«Debemos ser capaces de recuperar el frescor del 15-M»

(Juan Carlos Monedero)

«Tenemos mucha riqueza mal distribuida por problemas de diseño. Por tanto, la solución requiere inteligencia y nuevas perspectivas: esas que hasta ahora se han ignorado porque no interesaban al entramado de poderes políticos y financieros, un entramado ciego al bien común«

(Programa Electoral PODEMOS Autonómicas 2015)

Vaya por delante que aún desde el enfoque crítico del presente artículo, consideramos al Programa Marco para las Elecciones Autonómicas 2015 de PODEMOS como el mejor programa político y el más socialmente sensible de cuantos se presentan a dicha cita electoral. Echamos en falta, pero se lo achacamos al ámbito (autonómico) de las medidas, y por tanto al escape de sus competencias, cuestiones relativas a asuntos fundamentales como la disminución del poder de la Iglesia Católica, la recuperación de la Memoria Histórica, o medidas en torno al progresivo desmantelamiento de nuestras bases militares de la OTAN, que esperamos encontrar en el programa electoral de la formación para las próximas Elecciones Generales de finales de año. Se trata de un atractivo documento de 74 páginas con 215 medidas, que vamos a intentar resumir a continuación, que además realiza una muy buena introducción sobre los precedentes y el diagnóstico de la situación a la que hemos llegado, y la necesidad de revertirla, recuperando la dignidad hacia las personas, y el imperativo de gobernar para la gente.

El documento resulta bastante vago e impreciso en muchos puntos, como por ejemplo la propuesta sobre el cambio de modelo productivo, del que sólo se enumeran sus grandes líneas de actuación. Aunque ciertamente se contemplan, echamos en falta más medidas en relación a cuestiones medioambientales, a la protección de la vida de los animales, o una mayor presencia de propuestas de corte feminista, que sí que corresponden perfectamente al ámbito de las Comunidades Autónomas (además del estatal), y que, o bien no aparecen, o bien aparecen de forma bastante tímida e insuficiente. Por lo demás, se trata de un programa muy completo, que recoge medidas generales (a adaptar en el marco de cada Comunidad) de emergencia social sobre vivienda o energía, propuestas sobre muerte digna, residuos o inmigración. Tenemos por ejemplo medidas sobre transparencia y regeneración institucional, con propuestas como la declaración anual de bienes de los cargos electos, o la publicación de la agenda de reuniones de los mismos.

Muy tímidas nos parecen las medidas para atajar la corrupción política, pero también suponemos que se complementarán con medidas en otros frentes, y a otros niveles de la propia Administración en subsiguientes programas electorales. En este ámbito, se propone la creación de una Oficina Antifraude, o la creación de un fichero público que recoja los nombres de las personas y empresas condenadas por corrupción, para que no puedan volver a contratar con la Administración. Se propone una reducción drástica de los altos cargos de la Administración autonómica, derivando el ahorro que se produzca por esta vía a la recontratación de personal sanitario y educativo público, despedido desde el comienzo de la crisis. También se propone, cuestión tremendamente interesante, una ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de regulación de los grupos de presión (lobbies), endureciendo la incompatibilidad del ejercicio del cargo público con determinadas actividades privadas. Muy acertadas consideramos también las medidas encaminadas a la sensibilización social y ambiental de las empresas contratistas con la Administración, que deberán acreditar el respeto a los derechos de sus trabajadores, cumplir con los criterios de igualdad de género respecto a los salarios, y políticas de promoción interna de carácter paritario. Es de destacar también la creación de garantías para el acceso efectivo a la justicia gratuita.

Muy interesantes nos parecen las medidas sobre la denominada «Administración paralela», para auditar empresas u organismos públicos que eludan los controles administrativos, que no obedezcan a ninguna función o que las tengan duplicadas, o que simplemente funcionen a modo de cajón de sastre para los cargos de confianza, pudiendo también cumplir el objetivo de recuperar para lo público servicios que hubieran sido total o parcialmente privatizados. Pero en cambio, muy tímida nos parece la medida sobre la «evaluación» de la deuda pública de las Administraciones Autonómicas, porque entendemos que más bien debiera exigirse una completa auditoría, en aras de posibles reestructuraciones o impagos para la parte odiosa de la misma. No obstante, también se contempla en el programa la renegociación con el Estado del pago de la deuda pública autonómica, destinando dicho ahorro a cubrir necesidades sociales inmediatas. Interesantes son también las medidas de ampliación de la democracia popular, por ejemplo para articular y garantizar la tramitación de las ILP, con la instauración del llamado «escaño extra» para la defensa ciudadana de las mismas. Y también valoramos muy positivamente la implantación de medidas encaminadas a potenciar lo que podríamos denominar como «Democracia Digital», incorporando paulatinamente procesos, rutinas, pautas, costumbres y posibilidades de práctica democrática mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y comprometiéndose a reducir la brecha digital.

En lo referente al empleo, que se inserta dentro de los apartados dedicados a la propuesta (vaga e incompleta) sobre la migración a un nuevo modelo productivo, se propone sobre todo, como medida muy interesante, desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas semanales (de entrada para la Administración Pública), con el fin de repartir el empleo. Como ya hemos indicado en otros muchos artículos, las propuestas de reparto del empleo existente y reducción de la jornada laboral (sin disminución de salarios) nos parecen fundamentales y urgentes para paliar la grave situación de desempleo que padecemos. Se propone igualmente acabar con las políticas de devaluación salarial, así como recuperar gradualmente el poder adquisitivo perdido para los trabajadores/as. Otra medida muy positiva es la recuperación de los recursos humanos para potenciar las funciones (ahora perdidas) de orientación, formación y colocación de los Servicios Públicos de Empleo. También se proponen medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad, así como un incremento de las dotaciones presupuestarias de los planes de empleo destinados a mujeres.

Quizá uno de los mayores fiascos de este programa es el hecho de no contemplar una Renta Básica de Ciudadanía de forma íntegra y completa, es decir, radical, en vez de quedarse únicamente en el maquillaje de la medida, proponiendo tan solo aproximar las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) actuales de las Comunidades Autónomas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), añadiendo además la peligrosa coletilla «de forma gradual y en virtud de las posibilidades», lo cual, en la práctica, no garantiza absolutamente nada. En este sentido, creemos que PODEMOS debería haber hecho una apuesta valiente y arriesgada, pero coherente, en torno a la implantación de una Renta Básica Autonómica (RBA) con una cantidad similar al SMI, pero de carácter universal, sustituyendo todas las posibles prestaciones y ayudas públicas previamente existentes. Y ello porque creemos, como ya hemos expuesto en muchos otros artículos, que representa una medida no sólo que contribuiría de forma contundente a erradicar la pobreza y la exclusión social (y por tanto haría innecesarias las otras medidas de ayuda social, como los bonos para los servicios básicos), sino que además, como medida anticapitalista, contribuiría al empoderamiento de la clase trabajadora. Pero en fin, no descartamos que la formación de Pablo Iglesias realice una propuesta de este tipo para las próximas citas electorales.

Muy correctas nos parecen, por contra, todas las medidas relativas a la fiscalidad, que entendemos representan la base para corregir todas las tendencias regresivas que aquejan a nuestro sistema fiscal, para ir evolucionando hacia un sistema fiscal auténticamente justo y progresivo, donde contribuya más quien más tiene y quién más gana. Los límites sobre los que se actúan nos parecen aún bastante moderados, pero estamos en el buen camino. Se plantea la recuperación efectiva del Impuesto sobre el Patrimonio, así como la disminución del mínimo exento (de 700.000 a 400.000 euros) y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. Asímismo, se recupera el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con la característica fundamental de asegurar que las situaciones de pobreza no puedan ser determinantes de renuncias indeseadas a la herencia. Y en cuanto al IRPF, se intensificará la progresividad fiscal del tramo autonómico, reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros, y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a 50.000 euros. Se proponen también nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica y sobre actividades de alto riesgo ambiental.

Y también nos parecen positivas las medidas de rescate sobre el endeudamiento de personas, familias y empresas, mediante la instalación del procedimiento judicial simplificado para poder reestructurar y/o cancelar deudas. Y por supuesto, se incluye la medida estrella, totalmente necesaria, de la dación en pago con carácter retroactivo, para todas las personas que hayan entregado la vivienda al banco, y aún conserven deudas con la entidad financiera, proponiendo además que se limite la deuda hipotecaria al valor real del inmueble. Y también muy positivas son las medidas en torno a la posesión de cierto número de viviendas vacías, que persiguen, en última instancia, acabar con el hecho de considerar a la vivienda como una mercancía más, en vez de como un derecho humano. A este respecto, se contempla incluso la creación del Servicio Público del Derecho a la Vivienda, con un Consejo de Participación compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil, para coordinar las actuaciones entre la Administración autonómica y los servicios sociales. Este organismo será el que inste a la autoridad judicial para que se paralicen los deshaucios hasta que se encuentre una solución, bien mediante una alternativa habitacional, o bien mediante el acuerdo entre las partes. En su caso, el importe del alquiler de la vivienda no podrá suponer más del 30% de los ingresos familiares. Y al igual que se está exigiendo a la Administración andaluza en las negociaciones para la investidura de Susana Díaz, el programa contempla que los gobiernos autonómicos deberán limitar sus relaciones con entidades financieras a únicamente aquéllas que de manera fehaciente cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desalojos forzosos.

Incluyen también en su Programa Marco Autonómico, como no podía ser de otra manera, un paquete de medidas que podríamos denominar como de «rescate ciudadano», para paliar la gravísima situación de emergencia humanitaria que sufren las personas más afectadas por las situaciones de desempleo prolongado, precariedad, pobreza sobrevenida y exclusión social, mediante medidas que protegen y aseguran los suministros básicos para dichas personas y familias. En este sentido, incluyen un plan de rescate energético que garantice un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas (también está incluida el agua recuperada como servicio público). Y también nos parece muy interesante la medida del fondo autonómico contra la pobreza energética, que asegurará que una familia no deba destinar más del 10% de sus ingresos mensuales a sufragar estos servicios. No obstante, como decíamos más arriba, nos hubiera parecido más correcto otorgar a la ciudadanía una Renta Básica que les permitiera la independencia económica para poder afrontar el pago de todos estos servicios básicos.

Muy positivas nos parecen también el conjunto de medidas relativas a la Educación en el ámbito autonómico, tales como la instauración de un sistema que garantice los libros de texto gratuitos, la disminución del ratio de alumnos por clase, la reducción del número de horas lectivas del profesorado, y la creación de una red de escuelas infantiles públicas, para abarcar el segmento de la educación de 0 a 3 años. También se indica que se garantizará el derecho a la alimentación en las escuelas, un punto muy importante, dada la situación de dificultad de muchas familias. Sin embargo, creemos que han renunciado al gran objetivo de ir desmantelando progresivamente la educación concertada (el fundamental nido de privatización y de adoctrinamiento religioso), para proponer únicamente la priorización del presupuesto hacia la educación pública, en cuanto a recursos humanos e infraestructuras se refiere.

En todos estos asuntos, esperamos encontrar mayor contundencia en el programa electoral para las Elecciones Generales, ya que desde el ámbito estatal se puede actuar con mayor altura de miras en este sentido. Proponen también aumentar presupuestariamente el apoyo para satisfacer la Ley de la Dependencia (con propuesta de un PIA o Plan Individualizado de Atención para personas ya evaluadas pero sin ninguna prestación o servicio asignado), y poder sostener los servicios sociales ligados a ella, tanto primarios como especializados, así como la revisión de los procesos privatizadores del sistema público de salud emprendidos a nivel autonómico, para revertir dichos procesos. En el ámbito sanitario se propone, además, la creación de la Comisión Estatal de Farmacia, para mejorar la seguridad, la calidad y el coste de los medicamentos en los hospitales.

El Programa Autonómico de PODEMOS reconoce y garantiza el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, amparado por el sistema público de salud, garantizando el acceso a todos los métodos anticonceptivos, así como el alcance para cualquier mujer de los métodos de reproducción asistida. Proponen igualmente un plan contra la violencia machista, donde quizá lo más relevante es que los niños y niñas víctimas de un entorno familar con violencia machista contarán con un plan específico de protección. En cuanto a medidas ecologistas y ambientalistas, que entendemos se quedan bastante cortas, proponen el fomento de los transportes públicos y colectivos, cambiar los patrones de consumo para que se fomenten los productos que respeten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la producción y el consumo de cercanía, y medidas para fomentar el reciclaje. Y por supuesto, una medida que nos parece excepcional es la relativa a la prohibición taxativa, en el ámbito autonómico, del uso de técnicas de fracking o fractura hidráulica, que tan agresivas y perjudiciales resultan desde el punto de vista ambiental. También se reflejan medidas para prohibir la construcción en terrenos quemados durante 30 años, un plan de reforestaciones para prevenir la desertización, así como la derogación de la actual Ley de Montes (echamos en falta también lo propio respecto a la Ley de Costas).

Tremendamente positivas nos parecen las medidas sobre inmigración, donde se comprometen a instar al Gobierno Central (ya que dependen del Ministerio del Interior) a cerrar todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas cárceles ilegales y represoras para los inmigrantes, donde no se respetan los Derechos Humanos. Asímismo se comprometen, desde los gobiernos autonómicos, a controlar las deportaciones y expulsiones expres de inmigrantes, informando a los colegios de abogados sobre las mismas. También ofrecen un compromiso para acabar con las redadas policiales de corte racista, aquéllas que obedecen a determinados perfiles étnicos, de aspecto o de nacionalidad, que se ejecutan impunemente por las fuerzas policiales, y que han sido denunciadas ante diversas ONG’s y organismos internacionales, que ya las han declarado ilegales. También se comprometen a agilizar los procesos y solicitudes de arraigo familiar de los inmigrantes, anulando las barreras relativas al empadronamiento, y trasladando a los respectivos municipios las competencias relativas a las posibles solicitudes. Y también reflejan, aunque de forma poco concreta y ambigua, su intención de aliviar las lagunas legales que actualmente deja la interpretación de la Ley de Extranjería. Esperamos que, al igual que para otros ámbitos, las propuestas electorales para las Elecciones Generales sean más claras y ambiciosas para todos estos asuntos.

Para finalizar, también incluyen medidas sobre cultura, investigación y desarrollo (I+D+i, donde se propone elevar el gasto hasta el 2% del PIB de las CC.AA.) y recuperación de nuestros jóvenes investigadores, intentando revertir las penosas situaciones de exilio laboral a las que se han visto sometidos nuestros jóvenes universitarios. Se propone la creación de una serie de Parques Tecnológicos y Ciudades del Conocimiento, potenciando la iniciativa investigadora de nuestros jóvenes talentos. Para las Universidades Públicas, se plantea un sistema de financiación plurianual que garantice su suficiencia financiera y asegure el pago de la deuda histórica que existe con estos centros, así como una revisión a la baja de las tasas de matriculación, junto con el incremento de las becas de grado y máster, y la retirada del modelo 3+2, recientemente implantado por el Ministro Wert.

Así mismo, se plantea la desgubernamentalización de los medios de comunicación públicos (RTVE, canales autonómicos, etc.), y una nueva ley audiovisual elaborada mediante un proceso participativo con los sectores implicados. En definitiva, y como decíamos al comienzo, un programa muy completo, que representa con diferencia la mejor opción de todas las que se presentan a los próximos comicios autonómicos, ambicioso en algunos aspectos pero muy ambiguo y tímido en otros, que esperamos se complete y clarifique de cara a las siguientes citas electorales del presente año, y se diseñe una propuesta bastante más radical en (casi) todos los aspectos, contemplando los asuntos que faltan en este programa, porque, por supuesto, con este conjunto de medidas no respondemos todavía a los famosos eslóganes que proclamábamos en el 15-M («No nos representan», «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros», etc.), ni acabamos con el régimen surgido de la Constitución de 1978, como tantas veces hemos reclamado.

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