Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra y Director del JHU-UPF Public Policy Center

Un argumento que están promoviendo opinadores y políticos de sensibilidad neoliberal próximos a sectores del mundo empresarial de la mayoría de los países a los dos lados del Atlántico Norte es que hay que terminar con las medidas de confinamiento (que algunos, incluso, subrayan que nunca tendrían que haberse iniciado), pues estas medidas están amenazando con colapsar la actividad económica del país. En su mayoría, dichos opinadores son conscientes de que tales medidas son necesarias para controlar la propagación del coronavirus, que está causando un gran número de muertes. Aun así, argumentan que tal número es relativamente bajo, pues la gran mayoría de personas contagiadas con tal virus sobreviven y solo entre los ancianos la mortalidad es elevada. Consideran, pues, que tales muertes significan un coste relativamente menor y asumible (pues la mayoría de la población no queda afectada), coste que, además, es necesario para salvar la economía. Como dijo el vicegobernador del Estado de Texas en EEUU, Dan Patrick, en una entrevista en el canal Fox News, los abuelos de ese país deberían aceptar su muerte a fin de salvar la economía para sus nietos. Y hay algunas de estas voces que incluso piensan (aunque no lo dicen) que esta alta mortalidad entre loa gente mayor facilitaría la salvación del sistema de pensiones público, que hoy consideran insostenible. El ministro de Finanzas japonés, Tarō Asō, así lo insinuó en una ocasión. Para tales voces, lo más importante ahora es salvar la economía y reanimarla para que continúe. De lo contrario, todos tendremos problemas más graves que la pandemia: el paro y la falta de trabajo. Como dijo el presidente de EEUU, Donald Trump, "no podemos permitir que la cura sea peor que el problema".

¿Cuál es la economía que se quiere salvar?

Tal argumento podría parecer lógico y coherente, pues la actividad económica es imprescindible en cualquier país. Pero tiene un fallo muy grave. Y es que lo que se quiere salvar (y que llaman "la economía") son las políticas económicas que han sido, en gran parte, la causa de las enormes tragedias que están amenazando la propia supervivencia del ser humano (tanto la crisis climática como la enormemente insuficiente respuesta a la epidemia), consecuencia del enorme debilitamiento de los servicios de protección social como resultado de la aplicación de las políticas públicas neoliberales (que incluyen medidas como las de austeridad, que han mermado sectores como el sanitario y los servicios sociales, y reformas laborales que han incrementado masivamente la precariedad), las cuales caracterizan la economía que quiere salvarse.

En realidad, el sistema económico dominante se basa, hoy, en una producción y distribución de bienes y servicios que se rige por unas leyes del mercado que priorizan sistemáticamente a aquellos individuos y sectores de la población que tienen mayor capacidad adquisitiva, a costa de todos los demás. Y todo ello para el beneficio de minorías propietarias y gestoras de los medios de producción y distribución, cuyos beneficios económicos –sus intereses particulares- se anteponen al bien común de toda la ciudadanía.

¿Quiénes son los ganadores y los perdedores en esta economía?

La pandemia ha mostrado con toda claridad las consecuencias de este sistema económico. Durante los últimos años de la Gran Recesión se optimizaron estos intereses particulares, de manera que los beneficios de las minorías que derivan sus rentas de la propiedad y gestión de tales medios de producción y distribución se conseguían a costa de la reducción de los ingresos de la gran mayoría de la población, que adquiere sus rentas a través del trabajo y ocupación en tales medios, predominantemente mediante salarios. Un ejemplo de ello es España, donde las primeras rentas (las del capital) subieron, pasando de representar un 42,8% de todas las rentas en 2008 a un 46,5% en 2019, mientras que las segundas (las del trabajo) descendían durante el mismo período de un 57,4% a un 53,5%. Y ello se consiguió, primordialmente, a costa de reformas laborales regresivas (que aumentaron la precariedad) y de unos recortes del gasto público, primordialmente social, que debilitaron enormemente el mundo del trabajo. Tales recortes causaron las enormes carencias del sector sanitario, incluyendo la falta de respiradores (que se necesitan para poder salvar vidas) y de equipamiento protector (como son las mascarillas, las batas, los guantes y un largo etcétera) para los profesionales y trabajadores del sector sanitario y de todos los servicios esenciales. Todos estos recortes y reformas laborales se hicieron para "salvar la economía" (es decir, los intereses del mundo del capital), interpretando la economía como un sistema que favorece a una minoría (las clases pudientes) a costa de la gran mayoría de la población. Hoy, los niveles de vida y la protección social de esta mayoría están peor que antes de que se iniciaran tales políticas neoliberales. Y estamos viendo ahora las mismas voces utilizando el mismo argumento, subrayando que hay que permitir que la gente (y muy en especial, los ancianos) se mueran para salvar tal economía (esto es, sus intereses).

El orden económico de España como causa de la elevadísima mortalidad por la pandemia

España está entre los países donde las desigualdades entre las minorías financieras y económicas que obtienen sus ingresos de la propiedad del capital, y la mayoría de la población, que los obtiene a partir de su trabajo, son mayores, unas desigualdades que son de las más altas de los países desarrollados. A su vez, el gasto social (incluido el sanitario) público es muy bajo y hay una gran escasez de recursos (ver mi artículo "Las políticas económicas neoliberales matan. Hay que cambiarlas", Público, 03.04.20). Estos son los resultados de la economía neoliberal que existe en este y otros países. ¿Es esta economía la que se desea recuperar?

La respuesta popular: los aplausos a las 8 de la tarde

Hoy estamos viendo una movilización diaria y masiva en apoyo a los bien definidos como "héroes" en esta guerra contra el virus. Cada día, a las 8 de la tarde, millones de ciudadanos españoles e italianos salen al balcón para aplaudir y agradecer a todos los profesionales y trabajadores que se están jugando la vida para el bien común de salvar la vida de las personas (la gran mayoría perteneciente a las clases populares). Estos aplausos llevan implícita una protesta frente al orden económico (sostenido por el sistema político-mediático del país) que, en una guerra contra el virus, ha enviado a estos soldados a las trincheras sin haberles dado las armas suficientes. La muerte de tantos profesionales y trabajadores del sector sanitario no está causada por el virus. Está causada por la falta de protección frente al virus.

Es un movimiento, pues, de protesta frente a los causantes de tanta insuficiencia y escasez, que son los que gobernaron el país durante tantos años en los que se aplicaron esas políticas públicas por parte de los establishments político-mediáticos influenciados por los poderes económicos y financieros que dirigen la economía que se intenta salvar ahora. En este sentido, hay que aplaudir los pasos realizados por el nuevo gobierno de coalición de izquierdas para cambiar las prioridades del Estado y dar mayor importancia al sector social, cuya primera prioridad es defender la calidad de vida y el bienestar de la población. Pero hay que alertar de que, como consecuencia del excesivo poder que grandes sectores del mundo empresarial tienen sobre el ejecutivo y el poder judicial en España, sería un gran error intentar continuar las políticas económicas de austeridad (dictadas por el establishment dirigente de la eurozona) que han hecho tanto daño a nuestro país.

El reto de la futura economía: poner lo social en el centro

Y es ahí donde se requiere una respuesta a las excelentes e impresionantes manifestaciones diarias y pasar de esta economía neoliberal a otra que ponga en su centro "la economía de los cuidados". Es urgente y necesario priorizar la producción y distribución de los bienes y servicios que favorezcan el bien común en lugar de intereses minoritarios particulares. No hace falta que se fabriquen tantos automóviles a costa de tan pocos respiradores. O tanta ropa para las clases pudientes cuando hacen falta mascarillas, batas y guantes. El Estado, en sus distintos niveles, como responsable del bien común, tiene la autoridad para incentivar, y si ello falla, ordenar la fabricación de productos y de regular los precios de productos esenciales para garantizar el bienestar de la población, priorizando lo social y común sobre beneficios económicos particulares. No se puede permitir que los productores de tales productos se estén aprovechando de la escasez (que mata a la gente) para incrementar el coste de sus productos.

Hoy hará falta que el Estado cree empleo. Y es ahí donde la necesaria expansión de los servicios del Estado del bienestar (desde los servicios de sanidad y sociales hasta la educación, la vivienda y otros servicios, además de la reconversión industrial y energética para protegernos también del cambio climático) es de una enorme importancia. En España, solo un adulto de cada diez (y en Catalunya, donde las medidas neoliberales se han impuesto incluso con mayor dureza por parte de la derecha neoliberal catalana, hoy secesionista, uno de cada once) trabaja en los servicios públicos (primordialmente, en los servicios del Estado del Bienestar). En Suecia es uno de cada cinco. Y Suecia, así como otros países escandinavos (que durante la mayor parte del periodo 1945-2020 han sido gobernados por partidos socialdemócratas en alianza con partidos a su izquierda), son los países que tienen menos desigualdades sociales (de clase social y género), mayor conciencia ambiental y mejores indicadores de calidad de vida en el mundo. Y mayor eficiencia económica, como incluso el Vaticano del neoliberalismo, Davos, ha tenido que reconocer en su informe The Global Competitiveness Report 2019 (ver mi artículo "Cómo el pensamiento económico dominante, causante de tanto sufrimiento, se reproduce: Davos", Público, 03.02.20). Concretamente, en dicho informe se reconoce que "Suecia, Dinamarca y Finlandia no sólo se han convertido en unas de las economías del mundo más avanzadas a nivel tecnológico, más innovadoras y dinámicas, sino que también proporcionan mejores condiciones de vida y mejor protección social, están más cohesionadas y son más sostenibles que sus iguales". No se podía decir más claro.

Es un error (motivado por razones ideológicas) considerar que las medidas neoliberales (neoliberalismo es la ideología del mundo del capital) son las más eficientes para recuperar la economía. Lo que ha ocurrido con la Gran Recesión es un claro ejemplo de ello. Cualquier evaluación hecha prueba que han sido un desastre (y no hay otra manera de definirlo) para la calidad de vida de las clases populares (que son la mayoría de la ciudadanía). Se necesitan políticas que vean la inversión social como algo central en la necesaria redefinición de la economía. Hoy, la salida de la crisis económica tiene que pasar por el aumento de la población empleada en los servicios públicos del Estado del Bienestar (expandiendo los ya existentes y creando nuevos como los del 4º pilar del bienestar –escuelas de infancia y servicios de atención a las personas dependientes–), muy poco desarrollados en nuestro país. Tal inversión, no solo estimularía la economía a través del aumento de la demanda, sino que reforzaría los servicios básicos para mejorar la seguridad, felicidad y bienestar de la población (que debería ser el objetivo principal de cualquier Estado), aumentando con ello la productividad económica, bajando a la vez el tiempo de trabajo semanal y mejorando los salarios, reforzando los instrumentos –como los sindicatos– garantes de la defensa de los derechos de la población trabajadora. En contra de lo que se ha creído, la experiencia muestra que la expansión del Estado del Bienestar (incluyendo la "economía de los cuidados") es una necesaria inversión en el desarrollo humano, social y económico de un país. Los datos así lo confirman.