La tramitación del tratado de libre entre la Unión Europea y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) ya ha comenzado y Unidos Podemos ha tomado la determinación de utilizar "todos los recursos posibles" para impedir su aprobación en las Cortes. Sus primeras iniciativas en este sentido se han encontrado con el rechazo de la Mesa del Congreso, donde PP, PSOE y Ciudadanos han dado vía libre al acuerdo por el que ya votaron a favor en el Parlamento Europeo en febrero de este mismo año.

La Eurocámara da luz verde al CETA, el tratado de libre comercio entre Europa y Canadá

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El CETA fue remitido por el Gobierno al Congreso en marzo. Los dos representantes de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, pidieron a la Mesa que se planteara una cuestión de constitucionalidad, una herramienta que recoge la propia Carta Magna expresamente para los tratados internacionales en su artículo 95.

El órgano que preside Ana Pastor optó el 4 de abril por calificar el tratado y admitirlo a trámite, ignorando la petición de Unidos Podemos. A cambio, ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que determinen si el CETA se ajusta o no a la Constitución española.

Unidos Podemos también ha pedido un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que es preceptivo para la aplicación del tratado internacional lo que, en opinión del grupo confederal, lamina la seguridad jurídica de la institución donde reside la soberanía nacional. El informe del CGPJ debería haberlo pedido el Gobierno.

"Queremos que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie antes de que ese tratado se apruebe, si es que se aprueba en este Parlamento, sobre si afecta o no a los derechos constitucionales de los españoles", asegura la portavoz del grupo, Irene Montero.

El CETA, por tanto, ha iniciado el proceso necesario para su aprobación sin que dos prerrogativas previas se hayan cumplido. El tratado se encuentra ahora en la Comisión de Asuntos Exteriores.

El próximo viernes se cerraba el plazo para que los grupos presenten enmiendas al texto. Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha presentado una a la totalidad, lo que obligará a debatirla en el Pleno, un trámite al que la Junta de Portavoces debe poner fecha. Y esto no podrá ocurrir mientras no se resuelve la demanda del grupo confederal de que se tramite el recurso previo de constitucionalidad y se solicite al CGPJ el preceptivo informe.

"Mamporreros del Gobierno"

El enfado en Unidos Podemos es mayúsculo. Fuentes de la dirección califican al PSOE y a Ciudadanos de "mamporreros del Gobierno" y les acusan de no ejercer la labor de oposición que les corresponde.

"Vamos a pelear este tema", señalan las mismas fuentes, que denuncian que la Mesa del Congreso está "entrando al fondo" de las cuestiones, algo que corresponde a la Junta de Portavoces, cuando su labor es la de ocuparse de lo formal y tramitar, o no, en función de las normas que se deben cumplir.

En su opinión la Mesa se ha extralimitado al admitir la tramitación del CETA cuando no se ha resuelto si el tratado cumple o no con la Constitución española. "El PP no se tuvo ni que despeinar, el trabajo sucio lo hicieron PSOE y Ciudadanos".

La reunión de la Mesa del Congreso del 28 de abril significó para Unidos Podemos un punto de inflexión en su relación con los demás grupos. "Fue escandaloso. Nos vetaron el 99% de lo que propusimos", apuntan desde el grupo.

La reunión de la Mesa llegó al día siguiente de que Pablo Iglesias anunciara la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El grupo confederal denuncia que ese es el motivo por el que fueron vetadas todas sus iniciativas: el Pleno extraordinario para que comparecieran Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Catalá o José Ignacio Zoido; una comisión de investigación sobre el accidente del Alvia en Santiago.

El ICS y la protección a los inversores

El tratado elimina los aranceles aduaneros de los productos que intercambien la UE y Canadá. La mayoría desaparecerán tan pronto como el tratado entre en vigor y otros lo harán de forma paulatina en tres, cinco y siete años. Además, permitirá que empresas de ambos lados del Atlántico compitan en determinados concursos públicos y también afronta la liberación de algunos servicios.

Pero la parte más criticada en Europa es la relativa a la falta de democracia en la resolución de conflictos entre empresas y estados.

El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los países y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.