Fernando Damián

La Cámara de Diputados aprobó con 420 votos a favor, nueve en contra y diez abstenciones un proyecto de reformas a la recién expedida Ley General en Materia de Delitos Electorales con el fin de corregir lo que a juicio de los legisladores eran imprecisiones jurídicas.

Entre otros aspectos, el dictamen prevé la imposición de una multa de cien a quinientos días de salario mínimo a los ministros de culto religioso que “presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Los legisladores suprimieron, sin embargo, el término “orientar” el voto como causal de sanción para los ministros religiosos.

La llamada “fe de erratas” establece asimismo entre cincuenta y cien días multa, así como prisión de seis meses a tres años a quien impida, “sin causa legalmente justificada”, la instalación o clausura de una casilla electoral.

Se adicionó asimismo la frase “dentro del ámbito de sus facultades” al artículo que impone de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o candidato que se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato.

El dictamen presentado por la Comisión de Gobernación incorpora también el texto “dentro del ámbito de sus funciones” al articulado que establece de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve años a quien se abstenga de informar o de información falsa de los recursos remanentes de partidos o agrupaciones políticas que hayan perdido su registro.

La misma sanción se impone a quien, dentro del ámbito de sus funciones, se abstenga de transmitir la propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento público o los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya perdido el registro de partido o agrupación política.

Una vez votado, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación este mismo jueves.