La dirección del Partido Socialista ha vuelto a cambiar su retórica política. El énfasis no es en el cambio de progreso, sino en la estabilidad gubernativa y una España uninacional. La tarea principal ya no es garantizar un giro social a la política económica y laboral, una profunda democratización política y un encauzamiento de la […]

La dirección del Partido Socialista ha vuelto a cambiar su retórica política. El énfasis no es en el cambio de progreso, sino en la estabilidad gubernativa y una España uninacional. La tarea principal ya no es garantizar un giro social a la política económica y laboral, una profunda democratización política y un encauzamiento de la cuestión territorial desde el diálogo y la articulación de la plurinacionalidad, tal como deseaba la mayoría progresista. Ahora se trataría de asegurar la normalización política en torno a un nuevo bipartidismo corregido, mediante la estabilidad gubernamental bajo la hegemonía socialista que es el hilo conductor unificador y conformador de la nueva/vieja élite gobernante que expresa el plan del presidente Sánchez.

Supondría su conquista de la centralidad política y la determinación de unas políticas públicas (económicas, institucionales, medioambientales y territoriales) continuistas respecto del periodo anterior gobernado por el Partido Popular con leves retoques progresistas. Las medidas más importantes o de Estado, deberían ser pactadas con las derechas, los poderes establecidos y las instituciones de la UE. Ello supone la contención de las expectativas sociales de reformas progresivas, democráticas e igualitarias, así como el aminoramiento de la capacidad de influencia de las fuerzas del cambio (Unidas Podemos y sus aliados y convergencias como En Comú Podem, e incluyendo a formaciones como Compromís y Más País).

Las palabras cambio, bloqueo, estabilidad, progresista o España adquieren nuevos sentidos. Hay una disputa mediática por su significado, que refleja los respectivos intereses y reorientaciones estratégicas de formaciones políticas y grupos de poder. En particular, para analizar la estrategia socialista hay que precisar su contenido, situar esos significantes en su contexto y su función; igualmente, para explicar la encrucijada política y las posiciones de los principales actores. Forman parte del proceso de diferenciación y legitimación de los distintos relatos y legitimaciones sociales. Se trata de clarificar el trasfondo de la actual coyuntura electoral del 10-N y, sobre todo, el escenario posterior con los distintos proyectos político-sociales y su impacto en los probables reequilibrios de las fuerzas políticas.

Así, según el relato socialista el cambio (político) ya se habría consumado. La exitosa moción de censura, avalada por las corrientes progresistas y nacionalistas, y su victoria electoral relativa del 28-A, que pretende revalidar y ampliar el 10-M, expresaría la culminación de ese cambio. Su contenido es el acceso del PSOE al Gobierno. Y lo que busca es el monopolio del poder institucional y su estabilidad, es decir, su prolongación duradera sin fuerzas que lo condicionen significativamente, en particular por su izquierda (y el nacionalismo catalán).

Según esa lectura, ya no es necesario insistir en más cambio real para mejorar las condiciones socioeconómicas de la mayoría social y afrontar los retos democratizadores. Nos plantamos en la normalización institucional y socioeconómica, en la gobernabilidad ordinaria. La cuestión social y la desigualdad son temas periféricos o retóricos. Aunque el reto independentista sirve para justificar mano dura estatal, abandonar el diálogo político y distanciarse de la idea de una España plural. Se abre la paradoja de una nueva polarización de dos Españas.

El cambio ha ido adquiriendo un exclusivo sentido institucional: una recomposición de la élite gubernamental frente a la derecha. Se ha desalojado al Ejecutivo corrupto del Partido Popular, se ha revalidado a Sánchez en las elecciones generales y ya está conseguido el recambio gubernativo. Se ha realizado de forma ‘segura’ o ‘sensata’ y solo cabe reforzar la estabilidad del nuevo poder. La palabra estabilidad ya no se corresponde con una reclamación popular referida a la seguridad y decencia del empleo, las condiciones de vida digna, los derechos sociales o el Estado de bienestar. Se reinterpreta como garantía de poder de una élite institucional. Ya no cabría seguir hablando de cambio. El obstáculo es el sentido dado a esa palabra por la gente progresista que alude a un contenido más profundo: un cambio real de progreso, con justicia social y más democracia, frente al continuismo de las políticas públicas de la década anterior.

Pero tras el 28-A (elecciones generales) y, sobre todo, tras el 26-M (elecciones locales y autonómicas), hay un giro político y semántico por parte de la dirección socialista. Para la lógica del cambio de progreso, mayoritaria también entre las bases socialistas, era necesario un amplio acuerdo de todas las fuerzas progresistas partícipes del desalojo de Rajoy y el inicio de una nueva etapa con el refuerzo de expectativas cívicas de reforma progresiva, democrática, social y política. Por tanto, era imprescindible un Gobierno de progreso, no una alianza con Rivera y/o Casado.

El emplazamiento social al PSOE era claro: un gobierno compartido y plural, con una base representativa más amplia y, por tanto, más estable y operativo para hacer frente a los retos acumulados y la oposición de las derechas y los poderes fácticos. Una tarea de transformación sustantiva y progresiva en beneficio de la gente y la democracia, que solo se ha atisbado este último año y que, a pesar de una frustración relativa por el incumplimiento de los acuerdos presupuestarios, los resultados del 28-A permitían retomar.

Pero la bandera del cambio ha sido abandonada por la dirección socialista. La nueva tarea es la estabilidad, asociada a una mayoría suficiente para un gobierno monocolor socialista, con su libertad para pactar con la derecha las políticas importantes y sin fuertes condicionamientos por su izquierda. Es ilustrativo su lema: Ahora Gobierno. Ahora España. O sea, más monopolio institucional socialista y mano dura al nacionalismo catalán. ¿Dónde quedan las propuestas transformadoras de lo socioeconómico, democratizadoras de la política y de diálogo integrador de la plurinacionalidad que se expresaban bajo la palabra cambio progresista?. El cambio se diluye y lo progresista se deja en la ambigüedad.

El Partido Socialista pone en primer plano el monopolio de la gestión gubernamental: el Gobierno monocolor o en solitario, ‘un’ Gobierno homogéneo y cohesionado dirigido por su presidente, sin margen para una mínima negociación equilibrada con sus (supuestos) socios de Unidas Podemos. No hay respeto a la pluralidad representativa (por su izquierda, veríamos con Ciudadanos).

El contenido y el papel de su programa político y económico, más allá de algún lenguaje progresista, son deliberadamente ambiguos. Lo principal es la prevalencia socialista en su interpretación y ejecución. Es decir, la línea programática está subordinada a su control, así como a la correspondiente capitalización electoral de su gestión. Su sentido es el abandono de una dinámica de transformación progresista, con una labor propagandista para neutralizar la demanda cívica de cambio de progreso que se expresó en la moción de censura, los acuerdos políticos y presupuestarios con Unidas Podemos y la victoria electoral progresista en el 28 de abril.

Su apuesta política y su relato en estos cinco meses, con la negativa a un gobierno plural y su insistencia en un gobierno cohesionado bajo la disciplina de su presidente tiene ese sentido: persuadir a la amplia base progresista, incluida la mayoría de su electorado, de la imposibilidad de un cambio real de progreso y un acuerdo sólido para ejecutarlo desde un gobierno plural y compartido. O sea, el famoso bloqueo institucional consistiría en impedir las dinámicas y garantías para un cambio de progreso, constituidas durante una década y expresadas institucionalmente este lustro, evitando que no se note y adjudicando la responsabilidad a los demás.

La opción fundamental del Partido Socialista, dada la oposición visceral de Ciudadanos, ahora corregida, era gobernar en solitario, con un proyecto centrista en lo socioeconómico, continuista en lo institucional y con un nacionalismo españolista confrontado en la práctica a la visión plurinacional y federal o, simplemente, democrática y de diálogo político. Los elementos progresistas son limitados y con una función retórica para intentar contentar o despistar a parte de sus bases sociales. El acuerdo con el poder establecido, evidente. Culmina su adiós al cambio de progreso, solo modificable por la fortaleza de las bases progresistas y la legitimidad social de las fuerzas del cambio.

Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.