En la Ciudad de Buenos Aires el 75% de las viviendas son departamentos. En ese contexto, el monto de las expensas es una fibra sensible que preocupa. Tal como anticipó hoy Clarín, el Gobierno porteño trabaja en un plan para bajarlas. El programa, que centra el ahorro en sacar la obligatoriedad de una vivienda para el encargado y que haya controles más espaciados y menos cargas burocráticas para bajar los costos de los edificios, ya despertó todo tipo de opiniones. Por lo pronto, los consorcistas no objetan la iniciativa, pero al mismo tiempo cuestionan su utilidad. El reclamo del sector es participar en las paritarias de los encargados y afirman que, mientras eso no ocurra, cualquier otra acción tendrá un impacto menor en el valor de las expensas.

"Es un plan que presentaron para mostrar que están haciendo algo, pero la verdad es que no modifica lo importante. Nuestro reclamo principal es que nos dejen participar de las paritarias, porque hoy hay un contrato leonino en el que los dueños de los departamentos no pueden discutir", dijo Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (Fedeco). Su visión sobre la propuesta oficial de dejar de obligar a los propietarios a darles viviendas a los encargados, dilatar los controles y eliminar certificados innecesarios fue tajante: "El ahorro que pueden lograr es insignificante".

El incremento de las expensas, sostenido en el tiempo, no es una sensación sino una certeza. Lo dicen los datos oficiales. Durante 2017, subieron un 34,7%. Según la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño, en diciembre, el promedio de las expensas para una familia tipo fue de $ 1.657. En diciembre de 2013, el primer año de la base de datos citada, el promedio era de $ 515.

En los incrementos, los salarios de los encargados cumplen un rol protagónico. "Generan una incidencia de entre un 60% y un 80% en el valor de las expensas, dependiendo de la cantidad de departamentos que tenga el edificio", precisó a este diario Alicia Giménez, de la Unión de Consorcistas de la República Argentina.

El plan del Gobierno plantea una reducción de entre un 10 % y 20 %. Los ahorros pasan por eliminar la obligación de construir vivienda para encargados en edificios de más de 15 departamentos; sólo limpiar aquellos tanques de agua que tengan resultado negativo en análisis de laboratorio; intensificar las inspecciones en los ascensores más viejos pero espaciarlas en los más nuevos; y hacer lo mismo con las calderas, que hoy deben examinarse cada tres meses. El proyecto prevé hacerlo según su antigüedad y tecnología. Sobre estos dos últimos puntos el Ejecutivo deberá explicar cómo se organizará a nivel práctico para que la medida no represente un riesgo para los propios vecinos.

Los gastos burocráticos son otra categoría que se busca bajar. Por ejemplo, el certificado "Edificio seguro": hoy es obligatorio pagarlo, aunque para el Gobierno no "es más que un compendio de todas las condiciones de seguridad del inmueble".

La propuesta oficial también plantea eximir del control de fachadas a las viviendas unifamiliares que no tengan salientes y a los espacios comunes a propietarios, como los patios internos y las terrazas, que seguirán siendo inspeccionados por el consorcio pero sin necesidad de presentar un certificado ante el Estado. Los frentes sí seguirán controlados oficialmente, ya que pueden implicar un riesgo para terceros. Por el carácter de la reforma, la Legislatura porteña deberá aprobar parte del proyecto.

"Hay muchas cosas que se pueden simplificar, mucha burocracia y gastos que caen sobre los consorcistas y los administradores. Me parece bien que eso se revise. Pero la 'madre del borrego' sigue siendo que no nos dejan sentarnos en las paritarias. Las otras medidas no creo que tengan mucho efecto, porque lo más importante son los salarios y las cargas sociales de los encargados", analizó Osvaldo Loisi, de la Liga del Consorcista.

Es que en la discusión salarial están sólo los encargados, representados por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), y el Ministerio de Trabajo. Falta el tercer componente de toda paritaria: quién paga, que en este caso son los consorcios.

El anuncio del plan del Gobierno porteño se da en un contexto político especial. El titular del gremio de los encargados, y también presidente del PJ porteño, es Víctor Santa María, quien pese a ser opositor siempre tuvo buena relación política con el macrismo en la Ciudad, lo que se expresó, por ejemplo, en algunas leyes sancionadas en la Legislatura porteña. Pero hoy el oficialismo, después de las últimas elecciones, tiene una mayoría propia y ya no necesita tanto de la oposición. Eso, sumado a las denuncias sobre presunto lavado de dinero contra el sindicalista, enfriaron la relación.

