FACUA Andalucía denuncia que la Junta de Andalucía esté tratando de cerrar en falso un fraude millonario de Endesa, que subió la potencia contratada a cientos de miles de clientes aprovechando un cambio en la tensión nominal en la red de distribución al que le obligaba el Gobierno. Con esta modificación al alza en la potencia contratada, la compañía incrementó automáticamente lo que cobraba por el término fijo en la factura de la luz de forma generalizada en Andalucía.

Según publica este lunes El Confidencial, Santiago Ochoa Fernández, el funcionario de la Junta que tramitaba el expediente sancionador a la empresa, ha sido acosado al punto de tener que renunciar a su trabajo por las presiones recibidas por parte de sus dos superiores: María José Asensio Coto, directora general de Industria, Energía y Minas, y María Isabel González Cuenca, jefa de servicio de Energía de la Dirección General.

Ochoa, con más de 15 años de experiencia en la Administración, era el instructor del expediente a Endesa. En su carta de renuncia, fechada el 19 de enero, indica que la Junta ha tratado de beneficiar a la multinacional eléctrica en este expediente, que ha tardado en tramitarse siete meses, cuando otros "se completan hasta cinco en un día, y en el que como instructor he tenido que construir una Propuesta de Resolución de 71 páginas con muy pocos datos". El instructor añade: "Con este proceder se ha beneficiado ilegalmente a la mercantil objeto del expediente sancionador al proponer sólo una infracción leve por importe de 600.000 euros y poder ahorrarle, en su caso, una infracción grave añadida de seis millones de euros".

Tras la dimisión y denuncia de obstrucción de este instructor el 19 de enero, no es hasta un mes después, el 15 de febrero, cuando se nombra otro instructor, Emilio Jorge Bolívar Raya, quien, el 31 de marzo, fecha en la que se cumplía el plazo máximo de nueve meses para resolver, declaró el expediente caducado.

Ante la gravedad de lo sucedido, FACUA Andalucía ha dirigido una carta a los grupos parlamentarios andaluces para que demanden explicaciones al Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno e inicien las investigaciones necesarias para aclarar lo sucedido y tomar las medidas que se deriven de las conclusiones obtenidas.

Fraude en el cambio de tensión

Este fraude masivo de Endesa tiene su origen en un cambio de tensión que se dio en toda la red. Este cambio se produjo en 2003 (un año después de la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en el BOE, en 2002), pero no fue hasta 2006 cuando se publicó la tabla oficial de potencias normalizadas para todos los suministros de baja tensión –es decir, domésticos- (Resolución de 8 de septiembre de 2006). Es en ese momento cuando quedó fijado por ley qué potencia contratada se correspondía con cada tensión. Esto obligaba a las compañías eléctricas distribuidoras a revisar al alza la potencia contratada de sus clientes. Sin embargo, la ley prohibía expresamente que este aumento se repercutiese a los consumidores y para evitarlo el Gobierno ofreció a las eléctricas un coeficiente corrector que evitaba el incremento en la factura de la luz.

Sin embargo, Endesa no lo aplicó, y por lo tanto, a cientos de miles de usuarios se les modificó la potencia contratada y desde entonces han venido pagando más cara la electricidad en sus hogares.

FACUA Andalucía considera escandaloso que la Dirección General de Industria, Energía y Minas no haya investigado si Endesa comenzó a subir las potencias de los clientes en 2003 y que sólo conozca el número total de afectados por los datos que le ha facilitado la propia compañía, que los cifra en torno a los 400.000. El Sistema de Información de Puntos de Suministro en baja tensión de Endesa en Andalucía cuenta con 4,63 millones de puntos de suministros, pero la Junta no los ha analizado todos. En el informe técnico elaborado en el procedimiento sancionador consta que sólo se han estudiado 464.126 puntos, apenas un 10% del sistema de baja tensión que Endesa tiene en Andalucía.

La Federación critica que Industria no haya aclarado públicamente cuál es el perfil de los usuarios afectados por este nuevo abuso de Endesa en Andalucía, dado que el perfil indicado en la Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado mes de octubre es confuso y claramente insuficiente. Además, tampoco ha comprobado si la cifra real es la indicada por la compañía o hay más afectados. Todos los usuarios que tuviesen contratada la electricidad con Endesa Distribución antes de 2003, no hayan solicitado un cambio en la potencia contratada y sin embargo se les haya hecho sin que se les haya aplicado el coeficiente corrector en la factura, pueden estar afectados por este fraude de Endesa.

La Junta no investigó hasta 2011

FACUA Andalucía considera injustificable que Industria no investigase la situación hasta 2009, después de que lo denunciara un particular, Antonio Moreno Alfaro, y que no haya tomado ninguna decisión hasta 2015, a pesar de que abrió expediente informativo en 2011. Tampoco se ha tratado la cuestión en el Órgano Regional de Mediación Sectorial del Servicio Eléctrico, órgano conjunto de intermediación en el que participan los representantes de los consumidores, las empresas y la administración, critica FACUA Andalucía.

A petición de FACUA Andalucía se había incluido esta cuestión en el orden del día de la reunión de este órgano prevista para el 2 de junio que, finalmente, ha sido cancelada ante los problemas de agenda de algunos de sus participantes para poder acudir.

Asimismo, la Federación denuncia que la Junta de Andalucía no haya dado difusión al incumplimiento de Endesa. Si bien Industria concluye su expediente informativo en marzo de 2015, la Resolución correspondiente (de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, relativa a la discrepancia iniciada de oficio por cambio unilateral por Endesa Distribución Eléctrica del término de potencia de forma generalizada a suministros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía) no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta octubre.

Además, la Junta ha ocultado deliberadamente la cuestión a los representantes de los consumidores y a Consumo, que participan en el Órgano sectorial correspondiente, además de Industria y Endesa.

La Administración andaluza ha dificultado que los consumidores ejerzan su derecho a conocer las diligencias que se estaban llevando a cabo en relación con la irregularidad cometida por la empresa, que le ha producido notables beneficios económicos a costa de los usuarios, valora FACUA Andalucía.

La Federación considera escandalosa la actuación de la Junta ante las irregularidades de Endesa. No sólo por cerrar en falso el expediente sancionador, sino también por la falta de compensación a la totalidad de los usuarios afectados.

La empresa ha devuelto el dinero cobrado de más sólo a los usuarios afectados de acuerdo a sus propios cálculos y sólo a aquellos que en 2015 eran sus clientes, pero podría haber muchos más afectados. Lo ha hecho a través de las comercializadoras, que calculan en una media de 50 euros por cliente. Sin embargo, Industria no ha obligado a Endesa a que informe de manera suficientemente clara a los usuarios afectados en sus facturas los cálculos que ha realizado para devolverles el dinero cobrado de más, ni en concepto de qué se realiza dicha devolución. Sí les ha especificado cómo deben calcular las cantidades a devolver, aunque la empresa no lo detalla en la notificación a los usuarios.

FACUA Andalucía critica que en esta devolución queden excluidos los clientes de Endesa que se hayan dado de baja a partir de 2003 y que pudieron sufrir la subida irregular por el aumento de potencia durante un tiempo pero cambiasen de contrato o compañía con posterioridad. La Federación recuerda que todos los consumidores que hayan sufrido este abuso tienen derecho a reclamar las cantidades cobradas de más y exige a Industria que establezca un protocolo que permita comprobar el número real de afectados y su compensación, sean o no clientes actuales de Endesa.