La Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma que busca trasladar del ámbito civil al militar la supervisión, el manejo y control de los puertos y el comercio marítimo en nuestro país. Ello para que quede a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Esta propuesta, impulsada por diputados del grupo parlamentario de Morena, bajo asesoría de la propia Semar, ha generado diversos comentarios y opiniones en la esfera pública entre las que destacan críticas – incluso de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) – que denuncian la intención de “militarizar” una actividad civil.

Ante las presiones, el diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, anunció por la noche que se posponía la votación de la iniciativa programada originalmente para hoy martes en comisiones, con la finalidad de continuar con el análisis.

Lee: Semar investiga video donde dos presuntos marinos se burlan del performance feminista

Pero ¿qué es exactamente lo que se propone modificar? ¿cuáles son las necesidades o ventajas con las que se intenta justificar este cambio según el proyecto? ¿Qué riesgos ven los especialistas y opositores? ¿Cómo pueden afectar los cambios a la vida cotidiana de las personas?

Animal Político presenta a continuación una guía con los puntos clave en torno a esta reforma.

¿Qué se comercia por el mar?

De acuerdo con un estudio elaborado por el propio Congreso casi todo: el 80 por ciento del comercio en el mundo se realiza vía marítima. Automóviles, aparatos electrónicos, ropa, calzado, materiales y sustancias de todo tipo, alimentos no perecederos, precursores para medicamento… son solo algunos ejemplos de lo que llega a los puertos.

México es uno de los principales epicentros del comercio marítimo en América Latina ya que cuenta con 38 puertos en los océanos Pacífico y Atlántico. Algunos de estos puertos además de ser utilizados con fines comerciales y logísticos, también son focos importantes para el turismo.

¿Qué pretende cambiar la reforma?

La iniciativa plantea cambios a diversos artículos de dos leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Navegación y Comercios Marítimos.

El objetivo de estos es trasladar la responsabilidad de organizar, regular y vigilar el comercio marítimo en el país de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), que es a quien actualmente le compete, a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

La Semar ya participa en temas de comercio marítimo, pero solo en cuanto a funciones de salvamento y supervisión, facultades que se le concedieron tras una reforma aprobada en 2016.

¿Esto militariza el comercio marítimo?

De prosperar la reforma como está planteada sí, pues se excluye a la SCT de las atribuciones que hoy ostenta sobre el comercio marítimo, eliminando así la participación de autoridades civiles en este campo. Toda la responsabilidad de concentraría en una sola “Autoridad Marítima Nacional” bajo jurisdicción de la Semar.

Lee: Militares y marinos sí pueden usar la fuerza, pero con respeto a derechos humanos, dice AMLO

Algunos ejemplos de las funciones que se quitarían a la SCT para trasladárselas a la Semar son: la supervisión de la marina mercante, la emisión de permisos y licencias correspondientes, administrar el Registro Público Marítimo Nacional, la certificación de embarcaciones, la regulación de las comunicaciones y transporte por agua, el nombramiento o remoción de capitanes de puerto, entre otros.

Con la reforma la Marina asumiría además diversas facultades exclusivas como el denominado “dragado” que sirve para facilitar el paso y atraco de embarcaciones en zonas portuarias, actividades que por su naturaleza pueden generar impactos ambientales.

Según el proyecto ¿Cuáles son las ventajas de estos cambios?

La iniciativa de Morena describe diversas ventajas. Destaca, por ejemplo, que se eliminaría la “duplicidad de funciones y dispendio de recursos” que se presenta actualmente, luego de que en 2016 se diera intervención a la Semar en algunas funciones de supervisión en puertos, pero a su vez se mantuviera la jurisdicción civil en los mismos.

La iniciativa añade que al crearse una Autoridad Marítima unificada se propiciarán mayores garantías de seguridad y protección portuaria, lo que incentivará el comercio internacional. De igual forma se protegerá con mayor eficacia al medio ambiente con una autoridad fortalecida.

Se eliminarán a su vez “vacíos legales” que originaron las reformas en los últimos años, y en donde se dio intervención a dos autoridades (SCT y Semar) que, muchas veces, no se ponen de acuerdo para atender un tema en específico, lo que genera incertidumbre.

En síntesis, se subraya que esta reforma es acorde con la política de honestidad, austeridad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos que promueve el actual gobierno.

¿Cuáles son los riesgos, según críticos y expertos?

De acuerdo con un estudio entregado a legisladores de oposición en el Congreso, estas modificaciones pueden traer efectos negativos de diversa índole.

Uno de los mas claros y que puede afectar al comercio y por ende a los consumidores son retrasos en los procedimientos de llegada, descargo y distribución de mercancías. Lo anterior como consecuencia de la propia estructura militar que es cuadrada y subordinada lo que, por ende, ocasionaría que cada acción requiera la autorización de un mando superior.

“Esta característica choca con el funcionamiento el sistema marítimo/portuario nacional, que requiere de tomas de decisiones inmediatas para la solución de posibles problemáticas que habitualmente se presentan, o para potencias diversas acciones” indica el estudio.

La diputada federal Martha Tagle del partido Movimiento Ciudadano dijo a este medio que el cambio además puede generar desconcierto en empresarios del sector al volverse a modificar reglas de operación. A ello se suma el riesgo de mayor opacidad en el uso de recursos públicos en la infraestructura portuaria debido a la reserva con la que operan las fuerzas armadas.

Expertos y legisladores coinciden en el riesgo de generar un comercio marítimo “lento y obsoleto” al asignar su gestión a una autoridad militar (Semar) cuya función natural no es la de regular actividad comercial alguna, y por ende carece de experiencia en el campo.

Se advierte además que esta modificación va en contra de una inercia mundial que apunta a trasladar la marica mercante a la esfera civil. De los 174 países que componen la Organización Marítima Internacional solo 11 poseen autoridades marítimas con mando castrense, entre ellos Chile, Perú, República Dominicana y Corea del Norte, que tienen en común un pasado o presente con dictadura militar.

Tagle añadió finalmente que también podría haber repercusiones en materia ambiental pues hay actividades portuarias y marítimas que por su naturaleza deben ser medidas y auditadas, y la Armada carece de experiencia en e rubro.

Por su parte el colectivo “Seguridad Sin Guerra” emitió un comunicado en el que reprobó esta iniciativa pues consideró que se busca militarizar otra tarea más que debería ser civil, y que se suma a acciones previas en la misma dirección como la conformación de la Guardia Nacional bajo la jefatura de las fuerzas armadas.

Oposición dentro del propio gobierno

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (que perdería el control de los puertos del país de prosperar estas modificaciones) ha manifestado su total desacuerdo en torno a esta reforma de la marina mercante.

El dictamen del proyecto incluye la opinión negativa de la SCT: “Esta Secretaría no fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad inminentemente civil”.

En una entrevista con el diario Milenio Héctor López Gutiérrez, coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, fue mas allá y aseguró que se trata de una iniciativa “inconstitucional, y propia de gobiernos dictatoriales”.

¿Cuándo se aprobaría y que alternativa promueven sus opositores?

La intención del grupo parlamentario de Morena era que esta reforma legal sea discutiera y aprobara hoy mismo en la Comisión de Gobernación y Población, para que el miércoles fuera abordada ante el Pleno. Ello con la intención de que esta misma semana quedara aprobada.

No obstante, el diputado Mario Delgado dio a conocer ayer por la noche que se pospondría el análisis en comisiones para continuar revisando el dictamen.

Cabe señalar que como no se trata de una reforma que modifique la Constitución, a la bancada de Morena le basta conseguir una mayoría simple en el pleno (que logra con sus legisladores y aliados) para que la iniciativa sea aprobada y se mande para su respectiva revisión al Senado. No obstante, algunos legisladores del grupo mayoritario han mostrado su preocupación por la inconformidad abierta de la SCT.

En tanto, lo que proponen diputados que se oponen al dictamen y varias organizaciones civiles es que primero se analice a profundidad el alcance y posibles consecuencias de una reforma de esa envergadura, antes de ser aprobada. Para ello se ha planteado la figura de “parlamento abierto” que consiste en realizar foros con especialistas que realicen aportaciones y que sean tomadas en cuenta por los legisladores.