Día tras día, sin faltar uno solo, durante la semana se han sucedido las malas noticias para el Gobierno. La reprobación del ministro Montoro, las críticas a la ausencia del anterior Rey en la ceremonia de los 40 años del 15-J, el artículo del New York Times sobre Cataluña, el crédito para pagar las pensiones y las nuevas tensiones entre Ciudadanos y el PP son hitos destacados de esa crónica. Pero siendo muy pesada esa nueva carga que se acumula a la que ya lleva Rajoy en sus alas, lo peor para sus intereses es que en su horizonte no aparece ninguna percha a la que pueda agarrarse para tratar de salir del agujero en el que está cayendo.

No es fácil decidir cuál de las citadas noticias es la más relevante. El efecto de todas ellas no es ocasional y pasajero y puede agravarse con el paso del tiempo. Empezando por la reprobación de Montoro. Que es mucho más que una sanción moral por parte de toda la oposición. Porque, demostrando que su voluntad de actuar unidos empieza a ser algo más que un brindis de cara a la galería, al día siguiente de la misma el PSOE y Podemos se han negado a sentarse en la misma mesa que el ministro reprobado. Y han venido a decir que seguirán haciéndolo hasta que no dimita o sea cesado.

Tal vez eso no sea suficiente para que Rajoy lo deje caer. Entre otras porque si decide cesar a Montoro no tendría más remedio que cargarse también al ministro de Justicia, igualmente reprobado. Pero el golpe de gracia puede dárselo el ABC. No solo porque son muy graves las acusaciones de tráfico de influencias por parte del titular de Hacienda que ha publicado el ultraconservador diario madrileño, y sobre las que sigue dando caña día. Sino porque el que un medio tan de derechas haya entrado en rumbo de colisión con La Moncloa solo puede indicar que en el frente del Partido Popular empiezan a abrirse fisuras importantes.

El ataque contra Montoro nace seguramente de alguna querella muy concreta, que el firmante de esta crónica desconoce por el momento pero que puede no ser ajena a la rivalidad existente entre el titular de Hacienda y el de Economía. Pero sea cual sea, la tensión ha llegado al punto en que ABC ha decidido saltar a la arena. Y eso solo ha podido ocurrir porque intereses y fuerzas conspicuas, de la derecha y posiblemente del poder económico, han creído oportuno dar un serio toque de advertencia a Rajoy. Y eso sí que es políticamente muy relevante.

También lo es que distintos personajes de la derecha manifestaran su desacuerdo tajante, y justamente al término de la sesión, con que el rey emérito Juan Carlos no hubiera sido invitado a la celebración de los 40 años del 15-J. Porque el Gobierno y el propio Rajoy no han podido ser ajenos a esa decisión. Sugiriéndola o no oponiéndose a que se llevara a la práctica en el caso de que la iniciativa hubiera partido de la Casa Real.

En las últimas cuatro décadas son excepcionales, y nunca del todo tajantes, las ocasiones en las que la Corona ha hecho o dicho algo, cuestiones privadas aparte, que no haya sido negociado con el Ejecutivo o visado por este. Es de suponer que en esta ocasión no se ha roto la norma. Y lo más probable es que ambas instancias hayan coincidido en que lo más conveniente era que la presencia de un personaje tan controvertido como el rey emérito no desluciera con su presencia un acto concebido para ensalzar las bondades de la Transición y para proclamar su validez como guía de acción para nuestros días. Aun a costa de ocultar la corrupción, los graves problemas del modelo de Estado o la desigualdad social que marcan la realidad presente.

Ese planteamiento ha sido un error de parte a parte. Y se ha vuelto en contra de quienes lo idearon. Porque la injustificable ausencia de quien fue protagonista destacado de lo que se homenajeaba fue la noticia con las que abrieron todos los periódicos del día siguiente. Y no el acto. La causa del rey Felipe, y seguramente la de la Monarquía, no ha ganado mucho con eso. Y encima los críticos con Rajoy en el PP –los que se conocían y alguno nuevo– han tenido una ocasión para que les escuchen.

El líder de la derecha tiene motivos para estar preocupado. Por lo anterior, pero también porque la izquierda empieza a trabajar conjuntamente en contra de él y, aunque sea difícil prever en qué va a terminar ese entendimiento, está claro que en ese conglomerado el PP no va a encontrar ya ninguna posibilidad de acuerdo hasta que se celebren las próximas elecciones. Encima parece que Ciudadanos se está poniendo gallito de verdad. Su amenaza de no apoyar el techo de gasto para 2018 que propone el Gobierno a menos que se rebaje el IRPF parece que va en serio y, en última instancia, eso podría interpretarse como que el partido de Rivera vislumbra que el año que viene puede ser el último de Rajoy.

Pero se dirá que al líder de la derecha le queda Cataluña, la posibilidad de que el referéndum por la independencia le convierta en el salvador de España y haga que se olviden sus cuitas. No es para nada seguro que eso ocurra. Faltan aún tres meses para el 1 de octubre y en ese periodo, por muchas vacaciones que haya de por medio, pueden ocurrir muchas cosas. Y más después de esa fecha, cuando llegue la hora de tratar de arreglar el desaguisado y el presidente del Gobierno vuelva a mostrar la misma incapacidad en ese asunto, o su debilidad frente a los más duros de su partido, de la que hecho gala en los últimos años.

No puede descartarse que, antes o después, si Rajoy no modula algo su intransigencia frente a las reivindicaciones catalanas –que no son sólo las de los independentistas– algunos de los que se supone que van a apoyar sin rechistar sus más duras medidas contra el separatismo, entre ellos el PSOE, empiecen a poner pegas o se lo piensen dos veces. Aun no siendo el oráculo de Delfos, el New York Times y sus prudentes recomendaciones en la materia son un indicador en este sentido. Aunque sólo sea porque lo dice en su editorial lo ha escuchado en alguna parte. En Barcelona, pero también en Madrid.

Como remate de la semana llegaba la noticia de que el sistema de pensiones ha pedido 6.000 millones de crédito al Gobierno para pagar la extra del verano. La cosa no sería gravísima si no fuera porque quiere decir que la política económica de Rajoy es un fracaso. Porque los bajos salarios –y bajas cotizaciones– y un crecimiento con una tasa de productividad cada vez más baja no dan para sostener las pensiones. Y por muchas declaraciones tranquilizadoras que haga el Gobierno, eso llega a la conciencia de los jubilados. Más de uno de los que votan al PP estará inquieto.

En definitiva, que no solo la corrupción o el desmadre institucional están haciendo que el barco del PP embarque cada vez más agua. Va a seguir navegando. Pero su recorrido tiene un límite. Y este empieza a delinearse en el horizonte.