Hechos similares bajo entornos diferentes derivan en situaciones distintas. Por ello la regla básica del análisis político es que el contexto importa.

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa se produjo un cambio de contexto en el tema del tráfico de cocaína. Fueron derrotados los grandes carteles colombianos, se desmantelaron las redes que estos tenían en Florida, mejoró la capacidad de interdicción marina de Estados Unidos en el Caribe y finalizó la política cubana de cooperación con el narcotráfico.

El tráfico de cocaína se trasladó entonces de la ruta más directa Colombia-Florida, hacia la ruta Colombia-Centroamérica-México-frontera de Estados Unidos. México era entonces un país bastante pacífico y en Guatemala, Honduras y El Salvador eran los Gobiernos los que tradicionalmente mataban gente. Sin embargo, el cambio de contexto descrito produjo una gran explosión de violencia delictiva en Centroamérica y México que en realidad era tan previsible como inevitable. La corrupción, las debilidades institucionales y los vacíos de Estado se convirtieron en muertos.

Los hechos más emblemáticos del cambio descrito fueron: la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa en Cuba en julio de 1989 y la película Scarface con la actuación de Al Pacino que nos cuenta del florecimiento del crimen organizado en el Miami de los ochenta.

Calderón plantó batalla al narcotráfico en México. Peña Nieto ha dicho que él la continuará

En los años setenta y ochenta existió una política de tolerancia solapada hacia la producción y tráfico de drogas. En esa época estas eran consideradas un problema marginal y no una amenaza seria a la seguridad. “Dejarlas pasar” era una práctica universal. Izquierdas, derechas, instituciones y sociedad se contaminaron por tolerancia, instrumentación o subvaloración del problema.

El fusilamiento del general Ochoa, “héroe de la república de Cuba”, tuvo más de expiación de una política oficial y de luchas internas que de combatir un delito. La política colombiana en todas sus corrientes se involucró con los carteles. El destape del caso Irán-Contra en 1987 en Estados Unidos movió a una investigación que se conoció como Kerry Commitee Report en 1989, que mostró evidencias que involucraban a la CIA en la tolerancia al tráfico de drogas para financiar a la Contra nicaragüense.

El crecimiento del poder criminal volvió insostenible la tolerancia solapada al narcotráfico. En ese sentido, la política de seguridad del presidente Calderón en México respondió a una realidad en la que no había opciones, esperar era dejar empeorar. México comenzó así a combatir al crimen organizado y a modificar positivamente las relaciones y el balance de fuerzas entre sociedad, Estado y delincuentes. Pese a que se habló mucho de los costos que ha implicado enfrentarse al crimen, la violencia no fue parte sustancial del debate en la reciente campaña electoral y ni siquiera del llamado movimiento “Yo Soy 132”.

En Estados Unidos hay quienes piensan que la victoria del PRI constituye un riesgo de vuelta al pasado, a pesar de que Enrique Peña Nieto ha dicho que el combate al crimen organizado continuará. Tal como ya lo afirmaron algunos, México es hoy un país distinto y la política de seguridad del nuevo Gobierno necesitará, por interés propio, responder a una amenaza que ya no es la misma que hace 20 años. Se acabó el contexto en el que “dejar pasar” tenía pocas consecuencias.

Antes se movía cocaína. Ahora Guatemala produce heroína, y El Salvador, metanfetaminas

Todos los partidos políticos en México han tenido víctimas en sus filas, todos enfrentan el problema como Gobiernos locales y todos sufren presión pública para que retornen la paz y la seguridad. Para reducir la violencia es indispensable controlar el territorio y aumentar exponencialmente la fuerza policial. Nada afecta más severamente al crimen organizado que la fortaleza del Estado en el territorio; no existe, como algunos piensan, conflicto entre combatir al crimen organizado y reducir la violencia.

También se duda si con el nuevo Gobierno serán posibles los acuerdos políticos que demanda la seguridad. La violencia en el Estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey, el “corazón industrial de México”, ha sido sin duda la más grande provocación del crimen organizado hacia el Estado mexicano. En este Estado, acostumbrado a gozar de paz y seguridad, coinciden actuando el Gobierno Federal del PAN, el Gobierno del Estado del PRI, el Gobierno de la ciudad de Monterrey del PAN, los poderes económicos más importantes de México, un centro académico de la más alta calificación y una población considerada ejemplo cívico para el país. No sin conflictos, las instituciones federales, estatales y municipales de seguridad y justicia con el apoyo de empresarios, academia y sociedad pusieron en marcha el plan de seguridad más rápido, integral y exitoso de reducción de la violencia y atención a la seguridad de México.

En Nuevo León está en desarrollo una nueva policía llamada Fuerza Civil que a la fecha ha preparado cerca de 2.000 efectivos; se está edificando una colonia conocida como “ciudad policial” para los miembros de la nueva corporación; y como parte de la política de prevención social y recuperación de espacios urbanos se ha construido el centro comunitario más grande del país en la colonia Independencia de Monterrey.

En un año el promedio diario y mensual de homicidios ha bajado más del 50%, el robo de vehículos más del 30% y todos los delitos van en descenso. Nuevo León-Monterrey es un indicador de una dinámica de construcción de consensos en México, que puede ser complicada, pero que al final funciona.

El problema no está en México, este país tiene los recursos y capacidades para mejorar su seguridad, lo más grave está en los pequeños, pobres y violentos países centroamericanos. Existe la creencia de que México le ha complicado la seguridad a Centroamérica cuando es al contrario porque la ruta criminal es de Sur a Norte y no a la inversa. Mientras en México hay lucha y progresos, en Centroamérica hay impotencia y empeoramiento. Antes el problema era de tráfico de cocaína, ahora Guatemala produce heroína. Según fuentes públicas, hasta mayo de este año en Guatemala se habían incautado más de 470.000 galones de precursores para fabricar metanfetaminas, y en El Salvador casi 200 toneladas que serían solo una porción del total. Las policías, las prisiones y la justicia están colapsadas desde hace tiempo. Son naciones desesperadas esperando milagros ante la imposibilidad de impulsar políticas públicas.

La debilidad de estos Estados permite que los criminales hagan un uso cínico de sus territorios. Centroamérica se está transformado en santuario criminal, fábrica y supermercado de drogas, centro de lavado de dinero y lugar de reclutamiento de sicarios. La frontera sur de México ya es otra zona de caos por los flujos migratorios imparables, por el narcotráfico y por la expansión de las “maras” desde Centroamérica. Con sus 45 millones de habitantes, la región es parte natural de la geopolítica mexicana como potencia emergente, algo que ya le disputan Venezuela y Colombia. Hasta fechas recientes, México ha debido ocuparse de su propio problema, sin embargo la seguridad es ahora un problema transnacional. De nuevo no hay opción, o México contribuye a estabilizar Centroamérica, o Centroamérica impedirá que México se estabilice.

Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales.

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