Milenio Digital

Al norte de la ciudad, un par de edificios grises, impecables, se funden con el paisaje ya conocido de los cerros de la Sierra de Guadalupe que están casi por completo invadidos de casas. Las miradas curiosas de los vecinos estuvieron atentas durante los cinco años que cientos de manos tardaron en levantarlos. Y no fue hasta que la obra terminó, en 2015, que supieron para qué serían utilizados.

Sin embargo, aún hoy, más de dos años después, muy pocos saben que las llamadas torres, a un costado del Reclusorio Varonil Norte, en la delegación Gustavo A. Madero, resguardan a los criminales más peligrosos de la capital del país. Se trata de los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I y II, el único penal de alta seguridad que existe en Ciudad de México, y al que, por primera vez, un medio de comunicación tuvo acceso sin restricciones.

Para lograr que este penal se convirtiera de solo un proyecto a una realidad fue necesaria la inversión privada. El gobierno de Ciudad de México se asoció, bajo un esquema de prestación de servicios, con las empresas Infraseg y Cevaseg.

La ciudad puso el terreno y las empresas se hicieron cargo de la construcción y de cada requerimiento de las instalaciones, incluida la tecnología y el mantenimiento, con una inversión superior a los mil 600 millones de pesos. Estas empresas deben garantizar la funcionalidad del penal durante 20 años, y reciben a cambio un pago mensual de la ciudad. Pero la administración, seguridad y control están por completo en manos del sistema penitenciario.

La primera torre comenzó a operar el 22 de junio de 2015, y la segunda a finales de septiembre del mismo año. En su breve historia han cumplido a cabalidad con su función. Hasta ahora en ellas no ha habido motines, enfrentamientos, riñas ni homicidios. Tampoco tráfico de celulares, armas ni drogas ni escandalosas fiestas con bandas de música.

Cada una tiene capacidad para albergar a 768 personas privadas de la libertad. En una solo hay secuestradores, y en la otra violadores, homicidas, extorsionadores, narcotraficantes e integrantes de la delincuencia organizada. Hazael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México, explica que “son para personas con un perfil delincuencial complicado, es decir, líderes negativos, que tienen pronósticos intra y extra institucionales negativos tienen un índice de estado peligroso alto, un riesgo institucional alto y un riesgo social alto. Es decir, son personas de un manejo realmente complicado”.

Que este sea un penal modelo no ha sido cuestión de suerte, sino de trabajo y esfuerzo. Apenas meses después de iniciar operaciones, ambos centros obtuvieron la certificación internacional de la Asociación de Correccionales Americana por cumplir con ciento por ciento de los casi 140 estándares que exige este organismo. La certificación es vigente por tres años y luego debe renovarse, así que las autoridades penitenciarias no pueden bajar la guardia si pretenden mantenerla.

Son esos estándares los que permiten que en este penal el control, la disciplina y el orden sean la regla y no la excepción.

Apenas se pone un pie en la entrada de este lugar, la diferencia entre la seguridad que hay con la desplegada en un reclusorio común salta a la vista. Guardias especialmente capacitados para desempeñar la compleja tarea que implica custodiar a los internos, vigilan armados todos los accesos, siempre alertas, siempre a la expectativa.

En la entrada principal de las torres, que en su arquitectura son idénticas, las reglas de acceso, que aplican no solo para los visitantes, sino para todo el personal que ahí labora, aparecen claras en una manta. Nadie puede entrar con dinero en efectivo, celulares, lentes de sol, alhajas, medicamentos, equipos electrónicos, cámaras, memorias USB, armas de fuego o punzocortantes, sustancias psicotrópicas o estupefacientes, bebidas alcohólicas, ni otro tipo de objetos que pongan en riesgo la seguridad de las instalaciones y las personas.

Pero esa apenas es una advertencia a la que le siguen varios filtros de revisión. Los visitantes, que solo pueden ser familiares directos de los internos, se registran y entregan un documento de identificación personal. Después, atraviesan un primer filtro de seguridad que incluye una revisión de sus pertenencias en una banda de rayos X, y un sello en el anverso de la muñeca que solo es visible con luz ultravioleta.

Posteriormente, son sometidos a un cateo en una habitación privada, realizado por personal de custodia masculino o femenino, dependiendo del género de la visita. A ello sigue echar una mirada directa de tres segundos a una cámara para registrar los rasgos faciales. Finalmente, el familiar del interno es acompañado al área de visita, donde una vez por semana puede convivir por un máximo de tres horas con la persona privada de la libertad.

La mera prohibición de llevar efectivo ha logrado evitar actos de corrupción dentro de este penal. El subsecretario Ruiz explica que “los familiares de la PPL (persona privada de la libertad) depositan una cantidad autorizada semanal, a través del área de trabajo social, y cuando requiere comprar algún artículo de uso personal existe una tienda oficial que maneja la institución con productos que no ponen en riesgo la seguridad de la PPL ni del personal, ni de la misma institución, y se le descuenta de ese depósito”

Una vez adentro, el gris sigue predominando y la limpieza es extrema. Las cámaras y los inhibidores de señal celular predominan en los largos pasillos divididos por esclusas que conducen a la cocina, lavandería, áreas de deporte, consultorios, y dormitorios, donde el día para los internos empieza a las siete de la mañana y termina a las ocho de la noche.

Ahí, lo que menos existe es la intimidad. La arquitectura, como es común en muchos penales, es panóptica. Es decir que un solo custodio puede observar cada una de las celdas que son ocupadas por hasta tres internos. Y ahí, está también el mando que permite abrir los accesos a las celdas.

Las estancias, divididas en dos niveles, están equipadas con muebles antimontines y son ocupadas por huéspedes con perfiles afines. Psicólogos, criminólogos y otros especialistas analizaron los antecedentes y personalidad de cada uno para evitar, como en la química, mezclas peligrosas.

Aquí no se pierde el tiempo, cada uno de los reos debe realizar una o varias actividades, como lo establece el artículo 18 constitucional. Pueden estudiar, hacer deporte y aprender manualidades. “Están acostumbrados en muchos casos a tener participaciones mínimas, mínimas y esporádicas. Aquí no, aquí no pueden ser mínimas, hay un cronograma de actividades, todos deben tener las actividades. El plan de tratamiento es general y es para todos, cada uno tiene sus especificaciones dependiendo el perfil, de su peligrosidad o riesgo, pero todos deben tener un programa y todos lo tienen que ir cumpliendo”, señala el subsecretario del Sistema Penitenciario.

La comida es elaborada por personal externo de una empresa que incluso instaló una tortilladora y hornos para pan. Contrario a lo que se puede imaginar, los alimentos tienen una alta calidad, garantizada por una certificación ISO-9000 y un distintivo H.

Ahí en la cocina, y en casi todas las áreas del penal, incluyendo las administrativas, cada cosa tiene su lugar y la ausencia de una sin justificación, desata las alarmas. Muchos accesos son a través de controles biométricos y las llaves, herramientas, químicos, uniformes, papelería, y otros objetos son colocados sobre tableros de sombras que hacen evidente a primera vista la ausencia de algo.

Ser enviado a este penal suele ser visto como un castigo por los internos. Aquí no pueden coludirse ni corromper a nadie, no tienen acceso a alcohol o drogas, y no pueden aprender nuevos delitos. Pero, al final, es algo que los propios familiares agradecen. Sin importar si su condena es corta o larga, ven seres humanos con mucha más disciplina, mayores controles, y mejor atendidos que en cualquier reclusorio preventivo.

Los centros varoniles de seguridad penitenciaria, concluye Hazael Ruiz, “son un espacio donde reinan la disciplina, el control, la autoridad totalmente apegada al respeto de los derechos humanos. Son centros con pocas quejas en materia de derechos humanos, contrario a lo que la gente puede pensar por el tema de la disciplina y la alta seguridad. Eso no va peleado, el respeto a los derechos humanos no va peleado con la alta seguridad”.

