03 de Junio de 2015

Los priistas presumen de su gran capacidad de operación política. Cuando se enfrentan a un conflicto social, lo primero que hacen es sacar la chequera para tratar de resolverlo a billetazos. Aplican la vieja máxima de que “problema que se arregla con dinero, problema que sale barato”. Es, al parecer, lo primero que hicieron para neutralizar la protesta de los maestros de la Sección 22 de Oaxaca y la CETEG en Guerrero. Varias voces en la prensa nacional hablan de portafolios llenos de dinero que el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, les habría entregado, además de otorgarles más plazas y todo tipo de prebendas.

Pero no les funcionó porque esos grupos son maximalistas. Una vez que se les da un dedo quieren la mano y cuándo se les entrega ésta van por el brazo completo. Es ahí cuando los gobiernos del PRI utilizan la siguiente técnica de “operación política” para “resolver” un conflicto social: negociar la ley. Para los priistas la ley no es norma jurídica que manda o prohíbe algo y cuyo incumplimiento implica una sanción. No. La ley es instrumento flexible de negociación política. Y es lo que hicieron con los señores de la 22 y la CETEG.

La Constitución, nuestra máxima ley, manda que los docentes sean evaluados en el concurso de plazas y la promoción de puestos directivos. Una institución autónoma del Estado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es la encargada de dicha labor. Eso ordena la ley. Pero los maestros de la 22 y la CETEG no quieren que los evalúen y, para presionar al gobierno, están boicoteando las elecciones del próximo domingo en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Como los billetazos ya no funcionan, el gobierno de Peña, fiel a la usanza priista, utiliza, ahora, a la ley como instrumento de negociación. A través de un comunicado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión indefinida de las evaluaciones.

Les entregaron el brazo, pero los señores de la 22 y la CETEG ahora van por más y más y más… nada los saciará. Incluso si el gobierno echa para atrás toda la Reforma Educativa, pedirán la suspensión de las demás reformas, luego la renuncia de Peña y después que les entreguen las llaves de Palacio Nacional. Ni los billetazos ni la suspensión de la ley va a resolver este problema. Si algo hemos aprendido estos años con la 22 es que sólo se repliegan cuando el Estado usa la fuerza pública. Así se rescató la ciudad de Oaxaca en 2006 que llevaba un año secuestrada por los maestros. Y estamos hablando, desde luego, de la utilización de la fuerza pública de acuerdo a protocolos que respeten los derechos humanos, tal y como se hizo en 2006.

Pero yo quisiera subrayar lo grave que resulta que un gobierno suspenda la ley de manera ilegal (vaya paradoja). La SEP no tiene facultades para suspender la evaluación. Todo esto llevará, entonces, a una serie de litigios donde la Suprema Corte, seguramente, ordenará que se cumpla la Constitución y se realice la evaluación. Pero, mientras tanto, el gobierno ha generado una gran incertidumbre con altos costos sociales y económicos.

¿A qué me refiero? Supongamos que mañana, en un boletín de prensa, la Secretaría de Gobernación anunciara que suspende de manera indefinida la libertad de expresión. Sospecho que la Suprema Corte, después de muchos amparos, declararía ilegal la suspensión y recuperaríamos la libertad de expresión. Mientras tanto, los medios se quedarían en una indefinición que afectaría la comunicación con la sociedad.

Otro ejemplo. Supongamos que la Secretaría de Energía, después de licitar los campos petroleros de la Ronda Uno de la Reforma Energética, anunciara en boletín de prensa que suspende de manera indefinida la participación del capital privado en la exploración y explotación del petróleo. ¿Cuántos miles de millones de pesos se perderían por la incertidumbre de un gobierno dispuesto a manipular la ley a su antojo? ¿Cómo explicarle a los inversionistas que esto puede ocurrir en México porque así sucedió con la Reforma Educativa? ¿Usted metería dinero en un negocio, de por sí de alto riesgo, en un país donde el gobierno negocia la ley con chantajistas profesionales? Desde luego que sí, siempre y cuando le pagaran una mayor utilidad para compensar la incertidumbre. Ése es el costo económico de un gobierno que utiliza a la Constitución como papel de baño.

Twitter: @leozuckermann

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