La Coordinadora Nacional de Migrantes presentará, este jueves, una petición ante el organismo internacional para que se garantice la paralización de las expulsiones mientras se tramitan acciones que buscan revertir esta medida del gobierno. El documento aborda la situación de 700 inmigrantes que tienen orden de expulsión, de ellas alrededor de100 son mujeres con hijos en Chile.

“Su pasaporte fue rechazado en este proceso de regularización”, ese fue el mensaje que leyó Jamilka González (33), el 30 de mayo pasado, en la página de Extranjería y Migración. La misma situación enfrenta Pilar Manzueta (32) y Emelin Feliz (30). Las tres mujeres dominicanas tienen hijos que nacieron en Chile y, por lo mismo, les preocupa la situación que deberán enfrentar.

Algo común entre las mujeres es que llegaron al país en búsqueda de oportunidades laborales. El año pasado presentaron los documentos para regularizar su condición migratoria, pero fueron rechazados. Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo que buscaba dejar sin efectos las eventuales expulsiones, sin embargo, fue desestimado por la Corte Suprema.

Sumado a este fallo del máximo tribunal, este martes se efectuó una expulsión de más de 40 personas en un vuelo que salió a Venezuela y Colombia. El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que las expulsiones están apegadas a derecho y señaló que “se tendrían las puertas abiertas para quienes quieran regularizar su situación, pero ante infracciones a la ley la consecuencia es la expulsión”.

Sin embargo, el tema ha generado amplio rechazo porque afectaría los lazos familiares de las personas que tienen orden de expulsión.

Solicitud ante la CIDH

Pese a esto, el abogado de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Rodolfo Noriega, sostiene que, en el caso de las mujeres con hijos mencionadas anteriormente, no han sido condenadas por ingreso clandestino, dado que no se puede tipificar el delito por un Decreto de Ley N°1094, como es la que rige la migración desde 1975. Por lo mismo, se generaría un conflicto de legalidad en el rechazo a sus procesos.

Ante la situación, la Coordinadora presentará, este jueves, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se paralicen las expulsiones mientras las personas las impugnen administrativa y judicialmente la medida. Hasta ahora el documento integra la situación de 700 personas que tienen orden de expulsión y, de ellas, cerca de 150 son migrantes con familiares chilenos, mayoritariamente mujeres.

“Es una medida de protección transitoria porque cuando el Ejecutivo establece una expulsión esta no se suspende y la ejecución continúa porque es de orden administrativa, solamente de manera excepcional esta se podría suspender”, indica Noriega. Sin embargo, explica que la Convención para la protección para los Trabajadores Migratorios y sus Familias establece como derecho la suspensión, pero el país no lo estaría respetando.

Pilar Manzueta comenta a El Desconcierto que su hijo tiene dos meses y que vive junto a su pareja. “Me preocupé porque había hecho los trámites, pero no me habían avisado nada hasta que consulté con la Coordinadora y me enteré que me habían rechazado el proceso”, relata.

«No es constitucional»

El ex jefe del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval, durante la segunda administración de Michelle Bachelet, hace hincapié en que la normativa de extranjería no considera atenuantes respecto a los extranjeros que no tengan antecedentes penales o que tengan hijos nacidos en Chile. Es decir, la expulsión en el Decreto Ley tiene las mismas reglas para el caso de un criminal que en el de un mero infractor administrativo, tenga éste hijo o no.

A su juicio, el conflicto no es de legalidad, sino que de constitucionalidad porque es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Reconoce, además, que hay fundamento jurídico para proceder a esta expulsión, pero que bajo ningún motivo esto es constitucional. “Esta decisión socava lo que creo deberíamos cuidar como sistema jurídico y como sociedad”, señala.

Consultados por El Desconcierto, desde el departamento de Extranjería -encabezado por el ingeniero civil Álvaro Bellolio- señalaron “se analizarán las razones del rechazo de manera individual y considerando todas las circunstancias asociadas, una de ellas es su familia nuclear arraigo. Siempre cumpliendo con el debido proceso y con todas las instancias de apelación que correspondan”.

A esto agregaron que: “Siempre se atiende el interés del Niño como interés superior a proteger. Esa será siempre la política del Gobierno en sus actuaciones y es por eso que se realizan cuidadosamente las ponderaciones cuando hay menores involucrados”.