La infanta Cristina está condenada, pero solo a título lucrativo. Sale absuelta del proceso penal con nada más que una multa de 265.000 euros, un precio que ha hecho a su abogado “levitar de felicidad”, como él mismo aseguró. Como la fianza que pagó al empezar el juicio fue de más del doble –587.413 euros– la sentencia le ha salido literalmente a devolver.

Iñaki Urdangarin irá a la cárcel, aunque muchísimo menos tiempo del que quería Anticorrupción. El fiscal pedía para él 19 años en prisión. Su condena finalmente, será menos de un tercio: poco más de seis. También son más bajas de lo previsto todas las demás penas que ha sentenciado el tribunal, que no solo rebaja notablemente las peticiones de Anticorrupción sino que cambia el orden de responsabilidad. Para el fiscal Horrach, el principal delincuente de la banda era Urdangarin. A él le destinaban las peticiones de condena más severas. Para el tribunal, el más malo de todos era Diego Torres, no el yerno de los Borbón.

El desenlace, por decepcionante, era sin duda el esperado. Frente a quienes argumentan que “el sistema funciona” porque al menos la infanta se ha sentando en el banquillo cabe recordar las decenas de anomalías que ha vivido este proceso judicial desde el mismo día en que arrancó. Como cuando la abogada del Estado que representaba a Hacienda argumentó que eso de “Hacienda somos todos” era solo un lema publicitario. O cuando la implacable (con otros) Agencia Tributaria aceptó que las facturas falsas sirven para desgravar. O cuando la Audiencia de Palma obligó al juez Castro a cascarse 227 páginas de auto de imputación para poder sentar en el banquillo a la infanta –lo normal con cualquier españolito no llega a la décima parte– porque el anterior auto, según este tribunal, le faltaba “un mayor esfuerzo motivador”.

O lo que pasó con Manos Limpias y su aparato recaudador, Ausbanc. Décadas chantajeando a empresas y organizaciones, y solo se les acabó el chiringuito cuando intentaron aplicar el mismo protocolo con la familia real: si me pagas, retiro la imputación. Hay cosas que son sagradas, y líneas rojas que nunca conviene traspasar.

No, por mucho que se repita desde los medios monárquicos el juicio a la infanta no demuestra en ningún caso que todos seamos iguales ante la ley. La infanta llegó al banquillo a pesar del sistema, no gracias a él. La levedad de la sentencia solo confirma lo flexible que resulta nuestro sistema judicial.

¿Puede alguien convivir con un delincuente que prevarica, que malversa, que defrauda a Hacienda, que practica el tráfico de influencias, que falsea documentos sin que quien duerma en su cama, y se lucra gracias a estos delitos, no sepa absolutamente nada? La respuesta de la justicia es “depende”. Si eres Ana Mato o Cristina de Borbón puede colar. Si eres Isabel Pantoja (o probablemente la mujer de Luis Bárcenas) es que no.

Diego Torres e Iñaki Urdangarin irán a la cárcel –si es que no lo evita un indulto o un tribunal superior–, pero la infanta no. Es lo que pronosticó el Gobierno y su presidente, que ya avisó de que a Cristina de Bornón “le iría bien”. Es también la línea roja que puso el rey padre. Lo contamos hace cuatro años en una noticia que os invito a repasar. Es de febrero del año 2013 y este era el titular: El rey asume que Urdangarin debe ir a la cárcel para que la monarquía se salve. Allí también informamos de que la abdicación de Juan Carlos de Borbón estaba ya sobre la mesa y que se produciría en breve. Así ocurrió un año después.

Cristina de Borbón estaba allí. Era cómplice y coartada, escudo y arma de su marido, Iñaki Urdangarin. Sin ella no habría habido negocio, con ella se gastó el botín.

La infanta Cristina firmaba las cuentas, contrataba al servicio del palacete de Pedralbes a cargo de Aizón y pasaba como gastos de la empresa hasta las facturas del cumpleaños del niño. "Consintió, participó y se benefició de los delitos de Nóos", según el segundo auto de imputación firmado por el valiente juez Castro.

La justicia será ciega. Los ciudadanos no lo son.