El actual gobierno de Castilla-La Mancha, a sabiendas de que su labor tiene los días contados y ejerciendo en funciones (tiene la misma capacidad y competencias para actuar que un gobierno normal) ha concedido en menos de un mes más de 160 millones de euros en distintos contratos públicos. Prácticamente todas las consejerías de la región han adjudicado contratos cuyo proceso llevaba abierto en alguna ocasión cerca de un año.

A ello se suman leyes que directamente no afectan económicamente a las arcas públicas pero que sí costarán, en forma de materiales y adaptación, a los ciudadanos, caso de la LOMCE educativa que, a pesar de tener un futuro incierto, en Castilla-La Mancha ha sido aprobada.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha aparece publicado este martes 23 la adjudicación de más servicios de edificios públicos a empresas privadas, en este caso más depuradoras de agua, concretamente los de la zona 4 de la hidrografía de la región (era de esperarse ya que el lunes se adjudicaron los de la zona 1, 2 y 3). En total otros 8.147.914 euros que sumar al presupuesto que no tendrá el futuro gobierno de García-Page.

Este contrato se suma a los del resto de depuradoras conocido ayer y que suman 26,6 millones de euros. También se suma especialmente al contrato de mantenimiento de las redes electrónicas, firmado en funciones y que es el mayor contrato de la historia de Castilla-La Mancha en esta materia, por un valor de 120 millones de euros. En comparación con este contrato, el del mantenimiento del Palacio de Fuensalida es menor ya que no llega al millón de euros. En total más de 160 millones de euros y unos contratos que quedan "blindados" por los que habría que pagar una penalización, como es habitual en este tipo de adjudicaciones, en caso de que el nuevo gobierno quisiera rescindirlos.

Por ello el PSOE en primer lugar había pedido al gobierno saliente que dejara de adjudicar contratos por varios años cuando le queda poco más de una semana en el cargo, pero en vista de que se continúan las adjudicaciones se empieza a plantear desde el futuro gobierno una forma de declarar ilegal estas acciones. "Están dejando comprometido el presupuesto y la labor del nuevo gobierno. No hay día que no se publique una nueva adjudicación millonaria -así ha sido este martes 23, como también ayer lunes-. No se entienden las prisas que están tomando ahora en adjudicar. Están poniendo en peligro un relevo de gobierno normal, democrático y saludable".

Por su parte desde los 'populares' defienden estas adjudicaciones como que están dentro de los plazos y que son procesos que se iniciaron antes de las elecciones (de otra forma sería imposible adjudicar contratos haciendo todo el proceso en menos de un mes) y que están actuando como corresponde a un gobierno en funciones.