La primera oficina de Uber en Buenos Aires duró seis días. El Municipio de Vicente López la clausuró cuando aún no se había cumplido una semana de su apertura. La oficina estaba ubicada en el segundo piso de un edificio situado en Bartolomé Cruz 1210.

Los motivos de la clausura se debieron a la falta de habilitación municipal. Además de su dependencia, se cerraron otras cuatro, que estaban situadas en el primer piso, en el sexto y dos en el séptimo. Uber debió pagar una multa de $ 8.500 por la irregularidad.

Los conductores recibían asesoramiento sobre la utilización de la aplicación en la oficina. (Uber Argentina)

La oficina había sido abierta para actuar como un centro de atención para los choferes y para asesorar a aquellos que quisieran sumarse como conductores. Su ubicación en Vicente López era estratégica: en la Ciudad la Justicia los investiga por empezar a operar sin autorización y tiene procesos contravencionales activos contras algunos de sus conductores. Además, una sede en suelo porteño hubiese sido un blanco obvio para las protestas de los taxistas.

“Que exista un lugar físico donde los socios conductores puedan venir a conocer a los representantes de la empresa, obtener información sobre el uso de la plataforma y finalizar su proceso de registro es un paso fundamental en el desarrollo de la actividad”, había dicho el Gerente General de la compañía, Mariano Otero, a Clarín al momento del estreno. La idea era que en el lugar se atendiese a unas 2.000 personas por semana, una cifra similar al centro de atención que tienen en Santiago de Chile. Y el plan a largo plazo incluía la apertura de otras cuatro sedes en el área metropolitana.

Clarín se comunicó con voceros de la compañía, quienes dijeron que la multa había sido pagada y que en conjunto con las demás empresas sancionadas habían continuado con los trámites de habilitación correspondientes. "La clausura fue levantada para continuar con el proceso", agregaron. El Municipio de Vicente López aún no les otorgó la habilitación y la actividad en el lugar está prohibida. Con lo ocurrido, la firma volvió a quedar asociada con el funcionamiento ilegal. A fines de diciembre, la Fiscalía de la Ciudad la denunció por evasión tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo.

La causa comenzó de oficio por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú. Y la información sobre la que se apoyó la denuncia se obtuvo a través de un allanamiento a la oficina de Payment Collection SRL, que hace los movimientos comerciales de la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes.

La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía estudió los movimientos de dinero hechos por Uber y detectó que la operatoria financiera constituiría una evasión tributaria, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, y el posible lavado de activos de origen delictivo.

Según el informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la firma podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia el pago de tributos en la Ciudad por un monto de $ 2.089.318 en concepto de Ingresos Brutos. Además detectó que la empresa debió haber declarado, al menos en el ejercicio anual de 2016, $ 3.656.307 en concepto de valor agregado (IVA).