El Gobierno mantiene bajo llave la identidad de las 30.000 personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó en 2012. Apenas se conoce un ínfimo porcentaje de los beneficiarios y sólo han trascendido algunos gracias a procesos judiciales y a investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana.

Transparencia recurre la negativa de una jueza a que se publiquen beneficiarios de la amnistía fiscal

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Además de personajes públicos como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, la esposa de Miguel Arias Cañete, Borja Thyssen, Francisco Granados, varios miembros de la familia Borbón, los propietarios de los laboratorios Almirall, los dueños de Pipas Facundo o el exlíder minero José Ángel Fernández Villa (por citar algunos), entre los agraciados también hay miles de personas anónimas cuya identidad puede rastrearse en sentencias judiciales dictadas en los últimos años.

El Confidencial contaba hace unos días un caso relevante por el importe del dinero negro regularizado: el de los dueños de la clínica de reproducción asistida FIV Center de Madrid, fundada por el ginecólogo José Luis Caballero y cuyos propietarios se acogieron a la amnistía aflorando 6.670.000 euros en efectivo y otros 580.260,30 euros en una cuenta bancaria en Suiza. El diario digital, que contaba cómo los jueces están permitiendo a la Agencia Tributaria abrir inspecciones a partir de la amnistía, citaba otros dos empresarios acogidos a ese perdón fiscal: los propietarios de una tienda de ropa en Zaragoza, Matices SL; y el riojano Jesús Pozo, dueño de la empresa de catering escolar Seral y de Actividades Formativas SL, dedicada a actividades extraescolares.

Hay más ejemplos que indican cierta propensión a las ventas en B de determinados negocios, como el del marisco. Destaca el caso de Francisco José García Muñoz, cuya historia recuerda a la de Vicente Villagrá, el primer ejecutivo de Pipas Facundo. García es administrador único de Mariscos Castellar, cuyos orígenes, como los del fabricante de pipas, se remontan a una tienda de comestibles abierta en la posguerra en Castellar (Jaén) y que hoy es una de las diez mayores compañías de esa provincia.

Una sentencia del TSJ de Granada acredita que García Muñoz (con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito) se acogió a la amnistía. La presentación del modelo 750, el formulario de su Declaración Tributaria Especial (DTE, uno de los eufemismos técnicos utilizados para referirse a la amnistía) puso de manifiesto, según Hacienda, “una aparente discordancia entre los bienes allí declarados" y sus declaraciones de IRPF y los 2.739.504,90 euros en bienes en el exterior que declaró tras presentar su DTE en el denominado modelo 720.

Cotejado ese importe con su IRPF de 2005 a 2010, la Agencia Tributaria sospechaba que Mariscos Castellar tenía “beneficios mayores a los declarados" y que ocultaba "una parte importante de sus ingresos" a Hacienda. En enero de 2015 un juzgado jiennense autorizó, a petición de la Agencia Tributaria, el registro de la empresa para acreditar la existencia de una “planificación fiscal con estructuras fiduciarias en paraísos fiscales y deslocalización de los contribuyentes en Uruguay, sede de Caribbean Seafood Trading S.A”., propiedad de García Muñoz. El TSJ de Granada desestimó el recurso de Mariscos Castellar contra esa orden de registro.

Con 103 empleados y ventas de 35,23 millones en 2015, ese año Mariscos Castellar ocupó el puesto 69º del ranking español de distribuidores de productos del mar congelados, según Alimarket, con 4.500 toneladas.

Operación 'White'

También están en el negocio de gambas, langostinos y demás productos del mar las catalanas Distribuidora y Comercializadora de Pescados y Mariscos TEMIR SA, Congelados Altamar y Manet Import, administradas por Juan Tejedor Pujol, Xavier Miravet Tejedor y Mireia Tejedor Papell. Con una facturación conjunta de unos 31 millones anuales entre 2010 y 2013, también recurrieron una orden de registro de la Agencia Tributaria sobre sus instalaciones en Mercabarna el 31 de marzo de 2015, poco después de que Hacienda lanzase la macrooperación 'White' contra las ventas de pescado en negro en ese mercado mayorista.

Las sentencias del TSJ de Catalunya que en diciembre de 2015 desestimaron sus recursos contra esas órdenes de registro revela que “en los ejercicios 2012 y 2013 presentaron declaraciones en modelos 720 por bienes en el extranjero, concretamente en Andorra, por importe superior, en conjunto a los tres millones de euros, y en 2012 presentaron declaración especial en modelo 750, por regularización de bienes o derechos, por importe de casi dos millones de euros”.

Entre los amnistiados que han aflorado por sentencias muy variopintas (hay litigios fiscales, pero también divorcios y pleitos penales) hay varios profesionales de la medicina y la estética, como FIV Center. También destaca el caso del prestigioso médico especialista en implantología y cirugía bucal Joan Pi Urgell, pionero en España en la introducción de los implantes dentales y propietario de la clínica Dr. Pi Urgell de Barcelona.

Este dentista, con el que no ha sido posible contactar (“Está fuera de viaje”, dicen en su clínica), compatibilizó durante 20 años el ejercicio de su profesión en Cataluña y en Andorra. En enero de 2013 procedió a “regularizar” su situación, según informó Diari de Andorra. Poco antes, el 19 de junio de 2012, legalizó con el Fisco español un patrimonio opaco de 4.236.332,28 euros gracias a la amnistía, según se desprende de una sentencia del TSJ catalán de febrero de 2016.

En León, Susana Santamarta, propietaria de una peluquería en esa ciudad, regularizó 900.000 euros de "dinero en B" en noviembre de 2012 gracias a la amnistía, según sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León en junio de 2014 que le obligó a compensar al que fue su asesor fiscal durante 14 años por el “servicio extraordinario” derivado de la presentación de su DTE.

También en Castilla y León, el dermatólogo Luis Felipe Fernández, de la Clínica Dermatológica Cosmética (CDC) de Valladolid, regularizó 800.684,79 euros en sendas DTE presentadas en noviembre de 2012: “632.000 euros en efectivo” y otros 168.684,79 euros de depósitos en cuentas, según una sentencia dictada en enero de 2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León.

Hacienda llevaba tiempo pisando los talones al doctor Fernández, que ha declinado hablar con eldiario.es, al igual que la abogada que le llevó ese caso, Beatriz Hernández Dancausa. Un día antes de presentar su primera DTE, la Agencia Tributaria ordenó realizar una inspección en su clínica que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2012. Pese a la teórica amnistía, Hacienda insistía en que había ocultado rentas correspondientes al IRPF de 2010. Fernández recurrió la orden judicial que autorizó la entrada de los funcionarios de Hacienda, pero perdió.

Amnistía y cables eléctricos

En Binafed (Huesca), un largo pleito penal entre socios de Transformaciones del Cinca (TCESA), un fabricante de cableado eléctrico, reveló que dos acusados (luego absueltos) afloraron con la amnistía 539.742,44 euros correspondientes a devoluciones de préstamos concedidos a empresarios chinos en Hong Kong que mantenían en cuentas andorranas del Banco Sabadell.

El administrador único de TCESA, José Antonio Navarro, afloró 272.345,02 euros generados en los ejercicios 2007 y 2008; y su exsocio Juan Carlos García Blanco, otros 267.397,42 euros.

Según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huesca, ambos solicitaron acogerse a la amnistía en abril de 2012, dos semanas después de anunciarse. Entonces, el gravamen que se cobraba por aflorar lo defraudado era del 10% (luego se rebajó al 3%). Navarro y García Blanco fueron absueltos en febrero de 2016, como los otros cinco acusados, de los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de cuentas anuales de los que se les acusaba.

Un mes después de esa sentencia, el 9 de marzo de 2016, un juzgado de Huesca ordenó registrar las instalaciones de TCESA a petición de la Agencia Tributaria, por entender que las DTE presentadas por sus socios podrían ser indicativas “de rendimientos no declarados en el Impuesto sobre Sociedades” y el IVA. La empresa recurrió la orden de registro, pero el recurso fue desestimado.