La instructora de los casos más graves de corrupción destapados en los últimos años en Andalucía –ERE, cursos de formación o Mercasevilla, entre otros–, la juez Mercedes Alaya, ha roto su silencio este lunes. Y lo ha hecho para hablar abiertamente de los casos que ha instruido, denunciar presiones políticas por parte de la Junta de Andalucía, y acusar a PSOE y PP de apartarla de las macrocausas por “miedo” a que siguiera tirando del hilo.

En una entrevista este lunes en el diario ABC, Alaya cuenta cómo se ha sentido presionada durante estos años por parte de los políticos. A su juicio, recibió presiones “a diario”. Recuerda por ejemplo que el histórico dirigente socialista Alfonso Guerra le vinculó al PP y al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, contactó con el Consejo General del Poder Judicial para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE.

Lo de la presidenta de la Junta fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE”

A su juicio, la protesta de Díaz resultó ser “muy grave”, ya que, “provocó” que fuera apartada de la investigación “a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE”. Para la juez, los populares dejaron de estar interesados en mantenerse en la acusación después de que salieran a la luz otros casos que les afectaban y irrumpieran en el panorama político partidos “emergentes, sin pasado político, como Ciudadanos o Podemos”. Eso desencadenó, mantiene la magistrada, que “los partidos tradicionales” se protegieran entre ellos.

Preguntada sobre por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación, añade que porque “había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas”. “En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE”, apunta.

La juez Alaya señala a Susana Díaz (Raul Caro / EFE)

La magistrada no contempla otra posibilidad que las presiones polítcas en el hecho de que fuera apartada de las causas, ya que afirma que el presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que acabara la instrucción, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados.

Añade que ese compromiso se mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia, de manera que tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6, pero se llevó la “sorpresa” de que todo fue “un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA”, para que ella no siguiera con la investigación de dichos procedimientos.

Durante la entrevista también vuelve a referirse a la presidenta de la Junta, para señalar que la jefa del Ejecutivo podría incurrir “en un delito de malversación si no reclama” el dinero de las ayudas sociolaborales del caso de los ERE. “Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público”, según la juez, que señala que, con independencia de que “sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal”.

Decepción

Por todas estas situaciones, la juez no esconde en la entrevista su decepción con la política. Alaya admite que “hace tiempo” que no vota a ningún partido, lo que “refleja”, a su juicio, “la decepción” de los ciudadanos respecto a la política. Un desencanto que tiene que ver con la falta de voluntad que ha detectado en la clase política para luchar contra la corrupción. En este sentido, lanza algunas propuestas. Por un lado, considera que este tipo de causas son “muy complejas”, cosa que obligaría a crear “juzgados dedicados a temas de corrupción en la capital donde esté ubicada la sede política de cada comunidad autónoma”. Serían pues juzgados especializados y “dotados de los medios necesarios y personal cualificado”.

Por otro lado, la juez también considera necesarios cambios en el Código Penal. Alaya apunta directamente al que considera “la madre de todos los delitos de corrupción”, el de prevaricación, y que solo está castigado con inhabilitación para el que lo comete. Lamenta que, al no ser un delito con penas de prisión, no se puedan autorizar intervenciones telefónicas para ser investigado, y señala que muchos de los presuntos delitos de macrocausas como la de los ERE se inician por una prevaricación administrativa.

La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos”

Alaya añade que deberían endurecerse también las penas -contemplarse cárcel– para aquellas autoridades que “reclamen aranceles, derechos o tarifas que no existan o sean superiores a las existentes” y también para aquellos que maquillen las cuentas públicas. También pide modificaciones de calado en el apartado del Código Penal que aborda la financiación ilegal de los partidos políticos. “Por el principio de transparencia, de igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos políticos y de lucha contra la corrupción, la financiación de los partidos políticos se debería limitar a las asignaciones públicas y limitar las asignaciones privadas a herencias y legados pues obviamente en las mismas no hay ninguna finalidad directa”, reclama.

En referencia durecta al caso de los ERE, la magistrada recuerda que mientras el expresidente andaluz José Antonio Griñán, está acusado de malversación y prevaricación, el otro expresidente imputado en la causa, Manuel Chaves, sólo lo está de prevaricación “cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán”. Alaya insinúa posibles injerencias políticas y declara que “habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos que han hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación”. Para evitar este tipo de situaciones, la juez reclama “un Pacto de Estado por la Justicia” para que los partidos no se utilicen “como moneda de cambio” la acusación o no acusación por un determinado delito.