Los datos recogidos por la Fundación Migra Studium durante las visitas a la Zona Franca desmienten los principales argumentos del Gobierno para mantener abierto este centro de privación de libertad para personas migrantes

La Fundación Migra Studium ha presentado hoy en rueda de prensa su informe anual de 2016 sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Sin embargo, este año el informe limita los datos al periodo comprendido entre los meses de septiembre y diciembre, ya que las instalaciones permanecieron cerradas por reformas entre noviembre de 2015 y mediados de julio de 2016.

Esta fundación vinculada al Servicio Jesuita a Migrantes ha elaborado, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, ​​un dossier donde exponen los principales datos recogidos gracias al acompañamiento que hacen los internos en el CIE, así como un seguimiento, valoración y fiscalización de las condiciones actuales de internamiento. Todo esto es gracias a la labor continuada de visitas que miembros y voluntarias de la fundación vienen llevando a cabo desde hace más de seis años, en el que hacen acompañamiento psicosocial en dos vertientes, un preventivo de contacto directo con los internos y otro correctivo, dedicada a hacer recomendaciones de mejora de las condiciones de vida de las migrantes privadas de libertad.

Los últimos cuatro meses de 2016 pasaron por el CIE de Barcelona 640 personas, el 86’72% del número total de internos que pasaron por el mismo centro durante todo el año anterior

Los últimos cuatro meses de 2016 pasaron por el CIE de Barcelona 640 personas, el 86’72% del número total de internos que pasaron por el mismo centro durante todo el año anterior. Después del pulso del Ayuntamiento de Barcelona con el Ministerio del Interior para precintar las instalaciones y evitar su reapertura, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) española -encargado de extranjería y de la gestión del centro- redobló esfuerzos y ya en el mes de octubre se llegó a la ocupación total con dos centenares de personas llenando las celdas.

En su informe, Migra Studium explica que en estos cuatro meses han podido llevar a cabo un total de 414 visitas a 146 personas diferentes, todos ellos hombres porque en la Zona Franca no existe un módulo específico para mujeres, lo que hace que estas sean trasladadas a centros como el de Aluche (Madrid) o Algeciras (Andalucía). El perfil de estos migrantes es diverso pero destaca que un 44’52% eran jóvenes de entre 19 y 35 años y un 15’75% declararon ser menores de edad, aunque finalmente sólo dos de ellos fueron reconocidos como tal por las autoridades españolas. En cuanto a su procedencia siguen predominando las nacionalidades originarias del Magreb, principalmente Argelia y Marruecos, aunque también hay una presencia destacada de personas provenientes de países de América Latina como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y del este de Europa, mayoritariamente búlgaros, rumanos y albaneses. En último lugar, se constata un aumento del tiempo de reclusión, ya que más de la mitad del internos visitados permanecieron más de cuarenta días privados de libertad, acercándose al límite de sesenta días establecido en el caso de España.

Desmontando el relato oficial

Las devoluciones, a diferencia de las expulsiones, no se consideran técnicamente una sanción y no conllevan prohibición de vuelta. Se procede a ejecutarlas en los supuestos de que la persona migrante haya hecho caso omiso de una prohibición explícita de entrada al Estado o para intentar entrar ilegalmente en el país. Es en esta última casuística donde Migra Studium ha detectado que se han multiplicado por tres los casos, pasado del 17’46% de 2015 al 57’53% en los cuatro meses analizados en 2016. En esta tipología es donde se ubican las personas provenientes de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (DETI) de Ceuta y Melilla o personas llegadas en situación administrativa irregular, tanto en pateras como directamente a puertos y aeropuertos. De ello se concluye que el CIE de Barcelona está absorbiendo internos procedentes de otras instalaciones privativas de libertad de todo el Estado español, todo ello en un momento en que el Gobierno se ha quedado solo en la defensa de su utilidad y necesidad.

Una cadena humana rodea el CIE Zona Franca / Manel Clemente



Migra Studium afirma en su informe que «el Ministerio del Interior continúa criminalizando las personas migrantes privadas de libertad en los CIE». Condiseren que fomentan un discurso fundamentado en el argumento de que «se interna y expulsa personas delincuentes y / o de alta peligrosidad», lo que a su juicio «estigmatiza el conjunto de la población migrante en situación irregular justificando las medidas de control, seguridad y la gestión policial de la expulsión y el internamiento «. Este discurso oficial queda desacreditado con los datos recogidos por la fundación, que ha documentado como un 74’66% de las personas internas no presentaba antecedentes penales y que de los 27 casos de personas que sí tenían, el 25’92% fueron detenidas a la salida de la prisión, después de haber completado íntegramente la condena y debido a la pérdida de autorización de residencia que ello conlleva.

El 53’42% de las personas visitadas durante 2016 fueron finalmente puestas en libertad sin ser expulsadas del Estado

Otro de los puntos más relevantes del informe concluye con una afirmación contundente: «El internamiento se ha convertido en una práctica que criminaliza y priva de libertad muchas personas migrantes de forma gratuita, sin que se lleve finalmente a cabo la expulsión «. Y es que, según los datos recogidos, el 53’42% de las personas visitadas durante 2016 fueron finalmente puestas en libertad sin ser expulsadas del Estado, contraviniendo uno de los principales argumentos que utilizan las defensoras del CIE para justificar su existencia. «Se está utilizando el CIE como un albergue temporal de personas inexpulsables», afirmó durante la rueda de prensa Margarita García O’Meany, coordinadora del equipo de voluntarios CIE Zona Franca de la Fundación Migra Studium.

Las personas calificadas como «inexpulsables» lo pueden llegar a ser por diferentes motivos: están indocumentadas y no son reconocidas por las autoridades de los países de los que son originarios, no existen acuerdos de readmisión bilaterales, son miembros de colectivos vulnerables que requieren protección especial o no hay suficiente presupuesto para contratar vuelos a determinados países. Según la entidad «los bajos índices de expulsiones hacen sospechar que se está haciendo un uso excesivo e injustificado de la privación de libertad, lo que provoca una vulneración flagrante del derecho a la libertad».

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