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Bolivia ha sido un país marcado, desde tiempos de la colonia, por la minería. Y si hay un departamento que representa esto como ningún otro, es el de Potosí. “Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas”, escribió sobre su capital Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina en 1971.

El departamento de Potosí se encuentra hoy en una situación muy diferente. De acuerdo con un estudio de la Fundación Milenio, desde 2005 –un año antes de que Evo Morales accediera a la presidencia– hasta 2017, su PIB creció a un ritmo del 5,5%, con algunos episodios de alta volatilidad y picos, como el del 24, 25% de 2008. Su dependencia de la mina, en todo caso, sigue intacta: sin ella, el promedio del PIB en ese periodo bajaría al 2,9%.

En 2018 el PIB alcanzó el 4,1% y la minería representó alrededor de una tercera parte de este. En Potosí se produce en torno al 80% de los minerales de Bolivia, lo que supone entre el 55% y 60% del PIB. La minería es el tercer sector productivo y, por ello, en todo el país, y en Potosí en particular, es estratégico en el ámbito económico, pero también de gran presión en el ámbito político.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha enfrentado en múltiples ocasiones a esta realidad a lo largo de su mandato. Si bien las políticas extractivistas —a las que las economías periféricas a menudo se ven forzadas para poder crecer— condicionan la diversificación de la economía productiva nacional, la apuesta del ejecutivo de Morales por que el sector minero contribuyera a sus políticas sociales ha sido clave para que la pobreza se contrajera del 60,6% al 34,6% durante su mandato, con una reducción en la pobreza extrema del 38,2% al 15,2%, entre otros logros inapelables.

Esta posición ha conducido, sin embargo, a Bolivia a una relación conflictiva con las multinacionales mineras. La suspensión de contratos heredados y los esfuerzos para controlar un sector clave, han llevado al país ante tribunales de arbitraje internacionales en diversas ocasiones; enfrentamientos en los que el gobierno canadiense ha adoptado un papel especialmente beligerante, al ejercer prácticamente de portavoz de las multinacionales de este país, que concentran alrededor del 60% del negocio a nivel mundial. Con todo, y a pesar de que en 2014 ya se estimaba que estos litigios habías supuesto alrededor de 1.900 millones de dólares para Bolivia, el propio Financial Times reconoció que la política del gobierno de Evo Morales había llevado al país a triplicar la economía boliviana al tiempo que se había “logrado un récord en reservas de divisas”.

El litio boliviano y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China

Un aspecto constatable durante el mandato de Morales ha sido el descenso de la influencia de Estados Unidos en Bolivia. Como muestra un estudio del CELAG, el país llegó a ser uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense en el continente hasta la expulsión del embajador Philip Goldberg y la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en 2008, tras un frustrado golpe, y de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en 2013. Entonces, la ayuda cayó vertiginosamente; con una pequeña interrupción en la tendencia en 2014 y, sobre todo, 2015, coincidiendo con los meses previos al referéndum constitucional de febrero de 2016.

A pesar de estos datos, la minería boliviana sigue siendo la principal proveedora de estaño, tungsteno, hierro y antimonio a Estados Unidos, y una de las más importantes de cobre, plata, oro y zinc. Sin embargo, las relaciones comerciales entre Bolivia y Estados Unidos también se han visto notablemente afectadas por el creciente papel de China en la región: el 21% de las importaciones del país sudamericano proviene del gigante asiático (que es además el principal acreedor del país), mientras solo el 7,5% lo hace de Estados Unidos. Evidentemente, el sector minero también se ha visto condicionado por esta disputa que, además, involucra a otros actores como Alemania, Canadá, Rusia o Japón. Y, además de otros factores, para retratar hoy ese conflicto hay que fijarse en el litio.

Como es bien conocido, este metal alcalino resulta estratégico para el ámbito tecnológico; aún más, si cabe, ante las perspectivas de una transición energética que afecta a sectores como el de la automoción. La empresa estadounidense SRK certificó a finales de febrero que Bolivia posee 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que supone casi el 70% de las reservas a nivel global. Y todo apunta a que la demanda de este material al menos se duplicará para 2025. Ese año aparecía en la agenda del gobierno boliviano para, coincidiendo con el 200 aniversario de la independencia del país, completar el proceso de industrialización definitivo, con el litio como una parte sustancial de este. Una alta concentración de este metal se encuentra en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, frontera con Chile y Argentina. Es en este triángulo en el que se estima que se hallaría alrededor del 85% del litio mundial. Pero a diferencia de lo que sucede en las regiones chilena y argentina, la extracción del litio potosino requiere de una mayor innovación técnica para adaptarse a la altura y la humedad que obstaculizan los sistemas de evaporación.

A pesar del interés en desarrollar una industria nacional de litio, las exigencias de una inversión de esta magnitud no eran asumibles para Bolivia por sí sola, por lo que para desarrollar el plan, el gobierno precisaba de capital y experticia extranjera. Aún así, Morales condicionó la inversión foránea a una alianza paritaria con la compañía minera nacional, COMIBOL, y con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Así, en diciembre de 2018, se llegó a un acuerdo con ACI Systems Alemania (ACISA) para explotar el litio del salar de Uyuni con el fin de producir cátodos y baterías de ion litio. ACISA es una empresa germana que, entre otros clientes, provee de baterías a Tesla. Además, el pasado febrero, Bolivia también llegó a un acuerdo con la compañía china TBEA Group para, junto a YLB, extraer litio de otros dos grandes salares en Coipasa (en el departamento de Oruro) y Pastos Grandes (Potosí). La entrada de TBEA, junto a la de otras chinas, como China Machinery Engineering, que ya estaban situadas en el negocio del litio en el país y habían demostrado la pericia necesaria para desarrollar nuevas técnicas de extracción —de las que, se criticó, carecía ACISA—, además de ofrecer buenas perspectivas en el reparto de las ganancias, se interpretó como una amenaza para las principales mineras transnacionales.

Sin embargo, y además de otros conflictos mineros, el pasado octubre, apenas unas semanas antes de las elecciones generales, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) inició una serie de protestas contra el acuerdo con ACISA, así como contra el alcanzado con TBEA, para exigir mayores regalías para Potosí por la explotación del litio. En los convenios se contemplaba un royalty del 3% para el departamento. Las acciones de protesta incluyeron un paro cívico y la huelga de hambre de algunos de los dirigentes de Comcipo, con su presidente Marco Pumari a la cabeza, así como diversos episodios de violencia y racismo contra el MAS. Tras entablar negociaciones directas con el propio Morales, en las que el gobierno adquirió diversos compromisos con Comcipo, y a escasos días para las elecciones, Pumari desconvocó la huelga.

Una vez pasadas las elecciones, el 4 de noviembre, con el conflicto postelectoral ya desatado (debido a un supuesto fraude que varios informes ya han desmontado), el gobierne canceló el acuerdo con ACISA. Para entonces, Pumari ya estaba activo en otros frentes.

El papel de Marco Pumari y las protestas de Comcipo

Pumari es un antiguo militante del MAS, expulsado por haber desfalcado dinero de las juventudes del partido, del que en agosto pasado se filtró un audio en el que expresaba la necesidad de apoyar al candidato opositor de CC (Comunidad Ciudadana), Carlos Mesa, en las elecciones. Para ello reivindicaba, con expresiones notablemente despectivas, la necesidad de que “todas aquellas vinchucas, chulupis y todo lo demás” votaran a Mesa para por fin desbancar a Morales de la presidencia del país.

Pumari activó la huelga de Comcipo en octubre y lideró las conversaciones con Morales antes de desconvocarla a escasos días de las elecciones. Pero, ante las acusaciones de fraude lideradas por el millonario ultraderechista y fundamentalista católico Luis Fernando ‘Macho’ Camacho, del Comité Cívico de Santa Cruz, no dudó en ponerse del lado de este, llegando a allanar un domicilio desde donde denunció que se cometía el fraude para después desdecirse. Con el conflicto desbocado, Pumari unió su destino al de Camacho, quien –además de disponer de otros apoyos regionales cercanos a Estados Unidos–, según la información recogida por el medio argentino El cohete a la luna, el 4 de noviembre se reunió con representantes consulares de Argentina (a los que habría pedido asilo si el golpe fracasaba) y de España, a los que habría señalado la inminente incorporación de las Fuerzas Armadas al golpe.

Ese mismo día fue el día que el gobierno de Evo Morales anuló el acuerdo con ACISA. Tan solo dos días después Pumari se reunía con Camacho en un acto público. Y, ante la lectura que el vicepresidente Álvaro García Linera había hecho de dos versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento para responder a las críticas del empresario cruceño, en un gesto servil Pumari reivindicaba que “Camacho les ha hecho leer la Biblia a los herejes”.

Una vez entregado su capital político a la causa golpista de Camacho y Mesa, Pumari celebraría por todo lo alto que esta causa alcanzara sus objetivos seis días más tarde, cuando el Ejército se unió al alzamiento cívico-político-policial y asestó el golpe definitivo al presidente Morales. Mientras este salía hacia el exilio en México, Pumari reproducía un guion que resulta ya clásico a toda oposición derechista en América Latina: aparecía en CNN y acusaba a Cuba y Venezuela de haber mandado francotiradores contra las protestas postelectorales sin ofrecer ninguna prueba.

El gobierno de facto y los intereses estadounidenses

Ante las crecientes sospechas sobre el papel estadounidense en el golpe de Bolivia –denunciado por personalidades como Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Roger Waters–, es de esperar que el gobierno de facto actual de Jeanine Áñez restablezca una relación preferente con Estados Unidos que dé respuesta a sus intereses regionales, lo que afectaría tanto a su comercio como a sus inversiones. (No es de extrañar que, en medio de la feroz represión que ha desencadenado este gobierno, algunas de sus primeras medidas hayan sido la expulsión del personal médico cubano en el país, para regocijo de Estados Unidos, o la salida de la ALBA-TCP).

El sector minero, y especialmente el negocio del litio, marcará en buena medida este giro. No en vano, ACISA ya expresó, con la derogación del acuerdo, que estaba “segura de que nuestro proyecto (…) podrá continuar después de una fase de calma y clarificación política”. Es de prever que, entre otras, la canadiense Pure Energy Minerals, también proveedor de Tesla y que ya se posicionó en su momento con respecto al salar de Uyuni pero no fue capaz de ajustarse a las exigencias del gobierno de Evo Morales, adopte movimientos significativos si el contexto político le es favorable. En cualquier caso, la incertidumbre entorno al litio aumenta con la inestabilidad en el país (unida a la que hay en Chile, Ecuador y Perú), debido a la enorme inversión que entraña y la resistencia social a la que ésta podría enfrentarse ante circunstancias como las actuales.

El golpe de Estado en Bolivia parece poner en evidencia la creciente preocupación de los Estados Unidos ante la posibilidad de que un nuevo ciclo progresista se consolide en el continente. Sin embargo, si bien es cierto que, como diría Hugo Chávez, el rastro de la OEA en el golpe (del que he hablado en otro artículo) deja un fuerte olor a azufre, cada día parece más notable que este golpe también apesta a litio.

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Alejandro Pedregal es escritor, cineasta, profesor e investigador. Su libro más reciente, Evelia: testimonio de Guerrero (Akal/Foca, 2019), recoge el testimonio de la defensora social Evelia Bahena García en su lucha contra las mineras en el estado de Guerrero (México). Es doctor por el Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad Aalto (Finlandia) y profesor en la Unidad de Arte Expandido (UWAS) de la misma institución.