Por unanimidad, la Cámara de Diputados le dio este miércoles sanción definitiva a la llamada "ley Brisa", una iniciativa que otorga una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios o del asesinato de alguno de los progenitores en manos de otro. La iniciativa recibió 203 votos afirmativos y ninguno negativo.





La reparación, que comienza a regir desde el momento del procesamiento del femicida, consiste en un haber jubilatorio mínimo mensual, con sus incrementos móviles.



Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, siendo retroactiva al momento de la comisión del crimen (aunque el delito se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la norma). No obstante, la reparación no tiene un efecto indemnizatorio, ya que se extingue cuando las "víctimas colaterales", es decir, los hijos de las víctimas fatales de femicidios, cumplen los 21 años.



La percepción de la reparación también se extingue con el sobreseimiento o absolución del progenitor procesado, en cuyo caso "la autoridad de aplicación no podrá reclamar la devolución de los montos percibidos". Hasta los 18 años, los niños o adolescentes perciben la reparación a través de las personas que estén a su cuidado, mientras que entre los 18 y los 21 los cobran directamente.



En tanto, la reparación es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con el régimen de Asignaciones Familiares" y con otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios. Por otra parte, la iniciativa garantiza a los hijos de víctimas de femicidios una "cobertura integral de salud".



El proyecto lleva el nombre de "Ley Brisa" en referencia al caso de Brisa Barrionuevo, una niña de cinco años años cuya madre fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver arrojado al río dentro de una bolsa por su marido, quien está detenido. Brisa vive en Moreno junto a su abuelo materno, su tía, y sus hermanos gemelos, Elías y Tobías.



Durante el debate en el recinto, la diputada de la UCR Alejandra Martínez valoró el impulso que le dio a la causa la ONG Casa del Encuentro y destacó que se trata de una "oportunidad histórica" para avanzar en un régimen de reparación que de respuesta a una situación de "profundo desamparo" que viven las hijas e hijos de víctimas de femicidios.



"En Argentina la violencia de genero se cobra una vida cada 30 horas. Además de estas mujeres asesinados por sus maridos y sus parejas aparecen las víctimas colaterales que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres. Es un dolor lacerante.



Es el momento en que más necesitan de la comunidad y el Estado para que puedan estar allí para garantizar el crecimiento y el desarrollo", resaltó la legisladora jujeña.



• Proyecto de donación de alimentos



En tanto, la Cámara baja también aprobó durante esta sesión el proyecto de donación de alimentos, permitiendo a las empresas desprenderse de productos próximos a vencer regalándolos a sectores vulnerables de la población.



Con 145 votos afirmativos, 48 negativos y dos abstenciones, Diputados devolvió con cambios el proyecto al Senado, donde había logrado media sanción el 30 de noviembre pasado.



La iniciativa que crea el "Plan Nacional de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos" obtuvo el apoyo de Cambiemos, del Frente Renovador, de Argentina Federal y del Movimiento Evita, mientras que una mayoría en el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda la rechazaron al advertir sobre los riesgos en la salud que dichos alimentos podrían provocar en los consumidores.



La diputada Elisa Carrió, autora de uno de los proyectos que se unificaron en el dictamen de mayoría, explicó "se pierden 16 millones de toneladas de alimentos" en un país que mantiene un índice de pobreza del "27%".



"Estamos hablando de alimentos no vencidos que se entregan con control bromatológico por parte de las municipalidades", detalló.



La líder de la Coalición Cívica afirmó que "la lucha contra el hambre es un escándalo moral en la Argentina" y que en ese contexto no se puede permitir tener "población con hambre cuando sobran alimentos y cuando se desperdician en estado de uso".



En clara oposición a la iniciativa, el diputado del Frente para la Victoria Adrián Grana aseveró que el proyecto apunta a darle un "manto de cobertura" a empresas que quieran "deshacerse de alimentos dándoselos a los pobres".



"Como política para mitigar el hambre en la Argentina nos parece una real porquería producto del cinismo que está llevando adelante el Gobierno en cada una de sus políticas. Da vergüenza ajena que a nuestros pobres se los quiera consolar con propinas, con changas y con comida que se está pudriendo", exclamó el legislador kirchnerista.