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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió ayer un amparo para efectos a cinco indígenas que enfrentan cargos por diversos delitos, debido a que sus derechos, tales como contar con un defensor que conociera su lengua o la falta de un intérprete durante el proceso judicial, fueron violados.

Por mayoría de tres votos de los ministros Alfredo Gutiérrez, ponente de los proyectos, José Ramón Cossío y Jorge Pardo, la SCJN resolvió que el que sus derechos hayan sido violentados no es suficiente para otorgarles la libertad inmediata, por lo que un Tribunal Colegiado deberá determinar la situación jurídica de los indígenas sin tomar en cuenta las violaciones a sus garantías fundamentales cometidas durante el procedimiento realizado en su contra.

A favor de que se les concediera la inmediata y absoluta libertad mediante un amparo “liso y llano” por las violaciones al debido proceso, como el que hace una semana se le otorgó a la secuestradora Florence Cassez, sufragaron de nueva cuenta los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero.

A diferencia de la sesión del pasado miércoles, en la que se determinó la libertad de Cassez Crepin, en esta ocasión el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no emitió su voto a favor de que a los cinco indígenas se les concediera un amparo “liso y llano” por las faltas cometidas durante el proceso judicial formado en su contra.

Los indígenas originarios de las entidades de Guerrero y Chiapas Manuel López Gómez, Celestino Garay Candia, Eloy García Reyes, Nicolás Gómez Santiz y Joel Mancilla Vázquez, quienes respectivamente fueron acusados por los delitos de homicidio y contra la salud se beneficiaron con el amparo para efectos debido a que los procedimientos penales en su contra no contaron con el respeto a todas las garantías fundamentales establecidas por la Carta Magna.

Celestino Garay, originario del estado de Guerrero, fue acusado por delitos contra la salud; sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de la entidad solicitó al máximo tribunal del país ejercer su facultad de atracción porque el acusado señaló que sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución fueron violados.

De acuerdo con los expedientes, de los cuales Excélsior y Grupo Imagen Multimedia poseen copia, Garay Candia fue detenido en flagrancia en la localidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por elementos militares debido a que era portador de estupefacientes.

El 29 de octubre de 2010 se le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, el acusado alegó que sus derechos se le violentaron al no brindársele asistencia de intérprete y un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, exigencias que, a los magistrados, resultan aplicables en el caso.

“En el presente caso se trata de una persona que pertenece a una etnia indígena, por lo que resulta imprescindible dilucidar si en tales condiciones es necesario que además de un perito traductor, el abogado que lo asista durante el proceso penal también tenga conocimientos en la lengua madre del procesado, así como de que ambos tengan sapiencia en sus usos y costumbres.”

Eloy García Reyes, del estado de Guerrero, fue detenido por elementos castrenses en la 35ª Zona Militar, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación por el delito de narcomenudeo.

Este joven campesino de 34 años también argumentó que se violentaron sus garantías por no designársele un defensor que conociera la lengua náhuatl y los usos y costumbres de su cultura indígena.

Nicolás Gómez Santiz fue acusado en Chiapas por asesinar a un joven de 16 años con arma de fuego; sin embargo, al igual que los anteriores casos denunció violaciones a sus garantías fundamentales por no contar con un defensor que hablara su lengua indígena natal.

Joel Mancilla Vázquez al igual que Manuel López Gómez fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva y acusado en Chiapas por delitos federales contra la salud en su modalidad de transporte de mariguana; ambos exigieron la protección de la justicia por no contar con intérprete y un defensor que hablara su lengua indígena y conociera sus usos y costumbres.

De esta forma en la sesión de ayer, la Primera Sala de la SCJN analizó los problemas que enfrentan los indígenas sujetos a un proceso penal y las vulneraciones en sus derechos si no son tomados en cuenta durante los juicios sus usos y costumbres así como el conocimiento, por parte de la defensa, de la lengua indígena.

dgp

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