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El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses , cuya rentabilidad el Gobierno quiere aplicar ahora por ley al actualizar los haberes de los jubilados, fue utilizado en los últimos años para finalidades que no tenían relación alguna con la mejora de los haberes jubilatorios: con ese flujo se financió el déficit del Tesoro nacional, se dieron créditos Procrear, para viviendas para sectores medios, y se solventaron proyectos de represas y centrales hidroeléctricas.

Según el informe oficial del sexto bimestre de 2015 del FGS, estos proyectos de infraestructura costaron 84.468 millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner. El principal fue el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para Vivienda (Procrear), con $ 37.548 millones. La Central Nuclear Néstor Kirchner (Atucha II) recibió $ 19.110 millones; la Central Barragán y Brigadier López, $ 10.491 millones; el Fondo Federal para Obras Públicas (Sisvial), $ 5544 millones, y la empresa cordobesa de energía EPEC, $ 4992 millones. Esas cinco insumieron $ 77.685 millones, pero no fueron las únicas.

Macri envía proyecto de ley de reparación de haberes

Si bien pudieron tener un beneficio económico y social, el conflicto consistió en si debieron financiarse con aportes de los jubilados o con los recursos del Tesoro y de los bancos públicos. Macri quiere aplicar los recursos del FGS para aumentar las jubilaciones.

Según anunció el Gobierno el viernes último, el FGS alcanzó hasta hoy $ 700.000 millones y el flujo anual por diversas inversiones es de aproximadamente $ 100.000 millones. Con parte de esa rentabilidad y el blanqueo de capitales se pagarían en forma retroactiva y por única vez 50.000 sentencias y 250.000 juicios en trámite por $ 46.000 millones. Luego de dos o tres años, cuando se actualicen los haberes de los 2,4 millones de jubilados, se deberá afrontar un gasto adicional de $ 75.000 millones por año.

Pero en el Congreso el Frente para la Victoria y otros sectores del peronismo plantearon serios reparos al uso del FGS porque, según ellos, pondría en peligro el sistema previsional. Los voceros del director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, admitieron a LA NACION que "el financiamiento del déficit fiscal, el Plan Procrear y las represas hidroeléctricas no tienen nada que ver con los jubilados", aunque por ahora se mantienen vigentes.

Pese a la política de "gobierno abierto" de Macri, advirtieron que "no se va a dar información" sobre la composición actual de los gastos del FSG que no tienen vinculación alguna con los jubilados."Se está en una etapa de auditoría y no podemos informar", señalaron cerca de Basavilbaso.

El kirchnerismo usó la Anses para financiar al Tesoro nacional y cubrir el déficit fiscal. En 2011, por ejemplo, los jubilados le prestaron al Estado $ 22.699 millones y el Banco Central $ 12.236 millones para disimular un déficit anual de $ 65.600 millones.

El FGS había sido creado en 2008 tras la estatización de las AFJP, para preservar el valor de los aportes de los trabajadores con inversiones rentables y sostener el sistema. Por eso las principales inversiones a diciembre de 2015 eran títulos y obligaciones negociables por $ 429.000 millones y acciones por $ 85.000 millones de 40 empresas privadas: entre ellas, Banco Macro, Telecom, Siderar, Galicia, Molinos Río, BBVA, Clarín, Aluar, Edenor, Petrobras e IRSA, entre otras.

Si bien el Gobierno aclaró que no venderá esos activos en el corto plazo, la nueva reforma habilitaría a la Anses a hacerlo según las necesidades de pago a los jubilados o los vaivenes del mercado de valores. También el FGS acreditaba depósitos en plazo fijo por $ 8552 millones en diciembre.

Pero la Anses financió otros planes con dinero de los jubilados: Invap, por $ 46 millones; New San, por $ 429 millones; Central Hidroeléctrica Timbúes, por $ 903 millones; AySA, por $ 890 millones; el Plan de Recursos Hídricos, por $ 1755 millones, o General Motors, en 2009, por $ 259 millones.

Tratarían hoy la devolución del IVA a jubilados

El gobierno de Mauricio Macri podría obtener hoy su primer logro legislativo de carácter social. Si se llega a un acuerdo político entre los distintos bloques para hacer un breve debate antes del informe que presentará el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Senado podría sancionar el proyecto de ley de devolución de IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales por compras con tarjeta de débito y otros instrumentos.

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión del 18 de mayo pasado, obtuvo dictamen ayer de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.