La génesis del enfrentamiento entre el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción y algunos de sus subordinados está en el documento de 17 páginas con el que Manuel Moix concurrió a la plaza. De ese “plan de actuación” destaca el control absoluto sobre cada decisión y documento que se redacte en la Fiscalía Anticorrupción, la asunción del papel de único portavoz y el sometimiento de las Fuerzas de Seguridad al fiscal de cada caso y, por ende, a él mismo. El modo y el tono con el que está aplicando el plan quedan de manifiesto en declaraciones del tipo “he ordenado a la Policía y la Guardia Civil que me den a mí cuenta de los nuevos asuntos que investigan” o “yo decido a qué fiscal le asigno la investigación si considero que es preciso abrir unas diligencias”.

Los cincuenta días de mandato de Manuel Moix fracturan la Fiscalía Anticorrupción

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Moix tendrá oportunidad de rescatar su documento en la comparecencia que realizará en el Congreso de los Diputados a petición de la mayoría de la Cámara. El relevo de los fiscales que han llevado el voluminoso caso del 3% en CDC o las alabanzas a su figura realizadas por Ignacio González, el principal imputado por corrupción en la Operación Lezo, serán objeto de su comparecencia, solicitada antes de que cumpliera cincuenta días en el cargo y acompañada ya de la exigencia de cese por parte de PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El segundo punto del plan de actuación de Moix está dedicado a los “criterios generales” bajo los que debe actuar la Fiscalía Anticorrupción. “El necesario sometimiento al principio de unidad de actuación requiere que todos los dictámenes, informes y escritos de cualquier clase elaborados por los Fiscales, incluidos, obviamente, los Fiscales delegados, en el ejercicio de sus funciones, sean objeto de previo visado por el Fiscal Jefe o por la persona que tenga, en su caso, delegada dicha función”, se puede leer en el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es.

La Fiscalía Anticorrupción alberga en su sede a las unidades adscritas de Policía, Guardia Civil y Agencia Tributaria, lo que fomenta una estrecha colaboración entre organismos. Estos funcionarios no deben ser ajenos a la consigna de Moix. El nuevo fiscal jefe escribió que es “preciso” que los fiscales especiales “den cuenta al fiscal jefe de manera puntual e inmediata” de los informes elaborados por las unidades adscritas.

En unas declaraciones a elindependiente.com, publicadas este jueves, Moix asegura: “Me he reunido con la policía y la guardia civil y les he ordenado que me den a mí cuenta de los nuevos asuntos que investigan”. Acostumbrados a trabajar en sintonía con los fiscales Anticorrupción, mandos de las unidades especializadas han preferido no comentar estas declaraciones de Moix.

También han evitado pronunciarse sobre otra de las órdenes de Moix, revelada por él mismo en el citado artículo, para que las Fuerzas de Seguridad “solo presenten hechos” y se abstengan de calificarlos penalmente. Juez y fiscal pueden ignorar esa calificación que aparece en los informes de la UCO y la UDEF, pero con la instrucción de Moix, el nuevo fiscal jefe evita titulares periodísticos como los que cercaron durante semanas al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que la Guardia Civil acusaba de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración, entre otros delitos de corrupción.

Poco antes de que Moix aterrizara en actual destino, las fiscales del caso Púnica se negaron a firmar el escrito en el que Anticorrupción rechazaba solicitar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. En la polémica por la actuación de la Fiscalía General del Estado influyó que la opinión pública ya conocía la gravedad de la actuación del hoy expresidente de Murcia por la calificación de los hechos que hacía la UCO en su informe. Finalmente, el juez Eloy Velasco solicitó al TSJ de Murcia que abriera una investigación formal al político del PP y éste se vio obligado a dimitir.

Los fiscales que han llevado adelante casos de corrupción contra todos los partidos políticos, ya sea la Gürtel y la Púnica, vinculados al PP; o los ERE de Andalucía, con un Gobierno autonómico socialista, han actuado con “cierto seguidismo” de las Fuerzas de Seguridad, según se recoge en el citado artículo.

En el plan de actuación de Moix, adelantado por El Mundo, se afirma que “es necesario tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial, como a la Agencia Tributaria, que las mismas deben actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa”. Así se evitará, añade, abrir investigaciones por “simples especulaciones o conjeturas, más o menos aventuradas”.

Límites a las investigaciones

En los planes y declaraciones de Moix va implícita otra crítica, en este caso a la labor de su antecesor, Antonio Salinas. “Deben desecharse -dice en su documento- tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de ‘algo’ que pudiera ser un indicio de delito, como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.

En la entrevista, Moix desvincula su plan de actuación del choque con los fiscales de la Operación Lezo y no duda en afirmar: “Quizá no les gusto por otros motivos”. En su plan de actuación, Manuel Moix advierte de que, a partir de ahora, asignará los casos bajo un criterio de sobrecarga de trabajo, antigüedad, pero también por la “trascendencia, repercusión y complejidad” que presenten. Y añade que en cualquier momento puede retirar a los fiscales de un caso por un “reajuste periódico de los volúmenes de trabajo”.

Manuel Moix zanja que solo al portavoz de la Fiscalía, función que ya se ha atribuido en exclusiva, “le corresponde trasladar la información a los medios de comunicación”. Moix deja entrever aquí su visión del periodismo. Los medios de comunicación, advierte, no deben acceder a a los informes de la Fiscalía Anticorrupción sin una explicación suya que los acompañe. Si no se actúa así, los periodistas hacen “una interpretación libre” de los motivos que han llevado al Ministerio Público a tomar una decisión y, “en general”, llegan a conclusiones que “no se ajustan a la verdad”. Moix tituló este punto “Proscripción absoluta de las filtraciones”.