Se extiende recorte salarial con visto bueno oficial: suman a la indumentaria y autopistas

El Gobierno avaló acuerdos de crisis en nuevos sectores, incluidas las Pymes. Los acuerdos de Cavalieri, Moyano y la tensa pelea en McDonald´s.

"Prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina". El mensaje de Alberto Fernández fue decodificado sin ambigüedad por los empresarios: con algunos retoques y permisos estrictos, la cuarentena continuará sin mayores cambios y las persianas seguirán bajas. La economía deberá esperar.

Ninguno de los popes empresarios se animó a criticarlo públicamente. Pero la "calentura" se reflejó en las videoconferencias frenéticas que mantuvieron el fin de semana para avanzar de inmediato en acuerdos de crisis con los gremios. Esa fue la orden que bajaron los CEOs a sus áreas legales y estudios de abogados.

Fracasado el intento de negociar una mayor apertura de actividades, como exigieron la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio, la segunda fase de la emergencia laboral se aceleró en el rubro comercio y la industria textil, dos sectores que de conjunto concentran cerca de dos millones de empleos.

En las últimas horas, la tienda de ropa Vitamina y UMA alcanzaron un entendimiento con el sindicato de empleados textiles (SETIA) para suspender por 60 días a 400 empleados en todo el país y cobrar el 70% del salario bruto. De esa forma, las empresas buscan reducir el impacto del cierre de los shopping centers y los locales de venta.Por estas horas, las marcas de indumentaria negocian un acuerdo similar en sus 40 locales con el líder del sindicato de comercio, Armando Cavalieri. La idea es seguir el esquema convenido este lunes en Autopistas Urbanas (AUSA), donde la seccional de su gremio liderada por Oscar Rainoldi acordó la reducción de la jornada de 600 trabajadores de un total de 900, mientras el personal restante realizará guardias mínimas y teletrabajo. El plan de crisis al que accedió este medio contempla el pago del 70% de la remuneración total de marzo y abril, incluyendo los adicionales en la base de cálculo. Al no aplicarse los descuentos por ley del 19,5%, la suma no remunerativa será el equivalente al 87% de su ingreso neto normal.

Esto se debe a que el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo exime al empleado de realizar aportes a la seguridad social y al empleador de las contribuciones patronales. En este caso, la empresa solo aporta el 6% correspondiente a la obra social y paga el seguro de vida colectivo.

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Las suspensiones de carácter rotativo y temporal están inspiradas en los acuerdos del gremio automotriz Smata. La empresa del Gobierno de la Ciudad busca así reducir el impacto de la pérdida de ingresos en virtud de la liberación de los peajes promovida por las autoridades nacionales para facilitar el tránsito de vehículos particulares. La parte sindical, por su lado, apunta a reducir la exposición del personal al contagio del coronavirus y sostener el empleo.

"Quizás, el valor más importante de este Acuerdo, es que nos da un marco de previsibilidad para los meses de abril y mayo de 2020, ante tanta incertidumbre. Creemos firmemente, que es la mejor manera de defender la empleabilidad y los salarios en medio de esta incertidumbre económica y preservar la salud de los trabajadores", señaló la comisión interna en un comunicado.El acuerdo difiere de las recientes suspensiones pactadas por Autopistas del Sol (AUSOL) y Autopistas del Oeste. Allí, las concesionarias en mano del grupo Abertis negociaron el pago del 100% sobre el salario básico con el sindicato del Peaje (SUTPA), encabezado por Sergio Sánchez, cuyo convenio rige en el Acceso Norte y Oeste. Sánchez es un hombre que reporta al diputado y extitular del gremio, Facundo Moyano.

Con sus propios estilos de negociación, uno dialoguista y otro más confrontativo, Cavalieri y Hugo Moyano se corrieron de su rol habitual en los últimos días. Previo a la prolongación del aislamiento obligatorio, el "Gitano" advirtió en un comunicado el viernes que la economía y la salud son "indivisibles" y que las empresas podrían dejar de pagar salarios desde mayo. El llamado a "tomar conciencia" parecía estar dirigido al Gobierno.

El líder camionero, en tanto, selló una paz tácita con las empresas de logística, alimentos y bebidas. El trato contempla desde la entrega de mercadería de grandes proveedores hacia comedores barriales hasta la decisión de no exigir un bono por la emergencia -como hizo Cavalieri en supermercados- y la suspensión del pago de viáticos y comida a los choferes inactivos. A cambio, las empresas se comprometieron a mantener sus plantillas. Eso es lo que se acordó, por ejemplo, con Garbarino, Musimundo y Frávega.

Un "modelo" que se extiende

La andanada de suspensiones registrada a lo largo de toda la cadena textil, las automotrices y la industria siderúgica se apoya en el artículo 223 bis, una variante que contempla la reducción de la jornada laboral y los sueldos en forma concertada con los gremios. Se trata del mismo modelo inaugurado por la aerolínea low cost Flybondi y el sindicato de empresa, que se expandió con rapidez desde la prohibición de los despidos y suspensiones por fuerza mayor.

El Gobierno habilitó ese tipo de acuerdos con el decreto 329 para limitar medidas unilaterales, tras el enfrentamiento con el grupo Techint por 1.450 despidos en la construcción. En un gesto de acercamiento, Alberto Fernández se reunió con directivos del holding. Su dueño, Paolo Rocca, busca obtener un permiso para reactivar la producción de Tenaris-Siderca en Campana, mientras negocia suspensiones y una rebaja salarial del 35% con el gremio metalúrgico UOM en Ternium Siderar de San Nicolás.

El malestar persiste igualmente en el ámbito privado. Una nueva tanda de empresas decidió este fin de semana cortar por lo más delgado, en vistas del aislamiento obligatorio extendido y la demora de las autoridades en otorgar los anunciados beneficios fiscales, créditos a tasas del 24% y los subsidios Repro para financiar el pago de salarios.

"El DNU 355/20 (prórroga de la cuarentena) tuvo un impacto demoledor en las expectativas de algunos sectores que estaban intentando consensuar protocolos de prevención de COVID 19 por si se arrancaba. No hizo más que precipitar la convicción de avanzar en acuerdos de crisis con suspensiones concertadas no solo para las actividades paralizadas, sino también para los empleados en aislamiento por distintos motivos y de actividades esenciales", explicó a este medio el asesor de empresas Héctor García.

El nuevo clima se extendió a las cadenas de comida rápida, con la decisión unilateral de McDonald’s, Burger King, Mostaza, Starbucks, Wendy’s y KFC de rebajar un 50% los salarios de marzo de sus 25.000 empleados.

La intervención del Ministerio de Trabajo forzó una negociación el viernes pasado durante una audiencia virtual de la que participó la directora de Relaciones Laborales, Gabriela Marcello, el titular del gremio de pasteleros, Luis Hlebowicz, y la Cámara de Establecimientos de Servicios Rápidos y Expendio de Emparedados y Afines.

En ese marco, los abogados patronales aceptaron restituir el sueldo completo de marzo, pero propusieron recortarlo a la mitad en abril, mayo y junio, junto con el pago de Repros para financiar las remuneraciones por el equivalente a un salario mínimo ($17.000) por trabajador. El pedido descolocó al gremio. Con un salario promedio de $20.000, la rebaja dejaría a muchos trabajadores sin poder pagar el alquiler. Más de la mitad de la fuerza laboral está compuesta por estudiantes de entre 16 y 24 años bajo un régimen "part time" con jornadas de entre dos y tres días por semana. Pero la propuesta empresaria también es un desafío para el Estado al representar un gasto extra en subsidios de $450 millones, en momentos que el Gobierno ya comprometió $300.000 millones en el programa de asistencia al sector privado puesto en marcha este lunes.

Síntomas de resistencia

Las suspensiones en cascada generan suspicacias en el ámbito sindical. Por un lado, observan un corrimiento de las expectativas empresarias: ya no les alcanza con los anuncios oficiales de la semana pasada. Por otro, notan que muchas firmas aplican la máxima vandorista de "golpear para negociar" con el objetivo de debilitar la posición de los gremios, negociar con Trabajo y obtener eventuales beneficios del Estado.

Por ese motivo, varios dirigentes le manifestaron su preocupación al titular de la CGT, Héctor Daer. "Estamos todos en el mismo barco", les respondió. En la UIA, reconocen que la administración de las suspensiones "es la única ventana para reducir el impacto de la crisis". Y en el interior los industriales no descartan retomar la actividad con autorizaciones "artesanales".

Otro indicio del nuevo escenario es la avalancha de Pymes que empezaron a negociar suspensiones en el sector automotor, textil y casinos. El abogado de empresa Juan Carlos Cerutti y el especialista Ricardo Sosa, del estudio Lisicki Litvin y Asociados, atendieron este lunes a 256 clientes en una multiconferencia.

Son pequeñas, medianas y grandes empresas de entre 150 y hasta 500 empleados que están firmando acuerdos por su cuenta o a través de sus cámaras con los gremios para pagar el 70% del salario bruto. La idea es cerrarlos cuanto antes, pero no siempre es fácil: los aceiteros se niegan a firmar rebajas salariales, mientras que los obreros de la construcción se oponen en algunos casos a abandonar la cuarentena.

También hay señales de resistencia en la industria de la carne. Las medidas de ajuste dispararon este lunes un paro nacional en los frigoríficos, una medida que paralizó más de una docena de plantas en rechazo al cierre de la fábrica Penta, en Quilmes, tras la represión registrada la semana pasada.

El sindicato del neumático plantea reparos a la reciente autorización de la producción de cubiertas y Dánica Dorada se vio obligada a levantar el lock out en su planta del sur bonaerense, donde tuvo que reincorporar al personal despedido luego de fuertes protestas.

Los gremios de la salud, asimismo, lograron en las últimas horas que las ART cubran el coronavirus. Si bien se mantendrá fuera del listado de enfermedades profesionales, como pedían las aseguradoras, se consideró "presuntivamente" al Covid-19 una patología laboral, por lo que las comisiones médicas deberán demostrar que no existe causalidad con las tareas realizadas.