El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la reforma constitucional que pretende regular y transparentar las deudas de estados y municipios, establecer sanciones a entidades que no establezcan medidas de ajuste ante el alto endeudamiento.

Durante la sesión ordinaria se aprobó por 100 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones la reforma que también prohíbe se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal.

Para la discusión en lo particular de esta reforma constitucional se reservaron los artículos 73, 79, 117, así como tres transitorios.

Esta reforma impide que el Senado ponga límites a los estados en cuanto a la contratación de créditos y también limita las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en cuanto a la fiscalización de ese dinero.

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