La “Operación Caronte”, iniciada por los Mossos d’Esquadra en 2014 contra una célula terrorista yihadista en Catalunya, preparada para matar y que con no pocas trabas pudo ser desarticulada en 2015 por la policía catalana, evidenció la hostilidad del Gobierno de Rajoy y del Ministerio del Interior, dirigido en aquel entonces por Jorge Fernández Díaz, contra el Govern de la Generalitat y sus servicios policiales autonómicos.

Esa organización criminal acabó desarticulada y se practicó la detención de los 10 integrantes de su célula terrorista, además de un cómplice muy especial: un militante neonazi, amigo del líder yihadista, que le había pedido colaboración para acceder a armas y explosivos con la finalidad de atentar contra intereses judíos en Barcelona.

Finalmente, a pesar de los informes policiales la Audiencia Nacional acordó no imputar en la causa a ese excandidato ultraderechista del MSR y miembro de SOM. La razón de su exoneración se debió a que, según el auto del instructor, el neonazi finalmente “no colaboró con los terroristas”. No obstante, no le será devuelto el arsenal y munición de guerra ocupado en su vivienda. El resto de la banda aguarda en prisión la celebración del juicio.

Fragmento de la denuncia de los Mossos d'Esquadra contra la Policía Nacional.

Al bloqueo desde el Ministerio del Interior español impidiendo que los Mossos tengan acceso a las redes convencionales de información policial antiterrorista internacional, hubo que añadirle “la intromisión de agentes de la Policía Nacional en un caso abierto, con la única misión de boicotear la investigación antiterrorista que estaban llevando a cabo unidades de información de los Mossos d’Esquadra, que contaban con agente e informadores infiltrados”, según la denuncia de la policía autonómica catalana.

Los agentes de la Policía Nacional “alertaron a los presuntos terroristas yihadistas de que estaban siendo investigados por la policía catalana”. Pocos días después los Mossos denunciaron los hechos ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía. A raíz de esa denuncia estalló una tormenta política entre la Generalitat y el Gobierno central, con duros cruces de acusaciones que fueron ampliamente reflejadas en la prensa de la época.

Los Mossos d'Esquadra, marginados por Rajoy

El Ministerio del Interior se ha negado reiteradamente a atender las solicitudes del Govern de la Generalitat para incluir a los Mossos d’Esquadra en las principales redes de información policial internacional de lucha antiterrorista, tanto Interpol, como Europol, SIENA o SIRENE, así como el español CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Distintas fuentes sitúan el conflicto surgido durante la investigación de la “Operación Caronte” como un punto crítico en las hostilidades entre el Gobierno del PP y el Govern de Catalunya en materia policial. “Si el Partido Popular tuviera en sus manos la posibilidad de revertir la hegemonía de los Mossos d’Esquadra en el territorio de Catalunya ya lo habría hecho, dejando a la policía autonómica como un ente folclórico para ser lucido en fiestas de guardar”, señalan a coro sindicalistas de la policía autonómica, consultados por Público.

En este sentido, los agentes recuerdan la hostilidad hacia el Govern de Catalunya manifestada reiteradamente por el exministro del Interior Fernández Diaz, quien a mediados del 2015 salía al paso para negar los chivatazos de policías nacionales a presuntos terroristas. Su respuesta oficial transmitía implícitamente su clara desconfianza hacia a la policía de la Generalitat, a pesar de ser un cuerpo policial del Estado español: "La lucha y la política antiterrorista debe ser de Estado, y no se puede dejar en manos de los que no tiene el más mínimo sentido de Estado", dijo el ministro el 14 de mayo de 2015, tras una reunión con sus homólogos de los países del Sahel.

Pronto llegó la oportuna respuesta del entonces conseller de Interior, Ramón Espadaler: “Al ministro [Jorge Fernández Díaz] le sienta fatal que los Mossos sean eficientes en la lucha antiterrorista. Yo, en cambio, me alegro de que los cuerpos de seguridad del Estado sean eficientes en la misma lucha”. Pero añadió que el caso del chivatazo “no es una lucha entre la Policía Nacional y los Mossos, no es una pelea, sino una actuación presuntamente delictiva de miembros de la Policía Nacional”.

El chivatazo policial a los yihadistas

Los hechos denunciados por los Mossos al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, junto a un informe de fecha 24 de noviembre de 2014, donde se considera la actuación de los policías nacionales compatible con un presunto delito de “revelación de secretos” cometidos por funcionarios públicos.

Símbolos de la Fraternidad Yihadista contenidos en la denuncia de los Mossos.

Según la denuncia, cuatro agentes de la Policía Nacional, entre ellos un inspector y un inspector jefe, alertaron en noviembre de 2014 a los miembros de la célula yihadista “Fraternidad Islámica-Grupo para la predicación del Yihad”, integrado en el movimiento Yihadista Global y afín ideológicamente al Estado Islámico (DAESH), que estaban siendo investigados por los Mossos d’Esquadra.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía –entonces bajo el control de Ignacio Cosidó– tenía información de que los Mossos investigaban a un grupo emergente yihadista, que se estaba radicalizando y que operaba en el entorno de Terrassa.

Todo apunta a que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía decidieron por razones desconocidas intervenir por su cuenta en la investigación, sin informar a la policía catalana habilitada en este caso por la Audiencia Nacional, y contactar directamente con los integrantes de esta célula terrorista en construcción.

Para ello los agentes de la Policía Nacional se pusieron en contacto con un informador habitual de Mataró, “al que facilitaron tres fotografías de los individuos que eran de su interés, con la finalidad de que el confidente alertara a los yihadistas que estaban siendo vigilados por la policía autonómica”.

El confidente habitual de la Policía Nacional no conocía a los reseñados de Terrasa y cómo localizarlos, pero sí sabía de alguien que le podría ayudar en el encargo. Se trataba de otro español, hijo y nieto de policías, también cristiano converso al islam como el confidente, que sí los conocía.

Así, el día 7 de noviembre de 2014 ambos se presentaron en una tienda situada en el número 196 de la calle Sant Damià, de Terrassa, donde trabaja en aquellas fechas uno de los yihadistas integrantes de la célula terrorista.

En ese momento había varios miembros más del grupo reunidos en el local, y entre ellos el agente de los Mossos infiltrado en el grupo, cuyo papel como agente encubierto fue autorizado por la Fiscalía y la Audiencia Nacional el 20 de octubre de 2014.

Portada de la Parte I del informe de los Mossos a la Audiencia.

Ambos informadores de la policía nacional, siguiendo instrucciones de éstos, entraron y se dirigiéndose al grupo, se presentaron y comenzaron advirtiéndoles que sabían lo que estaban haciendo y “que no siguieran por el camino del Yihad, que no era el camino correcto”. Además, informaron a los miembros de la célula yihadista “que un jefe de policía [nacional] les había dicho que los Mossos estaban investigando a todos los presentes, y que en unas tres semanas los iban a detener a todos. También les explicó que este policía les enseñó diversas fotografías de los investigados, hechas supuestamente en el curso de vigilancias policiales, para corroborar esta información”, según señala el informe de los Mossos.

Tras aquella reunión de “revelación de secretos a investigados por terrorismo” ambos colaboradores de la Policía Nacional pasaron a convertirse también en objetivo de los Mossos d’Esquadra.

Los servicios secretos españoles acabaron trabajando con los Mossos investigando a inspectores de la Policía Nacional

Así el 17 de noviembre de 2014, diez días después, los Mossos detectaron a uno de ellos reunido en un bar con otras dos personas desconocidas, que serían identificadas más tarde como un inspector y un inspector jefe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, según recoge el informe de investigación. Este encuentro fue grabado en vídeo por la policía catalana en colaboración con agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Esto es, agentes de la policía catalana, trabajando junto a los servicios secretos españoles investigando a inspectores de la Policía Nacional.

Tras la denuncia y la citación de los inspectores ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, este finalmente acordó el archivo de la causa al considerar que no había delito.

No obstante, la Generalitat denunció los hechos ante la Fiscalía, aportando los testimonios de los mismos informadores de la Policía Nacional, quienes denunciaron ante la Audiencia haber recibido presiones de estos mismos policías. Uno de ellos fue entrevistado por dos periodistas de El Periódico de Catalunya. que recogieron su testimonio en vídeo manteniendo oculta su identidad.

Crisis en la lucha antiterrorista

Sin duda, más allá del alcance de las consecuencias y actuaciones legales al respecto, este hecho pone de manifiesto un claro conflicto en el seno del Gobierno español a la hora de gestionar la lucha antiterrorista, la relación del Estado con los cuerpos de seguridad autonómicos y los accesos a la información sensible.

Mientras, el exministro Fernández Díaz impedía a los Mossos acceder a los servicios internacionales de inteligencia y de lucha antiterrorista e información policial, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de quien directamente dependía el CNI, no se opuso a la colaboración de los servicios de inteligencia con los Mossos d’Esquadra, incluso para investigar a la Policía Nacional.

Ahora, el CNI vuelve a estar bajo el control del Ministerio de Defensa, con la ministra Cospedal, y el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido el veto a que los Mossos d’Esquadra se integrasen en los servicios de información policial internacional hasta que, a raíz del atentado de Barcelona, prometió que les abriría el acceso a Europol a partir de septiembre.