En el caso de que finalmente Pedro Sánchez consiga los apoyos suficientes para conformar un Ejecutivo más o menos estable junto a Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno no tendrá un camino de rosas por delante. Las Cortes más diversas de la historia de la democracia española hacen prever un cúmulo de intereses encontrados en el grupo de partidos que presten su fuerza a Moncloa. Cada uno tratará de tensar al máximo la cuerda que lo vincula con el Ejecutivo con el fin de sacar el máximo rédito político a su préstamo temporal de escaños. Este complejo tetris se unirá a la obligación de confrontar con la oposición que siempre tiene el Gobierno y que en esta legislatura volverá a liderar el PP, ahora más fuerte tras la caída de Ciudadanos.

Sin embargo, no serán estos dos hándicaps los únicos a los que tendrán que enfrentarse Sánchez, Iglesias y quienes acompañen a los dos dirigentes en el viaje gubernamental. Un nuevo elemento formará parte del tablero parlamentario por primera vez. Los 52 diputados de Vox ejercerán un contrapeso hasta ahora inexistente en las Cortes, con Sánchez como enemigo principal. Así lo hizo ver el propio presidente del partido, Santiago Abascal, durante el mitin con más público celebrado por la formación, el denominado Vistalegre II, que tuvo lugar el pasado octubre en la plaza de toros cubierta madrileña. El líder de Vox arremetió contra el PSOE durante la mayor parte de su intervención y llegó a calificar de "criminal" la historia del PSOE.

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No ha sido la única vez que los de Abascal han apuntado directamente a los socialistas, ni mucho menos. Estos últimos han sido la diana de sus dardos verbales durante la práctica totalidad de los actos de campaña protagonizados por los diferentes dirigentes de Vox. Hasta el debate televisivo, al que por primera vez acudía Abascal en una campaña electoral, estuvo plagado de ataques contra el PSOE, en general, y Sánchez, en particular. Este último trató entonces de evitar la confrontación con el entonces cabeza de lista de Vox, estrategia que no podrá repetir, sin embargo, tras la composición de la nueva Cámara Baja.

Cuando comience la legislatura, los de Abascal se situarán como el único partido que ponga sobre la mesa temas o enfoques sobre asuntos de actualidad que hasta el momento no habían formado parte del debate político, lo que obligará a Sánchez a tener que argumentar también en este otro frente abierto. Además de las reclamaciones nacionalistas, de las que haga Podemos o de las críticas del PP, Sánchez también deberá estar preparado para afrontar debates como la eficacia o no eficacia de la Ley de Violencia de Género para reducir el número de víctimas, las subvenciones a organizaciones relacionadas con esto último, las políticas de inmigración, la defensa de la vida del no nacido desde su concepción, la apuesta por la cadena perpetua como medida más dura contra maltratadores y violadores, la derogación de la Ley de Memoria Histórica o la consideración de los comités de defensa de la república como organización terrorista.

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El hecho de que el partido sea tercera fuerza en el Parlamento le permitirá introducir en el debate estos asuntos con mucha facilidad, ya sea a través de la presentación de más preguntas en la sesión de control al Gobierno o mediante su presencia en la Mesa del Congreso. Además, supondrá una barrera —"muro de contención", como los propios dirigentes del partido lo han denominado— ante asuntos que conlleven, por ejemplo, una reforma constitucional. Los 52 diputados tendrán capacidad para interponer un recurso de inconstitucionalidad e incluso para forzar un referéndum en caso de que alguna formación tenga la intención de tocar algún artículo de la Carta Magna.

El pasado 27 de noviembre, por ejemplo, Vox impidió que el Congreso de los Diputados llevara a cabo una declaración institucional contra la violencia de género. Se negó a apoyar un texto impulsado por el PSOE que, sin embargo, contaba con el respaldo del resto de partidos, como dijo la portavoz de Igualdad de los socialistas, Laura Berja. Vox, que ni siquiera contaba aún con la fuerza de sus actuales 52 diputados, sino con los 24 que salieron de las urnas del 28 de abril, evitó de este modo la unanimidad y que la Cámara hablara con voz única.

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El partido logró de este modo resaltar su postura contraria a una cuestión hasta el momento no discutida, al tiempo que mostraba su condición de partido 'antisistema', que se sitúa al margen del consenso y que introduce en el debate político asuntos que no comparte ninguna de las fuerzas políticas que componen la Cámara Baja. La línea de actuación, además, seguirá esta guía en los próximos meses y en todas las instituciones donde el partido pinte algo. No en vano, tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid, los de Abascal se negaron igualmente a respaldar una declaración institucional sobre violencia de género pocos días antes del episodio de la Cámara Baja, donde Vox también bloqueó otra iniciativa similar sobre protección de derechos de la infancia que el PSOE pretendía que se leyera tras la Diputación Permanente.

Vox no tiene de momento aliados en el resto de fuerzas políticas para sacar adelante sus posiciones, por lo que seguirá ejerciendo su papel en solitario cuando el nuevo Parlamento refleje la mayor representación que le concedieron las urnas el pasado 10 de noviembre. Los vetos a declaraciones institucionales previsiblemente seguirán, aunque no serán la única vía de expresión que tendrá la formación, ya que sus 52 diputados le permiten llevar a cabo algunas de las iniciativas mencionadas y, en definitiva, hacer más ruido en una Cámara muy atomizada, pero donde las reglas del juego no conceden el mismo valor a los grupos pequeños que a los grandes.