El Parlament ha aprobado por unanimidad anular las sentencias políticas del régimen franquista y declarar “ilegales” los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuó en Catalunya del 1938 al 1978. La proposición de ley presentada por JxSí, CUP y CSQP también autoriza el Arxiu Nacional de Catalunya a elaborar un listado de condenados. Es decir, hacer un registro de los 63.961 procesos que tuvieron lugar en Catalunya durante estos cuarenta años.

El PPC ha votado finalmente a favor aunque en 2007 los populares votaron en el Congreso en contra la ley de memoria histórica que declaró “ilegítimos” los tribunales y condenas del franquismo. El diputado de los populares Fernando Sánchez ha defendido el voto a favor “por respeto a las víctimas y como un paso para profundizar en el camino de la reconciliación que se inició con la transición”.

Las víctimas no tendrán ningún derecho de resarcimiento

El acto es más simbólico que práctico, puesto que las víctimas de los juicios anulados hoy no tendrán ningún derecho de resarcimiento. Justo después de aprobarse la ley, diputados y representantes de las entidades de memoria histórica han entonado ‘Els Segadors’.

Con decenas de representantes de entidades dedicadas a la memoria histórica y familiares de víctimas de consejos de guerra franquistas en la tribuna de invitados del Parlament, entre ellos el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora de esta ley, ha subrayado que no se busca “la revancha, sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición” de los crímenes del franquismo.

“Nulos de pleno derecho”

La ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo, que así es su nombre completo, es muy clara y declara “nulos de pleno derecho” todos los consejos de guerra y tribunales creados por la dictadura desde la Guerra Civil hasta el restablecimiento de la democracia, y también pretende anular sus sentencias declarando su “ilegalidad”.

En concreto, el texto declara ilegales “los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Catalunya a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978”. Por lo tanto, la norma solo se fija en los tribunales que actuaron en Catalunya durante ese periodo en el marco de las competencias del propio Parlament.

Según la ley, fueron “contrarios a la ley y vulneraron las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”, por lo que como consecuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de “todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictados por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista”.

El president de la Generalitat y la presidenta del Parlament flanqueados por diputados y miembros de entidades de memoria histórica (Marta Sierra / ACN)

El texto de la exposición de motivos además argumenta que la ONU ha requerido varias veces al Estado español reparar a las víctimas “anulando” los procesos, y considera además que el Parlament debe asumir una “responsabilidad histórica”.

La norma tendrá una traducción práctica de reparación de las víctimas del franquismo. Según la norma, el departamento de Justícia “emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes”.

El texto también autoriza al Arxiu Nacional de Catalunya para que elabore y haga pública una lista de los procesos instruidos por el régimen franquista, las sentencias adoptadas, las personas encausadas y la condena impuesta, lista que se deberá publicar el mismo día de la entrada en vigor de la ley.

Voto a última hora

El voto a favor del PP catalán se cerró definitivamente en la última reunión del grupo parlamentario popular, como es habitual antes de cada pleno. No debería ser una sorpresa el voto popular teniendo en cuenta que en la tramitación de la norma, el diputado Fernando Sánchez Costa declaró que “el franquismo merece condena” porque “dejó un reguero de sangre” y sus víctimas “merecen reparación”. Eso sí, avisó a los impulsores ser “rigurosos” para “no hacer una farsa”.

Las entidades memorialistas elogiaron la ley catalana. En representación de las diversas entidades, el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, expresó en rueda de prensa en el Parlament su “alegría” por el contenido de la ley.

Este miércoles, algunos independentistas han sacado pecho por la norma y la han contrastado con la condecoración del exministro de la UCD, Rodolfo Martín Villa, por parte del Rey con motivo del acto en el Congreso de conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas. Sobre Martín Villa pesa una orden de búsqueda y captura internacional por crímenes contra humanidad por la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976. “Hoy en el Congreso se ha honrado a un fascista y en el Parlament se han anulado sus juicios. Que no te engañen, la 3ª ha llegado y es catalana”, publicó el diputado de ERC, Gabriel Rufián.