De manera silenciosa, sin llamar casi la atención ni hacer ruido, el fondo buitre Blackstone ha duplicado su control sobre las viviendas protegidas de alquiler. Tras quedarse con 1.800 de estas casas en la ciudad de Madrid mediante una venta directa a un precio más que atractivo en 2013, Blackstone se ha estado haciendo con un buen puñado de promociones de este tipo de hogares infiltrándose en las empresas que recibieron el encargo de sacar adelante los bloques de viviendas. No menos de 18 promociones por toda la Comunidad de Madrid que suman más de 1.900 viviendas.

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El primer paquete de casas que adquirió Blackstone fue la ya famosa venta en bloque que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) realizó en 2013. El Ayuntamiento de la capital, dirigido entonces por Ana Botella (PP), adjudicó a Fidere (una filial del fondo) 18 promociones por 120 millones de euros. A una media de 64.500 euros por cada una.

Aquella venta levantó una oleada de resistencia por parte de los inquilinos afectados. Se temían que los nuevos dueños fueran modificando las condiciones de su alquiler según fueran venciendo los contratos firmados. Sus miedos se cumplieron en muchas ocasiones: subidas de rentas y órdenes de desahucio fueron llegando a los hogares.

De forma discreta, desde 2014, Blackstone ha estado tejiendo una red de adquisiciones y participaciones empresariales para alcanzar al Plan de Vivienda Joven que ha impulsado, en este caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha ido recogiendo la cosecha de las casas de las que querían desprenderse algunas entidades financieras como el Banco Popular o Bankia. El fondo se ha colocado en más de una decena de empresas promotoras a las que se les había encargado alguna de las promociones de estas casas protegidas de alquiler con derecho a compra. Las operaciones se han extendido por toda la región en municipios como Móstoles, Getafe, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Las Rozas, Meco...

El común denominador es la entrada de alguna de las empresas controladas por Blackstone en los consejos de dirección de las sociedades promotoras. Según los apuntes del Registro Mercantil, desde octubre de 2014 a octubre de 2015, sus empresas filiales Lavisier Investment o Intermediación y Patrimonios aparecen en varias de estas adjudicatarias: Pinarcam, Espacio Jóvenes Hogares, Inmo Cam Vivienda Joven, Hercecam Vivienda, Vivienda Joven Interbigeco, Egicam Plan Joven, Hercesa Intermediación y Patrimonios, Hercesa Vivienda Joven, Prygecam, Imansiter Vivienda Joven o Internova Vivienda Joven.

Lavisier Investment es propiedad del fondo de inversión inmobiliaria Spanish Residential Holdco, radicado en Luxemburgo, Blackstone es quien controla esa sociedad. Además, en agosto pasado, el fondo se hizo con el holding Intermediación y Patrimonios cuyo administrador único es ahora la mencionada Lavisier. En ese mismo mes veraniego, Blackstone adquirió otro conglomerado llamado Ferrocarril Intermediación y Patrimonio que controlaba 500 viviendas de alquiler con protección pública. Spanish Residential y Blackstone son las dueñas de Fidere –que posee ahora las casas de protección subastadas por Ana Botella–.

Venta tras el contrato de alquiler

El Plan de Vivienda Joven es una operación diseñada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Se trataba, básicamente, de destinar a este programa suelo propiedad de la Comunidad y de convencer a ayuntamientos para que hicieran lo mismo. La construcción y propiedad de gran parte de las casas eran privadas pero debían cumplirse unos requisitos establecidos por la Consejería de Vivienda: la renta máxima del alquiler, las características que debían reunir los aspirantes así como la gestión de la lista de acceso eran determinados por la Comunidad de Madrid. Las viviendas pueden ser vendidas según vayan venciendo los siete años de plazo de arrendamiento. El Gobierno que dirigía Ignacio González modificó en 2013 el reglamento de las viviendas protegidas para hacer más fácil y flexible su venta. Las hizo más atractivas para el mercado.

Este trasvase de dueños de casas responde en su mayoría a la decisión de Bankia de deshacerse de patrimonio inmobiliario. Intermediación y Patrimonios, Ferrocarril I&P y las promotoras que fueron haciéndose con los encargos del Plan de Vivienda estaban participadas en mayor o menor medida, de forma directa o indirecta, por el banco heredero de Caja Madrid.