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La Voz de Galicia Xosé Carreira

lugo / la voz 03/11/2018 20:34 h

Inspectores de la Xunta han puesto en el punto de mira a algunos hornos crematorios que funcionan en la provincia de Lugo. Los responsables de al menos un par de ellos se enfrentan a expedientes sancionadores cuya cuantía puede pasar de los 20.000 euros. En el sector hay preocupación porque la administración exige en muchos casos documentación, como, por ejemplo, certificaciones o controles mensuales sobre la opacidad de los humos que han de ser emitidos por un organismo de control autorizado (OCA); y eso supone largas esperas y también elevados costes. Los controles se producen en unos momentos en los que el número de cremaciones está subiendo notoriamente en la provincia, a pesar de que un alto porcentaje de la población es reacia a que cuando muera sus restos se conviertan en cenizas.

Lo que los inspectores quieren saber es qué controles llevan a cabo las empresas funerarias para conseguir que los crematorios funcionen correctamente y si la emisión de gases se ajusta a los parámetros establecidos. En las visitas que ya efectuaron llegaron a solicitar, entre otra documentación, los libros de registro de temperaturas, los registros mensuales de la opacidad de los humos y también los datos sobre los controles de oxígeno.

Los funerarios consultados aseguraron, en primer lugar, que era necesario advertir a la población de que no hay ningún motivo para la alarma. Los gases que salen al exterior tras la cremación de un cadáver, destacan, son vapor de agua. Discrepan con quienes aseguran que son altamente contaminantes; y destacan que el quemador postcombustión oxida los materiales orgánicos y los convierte en CO2 (dióxido de carbono) y vapor de agua. Estos gases son transparentes a 850 grados de temperatura.

La Xunta puso en marcha en su momento una campaña de control de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y uno de los objetivos fue el comprobar la situación actual de los hornos crematorios y sus emisiones de los gases. Desde hace unos años se está generando una corriente en favor de soluciones más ecológicas a la hora de decidir qué hacer con los restos de los seres queridos.

Algunos de los hornos, dicen los ecologistas, emiten dioxinas y furanos (compuesto químico que podría ser nocivo). Esas emisiones son muy bajas en comparación con las de otras empresas, pero también se producirían supuestas emisiones de mercurio que deberían ser estudiadas caso por caso. El origen de las dioxinas y furanos está en productos clorados tales como los plásticos. En el caso de una persona que se incinera, pueden proceder de prótesis o de los componentes con los que está hecho el féretro.

En cuanto al mercurio, los expertos dicen que aparece en el proceso de combustión al estar presente en el cuerpo de los difuntos, en concreto en los empastes dentales. Se volatizaría con las altas temperaturas y se añadiría al ya presente en el cuerpo, «liberando finalmente una cantidad relativamente notable de vapores de este metal tóxico durante la combustión», según un informe de la Fundación Terra, una oenegé ambiental que aboga por el denominado ecofuneral. Debido a la falta de estudios sobre emisiones de mercurio que proviene de las cremaciones, dice el colectivo, «existe una gran incertidumbre al respecto».