El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, compareció en la Asamblea el pasado mes de abril, cuando apenas empezaban a asomar las críticas a las filiales latinoamericanas del Canal de Isabel II, a cuenta de un negocio ruinoso en Brasil y las conexiones de algunos gestores con empresas situadas en paraísos fiscales. Garrido debía explicar cuáles son, a qué se dedican y quién compone el accionariado de la veintena de firmas que la empresa pública madrileña tenía diseminadas por buena parte del continente americano. Entre las dedicadas a “prestar servicios de apoyo a la gestión del ciclo integral del agua, como son asesoría y consultoría sectorial, ingeniería civil, la explotación de plantas, obras e instalación de acometidas y contadores, abastecimientos y saneamiento”, incluyó a AAA Dominicana. Y en su accionariado, habló de un “socio estratégico”, Ángel Rondón, con una participación del 10%.

Pero además, según el registro mercantil de Santo Domingo, el empresario dominicano es también el representante en la compañía de los otros dos socios locales: una firma llamada Roymar (10%) y ClimateState (15%), “que se encarga de promover, desarrollar e invertir en bancos comerciales hipotecarios, entidades financieras y en bienes raíces”, según explicó Garrido en la Asamblea.

Rondón es asimismo el copresidente de AAA Dominicana, junto a Diego García Arias, que representa a Inassa, la compañía colombiana que gestiona a su vez la mayoría de filiales del Canal en Latinoamérica. A pesar de ello, García Arias se negó el pasado junio a comparecer en la Asamblea para dar cuenta de los negocios americanos de la empresa pública madrileña. Argumentó que era una sociedad colombiana y que tenía que preguntarle a sus accionistas.

El caso Petrobras

En todo caso, buena parte de los medios locales que están informando sobre una gran trama de sobornos en la República Dominicana dan por hecho que Rondón controla AAA Dominicana: “accionista mayoritario”, lo llaman continuamente. No se trata esta de una investigación cualquiera, sino de la ramificación dominicana del escándalo protagonizado por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht en su país y en otros como Argentina, Perú o Ecuador.

Todo comenzó en julio de 2013 con la investigación de una trama de lavado de dinero en la ciudad de Curitiba (Brasil). La operación, a la que llamaron Lava Jato (Lava Coches, porque los implicados utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios), llegó al gran público en marzo de 2014, con 24 detenciones en varios Estados de Brasil. Desde entonces ha habido 120 condenas por una trama de corrupción que afecta a la petrolera Petrobras y a varias empresas contratistas, entre ellas la constructora Odebrecht. La tormenta desencadenada desde entonces ha acabado salpicando a figuras como el expresidente brasileño Lula Da Silva.

Odebrecht alcanzó un acuerdo con las autoridades judiciales de EE UU y Suiza por el cual acepta multas de 3.500 millones de dólares (algo más de 3.272 millones de euros) por sobornar con 788 millones de dólares (737 millones de euros) a funcionarios de una docena de países de África y América Latina. Dentro de esos acuerdos, la multinacional reconoció haber repartido 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) para conseguir 17 contratos con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales y el Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana.

Señalado por el gerente

Y ahora, el gerente de Odebrecht en el país caribeño, Marcelo Hofke, ha dicho que entregó el dinero a Ángel Rondón. Este ha admitido a su vez que recibió “una cantidad similar” a esos 92 millones entre 2001 y 2014, pero ha negado que fuera para sobornos, sino que eran el “pago de sus servicios como representante comercial”, según aseguró el pasado 11 de enero durante el interrogatorio al que le sometió el procurador general dominicano, Jean Rodríguez. De ese modo, Rondón habría recibido una remuneración media por sus contratos de representación de unos 6,5 millones de euros al año.

La prensa dominicana define a Rondón como empresario y lobbista (es decir, aquella persona que intenta a influir en los legisladores a favor de un colectivo o empresa). Y, aunque nunca llegó a ser condenado, le sitúan en medio de otros escándalos sucedidos en el país caribeño, como el del Plan Renove, una investigación de irregularidades en la compra de autobuses del transporte público, que costó unos 35 millones de euros).

Mientras la investigación del caso Odebrecht sigue abierta en la República Dominicana (el objetivo final es localizar a los funcionarios que recibieron los sobornos), la Consejería de Presidencia de la Comunidad ha declinado pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre el principal socio de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II en el país caribeño o sobre el futuro de AAA Dominicana.

Esta firma no está entre las filiales del Canal que el Gobierno dirigido por Cristina Cifuentes ha decidido cerrar. En el año 2015, la empresa, con 300 empleados en plantilla, tuvo unos beneficios de 2,79 millones de pesos dominicanos (unos 56.000 euros), según las cuentas auditadas por KPMG. Todos sus ingresos, según ese documento, provienen de contratos de servicios con cinco clientes, que contemplan, por ejemplo, la “gestión comercial y de suministro e instalación de medidores [de agua] en la ciudad de Santo Domingo”, la capital del país; la gestión informática de la facturación de tributos en Santiago de los Caballeros, al norte de la isla; o la gestión comercial de los servicios de suministro y distribución de agua potable en la provincia de La Vega.

Un rastro de irregularidades Durante más de una década, el Canal de Isabel II fue construyendo un complejo entramado de filiales en distintos países latinoamericanos, que llegaron a la veintena y que en 2015 reportaron 250 millones de euros de ingresos a las cuentas de la empresa pública madrileña. Pero las sospechas de irregularidades llevan mucho tiempo oscureciendo el trabajo de estas empresas: por ejemplo, por una ruinosa compra de una firma brasileña que costó 21 millones y al año siguiente valía cinco. Además, Edmundo Rodríguez, presidente de la principal filial del Canal, Inassa, y hombre cercano al expresidente madrileño Ignacio González, fue cesado porque dirigía a la vez tres empresas en paraísos fiscales. A eso se suman la polémica participación en firmas de cobro de impuestos o la presunta relación del socio de otra filial colombiana con paramilitares. El consejero de Presidencia de la Comunidad y presidente del Canal, Ángel Garrido, cuando hace unos meses fue interrogado en la Asamblea de Madrid sobre todas estas cuestiones, se defendió: “No nos pueden pedir que seamos adivinos ni que sepamos lo que ocurre a nuestras espaldas”. Pero añadió: “Somos los primeros interesados en detectar y atajar cualquier irregularidad [...], cualquier mala práctica”. De momento, han destituido a Sobrino y a dos directivos responsables de la compra de la empresa de la empresa brasileña. Además, el Gobierno regional simplificará el entramado con el cierre de 12 filiales en Colombia, Venezuela, México, Panamá y Costa Rica. Seguirán abiertas las otras ocho cuya labor sí tiene que ver con la gestión del agua, entre ellas, AAA Domincana.

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