La novedad es que los alquileres de vivienda tendrán una vigencia de dos años, pero se podrán prorrogar un año más sin tener que pagar ningún tipo de costo. “Se trata de un acuerdo entre las partes, sólo se tiene que notificar 90 días antes de vencido el contrato”, explicó Kerr. Mientras que en el caso de contratos comerciales la vigencia es de hasta tres años. Otro punto a tener en cuenta es que se amplifica el régimen de garantías como por ejemplo el seguro de caución, el aval bancario entre otros.

Además, se podrán pautar ajustes semestrales. Los aumentos están liberados, pero en aquellos alquileres de menos de $35 mil el Estado será quien defina las cláusulas de ajuste con un índice que publicará mensualmente el INDEC que tendrá en cuenta el valor de la propiedad y los sueldos.

Mientras que la flamante ley establece que las reparaciones del inmueble estarán a cargo del inquilino, así como el pago de las expensas ordinarias. En cambio, los gastos o las expensas extraordinarias que originen o deriven para cubrir problemas estructurales o de relevancia para la propiedad, estarán a cargo del propietario.

Con respecto a los desalojos, el propietario tendrá de 10 a 90 días para desalojar al inquilino en caso de incumplimiento, luego de haber mandado la intimación correspondiente.