Adriana y su familia tenían menos de cuatro meses de haber llegado a Tamuín, un municipio de San Luis Potosí. Apenas había cumplido 13 años y le fue fácil adaptarse a sus nuevos compañeros de secundaria. Todas las mañanas salía de casa a las 6:30 horas y el 24 de mayo de 2011 no fue la excepción. Pero la familia recuerda bien esa fecha porque fue la última vez que la vieron con vida.

Sandra Campuzano, su madre, denunció la desaparición horas después, pero los policías ministeriales la ignoraron.

“Se fue con el novio”, le dijeron. Los días siguientes repartió volantes con vecinos en rancherías aledañas con la esperanza de encontrarla.

El 11 de junio de 2011 el cuerpo de la niña fue hallado en un cañaveral, con signos de violencia sexual y física. Según la autopsia, murió por asfixia.

La madre ha revisado el expediente de investigación. Leyó los detalles de la confesión del presunto asesino, Filiberto Hernández, y una frase le quedó grabada en la memoria: “Se defendió con uñas y dientes. Le tuve que pegar en la cabeza”.

Eso es parte de la confesión del hombre, un exmilitar de 43 años que daba clases de karate y zumba en Tamuín. Detalló la forma en que raptó a Adriana, cómo la agredió y el lugar donde había enterrado sus restos, según consta en el expediente.

Fue detenido en julio de 2014 gracias a las investigaciones que realizaron familiares de su última víctima, una mujer de 32 años. Sin embargo, policías ministeriales lo detuvieron por el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército y después lo procesaron por asesinato.

Está recluido en el penal de Durango y enfrenta el proceso penal por tres asesinatos más, incluyendo el de una niña de 9 años, la menor de sus víctimas.

Durante el proceso dijo ser víctima de tortura y que el Ministerio Público estatal había omitido pruebas en la investigación, por eso, en diciembre pasado fue absuelto del asesinato de Adriana y podría ser liberado si se aplica el mismo precepto para los otros casos.

Los errores

Este martes 4 de octubre, las familias de cuatro víctimas tendrán un encuentro con el subprocurador de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Pablo Alvarado, para pedirle una nueva investigación y se corrijan los errores que cometieron los policías ministeriales y el Ministerio Público de la entidad en el caso.

Sandra Campuzano regresó a vivir a Guanajuato y mientras realiza el recorrido hacia Ciudad Valles, atiende la entrevista. En momentos se quiebra, pero su voz recupera firmeza cuando dice que buscará hacer justicia. “No me he vuelto loca porque tengo que seguir con esto. No quiero que otra madre sufra lo que yo”, dice.

En diciembre pasado no daba crédito de la absolución hacia el asesino confeso de su hija. Menos aún por la razón que dio el juez: “falta de pruebas”. El MP sólo entregó dos cosas para inculparlo: su confesión y una prueba psicológica, insuficientes para la consignación, explica Karla Michel, abogada de las víctimas.

El expediente está lleno de “graves errores” cometidos por la autoridad y que pueden resultar en la absolución por el resto de los casos, asegura la abogada Michel. Uno de los más preocupantes es que ninguna prueba fue procesada en el laboratorio.

En 2014 la policía cateó una de las casas del sujeto; encontró cabello y sandalias de niña, pero nunca fueron analizados y, por ende, no se realizaron pruebas para encontrar coincidencias con las víctimas. Lo mismo ocurrió con la revisión a la camioneta, aunque se encontraron manchas de sangre tampoco hubo análisis para determinar el tipo.

El caso de Adriana fue investigado de 2011 a 2014, pero los policías se concentraron en la familia. “Trataban de establecer que la niña había huido del entorno familiar”, dice la abogada, y se olvidaron de abrir líneas de investigación para dar con el agresor.

Otro error es que aunque el hombre confesó cinco asesinatos, los casos no están relacionados entre sí y cada uno está siendo investigado bajo diferentes criterios. En tres casos se acusa feminicidio, pero no se aportan pruebas para sostenerlo. El expediente de Adriana dejó de tener actividad desde 2014 mientras que el de la primer joven de 15 años asesinada en 2010 aún está abierto.

El caso de Adriana fue llevado por abogados del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el Delito (CAVID) del estado, pero “nunca hicieron nada”, asegura Sandra. De hecho, los familiares de las víctimas nunca recibieron notificaciones sobre el avance del proceso, a lo que tienen derecho, sobre todo para poder interponer recursos de apelación.

Filiberto Hernández está solicitando el traslado a un penal de Ciudad Valles, pero las familias tienen miedo.

“Si lo dejan libre nos va a matar”, asegura Sandra. Por eso, dice la abogada, Karla Michel, este martes pedirán al subprocurador la revisión de los expedientes y la corrección de los errores en la investigación para conseguir sentencias sostenibles apegadas a derecho.

Adriana fue asesinada en 2011, un año después de la primera víctima de Filiberto, según su confesión. En 2013 mató a otra niña y dos más en 2014, una de 9 años y una joven de 32. Por eso, dice Sandra, tocará las instancias judiciales necesarias para impedir que esta persona quede en libertad y otra mujer sea su víctima.