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La banda que está acusada de haber robado datos de la AFIP, entre ellos la información secreta diciendo que el hermano del presidente Mauricio Macri había ingresado al blanqueo, tendrá que volver a la cárcel. A ellos se le sumarán otros dos presuntos cómplices: el hermano del empresario Leandro Rodríguez, señalado como líder de la organización; y un abogado tucumano que se dedicaba a escribir libros de historia y que quedó seriamente comprometido en la causa, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Se cree que la organización movió sumas millonarias y que lograron sacar dinero del país, vía Hong Kong. Pero además que se determinó que uno los implicados, un abogado tucumano llamado Juan Pablo Bustos Thames, fue alertado de que iban por él antes de que allanaran sus oficinas, en septiembre último. "Mañana a las 8 tengo que estar en mi estudio para que no me hagan mierda la puerta, ¿entendés? –le contó a su pareja-. Pero no van a la casa, es al estudio únicamente (…) Al teléfono mío lo vas a tener que tener vos, mañana a la mañana llevátelo porque está ordenado el secuestro del teléfono".

Obviamente, el resultado del allanamiento es negativo. Pero además Bustos Thames los esperaba con una denuncia y una presentación hecha ante el Colegio Público de Abogados en donde reportaba "un robo sufrido en el estudio en donde le habían robado exclusivamente las cuatro computadoras que los investigadores iban a buscar". En la charla con su pareja precisamente decía: "Mañana (hay que) estar ahí esperándolos con eso".

Todos estos detalles surgen del fallo de la Cámara Federal, al que accedió Infobae, en donde los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia decidieron confirmar los procesamientos de los dos nuevos sospechosos y ordenarles la prisión preventiva. Además, los jueces de la Sala II de la Cámara dispusieron volver a imponer la prisión preventiva de otros cinco acusados, entre ellos Leandro Rodríguez y algunos de ellos ex empleados de la AFIP, que habían sido liberados tiempo antes. Todos están acusados de asociación ilícita y revelación de secretos.

Acatando el fallo, el magistrado firmó el viernes pasado las órdenes de detención para que los implicados vuelvan tras las rejas. La situación no se modificó para otros dos implicados que permanecerán en libertad porque, se cree, ocuparon roles menores dentro de la organización.

Las revelaciones del blanqueo que disparó la causa

(Nicolás Stulberg)

Todo comenzó por la filtración de datos del sinceramiento fiscal que fueron publicados en el diario Página 12 del 27 de agosto de 2017, que había firmado el periodista Horacio Verbitsky, respecto de cinco contribuyentes del entorno o familiares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, relata la resolución de la Cámara Federal. Entre ellos estaba Gianfranco Macri, hermano del Presidente.

La AFIP denunció el caso: "Hizo saber que era el único organismo que tenía registro de cuestiones como el monto exteriorizado, la alícuota aplicable, la composición de los bienes exteriorizados, las fechas de corte y los pagos. Todos, con algunas imprecisiones, figuraban en la nota periodística".

Comenzó así una auditoría interna por parte de la AFIP para averiguar de dónde había surgido la filtración y se extrajeron copias de las computadoras usadas por funcionario y empleados. Las pruebas apuntaron a Alejandro Adducci, entonces jefe de la Sección Informática de la AFIP; y Martín del Cuadro, jefe del Departamento de Desarrollo de Informática y Fiscalización, que tenían en sus ordenadores una suerte de aplicación encubierta para acceder a información secreta de la AFIP.

"Eran los únicos que podían acceder al sistema. Ningún otro agente", se señaló. A ellos, señaló la causa, se les sumaría Sebastián Karamanian, entonces jefe de División de Desarrollo de Sistemas de Selección y Seguimiento de Fiscalización, quien consultó la base de datos de sinceramiento el 13 de junio de 2017, a través de un puente virtual, desde un punto exterior al organismo y usando un usuario que no le correspondía.

A criterio de la Cámara Federal, los destinatarios fueron las empresas que operaban bajo marca "Reportes On Line" ofreciendo información "patrimonial, comercial, crediticia y de cumplimiento de obligaciones". Si bien no todo lo que vendían era ilícito, "sí está claro que al menos parte de los reportes incluían datos solo disponibles en las bases de datos de la AFIP y entidades financieras": sueldo bruto mensual de las personas, facturación mensual, compras, qué cuentas bancarias tenían y hasta el CUIL de sus empleadas domésticas registradas.

"Los responsables de esas empresas son los hermanos Leandro y Guillermo Rodríguez. Pablo Degano y Marcelo Vecchio trabajaban allí como empleados", se estableció. También se determinó que Leandro Rodríguez y Karamanian eran vecinos del mismo barrio privado, habían estudiado en el mismo lugar y el ex funcionario de la AFIP habría sido un socio encubierto de las firmas.

Una facturación millonaria y los intentos de enviar el dinero al exterior

Algunos de los implicados tuvieron un injustificado aumento patrimonial, con propiedades y fondos en el exterior. Incluso, en los allanamientos se secuestró más de un millón de dólares. Precisamente, otro de los implicados fue Daniel Courmanian, señalado como el financista de la organización. Según la instrucción, Leandro Rodríguez, Karamanian y Del Cuadro lo contactaron para asesorarse para invertir dinero no declarado en una sociedad. Se lo señala como el responsable de poner en marcha transferencias a los Estados Unidos, vía Hong Kong.

Los dólares que encontraron en la caja de seguridad de Leandro Rodríguez

Según el fallo la que accedió Infobae, Leandro Rodríguez facturó solo a una de las sociedades en menos de un año y medio 30 millones de pesos que extraía en efectivo del banco, para –se cree- pagarles a los ex funcionarios de la AFIP. También tenía depositados más de seis millones de dólares y un millón y medio de pesos. Karamanian, en tanto, incrementó su patrimonio en cinco millones de pesos en 2016 y en su casa aparecieron documentos sobre cinco casas en Florida, Estados Unidos, que después habría vendido.

En marzo pasado, apenas horas antes de que Alberto Abad decidiera alejarse de la AFIP, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a Sebastián Hugo Karamanian, Martín Omar del Cuadro, Alejandro Adduci, Leandro Rodríguez, Pablo Degano, Marcelo Vecchio y Daniel Courmanian. Y los embargó por 10 millones de pesos a cada uno. La Sala II confirmó los procesamientos, aunque liberó a Degano y Vecchio. También ordenó profundizar si había más personas vinculadas a la organización.

Desde entonces, Canicoba avanzó con las pesquisas y aparecieron dos nuevos sospechosos: Guillermo Rodríguez, hermano y socio de Leandro, quien "percibía los dividendos generados por la compañía" y por lo tanto era un "beneficiario neto de las operaciones denunciadas". Hay conversaciones que lo sindican procesando información de la base de Seguridad Social.

En tanto, también apareció un abogado tucumano llamado Juan Pablo Bustos Thames, quien está acusado de proveer datos de la ANSES, AFIP, Registros Públicos, Universidades Publicas, entidades financieras y entidades privadas. Se le adjudica haber ofrecido a Rodríguez datos con 22 millones de registros, coincidentes con lo que un contribuyente vuelca en declaraciones juradas. Ofrecía base de datos de los clientes de la tarjeta 365, de clientes bancarios con los mails y hasta el padrón de los graduados en la UTN.

(Adrián Escandar)

El juez Canicoba procesó a los dos nuevos sospechosos sin prisión preventiva. Y decidió cesar los arrestos de los otros implicados. Ahora, la Cámara Federal dio vuelta ese criterio: confirmó los procesamientos de los dos nuevos y dispuso que detuvieran a los que habían sido liberados.

En el fallo al que accedió Infobae, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ponderaron la posible existencia de más integrantes de la asociación ilícita, las maniobras informáticas que evidenciaron y la necesidad de recuperar el dinero que movieron detrás de la organización. Pero además "existen indicadores concretos que se extraen de conversaciones telefónicas que muestran novedosas actividades tendientes a eliminar rastros de los ilícitos", se sostuvo.

"La capacidad real que tienen los acusados para obstruir el normal desarrollo de las vías de instrucción pendientes son, a nuestro juicio, claras. Las pruebas producidas no hacen sino agudizar los peligros ponderados" cuando la Cámara analizó por primera vez la causa. Fue por eso que ordenó las detenciones de todos los involucrados, que Canicoba procedió a cumplir. La investigación sigue adelante para intentar esclarecer hasta dónde eran los nexos de esta organización.