Nuevos pasos hacia "la desconexión"

La Diputación de Barcelona ultima la entrega del IRPF de 5.000 de sus empleados al Fisco catalán

UGT avisa que la Agencia Tributaria reclamará el impago

VÍCTOR MONDELO

Barcelona

@VMondelo DANIEL G. SASTRE

Barcelona

@dgsastre

El Govern continúa avanzando hacia la «desconexión» de Cataluña con el resto de España, y lo hace tanto en el plano político como en el económico. Mientras el Parlament tramitará a partir de las próximas semanas con discreción las «leyes de ruptura» para evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional hasta que estén listas -pese al informe en contra de los servicios jurídicos de la Cámara y las quejas ante el TC de los partidos no independentistas-, la Hacienda catalana abrirá en breve un nuevo frente y maniobra para captar por la fuerza a miles de tributantes a través de una de sus Administraciones adheridas, la Diputación de Barcelona.

Desde que están controladas por los nacionalistas, las cuatro diputaciones provinciales catalanas se han convertido en puntas de lanza del proceso soberanista. El ente supramunicipal de la demarcación de Barcelona, gobernado por CiU y ERC, ha decidido pagar el IRPF de sus casi 5.000 empleados a la Agencia Tributaria catalana en lugar de hacerlo directamente a la española, como hasta ahora. La Diputación espera poder empezar a liquidar el impuesto asociado a la nómina de sus trabajadores al fisco catalán a partir de «mayo o junio». Fuentes de la Diputación precisaron a este diario que, en esas fechas, sus técnicos ya esperan haber dado con la fórmula «legal» para «dar el paso».

La iniciativa parte de la CUP, el partido que propició la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont. El pasado noviembre, el pleno de la Diputación aprobó una moción de la formación anticapitalista que instaba a la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa (CDC), a «hacer el pago del IRPF a través de la Agencia Tributaria catalana», teniendo en cuenta que «la construcción de la Hacienda catalana se considera la primera piedra de las llamadas estructuras de Estado». La iniciativa salió adelante con los votos de los antisistema, CiU y ERC, y con la oposición del PP, Ciutadans y el PSC. Sin embargo, no cobró mayor trascendencia porque fue considerada un mero gesto político.

La percepción cambió el 11 de diciembre, cuando la Secretaría de la Diputación, en un acto inaudito, envió un correo masivo a los casi 5.000 empleados del organismo en el que les comunicaba la aprobación de la moción de la CUP que prevé el pago del IRPF de sus nóminas a la Hacienda catalana.

El mensaje generó un notable desconcierto entre los trabajadores y condujo a UGT a dirigirse al departamento de Recursos Humanos de la Diputación. El sindicato exigía conocer qué «seguridad jurídica y personal tienen los trabajadores por la adopción del acuerdo» y qué posibles «implicaciones y responsabilidades legales y fiscales de carácter personal, respecto a la Hacienda Pública» podría acarrear para los empleados del ente supramunicipal un eventual impago de su IRPF a la Agencia Tributaria estatal.

El sindicato -que no ha obtenido respuesta a su petición- advierte en las intenciones de la Diputación «cierta falta de legalidad»; certifica que lo que se planea es una «captación forzosa de tributantes» porque «no se puede tomar una decisión así sin la autorización de los trabajadores»; y avisa de que, en caso de que la Hacienda catalana no liquidara adecuadamente los impuestos a Agencia Tributaria española, esta última reclamaría el impago a los empleados.

Los problemas del fisco catalán

La Diputación, por el contrario, defiende que ella se «responsabilizaría» de cualquier retraso en la liquidación y señala que «no se pondrá en peligro al trabajador». Es el mismo argumento que exhiben, sin dar más explicaciones, los dirigentes de la Generalitat con respecto a sus funcionarios.

Cuando la Diputación ponga en marcha el pago del IRPF a la Hacienda catalana, ésta sólo podrá actuar como intermediaria e, inmediatamente, deberá transferir los tributos de los empleados del organismo supramunicipal a la Agencia Tributaria española.

El fisco catalán está teniendo notables problemas para conseguir que los ciudadanos catalanes tributen a título individual en sus ventanillas y les confíen sus datos fiscales, por ello el PP advierte en la maniobra de la Diputación una forma de ampliar la capacidad recaudatoria de la Hacienda autonómica.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona, Ramón Riera, sospecha que los partidos independentistas buscan que la Agencia catalana recaude como intermediaria una cantidad cada vez mayor de dinero para, cuando sea lo suficientemente grande, dejar de ingresarlo a la Hacienda española.

El PP cree también que, cuando se lleve a cabo lo dispuesto en la moción, pueden crearse «lagunas de información», porque ninguna de las dos agencias, ni la catalana ni la estatal, «dispondrían del conjunto de datos» de los contribuyentes. Riera añade que la práctica podría considerarse «una forma de insumisión fiscal». Por ello, los populares han solicitado al interventor de la Diputación que avale la legalidad de esta nueva forma de liquidar los tributos y piden que se cuente con el consentimiento expreso de cada uno de los empleados.

Desde la Agencia Tributaria española recuerdan que ya hay varios ayuntamientos y algunas empresas que utilizan a la Agencia catalana como mediadora en el pago de impuestos. No supone un problema mientras los derive «en tiempo y forma» a la Hacienda española. Sin embargo, alertan también contra los riesgos de que la información de los contribuyentes pase por muchas manos, y advierten de que, en caso de que el pago se retrase por algún imprevisto o por cualquier otro motivo, los infractores se verían expuestos a recargos y otras sanciones, «como cualquier hijo de vecino».