El pacto que permitirá a la popular Isabel Díaz Ayuso convertirse este miércoles en presidenta de la Comunidad de Madrid vulnera las recomendaciones de la ONU sobre el trato a los menores extranjeros no acompañados. Por exigencia del partido ultra Vox, el futuro Gobierno regional “se asegurará [de] que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad”.

Eso significa que la comunidad autónoma, a la que corresponde la tutela de los menores que se encuentran solos, no la asumirá mientras no concluya el proceso para determinar su edad, que puede prolongarse varios días, dejándolo mientras tanto en una situación de desamparo.

En los últimos meses, sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido tres dictámenes de condena contra España por no prestar protección a los menores inmigrantes.

En el caso de N.B.F., natural de Costa de Marfil, quien fue interceptado en 2017 cuando intentaba entrar en España en una patera, el Comité de la ONU dictaminó que la determinación de la edad es un proceso “de vital importancia”, pues de su resultado depende que se aplique o no la Convención de los Derechos del Niño.

Este proceso debe contar, advierte el dictamen, con suficientes garantías como la posibilidad de apelar el resultado y la presencia de un representante legal del menor. “Mientras dichos procesos siguen abiertos, deberá darse a la persona el beneficio de la duda y tratarla como a un niño o una niña. El comité considera que el mejor interés del niño debería ser una consideración primordial durante todo el procedimiento de determinación de la edad”, agrega.

Vox pide cuentas de las ayudas a feministas y grupos LGTBI Vox prosigue su tarea de fiscalización selectiva de las ayudas de las administraciones públicas. El partido de Santiago Abascal ha pedido al Gobierno que le informe de “qué asociaciones LGTBI y feministas de ámbito nacional han recibido subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores [...] en especial destinadas a Cooperación al Desarrollo”. En realidad, estas ayudas tienen carácter público y totalizan 631 millones de euros desde febrero de 2016, según la diputada de Vox Carla Toscano. Pero los ultranacionalistas también quieren saber “qué actividades, servicios y/o proyectos concretos realizan estas asociaciones que han justificado la percepción de subvenciones”. El interés por las ayudas que reciben estas ONG — “chiringuitos”, según el término despectivo de Vox— no es nuevo. El mismo partido ha pedido en los parlamentos de Valencia y Madrid la identidad de los miembros de grupos LGTBI que han dado charlas en colegios y en Andalucía la de los trabajadores sobre violencia de género.

Es decir, hasta que acabe el proceso, el presunto menor no puede ser ni abandonado en la calle, ni internado en un centro de adultos, ni expulsado.

La cuestión resulta especialmente sensible porque el Comité de la ONU cuestiona las radiografías de muñeca y métodos similares utilizados en España para determinar la edad de los inmigrantes. El Parlamento europeo ya condenó en 2013 estas técnicas como invasivas, inadecuadas y poco fiables, mientras que la ONU reclama “una evaluación global del desarrollo físico y psicológico del niño, llevada a cabo por pediatras y especialistas”.

Jennifer Zuppiroli, experta de la ONG Save The Children, subraya que “es mejor que un mayor de edad sea tratado como menor que al revés”; y no descarta que se pudieran pedir responsabilidades penales a aquella Administración que deje desprotegido a un niño que pueda ser víctima de abusos sexuales, explotación o trata.

El pacto entre el PP, Cs y Vox, advierte, “vulnera el principio de presunción de minoría [de edad] y habría que ver cómo encaja con lo previsto en la Ley de Extranjería”. Según su artículo 35, “en los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor”.