La primera jornada del primer juicio del caso de los ERE, el que sienta frente a un tribunal de justicia a dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y otros 14 exaltos cargos quizá ha servido a más de uno, de dentro y fuera de la sala de vistas, para rememorar lo profuso de la causa y la gran cantidad de datos, empresas, encausados y cifras económicas. Son muchas las cuestiones por resolver en la macrocausa antes de que se dicte la primera sentencia de las muchas que vendrán.

Chaves, Griñán y los exconsejeros, sentados en la primera fila de los acusados por los ERE

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22 acusados. Es el total de personas que se sientan estos días en el banquillo de los acusados pero pudieron ser más. La jueza María Núñez Bolaños abrió la pieza del 'procedimiento específico' en noviembre de 2015 contra 52 personas por su presunta implicación en el supuesto fraude desde dentro de la administración andaluza. En mayo de 2016, el juez que retomó la pieza, Álvaro Martín, resolvió el sobreseimiento provisional sobre 24 de ellas, entre ellos tres exconsejeros. Algunos otros imputados ganaron su recurso ante la Audiencia y, de los 25 que quedaban en los últimos tiempos, sobre otros tres se decidió también el archivo en abril de este mismo 2017.

Unos 500 imputados. El número de imputados en la causa total, desgajada por la jueza Bolaños en varias piezas que se siguen abriendo a día de hoy, desde julio de 2015 en contra del criterio de Mercedes Alaya, no ha parado de crecer desde su inicio a comienzos de 2011. Alaya dejó la cifra en 265 imputados pero la nueva línea de investigación abierta por Bolaños respecto a las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva situó el dato en cerca de 500 personas imputadas entre todas las causas. El archivo de algunos de los imputados en el innumerable número de piezas hace que el medio millar sea el número de personas presuntamente implicadas en la causa al completo.

¿855 millones? Hasta octubre de 2016 no dijo por primera vez el juzgado de los ERE que hubo personas "legítimas beneficiarias" de las ayudas que se vienen investigando. La jueza Bolaños incluso ha dicho después varias veces que hay "víctimas" de la macrocausa al proceder al archivo de algún imputado. Y es que antes, el Tribunal Supremo, cuando devolvió el asunto al juzgado de Sevilla en junio de 2015 al perder su aforamiento algunos de los políticos salpicados, dijo que no todo el dinero concedido a cargo del programa económico de la Junta que sufragaba las ayudas tendría por qué haber sido defraudado en perjuicio del erario público. Así se puso en duda por primera vez la cifra de 855 millones que dio Alaya en su exposición razonada al soltar la instrucción. Si el dinero llegó legalmente a sus destinatarios (hubo 6.000 prejubilaciones y las aseguradoras cobraron 'lo suyo'), como dijo la Junta, varias defensas plantean que no deben atender a responsabilidades civiles millonarias aunque el procedimiento no fuera el correcto, que es lo que ahora se está juzgando. El fraude no está cifrado en concreto pero las cuentas de lagunas defensas apuntan a unos 140 millones de euros de desfalco.

741,6 millones. En todo caso, la Fiscalía Anticorrupción entiende en el 'procedimiento específico' hay 15 acusados de un delito de malversación de caudales públicos que deben responder solidariamente de la devolución de la hacienda pública andaluza de un total de 741,6 millones de euros. La cifra se correspondería con el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010. Griñán, por ejemplo, tendría que devolver a las arcas públicas un total de 42,15 millones. El PP-A, en todo caso, eleva la cifra del fraude a los 1.200 millones, según su escrito de acusación.

126 intrusos. Así se conoce desde el inicio de la instrucción a las personas que aparecían en los ERE de las empresas pero que nunca habían trabajado para la misma. Quizá es la cuestión más clara, incluso se cifró desde el principio que el montante del fraude en este aspecto concreto ascendería a más de 12 millones de euros.

66,1 millones. Otra de las cuestiones que no están clara es el dinero cobrado de más en las comisiones percibidas por las aseguradoras a través de entidades mediadoras que gestionaron los ERE. Esa cifra la dio como supuestamente defraudada la Dirección General de Seguros pero, a expensas de una ampliación de su informe, Generali España, la principal aseguradora que tramitó importantes ERE, acaba de acreditar en el juzgado que las comisiones superiores al 5% son más comunes de lo que dijo el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

6 años, 10 meses, 23 días. Es el tiempo transcurrido desde que la jueza Mercedes Alaya incoara las diligencias previas 174/2011 (el 19 de enero de 2011) hasta el inicio este 13 de diciembre de 2017 del juicio de la primera de las decenas de piezas en las que se divide el caso de los ERE.