"El Gobierno simplifica el debate para dar al campo un enemigo fácil", dicen desde una cadena.

Las principales patronales de la distribución española salieron ayer al paso de los reproches al sector realizados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que señaló el martes a la industria como la principal culpable de la diferencia de precios de la alimentación entre origen y destino y, por tanto, de la crisis que vive el campo español.

El sector pidió a Planas que revise los datos que ofrece su propio ministerio y que indican que el 80% de la producción agraria de frutas y hortalizas de España, por un valor total de 17.796 millones de euros, se destina a la exportación, mientras que que, del 20% restante, dos terceras partes tienen como destino la industria transformadora, los mercados ambulantes, las fruterías independientes o la hostelería.

Del 20% de la producción que se deriva al mercado interno, sólo algo más de un 7% lo absorbe la distribución, indicó ayer Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la patronal que agrupa a Mercadona, Dia, Ahorramás, IFA o Covirán, entre casi una veintena de cadenas.

"Estamos abiertos al diálogo para buscar soluciones, pero hay que tener presente que la distribución no es el agente más importante. Los precios que perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran volatilidad derivada de muchos factores. Recurrentemente se utiliza el falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución, sin centrar el foco en los problemas reales de los agricultores", añadió el portavoz de Asedas.

García Magarzo pidió, además, que cualquier solución que se busque a la situación del campo "no debe pasar por encarecer los precios de la alimentación porque el consumidor no debe pagar los problemas de la cadena" y recordó a Planas que "los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea".

"Desconocer la realidad"

Aurelio del Pino, presidente de Aces, donde se integran Carrefour, Lidl, Alcampo, Eroski o Supercor (El Corte Inglés), se manifestó de una forma similar. "Las empresas de distribución no compran directamente al agricultor individual, sino a cooperativas y sociedades agrarias, o a industrias que ofrecen el producto ya transformado", explicó el directivo, para el que comparar los precios de origen y destino, olvidando la cadena de valor que hay entre medias, supone "desconocer la realidad" y "obviar el valor del trabajo" de todos los procesos.

Del Pino considera que la distribución se mueve ya en un entorno muy competitivo, con márgenes netos que no suelen superar el 2%. "El problema de los precios en origen responde a los propios mercados en origen y no a la comercialización", señaló el presidente de Aces. En este sentido, aseguró que las variaciones de precio que se ven en las tiendas a lo largo del año "se marcan en origen, ya que el coste de llevar un limón a la tienda es mucho más estable".

Un representante de un grupo de supermercados, que prefirió no ser identificado, señaló ayer, sobre la polémica, que el Gobierno "está simplificando el debate" para encontrar un enemigo fácilmente identificable por parte de los agricultores y recordó que la distribución participa en todos los foros sectoriales, como el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, el Consejo de la AICA o el Acuerdo Lácteo, entre otros.

Reunión con Carrefour

El ministro Planas se reunió ayer con representantes de Carrefour, entre ellos Rami Baitiéh, su director general en España. El contenido del encuentro no fue hecho público y el Ministerio se limitó a publicar una escueta nota en la que dijo "querer establecer un diálogo con todas las partes" y reconoció que "la solución no está en un sólo eslabón, sino en el conjunto de la cadena, desde los productores a los consumidores".

Estalla la guerra

El malestar de agricultores y ganaderos se extiende como un reguero de pólvora por la geografía española ante una situación que califican de agónica por la falta de rentabilidad. Los problemas que arrastra el sector, que ayer llevó sus protestas a las misma puertas del Ministerio de Agricultura tras haberse manifestado en otras muchas CCAA como Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, vienen de lejos y no son fruto de una única causa, sino de una combinación letal de factores.

SMI, la puntilla

Sin embargo, la subida del SMI, que se ha disparado un 29% entre 2019 y 2020, ha sido la gota que ha colmado el vaso del sector, que ya estaba a punto de rebosar, pese a la insistencia de Luis Planas de restar importancia a este factor, que, a su juicio, "en ningún caso ha sido determinante" en la situación del campo. Un diagnóstico con el que no coinciden agricultores y ganaderos, para quienes el incremento del salario mínimo representa la "puntilla" para un sector en el que llueve sobre mojado. De hecho, entre los lemas de la manifestación convocada ayer en Madrid por las principales organizaciones agrarias y ganaderas, Asaja, COAG y UPA, figuraba el de "Precios, SMI e impuestos más adaptados al agro". "Estamos a favor de que se pague un sueldo digno a los trabajadores, pero esto nos supone muchos más costes. Si suben el SMI, tienen que buscar alguna bonificación para nosotros, aunque sea a través de reducción de Seguridad Social", afirmó ayer el presidente de Asaja Madrid, Francisco Navarrete.

Los datos de empleo también contradicen al ministro Planas, con la destrucción de más de 47.000 puestos de trabajo en el sector agrícola en enero, de acuerdo con las cifras de paro registrado publicadas el martes por el Ministerio de Trabajo. La pérdida de empleo se concentró en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas regidas por barones socialistas, que no han dudado en trasladar sus protestas al Ejecutivo de Sánchez, para el que la guerra del campo se ha convertido ya en la primera gran prueba de fuego de la legislatura.

Brecha de precios

Pero si bien el alza del SMI ha confluido con el estallido de la tormenta perfecta en el sector, no es, ni mucho menos, el único problema que arrastra el campo desde hace años, donde a la losa que representa el salario mínimo se han sumado en los últimos años otros costes adicionales como la subida del precio de los carburantes o el encarecimiento de determinados abonos o fertilizantes. Todo ello en un escenario de endémica falta de rentabilidad, fruto de la abismal brecha entre el coste de producción y el precio en origen y su precio de venta en tiendas.

Según explicó ayer a EXPANSIÓN Pere Roque, presidente de Asaja Lleida y productor de fruta dulce, el coste real de producir un kilo de melocotones ronda en la actualidad los 32-35 céntimos, mientras que el precio medio que recibe el agricultor es de 20 céntimos; es decir, por debajo del coste de producción, una situación insostenible para los agricultores que ven como ese mismo kilo de melocotones se vende al consumidor a un precio de entre 1,30 y 1,50 euros tras pasar por una larga cadena que incluye su proceso de transformación y envasado, el transporte hasta los mercados mayoristas y, por último, la llegada a las tiendas y supermercados.

Hay otros muchos ejemplos, porque esta diferencia se replica, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así, el precio en origen de la cebolla es de 0,20 euros por kilo, mientras que su precio en tienda se dispara hasta 1,44 euros; es decir, siete veces más o, si se prefiere, un 620% más que en origen, según los datos de enero de COAG. En el caso de la naranja, el diferencial de precios es superior a las seis veces, al pasar de 0,25 euros en origen a 1,60 euros en destino (un 532% más), mientras que en el sector ganadero, el kilo de pollo, uno de los alimentos más consumidos por los españoles, tiene un precio en origen de 0,94 euros y se vende al consumidor a 2,83 euros, el triple (un 201% más). En este camino ascendente de los precios desde el campo hasta la mesa, la distribución es el último eslabón pero no el único, pese al empeño del ministro Planas y del presidente Sánchez de cargar las tintas contra el sector distribuidor, que apenas absorbe una mínima parte de la producción de frutas y hortalizas que no se destinan a la exportación (ver informaciones en página 25). En este caso, el campo acusa a la distribución de utilizar determinados productos como reclamo en sus campañas publicitarias, agravando así la espiral de bajada de precios que padece.

Aranceles y la PAC

A los problemas internos se añaden también los externos, como la ofensiva arancelaria de la Administración Trump sobre productos agroalimentarios europeos en represalia por las ayudas ilegales a Airbus, que ha golpeado los intereses del campo español en sectores tan sensibles como el aceite, el vino o los quesos, convirtiéndole en pagano de los platos rotos de un conflicto ajeno, vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa. Otro foco de presión para el Ejecutivo de Sánchez, en tanto que estos aranceles, en vigor desde el pasado mes de octubre, ya están erosionando las cuentas de las empresas, que reclaman al Gobierno español y a Bruselas contundencia en la defensa de sus derechos y una respuesta que no acaba de llegar.

Otro de los caballos de batalla es la futura PAC (Política Agrícola Común), un instrumento clave para la supervivencia del sector primario español, que ha visto como las ayudas y subvenciones menguaban en los últimos años y ahora espera con expectación, y no poca preocupación, la negociación de la PAC para el periodo 2021-2027 ante el temor a que la UE aplique la tijera al presupuesto (que ha ascendido a 400.000 millones entre 2014 y 2020) tras la salida de Reino Unido del club comunitario. Sánchez ya anticipó ayer que la negociación de la PAC y de los fondos de cohesión se augura "larga, tensa y compleja".

Al cóctel de adversidades del sector su suma lo que denuncian como competencia desleal por parte de países extracomunitarios como Marruecos, Túnez o Chile, con costes de producción más bajos y que no cumplen con los estándares de la UE.