Una sola vez tuvo la oportunidad de inspeccionar la Guardería ABC. Encontró carencias menores y los papeles de protección civil en regla. 10 días después de su visita sobrevino la tragedia. Sería en la cárcel cuando supo que había deficiencias ocultas, que otros permitieron. Estuvo dos años y seis meses en prisión.

Fue la única servidora pública a quien encarcelaron durante la primera etapa de la investigación por el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009.

Delia Botello Hernández enfrentó los cargos de homicidio, lesiones y uso indebido de atribuciones. Fue absuelta.

A siete años de distancia, concede a EL UNIVERSAL la primera entrevista sobre los hechos que cambiaron su vida. Tenía sólo 35 días de haberse convertido en la coordinadora de las 33 guarderías del IMSS en Sonora.

“Correspondía a cada una de nosotras la revisión de aproximadamente 10 guarderías al mes y el personal era insuficiente; nos basábamos en las guías y los instructivos, por la normatividad indicados en las Oficinas Centrales del IMSS en la Ciudad de México para realizar nuestro trabajo”, explica.

El 26 de mayo de 2009 supervisó la Guardería ABC. Según el protocolo, revisó cuatro áreas: “La administrativa, que se ejerciera correctamente el presupuesto, que se cambiaran las colchonetas, que hubiera cunas, extinguidores al alcance del personal, que hubieran salidas de emergencia, que se repusieran las sillas rotas, que los lavamanos estuvieran al alcance de los niños.

“Supervisábamos el área de fomento a la salud para que se llevara a cabo la toma del peso y talla de los niños, su correcta nutrición; y también el área pedagógica, donde verificábamos que los niños llevaran a cabo sus actividades educativas y de higiene y que el trato hacia ellos fuera el adecuado”, detalla.

Recuerda que en la Guardería ABC “había dos salidas de emergencia y debíamos revisar que nada las obstruyera. Las verifiqué, vi que había válvulas de emergencia en las áreas de cocina y de lactantes; el dictamen de protección civil que leí indicaba que las válvulas de emergencia estaban funcionando en caso de incendio: los extinguidores estaban recargados”.

Botello Hernández encontró en su revisión que hacían falta colchonetas y material didáctico. Pidió el dictamen de Protección Civil, supo que en días recientes se había realizado un simulacro con éxito y asentó como satisfactorio el reporte. “En general encontré las cosas bien con base a lo que me pedía el instructivo y la guía de supervisión del IMSS”, señala.

La lona

Notó que había una gran lona que colgaba del techo del salón de usos múltiples. “Después supe —estando presa—, que impedía ver que el techo no estaba terminado correctamente con plafones; y que fue justamente por donde se coló el humo y entró a la Guardería ABC”.

“Debí de haber pedido una escalera para revisar el techo que cubría la lona; esa lona suplía el plafón”. Durante el proceso en la prisión se enteró que el techo del área de usos múltiples, y donde había lona, “no estaba bien sellado. La bodega y la guardería compartían el techo”.

Delia cuestiona: “¿A quién le correspondía verificar que el inmueble tuviera su propio techo independiente a la bodega vecina? ¿Quién autorizó esa guardería y su ampliación? Esto correspondía a las Oficinas Centrales del IMSS de la Ciudad de México que son las encargadas de otorgar los permisos; no es el delegado de Sonora, no la coordinadora zonal quienes verifican y supervisan el inmueble”, asegura.

“Hoy sé que había un documento donde un arquitecto especificaba que la Guardería ABC requería de más y mejores salidas de emergencia si se pretendía ampliar su construcción como ocurrió. ¿Quién lo omitió y autorizó la operación?”, se deslinda así de la responsabilidad que pretendieron imputarle.

Afirma que los altos mandos del IMSS en su momento deberían haber sido acusados de las omisiones, no los empleados menores. “Yo no cometí ningún error, si las normas están mal hechas, si las guías y los instructivos que yo utilizaba son obsoletos, no es responsabilidad mía, sino de las Oficinas Centrales del IMSS, y fue esta la razón por la cual decidí no firmar mi renuncia como me lo exigieron”.

Delia Botello se trasladó a la Guardería ABC en el momento del incendio aquel 5 de junio de 2009, junto con sus compañeras coordinadoras, pero no alcanzó a pasar; después se fue a los distintos hospitales para registrar el número de niños heridos y fallecidos.

“Fue terrible, había padres que no querían pasar a identificar a los niños fallecidos; había bebés no identificables por la dimensión de sus quemaduras; coordinamos también el traslado a las funerarias. Al final se concluyó que yo como coordinadora resulté la responsable del fallecimiento de los niños”, dice.

Botello Hernández no alcanzó a pagar la fianza que le fijó un juez por un millón de pesos. “Fueron por mí a las 11 de la noche, me informaron que estaba suspendida de mis labores mientras se llevaban a cabo las investigaciones; declaré ante el Ministerio Público y no firmé mi renuncia voluntaria”, recuerda.

Sin recursos

Fue detenida por primera vez en julio de 2009, no contaba con un amparo y el caso había sido atraído por la PGR. Con cada niño que desafortunadamente perdía la vida, la fianza de Delia Botello se incrementaba por 250 mil pesos. “Mi familia me apoyó con los primeros 250 mil pesos… no pudimos hacer nada más “, dice.

Estando aún en libertad, el abogado le sugirió que se fuera y no se reportara más. Alma Delia, en ese momento con dos hijos de 17 y 21 años, decidió irse a su casa. Un año después fue detenida otra vez. Su defensa estuvo a cargo del abogado Héctor Contreras Pérez, quien decidió llevar su juicio aproximadamente un año después de estar presa.

“Fueron años muy difíciles porque ella era el sostén de su casa, se quedó sin ingresos, el IMSS la separó de su cargo y tiene siete años viviendo de milagro… no tiene ningún ingreso, sus dos hijos la apoyan económicamente; ambos entraron a estudiar Derecho y están cursando sus carreras”, explica el defensor.

Hoy en libertad, Botello Hernández y su abogado han presentado una demanda ante el IMSS para que se le reinstale y le paguen todas las prestaciones de las que prescindió a lo largo de siete años, “porque ha sido exonerada de toda responsabilidad y el Seguro Social está obligado a indemnizarla y reinstalarla”.

Para Delia el estar absuelta le beneficia, pues le permite llevar una demanda laboral y posteriormente la demanda civil “por el daño que me hicieron, a mi y a mi familia; dejé a mis hijos solos, mi hermana se hizo cargo de ellos”.

Al dejar la cárcel, el primero de enero de 2014, la esperaban sus hijos. Dejó todo, no se llevó nada, ningún objeto, todo lo regaló, salvo un papel al que se aferró los dos años y seis meses que duró su encierro: la Novena de San Judas Tadeo, que aún conserva.