Faltan dos días para la moción de censura y en la legislatura-ciénaga graniza. Caen pedrusco de hielo en medio de un tórrido final de primavera, que convierte las convocatorias al aire libre en auténticos actos de heroísmo cívico. La mochila viene muy cargada. Pero por si hacia falta, a la lucha contra los elementos -que tampoco les ha gustado a Felipe II y a Mariano Rajoy-, se han sumado algunas instituciones del estado más decididas.

El Tribunal Constitucional, casi en sus vísperas catalanas, ha anulado el decreto-ley de marzo de 2012, que aprobó la amnistía fiscal de Montoro, sin por ello cuestionar sus consecuencias. Pocos días antes, dimitía el fiscal anticorrupción Moix, -reprobado por el Congreso de los Diputados con el fiscal jefe Maza y el ministro de justicia Catalá- por mantener (legalmente) una empresa en un paraíso fiscal. Y la Audiencia Nacional rechazaba los argumentos de Rajoy para declarar por teleconferencia sobre la caja B de la financiación del Partido Popular y le conminaba a hacerlo de cuerpo presente.

Pero las cosas cuando van mal, pueden ir a peor. Se puede hundir un banco, como el Popular, en 48 horas, obligar a su expropiación estrenando los nuevos mecanismos de estabilidad financiera europeos, arruinar a sus accionistas y venderlo por un euro al Banco de Santander. Algo hace sospechar que los mecanismos de vigilancia, sobre todo los del BdE, han vuelto a no funcionar. O que se cumplan todas las profecías y, efectivamente, después de dos decretos-ley de reforma de la estiba y de marginar las negociaciones en curso entre la patronal y los sindicatos, tres días de huelga –seguida al 100%- coloquen a los puertos al borde de la ruina y el gobierno, entonces, llame a negociar, pero sin alterar su decreto-ley.

En realidad, el gobierno Rajoy esta satisfecho en medio de las inclemencias. En la Asamblea regional de Madrid ha entrenado con gran éxito como ahogar una moción de censura en el estruendo tumultuario de las intervenciones de todos los consejeros autonómicos, sin que su presidenta Cifuentes tuviera que dignarse a levantar los ojos de su teléfono móvil para mirar a la interpelante. ¿Quieren pan?, toma circo.

Hasta el punto que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no descarta subir a la tribuna el próximo martes 13 para responder en alguna ocasión al portavoz de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, cuando le hayan picado y abanderillado a conciencia sus ministros y el portavoz parlamentario del PP. Para reafirmar las esencias patrias.

Más necesarias que nunca, porque después de un sinfín de peripecias tragicómicas, por fin la Generalitat de Catalunya ha anunciado la fecha del referéndum de autodeterminación -1 de octubre 2017- y la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”.

Un “estado de derecho” un poco disfuncional

La reacción del Gobierno Rajoy, acosado por los casos de corrupción, hasta el punto de haber sido definido como “una banda para delinquir”, condenado por el Tribunal Constitucional por incumplir el ordenamiento jurídico, es exigir el cumplimiento cabal de la ley a los órganos autonómicos catalanes. Mucha legitimidad no le queda, entre otras cosas porque es minoritario y su plan B de supervivencia se apoya por el momento en el Partido Nacionalista Vasco. Y ha tenido que recurrir a Ciudadanos y al nuevo PSOE de Pedro Sánchez para pactar “no sobreactuar” (¿?) en Cataluña. Porque, efectivamente, corre el peligro de pasarse de frenada y de represión en nombre de la defensa de la Constitución de 1978. Los precedentes, desde las diversas actuaciones del Tribunal Constitucional -de mayoría conservadora, rearmado jurídicamente para la intervención inmediata- hasta la “policía patriótica” dedicada al acoso de los contrincantes políticos, no alientan nada bueno cuando se sabe científicamente que la realidad supera a la imaginación (recuérdese esa distopia, “Ocho apellidos catalanes”).

Para no “sobreactuar” los demás, reconozcamos que el respeto del estado de derecho no se evalúa bien con los parámetros de la Constitución de 1978 –que no abolió el acervo legal del franquismo, resultado del golpe de estado del 18 de julio de 1936-, sino básicamente por lo que se refiere al respeto de los derechos adquiridos. Es decir, en base al principio de la primera restauración borbónica de “para todos la ley, para el amigo el favor”. Efectivamente, 32.000 personas, de las que solo se conocen 62 nombres, se acogieron a la amnistía fiscal decretada a inspiración del ministro de Hacienda Montoro, en marzo de 2012. La amnistía acabó siendo un gigantesco mecanismo de blanqueo de dinero con una tasa del 3% (la misma tasa que, al parecer, se aplicaba tanto en la Cataluña de CiU como en la España del PP para la obtención de obras públicas vía financiación ilegal de los otorgantes). Ahora por fin ha reaccionado el Tribunal Constitucional y su jurisprudencia ha establecido, sin lugar a dudas, que ese tipo de amnistía solo se puede hacer por ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, no por decreto-ley. Pero no plantea retroactividad alguna en cuanto a sus resultados.

¿Por qué tendría entonces que dimitir Montoro? En todo caso, la responsabilidad sería de los servicios jurídicos de la presidencia del gobierno que no arroparon la iniciativa política de Montoro con la fórmula jurídica apropiada. Como si el PP no hubiera contado en 2012 con la mayoría parlamentaria absoluta para aprobar en las Cortes esa o cualquier otra ley. Pero el gobierno Rajoy “sobreactuó”, según el Tribunal Constitucional.

Y ha seguido “sobreactuando”. Sin ir más lejos, en la gestión presupuestaria sometida a la Ley del Presupuesto. El propio Montoro, que solo un año (2016) ha sido capaz de cumplir con el déficit público acordado con la UE, ha aplicado el método de la bota malaya –no distribuir más que una parte de los fondos asignados hasta pocos días antes del cierre del año fiscal- para imponer los objetivos fiscales corregidos a la baja a entidades locales, autonómicas y los distintos ministerios, provocando un “ciclo económico Montoro” semestral. Si se añade un cálculo del PIB dudoso técnicamente, ¿cómo se compatibiliza este tipo de gestión con la ley presupuestaria, principal instrumento legal del gobierno? Muy sencillo: “venimos de una crisis por una borrachera de gasto público y algunos ya quieren irse de copas” (Montoro dixit).

Y ese criterio, y no otro, es el que se ha aplicado, con los apoyos recibidos para el Plan B de Rajoy, para imponer un techo de gasto a los ayuntamientos –independientemente de sus ingresos- para evitar nuevas contrataciones de personal exigidas por la remunicipalización de los servicios públicos privatizados.

Complicidades interesadas y “sobreactuaciones”

Esa disfuncionalidad del “estado de derecho” ha quedado expuesta en los últimos años, hasta la saciedad, en las investigaciones de la ristra de casos de corrupción, financiación ilegal y nepotismo de los gobiernos del Partido Popular. Hasta el punto de revelar que la gestión de los intereses de las clases dominantes desde la transición se ha hecho mediante la manipulación continua de los propios fundamentos jurídicos del régimen del 78.

Hasta las recientes primarias del PSOE, esa responsabilidad era bipartidista. Y el Plan A de Rajoy consistía, en definitiva, en una reconstrucción de la legitimidad del régimen bajo hegemonía conservadora. Ese Plan A, compartido con la “vieja guardia” y la gestora del PSOE, fracasó con la reelección abrumadora de Pedro Sánchez. Y el Plan B, que lo sustituyó gracias al “cuponazo” de los presupuestos -implosionando definitivamente el sistema de financiación del estado de las autonomías- tiene la enorme debilidad de apoyarse sobre una fuerza política, el PNV, que se abstuvo en la votación de la Constitución de 1978, alegando una concepción diferente del estado. (Aunque cierto es que por el mismo motivo, pero otro modelo, votaron en contra 5 diputados de Alianza Popular y se abstuvieron otros 3, provocando una crisis del partido antecesor del PP).

Se impone así un Plan C, cuyo objetivo es la defensa de la Constitución de 1978 frente a las aspiraciones de ejercer el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pero “sin sobreactuar”. Porque una “sobreactuación” que implicase la represión física de los colegios electorales y los votantes y la intervención de la Generalitat -aplicando el artículo 155 que situaría a las órdenes del gobierno central a toda la administración autonómica catalana-, deslegitimaría definitivamente un estado de las autonomías financieramente bloqueado.

Sin el PSOE, el Plan C no cuenta con una mayoría. Y el PSOE de Pedro Sánchez prepara su 39 Congreso en una semana incorporando el concepto de “plurinacionalismo” y pidiendo una reforma constitucional, cuyos límites son cuanto menos difusos. Pero no podrá volver a gobernar si no cuenta con los votos de los diputados de Unidos Podemos y las Confluencias, sea cual sea la fórmula parlamentaria o gubernamental de ese gobierno. “Somos la izquierda”, el lema del 39 Congreso exige no solo confrontar con el PP el modelo social y económico, también forjar un bloque de izquierdas, aunque sea bajo hegemonía del PSOE.

El debate de la moción de censura del 13 de junio escenificará todo ello, sin tener todavía una alternativa. De hecho pondrá de relieve su imperiosa necesidad: el PP solo obtendrá una mayoría relativa en su rechazo de la moción, en un interregno entre su Plan B y su Plan C; pero tampoco habrá una mayoría absoluta alternativa, porque ello exige la confluencia de los votos de todas las izquierdas.

En este contexto político, abandonada ya cualquier pretensión de “estabilidad” institucional, que solo podía otorgar el Plan A fenecido, es en el que el concepto de “sobreactuación” adquirirá en la crisis política que se avecina en otoño toda su importancia. El gobierno Rajoy ha “sobreactuado” chapuceramente, a pesar de todas sus fatuas pretensiones técnicas, en la gestión económica y social de la Gran Recesión y de una recuperación que no alcanza aun los niveles de 2008. Y tiende a “sobreactuar” en todos los terrenos, pese a su contradictoria pretensión de “moderación”, porque ya no tiene ni legitimidad ni hegemonía. El esperpento del que hemos sido testigos en la moción de censura en la Asamblea de Madrid es una bochornosa prueba de ello. Y es muy probable que, a pesar de todas las buenas intenciones del interpelado, vuelva a ocurrir en la moción de censura del Congreso de los Diputados.

Con un PP y un Rajoy desatados, ¿alguien tiene la menor duda de los peligros de su “sobreactuación” el 1 de octubre en Cataluña?