Ciudad de México, 20 de febrero de 2019.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamenta la extensión del catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa aprobada ayer por el Congreso de la Unión.

La ONU-DH está consciente de los serios retos que enfrenta el Estado mexicano en materia de seguridad y violencia. Sin embargo, los mencionados desafíos que lesionan severamente a la población deben enfrentarse bajo un régimen de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Cabe reiterar que la prisión preventiva como tal es una figura permitida por el derecho internacional siempre y cuando se determine su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada caso por caso. Es la prisión preventiva “oficiosa” la que resulta irreconciliable con los derechos humanos pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo.

Los organismos internacionales especializados expresaron durante el proceso legislativo que la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado mexicano es manifiesta. Se trata de una figura que favorece el injusto encarcelamiento de las personas, lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada, trastoca la independencia judicial y favorece la tortura y los malos tratos.

La ONU-DH alienta al Estado mexicano a adoptar medidas eficaces que permitan resolver los niveles de criminalidad e impunidad existentes. La prisión preventiva oficiosa, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho.

Adicionalmente, la ONU-DH insta al Estado mexicano a favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la privación de la libertad para las personas que no han sido condenadas en juicio, robustecer a la defensoría pública, combatir el retraso en los procesos judiciales, fortalecer la independencia judicial, mejorar las condiciones de detención y garantizar el derecho a la reparación integral a toda persona que haya sido injustamente encarcelada.

Finalmente, la ONU-DH valora las contribuciones de los diversos actores que se opusieron a la reforma. Las voces de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas en derecho penal y seguridad, organismos públicos de derechos humanos y, en particular, la de las víctimas de prisión preventiva oficiosa poseen un valor irrenunciable para la sociedad mexicana y son un aporte significativo al debate democrático.

FIN

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