Las redes sociales llevan ya años instaladas en nuestras vidas. Todos nos hemos acostumbrados a arrancar la mañana revisando nuestras notificaciones de Twitter, Facebook o Whatsapp y a plasmar nuestras peripecias diarias ante los ojos de cientos o miles de desconocidos. Unas ocurrencias o anécdotas que acaban estando disponibles para el común de los mortales.

A lo que no estábamos tan acostumbrados es a que nuestros chistes, sandeces o burradas, que antes caducaban a la puerta del bar o la casa del cuñado, se hayan convertido en objeto de estudio judicial. Algo a lo que, a la fuerza, nos puede haber habituado este año 2016, aunque con ciertos ejemplos que llevan a pensar en la existencia de un doble rasero que varía en función de la ideología del protagonista.

En abril de 2016 se realizó la cuarta fase de la Operación Araña, el nombre que reciben las actuaciones de la Guardia Civil para detener y perseguir a quienes, según su criterio, hacen enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. Según un alto mando de la Benemérita, las operaciones Araña buscan "identificar y localizar a personas con perfiles públicos y miles de seguidores que saben lo que hacen y se sienten impunes".

En esta fase acabó arrestado el líder y cantante del grupo Def Con Dos, César Montaña Lehmann, más conocido como César Strawberry. En concreto, por seis tuits en los que decía cosas como “Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”, "A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora" o "Ya casi es el cumpleaños del Rey ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba". La Audiencia Nacional acabó reconociendo su “ironía” y le absolvió en julio, tres meses después de su arresto.

Mucho más tuvo que esperar el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, para que acabara su calvario judicial por culpa de unos tuits que publicó cuatro años antes de llegar al Ayuntamiento de la capital y tuviera que dimitir como responsable de Cultura. Sus mensajes en la red social, en los que recogía chistes sobre el Holocausto o el atentado contra Irene Villa, estaban circunscritos al debate sobre el humor negro y de hecho la propia Villa manifestó públicamente que aceptaba sus disculpas. Esta indulgencia de la víctima de ETA le valió entonces una avalancha de insultos desde sectores derechistas, pero no fueron perseguidos.

Pero en el camino de Zapata se cruzaron la pareja judicial del año, Enrique López y Concepción Espejel. Ambos, con un dilatado historial polémico a sus espaldas, han acabado recusados en todos los juicios del caso Gürtel por su manifiesta cercanía al Partido Popular. Sin embargo, aquí pudieron explayarse y acabaron reabriendo hasta en tres ocasiones el caso de Zapata, que había sido archivado otras tantas veces por el magistrado instructor, Santiago Pedraz. Finalmente, en noviembre de 2016, Zapata fue absuelto porque la Audiencia Nacional consideró que sus tuits podrían ser “reprobables” pero no eran un delito por estar enmarcados en el “humor macabro”.

Aunque sin duda uno de los casos más sonados tuvo lugar en febrero de 2016, con la detención y el ingreso en prisión preventiva de dos titiriteros. Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García fueron acusados de enaltecimiento del terrorismo y atentado contra los derechos fundamentales por una obra de títeres programada dentro del Carnaval del Ayuntamiento de Madrid. En la ficción se intentaba, precisamente, denunciar el uso de esta acusación para acallar a los disidentes, y se plasmaba en una marioneta a la que la Policía le colocaba una pancarta del tamaño de un post it con el lema “Gora AlkaETA”.

Los hechos ocurrieron en la vía pública, pero fueron magnificados y descontextualizados gracias a las redes sociales y al impulso de la crítica política al Ayuntamiento de Madrid. Siete meses después de enviarle a prisión, la Audiencia Nacional les absolvió del delito de enaltecimiento.

Este abuso del delito de enaltecimiento fue, precisamente, criticado por Pilar Manjón con motivo de los actos del 11M del 2016. La entonces presidenta de la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo denunció que "ha sido un año complicado en libertades y pluralidad". Y lo decía ella, que ha sufrido el doble rasero para estos delitos. A ella le han asaltado en su coche en plena vía pública y le han amenazado de muerte, le han mandado mensajes diciéndolo que su hijo, víctima de los atentados de Atocha, “está bien muerto” o le han llamado en la calle “roja” y “puta”. Todo sin que la Fiscalía moviese un solo dedo.

Otros políticos también han sufrido la ley del embudo. El actual alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero recibió en 2013 varios mensajes por Twitter en los que se decía “Narciso deberíamos meterte una bala en la cabeza. Traidores no” o “que pena no poder meterte un tiro en la cabeza. Asco que me das”. Tras denunciar los hechos, Romero pasó varias semanas con vigilancia policial, pero en enero de 2016 la Justicia, que había tratado el caso como un juicio por “faltas”, acabó archivando el caso.

El año, sin embargo, ha acabado con una última polémica: la muerte de Rita Barberá. Su infarto, dos días después de haber declarado en el Tribunal Supremo por blanqueo de dinero, disparó las acusaciones por parte del que fuera su partido hasta que la expulsó. Muchos dirigentes del PP se subieron al carro de acusar a los medios de comunicación y a la presión social de haber provocado la muerte de la senadora. Y hubo quien, como Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, llegó a insinuar sin ruborizarse que “los twitters” eran los responsables de su fallecimiento.