Un día después de haber sido desplazado en la causa Hotesur, donde se investiga a la presidenta Cristina Kirchner y su familia, el juez Claudio Bonadio ordenó este mediodía, por otro expediente, allanar YPF y oficinas del Ministerio de Planificación.

El magistrado investiga una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno que data de años atrás. También se investiga a la empresa estatal Enarsa. El magistrado fue en busca de información sobre una causa sobre supuestas "dádivas" o "sobornos" en la importación de gas, según aseguraron diputados opositores.

Ante la consulta de los periodistas, el ministro Julio De Vido sólo se limitó a declarar: "Por lo visto hay un plan de allanamientos para todos y todas", parafraseando a la presidenta Cristina Kirchner, según difundió su equipo de prensa.

Poco antes de las 13, funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero con la orden de allanamiento de Bonadio. Al mismo tiempo lo hicieron en la cartera que conduce Julio De Vido y en Enarsa.

En octubre del año pasado, los diputados de Pro Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron una denuncia contra Enarsa "por multimillonarias compras de gas importado" que se habrían realizado de manera irregular.

En su momento, los legisladores macristas señalaron que "YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley". Entonces, exigieron "determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función".

Bonadio investiga si hubo irregularidades en la importación de gas transportado en barcos, a partir de una denuncia de los diputados nacionales del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, que solicitaron investigar si hubo "dádivas o sobornos".