Introducción

Inverlink fue el escándalo financiero más grave que ha vivido Chile desde la crisis de la banca en la década de los ochenta. La corrida de inversionistas hizo temblar a la industria de los fondos mutuos, a la banca, a los tenedores bonos del Estado de Chile en el extranjero y al gobierno de Ricardo Lagos.

El gobierno enfrentó esta crisis en un estado exangüe. En su momento de mayor debilidad política, varios actores le tendieron la mano: Pablo Longueira, Juan Claro, Hernán Somerville y Vittorio Corbo, por nombrar sólo algunos; y Lagos le dio un giro definitivo a su mandato.

Por sí misma, esta historia vale la pena de ser contada, pero quizás nunca la hubiéramos escrito de no ser por una fuente de este medio que nos hizo ver que el “Caso Inverlink” es un buen ejemplo de cooperación entre el sector público y privado en momentos de extrema presión, porque lo que estaba en tela de juicio era la sobrevivencia del sistema financiero.

Mirar los hechos del pasado con los ojos de hoy, también permitió saber que no sólo el sistema financiero local se erizó, también los tenedores de bonos analizaron la posibilidad de activar la cláusula del “cross default” lo que les permitía demandar el pago inmediato de las obligaciones al Estado chileno. Y que la experiencia ganada en la pesquisa de las cuentas del presidente de Inverlink, Eduardo Monasterio, en el extranjero, ayudó luego a rastrear los dineros del general Augusto Pinochet afuera. Lo que sigue es parte de esa historia.

LAGOS, EL SOBREVIVIENTE

Esa tarde del lunes 10 de marzo de 2003, Ricardo Lagos partió agobiado de La Moneda a su casa. Había sido un día lleno de problemas y los peores pensamientos cruzaban por su mente. Necesitaba conversar con alguien. Momentos antes, Máximo Pacheco había recibido un llamado de la secretaria del Presidente, Angélica Alzamora, quien lo comunicó con el mandatario. “Me voy a la casa. ¿Te puedes ir a tomar un trago?”.

La sensación de desbande era generalizada no sólo en Palacio, sino también en las cuadras aledañas donde conviven los ministerios económicos con las casas matrices de los principales bancos de la plaza. Ese día había comenzado la primera huida de inversionistas de los fondos mutuos, que terminaría con el retiro de casi US$ 2.000 millones de una cartera total de US$ 7.000 millones a raíz del escándalo Inverlink.

Lagos estaba enrabiado, dolido y preocupado. No podía estarle sucediendo esto en esos momentos. Las denuncias de corrupción y la lógica de la investigación que afectaban a su ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, a diversos funcionarios de gobierno y parlamentarios, parecían conducir irremediablemente al Presidente. A eso se sumaba que la víctima principal de la estafa de Inverlink era nada menos que la CORFO, dirigida por su yerno, Gonzalo Rivas, casado con su hija mayor Ximena. Rivas había renunciado al cargo esa misma tarde del lunes 10, asumiendo la responsabilidad política por lo sucedido.

Hoy el ex presidente tiene la distancia de narrar esos hechos con soltura, pero fueron dolorosos para él. Así lo hizo ante Mario Kreutzberger en su entrevista en Canal 13, en mayo pasado, cuando dijo: “Muy fácil. Supe que había una dificultad a la 1:30 de la tarde, a las 1:45 mi yerno, Gonzalo Rivas, me dijo 'ha pasado tal cosa, Presidente tiene mi renuncia'. A las 2:00 de la tarde el país estaba informado que él había renunciado, simplemente por la responsabilidad del cargo porque lo que ocurrió en la Corporación de Fomento fue que físicamente robaron determinados papeles y los echaron a correr en el sistema financiero”. También quedó en evidencia que en la Corporación había habido problemas serios de control interno.

Y para colmo, el presidente de Estados Unidos, George Bush, intensificaba la presión sobre Chile con el fin de obtener su apoyo en Naciones Unidas para intervenir militarmente a Irak. El mismo Lagos también lo relató a Canal 13: “Ese día en la noche (lunes 10) nos juntamos con mi yerno y mi hija para tratar el tema, y por el otro lado me llamaban Bush y Tony Blair por la guerra de Irak. Pero esas circunstancias usted no las determina cuando es gobernante”.

Apenas corrido 2003, Lagos tomó decisiones que nunca imaginó que adoptaría. Afloró el mismo político de la segunda vuelta electoral. Ese que despidió a Carlos Ominami y a Manuela Gumucio, que aceptó la renuncia de Genaro Arriagada y que llamó a Soledad Alvear para que fuera la cara pública de la nueva etapa de su campaña.

Sorprendiendo a medio mundo, esta vez negó su apoyo a la intervención de Estados Unidos en Irak, se alió con Pablo Longueira –presidente de la UDI– para impulsar una modernización del Estado, reformuló su gabinete y nombró al economista Vittorio Corbo como presidente del Banco Central. Decisiones que se tomaron en medio del desorden provocado por los acontecimientos y el conflicto de intereses, pero que terminaron por fortalecer su imagen ante el país y el sector privado, gracias a una buena cuota de liderazgo suyo y del entonces ministro de Hacienda y actual ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y a la acción de la “Divina Providencia”, agrega un miembro del que fuera su gabinete.

LAS DUDAS DE CAÑAS

Alrededor del martes 4 de marzo de 2003, el gerente general del banco Santander-Santiago, Fernando Cañas, recibió una llamada interna. Inverlink estaba intentando cancelar una deuda con 14 depósitos pertenecientes a Corfo y endosados por Javier Moya (jefe del departamento de Tesorería de CORFO). Cañas vio los papeles y le merecieron dudas. El fiscal del banco, Gonzalo Romero, fue hasta las oficinas de la estatal para saber si los endosos eran válidos con la firma única del jefe de Tesorería. La respuesta fue negativa, por lo que el Santander no aceptó esa fórmula. El problema para la entidad bancaria vendría después porque terminó por aceptar los pagos.

A media tarde de ese viernes, Alvaro Clarke, el entonces superintendente de Valores y Seguros (SVS), llamó a su par de Bancos, Enrique Marshall, para decirle que había un problema en CORFO. “Se robaron unos papeles”. También se había contactado con Gonzalo Rivas. La información era aún muy incompleta, pero él había recibido una denuncia por parte de uno de los socios de Inverlink , Ignacio Wulf, y estaba el aviso del Santander a la CORFO de que había “algo raro”.

El propio ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se había enterado del problema ese mediodía. “Nicolás llamó a reunión urgente a su equipo más cercano y nos encontramos con la gente de la CORFO, Gonzalo Rivas, Carlos Alvarez y el fiscal Bernardo Espinoza, quienes dieron cuenta del problema en que se encontraban”, recuerda uno de los asistentes. Por el lado de Hacienda participaron Heinz Rudolph (a cargo de mercado de capitales) y Luis Felipe Jiménez (jefe de asesores).

Ese mismo día se hizo un arqueo en CORFO que estuvo a cargo del gerente de Finanzas de la Dirección de Presupuesto de Hacienda, Beltrán de Ramón. A las dos de la tarde se concluyó que faltaban documentos.

El ministro de Hacienda explicó de la siguiente forma el modus operandi de Inverlink ante la comisión de diputados, presidida por el actual ministro Jorge Burgos, que investigó el caso a partir de ese marzo: “La CORFO tenía procedimientos de arqueo, que consisten en comprobar que lo que tenía en sus libros lo tuviera efectivamente en sus custodias, ya sea en su custodia directa o la de los bancos… Si el arqueo se hacía los días 1 y 31, (el operador Javier Moya) los retiraba entre los días 2 y 30 y se los pasaba a Inverlink. Por lo tanto, Inverlink tenía esa masa de papeles para actuar como colateral y poder conseguir liquidez por parte de los bancos… Inverlink poseía información privilegiada que obtenía de sus contactos en el Banco Central y tenía una enorme cantidad de recursos líquidos durante veintiocho días, hacía apuestas a firme sobre la base de conocimiento privilegiado, ganaba una enorme cantidad de dinero, y el día 28 restituía el papel y nadie se daba cuenta de lo sucedido”.

El sistema funcionó relativamente bien para Inverlink desde 1999 hasta que se “conoció el problema de la violación del computador del Presidente del Banco Central –Carlos Massad- y se desató una corrida en contra de Inverlink. La bicicleta le comenzó a fallar. En la desesperación, sacó US$ 80 millones más de CORFO y, finalmente, el sistema colapsó. Es decir, los sacó para no devolverlos más”.

El puzzle que Eyzaguirre explicó ante la Comisión Investigadora se demoró en armarlo. Inverlink había operado en distintos ámbitos y tenía infiltrado a muchos actores del sistema financiero tanto privado (las corredoras de CB, Scotiabank, y BBVA) como público (CORFO, Capredena, las mutuales del Ejército y de la Aviación, y municipalidades como Viña del Mar, entre otros). El gobierno ignoraba dónde estaban los instrumentos, el monto de los mismos y la capacidad del ente estatal para recuperarlos.

EN ESTADO DE EMERGENCIA

Lo que sí sabía Hacienda es que cuando abriera el mercado el lunes 10, había que estar preparados para una semana infernal. El rumor de que había problemas ya lo tenía el mercado. El sábado 8 se dedicaron a recabar información. En los hechos, operaron dos esferas: una, a nivel técnico, que trataba de prever problemas y dar posibles soluciones; y la otra, más cercana a Lagos, donde jugaron un rol clave de convencimiento Máximo Pacheco –entonces presidente de International Paper para América Latina y actual ministro de Energía– y Marco Colodro –ex director del Banco Estado y ex presidente de TVN–. Ambas esferas no se tocaban, siendo el vaso comunicante el ministro de Hacienda.

Por esos días, Eyzaguirre debió lidiar entre la razón y el corazón del Presidente. Se enfrentaba al dilema de la estabilidad del sistema financiero v/s la necesidad de recuperar los papeles de CORFO y así evitar la pérdida para el Estado. Ese era el trasfondo de la discusión y el ministro así lo dio a entender a los técnicos.

El domingo 9 se realizaron, al menos, dos reuniones en casa de Eyzaguirre. Allí fueron los superintendentes de Bancos, Valores, representantes del Banco Central y los asesores del ministro, Heinz Rudolph y Bernardita Piedrabuena. Esta sería una de las pocas reuniones donde participaría gente del Banco Central. Si bien se requería su presencia para insuflar liquidez al sistema, había que cautelar la autonomía del instituto emisor. Sin embargo, la razón de fondo para el bajo perfil que tomaría el Central en el manejo de esta crisis se debería también a que su presidente, Carlos Massad, se hallaba cuestionado luego que descubriera a fines e enero que su secretaria transmitía información reservada a Inverlink. Ningún otro consejero pudo tomar la representación del organismo porque ello habría sido ponerle una cruz en vida a Massad, ahondándose así la percepción de crisis.

Ese domingo también hubo dos reuniones en casa de Enrique Marshall. Hasta allí llegaron Hernán Somerville, presidente de la Asociación de Bancos, acompañado de representantes de las instituciones bancarias más afectadas. Algunas entidades ya habían tomado contacto con los abogados asesores y se afanaban en buscar los papeles de CORFO, que sumaban US$ 105 millones. Recién en el segundo encuentro, uno de los presentes pudo mostrar una fotocopia de uno de los malditos papeles con sus respectivos endosos. Marshall y Somerville intercambiaron una mirada. El argumento hasta ese momento esgrimido por los bancos de que el sistema se regía sobre la base de la confianza se tornaba frágil a la luz de esos instrumentos, ya que algunos endosos carecían a simple vista de la formalidad mínima, analizarían luego en el gobierno.

UNA SEMANA DE MIEDO

La pregunta que a todos rondaba era ¿qué sucedería ese lunes 10? Antes de la apertura de los mercados, el Banco Central comunicó su disposición a asegurar la fluidez de los pagos en el sistema y se abocó a que las entidades bancarias tuvieran el dinero suficiente para hacer frente a un retiro masivo de fondos. Prueba de que el efectivo no escaseó en ese período fue el hecho de que las tasas de interés de corto plazo se mantuvieron estables y las de largo plazo se movieron a la baja.

La SVS dio esa mañana instrucciones claras a los fondos mutuos para que a contar de esa fecha contabilizaran la inversión de los papeles de CORFO en disputa en una cuenta separada y de esa manera fueran excluidos en la determinación del valor de la cuota diaria. La mayoría de las administradoras de fondos mutuos no se vieron afectadas por la medida, pero algunos fondos de cinco entidades –BCI, CorpBanca, Security, Banchile y Boston– tuvieron que reflejar de inmediato una caída brusca del valor diario de la cuota.

El conflicto se radicó en dos actores: por un lado, estaba la CORFO, a la que se le habían sustraído documentos por US$ 105 millones, y, por el otro, se hallaban los fondos mutuos y en menor medida los fondos de pensiones, a cuyas manos habían llegado los documentos luego de una larga cadena de endosos. La disputa se trabó en quién era el legítimo titular de esos documentos. Ante la duda, el juez Patricio Villarroel decidió acoger ese lunes 10 una medida precautoria a favor de CORFO –organismo que había denunciado la pérdida ese fin de semana–, lo que implicaba que esos papeles no podían ser transados.

El problema entonces era el efecto que tal medida tendría sobre los inversionistas. Si repentinamente los tenedores de cuotas de fondos mutuos se encontraban con que US$ 105 millones del total de su patrimonio estaban sometidos a una orden de incautación, se podía producir una corrida, un pánico financiero, porque la gente iba a pensar que el problema se agravaría a futuro.

Al analizar el desbarajuste que esto causaba, alguien dijo en son de broma al equipo que allí estaba: “Ustedes que se las daban de revolucionarios que querían destruir el sistema capitalista, lo lograron gracias al juez”. La talla relajó en algo el ambiente, pero estaba claro que el enredo era mayúsculo.

La presión por información era muy grande y Hacienda pidió a la Superintendencia de Bancos que saliera a dar la cara: “Si se configuran responsabilidades, los bancos deberán asumirlas. Para ello disponen de los recursos necesarios”, dijo Enrique Marshall al mediodía del lunes.

Ya a esa altura existía la sensación de que se podía llegar a algún tipo de acuerdo con los dueños de los bancos, que tenían administradoras de fondos mutuos. Era este segmento el que estaba más complicado. No había otra salida, ya que Ricardo Lagos se negaba a que CORFO pusiera la plata para “blanquear” la operación. El mandatario quería una boleta de garantía que asegurara el pago en caso de que los tribunales fueran adversos a los privados.

Inverlink obsesionaba a Lagos. Sentía que había sido robado y levantó la teoría del jarrón. “Es como si entraran a mi casa, me robaran un jarrón y después lo llevaran a un reducidor. Ese es el rol de Inverlink… Se descubre el jarrón. Obviamente lo voy a recuperar porque el jarrón es mío”, había dicho temprano en la mañana del lunes 10 a través del Canal 13. El problema es que el “jarrón” estaba hecho trizas y los pedazos estaban en distintas manos que no tenían nada que ver con Inverlink, se esgrimía.

Luego de una reunión en la Asociación de Bancos, Somerville, declaró que “era de legítimo interés y derecho de los tenedores de estos papeles exigir su cobro al vencimiento”. Las cautas palabras del dirigente no reflejaban la ira que embargó a sus representados, quienes en las conversaciones privadas y telefónicas que se dieron en esos días eran tajantes al señalar que CORFO debía cumplir los compromisos porque de otro modo el sistema financiero se paralizaba. “El mercado comenzó a dudar tanto de los papeles de CORFO como de otras empresas públicas. No había forma de diferenciar tampoco cuáles eran los papeles robados de la Corporación, por lo tanto, ninguno se tranzaba”, recuerda una fuente.

Esa noche Lagos estaba doblemente molesto: en su fuero interno sabía que había metido la pata y sus amigos más cercanos así se lo dijeron. Después de esa desafortunada intervención que Eyzaguirre definiría ante los parlamentarios como un “llamado moral” en el sentido de que ante la desaparición de US$ 105 millones no era posible que todos se lavaran las manos, el mandatario terminó por delegar el manejo de la crisis al ministro de Hacienda.

LOS PATRIOTAS

Al día siguiente, martes 11, Hernán Somerville y Juan Claro –presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)– se reunieron con Nicolás Eyzaguirre. La boleta de garantía derivó en una carta de compromiso (confort letter). Se levantaría la incautación sobre los documentos para que los tenedores de fondos mutuos contaran con todo su dinero, siempre y cuando la CORFO tuviera una documentación que le permitiera recuperar su dinero en caso de que los tribunales encontraran que los fondos mutuos involucrados habían violado la buena fe y el correcto endoso.

El ministro de Haciendo le comentó a Marshall que Somerville le había ofrecido esta alternativa y el superintendente estuvo de acuerdo en que era una buena salida para el impasse. El miércoles 12 de marzo la sala estaba llena de prensa cuando Hernán Somerville y Nicolás Eyzaguirre enunciaron el contenido de la carta de conformidad entre los bancos y el gobierno que permitió una salida a la crisis provocada por Inverlink. El dirigente gremial comentó: “El ministro es un gran patriota”, pero lo más seguro es que habría querido decir: “Somos dos grandes patriotas”.

A algunos les extrañó que dos egos tan grandes como los de Eyzaguirre y Somerville pudieran convivir sin problemas, no obstante ambos demostraron gran sintonía. Mal que mal tenían rasgos parecidos. “Son pájaros de la noche, medios bohemios, les gusta la música, las artes y la cultura… y cargan con una neurosis a flor de piel”, los describía así una fuente en esos años. Mientras esa era la puesta en escena, Heinz Rudolph se encargó de llamar por teléfono a todos los operadores del sistema con el objetivo único de asegurar que se pagaría hasta el último papel.

Cada una de estas conversaciones quedaban grabadas en los sistemas de las corredoras y bancos, registro que les serviría de prueba a las entidades en caso de que se actuara en contrario. Seis días después, el 18 de marzo, el juez Villarroel accedió a soltar la prenda respecto a los fondos mutuos. Tuvo que pasar un mes para que levantara la medida sobre los papeles que estaban en manos de los fondos de pensiones porque las administradoras se mostraron reacias a firmar una carta de compromiso similar a la de los bancos. Pero el mercado ya había recuperado la confianza en el Fisco como pagador.

NUEVA YORK EN ALERTA

Si bien Eyzaguirre declaró ante la comisión investigadora que no había preocupación por parte de los inversionistas internacionales, afirmando su argumentación en la curva del riesgo soberano. Esa fue una verdad a medias.

Chile estaba recién iniciándose en la emisión de bonos soberanos, asesorados por la firma Cleary Gottlieb, particularmente por los abogados Roger Thomas, Jaime El-Koury y William Gorin. Cuando se abrió la posibilidad de que la CORFO no pagara los papeles que consideraba mal habidos, Thomas llamó al abogado Max Spiess quien en esa época era su contraparte en Hacienda y a otros personeros del ministerio y del Banco Central para advertirles que los bancos de inversión en Wall Street estaban vueltos locos y los grandes fondos institucionales que habían comprado emisiones, se encontraban muy nerviosos y enojados.

No había información y el recado traía la amenaza de la artillería pesada: estaban determinados a hacer valer la cláusula de “cross default” de los bonos al lunes siguiente para lo que el gobierno chileno no estaba en modo alguno preparado. Ni siquiera había sido tema de análisis en las reuniones de crisis que habían tenido. A vuelo de pájaro se calcula que se podían llegar a demandar el pago inmediato de US$ 10 mil millones tanto de deuda soberana como de otras empresas estatales como Codelco. El aviso era que estaban tomando un avión a Chile y que desembarcaban ese jueves 13 o viernes 14.

Un ex alto ejecutivo de JP Morgan que conoció a Ricardo Lagos personalmente con motivo de las colocaciones, confirma que esa semana hubo mucho nerviosismo. La oficina del banco norteamericano en Chile no estaba tan alterada por la posibilidad de que se gatillara la cláusula de “cross default”, pero el estado de la sede de Nueva York era de histeria y pedía explicaciones, revela esta fuente. Estaba muy vivo el recuerdo de la cesación de pagos por US$ 95 mil millones de Argentina apenas dos años antes.

LOS CAÍDOS

El primer atisbo de la crisis que vendría en marzo del 2003 se produjo el miércoles 29 de enero de ese mismo año cuando el propio presidente del Banco Central, Carlos Massad, descubrió que su secretaria, Pamela Andrada, enviaba información reservada a Enzo Bertinelli, gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa. Lo que en un inicio se evaluó como un lío amoroso, pero que activó querellas por parte del Banco Central casi de inmediato, treinta días después tomaba la forma del peor escándalo financiero desde la crisis de la banca de principios de los 80.

Massad se mantuvo en su puesto, pero puso su cargo a disposición ante la gravedad de lo sucedido. La renuncia de Gonzalo Rivas a la vicepresidencia de CORFO hizo que la mirada pública se volviera hacia el instituto emisor. No sólo la derecha solicitó la cabeza de Massad, sino que su propio partido cuestionó al economista en una carta que se hizo pública. Más allá de la declaración de principios del presidente de la Democracia Cristiana, Adolfo Zaldívar, de quitar el aval del partido a aquellos funcionarios con malos desempeños, Massad no mantenía ningún lazo afectivo con el ala del colorín. Era derechamente un hombre del ex presidente Eduardo Frei y su explicación de la filtración de información privilegiada fue liviana: “mi gran error es el haber tenido una mala secretaria”. Declaración que no se condecía con la seriedad con que el aparataje del Central dijo haber reaccionado ante la transmisión de los correos durante la investigación de los diputados.

Tampoco ayudaron las palabras del superintendente Clarke que culpó a Massad del descalabro, al decir que el Banco Central demoró 15 días en informarle a la SVS. En realidad, la información comenzó a fluir al cuarto día, aunque las versiones sobre cuán efectiva fue la información traspasada cambia de acuerdo a la institución interrogada. El 31 de marzo de 2003, Carlos Massad puso término a seis años de presidencia del Banco Central. Lagos envió una carta donde reconocía los méritos de este hombre que en 1964 le había incorporado al Instituto de Economía de la Universidad de Chile. El gobierno temía que se debilitara uno de los principales activos del país: la confianza del sistema financiero internacional en el manejo macroeconómico. Había que reaccionar rápido.

El mandatario llamó a Eyzaguirre y convinieron en que Vittorio Corbo fuera el nuevo presidente del instituto emisor. Este académico de la Universidad Católica y director del Banco Santander era ampliamente conocido en el extranjero y daba plenas garantías a la derecha. El problema no sería la oposición esta vez, sino la Concertación. El ministro temía que el nombre de Corbo fuera torpedeado por el oficialismo y que finalmente Lagos desistiera de la designación. Por eso, no demoraron más de 48 horas en levantarlo como único candidato.

Otro caído fue el superintendente de Valores y Seguros, Alvaro Clarke, el 10 de abril. No le quedó otra que presentar su renuncia porque “la Superintendencia de Valores y Seguros se ha visto cuestionada en su actuar fiscalizador” señaló en su carta, siendo reemplazado por Alejandro Ferreiro. El regulador no lo dijo públicamente, pero él estaba dentro del bando de los que no apoyaban la teoría del jarrón de Lagos y así lo hizo ver en reuniones técnicas.

Pero también la SVS fue objeto de críticas por haber dejado pasar algunas señales que miradas en conjunto hacían recelar de Inverlink. En marzo de 2001, el organismo ya había recibido información de que Inverlink Corredores de Bolsa estaba involucrado en la alteración de hechos esenciales para modificar los precios de mercado de algunas acciones. Concretamente, a raíz de un comunicado reservado sobre la operación de compra del Banco de Chile, la Superintendencia detectó que un funcionario menor lo había fotocopiado y enviado a Inverlink, en donde tras cambiar algunas líneas, esta firma lo filtraba a la prensa para causar impacto en el mercado.

Eyzaguirre fue ambivalente al referirse a la situación de Clarke ante los diputados. “No hay una aceptación generalizada en torno a que la Superintendencia de Valores y Seguros hizo lo que debía hacer. Pero tampoco hay una crítica… Creo que el gesto de Álvaro Clarke fue estupendo. Él dijo: “Si en estos momentos mi nombre no es el mejor para restablecer las confianzas, tengo muchas otras cosas que hacer.” Y coincido con ese gesto”, se señala en el informe. Alvaro Clarke y los funcionarios de la entidad siempre han sostenido que la SVS cumplió a cabalidad con su rol de fiscalización y que hasta febrero-marzo de 2003 no había fundamentos para actuar de una manera distintas sin haber caído en la ilegalidad o arbitrariedad.

En todo caso, la crisis en abril ya estaba superada. La banca había normalizado su actividad. El riesgo soberano que subió 10 puntos base en medio de la crisis, cayó nuevamente. El dólar se disparó sobre la barrera de los $ 750, pero luego de un tiempo volvió a su comportamiento normal. Somerville fue reelecto en la presidencia de la Asociación de Bancos en abril de 2003. Junto a la mejora de los indicadores, la popularidad del presidente Lagos se afianzó. Quizás ese fue el principal resultado de ese marzo amargo.

GRACIAS A MONASTERIO

Uno de los grandes causantes de esta debacle fue Eduardo Monasterio, quien había creado Inverlink en 1991, junto a Ignacio Wulf. El gobierno decidió que había que perseguir las platas que el presidente de Inverlink tenía en el exterior. No era un trabajo muy alentador porque, de acuerdo a las estadísticas, apenas un 30% de los fraudes a nivel internacional se recuperan.

La única empresa pública con experiencia en pesquisar cuentas bancarias en el extrajero era Codelco a raíz del “Davilazo”. Un equipo de Hacienda, entre los que se contaba Andrés Jana -socio del estudio Bofill Mir & Alvarez Jana- tomó contacto con Waldo Fortín, quien era el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la minera, y éste les llevó a la compañía Kroll, formada por ex funcionarios de la CIA y del FBI, especializada en la búsqueda y recuperación de activos. Dentro de los casos que publicita su página está la detección de la red financiera del ex líder iraquí, Sadam Hussein.

Kroll ayudó a recrear algunos movimientos. “Pudimos identificar una maniobra en Miami, a través del Pine Bank . Era una especie de lavado de dinero porque sacaron la plata y la volvieron a ingresar”, relata una fuente. Pero la experiencia más relevante que se logró a causa de Inverlink y que sirvió luego para otros casos como el del Riggs y las cuentas que tenía el general Pinochet en el extranjero, fue el uso del estatuto federal norteamericano No. 1782 que está diseñado para colaborar con investigaciones penales y civiles de jusrisdicciones de otros países. Si se logra obtener esta autorización, el gobierno que investiga puede levantar secretos bancarios, obtener documentos y declaraciones de testigos en cosa de semanas.

Jana se adentró en estas lides y también se transformó en el principal persecutor de las instituciones financieras y sociedades que se habían quedado con los dineros de CORFO. Después de 12 años, el caso sigue litigándose en tribunales. Monasterio usó parte del dinero que le robó a Corfo para pagarle a los inversionistas que le habían puesto plata a Inverlink. La lógica de todas las demandas que se interpusieron fue si a ti te pagan con plata robada, tienes que devolvérsela a quien se la robaron.

A inicios de julio de este año, el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago aceptó la demanda de CORFO contra 15 compañías y sociedades de inversión y determinó que debían pagar $ 33 mil millones como indemnización de los perjuicios causado por el retiro irregular de instrumentos financieros.

El año pasado, en diciembre, la Justicia condenó a ocho ex ejecutivos de Inverlink y de las corredoras del BBVA y de Scotiabank a penas que contemplaban desde presidio remitido por infringir la ley del mercado de capitales, hasta el pago de las costas del juicio y a indemnizar a CORFO en $ 26.462 millones más reajustes. Eduardo Monasterio fue condenado a 541 días remitido. Había estado un año preso cuando comenzó el proceso. Dos meses después de la sentencia, el 6 de febrero de este año, el fundador de Inverlink murió.