Aprobado un convenio regulador, ¿éste es irrevocable? Lo acordado en un convenio regulador homologado judicialmente alcanza la situación de irrevocable, salvo que se produzca su modificación judicial o por nuevo convenio, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

El fundamento de la cosa juzgada en estos casos radica en la necesidad de evitar la reproducción indefinida de litigios y de conseguir, consiguientemente una cierta estabilidad y seguridad jurídica en cuanto en un proceso anterior haya quedado satisfecha la misma pretensión que se propone en el siguiente.

En estos casos, la mera posibilidad de que se produzcan sentencias firmes discrepantes y opuestos entre sí, vulnera la legítima expectativa de los justificables de obtener una respuesta única y equivoca de los órganos encargados de impartir justicia y, en definitiva, una quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

APROBADO UN CONVENIO REGULADOR, ¿ÉSTE ES IRREVOCABLE?

De lo anterior, se deriva conforme a una reiterada y pacifica interpretación judicial que solamente cabe modificar un convenio regulador cuando concurren los siguientes requisitos:

1º que exista un cambio objetivo respecto a la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que se intenta modificar

2º que dicho cambio tenga suficiente entidad y no se deba a factores meramente circunstanciales, periféricos o accesorios.

3º que la expresada alteración no sea meramente coyuntural o episódica, ofreciendo, por el contrario, unas características de cierta permanencia en el tiempo.

4º que el repetido cambio sea imprevisto o imprevisible lo que excluiría aquellos supuestos en que al tiempo de establecerse la medida, ya fue tenido en cuenta una modificación de las circunstancias

Ante estos requisitos cabe preguntarse si puede preverse en el propio convenio regulador la modificación de su contenido ante un cambio de circunstancias y la respuesta es que nada lo impide, ya que nada se opone a la validez de los acuerdos que puedan alcanzar los cónyuges posteriormente en orden a regular los efectos de la ruptura matrimonial en el ejercicio de su libertad negocial.

Siempre que concurran los requisitos mínimos imprescindibles y, en consecuencia, puedan establecerse cláusulas que permitan la revisión automática del convenio para el supuesto de que aconteciesen determinados supuestos contemplados para que se pueda producir dicha modificación.

Desde la aprobación del convenio regulador por el Juez o por el Secretario y desde el otorgamiento de la escritura público por notario, podrán hacerse efectivos los acuerdos siempre por la vía de apremio ya que el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial con toda la eficacia que ello conlleva.

¿DESDE QUÉ FECHA PRODUCE EFECTOS EL CONVENIO REGULADOR?

El convenio suscrito entre las partes debe entenderse como un negocio jurídico de derecho de familia, con plena y total virtualidad al ser expresión del principio de autonomía de la voluntad.

No hay obstáculo para su validez como negocio jurídico siempre que concurran los requisitos de consentimiento, objeto y causa y no hay ningún motivo de invalidez del mismo.

Por tanto, la eficacia surge en el momento de la firma del convenio y, al ser homologado judicialmente pasa a tener eficacia procesal pero la exigibilidad surge entre las partes desde la firma del mismo.

¿ES VÁLIDO Y EFICIAZ UN CONVENIO REGULADOR NO APROBADO JUDICIALMENTE?

La respuesta debe ser afirmativa, la aprobación judicial del convenio le otorga eficacia procesal que conlleva su integración en la Sentencia, pero el convenio no aprobado judicialmente no pierde su validez y eficacia como negocio jurídico a este respecto el Tribunal Supremo ha manifestado que deben distinguirse tres supuestos:

En primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto es un negocio de derecho de familia

Segundo, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial.

Y tercero, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, y tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el Código Civil.

¿QUÉ ASPECTOS DEL CONVENIO REGULADOR PRECISAN DE APROBACIÓN JUDICIAL?

La aprobación judicial solo es requerida para aquellas estipulaciones del Convenio regulador que afectan a los hijos y para las especialmente sustraídas a la autonomía de la voluntad como el derecho de alimentos.

Sin la homologación judicial no se puede ejecutar el pacto, por tanto, aunque haya aspectos que no necesitan de aprobación judicial para su validez, si no se reflejan en las sentencia no serán directamente ejecutables y no dejaran de ser pactos privados.

¿PUEDE SOLICITARSE LA EJECUCIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO NO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE?

La homologación judicial del convenio lo convierte en parte integrante de la sentencia judicial que lo aprueba para su ejecutoriedad dentro del proceso, pues el convenio no homologado, requerirá en una sentencia declarativa en un procedimiento para que pueda ser objeto de ejecución por el Juzgado.

PACTOS SOBRE MATERIAS DE DERECHO NECESARIO QUE REQUIEREN APROBACIÓN JUDICIAL PARA SU VALIDEZ

El objeto del contrato de familia queda limitado a la regulación de los intereses patrimoniales de los cónyuges, pero existen determinados pactos que no pueden tener eficacia alguna si no son aprobados judicialmente.

Se trata, en este caso, de aquellas materias que sean de derecho necesario o “ius cogens” como las que regulan los aspectos diferentes a los hijos menores de edad o incapacitados que no pueden quedar al arbitrio de las partes contratantes, y por tanto no adquieren validez sino son sometidas al control judicial.

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