Hombres encapuchados, con rifles colgados del hombro, hacen guardia en una solitaria carretera rural, revisando documentos de identidad e interrogando a viajeros. No llevan uniformes ni tienen placas policiales pero en este lugar son la ley.

Una decena de pueblos en la región se han levantado en una protesta armada contra los traficantes de drogas locales que aterrorizan a sus habitantes y un gobierno que, en su opinión, es incapaz de protegerlos contra el crimen organizado.

Los pueblos en el montañoso estado de Guerrero, en el sur de México, ahora prohíben el ingreso del ejército y la política estatal y federal del país. Milicias improvisadas, armadas con un heterogéneo arsenal de machetes, viejos rifles de caza y un ocasional AR-15 semiautomático, controlan estos lugares. A los desconocidos se les niega la entrada. Hay un toque de queda a las 10 de la noche. Más de 50 prisioneros, acusados de pertenecer a bandas de narcotraficantes, están encerrados en cárceles provisionales. Su suerte depende de juicios públicos que empezaron la semana pasada, cuando los acusados comparecieron ante los residentes, que hacen las veces de jueces y jurados.

El crimen ha caído drásticamente, al menos de momento. Los residentes aseguran que los secuestros cesaron cuando las milicias tomaron el poder, al igual que las extorsiones que mortificaban a empresarios y agricultores.

Un líder de uno de estos grupos, conocido por el código G-1 pero identificado por sus compatriotas como Gonzalo Torres, cuenta cómo sus esfuerzos devolvieron el orden a un lugar donde antes reinaba el caos. "Logramos hacer en 15 días lo que el gobierno no pudo hacer en años", dijo.