Carlos Armando Figueredo

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tipifica como crímenes de genocidio, lo siguiente:

Artículo 6 Genocidio A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «genocidio» cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

(Negritas añadidas)

Por otro lado, el Estatuto tipifica como crímenes de lesa humanidad de la siguiente manera:

Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

El Estatuto, en el párrafo 2 del citado artículo aclara lo siguiente:

A los efectos del párrafo 1: a) Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política; b) El «exterminio» comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

…

g) Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

Por analogía puede decirse que los puntos a), b) y g) del citado párrafo se aplican también a los crímenes de genocidio.

La Comisión de Expertos Internacionales nombrada por la OEA estableció claramente que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad que deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional. La OEA aprobó el informe y pidió que las personas jurídicas y naturales legitimadas para denunciar la comisión de los crímenes solicitaran la apertura de la correspondiente investigación, cosa que ya había sido hecha y que se sigue haciendo. En primer lugar, Tamara Sujú introdujo una denuncia que la Fiscal de la CPI pidió a un Comité de la Corte que le presentara un informe, producto de sus averiguaciones y de su análisis, que de ser afirmativo, sería remitido por la Fiscal a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para poder decidir que se abriera formalmente un investigación. A la denuncia de Tamara Sujú se han añadido las de la Fiscal Luisa Ortega Díaz y las de Jefes de Estado y de Gobierno. De abrirse la investigación ello puede implicar el enjuiciamiento del Presidente de la República y de todos los miembros de la cadena de mando que tengan que ver, de uno u otro modo, con la perpetración de los crímenes.

Cabe preguntarse si, además de la comisión comprobada de crímenes de lesa humanidad, podría también implicarse la comisión de crímenes de genocidio. Para responder el articulo 6 del Estatuto de Roma, antes citado. Tal como allí se dispone, se entenderá como “genocidio cualquiera de los actos” que allí se mencionan “perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional cuando lo sean para “destruir total o parcialmente a un grupo nacional, ya sea para “infligir una a) lesión grave a la integridad física o mental de los miembro del grupo…c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.”

Puede decirse que el régimen de Maduro ha cometido, y sigue cometiendo, actos contra la vida de “un grupo nacional” que en Venezuela es nada menos que de alrededor de más de 26 millones de personas que se oponen pacíficamente al régimen dictatorial. Mi opinión es que sí se han cometido crímenes de genocidio en Venezuela.

Hay que advertir que, a diferencia de los casos de Ruanda y los Balcanes, en los que el genocidio lo constituyeron las matanzas de millones de personas, en Venezuela −hasta ahora− no han ocurrido matanzas masivas –tal vez como, en cierta medida, el asesinato de indígenas de la etnia Pemón en Santa Elena de Guairén−, pero la destrucción total o parcial sí se está produciendo progresiva y reiteradamente, entre otras cosas por la negativa del régimen a permitir el ingreso de ayuda humanitaria –incluso en forma violenta, causando muertes y destrucción− y por el hecho de que cada vez ocasionará más lesiones permanentes a la salud e integridad física de la mayoría de los venezolanos.

Ante esos crímenes, hay que presionar para que se abra una investigación que conduzca un juicio ante la CPI. Hay que insistir que se aplique la Responsabilidad de Proteger (R2P), tomando en cuenta lo que dijo Boutros Boutros Ghali como Secretario General de las Naciones Unidas en la Conferencia mundial sobre los derechos humanos de Viena en 1993, cuando dijo: