CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en dos meses, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) transparentar información sobre la indagatoria del caso Odebrecht, y esta vez le instruyó dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados, así como los de aquellos que han sido citados a declarar.

Durante la sesión del pleno, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, consideró “indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la investigación del caso Odebrecht”, y urgió los actuales titulares de la PGR a acatar la orden.

Dicha petición fue porque la PGR se negó a obedecer una resolución que emitió el INAI el pasado 2 de octubre, donde le pidió entregar una versión pública de su expediente de investigación sobre los presuntos sobornos pagados por Odebrecht en México.

La dependencia aseguró que, de transparentarse su investigación, podría violarse el principio de presunción de inocencia y la secrecía de las carpetas de investigación que se aún encuentran abiertas.

Este miércoles, Acuña Llamas exhortó a la PGR a acatar las instrucciones del INAI “y otras que se vengan acumulando, con independencia, desde luego, de lo que ellos quieran hacer valer desde su lógica interpretativa”.

Por su parte, Joel Salas Suárez aseguró que “la apertura de información no representa una afectación al debido proceso”, e insistió en que en el caso mexicano “no ha habido una sanción real en términos administrativos y penales de funcionarios públicos”.

Añadió: “Si no se conocen las actuaciones del Ministerio Público ni los funcionarios que en determinado momento ya fueron llamados a dar su parte, ¿cómo hacemos que se detone un proceso real de rendición de cuentas, ante un caso que ha conmocionado la opinión pública no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional?”.

Entre los imputados en el caso Odebrecht se encuentra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien exdirectivos de la empresa brasileña acusaron de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos, primero mientras era coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego cuando estuvo al frente de la empresa petrolera.

Además de la PGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) tiene abierta una investigación para determinar si Lozoya recibió dichos sobornos y, en caso de ser así, si los usó para financiar de manera ilegal la campaña del expresidente priista.