La venta de las acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol S.A. fue, a priori, dudosa.



Sin poder justificarlo en sus balances, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, sin ningún tipo de experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales, llamativamente compró por una cifra millonaria el paquete accionario de una firma cuya concesión -en teoría- se vencía al año siguiente. O Natal Inversiones S.A. tenía un ojo afiladísimo para los negocios o, como mínimo, accedió a información privilegiada y sabía que el Gobierno iba a prorrogar el contrato hasta 2030. Mientras ex funcionarios de Vialidad Nacional afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación del contrato, el organismo modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos pudiera ser adjudicataria. ¿Quién estuvo detrás de esa aparente compra-venta? ¿Se desprendió realmente de las acciones el Presidente de la Nación? ¿O fue sólo un simulacro para evitar la evidente negociación incompatible con la función pública? “Podría tratarse de una venta fraudulenta”, le dijo a PáginaI12 Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

El viernes 26 de mayo de 2017, Sideco Americana, la principal firma del Grupo Socma, vendió las acciones que tenía en Ausol S.A., concesionaria de los peajes de la Autopista Panamericana, por 551 millones de pesos. Sociedades Macri se fue desprendiendo paulatinamente de su participación hasta ese día, en el que le vendió a Natal S.A. el 7 por ciento que le quedaba. Fueron en total más de 6 millones de acciones. Natal Inversiones SA, que ya había comprado la participación de los otros dos accionistas minoritarios, Dycasa (5,83 por ciento) y ACS (5,72), pasó a controlar nada menos que el 18,5 por ciento de la empresa de peajes.

En un contrato de concesión, el Estado debe autorizar todas las transferencias -compra y venta- de participaciones accionarias. En este caso, Natal S.A. no cumplía con los antecedentes técnicos que el pliego de bases y condiciones exigía para la incorporación de nuevos accionistas. Por eso, la Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) modificaron las condiciones para flexibilizar los requisitos y dejara entrar a Natal al negocio de los peajes. Uno de esos requerimientos era que quien compre las acciones debía tener “antecedentes económicos, financieros y técnicos”. Como se dijo, Natal no tenía conocimientos técnicos del rubro porque no era una empresa constructora de obras viales, sino dedicada a los negocios inmobiliarios y con algunas inversiones en el mundo agropecuario. De peajes, rutas y caminos, nada. En paralelo, según cuentan ex trabajadores de Vialidad, los funcionarios macristas que coparon el organismo elevaron las presiones para apurar la aprobación de la venta a Natal y renegociar el contrato sin el Presidente Macri dentro del negocio. O al menos, en apariencia.

“Era una empresa que se dedicaba a la producción agropecuaria y al alquiler de inmuebles, pero no tenía nada que ver con la construcción vial. Por ese motivo se debieron modificar los pliegos para admitir accionistas que solamente tuvieran que acreditar la capacidad económica financiera. Nosotros creemos que podría tratarse de una venta fraudulenta”, afirmó Lasca.

Información privilegiada

El 9 de noviembre de 2017 a las 10 de la mañana, Natal S.A. cerraba el acta número 101 tras una reunión de directorio. Allí se informaba a los socios sobre el detalle del ingreso al negocio multimillonario de los peajes: “Se ha concretado la compra de poco más del 14 por ciento de acciones sin cotización de Autopistas del Sol S.A. Se realizaron tres operaciones de compra con tres empresas distintas. Del total de estas compras, un 75 por ciento fue financiada con fondos aportados por los dos accionistas mayoritarios de la sociedad y por el 25 por ciento restante se obtuvo financiación de uno de los vendedores, pactándose el pago en tres cuotas, venciendo la última en febrero 2018”. Del texto se desprenden varios interrogantes:

* Los dos accionistas mayoritarios son Marisol Fernández y Ezequiel Martín Fernández. La gran pregunta es de dónde obtuvieron el dinero (una suma millonaria) para llevar a cabo la compra. Las acciones de Socma en Ausol fueron vendidas por 19,7 millones de dólares, un 397 por ciento más de lo que valían antes de la asunción de Macri en la Presidencia. El punto es que todos los negocios que muestran los balances están dentro de Natal Inversiones. No declaran inversiones por fuera de esa firma y no queda claro de dónde sale semejante caudal para apalancar esa compra. Usualmente, las empresas se apoyan en créditos bancarios para este tipo de operaciones, pero no fue el caso. La pregunta, entonces, es cómo se financiaron. ¿De dónde salió esa cifra millonaria para comprar el paquete accionario? Los balances de la empresa dan cuenta de un aumento notorio del capital a partir de un crédito de los socios mayoritarios por 500 millones de pesos. “Muchas veces, cuando alguien acepta ser testaferro de otro, cobra por el servicio. Yo acepto ser tu testaferro y cobro por eso”, analizó un funcionario judicial con importantes conocimientos en delitos económicos, ante la consulta de PáginaI12. “Lo que ocurre es que las maniobras de este tipo son muy difíciles de probar, sobre todo cuando se trata de sociedades anónimas.”

* Otro de los puntos oscuros es la financiación que obtuvo Natal. ¿Cuál de todos los vendedores le dio la facilidad a la empresa de los Fernández para pagar en tres cómodas cuotas? El dato no está especificado en el acta y es clave.

* ¿Tenía Natal Inversiones información privilegiada? Según el acta mencionada, parece que estaba al tanto de que el Gobierno iba a extender el contrato de Ausol: “Las perspectivas sobre la evolución de este negocio son altamente favorables ya que se esperan buenos resultados económicos que consolidarán a Autopistas del Sol en el contrato de concesión otorgado por la Nación Argentina”, dice el texto. El punto es que ese contrato se vencía en menos de un año y debía llamarse a una nueva licitación. ¿Esperaban ese nivel de performance financiera entrando a un negocio que se terminaba en sólo doce meses? El Poder Ejecutivo no sólo no convocó a la nueva compulsa, sino que estiró la concesión por diez años más y por decreto. Mientras los funcionarios macristas en Vialidad facilitaban el ingreso de Natal flexibilizando los requisitos y presionaban para apurar la venta, la compradora ya sabía que el negocio iba a ser más que rentable, aunque supuestamente era una concesión a la que le quedaba solo un año de vida.

En rigor, según consta en los dictámenes de Vialidad a los que accedió este diario la primera compra de acciones por parte de Natal es a Dycasa, otra de las socias de Ausol. Casi en simultáneo se iniciaron las tratativas para la renegociación del contrato que, como ya señaló este diario, fue sin llamar a una nueva licitación y sin la intervención del Congreso, como establece la normativa. Es decir, que la extensión del contrato fue ilegal.

Quién es Natal Inversiones S.A.

Según figura en su página web, se trata de un “fondo de inversión con negocios inmobiliarios, agropecuarios y financieros”. Con sus oficinas ubicadas en Avenida Santa Fe 1675, piso 4º, CABA, ostenta unos cinco locales comerciales para alquiler en la Ciudad, tres construcciones de torres de departamentos en el barrio de Coghlan, algunas pocas inversiones ganaderas en la cuenca del Río Salado y dos olivares en las provincias de La Rioja y San Juan. De peajes, rutas y caminos ni una sola mención. Además de la evidente falta de experiencia en el rubro, de la lectura y comparación de los balances de los ejercicios de 2017 y 2018, que analizó PáginaI12, se desprende que Natal no tenía el poder económico para ingresar al meganegocio de los peajes. Antes de la compra sólo facturaba 2 millones de pesos anuales. Después de adquirir las acciones de la empresa de Macri en Ausol, sólo con el paso de un año, con la distribución de dividendos dan cuenta de más de 100 millones de pesos de ganancias.

El negociado, en la Justicia

El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli investigan la denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. En la causa ya declaró la ex titular de Jurídicos de Vialidad Julieta Ripoli y el magistrado ordenó varias medidas de prueba, entre exhortos al CIADI y pedidos de informes a organismos de control. Por el momento, la investigación apunta sólo a determinar si la demanda que presentó ante el tribunal internacional Abertis, la empresa española controlante de Ausol (Panamericana) y GCO (Acceso Oeste), fue una puesta en escena para arrancarle al Estado 500 millones de dólares, que fueron reconocidos con la renegociación del contrato y tras lo cual fue retirada la denuncia ante el CIADI. Los posibles delitos son fraude al Estado y negociaciones incompatibles.

Sin embargo, hay más aristas que podrían abrirse: la disparada de las acciones de Socma con la llegada de Macri al poder, que se incrementó aún más con la dolarización de las tarifas, los aumentos autorizados por el Estado y la prolongación directa del contrato hasta 2030; el no llamado a licitación y la poco transparente venta de las acciones. En la mira de la Justicia Federal están el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri.