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Tras la proposición de ley urgente iniciada por el PP este martes en la cual da potestad al Tribunal Constitucional para suspender en sus funciones al presidente de Catalunya en caso de desobediencia -ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia por la lista unitaria independentista de Junts Pel Sí en el caso de ganar los próximos comicios catalanes del 27-S- y que se aprobaría en mes y medio, los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso han preparado un recurso para tratar de frenar la tramitación de la reforma exprés.

El PSOE ha recabado la firma de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Convergència (CDC) y Unió (UDC), el PNV, UPyD y varios partidos del Grupo Mixto (CC, BNG y Compromís) están trabajando para presentar un recurso conjunto con el fin de que Posada reconsidere la admisión a trámite de la reforma del PP al considerar que ha vulnerado el Reglamento porque la competencia del presidente para calificar iniciativas se limita a proyectos y de ley tratados internacionales, pero no a proposiciones de ley de grupos parlamentarios.

La iniciativa, registrada este martes, fue calificada de inmediato por el presidente del Congreso, Jesús Posada. Las prisas se deben al calendario que maneja el PP para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Los grupos de la oposición saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que al faltar sólo mes y medio para disolver las Cortes ya está muy ajustada.

Así, quieren que su recurso provoque un debate en la Mesa del Congreso del día 8, la redacción de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara y una nueva reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces para discutir el asunto.

«La calificación de la iniciativa por la Presidencia ha excedido el ámbito de la delegación efectuada por la Mesa, pero además favorece directamente la tramitación de una iniciativa del grupo que apoya al Gobierno en detrimento de las de los demás, lo que supone una inaceptable actuación por falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones», subraya el escrito en alusión a la actitud de Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados.

Para el presidente de Izquierda Plural y coordinador federal de IU, Cayo Lara, Posada tiene competencias para calificar iniciativas en solitario pero en una reforma tan importante debía de haber consultado al resto de miembros de la Mesa del Congreso y no dejarse llevar por la «cacicada» de su partido. «Lamento que Posada se haya prestado al juego del PP, lo teníamos calificado de otra manera al presidente», ha comentado.

Podemos, por su parte, considera que la propuesta responde a una única lógica electoral: la de elevar la tensión apercibiendo a los catalanes y conseguir así estimular su voto más duro. Pablo Iglesias, ha explicado que la reforma del TC que defiende el PP solo genera confrontación visto que «las amenazas no contribuyen a que los ciudadanos de este país se entiendan». Frente a la modificación propuesta por el partido en el Gobierno, el líder de Podemos ha defendido una apuesta por la «fraternidad».

En la misma línea argumental, el secretario de relaciones con la sociedad civil, Rafa Mayoral, ha rechazado de plano la propuesta de los populares y ha señalado que «al PP le interesa seguir echando leña al fuego» y «elevar los nivela de confrontación para tapar sus recortes y su corrupción». Mayoral considera que la propuesta de modificación de la ley que regula el Tribunal Constitucional «no es un planteamiento jurídico, sino político» y ha vaticinado que tanto el PP como la lista de Junts pel Sí van a «seguir tensando la cuerda» para lograr una polarización de la campaña que les beneficie en términos electorales. «Nosotros vamos a seguir el camino opuesto», ha defendido Mayoral.

Según el portavoz nacional de UPyD, Andrés Herzog, la tramitación urgente de esta iniciativa es «un atropello parlamentario» pues se quiere hacer «a las bravas», sin ni siquiera un informe de la Mesa del Congreso, y espera que se imponga «la cordura». Esto se añade al hecho de que, al ser proposición de ley del Grupo Popular en lugar de un proyecto de ley del Gobierno del PP, no va a llevar los informes de los órganos consultivos.

El partido Ciudadanos, a pesar de no sumarse a esta iniciativa, también ha mostrado su rechazo a la reforma exprés del TC. El portavoz de C’s en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, considera que esta propuesta es «un movimiento claramente electoralista del PP para intentar rascar unos cuantos votos antes de los comicios catalanes» y que es una propuesta «electoralista que llega a destiempo y sin consenso».

Aguado ha criticado que «el PP está tratando a los españoles como niños con la puesta en escena» del candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, en el Congreso de los Diputados presentando una reforma del Constitucional «cuando no es ni diputado en las Cortes ni diputado en el Parlament».

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que el PP «se plantea cargarse el estado de derecho» haciendo que el Tribunal Constitucional (TC) pueda llegar a inhabilitar determinados cargos públicos. Mas ha calificado la reforma exprés de «esperpéntica» e «inquisitorial».

«Esto sí que recuerda los años treinta. No es ni estado de derecho ni calidad democrática, es alarmante», ha añadido.

El presidente de la Generalitat ha expresado su deseo de que «esto ayude a muchos a abrir los ojos, si es que queda alguien que no los tenga abiertos» y ha añadido: «Con todo lo que se ha luchado para abrir España al mundo, todo esto se va a pique».

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dicho que «El Gobierno español utiliza el Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que democráticamente no está legitimado a hacer».

Agencias