CIUDAD DE MÉXICO – La versión final de un informe del gobierno mexicano sobre la conducta de quienes investigaron el caso de 43 estudiantes desparecidos rechaza un informe anterior que halló que esos mismos funcionarios habían roto la ley por un mal manejo de algunos sospechosos y de la evidencia.

El informe original describía serias fallas en la investigación, como el arresto ilegal de sospechosos clave, por lo que amenazaba los fundamentos del caso legal del gobierno. Ese primer informe, además, representaba la primera vez que el gobierno reconocía que hubo errores en la pesquisa. El nuevo informe, a cargo de otro funcionario, aminora el efecto de estas violaciones, y la versión oficial queda intacta.

Las acciones de los investigadores fueron solo violaciones “técnicas”, dice el nuevo documento, preparado por el inspector general de la Procuraduría General de la República y el cual fue entregado el jueves 9 de febrero a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien representa legalmente a las familias.