Afo tiene 11 años y hasta hace poco no sabía que está embarazada. Salió de Costa de Marfil en compañía de su madre, para quien el viaje se acabó en Libia, cuando fue violada y asesinada ante los ojos de su hija. La pequeña intentó denunciar a los responsables del crimen, los mismos que estaban encargados de velar por su seguridad en el centro de detención en el que se encontraban. El precio a pagar fue la violación. Y, una vez llegada a Italia, los médicos le dijeron que iba a dar a luz un niño. Entre enero y octubre de este año, alcanzaron las costas italianas más de 3.300 menores no acompañados, pero no existen datos precisos sobre el número de chicas que llegaron embarazadas. Acceder al aborto para ellas, en su mayoría víctimas de abusos y trata durante el viaje, no siempre es un proceso ágil.

La doctora Ornella Dino atiende casos como el de Afo (nombre ficticio) desde 2004, mucho antes de que empezara lo que los medios bautizarían una década más tarde como emergencia de llegadas. Trabaja en un centro de salud pública de Palermo que ofrece asistencia a las personas migrantes, dispongan o no de papeles. “Por lo menos hasta que Salvini [el ministro de Interior italiano] cambie de idea”, matiza. El Gobierno liderado por Conte, de hecho, ha adoptado recientemente disposiciones que incluyen la abolición de la protección humanitaria y restricciones en el sistema de acogida. A partir de 2019, por ejemplo, las administraciones regionales podrán gastar como quieran los más de 30 millones de euros hasta ahora destinados a la asistencia sanitaria para migrantes.

“Ya en 2004 nos dimos cuenta de que la primera razón para acudir a nuestro centro de salud eran problemas ginecológicos”, explica Dino. “Recibimos muchas peticiones de aborto, pero a veces llegaban demasiado tarde”. La ley italiana fija como plazo para la interrupción voluntaria los primeros 90 días de embarazo. Después solo se autoriza por razones terapéuticas o si existe riesgo para la salud física y mental de la madre.

En la actualidad, en ausencia de un tutor nombrado legalmente por cada menor, el responsable de la institución de acogida puede autorizar el procedimiento para agilizar los tiempos y reducir la espera. Pero hasta hace unos años, el recorrido era mucho más tortuoso. “Se tardaba bastante hasta que se designaba un tutor y era complicado para los psicólogos elaborar un informe de una paciente que hablaba otro idioma sin el apoyo de un mediador cultural”, señala la doctora Dino. “Ahora la situación es algo mejor, pero en Palermo sigue habiendo apenas tres médicos que llevan a cabo la interrupción de embarazo”. En Italia un 70% de los ginecólogos elige no practicar abortos, según los últimos datos disponibles del Instituto Superior de Sanidad, relativos a 2016. En algunas regiones del sur, este porcentaje se dispara hasta el 97% y las listas de espera pueden ser largas.

En Italia, un 70% de los ginecólogos elige no practicar abortos

2016 fue “el año de la llegada de menores” a las costas italianas. “Mejor dicho, el de las menores, aunque muchas declaraban ser mayores de edad”, afirma Laura Verduci, experta de migraciones y trabajadora humanitaria de Médicos sin Fronteras. “Recuerdo que en Palermo había muchas mujeres en los hospitales sin el apoyo de traductores y las ONG tuvieron que hacerse cargo de la asistencia y la mediación cultural”.

Era el verano de 2016 y una chica nigeriana menor de edad acababa de llegar a Italia en una patera. Viajaba sola y aún llevaba en la cara las marcas del sol acumulado en las largas horas de navegación para cruzar el Mediterráneo desde Libia. No tardó mucho en darse cuenta de que algo ocurría en su cuerpo y, a pesar de las dificultades para expresarse en otro idioma, logró comunicar a sus tutores del centro de acogida de Bagaladi (Reggio Calabria) que temía estar embarazada de un novio que se había quedado en el país africano. No tardó en revelar que en realidad había sido víctima de abusos y no quería seguir adelante con el bebé. Pero la lentitud de la burocracia del país de acogida no se lo puso fácil.

“Ante el aborto siempre entran en juego los valores de cada uno, pero cuando te encuentras cara a cara con algunos casos derivados de violencia entiendes que tienes que poner de lado tus convicciones y hacer lo posible para ayudar a estas chicas”, sostiene Dora Azzarello, la exresponsable de la institución. “Nos pusimos manos a la obra para que no se nos echara encima el tiempo y solo lo logramos gracias a un trabajo a destajo en red con las autoridades sanitarias, la ONG Médicos del Mundo y la Organización Internacional para las Migraciones”.

Es difícil saber si se han quedado embarazadas tras un abuso, porque no les gusta hablar de lo que han vivido en Libia. Pero, después de un tiempo, prácticamente todas acaban revelando que han sido víctimas de violencia Dora Azzarello, trabajadora social

Después de que un psicólogo certificara que la decisión de la chica era firme, tuvieron que solicitar la autorización de un tribunal. “En ese momento, las costas italianas estaban desbordadas por las continuas llegadas de pateras y los magistrados tenían mucho trabajo, pero el tiempo apremiaba”, indica Azzarello. El último obstáculo fue el tutor, quien intentó disuadirla de acuerdo con sus creencias, pero la chica se mantuvo inamovible.

“Finalmente, pudimos hacerlo dentro del plazo establecido”, recuerda aliviada la exresponsable de la institución que echó el cerrojo hace unos meses. Durante los 12 años en los que el centro estuvo activo, recibió a otras chicas embarazadas. “Muchas desconocían su estado, pero finalmente todas decidían dar a luz”, sostiene. “En general, es difícil saber si se han quedado embarazadas tras un abuso, porque no les gusta hablar de lo que han vivido en Libia. Pero, después de un tiempo, prácticamente todas acaban revelando que han sido víctimas de violencia, en especial las nigerianas”.

La psicoterapeuta Maria Chiara Monti tiene que lidiar con tres tipologías distintas de casos en el centro de etnopsicología del Policlínico Paolo Giaccone de Palermo, en Sicilia. “Hay embarazos que derivan de una violación —muy a menudo ocurrida en Libia—, mientras que otros son fruto de trata con fines de explotación sexual, algo frecuente entre mujeres provenientes de Nigeria o Costa de Marfil. También hay chicas que viven en centros de acogida y que mantienen relaciones con hombres con raíces culturales o religiosas totalmente distintas de las suyas”, explica.

El 30% de las mujeres que abortan son extranjeras El aborto en Italia fue despenalizado hace 40 años. En estas cuatro décadas, las interrupciones voluntarias de embarazos han ido disminuyendo: en 2016, fueron casi 85.000, menos de la mitad de las más de 234.800 de 1982, año récord en las estadísticas. El porcentaje de objetores, sin embargo, se ha mantenido bastante estable. Disminuyen también los abortos entre mujeres extranjeras, aunque sigan sumando el 30% del total de los casos registrados, así como los tiempos de espera. El único grupo de edad que sufre un ligero incremento es el de las mujeres más jóvenes (entre 15 y 20 años). El informe anual del Instituto Superior de Sanidad, elaborado junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, estima que los abortos clandestinos fueron entre 10.000 y 13.000.

Cuando una menor de edad no acompañada alcanza las costas italianas con el vientre abultado, la doctora, aunque no tenga la certeza de que haya sido víctima de abuso, se acerca a ella siguiendo el mismo protocolo de actuación que adopta ante una persona que ha sufrido un trauma o tortura. En cambio, si el embarazo se produce ya en el destino de acogida, aborda la cuestión de manera más directa, preguntando acerca de la identidad del padre. “Les presentamos todos los escenarios, desde el aborto a la posibilidad de quedarse con el niño o de dejarlo en adopción después del parto”, señala Monti, quien insiste en la necesidad de abordar el tema de la educación sexual y de los métodos anticonceptivos también en los centros de acogida.

“La atención sanitaria a personas extranjeras, con o sin papeles, se está resintiendo del clima racial y de la aplicación de las nuevas normas italianas sobre seguridad”, recalca la trabajadora humanitaria Verduci. “La propaganda política aumenta la confusión y muchas veces los profesionales sanitarios no saben muy bien qué hacer. Todo esto no ayuda y las mujeres son las primeras víctimas de este deterioro cada vez más evidente”.

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