Resulta contraintuitivo. Las Islas Caimán, un pequeño conjunto de islas de apenas 69.000 habitantes, recibe tres veces más inversión que China y siete veces más que Brasil. En el último año, el Banco Santander ha venido creando una filial a la semana en paraísos fiscales, como recoge el último informe de Oxfam Intermón, Paraísos fiscales, beneficios para quien. En poco más de 5 años, las empresas del IBEX35 han incrementado en un 275% el número de filiales que tienen en paraísos fiscales, sobre todo en Delaware. En un solo edificio de este pequeño Estado norteamericano, hay más sociedades registradas que en todo el País Vasco.

Es un doble lenguaje al que deberíamos estar acostumbrados. Pocos días después de que salieran a la luz los Papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia hasta el momento, un periodista preguntó a la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, por qué existían los paraísos fiscales. No hubo una respuesta clara. Lo cierto es que nadie parece ponerse de acuerdo sobre el porqué ni para qué, pero sí es más que evidente que su peso en la economía mundial no ha dejado de crecer durante las últimas décadas.

Más de la mitad del comercio mundial pasa ya por un paraíso fiscal y en apenas 15 años han multiplicado por 4 la inversión que atraen. ¿Inversión real? ¿Qué tiene que ver esto con la economía real, comercial y productiva? En una reciente carta coordinada por Oxfam, más de 300 economistas de todo el mundo, entre ellos el último premio Nobel de Economía, Angus Deaton; Olivier Blanchard, anterior economista jefe del FMI, o Thomas Piketty denuncian que los paraísos fiscales no tienen justificación económica pero generan profundas distorsiones en el funcionamiento económico.

La gran mayoría del modelo empresarial se basa en un puro artificio. Los resultados que declaran las grandes empresas ya no reflejan la realidad del negocio, sus resultados reales. Los paraísos fiscales permiten trasladar artificialmente los beneficios, declarando pérdidas en algunas de sus unidades de negocio que realmente no lo son. En esta economía digitalizada, las estructuras empresariales se crean alrededor de estos paraísos fiscales, en lugar de responder a la lógica del negocio. En 2012, las multinacionales norteamericanas declaraban en las islas Bermudas más beneficios que en Francia, Alemania, China y Japón juntos. Resulta contraintuitivo, donde se genera el negocio, no es donde se pagan los impuestos.

Esta economía offshore es una economía improductiva e irreal, que no contribuye a la creación de empleo. La fuga artificial de beneficios de grandes empresas hacia paraísos fiscales trampea sus datos de rentabilidad y productividad, distorsionando decisiones relacionadas con la inversión, la política de salarios o la contratación. Esta capacidad para trasladar artificiosamente beneficios de una jurisdicción a otra genera una presión añadida por mantener los salarios bajos (afectando especialmente a los de menor cualificación). Entre 2007 y 2012, la inversión desde España hacia paraísos fiscales se multiplicó pero no ha contribuido a generar más que un stock de empleo neto de 296 puestos de trabajo.

Pero la presión por la competitividad alimenta en realidad la inequidad y una competencia desleal. La proliferación de los paraísos fiscales ha generado una “carrera a la baja” entre países para atraer capitales e inversión extranjera. Solo que en lugar de articularse en base a las capacidades de sus trabajadores, la seguridad de su entorno empresarial, la innovación o las oportunidades comerciales, se fundamenta en ventajas fiscales que no se aplican a todos por igual y que tan sólo generan una competencia desleal entre países y entre empresas. Y esta es una carrera en la que perdemos todos, salvo los que logran retener los beneficios en paraísos fiscales. Las 50 principales empresas USA mantienen 1,4 trillones de dólares, más que el PIB de España, en paraísos fiscales. En conjunto, desde el principio de la crisis, los países OCDE han perdido un 20% de recaudación sobre los beneficios empresariales y los tipos nominales en promedio han pasado del 50% en los años 80 a un 23.87% a nivel mundial en la actualidad. En España, el desplome es aún mayor. En 2015 se recaudaba por el impuesto de sociedades la mitad que antes de la crisis, mientras los beneficios empresariales y el crecimiento del PIB se han recuperado. Son 22.000 millones de euros menos de recaudación en plena crisis. Pero son los países en desarrollo los que se llevan la peor parte. Se estima que pierden más de 100.000 millones de dólares al año por los abusos fiscales de grandes empresas, mientras la mitad de estos países han tenido que reducir su presupuesto en educación y salud desde 2008. Para el FMI, los impactos que tienen en terceros países estas prácticas de competencia fiscal que llevan a cabo los países, especialmente los paraísos fiscales (efecto “spillover” o de derrame), afecta proporcionalmente un 30% más a los países en desarrollo, más vulnerables y dependientes de la recaudación sobre la actividad de grandes transnacionales.

Por eso, el peso de estos abusos recae en realidad sobre los ciudadanos corrientes o las pymes. Para poder financiar el funcionamiento del Estado, lo que no aportan las grandes empresas lo acaban soportando las familias o las pymes. Además, las pymes no compiten en las mismas condiciones, ni pueden ni tienen capacidad para constituir sociedades en las Islas Caimán, por ejemplo, para gestionar su negocio con lo que acaban asumiendo una presión fiscal efectiva muy superior a la de las grandes empresas. Según la OCDE, el tipo efectivo de las grandes transnacionales puede llegar a no superar siquiera el 5%, mientras las pymes pagan en promedio seis veces más. En España, las familias asumen el 85% de la recaudación total, mientras las grandes empresas apenas aportan el 4% del total.

El resultado es un debilitamiento de la democracia, la pérdida de confianza de la ciudadanía con el Estado, se resiente el cumplimiento voluntario y se resquebrajan los fundamentos democráticos, los principios del contrato social. La proliferación de titulares mediáticos que se hacen eco de las malas prácticas de grandes empresas muy reconocidas genera una sensación de impunidad que acaba derivando en la idea de que eludir el pago de impuestos es “parte del juego”. A mayor desigualdad, mayor percepción de la ciudadanía de que se gobierna para una élite frente a los intereses de la mayoría.

¿Si el coste social y económico es tan elevado, entonces por qué existen los paraísos fiscales? La respuesta es la inacción política ante la capacidad de los más ricos para seguir manteniendo este sistema que desangra y desarticula muchas sociedades. No es posible que esta economía offshore se haya desarrollado ante la ignorancia de gobiernos, instituciones internacionales o el mundo empresarial. Mossack Fonseca, la empresa en el epicentro del escándalo de los Papeles de Panamá, llegó a crear más de 13.000 compañías en paraísos fiscales al año, lo que supone una sociedad cada 10 minutos. Después de años de inacción política, la respuesta de muchos gobiernos es la de un compromiso reactivo para romper con la opacidad. Pero se está “secuestrando” el principio de transparencia. La propuesta “estrella” de estas semanas, la creación en varios países de registros públicos (España no se ha sumado) sobre propietarios reales de empresas no funcionará hasta que los paraísos fiscales no se unan. Si más de un tercio de los paraísos fiscales del mundo entero son en realidad territorios que dependen de la Corona Británica, sería mucho más útil no sólo saber quién está detrás de una empresa constituida en Londres, sino quién se oculta tras una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Hasta que eso no ocurra, hablar de transparencia será una pura ilusión .

Los paraísos fiscales son mucho más que “sunny places for shady people”, más que unas cuantas islas remotas y paradisiacas. Están en el corazón mismo de Europa.

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Susana Ruiz es responsable de justicia fiscal de Oxfam.