Todo comenzó -por casualidad- el 14 de julio de 2004, cuando el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs de Washington. En realidad, los legisladores norteamericanos perseguían rastros de financiamiento del terrorismo internacional, pero terminaron revelando 125 cuentas -hasta entonces secretas- que mantenía Augusto Pinochet Ugarte y sus colaboradores, en las que se atesoraban más de US$ 21 millones.

Catorce años después, la justicia chilena puso término al denominado "caso Riggs", en que se investigó el origen de la fortuna del fallecido general, logrando establecer judicialmente que Pinochet -ayudado por sus asesores- logró desviar de forma ilícita US$ 6.466.406 de gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, algunas de ellas abiertas con nombres falsos.

La Corte Suprema revisó el martes 19 y miércoles 20 el último recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para obligar la restitución de los bienes al Fisco y le dio la razón. En un fallo -de carácter inapelable- la Sala Penal del máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, ordenó devolver a las arcas públicas el dinero que se mantiene en cuentas confiscadas y los bienes del fallecido excomandante en jefe del Ejército que fueron objeto de comiso durante la tramitación del "caso Riggs" y que -en total- están avaluados en cerca de US$ 13 millones.

El patrimonio corresponde, según documentos del CDE que datan del 2014, a US$ 4.894.638,1 y $ 124.566.242 en instrumentos bancarios, tres vehículos y 24 propiedades tasadas en US$ 7,3 millones aproximados. A la fecha de hoy, el Fisco aspira restituir aproximadamente US$6 millones.

Hasta ahora, la familia de Pinochet disputaba en tribunales el usufructo de la fortuna luego que se estableciera la responsabilidad en calidad de autor del general (R) en el delito de malversación de caudales públicos, pero se le sobreseyera a causa de su muerte el 10 de diciembre de 2006.

Fuentes conocedoras de este caso sostuvieron -sin embargo- que aún no se establece con certeza la dimensión de los bienes que deberán ser entregados al Fisco. Y es que si bien la Sala Penal determinó devolver la totalidad de los dineros contenidos en las cuentas hasta ahora congeladas, en los próximos días los ministros se reunirán para revisar si la totalidad de los inmuebles embargados fueron adquiridos directamente con dineros de la malversación o existen algunos que hayan sido comprados con otros fondos.

La sentencia, que está siendo redactada por el ministro Jorge Dahm, se votó y quedó en acuerdo la misma semana que uno de los investigadores del "caso Riggs", el juez Carlos Cerda, abandonó la Corte Suprema.

Una vez que quede ejecutoriado el fallo de la Sala Penal, el CDE tiene que ir a un Juzgado Civil y pedir que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco. Realizado el traspaso legal ante los Conservadores de Bienes Raíces de cada ciudad en que se encuentren las propiedades se procede a realizar los remates de las ex casas de Pinochet a través de la Dirección General del Crédito Prendario, también conocido como la "Tía Rica".

Los últimos alegatos

Tac, tac, tac. Con tres golpes en la tabla en que se anuncian los alegatos en el Palacio de Tribunales, el oficial de la Sala Penal de la Corte Suprema dio aviso el miércoles 20 a los abogados de que se daría inicio a la vista de la causa Riggs.

Pese a lo histórico del momento, solo hubo abogados. Ningún flash, ni una cámara acompañaron el ingreso de los intervinientes previo a los alegatos. De hecho, se ausentó una de las querellantes clave del "caso Riggs", la abogada Carmen Hertz. Ese día, optó por ir al Congreso a desempeñar sus labores como diputada del PC.

Este sería, además, uno de los últimos recursos que revisaría en su carrera el ministro Milton Juica, quien deja el Poder Judicial mañana, debido a que el martes 26 cumple los 75 años, la edad tope para el cargo de supremo. Juica presidió la sala que también integraron Gloria Ana Chevesich, Jorge Dahm, Andrea Muñoz y Lamberto Cisternas. Éste último fue el voto de minoría del fallo.

Por el CDE alegó la consejera María Inés Horvitz. Por la familia Pinochet lo hizo el abogado Fernando Rabat, del estudio de Pablo Rodríguez Grez. No era la primera vez que un Horvitz se sentaba como contradictor ante un defensor de un Pinochet.

Dieciocho años antes, su padre, el abogado socialista Gustavo Horvitz, también había alegado ante el máximo tribunal del país el 14 de julio de 2000 pidiendo desaforar al entonces senador vitalicio. Quizás por ese motivo una de las pocas personas que estuvieron en el público de la sala fue la viuda de Horvitz, María Inés Lennon. Su hija, en tanto, solicitó al máximo tribunal del país revocar el fallo del tribunal de alzada capitalino por vicios formales y de fondo.

Sin perjuicio a terceros

Hace un año exacto, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, había ordenado devolver los dineros y bienes decomisados a los herederos de Augusto Pinochet. La sentencia constituyó un revés para el Fisco, pues en marzo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama -en una sentencia de primera instancia- había establecido que ese patrimonio debía ser devuelto a las arcas fiscales, pues había sido obtenido mediante conductas ilícitas.

Pero el tribunal de alzada decidió que los bienes podrían seguir en manos de los herederos del fallecido general.

El análisis de los ministros de la corte santiaguina Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos fue que si bien "se dio por acreditada la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio de Pinochet Ugarte", la responsabilidad penal se había visto extinguida con su fallecimiento. Según los mencionados magistrados, "no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el comiso después de la muerte del presunto culpable". A su juicio, "las penas deben ser personales y recaen directamente sobre el responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicios para terceros".

El caso dio un vuelco con los alegatos de Horvitz, quien -a nombre del CDE- cuestionó las absoluciones que la corte santiaguina hizo a los oficiales de la Caja Militar que giraban los cheques por orden de Pinochet y aseguró que las acciones en su contra no estaban prescritas, pues se trataba de un delito continuado, cuya última fecha de comisión no superaba el plazo para investigar una malversación.

La abogada, en todo caso, puso especial ímpetu en impugnar el análisis de segunda instancia respecto del comiso de los bienes de la familia Pinochet Hiriart. "Si bien las penas son personales, el comiso no tiene como fundamento la culpabilidad del condenado, sino la necesidad de evitar el enriquecimiento patrimonial injusto, esto es, sin fundamento jurídico legítimo", sostuvo Horvitz.

A modo de ejemplo, la abogada expuso ante la Corte Suprema un fallo del mismo máximo tribunal que en junio de 2012 ordenó el comiso de los bienes de Mario Silva Leiva, conocido como "el cabro Carrera", un conocido narcotraficante de los años 90, a quien la justicia embargó, 13 años después de su muerte, la fortuna heredada a su familia, avaluada en $ 11 mil millones y que fueron resultado de sus actividades ilícitas.

En el "caso Riggs", sostuvo Horvitz, hay que tener en cuenta que "esos bienes en su totalidad eran patrimonio del señor Pinochet Ugarte, que ahora está reclamando su familia, que tampoco se puede considerar terceros que hayan adquirido su dominio de buena fe, puesto que varias cuentas en el extranjero y cheques girados respecto de esas cuentas están a nombre de la señora Lucía Hiriart y de sus hijos, lo que da cuenta de que todos estaban absolutamente concertados en estos delitos y creemos que sería una muy mala señal desde el punto de vista del efecto comunicativo de las penas el que se pudiera retornar, devolver, dejar sin efecto este comiso y restituir a quienes en todo momento estuvieron en conocimiento de los ilícitos cometidos por su padre y se beneficiaran con ello", concluyó en su alegato la representante del Fisco.

La defensa de los Pinochet

Al día siguiente de la intervención de Horvitz fue el turno de Fernando Rabat -socio del Estudio Rodríguez, Vergara y Cía.-, quien alegó en representación de Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet.

El abogado planteó ante los supremos que no podía accederse al comiso de dineros y bienes, pues en estricto rigor el fallecido general nunca fue condenado en el "caso Riggs". "El general Augusto Pinochet fue sobreseído en esta causa en razón de su muerte (...); al ser sobreseído concluyó el proceso penal a su respecto, y fue en diciembre del año 2006 cuando el proceso se encontraba aún en estado de sumario, de suerte tal que cuando se cierra el sumario en junio del año 2014 no pudo ser elevada la causa a su respecto a la etapa de plenario, y al no ser elevada la causa a plenario no existe tampoco a su respecto acusación fiscal".

Rabat elevó el tono de su alegato e intentó persuadir a la sala. "El general Pinochet no fue emplazado de la acusación fiscal y si no lo fue, entonces la sentencia no lo puede alcanzar, no puede ser condenada ni absuelta una persona si no ha sido emplazado en una acusación fiscal (...), quien ha sido sobreseído en la etapa de sumario no puede ser castigado con una pena", enfatizó.

El abogado de Hiriart expresó, además, que al extinguirse la responsabilidad penal y no habiendo una sentencia definitiva a su respecto, no puede aplicarse la pena de comiso, pues "solo se puede aplicar a quien es parte del proceso penal".

En ese sentido, Rabat defiende que el comiso solo puede aplicarse al responsable del crimen o simple delito, al dueño de los bienes y no respecto de terceros. "Al fallecer el general Pinochet por el solo ministerio de la ley se produjo la apertura de la sucesión, se notificó la herencia (...); por el solo hecho del fallecimiento del general Pinochet su cónyuge como legitimario adquirió el dominio de los bienes que integran su sucesión por sucesión por causa de muerte, es decir, se trata de bienes que pertenecen a un tercero que no es responsable de los crímenes o simple delito que se imputan y, por lo tanto, no puede el comiso alcanzar esos bienes que pertenecen a terceras personas que no son parte de este proceso penal", alegó Rabat ante la Sala Penal para que se confirme lo obrado por el tribunal de alzada capitalino.

La defensa de los Pinochet finalizó sus alegatos contraviniendo lo expuesto por Horvitz. Sobre la viuda y sus hijos, Rabat aseguró que adquirieron los bienes por la sucesión de la muerte de Pinochet, "por el solo ministerio de ley", y no se puede establecer que esos terceros "estén de mala fe".

"No es posible respecto de mi representada (Lucía Hiriart) imponer este comiso, porque se trata de un tercero de buena fe, conforme es el mérito de los hechos asentados en los fallos que se encuentran en conocimiento de esta excelentísima corte, entonces no son efectivos los argumentos expuestos por la defensa fiscal", finalizó.

Tras esta última intervención, el presidente de la Sala Penal, Milton Juica, tocó una campanilla que da cuenta de la finalización de los alegatos. "Muchas gracias, hemos terminado", dijo, y todos abandonaron la sala.

El último tomo de la causa

El "caso Riggs" tuvo 380 tomos bajo el Rol 1649-2004. De él se desprendieron otras tres aristas, la indagatoria tributaria, Cema Chile y tanques Leopard. En esta última causa, que fue alegada por el abogado del CDE Rodrigo Reyes, se condenó a altos oficiales de Famae por coimas en la compra de tanques al Ejército holandés, dineros que también -se presume- fueron a parar a las arcas de Pinochet.

En la primera página del expediente Riggs está la firma de Sergio Muñoz, el primer juez instructor del caso, hoy ministro de la Corte Suprema. Luego lo investigó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, y el último fue Manuel Antonio Valderrama, también hoy en el máximo tribunal.

La apertura de esta indagatoria en términos formales data del 21 de julio de 2004. Al finalizar la tramitación de la causa, un informe de la Universidad de Chile cifró en US$ 21 millones el patrimonio que el general (R) llegó a tener, de los cuales US$ 17 millones no se pudo establecer cuál fue su origen.

La investigación sobre el patrimonio de Pinochet también tuvo efectos políticos. Si las acusaciones a las violaciones a los derechos humanos no lograron permear la férrea defensa al régimen realizada por sus partidarios, sí lo hizo la indagatoria sobre su fortuna. El golpe a la imagen del exjefe militar en los últimos años ha sido demoledor a medida que se conocieron las gestiones que derivaron en la confección de su patrimonio.

En el Tercer Juzgado Civil de Santiago yace el testamento de Augusto Pinochet. Fue abierto en julio del 2012, pero nunca ha sido reclamado por sus herederos. Las causas abiertas respecto del origen de su fortuna mantenían en expectación el futuro de la fortuna de los Pinochet que, ahora, tendrá mayores certezas.