Puede que sea el negocio más caro de su historia, aunque es pronto para saberlo, pero sí está claro que la compra de acciones de LAN que Sebastián Piñera hizo hace doce años –el 24 de julio de 2006– todavía molesta como arena en los zapatos al actual Presidente de la República, porque, a pesar de los años transcurridos, no logra cerrarlo. No solo porque un libro cuenta en detalle la controvertida operación que, en su momento, le costó una multa superior a los 360 millones de pesos, sino porque también el asunto llegó efectivamente a la Securities and Exchange Commission (SEC) en Washington, el organismo fiscalizador de Estados Unidos, equivalente a la Comisión para el Mercado Financiero –CMF (ex SVS)– en Chile.

Lo clave es que, a diferencia de lo que rige en la legislación local, en Estados Unidos no está prescrito el delito de uso de información privilegiada, por lo que la opción de una sanción allá está abierta y se sabe que no es conmutable por clases de ética, como sucede en este lado del continente. Un dato que puede empañar el viaje a EE.UU. que realiza el Presidente Piñera, quien hoy aterriza en dicho país para compartir con lo más granado del empresariado, hablar ante las Naciones Unidas y reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

La SEC tiene en su poder una denuncia, presentada el 18 de octubre del año pasado, a la que se le asignó el código de ingreso TCR1508345790497. En un texto de 17 páginas se cuenta en detalle cómo Piñera, media hora después de participar en la reunión de directorio de LAN –donde se revelaron los estados financieros de la compañía y sus planes para el año siguiente–, se comunicó con la corredora Banchile para comprar un paquete de seis millones de acciones que estaba a la venta.

Según la denuncia, el vendedor de las acciones era el fondo de inversión Fidelity, uno de los más poderosos de Estados Unidos. Otra versión es la del libro Piñera y los leones de Sanhattan, de acuerdo a la cual los títulos de LAN los vendió HBK, otro fondo con sede en Texas. En cualquier caso, se trata de entidades reguladas por Estados Unidos, suficiente para que la SEC pueda intervenir, ejerciendo su rol fiscalizador.

Negocio redondo

“Como lo demuestra la sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Sebastián Piñera, los hechos revelados en el proceso de investigación establecen que el 24 de julio de 2006, a las 10.00 horas, se inició una reunión de la Junta de LAN con la presencia de Sebastián Piñera. Durante esa reunión de la Junta, se aprobaron los Estados Financieros de la compañía hasta el 30 de junio de 2006. Además, se acordó repartir un dividendo provisional de US $ 0,15071 por acción de la serie única, con cargo a las ganancias del año fiscal 2006. Otro tema de interés discutido durante la reunión de la Junta fue la adquisición de aviones Airbus A319. Cuatro aviones de este tipo se consideraron para 2006, totalizando 32 nuevos aviones en el período 2006, 2007 y 2008. La reunión de la Junta concluyó a las 15.30 horas, como se establece en el Acta de la Junta Ordinaria Nº 295”, detalla el documento con la denuncia a la que tuvo acceso El Mostrador.

Según el texto, un minuto antes de las 16:00 horas del 24 de julio, se registró la compra de las acciones. “Inversiones Santa Cecilia, representada por Sebastián Piñera, e Inversiones Mineras del Mar Cantábrico, propiedad de Juan José Cueto, compraron acciones de la corporación LAN. Inversiones Santa Cecilia adquirió 3.000.000 de acciones, mientras que Inversiones Mineras del Mar Cantábrico, adquirió 250.000 acciones”, agrega la denuncia. Piñera gastó US$18 millones, unos $9800 millones de la época.

Después de realizada la denuncia, lo que ocurre es que “el personal evalúa información y consejos sobre violaciones de las leyes federales de valores. La política general de la SEC es realizar sus investigaciones de manera confidencial para preservar la integridad de su proceso de investigación, así como para proteger a las personas contra las cuales se pueden imputar cargos infundados o cuando la SEC determina que la acción de cumplimiento no es necesaria o apropiada. Sujeto a las disposiciones de la Ley de Libertad de Información, la SEC no puede divulgar la existencia o inexistencia de una investigación o cualquier información recopilada a menos que se haga un asunto de registro público en procedimientos presentados ante la SEC o ante los tribunales. De manera similar, el personal generalmente no puede comentar sobre cualquier acción que el personal pueda tomar con respecto a un consejo o queja”, indica el organismo.

El negocio fue redondo. Al momento de comprar, las acciones costaban $3.280 cada una. Durante la tarde del día siguiente, el 25 de julio, la compañía informó sus estados financieros al entregarlos a la SVS. Pero el mercado interno estaba cerrado y solo al día siguiente la Bolsa se enteró de la situación y las proyecciones de la firma aérea. Así, el 26 de julio la acción de LAN abrió con un precio de $3.380 y, al hacerse pública la compra por parte de las compañías de Piñera y Cueto, subió un poco más y cerró con un precio de $3.520.

Casi un año después, el 6 de julio de 2007, la SVS multó a Cueto y Piñera, quien decidió pagar la multa de UF 19.470, que en moneda nacional de la época equivale a 363 millones de pesos.

La defensa de Piñera

La denuncia ante la SEC recoge parte de lo recopilado durante ese proceso en Chile, como también parte de la declaración de Piñera a las autoridades, en septiembre de 2006, en la que afirma que la transacción se hizo siguiendo un modelo matemático que recomendaba la compra y no sobre la base de información privilegiada. "El lunes 24, el día de la transacción, contactamos a Banchile porque sabíamos a través de información pública (...) que este Broker estaba operando con acciones de LAN, tanto en la Bolsa como en Bolsa Electrónica. Como resultado de contactar a Banchile, las negociaciones se llevaron a cabo con el comprador externo. Esto se llevó a cabo por etapas y avanzó hacia un precio más bajo y un mayor volumen, hasta que se llegó a un acuerdo final. La transacción tuvo lugar tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Valores de Chile esa misma tarde", reza el texto.

Sin embargo, la denuncia incluye el párrafo donde Piñera reconoce que sabía, antes que el mercado, la información de los estados financieros de LAN. “Me di cuenta de ellos durante la reunión de la Junta porque en la LAN cuando se tiene que proporcionar FECUS, es el comité de miembros independientes de la Junta el primero en conocerlos y, posteriormente, ese documento se proporciona a la Junta. Algunos ejecutivos de LAN que participan en las reuniones de la Junta se dan cuenta de la información FECU junto con los miembros de la Junta", aseguró Piñera, según el extracto de su declaración al regulador chileno y que se incluye en el documento ante la SEC, para demostrar que tuvo la intención de “dañar” usando información privilegiada.

El ahora Presidente reconoce –como se agrega en la denuncia– que no consideró ningún problema legal al momento de decidir la compra: "Cuando se realizó la transacción, no consulté la opinión legal de ningún abogado porque estaba familiarizado con la ley de valores, porque había participado en su preparación y aprobación en el Congreso y debido a mi participación activa en el mercado de valores. En vista de lo anterior, llegué a la conclusión de que esta operación era completamente legal y legítima, ya que no involucraba información privilegiada".

El rol de las grabaciones

Sin embargo, el texto que llegó a manos de las autoridades norteamericanas el año pasado, un mes antes de la primera vuelta presidencial, menciona un detalle importante que solo hace algunas semanas volvió a salir a la luz en Chile. Se trata de las grabaciones de la corredora Banchile de todo lo que se conversó para decidir dicha operación –registro que durante años ha guardado su ex gerente, Francisco Armanet– y en la que también participó el operador Cristián “canalla” Araya, involucrado además en las operaciones que dieron origen al Caso Cascadas, relacionado con SQM.

La denuncia menciona que las grabaciones fueron desestimadas en la investigación de la SVS, pero afirma que una copia está en poder de Armanet, lo que solo confirmó el ejecutivo hace unas semanas en una entrevista en televisión.

Al respecto, en la denuncia ante la SEC, se establece que “para Banchile, esta grabación protege su cumplimiento de los protocolos obligatorios, tanto a nivel nacional como internacional. Por el contrario, para Piñera, esto es evidencia de su total desprecio de las regulaciones vigentes al comprar acciones de LAN utilizando información que solo era conocida por la Junta” y consigna que el caso en Chile está cerrado y prescrito, pero que en la legislación estadounidense se requieren 20 años para ello. “La importancia de esta grabación es que abre una nueva posibilidad para que la SEC actúe por su propia iniciativa o al presentar una queja, debido al daño que esta venta podría haber causado a Fidelity y al Mercado de Valores de Nueva York”, agrega el texto.

Los requisitos de la denuncia

El procedimiento de denuncia en la SEC entrega una serie de garantías a los denunciantes para que, de forma anónima, registren distintos acontecimientos relacionados con faltas a las reglas del mercado, entre ellas, los comportamientos relacionados al esquema de Ponzi, como el que dejó en la cárcel a Bernie Madoff, o de estafa piramidal. También se incluyen la apropiación indebida de fondos, la manipulación de precios, falsear estados financieros, pagos inapropiados, conductas fraudulentas asociadas a planes de pensiones y pagos municipales. La forma de denunciar es mediante un reporte web, que cuenta con una serie de garantías institucionales para no revelar la identidad del denunciante.

De acuerdo a los requisitos que la SEC solicita para denunciar conductas fraudulentas, las grabaciones de Armanet sí podrían tener un rol preponderante, pues para poder realizar una investigación solicitan “una detallada descripción de los eventos o circunstancias que dieron raíz a la queja, incluyendo los nombres completos de los denunciados, cómo y por qué se involucraron en la conducta y cualquier documentación relevante al respecto”.

“Toda información que proporcione debe ser veraz a su leal saber y entender. Una persona que ha hecho intencional y deliberadamente declaraciones falsas, ficticias y/o fraudulentas ante la SEC, puede estar sujeta a sanciones penales conforme a la ley federal”, indica el instructivo.

Después de realizada la denuncia, lo que ocurre es que “el personal evalúa información y consejos sobre violaciones de las leyes federales de valores. La política general de la SEC es realizar sus investigaciones de manera confidencial para preservar la integridad de su proceso de investigación, así como para proteger a las personas contra las cuales se pueden imputar cargos infundados o cuando la SEC determina que la acción de cumplimiento no es necesaria o apropiada. Sujeto a las disposiciones de la Ley de Libertad de Información, la SEC no puede divulgar la existencia o inexistencia de una investigación o cualquier información recopilada a menos que se haga un asunto de registro público en procedimientos presentados ante la SEC o ante los tribunales. De manera similar, el personal generalmente no puede comentar sobre cualquier acción que el personal pueda tomar con respecto a un consejo o queja”, indica el organismo.

Clave en el asunto es que el ente regulador y supervisor de mercados en Estados Unidos sí podría exigirle a Armanet las grabaciones, algo que él mismo deslizó en la entrevista a CNN.

“La información que brinde puede ser utilizada en las operaciones rutinarias de la SEC, que incluyen la aplicación de la ley, la revisión de propuestas legislativas y reglamentarias, la regulación de los mercados de valores y la revisión de informes y documentos presentados ante la SEC. Específicamente, la SEC puede usar la información obtenida de este formulario en cualquier procedimiento administrativo o civil en el que sea parte, o en el que cualquier miembro de la SEC o su personal participe como parte. También puede proporcionar la información a otras agencias estatales y federales, y autoridades extranjeras”, detalla la entidad estadounidense.

La denuncia de fraudes en la SEC ha sido, además, motivo de controversia, abordada en algunos reportajes a nivel mundial. “¿Premio por denunciar un fraude para sangrar a empresarios chinos? 10,2 millones de euros. ¿Por sacar a la luz un plan del mayor banco suizo, UBS, para evadir impuestos? 76 millones de euros. ¿Por contar a las autoridades cómo una gran empresa industrial ha eludido parte del pago del Impuesto Sociedades? 1,5 millones de euros. En Estados Unidos, defraudar o estafar puede ser rentable, pero denunciar el fraude o la estafa puede serlo todavía más. (...) Primero, fue Hacienda de ese país el que empezó a desarrollar un sistema de recompensas a quienes denunciaran el fraude. Pero la reforma de Wall Street aprobada en junio de 2010 ha extendido esa potestad a los dos principales reguladores de los mercados financieros: la SEC (el equivalente de la CNMV española) y la CFTC, que regula los mercados de derivados”, reza una crónica del diario El Mundo.

La SEC, en particular, se ha sumado con entusiasmo a la iniciativa. Desde que en agosto de 2011 empezó a poner en práctica el sistema, ha pagado cinco recompensas de 225 mil dólares y, en noviembre de 2012, pagó 14 millones de dólares a la fuente anónima que le ayudó a detectar un fraude en que se había estafado en 155 millones a 250 ciudadanos de la República Popular China. Los damnificados recibieron en total 147 millones de dólares y ni uno solo de ellos era estadounidense. Asimismo, se incluye a los directores de empresas que denuncien hechos fraudulentos en sus asociaciones, por ejemplo, si la denuncia en cuestión hubiera sido presentada por un director de LAN de la época o algún accionista y se probara la falta, este también podría ser compensado.

Bradley Birkenfeld, directivo del gigante de UBS, cobró 104 millones de dólares, en septiembre de 2012, por denunciar un sistema de evasión de capitales de esa entidad y que permitió a Hacienda de EE.UU. recuperar nada menos que 780 millones de dólares. Esto, pese a que debió pasar 30 meses en la cárcel por haber participado del esquema.