Cómo entender esto: un ex candidato presidencial desaparece en la puerta de su rancho y nadie sabe qué es lo que le pudo haber sucedido. Un candidato a alcalde es asesinado junto con su hijo en una ciudad cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que llevó a que otros candidatos a puestos de elección popular se retiraran de las contiendas electorales. Una granada fue lanzada a las puertas de la oficina de la empresa Televisa al otro lado del país. En otra parte de la nación, ocho estudiantes son asesinados mientras se divertían en un bar.

No son hechos concatenados o que respondan a una conspiración, pero marcan los tiempos violentos que se viven en México. La cruzada nacional en contra de los carteles de la droga emprendida por el presidente Felipe Calderón al iniciar su gobierno en diciembre de 2006, se le salió de las manos. "No teníamos idea del poder de los narcotraficantes", admitió Calderón la semana pasada en una entrevista con corresponsales extranjeros en vísperas de su viaje a España. Esa falta de diagnóstico real ha provocado una guerra civil de más de 23.000 muertos, la mayoría delincuentes, pero también policías, militares y ciudadanos que no tenían nada que ver en esa lucha.

El problema ya le creció. La violencia se ha extendido casi al 30% del país y amenaza la vida democrática de México. A los candidatos a puestos de elección popular asesinados o amenazados, se le suman campañas electorales para gobernador de importantes estados con mítines semivacíos por el miedo de la gente, o el caso de otros que van marcha en popa, pero perseguidos por nubes borrascosas por sus presuntos vínculos con los principales capos del narcotráfico. En el desorden actual, el ex presidente Vicente Fox, al elogiar la estrategia de Calderón contra los narcotraficantes por haber roto el balance de los carteles de la droga, pide ahora que se restablezca ese equilibrio, sugiriendo una negociación con criminales y reducir así la violencia.

El presidente Calderón dice que es sólo percepción la idea de que se va perdiendo la guerra contra el narcotráfico, pero en Sinaloa, por mencionar uno de los estados del país con mayor historia delincuencial -la mayoría de los capos nacieron en esa entidad del Pacífico mexicano-, el 60% de sus habitantes dijeron en una encuesta realizada por la empresa Parametría que los narcotraficantes habían traído más beneficios a la población que daño. La percepción ya encontró sus realidades y transmitió el mensaje a las metrópolis, donde desde trincheras distintas e informaciones diferentes, se empiezan a cuestionar si el país se le está saliendo de las manos a Calderón.

Calderón se encuentra arrinconado. Este miércoles inicia una visita de Estado a Washington, donde uno de sus temas era volver a insistir al Gobierno de Barack Obama que contribuya más en esa lucha mexicana por restablecer la seguridad total en México. El problema es con qué cara va a pedir eso cuando recién acaba de desaparecer uno de los panistas -del partido de Calderón- más connotados de los últimos 25 años, ex candidato presidencial y con una relación vieja y profunda con dos prominentes miembros del gabinete de seguridad del Gobierno.

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, abogado prominente, socio de un ex procurador general, antiguo patrón del actual procurador y asociado del secretario de Gobernación -ministro del Interior-, provocó conmoción por ser el miembro de la élite política más prominente que resulta afectado por el entorno de violencia que se vive, que amplifica la sensación de vulnerabilidad que lleva el hecho que si una persona de sus características puede desvanecerse sin que nadie sepa nada hasta ahora, ¿qué puede esperar alguien sin su influencia y poder?

Su desaparición, la matanza de los ocho jóvenes, el ataque a oficinas de una filial de Televisa y lo que está sucediendo con los aspirantes a puestos de elección popular en una línea de tiempo de menos de cinco días, fortalecen el sentido de indefensión ciudadana que ven que los diferendos en México hoy en día, sin importar sus orígenes y motivaciones, se están resolviendo por vías extralegales y sin consecuencias. Los incentivos para vivir bajo la Ley de la Selva siguen siendo elevados. En Culiacán, la capital de Sinaloa, la ciudad más violenta del país, mientras que hace una generación sus pobladores rechazaron a los narcotraficantes y los expulsaron de sus comunidades, hoy se puede escuchar a personas de bien que justifican que sus hijos se encuentren metidos en el narcotráfico porque "es mejor que vivan bien cinco años a que vivan mal toda la vida".

En Zacatecas, los carteles de la droga han llegado a colocar retenes por horas en las carreteras federales para cobrar el "derecho de paso", sin que sean molestados por la autoridad. En ciudades fronterizas con Estados Unidos como Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua, hay empresarios que han pedido a miembros del gabinete de seguridad del Gobierno federal que la presencia de policías y militares han perjudicado a la economía local, buscando su retiro para restablecer ese "balance" que mencionaba el ex presidente Fox.

Tiene razón el presidente Calderón cuando argumenta que tenía que enfrentar a los cárteles de la droga que se estaban apoderando silenciosamente de territorio, pero en poco más de tres años de lucha contra los cárteles, provocó que la violencia emergiera y que los desafíos al Estado fueran públicos. En una ocasión, el ex procurador Eduardo Medina Mora, actual embajador en el Reino Unido, admitió que lo que habían logrado era "sacudir el avispero". Ahora no saben cómo controlar a todas las abejas que pican mortalmente en todo el país. No tenía idea el presidente de lo que estaban haciendo, como lo reconoce. Qué drama. Su candidez muestra la irresponsabilidad de una toma de decisiones que hoy afecta, invariablemente, a todos los mexicanos.