"A ponchazos y amenazas no se consigue otra cosa que indignación y repudio". Así definió el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay ( Cambadu ) la actitud de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), que pretende que los comerciantes que tengan una televisión en su local paguen una licencia por los derechos de los contenidos audiovisuales que transmiten. La medida rige para cualquier restaurante, almacén, o peluquería, entre otros comercios, que tengan al menos un televisor a la vista.





El comunicado publicado por la gremial en su boletín mensual fue redactado luego de que representantes de Egeda "amenazaran" a los comerciantes con registrarlos en el Clearing de Informes por falta de pago, según dijo a El Observador el presidente de Cambadu, Daniel Fernández. Afirmó que Egeda "no tiene representatividad" en Uruguay y cuestionó, además, que los pequeños comerciantes sean los que deban abonar las licencias, cuando las operadoras de cable de Montevideo están en juicio hace tres años con Egeda por ese tema.





"Ningún comerciante tiene una televisión para atraer público. No vamos a pagar por un servicio que ya estamos pagando, de última que hablen con las empresas del cable", señaló. Las licencias de Egeda cuestan $330 por cada televisión que tienen los locales y se abona todos los meses. Sin embargo, la entidad colectiva no tiene forma de obligar a los empresarios a que paguen esa cuota.









En ese sentido, el presidente de Cambadu llamó a todos los socios de la gremial a no "dejarse amedrentar" por Egeda. Sostuvo que ningún empresario debe pagar las licencias por los derechos de autor y destacó que los comerciantes deben estar informados para evitar "las amenazas" de la entidad. "Sería absurdo pensar que las personas entran a una chivitería porque quieren mirar televisión. Eso en el 2017 no pasa", agregó.





Fernández señaló también que hubo integrantes de Egeda que fueron a los locales a "intimar" a los dueños para que pagaran las licencias mensuales. Si bien les advertían que los registrarían en el Clearing de Informes, el presidente de Cambadu sostuvo que desde ese organismo les dijeron que eso no es real.





Señaló, por tanto, que hasta que no los registren en el Clearing , sus socios no abonarán los derechos de autor por los contenidos audiovisuales que se transmiten en sus televisores.





Otra campana

En Egeda, sin embargo, dicen que no amenazaron a los comerciantes. Su directora, Helena Nosei, dijo a El Observador que se manejan "con todas las de la ley" y señaló que el conflicto con los socios de Cambadu "es algo de nunca acabar". Afirmó que una resolución del Ministerio de Educación y Cultura de 2007 -firmada por el entonces ministro Jorge Brovetto- los habilita a cobrar las licencias. Desde 2015 visitan los más de 8 mil comercios que tienen televisión en todo el país, de acuerdo con un registro interno de la entidad, y les solicitan a los dueños que abonen la cuota mensual.





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Según explicó, Egeda se financia con las más de 2 mil licencias que cobran todos los meses a los locales con televisor. Un 10% de los recaudado se destina a gastos de funcionamiento, otro 20% se utiliza para potenciar la producción audiovisual nacional y el resto se le reintegra a los dueños de los derechos de los contenidos que se transmiten por televisión en Uruguay.





Nosei afirmó que tienen la representación de más de 700 mil piezas audiovisuales en todo el mundo, por lo que giran el dinero a productoras internacionales. Cualquier corto, serie, telenovela, documental, entre otros contenidos transmitidos en Uruguay, reciben parte de la recaudación si son representados por Egeda. "Hay que entender que detrás de una producción audiovisual hay mucho trabajo y tenemos que defenderlo", agregó.





De todos modos, por el momento no tienen forma de fiscalizar que los comercios con televisión paguen. Nosei señaló que si bien Egeda les advierte a los dueños, no es el organismo el encargado de controlar que efectivamente cumplan con lo establecido por el Ministerio de Educación y Cultura. La entidad le pidió ayuda a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) -que depende del Poder Ejecutivo- pero no lograron su apoyo.





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El vacío en la fiscalización lleva a que los comerciantes puedan elegir si pagar o no. Nosei afirmó que están dispuestos a ir a la Justicia para que los empresarios cumplan. "Los vamos a encontrar a todos", remarcó.



