A Ximena la golpearon tanto esa noche que terminó con las botas de una oficial de Policía marcadas en la cara. Los ojos llenos de sangre, golpes por todo el cuerpo, la boca destrozada, un esguince en el cuello que aún le duele, pero sobre todo un profundo temor de volver a salir a la calle. Cuando la Policía de la Ciudad de México la torturó, a una cuadra de su casa, tenía 16 años; de ese día han pasado tan sólo 10 meses.

Parecía una noche de sábado más hasta que Ximena y sus amigos vieron en la calle a un grupo de policías golpeando a un chico que ellos conocían. Ella les gritó que no tenían derecho a agredirlo. Esto desató la furia de los oficiales, pero especialmente de una policía, quien la atacó. En total, cuatro agentes la patearon, le dieron de puñetazos en el rostro, la tiraron al piso, la ahorcaron, la esposaron y la subieron a una patrulla. Nunca le dijeron los motivos de su detención.

Ximena permaneció detenida poco más de 24 horas y acusada de robar 10 mil pesos, unos tenis, celulares y dos tarjetas del Metrobús con 30 pesos cada una. Le “permitieron” seguir su proceso en libertad. Y por eso, recibió terapias de rehabilitación para menores como si hubiera cometido un delito.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) en la recomendación 17/2019 señaló a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por 15 carpetas por el delito de tortura contra menores y personas jóvenes de 2014 a la fecha, incluyendo el caso de Ximena. Por su parte, la propia PGJCDMX respondió, a través de una solicitud de información, que tiene registro de 13 indagatorias iniciadas contra servidores públicos por el delito de tortura en agravio de niños, niñas y adolescentes en 2018 y 2019.

“Muchos casos tienen que ver con situaciones en donde pareciera que una interacción o relación (de menores de edad) con la autoridad es una falta de respeto. La reacción es totalmente desproporcionada frente a algún lenguaje soez. Hay un caso [en la recomendación] de un adolescente donde por ‘faltarle el respeto’ a la autoridad sufrió electroshocks”, comentó Juan Carlos Arjona, cuarto visitador General de la CDH local.

Añadió que el número de carpetas contra servidores públicos por tortura a menores no necesariamente significa que sean las únicas, ya que la Comisión tiene registro de que algunas de esas denuncias son reclasificadas como “lesiones” o “abuso de autoridad”. “Sin dejar el mensaje importante de que lo que se investiga es tortura”.

“En las personas mayores, la tortura está pensada en una política de investigación criminal, de amenazar familiares y demás. En los de adolescentes y jóvenes es una forma de castigo a la relación de esta población de 12 a 18 años con la autoridad”, añadió.

Por su parte, la SSC cuenta con 464 menciones en donde figura como probable responsable de la violación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México de 2013 a julio de 2019, según información de transparencia de la CDH. Sin embargo, los datos entregados no permiten conocer de manera pormenorizada cada una de las presuntas vulneraciones cometidas.

En un noticiero de televisión se reportó que un grupo de vecinos había llegado a la alcaldía Iztacalco armado con palos a “rescatar a ladrones”. Eran Adriana Valverde con sus familiares desesperados por no saber dónde estaba la menor.

“Cuando voy entrando [a la alcaldía] se me van encima como cinco policías mujeres y me dicen que estoy detenida. Fue impresionante verla golpeada y prácticamente irreconocible por los golpes”, expresó la madre de Ximena, quien mantiene a su familia con la venta de comida en un puesto.





Ximena estuvo retenida en un cuarto de la alcaldía por varias horas hasta que fue trasladada a la agencia 57 de la Fiscalía para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.

De acuerdo con los datos de la CDH hay 447 señalamientos contra la autoridad local por vulnerar el derecho a la libertad y seguridad personal de menores de edad. De éstos, los tres derechos más violentados son: detención arbitraria (mediante uso de la fuerza desproporcionada), con 158 casos; detención ilegal, con 79, y la tardanza en la presentación del menor ante un MP o juez con 25 casos. No se menciona qué autoridad cometió estas violaciones.

En el caso de la vulneración de los derechos a la integridad personal son cinco las conductas con más señalamientos y acumulan 389 registros, entre ellas se encuentran el uso desproporcionado o indebido de la fuerza, agresiones simples, amenazas e intimidación, negativa u obstaculización para evitar la exposición a situaciones de riesgo de forma injustificada y según el Protocolo de Estambul: traumatismos, puñetazos, patadas, tortazos, latigazos, golpes con alambres o porras.

“No dejé que me revisara [un médico], porque quién me trasladó fue la policía que me pegó, entonces ella tenía que estar presente, yo no quise que estuviera ella, sí la veo en la calle sí la reconozco”, contó la joven.

En la Ciudad de México, la Policía ha detenido y puesto a disposición del Ministerio Público a 27 mil 589 menores de edad de 2012 a la fecha, según datos obtenidos vía transparencia de la SSC. Sin embargo, en ese mismo periodo en la PGJCDMX se tiene registro de 25 mil 682 adolescentes imputados puestos a disposición del MP. Para entender la diferencia entre esta cifras EL UNIVERSAL pidió una entrevista a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no se obtuvo respuesta.

La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) de 2017, realizada por el Inegi, analizó que 55.5% de los menores detenidos en la CDMX sufrieron agresiones físicas para someterlos en la detención, 86.6% fueron esposados, al igual que Ximena. Además, 34.1% de los menores fue amenazado con un arma, 18.6% fue sometido con un objeto u arma y 8.7% recibió un disparo por parte de la autoridad.

Para la abogada e investigadora del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), Samahanta Paredón, los riesgos de que no se informe sobre la detención y traslado de menores de edad aumenta las posibilidades desaparición forzada, como en el caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, el estudiante de 17 años desaparecido por policías de la CDMX en 2018, y encontrado con signos de tortura.

“El color de piel, la zona donde habitan, sus tatuajes etcétera, son factores para que, por ejemplo, las policías se acerquen porque hay un símbolo de sospecha, ahí también entra qué es sospecha razonable, entonces para muchos policías es su aspecto físico, su nivel socioeconómico, su raza e inclusive el idioma, para personas indígenas”, explicó.

Para celebrar su cumpleaños 17, en abril, Ximena pidió permiso a las autoridades para viajar a Acapulco. Pues de enero a agosto de este año para el Gobierno de la CDMX seguía siendo imputada y tenía que acudir a audiencias en tribunales, obstaculizando, además, sus estudios de enfermería.

De acuerdo con la información obtenida por transparencia, los tres delitos más comunes por el que los menores de edad son puestos a disposición del Ministerio Público en la CDMX son: robo a transeúnte, robo a negocio sin violencia y posesión de droga.

La madre de Ximena comentó que tuvo un encuentro con la procuradora General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, para pedirle apoyo por la tortura vivida por su hija. Pero la funcionaria le dijo que ya estaba al tanto de los “destrozos en la alcaldía Iztacalco” y omitió el resto de la historia.

Adriana interpuso una denuncia contra la Policía en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por abuso de autoridad y cuya carpeta se encuentra bajo el folio 238/01-2019. El 22 de marzo le informaron que la agente que se había ensañado con su hija había sido destituida, pero ella la sigue viendo uniformada en su colonia. En la Dirección General de Asuntos Internos le aconsejaron que volviera a interponer una queja, esta vez con fotos de la policía aún en funciones, lo que la madre de Ximena consideró “una burla”.

Ahora, la joven continúa con su preparación académica, pero desde aquél día de enero ya no ha vuelto a fiestas, ni a salir sola por la calle. “Me daba muchos nervios acercarme a un policía, me daba coraje porque se supone que te tienen que cuidar y no, ellos al final de cuentas hacen lo que quieren”, expresó.