Rafael Borràs Ensenyat | Red Renta Básica | 29/09/2017

Con demasiada frecuencia se tienen noticias de casos de explotación laboral que van asociados a detenciones policiales. En estos episodios, en general, no aparece ninguna actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) porque tales casos van mucho más allá de la irregularidad administrativa, o del incumplimiento de una u otra norma laboral, de prevención de riesgos laborales, o de la Seguridad Social. Estas últimas prácticas se sancionan según lo que establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en la Orden Social. Puesto de la ITSS tiene entre sus funciones la de asesorar e intermediar, incluso, en muchos casos, ni siquiera se sanciona una irregularidad detectada. Por ejemplo, la detección por parte de la ITSS de contratos en fraude de ley (contratos temporales que tienen que ser fijos o fijos discontinuos) no lleva siempre asociada una sanción a la empresa. Se opta, con mucha frecuencia, por la conversión de estos contratos fraudulentos hacia una situación de legalidad. Es, sin duda, una práctica desincentivadora del cumplimiento de la ley, y se sitúa muy en la lógica católica de solucionar los incumplimientos -en este caso legales- con una petición de perdón (y un poco de penitencia). En los países de tradición luterana, además de tener unas Inspecciones de Trabajo mucho más robustas en efectivos humanos y recursos que las nuestras, quién la hace, la paga, y se compromete a hacerlo bien en el futuro. Quizás es por eso que en unos lugares el fraude laboral es de una dimensión estructural -como lo es el fraude en la contratación en todo el Estado Español-, y en otros está lejos de serlo.

La cuestión es que los casos que se presentan como de explotación laboral son aquellas prácticas empresariales tipificadas en el Código Penal bajo la rúbrica de “delitos contra los derechos de los trabajadores”. A modo de ejemplo, prácticas empresariales que provocan riesgos físicos y/o psíquicos muy evidentes para los trabajadores y las trabajadoras (por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, por jornadas laborales o cargas laborales excesivas, etc.); situaciones relacionadas con mafias de inmigración; ausencia de alta a la Seguridad Social de una pluralidad de trabajadores/as; o, dicho más en genérico, y en palabras del Código Penal español, prácticas empresariales que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponen a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman, o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual”.

Estos casos, que implican la privación de libertad de quien, para que nos entendamos, practica explotación laboral, son, como decía al principio, demasiado frecuentes. O, al menos, aparecen en demasiadas ocasiones en los medios de comunicación (generalmente en las secciones de “sucesos” y nunca en los espacios dedicados a la política o a la economía), pero, desgraciadamente, no hay -o son de muy difícil disponibilidad- estadísticas oficiales. He intentado encontrar datos sobre la magnitud del fenómeno actual de Explotación Laboral en las fuentes estadísticas del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, pero parece ser un asunto de escaso interés. ¡Son sucesos que no tienen categoría política, meras anécdotas, externalidades de un sistema que funciona –para una élite minoritaria, habría que matizar- a la perfección!

Permítanme que, por aquello de “pensar globalmente y actuar localmente”, comente ahora que, si hacemos caso de lo que han informado los medios comunicación de las Islas Baleares, resulta que se han producido más de 20 detenciones por causas relacionadas con explotación laboral en los dos últimos años. Seguramente sólo es la punta de un iceberg, pero, en cualquier caso, es un síntoma que permite afirmar que estamos, por más que el establishment pretenda negarlo[1], en presencia de un tipo de “fobia a los derechos humanos en los centros de trabajo” que tiene mucho que ver con un modelo económico muy basado en la existencia de espacios públicos de ciudades y pueblos convertidos en grandes terrazas privatizadas de “food&beverage”, en un contexto de precariedad laboral como norma que facilita la aparición de auténticas “mafias laborales[2]”.

Valga como ejemplo el último caso conocido hace unos días[3]: Dos responsables de siete restaurantes detenidos porque, entre otras cosas, obligaban a las personas que allí ocupadas a trabajar más de 12 horas diarias durante todos los días de la semana. En algunos casos, sin contrato laboral y sin ningún día libre durante años. Es el perfil más habitual de este tipo de informaciones (restauración, jornadas laborales inhumanas, ausencias de contrato laboral y de Seguridad Social), pero que, en esta ocasión, incorpora una información muy relevante que no debería pasar desapercibida: “Las pesquisas permitieron comprobar que en los últimos años habían pasado por los restaurantes de los investigados más de 200 trabajadores”. Es decir, a pesar de no saber la duración de los contratos de los trabajadores que sí tenían contrato, la pérdida de facto de la causalidad en la contratación temporal es un factor importantísimo de la explotación laboral actual. El motivo está claro: este tipo de explotación humana está asociada al estado de necesidad de quien la sufre, y, consecuentemente, a la perdida de libertad real que provocan las ocupaciones de corta duración[4]. Muchas personas viven, como consecuencia de la ausencia de estabilidad en la ocupación y de salario suficiente para llegar a mitad de mes, en un estado de, en palabras del escritor e investigador Mark Fisher, capitalismo putrefacto.

Pero la explotación laboral no es ni una maldición bíblica, ni un fenómeno irreversible de la naturaleza. Se produce por un conjunto de decisiones políticas como por ejemplo, su cierta invisibilización (y por eso no se publican estadísticas); la existencia de un Salario Mínimo Interprofesional que, incumpliendo descaradamente la Carta Social Europea, es de miseria (en este sentido la campaña “Anem [Vamos] a 1000[5]“, además de los objetivos que presentan sus impulsores, es, indirectamente, una campaña anti explotación laboral); la falsa creencia de que al sector de servicios de restauración -y de turismo en general- le es intrínseca una gran dosis de precariedad laboral, cuando realmente es la norma laboral quién precariza la ocupación[6]. Pero, en cualquier caso, el mejor antídoto contra la explotación laboral sería, sin duda, una Renta Básica que, por su carácter incondicional, universal y suficiente, sea garantía de libertad material para todo el mundo. Con permiso de Daniel Raventós, la Renta Básica es, entre otras muchas cosas, una propuesta contra la incertidumbre[7] de ser víctima de explotación social. Porque, dicho sea sin tapujos, libertad de verdad y explotación laboral es un imposible oxímoron.

En fin, con la Renta Básica no se acabaría el capitalismo, ni tan siquiera el capitalismo extractivo del Derecho a la Ciudad[8] en las sociedades extremadamente turistizadas. Pero, sin duda, disminuiría algo el pestazo de la putrefacción capitalista.

*Este artículo es una ampliación de uno publicado en catalán en la edición digital del diario Ara Balears.

Notas: