El Gobierno ha confirmado este lunes que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, permanece ingresada desde el domingo por la noche en la clínica Ruber de Madrid por una infección respiratoria y está a la espera de conocer el resultado del test de coronavirus que ya le ha sido realizado. Calvo, explican fuentes del Ejecutivo, acudió al centro privado de acuerdo "con los convenios de Muface, la mutualidad pública a la que pertenece" por ser funcionaria de carrera.

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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Según figura en su página web, se creó en 1975 "con la finalidad de gestionar el sistema de Mutualismo Administrativo de los funcionarios civiles del Estado" y, en la actualidad, depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de la Secretaría General de Función Pública y de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

Muface es, por tanto, un organismo público que proporciona prestaciones sociales y asistencia sanitaria únicamente a los funcionarios del Estado. Este es el caso de Calvo, que desde la década de los 80 del siglo pasado es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba –un centro público–, aunque en estos momentos se encuentra en servicios especiales por su dedicación a la política.

En Muface el funcionario y su familia –entre los beneficiarios también pueden encontrarse tanto el/la cónyuge como los descendientes del mutualista– pueden optar por ser atendidos por la sanidad pública o por alguna de las compañías aseguradoras privadas, como Adeslas, Sanitas, Asisa, y DKV, que mantienen conciertos con el citado organismo público de asistencia sanitaria a los funcionarios.

El artículo 17.1 de la ley que lo regula establece que "la asistencia sanitaria se facilitará por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, bien directamente o por concierto con otras entidades o establecimientos públicos o privados", como los antes citados.

Cuando logró su plaza de funcionaria Calvo optó por recibir la asistencia sanitaria a través una de esas entidades privadas y, por tanto, no puede ser atendida por la sanidad pública a no ser que solicite el cambio.

La normativa establece que los funcionarios deben conservar el "régimen de seguridad social originario". No obstante, la legislación sí apunta que "durante los meses de enero y junio, los mutualistas y los beneficiarios con Documento asimilado al de Afiliación, que estén adscritos a los Servicios Públicos de Salud o a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, pueden solicitar el cambio de Entidad, por una sola vez en cada periodo ordinario de cambio".

"Solo se admitirá una solicitud de cambio en cada periodo ordinario. Los titulares que no soliciten cambio continuarán adscritos a la misma Entidad que lo estén a 31 de diciembre o, en su caso, a 31 de mayo de cada año", añade Muface.