“Desde el momento en el que los padres libremente deciden matricular y optar por nuestro Colegio (…) adquieren una obligación estatutaria, derivada de la vinculación inequívoca existente entre la Fundación y el Colegio”. La frase se extrae, de manera textual, de una carta enviada por una fundación religiosa a los padres de los alumnos del colegio dependiente de la misma (un centro sobradamente conocido en Zaragoza).

Son diferentes los métodos usados para rascar el bolsillo de los progenitores, casi siempre con el repetido ardid de que lo aportado por el Ejecutivo no es suficiente para sostener la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos. Insinuaciones de distinta índole subyacen habitualmente. Este es el último párrafo de la misiva mencionada anteriormente:

“Y finalmente, damos las gracias a las personas que comprenden por qué la cuota de la Fundación está justificada. Y para las personas que no comparten el planteamiento aquí expuesto, entenderemos renuncian a que sus hijos puedan beneficiarse de los servicios y actividades no incluidas en el concierto educativo”

En el artículo 88 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, referido a las Garantías de Gratuidad, se dice que “para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos”.

La misiva comentada se refiere a las “actividades no incluidas en el concierto educativo”, por lo tanto, su actuación no se puede calificar de ilegal. El problema, aseguran fuentes del sector, es que, en muchos casos, no se informa a los padres de la existencia de este canon en el momento de formalizar la matrícula.

Cuando reciben la carta, dicen, “les puede pillar por sorpresa, pero acaban pagando por miedo”, ergo todos los niños realizan estas actividades extraescolares y nadie quiere que su hijo sea desplazado por no abonar la cuota.

Este tipo de aportaciones pueden ser voluntarias, pero nunca obligatorias. En la misma carta se trata de convencer a los padres de lo necesario que es su dinero. En una suerte de captación esgrimen que lo que reciben es insuficiente: “Esos fondos que la Administración aporta no tienen en cuenta ni la calidad, ni el coste total del mantenimiento de las instalaciones en las que se imparten los contenidos (…). En nuestro caso particular, áreas como el Taller de Tecnología, la Educación Física, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Aula de Música, etc., se imparten en unas instalaciones inmejorables en cuanto a calidad y adaptación y esos detalles, a la Administración, le resultan indiferentes por no afectar al concierto educativo”.

Otra de las normativas competentes en la materia es la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. En el Título cuarto, artículo 51, de la misma, se dice lo siguiente: “En los centros concertados, las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios, no podrán tener carácter lucrativo”.

Además de dejar claro que “el cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades complementarias y de servicios, tales como comedor, transporte escolar, gabinetes médicos o psicopedagógicos o cualquiera otra de naturaleza análoga, deberá ser autorizada por la Administración educativa correspondiente”.

Las artimañas de los colegios concertados para obtener dinero de los padres

Los tres sindicatos con más representación en la enseñanza en Aragón, CSIF, CGT y CCOO, coinciden en señalar que este tipo de actuaciones son muy habituales. Si no todos, “casi el 100 % de los colegios concertados obtienen dinero de los padres”. Y lo hacen, según los representantes sindicales, de diferentes formas: cobrando más que uno público por el comedor, el transporte o las actividades extraescolares. Los padres, indican, no lo suelen denunciar porque tienen miedo de que se tomen represalias contra sus hijos.

Una madre que tiene dos hijos en otro centro concertado de la capital aragonesa, y con la que ha podido hablar eldiario.es Aragón, asegura que a ella le han cobrado por lo que llaman las custodias matinales. Durante tres cursos su hijo pequeño entraba en clase media hora más tarde que el mayor, por cuestiones laborales ella dejaba a los dos a la misma hora, y a final de mes abonaba una cantidad por esos 30 minutos diarios de adelanto con los que llegaba el menor.

También pone el ejemplo de los libros, y lo hace con cifras. Todos los de 1º de Primaria, explica, costaban 243,70 euros en una conocida gran superficie, “pero en el colegio nos dijeron que se los compráramos a ellos y me cobraron 270,88”.

Los sindicatos apuntan que en el Ejecutivo autonómico son conocidas estas prácticas y reclaman que se investiguen y se tomen medidas. Para ellos, “los colegios concertados se han convertido en privados, pero con financiación pública”.