Baja California Sur es el único estado de la república mexicana que concentra el mayor número de trabajadores (31%) que podría ser solvente ante una cuarentena de tres meses, en la que no se les continuara pagando al menos una parte de su salario.

En contraste, en estados como Baja California, Guerrero y Morelos el porcentaje de las personas que podrían enfrentar una cuarentena de tres meses sin ingresos oscila entre 5 y 3 por ciento, según un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En promedio, sólo 13% de los trabajadores en el país podrían ser solventes, destacó el organismo empresarial.



En el estudio #DATACOPARMEX estimó que 43 por ciento de las pequeñas y medias empresas (PyMES) podrían ser afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. Las cuales estarían en riesgo de quedarse sin ingresos para pagarle a sus colaboradores y cerrar definitivamente.

En un estudio, el organismo empresarial, señaló que los estados con mayor número de PyMES en riesgo son Colima (47%), Aguascalientes (46%) y Querétaro (46%), dado que concentran un mayor porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas en industrias que, de acuerdo con análisis de la consultora Moody’s, están viendo reducir más sus ventas y la demanda por sus servicios.

Entre las industrias más afectadas se encuentran restaurantes, transporte, entretenimiento, hoteles, consumo de bienes durables y autopartes.

En contraste, Sonora, Coahuila y Tabasco son los estados con menos empresas susceptibles a sufrir afectación por la emergencia sanitaria, ya que estas entidades tienen un mayor número de empresas especializadas en construcción, paquetería, manejo de desechos, alimentación y bebidas. Rubros considerados como esenciales en el acuerdo publicado por el gobierno federal, el pasado 31 de marzo.

Ante ese panorama, el sindicato patronal planteó siete medidas encaminadas a garantizar la subsistencia de las fuentes de empleo. Entre éstas se encuentran el que el Servicio de Administración Tributario (SAT) acelere la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se restaure la compensación universal durante este año.

“Actualmente la devolución de IVA está tardando en promedio 5 meses. Las empresas no pueden seguir esperando. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a agilizar dicha devolución, pero no especificó plazos, por lo que se hace hincapié en que las respuestas por parte del SAT a las solicitudes de las empresas no deberán de rebasar los 20 días”, refirió el organismo en un comunicado.

Otra medida que plantean los empresarios es el diferimiento, más no condonación, del pago del 100 por ciento de las contribuciones se seguridad social, con el fin de “mantener intacta la productividad de las empresas”.

Ampliar y agilizar la disponibilidad del financiamiento y de créditos por parte de Nacional Financiera (Nafinsa) y Bancomex. En 2009, ambas instituciones dispusieron de líneas de crédito por 4 mil 500 millones de dólares, refirió Coparmex, y estimó que en esta coyuntura tendría que ser mucho mayor el monto de las líneas de crédito.

Planteó también que los pagos provisionales mensuales sean con base en la utilidad de 2020 exclusivamente, sin tomar en cuenta el coeficiente de 2019. Así los pagos serán más cercanos a la realidad que se vive a raíz de COVID-19.

El organismo que a nivel nacional dirige Gustavo de Hoyos Walther propuso que haya mayor efectivo en los hogares y menos devolución de impuestos, mediante la deducción familiar adicional y por única ocasión para incentivar el consumo, para que las personas físicas puedan incluir por única ocasión una deducción personal adicional en la declaración anual de 2019, equivalente al ingreso corriente total promedio mensual por hogar de 2018 (16 mil 536 pesos).

Pidió el diferimiento optativo de las declaraciones anuales de las personas físicas, cuyo plazo vence el 30 de abril, para que sea hasta el 31 de julio próximo, como “un alivio temporal y las personas que deban pagar impuestos cuenten con más dinero en sus bolsillos”.

Finalmente, planteó establecer un salario solidario, que podría ser una percepción menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. El cual estaría compuesto de una contribución de los tres actores involucrados, con el fin de evitar despidos y cierres definitivos de empresas ante la incapacidad real de pagar la nómina completa

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