El comunicado de prensa del Gobierno y las Farc de hoy que cuenta cómo va a ser el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que incluye el Acuerdo Final, no solo explica eso sino que manda entre líneas un mensaje para frenar uno de los motivos por los que se han disparado los cultivos de coca en el país.

El comunicado dice que “el programa no atenderá a los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016, fecha en la que se puso en marcha el esfuerzo conjunto de sustitución voluntaria de cultivos entre el Gobierno y las Farc en Briceño, Antioquia”.

Eligieron esa fecha también para que no puedan entrar nuevos cultivadores, especialmente las personas que en algunas regiones como Catatumbo, en Norte de Santander, arrancaron a cultivar desde el año pasado para poder beneficiarse de ese Plan.

Eso funciona porque el Gobierno tiene cómo revisar si la gente es cultivadora nueva o no. En los 44 municipios donde el Gobierno arrancó a trabajar en sustitución desde el año pasado, y que son los que tienen más cultivos (el 60 por ciento de la coca), “tenemos listados con las juntas de acción comunal de quién cultiva y quien no”, dijo a La Silla Eduardo Díaz, director para la Atención Integral contra las Drogas en Presidencia.

Los que sí son cocaleros tradicionales y decidan sustituir van a recibir un millón de pesos mensuales, otro millón ochocientos una sola vez para tener con que vivir mientras cambian de cultivo, y nueve millones, también por una sola vez, para un proyecto de ciclo corto. Si cumplen el año sin cultivar, el Gobierno se compromete a darles en el segundo año diez millones por familia para un proyecto productivo.

Con la información de esas listas más el límite a los cultivos nuevos, el Gobierno y las Farc dejan claro que los que arrancaron a cultivar para beneficiarse del programa se van a quedar viendo un chispero y para ellos la única opción va ser la erradicación.