El secretario de Vivienda, Domingo Amaya, pasa a ser subsecretario de Interior, con menos sueldo, pero con mayor volumen político. La jefa de gabinete de Medio Ambiente, Patricia Holzman, se transforma en titular de la Unidad de Coordinación General de ese mismo ministerio, un rango que también adquirieron Pablo Quirno en el Ministerio de Finanzas, Hernán Bielus en la Cancillería y Pablo Nocetti en la cartera de Seguridad. Se quedan en los lugares donde trabajaban. Otros, como algunos funcionarios del Ministerio de Educación, recalan en el Senado, donde trabaja desde diciembre pasado el exministro Esteban Bullrich.

Estos son algunos ejemplos concretos, que fueron publicados esta semana en el Boletín Oficial, de la reciente reorganización de las estructuras del Gobierno motorizada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización, y que implicó la desaparición de 974 "ravioles" (cargos) y un ahorro total de $1500 millones.

Si bien los responsables del racconto evitaron dar a conocer los números finales, un relevamiento informal por ocho ministerios realizado por LA NACION da un resultado concreto: el porcentaje de los funcionarios que dejaron efectivamente el Gobierno varía entre un 30 y un 40 por ciento como "techo". El resto (unos 600 empleados jerárquicos, como secretarios, subsecretarios y directores) aceptaron continuar en sus puestos con un rango (y sueldo) menor o fueron reubicados en otras dependencias.

"El objetivo más importante era reducir la masa salarial y ser más eficientes. La consigna no era echar gente", contestaron en varios ministerios, casi con los mismos argumentos, para justificar el desfase entre el número de cargos que desaparecieron y los funcionarios que efectivamente se fueron a su casa o a la actividad privada. "La idea era dar una señal política en tiempos en los que se le pide un esfuerzo a la gente, y nosotros también lo hicimos", contestó un ministro con responsabilidades sobre la nueva ingeniería, que fue revisada -a cara de perro- por los coordinadores de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

En cada ministerio, los cambios tuvieron sus matices. Alejandro Finocchiaro (Educación) acordó con su antecesor Esteban Bullrich el traspaso de varios de sus funcionarios de confianza. Precavido, el rabino Sergio Bergman (Medio Ambiente) vio venir la ola de cambios y les comunicó a quienes se iban la mala nueva. "Un tercio de la gente se fue, cuando les ofrecés un cargo menor o por menos plata se van. El resto se fue reubicando, pero con un estatus menor", afirmaron desde ese ministerio. En Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, el cálculo de la poda en cantidad de funcionarios da "aproximadamente un 40 por ciento", y en Transporte, encabezado por Guillermo Dietrich, hablaron de "varios cargos que dejaron de existir antes de designar algún responsable" y de la "muerte" de varias subsecretarías y direcciones. En Interior, de Rogelio Frigerio, la poda de subsecretarías (pasaron de 14 a 4) determinó las bajas de Juan Carlos Morán y Jorge Sábato, y los "pases" de otros funcionarios a puestos de menor relevancia. En un contexto en el que no se tocaron figuras conocidas, hizo "ruido" la incorporación en ese ministerio del exembajador en Ecuador Luis Juez como nuevo titular del Instituto Nacional de Capacitación Política.

Como antídoto para retener a los colaboradores más valorados, Lopetegui y Quintana sostuvieron compensaciones a los funcionarios que se quedaran, a través de las denominadas "unidades retributivas" que recibe cada ministro. Antes de la reorganización, cada ministro tenía 7000 unidades (alrededor de $30 por unidad); los secretarios, 5000, y los subsecretarios, 3000 por mes. Ahora quedaron 30.000 para cada uno de los 22 ministros, que pueden disponer de esos fondos para "engordar" los sueldos de aquellos a los que les bajaron el rango. "El ahorro de cargos y de plata se hizo. Ahora, irse... no creo que hayan sido mucho más de 300", arriesgó un funcionario, que reconoció que el número final de sillas vacías está guardado, bajo siete llaves.