La intermediación de un fondo de inversión creado por el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, en una operación regular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tuvo un costo para el Estado de al menos 540.000 pesos, de acuerdo a información oficial.

La ANSES abonó ese monto a la firma Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, manejada por Caputo hasta poco antes del inicio del gobierno de Mauricio Macri, en concepto de comisión por colocaciones —básicamente— en Lebacs, a partir de una decisión del comité ejecutivo del Fondo de Garantía se Sustentabilidad (FGS), que el propio funcionario integraba. En la votación del comité, que tuvo lugar en mayo de 2016, Caputo —a quien sus colegas del gabinete económico identifican como “Totó”— se abstuvo de expresar su preferencia y “se limitó a tomar nota”, indicó Anses.

La comisión pagada por el Estado a Axis fue informada a Letra P luego de cuatro meses de dilaciones.

La renuencia a dar a conocer una información pública puede tener que ver con el hecho de que es de por sí extraño que el FGS haya apelado a un intermediario para invertir en letras del Banco Central. Es decir, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— y, para ello, prefirió solicitar la intermediación de una pequeña firma privada creada por uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación.

De acuerdo a lo informado en su momento por la revista Noticias, el fondo Axis Ahorro Plus destina el 80 por ciento de su cartera a Lebacs y el restante 20 por ciento, a plazos fijos y otros fondos, conceptos de bajo riesgo que tampoco necesitan intermediarios para un actor de tanto peso como la ANSES.

El saldo neto de la inversión canalizada por Axis fue de 90.115.538 pesos, informó el ente que administra los fondos de los jubilados. El acuerdo entre la ANSES y la firma que pertenecía a Caputo estableció una comisión de 0,6% sobre la rentabilidad, que representó 540.693 pesos.

EN LA JUSTICIA. El aparente conflicto de intereses entre el Caputo funcionario y el Caputo empresario motivó una denuncia en septiembre pasado por parte de Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, que quedó radicada en el juzgado federal de Luis Rodríguez.

Además del actual ministro de Finanzas, la acusación de De Vedia alcanzó al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al exdirector del organismo Luis María Blaquier, al viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y al exsecretario de Hacienda Gustavo Marconato. También fueron denunciados como personas jurídicas el Fondo Común de Inversión Axis Ahorro Plus y el Deutsche Bank, que actúa como despositario.

Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES.

DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR. Caputo —primo de Nicolás, el mejor amigo de Macri— presidió el Deutsche Bank Argentina hasta 2008, cuando cofundó Axis y pasó a dirigirlo. También participaron del emprendimiento Carlos Planas, Alejandro Aberg Cobo y Fernando Iribarne, informó Noticias.

El funcionario entiende que quedó exento de responsabilidad al haber vendido, en diciembre de 2015, sus acciones en Axis, y al haber evitado, cinco meses después de convertirse en secretario de Finanzas, levantar la mano a la hora de decidir la inversión en la empresa por él creada. En caso contrario, hubiera sido flagrante la violación a la ley de Ética Pública, que exige al servidor estatal no participar de decisiones que atañan a intereses con los que hubiera estado vinculado los tres años previos.

Caputo, quien negoció en nombre del Estado argentino el pago de la deuda demandada por los fondos buitre, quedó expuesto el año pasado por la filtración Paradise Papers, divulgada en la Argentina por el diario La Nación y el bisemanario Perfil, entre otros. Allí surgió que Caputo también manejó los fondos de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, y Noctua, basado en Miami y Delaware, datos omitidos en sus declaraciones juradas. El ministro explicó más tarde que Alto Global Fund fue un vehículo pequeño para mejorar la rentabilidad de “friends and family”.

#ParadisePapers | Doble ventanilla: el fondo ligado a Caputo compró el bono argentino a 100 años https://t.co/IE7Y6RhB2r pic.twitter.com/FjegaPti0F — LETRA P (@Letra_P) November 21, 2017

BAJO SIETE LLAVES. Conocer el monto pagado a la empresa que fuera copropiedad de Caputo no fue sencillo. Por las vías normales, no hubo respuesta. En el Ministerio de Finanzas, como es lógico, derivaron el caso a la ANSES.

El 19 de septiembre pasado, quien firma esta nota presentó un pedido de acceso a la información a la Jefatura de Gabinete, solicitando datos sobre éste y cualquier otro negocio del Estado argentino con el fondo Axis. Jefatura envió la solicitud a la ANSES, que respondió dos meses más tarde, el 14 de noviembre, que la colocación en el fondo Axis Ahorro Plus había arrojado un saldo final neto de 90.115.538 pesos, sin más detalles. El archivo enviado por la ANSES resultó ilegible, por lo que hubo que solicitar la intervención de oficio de otro organismo del Gobierno.

Ante la insuficiente información (no aclaraba el monto de la comisión, que era lo solicitado), fue formulado un nuevo pedido, contestado recién el 3 de enero pasado, en un archivo nuevamente ilegible, por lo que debió intervenir una vez más otra área del Gobierno.

La nota de Anses volvió a evitar dar la información exacta y se escudó en un texto críptico, con puntuación primitiva. ”Las comisiones son descontadas de la rentabilidad anual de los fondos, es decir, que las mismas son descontadas del patrimonio total de los respectivos Fondos Comunes de Inversión, y su rentabilidad anual es neta de las respectivas comisiones, se trata de costos tanto de la Sociedad Gerente como de la Sociedad Depositaria”.

A renglón seguido, aseguró que “el total de la comisión cobrada por el Fondo Axis, Ahorro Plus Clase B, en la operación de referencia era de 0,60 por ciento anual”. La combinación de ambas respuestas incompletas permite deducir que se pagaron a Axis 540.000 pesos de comisión sobre la rentabilidad de 90.115.000 pesos.

Esta carrera de obstáculos, de la que no se detalla el engorroso sistema informático que implica, es un ejemplo más de la forma en que dependencias del Gobierno implementan la ley de Acceso a la Información Pública, enarbolada por el Ejecutivo como un logro de transparencia.