México, D.F. (apro).- Académicos y defensores de derechos humanos lamentaron la “nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades mexicanas”, ya que han decidido no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con desaparición forzada, aunque exista una orden judicial de por medio.

Gilberto López y Rivas, Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, integrantes de la Comisión Civil de Seguimiento y Verificación de la Búsqueda, Localización y Presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez –dos milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca el 27 de mayo de 2007–, criticaron la resolución de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se negaron a ejercitar su facultad de atracción para revisar una sentencia de un tribunal colegiado que había sido solicitada por el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

En un comunicado, los integrantes de la Comisión Civil, junto con los abogados Augusto César Sandino Rivero Espinosa y Leonel Rivero Rodríguez, así como Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, familiares de los desaparecidos, resaltaron que el pasado miércoles 7, en una audiencia privada, el pleno de la Primera Sala determinó no atender el recurso de queja 29/2014 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sobre el incumplimiento de una orden judicial al Ministerio Público Federal para interrogar a mandos militares y policiales, así como revisar instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal.

Lo anterior, apuntaron, “cierra la posibilidad de que el máximo Tribunal pueda establecer criterios que permitan determinar las acciones que un juez de Distrito puede realizar cuando conoce de un juicio de amparo indirecto como medio de defensa para reclamar la desaparición forzada de personas”.

Para los firmantes, la decisión de no revisar la queja “exhibe la incapacidad y falta de voluntad de los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus resoluciones, convirtiendo en una ficción el derecho de acceso a la justicia”.

Lo que en el fondo se resolvió el miércoles 7, señalaron, es que la investigación sobre la desaparición forzada de Reyes Amaya y Cruz Sánchez “no aborde con la debida profundidad la línea de investigación relativa a la participación de las fuerzas armadas en la desaparición de ambas personas”.

Recordaron que la decisión de los ministros contraviene “la decisión del Tribunal Colegiado, que en su sentencia determinó que el Ministerio Público Federal debía citar a declarar a los mandos castrenses, mandos policiacos federales y funcionarios de inteligencia, y ordenar la realización de labores de búsqueda dentro de las instalaciones militares de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal”.

Al no atraer el recurso de queja, “es evidente que la decisión de la Primera Sala es concordante con la postura establecida por el Estado mexicano de no someter a las fuerzas armadas a investigaciones relacionadas con hechos de desaparición forzada, sin importar que medie una resolución judicial que obligue a los integrantes de la milicia a comparecer ante la autoridad ministerial, evidenciando en los hechos la nula existencia del Estado de derecho que tanto pregonan las autoridades”.

La Comisión Civil reiteró su compromiso “indeclinable de continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de esta resolución hasta dar con el paradero de ambos luchadores sociales, así como lograr el juicio y castigo a los responsables”.