CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ascendencia gitana y la “facha de españoles” marcaron el destino de David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, reportados como víctimas de desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas.

Nacidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y residentes en Los Mochis, Sinaloa, los jóvenes fueron vistos por última vez el 21 de julio del año pasado, luego de ser detenidos por policías municipales de Ahome (municipio al que pertenece Los Mochis). De acuerdo con la indagatoria, los muchachos fueron subidos a una patrulla y después a un automóvil compacto.

Como ha ocurrido con los miles de casos de desaparecidos, Carola Marín y Tomás Mendoza, familiares de los jóvenes, realizaron la investigación y recurrieron a instancias internacionales –primero al CED y después a la CIDH– con el apoyo de la organización civil I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Por su persistencia, la pareja logró que se abrieran expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría estatal, y que un juzgado local de Sinaloa librara órdenes de aprehensión en contra de tres de los diez policías municipales presuntamente implicados en la desaparición forzada de David, Margarita y Alfredo.

Sin embargo, “este caso demuestra la falta de coordinación entre las autoridades de procuración de justicia, omisiones de la PGR que no ha hecho nada para localizar a los jóvenes y, peor aún, la complicidad de los cuerpos policiacos que no han detenido a los presuntos responsables, quienes se sabe caminan despreocupados por Los Mochis, poniendo en riesgo, además, la integridad de los denunciantes”, apunta Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director ejecutivo de I (DH)EAS.

En entrevista, Carola Marín, madre de David y suegra de Margarita y Elías, narra su historia: “Mis hijos se dedican a la venta de carros usados, ese día salieron a trabajar, y a las cinco de la tarde, al ver que no llegaban, Tomás les llamó por celular. Contestó Elías y dijo que los habían detenido policías, que había un malentendido y que ya los iban a soltar, pero eso nunca ocurrió”.

En su búsqueda, Carola y Tomás descubrieron que los jóvenes, quienes viajaban en una camioneta Astrovan con placas de Baja California, preguntaron a una vecina del fraccionamiento San Rafael si vendía un vehículo estacionado afuera de su vivienda. Al recibir una negativa, los jóvenes abandonaron el lugar.

“Lo que sabemos es que una vez que mis hijos se fueron, esa señora salió a la calle, paró una patrulla y les dijo que mis hijos eran sospechosos, que no eran de Sinaloa por el acento, y que tenían facha de españoles; todos nosotros somos mexicanos, aunque tenemos acento porque tenemos ascendencia de gitanos”, explica Carola.

De acuerdo con la resolución de la CIDH (29/2016) sobre las medidas cautelares otorgadas a los desaparecidos y sus familiares, los municipales alcanzaron a los jóvenes, pidieron refuerzos y llegaron al menos cuatro patrullas. Los jóvenes fueron sacados de su vehículo, subidos a una patrulla y dos horas más tarde a un vehículo Nissan tipo Versa blanco.

El mismo 21 de julio, Carola y Tomás buscaron a sus familiares en todas las oficinas policiacas de Los Mochis, preocupados por la salud de Margarita, que en ese momento estaba embarazada.

Desde los primeras horas de la desaparición, la familia buscó en “barandillas”, en las oficinas de la policía municipal, y seis días después Carola se entrevistó con el comandante Gerardo Amarillas, un temido agente policiaco de Los Mochis y quien estaría sometido a investigación por “sospechas de que oculta desapariciones forzadas en que incurren elementos a su cargo”, según declaraciones del secretario de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, difundidas en el portal del semanario Río Doce.

En reportajes publicados por esta reportera en la revista Proceso (2042 y 2047) se reprodujeron testimonios de familiares de desaparecidos en Los Mochis, algunos de ellos integrantes de la organización del norte de Sinaloa conocida como “Las Restreadoras”, encabezada por Myrna Nereyda Medina,

De acuerdo con datos de la agrupación, que documenta casos de El Fuerte, Choix y Los Mochis, de los más de 120 casos de personas desaparecidas que buscan, “en 90% intervinieron policías municipales”.

Carola y Tomás participaron durante algunos meses con “Las Rastreadoras”, que se han distinguido por ubicar y exhumar cuerpos de personas denunciadas como desaparecidas.

“Dejamos el grupo porque yo estoy convencida que mis hijos están vivos, no hay razón para que los hayan matado, no estaban haciendo nada malo, llevaban 21 mil pesos y nada más, incluso quienes los subieron a la patrulla nos dicen que ellos estaban tranquilos”, dice Carola.

Durante las primeras semanas de búsqueda, Carola y Tomás recurrieron al CED de la ONU, organismo al que agradecen y al que atribuyen que la presión ejercida visibilizara el caso para las autoridades mexicanas.

“Al principio los mismos ministerios públicos nos decían que no recurriéramos a la ONU, que si nos iba bien, nos iban a responder en seis meses. No les hicimos caso, escribimos un correo electrónico denunciando la situación, y a los 15 días ya se estaban comunicando con nosotros para avisarnos que ya habían pedido información al gobierno de México sobre mis hijos”, dice Carola.

En septiembre de 2015 el CED emitió las acciones urgentes 157/2015, 158/2015 y 159/2015, en las que instaba al gobierno de Enrique Peña Niego a “a adoptar todas las medidas investigativas que sean necesarias para ubicar y localizar” a David Mendoza Marín, Alfredo Elías Marín Bustos y Margarita Marín Yan.

A finales de 2015, Carola y Tomás contactaron a I(DH)EAS, organización que asumió la defensa legal ante las distintas instancias nacionales y promovió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presionar al gobierno mexicano en la búsqueda de los jóvenes, así como para proteger a sus familiares, quienes denunciaron acoso e intimidación por parte de policías municipales de Los Mochis.

Con la presión de la CIDH y el CED de la ONU, el 15 de abril de este año se confirmó la orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Pena de la Región Norte de Sinaloa en contra de los agentes municipales Álvaro Ricardo Montes Gaxiola, Silvia Abigail Paniagua Jiménez y Nicolás Galaviz Bojórquez, por el delito de desaparición de personas.

Sin embargo, los agentes no han sido detenidos y tuvieron la oportunidad de interponer un recurso de amparo contra la orden de captura, mismo que fue negado por tratarse de un delito grave.

“Antes de que se librara la orden de aprehensión habíamos tenido reuniones con el procurador (Marco Antonio Higuera Gómez) para pedirle que tuviera cuidado, que no se le fueran a escapar los policías –cuenta Carola–. Él me decía: ‘no se preocupe, los tenemos ubicados, le voy a dar la orden de detención a un grupo especial de agentes que me reporta directamente a mí, no con Chuy Toño’”.

El procurador Higuera trataba de tranquilizar así a Carola, prometiéndole no dar la orden de detención a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial, sobre quien hay señalamientos por supuestos abusos cometidos y por dar protección al narcotráfico. (Noroeste, 27 de marzo, 2011).

De acuerdo con la madre de las víctimas, días después de librada la orden de aprehensión notó la ausencia de los uniformados, quienes solían patrullar su casa de forma intimidante.

“Noté que los policías dejaron de rondar mi casa y le dije a Tomás que sospechaba que ya se habían fugado. Fuimos a preguntar por ellos a la policía municipal y ahí me dijeron que los policías estaban de vacaciones y que no sabían cuándo regresaban. Me comuniqué con el procurador y me dijo que ya le había dado la orden a Chuy Toño para detenerlos, y me enojé muchísimo porque él mismo me había dado a entender que Chuy Toño no era de fiar, y ahora resultaba que a él le había dado la orden de detención”, abunda Carola.

De rasgos afilados y marcado acento eslavo, la mujer buscó por su cuenta –en sus oficinas y en su domicilio particular– al comandante de la policía municipal Gerardo Amarillas, sin éxito, hasta que solicitó la intervención del gobernador Mario López Valdez.

“Fui a ver a Amarillas y le pregunté cuándo regresarían los policías de sus vacaciones, y dijo que él no sabía porque no había autorizado las vacaciones y que había estado enterado que yo lo andaba buscando”.

Las omisiones del gobierno de Sinaloa fueron motivo de una comunicación del CED de la ONU al gobierno mexicano.

Fechada el 10 de mayo de este año en Ginebra y firmada por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del CED, el organismo de la ONU manifestó al gobierno de Enrique Peña Nieto su preocupación de que “la orden de captura hubiera llegado al conocimiento de los integrantes de las patrullas concernidos antes de ser ejecutada, permitiéndoles escapar”.

Según el documento del que Proceso tiene copia, el CED pedía al Estado mexicano “enviar inmediatamente información completa sobre lo ocurrido e investigar y sancionar cualquier filtración de información que pudiese haber ocurrido en relación con la orden de captura de los integrantes de las patrullas, en manos de los cuales los señores Mendoza Marín, Marín Bustos y la señora Marín Yan habrían sido vistos por última vez el 21 de julio de 2015”.

Instruía a “adoptar de inmediato todas las medidas que sean necesarias” para capturar a los inculpados e interrogarlos, “con el fin de coadyuvar a la localización” de los jóvenes desaparecidos.

Según el CED, ante la información recibida de que Carola y Tomás “recibieron varias amenazas (…), la situación de intimidación y vulnerabilidad de los familiares se ve agravada por el hecho de que los policías sindicados se encuentran prófugos”.

Además de solicitar medidas de seguridad para los familiares, el CED insistió en su preocupación porque, a pesar de la orden de captura, “la suerte y paradero” de los familiares de Carola y Tomás “no han sido esclarecidos”, por lo que reiteró su petición de “adoptar todas las medidas investigativas que sean necesarias para buscar y ubicarlos”.

El 17 de mayo el Estado mexicano respondió al CED, pero no hizo referencia a medidas adoptadas para sancionar la posible fuga de información. Entre los puntos relevantes se menciona que a nivel federal se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas, y sobre la protección a los familiares proporcionó una lista de 11 personas, entre ellas las víctimas directas, que fueron incluidas en el Registro Nacional de Víctimas, y algunas acciones asistencialistas para la atención a cinco menores, integrantes de la familia afectada.

En cuanto a las acciones de la PGR, Juan Carlos Gutiérrez advierte que “el gobierno federal ha actuado de forma totalmente omisa”.

Señala que desde que tomaron el caso “instamos al agente del Ministerio Público que aplicara el protocolo de búsqueda aprobado por acuerdo de la procuradora, que ordena toda una serie de medidas desde las primeras 24 horas en que se reportó la desaparición, pero la agente nos manifestó que no era su responsabilidad ni estaba obligada a aplicarlo. El 17 de diciembre pedimos el cambio de la encargada de la investigación, porque no había hecho nada”.

El director de I(DH)EAS agrega que después de sostener reuniones con el entonces encargado de la Fiscalía, Miguel Severino Chávez, se acordó mandar a un grupo especial de búsqueda, y en abril se envió a un par de policías de investigación que estuvieron dos días en Los Mochis “sin ningún plan de investigación ni de búsqueda, sin entrevistarse con los familiares de las víctimas, sólo para dar respuesta a la CIDH y a la CED y decir que hicieron algo”.

Desde mayo, en reuniones con el subprocurador de Derechos Humanos Eber Betanzos, se acordó enviar, ahora sí, un grupo de búsqueda de las víctimas, “y que además se coordine con el gobierno de Sinaloa para capturar a los responsables”.

Pero el defensor y familiares de las víctimas han recibido respuestas reiteradas por parte de la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desparecidas de que “no hay personal” para conformar el grupo especializado. Y Carola y Tomás supieron que uno de los policías con orden de aprehensión entró y salió de instalaciones federales con tranquilidad.

De acuerdo con un acta levantada a las 11:30 del 1 de junio pasado, el policía Nicolás Galaviz Bojórquez se presentó ante el juez Séptimo de Distrito, José Francisco Pérez Mier, para “desistirse en su perjuicio de la prosecusión del juicio de garantías 280/2016-1”, mismo que inició contra la orden de aprehensión por la desaparición forzada de los jóvenes de origen gitano.

El documento, del que este medio tiene copia, muestra que el prófugo se presentó al juzgado para solicitar “que se dé por concluido el juicio” en lo que a él se refiere “y se archive como asunto concluido”. Galaviz, con domicilio en “Bajada de San Miguel S/N”, del municipio de Ahome, se identificó con la credencial de elector foliada con el número 43140884, de la que también dio fe de su autenticidad el secretario del juzgado, José Samuel Soto Gómez.

En información enviada a I(DH)EAS el 27 de junio, para ser reenviada a la CIDH, Tomás Mendoza se manifiesta indignado sobre esta situación:

“Lo importante aquí es que este presunto delincuente (Galaviz Bojórquez) viene al juzgado donde hay muchas patrullas de la policía estatal y alrededor de diez policías para seguridad del juzgado, y los jueces saben que este delincuente tiene una orden de aprehensión en su contra y nadie lo detuvo”.

Para Mendoza, quien calificó lo ocurrido como “una burla”, ello significa que en los hechos los implicados en la desaparición de David, Elías y Margarita “no están prófugos, están gozando de libertad, caminando por las calles, entrando a los juzgados como si no pasara nada (…). Lo que miramos aquí es que no existe ninguno de esos equipos que el gobierno dice que están buscando a los policías implicados”.

En el escrito, el familiar de los desaparecidos da cuenta de los apoyos recibidos por formar parte del RNV: de los cinco menores, víctimas indirectas, a dos se les aprobó una beca de cien pesos bimestrales y han recibido cuatro despensas con valor de 200 pesos.

Y Carola asegura que la detención de los tres policías prófugos es fundamental. “Quiero que los detengan para que me digan dónde están mis hijos, porque hasta ahora ni siquiera se ha encontrado la camioneta, no hay rastro de ellos. Quiero saber el paradero, si se quedan años en la cárcel eso no me importa, no me sirve de nada tenerlos encerrados sin saber dónde están”, advierte indignada la mujer.