Según el Gobierno Español un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional, en resumen, lugares de detención para personas extranjeras que, como se dice habitualmente, “no tienen papeles”. No obstante, en la práctica y, debido a la falta deregulación y normativas legales, son prisiones administrativas cuyas condiciones de estancia son más duras que la propia cárcel, en donde se interna a personas que sin haber cometido ningún delito se les somete a un régimen de vida más duro que a las personas encarceladas acusadas de algún delito. En los CIEs convergen el hacinamiento, las condiciones infrahumanas de estancia, como por ejemplo, la falta de lavabos en las celdas o del acceso al retrete durante la noche (teniendo que orinar en botellas) y demás prácticas rutinarias de humillación y maltrato.



De ahí que la estancia en un CIE (en principio como máximo de 60 días) sea mucho peor que la estancia en una cárcel, y que se les conozca con el nombre de los “Guantánamos españoles”. Hasta el tribunal Supremo ha cuestionado la retención de inmigrantes y la ONU, así como varias sentencias judiciales, advierten de las condiciones inhumanas de este tipo de centros, en algunos de los cuales se han descubierto redes de abusos sexuales a las inmigrantes internas o han llegado a fallecer personas retenidas en ellos a consecuencia de la falta de atención médica.



Del total de Centros de Internamiento de Extranjeros, extendidos por toda la Unión Europea desde 1995, en la actualidad encontramos 8 en España (Zona Franca en Barcelona, Aluche en Madrid, Zapadores en Valencia, Sangonera la Verde en Murcia, La Piñera en Algeciras, Matorral en Fuerteventura, Barranco Seco en Gran Canaria y Hoja Fría en Tenerife.), todos ellos dependientes del Ministerio del Interior. Las personas en ellos detenidas son custodiadas por la Policía Nacional, en la mayoría de los casos, con muy pocas ganas de ejercer ese trabajo y, como hemos comprobado de primera mano, sin intérpretes y con escasa información sobre el funcionamiento de los mismos.



Quienes trabajamos en actividades de apoyo a las personas migrantes, hemos llegado a encontrarnos con familiares de detenidos desorientados y desesperados dando tumbos de ciudad en ciudad intentando averiguar dónde se encuentra retenida madre, su conyugue o su hijo, sin recibir ningún tipo de respuesta aclaratoria por parte de quienes trabajan en el CIE. Y es que los CIEs se convierten en agujeros negros donde desaparecen personas que, víctimas de controles de identidad arbitrarios y racistas (debido al color de la piel o determinados rasgos físicos), son detenidas en plena calle vulnerando los principios básicos recogidos en la Constitución española y los Tratados Internacionales.



La terrible situación que se está produciendo con la expulsión de personas extranjeras que son detenidas, recluidas en los Centros de Internamiento para extranjeros (CIEs) y expulsadas en vuelos especiales. Ellos solo están interesados en utilizar política y mercantilmente a la población migrante. Efectivamente, las detenciones y deportaciones de personas extranjeras por parte de la policía, en muchas ocasiones, tienen más que ver con los acuerdos establecidos con los países de origen y con las existencia de los llamados “vuelos macro” que con cualquier otro tipo de motivación. Cada vez e producen más este tipo de expulsiones que consisten en un viaje en avión reservado sólo a personas que van a ser repatriadas forzosamente a su continente de origen. Como denuncian algunos colectivos de apoyo a extranjeros “a veces estos vuelos dejan a los pasajeros en lugares que no son sus países de origen, sino tan sólo su continente. Son trasladados allí contra su voluntad, utilizando violencia y métodos coercitivos de todo tipo, llegando incluso a llevarles a países donde no tienen ningún vínculo, sin dinero ni recursos”.



Detrás de estos “vuelos macro” (o “vuelos de la vergüenza”), con destinos habituales como Senegal, Ecuador, Nigeria, Marruecos o Colombia, se encuentran acuerdos millonarios con empresas como Swiftair o Globalia (Viajes Ecuador, Halcón Viajes, Touring Club y Air Europa). Como han denunciado colectivos y activistas integrantes de la Campaña por el cierre de los CIEs, existen redadas selectivas por parte de la Policía, uniformada o secreta, en busca de inmigrantes irregulares de una nacionalidad determinada días antes de la salida de un vuelo, como apuntan los citados colectivos “para facilitar el trabajo de expulsión a estas compañías aéreas”. Y es que “pese a las numerosas declaraciones en contra de la trata de seres humanos y del negocio relacionado con la inmigración ilegal, constatamos una vez más que las propias empresas europeas, desde la gestión privada de las fronteras hasta las empresas satélite, hacen negocio con la criminalización de la pobreza.”