La Justicia también le prohibió salir del país a Hebe de Bonafini, presidenta de su consejo de administración, por la denuncia de un ex trabajador

Un fallo de la Justicia decretó la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y también le prohibió salir del país a Hebe de Bonafini, que es la presidenta de su consejo de administración.

La medida fue dispuesta por el juez comercial Fernando J. Perillo a pedido de un ex trabajador de la fundación, Miguel Ángel Ortiz Benítez. La entidad tiene una deuda con esta persona que fue despedido de la organización, por 123.678,30 pesos.

La Justicia constató que hubo una "insuficiencia de fondos para desvirtuar el estado de cesación de pagos imputado".

Benítez realizó la acción contra la fundación el 19 de abril de 2016, después de haber obtenido una sentencia favorable en el fuero laboral. Todavía no se conoce quién será el síndico de la quiebra. Será sorteado este miércoles.

En su decreto de quiebra, el juez dispuso también la "constatación y eventual clausura de los inmuebles sitos en Hipólito Yrigoyen 1432/36/38/40/42 planta baja, azotea y piso 1º e Hipólito Yrigoyen 1578/82/84/86/90 planta baja, sótano y entrepiso".

Para resolver sobre la situación de la Universidad de las Madres, también solicitó que la sindicatura le informara "si el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se encuentra actualmente escindido de la fundación fallida".

En mayo, la Justicia federal procesó a Bonafini como responsable de un fraude al Estado cometido a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

También fueron procesados los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la entidad; José López, ex secretario de Obras Públicas, y otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo.

Todos ellos fueron acusados de haber defraudado al Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi $1.250 millones. De esa suma, las Madres cobraron $749 millones, pero $206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras, indicó La Nación.

Los procesamientos los firmó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que entendió además que no había pruebas suficientes contra otros acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido.