La Fiscalía General del Estado ha concluido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no cometió ningún delito derivado de su conversación con el ya exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Para adoptar esa decisión se ha tomado dos semanas desde que publico.es le entregara la grabación, que comenzó a publicar hace 24 días.

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"En relación a las denuncias presentadas contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales, entre otros tipos penales, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha concluido respecto del Ministro del Interior, único aforado ante el Tribunal Supremo, que del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales", dice la nota que el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado ha decidido difundir pasadas las 19:30 horas.

Al aludir al "contenido de la conversación", la Fiscalía se desentiende del hecho de que la grabación en sí pudiera constituir un delito, así como su difusión. Pero es más, ni entra a valorar que pudiera haber participado del acto de grabar y filtrar.

Sin mencionar a nadie más, optando por la denominación "en relación con los hechos denunciados relativos a personas no aforadas", la Fiscalía General del EStado ha derivado las actuaciones a la Fiscalía de Madrid "para la valoración en sede competente de la posible existencia del también denunciado delito de revelación de secretos".

"Respecto a una posible malversación de caudales públicos, se ha remitido testimonio a la Fiscalía Provincial de Barcelona, competente para ello, a fin de que proceda a su investigación", concluye la nota. Fue a esa Fiscalía a la que recurrió ERC para presentar una denuncia por las grabaciones.

Fernández Díaz fue grabado en dos ocasiones en su propio despacho en octubre de 2014. En las más de cuatro horas de conversación, él y De Alfonso maquinan para perjudicar, con dudosas investigaciones policiales y ayuda de algunos medios de comunicación, el proceso soberanista en Cataluña y a sus líderes.

La Fiscalía descarta que esa utilización de recursos públicos para perjudicar a la oposición sea delito. Queda por dilucidar que piensa el órgano que dirige Consuelo Madrigal, elegida por el Gobierno del PP, sobre la grabación y la difusión del audio. El Ministerio del Interior mantiene estancada una investigación interna que sirve de excusa a Fernández Díaz para no acudir a un juzgado, a pesar de presentarse como "víctima".

eldiario.es publicó que los ocho primeros minutos de la grabación difundida por publico.es apuntan a que el instrumento con el que se captó la conversación estaba en el despacho de Fernández Díaz antes de que entrara en él su interlocutor.