La Guardia Civil ha desmantelado un entramado familiar que desde un pueblo de Granada distribuía mundialmente más de cien tipos de las conocidas como Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS), un nuevo tipo de estupefacientes o psicofármacos sobre los que no existe la misma regulación que sobre las drogas, por valor de 12 millones de euros. Se han practicado ocho detenciones, todos de la misma familia y españoles, excepto un francés.

El entramado, sofisticado para la distribución en internet y el uso de la Deep Web y las criptomonedas, se basaba en el diseño ideado de una mujer de 65 años con conocimientos en dirección de empresas. El marido de su hija era el líder de la organización, gracias a sus contactos con un ciudadano austriaco, y un nieto de otro hijo suyo era el químico que 'cocinaba' todas las sustancias que luego se vendían a más de cien países de todos los continentes excepto África.

"Habían conseguido desde Granada una amplia red de clientes con el funcionamiento de una serie de páginas web, ya clausuradas, creando un gran impacto mediático en redes sociales y foros vinculados a este tipo de mercado ilícito", ha explicado este jueves el teniente coronel Javier Rogero, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa (UCO), encargado de dar detalles de la operación 'Dryer' junto al capitán José María Zalvide, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería.

UN PAQUETE SOSPECHOSO

La investigación se inicia en 2015 con la interceptación de un paquete en Hof (Baviera) por parte de la policía alemana, conteniendo varios tipos de estas nuevas sustancias psicoactivas sobre las que en 2017 se declaró una emergencia de salud pública debido a que causaron 64.000 muertes sólo en EEUU.

El envío se realizó desde un apartado de correos de Ogíjares, un pueblo de 13.000 habitantes de Granada. Era desde aquí desde donde operaba una organización criminal responsable de un gran movimiento de paquetes y sobres postales con sustancias estupefacientes camufladas como otros productos de marcas reconocidas cuya comercialización es legal, tales como aditivos para el cemento o productos contra la humedad.

Tras esta operativa se escondía un amplio conglomerado de empresas, con su réplica en otro laboratorio en Valencia y sociedades en varios países, algunas de ellas offshore, cuyo objeto era dar una apariencia de legalidad a la actividad ilícita que realizaban y blanquear los beneficios económicos obtenidos.

Las sustancias psicoactivas se adquirían 'vírgenes' desde países asiáticos, principalmente China. Un cambio de regulación legal y un endurecimiento de las penas en estos países supuso que la organización instalara un laboratorio en Ámsterdam, que servía de unidad productora. Para ello contrataron a dos ingenieros químicos y adquiriendo material científico por valor de más de 200.000 euros.

UN HOTEL EN MADRID Y USO DE BITCOIN

El medio de pago preferido por la organización era a través del Bitcoin y así se lo hacían saber a sus clientes, a los que recomendaban hacer el pago mediante este sistema, garantizando con ello el anonimato de ambas partes. Además, una vez recibido el pago de Bitcoins por la compra de las NPS, estos eran redistribuidos en diferentes "wallets", dificultando en gran medida el seguimiento de este tipo de transacciones.

Para convertir esos beneficios en dinero efectivo, los investigados utilizaban el tradicional sistema de la "Hawala", a través de distintos intermediarios con otras organizaciones criminales, llegando a hacer transacciones de hasta 700.000 euros, dinero que posteriormente era depositado en cajas fuertes de empresas especializadas.

La red utilizaba un hotel de Madrid como punto de conexión entre el dinero en efectivo, aportado por un ciudadano pakistaní que es objeto aún de una investigación, y la conversión en bitcoins. Los investigadores han podido intervenir 509 de estas criptomonedas, lo que suponía al cambio unos 4,5 millones, la mayor incautación de este tipo de criptomoneda en Europa y una de las mayores del mundo. También se han recuperado 137.000 euros en IOTA y 30.000 euros en LUMEN y embargado numerosas cuentas bancarios por valor de dos millones de euros, vehículos de alta gama y 650.000 euros en efectivo.

José María Zalvide, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería, ha destacado que la organización recaía sobre un entramado familiar con apariencia de vida normal, sin grandes lujos. No tenían antecedentes. Han sido detenidos ocho miembros de la familia, seis en Granada y otros dos en Valencia.

Tanto Francisco Javier Bello, jefe de Área Regional de Andalucía de Vigilancia Aduanera, como Werner Verbruggen, del Project Manager AP Synergy de Europol, han alertado sobre las consecuencias para la salud de este tipo de productos sintéticos, recordando que los clientes son normalmente jóvenes veinteañeros. "Productos como el fentanyl", han avisado, "suponen un gran problema para las fuerzas policiales europeas porque provocan sobredosis fácilmente".

La operación ha sido desarrollada por el EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, Equipo Contra el Crimen Organizado de Baleares de la UCO, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Almería y Policía de Austria, con la coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil y Europol (Sustrans y Synergy), participando unidades de la DEA (EEUU) y ZKA de Alemania, así como la Agencia Española del Medicamento.