CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del ahora desaparecido Cártel de Guadalajara, fue uno de los primeros clientes mexicanos de Mossack Fonseca, el despacho panameño dedicado a la creación de empresas en paraísos fiscales.

El nombre del narcotraficante sinaloense aparece en los 11 y medio millones de expedientes de la firma panameña que fueron filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (https://www.sueddeutsche.de/) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (https://www.icij.org/), con más de 100 medios en el mundo, entre ellos la revista Proceso.

El caso de Caro Quintero, quien se encuentra prófugo de la justicia y es requerido en extradición por Estados Unidos, muestra la manera en que a través de la manipulación de documentos, Mossack Fonseca se ha desprendido de clientes incómodos a quienes al principio les abrió las puertas hacia paraísos fiscales.

Con el uso de cartas posfechadas, el despacho panameño se deshace de dudosos a los que conserva mientras no se conviertan o puedan convertir en un conflicto.

En 2005, cuando Caro Quintero ya llevaba 20 años en prisión acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, los representantes del Comité Olímpico de Costa Rica acudieron al despacho panameño para gestionar el título de propiedad de la casa que ocupaba y que estaba a nombre de Compañía Monte Carlo, S.A.

Cuando los empleados de Mossack Fonseca acudieron al viejo expediente, los socios de la firma fundada en 1977 quedaron en evidencia. Jürgen Mossack, uno de los fundadores del despacho e hijo de un alemán que trabajó para el régimen nazi, había hecho la cobertura para el narcotraficante mexicano cuando se refugió en Costa Rica, en 1985, en su huida tras la muerte de Camarena.

Con la detención de Caro Quintero y su extradición a México, donde fue condenado a 40 años de prisión, el caso parecía cerrado. Sin proponérselo, el Comité Olímpico de ese país lo reabrió 20 años después y Mossack Fonseca recurrió a una práctica repetida en otros casos: manipular las fechas, según consta en la investigación internacional coordinada por el ICIJ, que tiene su sede en Washington.

La operación para eliminar las evidencias comenzó el 18 de marzo de 2005, cuando Rigoberto Coronado, abogado de Mossack Fonseca, envió un correo electrónico a Jürgen Mossack, Ramón Fonseca y Chris Zollinger, los socios de la firma.

De manera puntual les dijo que Jürgen Mossack era el agente residente y presidente de la Compañía Monte Carlo, S.A., la empresa propietaria de la casa. Según el abogado, esa empresa “fue sacada de nuestros controles, junto con otra de nombre Financiera Monte Carlo, S.A., desde 1987”; es decir, dos años después de la detención del jefe del Cártel de Guadalajara.

En ambas empresas, el despacho de abogados experto en empresas offshore también había registrado como cliente a un costarricense de nombre José María Plat Horrit, según muestran los archivos de la firma que forman parte de la investigación internacional #PanamaPapers.

Enseguida, Rigoberto Coronado soltó la mala noticia para el despacho, que para entonces ya tenía miles de clientes de todo el mundo: “Parece que el dueño real de ese inmueble y por ende de la sociedad, era un narcotraficante de nombre Rafael Caro Quintero, preso en México desde hace varios años…”. Precisó que los directores de esas sociedades eran Jürgen Mossack, Diva de Donado y María Bycayán. A los dos últimos dijo que no los conocía y propuso “la renuncia” de ellos, pero esperó indicaciones.

Al lunes siguiente, Mossack escribió: “Pablo Escobar era un niño de pecho al lado de R. Caro Quintero. No quisiera estar entre los que vaya a visitar después de que salga del presidio”.

La respuesta del abogado Coronado fue clara: “Entiendo que debo proceder con las renuncias y no proporcionar más información”. Al día siguiente reveló en otro correo electrónico lo que iban a hacer: “En el expediente hay unas cartas originales de renuncia ya firmadas y sin fecha”. Los documentos fueron usados en 2005 para las renuncias de los empleados de Mossack Fonseca a las dos compañías creadas 30 años antes.

Caro Quintero, quien fue liberado por medio de un amparo en agosto de 2013, volvió a la condición de prófugo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió el recurso de protección que le había dado la justicia federal, pero para entonces ya había desaparecido. Ahora aparece como uno de los más buscados de Interpol.

Carlos Sousa, director de Marketing y Comunicación de Mossack Fonseca, fue consultado por Proceso para saber por qué el despacho abrió sus puertas al sinaloense acusado de narcotráfico.

Por medio de un correo electrónico respondió: “En esa época, el mundo operaba diferente, sin internet, y conseguir información de personas en general no era fácil de validar o investigar su actuar”.

Respecto a otros casos de narcotráfico en los que Proceso revela la intervención de Mossack Fonseca como parte de los Panama Papers, Sousa aseguró que el despacho cumple con las obligaciones de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadunidense.

“Nosotros no atendemos a personas que salen listados en OFAC o cualquier otro listado que recoge información de criminales”. Dijo que Mossack Fonseca vende una compañía a una persona cuando las diferentes búsquedas que se hacen en su sistema, entre ellos World Check y World Compliance, no arrojan nada negativo.

“Si posteriormente obtenemos información de que la compañía ha sido listada en OFAC, se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción diferente”, aseguró.

Pero no fue la manera en que Mossack Fonseca actuó en 2012, cuando abrió dos empresas a Wendy Amaral y Gerardo González Valencia, a quienes Estados Unidos los señala como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Al menos desde 2007, los hermanos González Valencia ya habían sido señalados por las autoridades estadunidenses.

Mossack Fonseca tampoco fue rigurosa en 2001, cuando abrió las puertas al colombiano Juan Pablo Londoño, quien le anunció que se establecería en México con una empresa que movería millones de dólares en varios países de América Latina. Ante las acusaciones de Estados Unidos de que en realidad se trataba de una fachada del Cártel de Sinaloa, Mossack Fonseca terminó la relación. Pero habían pasado 10 años.

Carlos Sousa dijo que esos nombres están enlistados en World Check y World Compliance a partir de 2015. “Si detectamos actividad sospechosa o mala conducta, rápidamente informamos sobre ello a las autoridades. Similarmente, cuando se acercan a nosotros las autoridades con evidencia de posible mala conducta, siempre cooperamos plenamente con ellas”.