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Es un fenómeno que lleva meses. Primero se juntan en Montevideo Shopping. Luego caminan por la rambla en dirección a Kibón. Nunca son menos de 100. Provienen de zonas periféricas de la capital.

Alrededor de las letras de Montevideo, se sacan selfies, charlan, fuman porros y tratan de robar algo “en la vuelta”.



En la noche del sábado 30, jóvenes provenientes de los barrios Villa Española, Nuevo París, Cerro, Verdisol, La Teja, Casabó, Punta de Rieles, comenzaron a desplazarse hacia la rambla. Supuestamente para concurrir a una fiesta electrónica que se promocionaba en Instagram. Los jóvenes declararon en la Fiscalía que no había un móvil político detrás de la movilización que generó los destrozos. Algunos de ellos se juntaron en el camino con personas conocidas y otros con desconocidos.



Para la Fiscalía y la Policía, los jóvenes no estaban organizados ni tenían una motivación política para realizar los desmanes. De todas formas, la investigación de la Zona II (Malvín, Buceo y barrios aledaños) recién empieza. Una fuente del caso dijo a El País que en la asonada confluyeron varios factores: Resentimiento social y desprecio por otra clase social.



“Eso explica los destrozos de autos y daños a viviendas. En el medio hay delincuentes que aprovechan para robar lo que pueden”, agregó la fuente.

En la madrugada del domingo 1°, la “chispa” de los incidentes fue un cruce de palabras entre jóvenes con dos funcionarios de la Armada. Los adolescentes se molestaron por el control realizado por los marinos. Y enseguida continuó con un auto incendiado a pocos metros de Kibón.



Una semana antes, los vándalos habían apedreado en el lugar un ómnibus con efectivos de la Armada que trasladaba urnas que serían usadas poco después en el balotaje.



Tras el incidente con la Prefectura, una patota de unos 200 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 25 años, cruzaron la rambla. Un grupo -alguno de sus integrantes munidos de piedras y palos- subió por la calle Marco Bruto destrozando autos y tirando piedras a viviendas. Llegaron hasta la avenida Rivera.

Varias personas destrozaron autos. Además incendiaron una camioneta ubicada en la rambla. Foto: Francisco Flores

Otro grupo, que estaba frente al cartel de “Montevideo”, se dirigió por la avenida Luis Alberto de Herrera hasta Montevideo Shopping. En el camino agredieron, intimidaron y robaron a varias personas.



Por las filmaciones relevadas por la Policía, la fiscal Adriana Edelman comprobó que los seis imputados participaron en la asonada y agredieron a varias personas. Por ello, pidió a la jueza María Rosa Aguirre que les imputara un delito de violencia privada agravada y dispusiera un arresto domiciliario de 120 días, fijar domicilio y la prohibición de salir del país.



La defensa de los detenidos se opuso al pedido fiscal alegando que son personas trabajadoras y primarios. Y agregó que, con la prisión domiciliaria, corrían riesgo de perder sus empleos.



La defensa planteó, como alternativa a la petición de la fiscal Edelman, que los imputados concurrieran en forma periódica a una comisaría a firmar un registro y arresto nocturno para todos ellos.



La jueza Aguirre hizo lugar al pedido de la Fiscalía y decretó la prisión domiciliaria para los seis detenidos y determinó el cese de detención para otras siete personas.



El fiscal Carlos Reyes indaga a dos menores detenidos.

Una lección.

“Les voy a explicar lo que significa que queden emplazados. Quiere decir que si a ustedes no los ubican en el domicilio, que tienen que estar las 24 horas, voy a pedir una requisitoria”, explicó la jueza a los seis imputados. “No podemos ir a laburar tampoco”, contestó uno. “No, no puede ir a trabajar. En eso tenía que haber pensado en el momento que agarró los proyectiles y rompió la propiedad”, replicó la magistrada.



“Nosotros no rompimos nada”, empezaron a gritar a coro los seis. Aguirre pidió que se calmasen porque si no solicitaría el delito de desacato.



“Deberían aprender que acá existe la autoridad, existen las leyes y el que las restringe tiene sus consecuencias. Tuvieron suerte. Otra fiscalía hubiera pedido prisión preventiva”, dijo Aguirre y finalizó la audiencia.

Un lugar problemático para concesión de IMM El entorno de Kibón es un problema social que se arrastra desde tiempo atrás.



Según un documento de conciliación presentado por la concesión del salón de eventos de Kibón (Afacor S.A.) a la IMM en la Justicia, el entorno de Kibón se transformó en “un lugar en el que se concentran cientos de personas los días en que más eventos y comensales se preveía tener, con música a todo volumen y circulando a altísimas velocidades”.



La empresa pretendía iniciar una demanda a la Intendencia de Montevideo. Fue exonerada de deudas generadas por el no pago del canon y ocupará el inmueble en forma precaria sin pagar durante diez meses.