Los investigadores del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirman a la SER que la sustracción del móvil a una asesora en el parlamento europeo de Pablo Iglesias, del que extrajeron conversaciones privadas y fotografías del líder de Podemos, obedeció a una maniobra de la “organización criminal del Ministerio del Interior”, para “extorsionarle y boicotear” el posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en 2016.

ACCESO RESTRINGIDO Cinco años de 'policía política' del PP

Fue al principio del verano de aquel año, cuando todavía cabía la posibilidad del pacto, cuando se emplearon contra Pablo Iglesias, algunos de los datos de aquel móvil robado, en medios de comunicación controlados por Villarejo.

El juzgado tiene previsto ampliar próximamente las diligencias de investigación de esta causa, en la que este miércoles se ha personado el líder de la formación morada, con nuevas declaraciones. De hecho, el juez ha abierto una pieza separada nueva para investigar el caso, que ha denominado "Dina", como Dina Bousselham, la asesora de Pablo Iglesias a la que sustrajeron el teléfono móvil.

Los investigadores sostienen que esta causa apuntala la acusación que se sigue en el juzgado contra la Policía Política de Jorge Fernández Díaz, utilizada por aquella cúpula de Interior contra líderes soberanistas, la izquierda o para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b.

Pablo Iglesias ha comparecido este miércoles ante el juzgado donde ha declarado durante media hora en calidad de perjudicado. El político ha mostrado su intención a los investigadores de llegar hasta el final en el caso.

La Policía Política de Fernández Díaz, de la que formaba parte Villarejo, tuvo entre sus objetivos fundamentales al líder de Podemos. Intentó judicializar el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, para desacreditarle y acusar a su formación de financiación ilegal. Pero las distintas instituciones judiciales fueron rechazando el documento porque se trataba tan solo de “elucubraciones” y “copia y pega” de medios de comunicación, sin prueba alguna que mereciera una investigación. Así sucedió en los juzgados de plaza Castilla, en diversos órganos jurisdiccionales más y hasta en la Audiencia Nacional, donde tanto el juez Abascal como el entonces fiscal jefe, Javier Zaragoza, lo rechazaron de plano al sostener que se trataba tan solo de un “conjunto desordenado de noticias” y que no existían indicios de financiación ilegal o blanqueo en su contenido.