La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusó que la falta de pago a transportistas que se manifestaron este lunes se debe a que éstos, de manera voluntaria, decidieron no recibir el pago por los servicios prestados como medida de presión para favorecer sus intereses.

Con su protesta, que incluyó cierres en las casetas de las autopistas Mexico-Pachuca y Mexico-Puebla, y en calles del centro de la Ciudad de México, los transportistas acusaron falta de pago por el flete de material pétreo de Texcoco a lo que será el Aeropuerto de Santa Lucía.

También denunciaron actos de corrupción en la concesión de contratos para dicho flete y exigieron un incremento en las tarifas de transportación pues señalaron que las actuales son muy bajas.

Al respecto, la Sedena recordó que en seis reuniones con los representantes de las agrupaciones concentradas en la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, así como transportistas locales, se estableció como punto de acuerdo que la citada Confederación trasladará dos terceras partes y las organizaciones locales una tercera parte de los materiales.

Explicó que el acuerdo es que el material se dejaría a la entrada de la zona militar de Santa Lucía como “estrategia para salvaguardar las instalaciones militares en donde se alojan unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, depósitos y almacenes y escuelas militares, que en su conjunto son consideradas de seguridad nacional”.

Dijo que las demandas de pago se hicieron este lunes a pesar de que los miembros de dicha agrupación sindical, “generaron diversas excusas para no generar las facturas para el pago de los acarreos y de manera voluntaria decidieron no recibir el pago por los servicios prestados, como medida de presión para favorecer sus intereses”.

Agregó que la Sedena ha mantenido un diálogo abierto con la citada Confederación y transportistas locales, con el fin de evitar cobros sobrevaluados que afecten el presupuesto de la obra y cumplir con las instrucciones de transparencia, optimización y ahorro en el manejo del patrimonio que pertenece al pueblo de México.

Destacó que derivado de esas reuniones, todas las partes involucradas establecieron como punto de acuerdo y con base en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público las tarifas a las que se sujetarán los acarreos, las cuales han sido verificadas por las dependencias encargas de la fiscalización de recursos como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, entre otras.

Señaló que dichas tarifas no pueden ser establecidas ni modificadas por terceros; “siendo el libre mercado el que regule dichos precios de traslado”.

Puntualizó que los acuerdos aceptados entre los transportistas y la Sedena son el pago de 4.15 pesos por kilómetro por metro cúbico transportado cuando la distancia sea menor a 30 kilómetros; y de 3.85 por kilómetro por metro cúbico transportado para las distancias mayores a 30 kilómetros.

“Las anteriores tarifas, fueron obtenidas de un estudio de mercado, considerando los gastos que derivan de la operación de cada uno de los transportes a emplear, tales como: Seguro social de operadores, pago de seguros de los automotores, distancias de acarreo, combustibles empleados, pago de casetas en vías de comunicación, pago de sueldo de operadores y tiempos empleados para el ciclo de acarreos”, insistió.

La dependencia ratificó el compromiso de transparencia y combate a la corrupción en todas las actividades que realice el Gobierno Federal, así como mantener la legalidad en el proceso constructivo de esta obra, “velando y salvaguardando los recursos del pueblo de México”.