La idea y la creación de los personajes que interactúan en la historia son de un grupo de animadores, caricaturistas y guionistas a los que, de hecho, les robaron su trabajo.

“Un grupo de extraterrestres quiere robarse el Fuego Panamericano y destruir el espíritu deportivo”. Ésa es la premisa de la serie animada “Escuadrón 2011, El Origen del Fuego”, que transmitió el Canal 4 de Televisa durante los Juegos Panamericanos que se realizaron en Guadalajara.

Cerca de 80 ex empleados de Dreamsky están en esta situación, los adeudos van desde los 15 hasta los 100 mil pesos

En el fraude participaron –voluntaria o involuntariamente– autoridades de el COPAG y la Secretaría de Turismo

“Un grupo de extraterrestres quiere robarse el Fuego Panamericano y destruir el espíritu deportivo”. Ésa es la premisa de la serie animada “Escuadrón 2011, El Origen del Fuego”, que transmitió el Canal 4 de Televisa durante los Juegos Panamericanos que se realizaron en Guadalajara.

La idea y la creación de los personajes que interactúan en la historia son de un grupo de animadores, caricaturistas y guionistas a los que, de hecho, les robaron su trabajo.

Porque aunque invirtieron meses de su tiempo en una película que finalmente no llegó a las pantallas y desarrollaron esta serie de 10 capítulos, la empresa Dreamsky nunca terminó de pagarles.

“Nos atrasó no solamente los seis meses que estuvimos ahí, nos descapitalizó por completo, nos dejó sin empleados y tuvimos prácticamente que empezar de cero. Yo creo que, además de mi productora, este tipo de cosas afectan mucho a la industria de la animación en México”, señala Tonatiuh Moreno, director de animación de la serie.

En el fraude, que asciende a alrededor de 10 millones de pesos, participaron –voluntaria o involuntariamente– autoridades del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara (COPAG) y la Secretaría de Turismo.

Porque Adalberto Flores, entonces director de Desarrollo de Dreamsky y vínculo con las entidades gubernamentales, declaró en enero de 2011 que ambas producciones costarían alrededor de 30 millones de pesos. Y tanto la COPAG como la Secretaría de Turismo participaron con parte del capital.

Por eso el animador Abif López pide “que sancionen a esta persona (Mario Alberto Ochoa González). Son recursos que no fueron aprovechados, no fueron utilizados, no llegaron a las personas que debían y no se cumplieron las estipulaciones que tanto la Secretaría de Turismo como COPAG pactaron, que era mantener el empleo por mínimo más de dos años”.

Pero como sucedió con todos los negocios relacionados con los Juegos Panamericanos 2011, en éste tampoco existe transparencia sobre el uso de los recursos.

Hasta la fecha, lo único que saben los productores, animadores y guionistas locales es que fueron defraudados.

Las cosas empezaron a fallar cuando estaba en producción el capítulo tres de la serie.

Dreamsky les empezó a dar largas para pagarles los salarios pendientes.

A Ruy Fernando Estrada, ilustrador del proyecto, le deben alrededor de 25 mil pesos; a Tonatiuh Moreno, 43 mil, y al guionista Jorge Gutiérrez, alrededor de 185 mil pesos.

Cerca de 80 ex empleados de la productora están en la misma situación, y los adeudos van desde 15 mil hasta 100 mil pesos.

Mario Alberto Ochoa contaba con que las entidades públicas involucradas, al igual que empresas privadas como Scotiabank, invirtieran más recursos mediante el estímulo fiscal Eficine 226.

Pero dichos recursos, estipulados en el Artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nunca llegaron.

La compañía productora sí recibió una importante cantidad por parte del COPAJ, la Secretaría de Turismo e, incluso, del fondo federal Prosoft.

Los realizadores locales coinciden en que la autoridad debe revisar su caso, pues una de las condiciones para otorgarles los fondos era dar empleo a una planilla de 100 a 200 trabajadores del ramo durante un año.

Pero el proyecto solo duró seis meses, y el dinero se derrochó en equipo, viajes y sueldos privilegiados para los administradores que ahora no dan la cara.

Varios de los defraudados señalan que Mario Alberto Ochoa aprovechó los recursos del gobierno para otorgarse un sueldo de 50 mil pesos mensuales, viajar y rentar un departamento de 20 mil pesos al mes.

Algunas de las productoras que participaron en el proyecto no pudieron mantener su nómina.

Las que tenían decenas de empleados se redujeron hasta quedar solo los socios fundadores.

“No creo que ellos (la autoridad estatal) quieran tener otra piedrita ahorita en su zapato, pero aun así, esos recursos fueron muy mal administrados, a niveles frívolos, fueron mal usados”, señala Erasmo Rodríguez, asistente de Dirección de la serie.

Pago con equipo

A finales de 2011, cuando las cosas empezaron a ir mal, muchos de los participantes en el proyecto cuestionaron a Mario Ochoa.

Algunos eran amigos cercanos, como el guionista Jorge Gutiérrez. Por eso depositaron en él toda su confianza y permitieron que la serie fuera transmitida por el Canal 4 a pesar del incumplimiento del contrato.

Pero luego, cuando vieron que seguían dando las largas y los recursos ya no alcanzaban, se dieron cuenta que había un costoso inventario de equipo que había sido adquirido con los recursos obtenidos del gobierno.

En una cotización del Programa de Desarrollo del Sector de Servicios de Tecnologías de Información (Prosoft), se establece que Dreamsky Animation Studios, S.A. de C.V. tiene en inventario más de 20 millones de pesos en equipo.

La lista incluye un servidor, computadoras, sillas, licencias de programas de ilustración, monitores y tablets, entre otros equipos y herramientas.

Pero ahora los realizadores se preguntan dónde quedó ese equipo.

Y es que para enero de 2012, cuando Mario Alberto Ochoa ya no contestaba llamadas ni tenía cuenta de Facebook, la empresa y su inventario habían desaparecido.

“Quisiera que se les pagara a todas las personas que trabajaron con nosotros, fueron alrededor de 40 (…) sé que tuvieron el equipo que podrían haber vendido para pagarnos a nosotros nuestra deuda, y en lugar de eso, lo decidieron almacenar”, dice Ruy Fernando Estrada Rivera.

Lo que han escuchado los animadores que ya presentaron sus respectivas denuncias ante la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo (Profedet) es que una empresa desarrolladora de software está resguardando el equipo desde el año pasado.

Corren rumores de que lo tiene la empresa Metacube, que es parte de la incubadora de negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.

“Él (Mario Ochoa) junto con otras personas recibieron un apoyo del gobierno para conseguir equipo de cómputo y hacer este proyecto. Y según tengo entendido, tenía que mantener una planta de más de 80 personas trabajando por mínimo un año, no se cumplió. Este equipo de cómputo lo pagamos con nuestros impuestos”, indica el guionista Jorge Gutiérrez Peña.

Los defraudados temen que el equipo con el que esperan ser compensados haya sido vendido, ya que la Profedet no ha indagado nada al respecto.

¿Qué es Eficine 226?

El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) entrega el estímulo Eficine 226 para apoyar la producción y postproducción de largometrajes de ficción, animación y documental de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El monto máximo del apoyo por proyecto es de 20 millones de pesos, aunque el fondo total para cada ejercicio fiscal del gobierno es de 500 millones de pesos.

La deliberación de los proyectos está a cargo de un Comité Interinstitucional integrado por delegados de la Secretaría de Hacienda, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Imcine.

Eficine 226 puede combinarse con otros fondos, como Foprocine o Fidecine.

Guión robado

Jorge Gutiérrez tiene los derechos del guión de la serie ‘Escuadrón 2011, El Origen del Fuego’. De realizarse un juicio, Televisa y la Secretaría de Turismo podrían ser implicadas en un fraude

Los abogados que asesoran al guionista de la serie “Escuadrón 2011, El Origen del Fuego” coinciden en que si Mario Ochoa no se hace responsable del incumplimiento de contrato, Televisa, el COPAG y la Secretaría de Turismo podrían pagar los platos rotos.

Porque al proyectarse la serie por televisión, estas entidades resultan implicadas. Incluso dicen que Jorge Gutiérrez Peña sería un “empleado indirecto” de la COPAG y de la Secretaría de Turismo. Y es que en los créditos de la serie, los organismos públicos aparecen como socios.

Jorge Gutiérrez Peña argumenta que no ha entablado una demanda porque no puede solventar los costos de un juicio mercantil de este tipo.

“Llevar una demanda, llevar un abogado, cuesta dinero. Ahorita no soy tan autosuficiente como para poder sortear económicamente esta demanda”, explica.

El guionista de la serie transmitida por la televisión local en octubre pasado afirma que es necesario auditar los recursos públicos que se entregaron a la empresa Dreamsky para la producción.

Gutiérrez Peña, al igual que alrededor de 80 personas más, fue defraudado por la empresa tapatía. Como escritor de la serie alusiva a los Juegos Panamericanos 2011, no recibió pago alguno.

La producción fue pautada en 10 capítulos con un costo total de 185 mil pesos. Cada guión fue cotizado en 18 mil 500 pesos.

El guionista tiene en su poder un contrato firmado por Mario Alberto Ochoa González como representante de Dreamsky y una serie de documentos con las fechas acordadas para los pagos, pero nunca se cumplieron.

Aunque Ochoa González les dijo en repetidas ocasiones que les pagaría una vez que la serie fuera proyectada, desapareció misteriosamente sin cumplir con los pagos.

El caso podría ser llevado al ámbito legal porque los derechos patrimoniales del guión pertenecen a Jorge Gutiérrez Peña, quien como titular de los mismos puede autorizar o prohibir su uso, tal como lo indica la Ley Federal de Derecho de Autor.

“Hay otras entidades, otras personas, que pueden ser copartícipes o corresponsables de esta situación; sin embargo, yo sí hago responsable completamente a Mario Ochoa porque él fue quien tomó decisiones en las que no estaba el asegurar los derechos de los guiones.

“Cualquier productor sabe que si no tiene seguros los derechos del guión, pues no puede hacer nada. Tú no puedes construir un edificio en un terreno que no tienes asegurado, y él levantó un edificio en un terreno que no era de él”, destaca Gutiérrez Peña.

Una buena parte de la inversión que se hizo en el proyecto provino de recursos públicos que probablemente acabaron en manos de Mario Alberto Ochoa González.

“Él se da el crédito de productor, incluso del creador original. Bueno, pues que pague, ¿no? Yo invito a la autoridad, la exhorto a que revise bien las cuentas de este individuo, Mario Alberto Ochoa González”, concluye el guionista.