Por Martín Krause

Desde que se desatara la crisis griega las referencias a la Argentina se han multiplicado, incluso se sugiere aplicar similares soluciones. En algunos aspectos la situación parece similar: alto déficit fiscal y endeudamiento; tipo de cambio fijo; paquetes de ayuda que se suceden unos a otros; programas que se anuncian y no se cumplen. Las noticias del día pasan a ser el nivel de riesgo-país o el anuncio de algún nuevo ajuste, alguna propuesta de renegociación de la deuda o renovada ayuda externa, hasta que se termina.

Cuando se habla de una posible salida “argentina” a la crisis griega se piensa sobre todo en la devaluación, unida inevitablemente al default de la deuda pública. Las recetas de ajuste fiscal con mayores impuestos son recesivas, se entra en una espiral descendente de caída de la actividad económica, menor recaudación y menores posibilidades de pagar la deuda. Una devaluación, como pasara en el caso argentino, permite al estado pasar del déficit al superávit en poco tiempo. Por las siguientes razones: las exportaciones se hacen más baratas (hasta se puede cobrarles un impuesto dada la mayor rentabilidad relativa); las importaciones son más caras, esto mejora la ventaja comparativa y se reactiva la industria local por sustitución de importaciones. Además, aumentan los precios en moneda local pero menos que la devaluación de la moneda por la profunda recesión de la economía. Esto permite al estado aumentar su recaudación en dólares proveniente del impuesto a las exportaciones o de los aranceles a las importaciones, y esos dólares ahora significan una mayor recaudación en la moneda devaluada. Por otro lado, aumentan algunos precios locales pero no los salarios dada la recesión interna: el estado recauda más inmediatamente por el IVA y su gasto en salarios o jubilaciones no aumenta en tanto pueda demorar el ajuste.

El impacto en la población, por supuesto, es muy duro, el ajuste recae sobre todos no solamente sobre el sector público. En el caso argentino un ministro de economía perdió su cargo por proponer reducir salarios al sector público, luego vino otro que devaluó y, efectivamente, se los redujo a todos.

Ahora bien, en el caso argentino, si bien la devaluación significó romper todos los contratos y la violación descarada de los derechos de propiedad, por cierto que era más sencillo, tal vez, derogar una ley que fijaba la paridad cambiaria, que comenzar a emitir una moneda nueva y abandonar el Euro, como es el caso griego. Pero la solución argentina tuvo otro componente, que podría ser adaptado a este caso.

Grecia, más que actuar como Argentina, actuaría como una de sus provincias, tal como ahora es un estado dentro de la Unión Europea. Enfrentados con una fuerte restricción presupuestaria muchas provincias argentinas decidieron “emitir”. Claro que no podían emitir moneda, atribución que corresponde solamente al gobierno nacional, pero emitieron “bonos”, con los que pagaron las cuentas a fin de mes, en particular los salarios de los empleados públicos. Esos bonos, a diferencia de la moneda, tenían una fecha de vencimiento y pagaban una cierta tasa de interés.

El problema político que se presenta en estos casos es que el mercado en forma inmediata acepta esos bonos solamente con un descuento, lo que implica una reducción inmediata del salario de los empleados públicos. Reducirlos de una vez pondría a los empleados en la calle u ocupando los edificios públicos y al gobernador en una situación que no desea. Hacerlo por medio de bonos que se descuentan es lo mismo pero algo más indirecto. No obstante, tan solo hace falta ir a un supermercado para comprobar la reducción del poder adquisitivo por lo que es probable que los empleados públicos salgan a la calle igual. Para evitar esto, los gobiernos provinciales forzaron a los establecimientos comerciales a aceptar esos bonos a la par. Algo mejoró esto la situación para los empleados pero ellos no gastan solamente en los supermercados. Sobrevenida la devaluación, el Banco Central absorbió luego esos bonos provinciales, cambiándolos por nuevos emitidos pesos, algo que la autoridad monetaria ahora podía hacer al haber salido del cepo impuesto por la convertibilidad monetaria, por supuesto al costo de un golpe inflacionario.

Esto quiere decir que el costo de estas medidas recayó en parte en los empleados públicos provinciales, en los supermercados que no pudieron trasladar esos bonos a sus proveedores, y en buena medida en todos los argentinos vía inflación. Si el caso griego copiara esta solución, entonces Grecia emitiría bonos, pagaría sus gastos y luego esos bonos serían tomados por el Banco Central Europeo a cambio de recién emitidos euros. Los costos recaerían, en forma similar, en parte solamente en los empleados públicos y jubilados griegos y en mayor medida en el resto de los europeos vía inflación.

Pero no tiene porque ser así, aun cuando en parte tomara Grecia esta solución prestada. Uno de los grandes temas de esta saga es la resistencia o demora del gobierno griego para desprenderse de parte de sus activos (empresas estatales o propiedades públicas). Es comprensible que tales procesos llevan tiempo y el gobierno necesita pagar sus gastos y su deuda ahora.

Una alternativa posible podría ser que el gobierno griego emita bonos para pagar su deuda y su gasto con garantía en esos activos públicos, pero ahora convertibles en acciones en forma automática a su vencimiento. Supongamos que el bono emitido es a dos años, cumplido el plazo quien lo posea tendría la posibilidad de cambiarlo por una acción a su elección entre distintos activos públicos, la privatización seria automática. Los accionistas luego, tomarían a su cargo esos activos y deberían decidir su gestión en asambleas, las acciones cotizarían en la bolsa.

Para los apegados a las propiedades públicas esta alternativa le otorga dos años para resolver los problemas fiscales. Es cierto que bien podrían hacerlo aumentando impuestos, pero si algo iluminara a los griegos, lo mejores sería reducirlos y desregular la economía.