Viene publicando Antonio M. Vélez en eldiario.es unos informes impagables sobre el estado del bienestar de los ejecutivos del Ibex, con sus pensiones multimillonarias, sus salarios, sus bonus y sus economatos en general. Por la última de sus entregas hemos sabido que 758 directivos de estas empresas tienen contrato blindado con indemnizaciones por despido de hasta cinco años de sueldo, y que estos salvavidas, repujados en titanio y con incrustaciones de esmeraldas, se dispararon en plena crisis económica. Los que carecen de ellos han resuelto su futuro con pensiones astronómicas para que la vejez les sea soportable a ellos y sus próximas cinco generaciones. El miedo de esta gente a la indigencia es ancestral.

Estos defensores del liberalismo han subvertido el derecho de propiedad en la medida en que actúan como si las multinacionales que representan fueran suyas y les hubiera sido concedido acceso libre a la caja fuerte. La opinión de los accionistas es tan irrelevante que, en la mayoría de los casos, ni se somete a su consideración las regalías y las prebendas. El directivo no cobra por su trabajo sino que transita hacia la condición de millonario, que al parecer es el destino que tienen escrito en las estrellas.

Los argumentos para justificar estos enriquecimientos desmedidos son racionalmente insostenibles. Tan falso como que sus remuneraciones las marca el mercado es que éstas sean acordes a la creación de valor que los ejecutivos aportan a las empresas. Un caso reciente es el del ya expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, cuya salida de la entidad tras anunciar unas pérdidas de 3.500 millones y dejar la entidad al borde de la insolvencia ha sido premiada con una pensión de 23 millones en justo pago a los servicios prestados. Hasta en el OPUS se santiguan.

Más obsceno aún es que los príncipes de este nuevo capitalismo se crean en la necesidad de aportar su visión sobre cómo ha de conducirse el país ya que, llegado a cierto nivel de ingresos, adquieren por ciencia infusa la solución mágica a cualquier problema. Sus remedios apenas difieren. Encumbrados a las plantas más altas de los rascacielos donde tienen sus despachos, las hormigas que vislumbran a pie de calle sólo son gandules sometidos a una dieta de sopa boba a los que hay que meter en cintura.

Quienes jamás utilizan la Sanidad pública porque hasta para tratarse un sarpullido visitan a su dermatólogo de Miami en jet privado aconsejan que los jubilados paguen sus medicinas; los que llevan a sus niños a Eton o al Surval Mont-Fleuri suizo si son niñas imparten cátedra sobre una reforma del sistema educativo que mejore la eficiencia del "capital humano", que es como se denomina a los estudiantes en el lenguaje de los mercaderes. Los que ganan en una hora más que sus empleados en un mes aconsejan reformas laborales, contención salarial, despido libre y gratuito y recortes en el seguro de desempleo, porque en una sociedad moderna no hay lugar para tanto ocioso.

Tipos con pensiones de hasta 80 millones de euros ven insostenible el sistema público y proponen a los jubilados que complementen sus jubilaciones de miseria con planes privados. Son los que defienden que el Estado adelgace hasta la anorexia y que bajen los impuestos, especialmente los suyos, mientras encalan sus capitales en paraísos fiscales, que las Bahamas y no sólo África merecen también un ayudita al desarrollo.

Existe un Estado del Bienestar insostenible que hay que desmantelar a toda costa y otro edificado con las vigas maestras de la opulencia que siempre permanecerá en pie. En los pobres y en la clase media no se puede confiar porque al menor descuido se ponen a vivir por encima de sus posibilidades y hacen saltar la banca con sus caprichos. La prosperidad no es socializable.