La semana pasada escribí un post moderadamente pesimista que refleja mi cambio de expectativas de un ajuste gradual, a un no ajuste persistente. Ya no creo que el gobierno se vió obligado a dejar barreras arancelarias y paraarancelarias a la importación altas porque el muerto de los futuros de dólar lo obligaba a mantener el tipo de cambio atrasado hasta mediados de año. No, lo hizo porque si el gobierno de Macri es desarrollista, lo es en el sentido histórico latinoamericano de la palabra. Ve el desarrollo a través de la sustitución de importaciones que se financian sobre la eficiencia del sector primario (más sobre esta observación en el futuro)

Tuvimos la desgracia de padecer los gobiernos horrorosos de Cristina Kirchner. Para Macri es una suerte, pues haciendo políticas “desarrollistas” (a.k.a. peronismo de manual) puede lucir en contraste como un líder serio que va a llevar al país a buen puerto. ¿Tomaría el gobierno otras medidas si contara con mayoría en ambas cámaras? Seguro que sí, tanto porque tendría más margen de maniobra, como por el hecho que su minoría parlamentaria refleja el poco apego que tiene la sociedad al ajuste (queremos el gasto alto y los impuestos bajos, como buenos inmaduros).

¿Quizás después de las elecciones del año que viene el gobierno se refuerce en el Congreso y acelere las reformas? Quizás. Pero me cansé de esperar condicionales (que después de levantar el cepo, que después de salir del default, que después del blanqueo, etc.). Y la realidad es que si las restricciones políticas impiden las reformas el gobierno debiera de aprovechar las detenciones de José López e Ibar Pérez Corradi para tomar el control de la agenda legislativa (con proyectos ley, e incluso decretos de necesidad y urgencia). Pero no se ve más que un cambio marginal en las ínfulas de la tropa oficialista.

Y en mi nueva óptica moderadamente pesimista la detención de estos dos delincuentes no me invita a festejar, sino a llorar al reconocer lo enquistada que está la corrupción en el país. Recomiendo leer la nota de Hugo Alconada Mon en la La Nación de hoy:

Se trata de un sistema de impunidad que se nutre de una estructura que se desarrolló de manera paulatina durante las últimas décadas. ¿Cinco rasgos de ese sistema? 1) El actual ordenamiento legal incluye penas muy bajas para delitos de corrupción, por lo que el temor a ir preso es casi inexistente, más aún a la luz del bajísimo porcentaje de condenas que registran los coimeros argentinos desde hace décadas. 2) La infraestructura para investigar esos delitos es insuficiente, con juzgados, fiscalías y organismos de control sin el personal necesario ni capacitado. ¡si en ciertas dependencias ni siquiera cuentan con Internet! 3) El presupuesto para las distintas áreas del Estado que deberían prevenir y combatir la corrupción es bajísimo, a tal punto que nuestro país destina más dinero a transmitir fútbol por televisión que a potenciar la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General o las fiscalías especializadas, entre otras dependencias. 4) Quienes quieren investigar al poder carecen de verdaderos escudos protectores (así, por ejemplo, los jueces y fiscales “molestos” pueden ser apartados con facilidad de las causas calientes, mientras que el Consejo de la Magistratura se demostró impotente durante más de una década para resolver casos flagrantes de mal desempeño como el de Oyarbide). 5) Sobreabundan los operadores, expertos en “alegatos de oreja”, distribución de prebendas y aprietes, ante jueces, fiscales, peritos y sabuesos. ¿Es casualidad, entonces, que la figura del arrepentido no rija en la Argentina para los delitos de corrupción, pero sí para el secuestro extorsivo, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas o el lavado? Tampoco es casual que ni los políticos ni los empresarios locales quieran esa opción. Al contrario: le tienen pánico.

¿Tiene sentido tratar de votar una ley del arrepentido para delitos de corrupción? Sí, pero por los motivos que enumera Alconada Mon no es políticamente viable su aprobación hoy. Sugiero que primero se apruebe una amnistía para todo funcionario y empresario que confiese su participación en delitos de corrupción. Todo aquel que confesara sus delitos de corrupción no iría a prisión y solamente tendría que reintegrar los dineros mal habidos. Si es o fue funcionario también quedaría inhabilitado por un plazo para el ejercicio de la función pública (no se si es posible una sanción similar a los empresarios corruptos). Para incentivar la participación, por un tiempo largo (¿10, 20 años?) se resguardaría la identidad de los arrepentidos.

Todo aquel que no se acoja a la amnistía en un plazo determinado y luego fuera encontrado culpable de delitos de corrupción debería sufrir el máximo rigor posible, dado el punto 1) mencionado arriba por Alconada Mon. Aunque agregaría que en un contexto de cambio cultural (que es en parte posible) la condena social aumentaría el costo de ir a juicio y ser condenado por corrupción. Y la información provista por los arrepentidos aumentaría considerablemente la probabilidad de detección de los corruptos que no se acojan a la amnistía.

Es preferible eliminar la corrupción a futuro, a buscar la condena explícita de los miles de corruptos que se enriquecieron en las últimas décadas. El gobierno pareciera contentarse con una posición gatopardista en la cual se sorprende cuando casos puntuales salen a la luz, pero envía proyectos de leyes que sabe no van a prosperar.

EXPOST: El Financial Times publicó hoy (23/6) una nota sobre los cambios a gobiernos menos populistas en América Latina (Argentina, Brasil y Perú) de los últimos seis meses. A Macri le critican tomar el camino de mínimo esfuerzo:

Nor are Latin Americans necessarily making a permanent swing away from a discredited populist left. “Needed economic corrections that the new governments will have to make will be unpopular and create opportunities for the left to return,” adds Mr [Moisés] Naím. Adding to the complexities are the 55m Latin Americans who rose into the middle class over the past decade. They have high expectations of continued advancement, making governing harder still. Is there any way to square the circle? The easy answer is to keep spending — as Mr Macri is in Argentina. Despite raising subsidised electricity prices by 400 per cent earlier this year, a move that provoked critics to decry his administration as “brutally neoliberal”, his government has maintained social programmes and relaxed an earlier austerity drive. As a result, the fiscal deficit is expected to hit 5 per cent of gross domestic product this year.

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