En mayo del 2012, Gerardo Ortega Maya, abogado y exasesor de la Secretaría de Marina, fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de estar ligado con el cártel de los Beltrán Leyva y tener armas en su casa.

En los años siguientes las pruebas demostraron que se le detuvo en una operación militar de la que no hay registro, que fue torturado, y que las acusaciones de los testigos protegidos que se usaron en contra suya eran fabricadas, con las firmas de ellos y hasta de los fiscales de la Procuraduría falsificadas.

Un amparo concluyó que el proceso por delincuencia organizada iniciado en contra de Ortega Maya no tenía sustento y fue absuelto, pero el abogado sigue preso. ¿El motivo? Tiene otro juicio abierto en su contra – el de las armas que supuestamente tenía en su casa – que no se ha resuelto porque los peritos de la PGR que tienen que ratificar el hallazgo no lo han hecho en más de cuatro años.

Pese a las anomalías, un juez sentenció a seis años de prisión a Ortega Maya por la posesión de armas, pero en abril pasado un tribunal federal revocó la condena al confirmar que los peritos nunca ratificaron y que tampoco se verificó la tortura denunciada. El juicio reinició desde cero.

“El único pecado de mi hermano era haber sido amigo del general Tomás Ángeles Dauahare (acusado de nexo con crimen organizado en 2012 y luego liberado por falta de pruebas). Quisieron que declarará en su contra pero como no lo hizo le fabricaron todos estos delitos”, dijo Karina Ortega, hermana del abogado.

En enero de este año y por instrucciones de la oficina de la Procuradora Arely Gómez, la PGR inició una investigación interna ST/7750/2015 para indagar la actuación de los fiscales y exfiscales de SEIDO involucrados en este caso. El expediente fue turnado a la Visitaduría General donde se inició una averiguación previa.

Dicha investigación se suma a otra averiguación previa iniciada en 2015 también en la misma PGR por la actuación de agentes ministeriales de la SEIDO, algunos de los cuales eran militares que tras concluir la administración de Marisela Morales al frente de la Procuraduría, también salieron de la dependencia.

El comando fantasma

Para detener a Ortega Maya en su casa de Huixquilucan, donde dormía con su esposa e hijo, el gobierno federal envió la noche del 3 de mayo del 2012 a más de 20 personas armadas que forzaron la puerta de entrada e irrumpieron en el domicilio.

Las fotografías de la casa de Gerardo – de las que Animal Político tiene copia- asentadas en una averiguación iniciada en el estado de México por la denuncia de allanamiento y robo que interpuso la familia (y que no se ha resuelto), evidencian la fuerza con la que actuaron los presuntos soldados y agentes federales.

Fotos casa dañada y saqueada

Guadalupe Licona, el agente federal adscrito a la SEIDO que encabezó el operativo de detención – y quien es oficial del Ejército – declaró ante el juez que actuaron con el apoyo de 18 soldados que recogieron en “inmediaciones del Campo Militar número 1”. ¿El motivo? Les habían dicho que el abogado era una persona “violenta y capaz de hacer cualquier cosa”

Pero la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a lo declarado por los agentes de la PGR, niega tener registro o conocimiento de la participación de militares en ese operativo, como consta en oficios entregados al juez por la Comandancia del Campo Militar número 1 y la Procuraduría de Justicia Militar, y que están asentados en el expediente.

En abril de este año, señaló Karina Ortega, la Defensa Nacional entregó otro oficio al juzgado donde ratifica que tampoco hubo participación de elementos de otros cuarteles militares del estado de México o el centro del país.

“Estas personas, además de detener a mi hermano, destrozaron la casa y saquearon lo que pudieron. Se llevaron cosas en bolsas de plástico. Cuatro años después seguimos sin saber quiénes eran”, dijo.

Aunque Ortega fue detenido a las 11:30 de la noche del jueves 3 de mayo del 2012, quedó a disposición del Ministerio Público de la SEIDO hasta la noche del viernes 4, casi 24 horas después de ser sacado de su casa encapuchado. Durante todo ese tiempo, según la denuncia presentada por Ortega y sus abogados, fue torturado.

Una fotografía tomada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como parte del protocolo de Estambul para dictaminar tortura, mostró que Ortega tenía en sus piernas más de 50 cortes que fueron hechos con un objeto filoso, posiblemente una navaja, y luego cauterizadas.

Además, el abogado narró otros maltratos que sufrió como golpes en los oídos, música a todo volumen, el obligarle a tomar agua, toques eléctricos y amenazas.

Pese a ello la CNDH no emitió una recomendación o queja bajo el argumento de que sus heridas tardaban en sanar “menos de 15 días” y que la PGR ya había examinado pericialmente Ortega y dictaminó que no había tortura.

Isabel Martínez, consultora de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSyDE), dijo a Animal Político que uno de los problemas coyunturales para esclarecer estos casos es que las dependencias son juez y parte, es decir, ellas mismas definen si sus propios agentes cometieron o no tortura.

Engaño descubierto

En octubre de 2013 el entonces titular de la PGR Jesús Murillo Karam confirmó que una testigo protegido de nombre clave “Libre”, usado en la administración pasada en varias acusaciones, había falseado su identidad usando dos nombres y reconoció que eso era ilegal.

Los testimonios de “Libre” y de otro testigo con clave “X”, fueron usados por la PGR para acusar de delincuencia organizada a Ortega Maya. Supuestamente el abogado había recibido pagos de los Beltrán Leyva para que este les filtrara datos de investigaciones, cuando trabajó como delegado de la Procuraduría en Sonora.

Todo fue un engaño. Un peritaje de grafoscopía realizado por la Procuraduría del Distrito federal (a solicitud del juzgado que llevaba el caso), y del que Animal Político tiene copia íntegra, revela que las firmas de la fiscal Liliana Loyola Guerrero en las supuestas declaraciones recabadas a los testigos eran falsas.

Tomando en consideraciones todas estas irregularidades, además del hecho de que la PGR no encontró una sola prueba que comprobara la veracidad de los testimonios usados para acusar a Ortega, en enero del 2014 el juez federal de Amparo Alberto Díaz Díaz revocó el auto de formal prisión que se le había dictado a Ortega Maya.

Seis meses después la jueza responsable Verónica Sánchez Valle dictó el “auto de libertad” por falta de pruebas para acreditar el delito.

“Por sus pistolas”

Aunque la principal acusación que enfrentaba Ortega Maya se cayó desde finales de 2014, el abogado sigue preso porque tiene un proceso paralelo abierto por la supuesta posesión ilegal de tres armas de fuego en su casa. El abogado asegura que dos de esas armas fueron sembradas por los supuestos militares y la otra era un rifle de la época de la revolución, propiedad del general Dauahare.

De acuerdo con la defensa las autoridades cambiaron dos veces la versión del sitio en donde se encontraron las armas e incluso señalaron que el abogado tenía una de ellas en las manos, pero un peritaje independiente presentado en el juicio corroboró que en ninguna de las armas aparecían las huellas de Ortega Maya.

Pese a eso, en octubre de 2015 el Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas sentenció a seis años de prisión a Ortega quien de inmediato apeló la sentencia. En abril de este año, un Tribunal Federal decretó que la condena había violado los derechos de defensa del acusado y la dejó sin efectos.

En la resolución del tribunal, de la que Animal Político tiene copia, se revela que la PGR presentó como prueba fundamental un dictamen en balística forense del perito Jaime Bravo Reyes, que certifica el hallazgo de las armas. Pero en los cuatro años del proceso, dicho perito nunca se presentó a ratificar el dictamen.

Lo anterior ya era razón suficiente para anular el proceso, pero el tribunal además señaló otra violación, luego de que el juez no ordenó las diligencias necesarias para indagar los señalamientos de tortura que hizo Ortega Maya desde que quedó a disposición del juzgado.

Aunque la apelación se resolvió en favor del abogado, él sigue preso en un penal federal de San Luis Potosí, pues el juicio se reinició y por lo pronto, no puede quedar en libertad. Si no hubiera apelado la sentencia que se le impuso por las armas, le faltaría un año y medio para salir pues está encarcelado desde 2012.

Pero su hermana niega que se hubiera considerado esta opción en momento alguno, y por el contrario, dice que continuarán luchando para demostrar su inocencia, pues él no es culpable de nada.

“Mi hermano está convencido en que el saldrá de prisión siendo inocente, así tengamos todavía que esperar más seguiremos luchando. Este caso en el sistema penal actual se hubiera caído desde la audiencia inicial pero nos toca luchar con el pasado aún. Y también esperamos que la PGR resuelva las investigaciones que tienen en curso y los funcionarios implicados terminen en prisión”, dijo.