ElAyuntamiento de Madrid realizará una investigación interna sobre los contratos suscritos por los anteriores gobiernos de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón con empresas relacionadas con la Operación Púnica, la trama de corrupción municipal encabezada por el exalcalde de Valdemoro y otrora mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, Francisco Granados, que adjudicaba contratos públicos a cambio de comisiones. Así lo ha decidido este miércoles por unanimidad el Pleno a propuesta del PSOE.

La investigación analizará, al menos, 91 contratos mayores además de contratos menores y expedientes de seis empresas de la trama por un valor cercano a los 50 millones de euros, según ha desvelado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

"Nos han votado para levantar alfombras y enterarnos de lo que ha pasado", ha asegurado Mato. "Puede que no haya tacha en esos contratos", ha añadido. En caso de encontrar alguna irregularidad, se comunicará a los órganos judiciales y los grupos constituirán una comisión de investigación política en el Pleno municipal.

Las contratos que serán investigados son los suscritos entre diciembre de 2005 y agosto de 2014 con Waiter Music, Cofely España, Elyo Ibérica Servicios Energéticos,el Grupo Dico Obras y Construcciones, Copisa Constructora Pirenaica y Super Cash de Alimentación. Estas empresas están siendo investigadas por el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, donde hay un centenar de imputados repartidos entre Madrid, Murcia, León y Valencia.

Fuentes municipales han destacado que "resulta especialmente significativo" el caso de Copisa, que acumula 43,4 millones de euros entre 2008 y 2015 y un expediente de convalidación de gasto con el Grupo Dico por una cuantía cercana a los 4 millones de euros. Algunos de los acuerdos bajo sospecha fueron firmados por las áreas de Obras y Espacios Públicos (que ya no existe) y de Medio Ambiente y Movilidad; por las Juntas de Distrito de Centro, Ciudad Lineal y Villaverde; y por empresas públicas como Madrid Emprende y la Empresa Municipal de Transporte (EMT).

Entre diciembre de 2005 y agosto de 2014, el Ayuntamiento de Madrid estuvo gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (2012-2015), ambos del Partido Popular. Sin embargo, no hay actualmente ningún concejal ni exconcejal municipal popular imputado en la Operación Púnica. Sí ha relacionado el PSOE este miércoles con la Púnica al exvicealcalde de la capital Miguel Ángel Villanueva, que tras su dimisión en 2013 por la tragedia del Madrid Arena fue fichado por Cofely, una de la empresas clave de la trama de corrupción.

354.000 euros para Cofely y Waiter Music

El PSOE, impulsor de la iniciativa, ya adelantó que había detectado contratos municipales por un importe total de más de 354.000 euros con Cofely y Waiter Music entre los años 2011 y 2014. En concreto, Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez que ofrece servicios de eficiencia energética, obtuvo acuerdos por más de 240.000 euros. En 2012, el Ayuntamiento le adjudicó, entre otros, un contrato para el mantenimiento de los edificios de Madrid Emprende.

Por otra parte, la empresa organizadora de fiestas Waiter Music logró contratos por valor de 114.536 euros para la preparación de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en 2013 y 2014. "El PSOE no permitirá la impunidad en este Ayuntamiento. Los madrileños tienen que saber si con su dinero se han financiado campañas electorales porque cuando se financia irregularmente una campaña se altera la democracia", ha afirmado la portavoz socialista, Purificación Causapié.

La edil popular Ana Román, por su parte, sugirió a Causapié que exporte su propuesta a los ayuntamientos de otros municipios como Parla o Fuenlabrada, gobernados por el PSOE e implicados también en la trama. Román recordó además que algunos contratos, como los de las fiestas de la Paloma, fueron llevados por el PSOE a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en diciembre de 2014 y no se halló ninguna irregularidad. "Es muy fácil embarrar las instituciones pero eso también afecta al buen nombre de los funcionarios", ha concluido.