La carta del catedrático Pablo Chico exhibida este miércoles por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como prueba de que solo hubo un error administrativo en la modificación a posteriori de sus calificaciones de máster, contradice sus propias palabras sobre por qué no acudía a clases y no tuvo que presentarse a exámenes: "Hablé con la dirección del máster para ver cómo mi asistencia y mi evaluación se podía producir".

Cifuentes dice que el "título es perfectamente legal" pero no aporta ningún documento nuevo que lo pruebe

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Sin embargo, el documento escrito por Chico de la Cámara presentado por la política del PP asegura que "la estudiante Cristina Cifuentes Cuencas se personó al examen de la citada asignatura". Y refrenda que lo sabe porque él "personalmente" había corregido la prueba: "En junio de 2012, tengo constancia de que Cristina Cifuentes se personó al examen porque lo corregí yo personalmente. No obstante, tuve la mala fortuna que al transcribir las calificaciones a la aplicación informática se cometieron varios errores humanos en las actas de los estudiantes".

Pero, tras sus intervenciones parlamentarias, la presidenta regional ha admitido que no acudía a las clases ni realizó los exámenes ordinarios del máster en el que se matriculó en 2012. "Los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias de tener muy poco tiempo para poder acudir a clases" ha respondido. "Esto se sustituye por otra presentación de trabajos y por otras tutorías y por otra serie de actividades complementarias".

Es decir, la presidenta de Madrid ha confirmado –y hasta justificado– sus ausencias, mientras, minutos antes, lucía la misiva del catedrático para librarse de responsabilidades en las que el docente aseguraba que ella sí fue a su examen y que solo un fallo administrativo obligó a cambiar las calificaciones.

La carta presentada este miércoles por Cifuentes desde el estrado de la Asamblea de Madrid se redactó el 21 de marzo de 2018 por la mañana, según fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue una exigencia del rector, Javier Ramos, después de hablar con los catedráticos implicados en la modificación de notas de la presidenta: Pablo Chico y Enrique Álvarez y antes de salir en rueda de prensa a contar su versión sobre el asunto acompañado por ambos docentes. Un compromiso por escrito de lo que le habían relatado verbalmente.

También Álvarez redactó su texto para el rector, explican las mismas fuentes. Pero es un contenido ahora ya contaminado porque hacía referencia a la defensa del trabajo fin de máster y al tribunal compuesto por tres profesoras vinculadas estrechamente al Instituto de Derecho Público que dirige Álvarez: Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Una comisión de evaluación cuyos nombres aparecieron en el acta de TFM esgrimida por Cifuentes como prueba de que había hecho todo bien ("con un 7,5, por cierto", dijo). Un acta cuyas firmas arrojan más dudas por estar –al menos dos de ellas– falsificadas, según ha publicado El Confidencial. Un acta que, como la carta de Álvarez Casado, no ha salido este miércoles en la sesión plenaria entre los documentos que, según Cifuentes, prueban que todo se ajustó a la ley.

Ambas cartas, la del catedrático Chico y la del director del Instituto, han sido incorporadas al expediente de investigación que está desarrollando la Universidad Rey Juan Carlos e iniciada solo horas después de que la institución dijera en público que todo lo referente al curso de Cristina Cifuentes estaba en orden.