El pasado viernes, los funcionarios del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña se presentaron en un domicilio de la localidad para la toma de posesión del inmueble por Bankia, actual titular de la vivienda después de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

La sorpresa de los funcionarios llegó cuando se encontraron a una familia con dos niños menores de edad viviendo en el inmueble desde hacía varios años. Según fuentes de la plataforma Stop Desahucios, el antiguo titular de la misma era hermano de uno de los padres y se la había cedido al encontrarse vacía, algo que es “totalmente legal si no media auto judicial que diga lo contrario”.

Los funcionarios, entre los que estaba el secretario judicial, iban acompañados de un cerrajero para cambiar la llave y de la procuradora de Bankia. Al observar que la vivienda estaba ocupada, en lugar de comunicar al juez el hecho para que tomara las medidas oportunas, llamaron directamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que se personaron para llevar a cabo el desahucio.

El auxilio de las fuerzas de seguridad para realizar un desahucio, según ha recordado Stop Desahucios, es competencia exclusiva de los jueces, y “ni los secretarios judiciales ni cualquier otro funcionario tienen dicha potestad en caso alguno”

El auxilio de las fuerzas de seguridad para realizar un desahucio, según ha recordado Stop Desahucios, es competencia exclusiva de los jueces, y “ni los secretarios judiciales ni cualquier otro funcionario tienen dicha potestad en caso alguno”.

“En el desahucio se produjeron situaciones muy violentas”, afirma la plataforma en un comunicado. Con la madre y los niños llorando, mientras se llevaba a cabo el desalojo, según fuentes de la plataforma “se coaccionó claramente a la familia”, que “no había recibido notificación de la toma de posesión” y del posible desahucio, como obliga la Ley de Enjuiciamiento Civil. A su juicio, esto podría constituir una “infracción grave”.

María del Tránsito Cerreduela y Ángel Dual se encuentran en situación de desempleo desde hace tiempo y son los padres de dos menores, una niña de cuatro y un niño de seis años. Se da la circunstancia, además, que el niño padece una enfermedad crónica que le obliga a mantener un entorno higiénico y una exhaustiva vigilancia sobre lo que ingiere, cosa que en las circunstancias en las que se encuentra ahora mismo, no se puede llevar a cabo. Según explica Stop Desahucios, esto podría abocar en un nuevo brote de la dolencia para el menor. La familia sobrevive gracias al apoyo de sus familiares y sus únicos ingresos proceden de una renta social básica.

Bankia lo conocía

La plataforma también denuncia que Bankia “tenía conocimiento de que la vivienda se encontraba ocupada y, sin embargo, no informó al juzgado”. Según el documento al que ha tenido acceso este diario, la familia había comunicado en 2014 a la entidad que residía allí y había solicitado la permanencia en el inmueble mediante el “oportuno contrato de arrendamiento”.

La plataforma también denuncia que Bankia “tenía conocimiento de que la vivienda se encontraba ocupada y, sin embargo, no informó al juzgado”

Según el comunicado, no ha habido respuesta de Bankia en sentido alguno. Para los militantes de la plataforma, “la buena fe de la familia se constata por este hecho, ya que informaron de su situación inmediatamente después de la celebración de la subasta que significaba el cambio de titular de la vivienda”.

De igual manera, los funcionarios del juzgado conocían también que la vivienda se encontraba ocupada por personas diferentes al ejecutado. “Es lógico en una localidad como Santoña”, según los miembros de la plataforma. Asimismo, la familia se encontraba empadronada en dicha vivienda desde hacía varios, haciéndose cargo de los gastos de la misma, incluyendo reparaciones y mejoras del inmueble, así como las cuotas de la comunidad de propietarios.

Según la LEC, el Juzgado estaba obligado a notificar a la familia la fecha de la toma de posesión y, en su caso, el posible desahucio. Y la LEC permitía a la familia oponerse al mismo mediante la celebración de una vista oral.

Sin embargo, Stop Desahucios denuncia que “la familia tuvo que dejar la vivienda ante las coacciones de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad, a pesar de que no había orden judicial. Es decir, no abandonaron la vivienda voluntariamente”.

“Careo” en el juzgado

Tras la situación vivida en la vivienda, dos miembros de la plataforma Stop Desahucios se personaron este lunes junto a María del Tránsito en el juzgado de Santoña y hablaron con el juez responsable. Durante la reunión se produjo una especie de “careo” con los funcionarios que realizaron el desahucio, los cuales informaron que “la familia se había ido voluntariamente”.

Stop Desahucios denuncia que “la familia tuvo que dejar la vivienda ante las coacciones de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad, a pesar de que no había orden judicial"

Para los representantes de la plataforma, Susana Ruiz y Roberto Mazorra, lo que presenciaron allí “no lo habían visto nunca antes en un juzgado”. Según los activistas, “el relato de los hechos, corroborado por los funcionarios, es dantesco. Según los mismos, al llegar se encontraron sola a la madre con los dos menores. Y mediante una conversación que calificaron los funcionarios de ‘amable y distendida’ la conminaron a marcharse inmediatamente”.

La afectada, visiblemente conmocionada, “llamó a sus familiares que se personaron en la vivienda”. Según este relato, al llegar el marido afirmó que “de mi casa no me voy si no viene la Guardia Civil”. Ese fue el motivo de que los funcionarios llamasen a la fuerzas de orden público, además de la clara situación “de riesgo e inseguridad” que, según ellos, estaban viviendo.

Una vez llegó el dispositivo, miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil le dijeron al padre de la familia que “se fuera por las buenas o iba a tener graves problemas”. Según el relato de Stop Desahucios, “incluso llegaron a decirle que dormiría en el calabozo”.

Según los funcionarios del juzgado, “la familia no se opuso al desahucio, abandonaron la casa por propia voluntad y se solicitó la presencia policial porque los afectados la pidieron”.

“Se ve que la conversación ‘amable y distendida’ necesitaba de la policía para seguir su cauce”, han opinado los miembros de la plataforma, que consideran que “obviamente ese relato no se sostiene. Las coacciones son claras y además les dieron apenas media hora para marcharse de la que había sido su vivienda. Con los menores llorando aterrorizados, y los padres recogiendo lo que buenamente pudieron en ese tiempo. Incluso María del Tránsito tuvo que dejar la comida que estaba preparando en la misma olla. Se les han tratado como animales”.

Al tratarse de una familia de etnia gitana, “hemos sentido que en esta ocasión ha sido un motivo importante para se actúe de esta manera tan flagrante"

Y van más allá: “El padre, Ángel Dual, nos comentó que cómo se iban a negar al desahucio en aquella situación. Estaban los niños delante y no podía dejar que vieran cómo se llevaban a su padre preso o que nos molieran a palos”.

Juzgado de guardia

“Esto es de juzgado de guardia, nunca mejor dicho. Se han conculcado todos los derechos y todas las leyes, sobre todo, la ley de enjuiciamiento civil. Por eso, la familia presentará en los próximos días un escrito donde se insta a la nulidad del desahucio y se reservan la posibilidad de denunciar a los funcionarios por usurpación de funciones y coacciones”, han afirmado.

Por otra parte, al tratarse de una familia de etnia gitana, “hemos sentido que en esta ocasión ha sido un motivo importante para se actúe de esta manera tan flagrante. Ni siquiera se contemplaba por parte del juez la clara indefensión de unas personas sin asistencia jurídica, sin información sobre un procedimiento legal”. Según su relato, uno de los funcionarios llegó a decir a la compañera de la plataforma que “no empiecen con las triquiñuelas” o “que ya nos conocemos”, refiriéndose a la familia afectada.

“El propio juez puso en duda la palabra de los miembros de Stop Desahucios”, argumentando que era lógico que ellos “creyeran a los desahuciados”. Estos mismos miembros de la plataforma aseguran que la reunión terminó abruptamente con la expulsión del despacho de la familia y los activistas, con la amenaza de una posible detención a uno de ellos por haber faltado, según el juez, al respeto a uno de los funcionarios. “No tengo ninguna obligación de recibiros y esta reunión se acaba aquí”, en palabras del responsable del Juzgado de 1ª instancia y de Instrucción nº 1 de Santoña”.

El mismo lunes, los miembros de la plataforma también acudieron al Ayuntamiento de Santoña, para solicitar algún tipo de ayuda, y a Bankia, para presentar la solicitud de un alquiler social en la misma vivienda o en otra.

También han solicitado a Bankia que les permitan poder volver a su vivienda para recoger sus pertenencias ya que el desahucio se produjo en poco más de media hora y no pudieron recoger nada. En el día de hoy les han informado que podrán acceder a la vivienda el jueves a las 10 horas. María del Tránsito ni siquiera pudo llevarse la medicación que necesita para las dolencias crónicas que padece y tampoco las ropas y cosas de los niños. Por ejemplo, el libro de familia que necesitan para la solicitud de alquiler social lo tienen en la vivienda.

Sin embargo, los miembros de la plataforma no son muy optimistas ya que la responsable de recuperaciones de Bankia no les ha ofrecido buenas expectativas, aunque esperan que cambien de opinión para “paliar el abuso cometido”.