Desde tiempos de Magdalena Álvarez en el Ministerio de Fomento ha estado sobre la mesa de los máximos responsables de este departamento la posibilidad de cobrar por circular en las autovías libres de peaje. Es lo que eufemísticamente se conoce como la tarificación de las infraestructuras y consiste en evolucionar del modelo actual, en el que la mayor parte de las inversiones se financian con impuestos, por otro en el que sean los usuarios de las vías los que sufraguen con los peajes su construcción y mantenimiento. Entonces la crisis no acuciaba como ahora a las arcas públicas y siempre se tuvo muy presente la capacidad de movilización del sector del transporte de mercancías, completamente contrario a la imposición de estos pagos por uso.

Ahora la recesión aprieta y muchas empresas del sector concesional y de la construcción están con el agua al cuello, por lo que el Ejecutivo del PP ha vuelto a hacer números. Fuentes cercanas al proyecto aseguran a CincoDías que responsables de Fomento y Hacienda han empezado a diseñar un mecanismo capaz de hacer compatible el cobro de peajes baratos (en este caso no hay que amortizar el coste de construcción), cuya recaudación permita seguir conservando la red en buen estado, con mantener la paz con el sector del transporte pesado. De hecho, el asunto fue incluido la semana pasada en el orden del día de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antesala del Consejo de Ministros. "Este hecho significa que el plan se encuentra en un estado bastante avanzado, aunque no necesariamente tiene por qué aprobarse en breve", sostienen otras fuentes oficiales.

En cualquier caso, la medida conlleva una serie de inversiones de carácter técnico, como es la instalación de un sistema de dispositivos en las distintas autovías que no podría estar operativo antes de un año. Además de recaudar dinero suficiente como para no descuidar la conservación y mantenimiento de estas carreteras (Fomento ha presupuestado para este año 873 millones cuando el sector privado estima su coste en 1.400 millones), el proyecto de cobrar peajes en las autovías está pensado para tapar otro agujero.

El Ejecutivo pretende evitar un conflicto con el sector del transporte

Al Gobierno le preocupa y mucho la posible quiebra de una decena de concesionarias, con una deuda acumulada de 4.000 millones, afectadas por el desplome de sus tráficos y los sobrecostes de construcción. La responsabilidad patrimonial de la administración haría a Fomento titular de la deuda bancaria en caso de insolvencia. En este sentido, las autopistas -participadas por las mayores constructoras del país- demandan el reequilibrio económico para refinanciar la citada deuda.

Al tiempo que se tapa la herida de las concesiones, la implantación de peajes acallaría también una antigua polémica territorial generalizando el pago por uso en las carreteras, especialmente extendido en áreas como Cataluña, Murcia o Galicia. Lo recaudado por las arcas públicas dependería de los precios impuestos. Las mayores constructoras del país, a través de la patronal Seopan, lanzaron el año pasado una propuesta por la que el Gobierno podría disponer de 1.800 millones al año cobrando en las autovías a vehículos pesados (10 céntimos por kilómetro) y ligeros (4,5 céntimos por kilómetro), pero solo en los trayectos de largo recorrido. Otros cálculos elevan esa recaudación hasta los 3.000 millones de euros anuales. Todo dependerá de las tarifas que se apliquen finalmente que, sean como sean, irán acompañadas de bonos especiales para viajeros habituales. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que se implantará de manera progresiva, ya que además de los pórticos necesarios en la red viaria, los automóviles deberán llevar pegatinas u otros dispositivos identificativos.

España cuenta con una red de 3.300 kilómetros de autopistas de pago, por otros 15.600 kilómetros de vías de alta capacidad (autovías) con acceso gratuito para toda clase de vehículos. Una situación que no se da en países vecinos como Portugal, Francia o Italia. Empresas como Abertis han solicitado en repetidas ocasiones la armonización del modelo concesional español eliminando las diferencias entre comunidades autónomas con la tarificación generalizada. En el círculo más próximo al presidente Rajoy la voz más crítica con la implantación de este pago por uso en las carreteras es precisamente la de la titular de Fomento, Ana Pastor. Su equipo reitera que buscan fórmulas para el reequilibrio económico de las concesionarias, pero no tienen como primera opción el peaje en autovías. El problema es que quien manda ahora es Hacienda.