Los cambios sociales de los últimos años han sido extraordinarios. Se ha producido una gran revolución tecnológica que ha traído consigo nuevas formas de producir, nuevas relaciones laborales, modos de gobernar diferentes y un reparto de las rentas y de los frutos del progreso mucho más desigual e injusto. En el capitalismo de la postguerra había un equilibrio de poderes que permitió mantener potentes estructuras de bienestar pero en los años setenta el mundo empresarial se rebeló frente a este estado de cosas. Con el liderazgo de políticos como Pinochet, Reagan y Tatcher se aplicaron políticas neoliberales que han dado lugar a un capitalismo sin bridas ni limitaciones que no admite contemplaciones a la hora de apostar por las rentas financieras y del capital en perjuicio de los trabajadores y amplios sectores de las clases populares

Eso se ha podido producir porque se ha propiciado un gran cambio moral y en los valores sociales. El equilibrio social en torno al bienestar colectivo ha sido sustituido por un capitalismo insolidario que rompe con la cohesión social. Se ha debilitado a la sociedad para sostener la convivencia en el individualismo y los ciudadanos han quedado envueltos en una avalancha de mensajes que les impiden entender que su situación es la de otros muchos millones como ellos. Y así, aislados, solo saben gobernarse a sí mismos aspirando a salir individualmente de la frustración y del entorno fantaseado por los grandes medios de información y persuasión que los envuelve. En tales medios se presentan como verdades científicas y objetivas argumentos que son claramente erróneos e ideológicos y que no tienen detrás sino la búsqueda compulsiva de más beneficios y mejores condiciones de acumulación para los afortunados que todo lo tienen. Las pensiones y el discurso articulado para acabar con las públicas es quizá uno de los ejemplos más palmarios del fraude intelectual en que se basa la política de nuestros días.

Con falsedades, medias verdades y trampas se trata de convencer a los ciudadanos de que las pensiones públicas deben desaparecer, o que deben disminuir sus beneficios. Para convencerlos se les dice que son inviables o que traerán consigo costes insoportables que hundirán las economías. Detrás de esas afirmaciones hay modelos que se presentan como muy elaborados pero que en realidad están sostenidos en supuestos infundados.

Gracias a ellos se difunden un día detrás de otro mensajes catastrofistas que van haciendo mella en los ciudadanos que al final terminan por creerse lo que oyen tantísimas veces. Lo que quieren lograr con esos discursos es muy sencillo: que sean los bancos y no los poderes públicos quienes manejen el ahorro colectivo, y que ese ahorro se gobierne con vistas a darle rentabilidad privada y no equidad o solidaridad entre una generación y otra.

La privatización de los sistemas públicos de pensiones es, posiblemente, una de las medidas más beneficiosas del capital financiero, puesto que permitiría poner en manos de los bancos y entidades financieras volúmenes ingentes de recursos, quizá suficientes para garantizarles el dominio total sobre las economías y las fuentes de creación de empleo, renta y riqueza.

Es decir, del poder. Y precisamente por ello es urgente reaccionar y evitar el brutal asalto que se proponen sin descanso. En primer lugar, desvelando los errores y las falsedades en que se basan sus discursos y, además, tratando desmovilizar a los ciudadanos para que defiendan por todos los medios sus derechos y las conquistas sociales que tanto esfuerzo costó alcanzar. Este texto divulgativo y escrito en un tono muy conciso intenta contribuir a esa toma de conciencia y a esa movilización.

Porque solo la movilización ciudadana puede parar esta enorme avalancha ideológica que se presenta como científica, y que en realidad responde a unos intereses concretos, contrarios a los intereses generales de las clases populares. Es propósito de este trabajo mostrar la falsedad de sus argumentos, con datos e información que niegan su veracidad y credibilidad. Animamos a sus lectores a divulgarlo y hacer de estos argumentos un arma de debate y de concienciación para evitar que se sigan dando pasos hacia atrás en el ejercicio de los derechos ciudadanos y del bienestar al que todos las mujeres y hombres del mundo tienen derecho.

VICENÇ NAVARRO, JUAN TORRES LÓPEZ Y ALBERTO GARZÓN