El fiscal Alberto Nisman recibió sepultura el jueves pasado en el sector del cementerio de La Tablada que la comunidad judía destina a sus héroes y mártires. Sus restos descansan entre los caídos en defensa de Israel y los muertos en el ataque terrorista contra la AMIA, que él investigaba. Esa distinción es una toma de posición. A Nisman se le despidió como se despide a la víctima de un crimen político.

La presunción de que Nisman fue asesinado, o de que alguien le indujo a matarse, es casi la única certeza disponible hoy en la Argentina. Todo lo demás es duda y pesadumbre. Nadie sabe qué pasó. Y pocos creen que alguna vez se vaya a saber. Con sus instituciones cubiertas por un manto de sospecha, la sociedad se desliza en el abismo de la anomia, donde la línea que separa lo verdadero de lo falso se vuelve cada día más borrosa. La propia desaparición de Nisman es una metáfora macabra de esa degradación. El atentado que él investigaba, que segó 85 vidas, no ha sido dilucidado 20 años después de haberse cometido. Nisman denunció a Cristina Kirchner por haber pactado con Irán la impunidad de los culpables. Cuatro días después de haberlo hecho fue encontrado en su casa con un balazo en la sien. Una de las consecuencias de ese desenlace es que el fiscal no alcanzó a exponer las pruebas de su acusación ante el Congreso, como tenía previsto hacer la mañana siguiente. Su cuerpo sin vida se incorpora como una incógnita más al tristísimo enigma de la AMIA.

Una parte mayoritaria de la opinión pública sospecha que Nisman pagó con la vida su denuncia. Ve al Gobierno detrás de su desaparición. La presidenta, en cambio, culpa al espía Antonio Stiuso, Jaime, el jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia (SI) a quien ella desplazó el 24 de diciembre. Stiuso era el responsable de la investigación de Nisman y ejercía una poderosísima influencia sobre él. La señora de Kirchner dice que no tiene pruebas pero que tampoco tiene dudas: Stiuso organizó la muerte de Nisman o le llevó a una situación desesperante que provocó el suicidio. Más aún, Cristina Kirchner cree que la acusación que le dirigió el fiscal, plagada de debilidades, fue concebida para responsabilizarle luego con la muerte.

Sostiene esa presunción en algunas incógnitas que la justicia no ha despejado. ¿Quién es Diego Lagomarsino, el asistente informático que entregó a Nisman el arma con la que horas después apareció muerto? ¿Por qué Nisman había licenciado aquel día a sus custodios? ¿Es verdad que, según afirmó Lagomarsino, desconfiaba de ellos? ¿Fue Stiuso quien le aconsejó que sospechara para que quedara desamparado? ¿Por qué ese espía, que había suministrado la información en la que Nisman basaba su acusación, dejó de atenderle el teléfono y los llamados por Skype 48 horas antes de la presentación ante el Congreso?

Nadie sabe qué pasó con el fiscal muerto. Y pocos creen que alguna vez se vaya a saber

Donde otros ven casualidades o datos inconexos, la presidenta ve un complot. Ella no piensa que la denuncia fue la causa de la muerte. Está convencida de que fue al revés: una vez que se decidió la muerte, se forzó la denuncia. Habría sido la forma que el espía despedido ideó para vengarse. Si fuera así, ¿qué intereses pestilentes se disputan en las profundidades del Estado para que los conflictos políticos se resuelvan con la sangre?

Sobre el estupor que provocan estas hipótesis siniestras, la presidenta anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia y su reemplazo por una Agencia Federal de Inteligencia. Alega que esa reforma era una deuda que la democracia tenía consigo misma. Esa presentación de la iniciativa pone al país frente a una exhibición extraordinaria de cinismo.

Cristina Kirchner habla de la SI como si fuera un cuerpo extraño. En realidad, ha sido un engranaje principal de su ingeniería de poder. La SI estuvo conducida desde 2003 por Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, que integran su círculo íntimo. Néstor Kirchner quedó fascinado cuando descubrió ese juguete. A la hora de la siesta, solía pedir que le leyeran las transcripciones de conversaciones telefónicas de políticos y empresarios para conciliar el sueño.

Desde la SI el kirchnerismo infiltró a organizaciones sociales que protestaban en su contra. Fraguó cuentas bancarias en Suiza para adjudicárselas a candidatos de la oposición. Durante la campaña electoral del año 2009, Kirchner leía en conferencias de prensa los correos electrónicos privados de su competidor Francisco de Narváez, a quien intentaron involucrar en una causa por narcotráfico. Con el mismo procedimiento levantó contra Ernestina Herrera de Noble, la titular de Clarín, el mayor grupo de medios de comunicación del país, la falsa acusación de haberse apropiado de dos hijos de desaparecidos durante la dictadura. Del caso se encargó la jueza Sandra Arroyo Salgado, la exesposa de Nisman. Desde la SI se financian medios de comunicación abocados a la propaganda kirchnerista y a presentar como noticias esas patrañas judiciales. Néstor y Cristina Kirchner se sirvieron del espionaje para extorsionar a jueces y fiscales, con el doble propósito de conseguir impunidad para la corrupción y de penalizar a quienes identificaban como sus enemigos. Los mismos espías se vincularon con bufetes de abogados para ofrecer a sus perseguidos algún alivio en el proceso que ellos controlaban. La vejación también es un negocio.

¿Qué pestilencias hay en lo profundo del Estado para que los conflictos políticos se resuelvan con la sangre?

En la Argentina de los Kirchner la SI ha sido el verdadero Ministerio de Justicia. La agencia estuvo bajo el dominio de Stiuso, que inició su carrera en 1972. Icazuriaga y Larcher, designados para dirigirle, terminaron subordinándose a ese espía, a tal punto que prefirieron renunciar antes que pedirle la renuncia. La comisión del Congreso encargada de supervisar a los organismos de inteligencia observó estas deformaciones sin jamás formular una pregunta.

El acuerdo entre el matrimonio y Stiuso se rompió cuando la presidenta, por razones que todavía no consigue explicitar, acordó con Irán la revisión del caso AMIA. Al mismo tiempo, ella encaró una reforma judicial para someter a los tribunales prescindiendo de la SI. Los magistrados salieron de su letargo y le respondieron investigando la corrupción de su familia. La señora de Kirchner sospechó una traición de los espías. Por eso expulsó a Stiuso.

La disolución de la SI no es, entonces, una empresa de regeneración institucional. Es la señal de que se ha quebrado un pacto mafioso. La presidenta atribuye a esa ruptura el fallecimiento de Nisman. El fiscal perdió la vida atrapado por una intriga turbia, en la que cada cosa puede ser también la contraria. Cuando Cristina Kirchner denuncia que lo de Nisman fue un crimen, está formulando algo más que una acusación. Está narrando el derrumbe de su sistema de poder.

La remodelación de los servicios secretos, que es imprescindible, es también insuficiente. Algunos interrogantes. ¿Qué hará la presidenta con las atribuciones otorgadas al general César Milani, el jefe del Ejército, para tareas de espionaje que los militares tienen prohibidas por la ley? ¿Seguirá en adelante utilizando datos reservados que le suministra la oficina de inteligencia tributaria para execrar vía twitter a los jueces que la investigan? ¿Qué ocurrirá con los 70 millones de dólares que los espías consumen cada año sin la obligación de rendir cuentas? ¿A dónde fue esa plata?

La incógnita más relevante es, sin embargo, otra. Se trata de saber si Cristina Kirchner, a 11 meses de transmitir el mando a un sucesor, va a cambiar de método. La subordinación del aparato de inteligencia del Estado a los objetivos facciosos del Gobierno se sostiene en una concepción absolutista del poder que desconoce cualquier legitimidad que no sea la propia. Expresa una interpretación paranoica de la política que ve conspiraciones donde sólo hay conflictos, y que adjudica todas las contrariedades a las maquinaciones de un enemigo oculto. La muerte de Nisman puso a la presidenta frente al espejo.

Norberto Bobbio señaló que el sistema de seguridad e inteligencia es la zona del Estado que mejor ha conseguido sustraerse al proceso de control democrático iniciado en el siglo XVII. Observada desde ese ángulo, la sociedad argentina está frente al desafío de revertir un proceso involutivo. Ya convivía con el crimen mafioso. Ahora, con Nisman, presiente estar ante un crimen de Estado. Son las atávicas pulsiones de una tradición autoritaria de las que no consigue emanciparse.

Carlos Pagni es periodista.

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