A las 5:30 de la mañana hay más de diez mujeres sentadas a lo largo de un banco de cemento en el terminal de guaguas de Río Piedras. Esperan la salida del primer viaje de la B29, guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que va en dirección del centro de Río Piedras al área de urbanizaciones de Guaynabo. Allí ejercen un oficio común para muchas inmigrantes de la República Dominicana en Puerto Rico: el trabajo doméstico. En el viaje de la B29, pueden contarse alrededor de 22 mujeres de procedencia dominicana que dejan la guagua casi vacía al llegar a su destino.

Limpiar, cocinar, planchar, criar niños y niñas, cuidar enfermos, envejecientes y hasta mascotas. Esta ha sido la vía de supervivencia para muchas inmigrantes, algunas de las cuales logran con ello un buen salario, e incluso a estrechar lazos afectivos con las familias que las contratan.

Cuando Esther Pagán llegó a Puerto Rico, trabajó en la Plaza del Mercado de Río Piedras unas dos o tres semanas y luego en Caguas, donde cuidó a dos envejecientes, quedándose en la casa de éstos de lunes a viernes por alrededor de un año y seis meses.

“Eso fue una academia, ahí fue que yo aprendí la experiencia de mi vida porque yo nunca lo hubiese hecho. Yo tuve que hacer de todo. Bañarlos a los dos, si se hacían caca yo los limpiaba… Bueno, los dos tenían Alzheimer”.

Pagán tiene 55 años de edad, es oriunda de la provincia La Vega, al centro de la República Dominicana, y vive en Puerto Rico hace diez años, pero aún no ha podido regularizar su estatus migratorio. Lleva siete años limpiando una casa en una urbanización de Bayamón, a donde llega en tren y en guagua desde Río Piedras.

“Mis patrones todos son bendecidos. Cuando llego a la casa ellos me tienen el desayuno en la mesa y nunca quieren que me vaya. Me dicen ‘quédate, que cuando tú estás sentimos paz, tranquilidad y alegría’, y yo nunca me he sentido mal con ellos”.

Foto Juan Costa

Pero en muchos casos el trabajo de empleada doméstica conlleva exponerse a situaciones de explotación severa, tanto así que Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, describe algunos de estos empleos como “trabajos de esclavitud”.

Las mujeres que van en el primer viaje de la B29 de Río Piedras a Guaynabo visten ropa cómoda, mahón, blusa y cargan carteras de hombro o mano. Una vez se acomodan en los asientos algunas tratan de dormir, con la cabeza recostada sobre la ventana que no deja de vibrar al ritmo de los hoyos de la carretera. Otras conversan en voz baja y las demás van en silencio, con la mirada fija en el camino.

El timbre que anuncia una parada no suena hasta que la guagua se adentra por las calles de las avenidas Alejandrino y La Esmeralda en Guaynabo, donde ubican las urbanizaciones College Park, San Francisco y Parque de Bucaré. En esa zona las mujeres se bajan poco a poco en las paradas. Luego se las ve subir por los caminos que conducen a las grandes casas donde trabajarán el día entero. Algunas se quedarán a dormir allí y no volverán a su hogar hasta luego de una semana.

Elizabeth Soto tiene 30 años de edad y llegó hace una década a Puerto Rico. Aunque posteriormente se hizo propietaria de un negocio de comidas, su primer trabajo fue de vendedora de alcapurrias en Piñones y luego, en 2008, comenzó como empleada doméstica en una casa de urbanización con acceso controlado en Guaynabo, donde le pagaban $48 dólares al día por hacerse cargo de la estructura de cinco habitaciones.

“En la casa lavaba los baños y hasta recogía la mierda de los perros. Yo me quedé ahí un año porque me sentaba el trabajo, pero ella (la patrona) me le pasaba el dedo a todo en todas partes, cada vez que acababa de limpiar ella pasaba al lado mío”, cuenta Soto, mientras sostiene a su hijo de un año en brazos.

La misma patrona la llevó después a limpiar un edificio de ocho oficinas de abogados propiedad de su esposo, también en Guaynabo.

“Desde madrugadita yo me levantaba y salía a las cuatro y pico casi cinco de la tarde y ni comida me dieron. En las oficinas de abogados tenía que limpiar mesas de cristal, tres baños, mapear, todo eso. Yo dije bueno, pues con esto me darán como ciento y pico de pesos y con eso yo pago la renta y me quedan chavos para mandarle a mami y puedo comer algo”.

Cuando terminó de limpiar las ocho oficinas de abogado, la patrona le dijo, “mira, nosotros lo que pagamos son 40 pesos (dólares)”.

“A mi los ojitos me daban vueltas. Cuando yo oí ‘40 pesos’, yo no lo podía creer, yo no dormí esa noche llorando. Yo trabajé de 11 a 12 horas, por 40 pesos, sin comer; no me dieron ni un vaso de agua. Con ese abuso, esa fue la última vez que yo limpié. Es un asalto a mano armada. Pero con la experiencia que tengo ahora, que me lo haga alguien por ahí pa’ que tú veas, a palo yo le entro”, dice Soto en tono jocoso, mientras sus amigas escuchan y ríen.

Quienes la acompañan son tres mujeres, inmigrantes dominicanas, empleadas domésticas, que narraron su historia al Centro de Periodismo Investigativo. Sus nombres verdaderos no son los que aparecen en esta historia.

Acoso sexual y violencia de género agudizan la situación de las mujeres dominicanas

Con el mismo vaivén, entre la indignación y la risa, cada una de las entrevistadas contó historias similares de maltrato, mala paga y humillación. Pero la explotación laboral que encuentran en el lugar al que llegan en busca de una mejor vida no es la única mala experiencia que comparten.

Las cuatro entrevistadas, ninguna de las cuales tiene estatus migratorio regular, relataron alguna experiencias de violencia de género o acoso sexual. Son solo una pequeña muestra de un problema mayor, como evidencia Romelinda Grullón, quien realizó 100 entrevistas durante la pasada década y encontró que ocho de cada diez dominicanas que viven en Puerto Rico son o han sido víctimas de violencia doméstica o sexual.

Cristina Torres tiene 36 años, llegó a Puerto Rico en 2003 desde la provincia Samaná, al noreste de la República Dominicana. Estuvo cuatro días a bordo de una yola junto a 88 personas y dice que fue una experiencia bonita, hasta que llegando a la costa de Camuy la embarcación se viró.

“Nos íbamos a ahogar y unos boricuas nos rescataron. Quedé traumatizada por dos semanas, no podía ver agua, ni la del baño”.

A los 22 días de haber llegado consiguió trabajo como ama de casa en la urbanización Los Paseos en Cupey, con una familia que nunca olvida, porque la trataron bien y hasta le compraron estufa y nevera. En Condado cuidó a una mujer en silla de ruedas con la que no tuvo la misma suerte.

Vivía en un cuarto piso y estuvo ahí dos meses limpiando y haciendo todos los quehaceres de la casa. Cuando preguntó por su paga, la patrona la amenazó con llamar a “inmigración” para que la deportaran. Torres no volvió a esa casa y dice que la mujer que atendía le terminó debiendo $1,400.

Luego vino la agresión física por parte de una pareja.

“Aguanté tres meses de abuso sin denunciar la situación. La primera vez que me golpeó terminé con el tímpano y un hueso de la nariz rotos. La segunda vez me mordió y me volvió a dar con el puño y ahí dije: ‘No’. Lo paré”.

Lo denunció. Pero retiró la querella de violencia doméstica para evitar que su ex pareja cumpliera cárcel y luego fuera deportado a la República Dominicana.

Como consecuencia de la agresión pasó dos meses sin poder trabajar. “No podía ir ni al colmado. Tenía la cara rota”.

En los últimos 10 meses, Torres ha estado tratando de sobrevivir con $200 mensuales. Para pagar su renta de $325 tiene que pedir por adelantado el pago de la única casa en la que trabaja actualmente. “Cuando estoy bien apretada pido prestado a amigos y familiares, $20 aquí y $20 allá. A veces me meto a trabajar en barras donde tengo que bregar con borrachos, servir tragos y todo lo que hay que aguantar. Pero ya estoy cansada de estar llegando a casa a las cuatro de la mañana”.

Lizbelle Andino, abogada que desde hace ocho años presta sus servicios al Centro de la Mujer Dominicana, precisó que tanto en la organización sin fines de lucro como en su oficina privada, donde también trabaja con inmigrantes, todos los casos que ve son de violencia doméstica.

Foto Juan Costa

Andino explicó que las inmigrantes que pasan por esta situación están protegidas por la Ley Acerca de la Violencia en Contra de la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés). Para ser protegida por esta Ley, la inmigrante debe estar casada con un residente o ciudadano legal, independientemente de si ella entró legal o ilegalmente al país. Pero si está casada con otro inmigrante sin papeles, no queda protegida por esa Ley.

En este caso puede solicitar la Visa U, pero antes debe radicar un caso por la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y cooperar en el proceso judicial. Además, se requiere que un fiscal certifique ante autoridades de inmigración, mediante un formulario, que la persona ayudó en el proceso. El propósito de la Visa U es incentivar que las personas inmigrantes denuncien cuando son víctimas de delito sin el temor de que serán deportadas por su estatus migratorio.

Muchas trabajadoras domésticas someten querellas en el Departamento del Trabajo (DT), tanto por hostigamiento sexual como por discrimen motivado por su raza u origen nacional y, en general, quienes someten esas querellas son de nacionalidad dominicana, asegura Miriam Costa Malaret, abogada que lleva diez años trabajando en la Unidad Antidiscrimen de esa Agencia. Entre 2001 al 2014, en la Unidad Antidiscrimen del DT se registraron 406 querellas de discrimen motivado por raza y 764 cuyo motivo fue la nacionalidad.

Guanina Santiago, supervisora del área de San Juan del Negociado de Normas del Trabajo, donde se procesan las querellas relacionadas a salario, explica que las estadísticas de esa división no proveen la nacionalidad de los querellantes. Pero al igual que Costa Malaret, dice que la cantidad de personas dominicanas que acuden al Negociado denunciando algún tipo de abuso patronal es alta y frecuente.

El caso de Cristina Torres es de los que no se refleja en las estadísticas: nunca ha utilizado servicios para inmigrantes en Puerto Rico, no ha visitado la oficina del Cónsul y tampoco está realizando ningún trámite para estabilizar su estatus. “Es muy costoso”, asegura.

En la República Dominicana dejó a su papá, su mamá y tres hijos de 16, 19 y 20 años, a quienes envía unos $150 cuando puede. “Me gustaría volver pero ya tengo mucho tiempo aquí. Si voy es a visitar… Nosotros vinimos aquí a echar pa’ lante”.

De vez en cuando se topa con una cara conocida en la calle, una de las 88 personas que vino con a ella en la yola.

Dan más de lo que reciben

Mientras lidian con la explotación laboral, la violencia de género y el acoso sexual, muchas empleadas domésticas trabajan sin ningún tipo de beneficios, como pago de horas extras, derecho a vacaciones, horas por enfermedad, plan médico y sin la posibilidad de solicitar seguro por desempleo, aportar al seguro social o abrir una cuenta bancaria.

“Uno no puede ahorrar, uno no puede sacar tarjeta de crédito, no puede guiar, uno no puede hacer nada, nada”, comenta Esther Pagán.

De las cuatro mujeres entrevistadas, solo una tenía una tarjeta médica de Healthpro Med, una organización sin fines de lucro que recibe fondos de la Sección 330 de la Ley de Servicios de Salud Pública, a través del establecimiento de un Centro de la Comunidad. En San Juan, uno de los Centros ubica en la Avenida Borínquen de Barrio Obrero, uno de los bastiones de la comunidad dominicana en Santurce.

Cuando finalmente reciben su sueldo, si es que lo reciben, es más el dinero que envían a su país que con el que se quedan en sus bolsillos.

Foto Erika P. Rodríguez

Elizabeth Soto, por ejemplo, envía $100 semanales a la República Dominicana, donde tiene dos hijos y a su madre enferma. Otra de las entrevistadas, quien también es empleada doméstica, mantiene a su mamá, sus cuatro hijos y ayuda a sus hermanos y a toda su familia en Quisqueya. A uno de los hijos le envía $100 todos los días 24 del mes, y a su mamá todos los lunes le tiene que enviar otros $100. “Esa es su manutención porque mi mamá sufre de la presión y tiene que tomar medicamentos. También le envío a mis otros hijos que viven con su abuela paterna; a ellos les envío algo quincenal”, dice la mujer de alrededor de 50 años de edad.

Otra entrevistada asegura que cuando puede, envía $100 o $50 bisemanales. Mientras que su amiga envía más dinero que con el que se queda, pues todavía paga la renta de su casa en la República Dominicana.

José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, comenta que “por cada inmigrante dominicano que tu ves caminando en Puerto Rico hay cuatro y cinco y seis personas que viven y son mantenidas por esa persona, porque le pagan el agua, la luz, la comida, el colegio. Tienen uno, dos y tres trabajos. A veces se quedan hasta sin comer para enviarle dinero a sus hijos”.