México se encuentra en un estado de "emergencia nacional" por el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado, una "tragedia" que influirá en el próximo año electoral, según varios expertos consultados por Efe.

"La enfermedad que tiene México es debilidad del Estado, en tanto que la delincuencia organizada es el síntoma", dijo a Efe el especialista en narcotráfico y exasesor de Naciones Unidas en temas de justicia y seguridad Samuel González.

Según el experto, que fue fiscal antidrogas de México en la década de 1990, el grave problema de México no tiene que ver con policías o jueces, sino que mucho más es porque el poder de la delincuencia organizada crece por la debilidad del Estado, "incapaz de garantizar la seguridad" a su población.

La ola de violencia en este año ha dejado 12.182 muertes en el país, según cálculos del diario mexicano Reforma, un 5,17% más que los datos del 2010, cuando se registraron 11.583 asesinatos.

De acuerdo con esos datos, los estados con más homicidios son los norteños Chihuahua, con 1.925; Nuevo León, con 1.750, y Sinaloa con 1.389, regiones que, junto con Guerrero, son disputadas por los principales cárteles de la droga.

Debilidad del Estado

El poeta mexicano Javier Sicilia, quien este año se convirtió en un importante líder de movimiento social en contra de la violencia, considera esta situación como "una tragedia".

Sicilia precisó a Efe que en 2011 se elevó el número de muertes violentas debido a que el Estado "tiene una gran fractura y profunda debilidad" al no saber impartir la justicia.

El activista, que también encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), consideró la lucha del Gobierno contra el crimen desde hace cinco años como una "estrategia fallida" que ha dejado más de 40.000 muertos.

A su juicio, esta "tragedia nacional" influirá en las elecciones generales del año próximo, cuando unos 80 millones de mexicanos elegirán al sucesor del presidente Felipe Calderón y a más de 2.000 cargos.

Pacto con el crimen

Por su parte, el Gobierno mexicano ha defendido su estrategia con el argumento de que el crimen organizado supone, en palabras de Calderón, "una abierta amenaza a la democracia" que de no haber sido enfrentado habría avanzado aún más.

Las autoridades han reconocido la intervención de la delincuencia organizada en elecciones regionales, en las cuales se ha denunciado que algunos partidos políticos han pactado con el crimen para conseguir más votos, como en algunos municipios del estado de Michoacán en los comicios de noviembre pasado.

En declaraciones a Efe, el analista político Federico Berrueto expresó su acuerdo con la política del Gobierno de enfrentar a esas mafias criminales y cree que Calderón va en serio, aunque "su estrategia es incompleta".

Lamentó que la carencia de un modelo policial "debilita condiciones" para que el Estado pueda ganar esa lucha.

Denuncia ante la CPI

La última vez que el Gobierno dio a conocer cifras de víctimas fue en enero pasado, en su Base de Datos de Fallecimientos, donde se señalaba que desde el inicio de la gestión de Calderón (el 1 de diciembre del 2006) hasta diciembre de 2010 sumaban 34.612 casos de asesinatos vinculados a la violencia generada por el crimen organizado.

La presunta responsabilidad de las autoridades en esta violencia llevó el pasado 25 de noviembre a un grupo de activistas a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Calderón por supuestos crímenes de lesa humanidad.

En el recurso, según Sandoval, se documentan más de 470 casos presentados como "violaciones de los derechos humanos", ocurridos a partir de 2006, cuando asumió el poder Calderón, y calificados de delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.

Por su parte, la secretaria general del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, dijo a Efe que 2011 termina "como uno de los más violentos en la historia moderna" de México.

Precisó que el Gobierno tendrá que reconocer que ya son más de 50.000 los muertos a consecuencia del recrudecimiento de la violencia y de los errores cometidos en el combate a la inseguridad.