La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. Un lapidario informe de la PDI –que ha permanecido oculto para la opinión pública por más de siete meses– indica que la pesadilla de los niños que el Estado debe proteger nunca paró: en 2017 la policía registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves –incluyendo 310 agresiones de “connotación sexual” – en hogares del Sename.

El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Y que en un 50% de los hogares a nivel nacional se han verificado abusos sexuales (vea aquí el informe completo).

CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación –contenida en 28 tomos– realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El informe está fechado en diciembre de 2018 y, de acuerdo a lo que señala el mismo documento, además de haberse enviado a Emilfork también fue compartido con autoridades de gobierno relacionadas con el Sename, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Los hallazgos de la investigación son de tal relevancia, dice el mismo informe, “que hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente como conocimiento y evidencia útil para la eventual toma de decisiones”.

El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. También pidió la dimisión del fiscal nacional Jorge Abbott.

A juicio del parlamentario –quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename– es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Esto, porque en esos momentos el Congreso estaba discutiendo un proyecto del gobierno que finalmente aprobó una inyección de recursos de alrededor de $10 mil millones destinada a los hogares de red Sename.

Probablemente, dice el diputado Saffirio, el proyecto se habría discutido en otros términos si los parlamentarios hubiesen tenido en sus manos el informe de la PDI que ya había constatado abusos sistemáticos en los mismos centros beneficiados con los nuevos fondos.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA

Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. Este último buscaba que se investigaran –tras la muerte de Lissette Villa– posibles violaciones a la Convención de los Derechos del Niño cometidas por el Estado. Chile es de los pocos países democráticos, sino el único, en el que la ONU acredita que el Estado viola los derechos de los niños a los que tiene que proteger. Ahora, el informe de la PDI refrenda que esa vulneración es sistemática.

El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. No se trata de una proyección ni de una estimación: es una constatación centro por centro.

Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen? ¿Qué explicación tienen los jueces para que dos informes, con apenas un año de diferencia, hablen de violación sistemática de derechos?

El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. Ese informe, que inicialmente fue ocultado por el Poder Judicial (vea ese reportaje de CIPER), se conoció en julio de 2013 y reveló gravísimas vulneraciones en todos los centros, las que incluían violencia contra los menores y hasta explotación sexual en un hogar de Arica.

La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas. Pero el documento de la policía demuestra que no ha habido cambios significativos en seis años, desde el informe Jeldres hasta hoy.

LA ORDEN DE EMILFORK

La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. El comisario Francisco Ceballos, subdirector del Instituto de Criminología, quedó a cargo del grupo que integran otros ocho profesionales.

¿El objetivo de esa fuerza de tarea? Establecer o descartar hechos constitutivos de delitos en cada uno de los fallecimientos y consolidar una cifra precisa de niños que murieron cuando estaban bajo la tutela del Estado.

El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos. Esta es la investigación más completa que se ha realizado hasta el momento.

Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Todo esto en apenas un año (2017).

En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”. No se sabe si alguno de esos niños está entre los 15 menores que el Ministerio de Justicia admitió que fallecieron en el primer trimestre de este año y, en el caso de que sea así, si se tomaron las providencias para procurarles atención médica adecuada.

El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. Ante “la posible existencia de hechos constitutivos de delitos no denunciados”, la Fiscalía de Los Lagos distribuyó esa información a las distintas fiscalías regionales para que tomaran cartas en el asunto.

Las conclusiones del informe son lapidarias: “En el 88,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía residencial”.

Esa cifra aumenta cuando se analizan solo los centros administrados directamente por el Sename: “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido –de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

LAS CIFRAS DE LA TRAGEDIA

La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017. Solo ese año en hogares del Sename se cometieron las 2.071 agresiones consignadas en el informe.

El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. Allí se produjo el 29,4% de los maltratos por parte de adultos (127 episodios).

En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. Las agresiones entre los mismos internos se concentraron en los centros administrados directamente por Sename (CIP/CRC y Cread) con el 79,7% de los casos.

En el 58,3% de los hogares los maltratos fueron cometidos por los mismos trabajadores encargados de cuidarlos.

En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). Otro 29% de esos abusos entre pares ocurrieron en centros administrados directamente por el Sename.

El informe policíal es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Esto significa que en la mayor parte de los hogares se han normalizado estas conductas,

Otro antecedente que revela el documento es la cantidad de menores que a la fecha de la investigación se habían fugado de los hogares y que nadie sabe dónde están: 250 niños o adolescentes de 68 centros.

Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. Una de las conclusiones de la PDI es que el sistema también ha “normalizado” esta situación.

INSPECCIONES AVISADAS

El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros. Se trata de nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Pero el informe de la PDI constató que no se cumplen.

El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Todos esos centros (107) pertenecen a organismos colaboradores. Hay regiones donde la situación es más grave: en La Araucanía el 83,3% de los centros no cumplen (15 residencias); en Los Lagos ocurre lo mismo, con el 78,9% de los hogares (15), y en Los Ríos la cifra llega a 77,8% (siete centros).

De todos los protocolos establecidos por el Sename, la PDI investigó la aplicación de seis directamente relacionados con la naturaleza de la indagatoria encomendada por el fiscal Emilfork (la muerte de niños y adolescentes en hogares): protocolo de contención y sujeción; protocolo de fallecimientos; protocolo de administración de medicamentos; protocolo de alimentación; protocolo de prevención de conductas suicidas y protocolo de manejo de enfermedades complejas.

Los resultados son aterradores. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Por ejemplo, de las 89 residencias que atienden a menores vulnerados y maltratados por su familia o entorno, 65 no tienen reglamentado este procedimiento.

Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. Ella murió en el Cread Galvarino (Estación Central) y más de un año después el 63,6% de los 11 Cread que existen a nivel nacional no contaban con un protocolo para casos similares.

La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette. El 72,1% de los hogares no lo tenía cuando fue visitado por la PDI.

El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. ¿Por qué no lo ha hecho? El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa. Esto implica que el personal directivo sea avisado con antelación de las visitas inspectivas a realizar por parte del o la supervisora de la Dirección Regional del Sename”.

La Fuerza de Tarea de la policía asegura que las fiscalizaciones de Sename se intensificaron luego de la muerte de Lissette Villa, aunque se remiten fundamentalmente a aspectos administrativos (por ello las avisan antes, para que los centros tengan la documentación a mano) y al cumplimiento de lineamientos técnicos.

Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. “No existe un mecanismo de control externo al Sistema de Justicia, lo que propende a la mantención de prácticas funcionales que contravienen las normas y directrices existentes en torno al cuidado residencial de niños, niñas y adolescentes”, concluye el informe en este punto.

MALA SALUD

Casi todos los centros (95,8%) presentaron algún residente con “perfil clínico”, es decir, que sufre de trastornos psiquiátricos, enfermedades crónicas o discapacidad.

La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. En los centros administrados directamente por el Sename ese porcentaje sube: el 59,4% de los adolescentes que están en un CIP/CRC tiene algún trastorno psiquiátrico, lo mismo que el 67% de los niños y jóvenes que residen en algún Cread.

Un 85,8% de los centros a nivel nacional tiene al menos a un residente con diagnóstico psiquiátrico.

Hay regiones que presentan una mayor concentración de internos con trastornos mentales: el 63% de los niños y adolescentes a cargo del Sename en Magallanes tiene alguna patología de este tipo; 55,3% en Arica; 48,8% en la Región Metropolitana; 36,5% en el Biobío y 34,8% en El Maule.

Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sobre este punto, el informe de la PDI señala que “un porcentaje significativo de centros no cuenta con el personal profesional para el cuidado especializado permanente de esta población en particular”.

El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Y en otros 42 el rol lo ejerce un funcionario que solo tiene cuarto medio.

Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Los hogares que tienen a un educador as cargo de esta tarea aumentan a 83,3% cuando se analiza la jornada nocturna.

Una investigación de CIPER de 2016 constató como los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. La atención psicológica y psiquiátrica que acompaña esa medicación era prácticamente inexistente (vea reportaje “ El uso y abuso de psicofármacos en los hogares del Sename” ).

Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Otro 70,8% de los centros no tiene sala de enfermería.

Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación. No tengo antecedentes que aportar”, dijo el ministro, en declaraciones recogidas por Biobío.