Un mosso d’Esquadra en una garita de la cárcel modelo de Barcelona, el 8 de junio de 2017, último día de su presencia en esa prisión. / FERRAN SENDRA

Un Plan Estratégico de Ejecución Penal de Adultos elaborado por el Departament de Justícia de la Generalitat prevé un recorte sensible de la presencia de la policía catalana en las cárceles contratando vigilantes privados. En materia de "seguridad perimetral", el plan prevé "reducir el personal de Mossos d’Esquadra y sustituirlo por un modelo de seguridad privada, como auxiliar del cuerpo de policía de Catalunya", todo ello después de definir "un servicio mixto de colaboración público-privada contractual".

La propuesta de la privatización de las vigilancias exteriores y accesos de las cárceles, que también se aplica en las cárceles gestionadas por el Ministerio del Interior, se acompaña de una valoración sobre "si con las nuevas tecnologías vinculadas a la seguridad periférica se pueden reducir costos sin perder efectividad, y considerar las ventajas para la seguridad pública que puede suponer destinar más efectivos policiales a la seguridad ciudadana".

El plan prevé que Justícia solicite a Interior "una comparativa entre los costes del servicio por parte del cuerpo de Mossos y diversas empresas privadas". También "valorar externalidad de programas y servicios", o "investigar colaboración público-privada en programas, actividades e intervenciones de los que no son nucleares, que una contratación público privada pueda ofrecer un servicio más eficiente y sostenible".

Portada del Plan del Departament de Justícia y cuadro relativo a la sustitución de los Mossos. / EL PERIÓDICO

Pese a que estas intenciones figuran literalmente en el plan, portavoces del Departament de Justícia aseguran a EL PERIÓDICO, que no se van implementar. Lo presentan como un documento de reflexión: "Recoger información y estudiar no quiere decir hacer", dicen, y añaden que "la sustitución de los mossos no está prevista" sino solo como elemento de reflexión en el departamento.

Funcionarios contra contratas

Contra esta medida se manifiesta el coordinador del sindicato penitenciario ACAIP en Catalunya, Francesc López, que ha informado a los grupos políticos en el Parlament de esta previsión. "Nos parece inaceptable que se piense en prescindir de la necesaria objetividad del funcionario público por una contrata –protesta-. Un funcionario público se debe solo a las normas y las leyes, sin más influencia, y la empresa privada tiene otros objetivos que no son el servicio público".

El dirigente de ACAIP se opone a la sustitución de policías catalanes por guardas jurados: "La seguridad perimetral de una prisión tiene que estar en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mossos en este caso. No se puede dejar la seguridad de un recinto penitenciario en manos privadas".

Coinciden en la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública, el sindicato FEPOL, mayoritario en las policías catalanas, cuyo portavoz, el mosso Toni Castejón, se coloca "frontalmente en contra de esa idea –opina-. Eso es privatizar la seguridad. Nunca debe dejar de ser un policía el que vigile los accesos y perímetro de una cárcel".

Contratos millonarios

En las prisiones que dependen del Ministerio del Interior (todas las españolas menos las catalanas), hay vigilantes privados que trabajan en los controles de acceso y algunas áreas de seguridad perimetral.

El montante de la contrata es de 60 millones de euros por año. Cinco empresas se reparten por áreas 59 prisiones del Estado. Ombuds está en todas las de Madrid y Castilla-La Mancha; Eulen vigila las puertas de las cárceles de Canarias y Ceuta; Coviar, las de Aragón, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana; Prosetecnisa, todas las andaluzas; y una UTE liderada por Segurisa vigila en Galicia, Asturias, Castilla y León y La Rioja. Solo las cárceles de Euskadi y Navarra tienen vigilancia total de la Guardia Civil, sin seguridad privada.

La privatización del servicio de vigilancia de puertas, perímetro y accesos en las cárceles se aprobó en el 2013, después de que el Gobierno Rajoy obtuviera para ese proyecto el apoyo de CiU en el Congreso.

El PSOE se conjuró entonces contra esa privatización, y presentó una proposición no de ley para que no se renovara lo que técnicamente se llama "servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad de los centros penitenciarios", pero, como ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el 31 de mayo el gobierno Sánchez prorrogó las contratas el último día del acuerdo y hasta el 31 de diciembre. La intención de Instituciones Penitenciarias, expresada por su secretario general, Ángel Luis Ortiz, es ir rescindiendo adjudicaciones, y reponiendo a la Guardia Civil.