El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló el pasado viernes durante la presentación del Programa de Estabilidad 2017-2020 que el gasto público, especialmente el vinculado a partidas sociales, aumentará en los próximos años. Para sustentarlo, presentó una tabla con los importes en millones de euros que se destinarán a cada área. Efectivamente, las cifras de Montoro reflejan ligeros incrementos anuales. Sin embargo, si el cálculo se realiza en porcentaje sobre el PIB nominal previsto por el propio Gobierno –lo que permite realizar comparaciones homogéneas en el tiempo y entre países– el gasto público se reducirá.

Por ejemplo, en educación, el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas contempla que España gaste el equivalente al 3,7% del PIB (48.133 millones) en 2020. Supone el porcentaje más bajo de la serie histórica que se inicia en 1995. En 2016, las partidas públicas en educación supusieron el 4% del PIB.

MÁS INFORMACIÓN El Gobierno comunica a Bruselas que el paro bajará al 11,2% en 2020

¿Por qué España recauda menos impuestos que la media europea? eficiencia del gasto, en particular en el sector sanitario y farmacia”, sostiene el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad.

El Gobierno, siguiendo los estándares internacionales, clasifica en diez epígrafes el gasto público en función de su destino: servicios públicos generales, defensa, orden público, asuntos económicos, protección del medio ambiente, vivienda, salud, actividades recreativas, ocio y religión, educación y protección social.

Según las estimaciones del Gobierno, en 2020, no habrá incremento del gasto público en ninguna partida respecto a 2016. Aunque se mantendrá el mismo nivel de gasto en defensa (0,9% del PIB), protección del medio ambiente (0,8%) y vivienda (0,4%). Son partidas relativamente menores. En el resto de epígrafes se producirán caídas. El año pasado, el Gobierno gastó el equivalente al 42,4% del PIB, una cifra que se reducirá, según los planes remitidos a Bruselas, al 39,2% del PIB en 2020.

El Ministerio de Hacienda sostiene que la experiencia indica que la economía española funciona bien con un nivel de gasto público relativamente bajo en comparación con la media europea. La partida pública más importante es la destinada a protección social, que está formada básicamente por las pensiones y, en mucha menor cuantía, por las prestaciones por desempleo. La crisis y la presión demográfica han disparado el gasto en protección social en los últimos años, que ha pasado de representar el 13,8% del PIB en 2008 a alcanzar el 18% en 2013. El año pasado, esta partida supuso el 16,9% y la previsión del Gobierno es que siga cayendo durante los próximos ejercicios hasta situarse en el 15,9%. Factores como el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida presionan al alza el gasto en pensiones. Sin embargo, Moncloa prevé que el desembolso público de las prestaciones para la vejez crecerá menos que el PIB nominal por las medidas aprobadas. El incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años, los incentivos a alargar la vida laboral, el factor de revalorización que limita el incremento del gasto y, sobre todo, el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y que reducirá la cuantía de la pensión permitirán contener la partida de protección social hasta 2020. Las proyecciones del Gobierno indican que las prestaciones por jubilación supondrán el 11,8% del PIB en 2020, el 11,2% en 2030, el 11,9% en 2040, el 12,3% en 2050 y el 11% en 2060.

Respecto a la Unión Europea, España mantiene un nivel de gasto público en porcentaje sobre el PIB por debajo de la media. Los últimos datos correspondientes a 2015 reflejan que la media europea destinó a educación el 4,9% frente al 4,1% de España. En otras estadísticas como el gasto por estudiante, España alcanza mejores posiciones. En cualquier caso, el dinero es solo una de las variables, y no necesariamente la más relevante, para analizar la calidad de los servicios públicos. También en sanidad y educación, España gasta menos que sus socios europeos. Y destina más recursos que la media a intereses de la deuda, orden público y subvenciones.