La principal falla de la ley que surgió como reacción era que no entendía lo que estaba legislando. El 30 de setiembre de 2009, en el hemiciclo de la asamblea, se reunieron diputados, dueños de empresas de juguetes y cuatro personas que representaban a la industria de videojuegos venezolana para discutir lo que el proyecto de ley, presentado por el partido Patria Para Todos, estaba proponiendo.

Entre ellos estaba Emgelbert Farfán, un licenciado en comunicación social de 42 años que el año anterior había organizado la primera edición de Gamexpo, la convención de videojuegos más grande en Venezuela. Farfán recuerda que al comenzar la sesión se repartió el proyecto de ley que se había aprobado unos meses atrás y esperaba ser promulgado. La portada de la carpeta mostraba el estereotipo de un jugador: un hombre con los ojos desorbitados frente a una pantalla, y debajo imágenes de un militar y de dos niños jugando con un rifle.

En la reunión, Farfán y el resto de representantes de la industria sugirieron modificaciones y propusieron crear una clasificación para el contenido de los juegos basada en tablas internacionales. Al no existir criterios que definieran qué es lo que hacía violento a un videojuego, la ley podía aplicarse arbitrariamente con base en lo que otro consideraba violento.

Los diputados se mostraron abiertos a sus comentarios y aceptaron organizar más mesas de diálogo para mejorar la ley pero, tras una reunión más, la promulgaron en tiempo récord. “En vez de tomar un año, se tomó tres meses. Imagínate todo lo que se dejó de hacer”, explica Farfán.

Conscientes de las falencias de la ley y de sus consecuencias, Farfán y los otros desarrolladores crearon la fundación Filantropía, que buscaba ser la cara de la industria frente a los diputados, para convencerlos de hacer las modificaciones necesarias. Ocho años después, la fundación sigue esperando que la situación del país cambie para retomar su trabajo.

La industria de los videojuegos proyecta crecer globalmente a más de 120.000 millones de dólares en 2018, según la firma especializada Newzoo, que señala que América Latina fue la única región del mundo donde el sector creció más del 10 por ciento el año pasado.

Muchos países latinoamericanos han apoyado a la industria local de desarrollo de juegos en la última década a través de subvenciones para la creación de prototipos, viajes a ferias tecnológicas en el extranjero y la organización de ruedas de negocios para que las empresas nacionales entren en contacto con compradores internacionales. Estas acciones surtieron efecto y ya existen casos de éxito: estudios como el uruguayo Ironhide Game Studio, los argentinos NGD y Etermax, el chileno Ace Team, el colombiano Brainz y el brasileño Aquiris han creado juegos de propiedad intelectual propia que han logrado vender decenas de miles de copias, y empresas como la colombiana Efecto Studios o la peruana Bamtang Games llevan más de una década desarrollando juegos para empresas internacionales. En Venezuela la actividad se mantiene, pero bajo el radar.