La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un duro recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella contra el concejal madrileño Guillermo Zapata antes de tomarle declaración como imputado y después de que él mismo decidiera abrir un proceso contra él. El Ministerio Público tacha al magistrado de guiarse por conceptos extra-jurídicos por decir que no puede perseguirse a una persona en busca de la pena del telediario y alegar que anula la imputación para evitar la pena de paseillo.

En su escrito, la fiscal Blanca Rodríguez señala que no se puede tener en cuenta en un proceso judicial este tipo de aspectos y considera que evitar que Zapata acuda a declarar a la Audiencia Nacional para no someterle a la opinión pública es "insólito" en una resolución judicial "salvo que se considere que determinadas personas, bien por su posición social, económica e incluso política, gozan de unos privilegios que no se dan en los demás ciudadanos, lo cual crearía un procedente poco recomendable como criterio interpretativo".

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. (EFE)

De ahí que la representante del Ministerio Público entienda que es esencial citar a Zapara como imputado por un delito de humillación a las víctimas por un comentario ofensivo contra la víctima de ETA Irene Villa. "Es necesario que sea oído, porque no puede olvidarse que en nuestro sistema jurídico el acusado o imputado es el sujeto de la acción del proceso penal y, por tanto, su declaración contribuye a la realización de uno de los fines específicos del proceso, cual es la averiguación de los hechos y la determinación de su culpabilidad o inocencia".

Tampoco es asumible, según la Fiscalía, la idea de Pedraz de que carece de utilidad la citación de Zapata, a quien le costó el cargo como nuevo concejal de Cultura con la alcaldesa Manuela Carmena por estos hechos, una vez que el dirigente político ha pedido disculpas en los medios de comunicación. Esas declaraciones, según la fiscal, "no pueden ni deben ser tenidas en cuenta, ya que las únicas manifestaciones con poder en una investigación son aquellas que se producen ante el órgano judicial y sometidas a la contradicción".

No puede justificarse en el humor negro

La Fiscalía, junto a la asociación Dignidad y Justicia, pide que se investigue a Zapata por un tuit publicado hace cuatro años pero que ha salido ahora a la luz pública, una vez que fue nombrado concejal, en el que decía: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos". En su recurso, el Ministerio Público, dirigido por Javier Zaragoza, destaca que el humor negro "no permite descartar 'a priori' la concurrencia del elemento subjetivo del injusto, es decir, del dolo como expresión del conocimiento y la intención en la realización de la acción".

Irene Villa en una imagen de archivo. (EFE)

Por otro lado, Pedraz justificaba su decisión de archivar la causa antes de citarle a declarar porque la afectada, Irene Villa, había remitido una carta alegando que no se sentía humillada. Sin embargo, la Fiscalía recuerda que el delito del humillación a las víctimas protege la dignidad y el honor de las víctimas como colectivo afectado por la lacra del terrorismo. Es decir, aunque el tuit fuera dirigido a Irene Villa el daño lo está produciendo a todas las víctimas del terrorismo y, por tanto, es secundario que la víctima concreta no se sienta ofendida. La fiscal va más allá y añade que siguiendo el criterio de Pedraz no se podría aplicar el delito recogido en el Código Penal en gran parte de los casos porque muchas víctimas han muerto a causa de este tipo de terrorismo.

Y para concluir, la Fiscalía entiende que el alegato de Pedraz de calificar la querella a Zapata como "derecho penal del enemigo" es "totalmente gratuita". El juez está presuponiendo que en este caso se está persiguiendo a una persona por su condición personal en concreto por tratarse de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, "circunstancia alejada de la realidad". Ante esto, recuerda las numerosas acusaciones existentes por hechos similares, como difusión de "chistes mordaces" contra diferentes víuctimas del terrorismo, habiendo sido todos ellos investigados y sometidos a un proceso penal.