Por el cambio de administración municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se duplicaron en tres meses las solicitudes de jubilación de los trabajadores del gobierno local. Sin embargo, el Fondo de Pensiones está en quiebra.

En junio pasado –durante el mes que se llevaron a cabo los comicios locales–, la coordinadora de la Comisión de Regidores del Trabajo y Previsión Social, Cristina Paz Almaza, informó que existían 20 trámites de jubilación en proceso de ser revisados, pero para septiembre había 40 solicitudes.

La razón del aumento es que el presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, planea desaparecer el puesto de seis directores municipales (de 24 a 18), explicó la vocera de la comisión, la regidora Norma Alicia Sepúlveda.

“Hay una inquietud muy grande respecto a la próxima administración, que se ha generado al manejar que habrá un recorte de personal importante porque quieren desaparecer alrededor de seis dependencias. Eso genera un malestar natural entre los empleados, y aquellos que tienen el derecho (de jubilarse) lo ejercen y nosotros no nos podemos negar a que ejerzan un derecho que han adquirido como empleados”, detalló la funcionaria local en entrevista.

Las causas del Fondo en quiebra

El Fondo de Pensiones para trabajadores del gobierno municipal de Ciudad Juárez está en quiebra técnica. En 2 años se han tomado 710 millones de pesos del gasto corriente para pagar los sueldos de los empleados retirados.

Además, también hay servidores públicos menores de 40 años –que cumplen con 15 años de antigüedad– que han aprovechado la pobre reglamentación y se han jubilado para recibir la pensión vitalicia.

Como el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años que solicitó jubilarse de su cargo en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

De acuerdo con datos oficiales a marzo de 2016, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez cuenta con 9 mil 747 funcionarios municipales, de los cuales 2 mil 635 están jubilados o pensionados, es decir, el 27 % de la nómina.

Cada mes, el gasto total en sueldos de jubilados y pensionados alcanza los 19 millones 322 mil 186 pesos, en tanto que las aportaciones mensuales de los empleados municipales en activo es de apenas 1 millón 582 mil 540 pesos.

Entre la nómina de los funcionarios retirados, se encuentra la pensión mensual para un ex trabajador por 81 mil 657 pesos; una cantidad mayor al sueldo del Presidente Municipal, que percibe 67 mil 600 pesos mensuales.

El Ayuntamiento de Ciudad de Juárez ha decidido ocultar los nombres, cargos y periodos de actividad de los empleados jubilados y pensionados por “protección de datos personales”, por lo que es imposible saber quiénes están siendo subvencionados con el Fondo; aun así es posible constatar en la página de transparencia del Municipio las cantidades que reciben mensualmente.

Lo que es un hecho es que el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex coordinadora municipal de Audiencias Públicas quien presentó su trámite de jubilación con tan solo 36 años de edad, destapó una problemática de fondo gestada desde hace más de 20 años

La historia del Fondo

Desde 1988, el reglamento de “Jubilaciones por Antigüedad para el Municipio de Ciudad Juárez” establece la creación de un Fideicomiso para depositar las aportaciones de trabajadores y del Gobierno local para el fondo de retiro de los empleados municipales.

En 2015, el Fondo de Pensiones se declaró en quiebra técnica, por lo que se tomaron 365.4 millones de pesos del gasto corriente para pagar las pensiones correspondientes a los empleados municipales retirados; un año antes, en 2014, se destinaron al Fondo 344.6 millones en el Presupuesto de Egresos.

Por lo anterior, el Gobierno Municipal puso en marcha este 2016 una estrategia para tratar de “subsanar” al Fondo, con miras a su autosustentabilidad.

En diciembre de 2015, la administración municipal de Javier González Mocken comenzó negociaciones con los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) para incrementar las aportaciones de los empleados.

En el mes de marzo, el SUTM y el Municipio alcanzaron un acuerdo en cuanto al saneamiento del Fondo, en el que estipula que a cada trabajador municipal se le retendrá el 4% de su salario, en tanto que el Municipio aportará la misma cantidad por empleado; anteriormente, las aportaciones de los trabajadores y del Municipio eran del 2%.

El caso de Lizbeth Alonso: la gota que derramó el vaso

En el mes de junio salió a la luz pública el caso de Lizbeth Alonso Carreón, ex servidora pública de 36 años de edad, que solicitó jubilarse.

Alonso Carreón pretendía jubilarse con una pensión del 55 % de su último sueldo mensual devengado (38 mil 480 pesos), por lo que recibiría 21 mil 164 pesos cada mes, de manera vitalicia.

De acuerdo con los documentos del trámite de jubilación presentado ante la Comisión de regidores de Trabajo y Previsión Social, la exfuncionaria ingresó al Municipio en junio del año 2000.

Alonso Carreón (quien laboró en la Unidad especial de atención de adicciones, la Oficina Municipal de Atención al Migrante y la Dirección de Turismo) ocupó en última instancia la Coordinación de Audiencias Públicas.

En febrero de este año presentó su renuncia para postularse como candidata del PRI a la diputación local del Distrito 07; La ex candidata no regresó a su puesto, debido a que su cargo fue desaparecido de la administración municipal.

Tras su derrota electoral, Alonso Carreón presentó su expediente laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Ayuntamiento para tramitar su jubilación.

En el mes de septiembre, Cristina Paz Almanza, coordinadora de la Comisión conformada en Cabildo, y Julio Alejandro Gómez, secretario de la misma, firmaron la solicitud de jubilación y la turnaron a la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Norma Sepúlveda, vocal de la comisión, se opuso a firmar el documento.

De acuerdo con El Diario de Juárez, en el expediente de la ex coordinadora de Audiencias Públicas consta que “se dio de baja el 21 de octubre de 2010 y el 21 de abril de 2012 presentó una renuncia voluntaria”. Sin embargo, no existen documentos que comprueben su reingreso al trabajo en este periodo.

El caso de Lizbeth Alonso Carreón conmocionó a los juarenses, al grado que el presidente municipal, Javier González Mocken, calificó al caso como “una polémica mediática” y anunció que no firmará la jubilación de exfuncionaria “tenga o no la razón jurídica”.

A la par del caso de Lizbeth Alonso, se presentaron las solicitudes de jubilación de tres empleadas municipales más, con 17 y 15 años de antigüedad en el Municipio, adscritas a la Dirección de Tecnologías de Información.

Anilú Flores Delgado, jefa de la Dirección con 17 años de antigüedad; Margarita Meléndez Fernández, asistente administrativa con 17 años de labores y María Guadalupe Cárdenas Navarro, programadora con 15 años. Las tres presentaron sus solicitudes ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Todas las funcionarias pudieron presentar su solicitud por estar bajo el régimen del reglamento de 1988, antes de las reformas efectuadas en 2005.

El origen de la problemática

El reglamento de pensiones y jubilaciones que permitía retirarse del cargo con 15 años de antigüedad, entró en vigor el 14 diciembre de 1988.

El artículo 7 del reglamento estipula, en su artículo 7, que los trabajadores podrán solicitar su jubilación, cobrando una pensión vitalicia del 55 % del último sueldo devengado.

En agosto de 2004, el Cabildo de Juárez aprobó una serie de modificaciones a los artículos 4, 6 y 7 del Reglamento; en el artículo 7 se agregó que los trabajadores municipales con intenciones de jubilarse, además de cumplir con un mínimo de 15 años de antigüedad, deberían acreditar tener al menos 60 años de edad.

No obstante, dichas modificaciones, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de abril de 2005, no fueron aplicables a Lizbeth Alonso, dado que entraron en vigor casi 5 años después de su alistamiento como trabajadora municipal.

El 5 de abril de este año, el Cabildo de Juárez aprobó el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, que incluye nuevos ‘candados’ para el otorgamiento de pensiones por jubilación, e incrementa las aportaciones de los trabajadores y del Municipio al Fondo de Pensiones.

El nuevo reglamento estipula que serán sujetos a pensionarse los trabajadores municipales que tengan como mínimos 60 años de edad y acrediten 25 años de trabajo.

En ese caso, la pensión alcanzaría el 85 por ciento del último sueldo devengado, u únicamente los trabajadores que acrediten 30 años laborados en el Municipio podrán acceder a una pensión mensual del 100 % de su último sueldo.

La edad para jubilarse es de 20 años, con una pensión del 75 % del último sueldo cobrado, únicamente para trabajadores de Instituciones de Seguridad Pública.

Aun con las modificaciones al reglamento, resulta imposible conocer el número total de funcionarios municipales que han solicitado su jubilación por contar con 15 años de antigüedad. Lo único cierto es que el Fondo de Jubilaciones se encuentra colapsado y las autoridades locales ocultan información argumentado la “protección de datos personales”.