El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez logró ayer convalidar en la Diputación Permanente del Congreso el Real Decreto-Ley 14/2019, también conocido como la “Ley Mordaza Digital”, en un ejercicio de encaje de bolillos para lograr el apoyo de varios grupos parlamentarios que no es más que un reflejo de lo que será la nota predominante durante la próxima legislatura: tensiones y muchas negociaciones entre formaciones políticas para sacar cualquier proyecto hacia adelante.

¿Por qué ha sido tan difícil su aprobación? Porque se trata de una norma polémica, que ha recibido críticas por parte de todos los partidos, incluso de los que finalmente han otorgado su apoyo o se han abstenido.

Para entender su alcance hay que remontarse a finales de octubre, cuando el presidente del Gobierno en funciones anunció un decreto ley necesario para “acabar con la independencia online” de Cataluña que fue aprobado el 31 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de noviembre, momento en el que entra en vigor su aplicación.

El porqué de tanta celeridad tiene su explicación en la necesidad, según el ejecutivo de Sánchez, de “poner punto final a la República Digital Catalana” antes de la celebración de las elecciones Generales que tuvieron lugar cinco días más tarde, el 10 de noviembre.

Sin embargo, el resto de formaciones políticas lo consideraron una medida electoralista, al tiempo que las asociaciones de usuarios de Internet alertaban de que la nueva regulación aprobada por el Gobierno limitaba los derechos fundamentales de los internautas.

Incluso hubo quien comparó la situación en España con la de países en los que reina la censura en Internet como China, Corea del Norte o Irán, donde por cierto llevan sin Internet más de una semana tras las protestas civiles generadas por la subida del precio del petróleo. La nueva ley que aprobó el gobierno español -y que ayer fue convalidada- lo que supone es la ampliación de aquellos supuestos en los que el Gobierno puede intervenir Internet y las redes sociales, así como las comunicaciones electrónicas sin autorización de un juez.

Hasta la aprobación, únicamente se podían adoptar estas medidas para defender la vida de los ciudadanos o por una emergencia natural. Sin embargo, el nuevo Decreto-Ley también establece que también se pueden alegar motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional, para intervenir, con carácter legal y transitorio, cualquier infraestructura, recurso asociado o nivel de la red.

Es decir, aunque sea con carácter excepcional, el nuevo Decreto-ley permite al Gobierno reservarse la capacidad de cortar Internet y bloquear las telecomunicaciones en el país sin previo aviso, y sin necesidad de contar con una orden judicial. En la práctica -supuestamente- sólo tendría que aplicarse en un estado de alarma o excepción, pero la norma es amplia, así como conceptos como “orden público”, quizá demasiado abstractos, y la realidad es que la norma otorga al Gobierno plenos poderes para intervenir las infraestructuras con total libertad o para cerrar de forma rápida servicios online que pudieran suponer un problema. Entre ellos, por supuesto, cualquier página web o cualquier aplicación móvil.

Desde las asociaciones de internautas hablan de censura y afrenta a la libertad de expresión, puesto que nadie asegura que un Gobierno cualquiera pudiera emplear la ley en situaciones que no fueran de extrema gravedad y controlase las comunicaciones de Internet a su antojo, aunque sea un caso extremo.

Por otra parte, desde el Gobierno se añade que la medida va mucho más allá y que también implica una mayor garantía para la privacidad y seguridad de los datos personales de los españoles, puesto que, entre otras cosas, establece los datos de las administraciones españolas que contengan información sobre salud, el censo o el padrón no podrán ubicarse en servidores de fuera de la Unión Europea para evitar el uso indebido de los datos por parte de ciberdelincuentes.

Convalidación con juego de pactos entre formaciones

A pesar de estas reticencias el Real Decreto Ley -también conocido como el “155 digital”, aunque su aplicación pueda ir mucho más allá de Cataluña- ha sido convalidado por la mesa del Congreso gracias a que el PSOE ha logrado el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Ambos con reticencias, puesto que consideran la medida como electoralista. El PP ha asegurado que ha otorgado el apoyo para “frenar la República Digital Catalana”, mientras que Ciudadanos, que ha tildado la medida de “chapuza legislativa” ha votado que sí para garantizar la ciberseguridad de los ciudadanos.

De todas maneras, resulta curioso que la medida salga adelante gracias al apoyo de los partidos con cuya confianza no contará Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Por su parte, su más que posible socio de gobierno, Unidas Podemos, se ha abstenido, cambiando su postura en el último momento, puesto que Pablo Iglesias había sido muy duro con la norma tanto durante la campaña electoral como en los últimos días. Sin embargo, la abstención se entiende como un gesto de cara a la formación del nuevo Gobierno.

Mientras tanto, Vox ha votado en contra, así como los grupos independentistas y nacionalistas, que se plantean incluso presentar un posible recurso de inconstitucionalidad. También es algo que las asociaciones de internautas han señalado que solicitarán al Defensor del Pueblo. Si lo hace, la respuesta última tendrá que darla el Tribunal Constitucional.