La noticia fue ampliamente conocida en la región. El director del Serviu de La Araucanía, Jorge Saffirio, recibió una sanción: fue suspendido de su trabajo por acoso laboral en contra de la funcionaria Yelens Esparza, a lo que se agregó una anotación de demérito en su hoja de vida.

Sin embargo, el resultado de la indagatoria a cargo de Carolina Chiang Vega, quien se desempeñó como fiscal en la investigación sumaria, era aún más fuerte. El 23 de septiembre del año pasado, Chiang propuso la destitución de Saffirio de su cargo, sobre todo por una segunda denuncia, que también lo inculpaba de acoso sexual y laboral, contra la ingeniera Manuela Pérez. Sin embargo –según manda el servicio público– era la Presidenta Michelle Bachelet quien tenía en sus manos la última palabra.

En una resolución firmada por la Mandataria el 11 de julio de este año, se sobreseyó de los cargos de acoso sexual y laboral en contra de Manuela Pérez a Jorge Saffirio, hermano del diputado René Saffirio, situación que dejó a la autoridad de La Araucanía solo con medidas disciplinarias, entre ellas, el pago de un 70% de su sueldo durante un mes.

La frustración

Carmen Fernández Gutiérrez era la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu y jefa de Recursos Humanos del organismo cuando efectuó la denuncia en nombre de la afectada. Una carta escrita por Manuela le llegó en diciembre de 2015. Describía los hechos ocurridos en junio de 2014, después de una celebración en el Hotel Frontera de Temuco, con ocasión del aniversario de la institución. La joven ingeniera en construcción relataba que Saffirio –de quien era asesora directa– le realizó tocaciones contra su voluntad e insinuaciones sexuales.

El caso tardó meses en destaparse, pues la misiva era el final de un largo camino. En el servicio no era la única afectada por situaciones de acoso laboral. Los funcionarios esperaron y sumaron más denuncias, entre ellas, la de Manuela.

"Manuela llegó llorando a mi oficina y me relató los hechos, porque lo que vivió la tenía tan descolocada que no sabía qué hacer, porque ella era asesora directa del director. Una amiga de Manuela, colega en el servicio, se enteró de lo que ella vivió en la fiesta y habló con el director, le dijo que todo el mundo sabía. Desde entonces el director empezó a aislarla hasta que la despidieron en noviembre y eso fue más lapidario todavía, porque, sin haber hecho denuncia todavía, recibió un castigo. Entonces decidió hacerlo por escrito y pasarme esa carta que yo mantuve en mi poder hasta que ella me dijo que podía hacerla pública", afirma Fernández.

El origen del sumario

La entonces dirigenta llegó con los antecedentes hasta la oficina de la ministra Paulina Saball, quien luego de consultar con su equipo jurídico determinó que se iniciara un sumario a partir de febrero de 2016. Saball partió de vacaciones y los antecedentes quedaron en manos de Jaime Romero, quien era el subsecretario. Romero envió los antecedentes de vuelta a Temuco, donde Saffirio pudo interiorizarse de todos los detalles. El sumario quedó a cargo del abogado Rodrigo Urra, quien era subordinado del director. Por eso, Fernández hizo saber a la ministra que este hecho podría afectar el desarrollo normal de la investigación. Fue entonces cuando Saball designó a la fiscal Carolina Chiang.

La fiscal cerró el sumario el 30 de mayo de 2016 y pidió meses después –luego de que Saffirio solicitara ampliar el plazo para presentar sus descargos– que fuera destituido. En ese contexto es que, como cualquier sumario que implica destitución, la causa llegó a manos de la Presidenta Bachelet.

Carmen Fernández admite que le cuesta creer que la Presidenta sobreseyera a Saffirio. "Estoy desilusionada y anonadada. Yo quiero comprender que a ella no le entregaron toda la información del expediente y hubo un error acá, porque justo está predicando sobre la violencia contra la mujer. Somos tres mujeres aludidas en el proceso y lo sobreseen sobre todo en el caso de acoso sexual. No me lo explico", dice Carmen, quien además asegura que los sumarios por destitución son habitualmente ratificados cuando llegan a la Presidencia.

Según se lee en la resolución firmada por la Mandataria, y apelando a la definición del acoso sexual en la ley, este se establece cuando –según el Código del Trabajo– "una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo".

En el párrafo siguiente se lee lo que pensaría Bachelet sobre esta acusación puntual: "Esta autoridad discrepa de las conclusiones de la vista fiscal en relación a los hechos que se tienen por probados. En efecto, analizado el mérito del expediente, solo es posible determinar que durante la fiesta realizada con motivo del aniversario del servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía en el mes de junio del año 2014, el inculpado don Jorge Saffirio Espinoza, puso su mano en la pierna de la señora Manuela Pérez Fuentes, funcionaria dependiente de dicho servicio, acción que esta rechazó, sin que pueda calificarse esta conducta por otras circunstancias adicionales".

En este sentido, Carmen Fernández admite que le cuesta creer que la Presidenta sobreseyera a Saffirio. "Estoy desilusionada y anonadada. Yo quiero comprender que a ella no le entregaron toda la información del expediente y hubo un error acá, porque justo está predicando sobre la violencia contra la mujer. Somos tres mujeres aludidas en el proceso y lo sobreseen sobre todo en el caso de acoso sexual. No me lo explico", dice Carmen, quien además asegura que los sumarios por destitución son habitualmente ratificados cuando llegan a la Presidencia.

La resolución insiste en desestimar los hechos como constitutivos de acoso. Si bien en el expediente es posible observar un conjunto de prueba indirecta, esta es contradictoria entre sí. Por una parte, "al relato de doña Manuela Pérez se le agregan nuevas circunstancias con las declaraciones de doña Carmen Fernández Gutiérrez y de don Gonzalo González Casas. Por otra parte un conjunto de personas declaran que estando presentes, no observaron los hechos que se imputan al inculpado, pero estos testimonios no aportan hechos positivos que exculpen al inculpado, pues declaran sobre hechos negativos. Luego, esta prueba indirecta, no es suficiente para formar convicción en un sentido u otro”, consigna, y agrega: “No debe olvidarse que en el expediente sancionatorio la prueba debe ser convincente al grado de vencer la presunción de inocencia del inculpado, con mayor razón tratándose de la gravedad de las sanciones asociadas al ilícito que se le imputa, que únicamente es sancionable con la destitución”, explica.

El testimonio

Manuela Pérez accedió a entregar su testimonio. Según cuenta, en abril del 2014, cuando se instalaron las nuevas autoridades del servicio, ella completaba siete años trabajando en la entidad, después de incorporarse en el primer Gobierno de Bachelet. “Estaba contenta porque sentía que en la administración anterior las cosas no se habían hecho bien”, asegura. Teniendo en cuenta su experiencia, durante el tiempo que siguió, acompañaba al director Jorge Saffirio a las actividades en terreno, para asistirlo en materias técnicas. “Desde un principio me parecía una persona muy respetable, continuamente hablaba de su familia, de sus nietos”, cuenta Manuela. Lo único que le pareció inconveniente fue que en varias ocasiones los asesores del director la invitaban a compartir fuera del horario de oficina en un ambiente más distendido, invitaciones que afirma no haber aceptado.

El último viernes de junio de 2014 fue la fiesta de aniversario del servicio. “Había una jefatura vacante y, por lo bien que había resultado el trabajo hasta ese momento, me la ofrecieron y yo acepté. Ese día, una colega me pidió que nos sentáramos en una mesa con el director, sus asesores y la señora Romina Tuma (hija del senador Eugenio Tuma) para que ella no fuera la única mujer en la mesa. A medida que pasó el tiempo, los asesores empezaron a tomar mucho whisky cuando ya era tarde”, relata Manuela Pérez.

La ingeniera afirma que no se sintió bien entre ellos y fue hasta otra mesa con el resto de sus colegas. En ese contexto se acerca Jorge Saffirio y la invita a bailar. Ella en primera instancia se niega, pero sus compañeros la convencen. “No tenía nada extraño, no hablaba mal ni se veía bebido. Bailamos y luego volvimos a su mesa. Cuando estábamos sentados, puso una de sus manos en mi rodilla y fue subiendo hacia el centro. Yo se la saqué, y no dije nada, pero quedé en shock”, cuenta la joven, quien miró hacia atrás y vio que su colega Alex Ramos, uno de los testigos en el sumario, estaba de pie y lo invitó a sentarse, entre los dos.

Manuela no dijo nada y al día siguiente se excusó de asistir a una actividad en terreno con el director en que debía participar. Con el correr de los días, decidió contarle a su colega asistente social lo ocurrido, y ella se lo dijo al director. En adelante, la ingeniera fue –según dice– excluida de las actividades en terreno, aunque siguió haciendo su trabajo técnico. Luego, a raíz de los episodios de crisis nerviosa, se atendió con un neurólogo, entregó la carta a la entonces jefa de Recursos Humanos y presentó licencia.

Fue despedida con la razón de que el perfil del cargo que ocupaba había cambiado. Sin embargo, la persona contratada en su lugar tiene la misma profesión. Por eso, a la denuncia de acoso sexual se sumó también la de acoso laboral, que fue igualmente desestimada.

En el caso de Yelens Esparza, la resolución sí admite los efectos del acoso laboral en la afectada. “Ella desarrolló un cuadro de ansiedad severo, menoscabando así su integridad psíquica como consecuencia de los hechos que se han tenido como acreditados”, dice el texto.

Desde el Serviu de La Araucanía declinaron entregar declaraciones, aduciendo que Saffirio se encuentra suspendido y que no tienen contacto con él. De hecho, la autoridad cumplió un año fuera de su cargo a causa de estos hechos. Mientras que desde la Presidencia no hubo comentarios.