En 2015 se celebraron en Venezuela elecciones a la Asamblea Nacional, la cámara legislativa del país y sede de la soberanía nacional. La decepción con el régimen había ido aumentando y el país estaba ya sumido en una crisis que se agravaría aún más en los años siguientes. A pesar de las manipulaciones y de la falta de independencia de los órganos electorales, la oposición logró una victoria arrolladora. El régimen decidió que aquella había sido su última derrota electoral.

También decidió que aquella Asamblea Nacional era un peligro y que había que inutilizarla. A lo largo de 2016, el Tribunal Supremo (colonizado por jueces chavistas) bloqueó la mayoría de las iniciativas de la cámara. Los diputados optaron entonces por una iniciativa contemplada en la Constitución: un referéndum revocatorio en el que los venezolanos se pronunciaran por el cese o por la continuidad de Maduro en la Presidencia una vez que se cumplía la mitad de su mandato. Con todo tipo de artimañas dilatorias, entre masivas protestas pacíficas y con la connivencia del Consejo Nacional Electoral bajo su mando, el régimen logró bloquearlo.

La ruptura definitiva del hilo constitucional se produjo cuando en marzo de 2017 el Tribunal Supremo se atribuyó las funciones de la Asamblea Nacional y extendió los poderes de Maduro. Esto originó una nueva oleada de protestas reprimidas de forma salvaje. Hubo más de un centenar de muertos y cientos de detenidos. La represalia de Maduro fue convocar unas elecciones en agosto de 2017 para elegir una ilegítima Asamblea Constituyente que suplantaría a la Asamblea Nacional.

Ya en 2018, Maduro convoca unas elecciones presidenciales anticipadas en las que ya ni se molesta en disimular. La participación fue ridícula, a pesar del chantaje del régimen contra los votantes. El país se encontraba exhausto, empobrecido y hambriento, en medio de una crisis humanitaria brutal traducida en un éxodo masivo nunca visto en la región. Ninguna democracia seria reconoció como válidas esas elecciones.

Estos son los hechos ciertos. Son la descripción precisa de un golpe de Estado. La paradoja es que el llamado 'hijo de Chávez' ha vulnerado sistemáticamente la Constitución promovida por su mentor, mientras que la oposición democrática es quien la ha defendido y defiende con admirable pasión, y quien ha actuado y actúa con respeto a sus disposiciones. Por eso, el pasado 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocó tres artículos de la Carta Magna al jurar como presidente encargado. El 10 de enero había vencido el mandato de Maduro, por lo que, en ausencia de un presidente legítimo salido de las urnas, la Constitución le facultaba para asumir la dirección del país con el encargo de convocar nuevos comicios.

De modo que no tiene sentido decir que Guaidó se ha "autoproclamado" presidente: es Maduro el que lo ha hecho, usurpando el cargo. Y es inaceptable llamar golpista al presidente de la Asamblea Nacional, cuando precisamente él y el resto de diputados electos, únicos representantes legítimos de los venezolanos, son quienes buscan una transición de la ley a la ley para Venezuela.

Así las cosas, es una obligación para la Unión Europea y los Estados miembros reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y, en consecuencia, único interlocutor legítimo. Esto es algo que ya han hecho numerosos gobiernos. Pretender condicionar ese reconocimiento a una convocatoria de elecciones por parte del régimen es casi una reducción al absurdo: si no reconocimos las de 2018, Maduro ya no es presidente, luego no tiene potestad ejecutiva alguna, incluida la de convocar elecciones. Considero que el comunicado de Mogherini del sábado 26 de enero da un paso en la dirección correcta al evitar cualquier mención a Maduro: el desconocido ha desaparecido. En cambio, no por esperado resulta lamentable lo sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el cinismo de la Rusia de Putin ha lucido en todo su siniestro esplendor. La salida democrática vendrá de la Unión Europea.

Guaidó ha actuado con total respeto a la legalidad, y ha aceptado con responsabilidad la tarea que la Constitución le encarga: cesar la usurpación, poner en marcha un gobierno de transición y convocar unas elecciones libres y transparentes. Los venezolanos, además, ya han expresado su apoyo masivo. Como afirma la propia declaración de la Unión Europea, su voluntad no puede ser ignorada. Los ciudadanos de Venezuela ya han participado en demasiadas elecciones fabricadas por el chavismo. Maduro no tiene legitimidad política ni moral.

El papel de la Unión Europea tiene que ser apoyar y proteger a Guaidó y a los miembros de la Asamblea Nacional, en la confianza de que la presión popular e internacional lleve al dictador y a los suyos a desistir y entregar los resortes del poder, en especial el mando sobre la Fuerza Armada. No dudo de la buena fe de los dirigentes de la Unión, sé que quieren lo mejor para Venezuela. Pero si la oposición venezolana, las personas que se están jugando la vida, han tomado el camino de la ley a la ley, nuestra obligación es acompañarlos y ayudarlos en todo lo que esté en nuestra mano.