15 de Agosto de 2017

Mexicanos y brasileños siempre estamos peleando por ver quién es líder en América Latina. Nosotros los aventajamos en muchas cosas; ellos, en otras. La economía mexicana, por ejemplo, es superior a la brasileña por muchas razones. Pero en algo nos aventajan los sudamericanos, y por mucho: en el combate a la corrupción. Francamente, me dan envidia. En este rubro van mucho más adelantados que nosotros.

En un artículo de octubre de 2015 en Nexos, Rafael Barceló y Bárbara Magaña mencionan los factores que han permitido que la justicia brasileña combata la corrupción de ese país (igual de endémica y generalizada que la mexicana) de manera eficaz: “un marco constitucional que garantizó una gran pluralidad política en el país; la independencia y autonomía funcional tanto del Poder Judicial, como de otras autoridades de procuración de justicia (Ministerio Público Federal y Policía Federal), frente al poder político y los factores reales de poder; así como el uso estratégico de figuras legales como la llamada ‘delación premiada’ y haber enfocado los inicios de la investigación persiguiendo y encarcelando a los presuntos corruptores, no sólo a los políticos presuntamente corrompidos”.

En México tenemos pluralidad política e independencia del Poder Judicial. Pronto tendremos autonomía del Ministerio Público y su policía investigadora. Apenas vamos haciendo nuestros pininos en investigaciones de corruptores y corrompidos. Lo que definitivamente no tenemos es la “delación premiada”.

Esta figura consiste en un acuerdo entre el fiscal y el presunto criminal. El primero le ofrece al segundo reducirle su pena, incluso suspendérsela, a cambio de que confiese o presente información relevante del caso en cuestión. Típicamente se usa para que los “peces chicos” involucren a los “grandes” en la comisión de un delito. Se trata de un magnífico instrumento al servicio de la justicia, sobre todo en la persecución de intrincadas redes de delincuencia organizada y corrupción gubernamental.

En Brasil, los fiscales la han utilizado para procesar a políticos y empresarios del más alto nivel. Gracias a la delación premiada, todos tienen incentivos para declarar en contra de los demás. Los que llegan primero son los más beneficiados. Muchos corren a despepitar, lo cual produce información y pruebas valiosas para armar el caso judicial.

Esta semana nos enteramos cómo Odebrecht presuntamente sobornó a Emilio Lozoya para conseguir contratos de obra pública en México. Tres testigos del más alto nivel de la constructora brasileña (Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva) relataron al fiscal, a cambio de una reducción de sus penas, cómo contactaron a Lozoya desde la campaña de Peña, las instrucciones que les dio para depositar dinero y las transacciones que se llevaron a cabo. Los detalles pueden leerse en el reportaje de Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic, quienes tuvieron acceso a la investigación de la fiscalía brasileña. Ahí están todos los detalles —pelos y señas— de cómo Odebrecht sobornó al que sería director de Pemex.

En México, por desgracia, cuando se discutió el Sistema Nacional Anticorrupción, los legisladores se rehusaron a aprobar la delación premiada. No hay que ser un genio para entender por qué. Como lo demuestra el caso brasileño, una fiscalía autónoma anticorrupción con esta herramienta se convierte ipso-facto en una poderosa institución con capacidad de perseguir a los corruptos. En Brasil, decenas de funcionarios públicos y privados han desembuchado con tal de pasar menos tiempo en la cárcel. Aquí ocurriría lo mismo. Los subordinados delatarían a sus jefes. No con mentiras, porque los fiscales sólo aceptan confesiones con pruebas contundentes.

Simplemente, imaginemos lo que podría pasar (los siguientes escenarios son ficticios; no menciono nombres reales para que el lector use su imaginación). Un gobernador corrupto, por ejemplo, podría negociar que le bajaran años de cárcel a cambio de dar pruebas de cómo mandó dinero de manera ilegal a una campaña presidencial. Un secretario de Estado podría delatar la manera en que un empresario ganó la licitación de una carretera que luego sucumbió. Un director de Pemex podría confesar la red de pagos ilegales a otros funcionarios públicos del más alto nivel por parte de los contratistas de la empresa. Pero, claro, como estas cosas no suceden en México, pues es mejor que no haya “delación premiada”. O si ocurren, pues eso explicaría por qué nuestros políticos se rehúsan a aprobarla. ¿Cuál de las dos será?

Twitter: @leozuckermann

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