MEXICALI, BC (apro).- Luego de dos protestas multitudinarias en esta frontera contra la privatización del suministro del agua y el aumento al precio de las gasolinas, el gobernador Francisco Vega anunció la abrogación de la Ley del Agua de Baja California.

El mandatario estatal dijo que esta medida se adoptó para beneficiar a los bajacalifornianos, aunque advirtió que traerá problemas a largo plazo puesto que este servicio público requiere de estabilidad.

Con tres días de diferencia, en Mexicali se produjo el pasado jueves 12 una primera marcha de protesta pacífica por los efectos de la ley, que incluía el incremento de la tarifa en 27% por cobro, en la que participaron más de 10 mil personas, mientras que el domingo se realizó una segunda protesta que congregó a 45 mil hombres, mujeres y niños.

El lunes 16, los manifestantes entregaron un pliego petitorio al subsecretario de Gobierno en el que exigieron “la renuncia inmediata” de Vega, la revocación del cargo de diputados que votaron a favor de la Ley del Agua y el impulso de una iniciativa que elimine a los ocho diputados plurinominales.

También exigieron promover y apoyar el amparo ciudadano para que el gobierno federal elimine el impuesto a la gasolina; el pago inmediato de sueldos y prestaciones retenidas a empleados estatales, la reducción de 25% del sueldo del gobernador y su gabinete, la cancelación de “beneficios especiales” de funcionarios, la abrogación del reemplacamiento y verificación vehicular “por ineficiente y por ser negocio privado” y privilegiar el abasto de medicinas para enfermedades crónicas.

“La gente manda” en BC: Vega de Lamadrid

En Baja California “la gente manda”, aseguró el gobernador Francisco Vega de Lamadrid tras enviar al Congreso del estado una iniciativa para derogar la Ley del Agua, luego de las multitudinarias protestas contra esa norma aprobada a finales de diciembre pasado y por el incremento al precio de la gasolina.

En entrevista para “Contraportada”, el mandatario estatal rechazó que esa medida afecte las finanzas de su estado, dado que –dijo– en los últimos años las cuotas del líquido no han registrado aumento.

“Gran parte del agua que recibimos en Baja California depende de Río Colorado. Existe un convenio internacional entre México y Estados Unidos, en donde la cuota negociada se participa con el estado de Baja California para el abasto de agua. Es un hecho que, en últimos años, ésta fuente ha ido en decremento”, apuntó.

De acuerdo con Vega de Lamadrid, su gobierno trabaja en alternativas adicionales como la construcción de desalinizadoras de agua, una de ellas en Ensenada de 250 litros por segundo, y el inicio de una más en San Quintín, además de otra en Isla de Cedros ya inaugurada.

“He estado trabajando fuertemente para dejarle a Baja California el agua necesaria para los próximos 50 años”, subrayó.

Asimismo, afirmó que “el agua no se privatiza, quien dice que el agua de Baja California se privatiza lo único que pretende es llevar agua para su molino. Nosotros sabemos que la Constitución federal es muy clara en decir que el agua es propiedad de la Nación”, apuntó.

Kiko Vega aseguró que la Ley del Agua abrogada no regresará. “No, ya la abrogué, y lo que propuse es convocar a mesas de trabajo en las cuales deberemos sentarnos estudiosos, especialistas, académicos y la sociedad civil en su conjunto para repasar la problemática y entre todos tomar la mejor decisión. Que no se diga que queremos privatizar el agua”, insistió.

Sostuvo que su objetivo no es que los privados queden con un dominio en este tema, eso “nunca ha sido, ni nunca será, mientras yo sea gobernador de Baja California”.

El decreto de abrogación de la Ley del Agua que se publicará en el Periódico Oficial de Baja California fue firmado por el mandatario estatal y el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda.