La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó ayer una resolución de “Asistencia humanitaria y defensa de la gobernanza democrática en Venezuela” dirigida a atender la crisis en el país.

La resolución fue presentada en mayo pasado por los congresistas Eliot Engel, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires y Mario Díaz-Balart y aprobada ayer con una enmienda, y fue publicada en la web de la instancia parlamentaria.

El instrumento prevé que el secretario de Estado de Estados Unidos trabaje con organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela, o en países vecinos, “para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano a fin de suministrar productos de salud pública a los servicios de salud venezolanos”.

La asistencia incluiría los insumos indicados en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, los suministros y equipos médicos básicos, así como productos alimenticios y los complementos nutricionales “necesarios para hacer frente a la creciente malnutrición y mejorar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano, haciendo especial hincapié en las poblaciones más vulnerables”.

Señala que, a más tardar en 90 días después de la fecha de promulgación de la ley, el secretario de Estado presentará un plan para implementar el suministro. A este efecto y en ese mismo plazo, debe presentar una estrategia plurianual al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que describa cómo Estados Unidos obtendrá el apoyo de donantes internacionales para prestar la asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela.

El documento aprobado señala que, en caso de que el gobierno de Venezuela se negara a permitir la entrada de ayuda humanitaria, el presidente de Estados Unidos debe instruir al representante permanente ante las Naciones Unidas a utilizar la voz y el voto de ese país para asegurar la adopción de una resolución.

La referida resolución debe reclamar al gobierno de Venezuela que permita a los organismos humanitarios un acceso seguro y sin trabas de los alimentos y medicinas, e instarle a poner fin a las violaciones de los derechos humanos; a celebrar elecciones libres, justas y transparentes con observadores internacionales dignos de crédito; a cesar la violencia y liberar a todos los presos políticos.

Observación y corrupción. La resolución del comité también aborda el tema político. Establece que el secretario de Estado trabajará con la Organización de los Estados Americanos y otras entidades para asegurar una observación internacional creíble que contribuya a que haya elecciones libres, democráticas, justas y transparentes en Venezuela.

También indica que el Departamento de Estado trabajará con organizaciones no gubernamentales para defender los derechos humanos, apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes para difundir información, facilitar el acceso abierto y sin censura a Internet para el pueblo de Venezuela, combatir la corrupción y mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones.

En cuanto al tema de la corrupción, señala que, a más tardar 180 días después de la promulgación de la ley, el secretario de Estado presentará un informe al Congreso que describa la participación de altos funcionarios del gobierno de Venezuela, incluidos miembros del CNE, del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad venezolanas, en actos de corrupción. El informe no será clasificado.

El secretario de Estado también presentará al Congreso, dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de la ley, un informe que describa la cooperación de Rusia, China, Cuba e Irán con el gobierno de Venezuela y sus fuerzas armadas.

Rumbo a la plenaria

El proceso para que una resolución se transforme en ley en Estados Unidos puede ser lento, pero la voluntad política y el sentido de la emergencia pueden dar un empuje que contribuya a la aceleración de los pasos.

Después de que el comité de la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley, este debe someterse a la consideración de la plenaria de esa instancia. Una vez aprobado, el documento pasa al Senado, donde debe ser debatido y aprobado en el comité respectivo para luego ser sometido a votación en la plenaria de la Cámara Alta.

Seguidamente, el proyecto llega a la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos puede promulgarlo, vetarlo o no hacer nada. En este último caso, si el Congreso no recibe respuesta del mandatario en 10 días, el proyecto se transforma automáticamente en ley.