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Ciudad de México.- La fracción del PRI en la Cámara de Diputados denunció la utilización de la información institucional, páginas oficiales y redes sociales del gobierno federal para la promoción personal del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando ello puede constituir un delito por el probable desvío de recursos públicos.



“Para el grupo parlamentario del PRI es lamentable que dependencias del gobierno federal utilicen la estrategia de comunicación social para impulsar la imagen y nombre del Presidente de la República, por lo que hace un llamado al Ejecutivo federal a circunscribirse al marco jurídico y no utilizar las herramientas de comunicación, no incitar a la violencia, ni transmitir más mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”, remarcó.

En el contexto del combate al robo de combustible, al menos dos secretarías han utilizado sus cuentas oficiales para solicitar y promocionar el apoyo para Andrés Manuel López Obrador, acusaron los legisladores priistas.



Como ejemplo señalaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el pasado 10 de enero publicó en su cuenta oficial de una red social el mensaje “apoyemos al presidente Andrés Manuel López Obrador”.



Este llamado se acompañó de una tarjeta con el logotipo del gobierno de México y el Escudo Nacional, así como la utilización de la imagen de héroes patrios.



A su vez, la Secretaría de Economía difundió el pasado 11 de enero el tuit “Apoyemos al presidente @lopezobrador_ #NoAlHuachicoleo #NoMasCorrupción #HagámosloJuntos”, seguido de los logotipos oficiales de la dependencia y el Escudo Nacional.

La bancada del PRI en el Palacio de San Lázaro advirtió que esos hechos representan una violación a la Constitución, la cual señala que la propaganda de los poderes públicos debe tener carácter institucional y debe emprenderse para fines informativos, educativos y de orientación social.



Asimismo es una transgresión a la Ley General de Comunicación Social que, en su artículo 9, establece que las campañas de comunicación social no podrán tener como finalidad “destacar de manera personalizada nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público, o bien, incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales”.



Por ello, indicó, es preciso imponer las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho procedan contra los servidores públicos que, por acción u omisión, participaron en estos sucesos, ya que se deja un precedente negativo en la utilización de los recursos públicos con los que cuenta la actual administración federal.





Con información de Milenio



