Las conversaciones entre PSOE y Unidas Podemos para un Gobierno de coalición afrontan ya el programa de que pretende ser el primer bipartito de la democracia. Una vez completada la estructura principal del futuro Ejecutivo, y con la negociación abierta por parte del PSOE para que ERC permita con una abstención la investidura de Pedro Sánchez, los futuros socios empiezan a abordar la cuestión más delicada: las políticas que pondrá en marcha la primera coalición de izquierdas desde hace casi un siglo.

PSOE y Unidas Podemos ultiman la estructura del Gobierno de coalición: cada partido gestionará áreas separadas

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En las últimas horas, el grupo confederal ha remitido un extenso documento con su propuesta de las políticas que debería poner en marcha el futuro Ejecutivo conjunto, según ha confirmado eldiario.es. Con las competencias que cada partido controlará dentro del Gobierno ya aclaradas, llega el momento de que la negociación avance hacia las políticas que se activarán desde cada departamento. Unas conversaciones que liderarán la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique.

El punto de partida para ambas formaciones ha sido el documento programático que firmaron en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en octubre de 2018, tras la moción de censura que llevó al líder socialista al Gobierno. Buena parte del contenido de aquel texto volverá a plantearse un año después en la negociación.

Pero también hay puntos que se recogían hace un año y que ahora se han caído. Es el caso del control del precio de los alquileres o de la intervención en la factura de la luz. La negativa de Sánchez a debatir siquiera sobre estos asuntos fue uno de los motivos por los que Iglesias renunció casi desde el inicio al Ministerio de Vivienda, reservándose el de Igualdad, el de Trabajo (sin las competencias de Seguridad Social) y el de Universidades.

"No estamos negociando nada respecto de vivienda", ratifican desde el PSOE a eldiario.es. Como ya ocurriera tras las elecciones de abril, en Unidas Podemos quieren que los ministerios que asuman estén dotados de competencias para poder llevar a cabo, o al menos intentar, las acciones que han prometido en sus casi seis años de vida.

En cualquier caso, desde Unidas Podemos sostienen que "más allá de las concreciones programáticas" iniciales, "el Gobierno tendrá que ser sensible a las reivindicaciones sociales". Y la de la vivienda es una de las más intensas y longevas. Muchos años antes de que naciera Podemos, e incluso antes del 15M, la PAH ya se movilizaba para evitar desahucios. Y lo sigue haciendo.

Lo que sí recoge el documento remitido al PSOE son medidas destinadas a revertir la reforma laboral que aprobó el PP en 2012. Tanto en la campaña como en los debates electorales, Iglesias había prometido derogar también la del PSOE.

Una de las reclamaciones más insistentes desde los ámbitos políticos, sindicales y sociales de la izquierda desde entonces y que ha tomado especial relevancia después de la sentencia del Tribunal Constitucional que considera ajustado a los principios de la Carta Magna el despido de un trabajador que acumula bajas médicas justificadas.

Para ello será necesario reformar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. No es el único que se quiere modificar. En los planes de Unidas Podemos, y así se lo han trasladado al PSOE, está recuperar la ultraactividad de los convenios (es decir, que sigan vigentes cuando caduquen y mientras patronal y trabajadores negocian el nuevo) y la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, donde la capacidad negociadora a veces está limitada.

Desde el PSOE aseguran que la derogación de la reforma laboral también es una de sus prioridades. Pese a que la próxima vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha mostrado sus reticencias de forma reiterada, en el comunicado de prensa que los socialistas publicaron tras su reunión con ERC el pasado jueves se apuesta por "una

agenda de derechos sociales, recuperación de derechos civiles y laborales cercenados por los gobiernos del Partido Popular". Fuentes socialistas confirman a eldiario.es que esa recuperación de derechos laborales pasa por abordar la reforma laboral de Mariano Rajoy.

En materia fiscal también se han planteado cambios sustanciales en dos aspectos muy concretos y significativos: los impuestos que pagan los bancos y las grandes fortunas. Esta misma semana la Agencia Tributaria hizo pública la carga impositiva de las grandes multinacionales españolas. Algunas de ellas, con presencia en el Ibex35, no pagan ni un 1% por el Impuesto de Sociedades.

El PSOE no incluyó en su programa electoral la subida de impuestos para las rentas más altas. "La riqueza no está en el IRPF", expresó Sánchez en una entrevista en eldiario.es en la que explicó que esa propuesta era de Unidas Podemos y que estaría "abierto a explorar este tipo de reformas impositivas" –también el impuesto a la banca– en la negociación presupuestaria. La posición de los socialistas es, a priori, un impuesto a las transacciones financieras y que el recargo a la banca se realice a través del Impuesto de Sociedades.

En Unidas Podemos son conscientes de que las renuncias programáticas a las que se enfrentan serán duras de gestionar. Ya lo advertía el propio Iglesias en la carta que remitió a la militancia de Podemos pocos días después de firmar con Sánchez el preacuerdo de Gobierno: "Vamos a gobernar en minoría dentro de un Ejecutivo compartido con el PSOE, en el que nos encontraremos muchos límites y contradicciones, y en el que tendremos que ceder en muchas cosas".

Este miedo existe en las estructuras que forman Unidas Podemos, especialmente en los sectores más izquierdistas y con experiencias pasadas de cogobierno, como es el caso de IU o Anticapitalistas Pero las bases de las distintas patas del grupo confederal respaldaron de forma abrumadora la entrada en el Ejecutivo.

En el grupo confederal cunde la idea de que el arranque de su presencia en el Gobierno, si se confirma, servirá para medir en buena parte la labor que desarrollen en él. "Necesitamos retirar nuestras tropas de Irak", aseguran desde la dirección confederal, en referencia al inicio del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Entonces, apenas 24 horas después de tomar posesión como presidente del Gobierno, Zapatero anunció que había ordenado la retirada de las tropas españolas de Irak. Una medida contundente, dirigida a una amplia mayoría social que renegaba del belicismo de su predecesor en el cargo, José María Aznar, y que marcó el primer mandato del dirigente socialista, quien se ha convertido en uno de los principales valedores del acuerdo con Unidas Podemos.