Para analizar este tema de calado es importante una mirada desde la clave de la globalización. En la medida que no se procure un equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo económico entramos en una vía muerta donde los Estados no van a poder garantizar el bienestar social y la calidad de vida a la ciudadanía. La primacía de la globalización económica frente a la globalización social genera desigualdad social.

¿Qué modelo social queremos?

Si nos planteamos qué modelo de sociedad queremos hay que pensar en dos opciones. ¿Un modelo de protección social universal que se financie con impuestos y que aspire a eliminar las desigualdades sociales, inspirado en el modelo nórdico de bienestar social? ¿O un modelo de seguros privados, copagos y cheques servicio? No todo es blanco ni negro, por ello nos confundimos en el debate. Pero estoy segura de que ahí hay un debate de fondo que pocas veces se cuestiona.

Es fácil que una parte importante de la población caiga en el discurso fácil de evitar pagar o reducir al máximo el pago de impuestos. La clase media-baja con nómina siente que ellos pagan más impuestos que las grandes fortunas y las grandes empresas, etc. Y pueden vivir la situación como injusta. Incluso esta idea puede reforzar aún más la economía sumergida.

Por ello es necesario entrar en el profundo debate de qué modelo de sociedad queremos y luego articular el sistema fiscal al modelo elegido. Si no, dejaremos en manos de los programas políticos las promesas de bajar impuestos como algo positivo por lo que hay que luchar desde la ciudadanía.

¿Buscamos realmente la universalización de derechos?

Si pensamos que merece la pena seguir apostando por la educación, la sanidad, las pensiones, los servicios sociales… también deberíamos pensar en quienes van a contribuir a ello. Hay que ver cómo garantizamos que esos impuestos universalicen la protección social a todas las capas de la población.

¿Qué y cómo?

Un ejemplo reciente basado en los discursos sobre la generación de empleo es que parece que hay que elegir entre crear empleo o cotizar a la seguridad social, de tal manera que las bonificaciones a las empresas se traducen en que se debilite el sistema de la seguridad social y peligren las pensiones.

Además todos hemos sido testigos de cómo las medidas de austeridad europeas han impuesto recortes en los servicios sociales públicos bajo el mandato de la austeridad, justo en el momento que más se necesitaba un refuerzo en un sector que además de procurar una mayor justicia social se ha demostrado que genera riqueza y empleo. No sólo genera empleo la empresa privada.

Los datos de los Informes ISSE del Consejo General revelan que durante los años de crisis se han producido unos recortes sociales con una media de más de un 33% en servicios sociales, mientras que se producía un aumento de la demanda de un 74%. Así mismo, otro de los datos significativos es que el 50% de la demanda en los servicios sociales públicos valorada como necesaria no ha obtenido ninguna respuesta, mientras podemos observar cómo el dinero del Estado acaba financiando respuestas puntuales desde organizaciones de tinte caritativo.

Análisis y acción social como respuesta

Desde el trabajo social se emprendió una lucha contra los recortes sociales y contra la austeridad visualizada por la marea naranja y otras campañas como la de ‘Derechos sociales por la dignidad’ que, entre otros objetivos, intentan visualizar cómo hay que establecer un debate de fondo para tratar los temas sociales y que no es lo mismo financiar unos servicios sociales públicos y garantistas que un sistema “solidario-benéfico” puntual, graciable y no garantista de derechos.

Es decir que no sólo hay que hablar del presupuesto en servicios sociales desde términos cuantitativos, sino en cómo se gestiona y cuál es su impacto en la población.

Análisis, debate y acción social deben ir de la mano para reclamar más justicia social y más justicia fiscal.