En plena cuarta semana de huelga indefinida de médicos, con paros totales —de todas las categorías— convocados en los hospitales hoy y en los centros de salud mañana, la negociación entre la comunidad sanitaria y el Gobierno regional está en punto muerto. La línea roja está clara para las dos partes: la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Sindicatos y profesionales llevan días afanándose para llevar a la Consejería de Sanidad propuestas de ahorro —sin tener que privatizar nada— que esta va rechazando. El tiempo se agota: hoy se discuten los Presupuestos y mañana se aprueban: el PP tiene mayoría absoluta en la Asamblea.

Pese a calificar de “paripé” las reuniones, ni los sindicatos ni el comité profesional —formado por jefes de servicio, coordinadores de los planes estratégicos de las especialidades, Colegio de Médicos, directores de centros de Atención Primaria, la Asociación de Facultativos Especialistas (Afem) que convoca la huelga médica indefinida— se dan por vencidos. Los primeros acuden hoy a la tercera reunión con Sanidad. En las dos anteriores hubo puntos de acuerdo (reducir el gasto farmacéutico, por ejemplo), pero total discrepancia al llegar al tema de la privatización. Hay un problema de cifras. El Gobierno regional asegura que le sale más barato encargar la gestión a empresas, pero se niega a hacer públicos sus estudios y cifras. Sindicatos y comité profesional han hecho sus cálculos con lo que tienen disponible, los presupuestos, y les sale lo contrario: ceder la gestión sale bastante más caro.

El comité profesional hizo pública ayer su propuesta de ahorro. En lugar de los 533 millones —tampoco en este caso Sanidad ha aclarado por qué esa cantidad y no otra— que exige el Gobierno regional para dar marcha atrás a su plan, presentaron un documento con medidas que, según ellos, equivalen a más de 1.200 millones de reducción presupuestaria. La Consejería les había pedido el lunes una alternativa “concreta, viable, posible” y “lo antes posible”. En 24 horas la tuvieron, pero precisan en el texto: “Creemos que no es posible realizar un plan sin contar con los datos y los informes de los que dispone la Consejería”. Es la crítica común de los dos grupos que se sientan al otro lado de la mesa de negociación: sin datos concretos (facturación intercentros, liquidación presupuestaria en 2012...) es imposible presentar propuestas concretas.

Los médicos tenían ayer una reunión a las 17.00, pero la Consejería la canceló, afirma, porque “no había margen para estudiar” la propuesta, recibida a las 14.30. A las 18.30, sin embargo, la Consejería ya se había formado una primera opinión: las cifras estaban “totalmente hinchadas” y carecían de justificación. Algunas medidas, incluso, podían “perjudicar la calidad asistencial”. Sanidad se refiere al punto 12, que según el comité profesional puede ahorrar 200 millones de euros: “Optimización y mejora de los procedimientos en pacientes ingresados mediante acortamiento de los ingresos”. Finalmente esta propuesta se discutirá mañana a las 18 horas.

La Consejería critica también que el comité proponga reducir conciertos con la privada para realizar pruebas diagnósticas e intervenciones de lista de espera (46 millones de ahorro) porque “produce un deterioro en la calidad” y “más espera”. Fátima Brañas, de Afem, explica ambas cuestiones: “Lo que proponemos es gestionar mejor los procedimientos que necesita un paciente ingresado. Que en lugar de estar tres días esperando una colonoscopia se le haga al día siguiente, por ejemplo”. Sobre los conciertos con las privadas: “La Consejería asume que no es capaz de gestionar mejor la sanidad pública y sí se puede. Podemos hacer pruebas y abrir quirófanos por la tarde para optimizar recursos que ahora están infrautilizados. En mi hospital, el Infanta Leonor, se trabaja por la tarde en jornada ordinaria [sin horas extra]. Si se hace más, no es necesario firmar conciertos con clínicas privadas”.

El comité propone también renegociar los contratos con las concesionarias de los hospitales de gestión privada, lo que podría ahorrar otros 49 millones. Su presupuesto sube mientras el de los enteramente públicos baja, denuncian los médicos.

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