A lo largo de toda la jornada y con el parón para comer entre medias, los actos organizados en torno a los derechos laborales y sociales se fueron sucediendo con la participación de sindicatos, expertos, miembros de organizaciones de trabajadores y políticos para buscar soluciones y alternativas al modelo actual.

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Hubo una plenaria y dos talleres, con temáticas que oscilaron de la precarización, discriminación y criminalización de la clase obrera a las nuevas prácticas de lucha por los derechos sociales y laborales. Las opiniones fueron variadas pero pocas las líneas generales. Básicamente se centraron en el papel de los sindicatos, que todos coincidieron en señalar como importante a la vez que apuntaban su necesidad de reinventarse para defender a los trabajadores en los tiempos actuales.

El recorte en la capacidad de acción y negociación de los sindicatos fue uno de los puntos más tratados. Para Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y diputado de Podemos, "hay un límite en las luchas de los convenios colectivos. Hasta ahora existe una subversión de la democracia y se ejerce una auténtica dictadura por parte de algunos sectores del capital financiero".

No obstante, también se cuestionó el papel de los sindicatos, con el mensaje general de que no se han sabido adaptar a las nuevas formas de trabajo y los retos actuales a los que se enfrentan los trabajadores. Adoración Guamán apuntó que "hay que hacer autocrítica y revisar las formas de lucha que tenemos para lograr ser más efectivos".

En este sentido, una de las armas clásicas de lucha es la huelga, perseguida y criminalizada en los últimos años en casos sonados como el de los ocho de Airbus. No es el caso solo de España sino que, como observa Isabella Consolati de Precarious (dis)Connections, "el derecho a huelga está atacado en varios lugares de la Unión Europea, tenemos que luchar contra eso. Debemos discutir como sobreponernos a estos límites que nos han impuesto, construyendo un movimiento mucho más amplio ser fuertes".

Todos los ponentes se unieron en denunciar la continua precarización, discriminación y criminalización del trabajo, ante el auge de los empleos eventuales o fenómenos como "el contrato de cero horas que ya se aplica en algunos lugares de Europa y que se salta todos los derechos laborales", enfatizó Guamán.

Mientras se recuperan derechos fundamentales, por toda Europa surgen nuevas formas de lucha por parte de trabajadores. Theodoros Karyotis, miembro de un colectivo para luchar por las fábricas de Tesalónica, propuso "la recuperación de empresas como una forma de respuesta a la deslocalización". Como ejemplo, "las fábricas okupadas de Argentina en la que la clase obrera vuelve a tener el poder sobre su trabajo".

La internacionalización de la lucha por los derechos laborales y sociales fue otro de los puntos de acuerdo entre los ponentes. Concretamente Sebastián Franco, coordinador del movimiento Alter Summit, subraya que "se debe construir el debate para formar una alianza entre los diferentes movimientos y luchas que existen a nivel europeo".

Además constata la necesidad de "victorias a nivel europeo en cuestiones transversales como la lucha contra el TTIP, que debe ser algo importante este año". Franco ve factible ganar en este caso, ante "la fragilidad entre los propios tratantes del acuerdo y las numerosas contradicciones internas", frente a un movimiento popular en contra que "ha ganado en intensidad en los últimos meses".

Entre los presentes a las sesiones no faltaron movimientos de lucha de trabajadores ante condiciones abusivas o la criminalización del sindicalismo. Son los casos de los ocho de Airbus, representados por Enrique Gil que reivindicó lo ocurrido como "un ejemplo de lucha y de éxito". También estuvieron representantes de los trabajadores de Coca Cola en Fuenlabrada, quienes critican ferozmente un ERE "cuando la fábrica es la más rentable de Europa". "Es un ataque político que nada tiene que ver con la economía", denuncian. Especialmente emotivo fue el caso de las gestoras de las llamadas de emergencia en Málaga, quienes denunciaron como les exigen sus jefes "cerrar la llamada en un minuto y medio cuando al otro lado puede haber una persona a punto de morir y que necesita una atención adecuada. Cuando nos negamos a aceptar eso, nos sancionan".