La Procuraduría General de la República deberá entregar a un solicitante la versión pública de todas y cada una de las solicitudes que emitió para intervenir comunicaciones telefónicas privadas en los últimos siete años, de acuerdo a la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Antes de este fallo, la Procuraduría se había limitado a responder que del 1 de enero de 2009 al 6 de enero de 2016 había obtenido autorización de mil 167 órdenes de intervención por los Jueces Federales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones Privadas, pero omitió decir el total de solicitudes (las concedidas y negadas), fechas y autoridad a la que se presentó, así como especificar si se trató de una línea fija o móvil.

La Corte justifica la geolocalización de celulares sin orden judicial para proteger la vida de las personas

Uno de los argumentos del ponente de este recurso, Joel Salas Suárez, fue que “la información pública sobre la justificación de solicitudes de intervenciones telefónicas por parte de la PGR, sirve para que rindan cuentas y demuestre que actúan con apego a la ley”.

También recordó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien resolvió el pasado 5 de mayo que la geolocalización en tiempo real no requiere de autorización judicial, por lo cual es importante saber qué motiva a una instancia a solicitar la intervención de una línea telefónica.

PGR respondió no tener un sistema para desglosar los datos como fueron solicitados, pero el pleno del INAI concluyó que no hizo lo suficiente para “localizar la expresión documental que dé respuesta a la solicitud de información”.