En el invierno de 1954, la muerte de una mujer congelada en la calle consternó a los ciudadanos de París. El acontecimiento espoleó la lucha contra la pobreza energética que cada vez fue tomando más relevancia en varios países europeos.

Reino Unido fue pionero en establecer los indicadores más rigurosos de esta lacra social que se ha agravado a medida que se han disparado los precios de la energía y ha caído el poder adquisitivo de una parte creciente de familias. Francia, por su parte, se ha convertido en un referente desde 2013 al aprobar la ley Brottes, que estableció la tregua invernal que impide a las empresas de gas y electricidad cortar el suministro entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.

Paralelamente, la Unión Europea ha aprobado varias directivas en 2003 y 2009 en las que exhortaban a los Estados a adoptar medidas “para garantizar una protección adecuada a los clientes vulnerables, incluidas las que ayuden a evitar la interrupción del suministro”.

En 2009, España afrontó este problema con la creación del llamado “bono social”, que se limitaba a ofrecer una rebaja del 25% de la factura de los suministros a determinados clientes. El bono social, al que están acogidos 2,4 millones de consumidores, ha sido claramente insuficiente porque beneficia a muchas personas que no lo precisan y dejaba a muchas necesitadas indefensas. Además, ha sido anulado dos veces por el Tribunal Supremo por no distribuir adecuadamente su coste entre las empresas.

La realidad de la pobreza energética ha sido especialmente estudiada en España por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). El doctor Sergio Tirado, director académico de ACA, estima que aunque en España no hay un indicador específico de pobreza energética, según los estudios de su asociación hay unos cinco millones de personas (el 11% de la población) incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Esta cifra coincide con la de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que en 2015 las personas que no podían mantener su vivienda en la temperatura adecuada era el 10,6% frente al 5,9% en 2008. Otro indicador relevante es que el 8% de los hogares (4,2 millones de personas) declaraba tener retrasos en el pago de las facturas. Un total de 653.772 hogares sufrieron cortes de luz en 2015 por parte de las tres principales compañías (Endesa, Iberdrola y Gas natural Fenosa), según Podemos.

Lo grave es que la pobreza energética tiene efectos dañinos sobre la salud. ACA cifra en 7.100 el número de muertes prematuras causadas por ella cada año en España. Los bomberos de Barcelona y otras ciudades catalanas estiman que un 70% de los incendios están relacionados con la pobreza energética. Hace más de un año exigieron realizar un estudio para conocer esta realidad. No han tenido respuesta. Los médicos son otros testigos de esta realidad. Una doctora del Poble Sec, en Barcelona, explica que en sus visitas a enfermos es muy frecuente encontrar a pacientes envueltos en mantas en casas congeladas.

Hace ahora justamente tres años se celebró un importante debate en el Congreso de los Diputados en el que se planteó la gravedad de este problema. La discusión se suscitó por la presentación de una proposición de ley del grupo Izquierda Plural sobre “medidas para prevenir la pobreza energética”. Era diciembre de 2013 y la crisis estaban en sus momentos más críticos, con un paro que superaba el 26%. La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Laia Ortiz presentó la propuesta con un documentado discurso con los datos más relevantes de esta secuela silenciosa de la crisis. Ortiz habló de los millones de personas que debían decidir muchos días entre encender la estufa para calentarse o cenar. Y explicó que aquel año 1,4 millones de viviendas sufrieron cortes de luz.

La diputada terminó su intervención pidiendo “por favor” que “al menos admitan a trámite la proposición de ley”. Todos los grupos votaron a favor excepto el Partido Popular, que al tener la mayoría impidió que avanzara la ley. Eran los tiempos del rodillo de la mayoría absoluta y el diputado conservador Mario Flores Lanuza se permitió de calificar de “demagoga” la intervención de Laia Ortiz.

En materia de pobreza energética, la actuación del PP ha sido de una insensibilidad atroz. Durante la legislatura 2011–2015 tumbó las siete iniciativas que presentó sobre la materia la Izquierda Plural y las cuatro del PSOE. Paralelamente, el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional las leyes del Parlamento Catalán de 2013, que establecía la tregua invernal y de 2014 sobre pobreza energética.

En febrero de 2014 se constituyó la Alianza contra la Pobreza Energética, con el propósito de sensibilizar a los partidos y a la sociedad sobre este drama social. La Alianza participó en la Iniciativa Legislativa Popular que posibilitó la aprobación de una tercera ley en Cataluña en julio de 2015. La ley estableció “el principio de precaución”, que exige a las empresas que antes de realizar un corte de suministro han de solicitar un informe de los servicios sociales municipales. El sistema no ha funcionado porque, como señala la abogada Maria Campuzano, portavoz de la Alianza, “las empresas no quieren hacer convenios en los que tengan que asumir las deudas que no se han pagado”.

Con este panorama de fondo, el pasado 15 de noviembre, Rosa, una mujer de 82 años que vivía sola en Reus a la que Gas Natural había cortado la luz, murió al incendiarse su casa en la que se alumbraba con velas. La noticia conmocionó al país. Ahora el panorama político tampoco es el mismo. El PP, ya sin mayoría absoluta, ha llegado a un acuerdo con el PSOE para hacer una nueva ley sobre el bono social que además impida el corte de suministro por impago. Dada la trayectoria del PP hay mucho escepticismo en el resto de grupos y asociaciones. Habrá que estar vigilantes para ver en qué queda todo.

[Este artículo es el editorial del número de enero de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos, librerías y app. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]