El Frente Progresista se quedó con aquella elección y luego llegaron los triunfos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Una gestión de 12 años que, según las estadísticas, empeoró todos los índices de seguridad respecto a 2007. De hecho, Santa Fe se consolidó con la provincia con la tasa de homicidios más alta del país, mientras que en la ciudad de Rosario los asesinatos comenzaron a subir en 2011, alcanzaron un pico entre 2013 y 2015 y luego, si bien descendieron, siguen estando muy lejos de aquellas cifras previas a 2010.

Algunos números que pueden servir como referencia: entre 2004 y 2007, última gestión del peronismo, a cargo de Jorge Obeid, el promedio de homicidios en la provincia fue de 246 al año, mientras que en los siguientes 12 ascendió a 342 (un 40% más). En el departamento Rosario pasó de 101 por año a 181 (un 79% más) y en el departamento La Capital de 88 a 101 (un 15% más). Y, por si hiciera falta aclararlo, los crímenes no crecieron porque aumentó la población: según datos del Ministerio Público de la Acusación, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en la provincia pasó de un promedio de 7,97 a 11,72.

Algunos ex funcionarios afirman que lo que ocurre en la provincia se enmarca en un contexto de aumento de violencia en la Argentina. Absolutamente falso. Según datos del Sistema de Información Criminal, la tasa de homicidios en el país era de 8 cada 100 mil habitantes en 2003 y bajó a 5,3 en 2018, último dato disponible. En ese mismo período, 21 de los 24 distritos lograron reducir sus índices de violencia. Las excepciones fueron La Pampa, Santa Fe y Tucumán, con una particularidad: en los últimos cuatro informes, de manera consecutiva, Santa Fe tiene la tasa de homicidios más alta del país.

Otro de los argumentos recurrentes, utilizado en innumerable cantidad de ocasiones por los ex gobernadores Bonfatti y Lifschitz para explicar la gran cantidad de crímenes, es el de los “conflictos interpersonales”. Una simplificación que sirve para quitarle cualquier responsabilidad al Estado. ¿Qué serían, exactamente, los “conflictos interpersonales”? ¿Dos personas que comparten un momento, discuten por algo trivial y de repente lo dirimen a balazos? ¿Un desacuerdo nimio entre dos personas que se resuelve a tiros? ¿No es posible que en algunos de esos “conflictos interpersonales” se disputen cuestiones territoriales vinculadas a la criminalidad?

Si la mirada del Estado sobre esos hechos se detiene allí, es imposible saberlo. Pero es, además, una excusa para no involucrarse. Una suerte de legitimación del “se matan entre ellos”. Hace unos años, la doctora en Antropología, Eugenia Cozzi, escribió la tesis “De clanes, juntas y broncas” para la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional del Litoral. Al referirse a lo que las crónicas policiales denominan “ajuste de cuentas”, sostuvo que allí “está fuertemente presente la idea de que se matan entre ellos y que por lo tanto no es necesaria ninguna intervención estatal, quitándole valor e importancia a estas muertes”. “Paradójicamente, comprobé que de una forma muy similar son definidas por los propios jóvenes protagonistas de estas situaciones. En este sentido, estas muertes son pensadas, relatadas y significadas, por los propios jóvenes, como asuntos privados que no deben ser tratados por fuera de su entorno”, agrega.

Al cierre de esta nota, en los primeros 19 días del año en el departamento Rosario se habían registrado 20 asesinatos. La cifra impacta y el tema, con absoluta lógica, se instaló como el principal en diarios, portales, canales y radios de la provincia, con repercusiones incluso en medios nacionales. Sin embargo, la gran cantidad de homicidios en un período tan corto de tiempo no configura una novedad: en 2015 también hubo 20 homicidios en la misma cantidad de días. Lo ocurrido en el City Center también registra antecedentes: en mayo de 2019 balearon un boliche ubicado en la intersección de Avenida Pellegrini y Maipú.

Un simple repaso por algunas causas que llevó adelante la Justicia Federal en los últimos años muestra el grado de complicidad de la fuerza policial con el mundo del delito. Hugo Tognoli (foto), Jefe de Policía, fue condenado por proteger a un narco. Sergio Vergara y Sergio Fernández, jefes de la URI, condenados por presentar como “un golpe al narcotráfico” el hallazgo de un camión con droga que, en realidad, era manejado por Alejandro Agüero, ex sargento de Drogas Peligrosas. En ese expediente, una de las policías declara textualmente que “el camión pertenecía al jefe de Policía”. El policía Adrián Celer fue procesado por sus vínculos con un narco paraguayo. Osvaldo Salva, por estar al frente de una organización de ese tipo. En algunas de esas causas fueron detenidos también agentes federales. El policía Edgardo Baigoría lideraba una compleja banda dedicada al narcotráfico. Uno de sus socios era Emanuel González, hijastro de Luis “Fantasma” Paz, uno de los narcos más importantes de la provincia. El abogado de Paz era José Alcácer, ex funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Raúl Lamberto. Su socio en el estudio jurídico, Lucas Peirone, fue asesor del área durante la gestión de Maximiliano Pullaro.

En noviembre de 2018, la confianza de algunos actores de la justicia federal con la policía de Santa Fe, que ya era escasa, se terminó de romper. En aquel momento, fracasó un allanamiento con el que se pretendía dar captura a Vicente Pignata, uno de los narcos más buscados de la provincia. Quien ordenó el operativo sabe que “lo vendió” un agente policial: es decir, que le dieron aviso a Pignata para que pudiera fugarse. A partir de ese momento, decidió no trabajar más con esa fuerza policial.

En 2013, el actual ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, escribió un artículo en Le Monde Diplomatique donde afirmó que desde 1983 “el poder político delega en la policía el control de la inseguridad, y la policía regula a las organizaciones ilegales”, lo que, a su criterio, explica en gran parte el crecimiento de la violencia. Hace unos días, en una entrevista declaró: “O se libera al Estado de esta trama de relaciones o complicidades con el mundo criminal o terminamos en una situación de subordinación del Estado a estas organizaciones”. Enfatizó que “hay sectores políticos conservadores, como el socialismo y una parte del peronismo” que quieren mantener esas estructuras. “Han dejado una policía tan penetrada por sectores del crimen que es difícil que después de más de una década de gobierno no te des cuenta que esto era así”, insistió.

Al asumir, Saín descabezó la cúpula policial. Luego, reunió a los 19 nuevos jefes. El periodista Hernán Lascano publicó su discurso ante ellos: “Quiero que les quede claro que los senadores no son jefes de policía. Se acabaron las jefaturas de policía paralelas. Los jefes están sentados en esta mesa. No les vamos a pedir un mango. No hay caja. Ninguno come vidrio. Tenemos años de experiencia en esto. Ustedes sabrán lo que hacen, pero no los vamos a defender ni por la malversación de un cucurucho de helado”, les dijo. Las reacciones no tardaron en llegar. La agrupación UTRAPOL escribió en sus redes que “a los jefes nadie los forrea”, que “van a dejar que la cosa decante para que el gobernador se dé cuenta que el problema son Saín y (el Jefe de Policía de la provincia) Víctor Sarnaglia” (foto) y que no están dispuestos a “aguantar el forreo de un zurdo incapaz”.

Saín sabía que el intento de recuperar el control de la fuerza policial, en contraposición a lo que ocurrió durante los 12 años anteriores, generaría una respuesta. Habrá que ver cuál es el respaldo político con el que cuenta para llevar adelante las reformas que impulsa.

*Nicolás Lovaisa es periodista, escritor y docente de la ciudad de Santa Fe.