Desde las últimas semanas la situación en las redes sociales ha sido un intercambio muy polarizado entre las críticas y apoyos al Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Twitter mismo, es un continuo “campo de batalla” virtual donde se lanzan campañas, hashtags y trending topics de una “trinchera” a otra.

Por un lado, una derecha y extrema derecha exaltada que lanza críticas y duras campañas contra el Gobierno de Sánchez e Iglesias, cuestionando la falta de actuación y medidas desde los primeros días de la crisis. Uno de los “argumentos estrella”, es el hecho de que se permitiera la movilización del 8M. Por el otro lado, buena parte de la izquierda del propio Gobierno o afín a él, que hacen eje en la cuestión de la herencia de las privatizaciones y recortes en sanidad del PP como explicación del colapso sanitario. Un intento de “lavar la cara” al PSOE del que participa, lógicamente, su socio de gobierno Unidas Podemos.

El debate, de entrada, está trampeado y distorsionado. No es más que una disputa entre el viejo bipartidismo PP-PSOE, ahora ampliado con la participación de Vox por extrema derecha, y de Unidas Podemos por izquierda. Un obsceno “revival”.

Sin extendernos demasiado, la crítica de la derecha acusando de negligencia al Gobierno por desatender las recomendaciones de la OMS es del todo oportunista. Hubo una lógica común entre los gobiernos de no tomar medidas, por no hablar de las bravuconadas criminales de presidentes conservadores y reaccionarios como Boris Johnson, Donald Trump o de Jair Bolsonaro –actitud que evidentemente, no han podido mantener–.

Por el otro lado, las acusaciones que la izquierda favorable al Gobierno de Sánchez lanza a la herencia recibida del PP y sus recortes son del todo hipócritas. El PSOE es el partido que más ha gobernado desde 1978 y el que ha aplicado desde los años ochenta las medidas y el marco jurídico que ha permitido la constante privatización de la sanidad, tal y como lleva denunciando la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de durante años.

Todo lo que deberías saber sobre la privatización de la sanidad pero nadie se atrevía a contartehttps://t.co/PgmDWNfnQV — CAS Estatal (@CAS_Estatal_) March 31, 2020

La Ley General de Sanidad de 1986, en la época de los gobiernos de Felipe González, estableció el modelo de sistema sanitario inspirado en el National Health Service británico. Esta ley ya recogía la entrada de empresas privadas en la sanidad pública, pero de forma puntual.

Pocos años después, el PSOE con mayoría absoluta daba a conocer el “Informe Abril” de 1991. Dicho informe generó tal rechazo público, al anunciar medidas como el copago sanitario, privatizaciones y externalizaciones, que el partido de González no lo presentó finalmente en el Congreso, pero pasó a ser la hoja de ruta de su política sanitaria.

1997 fue otro año de ofensiva neoliberal contra la sanidad pública, esta vez ya con el PP de José María Aznar en el Gobierno que, sin embargo, tan sólo supuso la aplicación de la hoja de ruta que venía ya marcada. Así se dio el caso de que PP, PSOE, CIU, Coalición Canaria y PNV –con el apoyo público de CCOO y UGT– , aprobaron la ley 15/97, el marco jurídico propicio para hacer negocio privado con la salud que ya anticipaba el “Informe Abril”.

De esta forma, los sectores más rentables de la sanidad se fueron privatizando, lo que ha abierto grandes oportunidades para los grupos empresariales a costa del dinero público y de precarizar. Sin ir más lejos, el Grupo Quirón, obtuvo 413 millones de euros en beneficios el pasado año 2019.

La destrucción de la sanidad pública ha sido una política común del PP y el PSOE

El intento del PSOE de echar la culpa al PP por la herencia recibida no se sostiene, por lo tanto. Una estrategia que no es nueva, en 2011 en plena crisis económica acusaron al PP de los recortes y de tratar de desmantelar la sanidad, al mismo tiempo que acordaban la modificación del Artículo 135 de la Constitución dando prioridad al pago de la deuda sobre la educación o la sanidad.

La crisis del coronavirus fácilmente hubiera puesto en serios aprietos a cualquier sistema sanitario, pero la forma criminal en la que los gobiernos europeos la están gestionando no es casual. Y en este punto, aunque la derecha en el Estado español trata de sacar rédito político, tiene muy poco que decir.

No dar prioridad a la salud de las personas frente a los intereses de los grandes capitalistas ha sido la política durante décadas y hoy se ve más que nunca. No sólo la sanidad pública ya se encontraba saturada y muy precarizada, sino que tras la pandemia no se han puesto todos los recursos sanitarios ni el conjunto de la economía para atajarla, ya que no se quieren cuestionar los intereses de los grandes capitalistas.

Así las cosas, no podemos depender de la gestión de las mismas empresas y burocracias políticas y sindicales que llevan durante décadas privatizando y precarizando. Y mucho menos “blanquear” las políticas criminales del PSOE, la otra cara de las privatizaciones y recortes sociales, como están haciendo Unidas Podemos y buena parte de la izquierda.

Mientras la sanidad pública colapsa y se deja morir a nuestros mayores en los pasillos, mientras los recursos de la sanidad privada siguen sin ser utilizados al 100 % para paliar la crisis, mientras los parásitos capitalistas que dirigen de la sanidad privada aprovechan para recortar plantilla, vender test a cientos de euros y cerrar centros en plena pandemia, el gobierno y la oposición de derecha se pasan factura por una herencia de la que ambos son responsables.

Basta de contemplaciones con los capitalistas. Hay que expropiar inmediatamente todos los recursos de la sanidad privada y centralizarlos en un plan estatal bajo control de comités de trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública, comités médicos y usuarios, que haga posible de facto la utilización de esos recursos con transparencia y mediante un uso colectivo y democrático. Junto con ello, es necesaria la contratación masiva y sin límites del personal y de las inversiones sanitarias necesarias para hacer frente a la pandemia.

Esta crisis ha puesto al descubierto la radical importancia de quién organiza la producción social y bajo qué criterios. La clase trabajadora, que hoy está en la primera línea del combate contra la pandemia, es la única garantía para el cumplimiento de las necesarias condiciones sanitarias y laborales, y para poner la economía no al servicio de los beneficios empresariales, sino al servicio de enfrentar la gripe y la crisis social que se ha abierto.

Marx, completando a Hegel, dijo al principio de “El 18 Brumario de Luís Bonaparte” que los hechos y personajes de la historia universal pareciera que se producen dos veces, pero “una vez como tragedia y otra vez como farsa”. Como en tiempos de Alfonso XII, desde 1978 hemos vivido una nueva restauración borbónica donde dos partidos se han “turnado” el poder. Se han criticado y enfrentado discursivamente, de cara a la galería, pero en líneas generales han aplicado la misma agenda neoliberal. Es hora de plantear una alternativa anticapitalista.