El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara esta mañana en la Audiencia española. El recibirá una concentración de protesta convocada por la Coordinadora 25-S -la misma que en 2012 llamó a rodear el congreso- con el lema ‘Ilegalizar el PP, el partido de la mafia’. Independientemente de la dimensión que tenga esta manifestación, eso que propone, la ilegalización del PP por estar implicado en numerosos casos de corrupción, es una demanda que este último tiempo ha ido tomando cada vez más cuerpo.

De hecho, existe una proposición de ley orgánica (PDF) de reforma del código penal en tramitación en el congreso español que pide que se puedan disolver partidos políticos que hayan sido financiados ilegalmente. Es impulsada por Compromís, con el apoyo de Podemos, ERC y Ciutadans.

Concretamente, la reforma prevé multas a las personas jurídicas de partidos declarados culpables de corrupción, y deja en manos de los tribunales la posibilidad de decidir suspender las actividades del partido en cuestión, cerrarlas las sedes e incluso declarar su disolución . El PP ya se declaró absolutamente contrario a la propuesta, y reprochó a Compromis y los partidos que apoyan la reforma de ‘querer ir en contra del presidente de un gobierno que ha conseguido sacar a España de la crisis económica.’

Compromís ya hace tiempo que pide la ilegalización del PP. El año pasado, los senadores Carlos Mulet y Dolores Pérez presentaron un escrito a la fiscalía con esta petición, para todos los casos de corrupción que le salpicaban, y argumentaban que el partido incumplía la ley de partidos políticos. Según la demanda, no eran casos aislados, sino que respondían al crimen organizado, por su constancia y reiteración. Algunos de los casos mencionados por aquella demanda son: Gürtel, Pokémon, Campeón, Inestur, Nóos, Andratx, Palma Arena, Imelsa, Emarsa, Brugal, Faycán, Acuamed, Bárcenas … Y añadieron una lista con 219 nombres de dirigentes y miembros del PP encausados ​​o, incluso, condenados.

Este mes de mayo pasado, a raíz del nulo efecto que había tenido en la fiscalía aquel escrito, Mulet insistía, esta vez desde el senado mismo, donde pedía al gobierno español si tenía intención de comenzar los trámites para la ilegalización del PP . Está claro que la respuesta del gobierno español fue que no tenía ninguna intención de hacer nada en este sentido.

Los argumentos para la ilegalización

Pero ¿qué argumentos hay, formalmente, desde un punto de vista legal, para ilegalizar al PP? La ley de partidos dice que uno de los supuestos de disolución de un partido es que este actúe como una asociación ilícita de acuerdo con el código penal. Y el código penal define, en el artículo 515, que entiende por asociaciones ilícitas: ‘Las que tengan por objeto cometer algún delito o, una vez constituidas, promuevan su comisión.’ ¿Estamos, aquí, ante un caso de asociación ilícita para delinquir? ¿Estamos ante una empresa jerarquizada con un móvil económico ilícito? Compromis y los partidos que apoyan su iniciativa entienden que sí, teniendo en cuenta qué dicen los autos de casos como el de Gürtel o Bárcenas, los pagos con dinero negro para hacer reformas en la sede o para financiar campañas electorales, el cobro de sobresueldos en dinero negro y sin declarar a hacienda, las ‘tarjetas black’, el blanqueamiento de capital, etc.

¿Se trata de crimen organizado? Según la Interpol, se considera cuando el grupo lo integran más de tres personas que actúan de manera persistente en el tiempo, cometen un delito grave y obtienen beneficios, poder o influencia.