Otra mujer muerta por un aborto clandestino. A tres días de que muriera una mujer de 34 años en Pacheco que se había hecho un aborto con perejil, se confirmó otro caso en el norte bonaerense, ahora en Pilar.

La mujer, de unos 30 años, había llegado a la guardia del hospital Sanguinetti de Pilar el miércoles pasado acompañada de su hermana. Tenía dolor abdominal y mucha fiebre. El diagnóstico: aborto incompleto.

El equipo de Salud cumplió con el protocolo estipulado para estos casos y se le completó el tratamiento. Le dieron antibióticos y quedó internada. El sábado a la tarde se descompuso y fue llevada a terapia intensiva, pero a la noche murió.

Aún no se sabe cómo fue el aborto porque la mujer, madre de cuatro hijos, no quiso contar nada. Los médicos descartaron un aborto con perejil, porque no tenía ningún resto en su útero, que tampoco estaba perforado ni ulcerado, que es lo que suele ocurrir en los casos que las mujeres se introducen agujas de tejer, sondas, perchas o permanganato de potasio. Pero sí se cree que introdujo algo en su cuerpo que la infectó y le terminó provocando la muerte.

El director del hospital, Esteban Sieling, confirmó la muerte por una radio local. Clarín pudo hablar con fuentes de Salud, que confirmaron la historia y la muerte. No se pueden dar muchos más datos. Trascendió también que la hermana habría contado que días atrás su hermana había "expulsado" algo y que desde entonces estaba mal. Y llena de miedo.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito junto a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir sacaron un comunicado de repudio: "Hace sólo 48 horas comunicamos que una mujer de un barrio popular de San Martín, provincia de Buenos Aires, murió por complicaciones de un aborto inseguro. Otra más, sí.... En la misma región sanitaria murió R. de alrededor de 30 años y cuatro hijos en el hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar como consecuencia de un aborto inseguro".

Y sigue: "Se murió cinco días después que lxs Senadorxs votaron el rechazo del proyecto de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo con media sanción de la Cámara de Diputados. Cinco días después de que hubo alivios y promesas de muchas acciones a distintos niveles para que las personas entendieran de qué se trata su sexualidad, "aprendan a cuidarse" y se sientan contenidas, cinco días después de negar que la discusión era aborto legal o clandestino y que el aborto realizado en condiciones seguras no mata. Cinco días después de enfatizar una y otra vez que la amenaza de la penalización no disuade a las mujeres y personas con capacidad de gestar de realizarse un aborto sino que las acorrala en la clandestinidad y la inseguridad que a veces sólo es amortiguada por su acceso a recursos simbólicos y materiales". También recuerdan la falta de un protocolo acorde en la provincia.

En este sentido, en la tarde del jueves iba a presentarse en la legislatura provincial un proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo. "Es la tercera vez que lo presentamos porque el protocolo de ILE de la provincia es restrictivo y quedó viejo. Ahora estamos sumando conceptos de la Organización Mundial de la Salud y lo adecuamos al nuevo Código Civil. Si se transforma en ley es de obligatorio cumplimiento. La ILE en la provincia no está garantizada en todo su sistema de salud", explica a Clarín Lucía Portos, autora del proyecto. Lo que propone es que el procedimiento se realice "en los establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires en sus tres subsistemas, a fin de garantizar el acceso oportuno y en condiciones de equidad e igualdad a la interrupción de la gestación en los casos de interrupción legal del embarazo enunciados en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, que exime de pena al médico y a la paciente que llevan adelante la práctica".

Otro artículo habla de libertad y autonomía: "La decisión de la persona gestante, en referencia a la práctica o no de la interrupción legal del embarazo, no será sometida a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas, por parte de los/as profesionales de la salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. La consulta del/a profesional con el cónyuge, conviviente, parientes consanguíneos o no, o cualquier otra persona, aún cuando se pretenda ofrecer mejor atención, constituye un incumplimiento al deber de confidencialidad, con excepción de los casos en los que la persona gestante lo solicite o consienta explícitamente".



Por otra parte, desde el movimiento MuMaLá anunció que crearán un Registro Nacional de Muertes de Mujeres por Abortos Clandestinos, como ya hacen con el relevamiento nacional de femicidios. Los datos sobre muertes por abortos clandestinos serán relevados a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, explicaron. "Mientras el Senado de la Nación se preparaba para la sesión en la que finalmente se rechazaría el proyecto de legalización del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de junio, Liliana Herrera una joven de 22 años, madre de dos hijas, murió como consecuencia de un aborto clandestino en el Hospital Regional de Santiago del Estero. La suya fue la tercera muerte por abortos inseguros que se registraron en lo que va del año en el mismo hospital", dice un comunicado de MuMaLá, en el que también hablan de la mujer muerta por un aborto con perejil en Pacheco y la muerte de la mujer de Pilar.

"Con la creación del registro de mujeres muertas como consecuencia de los abortos clandestinos pretendemos visibilizar y seguir exigiendo la sanción de una ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que dé respuesta a la cientos de miles de mujeres que recurren a esta práctica en nuestro país cada año. Todas abortamos, pero las mujeres humildes como Liliana Herrera son las que mueren", dijo Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MumaLá.

"Es importante que todos estos hecho se muestren y se visibilicen. Todo esto que se da a conocer ayuda a que los debates que se siguen dando sobre el tema tengan toda la información posible", dijo a Clarín el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón. El funcionario fue uno de los oradores en el debate del Congreso. Se presentó en diputados el 22 de mayo y entre otras cosas, había dicho que "la penalización del aborto viola los derechos humanos".