viernes 19 abril, 2019

Después de sus vacaciones de cuatro días en Córdoba por Semana Santa, el presidente Mauricio Macri retomará su agenda el lunes con una reunión con los representantes de las 16 empresas con las cuales el Gobierno acordó el llamado "pacto de caballeros" para congelar los precios de 60 alimentos por 180 días.

Según informaron fuentes oficiales a Télam, el ministro de Producción y Empleo Dante Sica también formará parte del encuentro que tendrá como objetivo principal discutir cómo se va reglamentar la ley de Lealtad Comercial.

El presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), Daniel Funes de Rioja, fue el primero en mostrar preocupación sobre este punto al señalar la necesidad de "negociar con el gobierno una reglamentación adecuada de la ley de Lealtad Comercial" la cual, según su visión, necesita algunos cambios.

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"Todavía no tengo el análisis de esas observaciones por parte de nuestros técnicos, pero a COPAL le han ofrecido sentarse a negociar, pero no nos han convocado", señaló Funes de Rioja.

El directivo confirmó también que el programa de "Precios Esenciales" anunciado el miércoles, es complementario con el sistema de Precios Cuidados que se encuentra aún vigente y que vence del próximo 6 de mayo. El congelamiento de precios regirá hasta el mes de octubre cuando se desarrollan las elecciones presidenciales.

Según adelantaron desde el mismo lunes 22 los productos deberán estar expuestos para los consumidores, mientras que se estableció un plazo hasta el lunes 29 para que dichos productos estén en comercios debidamente señalizados.

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La nueva ley de Lealtad Comercial que el gobierno aprobará por decreto forma parte de la batería de medidas anunciadas el miércoles pasado orientadas a frenar, de forma momentánea, la escalada inflacionaria que en marzo superó el 50% interanual.

Está pensada como un beneficios para las pymes con el objetivo principal de "evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas", informó el Gobierno.

La propuesta busca sancionar el incumplimiento de normas y la explotación de la situación de dependencia económica de proveedores y la fijación de precios por debajo del costo de producción, el denominado "dumping", y la publicidad comparativa engañosa.

MS/EA