Todos los grandes partidos, desde Convergència Democràtica de Cataluña y PNV hasta PP y PSOE, pasando por Eusko Alkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya, han cometido, supuestamente, delitos fiscales y/o de falsedad documental en sus cuentas relativas al ejercicio fiscal de 2012. Así lo afirma el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, en un demoledor informe al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que desgrana las graves infracciones penales que atribuye a cada una de estas formaciones: condonación ilegal de deudas, cuentas sesgadas en las que no se computan los gastos e ingresos reales, extraños préstamos a fundaciones desconocidas e, incluso, donaciones ilegales, entre otros ilícitos penales (todo ello sin contar las irregularidades del ámbito administrativo). Fuentes de la fiscalía no recuerdan un escrito tan duro dirigido a un tribunal, el de Cuentas, que nunca ha sancionado en firme a ningún partido y que ha sido muy criticado por sus largas demoras a la hora de fiscalizarlos (lo que le ha llevado a archivar muchos expedientes por estar prescritas las infracciones). Y también por numerosos casos de nepotismo en su plantilla.

El de 2012 es el último ejercicio fiscal sobre partidos políticos y sus fundaciones que ha fiscalizado este tribunal, que se encarga de analizar si las Administraciones Públicas y los partidos destinan su dinero a fines legales y cumplen con las leyes. Nunca antes la fiscalía de este tribunal había redactado un escrito tan contundente. Este es el primer informe (“el primero del que se tiene conocimiento”, explica el fiscal jefe) que se elabora “para depurar las posibles responsabilidades que se deducen del ejercicio fiscal de 2012”. Aún no se ha fiscalizado 2013 ni 2014.

Pleno del Tribunal de Cuentas, en una imagen de 2012 proporcionada por su gabinete de comunicación.

A juzgar por las acciones que describe la fiscalía, todos estos partidos han cometido delitos en sus cuentas de 2012. Olayo apunta a las cúpulas de las formaciones como responsables de esas infracciones. Se queja de la falta de plantilla de su fiscalía y elogia normas de reciente cuño (la Ley Orgánica 5/2012 sobre Financiación de los Partidos Políticos) y acuerdos del Tribunal de Cuentas (la resolución del 8 de octubre de 2013) que revocan o corrigen preceptos anteriores que dejaban un amplio margen a la impunidad en las cuentas de los partidos. En estos cambios normativos se ampara Olayo para justificar por qué ahora sí cabe actuar penalmente contra estas formaciones.

El fiscal aprecia los citados delitos tras analizar el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas en el citado ejercicio, y denuncia que determinados pasajes parecen “redactados para que se interpreten en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”. Fuentes del tribunal señalan que se ha contestado oficialmente al escrito del fiscal y se le han aclarado dudas sobre determinados aspectos contables. Que haya trascendido, el Tribunal de Cuentas nunca ha actuado contra los grandes partidos por irregularidades en sus cuentas, salvo muy recientemente, que ha abierto expedientes sancionadores a IU y al Partido Aragonés Regionalista por cuentas irregulares. Antes, ni siquiera detectó casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas. Ha descubierto irregularidades, pero cuando ya estaban prescritas por el paso de los años.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas depende de la Fiscalía General del Estado y, aunque su actividad se ciñe a la actividad del citado tribunal, tiene potestad para, si aprecia delitos, enviar sus dictámenes a sus colegas de la jurisdicción ordinaria para que incoen procedimientos judiciales. El fiscal jefe Olayo explica que en su informe sobre partidos relativo a 2012 solo recoge “las infracciones que se pueden considerar de naturaleza penal” (obvia otras del ámbito administrativo).

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El fiscal sostiene que hay delitos en sus cuentas de 2012 (aún no están fiscalizados los años 2013 y 2014). En este ejercicio, CDC “tiene contabilizados ingresos que, en principio, no se corresponden con los servicios efectivamente prestados”. Hay un total de 1,7 millones de euros que CDC contabiliza como ingresos por servicios que supuestamente ha prestado a Convergència i Unió y a sus grupos institucionales, así como a las fundaciones CatDem (antes denominada Trias Fargas) y a Fórum Barcelona, que no están debidamente acreditados. Los justificantes que aporta CDC sobre estas lagunas se limitan a “notas internas” que no amparan si tales servicios se efectuaron o no. Ha sido la misma respuesta que había dado en ejercicios anteriores cuando el Tribunal de Cuentas le pidió explicaciones. Se trata de notas con simples “cálculos de costes” hechas por el propio partido.

Y no solo eso: CDC ha hecho aportaciones a su fundación Cat-Dem que ésta “no ha contabilizado como tales” en sus cuentas. En 2012, CDC efectuó aportaciones por importe de 635.865,99 euros bajo el epígrafe de “ayudas” a sus fundaciones (una de ellas, Cat-Dem), pero sin especificar las otras fundaciones a las que ha dado dinero, siempre según el escrito del Ministerio Público. Cat-Dem señala que lo recibido no “son aportaciones”, sino “donaciones”, que tienen tratamientos fiscales diferentes. Otra falsedad que advierte el fiscal en CDC, a la que dedica tres de los 15 folios del informe, es que en sus cuentas anuales no incluye “todos los ingresos y gastos”. No figura incluida, por ejemplo, la actividad económico-financiera de sus sedes locales, lo que también “ha podido incidir en su declaración sobre el impuesto de sociedades”.

Unió Democràtica de Catalunya (UDC). En este partido, aliado de CDC, la fiscalía del tribunal también aprecia “diversos hechos” susceptibles de ser considerados “delitos contra la Hacienda Pública”. La sede del partido en Girona fue adquirida mediante un crédito por importe de 402.016 euros. Esa deuda está “prácticamente amortizada”, si bien el partido la tiene contabilizada como pediente de pago. El partido asegura que esa deuda debe ser abonada por la sede territorial, cuyas cuentas están al margen de las del partido. El fiscal entiende que no deben desgajarse. UDC contabiliza en sus cuentas como deuda propia ese crédito que, en realidad, quedó reducido a 14.016,50 euros (no 402.016) que es lo que realmente queda por pagar.

IU y el PAR, bajo la tenaza de sanciones Por primera vez en su historia, el Tribunal de Cuentas abrió hace meses un proceso sancionador a varios partidos políticos (en concreto, a IU y al Partido Aragonés Regionalista, PAR) por supuesta vulneración de la ley de financiación. A veces ha tenido materia para actuar contra otros grandes partidos (por ejemplo, embargándoles las subvenciones estatales), pero al final todo quedaba en nada porque la tardanza en fiscalizarlos era tan dilatada que los asuntos ya estaban prescritos en el momento de examinarlos. El procedimiento incoado a IU y PAR es por donaciones supuestamente ilegales en un caso, y por no presentar la memoria de cuentas anual en el otro. En el mismo pleno en el que acordó actuar contra IU y PAR, declaró prescritos los hechos que denunció la fiscalía en enero del año pasado y que afectaban a 13 formaciones políticas (entre ellas, PP y PSOE) y 25 fundaciones. Sobre IU y el PAR decidió entregar la documentación a un instructor para que este profundice en los hechos y eleve al pleno su propuesta, que puede ser de sanción o archivo. En su escrito, relativo a los ejercicios económicos de todos los partidos de los años 2009, 2010 y 2011, el fiscal descubrió, entre otras infracciones, donaciones no identificadas y otras no registradas en la cuenta específica que ordena la ley de financiación de los partidos, así como donaciones ilegales procedentes de personas jurídicas.

Otro supuesto delito que ve el fiscal es el siguiente: el partido tenía una deuda con la entidad financiera pública Kutxabank por importe de 9,5 millones de euros “que esta entidad le ha condonado”, revela el informe del fiscal. Cuando el tribunal pidió explicaciones sobre este crédito, el partido señaló (lo hizo en 2013) que estaba en negociaciones con la entidad para refinanciar el préstamo. Según el fiscal, el propio banco ha reconocido que la deuda real, con fecha 31 de marzo de 2013, se había reducido a 939.999 euros, debido, explicó la entidad al tribunal, a que “hay una notoria diferencia entre los tipos de interés en el momento de la formalización del crédito (comienzos de los noventa) y el actual”. Es decir, el partido y el banco han llegado a un acuerdo para que el crédito de algo más de 10 millones se quede ahora en menos de uno.

El fiscal también denuncia lo siguiente: “La formación tiene registrados entre los gastos de explotación que figuran en su cuenta de resultados los importes abonados en concepto de dietas a un cargo del partido, por importe de 57.773,94 euros”. El partido ha justificado estas entregas con “documentos mensuales firmados por el perceptor en los que figura el importe de la dieta a percibir, con su correspondiente retención, recibiendo la misma cantidad mensualmente y devengándose en 14 mensualidades”. El fiscal no especifica a qué alto cargo cargo del partido se refiere.

Partido Popular. También sale muy mal parado el PP en el informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas. Ha podido cometer en las cuentas de 2012 “varios delitos tributarios”, entre otros ilícitos penales.

Ocho bancos han informado de que, en ese ejercicio, existen cuentas que suman 1,3 millones que no han sido declarados al fisco, así como “pagos de anticipos a miembros del partido que no aparecen descontados o justificados y que superan los 50.000 euros”. El fiscal destaca que el PP “se ha negado” a aportar al Tribunal de Cuentas 34 contratos contraídos con firmas que le han prestado servicios.

El fiscal ve una clara falsedad documental en el PP por aceptar una donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos, hecho que está prohibido. Se le pidieron explicaciones al PP y este alegó que se limitó a respetar la declaración jurada de la firma en la que esta decía que cumplía los requisitos legales para hacer esa donación. El PP alegó que no tiene forma alguna de comprobar la existencia o no de relaciones con las Administraciones Públicas de las empresas que le hacen donaciones, por lo que tiene que tener por cierto sus certificados “mientras no se acredite lo contrario”. El fiscal jefe afirma en su informe: “Hay indicios de falsedad documental por parte de la persona jurídica [la empresa] donante en la certificación, dado que el artículo 4, 2, bis, de la Ley Orgánica 8/2007, establece que “los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.

El caso de los llamados papeles de Bárcenas, que instruye el juez Ruz, revela que el PP ha percibido donaciones ilegales por importe de casi 8 millones de euros en los últimos 20 años.

PSOE. Dos folios del informe dedica el fiscal a las cuentas del PSOE, en las que también ve delitos en sus relaciones con las fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso. Señala el fiscal que, en 2012, el PSOE concedió préstamos a ambas por un importe, al menos, de 4,4 millones de euros, a pesar, señala el fiscal, de la imposible devolución de ese dinero dados sus balances negativos. Ve irregular el fiscal que el gerente del PSOE y de la Fundación Ideas fueran la misma persona. Además, alude a otros préstamos del PSOE a sus fundaciones en los ejercicios 2010 y 2011 por algo más de un millón de euros que han sido parcialmente condonados. No entiende el fiscal tales préstamos, máxime cuando el propio PSOE, en 2012, señala, tuvo que pedir “a cuatro entidades bancarias un préstamo de 14,7 millones para financiar un ERE en el partido”. El aval dado por el PSOE a los bancos son las “subvenciones presentes y futuras” que consiga el partido del erario público “hasta el año 2020”. Sobre la Fundación Pablo Iglesias, el fiscal destaca que ha colocado en sus cuentas como ingresos un dinero que en realidad es una deuda. En 2012, el partido le dio “un préstamo a esta fundación de 1,7 millones para sufragar gastos de funcionamiento y actividades”. Sin embargo, las cuentas de la fundación reseñan este dinero, no “como deuda”, sino como “una aportación” del partido. Para el fiscal, eso es “un delito de falsedad en documento público”, puesto que exhibe como ingreso un dinero que, oficialmente, obtuvo como préstamo. Al incluirla como aportación, la declaró “exenta de tributación”, lo cual es falso.

Eusko Alkartasuna. Sobre esta formación, el fiscal jefe advierte que también ha podido cometer delitos fiscales en 2012. ¿Por qué? En sus cuentas no figuran “todos los ingresos y gastos”. EA dispone, señala el fiscal, de 72 cuentas corrientes con un saldo, a fines de ese ejercicio, de 383.999,26 euros.

Partido Nacionalista Vasco (PNV). El fiscal ve un delito claro en el siguiente hecho: el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca. Y además posee, aunque está prohibido, una maraña de sociedades mercantiles de cuyas operaciones “puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita” hacia el partido que gobierna ahora en el País Vasco. El fiscal cita, entre otras, las mercantiles Inmobiliaria Lurukanez (100% del PNV) y otra constituida en Francia denominada Iguzkia (98%). También reprocha el fiscal que las cuentas del PNV no son reales y no incluyen toda su actividad verídica. El PNV tiene 357 cuentas corrientes, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros, que oculta en sus balances oficiales, destaca la fiscalía dentro del cúmulo de ilícitos que aprecia en sus cuentas y que detalla a lo largo de tres folios.