Sacedón celebró ayer la primera jornada de sus fiestas patronales. Pero lo que iba a ser un día de alegría para los 1.700 habitantes de este pueblo de Guadalajara situado junto al embalse de Entrepeñas, se convirtió en una jornada para la indignación y la preocupación. Las protestas de los municipios de la cabecera del Tajo este verano no han servido para evitar un nuevo trasvase de agua, en este caso de 15 hectómetros cúbicos, desde los embalses de Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca).

Según publicó el viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) tomó esta decisión «en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura en la reunión celebrada el 20 de agosto». El día 21, la Dirección General de Agua emitió un informe sobre la situación de los embalses Entrepeñas-Buendía a fecha 1 de agosto, cuyo volumen cifraba en 402 hectómetros cúbicos.

Representantes de ambas cuencas criticaron ayer el trasvase, unos por considerarlo injusto y otros, por insuficiente. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, denunció que la decisión ha sido tomada «con secretismo» y «utilizando datos obsoletos». En rueda de prensa, aseguró que recurrirán la decisión ante la justicia, al igual que hicieron con el anterior trasvase de 20 hectómetros cúbicos, aprobado el 28 de julio.

Adelantó, asimismo, que están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Montes, que fue aprobada en julio, «porque se ha utilizado como una herramienta impropia para trasvasar agua en las condiciones actuales». En su opinión, el Gobierno de Rajoy se ha comportado en este asunto de forma «prepotente y dictatorial». De la Cruz ha señalado que se ha tenido en cuenta como referencia el nivel de los embalses de la cabecera del Tajo a 1 de agosto, cuando tenían 402 hectómetros cúbicos, mientras que ahora apenas llega a los 375 hectómetros, 25 por debajo de los 400 que establece la ley como mínimo para poder trasvasar.

El acuerdo alcanzado en 2013 entre el Gobierno y las cinco comunidades autónomas afectadas permitió aumentar el umbral del trasvase en defensa de la cuenca del Tajo de 240 hectómetros cúbicos a 400. Pero según el régimen de transición previsto, en 2015 los trasvases son legales si las reservas de la cuenca del Tajo no bajan del umbral de 304 hectómetros.

Sobre la guerra de cifras de la reserva de estos embalses, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró el viernes en una rueda de prensa conjunta con sus homólogos de Francia, Italia y Portugal, que ésta va variando de un día a otro, pero garantizó que las medidas aprobadas por su gobierno ofrecen «más garantías» a la cuenca del Tajo y «tranquilidad» a la receptora en el Segura.

Embarcaciones de recreo en el pantano de Entrepeñas, en el pueblo de Sacedón.JAVIER MARTÍNEZ

'Un trasvase injusto e insolidario'

«Utilizar mediciones de principios de agosto es tramposo y poco serio», afirma Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón y presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía. «La gente está muy cabreada porque estamos siendo objeto de una injusticia y de una insolidaridad total. Es una decisión indecente porque estamos al 15% de nuestra capacidad, con pueblos como Chillarón del Rey, Alcocer y Mantiel que han tenido que ser abastecidos este verano con camiones cisterna porque no tenemos ni para beber, y estamos trasvasando agua a la cuenca del Segura, que está al 45%», sostiene en conversación telefónica.

«Hemos rogado y hemos suplicado que cesaran los trasvases. Y la respuesta del Gobierno ha sido otro trasvase. Habrá que tomar otras iniciativas para hace presión. No descartamos nada», añade Pérez, que asegura que la calidad del agua que sale de los grifos de Sacedón ha empeorado en los últimos meses debido a que la tienen que captar de la orilla.

El turismo en la zona, añade, se ha visto muy afectado: «Los hosteleros y empresas náuticas me dicen que sus negocios se han reducido en un 80% respecto al año anterior. En 2011, cuando el embalse estaba al 75% de su capacidad, las expectativas turísticas eran enormes. Había días en los que triplicábamos la población. Ahora, está al 15%. Han vaciado el embalse en cuatro años», afirma.

En la misma línea se expresó la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que considera que los que han autorizado el trasvase deberían «haberse dado antes una vuelta» por su ciudad para ver el estado en el que se encuentra el río Tajo, informa Efe.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado nacional por Toledo, Agustín Conde, se mostró de acuerdo con el trasvase y aseguró que es «falso» que esta decisión sea una «venganza política», como les reprocha De la Cruz, informa Europa Press.

Agua para los regadíos de Levante

Los regantes de la cuenca del Segura que recibirán el agua tampoco se mostraron del todo satisfechos. Consideran que el trasvase aprobado supone «un recorte de cinco hectómetros cúbicos» respecto a sus previsiones y agrava la situación, ya de por sí muy delicada, en la que se encuentra un tercio de los regadíos de la demarcación. Se trata de 60.000 hectáreas de cultivo de Alicante y Murcia que sobreviven gracias al caudal de ese canal.

El vocal del Sindicato Central de Regantes del trasvase y portavoz de la comunidad general de Riegos de Levante, Ángel Urbina, cree que el Gobierno central «ha sido débil ante las presiones infundadas» del ejecutivo de Castilla-La Mancha: «Con datos facilitados por la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, se puede comprobar que se estaría produciendo un despilfarro de agua con el desembalse de mayor volumen del que resulta necesario para mantener el caudal ecológico del río», aseguró.

En esta línea, detalló que tanto en Aranjuez, como en Toledo y en Talavera «discurre el doble de caudal de lo previsto» (12 y hasta 20 metros cúbicos por segundo, cuando lo establecido son 6 y 10, respectivamente), lo que, concluyó, habría provocado la pérdida de hasta 100 hectómetros cúbicos durante los meses de junio, julio y agosto. Aunque manifestó no entender qué motivo habría provocado esta situación, se preguntó «si puede tener algo que ver con un intento de diluir los vertidos que llegan al río Jarama y que no se depuran como se deberían de depurar».

Margen de confianza al Ejecutivo central

Pese a que los agricultores de la cuenca han llegado a especular con la posibilidad de convocar movilizaciones si Castilla-La Mancha insiste en exigir el fin del trasvase, afirma que darán un margen de confianza al Ejecutivo central: «Nos han garantizado que cubrirán ese recorte de cinco hectómetros por otras vías en septiembre», explicó.

De hecho, MAGRAMA anunció el viernes la inmediata puesta en marcha de una batería estratégica de pozos en la zona (los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra), tras una inversión de tres millones para «satisfacer las demandas más apremiantes».

También se pronunciaron sobre el trasvase los representantes políticos de la cuenca del Segura. El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, anunció que ha solicitado ya a la ministra Isabel García Tejerina que aplique medidas urgentes para garantizar agua en el regadío, mientras que la portavoz de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, apostó por el diálogo: «No queremos guerrear con el tema del agua, sino dialogar», aseguró. Por ello, instó a pensar «a 20 o 30 años vista, en nuestros hijos y nietos, no en el voto para las próximas elecciones».