En un lapso de 48 horas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá retractarse de las acusaciones que formuló vía twitter contra el periodista Daniel Samper Ospina en las que lo señaló de ser un violador de niños y de publicar pornografía.

El Tribunal de Bogotá admitió la demanda que radicó Daniel Samper Ospina el pasado 18 de julio y el magistrado Luis Fernando Ramírez Contrera falló a favor del periodista.

El magistrado señaló que los señalamientos del hoy senador no se basan en evidencias disponibles, "por consiguiente, no es cierto lo afirmado por él respecto del periodista".

El pasado 16 de julio, Uribe dijo que se iba a pronunciar sobre su difamación al periodista, pero en lugar de retractarse, que era lo esperado, reiteró sus afirmaciones contra Samper.

"El referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia. En la Revista Soho, el periodista, que era Director, hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote, y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. Además, se conocen sus referencias obscenas, estigmatizantes, irrespetuosas e indecorosas, a mujeres que utilizaba como modelos. Tanto el Código Penal como el Código de Infancia y Adolescencia sancionan con cárcel la violación de los derechos de los menores", dijo Uribe en la carta que publicó en su cuenta de twitter.

Tras esto, la Revista Soho se pronunció sobre la controversia.

El primer punto del mensaje enviado por la revista hace claridad sobre el origen de las fotos que acompañaron el artículo ‘Dejad que los niños vengan a mí’, mencionando que el autor es el fotógrafo Mauricio Vélez, quien otorgó todos los permisos necesarios para la publicación de las imágenes y "lejos de promover cualquier actividad que vulnerara los derechos de los menores, el objetivo del artista era denunciar los escándalos de pedofilia que rodeaban a la Iglesia en ese momento".

En su decisión, el magistrado Ramírez advierte que de incumplirse su orden, el expresidente Uribe recibiría alguna de las sanciones concebidas en el decreto 2591 de 1991; es decir, que si desacata la orden de tutela podrá recibir una sanción que, de acuerdo con la norma, es de hasta de seis meses de arresto y una multa de hasta de 20 salarios mínimos mensuales.

En todo caso Uribe puede interponer un recurso frente a la decisión que tendría que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Esta sería la tercera vez en el último año que Álvaro Uribe se tendría que retractar para evitar un juicio o una sanción en su contra. Hace dos meses y medio concilió, en la que era la última oportunidad de hacerlo, con las madres de Soacha. Ellas lo demandaron por injuria y calumnia porque el expresidente aseguró que sus hijos –asesinados y presentados como muertos en combate– estaban en actividades ilegales cuando fueron víctimas de los ‘falsos positivos’.

A finales del año pasado también rectificó una declaración contra el periodista Hollman Morris, a quien acusó de hacer apología al terrorismo.

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