El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha acordado dirigir la investigación contra Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad de Adif, como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.

En un auto con fecha de 10 de marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.

“La curva era un peligro en sí misma”

Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma”, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-”.

Todos cumplieron con su deber menos Adif

El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

“Todos han cumplido con su deber excepto quien, en última instancia, tenía la capacidad de decidir cómo gestionar el riesgo de descarrilamiento en curva por exceso de velocidad que finalmente fue la causa directa e inmediata del resultado”, resalta.

En resumen, Lago Louro apunta que “existía una situación de riesgo”, que dicho riesgo “era evidente”, que “fue convenientemente detectado y comunicado” a Adif por la UTE e Ineco, y que “Adif tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica de las normas Cenelec”.

Pero “Adif no cumplió con dicho deber”, confronta, al no efectuar previa valoración integral de la línea “que protegiese a los usuarios frente al posible fallo humano”. Esto, a su juicio, “en términos de contribución causal al resultado finalmente producido, equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el deber de conjurar y/o mitigar”.

Un tren Alvia llega a la estación de Santiago de Compostela. Brais Lorenzo

El peritaje de Mariñas, el más completo

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE --de Renfe--, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron --toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante--. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira --a Castillo Ron le encargó un informe este último-- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente.

Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”. “Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur --los de la aseguradora de Renfe-- y por Castillo Ron.

Los representantes de una asociación de víctimas del Alvia, en el Parlamento de Galicia. EFE/Lavandeira jr.

El juez niega más diligencias por ahora

Por otra parte, el magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”. En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte.

“Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ --aportado al sumario por el propio Adif--.

De ahí la “lógica consecuencia” que extrae Mariñas “al concluir que la exportación de riesgos al maquinista en la citada curva resulta incorrecta”. A mayores, sobre la petición para recabar el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, realizada tanto por la defensa del conductor como por el fiscal y por la plataforma de víctimas, dice que “no es descartable”, pero antes estima necesario tomar declaración a Cortabitarte.

Precisa, además, que “buena parte de las cuestiones que pretenden plantearse en dicho informe --del organismo europeo-- aparecen ya sobradamente contestadas” por el peritaje de Mariñas. Por último, responde que “excede con mucho el objeto de la presente investigación” la solicitud de diligencias que entró en el juzgado a finales de enero relativa a “múltiple documentación obrante en expedientes administrativos de diversas entidades públicas”.

Un miembro de los equipos de emergencia auxilia a una nuña víctima del accidente de Santiago (xoan a soler/monica ferreirós.)

Nuevo impulso a la investigación

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones --actualmente citación en calidad de investigados-- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.

El 24 de julio de 2013 un tren Talgo que cubría un servicio Alvia y circulaba con exceso de velocidad descarriló en la curva de A Grandeira, situada en el barrio compostelano de Angrois, con 218 pasajeros a bordo. 80 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas.

Hasta el momento, el único investigado por este caso era el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo.

Hasta ahora, el único investigado era el maquinista