Entre 2014 y 2016, 653 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano (Sedatu) terminaron en ocho empresas que fueron boletinadas por la autoridad fiscal como sociedades fantasma porque no tienen capital, empleados ni infraestructura que sustente sus operaciones y, por lo tanto, no podían cumplir con servicio alguno.

Estas compañías fraudulentas fueron beneficiadas con millones del erario gracias a un mecanismo de desvío en el que se utilizaron como ‘intermediarias’ a dos universidades públicas y a tres medios de comunicación de gobiernos estatales. Estos entes públicos debían dar servicios a Sedesol y Sedatu, pero no tenían la capacidad y subcontrataron de manera arbitraria a empresas privadas, sin pasar por ningún proceso de licitación pública.

Se trata del mismo esquema de desvío de recursos documentado en La Estafa Maestra; investigación que reveló que entre 2012 y 2014 hasta 11 dependencias del gobierno federal utilizaron a 8 universidades públicas para desviar 7 mil 600 millones de pesos a 186 empresas privadas. De ese dinero, 3 mil 433 millones ‘desaparecieron’ en 128 compañías ilegales.

De las ocho empresas catalogadas como ‘fantasma’ por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dos de ellas, incluso recibieron dinero de ambas dependencias en diferentes contratos firmados de 2014 a 2016.

Una de ellas es Comercializadora HDP SA de CV ganó en 2014, a través de Radio TV Hidalgo que hizo de ‘intermediaria’, un total de 69 millones de pesos de Sedesol, cuando Rosario Robles estaba al frente de esta dependencia. Un año después, esta misma empresa fantasma fue beneficiada a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con otros 15 millones 100 mil pesos de Sedatu, ya con Rosario Robles como nueva secretaria de esta dependencia.

Comercializadora HDP fue incluida en la lista negra del SAT de empresas fantasma ‘definitiva’ el 26 de octubre de 2017, luego de que la autoridad tributaria comprobara que no tenía oficinas reales, activos, ni personal trabajando, y que simulaba operaciones comerciales para evadir impuestos y desviar recursos.

Con Desarrollo Publicitario ADP SA de CV se repitió el esquema: primero fue beneficiada en 2015 con 156 millones 160 mil pesos que salieron de Sedesol. Y en 2016, recibió otros 110 millones 862 mil pesos de Sedatu.

En ambos casos también participaron como ‘intermediarias’ del desvío RTV Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Desde el 1 de marzo de 2017, esta sociedad está siendo investigada por el SAT como ‘presunta’ fantasma.

Joyería de fantasía y casas abandonadas

Además de Desarrollo Publicitario ADP y Comercializadora HDP, otras empresas fantasmas fueron beneficiadas por Sedesol y Sedatu, por separado.

En 2016, Agatha Líderes Especializados SA de CV, compañía boletinada como fantasma ‘definitiva’ por el SAT, recibió 164 millones de Sedatu a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y de otro medio estatal: Televisora de Hermosillo (Telemax).

Esta empresa tiene su domicilio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según un informe forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su dirección se encontró “una casa habitación abandonada, sin la evidencia de infraestructura, activos, personal, ni capacidad material para prestar servicios”. Agatha Líderes, a su vez, trianguló 152 millones (el 92% del dinero de Sedatu) a 13 empresas, entre éstas Yuvisa y Servicios SA de CV, también investigada por el SAT como presunta fantasma.

Serviúnicos SA de CV, investigada como presunta fantasma, obtuvo 56 millones de Sedesol en 2015 a través de Radio Televisión de Hidalgo

Esta compañía tampoco existe en su domicilio y fue subcontratada para realizar servicios a Sedesol relacionados con “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social 2015”, entre otros. No obstante, el giro social de Serviúnicos es comprar, fabricar, y distribuir “regalos, joyería de fantasía, bolsas, carteras, y artículos de cocina”, según la ASF.

A pesar de que en 2015 ganó recursos por 56 millones de pesos, un año después la compañía fue liquidada y desapareció, según constató Animal Político en el Registro Público de Comercio. Los dueños de Serviúnicos alegaron que la sociedad se encontraba en “números rojos”.

IKAR Presentadora de Bienes y Servicios SA de CV y Corporativo Comercial de Servicios y Vintash SA de CV, empresas ‘presuntas fantasma’, fueron beneficiadas con otros 64 millones 252 mil pesos de Sedatu. Esta vez se utilizó como ‘intermediarias’ a la Universidad Politécnica de Quintana Roo y a la Universidad Mexiquense del Bicentenario.

Mientras que Comunicaciones M&M SA de CV, ya declarada fantasma definitiva, ganó 16 millones de Sedesol, también a través de Radio Televisión de Hidalgo.

Animal Político solicitó posicionamiento a la Sedatu respecto a estos convenios, pero la dependencia envió una carta, que había sido dirigida al periódico Reforma la semana pasada tras la publicación de una nota sobre presuntos desvíos señalados por la ASF, en la que aseguran que dichos convenios son legales, que los servicios contratados tanto por Sedesol y Sedatu “se entregaron en tiempo y forma y en ningún momento, las dependencias contrataron a alguna empresa privada”.

Caso Telemax

Animal Político también buscó al funcionario Daniel Hidalgo, director de Telemax, para cuestionarle sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación hizo en un informe forense a la televisora por desviar presuntamente 267 millones de pesos a nueve empresas.

Entre las compañías subcontratadas por Telemax están Agatha Líderes Especializados, ya declarada empresa fantasma ‘definitiva’; así como Editorial Constituyente SA de CV, Publicidad Natnit Sa de CV, y Revista México Social SA de CV, en cuyos domicilios se encontraron despachos de médicos y viviendas particulares, pero ninguna empresa.

Hidalgo, quien fue subsecretario de Hacienda de Sonora en 2004, y actualmente también es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, defendió la legalidad del convenio firmado con Sedatu al amparo de la excepción del artículo 1 de la ley de adquisiciones.

-La ASF dice que Telemax solo checó las empresas que subcontrató por correo electrónico y paquetería –se le planteó en entrevista-.

-Sí, pero hay contratos firmados, hay órdenes de trabajo, hay entregables, hay toda una carpeta en copia física y digital de todos los trabajos que se entregaron a la Sedatu. Y lo más importante, hay actas de recepción de servicios que están firmadas de conformidad por Sedatu.

-¿Pero cómo estuvieron conformes si la ASF dice que varias de estas empresas no existen?

-Entiendo que eso es lo que hace ruido.

-¿Ustedes checaron empresa por empresa? ¿Existían y todo era legal?

-Primero, te digo que sí tenemos la capacidad para dar los servicios, porque eso es algo que también se cuestiona. Y segundo, por supuesto que son empresas que existen. Tenían vigente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y también sus facturas digitales, los CFDI famosos.

-¿Por qué Telemax subcontrató a esas nueve empresas? ¿Ya las conocían?

-Para cumplir con los requisitos legales en materia estatal, teníamos que buscar un estudio de mercado, y tenemos cotizaciones de los trabajos.

-¿No hubo una recomendación de Sedatu para subcontratarlas?

-(Las empresas) ya habían hecho trabajos desde 2011, aquí es lo que me consta en la televisora, porque lo veo en expedientes. De hecho, cuando nos busca Sedatu para los trabajos, un factor importante en la decisión es que (las empresas) ya habían prestado sus servicios en el pasado aquí (en la televisora). Obviamente, yo no era director general en ese entonces.

-¿Pero, de nuevo, cómo empresas que no existen en sus domicilios pudieron darles los servicios? –se le insistió-.

-Eso ya no me compete a mí. Yo las subcontraté en 2016 y dice la ASF que no están ahí, pero tengo mis dudas de que eso sea una versión definitiva.

-Cree que la ASF no está siendo…

-No, no es que crea –interrumpe la pregunta-. Es un informe preliminar para atender las recomendaciones, no es definitivo. Lo que puedo decir es que son empresas que estaban en el padrón de contribuyentes y que funcionaban. Tan es así, que el pago por los trabajos se pudo hacer a través de cuentas bancarias y de documentos fiscales como la factura electrónica.

-¿O sea, para ustedes las empresas sí existían?

-Definitivamente, sí.