Había de todo, desde escopetas hasta pistolas rosadas. El primer Día Sudamericano del Desarme Voluntario fue liderado por la viceministra de la cartera de Interior, Justicia y Paz, Katherine Harrington, quien jaló la palanca de la máquina hidráulica que con presión dobla los cañones para «inutilizarlas». Hoy, se desbarataron 944 armas de fuego y facsímiles que utilizan los delincuentes para asustar a sus víctimas.

La exfiscal, que hoy se encargó de supervisar mientras otros funcionarios de su ministerio también estropearon los equipos, forma parte de la lista de altos funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno del presidente Barack Obama por violación a los Derechos Humanos en 2015. Es ella quien se encargará del plan para desarmar la ciudad más violenta del mundo.

Caracas fue la urbe con más homicidios en 2015, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) publicado en enero de 2016. La tasa es de 119,87 homicidios por cada 100.000 habitantes. Otras siete ciudades venezolanas se encuentran entre las 50 más violentas en ese mismo ranking.

Una 9 mm costaba aproximadamente 1 millón 500 mil bolívares en diciembre del año pasado. Para los criminales, este evento representa el exterminio de herramientas de trabajo. Pero para la viceministra forma parte de la «cultura de paz» que el gobierno bolivariano pretende diseminar.

El esfuerzo de desarme voluntario no hace cosquillas a los números que reportan organismos nacionales e internacionales. Enumeran al menos 7 millones de armas –las cifras oficiales están muy por debajo: entre 1,2 y 1.5 millones, explica un texto de El Nacional. Con estos eventos organizados por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, el Ejecutivo solo alcanza el 0,6% del armamento ilegal del país.

En lo que va de año

Justo detrás del Palacio de Miraflores, en la parroquia Altagracia, Harrington aseguró que ya se han «inutilizado» 7.763 armas de fuego este año. En 2015 se inhabilitaron 24.251, según la funcionaria del Ejecutivo. Detalló que este acontecimiento fue replicado a la misma hora en los estados Miranda y Barinas.

Lo que queda de las armas de fuego será fundido en una siderúrgica en el estado Lara, dijo una técnica de la máquina hidráulica que prefirió no dar su nombre. El acero que obtengan del equipo será transformado en cabillas para la construcción de viviendas.