El 20 de abril, médicos del Hospital General La Perla de Nezahualcóyotl, Estado de México, recibieron un memorándum en el que se le informó que todo personal sanitario “tiene la obligación y el deber profesional, legal y social” de seguir trabajando, y se les advierte que en caso de negarse podrían tener hasta sanciones penales.

El aviso llegó 11 días después de que personal de la guardia especial hizo un paro de labores durante más de tres horas y de dos semanas de manifestaciones por la falta de equipo de protección para atender casos de COVID-19 en el hospital.

El memorándum, firmado por el director, Martín Rosales Bahena, explica que si el personal se niega a trabajar tendía como “consecuencia el inicio de procedimientos legales y sanciones administrativas, civiles, laborales y penales”.

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En entrevista con Animal Político, Rosales Bahena explicó que el país está ante una emergencia sanitaria que demanda el “compromiso histórico de responsabilidad y de ética profesional” para asegurar la atención de los pacientes que lo requieran.

Se trata dijo, de apelar a la solidaridad del personal médico pero “en el caso que hubiera renuencia de trabajadores de participar” –y para garantizar los recursos humanos– es que el emitieron ese documento de advertencia.

El sustento jurídico, dice el documento, es el artículo 468 de la Ley General de Salud el cual advierte que “el profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, que sin causa legítima se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cinco a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.

También tiene como sustento la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal de la Ciudad de México, aunque el hospital se encuentra en el Estado de México.

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Rosales Bahena aseguró que por el momento no existe ninguna sanción pues todo el personal está participando, pero de requerirlo, “habrá una instancia quien defina y articule este tipo de acciones”.

Aunque aseguró que ese memorándum deriva de los lineamientos del Consejo de Salubridad, el organismo integrado por autoridades sanitarias federales y encabezado por el Presidente, éste no contempla la imposición de sanciones penales, laborales o administrativas al personal de salud que decidiera no laborar.

Personal sanitario de La Perla realizó protestó con pancartas en la explanada del hospital el pasado 26 de marzo para demandar el equipo de protección necesario para atender a los pacientes con coronavirus y evitar un brote de contagio como ha ocurrido en otros nosocomios.

El temor de los empleados aumentó tras el fallecimiento del jefe de Urgencias del hospital el 9 de abril a causa de coronavirus que se complicó por la diabetes que padecía. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, el doctor contrajo coronavirus en un viaje que hizo a Cuba en la primera semana de marzo.

Sin embargo, un doctor del hospital que pidió anonimato, aseguró que el jefe el urgencias llegó bien de su viaje y comenzó a presentar síntomas hasta abril, por lo que los empleados sospechan que se infectó en el hospital pues desde marzo comenzaron a recibir pacientes sospechosos sin que el personal tuviera el equipo de protección necesario.

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Otro integrante del personal aseguró que las protestas funcionaron porque ya les entregaron equipo, y esperan que sea permanente, toda vez que las batas y cubrebocas son desechables. Y ahora además de temor al contagio, ahora tienen miedo de represalias con esta amenaza.

El director del hospital aseguró que ha entregado a las autoridades “evidencia documental de que los insumos se contaban y se cuentan para la atención de pacientes”.

En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez, pidió al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y al Secretario de Salud de la entidad, Gabriel J. O´Shea Cuevas, a “respetar, respaldar y proteger a médicos, además de garantizar sus derechos humanos y laborales; dejar de hostigarlos, amedrentarlos y amenazarlos”.

“Los médicos sí están obligados a prestar sus servicios pero no por encima de su seguridad personal, si no cuentan con las condiciones de higiene y equipo de protección no se puede obligar a cumplir estos lineamientos, ahora el personal de la salud además de recibir agresiones de algunas personas también son agredidos por sus propios directivos”, dijo en un comunicado de prensa.