Solo dos de cada diez programas sociales del Gobierno federal mexicano logran avanzar "significativamente" en el cumplimiento de las metas fijadas cuando fueron diseñados y deberían aumentar o, al menos, mantener su dotación presupuestaria. El resto —111 de las 136 iniciativas de las autoridades mexicanas—, o no están en condiciones de solventar el problema para el que fueron creados o directamente su opacidad es tal que ni siquiera han podido ser evaluados, según un informe de la organización civil Gesoc presentado este martes en la Cámara de Diputados. El porcentaje de programas mal diseñados o que solo logran cumplir una fracción baja de sus objetivos ha crecido ligeramente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El 82% de programas sociales federales que "no están en condiciones" de resolver el problema público que tratan de erradicar o, al menos, aminorar, suponen algo más del 60% del gasto social. Y lejos de disminuir los recursos destinados a dichos proyectos, el presupuesto federal del año que viene contempla un incremento de casi el 5% (casi dos puntos más que la inflación prevista). Contrariamente a lo que cabría esperar, los programas que sí cumplen con los criterios de transparencia y están bien diseñados —como la Pensión para Adultos Mayores, el Seguro Popular o el Seguro de Vida para Jefas de Familia— sufrirán un recorte medio real del 1,45%: mientras el dinero público destinado a ellos aumentará un 1,55%, los precios subirán a un ritmo del 3%.

"El enfoque de asignación presupuestaria enviada por la Secretaría (Ministerio) de Hacienda al Congreso", subrayan los especialistas de Gesoc —una organización independiente que lleva nueve años analizando los programas de gasto social en México con una de las mejores bases de datos que hay en el país norteamericano—, "no obedece ni a criterios de desempeño ni de transparencia de los programas sociales, vulnerando aún más los derechos de las poblaciones más pobres del país". Tampoco cuenta, añaden, "con mecanismos claros para reducir el riesgo de uso electoral" del gasto.

Por departamentos gubernamentales, los programas adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación Pública copan los primeros lugares por desempeño. En el lado contrario, tres programas de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cierran la tabla.

La presentación del estudio llega en plena fase de aprobación de los presupuestos para el año que viene, a menos de un año vista de las elecciones federales y apenas un mes después de los terremotos que golpearon al sur y al centro de México y que obligarán a las arcas públicas a un esfuerzo adicional para encarar la reconstrucción. "Nuestro interés es que los programas sociales se basen la evidencia y no solo en razones políticas. Y que se produzca un debate público e informado al respecto", ha subrayado el presidente de Gesoc, Alejandro González Arreola, en la puesta de largo del informe. La investigación tiene en cuenta tanto la calidad de diseño de los programas como su capacidad operativa (los recursos con los que cuenta) y su transparencia.

En los presupuestos federales de 2018, el recorte en los programas sociales será marginal (del 0,1% en términos reales, una vez descontada la inflación prevista por el propio Gobierno mexicano). El grueso de esta reducción se centrará, sin embargo, en los rubros que mejores resultados obtuvieron en la evaluación de Gesoc, mientras que los programas catalogados como "opacos" o "de bajo desempeño" recibirán incrementos superiores a la inflación. "Ello, en el marco de un año electoral", incide la organización, al tiempo que lamenta que, para enfrentar el reto financiero que supone la reconstrucción del país tras los sismos de septiembre, los legisladores hayan optado por "aumentar artificialmente" la expectativa de ingresos en vez de "reasignar gasto de programas sociales opacos o con bajo desempeño".

Según los cálculos de González Arreola, al menos 90.000 millones de pesos (4.690 millones de dólares) —el equivalente a lo que se destina a programas opacos, la llamada "caja negra"— son susceptibles de ser reasignados a las tareas de reconstrucción o a los proyectos sociales que tienen un desempeño óptimo.

Basándose en los resultados obtenidos en el índice, los técnicos de Gesoc recomiendan "endurecer" las medidas de transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos de 2018 sobre los 25 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño; "blindar" las partidas asignadas a los 24 programas que mejor nota obtienen en la evaluación, y congelar y revisar por completo los 44 con peor desempeño. "El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo para revisar de forma integral toda su política social", concluye.