Once de ellas decidieron denunciar los hechos y luchar por justicia, pero se vieron obligadas a llevar su caso a una instancia internacional después de toparse con trabas en la investigación de sus denuncias, e incluso con la difamación de autoridades locales, incluyendo al entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

En junio de 2006, un mes después de los hechos, Peña Nieto llegó a declarar a la prensa que la “fabricación” de acusaciones era una táctica conocida de grupos radicales, y que ese podía ser el caso de las mujeres que denunciaban violaciones por parte de la policía, con el objetivo de desacreditar al gobierno.

Más de una década después, la CIDH no solo ha emitido su dictamen a favor de las víctimas, sino que el sábado pasado envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos, lo que incluye al entonces gobernador del estado que ordenó el operativo, hoy presidente de México.

La oficina del presidente ha dicho por su parte que la CIDH no responsabilizó a Peña Nieto ni lo ha nombrado explícitamente como un objetivo de la investigación. Más allá de eso, sostienen, los casos judiciales en México nunca lo han hecho responsable de las agresiones sexuales a las mujeres.

‘Me quitaron la mitad de mi vida’

Suhelen Cuevas soñaba con ser periodista y llegó a San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006 para cubrir los enfrentamientos que habían ocurrido la noche anterior en el municipio.

Edith Rosales era asistente médica, tenía 48 años, y había llegado a Atenco con una brigada de auxilio para atender a los heridos de la noche del 3 de mayo.

Norma Jiménez y Claudia Hernández eran estudiantes, y estaban allí para documentar lo sucedido: Norma para la revista “Cuadernos Feministas”, Claudia para estudiar movimientos sociales.