El PP ha sumado este martes a los independentistas del PDeCAT para sacar adelante en el Congreso sus propuestas para exigir al Tribunal de Cuentas un examen especial sobre la contabilidad de Ciudadanos en 2015, mientras que Unidos Podemos ha optado por la abstención y el PSOE ha fluctuado entre el voto en contra y la abstención.

En la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, el PP ha sometido a votación sus tres propuestas de resolución sobre el último informe de la institución fiscalizadora, en el que no se avala la contabilidad de nueve formaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís, Convergencia y EH Bildu, por detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitaban el examen.

A raíz de ese informe, el PP y Ciudadanos iniciaron un enfrentamiento que tuvo su momento álgido la pasada semana en la comisión de investigación de la contabilidad de todos los partidos impulsada por los ‘populares’ en el Senado. La bronca se desató a raíz de la comparecencia de Juan Carlos Cuadrado, gerente de la formación de Albert Rivera, y los ‘populares’ avanzaron la posibilidad de elevar el listón y citar al secretario general del partido, José Manuel Villegas.

Una segunda lectura

En las propuestas votadas este martes, que no han llegado a debatirse, el Grupo Popular se centraba en Ciudadanos pidiendo al tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda una segunda lectura de las deficiencias del partido naranja.

Concretamente pedía que se aclarase si hubo traspaso de fondos al partido desde los grupos institucionales de Ciudadanos y citaba en concreto dos partidas: una de 860.444,93 euros «en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo» en 2014; y otra de 1.166.480 euros en concepto de «gastos por disposición de bienes» de 2015.

Además, los ‘populares’ también reclamaban que el fiscalizador aclare sus «criterios» para calificar de «eventuales casos de infracción» seis casos incluidos en el informe de los ejercicios de 2014 y 2015.

Se trata de no identificar a los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de la formación Izquierda Unida (por un importe total de 307.000 euros); no identificar a las personas físicas que realizaron donaciones a Unió Democrática (785.000 euros en 2014 y 240.000 en 2015); donaciones recibidas de personas jurídicas por Nueva Canarias (8.600 euros); pagos de terceras personas a Ciudadanos contabilizados como donaciones en especie (por 14.000 euros); la participación de EA y PNV, a través de sociedades mercantiles, en rendimientos de actividades de carácter mercantil; y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de UPyD.

Las tres propuestas del PP han salido adelante con sus votos y los del PDeCAT, mientras que Ciudadanos y el PNV han votado en contra y los parlamentarios de Unidos Podemos se han abstenido. El PSOE, por su parte, ha votado en contra de hacer un examen específico al partido naranja y se ha abstenido en lo relativo a los supuestos de infracción.