Nos enterábamos la pasada semana y nos quedamos boquiabiertos. Según el Tribunal de Cuentas, alrededor de 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión por parte del Estado en el año 2014. Este desembolso a todas luces erróneo se elevaría a 300 millones de euros anuales -a razón de 25 millones mensuales-, una cifra que, de ser cierta, bien debería sonrojar al Gobierno.

Este dictamen por parte de una institución del calibre del Tribunal de Cuentas debería provocar un terremoto en la Seguridad Social en un momento especialmente dedicado para el organismo, pues la hucha de las pensiones sigue desangrándose con más de 9.000 millones de euros extraídos en julio para hacer frente al pago del IRPF de los pensionistas, entre otras cuestiones.

Y más teniendo en cuenta que las pensiones corren serio peligro en España tal y como están concebidas actualmente. El envejecimiento de la población sumado al paro -que provoca menores ingresos en concepto de cotizaciones sociales- hacen peligrar seriamente el sistema actual, haciendo cada vez más real la necesidad de contratar planes privados si se quiere tener algo cuando llegue la hora de jubilarse.

Pero más allá de ese problema estructural de la economía española, lo que trasluce del informe del Tribunal de Cuentas es un severo desajuste en las estructuras de la Administración Pública, cuyos agujeros provocan un dispendio de gastos innecesarios en un momento en el que España va a volver a tener que pasar bajo la tijera de Bruselas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?

¿Cómo se da de baja a un fallecido?

Durante estos días muchos se han echado las manos a la cabeza preguntándose cómo es posible que se haya dado esta situación en una economía desarrollada en pleno siglo XXI, con todos los avances informáticos de los que gozamos y de los que parece que carecen las administraciones públicas a tenor de noticias como ésta.

La Seguridad Social ha reaccionado diciendo que el informe del Tribunal de Cuentas no es del todo veraz, aunque sí reconoce que se han producido errores en el registro de los DNI de las personas fallecidas, pues algunos no coincidían con los nombres que cruzaron en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), e incluso que ha habido duplicidades. Por lo tanto, está claro que algo no funciona bien en una institución que controla nuestros servicios médicos, prestaciones por desempleo e invalidez y jubilaciones. Vamos, uno de los organismos más importantes de este país.

Para el Tribunal de Cuentas, la culpa no habría que buscarla en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sino en El Registro Nacional del Notariado y al propio INE, que estarían remitiendo al primero “pobre información”. En cualquier caso, bien merece la pena saber cómo se procede al dar de baja a una persona cuando fallece.

Según la propia web de la Seguridad Social, el fallecimiento de una persona debe notificarse, mediante el certificado de defunción en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, es decir, en la oficina que nos corresponde por domicilio.

Si bien esta es la única información que da al respecto, lo que deja muchas lagunas, pues dar de baja a una persona de la Seguridad Social requiere otro tipo de gestiones. El primer documento que se obtiene es el mencionado certificado de defunción, que lo emite el doctor que confirma el fallecimiento. En las 24 horas siguientes se envía al Registro Civil, un trámite que suelen hacer las propias compañías aseguradoras, pues es uno de sus servicios, ya que este registro es imprescindible para llevar a cabo el entierro o incineración del fallecido.

Este registro no sirve solo para eso y es un documento que conviene guardar o volver a obtenerlo online para realizar más trámites, como la mencionada baja en la Seguridad Social en sus oficinas, que normalmente también se encarga de hacer la funeraria. Esta gestión se realiza precisamente para que esa persona deje de cobrar la pensión -en caso de que la percibiera- y de tramitar otras, como la de viudedad u orfandad, por lo que es una gestión muy importante.

Además de todo esto, también hay que acudir al banco para bloquear las cuentas del finado, por lo que esto impediría aún más que se siguiese pagando la jubilación, ya que no habría donde hacerlo y el banco se lo informaría a la Seguridad Social. Por lo tanto… ¿cómo es posible que se haya detectado este fallo garrafal que ha costado 300 millones anuales?

El paralelismo griego

Casualidades de la vida que un caso parecido sucedió hace unos años en un país que también se las está viendo para salir de la crisis, aunque su caso es mucho más grave. Se trata de Grecia, la economía más defenestrada de la Zona Euro que ha sido varias veces rescatada y que ni así ha logrado salir adelante. Más bien al contrario.

Pero dejando de lado esas cuitas que dan para muchos capítulos, resulta paradójico que en el país heleno se detectara hace unos años que 4.500 funcionarios fallecidos seguían cobrando la pensión una vez fallecidos. En este caso, se detectó que había personas cobrando ese dinero a nombre de esas personas muertas, lo que desencadenó una investigación por parte del gobierno heleno en un momento en que los recursos públicos eran más que escasos.

Pero no solo eso, pues también se iniciaron pesquisas sobre los 9.000 mayores de 100 años que por aquel entonces, en el año 2011 -en plena tormenta económica y financiera-, seguían percibiendo una pensión, ya que estas elevadas cifras de longevidad alertaron al Ejecutivo. Todo formaba parte de un plan contra el fraude que se puso en marcha para evitar más despilfarros de las arcas públicas.

Aunque la historia es parecida, cabe destacar que las cifras que se manejaban en Grecia eran bastante inferiores a las que ha sacado a la luz el Tribunal de Cuentas, lo que pone aún más en evidencia a la Seguridad Social española.

¿Qué está pasando en la Seguridad Social?

Esta es la pregunta que todos nos hacemos desde hace unos días. ¿Qué tipo de controles sigue la Seguridad Social? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación en un mundo que se supone que está automatizado? Parece ser que es ahí donde falla el sistema: los procedimientos electrónicos todavía son una utopía en nuestras instituciones.

Una realidad que todavía es más sangrante en el caso de la Seguridad Social, que mueve tan ingentes cantidades de dinero público diariamente y de la que dependemos en buena parte todos los españoles. Aunque el organismo se ha defendido diciendo que ahora los datos los cruzan con el Ministerio de Justicia, el cual lleva dos años funcionando de forma electrónica, y que los datos del Tribunal de Cuentas pertenecen a la “época anterior” -la manual-, la justificación no es muy creíble, pues todos sabemos lo tedioso que es ir a hacer cualquier tipo de trámite a la Seguridad Social, donde todavía te dan una cartilla para “sellar” el paro…

De hecho, admite que buena parte se hace cruzando datos de forma manual, donde el margen de error es bastante alto, a la vista de los resultados. Además, afirma que hay meses en que se producen pagos a fallecidos porque no da tiempo a darles de baja antes de que se emitan los pagos, si bien dice que se da en un porcentaje del 1,2%. ¿Podría traducirse ese 1,2% en los 25 millones mensuales derrochados de los que habla el Tribunal de Cuentas? Es posible, pero eso será algo que la Seguridad Social nunca se atreverá a admitir.

Lo que queda claro de toda esta rocambolesca historia es que en España las cosas se siguen haciendo de forma chapucera a pesar de que ahora contamos con más herramientas que nunca para ser más extremadamente precisos. La obsolescencia de los métodos y procedimientos en las instituciones siguen siendo una losa que al final pagamos todos los españoles, pues ese dinero pagado a pensionistas fallecidos sale cada mes de nuestro bolsillo.

Y mientras tanto… Bruselas nos aprieta las tuercas. Nuevos ajustes se avecinan por el horizonte y, a tenor de informaciones como ésta, España podría ahorrar mucho dinero si se automatizaran procesos como éste, que ha dejado al descubierto un roto en las mismas tripas del Estado.