Bienvenidas son todas las expresiones de indignación por la sentencia que ha condenado a un año de cárcel a Cassandra Vera por haber publicado unos chistes. Pero llegan tarde. Porque el drama ya no tiene marcha atrás. Y en el aire queda una pregunta. ¿Por qué quienes podrían haberlo hecho, no propiciaron un movimiento contra el juicio mismo antes de que este tuviera lugar? Se conocía la petición fiscal: dos años y medio de prisión y tres de libertad vigilada. ¿Por qué nadie se movió para tratar de impedir que una atrocidad como esa fuera llevada a su término sin impedimento alguno?

Lo más probable es que una movilización ciudadana no hubiera evitado que los jueces llevaron a cabo su propósito. Y que toda suerte de descalificaciones, y puede que algo más, hubieran caído sobre los que participaran en ella. Pero no lo sabremos nunca. Y hoy, por detrás de las protestas, asoma la sensación de que jueces como los que han condenado a Cassandra –de antecedentes tan inquietantes como los que ha contado Gumersindo Lafuente– y los demás que piensen como ellos pueden hacer lo que quieran. Y la posibilidad de que eso sea cierto es espantosa.

Son gravísimas las pruebas de que la democracia sigue sin entrar del todo en el territorio del poder judicial y, aún peor, las de que esos ámbitos hay personas con capacidad ejecutiva que parecen dispuestas a anular nuestra historia reciente y a reverdecer los valores y los iconos del franquismo. Pero también lo es la incapacidad para reaccionar frente a esa deriva, que no ha empezado ayer sino que lleva unos años en marcha.

El antecedente inevitable que lo confirma es la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial. Que se perpetró sin que prácticamente nadie levantara la mano en contra. Poco más de trescientas personas, si llegaban, se congregaron aquella tarde del 22 de febrero de 2012 a las puertas de la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con el magistrado cuando abandonaba para siempre su despacho. Se habían convocado ellas mismas, ninguna sigla las amparaba. Y allí se rumió el desánimo, la derrota.

Poco antes de aquello a España había llegado el opúsculo ¡Indignaos!, que había escrito Stéphane Hessel, antiguo dirigente de la resistencia francesa contra el nazismo. Su título lo decía todo: no se puede aceptar pasivamente la injusticia, hay que levantarse contra la misma. Al menos para salvar la dignidad. Se acabó la intolerancia. No hay que pasar ni una. Y el texto que decía todo eso y bastante más fue el libro de cabecera del 15M. Convendría volver a leerlo hoy que los ánimos parecen estar un tanto más bajos que entonces.

Volviendo a Cassandra, se desconocen los motivos por los que no se ha llamado a la movilización contra el juicio. Si la cosa se debatió en algunos círculos, políticos o no, o pasó desapercibida hasta que ya era demasiado tarde. Si se desechó cualquier iniciativa de calado porque se temió que no iba a tener seguimiento o porque había otras tareas más perentorias que esa. Si se optó por la inacción por temor a eventuales represalias o a un enfrentamiento con el poder judicial o no se hizo nada porque se estaba en otra cosa.

Sea por lo que fuera, el resultado es muy malo. Si unos miles de personas se hubieran juntado a las puertas de la Audiencia Nacional el día que empezó el juicio, aunque solo hubiera sido para acompañar a Cassandra, hoy las sensaciones serían distintas, aunque la sentencia hubiera sido la misma. La movilización no es un mito, sino un proceso que se va haciendo, un hábito democrático que se adquiere yendo una y otra vez a los sitios difíciles, aunque no se gane siempre o, mejor, aunque se pierda las más de las veces. Y las sensaciones de quienes participan en el mismo, la fortaleza democrática que adquieren, poco tienen que ver con las de mandar un tuit, por encendido que sea. Y sus consecuencias políticas, mucho menos.

Alguna vez habrá que emprender a fondo ese camino. A menos de que quienes podrían encabezarlo estén convencidos de que no es posible, de que la gente no está por esa labor. El recurso ante el Tribunal Supremo sobre la sentencia contra Cassandra debería ser una ocasión para abordar sin cortapisas la lucha por la dignidad y para que nadie se distraiga en otras tareas. Pero seguramente la justicia ofrecerá antes otras oportunidades.