Entre los años 2002 y 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal identificó al menos a 18 elementos de la Procuraduría de Justicia capitalina que incurrieron en torturas contra personas detenidas, de los cuales, hasta la fecha, sólo uno ha sido separado de su cargo –aunque no sancionado penalmente–, mientras que el resto continúan activos en las filas de la corporación.

Tal como informó la Subrpocuraduría Jurídica de la PGJDF, contra nueve de estos agentes se inició averiguación previa desde el año 2002, luego de que la CDHDF confirmara que torturaron a dos jóvenes detenidos por robo; sin embargo, once años después, la indagatoria penal contra estos agentes sigue en fase de integración y, por lo tanto, contra ninguno de ellos se han fincado cargos de manera formal.

Otros cuatro elementos, además, están involucrados en la tortura y violación sexual de un joven detenido en 2006, contra los cuales, informó la Procuraduría capitalina, se mantiene hasta la fecha una averiguación penal, aunque sin resultados concretos, mientras que, se subrayó, de forma paralela se inició un expediente ante el Consejo de Honor y Justicia de la PGJDF, el cual determinó sancionar a dos de los acusados, aunque dicha sanción consistió únicamente en suspenderlos por 30 días, luego de lo cual volvieron a sus funciones.

Los últimos cinco agentes señalados como torturadores por el ombudsman capitalino fueron denunciados desde 2011, luego de que la CDHDF confirmara que extrajeron confesiones incriminatorias a dos detenidos, mediante tormentos tales como asfixia por sumersión en agua, golpes en todo el cuerpo y amenazas.

Tal como en los casos anteriores, la Procuraduría cumplió con el trámite de dar por iniciada una investigación penal, aunque hasta la fecha no se han formulado acusaciones contra ninguno de los implicados, así como otra administrativa, tras la cual se decidió que uno de los acusados debía ser despedido, mientras que los otros cuatro fueron liberados de toda responsabilidad.

Sí, pero no…

Estos tres casos de tortura, en los que están involucrados los 18 elementos judiciales, fueron documentados por la Comisión de Derechos Humanos del DF a través de sus recomendaciones 12/2002, 10/2007 y 12/2011, las cuales, aún cuando fueron aceptadas en su momento por la Procuraduría General de Justicia capitalina, hasta ahora siguen “sujetas a seguimiento”, debido a que no han sido acatadas de manera cabal.

En el primer caso, por ejemplo, el ombdusman local no sólo acordó con la PGJDF que iniciaría investigaciones contra los nueve agentes implicados, sino también que indemnizaría a los dos jóvenes que fueron torturados, lo cual se mantiene como un compromiso incumplido.

En la segunda recomendación, relativa al caso de un joven que fue asfixiado con una bolsa y atacado sexualmente con un palo, dentro de una agencia del Ministerio Público, el ombudsman no sólo demandó investigar a los cinco agentes directamente involucrados, sino a todo el personal de la Coordinación Territorial Coyoacán 1 que estuvo en dichas instalaciones cuando estos ataques fueron cometidos.

Además, ordenó determinar la identidad de dos personas que participaron en las torturas, pero que no forman parte de la plantilla de trabajadores de la PGJDF.

En este caso, seis años han transcurrido y estas exigencias siguen insatisfechas.

Por último, en su recomendación 12/2011 el ombudsman local confirmó que cinco agentes torturaron a dos jóvenes para obligarlos a confesar su participación en un homicidio, por lo cual, la CDHDF solicitó a la Procuraduría capitalina separar de sus cargos a estos policías de investigación, en tanto se determinara su situación jurídica, pero, finalmente, sólo uno de ellos fue despedido.

–¿Por qué no se han acatado estas recomendaciones sobre casos de tortura, en los cuales la CDHDF señala incluso los nombres de los responsables, aún cuando fueron aceptadas por la Procuraduría de Justicia del DF? –se pregunta al doctor Jorge Antonio Mirón, subrprocurador Jurídico de la PGJDF, en entrevista.

–El que la Comisión de Derechos Humanos señale nombres no implica que en automático se genere una responsabilidad del servidor público –explica el funcionario–. La realidad es que en muchas ocasiones el análisis de la CDHDF es diferente al análisis que hace el Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría. Las recomendaciones del ombudsman no prueban por sí mismas que los servidores públicos son responsables de algún delito, sino que son únicamente la base para iniciar un procedimiento, por eso, cuando la Comisión nos recomienda iniciar estos procedimientos, nosotros lo hacemos, pero el órgano encargado de llevarlo a cabo tiene autonomía para investigar los elementos que considere pertinentes.

Cabe destacar que, de las 106 recomendaciones emitidas por la CDHDF en contra de la Procuraduría capitalina, de 1994 a la fecha, 27 se relacionan con casos de tortura cometidos por agentes judiciales.

De esos 27 casos de tortura documentados por el ombudsman capitalino, 11 fueron admitidos por la PGJDF, aunque las recomendaciones relativas no han sido cumplidas satisfactoriamente, y cuatro casos fueron negados por la PGJDF, aún cuando la Comisión de Derechos Humanos presentó pruebas de los suplicios a los que fueron sometidas las víctimas.

La última recomendación por tortura que fue aceptada y cumplida a cabalidad por la Procuraduría data de 2008, y desde entonces otras nueve se han acumulado, sin que ninguna haya sido resuelta de manera satisfactoria.