La Guardia Civil ha descubierto nuevas adjudicaciones amañadas por la trama del 3% del PDeCAT que elevan en otros siete millones de euros la factura de la corrupción en Cataluña. Las pesquisas se centran en licitaciones tramitadas durante los gobiernos de Artur Mas (2010-2016) por el organismo que centraliza la contratación y gestión de las grandes obras públicas de la Generalitat, Infraestructures.cat, antigua Gisa. Los concursos abarcan desde ampliaciones de carreteras a proyectos técnicos de líneas de ferrocarril, pasando por construcción de variantes y de estadios de tren.

Según las investigaciones que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a las que ha tenido acceso El Confidencial, hasta 11 firmas de ingeniería de toda España —aunque, en su mayoría, de Cataluña— fueron presuntamente beneficiadas por el partido a cambio de donaciones ilegales y el pago directo de sobornos a los cargos de la formación que manipularon personalmente los concursos.

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Las diligencias implican en los amaños a los máximos responsables de Infraestructures.cat durante esa etapa, Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell; al tesorero de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca, y a la mano derecha de Mas, Germà Gordó, que fue gerente del partido hasta 2011, secretario general de su primer Govern y consejero de Justicia en el segundo.

Operación Colusorium

El grueso de esta nueva rama del caso 3% cayó el pasado 20 de noviembre en la llamada operación Colusorium del Instituto Armado, aunque aún no habían trascendido las licitaciones afectadas. Se trata en su mayoría de concursos de estudios informativos, asistencia técnica y dirección de obras públicas, que se suman a las adjudicaciones de construcción de infraestructuras (carreteras, estaciones de tren, túneles…) que ya habían sido identificadas en los primeras fases de esta causa abierta en 2015 y en la que ya hay decenas de dirigentes de CDC y empresarios imputados.

Los amaños de Colisorium se efectuaron presuntamente mediante un cartel de empresas de ingeniería que pactó con el Govern de Mas qué firma concreta debía imponerse en cada uno de los concursos. Solo las compañías que contribuían a la caja B del partido podían formar parte de la organización criminal. Una de las principales firmas involucradas es Audingintraesa SA, de la que fue accionista Joan Lluís Quer justo antes de convertirse en 2011 en presidente de Infraestructures.

Según las diligencias, ese mismo año, Audingintraesa SA logró junto a la firma GPO Ingeniería “un contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de mejora general” para el “desdoblamiento de la carretera C-66” para el enlace de la futura A-2 en Sant Julià de Ramis (Lleida), el pueblo en el que vivía Carles Puigdemont. La UTE se llevó la adjudicación por 1.032.325,00 euros más IVA.

Los amaños de Colisorium se efectuaron presuntamente mediante un cartel de empresas de ingeniería que pactó cuál debía imponerse

Al año siguiente, las dos mismas empresas se llevaron de manera irregular otro “contrato de servicios para la asistencia técnica para la redacción del estudio informativo de prolongamiento de Ferrocarriles de Cataluña de la línea Llobregat-Anoia” por otros 556.000 euros más IVA. Y también en 2012, otra UTE de la que formaba parte Audingintraesa SA se impuso en un concurso presuntamente amañado para “la redacción del proyecto constructivo de la extensión de la Red Tetra y Red Rescat” del metro de Barcelona, por un importe de 628.728 euros sin impuestos.

Amaños por toda Cataluña

Los investigadores también han detectado la intervención de la trama del 3% en el amaño de un concurso de 2014 de “asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo” de un tercer carril reversible en la C-16 a su paso por Berga (Barcelona), que se acabó llevando una UTE integrada por Boma Inpasa, Cicsa y Euro Geotécnica por 877.240 euros más IVA; y una licitación de 2015 y valorada en 373.141 euros más IVA que se llevó íntegramente BAC Engineering Consultancy Group SL de “asistencia técnica para la redacción” del proyecto constructivo de la variante de Gandesa (Tarragona), en la carretera C-43.

Esta última empresa formó una UTE que ganó, también en 2015, otro de los concursos adulterados. Se trata de una licitación de asistencia técnica para “la coordinación de seguridad y salud” de las obras de construcción de la prolongación de Ferrocarriles de Cataluña a Sabadell (Barcelona). BAC Engineering Consultancy Group SL se impuso junto a la firma sevillana Ayesa Enginyeria con una oferta de 388.265,67 euros sin impuestos.

El jefe del 3% de Puigdemont y Mas movió 250.000 euros de sobornos en pleno 'procés' José María Olmo El responsable de la obra pública en Cataluña, Josep Antoni Rosell, investigado en la Audiencia Nacional, ingresó 173.070 euros en una cuenta en 2016 y ocultó otros 85.000 euros en una caja

Ayesa, que fue registrada por la Guardia Civil durante el operativo de noviembre, ya había ganado en 2012 junto a la firma de ingeniería Kreum SA uno de los concursos investigados, el contrato de servicios de asistencia técnica para la construcción del “desdoblamiento de la carretera B-224” entre Sant Llorenç d`Hortons y Martorell, en la provincia de Barcelona. Ayesa y Kreum vencieron con una oferta de 649.741 euros más impuestos.

Las tres últimas adjudicaciones amañadas por la red del 3% fueron un contrato de asistencia técnica de seguridad y salud del proyecto construcción prolongación de la línea FGC en Sabadell, en 2015, por 357.487,28 euros más IVA, que se adjudicaron Dopec y Cicsa; otra en la que vencieron las mismas compañías en 2011 por 612.201 euros más IVA para la asistencia técnica de la carretera C-55 en el tramo de Manresa (Barcelona), y, por último, un concurso en el que se impuso Eurocatalana Obres i Serveis SL para la ejecución de las obras de urbanización “de la estación Guinardó en la línea 9 de metro de Barcelona” por importe de otros 355.663,02 euros sin impuestos.

El informe interno que describía la trama

Las 10 nuevas adjudicaciones irregulares detectadas suman 5,8 millones de euros más IVA, siete millones de euros en total. Como adelantó El Confidencial, el Govern de Puigdemont ocultó un informe interno que describía con detalle cómo operaba la trama corrupta y que ha terminado siendo descubierto por la Guardia Civil. En concreto, los máximos responsables de Infraestructures.cat habrían sobrevalorado la parte técnica de los concursos, de carácter puramente subjetivo, concediéndole a ese apartado el 70% de la puntuación. Como ha quedado acreditado, los cargos colocados por el Govern de Artur Mas al frente de ese organismo cambiaban las notas que los técnicos daban a las ofertas para beneficiar a las empresas donantes del partido.

Para el otro 30%, correspondiente a la oferta económica, de naturaleza cuantitativa y, por tanto, objetiva, ya entraba en funcionamiento el cartel o pacto colusorio. Las firmas agrupadas presentaban precios, en connivencia con los dirigentes políticos de la red, que les permitían dejar fuera al resto de empresas. Pactaban siempre ofrecer un descuento próximo al 9% sobre el precio de licitación. De ese modo, las empresas más baratas quedaban fuera por baja temeraria y la más caras era inmediatamente descartadas.

Pactaban siempre ofrecer un descuento próximo al 9% sobre el precio de licitación

En 2016, Mas impulsó la refundación de CDC para intentar que se desvinculara de este macroescándalo y no tuviera que hacer frente a una hipotética responsabilidad económica. De ese modo, surgió el actual PDeCAT. Sin embargo, el instructor del caso, el juez José de la Mata, acordó el pasado verano imputar a la marca sucesora, al considerarla heredera directa de Convergència. Sus cuadros dirigentes, sedes y números de teléfono, entre otros elementos, eran prácticamente idénticos.

No solo habría salido ganando el partido con el 3%. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detectado que Rosell llegó a ingresar en su cuenta a lo largo de 2016 un total de 173.070 euros en efectivo procedentes presuntamente del cobro de sobornos de las compañías que se llevaban los contratos. Algunos días efectuó hasta cinco entradas de fondos. A esa cifra hay que sumar los 85.000 euros que Rosell escondía en una caja de caudales y que también llegaron a manos del Instituto Armado.