El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato quiere que el juez de Madrid que investiga el origen de su fortuna limite y controle "de manera efectiva" la actuación de la UCO, la división de la Guardia Civil encargada de perseguir los delitos económicos.

El también ex director gerente del FMI solicita a la Audiencia Provincial que inste al magistrado a dar "un mandato específico" a la UCO sobre lo que puede investigar, con el objetivo de que deje de utilizar sin una autorización expresa la ingente documentación "incautada ilícitamente" en abril de 2015 de su domicilio y su despacho.

Además, según el recurso presentado por la defensa de Rato, el exbanquero reclama que la UCO aporte al juez información detallada y "de manera inmediata" de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora a sus espaldas.

Rato está convencido de que la actuación de la Guardia Civil en este caso, que en su opinión se ha convertido en una "causa general y prospectiva", supone una "vulneración gravísima" de sus derechos de defensa y de ser informado de lo que se le acusa.

El escrito recuerda que, en los últimos meses, la UCO ha venido realizando investigaciones "secretas" y "sin control judicial alguno" al amparo de un antiguo mandato del juez que ha acogido "como una suerte de carta de naturaleza", partiendo de la base de la documentación incautada.

Ante esta situación, Rato pide que la UCO justifique por qué está llevando a cabo estas actuaciones y, concretamente, que manifieste qué diligencias ha practicado o piensa practicar, qué documentación ha solicitado y recabado, así como qué personas han sido llamadas a declarar, ya sea en calidad de testigo o de investigado.

El exministro de Economía afea que esta división de la Guardia Civil, al igual que ha venido haciendo la ONIF —la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda—, actúe en esta causa "sin disimulo" y con una especie de "presunción de culpabilidad" hacia su persona.

En su opinión, se están buscando, "sin base fáctica previa alguna", indicios que, supuestamente acrediten esa culpabilidad que, con carácter previo, ya se ha asumido en el presente procedimiento, lamenta la defensa de Rato en su escrito.

Y recuerda que tanto la ONIF como la UCO actúan en el procedimiento penal como órganos de auxilio judicial y que, por tanto, corresponde al Juzgado Instructor de la causa "controlar, limitar y velar por la adecuación de su actividad a los principios rectores del procedimiento penal y a las reglas procesales claramente establecidas por nuestros tribunales".

Sin embargo, "lo cierto es que en esta causa son dichos órganos de auxilio judicial los que están controlando la investigación, ampliando el objeto de la misma a delitos, sujetos y ejercicios que nada tienen que ver ya con el inicio de estas actuaciones", algo que la defensa de Rato considera "inadmisible".

Por último, se pregunta cómo es posible que tengan conocimiento de las actuaciones que está realizando la UCO a través de la prensa o que se estén tomando declaraciones a investigados en relación con hechos que afectan a Rato sin notificárselo y privándole de la oportunidad de intervenir.

También cuestiona cómo el juez tolera que en más de 19 meses la UCO no haya emitido un informe definitivo respecto de la presunta existencia de un delito de blanqueo de capitales, mientras sigue practicando diligencias de investigación "a su libre arbitrio y a espaldas de las defensas".