A pesar de que un informe policial acreditó que la Universidad Autónoma le pagó en cinco años $7.174 millones a sociedades relacionadas a sus dueños, la familia Ribera Neumann, y a que la investigación de la Fiscalía a las 12 universidades acusadas de lucro no termina, ese plantel accedió a la gratuidad en 2016. Lo hizo tras informar el retiro de dos sociedades comerciales de su ente controlador. Ese fue el último eslabón de una operación diseñada por sus dueños para expandir su negocio en la educación con nuevas sedes y comprando el Instituto Incacea, el que hoy está en proceso de cierre.

Un oficio que ingresó al Ministerio de Educación el 28 de diciembre de 2015, firmado por Jaime Ribera Neumann, secretario general de la Universidad Autónoma, le permitió a esa universidad acceder al sistema de gratuidad que debutó en 2016, vía glosa presupuestaria. El escueto oficio informaba que el 19 de noviembre se había procedido al retiro de las dos sociedades con fines de lucro que integraban su asamblea de socios, la controladora del plantel: el Instituto de Ciencias Aplicadas S.A. y la Academia de Estudios Nacionales S.A., ambas propiedad de la familia Ribera Neumann, actual dueña de la Autónoma.

El oficio llegó al Mineduc al filo del límite. Y el apuro se entiende: si bien contaban con los cuatro años de acreditación mínima exigida (otorgada a fines de 2015 por la Comisión Nacional de Acreditación, CNA), había que subsanar como fuera el último obstáculo para acceder a los recursos estatales que llegarían con la gratuidad. Y uno de los requisitos era que entre los socios de la corporación no hubiera sociedades con fines comerciales.

Fue así como la Autónoma se convirtió en una de las cinco privadas no tradicionales que ingresaron al sistema. Y su apuesta hasta ahora le ha rendido frutos: el 24 de diciembre La Tercera informó que 8.500 estudiantes de ese plantel podrían estudiar con pago directo del Estado, una cifra superior a la que suman las otras casas de estudios privadas no tradicionales que se incorporaron al sistema: las universidades Alberto Hurtado, Finis Terrae, Católica Silva Henríquez y Diego Portales.

La familia Ribera Neumann puede mirar con optimismo lo que viene. Y ello, a pesar de que la Universidad Autónoma está entre las 12 universidades investigadas por el Ministerio Público por violar la prohibición de la ley que impide a sus controladores retirar utilidades. Sus dueños saben que esa indagatoria no terminará en sanción judicial: hasta hoy no existe un reglamento que norme qué es lucro y que establezca las sanciones para los que violan la ley. Aún cuando en el expediente que llevan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena están las pruebas de cómo sus controladores obtuvieron ganancias ilícitas a través de sus sociedades relacionadas, ello no le impidió acceder a la gratuidad.

La investigación judicial no ha concluido, y en ella han declarado 17 miembros de la familia Ribera Neumann que han ocupado cargos en la institución o que figuran recibiendo dinero de ella.

Un informe de la PDI estableció que entre 2008 y 2012 la Universidad Autónoma le pagó $7.174 millones a sociedades relacionadas a sus dueños, o bien directamente a personas de la familia Ribera Neumann. También se acreditó que a fines de 2013 la familia retiró utilidades desde dos sociedades creadas especialmente para arrendar inmuebles a la universidad: Autónoma El Llano S.A. e Inmobiliaria Autónoma S.A.

La modificación express que realizaron los dueños de la Autónoma a fines de 2015, al sacar de la instancia que controla el plantel las dos sociedades con fines de lucro, es el último eslabón de una cadena de sociedades relacionadas que le permitieron a la familia Ribera Neumann retirar utilidades de esa universidad durante más de 20 años. Una historia que se inició cuando en 1989 la familia creó –junto a otros profesionales de Temuco- la primera universidad privada en el sur de Chile.

Desde entonces, la Universidad Autónoma se ha ido transformando en una de los planteles con más estudiantes en el país: en 2015 su matrícula de pregrado llegó a 20.229 alumnos. Las cifras indican que los dineros públicos que captará la Autónoma a partir de 2016 se incrementarán. Hasta ahora, los fondos estatales representaban una parte mínima del total de ingresos operacionales del plantel: $421 millones entre 2005 y 2012 por Aporte Fiscal Indirecto (dinero que entregaba el Mineduc a los mejores puntajes PSU para que estudiaran en la institución que eligieran) y $7.200 millones entre 2005 y 2013, gracias a las diferentes becas que entrega el Estado.

Siendo una universidad que recluta un porcentaje importante de alumnos en sectores de bajos ingresos (el 96,3% de sus estudiantes proviene de colegios municipales y subvencionados), su mayor flujo externo provino del Crédito con Aval del Estado (CAE), sistema que opera gracias a la garantía que el Fisco ofrece a la banca privada. Entre 2007 y 2012 la Universidad Autónoma recibió $81 mil millones por sus alumnos acogidos al CAE.

Los dueños de la universidad -la familia Ribera Neumann- son un grupo experto en el manejo de la ley: el padre, Teodoro Ribera Beneit (quien falleció en noviembre de 2015) y sus seis hijos (Teodoro, Jaime, Pilar, Ana María, María Eugenia y Ximena Ribera Neumann) son abogados. El actual rector, Teodoro Ribera Neumann, miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, fue diputado por dos periodos (1990-1998) por el distrito 51 (Freire y Nueva Imperial), luego pasó a ser ministro del Tribunal Constitucional y durante el gobierno de Sebastián Piñera ejerció como titular de Justicia, hasta que el escándalo de las acreditaciones fraudulentas lo obligó a abandonar el cargo debido a su relación con el que fuera presidente (s) de la CNA, Luis Eugenio Díaz, formalizado y a la espera de su condena por vender acreditaciones universitarias.

ARRIENDOS: LA RUTA DEL LUCRO

A fines de 2012 el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI obtener la información contable de la Universidad Autónoma entre 2005 y 2012, con énfasis en los contratos de arriendo contraídos por esa casa de estudios para sus sedes. En medio de la tormenta generada por las movilizaciones estudiantiles que cuestionaron el lucro en muchas universidades, se inició la investigación del Ministerio Público. El detonante fue el informe que entregó la Cámara de Diputados con antecedentes de 12 universidades bajo sospecha. Entre ellas figuraba la Universidad Autónoma.

Una de las fórmulas más utilizadas por los dueños de universidades privadas en Chile para evadir la ley y hacer negocios con la educación, es la creación de inmobiliarias. La Universidad Autónoma no es la excepción: durante años sus controladores utilizaron la misma fórmula para retirar utilidades.

Un informe de la Brigada de Investigaciones de Delitos Económicos de la PDI, fechado en octubre de 2014, analizó detalladamente la situación contable de la universidad, así como los pagos realizados a sociedades relacionadas y los contratos de arriendo con inmobiliarias de la familia Ribera Neumann. En sus conclusiones señaló la contradicción entre manejar una corporación sin fines de lucro –la Universidad Autónoma- y a la vez realizar negocios a través de ella:

“Respecto de las sociedades Inmobiliaria Autónoma S.A. e Inmobiliaria El Llano S.A., si bien se determinó que han arrendado inmuebles a la universidad para los fines u objetos sociales que esta persigue y que por este concepto han recibido rentas mensuales de arrendamiento, debe señalarse que constituyen un modelo de negocio que sigue un patrón similar en las universidades que son objeto de esta indagatoria, en que los socios activos de una corporación universitaria, sean personas naturales o jurídicas, o sus directivos, son a su vez dueños de empresas que prestan servicio a la misma de cualquier naturaleza o le arriendan inmuebles, lo que contrapone los intereses de los mismos, ya que por una parte administran y/o dirigen una corporación de derecho privado sin fines de lucro y por el otro componen, administran y/o dirigen entidades que persiguen, precisamente, este fin”.

El mismo informe de la PDI estableció que las inmobiliarias de los Ribera que arriendan inmuebles a la universidad “han obtenido beneficios/utilidades económicas de esta actividad, como es lo esperado, lo que ha permitido que a fines del año pasado (2013) las inmobiliarias Autónoma y El Llano S.A. hayan repartido utilidades entre sus socios que se componen por Inmobiliaria Gaudí, (ex Inmobiliaria Teodoro Ribera y Cia.), los hermanos Ribera Neumann y otros asociados que también son parte del grupo familiar”.

Solo a la inmobiliaria Autónoma El Llano, que le arrienda edificios a la universidad en la comuna de San Miguel, se le pagaron $2.100 millones entre 2011 y 2012. A la Inmobiliaria Autónoma, que le arrendó edificios en Temuco y que fue absorbida en 2014 por la universidad, se le pagaron entre 2009 y 2012, otros $2 mil millones.

NEGOCIOS EN SAN MIGUEL

En 2002 el Consejo Superior de Educación le otorgó la autonomía a la entonces Universidad Autónoma del Sur, paso indispensable para iniciar su expansión desde Temuco. Un año después, en enero de 2003, inauguró su sede en Talca y a los cinco meses, en mayo del mismo año, su primera sede en Santiago.

San Miguel fue la comuna elegida para su estreno en la capital. Y lo hizo en un inmueble ocupado por la agonizante Universidad de San Andrés – fue absorbida por la Autónoma-, ubicado en Ricardo Morales 3369, que en su inicio fue arrendado al municipio y luego formó parte de las operaciones inmobiliarias de la familia Ribera.

El 14 de octubre de 2003 se firmó un contrato de arrendamiento entre la Municipalidad de San Miguel y la Universidad Autónoma, por un monto mensual de $10 millones (revisar contrato). Como representante de la casa de estudios firmó Teodoro Ribera Neumann, mientras que por el municipio lo hizo el entonces alcalde Eduardo Ramírez Cruz (UDI).

Al término del contrato, la Municipalidad de San Miguel realizó una licitación pública para vender el inmueble. En 2004 se lo adjudicó la Inmobiliaria Gaudi –propiedad de la familia Ribera-, luego de ofrecer $1.850 millones, pagados en dos tandas: $1.170 millones el 18 de junio de 2004 y más de $680 millones en enero de 2005 (revisar contrato). Pero el traspaso definitivo del edificio no fue simple.

La licitación fue impugnada y el proceso llegó a tribunales, los que ordenaron restituir el inmueble al municipio. No fue posible debido a las múltiples transacciones y transferencias que la Inmobiliaria Gaudi había realizado. Finalmente, en 2010, la municipalidad optó por aceptar los $300 millones en becas en la Autónoma que la Inmobiliaria Gaudí había ofrecido en 2004. “Son $50 millones por año, hasta que los recursos se agoten. Hasta el día de hoy tenemos alumnos becados en la Universidad Autónoma”, afirmó a CIPER el administrador de San Miguel, Julio Zúñiga (revisar contrato). CIPER recorrió notarías y revisó escrituras públicas para reconstruir la ruta seguida por los dueños de la Autónoma con el inmueble de San Miguel.

El 21 de septiembre de 2004, apenas Gaudí ganó la licitación del terreno, se lo traspasó a otra sociedad de la misma familia Ribera: Autónoma El Llano S.A., constituida ese mismo 21 de septiembre de 2004, en Temuco. Sus socios son Inmobiliaria Gaudí y Pilar Ribera Neumann. Fue creada con $2 mil millones de capital, casi la cifra exacta de la valoración de la propiedad que le traspasó Inmobiliaria Gaudí.

Poco después, el 11 de febrero de 2005, Autónoma El Llano firmó un contrato de compraventa con el Banco BBVA y le traspasó el inmueble de Ricardo Morales 3369 por $1.450 millones, monto que el banco pagó al contado. A este contrato tipo leaseback recurre una empresa cuando necesita dinero fresco, implica el traspaso de un inmueble a un banco para luego arrendárselo a través de pagos mensuales, los que en un plazo determinado le dan la opción al dueño original de recomprarlo. Es la misma figura utilizada por los dueños de la Universidad Mayor, la que generó la sospecha del Ministerio de Educación que abrió una investigación por posible lucro (ver reportaje de CIPER)

El objetivo de esta jugada financiera queda claro en el artículo 19 del contrato revisado por CIPER: saldar una deuda de Inmobiliaria Gaudí con el Banco BBVA. Allí se señala: “Teodoro Ribera Neumann confiere a BBVA mandato mercantil irrevocable y gratuito para que el producto de la compra venta celebrada con esta última (…) sea destinado al pago de las obligaciones que mantiene la Inmobiliaria Gaudí con BBVA, devolviendo la mandante el remanente si lo hubiera”.

El contrato entre Autónoma El Llano y el Banco BBVA estipuló pagos mensuales en cuotas que fluctuaron entre $13 y $15,4 millones durante 10 años (revisar resumen del contrato leaseback). No fue ese el precio de arriendo que le fijo la inmobiliaria de la familia Ribera Neumann a la universidad. El 20 de marzo de 2006, Autónoma El Llano le subarrendó el edificio en San Miguel a la Autónoma por $18,5 millones mensuales (pactado en UF, cuyo valor es de esa fecha), excepto marzo, mes en que el monto subió a $70 millones. Dos años después, el 20 de marzo de 2008, ese contrato se modificó y las rentas se elevaron: desde entonces la universidad debió pagarle $40,1 millones mensuales (UF de la fecha).

En síntesis, la familia Ribera le vendió el inmueble donde funciona el Campus San Miguel de la Universidad Autónoma al Banco BBVA en un leaseback, con el que pagó una deuda de su Inmobiliaria Gaudí con esa casa financiera, y luego hizo que la universidad –con el flujo proveniente de los aranceles pagados por los estudiantes- se hiciera cargo del pago de las cuotas mensuales. La recompra del inmueble la hizo efectiva Autónoma El Llano el 10 de agosto de 2015, cuando pagó la última cuota del leaseback por $18,7 millones. Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la propiedad del inmueble se mantiene en manos de la sociedad comercial de la familia Ribera.

No fue la única operación inmobiliaria en San Miguel. Autónoma El Llano firmó otro contrato de arriendo con la universidad, esta vez por el edificio donde funciona el centro deportivo y dental del plantel, en Subercaseaux 2801. El 4 de enero de 2010 se firmó el contrato por $20,6 millones mensuales, y una cuota excepcional en marzo de cada año por $61,8 millones. A pesar de que el contrato tenía una duración de 10 años, el 28 de diciembre de 2011 la inmobiliaria decidió venderle el inmueble a la universidad por $329 millones pagados al contado y $1.622 millones en deuda hipotecaria con el banco BBVA.

Sobre esa venta, el secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, afirmó ante la PDI en 2014: “En 2011, ante un cambio en el entorno social, se procedió a comprar una parte de estas propiedades a la inmobiliaria Autónoma El Llano, principalmente el futuro centro de salud y dental”.

Otro edificio del Campus San Miguel, ubicado en Subercaseaux 1404, fue arrendado por Autónoma El Llano a la universidad el 1 de enero de 2010 por $25,9 millones mensuales, más un pago extraordinario en marzo de cada año de $77 millones. También hay otras propiedades menores en arriendo, como un departamento en Las Condes (Flor de Azucenas 112), que según directivos del plantel es utilizado por las autoridades de Temuco cuando vienen a Santiago. Por ese inmueble la universidad paga $900 mil mensuales (valor actual de la UF).

LUCRO EN SEDES DE TEMUCO

El mismo mecanismo utilizado en San Miguel fue empleado en Temuco, donde está la sede matriz de la Universidad Autónoma. En marzo de 1990 las clases comenzaron en esa ciudad en un inmueble arrendado en calle Phillipi 651. Dos aulas prefabricadas sirvieron para impartir las dos primeras carreras que se le autorizaron al plantel: Derecho e Ingeniería Comercial.

Siete años después, ya funcionaban en su actual sede: Avenida Alemania 01090. La universidad ocupa toda una manzana entre la Avenida Alemania y la calle San Martín, un cotizado barrio céntrico de Temuco. Esos terrenos los compró la Inmobiliaria Teodoro Ribera (constituida el 28 de enero de 1983, transformada en 2003 en Inmobiliaria Gaudí) a diversas personas naturales entre 1993 y 1996. En 1997 se iniciaron las operaciones comerciales sobre parte de esos predios. El 7 de octubre de ese año se firmó un contrato entre la inmobiliaria y la Compañía de Seguros de Vida La Construcción –la entonces aseguradora de la Cámara Chilena de la Construcción-, la que se hizo de los inmuebles pagando $1.379 millones.

Al igual que la operación financiera de la que fue objeto el inmueble en San Miguel, se hizo un leaseback mediante el cual la Inmobiliaria Teodoro Ribera obtuvo recursos frescos a cambio de entregar momentáneamente la propiedad, pagando un arriendo mensual que le aseguró la posibilidad de recompra.

El mismo 7 de octubre de 1997 se firmó otro contrato, esta vez de arrendamiento entre la Inmobiliaria Teodoro Ribera y la Compañía de Seguros de Vida la Construcción, por $12,5 millones (unos $23 millones según el valor actual de la UF) y que debía durar 20 años (hasta octubre de 2017). El documento incluyó la autorización para que la inmobiliaria subarrendara la propiedad a la Universidad Autónoma.

En mayo de 2004, Bice Vida –del Banco Bice-, adquirió la aseguradora de la Cámara Chilena de La Construcción. En ese traspaso, Bice Vida valorizó los inmuebles de Temuco en $1.758 millones. Nueve años después, el 29 de septiembre de 2014, la familia Ribera decidió adelantar el fin del leaseback y recomprar las propiedades. La sociedad que efectuó la recompra fue Inmobiliaria Porvenir S.A., constituida el 31 de agosto de 2007 -con un capital de $500 millones- por Teodoro Ribera Beneit y su hija Pilar Ribera Neumann. La recompra de los edificios de la universidad en Temuco le costó a los Ribera $641 millones, los que fueron recuperados con creces solo seis meses después, el 25 de marzo de 2015, cuando estos mismos fueron vendidos a la Universidad Autónoma por un total de $4.100 millones. Cabe recordar que los pagos mensuales del leaseback corrieron por cuenta de la universidad y no de la inmobiliaria, por lo cual la inmobiliaria de la familia Ribera obtuvo una ganancia de $3.459 millones.

Seis meses después de haberle vendido parte de los inmuebles de Temuco a la universidad, en septiembre de 2015, la inmobiliaria se transformó en sociedad limitada. Entre sus socios figuraban cuatro de los seis hermanos Ribera Neumann, además del patriarca de la familia. Al momento del cambio la inmobiliaria había reducido su capital a $14,5 millones. Ya no figuraban los dineros pagados por la universidad por la compra de su sede en Temuco.

La investigación del Ministerio Público estableció además otros negocios en Temuco entre inmobiliarias de la familia Ribera y la Universidad Autónoma. A través de Inmobiliaria Autónoma, que hasta 2014 era controlada por los Ribera Neumann con un 80% y el 20% restante en manos de la universidad, le arrendó cuatro edificios a la Autónoma: en Porvenir 660, por $22,6 millones mensuales (valor UF de la época); Porvenir 649, donde funciona el gimnasio de la universidad y que entre 2006 y 2011 se arrendó en $1,3 millón mensual, pero luego el canon se elevó a $31 millones; y Porvenir 572 y 558, donde funciona el canal de TV que posee el plantel, y por el que entre 2009 y 2013 se cobró $3 millones mensuales.

Algunas propiedades de la universidad en Santiago también pasaron por el filtro de las inmobiliarias de la familia Ribera. En 2011, la Inmobiliaria Terranova Limitada adquirió dos inmuebles en calle Europa (1914 y 1936), aledaños al campus que la universidad inauguraría en 2015 en Providencia (Av. Pedro de Valdivia 425). El valor de la compra fue de $384 millones. Meses después (11 de noviembre de 2011), Inmobiliaria Terranova le vendió las mismas propiedades a la Universidad Autónoma, pero el precio esta vez fue de $598 millones. Eso sí, el grueso de la propiedad que hoy constituye el Campus Providencia fue comprado directamente por la universidad a las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Argentinas por $7.239 millones, el 5 de enero de 2010.

CIPER revisó la propiedad de todos los inmuebles donde funciona actualmente la universidad y en todos los otros que no han sido mencionados en este reportaje en sus sedes en Santiago y Talca, las propiedades fueron compradas directamente por la universidad.

PAGOS ENTRE FAMILIARES

Son 17 las personas de la Universidad Autónoma que declararon como imputados a mediados de 2014 en la investigación de la Fiscalía Oriente por lucro en las universidades. Casi todos ellos debieron dar cuenta de los pagos recibidos desde la universidad a través de honorarios y remuneraciones. Entre 2008 y 2012, las pericias establecieron que por estas vías se pagaron $1.665 millones. En el mismo periodo, las sociedades relacionadas a la familia Ribera Neumann acumularon pagos de la Universidad Autónoma por $5.508 millones.

El secretario general de la universidad, Jaime Ribera Neumann, justificó así los pagos a sociedades relacionadas: “La universidad pudo solucionar sus problemas de crecimiento exitosamente, mediante una política de arriendos a valor de mercado”. Y agregó: “En los años 2010 y 2011 la universidad encargó a terceros una tasación de las propiedades que arrendaba, con el objeto de validar los arriendos existentes desde una perspectiva de valores de mercado… se encargó a los bancos BBVA, Santander y a Colliers International realizar tasaciones a algunos de los bienes raíces más relevantes”.

María Loreto Concha Valderrama, esposa del rector de la universidad, Teodoro Ribera Neumann, registra pagos por $220 millones. En su declaración judicial los justificó así: “Durante los años 2008 a 2012 presté asesoría jurídica como abogada al secretario general de la Universidad Autónoma, Jaime Ribera, en Temuco”. María Loreto Concha afirmó que en diciembre de 2011 aumentó su ingreso mensual de $3,1 a $5 millones debido a una mayor carga laboral, y que en diciembre de 2008 le pagaron $7,3 millones adicionales por trabajos no contemplados en su contrato de asesorías.

Teodoro Ribera Neumann justificó así los $57 millones que recibió vía remuneraciones: “Asumí como rector cuando dejé el cargo de diputado en 1998, ejercí hasta junio de 2011, fecha en la que fui designado ministro (de Justicia)”. Su remuneración como rector –dijo- ascendía a $3 millones mensuales y afirmó que desde Inversiones Orgaña –de la que es socio junto a su señora-, no ha retirado utilidades ya que siempre la pensó como “un instrumento de ahorro”. Orgaña registra pagos del plantel por $67 millones en el mismo período.

Los pagos se extienden a casi todos los hijos del matrimonio Ribera Neumann (Ximena es la única que no figura recibiendo pagos), sus nietos y los cónyuges de estos. Un esquema realizado por la PDI da cuenta de traspasos de dinero a Manuel Concha Valderrama, hermano de la esposa del rector; Juan Pablo Laporte Ribera –hijo de Pilar Ribera-, y a su esposa Loreto Sepúlveda Monsalve; a su hermana Michelle Laporte Ribera (que los justificó indicando que entregaba “informes verbales” a su abuelo cuando este ejercía como rector); y a Gustavo Nicklander Ribera y a su hermana, Stefanie Niklander Ribera, hijos de María Eugenia Ribera, quienes además de recibir pagos mensuales durante un tiempo fueron beneficiados con becas de la universidad que financiaron sus estudios de post grado en Europa (revisar listado completo de pagos a personas y sociedades relacionadas entre 2008 y 2012).

INMOBILIARIAS CON SELLO CATALÁN

Que la sociedad matriz de las empresas de la familia Ribera lleve por nombre Catalunya no es casual: el patriarca de la familia, Teodoro Ribera Beneit, fue hijo de inmigrantes catalanes (de allí también el nombre de una de sus inmobiliarias, Gaudí, como el arquitecto español y máximo representante del modernismo catalán). Catalunya ocupa un rol central en la reingeniería que la familia ejecutó en sus empresas a partir de 2010, al momento de la expansión de su negocio en la educación y que coincide con su toma de control de la propiedad del Incacea, uno de los institutos profesionales de mayor matricula en el país y al que la ley no le impide lucrar.

El 7 de octubre de 2010 la familia Ribera creó tres sociedades: Catalunya, el Instituto de Ciencias Aplicadas y la Academia de Estudios Nacionales. El único miembro de la familia Ribera Neumann que no participó como persona natural en estas sociedades, fue el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera: lo hizo a través de Inversiones Orgaña, la que creó en 2000 junto a su señora, María Concha Valderrama. Dos meses más tarde, en diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann tomó el control mayoritario del Instituto Profesional Incacea a través de Catalunya. Un año después, a fines de 2011, las dos últimas sociedades ingresarían a la asamblea de socios que controla la Universidad Autónoma.

En esa reingeniería de sociedades que llevó a cabo la familia Ribera Neumann entre 2010 y 2011, hubo otras tres sociedades que tuvieron corta vida ya que finalmente fueron absorbidas por Catalunya: Inmobiliaria Terranova, Servicios Guissona y Constructora Barcelona.

DUEÑOS DEL INCACEA

La familia Ribera Neumann ingresó con un 32,5 % a la propiedad del Instituto Profesional Incacea, el 30 de enero de 2006, a través de la Universidad Autónoma, la que aportó $100 millones en efectivo y otros $116 millones en servicios computacionales y académicos, asesorías y publicidad. Junto a los Ribera, también se hizo socio del Incacea, Alexis Yáñez Alvarado, entonces lobista de la Concertación, a través de Inversiones y Asesorías Santa Sofía (ver reportaje de Ciper). Yáñez era socio de los Ribera desde 2003, a través de Servicios Universitarios S.A., sociedad que se constituyó para administrar la recién creada sede en Santiago de la Universidad Autónoma.

La investigación de la Fiscalía logró acreditar pagos desde la Autónoma a Inversiones y Asesorías Santa Sofía por $333 millones, en 2009 y 2011. Estos traspasos se justificaron por asesorías realizadas por Yáñez para analizar la posible expansión de la universidad a otras ciudades.

En diciembre de 2010, la familia Ribera Neumann pasó a tener el control mayoritario del Incacea. Esta vez lo hizo a través de dos vías: Catalunya y la Universidad Autónoma. En esa fecha, Juan Carlos Oñate González, quien tenía el 58% de la propiedad del instituto, cedió el 51% a Catalunya y otro 7% a la Universidad Autónoma. Alexis Yáñez también se retiró y le traspasó su 7,5% a la universidad.

El 11 de noviembre de 2011 la Universidad Autónoma y Catalunya aportaron $3.500 millones al Instituto Profesional Incacea. El monto incluía dinero en efectivo, capitalización de utilidades y bienes, los que se completarían en un plazo de cinco años. Finalmente, Catalunya no aportó todo lo que le correspondía por lo que su participación quedó reducida a 20% (tenía el 51%). Esa modificación del capital del instituto se hizo en junio de 2014 y dio paso a la salida de Catalunya –la sociedad matriz de los Ribera Neumann- de la estructura societaria del instituto profesional. Un cambio clave que se ejecutó justo en el momento en que los dueños de la Universidad Autónoma estaban declarando en la investigación del Ministerio Público por lucro ilícito.

Catalunya le cedió el 20,08% de su participación en Incacea a la Universidad Autónoma, quedando otra ínfima parte (0,4%) en otra sociedad comercial de los Ribera Neumann: Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A., la que controla el canal de televisión de la Autónoma en Temuco.

El retiro de Catalunya del instituto profesional se produjo en medio del declive de la institución, la que ha ido bajando progresivamente su número de alumnos. Si en 2010 tenía 581 estudiantes, en 2015 exhibe apenas 49 matriculados. La página web del Incacea está inactiva y no hace mención de ningún proceso de matrículas. El número telefónico allí registrado no es contestado por nadie. Actualmente el instituto funciona en un edificio que inicialmente subarrendó la Autónoma a la Universidad Ucinf (Pedro de Valdivia 641, Providencia) y que luego arrendó directamente a sus dueños de entonces, la Congregación de Hermanas Teresianas. La declaración de Jaime Ribera Neumann del 14 de junio de 2014 ante la justicia establece que ese inmueble fue comprado por la universidad. Sin embargo, en los registros actuales del SII aparece como su dueña la Residencia Universitaria Femenina (ver registro)

La participación de la Universidad Autónoma en el Incacea no ha estado exenta de polémica. De hecho, la razón de la salida de Teodoro Ribera del Ministerio de Justicia a fines de 2012, está relacionada con el instituto: Ribera contrató al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, como asesor en Gendarmería, repartición de su dependencia, justo cuando la CNA estudiaba la acreditación de su instituto profesional.

No fue la única arista que involucró a los Ribera con el escándalo de las acreditaciones fraudulentas de la CNA. Eugenio Arratia, uno de los pares evaluadores que jugó un rol decisivo en la acreditación de la Universidad Autónoma en 2007 y 2010, fue elegido por los Ribera Neumann como rector del Incacea; y en 2012 nombrado vicerrector de Calidad y Acreditación de la Autónoma (ver reportaje de CIPER).