EnglishMientras en el continente americano se comienzan a discutir e implementar políticas alternativas a la prohibición de las drogas, Argentina, como en muchos otros aspectos, se ha mantenido estancada en este tema.

«Argentina llega retrasada al debate», diagnostica Juan Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en Buenos Aires, y autor de varios libros sobre el narcotráfico. «La discusión más política y efectista ha estado centrada en dirimir si somos un país de tránsito, un país de tránsito con consumo o con consumo y algo de procesamiento», señala.

«El retraso en la calidad del debate público» está definido por dos tres elementos, dice el académico. Por un lado «falta un diagnostico actualizado» respecto a la evolución del narcotráfico en Argentina. Las estadísticas sobre consumo y comercio de drogas no escapan a los problemas generales que afectan al país en materia de indicadores. «Desde el Indec, los datos no coincidentes en el levantamiento de información de las distintas policías provinciales, hasta una ausencia de estadísticas actualizadas, públicas, de algunos ministerios, como el de Seguridad,» afectan la calidad de la información sobre la cual debatir.

A diferencia de otros países como México o Colombia, Argentina «no ha estado en el corazón de los problemas vinculados a la violencia ligada al narcotráfico», dice Tokatlian. «El país no ha vivido marcadamente influido por esa cuestión. En general, se la ha visto como algo distante (…) lejos de Argentina».

Para Tokatlian el tercer elemento obedece a la postura del país en los foros interamericanos y globales sobre el asunto de las drogas. En especial, en vistas a la Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas en abril de 2016, que revisará la política global sobre el abordaje a ciertas sustancias psicoactivas. «Argentina no ha buscado una coalición de países en la región que compartiera un diagnostico y que llevara a una posición compartida», afirma.

El sociólogo con un PhD. en Relaciones Internacionales de la Universidad John Hopkins fue uno los autores del documento «Drogas: Una Iniciativa para el Debate«, presentado en septiembre pasado, junto con una centena de académicos, donde hacen un llamado a una política sensata sobre el tema.

«En otros países, donde el problema es más severo y está relacionado con una historia de conflictividad, y está a un nivel más alto del radar de la comunidad internacional, los debates han sido más intensos y más fecundos», dice, en entrevista con PanAm Post.

Narcotráfico de campaña

Las propuestas de campaña de los principales candidatos a la presidencia de Argentina indican que continuarán con la actual estrategia frente a las drogas. De hecho, los tres principales aspirantes han escogido la lucha contra el narcotráfico como una de las prioridades en un eventual Gobierno.

«Han aparecido niveles de violencia relativamente inusitados para los parámetros generales de Argentina», explica Tokatlian. Aunque lejos de las tasas de homicidios de países como Colombia, México, u Honduras, «la violencia vinculada estrechamente al fenómeno del narcotráfico no se había expresado».

La ciudad de Rosario, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires, es uno de los puntos más calientes en la penetración del narcotráfico, allí la tasa de homicidios en 2014 resultó entre tres y cuatro veces más grande que la media nacional. Rosario no es el único foco de violencia. Los grandes conglomerados urbanos, como Buenos Aires o Córdoba son testigos de «manifestaciones cada vez más elocuentes de violencia,» sostiene Tokatlian. «Aunque no son dramáticas en como en otros casos, si uno lo desagrega en el plano urbano y específico de estas grandes urbes va a encontrar tasas por arriba del promedio general del país».

«La inseguridad ha cambiado en Argentina», afirma, siempre con algún informe o estadística en mente que respalda los datos. Según la Encuesta de Victimización del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la UTDT, en 2004, 26% de los encuestados afirmaron haber sido víctima de un delito; nueve años después, la cifra es de 35%, señala Tokatlian.

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«Es un incremento significativo, y la gente vincula mayor inseguridad con el tema de las drogas, lo cual se refuerza en un período electoral donde aparecen candidatos, uno en especial, Sergio Massa, que categóricamente quiere involucrar a las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico», alerta Tokatlian sobre el candidato de la coalición opositora Una Nueva Argentina.

Sobre el candidato oficialista, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el opositor Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires y candidato por el frente opositor Cambiemos dice que son «suficientemente ambiguos».

«Mezclan Brasil con Colombia, con México, con lo que sea», dice sobre las diversas propuestas de los candidatos que incluyen desde desplegar los militares en el combate contra el narcotráfico hasta promover una ley para poder derribar aviones sospechosos de transportar drogas. «Por otro lado, sin entender que cuando una va a esos países que tienen historia vinculada a las drogas, uno observa muchas más variaciones de políticas locales de una ciudad a otra ciudad», destaca Tokatlian.

En esos países «la polémica pública que hay es mucho más rica al decir: ‘estas guerras son insostenibles, son fatigantes, no nos llevan a buen puerto y por lo tanto hay que pensar en medidas alternativas'», sentencia. «Hay cada vez más una reflexión madura sobre este fenómeno».

La verdadera dimensión del problema

Tokatlian atribuye la presencia de propuestas agresivas de políticas antidrogas a la combinación de diferentes factores. El problema de la información en Argentina es «severísimo», comienza enumerando.

«Cuanta más desinformación, ausencia de información, o mala información, las conjeturas, las especulaciones, y la grandilocuencia ganan espacio».

Si bien en el consumo de cocaína y marihuana no hay cambios razonables sobre su prevalencia, en el caso del paco (como se conoce a la pasta base de la cocaína en Argentina) entre 2010 y 2014 el consumo se duplicó, señala. Según datos del Sedronar, la Secretaría responsable de las políticas no punitivas sobre las drogas, la prevalencia del consumo en la población pasó de 0,2% en 2010 a 0,4% en 2014. «Hay una sensación de que está creciendo el consumo entre jóvenes en sectores populares», dice.

Al mismo tiempo, en las políticas del Gobierno «hay un desbalance atroz», afirma Tokatlian. El gasto del Gobierno en materia de drogas y narcotráfico alcanza el 1,4% del PIB argentino; sin embargo, «95% del presupuesto es para combatir la oferta y el total para superar la demanda (políticas educativas, preventivas y sanitarias) no supera el 5%», menciona Tokatlian, citando una vez más al Sedronar. «Probablemente ningún país de América Latina tenga tal nivel de desbalance».

«Entonces, en Argentina hay un incentivo perverso para que el político usufructúe: la mala información, un problema real —aumenta el consumo—, un desquiciamiento en la política pública se gasta más para combatir la oferta que para combatir la demanda y su propia carera política. Esta combinación me parece es lo que hace en Argentina haya una propensión mayor que en otros lugares a invocar el valor de ser duros, fuertes y categóricos contra las drogas», concluye.

¿Guerra contra quién?

En los tribunales argentinos, en 2012, apenas 3,4% de las causas iniciadas por delitos relacionados con drogas correspondió al contrabando de sustancias ilegales. En cambio, la cantidad de causas abiertas por tenencias de estupefacientes para consumo personal alcanza el 41% del total, según un informe publicado en 2014 por la Procuraduría de la Narcocriminalidad.

«Es un informe dramático en el que se muestra que los perseguidos son los jóvenes y los pobres», define con firmeza. Tokatlian remarca que las grandes causas judiciales contra narcotraficantes son «casi inexistentes».

«No hay capturas, ni sentenciados, ni encarcelados, entonces aquí hay una abismal diferencia entre quienes son las víctimas y quienes logran de alguna manera hacer un bypass al sistema judicial», sostiene.

Entre los más pobres no solo aumenta el consumo, sino su criminalización por causas judiciales relacionadas con drogas. «Todos sabemos que la carga de la prueba contra estos sectores es notoriamente asimétrica. No tienen buenos abogados, no tienen como protegerse», afirma Tokatlian. «Están siendo objeto de chantaje de los policías, son parte de operaciones armadas para mostrar grandes decomisos y después llamativamente nadie que pueda ser calificado como un gran capo está yendo a prisión».

«Terminamos mandando a prisión a jóvenes y pobres que no necesariamente cometieron un delito, cumplen sanciones elevadísimas, y terminan adiestrados para ser delincuentes, o sicarios, o acompañantes de seguridad de los capos».

«Moderadamente optimista»

Ante la ausencia de un debate público de calidad y de políticos comprometidos con una política sensata sobre las drogas los Gobiernos argentinos continuarán librando una batalla en la que muchos países han reconocido que es imposible conseguir una victoria.

De todos modos, el profesor de relaciones internacionales es «moderadamente optimista». «Es una tarea de experimentación, no podemos saber cuál va a ser el resultado».

Si los políticos se esmeran en una actividad es en incumplir promesas de campaña. Sobre las drogas y el narcotráfico las políticas sugeridas no solo son erróneas, sino peligrosas, y podrían resultar en una onerosa aventura para toda la sociedad.

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