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La política del Gobierno socialista surgido de la moción de censura se cimentó sobre algunos avances (la subida del salario mínimo a 900 euros; la extensión del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años donde antes solo era para 55 y la prolongación de la actualización de la jubilación con el IPC en 2019, por ejemplo), olvidos flagrantes (la no derogación de las reformas laborales y de pensiones efectuadas por Zapatero y Rajoy en tándem, así como de la “ley mordaza”, entre otras varias) y decretos-leyes efectistas que proyectaron el “talante progresista” del Ejecutivo incluso después de disueltas las cámaras.

Pero donde más se ha visto la doble faz del sanchismo ha sido en una ristra de medidas aireadas como marca de la casa que culminaron en efecto bumerán, aunque nadie quiere darse por enterado. Ya se sabe, la victoria tiene muchos padres, mientras la memoria es huérfana, y hoy el “haz que pase” cotiza al alza. Se trata de algunas políticas aplicadas de dentro afuera, y que quizás por esa ajeneidad han carecido de la atención crítica requerida. Por más que su promoción por “el gobierno con más mujeres del mundo” buscaba expandir la vitola solidaria y altruista de su gestión. Lástima que al final ese dechado de buenas intenciones haya quedado como un capítulo más del cicatero “los nuestros primero”.

Me estoy refiriendo al tema de los migrantes que arriesgan sus vidas para alcanzar la frontera sur de la Unión Europea (UC) desde el Mediterráneo; al mercado armamentistas como política de Estado y a la posición adoptada por Moncloa ante la crisis venezolana. En todas estas cuestiones, que definen el perfil democrático del país y de sus paisanos, la actitud del Gobierno socialista ha sido indecorosa, contradictoria y nula desde el punto de vista de legitimidad ética. Ha estado dominada por la “razón de Estado”, que como se sabe a menudo suele ser claramente irracional y estar cautiva de poderes fácticos y económicos más o menos inconfesables. Esos que influyen decisivamente y a veces hasta mandan sin haber pasado por las urnas.

La acogida de los náufragos del Aquiarius en octubre del 2018, nada más llegar al poder Pedro Sánchez, fue sentida como lo que en realidad era, un gesto que enorgullecía a cualquiera con un mínimo de conciencia. Pero esa golondrina no hizo verano. Es más, tras su hermoso aleteo, se proyectaba la sombra de un pájaro de mal agüero. Favorecido por los vientos de cola que la acción había despertado entre propios y extraños, Moncloa consideró que eso era suficiente para vivir de las rentas y pasó página. Así se urdieron los acuerdos con el sátrapa de Marruecos, Mohamed VI, para que hiciera el trabajo sucio de policía anti-emigración, previa recompensa de millonarias partidas económicas, sin importar mucho el destino que corrieran quienes cayeran en sus redes mafiosas. Y luego, para más inri, el ministro de Fomento y secretario de organización del partido socialista, José Luis Ábalos, ordenó que los barcos humanitarios Aita Mari y Apen Arms, que más personas han rescatado de morir ahogadas en la travesía, quedaran bloqueados en sus puertos por meras excusas burocráticas. Una decisión que recuerda a lo hecho en Italia por Matteo Salvini, y que sin embargo no fue obstáculo para que este primero de mayo Ábalos apareciera el frente de la manifestación obrera en Madrid junto a los dirigentes de CCOO y UGT.

El segundo episodio tiene que ver con la industria de la guerra y el criterio de la ministra de Defensa, la magistrada del Supremo en excedencia Margarita Robles, a la hora de interpretar la legislación que prohíbe exportar armamento a zonas en conflicto bélico. Aquí también hubo un antes y un después. El antes fue la noticia de que Robles vetaba el contrato con Arabia Saudí por su criminal incursión en la contienda del Yemen, la mayor catástrofe humanitaria de la actualidad según la ONU. El después, la intervención directa del presidente para que se cumpliera la entrega de material de guerra a la siniestra petromonarquía, que incluía la fabricación de cinco corbetas en la empresa pública Navantia de Cádiz. Tampoco en esta ocasión hubo reproche político que diera al traste con la bárbara “razón de Estado”. Al contrario, la rectificación sirvió para pillar en idéntico renunció a la izquierda institucional y a la emergente. Mientras Sánchez, con un cinismo propio de los chistes de Gila, declaraba que “lo mejor es que no se utilicen ni esas bombas ni esos proyectiles”, el alcalde de la ciudad gaditana José Manuel González (Kichi) ponía a los trabajadores de la naval como escudos humanos al argumentar que el “dilema era fabricar armas o comer”. Parabellum mental.

El tercer episodio de “razón de Estado” nos lleva a la Venezuela de Maduro y al estrellato de Sánchez para liderar la posición de la Unión Europea (UE) respecto al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado (por las bravas). Un chisgarabís que no duda en atizar el enfrentamiento civil enardeciendo a las masas para lograr sus propósitos de derrocar al impresentable líder chavista que ha obligado a millones de ciudadanos a salir del país ligeros de equipaje. Lo nuevo es que España ha acogido en su embajada en Caracas al dirigente opositor Leopoldo López tras ser “liberado” de la prisión donde cumplía condena firme por un grupo de milicos alzados. Algo parecido en la distancia a lo que hizo el Ecuador de Evo Morales al conceder asilo en su legación londinense a Julián Assange, reclamado por la justicia sueca y las autoridades inglesas, pero sin operación comando de por medio. Semejante “injerencia humanitaria” pone en entredicho el papel del gobierno español en el conflicto y le sitúa como un monaguillo de Donald Trump. Un preso político (político preso) como huésped VIP en la sede diplomacia española, desde donde arenga para el golpe de Estado, total nada. ¿Se imagina alguien que un pelotón de Mossos d´Esquadra protagonizaran algo así con los presos políticos (políticos presos) del procés? Ciertamente, no. Pero al revés, haberlo haylo.

Los casos aquí citados tienen una singularidad políticamente incorrecta. Prueban la existencia en la sombra de otro triparchito integrado por PSOE, PP y Ciudadanos, los tres partidos que al margen de determinadas piruetas y trampantojos están a partir un piñón en la política migratoria, el negocio armamentista y el acoso al régimen chavista. Luego está el trifachito oficial de las tres derechas con el emergente Vox. Aunque ahí también hay gato encerrado. El Pedro Sánchez que ahora se niega a recibir a Santiago Abascal en la preceptiva ronda de consultas tras el 28-A, es calcado al que trató de imponer un único debate a cinco en una televisión privada con Vox como dilecto compañero de viaje.

Un verdadero caballero es el que guarda la compostura en la cola del buffet de los viajes del Imserso.