Asistí a la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. El tema era, supuestamente, conocer su opinión sobre las leyes de seguridad interior. En realidad, fuera de decir que estaban de acuerdo con las iniciativas de seguridad interior, porque no se podían ir los militares de sus estados en el corto plazo, en realidad hablaron de la profunda crisis de seguridad de sus estados. En buena medida no es su culpa, ya que lo que en realidad se tiene es una media docena de iniciativas que coinciden en establecer el concepto de seguridad interior, que es cuando las instituciones están en riesgo, pero que difieren en muchas otras cosas. A los gobernadores les preocupa, con toda razón, que los militares se retiren pronto, porque esa parece ser la disyuntiva que se les puso, se les dice que o se aprueba esta ley, o el ejército se puede ir.

A los gobernadores en realidad les preocupa contar con el apoyo necesario para construir instituciones de seguridad, policiales y de investigación, así como políticas de prevención efectivas. El problema es que las iniciativas de seguridad interior que consumen la energía del gobierno federal no contempla este tema. Se trata de una propuesta de regulación que en realidad no se convertirá en una política pública para mejorar la seguridad, esa es la tragedia, que los momentos en los que la violencia alcanza los mayores niveles de la historia, discutimos algo que no tendrá resultados en ese sentido.

Es curioso que los gobernadores se presten a participar en la estrategia publicitaria del gobierno federal en apoyo al tema de seguridad interior, cuando en la narrativa oficial ellos son los responsables de la crisis de seguridad y, por tanto, de que sea inevitable que el ejército asuma funciones de seguridad pública. Se dice que los gobernadores han sido omisos en sus responsabilidades de seguridad y que no han sido capaces de construir cuerpos de seguridad medianamente competentes. Eso es correcto, pero solo hasta cierto punto. En realidad, el responsable de la crisis de seguridad es el gobierno federal y su fracaso en implementar políticas de seguridad medianamente eficaces.

En primer lugar, la mayoría de los delitos, que son relacionados con el crimen organizado, corresponden al ámbito federal. Segundo, según una auditoria de desempeño de la Auditoria Superior de la Federación, “la Comisión Nacional de Seguridad Pública no fungió como un actor que incida en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, debido a las deficiencias en la generación de información y en el análisis del comportamiento de fenómeno delictivo para el mejoramiento de las estrategias de seguridad…”. Es decir, el gobierno federal ni cumplió con su promesa de desarrollar nuevos modelos de prevención, de una gendarmería militar, una policía civil, capaz de combatir al crimen organizado, ni pudo organizar y coordinar el desarrollo de instituciones de seguridad a nivel local.

Se dice que los gobiernos estatales frecuentemente no ejercen correctamente los recursos federales de seguridad. Eso es verdad. Como también es verdad que las reglas de ejercicio de los mismos son por demás complejas y que no se puede utilizar para lo más importante, que es incrementar el salario y mejorar las condiciones laborales de los policías. El diseño de los fondos de seguridad del ramo 33 es básicamente para pagar por gasto en armamento e infraestructura relacionada con seguridad, no para consolidar un sistema nacional policial en donde los miembros de los distintos cuerpos policiales cumplieran los mismos estándares y recibieran salarios similares.

La verdad es que independientemente de que algunos los intentan y otros simplemente han renunciado a ello, la construcción de las fuerzas policiales que necesitamos solamente se va a lograr con financiamiento federal y mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno. Culpar a los gobernadores de la crisis de seguridad es una estrategia simplona del gobierno federal para librarse de rendir cuentas de sus medidas fallidas en la materia. En realidad, de la reunión de los gobernadores me quedo con la impresión de que el gobierno federal los ha dejado solos.

Lo que les importa a los gobernadores no tiene que ver con lo que se discute en seguridad interior. Es decir, de dar al ejército un marco legal para que, con poca transparencia y controles laxos, pueda intervenir de manera permanente en labores de seguridad. A ellos en realidad les preocupa tener recursos y mecanismos para resolver temas como el de los reclusorios.

De hecho, en el estado de uno de los mandatarios que acudieron a la Cámara se registró una fuga esa misma noche. Hablan de planes para que el ejército eventualmente se retire de sus entidades, pero confiesan la falta de recursos. Se muestran preocupados por las causas sociales del delito, pero no identifican políticas exitosas de prevención. Identifican el riesgo de que generaciones enteras de jóvenes se incorporen al crimen organizado, pero en general no son capaces de proponer políticas de desarrollo que detonen empleo y por tanto alternativas de vida a la población.

Los gobernadores tienen una enorme responsabilidad de la crisis de seguridad que enfrentamos. Uno de sus principales fallas ha sido el de no articular una propuesta seria con respecto a los mecanismos federales de ayuda que requieren para hacer frente a la gravísima crisis de violencia que enfrentamos. Ante la falta de liderazgo y políticas efectivas de seguridad por parte la federación, los gobernadores no ofrecen nada distinto, porque tienen serias limitaciones y porque ni siquiera se lo plantean. Esa fue mi impresión del encuentro que tuvimos los diputados con los tres gobernadores. Lo que vi fue un grupo de mandatarios aterrados por los que viven, interesados en enfrentar el problema, pero incapaces de exigir lo que requieren y cuestionar lo que a nivel federal evidentemente no funciona. En ese tenor se pronunciaron por legislar sobre seguridad interior, aunque nunca hablaron de eso, aunque lo que si les importa que se legisle está en otros ordenamientos, aunque la legislación que se propone en realidad los debilita.

@vidallerenas

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