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No existen dudas respecto a que una obligación constitucional de los tratados sobre derechos humanos es luchar contra la corrupción. Sin embargo, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Mauricio Macri para poner en marcha la extinción de dominio es objetivamente inconstitucional en cuanto a las formas: porque no estamos frente a una situación de excepcionalidad; no es imposible seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y porque el tema se está tratando desde el año pasado en el Congreso de la Nación.

Lo más peligroso es el fundamento: la lentitud del Congreso habilita al Presidente a recurrir a un DNU. Si esto se convirtiera en una regla de acción, directamente dejaría de existir el Poder Legislativo. Los DNU se deben utilizar ante situaciones excepcionales, de objetiva necesidad y urgencia, en situaciones extremas, cuando les sea imposible a los diputados y a los senadores realizar su labor, o cuando haya que actuar con la mayor inmediatez.

Con este DNU, la forma y la sustancia podrían frustrar la iniciativa ya que el texto incorpora cuestiones que son inconstitucionales. Por ejemplo, revierte la carga de la prueba y somete al acusado al proceso más rápido y en el que menos defensa se tiene, que es el sumarísimo y que es parecido a la ejecución fiscal. Y si después se comprueba la inocencia y se define la absolución, se devolverá el bien o el dinero equivalente, pero quien debió afrontar el proceso no quedará habilitado para avanzar con una acción de daños y perjuicios.

La gente pide una medida, con la que todos estamos de acuerdo, pero no puede ser a costas de la Constitución. De lo contrario, la gente pide algo y se avanza violando la Carta Magna.

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Hay que pensar qué hubiera sucedido si esto lo hubiera hecho Cristina Fernández. Si ella hubiese sacado un DNU alegando que el Congreso era muy lento, qué hubiesen dicho los que hoy están en el Gobierno y en esa época eran oposición. El problema es el estándar que queda para el futuro.

*Abogado constitucionalista

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 23/01/2019 en nuestra edición impresa.