El impacto de la crisis se ha distribuido de manera muy desigual, penalizando sobre todo a los países meridionales, que disponían de economías más débiles. Poniendo el foco en las actividades de mercado, se ignora por completo el agotamiento de los recursos no renovables y la huella ecológica de los procesos productivos y urbanos.

Amio Cajander

La convergencia entre las economías más avanzadas y las más rezagadas ha sido presentada a menudo como uno de los activos más destacados del proceso de integración comunitario. El cierre de las brechas entre unas y otras sería la indiscutible prueba del éxito de la Unión Europea (UE) (antes, Comunidades Europeas). La intersección y el equilibrio de la acción de los mercados y unas instituciones con vocación redistributiva explicaría este éxito, contrapunto de lo sucedido en otras dinámicas globalizadoras, donde los mercados habrían actuado sin apenas restricciones ni contrapesos, lo que estaría en el origen de la intensificación de las disparidades entre las economías.

Los economistas utilizan diferentes indicadores para calibrar la existencia de convergencia o divergencia. El más estándar es el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante. También será el que utilice en una parte de la argumentación que sigue, a pesar de sus evidentes y cada vez más reconocidos límites. No es el propósito de estas líneas discutir la debilidad de este medidor (con el que, lamentablemente, empiezan y terminan buena parte de los estudios sobre la convergencia). Tan sólo anotar que, poniendo el foco en las actividades de mercado, se ignora por completo el agotamiento de los recursos no renovables y la huella ecológica de los procesos productivos y urbanos; se omite asimismo el trabajo de cuidados, invisible y no remunerado, realizado en su mayor parte por las mujeres; y, por supuesto, al ser un indicador promedio, nada nos dice sobre la distribución del ingreso.

Siendo plenamente consciente de estas restricciones, pero volviendo al tema que nos ocupa, veamos qué ha ocurrido con la convergencia, medida a través del PIB por habitante, acotando la evidencia empírica a los casos de Alemania y España.

Podemos ver que, en efecto, a lo largo de las últimas décadas, antes de la implosión financiera, al menos en parte la brecha entre ambos países se ha cerrado; en otras palabras, el crecimiento de la economía española fue sensiblemente superior al de la germana. La figura 1 muestra la trayectoria seguida por el PIB por habitante -expresado en paridad de poder adquisitivo, esto es, igualando el poder de compra de las monedas- entre 1991 y 2007 a partir de la información proporcionada por Eurostat (la oficina estadística de la UE). El nivel de nuestra economía era en el primero de los años considerados un 30% inferior al alemán y en 2007 el gap se había reducido en 18 puntos porcentuales, situándose solo un 12% por debajo. Si la observación se limita al periodo de vigencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM), comprobamos que entre 1999 y 2007 el proceso convergente se mantuvo con fuerza, recortándose la diferencia en 11 en puntos porcentuales. Esta evolución parecería dar la razón, al menos en una primera aproximación, a quienes sostienen que los procesos de integración benefician, sobre todo, a las economías relativamente rezagadas, al acceder a recursos y mercados que, de otra manera, quedarían fuera de su alcance.

Llegados a este punto, es importante hacer notar al lector que la convergencia en términos agregados –empleando el indicador de PIB por habitante y también otros referidos a la convergencia nominal, como por ejemplo la tasa de inflación o el saldo de las cuentas públicas- ha ido de la mano del mantenimiento o incluso del agravamiento de las disparidades estructurales. No es una cuestión menor, pues, como es sabido, el relato dominante plantea que el crecimiento económico es la llave que abre todas las puertas, el puente que conduce a la modernización productiva y a la creación de empleo.

Un ejemplo de indicador estructural particularmente relevante es la importancia de la industria manufacturera en la estructura económica; de su cantidad y, sobre todo, de su calidad dependen en buena medida el progreso tecnológico, los avances en la productividad del trabajo, los salarios y los beneficios y el potencial competitivo de una economía.

Por diferentes razones, en las que no entraré, el conjunto de las economías europeas ha experimentado un proceso que algunos autores han etiquetado como “desindustrialización”, que, entre otras cosas, se ha traducido en una pérdida de protagonismo de la producción manufacturera en el valor añadido global. Dicho proceso, medido con este indicador, se habría dado, aunque con intensidades bien diferentes, tanto en Alemania como en España.

El relato dominante plantea que el crecimiento económico es la llave que abre todas las puertas



En efecto, entre 1991 y 2007 la industria manufacturera ha perdido relevancia en la economía alemana –cuatro puntos porcentuales en términos de PIB-. Pero esa inercia desindustrializadora se detiene e incluso se revierte en el periodo de vigencia del euro, estabilizándose en torno al 20-21%. La economía española, como acabo de mencionar, también ha experimentado un proceso desindustrializador, de similar magnitud al alemán en puntos porcentuales, pero en este caso se ha intensificado desde la creación de la zona euro. Resulta en este sentido muy revelador que la diferencia en la importancia que tenía la industria manufacturera en ambas economías era de unos cuatro puntos porcentuales en 1999, gap que se situaba en 2007 en ocho puntos, ¡se duplicó en menos de una década!

Sin pretender caer aquí en generalizaciones injustificadas -es necesario aportar más información sobre la composición tecnológica y por gamas de calidad del output, y sobre otras variables de similar calado estructural-, la dispar trayectoria seguida por la industria manufacturera pone de manifiesto que en aquellos años (de bonanza económica) han convivido dentro del espacio comunitario dinámicas de convergencia (macro) con sustanciales divergencias (estructurales). Estamos ante un asunto clave, no sólo porque aporta evidencia que cuestiona uno de los pilares sobre los que parecía sostenerse el edificio comunitario, una de las señas de identidad del proceso de integración llevado a cabo con particular intensidad durante las últimas décadas, sino también porque la consolidación y el enquistamiento de estas asimetrías se encuentran en el corazón mismo de la crisis económica.

¿Algo nuevo en los años de crisis? El crack financiero, que abrió las puertas de par en par a la Gran Recesión (y ésta a la Gran Transformación), significó una convulsión de dimensiones históricas para todas las economías comunitarias. Pero el impacto de la crisis se ha distribuido de manera muy desigual, penalizando sobre todo a los países meridionales, que disponían de economías más débiles. A esta desigualdad ha contribuido asimismo la gestión realizada desde Bruselas; y, en el caso del estado español, por la de los gobiernos del Partido Socialista Obrero español, en su última etapa, y del Partido Popular.

Las pautas seguidas por las economías alemana y española han sido muy distintas. La primera ha recuperado holgadamente los niveles de PIB por habitante previos a la crisis: el de 2016 era un 20% mayor que el de 2007. El desplome de nuestra economía fue más intenso y prolongado, y sólo en 2016 se consiguió remontar el umbral de 2007. A pesar del relativamente intenso crecimiento en los últimos años, superior al alemán, las divergencias en el conjunto del periodo han aumentado con claridad. Si la brecha entre las dos economías era en 2007 de 14 puntos porcentuales, en 2016 había ascendido hasta los 24 puntos.

A lo largo de la crisis, las disparidades estructurales –que habían aumentado en los años de auge- se han mantenido o se han tornado más pronunciadas. Poniendo de nuevo el foco en el output manufacturero, el contraste entre las dos economías analizadas no puede ser más llamativo. En Alemania aumentó entre 2007 y 2015 (último año para el que Eurostat ofrece información estadística) en un 6%, mientras que en España en ese ejercicio todavía era un 10% inferior a los registros de precrisis. Su desigual potencial industrial queda reflejado en la diferencia, muy importante, en la importancia de las manufacturas en el valor añadido global, de unos 13 puntos porcentuales.

Una primera conclusión de lo acontecido en la crisis es que la tendencia a la convergencia en el PIB por habitante que, como hemos visto, había prevalecido en las últimas décadas se ha roto y en su lugar se ha impuesto un proceso divergente en el que, además, encontramos una profunda brecha en el potencial productivo de las economías comunitarias. Si antes hemos visto que el crecimiento ha convivido con sustanciales diferencias productivas, ahora, con la crisis, las disparidades macro y estructurales aumentan y se retroalimentan, provocando un efecto de bucle del que es muy difícil salir. El desplome de la inversión, la pérdida de tejido productivo, los recortes en educación y en investigación y desarrollo y el fuerte aumento de la desigualdad muestran de manera elocuente las debilidades de una economía que solo está en condiciones de presentar como activo un crecimiento sostenido en buena medida por factores externos y coyunturales, y una mejora de la competitividad cuyo principal combustible ha sido un histórico hundimiento de los salarios.

Un aspecto adicional a destacar que apunta a la intensificación de las divergencias es que con la crisis se abre un escenario caracterizado por un precario e incierto crecimiento económico, del que no cabe excluir nuevos y más intensos episodios de perturbación, dominado por la colisión y confrontación de intereses y por las estrategias no cooperativas. Una pieza importante a tener en cuenta en este escenario, especialmente adverso para las economías más rezagadas, es que los puentes institucionales y los consensos sobre los que se levantaron –tanto en el ámbito de los estados nacionales como en el comunitario- han sido dinamitados o, en el mejor de los casos, han quedado muy debilitados.

Poner el foco en las debilidades productivas de la periferia, en la concentración del ingreso y de la riqueza en manos de las oligarquías y las grandes corporaciones y en la ocupación y perversión de las instituciones y de la política por parte de las elites nos sitúa ante una dinámica donde, con toda seguridad, las divergencias nominales y estructurales tenderán a enquistarse y a convertirse en rasgos sustantivos de la Europa que emerge con la crisis. Una razón más para reivindicar con fuerza la necesidad de Otra Europa, comprometida con la convergencia productiva, social y territorial.