El reciente acuerdo, presuntamente de legislatura (que no de una imposible investidura) entre Pedro Sánchez y Alberto Rivera ha sido ya objeto de crítica desde diferentes organizaciones sociales –incluidos los sindicatos mayoritarios-, distintas formaciones políticas de izquierda y nacionalistas “periféricas”, e incluso dentro de las filas del propio PSOE: su sello naranja en lo económico-laboral (algo previsible con negociadores como Jordi Sevilla y Luis Garicano), su timidez en el plano socio-ecológico, en la defensa de las libertades frente a la “ley mordaza” y en la lucha contra la violencia machista (subsumida en la “intrafamiliar”); su firmeza (la única que aparece claramente en todo el texto) en “oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”; su disposición a garantizar la “estabilidad presupuestaria” al servicio de la deudocracia y el Pacto Fiscal europeo, así como su compromiso con una política exterior de la UE cada vez más agresiva, tanto hacia el exterior como respecto a la población que reclama refugio y asilo, son solo algunos de los puntos más rechazables de este pacto.

Su objetivo parece bastante evidente: aprovechando la crisis de un PP profundamente afectado por los escándalos de corrupción en dos de sus bastiones principales –Valencia y Madrid- y por el debilitamiento del liderazgo de un Rajoy, cada vez más cuestionado por su electorado y dentro de sus propias filas, pretenden conseguir la abstención de esta ya vieja derecha (en la que ya no confía una parte de los poderes económicos) en la votación de investidura, aunque sea en la segunda votación o más adelante. Aun así, no parece que ese propósito vaya a cumplirse, por lo que vamos a seguir viendo nuevas secuencias de una película en la que al final, quizás, bajo la presión creciente de los poderes económicos y ante el miedo a nuevas elecciones, lleguen las tres principales fuerzas del régimen a encontrar una fórmula de gobierno, aunque sea con un “independiente” y para una legislatura corta.

Con todo, dentro de ese acuerdo ha quedado menos resaltada (salvo en el asunto de las Diputaciones) la doble propuesta de reforma constitucional que aparece en el mismo. La primera, a desarrollar en el primer mes del nuevo gobierno, incluiría cinco puntos: supresión de los aforamientos, reducción del número de firmas necesarias para las Iniciativas Legislativas Populares a 250 000, limitación de mandatos de presidencia del gobierno a 8 años, reducción del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial y supresión de las Diputaciones provinciales, salvo en los casos vasco y canario. La segunda, aspiraría a ir más lejos incluyendo, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos sociales con garantías (algo difícilmente compatible con el artículo 135) o la reforma del sistema electoral (pero sin cuestionar la circunscripción provincial), así como el compromiso de “desarrollar el concepto de Estado federal”, única fórmula que aparece como promesa tardía de satisfacción al electorado catalán. Eso sí, dejan claro que están “orgullosos de la Constitución” y que “no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma”.

Es esta voluntad compartida de ambos líderes de ir más allá de un acuerdo de investidura (aunque ésta no salga ahora) la que aspira a tener mayor recorrido y la que, a la vez, confirma que los líderes de ambos partidos son conscientes de que no nos encontramos tan solo ante un debate sobre la gobernabilidad del régimen sino ante la necesidad de superar la crisis de legitimidad del mismo y de la “Constitución dual”, española y europea, en que se sigue sustentando. Por eso la mención a una “nueva Transición” está en la boca de las elites políticas y económicas, conscientes de que se ha abierto una nueva etapa histórica en la que es obligado afrontar ese desafío. Por esa razón también, el emplazamiento de Albert Rivera al PP está hecho en nombre de la búsqueda de un nuevo “consenso constitucionalista”, dejando así claro que no pretenden llegar muy lejos en esas reformas y que excluyen del mismo no sólo a las fuerzas políticas independentistas sino a todas aquéllas que apuesten por ir más allá de una mera reforma parcial de la Constitución escrita.

Si esto es así es porque desde el ciclo iniciado por el 15M esa crisis de legitimidad se debe a una combinación de causas endógenas relacionadas con el propio sistema (corrupción, políticas austeritarias, crisis modelo nacional-territorial) con las que tienen que ver con la transformación de la desafección ciudadana en una creciente ola de protestas que ha puesto al desnudo la crisis de representación política para luego ir generando nuevas herramientas políticas, con Podemos y las confluencias en primer plano. Paralelamente, la conformación de un movimiento soberanista catalán también ha incidido en esa crisis, desbordando el pacto interélites –española y catalana- existente hasta entonces y abriendo una grieta muy profunda dentro del propio Estado español. Dos procesos diferentes pero con intersecciones posibles en torno a la reivindicación común del “derecho a decidir”, de la soberanía popular, no solo frente al despotismo oligárquico español y europeo sino también ante el fundamentalismo constitucional del nacionalismo español dominante.

Así es como el debate sobre la idea-fuerza de “proceso constituyente” -popular, plural y participativo- ha ido entrando en la agenda política, pese a que todavía sean muy débiles –salvo en Catalunya- las bases a partir de las cuales construir sujetos colectivos capaces de pasar de la potentia a la potestas. Por eso, como muy bien escribe Carlos de Cabo, “solo cuando en el horizonte aparece la posibilidad de una ruptura constitucional, de un proceso constituyente, es cuando se activan los procesos de Reforma”/1. Eso es lo que estamos viendo ahora: pese al contexto de desmovilización social en que nos encontramos, las elites políticas y económicas –españolas y europeas- son conscientes de las crecientes dificultades que para la “gobernanzabilidad”/2 del sistema van a encontrarse en los próximos años. Temen que frente a ellas fuerzas políticas como Podemos, las confluencias e IU puedan ir convirtiéndose en una alternativa política dispuesta a transformar la voluntad destituyente actual en otra constituyente. Una hipótesis que, de empezar a plasmarse en la práctica, podría generar un “efecto dominó” en la eurozona o, al menos, en los países del sur más afectados por las políticas austeritarias. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Portugal o en Italia –aun con el moderado Renzi- es solo un anticipo de los márgenes posibles de desobediencia civil e institucional que se pueden ir abriendo en el marco de una UE en proceso de des-integración, como hemos visto con las concesiones hechas a Cameron para evitar el “Brexit” y la renacionalización de las políticas de asilo y refugio.

Por eso sería un error considerar que en el inicio de este nuevo ciclo político lo que está en juego es simplemente el problema de la formación de gobierno, tal como lo está abordando Pedro Sánchez. Sin duda, se ve obligado a ello porque necesita salir vivo como líder de su partido frente a una mesocracia (ahora reforzada con los presidentes socialistas de las Diputaciones provinciales) que está al acecho y que, sin embargo, tampoco se atreve a apostar ni por una alianza con Podemos ni, al menos por ahora, a favor de una “Gran Coalición”. En ese escenario, el referéndum interno convocado por el dirigente socialista puede convertirse, aun con la victoria del Sí, en un boomerang en el caso de que se produzca –como parece- una baja participación y, con ella, también resulte un alto porcentaje del No en bastiones clave como Andalucía.

Conviene, por tanto, que Podemos y las fuerzas de la convergencia rupturista en construcción se mantengan firmes en la denuncia de este primer ensayo “light” (como lo califica el portavoz del sector crítico del PSOE, Pérez Tapias) de Gran Coalición, conscientes de que es solo el primer intento de revertir la relación de fuerzas establecida en las urnas el pasado 20D. Porque es cierto que de ellas no salió un parlamento con mayoría rupturista pero también lo es que difícilmente podrá salir del mismo un gobierno capaz de llevar adelante promesas de “regeneración” que vayan más allá de un mero recambio de elites, incluida la de un PP “refundado”.

La hipótesis de nuevas elecciones sigue por tanto presente en la agenda de todos los partidos. Unas elecciones que ojalá puedan ser ya las que apunten hacia el desbordamiento de esos proyectos de reforma del régimen para ir poniendo en el centro el horizonte de procesos constituyentes que puedan culminar en un nuevo pacto confederal entre pueblos. Un camino que, como vimos en el caso de Grecia y estamos comprobando aquí con el acoso y las contradicciones que afectan ya a los “ayuntamientos del cambio”, no será nada fácil y necesitará de un proceso de empoderamiento popular, hoy todavía incipiente, a la medida de ese desafío aquí y también en otros países europeos. Ojalá el recién nacido movimiento a favor de un Plan B antiausteritario y democratizador de esta Europa suponga un nuevo aliento en ese proceso.

27/02/2016

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de VIENTO SUR

Notas

1/ Carlos de Cabo, “Capitalismo, democracia y poder constituyente”, en Rubén Martínez Dalmau (ed.), Teoría y práctica del poder constituyente, Tirant lo blanch, València, 2014, p. 28.

2/ Tomo prestado de Francisco Palacios (“Del proceso destituyente al debate constituyente. 10 elementos para una democracia radical”, en Rubén Martínez Dalmau (ed.), op. cit., p. 218) este neologismo que sirve para desvelar la fusión entre el viejo concepto de “gobernabilidad” y el de “gobernanza”, puesto de moda con la globalización financiera y la tecno-estructura opaca europea que le acompaña.

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