La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral.

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

Cuando la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos dispuestos por el juez, dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados respecto "a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho", para una distribución de la obra pública.

En aquella resolución, Bonadio afirmó que "se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".

Todo funcionó desde el área del Ministerio de Planificación Federal "por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles", determinó el juez, quien remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, "debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".



Para determinar cómo funcionó la cartelización de la obra pública, se trazó una serie de responsabilidades, que alcanzó a De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista) y a las autoridades de Vialidad Nacional .

Además, se procesó a más de un centenar de empresarios que "participaban de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos por las mismas" a ex funcionarios kirchneristas.

Sin embargo, luego la Cámara limitó la responsabilidad de las constructoras involucradas en el expediente, porque solo tuvo en cuenta para la acusación contra los empresarios un listado aportado por el financista Ernesto Clarens. Bonadio había acusado a más empresas.

Entonces, quedaron con procesamiento confirmado por pagar sobornos los empresarios: Gerardo Ferreyra, Javier Sánchez Caballero, Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack, Ángelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Mario Rovella y Gerardo Cartellone.

A su vez, cuando el fiscal del caso Carlos Stornelli formuló la acusación final para requerir a Bonadio que cierre la investigación, recordó que el "mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados", es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

Se determinó que "cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, tras una breve escala en las oficinas de Clarens y los despachos de los funcionarios, en dos lugares muy sugestivos: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento" de Cristina en el barrio de Recoleta.

"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", se señaló en la causa.

Con la "camarita" -como se determinó al ámbito que nucleaba alas constructoras- como epicentro de las maniobras, la causa investigó el otorgamiento de contratos de obra pública civil a cientos de empresarios.