Tal y como avanzamos hace un mes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará finalmente la semana que viene ante la Fiscalía, un informe en el que ha recopilado declaraciones de representantes políticos que insultan y humillan a las víctimas de la dictadura franquista. Se trata de una petición para que el Estado tenga en cuenta los derechos de las víctimas de desaparición forzada, a los que las instituciones deben proteger.



En el informe aparecen declaraciones de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Rafael Hernando y Manuel González Capón, alcalde de Baralla, un municipio de Lugo, que aseguró en un Pleno que los asesinados por la represión de la dictadura franquista "murieron porque se lo merecían". Lo dijo en 2013 y el PP impidió que fuera reprobado. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas volvió a ser cabeza de lista y ha sido reelegido alcalde.











Rajoy: la memoria histórica no interesa a nadie

En el caso de Mariano Rajoy, el portavoz de la ARMH, Emilio Silva, ha indicado a ELPLURAL.COM que resultó sumamente ofensivo hablar de que la memoria histórica no interesaba a nadie. Han recopilado también declaraciones de Esperanza Aguirre o Rafael Hernando, a quien ya habían denunciado por asegurar que las víctimas sólo se acuerdan de su abuelo cuando hay subvenciones. Esta querella, sin embargo, no prosperó.



El informe será remitido además al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, al Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición; a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a la oficina de la Defensora del Pueblo y al Comité de Garantías del Partido Popular, porque en el artículo tercero de los estatutos del PP declara ser un partido “solidario con las víctimas de cualquier violencia”.



Doble moral de las instituciones

Con ello, la ARMH pretende denunciar la doble moral con la que se seleccionan desde las instituciones víctimas de violencias que requieren atención y respeto y otras a las que se humilla públicamente sin ninguna consecuencia política ni judicial. Un Estado democrático debe atender a todas las víctimas de la violencia y no discriminar cuáles interesa políticamente atender y cuáles no. No lo dicen, pero está claro que se refieren al caso Zapata.



La desaparición forzada, de la que en la dictadura franquista hubo como mínimo 114.226 víctimas, es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano: se detiene ilegalmente a un ser humano, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver, para extender el sufrimiento de su familia al no confesar su paradero.



Según la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, ratificada por España, el delito sólo empieza a prescribir cuando se da con el paradero de la persona desaparecida. Esa misma convención dicta la protección y la atención especial que requieren los familiares de los desaparecidos, algo que ha sido vulnerado desde las instituciones.