El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió a primera hora de ayer que el fiscal Carlos Stornelli le envíe “los intercambios de whatsapp que pudo haber mantenido con (Marcelo) D’Alessio”. Lo requirió en “forma urgente” para confrontarlos con las capturas de pantalla y audios presentados por el empresario Pedro Etchebest, quien había denunciado que el supuesto abogado mediático le pedía plata en nombre de Stornelli para salvarlo de la causa de los cuadernos. La respuesta llegó de la mano del juez federal Julián Ercolini, que tiene a cargo una causa iniciada por la tardía denuncia de Stornelli contra D’Alessio: pero no sólo no le envió nada sino que le reclamó el expediente para que tramite todo en su juzgado, en Comodoro Py, que para todos los implicados al parecer es como ser investigados en casa. De hecho, el caso presenta la curiosidad de que tanto el denunciante en esa causa, que es el fiscal, como el denunciado, que es D’Alessio, piden exactamente lo mismo. Como es ostensible, además, dado que el juez Ramos Padilla estableció una imputación por “asociación ilícita” y el querellante menciona a Stornelli varias veces en su presentación, el fiscal es blanco de investigación en el juzgado de Dolores. En cambio, en los tribunales de retiro es una víctima.

Como dato adicional, Ercolini pretende quedarse con el expediente justo cuando Ramos Padilla ordenó una pericia sobre el celular de D’Alessio para este jueves El trabajo fue encomendado a la Prefectura y a peritos designados por el juzgado.

D’Alessio fue trasladado nuevamente al juzgado para continuar con la indagatoria que había quedado sin terminar el domingo, y en la que retomó lo que ya había planteado en un hábeas corpus: que los responsables del pedido de dinero a Etchebest habían sido dos ex comisarios de la policía bonaerense, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, supuestamente vinculados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pero ayer su abogado, Claudio Fogar, no quiso que conteste preguntas. Es importante detenerse en algunos aspectos de la imputación que le leyeron en el juzgado a D’Alessio para entender por qué el ruralista y ex hombre de Enarsa hizo la denuncia en Dolores y por qué Ramo Padilla decidió avanzar en su jurisdicción:

Primero señaló –según el texto que pudo consultar este diario– que la “exigencia ilegítima de 300.000 dólares que le realizó a Pedro Etchebest en nombre del fiscal Stornelli para no quedar involucrado en la causa de los cuadernos se hizo también con colaboración de otras personas” y “utilizando contactos y relaciones con magistrados”.

También dice que después de la famosa reunión en Pinamar en la que fueron fotografiados D’Alessio y Stornelli el primero “presentó a Etchebest ante el fiscal Stornelli como ‘señor Pedro’” y “en el viaje de vuelta D’Alessio le dijo a Etchebest que el apretón de manos significaba que se había sellado el pacto con el fiscal”.

Luego le atribuye “haber tomado parte de una asociación delictiva junto con otras personas que aún están siendo investigadas para llevar adelante operaciones de inteligencia sobre determinadas personas a los fines de su coacción y extorsión para obtener réditos económicos u otra clase de beneficios obtenidos en forma indebida.

Con fecha del viernes y salida ayer a las 7 de la mañana, el juzgado de Dolores le envió al juez Ercolini el pedido para saber si Stornelli, como denunciante allí en Comodoro Py, había entregado sus intercambios de mensajes con D’Alessio y, de no ser así, se los pedía “urgente” para cotejar con el material aportado por Etchebest. También solicitaba otros elementos que pudieran surgir de los demás celulares secuestrados. Pedía que se le notificara Stornelli y que se le hiciera saber que se busca “no sólo resguardar la investidura del Sr. fiscal sino además no entorpecer su labor ni entrometerse en las investigaciones que lleva adelante”.

Por la tarde, Ramos Padilla recibió un oficio del juzgado de Ercolini en el que le pide que se “inhiba” de seguir interviniendo en la causa, invocando un dictamen de la fiscal Alejandra Mángano. El argumento es que las “tanto las exigencias dinerarias como el supuesto pago se habrían concretado” en la Ciudad de Buenos Aires “lugar donde se habrían producido los efectos de los actos intimidatorios”, según “las actuaciones aportadas por Stornelli”, con el 28 de diciembre como punto de partida, que es el día que D’Alessio habría contactado por primera vez a Etchebest. Además, Ercolini dice que la posible extorsión investigada está “relacionada con una causa federal”, en alusión a la causa de los cuadernos. Como en Comodoro Py todo es posible, tanto D’Alessio como Stornelli pidieron ser investigados allí, en los tribunales de Retiro, donde muchas cosas quedan en familia. Ramos Padilla, de todos modos, está planteado una investigación que excede un acto extorsivo vinculado con Etchebest y podría abarcar otros hechos y personas, lo que a la vez podría empezar a mostrar mecanismos presuntamente espurios capaces de atravesar a sectores de inteligencia, tribunales y otros ámbitos. Lo más probable es que el juez de Dolores rechace inhibirse y ahí vendrá, quizá otra discusión, sobre cuál es la Cámara que debe resolver la competencia: ¿La Cámara Federal afincada en Comodoro Py proclive a saciar los deseos de Gobierno o la Cámara de Mar del Plata?

D’Alessio llevó ayer un escrito de dos páginas que incluía una breve alusión a la presentación que había hecho el viernes Raúl Sebastián Barreiro, uno de los hijos de Ricardo Barreiro, que fue colaborador de los Kirchner y estuvo preso en la causa de (las fotocopias) de los cuadernos. Barreiro contaba que a él y su hermano Pablo –que también trabajaron con Cristina Fernández de Kirchner– les quisieron sacar dinero para lograr la libertad de su padre y evitar que Pablo fuera preso. Pero el punto más llamativo era que señalaban que Pablo había denunciado esta situación ante la fiscalía de Stornelli en octubre del año pasado, y éste no había hecho nada al respecto. Es más, cuando los abogados fueron a buscar esa declaración al expediente, no la encontraron. El escrito reciente señalaba que un tal Carlos Liñani les ofrecía los servicios de D’Alessio y Rodrigo González, por sus contactos supuestos con la fiscalía; por otro lado, mencionaban un pedido de dinero de los abogados que sí los representaban, Luis Vila y Fernando Archimbal.

Según pudo reconstruir PáginaI12, por allegados a la causa, D’Alessio habría dicho que Liñani le pasaba clientes, que en este caso no avanzaron y que en la época del contacto con los Barreiro no conocía a Stornelli. Cuando le preguntaron en la indagatoria acerca de su ocupación, no quiso responder. Si bien se presentaba como abogado, siempre conseguía a alguien que firmara por él. Porque no tenía matrícula, ni título universitario. Decía que como trabajaba para la embajada de Estados Unidos, no podía actuar como abogado. Pese a todo, fue hombre de consulta como experto en narcotráfico y seguridad, entre otras tantas cosas, de muchos periodistas e incluso quien se lo habría presentado a Stornelli fue Daniel Santoro, de Clarín. Después de presentar el escrito la semana pasada, Barreiro declaró ayer y todo indica que habría reforzado su relato, que no dejaba bien parado al fiscal Stornelli.