El artículo en cuestión es el 34: “Centralizar y registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos, títulos y valores originados en la ejecución de Programas Nacionales destinados a Municipios y, previa intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas, disponer su transferencia a tales jurisdicciones”. Esta disposición terminó de tensar la relación de Kicillof con los intendentes quienes fueron marginados a la hora de designar cargos en los Ministerios de la provincia.

La ausencia de jefes comunales en Buenos Aires contrastó con el espacio que Alberto Fernández le otorgó a los intendentes en su propio gabinete nacional. Gabriel Katopodis, de San Martín, se mudó al Ministerio de Obras Públicas y dejó el municipio a cargo de Fernando Moreira. En AYSA, que está bajo la órbita de Katpodis, asumió Malena Galmarini secundada por Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. Se confirmó además que el diputado provincial Avelino Zurro, sobrino del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, asumió como Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro. Además, Gustavo Arrieta, exjefe comunal de Cañuelas, se sumó como jefe de Vialidad Nacional.

Katopodis integra, junto a Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Juan Zabaleta (Hurlingham), el círculo dorado de alcaldes más próximos al Presidente. Pero aún no logran hacer pie con Kicillof. El único intendente que se sostuvo en el staff del gobernador es Martín Insaurralde. Hizo valer un acuerdo con Máximo Kirchner y, gracias al apoyo del resto de los alcaldes, empujó para que Federico Otermín ocupe la Presidencia de la Legislatura donde se intenta llegar a un acuerdo para designar a los secretarios parlamentarios y administrativos. El vínculo de Insaurrlade con el resto de la galaxia de intendentes sufrió también a partir del cierre de listas donde el lomense, encargado de gestionar lugares para sus colegas, sólo pudo ubicar a dos suyos, Juan Pablo de Jesús en Diputados y Adrián Santarelli en el Senado provincial.

La inclusión del artículo 34 en la ley de Emergencia bonaerense detonó el malestar de nuevo en los despachos de los intendentes del conurbano. “Es impracticable”, se quejó un alcalde. El chat de los jefes comunales ardía a partir de este intento de Kicillof de quitarles el manejo de la caja de ingresos de fondos, títulos y valores de programas acordados con Nación que deberían pasar antes por la tesorería de la provincia para ser girada a los municipios. Una medida que alteraría incluso del pago de sueldos en cooperativas y otros emprendimientos que gestionan los municipios con fondos nacionales.

A ese cúmulo de tensiones se suma también el reclamo sordo de los intendentes del interior para que Kicillof se ponga al frente del reclamo por la restitución del Fondo Sojero, una herramienta implementada por Cristina Fernández de Kirchner por decreto en 2008 luego del voto no positivo de Julio Cobos a las retenciones móviles. Ese fondo fue eliminado por Mauricio Macri y dejó a los municipios sin 1500 millones de pesos de financiamiento para obras.

Más allá de estos cortocircuitos de gestión, acumulados en apenas dos semanas de gobierno, Kicillof no logra conectar con la cultura política de los intendentes. Cultor del rigor académico, casi no tuvo contacto con los alcaldes para consultarlos por temas de gestión o de conformación de su staff de gobierno y se apoyó exclusivamente en el blindaje político que le otorga Cristina. El día de la presentación de su gabinete, en Monte Grande, tuvo a los intendentes retenidos durante más de una hora solos mientras ultimaba detalles del anuncio. El malestar se tradujo en la salida anticipada de varios jefes comunales de ese encuentro.