Al menos 961 personas sufrieron torturas en el Estado español durante 2014 en 194 situaciones –cada una de ellas contando una o varias personas agredidas–. Los datos los aporta el informe de 2014 de La Tortura en el Estado Español, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), en la que convergen cerca de 50 colectivos entre los que se cuentan la Comisión Legal Sol, la Campaña por el Cierre de los CIE, la Asociación contra la Tortura, Salhaketa, Jaiki-Hadi y el Grupo 17 de Marzo, entre otros.

Las agresiones se produjeron sobre personas que estaban bajo custodia de los funcionarios, como comisarías y prisiones, o durante el transcurso de intervenciones policiales en manifestaciones y otras situaciones. Desde la Coordinadora señalan que en el informe no se han incluido todas las denuncias de torturas y malos tratos recibidas durante 2014. Algunas se han dejado fuera por petición de la persona afectada y otras porque la información no se ha podido contrastar suficientemente. “También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.”, explican en el informe.

Entre 2004 y 2014, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha documentado 2.931 situaciones de torturas o malos tratos en las que se han contado hasta 7.582 personas afectadas. “Las denuncias aumentan y disminuyen sin que pueda observarse ninguna tendencia reseñable”, explican desde la Coordinadora. Lo que sí resaltan es que, durante a los últimos cuatro años pasados desde el 15M, “aquellos en los que ha habido más movilizaciones sociales han supuesto los de mayor número de personas afectadas”. Así, 2011 y 2012, con las protestas en torno al 15M, y 2014, con movilizaciones relacionadas con las protestas en Gamonal y el desalojo de Can Vies, son los años en los que más denuncias han contado.

Por comunidades autónomas, Madrid es la que ha registrado más casos, seguida de Andalucía y Catalunya. Por número de personas afectadas, es Catalunya, con 277, la que presenta un número más alto, seguida por Andalucía con 221 y, a mucha distancia, Madrid (144) y Melilla (121). Sin embargo, el informe señala que los datos recabados son superiores en las zonas donde los colectivos que participan en la Coordinadora tienen más implantación.

Muertes bajo custodia o por actuaciones policiales

El informe también dedica un apartado a los casos de fallecimientos de persona bajo custodia. En 2014 se contaron un total de 50 casos de muertes de personas mientras se encontraban bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado o del personal de otros espacios de custodia de responsabilidad de la Administración –como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), prisiones o centros de menores– o durante intervenciones policiales. “A estos datos habría que añadir una persona a la que algunas fuentes dan por muerta, pero cuyo cuerpo no ha sido hallado, por lo que preferimos considerarla ‘desaparecida’”, añade el informe.



Entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 20014, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha documentado 586 fallecimientos en estas circunstancias. “Si bien somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes ‘inevitables’, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguardia del derecho a la salud y a la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico sanitarias de la misma, motivos que nos lleva a preguntarnos cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación”.

24 de las personas fallecidas en 2004 fueron en situación de privación de libertad y las otras 26 ocurrieron en la vía pública. En este último apartado, el informe ha incluido las muertes ocurridas en las vallas de Ceuta y Melilla o en el mar si son el resultado de la intervención de las cuerpos de seguridad españoles.