las condiciones para que esta Ley esté operando y esté vigente. Esta ley debe ser abrogada y finalice para no dañar a los ciudadanos de Puebla ni dar el mal ejemplo para el resto de los estados de la República”.

Por otra parte, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que el discurso que tomó el gobierno de Moreno Valle sobre el caso es preocupante, pues “pretende criminalizar a las víctimas, pretende imputar a los grupos de manifestantes la conductas delictivas y violatorias de derechos humanos desplegadas por los propios elementos de la Policía Estatal”.

Sobre la Ley Bala, recordó que hay legislaciones similares en Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal. “Ya está vigente en Chiapas, desde el 4 de junio, el Código del Uso de la Fuerza; hay una legislación vigente desde el 2 de mayo en Quintan Roo, la llamada “Ley Borge”, y ahora, con la publicación de la Ley de Movilidad en el DF, que regula la manifestación en donde ordena a los manifestantes no usar vías primarias y dar aviso previo a las autoridades”.

Dijo que no se sabe si “a partir de estas leyes se va a justificar, cómo lo hemos visto en el Distrito Federal, el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, la detención de manifestantes y la criminalización de la protesta”.

Finalizó diciendo que “el panorama, no nada más en Puebla, sino en el resto del país, va dirigido a una regresión autoritaria, a un régimen de excepción en donde los derechos humanos son precisamente la excepción y no la regla como debe ser en todo estado democrático de derecho”.

En el mismo sentido, Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que “estas legislaciones son altamente regresivas, ya no sólo se limitan a la restricción de derecho a la manifestación y la utilización de espacio público sino que habilitan la utilización de fuerza letal, desnaturalizan totalmente las figuras jurídicas y permiten como e n este caso que la policía intervenga de manera directa contra grupos de manifestantes utilizando armas letales o aquellas que no son calificadas por la legislación internacional como letales pero que son utilizadas para apuntar directamente al cuerpo y a la cabeza de las personas”.

Agregó que “es una clara manifestación de una gobernabilidad autoritaria que se está consolidando en Puebla pero que también hay signos de otras legislaciones en otros estados como Chiapas, Quintana Roo, en el mismo Distrito Federal y ante eso un grupo organizaciones de la sociedad civil en compañía con ciudadanos de Puebla interpusimos recursos de amparo para que sea el Poder Judicial quien intervenga frente a esta legislación”.

PRD SE PRONUNCIA… 12 DÍAS DESPUÉS

Ayer, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció, a través de un comunicado donde lamentaba el fallecimiento de José Luis y exigió que se proceda conforme a derecho a los implicados.

“La Procuraduría General de la República, en colaboración con la procuraduría estatal, debe actuar con todo rigor y brindar información imparcial y transparente que dé certeza sobre el curso de los acontecimientos y que permita un preciso deslinde de responsabilidades en este lamentable hecho”, dijo.

También pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe “coadyuvar exhaustivamente en todo lo que sus facultades le permitan con el firme propósito de salvaguardar a cabalidad los derechos de los familiares del menor, quienes no deben ser objeto de presiones de ninguna especie”.

Finalmente, dijo que su fuerza política hace un llamado a que “todo conflicto se resuelva pacíficamente, por la vía del diálogo”.

COMPARECENCIA

Ayer mismo, Facundo Rosas junto con Víctor Carrancá Bourget , Procurador General de Justicia (PGJ), compareció a puertas cerradas ante las comisiones locales de Gobernación, Seguridad y Derechos Humanos. Al término fue interceptado por los medios a quienes les aseguró que no renunciará a su puesto.

Los reporteros le preguntaron si hubo abuso de fuerza pública durante el operativo: “No, en ningún momento”, respondió. También aseguró que los policías están capacitados.

Mientras ocurría la comparecencia, afuera del Congreso un grupo de personas encabezados por el líder del Movimiento Alternativa Social, Marco Mazatle Rojas, exigieron la renuncia y encarcelamiento de Rosas Rosas, por señalarlo como el responsable de la muerte de José Luis. “Facundo asesino que matas a los niños”, le gritaban..

En el Consulado de Nueva York ocurrió lo mismo. Unas personas colocaron mantas que lo acusan de asesino y piden justicia para el menor.