“Si ese lago no lo hubieran llenado viviéramos felices aquí. Esta iba a ser mi casa para toda la vida y ahora tenemos cuatro metros de agua por encima. Nosotros fuimos estafados y el Estado no ha hecho nada, ellos están esperando que la naturaleza les haga el trabajo sucio y nos han pateado como les ha dado la gana”, comenta Marianelly Nieves. Lo dice porque desde hace dos años el agua potable llega dos veces a la semana, no tienen alumbrado público, ni recolección de basura, patrullaje, dragado del río Madre Vieja, ni mantenimiento. Es como si ya no viviera nadie y dieran por hecho que no hay servicios públicos que prestar. Es como si jugaran al cansancio y buscaran que los propietarios tomaran la decisión de irse sin ser indemnizados, para salvar sus vidas ante el riesgo de morir ahogados.

“Ellos saben que cualquier dinero invertido aquí se perdería, porque estamos en zonas inundables. Por eso abandonaron Mata Redonda, La Punta y todas las comunidades que están en alto riesgo por el lago”, señala Mildred Rojas, habitante de La Esmeralda, otra zona inundada de aguas negras. Para ella, el problema del Lago de Valencia se ha convertido en la caja chica de todos los gobernantes: locales, y regionales; una partida presupuestaria para un saneamiento donde varios cobran y nada se limpia.

Mientras en La Punta y Mata Redonda detuvieron las indemnizaciones, en Aguacatal, Paraparal y Brisas del Lago la gobernación de Aragua decidió declarar a esas zonas, desde 2012, como “refugios a cielo abierto”. Una paradoja. Sus casas anegadas con aguas de cloacas son el lugar seguro donde el Estado les exige permanecer. “Dicen que no hay refugios, ni viviendas, ni dinero, ni nada”, repiten los vecinos de Paraparal; allí, a finales de agosto, acudieron funcionarios de Protección Civil a darles un curso de supervivencia, de cómo evacuar la zona y qué hacer en caso de inundaciones. Lo mismo en Aguacatal 2, allí los médicos no han entrado a recorrer la zona por el miedo de adquirir una infección de las aguas servidas.