Elegimos algunas de las modalidades de extorsión que afectan la vida de los paisas.

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Las víctimas están en las obras en construcción o en los locales comerciales; son contratistas o vendedores de tintos y minutos a celular. Son, simplemente, cualquiera que deba pagar por un servicio de vigilancia que nadie ha pedido. En algunas zonas de Medellín la extorsión es tan generalizada que es difícil encontrar a alguien que no tenga que pagar por realizar alguna actividad o por el simple hecho de habitar su casa.

Un estudio contratado por la Alcaldía de Medellín en 2015 indica que ese delito se comete en el 80% de los barrios de la ciudad. En la mayoría de los casos, no tiene que ver con la típica llamada extorsiva en la que alguien pide millones, se trata en cambio de un fenómeno que, según las autoridades, se ha convertido, a cuenta gotas, en la segunda renta ilícita para los “combos” después del narcotráfico.

Elegimos tres modalidades, unas más conocidas que otras, para explicar cómo la extorsión se ha metido en la vida cotidiana de la gente de Medellín y sus municipios cercanos.

La cocina

De los $300 que una persona paga por un huevo de tamaño promedio en una tienda de un barrio popular de Medellín, al productor le llegan $100, a un distribuidor formal $70, el tendero se queda con otros $50 y los “combos”, que actúan como intermediarios, se quedan con los $80 restantes.

El cálculo lo hace el propietario de una empresa cuyo negocio consiste en comprar huevos al por mayor en las fincas productoras y, hasta hace algunos años, venderlos tienda a tienda en diferentes sectores de la ciudad.

Recuerda que fue en 2011 cuando sus empleados empezaron a ser abordados por personas que les advirtieron que serían ellos los encargados de centralizar el negocio. Es decir, que tendrían que dejar de distribuir los huevos en las tiendas y, en su lugar, entregárselos a un menor precio a un nuevo intermediario que sería el único autorizado para comercializarlos.

Esos nuevos intermediarios son los “combos”, que en algunas zonas incluso han creado empresas formales y obtienen ingresos de un negocio que mueven a fuerza de amenazas. Y es que no solo son los distribuidores quienes reciben la advertencia de no intentar saltarse las “reglas”.

De acuerdo con la versión de ese distribuidor, muchos tenderos tienen instrucciones precisas para no adquirir los productos que venden personas distintas a las autorizadas por las bandas. Por eso, en varios sectores se ha creado una especie de veto para los productos de comercializadores que no accedan a la intermediación ilegal.

Lo que pasa con los huevos es una de las situaciones más sonadas en Medellín, los cálculos de los distribuidores indican que cerca del 60% de ese negocio pasa por la intermediación o el control absoluto de los combos. Sin embargo, existen denuncias sobre casos similares con otros productos de la canasta básica como la leche y las arepas.

La ropa

El Centro de la Moda es un reconocido sector de Itaguí. Está a unos cuantos pasos del límite que divide a ese municipio con Medellín y lo conforman cientos de locales comerciales que venden insumos de confección, pero, sobre todo, prendas de vestir.

Los fines de semana son los días de mayor movimiento en esa zona y, de acuerdo con el propietario de uno de los locales comerciales del sector, también es el momento en que una mayor proporción de sus ingresos se va en una extorsión que los combos que controlan la zona camuflan en un servicio que nadie ha pedido.

La modalidad es simple: varios grupos de personas se ubican en lugares por donde pasan posibles compradores. Como si se tratara de impulsadores comerciales de los negocios, guían a los clientes hasta los locales donde puedan encontrar lo que están buscando. Si hay compra, el valor de la comisión que, quieran o no, deben pagar los comerciantes por cada prenda es de $5.000.

Entonces, una vez el cliente sale de la tienda, la misma persona que lo acompañó, lo aborda en la calle y le pregunta si encontró lo que buscaba y si compró algo más. Con esa información, vuelve al negocio y reclama el dinero. Si un comerciante se niega a pagar, lo que sigue es una amenaza directa. Por eso, según dice una vendedora de la zona, “todo el mundo paga la vacuna”.

Todo ocurre a escasos metros de la sede del Gaula para Antioquia. La división de la Policía que tiene a su cargo enfrentar el secuestro y la extorsión está en medio del centro de la moda y de las “vacunas” diarias que paga el comercio en ese sector.

Los buses y el transporte

“¿Usted por qué cree que Medellín tiene los buses más limpios de Colombia?”, pregunta un empresario que gerenció varias empresas de buses y ahora representa un gremio del transporte en la capital de Antioquia.

Lo dice para explicar que la extorsión a los buses en la ciudad no se reduce a las cuotas diarias o semanales que exigen los combos, sino que también hay “servicios” que los transportadores de algunas zonas deben adquirir obligatoriamente.

Un ejemplo de eso está en un sector del suroccidente de la ciudad donde el paradero de una ruta se convirtió ya hace varios años en lavadero. Decenas de jóvenes armados de baldes y esponjas lavan a diario todos los buses que se estacionan en ese punto. No importa si están sucios o limpios. La orden del “combo” que domina el sector es lavarlos todos y, por su puesto, pagar por el precio que ellos mismos definen.

Pero ese es un mal menor en comparación con el millonario negocio de la extorsión al transporte en Medellín. Aunque no hay cifras consolidadas, algunas empresas se han dado a la tarea de calcular cuánto de lo que reciben se va en los cobros diarios, semanales o mensuales que hacen los “combos” a los conductores a cambio de dejarlos transitar.

El gerente de una empresa que opera en el centro-oriente de la ciudad asegura que a sus empleados los abordan una vez a la semana y deban pagar $60.000 por vehículo, aunque esa cifra y el número de cobros puede variar, según dice, dependiendo del “estado de ánimo de los jefes de esa banda”. De acuerdo con sus cálculos, en extorsiones se va cerca del 20% de las ganancias de cada propietario.

Esa situación, las amenazas que ocurren cuando alguien se niega a pagar y los asesinatos de varios conductores[1] que han ocurrido en los últimos años a manera de “cobros”, han motivado paros y protestas de los transportadores.

A lo que padecen los conductores y los propietarios de buses se suman las cuotas que también deben pagar los transportadores informales, que trabajan en vehículos particulares usados como colectivos en algunos barrios, e incluso los cobros obligatorios por la “vigilancia” de los carros y motos que amanecen estacionados en unidades residenciales.

[1] El caso más reciente ocurrió en octubre de 2015. El conductor de una ruta del barrio Robledo fue asesinado horas después de participar junto a sus compañeros en una protesta contra las extorsiones.