Diez años después de la obligación legal de instalar contadores de agua para todos los usuarios, la administración hidráulica no posee información real y actualizada de los consumos ni tampoco la ciudadanía. La orden aprobada en 2009 para el conocimiento y control de los volúmenes de agua utilizados por los distintos usuarios, no se cumple por igual desde las diferentes administraciones hidráulicas.

Las organizaciones ambientales en defensa del agua piden esta verificación para cerciorarse de que desde la Administración se está dando efectivo cumplimiento a la Directiva Marco del Agua en esta cuestión. La Comisión Europea ha pedido a España el uso generalizado de caudalímetros a fin de asegurar la medición y registro de todas las captaciones y que los permisos se adapten a los recursos disponibles.

El cambio climático está suponiendo ya en España una reducción continuada de los recursos hídricos disponibles en la práctica totalidad de las cuencas hidrográficas, a lo que hay que añadir que aumentará la frecuencia, intensidad y extensión de las sequías. Ante esta realidad es inviable pretender incrementar la disponibilidad del recurso a través de nuevas infraestructuras, por lo que la única forma sensata de afrontar el cambio climático y la intensificación de las sequías es a través de la reducción de todas las demandas (agraria, urbana, industrial y turística) y mediante un exhaustivo control del consumo. Una de las medidas imprescindibles para ello es la utilización de contadores de agua para todos los usos, incluidos los agrarios, tanto en aguas superficiales como subterráneas. Se trata además de una exigencia de la Comisión Europea y de una obligación legal de la normativa española. Pese a todo ello, la implantación y vigilancia de contadores de agua por cada explotación, particularmente en las captaciones para regadío, sigue siendo insuficiente y la información disponible para los ciudadanos acerca de esta implantación, casi inexistente.

El 27 de mayo del 2009 se publicó en el BOE la Orden ARM/1312/2009, la denominada orden de contadores, en cuyo preámbulo se decía “La gestión moderna del dominio público hidráulico, en especial del propio recurso hídrico, es inconcebible sin el conocimiento y control de los volúmenes de agua utilizados por los distintos usuarios.”, pero diez años después, esta norma de obligado cumplimiento para todas las captaciones tiene una aplicación diversa según cada administración hidráulica. En cuencas como el Ebro el control del cumplimiento de la orden de contadores está en ciernes, probablemente por el gran poder de los regantes; mientras en el Duero se llevan años inspeccionando, requiriendo, denunciando y precintando las captaciones que incumplen.

No hay duda que esta deficiente aplicación de la normativa está relacionada con unas administraciones infradotadas de personal de control que siguen limitándose a tramitar papeles y ofertar “el recurso” del agua, y siguen alejadas de los principios de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece el agua como “un patrimonio” natural y ordena la mejora de los ecosistemas acuáticos.

En el reciente Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, del 26-02-2019, sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE) en los segundos planes hidrológicos de cuenca, “se alienta particularmente a España a: hacer un mayor uso de los caudalímetros a fin de asegurarse de que se midan y registren todas las captaciones, y que los permisos se adapten a los recursos disponibles; garantizar que los usuarios informen periódicamente a las autoridades de las cuencas hidrográficas sobre los volúmenes realmente captados, sobre todo en aquellas demarcaciones hidrográficas que presentan presiones de captación significativas”. Es por ello que las organizaciones ambientales presentes en los consejos del agua de las diferentes cuencas, así como otras organizaciones de defensa de los ríos y el uso sostenible del agua solicitan a las administraciones hidráulicas información detallada respecto a la aplicación de la Orden de contadores.

Este requisito en relación con la universalización de los contadores es un primer paso ineludible pero, sin límite de continuidad, se debe corregir la extensión de las malas prácticas de los denominados “imanteros” es algo reconocido por la administración hidráulica y los propios regantes. Por otro lado, está el conflicto de competencias con las administraciones de industria, que establecen la calibración, tolerancia que afecta a la vida útil de los contadores.

Por tanto, debe exigirse complementar el seguimiento extensivo de los consumos de agua mediante el uso de imágenes de satélite. Esta tecnología permite no solo identificar la superficie y tipo de cultivo, sino que cada vez más avanza hacia el conocimiento del consumo real de agua. Otro elemento muy importante de control, de cara a la planificación hidrológica y el cálculo de recursos disponibles y atención a las demandas, es el problema de la reducción de los retornos de riego como consecuencia de la modernización de regadíos y que afecta a los usos y caudales ecológicos que los aprovechaban.

Así, las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica, que inste a las confederaciones hidrográficas a que aporte la documentación requerida, cumpliendo su deber de suministrar información ambiental actualizada y con ello realizar una gestión transparente del dominio público hidráulico.

Entidades firmantes: