La decisión del Ministerio del Interior de adjudicar a la Guardia Republicana el control de las cárceles no cayó bien en algunos sectores del Frente Amplio.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi informó el jueves que la Guardia Republicana se hará cargo de la seguridad en las cárceles, "dentro y fuera del perímetro". El ministerio explicó después en un comunicado que el cuerpo especializado "asumirá las funciones de seguridad penitenciaria brindado apoyo al Instituto Nacional de Rehabilitación para asegurar el trabajo de los funcionarios penitenciarios y garantizar la integridad física" tanto de trabajadores como de las personas privadas de libertad y de las personas que van como visitantes. "Los policías del subescalafón ejecutivo que prestan servicios en el INR en tareas de seguridad o en funciones que asistan a la seguridad pasarán en comisión de servicio a la Guardia Republicana", agregó la cartera.

Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira, fue el primero en levantar la voz este viernes, a través de una resolución en la que expresó su “profunda preocupación” por “el paso de la responsabilidad de la seguridad de las unidades a un cuerpo policial altamente entrenado para tareas de represión y que ya ha recibido denuncias de abuso de poder”.

La agrupación señaló que “el aumento de la represión pone en riesgo no solamente las personas privadas de libertad”, sino “también funcionarios policiales y civiles penitenciarios en el desarrollo de sus tareas”, que “deberían ser ampliamente respaldadas a través de recursos y formación permanente para la prevención de la violencia”.

Ante las declaraciones del Ministro del Interior de que la Guardia Republicana será responsable de la seguridad de las cárceles #casagrande a través de su @CirSeguridad declara: pic.twitter.com/5tE0HBlmY1 — Casa Grande - FA (@CasaGrande_FA) May 31, 2019

El sociólogo Rafael Paternain, suplente de Moreira en el Senado y referente del sector en materia de seguridad, fue más contundente aún. El 30 de mayo, recién conocida la novedad, se descargó en su cuenta de Facebook con un breve mensaje: “Las cárceles bajo la órbita de la Republicana. El retroceso no puede ser más completo”.

Al día siguiente, amplió su postura en la misma red social, y argumentó que “apelar a la Guardia Republicana para la seguridad en las cárceles es el síntoma más elocuente de un fracaso”.

Inés Guimaraens

“La cárcel se nutre de precarios, pulveriza a las personas y habilita una ‘libertad’ para ser ejercida –en incontables casos– en situación de calle. Hay toda una lógica de política pública operando, y sus dramáticas consecuencias están a la vista. Lo menos que podemos esperar, lo mínimo que debemos exigir, es un nuevo gobierno de izquierda dispuesto a replantearse en serio el camino”, expresó Paternain.

El senador dijo que “ante los resultados endebles de las políticas de prevención policial”, se han “introducido varias reformas legislativas para que la cárcel refuerce su lógica incapacitante”. “Los problemas se han hecho más severos, y los intentos por implantar una política seria de reinserción van perdiendo pie”, agregó.

Por otra parte, remarcó que Tabaré Vázquez declaró en situación de emergencia a las cárceles en Uruguay el primer día de su primer mandato, pero sostuvo que finalmente se ha “hecho de la cárcel el recurso estratégico para controlar la expansión del delito”.

En la resolución de este vienes, los integrantes de Casa Grande dicen estar “convencidos de que la ley de humanización y modernización del sistema carcelario, la ley de presupuesto que da origen al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el futuro traslado de la institución a la órbita del MEC son hitos de un giro hacia la promoción de los DDHH en las políticas penitenciarias y que ese es el camino a seguir para impulsar el enfoque de seguridad ciudadana que se viene trabajando”.

“La violencia en las unidades penitenciarias influye en la reincidencia e intensifica el delito, por ende, se agravan los problemas de seguridad y convivencia fuera de las unidades. Son múltiples los factores que llevan a los conflictos carcelarios, uno de estos es la violencia institucional que viven diariamente las personas privadas de libertad, dificultando su desarrollo y reinserción social”, agrega el texto.