Tras un espectacular arranque hace dos meses y medio con la firma del Pacto por México, la agenda de modernización consensuada con el resto de fuerzas políticas, el nuevo Gobierno del PRI que preside Enrique Peña Nieto ha levantado el tono vital de la sociedad mexicana y mantenido la iniciativa con propuestas casi diarias que por ahora tienen más de promesas que de realidad. Lo difícil vendrá en los próximos meses con la reforma de las telecomunicaciones, la energética y la fiscal, para las que tendrá que vencer resistencias dentro del propio PRI. En el otro frente, el de la impunidad e insuficiencias del Estado de derecho, esencial para la transformación del país, máxime cuando persiste la violencia criminal, no hay novedad.

En poco más de 70 días, el Gobierno ha puesto en marcha, entre otras medidas, una reforma educativa, un plan de vivienda y otro de energías renovables, lanzado un programa de prevención del delito, una Cruzada contra el Hambre y desbloqueado la ley de víctimas del narcotráfico.

Está claro que el Ejecutivo se mueve, pero ¿en qué dirección? Para el escritor y director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, “la saturación de iniciativas puede tener el efecto de desdibujar las prioridades, de hacer perder de vista el rumbo. Avanzar en demasiados frentes, lejos de afianzar la imagen del Gobierno, puede dar idea de que está dispersándose”. Tampoco, advierte, “ha crecido la aceptación del presidente, que es menor de lo que se podía esperar”.

El fulgurante comienzo de sexenio tiene de momento, según el sociólogo y analista Jorge Zepeda, “más de puesta en escena que de cimentar un orden más democrático”. En su opinión, se trata de una inteligente operación política que “conecta con las expectativas de la gente y evita la etiqueta del viejo PRI que regresa con sus vicios de corrupción y autoritarismo”.

Los platos fuertes de la agenda están por llegar. El mes próximo está prevista la presentación de la reforma de las telecomunicaciones que pretende reducir los monopolios y para la segunda mitad del año, las reformas energética y fiscal, claves para alcanzar el objetivo de crecimiento anual del 6% —actualmente es del 4%— que se ha fijado Peña Nieto. El PRI no tiene mayoría absoluta en el Congreso y la apertura del monopolio de petróleo Pemex, nacionalizado en 1938, a la inversión privada exige una reforma constitucional.

A favor del Gobierno cuenta la crisis en la que se encuentran los dos partidos de la oposición

Para ello, Peña Nieto, además de lidiar con la oposición, tendrá que enfrentarse a tabúes de su propio partido. “Buena parte de la reforma energética pasa por la ineficiencia y la corrupción del sindicato de Pemex, que es una columna central del PRI, así como imponer el IVA a medicinas y alimentos en una futura reforma fiscal choca con el populismo priista”, afirma Zepeda.

A favor del Gobierno cuenta la crisis en la que se encuentran los dos partidos de la oposición, Acción Nacional (PAN, centroderecha) y Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda). El primero vive una guerra fratricida para purgar la etapa del expresidente Felipe Calderón y el segundo sigue dividido entre la calle y las instituciones a la espera de lo que haga Andrés Manuel López Obrador y su nuevo grupo Movimiento Regeneración Nacional.

Mientras tanto, la violencia tanto del crimen organizado como de la delincuencia común ha seguido su curso pese a que el número de víctimas haya bajado ligeramente, con picos insoportables en el Estado de México, la Comarca Lagunera, Nuevo León —donde fueron asesinados hace tres semanas los 17 músicos del grupo Kombo Kolombia y aún no hay un solo detenido— o Acapulco, donde la violación de seis españolas aterró al mundo y cuyos agresores fueron arrestados nueve días después “totalmente confesos”, según la justicia mexicana. También en Guerrero han surgido grupos de autodefensa que se toman la justicia por su mano y cuyo ejemplo se extiende a Oaxaca y Tabasco.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha cifrado en 70.000 las víctimas del narcotráfico en el sexenio anterior y prometido mayor coordinación entre el Gobierno federal y los Estados para combatir la inseguridad y mejorar la confianza en la autoridad. Pero la impunidad podría convertirse en el talón de Aquiles del nuevo proyecto de modernización de México.

La rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la procuración de justicia y la seguridad pública, no tanto la referida al narco como a los graves delitos que sufre la población, no han tenido protagonismo por el momento y, según Zepeda, su prioridad tampoco “está en los genes” del nuevo Ejecutivo. Como dice Aguilar Camín con humor: “El país no ha cambiado, lo que ha cambiado es el Gobierno. Ahora queda por ver si este cambia al país”.