Política

Los bancarios enfatizan en que, con estas modificaciones, se afectará a los “trabajadores más desprotegidos” que tienen “poca o nula capacidad de negociación”.

Montevideo Portal

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) cuestionó este lunes a través de un comunicado los cambios que el gobierno electo quiere imponer a la ley de Inclusión Financiera, señalaron que esas modificaciones pueden hacer "erosionar" aspectos positivos, que se podría "afectar" la recaudación fiscal del Gobierno y que se puede generar un "retroceso en materia de transparencia fiscal".

Para el gremio, la inclusión financiera es una "vía necesaria hacia la inclusión social, el desarrollo y la búsqueda del bienestar de toda la población", y que, a pesar de que la ley es perfectible de modificaciones, cuenta con "resultados y avances importantes" en la democratización y universalización del acceso a los servicios financieros.

AEBU enfatizó en que algunos países eligen que estos procesos de inclusión financiera lo "realice el mercado", lo que genera "inequidades propias de la estructura económica existente".

"Este tipo de inclusión no asegura la democratización ni la universalización del acceso a los servicios financieros, al tiempo que puede reforzar la desigualdad", señala.

De hecho, añade el gremio, hay sectores de la población "que no son de interés" para las empresas financieras, y que, sin embargo, si el objetivo es "universalizar el acceso", es necesario reglas propuestas desde el Estado.

En Uruguay, explican, uno de los "pilares de la ley" para intentar mitigar esas desigualdades es la obligatoriedad de las remuneraciones a través de cuentas bancarias. "

"Posibilitó que sectores de la población excluidos accedieron sin costo a un conjunto de servicios financieros básicos. Lo que justamente, las nuevas modificaciones pretenden desarmar", denuncian.

Este acceso formal al sistema financiero "habilitó" que estas personas pudieran disponer de un pago electrónico, un instrumento de ahorro y a mejores condiciones de acceso al crédito "promoviendo un acceso más equitativo".

"La obligatoriedad del pago de salarios a través de medios electrónicos incentivó a una mayor formalización del mercado laboral y de la economía, y como consecuencia, potenció la universalización de los derechos de los trabajadores, respecto a su jubilación, salud, y protección social en general", enfatizan.

Todas estas "consideraciones positivas" se pueden "erosionar" si los cambios prosperan y el medio de pago surge del acuerdo entre el trabajador y el empleador.

"Justamente, son los trabajadores más desprotegidos, con poca o nula capacidad de negociación, los que saldrán más perjudicados, volviendo a la situación anterior, en la que enfrentaban dificultades múltiples de acceso al sistema financiero formal", subrayan.

"Además, medidas como estás, que permiten un menor control de la informalidad, afectan la recaudación del gobierno, lo que no parecería oportuno dada la preocupación por la situación fiscal del país", desliza el gremio.

Otro aspecto para destacar, finalizan, es el que tiene que ver con la eliminación de los artículos que restringen el uso de efectivo en los pagos mayores a 5.000 dólares.

"Esto se considera un retroceso en materia de transparencia y cuestiona los avances que el país ha hecho en materia de mejora de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo", sentencian.

Montevideo Portal