Cuando el presidente López Obrador dice que siente que “hay mano negra” y que hay “quienes mueven la cuna” detrás de las manifestaciones y tomas violentas que ha vivido la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos dos meses, seguro lo dice porque tiene los elementos para afirmarlo. A estas alturas ya no queda duda alguna de que hay grupos políticos y universitarios interesados en desestabilizar no sólo a la casa de estudios sino a su actual rector, Enrique Graue, y para ello están utilizando a las hordas de jóvenes encapuchados, autodenominados anarquistas, que azuzando y aprovechando demandas legítimas de los estudiantes, como las denuncias de acoso sexual y violencia de género, se han infiltrado para tomar preparatorias y facultades en una clara estrategia de generar y escalar un conflicto que paralice a la UNAM y debilite a su rector.

A esos grupos que no dan la cara y a los que bien alude el presidente y dice que “hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”, son a los mismos a los que les dirigió ayer su mensaje Enrique Graue y para distinguirlos de los estudiantes universitarios y sus reclamos legítimos, los llamó “la otra cara, los otros” a los que el rector no se atrevió a ponerles nombres –no a los encapuchados, sino a los que los mueven y les pagan por agitar y violentar las marchas y movimientos universitarios— pero sí les mandó un mensaje apoyado por la comunidad universitaria: “quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia”.

El problema es que, en ese lenguaje cifrado y críptico, que utilizan las dos máximas autoridades, la política y la universitaria, para referirse a un problema grave y que ha ido escalando (13 escuelas tomadas y en paro entre facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades) nadie se atreve a poner un destinatario específico y a desenmascarar a quienes quieren incendiar a la Universidad Nacional con afanes de control, de agitación y de inducir un posible cambio forzado en la rectoría. Cuando el presidente dice que “hay que lamparear” a los que se mueven en los sótanos universitarios, lo que en realidad debería estar haciendo es ordenar a su Centro Nacional de Inteligencia, que comanda el general Audomaro Zapata, que le diga los nombres e identidades no sólo de los encapuchados, hombres y mujeres, que son la carne de cañón a la que mandan a golpear y violentar, sino también a que revele qué personajes y grupos están orquestando la estrategia desestabilizadora en la UNAM.

Porque entre académicos y profesores universitarios corren versiones que sostienen que detrás de los embates cada vez más frecuentes a la Universidad y a su rector, además de los paros prolongados ya por más de dos meses en preparatorias y facultades, aún cuando se han establecido mesas de diálogo y se ha avanzado en la atención de las demandas de violencia de género, están las facciones más radicales de la izquierda universitaria que tiene vínculos políticos con personajes de Morena y de la 4T. Incluso, hay quien afirma que los mismos personajes del morenismo que se acercaron a Enrique Graue en su campaña por la reelección y le ofrecieron “un pacto” para apoyarlo a cambio de posiciones y de darle públicamente su respaldo, estarían detrás de la movilización e infiltración de los “anarcos” y serían los autores intelectuales de la desestabilización.

Corresponde al gobierno y a sus órganos de inteligencia, aún con el “respeto a la autonomía universitaria” que profesa el presidente, ponerles nombre y apellido a los desestabilizadores. Porque si se incendia la UNAM el problema no será solo para el rector Graue ni para la comunidad universitaria, que ya empieza a pagar las consecuencias con estudiantes de bachillerato y de licenciaturas que están a punto de perder el semestre tras casi tres meses sin clases. El problema real sería para el propio gobierno de López Obrador y para la 4T porque si la Universidad Nacional se desestabiliza y cae en manos de grupos radicales, el efecto dominó y el contagio para el resto de las universidades públicas del país sería inevitable.

Y ahí sí, en medio de la crisis de salud del Insabi, de la inseguridad creciente y la violencia sin control que campea en la República y con una economía que sigue sin dar señales de recuperación, un conflicto nacional en las universidades públicas, con estudiantes en las calles y en paro, tendría consecuencias catastróficas para el gobierno lopezobradorista y para el país. ¿Será que el presidente se atreve a desvelar quienes son las manos que mueven la cuna en la UNAM, así sean manos “negras” o manos “morenas”?

NOTAS INDISCRETAS…

Ayer en el Teatro de la República, entre tantos discursos políticos sobre la Constitución y su vigencia, hubo uno en particular que llamó la atención por el mensaje con dedicatoria que llevaba implícito. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aprovechó su discurso para referirse, sin mencionarlo por su nombre, a las diferencias que causaron entre los miembros de la 4T y del gabinete, las propuestas de Reforma Judicial que no se presentaron en el Senado pero ya causaron polémica y divisiones. “Ninguna reforma en la 4T retrocederá en derechos humanos”, advirtió doña Olga entre aplausos de los asistentes al recinto donde se promulgó la Constitución de 1917. Así que desde Querétaro el mensaje pareció llegar hasta la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica donde dicen, redactaron las reformas que, por su contenido regresivo en temas de justicia y derechos humanos, se negaron a recibirles en el Senado y fueron filtradas a los medios de comunicación. Veremos si lo que se presenta en las próximas semanas ya fue corregido de las iniciativas originales que causaron la discordia… Se agitan los dados. Capicúa y repetimos el tiro.

