Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

Introducción

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del estado de derecho y el incremento de la desigualdad social. En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento de las condiciones de vida en esa sociedad.

En la búsqueda del poder o del dinero, los actores criminales administran la violencia para poder garantizarse un usufructo de la renta como resultado de la utilización de la fuerza, sea para depredar los frutos del trabajo o los recursos disponibles en ese territorio, sea para establecer condiciones desiguales que les permitan un acceso privilegiado a las fuentes de riqueza y de renta existentes en esa sociedad.

Durante este año 2019, en Venezuela se ha incrementado la destrucción del pacto social por la suma perversa y en apariencia contradictoria de anomia y autoritarismo, lo cual ha provocado, por una parte, una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones y violan derechos humanos, y por otra parte, la desconfianza de la población en instituciones y funcionarios cuyo desempeño está sujeto a normativas y regulaciones que son frecuentemente modificadas, con cambios impredecibles y sin un claro fundamento.

Y en lugar de la deseada independencia de los tres poderes en la sociedad, capaces de generar contrapesos, lo que existe de manera fáctica es una dualidad de poderes que durante este año ha permanecido y profundizado. A la existencia de dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, se sumó en este año dos poderes ejecutivos. Uno de ellos con un presidente designado por la Asamblea Nacional legítima y reconocido por una parte de la sociedad y por varias decenas de países del mundo como el presidente encargado legítimo del país.

Aunque existe una Asamblea Nacional electa democráticamente, se estableció otra Asamblea legislativa distinta, una Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada y electa con procedimientos no contemplados en la Constitución y que no ha asumido, en cualquier caso, la función para la cual fue convocada, que era redactar un texto constitucional, sino que en forma arbitraria se ha adjudicado a sí misma poderes para actuar como una instancia plenipotenciaria, capaz de normar y decidir sobre cualquier dimensión de la vida republicana.

El poder ejecutivo continúa gobernado bajo el “estado de excepción” establecido desde mayo del año 2016 y prorrogado de manera indefinida e inconstitucional varias veces, concentrando por esa vía cada vez más poderes y con cada vez menos controles y regulaciones. La Sala Constitucional se erigió como un macro poder capaz de modificar la Constitución. Las leyes se personalizan y se politizan, dejando de ser mecanismos de regulación social universal, para convertirse en instrumentos para la persecución casuística de los diferentes y disidentes.

En ese contexto, los mecanismos básicos de funcionamiento de las sociedades se pierden y el delito de distintos rostros encuentra nuevas y mejores oportunidades para actuar. Como no hay reglas universales y legítimas, el poder fáctico impone sus reglas y las aplica de manera arbitraria a los fines de obtener riqueza o de conservar el poder, o de conservar el poder para poder usufructuar de la riqueza.

En Venezuela, el año 2019, se ha consolidado lo que se puede considerarse la mayor crisis social en la historia de Suramérica.

La observación de la violencia

Luego de dieciséis años consecutivos de censura oficial, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) vuelve a ofrecer su reporte anual sobre la situación de violencia en el país. La censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas que formamos parte del OVV a seguir observando y analizando lo que ocurre con la criminalidad en el país y continuar entregando a la sociedad nuestras mejores estimaciones e interpretaciones sobre la realidad existente y la calidad de la información.

En este año 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia ha estado analizando y procesando información en ocho entidades federales del país, con grupos de investigación de ocho universidades: en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT; en Cumaná con la Dirección de Cultura de la UDO; en Caracas con el Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV; en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la UCLA; en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana; en Mérida en el Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA; en Maracaibo en el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, y en Maracay en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UC.

La situación de violencia

En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina.

Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que desde hace más de una década estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la sociedad: los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y las 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes.

Los resultados muestran una importante disminución en el número y en la tasa de muertes violentas, sin embargo, no creemos que esto sea el resultado de una mejoría en condiciones sociales, sino, todo lo contrario, del empeoramiento de dichas condiciones de vida y de la generalización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país.

Los tres componentes muestran tres procesos complejos y negativos de la sociedad venezolana:

El descenso de los homicidios cometidos por delincuentes tiene su origen en varios procesos sociales igualmente negativos.

El primero es la destrucción generalizada de la actividad económica y el empobrecimiento del país, lo cual ha reducido drásticamente las oportunidades para el crimen. La caída de la actividad económica por el quiebre de empresas o de los comercios, la restricción de los horarios por la suspensión de los servicios públicos, la emigración de las personas o la poca disponibilidad de dinero por el empobrecimiento de los asalariados y la carencia de efectivo en bancos, comercios o las personas, ha limitado el campo de acción del delito depredador, que ha encontrado menos víctimas que pillar y menos recursos que despojar.

El segundo elemento es el incremento del control territorial de las bandas armadas del crimen organizado, quienes someten la criminalidad de las pequeñas pandillas o de individuos aislados, para favorecer su aprovechamiento de las grandes rentas derivadas del tráfico de drogas, minerales o personas; del contrabando de gasolina o de la extorsión de las empresas.

El tercero es la emigración de los delincuentes hacia otros países, producto de los dos factores anteriores: de la reducción de las oportunidades para el crimen y del control de los grupos organizados que los elimina o los obliga a someterse a su control.

El cuarto es la reducción de personas en el espacio público, en la calle, el mercado o la plaza, por la restricción de la oferta de actividades comerciales o recreativas, por las limitaciones que imponen las falencias en los servicios públicos, como el racionamiento eléctrico o el menor transporte público. Y por la restricción en la demanda, por la inhibición de las personas, quienes restringen sus actividades en el espacio público, sea por carencia de un dinero que puedan gastar en su salidas, sea por el temor a ser víctimas en esos espacios públicos.

La inmensa letalidad policial se ha convertido en un factor relevante en la reproducción de la violencia en el país. La letalidad tiene dos impactos disímiles en la situación de violencia, pues, por un lado, puede considerarse, tal y como lo hacen las autoridades, que este tipo de acción reduce la delincuencia y los homicidios al eliminar a los potenciales delincuentes. Pero, por otro lado, continúa constituyendo un importante factor en las tasas de homicidios, pues las muertes provocadas por los policías se mantienen en un niveles extremadamente altos, registrándose en 2019 un promedio de 14,5 personas muertas cada día del año a manos de los cuerpos de seguridad. La acción de represión del delito por parte del Estado se ha reducido al exterminio de los delincuentes. No existe ninguna política sostenida de hacer cumplir la ley y de aplicar los castigos previstos en las leyes de la República, ni mucho menos programas de prevención del delito, sino de eliminación de los presuntos delincuentes.

La reducción de la letalidad en algunos estados puede tener su explicación no en la disminución de la acción policial, sino en una nueva modalidad que en los reportes que tenemos de los habitantes indican la tortura y la amenaza de muerte de los presuntos delincuentes, está substituyendo la letalidad en las actuaciones de los grupos comandos, y cuya intención parece ser no sólo la intimidación o persuasión, sino que tiene como propósito forzarlos a emigrar del país.

Las averiguaciones de muerte se mantienen como un importante componente de la tasa de homicidios del país. Continúa, por parte de las autoridades, el registro ambiguo de una importante cantidad de víctimas de muertes violentas, quienes quedan clasificadas y se archivan como en averiguación por haber tenido una intencionalidad desconocida.

Esta cifra representa una inmensa caja negra en el país y ha mostrado un extraño incremento en los últimos años. En el estado Mérida, el de menor tasa de homicidios del país, en el año 2001 las muertes consideradas sin intención determinada (MIND) representaron el 6,6% del total de víctimas, mientras que para el año 2017 esa misma categoría se incrementó cinco veces, para ubicarse en el el 32,7%. En el país, por cada diez víctimas que son catalogadas como homicidios, hay nueve más que son catalogadas como fallecidos por intención no determinada.

Pero, es posible estimar que de cada cien víctimas clasificadas como MIND, ochenta y ocho murieron por disparos de armas de fuego, y que a pesar de eso fueron archivadas como de “intención no determinada”.

Es importante destacar, además, que esta cifra de muertes en averiguación no incluye los casos de los “desaparecidos”, y que son aquellas personas que se desconoce su paradero y cuyos cadáveres pueden luego ser encontrados enterrados en fosas clandestinas construidas en zonas aisladas o boscosas, y de cuya existencia sólo se sabe con posterioridad. Encontramos que esta práctica ha tenido un incremento en los años recientes y muestra un tendencia novedosa de actuación de los grupos criminales, quienes, de acuerdo a las circunstancias y los acuerdos informales con otros grupos de poder, se mueven entre una espectacularidad morbosa, destinada a enviar mensajes a sus enemigos y provocar miedo en la población, y el sigilo discreto, que procura evitar el escándalo y la presencia e investigación policial que pueda derivar de la presión que puedan ejercer los familiares, ya que, en el caso de las desapariciones, siempre se mantiene la incógnita del verdadero destino de algunas personas. Esta tendencia se ha facilitado y permitido su incremento, tanto por la letal actuación policial, como por la masiva emigración de las personas y que hace dudar a las familias si su pariente salió del país o se encuentra “desaparecido”.

Los cambios en el país y los cambios en los procedimientos policiales y de registro forense reciente, no nos permite saber si las cifras que disponemos son del todo correctas, lo que sí es posible afirmar es que en cualquier caso los números deben ser superiores y no inferiores a los que presentamos.

Comparación con otros países

Con una tasa de 60,3 Venezuela quedará registrada como el país con la mayor tasa de muertes violentas en las Américas.

En los últimos años se ha observado una disminución en los homicidios en varios países de la región, en Venezuela ha ocurrido lo mismo. Aunque en cada caso las razones y procesos sociales específicos son diferentes, pues las condiciones sociales, políticas y el tipo de actores armados son diferentes, la disminución de los homicidios en la región creemos que se debe a dos grandes procesos:

El primero es una mayor conciencia ciudadana sobre la gravedad de la situación de violencia, lo cual que ha forzado a respuestas públicas más eficaces en las actuaciones de los gobiernos locales, nacionales y ha movilizado la cooperación internacional.

El segundo son los cambios que están ocurriendo en el delito organizado, tanto como respuesta a la acción del Estado, como por una estrategia más sofisticada y sutil, que permita un mayor control territorial que facilite a los grandes delincuentes controlar a los pequeños delincuentes, y así pasar desde los conflictos de alta intensidad a una violencia de baja intensidad, que pueda ofrecer mejores condiciones para prosperar en sus negocios ilícitos y para eludir o pactar la confrontación con los gobiernos.

En El Salvador, el país que en los últimos años fue el más violento de la región, llegando a tener en 2015 una tasa de 103 víctimas por cada cien mil habitantes, desde el año 2016 ha tenido una fase de reducción de los homicidios y que hace prever que para este año la tasa puede ubicarse en 48 víctimas por cada cien mil habitantes. Las acciones del Estado han logrado golpear las finanzas, la logística y el liderazgo de las maras criminales, así como poder tener un mayor control de las prisiones. En esa actuación también se han realizado muchas ejecuciones extrajudiciales y el poder ejecutivo intentó excluir esas víctimas de la contabilidad de muertes violentas, pero el rechazo de las fuerzas sociales a tal medida obligó a que fuesen catalogadas como tales e incluidas en la estadística oficial.

En Honduras se estima que el año 2019 concluya con una tasa de 42 fallecidos por cada cien mil habitantes. Honduras ha experimentado una sostenida reducción desde el año 2015, producto de diversas medidas de medidas de control de las bandas y del tránsito de drogas por su territorio.

En Jamaica se ha dado un pequeño incremento en las víctimas que se estima no afectará los resultados, y por lo tanto se mantendrá la tasa de 47 víctimas por cada cien mil habitantes que había mostrado en 2018, a pesar de la declaración del estado de emergencia del gobierno para controlar el delito y que no logró una reducción ni cambio en las tendencias.

En Brasil se estima que puede concluir con una tasa de 19 por cada cien mil habitantes, con una reducción estimada del 22% en los homicidios, pues el año puede cerrar con una cifra inferior a las 40 mil víctimas anuales para una población de 210 millones de habitantes. El mensaje fuerte de represión del delito enviado por las autoridades y las medidas de control de las cárceles implementado por los gobiernos estadales de las diversas corrientes políticas, ha permitido que este año se pueda repetir, sin grandes variaciones, una tasa que se ya se ha experimentado durante varios años.

En Colombia durante el 2019 se mantiene casi igual la tasa de aproximadamente 25 por cada cien mil habitantes. Aunque algunas fuentes indican que se puede calcular una reducción del 2,5% en los homicidios entre 2018 y 2019, con los datos disponibles hasta ahora no es posible tener seguridad de que esta reducción logre revertir la tendencia al alza que se había observado en el año 2018. En Colombia ha ocurrido una muy importante reducción de los homicidios hasta el año 2015, cuando, en lugar de seguir el descenso se estabilizó y durante tres años consecutivos, el número de homicidios se estancó alrededor de 11.500 fallecidos. Luego, en el año 2018, se rompe esa tendencia decreciente o estable experimentada durante una década y aumentaron hasta 12.130 los homicidios en el país. La situación de violencia en Colombia se relaciona con los diversos actores armados que participan en el proceso políticos: los acuerdos de paz; la desmovilización de algunos grupos armados para dedicarse a la lucha política democrática, dejando espacios vacíos a otros grupos criminales; la reagrupación de grupos guerrilleros y de bandas criminales que mantienen control territorial y el usufructo de diversas rentas en varias partes del país. Se estima que adicionalmente, en este año hubo un incremento de los homicidios en algunos departamentos que son frontera con Venezuela por la inestabilidad social y política de esos territorios, y las luchas por controlar las rentas que de allí se derivan.

En México se estima que en el año 2019 se puede mantener la tasa de 22 por cada cien mil habitantes, pues, aunque en el inicio del año hubo un incremento en las muertes violentas, en un proceso complejo en el cual se ha dado la disolución de la Policía Federal y su traspaso de funciones a la Guardia Nacional, luego se modificó esa tendencia al alza y se ha estabilizado la violencia. En México son grandes las diferencias en las condiciones de violencia entre las distintas zonas de la nación, encontrándose que estados como Colima, Baja California o Chihuahua, tendrán este año unas tasas de homicidios mucho más altas que el resto del país, llegando a duplicar o triplicar la tasa nacional.

Los cambios en las modalidades del delito y la dolarización

Entre los comienzos y fines del año 2019 las modalidades del delito se fueron modificando conforme se daban cambios en la economía diaria de las personas y se generalizaba el proceso de “dolarización” informal del país, lo cual permitió que el dólar, el euro, el peso colombiano o el real brasileño, se convirtieran en las monedas de uso corriente en las operaciones de intercambio de bienes y servicios en distintas zonas del país.

En el primer semestre del año 2019 muchas de las modalidades del delito se habían restringido por la carencia de bolívares en efectivo en manos de las personas, debido al empobrecimiento de la población, a la baja circulación de billetes de bolívares y a la generalización de los pagos electrónicos, sea con tarjetas de débito o con transferencias bancarias. Eso provocó una reducción de los robos de las personas, en las calles o en el transporte público, de los asaltos a los comercios o los bancos, por la ausencia de un potencial botín en manos de las potenciales víctimas. En ese período, el robo se trasladó de la calle a las viviendas familiares, donde los delincuentes podían encontrar bienes que pudieran ser luego negociados en el mercado negro, tales como joyas, computadoras, televisores y otros electrodomésticos y, en algunos casos, divisas en efectivo que guardaban las personas o comerciantes en sus casas. En este período llamó la atención que los delincuentes, además de acarrear con esos productos propios de los robos, se llevaban también la ropa, calzados, medicinas y alimentos existentes en las viviendas.

En la medida que la economía se fue dolarizando, las personas tuvieron más dinero en divisas en sus carteras, pues se convirtió en un medio común de pago y con ello se inició un proceso de mudanza en las oportunidades del delito. Los bandidos regresaron al robo de personas y comercios que sabían podían disponer de efectivo en moneda extranjera. De igual manera, los secuestros se incrementaron en el segundo semestre, pues se hizo común exigir y pagar el rescate en moneda extranjera.

Para fines de año la situación delictiva ya había cambiado y se observó un crecimiento de los delitos depredadores o de las prácticas de extorsión de los grupos criminales o de los funcionarios policiales y militares, quienes en alcabalas, aduanas, o para ofrecer servicios públicos desde las reparaciones de electricidad hasta la emisión de pasaportes, o garantizar el puesto privilegiado en la fila para surtir gasolina, son cobrados en moneda extranjera o pepitas de oro.

El delito y la corrupción se dolarizó en el año 2019.

El incremento de los suicidios

Desde hace tres años alertamos sobre una tendencia al incremento de los suicidios que permitían considerarlo como un fenómeno más social que individual y que parecía responder al deterioro de las condiciones de vida de la población.

Los suicidios son incluidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sólo como una muerte por una causa externa, sino como violencia, pues es una forma de violencia ejercida no contra otros, sino de la persona contra sí misma, quien resulta víctima y victimaria al mismo tiempo.

Los suicidios, así como los homicidios, muestran los cambios que ocurren en las sociedades, y si bien siempre la decisión de quitarse la vida tiene un componente individual, lo que es posible establecer es que esas decisiones están condicionadas por la circunstancias del entorno social que rodean a la persona y que lo hacen lidiar con el presente e imaginarse un futuro que les dé aliento para vivir o les quite la esperanza y voluntad de seguir viviendo.

Los resultados obtenidos por nuestras investigaciones en curso muestran que en la actualidad la tasa de suicidios del país puede fluctuar entre 9 y 10 suicidios por cada cien mil habitantes. Esto ha representado al menos un incremento por el orden del 140-170% entre los años 2015 al 2018. Por lo cual la tasa de suicidios se ha podido casi triplicar en los últimos cuatro años.

En el caso específico del estado Mérida, la entidad federal donde se ha registrado la menor tasa de homicidios del país en los últimos años, hemos llevado a cabo un estudio detallado sobre los suicidios y es posible afirmar que la tasa de suicidios estimada para el estado Mérida se ubica alrededor de 21,7 suicidios por cada cien mil habitantes, la más alta del país, y que representa un incremento por el orden de 80% entre los años 2014 y 2018.

Dentro de los móviles o causas presuntas del suicidio, la depresión resultó ser la principal razón que ha llevado a muchos merideños, y quizás también a muchos venezolanos en general, a tomar la lamentable decisión de suicidarse.

En los casos en que fue posible establecer una motivación para la decisión de suicidarse se encontró que la depresión como el principal móvil pasó de representar el 34,1 de los casos en el año 2014, a convertirse en el 56% en el año 2018, y aunque no podemos disponer de datos completos para el año 2019, por la censura oficial al respecto, es posible inferir que este porcentaje ha estado en aumento durante este año.

En toda la historia de estadísticas conocidas sobre tasas de suicidios estimadas en Venezuela previas, que van desde el año 1936 hasta el año 2015, nunca se había alcanzado las tasas de suicidios que se tienen en la actualidad, todo lo cual parece concordar con la profunda crisis que vive el país en la actualidad, la cual tampoco tiene precedentes en los más de 200 años de historia republicana.

Las víctimas niños, niñas y adolescentes

En los niños, niñas y adolescentes se evidencian los mayores impactos de la violencia en Venezuela: ellos afrontan la violencia estructural manifiesta en las dificultades para el acceso a los bienes y servicios más básicos como los alimentos, el agua, la luz, el transporte y los recursos más elementales para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales de DDHH.

También es alta la cifra de niños y niñas que crecen solos porque sus padres se han visto forzados a migrar a otros países en procura de un ingreso económico.

Esas condiciones de precariedad y empobrecimiento, se agravan con el impacto que tienen la violencia y la inseguridad en la vida diaria de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes quienes viven con miedo a ser víctimas de delitos, por lo que, en muchos casos, no van a la escuela, o no tienen oportunidades de recreación, deporte ni opciones de participación social.

En este año ha sido relevante la violencia ejercida contra los niños y niñas indígenas que deben ser investigados y sobre los cuales no puede haber impunidad, como la acción abril de 2019, cuando una embarazada y una niña de la población Warao resultaron muertas por una comisión de cinco funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en aguas del Delta Amacuro.

Miles de niños y niñas son testigos y víctimas directas de la muerte de sus padres, madres o familiares, y esto tiene un impacto relevante en sus vidas, no sólo por el dolor y otras consecuencias que esta pérdida causa al niño o niña, sino por sobrevivir abrumados por el temor constante a que la violencia letal les llegue una vez más, y por la certeza de no contar con ninguna forma de protección. Otros crecen con el daño psicológico, con estigmas y dificultades en las relaciones sociales, buscando su identidad y en muchos casos, perturbados por el rencor, la rabia y el duelo no procesado.

A pesar de las altas cifras de víctimas de la mortalidad violenta en Venezuela, el Estado no ha implementado políticas, planes o programas para la protección de la integridad personal de esta población afectada; las víctimas no han sido amparadas por medidas de protección, programas de apoyo psicosocial, acciones para la reparación del daño causado, ni siquiera cuentan con el apoyo económico que requieren ante la pérdida de ese familiar que era sostén de familia. Tampoco han sido implementados programas de prevención de la violencia que brinden resguardo y protección preferente y especial en los centros educativos, comunidades y localidades en los que se conocen las mayores cifras de inseguridad y violencia.

Miles de niños y niñas han sido testigos directos de crímenes ocurridos en su comunidad, de la muerte de su padre o madre, o han sido ellos mismos las víctimas directas de lesiones y otros delitos que resultan de la actuación policial, evidenciando el desconocimiento e inobservancia de la normativa internacional de DDHH y en la legislación nacional, de las normas de obligatorio cumplimiento para la actuación policial con niños, niñas y adolescentes.

También se ha conocido de casos en los que niños y adolescentes resultan muertos en acciones policiales en los que se les reporta como fallecidos por “resistencia a la autoridad”, situaciones que deben ser investigadas para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de estos hechos.

Queda planteada claramente la interrogante de la eficacia, profesionalismo y legalidad de la actuación letal de cuerpos policiales, que en lugar de prevenir o reducir las muertes y otros daños, incrementan la inseguridad, las realidades de la violencia y la desconfianza de la población en el Estado y sus instituciones.

El impacto de la violencia en la disponibilidad de alimentos

En Venezuela, la inseguridad y violencia han dejado de ser predominantemente urbanas y se han trasladado hacia las zonas rurales, constituyéndose en un factor relevante en la caída de la producción agrícola y en la provisión de alimentos a la población.

Cuando se compara la producción agropecuaria entre 2008 y 2019, los productores reportan que se aprecia un descenso en todos los rubros, lo cual ha afectado directamente el consumo nacional y que los porcentajes de autoabastecimiento representan un retroceso de al menos veinticinco años en las capacidades de producción del sector agroalimentario. Datos de la Federación de Ganaderos de Venezuela señalan que de un consumo per cápita de 22 kilos de carne en 1999, se ha pasado a sólo 4 kilos por persona en 2019, y que de una producción de diez millones de litros de leche, se ha reducido a menos de 4 millones de litros.

Cuando se revisan los factores que han provocado tal caída, sin lugar a dudas entran las dificultades para obtener insumos necesarios para la producción, como semillas, vacunas, insecticidas o fertilizantes; la inseguridad jurídica que han vivido y los seis millones de hectáreas que fueron expropiadas, pero, también, una parte importante de la reducción de la oferta de alimentos en el país, se debe al impacto que la violencia ha tenido en la producción y comercialización de toda la cadena agroalimentaria.

A fin de conocer más de cerca el papel de la violencia en la caída de la producción agrícola, los equipos de investigación de las ocho universidades nacionales que conforman el Observatorio Venezolano de Violencia realizamos un estudio sobre el tema en ocho estados del país.

Los resultados mostraron que en toda la cadena de producción, distribución y comercialización, los empresarios y los trabajadores son afectados por toda clase de delitos. A los productores de café en el estado Sucre les roban la cosecha, los animales de carga que les sirven de medio de transporte para bajar a las localidades y mercados, los insumos, equipos, fumigadoras; y además, roban a los clientes, quienes por miedo ya no acuden a comprar.

En estados como Zulia, Táchira, Aragua, Lara, Bolívar y Mérida es frecuente el abigeato y los saqueos en las fincas donde se trabaja con ganadería para producción de carne, leche y otros derivados lácteos. También han sido afectados por los delitos de vacuna o extorsión, contrabando, secuestro, en sus formas permanente y express.

En el estado Zulia, los grupos armados irregulares han ocupado fincas y forzado a los productores para que les permitan construir “pistas de aterrizaje clandestinas” en los terrenos de su propiedad, con lo cual los hacendados ha quedado atrapados entre la amenaza de los bandidos, para que acepten convertirse en aeropuertos para la droga, y el temor de ser considerados por parte de las autoridades como cómplices del creciente delito de narcotráfico que allí ocurre.

Otros delitos, como el hurto de insumos, materia prima, cosecha, maquinaria y productos, son frecuentes. Los pequeños comerciantes que organizan “ferias” para vender alimentos, son víctimas de la delincuencia común y de los funcionarios de seguridad. Quienes trasladan alimentos de una zona a otra del país, son víctimas de robos de mercancía cuando se ven obligados a detenerse por el daño que en los neumáticos de sus ruedas provoca la colocación de los llamados “miguelitos” en las carreteras, lo que facilita los robos o saqueos. Por estas circunstancias reportan que han reducido sus viajes y disminuido la distribución de las hortalizas y verduras a nivel nacional.

Los productores y comunidades cercanas a los lugares de comisión de los delitos, señalan que los victimarios son tanto el hampa común, las bandas organizadas, como de los organismos de seguridad del Estado. También, en la generalización del delito, identifican como autores de los robos desde los empleados y obreros que laboran dentro de las unidades de producción, o que laboraron allí y salieron por las continuas reducciones de personal, hasta personas de las comunidades vecinas.

Las unidades de producción agrícola han sido descapitalizadas con pérdidas y robos de desmalezadoras, máquinas de ordeño, vehículos, partes de vehículos, cercas de potreros, invernaderos, sistemas de riego, maquinarias, cabezas de ganado (machos, hembras, hembras en gestación y novillos), plantas eléctricas, combustible, mallas, mangueras, tanques, bombas de asperjar, bandejas, sierras eléctricas, moto bombas, tendido eléctrico, mobiliarios, agroquímicos e incluso la producción del día.

La percepción que los productores del campo, grandes o pequeños, tienen de la actuación de los organismos de seguridad es muy negativa, pues no hay confianza, ni credibilidad en ellos y son evaluados como incompetentes por sus actuaciones de carácter efectista y con fines políticos. Unos destacan la incapacidad que tienen para actuar las policías locales o regionales, por las carencias de apresto operacional, las carencias técnicas y operativas que tienen; otros los consideran como cómplices de los delitos, sea porque actúan en connivencia con los bandidos, sea porque no garantizan ni seguridad ni justicia, pues las denuncias no son procesadas, ni los delincuentes apresados.

Para tratar de sobrellevar la situación y ante la falta de protección gubernamental, las víctimas y sus familiares optan otros mecanismos de protección tales como: cambio de rutinas, pago de vigilancia privada, escoltas, disminución de la producción y vuelta a formas artesanales de producción. Muchos agricultores han decidido no trasladar sus productos a los centros de acopio, como siempre lo hacían, por temor a ser víctimas de asaltos en las carreteras y han optado por vender sus productos a un precio inferior en la puerta de la finca, haciendo más complejo y costoso el proceso de distribución.

En casos extremos, algunos productores logran acuerdos con los grupos criminales y aceptan la extorsión, por lo cual deben pagar regularmente la “vacuna”, tal y como ha ocurrido en los estados Táchira y Mérida y otros optan por abandonar la actividad, como ha ocurrido en el Zulia, en la costa occidental del lago de Maracaibo. En otras zonas se ha fortalecido la idea de la privatización de la seguridad y ese es caso de la creación de grupos de protección privada informal, como las las Brigadas Campesinas de Lara, quienes se dedican a la autoprotección privada de los productores. Y también se generaliza la idea de la “justicia por mano propia” y esto ha tenido un apoyo tácito de algunas autoridades. En las entrevistas, un campesino reportó que los cuerpos policiales les habían dicho “háganlo pero sin mucha bulla, que ésa es la orden”.

Las consecuencias de este proceso ha sido que de las mil doscientas toneladas métricas de alimentos que producía la industria en el año 2017 se redujeron a trescientas mil toneladas. El rebaño de ganado que para comienzos de siglo se calculaba en 15 millones de cabezas, se redujo a una cifra que oscila entre 7,3 y 11 millones en el 2019. La producción de atún que era de 900 toneladas, disminuyó a 500 toneladas. La producción de pollo se redujo de 150 mil a 14 mil toneladas. De las 250 mil madres cerdos que existían se contrajo a 30 mil madres cerdos.

A la inseguridad jurídica y la carencia de insumos, se ha sumado las diversas formas de inseguridad personal para los productores agrícolas, sus empresas y sus familias, y la tendencia del traslado del delito común o el crimen organizado de las zonas urbanas hacia las zonas rurales, ha llevado a la existencia en la actualidad de formas de violencia similares a las que por un tiempo fueron exclusivas de los barrios o periferias urbanas.

La epidemia de violencia policial

Venezuela vive una epidemia de violencia policial. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando las muertes por homicidios exceden la tasa de diez víctimas por cada cien mil habitantes, debe entonces considerarse que se está frente a una epidemia de mortalidad. En Venezuela, solamente las víctimas de la acción policial ya duplican ese umbral. En el año 2019 se estiman que hubo al menos 5.286 víctimas de la acción policial, para una tasa de 19 fallecidos por cada cien mil habitantes; una cifra y una tasa superior a la de cualquier otros país de América. En cada día del año 2019, los cuerpos de seguridad del gobierno mataron a 14,5 personas.

Esta epidemia de violencia policial se ha expandido por todo el territorio nacional. Las prácticas de letalidad en la actuación policial dejaron de ser un hecho aislado, propio del abuso de un funcionario, o un problema que sólo se asociaba a determinado cuerpo de policía: al parecer, fueron asumidas como política o pauta de la actuación policial, y en la actualidad es posible identificar la realidad de las muertes violentas por actuación de funcionarios, en 18 de las 24 entidades federales de la República. La tasa de fallecidos en enfrentamientos y de quienes se informa que “fueron dados de baja” por haberse resistido a la policía, tienen carácter de epidemia. Y la magnitud es tan elevada que, en algunos casos, la tasa de fallecidos por la acción policial violenta fue hasta de tres veces superior al umbral fijado como epidemia.

Y esta epidemia se ha ido extendiendo por todos los municipios del país. De los 335 municipios que conforman la división geopolítica de Venezuela, en 175 municipios la tasa de muertes por resistencia a la autoridad y por la letalidad policial, se encuentran por encima del nivel de epidemia.

Y esta violencia policial excede en muchos casos la violencia ejercida por los propios delincuentes. En 6 estados del país la tasa de fallecidos por la acción policial, por resistencia a la autoridad, es superior a la tasa de los muertos que provocaron los forajidos. Los estados con violencia policial superior a la violencia delincuencial son, en orden de importancia, Guárico, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Aragua y Portuguesa.

Pero, más sorprendente aún es que hay 10 municipios en los cuales todas las muertes violentas que ocurrieron en ese territorio fueron aportadas por la acción policial. Es decir, en esos municipios no se registró ningún fallecido producto de la acción letal de los bandidos, y sí se registraron decenas de muertes producto de la acción letal de la policía u otros cuerpos de seguridad. De una manera muy relevante esos municipios se encuentran en los estados Guárico, Trujillo y Anzoátegui, y quizá ésa es una de las explicaciones que puede encontrarse al incremento de la violencia de estos estados y su posicionamiento ascendente en los lugares más altos por su tasa de muertes violentas en relación al resto de estados del país. Los diez municipios en los cuales sólo se registraron homicidios cometidos por los policías son: en el estado Guárico, el municipio San José de Guaribe. En el estado Trujillo, los municipios José Felipe Márquez Cañizales y Motatán. En el estado Anzoátegui, los municipios Guanta, San Juan de Capistrano y José Gregorio Monagas. En Mérida, el municipio Justo Briceño. En Cojedes, el municipio Lima Blanco. En Carabobo, el municipio Miranda, y en el estado Táchira, el municipio Córdoba. Dos elementos comunes cabe destacar en estos municipios, el primero es que son municipios vinculados a la producción o refinación petrolera y el segundo es su vinculación territorial con la red de carreteras nacionales, en particular con las troncales 1 (Panamericana) y 9 (Oriente).

Después que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicara su informe el pasado 4 de julio de 2019 y solicitara, expresamente, que se disolvieran las FAES y se estableciera un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, en Venezuela hubo al menos 2.698 fallecidos por la acción letal de la policía. Lo cual significa un promedio de cien víctimas de la epidemia de violencia policial cada semana.

La situación de las entidades federales

Los cinco estados con las mayores tasas de violencia en el año 2019 fueron Miranda (87 por 100mil/hab), Bolívar (84 por 100mil/hab), Aragua (82 por 100mil/hab), Distrito Capital (76 por 100mil/hab) y Guárico (70 por 100mil/hab).

Tres aspectos son importantes destacar en la configuración de la violencia este año. El primero es que el estado Miranda desplazó al estado Aragua del primer lugar que éste había detentado en los dos años anteriores. El segundo, es el ascenso continuo de posición del estado Bolívar, el cual estuvo en cuarto lugar en el año 2017, en el tercer lugar en el 2018 y ahora se ubica en el segundo lugar este año 2019. Y el tercer aspecto es la aparición del estado Guárico entre los cinco estados más violentos del país.

Las altas tasas de los estados Miranda, Aragua y Distrito Capital se corresponde a la configuración de la violencia urbana en la región centro-costera del país, la cual ha sido históricamente el eje más violento, pero en el cual se ha desplazado la criminalidad desde los grandes centros urbanos hacia las zonas sub-urbanas o semi-rurales de los estados Miranda y Aragua, en los cuales se han instalado centros de operación de las bandas criminales que actúan enfrentándose e imponiendo el control territorial, con sus efectos duales unas veces en la reducción y otras en el incremento de la violencia.

La situación en los estados Bolívar y Guárico se relacionan con el incremento de la acción delictiva en las zonas rurales. En el estado Bolívar, con la expansión de la actividad criminal en el Arco Minero, en el cual se enfrentan los llamados “sindicatos” del crimen organizado, los grupos guerrilleros y las fuerzas policiales y militares, por el control de las riquezas minerales. En el estado Bolívar se produce al mismo tiempo un desastre ecológico y un desastre social.

En el estado Guárico se libra una guerra entre bandas por el control de las rentas que proporciona la extorsión de las actividades ganadera y comercial, y por el control de las rutas de las carreteras que conectan los estados Apure y Bolívar al sur, con las ciudades y puertos del centro del país, en Aragua y Carabobo. Esta zona, que estuvo controlada y extorsionada por grandes bandas, ha tenido unos procesos de redistribución del control territorial que ha generado tanto enfrentamientos entre los grupos criminales como la acción militar violenta.

Cuando uno incorpora en el análisis las cinco entidades federales siguientes en la lista decreciente de altas tasas de violencia y llega a las diez más violentas, se observa la presencia de los estados que no fueron históricamente violentos, como Sucre, Amazonas, Cojedes y Delta Amacuro, y que expresan los procesos de ruralización de la violencia y los cambios en las oportunidades del delito. Las rutas del tráfico de drogas y de la minería ilegal están modificando la geografía de la violencia.

Un elemento que es importante señalar es que, paralelo a la reducción de la tasa de homicidios en los estados más violentos del país, este año ocurrió un incremento en las tasas de homicidios en los estados menos violentos. En los cuatro estados con menor violencia: Mérida, Nueva Esparta, Falcón y Táchira, se pudo observar un incremento de varios puntos en la tasa de homicidios en relación al año 2018.

El Táchira, que ha tenido una baja tasa por la violencia contenida por el dominio de bandas criminales y la guerrilla, ha presentado en 2019 nuevos episodios de violencia por el control de la renta que representa el “peaje” que debe pagarse a los grupos criminales por el uso de las “trochas”, los caminos informales y semi-clandestinos, por los cuales transitan personas y productos hacia o desde Colombia. En los estados Falcón y Nueva Esparta están actuando nuevos grupos criminales, al estar ubicados en el norte del país y ser la frontera marítima con las islas del Caribe, se están convirtiendo en una plataforma para el tráfico de drogas y minerales. Y el estado Mérida, que ha sido por varios años la entidad con menor tasa de homicidios del país y que en 2018 tuvo una tasa de 25 homicidios por cada cien mil habitantes, este año aparece con una tasa de 31 muertes por cada cien mil habitantes. Esta tasa que es la menor de Venezuela, es, sin embargo, muy alta en el mundo, y en este año 2019 será superior a la tasa que mostrarán países considerados violentos como Colombia, Brasil o México.

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