Sólo queda uno de los 5 que acusan a Eugenio Hernández. Foto Cuartoscuro

En el juicio por peculado y lavado de dinero en contra del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández casi nadie de los testigos acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.

De los cinco testigos y denunciantes en su contra, dos fueron asesinados en 2016 -uno de ellos después de ser amenazado de muerte-, uno se suicidó en mayo de 2014, seis meses después de delatarlo y otro más fue levantado y está desaparecido desde 2016.

El único que no corrió la misma suerte es Feliciano Reyes Pérez, activista de 82 años, quien el 31 de enero de 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura del exmandatario.

Si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el exgobernador vaya a quedar libre, pues está sujeto a un juicio de extradición a Estados Unidos por lavado y fraude bancario.

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Hernández Flores está acusado de adquirir, mediante prestanombres y a precios subvaluados, mil 600 hectáreas de la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado.

La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos en noviembre de 2013, cuando Egidio Torre era el Gobernador.

Acudieron Aurelio Parra Bustos, chofer y asistente de Fernando Cano Martínez -presunto prestanombre del exmandatario Tomás Yarrington (1999-2005)- y Casimiro Mora Vázquez, asesor financiero de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de Hernández (2005-2010).

Se presentaron también Ramiro Higuera Martínez y Edgardo López Munguía, quienes asesoraron legalmente tanto a Cano como a Berlanga en la compraventa de los predios.

Los cuatro relataron tramos de una historia de corrupción que comenzó en 2002, cuando Yarrington vendió los bienes del patrimonio del Estado a Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.

En 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre de Alberto y Delia del Carmen Berlanga Bolado.

El testigo Mora Vázquez dijo en noviembre de 2013 al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte y el 12 de junio de 2016 su cadáver fue hallado envuelto en cobijas.

El 12 de mayo de 2014, Higuera Martínez se suicidó de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas.

Mientras que López Munguía fue secuestrado el 16 de agosto de 2016 y su cuerpo apareció dos días después.

El 2 de noviembre de ese mismo año, Parra Bustos fue levantado y nunca más se supo su paradero.





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