El Ayuntamiento de Madrid creó una Comisión de la Memoria Histórica para aplicar en la ciudad la Ley 52/2007 sobre este tema. Es una comisión nombrada a propuesta de los partidos políticos (incluido el PP) y hasta del arzobispado de Madrid, en la que no participa ningún representante de las asociaciones memorialistas, y que ha levantado muchas dudas y sospechas en expertos y organizaciones sobre su determinación y enfoque de la tarea encomendada. La Comisión ha elaborado una primera lista para cambiar el nombre de 27 calles que exaltan de forma personal o colectiva a la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Pues bien, la oposición del Partido Popular no se ha hecho esperar y la ha manifestado con argumentos como que “no se sustituyan nombre de un bando por los de otro”. Veamos si es así con un ejemplo: la propuesta de cambiar a Agustín Muñoz Grandes por Marcelino Camacho.

Marcelino Camacho Abad, de familia ferroviaria, defendió la legalidad republicana como soldado y por ello estuvo prisionero en el norte de África. A su regreso a España trabajó como metalúrgico en la empresa Perkins y fue fundador de un movimiento en defensa de los trabajadores durante el franquismo, las Comisiones Obreras. Por su actividad sindical y política en defensa de los derechos laborales y las libertades, pasó catorce años en las cárceles de Franco y en campos de concentración. Ya en democracia, fue secretario general de CCOO y diputado comunista en las Cortes. Vivió de su modesta pensión en su barrio de Carabanchel. Para todos los que le conocieron fue un ejemplo de coherencia política y de honestidad personal. Para aproximarse a su pensamiento y trayectoria es recomendable su autobiografía Confieso que he luchado.

Agustín Muñoz Grandes nació en Carabanchel Bajo en 1896. El levantamiento militar de julio de 1936 le sorprendió en Madrid donde fue detenido y encarcelado. Consiguió pasar a la zona franquista en marzo de 1937 y fue destinado a la 6ª Brigada navarra. Intervino en la campaña de Santander y Asturias. Ascendido a general de brigada, mandó una de las divisiones del Cuerpo de Ejército marroquí, con el que participó en la ofensiva de Aragón y Levante. Al mando del Cuerpo de Ejército de Urgel, tomó parte en la ofensiva de Cataluña. En 1939 fue designado ministro secretario general del Movimiento y jefe de milicias de FET y de las JONS. Al constituirse la División Azul, fue designado como su comandante en jefe, siendo reclamado por el Tribunal de Núremberg como criminal de guerra. En 1943 fue jefe de la casa militar del Jefe de Estado. En 1945 se le confió la capitanía general de la I región militar, puesto que desempeñó hasta 1951 en que fue nombrado ministro del Ejército. En febrero de 1957, fue ascendido a capitán general. En 1958 fue nombrado jefe del Alto Estado Mayor y en 1962 vicepresidente del gobierno y del Consejo del Reino.

De las dos semblanzas se deducen los hechos históricos y no son trayectorias equiparables. El primero fue un luchador por la libertad, la democracia y los derechos sociales, mientras que el otro fue un militar fascista que participó en el golpe de julio del 1936, en la Segunda Guerra Mundial encuadrado en la Wehrmacht y como alto cargo de la dictadura. No fueron dos “bandos” equiparables como sostuvieron los vencedores y los que actúan como sus herederos, para justificar la sublevación militar contra un gobierno legítimo y democrático; fue, en todo caso, el bando de la libertad frente al de la intolerancia. ¿Cómo se puede decir que es poner nombres del otro bando a calles que se proponen que se llamen Inteligencia (en vez de Millán Astray), Memoria, Cooperación, Institución Libre de Enseñanza, Fortunata y Jacinta, Elíptica, Mayor de Barajas o de El Pardo o Espartero?

Llueve sobre mojado. Hace unos días el PP de Madrid también se negó a condenar el golpe militar del 18 de julio de 1936. Cifuentes ha hecho unas declaraciones sobre el nombre de las calles que la retratan: “Las administraciones no deben crear problemas”, como si cumplir la ley lo fuera. Esperanza Aguirre -que sigue hablando de los “nacionales”- para demostrar su “simpatía” por la ley de Memoria Histórica ha afirmado “que la hubiera derogado” y “que si pudiera la torpedearía” ; ya lo hizo no aplicándola durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La posición de la derecha en España sobre estos temas conduce a inquietantes preguntas y reflexiones. ¿Por qué cuarenta años después de la muerte del dictador sigue habiendo resistencias a abordar la recuperación de la Memoria Histórica, a que se conozca la Verdad, se haga Justicia y Reparación con las víctimas? ¿Por qué el anterior Ayuntamiento gobernado por el PP no ha cumplido la ley de Memoria Histórica aprobada hace ya 9 años? ¿Por qué se sigue apostando por el olvido que no es otra cosa que la humillación de las víctimas y la apología del fascismo? ¿Cómo pueden estar cómodos con calles, plazas y monumentos dedicados a golpistas, fascistas y asesinos?

En el fondo lo que hace el Partido Popular es puro negacionismo. Es negar los hechos históricos objetivos, es distorsionar de forma interesada e ilegítima el registro histórico de tal manera que los acontecimientos aparezcan de la forma más favorable a las posiciones políticas sectarias. Es negar la realidad para no enfrentarse a una verdad incómoda. Habría que recordar que, por ejemplo, el negacionismo del Holocausto es delito penal en varios países. ¿Se imaginan este debate en Alemania o Italia? ¿La derecha de estos países sería capaz de decir que cambiar el nombre de una avenida Hermann Goering o Benito Mussolini por Konrad Adenauer o Antonio Gramsci es sustituir a los de un bando por los de otro? La teoría de los dos bandos pretende igualar la República con la dictadura y niega el concepto de memoria histórica o memoria de los vencidos y humillados, porque el franquismo ya reconoció y reparó a sus víctimas.

En el listado de 27 calles del que estamos hablando, son todos los que están pero no están todos los que son. Hay una base de datos de 289 calles elaborada por organizaciones ciudadanas, sociales y políticas susceptibles de cambiar de nombre. Un ejemplo sería el caso sobre el que se ha escrito recientemente en este periódico: Vallejo-Nájera, una especie de Mengele patrio, cuyo nombre sigue figurando en una calle de la ciudad para nuestra vergüenza. Como las leyes no se pueden cumplir a medias, es obligado continuar en el futuro con más propuestas de cambio aunque la derecha siga montando bronca política para que no se toque su manipulada versión oficial de la historia.

Hay que preguntarse ¿qué le pasa a la derecha en España? ¿Para cuándo el Partido Popular va a ser simplemente un partido conservador en un país democrático? Su fundador, Fraga Iribarne, que llegó a reunir la condición de ministro de Franco y “padre” de la Constitución, ya lo dijo hace tiempo: “Hay cosas que es mejor que se queden como están”, en relación a las fosas comunes donde están enterrados más de cien mil republicanos. Y añadía que abordar estos temas era como abrir una guerra de memorias.

Algunos siguen aplicando la “doctrina Fraga” para que siga imperando el silencio. Lo que llaman “dejar en paz la historia” no es más que seguir despreciando y sin reparar la memoria de las víctimas. Las cosas no se arreglan negando la Historia, dejando que pase el tiempo o con palimpsestos que mantengan el vestigio franquista y pongan otra cosa a su lado, como dice Paca Sauquillo. No habrá auténtica reconciliación mientras siga habiendo calles dedicadas a la memoria del golpismo y la represión, y los asesinados sigan enterrados en las cunetas y campos. Y ello exige rescatar del olvido a las víctimas y hacer desaparecer la memoria antidemocrática. De lo contrario, la memoria histórica seguirá siendo la gran asignatura pendiente y España una democracia de baja calidad moral.