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En Venezuela hay cerca de 200 militares detenidos por razones políticas, en varios lugares: dos anexos militares (La Pica en Maturín y Centro Penitenciario de Occidente en Táchira); cuatro centros de reclusión en Caracas: uno en la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM, otro en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que también tiene otra sede llamada El Helicoide y uno en la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Y la única cárcel estrictamente militar es el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda a unos kilómetros de Caracas.

Por: Sebastiana Barráez | Infobae

La visita de la Comisión enviada por Michel Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha ido dejando una estela de decepción y frustración entre militares detenidos y sus familiares.

El 14 de marzo la Comisión se presentó a la Cárcel de Ramo Verde. Fueron trasladados por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro por los mejores sitios, prepararon un escenario para que se observara a varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado.

A los militares de la Operación David (así se llama a quienes participaron en el asalto al Fuerte Paramacay el 6 de agosto 2017), del Grupo del piloto del CICPC Oscar Pérez y a todos aquellos señalados de conspirar e imputados por delitos como Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión y Contra el Decoro Militar, les fue ordenado por los custodios de la cárcel subir a las celdas, pero la mayoría se negó y así lograron visualizar a la Comisión de la ONU.

“Desde las rejas –relata unos de los militares detenidos- les gritamos para que nos oyeran y nos atendieran; ellos se acercaron y le expusimos que somos secuestrados políticos, que hay retardo procesal, que han habido torturas entre otras cosas”.

Un joven teniente explica que “el señor Caruso, les enseñó su boleta de excarcelación. La Comisión de la ONU tomó foto del documento. Todo eso se hizo de una reja a otra, mientras ellos iban saliendo. Un general que los guió, le dijo a la Comisión: ‘ya cumplieron’ ‘ya se hizo lo que venían a hacer’, los estaban presionando para que salieran. La Comisión nos dijo que nos iban a atender a una persona por caso, pero nunca lo hicieron”.

Los presos en la DGCIM

En la Dirección General de Contrainteligencia Militar están los militares detenidos por sospechas de conspiración e imputados por Instigación a la Rebelión, Traición a la Patria y/o contra el decoro militar.

Hace semanas empezaron un acelerado proceso de remodelación, preparándose para la visita de Michel Bachelet con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desaparecieron las celdas de tortura, llamadas “los tigritos”, que fueron derribadas, así como “el cuarto de los locos” y el dormitorio del terror, que era un cuarto totalmente oscuro. Ahora casi todo luce muy bonito e iluminado, pero siguen las remodelaciones. Eso sí, han sido semanas de ruido y polvillo, sin que a los detenidos, que tienen problemas de salud, se les haya permitido recibir atención médica.

Durante los días del gran apagón, los detenidos sufrieron la tortura directa de no tener luz, pero sobre todo de casi ahogarse porque a los sótanos no llegó casi nada de aire, ante la imposibilidad de suministrar aire acondicionado.

Para la primera semana de marzo los militares detenidos en DGCIM tenían cerca de tres meses sin ver el sol, porque recordemos que las celdas están en los sótanos. Con el anuncio de que vendría la Comisión de Avanzada que envió Bachelet, sacaron a los presos a la terraza. Ellos iban ansiosos a ver el sol, pero tras esa acción lo que buscaron las autoridades era hacerles un video para demostrar el esparcimiento del que “gozan”. Pero esta vez no fueron 10 minutos, como otras veces, sino siete horas, por lo que algunos hasta resultaron con insolación.

Mientras los presos recibían sol, los custodios aplicaron una exhaustiva requisa en las celdas y llegaron a la del mayor general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, quien ha gozado de pequeñísimos privilegios, si se le puede llamar así, porque ha tenido una celda para él solo, tiene baño y sanitario, además de que le permiten recibir libros y comida de su familia.

Durante esas horas de requisa se hizo presente la fiscal 83, Dinora Joselín Bustamante Puerta, quien utilizando a dos mujeres detenidas, con promesa de beneficios, las usó para que dijeran que habían encontrado, en la celda de Rodríguez Torres, gran cantidad de evidencias que no sabe de donde salieron.

La intención ha sido doblegar a los militares que más protestan y se resisten a los abusos y violación de los derechos humanos en la DGCIM, empezando esta vez por el ex ministro Rodríguez Torres, así como del general (GNB) Héctor Hernández Da Costa, del capitán de Navío Luis Humberto de La Sotta Quiroga y el Teniente Coronel (Ej) Igbert Marín Chaparro.

La gran mayoría de los detenidos deben hacer, casi siempre, sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico dentro de las celdas, en el mismo lugar donde comen y duermen. No les permiten ni siquiera fotos de sus hijos, estampitas religiosas, etc. Es un grave delito tener un libro, aunque sea La Biblia.

Hace meses, con la remoción del coronel Rafael Franco Quintero como jefe de investigaciones de DGCIM, mejoraron ligeramente algunas condiciones; por ejemplo ya no lucen con la cabeza rapada, ni extremadamente delgados y con bragas, como si estuvieran en esos campos de concentración nazi. Les permitieron el ingreso de alimentos y con ello la recuperación de peso. Los tribunales militares siguen sin tomar en cuenta lo que por Ley les corresponde a los militares detenidos.

Hay oficiales que han recibido amenazas por parte de los custodios, de los oficiales y de cualquier personaje que se cree cacique en la DGCIM.

La juez mayor (Ej) Claudia Carolina Pérez de Mogollón se fue de permiso prenatal y post natal sin publicar la decisión de la audiencia preliminar a los militares de la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, así como civiles tal como es el caso del doctor Marulanda, realizada en el mes de diciembre, de manera que no le da la posibilidad a la defensa de apelar en consecuencia.

Si eso es grave, porque es una denegación de justicia, peor es que la juez militar Pérez de Mogollón no haya tomado en consideración las denuncias de tortura física, psicológica y emocional, que hicieron los militares cuando fueron presentados ante el tribunal y donde tenían evidencias físicas de haber sido torturados.

Tienen más de 15 días sin permitirles a los militares detenidos en DGCIM hacer llamadas telefónicas a los familiares, como es su derecho. Antes podían llamar tres veces a la semana y luego les permitieron una llamada diaria. Pero desde hace dos semanas les quitaron cualquier comunicación.

La Comisión de avance que envió Michel Bachelet a Venezuela no puede ignorar las graves evidencias que hay de violación de derechos humanos con los militares detenidos.