Máxima expectación en la Audiencia de Sevilla. Apenas un mes antes ha dado comienzo el juicio de los ERE contra una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El régimen clientelar del PSOE andaluz se sienta en el banquillo. Y poco a poco van aflorando más detalles sobre el caso. Aquella mañana de enero, el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga soltó una bomba informativa en la sala donde se estaba celebrando el juicio: la macrocausa de los ERE debía desgajarse en 270 piezas, una por cada ayuda irregular que salió de la partida 31L, también conocida como fondo de reptiles, pero sólo se habían ido abriendo «formalmente» unas 104 causas, de las que sólo se han practicado diligencias en unas 35.

Pero, ¿cómo era posible que tres años después de tomada la decisión por la juez instructora María Núñez Bolaños de desgajar una de las mayores macrocausas de corrupción investigadas jamás en España estuvieran las pesquisas así de empantanadas y sólo se hubiera analizado una minimísima parte de la causa?

Las fuentes consultadas por EL MUNDO no son capaces de decir con exactitud en qué situación están actualmente las 270 piezas que debían abrirse de los ERE. Sí coinciden en que hay varias decenas sobreseídas y en que la juez Núñez ha archivado o retenido por distintos motivos más del 60% de las causas de corrupción que afectan al PSOE. Y no son sólo los ERE. También fue archivado por Núñez el presunto fraude de la formación, que inicialmente, durante la instrucción de la juez Alaya, aparentaba ser un fraude mayores dimensiones que los ERE por el volumen de subvenciones: 3.000 millones en los cursos (las ayudas concedidas por la Junta durante una década) frente a los 741 millones de euros que el Gobierno andaluz del PSOE repartió entre 2000 y 2010 en forma de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, saltándose los controles.

Las palabras del fiscal Egocheaga en el juicio de los ERE sobre la aparente dejadez con la que se estaba instruyendo la causa cobran un nuevo sentido estos días, a la luz de los nuevos acontecimientos en torno al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y a su titular, la juez Núñez.

En una iniciativa inédita en la justicia española, los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla han elevado al fiscal jefe de esta Fiscalía Especial, Alejandro Luzón, una queja contra Núñez, que además de instruir los ERE también indaga otras causas de corrupción que afectan al PSOE y han supuesto sonados escándalos, como las juergas con dinero público en prostíbulos costeadas con las tarjetas de la Faffe, la extinta fundación pública creada por el Gobierno andaluz para formar a los parados.

Los fiscales han estallado después de ver cómo la juez ignoraba sus repetidas advertencias sobre el «riesgo cierto» de la posible prescripción de «graves delitos» en los ERE y en otras causas, no acataba las sucesivas órdenes de la Audiencia de Sevilla para que practicara pruebas «pertinentes, necesarias y útiles» para el esclarecimiento de los hechos y ponía todo tipo de «cortapisas» al avance de las pesquisas. Esta declaración de guerra de los fiscales ha coincidido en el tiempo con la baja laboral a la que se ha acogido la juez Núñez, que algunos han achacado a la enorme presión que sufre por estar al frente de un juzgado en el que confluye el fuego cruzado de intereses contrapuestos en torno a las numerosas causas de corrupción que investiga.

Ganar tiempo

Otros, en cambio, ven en la baja el intento de Núñez de ganar tiempo para buscar una estrategia que contradiga el detallado informe de queja contra ella que los fiscales Anticorrupción han confeccionado. De hecho, el mismo día que trascendió que estaba de baja, el pasado 18 de junio, la juez firmó numerosos escritos en los que daba trámite a cuestiones que aguardaban en un cajón desde meses atrás.

Para encontrar otra de las claves de lo que está ocurriendo en el Juzgado de Instrucción 6 hay que retroceder cuatro años en el tiempo. En junio de 2015, Núñez, entonces juez de Familia, sustituyó a la juez Alaya y cambió los divorcios y las custodias de menores por las causas de corrupción política.

El plan inicial no era ése. Cuando Alaya pidió su ascenso a la Audiencia, pretendía mantener, en comisión de servicio, el control de las macrocausas y acabarlas antes de incorporarse a su nuevo puesto. Pero, según contó años después en una entrevista en Abc, fue víctima de un «engaño» y su sustituta lo fue a todos los efectos. En 2015, Alaya denunció que Núñez carecía del «rigor» y la preparación necesarias para hacer frente a los casos de corrupción que tenía por delante y avisó de los lazos de amistad que la unían a ella y a su esposo con el entonces consejero de Justicia de Susana Díaz y fiscal en excedencia, Emilio de Llera. Nadie le hizo caso.

En estos años, Núñez ha dado carpetazo, no sólo a decenas de piezas de los ERE y el fraude de los cursos de formación, sino también al caso Avales, en el que Anticorrupción ve «graves delitos» y tiene epicentro en la Agencia IDEA de la Junta, la caja pagadora de los ERE.

También ha tomado decisiones polémicas por ir directamente en contra de las líneas estratégicas marcadas por su antecesora. De algunos imputados de los ERE con Alaya llegó a decir que eran «víctimas». En casi todas las macrocausas de corrupción que recibió como herencia ha habido críticas... hasta que los fiscales Anticorrupción han dicho basta.