11/11/2016 -

VALENCIA. Al PP le ha costado 15 meses elaborarla. Este martes, la síndica parlamentaria popular, Isabel Bonig, avanzaba a la prensa que presentaría en la próxima sesión de control una iniciativa en materia de financiación, llevando hasta entonces con gran secretismo los detalles de la misma para guardar "el factor sorpresa". Así, este jueves exponía una proposición de Ley para una justa financiación de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Aunque la iniciativa prometía –busca asegurar que los consistorios de los 542 municipios valencianos tengan la financiación suficiente participando en los tributos del Estado, pero también en los de la Comunitat Valenciana–, quedó eclipsada por la forma que tuvo la portavoz del PP en Les Corts de presentarla a los medios en los pasillos del parlamento valenciano, donde llegó a asegurar que con ella se acabaría "el clientelismo político" que ha existido entre ayuntamientos y Generalitat.

"Saben ustedes que hasta ahora las aportaciones de la Generalitat –a los consistorios– se han hecho vía órdenes y subvenciones y, lo reconozco, el Partido Popular también ha caído en este juego: si el ayuntamiento es más afín, le das más dinero. Si el ayuntamiento es menos afín, haces política", manifestaba, para, a continuación, instar al Consell a no seguir los pasos que efectuó su partido: "¿No estamos en un nuevo escenario? ¿No tenemos que escuchar a la gente?" decía antes de ofrecerle al president de la Generalitat, Ximo Puig, que fuese él quien liderase "la segunda descentralización".

No obstante, el asombro que generaba tal afirmación -que en ocasiones las subvenciones se otorgan dependiendo del color político de las entidades locales- no era el único factor que diluía el anuncio de la norma. El cobro de la multa de 18,9 millones que el Consejo de la Unión Europea impuso a España por la "manipulación" de los datos del déficit de la Comunitat Valenciana y la petición de información de la Audiencia Nacional a la Generalitat sobre las subvenciones que recibió el PPCV para los gastos derivados de las elecciones autonómicas de 2007 favorecían a que la iniciativa se emborronase.