El proceso extraordinario de regularización migratoria del gobierno de Sebastián Piñera partió con su etapa de registro el 23 de abril y culminó el 22 de julio.

Hoy, los extranjeros que no se inscribieron en aquella parte del trámite arriesgan ser expulsados del país.

La postura del Ejecutivo ya era conocida, pero el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, reiteró la posición de la administración Piñera en conversación con El Mercurio.

“Yo supongo que no se inscribieron los que tienen antecedentes penales, pasa a ser atractivo saber quiénes son. Pueden haber cometido delitos en su país de origen o estar cometiéndolos acá”, disparó.

¿Cómo lo harán? En los próximos días y en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), institución que reforzará sus controles migratorios con el objetivo de encontrar a quienes decidieron no someterse al proceso.

Tras el fin de la primera instancia comenzó la de procesamiento, con la cual se otorgará un visado temporario a quienes tengan sus papeles en regla, previa presentación del correspondiente certificado de antecedentes.

Expulsiones

Hasta septiembre de este año, el Gobierno ha ordenado la expulsión de 2.850 personas, de las cuales sólo se han concretado 1.387, en su mayoría bolivianos por vínculos al tráfico de drogas.

Pero desde 2014 se han acumulado 13.968 de estos procedimientos, de los cuales sólo se han llevado a cabo 6.398.

“No se explica que tengamos una diferencia tan grande. Por una lógica de cumplimiento del deber, queremos mejorar estos porcentajes”, dijo Ubilla.

No obstante, negó que busquen deshacerse de una gran cantidad de migrantes. “Es bastante razonable 14.000 (expulsiones) de un millón (de extranjeros en el país); es un porcentaje pequeño”, dijo al medio.

Según cifras entregadas por Piñera en julio, fueron poco más de 155 mil los extranjeros que se inscribieron para este proceso, en su mayoría ciudadanos haitianos y venezolanos.