Con el objetivo de "hacer atractiva la función pública", el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, avanza en la implementación de un plan de mejoras salariales atadas a la productividad en el Estado. Si bien todavía no se les presentó un plan definitivo, los gremios estatales UPCN y ATE plantean reparos a la iniciativa y aseguran que va "en contra del convenio colectivo de trabajo".

"En marzo se conocerá el modelo definitivo, vamos hacia ese modelo", aseguró a LA NACION una alta fuente ministerial. Las mejoras podrían llegar a alcanzar, en caso de satisfacer las metas pautadas, el ingreso de uno o dos sueldos suplementarios por año. Como adelantó LA NACION, habrá "objetivos cuantificables a cumplir en cada área ministerial". En base a ello, a fin de mes se determinará cierta remuneración. Pero el cambio introducido no significará el fin de la negociación colectiva con los gremios estatales, sino que será "un pago adicional", según explican funcionarios del Gobierno.

Las mediciones se harán sobre el cumplimiento de objetivos concretos, y si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de Modernización, el seguimiento, en cada ministerio, quedará a cargo de las áreas de recursos humanos propias.

"Ya estamos implementando tableros de control para el seguimiento de proyectos manera electrónica en todas las carteras", aseguraron. Para la evaluación, en primer orden la lupa estará puesta en el presentismo de los empleados públicos. En caso de pleno cumplimiento de objetivos, el plus salarial podrá alcanzar, a fin de año, entre uno y dos salarios más.

Reparos sindicales

La discusión con los gremios ya comenzó. Por las controversias que genera su aplicación, promete instalarse con fuerza el debate en las próximas semanas. En la cartera que conduce Ibarra aseguran que se está dialogando con UPCN. Consideran que el gremio, enrolado en la CGT, dará el visto bueno y no se opondrá a la implementación del esquema. Sin embargo, fuentes gremiales rechazaron que hasta el momento se haya encarado algúna "discusión seria".

"Todavía no recibimos ninguna propuesta. No sabemos nada, más allá de dichos periodísticos, pero es un tema que necesita una profunda discusión", dijo a LA NACION Damián Comas, jefe de UPCN Capital Federal. "No se puede medir la productividad en muchísimos aspectos. Queremos que se respete el convenio colectivo de trabajo en todas sus formas, y allí no surge el concepto de productividad", agregó.

En el caso de ATE, de perfil más combativo, a través de distintos referentes gremiales anticipó su rechazo de forma más tajante al calificar la suba de salarios por productividad como "un concepto neoliberal". Entienden el plan como un recurso para recortar derechos de los trabajadores y abaratar el costo laboral.

"Es imposible evaluar la productividad. No hay manera de analizar el trabajo de quienes trabajan con adultos mayores, niños privados de la libertad; la labor de los trabajadores sociales cuando se meten en el impenetrable chaqueño para desarrollar su trabajo", aseguró a LA NACION Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, cercana al kirchnerismo. "Rechazamos esa idea porque no hay forma de medir y evaluar la productividad del empleado público, no hay una producción cuantificable. Muestra el desconocimiento del gobierno sobre la función del trabajo que realizamos los estatales".

El concepto, destacan en el Gobierno, forma parte de un paquete de iniciativas para "transformar la cultura organizacional dentro del Estado". Consideran esta medida como un punto clave dentro de la batería de iniciativas para "modernizar la administración pública".

"Hasta ahora, en los ministerios no se fijaban objetivos más allá de generalidades y no había plazos ni seguimiento sobre los empleados", explican.

Cerca del ministro de Modernización aseguran que se tomarán "como modelo" los casos de España y Francia, donde también se aplica un sistema de evaluación y posterior remuneración por cumplimiento de objetivos.

En octubre pasado, el gobierno favoreció la puesta en práctica de esta nueva dinámica entre los privados, respondiendo así a un pedido empresario. El sindicato petrolero neuquino, que conduce Guillermo Pereyra, firmó un acta que vincula los salarios con la eficiencia de los trabajadores. La intención del gobierno es trasladar esta pauta a otros sectores de la economía. Incluso, cómo establecer la productividad como parámetro para ajustar salarios será uno de los ejes de discusión de la mesa de diálogo tripartita que el gobierno comparte con las cámaras empresarias y la CGT.