No pasó una semana desde que el Gobierno logró levantar el último gran cepo que limitaba la capacidad de generación de riqueza y por tanto de inversión y de empleos netos, antes habían sido el cepo cambiario, con sus derivados sobre las importaciones y el mercado inmobiliario, entre otros, y las retenciones, que rápidamente un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo se alinearon en busca de imponer un nuevo cepo.

Ahora es el turno de ponérselo al mercado de trabajo, para que las empresas que consideren que acumularon un exceso de personal tras cuatro años de estancamiento de la actividad y derrumbe de las exportaciones a Brasil, y no perciban una recuperación inmediata no puedan achicar la nómina.

Así se desprende de los objetivos planteados en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.

El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.

Está claro que frente a la posibilidad de un cepo al mercado de trabajo las decisiones de reducción de la nómina de personal que estaban en el plano del análisis de los costos y beneficios de desprenderse de un empleado en el que se invirtió en capacitación y conocimiento de la empresa, y el pago de las indemnizaciones normales, más las vacaciones y el aguinaldo trabajado proporcional, aceleren el trámite.

“Si a mí me están sobrando empleados y soy una gran empresa, despido hoy”, dijo la líder de la Coalición Cívica y diputada aliada a Cambiemos, Lilita Carrió, al advertir la reacción que podrían tener los privados mientras avanza la iniciativa en el Congreso. Y agregó: “Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando”. Para la diputada, la mejor medida sería “bajarle los aportes patronales a las Pymes”, aunque, “Ley pareja, Ley rigurosa, sería recomendable un cambio de carácter universal, sin discriminaciones.

La experiencia local y la ausencia de ese tipo de legislación de cepo laboral en la mayor parte del planeta, aún en los momentos de crisis severas, demuestran con singular contundencia que, como en los casos de otros cepos en la economía y en la sociedad, que atentan contra las libertades individuales y societarias, que la imposición de un traba y penalización para quien despida personal sólo derivarán en más perjuicios que beneficios sobre quienes se quieren proteger, porque asegurará la veda a la generación de empleos para más de tres millones de personas que por efecto desaliento, ante la falta de oportunidades, forman parte de una creciente legión que en los últimos años las estadísticas oficiales no incluían como parte de los trabajadores, porque habían desistido de buscar un puesto rentado formal.

El vaso menos lleno

A esa situación se vuelve a llegar, como ya ocurrió a mediados de los 70, y se repitió 30 años después, y ahora se intentará otra vez, porque hábilmente los sindicatos difundieron a la prensa sus denuncias de despidos y suspensiones en los últimos meses, como lo han hecho siempre, e instalaron la cifra de la destrucción de más de 127.000 empleos en tres meses.

Sin embargo, tanto en el pasado como ahora, nunca los sindicatos se han ocupado de difundir con similar precisión y por rama de actividad la nómina de las incorporaciones de trabajadores a un puesto rentado, y menos aún independiente, sea en empresas exitentes o nuevas y en micro emprendimientos.

Al respecto, cabe notar que en un reciente análisis retrospectivo la consultora IDESA concluyó que en los últimos 12 años la economía destruyó 8 millones de empleos, sobre un total actual de 18 millones, pero, en contrapartida, generó 10 millones de puestos.

De ahí surgió no sólo que en ese período la estadística oficial de la Encuesta Permanente de Hogares acusó un aumento neto del empleo en 2 millones de personas, con un promedio equivalente anual inferior a 170 mil, esto inferior al 1% de la fuerza laboral activa, sino que la destrucción de puestos representó el 80% de los nuevos empleos, esto es el saldo fue expansivo, y se explica por la natural rotación de ocupaciones y pasos de la actividad asalariada a una independiente y también a la inversa.

En este punto, cabe destacar que los trabajadores autónomos representan casi un cuarto del total, y de su dinámica pocas veces se la menciona, salvo para englobarla como una actividad precaria, pese a que involucra a millones de profesionales y personas que lo eligieron como opción de vida.

Por tanto, pretender tomar una medida que garantizará la destrucción anticipada de empleos en los sectores afectados por una crisis coyuntural derivada de los vicios que se intentan enmendar en la rama de la construcción, en particular la abocada a la obra pública, más el efecto del fenómeno climático que restó días hábiles de actividad; o el receso de las exportaciones de automotores, autopartes y también de productos siderúrgicos y textiles a Brasil, basada en una denuncia parcial de los sindicatos, sólo contribuirá a demorar aún más la esperada ola de inversiones que prometería una economía sin cepo cambiario, sin cepo al pago de parte de la deuda externa y con tipo de cambio y cuadros tarifarios sin anclajes y con menor brecha entre las provincias.