Desde el 29 de agosto ningún extremeño puede solicitar la renta básica. El Decreto-Ley aprobado por el Gobierno extremeño ese día cerraba la ventanilla, al menos hasta finales de 2014, pero tenía que ser ratificado por el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde el PP de José Antonio Monago no tiene la mayoría absoluta. El martes 9, una delegación del Campamento Dignidad, impulsor de la Renta Básica en la comunidad autónoma, se reunió con Izquierda Unida para asegurarse que el eventual socio de Gobierno de Monago rechazaba el decreto contra la renta básica, y de la reunión salía el compromiso de que la coalición que dirige Pedro Escobar votaría en contra del decreto y de su tramitación como ley. Sin embargo, la mañana del 11 de septiembre, dos de los tres diputados de IU en la asamblea, el propio Escobar y Alejandro Nogales, han dado su voto a la tramitación como proyecto de ley del decreto, con lo cual el plan para suspender de facto la renta básica pasa adelante y solo será posible hacer enmiendas parciales al texto lanzado el 29 de agosto.

Desde los Campamentos Dignidad, Manuel Cañada explica a Diagonal que son los primeros sorprendidos, y que no saben "a cambio de qué" se ha producido el cambio de rumbo de Izquierda Unida. Cañada remite a las críticas al decretazo que hizo el propio Escobar que dijo que la coalición no daría su voto para que se "inutilizase" la ley. Hoy sin embargo, Escobar ha dicho que el PP se merecía el "no" y la "bofetada" pero que se vota a favor para discutir la nueva ley, informa el Periódico de Extremadura.

Cañada critica que los dirigentes de IU están "encadenados a la estrategia parlamentaria" y recuerda que desde los Campamentos Dignidad ya se han denunciado las zancadillas en el largo proceso de dos años hasta llegar a este punto. La ley, dice, ha sido incompleta desde el comienzo, pero ahora la Junta ha decidido tomar una decisión de "huida hacia adelante" que puede incurrir en prevaricación administrativa, apunta, como es la de archivar hasta 14.000 solicitudes de renta tras un silencio administrativo de un año desde la aprobación del decreto, que puso en marcha esta renta mínima de inserción. De las 22.000 solicitudes sólo 8.000 han sido contestadas, y sólo 2.000 personas han percibido la renta, esto es, menos del 10% de los solicitantes. Es revelador, indica Cañada, que los propios presupuestos de la Comunidad solo contemplen el pago de 5.900 solicitudes, lo que deja en un limbo las peticiones de miles de personas sin ingresos y en situación de necesidad.

Mientras, la movilización de los Campamentos Dignidad no se detiene, y ya están previstas nuevas asambleas y marchas, la más próxima el 3 de octubre. Al margen del trabajo por el reconocimiento de esta renta de mínimos, desde el campamento subrayan que se seguirá peleando por los derechos sociales, participando en la campaña de recogida y reparto de libros de texto y manteniendo vivas otras campañas como la del acceso al agua de aquellas familias con amenazas de corte de suministros.