Oriol Junqueras decidió no huir de la justicia y someterse a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Lleva más de cinco meses en la cárcel por un delito que no ha cometido, que solo existe en la imaginación del Juez Pablo Llarena.

Carles Puigdemont decidió exiliarse y no someterse a la justicia española. Ello le ha permitido defenderse primero ante la justicia belga y después ante la justicia alemana y ante ambas con éxito. Al juez belga no se le dio la oportunidad de que se pronunciara acerca de la euroorden emitida por la Jueza Carmen Lamela, porque el Juez Pablo Llarena decidió retirarla, pero el juez alemán sí ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la euroorden dictada por el Juez Instructor del Tribunal Supremo con el resultado que los lectores ya conocen.

La estrategia de Oriol Junqueras ha sido completamente estéril. Esta maniatado y sometido a la humillación de un Juez que está vulnerando sus derechos fundamentales con la seguridad que tiene de que sus compañeros del Tribunal Supremo van a cerrar filas con él y de que el Tribunal Constitucional, cuando le llegue un recurso, mirará para otro lado.

La estrategia de Puigdemont, por el contrario, ha servido para poner en evidencia al Gobierno y a los Tribunales españoles. La decisión del Presidente del Gobierno de no abordar políticamente el problema de la integración de Catalunya en el Estado y delegar en los Tribunales la respuesta al mismo, se ha traducido en que la Justicia europea vea a los Tribunales españoles no como órganos de administración de justicia, sino como instrumentos de la acción política del Gobierno, que hace uso de los mismos para la persecución penal de los adversarios políticos.

Y la justicia europea, la belga primero, la alemana después y después vendrá la escocesa y la suiza, están considerando que los Tribunales españoles están haciendo política y no administrando justicia, porque exactamente eso es lo que está ocurriendo. La Audiencia Nacional se está comportando, en lo que a la represión del nacionalismo catalán se refiere, como si fuera el Tribunal de Orden Público del Régimen del General Franco. Y el Tribunal Supremo, exactamente igual. El Tribunal Constitucional entonces no existía. Ahora, como si no existiese.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha retratado con la utilización de la Fiscalía General del Estado para perseguir penalmente por delito de rebelión a los exmiembros del Govern y de la Mesa del Parlament y a los expresidentes de dos entidades cívicas con una larguísima trayectoria de activismo pacífico, como son ANC y ÓMNIUM. La Audiencia Nacional primero y el Tribunal Supremo después también lo han hecho al hacer suya la calificación jurídica de la conducta de los políticos nacionalistas catalanes por parte del Fiscal General.

La sincronización de la acción del Gobierno activando el 155 CE, del Fiscal General del Estado activando al día siguiente la querella por rebelión ante la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern y ante el Tribunal Supremo contra los exmiembos de la Mesa del Parlament y la admisión a trámite de dicha querella con la adopción de las más graves medidas cautelares contra los querellados tiene toda la apariencia de una operación política disfrazada como operación judicial. Y la justicia no solo tiene que hacerse, sino también que parecer que se hace. La apariencia de administración de justicia es constitutiva del derecho a la tutela judicial efectiva.

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han aceptado actuar como instrumentos del Gobierno para perseguir penalmente una opción política. Esto es lo que significa la querella por el delito de rebelión, que carece de explicación jurídica en cualquier democracia europea a estas alturas del siglo XXI. Por eso ha sido rechazada la euroorden.

La Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se están comportando no como los órganos de Administración de Justicia de un Estado social y democrático de Derecho, sino como lo que eran en el Régimen de las Leyes Fundamentales. Entonces no había derechos fundamentales. Ahora parece que tampoco los hay.

¿Con qué interpretación de los artículos 25, 24, 17 y 23 de la Constitución se puede justificar la instrucción de la conducta de los nacionalistas catalanes como constitutiva del delito de rebelión, se los puede mantener en prisión y se puede impedir la celebración de la sesión de investidura?

Contra toda esta cadena de vulneración de derechos fundamentales Puigdemont está pudiendo defenderse, mientras que Oriol Junqueras no. Es Carles Puigdemont con su conducta “rebelde” frente a la “Justicia Política” española el que está haciendo un servicio a la democracia. En Catalunya y en España.

Que huir de la justicia sea la mejor estrategia para defender la democracia. A este nivel de degradación nos ha llevado la negativa de Mariano Rajoy a enfrentarse con sus responsabilidades políticas para dar respuesta a la integración de Catalunya en el Estado.