Un informe del sustituto provisional de Victoria Rosell en el Juzgado de Las Palmas ha resultado clave para que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la exdiputada de Podemos. Para redactar ese informe, el juez Salvador Alba debió interrogar antes a Miguel Ángel Ramírez, el empresario investigado en la causa durante cuya instrucción Rosell habría cometido tres delitos, según mantiene Soria. eldiario.es ha tenido acceso a una grabación de audio que recoge una reunión previa a esa declaración del imputado, en la que el juez acuerda con Ramírez cuál debe ser el contenido y sentido de su testimonio, con el fin de sostener las acusaciones contra Victoria Rosell y archivar la causa que afecta al empresario, en base a una supuesta nulidad de las actuaciones de la jueza.

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Juez Salvador Alba: “Cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve. Voluntariamente yo esto lo puedo demostrar, ¿sí?”.

Empresario Miguel Ángel Ramírez: “No, cuando tú me haces la pregunta, me podrás decir: ¿pero esto usted que me está diciendo lo puede demostrar?

Juez: “Exactamente”.

Empresario: “Y yo te diré: sí claro, señoría, yo no me estoy inventando nada”.

Juez: “¿Eso es demostrable? Sí. Pues si es demostrable. Pues lo acreditas y lo hacemos así. Y lo llevamos al procedimiento, y en el momento que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria”.

El anterior diálogo es un extracto de esa conversación, que se prolonga durante casi 32 minutos en el despacho del juez Salvador Alba, con la única presencia del magistrado y el empresario imputado. El abogado de éste, según se puede escuchar en el audio, espera fuera. El encuentro tuvo lugar el 16 de marzo alrededor de las 14.00 horas, según ha afirmado este miércoles el propio Ramírez ante el mismo Juzgado, ocupado ahora por la magistrada que ha ganado la plaza de Rosell después de que haya concluido la suplencia de Alba. Ramírez ha aportado la grabación con Alba y ha asegurado que la realizó “ante lo inusitado de la situación y ante su temor a ser objeto de una trampa”. El audio tiene al menos un corte perceptible, justo cuando una tercera persona entra en el despacho.

El Tribunal Supremo admitió a trámite la denuncia de José Manuel Soria contra Rosell el pasado 26 de abril. Cinco magistrados de la Sala de lo Penal han acordado por unanimidad investigar a la jueza en excedencia por prevaricación, cohecho y retraso malicioso en la Administración de Justicia, delitos cometidos presuntamente durante la investigación a Ramírez. La Fiscalía se había opuesto a la admisión a trámite de la querella de Soria, pero el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, recurrió a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le habilita para practicar cuantas diligencias considere antes de decidir. Una de esas diligencias fue requerir el informe del juez Salvador Alba.

Al frente del Juzgado número 8 de Las Palmas, Victoria Rosell admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía contra el empresario Miguel Ángel Ramírez en abril de 2014 por delito fiscal, cometido a través de la empresa Seguridad Integral Canaria. La magistrada solicitó la excedencia voluntaria el 15 de octubre de 2015 y el Poder Judicial se la concedió el 22 de ese mes. Seis días después de que dejara el Juzgado, su pareja sentimental, el periodista Carlos Sosa -director de Canarias Ahora, medio asociado a eldiario.es-, firmó con Ramírez un acuerdo por el que la Unión Deportiva Las Palmas -que también preside Ramírez- paga 100.000 euros iniciales por una frecuencia radiofónica y un alquiler mensual de 1.500 euros durante ocho años.

Cuando Rosell dejó el juzgado el pasado octubre aún no había concluido la instrucción contra Ramírez. Ante el Consejo General del Poder Judicial, la exdiputada de Podemos ha denunciado a su sustituto, Salvador Alba, por aterrizar temporalmente en su juzgado -lo solicitó él mismo a pesar de que debía compaginarlo con su destino en la Audiencia Provincial- con el fin de desplegar una “investigación inquisitorial contra ella”. La principal conclusión de las que Alba ha remitido al Supremo es que Rosell retrasó la instrucción contra Ramírez de manera “evidente e inexplicable”, a pesar de que se trataba de una causa relativamente sencilla.

Por su parte, la jueza Rosell argumenta que los retrasos tienen que ver con la actuación de la fiscal del caso y que en ningún caso Ramírez ha salido beneficiado de su instrucción. En este sentido, alega que ella sumó al delito fiscal de la denuncia que originó el caso, otros dos, fraude a la Seguridad Social y un delito contra el derecho de los trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló unas diligencias abiertas por la Fiscalía contra Rosell por estos hechos y el CGPJ ha considerado que no hay indicios de que cometiera infracción disciplinaria.

Por el contrario, el Tribunal Supremo ha acordado que un juez del alto tribunal “debe dilucidar si, más allá de su cobertura formal, incluso, de su aparente procedencia, las distintas resoluciones dictadas” por Rosell en la causa contra el empresario Ramírez, “no eran sino el vehículo para la consecución del objetivo de la señora Rosell que, según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”.

Para llegar a esa conclusión ha contado con el informe de Alba, que en la conversación grabada expone su planteamiento y planes al imputado.

Juez: “Vamos a ver… es que… para que tú entiendas una cosa… Yo, en un procedimiento creo que el procedimiento tiene que ser blanco y limpio para todo el mundo, no solo para el fiscal (ininteligible) y es el juez de instrucción el primero, el que tiene que coger el procedimiento y fundirlo. Este procedimiento está ilegalmente hecho”.

Empresario: “Viciado”.

Juez: “Y me lo cargo, antes de que tengas que ir ni a recurso, ni a una audiencia, ni… (ininteligible)”.

Empresario: “¿Y qué pasa con el fiscal?

Juez: “El fiscal se tendrá que joder”.

"Tengo que terminarlo cagando leches"

La relación comercial de Sosa y Ramírez se circunscribe a un intercambio consistente en que una empresa de Ramírez se encarga de la limpieza de la sede de Canarias Ahora, a cambio de que el periodista introduzca publicidad por unos 700 euros mensuales, equivalente al coste de los servicios de limpieza. Miguel Ángel Ramírez realizó préstamos convertibles en participaciones, que no se llegaron a ejecutar, en la época en que Sosa era director y administrador solidario, pero no accionista de un grupo de medios, y siempre antes de que comenzara su relación sentimental con Rosell.

La empresa Seguridad Integral Canaria, de Ramírez, no está vinculada a estos acuerdos. De eso versa el siguiente extracto de la conversación.

Empresario: “Pero es que Seguridad Integral Canaria no tiene nada con este tío”.

Juez: “Exactamente. Ese es el tema. Entonces, la pregunta que yo decido es: usted, como presidente, apoderado, persona física…

Empresario: “Miguel Ángel Ramírez…. En representación de tal… ¿usted ha hecho algún negocio con este señor?”.

Juez: "¿Ha hecho usted algún negocio con este señor?".

Empresario: "Ah, pues claro, y ya está. Y ahí tengo…".

Juez: "Sí. Pues sí usted ha hecho negocios con este señor, evidentemente hay que meterlo en el procedimiento… ¿Y usted, evidentemente hay que meterlo en el procedimiento… ¿Y usted lo puede acreditar… Porque esa es otra… Se tiene que poder acreditar”.

Empresario: "Pero luego, tú me dirás a mí cuando me interrogues (ininteligible)… A ti te quedan pocos días, ¿no?".

Juez: Sí, sí, sí. Esto tengo que terminarlo cagando leches.

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Siete días después de la conversación, el juez Alba interrogó a Ramírez en presencia de todas las partes. A pesar de que el empresario está imputado por delitos cometidos por el modo de pago a sus trabajadores y los impuestos tributados por ello, el contenido del interrogatorio del juez versó en exclusiva sobre sus relaciones con la pareja sentimental de Rosell, como queda de manifiesto en la reproducción íntegra de la declaración que publicó el 23 de abril el diario La Provincia.

El plan expuesto por el juez Alba en la grabación se reproduce después en el interrogatorio. Aparecen preguntas sobre el contrato relativo a la limpieza y la compra de las participaciones de la empresa que dirigía Sosa y de la que no era socio, entre otros extremos. “A ver, para que yo me aclare, o sea, Gestiones y Asesoramientos ha llegado a ser socio de esta empresa, entiendo”, dice el juez durante el interrogatorio posterior a la grabación. Y el empresario responde: “Sí, sí, claro”. A continuación le pregunta cuándo fue eso: “En cualquier caso, ¿estamos hablando a lo mejor de los últimos 5 ó 10 años?". El empresario responde: “Yo creo señoría… ¿Los últimos diez años? Por supuesto…”.

Con la cita en el juzgado previa a la declaración, el juez parecía perseguir dos objetivos: podría anular la causa contra el empresario porque la jueza debía haberse abstenido y, al tiempo, obtenía indicios contra Rosell que después enviaría al Supremo.

El interés de Miguel Ángel Ramírez, por su parte, va más allá del archivo de la causa, al considerarse víctima de una persecución de Hacienda. La acusación del caso defiende que el empresario pagaba a unos trabajadores en concepto de dietas lo que en realidad eran horas extra. “Todos dicen que han trabajado fuera de la ciudad, coño, entonces tienen que cobrar dietas. No puede venir un inspector de Hacienda y decir que no hay ni una dieta”, le traslada al juez en su despacho. En la conversación, el juez Alba traslada al imputado Ramírez que no aprecia delito en su actuación.

“Una pregunta, Salva”

En otro punto de la grabación, el empresario dice al juez: “Una pregunta, Salva. ¿Tú puedes entrar en el fondo del asunto cuando te cargues eso?”. Inquiere al magistrado por la posibilidad de que no se limite a señalar la “nulidad” de las actuaciones en el momento del archivo sino que alegue que no hay delito en la actuación de Ramírez, de forma que cierre la vía a una posterior investigación de Hacienda. El juez responde: “Con independencia de eso, pues tal, se hubiese procedido al sobreseimiento… Patatín, patatán… Sí, sí se puede… Sí se puede… Sí se puede”.

Juez: "¿En Hacienda te hacen la inspección en 2008 y 2009?".

Empresario: “Y lo tenemos cerrado”.

Juez: “¿Y lo demás?".

Empresario: "Me falta que tú me des ahí…".

Juez: "¡Plinnn!".

Empresario: "La última puntilla y salimos".

El encuentro concluye con la propuesta del empresario imputado de facilitarle los documentos que han acordado para apoyar la declaración antes de que ésta se produzca, con el fin de que el juez pueda afinar aún más sus preguntas en contra de Sosa y Rosell. “Salva, vamos a hacer otra cosa: le voy a dar los papeles a él (uno de sus abogados) para que te los traiga a ti. Tú no los toques, yo los presento el lunes, pero tú sabes de qué me estás hablando”, le dice en el último tramo de la conversación Miguel Ángel Ramírez al juez.

Un poco antes, juez y empresario acuerdan en el despacho judicial de Las Palmas verse relajadamente en Madrid, una vez archivada la causa.

Empresario: “Estoy a tu disposición, no a esto, bueno, es que cuando acabe esto, tenemos que irnos a comer a Madrid”.

Juez: (ininteligible) "Para que no tengamos movidas (risas), aunque allí en Madrid se entera Carlos Sosa, seguro”.

Empresario: “Bueno, después de esto puedo ser amigo tuyo”.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con los dos protagonistas de la grabación. Ramírez se limitó a afirmar que todo lo que tenía que denunciar lo ha hecho en el juzgado, mientras que el juez Alba anunció que había puesto una denuncia este miércoles en el juzgado por la grabación y contra aquellos medios que la difundieran, aunque en el momento de dirigirse a sede judicial ninguno lo había hecho. También anunció que el jueves haría pública una nota de prensa a todos los medios a través del servicio de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.