Este año, las empresas públicas le insumirán al Estado casi dos veces más de lo que el Gobierno espera ejecutar en planes de promoción y asistencia social. Sólo en los primeros nueve meses del año fueron $ 65.904 millones (4% más que en igual periodo de 2015), de los cuales prácticamente el 50% fueron para financiar subsidios, un 25% para gastos de capital,y otro 25% se usó para tapar rojos operativos. La cifra que representa casi un tercio del déficit primario acumulado a septiembre, es lo suficientemente grande como para desvelar a cualquier economista.

De ahí que, con la intención de un mejor control de los gastos del gigantesco holding estatal, que incluye 70 sociedades o 40 grupos económicos, el Gobierno formó el mes pasado un consejo de seguimiento, integrado por nueve miembros del Gabinete y dos consultores externos del sector privado, que será el encargado de evaluar trimestralmente las gestiones de las compañías. Ya en las últimas semanas rindieron examen los encargados de manejar Ferrocarriles Argentinos, el Correo Argentino, Aerolíneas y Fábrica Argentina de Aviones.

“La idea es tener una mirada transversal y hacer foco en cada una de las empresas”, confirmó a LA NACION Abbott Reynal, designado dentro de la Jefatura de Gabinete como coordinador de las compañías del Estado. “En la Argentina, el rol de accionista se llevaba adelante en forma descentralizada, dependía de cada ministerio y de la capacidad de cada ministro. Pero la situación de las empresas es muy delicada, y las recomendaciones internacionales hablan de una centralización del ejercicio propietario”, dijo.

El consejo está integrado por los ministros de los cuales dependen muchas de estas empresas, como el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay (dueño del Grupo Nación o Casa de Moneda); el de Defensa, Julio Martínez (Fabricaciones Militares); el de Producción, Francisco Cabrera (Banco BICE); el de Transporte, Guillermo Dietrich (Aerolíneas Argentinas, trenes, entre otras); el de Comunicaciones, Oscar Aguad (Arsat y Correo Argentino); y el de Energía, Juan José Aranguren (Enarsa o Yacimientos Carboníferos de Río Turbio). Pero, además, incluye al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y a los dos vice jefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Y está formado por dos consultores externos: el ex CEO de Unilever Argentina Luis Mario Castro y el número uno de Boston Consulting Group (BCG) en Chile, Jorge Becerra.

“Se buscó dotarlo del mayor grado de peso político que se pueda”, explicó Reynal. “También pensamos en tener voces independientes, que nos ayuden con asistencia técnica en gestión, así se pensó en Becerra y en Castro. Tenía que ser gente sin conflictos de interés”, aseveró.

Cada dos semanas, dos de las grandes empresas estatales deberán comparecer ante el consejo, con sus números y planes de negocios. Las 12 principales compañías -entre las cuales están también Banco Nación, Aysa, Casa de Moneda, entre otras- deberán repetir el ejercicio cada trimestre. Para el resto se creará un cuerpo delegado con una representatividad similar de los distintos ministerios, que pueda reunirse cada semana.

“Son tantas las empresas que no dan los tiempos para que pasen todas por este consejo, si las tenemos que seguir trimestralmente”, explicó Reynal.

Números que inquietan

En las reuniones la idea es que no sólo exista un control de gestión, sino que además los distintas empresas puedan nutrirse de las experiencias, de los sistemas y de los modelos de negocios de las otras compañías del holding estatal.

Este año, mantener las empresas públicas le saldrá al Estado, en términos nominales, casi tanto como el año pasado, en que debió destinar $88.347 millones, según los datos oficiales. En términos reales -descontando el impacto de la inflación- implica una mejora con respecto al gasto de 2015, pero así y todo sigue siendo una cifra extremadamente relevante para las ajustadas cuentas públicas.

La empresa que más dinero está demandando es, por lejos, Enarsa. La firma que se encarga de la importación de combustibles necesitó los primeros nueve meses del año $ 14.800 millones, de los cuales sólo $ 4100 millones fueron gastos de capital; el resto, la mayoría subsidios. Le sigue Agua y Saneamiento Argentino (AySA), con $ 12.232 millones; Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, con $ 11.319 millones; Operador Ferroviario, con $ 4440 millones; y Administración de Infraestructura Ferroviaria, con $ 3836 millones.