La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia exige, en un comunicado, el cese de la presidente de Adif (la empresa que construye y gestiona las infraestructuras ferroviarias), Isabel Pardo de Vera, y una reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Los afectados denuncian un gasto de 14.900 euros (publiado en la página web de la compañía y en la plataforma de contratos públicos) de un gasto de 14.900E en el bufete de abogados, que defiende al directivo de la compañía imputado, para asesorar a los comparecientes de la empresa en la comisión de investigación parlamentaria que investigó el accidente que costó la vida a 80 personas y provocó más de 140 heridos en la curva de Angrois, el 24 de julio de 2013.

El comunicado tacha la noticia de “afrenta” y denuncia “el trato humillante que estamos recibiendo por parte de ADIF, tanto bajo el mandato del PP como del PSOE, generando, aún si cabe, más dolor”.

Califican de “vergonzoso” que el Adif, que ya cuenta con todo el aparato del Estado, servicios jurídicos, abogacía del Estado, etc, contrate, para “asesorar” a los comparecientes al bufete Hogan Lovells que defiende al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, imputado como responsable de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.

Afirman entender ahora “perfectamente” por qué los técnicos de las empresas públicas no eran capaces de contestar a preguntas sencillas en el Congreso. “Personas con responsabilidad y con altos conocimientos técnicos en el sector ferroviario dudaban, daban evasivas o no sabían contestar a preguntas de perogrullo. Eran incapaces de decir si era más seguro o no llevar activado el sistema de seguridad ERTMS. Este sistema supervisa la velocidad del tren en todo momento y la corrige si es preciso, llegando incluso a forzar la detención del tren en caso de emergencia”, relatan. “Esas evasivas son, por tanto, una afrenta más a las víctimas, a sus familiares y al conjunto de la sociedad”, afirman rotundos.

Por todo ello solicitan una reunión con el ministro en funciones para pedirle las explicaciones oportunas y para exigirle el cese inmediato de Isabel Pardo de Vera, actual presidenta del Adif y ex-directora general y, por tanto, “máxima responsable de este vergonzoso asunto”. Isabel Pardo de Vera no dio la orden de contratar dicho asesoramiento, que viene de su antecesor, pero ella la ratificó a su llegada al cargo, según las últimas informaciones.

En el comunicado también recuerdan que “tristemente la historia se repite” y al igual que hizo la Generalitat en el accidente del Metro de Valencia "adoctrinando" con una consultora a los comparecientes en la comisión de investigación de Les Corts valencianas para asegurar que no se desmontara “su verdad”, ahora lo hace “Fomento y Adif”.