Olga García Fernández y Enrique Galindo Ferrández *

Parece que, finalmente, el tan deseado pacto educativo –trabajado arduamente por la Unión Europea, la OCDE y sus lacayos políticos– va a tener lugar. Por fin, el Gobierno del PP ve cómo se le abre el cielo y con la ayuda de su marca naranja y de la gestora neoliberal del PSOE, que traiciona una vez más a sus bases, se plantea un pacto con apariencia democrática (constitucionalista, dirán algunos) para una nueva ley educativa. Un pacto que permita legitimar ante la opinión pública las líneas maestras en política educativa que, de hecho, ya están contenidas en la LOE-LOMCE y en el llamado “Plan Bolonia”, como concreción legislativa de las exigencias de la Estrategia de Lisboa y del papel que ésta asigna a los sistemas educativos.

Así se consuma la trampa mortal del pacto educativo que, en una suerte de infernal mecanismo hegeliano en el que cada nueva ley es la verdad de la anterior, empezó a construirse con la LOGSE, se fue definiendo con la LOE y acabó con la aprobación de la LOMCE en 2013, en el momento álgido de la crisis, coyuntura entendida en la Estrategia Europea de Educación y Formación 2020 (ET2020) como oportunidad para la reforma de los sistemas educativos europeos en términos de flexibilidad y adaptación al mercado de las competencias (que son la mercancía que, en la llamada “sociedad del conocimiento”, se compra y se vende en el mercado laboral), con la consiguiente destrucción de las titulaciones y el avance en el viejo proyecto europeo de crear un sistema de “tarjetas personales de competencias” (ver pág. 33 del Libro Blanco sobre la Educación y la Formación) que acabe, por fin, con la negociación colectiva y permita salarios lo suficientemente bajos para poder ser competitivos.

Esto significa que, en obediencia a las estrategias y recomendaciones europeas ya diseñadas en el Libro Blanco Crecimiento, Competitividad y Empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI de 1993 (para lo que nos ocupa, especialmente en su capítulo 7, “Adaptación de los sistemas de educación y de formación profesional”) y los sucesivos tratados y documentos marco (Maastrich, Estrategia de Lisboa, etc.), ya existía un acuerdo de facto, aunque legislatura tras legislatura se alimente la sensación de que no paran de cambiarse las leyes de educación según la ideología del gobierno de turno cuando, en realidad, se trata del mismo ajuste estructural en sucesivas oleadas.

Más allá (o más acá) de la ideología, PP y PSOE han estado de acuerdo siempre con el proyecto neoliberal europeo. Un proyecto para el que la educación debe ponerse al servicio de los intereses de la economía globalizada neoliberal, que exige la adaptación flexible de una mano de obra que debe aprender permanentemente a reciclar sus competencias (aprender a aprender) para poder mantener el margen de beneficios de las multinacionales europeas frente a las economías emergentes. En la implantación política de este proyecto, dicho sea de paso, no ha sido para nada despreciable el papel de ciertas ideologías pedagógicas retóricamente progresistas y, sin embargo, extraordinariamente reaccionarias en sus efectos reales.

PP y PSOE han acatado históricamente las órdenes de la UE, luego el pacto para la destrucción de la educación existe de hecho y ha existido siempre.La novedad, como se afirmaba en el artículo ¿Qué es la LOMCE y por qué en un contexto de crisis es una prioridad implantarla?, es la urgencia de una ley definitiva, ya sea la LOMCE o lo que surja del pacto a tres entre PP, PSOE y Ciudadanos. Es la urgencia de aprovechar la crisis que Europa entiende como oportunidad para implantar las medidas económicas y políticas que pondrían definitivamente la educación al servicio del neoliberalismo.

La LOMCE es, ya en origen, un “doble intento” legislativo pero un único órdago a la comunidad educativa. El primer intento fue la ofensiva encarnada por el ministro Wert que, apoyándose en una mayoría absoluta parlamentaria y una política de recortes sin precedentes exigida por Europa, ha permitido implantar paso a paso todas las medidas esenciales para destruir la escuela. Se han eliminado asignaturas, se ha despedido profesores, se han masificado las clases, etc. El último pulso han sido las reválidas. Sin embargo, éste es un pulso que el Gobierno se puede permitir perder, porque ya se han consumado los planes que vacían de contenido el currículo, se ha implantado la especialización temprana, se enseña y evalúa por competencias, se tienen en cuenta indicadores o estándares. Se ha destrozado de tal manera la instrucción que, como afirma José Sánchez Tortosa, “la casta política, esa élite soldada al poder en forma de fusión entre idealismo democrático y corrupción estructural, proceda a ajustar los resortes de un sistema educativo que perpetúe, cada vez con mayor eficacia, la feliz ignorancia espontánea de una ciudadanía formal (mero amasijo de electores-consumidores) convertida en monstruo infantil conectado a las terminales de telebasura oficial y privada que construyen sus conciencias”.

El segundo intento, más sutil, es el que enarbola el arma más peligrosa: el talante dialogante del pacto o del acuerdo democrático. Es el último intento de manipulación de la ciudadanía. Es el paso final para la consolidación del desmantelamiento del sistema público de enseñanza a través del acuerdo parlamentario, buscando la unión de las fuerzas neoliberales para generar una ley por consenso que no se llame LOMCE, pero que signifique exactamente lo mismo. Y se ha realizado, una vez más, con maestría: en un primer momento el PP se opuso a la propuesta del PSOE de derogar la LOMCE, aprobada por mayoría en el Congreso, aludiendo a problemas presupuestarios. Esto, que se ha entendido como una pataleta del Gobierno y un triunfo de la oposición, es una absoluta verdad y es conocida por PSOE y por Ciudadanos: se perderán los 650 millones de euros del Fondo Social Europeo si no se aplica lo que la LOMCE contempla y que no es otra cosa que lo que marca la Estrategia Europea de Educación y Formación 2020, documento marco al que debe ceñirse la futura ley, precisamente para que el Fondo Social Europeo financie las reformas neoliberales que él mismo impone.

Ésta es la jugada maestra que da por sentado que se puede mentir a la ciudadanía y que ésta se conformará, a pesar de las movilizaciones que han plantado cara a las políticas del Gobierno: ni PSOE, ni Ciudadanos, ni los sindicatos se oponen a la ET 2020, sino que reproducen, con ciertos matices, el mismo discurso del emprendimiento, el aprendizaje para toda la vida, el acuerdo con los agentes sociales, etc.

Así, con el fin de demostrar su espíritu democrático y dialogante al no tener mayoría parlamentaria, el PP puede hacer lo mismo, pero rebajando el tono arrabalero del anterior ministro. Y sus acompañantes neoliberales, esto es, su marca blanca anaranjada y la gestora del PSOE pueden ponerse los laureles pertinentes ante la opinión pública, presentando una falsa imagen de oposición cuando, de hecho, defienden exactamente lo mismo, porque en lo esencial, como ya hemos dicho, el pacto siempre ha existido.

Cuando se propone a la Mesa del Congreso de los Diputados por parte del PP, de Ciudadanos y de la gestora del PSOE la creación de una Subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y Deporte “para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación que pretende alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea”, según el documento registrado de 25 de noviembre de 2016, se consuma la tomadura de pelo a la ciudadanía, aunque, ya decimos, no es el primer intento.

Ya hubo, en el periodo entre elecciones, varios conatos de pacto en la línea débil y dialogante. Todos proceden del mismo frente, aunque tenga diferentes nombres. José Antonio Marina, tras prestarse a elaborar el Libro Blanco de la Profesión Docente, manual fiel del mantra neoliberal sobre la formación del profesorado y la función docente promovido por organismos interesados como la OCDE, el Banco Mundial y la UE, se ofreció a dialogar con asociaciones, sindicatos y todo aquel que quisiera participar en un posible pacto de estabilidad en materia de educación. Lo hizo en la misma línea que Ciudadanos, defendiendo planteamientos como el MIR educativo, la necesidad del mantenimiento de la enseñanza concertada para establecer una “sana” competitividad entre la escuela pública y los chiringuitos privados y todo con vistas a una ley estable que está “demandando desde hace tiempo la ciudadanía”. En el caso de Ciudadanos, un pacto con vistas a una generación. Ya avisaron las Mareas por la Educación Pública del peligro de pactar a cualquier precio (y con total desconocimiento en materia educativa, por cierto) con el fin de garantizar la estabilidad cuando Ciudadanos propuso la creación de una comisión parlamentaria a tal efecto. Es una generación y no menos, lo que requiere Europa para que se implementen de manera definitiva las reformas estructurales en los sistemas educativos de los diferentes países (algunos ya llegaron a hacerlo en el marco de la Estrategia 2010) y que estos cambios sean irreversibles.

José Manuel Lacasa en un análisis impecable sobre la situación del sistema educativo español y señalando, por enésima vez, el fracaso de sistemas como el de Suecia y Finlandia, básicamente por la implementación de las reformas europeas, advierte de que “estamos ante el peor momento social para un Pacto por la Educación. Fijar un modelo para los próximos treinta años es un suicidio […] En estos momentos, un pacto por la educación es un pacto por los intereses de las empresas educativas, de los partidos, de los sindicatos de profesores, de las patronales de educación. Nadie está hablando verdaderamente de educación, hablan de sus intereses. Lo que hay en el ambiente y lo que se está implantando es técnicamente tan malo que si fijamos esas medidas y no podemos tocarlas en treinta años estamos muertos”.

Aun participando en el Acuerdo social y político educativo impulsado inicialmente por el Foro de Sevilla y consensuado con multitud de organizaciones y colectivos reunidos en Redes por una Nueva Política Educativa, que establece las bases de una alternativa a la LOMCE, y reconociendo que en su espíritu está la crítica al mercantilismo impuesto en la escuela, estimamos que no se llega a hacer una crítica profunda del entorno neoliberal que la está acorralando y transformando sus fines esenciales. Los integrantes de este espacio están, fundamentalmente, interesados en un acuerdo si “éste se construye desde abajo”, aunque la ciudadanía esté completamente desinformada. Eso es, a la hora de la verdad, dejar el trabajo fácil a la élite neoliberal, sobre todo si la respuesta que se da a la invitación al diálogo de agentes del neoliberalismo como Marina es que “el proyecto necesita toda la legitimidad de la que sea posible dotarlo porque pasará por muchas dificultades y tendrá que lidiar intereses e ideologías contrapuestos”.

Ya que “se tiene que provocar la participación y el debate […] Si no se logra compartir los mismos significados no puede existir el consenso (sentido compartido) en las políticas educativas ni esperar que se evite el frenesí de las reformas”. Pues bien, esto ya está solucionado, porque todo el mundo está de acuerdo (o no, pero no se enteran) puesto que ninguno, y el Foro de Sevilla tampoco, cuestiona la Estrategia Europea de Educación y Formación 2020, defendiendo a ultranza el aprendizaje a lo largo de toda la vida (en el peculiar sentido que le dan a esta expresión tanto la OCDE como la UE), la interdisciplinariedad, la reducción de contenidos, los currículos flexibles, etc. La asunción de estos objetivos significa, en definitiva, que “todos compartamos el mismo significado” o, dicho de otra manera, que asumamos, de una vez por todas, la ideología hegemónica de la globalización neoliberal en el ámbito educativo y nos encaminemos felices hacia la consagración final de “la escuela de la ignorancia”. El Acuerdo Social y Político para una nueva Ley educativa debe oponerse explícita y rigurosamente a esta tendencia.

Las organizaciones de izquierda deben sentarse a hablar seriamente de educación y plantear una oposición con base científica y técnica cualificada. Estamos, a nuestro juicio, efectivamente ante el peor momento social para un Pacto por la Educación, pero también es el momento de que allí donde estemos o en los foros que participemos encontremos los cauces para ofrecer una explicación clara y una alternativa a la destrucción neoliberal. Es responsabilidad de Izquierda Unida y de Podemos construir una concepción rigurosa de la educación como única defensa de la escuela pública, de los futuros ciudadanos y de una opinión pública que está siendo rehén y víctima de las más obscenas manipulaciones encaminadas a la destrucción de lo público.

(*) Olga García Fernández pertenece al Área de Educación de Podemos Castilla-La Mancha. Enrique Galindo Ferrández es miembro del Área de Educación de Izquierda Unida. Ambos publicarán en breve, junto con Carlos Fernández Liria, un libro titulado 'Escuela o Barbarie. Entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda', en la Editorial Akal.