La resurrección de este medio de transporte está planteada en tres grandes proyectos ferroviarios que ha prometido el mandatario federal llevar a cabo durante su gobierno: el tren México-Querétaro, el México-Toluca y el transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.

Enrique Peña Nieto aspira hoy, a hacer lo mismo que Porfirio Díaz hace 100 años: convertir el tren de pasajeros en un símbolo de su sexenio y de los mexicanos.

Enrique Peña Nieto aspira hoy, a hacer lo mismo que Porfirio Díaz hace 100 años: convertir el tren de pasajeros en un símbolo de su sexenio y de los mexicanos.

La resurrección de este medio de transporte está planteada en tres grandes proyectos ferroviarios que ha prometido el mandatario federal llevar a cabo durante su gobierno: el tren México-Querétaro, el México-Toluca y el transpeninsular Yucatán-Quintana Roo.

Obras de infraestructura que exigirán miles de millones de pesos y que requerirán forzosamente la participación de la iniciativa privada y…de una vía para circular.

Pero hoy esta vía es ocupada y explotada por las empresas ferroviarias de transporte de carga que fueron beneficiadas con una concesión durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Y son estas empresas las primeras que han mostrado resistencia en apoyar el proyecto de los trenes de pasajeros que ha anunciado el mandatario federal.

Directivos de los dos principales consorcios que operan en México, Ferromex y Kansas City Southern, han aceptado compartir la vía con los trenes de pasajeros siempre y cuando no afecten sus operaciones de carga.

«No hay justificación para construir un ferrocarril de pasajeros a costa o en detrimento de la eficiencia en el transporte de carga vía férrea», advirtió José Zozaya, presidente de KCSM, en una entrevista publicada en el diario El Universal.

Peña Nieto ha reaccionado a este posible obstáculo a su proyecto que representan los actuales concesionarios del ferrocarril.

La bancada priista en el Congreso ha preparado una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para establecer sanciones a los concesionarios, fijar las tarifas que cobran por el servicio de carga y regular la revocación de la concesión.

Esta iniciativa será llevada hoy a la tribuna de San Lázaro por el diputado federal de Nuevo León, el priista Abel Guerra.

El rezago ferroviario

México tiene una de las redes ferroviarias más grandes del Mundo, que cubre casi la totalidad del País, pero contradictoriamente no existe el servicio de ferrocarril para pasajeros.

La totalidad de esta infraestructura se construyó hace más de 100 años durante la presidencia de Porfirio Díaz.

La red ferroviaria primaria está conformada por 20 mil 687 kilómetros, de los cuales el 80 por ciento es explotada por empresas privadas que cuentan con una concesión.

De esta red principal, 8 mil 200 kilómetros, son capaces de soportar trenes de alta capacidad porque las vías están armadas con rieles de acero sobre durmientes de concreto.

Hace 30 años los trenes en México trasladaban a 25 millones de pasajeros al año, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Esta cifra en 1997 se ubicaba en 5 millones de pasajeros cuando el presidente Zedillo privatizó la empresa Ferrocarriles Nacionales.

Hoy las escasas rutas de pasajeros que operan en México –principalmente turísticas– apenas mueven a 200 mil viajeros al año.

Fue en la década de los 30, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, que se decretó la nacionalización del ferrocarril con la creación de la empresa pública Ferrocarriles Nacionales de México.

Pero fue durante la presidencia de Ernesto Zedillo en los años 90, que el ferrocarril se privatizó con el otorgamiento de concesiones a empresas privadas.

Hoy precisamente Zedillo trabaja para el gigante Union Pacific, que es dueña de una parte de la empresa Ferrocarril Mexicano o Ferromex.

Y es Ferromex el grupo más fuerte que opera en México con el 40 por ciento de la red de ferrocarril concesionada en el país, es decir, 8 mil 427 kilómetros de vía.

Por su parte la empresa Kansas City Southern maneja la concesión de 4 mil 283 kilómetros de vía, un 20 por ciento de la red total que le entregó en 1996 el gobierno zedillista.

Hay más compañías que utilizan la infraestructura ferroviaria gracias a una concesión: Ferrocarril Coahuila Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrocarril del Sureste, Ferrocarriles Chiapas Mayab y Ferrocarriles del Valle de México.

En la década de los 90 México no fue único el único país que privatizó el ferrocarril en América Latina. Brasil, Argentina y Colombia, también impulsaron la desnacionalización.

La intención era clara: construir más infraestructura ferroviaria para mejorar el servicio y elevar la competitividad, pero en México este plan fracasó por lo menos en lo que respecta al transporte de mexicanos.

En los más de 15 años que lleva el servicio en manos de los concesionarios ferroviarios, éstos no han construido ni un sólo kilómetro para ampliar la red existente.

Esto a diferencia de países como Brasil, Colombia, Venezuela, que en los últimos cinco años ha incrementado su infraestructura para los trenes de carga, según datos de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles.

Ferromex y Kansas City Southern sólo han explotado el servicio de carga y han desairado –alegando que no es rentable– el sistema de trenes de pasajeros que hoy pretende revivir Peña Nieto.

El único tren de pasajeros que existe actualmente en México es el Suburbano que conecta municipios del Estado de México con el Distrito Federal.

Es operado por la empresa española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), que participó en la construcción del proyecto de la línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Sevilla conocida como El Ave.

Pretende ‘encarrilar’ a los concesionarios

El diputado federal del PRI, Abel Guerra, presentará hoy miércoles a nombre del grupo parlamentario priista una iniciativa que pretende reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, publicada en 1995, durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Esta Ley regula actualmente la intervención del sector social y privado de las vías férreas, que son consideradas bienes de la Nación.

La iniciativa propone modificar el Artículo 21 para endurecer las sanciones a los concesionarios y contemplar el incumplimiento de las obligaciones fiscales como una causal para revocar la concesión.

“La presente iniciativa tiene como objetivos: Adecuar las sanciones a las condiciones que actualmente exige un medio de transporte eficiente y de calidad; hacer partícipe a la instancia correspondiente de la Administración Pública Federal en materia de transportes y de competitividad al momento de fijar las tarifas de servicios que presenten los concesionarios y permisionarios; y otorgar facultad a la Auditoría Superior de la Federación para verificar el buen estado y funcionamiento de los vías férreas”, señala la iniciativa de Ley de la cual Reporte Indigo tiene una copia.

También la propuesta plantea reformar el Artículo 46 para que sea el Ejecutivo federal el responsable de fijar las tarifas a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Las tarifas serán fijadas una vez que la Secretaría reciba las opiniones de la Comisión Federal de Competencia, concesionarios o permisionarios y de los usuarios del servicio, debiendo ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación”.

También se propone una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para que sea este órgano el responsable de revisar el funcionamiento del sistema ferroviario y de la explotación de las concesiones.

“Se propone dotar a la Auditoría Superior de la Federación de la facultad para revisar el buen estado y funcionamiento de dichas vías de comunicación”, señala la iniciativa.

“Este órgano de fiscalización tiene la capacidad de realizar Auditorías Especiales que pueden referirse, entre otros, a los ámbitos de: operaciones singulares, problemas estructurales y concesiones”.

La iniciativa fue presentada a la Mesa Directiva por los diputados priistas Abel Guerra Garza y Jorge Herrera Delgado, y se espera que hoy sea leída en la tribuna legislativa por la bancada tricolor que encabeza Manlio Fabio Beltrones.

‘Hay que modificar concesiones’: PRI

Para el diputado federal del PRI, Abel Guerra, los proyectos del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar los trenes de pasajeros en México, implicarán modificar los títulos de concesión que fueron otorgados durante el sexenio de Zedillo a empresas ferroviarias de carga.

El legislador priista recuerda que estas concesiones están reguladas por la Ley del Servicio Ferroviario, que el grupo parlamentario del PRI buscará reformar en el próximo periodo legislativo.

“Lo que nosotros creemos es que los títulos de concesión fueron diseñados con la posibilidad de que la Ley del Servicio Ferroviario se fuera adecuando a las necesidades de la Nación y así está el marco legal”, señala Guerra.

“Si se va a incrementar la infraestructura con un esquema que el Ejecutivo propone distinto, hay que modificar los títulos de concesión”.

Guerra subirá hoy a tribuna para presentar una iniciativa de ley para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y endurecer las sanciones en contra de los concesionarios que no cumplan con lo establecido.

El legislador señala que no existe en la actual legislación sanciones y penas para las empresas que explotan las vías del ferrocarril para el transporte de carga.

“La Ley del Servicio Ferroviario no contempla sanciones reales para los incumplimientos en los acuerdos pactados como son el de crecimiento de infraestructura”.

Guerra es integrante de la Comisión de Transportes del Congreso federal que le tocará aprobar, en su caso, esta iniciativa que busca reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y también la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

El priista reprocha que en los 15 años que los concesionarios como Ferromex y Kansas City Southern han explotado las vías del ferrocarril mexicano, no hayan incrementado “ni un centímetro” la red ferroviaria.

“No ha crecido un centímetro lineal la infraestructura, los precios los establece unilateralmente la empresa, eliminaron rutas completas a partir de la concesión argumentando que no tenían una rentabilidad”.

Guerra señala que el servicio de pasajeros ha disminuido un 80 por ciento desde que se privatizó la red ferroviaria.

“El servicio de pasajeros no existe salvo en algunas entidades del sur del país. Se eliminó, no fue rentable. La Ley les da esa ventaja a los concesionarios que sólo han continuado con lo que es altamente rentable”.

La iniciativa pretende modificar también el artículo 21 de esta Ley para endurecer las sanciones a los concesionarios y contemplar el incumplimiento de las obligaciones fiscales como una causal para revocar la concesión.

“Establecer, como existe en todas las leyes reglamentarias, que el incumplimiento de las obligaciones fiscales es una causal para la revocación de la concesión. No es posible que una empresa que tiene una concesión de un servicio gubernamental, no pague impuestos para beneficio de los mexicanos”.

El diputado tricolor critica las declaraciones que hizo el director de la empresa Kansas City Southern, quien condicionó los proyectos de los trenes de pasajeros anunciados por Peña Nieto.

“A mí sorprendió una declaración muy poco razonable, muy poco comprometida con el interés de la Nación, de un funcionario de una de las empresas concesionarias donde decía que esos proyectos no se podían hacer en las vías que ellos tienen concesionadas si no consiguen un permiso especial. Hay que recordar que ellos son concesionarios y no propietarios”.

¿Qué pretende la reforma?

La iniciativa plantea reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Estos son los puntos clave de la propuesta.

> Implementar sanciones a los concesionarios por incumplimiento de la concesión.

> Busca establecer como causal de revocación de la concesión el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

> Otorgar facultades al Ejecutivo federal para que sea el responsable de fijar las tarifas de los servicios que prestan las empresas ferroviarias de carga.

> Darle atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que vigile el funcionamiento y el estado de las vías férreas.