La comisión de expertos que tiene como misión la presentación de un proyecto de ley para reformar y actualizar el Código Penal de la Nación estudia fijar como agravante del homicidio la profesión de las víctimas.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales. Si prospera la idea planteada en el debate por los especialistas, matar a un docente o a un médico será considerado un agravante con una condena de prisión perpetua. Lo mismo sucedería con los homicidios en los que las víctimas fuesen jueces o fiscales.

“Lo que se resguarda es la investidura, ya sea juez, fiscal, médico o maestro por el rol trascendente que desempeñan en la sociedad. Es un tema que estamos estudiando con prudencia porque alguien puede decir que un bombero o una persona con otra profesión también son trascendentales para la comunidad”, explicó a LA NACION el presidente de esa comisión de especialistas y juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Anteayer, al cumplirse tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su exesposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se refirió al tema. En una entrevista con radio Mitre sostuvo: “El Código Penal no contempla como agravante de homicidio en el caso de que la víctima sea un juez o fiscal con motivo de su cargo o condición. Si algún legislador está escuchando sería muy importante [incorporar esta figura] porque, con el magnicidio de Nisman, se trazó una raya”.

Esta modificación, según pudo saber LA NACION, ya comenzó a debatirse entre los integrantes de la comisión de expertos, que continúa trabajando durante la feria judicial. Se estima que la presentación del proyecto del nuevo Código Penal será en marzo próximo.

La comisión de especialistas fue creada por un decreto del presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado. Además de Borinsky, está integrada por Carlos Mahiques, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal; Patricia Llerena, integrante de un tribunal oral en lo criminal (TOC) porteño; Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, integrante de un TOC porteño y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, actual director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

“Al día de la fecha, subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias enunciadas, con el fin último de consolidar la institucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales”, se sostuvo en uno de los considerandos del decreto de la creación de la comisión, que fue armada por el presidente Macri con el consejo del ministro de Justicia, Germán Garavano.

En busca de un nuevo sistema

“Hay capítulos que son la columna vertebral del nuevo Código Penal que estamos trabajando y que es lo que hay que mejorar: corrupción de funcionarios públicos y corrupción transnacional; subir las penas de delitos de narcotráfico y sancionar con prisión perpetua a las organizaciones internacionales; que el dinero mal habido vuelva al Estado. En cuanto a la seguridad ciudadana pretendemos que la víctima de los delitos tenga un rol más activo, seguimiento sociojudicial de agresores sexuales”, sostuvo Borinsky.

También, según agregaron las fuentes consultadas, los especialistas aconsejarán agregar como agravante en el homicidio que el autor del hecho haya sido conviviente de la víctima. Hasta ahora el agravante es para el cónyugue.

Además, los especialistas que debaten el nuevo Código Penal tienen previsto redactar reglas específicas y evitar así la discrecionalidad de los jueces a la hora de revisar los pedidos de excarcelaciones.

“La comisión de reforma del Código Penal tiene por objetivo lograr una aplicación efectiva de la ley penal a través de la fijación de pautas claras [libertad condicional, determinación de la pena, reincidencia] y de esta forma reducir los márgenes de discrecionalidad judicial”, explicaron fuentes judiciales.

En tanto, con el nuevo Código Penal dejaría de ser delito la tenencia de droga para consumo personal. “No será punible si se tratare de sustancias de escaso poder psicoactivo y la tenencia no hubiere trascendido el ámbito de la privacidad”, según el borrador que está en análisis por parte de la comisión. En ese caso se procura adaptar la ley al llamado fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema en 2009 y que declaró la inconstitucionalidad de fijar una pena por la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Los principales temas analizados por la comisión de expertos

Nuevas pautas para calificar homicidios

Entre las modificaciones al Código Penal analizadas por la comisión de expertos convocada por el Gobierno figura fijar agravantes de la pena de homicidios según la profesión de la víctima. En principio se estudia definir una diferencia frente a asesinatos de jueces, fiscales, médicos y docentes, tomándose en cuenta el rol social que desempeñan. Hasta el momento hay agravantes similares por lesiones.

Mayores penas para los narcotraficantes

La comisión de especialistas, cuya propuesta será elevada en marzo próximo al Poder Ejecutivo, tiene decidido aumentar las penas para delitos vinculados con el narcotráfico, incluso fijar la prisión perpetua para integrantes de bandas transnacionales. También analiza dejar sin sanción la tenencia de drogas para consumo personal, tal como fue reclamado por la Corte en el llamado fallo “Arriola”.

Una solución a la "puerta giratoria"

Una reforma que está en la carpeta de los jueces y expertos que integran la comisión tiene que ver con fijar pautas concretas en el cumplimiento de las sentencias para disminuir la discrecionalidad de los jueces en el momento de decidir beneficios a los condenados, como la libertad condicional y otras situaciones de excarcelación. El Gobierno pidió terminar con la “puerta giratoria”, que aumenta el delito.

Monitoreo de casos de agresión sexual

El seguimiento de los casos tras el cumplimiento de las condenas también está bajo observación de la comisión de reforma del Código Penal. Uno de los puntos centrales en ese caso es la puesta en marcha de un sistema que permita monitorear a los agresores sexuales; también se buscará dar un rol más activo a las víctimas de los delitos para que la voz de los afectados tenga peso judicial.

Recuperación del "dinero sucio"

La corrupción de funcionarios públicos es otro tema que es analizado por los especialistas jurídicos para mejorar el sistema de respuesta frente a esa clase de delitos. Una de las alternativas estudiadas apunta a conseguir mecanismos más rápidos para que el dinero detectado en casos de corrupción vuelva a las arcas públicas, en un proceso similar al utilizado para incautar y utilizar bienes narcos.