La Audiencia Nacional, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de Madrid, Murcia, León y Valencia. Hasta el momento, se han producido decenas de detenciones, 259 registros y 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguros, así como 30 embargos preventivos.

Según Anticorrupción, serían 51 los detenidos, aunque fuentes jurídicas señalan que se trata de 51 imputados y que los detenidos serían 37, además de precisar que se trata de detenciones policiales y no judiciales, aunque en todo momento ha estado informado de estos arrestos el juez de la Audiencia Nacional que dirige la operación, Eloy Velasco, informa Efe. Los detenidos serán trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas.

La trama de corrupción municipal y regional contra la que se dirige la llamada operación Púnica estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías", según ha informado la Fiscalía Anticorrupción a través de una nota.

Entre los detenidos se encuentran el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez -sucesor de Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo-. Entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza, quien realizó bastantes operaciones con el Ayuntamiento de Valdemoro cuando Francisco Granados era su alcalde.

Marcos Martínez, que también es alcalde del municipio de Cuadros (León), fue introducido en un coche del Instituto Armado custodiado por tres agentes y abandonó el palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, ante la mirada de decenas de periodistas y otras personas que se habían congregado en el lugar.

Según fuentes del caso, Granados fue alertado por un miembro de la Guardia Civil de que se le estaba investigando. El juez Velasco investiga el soplo, que podría constituir un delito de revelación de secretos.

También han sido detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid. Se trata de los ediles de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA). Además, el Ayuntamiento de Móstoles está siendo registrado.

Además, agentes de la Guardia Civil han detenido al concejal de Hacienda de Valdemoro, Javier Hernández.

En la Región de Murcia, uno de los detenidos es el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso, quien es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia, que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria, según informa el diario La Verdad de Murcia. También está entre los detenidos el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo, así como el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del gobierno murciano, José Fidel Saura, y la directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Mariola Martínez. Estos dos últimos han sido puestos en libertad pocas horas después tras declarar ante la Guardia Civil.

Saura, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, y Martínez, ex edil del PP en Molina de Segura, habrían sido llevados por la Guardia Civil para prestar declaración. Además, los agentes de la Benemérita habrían intervenido un documento del Instituto de Turismo de la Región sobre un contrato de una cuantía "no muy elevada".

Comisión rogatoria desde Suiza

El origen de la operación se encuentra en la comisión rogatoria enviada a finales del año pasado de año por la Fiscalía suiza informando a Anticorrupción de que había abierto una investigación por blanqueo a Granados y Marjaliza, a los que había bloqueado las cuentas y a los que quería interrogar.

Anticorrupción abrió su propia investigación con la Guardia Civil, que culminó en junio con la presentación de una querella contra los dos investigados que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. De los pinchazos telefónicos acordados en la investigación fueron saliendo el resto de implicados.

Según fuentes de la Audiencia, la operación pivota en torno a dos personas a las que se podría denominar conseguidores. Se trata de Marjaliza y de Alejandro de Pedro Llorca.

Ambos conseguían adjudicaciones irregulares de contratos y concesiones públicas. Los beneficios los blanqueaban a través de un entramado de empresas, algunas de las cuales también empleaban para conseguir las adjudicaciones. El sistema empleado era el destapado en otros casos de corrupción: modificación de los pliegos de los contratos para favorecer al que iba a pagar las comisiones o trocear los contratos para poder adjudicarlos a quien convenía.

250 millones a cambio de comisiones

En los dos últimos años, la trama investigada firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

Según explican fuentes jurídicas, los políticos implicados no actuaban para financiar al PP o al PSOE, sino que buscaban su enriquecimiento personal. En algunos casos se trata de políticos que veían de cerca el fin de su carrera y querían aprovechar los últimos compases para hacer fortuna, según las mismas fuentes.

La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En concreto, a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de Influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.