Los siete integrantes del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) están sentados frente a una notebook y un proyector. La farmacéutica María Cecilia Selis sigue atenta lo que dicen los colegas de Chemilab en Buenos Aires. Intercambian datos y preocupaciones. La videollamada es uno de los pasos del control de calidad del medicamento protagonista del debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): el misoprostol. En algún lugar de este laboratorio santafesino que ni los directores conocen, descansa escondido bajo llave el primer lote puro de la Argentina. Son 100 mil comprimidos de 200 microgramos en blíster de cuatro. La caja gris con el logo del LIF trae un prospecto y la indicación de que será de distribución gratuita para la salud pública. Tomar doce pastillas es suficiente para generar contracciones en el útero y abortar de manera segura y ambulatoria. En casa. Sin perejil ni sonda. Sin quirófano ni anestesia total. Sin internación de dos días ni estado de inconsciencia. Con la pareja, con la amiga, sola o con quien quiera. Recetado por el médico o la médica de cabecera. Con el seguimiento de la consejería de profesionales de la salud. Con la posibilidad del acceso a un método anticonceptivo después. Misoprostol legal, seguro y gratuito desde la provincia de Santa Fe para todo el país.

María Cecilia Selis lleva 23 años en el LIF y es cauta. La directora de Farmacia no se deja influenciar por las presiones y expectativas. Sabe que está fabricando uno de los medicamentos que más revolucionó la salud sexual y reproductiva de las mujeres. También sabe que en la rigurosidad del trabajo está la garantía del mejor producto y la reputación del primer laboratorio público de Argentina que se animó a fabricarlo. Hace un año y medio recibió la directiva del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para empezar con la producción. Las etapas de fabricación son muchas y para cada una hay un departamento y un equipo de trabajo. El único lugar al que no pudo ni podrá entrar cada vez que se fabrique el misoprostol es al sector de producción: las mujeres del laboratorio no pueden tocar ni manipular la prostaglandina por el alto contenido hormonal.

Después de un año de planificación, desarrollo y trámites de importación de dos kilos de materia prima, en enero de 2018 Selis vio a través del vidrio cómo el jefe de producción y los ayudantes volcaron el polvo en la mezcladora. Como si se tratara de una receta de cocina, siguieron la fórmula y los tiempos rigurosamente. La máquina tableteadora armó los comprimidos y la blistera selló el plástico con la banda de aluminio. La fabricación duró una hora. Para que el medicamento esté listo tiene que pasar dos estudios de estabilidad. El primero es con cuatro mil comprimidos y dura seis meses. Los científicos miden a través de distintas pruebas de calor y humedad la concentración de la materia prima y si la pastilla no se mancha, degrada o cambia de color. El laboratorio Chemilab sigue por videoconferencia los resultados. El segundo estudio consiste en dejar las 96 mil pastillas restantes en el depósito durante 12 meses. Si pasa la prueba natural estará listo para ser aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Con el permiso, el laboratorio estatal santafesino podrá vender misoprostol al Ministerio de Salud nacional y al resto de las provincias.

María Cecilia Selis no se adelanta. Aclara que está en etapa de desarrollo y cuida los detalles sobre cómo es y donde está guardado. Las pruebas avanzan y mantiene una ventaja para ser aprobado. Figura como droga para abortar en el Anexo 1, la lista que incluye a los países con mayor desarrollo y control de fármacos. Ella tiene una visión humanitaria de lo que implica pasar por un aborto. Lo entendió cuando habló con las Socorristas en Red que acompañan y asisten a mujeres que quieren interrumpir un embarazo. “Ante la desesperación las mujeres actúan y lo importante es estar acompañadas. Estamos haciendo un producto para que sea usado en la salud pública y que no estén solas”.

El LIF está en el viejo edificio del Liceo Militar en el norte de la ciudad de Santa Fe. El ingreso es por calle French al 4900 y ocupa una manzana del barrio Los Ángeles. Está a 64 cuadras del hospital Iturraspe, el mismo donde el 17 de mayo de 2007 Ana María Acevedo murió a los 19 años porque una estirpe de médicos objetores le negó un aborto. Tenía cáncer de mandíbula y para no dañar al feto el único medicamento que le dieron fue ibuprofeno. Los dos murieron: el bebé durante el parto prematuro y ella a las dos semanas. Once años después y en pleno de debate por la ley de IVE el mismo hospital se negó a aplicar los protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a dos mujeres. Una médica de Rosario tuvo que viajar para hacerlo, mientras desde el Iturraspe filtraban información falsa a los medios locales diciendo que una mujer había perdido el útero y que una de las interrupciones era de un embarazo de 24 semanas.

La demanda de la producción pública de misoprostol apareció en el debate del proyecto de IVE desde el primer día porque, en realidad, siempre estuvo en el centro de la agenda de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Expositores y expositoras remarcaron en los plenarios de comisiones de diputados y senadores que para tener aborto legal es necesario el acceso gratuito al medicamento. Pidieron que el Estado se hiciera cargo. El LIF tiene la tecnología más avanzada y un capital humano de 130 profesionales. Produce 40 medicamentos y estudia otros diez para el futuro. Durante 15 horas diarias fabrica 900 mil comprimidos. Los huérfanos, la forma de llamar a los remedios para enfermedades que no dan ganancias a la industria farmacéutica, están entre las especialidades. El misoprostol no forma parte de la lista. En Argentina el laboratorio privado Beta tiene el monopolio de la producción, distribución y comercialización. La caja que vende bajo el nombre de Oxaprost dice que es para problemas gástricos y cuesta 3500 pesos en las farmacias. Trae 16 pastillas mezcladas con diclofenac. El primer lote de misoprostol público costó menos del 10 por ciento que el producto comercial, con un valor de 9.30 pesos por comprimido.

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El misoprostol no nació como una droga para abortar. El uso para terminar con embarazos no deseados fue un descubrimiento de las mujeres en la búsqueda de métodos seguros. A mediados de los 80, Brasil aprobó la fabricación y comercialización del fármaco para problemas gástricos. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres probaran y se pasaran el conocimiento. Algunas hipótesis dicen que el saber se diseminó de boca en boca en toda América Latina. Años después la venta libre quedó prohibida en el país carioca pero el uso ya había sido comprobado.

Hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluye entre los medicamentos esenciales para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Algo similar pasó en Argentina con el uso del cannabis medicinal. Las madres de niños con epilepsia y otras enfermedades cultivaron en la clandestinidad y demostraron que el aceite servía para calmar el dolor. La medicina tradicional y la ciencia tomaron el conocimiento y en 2016 Argentina aprobó el uso, aun sin aplicación. En el caso del misoprostol los estudios determinaron que la prostaglandina no se acumula en el cuerpo de las mujeres ni afecta la fertilidad. Tiene una efectividad del 90 por ciento. En países como Francia y Estados Unidos es combinado con la mifepristona, no disponible en Argentina. Con la mezcla la eficacia llega al 98 por ciento.

El misoprostol fue un cambio revolucionario en los métodos para abortar. Por primera vez las mujeres y personas gestantes podían interrumpir un embarazo sin ir una clínica clandestina o recurrir a técnicas inseguras. En los países con aborto legal significó bajar los gastos de internación y anestesia porque la interrupción puede hacerse en casa en el momento que cada una elija.

La apropiación del medicamento es un capítulo más en la historia de la búsqueda de la soberanía sobre el cuerpo. No fue la primera ni la última vez que las mujeres se hicieron cargo de la forma de abortar. En la década del 60 las feministas italianas inventaron una red que acompañaba y ayudaba a interrumpir el embarazo. Se llamaba Socorro Rojo y funcionaba en casas de voluntarias. Médicas, enfermeras y militantes hacían los abortos o juntaban plata para viajar a países donde la práctica ya era legal. Lo más importante de la red era dar la contención y no estar solas. En esos socorros, que también funcionaron en otros países de Europa y Estados Unidos, se inspiraron las Socorristas en Red de Argentina, uno de los eslabones fundamentales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Funcionan en todas las provincias a través de líneas telefónicas. A diferencia de las europeas, las socorristas de hoy tienen al misoprostol como principal herramienta. No hacen abortos. Ayudan a las mujeres a llegar a la información segura y recomendada por la OMS para hacerlo. Dan un acompañamiento feminista y las ponen en contacto con médicas y médicos amigables. La mayoría de los aliados son de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que reúne a quienes garantizan abortos no punibles en la salud pública.

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El cartel dice MAYBE y no está en inglés. No quiere decir tal vez o quizás. Significa mamá y bebé: ma y be. Está colgado de una de las puertas de la maternidad del hospital Roque Sáenz Peña, en el sur de la ciudad de Rosario y a 147 kilómetros de la capital provincial. La habitación es para que los recién nacidos que necesitan internación sin incubadora puedan estar con la mamá. Adentro, una mujer le da la teta a su hijo mientras charla con otra. Por el mismo pasillo se llega a las cuatro salas de parto respetado inauguradas hace un año. Cada una está equipada con una pelota, una tela que cuelga del techo, barrales, un banquito, una cama con distintas posiciones y un baño con bañera grande. Cada mujer elige parir de la manera que le parece más cómoda y el equipo de enfermeras y médicos la acompañan. La mayoría prefiere la luz cálida y apenas naranja de la lámpara de sal. No le dan medicamentos para inducir el parto ni le inyectan la peridural a menos que sea necesaria. Le hacen masajes para el dolor y trabajan en que se sienta protagonista. Cuando el bebé nace no lo tocan. No le pasan sondas, no lo lavan ni lo visten. Lo ponen sobre el pecho de la mamá y lo miran. La neonatóloga rompe con todo lo que le enseñaron en la facultad y sin usar las manos analiza el color, la respiración y los primeros movimientos. Si no hay nada anormal, se va y vuelve a las dos horas. El bebé siente el calor, elimina el líquido de los pulmones solo y respira. Lentamente demuestra que es un mamífero y se arrastra hasta encontrar la teta.

En el ala vieja del edificio está la farmacia. La encargada se ocupa de que aún con los recortes del Ministerio de Salud nacional los anticonceptivos nunca falten. Sabe que hace 20 años la cooperadora del hospital juntaba plata con la venta de bonos para financiarlos. También que el municipio los compraba y los hacía pasar como insumos antes de la ordenanza de 1997, pionera en el país. Tiene pastillas anticonceptivas, píldoras del día después, preservativos, parches y diu de la mejor calidad.

Desde 2012 tampoco falta el medicamento más seguro y recomendado para abortar. La receta para retirar el misoprostol baja del primer piso. Está firmada por uno de los integrantes de la consejería a la que llegan las mujeres que quieren interrumpir el embarazo. No son sólo del sur de Rosario. Vienen de otros puntos de la ciudad y de provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. En la entrevista explican las razones por las cuáles quieren abortar y los profesionales las aconsejan con el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la mano. Eligen entre dos métodos. En la casa con las pastillas de misoprostol o en el quirófano del primer piso preparado para hacer Aspiración manual Endouterina (Ameu). Silvia Totó es una de las encargadas de las entrevistas y es jefa de Ginecología. Trabaja en el Roque Sáenz Peña desde hace 31 años y no se olvida de las mujeres que morían en la guardia infectadas por clavarse agujas de tejer o usar cualquier otro método para abortar. Tampoco de las adolescentes que le pedían que les hiciera un aborto y ante la falta de respuestas se iban a buscarlo a otro lado con la promesa de volver ante cualquier dolor. “Era lo único que les podíamos garantizar. Que si les pasaba algo las esperábamos para curarlas.”

Silvia Totó armó la consejería del Roque en 2011 junto con la trabajadora social Susana Arminchiardi, una de las referentes del movimiento de mujeres rosarino. La idea era tener un espacio para otro tipo de consultas. Colgaron carteles para avisar que funcionaba en una piecita. Los primeros días no iba nadie. De a poco se volvió un lugar de consulta sobre anticoncepción, aborto e infecciones de transmisión sexual. También es un lugar de escucha de situaciones de violencia de género, problemas sociales y conflictos con la maternidad. El equipo está formado por un tocoginecólogo, una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera. La mayoría de las mujeres llega para hacerse un aborto no punible.

El Roque Sáenz Peña fue el semillero de una forma de pensar la salud de las mujeres en Rosario. Durante años las chicas que quedaban embarazadas y no querían ser madres iban al hospital del sur porque sabían que las esperaban médicas amigables. Habían tejido una red que funcionaba en alianza con el movimiento de mujeres y con referentes y funcionarias políticas. Los primeros pasos los dieron cuando compraban los diu y lo hacían pasar como material descartable para garantizar anticonceptivos. La ordenanza de 1997 fue el siguiente escalón, incluso impensado para la época. Ninguna ciudad del país tenía legislación de salud sexual y reproductiva y el Concejo Municipal la aprobó por unanimidad casi sin saber qué estaban votando. Cuando el obispo se enteró que iban a dar anticonceptivos gratis en los hospitales llamó al entonces intendente Hermes Binner y le pidió que la vetara. El médico socialista se negó.

La red amigable del Roque contagió a otros hospitales y centros de salud. El efecto fue posible por una sinergia: médicos y médicas dispuestos a acompañar, una política de salud pública sostenida en el tiempo y la alianza con el movimiento de mujeres, con integrantes dentro y fuera de la gestión pública. Después de la ordenanza de mediados de los noventa, en 2001 Rosario fue la primera ciudad en aprobar la provisión de la píldora del día después. En 2007 el Concejo Municipal votó el primer protocolo de aborto no punible, tomando las causales que permite el Código Penal desde 1921. La norma fue el respaldo para hacer interrupciones en los casos de violación y de riesgo de salud de la persona gestante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la salud es física, psíquica y emocional. Con ese criterio desde la Municipalidad empezaron a hacer los abortos no punibles desde una perspectiva no restrictiva: la decisión de abortar es de la mujer y no del médico. No sólo fue necesario armar y capacitar equipos en los hospitales. La clave estuvo en los más de 80 centros que funcionan en los barrios, donde las mujeres acceden a métodos anticonceptivos y se resuelven el 80 por ciento de las interrupciones dentro del sistema de salud.

Cuando en 2012 salió protocolo de ILE del Ministerio de Salud nacional, los concejales adaptaron el texto y el municipio autorizó la primera compra de misoprostol. Un año después, el medicamento llegó a toda la provincia. Antes de la compra, médicas y médicos recetaban las pastillas y las mujeres tenían que conseguirlas y pagarlas por su cuenta en farmacias. Para Silvia Totó cada avance fue un alivio y llegó para dar marco legal a lo que ya hacían.

La compra de misoprostol fue un cambio radical. Convirtió a Rosario en la ciudad con mortalidad cero por abortos clandestinos. Desde 2012 no muere ninguna mujer. En promedio entre 500 y 600 mujeres acceden por año al aborto punible, una cifra estable en la última década. El 80 por ciento lo hace con misoprostol en la casa y con el seguimiento del equipo de salud. El resto usa la técnica de aspiración que es practicada en pocas horas y con anestesia local en tres hospitales de la ciudad. Las y los profesionales recomiendan el misoprostol hasta el tercer trimestre pero el método lo elige cada una en base a la comodidad y seguridad. La droga logró también una baja en las internaciones. En 2016 de 550 mujeres que accedieron al aborto no punible, sólo 169 quedaron internadas. Diez años antes todas eran hospitalizadas y la mayoría corría riesgo de muerte porque había llegado al sistema de salud con un aborto incompleto. El misoprostol y la Ameu reemplazaron al raspaje, la técnica más usada en la ginecología pública y privada de la Argentina. Desde 2002 la OMS no la recomienda. Es invasiva, riesgosa y cara porque se hace con anestesia general y con internación.

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El lunes 22 de mayo de 2017 el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ricardo Nidd, se levantó con 10 mil mails con el mismo texto copiado y pegado. Los mensajes habían llegado a la casilla oficial de la casa de estudios. Pedían que el Consejo Directivo diera marcha atrás con la aprobación unánime del dictado de la cátedra “El aborto como problema de salud”. Era la primera vez que en una carrera de medicina de Argentina se incluía la palabra aborto en el nombre de una materia. La campaña en contra era anónima y tildaba a las y los docentes de la UNR de asesinos del niño por nacer.

Cuando las médicas Raquel Tizziani y María Paula Botta propusieron incluir la electiva de cuarto año en el plan de estudios veían una demanda. Las dos atienden en la salud pública de Rosario y trabajan en la garantía de las interrupciones legales. Notaban que las y los egresados de la carrera no tenían la formación necesaria para entrar al sistema de salud actual. Ellas habían aprendido de la mano de profesionales de la trama amigable que se gestó a lo largo de 30 años en los hospitales y centros barriales de la ciudad, incluso antes del nacimiento de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de la que también son parte. El conocimiento se profundizó gracias al vínculo con las Socorristas en Red y la militancia feminista.

El primer día de clases más de 300 personas llegaron hasta la puerta de la facultad para acompañar y apoyar el inicio del dictado. Los estudiantes de la carrera se mezclaban con las chicas de pañuelos verdes y las feministas históricas, muchas de ellas fundadoras de la red amigable. Tizziani estuvo a cargo de la charla introductoria. Mientras explicaba los contenidos, una estudiante levantó la mano y preguntó qué era una ILE.

El plantel docente está formado por médicas, trabajadoras sociales, psicólogas y un enfermero. La materia es cuatrimestral y trata al aborto desde una perspectiva de derechos, justicia social y salud pública. Durante el cursado de 2017, las y los docentes notaron que el 90 por ciento de los estudiantes no conocía la legislación actual argentina ni los protocolos del Ministerio de Salud nacional. Muchos no habían escuchado nunca la palabra misoprostol ni habían tenido una caja en la mano. En las clases aprendieron cómo garantizar una ILE en la salud pública y las dos técnicas con las que trabajan en Rosario. Trataron casos hipotéticos de aborto en varones trans, el tema de la violencia obstétrica, el paradigma de parto respetado y la atención ginecológica de lesbianas sin discriminación y prejuicios. De fondo estaba una idea que se tejió entre profesionales de la salud en los últimos años. La tarea es acompañar a las mujeres en las decisiones que toman en cada las etapas de la vida: cuando quieren acceder a un anticonceptivo, cuando tienen un problema de salud, cuando quieren quedar embarazadas y no pueden, cuando van a parir y también cuando no quieren ser madres.

El caso de Ana María Acevedo apareció para pensar la objeción de conciencia. La provincia de Santa Fe tiene desde hace seis años un registro de objetores disponible online, válido para la salud pública y privada. Cada profesional aclara qué práctica médica se niegan a hacer, que va desde un aborto, operaciones anticonceptivas como ligaduras de trompas o vasectomías, recetar la píldora del día después o recomendar preservativos. Hay 777 personas y representan el 10 por ciento de profesionales del sistema público, estimado en casi 8 mil hombres y mujeres. Todas las personas que integran el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iturraspe de Santa Fe están en el listado.

Desde el ejecutivo rosarino profesan que la conciencia no es un atributo exclusivo de los objetores. Quienes garantizan derechos actúan desde la conciencia. Y las mujeres también deciden desde la conciencia. Cada centro de salud debe tener profesionales dispuestos a garantizar las ILE. Aquellos que por convicciones morales y religiosas no puedan hacerlo no deben ser obstaculizadores. Con ese norte la materia prepara a las y los futuros médicxs que eligen la objeción para que puedan darles a las mujeres toda la información y hagan la derivación adecuada.

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Roberto Ganín y Jorge Stettler caminan por los pasillos del LIF y muestran cada una de las máquinas e instalaciones. Repiten que nada sería posible sin inversión y capital humano. Abren puertas de oficinas y laboratorios y presentan a cada persona por el nombre y la responsabilidad en la fabricación de fármacos. En el departamento de Desarrollo una ingeniera química de 33 años saca el pañuelo verde de la mochila y se lo pone en el bolsillo delantero del guardapolvo. En otro pasillo cruzan a un adolescente de 17 años. Es un pasante del colegio católico La Salle Jobson. Sonríe y dice que le encanta el lugar que le tocó para hacer la práctica del último año del secundario.

Ganín y Stettler representan dos polos opuestos en equilibrio. Ganín es ingeniero químico, trabaja desde hace 32 años en el laboratorio y es el gerente general. Vivió todas las etapas y todos los gobiernos. Explica que el laboratorio estuvo abandonado durante décadas. En 1999 pasó a ser una Sociedad del Estado y en 2008 empezó la inversión. Es un defensor de la producción pública de medicamentos. Sabe lo que vale cada una de las máquinas y lo que cuesta preparar el laboratorio para cada lote. Hay que limpiar antes y después. No puede quedar ni un microgramo de polvo flotando. El sistema de ventilación tiene que funcionar a la perfección. Una mínima falla arruina el producto. “Somos profesionales. Vamos a una velocidad. Antes era cuesta arriba porque no se hablaba de misoprostol. Ahora es cuesta abajo con toda la presión de que salga, pero el proceso y el profesionalismo son los mismos para todas las drogas.”

Stettler es uno de los cuatro integrantes del directorio desde diciembre de 2016. Antes de fabricar fármacos los recetaba. Es médico y atendió en centros de salud públicos. No se olvida cuando trabajaba en Villa Constitución, en el sur provincial, y llegó una chica de 23 años que se llamaba Vanesa. Tenía una infección generalizada por un aborto clandestino. Estaba con la familia y murió en la ambulancia camino a un hospital de alta complejidad en el Gran Rosario. Stettler piensa al medicamento como un avance para la salud de las mujeres. También lo piensa desde la aplicación. El Ministerio de Salud provincial lo compra y distribuye de manera gratuita desde 2013. El territorio santafesino camina hacia la garantía de las ILE replicando la experiencia rosarina. La construcción de los equipos amigables es una de las tareas más difíciles. Tener un producto propio implica bajar costos y darle al Estado un medicamento mejor que el disponible en el mercado. Que sea puro es importante para el uso en otros tratamientos ginecológicos como hemorragias posparto, problemas en el cuello del útero o feto muerto retenido.

Stettler sabe que la decisión de fabricar no hubiese sido posible sin el contexto de debate actual sobre la legalización del aborto. Recuerda que hace dos años las mujeres del movimiento feminista de la ciudad de Santa Fe exigieron la producción en las reuniones del Ministerio de Salud con los médicos colegiados. Se plantaron frente a los objetores de conciencia y dijeron que era hora de que el Estado se hiciera cargo. En la reunión los representantes del LIF tomaron nota y en voz baja empezaron las gestiones. Durante un año fue el secreto mejor guardado del laboratorio. Lo cuidaron científicos, funcionarios y feministas. Lo esperaron hasta que pudo ser nombrado. “Si decíamos en 2017 que estábamos haciendo misoprostol nos saltaban todos encima. Hoy podemos anunciarlo porque está en boca de todos. Y eso es gracias al movimiento de mujeres”.