Mientras que en México no ha habido reacción oficial, en Estados Unidos comienzan a sentirse las consecuencias por el caso de los más de mil millones de pesos del erario otorgados a Juntos Podemos, iniciativa encabezada por Josefina Vázquez Mota.

Los tres operadores detrás de esa iniciativa de supuesto apoyo a migrantes tuvieron que dejar la más importante organización de empresarios mexicanos en Estados Unidos, donde uno de ellos incluso fungía como tesorero, luego de que se conociera que manejaron cuantiosos fondos gubernamentales, que en dólares ascienden a 59.9 millones de dólares.

La Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), una organización con más de veinte años de trabajo que tiene como afiliados a más de 3 mil empresarios y profesionistas con intereses binacionales, se vio sometida al escrutinio público a consecuencia de una investigación periodística publicada en octubre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Alejandro Quiroz-Pedrazzi, Emilio Leopoldo España de la Cuesta y Eduardo Bernardo Bravo Calderón presentaron su renuncia a la AEM luego de que el Comité Especial de Gobernanza de la Asociación de Empresarios Mexicanos analizara los “potenciales conflictos de interés” entre la Asociación AEM y la AEM-USA Foundation, también llamada Integra Institute, y que es una de las organizaciones usadas por el gobierno mexicano para fondear a Juntos Podemos.

Un comunicado emitido por la Asociación de Empresarios Mexicanos, fechado el 30 de enero pasado, lo expone de la siguiente manera:

“Eliminando los potenciales conflictos de interés entre miembros del Consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos y las organizaciones investigadas, el Consejo aceptó la renuncia de los miembros Eduardo Bravo, Alejandro Quiroz y Emilio España, aceptando también la de éste último como Tesorero. Estos tres consejeros están o han estado vinculados a la AEM Foundation ahora conocida como Integra Institute, y otras organizaciones tal y como lo ha venido citando la prensa nacional. Esta separación de miembros y funcionarios garantiza total independencia de la Asociación de Empresarios Mexicanos con otras organizaciones”, indica el comunicado.

Asimismo, el boletín apunta que “las medidas adoptadas por el Consejo responden en gran parte a las recomendaciones específicas emitidas por un Comité Especial de Gobernanza que se estableció hacia el interior de la Asociación de Empresarios Mexicanos”.

Tras la investigación periodística dada a conocer en octubre 4 de 2016, que ha tenido tres entregas más, la AEM decidió “nombrar a un Comité Ejecutivo para encargarse tanto de la operación en el periodo de transición, como de revisar y recomendar ajustes a los estatutos de la organización”.

MCCI dio a conocer el pasado 24 de enero que los millonarios fondos gubernamentales de Juntos Podemos –iniciativa presuntamente a favor de los migrantes liderada por la excandidata presidencial panista— eran investigados por un comité del que el próximo embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, formaba parte.

Días después de eso, fuentes que solicitaron no ser reveladas confirmaron a MCCI que el consejo directivo de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) solicitó la renuncia a la Asociación a los tres principales operadores de de Parents Alliance y AEM-USA Foundation (que recibieron los fondos provenientes del gobierno mexicano): Eduardo Bravo Calderón, Emilio España de la Cuesta y Alejandro Quiroz-Pedrazzi.

Durante 2014, 2015 y 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó recursos por más de 1 mil millones de pesos a la iniciativa Juntos Podemos a través de un mecanismo que incluía el uso de los consulados para la distribución de ese dinero en Estados Unidos. Dichos recursos siempre pasaban por Integra Institute (también conocido como AEM-USA Foundation) y Parents Alliance. Una vez recibidos esos fondos, Josefina Vázquez Mota, presidenta honoraria de Juntos Podemos, participaba en la distribución de los mismos a diferentes organizaciones en la Unión Americana.

Parents Alliance y AEM-USA Foundation/Integra Institute son manejadas por Eduardo Bravo, Emilio España y Alejandro Quiroz. De hecho, la marca de Juntos Podemos fue registrada a nombre de Emilio Leopoldo España de la Cuesta.

Tras conocerse el año pasado la investigación de MCCI, el ahora expresidente del consejo de la AEM, Javier Martínez, buscó que se aclarara el conflicto de interés y posibles ligas financieras entre la asociación que presidía y las fundaciones AEM-USA Foundation y Parents Alliance, de acuerdo con documentos en poder de MCCI.

Martínez convocó a una reunión de consejo directivo de la Asociación de Empresarios Mexicanos en la que se acordó crear un comité especial dedicado a investigar si las actividades de la Fundación AEM USA Foundation comprometían la viabilidad de la Asociación AEM.

Ese comité conformado por cuatro personas, entre los que se encontraba el futuro embajador mexicano en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, tenían que presentar un informe antes del 25 de enero.

Gutiérrez decidió renunciar a sus responsabilidades dentro de la AEM antes de la entrega del informe debido a la nueva responsabilidad diplomática que el canciller Luis Videgaray le asignó, esto conforme a documentos en poder de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

De acuerdo con diversas fuentes, el miércoles 25 de enero, tal y como lo habían establecido, se llevó a cabo una larga reunión de los miembros del consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos en la que se dio a conocer a los demás presentes el informe sobre los resultados obtenidos por el comité especial.

Dicho encuentro duró aproximadamente 6 horas y ahí se otorgó el nombramiento del nuevo presidente del consejo de AEM, Rafael Herrera.

El portal web de la revista Proceso dio a conocer este lunes que Bravo en complicidad de España habrían hecho mal uso de los recursos recibidos del gobierno mexicano al contratarse a sí mismos como proveedores.

“El reporte del comité de investigación de la AEM (…) expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.

“Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.

“Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota. “, dice la nota firmada por el reportero Álvaro Delgado.

Quiroz y España eran cofundadores y miembros de la AEM, mientras que Bravo solamente era miembro desde hace poco más de 10 años. Todos ellos habían ocupado altos cargos. Al momento de su renuncia, como ya se dijo, España era tesorero. Bravo había sido presidente de la Asociación por alrededor de cinco años.

En México, ni la cancillería ni la Función Pública se han pronunciado de manera oficial sobre el caso de los fondos destinados a Josefina Vázquez Mota, que han sido operados por Bravo, España y Quiroz.