por Nacho Álvarez

Insistir en el neoliberalismo ultra que ha desestructurado nuestra sociedad no es la mejor credencial para reconstruir el contrato social que nuestro país necesita

Suele decirse que las democracias liberales se han construido sobre tres pilares: sistemas parlamentarios que articulan el pluralismo político gracias al sufragio universal, reconocimiento de derechos civiles fundamentales y separación de los poderes del Estado. No obstante, se olvida a menudo un cuarto pilar sin el cual no hubiese sido posible la consolidación ni la legitimación de nuestras democracias: los derechos sociales y laborales.

En España el nacimiento y consolidación de la democracia le debe tanto o más al movimiento obrero organizado que a los liberales de las Cortes de Cádiz. Entre unos y otros levantaron esos cuatro pilares. Pero estos avances nunca son definitivos, siempre están sometidos a la correlación de las fuerzas sociales y económicas, existiendo riesgos de involución parcial. De hecho, hoy vemos cómo esos riesgos reaparecen en nuestro país y nos colocan ante una encrucijada.

Las duras medidas de ajuste impuestas a la mayoría social para gestionar la crisis han tenido como consecuencia la liquidación del contrato social constitucional, erosionándose el cuarto pilar de nuestra democracia. La generalización de la precariedad, el miedo y la desafección han sido el resultado de dicha deflagración.

En este contexto han emergido dos respuestas, de signo muy distinto, que compiten hoy por gestionar el campo político y reconstruir nuestra sociedad en una u otra dirección.

La primera pretende levantar un nuevo contrato social propio del siglo XXI, poniendo en el centro la reducción de las desigualdades y la profundización de los derechos sociales. El acuerdo presupuestario firmado entre Unidos Podemos y el Gobierno intenta caminar en esa dirección.

La segunda respuesta –representada por el acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía– plantea redoblar las mismas medidas económicas ‘neocon’ que nos llevaron a la Gran Recesión y que después profundizaron el malestar, manteniendo inalterada la agenda económica de la última década (austeridad fiscal permanente, erosión del Estado de Bienestar y ajustes salariales continuos). A esto se suma además un preocupante cuestionamiento de algunos derechos sociales y civiles.

La influencia ejercida por las fuerzas del cambio sobre el Gobierno ha llevado a la mayor subida del salario mínimo de la democracia. Y también ha alumbrado unos presupuestos generales que –al eliminar algunos privilegios fiscales de los que disfrutaban las élites– elevarán un 40% la inversión en políticas de dependencia y vivienda, eliminarán el copago farmacéutico para cinco millones de pensionistas, y llevarán los permisos de paternidad hasta las ocho semanas. Es la vía de la profundización democrática.

Sin embargo, la presión que ejerce la extrema derecha sobre el PP y Ciudadanos le ha señalado al nuevo Gobierno andaluz un camino bien distinto: bajada de impuestos a quienes hereden más de un millón de euros –lo que mermará la capacidad de la Junta de Andalucía de proveer de servicios a sus ciudadanos–, cuestionamiento frontal del sector público y de su función redistributiva, retrocesos en la educación pública y defensa de aquella que segrega a niños y niñas.

A nadie se le escapa que la primera vía –el acuerdo en el campo progresista– es un camino incierto, puesto que se trata de alianzas en fase de “entrenamiento” sujetas a múltiples tensiones. Pero también resulta evidente que la segunda vía presenta una inquietante certidumbre: la erosión de derechos sociales, laborales e incluso civiles.

En el pasado, las fuerzas liberales en España siempre quedaron sometidas a la hegemonía de las fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras. No parece que hoy la correlación política en el bloque de las derechas sea muy distinta. Insistir en ese neoliberalismo ultra que ha desestructurado nuestra sociedad, añadiendo ahora un nuevo pensamiento reaccionario –orgullosamente desacomplejado– no son precisamente las mejores credenciales para reconstruir el contrato social que nuestro país necesita.

Avanzar o retroceder, ese es hoy el dilema de nuestra democracia. Y la salida nunca debe ser dar marcha atrás al reloj de la Historia.

Artículo publicado originalmente en El País.