El 16 de septiembre de 2014, más de 300 estudiantes de 13 escuelas Normales de México se reunieron en la escuela Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos. Como todos los años, discutieron estrategias para mejorar el grave estado en que se encuentran sus escuelas, producto de presupuestos cada vez más deficientes y un Estado ausente. Ese día también debían decidir desde qué Normal saldrían para viajar al DF a conmemorar la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, que sacudió a toda la sociedad mexicana y continúa siendo una herida abierta.

Eligieron como punto de partida la Normal de Ayotzinapa por su cercanía con la Ciudad de México. Pero nunca pudieron transitar el camino entre Ayotzinapa y Tlatelolco. Antes de partir, 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis fueron ejecutados, por lo menos uno fue torturado, más de 40 personas sufrieron heridas -algunas de gravedad-, cerca de 80 personas que se acercaron a ayudar fueron perseguidas y por lo menos 30 personas sufrieron ataques contra sus vidas.

Debido a las graves irregularidades en la investigación, y sin credibilidad frente a la sociedad mexicana, el Gobierno aceptó la participación de cinco expertos independientes, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investiguen lo ocurrido en Ayotzinapa. En solo seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó un Informe que hace trizas la investigación oficial y da un paso clave para que los familiares de las víctimas estén más cerca de la verdad y la justicia.

Es imposible abarcar en pocas líneas la gran cantidad de información que arroja el informe, pero algunos pocos ejemplos sirven para comprender la gravedad de los hechos y la directa responsabilidad del estado mexicano:

La hipótesis del gobierno sólo logró demorar la búsqueda y la verdad

Existen enormes discrepancias entre los hechos comprobados por el GIEI y las teorías presentadas desde el inicio de la investigación por las autoridades mexicanas. Las entrevistas a víctimas y testigos de los hechos coinciden en la mayoría de los casos entre sí, y con los hechos comprobados por el GIEI; mientras que las declaraciones de policías y acusados, que fueron la base de las teorías presentadas por el Gobierno, se contradicen entre sí y con los hechos.

Los estudiantes estaban desarmados. En reiteradas oportunidades se hace referencia a que sus únicas armas eran piedras que eran usadas para defenderse de los ataques con armas de fuego de la policía.

En base a la exhaustiva investigación de un asesor del GIEI, el planteamiento de las autoridades mexicanas que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula es insostenible y debe ser descartado. Por lo tanto, hasta la fecha sigue sin saberse el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. La hipótesis del gobierno sólo logró demorar la búsqueda y la verdad.

Las declaraciones de policías y acusados, que fueron la base de las teorías presentadas por el Gobierno, se contradicen entre sí y con los hechos

Policías municipales, estatales, federales y el Ejército mexicano participaron y tuvieron conocimiento de los hechos desde temprano. Se vigiló a los estudiantes desde por lo menos dos horas antes de los ataques, y estos se hicieron de manera coordinada y respondiendo a una línea de mando.

Llamativamente, desde las primeras declaraciones, el gobierno hizo referencia a que habían sido atacados sólo cuatro transportes de estudiantes. El GIEI presentó información sobre la existencia de un quinto transporte y solicitó que se abra rápidamente una investigación, ya que podría ser clave para encontrar varias de las respuestas pendientes.

El informe del GIEI concluye que se debe hacer “un replanteamiento general del caso”, en base a los resultados de la investigación realizada. En otras palabras, casi empezar de nuevo. Tratándose de un informe estrictamente técnico, no se presenta ninguna teoría sobre los motivos de las graves irregularidades de la investigación oficial, pero queda en evidencia que desde el más alto nivel se construyeron teorías que no coinciden con los hechos, y que sólo lograron perjudicar seriamente la investigación y la búsqueda de los desaparecidos.

Queda en evidencia que desde el más alto nivel se construyeron teorías que no coinciden con los hechos

El camino sin transitar entre Tlatelolco y Ayotzinapa no es lo único que une ambas masacres. Las une también una fuente inagotable de violencia estatal e impunidad que inunda todos los rincones de México. Este gobierno no ha hecho mucho para modificarlo. Por el contrario, la investigación en Ayotzinapa permitió encontrar fosas comunes de otras masacres y otros desaparecidos. En la masacre de Tlatlaya de hace poco más de un año, hubo participación directa del Ejército en ejecuciones extrajudiciales.

El contundente informe del GIEI no le deja muchas alternativas al presidente Peña Nieto. Como mínimo, debe inmediatamente pedir perdón a las víctimas de Ayotzinapa, aceptar la responsabilidad del Estado en la masacre, reparar a todas las víctimas directas y sus familiares, remover inmediatamente a los funcionarios responsables de las violaciones y del encubrimiento, y renovar el mandato del GIEI. Con cualquier otra respuesta, se repetirá en Ayotzinapa la interminable noche de Tlatelolco.

Hace unos años, un expresidente de América Latina, ya fuera del poder, luego de leer la tapa del diario que informaba con grandes titulares los miles de muertos en su país por la violencia estatal, me confesó cierto alivio por no tener que estar cargando esos muertos sobre sus hombros, pero también, cierto desasosiego por ser consciente de los miles de muertos que nunca lo abandonarían. La principal responsabilidad de los gobernantes es proteger la vida de las personas. Por acción o por omisión, la larga mano del Estado es responsabilidad del Presidente.

*Santiago Canton es Director Ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights. Twitter @SantiagoACanton