El periodista Nicholas Casey fue corresponsal del New York Times en Caracas. Impedido de retornar al país, ha seguido escribiendo desde otras fronteras. El 8 de septiembre de 2018, su nombre aparece junto al de su colega Ernesto Londoño en una nota del diario norteamericano que revela que el gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar a Nicolás Maduro. Se basan en información obtenida de funcionarios estadounidenses y de un excomandante militar venezolano, todos participantes en las conversaciones.

«Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado», reza el texto que detalla las propuestas planteadas, siempre en base al testimonio del «excomandante venezolano» que resguarda su identidad, y cuyo contenido ha sido recibido como válido por el gobierno venezolano, como han confirmado el propio Nicolás Maduro, además de los ministros Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, el canciller.

Según el New York Times, “los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama -que terminó en enero de 2017, antes de las protestas en Venezuela-, pero fueron rechazados” y se animaron de nuevo cuando Donald Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, a comienzos de julio de 2018.

Pero, ¿quién es ese militar rebelde, excomandante venezolano, que habla al New York Times y participó de las reuniones secretas? Se trata de una persona que, según el texto, carga encima con acusaciones de Washington “de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Son los criterios con los que el Departamento del Tesoro de ese país ha emitido sanciones al incluir en la lista OFAC a varios funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Pero Son tantos, un centenar, que hay que filtrar mucho más para acercarse al “topo”.

Es posible hacerlo revisando a detalle ese listado. No son muchos los que alguna vez fueron señalados por apoyar a la guerrilla colombiana y se convierten en menos cuando se aplica el otro filtro del artículo: deben ser militares. Entonces, algunos nombres aparecen coincidiendo con el criterio.

Clíver Alcalá Cordones

Disidente del chavismo desde 2016, es Mayor General retirado del Ejército. En 2008 fue nombrado al frente de la Guarnición de Valencia y luego de la ubicada en Maracay, en 2010, donde comandó las brigadas blindadas. Entonces estuvo involucrado en las operaciones para desmontar la red de narcotráfico en Carabobo de Walid Makled –hoy encarcelado en el Sebin del Helicoide–. Para ello, encabezó la toma de las fincas del acusado y puso preso a tres de sus hermanos. Makled huyó a Colombia, donde posteriormente fue capturado y deportado a Caracas. Luego de su detención, el capo acusó a Alcalá de haberle sembrado 400 kilos de droga y lo señaló como su “enemigo”. Carvajal ha rechazado tales acusaciones.

En 2011 fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestas relaciones con el narcotráfico de la guerrilla colombiana. “Por supuesto que había una relación. Era la de un comandante de unidad de Zulia –comandó el Fuerte Mara en 2007–, que le exigía a las FARC estar en su territorio” o retornar secuestrados, según dijo a La Razón en julio de 2016.

“Pretende convertirse el Departamento del Tesoro en una especie de policía mundial para calificar a ciudadanos decentes en nuestro país”, dijo en 2011 el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero las acusaciones fueron ratificadas por el exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien lo acusó directamente en 2012, desde el extranjero, de haber colaborado con delitos de narcotráfico.

Ese mismo año, comandó el desfile militar por los 20 años del 4 de febrero de 1992 e inauguró la retahíla de calificativos que se han convertido en habituales desde entonces para los efectivos de la Fuerza Armada: “revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas”. A finales de ese año, ya como Mayor General, fue nombrado al frente de la Red de Defensa Integral (REDI) de Guayana.

En 2016 se apartó de las simpatías oficiales y declaró que votaría para revocar el mandato de Nicolás Maduro. En 2017 arreció su crítica y opinó que el país necesitaba una transición política –fue entrevistado ese año por el propio Nicholas Casey para el New York Times–.

En agosto de 2018 sostuvo a El Tiempo de Colombia que Nicolás Maduro, a quien a su juicio se le hace cuesta arriba mantenerse en el poder, “tiene miedo de que su propia gente lo mate”. Agregó: “La cúpula militar es parte del grupo de malhechores que han montado una estructura de crimen organizado para controlar al Estado. Por eso la solución en Venezuela no pasa por un hombre sino por una junta restauradora, con un plazo para la reconstrucción”.

El texto del periódico editado en Bogotá no especifica si el militar retirado está en territorio colombiano, pero la entrevista es exclusiva y realizada por Marisol Gómez, editora del diario basada en esa ciudad. Clíver Alcalá no publica nada en su cuenta Twitter desde agosto de 2017.

Hugo Carvajal

Uno de los sancionado por relaciones con las FARC en 2008 es Hugo Carvajal, conocido como “el Pollo”, y quizá el único señalado de haber buscado conversar con las autoridades de Estados Unidos por ello. Se trata de un Mayor General (Ejército) retirado, cuyo último cargo público es como diputado electo por el estado Monagas por el PSUV. Pero el oficialismo no participa de las actividades de la Asamblea Nacional “en desacato” desde 2016.

Antes, Carvajal fue designado Cónsul de Venezuela en Aruba en enero de 2014, un cargo que no llegó a ejercer efectivamente. El 24 de julio de ese año, visitó la isla –a bordo de un avión propiedad de Roberto Rincón, ahora preso en EEUU por lavado de dinero– pero fue detenido por una orden de extradición de EEUU. Fue liberado tres días después y enviado a Venezuela, luego de intensas negociaciones, donde fue recibido como “un patriota” por el presidente Nicolás Maduro. En aquel momento, Carvajal solo atinó a decir que “sospecho que ellos (fiscal y juez de Aruba) recibieron dinero para hacer lo que hicieron conmigo”.

El mandatario acusó a Álvaro Uribe de haber armado un “andamiaje” que condujo al impasse, así como a la oposición venezolana en Miami, y afirmó que “en los próximos días presentaremos las pruebas y diremos cómo se hizo este montaje”. Nunca ocurrió.

En septiembre de 2014, el gobierno cesó a Carvajal como Cónsul en Aruba, según decreto del entonces canciller Elías Jaua publicado en Gaceta Oficial 40.489.

Todo el caso de Aruba ocurrió una década después de que “el Pollo” asumiera la dirección de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), que ocupó entre 2004 y 2011, justo después de laborar en la Dirección General Sectorial de la Disip.

Al frente de los servicios de inteligencia nacional, Carvajal habría colaborado con las FARC, según el informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que condujo a sus sanciones e inclusión en la lista OFAC, en 2008. Fue el tercero en ese listado pionero que, en 2018, incluye a 59 colaboradores del chavismo.

Washington señaló a Carvajal como protector de cargamentos de cocaína que la guerrilla colombiana de las FARC pasaba hacia territorio venezolano y como proveedor de armas y documentos al grupo insurgente, al que además le permitía establecer bases guerrilleras en zonas inhabitadas del estado Apure. Además, se le acusa de haber recibido pagos del abatido capo colombiano Wilber Varela a cambio de protección y otros favores.

En 2012, ya en situación de retiro y luego de abandonar la DIM, fue nombrado viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Entonces dirigió la recién creada Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, hasta 2013 cuando Nicolás Maduro lo nombró al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y restauró su condición de militar activo, hasta enero de 2014 cuando pasa de nuevo al estatus de “retirado” y entrega el cargo.

En su página web, Hugo Carvajal explica que las acusaciones surgidas a partir de contenidos del computador de Raúl Reyes, publicados por Semana, “tienen un carácter netamente anecdótico sobre mi participación en el rescate de varios secuestrados en territorio colombiano, estando entre los casos más sonados el del empresario Richard Boulton, para el cual fui comisionado por el presidente Chávez en pleno acuerdo con el presidente de Colombia Andrés Pastrana”.

Es parte de un escrito donde refuta tener vínculos con el narcotráfico y denuncia denegación de justicia en ese caso y en la acusación que cursa en tribunales norteamericanos por supuestas actividades ilegales relacionadas con drogas. La acusación presentada en su contra en 2014 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York establece que Carvajal presuntamente coordinó el envío de 5,6 toneladas de cocaína encontradas en México dentro de un avión DC-9 que partió de Venezuela en 2006, en un famoso caso que también vincula al conocido narcotraficante Walid Makled.

“Hay respuesta para cada una de las imputaciones que se me hacen que no he podido hacer públicas antes, ni tampoco ahora, porque forman parte de asuntos clasificados de Estado. Mantengo mi deber de sigilo aun a sabiendas de que sin este podría demostrar mi inocencia, de ahí la complejidad de mi defensa”, agrega el texto que concluye: “Lo único que me interesa en este momento es que se establezca de manera clara si los hechos criminales atribuidos a mi persona constituyen una acusación falsa e infundada, a los fines de hacer valer ante la opinión pública mi inocencia y de esta forma revertir el daño ocasionado a mi honor y reputación”.

En 2015, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que él y otros venezolanos estaban bajo investigación de la DEA por convertir al a Venezuela “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”. El mayor general respondió en un comunicado: “confirmo mi firme decisión de trasladarme a Estados Unidos para prestar declaración siempre y cuando se levante previamente la orden de detención emitida en mi contra”.

En agosto de 2016 fue noticia que Hugo Carvajal Barrios había cambiado su nombre legal por el de Hugo Peck Peck. “No oculto nada ni tengo un plan. Es algo familiar. Los dos apellidos son por mis abuelos paterno y materno: el primero, José Epifanio Peck, y el segundo, José del Carmen Peck, quienes reconocieron a sus hijos en años pasados”, citó El Nacional al militar retirado. El mayor general agregó que la motivación detrás del cambio de nombre obedece a los esfuerzos de su familia por cobrar una herencia, en medio de una pugna entre familiares que comenzó en los años ochenta, al fallecer su abuelo paterno. “Eso no implica que tenga doble nacionalidad, ya que tengo el mismo número de cédula; no uso el nuevo apellido. He sido, seré y soy Hugo Carvajal”.

Según el libro Chavistas en el imperio del periodista Casto Ocando, publicado en 2014, Carvajal inició conversaciones con agentes federales de Estados Unidos, intermediado por un abogado, para llegar a un “acuerdo confidencial con Washington, a cambio de protección para él y su familia”.

En 2018, Hugo Carvajal ha estado muy callado. En su cuenta de Twitter, donde se identifica como “soldado bolivariano, defensor de Chávez y su legado”, no escribe desde noviembre de 2017. Sus mensajes más recientes invitan a leer artículos publicados en su propia página web.

Antes, en agosto de 2017, criticó la represión durante las protestas, las acusaciones del chavismo a la fiscal Luisa Ortega Díaz e incluso la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, para la cual no votó, al decir en La Razón que “no resolverá los problemas del país” y que “activar eso desde un solo sector de la población es echarle más leña a la candela”.

Ramón Rodríguez Chacín

Militar retirado que alcanzó el grado de Capitán en la Armada venezolana. Actualmente retirado, estuvo al frente de la gobernación de Guárico hasta el pasado mes de octubre de 2017 cuando entregó el cargo al electo José Manuel Vásquez. Desde entonces no ha tenido actividad pública.

Antes fue ministro de Interior, bajo el mandato de Hugo Chávez, durante apenas cinco meses de 2002, una década después de haber participado en la intentona golpista del 27 de noviembre de 1992.

La revista Semana publicó en 2008 que “en los primeros años de Chávez en el poder, Chacín estuvo involucrado en casos de negociación de secuestros cometidos por la guerrilla colombiana y por los paramilitares, como el del empresario venezolano Richard Bulton y de la estudiante Mely Carrera. Desde esa época su nombre empezó a sonar en Colombia. Se metía en casos tan delicados, sin autorización del gobierno y eran tan recurrentes sus visitas a la zona del Caguán, que el presidente Andrés Pastrana le prohibió el ingreso al país hasta tanto no informara de sus propósitos y se comprometiera a estar siempre acompañado”.

En diciembre de 2006 fue designado por Chávez como coordinador especial de la Operación Emmanuel, para facilitar la entrega del hijo de la política secuestrada colombiana Clara Rojas, nacido en cautiverio e igualmente en manos de la FARC. Luego, volvió a asumir durante nueve meses el Ministerio de Interior, entre enero y septiembre de 2008. Desde ese rol, participó en la liberación de cuatro excongresistas colombianos en manos de los guerrilleros.

En la misma publicación del New York Times de 2009, se afirma que Rodríguez Chacín, junto a Henry Rangel Silva, sería facilitador de una entrega de armas a las FARC, aunque la publicación aclaró que no estaba claro si la operación de concretó.

La biografía de Twitter de Ramón Rodríguez Chacín lo identifica como “Chavista radical, con el pueblo y la academia. Lealtad absoluta a @NicolasMaduro”, y sus trinos son esporádicos, siendo el más reciente, uno del 19 de agosto de 2018 que reza: “Este programa revolucionario, creativo e innovador nos llevará a derrotar la guerra económica. Que lloren los vende Patria y mantengamos la Fe los Patriotas. Seguiremos Venciendo! @NicolasMaduro”.

Henry Rangel Silva

Es el actual gobernador del estado Trujillo, desde 2012, del cual expresamente se conoce su paradero: su despacho regional. General en Jefe del Ejército venezolano, ahora en retiro, fue ministro de la Defensa durante nueve meses justo antes de asumir la gobernación y anteriormente ocupó la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) entre 2010 y 2012.

Participó con Hugo Chávez en la intentona de golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Luego de ocupar varios cargos en la administración pública de la «revolución bolivariana», fue nombrado jefe de la Disip en sustitución de Miguel Rodríguez Torres, en 2005.

En 2008, cuando aún dirigía la policía política, asumió el control de la Cantv, como su presidente; cargo que mantuvo hasta 2010. En 2008 fue sancionado por Estados Unidos, al ser incluido en la primera lista de chavistas castigados en aquel país.

En julio de 2009, Rangel Silva entregó la Disip de nuevo a Rodríguez Torres, justo antes de que el mismo New York Times publicara que al frente de los organismos de inteligencia, el funcionario supuestamente facilitó documentos de identidad venezolanos a guerrilleros colombianos y a traficantes de armas para que pudieran circular por el territorio y concretar negocios. Se trata del contenido de una carta atribuida a Iván Márquez, jefe de las FARC, que el diario norteamericano asegura haber obtenido “de un organismo de inteligencia”. Se trataba de las investigaciones a partir del “computador de Raúl Reyes”, supuestamente obtenido en un campamento de las FARC en Ecuador.

Además, cuando se investigaba el “escándalo del maletín”, uno de los implicados, Moisés Maionica, confesó en Estados Unidos que Rangel Silva envió un militar a Miami para que se entrevistase con Guido Antonini Wilson con el objetivo de trazar una estrategia para encubrir el origen de los 800 mil dólares que le fueron decomisados en Argentina unos días antes.

Sin retratarse con las FARC

Los cuatro mencionados anteriormente son militares retirados. Ese dato sustenta una respuesta de Rocío San Miguel, quien preside la ONG Control Ciudadano y se especializa en temas militares: “No me parece un artículo con una base de sustentación cierta, un poco fantasioso, conociendo la historia de la naturaleza del funcionamiento militar en Venezuela”. Recuerda la abogada, en entrevista con El Mercurio, que desde 1958 en adelante han sido militares en activo quienes han llevado adelante intentonas golpistas en el país, y no oficiales en retiro.

Otros militares venezolanos, también retirados, han sido sancionados por Estados Unidos pero no relacionados directamente con las FARC en los señalamientos del Departamento del Tesoro. Entre ellos están Antonio Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional, destituido en plenas protestas en junio de 2017, y exjefe de gobierno del Distrito Capital hasta enero de 2018; Justo José Noguera Pietri, también excomandante de la GNB y quien ejerce como gobernador de Bolívar desde 2017.

Un nombre adicional llama la atención, el de Hebert García Plaza. Mayor General del Ejército retirado, degradado por Nicolás Maduro en febrero de 2018, fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo, viceministro de Defensa, vicepresidente de Desarrollo Territorial y ministro de Alimentación, entre otros cargos. En 2015 se separó del gobierno definitivamente y fue acusado por corrupción.

En el año 2014 fue castigado por Estados Unidos a través de una ley firmada por el entonces presidente Barack Obama titulada Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act, cuyo objetivo es aplicar sanciones directas a individuos en Venezuela responsables por la violación de derechos humanos durante las protestas de 2014. No forma parte del listado OFAC del Departamento del Teroso, a pesar de que reseñas periodísticas así lo señala, incluyendo portales relacionados al chavismo como Desde La Plaza.

Hebert García Plaza está en Estados Unidos, e incluso participó en sesiones de la Organización de Estados Americanos en 2017 para denunciar malas prácticas gubernamentales tanto en el sector militar como en la venta de alimentos subsidiados, y ha acusado a Nicolás Maduro de negociar con EEUU para lograr las sanciones de ese país a Diosdado Cabbelo y Tarek El Aissami. Por su parte, Cabello lo acusó de ser él, junto a Rafael Isea -exgobernador de Aragua y ahora testigo protegido en Washington- de haber impulsado frente al Departamento del Tesoro las acusaciones a El Aissami.