El estreno de Carolina Schmidt haciendo frente a un conflicto ambiental como ministra fue imputando a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) su responsabilidad en el drama que tiene a Quintero-Puchuncaví bajo una inédita alerta amarilla, tras dos episodios de nube tóxica. La Superintendencia de Medio Ambiente, por su parte, fiscalizó las instalaciones y ordenó la suspensión parcial de actividades de sus faenas.

El senador RN Francisco Chahuán condenó públicamente a ENAP y le pidió “cambios radicales a la empresa”, mientras el intendente Jorge Martínez aseguró que había “pruebas concretas”. Sin embargo, la acción del Gobierno ha dejado una serie de dudas y sospechas respecto a lo que realmente ocurre en la denominada “Zona de Sacrificio”, donde operan al menos 17 empresas industriales.

Si bien la ministra fue enfática en que “hemos podido detectar que en ENAP se han realizado faenas que podrían estar emitiendo estos gases tóxicos (…) que hoy afectan a la población de Quintero”, la empresa pública deslindó responsabilidades y le aclaró a través de una declaración pública que los tres compuestos que habrían afectado a la comunidad (isobutano, nitrobenceno y metilcloroformo) no se almacenan, producen o se utilizan en sus instalaciones en Quintero.

La veloz condena de las autoridades contra la ENAP no sólo fue refutada por la misma empresa, sino también llamó la atención del mundo científico. Tras conocer las declaraciones de las autoridades y la resolución de la SMA, investigador del Laboratorio de Química Analítica Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso, Manuel Bravo, reconoció que “no he visto evidencia científica” que respalde la acusación contra ENAP. “Como buen científico y respetuoso del rigor en lo que tiene que ver una investigación cuando hay que sacar una conclusión tan compleja como ésta, claramente la respuesta ha sido demasiado rápida”, dijo a Radio Cooperativa.

“Percepción de malos olores”

Lo cierto es que el acta de notificación de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), a la que tuvo acceso El Mostrador, no alude en ningún momento a alguna medición empírica en terreno que compruebe emisión de gases o emanaciones tóxicas desde las faenas de la empresa pública cuestionada, como las mencionadas por la ministra. Es más, el documento es reiterativo en ocupar la palabra “presunción” y sólo se argumenta en la "percepción de malos olores" para determinar las “medidas provisionales pre procedimentales” contra ENAP, que apuntan básicamente a la suspensión temporal de dos estanques.

El informe señala que “los hechos (...) hacen presumir que los olores molestos que afectaron a la localidad de Quintero fueron originados en la actividad productiva de ENAP, específicamente en las labores de limpieza de los estanques T5104 y T5109 y en su posterior descarga al sistema de tratamiento de riles de dicha instalación".

El oficio añade que la presunción se construye en base a las bitácoras de obra de la empresa Gasmar (vecina de ENAP); la percepción de malos olores por parte de fiscalizadores de la superintendencia; y la realización de trabajos de mantenimiento en los estanques en fechas coincidentes a la percepción de malos olores, según da cuenta la bitácora de la empresa contratista NEXXO S.A.

Parlamentarios RN apuntan ahora a “otra empresa”

Hoy el senador RN Francisco Chahuán, al momento de ingresar un recurso de protección, suavizó sus dichos de condena contra ENAP y ahora pidió investigar a otras empresas. Aseguró que no sólo ENAP tendría responsabilidades, sino que existiría una segunda empresa que habría originado la primera fuga de partículas tóxicas a principios de semana “y por eso hemos entregado algunos antecedentes que ha dispuesto la Seremía de Salud, en los cuales se establece que en algunas empresas había mediciones de dióxido de azufre con peak que sobrepasaban la norma".

En la misma línea, el diputado RN por la zona, Luis Pardo, también hoy indicó que lo de ENAP son "sospechas", y apuntó que “nuevos antecedentes apuntarían a otra empresa de la zona que utiliza en sus procesos productivos los gases tóxicos que afectaron a la población, por lo que debemos seguir adelante con la investigación para tener certeza de cuál fue la fuente contaminante".

En la zona existen empresas que emiten este tipo de elementos químicos como Oxiquim, AesGener y Codelco.

Las miradas sobre Oxiquim

Oxiquim es una empresa que en su página web se presenta como líder en la comercialización de productos químicos y dice estar “comprometidos con la comunidad y el medio ambiente”.

El presidente de su directorio es Fernando Barros Tocornal, un abogado tributarista cercano a la familia Pinochet y al Presidente Sebastián Piñera. Por 17 años, en el bufete Barros &Errázuriz, Barros Tocornal fue socio de Gonzalo Molina Moren, esposo de la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt.