Karina Avilés

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2013, p. 40

Hace unos días, los directivos del Liceo Franco-Mexicano (LFM) anunciaron a su comunidad –integrada por 3 mil 500 estudiantes y cerca de 240 maestros– la ruptura del convenio con el gobierno francés que permite, entre otras cosas, la contratación de profesores galos con las mejores acreditaciones académicas para dar clase en nuestro país.

Ello pone en peligro la calidad y el proyecto educativo de una institución que ha sido piedra angular en las relaciones bilaterales México-Francia. Pero también implicará el aumento de las colegiaturas, la pérdida de becas para alumnos mexicanos de muy escasos recursos, el despido de docentes y el menoscabo de los derechos laborales de los educadores, alertan maestros e integrantes de la Federación Sindical Unitaria de Francia (FSU por sus siglas en francés).

Pierre Charasse, presidente de Franceses del Mundo-Asociación Democrática de los Franceses en el Extranjero-sección México (FM-ADFE), advierte que esta crisis que enfrenta el LFM tiene un alcance diplomático porque apenas en días pasados los gobiernos mexicano y galo lanzaron una iniciativa al más alto nivel para dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países –después del enfriamiento que hubo por el caso Cassez– y desde su creación, en 1950, el LFM ha sido una de las herramientas más fuertes en el intercambio cultural y educativo.

Por ello, dicha asociación exige que se cancele esta decisión de poner fin al convenio, se realice una auditoría para conocer la situación financiera de la institución educativa y, en razón de que el gobierno de Francia destina recursos públicos en beneficio del LFM, una comisión de senadores o diputados de aquel país practique una “misión de control parlamentario in situ del uso” de este presupuesto.

La posición del gobierno de París –por conducto de la embajada de México en Francia y de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE)– es aceptar esta decisión de las autoridades del liceo, con lo que a partir del primero de septiembre de 2014 todo el personal estará bajo el control del LFM y no del gobierno francés.

Consternados por esta determinación, que en ningún momento fue consultada con la comunidad y sólo fue anunciada de manera intempestiva, padres y maestros han expresado su rechazo al presidente del Consejo de Administración del LFM, Claude Le Brun –quien fue buscado por La Jornada sin obtener respuesta– y a la directora General del liceo, Christine Fuhrel.