El perito judicial certifica que desvió el 64% de las 11 ayudas que Chaves y Griñán le concedieron entre los años 2009 y 2013

El presunto fraude de la federación andaluza de UGT con subvenciones de la Junta de Andalucía se eleva ya a 41,7 millones de euros. Es la cantidad que figura en el informe que acaba de presentar el perito judicial en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que investiga la supuesta trama urdida por este sindicato para financiarse de forma irregular con fondos públicos.

Esta causa judicial se abre a partir de las revelaciones periodísticas de EL MUNDO y otros medios en 2013. Los episodios más llamativos fueron las cenas con barra libre en la caseta de UGT-A en la feria de Abril de Sevilla que se cargaron a la Junta y los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional también costeados por la Administración andaluza.

El informe pericial, en poder de este diario, detalla que, de las 11 subvenciones por valor de 64.169.426,54 euros que le concedieron los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre los años 2009 y 2013, el sindicato UGT-A desvió 41.709.375,48 euros, el 64%.

La cuantía presuntamente malversada, no obstante, puede que vaya al alza, ya que en la pericial figuran otras tres subvenciones por valor de 27.005.617 euros, en las que el perito no precisa la cantidad desviada porque no cuenta con la documentación. Fuentes del caso consultadas señalaron que, si no hay papeles, estas ayudas deben sumarse al supuesto fraude. Entonces, la cifra presuntamente malversada se dispararía a 68.714.992,48 euros.

El juez puso bajo sospecha un total de 32 subvenciones concedidas por la Junta a UGT-A, pero finalmente el perito solo ha revisado 14. Un total de 18 han sido descartadas porque eran inferiores a 120.000 euros -para que sea delito debe ser superior a esa cantidad- o no correspondían a los cinco años investigados.

Entre las irregularidades detectadas por el perito están los falsos autoalquileres entre UGT-A, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) -la entidad encargada de los cursos y participada al 100% por el sindicato- y la empresa Soralpe I Mas P Asociados, cuyo socio único es también el sindicato y que se encargaba de gestionar las aulas que se usaban para impartir la formación. Se simulaban arrendamientos para luego utilizarlos para justificar ante la Junta de Andalucía las ayudas millonarias para los cursos.

«Al ser entidades vinculadas entre sí, se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES, en virtud del contrato para la ejecución de la actividad subvencionada, por el alquiler de unos locales e instalaciones que tiene cedidas a Soralpe I Mas P Asociados, por lo que se crea una situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada», remarca la pericial.

Lo más grave es que UGT-A disfruta de esos locales a coste cero porque el Gobierno central se los cedió en virtud de la Ley 4/1986 de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, como detalla un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del que ya informó este diario.

El perito descubre en numerosos expedientes que el sindicato no contaba con la autorización ni el contrato que exige la ley para que la formación subvencionada por la Junta la impartiese el IFES.

La causa judicial sobre UGT-A acumula 20 imputados, entre los que están los ex secretarios generales andaluces ugetistas Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Las pesquisas llevan más de dos años paralizadas, a la espera de que el perito emitiera su informe. Ahora, en teoría, deberían recibir un impulso.