El 25 y 26 de octubre se celebran las primeras audiencias de los juicios contra nueve activistas de Amnistía Internacional, su presidente Taner Kiliç y su directora general Idil Eser. Acusados de pertenencia a organización terrorista armada, podrían ser sentenciados hasta 15 años de prisión. Las acusaciones se basan en vínculos con familiares acusados de pertenecer a grupos terroristas sin ninguna relación conocida entre sí. Entre otras, las imputaciones se basan en peticiones de liberación de personas presas turcas realizadas por Amnistía Internacional, acciones contra la represión de las protestas de Gezi en 2013 y un mensaje anónimo enviado a la página de Facebook de AI Turquía.

Como ya exigimos en julio y como preguntaron al Gobierno Irene Montero, Portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, y Pablo Bustinduy, Portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores y Mixta de la UE, desde Podemos, exhortamos a la inmediata liberación de los 11 activistas de Amnistía Internacional, cuya detención fue calificada como ileges por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell, y demandada por una decena de países.

Desde Podemos exigimos que el Gobierno de España, que mostró su “inquietud, preocupación y confianza en las investigaciones (…) para la liberación” de los detenidos de Amnistía Internacional, sea coherente con las críticas de sus socios europeos contra las violaciones de derechos humanos humanos en Turquía y exija al Ministro de Justicia de Turquía Abdulhamit Gul la libertad inmediata de los y las activistas de Amnistía Internacional Turquía así como que evite detenciones por órdenes de Interpol, como las realizadas a Hamza Yalcin y Dogan Akhanli, rebatidas por la Ley de Extradición Pasiva y las leyes de Asilo y Refugio. .

Los juicios y prisión para defensoras de derechos humanos forman parte de la represión masiva de derechos humanos y libertades fundamentales tras el fallido intento de golpe de Estado en Turquía. (INSERTAR COMUNICADO). La declaración del Estado de Emergencia y la arbitraria legislación anti-terrorista han permitido encarcelar a 50.000 periodistas, abogados, activistas de derechos humanos y profesorado; investigar a 150.000 personas y despedir a otras 100.000; hostigar a la oposición, especialmente, del partido de izquierdas pro-kurdo HDP, además de los socialdemócratas del CHP, medios de comunicación y, en el clima de deterioro democrático, han aumentado las políticas ultraconservadoras contra las mujeres turcas y kurdas.

También exigimos que la Unión Europea presione políticamente para que cese el deterioro democrático en Turquía, los ataques contra opositores y los pueblos del país, aplicando los criterios de la propia UE que condicionan su relación económica al respeto a los derechos humanos. Asimismo, exigimos que se anule el Acuerdo de la Vergüenza para contener personas refugiadas que ahonda en la política migratoria de la UE de externalización de fronteras en terceros país, sin garantías de cumplimento de los derechos de las personas migrantes, como recogen numerosas denuncias de abusos policiales y tratos vejatorios. Precisamente sobre estas violaciones de derechos humanos, especialmente de niños, niñas y personas refugiadas, preguntó Miguel Urbán, jefe de la delegación europea de Podemos en el Parlamento Europeo, a la Comisión Europea.