El presidente de La Razón, Mauricio Casals (izq), y su director, Francisco Marhuenda,junto al expresidente de Madrid, Ignacio González y al subdirector del periódico, Joaquín Parera.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga al presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda, por coaccionar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no denunciara el saqueo del Canal de Isabel II. El instructor les ha citado mañana mismo para declarar en calidad de investigados.

La clave de las coacciones es el empresario Edmundo Rodríguez Sobrino. Mano derecha de Ignacio González, Rodríguez fue el encargado de gestionar la filial sudamericana del Canal de Isabel II, a través de la cual y según la investigación del caso, González, detenido este miércoles, y sus colaboradores compraron sociedades a un precio muy superior al real.

Edmundo Rodríguez es consejero delegado de la editora de La Razón y controla un 23,9% del accionariado de la sociedad editora. Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, Casals habría ordenado a Marhuenda que presionara a Cifuentes para no denunciar los abusos e irregularidades detectadas en Canal de Isabel II o se le haría una campaña de desprestigio, no sólo en La Razón sino en todo el grupo Atresmedia, que incluye Antena3, La Sexta y Ondacero.

Según se desprende de la investigación, Marhuenda llega incluso a comunicar a Edmundo Rodríguez que han publicado noticias falsas contra Cifuentes y gente de su equipo como advertencia para que no denuncie el desfalco cometido en la empresa pública que gestiona el agua de los madrileños.

Salvar a su consejero delegado

El juez, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, considera que hay indicios de que tanto Casals, conocido en el mundo de la comunicación como 'el príncipe de las tinieblas', como Marhuenda pretendían obstaculizar la investigación judicial puesta en marcha para lograr la impunidad de los delitos presuntamente cometidos por Edmundo Rodríguez Sobrino.

Esta operativa de los principales responsables del diario La Razón comenzó tras conocerse que la Comunidad de Madrid iba a denunciar ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Canal en la época de Ignacio González y que afectaba de lleno a quien fuera presidente de Inassa, la filial sudamericana del Canal.

Por eso, los investigadores entienden que ambos directivos de La Razón, además de las coacciones, habrían participado en un delito de obstrucción a la Justicia, al intentar que Cifuentes, como máxima responsable del gobierno regional, cesara en su decisión de denunciar los hechos que podían salpicar a Rodríguez.

Según la investigación, los ataques a Cifuentes y a su gobierno cesan después de que las altas esferas de Planeta tengan conocimiento de los planes de Casals y Marhuenda y les insten a parar con esa dinámica, considerada por el juez como una práctica mafiosa.