Suárez, junto al ex ministro De Vido, en 2012; el gremialista fue un favorito del kirchnerismo en el mundo sindical

El líder del gremio de los marítimos, Enrique Omar Suárez, a quien Cristina Kirchner describía como uno de sus sindicalistas "favoritos", atraviesa hoy su peor momento en la Justicia. Tiene el gremio intervenido, está procesado por haber entorpecido vías navegables y acaban de ampliar la acusación en su contra. Lo indagarán como supuesto jefe de una asociación ilícita.

El lunes próximo deberá presentarse a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Los cargos en su contra incluyen, además del de haber sido la cabeza de una supuesta banda delictiva, sospechas de "extorsión" y de "administración fraudulenta" en contra del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que encabezó desde 1992, y de la obra social del gremio. Así lo informaron a LA NACION funcionarios que trabajan en el caso.

Ex aliado de Hugo Moyano, Suárez, a quien todos conocen como "Caballo", fue menemista, duhaldista y kirchnerista. Hoy, Mauricio Macri habla de él como un símbolo de los abusos y las mafias. La embestida del Presidente contra este sindicalista fue tan fuerte que el mes pasado tensó la relación del Gobierno con buena parte de la dirigencia gremial.

En 2014, Suárez anunció que buscaría su sexto período al frente del gremio y dijo que lo hacía porque el papa Francisco quería que siguiera por cuatro años más. El destino no se lo permitió. Su sindicato fue intervenido el 18 de febrero pasado.

Suárez LA NACION

Desde entonces, los documentos a los que accedieron los interventores hicieron que el fiscal Gerardo Pollicita ampliara la investigación contra Suárez por delitos más graves que aquellos del primer procesamiento. También, que Canicoba lo llamara a esta nueva indagatoria.

Fuentes judiciales relataron a LA NACION que hoy tienen pruebas, por ejemplo, de que Suárez extorsionaba a empresas pidiéndoles donaciones para supuestos cursos de capacitación de afiliados y derivaba fondos a una sociedad anónima llamada San Jorge Marítima, que tenía a Suárez entre sus directores y pertenecía en un 20% al gremio y el resto, a privados. También hay pruebas de que exigía documentación a los buques, arrogándose una autoridad que no tenía, bajo amenaza de no enviarles a los remolcadores.

Por los nuevos cargos, el juez lo había citado a declarar ayer, pero la indagatoria no se concretó. La defensa de Suárez presentó un escrito en el que dijo que uno de sus abogados estaba enfermo, acompañó un certificado médico y pidió una postergación. El juez accedió y fijó una nueva cita para el lunes a las 11.

Ayer, Canicoba decidió además enviarle la causa al fiscal para avanzar en la elevación a juicio de la primera parte de este expediente, esa en la que Suárez ya tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por dos delitos: entorpecimiento de las vías navegables y puesta en peligro de la seguridad de una embarcación.

En esta primera parte de la causa, Suárez está procesado por haber ordenado a sus marineros que no remolcaran o que impidieran navegar a gigantescos buques portacontenedores o barcos cargados con millones de litros de combustible, con los consiguientes peligros que eso implicó.

De acuerdo con la hipótesis que se investiga, los barcos de las navieras que se negaban a pagar lo que ilegalmente se les exigía quedaban frenados. Junto con Suárez son investigados otros dos directivos del gremio, Rigoberto Suárez y Jorge Vargas.

Este verano, la decisión de Canicoba de intervenir el SOMU fue un presagio de lo que se avecinaba para la vieja cúpula del sindicato.

Cuando tomó aquella medida, el juez consideró a Suárez "un peligro" para el gremio y sostuvo que la intervención era necesaria "a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos". La gente de Suárez apeló y presentó una queja ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no prosperó. La comisión interventora nombrada entonces estaba integrada por Santiago Viola (designado por el juez), Jorge Alonso (por Triaca) y Gladys González (por el Poder Ejecutivo). Viola es un abogado que este año asumió la defensa de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez. Fue quien llevó adelante la estrategia de recusación contra el juez Sebastián Casanello por una supuesta visita del magistrado a la quinta de Olivos durante la presidencia de Cristina Kirchner. Viola ya no integra más la comisión. Renunció. Tampoco Alonso. Sólo quedó González, que es diputada nacional de Pro. El juez la ratificó en el cargo.

Ayer, LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Suárez para consultarlo.