Para acudir al trabajo durante el estado de alarma «es preferible» hacerlo andando, en vehículo privado o «en bicicleta». La recomendación la hacía el ministro de Sanidad Salvador Illa la semana pasada tras el consejo de ministros extraordinario. Un pequeño guiño -obviando lo del coche privado- a la movilidad al que se ha sumado este miércoles la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera: «Me parece una idea buenísima y una gran oportunidad en el marco de una movilidad distinta», escribía en Twitter como respuesta a la decisión de Francia de estudiar medidas para implementar la bicicleta como el principal de medio de transporte una vez acabe el confinamiento.

Estas palabras contrastan con la realidad a la que se han enfrentado diferentes ciclistas. En las últimas semanas, son varias las personas que han denunciado a través de las redes sociales que las fuerzas y cuerpos de seguridad les han advertido, cuando no multado, por ir en bicicleta al trabajo, a pesar de estar permitido. «Se debe decir claramente que la bici tiene que estar al mismo nivel que los vehículos motorizados. Ahora mismo no lo está, es como un sucedáneo, como si se le hiciera un favor a los ciclistas que quieran ir en bici», explica a Climática Giuseppe Grezzi, coordinador general del área de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia, una de las ciudades, junto a Barcelona y Sevilla, donde se ha hecho una apuesta decidida por este modelo de movilidad.

Situaciones como estas, de cuestionar el uso de la bici como medio de transporte, son fruto de años de inacción por parte del Estado y las corporaciones municipales en esta materia. A esto, se le suma una falta de cultura por la bicicleta en España, vista más como una herramienta para hacer deporte que como la mejor opción, junto a caminar, para el medio ambiente.

Seguir el modelo de otros países

«Tenemos un retraso en comparación con otros países. En algunas ciudades hemos tomado la delantera, pero otras también han sido muy rezagadas», cuenta Grezzi, poniendo como un mal ejemplo a Madrid: «Con la excusa de que es una gran metrópoli, es difícil impulsar la bici». Y menciona otras ciudades que sí están avanzando en una movilidad sostenible: Londres, Ámsterdam, Utrecht, Copenhague, París o Nueva York, entre otras.

Al igual que en Barcelona y otras ciudades del país, en la capital española el servicio de alquiler público de bicicletas, BiciMAD, está suspendido. Así lo decidió hace justo un mes el alcalde Martínez-Almeida como medida para evitar la propagación de coronavirus. No obstante, desde la corporación municipal aseguran a Climática que se está planteando reanudar el servicio, aunque sin aportar una fecha concreta. Además, afirman que también está prevista la construcción de más carriles bicis. En este aspecto, la ciudad apenas a avanzado en los últimos años, aun contando en la anterior legislatura con un gobierno con tendencias ecologistas.

En este sentido, Giuseppe Grezzi, que también es presidente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, apunta a que «es necesario pasar de las palabras a los hechos. Tenemos un cambio de modelo de movilidad que es urgente poner en marcha, y es inaplazable».

Mitigar el cambio climático

Tanto caminar como el uso de la bicicleta son las formas de transporte idóneas si se quiere reducir las altas emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los vehículos motorizados.

Mientras otros sectores reducen poco a poco su contribución al cambio climático, el transporte no deja de crecer. Actualmente, este sector representa más de una cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europeo. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, los coches, las furgonetas, los camiones y los autobuses producen más del 70 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes del transporte.

Acorde a un estudio de Ecologistas en Acción, una persona en un 4×4 puede llegar a emitir 0,44 kg de CO2equivalente por kilómetro, frente a los 0,003 kg de quien se mueve en autobús, o el consumo nulo de quien decide ir en bici o caminando.

Para reducir estas cifras, el Gobierno de España recoge en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) la implementación de Zonas de bajas emisiones y medidas de cambio modal, donde la bicicleta jugarían un papel clave. El objetivo, reza el escrito, es lograr una «reducción de los tráficos de pasajeros (pasajeros-km) en entornos urbanos en un 35% hasta 2030″»

¿Está España preparada para que la bicicleta sea el transporte principal?

«En general, hay un déficit de infraestructuras, tanto de carriles bici seguros como de aparcamiento para bicicletas seguros, así como de apuesta por la intermodalidad», apunta Jesús Freire, director de desarrollo de negocio de la Federación Europea de Ciclistas.

Desde Ecologistas en Acción, la coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción, Nuria Blázquez, ve como una buena noticia que el Gobierno se preocupe por cómo se moverá la gente una vez «se vuelva a tener una actividad más o menos normal». Sin embargo, «tampoco se puede pedir a la gente que vaya en bicicleta si no hay unas infraestructuras seguras», añade.

Si bien la creación de carriles bicis es competencia de los Ayuntamiento, el Gobierno desempeña un rol clave en su promoción e impulso. Sobre esto, Freire es muy claro: «El Estado puede hacer mucho, mucho, mucho más de lo que creemos en materia ciclista». Y da un ejemplo: la creación de una red estatal de rutas ciclistas para incentivar el cicloturismo, siguiendo el modelo Eurovelo, la red de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesa Europa.

Un ejemplo a seguir desde el Estado es Nueva Zelanda. Esta semana, la ministra de Transporte Julie Anne Genter invitó a las ciudades a solicitar una financiación del 90% para ampliar las aceras y crear carriles bici temporales. Mientras que, de normal, estas infraestructuras provisionales tardarían semanas y meses en hacerse realidad, ahora es cuestión de horas y días.

En su tuit, la vicepresidenta Ribera no entró en detalles, y se limitó a anunciar que pediría a sus equipos de clima y de calidad del aire estudiar con el resto de ministerios y gobiernos locales y autonómicos cómo impulsar el uso de la bici.

«Me parece estupendo que la ministra recoja el guante de lo que se está proponiendo en Francia, porque sin duda España va por detrás del resto de países europeos», explica Freire. Recuerda que «casi todos los miembros de la Unión Europea tienen un Plan Estatal de la Bicicleta«, mientras que «en España todavía no se ha aprobado». Debe hacerse, aclara, «porque da un marco jurídico al papel del Estado en esta materia». Según explica, «el Estado tiene un papel fundamental en todo esto. Otra cosa es que hasta ahora no lo haya tenido o no la haya usado».

Se suma a esta reivindicación el concejal por Compromís Giuseppe Grezzi, quien ha echado de menos estos años «un corpus legislativo avanzado adecuado a los tiempos y las voluntades». En esa línea, reclama un nuevo Reglamento General de Circulación, además de mayores facilidades para llevar las bicicletas dentro del transporte colectivo de ferrocarril. A este respecto, Jesús Freire recuerda que Adif y Renfe son empresas públicas responsabilidad del Estado, por lo que pueden «hacer muchísimo por la intermodalidad».

Grezzi cree que «debería haber un plan estatal con el que podamos financiar un porcentaje ‘x’ con las aportaciones municipales y aportaciones del Gobierno». Al mismo tiempo, cuenta, «debe promoverse un pacto entre las fuerzas políticas y sociales, junto a organizaciones y empresas públicas en pro de la movilidad sostenible de las ciudades». «El Gobierno tiene los instrumento, los recursos y la capacidad de coordinar a nivel estatal que se promueva las infraestructuras para la sostenibilidad, tanto a escala local como regional», añade Freire, quien recuerda que «estamos ante una oportunidad histórica, y sería una pena no aprovecharla».