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Ante el silencio cómplice que guardan los medios de comunicación es necesario dejar establecido, ante la opinión pública nacional e internacional las cinco pruebas que existen en torno a que efectivamente fueron el ejército y la policía los que ejecutaron el genocidio en Senkata y Sacaba:

1. En primer lugar, están los testimonios que han dejado los testigos oculares de estos hechos. Estos testimonios han sido evacuados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras comisiones internacionales. Se trata de versiones muy detalladas de varios testigos de los hechos. Ellas son coincidentes en varios aspectos, como el hecho de que el ejército en Senkata llegó al lugar y, sin emitir advertencia alguna, comenzó a reprimir a todos los que se encontraban en el lugar, sin distinguir que fueran o no manifestantes, con gases, balas y balines de forma indiscriminada. Varias de estas versiones apuntan a que también se disparó desde helicópteros . Tratándose entonces de versiones muy detalladas y coincidentes entre sí pues gozan de mucha credibilidad.

2. La segunda prueba es la total ausencia de investigación en torno a estas masacres. Al respecto, el gobierno ha señalado que las muertes fueron ocasionadas por armas de fuego cuyo calibre no corresponde al que utilizan las Fuerzas Armadas y la Policía. Con este argumento pusieron fin a su supuesta investigación, sin percatarse siquiera que lo que importa es esclarecer quién o quiénes fueron los que dispararon contra la masa de gente. Se conformaron con «demostrar» que no fueron el ejército y la policía. ¿Entonces, quien fue? El gobierno golpista no se ha percatado que su silencio en torno a esta pregunta, lo delata, pues, si fuera como ellos afirman, entonces deberían estar empeñados en determinar quién o quiénes fueron los que dispararon contra esas poblaciones. Por otro lado, su supuesto argumento es sumamente deleznable. Se supone que quién comete un delito, vulnera la ley, mientras que su argumento es del tipo: no pudieron ser el ejército y la policía porque ellos respetan su reglamento de uso de un calibre determinado. Más o menos entonces su argumento se reduce a decir que no pudo ser el ejército ni la policía porque ellos cumplen la ley. El presunto argumento es ridículo. Además, el uso de ese argumento, se convierte en un indicio más de que efectivamente fue el ejército, dado a que en el pasado, las dictaduras militares utilizaron ese mismo argumento para pretender escapar de sus responsabilidades. Por ejemplo, ese mismo argumento fue utilizado por el gobierno de la dictadura de Hugo Banzer cuando masacró campesinos en Tolata y Epizana, el año 1976.

3. La tercera prueba se refiere al condicionamiento que puso al gobierno a los familiares de las víctimas para otorgarles un resarcimiento. El condicionamiento consiste en requerir que los familiares de las víctimas no continúen con sus denuncias en instancias internacionales. Este condicionamiento implica en rigor un reconocimiento implícito de que las masacres fueron efectivamente cometidas por el ejército y la policía, ya que no existe un motivo racional para que un gobierno pida que no se sigan las denuncias en ámbitos internacionales, a no ser que sea el mismo gobierno el que las haya cometido y, por lo tanto pretenda ocultar esos sucesos.

4. La cuarta prueba es el Decreto Supremo que emitió el gobierno un día antes de que se cometieran esas masacres y que fue denominado por los críticos como una licencia para matar, dado que eximía al ejército y a la policía de responsabilidad penal, en las labores que estas entidades ejercieran para resguardar el «orden público». No hay duda alguna que este decreto es ilegal e inconstitucional, ya que ningún decreto puede entrar en contradicción con lo que manda la ley, y menos aún la constitución. Pero más allá de la ilegalidad del Decreto están las razones reales por las cuáles un gobierno emite un decreto de esta talla. ¿Qué razón habría para emitir un decreto de esta naturaleza?, pues la única explicación posible es que el mismo ejército exigió que se lo emitiera para que las autoridades políticas del momento (lease, los golpistas)asumieran la responsabilidad de la orden que emitieron a las fuerzas militares y policiales para que reprimieran la protesta social.

5. La quinta prueba es el blindaje mediático que se le ha impuesto al tema. Dada la gravedad de lo ocurrido, lo natural sería que la opinión pública, mediante los medios de comunicación, haga un seguimiento pormenorizado de las investigaciones que se realizan sobre el asunto. Sin embargo, una vez que los medios transmitieron la versión en torno a que las muertes fueron ocasionadas por armas de fuego cuyo calibre no corresponde al que usan el ejército o la policía, entonces todo el tema se sumergió en el silencio más absoluto. ¿Cuál es el motivo, para que los medios se conformen con un argumento tan absurdo? Pues una posible razón es que están amenazados y presionados por el gobierno de facto que es el responsable de esas masacres. La duda que cabe al respecto, es en qué medida, los medios están realmente amenazados o es que su complicidad en el golpe es de tal envergadura que se silencian ellos mismos de motu proprio.