Más de 200 sociedades vinculadas a estos 109 parlamentarios aparecen en registros oficiales que revisó CIPER. Los rubros: comercio, inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías o consultorías, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles que podrían crearle a los nuevos congresistas conflictos de interés. Veinte omitieron sociedades en las declaraciones de patrimonio con que validaron sus candidaturas. Las empresas de otros siete tienen multas de la Dirección del Trabajo por faltas graves y al menos cinco hacen negocios con el Estado. El arco político va desde la UDI al PC.

Este domingo 11 de marzo 155 diputados y 43 senadores serán los protagonistas de la inauguración de un nuevo período del Poder Legislativo. La novedad es que, por primera vez desde la recuperación de la democracia, todos ellos fueron elegidos sin sistema binominal. CIPER revisó en detalle las sociedades de los 92 parlamentarios que debutan en el Congreso y de los 17 que, luego de uno o más periodos de ausencia, retomarán su función legislativa.

Son más de 200 las sociedades vinculadas a esos 109 parlamentarios, las que operan principalmente en los rubros de comercio e inversiones, agrícola, inmobiliario y construcción, asesorías y consultorías, transporte, publicidad y comunicaciones. Todas áreas sensibles con las que se cruzará directamente la agenda legislativa y que les abrirá a varios congresistas flancos por potenciales conflictos de interés.

Para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel), todos ellos tuvieron que cumplir con la normativa legal que los obliga a entregar una declaración de patrimonio e intereses. CIPER chequeó esos documentos e identificó a 20 parlamentarios que por distintos motivos no incluyeron en su declaración jurada sociedades en las que figuran como controladores o accionistas, vulnerando la Ley 20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia (promulgada en abril de 2016).

La revisión de CIPER detectó además 14 sociedades vinculadas a siete parlamentarios, que registran multas por infracciones a distintas normas laborales, algunas de ellas básicas, como no pagar remuneraciones, exceder jornadas de trabajo y no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones.

Allí destacan dos casos paradigmáticos: el senador Rodrigo Galilea Vial (IND-RN) propietario de siete empresas que acumulan un total de 130 sanciones de la Dirección del Trabajo (DT) y el diputado del Partido Comunista Boris Barrera Moreno, socio de dos empresas (una no incluida en su declaración de patrimonio) que en conjunto suman 15 multas de la DT.

La normativa exige además a diputados y senadores desprenderse de todos sus negocios –como personas naturales o a través de sus sociedades– con cualquier organismo del Estado. Ello, en un plazo de 120 días luego de asumir en el cargo.

Son cinco los parlamentarios que deberán acogerse a esta disposición, poniéndole término a una fuente de ingresos que en algunos casos asciende a varios millones de pesos. Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio Tomás Hirsch (PH),quien a través de dos sociedades se ha adjudicado licitaciones con organismos públicos por cerca de $300 millones.

En la nómina de los 109 parlamentarios revisada por CIPER, aparece también un puñado de diputados y senadores que han sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría General de la República o que aparecen involucrados en investigaciones del Ministerio Público. En esa última situación se encuentran los diputados Frank Sauerbaum (RN) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes han sido investigados por la Fiscalía por los contratos y pagos que recibieron de empresas pesqueras que se beneficiaron con la cuestionada Ley de Pesca.

SOCIEDADES OMITIDAS

La revisión de CIPER arrojó que al menos 20 de los legisladores que se sumarán al Congreso no cumplieron con la obligación de incorporar todas las sociedades comerciales que integran y que cuentan con iniciación de actividades ante el SII.

La Declaración de Patrimonio es requisito para que una postulación al Congreso sea aceptada por el Servel. La norma indica que esa declaración no debe contener errores ni imprecisiones para que sea válida, por lo que el Servel establece un plazo para correcciones. Si los errores no son subsanados, la declaración se considera como no presentada, lo que implica el rechazo de la candidatura. Para un mejor control, se envían copias a Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La revisión de CIPER, detectando omisiones o imprecisiones en 20 casos de parlamentarios electos, demuestra que el control descrito en la ley no es más que letra muerta.

Inicialmente, esta investigación arrojó que 35 de los nuevos parlamentarios figuraban en sociedades que no fueron registradas en sus declaraciones. CIPER tomó contacto con casi todos –solo cuatro no respondieron– y 15 aclararon que se trataba de sociedades que fueron disueltas; que no tienen inicio de actividades en el SII; que tenían término de giro o bien que habían vendido su participación en ellas.

Entre los parlamentarios que no respondieron a CIPER se cuenta el senador por la Región del Maule, Rodrigo Galilea, quien tiene la mayor cantidad de sociedades entre los nuevos legisladores. Galilea incluyó 19 sociedades en su declaración de patrimonio, 15 de ellas en Chile y cuatro en el exterior (tres en Perú y una en Ecuador). El arco de actividades que desarrollan es amplio, lo que puede significar futuros conflictos de interés cuando legisle sobre materias que afectan sus negocios: construcción, actividad inmobiliaria, cultivo de frutales, tratamiento y distribución de aguas, inversiones y asesorías.

Galilea es también el parlamentario debutante que más sociedades ha constituido y que no fueron incluidas en su declaración de patrimonio (nueve): Inversiones Futuro, Inversiones Alto Las Cruces, Diseños Mcgráfica, Agroservicios, Servicios de Comunicación Médica, Salmones Plata, Galilea Dos, Marketing ARM Internacional Chile y Servicios Comunicacionales. Como no respondió las consultas de CIPER, no se pudo establecer por qué no las consignó.

Galilea debuta en el Congreso pero no en la política. En 2010 Sebastián Piñera lo nombró intendente del Maule, con la misión de liderar la reconstrucción de una región devastada por el terremoto del 27/F. Recibió duras críticas debido a que varias de las villas residenciales que sufrieron más daños fueron edificadas por su constructora Galilea S.A. (vea ese reportaje CIPER).

El nuevo senador aterriza en Valparaíso con el apoyo de importantes empresarios: Wolf Von Appen, controlador de Ultramar, y Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (supermercados Líder), figuran entre los que le aportaron dinero a su campaña. Galilea llega a la Cámara Alta precedido por su rol como director de la Zona Sur de la Cámara Chilena de la Construcción y consejero nacional de la misma entidad.

OLVIDO Y CONFUSIÓN

Los parlamentarios que omitieron sociedades en sus declaraciones de patrimonio van desde el PC hasta la UDI.

En el flanco izquierdo figura el diputado Boris Barrera (PC, distrito de Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia). Barrera no declaró su Sociedad Industrial Sami, dedicada al servicio de aseo. “A lo mejor me traspapelé”, dijo a CIPER, agregando que hizo su declaración el último día. Barrera ingresó a esa sociedad en diciembre de 2016, por lo que estaba obligado a declararla.

En la nómina también aparece el diputado Tomás Hirsch (PH, distrito de Peñalolén, La Reina, las Condes, Vitacura). La sociedad que omitió es FIC Digital, dedicada a la confección de material para campañas, como gigantografías y pendones. Hirsch explicó a CIPER que la empresa quebró y dejó de operar. Pero reconoció que no ha hecho el término de giro. Y mientras no haga ese trámite, debe declararla.

Karim Bianchi asumirá como diputado por Magallanes. Llega a la Cámara como independiente apoyado por el PRSD. La sociedad que no declaró es Karim Antonio Bianchi Retamales Servicios Comunicacionales EIRL. Su explicación es simple: “Se me olvidó”. Según dijo, está inactiva y nunca ha hecho una boleta.

El diputado Daniel Verdessi (DC, Los Andes, Quillota, La Ligua) participa en la sociedad Centro Médico Ecotomográfico Ligua Tres, pero la omitió. Explicó que está esperando aclarar si puede mantenerse dentro de la sociedad después de asumir como diputado. Si es incompatible, dijo, se retirará. Pero la norma es clara: al momento de rubricar la declaración debió incorporarla.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Jaime Mulet (Copiapó, Chañaral, Vallenar) y Pedro Velásquez (Coquimbo, La Serena, Ovalle), también omitieron sociedades. Mulet no incluyó a Atacama Innova (producción y venta de publicidad) ni a TSC Atacama (transportes). El diputado explicó a CIPER que como persona natural solo participa en tres sociedades, las que sí incorporó en su declaración. Sin embargo, las dos sociedades que omitió son controladas por las sociedades que sí declaró, por lo que debió consignarlas.

Pedro Velásquez no registró tres sociedades: Comercial e Inversiones Uriel, Servicios y Representaciones AMP Chile e Inmobiliaria e Inversiones del Rocío. “Me he dejado estar”, reconoció el diputado a CIPER. Y agregó que, aunque no tienen movimiento, no las ha cerrado y ahora lo hará.

El ex ministro de Cultura y diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli, Santiago, Providencia, Ñuñoa), no declaró Santa Javiera SpA (elaboración de estudios para medios sobre arte y cultura). “Está en proceso de disolución”, dijo a CIPER.

El diputado Frank Sauerbaum (RN, Chillán, San Carlos, Yumbel), quien retorna a la Cámara tras un periodo fuera del Congreso, no declaró Bío Masa Ñuble SpA (desarrollo y explotación de energía renovable). Se confundió, señaló a CIPER, porque pensó que era lo mismo que su sociedad Planta Bio-E Ñuble, ya que ambas participan en el mismo proyecto de generación de energía. Pero las dos tienen RUT diferente y están activas, por lo que estaba obligado a transparentarla.

Otros cinco diputados de RN integran la lista de los nuevos parlamentarios que omitieron sociedades: Eduardo Durán (San Miguel, El Bosque, San Ramón); Carlos Kuschel (Puerto Montt, Castro, Chaitén); José Miguel Castro (Antofagasta, Calama, Tocopilla) y Jorge Durán (Renca, Recoleta, Conchalí, Cerro Navia).

Eduardo Durán, hijo del obispo evangélico del mismo nombre, no declaró la Compañía Minera Alfa Omega. La sociedad, explicó Durán, funcionó un año y medio, hasta 2007. Ahora, dijo, está inactiva y tiene que hacer el trámite para cerrarla. Durán tampoco transparentó su participación en la Catedral Evangélica de Chile Jotabeche Cuarenta Metodista Pentecostal, la que administra el principal templo protestante del país, lo que sí debió incluir en su Declaración de Intereses.

Carlos Kuschel reconoció a CIPER que omitió declarar la Comunidad Kuschel Silva (sucesión que heredó bienes de su padre), Monte Verde (cuyo patrimonio es un predio de 111 hectáreas) y Servicios Tenglo (administra el arriendo de cabañas).

José Miguel Castrono consignó la Sociedad Transportes y Arriendo de Maquinarias José Miguel Castro Bascuñán EIRL: “No ha tenido movimiento hace años, debería estar cerrada”, dijo a CIPER.

El diputado Jorge Durán no incluyó Lavaya SpA (limpieza de vehículos y venta de artículos de aseo). Durán indicó que se pudo haber confundido porque la sociedad se creó en la misma época en que hizo la declaración. Pero la fecha de su declaración es 17 de agosto de 2017 y la sociedad se constituyó el 6 de abril de 2017, por lo que debió incorporarla. En todo caso –dijo- que se está retirando.

Los nuevos diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida Cobo (Coquimbo, La Serena, Ovalle), Jorge Alesandri Vergara (Santiago, Providencia, Ñuñoa) y Gastón Von Muhlenbrock (Valdivia, La Unión, Panguipulli), también dejaron sociedades sin declarar. A ellos se une Sandra Amar Mancilla (Magallanes), quien conquistó un escaño en la Cámara como independiente con apoyo de la UDI.

Fuenzalida dijo que no declaró Rentas Juan Manuel Fuenzalida Cobo EIRL, porque está sin movimiento comercial y no mantiene activos.

Alessandri omitió las sociedades Recreo Entretenimientos y Producciones After Office. Sobre la primera, señaló que él no es dueño director, porque la constituyó a través de otra sociedad: “No sabía que había que declararla, voy a preguntar para hacerlo bien”. Sin embargo, los registros indican que la constituyó como persona natural y que tiene su control, por lo que debió declararla. Respecto de Producciones After Office, participa en ella a través de otra sociedad: Zintex Producciones, la que sí está declarada.

En los registros revisados por CIPER Gastón Von Muhlenbrock figura con participación en Agrícola San Alberto, pero no la declaró. Von Muhlenbrock no respondió los mensajes de CIPER, por lo que no se pudo establecer por qué la omitió.

La situación de Sandra Amar es bastante menos grave que la del resto: se confundió y no declaró su empresa Sandra Haydee Amar Mancilla, Estudios, Asesorías Profesionales, Capacitación y Eventos EIRL, pero sí la consignó en su declaración de intereses, como una de las actividades económicas que realiza.

SENADORES QUE OMITIERON

Cuatro de los nuevos integrantes de la Cámara Alta también omitieron sociedades. Al ya mencionado Rodrigo Galilea, se agregan Rafael Prohens (RN, Atacama), José Durana (UDI, Arica y Parinacota) y David Sandoval (UDI, Aysén).

El futuro senador por Atacama reconoció a CIPER que fue un error no incluir Prohens Servicios (asesorías contables, financieras y computacionales). Formó esa sociedad con sus hermanos, dijo, y ya no trabaja con ellos: “Tengo oficina aparte”. Pero su participación societaria está vigente, por lo que corregirá su declaración.

José Durana no declaró tres sociedades: Editorial del Sur, F&S Consultores y Durana, Mc Conell Cía Limitada. La información proporcionada por su encargada de prensa indica que respecto de las dos primeras sociedades el senador cometió el error de declararlas solo como actividades económicas. Sobre la omisión de la tercera sociedad –Durana, Mc Conell Cía Limitada–, no respondió la consulta de CIPER.

David Sandoval admitió a CIPER que se equivocó al no incluir la Sociedad Comercial, Agrícola, Ganadera y Forestal Ventisquero en su declaración. Se confundió, dijo, porque al llenar el formulario del Servel el sistema le arrojaba que la sociedad llevaba muchos años inactiva, por lo que pensó que no debía incluirla. Consultando a otros parlamentarios supo que varios enfrentaron la misma situación y le explicaron que de todas maneras debía registrar la sociedad. A través de su asesora de prensa informó su intención de subsanar el error.

INFRACCIONES LABORALES

Los ajustes a la Reforma Laboral del gobierno de Michelle Bachelet están entre las prioridades de la administración de Sebastián Piñera. El nuevo equipo económico quiere introducir cambios en dos hebras sensibles: los servicios mínimos, en los que se buscará morigerar los efectos de la prohibición del reemplazo en huelga; y los grupos negociadores, donde se pretende “corregir” la figura de los sindicatos como únicos representantes de los trabajadores en una negociación colectiva.

Varios parlamentarios con sociedades en rubros que requieren un fuerte contingente de mano de obra (como el agrícola y la construcción), deberán legislar sobre esas materias. Lo grave es que en el desarrollo de sus negocios personales, un puñado de ellos no se ha caracterizado por cumplir con la normativa laboral. CIPER detectó 14 sociedades de siete nuevos parlamentarios a las que la Dirección del Trabajo (DT) les ha cursado sucesivas multas.

El caso más grave es el de Rodrigo Galilea: siete de sus sociedades acumulan 130 multas entre 2013 y 2018. Las empresas de Galilea sancionadas son: Constructora Pehuenche (61 multas); Constructora Galilea (36 multas); Aguas y Riles (17 multas); Aguas San Pedro (11 multas); Aguas y Riles Servicios (2 multas), Inversiones e Inmobiliarias Comerciales (2 multas) y Agrícola y Comercial El Volcán (1 multa).

Entre las sanciones figuran: no pago de remuneraciones, no otorgar descanso semanal compensatorio, no cumplir estipulaciones de instrumento colectivo, no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo, no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, no disponer de duchas con agua fría y caliente, exceder jornada ordinaria máxima de 10 horas e implementar un sistema ilegal de distribución de la jornada laboral.

CIPER intentó comunicarse con Rodrigo Galilea, por teléfono y a través del equipo de comunicaciones de su partido. No hubo respuesta.

El diputado Boris Barrera es socio de dos empresas de mantenimiento industrial que suman en total 15 sanciones: Tecmaqin SpA y Sami Limitada. Tecmaqin acumula ocho multas de la DT, todas cursadas en 2017, por no declarar cotizaciones previsionales y no registrar contrato de trabajo de menores de 18 años, entre otras. Sami ha sido sancionada en siete oportunidades (2014 y 2015) por no otorgar finiquito de trabajo, incumplir el plazo de pago al trabajador y no presentar documentación completa.

La empresa de seguridad Zintex Eventos, cuyo controlador es el diputado Jorge Alessandri Vergara, registra tres multas entre mayo y septiembre del 2017. Alessandri señaló a CIPER: “Es una empresa de seguridad con 300 trabajadores y todo el tiempo nos están cursando multas, pero por temas menores (…) Soy uno más de los pymes de Chile que tiene que sufrir y cumplir con toda la normativa con poco personal. Encuentro súper bueno que los parlamentarios tengan experiencia emprendiendo, contratando, desvinculando, así uno puede legislar desde la experiencia”.

La sociedad RPE Maquinarias, propiedad del senador Rafael Prohens, registra tres multas en marzo de 2017 por extensión de horas de trabajo y no pago de horas extraordinarias.

-Entramos a una faena minera con un régimen 4X4, jornada que debe ser aprobada por la Inspección del Trabajo. En esa inspección nos pidieron que hiciéramos un depósito y nos dieron un número de cuenta en el BCI. Hicimos el depósito pero ellos se equivocaron y la cuenta correcta era del Banco del Estado. Por ese error la jornada no quedó aprobada y nos pasaron las tres multas. Aunque el error no fue nuestro, tuvimos que pagarlas y hacer el trámite de nuevo –explicó Prohens.

Medios y Cultura SpA, sociedad del diputado Luciano Cruz-Coke, y de la que también es socio el nuevo subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva Aldunate, ha sido infraccionada tres veces (por no entregar el trabajo convenido y no comparecer a citación). Cruz-Coke declinó abordar el problema y solo dijo que esas multas ya estaban pagadas y resueltas.

En mayo de 2014, la Dirección del Trabajo aplicó tres sanciones a la sociedad Agrícola Santa Ximena, de la que es socia la ex directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y hoy diputada por el Distrito 12 (Región Metropolitana) Ximena Ossandón Irarrázabal (RN). Los motivos: no informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y no llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, entre otras.

-En Agrícola Santa Ximena tengo un 0,2%, no participo ni he participado de su administración, por lo que no tengo nada que ver con esas multas -explicó a CIPER.

A la lista de sociedades de parlamentarios con infracciones de la DT se suma una empresa en la que participa la diputada por el Distrito 11 Catalina del Real (RN). La sociedad Comercial e Inmobiliaria El Coigüe registra dos multas (una por distribuir la jornada laboral en más de cinco días y otra por exceder las 12 horas diarias de permanencia en el trabajo). Del Real respondió a CIPER que esa sociedad “operaba el restorán de mi hermano, el Miraolas, entonces por eso deben ser las multas y debe estar solucionado. Yo me retiré del restorán cuando salí concejal de Vitacura”.

NEGOCIOS CON EL ESTADO

Son al menos cinco los nuevos parlamentarios que figuran con sociedades que tienen (o han tenido) como clientes a organismos del Estado: Tomás Hirsch, José Durana, Jaime Mulet, Karim Bianchi y Miguel Mellado. Los contratos, en algunos casos, son millonarios.

La nueva ley de probidad y prevención de conflictos de interés obliga a que en los próximos días todos ellos se retiren de esas empresas o que estas se abstengan de hacer negocios con el Estado. La norma también incluye aquellas sociedades que exploten concesiones públicas, como las de radiodifusión.

Uno de los parlamentarios afectado es el diputado Tomás Hirsch. Desde 2006, su sociedad Matrix Limitada se ha adjudicado cerca de 200 licitaciones con municipios, universidades estatales, las Fuerzas Armadas y hasta la propia Cámara de Diputados. El monto total de las órdenes de compra cursadas a esta sociedad de comercialización de equipos e insumos para la industria gráfica, alcanza los $192 millones.

Una segunda empresa de Hirsch, Decosolar SpA, ha obtenido $109 millones en adjudicaciones de las municipalidades de Antofagasta, Calbuco y del Parque Metropolitano, a los que les prestó servicios de iluminación. La última orden de compra data del 28 de febrero de este año.

Hirsch indicó a CIPER que para evitar conflictos de interés está vendiendo sus acciones en Decosolar. Respecto de Matrix, afirmó que permanecerá como accionista, pero que se restará de hacer negocios con el Estado.

El ex intendente de Arica y Parinacota y senador por esa misma región, José Durana, es socio de Anticípate F&S Consultores Limitada, la que registra seis órdenes de compra en 2014 y 2015 ($6,7 millones en total) por servicios de consultoría y capacitación a los municipios de Puerto Montt, Cholchol, Ollagüe y Macul.

En F&S es socio de Durana el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry. Esa consultora asesoró al Consejo de Rectores de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Vertebral), mientras se discutía la reforma educacional. Siglos SpA, sucursal de F&S, registra otras cuatro órdenes ($1,6 millón en total).

A través de Inversiones Mallorca EIRL, el diputado por Atacama Jaime Mulet participa de la sociedad Rodríguez y Compañía, propietaria de la Radio 100.1 de Vallenar. La emisora tiene concesión con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y entre 2015 y 2018 registra once órdenes de compra por un total de $3,1 millones con la Municipalidad de Vallenar, la Gobernación de Huasco y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros. El 2 de febrero pasado Rodríguez y Compañía se adjudicó una licitación del Servicio de Salud de Atacama ($750 mil) por la compra de ocho cápsulas radiales.

Mulet señaló a CIPER que había cedido la administración y dirección de la radio a un tercero y que al asumir como diputado dará “estricto cumplimiento” a sus “obligaciones legales y constitucionales”.

Quien también participa en el rubro de la radiodifusión es el diputado electo Karim Bianchi, socio de Radio Soberanía y de Voz Austral. A través de ambas le ha prestado servicios de publicidad a municipios, Sernam, SAG y varias seremis.

Entre 2012 y 2015, Voz Austral registra 83 órdenes de compra por un total de $39 millones. Radio Soberanía, en tanto, tiene 51 órdenes de compra por $20,1 millones. Ambas sociedades también recibieron recursos públicos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales en 2017.

Bianchi señaló a CIPER que se está desprendiendo de sus negocios radiales: “Radio Soberanía se está vendiendo y toma tiempo porque depende de los plazos de la Subtel”.

Las comunicaciones es un rubro en el que otros nuevos parlamentarios mantienen negocios con el Estado. El diputado Miguel Mellado Suazo constituyó en 1992 –junto a los controladores de la Universidad Autónoma– la Sociedad de Televisión y Radiodifusión.De 2006 a la fecha la empresa se ha adjudicado más de 60 licitaciones por cerca de $280 millones con distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi. La sociedad también registra adjudicaciones de la Gobernación de Cautín en 2010 y 2011, justo en el periodo en que Mellado Suazo asumió como máxima autoridad de esa entidad pública.

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella, también de su administración, antes de asumir como gobernador en marzo de ese año. Mellado envió copia de los documentos legales que registran su retiro de la sociedad (ver reportaje de CIPER).

LA LUPA DE LA CONTRALORÍA

Rolando Rentería Möller (UDI), diputado electo por el Distrito 18 (El Maule), estuvo 16 años en el municipio de Linares, primero como concejal (2000-2008) y luego como alcalde (2008-2016).

En los ocho años de Rentería como alcalde, la Contraloría acumuló una larga lista de acusaciones en su contra. Entre las que más lo comprometían figuran un proceso de licitación para la mantención de las cuentas corrientes del municipio con el Banco BCI y un viaje de funcionarios y dirigentes deportivos al Mundial de Brasil en 2014.

En un informe de noviembre de 2014, el organismo contralor determinó que la contratación del Banco BCI favoreció la gestión de Rentería con diversos “aportes” monetarios a cambio de publicidad. Uno de esos aportes (mayo de 2014) sirvió para costear gran parte de la gira de 105 dirigentes deportivos, seis funcionarios municipales y dos concejales al Mundial de Fútbol. Contraloría desestimó que fuera un beneficio para la comunidad y reprochó que nunca se aclarara cómo fueron seleccionados los participantes y en qué consistieron las supuestas capacitaciones que recibieron en Brasil.

En 2016, el cúmulo de irregularidades detectadas por Contraloría puso a Rentería contra las cuerdas: el organismo le solicitó al Concejo Municipal evaluar una acusación contra el ex alcalde por abandono de deberes y sugirió aplicarle una sanción de cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Rentería ya había dejado el sillón municipal para asumir su candidatura al Congreso y esa sanción le habría puesto fin a su carrera política. Pero el Concejo Municipal nunca llevó adelante esa acusación. La concejala de Linares desde 2012, Myriam Alarcón (PPD), explicó a CIPER que el actual alcalde Mario Meza (RN) no puso el tema en tabla con la celeridad necesaria y que las veces en que se programó, no hubo quórum para sesionar. Finalmente, las faltas prescribieron y Rentería no pudo ser acusado.

Rentería atribuye todo a una persecución política: “Tenían claro que yo tengo la primera mayoría histórica en Linares”, dijo a CIPER. Respecto del viaje a Brasil, responsabilizó a una abogada contratada por el municipio, quien habría acreditado que todo estaba en regla. Argumentó, además, que la decisión del viaje no fue solo suya, sino del Concejo Municipal.

Quien también estuvo en la mira de la Contraloría es la diputada Andrea Parra (PPD). En 2016 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) la contrató a honorarios para realizar labores de seguimiento y articulación en mesas territoriales del programa Chile Indígena.

La Contraloría descubrió numerosas irregularidades en esa contratación. La más grave: de las 16 mesas que Parra incluyó en sus reportes mensuales, nueve ya contaban con consultoras contratadas por licitación pública para las mismas labores. Además, se investigó la veracidad de las reuniones que Parra detalló en sus informes. Varios organismos negaron su existencia y una fue completamente descartada, pues la funcionaria municipal que figuraba como contraparte ya no prestaba servicios cuando Parra fechó el encuentro.

El órgano fiscalizador ordenó a Conadi restituir los $9,9 millones que le pagó a Parra entre noviembre de 2016 y abril de 2017 (ver informe). La diputada aclaró a CIPER que la sanción está en proceso, tras una apelación de la Conadi: “Solo hay un par de reuniones que no se realizaron, pero eso no implica que tengas que devolver meses de trabajo”.

La Contraloría también investigó los pagos que recibió de la Municipalidad de Linares el ahora diputado por el Distrito 17 (Maule) Hugo Rey (RN). En enero de 2017 fue contratado como “asesor técnico educativo” por más de $1 millón mensual, a pesar de que en mayo y junio debía trabajar por contrato solo ocho horas semanales. La Contraloría ni siquiera pudo comprobar si cumplió con esa jornada mínima. La investigación determinó que no se pudo acreditar la ejecución del trabajo y que Rey nunca visitó los establecimientos educacionales (ver informe).

-Yo hice las solicitudes de información a la municipalidad y me entregaron gran parte de los planes que hice, con letra manuscrita mía, y los más de 30 correos que intercambié con la Dirección de Educación. En unos días la Contraloría resolverá la apelación del municipio y no me cabe duda de que finalizará de manera favorable para mí –afirmó Hugo Rey a CIPER.

Esa no fue la primera vez que Contraloría cuestionó al ahora diputado. En 2010, cuando Rey era alcalde de Curicó, el organismo lo acusó de pagar a funcionarios por trabajos que no estaban debidamente respaldados (ver informe).

Sergio Bobadilla y Frank Sauerbaum volverán a pisar el Congreso este 11 de marzo. Ambos perdieron sus escaños en 2013, pero apenas dejaron la Cámara prestaron servicios a empresas pesqueras. Bobadilla y Sauerbaum habían integrado la Comisión de Pesca de la Cámara, instancia donde el lobby de las pesqueras se hizo sentir con fuerza para proteger sus intereses en la discusión de la cuestionada Ley de Pesca. Ambos aparecen en las pesquisas del Ministerio Público por sus nexos con Asipes.

Varios correos electrónicos publicados por CIPER dejaron en evidencia la estrecha relación entre Sauerbaum y el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. El rol de Sauerbaum consistía en enlazar a otros parlamentarios de RN con Moncada, recibir minutas y coordinar pagos por sus servicios a través de boletas presuntamente falsas de la empresa de su hermano. Por sus trabajos para Asipes, Sauerbaum recibió $6 millones en 2016.

Bobadilla y Asipes formalizaron su relación a través de un contrato con la consultora Bobadilla & Crovetto (de su propiedad) para la entrega de resúmenes noticiosos mensuales. Según un artículo de La Tercera, la consultora del diputado estaría siendo investigada por el Ministerio Público por asesorías a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe y que fueron pagadas por Asipes.

Jorge Soria Quiroga (IND-PPD), nuevo senador por Tarapacá, fue alcalde de Iquique durante siete periodos. En 2006 Soria fue destituido como alcalde. Se le acusó de pagos irregulares por más de $100 millones hechos por el municipio a una empresa contratista cuyo dueño era cercano a Soria. En 2009 la justicia lo condenó por fraude al Fisco, negociación incompatible y cohecho. En 2012 la Corte Suprema revocó de manera unánime la condena y ese mismo año volvió a ser electo alcalde de Iquique.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).