Impuestos han existido toda la vida. Sin embargo, no les han afectado a todos. Hasta finales del siglo XVIII, el estamento más poderoso, la nobleza, estaba casi exenta de tributación. Era uno de sus muchos privilegios. Así ocurría por ejemplo en Francia, el país más poderoso de Europa entonces. Fue precisamente ese el detonante de la Revolución que acabó con el Antiguo Régimen y abrió paso al modelo social y político que aún pervive. Las arcas públicas francesas estaban exiguas por el coste que suponía ejercer de primera potencia. La solución que se encontró fue que tributaran los nobles. Estos recurrieron a una artimaña: el rey, por absoluto que fuera, no tenía facultades para ello. La solución real fue convocar al máximo órgano de representación política, los Estados Generales, para que acordaran que los nobles debían pagar impuestos. La consecuencia es conocida: lo que provocaron fue acabar con la nobleza como clase dominante y privilegiada.

Han pasado 230 años y aquí, en España, también en gran parte de los países, las grandes empresas tienen ese privilegio que suena tan arcaico y vergonzoso: apenas pagan impuestos. Y lo más grave, parece que lo consideran un derecho consuetudinario, emanado no se sabe de qué, porque no es de las leyes, ni del régimen democrático. Cuentan con el beneplácito de las élites y la indiferencia de gran parte de los ciudadanos, que posiblemente piensan que lo de pagar al fisco sólo va con ellos (he revisado las encuestas del CIS sobre los impuestos y ninguna hace referencia a la tributación de las empresas, sólo al IRPF y al IVA). Hace unos días, la Agencia Tributaria publicó por primera vez datos escandalosos: 27 grandes multinacionales españolas, que en 2016 ganaron 25.000 millones de euros, sólo pagaron en impuestos, en todo el mundo, 65 millones, el 0,3 por ciento de sus beneficios. Únicamente un periódico llevó a portada dicha información, La Vanguardia, y con un tratamiento edulcorado: destacaba no ese dato, sino el porcentaje que pagan todas las multinacionales españolas, que representa el 12 por ciento en todo el mundo, lo que indica que entre estas también las hay más y menos privilegiadas.

Todas las empresas del Ibex, salvo una, tienen filiales en paraísos fiscales

Es un informe oficial, llamado País por País. Refleja la información que facilitan todas las multinacionales sobre sus ingresos, sus beneficios y los impuestos pagados por la matriz y todas las filiales repartidas por el mundo. Se trata de una estadística pionera (no lo han hecho hasta ahora otros países). El informe no da el nombre de las multinacionales, pero aporta otros datos. De las 134 que debieron responder, hubo un segundo segmento de 16 multinacionales más generoso en eso de tributar: pagaron en impuestos el 5,8 de sus beneficios. Sumados ambos, sale que esas 43 multinacionales declararon haber ganado, aquí y fuera de España, 45.000 millones de euros. Supuso el 49 por ciento de todas las ganancias de las multinacionales españolas. Y pagaron por ello en impuestos el 2,7 por ciento. Todo un ejercicio de patriotismo y marca España.

Para comparar, una persona con el salario medio español, en 2016 pagó en el IRPF el 13 por ciento de sus ingresos. Estos grandes grupos empresariales privilegiados ingresan con sus negocios casi 10.000 millones de euros cada uno. Que se conozca, no hay ninguno que haya declarado alguna vez que está a gusto con lo que paga. Antes al contrario, lo frecuente es oírlos pontificar pidiendo que se bajen los impuestos. Y que ¡mucho ojo con subirlos! Los medios les dan cabida continuamente.

No todas las multinacionales pagan tan poco. El resto, otras 91, tributaron el 22 por ciento de sus beneficios. Son más pequeñas, a la vista de sus ingresos y beneficios. ¿Cómo es posible tal diferencia? O más exactamente, ¿cómo es posible que las 43 más privilegiadas pagaran tan poco, y de ellas 31 prácticamente nada? La respuesta hay que buscarla en los paraísos fiscales. Se trata de países o territorios donde se paga muy poco, o nada, en impuestos. Basta que una empresa, o un particular, radique allí parte de su negocio o de su patrimonio para no pagar impuestos o hacerlo casi de manera simbólica. De vez en cuando se han descubierto casos que han causado escándalo. Son conocidos la Lista Falciani, los Papeles de Panamá, las cuentas ocultas del banco británico HSBC en Suiza y muchos otros. Pero su revelación suele sacar a la luz el dinero defraudado por particulares: estadistas y políticos en general, y en menor medida, empresarios, artistas, escritores o miembros de casas reales. Sin embargo, el mayor entramado en esos territorios offshore, lo constituyen las empresas y en particular los bancos.

Todas las empresas del Ibex, salvo una, tienen filiales en paraísos fiscales, en total 805, según Oxfam. Sólo AENA no lo hace, teniendo en cuenta que es mayoritariamente pública. En 2017, el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, elevaba esa cifra a casi 1.300.

Los procedimientos para no pagar o pagar muy poco son variados. Una compañía se establece en un paraíso fiscal. Allí traslada nominalmente parte de su negocio y allí declara. Por él no paga o paga muy poco por sus beneficios. En muchas ocasiones, como los casos de Luxemburgo o Países Bajos, el tipo impositivo es superior al 15 por ciento. Ello le sirve para descontarse, en la declaración de Hacienda en España, lo teóricamente tributado en esos lugares. Pero la realidad es que dichos países ofrecen exenciones a muchas empresas que se radican allí, lo que hace que paguen porcentajes mínimos. Por tanto, se descuentan en España impuestos que no han abonado. El traslado de los beneficios es sencillo, siempre que la empresa sea importante. Basta, por ejemplo, que esta traslade al paraíso fiscal sus patentes por la producción que hace aquí. Aunque produzca o venda en España, deberá abonar a la filial en Luxemburgo, por ejemplo, los costes de la patente. Otra fórmula: la compañía presta, desde la filial en un paraíso fiscal, el dinero necesario para desarrollar su negocio aquí. De igual manera deberá devolver parte de las ganancias obtenidas en España a su filial, donde la tributación es mínima o inexistente.

10.000 millones que volaron

Todo esto explica que en 2016 los grandes grupos consolidados, es decir, los que agrupan las cuentas de todos sus negocios, declarasen a la Agencia Tributaria haber ganado 112.000 millones de euros y de ahí se descontasen 86.000 millones por beneficios obtenidos en otras empresas, entre ellas filiales en el extranjero. Muchas en paraísos fiscales. Con esto, y otras partidas que sumarían algo más, les salió a declarar por sólo 36.000 millones. Total, pagaron 6.800 millones al fisco, el 6 por ciento de sus beneficios. Hay que recordar que el tipo impositivo teórico para esas empresas es del 25 por ciento. Si esos grandes grupos empresariales hubieran tributado un mínimo del 15 por ciento, aplicando exenciones normales y no estos trucos de elusión fiscal, hubieran pagado 16.800 millones a la Hacienda española. Es decir, 10.000 millones más, que volaron… al bolsillo de las grandes empresas. Todo un acto de patriotismo, que el ciudadano sujeto al IRPF y al IVA no ve porque lo ocultan las banderas.

Se puede descender más al detalle: por tipo de empresas, las entidades de crédito, los bancos, son las que pagan menos con relación a sus beneficios: el 4,5 por ciento. Las empresas más grandes, con más de 5.000 empleados, son las que tributan una parte menor de sus ganancias: el 4,75 por ciento. Una empresa pequeña aporta al fisco el 19 por ciento de su beneficio. Siempre ha habido niveles de riqueza y en el mundo empresarial, el que más gana tributa menos.

Comprobemos ahora lo que se puede ver de esos lugares clave para las grandes empresas y fortunas. La OCDE, el organismo internacional encargado por los países desarrollados de catalogar los paraísos fiscales, facilita dos listas: 15 países o territorios opacos totalmente y otros 34 que facilitan información cuando se les solicita. Oxfam detalla una lista de 58, muchos de los cuales están en Europa, entre ellos Países Bajos, Irlanda y Luxemburgo, que figuran entre los más activos, y por supuesto Suiza, que sigue siendo el preferido de los europeos. Para los norteamericanos el lugar de referencia eran las Islas Bermudas, aunque Holanda le ha adelantado. Los técnicos de Hacienda, Gestha, cuantifican en 140 los países o territorios como refugio de dinero oculto. Argumentan que no basta con que el lugar en cuestión informe sobre el contribuyente que solicite un país, ya que por lógica ninguna Hacienda Pública puede pedir información de un contribuyente si desconoce que defrauda o que ha cometido un delito.

las entidades de crédito, los bancos, son las que pagan menos con relación a sus beneficios: el 4,5 por ciento

Gabriel Zucman, economista francés colaborador de Thomas Piketty, es el más destacado investigador sobre paraísos fiscales. Según sus estimaciones, las empresas y millonarios españoles tienen 190.000 millones de euros en paraísos fiscales. Representa el 12 por ciento de la riqueza financiera de los ciudadanos españoles. Solo tienen declarado a las autoridades españolas el 25 por ciento, 53.000 millones. El resto permanece oculto. De ese dinero, 80.000 millones están en Suiza. Nuestros defraudadores fiscales no encabezan la lista. Otros países, claro está, nos superan. Estados Unidos guarda en paraísos fiscales casi un billón y medio de euros. Rusia, 570.000 millones. Europeos ricos y sus empresas superan claramente los dos billones.

Los empresarios y muchos economistas, que, como decía José Luis Sampedro trabajan para hacer más ricos a los ricos, suelen argumentar que si se suben los impuestos a estos trasladarán su dinero a los territorios offshore. Los hechos dicen otra cosa. Zucman aporta datos que indican que la riqueza oculta por las empresas norteamericanas en paraísos fiscales no ha parado de aumentar precisamente desde que entre 1980 y 1989 bajó el impuesto de sociedades del 48 al 34 por ciento. En general, desde la segunda mitad del siglo XX nunca han estado los impuestos que pagan las empresas tan bajos, y nunca los paraísos fiscales han tenido tanto dinero. La razón principal hay que buscarla en la desrregulación financiera implantada por los Gobiernos neoliberales, donde casi todo vale, en favor de los que tienen más dinero.

La creciente desigualdad económica nace en los bajos salarios que están pagando los empresarios a los más jóvenes o con empleos menos cualificados. Es lo que se llama pobreza salarial. Pero hay un mecanismo para contrarrestarla: el gasto del Estado en servicios públicos. Estos pueden asegurar buena educación a todos, sea cual sea su renta. También pueden mejorar los servicios de salud, se tenga o no dinero para ello. O dar prestaciones sociales a los jubilados o los dependientes. El dinero del Estado sale de los impuestos. Pues resulta que los que racanean en los salarios y no paran de cacarear que hay que rebajar el sistema de pensiones, son los que, en su escala más alta, menos aportan a la Hacienda Pública.