El gobierno de Cristina Kirchner compró equipos de espionaje electrónico y tecnologías de vigilancia de las comunicaciones a Alemania, cuyas características se mantienen en secreto.

En un informe del gobierno alemán al que tuvo acceso Clarín en exclusiva se puntualiza que la Argentina adquirió equipamiento sensible por casi 2 millones de dólares, seguramente para la SIDE.

Fuentes militares informaron a este diario que los servicios de inteligencia argentinos compraron también equipos con tecnologías de punta a otros países, cuyas características también se mantienen en secreto.

La noticia de esta compra se conoce luego de una semana en que la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central realizaron más de 70 allanamientos a “cuevas” financieras luego de un trabajo de inteligencia financiera sobre tres empresas de la zona de Quilmes.

Además, ocurre en un contexto político en que la Presidenta privilegia la dirección de Inteligencia del Ejército que depende del general César Milani por sobre la SIDE que dirige Héctor “El Chango” Icazurriaga. La jefa de Estado se acercó más a Milani, que pertenece a la especialidad de inteligencia, luego de que se firmó el memorándum de entendimiento con Irán por la causa del atentado contra la AMIA. Este gesto dejó mal parada a la SIDE, que apoya la tesis de la responsabilidad de Irán como autor intelectual del ataque.

El informe firmado por el ministro federal de Economía y Energía de Alemana, Rainer Sontowski, señala que el gobierno de Angela Merkel le vendió a la Argentina equipos de tecnología dual por 1.183.000 euros en 2010; y 169.357 euros en 2011. Las funciones de esos equipos serían para la intercepción de celulares y correos electrónicos.

El documento alemán es una respuesta a un pedido de informes del Partido Verde de Alemania, que está preocupado por el uso de esas tecnologías por parte de los gobiernos para violar libertades individuales y vigilar ilegalmente opositores, actividades de derechos humanos y periodistas. La respuesta está firmada el 2 de agosto pasado.

Sontowski afirmó que antes de autorizar estas exportaciones se examina la situación de los derechos humanos en el país receptor y se pide la firma de un certificado de destino final. Por la aplicación de este criterio, se le prohibió a empresas como Siemens vender este tipo de equipos a Irán, Siria y Barein.

Enrique Chaparro, presidente de la fundación Vía Libre –dedicada a la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las nuevas tecnologías– pidió al partido Verde que precise si la Argentina hizo otras compras de estas tecnologías sensibles desde 2011 hasta la fecha. “También le pedimos que nos informe qué empresa alemana exportó y qué organismo argentino lo compró”, agregó Chaparro. El experto en seguridad de sistemas informáticos dijo que espera que el Gobierno “no haya comprado el programa FinFisher” que vende la empresa británica Gamma u otro similar, que causó alarma en otros países (Ver infografía). Por su parte, el diputado radical Miguel Bazze, miembro de la comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia, se quejó ante Clarín de que la mayoría kirchnerista impide que se reúnan para preguntar qué equipos compraron la SIDE y el Ejército y para qué se los están usando.

Por su parte, el ex presidente de la comisión de Defensa de Diputados, Julio Martínez, alertó a Clarín sobre la posibilidad de que estos equipos estén siendo usados por la SIDE o el Ejército para “hacer inteligencia interna”.

La SIDE debería usarlos para controlar eventuales contactos del terrorismo en lugares como la Triple Frontera y el Ejército para monitorear, por ejemplo, los despliegues militares británicos en Malvinas. Además, cualquier pinchadura de teléfonos o mails de ciudadanos argentinos a través de la SIDE debe ser autorizada por un juez. Desde que estalló el año pasado la denuncia de Edward Snowden sobre el espionaje masivo que realizaba la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense sobre Internet y los teléfonos, se disparó un debate internacional sobre el uso de estas tecnologías de intrusión masiva y el derecho a la privacidad, que al gobierno argentino parece interesarle poco.