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Sabida es que la financiación de los sindicatos ‘mayoritarios’, CCOO y UGT, no se basa en las cuotas de la afiliación, que apenas si cubren una pequeña parte de sus enormes gastos. Gastos destinados principalmente a financiar un enorme aparato de dirigentes y liberados sindicales que han hecho de la ‘representación de los trabajadores’ un medio de vida.

El Tribunal de Cuentas, otro órgano del régimen caracterizado por su composición conservadora que fue creado para dar una apariencia de control independiente y honesto de las cuentas públicas, ha hecho público un informe que destapa la corrupción de CCOO y UGT, mano a mano con la patronal CEOE, en el reparto de fondos públicos destinados a la prevención de riesgos laborales. El Tribunal los acusa de gestionar los fondos en beneficio propio, con absoluta opacidad y sin preocuparse siquiera de acreditar documentalmente su destino.

A estas alturas y después de los sucesivos escándalos en la gestión de fondos públicos destinados a formación y ocupación o tras los beneficios que obtienen en forma de comisiones por la gestión de fondos privados de pensiones, a nadie puede extrañar que la acomodada burocracia dirigente de estos sindicatos autodenominados de clase (de qué clase?) sirva, por encima de todo, para desmovilizar y pactar a espaldas de la clase trabajadora y para actuar como sostén del régimen cuando se les necesita, como en el actual conflicto con Catalunya. ¿Habrá intervención del gobierno a través de la fiscalía contra las prácticas corruptas de estos ‘amigos del régimen’ denunciados por el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas denuncia el ‘chiringuito’ de CEOE, CCOO y UGT en el reparto de subvenciones

Acusa a patronal y sindicatos de organizar el reparto de las subvenciones en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

El Tribunal de Cuentas ha acusado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a los sindicatos CCOO y UGT de organizar el reparto de las subvenciones en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de una forma de dudosa legalidad ya que formaban parte del patronato que concedía las ayudas.

En su Informe de Fiscalización de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, ejercicio 2015, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda llega a acusar a estas organizaciones de diseñar el reparto de ayudas públicas con el fin de recibir los fondos.

«El Patronato de la Fundación ha sido juez y parte en el reparto de las ayudas concedidas, al establecer las normas para distribuirlas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas», sostiene el Tribunal.

En algunas de las ayudas, el Tribunal destaca que todas las solicitudes de estas organizaciones recibieron financiación y que la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto, lo que lleva a aseverar a este órgano de control que «existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO».

El Tribunal señala que una de las convocatorias de esta Fundación, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2016, por valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación previstos en la Ley General de Subvenciones. Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los propios receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la Fundación. Al resultar una concesión de subvenciones, y no un procedimiento de «autocontratación«, el Tribunal sostiene que «cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados«.

«Juez y parte en el reparto»

Hasta septiembre de 2015, estas organizaciones copaban la mitad de los puestos en el Patronato, órgano de la fundación encargado hasta entonces de aprobar las ayudas y las normas aplicables a cada una de las convocatorias anuales de ayudas. Según el Tribunal, el control por parte de estas entidades implicaba que «en algunos cosas las normas no se aplicaran o se hubieran adaptado según sus intereses«.

Así, el Tribunal sostiene que, una vez aprobadas, se cambiaron normas aplicables para adaptarlas a acciones ejecutadas por las organizaciones, o que la distribución de los fondos no se efectuó, en otros casos, siguiendo los principios recogidos en la convocatoria.

Excluían a otras organizaciones

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales concede ayudas a acciones sectoriales y a acciones territoriales, decididas en órganos tripartitos con las comunidades autónomas hasta que en 2013, por la anulación de varias convocatorias por vulnerar regímenes competenciales, estas acciones territoriales fueron sustituidas por otras calificadas como ‘transversales’.

Sin embargo, el órgano fiscalizador sostiene que estos fondos se siguieron distribuyendo con la misma proporción entre CCAA, y dentro de ellas entre la CEOE, CCOO y UGT en idénticas proporciones que en convocatorias anteriores. El Tribunal asegura haber comprobado que la valoración de las solicitudes estaba diseñado para que únicamente obtuvieran financiación estas organizaciones, y excluir del reparto a otras, como a USO.

En la concesión de ayudas a las acciones sectoriales, ejecutadas de forma paritaria, el Tribunal sostiene que los grupos de trabajo no aplicaron criterios de valoración conforme a las normas aprobadas por el Patronato, y que de haberse aplicado los baremos correctamente, muchas de las acciones aprobadas no hubieran obtenido financiación, y otras denegadas sí. Por ello, concluye que la distribución de los fondos entre los sectores y los agentes sociales se realizó según los intereses de los grupos de trabajo.

Opacidad en el destino de los fondos

Respecto a la ejecución de las acciones financiadas por la fundación, el Tribunal informa de que su fiscalización detecta «múltiples incidencias» que llevan a cuestionar la dedicación de estos fondos a su finalidad. Entre ellas, la ausencia en muchos casos de soporte documental para acreditar tales trabajos, por ser suficiente una mera declaración de los agentes sociales; o la financiación por parte de los agentes sociales del gasto de personal sin acreditar las acciones realizadas.

En el caso de las confederaciones y federaciones empresariales territoriales, el Tribunal señala que éstas subcontrataron íntegramente la ejecución de las acciones, y repercutieron gastos de personal más elevados que los destinados a su ejecución.

Visitas a empresas Respecto a las visitas de empresas en las acciones territoriales y transversales, el Tribunal sostiene que no existe posibilidad de demostrar su realización, al no exigirse su justificación documental, ni tampoco si el contenido fue, realmente, la prevención de los riesgos laborales u otro tipo de actividades sindicales, algo que llega a poner en duda, «especialmente en el caso de CC.OO., en el que las visitas se realizan por agentes sindicales sin formación en prevención«, critica. Las visitas a empresas dentro de acciones sectoriales, realizadas de forma paritaria, sí que debían ser justificadas por cada agente social. Sin embargo, en el caso de la construcción, Confemetal, UGT-FICA y CC.OO. de Industria, asegura el Tribunal, presentaron copias a color escaneadas de los partes originales, «con la intención de cobrar unas visitas de manera no debida» a las que, apostilla, «presumiblemente no asistieron«. Completar la «escasa regulación» y verificar las actuaciones Tras detectar incidencias en materia de regulación, gestión, liquidación y control de las acciones y de los recursos destinados a financiarlas, el Tribunal recomienda al Gobierno desarrollar la regulación de la fundación, prevista en 1999 dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la que quedaba pendiente desarrollar quiénes podían acceder a las ayudas para realizar las acciones.

Fuente: Agencias