García Egea, secretario general del PP, y Ortega Smith, secretario general de Vox, intercambian los papeles del acuerdo. Al fondo, izquierda, el futuro presidente de la Junta, Moreno, del PP, con Serrano, de Vox. PACO PUENTES / Atlas

En la jornada electoral andaluza, el pasado 2 de diciembre, el PP tenía preparada una gestora para reemplazar a su líder y candidato, Juan Manuel Moreno. Pero será el próximo presidente andaluz, el primero del PP, el único en los últimos 36 años que no ha militado en el PSOE. “Es un hito histórico”, proclamó este miércoles. En las primarias del partido apostó por Soraya Sáenz de Santamaría, la rival del ganador, Pablo Casado, y hace poco más de un mes tenía un pie fuera, pero Moreno va a convertirse en el barón regional más importante del partido, el líder de la comunidad más poblada, el mayor caladero de votos del país.

El PP y Ciudadanos tenían prácticamente cerrado su acuerdo de gobierno en Andalucía hace días. Este miércoles solo le pusieron la firma. El partido de Albert Rivera se comprometió a investir al candidato popular a cambio de que su líder en la comunidad, Juan Marín, fuera vicepresidente de la Junta; un reparto y reducción de las consejerías —ahora son 13 y pueden ser 11 “o menos”— y un paquete de 90 medidas, entre ellas, aprobar un proyecto de reforma del Estatuto de autonomía para suprimir los aforamientos de los políticos regionales, una reducción de los altos cargos y una “auditoría integral” sobre los sueldos, gastos y transferencias del Ejecutivo autonómico. Les faltaba Vox.

Tras semanas de protagonismo negociador entre el PP y Ciudadanos, el partido de extrema derecha reclamó toda la atención y dejó ver que pretendía vender caros los votos de sus 12 parlamentarios para investir a Moreno. Lo hizo el martes, en una reunión de más de cinco horas en un hotel del centro de Madrid —Vox pidió al PP no revelar cuál— con un documento de 19 peticiones que los populares consideraron “inaceptables”; entre ellas, la derogación de la ley autonómica contra la violencia de género y la que lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Los populares pensaron que el acuerdo descarrilaba. Pero había abundantes dosis de teatro en esa escena.

Desde las elecciones de diciembre, el PP creyó que ni Ciudadanos ni Vox podrían permitirse que el PSOE siguiera en el poder en la comunidad 36 años después. Pero el martes dudaron. El líder de Vox, Santiago Abascal, antiguo miembro del PP, aseguró que sus peticiones no eran un “órdago”. Los equipos negociadores, formados por Teodoro García, Javier Maroto y Marta González por parte del PP, y Javier Ortega, Rafael Bardají y Francisco José Contreras, por parte de Vox —el candidato a la Junta no estaba—, se emplazaron al día siguiente, este miércoles. Y los populares se presentaron a primera hora en el mismo hotel de Madrid con un documento alternativo con 40 medidas para negociar con Vox. El partido de extrema derecha empezaba a ceder. Para cuando se reunieron por segunda vez en el día, esta vez en el Parlamento andaluz, el clima era otro. A las 17.45, EL PAÍS adelantó el acuerdo. El PP gobernaría Andalucía y Vox estrenaba su primer pacto: recibía así el aval de otro partido. Ciudadanos no quiso salir en esa foto.

Ley de memoria histórica

El texto finalmente suscrito por el PP y Vox tiene 37 puntos. Los populares lograron que la extrema derecha renunciara a sus peticiones más polémicas, como la derogación de las leyes de violencia de género, de igualdad o LGTBI. Pero el documento evidencia el giro a la derecha del PP desde que fue desalojado del poder, en junio. Casado está más próximo a Vox que su predecesor, Mariano Rajoy. En algunas de sus propuestas, ahora ya negro sobre blanco, ya coincidían. Pedía Vox derogar la ley autonómica de memoria histórica y en el documento ambos partidos se comprometen a “promover” otra “de concordia” que la sustituya. Casado, de hecho, ya anunció durante la campaña electoral que ultimaba un texto para pedir hacer lo mismo a nivel nacional. Moreno aseguró este miércoles que se trataba de una iniciativa a largo plazo y que lo que su partido pretende es incluir “el espíritu de concordia que lideró la Transición”. El primer párrafo de la ley estatal de memoria es precisamente una loa a ese periodo.

Pedía Vox crear una consejería de familia y también se incluye. En comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, ya existe, vinculada a las políticas sociales. Y Casado creó un área específica en la nueva ejecutiva popular. Ambos partidos compartían también la voluntad de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, rebajar el tramo autonómico del IRPF y revertir la subida del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. “¡BMI!, Bajada Masiva de Impuestos”, prometía Casado en sus mítines de la campaña andaluza. En el texto aparece también la protección “por ley” de la tauromaquia que pedía la extrema derecha.

El primer documento de Vox no incluía medidas para la creación de empleo, pese a que Andalucía es la comunidad con más paro (22,8%), ocho puntos por encima de la media española. En sus planteamientos y reivindicaciones predominaba la ideología: urgían a eliminar subvenciones a “ONG ideológicas” y “asociaciones de feminismo supremacista”; pedían implantar un “PIN parental” para que los padres pudieran excluir a sus hijos de “enseñanzas, charlas o actividades de carga ideológica o moral contraria a sus convicciones” o que en las aulas no se difundiera “ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología”. Ideología, ideología, ideología. Finalmente, en el acuerdo suscrito entre el PP y Vox no se habla de “feministas supremacistas” ni de “ONG ideológicas”, aunque ambos partidos se comprometen a “eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumplan fines de utilidad pública y social”. Serán PP, Vox y Ciudadanos quienes decidirán si lo hacen. En el apartado de educación, ya no figura ese “PIN parental”, pero ambos partidos prometen evitar “cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”. El texto también pide garantizar la educación diferenciada: segregar por sexos.

Vox renuncia a la literalidad, pero el PP asume parte de su discurso. Y el texto advierte de lo que viene: una legislatura donde pretenden hacerse notar. “No seremos la alfombra de otros”, declaró Abascal tras la firma del acuerdo. Los populares logran la presidencia de un viejo bastión socialista sin aceptar derogar leyes como la de violencia de género, pero se han dejado algunas plumas en esta negociación. El sector del partido al que le preocupaba la estrategia de Casado ante Vox, el que creía que al alinearse con su discurso estaba legitimándoles”, se siente ahora algo más legitimado. Se habla de lo que quiere Vox: un partido que acaba de estrenar representación parlamentaria y que tiene exactamente 12 escaños marca la agenda y les ha puesto a discutir sobre debates superados, como el de la violencia machista.

“Lamentamos la radicalización del PP y Cs por el pacto con la ultraderecha”, sentenciaron desde La Moncloa. El Gobierno pretende sacar tajada de ese acuerdo movilizando a su electorado en el próximo ciclo electoral. Pero Casado también: quiere replicar el pacto en otros territorios. Hay muchos partidos, pero algunos ya solo ven dos grandes bloques.