Un chicle, un cepillo de dientes, un helado, ropa interior. Sobre las fotos de esos objetos se lee una frase: “Hay cosas que no compartirías con cualquiera” y abajo, una consigna: “No des tu RUT”. La problemática que en 2011 planteaba esta campaña de Derechos Digitales, una organización que defiende y promueve los derechos humanos en el entorno digital, aún sigue vigente.

A través de la información que se genera cuando se entrega el RUT se puede armar un perfil completo de cómo se comporta cada persona. Eso les permite a los comercios, por ejemplo, utilizarlo para hacer campañas de marketing personalizadas. Desde hace unos años, se ha vuelto común en Chile que las cadenas de comercios tengan programas de fidelidad y que para acceder a los descuentos se exija dar el número de RUT. Sin embargo, según la Ley del Consumidor, si el cliente no quiere darlo, el comercio no se puede negar a realizar la venta.

Si los datos son el oro del siglo XXI, nuestro RUT es el camino hacia una mina. A través de él se puede acceder, por ejemplo, a nuestro nombre completo, edad, puntaje en la PSU, propiedades, domicilio y nuestro historial de compras en el retail. “Cuando me piden el RUT les digo que no”, asegura María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales. “Creo que mi privacidad vale más que un descuento de 10 pesos. Hay que ser más crítico con los proveedores de servicios y los comercios y elegir los que ofrecen mejores garantías”.

Decir “no” es atípico. En la actualidad, gran parte de los chilenos puede recitar su RUT varias veces al día en distintos comercios de la ciudad.

Seguir nuestra ruta

Imaginemos un caso: en la mañana, Martín, un chileno que trabaja, compra con su tarjeta de cliente en un café; en la tarde, tiene una reunión de trabajo en un edificio privado. A la salida compra un antibiótico en la farmacia. En la noche, antes de volver a su casa, hace las compras de la semana en el supermercado. Sin saberlo, cada vez que Martín da su RUT está dejando migajas que van trazando su ruta: dónde está, qué come, en qué barrios se mueve, cuáles son sus enfermedades. En resumen, va dejando registro de sus hábitos. Esos datos van quedando guardados y, claro, él no sabe a qué manos llegarán ni qué se hará con ellos.

En 2009 la historia se hizo conocida: una clienta compró un medicamento en una farmacia Cruz Verde, dio su RUT y aseguró que la vendedora le dijo cuál era la enfermedad que le habían diagnosticado y que ella ni siquiera había contado a sus familiares. A raíz de ese hecho presentó un recurso de protección y una denuncia policial que, según la farmacia, fueron rechazados. Desde Farmacias Cruz Verde manifiestan que ni la farmacia ni sus trabajadores tienen acceso a las historias clínicas de los pacientes. Solo conocen la receta y el RUT que, aseguran, es la información mínima necesaria para dar los medicamentos y para que la isapre asigne los copagos GES y los descuentos correspondientes.

Canales, sin embargo, duda de que este haya sido un caso aislado. “Como no hay una autoridad que esté fiscalizando, tendería a pensar que eso sigue ocurriendo. Es súper delicado, porque genera la posibilidad de discriminar entre la población”, afirma. “O incluso llegar al punto de negarse a ofrecerle servicios a determinado grupo”.

PAUTA.cl contactó a las demás cadenas de farmacias para saber de qué forma utilizan la información del RUT. Desde Salcobrand afirman que únicamente lo solicitan para hacer efectivos los descuentos asociados a ispres, cajas de compensación y otra entidades. Aclaran que los afilados a isapres, además, dan su RUT al momento de usar sus excedentes y para acceder a la canasta de medicamentos con el copago correspondiente a su patología. De Farmacias Ahumada no se obtuvo respuesta.

Hoy en día el RUT también puede ser requisito de entrada a ciertos lugares: en muchas conserjerías retienen el carné de identidad, si bien los empleados de las empresas de seguridad, a diferencia de los funcionarios de la PDI y de Carabineros, no tienen esa competencia. Qué sucede luego con esa información, la persona tampoco lo sabe. Además de las conserjerías, hay otro espacio donde el RUT y otros datos personales tampoco están resguardados, sino que más bien están a un clic de distancia: en internet.

En 2015 Romina Garrido se enteró de la existencia del Rutificador 24x7, una web para acceder al RUT o nombre de las personas con solo digitar uno de esos datos. Garrido, directora ejecutiva de la Fundación Datos Protegidos, tomó una decisión: demandar a su dueño, alegando que el sitio atentaba contra el derecho de privacidad. La sentencia no le fue favorable, dado que el rutificador utilizaba información pública, que previamente había publicado el Servicio Electoral de Chile. Unos meses después, el sitio desapareció, pero surgieron otros similares. Hoy en día en la web se pueden encontrar varios rutificadores y la fundación planifica nuevos juicios, apoyándose en la prohibición de hacer un uso comercial del padrón electoral.

En Chile, solamente la policía puede retener el carné de identidad.

En la era del hielo

Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, también dice que no. Cada vez que en un comercio le piden su RUT responde que prefiere no entregarlo y si insisten, se mantiene firme. Para él, uno de los puntos claves es qué se hace luego con esa información. “Los comercios tienen que ser más leales con sus clientes cuando piden el RUT para casi todo. Tienen que señalar especialmente que lo van a comercializar con terceros”, opina. En la actualidad las bases de datos son compartidas por empresas privadas, data brokers o empresas de datos, y no existe ninguna institución que controle ese intercambio.

La única forma de regular esta situación sería a través de una nueva legislación. “Estamos en la era del hielo en materia regulatoria”, resume Drago. La ley que en Chile rige la protección de datos es de 1999, pero todo indica que en poco tiempo eso cambiará. En marzo del 2017 la entonces Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley para mejorar su protección. El 3 de abril fue aprobado de manera general por el Senado y ahora continúa su tramitación para ser aceptado definitivamente. El proyecto busca crear la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo descentralizado que podrá regular el uso de los datos personales, especialmente de aquellos sensibles, como los biométricos y de salud.

Sin embargo, Drago considera que una nueva ley debe ir acompañada de educación. “En Chile tenemos poca conciencia y autocuidado en los datos personales. Hemos ido perdiendo la noción de que son datos importantes y que deben ser tratados con cuidado por nosotros”, asegura. Garrido también recalca la importancia de entender lo riesgos de dar nuestro RUT sin reparos. “Hay que tomar conciencia de que a nuestros datos los quiere alguien para hacer dinero”.

El analista internacional John Müller comentó esta crónica de PAUTA.cl