La jueza Federal en el fuero electoral, María Servini de Cubria, declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y suspendió las elecciones de consejeros. Los artículos que declaró inconstitucionales son el 2, 4, 18 y 30 de la ley número 26.855 y del decreto 577/13.

El textual del fallo de Servini de Cubría dice lo siguiente: "Dejar sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo de la Magistratura".

Servini de Cubría falló sobre dos amparos: uno del presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y del Partido Demócrata Cristiano, y es el primer fallo que resuelve sobre el fondo de la ley. En tanto, en las últimas horas se supo que se presentará el primer per saltum para que la Corte decida sobre la constitucionalidad, o no, de las reformas aprobadas por el oficialismo.

La ley 26.855 es una de las partes centrales de la controvertida reforma judicial de Cristina Kirchner, promulgada el sábado 24 de mayo. Consiste en la ampliación del número de miembros del órgano judicial y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos. Fue aprobada el pasado 8 de mayo en el Senado por 38 votos a favor (se requería un mínimo de 37) y 30 en contra.

En un breve diálogo con TN.com.ar, Rizzo dijo que estaba muy contento con la resolución y que "no le sorprendió el fallo de Servini de Cubría".

INFLUENCIAS INDESEABLES

En el extenso escrito judicial que formuló, Servini de Cubría dejó varios conceptos duros en contra de la iniciativa propuesta por el oficialismo. Para la magistrada si se hicieran las elecciones tal cual están establecidas "el Consejo podría sufrir influencias indeseables".

Además sostuvo que tiene que haber "un funcionamiento armónico que cumpla con el requisito de equilibrio establecido" en la Constitución "siendo uno de sus pilares fundamentales la división de poderes en el Estado".

Según la magistrada la decisión de declarar inconstitucional la norma es para evitar un "avance sobre las libertades individuales del ciudadano". "El Poder Judicial resulta ser el último recurso de los ciudadanos frente a un eventual avance del estado en la restricción de derechos individuales", precisó en otro fragmento.

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