Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

En el discurso dominante de las instituciones de gobernanza de la Unión Europea, tales como el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, así como en la gran mayoría de gobiernos de los países de la Eurozona, se asume que el euro ha sido bueno para sus economías, estando mejor con él que sin él. Los testarudos datos, sin embargo, no siempre avalan esta visión. Si miramos la tasa anual de crecimiento económico (durante los 12 meses que terminaron en junio de 2016) de los países de la Unión Europea que tienen el euro como su moneda, podemos ver que la gran mayoría de ellos (13 de 18) crecieron por debajo de un 2%, mientras que la gran mayoría de los países de la UE que no pertenecían al euro tuvieron un crecimiento mucho mayor. Solo 3 de un total de 10 países (incluyendo el Reino Unido) de la UE que no tienen euro tuvieron una tasa de crecimiento económico anual inferior al 2%. Como bien señala Joseph Stiglitz en su libro El Euro. Como la moneda común amenaza el futuro de Europa (2016), no puede desecharse la observación de que la existencia de tal moneda haya sido una de las causas de que el crecimiento económico haya sido, dentro de la UE, menor en la Eurozona que fuera de ella.

¿Es el euro o la manera como este se estableció el responsable del decrecimiento?

Ahora bien, puede también argumentarse, como hace John Weeks en la revista Social Europe (22.09.16), que no es el euro el que es responsable del menor crecimiento económico, sino las normas que se utilizaron para establecerlo, dentro de las cuales, las políticas fiscales han sido las mayores culpables de tal enlentecimiento. La reducción del déficit y la deuda públicos como elemento esencial (supuestamente para tranquilizar a los mercados financieros) de tales políticas (escritas en piedra en la Constitución Española por el socialista Zapatero y el conservador neoliberal Rajoy) ha jugado un papel clave en determinar este enlentecimiento. En realidad, y tal como algunos hemos estado enfatizando (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015), estas políticas de austeridad (se mire como se mire) han sido sumamente negativas tanto para el bienestar de la población como para la recuperación económico de los países que han aplicado tales políticas (que son la mayoría de los países de la UE).

Debería añadirse a esta causa otra igualmente importante que John Weeks no menciona, y es la disminución salarial, que junto con las políticas de austeridad que han recortado el gasto público, han creado un problema gravísimo de falta de demanda doméstica, una de las mayores causas de la Gran Recesión. Es importante señalar que estas políticas de austeridad (que han causado un enorme daño al bienestar de las clases populares de los países de la Eurozona) han tenido un impacto muy menor en conseguir su objetivo de reducir los déficits públicos. En realidad, de los 27 países de la UE, 23 continúan teniendo déficit público, y 6 de ellos por encima del 3% del PIB, lo que contraviene las exigencias del Tratado de Maastricht. De los 420 millones de personas que viven en la UE (si omitimos Alemania), 407 viven en países con déficits públicos. Y los países de la Eurozona tienen, como promedio, déficits públicos mayores que los países que no están en la Eurozona. El mayor crecimiento económico en los países de la no-Eurozona ha permitido reducir el déficit público (al aumentar los ingresos al Estado), lo cual no ha ocurrido en los países de la Eurozona, pues han tenido un bajo crecimiento económico (estimulado por la reducción de la demanda, resultado de las políticas de austeridad y bajada de salarios).

En estos países de la Eurozona se ha establecido así un círculo vicioso en el que los recortes de gasto público y la bajada de los salarios están empeorando la situación, dificultando la reducción del déficit (y de la deuda pública). España ha sido un claro ejemplo de ello. La economía ha permanecido estancada en una recesión muy larga (causada por los recortes y las bajadas salariales), interrumpida ligeramente por factores externos a la intervención del Estado, que son coyunturales y temporales, como la bajada del petróleo y el abaratamiento del euro como resultado de las políticas del BCE de imprimir euros masivamente.

No es cierto que se esté intentando estimular la economía europea

Otra de las falsedades que el establishment europeo está promoviendo es que ya se están estimulando las economías a través del Plan Juncker (presidente de la Comisión Europea), afirmación que se hace (con gran resonancia en los medios) con gran contundencia por parte de los dirigentes de tal establishment. El famoso EU Infrastructure Investment Plan (Plan de Inversiones en Infraestructuras), que se inició en 2014 y está programado hasta el año 2022, es, sin embargo, totalmente insuficiente, tanto en su cantidad como en su composición. De desarrollarse según las cantidades programadas (lo cual ya es en sí incierto, pues los fondos incluyen dinero privado todavía no comprometido), el total significaría un gasto de 30.000 millones de euros, que es una cantidad muy inferior a la que ya se gasta en inversión pública el gobierno alemán (que es de los que invierten menos en infraestructuras en la Eurozona). Como punto de comparación, la candidata Clinton está proponiendo invertir, para una población menor que la UE, más de 270.000 millones de dólares (equivalentes a algo más de 240.000 millones de euros), y el Sr. Trump el doble (ver mi artículo "El Banco Central Europeo cambia algunas de sus propuestas neoliberales sin excusarse por el daño que han causado", Público, 06.10.16).

No son los países periféricos de la Eurozona (mal llamados PIGS), sino los Estados centrales liderados por Alemania los que merecen ser sancionados

Estamos viendo hoy, una vez más, cómo el establishment europeo está amenazando de sancionar a España por tener un déficit público por encima de lo tolerado. Y ello responde a una política que ya se ha mostrado errónea y profundamente dañina, y que enlentece el crecimiento económico de España. En cambio, no se penaliza a los gobiernos cuyas políticas públicas están dañando el crecimiento económico de todos los demás países de la UE. Me estoy refiriendo al excesivo saldo positivo de la balanza de pagos del gobierno alemán, que tiene un enorme impacto negativo en el crecimiento económico de la UE. Me explico.

El canciller socialdemócrata del gobierno alemán, el Sr. Schröder, estableció como prioridad para su país dar una máxima preferencia al sector exportador (por el cual está ahora trabajando en su vida privada), a costa de limitar y desfavorecer la demanda doméstica, estableciendo las reformas de la Agenda 2010 que redujeron los salarios. Su Ministro de Finanzas, Oskar Lafontaine, se opuso y dejó el Partido Socialdemócrata para establecer el partido La Izquierda, Die Linke. Estas medidas deterioraron el mercado de trabajo alemán y de todos los países de la Eurozona, pues todos ellos tuvieron que competir con Alemania haciendo lo mismo: reduciendo los salarios y la demanda doméstica para prioriza el sector exportador, que hoy rige la Eurozona.

Hay que ser conscientes, pues, de que los excesivos saldos positivos comerciales determinan los saldos negativos de los otros países. De ahí que se considere que, de la misma manera que el Tratado de Maastricht exigía que los déficits públicos no llegaran a ser más del 3% del PIB, se deba establecer que el saldo positivo exterior no pueda ser mayor que el 6%. Pues bien, hay seis países, liderados por Alemania, que tienen un saldo mayor que tal porcentaje, sin que hayan sido penalizados. ¿Por qué? Pues porque el gobierno alemán tiene excesivo poder en la UE. Y quiere penalizar a España, imponiendo medidas (que el gobierno Rajoy aplicará con todo entusiasmo, pues es lo que le gustaría hacer incluso sin que hubiera el euro) que harán un daño enorme a las clases populares de España, a fin, en teoría, de mejorar la competitividad del país, bajando los salarios y el gasto público, tal como ha ocurrido en Alemania a costa del bienestar de sus clases populares. Lo que se requiere en la Eurozona es una alianza de las clases populares de los distintos países frente a la alianza ya existente de las clases dominantes de cada país.

Para ello se requiere un cambio radical de las normas que guían la gobernanza del euro, con el establecimiento de políticas fiscales de sentido opuesto al realizado, y el desarrollo todavía inexistente de la Europa Social. Lo que no puede aceptarse ni tolerarse es la continuación del austericidio actual, que significa el ataque más frontal conocido durante la época democrática al bienestar de las poblaciones en este continente. El euro actual debe cambiarse, tanto en su gobernanza como en su desarrollo, complementándose con una política social y fiscal hoy inexistente a nivel de la Unión Europea y de la Eurozona. Lo que no puede tolerarse es que la situación continúe tal como está. El coste humano y económico para la calidad de vida y el bienestar de las clases populares es excesivo e inaceptable. Así de claro.