El Grupo Clarín presentó el pasado jueves una denuncia penal por "incitación a la violencia y coacción agravada" contra funcionarios nacionales.

El jueves, Clarín hizo la denuncia tras dichos públicos de funcionarios que señalaron que el diario "atenta contra la democracia" y está "detrás" de supuestos boicots contra Cristina Kirchner. La presentación se suma a la realizada el pasado jueves por el Grupo ante la Corte Suprema de Justicia, en la que pidió que se disponga la extensión de la medida cautelar sobre la Ley de medios, que vence el 7 de diciembre.

La acción penal fue interpuesta por los abogados de Clarín a través de un escrito de 35 páginas en el que hizo referencia al supuesto delito de "incitación a la violencia colectiva" por parte de funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella.

En tanto, el grupo de Héctor Magnetto señaló en su denuncia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone "como propagadores" de la "incitación a la violencia".

Los motivos

Esta mañana, Hugo Wortman Jofré, uno de los abogados patrocinantes de la denuncia de Clarín explicó en diferentes entrevistas radiales los motivos por los cuales se decidió radicar la acción.

"Hay un autor ideológico está generando un mensaje demonizando al Grupo Clarín. Se empieza a decir que el grupo Clarín está detrás de reclamos de militares. Después aparecen funcionarios como el ministro de Justicia (Alak) que dice que Clarín presiona jueces. Luego el secretario de Legal y Técnica (Zaninni) que dice que Clarín atenta contra la democracia. Luego el presidente de Afsca (Sabattella) dice que el grupo no cumple con la ley", enumeró Wortman Jofré.

"Hay una demonización. Lo que nos convenció de que hay que presentarla es que se puso un deadline, un día D, el 7 de deiciembre, agregó.

"Nombramos a los periodistas como propagadores", especificó el abogado y aclaró que Clarín se presentó como "denunciante". "Si hubiéramos querido una persecución nos hubiéramos presentado como querellantes. No estamos denunciando a estos periodistas por instigación al delito, lo que queremos es que vengan y que expliquen quién les dijo que Clarín estaba detrás de los reclamos de Gendarmería", agregó en diálogo con FM Latina.

Comunicado del Grupo Clarín

Esta tarde, ante diferentes interpretaciones surgidas tras el anuncio de esta denuncia, el Grupo Clarín aclaró sus intenciones mediante un comunicado:

"El Grupo Clarín recurrió a la Justicia en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y las manifestaciones del Gobierno y sus funcionarios.

En dicha denuncia se solicitó a la Justicia que abra una investigación tendiente a acreditar si una serie de acciones públicas y declaraciones de funcionarios que llamaron a combatir a los medios del Grupo, sus periodistas y directivos, los acusaron de atentar contra la democracia y hasta de ser responsables de secuestros o levantamientos de fuerzas de seguridad, tenían detrás una autoría ideológica con entidad para constituir el delito de incitación a la violencia colectiva. (art. 212 del Código Penal)

La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado Nacional y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable.

No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos.

En este sentido, y de acuerdo a lo que se solicitará al Ministerio Público Fiscal, los periodistas mencionados actuarán exclusivamente como testigos a los fines de que -de poseerla, como sugieren sus manifestaciones- aporten información sobre los hechos denunciados. No nos referimos a opiniones, sino a información concreta sobre la investigación.

No es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia.

Por ultimo, se afirma que el Grupo Clarín también resulta víctima del delito de coacción al ser amenazado con sufrir graves consecuencias, por el solo hecho de ejercer sus derechos constitucionales, como acudir a la Justicia y peticionar a las autoridades".

La defensa del CELS

El CELS informó hoy que asumirá la defensa de los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca, Roberto Caballero y Javier Vicente.

La decisión fue difundida por medio de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Horacio Verbitsky; su secretario, Damián Loreti, y su director ejecutivo, Gastón Chillier.

La denuncia penal, que se tramita en la causa 12383/2012, recayó en el Juzgado Federal 9. En el mismo escrito, los abogados que representan al Grupo de Magnetto estimaron que "los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura de coacción agravada", prevista en el artículo 149 bis del Código Penal.

El CELS afirmó: "No es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado". "Para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".

En la conferencia de prensa Verbitsky informó que repudian la denuncia de Clarín contra periodistas, a quienes menciona como "propagadores" del gobierno. Verbitsky informó que la entidad se hará cargo de la defensa de los compañeros, de defenderlos y acompañarlos como lo hicieron siempre que se ataca la libertad de expresión. "Esta denuncia tiene el objetivo de intimidar a periodistas", señaló. De lo que se los acusa es "mentira", dijo.

Javier Vicente, periodista deportivo relator en Fútbol para todos, uno de los señalados por Clarín dijo: "Más que una denuncia particular contra mí creo que se trata de amedrentar el significado de fútbol para todos, que permitió mostrar lo que hacía con el fútbol aquel monopolio". Agradeció el apoyo de colegas y finalizó: "Lo único que uno quiere es que se cumpla con la ley".

Por su parte, la periodista Nora Veiras (Página 12, programa 6,7,8, Radio nacional) también agradeció el apoyo y la defensa de CELS. "Cuando se defienden las cosas con racionalidad hay mucha solidaridad. Espero que este papelón público tenga su correlato en la Justicia", dijo. Consideró que esta causa es una "intimidación manifiesta con la que trataron de cercenar la opinión. Apunta a intimidar y a demostrar que ellos respetan la libertad de expresión de ellos pero cuando se los critica lo ven como una coacción. Esto marca un límite, muestra que se equivocaron".

Sandra Russo, periodista gráfica, radial y panelista de 6,7,8, consideró: "Esta vez la corporación chocó contra el periodismo. La aplicación de la ley de medios se trata de jugar limpio, que los trabajadores de prensa podamos optar entre muchos dueños de medios de prensa. Esto tiene que ver con la libertad de todos. Me alegró enormemente escuchar la crítica a esta demanda contra la libertad de expresión".

Roberto Caballero, periodista en Tiempo Argentino y radio nacional, agradeció a reacción colectiva. "Los que querían usar el código como garrote fueron derrotados. Acá estaban en juego los derechos de todos. Este es un hito en la libertad de expresión. Las sociedades don mejores cuando se reconocen en la diversidad".

El periodista y politólogo Edgardo Mocca, también entre los que deberán presentarse a la Justicia, dijo: "Saco de esto una conclusión: nos está rebelando que tenemos fuerza. Estamos más fuertes hoy que antes de la denuncia". Y agregó: "Nosotros no vamos en búsqueda de ninguna venganza ni de violencia. Lo único que queremos es que el 7 D todos cumplamos la ley".

El escrito de Clarín también señaló al jefe del bloque de legisladores porteños del FPV, Juan Cabandié, y contra el diputado nacional Edgardo Depetri. La acusación incluyó además a "los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita".