Tráfico en la Gran Vía de Madrid. En vídeo, declaraciones de Pepu Hernández. portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. FOTO: JULIÁN ROJAS / VÍDEO: EFE

La paciencia de la Comisión Europea con el aire viciado de Madrid y Barcelona se ha agotado. Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica. Salvo imprevisto de última hora, la decisión se hará pública el jueves y supondrá la culminación de un expediente de infracción abierto contra España hace más de cuatro años. Fuentes comunitarias han confirmado a EL PAÍS que la denuncia "figura en el paquete de expedientes de infracción" que la Comisión aprobará esta semana.

El expediente contra España se remonta a 2015 y se centra en los incumplimientos reiterados en Madrid y el área metropolitana de la capital catalana con los límites legales del dióxido de nitrógeno, un contaminante asociado a los problemas respiratorios y cardiacos y cuyo origen está vinculado al tráfico rodado y a la quema de los combustibles fósiles. La Comisaría de Medio Ambiente había decidido dejar en un punto muerto ese expediente en mayo de 2018. En ese momento, Bruselas sí denunció a otros seis países (Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y el Reino Unido) también por incumplir la directiva de calidad del aire.

Pero en el caso de España se consideró que el problema no estaba tan extendido como en el resto. Además, en aquel momento se estimó que las medidas que estaban proyectadas en esas dos ciudades –entre ellas Madrid Central, la zona de bajas emisiones que el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos han intentado revertir al llegar al poder– podrían ser suficientes para que España cumpliera con la directiva en 2020.

Sin embargo, pese a que no se denunció a España en aquel momento, el país seguía en la cuerda floja y el expediente no se archivó. El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ya advirtió hace un año de que continuaría “supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas, así como su eficacia para mejorar la situación lo antes posible”. Cuando PP y Ciudadanos –que llegaron a la alcaldía de Madrid gracias al apoyo de Vox– comunicaron que una de las primeras medidas que tomarían sería paralizar las multas que sostienen esa zona de bajas emisiones, la atención de Bruselas se centró en la capital de España. Y la paciencia parece haberse colmado ya.

Más de una década de recorrido 2008. Se aprueba la directiva de calidad del aire que daba hasta 2010 a los países para cumplir los límites de dióxido de nitrógeno. Junio de 2015. España recibe el primer emplazamiento para que se ajuste a esos niveles. Febrero de 2017. Bruselas elabora un dictamen motivado contra España por el incumplimiento reiterado en Madrid y Barcelona. Mayo de 2018. La Comisión deja en punto muerto el expediente contra España, que ahora ha reactivado.

Fuentes de la Comisión señalan que “los Ayuntamientos tienen libertad para adoptar las medidas que consideren necesarias para cumplir los límites de contaminación”. Pero precisan que dado el cuasipermanente incumplimiento de los límites en Madrid “no tiene mucho sentido retirar una medida paliativa antes de que se pongan en marcha otras alternativas”. De hecho, Madrid Central, aprobado por el anterior equipo de Manuel Carmena, era solo un primer (y pequeño) paso contra el problema de la polución.

Este 9 de julio, cuando la polémica por la paralización de la zona de bajas emisiones estaba en su clímax, el comisario Vella envió un escrito al Gobierno español en el que le advertía de que los últimos datos que había analizado su equipo apuntaban a que las medidas adoptadas eran insuficientes y que no se iba a cumplir con la directiva europea que fija los límites de concentración de los contaminantes más comunes.

Los problemas se centran en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, donde se llevan rebasando los límites de dióxido de nitrógeno desde 2010. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha difundido este martes el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España de 2018 –que debe enviar cada año a la Comisión– y, aunque se aprecia una mejora respecto a 2017, los problemas con el NO 2 se vuelven a dar en ambas zonas, además de en el Corredor del Henares (Madrid) y en Granada.

“Irresponsabilidad”

El presidente en funciones del Gobierno y aspirante a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, criticó el lunes desde el Congreso la “irresponsabilidad” de intentar paralizar Madrid Central. Y sostuvo que se estaba así exponiendo a España “a sanciones europeas”, en referencia al expediente de la Comisión que ahora se convertirá en una denuncia ante el Tribunal de Justicia.

Se abrirá ahora un proceso que llevará varios años y que, como ya ha ocurrido con la contaminación de las aguas por la falta de depuración urbana, podría acabar en sanciones. Pero, primero, deberá existir una sentencia del tribunal europeo que ratifique el incumplimiento de España. Luego, si persisten esos incumplimientos, la Comisión volvería a llevar al país ante el tribunal y esa vez sí se solicitaría una sanción.

El principal causante de la contaminación por NO 2 en las ciudades es el tráfico. Muchas capitales europeas aplican desde hace años zonas de bajas emisiones que limitan la entrada de los coches más contaminantes. Y en el borrador de ley de cambio climático que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica en la anterior legislatura se contemplaba la obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con estas áreas restringidas.