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El escándalo de Rodrigo Rato ha puesto en el punto de mira la ley de amnistía fiscal aprobada por el Gobierno popular en 2012 y por la que se investiga también a hasta 705 personas “expuestas políticamente”, según palabras del propio ministro de Justicia, Rafael Catalá. Esto es, “que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas”.

Esta vía para regularizar el dinero no declarado en su día, abonando un tipo del 10% sobre la renta no prescrita, ha levantado las sospechas por la posible comisión de delitos de blanqueo. Por ello, ha sido detenido hoy el exvicepresidente económico Rodrigo Rato.

En la lista de ‘acogidos’ a la amnistía figuran varios personajes del ámbito político, algunos inmersos en procesos judiciales de gran impacto en la opinión pública.

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró haber regularizado mediante esta vía más de diez millones de euros. Así lo expresó en enero de 2013, su defensa, por medio de un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el ‘caso Gürtel’.

El ministerio de Hacienda negó esas declaraciones y reafirmó, en un comunicado, que Bárcenas no había presentado la DTE, la Declaración Tributaria Especial de los ‘acogidos’ a la amnistía. El Ministerio incidió entonces en que acogerse a la amnistía fiscal no supone “legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos”. “Quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable”, se advertía.

Bárcenas, al que la Audiencia Nacional localizó cuentas bancarias en Suiza en las que llegó a tener 22 millones de euros, explicaba en su escrito que estos 10,9 millones de euros corresponden «a fondos a nombre de (la sociedad) Tesedul no declarados en su día y ahora regularizados». Esta cantidad, según su defensa, correspondería a una declaración de impuestos que no habría prescrito.

El escrito aporta la liquidación presentada por el citado importe, por la que pagó en torno a un millón de euros (el 10 por ciento) para lograr la regularización, así como una declaración complementaria del impuesto de sociedades a nombre de Tesedul correspondiente al ejercicio de 2011. Bárcenas presentó esta liquidación el pasado 28 de diciembre de 2012 tras pagar a Hacienda de 317.995 euros. El tercer documento entregado por el extesorero del PP reunía los justificantes de las dos cuotas abonadas. Tras recibir esta documentación, el juez Ruz ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre las diligencias que considera oportuno realizar tras su entrega.

Francisco Granados, por su parte, también regularizó dinero negro con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Así lo confirman fuentes internas de Hacienda que aseguran que el antiguo número tres de la Comunidad de Madrid, ahora imputado por formar parte de una red de corrupción política que vendía concesiones públicas, se benefició de esa amnistía tanto a título individual como mediante una sociedad. Según esas mismas fuentes, Francisco Granados presentó dos declaraciones tributarias especiales (DTEs) para aflorar dinero negro por una cuantía que esas fuentes no han podido cuantificar.

La doble regularización fiscal de Francisco Granados le permitió aflorar esos fondos pagando un tipo efectivo del 3,9%. Hacienda aseguró en su día que quienes se acogieran a la Declaración Tributaria Especial pagarían un 10%, todavía muy por debajo del Impuesto de Sociedades que duplica como media esa tasa o del IRPF que la triplica. Granados mantenía una cuenta en Suiza en la que había 1,5 millones depositados que fueron aflorados a finales de 2012 y principios de 2013, casualmente, las mismas fechas en que se cerraba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal tanto a nivel particular como corporativo.

Dos de los hijos del expresident Pujol, Oleguer y Josep, se acogieron también a la amnistía. El primero con tres millones de euros, el segundo, con dos.

Oleguer se excusó en este hecho hace un mes, durante su comparencia ante la Comisión de Investigación en el Parlament, para asegurar que no es un defraudador. «Así lo contempla la ley Montoro: deja muy claro que, si se hace una regularización y se pagan los impuestos, no se puede abrir en ningún caso un procedimiento judicial», dijo en la intervención.«Todo ha sido legal», insistió. Está imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

En enero de 2013, otro de los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, Josep, admitió, en declaraciones al diario El Mundo, que tenía 2 millones de euros en el extranjero, que regularizó gracias a la amnistía fiscal propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Otro de los nombres que se conocen es el de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y quien regularizó, al menos, 160.000 euros ocultos en una cuenta en Luxemburgo, donde se habían encontrado ya 2 millones de euros relacionados con el caso Noos. Uno procedente de una empresa de los socios radicada en Belice y otro millón en otra cuenta a nombre de Diego Torres y su mujer. La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, no se habrían acogido al procedimiento de Declaración Tributaria Especial.

También Fernando Martín, expresidente de Martinsa Fadesa, regularizó así 3.400 euros, los rendimientos de una cuenta en Mónaco con 57.000 euros. Pagó 342 euros por ello.

Entre los nombres de la lista de “amnistiados” figura incluso un líder sindical. José Ángel Fernández Villa, exdirigente de SOMA-UGT, que pagó 140.000 euros por los 1’4 millones que declaró por esta vía, y que el sindicalista ingresó en metálico en un banco-la ley exigía que el dinero debería aparecer en algún registro. El hecho generó una fuerte conmoción en el sindicato, incluso Cándido Méndez lo calificó de «un golpe muy duro». El presidente de Asturias, Javier Fernández, que declaró sentirse muy decepcionado oor el comportamiento de quien había sido secretario general de SOMA durante 35 años, exigió su inmediata dimisión, materializada poco después.

LA LISTA DE LOS 705, EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LAS INVESTIGACIONES DE HACIENDA

La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, eufemísticamente bautizada como «declaración tributaria especial», entró en vigor en marzo de 2012 y concluyó en noviembre de ese mismo año. Permitió que evasores y defraudadores fiscales regularizaran su situación abonando un tipo del 10% sobre la renta no prescrita. Sin embargo, el perdón de Hacienda se limitaba al delito fiscal y la Agencia Tributaria ha remitido al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) los expedientes de 705 contribuyentes sospechosos de haber lavado dinero negro. Entre ellos, según avanzó Voz Pópuli, se encuentra el exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato. El blanqueo de capitales consiste en introducir en el circuito legal, dinero que procede de una actividad delictiva. El imaginario popular suele asociarlo con narcotráfico o prostitución. Sin embargo, el dinero derivado de delito fiscal también es susceptible de originar un proceso por blanqueo de capitales. Desde el año 2010, el delito fiscal se considera delito previo o subyacente al blanqueo de capitales. En un primer momento, la amnistía tributaria protegía a los defraudadores de responsabilidades penales por delito fiscal, sin embargo, surgió la duda acerca de posibles derivaciones de responsabilidad por blanqueo de capitales. Ese temor se disipó porque el Gobierno reformó el Código Penal y aclaró que los contribuyentes acogidos a la amnistía no serían procesados por blanqueo cuando su único delito fuera de carácter tributario. Así, los 705 casos remitidos al Sepblac responden a declarantes que se sospecha que utilizaron la amnistía para blanquear dinero procedente de delitos que van más allá del fraude fiscal. Entre ellos, aparecen el cohecho, el tráfico de influencia, sobornos o apropiación indebida. Es decir, el registro realizado ayer en la vivienda de Rato se debe a motivos que sobrepasan los fiscales o guardan relación con rentas que no se incluyeron en la amnistía. Estas son las claves del perdón fiscal de 2012 y su relación con el blanqueo de capitales: ¿La declaración tributaria especial fue una amnistía fiscal?

Sí, de manual. El Ejecutivo estableció en marzo de 2012 un procedimiento extraordinario para que los contribuyentes que tuvieran dinero negro o hubieran cometido un delito fiscal pudieran regularizar su situación y quedaran exonerados de sanciones y responsabilidades penales. Los PEP: Personas expuestas políticamente<

La lista de los 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes han sido remitidos al Sepblac responden al perfil de “Personas Expuestas Políticamente”. Con el acrónimo PEP se designa a aquellos ciudadanos que requieren por su cargo una vigilancia más estrecha en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. La legislación española insta a extremar la supervisión sobre las “personas con responsabilidad pública”. Se refiere a contribuyentes que actualmente o en el pasado ocuparon cargos relevantes. Entre ellos, se encuentra el de jefes de Estado, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios o altos magistrados. La vigilancia se extiende también a sus familiares. ¿A quién benefició la amnistía?

Se acogieron a la amnistía 31.529 contribuyentes, en su mayoría personas físicas que regularización su situación respecto al IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. También se acogieron 618 empresas que se pusieron al día con Hacienda en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué tipo impositivo abonaron los amnistiados?

El decreto del Gobierno fijó un gravamen del 10%. Sin embargo, posteriormente aclaró que ese tipo se aplicaba sobre los últimos cuatro años no prescritos. Es decir, si un contribuyente defraudó un millón de euros en el año 2000, el gravamen del 10% afectaba sólo a los rendimientos obtenidos con ese dinero en los ejercicios no prescritos. ¿Cuánto recaudó el Gobierno por la amnistía fiscal?

La previsión del Ejecutivo era lograr 2.500 millones, sin embargo, solo obtuvo 1.200 millones. Ello se explica precisamente porque el tipo del 10% regía sólo para períodos no prescritos. Hacienda señaló que la amnistía fiscal permitió aflorar 40.000 millones de euros, lo que implica que el tipo efectivo que abonaron los defraudadores fue del 3%. ¿Un contribuyente acogido a la amnistía puede ser procesado por delito fiscal?

No. La amnistía tributaria sirvió para que aquellos contribuyentes que hubieran cometido un delito fiscal (un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio), quedaran exonerados de responsabilidades penales. ¿Y por blanqueo de capitales?

Depende. En un primer momento, el decreto de la amnistía solo contemplaba la exoneración de penas por delito fiscal, pero no decía nada del blanqueo de capitales. En la medida en que un fraude tributario puede derivar en blanqueo, ello generó incertidumbre entre los potenciales beneficiarios de la amnistía. Así, el Gobierno modificó el Código Penal para que garantizar que un contribuyente que se acogiera a la amnistía y cuyo único delito previo hubiera sido de carácter fiscal no pudiera ser procesado por blanqueo. ¿Qué perfiles está investigando ahora el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)?

Los 705 expedientes remitidos por la Agencia Tributaria al Sepblac son contribuyentes sospechosos de haber utilizado la amnistía fiscal para blanquear dinero procedente de actividades delictivas y más allá del mero fraude tributario. Es decir, en esa lista en la que aparece Rodrigo Rato, se encuentran contribuyentes sobre los que se sospecha que el origen de su patrimonio procede de actividades ilegales. Puede tratarse de cohecho, sobornos o tráficos de influencias en los casos de delitos de cuello blanco.

LAS PRESIONES DEL PP PARA QUE SALGÁN LOS NOMBRES VINCULADOS AL PSOE

Además de seguir la consigna oficial ante el caso Rato (“la ley es para todos”), en el PP, su grupo parlamentario y entre los candidatos que se examinan el 24 de mayo esperan del Gobierno que recupere la iniciativa política para salvar la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Y si se ha filtrado la investigación sobre el ex vicepresidente económico se preguntan por qué no salen datos sobre los ex altos cargos del PSOE que dicen que están en la lista de los 705 sospechosos de lo mismo y que obra en poder de la misma Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo dependiente del Ministerio de Economía de donde habría salido el caso Rato.

El ex director del FMI ha dado a su antiguo partido tres disgustos en lo que va de legislatura: primero el agujero que obligó a nacionalizar Bankia, luego el caso de las tarjetas opacas por el que le pidieron la baja y ahora las conocidas acusaciones de delito fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El problema de la sombra de Rato que en la sede de Génova creían amortizado desde octubre pasado renace en plena precampaña electoral.

En el PP no saben si el asunto les viene peor porque el ex ministro sigue siendo para la opinión pública un referente del partido o porque el caso sepultará el lanzamiento de sus candidatos. Pero es considerado un desastre completo por mucho que cunda en algunos medios la teoría de que el Ejecutivo ha hecho saltar el escándalo para demostrar que no le tiembla la mano contra la corrupción ni siquiera cuando afecta a los suyos. Y para que no se repita la torpe y lenta reacción ante el caso Bárcenas.

Todos los sectores de la formación en el poder y todas las generaciones de sus dirigentes, desde los más nuevos a los antiguos colaboradores del ex vicepresidente, consideran que el episodio es letal para sus aspiraciones de remontar en intención de voto ante el 24 de mayo. Cosa distinta es que esta vez los portavoces del Gobierno, del partido y del grupo parlamentario hayan coordinado sus mensajes para intentar dar la vuelta a las consecuencias del caso. “Si el escándalo ha salido -dicen-, aunque no se sepa bien cómo y perjudique abiertamente al PP, presentémonos como ejemplo de eficacia frente al fraude y los mayores defensores de la ley ante la corrupción”.

No obstante, en fuentes del PP reconocen que la procesión va por dentro. Prevalece la teoría de que la filtración ha podido salir de Sepblac (dependiente del independiente ministro de Economía, Luis de Guindos), pero insisten en que este Gobierno no puede, no debe y no sabe manejar los tiempos de los jueces. Los principales dirigentes del partido y portavoces parlamentarios se enteraron del caso Rato por los medios de comunicación y en directo en sus despachos de Génova y del Congreso.

Las primeras reacciones fueron de incredulidad general, después vinieron las de indignación entre los supervivientes de su época con cargos en el grupo parlamentario al ver la pena de telediario que recibía su ex jefe y todavía amigo. No entendían que el presidente del Gobierno permitiera ese maltrato público a Rato. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se tuvo que encargar de dar algunas explicaciones y hasta ánimos a los más afectados. Ni el Gobierno había organizado cacería alguna contra el ex vicepresidente ni convenía a nadie salir en su defensa por el asunto en cuestión. El juez podía tener material de sobra para actuar por los tres delitos que se citan. Los receptores de los comentarios del ministro han guardado silencio y ninguno ha protestado en público por la actuación judicial.

Ante las repercusiones del caso Rato sobre la campaña electoral sí que hay una angustia añadida en el PP. Unos reclaman que Rajoy, el Gobierno, asuma esta vez el coste del desgaste, que concentre sobre los ministerios económicos el problema para ver si los candidatos que compiten en las elecciones se libran de responder por el escándalo. Otros añaden sin disimulo que sólo la aparición de un caso similar sobre ex dirigentes políticos de otro color (el del PSOE) podría servir para paliar los daños. “Si ha habido una filtración sobre unos de los nuestros también puede haber otra de los socialistas”, comentan en fuentes del PP.

Entre los 705 ciudadanos que el Sepblac investiga se sabe que hay, como hemos dicho, personalidades con militancia o vínculos políticos claros con partidos que han estado o están en el poder, central o autonómico. El argumento gubernamental en contra de airear esos casos antes de que los jueces entren en materia es que sería perjudicial para todos, además de descarado. A lo que replican en el PP que no lo debería de hacer directamente el Gobierno y que, de momento, quienes tienen un problema de imagen añadido en puertas de unas elecciones son los populares.

LA CUEVA DE ALÍ BABÁ DE LA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL DEL RÉGIMEN DEL 78

Así, como bien afirma J.M. López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, «Cuando 705 personas de la política han entrado en la amnistía fiscal estamos hablando de una corrupción estructural».

«Hay 705 personas adscritas a la amnistía fiscal y que están relacionadas con la política, es importante que la ciudadanía sepa quiénes son antes de las elecciones del 24 de mayo», decía José Manuel López ayer viernes en las mañanas de Cuatro, y añadía: «La democracia no se puede soportar sobre una amnistía fiscal porque es injusto y porque es ineficaz».

No hace falta decir nada más. Toda la podredumbre del régimen español concentrada en una sola «cueva», la cueva de la aministía de fiscal del ministro Montoro.

Pero de esta basura ni el PP ni el PSOE, ni CiU, ni nadie, sabían nada hasta ahora, claro…

Fuentes: Lainformación/elconfidencial/cincodías/agencias/cuatro/Kaosenlared