La comisión internacional de expertos que lleva a cabo una auditoría de la deuda pública griega ha determinado que Grecia no debe pagar la deuda contraída desde 2010 a 2015 porque es fruto de unos acuerdos que infringen los derechos humanos.

La presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstandopulu, ha dicho que Grecia "no puede sentirse obligada" a pagar la deuda porque no es responsable de ella.

Los primeros resultados analizan el periodo comprendido desde la firma del primer rescate con las instituciones, la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2010 hasta la actualidad, aunque el objetivo de la comisión es "analizar el crecimiento de la deuda pública griega desde 1980".

En la presentación de los primeros resultados del comité, coordinado por el politólogo belga Éric Toussaint y que empezó a trabajar en abril de forma voluntaria, Konstandopulu ha destacado que "el Gobierno debe rechazar el pago de la deuda que no ha servido al pueblo griego" y sostuvo que es demostrable que buena parte de ésta es "ilegal, ilegítima y odiosa".

Grecia es víctima de un ataque premeditado del FMI, el BCE y la CE "El comité considera que Grecia ha sido y es aún víctima de un ataque premeditado y organizado por el FMI, el BCE y la CE. Esta misión violenta, ilegal e inmoral tiene como objetivo exclusivamente trasladar la deuda privada al sector público", recoge la nota. Entre las personas que han comparecido durante estos meses ante los expertos, están el que fue consejero del presidente de la Comisión Europea, Philippe Legrain, y el exrepresentante griego del Fondo Monetario Internacional, Panayotis Rumeliotis, quienes, según Konstandopulu, admitieron que el "plan griego fue dictado para forzar al país a pagar la deuda". "El FMI contradijo sus estatutos, dando préstamos a Grecia cuando sabía que el país era insolvente", ha manifestado Konstandopulu. También Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, ha atacado al FMI y ha mostrado un papel que habría facilitado Rumeliotis en el que se asegura que el organismo era consciente del alto coste social de las medidas exigidas, así como de que contribuirían a incrementar la deuda. Según Toussaint, la crisis griega fue responsabilidad de los bancos, como ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y España, y ha asegurado que "en el periodo anterior a la crisis el gasto público griego era inferior a la media de los países europeos occidentales".