Elia Castillo

La diputada de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, busca garantizar a nivel nacional el derecho entre personas del mismo sexo a contraer matrimonio y con ello, erradicar la discriminación.

A través de una iniciativa al artículo cuarto constitucional, busca que los Congresos estatales en un plazo no mayor de tres meses, adecuen sus legislaciones y permitir este tipo de matrimonios en todo el país.

En su exposición de motivos, señala que esta modificación tiene como finalidad reconocer el derecho de toda persona mayor de edad a contraer libremente matrimonio, sin discriminación alguna.

El documento refiere que en el año 2000 Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; mientras en 2017 Alemania fue la última nación europea en legalizarlo con lo que suman 14 países de ese continente en aprobarlo.

La morenista recordó que en diversas entidades como la Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo reconocen y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo sin ninguna discriminación.

“Si bien, en una sociedad democrática debe caracterizarse por el pluralismo y reconocer que pueden existir opiniones y sentidos en contrario, ello aplica en forma directa y sin restricciones en el ámbito de los particulares, pero desde el punto de vista del Estado debe privar una política de inclusión, tolerancia y aceptación de la diversidad, por lo que el orden jurídico no debiese establecer condicionantes o restricciones que se orienten por un criterio de discriminación”, precisa la morenista.

Por ello, dijo que se debe enfatizar que la institución matrimonial, bajo una concepción amplia y progresiva de derechos, debe orientarse a una unión libre y voluntaria entre dos personas para hacer vida en común, alejada de cualquier concepción histórica o religiosa.

Insistió en que con su iniciativa de reforma se obligaría tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales a que adecuen la legislación correspondiente en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.

“A partir de la entrada en vigor de la reforma, las disposiciones federales o locales que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no serán aplicables en perjuicio de persona alguna”, señala la iniciativa.

Con información de Fernando Damián

AE