El Ayuntamiento de Madrid arranca este martes la comisión municipal de investigación por la venta de vivienda públicas a fondos buitre, formalizada en octubre de 2013 bajo. En ella se abordarán las actuaciones adoptadas posteriormente respecto a las personas que habitaban en aquel entonces en alguna de las 1.860 residencias al tiempo que se elegirá presidencia y vicepresidencia.

Tras meses de tiranteces, el PP sí participará en la nueva comisión de investigación aprobada en el último Pleno por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, con la abstención de los populares acerca de una serie de transacciones que dieron, como resultado, el origen del endeudamiento de la empresa municipal y el posible perjuicio patrimonial realizado a las arcas municipales con esa venta.

Ahora Madrid y PSOE llevaron una proposición al Pleno sobre la modificación del objeto de la comisión de investigación, tumbada en los tribunales tras el recurso presentado por el PP por la generalidad de lo investigado.

“No se fijó el valor de mercado del bien a enajenar” Cámara de Cuentas

Entre las premisas preliminares destaca que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) vendió 1.860 pisos en 2012 y 2013 de manera irregular prescindiendo de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y realizó la venta “sin la existencia de pliegos de condiciones” y “sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar”.

Esta es una de las conclusiones del informe definitivo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre estas operaciones de la EMVS que analizó las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección -de los que 2.956 son viviendas-, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.

De estas viviendas, 1.860 corresponden a 18 promociones de viviendas protegidas en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra que fueron a parar al grupo Fidere por 128,5 millones de euros.

Venta sin pliego técnico de condiciones

El informe definitivo determina que en las operaciones se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación y se realizó la venta “sin la existencia de pliegos de condiciones” y “sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”, que se fijó “por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores”.

Esto supone, según la Cámara de Cuentas, “la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos”.

Para Ahora Madrid y PSOE la decisión de vender el parque social de viviendas municipales a fondos buitre supone “una gestión claramente discutible” que podría tener que ver con un posible “tráfico de influencias y con la utilización inadecuada de fondos públicos”.