Según estimaciones de Eurostat, más de 13 millones y medio de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, tres millones más que antes del inicio de la crisis. Estos datos se refieren a personas que disponen de una renta inferior a 668 euros al mes, es decir, por debajo del 60% de la renta media. Se trata pues de pobreza relativa, que refleja la distribución de la renta nacional. El riesgo de pobreza también ha crecido en la mayoría de los países europeos. Pero, si exceptuamos a Grecia, el empeoramiento no ha sido tan significativo como en España. Hoy la tasa de pobreza se sitúa seis puntos por encima de la media europea.

El desglose de los datos globales es esclarecedor de la brecha generacional que se ha generado. El riesgo de pobreza afecta uno de cada tres menores y cuatro de cada 10 jóvenes, y las tendencias siguen siendo preocupantes para ambos colectivos. Sin embargo, la tasa de pobreza ha permanecido estable y por debajo de la media nacional entre los adultos y para los mayores de 65 años.

Las consecuencias sociales de esta situación son evidentes. La pobreza tiende a perpetuarse. Casi el 40% de las familias monoparentales —a menudo madres solteras o separadas— están amenazadas por la pobreza. Además, el acceso a servicios públicos como la educación y la sanidad, sustentos de la movilidad social, se ha deteriorado como resultado de las restricciones presupuestarias. Gracias a la solidaridad familiar, la pobreza es menos traumática que en otros países. Pero ello no impide la erosión de la cohesión social. Varios analistas apuntan a una fragmentación de los sistemas políticos y mayores dificultades para emprender reformas como consecuencia de la agravación de las desigualdades y la falta de oportunidades que perciben los jóvenes.

Baja el paro registrado Por primera vez desde agosto de 2010, el paro registrado se sitúa por debajo de los cuatro millones de personas. El paro registrado disminuye con especial intensidad entre los jóvenes. Ahora bien, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha disminuido. Menos de un 53% de los parados reciben una prestación. Los jóvenes sin empleo apenas reciben apoyo para encontrar empleo —pese a la existencia de un fondo subvencionado por el presupuesto de la UE— mientras que las familias con rentas bajas reciben una ayuda escasa que contrasta con la situación en otros países. La reducción del paro registrado se debe en buena medida a la creación de puestos de trabajo. Pese a la reforma laboral, apenas algo más de un 8% de los contratos son indefinidos.

Por otra parte, el aumento de la pobreza y de las desigualdades también conlleva un coste. Conviene recordad que uno de cada 10 titulados universitarios está en riesgo de pobreza. La tasa es aún más alta entre los jóvenes titulados, lo que da idea del despilfarro de recursos. La pobreza laboral es a la vez causa y consecuencia de la baja productividad, que es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía española.

La reducción de las desigualdades y del riesgo de pobreza tendría que ser una prioridad. Claro está que la recuperación económica y del empleo facilitan la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Pero ese vínculo no es ni suficiente ni automático. Primero, porque los ciclos suelen tener impactos asimétricos sobre los grupos más vulnerables. Mientras las recesiones se repercuten con mayor dureza sobre las rentas bajas, la recuperación tarda en generar ingresos para los más desfavorecidos.

Además, las políticas sociales y de empleo pueden mejorar el vínculo entre crecimiento y pobreza. La recuperación con empleos precarios no permite reducir la pobreza. Por eso es importante reconsiderar las reformas laborales tal y como se han llevado a cabo estos últimos años. Algunas reformas generan una excesiva rotación en el mercado laboral y conllevan un riesgo elevado de precariedad y de pobreza, incluso para aquellos que tienen un empleo. Por ejemplo, en España el riesgo de pobreza entre los trabajadores autónomos es el doble del que afecta a los asalariados, y la brecha sigue creciendo. También se producen discrepancias entre asalariados con contratos temporales y fijos. A la luz de estos resultados y de lo que se sabe de lo que ha funcionado a nivel internacional, se deben evaluar las reformas llevadas a cabo estos últimos años por diferentes gobiernos.

El salario mínimo juega un papel esencial en la lucha contra las desigualdades y la pobreza, siempre y cuando no acabe destruyendo empleo. En España, el salario mínimo (en porcentaje sobre el salario medio) está muy por debajo de la media europea o de países como el Reino Unido que goza de una tasa de paro reducida.

En definitiva, la reducción de la pobreza es compleja y requiere de soluciones globales que no perjudiquen la recuperación económica. Pero las soluciones existen y dependen de la voluntad política.

Raymond Torres es visiting fellow de la Fundación Cajas de Ahorro (Funcas).