CICIES -Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador- no es el nombre de un grupo de investigadores internacionales que van a perseguir corruptos junto a la Fiscalía. La CICIES que plantea la campaña del candidato de GANA, Nayib Bukele, es solo un concepto bajo el que organismos internacionales van a dar capacitaciones a fiscales salvadoreños. Hacer un calco de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, para El Salvador, sería una violación a la Constitución, según el candidato a vicepresidente Félix Ulloa. Aunque la realidad guatemalteca refleje lo contrario. La empresa privada sintoniza con Ulloa en que es mejor no dejar que extranjeros investiguen a los salvadoreños corruptos. Mientras tanto, la CICIG y la fiscalía guatemalteca celebraron este martes 9 de octubre una condena de quince años y seis meses de cárcel contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti por defraudar $2.96 millones.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

La CICIES que quiere Nayib Bukele no es la CICIG que en Guatemala investiga y acompaña a la Fiscalía para encarcelar corruptos. Las siglas serán similares, pero los conceptos son distintos. En Guatemala, la CICIG es un órgano independiente internacional que apoya a las autoridades guatemaltecas para desmantelar y enjuiciar a grupos criminales enquistados en el estado. La CICIES de la fórmula presidencial de GANA-NI no pasa de ser un programa de capacitaciones y asesorías para los fiscales salvadoreños.

La fórmula presidencial de Nayib Bukele y Félix Ulloa tiene una concepción de CICIES incluso contradictoria a la de CICIG. A la salvadoreña no se le busca dar un grado constitucional con bendición legislativa. La CICIES de Bukele solo es un nombre nuevo para los acostumbrados convenios de cooperación internacional, que serían canalizados por la cancillería, para capacitar a la Fiscalía salvadoreña.

“Hay un error en pensar que esto va a pasar por un convenio con la Asamblea Legislativa”, dijo Félix Ulloa este lunes 8 de octubre. Factum preguntó a Ulloa si la CICIES va a ser equivalente a la CICIG. “No necesariamente, no”, fue la respuesta. Ulloa, candidato a vicepresidente por GANA-NI, fue designado por Bukele el domingo pasado para que se encargue de gestionar la CICIES ante la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Pero el concepto de la fórmula del partido GANA es distinta. No quieren crear un equipo investigador anexo a la Fiscalía como el que funciona en Guatemala.

Ulloa considera que instalar una comisión con investigadores internacionales nombrados por la ONU o por la OEA podría violar las leyes salvadoreñas. La interferencia de extranjeros podría vulnerar, según él, la soberanía. “Yo soy un constitucionalista, lo menos que haría es violar la Constitución. Va a ser una iniciativa del órgano ejecutivo de traer asistencia técnica”, dijo a Factum.

Ha habido, sin embargo, quienes desde el Estado han opinado que la creación de una comisión internacional con capacidades de investigación y persecución penal no viola la Constitución. El caso más relevante es el de Henry Campos, primer viceministro de Justicia y Seguridad de la administración del expresidente Mauricio Funes, quien, apelando a una resolución de la Sala de lo Constitucional, abogó ante la ONU y la Casa Blanca por una comisión que pudiese actuar como querellante adhesivo junto a la Fiscalía, justo como lo hace la CICIG.

Bukele habla de una CICIES desde, al menos, inicios de 2017, pero las primeras noticias más concretas de la propuesta de la comisión surgieron tras una reunión de Bukele con Luis Almagro, secretario general de la OEA, el pasado martes 4 de septiembre. Almagro informó de la reunión con el candidato presidencial y dijo que Bukele estaba interesado en la creación de una comisión administrada en conjunto entre la OEA y la ONU. Desde entonces, la CICIES ha pasado a ser una de las propuestas que abandera la fórmula de GANA-NI, bajo el silencio de la dirigencia de GANA. Entre algunos dirigentes de este partido hay funcionarios investigados por enriquecimiento ilícito, así como otros a quienes se asocia al expresidente Antonio Saca, recientemente condenado por corrupción.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue creada en 2007 por petición expresa de la presidencia de Óscar Berger, para investigar a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), a los que el Estado consideró semilleros del crimen organizado y la impunidad.

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca emitió fallo favorable a una comisión de ese tipo. Y el Congreso aprobó el mandato. En Guatemala, la soberanía ha estado garantizada siempre, porque el proyecto de la CICIG pasó por el aval de todos los poderes del Estado.

Pero la CICIES de Bukele y Ulloa no es algo nuevo: capacitaciones y cursos para una Fiscalía que ya tiene convenios de ese estilo con los gobiernos de Alemania, Estados Unidos y Canadá y hay acercamientos para otros convenios con Gran Bretaña y España. De hecho, la Fiscalía salvadoreña tiene una Escuela de Capacitación Fiscal en la que se otorgan cursos de especialización para fiscales, jueces y policías como parte de los convenios con los cooperantes. Uno de los cursos más recientes fue respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que conocer casos complejos de narcotráfico.

La empresa privada junto a Bukele y Ulloa

El rechazo de la fórmula de GANA-NI a que un grupo de expertos anexo a la Fiscalía funcione en El Salvador, como pasa en Guatemala, no es único. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), no cree conveniente “crear instancias ajenas a las instituciones del país”. La idea permanente de “fortalecer la institucionalidad” de la Fiscalía sigue vigente en la gremial, pese a que en la práctica no ha dado resultados. Los fiscales pierden casos importantes y en uno de los más significativos, como el del expresidente Antonio Saca, tuvieron que optar por una negociación para que Saca confesara su culpa ante el juez a cambio de penas mínimas. Pese a ello, la ANEP, desde septiembre de 2017, hizo pública su negativa a que investigadores extranjeros cooperen contra la corrupción en el país.

Años antes, el expresidente Mauricio Funes, del FMLN, expresó su intención de gestionar para que en El Salvador funcionara una comisión anticorrupción similar a la que opera en Guatemala. Pero, sin explicaciones claras de por medio, se echó para atrás. Arena, mientras tanto, no pudo contener el arrastre de la ANEP en su rechazo a una comisión como la CICIG y tuvo que plegarse a la negativa de los empresarios.

Tal vez es hora de aceptar una CICIES. Totalmente independiente de intereses políticos. — Nayib Bukele (@nayibbukele) 24 de enero de 2017

La postura tajante de la ANEP vino a frenar ese impulso que tuvo la derecha política entre 2014 y 2017 para pedir ayuda a las Naciones Unidas y calcar la experiencia de Guatemala con la CICIG. El partido Arena tuvo que desentenderse de una de sus principales apuestas en la Asamblea Legislativa porque su brazo empresarial se terminó de echar hacia atrás, en momentos en que la CICIG estaba destapando casos de corrupción en Guatemala en que se empezaban a incluir a empresarios de ese país como corruptores de los políticos.

“Los resultados que se han tenido en Guatemala son bastante cuestionables. La gente que un comienzo apoyaba y estaba muy contenta en la CICIG hoy como que no está tan contenta y ha generado un abuso de poder por parte de una instancia foránea que ha irrespetado la soberanía de Guatemala”, dijo Cardenal a Factum este lunes 8 de octubre. Horas después de estas declaraciones del presidente de la ANEP, en Guatemala la CICIG y la Fiscalía lograron una condena de quince años y seis meses de cárcel contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti por haber defraudado al Estado alrededor de $2.96 millones en un proyecto de saneamiento del lago Amatitlán.

El discurso de Cardenal y varios de los postulados de Ulloa son calcados de los que el presidente Jimmy Morales dio el pasado 25 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas para quejarse de CICIG, a la que ha intentado echar de Guatemala después de que, junto al Ministerio Público (Fiscalía), la comisión lo investigó por presunto financiamiento electoral ilícito.

La CICIG, dijo Morales en la ONU, “viola la Constitución… excediéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso”. De Iván Velásquez, el magistrado colombiano que dirige la CICIG desde 2014 y al que ha intentado declarar persona non-grata, Morales dijo que “se entrometió en asuntos internos”.

Luis Cardenal dijo que en Guatemala “la gente” está descontenta con la CICIG. En realidad, quienes en público han criticado a la comisión son el presidente Morales, sus ministros más cercanos, diputados que les son afines y que han intentado blindar al presidente de las peticiones de antejuicio que contra él ha hecho el Ministerio Público, algunos empresarios que cambiaron su postura cuando la comisión empezó a investigar al sector privado por su presunta complicidad con esquemas de corrupción durante los gobiernos de Otto Pérez Molina y el actual, y algunos analistas radicales de derecha.

La CICIG, que también ha emprendido sus investigaciones contra empresarios por ser corruptores de funcionarios públicos, ha sufrido una campaña de desprestigio que la hacen ver violadora de la soberanía guatemalteca. Las campañas contra la comisión han servido como colchón del gobierno, al menos, para no permitirle a Iván Velásquez el ingreso al país. La ONU, sin embargo, decidió mantener en su puesto al comisionado, quien sigue dirigiendo la CICIG desde fuera de Guatemala.

En Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) también ha sido atacada por grupos de poder que tienen influencias en medios de comunicación y en el poder político. Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, denunció a estos grupos por emprender campañas negras contra la misión. Jiménez, de nacionalidad peruana, renunció en febrero de 2018 por diferencias con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Jiménez logró preparar una treintena de casos de corrupción que habían quedado en archivos desde la presidencia derrocada de Manuel Zelaya, en la primera década de los años dos mil. Estos casos no solo involucraban a políticos, sino también a empresarios y a grupos criminales.

En medio de la reelección cuestionada del presidente Juan Orlando Hernández, el Congreso de Honduras aprobó un decreto que ahora prohíbe a las autoridades investigar a cualquier funcionario o exfuncionario que entre 2006 y 2018 haya sido responsable de administrar dinero público. La vigencia del decreto es indefinida y dependerá de una auditoría que haga un tribunal superior de cuentas. La medida fue aprobada el 19 de enero de 2018. Semanas después, Jiménez renunció al cargo.

En El Salvador, la empresa privada no quiere ni siquiera tener la experiencia de una CICIG. Y la propuesta de Bukele y Ulloa, bajo el nombre de CICIES, no parece nada incómoda para las gremiales.

Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de El Salvador, coincidió con Luis Cardenal y con la fórmula de GANA-NI. “Darle potestad a una comisión por encima de la institucionalidad anticorrupción del propio país, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso”, dijo Hernández a Factum, y reforzó la idea de la ANEP y de Ulloa de que lo más adecuado de los convenios internacionales es que se puede tener colaboración pero solo para “reforzar la institucionalidad” en el combate a la corrupción.

Ulloa dijo que la intención es “sacar lo mejor” de las experiencias en Guatemala y Honduras para que los fiscales salvadoreños puedan tener asistencias técnicas. En todo caso, las experiencias de efectividad contra la corrupción en Guatemala han pasado por la presencia de estos investigadores internacionales en la CICIG. Francisco Sandoval, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -el nexo guatemalteco con la CICIG-, dijo en una entrevista con Factum que la presencia de la comisión internacional ha sido “un soporte y un escudo” contra la corrupción.

El concepto original de CICIG y de MACCIH se resume en grupos independientes de apoyo en la investigación y asesoría jurídica para las fiscalías. Pero estas estructuras, que no atentan contra la soberanía de los países según las propias resoluciones judiciales, incomodan a grupos de poder en El Salvador. GANA-NI coincide en al menos un punto con la empresa privada salvadoreña: la presencia de profesionales extranjeros para investigar a los corruptos salvadoreños no cabe en sus agendas.