La adjudicación de la cárcel, la adquisición ilegal de pisos o los contratos a firmantes siguen sin aclararse

Las acusaciones de amiguismo contra el gobierno local comenzaron en el 2016. Cobraron fuerza en octubre de aquel año, cuando se hizo público que la concejalía de Rexeneración Urbana había contratado la redacción del proyecto de Alfonso Molina a uno de los primeros 99 firmantes del manifiesto de la Marea Atlántica, el arquitecto y activista Iago Carro, que unos meses antes ya había trabajado para el área de Participación. Desde entonces las sospechas se multiplicaron, al aparecer nuevos contratos a firmantes y detectarse irregularidades en el concurso para adjudicar la gestión de la antigua cárcel y comprar propiedades para vivienda social. Esos dos últimos casos han sido elevados a la Fiscalía por el PP. El de la cárcel ha desembocado en la apertura de diligencias judiciales por un posible delito de prevaricación, en el de los pisos continúan las investigaciones de la Fiscalía.

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