El Tribunal de Cuentas da los primeros pasos para investigar la venta de pisos sociales a un fondo buitre. Según el escrito al que ha tenido acceso la SER, ha ordenado la apertura de diligencias preliminares tras la enajenación por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas de alquiler en 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Magic Real Estate Blackstone, gestionado por Fidere.

Una operación llevada a cabo en 2013 por el Gobierno de Ana Botella (PP) por 128,5 millones de euros, cuestionada también en un duro informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. "Sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta" y "aplicando exclusivamente las reglas del mercado", según recoge el documento definitivo de fiscalización de operaciones de venta de patrimonio de los años 2012 y 2013.

“Vistos los antecedentes de los que pudieran derivarse responsabilidad contable por alcance”, añade la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas en una notificación fechada el pasado 19 de octubre, se dio traslado de la notificación al Ministerio Fiscal y al representante legal de la EMVS.

El fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, parte del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, según el cual, las “ventas a entidades jurídicas no eran posibles conforme al Reglamento de adjudicación que estuvo en vigor has el 30 de octubre de 2012”. Es más, añade ese documento, “los intereses económicos públicos pueden experimentar un quebranto económico injustificado y puede existir un beneficio injustificado en los compradores”.

“Todo lo cual evidencia una gestión y administración poco ajustada a los intereses de la EMVS, por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e intereses sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas”.

“Se puede concluir por tanto -añade el Tribunal de Cuentas- que la enajenación de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado”.

De esta forma, el Tribunal de Cuentas establece que como consecuencia de aquella “deficiente gestión”, el quebranto económico que podrían haber originado aquellas decisiones “ascendería a 2,3 millones de euros, respecto de lo que, al menos para la propia compradora, era el valor de mercado”.

A la vista de estos datos, el Ministerio Fiscal entiende que las “irregularidades descritas pueden dar lugar a que, en su caso, se pueda plantear la correspondiente demanda para obtener el resarcimiento de los daños causados”. Y a continuación, en su escrito, el fiscal jefe propone el nombramiento de un delegado instructor.

A mediados del pasado mes de septiembre la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ya había incoado diligencias ante la existencia de una posible responsabilidad contable, "indiciariamente al menos", en la venta de pisos sociales de la EMVS en tiempos de Ana Botella.

Con esta y otras operaciones, el Gobierno municipal del PP trató de saldar parte de la deuda de la empresa municipal, que llegó entonces a los 630 millones de euros.