El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso es una pieza de ciencia ficción. Pero aún si los dibujos que contiene se cumplieran, todos los números de la gestión de Maurizio Macrì serían peores que los de CFK. La comparación diciembre de 2015/diciembre de 2019 es lapidaria para el actual gobierno: 27% menos de gasto de la Nación en educación y cultura, casi un 31% menos de gasto en ciencia y técnica y un 16% menos en salud. Así se desprende del último informe de CIFRA, el centro de estudios de la CTA creado por Eduardo Basualdo, que comenzará a distribuirse el lunes 15 [i].

El 24 en el Congreso

Esta reducción en el gasto contribuye a profundizar la recesión económica, y su continuidad en el tiempo también obstaculiza la salida de esta situación crítica. Las proyecciones macroeconómicas del presupuesto reconocen un escenario económico y social sumamente negativo para este año y el próximo, incluso sabiendo que la realidad seguramente se muestre peor que la proyectada por el gobierno. La probabilidad de que este presupuesto sea sancionado por el Congreso no es alta. Todas las ramas del tronco panperonista han adelantado distintos grados de rechazo y exigido al Poder Ejecutivo que retire el texto enviado antes del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y envíe uno con datos reales. El gobierno se ha negado e insiste con un proyecto de un optimismo que el propio acuerdo con el Fondo desmiente. La Liga de Gobernadores que volverá a reunirse el 17 de octubre en Tucumán será la oportunidad para la unificación de posiciones. Una semana después, el miércoles 24, el presupuesto se trataría en la Cámara de Diputados. En las calles habrá una multitud, dada la convocatoria a movilizarse del Frente Sindical para el Modelo Nacional (del que hablan en esta edición sendos artículos de Omar Plaini y Victorio Paulón), la CTA y diversos movimientos sociales.

El proyecto de presupuesto es una pieza clave del mayor ajuste que se intenta imponer en la segunda etapa del gobierno de Cambiemos, iniciada este año con la megadevaluación, un importante recorte fiscal y la consolidación hegemónica del capital financiero internacional: de allí que el presupuesto tenga la marca registrada del FMI. Aún así, el FMI ha hecho severas advertencias, sobre la magnitud de la caída del PIB en 2018 y 2019; acerca de la tasa de interés, que es la más alta del mundo; de la inflación, que es la quinta del mundo, y la extrema vulnerabilidad cambiaria ante el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, superior a la de cualquier otro país de los denominados emergentes, como Turquía. El gobierno estima que el PIB será -2,4% este año y – 0,5% en 2019. El Fondo, en cambio pronostica -2,6 en 2018 y -1,6 el año próximo. Esta previsión para 2019, contenida en la Perspectiva Económica Mundial del FMI, triplica el cálculo oficial, lo cual justifica el pedido del Frente para la Victoria, del PJ y del Peornismo Racional.

Los restos de la UCR levantan la voz

El presupuesto del “déficit cero” implicaría reducciones generalizadas y significativas en el gasto público (-7,7% en términos reales). Se trata de menos recursos para la obra pública, para el pago de salarios de los empleados estatales, para educación y cultura, para ciencia y técnica, para salud, para prestaciones sociales. Una parte relevante de la reducción del gasto pasa también por las cuentas provinciales, con caídas reales del 39% en las transferencias corrientes y casi del 35% en las de capital. Aún así, las reducciones reales en el gasto público en 2018 están siendo en algunos rubros incluso más fuertes que las que se proyectan para el año próximo. La caída en el gasto total alcanza el 6,2% y resulta llamativamente similar a la que tuvo lugar el fatídico año 2001, cuando alcanzó el 6,1%. Un entretenimiento generalizado es el cotejo de las declaraciones del presidente Maurizio Macrì y sus ministros, con las de su alma gemela, el ex presidente Fernando De la Rúa y los suyos. El humorista Jorge Asís bautizó al actual elenco como el Tercer Gobierno Radical. Tal vez por aquella experiencia, los restos de la UCR comienzan a levantar la voz, y forzaron a Macrì a retractar el aumento de las tarifas del gas resuelto por el Secretario de Energía Javier Iguacel.

Entre los aspectos del presupuesto que el nuevo acuerdo con el FMI dejó obsoletos está el programa financiero. Las nuevas bandas cambiarias y su actualización mensual (33-44 pesos por dólar sin intervención, que treparían a 36-48 pesos por dólar en diciembre de 2018) ponen en tela de juicio un supuesto clave como es el tipo de cambio (de 40 pesos por dólar).

El nuevo programa financiero

El nuevo programa proyecta como fuentes de financiamiento para 2019 los 22.800 millones de dólares del FMI y los 4.600 millones de organismos internacionales. Además espera refinanciar el 60% de las Letes y que quede un saldo disponible de más de 5.000 millones de dólares del desembolso del FMI de 2018. Si esto se cumpliera, lo que es dudoso, alcanzaría para financiar los vencimientos de capital e intereses de la deuda (nada menos que 41.800 millones de dólares), pero no sobraría ni un dólar para financiar fuga de capitales y la balanza comercial y de servicios debería estar equilibrada. Para alcanzar ese equilibrio el gobierno espera un boom de las exportaciones, como consecuencia del nuevo tipo de cambio y el efecto post sequía. Pero el gobierno prevé un aumento récord solo comparable con años en los cuales los términos del intercambio eran significativamente más favorables que los actuales. Para limitar la fuga de capitales, confía en el congelamiento nominal de la base monetaria, cuyas consecuencias son peores que el problema que intentan solucionar. De todos modos, aún con el adelanto y refuerzo del FMI y si se lograra implementar el mega ajuste fiscal y monetario, el gobierno solo ganaría tiempo. La olla a presión de las LEBACs tiende a cambiar de nombre y la bola de nieve de los vencimientos de deuda se acrecienta con altas tasas de interés. No se trata sólo del reemplazo de las LEBACs por LELIQs (exclusivas para los bancos) sino también de un significativo stock de Letes en dólares de menos de un año, duración por cuya renovación se pagan altas tasas de interés, de difícil parangón en el mundo. Por eso la capacidad de pago no pareciera segura, al menos en el mediano plazo, de modo que queda abierta la posibilidad de algún intento de reestructuración de la deuda, tal como lo habilita la cláusula más debatida del presupuesto, que modifica en contra del interés nacional las condiciones fijadas por la Ley de Administración Financiera, que sólo admite reestructuraciones si se mejoran el plazo y las condiciones. Macrì pretende que el eventual canje se realice en las condiciones del mercado.

Como todo siempre puede ser peor, el Ministerio de Hacienda modificó la metodología de presentación de los recursos y gastos públicos. La actual computa valores de déficit fiscal sustantivamente más elevados que la vigente hasta 2015. Para comparar la situación proyectada para 2019 con la vigente en 2015, los investigadores de CIFRA expresaron los montos en moneda de poder adquisitivo constante. Lo hicieron tomando las variaciones del IPC Provincias de CIFRA para 2016 y 2017 y las proyecciones anuales de inflación del propio presupuesto para 2018 y 2019. Dado que estas proyecciones están subestimadas, puede afirmarse que el ajuste en el gasto público planeado para 2018 y 2019 es incluso mayor que lo que se refleja.

Otro tanto ocurre con la proyección del tipo de cambio a 40 pesos por dólar en promedio para 2019. Una previsible devaluación mayor abultaría en forma directa el pago de intereses de la deuda pública, como acaba de recordar el FMI para el conjunto de los países emergentes. También impactaría en la necesidad de mayores subsidios (o mayores tarifas) para energía y transporte, tal como se discutió a partir del episodio Iguacel, a quien su coach Cecilia Maresca (a 25.000 pesos por mes) no lo preparó lo suficiente para capear ese temporal. También por esta vía, el ajuste que muestra el presupuesto es menor que el que con toda probabilidad tendrá lugar.

Proyecciones maquilladas pero sombrías

Aún así, las proyecciones macroeconómicas para los próximos meses incluidas en el proyecto de presupuesto son sombrías. Las caídas proyectadas en el PIB, que ya se vislumbraban como poco viables al momento de la presentación de un presupuesto con un fuerte ajuste fiscal, lo son aún más tras el anuncio de la nueva política monetaria más restrictiva que llevará adelante el BCRA.

La proyectada reducción de la actividad económica del 2,4% en 2018, implica que la caída del PIB alcanzará al 4,5% en el segundo semestre en curso. Del mismo modo, la caída proyectada del 3,4% en el consumo se corresponde con una reducción del 9,5% en el 2° semestre y un gasto público menor en 2,0%.

Aún si el presupuesto fuera más aproximado a la realidad que el cálculo del FMI, esas caídas tan significativas en el consumo y el gasto público harán que la economía vuelva a estar en recesión con el consiguiente panorama muy negativo en el mercado laboral, con menos empleo y pérdidas de poder adquisitivo en los ingresos. Hay que remontarse a 2001-2002 para encontrar que la economía retrocede dos años seguidos. Esta retracción implicaría que en 2019 el PIB quedará 2% debajo del nivel de 2015 y el PIB per cápita será 6% menor.

Estos dos años serán de elevada inflación, producto de las fuertes devaluaciones que tuvieron lugar a lo largo de 2018. Los aumentos esperados del IPC son del 32,6% anual en 2018 y 34,8% el año próximo, pero esto implica para diciembre una inflación anualizada de 42% respecto de 2017. Es decir que incluso en el cuestionable supuesto de que el tipo de cambio no se mueva de los $40, continuarán produciéndose fuertes aumentos en el nivel de precios.

La recesión como modo de ajuste

Para CIFRA, la devaluación del tipo de cambio real ha tenido un impacto fuerte en las cuentas externas; en otras palabras: el modo de ajuste es la recesión. Así, se espera una importante disminución del déficit comercial en 2018 y un superávit para el año próximo, sustentado en un supuesto aumento extraordinario de las exportaciones, el mayor en dos décadas que parece sustentado en el voluntarismo de las buenas noticias: el fin de la sequía, el alto tipo de cambio, las exportaciones energéticas de Vaca Muerta. El déficit de cuenta corriente aún así seguiría siendo elevado, dado el peso del pago de intereses al exterior y la remisión de utilidades.

El proyecto de presupuesto no incluye explícitamente proyecciones sobre nivel de empleo y evolución de los salarios. Para 2018, sólo señala que “los datos de empleo de fines del primer semestre exhibían signos de desaceleración en la creación de empleo”. De este modo se ocultan las caídas mensuales en el empleo registrado que ya se verificaban para entonces y no se adelanta cuál es la expectativa para el conjunto del año. En relación con los salarios afirma que “en la primera parte de 2018 se han activado cláusulas gatillo de algunas paritarias de 2017 y se han acordado con los principales gremios aumentos del orden del 15% para los primeros meses del año con cláusulas de revisión. Esto permitió que, hasta mayo, los salarios le ganaran a la inflación. A partir de junio, producto de la estacionalidad de los ajustes y los shocks ocurridos, el salario real se verá afectado negativamente”. Nuevamente, la desactualización e imprecisión de la información incluida evita exponer el importante deterioro que está sufriendo el salario real, que se profundizará hacia fin de año.

Para 2019 se espera una “mayor recomposición de la masa salarial motivada por una relativa estabilidad del empleo y la reapertura de las paritarias”. Pero por otra parte se asume que los salarios crecerán tanto como la inflación. En otras palabras, el promedio de los salarios registrados de la economía mantendría en 2019 el reducido nivel real que se alcance en 2018. Los salarios en el sector público seguirían una trayectoria aún más desfavorable.

La crisis de la deuda

El programa financiero del gobierno después del acuerdo de septiembre con el FMI, que modifica el que se presentó en el presupuesto, plantea que los vencimientos de capital e intereses de la deuda treparon a 41.800 millones de dólares para 2019. Entre las fuentes de financiamiento el gobierno espera contar con 22.800 millones del FMI, 4.600 millones de organismos internacionales, 1.700 del Repo, que se refinancien el 60% de las Letes (8.700 millones de dólares) y que quede un saldo de 5.400 millones del desembolso del FMI de 2018. Finalmente, se ampliaría el swap con China.

El gobierno proyecta que la deuda pública neta (que excluye la deuda intra sector público) alcance el 52,0% del PIB en 2018 y que la deuda pública total llegue al 87,0%. En 2015 tales ratios se ubicaban en 22,5% y 52,6%, respectivamente. De concretarse los supuestos del presupuesto en 2019, se reduciría la deuda neta al 42,6% del PIB y la total al 75,3%. Para ello debería incrementarse la deuda (total y neta) en alrededor de 15.000 millones de dólares en 2019, lo que equivale a financiar solo los intereses de la deuda. Es decir, debería por un lado equilibrarse la balanza comercial y de servicios y por el otro no solo reducir sino eliminar la salida de capitales al exterior (el promedio de la fuga de capitales durante la gestión macrista asciende a 19.000 millones de dólares anuales y su menor registro fue de 10.000 millones en 2016 por efecto del blanqueo de capitales). La relevancia del peso de los intereses obedece al vertiginoso ciclo de endeudamiento público que instauró Macri. Los intereses netos pasaron de representar el 5,5% del gasto del sector público en 2015 al proyectado 16,0% en 2019. Probablemente ese guarismo sea superior ya que la subestimación del tipo de cambio impacta en los intereses en moneda extranjera que son los mayoritarios en un presupuesto en pesos. El tipo de cambio proyectado y el resto de las variables serían como las metas de inflación en los anteriores presupuestos: ciencia ficción.

La plata de los jubilados

Algunos de los rubros del presupuesto tienen incidencia directa en el nivel de ingresos de distintos grupos de trabajadores. Así ocurre con las remuneraciones de los asalariados del sector público, con las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo.

El gasto en remuneraciones de la Administración Pública Nacional sufrió un retroceso constante desde 2016. Se espera que la caída sea sustantivamente más grave en 2018 (-8,4%) tanto por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios promedio como por el proceso de reducción de la planta de empleados públicos. En 2019 continuaría el ajuste, esta vez por la reducción del número de personas contratadas; de modo que para ese año la masa de remuneraciones sería 15,8% menor que en 2015.

En jubilaciones y pensiones (contributivas) se prevé una reducción del 2,5% en términos reales en 2018, vinculado principalmente con la pérdida de poder de compra de los haberes que implica la aplicación de la fórmula de movilidad aprobada en diciembre del año pasado. Para 2019 se estima un leve aumento, compatible con un mantenimiento del haber real promedio; es decir, que no se recuperaría la pérdida de poder adquisitivo del año en curso. Las pensiones no contributivas muestran una evolución menos favorable (entre las que destaca el recorte de más de 16.000 pensiones por invalidez), y se proyecta una caída significativa para 2019 en el gasto en las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y otros programas sociales.

El inferior del país

No la llevan más fácil las provincias, a las que el proyecto de ley de presupuesto reduce significativamente las transferencias presupuestarias: – 38,8% para gastos corrientes y -34,5% para obra pública. Respecto de 2017, el conjunto de las provincias pierde alrededor de 202.000 millones de pesos, equivalente al 1,1% del PIB. El gobierno argumenta que esta reducción de transferencias presupuestarias será compensada por mayores partidas de coparticipación, pero las partidas presupuestarias que se reducen son mayores que las compensaciones que se otorgarían, incluso en caso de cumplirse los supuestos optimistas sobre recaudación, que no quedará a salvo de la caída de la actividad. Como la coparticipación está formada por recursos sin afectación, puede ser dirigida hacia otros fines distintos de la asignación actual, aumentando la brecha existente entre provincias en materia de salud, educación o desarrollo social. No sólo se trata de cuentas mal hechas, sino de un error conceptual. El retiro del Estado Nacional en el campo de las políticas públicas sociales y económicas no puede tener otro fin que el incremento de las inequidades interprovinciales, tal como sucedió con el llamado proceso de descentralización en los años ’90. En la comparación con 2015, las pérdidas de transferencias por parte de las provincias resultan también muy significativas: 20,6% en el caso de las transferencias corrientes –con recortes en Educación, Salud, Desarrollo Social— y 90,0% en el caso de transferencias de capital, que prácticamente desaparecen.

La música que escuché al escribir.

[i]El informe fue realizado por los investigadores de CIFRA-CTA Mariano Barrera, María José Castells, Mariana L. González y Pablo Manzanelli, en conjunto con Gabriel Martínez del instituto María Vilte de CTERA, y Gastón Ghioni, del IDESBA Stella Maldonado.