La UDI ha tratado de plantear que los correos que se han conocido entre Longueira y el exgerente general de SQM, y hombre de confianza de Julio Ponce Lerou, sólo demostrarían contactos de una autoridad con personas relacionadas en el ámbito empresarial, a fin de conocer su opinión en determinados proyectos. Pero olvida que en paralelo a este tipo de contactos, existía también un financiamiento ilícito que recibía Longueira de parte de SQM, el cual ha sido señalado por la propia empresa como un monto superior a los 730 millones de pesos. Esos dos componentes, que no pueden aislarse el uno del otro, dan cuenta de que estamos frente a un indicio de cohecho que puede arribar a una condena penal.En teoría, la mayoría de los involucrados se exponen a penas de cárcel, pero hay gran escepticismo de que esto ocurra. Generalmente, los delitos de cuello y corbata, o en aquellos que afectan a personas involucradas con grupos de poder, ya sea político o económico, nunca han arribado a una sanción efectiva, como sí ocurre con la delincuencia común. Desde ese punto de vista, una persona que se roba una bicicleta desde la calle tiene más probabilidades de ser condenado que alguien que comete una defraudación gigante o un político que comete cohecho.Exacto. Mira lo de Jovino Novoa, fue una burla, y eso es responsabilidad del exfiscal nacional Sabas Chahuán, que hizo un ofertón de procedimiento abreviado al cual ningún otro ciudadano, en la misma situación, habría podido acceder. Tres años de pena remitida significa que Jovino Novoa el día de mañana podría ser electo presidente de la UDI sin ningún problema, y en tres años más postularse a senador nuevamente, lo que me parece escandaloso.Este Congreso está discutiendo la agenda corta antidelincuencia, donde se aumentaron aún más las penas para los robos con intimidación, pero son incapaces de aumentar las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos. Existe una noción errada de que hay menor peligrosidad en aquellas personas que tienen una formación más acabada y que pertenecen a determinados estratos sociales.Claro, “de bien”. Hay actitudes distintas en la justicia cuando se está frente a una persona de escasos recursos o vulnerable, que cuando en el estrado está un señor con estudios universitarios de la Católica y empresario.Ellos trataron de decir que no tenían por qué estar en esta situación. Según su perspectiva, ellos han sido un aporte al país. De hecho, el argumento que daban era que habían generado muchos puestos de trabajo con sus empresas, idea que la abogada del Consejo de Defensa del Estado cuestionó al señalar que el narcotráfico también demandaba mucha mano de obra y no por eso deja de ser una conducta ilícita.Hasta el momento, lo único que hay en estas causas es impunidad. El caso de Jovino Novoa, en cuanto a su contenido y su forma, es una verdadera burla al principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, acá no hay ningún triunfo que celebrar todavía.Hay un alto riesgo de estar frente a un ofertón de juicios abreviados, con lo cual la Fiscalía va a tratar de venderle al país que aquí se ha logrado un éxito a partir de obtener condenas, lo que en rigor sería falso.El caso de Jovino Novoa es como un parámetro, era uno de los más sólidos para llevar a juicio oral y obtener una pena ejemplar, y sin embargo terminó en nada. De ahí para abajo puede ocurrir cualquier cosa, desde un abreviado a Délano y Lavín, hasta uno de Pablo Wagner, entre otros.Cualquiera podría acceder a lo mismo que Novoa, lo que es preocupante.Esto es una especulación, pero quizás los fiscales tengan miedo de llevar estas causas a juicio oral y perderlas, lo que no es una actitud muy propia de un organismo cuya función es perseguir los delitos que se cometen. Puede ser, también, una forma de cerrar esto cuanto antes, vendiéndole a la población una falsa sensación de éxito en la persecución penal. Siempre se ha dicho que nosotros hemos criminalizado la política, cuando han sido los mismos políticos los que han hecho eso, con las actuaciones ilícitas que han cometido. Más que obtener que a un determinado político lo linchen en la plaza pública, a nosotros nos mueve que acá haya un debido proceso e igualdad ante la ley. Lo que significa que gran parte de los casos deben llegar a un juicio oral.Acá hay un problema de fondo que radica en la concentración del poder económico y político. Esto se da en una situación especial, en la cual este poder político, que se supone que tiene que controlar a través de la legislación y la fiscalización al poder económico, se encuentra capturado por este último a través de los aportes ilegales de la política. Esto ha generado un círculo vicioso que ha provocado que en Chile no exista una verdadera democracia. Lamentablemente, los únicos que pueden cambiar esto son las mismas personas que forman parte de esta dinámica, lo que es un escenario poco alentador. Todas las actuaciones de la oligarquía política y económica, lo que pretenden es que no existan nuevos actores que puedan ingresar al mercado o a la política. La mejor demostración está en la Ley de Partidos, que pone muchas trabas a la formación de nuevos actores, y la Ley de Pesca, que le transfiere el negocio de los recursos biológicos del mar a familias con mucho dinero. Jaime Orpis, por ejemplo, era de las personas que estaba por la idea de que quienes tenían licitaciones de pesca las mantuvieran de forma indefinida. Y no solamente eso, también fue el principal impulsor en el Senado de que estos derechos pudiesen ser vendidos a cualquier persona y sin restricciones. Ahí uno puede observar que Orpis sirvió a los grupos económicos que ya existían en nuestro país.Julio Ponce Lerou, que no ha enfrentado aún una formalización, no solamente es protagonista del financiamiento ilegal a la política, sino también del mayor fraude a la Ley de Mercado de Valores de la historia en nuestro país, que es el caso Cascada. La actuación de nuestros órganos de persecución penal parecen tener un techo: el gran intocable en Chile es Julio Ponce Lerou.Julio Ponce Lerou sólo pudo surgir en un escenario en el cual no existía una democracia verdadera. Por lo tanto, más allá de las consideraciones criminales, existe un tema ético de quienes construyeron una carrera política bajo un discurso crítico en contra de la dictadura de Pinochet, pero que no tuvieron ningún problema para solicitarle financiamiento irregular a una empresa que fue saqueada en la dictadura.Bueno, es que ese es el problema. Acá todo se relativiza, pero eso es una defensa absurda, igual que cuando dicen que todos lo hacían. A nadie se le ocurriría, racionalmente, sentarse en un tribunal para decir que no es responsable del homicidio que se imputa porque hay mucha gente que también mata. Sin embargo, se quiere hacer parecer como aceptable el que personeros políticos digan que obtuvieron financiamiento irregular porque todo el mundo lo hacía.¿Cómo se puede sostener razonablemente que el dinero que va a financiar una campaña política a partir de la cual una persona accede al Senado, con una posición de poder político y un sueldo garantizado por ocho años, no constituye un beneficio personal? Es ridículo. El problema es que estamos frente a un grupo de personas que se están hablando así mismos. Es absurdo ver a Pablo Longueira, que tiene la basura al cuello, pontificando de política y recibiendo un apoyo transversal. Se ha llegado a un grado de disociación tal, que no se entiende cómo estas personas pueden estar absolutamente tranquilas después de que se descubrió el conjunto de actuaciones delictuales en las que estaban involucradas. Probablemente tienen la convicción de que como ha ocurrido históricamente, no hay una gran movilización social respecto a estos temas y finalmente esto va a quedar en nada, o se va a olvidar con el próximo partido de fútbol o el reality de moda.La verdad es que finalmente existe una sensación de que estas cosas no sorprenden y la gente sigue yendo a las urnas para elegirlos. Más que llamar a una gran manifestación o que se tomen las calles, acá lo relevante es que exista una reacción política de la comunidad. Y eso es lo que no se ha observado históricamente. Hoy estamos frente a un escenario que es muy peligroso, donde la denominada clase política no entiende nada, porque básicamente se están mirando el ombligo, como ha ocurrido durante las últimas décadas. Cuando hay un desprestigio de las instituciones, al nivel que se está produciendo hoy, justificado con las denuncias consistentes de corrupción que se han hecho, se abre la oportunidad para que liderazgos carismáticos y extremadamente populistas lleguen al poder. Eso ha ocurrido en otros países. El problema es que ahí vamos a reemplazar algo muy malo por algo peor, y esa es la peor solución. Yo creo que estamos muy cerca de aquello.