Puestos de trabajo a medida del personal de confianza de los máximos responsables del Ministerio de Hacienda en la unidad de la Agencia Tributaria (AEAT) que vigila a sus inspectores. La Audiencia Nacional ha condenado a la AEAT, dependiente del departamento de Cristóbal Montoro, tras apreciar "desviación de poder" (un acto administrativo ajeno al interés público, pero con apariencia legal) en las bases de un concurso convocado en diciembre de 2013 para proveer una plaza en el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Agencia.

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El puesto en cuestión, con el máximo rango en la escala funcionarial (nivel 30), era el de coordinador en el SAI, unidad de la AEAT que fiscaliza la labor de los propios inspectores de Hacienda. Se encarga, entre otras funciones, del "control interno de todos los servicios de la Agencia, mediante la realización de auditorías de cualquier clase y naturaleza y el desarrollo de instrumentos de control permanente que permitan evaluar su eficacia". También se ocupa de "la prevención y detección de las conductas irregulares" en el organismo. De ahí que la independencia, imparcialidad y objetividad de sus miembros sea una cuestión clave para el correcto funcionamiento de la institución.

El SAI, que en el organigrama del ministerio depende del secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre Navarrete, puede comprobar las actas que instruyen los inspectores y qué personal de la Agencia accede a la base de datos de los contribuyentes. Es el único servicio del fisco con acceso total a ese potentísimo banco de información.

La sentencia, dictada por la Audiencia Nacional el 12 de marzo, anula, por ser "contraria a derecho", una de las bases de un concurso convocado mediante una resolución firmada el 21 de diciembre de 2013 por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que este martes comparece en el Congreso para dar cuenta del escándalo del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al que Anticorrupción investiga por cinco delitos fiscales tras acogerse a la amnistía fiscal que lanzó Montoro en 2012.

La base del concurso que ha anulado la Audiencia otorgaba el 50% de los puntos en el apartado de "méritos específicos" del puesto a un requisito muy concreto: la experiencia previa en la coordinación del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, un cargo con marcado carácter político.

"Intencionalidad en el requisito exigido"

La Audiencia ha anulado esa exigencia por considerar que ese mérito estaba valorado "en exceso" y era "tan reducido que solo lo puede tener algún aspirante en concreto". "Es tan específico que pocas personas pueden ostentarlo", lo que "parece indicar que existe cierta intencionalidad en el requisito exigido". "Lo anterior entronca con la desviación de poder" a la que hace referencia la Constitución Española, dice la sentencia.

Fuentes conocedoras del proceso consideran que "esta maniobra respondía a la pretensión de consagrar en el puesto de auditor interno a un determinado funcionario" y se felicitan porque "con esta sentencia se cierra la posibilidad de nombrar por concurso auditores internos teledirigidos por el propio órgano auditado y con enorme riesgo de ser complacientes a la hora de valorar las actuaciones del mismo".

El Ministerio de Hacienda no comenta este asunto, mientras que fuentes de la Agencia Tributaria dicen que la plaza no se ha adjudicado y que ni siquiera se había iniciado la fase de valoraciones, dado que la tramitación del concurso estaba paralizada a expensas de la decisión judicial.

Las fuentes consultadas apuntan a dos candidatos como favoritos para ese puesto, tal y como estaba redactada la convocatoria. El primero es Esteban Roca Morales, quien actualmente en el organigrama del ministerio aparece en dos cargos: como coordinador del Gabinete del secretario de Hacienda y como inspector de Servicios en el SAI, puesto para el que, según las fuentes consultadas, fue nombrado con carácter "provisional" por Montoro pero sin dejar de realizar las funciones del otro. El concurso le habría permitido, siempre de acuerdo con esas fuentes, "consolidar" esa situación.

Otro posible beneficiario indirecto de este concurso para asegurarse una plaza futura de inspector de Servicios en caso de ser cesado (como efectivamente ha ocurrido) es José María Buenaventura Zabala. Jefe de Gabinete de Miguel Ferre en el momento de convocarse la plaza, dimitió de ese puesto en octubre, tras conocerse que gastó 63.000 euros con su tarjeta 'black' de Caja Madrid entre 2004 y 2007.

Zabala, inspector de Hacienda desde 1992, fue miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad por su condición de jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. En octubre, según El Mundo, se incorporó al SAI nada más dimitir como jefe de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, aunque fuentes de la Agencia aseguran que su destino fue otro: la división de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dirigido por otro personaje polémico, José Antonio Martínez Álvarez, más conocido como 'el plagiador de Hacienda'.

En enero, Zabala fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu junto a otros 77 beneficiarios de las tarjetas opacas al fisco de Bankia y Caja Madrid.

Un "traje a medida"

El inspector de Hacienda que llevó a los tribunales la convocatoria anulada argumentaba que vulneraba "el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al puesto porque se impide acceder a la plaza a aquellos funcionarios que anteriormente no hayan desempeñado un puesto de trabajo en el Gabinete del secretario de Estado de Hacienda". Ello suponía un "traje a medida de algunos concursantes". El mérito exigido, argumentaba, "no es un mérito cualquiera, solo lo pueden ostentar unos pocos, por lo que parece que se encubre una libre designación" al exigir un requisito que, en opinión del demandante, era "ajeno a la plaza convocada en el concurso, cuyas funciones son las propias y específicas del Servicio de Auditoría Interna".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional le ha dado la razón. Ese mérito específico, al otorgar la mitad de la puntuación (cuatro puntos) en esa fase del concurso (un total de ocho puntos sobre los 100 de valoración total, según fuentes de la Agencia Tributaria), implicaba "que quien lo ostente obtendrá los cuatro puntos, lo que supondría estar siempre por encima del mejor puntuado en esta segunda fase, que nunca podría obtener esos 4 puntos por no ostentar ese mérito específico", según la sentencia. Así, "por poco que se valore la experiencia profesional", el candidato que lo acreditase "siempre va a obtener mayor valoración que el resto".

Ahora la Agencia Tributaria deberá revisar la valoración de los candidatos y rectificar la base que establecía ese requisito. En lugar de valorarse con 4 puntos, deberá otorgarle solo 2, explican fuentes del organismo, que aseguran que en el pasado ha habido valoraciones superiores para este mismo concepto. La Agencia deberá abrir un nuevo plazo para concursar, por si algún candidato adicional decidiese presentarse.

El recurrente, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, entonces con destino en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, vio como el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 desestimaba el pasado 7 de octubre el recurso que había presentado contra la resolución por la que Menéndez había dado carpetazo al asunto. Ahora la Audiencia le ha dado la razón al estimar su recurso de apelación, aunque sin condenar en costas a la Administración, como reclamaba.