Por Gustavo Gorriti.- (*)

En el transcurso de los años –que hace tiempo dejaron de ser pocos – me tocó cubrir como periodista varias campañas presidenciales en el Perú y participar como asesor en una y media. He visto la dinámica de campañas en un país herido, en ruina económica e incierto futuro; y vi también el travestismo de una dictadura que intentaba maquillarse como democracia, hacer como que respetaba las normas mientras las violaba, desde las firmas, el voto, los medios, hasta los jueces y jurados.

Los pobres diablos, que sirvieron al dictador y a su Svengali, tuvieron una cosa en común: decían ceñirse a los preceptos de leyes y reglamentos supuestamente elaborados para facilitar el proceso democrático pero en realidad creados para asegurar la permanencia de la dictadura en el poder. Todo un complejo proceso de fraude, que utilizó la ley como trampa y como encubrimiento.

Pero lo que ha sucedido este martes 16, con la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (la 093-2016-JNE), que pretende apartar al candidato Julio Guzmán de la candidatura presidencial, es un nuevo capítulo en las acciones de desnaturalización del proceso electoral: el intento de eliminar, con argucias tinterillescas, a un candidato en rápido crecimiento, que había concitado en poco tiempo una decisión de voto en su favor que estaba entre el 15 y el 20 por ciento de los ciudadanos.

Es decir que, en una decisión basada en minucias administrativas, muchas de ellas francamente estúpidas, los miembros del Jurado que votaron a favor de ese atropello, pretendieron confiscar la decisión de voto de uno de cada cinco ciudadanos y probablemente – si la proyección de crecimiento se mantenía de alguna manera– de muchos más.

Esa decisión es nada menos que un atentado contra el proceso democrático que otorga el poder presidencial mediante el mandato de los votos de la mayoría de ciudadanos. Sufragio efectivo: eso, en la vibrante expresión de Francisco Madero, es lo que significa la representación popular: el derecho libre y auténtico al voto. La frase completa fue: “Sufragio efectivo, no reelección” y ya sabemos lo que significó ignorarla.

"Eso puede haber animado a la coalición de tramposos a perpetrar una maniobra tan torpe y tosca. No le tienen miedo. Le ven dientes de sonreír, no de morder".

La democracia se define por un conjunto breve de características: el poder emana del voto ciudadano en elecciones generales periódicas; la mayoría decide pero respeta los derechos de las minorías. Hay contrapeso de poderes. Se gobierna de acuerdo con la ley, en su debida jerarquía y con la letra al servicio del espíritu. El Estado está al servicio de los ciudadanos y no al revés.

Dado que el poder se ejerce por representación, nada es más importante que garantizar el pleno derecho de los ciudadanos a ser candidatos a un mandato público y competir, mediante el voto, por la preferencia de sus pares.

Son realmente muy pocas las razones que justifican limitar o prohibir el ejercicio de ese primero y fundamental derecho de una democracia: elegir y ser elegido a través del sufragio efectivo. ¿Cuáles son? Utilizar las elecciones para intentar destruir la democracia; conspirar contra ella; tener descalificaciones morales graves, generalmente, pero no siempre, de orden penal; sufrir incapacidades que hagan imposible desempeñar el cargo público. No mucho más.

Cumplidos los requisitos de nacionalidad y edad, casi cada persona tiene el derecho de ser candidato. Puede serlo un plagiario, porque, como dicen sus defensores, una persona es mucho más que sus plagios. Puede serlo el que afirma que ‘la plata llega sola’. Puede serlo quien cambia veinte veces su versión de cómo le llegó, sola o no, la plata a la suegra. Puede serlo la persona que entró a la política no por su nombre sino por su apellido y que, a la medida de las necesidades de campaña, se aleja lo suficiente del apellido para diferenciarse, pero no tanto como para dejar de guarecerse bajo él.

Toda esa gente puede candidatear. Son un conjunto deprimente, pero pueden candidatear porque tienen el derecho de exponer, exponerse y ser expuestos en la campaña.

Apenas se necesita imaginación para saber que los aspectos formales, los requisitos de procedimiento de esas candidaturas están infestados de vicios que los patéticos miembros del JNE hubieran podido ver con los ojos cerrados.

Pero no lo han visto ni lo verán porque su objetivo no es un proceso electoral limpio sino uno que fuerce a los ciudadanos a escoger dentro de ese grupo ruinoso que garantiza el confort de los oligopolios y la ganancia de los cleptócratas. ¿Suena a panfleto? Es que a veces nada describe mejor la realidad que el panfleto. Lo fue el año dos mil y me temo que empieza a serlo ahora.

Para mí, el escenario está claro: pensaron que tenían controlado el proceso electoral y de repente cambió todo. Julio Guzmán empezó a crecer con rapidez, mientras Toledo se desplomaba, García se salaba con su alianza y PPK sufría del síndrome típico de las candidaturas de pitucos: que cada cual tira por su lado mientras él quedaba dormido sobre sus pies, deslizándose cuesta abajo en las encuestas.

Se rompió el orden previsto y mientras la entropía afectaba al ex pelotón principal, Guzmán pasaba al segundo puesto y el pelotón pitufo se galvanizaba. Verónika Mendoza encontraba su voz, en quechua, y su mensaje; y Alfredo Barnechea le ponía interés y, sorprendentemente, hasta un poco de trabajo a su candidatura.

Entonces, con la complicidad del Apra, PPK, parte del grupo de Acuña y todo el elenco de manejadores, consultores y lobiístas, disfrazados en muchos casos de periodistas, se armó la maniobra para eliminar en mesa lo que amenazaba seguir creciendo en las calles. Y lo hicieron a la bruta, con el tipo de razonamiento que provocaría escrúpulos hasta en Azángaro, porque tuvieron urgencia de hacerlo rápido.

Confiscar la preferencia de voto del 15 o el 20 por ciento de los votantes, es nada menos que un fraude adelantado, mediante el expediente de intentar que nimios detalles administrativos abatan el más importante principio de la democracia: el derecho a elegir.

Hay que impedirlo. Cuando los corruptos blanden lo que dicen es la ley, es cuando hay que movilizarse. Se esté o no a favor de Guzmán, puesto que no es la persona sino el principio lo que está en juego.

¿Es Guzmán el dirigente capaz de encabezar la protesta e indignación de la gente? No lo sé. He conversado varias veces con él, por lo general en mi oficina, desde meses antes del inicio de la campaña. Le vi varias cualidades como candidato: ganas, voluntad, trabajo, sentido de organización y hambre de victoria. Además, me pareció y me parece un profesional inteligente y capaz, una persona honesta, que concibe genuinamente el poder como servicio público.

De otro lado, lo vi también inexperto, con poca calle, menos esquina, con un deseo excesivo de complacer, de caerle bien a la gente, y con presencia poco dominante.

Eso es lo que puede haber animado a la coalición de tramposos a perpetrar una maniobra tan torpe y tosca. No le tienen miedo. Le ven dientes de sonreír, no de morder.

Pero, de nuevo, el atropello no es solo contra Guzmán y su agrupación: es contra todos aquellos para quienes la democracia no es una coartada sino el valor supremo en la sociedad.

Espero que la sociedad se movilice, que los candidatos limpios lo hagan también. Y si esa movilización es lo suficientemente intensa, quizá logre un desenlace inédito y sorprendente: que los dos mejores candidatos que hasta hace dos meses estaban escondidos en el pelotón pitufo puedan crecer, superar y terminar disputando entre ellos la segunda vuelta. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No.

(*) Publicado en la edición 2424 de la revista Caretas.

Publicado el jueves 18 de febrero, 2016 a las 7:39 | RSS 2.0.

Última actualización el viernes 19 de febrero, 2016 a las 14:18