Cuando en agosto del año pasado un veterano diputado brasileño conocido por su incendiario discurso y nostalgia por la dictadura se disparó en las encuestas electorales, al otro lado del mundo, una adolescente con trenzas dejaba de ir a clase los viernes para alertar sobre la crisis climática plantándose en una plaza con un cartel hecho a mano. Era imposible anticipar que sus caminos se cruzarían. Pero así es. No físicamente, pero sí en términos políticos. Greta Thunberg, convertida en una especie de flautista de Hamelín, logró sacar a la calle a millones de escolares y colocar el medio ambiente bien arriba entre las prioridades de los políticos europeos, mientras Jair Bolsonaro, ya como presidente, confirmaba con nombramientos, decisiones y declaraciones su desinterés por proteger la Amazonia, un bosque tropical esencial para frenar el calentamiento global. Bolsonaro se ha convertido en el villano ambiental del mundo.

Este mismo sábado ha declarado que en esa región “solo los veganos, que solo comen vegetales” están preocupados por la cuestión ambiental y ha vuelto a contraponerla a la economía porque en su opinión son incompatibles. “Cuando se acaben las materias primas, ¿de qué vamos a vivir? ¿nos vamos a hacer veganos? ¿Vamos a vivir del medio ambiente?”.

En los siete meses que lleva en el poder, el mandatario brasileño ha dejado claro que el papel de Brasil como potencia agrícola exportadora le interesa mucho más que el de guardiana del pulmón del planeta. Y, aunque al arrancar el mandato renunció a fusionar los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, los ha convertido en una pareja de hecho: “(El ministro) Ricardo Salles está en el lugar adecuado. Ha logrado casar a Medio Ambiente con la producción. Ya le dije: ‘Mete la hoz en toda esa gente del Ibama (el Instituto de Medio Ambiente y Recursos naturales). No quiero chiíes”, declaró en junio.

Bolsonaro colocó a la jefa del frente parlamentario agropecuario, Tereza Cristina Dias, como ministra de Agricultura, no ha declarado nuevas áreas de protección ambiental, ni ha demarcado nuevas reservas de tierras indígenas (para colmo amenaza con desmantelar unas y otras), pretende desvirtuar el Fondo Amazonia (un fondo millonario que impulsó y financia sobre todo Noruega para frenar la deforestación), ha puesto en duda las cifras oficiales de destrucción de bosques tropicales que elaboran sus propias instituciones y ha acelerado la aprobación de nuevos pesticidas, incluidos algunos con sustancias prohibidas en la Unión Europea.

El presidente Bolsonaro, el miércoles en un acto público en Brasilia. Adriano Machado REUTERS

Una batería de medidas que logró que los anteriores ministros de Medio Ambiente acusaran al unísono al Gabinete de desmantelar lo avanzado en los últimos 25 años. La cuestión ambiental ha recorrido un largo camino en Brasil. Como explica Tica Minami, directora de campañas de Greenpeace, “en los setenta, con la dictadura, era considerado un obstáculo al progreso económico; en 1992 Brasil acogió la primera conferencia sobre medio ambiente de la ONU y desde entonces, con altibajos, se fue desarrollando una política con un potente paquete legal hasta convertirse en un país líder, en especial en política climática, y hasta el propio sector productivo se convenció de que era bueno” para el negocio.

Bolsonaro, ultranacionalista y de extrema derecha, detesta a las ONG y a los activistas en general. Los considera parte de un supuesto marxismo cultural. Tampoco oculta su desprecio por el director de uno de los centros científicos más prestigiosos de su país. “Parece que está al servicio de alguna ONG, cosa que es muy frecuente”, dijo la semana pasada en un desayuno con periodistas de medios extranjeros sobre el director del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), que elabora gracias a la vigilancia por satélite la estadística más precisa sobre deforestación —que refleja un notable aumento en los últimos meses—. Gracias a la ley de transparencia, los datos son de dominio público. “Si toda esa devastación de la que me acusan hubiera ocurrido, la Amazonia sería un desierto”, espetó Bolsonaro. “Entiendo la necesidad de preservar, pero la psicosis ambiental se ha acabado conmigo”. Ante el mundo, Brasil aprueba o suspende en función de lo que deforesta.

Las alertas mensuales, menos precisas que el balance anual de bosque destruido, indican un notable aumento en los últimos meses que las ONG atribuyen a que el discurso presidencial ha envalentonado a madereros y productores agrícolas en la conquista de nuevas tierras. En paralelo, el Gobierno quiere aumentar su influencia y ha eliminado la de la sociedad civil en el millonario Fondo Amazonia, un sistema para recompensar los esfuerzos por preservar la Amazonia y la biodiversidad. Si la deforestación pasa de un cierto límite, la aportación europea se paraliza. En una década Noruega, Alemania y Petrobras han destinado 650 millones de euros gestionados y fiscalizados por instituciones brasileñas a un centenar de proyectos. El Gabinete Bolsonaro no ha aprobado ni uno desde enero.

Al presidente de Brasil le irrita el empeño de Angela Merkel, Emmanuel Macron y de otros de sus homólogos europeos por pedirle cuentas sobre la jungla, quienes la habitan, los ríos y las plantas.

Bolsonaro invitó en el G20 a ambos líderes a sobrevolar con él la Amazonia. “Y si encuentran un solo kilómetro cuadrado deforestado entre Manaos y Boa Vista, estaría de acuerdo con ellos”, afirmó en un encuentro con el frente parlamentario agrícola. Es frecuente que el antiguo militar se defienda acusando a los europeos de haber destruido sus propios bosques —“he sobrevolado Europa dos veces y no he visto un kilómetro cuadrado de bosque”— y criticando que ahora vengan a pedir cuentas a los brasileños.

Brasil tomó el relevo como villano medioambiental de China. Inmersa en un acelerado proceso de industrialización, sus emisiones de CO 2 son de 7,5 toneladas por cabeza, frente a las 6,4 de la UE (y las 2,6 de Brasil), según el Banco Mundial. El gigante asiático logró sacudirse la imagen de gran contaminador al abrazar con entusiasmo el Acuerdo de París.

Reflejo de que la cuestión medioambiental y climática seduce a cada vez más electores europeos —con Alemania a la cabeza, donde los Verdes tienen una sólida trayectoria política—, el reciente acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE incluye requisitos verdes como que los productos sudamericanos importados no procedan de zonas deforestadas. En el caso de la soja de la Amazonia brasileña existe un sistema eficaz y pactado por la industria, las autoridades y la sociedad civil que lo garantiza. Pero ahora mismo es imposible ofrecer esa garantía para productos cultivados en zonas con menos protección legal y ambiental.