La documentación secuestrada la semana pasada en más de treinta allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la llamada causa Hotesur podría ser inútil si su sucesor en la investigación, Daniel Rafecas, considera que es nulo todo lo realizado tras el informe que su colega había pedido a unos peritos de la Corte Suprema en febrero pasado.

Así lo advirtieron ayer fuentes judiciales a Clarín, al evaluar los alcances de la nulidad decretada el jueves pasado por la sala I de la Cámara Federal penal porteña, que incluso apartó a Bonadio de la causa, la que ahora está en manos de Rafecas.

Con el voto mayoritario de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero y a pedido de la defensa de Romina Mercado, sobrina del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, a la que se sumaron los abogados del empresario Lázaro Báez, el tribunal declaró la nulidad de la convocatoria que Bonadio había hecho a los peritos de la Corte para “colaborar en el análisis e investigación sobre aspectos técnicos en la materia” en febrero, antes de ordenar la pericia. Mercado dijo que no le permitieron controlar la prueba y la Cámara le dio la razón.

Pero Mercado también había pedido que la nulidad alcanzara a “todo lo actuado en consecuencia”, es decir, luego de la convocatoria de los peritos. Y los camaristas así lo resolvieron, al declarar la nulidad no sólo de ese decreto del juez sino también de “todos los actos que son su consecuencia”.

Entre los “actos” que son “consecuencia” de ese decreto cuestionado por las defensas de Mercado y Báez podrían encontrarse los 36 allanamientos llevados a cabo hace una semana en diversas empresas, comercios y domicilios vinculados a la familia presidencial y sus negocios hoteleros, varios de ellos en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz.

Ya lo dijo el fin de semana el propio Bonadio. La documentación era necesaria para el trabajo de los peritos en la pericia que ordenó para determinar si hubo delito oculto en el manejo de los hoteles relacionados con la familia presidencial, como por ejemplo el de lavado de dinero. “En una causa de estas características, la única prueba que es determinante es la pericia contable”, afirmó el juez luego de ser apartado de la causa.

Fuentes judiciales aseguraron a Clarín que la sala I de la Cámara Federal no responderá al pedido aclaratorio formulado por el fiscal Germán Moldes, quien solicitó saber el alcance de la nulidad declarada por el tribunal. Además, destacaron que ello deberá ser establecido por el nuevo juez a cargo de la causa, es decir, Rafecas.

Si Rafecas declarara la nulidad de todo lo posterior al decreto firmado por Bonadio el 13 de febrero de este año, las cajas con documentación secuestradas el lunes en diversos procedimientos realizados por la Policía Metropolitana y personal del juzgado a cargo de Bonadio podrían no ser usados como prueba y volverían a manos de sus dueños.

Sin embargo, sí quedaría en pie el acta cuya copia publicó ayer Clarín, en el que el empresario Osvaldo Sanfelice, presidente de Hotesur, le da amplios poderes al hijo de la presidenta Cristina Fernández, Máximo Kirchner, para “operar” sobre “todo el patrimonio” de la firma.

Este documento -resaltado por Bonadio en una entrevista por Radio Mitre, porque era “llamativo”, dijo, que se le diera ese poder a un supuestamente socio minoritario- había sido obtenido por la Justicia antes de los allanamientos de la semana pasada, por lo que sí permanecerá como prueba.

Igualmente, fuentes judiciales aseguraron que la causa no tendrá movimientos hasta después de la feria judicial de invierno, que se inicia hoy y concluye en dos semanas. Y el primer movimiento, dijeron las fuentes, podría ser la decisión de la sala I de la Cámara Federal sobre el pedido de pasar la causa al juzgado federal de Río Gallegos, ya que allí se encuentran los domicilios fiscales de los investigados, como solicitaron Mercado y otros dos investigados.