De repente, tras las barricadas que se habían levantado a través de las calles de Madrid, un grito se alzó como el crujido que delata un desgarro: «¡Abajo los Borbones!». Las masas populares que se habían unido a la sublevación protagonizada el 22 de junio de 1866 por la guarnición del cuartel de San Gil expresaban así su ruptura con un régimen bajo el que asumían ya que sus aspiraciones nunca serían satisfechas.

Aquel levantamiento resultó limitado y escasamente organizado y pronto pudo ser aplastado. Pero ese primer conato antidinástico evidenciaba un divorcio difícilmente reversible.

Isabel II, la reina que había despertado grandes expectativas de progreso y libertad con su llegada al trono, tras una cruenta y larga guerra civil -la Primera Guerra Carlista- se erigía a ojos de su pueblo, apenas dos décadas después, como principal pilar de un sistema obsoleto, opuesto a toda idea de modernidad, libertad y cambio social.

«Vinísteis al mundo saludada con los entusiastas epítetos de excelsa y de ángel, por los hijos de una noble generación, que habíais de perseguir y fusilar, en prueba de un corazón que para mayor crueldad llamáis cristiano», le llegaría a espetar nada menos que su cuñado, Enrique de Borbón.

En esas circunstancias, no puede extrañar que el mismo grito de «‘¡abajo los Borbones!» volviera a resonar en los últimos días de septiembre de 1868, pero esta vez por toda España y vociferado por la multitud en un entorno festivo.

El de San Gil no había sido el primero ni el último de los avisos que recibiría Isabel II del malestar que empezaba a germinar en algunos sectores de la sociedad española. Hacía años que uno de los dos grandes partidos del liberalismo español, el Progresista, acaudillado por Salustiano Olózaga y el general Juan Prim, había tomado la senda de la insurrección, convencido de la imposibilidad de acceder al poder mediante el libre ejercicio de la política. Y en sus conspiraciones lograrían atraerse el apoyo de los grupos más a la izquierda del panorama político español, demócratas y republicanos, en una alianza que se concretaría en el llamado Pacto de Ostende, en agosto de 1866.

El Pacto de Ostende, en agosto de 1866, significaba la alianza de la oposición en las conspiraciones para hacer caer el régimen isabelino

Ante estas muestras de desafección, sin embargo, la reina no realizó ningún propósito de enmienda, sino que, al contrario, recurrió cada vez con más frecuencia al recurso de la fuerza, ejecutada con tenacidad por el que sería su principal baluarte político, el general moderado Ramón María Narváez. Cuentan las crónicas que tras la muerte de éste, en abril de 1868, cayó una intensa tormenta en Madrid, que sería interpretada como señal del desastre que se cernía sobre el trono.

Pero ni aún entonces procuraron la reina y sus consejeros en la Corte un cambio de rumbo que desactivara los movimientos para su derrocamiento, a los que también se habían unido los miembros del partido centrista Unión Liberal, tras la muerte de su histórico líder, Leopoldo O’Donnell. El nombramiento de Luis González Bravo para suceder a Narváez fue la mejor prueba de que Isabel II había decidido tomar la senda del enfrentamiento. «Gobernar se había convertido en resistir y el único instrumento era ya la represión», observa Isabel Burdiel en su biografía de la reina.

Tendencias Narváez, la espada que detuvo el tiempo de España En las primeras horas del 22 de junio de 1866, en el cuartel de San Gil, situado junto a lo que hoy es la Plaza de España de Madrid, un […]

Y ante las exhortaciones de su hermana Luisa Fernanda para que abriera la puerta del gobierno a los progresistas, su respuesta fue reveladora: «La revolución me ha declarado una guerra a muerte; pues bien, yo a mi vez declaro la guerra a la revolución; veremos al final quien vence».

Aquel tenso escenario político se veía, además, enmarcado por una crisis económica que no hacía sino restar apoyos a la Corona y alimentar el descontento popular. La insurrección parecía inminente, pese a los denodados esfuerzos del Gobierno de González Bravo por desactivarla, lo que se plasmó en el destierro a Canarias de algunos de los generales conspiradores, con Francisco Serrano, duque de la Torre, a la cabeza, así como la invitación a la infanta Luisa Fernanda y su marido Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, a abandonar el país, ante la sospecha de que intrigaban para acceder al trono.

La revolución que se inició en el mar

Nada de esto logró desbaratar los planes de los insurrectos, que pasarían a la acción a mediados de septiembre, cuando la reina y el presidente del gobierno se encontraban veraneando en San Sebastián. Mientras Prim, la figura más carismática entre los revolucionarios, tomaba de incógnito un barco en Inglaterra, que le trasladaría hasta Gibraltar, otro buque -fletado por el duque de Montepensier- ponía rumbo a Canarias para traer de vuelta a los generales desterrados.

Desde el día 16, Prim se encontraba a bordo de uno de los barcos que el almirante Juan Bautista Topete había apostado frente a la bahía de Cádiz, mientras esperaban la llegada de Serrano, que estaba destinado a liderar la insurrección. La excitación que se vivía en las calles, sin embargo, les llevaría a precipitar el movimiento y el día 18 poco después de la una de la tarde, una salva de cañonazos anunciaba el inicio del levantamiento.

Los distintos grupos comprometidos en la rebelión tenían unos objetivos muy dispares que les obligaron a posponer las cuestiones clave sobre el futuro régimen que habría de instalarse en España. Así, el manifiesto que llamaba a secundar la sublevación era un «un auténtico prodigio de ambigüedad política», en palabras del historiador Josep Fontana, en el que se denunciaba la corrupción que manchaba la imagen del país -incluidos los escándalos de la reina- y que adoptaba por lema «¡viva España con honra!».

La noticia de la insurrección no tardó en llegar a San Sebastián, donde un ambiente febril se instaló entre los miembros de la Corte isabelina. González Bravo, que llevaba todo el verano tachando de «majaderías» las informaciones sobre una inminente rebelión dimitió de inmediato y la reina confió el gobierno al general José Gutiérrez de la Concha, para que preparara la respuesta militar a la rebelión. «No se les ocurrió a los nuevos gobernantes ni siquiera publicar un manifiesto al país prometiendo mejoras; lo que se proponían era aplastar militarmente la sublevación, pero les iba a resultar muy difícil con la mayoría de los militares de prestigio en el otro bando», apunta Fontana en La época del liberalismo.

Tras el pronunciamiento de Topete y Prim, el 18 de septiembre, la revolución se extendió rápidamente por España

Mientras tanto, la revolución se iba extendiendo por toda España. Primero, por Andalucía; poco después, por otras muchas ciudades: Santander, Ferrol, Béjar, La Coruña, Zaragoza, Cartagena, Santoña, Alicante, Alcoy… «El trono de Isabel II, más bien el sistema regulado por la Constitución de 1845, estaba fuertemente minado, de ahí que el pronunciamiento de septiembre en Cádiz se extienda como un reguero de pólvora por toda España sin encontrar apenas resistencia», observan Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez en su Historia de España del siglo XIX.

A cada paso, la rebelión iba cobrando, cada vez más, un carácter antidinástico. Los mueras a la reina y los gritos de abajo la dinastía resonaban por todo lo ancho y lo largo de España. Estaba claro que los militares sublevados y las juntas de civiles que respaldaban su acción habían llegado a la convicción de que Isabel II no podía seguir portando la Corona del país.

Y a pesar de que militares como Topete aún auspiciaban la idea de instalar a la hermana de la reina, Luisa Fernanda, y al duque de Montepensier en el trono, en la opinión pública imperaba la idea de que el tiempo de los Borbones al frente de la monarquía española había pasado. «Democracia. Abajo los Borbones con toda su raza. Mueran los tiranos. Viva la Soberanía del Pueblo», decía uno de los muchos manifiestos llamando a la rebelión que circulaban por Madrid aquellos días.

La camarilla de Isabel II se mostraba incapaz de reaccionar ante la situación. Por un momento se pensó en la abdicación de la reina en su joven hijo Alfonso. Los consejos de regresar a Madrid para estimular la defensa de su trono fueron desoídos ante el miedo que reinaba en la Corte. «La reina está indecisa y abatida y llora frecuentemente. El rey está preso de una agitación y de un terror febriles», escribía por aquellos días el cónsul francés en San Sebastián.

Se llegó incluso a plantear un plan de resistencia, a partir de los territorios vasco y navarro, antiguos centros del movimiento carlista, que pronto quedó descartado. Parecía que la única baza para salvar el trono de Isabel II pasaba por derrotar en el campo de batalla a los militares sublevados, un encargo que fue hecho a Manuel Pavía, marqués de Novaliches.

Éste, con unos 10.000 hombres a su mando se mediría a una fuerza similar, comandada por Francisco Serrano, en la batalla del Puente de Alcolea, en la provincia de Córdoba, el 28 de septiembre de 1868. Tras rehusar las invitaciones de Serrano a sumarse a la insurrección, Pavía intentó tomar el puente con una carga directa, dando lugar a «un encarnizado hostigamiento con fuego de artillería y fusilería entre ambas fuerzas, con numerosas bajas entre las que se contaban el general Sartorius y el propio Novaliches, a quien un casco de metralla hirió gravemente en la mandíbula», describe el profesor Enrique Aguilar Gavilán.

Aunque duro -se contaron más de 1.500 bajas entre muertos y heridos- el combate había resultado indefinido. Pero ante el fracaso de su ofensiva, con su jefe fuera de acción y con la moral por los suelos, las tropas leales a la reina, dirigidas entonces por el general Paredes, optaron por la retirada, dejando a Serrano expedito el camino hacia Madrid.

«El Gobierno había preparado a la opinión pública para estuviera atenta al desenlace de la batalla andaluza, pronosticando la rotunda victoria de Novaliches sobre el Duque de la Torre. Con la derrota militar, el Gobierno se consideró deslegitimado y con insuficientes apoyos políticos para sostener una contraofensiva, lo que le llevó a renunciar a su última tabla de salvación, que habría sido enfrentarse al ejército revolucionario con las superiores tropas de Madrid», apunta Gregorio de la Fuente, en Los revolucionarios de 1868. Élites y poder en la España liberal.

Así, los dirigentes en Madrid decidieron traspasar sin mayor resistencia el poder a las élites revolucionarias. Poco a poco, la noticia de la victoria en Alcolea y de la caída de Madrid se fue extendiendo por todo el país, aplacando cualquier foco de resistencia isabelino.

La derrota de las fuerzas isabelinas en la batalla del Puente de Alcolea provocó el derrumbe de la resistencia

Mientras la Corte preparaba las maletas para marchar a través de los Pirineos hacia el exilio -cosa que hizo el 30 de septiembre-, un ambiente festivo se iba adueñando de las grandes ciudades, con las masas ocupando la Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de Sant Jaume en Barcelona. Los gritos de «¡abajo los Borbones!» se extendían por las calles de toda España, enmarcados por repiques de campanas, discursos improvisados en las plazas, vestimentas, retratos y banderas de claro significado político, reediciones de periódicos que saludaban a la libertad, bullicio en tabernas y cafés rebosantes, músicas proporcionadas por las bandas militares y populares y el canto de himnos patrióticos, especialmente el de Riego.

El carácter antiborbónico que había adquirido la revolución quedaba evidenciado en la destrucción de símbolos e imágenes que representaban a la reina derrocada y su dinastía. Retratos y bustos de Isabel II fueron quemados y destruidos en muchas ciudades; calles, plazas y establecimientos borraron de sus nombres cualquier reminiscencia de la familia real caída en desgracia… «La libertad de España anda por el mar y ha entrado por sus puertos a hacerse respetar: decir ¡viva Serrano! sin ningún retintín y ¡fuera los Borbones! que es canalla ruin. ¡Viva Prim, viva Prim!», decía una canción que se hizo popular en aquellos días.

La revolución que pronto sería bautizada como La Gloriosa había triunfado. España se adentraba en una nueva época cargada de esperanza y en ella ya no tenían cabida los Borbones, tras poco más de siglo y medio de reinado. «Cayó para siempre la raza espuria de los Borbones», escribió en medio de ese maremágnum una mano anónima en la fachada del Ministerio de Hacienda.

Pocos podían sospechar entonces que «siempre» apenas duraría seis años.