Pedro Sánchez ha optado por mantener la relación de 'statu quo' con la Iglesia católica. El PSOE da así un giro a la ofensiva económica y fiscal que ha defendido en los últimos tiempos contra una institución que sigue contando con una serie de ventajas o "privilegios". Así lo consideraban los socialistas que, hasta la moción de censura de junio, habían apostado por modificar de manera radical las conexiones del Estado con el Vaticano. Pero son otros tiempos y ahora el sanchismo prefiere centrarse en aspectos diferentes de cara al 28-A.

Fuentes cercanas al Comité Electoral confirman a La Información que en el programa electoral del PSOE, que tiene previsto desvelarse en las próximas horas, no existe "ni un línea" sobre la propuesta de modificar los acuerdos que tienen firmados España y la Santa Sede y que datan del año 1979. Se trata de un tratado internacional que solo puede denunciar el Gobierno de turno y que los socialistas, por tanto, no tienen intención de abordar si consiguen retener el poder durante la próxima legislatura.

Mira también Sánchez se plantea suprimir las ventajas fiscales de la Iglesia y que pague el IBI

El 'sanchismo' renuncia así a una ofensiva que pretendía, esencialmente, modificar el texto del Concordato con el Vaticano relativo a los asuntos económicos y acabar con determinadas ventajas fiscales de la Iglesia. Esencialmente lo que los socialistas planteaban era poner fin a exenciones en el pago de impuestos -la Conferencia Episcopal los enumera aquí- o a la financiación a través del IRPF en la Declaración de la Renta. Una 'guerra', por tanto, que el PSOE de Sánchez aparca ahora a pesar de que la resolución del 39 Congreso federal del PSOE establecía que "España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos".

IBI a los lugares que no son de culto

Fuentes de Ferraz explican que lo que no podrá evitar el futuro Gobierno -si es del PSOE- es que la Iglesia católica comience a pagar el IBI de determinados bienes inmuebles que posee y que no son de culto. Se trata de casas parroquiales, abadías, colegios, hospitales o polideportivos, entre otros, que sí abonarán el correspondiente impuesto que es gestionado de manera conjunta por la Administración del Estado y los diferentes ayuntamientos. Los templos sí quedarán exentos de la tasa.

Y es que el Ministerio de Justicia está ultimando el listado de los en torno a 40.000 bienes inmatriculados que posee la Iglesia en España (el más emblemático es la Mezquita de Córdoba), según confirman fuentes del equipo de Dolores Delgado. El departamento tiene prácticamente concluida la famosa 'lista del IBI' para remitirla al Congreso de los Diputados y, previsiblemente, darla a conocer. Fuentes del PSOE afirman que ya se han recurrido muchos de estos lugares no de culto y que, al ser una medida en marcha, no estará incluida en el programa de los socialistas para el 28-A.

Mira también Moncloa publicará las calles y plazas de la Iglesia para que los municipios reclamen

El siguiente paso corresponde a los ayuntamientos. La publicación de este listado de bienes inmatriculados dará pie a que los consistorios comiencen a reclamar a la Iglesia el pago del IBI de los mismos que no se dedican al culto propiamente dicho. Y también los particulares podrán reclamar propiedades que consideren que son suyas.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hace unos meses que algunas exenciones fiscales a la Iglesia católica en nuestro país podrían constituir ayudas estatales ilegales. Y, por otra parte, el Tribunal Constitucional rechazó en diciembre de 2013 la decisión del Parlamento de Navarra de cobrar el IBI a todos los inmuebles de la Iglesia católica y del resto de confesiones que sí se destinan al culto.

Por qué esta 'paz' con la Iglesia

La 'entente cordiale' sellada por el socialismo con la Iglesia coincide con el proceso de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El Gobierno de Sánchez ha necesitado la colaboración del Vaticano para no oponerse a un hecho histórico en nuestro país y que está previsto para el próximo 10 de junio. Hay que recordar que la propia vicepresidenta Carmen Calvo visitó en El Vaticano al secretario de Estado Pietro Parolin para hablar tanto del exdictador como de los bienes de la Iglesia que no pagan IBI.

El PSOE, en definitiva, ha experimentado un giro radical en sus planteamientos hacia la Iglesia. En el programa electoral con el que se presentó en 2016 se podía leer, entre sus propuestas, la disposición a caminar hacia la autofinanciación de todas las confesiones religiosas. En concreto se podía leer: "Optamos por la contribución activa y voluntaria de las personas afines a sus iglesias como medio adecuado para lograr una plena autonomía de las mismas en su sostenimiento. El sistema de asignación tributaria actual no es aceptable debiendo de ser suprimido en aplicación del principio de laicidad".

En el terreno más social, el Gobierno de Sánchez sí está dando algunos pasos de cara a avanzar hacia un Estado laico. Por ejemplo, esta Semana Santa el Ministerio de Defensa y sus delegaciones territoriales no ondearán la bandera a media asta, rompiendo con una tradición histórica. O en las tomas de posesión se eliminó la Biblia y el crucifico. Sin embargo, han sido decisiones puntuales ya que, entre otros aspectos, no se han eliminado los funerales de Estado católicos.

Mira también El nuevo PSOE acabará con las ventajas fiscales de la Iglesia si llega al Gobierno

Donde sí pretende avanzar el Gobierno de Sánchez en la próxima legislatura es en la muerte digna. Era una medida en cartera que no ha quedado satisfecha y que tras lo ocurrido con María José Carrasco estos días quieren acelerar. La propuesta de los socialistas hace referencia a que, al igual que la Constitución protege tener una vida digna, se debe ofrecer respaldo legal a aquellos enfermos que deseen tener una muerte también digna. En Ferraz recuerdan el caso del tetrapléjico Ramón Sampedro como el mejor ejemplo de que, bajo su punto de vista, el Estado necesita solucionar este vacío legal.