Alan Rodríguez, que tiene 21 años y síndrome de Down, recibió su título secundario oficial cuatro años después de concluir los estudios, gracias a una decisión de la justicia porteña que revirtió la negativa del colegio y el ministerio de Educación a otorgarlo, basada en que había cursado con proyecto pedagógico individual a raíz de su discapacidad.

Hace un año, la justicia ordenó al Instituto Jesús María de San Vicente de Paul y al Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires a entregar el título a Alan, luego de una discusión sobre la forma en la que debía ser confeccionado, pero recién ayer el joven logró recibirlo junto al certificado analítico similar al del resto de sus compañeros.

Alan fue a la misma escuela desde los 3 años, cursó la primaria y la secundaria con un proyecto pedagógico individual, y alcanzó los objetivos planteados en dicho instrumento con excelentes calificaciones.

Sin embargo, al finalizar sus estudios en 2013 le informaron que su título no podía ser entregado porque -según la escuela y el Ministerio- no había cumplido contenidos considerados mínimos si se lo comparaba con el resto de los estudiantes.

En 2015, luego de múltiples reclamos, Alan y su familia decidieron llevar su caso a la justicia, con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva.

En octubre de 2016, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad reconoció su derecho a la educación inclusiva y ordenó a la escuela y al ministerio la entrega y legalización de su título, aunque la decisión fue apelada.

En esa resolución, la juez aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados partes que la suscriben a garantizar sistemas educativos inclusivos.

El fallo destacó que "el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones", es decir que a cada alumno se le exija alcanzar "los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella".

Para el caso de los alumnos con un proyecto pedagógico individual, como el caso de Alan, que tiene discapacidad intelectual, "el alcance de los objetivos se refiere a los que están allí fijados por los profesionales que realizan la adecuación de contenidos", se especificó en la sentencia.

Tras la decisión, surgieron discusiones relativas a la forma en la que el título debía ser confeccionado, y la justicia finalmente decidió que fuera exactamente igual al del resto de los alumnos, dando un paso más en el reconocimiento de su derecho a la igualdad.

"Después de 4 años de haber egresado, Alan tiene el mismo título que quienes estudiaron con él, y con ello logró superar una barrera que se oponía a su inclusión en la comunidad", aseguraron desde ACIJ.

Al respecto, Florencia Innamorato, la mamá de Alan, contó a Télam: "Estamos muy felices, Alan hoy es otra persona, está feliz. No para de hacer cosas, hoy se levantó temprano y fue al grupo de jóvenes solidarios de Asdra para hacer tarjetas con deseos de inclusión para mandar a empresas y poder difundir el mensaje".

"Entiendo que esto no tendría que ser para festejar y debería ser algo natural, pero si es una celebración y un triunfo, para nosotros y para los que vienen atrás, que no van a tener que pasar la mentira de darles un título trucho".

La abogada de la ACIJ, Celeste Fernández, afirmó que "es un logro para Alan y su familia, pero lo importante es que esto es un logro para el colectivo de la discapacidad intelectual. Sin dudas este caso visibilizó la necesidad de seguir estudiando que tienen las personas con discapacidad y sirvió para poner en la agenda pública el tema".

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), y expertos en discapacidad y educación como Mariano Godachevich y Carlos Skliar, participaron del reclamo judicial en la condición de amicus curiae.