Decía el inefable José María García que el rumor es la antesala de la noticia y aunque en esos años los periodistas de bien nos echábamos a temblar, viendo todo lo que le ha sucedido al oficio después, quizá a "Butanito" habría que proponerle para un premio Pulitzer. Si trasladamos el razonamiento de García a la política, podríamos asegurar –y en este caso sin temblar– que la mentira es el pasillo que lleva inevitablemente a la corrupción. Y a la vista del panorama parece que ha habido políticos de todos los colores decididos a pasar por esa zona estrecha y oscura que conduce directamente a la cueva de los ladrones.

José María Aznar se vanagloriaba hace unos días en un programa de televisión de su tristemente famosa foto en las Azores. A pesar de que esa reunión y lo allí decidido estaba presidido por la mentira, algo que ya nadie discute, y que desencadenó una guerra terrible, parece que al expresidente del Gobierno y expresidente del PP le da lo mismo. Quizá porque él, que con tanto convencimiento logró engañar a casi todos los directores de los más importantes diarios durante el 11-M asegurándoles que la autoría de la masacre correspondía a ETA, ha encontrado su lugar natural en la negación de la realidad.

Pero lo más sorprendente de estos tiempos en los que la sociedad empieza por fin a condenar con dureza a los corruptos y mentirosos –según el CIS, la segunda preocupación después del paro–, es que los tribunales se dedican a perseguir con ahínco a los que dicen la verdad, reclaman derechos o simplemente cuentan chistes. Muy especialmente si en los tres casos resultan afectados los restos del nacionalcatolicismo que reinó durante cuarenta años a la sombra del dictador y que aún hoy, otros cuarenta años después, sigue enquistado en muchas áreas de los tres poderes en los que se sustenta nuestra democracia.

Afirmar que el Valle de los Caídos es un monumento fascista, o que la cruz que lo preside es un horror, incluso hacer ironía o chistes sobre su pervivencia o, más aún, desear su desaparición, nunca jamás en una sociedad democrática puede ser delito. Y sin embargo ahí tienen a Dani Mateo y a José Miguel Monzón (El Gran Wyoming), empapelados por la Audiencia Provincial de Madrid por sus comentarios en El Intermedio, ese gran programa satírico que ante la pasividad periodística de los informativos convencionales de la televisiones comerciales y la complicidad partidista de los de las públicas, se ha convertido en una especie de faro para marcar el sendero de lo que sucede en realidad.

La semana pasada vimos cómo se las gastan algunos jueces durante el juicio y la condena a Cassandra Vera, ahora les va a tocar el turno a Dani y a Wyoming, pero en realidad ellos son solo la punta del iceberg de una situación alarmante. Una parte minoritaria y ultra de la sociedad, usando las leyes restrictivas que aprobó el PP de Mariano Rajoy durante su mayoría absoluta, quiere amordazar al resto. Y la explicación es sencilla. El poder engancha y une voluntades. Los que lo tuvieron tanto tiempo siempre se han resistido a perderlo del todo. Y los que más recientemente mintieron y se corrompieron no están dispuestos ni a dejarlo ni a que se descubra fácilmente el tamaño y el coste real de sus engaños.