Lejos queda el mito repetido hasta la saciedad por los gobernantes españoles de que el país contaba con la generación mejor preparada de la historia. La confusión vino de la idea de que cuantos más másteres, cursos y títulos se acumularan, aunque fueran inservibles y asignaturas clave en un mundo global como el inglés se dejaran de lado, mejor sería la entrada en el mundo laboral. La realidad es que las trece reformas educativas en las últimas tres décadas —el Gobierno prepara una nueva para este año— solo han conseguido desmotivar a los profesores y hurtar a los alumnos la formación que necesitaban. Los intereses partidistas, la ideología y las inercias del pasado se han impuesto al interés de estudiantes que son formados para el siglo XXI en un sistema educativo del siglo XIX.

Los mejor preparados empezaron a emigrar tras el estallido de la crisis, llevándose su talento a países dispuestos a aprovecharlo, lo que provocó el mayor éxodo de jóvenes migrantes en democracia. Desde 2008, nada ha cambiado: a pesar de que la economía ha mejorado, el modelo que sobreprotege a los mayores e ignora a los jóvenes permanece intacto. Mientras, el debate político sigue centrado en cómo mejorar la pensión de los jubilados, algo en lo que los partidos sí se ponen de acuerdo. Las urgencias de la juventud han visto pasar de largo el tren de las oportunidades.

“La sociedad española tiene una deuda pendiente con nuestros jóvenes”, decía el mes pasado el rey Felipe VI, admitiendo que el país les ha fallado. Lo que no se sabe es cómo piensa la clase dirigente saldar esa deuda, en caso de que haya intención de hacerlo. Lo más probable es que sea tarde para los hijos de la Gran Recesión —la ironía duele: no la provocaron ellos, sino sus mayores—, pero España está a tiempo de no repetir los mismos errores con las generaciones que vienen detrás.

Ha llegado la hora de dejar a un lado sectarismos e ideologías para lograr un gran pacto nacional por la educación que renueve y modernice escuelas y universidades. La innovación y el emprendimiento, obstaculizados por la burocracia, el enchufismo y la promoción del funcionariado, necesitan políticas que premien el empuje y el arrojo empresarial. El mercado laboral, diseñado para proteger a quienes tienen empleos de larga duración, debe incorporar medidas que fomenten la contratación de los jóvenes y que les protejan de quienes les utilizan como becarios indefinidos, convirtiéndoles en parias laborales.

El gobierno ha propuesto algunas medidas que van en ese camino, pero la historia reciente no invita al optimismo en cuanto a su puesta en práctica.

Relanzar el optimismo de las nuevas generaciones y acabar con la desidia de los políticos también exige que los jóvenes pongan más de su parte. Lamentarse no es una estrategia de acción. Uno de los motivos de que los dirigentes españoles presten atención a los mayores es que temen su capacidad para castigarles electoralmente. La participación a través del voto, una mayor implicación en la sociedad civil y la movilización frente a las injusticias serán claves para que los jóvenes sean tenidos en cuenta.

Si España no quiere arriesgar los logros de las últimas cuatro décadas en democracia, sus dirigentes tendrán que empezar a escuchar a quienes deben consolidarlos o mejorarlos. La alternativa es un futuro en manos de una generación desencantada y resentida hacia el país que les traicionó.