En diciembre pasado, Claudia Fraire dejó de recibir el desglose del pago que hacía el gobierno Federal a través de Sedesol por los 30 niños que cuidaba en su estancia infantil desde 2014 en la ciudad de Chihuahua. Solo recibió menos dinero, pero no se le informaba la razón.

Con más compañeras, también encargadas de estancias infantiles en municipios de Chihuahua, se organizaron para acercarse a la Secretaría de Bienestar y exponerle que no recibían el dinero completo, aprovecharon la visita de la subsecretaria, Ariadna Montiel, al estado.

Para entonces ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que su gobierno había detectado irregularidades en el programa de estancias infantiles, y la Secretaría de Bienestar había informado que no localizaba a 97 mil niños.

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“A la subsecretaria le llevamos la lista de asistencia, le solicitamos que nos firmaran de recibido y le pusieran un sello de la Secretaría de Bienestar para que viera cómo trabajábamos, pero no las quisieron sellar y cuando vimos que sólo las dejaban botadas, nos reunimos y decidimos que había que llevar el proceso a lo legal”, explica Claudia Fraire a Animal Político.

Así, en febrero pasado comenzó la estrategia de interponer amparos ante el cambio en las reglas de operación del programa estancias infantiles, que pasó de dar 950 pesos mensuales por cada niño atendido a las encargadas de los servicios, a entregar de forma directa mil 600 pesos bimestrales a los padres para que ellos decidieran quién cuidaría a sus hijos, aunque eso significó una reducción de 300 pesos por niño.

Las estancias de Chihuahua fueron las primeras en interponer amparos en diciembre de 2018, pero en los siguientes meses se han sumado otros 17 estados: Guanajuato, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Colima, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guerrero.

Hasta el momento suman 970 amparos, asegura Carlos Vargas, abogado de Orienta Corporativo Jurídico, que ha trabajado pro bono en el caso. En entrevista con Animal Político dice que a casi un año de comenzar la estrategia legal, están a la espera de que el poder Judicial delibere y de darles la razón, podrían conseguir que el programa funcione con las antiguas reglas de operación, es decir, que el dinero sea repartido entre las estancias.

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Claudia asegura que la nueva forma de entrega de dinero significó que en el caso de Chihuahua, por ejemplo, donde operaban 200 estancias con 7 mil 700 niños, ahora sólo atienden a la mitad, porque no todos los padres decidieron mantenerlos en ese servicio para poder gastar el dinero en otra cosa.

El litigio

En marzo, 176 estancias de Chihuahua consiguieron las primeras suspensiones que imponían como “medida cautelar” que el gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, le siguiera pagando directamente a las estancias y no a los padres, como funcionaba en las reglas de operación anteriores, en tanto se conseguía una resolución definitiva.

Estas suspensiones generaron jurisprudencia dictadas por tribunales colegiados en el estado de Chihuahua, lo cual significaba que el resto de amparos en el país podían ser resueltos de la misma forma, pero no ha sido así y la Secretaría de Bienestar no ha cumplido con dichas suspensiones.

“Su forma de no cumplir para tratar de burlar a los mismos jueces fue primero que María Luisa Albores, como secretaria de Bienestar, le giraba instrucciones a la subsecretaria, Ariadna Montiel, luego ella a otra, y así se la han pasado todo el año. El superior jerárquico siempre le está girando instrucciones al inferior, es la forma con la que han burlado el mandamiento diciendo que están haciendo ‘gestiones de cumplimiento’”, asegura el abogado Carlos Vargas.

Animal Político solicitó información respecto al estatus de dichos amparos a la Secretaría de Bienestar, pero ésta sólo respondió que “acatará las resoluciones que se dicten respecto de los jurídicos de amparo sobre estancias infantiles, en tanto estamos a favor y respetamos el estado de Derecho”.

Ante el “incumplimiento”, el equipo jurídico decidió interponer una denuncia penal por desacato ante la Fiscalía General de la República en junio pasado. Por eso, para este mes serán citados a comparecer la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel y el delegado del gobierno Federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

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Ante la decisión de unos jueces de en unos casos darle la razón a las estancias y en otras a la Secretaría de Bienestar, ésta aseguró que existía una “contradicción de tesis” jurídica y, por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía resolver, pero decidió no conocerlo, es decir, no seguir el caso.

Además, en cada estado se presentaban los amparos en diferentes juzgados de distrito y eso ocasionaba que la Secretaría no pudiera responder a tiempo cada uno. Por eso, el Consejo de la Judicatura emitió un “acuerdo de concentración donde se le ordena a los juzgados de Distrito parar de emitir sentencias y mandar todos los asuntos a dos Tribunales de Distrito de la Ciudad de México, el 1ro y el 2do auxiliar de la región centro”, lo cual ayudó a la dependencia a controlar los procedimientos de cada amparo.

Sin embargo, los casos llegaron también al el Primer y Cuarto Tribunal Colegiado que revisaron dos casos de Chihuahua, uno de Puebla y uno de Veracruz, en la que determinaron “fundadas las revisiones”, y decidió otorgar la suspensión para que se otorgara el recurso de manera directa. Lo cual significa un avance para las estancias.

“A pesar de que los juzgados de Distrito negaron las suspensiones, los Tribunales Colegiados revocaron las resoluciones, y por lo que hace a las sentencias a favor que dictaron los juzgados locales tenemos una posibilidad de que los tribunales colegiados confirmen las sentencias”, sostiene Carlos Vargas.

Esto, dice, debe ocurrir antes de fin de año y que antes de que se emitan las reglas de operaciones para 2020 “tengamos al menos cinco para que se forme jurisprudencia”.

Vargas afirma que el amparo tiene como punto central el derecho de la niñez que siempre tiene que ser “progresivo” y el Estado debe garantizar la educación inicial, como lo establece la Constitución, por lo tanto, al entregar el dinero a los padres no hay un control para que el apoyo se utilice en la educación del niño y que sí proporcionaban las estancias infantiles.