En el gran empresariado, el Gobierno de Sebastián Piñera no fue el más querido. Les puso el Sernac Financiero y estableció límite a las comisiones bancarias.

Pero una de sus más resistidas iniciativas –estrenada como ley en diciembre de 2013– fue la que permitió rebajar la Tasa Máxima Convencional (TMC), que pone techo a los intereses que puede cobrar un proveedor de crédito, como bancos, retail o cajas de compensación.

Cuando se aprobó el proyecto, la TMC superaba el 50% e incluso llegó a ubicarse cercana al 55%, en particular en el segmento de montos de créditos más bajos (hasta UF 50, alrededor de $ 1,2 millón), que solicita principalmente el grupo de clientes que presenta menores ingresos en el sistema financiero y, que pese a esto, accede al crédito formal.

Las advertencias de la banca y el retail se desplegaron en torno a la posibilidad de que fuera tan bajo el interés, que para el oferente del crédito no fuese posible entregar dicho préstamo, pues las tasas no alcanzarían a cubrir el costo que tiene el banco para endeudarse, agregado esto al margen que obtienen por dichas operaciones y el riesgo que asumen. El argumento apuntaba a que, sin duda, mucha gente saldría del crédito formal, es decir, sería desbancarizada y acudiría a oferentes informales que cobran intereses mucho más altos y sin regulación.

Según el sector privado, entre 500 mil y 1 millón de chilenos y chilenas quedarían fuera del mercado. A fines de marzo pasado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) emitió su tercer informe sobre la implementación de dicha política, que comenzó a tener efectos a fines de 2013.

Aunque los resultados parecen mostrar algún nivel de desbancarización en el segmento aludido, lo cierto es que –de acuerdo a la propia autoridad– el impacto en créditos ha sido menor y está muy lejos de lo que advertían bancos y emisores no bancarios.

No obstante, el pasado domingo 2 de abril, el titular de la Sbif, Eric Parrado, advirtió –en entrevista con El Mercurio– que tenía preocupación, a la luz del estudio, por el efecto que estaba teniendo la política aprobada en la administración anterior en sacar gente del sistema crediticio formal. Y aunque precisaba que la Sbif no es la encargada de elaborar proyectos de ley para modificar la situación ni podía intervenir la regulación, al no tener atribuciones, sí era recomendable hacerlo y adelantó que realizaría análisis más finos sobre el tema.

En concreto, lo que estaba diciendo Parrado es que la superintendencia quisiera tener la facultad de poder intervenir en la definición de los segmentos en que está “encuadrada” la TMC.

En la práctica, se desliza que, al abrir un segmento de crédito afecto a la regulación, parte de este quedarían con un límite superior en la tasa de interés máxima a cobrar. Es decir, la idea detrás es permitir subir la Tasa Máxima Convencional a quienes deseen obtener un préstamo de hasta 50 UF, para así posibilitar que quienes quedaron fuera de sistema vuelvan a obtener deuda.

A cuatro años de implementada la ley, la autoridad cree que podría requerirse dividir en dos partes iguales el tramo de hasta UF 50, permitiendo elevar la TMC para el segmento más bajo, donde se concentran las personas con menores ingresos entre quienes buscan acceder al crédito.

Así lo explicita Parrado, quien sería partidario de hacer los cambios legales necesarios para revisar este instrumento en algunos tramos, “especialmente en el primero (0-50 UF), donde ha habido un efecto más fuerte de desbancarización”.

El que debe decidir finalmente si avanza en medidas de este tipo es el Ministerio de Hacienda, del cual depende de la Sbif. Desde la cartera, indicaron que no harían comentarios al respecto, sin clarificar si están evaluando esta posibilidad o no.

Todo esto, mientras los bancos no ven afectado su negocio en los grandes números que deben reflejarlo. Observando el panorama bancario que elabora la Sbif, a diciembre de 2015 el margen neto de interés, donde se ve reflejado el que obtienen en negocio crediticio, siguió creciendo tras la publicación de la TMC.

Según la Sbif, a diciembre de 2013 el margen neto llegó a 4,8 billones de pesos, subió a 6,09 billones un año después y alcanzó los 6,15 billones a diciembre de 2015. “Esa es una situación de mercado”, indican cercanos al regulador.

Y es que, si bien la banca en algunos años ha visto desmejoras en sus ganancias, parte importante de aquello no ha estado en los márgenes de interés que pueden cobrar, sino más bien en el nivel de provisiones que han ido elevando preventivamente en el período, sobre todo por el enfriamiento de la economía, además de menores desempeños en operaciones financieras y efectos no operacionales propios de su negocio.

La decisión puede ser determinante para el futuro de la actual regulación de las tasas de interés, pues la ley que se aprobó con Piñera no solo afecta la tasa máxima sino también, consecuentemente, redujo los intereses efectivos cobrados en las instituciones proveedoras de crédito.

De hecho, según el informe de la superintendencia, los créditos de consumo en el segmento de hasta 200 UF tuvieron una caída de 4 puntos porcentuales, mientras en el mismo rango, pero en tarjetas de crédito y líneas, la baja fue del doble. Y es que la TMC –que descendió dos dígitos en todos los segmentos en el periodo– solo fija el techo del interés y, en general, es cobrado en un grupo menor de casos, sobre todo a morosos.

Sin embargo, estos ajustes en los precios del crédito acortaron la brecha con el costo de fondeo del banco. El informe señala, en efecto, que solamente restaría un margen mayor que sacrificar para los proveedores de crédito en el caso del créditos de consumo en cuotas, pero quedaría muy poco en tarjetas y líneas, donde cayó más la tasa efectiva.

El origen de la idea planteada por la Sbif estriba en los alegatos de la banca y el retail cuando se discutió el proyecto, entre 2011 y 2013, momento en que adquirió protagonismo el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, quien apoyaba la idea de bajarla, en tensión con el titular de Hacienda, Felipe Larraín.

A juicio de los privados, rebajar la TMC provocaría que entre 500 mil y 1 millón de personas fueran expulsadas del sistema financiero, que no estaría dispuesto a prestarles a tasas tan bajas.

En términos simples, el estudio del Sbif –entidad técnicamente respetada en el mundo financiero– indica que, en el extremo, entre 150 mil y 220 mil personas habrían efectivamente dejado el mercado formal del crédito desde 2013 a la fecha.

Aunque la cifra dista dramáticamente de los números previstos por la industria, para la autoridad es necesario tener una arma regulatoria que permita intervenir los segmentos de crédito y posibilite mayores tasas allí donde se note una caída de deudores relevante.

Pese a ello, el propio estudio señala que “los análisis econométricos desarrollados en este informe indican que el cambio legal no habría tenido un efecto negativo sobre la evaluación de los flujos de ningún tipo de crédito”.

De hecho, el número de deudores que gana hasta 24 UF (600 mil pesos aproximadamente) siguió creciendo en el periodo y solo se vio un ajuste en el rango de hasta 1,2 millón de pesos de ingreso.

Sin embargo, no existen dudas en la autoridad de que hay urgencia por tener la atribución legal de regular algunos segmentos, en especial el que accede a créditos bajo UF 50.

En efecto, esta semana Parrado concurrirá a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado a presentar este informe, incluyendo sus recomendaciones de cambios legales, entre los que se cuenta la subsegmentación de rangos de crédito afecto a regulación de la TMC.

Así lo dispone la ley, que estableció que cada año, desde 2013, la Sbif debe presentar un informe que analice la implementación de la normativa. Hasta ahora los bancos –refieren cercanos la superintendencia– no han requerido audiencia para analizar las cifras ni recomendaciones. Eso sí, la banca insiste en que la cifra de desbancarizados es mucho mayor, ante lo cual desde la autoridad les han refutado sus números.

“Hay que hacerse cargo de la situación. Uno podría decir que se puede hacer más educación financiera para que baje la deuda, que los bancos hagan credit scoring más fino y no metan a todo el mundo en la misma bolsa, o que no registren solo por ingresos sino pagos de cuentas, etc., pero es un hecho que la gente está saliendo o la están sacando simplemente porque las tasas a las que pueden acceder no permiten que se les otorgue crédito”, advierten desde el Gobierno, explicando el escenario actual.