El 13 de octubre de 2011, Ángel, un niño que entonces tenía ocho años de edad y vivía en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México, recibió una descarga eléctrica de alta tensión, que le provocó quemaduras internas y externas en 65% del cuerpo.

Según la versión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno de la Ciudad de México, Ángel jugaba con un tubo metálico en el balcón de su departamento, en un cuarto piso, cuando alcanzó un cable de luz.

Así, para las autoridades directamente involucradas, Ángel sufrió un accidente provocado por él mismo, por lo que hasta la fecha se niegan a pagar la atención médica que por el resto de su vida requerirá este niño, hoy de 14 años de edad, quien ha requerido 30 intervenciones quirúrgicas en el extranjero, además de una infinita lista de medicamentos y aparatos ortopédicos.

Sin embargo, en el año 2014, la versión de la CFE y de la Dirección de Protección Civil de la Delegación Cuauhtémoc quedó desmentida por un peritaje en medicina legal de la Procuraduría General de la República, según el cual, Ángel no presentó ninguna lesión en las palmas de sus manos, y éstas “forzosamente se tendrían que haber presentado, si hubiese tenido contacto directo con el cable eléctrico a través de un objeto metálico agarrado por sus manos”.

Peor aún: según este mismo peritaje de la PGR, “no hay evidencia objetiva de la existencia del supuesto objeto, tubo, varilla o mango de escoba metálico, del que se hace mención en diversos documentos y testimoniales”, rendidos tanto por personal de CFE, como de Protección Civil de Cuauhtémoc.

Este peritaje de la PGR, de hecho, señala que la posible causa del electrocutamiento fue un “arco voltáico”, es decir, “una chispa de corriente de alto voltaje (que) viaja a través del aire”, debido a que los cables de alta tensión que pasaban frente a su departamento no contaban con ningún tipo de aislamiento, y a que fueron instalados a 1.5 metros de distancia horizontal del balcón donde estaba Ángel, es decir, 80 centímetros más cerca de lo que permiten las normas oficiales de seguridad.

Este peritaje sostiene, incluso, que “existe una correlación entre el tipo de lesiones por fuego directo que presentó este menor de edad, con las que generalmente se presentan en un arco voltáico, descritas en la literatura médica universal, las cuales son ocasionadas al incendiarse la vestimenta de la víctima”.

Paradójicamente, aún cuando la PGR comprobó que la versión de la CFE y del gobierno delegacional en Cuauhtémoc estaba basada en falsedades de funcionarios públicos, y que los cables de alta tensión fueron instalados violando las normas oficiales de seguridad, la investigación de este caso fue archivada por el Ministerio Público de la Federación en el año 2016, argumentando falta de elementos para determinar si las autoridades implicadas son responsables de las lesiones.

Pruebas fabricadas

“El 13 de octubre de 2011, más o menos a las 5 de la tarde, mi esposa y mi hijo se encontraban en el departamento que habitábamos, en Puerto México 40, esquina con Bajío, en la colonia Roma Sur –narra Jorge, papá de Ángel–. Mi hijo tenía ocho años, había ido a la escuela y ya de regreso se puso a jugar con sus carritos… le gustaba quitarse la playera y los zapatos, y así jugaba, en su short, con una playerita sin mangas.”

El departamento está en un cuarto piso, y la sala daba a un balcón, al que el niño se aproximó mientras jugaba con sus carritos.

“Escuché el estallido de un transformador –describió Norma, mamá de Ángel, en su declaración ministerial– cuando fui al cuarto en donde estaba mi hijo no lo encontré, (pero) su perro estaba ladrando en el balcón. Inmediatamente fui y vi que mi hijo estaba colgado de la pared del balcón, su cabeza estaba colgando hacia el vacío, y estaba lleno de llamas. Yo lo levanté y empecé a quitarle su ropa, y él tenía la vista fija, no respondió, imaginé que estaba muerto… lo acosté en el piso y empecé a gritar que alguien llamara a una ambulancia”.

Tal como consta en el expediente judicial iniciado, minutos después llegaron al lugar una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, personal de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc y, tras ellos, llegó una escuadra de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad.

“La ambulancia llegó en diez minutos –explica Jorge–, envolvieron a mi hijo en una sábana mojada y se lo llevaron al hospital de Tacubaya”, junto con el niño se fue su mamá, y en el lugar de los hechos sólo quedó el personal de CFE y de Protección Civil.

Según el expediente, la versión de que Ángel maniobraba una varilla o un tubo metálico con el que alcanzó los cables eléctricos fue establecida por el personal de Protección Civil, luego de que Ángel y su mamá fueron llevados al hospital de Tacubaya.

La gente de Protección Civil dijo que lo escuchó de algunos vecinos. Luego, esta versión fue adoptada por los empleados de la CFE.

Aunque ambos equipos de trabajo dijeron haber visto un mango de escoba metálico tirado en la calle (y a la fecha sostienen que es con el que se electrocutó Ángel), en el momento de los hechos no dijeron nada sobre dicho artefacto a las primeras autoridades judiciales que acudieron al lugar, pertenecientes a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y por lo mismo, dicha evidencia no se preservó, si es que hubiese existido.

También los equipos de trabajo tanto de CFE como de Protección Civil aseguraron haber visto un mango de escoba tirado en la calle, ambos dieron descripciones y ubicaciones distintas del supuesto artefacto metálico que observaron, tal como destaca la misma averiguación previa iniciada por autoridades federales.

“A mi hijo se lo llevaron al hospital de Tacubaya –recuerda Jorge–, ahí pasamos la noche… y también llegaron representantes de CFE, pero no se nos acercaron, se quedaron a distancia… Para el día siguiente, 14 de octubre, los doctores nos dicen que el niño podía perder la vida de un momento a otro: todas las venas, los tendones, los músculos de uno de sus brazos estaban tan hinchados, que tuvieron que abrirle la piel, tuvieron que realizarle un cateterismo al corazón, porque su pecho se había quemado mucho y su corazón estaba muy inestable… todos sus órganos estaban fallando, incluso hubo un momento en que sus riñones dejaron de funcionar”.

Gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau, ese mismo 14 de octubre, una institución de salud ubicada en Texas, especializada en la atención a niños quemados, aceptó darle tratamiento de emergencia a Ángel (de forma totalmente gratuita), pero había un problema: se requería una ambulancia aérea para trasladar al menor.

“Las opciones eran quedarnos en México –narra Jorge–, y que le amputaran una pierna y un brazo, con altas probabilidades de que muriera, o llevarlo a Texas, para que intentaran salvarlo con las mejores técnicas médicas del mundo. Los médicos en México nos sugirieron que vendiéramos todo lo que tuviéramos, para pagar el jet ambulancia.”

Fue ese momento, señala Jorge, el que aprovecharon los representantes de CFE: “Se nos acercaron su apoderado legal, Pablo Arturo López Maldonado, y Juan Manuel Fernández Espinosa, ajustador contratado por la aseguradora Grupo Financiero Interacciones.

“Obviamente, mi esposa y yo estábamos en shock, y entonces llegaron estos dos personajes, y nos dijeron que ellos pagaban la ambulancia aérea, que no habría ningún problema, pero dijeron que había que presentar un acta de hechos ante el Ministerio Público, como trámite para que la aseguradora Interacciones pudiera liberar el dinero. Pero luego le pusieron a mi esposa una condición: que dijera en esa acta de hechos que el niño tocó los cables con una varilla. Ella lo platicó conmigo y decidimos que no importaba, que haríamos lo que fuera con tal de conseguir el jet ambulancia.”

La renta del jet costó a la CFE 210 mil pesos, y le entregaron a la familia otros 200 mil pesos, para gastos en Estados Unidos, durante los primeros cuatro meses de atención intensiva.

Luego, en los meses posteriores, la Comisión Federal de Electricidad hizo otras cinco aportaciones económicas a la familia: dos de 20 mil pesos, dos de 40 mil, y una más de 90 mil pesos.

En total, 620 mil pesos, que fueron entregados a lo largo del año 2012, durante el cual, Ángel tuvo que regresar cada dos meses a Texas, para ser sometido a terapias o nuevas intervenciones quirúrgicas, para reponerle piel a partir de injertos cadavéricos y de piel de porcinos.

“Ese dinero, obviamente, no sirvió para nada: el niño no podía ir solo a Texas, tenía que ir con su mamá, y luego tuve que comenzar a acompañarlos yo, porque prácticamente había que cargarlo todo el tiempo, y mi esposa tuvo un problema de espalda por esa razón. Entonces, entre los gastos de manutención en Galveston, Texas, gastos humildes, comiendo lo más barato, y las medicinas y trajes especiales, ese dinero se esfumó. Y a partir de entonces, la CFE ya no ha querido hacerse responsable de nada”.

”Yo creo que ellos pensaban que el niño se iba a morir, y por eso aceptaron hacerse responsables en un inicio, pero poquito después se echaron para atrás”.[/animalp-quote-highlight]

Tal como concluyeron los especialistas que atienden a Ángel desde entonces, el menor requerirá terapias y nuevas cirugías al menos hasta los 21 años.

“Pero esa es sólo una previsión –aclara su papá–, porque mi hijo sufrió quemaduras dentro de su cuerpo: todos sus órganos sufrieron quemaduras, y conforme vaya creciendo, conforme se vaya convirtiendo en adulto, van a ir surgiendo nuevas secuelas de lo que le ocurrió, y la CFE debe ser responsable de la atención médico que él requiera por el resto de su vida.”

Lucha familiar

Entre 2012 y 2017, los padres de Ángel han debido dedicar todo su tiempo y recursos no sólo a la atención de su hijo, sino a una larga lucha legal, en la que han debido tramitar un sinnúmero de amparos, primero para que se reconociera el daño moral causado por la CFE, que colocó frente al balcón de la casa tres cables de alta tensión sin aislamiento y a una distancia que violaba las normas oficiales de seguridad.

Luego, los amparos tuvieron que interponerse, para obligar a la PGR a reabrir las investigaciones por el delito de lesiones, luego de que mandó el expediente al archivo en 2016. Aunque lograron que la investigación se reabriera, ésta sigue en punto muerto.

Finalmente, los papás de Ángel también tuvieron que defenderse en términos legales de los amparos promovidos por la Comisión Federal de Electricidad y por la aseguradora Grupo Financiero Interacciones, para eludir su responsabilidad en este caso.

El último de estos amparos fue dirimido, de hecho, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trató de un amparo promovido por la CFE, mismo que en abril de 2017 fue desechado.

Pero aún con esta lluvia de procedimientos legales, todos los cuales han concluido en favor de Ángel y su familia, hasta la fecha no se ha emitido una sentencia que señale concretamente cómo deberá reparar el daño la CFE.

Mientras tanto el desgaste económico, físico y psicológico de esta familia, continúa.

“A partir de esto, nos quedamos jodidísimos –señala Jorge–: hemos vendido casa, carros, muebles, pero todo sea por salvarle la vida al niño, y que él este ahora bien, porque aunque sufre secuelas graves, él es un niño con todo el futuro por delante.

“Ángel es ahora un adolescente. Un año después de que se dio este arco voltáico que lo electrocutló, lo regresamos a la escuela. Toda la vida, desde entonces, él ha tenido que usar trajes de presión, que le cubre incluso los dedos de las manos. Son trajes que sirven para contener el crecimiento de las cicatrices queloides… prácticamente todo su cuerpo, del pecho para abajo, tiene este tipo de cicatriz, entonces, estos trajes no las eliminan, sólo ayudan a que no se hinchen tanto. Él se iba a la escuela así, con su traje de presión, y con férulas en un brazo y las dos piernas.

“Además, tiene que tomar un montón de medicamentos especiales: medicamentos para el corazón, medicamentos para el dolor, cremas especiales para la comezón… Además, la quemadura le provocó una neuropatía en su pie izquierdo, o sea, se dañaron sus nervios, ya ha tenido tres cirugías sólo en ese pie, y aún requiere más, así como terapias de rehabilitación para recuperar la movilidad. Y como sigue creciendo, cada vez que se estira, él necesita nuevos injertos de piel, porque si no, empieza a perder movilidad. Ya en este momento, necesita una nuevo injerto en el hombro, porque ya no puede alzar bien su brazo.”

A eso, se suman las afectaciones psicológicas, que no se originaron sólo por el trauma de la electrocución, sino también por años de tratamientos quirúrgicos, y porque “finalmente él es un adolescente, y como todos, es vanidoso, y sufre al pensar en el rechazo de algunas personas… Pero también es un niño inteligente y fuerte, con todo lo que ha resistido, no se necesita más prueba de que es un niño excepcional, ejemplar, y que lo será aún más cuando se convierta en adulto.”

–¿Y el resto de la familia?

–El resto de nosotros estamos en la ruina. Mi esposa sufre de una hernia discal en la columna vertebral, a partir de que tuvo que cargar al niño durante mucho tiempo. Tanto ella como yo tuvimos que dejar nuestros trabajos, porque la gravedad del niño requería que estuviéramos con él las 24 horas… Cuando todo sucedió, yo trabajaba para Hitachi Data Systems, y estaba asignado como ingeniero residente en Inbursa: administraba y daba soporte a la infraestructura digital y virtual de todo el corporativo, eso era, para mí, la cumbre profesional a la que aspiraba, pero en ese momento sucedió todo y obviamente era más importante mi hijo… ahora, mi esposa y yo somos personas de 45 y 50 años, o sea, ya no tan fácil conseguimos trabajo. Yo, al menos, siento que estoy como boletinado.

La respuesta de las autoridades en seis años

Durante los años que han transcurrido, por las distintas instituciones involucradas han pasado personajes políticos a los que, destaca Jorge, debe también responsabilizarse por las omisiones y negligencias: “por la PGR pasó Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), y el actual titular es Raúl Cervantes; y por la CFE han pasado Antonio Vivanco Casamadrid, Francisco González Aguadé, Francisco Rojas Gutiérrez, Enrique Ochoa (ahora presidente nacional del PRI) y el actual Jaime Francisco Hernández Martínez… todos se han lavado las manos, han operado como una red de complicidad para no responder por los daños.”

Para conocer la postura de la CFE en torno a esta denuncia, Animal Político solicitó una entrevista con un representante de la institución. Esta solicitud no obtuvo respuesta alguna.