Para la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, toda la argumentación presentada por la defensa de los Flores ante la Corte para justificar su pedido de clemencia, carece de todo sustento, toda vez que estima que en el juicio quedó absolutamente demostrado el talante criminal de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana.

Maibort Petit / Venezuela Al Día

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim, aseguró que existen evidencias suficientes que prueban ante cualquier jurado razonable que los acusados, en este caso, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, estaban predispuestos a cometer el crimen por el cual se les imputó, pues estos mantenían conexiones de suministro de cocaína y con las FARC que incorporaron a su conspiración, al tiempo que contaban con el visto bueno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Esta la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos señala directamente a Nicolás Maduro en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial. Igualmente, en las nuevas revelaciones, el fiscal sostiene que los vuelos de droga salían de los aeropuertos más importantes del país con el auspicio del gobierno venezolano.

En el documento presentado ante la corte, la fiscalía usa la palabra “imprimátur” para referirse al conocimiento que Maduro habría tenido de los negocios de narcotráfico que hacían sus sobrinos. El término Imprimátur se usa en el lenguaje político para indicar que un programa, una declaración pública, o cualquier otro documento, reciben la aprobación de la jerarquía de un partido, de sus aliados o de cualquier otro agente cuyo beneplácito se considera importante. De la misma manera, se aplica cuando los documentos técnicos de la administración deben ser autorizados por algún superior jerárquico o comité antes de considerarse oficiales.

El fiscal Kim pidió al juez, Paul Crotty, que imponga a Campo Flores y a Flores de Freitas, una sentencia no menor de 30 años de encarcelamiento para ambos hombres, así como multas dentro del rango aplicable entre 50 mil y 10 millones de dólares.

En el memorando suplementario de sentencia de los dos acusados, Kim advierte que Campo y Flores son dos criminales que no poseen antecedentes porque su familia en Venezuela es la que controla el poder político. Advierte que los dos acusados tienen una larga conducta criminal que incluye —además del narcotráfico— la corrupción, el pago de sobornos a la autoridad, asesinatos y otras faltas a la ley. Advierte que no poseen récord delictivo debido a que las conexiones políticas de los dos demandados no lo permitieron.

En la comunicación al juez Paul Crotty, el fiscal Kim fue severo al denunciar que Campo y Flores pretenden confundir a la corte con las historias de una niñez pobre, cuando en realidad los dos acusados gozaban de una vida llena de riquezas y excesos, producto de las posiciones políticas de su familia y de sus delitos.

Kim asegura que cuando se leen las cartas de los acusados, pareciera que el juicio no hubiese ocurrido — con excepción de contrainterrogatorio de CS-1— y que el tribunal nunca se hubiese pronunciado sobre las mociones posteriores al juicio de los demandados o las pautas de imposición de pruebas.

La máxima autoridad de la Fiscalía del Distrito Sur neoyorquino se encargó de recordarle a Campo y a Flores que existen abundantes pruebas que muestran que ambos no era ningunos “novatos” como han pretendido hacer creer sin éxito alguno, sino que hay evidencias que muestran sus actividades previas en tráfico de drogas y de su habilidad y contactos para conseguir cocaína con el grupo terrorista colombiano de las FARC.

Kim recuerda que tanto el jurado como el Tribunal rechazaron el argumento presentado por la defensa del supuesto entrampamiento de los acusados. “A pesar de ello, Campo y Flores continúan mostrándose como víctimas en lugar de criminales condenados”.

El fiscal rechaza el hecho de que los acusados persistan en su afirmación —ahora refutada— de que el caso fue una creación del gobierno de los EE. UU. y sugieran ilógicamente que los crímenes de CS-1 y CS-2, de alguna manera, deben compensar o mitigar sus términos de prisión.

— Con el objetivo de distraer a la Corte de su uso repetido de aeronaves privadas, así como declaraciones grabadas y comunicaciones incautadas que establecían su situación socioeconómica extremadamente privilegiada en Venezuela en el momento de su delito, los demandados centran sus argumentos de “historia y características” en las pretendidas circunstancias de su infancia, hace muchos años. En resumen, los demandados no han hecho ningún esfuerzo para aceptar su responsabilidad o, incluso, reconocer la evidencia en este caso.

Kim dice que los acusados sólo ofrecen excusas, sin remordimiento, por su conducta. “El único arrepentimiento evidente de sus presentaciones es su decisión de volar a Haití en lugar de completar el delito desde un lugar políticamente protegido por Venezuela, donde no existe un tratado de extradición”.

La fiscalía sostiene que la realidad de la situación y los hechos y circunstancias reales de este caso son los siguientes: los acusados ​​fueron líderes en una conspiración para transportar una gran cantidad de cocaína a los Estados Unidos; cultivaron conexiones con al menos un importante proveedor de cocaína, así como con una organización terrorista extranjera designada para promover lo que describieron como “guerra” con este país; confiaron en términos de seguridad armados durante la ofensa; y buscaron usar parte del producto de su crimen para robar una elección y apuntalar un régimen corrupto.

Por esas razones —dice Kim— las condenas de al menos 360 meses de prisión y las multas significativas para cada acusado son suficientes, pero no mayores de lo necesario, para cumplir con los fines legítimos de la sentencia.

Condena severa

El gobierno de los EE. UU. considera que la seriedad de la ofensa y la necesidad de promover el respeto a la ley son consideraciones agravantes significativas en el caso de Campo y Flores. En ese sentido, señalan que los acusados ​​participaron en un curso de conducta delictiva extraordinariamente grave que involucraba actividades significativas de tráfico de drogas con conexiones políticas.

Para el gobierno norteamericano, el caso de Campo y Flores se aleja mucho del planteado por los acusados en sus memorandos de sentencia, ya que no aparece reflejado el hecho de que se trató de una conspiración para importar grandes volúmenes de cocaína a los Estados Unidos, para lo cual los demandados ​​confiaron en su poder político y en la impunidad reinante en Venezuela, para tratar de despachar aviones cargados de drogas desde y hacia aeropuertos internacionales significativos, usando un hangar controlado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asegura que los acusados cultivaron una relación con un proveedor de cocaína que podría proporcionar la sustancia por “paladas”, así como al menos una conexión con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las “FARC”).

De acuerdo con la agenda de las FARC, Campo declaró que los acusados ​​estaban en “guerra” con los Estados Unidos y ambos ​​persiguieron el tráfico de drogas, no solo para enriquecerse, sino también en un esfuerzo por mantener el control político de su familia apoyando la campaña de la primera dama venezolana, Cilia Flores.

En este sentido, la fiscalía destaca el hecho de que Campo le enfatizó a CS-1 que el efectivo derivado de las drogas era urgentemente necesario. “Su punto de vista fue consistente con las encuestas en ese momento que mostraban que el 70% de los encuestados expresaron que votaría por los opositores del gobierno de Nicolás Maduro en las próximas elecciones.

En el documento se cita a un artículo publicado en Bloomberg que destaca que “Bajo el régimen de Maduro, el gobierno venezolano ha abusado deliberada y repetidamente de los derechos de los ciudadanos mediante el uso de la violencia, la represión y la criminalización de manifestaciones (…) Además de cometer abusos generalizados contra los derechos humanos, el régimen de Maduro ha manejado mal la economía y se ha involucrado en la corrupción sistémica. A pesar de tener una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, decenas de millones de venezolanos pasan hambre (…)”.

Kim advierte que antes y durante la conspiración, los acusados ​​participaron en conductas corruptas adicionales que fueron asombrosas en su alcance, y que incluyen solicitar sobornos millonarios a narcotraficantes y deudores de la compañía petrolera estatal venezolana, así como conspirar para participar en actos de violencia.

El gobierno sostiene que basado en la gravedad del delito y la importancia de promover el respeto de la ley, la corte debe imponer severos términos sustanciales de encarcelamiento y multas.

La fiscalía critica que los acusados pretendan de manera obstinada ignorar el registro probatorio desarrollado durante el juicio y hasta ahora en la sentencia, y por ello pide a la corte rechazar las afirmaciones hechas por Campo y Flores en ese sentido.

Dice que la investigación de la DEA no es una consideración atenuante en la sentencia y que de hecho, la Corte ya ha señalado que “no puede estar de acuerdo” con el argumento de que los acusados ​​”fueron inducidos a cometer el delito”.

Es inaceptable para el gobierno que los acusados sigan haciendo afirmaciones superlativas con respecto a los informantes de la DEA (CS-1 y CS-2) cuando es un hecho que esos hombres serán condenados por separado y sus crímenes no mitigan, compensan o contrarrestan la necesidad de aplicar términos sustanciales de encarcelamiento a Campo Flores y Flores de Freitas.

La fiscalía rechaza el argumento presentado por los acusados donde estos critican la decisión de la DEA de arrestarlos ​​en Haití en lugar de haber esperado a ver si ellos ejecutaban el envío de la droga que estaba previsto para el 15 de noviembre de 2015, es decir, 5 días después de su arresto.

La fiscalía dice que “contrario a ese argumento todos saben sobre la forma en que las fuerzas del orden público típicamente llevan a cabo operaciones de picadura”, y además señalan que no queda claro a quién se refiere Campo Flores cuando en el memorando dice “nosotros”, cuando se niega a identificar las “operaciones de acoso” que él o “nosotros” consideran “típicas.

El gobierno explica que los arrestos se dieron el Haití, porque si se permitía que los acusados regresaran a su país, se les habría facilitado evitar la responsabilidad por sus crímenes, puesto que Venezuela no tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos. “Por tanto, nada de lo ocurrido en los arrestos, que luego condujo a que un jurado los condenara por violaciones a la ley estadounidense, les da derecho a indulgencia”.

Los fiscales del caso rechazan en el memorando que los acusados disputen el monto de las drogas que envolvió el trato de la operación, el cual califican de “trato falso de drogas”. Recuerdan que el tribunal rechazó, el argumento de la cantidad de cocaína que fue fijada por los acusados en 800 kilogramos, es decir, la misma no fue arbitraria, sino que fueron Campo y Flores quienes establecieron la cantidad como parte de su campaña para generar 20 millones de dólares, y —antes de que cualquier informante estuviera involucrado en la investigación— discutieron una transacción potencial separada que involucraba 3 mil kilogramos de cocaína.

Más adelante señalan que tampoco fue ilusoria la necesidad de armas y asociados adicionales, todo lo contrario, los acusados decidieron incluir a guardaespaldas armados en lo relativo a la “logística de seguridad” de sus planes a principios de octubre de 2015. Esto indica que no hay nada de imaginario, sino una conspiración muy real para traer grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, que fue interrumpida fortuitamente.

La fiscalía rechazó el argumento expuesto por los acusados según el cual ellos nunca han distribuido un solo gramo de cocaína a nadie. “Están equivocados. El registro está repleto de las admisiones de los acusados ​​con respecto al tráfico de drogas anterior”. Se nombran los siguientes hechos:

1) En agosto de 2015, Campo le escribió a Pepe que “ya lo hemos hecho un par de veces” y también se refirió a un acuerdo anterior de venta de drogas fallidos. “La última vez nos dejaron colgando y tuvimos que pagar algo de dinero por las chuletas de cerdo ..¿me entienden?”.

2) Campo Flores orgullosamente declaró en una grabación en Caracas: “He estado haciendo este trabajo desde que tenía dieciocho años”.

3) De manera similar, Campo le dijo a CS-1 que había “trabajado” con “G2s” a los 26 años, y describió un acuerdo fallido refiriéndose a obtener “un lote malo una vez”.

4) Campo indicó que el mismo proveedor que proporcionó el “lote malo” había acordado más recientemente proporcionar “cosas muy sólidas, lo mejor que puede obtener”.

5) Campo también dijo que “aquí [en Venezuela] trabajamos con una persona que recibe de nosotros, pero el que me da los pequeños animales [es decir, kilogramos de cocaína] es diferente”.

6) Campo explicó en reunión en Caracas que hacía mucho tiempo que no compraba directamente, “nos hemos buscado a nosotros mismos en busca de cocaína, pero los acusados ​​lo hicieron cuando adquirieron el kilogramo de cocaína que lo llevaron a la reunión del 26 de octubre de 2015 en Caracas”.

7) En octubre de 2015, Flores intercambió comunicaciones con un asociado que “explicó sobre el equipo [es decir, la cocaína] que está yendo a Francia y están pagando 29 por él”, e invitó a Flores a una reunión en persona con “la mano derecha colombiana” para finalizar todo.

8) Campo le dijo a CS-1 sobre las negociaciones “con algunos franceses” que querían que se les pagara “con el treinta por ciento del costo del producto” y refirió a “algunos” contactos de tráfico de drogas en Europa durante la reunión del 10 de noviembre de 2015 en Haití.

Entre otros aspectos tocados en el memorando, el gobierno aclara a la corte que los 800 kilos de cocaína que los acusados transportarían a Honduras, iban a ser suministrado por el conspirador “el Gocho” a crédito, sin que Campo y Flores depositaran un solo bolívar y fue el mismo Campo quien confesó que el Gocho tenía los 800 kilogramos disponibles lo que demuestra el acceso de los acusados a la droga.

Igualmente, la fiscalía desecha el argumento de la defensa que asegura que las comunicaciones electrónicas encontradas en los teléfonos confiscados son “ambiguas”. Aunque los acusados ​​sugieren que los mensajes se relacionan con “personas desconocidas” y “acciones tomadas por personas desconocidas”, las “personas” y las “acciones” mencionadas son ciertamente conocidas por los acusados ​​como participantes de primera mano en las conversaciones.

Dicen que los acusados nunca ofrecieron traducciones diferentes de sus interpretaciones sobre las conversaciones, referidas entre otras cosas, a pagos en relación con la incautación de 450 kilogramos de cocaína en la República Dominicana, asesinatos, poner bombas, comenzar a matar, solicitar anticipos a los deudores de PDVSA, etc.

La fiscalía afirma que la única lectura lógica de estos mensajes es que los acusados ​​no son las víctimas “amorosas y generosas” que ahora pretenden ser, sino que por el contrario, la conspiración acusada en este caso fue el segmento final en un patrón de conducta criminal.

No se justicia la clemencia del juez

Otro aspecto rechazado por el gobierno es que la intención de los acusados para confundir a la Corte y hacerle creer que tenían vidas ordinarias, si no difíciles, en Venezuela antes de su arresto, es totalmente infundada. “Las evidencias demuestran lo contrario” dice el fiscal.

Mientras que las presentaciones de la defensa se centran en la infancia y la educación de los acusados ​​en un esfuerzo por pintarlos como “jóvenes” impresionables, la realidad es que los acusados ​​no son adolescentes. Campo tiene 31 y Flores tiene 32 y si bien la información en los informes previos a la sentencia (PSR) sobre los años adultos ​​es algo escasa, está claro que ambos se han beneficiado de oportunidades educativas y profesionales mucho más allá de las disponibles para la mayoría de los acusados ​​de narcótráfico.

En las estadísticas de sentencias en los EE. UU. del año fiscal 2016, se explica que de los delincuentes federales sentenciados el (46.7%) no completaron la secundaria, y 6.2 por ciento de los delincuentes habían completado la universidad.

En este caso —sostiene la fiscalía— Flores era propietario de una empresa de distribución de alimentos y también trabajaba como vendedor de automóviles, mientras que Campo tiene una licenciatura en derecho y un título universitario en “Administración de Aduanas”. También era dueño de una compañía de taxis en Panamá y trabajó en la legislatura venezolana.

A pesar de las evidencias, Campo usa el término “modesto” para describir sus condiciones de vida previas en Venezuela en al menos tres oportunidades en su carta del 1° de diciembre de 2017. El Departamento de libertad condicional tuvo una opinión diferente.

— Campo se presentó como si perteneciera a una familia de clase media; sin embargo, parece que pertenece a una familia muy rica de Venezuela con poderosas conexiones políticas. Antes de su arresto, Campo mismo describió su situación en términos sorprendentemente diferentes a los que ahora tiene.

Seguidamente se citan las declaraciones de Campo cuando dijo que había estado involucrado en los negocios de narcotráfico desde que tenía dieciocho. “Debido a Dios y la Virgen, hemos ganado dinero. Y desde que comenzamos a ganar dinero, hemos sido llamativos. . . . (..) tenemos Ferraris. . . . Entonces, este nivel de comodidad que tengo aquí no va a desaparecer debido a un mísero acuerdo de diez millones de dólares. . . Porque hago diez millones con petróleo”.

Citan lo dicho por Campo durante la misma reunión, cuando este les dijo a los informantes: “[S] como comenzamos a ganar dinero hace muchos años, hemos sido cuidadosos y hemos dicho: ‘Bueno, investiguemos sobre esto, investiguemos sobre esto, investiguemos sobre esto, e invirtamos en eso'” (…) Fue muy fácil para nosotros hacer dinero aquí en el país. . . porque trabajamos con cualquier cosa. Trabajamos con oro, trabajamos con dulces [es decir, drogas], trabajamos con hierro, trabajamos con cemento, [pero] ya no “.

La fiscalía reitera que en conversaciones grabadas por los informantes de la DEA, Campo dijo que sus guardaespaldas conducían camionetas de trescientos mil dólares. Incluso, destacó que a pesar de su propia posición financiera, Campo explicó que Flores era “el que tiene el dinero”.

La fiscalía destacó que aunque los acusados ​​enfatizan sus humildes orígenes, la evidencia presentada en el juicio demuestra que se encontraban entre la élite de la sociedad venezolana. En este sentido, es notable que Campo describió un “acuerdo” entre los miembros de la familia de los acusados ​​y el oficial venezolano Diosdado Cabello, que permitió que su familia “controlara el negocio del petróleo por completo” en Venezuela.

Citan una conversación de Campo Flores sobre las decisiones tomadas por Diosdado Cabello y la familia presidencial de Venezuela donde dice lo siguiente: “Y se llegó a un acuerdo, digamos a puerta cerrada: Dejen estas tres cosas para mí y podrán controlar el petróleo completamente por ustedes mismo. Genial, porque si les doy esto, que era mi trabajo cuando Comandante, eh. . . . Chávez [es decir, el ex presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, quien murió en marzo de 2013] estaba a cargo, esto solía ser un trabajo compartido por todos. [. . .], Agregan que Flores describió a Cabello como “el hombre más poderoso del país”.

— Desafortunadamente, que descanse en paz, Chávez muere y luego quedó bajo su control, y luego el petróleo quedó bajo nuestro control. “Bueno, si te doy esto, me das eso”. Y dijimos: “Bueno, las ganancias son básicamente las mismas, quizás un poco más aquí que allá, o hay más allí que aquí, pero. . . no vamos a entrar en tu parte. . “

La evidencia establece que los acusados ​​no vivían modestamente en relación con la mayoría de los estadounidenses, mucho menos los venezolanos, antes de su arresto. De hecho, en el momento de la conducta delictiva en 2015, el salario para maestros experimentados en Venezuela era el equivalente a 35 dólares por mes, lo que no era suficiente para “incluso comprar un televisor usado”. Durante el período en cuestión, el venezolano promedio no voló regularmente alrededor del Caribe en aviones privados, ni tienen un destacamento de seguridad armado (incluidos los guardias que lo acompañaron en viajes al extranjero), o toman vacaciones en parques de diversiones en Florida. Es por ello que debe rechazarse el alegato de clemencia de los acusados ​​sobre la base de sus hijos pequeños.

Los demandados le piden a la Corte que otorgue más peso a esta consideración que ellos mismos, cuando volaron 1.300 millas desde Venezuela a Honduras (un viaje que Flores hizo dos veces) y cientos de millas desde Venezuela a Haití mientras buscaban activamente la conspiración acusada. A la luz de las decisiones conscientes de los acusados ​​como adultos para involucrarse en este comportamiento, su ausencia de la vida de sus hijos, aunque trágica, es una circunstancia que no es exclusiva de este caso y no justifica una variación del rango de las pautas aplicables de otro modo.

Los demandados también señalan que ninguno de ellos tiene antecedentes penales reportados y, argumentan, que esto también merece indulgencia. Sin embargo, la evidencia de la vida de los demandados ​captada en las comunicaciones de sus teléfonos confiscados, sugiere que su falta de antecedentes penales se deriva de su poder y la impunidad que existe en Venezuela, en lugar de a su integridad moral. Por ejemplo, en el contexto de las comunicaciones sobre los esfuerzos para cerrar una investigación de un asesinato, Campo describió las conexiones con: (i) su “tío Vladimir” que estaba actuando como el Inspector General de una agencia de policía nacional venezolana conocida como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; y (ii) un “tipo que maneja cosas” para él en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una agencia de contrainteligencia militar venezolana conocida como DIM o DGCIM.

También indicó a CS-1 que los acusados ​​podrían intimidar a un “coronel” o “general” en el aeropuerto de Venezuela para que se abstengan de realizar nuevas investigaciones si es necesario. Dadas estas conexiones, la falta de detenciones previas de los acusados ​​a pesar de la conducta reflejada en la evidencia no es sorprendente y ciertamente no mitigadora.

La sentencia será el 14 de diciembre en horas de la tarde

El juez Paul Crotty ratificó que la condena de Campo Flores y Flores de Freitas será el jueves 14 de diciembre de 2017. Inicialmente se había previsto que Campo Flores fuera sentenciado a las 11:00 am y su primo a las 3:00 pm, pero una carta enviada por la defensa, firmada por los abogados Randall Jackson y John Zach, pidió que ambos fueran sentenciados en la misma audiencia, debido a que Jackson tenía la presentación de otro caso a las 11:00 am de ese día. Tras ser aprobada la petición, los sobrinos de la pareja presidencial conocerán su condena de prisión y monetaria en conjunto en la misma sesión.