Los dirigentes de Vox Iván Espinosa de los Monteros, promotor inmobiliario, y su esposa, Rocío Monasterio, con su estudio de arquitectura, construyeron entre 2007 y 2008 un bloque de ocho lofts en el solar de una vieja fábrica de plásticos del centro de Madrid sin una licencia de obra, según la información recogida en el expediente municipal del edificio, al que ha tenido acceso este periódico, y confirma el Ayuntamiento de la capital. "No consta la tramitación de ninguna licencia de obra en esas fechas", ratifican portavoces de Urbanismo. La única que aparece, indican, es una vieja licencia de los años sesenta para una nave en la planta baja y una entreplanta.

Por otro lado, luego vendieron algunos de ellos para ser usados como viviendas, pese a no ser suelo residencial y no tener, por tanto, cédula de habitabilidad o licencia de ocupación, según el relato de compradores de los locales. Espinosa de los Monteros —portavoz de Vox en el Congreso— y Monasterio —líder del partido en la Comunidad de Madrid— vivieron en uno de los lofts con sus hijos. Portavoces de Urbanismo de Madrid confirman que el suelo de esa parcela, el número 6 de la calle Pedro Heredia, es industrial y no consta la tramitación de ninguna licencia o declaración responsable para la transformación en residencial. "Ahí no podría vivir gente", concluyen.

Espinosa de los Monteros y Monasterio aseguran a través de un portavoz que realizaron la obra con la licencia necesaria, aunque no precisan cuál, y resumen que "todo se hizo conforme a la legalidad". Explican que compraron la fábrica “e hicieron una reforma para convertirla en locales de actividad profesional”. En todo caso, el uso de suelo era industrial, no terciario, y requeriría una nueva licencia de actividad. Además, no fue una simple reforma, se trató de una obra de envergadura, pues se demolió todo el edificio, se vació el interior y solo se dejó en pie la fachada. “Se vendieron como locales, no como viviendas, lo que haya hecho luego con ellos la gente que los compró ya es cosa suya”, replican. También niegan haber residido allí.

El expediente urbanístico del edificio refleja que Rocío Monasterio, actual presidenta de Vox en Madrid y diputada en el Parlamento autonómico, se interesó por la situación del edificio a partir de 2003 y en mayo de 2007 la promotora de Espinosa de los Monteros, Metaphore Projects SL, tan solo solicitó un permiso de limpieza del edificio y retirada de maquinaria. Pero no le fue concedido por no cumplir los trámites necesarios y caducó el plazo en noviembre. Poco después pidieron una licencia de acondicionamiento de instalaciones, un tipo de trabajo menor para reformas, pero también fue denegada por la misma razón: no cumplieron los requerimientos exigidos y se cerró en abril de 2009, dos años después, por desistimiento al vencer los plazos. De hecho, en ambos casos les devolvieron el dinero pagado. Los dos documentos de cierre de las solicitudes por desistimiento se pueden consultar en la imagen. Pero en realidad para entonces la obra ya estaba terminada. En septiembre de 2008 Espinosa de los Monteros ya enviaba al resto de nuevos propietarios un correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, para constituir la comunidad de vecinos "ahora que ya estamos todos más o menos establecidos".

Luego no figura ninguna gestión más y por tanto, según el expediente municipal, Espinosa de los Monteros y Monasterio no realizaron ninguno de los trámites necesarios para una obra de este calibre, pues deberían constar en él. Al exponerles estos detalles y los interrogantes que plantean, rehúsan dar explicaciones y no aclaran por qué no figura ninguna licencia en el expediente. Repiten que todo es legal. Pero sobre el papel, para el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo una fábrica, aunque la verdad es que desde 2008 es un edificio con vecinos y oficinas.

Según el procedimiento legal, se deber presentar un proyecto, pedir una licencia de obra o de rehabilitación y, si se construyen viviendas, solicitar una licencia de cambio de uso del suelo a residencial, un trámite muy riguroso que puede conllevar el pago de plusvalías y requerir entre dos y tres años de espera. Luego, además, se debe solicitar una licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad o, si el edificio se destina a oficinas, una licencia de actividad, que tampoco consta. Para ello hay una inspección previa que certifica que las obras son acordes a lo proyectado. “También se admite la adecuación a uso residencial del edificio existente con obras de reestructuración general, mediante la redacción de un Plan Especial”, explican portavoces de Urbanismo, que admiten que tampoco consta ningún plan. En cambio, Espinosa de los Monteros hizo la obra en un año aproximadamente. Fue con una empresa suya, fundada entonces y llamada precisamente Promociones Pedro Heredia 6 SL, según consta en facturas de los trabajos a las que ha tenido acceso este diario.

Esta empresa, de la que era administrador único, se dedicaba a la “arquitectura y diseño de interiores”. Se ocupó de la obra el estudio de arquitectura de Monasterio, que solo dejó en pie la fachada de la fábrica, aún visible a día de hoy, y construyó dentro ocho lofts. Algunos como oficina, pero otros como vivienda, con baños y cocina equipada. Fueron inscritos sin problemas en el registro porque no eran obra nueva. Pese a que oficialmente eran locales de uso comercial o industrial, donde estaba prohibida la residencia, en realidad varios eran pisos y dúplex. Espinosa de los Monteros, dueño de la mayoría de los locales hasta que vendió todos, vivió con Monasterio y sus hijos, entonces dos, en la puerta número 4 de la planta baja durante cerca de un año, según algunos vecinos. En otro loft de la primera planta, actualmente la puerta número 7, el ahora dirigente de Vox tenía una oficina.

Tras el éxito de la operación y vender todos los locales del edificio, en 2010 el matrimonio compró el chalé de lujo donde reside hoy, en el que se han descubierto irregularidades. Los vecinos de Pedro Heredia 6 se fueron empadronando en los pisos y allí siguen habitados varios de ellos hasta hoy, en propiedad y alquiler. Uno de los dúplex, con dos dormitorios, dos baños y cocina, fue puesto en alquiler el pasado mes de julio y fue visitado por este periódico. Tenía la configuración original de dos dormitorios, dos baños y cocina. En los últimos años constan en ese edificio varias operaciones de venta y alquiler de viviendas, incluso de alquiler de habitaciones, en los portales de agencias inmobiliarias, como se observa en la imagen.

“Nos dijo que la cédula de habitabilidad estaba en trámite, pero un día fui al Ayuntamiento y ni estaba pedida. Nos fue dando largas hasta que se mudó y dejó de contestar a los correos electrónicos”, relata una de las personas que descubrió este problema tras firmar la compra de su piso. En su caso supervisó la obra de su vivienda desde el principio, sobre plano, pero desconocía el resto de presuntas irregularidades. En la memoria de trabajos se refleja una obra completa: desde la demolición, movimientos de tierras, estructura de hormigón y estructura metálica a la albañilería y el mobiliario de cocina y electrodomésticos. En el contrato, la obra se denomina “de rehabilitación”. Por su parte, Espinosa de los Monteros y Monasterio, a través de su portavoz, rechazan el relato de este comprador: "Compraron locales y es falso que se les prometiera una cédula de habitabilidad".

En el registro de la propiedad los ocho inmuebles están inscritos como locales, y así figura en una de las escrituras de venta examinadas por este periódico. “Él siempre hablaba de lofts y en la escritura aparecen como locales porque es lo que eran, pero firmamos convencidos, porque Iván nos lo había asegurado, de que el permiso de habitabilidad era cuestión de meses y no era cierto. Nosotros elegimos en la obra dónde poner el baño, la cocina y esas cosas. Luego lo hablamos entre los vecinos y nadie quiso removerlo, por si nos daba problemas y nos echaban de allí”, relata. Los posibles delitos habrían prescrito. La conversión de naves y suelo industrial en viviendas, no siempre de forma legal, fue frecuente en esos años, explican fuentes del mercado inmobiliario. Era el momento de mayor auge de la burbuja inmobiliaria en Madrid y, ante la escasez de suelo para viviendas y la alta demanda, se recurrió a esta fórmula.

El resto de vecinos del edificio dice no recordar nada o prefiere no hablar. Uno de ellos, propietario de cinco de los pisos, asegura que desconoce cualquier posible irregularidad en la obra del edificio: “Nunca hemos tenido problemas, y tenemos luz, gas, agua, todo. Si el Ayuntamiento tuviera algún problema nos lo habría dicho”. Lo mismo repite otro de los vecinos, que también compró su casa a Espinosa de los Monteros: “Entiendo que está todo bien”. En todo caso, una de las últimas facturas del IBI de un vecino, examinada por este periódico, encuadra su vivienda en un sector extraño: “Parking”.

La obra de Pedro Heredia 6 aparece en la web del estudio de Rocío Monasterio, dentro del apartado de “Rehabilitaciones” y es denominado “Oficinas en Ventas”. Describe así el proyecto: “Un día de paseo por la ciudad descubrimos un edificio industrial maravilloso… su fachada de ladrillo, sus grandes ventanales con arcos de ladrillo, su interior con vigas vistas y grandes alturas… Con mucha ilusión lo rehabilitamos, conservando todos aquellos elementos que le daban singularidad”. El texto habla en todo momento del edificio como si fuera solo de oficinas. Ahora mismo en el felpudo de una de las puertas dice “Bienvenido a la república de mi casa”.

Espinosa de los Monteros y Monasterio han protagonizado casos de irregularidades inmobiliarias en los últimos meses. El pasado 3 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid emitió una orden de clausura y precinto del chalé donde vive el matrimonio en el barrio de Chamartín, que también alberga el estudio de arquitectura de Monasterio, por no tener licencia de ocupación ni de funcionamiento de esta actividad. Ellos decidieron cerrar el despacho voluntariamente a finales de mes y esta semana, tras el envío de una inspección, el ayuntamiento les concedió un año para legalizar el inmueble. En junio el dirigente de Vox fue condenado a indemnizar con más de 60.000 euros a un acreedor por no pagar parte del importe de las obras en ese mismo chalé.