La sospecha de las injerencias rusas en el desafío independentista de Cataluña llevan meses sobre la mesa del Gobierno, que sí ha señalado que tiene constancia de ellas, que se producen desde "territorio ruso", pero siempre ha evitado señalar directamente al Ejecutivo de Putin. Ahora, un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo del Ministerio de Defensa de España, concluye que el Kremlin está detrás de estas injerencias. Culpa directamente al Gobierno ruso.

El informe, elaborado por Josep Baqués, se titula "Análisis de tendencias geopolíticas a escala global". Y en el epígrafe "Impacto de las dinámicas geopolíticas en España", señala al gobierno ruso como el autor de las injerencias y la campaña de desinformación en torno al proceso independentista de Cataluña. "El Kremlin está aprovechando el órdago catalán para desestabilizar, empleando para ello una política destinada a generar confusión desde las redes sociales".

El informe del organismo dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) se compara lo sucedido en España con las elecciones en EEUU. "Moscú no tiene intereses específicos en España, ya que queda demasiado lejos de su área de influencia. Pero Moscú aspira a fomentar las desavenencias en Cataluña para de ese modo debilitar a un Estado miembro de la OTAN. Es una estrategia que puede repetirse en el futuro en otros Estados europeos".

Fuentes del Ministerio de Defensa han querido matizar a este diario que el informe "elaborado por un particular y publicado por el IEEE no refleja la posición del organismo, que como tal no asume posicionamientos propios, ni mucho menos del Ministerio". No obstante, sí asumen que es una publicación que corre a su cargo.

"Tradicionalmente, España no ha sido un objetivo importante para Rusia. El Kremlin ha visto a España como un país más amigable, en comparación, por ejemplo, con Polonia, por lo que no ha sido un objetivo importante", explica a este diario Ben Nimmo, experto en desinformación e investigación digital del prestigioso think tankAtlantic Council. Sus análisis certifican un "aumento definitivo antes y alrededor del 1 de octubre" en cuanto a mensajes para provocar desconcierto y desinformación.

"Parece que la maquinaria de propaganda del Kremlin estaba tratando de aumentar la tensión social como lo hizo antes en los EEUU. Trataba de usar la situación en España para desacreditar la idea de la democracia en Europa", reflexiona esta experto, muy en sintonía con lo expuesto por Josep Baqués en el informe del IEEE. "Cada vez más actores, tanto estatales como no estatales, utilizan la desinformación, la piratería y la ciberpropaganda para distorsionar y socavar el debate democrático", concluye Nimmo, a preguntas de EL MUNDO.

En noviembre de 2017,la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, apuntó que el Gobierno estaba "en fase de análisis y de prospectiva" para determinar "cuáles son las entidades" detrás de las actuaciones de desinformación sobre Cataluña y el proceso soberanista "que vienen de territorio ruso" y "algunas" son "repicadas desde territorio venezolano". Pero desde el Ejecutivo siempre se mostró la cautela de no citar expresamente al Kremlin. "He dejado bien claro que no estamos involucrando al Gobierno ruso", llegó a afirmar Alfonso Dastis, ministro de Exteriores.

Sin embargo, las insinuaciones molestaron al gobierno ruso, que a través de su portavoz de Exteriores advertía de que las acusaciones de injerencia en Cataluña perjudican las relaciones con España. Maria Zajarova, la portavoz, emplazó al Ejecutivo de Mariano Rajoy "a responder acerca de sus palabras y presenten datos concretos".

El asunto ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde se está tratando de manera amplia en la Comisión de Seguridad Nacional, por la que han pasado distintos cargos del Gobierno para explicar su visión. Todos ellos, de nuevo, fueron cautelosos y apenas dieron detalles. Claro está, ninguno señaló al Kremlin. Sin embargo, el embajador ruso envió una carta al ex ministro José Manuel García-Margallo, presidente de la Comisión, para protestar oficialmente porque este órgano no ofreciera su "postura oficial" sobre posibles injerencias en Cataluña.