Ana Lucy ha sido trabajadora de la limpieza de la Asociación La Rueca durante 12 años. Esta ONG gestiona algunas de las dependencias de atención a migrantes de la Comunidad de Madrid. Colombiana de origen, limpiaba el Centro de Atención Social al Inmigrante (CASI) y el Centro de Participación Juvenil. Afirma que durante mucho tiempo fue la única limpiadora en plantilla y que faenaba en sitios cerrados, bajos con poca ventilación, por menos de 1.000 euros al mes. Con el paso del tiempo, la dureza de la tarea empezaba a pesar en sus piernas, sufría continuos dolores de cabeza y problemas pulmonares. “Había mucho estrés, iba de un sitio a otro. Dos horas a un sitio, dos horas a otro. En 2015 tuve una embolia pulmonar. Tenía solo 44 años”, relata con voz quebrada a El Salto, mientras repasa su historia, marcada por los productos de limpieza.

Hoy sufre sensibilidad química múltiple (SQM), una enfermedad que consiste en la pérdida de tolerancia a sustancias químicas presentes en el ambiente. Su enfermedad está relacionada con la exposición reiterada y repetida a una sustancia, y cuando se cronifica se puede manifestar con la exposición a cualquier otro compuesto. Señala que su vida ha cambiado del todo. Apenas sale de casa, no sabe dónde le puede dar un ataque, no tolera las colonias, los desodorantes, ha tenido que tirar muchas cosas de casa y cambiar hábitos. “A veces me quemaban mucho las fosas nasales. Yo rebajaba los productos de limpieza y me echaba suero fisiológico para seguir. Mi salud cada vez iba a peor, pero yo quería ser responsable en mi trabajo. Yo quería cumplir”.

El 18 de febrero de 2019 Ana Lucy acudía a su consulta de cabecera con una quemazón facial. En su empresa habían cambiado los productos de limpieza, pasando a productos no neutros, y en su rostro había aparecido esa reacción. El médico de cabecera emitió un volante para que la mutua, FREMAP, valorara los riesgos laborales. “Tenía picores por la cara y mucha dificultad respiratoria. Cuando trabajaba yo me notaba cansada. El médico me dijo que lo mío era laboral, que me estaba pasando por trabajar en la limpieza, que debía darme la baja la mutua”, cuenta.

Con este volante en la mano, Ana Lucy acudió a la mutua, que acabó dándole la baja por accidente laboral. Además, obligó a la empresa a que le dieran guantes, mascarilla y a que cambiaran los productos. El 20 de marzo volvió a trabajar y asegura que los cambios exigidos no se habían materializado. Ese día la trabajadora decidió no limpiar. Al día siguiente utilizó Fairy y vinagre. No quería volver a sufrir ninguna reacción. Así estuvo hasta el 2 de abril, día en que La Rueca le dio un curso de riesgos laborales y, seguidamente, le obligó a limpiar con los productos no neutros. Ana Lucy volvió a sufrir otra reacción. Esta vez la mutua se negó a darle la baja laboral y tuvo que ser su médico de cabecera quien se la concediera.

“Aquí empezamos con la acción jurídica. Metemos una demanda de determinación de contingencias contra la mutua, el Instituto Nacional de Seguridad Social —como responsable subsidiario— y La Rueca. Mi argumento: primero, hay sensibilidad química. Segundo, según la ley General de Seguridad Social, si tengo una segunda baja por una patología similar y no han pasado 180 días, es una recaída. Se entiende que hay un nexo causal entre las dos bajas”, explica Virginia Castillo, abogada del despacho Castillo y Danés y asesora de CNT, quien asegura que el objetivo es que se reconozca la baja por accidente laboral. “Hoy Ana Lucy se encuentra pendiente del tribunal médico para que le declaren la incapacidad permanente. No es lo mismo que la baja sea por accidente laboral que sea por enfermedad común. Si la obtiene por enfermedad común va a cobrar menos, puedes llegar a cobrar un 55% de la base reguladora; con menos de 55 años, eso es lo más probable. Y esto también te sirve para las cotizaciones a la jubilación. Supone una merma actual y una merma a futuro”, añade Castillo. Sumado a esto, la SQM no aparece en el cuadro de enfermedades profesionales reconocido en el Real Decreto 1299/2006. Por ello la abogada tiene que centrar su acción jurídica en el reconocimiento de accidente laboral.

ENFERMEDADES NO RECONOCIDAS

Según los datos del último informe de CC OO y UGT La Siniestralidad Laboral en la Comunidad de Madrid 2018, ese año se registraron en la comunidad 1.533 partes de enfermedad profesional, de los cuales 864 corresponden a mujeres (56,4%) y 669 a hombres (43%). El sector que mayor peso tiene es el de servicios, que cada vez está más feminizado. De 1.140 partes en este sector, 760 fueron de mujeres. Por otro lado, los sindicatos denuncian que en Madrid existe un gran problema con el subregistro de enfermedades, ya que se anotan un 60% menos que la media nacional. Muchas patologías laborales son tratadas como “contingencias comunes”, lo que “supone una sobrecarga asistencial muy importante para los servicios públicos de salud al tener que hacer frente a costes que corresponden a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”, apunta el informe de CC OO y UGT.

Trabajadoras de la limpieza, camareras de piso o personal doméstico asumen buena parte de las consecuencias de esta situación. Las enfermedades musculoesqueléticas son el grueso de sus dolencias. Dolencias que en muchas ocasiones son difícilmente atribuibles al trabajo, aunque así sea. “Las mutuas solo aceptan patologías agudísimas. O me tuerzo una pierna o me rompo un tobillo, o la mutua no se hace cargo de nada. Una lumbalgia no te la va a reconocer nunca. O la enfermedad del túnel carpiano, originada por movimientos repetitivos y muy propia de las limpiadoras”, explica Rosa Bajo, médica de Atención Primaria de un centro de Lavapiés. Esta doctora señala además que las mujeres deben sumar la sobrecarga tanto física como emocional de seguir trabajando en casa, lo que se conoce como doble presencia. “Surgen también temas de depresión y ansiedad. Por el estrés del trabajo y también porque nos hacemos responsables de la carga y de la presión familiar, y eso pesa mucho”.

Según un estudio sobre las condiciones ergonómicas del puesto de camareras de piso en hostelería de la Comunidad de Madrid, la mayoría de los daños derivados del trabajo son lesiones por sobresfuerzos y casi la mitad de los accidentes laborales se producen en este sector. Las camareras de piso, comúnmente conocidas como kellys, recibían en 2018 la noticia de que el catálogo de enfermedades profesionales admitiría tres dolencias propias: el síndrome del túnel carpiano, la bursitis y la epicondilitis o “codo de tenista”, relacionadas con determinados movimientos repetitivos en brazos y manos propios de su trabajo. María del Mar Jiménez, portavoz de Las Kellys Madrid, denuncia que en la práctica todo sigue igual. “Yo tengo una hernia discal de hacer camas, tendinitis crónica en el manguito de rotadores del hombro [bursitis], también de hacer camas, y síndrome del túnel carpiano en la mano de retorcer la bayeta. En cada habitación la retuerzo una media de 200 veces. Nunca me han reconocido una enfermedad profesional”, denuncia tajante.

En su colectivo ven cómo las mutuas siguen ignorando estas afecciones y así lo corrobora. Acto seguido enumera las elevadas cargas que soportan. “Nosotras hacemos una media de 20 o 30 camas al día. Ahí lo que más usamos son los brazos. Luego, en cada habitación tienes que hacer el baño, la cabina de ducha, el bidé, el váter —cuenta—. Además, arrastro un carro de 100 kilos sin motorizar por una moqueta. Cuando yo empecé se fregaba de rodillas, dejamos de hacerlo hace unos ocho años. A los hoteles de lujo no les gustan las fregonas”. Jiménez lleva más de 30 años en la profesión, los últimos en un hotel de lujo en Madrid. “Cuando yo entré en esta profesión el codo de tenista se llamaba codo de planchadora, hace 30 años. Luego salió la lesión en los tenistas y quedaba feo llamarlo codo de planchadora, por eso ahora se llama codo de tenista”.



DESPIDOS POR SALUD

La portavoz de Las Kellys Madrid añade otro elemento a la ecuación. Las cargas para la salud suponen también un riesgo para la pérdida del empleo, aplicando el polémico artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, derogado finalmente por el Gobierno el 18 de febrero. “Yo tengo compañeras que por estar de baja les han despedido”, denuncia. Este es el caso de Alfonsi Asperilla, camarera de piso que ha formado parte de una sección sindical de CNT, quien se vio en la calle tras un accidente laboral.

“El año pasado entré a trabajar en el Venus de Arroyomolinos, un motel íntimo que cuenta con garaje en cada habitación. Llevaba algo más de un mes cuando un día me caí en la escalera del garaje porque no había pasamanos. Me rompí el radio y me escayolaron”, explica Asperilla, quien fue conducida hasta la mutua por sus propios hijos, que tuvieron que acudir a buscarla. “Como a la semana, me llamaron de la empresa y me dijeron que me apreciaban mucho, pero que firmara unos papeles porque habían decidido rescindir mi contrato”, cuenta Asperilla, quien se presentó en el motel apoyada por gente de CNT para expresar su disconformidad. “Querían liquidarme con 600 euros. Finalmente me pagaron 1.500”, señala.

Ana Lucy, que ha recibido el apoyo de la sección sindical de CNT La Rueca, permanece de baja a la espera de ver declarada su incapacidad permanente. Y, al mismo tiempo, prepara el juicio que se celebrará el próximo 3 de marzo, para que se reconozca el origen laboral de sus males. “Yo ni siquiera sabía que mi enfermedad existía, para mí ha sido algo nuevo. No sabes ni cómo ni cuándo va a reaccionar tu cuerpo. No puedes ir a sitios donde antes ibas”. Ahora lo único que hace, lamenta, es evitar. “Vivo evitando. Y yo solo sé que en La Rueca entré bien y he salido así”, concluye.

