La Iglesia católica española ha salido hoy al paso de las recientes acusaciones de las víctimas de curas pederastas, que aseguran que algunos obispos españoles son “resistentes” a aplicar la reforma del papa Francisco I que elimina el secreto pontificio del Código de Derecho Canónico. Según esta orden papal, la cúpula eclesiástica estará obligada a partir de ahora a poner en conocimiento de las autoridades, la policía y los tribunales los casos de pedofilia que detecte.

En ese sentido, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha calificado el final del secreto pontificio como una decisión “acertada” y como “un paso más en la dirección adecuada para abordar las situaciones de abuso en el pasado y tener una capacidad de prevención en el futuro”. “Tanto las víctimas como los acusados precisaban, a veces, un conocimiento que por estar sometido al secreto, no se tenía”, alega el portavoz. No obstante, cuando se le ha preguntado si entre cierto sector de los obispos españoles existe algún tipo de oposición a aplicar la nueva normativa del Vaticano, Argüello ha respondido de una forma algo más ambigua: “No lo sé, tendría que pensar en cada uno, creo que globalmente no”. Esta respuesta contrasta con la rotundidad con la que se han expresado las asociaciones de víctimas, que han denunciado “resistencias dentro de los episcopados locales” a la hora de aplicar los mandatos papales.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española cree que la supresión del secreto pontificio en casos de abusos sexuales por parte del clero permitirá a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma arrojar “algunos datos” sobre los casos de abusos en nuestro país. “En el conjunto de España no tenemos un dato de casos de abusos, pero pensamos, precisamente, que esta supresión del secreto pontificio permitirá a la Congregación, seguramente, ofrecernos algunos datos. Eso dependerá de la Congregación”, afirma Luis Argüello en una entrevista concedida a Europa Press.

Precisamente, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe Jordi Bertomeu asegura en una tribuna en la revista Palabra, que entre 2001 y 2019 el Vaticano ha gestionado unos 6.000 casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos. Preguntado por las indemnizaciones a las víctimas de abusos en la Iglesia española, Luis Argüello manifiesta que aunque no contemplen un fondo compensatorio, no descartan ayudas con carácter “subsidiario”, es decir, de forma complementaria a la responsabilidad que asuman el autor del delito y la institución a la que pertenezca, como una congregación religiosa, una diócesis o un colegio. “No se excluye la posibilidad de una ayuda económica por quien tenga que hacerlo, puede ser una diócesis, una congregación religiosa o una institución diversa. Lo que a nosotros no nos parecía oportuno es establecer a priori por parte de la CEE un fondo así, sino sí estar dispuestos para abordar estas situaciones desde el principio de subsidiaridad. La responsabilidad primera es de las personas y de las instituciones a las que pertenecen”, precisa.

En todo caso, ha evitado juzgar las decisiones de otras conferencias episcopales europeas como la francesa, que prevé ayudas de entre 3.000 y 5.000 euros, o la alemana, que se plantea ayudas de entre 40.000 y 400.000 euros según la gravedad de cada caso. “Nosotros hacemos lo que nos parece oportuno desde nuestra manera de organizarnos aquí”, concluye. “Muchas veces también decimos, a la hora de conocer la verdadera realidad que hay en España de estos asuntos, que la propia Congregación para la Doctrina de la Fe no ha dado cuenta de los casos recibidos, por este motivo”, subraya Luis Argüello.

Por el contrario, el portavoz cree que existía el “deseo” de que se eliminase el secreto pontificio, también entre los obispos que se han visto inmersos en algunos de estos procedimientos. “Si los jueces españoles nos piden a los tribunales eclesiásticos correspondientes una información, ahora el secreto pontificio no será una dificultad para ofrecer esa comunicación”, agrega.

En todo caso, asegura que las comunicaciones se harán en función de la propia legislación y respetando los derechos de todas las partes del proceso. “Que se abola el secreto pontificio no quiere decir que los procedimientos pasen a ser de una publicidad periodística”, subraya.