La Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos emitió un duro comunicado contra el discurso oficial del gobierno provincial de Alicia Kirchner y la ley sancionada en la cámara de diputados el 26 de septiembre pasado reivindicando a La Patagonia Rebelde.

La ley que se aprobó declara feriado el 7 de diciembre de cada año en homenaje a los 1500 huelguistas fusilados en 1921 por el ejército argentino en Santa Cruz. Además se inaugurará un monumento alusivo a los hechos de la huelga en El Paseo de La Memoria.

La Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 publicó un comunicado que cuestiona que en la actualidad no son respetados los derechos de los trabajadores en Santa Cruz y en muchos casos son perseguidos por luchar.

A continuación reproducimos el comunicado:

“Sobre feriados y monumentos: el doble discurso oficial.

Desde la Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 consideramos que el proyecto votado en la 12° sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, declarando como feriado provincial el 7 de diciembre de cada año es insuficiente si tan sólo se toma una parte de la memoria de los huelguistas que lucharon contra el avasallamiento patronal de los estancieros.

La explotación despiadada llevada a cabo por los estancieros que se enriquecían en nuestro territorio, como también en la región de Magallanes (Chile) llevó a que los trabajadores rurales y urbanos se organizaran en la Federación Obrera para conseguir los derechos necesarios y vivir dignamente en Santa Cruz. Sin embargo las autoridades gubernamentales lejos estuvieron de tomar en cuenta los reclamos y una vez iniciada la huelga, respondieron mediante el ejército argentino con balas originando una de las masacres más aberrantes de la historia de la clase obrera en Argentina.

Recuperar la memoria de aquellos peones en huelga, no alcanza con feriados y monumentos como un hecho que ocurrió en el pasado. Consideramos que la memoria es real si en la actualidad las y los trabajadores que viven en la provincia son respetados en sus derechos como tales. Pero desde las autoridades no existe el interés de solucionar las demandas de las organizaciones sindicales que reclaman mejores salarios, viviendas, salud, educación y una jubilación pagada en tiempo y forma.

La mayoría de los trabajadores de la administración pública perciben un salario muy por debajo de la canasta familiar sometiéndolos a la pobreza. Su obra social, La Caja de Servicios Sociales está intervenida desde hace tres décadas por el gobierno provincial, lo que ha generado un vaciamiento en sus recursos y la consecuente falta de prestaciones perjudicando a gran cantidad de sus beneficiarios. Por último hay cientos de procesados penalmente por luchar, entre los que se encuentran docentes, petroleros, trabajadores judiciales, desocupados, vecinos de los barrios precarios y jubilados que inclusive llegaron a ser reprimidos cada vez que salieron a manifestarse públicamente con medidas de fuerza.

Mientras tanto, en las zonas rurales hay peones en condiciones de precarización brutales, sin control de organismos estatales que puedan combatir la abusiva práctica patronal, que trabajan y viven igual o peor que hace 100 años mientras los mismos dueños de la tierra se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de los asalariados. Mucho menos tiene posibilidades de una cobertura social y aportes jubilatorios.

El gobierno provincial afirma que son defensores de los derechos humanos, pero es solamente un doble discurso y por consiguiente cualquier medida sancionada en la cámara de diputados es un mero oportunismo de apropiarse de consignas que no se respetan.

Así la Memoria y los Derechos Humanos queda tan sólo en palabras si en la actualidad no se cumple con las demandas de los trabajadores, de educación, la salud y el cuidado de nuestra tierra.

La verdadera memoria es reivindicar a los 1500 peones fusilados, los sobrevivientes y los descendientes que día a día luchan contra la injusta opresión, los que resisten contra las injusticias promovidas por los poderosos, sus funcionarios y sus gobiernos. Para que exista la igualdad de todos y todas como anhelaban los peones de La Patagonia Rebelde hay que escuchar y dejar de criminalizar la protesta.”