Cinco asesinatos y tres menores en situación de orfandad en menos de 48 horas conducen la mirada hacia normativas vacías de recursos para su implementación, pactos vacíos de presupuesto y de voluntad, procesos vacíos de apoyo a quienes lo necesitan –ellas, las mujeres- y acaso buenas intenciones vacías de compromiso

Madrid, 27 sep. 18. AmecoPress.- En menos de 48 horas, un hombre asesina a sus dos hijas en Castellón –para hacer daño a la madre-, un hombre mata a su pareja en Bilbao, un hombre acaba con la vida de su expareja en Maracena (Granada) y un hombre apuñala a una mujer cuyo cadáver es hallado en una vivienda de El Morche, un núcleo de población del municipio malagueño de Torrox. Otro de los resultados de estos hechos es que tres menores quedan en situación de orfandad.

No se trata de casos aislados. Son la expresión del fracaso de un sistema que no logra proteger a mujeres y menores, ni ubicar acabar con la violencia machista como prioridad. Normativas vacías de recursos para su implementación, pactos vacíos de presupuesto y de voluntad, procesos judiciales vacíos de apoyo a quienes lo necesitan –ellas, las mujeres- y acaso buenas intenciones vacías de compromiso.



Algunas organizaciones califican lo sucedido de “violencia institucional”. Lo cierto es que el sistema de protección está fallando, no solo en el caso de las mujeres que no denuncian, también en el de aquellas que lo hacen. “No se han puesto los medios necesarios”, reivindica Consuelo Abril, de la Plataforma 7N mientras prepara el comunicado que la organización emitirá alertando sobre las negligencias y responsabilidades de las distintas instituciones en los últimos casos mortales por violencia machista.

El padre que asesinó a sus dos hijas en Castellón había sido denunciado. Hubo dos procedimientos abiertos: el primero, a raíz de un parte médico, fue archivado porque la mujer no denunció. Días después, el Juzgado de Familia reguló el régimen de visitas y dos semanas más tarde, la mujer denunció por amenazas. La orden de alejamiento solicitada por la víctima fue denegada dos veces, con la conformidad de la Fiscalía, y la mujer recurrió la decisión. Sin embargo, posteriormente desistió de continuar y el procedimiento fue archivado. Durante el proceso, la policía valoró el riesgo de la víctima como bajo.

Valoración del riesgo, el frágil eslabón

"Que un caso como este haya sido valorado como de riesgo bajo nos está indicando claramente que el sistema de valoración de riesgo está fallando y, consecuentemente, todo el sistema de protección", asegura Gema Fernández, abogada de la organización Women’s Link.

Su opinión es compartida por Abril, que denuncia que “son demasiados casos de mujeres asesinadas, cuyos casos habían sido valorados previamente de riesgo bajo y por tanto, no habían logrado obtener una orden de alejamiento”.

También la mujer asesinada en Bilbao había presentado con anterioridad una denuncia por amenazas. Las amenazas y el control suele ser un patrón repetido en aquellas denuncias que preceden a los asesinatos machistas, según ha alertado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en varios informes. Pero al no tratarse de agresiones físicas muchas veces no son valoradas adecuadamente.

Cuando una mujer denuncia, la policía valora el riesgo que sufre a partir de un cuestionario tipo que se introduce en una máquina que arroja una valoración: riesgo alto, medio o bajo. Esta valoración se remite a un juzgado, que solicita la protección de la mujer o no. Es decir, es un sistema, una cadena que, si se rompe, puede implicar el asesinato de la víctima de maltrato o de sus hijos e hijas, utilizadas por el maltratador para hacer daño a la mujer.



En 2011 se aprobó un el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo. Sin embargo, y según datos de la propia Fiscalía, no se está aplicando por falta de medios. “Las unidades de valoración de riesgo no están siendo eficaces; al final, las están llevando a cabo la policía y tendría que ser un equipo de profesionales de distintos ámbitos y con formación adecuada”, insiste Consuelo Abril.

Además de la valoración de riesgo, hay que revisar todo el sistema judicial y exigir la formación obligatoria y adecuada. Expertas y organizaciones critican que todavía muchas veces la especialización que reciben los operadores de justicia es “un curso on-line de cinco horas”. Gema Fernández, que conoce en profundidad el sistema y el periplo al que se enfrentan las mujeres que denuncian, pues es la abogada que ha llevado el caso de Ángela González Carreño, insiste en un tipo de formación que apunte a un “cambio de mentalidades” y recuerda que “estamos luchando contra la piedra angular del patriarcado que es la patria potestad de los hijos y el poder de los hombres sobre las mujeres”.

Menores

“Todavía tenemos gran parte de la justicia que sostiene que un maltratador sí puede ser un buen padre", lamenta Abril, abogada de familia y experta en casos de divorcio. Y recuerda que según datos del CGPJ, en 2017 el régimen de visitas del padre solo se suspendió en un 2,8% de las órdenes de protección adoptadas. La patria potestad se interrumpió en un 0,4% y solo en un 0,8% se tomaron medidas destinadas a proteger al menor para evitar un perjuicio o peligro.

Todo esto está sucediendo a pesar de que supuestamente los y las menores deberían ser tenidas en cuenta como víctimas de violencia de género, como sus madres, desde la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia desde 2015.

Las organizaciones y expertas reivindican una responsabilidad política, también del CGPJ, ante negligencias como las observadas en los últimos casos de violencia machista y abogan por un compromiso social que coloque este tema en el centro de la agenda pública.



Asimismo, exigen la implementación de las medidas que contiene el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Se pide mucho a las mujeres, que denuncien, que lo que digan sea coherente, que se enfrenten a las trabas de un proceso difícil en el que muchas veces no se las cree ni se las apoya, en lugar de ver cómo destinar recursos para acompañarlas, apoyarlas y protegerlas”, argumenta Abril.

Hay mujeres que sufren maltrato que no saben cómo pedir ayuda o que no quieren denunciar. Hay mujeres que abandonan el proceso y retiran la denuncia o se acogen a su derecho de no declarar. La madre de las niñas asesinadas en Castellón por ejemplo, desistió en dos ocasiones de seguir con el proceso. Pero todo esto puede cambiar con recursos de acompañamiento, apoyo, y protección hacia las mujeres, con voluntad.

Foto: AmecoPress.

— -

Estado español – Política – Violencia de género – Maltratos – Infancia. 27 sep. 18. AmecoPress.