El presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, coloca en la solapa de su antecesora en el cargo y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, una de las medallas de Oro de la Comunidad. EFE

El juzgado de instrucción número 48 de Madrid, que investiga la venta a fondos de inversión de unas 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, ha pedido un informe a la Policía Judicial que determine si hay indicios objetivos de enriquecimiento en esa operación por parte de los responsables de la Consejería.En una providencia dictada el 3 de diciembre, el magistrado pide averiguar "la posible interrelación entre empresas -y personas físicas que las integraban- que formaron parte de la licitación pública y las adjudicatarias finales", con especial atención a las entidades Encasa Cibeles S.L, Azora Gestión, Goldman Sachs y otras que estén participadas por ellas.Del mismo modo el magistrado pide a la Policía Judicial que investigue la posible participación de los responsables públicos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda -"por sí o por personas físicas y jurídicas intermedias"- en las empresas que intervinieron en el proceso de adjudicación para determinar si hubo enriquecimiento, tal y como se denuncia en la querella.La providencia reclama, no obstante, que la investigación por la venta de unas 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid (abierta tras la querella presentada por el PSM) "se limite a ese proceso concreto de enajenación y a los responsables que ejercieron de maneras sucesivas el cargo público" durante ese proceso.La directora gerente del Instituto de Vivienda de Madrid, Ana Gomendio, fue citada a declarar en septiembre ante ese juzgado por presunta malversación y prevaricación en la venta de 32 promociones del Ivima como consecuencia de la querella con la que el PSM denunció la adjudicación por 201 millones de euros de 3.000 viviendas sociales por un precio unos 65.000 euros por unidad, cuando el que se pedía en algunas de las opciones de compra firmadas por los inquilinos era de hasta el triple. Además, los socialistas denunciaron que el consejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cavero, tiene relación con la empresa a la que fueron adjudicados los pisos.La Comunidad de Madrid, por su parte, defiende que el proceso de venta de las viviendas del Ivima fue totalmente transparente y se publicitó por todos los medios durante los meses que duró este proceso, desde antes de la licitación hasta la adjudicación. En una comparecencia parlamentaria de octubre del pasado año, el responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, explicó que la venta de las 32 promociones a Azora, por un total de 201 millones de euros, superó en 32 millones la tasación inicial, de 168,9 millones de euros.Según el consejero, la venta se produjo dentro de un "proceso transparente" al que se presentaron 14 firmas interesadas y que ganó la empresa Azora por tratarse de "la mejor oferta". El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid también admitió a trámite en septiembre el recurso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra la venta de estas viviendas públicas.