Desde la semana pasada los reclusos reclaman porque les aumentaron las horas de trabajo en los talleres del penal federal de General Güemes en Salta.

Algún entusiasta de las frases hechas podría decir que “esto solo pasa en la Argentina”. Otro, más próximo a la hipersíntesis, podría comenzar con el título clásico; “Insólito: los presos piden aumento de sueldos”. En ninguno de los casos esta realidad podría superar la ficción y el lector se vería obligado a una segunda lectura hasta quedar totalmente convencido. Pero efectivamente esto es lo que está pasando en la cárcel federal de Güemes, donde un grupo de reclusos comenzó una huelga de hambre en reclamo de un aumento de sueldo por las tareas que realizan dentro del penal. Los internos aseguran que el salario que reciben no es digno y piden un 35% de aumento.

Al menos eso es lo que establece un recurso colectivo que habría sido presentado ante el Juzgado Federal 2, a cargo de Miguel Medina, por parte de los detenidos, quienes aseguran, entre otros puntos, que les aumentaron las horas de trabajo en los talleres del penal.

El reclamo viene desde la semana pasada y la huelga se llevó a cabo hasta el viernes, cuando presentaron el pedido ante la Justicia. Aguardaron la respuesta hasta ayer y hoy podrían retomar la protesta.

El planteo fue presentado por el abogado Santiago Pedroza, quien sostuvo que “estos temas a veces son difíciles de entender, pero la sociedad deberá acostumbrarse a que todos tenemos derechos, por lo tanto pueden reclamar por mejoras salariales y pelear por su sindicalización”. No obstante, el letrado evitó mencionar que hay profundas discusiones dentro del Derecho sobre los beneficios constitucionales para las personas privadas de la libertad, entre ellas el trabajo.

Por lo pronto y pese al hermetismo con que las autoridades penitenciarias abordaron el tema, se sabe que los presos asisten a los talleres, donde aprenden diversos oficios, como carpintería y herrería, en los que fabrican productos que luego son puestos a la venta y por ello perciben un ingreso por productividad, que no llega ser formalmente un sueldo. Este ingreso sería de uno $8.000 mensuales, según fuentes consultadas por El Tribuno.

Las mismas fuentes citaron que el año pasado los reclusos habían planteado reclamos de “tipo salarial” y exigían que se les pague una especie de lucro cesante por los días que fueran trasladados a las fiscalías para declarar en sus procesos judiciales.