MADRID.- Un grupo de exescoltas que prestaron servicios de protección privada en el País Vasco y Navarra durante los años que ETA permaneció activa han sido desalojados este miércoles de la tribuna del Congreso de los Diputados después de llevar a cabo una protesta por su situación laboral. Acusan al Gobierno y al PP de haber incumplido las promesas de recolocación que le hicieron a este colectivo tras el cese de la violencia etarra.



Ha sido en el momento en el que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondía a las preguntas de la oposición cuando estos escoltas han comenzado sus protestas. Sus gritos desde la tribuna han provocado la intervención del presidente de la Cámara, Jesús Posada, quien ha solicitado que los desalojasen. Tras ser identificados por la Policía han continuado su protesta en el exterior del edificio.



Pertenecen a la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra. "No nos mató ETA y nos está matando de hambre el PP", sostiene el presidente de este colectivo Manuel Giménez. "Hemos gritado que el Gobierno cumpla la palabra dada y al señor ministro. Nos están matando de hambre, están ahí gracias nosotros", ha declarado.



Escolta entre 2003 y 2011



Giménez fue escolta en el País Vasco entre el año 2003 y el año 2011. Protegió entre otros al concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco, asesinado en 2008 por ETA. Según ha recordado Gímenez había renunciado a su escolta unos días antes. También trabajó protegiendo a otros cargos políticos en Basauri, Baracaldo o Portugalete.



Aseguran sentirse traicionados por el PP y por el Gobierno y recuerdan que en 2011, antes de que ETA decretase el final de su actividad terrorista, se celebró en el País Vasco un acto de apoyo a los escoltas al que acudió en representación del PP el actual Delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo. "Se comprometió a reubicarnos en consulados, en la protección de mujeres víctimas de violencia de género o en prisiones", relata Giménez.



"En octubre de 2011 se fueron 1.000 escoltas a la calle y en 2012 otros mil de los 3.500 escoltas que había sólo del sector privado en el País Vasco y Navarra", insiste este ex escolta, quien denuncia que lleva tres años en paro y ya no recibe ningún tipo de prestación. Añade que ya tiene dos compañeros que se han suicidado con 44 y 48 años de edad.



Las explicaciones del Gobierno



El Gobierno explica que desde sus competencias "se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios".



Pero admite que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación". Añaden como "prueba de ello" que en la fase inicial "de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra".