“Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística”, aseguró el ministro Garavano en su defensa al proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

Sin embargo, según datos publicados por el sitio Chequeado en base a un informe del Ministerio de Justicia de la Nación en 2016, sólo el 0,4 % de las sentencias condenatorias que se dictaron en ese año involucraban a menores de 16 y 17 años. Por su parte, las estadísticas de la Provincia de Buenos Aires en 2017 indican que las denuncias que involucran a menores de 16 y 17 años representan un 3,2 % con respecto a las que implican a adultos.

Además, los propios informes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires revelan que la cantidad de procesos penales juveniles iniciados disminuyeron un 26 % entre los años 2014 y 2017, pasando de 3317 a 2452.

Ninguna de las estadísticas públicas que existen corroboran los dichos del ministro, pero este hecho no impide que el Gobierno mantenga su cruzada para instalar en la agenda la política de mano dura y criminalización, eje central de la campaña para tratar de llegar con chances a las elecciones, en medio de una crisis que se agrava cada vez más.

Asimismo, Garavano aseguró que “sería bueno que la oposición, en lugar de criticar, nos ayude a discutir los proyectos de seguridad para vivir en un país más tranquilo”. Pero esta afirmación del ministro también esconde la realidad.

Por un lado, porque la demagogia punitiva que agita el Gobierno no ha sido exclusividad de Cambiemos, sino que cuenta con el respaldo de distintos referentes del peronismo “opositor”, como Pichetto o el kirchnerista Sergio Berni. El senador provincial de Unidad Ciudadana desfila por todos los canales de televisión y radio destilando su xenofobia y asegurando que bajar la edad de imputabilidad es necesario, sin que ningún referente de su espacio político salga a contradecirlo.

Por el otro, porque ningún “proyecto de seguridad” puede ayudar a “vivir en un país más tranquilo” en medio del brutal saqueo comandado por el FMI. Mientras Cambiemos centra su campaña en demonizar y estigmatizar a la juventud, monta un gran laboratorio de ensayo para dirigir la enorme bronca y el descontento por las consecuencias de la crisis hacia los sectores más vulnerables y castigados de la población.

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Los niveles de pobreza actualmente alcanzan el 33,6 % en todo el país e indican que un millón y medio de niños y niñas pasan hambre en Argentina. La inflación cerró el 2018 en torno al 48 %. Las estadísticas oficiales indican un 9 % de desocupación y un 11,8 % de subocupación, la recesión continúa profundizándose y los tarifazos acumulan un aumento del 2.338 % en los servicios públicos en los últimos tres años.

Estos son apenas algunos indicadores que grafican la enorme desigualdad social y las consecuencias de su plan de ajuste. Eso es lo que buscan esconder bajo la alfombra, mientras fomentan los prejuicios más reaccionarios con su agenda de mano dura y criminalización.