Propone cuentas individualizadas de capitalización para utilizar en caso de despido o jubilación.

Tal y como avanzaba en la Agenda del Cambio que presentó a comienzos de febrero, el Gobierno va a apostar por la puesta en marcha de la conocida como «mochila austriaca» como medida para optimizar el mercado laboral español. En el apartado del Programa Nacional de Reformas remitido el martes por el Ejecutivo a Bruselas referido a la reducción de la segmentación del mercado laboral se incluyen dos propuestas. La primera, la reordenación y simplificación del menú de contratos de trabajo para avanzar hacia tres fórmulas contractuales básicas: indefinido, temporal estructural y formativo. La segunda es, textualmente, la «implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación».

El fondo del que habla la medida es una hucha en la que el empresario deriva una cantidad del salario bruto de cada trabajador. El capital acumulado acompaña a la vida laboral del trabajador y es gestionado por firmas privadas para rentabilizarlo, aunque el Estado garantiza el 100% de estos ahorros. En caso de despido, la empresa no abona indemnización alguna al trabajador, que dispone de este fondo como compensación. Una vez jubilado, si le queda dinero en la hucha, el trabajador puede disponer del mismo para completar su pensión. Su nombre deriva del hecho de que Austria implantó este sistema en el año 2003 para flexibilizar su mercado de trabajo y permitir el despido a coste cero a las empresas.

Como en el caso austriaco, el Ejecutivo considera que esta propuesta «tiene potencial para contribuir significativamente al dinamismo laboral y a la producción española, y se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con el mayor de los consensos». Para su diseño, el Gobierno pedirá el apoyo del «Structural Reform Support Program». Se trata de un programa de la Unión Europea que ofrece a los países miembro ayuda a medida para el diseño de reformas institucionales, administrativas y de crecimiento. Los planes del Gobierno no detallan, en todo caso, los plazos de ejecución de la medida.

La implantación del modelo austriaco en España entraña sus dificultades. Requeriría de aportaciones empresariales adicionales más allá de las cotizaciones sociales, lo que podría provocar reticencias entre los empleadores, que aseguran que la fiscalidad del trabajo ya es elevada.