En realidad, fue un día tranquilo, solo la inquietud de los momentos previos al inicio del primer turno y comprobar si la gente respondería a la convocatoria. La moral estaba alta, pues en los días anteriores previos se notaba la buena disposición de la mayoría de las plantillas. Y así fue. El miércoles 19 la petroquímica de Tarragona secundó masivamente la huelga. Hubo piquetes a la entrada del polígono y de algunas empresas, pero apenas tuvieron actividad; la mayoría de los trabajadores fueron a la huelga, los servicios mínimos se cumplieron escrupulosamente y se vivió una jornada de paro total como no se había vivido nunca, ni siquiera en las convocatorias de huelgas generales.

Esta fue la respuesta a otro día que fue todo menos tranquilo. El pasado 14 de enero explotó un reactor en la empresa IQOXE. Murieron dos trabajadores y una tercera persona por la tapa del tanque que voló más de 3 kilómetros hasta incrustarse en su edificio. Ese día se vivió lo que muchos temían: no funcionaron los protocolos de seguridad, tampoco la coordinación en la gestión del Plan de Emergencia Química (Plaseqcat), la población no había sido preparada para una alarma como esa, las llamas y el aire enrarecido, por no decir tóxico, envolvieron el polígono petroquímico y las poblaciones que lo rodean. Fue una situación de enorme riesgo y una dura advertencia de lo que puede volver a repetirse si no se toman, y con urgencia, las medidas necesarias.

Existe, además, un riesgo muchas veces ignorado y es que los trabajadores de la planta se ven obligados a inhalar sustancias nocivas y cancerígenos, que se expresan décadas más tarde en cánceres y enfermedades respiratorias, como ocurre con las víctimas del amianto. Lo saben bien los 11.000 trabajadores de la petroquímica y las miles de familias que viven en las localidades cercanas. Por eso la respuesta fue masiva y unitaria.

El éxito de la movilización se apoyó también en la vinculación entre sindicalismo y asociaciones de diverso tipo, vecinales, de defensa del medio ambiente, grupos municipales, etc. Los sindicatos convocaron la huelga bajo el lema de “por una petroquímica fuerte, más seguridad y menos precariedad”. La defensa del empleo industrial exige medidas de seguridad y control sobre ellas. No puede ser que las potentes empresas del lobby petroquímico impongan sus condiciones ni que los poderes públicos, especialmente la Generalitat, las acepten. Los delegados sindicales de la empresa IQOXE habían denunciado en diversas ocasiones el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y la Inspección de Trabajo había iniciado expedientes sancionadores por la acumulación de 73 irregularidades en 5 años. Las cargas de trabajo y la precariedad del sector con un aumento de la subcontratación en algunos casos, son otros de los serios problemas que afectan a las empresas. Como siempre, la codicia del sistema capitalista por extraer el máximo de beneficios se impone sobre unas condiciones de trabajo saludable y seguras. El complejo petroquímico de Tarragona es el más grande del sur de Europa y representa el 1,5% del PIB español.

Un polvorín

A partir de la plataforma Cel Net (Cielo Limpio), que desde 2008 desarrolla campañas de denuncia sobre la situación en la zona alrededor de las empresas petroquímicas, se redactó un manifiesto apoyado por 130 entidades en el que se exigen medidas prácticas y urgentes: más transparencia, seguridad, comunicación y cambios legislativos en relación a la industria petroquímica en la zona. El área metropolitana de Tarragona acoge la mayoría de las empresas más contaminantes de Cataluña, incluso por encima de Barcelona o de las comarcas industriales como el Bajo Llobregat o el Vallés. Son las empresas Repsol, Dow Chemical Ibérica, Cemex España, Carburos Metálicos, Iberdrola-Tarragona Power e IQOXE, que normalmente superan los derechos de emisión de CO 2 concedidos por la Unión Europea. Desde 2012 existen estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña que confirman la existencia en el aire de la zona de diferentes tipos de gases y sustancias peligrosas para la salud, no únicamente de las personas trabajadoras, sino de sus familiares, pudiendo provocar problemas de salud como intoxicaciones y enfermedades crónicas como las enfermedades respiratorias, dermatitis, enfermedades del sistema nervioso y cánceres.

Antes de la explosión del 14 de enero ya habían sucedido otros accidentes. En noviembre del 2013 explotó un reactor de etileno en Repsol. En mayo del 2015 en la empresa Nitricomax se tuvo que activar el plan de emergencias. Hubo que atender 91 consultas por afecciones respiratorias en el barrio Bonavista de Tarragona. En el 2009 un incidente parecido se saldó con una multa de 60.000 euros a esta empresa. En mayo de 2019 se produjo una fuga de entre 500 y 600 litros de amoníaco en la empresa Carburos Metálicos, murió un trabajador y 15 resultaron heridos.

No es de extrañar que el portavoz de la plataforma Cel Net, Josep María Torres, declarara que la situación en la zona es un “polvorín” y que “no existe ningún tipo de control ni regulación por parte de la Administración”. En el manifiesto antes citado se denuncia la falta de decisiones políticas para responder a los problemas: “Desde hace tiempo la única respuesta de la Generalitat de Cataluña a este impacto son promesas incumplidas y falta de voluntad política para resolverlo. Sólo una mesa de calidad del aire que, después de cuatro años desde su creación sin dar ninguna solución eficaz, se ha convertido en un intento de disuadir la lucha por la defensa de la salud y la calidad del aire y, al mismo tiempo, un mecanismo para permitir la impunidad de las empresas que controlan nuestro territorio”.

La jornada de huelga general tuvo otra cita por la tarde. A las 19 horas se convocó una manifestación que se inició en el barrio de Torreforta y recorrió el centro de Tarragona. Más de 3.000 personas marcharon exigiendo “seguridad, información y coordinación”. Era fácil escuchar las voces de los vecinos cabreados. “Venimos -explicaban- porque hay preocupación y sentimiento de impotencia. Los episodios que dicen que son accidentes no son normales” “Vivimos -decía otro- frente a la N-340 y hace 20 años había cuatro o cinco depósitos delante, y ahora vamos por los 40 o 50 depósitos cargados de materia tóxica, inflamable y explosiva. Hace falta que nos den seguridad porque esto no puede volver a pasar”.

La movilización fue un éxito, pero ahora falta que se tomen las medidas exigidas por el movimiento sindical y el vecinal. “Si no tenemos soluciones, tendremos más huelgas” -declaró Javier Pacheco, secretario general de las CCOO de Cataluña. Las más de 130 entidades que apoyaron el manifiesto “exigen al govern de la Generalitat que se implique urgentemente en la protección y seguridad de la población por encima de los intereses económicos de las grandes empresas, que escuchen las demandas del territorio, se asuman responsabilidades públicas y se activen las medidas para reducir el impacto y el riesgo que sufre la zona día tras día”.

La relación entre la producción capitalista y el medio ambiente, la salud y el aire que respiramos es un problema de enorme importancia. Solemos guardar en la memoria hechos de gran repercusión, como el incendio en Seseña (Toledo) de un vertedero ilegal de neumáticos que estuvo emitiendo gases tóxicos durante semanas, pero día a día en muchas empresas se sufre las malas condiciones de trabajo y la falta de controles suficientes, como lo tienen que soportar las poblaciones que rodean los polígonos industriales. Lo estamos viendo estos días con el hundimiento e incendio del vertedero de Zaldívar (Vizcaya), en el que han muerto dos trabajadores y la población de los alrededores ha tenido que confinarse en sus casas y no realizar actividades físicas al aire libre. La vinculación entre sindicalismo, movimientos vecinales, asociativos y políticos es la base para colocar estos problemas y sus soluciones en el lugar que le corresponde para defender la salud de la población.