La Audiencia Nacional ya investiga la sospechosa compra que Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Fue la última de las grandes operaciones que el Canal, que depende al 100% de la Comunidad de Madrid, hizo al otro lado del Atlántico. El colofón de una serie de aventuras empresariales que el mayor ente público de la región ha protagonizado en los últimos 15 años buscando negocio en América del Sur. Un colofón que ha acabado en los tribunales por las irregularidades detectadas: el alto precio de la compra (se pagaron 21,4 millones de euros cuando Emissao valía cuatro veces menos un año después), la forma de pago (transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada), y el uso de una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.

Pero si Emissao fue el último capítulo, el primero se escribió hace 16 años, cuando el Canal pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por otra empresa que había costado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros). Un auténtico pelotazo para los vendedores y una operación cuanto menos dudosa para los compradores. Hoy, el Canal no solo es protagonista de varias investigaciones en la Audiencia (la compra de Emissao y algunos contratos publicitarios en el caso Púnica), sino que está en el punto de mira de toda la oposición en la Asamblea de Madrid.

Cifuentes ficha al coronel que alertó sobre el Yak-42 para llevar la seguridad del Canal David Fernández Javier Marino ha desempeñado puestos en la inteligencia militar. Realizó un informe antes del accidente avisando de los riesgos de transportar militares en aviones de países de la antigua URSS

Pero ¿cómo se fraguó este primer pelotazo? Hay que remontarse mucho más en el tiempo. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) existía desde 1996, cuando se creó en la ciudad de Barranquilla para llevar agua potable al municipio colombiano. El primer socio español de Inassa fue una empresa catalana, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que tenía el 51% de la compañía. Agbar decidió vender su participación en el año 2000. El negocio, al parecer, no era rentable. Los socios colombianos que tenían el otro 49% decidieron adquirir el resto de Inassa a través de la Sociedad de Aguas de América. La compra se efectuó por siete millones de dólares (ocho millones de euros de la época). Pero Inassa enseguida encontró nuevos socios e hizo el puente aéreo, de Barcelona a Madrid. Empezó a negociar con el Gobierno regional, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón y con Carlos Mayor Oreja como presidente del Canal. Ambos decidieron que la Comunidad debía crear una sociedad vehículo, bautizada Canal Extensia, para comprar Inassa y empezar el desembarco madrileño en Colombia, puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

Pero en septiembre de 2001, tras un pequeña crisis de Gobierno, el Canal pasó a depender de la Consejería de Medio Ambiente, y la presidencia de la empresa pública pasó a manos de Pedro Calvo. El 14 de noviembre de ese año, el consejo de administración de Canal acordaba la creación de Canal Extensia, y un mes después, el 13 de diciembre, Canal Extensia compraba el 75% de Inassa por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49%. Canal Extensia pagó 10 millones de dólares ese mismo mes, 61,5 millones en febrero de 2002 y 1,5 millones en diciembre de 2002. No fue el único desembolso. Un mes antes, en octubre de 2002, el Canal realizó una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros. Es decir, que la operación le costó a las arcas públicas madrileñas 97,3 millones de euros.

Carlos Mayor Oreja.

La compra de Inassa supuso para el Canal, una empresa puramente madrileña, la internacionalización de sus negocios. Inassa era titular en esos momentos del 60,4% de la Triple A de Barranquilla, que a su vez tenía participaciones en otras nueve compañías, y del 51% de Watco Dominicana, otra firma en República Dominicana. En 2003, el 'tamayazo' aupó a la presidencia de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre. Y con ella, su hombre fuerte en el Ejecutivo autonómico, el vicepresidente Ignacio González, pasó a ser también presidente del Canal.

Más compras y ampliaciones

Ya con Ignacio González, Canal Extensia siguió con las compras en Sudamérica. En 2005, compró otro 3% de Inassa que pertenecía a otra empresa española, Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), pagando 600.000 dólares (unos 511.000 euros). Al año siguiente, en 2006, una nueva ampliación de capital hizo que Canal Extensia se hiciera con el 81,24% de Inassa, desembolsando otros 16,1 millones de euros. Poco después se adquirió la Triple A de Ecuador por un millón de euros. En 2006, Canal Extensia, a través de Inassa, también amplió su participación en la Triple A de Barranquilla abonando otros 15 millones de euros. Hoy tiene el 67,9%.

El principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' en Panamá David Fernández El 18% de Inassa, matriz del grupo al otro lado del Atlántico, pertenece a la firma Slasa. Cifuentes amenaza a un directivo de Inassa con destituirle si no comparece en la Asamblea

Como ya publicó El Confidencial, hoy en día el principal socio del Canal en Iberoamérica es una empresa 'offshore' creada en Panamá que tiene entre sus directivos testaferros profesionales que ocupan cargos en casi 300 sociedades. Si el Canal tiene el 81,24% de Inassa, el otro 18,76% es propiedad de Slasa (Sociedad Latinoamericana del Agua SA), creada en abril de 2001 en Panamá. Aunque Slasa pertenece realmente a tres empresarios colombianos: Luis Nicolella del Cano, Enrique Miguel Guerlain y Nelson Polo Carbonell. Dos de ellos, Guerlain y Polo, fueron los que en 2001 dieron el pelotazo vendiendo Inassa a la Comunidad de Madrid por 83 millones de euros.

No son las únicas amistades peligrosas del Canal al otro lado del charco. Al tener el 81% de Inassa, el Canal también tiene el 35,8% de las acciones de Metroagua SA ESP, otra firma colombiana que se encarga del abastecimiento y el alcantarillado de la capital del Departamento de Magdalena (445.000 habitantes). El ayuntamiento de la ciudad posee otro 28,1% de las acciones. Y tres empresas locales, otro 33%. Estas últimas pertenecen a William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares.

La compra brasileña

En 2013, ya con González de presidente de la Comunidad de Madrid y Salvador Victoria (imputado en el caso Púnica) como presidente del Canal, Inassa siguió adquiriendo empresas, en Colombia y en Brasil. En agosto de 2013, Inassa compró el 80% de ASAA Aguas de la Guajira por un millón de dólares. Luego llegaría la brasileña Emissao, la que está siendo investigada en la Audiencia Nacional tras la denuncia del Gobierno de Cristina Cifuentes, a la que se ha sumado otra reciente denuncia de los tres grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y expresidente del Canal Salvador Victoria.

El nuevo Ejecutivo de Cifuentes está deshaciendo el camino andado por sus predecesores, presionado por los grupos de la oposición. El Canal quiere cerrar una docena de filiales en Sudamérica y ya destituyó el año pasado al expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, después de que El Confidencial desvelara que aparecía en los papeles de Panamá con empresas 'offshore' en Hong Kong. Ramón Navarro Pereira, ex gerente general de la Triple A colombiana, también ha tenido que dejar la compañía después de que este diario publicara que dirige junto a su mujer la firma Quartsun Develop Inc, creada por Mossack Fonseca en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

Otro de los socios del Canal, Ángel Rondón Rijo, accionista de la Triple A Dominicana, también aparece en los papeles de Panamá. Montó una firma 'offshore' en Panamá utilizando las dos mismas sociedades instrumentales que sirvieron a su vez para crear la empresa que fue dueña del dúplex que hoy pertenece al expresidente regional Ignacio González, imputado por esta operación de compraventa en un juzgado de Estepona. Otra extraña operación.