Sobre los graves acontecimientos ocurridos en Culiacán hace cuatro días, la discusión pública se ha centrado en un hecho singular: la decisión del gobierno de liberar a Ovidio Guzmán. El asunto es sin duda importante, pero no es el único ángulo posible del asunto.

El incidente de Culiacán revela múltiples fallas institucionales. Va una lista tentativa:

1. De 2006 a 2018, se realizaron numerosos operativos exitosos en contra de jefes criminales. Se puede discutir si es deseable o no la política de descabezamiento de grupos criminales, pero es indudable que las fuerzas federales habían acumulado pericia en la materia. Lo que vimos el jueves fue un desaprendizaje: se cometieron errores tácticos no vistos en años ¿Producto de remociones o relevos en los mandos militares y policiales? No lo sabemos.

2. Los mecanismos de coordinación interinstitucional fallaron. La Marina podía haber prestado asistencia en el operativo: nunca llegó (o, más probablemente, no se la pidieron). Esto sugiere que a) los grupos interinstitucionales de blancos especiales han dejado de funcionar y b) la desconfianza entre las dependencias del sector se ha agudizado.

3. La integración de la inteligencia a las operaciones fue notoriamente inadecuada. El propio general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que “se desestimó la capacidad de respuesta de la organización delictiva”. Eso habla de una deficiencia seria, ya sea de la generación de inteligencia o de su incorporación a los planes operativos ¿Fue un error aislado o se trata de un problema sistémico?

4. La coordinación con la Fiscalía General de la República fue catastrófica. Es increíble que, tras haber ubicado el domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán y (previsiblemente) haberlo mantenido bajo observación durante días o semanas, el grupo operativo no contara con la orden de cateo correspondiente. Esto sugiere que se ha abandonado una práctica, adoptada desde la administración Calderón, de contar con agentes del Ministerio Público en los grupos de blancos especiales para facilitar la judicialización de casos.

5. Parece haber habido una fractura de la cadena de mando. El general Sandoval afirmó en la conferencia de prensa del viernes que “el grupo responsable de esta acción policiaca, en su afán de obtener resultados positivos, actuó de manera precipitada”. Eso implica que el oficial a cargo del operativo no solicitó autorización a sus superiores para iniciar la acción o se rompió la comunicación entre el personal en el terreno y sus mandos. Cualquiera de las alternativas es grave.

6. Persiste una política de descabezamiento de grupos criminales. Pero queda claro que la secuencia de la persecución sigue siendo determinada en buena medida por la DEA ¿Qué objetivo estratégico mexicano se buscaba al concentrar recursos para detener a los hijos del Chapo Guzmán? ¿Por qué no centrarse en los grupos más violentos y no en los grupos que más droga trafican? En esto, la actual administración ha adoptado un mal legado de gobiernos anteriores.

7. El presidente de la República admitió que no tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, que simplemente avaló la decisión del gabinete de seguridad. Pero en el gabinete, la voz cantante la llevan los militares, no Alfonso Durazo ¿Eso significa que el presidente ha decidido entregarle decisiones fundamentales al Ejército y la Marina? ¿El presidente fue informado de antemano del operativo para detener a Ovidio Guzmán? ¿Lo aprobó? ¿O, como en el desenlace, fue simplemente puesto ante un hecho consumado? Y si es así, ¿quién manda?

En resumen, esto tiene más fondo que la decisión de liberar a un presunto delincuente. Mucho más.



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