A nueve meses de la nueva ley de alquileres que los eximió del pago de comisiones inmobiliarias, los inquilinos van por más. Esta tarde le presentarán al Gobierno porteño una lista de propuestas para bajar los costos de los alquileres, entre las cuales intentaron acercar, sin consenso del resto del sector, una muy llamativa: cobrarles un impuesto a las viviendas ociosas para fomentar que sus dueños las alquilen.

Se trata de uno de los puntos que la asociación Inquilinos Agrupados llevó a la mesa de diálogo que conformó el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), y de la que también participan el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la Cámara Inmobiliaria y ONG técnicas. Se vienen reuniendo desde febrero.

De acuerdo a la iniciativa, el impuesto a la vivienda ociosa se aplicaría a aquellas propiedades que no están habitadas, que no se destinen a alquileres temporarios para turistas y que estén en condiciones de habitabilidad.

"La vivienda ociosa se chequea a través de los servicios, del nivel de consumo. Cuando se demuestra que la propiedad no está en uso, se le aplica un impuesto que va encareciendo su valor mes a mes", detalló Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, organización que impulsa la propuesta. El dinero que se obtuviera de ese impuesto se usaría para la construcción de viviendas públicas destinadas a alquiler, y no a venta como pasa con los planes actuales.

No es la primera vez que se plantea una iniciativa similar. De hecho, el legislador Roy Cortina, del Socialismo presentó meses atrás un proyecto en ese sentido. Y el año pasado, cuando se planteó la reforma de la ley de alquileres, también se mencionó esta posibilidad.

En tanto, en el documento que ayer le entregaron al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta los integrantes de la mesa de diálogo la creación de un impuesto quedó desestimada y no forma parte de las intenciones, pero sí se habla de "estudiar la situación actual de las viviendas ociosas para delinear programas con el objetivo de incorporarlas al mercado inmobiliario".

También se destaca la necesidad de crear un Registro Público de contratos de alquiler. "Es central para blanquear el manejo del mercado inmobiliario. Cada vez que se cierra un alquiler el contrato tiene que ingresar en una base donde se puedan chequear las condiciones, y que los obligue a emitir un comprobante de pago válido. Ahora uno abona y te entregan un recibo que lo compran en la librería", dice Muñoz.

Otro destacado es el sistema de garantía público, un servicio que se ofrecería a través del Banco Ciudad. El inquilino haría un depósito y podría presentar el certificado como garantía. "El objetivo es que pagando una suma equivalente a medio mes de alquiler (ahora te cobran de dos a cuatro meses en entidades bancarias privadas), el Banco Ciudad te ofrezca una garantía y responda en caso de falta de pago", explica Muñoz.

Otro pedido, que muy probablemente sea aceptado, es que la certificación de firmas sea gratuita. Hoy, por un trámite que cuesta alrededor de $ 400 los locatarios terminan abonando cerca de $ 2.000 debido a los costos de gestoría que imponen las inmobiliarias. El trámite se podría empezar a hacer ante funcionarios públicos de la Ciudad, sin costo.

Según Inquilinos Agrupados, el alquiler representa el 41% de los ingresos. Una cifra que cercena cada vez más las posibilidades de muchos ciudadanos de acceder a un vivienda. En ese sentido, el valor actual del metro cuadrado en la Ciudad es el más alto de los últimos 40 años, y apenas lo superan grandes urbes como San Pablo. Además, en lo que va del año los alquileres aumentaron un 13,6%, de acuerdo a un informe de Zonaprop. El promedio para un departamento de dos ambientes es de $ 11.173.

Luego de la presentación frente al Jefe de Gobierno, el paquete de propuestas seguirá su curso con la meta de ingresar como proyecto a la Legislatura porteña. Pero algunas iniciativas podrían aplicarse sin necesidad de convertirlas en ley. "Son más de diez propuestas en las que todos nos pusimos de acuerdo. La garantía inmobiliaria, las mediaciones gratuitas en sedes comunales, la gratuidad de la certificación de firmas y otras medidas podrían ser de aplicación inmediata", aseguró Juan Maquieyra, presidente del IVC.



Mientras tanto, también está pendiente la Ley Nacional de Alquileres, que tiene media sanción del Senado y espera aún el tratamiento en Diputados. Su punto más importante es la definición de un método de indexación que impida que los alquileres se disparen muy por encima de la inflación y la suba de salarios.