Jacob Benzaquen Belilty, empresario vinculado al comercio internacional de derivados del petróleo, joyas y minerales y a la promoción inmobiliaria, es el primer español de la lista Falciani que se asoma a la cárcel. La Audiencia de Madrid ratificó el pasado 9 de diciembre la sentencia que le condenó a siete años de prisión por tres delitos fiscales, lo que le aboca -salvo improbable indulto o recurso extraordinario- a ingresar en prisión. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, confirma la multa de 21,63 millones de euros por lo defraudado en 12 cuentas del HSBC Private Bank en Suiza. Benzaquen, nacido en Melilla en 1956, llegó a tener 10,9 millones de euros en 2006 en Suiza. Sin embargo, en España la declaración de la renta le salía a devolver y solo tenía 41,6 euros en la cuenta, algo que no justificaba su alto tren de vida.

El pasado 2 de junio, la titular del juzgado penal 31 de Madrid, Paloma Pereda, condenó a Benzaquen por tres delitos fiscales a siete años de cárcel y multas que sumaban 21,63 millones. Benzaquen recurrió a la Audiencia y esta ha dado por buena la tesis de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, según la cual Benzaquen había ocultado al fisco sus cuentas en el HSBC en Suiza.

El nombre de Benzaquen aparecía en la información que Francia trasladó a España el 24 de mayo de 2010 con los datos que se había llevado del HSBC el informático Hervé Falciani. Benzaquen y su esposa aparecían en la "Ficha BUP Platino 22". Según esta, Benzaquen había tenido entre 2005 y 2006 fondos en el HSBC en Suiza en 12 cuentas. La información incluía datos personales, como el nombre de sus hijos y de su esposa, dirección, DNI, un número de teléfono que había usado Benzaquen y una empresa domiciliada en Panamá llamada Omega Asesores de la que era apoderado. Según los datos recabados por El Confidencial en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), Benzaquen llegó a tener 10,9 millones en el HSBC esos años. En la misma lista figuraba su hermano Abraham con 11,6 millones.

Benzaquen era socio de 12 firmas pero la renta le salía a devolver y solo tenía 41,6 euros en el banco en España

El 21 de junio de 2010, Hacienda le envió el requerimiento para que tributara por ese dinero. Esa es la carta que Hacienda mandó a los 659 españoles que figuraban en la lista para que regularizaran su situación. En ese momento, la Agencia Tributaria no veía claro que pudiese abrir con éxito una inspección contra esos contribuyentes con la documentación que Falciani se había llevado del HSBC y optó por asegurar el cobro. Así recaudó unos 260 millones de euros, ya que la mayoría de los que aparecían en la lista pagaron. Contra los que no lo hicieron comenzó un proceso penal.

La mujer de Benzaquen recibió la notificación de Hacienda el 28 de junio de 2010, pero aun así el empresario no pagó. El 10 de junio de 2011, cuando el caso estaba a punto de prescribir, la Fiscalía presentó una denuncia contra él. La juez de lo penal y la Audiencia después han considerado probado que en 2005 defraudó tres millones de euros en IRPF "al no haber incluido en la base imponible de su declaración 6,68 millones de euros de ganancias patrimoniales procedentes de cuentas del HSBC Private Bank Suisse". En el IRPF de 2006 defraudó igualmente 1,291 millones por IRPF y 141.610 euros en impuesto de Patrimonio de ese año.

La juez consideró que “no era creíble en absoluto“ que viviera sin ingresos con tantas empresas

En total, suman tres delitos fiscales. Por los dos del IRPF ha sido condenado a tres años de cárcel cada uno, más otro año por lo defraudado en un ejercicio de impuesto de patrimonio: en total, siete años de cárcel. Aunque ha habido otras condenas por la lista Falciani, algunas de conformidad y otras no, es la primera en firme que conlleva el ingreso en prisión, según fuentes conocedoras del caso. Con menos de dos años de cárcel y sin antecedentes penales, los tribunales pueden suspender el ingreso en la cárcel. Además, las multas impuestas a Benzaquen suman 21 millones de euros. Esa cifra incluye la cuota defraudada a la Agencia Tributaria (a la que habrá que sumar los intereses) más la multa, el castigo por haber defraudado y que va a la cuenta del Tesoro Público que el Estado tiene en el Banco de España.

A pesar de las cifras que ha revelado la instrucción, Benzaquen apenas declaraba ingresos a Hacienda en España. Según la sentencia que le condenó en primera instancia, solo declaró ingresos de 38.768 euros en 2005 y de 47.950 euros en 2006 en la renta, por lo que la declaración del IRPF le salía a devolver. Aunque era administrador y apoderado o socio de una docena de sociedades -Ribor Quartz, Micro Internacional, Kiton Inversiones, Promotora Jasla 007, Inversiones Hera 007, Kimpisi, Bengar Inversiones, Promotora Tincati, Isalesa Promociones, Micro Sonido, Emaprix Electrónica y Bentronic-, "declaró que en ningún caso percibía retribución de ninguna de ellas, y en aquellas en las que era socio todo el dinero que se obtenía se destinaba a la reinversión y al pago de gastos y personal, y todas las sociedades han acabado en situación concursal". Señaló que sus bienes procedían de las actividad empresarial de su esposa. Benzaquen solo tenía dos cuentas en España, en la Caixa y Bankinter, "con saldos de 6,83 euros y de 34,77 euros".

La Audiencia Nacional investiga en secreto al HSBC. (Reuters)

La juez consideró que eso "no era creíble en absoluto", ya que no acreditaba el origen de los ingresos de su mujer y que "las sociedades de las que era socio tenían un importante volumen de operaciones con el exterior, según el informe de la Agencia Tributaria". Por todo, consideró probado que Benzaquen "era el titular de todas las cuentas, pues no es posible que las mismas fueran abiertas por un tercero, con desconocimiento del acusado, ya que las personas autorizadas para disponer de las mismas eran el acusado, su mujer y dos de sus hijos, debiendo destacarse que el acusado reconoció que viajaba a Suiza por motivos de trabajo, por lo que tuvo la posibilidad de operar con el HSBC".

La Audiencia Provincial recuerda el dictamen de un inspector de Hacienda según el cual "era imposible que con los ingresos y patrimonio declarados pudiera llevar el condenado y su familia el altísimo nivel de vida que reflejaba la investigación". La familia Benzaquen pertenece a uno de los primeros linajes de judíos marroquíes que se asentaron en Melilla a principios del siglo XX. Según fuentes que le conocen, Jacob, que vive en Madrid, se ha dedicado con éxito al comercio internacional, principalmente de petróleo y derivados, y a la promoción inmobiliaria.

La sentencia señala que la lista Falciani incluye datos que difícilmente podían ser falsificados: "No solo el domicilio del acusado, sino un número de teléfono antiguo, reconocido por el acusado, y la identidad de su mujer y de dos de sus hijos, datos que resulta impensable que pudieran haber sido obtenidos, sin causa que lo justifique, por Falciani". Frente a eso, "ninguna prueba ha aportado el acusado que acredite que las sociedades que apoderaba o administraba carecieran de beneficios".

La defensa alegó que la lista era ilícita porque había sido robada y que nunca abrió cuentas en Suiza

La defensa insistió en que la lista Falciani procedía de un robo y que por lo tanto era información ilegítima, lo que en derecho se conoce como la doctrina del "fruto del árbol envenenado", según la cual uno no puede ser condenado a partir de una prueba ilícita. Añadió también que el documento "ha sido alterado y creado en una fecha absolutamente incompatible con su autenticidad", ya que "no es original, al reconstruirse partiendo de documentos desconocidos". Por todo ello, pedía la absolución o que se le aplicaran atenuantes en caso de ser condenado. En primera instancia llevó el caso una abogada de Madrid y después cambió a Cuatrecasas, bufete que ayer no quiso comentar la sentencia.

Primero la juez del caso y ahora la Audiencia rechazan esos argumentos. Según el fallo de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, de la que fue ponente Almudena Álvarez Tejero, "las autoridades francesas, en función de los acuerdos y tratados internacionales suscritos, realizaron la cesión de datos, que fueron investigados, no ofreciendo objeción alguna". Además, cita la jurisprudencia de la Audiencia Nacional según la cual "no puede considerarse que la incorporación al proceso por la agencia Tributaria de los datos aportados por Falciani proceda de un acto que pueda considerarse delictivo en España, ni que dicha prueba vulnere el derecho a la intimidad del acusado". También desestima otros argumentos procesales de Cuatrecasas por haberlos planteado en el recurso y no por la primera abogada ante la juez del caso.

El fallo da la razón a la Abogacía del Estado cuando esta señala que los datos de la lista Falciani "son reconocidos como fidedignos por el banco HSBC y el Gobierno suizo en el expediente de extradición". Cuando Suiza solicitó sin éxito a España la extradición de Falciani, ni siquiera el banco puso en duda la veracidad de los datos.

Hacienda señaló que ese “altísimo tren de vida era imposible con los ingresos que declaraba“

La sentencia incluye duras acusaciones contra el HSBC, al que un juzgado de la Audiencia Nacional investiga en secreto. La juez señala que la condena se realiza sin una prueba directa por la "nula colaboración" del HSBC y añade que "no era de esperar" que las aportara "por el favorecimiento de la ocultación de las cuentas a las administraciones tributarias" que realiza la entidad.

Desde la Audiencia, los autos del caso irán ahora a los juzgados encargados de ejecutar las sentencias. Lo previsible es que la defensa de Benzaquen pida que se suspenda el ingreso en prisión o que se sustituya la pena. Para eso puede interponer recurso de amparo ante el Constitucional, que para grandes penas de cárcel rara vez lo da, mientras solicita el indulto, algo que difícilmente prosperará.

Los tribunales ya han condenado a penas menores al transportista Rogelio Mestre Fernández (tres meses de prisión y 35.448 euros de multa, ya que regularizó la mayor parte) y al abogado Francisco Javier del Valle (un año y 129.793 euros), entre otros. Los hay que aún esperan juicio, como el marqués Gonzalo Prado, para el que Hacienda pide tres años de cárcel.