Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. La caja valenciana estaba presidida en 2008 por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

Enrique Ortiz recibió 44 millones de euros por una empresa valorada en solo 12.000. Un negocio con una rentabilidad fuera de cualquier mercado que corrió por cuenta de Bancaja, la principal caja de ahorros de la Comunidad Valenciana. La operación fue detectada en 2013 por Bankia para analizar las cuentas de la entidad. En el momento en el que tuvo lugar dicha compra la caja valenciana estaba presidida por José Luis Olivas, detenido hace dos semanas por la Audiencia Nacional.

El dinero salió de las cuentas de Bancaja -la caja pública de la Comunidad Valenciana- en octubre de 2008. Y fue a parar directamente a manos de ODU, una de las sociedades del constructor alicantino Enrique Ortiz, principal imputado en la Operación Brugal. ¿El montante? 44 millones de euros, el presupuesto anual de un ayuntamiento de 50.000 habitantes.

Sobre el papel, la operación sirvió para que Bancaja -dirigida entonces por José Luis Olivas, detenido el pasado 29 de junio por orden de la Audiencia Nacional- comprara el 20 por ciento de Visomed, una de las empresas del constructor. Sin embargo y según los auditores que analizan las cuentas de la compañía para Bankia, la operación “carece de lógica comercial” y sirvió en realidad para que Ortíz se embolsara una importante cantidad de dinero sin apenas contrapartida. Un dinero que engrosó las pérdidas de la caja pública.

La operación inmobiliaria, investigada también en el marco de la Operación Brugal, se basa en la obtención por parte Ortiz del permiso municipal para urbanizar el llamado Plan Rabasa, una recalificación con 13.500 viviendas y un gran centro comercial que arrancó en abril de 2005. Ortiz obtuvo con sus empresas el permiso para llenar la zona de ladrillo. Pero en lugar de ejecutarlo, vendió ese derecho a otros socios como Bankia y el grupo inmobiliario Espacio. Entre medias, el ayuntamiento de Sonia Castedo realizó dos modificaciones puntuales del plan urbanístico. Dos cambios que beneficiaban los intereses de los constructores y que desde 2010 también investiga la Justicia.

Ahora, es la propia Bankia quien pone más pruebas sobre la mesa. Según un informe de la entidad, firmado el 1o de mayo de 2013, el precio de las acciones compradas por Bancaja se fijó de forma arbitraria. “Se establece un precio inicial de 44 millones de euros, en base a unos parámetros mencionados en la escritura de compraventa. Pero en ningún momento se detalla el cálculo a partir del cual se determina el precio mencionado anteriomente”, explican los auditores.

Amaño contable

En apariencia, el precio fijado por la constructora de Ortíz se fundamenta en el llamado Informe Altair, un análisis sobre la operación encargado por Enrique Ortiz a un consultor externo. De hecho y según las escuchas telefónicas grabadas en el marco de la Operación Burgal, el empresario alicantino, investigado por otorgar presuntamente dádivas a distintos cargos locales, encargó un informe jurídico para poder justificar el montante de la operación. Así habla con uno de los responsables de Bancaja sobre el tema:

Según la auditoría aportada ahora por Bankia, “la versión final [del informe] de junio de 2008, establece como valor de la sociedad 231 millones de euros, siendo el precio final acordado de 220 millones [los 44 millones abonados por Bancaja son para adquirir el 20 por ciento de la constructora]”. “Si bien en las conclusiones de dicho estudio se indicaba que el proyecto Lagunas de Rabasa era viable financiera y económicamente, a través del análisis de la evidencia digital, hemos identificado varios correos electrónicos relacionados con el Informe Altair y la valoración de Visomed, que ponen en duda la objetividad y razonabilidad del valor finalmente determinado a través del informe”. En la siguiente llamada telefónica, incluida en el sumario del caso Brugal y registrada el 22 de abril de 2008, es el propio José Cortina, directivo de la división inmobiliaria de Bancaja, quien le dice al consultor de Garrigues el valor de la compañía que ellos ya han fijado previamente para que lo tenga en cuenta en su informe:

Cinco años después de la operación, los auditores contratados por Bankia constatan que la primera valoración de la compañía de Ortiz -cuyas relaciones políticas investigan desde hace años los juzgados de Alicante- es en realidad de 127 millones de euros. Menos de la mitad de lo que finalmente refleja el informe. “El importe final de 231 millones se alcanza en junio de 2008 tras la introducción de modificaciones en una hipótesis que ya en marzo de 2008 se consideraban optimistas”, explican. En la siguiente llamanda, intervenida en el sumario de la Operación Brugal, el empresario Enrique Ortíz habla de nuevo con José Cortina. En ella, el responsable de Bancaja le traslada su nervosismo por lo irregular de la operación:

Al final, Bancaja compró las acciones por 44 millones de euros. Pero el pelotazo para Ortiz fue mayor: “En la misma operación, ODU aporta 300 participaciones [de Visomed] a las cuales se les otorga un valor de 110 millones de euros. Dichas participaciones fueron adquiridas por su valor nominal, de 30.000 euros. Es decir, ODU obtiene con dicha aportación una plusvalía tácita de 110 millones de euros”, mantienen los firmantes de la auditoría forense. Mientras tanto, Ortiz invitó en su yate a Aurelio Izquierdo, principal responsable de la división inmobiliaria de Bancaja. Juntos y tras una mariscada, pusieron rumbo a Ibiza:

Segunda fase

Dos años después de la operación, Bankia Habitat, la filial de Bancaja que finalmente se quedó con las acciones, aportó las participaciones como capital social a una nueva compañía. Otra aventura entre Bancaja, Enrique Ortíz y otros conocidos empresarios que se llamó Urbanika. El 30 de julio de 2010, con la crisis del ladrillo en auge y el mercado paralizado, el paquete de acciones de la constructora se valoró de nuevo en 44 millones de euros. Nada de detrimento ni reducción en el valor de la compañía, a pesar de que la empresa no había generado un solo euro en dos años. “En base a nuestro análisis, el valor de dicha aportación carece asimismo de razonabilidad económica”, mantienen los auditores.

Como ejemplo, el informe elaborado en 2008 preveía ventas de suelo por valor de 260 millones de euros en los siguientes dos años. Ventas que nunca se produjeron. Aun así, el valor del 20 por ciento de la compañía en 2010 fue el mismo: 44 millones.

Los auditores identifican en su informe dos operaciones para confirmar que el precio de las acciones estaba fuera de mercado. La primera se produjo en marzo de 2010, cuando ODU adquiere el 5 por ciento de las acciones de Visomed a DUA (perteneciente al empresario Aurelio González Villarejo, también imputado en la Operación Brugal). En este caso, las acciones se vendieron por su valor nominal: solo 3.000 euros.

En el segundo caso, los correos electrónicos aportados por Bankia demuestran -a juicio de los auditores- que la constructora Espacio, otro de los socios de Urbanika, pensaba comprar el 10 por ciento de las acciones de Visomed por solo 11 millones de euros. Es decir, la mitad del precio pagado finalmente por Bancaja. “Finalmente y debido a los problemas que esto podría generar en la aportación de Bankia a Urbanika de su 20 por ciento al doble de precio, Espacio y ODU realizan la transacción por 22 millones de euros”. En otra de las llamadas del sumario, es el propio José Cortina, responsable de Bancaja, quien reconoce que ningún otro de los socios de Urbanika invertiría a ese precio ¿La contestación de Ortiz? “A tí te tengo que convencer y vas a pagar diez veces más”:

29 millones perdidos

Al final, la aventura inmobiliaria quedó cerrada por Bankia, Enrique Ortiz y la inmobiliaria Espacio como socios mayoritarios. Y juntos sufrieron el varapalo de los números rojos. Según sus propias cuentas, en solo cinco meses Visomed perdió más de 29 millones de euros: el 15 por ciento de su valor. “Por último, si tenemos en cuenta los efectos económicos de la Operación Visomed para el serñor Ortiz, Bankia Habitat y Bancaja, observamos que la operación supone claras ventajas económicas para las sociedades del señor Ortiz en perjuicio de Bancaja”, concluyen los auditores. “El señor Ortiz ha obtenido fondos por 44 millones de euros por la venta de un activo que tenía valorado en 12.000 euros […] Como consecuencia, Ortiz incrementa su participación en Urbanika y reduce su deuda en 52,4 millones”.

“Por parte de Bancaja -prosiguen los auditores- esta operación ha supuesto un incremento de riesgo de 44 millones de euros que corresponden al importe total satisfecho por Urbanika al señor Ortiz, cuyos fondos proceden de un préstamo otorgado a Urbanika de 143 millones de euro […] En resumen, la operación supone claras ventajas económicas inmediatas para las sociedades del señor Ortiz. Por su parte Bancaja incrementa su riesgo bancario en relación a Urbanika en 44 millones de euros”.