La disputa interna del PJ se está proyectando, como siempre ha sucedido, sobre la escena nacional. Ese conflicto condiciona a la administración de Mauricio Macri como ningún otro factor. El eje central de la división es el apoyo o la oposición a la salida del default. Los alineamientos no son ideológicos. Lo que está en discusión es si la viabilidad socioeconómica del gobierno de Cambiemos debe ser facilitada u obstruida. Es simple: en el debate alrededor del acuerdo con los holdouts subyace otra controversia sobre cómo se va a financiar el exorbitante déficit fiscal que dejó Cristina Kirchner. Si se hará a través del crédito o de un durísimo ajuste. La ex presidenta y sus seguidores pretenden forzar la opción más dolorosa. Esa intransigencia, además de enemistarla con Macri, la enfrenta a los gobernadores de su propio partido, que también pagarían las consecuencias de las restricciones.

La tensión está llevando al PJ al borde de la ruptura. El calendario es endiablado: la querella sobre el default se libra en forma simultánea con la de la conducción partidaria. Las distintas facciones deben resolver si el 8 de abril coordinan una lista de unidad o van a una elección interna.

Esto explica que Jorge Capitanich se proponga como jefe del PJ envuelto en la bandera "patria o buitres". Y que José Luis Gioja, que indujo a todos sus amigos a quebrar el bloque de diputados para cooperar con el Gobierno, se quede al lado de La Cámpora, con tal de encabezar una lista de unidad.

La fisura aparece también en el principal instrumento de poder con que cuenta hoy el peronismo: el bloque de senadores nacionales. Su presidente, Miguel Pichetto, navega un mar de dudas. No sólo lo acosa el kirchnerismo. También lo presionan los gobernadores: ellos aceptan que se produzca la división, pero a cambio de beneficios que hoy Macri no está dispuesto a conceder.

Pichetto encontró una excusa para conseguir lo que más necesita: tiempo. Aprovechó que la Cámara de Apelaciones de Nueva York admitió un pedido de los holdouts para extender hasta el día en que cobrarán su acreencia la cláusula pari passu, que los protege de un eventual incumplimiento argentino. La Cámara anuló así la decisión de Thomas Griesa de levantar esa cláusula apenas el Congreso derogue la ley cerrojo y la ley de pago soberano. Para Pichetto, la novedad obliga a detener el proceso legislativo.

La posición de Pichetto alarmó también al peronista disidente Diego Bossio y al renovador Sergio Massa. Más allá de que tengan reparos técnicos similares a los del senador, estos dos diputados enfrentan un problema político: no quieren, sobre todo Bossio, superar a Pichetto en su espíritu de colaboración con el Gobierno. Por eso también prefieren que la sesión prevista para mañana en Diputados se postergue hasta el jueves.

Emilio Monzó se reunirá esta mañana con Massa, Bossio, Margarita Stolbizer y otros diputados para quitar dramatismo al pronunciamiento de la Cámara de Nueva York. También estarán el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el asesor legal Eugenio Bruno. Ellos explicarán que los camaristas hicieron lo previsto: proteger a los acreedores hasta que se les pague.

Cabe, sin embargo, una posibilidad más complicada: que, una vez realizado ese pago, pactado para el 14 de abril, la justicia mantenga la cláusula pari passu en beneficio del 15% de los bonistas que no llegaron a un entendimiento. En otras palabras: que impida pagar a los holdouts que aceptaron una quita, en beneficio de quienes siguen litigando. La incógnita se despejará alrededor del 4 de abril, cuando la Cámara se pronuncie después de la presentación de cada parte.

La chance de un desenlace negativo es, para todos los expertos, casi nula. Sobre todo por el criterio que adoptó Griesa en sus últimos pronunciamientos: el pari passu fue ideado para obligar a la Argentina a reconocer su deuda. Una vez que se logró ese objetivo, no sería justo aplicarlo para mejorar la posición negociadora de un grupo de acreedores recalcitrantes.

Quintana, Caputo y Bruno expondrán estos argumentos delante de los diputados. Pero lo que más se empeñarán en aclarar es que, aun en el peor escenario, la responsabilidad del Congreso queda a salvo. El dictamen que se aprobó en comisión establece que sólo se pagará en el caso de que se levanten las cautelares. Además, existe una secuencia lógica: primero se derogan las leyes que implican falta de voluntad de pago, después se retiran las cautelares y al final se paga. El principal argumento de los tribunales neoyorquinos para mantener el pari passu es la resistencia a derogar el cerrojo. De modo que Bossio, Massa y, sobre todo, Pichetto, agravarían con su demora aquello que, según dicen, pretenden evitar.

Pichetto está en una encrucijada. El apoyo a la salida del default desatará la división de la bancada que encabeza. El kirchnerismo presiona cada día un poco más. En Diputados, se sirvió de un mensaje de WhatsApp en el que Nicolás Massot, presidente del bloque de Pro, le preguntó a Bossio si "nos vas a arreglar con sándwiches de miga y mate frío". Massot estaba reprochando a Bossio un asado que había prometido y no cumplió. Pero Héctor Recalde creyó ver una transacción tenebrosa. Por decirlo en sus términos, otra Banelco. Curioso: esta vez el que pagaría sería el diputado opositor, no el oficialista. Es evidente que Recalde anda falto de reflejos. Ya no es el de Pueyrredón Construcciones. Así y todo, la agresividad contra Bossio es un aviso para Pichetto.

Es probable que este senador se resigne a la división del bloque. El problema es cuánto cuesta esa fractura. El precio no lo fija Pichetto, sino los gobernadores. Sobre todo uno, Gildo Insfrán. Este formoseño, que tiene una relación estrechísima con Pichetto, funciona hoy como un primus inter pares entre los caudillos federales. Insfrán pasa casi toda la semana en Buenos Aires, despachando en el entrepiso del Conte Hotel. Quienes se sientan a su mesa lo escuchan quejarse del Gobierno: "Frigerio nos recibe, pero no terminamos de arreglar nada en concreto"; "Macri cree que lo tenemos que apoyar sólo por amor a la patria"; "nos dicen que no hay plata, pero a Buenos Aires, Jujuy y Mendoza les mandan lo que piden"... y lamentos por el estilo. Un detalle para entender la diversidad del peronismo: Insfrán fue quien, presidiendo una reunión federal, presentó al dialoguista Juan Manuel Urtubey como "el gobernador de Cambiemos".

Pichetto funciona como el gremialista de los gobernadores. Por eso postergará todo lo posible la aprobación del acuerdo con los holdouts. Tiene varios mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, pedirá garantías al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, acerca de que no se abrirán otros litigios. Y causará una dilación más importante: va a introducir modificaciones al proyecto, de tal manera que vuelva a Diputados para un nuevo tratamiento. Mientras tanto, Insfrán y los suyos exigirían nuevas compensaciones al Gobierno. Deberán doblegar la lógica de Macri. Para el Presidente, el default es la costosa herencia de la gestión de Cristina Kirchner, que fue la de Pichetto, Insfrán, Urtubey y Bossio. Le parece, entonces, insólito, someterse a presiones para remover un obstáculo adquirido.

Más allá de la discusión de las responsabilidades, sigue abierto un debate: ¿cómo debe negociar la Casa Rosada con el PJ? Hasta ahora las conversaciones son desarticuladas. A Massa se le hicieron generosísimas concesiones en la provincia de Buenos Aires sin comprometer a cambio su apoyo en el Congreso. Se cierran acuerdos con Bossio que dejan afuera a Pichetto, cuando ambos expresan a los gobernadores. Los peronistas, mientras tanto, levantan el valor de su adhesión. La última versión es que Massa y Bossio amenazan con sólo dar los votos para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano; no para aprobar los acuerdos alcanzados por Quintana, Prat-Gay y Caputo en Nueva York. Es decir, reducirían su respaldo a lo indispensable.

Massa y Bossio, igual que Urtubey, tienen un límite: no pueden sumarse a la táctica del ahogo financiero del Gobierno, porque quedarían a los pies de la señora de Kirchner y La Cámpora. La estrategia de la ex presidenta es provocar, bloqueando el acceso al crédito, la profecía autocumplida: sin el kirchnerismo en el poder, el pueblo fue sometido a un fenomenal ajuste. Teníamos patria.

Ese plan de lucha tiene antecedentes. Los radicales nunca terminaron de perdonar a Cavallo que, en lo peor de la crisis de 1989, recomendara no prestar al gobierno de Raúl Alfonsín porque su sucesor no se haría cargo de la deuda. La diferencia es que Cavallo empeoraba a una administración ya asfixiada. Cristina Kirchner se propone originar la asfixia.

La intransigencia de la ex presidenta no se inspira en sus supercherías financieras. Tampoco en su vocación de control sobre el PJ. Para entenderla hay que regresar a su discurso del 9 de diciembre: la democracia que lleva al poder a Macri es un montaje fraudulento, en el que el electorado es una marioneta de las corporaciones. La expresión más elocuente de ese vicio oligárquico es que los verdaderos representantes del pueblo, como ella, son perseguidos con la coartada de penalizar la corrupción. El Brasil de Lula y Dilma, donde ayer protestaron multitudes, es un espejo que adelanta.

Esta explicación sufre contratiempos. Mientras el kirchnerismo se declara el único custodio del patrimonio público, se descubre -lo publicó ayer LA NACION- que uno de sus principales hombres de negocios armó parte de su imperio con impuestos retaceados al Estado. Cristóbal López ayuda poco a la saga progresista. En medio de estas acusaciones se le ocurrió dividir bienes. Entregó varias compañías a Fabián de Souza, uno de sus socios. Aunque en el mercado se considera a De Souza, a veces por infidencias del propio López, como algo más: sería el representante de la familia Kirchner en el entramado empresarial del zar del juego. En dos palabras, el testaferro.