Ana Enamorado ya nunca sabrá si el cuerpo que le dijeron que era de su hijo, desaparecido en 2010, realmente lo es. El forense de Jalisco lo incineró sin haberle hecho pruebas de ADN y solo ofreció a Ana algunas fotografías en las que ella no está segura de reconocerlo, después de cinco años que tenían sin verse, cuando Óscar Antonio López Enamorado salió de su natal Honduras con apenas 17 años.

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Además, las autoridades que han llevado el caso, tanto federales como estatales, le han pedido aceptar —incluso con intimidaciones— la versión de que el joven se suicidó colgándose de un puente peatonal, como le dijeron que encontraron ese cuerpo que nunca pudo ver, cuando todo indica que a su hijo lo había atrapado un grupo del crimen organizado.

El caso de Ana no es una excepción: de 2006 a 2015 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses incineró entre 1,560 y 1,581 cuerpos sin identificar por saturación de sus instalaciones, de acuerdo con datos que obtuvo la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) mediante solicitudes de transparencia.

De muchos de esos cuerpos —sin que esté clara la cifra—, ya no habrá manera de confirmar quienes eran, porque quedaron reducidos a cenizas sin que el Instituto les haya practicado pruebas científicas para tener su ADN y otros datos en caso de que haya un familiar u otra información contra los cuales compararlos.

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Ana Karolina Chimak, activista de Cepad, explicó en conferencia de prensa que en una solicitud de información de 2015, el Forense dijo que había incinerado 1,581 cuerpos. En otra, de 2017, señaló que eran 1,571 y solo le hicieron pruebas genéticas a 141. En octubre pasado, la respuesta a otra solicitud fue que los cadáveres cremados eran 1,560, más una osamenta y 32 restos óseos, y que le habían tomado muestras biométricas solo a 803.

“Estos datos confirman que la mayoría de los cuerpos incinerados nunca se encontrarán en ninguna base de datos genéticos. Lo que significa que miles de familiares de personas desaparecidas son brutalmente privadas de la posibilidad de encontrar un día información alguna sobre su ser querido. Su búsqueda incansable nunca va a concluir y su duelo nunca va a cerrar. Se borraron las evidencias y las historias de miles de personas, convirtiéndolas en cenizas”, sentenció.

Fotografías y un celular desechado, únicas pruebas

Dos veces le dijeron a Ana que un cadáver encontrado en Zapopan, Jalisco, era el de su hijo Óscar. La primera le dijeron que un perfil genético descartaba que fuera él. Pero año y medio después se enteró de que era mentira: nunca hicieron tal prueba.

Su hijo se fue de Honduras en 2008 desanimado por la violencia y con ganas de buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Logró llegar y luego de un año conoció a unos mexicanos que lo convencieron de ir a Jalisco por un trabajo en el que, le dijeron, iban a pagar muy bien. Meses después, su madre recibió una llamada de un hombre que le pidió dinero porque supuestamente Óscar había chocado su camioneta. Ella hizo el depósito, ya con dudas, y en enero de 2010 perdió contacto con su hijo.

Pasaron casi dos años hasta que Ana se unió a la caravana de madres centroamericanas que entraron a México a buscar a sus hijos desaparecidos. El 8 de febrero de 2013 llegó hasta Guadalajara a presentar una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y decidió quedarse en el país. Se instaló en la Ciudad de México, y tres meses después recibió una llamada en la que le dijeron que el 17 de febrero, nueve días después de su denuncia, había aparecido un cuerpo ahorcado en un puente que parecía el de Óscar.

Como solo le enviaron dos fotos, pidió un perfil genético. El resultado, le dijeron, fue negativo, así que continuó su búsqueda. Pero en 2015 se enteró de que habían pasado el caso al fuero común y cuando exigió avances al ministerio público de Puerto Vallarta al que lo habían enviado, le contestaron que el cuerpo de su hijo ya había sido encontrado: era del puente de Zapopan y la causa de muerte era suicidio.

Su sorpresa fue que cuando pidió ver el cuerpo, la respuesta fue que ya no lo tenían, porque había sido incinerado desde mayo de 2013, a los pocos días del primer aviso que le dieron. Pidió entonces los exámenes científicos que ella solicitó que le hicieran y que le aseguraron habían sido negativos, pero resultó que no estaban en el expediente ni los tenía el médico forense, y solo después de insistir le mostraron un oficio sin fecha ni firma.

Como únicas pruebas, además de las fotos, le dijeron que al encontrar el cuerpo había un teléfono celular donde el contacto guardado como “mamá” era un número de Honduras. Pidió también ver ese teléfono, la ropa, algo más… y la respuesta fue la misma que con el cuerpo: todo había sido desechado. Lo único que sí conserva el Forense son huellas dactilares, pero no han sido comparadas con registros previos del gobierno hondureño.

“Sí me llaman la atención las fotografías, sí se parece a mi hijo, pero no puedo aceptarlas así, a mí lo que me podría garantizar que es mi hijo es una prueba genética. Porque no puedo yo quedarme con esa duda, que se cierre el caso y quedarme con la duda para siempre. Como no es suficiente lo que está en el expediente, no puedo aceptarlo; tiene que haber claridad”, dijo en entrevista.

¿Cómo estar seguro de quién es un cuerpo?

Para tener la certeza sobre quién era una persona encontrada muerta, no basta ni siquiera con el ADN. Chimak explicó que a partir de la crisis vivida en septiembre pasado cuando fueron hallados dos tráileres refrigerantes con 444 cuerpos que la Fiscalía abandonó, se creó una comisión de acompañamiento de observación para los procesos de identificación e inhumación de los cuerpos que estableció al menos siete elementos para considerar que se tiene la identificación plena.

“Tomamos en cuenta las pruebas de ADN, la necropsia, los datos odontológicos, la cuestión antropológica, huellas dactilares, entre otra información. Son siete elementos en total, pero antes no se hacía”, dijo.

A pesar de esta falta de garantías, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha entregado a 140 familias bolsas con cenizas que les asegura que son de sus familiares, de acuerdo con la información obtenida por Cepad. Ana Enamorado es uno de al menos cuatro casos que se conocen de quienes se negaron a aceptar esas cenizas sin mayores pruebas.

Jalisco dejó de incinerar cuerpos en 2015, a pesar de que la Ley General de Víctimas, que entró en vigor dos años antes, prohibió hacerlo hasta no concluir los procesos de investigación en cada muerte. Pero en 2018, todavía fueron entregadas siete bolsas de cenizas a familias que ya no pudieron ver si el cuerpo que recibieron realmente era el de la persona que buscaban.