Este jueves se discutirá en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Emergencia económica que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

Bajo el pretencioso nombre de “Ley de solidaridad social y reactivación económica”, el proyecto que llega a la Cámara Baja incluye el congelamiento de la movilidad jubilatoria por 6 meses. Eso significa que los aumentos que corresponden a marzo y junio próximos quedarán atados a la decisión política del Poder Ejecutivo. Nada asegura que alcancen a todos los jubilados. Tampoco que sean iguales o superiores a lo que hubiera correspondido según la norma suspendida.

Este miércoles, durante el debate en comisiones, el oficialismo garantizó dictamen gracias al apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. El primero responde a Roberto Lavagna, el segundo tiene como presidente al mendocino Ramón, un ex aliado del macrismo en múltiples proyectos de ajuste.

La sesión de este miércoles estará precedida por la jura de los diputados y diputadas que reemplazarán a quienes asumieron como funcionarios en el Poder Ejecutivo.

Los gremios docentes cuestionaron el congelamiento de la movilidad jubilatoria

El congelamiento de la movilidad jubilatoria alcanza a regímenes especiales que garantizan, en muchos casos, el 82 % móvil. Entre estos están los de la docencia y los investigadores universitarios.

Eso explica las críticas que surgieron desde los gremios docentes. En el caso de Ctera -alienada abiertamente con el gobierno de Alberto Fernández- las críticas cayeron sobre los artículos 51 y 52 de la norma. En un comunicado señaló que “para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs.”

En el mismo sentido, la conducción de Conadu (Histórica) señaló que “las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40% contra la inflación en los últimos dos años (...) consideramos una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri”.

Estas declaraciones evidencian el carácter de la norma. Lejos del discurso "solidario" con el que es presentado el proyecto, los grandes ganadores de los años macristas prácticamente no son afectados por el proyecto.

Duras críticas desde la izquierda

Este miércoles, una de las principales críticas al proyecto vino desde el Frente de Izquierda Unidad. El diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FIT) participó en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

Allí, entre otras cuestiones, denunció que “se le pide un esfuerzo a aquellos trabajadores que cobran un poco más que la media, a los jubilados que ganan un poco más que la media. Estos recursos que van a los especuladores”.

Durante otra de sus intervenciones, en diálogo con el ministro de Trabajo, Del Caño planteó “usted habla del tema de los jubilados. Nosotros en ese tema somos muy críticos con este proyecto. Empezar por los últimos, para nosotros, debería significar afectar claramente los intereses, podríamos llamar, de los primeros o de los que más ganaron bajo el gobierno de Macri".

La norma presentada por el gobierno no afecta los intereses del gran empresariado. Aquellos que resultaron ganadores durante el ciclo macrista. Grandes bancos, privatizadas, petroleras y mineras están entre ellos.

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