Las arcas del Estado -los bolsillos de los contribuyentes- cargarán una vez más con la gravosa factura derivada de los delirios de grandeza tan frecuentes en los años de vino y rosas del 'boom inmobiliario'. El Gobierno acaba de incluir en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 el compromiso del Estado de asumir las deudas pendientes por valor de casi 400 millones de euros que arrastra el Consorcio Valencia 2007, la plataforma creada en su día por Gobierno Central, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia para gestionar la explotación de las infraestructuras desarrolladas con motivo de la celebración del célebre acontecimiento deportivo, singularmente las instalaciones de La Marina.

El tiempo ha demostrado que el negocio no solo no fue tan próspero como parecía sino que se convirtió en un verdadero pozo sin fondo de pérdidas. Así se admite implícitamente en las últimas cuentas presentadas por el Consorcio, las de 2017, publicadas en el BOE el último día de este año pese a estar auditadas desde el 25 de mayo de 2018 posiblemente por la existencia de una negociación abierta entre Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia para resolver el asunto. De hecho, la solución se alcanzó en la reunión del Consejo Rector del Consorcio del pasado 18 de diciembre.

La situación del Consorcio Valencia 2007 antes de esa reunión era desesperada. El Tesoro Público -principal acreedor del Consorcio- había acudido a la Agencia Tributaria para exigir en vía de apremio el pago de las cuotas impagadas del préstamo de 319,6 millones de euros que formalizó el ICO en febrero de 2005, con el aval del Tesoro, para afrontar la construcción de las infraestructuras necesarias para que Valencia albergara la Copa América de vela en el año 2007.

La escasez de los ingresos generados de la explotación de esas infraestructuras en los años posteriores a la celebración del acontecimiento hizo que el Consorcio incumpliera sistemáticamente el pago de las 50 cuotas programadas para reembolsar al ICO los fondos percibidos. El ICO sólo ha cobrado catorce y porque el Tesoro Público, en su condición de avalista, ha hecho frente a las mismas.

Además, el Consorcio tenía abierto un proceso judicial impulsado por el Banco Santander -como reconoce en sus últimas cuentas anuales- para exigir la devolución de 12 millones de euros, nueve millones de euros del principio y tres millones de euros en intereses, por el impago de la póliza de crédito suscrita en 2013 como cobertura por el impago del préstamos principal de 60,5 millones que le fue concedido por la entidad bancaria.

El banco, lógicamente, también exigió en su día la devolución de ese préstamo principal (en marzo de 2017) y estaba dispuesto a llevar el asunto a los tribunales si el Consorcio no atendía al pago del mismo, pero luego transfirió el préstamos al fondo Taconic Capital Advisors (TCA) en una de las operaciones de desagüe de activos tóxicos realizada en los últimos meses y el asunto quedó pendiente.

El Estado paga la cuenta...y se olvida del asunto

La solución acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Generalitat Valenciana - presidida por el socialista Ximo Puig - y con el Ayuntamiento de Valencia -cuyo alcalde es Joan Ribó, de Compromís- es que el Estado asumirá "la deuda que el Consorcio Valencia 2007 tiene frente al ICO", que según las estimaciones del Consorcio se sitúa en torno a los 370 millones de euros, informa Ep.

También condonará la deuda que el Consorcio Valencia 2007 mantiene con el Tesoro Público por los pagos sustanciados al ICO en su condición de avalista del Consorcio, lo que significa que la plataforma se sacudirá de un plumazo a su principal acreedor. El proyecto presupuestario precisa que "la condonación se extiende a cuantas obligaciones principales y accesorias, por recargo de apremio, intereses de demora o de cualquier otra naturaleza se deriven de la ejecución del citado aval, quedando extinguidas a todos los efectos". Lo que es una condonación de deuda en toda regla.

Finalmente la Administración del Estado se compromete también a asumir la cuantía total de los intereses devengados por los gastos financieros del Consorcio e incluye en el proyecto presupuestario de 2019 una partida de 13 millones de euros para liquidar la parte de la deuda por el préstamo del Banco Santander (ahora propiedad de TAC) que le corresponde asumir por su participación en el Consorcio.

Borrón y cuenta nueva. Básicamente, lo que pedían Generalitat y Ayuntamiento, que defendían que la gestión pública de las infraestructuras creadas con motivo de la Copa América era viable una vez se liberará a la plataforma de las cargas vinculadas a todos los fastos que rodearon la celebración del acontecimiento deportivo en 2007.

La Administración del Estado está dispuesta a cumplir con su parte y así se ha comprometido a hacerlo si prospera el proyecto presupuestario, asumiendo esos cerca de 400 millones de euros que lastraban las cuentas y el futuro del Consorcio.

Hecho esto, el Gobierno dará un paso atrás, ejercerá su derecho de separación del Consorcio Valencia 2007, según se explicita en el proyecto de Presupuestos de 2019, y únicamente exigirá que la gestión que lleven a cabo de las infraestructuras Generalitat y Ayuntamiento de Valencia se ajuste a las disposiciones actualmente vigentes de Puertos del Estado y patrimonio de las Administraciones Públicas y que se garantice el pago de las deudas pendientes con la Autoridad Portuaria de Valencia.