Los Legionarios de Cristo confirmaron que las seis denuncias por abusos sexuales a menores de edad presentadas contra un sacerdote de la congregación eran ciertas. Reconocen también que a pesar de que el cura fue denunciado por un padre por abusar sexualmente de su hijo en 1969 siguió pasando por colegios y centros religiosos en Ciudad de México y en Cancún, y ejerció de confesor en Salamanca (España).

La conclusión es el resultado de una investigación interna realizada por Praesidium, una agencia estadounidense dedicada a la prevención y actuación contra abusos sexuales de menores. El documento de diez hojas, que pretende ser un esfuerzo de transparencia, termina siendo un detallado resumen de los esfuerzos de la congregación por ocultar el caso durante décadas. A pesar de que las denuncias se acumulaban, entre 1969 y 2016 este sacerdote continuó vinculado a adolescentes y, cuando la situación era insostenible, fue trasladado a Salamanca con otra misión disparatada para un abusador: confesor de novicias y estudiantes.

Las seis denuncias este viernes admitidas por la congregación ocurrieron en Cancún a principios de la década de los noventa. Aunque la congregación acusa de todo ello al fallecido fundador Marcial Maciel, las víctimas acusan a muchos de los responsables que lo rodeaban de encubrir los abusos y disuadir a los padres para que no denunciaran. Varias de las víctimas consultadas por EL PAÍS se sienten estafadas porque el sacerdote señalado se mantiene oculto en Roma y no podrá enfrentar la justicia ordinaria debido a que el caso ha prescrito, mientras los responsables que estaban al corriente han ascendido dentro de la elitista congregación.

En el comunicado, al que ha tenido acceso este diario, la congregación religiosa pide perdón “a cada persona que haya sufrido un abuso del padre Fernando Martínez Suárez” y acepta que “fue un error gravísimo asignar a un sacerdote que había cometido abusados a un puesto de trabajo pastoral con niños y jóvenes en otro lugar”. La Legión de Cristo responsabiliza a Marcial Maciel, quien “como superior general tomaba las decisiones importantes sobre los sacerdotes, así se minimizaba la capacidad de actuación de los superiores a nivel territorial o local, además de que no recibieron la información relevante para el ejercicio responsable y maduro de su oficio”.

La investigación señala el “profundo dolor y vergüenza [de la congregación] por los hechos ocurridos, con la intención de corregirse y ayudar, en cuanto sea posible, a las víctimas y sus familiares en su camino de sanación”.

"Están omitiendo a personas importantes. Es un absurdo que no mencionen a Eloy Bedía, Jorge Bernal o Aurora Morales", reclama Ana Lucía Salazar, la mujer que denunció la violación del sacerdote en 1992 durante su etapa como escolar en Cancún. En el momento de los hechos, Bedía era director territorial de la congregación en México, Bernal era obispo de Cancún-Chetumal, y Morales, la maestra a la que acudió Salazar con ocho años para contarle lo que sufría. Todos, asegura, tenían conocimiento de lo que sucedía.

La actriz y presentadora de radio, quien destapó este caso, recuerda que sus padres denunciaron en repetidas ocasiones al religioso ante sus superiores. "Bedía les dijo que había que entender que el padre era hombre y podía cometer errores. Y Bernal les aconsejó que no denunciaran porque me iban a juzgar muy duro. A mí, no a ellos". Bedía, un sacerdote español que fue enviado desde Salamanca en 1982, ha sido nombrado recientemente padre capitular para el siguiente Capítulo General de la Legión para 2020. Mientras que Bernal es obispo prelado emérito de Cancún-Chetumal. Salazar sostiene que la congregación no tiene intenciones de buscar justicia o reparar los daños. El informe, afirma, matiza el lenguaje. "No voy a dejar de denunciarlos nunca, porque son una legión de pederastas y encubridores".

Biani López Antúnez, otra de las víctimas, asegura que los Legionarios le echan la culpa a Maciel porque está muerto. "Eloy Bedia es el encubridor de Martínez. Estuvo en mi casa y le dijo a mi mamá que iba a hacerse cargo y lo único que hizo fue llevárselo del país", dice. Además de reportar lo que sucedía ante el entonces director territorial de la congregación, López Antúnez denunció en mayo de 1993 ante la maestra Morales los abusos que sufrió y los abusos que sufrieron otras niñas y que ella presenció. "Fuimos a hablar con ella y nos dijo: 'yo voy a hablarlo con el padre, pero no se lo digan a sus papás".

Los detalles que brinda el informe permiten conocer que fue Martínez quien pidió que no se le asignara al colegio en Cancún. Después de ser denunciado en 1990 por el abuso de una niña en Ciudad de México, el sacerdote admitió "haberse acercado indebidamente" a la víctima y fue "apartado del contacto con niños". La investigación señala además que, bajo órdenes de Maciel, el cura se trasladó al instituto donde finalmente ocurrieron los abusos reconocidos este viernes. "Ni física, ni espiritual, ni moralmente me siento firme" para aceptar el puesto "con todos los antecedentes recientes", dijo al ser asignado en el verano de 1991, recoge el documento.

Hasta 2016 y a pesar de que había multitud de denuncias y sospechas sobre la mesa, el único castigo que recibió el religioso fue de carácter interno y suponía “restricciones informales y no escritas” que nunca se hicieron del conocimiento de los miembros de las comunidades donde era trasladado. El religioso también celebró misas en la casa de los Legionarios de Cristo, a veces con otros fieles presentes, y escuchó confesiones cuando se lo solicitaba alguien de la misma casa por lo menos hasta 2018.

Los Legionarios de Cristo atraviesan un proceso de depuración tras las denuncias de abusos sexuales contra su fundador Marcial Maciel, fallecido en 2008. El informe conocido se enmarca dentro de los esfuerzos por lavar su imagen, una tendencia generalizada en la Iglesia mexicana, que ha sido forzada a tener algunos gestos como la revelación de que 157 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años y 101, procesados ante la justicia eclesiástica. A pesar de ello los religiosos no enfrentan la justicia civil y terminan sus días ocultos en centros de rehabilitación de la institución.

"El Episcopado saca un número, pero no se sabe nada de ellos, no son localizables", señaló en una entrevista reciente con EL PAÍS el exsacerdote Alberto Athié, referente en la lucha contra la pederastia clerical en México. De hecho, según el informe, Martínez no ha sido conducido ante los tribunales y la congregación se limita a señalar que “está recibiendo acompañamiento psicológico adecuado y se someterá a un plan de seguridad”.