Cuatro profesores y un activista de Guadalajara se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión por participar en una protesta contra los recortes en educación y en defensa de una educación pública. Los cinco participaron junto con otras 400 personas en un acto de protesta durante el pregón de Ferias el 7 de septiembre de 2011 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de la capital alcarreña.

Los hechos ocurrieron cuando, tras una concentración en protesta por los recortes en la escuela pública organizada por la Asamblea de Interinos Docentes de Castilla-La Mancha, varias decenas de participantes se trasladaron hasta el Teatro Auditorio Buero Vallejo, donde irrumpieron en pleno pregón de fiestas y, tras momentos de tensión con autoridades y policía, fueron desalojados.

Ahora y tras el proceso de instrucción por la denuncia de cuatro policías locales, uno de ellos el jefe de la Policía Local de Guadalajara por lesiones sufridas durante los hechos, además de por desorden público y presunto atentado continuado contra la autoridad, y a pesar de la petición sostenida de sobreseimiento de la causa por parte de la Fiscalía, el juzgado número 3 de Guadalajara estima abrir juicio oral tras la fase de instrucción.

Así lo han explicado dos de los acusados, Domingo Alcázar y Nacho Monreal, en rueda de prensa, y han señalado que todavía no tienen fecha del juicio pero esperan sea para el verano de 2016 “para acabar con esto cuanto antes porque no tiene sentido”. Según han explicado, se les imputan un delito de desorden público por el que se les pide dos años de prisión, otros dos años por atentado continuado a los agentes de la autoridad y una falta continuada de lesiones por el que se les condena a pagar 2 meses a razón de 20 euros por día, además de indemnizaciones a los cuatro agentes.

Ambos acusados han recordado que fueron casi medio millar de personas las que interrumpieron el pregón para protestar por el despido de más de 800 docentes interinos como consecuencia de los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal. “Nos consideramos cabezas de turco de una represión sin paliativos que se intentó sobre el colectivo docente”, indicaron los afectados. “Para nada nos arrepentimos de lo que hicimos aquella tarde que no fue otra cosa que mostrar nuestra indignación por el trato que se le daba a los compañeros interinos, por la falta de cobertura legal de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, por la pérdida de derechos que nuestros alumnos iban a sufrir y el cambio en las condiciones laborales que, sin negociación alguna, nos imponían a los docentes”, han concluido.