Casi cualquier comentario publicado en Internet podrá ser considerado un "acto discriminatorio" y se invertirá la carga de la prueba (quien sea acusado de discriminador deberá demostrar que no lo es); las páginas web, blogs, redes sociales, agencias de noticias, medios de prensa, diarios online, revistas electrónicas y demás medios digitales deberán instar expresamente a sus foristas a evitar esos comentarios, serán responsables por lo que se publique en esos espacios y tendrán que "adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios", lo que podría ponerlos a un paso de la censura previa.

Ésta es la síntesis de un proyecto de ampliación de la ley antidiscriminación en vigor -sancionada en 1988- que avanza rápidamente en la Cámara de Diputados y que integra partes de distintos textos propuestos por los legisladores kirchneristas Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque. Básicamente, la iniciativa amplía enormemente el concepto de "acto discriminatorio" e incorpora Internet y los medios de comunicación al alcance de la normativa.

Aunque sus promotores pertenecen al corazón mismo del kirchnerismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presidido por el también kirchnerista Horacio Verbitsky, expresó en octubre pasado su "preocupación" al argumentar que la propuesta "pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión". A pesar de esa posición pública, que refleja divisiones en el propio oficialismo, el proyecto ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Derechos y Garantías, y avanza hacia las de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. En síntesis, podría tener media sanción antes de las primarias.

El proyecto también crea una nueva figura penal -algo especialmente peligroso en el ámbito de la expresión de las ideas- al reprimir con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios. A priori, los objetivos de la iniciativa son loables (lograr una sociedad mejor, más abierta y tolerante), pero su ambigua e imprecisa redacción deja la puerta abierta a todo tipo de abusos sobre la libertad de expresión individual, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de todas las personas.

En este ámbito, el kirchnerismo (unas veces en soledad y otras con aliados de la oposición) recorrió en la última década un largo camino de buenas intenciones legislativas desde la sanción de la ley de medios audiovisuales (en 2009), la ley antiterrorista (2014) y la ley de telecomunicaciones (llamada Argentina Digital, de 2015), entre otras. Buenas intenciones que dieron lugar a peligrosas herramientas jurídicas que siguen en vigor.

Sin lograr demasiado que se los escuche, especialistas en libertad de expresión y regulación de Internet vienen advirtiendo en los últimos días sobre los peligros del proyecto de ley. "Si bien comparto el objeto de la proyectada norma, la manera que propone cumplirlo es por lo menos descuidada. Por ejemplo, de acuerdo con la redacción actual, pueden caer dentro del concepto de acciones discriminatorias ciertas expresiones permitidas de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Además, insinuar que se deban remover contenidos por el simple pedido de un particular puede promover actos de censura por parte de los administradores de sitios de Internet", afirmó Eduardo Bertoni, ex relator de la libertad de expresión de la OEA y actual director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE).

"Un marco difuso de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada, ya que ningún medio de comunicación o plataforma de contenidos web querrá asumir el riesgo de ser acusado civil o penalmente por la mera defensa de los comentarios de sus usuarios", afirmó Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, entidad dedicada a la difusión de los derechos en la era digital.

"La amplitud en la definición de contenidos discriminatorios, la incorporación de plataformas y servicios de Internet, la inclusión de tipos penales y la no definición clara de intermediarios nos llevan a concluir que el proyecto de ley antidiscriminación colisiona con los principios de proporcionalidad indispensables en toda regulación sobre el discurso público. El texto de la ley tal como está expresado actualmente no parece ser la solución apropiada frente a la problemática de la discriminación y el discurso de odio. Más bien, se constituye en una amenaza clara a la libertad de expresión", agregó Busaniche.

El intento de regular los contenidos en las plataformas digitales en la Argentina tuvo su momento cúlmine en 2013 cuando la Legislatura de Entre Ríos, tras una serie de saqueos presuntamente organizados, trató una resolución para pedirle al gobernador kirchnerista Sergio Urribarri a establecer "restricciones al uso de las redes sociales y otras plataformas en casos de "conmoción interior". Aquella vez, la propuesta, del diputado provincial Rubén Oscar Almará, finalmente quedó en la nada.