"Cuando hice el proyecto eran como 15.000 euros, después hubo un modificado y pasaron a 500.000, que no sé, puede que hubieran encontrado un yacimiento o cualquier cosa. Pero, claro, luego la liquidación subió a 1.100.000. La justificación en horas de arqueólogos, ¡ni Indiana Jones!". Son declaraciones de Nuria Segura, adjunta a diferentes directores de construcción en las oficinas centrales de Acuamed, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga las supuestas comisiones de constructoras a cambio de adjudicaciones infladas tras descubrir dos yacimientos en Valencia, incluidos en el sumario del caso conocido como la 'mafia del agua'.

Según publica este lunes el periódico Abc, que dice haber tenido acceso a los informes arqueológicos de los dos yacimientos encontrados en la comarca valenciana de La Safor, el proyecto original en el río Serpis, adjudicado a la empresa Altec-Altyum, constaba de varias fases: la primera se inició el 17 de agosto de 2011 y la tercera finalizó el 17 de mayo de 2013, durante las obras de la construcción de la presa.

El juez asegura que Cañete presenció la coacción al denunciante del 'caso Acuamed'

En el proyecto adjudicado, Segura sólo había previsto prospecciones por 15.000 euros. Durante la construcción del canal, fue preciso incluir un modificado al aparecer el primer yacimiento, Parines I. Fue entonces cuando Acuamed cifró en 595.000 euros tal partida, a razón de 1.600 euros al día por equipo de excavación arqueológica. Cuando descubrieron el segundo yacimiento, Pardines II, "se reguló según el parte de horas de los arqueólogos con un adicional de 1.100.000", según el rotativo del Grupo Vocento. La memoria arqueológica de los dos yacimientos en la zona de influencia de la ciudad romana de Denia incluye una sepultura de incineración ibérica, fosas neolíticas, hornos romanos, una estela funeraria y 6.000 fragmentos de cerámica ibérica, entre otros.

"Estaba muy bien relacionado con gente del PP"

Además, el fin de la obra estuvo acompañado por otros incrementos de precios por obra ejecutada no comprendidos en el contrato y "ordenados por Acuamed". Asimismo, las obras duraron 64 meses en vez de los 24 previstos. Por ello, Altec-Altyum reclamó un 22% más de lo que contrató inicialmente. Precisamente uno de los contratistas investigados por estas obras, Nicolás Steegmann, en libertad provisional tras pagar una fianza de 600.000 euros, está acusado de una "sobrefacturación y una liquidación por obra por encima de lo contratado y realizado".

Según el gerente del Júcar en Acuamed, Gracia Ballesteros, Steegmann "estaba muy bien relacionado con gente en el PP y conocía al ministro", en alusión a Miguel Arias Cañete, a quienes varios testigos han acusado de ser el responsable de distintas adjudicaciones ilegales.