CÓRDOBA.- La tarifa social dispuesta por la resolución 7 del Ministerio de Energía de la Nación, según anticipó el ministro Juan José Aranguren, alcanzará a 900.000 usuarios sólo de Edesur y Edenor. Los consumidores del resto del país quedarían fuera del beneficio, independientemente de su condición, por lo que las administraciones de las distintas provincias presionan al gobierno nacional para que salga una nueva medida que las comprenda.

La respuesta podría llegar esta misma semana, ya que hoy se reúnen en Energía, en la Capital Federal, los representantes provinciales con los nacionales. El equipo de Aranguren ya trabaja en las correcciones que se aplicarían al plan.

En los últimos días hubo una serie de contactos entre gobiernos provinciales y el área de Energía para que el Estado nacional no vuelva a limitar los subsidios sólo a la Capital Federal. Si no hay una aclaración de la resolución 7, los consumidores del interior serían doblemente castigados, según razonan en las provincias: sus facturas vendrán con aumento y, además, no estarán alcanzados por la tarifa social.

El planteo es que, en los casos en que corresponda aplicar una tarifa social (con los mismos criterios que se aplicarán en el área metropolitana), la Nación se haga cargo de los primeros 150 kW/h y subsidie el resto hasta el mismo consumo de la factura de igual período de 2015. Si Energía no da ese paso, es prácticamente imposible que las distribuidoras del interior adhieran al esquema establecido para Edenor y Edesur.

En el caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), por ejemplo, la tarifa "solidaria" sólo alcanza a aquellos usuarios que son indigentes, según lo determina un análisis socioeconómico. Se les bonifican los primeros 200 kW/h y tienen un descuento del 89% promedio sobre los 600 kW/h siguientes de consumo bimestral.

A nivel nacional, quedan incluidos los jubilados y pensionados y las personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a $ 12.120 (dos salarios mínimos), aquellos que presenten certificado de discapacidad, los titulares de programas sociales y quienes estén percibiendo el seguro de desempleo. También los inscriptos en los regímenes de Monotributo Social y en el Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico.

Si ese modelo se trasladara a Córdoba, por ejemplo, habría jubilados que en sus próximas facturas pagarían menos que ahora.

EPEC definirá esta semana la suba de sus tarifas. Como adelantó LA NACIÓN el viernes y después ratificó Aranguren, el alza no debería superar el 35%, ya que ése es el ajuste operado en los precios de la energía mayorista. El valor deriva de que el costo de generación pasa de 90 a 320 pesos el MW/hora.

Si el incremento es mayor, es porque EPEC volvería a corregir el valor agregado de distribución (VAD), que ya es el más alto del país, puesto que se viene actualizando desde 2008. Si la empresa decidiera seguir ese camino, el Ente Regulador de Servicios Públicos provincial (Ersep) debería convocar a una audiencia pública.

La empresa cordobesa es la única integrada del país (genera, distribuye y comercializa) y por estos días, además de establecer su nuevo cuadro tarifario y analizar si empieza a facturar de manera mensual, intenta avanzar en la solución de reclamos judiciales cruzados con la Nación por el precio que Cammesa le pagó durante años la energía que la compañía genera, cuyo precio está muy por debajo de lo que reciben otros generadores.

De esas decisiones dependen las subas que afrontarán los usuarios de las casi 200 cooperativas que en Córdoba prestan servicio de energía y que ya pagan entre el 40 y el 100% más que los clientes de la empresa provincial.

35%

Aumento

Es el porcentaje que subirían las tarifas eléctricas de la distribuidora cordobesa