Dora Irene Rivera

El ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz fue exonerado de los delitos de peculado y daños patrimoniales, y sólo fue vinculado a proceso por el de ejercicio indebido de funciones en la acusación que hizo la Subprocuraduría Anticorrupción por el tema de los apoyos del Estado a la empresa Kia Motors.

El juez de control, Jaime Garza Castañeda, fue quien lo exoneró de estos ilícitos, argumentando que la fiscalía no había acreditado su responsabilidad en ellos, los cuales se le atribuían como inductor.

Además, se negó a aplicarle medidas cautelares, como prohibirle salir del país y acudir a presentarse en forma periódica, debido a que presentó la suspensión de amparo que le otorgó el juez segundo de distrito en materia penal.

El juzgador advirtió que no podía violentarle sus derechos y sólo dejó subsistente la medida cautelar del embargo del inmueble que le aseguraron el pasado mes de julio.

De igual forma, otorgó a la fiscalía un plazo de tres meses para que concluya la investigación, el cual vence el 9 de noviembre.

Durante 13 horas, sin comer y sentado en medio de sus abogados, Alonso Aguilar Zínser y el ex procurador Javier Flores Saldívar, el ex mandatario estatal escuchó la imputación que le hizo el fiscal Héctor Maldonado Álvarez, de la Subprocuraduría Anticorrupción.

En todo momento, el representante social insistió en que Rodrigo Medina era responsable de los tres delitos, porque había autorizado invertir dinero del erario público y no del Fondo de Inversión para el Estado, como lo establece la ley.

Advirtió que las irregularidades de la inversión con Kia Motors iniciaron el 2 de mayo de 2014, cuando se realizó una primera sesión en la que se autorizó la compra de cuatro terrenos, en Pesquería, donde se construyó la armadora.

Aseguró que, sin haber presupuesto económico, adquirieron los terrenos que posteriormente le donaron a Kia, los cuales compraron autorizando al Fidecitrus la negociación de la compra-venta.

Durante su exposición, el agente del Ministerio Público resaltó que para obtener la inversión, Medina de la Cruz y sus subalternos realizaron 25 contratos para la inversión extranjera, que habían salido a relucir en la audiencia de vinculación del ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta.

Entre esos informes presentados por la jefa de la Unidad Anticorrupción, Mariana Téllez Yáñez, el Ministerio Público también habló sobre la existencia de cinco contratos de pagos diferidos que contrajo la pasada administración, el último de los cuales vence el 30 de septiembre del presente año.

Además, apuntó que el convenio que oficializaron con Kia el 26 de agosto de 2014 tiene irregularidades, ya que presenta espacios en blanco y se aprobó en unas horas, sin haber sido analizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, como establece la Ley de Fomento Laboral e Inversión en el estado.

Señaló que Medina habría cedido dolosamente incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora antes de que esta hiciera la solicitud correspondiente.

Después de escuchar a la fiscalía, Rodrigo Medina se negó a responder a la imputación y por recomendación de sus defensores se apegó a los beneficios del artículo 20 constitucional.

Posteriormente, su abogado Alonso Aguilar Zínser debatió algunos puntos expuestos por el fiscal, principalmente el contrato firmado, porque aseguró que su representado participó como testigo honorario, lo cual no se tomó en consideración por parte de la autoridad.

Finalmente, el juzgador analizó durante cuatro horas su determinación y concluyó que la Subprocuraduría Anticorrupción sólo había acreditado la existencia de hechos constitutivos de delito en lo que se refiere al ejercicio indebido de funciones públicas.

En este caso, señaló el juez, la fiscalía dejó claro que Medina de la Cruz sabía desde el 2 de mayo de 2014 que se iba a conseguir la inversión con la promesa de incentivos superiores, como exentarlos de pagar el Impuesto Sobre la Nómina por 20 años, cuando la ley solo establece el 95 por ciento y durante cinco años.