El financiamiento ilegal de la política por parte de privados tiene su contraparte en los préstamos que el Estado le da a empresas que nunca son pagados. Alberto Salas, presidente del gremio empresarial (CPC), era director de la Enami cuando se otorgó un crédito de US$1 millón a la minera de su entonces suegro y de cuyo holding era gerente. Dos meses después la minera cerró faenas. Nunca se pagó la deuda. A Salas lo reemplazó en la Enami Jorge Riesco, representante de una minera también deudora de la empresa estatal y en la que participó el subsecretario de Minería y director de Enami, Ignacio Moreno.

El 29 de marzo, el ingeniero en minas y empresario Alberto Salas Muñoz (61 años) apareció en las páginas centrales del cuerpo B de El Mercurio en su primera intervención como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cargo al que llegó luego de desempeñarse por casi 20 años como miembro del directorio de la estatal Enami (Empresa Nacional de Minería). Allí habló sobre la desconfianza de la ciudadanía hacia el sector privado y el financiamiento de la política; sobre productividad e inversiones; y sobre la reforma laboral. También trazó la hoja de ruta de lo que será su gestión al mando de la organización empresarial más importante de Chile.

La primera entrevista al mando de la CPC del ingeniero en minas caminaba sobre ruedas. Pero fue en la última pregunta donde la contundente exposición de Salas abrió un flanco de dudas. Se le consultó por los dichos del ex vicepresidente de la ENAMI entre 1997 y 2000, Patricio Artiagoitia, quien el mismo día que asumió Salas (26 de marzo) escribió en Twitter: “Pedirle un crédito a la empresa del Estado de la que eres director y no pagarlo nunca, debe ser uno de los atributos de A. Salas para CPC”.

Salas respondió enfático: “Es absolutamente falso”. Agregó que suponía que todo era producto de una confusión que surgía porque la que pidió el crédito de US$ 1 millón a Enami en 1998 fue una sociedad minera, Punta Grande, propiedad de su ex suegro Luis Gordo Carcedo. “En esa sociedad no tuve ni tengo ninguna relación, ni como socio ni como representante legal. Es más, por mayor transparencia, no participé en el directorio (de Enami) cuando se vio esta materia”, dijo.

La respuesta del nuevo líder de la CPC –en reemplazo de Andrés Santa Cruz– al final de la entrevista planteó una gran interrogante. En una carta al mismo medio (ver aquí), Artiagoitia insistió en que cuando se solicitó el crédito a Enami, Salas paralelamente a su rol como director de la estatal se desempeñaba como gerente general de Punta Grande. Incluso señaló que él fue quien gestionó el polémico préstamo que Enami entregó a la minera en mayo de 1998, sólo meses antes de que la empresa entrara en cesación de pagos y se acogiera a un convenio judicial preventivo de quiebra.

Aunque es efectivo que Salas se inhabilitó en la sesión del directorio de la Enami (30 de enero de 1998) cuando la estatal decidió hacer efectivo el crédito, según la investigación de CIPER los hechos no se condicen con la versión que entregó a El Mercurio. Salas no sólo ocupó cargos de responsabilidad en Punta Grande. También lo hizo en varias otras empresas del holding de su ex suegro.

Salas reconoció a CIPER que desde 1986 hasta 1993 trabajó en Punta Grande, primero como gerente de operaciones y luego como gerente general. Y que, posteriormente, se mantuvo vinculado a las empresas de la familia Gordo –en el ámbito del transporte, la construcción y la minería– hasta mediados de 1998 “en calidad de asesor”. Pero Salas aparece en marzo y agosto de 1998 entregando declaraciones a la prensa no como asesor, sino como gerente general de las empresas mineras del grupo Gordo. Una persona ligada al grupo empresarial –con intereses también en el transporte y la construcción– señaló a CIPER que hasta 1998 Salas era el que firmaba los documentos de la compañía.

–Yo no puedo haber dado declaraciones como gerente general, ni tampoco haber firmado porque en 1993 me desligué del cargo en Punta Grande y me revocaron los poderes – dijo Salas a CIPER.

-¿Gestionó usted el crédito con Enami?

Creo que debo haber participado en entregar información que me pedían respecto de chequear los costos, las reservas, información que me pedía Enami para determinar el crédito.

La ruta del dinero del crédito entregado por Enami a Punta Grande, no es menos confusa que la versión de Salas. Lo cierto es que han pasado 17 años y la empresa minera, que se acogió a un convenio judicial preventivo a fines de 1998, aún no paga el crédito. Hoy, la deuda contraída en 1998, más reajustes e intereses, asciende a US$ 4 millones.

Salas, que se mantuvo en la Enami hasta marzo de 2015, no es el único que ha ocupado un sillón en el directorio de la estatal arrastrando conflictos de interés.

Tal como publicó CIPER en enero de 2014, Ignacio Moreno Fernández, actual subsecretario de Minería y también director de Enami, fue gerente general de Cerro Dominador hasta poco antes de que la empresa quebrara en mayo de 2014. Hasta hace solo unas semanas, Cerro Dominador adeudaba a la empresa estatal más de $3.700 millones. Además de Enami, entre los acreedores de la minera se encontraba también el propio Moreno, quien aparece en el expediente de la quiebra reclamando un finiquito por $23 millones. La deuda de Cerro Dominador con Enami fue saldada hace unos días con el traspaso de unos activos que mantenía la primera en otra propiedad minera.

En cuanto a la silla que dejó Salas en el directorio de la Enami, fue ocupada por el abogado Jorge Riesco Valdivieso, quien fue representante legal de Cerro Dominador y paralelamente representa a la Compañía Minera Diego de Almagro, también propiedad de la familia Callejas, la que en el historial de la quiebra de Cerro Dominador reclama el pago de una acreencia que asciende a $3 mil millones.

PUNTA GRANDE: CRONOLOGÍA DE UN DESPLOME

-¿Cuándo se retiró definitivamente de Punta Grande?

De la gerencia me retiré en 1993. Poco después me casé con la hija de don Luis (Mireya Gordo Macuada) y él me pide que lo asesore. Del grupo Gordo me desligo definitivamente a mediados de 1998 –explicó Alberto Salas a CIPER.

-¿Cómo se gestó el crédito? ¿Es Enami la que lo entrega a solicitud de Punta Grande?

Es una mezcla. En todo caso, se otorgaron créditos a cuatro empresas (mineras San Gerónimo, Las Cenizas Uno, Cobrex y Punta Grande). Éstas habían pedido rebaja de maquila (NdR: costos de procesamiento de mineral) a Enami. Pero también estaba el interés de parte de Enami de sostener a estos productores.

-¿Contribuyó usted a gestionar el crédito con Enami?

A ver, era don Luis Gordo el que manejaba eso.

-Hay personas ligadas a Punta Grande que señalan que en 1998 usted seguía firmando todo en la empresa y en esa condición gestionó el crédito…

No tenía poderes. Lo que ocurre es que para determinar el crédito, Enami requiere información, saber cuáles son los costos, las ventas y yo tenía esos datos y, por tanto, creo que debo haber participado en entregar la información. También por credibilidad, porque yo soy ingeniero en minas. Siempre tuve muy claro los conflictos de intereses, por eso no participé del directorio de Enami cuando se vio lo del préstamo.

-El ex vicepresidente de la Enami, Patricio Artiagoitía, planteó la duda respecto de si quienes gestionaron el crédito de Punta Grande estaban conscientes o no que la empresa podía quebrar…

Punta Grande era una empresa que producía del orden de 3.300 toneladas de concentrado de cobre al mes, es decir, facturaba cerca de US$2 millones mensuales. Tenía bajos costos y contaba con reservas. Pero 1997 fue un año difícil para la minería. Al año siguiente, el precio bajó de 103 a 75 centavos por libra. Al momento del crédito la empresa estaba buscando todas las fórmulas para ver cómo seguía operando.

El crédito entregado a Minera Punta Grande se decidió por unanimidad en reunión de directorio de la Enami el 30 de enero de 1998. En ella, Salas se inhabilitó (ver documento). El 12 de mayo de ese año se firmó en la notaría de José Musalem la escritura pública de mutuo e hipoteca en la que quedó reconocido el crédito.

Pero dos meses después de que el directorio de Enami decidiera otorgarle el crédito a Punta Grande y casi dos meses antes de que se ejecutara, la minera entró en graves problemas. Y fue Alberto Salas el encargado de informarlo. El 17 de marzo de 1998, Salas habló con la prensa respecto del difícil momento de la minera. En una breve intervención, explicó que Luis Gordo había tenido que cerrar diversas operaciones y despedir a 140 trabajadores en los últimos meses debido a los bajos precios del cobre. Agregó que Punta Grande, producto de la reducción de personal, contaba ahora con 290 trabajadores. Salas es citado por el medio en calidad de gerente general de las empresas mineras del Grupo Gordo (ver nota).

Similar intervención hizo el 25 de agosto de 1998, tras conocerse la decisión de la familia Gordo de cerrar la operación de Punta Grande. Solo habían transcurrido tres meses desde la firma de la escritura que otorgó el crédito a la empresa. La noticia la dio el propio Alberto Salas y nuevamente aparece como gerente general (ver nota).

Tras el cierre y producto de su estado de insolvencia, el 15 de julio de 1999 Minera Punta Grande se acogió a un convenio judicial preventivo (ver documento). Los pasivos de la empresa alcanzaban a $6.500 millones. Se dio un plazo de 30 días para que los acreedores hicieran valer a través de documentos justificativos sus créditos. Según documentos judiciales, el crédito de Enami fue reconocido por la junta de acreedores el 18 de enero de 2000.

A partir de entonces, las gestiones por parte de Enami –y otros acreedores, entre los que se encuentra la Corfo y Banco Estado– para recobrar el préstamo han dado lugar a una larga batalla judicial cuyo resultado final aún se desconoce. Los representantes de la empresa de Luis Gordo –entre ellos la ex pareja de Salas, Mireya Gordo– no están dispuestos a pagar la deuda y han solicitado reiteradamente su prescripción.

SALAS Y LOS GORDO

A mediados de 1998, Alberto Salas caminaba junto a otros dirigentes de la Sonami (Sociedad Nacional de Minería) por las calles de Vallenar, donde habían llegado para visitar algunas faenas mineras. Vestidos de terno y corbata, el paseo del grupo de la Sonami, todos vestidos de traje, no pasó inadvertido para los lugareños. En medio de las conversaciones sobre la difícil situación de la pequeña y mediana minería producto de la baja del precio del cobre –situación que terminó por hundir a Punta Grande– se acercó un niño que, impresionado por su vestimenta, les preguntó:

-Señores, ¿ustedes son ricos?

Mira niño –dijo Salas– éramos ricos, éramos… –desatando las risas de los otros dirigentes.

La anécdota fue publicada en un boletín de la Sonami de octubre de 1998, un mes después de que Punta Grande detuviera definitivamente sus faenas. Es en esa misma edición en la que Sonami anuncia el nombramiento de Alberto Salas como gerente general de la entidad gremial minera.

Lejos de la versión que entregó a El Mercurio en la que negó todo tipo de vínculo contractual con Punta Grande, Alberto Salas llegó a la empresa minera propiedad de Luis Gordo Carcedo en 1986 como gerente de operaciones. A los dos años asumió como gerente general. Cumplió las mismas funciones en Minera Logroño y en la Compañía Minera Julia, también de propiedad de Gordo.

Salas se transformó en un hombre de confianza para el empresario. Más aún, luego de emparejarse a mediados de la década de los ‘90 con su hija, Mireya Gordo Macuada. Salas disolvió su primer matrimonio a fines de 1993. A partir de entonces se convirtió en una persona clave en la toma de decisiones de todas las empresas de la familia: Montajes Industriales Yungay, Transportes del Norte, y Eulogio Gordo y Cía., que concentraba los negocios mineros, entre otras. En 1994, tras dejar la gerencia de Punta Grande (no nombraron reemplazante en la empresa) Salas fue nombrado gerente general del grupo de empresas Eulogio Gordo y Compañía –así aparece en la misma publicación de la Sonami– y dos años después, en 1996, alcanzó un sillón en el directorio de la Enami, cargo que dejó hace solo unas semanas. Cumpliendo ese rol, Salas realizó gestiones para que Punta Grande obtuviera el crédito de Enami pocos meses antes de que se viera obligada a cerrar sus faenas.

En septiembre de 1997, Salas, su padre (Alberto Salas Paredes), y Mireya Gordo Macuada, crearon la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Las Torcazas, con un capital de $80 millones. Al día de hoy, según los registros del Diario Oficial, la sociedad no se ha disuelto ni muestra modificaciones en su propiedad.

Esa no es la única sociedad en la que participa Salas. En 1985 creó la Sociedad Colegio Lirima, con un capital de $1 millón; y en 2001 la Inmobiliaria e Inversiones Malvilla (en sociedad con sus hijos), con un capital de $40 millones.

ORDEN DE NO PAGO

Tras paralizar y cerrar su faena en agosto de 1998, Minera Punta Grande se acogió a un convenio judicial preventivo en julio de 1999. En la primera junta de acreedores, el propio Luis Gordo Carcedo aceptó que todas las empresas de su holding (Minera Logroño, Eulogio Gordo y Cía., Montajes Industriales Yungay, Transportes del Norte, Compañía Minera Julia y Minera Guanaco, entre otras) que también eran acreedoras de Punta Grande, pospusieran sus créditos en favor de los acreedores privilegiados y preferentes. En palabras simples, Luis Gordo se puso a la cola en el cobro de las acreencias.

Pero en 2007, la situación cambió. La voluntad de la familia Gordo por hacerse cargo de las deudas sufrió un viraje. Ese cambio de actitud coincidió con que ese año se liquidaron diversos activos que formaban parte del patrimonio de Minera Punta Grande y entró dinero fresco. En total, más de $6 mil millones.

Por entonces, la deuda de Punta Grande con Enami, más intereses y reajustes alcanzaba a US$1,3 millones. Ese mismo año, Punta Grande presentó una demanda de prescripción extintiva de acciones contra Enami (también incluyó a Corfo y Banco Estado) en la que acusaba a la estatal de no haber ejercido sus derechos como acreedora. Es decir, argumentaron que como Enami no había hecho valer su deuda, ésta ya no existía. Aunque resulte paradójico, la demanda, por la cual Punta Grande buscaba desconocer la deuda, fue acogida a trámite en tribunales.

Paralelamente, en representación del grupo Gordo, apareció el abogado Darío Calderón González (conocido por sus vínculos transversales en el mundo empresarial y político y por su estrecha amistad con Julio Ponce Lerou), quien solicitó una medida cautelar en tribunales para que –producto de la demanda de prescripción de acciones presentada meses antes– la comisión liquidadora de la junta de acreedores se inhibiera de efectuar el reparto de los $6 mil millones. La medida cautelar prosperó en la justicia y los fondos quedaron congelados.

El síndico Leonel Stone Cereceda quedó como administrador de los dineros. El mandato de la comisión de acreedores de Punta Grande, quedó establecido en documento notarial con fecha 18 de mayo de 2007. En julio de ese mismo año, el síndico Stone depositó los $6 mil millones (más otros $1.200 millones pertenecientes a otros acreedores fuera del convenio) en fondos mutuos de renta fija en el Banco Itaú. Y, tal cual constaba en el mandato, lo hizo a su nombre (ver documento).

Finalmente, el 22 de agosto de 2011, en un fallo de primera instancia, la justicia declaró prescritas la deuda de Punta Grande con Enami. La empresa estatal apeló la sentencia y la Corte de Apelaciones revirtió el fallo, decisión que fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema.

Después de ese periplo por tribunales, el crédito sigue siendo válido y actualmente, a 17 años de haber sido contraída, la deuda ascendería a US$ 4 millones.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Leonel Stone falleció el 5 de octubre de 2014. El día 8, cercanos al síndico pagaron un pequeño inserto en la página del obituario de El Mercurio para expresar sus condolencias. Curiosamente, la firma que respalda la nota no individualiza a personas, solo dice “La Mafia”.

Tras su muerte, la comisión de acreedores de Punta Grande, representada por el abogado Horacio Infante, pidió que, para evitar “eventuales confusiones patrimoniales con su sucesión y que se pretenda disponer de dichos fondos que no le pertenecen al señor Stone” el tribunal oficiara al Banco Itaú para que informara el estado de los $6 mil millones depositados por el síndico y que luego los transfiriera para que quedaran bajo custodia judicial.

El banco informó en diciembre de 2014 que no podía atender a lo solicitado pues “solamente corresponde hacer entrega de la información directamente al partícipe o a sus mandatarios”. En un segundo informe, Itaú señaló que no existían depósitos a nombre de Stone “de las características y montos señalados”. Y agregó que al 9 de abril de 2015 el fallecido síndico “mantenía operaciones vigentes por $1.282 millones”, un monto casi cinco veces inferior al que le fue entregado bajo mandato judicial en 2007.

–El banco sólo informa operaciones vigentes al 9 de abril de 2015, pero nada dice respecto de las que pudieron haber existido en virtud del contrato general de fondos suscrito por el ex síndico, como tampoco señala los rescates que él o sus herederos pudieron haber realizado, ocultando de manera indirecta información esencial ordenada por el tribunal –se señala en el escrito que ingresó al juzgado el 20 de abril pasado el abogado de la comisión de acreedores, pidiendo que se vuelva a oficiar al Banco Itaú para que entregue toda la información.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocía el paradero de los casi $5 mil millones faltantes de los dineros que el fallecido síndico informó haber depositado en el Banco Itaú en 2007.

En medio de este laberinto financiero, en marzo de 2013 los hijos del empresario Luis Gordo Carcedo, quien falleció en agosto de 2012, crearon la sociedad Inversiones Holding Casablanca Limitada con un capital inicial de $1 millón. En agosto del mismo año hicieron un aumento de capital por casi $6 mil millones. El suculento aporte al holding se hizo principalmente a través de tres sociedades de la familia: Inversiones Cerezo, que aportó $4.500 millones, Minera Tormantos, que hizo lo propio con $671 millones, y Empresa Minera Julia, que le inyectó $741 millones. Minera Julia, cuya socia y gerente general es la ex pareja de Alberto Salas, Mireya Gordo, era una de las empresas acreedoras de Punta Grande.

En diciembre de 2014, los hermanos Gordo disolvieron el Holding Casablanca. Ésta fue absorbida por otra sociedad familiar, Inmobiliaria Burgos, laque adquirió todos los derechos sociales de Casablanca (que totalizaban $6 mil millones) en solo $900 mil.

CIPER intentó contactarse en reiteradas oportunidades con Mireya Gordo, pero no devolvió los llamados.

EL CAPÍTULO DE DOMINADOR: MORENO Y RIESCO

La Compañía Minera Cerro Dominador, propiedad de la familia Callejas, quebró en abril de 2014, arrastrando pasivos por $40 mil millones. Tal como publicó CIPER en un reportaje de enero de 2014 (ver reportaje), el actual subsecretario de Minería, Ignacio Moreno Fernández, se desempeñó desde enero de 2012 a febrero de 2014 como gerente general de la minera. Dejó su cargo, en medio de una huelga de trabajadores por demandas laborales y salariales que se extendió durante 50 días.

Moreno fue nombrado subsecretario de Minería a fines de enero de 2014 y dejó la gerencia de Cerro Dominador el 7 de febrero de 2014, justo tres meses antes de que la minera se declarara en quiebra. Además de su rol como subsecretario, Moreno ocupa actualmente un sillón en el directorio de la Enami en representación de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco).

Hasta hace unas semanas, Enami se encontraba entre los acreedores de Cerro Dominador. La deuda con la empresa estatal ascendía a $3.700 millones y se originó en el incumplimiento de “varias obligaciones contraídas en contratos de maquila de minerales”, tal como se desprende del historial de la quiebra.

Moreno, a título personal, también estaba entre los acreedores de Cerro Dominador, por el no pago de $23 millones correspondientes a su finiquito tras su salida. Su crédito figura en el expediente de la quiebra en la nómina de deudas “reconocidas por la ‘fallida’ (Cerro Dominador) que alegan privilegio”.

La triple militancia de Moreno, como ex timonel de Cerro Dominador, acreedor de la misma y director de Enami, también acreedora de la minera, no está prohibida expresamente por los estatutos de la empresa estatal. En estos casos, donde hay interés directo o indirecto sobre ciertos asuntos que requieren de la deliberación del directorio de la Enami, sólo se pide informar e inhabilitarse.

Situación similar es la que enfrenta el abogado Jorge Riesco Valdivieso, quien el 22 de abril fue designado director de Enami en representación de Sonami y en reemplazo de Alberto Salas (ver documento). Riesco fue el representante legal de la quebrada Cerro Dominador y también el abogado de uno de sus principales acreedores: Compañía Minera Diego de Almagro. Diego de Almagro, también de propiedad de la familia Callejas, tiene un crédito con Cerro Dominador por $3 mil millones. En junio de 2014, Riesco, en representación de Diego de Almagro, pidió verificar y reconocer el crédito de su representada ante el síndico.

En enero de 2015, Enami y Cerro Dominador firmaron un memorándum de acuerdo para que la primera compre las acciones que la mina de la familia Callejas tenía en la Sociedad Minera Esperanza. El valor total de las acciones fue fijado en $5.200 millones, monto que se acordó pagar utilizando los $3.700 millones del crédito. Fue un negocio redondo para la familia Callejas: pagaron su deuda y se quedaron con $1.500 millones en sus arcas. Desde la Enami informaron a CIPER que la operación de compra ya se realizó y que actualmente los títulos están en trámite de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Su relación con Cerro Dominador y su participación como directores de Enami no es lo único que aparece en contradicción con los estatutos de Enami en la trayectoria empresarial de Ignacio Moreno y Jorge Riesco. En abril de 2011 el subsecretario creó la sociedad Rimac Minería Limitada para explotar una pertenencia minera de siete hectáreas en la comuna de Cabildo (Región de Valparaíso). Lo propio hizo Riesco en enero de 2013. Junto a Lorena Callejas Callejas (de la familia controladora de Cerro Dominador) constituyó Minera Pampita para “explorar y explotar las pertenencias mineras de su propiedad”.

Según los estatutos de ENAMI, son “inhábiles para desempeñar cargo de director las personas que por sí, sus cónyuges, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o por personas que estén ligados a ellos por vínculos de adopción, o a través de personas naturales o jurídicas, en que tengan control de su administración, posean o adquieran, a cualquier título, interés superior al 10% en empresas cuyo giro incluya la exploración, explotación, fundición o refino de minerales”.

LOS OTROS DE ENAMI

Son 10 las personas que conforman el directorio de la Enami, empresa estatal encabezada por el ministro de Minería de turno. A éste se le suman tres representantes del Presidente de la República; uno del ministerio de Hacienda; otro de la Corfo; dos de la Sonami; uno del Instituto de Ingenieros de Minas; y otro en representación de Cochilco.

La función de director de Enami es remunerada. Según lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 153 de 1960 que creó la Empresa Nacional de Minería, los directores “tendrán un honorario equivalente a 6 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por sesión, con un tope mensual máximo de 12 UTM”. En abril de 2012, mes en que el directorio sesionó en dos oportunidades, sus integrantes recibieron $821 mil brutos cada uno.

Entre quienes conforman el directorio de la Enami en representación de la Presidenta de la República, se encuentra la abogada María Verónica Baraona del Pedregal (DC), quien se desempeñó como subsecretaria en las carteras de Justicia y de Minería durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En 2000, Baraona fue públicamente cuestionada en el llamado “Caso Indemnizaciones”, en el que sindicatos de empresas estatales acusaron el pago de abultados montos de dinero por desvinculación o cese de funciones de altos ejecutivos. Baraona renunció a la Enami en abril de 2000 y recibió $31 millones como indemnización. En fecha cercana lo hizo también el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Patricio Artiagoitia –el mismo que hace unas semanas abrió los cuestionamientos contra Alberto Salas por su participación en Punta Grande– quien recibió $32 millones.

No se determinaron responsabilidades penales en este caso para ninguno de los 17 altos ejecutivos involucrados en el escándalo, “Todas estas indemnizaciones son legales y estaban fijadas en los contratos. No obstante, y como lo ha dicho el Presidente (NrD: Ricardo Lagos) muchas de ellas eran también éticamente reprobables“, señaló el entonces ministro de Economía, José de Gregorio.

Figura también en el directorio de Enami, en representación del Ministerio de Hacienda, Jorge Rodríguez Cabello, quien se desempeña hoy como subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Según publicó The Clinic a fines de abril pasado, Rodríguez elaboró entre 2012 y 2013 seis informes escritos para Asesorías y Negocios, la consultora del operador político y recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, actualmente bajo la lupa de la Fiscalía por recibir dineros desde SQM Salar y empresas del Grupo Angelini, entre otras.

Jorge Patricio Palma Cousiño, es otro de los directores de Enami en representación de la Presidenta de la República. Palma (miembro de la comisión política del PC) tal como informó CIPER en un reportaje de agosto de 2014 que develó el esquema de la Universidad Arcis para retirar utilidades contraviniendo la ley, se desempeñó como gerente de la Inmobiliaria Libertad (ver reportaje).