CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su defensa para negar que pactó con Enrique Peña Nieto exonerar por corrupción a Humberto Moreira, Felipe Calderón se contradijo sobre el documento de la Procuraduría General de la República (PGR) de su gobierno que lo acredita: Primero aseguró que es falso y luego, que el exgobernador priista se lo entregó a Andrés Manuel López Obrador.

Calderón, quien calificó de “falsa y calumniosa” la afirmación de López Obrador de que pactó con Peña exonerar a Moreira, boletinó una “nota aclaratoria” para hacer público el “nivel de colaboración” entre el presidente de Morena y el gobernador priista de Coahuila sobre la copia certificada de la PGR que acredita “en definitiva” el no ejercicio de la acción penal contra éste.

“Quiero llamar la atención sobre el nivel de colaboración entre Humberto Moreira y López Obrador. Más allá de su invalidez jurídica, ¿cómo pudo haberse hecho de ese documento, totalmente desconocido hasta ahora, si no a través del propio Humberto Moreira? ¿Cómo es que en su gira por Coahuila, López Obrador no haya hecho ninguna referencia a los crímenes de Moreira cuando el propio candidato a gobernador de Morena los ha estado denunciando?”

Pero al inicio de su “nota aclaratoria”, boletinada por su equipo de prensa –que forma parte de los 19 funcionarios que cuestan a los mexicanos un millón de pesos al mes–, Calderón puso en duda su veracidad y de plano lo consideró falso.

“Por lo que toca al documento que el señor dice tener sobre una supuesta exoneración de Humberto Moreira, con toda franqueza dudo incluso de su veracidad; jamás tuve conocimiento del mismo, y es francamente sospechoso que, siendo de la trascendencia que se le atribuye, no haya aparecido una sola nota periodística al respecto, ni en esas fechas ni en los casi cuatro años que han transcurrido hasta ahora. Se trataría entonces muy probablemente de un documento falso, en todo caso totalmente carente de validez, por las siguientes razones”:

Enseguida, el extitular del Ejecutivo y esposo de la aspirante presidencial Margarita Zavala afirma que “el documento no hace alusión a los hechos denunciados que hubiesen motivado una averiguación en la Procuraduría, ni tampoco a los motivos que aduce para llegar a lo que supuestamente resuelve”, pero no es así.

En efecto, en el documento, que es el oficio SEIDF/0231/2012 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, detalla la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/FECCSPF-II/267/2012 iniciada por los delitos de enriquecimiento ilícito y operación con recursos de procedencia ilícita.

El oficio está firmado por Beatriz Juárez Andrade y Ana Laura Trujillo González, “técnicos en asistencia”, y certifica que “en definitiva” no se ejercitará acción penal contra Moreira Valdés, su esposa, Irma Vanessa Guerrero Martínez, y su suegro, Jaime Guerrero González, “dictados durante la averiguación previa constantes de cincuenta y dos fojas útiles escritas en anverso y reverso”.

De acuerdo con la copia certificada, que López Obrador hizo pública a través de sus redes sociales, la decisión tuvo “el visto bueno de la maestra María Luisa Zúñiga Rojas, fiscal especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Federal de Justicia”.

Pese a esto, Calderón expuso en su carta: “La Procuraduría no puede, sin fundamentación ni motivación, exonerar a persona alguna, de manera genérica e imprecisa, como si se tratase de la expedición de una constancia escolar de buena conducta. Se ocultan, a mi juicio de manera dolosa, la motivación y fundamentación de ese supuesto oficio”.

Y añade: “Por otra parte, no procedería una exoneración teniendo la propia Procuraduría tantas averiguaciones previas abiertas. Es jurídicamente improcedente que se hubiese expedido de manera legal tal exoneración, porque sobre el señor Humberto Moreira pesan desde entonces muchas acusaciones, tanto en México como en Estados Unidos, sobre diversos tipos de delito”.

Acto seguido, el panista aseguró que, “al terminar mi mandato existían diversas denuncias más en curso de investigación, varias por enriquecimiento ilícito y otras por complicidades de su gobierno con el crimen organizado que seguían adelante y que no podían cancelarse de forma burda y prácticamente clandestina como se sugiere”.

Por ejemplo, la PGR seguía una investigación por el delito de falsificación de documentos en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Moreira sobre la contratación de deuda pública a través de documentos falsos y que en Estados Unidos se le investigaba también.

“Es claro que durante mi administración se actuó con firmeza, a partir de evidencias, contra quienes presuntamente hubieran incurrido en delitos como fue el caso de Humberto Moreira y de funcionarios de su gobierno. Es claramente calumnioso sugerir que yo hubiese incurrido en algún tipo de pacto para su exoneración o que hubiese ordenado o autorizado la misma”.