Es un tabú que ha estado vigente por ochenta años. La reelección de diputados, senadores y alcaldes volverá a estar contemplada en una Constitución mexicana un siglo después de que la Revolución tuviera como grito de batalla “sufragio efectivo, no reelección”. Un grupo de senadores discute los últimos detalles de una reforma político electoral que podría ser aprobada antes de que termine esta semana. Este paquete de propuestas es la última aduana que la oposición hará cruzar al Gobierno antes de discutir la reforma energética, el pináculo en el proyecto de un año de iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se comprometió a impulsar en su Gobierno.

La inclusión de la reelección en el paquete de reformas es importante. “Esto comenzaría a resquebrajar el control que tienen las burocracias partidistas en la designación de candidatos. Aquellos que deseen reelegirse tendrán que poner interés en lo que los ciudadanos de sus circunscripciones tienen que decir”, dice el analista político Sergio Aguayo. Pero su discusión ha encontrado discrepancias entre los legisladores. Los senadores del PAN desean que la oportunidad de un segundo mandato comience inmediatamente (las próximas elecciones de diputados federales son en 2015). El PRI y el PRD consideran esto “políticamente incorrecto” y prefieren que sea la próxima legislatura quien pueda reelegirse.

Los senadores de oposición del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se hallan en un estira y afloje con sus homólogos del Revolucionario Institucional (PRI), el partido en el poder para dictaminar una serie de propuestas que cambiarían la forma de hacer política en México. “El 40 % de los mexicanos no cree en la limpieza de las elecciones. Tampoco creemos en los partidos y en la democracia. Parte del problema es que nuestro sistema político está lleno de lastres y vicios que impiden que la democracia funcione”, asegura Aguayo.

El objetivo de esa reforma tratará de corregir esos vicios. Los mayores obstáculos que impiden el acuerdo se hallan en los detalles de un puñado de temas. Uno es la creación de un Instituto Nacional Electoral, un organismo que restará poder a los institutos estatales encargados de organizar elecciones. “Lo mínimo que debemos esperar de esta reforma es una autoridad electoral imparcial que no esté controlada por los partidos políticos y los gobernadores”, considera Aguayo. Los tres principales partidos están en favor de un organismo de este tipo, pero se encuentran discutiendo sus detalles.

Un senador que ha estado siguiendo de cerca las negociaciones reconoce que el PRI, el partido en el poder, vetó un solo tema: la segunda vuelta. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia con el 38 por ciento de los votos en las elecciones de 2012. “La segunda vuelta es rechazada por una razón muy sencilla”, explica Aguayo, “el PRI le gana al PAN y al PRD por separado, pero si estos se unen le ganan al PRI”. Para Ignacio Marván, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) este era uno de los puntos más importantes de la reforma. “Es una mala reforma si no tiene esto. Es lo único que garantiza que no llegue a la presidencia el menos preferido”, apunta.

Fue necesaria la presencia, el martes por la noche, de un equipo de funcionaros enviados por la Presidencia de México para reunirse con los senadores del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y destrabar algunas de las negociaciones. Desde esa visita “algunas cosas comenzaron a fluir”. Esta reforma también abre la posibilidad a que los estados modifiquen su constitución y permitan la reelección de congresistas locales y alcaldes.

La reforma ha alcanzado acuerdos de los tres partidos en otros temas importantes. Una elección será anulada si se rebasan los topes de campaña. Los candidatos que lo hagan serán sancionados y no podrán volver a contender. Prohíbe a los candidatos el regalo de objetos propagandísticos que no sean banderas, gorras y camisetas. También disminuye el tiempo de las campañas electorales. La reforma contempla la creación de un Consejo Anticorrupción y una Fiscalía general. Y, tema nada menor, el Distrito Federal se convertiría en un estado crearía una asamblea constituyente.

La lista de modificaciones es larga. “El PAN le quiere sacar todo lo que pueda al PRI. Es un regateo obvio y evidente”, señala Aguayo. Todo esto podría aprobarse antes de que la semana finalice. La reforma energética, la más importante para el Gobierno, podría comenzar a discutirse la semana próxima si estas modificaciones de corte político llegan a buen puerto.