El calendario oficial hacia un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro echaría por tierra los planes de la oposición de sacarlo del poder este año. Pero ¿qué posibilidades le quedan para lograr su objetivo?

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) busca que el referendo se haga antes del 10 de enero de 2017 porque si Maduro pierde se debe llamar a elecciones. En cambio, si es revocado después de esa fecha, los dos años restantes de mandato los completará su vicepresidente.

Presión ciudadana

La MUD considera las movilizaciones como su principal arma de presión y convocó a una gran marcha nacional hacia Caracas el 1 de septiembre para exigir la fecha de recolección de firmas.

Pero desde 2014, cuando hubo protestas masivas que dejaron 43 muertos, no logra organizar marchas multitudinarias.

“No hay una conexión entre los líderes políticos con la población. Es un desafío que tienen, el acompañamiento de la protesta social. Además, la gente está enfocada en su vida cotidiana, haciendo cola desde temprano buscando alimentos y medicinas”, dice Marco Ponce, coordinador del Observatorio de Conflictividad Social.

En contraste con la poca acogida de las manifestaciones, la MUD asegura haber recaudado 1,8 millones de firmas en apenas cinco días en abril -nueve veces más de lo exigido- en el primer paso del revocatorio.

“La oposición debe repensar su estrategia de presión. El venezolano ya se cansó de la marcha porque no tiene efecto práctico, pero sí” la votación, aseguró Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

La MUD tiene a su favor la impopularidad de Maduro (74%) y espera que la recolección de firmas sea tan contundente que acelere el proceso. Según la firma Venebarómetro, un 64% del electorado (12 millones de personas) revocaría al mandatario. Para sacarlo del poder se requiere más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013.

Negociación

Para el analista Luis Vicente León, Venezuela no está en una “batalla jurídica ni ética, sino política”, y la oposición debe superar sus diferencias internas para ganar fuerza y negociar, lo cual implicará ceder algo.

Aunque el CNE no lo dijo abiertamente, dejó entrever que el referendo no se hará este año. “Ahora cabe esperar que el gobierno insista mucho más en un diálogo”, estimó el politólogo Benigno Alarcón.

Por iniciativa del gobierno, un grupo de expresidentes liderado por el español José Luis Rodríguez Zapatero promueve acercamientos, aún sin resultados.

De todos modos, la negociación deberá tener como correlato la protesta para que el gobierno la asuma con seriedad y la oposición logre resultados, agregó.

“Si solo me amenazas con quemar el país si el referendo no va, no te hago caso; pero cuando vea que tienes capacidad de movilización y puedes meterme en problemas, las cosas cambian”, opinó Alarcón.

Presión política

Aunque neutralizado por la justicia -también acusada por la MUD de aliada del gobierno-, el Parlamento de mayoría opositora puede ejercer presión sobre el gobierno.

El jueves abrirá el proceso para renovar a dos de los cinco rectores del CNE.

La Asamblea también debe aprobar los cupos de endeudamiento, en momentos en que el gobierno requiere urgentemente fondos para reanimar la postrada economía.

“En la medida en que la oposición sea capaz de elevar los costos de la no cooperación, puede hacer que el gobierno ceda. La pregunta es si la MUD tiene esa capacidad”, sostuvo Alarcón.

Presión internacional

La MUD ha desplegado una ofensiva internacional logrando poner de su lado a Estados Unidos y otros países, así como al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que exigen el referendo.

Almagro amenaza con aplicar la Carta Democrática Interamericana, una sanción diplomática que el peor de los casos podría sacar al país del organismo.

Venezuela también enfrenta un boicot de Argentina, Brasil y Paraguay para que no ejerza la presidencia rotativa del Mercosur.

La presión internacional es tan importante como la protesta, aseveró Alarcón, para quien el gobierno teme perder por completo la gobernabilidad, con lo cual “todo el juego quedaría en manos de los militares”.