El sistema había sido creado en 2004 y tras quedar en desuso, el Gobierno porteño lo reactivó en 2010. Se trata de la polémica medida con la que los taxistas pueden "canjear" multas de tránsito a cambio de viajes comunitarios.

El pretexto fue que los choferes, por estar tanto tiempo en la calle se veían más expuestos a cometer infracciones. Y que ante la acumulación se les hacía imposible pagarlas.

Ahora volvieron a la carga. Aseguran que ante la caída de la actividad -que estiman superior al 40%- es necesario que se reflote este beneficio. Lo pidieron en una reunión en la que participaron funcionarios de la Dirección General de Infracciones y representantes de los diferentes gremios. Allí los taxistas plantearon que la cantidad de traslados comunitarios que les asignan es insuficiente y que el actual procedimiento es muy engorroso. Incluso presentaron un plan para dar servicio gratuito en los hospitales. Siempre a cambio del pago de las multas de tránsito.

"Los viajes no están funcionando bien, porque la asignación es complicada. Lo que nosotros proponemos es hacer guardias en hospitales y que con eso se dé por realizado el trabajo. Esto es beneficioso para la imagen del Gobierno y alcanzaría potencialmente a miles de personas que se atienden en los hospitales públicos", le dijo a Clarín José Ibarra, titular del Sindicato de Condutores de Taxis.

Según el dirigente, el procedimiento sería el siguiente: "El taxista se reportaría a una autoridad del hospital cuando llega y cuando termina, y si allí le solicitan que realice un viaje lo debe hacer. Caso contrario, hace una guardia pasiva hasta cumplir el horario".

Fuentes del Gobierno porteño aseguraron que escucharon el reclamo y se comprometieron a estudiar la propuesta.

Los traslados comunitarios son una sanción alternativa que sustituye a la multa y que se les otorga con exclusividad a los taxistas. Los propietarios de los taxis engloban las infracciones de sus choferes en un solo legajo y en vez de pagarlas canjean el dinero adeudado por cantidad de horas de servicios de traslados sociales.

Con origen remoto en los tiempos posteriores a la tragedia de Cromañón y pese a las críticas de quienes no son alcanzados por este beneficio (los conductores particulares no están alcanzados por esta singular probation), la medida se afianzó tras ser utilizada en 2010 e incluso fue avalado por la Legislatura porteña.

"Para nosotros es clave que el Gobierno de la Ciudad actúe según lo acordado, porque si no estamos incumpliendo lo que la ley nos autoriza y mucha gente se queda sin la posibilidad de viajar", agregó Ibarra, que este fin de semana, en su carácter de titular de la Federación Nacional de Conductores, se reunirá en Tucumán el gobernador Manzur y con delegaciones del NOA para organizar la resistencia allí contra Uber y apuntar el reclamo por subsidios para el GNC.