Un amparo interpuesto por niños de Cancún, Quintana Roo, contra un megaproyecto inmobiliario derivó en la exigencia de un fianza millonaria por parte de un juez. Ahora, el abogado de la causa de los menores busca eliminar el requisito.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Hace una semana, el Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, aprobó la suspensión definitiva del proyecto inmobiliario “Malecón Tajamar” tras la promoción de un amparo por parte de 113 menores de edad en contra de la destrucción de la zona de manglar en que sería construido. Acto seguido, el juez fijó a los niños una fianza cercana a los 21 millones de pesos con el fin de compensar los posibles daños y perjuicios a las 23 empresas que pretendían edificar en el lugar.

En torno al hecho, Raymundo Gil Rendón, el abogado representante de los niños demandantes, dijo a SinEmbargo que, de acuerdo con la Ley de Amparo, a los menores no se les tuvo que pedir “ni un centavo”, puesto que ellos están en proceso de crecimiento y carecen de ingresos. Además, expuso, “ni siquiera se ha acreditado si los 23 terceros son afectados en su interés […] Y menos aún han demostrado la afectación: cuando no han construido nada, pues no hay afectación”, explica.

Quienes, de acuerdo con el Juez, podrían resultar afectados, son 23 empresas que buscan desarrollar diversas construcciones como parte del megaproyecto inmobiliario, en una zona de 58.76 hectáreas con vista a la laguna de Nichupté, lo que implicaría la destrucción de zonas de manglar, un tipo de ecosistema que provee valiosos servicios ambientales y hogar de múltiples especies de fauna y flora, algunas catalogadas bajo protección por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El promovente de dicho proyecto es el mismo Gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), además de que los lotes contemplados para su realización fueron urbanizados con recursos federales.

De acuerdo con información concedida a este medio por la agrupación civil “Salvemos Manglar Tajamar”, “Fonatur tiene que estar consciente de que vendió los predios a compradores de buena fe. Sin embargo [se presentó] información falsa a la Semarnat para la autorización y Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2005 que niega que exista manglar en la zona, aun cuando el Gobierno del estado [de Quintana Roo] admite que el 65 por ciento de las cerca de 59 hectáreas es manglar bien conservado”.

“Ellos son los que deberían indemnizar a los terceros, no nosotros. El gobierno fue el que les vendió afectando el medio ambiente y rompiendo el equilibrio”, señala Rendón.

Además de señalar que el requisito de fianza impuesto por el juez es “un absurdo” y que hace nulatorio el amparo de los menores, el Dr. Gil Rendón también detalla que dicha sentencia viola diversos derechos que incluyen el derecho a un recurso efectivo, el de tener un medio ambiente sano y, junto con éste, el derecho a la salud, a la educación, al crecimiento, al sano esparcimiento, e incluso el derecho a la vida.

“Se viola el artículo cuarto constitucional, que incluye el derecho de interés superior del menor y establece que el Estado debe no solamente proteger, sino garantizar estos derechos, y los está violando”, añadió.

Por lo anterior, el pasado jueves, se interpuso un recurso de queja contra el monto de la fianza y la fianza misma; de modo que se suspenda el procedimiento en tanto que el Tribunal Colegiado resuelve. “Esperamos que resuelvan a favor de los niños […] y vamos a ver cómo camina esto”, declara Rendón.

Este recurso de queja se suma a otro interpuesto ante el Tribunal Colegiado por no haber admitido una segunda demanda, ésta firmada por novecientos menores de edad que se sumaban a la petición de amparo.

“Este es el primer movimiento auténtico en el mundo en que los niños están conscientes y están reclamando sus derechos. Esto es histórico”, comenta el representante legal.

Desde el pasado mes de agosto, “Salvemos Manglar Tajamar” denunció que la primera etapa de construcción del megaproyecto se realizó faltando a la legislación en materia ambiental, pues se removió superficie de manglar poniendo en peligro diversas especies de fauna y flora.

Desde entonces, han emprendido diversas acciones (entre las que se incluye el amparo de los menores) para frenar el proyecto.