Una de las casas de Lázaro Báez en Río Gallegos LA NACION / Horacio Córdoba - Archivo

El juez Sebastián Casanello le giró hoy un escrito a dos reparticiones oficiales para que le busquen un fin social a las varias de las propiedades incautadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Así se desprende del escrito firmado por el juez, quien sostuvo que el Estado "debe pensar en herramientas para sanear el daño causado" y darle un "posible destino social" a las millonarias estancias que se encuentran individualizadas, tasadas y embargadas, ante la sospecha de que fueron fruto de dinero ilícito.

Fuentes judiciales señalaron que puso en conocimiento a la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior para garantizar el acceso a la vivienda y darle un lugar a las "comunidades más olvidadas del país". También al Programa Pro Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social, que está destinado a familias vulnerables para que puedan acceder a una alimentación saludable.

A criterio del juzgado, existe la posibilidad de "aprovechar de modo inmediato" los bienes incautados para este fin social.

Por ello les recomendó a los funcionarios de las dependencias estatales mencionadas que se comuniquen con el fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene el listado de precios de los bienes relevados y en 15 días eleven al juzgado "una propuesta que especifique los destinos y programas que puedan implementarse sin demora sobre los bienes inmuebles que se encuentran ociosos", precisaron las fuentes consultadas.

Agencia DyN