El nombramiento del presidente de la Sala III del Supremo, el conservador Luis Díez Picazo, considerado afín al presidente de ese Tribunal y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la ONG Rights International Spain (RIS) se han dirigido, por segunda vez a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, denunciando que “diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes”. Señalan que ello “tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.Así lo han hecho público en un comunicado. El escrito enviado a la ONUhace referencia, en primer lugar, “al reciente y controvertido nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo”.Añaden: “Según los estándares internacionales en la materia, para salvaguardar la imparcialidad e independencia judicial es necesario, por un lado, que el procedimiento de nombramiento sea claro, transparente y libre de presiones e influencias; y, por otro, que los criterios de nombramiento sean objetivos y basados en la integridad y capacidad profesional”.En este sentido, las organizaciones explican que la no renovación de José Manuel Sieira Míguez marca un hito, al tratarse de la primera vez en la historia del Alto Tribunal que un Presidente de Sala no es renovado para un segundo mandato. Sieira es magistrado del Supremo desde hace 22 años de los cuales los últimos cinco ha ejercido como presidente de esta sala.“Y todo ello, sin que desde el propio Consejo General del Poder Judicial se haya justificado esta decisión, y en un contexto de indicios de injerencias del Gobierno con el fin de evitar decisiones judiciales como la anulación del indulto concedido al conductor kamikaze”, añaden.Para las asociaciones judiciales y para RIS, este nombramiento constituye, “una manifestación más de la situación difícil que atraviesa la independencia judicial en España y, en concreto, de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuya consecuencia está siendo una merma en la independencia judicial”.En el escrito se vuelve a poner en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al introducir, entre otras, “modificaciones que merman el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del Consejo General del Poder Judicial. Se subraya, además, que con esta son nueve las leyes aprobadas a iniciativa del Gobierno o del Partido Popular que introducen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial”.“Reformas legales de tan hondo calado” como esta “tienen un impacto en la seguridad jurídica”, sin que se haya producido en ningún momento además “una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil” ni se haya tenido en consideración “las opiniones de los operadores jurídicos”, aseguran.Finalmente, las organizaciones denuncian que la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) actualmente en tramitación en el Senado, también a iniciativa del Gobierno, fije “un plazo límite para la instrucción penal con el objetivo alegado de agilizar la justicia”. Esta medida, en palabras de las entidades “afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos”.Pero es que además, los jueces señalan que no se pretende dotar presupuestariamente esta reforma “para que las investigaciones penales puedan llevarse a cabo en los plazos establecidos”. Por tanto, insisten en que esta medida “es contraproducente en la lucha contra la corrupción, ya que contribuirá, en la práctica, a aumentar la impunidad”.En abril de este año, RIS y JpD, dirigieron a la Comisión Europea un Informe en el que denunciaban, entre otras medidas las dos reformas legislativas (LOPJ y LECrim) por tratarse de “reformas parciales e insuficientes” que deberían ser retiradas en tanto no se realice “un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial”.Las organizaciones alertaban de la necesidad de adoptar una serie de medidas “para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España” e instaban a la Comisión a activar un nuevo instrumento de la UE para el fortalecimiento de este Estado de DerechoPara Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “las presiones del poder político para controlar la judicatura han llegado a niveles que no tienen equivalentes en toda la etapa democrática. Los intentos políticos de influenciar los altos tribunales están erosionando gravemente la credibilidad de nuestras instituciones judiciales”.“En nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos la intervención de los organismos internacionales”, continuó Bosch. Por su parte Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain, ha manifestado: “la situación en cuanto a la falta de independencia judicial en nuestro país es insostenible”.