En el auto de procesamiento de la causa del procés el juez Pablo Llarena equiparó la protesta en la sede del departament d’Economia del 20 de septiembre a “una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire”. Así justificaba la violencia y el delito de rebelión. Pero el magistrado instructor de la causa contra la organización del 1-O se ha quedado solo con la tesis de la rebelión.

“Un delito imaginario”, “un disparate” o “una causa muy tocada” son algunas de las valoraciones de algunos juristas, sobre todo después de que la Audiencia Territorial del land donde fue detenido Carles Puigdemont, Schleswig-Holstein, descartara extraditarlo por rebelión. Con este escenario, el president cesado podría ser trasladado a España en las próximas semanas pero sólo se podrá juzgar por malversación de fondos públicos, tal y como apunta su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, que veía “esperpéntico” que a los otros procesados por rebelión sí se les juzgue por ese delito y a quien consideran el líder de la supuesta trama rebelde, no.

Ni siquiera la juez Carmen Lamela se abonó a ese delito en la causa que instruía en la Audiencia Nacional y en su auto de procesamiento del jueves situaba a Carles Puigdemont como el jefe de la “organización criminal” que organizó el referéndum del 1-O y también imputó a los altos mandos de los Mossos e Interior por delitos de sedición. Ni rastro de la rebelión.

Por encima de la ley está el principio de racionalidad jurídica. Es un valor superior del ordenamiento jurídico” José Antonio Martín Pallín Magistrado emérito del Tribunal Supremo

Juzgar por rebelión a los procesados que están presos en España -Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva- y no hacerlo con Puigdemont, al que se considera “jefe de la banda”, y los demás políticos catalanes en el extranjero “sería una ruptura”, señala José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo a La Vanguardia. “Por encima de la ley está el principio de racionalidad jurídica. Es un valor superior del ordenamiento jurídico”, apunta quien también fuera fiscal en el alto tribunal. “Se ha hecho un disparate tras otro”, resume sobre la instrucción de la causa catalana.

En ese mismo sentido se expresó este viernes el abogado de Junqueras, Romeva y Forcadell, Andreu Van den Eynde, que afirmaba en declaraciones a Els Matins de TV3 que “la retirada de la rebelión, que no se sustenta, puede provocar que se tengan que defender de delitos menos graves”. Gonzalo Boye, por su parte, decía en El Món a RAC1 que creía que ninguno de los exconsellers que están en el exterior serán juzgados en España.

El catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo ve nula la instrucción al basarse en un delito que no existió

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, apunta a La Vanguardia que sería “absurdo” juzgar a unos procesados por rebelión y a Puigdemont, no. Sostiene que en este proceso “hay nulidad de pleno derecho” y que la cuestión está “viciada” desde el principio porque la instrucción se ha hecho en base a un “delito imaginario” del juez Llarena. “No hay rebelión”, insiste.

El catedrático apunta que toda la instrucción es nula porque se ha hecho en base a un delicto que no existe. Considera que la euroorden que reactivó el magistrado Llarena el pasado 23 de marzo, una vez dictado el auto de procesamiento, es un “fraude de ley” y pronostica que la justicia europea le dará más varapalos al ser rechazada también en Escocia, Bélgica y Suiza, que dejó claro que no pensaba hacer un intercambio con Hervé Falciani.

Además apunta que lo que se ha hecho “es una barbaridad” porque “se han vulnerado derechos fundamentales de personas que no deberían haber pisado la cárcel”. Concreta que se han vulnerado los artículos 17, 24 y 25 de la Constitución durante la causa que instruía el Supremo. El artículo 17 recoge en su primer punto que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.

El artículo 24 apunta en el primer punto que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Y el artículo 25 de la Carta Magna afirma en su primer punto que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”.

El catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido ve “muy tocada” la causa por rebelión

El catedrático de Derecho Constitucional y exparlamentario socialista Diego López Garrido afirmó este viernes en la Cadena SER que “queda muy tocada” la causa por rebelión contra el resto de los independentistas procesados tras la decisión de la Audiencia Territorial alemana. “Tendrá una cadena de consecuencias en los tribunales superiores”, aseguró al recordar que todos los acusados han presentado recursos y pueden apelar al Tribunal Supremo su procesamiento.

López Garrido se declaró sorprendido por la rapidez con la que se ha tomado la decisión en Alemania, pero no por su contenido. “En España y en Alemania para que haya rebelión o alta traición hace falta una violencia real, con capacidad de plantarle cara al Estado y de poner en peligro el sistema constitucional y eso es lo que los jueces alemanes no han visto que haya existido”, ha señalado.