Uno de los pocos rasgos interesantes del engendro aliancista conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano —Por México al Frente— es la propuesta esgrimida por Ricardo Anaya de otorgar el Ingreso Básico Universal como estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad, estimular el mercado interno y enfrentar el desempleo.

La renta básica, como se la conoce internacionalmente, es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de la sociedad, tenga o no un empleo, sin tomar en consideración si es rico o pobre e independientemente de cuáles puedan ser sus otras fuentes de ingreso.

Aunque en manos de los anayistas se trate de una propuesta electorera que busca rebasar a Morena por la izquierda, la idea de otorgar una renta básica a todas y todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo merece ser discutida con seriedad, no descartarse de un plumazo por “populista” o argumentar simplemente que es inviable.

La propuesta de crear una renta básica —que se remite a economistas como Standing, Raventós, Tobin, Galbraith, Varoufaquis y Van Parijs— ha estado en el debate internacional desde hace al menos 30 años, cuando se creó la Red Europea de Renta Básica (BIEN), que se ha expandido por varios países del mundo y ha arrojado debates fructíferos en países como España, Suiza, Finlandia, Canadá y Brasil, habiendo sido especialmente exitosa en Alaska.

Desde 2014, Coneval recomendó estudiar el tema en México, como una alternativa para superar la enorme dispersión y fragmentación que existe en nuestros programas sociales, que en los tres órdenes de gobiernos suman cerca de 6 mil 500. Muchos de estos programas duplican esfuerzos, todos ellos generan una enorme burocracia y cada uno tiene su propio padrón de beneficiarios y sus propias reglas de operación. Este escenario se presta al caos, al dispendio, al clientelismo y la corrupción.

No cabe duda que si reducimos el gasto de todos estos programas sociales y desaparecemos algunos podríamos implementar una renta básica, como lo sugieren recientes cálculos de GESOC que se harán públicos en enero.

Cada vez son más las voces que se pronuncian por una renta básica: la UNAM lo ha planteado en El reclamo del Desarrollo, el Instituto Belisario Domínguez lo tiene incluido en su agenda, lo incorporó la Constitución de la Ciudad de México que entrará en vigor el año próximo y la CEPAL lo ha hecho parte de su estrategia y promovido activamente en México.

La propuesta de renta básica tiene muchas bondades: 1. Es una medida directa y eficaz contra la pobreza que permite reducir el gasto burocrático de los programas sociales existentes, además de enfrentar el problema del desempleo, que tiende a ser mayor con la creciente automatización. 2. Contribuye al desarrollo económico en tanto puede generar poder de compra entre los sectores más desfavorecidos de la población y dinamizar economías locales. 3. Es una propuesta incluyente y no discriminatoria porque beneficia a todas y todos los ciudadanos por igual, sin importar si son hombres, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, etcétera.

No deja de extrañar que el partido que Anaya presidió hasta hace unos días votó en contra de la renta básica cuando se discutió en la Constituyente de la Ciudad de México. ¿El argumento? Que se trataba de una medida populista. Interesante que hoy Anaya defienda esta propuesta con vehemencia. Será evolución política o mero oportunismo.

Más allá de eso, la gran trampa está en no contemplar una reforma fiscal para financiar el Ingreso Básico Universal. Como ha sido planteada, la propuesta requeriría una enorme reasignación del gasto y su carácter no será redistributivo si no se financia a partir de un régimen fiscal más justo donde se cobre un impuesto a la riqueza, especialmente a las grandes fortunas. Al no planteárselo, la medida no constituye una política para reducir la desigualdad como de forma demagógica se ha querido presentar.

Investigador del Instituto Mora.

@hernangomezb