A pedido del fiscal Carlos Stornelli, el juez Sebastián Casanello decidió abrir una investigación penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los responsables financieros formales de la campaña de Cambiemos de 2017 en la Provincia de Buenos Aires, Alfredo Irigoin y Silvia Chabán, sin descartar que con el correr de la causa se sumen nuevos implicados.

La causa comenzó a partir de una denuncia de la organización La Alameda, basada en la investigación realizada por El Destape, que reveló 476 nombres de beneficiarios sociales que supuestamente habían aportado a la campaña pero que, sin embargo, aseguran nunca haber participado financieramente de ella. Cabe destacar que además las mismas personas figuran como afiliados al al PRO en la provincia de Buenos Aires.

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De esta forma, queda abierta la segunda investigación este los tribunales de Comodoro Py por este hecho, dónde queda claramente implicada la gobernadora María Eugenia Vidal.

La Gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue una de las máximas responsables de la campaña bonaerense en 2017, que llevó a Graciela Ocaña y Hector “Toty” Flores como candidatos a diputados y Esteban Bullrich y Gladys González como candidatos a senadores.

Esta noticia ocurre luego de que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibiera la primera parte del informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, el cual arrojó un resultado contundente: 99% de los supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

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Según el documento, que llegó a manos del fiscal en la mañana del lunes, la gran mayoría de los supuesto financistas señalados por este medio como beneficiarios de planes sociales que jamás aportaron un centavo a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, figuran como integrantes del partido Propuesta Republicana, algunos incluso desde el año 2006.