Luego que la Justicia chilena ordenara al Estado a pagar una millonaria indemnización total de casi $2.500 millones a 31 de “los 33” mineros, que quedaron atrapados en 2010, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió apelar ante la situación para revertir la medida.

Lo anterior, argumentando que los afectados ya han recibido suficientes beneficios y reparaciones por lo sucedido en la Mina San José de Atacama, entre el 5 de agosto y el 13 de octubre de 2010.

El CDE recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando evitar este millonario pago ordenado por un fallo judicial, el cual ha resultado a partir de 2 demandas, consigna La Tercera.

Uno de los reclamos del organismo indica que la determinación no especifica quién debe pagar a las víctimas; si el mismo CDE o el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Pero, particularmente, el Consejo manifestó que esta indemnización sería un despropósito considerando la “situación de privilegio” en la que se encuentran los afectados.

Esto, ya que actualmente “los mineros” ya reciben una pensión cercana a los $400 mil: monto superior a lo que gana el 50% de los trabajadores en el país.

Pero no sólo eso. “Los 33” han recibido numerosos aportes de privados, varios beneficios, viajes internacionales e incluso han podido asistir a reuniones y actividades exclusivas; todo a partir del conocido accidente.

Un accidente en la memoria

En ese sentido, el Consejo de Defensa del Estado aseguró entender la angustia y el daño psicológico que causó el accidente, pero argumentó que esto fue superado gracias a la atención médica que recibieron los afectados por parte del Estado.

“No puede pasarse por alto que si bien la experiencia traumática vivida por los actores probablemente quedará en su memoria para siempre, también en esa misma memoria estarán todos los viajes por el mundo que realizaron y a los que fueron invitados por autoridades e instituciones de la más variada índole, al igual que la oportunidad que tuvieron de conocer a diversas personalidades del mundo del cine, la música, la política internacional y el deporte”, argumenta el CDE.

Otros de los beneficios que recibieron “los mineros” incluye los $34.919.705 aportados por chilenos anónimos a la cuenta del Banco Santander, los $165.000.000 donados por el empresario Leonardo Farkas, o las 33 motocicletas Kawasaki Ninja 250 regaladas por dicha empresa.

Así, indican que “ninguno de ellos quedó incapacitado para desarrollar actividades lucrativas”.

“El mensaje para las empresas es muy claro: inviertan en seguridad de sus trabajadores, pero sin exagerar. Al fin y al cabo el Estado (todos los chilenos) responderá de cualquier daño que irrogue a sus empleados”, concluye el CDE.