La adquisición e instalación de 256 cámaras de videovigilancia que se anunció por parte del Gobierno del Estado, tiene que transparentarse para evitar “malos entendidos”, demandó la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso, quien aseguró que cada cámara costó casi 800 mil pesos.

En tal sentido, hizo referencia a que se hizo el anuncio de la instalación de 256 cámaras por parte de las autoridades, las cuales estarán en la capital del estado y La Laguna, con una inversión de 200 millones de pesos.

“Esto quiere decir que cada cámara de videovigilancia tiene un costo de 800 mil pesos lo que sí me parece completamente absurdo porque estuvimos investigando y los costos de estas videocámaras son más o menos, alrededor de siete mil pesos”, señaló.

Dijo que la inversión debe transparentarse y explicarse claramente por qué el elevado costo de las cámaras. “Podemos pensar que la instalación de estas cámaras eleven un poco el precio, pero no pueden costar más de 800 mil pesos caa videocámara”, enfatizó

Y pidió que la Secretarías de Finanzas y Seguridad aclaren si hubo licitación, con qué empresa se trabaja y de donde se obtuvo el recurso.

“No estoy diciendo que las cosas estén mal pero sí estoy pidiendo que sea con total transparencia, con total honradez, para que no se preste a malos entendidos”, expuso.

La diputada presentó un pronunciamiento en el que abordó este tema en la sesión del pasado martes, ante el Pleno del Congreso del Estado.