Le ha preguntado el juez Ramos Padilla a un editor de este diario: “¿Es usual que el Grupo Clarín envíe a periodistas a reunirse con espías? ¿Es usual que el Grupo Clarín envíe a periodistas a reunirse con agentes de la DEA?”. La DEA es la agencia norteamericana contra el narcotráfico. Y el Grupo Clarín es el sello que suele usar el kirchnerismo para desacreditar informaciones veraces y calificarlas de operaciones mediáticas. Se entiende: operaciones mediáticas son las que no son a favor.

Ramos Padilla investiga las conexiones del falso abogado D’Alessio con agentes de inteligencia y ha puesto bajo la lupa al periodista Daniel Santoro, quien depende del editor al que interrogó. Es mucho más que una rareza que un juez federal le pregunte a un editor y de la manera en que preguntó, por supuestos vínculos de un diario con espías. Salvo que Ramos Padilla esté buscando como está buscando asociar la causa D’Alessio con otra mucha más seria y mucho más profunda: la de los cuadernos de la corrupción kirchnerista​.

El eslabón que el juez pretende y necesita incorporar se llama Stornelli​, el fiscal que hizo la investigación de los cuadernos y que se reunió con D’Alessio en un parador de playa de Pinamar. Sólo con la foto de ese encuentro, Ramos Padilla tomó la causa en su juzgado de Dolores pese a que todos los supuestos delitos de D’Alessio fueron cometidos fuera de su jurisdicción.

La Cámara de Mar del Plata le dio a Ramos Padilla una competencia provisoria y le ordenó que definiera los hechos para saber si el caso era suyo. El juez nunca lo hizo y han pasado casi nueve meses. La Cámara mira hacia un costado: no sabe/no contesta. La competencia provisoria se convirtió en los hechos en competencia permanente. El fiscal de Dolores apeló y también apeló Santoro, que fue procesado por el juez sin que lo hubiese pedido el fiscal. Y sin ninguna prueba, lo consideró responsable de las extorsiones que realizaba D’Alessio, que era una de las fuentes periodísticas de Santoro.

En ningún lugar salvo en la política se encuentra una explicación para esto: Ramos Padilla es un juez del kirchnerismo y dos de los miembros de la Cámara son de Justicia Legítima, la agrupación judicial del kirchnerismo. La Cámara acaba de pedirle al juez que se apure a llevar a juicio oral a D’Alessio y a los dos policías de su banda y le advirtió que tienen un valor subsidiario los informes de la Comisión Provincial de la Memoria, a la que Ramos Padilla acudió para que auditara las notas de Santoro y dijera si constituyen operaciones de acción psicológica. Era demasiado: la última experiencia de algo similar en la Argentina fue durante la dictadura con notas en La Opinión de Jacobo Timerman.

Increíble: la Comisión de la Memoria creada para esclarecer violaciones de la dictadura convertida en un tribunal especial para investigar a periodistas de la democracia. Y más increíble todavía: lo hizo. ¿Qué buscan con esta causa? Si vale como muestra, un dato: el juez abrió la puerta a 18 querellantes. Entre ellos De Vido y su mano derecha, Baratta. O sea dos protagonistas clave en la causa de los cuadernos.