¿Qué tienen en común una persona que ha sido llamada el Capo de las Drogas, una que soslayó innumerables asesinatos, otra que desvió más de 80 mil millones de pesos del erario, y una más que llegó al poder gracias a la maquinaria política del narcotráfico?

Sencillo: todos fueron gobernadores, todos son del Partido Revolucionario Institucional –el partido del Presidente Enrique Peña Nieto–, y a todos ellos, y en especial a su “maldad”, los analiza Ricardo Ravelo en su libro “Los incómodos”.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Ahora detenidos y procesados, Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2005), Eugenio Hernández (Tamaulipas, 2005-2010), Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) y Roberto Borge (Quintana Roo, 2011-2016) constituyen una casta que utilizó el poder político y la confianza popular para satisfacer los más descabellados caprichos, vivir con escandalosa opulencia y cualquier tipo de excesos, y todo gracias a los recursos de cada entidad, a costillas del pueblo al que dejaron en llamas.

La astucia, sin duda, es necesaria para sostener el teatro que montaron por gobierno, pero una estratagema del calibre de los que se encuentran en este libro requiere maldad. La investigación exhaustiva que presenta el autor revela datos y declaraciones sobre los momentos cruciales en los que las administraciones de estos personajes se volcaron en un perfecto desastre. Una vez más, y de forma lamentable, la realidad supera a la ficción.

La historia de sus mandatos es la historia de nuestros gobiernos recientes, esa triste memoria nacional que quedará. Helos aquí, consumados villanos de estados que han manoseado a voluntad, Los incómodos, esa estirpe ingobernable.

Fragmento del libro Los Incómodos (Temas de hoy), © 2017, Ricardo Ravelo. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México

TOMÁS YARRINGTON: EL CAPO FANTASMA

Luego, Gamundi repitió la operación en Colima, donde parecía que el PRI se hundía en su propio lodazal: en enero de 2016 apuntaló la campaña de Ignacio Nacho Peralta y ganó la gubernatura en una operación en la que, de nueva cuenta, salió a relucir su magia electoral y capacidad para ganar elecciones. Quizá por ello este esbirro de Tomás Yarrington siga impune, no obstante las acusaciones que carga a cuestas desde 2009.

LOS PACTOS

El testigo Puga Quintanilla, El Pitufo, refiere en su amplio testimonio que a la reunión efectuada en la casa de Alí Rodolfo Nájera también asistió Rodolfo Torre Cantú, candidato fallido al gobierno de Tamaulipas, asesinado por el crimen organizado en junio de 2010, pocos días antes de las elecciones, en una operación en la que, según las investigaciones de la PGR, se habrían confabulado Yarrington, Eugenio Hernández y el entonces jefe del Cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, aparentemente porque el candidato del PRI se negó a pactar con el narcotráfico para mantener el negocio de la llamada “empresa criminal” en Tamaulipas, construida tres sexenios atrás.

El clan no estaría completo sin Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal testaferro de Tomás Yarrington y enlace entre el crimen organizado y el gobierno estatal de 1999 a 2004, cuya presencia también fue testificada por El Pitufo. Se dieron cita también el propio testigo colaborador, entonces miembro del Cártel del Golfo, así como Heriberto Lazcano Lazcano, desertor militar, fundador de Los Zetas en 1997 junto con Arturo Guzmán Decenas y que, según una versión oficial, fue abatido por efectivos de la Marina en 2012 en Coahuila, hecho que desató confusiones, dudas y sospechas después de que un grupo armado se robó el cuerpo del exmilitar del sitio donde se efectuaba la autopsia.

La reunión comenzó. Eugenio Hernández, según el testigo declarante, abrió el diálogo con el planteamiento sobre quién o quiénes se encargarían de realizar los pagos y movimientos que se requirieran luego de que asumiera el cargo de gobernador, y ahí se acordó que serían Los Zetas, a través de sus principales operadores en la plaza de Ciudad Victoria y cuyos nombres eran Alberto González Xalate, El Paisa, Rogelio Díaz Cuéllar, El Rojo, “y el de la voz”.

En su amplio testimonio, en poder de la DEA y de la SEIDO, El Pitufo declaró que en esa reunión se acordó que ese día a él le tocaría transportar del municipio de Valle Hermoso a Ciudad Victoria 25 millones de dólares ocultos en 10 maletas, las cuales subió a una camioneta Avalanche negra. El dinero lo tenía que entregar en un rancho donde, según declaró, bajó las maletas y las puso a la vista de Eugenio Hernández.

“Ante el entonces mandatario —prosigue— manifesté que contenían 25 millones de dólares y que el dinero se lo entregaba Heriberto Lazcano Lazcano, lo que agradeció, y le ordenó a Ricardo Gamundi Rosas, Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, y Fernando Cano Martínez que subieran las maletas a una camioneta Suburban blanca, lo que de inmediato hicieron”.

Las investigaciones contra Tomás Yarrington empezaron formalmente en México en 2004, aunque extrañamente después se detuvieron, no así en Estados Unidos, donde se integraron voluminosos expedientes que lo inculpan no solo como protector del Cártel del Golfo, sino como capo de la droga; por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y uso de una red de prestanombres para ocultar su cuantiosa fortuna.

En abril de 2004, con base en reportes registrados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, y a raíz del desgobierno en Tamaulipas que propició la infiltración del crimen organizado, la red de complicidades entre políticos y narcos, el lavado de dinero, el financiamiento de campañas, la ola de crímenes y la impunidad con la que se cobijó al narco, la PGR comenzó a investigar al entonces gobernador Yarrington Ruvalcaba por sus vínculos con el tráfico de drogas.

En aquel momento, el responsable de la indagatoria era José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), muerto en noviembre de 2008 en un avionazo en el que también falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en circunstancias todavía no aclaradas por el gobierno federal. Cuando la investigación se encontraba a la mitad de su fase, Vasconcelos le confirmó al que esto escribe (entonces reportero de Proceso) los pormenores de la indagatoria, que fueran publicados en la edición 1433 bajo el siguiente encabezado: “Narcogobierno en Tamaulipas”.

En su detallada explicación, Vasconcelos dijo que la investigación había empezado por las estructuras policiacas estatales y ministeriales, contaminadas en su mayoría por el narcotráfico, y que en estas pesquisas se incluía a los mandos medios y altos ligados al crimen organizado a través de la red de protección o incorporados directamente a las tareas de trasiego de droga, secuestros y a la base de sicarios del Cártel del Golfo, entonces bajo las órdenes de Osiel Cárdenas.

La investigación tenía como punto de partida el reporte 92c-ho-26953 (0-21), que ya relacionaba a Tomás Yarrington con Osiel Cárdenas, aunque hasta esa fecha el exgobernador tamaulipeco no tenía el carácter de indiciado, si bien no se descartaba que alcanzara tal condición, según dijo Vasconcelos:

La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ya ocurrió en Chihuahua, hasta llegar a la cabeza, es decir, al gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador aún no tiene [2004] el carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo con el caso de Mario Villanueva, quien resultó ser una pieza central en el engranaje del Cártel de Juárez en el Caribe mexicano.

Al ampliar los detalles del inicio de la investigación, Vasconcelos expuso:

Las investigaciones de este tipo siempre se realizan de abajo hacia arriba: se empieza por la red de protección que integran los organismos de la procuración de justicia y se va escalando, porque si empezamos de arriba hacia abajo ¿sabe qué agarramos? Nada.

Incluso con la anuencia del entonces presidente Vicente Fox —el que sacó al PRI de Los Pinos tras permanecer este 70 años en el poder, y que prometió cambios en el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada sin cumplir sus promesas fehacientemente— la investigación de la PGR tuvo serios obstáculos: varios agentes federales desaparecieron en Tamaulipas durante la realización de su trabajo. Un caso escandaloso fue la desaparición de cuatro agentes de la PGR que presuntamente fueron secuestrados por el Cártel del Golfo y después arrojados al río Bravo atados a pedazos de concreto o hierro. Nunca los encontraron.

Conforme avanzó la investigación, la PGR fue acreditando con datos y evidencias que durante la administración de Tomás Yarrington el Cártel del Golfo disponía de una amplia estructura política y criminal que hacía las veces de escudo, de blindaje, pues todos los operativos implementados para desarticular al cártel terminaban estrellándose en el cerco protector conformado no solo por Los Zetas sino por policías y funcionarios que cuando no alertaban a los narcotraficantes mediante llamadas telefónicas, se enfrentaban a las fuerzas armadas con una amplia y poderosa capacidad de fuego.

El radio de la investigación federal contra Yarrington y el Cártel del Golfo se fue ampliando y pudieron abrirse mayores espacios tras la captura del jefe del Cártel del Golfo, el 15 de marzo de 2003, en Matamoros. La tarea no fue sencilla ni con ello se pudo exterminar a la organización —pronto hubo un relevo en la jefatura— pero sí marcó un parteaguas en la lucha criminal en Tamaulipas, ya que se pudo conocer con mayores detalles y elementos de prueba la participación directa de buena parte de la clase política y empresarial de Tamaulipas en el crimen organizado y el lavado de dinero. La captura de Osiel dirigió aún más los reflectores nacionales e internacionales hacia Tomás Yarrington y su clan.

El plan de trabajo para capturar a Osiel Cárdenas duró seis meses, y un hombre central en esta tarea fue Alberto Vázquez Guzmán —el testigo protegido Rufino—, conocido dentro de la organización como Paquito, el hombre de confianza de Osiel Cárdenas, su personero, centinela de 24 horas, vigía incansable y quien antes de ser detenido por la PGR se libró de varios atentados y amenazas de muerte que, según supo después, fueron ordenados por Osiel. De ahí que Paquito ya no pudo dudar de que su jefe en realidad era un verdadero “mata amigos”.

Durante su etapa como testigo protegido de la PGR y de la DEA, Paquito y/o Rufino detalló la forma de operar de Osiel Cárdenas: expuso que el jefe del Cártel del Golfo utilizaba entre 30 y 31 teléfonos celulares —según los días de cada mes—, uno por día, a fin de que sus conversaciones no fueran intervenidas.

De lunes a domingo, el hombre de confianza de Osiel sacaba de un cajón especial el número telefónico que le tocaba usar. Sin embargo, el capo no pudo evadirse de las escuchas por mucho tiempo: un día la inteligencia mexicana grabó una conversación entre él y su hija. Ambos hablaban de la fiesta de 15 años que se aproximaba y para la que ya se organizaban los preparativos. El festejo sería en Matamoros.

En la SIEDO alertaron a la Policía Federal, coadyuvante en esta investigación, para que realizara un amplio operativo. La instrucción era precisa: “Ahí donde huela a carne asada está la fiesta”. Y es que, según los testigos que lo conocieron, Osiel era un sibarita que solía degustar carne asada, su comida preferida.

Y el día de la fiesta esta no podía faltar en el banquete. El operativo se llevó a cabo y Osiel Cárdenas fue localizado en una de sus casas de Matamoros. En realidad tenía más de 20 escondites en varios puntos del estado. La cuadra fue rodeada y ese día —15 de marzo de 2003— nada pasó. Al día siguiente las fuerzas federales irrumpieron en la residencia. Osiel, quien siempre dormía vestido por si había que salir huyendo, esa noche cayó rendido a pesar de que las más de las veces no conciliaba el sueño por temor a ser capturado o asesinado. Tampoco dormía, según el testigo, porque pasaba horas encerrado con mujeres consumiendo cocaína, su adicción y su locura.

Al percatarse de la presencia de marinos y militares, salió huyendo solo con un pantalón puesto. Con el torso desnudo saltó bardas y brincó por las azoteas de sus vecinos con la intención de evadirse, pero toda la zona estaba acordonada y no pudo escapar: fue detenido en la calle, cerrado el paso por convoyes militares para evitar su fuga o algún intento de rescate por parte de su equipo de sicarios: Los Zetas.

Cárdenas Guillén fue llevado al penal del Altiplano, en el Estado de México. Pero la cárcel no fue impedimento para seguir operando el tráfico de drogas y su empresa criminal. En la prisión disponía de teléfonos celulares, cómplices y de todo tipo de apoyos para continuar con la buena marcha de su negocio. Desde su celda ordenaba asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y todo lo que podía maquinar para mantenerse en pie de guerra frente a otros cárteles que estaban al acecho de su territorio.

Debido a su reclusión física, Osiel tuvo que nombrar a un sustituto en la jefatura del Cártel del Golfo. Y esa responsabilidad cayó en Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, uno de sus hombres de mayor confianza. Criminal desde que era policía de Matamoros, Costilla se erigió como el nuevo capo en Tamaulipas, pero se mantuvo bajo las órdenes de Osiel Cárdenas, algo inusual en el crimen organizado. Lo que explica este hecho, según el testigo Rufino, es que ambos eran muy buenos amigos, aunque la amistad en ese ambiente resulta ser una farsa.

***

La recolección de dinero del narcotráfico para financiar la campaña de Tomás Yarrington a la gubernatura funcionó como una maquinaria perfecta en todo Tamaulipas. Pero conforme avanzó el sexenio, las ambiciones personales de Yarrington fueron creciendo y no tuvieron límites: a la mitad de su gobierno se trazó el objetivo de ser candidato presidencial para la contienda de 2006, y desde 2004, el último año de su gobierno, apretó el acelerador para conseguir más fondos de la mafia y así poder enfrentar a Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, quien resultó candidato a la presidencia en ese año, no sin soportar una guerra sucia orquestada por el entonces gobernador de Tamaulipas.

En 2004 salió a flote la participación de Francisco Cayuela Villarreal, procurador durante el sexenio de Yarrington, en la recaudación de dinero del crimen organizado en Tamaulipas. El hecho confirma lo que declaró el testigo Rufino ante la PGR y la DEA: que el narcotráfico seguía operando sin problemas, pese a la caída de Osiel, y a que el Cártel del Golfo tenía el control de las policías y las autoridades responsables de la procuración de justicia.

El señalamiento en contra de Cayuela lo hizo Rubén Hernández López, un exagente de la policía ministerial apresado por haber participado en el secuestro y muerte, en diciembre de 2003, de José Antonio Cervantes Espeleta, un empresario regiomontano presuntamente relacionado con el lavado de dinero.

Este hecho desató un fuerte escándalo que confrontó a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas. El entonces gobernador de la primera entidad, José Natividad González Parás, dijo que el empresario había sido secuestrado y asesinado en Tamaulipas y que su cuerpo había sido arrojado en un municipio de Nuevo León. Lo incineraron con llantas para borrar su identidad.

El director de la policía ministerial de Tamaulipas, Óscar Mario Hinojosa Ramírez —ligado en 2004 con el narcotráfico e involucrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/483/2004 integrada en contra de Tomás Yarrington y cómplices— dijo entonces que el día de su secuestro y muerte Cervantes Espeleta iba acompañado de una dama y un amigo, este último identificado como Rubén Hernández López.

Tras la aparición del cuerpo, el procurador Francisco Cayuela dijo que la dependencia a su cargo carecía de elementos para acreditar que Cervantes Espeleta hubiera sido secuestrado, con lo cual pretendía lavarse las manos y zafarse del escándalo.

Este caso cobró mayor relevancia y encendió los focos rojos en el gobierno de Tomás Yarrington cuando la PGR atrajo la investigación y dio a conocer que detrás del plagio del empresario había una organización criminal conformada por policías ministeriales. Por su participación en los hechos se giraron órdenes de aprehensión en contra de Juan Manuel Ayala, El Metro, quien fungía como policía ministerial en Reynosa; Vicente Guillén Espinoza, El Cholula, expolicía ministerial, y Rubén Hernández López, exagente del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).

El caso Cervantes Espeleta tuvo varios efectos estruendosos: provocó el cese del director de la policía ministerial —Óscar Mario Hinojosa— y destapó la colusión de Cayuela Villarreal y agentes ministeriales en la recaudación de dinero del narcotráfico para apuntalar el financiamiento de la campaña presidencial de Tomás Yarrington.

EL TESTIGO SILENCIADO

En una carta que le envió a Karen Tandy, entonces directora de la DEA, Hernández López negó haber cometido el secuestro y asesinato de Cervantes Espeleta; dijo además que Óscar Mario Hinojosa le pidió que aceptara su responsabilidad en esos hechos y luego lo presionó secuestrando al hijo de su compañera sentimental. Después lo amenazó con que lo torturaría si no se echaba la culpa. “Por eso estoy aquí”, dijo.

Pero Hernández López era víctima y al mismo tiempo protagonista de dos historias. La segunda tenía que ver con su jefe, Francisco Cayuela, de quien fue chofer, luego se incorporó al GERI y trabajó muy cerca de Cayuela, según dijo entonces, en la búsqueda y detención de unas personas vinculadas con el narcotráfico. También entrenaba perros rottwailler y pastor belga para guardia, protección y detección de drogas. Cuando Cayuela fue ascendido como procurador se convirtió en su hombre de confianza. Después se fue separando, dijo, porque…