Los otros “ni-ni”: ni trabajan ni buscan trabajo por temor a perder el plan Alejandro Álvarez

Miedo es la palabra. De ahí que el término “ni-ni” ya no se refiere solamente a jóvenes que ni trabajan ni estudian. Quienes tienen un plan temen tomar un trabajo formal, perder el plan y después perder el trabajo, lo que significa quedarse sin nada. Prefieren permanecer en actividades muchas de ellas sociales. Trabajar sobre esta situación es el objetivo del anuncio de esta semana por parte del Gobierno, que lanzó un programa para que las empresas tomen empleados con planes y reciban un subsidio durante dos años. En caso de quedarse sin el trabajo, la persona podrá recuperar el plan.

El miedo se tradujo en una caída de la tasa de actividad, que sólo en 2016 se ve en retroceso: cae del 57,8% en el segundo trimestre, a 57,7% en el tercero, y a 56,9% en el cuarto, según el el organismo de estadísticas oficial, aunque esta tasa ya venía disminuyendo durante los años anteriores.

“Se trata de un fenómeno que apareció en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), y que muestra que cae la población que trabaja y también la que activamente busca trabajo”, dice Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, de la UB. “Los desocupados entonces contestan a la encuesta que no están buscando trabajo, aunque no lo tienen”. Prefieren la seguridad del plan, aunque cobren menos, que obtener un trabajo registrado y sus beneficios de la seguridad social, pero que lleva también a una cierta inestabilidad ya que siempre está la posibilidad del despido. Se sabe que el ahorro no fue la base de la sociedad en los últimos años, y sin ese “colchón”, las opciones son menores.

Para trazar un mapa de los planes sociales en la Argentina es necesario comunicarse con la Anses, que maneja la Asignación Universal por Hijo (AUH); también con diferentes ministerios: de Trabajo, de Desarrollo Social, y con Presidencia. Pero además habría que establecer cuántos son los planes provinciales y municipales, una información que no está unificada y que es muy difícil de recabar. Es parte del desorden en materia de cifras que también se puede observar en la cantidad de trabajadores estatales.

Algunas cifras a partir de diversas fuentes permiten establecer que hay casi 4 millones de personas asistidas por la AUH y 900.000 por el programa Progresar, ambos desde el Anses. También hay casi 900.000 con pensiones no contributivas (para discapacitados, madres de 7 hijos o más y adultos mayores). Por otro lado, hay alrededor de 400.000 personas en programas del ministerio de Trabajo y 175.000 con seguro de desempleo. Y por otro lado, está Ellas Hacen, con 80.253 titulares y Argentina Trabaja, con 119.380 participantes, ambos dependientes del ministerio de Desarrollo Social,

Transferencias

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, a cuyo adelanto tuvo acceso LA NACION, da cuenta de que en el tercer trimestre de 2016 el 32,2% de los hogares recibió algún tipo de programa social, es decir, asignacion de ingresos a través de transferencias monetarias (incluye tarjeta alimentaria/social); asignaciones familiares no contributivas o asistencia alimentaria directa, como recepción de caja o bolsón de alimentos o comida en comedores públicos no escolares. En el último trimestre de 2015, los obtuvo el 29,6% de los hogares, por lo que hubo un incremento de la asistencia social por parte del nuevo gobierno.

La clase media no profesional necesitó un refuerzo de asistencia, pasando del 13,5% de hogares con ayuda estatal en 2015 al 15,7% en 2016. Por su parte, la clase trabajadora marginal tuvo prácticamente la misma asistencia en 2015 que en 2016, 58,2%, pero más que en 2014 (54,1%), y que en 2013 (46,9%).

LA NACION

Por otro lado, el 6,5% de las hogares de nivel socioeconómico medio alto recibe transferencias, casi el mismo porcentaje que en 2015. Cuando se va al nivel medio bajo, se ve un salto, en 2015 llegaron al 18,2%, pero en 2016, treparon a 23,3%, protagonizando uno de los aumentos más importantes en materia de asistencia.

Cuando se evalúa la condición según la situación laboral del jefe de hogar, un 16,4% de los hogares con jefes con empleo pleno recibió algún tipo de programa en 2016 (contra un 13,3% en 2015); el 46,8% de los hogares cuyo jefe tiene un empleo precario y el 56,8% de los jefes de hogar desocupados o subempleados (el 51,2% en 2015).

Empalme

Como se anunció esta semana, el Gobierno intenta que personas que forman parte de la población económicamente activa dejen de cobrar el subsidio durante dos años después de ingresar en las filas del trabajo privado registrado. Se trata de alrededor de 1 millón de personas (que pertenecen a programas de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social), de las cuales según cálculos oficiales deberian ingresar al mercado privado formal unas 80.000 por año.

Los programas vigentes con trabajadores que pueden ingresar a la actividad privada con subsidio estatal son: desocupados incluidos en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; Progresar; quienes reciben una prestación por desempleo; Promover; Ellas Hacen; Argentina Trabaja; Construir Empleo; adherentes del Programa Intercosecha y egresados de cursos de formación profesional del Ministerio de Trabajo.

Pero, según Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), de la UCA. hay que mirar en detalle la actividad que realizan quienes tienen un plan, rescatar su valor y ayudar a que su labor sea más eficiente (y también reconocida). “A través de algunos programas de transferencia de ingresos se desarrollan actividades sociales que son muy valiosas, como por ejemplo en comedores”, dice. “Muchas veces las organizaciones sociales llevan adelante programas de promoción social que no son un empleo en una actividad productiva, pero sí son empleos de interés social.

“Sería muy importante que, en vez de sacar a los trabajadores de allí para que se inserten en una empresa, que se mejore el tipo de proyecto social que vienen desarrollando a través de microemprendimientos o cooperativas. La idea es mejorar la productividad de esos empleos, más que motivar a que salgan de ellos y vayan a un lugar en donde les están quitando el trabajo a otros.”

El beneficio para el empleador de 4000 pesos (el monto promedio de los planes con contraprestación laboral), que pagará el Gobierno en concepto de salario, es un incentivo para romper con el esquema de potenciales trabajadores temerosos de perder su plan si es que obtienen un empleo formal. El programa, contempla, además, que la persona pueda volver al plan si es que es despedida.

Los empleadores tendrán que cumplir con las obligaciones que les impone la ley laboral vigente, con las obligaciones de la seguridad social, pagándolas sobre la remuneración total del salario pactado.

Sin embargo, según los expertos, tiene que haber más demanda de empleo, “algo que todavía no estamos viendo”, dice Salvia. “La clave para que se cree mas trabajo es que haya mas crecimiento.”

Las empresas que están interesadas se pueden comunicar con la Oficina de Empleo Municipal y con la Gerencia de Capacitación y Empleo más cercana a su zona.