A Carmen Aristegui la quieren derrotada antes de que termine esta administración. No vaya a ser que resucite después del mes de julio, que otro radiodifusor —por ejemplo— la contrate en un espacio matutino, y ella vaya a tomarla contra quienes hace tres años le arrancaron el micrófono por razones inconfesables.

Tal es mi opinión y hoy tengo derecho a escribirla, aun si pudiera estar equivocado porque la información que poseo es insuficiente o parcial. Publicarla no habría de ser objeto de censura ni nadie debería poder combatirla ante un tribunal. De eso se trata la libertad de expresión, de opinar con argumentos y dejar al criterio del auditorio si tengo o no razón.

Sin embargo, Carmen Aristegui Flores está demandada por emitir una opinión de este mismo tipo: se le exige un pago exorbitante por haber escrito lo que pensaba en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto.

Ahí la periodista afirma: “fue una tragedia ver cómo aquellos que habían apostado por la libertad de expresión y la investigación periodística finalmente sucumbieron a presiones y componendas de un poder al que ya antes habían enfrentado con dignidad y valentía”.

Es también víctima de esta demanda la editorial Pinguin Random House, dueña del sello Grijalbo, que publicó el libro citado, cuyo autor es Daniel Lizarraga, el líder del equipo que realizó la investigación sobre el conflicto de interés entre el presidente Enrique Peña Nieto y el constructor Juan Armando Hinojosa Cantú.

Los abogados de MVS afirman que Carmen Aristegui violó la ley, ya que no aportó prueba alguna que demostrara a sus dueños haber sucumbido frente a las presiones del Poder Ejecutivo Federal, “de ahí que se actualice la malicia efectiva, máxime que ella, como periodista profesional, sabía que no podría acreditar esta situación al resultar inexistente.”

En otras palabras, Aristegui no debió dar su opinión en el prólogo del libro de Lizarraga, ya que no cuenta con evidencia definitiva sobre su dicho. No puede demostrar que agentes del poder Ejecutivo presionaron a MVS para que corriera a la periodista por haber dado a conocer el reportaje sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Tampoco cuenta con elementos fehacientes para afirmar que, a cambio de cumplir con esta instrucción, el gobierno apoyó a la compañía para que pudiera explotar la banda de 2.5 GHz.

Los argumentos de la parte demandante son tan absurdos que un juez de primera instancia absolvió a Carmen Aristegui, el viernes 14 de julio de 2017, del pago millonario reclamado por MVS. Insatisfechos con este resultado, los abogados de la empresa acudieron entonces ante el Tribunal Unitario del primer Circuito para apelar la sentencia.

Tres son los magistrados que van a decidir el asunto en fecha próxima: Elisa Macrina Álvarez Castro, Roberto Ramírez Ruiz y Fernando Alberto Casasola Mendoza. Tienen una gran responsabilidad en sus manos porque, de concederle razón a MVS, este columnista y cualquier otro, todos los autores de todos los prólogos de todos los libros que vayan a escribirse y/o publicarse en México, los académicos que investigan, los reporteros que informan y prácticamente cualquier otra persona que pise territorio mexicano tendrá que asumirse limitado en su libertad de expresar cualquier cosa de la que no tenga absoluta y definitiva prueba.

Es paradójico que la parte acusadora sea un medio de comunicación donde laboran profesionales de la información que, de triunfar MVS, tendrían que dejar de opinar en sus cabinas, so pena de ser condenados a pagar ríos de dinero en caso de volverse sospechosos de malicia a la hora de decir, analizar o informar.

Jenaro Villamil publicó el día de ayer una nota en la que denuncia al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, de instruir a la magistrada Elisa Macrina Álvarez Castro sobre cómo debería redactar la sentencia del caso (Proceso, 12/05/18).

De inmediato el ministro Pardo respondió con un boletín para presumir que él es un hombre “respetuoso de la independencia de todos los juzgados” y de ninguna manera se prestaría para torcer el curso de la justicia en el caso Carmen Aristegui. ¡En hora buena!

Cabe, sin embargo, preguntarse quién, con influencia y mucho poder, sí está enviando memorándums “estrictamente confidenciales” a los integrantes del Tribunal Unitario del primer Circuito con objeto de influir en la futura sentencia. (Cuento con una copia de tales documentos.)

¿Quién posee tanta malicia como para querer aniquilar la libertad de expresión en nuestro país?

ZOOM: Carmen Aristegui encontrará pronto un espacio radiofónico donde continuará con su apreciada labor periodística. Si yo fuera alguno de sus verdugos, estaría preocupado. No importa si el fantasma de opereta dejó ya de trabajar en Los Pinos porque sus modos siempre son iguales. Prefiero no decir aquí su nombre, no vaya a ser que también a mí me demande.