“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

Bertold Brecht.

El suceso que da pie a la presente reflexión se resume en el comunicado que al respecto ha emitido la Comisión de Laboral de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ALA, sobre la detención de una trabajadora inmigrante a instancia del Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, que describe sucintamente los hechos:

“El pasado 2 de febrero de 2017 Aisha, trabajadora marroquí sin permiso de trabajo, fue detenida en la sede de los Juzgados de lo Social de Madrid a instancia de la titular del Juzgado de lo Social nº 36, Dª Patricia Valle Lorenzo.

Aisha trabajaba desde julio de 2016 en un asador de Galapagar, sin alta en la Seguridad Social ni nómina, trabajando cuatro horas al día de miércoles a sábados y tres los domingos y recibiendo 380 Euros mensuales.

El 7 de octubre, trabajando en la cocina del asador, tiene un accidente de trabajo por el que sufre la amputación del dedo anular de la mano derecha y el 10 de octubre es despedida. Ante ello decide presentar una demanda contra la empresa que es turnada al Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid que cita el juicio para el 2 de febrero de 2017.

Ese día Aisha comparece ante el Juzgado y en el trámite de conciliación, previo al juicio la empresa le ofrece inicialmente 1.700 Euros y posteriormente 3.000 Euros. Aisha no acepta el ofrecimiento, por insuficiente, y porque una sentencia en la que quede acreditado su trabajo puede ayudar a su residencia legal.

La sorpresa viene cuando la titular del Juzgado la insiste en que acepte la conciliación pues, caso contrario y dado que no tenía permiso de trabajo llamaría a la Policía para que la detuviera pues estaba en España de forma irregular. Ante la negativa de Aisha a aceptar el acuerdo que se le ofrecía, la Jueza ordena llamar a la Policía que acude al Juzgado y detiene a Aisha a la que se traslada a la comisaría de Moncloa- Aravaca y se le inicia un expediente sancionador a instancia del Juzgado de lo Social nº 36.”

Más allá de los epítetos que a cada cual se le ocurran para definir el comportamiento de la Magistrada de marras (racista, por ejemplo) al impedir a una trabajadora el acceso a la tutela judicial, algo a lo que tiene derecho según el artículo 36.3 de la llamada Ley de Extranjería, y por lo que podría haber incurrido en delito de prevaricación (artículos 446 y siguientes del Código penal), hemos de convenir que la peculiar concepción de la justicia de ésta viene a dar pie para señalar dos reflexiones importantes.

La primera y más sencilla es constatar que la actuación de la Magistrada Valle no es sino la punta de un iceberg de racismo e islamofobia que, siendo útiles para el sistema económico imperante, va calando en las sociedades como mecanismo destinado a desviar del foco de atención las causas reales de los problemas sociales y económicos que se están dando en la actualidad, creando un chivo expiatorio; el “otro” u “otra”, cuyo sacrificio en plaza pública haría volver los buenos tiempos del pasado (aunque nunca fueron tan buenos, si nos ponemos a pensar detenidamente). En el campo de la administración de justicia, el burdo y rampante racismo de Patricia Valle es un ejemplo extremo del racismo institucional del que hace alarde la judicatura, con sus valoraciones de mayor o menor credibilidad de los testigos según su origen nacional o cultural, mayor propensión al encarcelamiento de inmigrantes aludiendo a su falta de arraigo, y un largo etcétera que abunda en que el hecho de ser inmigrante es, junto con la clase social, uno de los elementos decisivos en la evidente diferencia de trato del que hacen alarde los juzgados y tribunales de estos lares.

El segundo elemento a reflexionar tiene que ver con el papel que la llamada “tutela judicial efectiva” cumple en esta sociedad como un amortiguador de tensiones sociales de tal modo que la posibilidad de ser escuchada en un Juzgado hace que una persona, ante una agresión sufrida por su patronal, se abstenga de adoptar otras medidas más directas de autodefensa y confíe en la justicia instituida.

Sucesos como el protagonizado por una magistrada con vocación policial pueden contribuir a que se nos caiga la venda de los ojos de la tan traída “división de poderes” y de la no menos llevada “independencia del poder judicial”, poniendo de manifiesto la cuestión de fondo ya que el poder judicial y su justicia no son más que una parte integral del Estado Burgués.

¿Dónde y con quien viven, comen y juegan al padel jueces y magistrados? Ante una respuesta tan obvia, hemos de concluir que las teorías de Montesquieu sucumben ante la constatación de que todos los poderes, y más aún el judicial, no solo obedecen a los mismos intereses de clase, sino que sus agentes son personas de la burguesía, lo que hace difícil de creer que, al menos colectivamente, impartan justicia contra sus propios intereses.

En una sociedad dividida en clases sociales que tienen intereses opuestos que no pueden ser conciliados, donde existen explotados y explotadores, aunque duela leerlo, la burguesía necesita del aparato estatal para mantener la dominación y la explotación. A este respecto, el llamado poder judicial actúa como mecanismo de legitimación de la dominación burguesa

El reino de la razón propio del idealismo de la ideología burguesa, que considera que su forma de ver la realidad es la única forma de ver la realidad posible, y que es a lo que aspira una persona al acceder a un proceso judicial (a que se atienda su razón), no es más que un velo que enmascara una dominación mucho más violenta y descarnada, como se ha encargado de recordarnos Patricia Valle en el caso de Aicha. Nos corresponde pues sacar nuestras propias conclusiones.