

septiembre de 2017 septiembre de 2017

Contra la arremetida neofranquista:

Defendamos el derecho a la

autodeterminación y a la

independencia de Catalunya



Miles de personas salieron a la calle en Barcelona el 20 de septiembre para protestar contra la invasión por la Guardia Civil y la Policía Nacional (arriba) de las oficinas de la Generalitat, el gobierno autonómico catalán.

(Foto: El País)

Miles de personas salieron a la calle en Barcelona el 20 de septiembre para protestar contra la invasión por la Guardia Civil y la Policía Nacional (arriba) de las oficinas de la Generalitat, el gobierno autonómico catalán.

¡Resistir el intento de impedir el referéndum del 1° de octubre!

¡Hacia una huelga general obrera en toda España!

¡Por una federación de repúblicas obreras ibéricas, parte de los estados unidos socialistas de Europa!

BARCELONA/Cd. de MÉXICO, 29 de septiembre – La cuenta regresiva está llegando a su fin. A menos de 48 horas de que inicie el referéndum del 1° de octubre (el 1-O), activistas y padres de familia se han movilizado alrededor de Catalunya para proteger colegios que han sido señalados como centros de votación en los que se responderá sí o no a una sola pregunta: “¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?”. Carles Puigdemont, president de la Generalitat, el gobierno autonómico catalán, ha asegurado el día de hoy que el dispositivo electoral se encuentra listo. Pero el gobierno central del Estado Español dirigido por Mariano Rajoy, un heredero político de la dictadura de Francisco Franco, amenaza con una masiva operación policíaca que impida la realización del referéndum independentista.

Conforme pasan las horas, la tensión crece. A lo largo de las últimas tres semanas, el gobierno de Madrid, el Tribunal Constitucional y la Policía Nacional han puesto en marcha una operación represiva de gran amplitud. Apenas unas horas después de que la Generalitat –en un procedimiento exprés de apenas un día, que concluyó hacia la medianoche del 6 de septiembre– expidiera el decreto convocando el referéndum, el TC prohibió su realización. En seguida, el gobierno de Rajoy recurrió a la censura de medios, la confiscación de material impreso relativo al referéndum, y la intervención de las cuentas bancarias de la Generalitat, una forma encubierta de cancelar la de por sí raquítica autonomía catalana. Luego, en un reventón represivo el día 20, procedió a la detención de 14 funcionarios del gobierno autonómico, el registro (cateo) de una decena de dependencias de éste, el cerco de la sede de la independentista CUP (Candidatura d’Unitat Popular) y el envío de 7 mil efectivos de la Policía Nacional a Catalunya, todo con la misión de impedir la realización del 1-O.

Además, en un burdo montaje, guardias civiles y policías nacionales fueron despedidos de Huelva, Santander, Cádiz y Granada con rumbo a Catalunya por puñados de derechistas al grito de “¡A por ellos!” Pero el tiro les salió por la culata debido a la reducida participación y al marcado tono fascistoide de los actos. Dada la determinación del govern catalán y de los independentistas de proseguir con el referéndum, el empeño del gobierno español neofranquista de mantener a toda costa la “unidad sagrada” de España podría tener el efecto contrario de lo deseado. A eso hay que agregar el drama en torno a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra, a la que Rajoy quiere someter a las órdenes de un coronel de la Guardia Civil (y el número tres del ministerio del interior). El major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, se rehusó temporalmente a acatar órdenes represivas debido al daño que hacerlo podría causar al “prestigio” de la corporación; finalmente, por respeto a “la ley”, Trapero terminó prometiendo desalojar las escuelas a primera hora del domingo, aunque advirtiendo que lo hará “sin violencia”.

En la prensa internacional, y particularmente en las redes sociales, se da la impresión de que el apoyo a la independencia es casi unánime en Catalunya, o que lo es, al menos, entre “las clases populares”. Un enviado de Revolución Permanente estuvo una semana en Barcelona y podemos constatar que esto dista mucho de ser el caso. La población de la región autonómica (en donde menos de la tercera parte tiene al catalán como lengua materna) está profundamente dividida. Incluso las encuestas de la Generalitat muestran que sólo una minoría (alrededor del 40 por ciento) de los encuestados quiere un estado independiente, separado de España. Este movimiento nacionalista está dominado por la burguesía catalana. Además, sus principales dirigentes (lo mismo Puigdemont que sus antecesores Artur Mas y Jordi Pujol) son derechistas profundamente hostiles a los trabajadores. Por su parte, la oposición al independentismo es notable en las zonas de concentración de obreros castellanoparlantes y de inmigrantes (que no tienen derecho a votar).



El president de la Generalitat, el derechista Carles Puigdemont, junto con el major Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, pasa revista a la policía autonómica en la diada (marcha para celebrar el día nacional de Catalunya), el 11 de septiembre de 2017. (Foto: Toni Albir/EPA)

Elde la Generalitat, el derechista Carles Puigdemont, junto con elJosep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, pasa revista a la policía autonómica en la(marcha para celebrar el día nacional de Catalunya), el 11 de septiembre de 2017.

Lo cierto es que actualmente los independentistas son los más movilizados. Sin embargo, y particularmente frente a los embates autoritarios de Rajoy (que el president catalán describió como “guardián en la tumba de Franco”) y su Partido Popular (PP), apuntalados por el Partido Socialista (PSOE) de austeridad y represión dirigido por Pedro Sánchez y la furibunda españolista Susana Díaz, la abrumadora mayoría de los catalanes –más del 80 por ciento– insiste en su derecho a decidir. Así la contienda actual se enfoca en la resistencia en contra del ataque del gobierno españolista contra la población de Catalunya en su totalidad, y los marxistas decimos que esa tarea incumbe no solamente a los catalanes sino a los trabajadores y defensores de los derechos democráticos en todo España, y alrededor del mundo.

Ante esta ominosa situación, los revolucionarios y trabajadores con conciencia de clase tienen que tomar partido. En contra de la arremetida policíaca de Rajoy y sus socios hay que movilizarse para defender el derecho a la autodeterminación y a la independencia de Catalunya. Asimismo, se debe apoyar la celebración de un referéndum vinculante sobre la cuestión y resistir todo intento del gobierno de impedirlo. Contra cualquier intento de desatar la represión masiva en Catalunya, la clase obrera de toda España debe movilizarse con huelgas y ocupaciones, e inclusive una huelga general activa de duración indefinida. Algunas centrales sindicales minoritarias ya han convocado para el día 3 de octubre una “huelga general”, que en los hechos se parecería más a lo que en América Latina suele llamarse “paro cívico”, en un frente popular con los sectores burgueses independentistas. Los militantes proletarios deberían agitar para que la lucha contra la represión se convierta en una acción clasista del movimiento obrero español en su totalidad contra la represión.

La lucha obrera no puede limitarse a la defensa del derecho de Catalunya a la autodeterminación. Los políticos burgueses del govern de Barcelona son tan “neoliberales” como los del gobierno en el Palacio de la Moncloa en Madrid. Han votado a favor de las leyes de austeridad capitalista de Rajoy, y las han impuesto desde la Generalitat. Son tanto o más sumisos ante los dictados de los banqueros centrales de Europa que han condenado a los trabajadores de Grecia a la miseria. (El lema de los independentistas burgueses catalanes es el de hacer de Catalunya “un nuevo Estado de Europa”.) Los Puigdemont, Mas y Pujol son enemigos de la clase obrera. Para resistir los golpes del aparato represivo del Estado Español, urge una movilización del poder de la clase obrera, inclusive mediante la ocupación de fábricas y zonas industriales, sobre la base de independencia de clase para combatir políticamente en contra de los que aspiran a ser los nuevos amos de Catalunya.

Todo esto apuntaría hacia una revolución socialista que se extienda por la Península Ibérica, y al resto del continente, para barrer de una vez por todas con la Unión Europea, ese cártel imperialista antiobrero y antiinmigrante que se concibe como la Fortaleza Europa. La clave para hacer de esto una realidad es construir una dirección revolucionaria de la clase obrera, un auténtico partido leninista-trotskista que luche por una Europa roja de consejos obreros.

El referéndum del 1-O

El 6 de septiembre, el parlamento catalán aprobó a todo vapor la Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Catalunya y la Ley de transitoriedad jurídica. Se estipula que debe declararse la independencia dos días después de una victoria del Sí en el 1-O. Las dos leyes fueron aprobadas con los 72 votos de los partidos que conforman la coalición Junts pel Sí (JxSí), cuyos componentes principales son los representantes tradicionales de la burguesía catalana, el liberal Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT, ex Convergència i Unió) y Esquerra Republicana (ERC), así como sus socios pequeñoburgueses de la CUP. Los 11 consellers del CSQEP (Catalunya Si Que Es Pot, Catalunya Sí Es Posible, filial de Podemos), los Verdes e Izquierda Unida se abstuvieron mientras que los 52 consellers de las sucursales catalanas de los partidos españolistas –el franquista PP, el ultraderechista Ciudadans (C’s) y el Partido de los Socialistas Catalanes– boicotearon la sesión por considerarla ilegal.

Desde ese momento entró en acción todo el aparato jurídico, policíaco y militar heredado de la dictadura franquista. El día 7, el Tribunal Constitucional suspendió las leyes aprobadas la noche anterior, declarándolas anticonstitucionales por “atentar contra la unidad de España”. Asimismo, el TC advirtió a los alcaldes catalanes que les está prohibido participar en la organización del 1-O, citando ante los tribunales a 712 de ellos que habían declarado su participación. Simultáneamente, el Fiscal del gobierno de Madrid inició una querella contra la Generalitat en su conjunto. La primera respuesta de la población ante las amenazas fue la marcha del 11 de septiembre, el día nacional catalán que conmemora la desaparición del principado de Catalunya debido a su derrota en 1714 en la Guerra de la Sucesión española. En esta Diada pel Sí, hasta un millón de personas colmaron las calles de Barcelona. Al día siguiente comenzó la intensificación de las medidas represivas.

Entonces entra en escena la odiada Guardia Civil, autora de tantas masacres antes, durante y después de la Guerra Civil de los años 1936-1939, que reprimió el uso del catalán durante las siguientes tres décadas y media de la dictadura del generalísimo Franco, y que después de la “transición” de 1975-1978 ha seguido desatando el terror contra independentistas en Euskadi (el País Vasco) y migrantes en Ceuta. Patrullas irrumpen en imprentas buscando propaganda y papeletas para el referéndum, confiscando millones de hojas. Se prohíbe al canal público de televisión (TV3) mencionar el 1-O. Hay arrestos de gente pegando carteles para el referéndum. En València, Madrid y todo el país se prohíben actos a favor del referéndum catalán. El día 15 es desalojada una conferencia en Gasteiz/Vitoria, capital de la región vasca. Con las medidas que impiden a la Generalitat pagar a los funcionarios, evidentemente se está a un paso de aplicar el artículo 155 de la Constitución española que suspendería toda traza de autonomía de la región catalana.

Durante nuestra estancia en Barcelona, el día 20 de septiembre amaneció con el característico ruido de los helicópteros de la policía vigilando desde una posición estática. Corría la noticia del arresto de 14 funcionarios medios de la Generalitat, incluido uno de los principales colaboradores de su vicepresidente, Oriol Junqueras (ERC). Con el pretexto de buscar pruebas del “desvío” de recursos públicos para la organización del referéndum, la Policía Nacional ocupó varias oficinas de la Generalitat. Desde temprano, centenares de personas se reunieron frente a la Conselleria d’Economía en Rambla Catalunya, que estaba siendo objeto de un cateo. La multitud fue creciendo hasta que, entrada la noche, los medios reportaron la presencia de unos 40 mil manifestantes. Cuando la Generalitat reportó el carácter “tumultuario” de la concentración, el gobierno de Rajoy ordenó el envío de 3 mil efectivos policiacos más, para respaldar a los 4 mil que ya habían llegado. Ahora se quejan de que sus policías fueron atrapados durante horas.



Unas 40 mil personas se concentraron en el centro de Barcelona para protestar contra la incursión de la Guardia Civil, colmando Plaza Catalunya hasta altas horas de la noche. (Foto: Susana Vera/Reuters)

Unas 40 mil personas se concentraron en el centro de Barcelona para protestar contra la incursión de la Guardia Civil, colmando Plaza Catalunya hasta altas horas de la noche.

Mientras ondeaban por la calle cientos de banderas independentistas catalanas, las esteladas, la multitud coreaba “¡Votarem! ¡Votarem!” (votaremos). También se escuchaba “Catalunya antifeixista” (Catalunya antifascista) y “¡Fuera las tropas de ocupación!” Saltaba a la vista que estaban preocupados por mantener una apariencia de respetabilidad. Se regañó a un joven que portaba una bandera del POUM (Partit Obrer de Unificació Marxista) de la época de la Guerra Civil por tener la hoz y el martillo. En cambio, al lado de las esteladas ondeaban tranquilamente banderas de la UE. En la tarde empezaba a concentrarse la gente frente a la cercana sede de la CUP, donde agentes policíacos embozados estaban a la espera de una orden judicial para proceder a catearla. Aunque la multitud ante la sede de la CUP era menos numerosa, parecía más dispuesta a resistir. “Esto con Franco, sí pasaba”, gritaban. Con todo, los dirigentes de la CUP tachaban de provocadores a los que sugirieran que había que echar a los agentes policíacos, vastamente sobrepasados en número.



Frente a la Conselleria d’Economía en Rambla Catalunya, la bandera independentista (la estalada, abajo) ondea junto con la de la Unión Europea. Los nacionalistas catalanes burgueses quieren ser “un nuevo estado de Europa”. (Foto: Xavier Jubierre/El Periódico de Catalunya)

Frente a la Conselleria d’Economía en Rambla Catalunya, la bandera independentista (la estalada, abajo) ondea junto con la de la Unión Europea. Los nacionalistas catalanes burgueses quieren ser “un nuevo estado de Europa”.

La intensificación de la represión desde Madrid ha atraído a la calle a muchos que defienden el derecho democrático de los catalanes a realizar un referéndum de autodeterminación –el dret a decidir– aunque no necesariamente votarían por la independencia. He aquí una distinción crucial que a distancia podría parecer muy fina, pero que en Catalunya es evidente para todo el mundo. Según el Baròmetre d’Opinió Política publicado por la Generalitat, en su más reciente encuesta (la segunda de 2017) sólo una minoría de 41 por ciento de los encuestados se pronuncia a favor de que Catalunya sea un estado independiente, y tan sólo el 39 por ciento dice que votaría a favor de la independencia en un referéndum, mientras un 49 por ciento está en contra de declararse independiente. Si se les da más opciones, sólo el 34 por ciento favorece la independencia –apenas la tercera parte de la población– mientras el 31 por ciento preferiría una comunidad autónoma de España, en tanto que otro 22 por ciento quiere un estado en una España federal.

Sin duda, algunos que rechazan la independencia lo hacen por nostalgia del franquismo. Pero entre la población de Catalunya, la división en torno al independentismo coincide en gran parte con una diferencia de clase. El rechazo al independentismo es particularmente amplio en la región industrial del Baix Llobregat, de fuerte población obrera castellanohablante, en donde sólo un 29 por ciento apoya la independencia y el 58 por ciento se opone a ella. Muchos ayuntamientos de la región, y también en Lleida, Tarragona, Mataró y otras ciudades, están en manos del PSC, hostil a la independencia. Resulta que gran parte de la clase obrera de Catalunya proviene de Andalucía y otras regiones de España, o de África del Norte, Ecuador, República Dominicana u otros países de América Latina. Comisiones Obreras (CC.OO.), la más grande central sindical, reporta que en una encuesta de sus afiliados sólo el 40 por ciento en Catalunya quiere un estado independiente, mientras el 43 por ciento quiere un estado dentro de una España federal y el 13 por ciento prefiere que sea una comunidad autónoma.

¿Qué es lo que explica esto? La relativa falta de apoyo a la independencia entre estos sectores no refleja un desdén contra los catalanes, ni mucho menos el apoyo a los españolistas neofranquistas. Seamos claros: Catalunya es una nación con su propia lengua, cultura, economía, historia y territorio, y como toda nación el derecho de formar un estado independiente. Sin embargo, la región catalana del Estado Español no es ni de lejos una nación homogénea. De un censo lingüístico de la Generalitat, se desprende que el catalán es el idioma inicial o materno de tan sólo el 30 por ciento de la población –menos de la tercera parte– mientras el castellano lo es de más del 55 por ciento. A ello se suma más de un millón de inmigrantes, que representan el 15 por ciento de la población total, de los cuales una porción mínima habla catalán. Muchos de los trabajadores que hablan español, árabe o rumano sienten que sus derechos se verían limitados de imponerse, por ejemplo, al catalán como la única lengua para los asuntos públicos. Y eso es precisamente lo que pretenden los partidos independentistas.

Cuando nuestro enviado estuvo en el municipio industrial de El Prat de Llobregat, hablando con militantes sindicales de CC.OO., uno de ellos remarcó que para él (que nació en Catalunya) y su padre (oriundo de Andalucía), el catalán era “el idioma del patrón”. Y de hecho para muchos es así. Este trabajador nos contó que al visitar una oficina del gobierno autonómico para realizar un trámite relativo a su pensión, el funcionario sólo se dirigió a él en catalán, rehusándose a hablarle en español, lo que le dificultó la comprensión. Esto corresponde a la “normalización lingüística” que ya es ley, y que busca obligar a todos a usar el catalán. También, por la Ley 1 de 1998, la “lengua vehicular y de aprendizaje” debe ser únicamente el catalán. Sin embargo, la realidad es otra porque gran parte de los padres de familia quieren que sus hijos aprendan el español, el catalán y el inglés. El citado censo reporta que de los jóvenes, casi todos son trilingües. Pero los nacionalistas catalanes siguen queriendo imponer el catalán como única lengua vehicular de la educación.

El impulso por la independencia proviene sobre todo de poderosos sectores de la pudiente burguesía catalana. No tiene semejanza con algún movimiento de liberación nacional en un país semicolonial. La mayor queja de la burguesía catalana, que repiten los independentistas, es el llamado “espoli fiscal” de Catalunya a manos del Estado Español. ¡ESPANYA ENS ROBA! (España nos roba) gritan. Pero, ¿en qué consiste este “robo” y esta “expoliación fiscal”? Se trata de la diferencia entre los dineros pagados de Catalunya al erario nacional y los dineros recibidos. Si no fuese por ese déficit, alegan, “Podemos ser uno de los estados más ricos de Europa”. El “déficit” se debe en gran parte a las inversiones y gastos oficiales en las regiones más empobrecidas del Estado Español, desde Galicia hasta Andalucía. Así la burguesía catalana busca la independencia para no tener que pagar por los pobres del sur. Esto no es tan diferente de lo que plantea la Lega Nord en Italia que con consignas como “ROMA LADRONA” quiere librarse del subsidio a las regiones meridionales (y que apoya fuertemente la independencia de Catalunya).

Claro que no todos los partidarios de la independencia de Catalunya apoyan este programa burgués. Sin embargo, este es un movimiento nacionalista dirigido por la burguesía más rica de España. Lejos de ser una colonia, si Catalunya consiguiera la independencia, sería un país imperialista, aunque de segundo rango. De los tres grandes bancos españoles, los dos mayores son de capital vasco (Banco Santander y BBVA) y el tercero es catalán (CaixaBank S.A.), así como es el quinto (Banc Sabadell). Los dos primeros tienen una posición fuerte en América Latina. El Santander y el BBVA, como buenos bancos imperialistas, también están fuertemente involucrados en la industria militar, lo mismo que el CaixaBank y el Banc Sabadell. Y la Generalitat misma ha subsidiado varias de las 35 empresas en Catalunya que fabrican armas, como Expal, del grupo Maxam, cuya sucursal turca fabricó explosivos para ser enviados a los “rebeldes” armados y financiados por el imperialismo en Siria, como reportó Vice News (14 de marzo de 2016).

Como marxistas revolucionarios, enfocamos las cuestiones democráticas desde el punto de vista de clase del proletariado. En cuanto a la respuesta a la pregunta del referéndum 1-O, sí o no a la independencia de Catalunya, estaríamos a favor de acudir a las urnas, si las hay, pero de votar en blanco. No obstante, una represión masiva por parte del gobierno de Rajoy y su PP para impedir la celebración del referéndum podría cambiar radicalmente la situación. Al negar el elemental derecho de la población de Catalunya de decidir sobre su propia suerte, esos exaltados “ex” franquistas podrían provocar un enfrentamiento en el que sólo hay dos lados. En ese caso, sobre todo si llega al enfrentamiento físico, atañe a los revolucionarios estar con los que luchan por los derechos de los catalanes y la independencia, pero buscando movilizar a la clase obrera en la lucha por el poder en contra de la alta burguesía tanto del Estado Español como de Catalunya.

¡Forjar un partido obrero leninista-trotskista!

La clave radica en luchar por la cabal independencia de clase del proletariado con respecto a la burguesía ibérica y sus diversos sectores nacionales. Esto depende sobre todo de que la clase obrera cuente con su propio partido obrero revolucionario, basado en la defensa del programa internacionalista de V.I. Lenin y León Trotsky, que dirigieron la Revolución de Octubre de 1917. Esta herencia fue luego traicionada por los usurpadores de la burocracia nacionalista encabezada por Stalin, que al rechazar el programa de la revolución socialista internacional buscó aliarse con sectores de la burguesía. La política estalinista de colaboración de clases preparó la vía a la contrarrevolución capitalista que bajo los embates del imperialismo finalmente destruyó a la Unión Soviética, el primer estado obrero de la historia, durante 1989-1992. La misma política guió el Partido Comunista de España (PCE) en la Guerra Civil de los años 30, estrangulando una revolución proletaria en la que fue la más grande lucha de clase de la década en Europa.

España es un país en cuya historia los partidos Socialista y Comunista han jugado un papel destacado… y fatídico. Después de la instauración de la Segunda República en 1931, se abrió un período revolucionario en el que la clase obrera estuvo en diversos momentos en la situación de poder contender por el poder. El 18 de julio de 1936 estalló el golpe de estado encabezado por Francisco Franco en contra del gobierno del Frente Popular, una coalición mediante la cual los dirigentes del PSOE y del PCE, partidos obreros reformistas, encadenaron a los trabajadores a políticos capitalistas (que Trotsky denominó “la sombra de la burguesía”) como el catalán Lluis Companys. El fracaso inicial del golpe ante la movilización obrera abrió una situación revolucionaria debido a que los trabajadores en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona, organizaron milicias obreras e impusieron el control obrero en diversas ramas de la industria para resistir la arremetida bonapartista de Franco.

La política del frente popular subordinó el enorme poderío de una clase obrera movilizada a la política capitalista de Companys, Manuel Azaña y demás figuras de la República burguesa. Así, al bloquear la revolución socialista, se abrió la vía al triunfo de Franco. La responsabilidad de esta derrota la tuvieron los socialistas de Largo Caballero y particularmente los estalinistas, que con sus Guardias Republicanas disolvieron las milicias obreras (como se puede ver en la magnífica película de Ken Loach, Tierra y Libertad) y ahogaron en sangre al proletariado insurrecto en las Jornadas de Mayo (Els Fets de Maig) de 1937 en Barcelona. Pero también tienen responsabilidad particular los anarquistas de la CNT, que participó en el gobierno del Frente Popular y jugó un papel nefasto en desmovilizar el levantamiento obrero en Barcelona, y los centristas del POUM, que firmó el pacto Frente Popular en las elecciones de 1936 y cuyo dirigente Andreu Nin ingresó al gobierno de la Generalitat en Catalunya como consejero de justicia.



Obreros insurrectos en las Jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona.

Obreros insurrectos en las Jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona.

La izquierda española actual es heredera de los frentepopulistas que salvaguardaron el dominio burgués en los años 1930, y que lo volvieron a hacer cuando, tras la muerte de Franco, grandes movilizaciones obreras abrieron nuevas oportunidades para la revolución socialista en todo el Estado Español. En las elecciones a las Cortes de 1978, los partidos obreros –el Partit Socialiste Unificat de Catalunya (PSUC) y el PSC– recibieron conjuntamente un abrumador 80 por ciento de los votos en Catalunya. Para disipar la combatividad proletaria, expresada en acciones conjuntas de la clase obrera multiétnica y multinacional, los eurocomunistas del PCE y de su sucursal catalana, el PSUC, auspiciaron la política nacionalista en Catalunya. De la subordinación a la República burguesa en los 1930, pasaron a la defensa de una monarquía en la que estatutos autonómicos regionales le darían una nueva faz al régimen franquista reformado.

Así, una vez más, los reformistas traicionaron a la clase obrera. Y como en los años 1930, se vieron auxiliados por los nuevos centristas, organizaciones seudotrotskistas (como la Liga Comunista Revolucionaria y la Liga Comunista de España) que no buscaban más que restablecer una Generalitat “al servicio de los trabajadores”, tal como Nin y el POUM intentaron hacer cuarenta años antes.

La clase obrera en Catalunya sigue formando parte integral de la clase obrera en el Estado Español. Lo muestran de sobra las acciones conjuntas que sus diferentes componentes han librado con sus contrapartes de las demás regiones de España. Un importante caso reciente es el de las luchas de los trabajadores de la educación contra la ley antieducativa de Rajoy (la Lomce) que recortaba hasta en un 30 por ciento el presupuesto en el sector. Otro muy importante es el de la lucha constante de los trabajadores de la estiba en toda la península para resistir las políticas antisindicales impuestas al alimón en España por Rajoy y Puigdemont a servicio de la Unión Europea. De hecho, los estibadores de Barcelona han dado un ejemplo de lo que puede hacerse para derrotar la arremetida de Rajoy al negarse la semana pasada a cargar o descargar los barcos donde se alojan los miles de efectivos policíacos.

Acciones como ésta, deberían extenderse y profundizarse. La clase obrera debe movilizar su enorme poder en todo el Estado Español para derrotar la arremetida represiva que constituye una amenaza a todos. Esto podría poner en el orden del día la cuestión de qué clase gobernará. La lucha en Catalunya contra el régimen neofranquista puede hacer temblar a la Europa burguesa, pero sólo a condición de que se convierta de un movimiento nacionalista burgués en una lucha de la clase obrera en contra del capitalismo. Y esto supone forjar, al fragor del combate, un partido obrero revolucionario, leninista y trotskista. Este es el instrumento indispensable para hacer realidad lo que fue impedido por el Frente Popular en los años 30: una revolución socialista que atraviese los Pirineos para sacudir todo el Viejo Continente, y el mundo. ¡Por una federación de repúblicas obreras ibéricas, parte de los estados unidos socialistas de Europa! ■