Barcelona. (EFE).- El Consejo de la Abogacía Catalana, que representa a los catorce colegios de abogados de Cataluña, ha expresado este lunes su rechazo al nuevo Código Penal aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros y ha denunciado "la involución de derechos" para el ciudadano de la nueva ley de seguridad ciudadana.

El Consejo de la Abogacía Catalana ha advertido que, con la aprobación del nuevo Código Penal, muchos pequeños delitos serán considerados infracciones administrativas incorporados a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que supondrá sanciones de importes más elevados para determinadas conductas previstas en la citada ley.

Además, la presunción de inocencia que prevalece en el orden penal será sustituida por la presunción de veracidad de los atestados administrativos, de modo que el ciudadano denunciado perderá garantías a la hora de defenderse, según los abogados.

El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, considera que la intención de estas reformas legislativas no es otra que "controlar situaciones molestas, como las protestas ciudadanas, que pasarán del control del Poder Judicial, a ser controladas, en un primer momento, por el propio Poder Ejecutivo".

Para Pié, la Ley de Seguridad Ciudadana "supone serias restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho de reunión, el de manifestación o el de libertad de expresión, la lo que representa una auténtica patada en el Estado de Derecho".

La Abogacía Catalana también ha reiterado su "más enérgico rechazo a la instauración de la pena de prisión permanente revisable" aprobada también el pasado jueves y que, a criterio de Pié, "es contraria al artículo 25 de la Constitución, según el cual las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social". Para el presidente del Consejo de la Abogacía, "toda pena que no cumpla este requisito supone un grave retroceso en los derechos y principios rectores del Código Penal".

Los abogados catalanes también han rechazado las denominadas "devoluciones en caliente" en la frontera de Ceuta y Melilla, y que, según el consejo, "el Gobierno pretende legalizar ahora con la aprobación de una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana que rebautiza esta práctica con el nombre de 'rechazo en frontera'".