La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (izquierda), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo. JMCadenas EXPANSIÓN

La ministra de Hacienda 'calcula' que el rechazo al PGE elevará el déficit en 13.800 millones, pese a que sólo se perderán ingresos por valor de 5.600 millones.

A pesar de que el Gobierno había señalado en numerosas ocasiones que los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cumplirían con el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea (el 1,3% del PIB), ahora admite públicamente que no había ninguna posibilidad de alcanzar esta cifra, ya que habría trampas contables por valor de, al menos, 8.200 millones de euros. Es decir, lo mismo que ya habían señalado el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (ver gráfico y apoyo en la parte inferior de la noticia).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al PP y Ciudadanos durante estos días que el rechazo a los Presupuestos podría elevar el déficit hasta el 2,4% del PIB, debido a que muchas partidas de gastos vinculadas a los PGE ya se habrían introducido (como es el caso de las subidas de pensiones o el salario de los funcionarios), mientras que las subidas de ingresos quedarían en el aire.

Aunque este razonamiento tiene lógica, no se puede entender cómo la falta de esta recaudación extra (por valor de 5.600 millones de euros) arroja un déficit añadido hasta de 13.800 millones. La diferencia entre ambas cifras, 8.200 millones, serían los gastos infraestimados y los ingresos inflados de los que han hablado en reiteradas ocasiones la mayoría de los analistas.

Ingresos inflados

En concreto, muchos economistas alertaban de que el aumento del gasto de la Seguridad Social sería mayor que lo previsto, al tiempo que la subida de la recaudación por la mayor actividad tendría un efecto menor de lo anticipado y gran parte de los nuevos impuestos no llegarían a recaudar lo presupuestado.

Por ejemplo, la Autoridad Fiscal calcula que los ingresos por la tasa Google se habrían limitado a 160 millones, frente a los 1.200 millones que anticipaba el Ejecutivo, mientras que los ingresos por el impuesto a las transacciones financieras habrían sido de 189 millones, frente a los 850 millones que calculaba Montero.

Además, los 339 millones por el incremento de Patrimonio quedarían en nada, ya que lo ingresarían las comunidades, y la recaudación extra por la subida del salario mínimo y el aumento de las bases máximas de cotización sería muy difícil de lograr si la contratación se frena por ambas medidas, como prevé el Banco de España.

Por otra parte, tampoco es cierto que estas medidas no se puedan aprobar sin los Presupuestos, ya que el Gobierno sí podría haber intentado sacarlas adelante fuera de esta norma si no convocara elecciones anticipadas. Máxime cuando la tasa Google ya estaba incluida en los PGE para 2018. Pero así lo reafirmó ayer la ministra Montero en una entrevista en la Cope, cuando descartó introducir ambas. "Veremos a ver hasta dónde llegan, pero me temo que no van a ir muy lejos", señaló. Además, a este cálculo de los 8.200 millones de euros habría que sumar las numerosas partidas de gasto que no van a entrar en vigor por el rechazo a los PGE. Es el caso del aumento del gasto en infraestructuras (casi 1.600 millones más que el año pasado) o de la ampliación del subsidio de desempleo para los parados de larga duración (700 millones), entre otros. Tampoco se va a introducir la rebaja del IVA a la higiene femenina, los servicios veterinarios o los libros electrónicos. Todo ello elevaría el importe total de las trampas de Montero por encima de los 10.000 millones de euros.