El comandante en jefe del Ejército chileno, Humberto Oviedo, negó hoy que fuera necesario el cierre de Punta Peuco, prisión en la que cumplen condenas violadores de los derechos humanos, pues, a su parecer, "es un penal como otros".

"Personas con responsabilidad política y técnica han sido enfáticas en reconocer que Punta Peuco es un penal como otros (...). Lo dijo el director de Gendarmería, lo ha dicho la ministra de Justicia. Me quedo con eso", sostuvo el comandante en jefe en declaraciones a El Mercurio.

Al ser consultado sobre si la decisión fuera tomada por el Gobierno, el timonel del Ejército, indicó que esta es una determinación en la que no tienen ningún tipo de "injerencia".

El año pasado Oviedo negó que existiera "un pacto de silencio" institucional para ocultar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Como persona (...) creo no solo en una mirada a las personas que están en Punta Peuco, sino en una más universal a las personas que están con ciertas enfermedades o edades que les impiden moverse en forma normal y necesitan asistencia especial", manifestó Oviedo.

Respecto a los detractores de Manuel Contreras, quienes argumentan que el ex director de la DINA no entregó los cuerpos de sus familiares para una sepultura y permanecen como detenidos desaparecidos, Oviedo sostuvo que "esa ya es una mirada un poco de no acoger que ya se hizo justicia, casi de revancha, porque si ya se dio algo que está sancionado, juzgado, y yo no quisiera que esa persona pueda ser entregada a sus familiares después de muerta, y que le puedan dar una sepultura adecuada, no puedo sancionar además a la familia. Por lo tanto, si vamos a ir a la lógica del juicio de valor, como que eso uno podría interpretarlo como que él no le dio la oportunidad; claro uno podría interpretar que en vida lo que él hizo estuvo mal, porque así lo sancionaron los tribunales, y lo castigaron por eso. Y lo castigaron muy duro. Por lo tanto, ya más que eso, no sé qué podría castigársele".

El término de las prebendas que favorecen a los condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990) es una demanda que ha cobrado fuerza en los últimos meses por parte de los familiares de las víctimas y organizaciones humanitarias.

Los ex agentes condenados, algo más de un centenar, cumplen sus penas en la prisión de Punta Peuco, al norte de Santiago, donde según diversos testimonios poseen piscina, cancha de tenis, mesas de billar y tienen acceso a televisión por cable, a internet y telefonía celular.

Las autoridades carcelarias han asegurado que no hay lujos y que los condenados no tienen habitaciones individuales, esto último debido a que nuevas sentencias de los tribunales han hecho aumentar la población penal.

Los familiares de víctimas demandan el cierre de Punta Peuco y que los ex agentes cumplan sus penas en cárceles comunes, mientras sus defensores sostienen que muchos son muy ancianos y padecen diversas enfermedades, como Parkinson o Alzheimer, por lo que requieren de frecuente atención médica.