Hace 25 años las constructoras portuguesas alzaron la voz para alertar que se estaba produciendo una "invasión" de Portugal. Al concluir las obras de la Expo del '92 en Sevilla, las compañías españolas habían huido de la crisis del ladrillo y cruzado la frontera buscando hacer su fortuna en tierras lusas. La financiación europea había fomentado un boom en el país vecino, cuyo Ejecutivo había dado luz verde a grandes proyectos de infraestructuras y un programa de nuevas viviendas.

La superioridad tecnológica de las constructoras españolas les daba una amplia ventaja sobre la competición portuguesa, y en poco tiempo se hicieron con gran parte de los contratos para construir las nuevas autopistas, líneas de ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas lusas. En Lisboa era imposible ignorar el desembarque, pues los españoles ganaron las licitaciones de las nuevas líneas del Metro y gran parte de los edificios de la Expo del '98, entre ellos la nueva estación central de la ciudad diseñada por Santiago Calatrava. Frustradas, las constructoras lusas exigieron que el Gobierno luso actuase para defender al sector nacional, o que al menos mediase con España para que se facilitara la entrada de empresas portuguesas en el impenetrable ibérico.

Un cuarto de siglo después, la situación que preocupaba a las constructoras lusas en los años noventa es un asunto que desespera a las pocas que han sobrevivido la crisis económica. En los últimos años empresas españolas se han hecho con un tercio de todos los contratos de obras públicas lusas con un valor superior a los 10 millones de euros. En el ámbito ferroviario su dominio es incontestable: han ganado el 70% de concursos cuyo valor total supera los 252 millones de euros.

Malestar luso

Ricardo Pedrosa Gomes, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas y Servicios (AECOPS) en Portugal, afirma que su problema no es con las empresas del país vecino: "Todos estamos en la Unión Europea y no me gustan términos como 'invasión' y 'colonialismo'. Hay derecho a trabajar en el exterior". Su descontento es con el Gobierno luso, al que acusa de facilitar la penetración excesiva del mercado al dividir los grandes proyectos en pocos lotes.

El portugués pone como ejemplo la vía ferrovial entre Évora y la frontera española -valorada en 500 millones de euros-, que se adjudicó "en apenas tres tramos, cada uno una licitación de un valor elevadísimo que atrae competencia exterior y reduce las posibilidades de éxito de empresas lusas con menos acceso a financiación". Aunque la portuguesa Mota-Engil se hizo con una de las adjudicaciones, las otras dos fueron a Sacyr Somague (filial lusa del gigante español) y un consorcio compuesto por el Grupo San José, Comsa y Fergrupo.

Interior del metro de Lisboa (Portugal). REUTERS

Pedrosa Gomes opina que la situación no sería tan grave si no fuera por la falta de condiciones recíprocas en España, país donde los procesos de licitación funcionan de la manera opuesta.

"La línea de alta velocidad que se está construyendo entre Madrid y la frontera portuguesa tiene un valor total de 900 millones de euros, pero pocos de los contratos asociados con el proyecto superan los 14 millones, pequeñas licitaciones que facilitan la participación de constructoras regionales".

Versión española

Desde el sector español se reconoce que la alta capacidad innovadora de las constructoras nacionales ha facilitado su internacionalización y presencia en Portugal. El sector niega que exista proteccionismo alguno en los procesos de licitación en España y afirma que todo se rige según las directivas europeas de apertura de mercados, con un férreo control por parte de los organismos de competencia. La escasa presencia de empresas extranjeras se achaca a la falta de una cartera de proyectos atractiva para las constructoras de otros países.

El presidente de la AECOPS no coincide con esa caracterización del mercado español, que califica como uno de los más cerrados de Europa, y señala que las constructoras portuguesas sí ganan concursos de todos los tamaños en países como Irlanda y Francia. No obstante, afirma que querría ver al Gobierno luso copiar al de Madrid a la hora de adjudicar los contratos obras públicas de Portugal, cuyo valor total en 2018 superó los 1,8 mil millones de euros.

"Las obras estuvieron paralizadas por la crisis, y ahora que se les ha dado luz verde las fechas de utilización de los Fondos Estructurales 2020 han puesto prisa. Se entiende que la Administración prefiera coordinar tres proyectos en vez de 20, pero el coste para nuestras empresas es brutal. Si se quiere evitar que nuestra industria acabe como la banca, devorada por España, es importante una orientación política como la española, que de una oportunidad real a lo nacional".