El anteproyecto incrementa la discrecionalidad y el enchufismo en la contratación, ya que por un lado incide en la posibilidad de acceso al sistema a través de la libre designación y por otro legaliza nuevos itinerarios profesionales

El gobierno de Nuñez Feijoo acaba de presentar un Anteproyecto de Ley de Salud de Galicia que supone un serio retroceso sobre la Ley vigente. Mientras que la ley de 2008 amplió la definición de salud, incluyendo no solo aspectos físicos sino también los psíquicos y sociales, y reconoce el derecho de todas las personas que residan en los ayuntamientos de Galicia a la protección de la salud y la asistencia sanitaria, el nuevo antreproyecto pretende conseguir un sistema puramente asistencial para parte de la ciudadanía.

En la ley de 2008 desaparecen los distritos sanitarios para considerar Áreas sanitarias todos los territorios dependientes de un hospital general o comarcal. Por lo contrario, el nuevo anteproyecto recupera el término de Distrito minusvalorando unos territorios con respecto a otros.

La ley del 2008 abre el camino a la reforma de la Atención Primaria (AP) para que adquiera el papel que le corresponde, incrementando el acceso a los medios diagnósticos y la capacidad resolutiva. Mientras el anteproyecto ni tan siquiera nombra la AP, incrementando el poder de determinados centros hospitalarios.

La ley de 2008 implanta a definición de empleado público, valorando la dedicación al sistema público. El nuevo antreproyecto extiende la laboralización del personal, en las Nuevas Agencias creadas por la Xunta de Galicia para gestionar la Sangre, los trasplantes de órganos, la formación, la investigación y la innovación (ACIS), vinculada la empresa farmacéutica japonesa Otsuka. Dichos profesionales serán menos independientes con unas condiciones laborales más precarias y perdiendo el derecho a carrera profesional.

El anteproyecto incrementa el enchufismo en la contratación

El anteproyecto incrementa la discrecionalidad y el enchufismo en la contratación, ya que por un lado incide en la posibilidad de acceso al sistema a través de la libre designación (sin considerar dicha vía como excepcional), y por otro legaliza nuevos itinerarios profesionales, que la ACIS considera que también pueden ser personalizados, y decir que cada profesional podría diseñar su propio itinerario formativo, que podría ser utilizado para acceder a los servicios de gestión privatizada (las nuevas Agencias y GALARIA) o cedidos la iniciativa personal, como el Centro Oncológico de Galicia.

Feijoo no aprovecha la nueva ley para cumplir su compromiso de integrar la sociedad anónima GALARIA y el Centro Oncológico de Galicia (de gestión privada) en el SERGAS.

La ley del 2008 no se incluye dentro del Sistema público de salud de Galicia las actividades o servicios que sean prestados con recursos no públicos, mientras que el anteproyecto blinda las privatizaciones, desdibujando hasta casi hacer desparecer la delimitación del público con respeto al privado.

La ley del 2008 considera autoridades sanitarias únicamente a cargos públicos dependientes de la consejería, mientras que la nueva ley abre a mano de forma que pueden ser autoridades sanitarias los gerentes, en muchos casos captados del sector privado el vinculados a lobbys como SEDISA (el gerente de Lugo y directivo de dicho Lobby), e incluso a directivos de organismos de gestión personal como GALARIA o los institutos de investigación, asociados las multinacionales. Tenemos que tener en cuenta el grano poder de las autoridades sanitarias (registro de profesionales, sistema de información sanitaria, publicidad y propaganda, tráfico de productos, inspecciones, apertura de expedientes e incluso el control de la actividad asistencial prestada por las aseguradoras personales, que podrían ser arte y parte, con grave riesgo para la calidad de la asistencia.

La ley del 2008 considera el sector personal como complementario y con la exigencia de cumplir los mismos parámetros de calidades que las del propio sistema público de salud de Galicia, mientras que la nueva ley considera que el Servicio Sanitario Público de Galicia debe redirigirse hacia creación y la comercialización de patentes para convertirse en el motor económico de la comunidad, a pesar de ser Galicia es una de las regiones del mundo con mayor abuso de fármacos.

La ley del 2008 reconoce el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información disponible sobre sus enfermedades, mientras que el antreproyecto cede el control de la investigación y de la innovación sanitaria pública a los laboratorios privados, que aplican el derecho a propiedad intelectual para en el ceder los datos de los pacientes del Sergas incluidos en los ensayos clínicos hasta que lo consideren oportuno.

La ley del 2008 reconoce el derecho de la ciudadanía las medidas de protección, que propicien la adopción de estilos de vida saludables, mientras que la nueva ley blinda el control del sistema por parte de organismos mixtos con gran presencia de la industria alimentaria, incluso las comercializadoras de productos perjudiciales para la salud:

1- La Fundación Ramón Domínguez, patrocinada por Nestlé, fue creada para gestionar los institutos de investigación biomédica de los grandes hospitales del Sergas. Está presidida por Eloína Nuñez, prima de Feijoo, y controlada por profesionales vinculados a grandes laboratorios y a la industria alimentaria, incluyendo directivos de las organizaciones médicas madres financiadas por la Multinacional Coca-Cola (fundación española del corazón, Fundación Española de Alimentación, y la Asociación Española de Pediatría)

2- El Cluster de Salud de Galicia, un organismo asociado a los hospitales personales gallegos y la industria alimentaria, creado por Feijoo para trasladar la investigación de las universidades públicas al mercado. Está presidida por un representante de la Fundación Ramón Domínguez, la vicepresidencia la ostenta Severiano Servicio móvil una empresas responsables de alimentación del Cluster pertenecen a Pescanova y al sector atunero y a la auditora de Caixanova antes y durante su desplome.

Mientras la Ley del 2008 reconoce el derecho de la ciudadanía, la propietaria del sistema, a participar, en la gestión del sistema público de salud a través de los órganos de participación comunitaria, el anteproyecto introduce modificaciones en la composición y en sus función de los Órganos de Participación Ciudadana en el Consejo de Salud de Galicia y en los Consejos de Salud de Área, que hacen inviable cualquier control previo a la aprobación o posterior a la ejecución del Plan de Salud, contratos de servicios sanitarios, conciertos, programas de subvenciones, Memoria anual, proyectos de Presupuestos, prestaciones y cartera de servicios.

El anteproyecto de LSG tiene dos objetivos fundamentales:

a) Quitar poder e influencia a las comarcas y sus hospitales de referencia para centrar todo lo poder en determinados hospitales.

b) Poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria, para convertir el sistema sanitario público en un motor económico en base a producción de patentes, como si el Sistema de Salud no tuviera otro fin básico que fabricar y consumir tecnologías y fármacos, en vez de incrementar la salud y mejorar la vida de la población.

De esta manera se consolida:

La Plataforma SOS Sanidade Publica tiene previsto un calendario de movilizaciones para defender el sistema sanitario público

- El negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación para que las empresas personales decidan que hacer y cuando hacerlos, como el Diálogo Competitivo (las empresas tecnológicas decidieron que equipos de Alta Tecnología debería adquirir el Sergas y donde instalarlos), y la Compra Pública Innovadora: La Xunta compra con dinero público incluso (90%) una innovación aún inexistente pero que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. Sí la operación no sale reparten las pérdidas sí sale la patente es para la industria.

- Que las universidades y a sus profesionales estén al servicio de las empresas, mediante fundaciones creadas por la junta pero controladas por la industria farmacéutica y tecnológica multinacional

El rechazo que está produciendo esta nueva iniciativa privatizadora de la Xunta de Galicia es considerable, ya se han producido numerosas manifestaciones en varias localidades gallegas en defensa del sistema sanitario público y la Plataforma SOS Sanidade Publica tiene previsto un calendario de movilizaciones para defender nuestro sistema sanitario público.

Manuel Martín García | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Galega Defensa de la Sanidad Pública