Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha perdido una buena oportunidad de ser un político diferente. Ha optado por lo más fácil: bajar los impuestos para arañar unos votos en lugar de lo que hubiera sido más sensato, plantear un IRPF más equitativo y con más potencia recaudatoria. Precisamente, para proteger a quienes dice defender. Porque las rentas bajas son, no hay que olvidarlo, quienes más se benefician de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. Y de ahí que cuando se opta por mermar los ingresos en el núcleo duro de la financiación del Estado de bienestar, los perjudicados son, obviamente, las rentas más bajas, que quedan al margen del amparo de los poderes públicos.

Es casi de manual que el IRPF –por su naturaleza progresiva– es el mejor instrumento para hacer política social. De hecho, la manera más rigurosa de analizar el índice de Gini –el mejor método para medir la desigualdad de renta– es hacerlo antes y después de impuestos, con lo que se quiere reflejar que unos Estados hacen más esfuerzos que otros a la hora de procurar sociedades más equitativas.

Y parece evidente que cuando el Estado cuenta con menos recursos para dependencia, sanidad, educación o protección de los parados de larga duración, esa cualidad de los Estados sociales tiende a diluirse. Mala noticia es, por lo tanto, meterle mano al IRPF para hacer política redistributiva o para compensar los bajos salarios que genera un modelo productivo de bajo valor añadido.

Otra cosa muy diferente hubiera sido si el líder de Ciudadanos hubiera planteado bajar la presión fiscal de las rentas más bajas y, al mismo tiempo, compensar esa merma recaudatoria con la subida de otros tributos, por ejemplo, los medioambientales, cuyas externalidades negativas (salud pública o los efectos sobre el cambio climático) son evidentes. O, incluso, tocar algunos tipos reducidos del IVA que hoy son manifiestamente injustos, como reiteradamente han pedido al Gobierno los organismos multilaterales. O eliminar algunas deducciones en el Impuesto de Sociedades que reducen los recursos públicos de manera irracional. O, incluso, recortar el gasto público en partidas ineficientes, como los 11.467 millones de euros que este país se gastó el año pasado en subvenciones públicas.

Rivera, sin embargo, ha optado por lo más fácil. Actuar como un 'lobby' (cuya actividad es completamente legítima) para satisfacer a su electorado: jóvenes urbanos mileuristas, lo que, en definitiva, supone hacer una transferencia de rentas del Estado (esos 2.000 millones de euros que pierde el sector público) al sector privado que paga pocos salarios beneficiándose de un desempleo del 18% que necesariamente presiona los salarios a la baja. No parece una gran credencial para un partido que se declara constitucionalista, liberal, demócrata y progresista.

Capitalismo clientelar

La rebaja de impuestos procurada por Ciudadanos, además de oportunista, tiene, incluso, un comportamiento político ciertamente pernicioso y que conecta, desgraciadamente, con eso que su responsable económico, Luis Garicano, ha venido en llamar –con buen criterio– capitalismo clientelar o de amiguetes, y que no es otra cosa que hacer política para favorecer a determinados colectivos en detrimento de otros a costa del erario público. Un viejo problema de la política nacional que hace más de un siglo denunció, entre otros muchos, Joaquín Costa, y que, desgraciadamente, España no ha sabido erradicar.

Esa estrategia de Ciudadanos de gobernar para su electorado es coherente con lo que han sido en Europa tradicionalmente los partidos bisagra

Capitalismo clientelar es también agujerear el IRPF con deducciones a la carta en función de intereses electorales. Ciertamente, no es tan chusco como lo que hacía el conde de Romanones en su histórica circunscripción de Guadalajara (48 años siendo diputado ininterrumpidamente por esa provincia), donde regalaba colchones para que le votaran, pero al fin y al cabo supone una degradación de los intereses generales, que, en última instancia, es lo que debe prevalecer en la vida pública. Es lo mismo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de los autónomos (otra fuente electoral de Ciudadanos), y cuya factura costará alrededor de 1.000 millones de euros.

Esa estrategia de Ciudadanos de gobernar para su electorado es coherente con lo que tradicionalmente han sido en Europa los partidos bisagra. Pequeñas formaciones que responden a intereses de parte porque tienen su origen en legítimas reivindicaciones corporativas. Pero se suponía, al menos es lo que dice Rivera, que Ciudadanos quería ser un partido de gobierno y disputarle al PP la hegemonía del centro derecha.

Reforma global

Desgraciadamente, ha optado por lo primero. Y, en lugar de plantear una reforma del sistema impositivo global –España continúa recaudando 8,3 puntos de PIB menos que la UE–, ha preferido hacer populismo fiscal en su obsesión por capitalizar su respaldo a Rajoy.

El líder de C's, Albert Rivera, saluda al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras ser reelegido. (EFE)

Pero se le olvida de que la economía tiene ciclos que son inherentes al sistema capitalista (63ª crisis desde principios del siglo XVII, según acreditó el economista Liaquat Ahamed en 'Los Señores de las Finanzas') y que, por tanto, eso obliga a hacer políticas contracíclicas por razones de prudencia presupuestaria. Algo que explica que los niveles de presión fiscal no sean un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento para lograr determinados objetivos. Lo otro es ideología de la mala.

¿A quién se le echará la culpa cuando no se reduzcan las listas de espera o cuando muchos dependientes mueran sin recibir atención por falta de recursos? ¿O cuando un joven deje los estudios por fracaso escolar por no tener profesores de apoyo? ¿O cuando la justicia no sea diligente por falta de medios? ¿O cuando muchos graduados no puedan estudiar un máster por ausencia de recursos de sus padres?

Es verdad que esos 2.000 millones de euros no dan para mucho (representan apenas el 3% de la recaudación del IRPF), pero lo que sí dan es una mala señal: se hace política clientelar para ganar votos, lo cual no parece muy razonable cuando España continúa inmersa en el Protocolo de Déficit Excesivo y es el país de la UE con mayor desequilibrio fiscal.

Es demagógico y populista decir que se quiere compensar fiscalmente a las rentas bajas y a los jóvenes, pero, al tiempo, se les deja una deuda

Tan solo este año tendrá unas necesidades de financiación netas (saldo entre emisiones y amortizaciones) equivalente a 35.043 millones, lo que indica que el volumen de deuda continúa creciendo en términos absolutos después de haber aumentado en una impresionante cifra que aparecerá en los manuales de economía. En la última década, en concreto, la deuda pública ha crecido en nada menos que 744.057 millones de euros que tendrán que pagar las próximas generaciones.

¿No hubiera sido más razonable destinar esos recursos a rebajar esa montaña de deuda? Es demagógico y populista decir que se quiere compensar fiscalmente a las rentas bajas y a los jóvenes, pero, al mismo tiempo, se les deja una imponente deuda que, como explica el profesor Garicano a sus alumnos, no es más que el pago de impuestos en diferido (aunque con intereses). Y endeudarse para financiar una rebaja de impuestos inevitablemente recuerda el viejo chiste de Abundio.