El jueves cientos de estudiantes se congregaron en la explanada del Centro de Justicia para apoyar a sus compañeros detenidos en la marcha del día anterior.

SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Magistrados rechazó el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros que el jueves se habrían burlado de dos fiscales y un juez de garantía en medio de incidentes registrados en el Centro de Justicia, en el marco de los controles de detención de los jóvenes que participaron de la marcha estudiantil del día anterior.

A través de un comunicado, la agrupación expresó que "compartimos el malestar y la preocupación manifestada por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público ante la agresión verbal y de obra sufrida por los fiscales señores Marcelo Cabrera y Ricardo Peña", quienes tras observar el violento actuar de la policía, pidieron explicaciones a los funcionarios a cargo, quienes evitaron referirse a las preguntas de los investigadores y les impidieron el paso.

En el documento, también refutan la burla y "total desprecio" de un funcionario hacia el juez de garantía Darwin Bratti al hacer caso omiso de su presencia, quien tras ser notificado por ambos fiscales, se constituyó en el lugar de los hechos.

"Rechazamos enérgicamente actitudes de este tipo, inéditas en nuestra historia reciente y de la mayor gravedad, pues tanto los Fiscales como los Jueces constituyen los principales órganos de control jurídico y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante eventuales abusos en que puedan incurrir las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", agrega el escrito, enfatizando que "resulta preocupante este irregular, abusivo e irrespetuoso comportamiento observado por personal de Carabineros".

Por todo lo anterior, la asociación sugiere que se realice una investigación administrativa interna por parte de la institución involucrada y, eventualmente, "una investigación de índole penal si los hechos ocurridos fueren constitutivos de delito".

"Situaciones como la ocurrida producen el descrédito de nuestro cuerpo policial y una evidente sensación de desamparo de las personas frente a dicha autoridad", destaca el texto, concluyendo que "lo sucedido configura una vulneración de los principios básicos del Estado Democrático de Derecho, al infringirse por la policía las normas procesales mínimas que permiten controlar jurídicamente su ejercicio de poder, en tutela de las garantías fundamentales de los ciudadanos".