“Mi nombre es David Cilia. Soy reportero de la revista Contralínea. Tengo un balazo en la pierna en la pierna derecha y en el costado izquierdo. Estamos a la orilla de la carretera”. El video distribuido ayer jueves confirmó que el periodista David Cilia, su colega Erika Ramírez y dos personas más, se encontraban vivos después de la emboscada, el martes 27, cuando la caravana de la cual formaban parte fue atacada cerca de San Juan Copala en Juxtlahuaca, Oaxaca.

La dirigente social Beatriz Cariño Trujillo y el activista finlandés Jyri Jaakkola fueron asesinados en esa emboscada. Cariño era directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, CACTUS A.C. y llevaba 15 años impulsando la movilización de los indígenas triquis. Jaakola era observador en materia de derechos humanos.

Todos ellos participaban en la que denominaron “caravana de la paz”, un grupo de aproximadamente 25 personas que se dirigía desde Huajuapan, rumbo a Copala, con alimentos y medicinas.

Esa población triqui ha sido agredida en numerosas ocasiones por grupos paramilitares. Ni el gobierno de Oaxaca, ni el gobierno federal, han tenido especial interés para desmantelar a los grupos armados y contener la violencia en esa región. La caravana pretendía romper el aislamiento que la violencia reciente, y la pobreza de siempre, mantienen sobre San Juan Copala.

Los caravaneros fueron atacados a balazos. De acuerdo con el relato de varios sobrevivientes, sus vehículos fueron detenidos con ráfagas de metralleta. Los que pudieron salir corriendo, avisaron de esa agresión horas después. Otros más se escondieron en las inmediaciones de ese sitio. Varios de ellos no podían escapar porque estaban heridos.

Entre los lesionados se encontraba el reportero de la revista Contralínea. Su testimonio y el de sus acompañantes fueron grabados en un video que otro de los emboscados pudo sacar de la zona dominada por el grupo paramilitar. David Cilia y Erika Ramírez se habían sumado a la caravana para hacer en San Juan Copala un reportaje acerca de las locutoras triquis asesinadas hace dos años.

Como puede recordarse, el 21 de abril de 2008 las jóvenes Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores murieron cuando el automóvil en el que viajaban fue emboscado, también a balazos. Eran locutoras de la radiodifusora “La voz que rompe el silencio” que funciona en San Juan Copala.

Varias semanas más tarde, cuando una delegación con representantes de una docena de organismos internacionales fue a visitarlo para exigirle que se agilizara la investigación acerca del asesinato de esas dos comunicadoras, el subprocurador de la PGR, Juan de Dios Castro, insistió en que se trataba más bien de dos amas de casa –como si esa circunstancia le restara gravedad al crimen– y se exaltó cuando sus interlocutores le insistieron en la desprotección que padecen los habitantes, periodistas incluidos, en esa región de Oaxaca.

Beatriz Cariño, la dirigente social asesinada el martes pasado, era una de las impulsoras más empeñosas de la radiodifusora comunitaria en San Juan Copala. Sus inquietudes políticas la llevaban por causas y sitios muy variados. Apenas el 3 de diciembre pasado había participado en un mitin afuera de la embajada de Canadá en protesta por la muerte del activista Mariano Abarca, opositor a una empresa minera de propiedad canadiense y asesinado en noviembre en Chicomosuelo, en Chiapas.

En aquella alocución, que se puede encontrar en la Red, Beatriz Cariño decía refiriéndose a ese militante: “Es nuestro hermano Mariano Abarca que hoy representa un ejemplo de lucha, un ejemplo a seguir, y si creen que con eso nos vamos a espantar les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimos porque en la medida en que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida”.

Los que en Oaxaca apuestan por la muerte, esta semana cobraron dos nuevas víctimas además de los heridos y desaparecidos que todavía anoche eran buscados en la zona donde fueron emboscados. Resulta imprescindible que el gobierno federal, y aunque esa no sea su vocación también el gobierno de Oaxaca, impongan la legalidad y ofrezcan plenas garantías a quienes, en la zona de San Juan Copala, apuestan por la vida.

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