Como este número llegó junto con una política monetaria considerada dura, la estrategia oficial para combatir este flagelo dejó de lado al Banco Central y se concentró en una vieja y conocida herramienta: los controles de precios.

El primer precio controlado de la economía es el dólar, que desde el regreso del “cepo duro” quedó clavado en los alrededores de $60. Otros precios virtualmente congelados son las tarifas de luz y de gas, los peajes, el precio del transporte público y el litro de nafta.

Por si esto fuera poco, el Ministerio de la Producción relanzó con orgullo el programa “Precios Cuidados”, freezando los precios de una canasta de bienes que se venden en los supermercados.

En la lógica del gobierno los controles de precios no solo sirven a corto plazo para “desindexar” la economía y bajar la inflación. Además, son considerados pieza clave para ayudar a los que menos tienen, ya que si no las grandes cadenas se aprovecharían de ellos.

Objeción técnica

Visto este escenario, un profesional independiente podría argumentar que las políticas de controles de precios nunca han llevado a buen puerto. No solo nunca pudieron bajar la inflación de manera permanente, sino que además han generado problemas adicionales.

Ahora bien, al sostener este punto, el profesional sería rápidamente descalificado, catalogándoselo de neoliberal, fundamentalista del mercado, insensible social, u otros epítetos similares.

Resulta de lo más interesante entonces comentar el último informe publicado por el Banco Mundial, un organismo multilateral, financiado con fondos públicos, cuya misión internacional es nada menos que “terminar con la pobreza” y “promover la prosperidad compartida”.

En su más reciente análisis de perspectivas económicas dedican toda una sección al tema de los controles de precios. El apartado, basado en un riguroso estudio de bibliografía y evidencia empírica, es concluyente: si bien los controles pueden tener buenas intenciones, los resultados son a todas luces indeseables para promover el crecimiento y reducir la pobreza.

¿Por qué? El Banco Mundial detalla al menos tres puntos principales: los controles reducen la inversión de las empresas, aumentan la carga fiscal y dificultan la labor de la política monetaria.

Todo ello, por supuesto, reduce el crecimiento económico y aumenta la pobreza que originalmente se quería combatir.

Menos inversión, más gasto público

El primer daño que generan los controles es que las empresas enfrentadas a precios máximos ven reducida arbitrariamente su rentabilidad. En el caso de que el límite se aplique solo a un mercado, entonces los inversores decidirán migrar hacia otros, lo que terminará siendo solo un problema sectorial.

Ahora bien, si los controles son extensivos, entonces la menor rentabilidad redundará en una menor inversión generalizada, lo que reduce el crecimiento de toda la economía.

El Banco Mundial agrega algo evidente: “Los controles de precios que distorsionan el consumo hacia los bienes con precio controlado pueden originar escaseces crónicas”. Basta ver los cortes de luz que ocurren hace años en el área metropolitana de Buenos Aires para comprobar que esto es cierto.

El segundo problema es que, cuando para evitar que estas empresas cierren, se les otorga un subsidio, éstos pueden aumentar hasta niveles peligrosos para la estabilidad fiscal. Nuevamente, Argentina puede dar fe de esto.

Entre 2003 y 2015 el gasto público en subsidios económicos pasó de 2,2% a 6,6% del PBI. Considerando que en 2015 el déficit fiscal fue de 5,9%, podría decirse que sin estos subsidios, el presupuesto no habría tenido déficit y, consecuentemente, hoy no tendríamos problemas de deuda.

El último desafío de los controles de precios para el Banco Mundial es el que le imponen a la política monetaria. Es que, si bien en países con años de baja inflación y una política monetaria creíble el “impacto de una vez” que implica eliminar un control de precios puede ser manejado con la ayuda de una buena comunicación, en países donde eso no ocurre el tema es más difícil.

Para los autores del informe, allí donde las expectativas de inflación no están bien ancladas, abandonar los controles de precios puede generar efectos persistentes en la tasa de inflación.

Otra vez, Argentina sirve de ejemplo. Es que cuando en 2016 el Banco Central endureció su política monetaria, nada pudo hacer para contrarrestar el impacto del parcial sinceramiento de las tarifas de servicios públicos y el dólar. A pesar del esfuerzo, la inflación saltó del 27% al 40%.

Tres preguntas finales

Desde entonces hasta hoy pasaron 3 años y mucha, pero mucha inflación.

Ahora a la luz de este análisis y las políticas más recientemente implementadas, surgen al menos tres preguntas inquietantes para hacer.

En primer lugar: ¿Cuánto tolerará la producción argentina los precios máximos, si la rentabilidad de las empresas es clave para el crecimiento económico? Segundo: ¿Cuánto aumentará el gasto público, en un contexto de crisis fiscal, si hay que volver a subsidiar a las empresas energéticas?

Y, por último: ¿Qué pasará con la inflación el día que, inevitablemente, estos controles vuelvan a ser eliminados?

Los controles de precios deben abandonarse. No por una cuestión ideológica, sino porque, como indican en el Banco Mundial, está comprobado que es lo mejor para que crezca la economía y así caiga la pobreza.

* Director de ICYA y Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.