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Hace unos días el Gobierno español casi echa cohetes al anunciar que el pasado año el desempleo bajó en 290.193 personas. Pero es que, realmente, ya a cualquier cosa llaman empleo los muy caraduras, incluido a los que no permiten ni llegar malamente al final del mes. De esos hay muchísimos “empleos”, ninguno, por supuesto, entre la clase política que gobierna y que hace “oposición” en este engendro que llamamos España.

De todas maneras, esa información oculta otra realidad basta más cruda y dura. Por una parte, las personas empleadas cada vez reciben un trato mucho peor. Y por otro, de entre las que no consiguen empleo sólo el 57% reciben algún tipo de prestación de la Seguridad Social, ya sea contributiva o no contributiva. Dicho de otra manera: más de un millón y medio de personas carecen de toda ayuda de la Administración central para poder vivir malamente, aunque sea. Con un volumen de desempleo similar al de ahora, al comienzo de la crisis la citada cobertura alcanzaba el 73,6%, según datos oficiales.

Otro dato escalofriante, al margen de lo ya dicho, es que hay casi 900.000 parados que cobran la llamada renta activa de inserción. Únicamente para personas con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo o para sobrevivir sin él, ésta renta asciende a 430 euros al mes. ¿Estarían dispuestos a vivir los políticos altamente remunerados por las instituciones durante una temporada con esa cantidad? ¿Por qué someten a tamaña tortura a otras personas cuando ellos tienen un sueldo infinitamente superior extraído del dinero público? ¿Es acaso tan difícil hacer una repartición más equitativa? Omitimos las respuestas, por obvias.

Se debe saber que el endurecimiento de las condiciones de acceso y los recortes en la prestación introducidos durante el mandato del presidente franquista Mariano Rajoy han permitido que el Estado ahorre dinero, a costa de empobrecer aún más a los parados.