CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- Tanto a nivel nacional como local, el Estado de México y la Ciudad de México encabezan la lista de las entidades con mayor número de quejas por posibles violaciones a los derechos humanos de adultos mayores, según el informe especial presentado este martes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A nivel nacional, después de la capital y del Edomex están Aguascalientes y Veracruz. Por proporción, 47% de las quejas es por afectaciones al derecho a la seguridad jurídica, 35% por derecho a la salud, 11% por derecho a la legalidad, 7% por derecho de petición y 6% por derecho a un trato digno.

Las instancias más señaladas son el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar), el Infonavit y la CFE.

A nivel local, después de la capital y el Edomex están Puebla, Hidalgo y Quintana Roo. Por proporción, 43% de las quejas corresponde a transgresiones, violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, 6% a prestación indebida del servicio público y 6% a ejercicio indebido de la función pública.

Las instancias más señaladas son las de procuración de justicia, secretarías estatales de Seguridad Pública y las autoridades municipales.

Sin acceso a la justicia

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Durante la presentación del informe, la CNDH destacó que las autoridades estatales no cuentan con un sistema homologado que permita obtener datos precisos sobre los delitos que más afectan a los adultos mayores, lo que incrementa el riesgo de que se conviertan en víctimas.

El primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, informó que tener un sistema homologado sería de gran utilidad para diseñar estrategias de prevención e identificar los factores de riesgo.

De las 32 instancias estatales de procuración de justicia consultadas por la CDNH, solo 26 respondieron. Las de Morelos, Nayarit, Sonora y Tabasco fueron omisas.

A nivel nacional, se cuantificaron 34,200 denuncias. Nuevo León, Sinaloa y Veracruz concentraron la proporción más alta y los delitos se distribuyeron así: 57% de las denuncias fue por delitos patrimoniales, 6% por violencia familiar, 8% por lesiones, 5% por amenazas y 4% por homicidio.

El panorama de los programas sociales

De las nueve secretarías de Estado a las que la CNDH pidió información, solo la de Desarrollo Social tiene presupuesto etiquetado para la implementación de programas específicos para este sector. Cinco indicaron que no cuentan con recursos etiquetados (Gobernación, Salud, Relaciones Exteriores, Cultura y Comunicaciones y Transportes), dos omitieron proporcionar datos (Educación Pública y Trabajo) y una no contestó (Turismo).

El primer visitador general destacó que, de estas dependencias federales que se ocupan de cuestiones vinculadas al cumplimiento de los derechos de la población de 60 años en adelante, la mayoría no incluye en sus planes y programas acciones específicas para su protección y desarrollo, por lo que la asignación presupuestal omite considerar este enfoque diferenciado, invisibilizando las particularidades que amerita la atención de ese grupo poblacional.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que todavía se dejan de lado las necesidades específicas de las personas conforme tienen mayor edad, así como de acuerdo con su condición económica, su género o estado de salud.