Contrariando toda normativa internacional vigente, violando el artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta Magna, la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública y el Decreto 1172/2003, la vicepresidente en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, actuó sobre el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, influyendo para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promulgara la resolución 5/2020, la cual dota al Secretario de Justicia, Martín Mena, de "...la facultad para emitir acto denegatorio de información en el marco del primer párrafo del artículo 13 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública".

Esto es, cuanto menos, ilógico. No solo echa por tierra el impecable trabajo que desarrolló el anterior Ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra y, particularmente, de su Secretario de Gobierno Abierto, sino que también deja muy mal parado al país en su nuevo rol de presidente de la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (GOP), una victoria diplomática que el país alcanzó tras una sostenida política de transparentar la información pública.

Pero, ¿Quién es Martín Mena, que ahora posee superpoderes de blindar a la vicepresidente?

Martín Mena es el ex-subjefe de los espías de la SIDE durante la era K. Un miembro del riñón del cristinismo, que fue sugerido por la misma vicepresidente para el cargo en el ministerio, secundando a Marcela Losardo, amiga personal del Presidente.

Martín Mena, actual Secretario de Justicia (viceministro de Justicia)

Sin embargo, Mena no está solo en esta labor. Lo acompaña el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen. Este hombre asesoró a la familia Kirchner en asuntos legales, sobre todo en aquellas relacionadas a las empresas de la familia, causas las cuales sigue cuidando, ahora, desde el Estado.

Ad La decisión de poder denegar los petitorios de acceso a información se basa en una interpretación bastante cuestionable de la "Ley de Acceso a la Información Pública", esta misma, reza en el primer párrafo:

"El sujeto requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 8° de la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida".

Esto significa que solamente se puede denegar el acceso a información si este petitorio no existe, pero la disposición ejecutiva expresa que se puede rebotar cualquier tipo de pedido. Este esperpento normativo se da en el marco de reiterados pedidos de información acerca de la financiación del Instituto Patria por parte de la abogada Silvina Martínez y la ex-diputada Margarita Stolbizer.

Lo peligroso de todas estas medidas, tomadas tras bambalinas en medio de la crisis causada por el COVID-19, es que se repite el esquema de opacidad característico de la gestión de la 'doctora' Cristina Fernández en cuanto a la transparencia de la administración pública.



