El líder de Vox, Santiago Abascal, junto al torero Morante de la Puebla este sábado en la sexta corrida de la Feria de las Fallas de Valencia.

Cinco licenciados en Derecho se encargan de mantener el control de Santiago Abascal sobre Vox, un partido que en los últimos meses ha multiplicado por diez sus afiliados. Forman el comité de garantías, que aplica el código disciplinario a díscolos y críticos; pero también integran el comité electoral, que controla las elecciones internas. Aunque, según los estatutos, ellos son “el garante de la democracia interna en el partido”, Vox se niega a revelar sus nombres, como obliga la ley de partidos, no solo a la prensa sino incluso a afiliados.

Tras el comité ejecutivo nacional, el comité de garantías es el órgano más poderoso de Vox. Su función es mantener la disciplina entre los afiliados con la aplicación de sanciones que pueden llegar hasta la expulsión del partido. Además, sus miembros son los mismos que forman el comité electoral; un órgano que, según los estatutos, “garantiza la transparencia, objetividad y eficacia” de los procesos para elegir a los cargos internos, incluido el propio Abascal. De su contol solo queda fuera la elección de los candidatos a cargos públicos, que designa la ejecutiva nacional tras la reciente supresión de las primarias.

EL PAÍS ha preguntado repetidamente a Vox quiénes son los miembros del comité de garantías, pero la única respuesta que ha obtenido es que se trata de “un grupo externo de abogados cuya identidad no se considera conveniente revelar”.

El artículo 3 de la ley de partidos obliga a estos a publicar en su página web “la composición de sus órganos de gobierno y representación”. El PP, Ciudadanos y Podemos incluyen en su web la lista de integrantes de sus comités de garantías. El PSOE no lo hace, pero alega que está reformando su web y ha facilitado sus nombres a este periódico en cuanto se le ha solicitado.

La opacidad de Vox no se limita a la prensa, sino que afecta a su propia militancia, a pesar de que el artículo 8 de la ley de partidos es taxativo. Los afiliados tienen derecho, dice, “a ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración” del partido al que pertenezcan. Eso incluye al comité de garantías, encargado precisamente de velar por los derechos de los afiliados.

Un afiliado de Almería remitió la semana pasada el siguiente mensaje al comité de garantías: “Desearía que me dijeran los nombres que componen el comité de garantías, ya que tengo que elevarles una queja y para no incurrir en incompatibilidades entre ustedes y la persona [a la que] tengo que denunciar”.

El comité le contestó con evasivas: “Le invitamos a que presente la denuncia que considere pertinente y las posibles cuestiones procesales que puedan surgir referentes a la denuncia serán tratadas a lo largo de la tramitación del expediente”. El afiliado insistió: “¿Pero me pueden facilitar, por favor, la identidad de los miembros que componen el comité de garantías? He revisado la documentación del partido y no la encuentro”. La pregunta sigue esperando respuesta.

Mantener en secreto la identidad de sus miembros impide saber si se cumplen los estatutos de Vox, que prohíben pertenecer a la vez a un comité ejecutivo y al comité de garantías, salvo que el afectado se inhiba en los asuntos que le atañan. Al desconocer quiénes son quienes les juzgan, los expedientados tampoco pueden recusarlos.

En las comunicaciones remitidas a Francisco, un afiliado del partido en Melilla que fue suspendido temporalmente de militancia a finales del año pasado, no figura el nombre de ninguna persona sino que todas van firmadas de forma genérica por “El Comité de Garantías de Vox”. Palmira, de Madrid, sí fue informada de quién era el instructor de su expediente, pero no de los demás miembros del comité que debía votar si sancionarla.

Daniel Molina, expresidente de Vox en Toledo, ya fuera del partido, asegura que “el comité de garantías no existe, son ellos mismos”; en alusión al secretario general, Javier Ortega Smith, y al vicesecretario jurídico, Pedro Fernández, ambos letrados.

Pese a tener tantos abogados en su cúpula, Vox no parece demasiado escrupuloso en el cumplimiento de sus estatutos. El pasado día 6 cundió el pánico en el partido ante la detención de su líder en Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, acusado de abusos sexuales a un discapacitado. Para contener el escándalo, Vox aseguró que Ortiz era un simple afiliado y anunció que se le había suspendido de afiliación hasta que se aclarasen los hechos.

Según sus estatutos, la suspensión solo se puede aplicar tras un expediente o, como medida cautelar, a los acusados de corrupción contra los que se haya dictado auto de apertura de juicio oral. En ese momento, Ortiz ni siquiera había sido imputado y menos por corrupción económica.

Lo que sí permiten los estatutos es que la ejecutiva nacional expulse a cualquier afiliado con menos de nueve meses de antigüedad. Así le sucedió a Francisco Jurado, expulsado cuatro días después de ganar las primarias al Parlamento andaluz por Almería el 25 de octubre pasado. Acusado de doble militancia en el PP, demostró que se dio de baja en el Partido Popular tres semanas antes de pedir el ingreso en Vox. No le sirvió de nada.

Otros se fueron voluntariamente, como la navarra Paloma Zorrilla, que se dio de baja tras confirmarle el coordinador provincial que se le había abierto expediente porque su marido practica abortos. Su marcha le impidió averiguar en qué norma se basaban para castigarla a ella por una actividad que correspondía en exclusiva a su esposo.