Cambiemos, con la ayuda del "peronismo dialoguista" de Argentina Federal y del Frente Renovador, logró convertir en ley el proyecto de Mercado de Capitales, denominado de "Financiamiento Productivo".





La medida fue muy bien recibida en la Bolsa de Comercio porteña, donde las acciones líderes subieron 5,75%, mientras también cotizaron en alza los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York. De esta manera, el Gobierno se anotó una reforma que considera prioritaria en su objetivo de dar señales a los mercados, en medio de una situación de fuertes turbulencias en la economía.





La iniciativa de "Financiamiento Productivo" crea una serie de instrumentos para facilitarle a las PyMEs el acceso al crédito y suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.



El presidente provisional del Senado, el oficialista Federico Pinedo, aseguró que la aprobación es "muy importante" para financiamiento de PyMes; y en paralelo festejó el acuerdo con Brasil que permitirá millonarias exportaciones de servicios.



El proyecto de Financiamiento Productivo busca apuntalar el desarrollo del Mercado de Capitales y la vez potenciar el financiamiento de las pymes que hoy no tienen acceso al crédito ya que crea la factura electrónica. En ese sentido, la factura de crédito electrónica para micropymes, de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida, se utilizará como si fuera un cheque que podrán negociarse en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).



Además esta iniciativa incorpora herramientas para que los bancos otorguen hipotecas por medio de la securitización, que se pueden vender en el mercado de capitales a instrumentos financieros y por ese motivo se crea la letra hipotecaria ajustada por el CER. Por otro lado en el proyecto se elimina la facultad que desde 2013 tiene la CNV de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.



El proyecto, aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados, recibió modificaciones en la Cámara alta, que fueron ratificadas en el dictamen de mayoría surgido de la reunión de comisión firmado la semana pasada, entre los que figuran la forma de designación del presidente de la CNV.



Según el proyecto aprobado en primera instancia en Diputados, el funcionario quedaba confirmado si el Senado no se expedía después de 60 días de elevado el nombre del candidato por parte del Gobierno. La modificación del Senado eliminó ese acuerdo, adoptándose en cambio el texto del artículo 7 de la Carta Orgánica del Banco Central sobre la designación de directores del BCRA.



Además, el oficialismo logró convertir en ley el proyecto de Defensa de la Competencia, que apunta a sancionar la cartelización de los mercados y los abusos de posición dominante.



Con la ayuda del interbloque Argentina Federal y del Frente Renovador, el proyecto (que llegó a Diputados en revisión tras la inserción de cambios en el Senado) cosechó 163 votos afirmativos contra 74 negativos y una abstención, y de esa manera superó la mayoría especial requerida por no contar con dictamen previo.



La iniciativa crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de él funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.



En este marco, se estableció la prohibición de los acuerdos de cartelización entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de "repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento".



Se dispone, en tanto, un control de las fusiones y adquisiciones de empresas, exigiéndose la previa notificación a la autoridad de aplicación. El proyecto contempla un "Programa de Clemencia" con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, "en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel".



Uno de los cambios que se le hicieron al proyecto original radica en que, en lugar de habilitar la "designación ficta" de las autoridades del Tribunal, se requiera del acuerdo del Senado. Entre las sanciones económicas que prevé el proyecto se destaca la suspensión de la empresa en cuestión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.