La organización de referencia en la protección de los derechos humanos, Amnistía Internacional, acaba de difundir su informe anual 2015-2016 donde advierte de que “muchos Gobiernos han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas”.



España sale malparada

El informe alerta así de “ataques nacionales a los derechos humanos y las instituciones encargadas de protegerlos” en países como Angola, Arabia Saudí, Burundi, China, Egipto, Eslovaquia, Estados Unidos, Gambia, Hungría, Israel, Kenia, Reino Unido, Rusia, Siria, Pakistán, Tailandia o Venezuela. Pero España también tiene un lugar relevante en el mismo y es uno de los países en los que encaja la advertencia de Salil Shetty, el secretario general de Amnistía Internacional, a la hora de lamentar "la desacertada reacción de muchos gobiernos contra las amenazas para la seguridad nacional” consistente en “reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, así como en descarados intentos de hacer de los derechos humanos un insulto, al presentarlos como contrarios a la seguridad nacional, el orden público y los 'valores nacionales' han llegado incluso a violar su propia legislación de esta manera".



Mención especial a la 'ley mordaza'

Así, la organización dedica un apartado propio para España al sentenciar que el pasado año se limitó la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica “desoyendo las recomendaciones de mecanismos internacionales en cuanto a la protección de derechos humanos”. La causa: la conocida como ‘ley mordaza’. Amnistía Internacional sentencia que con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal el pasado mes de julio “se han establecido límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y se han otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren "falta de respeto" o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.



Abusos en nombre de la lucha contra el terrorismo

El informe recuerda asimismo que en 2015 se reformó se reformó en España el Código Penal en materia antiterrorista y ahora “la definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión”.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, apunta a un caso tan reciente como el de los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, como “un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión".



Expulsiones, quitar asistencia sanitaria, incumplir con los refugiados...

Amnistía Internacional también reprocha a España el papel que ha tenido “un doble rasero” como actor global en la ONU ya que por un lado “ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto” o en determinadas resoluciones mientras que por otra parte “ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como el Comité de Derechos Humanos”. En ese sentido recuerda que España ha recibido diferentes llamadas de atención “por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales”.

No acaban ahí los reproches al legado de Rajoy, ya que la organización denuncia asimismo que España haya dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular o, como explica Beltrán, la insuficiencia de una política estatal de vivienda en la que “personas en situación de vulnerabilidad” quedan desamparadas. Amnistía Internacional también reprocha al Gobierno de Rajoy sus incumplimientos con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio: el compromiso era reubicar a más de 17.000 personas de Grecia e Italia, cuando sólo han llegado 18 en 2015, mientras que del reasentamiento de 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015 sólo 90 llegaron a la península.