El Ayuntamiento de Madrid adjudicó un terreno de Mercamadrid a la empresa Merca Ocio Hoteles 22 S.L. Las cláusulas del contrato establecían que si el Consistorio le rescindía la adjudicación del suelo público tendría que pagar esa cantidad de un sola vez, es decir, unos 11 millones de euros. El Ayuntamiento, entonces del PP, decide pagar al beneficiario 41.500 euros al mes hasta el año 2032 para evitar que aquel le denuncie por no dejarle levantar un hotel en los terrenos públicos cedidos. Y según el informe que ha dado lugar a esta denuncia, si las partes hubiesen ido a juicio, habría ganado el Ayuntamiento. La fiscalía ha interpuesto la denuncia tras realizar durante meses su propia investigación sobre los hechos y concluir que lo sucedido en esta operación constituye un delito societario.

Si el Ayuntamiento le quitaba la adjudicación, tenía que pagarle 11 millones de euros al beneficiario

El informe de 28 folios enviado por el equipo de Carmena a la Fiscalía Provincial considera "desproporcionado y abusivo" el contrato. Fue elaborado por un abogado del Estado en excedencia y en el mismo se intentó desenredar el misterio de cómo es posible que un suelo municipal por cuya cesión Mercamadrid debería estar percibiendo unos 128.000 euros al año, se había convertido en una lesiva carga para las arcas municipales (41.500 euros cada mes, hasta 2032).

Delito societario del artículo 295 "Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios" (...) "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido".

El informe desvela que desde noviembre de 2013, en lugar de recibir ese dinero, es Mercamadrid quien tiene que pagar todos los meses al adjudicatario del suelo. Cuando EL PAÍS adelantó el informe municipal que denunciaba la operación, hace un año, Concepción Dancausa aseguró que el acuerdo ·"fue legal" y que se adoptó por unanimidad en el consejo de administración, representado también por Mercasa, donde tienen participación la sociedad estatal SEPI y el Ministerio de Agricultura. Y que Mercamadrid dispuso del aval de informes jurídicos para esa operación sin que se pusieran reparos.

La denuncia no va solo dirigida contra Dancausa, delegada del Gobierno desde abril de 2015. Un total de 16 personas, entre altos cargos de los consejos de Mercasa y Mercamadrid, van a ser investigados también. Entre ellos, Pablo Manuel González González, hermano del expresidente Ignacio González, preso como cabecilla de la Operación Lezo, en la cárcel desde el pasado viernes. Las grabaciones de Lezo muestran cómo Pablo González utiliza Mercasa (fue destituido la semana pasada) para pago de comisiones a políticos extranjeros.

El exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Botella, José Enrique Núñez; el exdirector general de Mercamadrid José Manuel Torrecilla Jiménez; la exdirectora general de Economía y Desarroyo Económico del Ayuntamiento, Dolores Flores Cerdán y la jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz son otros de los denunciados por la fiscalía. También figura como denunciado, y beneficiario de esta operación, José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella, epicentro de la Operación Malaya.

Deuda de 70.000 euros

Merca Ocio tenía con Mercamadrid una deuda de casi 700.000 euros por los pagos periódicos derivados de la adjudicación, firmada en 2002. Según el informe municipal, solo pagó algunas de esas cuotas y dejó de hacerlo cuando decidió llevar a los tribunales a Mercamadrid alegando que el Ayuntamiento no le daba una licencia para levantar un hotel en el suelo adjudicado, como avanzó la Cadena Ser en julio de 2015.

La adjudicación inicial por parte de Mercamadrid no preveía la posibilidad de construir un hotel en ese espacio público, sino instalaciones para "servicios de restauración". Al final, Merca Ocio y Mercamadrid, para retirar el pleito, acordaron que la firma municipal alquilase la nave levantada por el adjudicatario en ese suelo público y pagase por ello "15 veces más de lo que debería recibir por ceder el terreno", decía el informe de la actual corporación que preside Carmena y que es el que ha derivado en la denuncia de la fiscalía.

El beneficiario de la operación es un pujante constructor de la época del ladrillo en Marbella

Tras lograr la adjudicación en 2002, Merca Ocio, propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, constructor del polémico hotel Algarrobico, en Almería, construyó sobre la parcela municipal una nave que ocupa 2.500 metros cuadrados, que es la que después alquiló a Mercamadrid. En esta nave no se ha desarrollado ninguna actividad. Ninguna.

El consejo de administración de Mercamadrid decidió pactar con Merca Ocio y alquilarle la nave hasta 2032, con la finalidad de que esta retirase un pleito, que, según el informe, razonablemente habría ganado el municipio si se hubiera celebrado juicio. Es decir, se le paga al beneficiario para que retire un pleito cuyo resultado era favorable al Consistorio. En el contrato inicial no existe la obligación de Mercamadrid de conseguirle ninguna licencia de hotel. En el citado pleito, Merca Ocio pedía una indemnización de ocho millones. Ahora, la fiscalía ha decidido actuar contra las personas responsables por el supuesto fraude en este ruinoso negocio para las arcas públicas.

"El acuerdo con Merca Ocio fue legal" Cuando El PAÍS avanzó el informe que ha precipitado la denuncia de la fiscalía contra la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa (expresidenta del Consejo de Administración de Mercamadrid en la fecha de la operación), un portavoz señaló que Dancausa mantiene “la legalidad del acuerdo alcanzado en su día con Merca Ocio” para alquilar la nave. Según este portavoz, el acuerdo se adoptó por unanimidad en el consejo de administración, representado también por Mercasa, donde tienen participación la sociedad estatal SEPI y el Ministerio de Agricultura. Y que, además, Mercamadrid dispuso del aval de informes jurídicos para esa operación, sin que ninguno de ellos pusiera reparos. El citado portavoz argumentó que, aunque ella era la presidenta del consejo, carecía de competencias ejecutivas. Tales competencias, según ella, las tenía la coordinadora del Área Económica del Ayuntamiento y entonces su vicepresidenta en el consejo, Dolores Flores, quien también se halla entre las 16 personas denunciadas ahora por la Fiscalía de Madrid. También añade que la adjudicación de ese suelo se hizo en 2001, mucho antes de acceder ella a la concejalía y que cuando llegó al consejo se topó con los pleitos y que se buscó esa fórmula como solución por si estos se perdían.

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