El reconocimiento por parte del Gobierno este martes 30 de julio del asesinato de una mujer de 47 años en Cantabria como un crimen de violencia de género, eleva a 1.011 las víctimas por este tipo de violencias desde el año 2003 cuando se comenzaron a recopilar estadísticas oficiales por este tipo de crímenes. La Guardia Civil descubrió el cuerpo sin vida de la mujer cuando intentaba notificarle la muerte de su pareja en un accidente de coche y con sospechas de intento de suicidio por haber hallado en él heridas de arma blanca. La mujer fue hallada en su casa en un charco de sangre y con heridas de arma blanca. En menos de 24 horas, el Gobierno decretó que se trataba de una nuevo caso de violencia de género.

En lo que va de 2019 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se eleva por ahora a 36, lo que supone la tercera peor cifra de las registradas durante la última década, sólo superada por las 47 víctimas registradas en 2010 y las 37 asesinadas en 2011 entre los meses de enero y julio, mientras un caso permanece aún bajo investigación.



Desde que el pasado 19 de junio se alcanzara la cifra de mil asesinadas desde el año 2003, otras once mujeres más han tenido este trágico fin a manos de sus parejas o exparejas. Cabe recordar que la ley española sólo reconoce aún como víctimas de violencia de género a las que se cometen en las relaciones sentimentales y a los hijos de ésta que sean asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. De las 34 asesinadas en lo que va de años sólo 8 (el 22,9%) habían interpuesto denuncia previa, dos de las cuales habían sido interpuestas por terceros y no por la propia víctima.

Algunas expertas apuntan, con mucha cautela, a un posible estancamiento en el descenso de este tipo de crímenes machistas. Ente ellas Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net, un proyecto que desde hace una década lleva un amplio registro de asesinatos por violencia machista, más allá de las que se producen en el ámbito de las relaciones de pareja. De hacho, esta web recoge un total de 55 asesinadas por violencia machista en lo que va de año, aunque no todas por sus parejas.

"Nosotras venimos advirtiendo de que hay un estancamiento de la bajada de este tipo de asesinatos tras un descenso iniciado a partir de 2010. Pero en los últimos años a esta parte, ha habido un parón en el descenso que se sitúa entre las 50 o 55 asesinadas anuales", explica Atencio.

A lo que hace referencia esta experta es al hecho de que, si bien durante los primeros ocho años de registro de estos datos (los comprendidos entre el año 2003 y el 2010) la media de asesinatos anuales se situaba en el entorno de las 70 mujeres (la media arroja 68 victimas mortales, con un pico importante en 2008 cuando la cifra subió a las 76 víctimas), los siguientes ocho años (los comprendidos entre el 2011 y 2018), la media de víctimas se sitúa en el entorno de las 53 asesinadas anuales, lejos de la cifra de las 70, con un pico mayor en 2011, cuando el total de asesinadas fue de 62.

"Es difícil saber si estamos en una tendencia al alza", afirma Atencio. "Las tendencias hay que medirlas a lo largo de un período amplio de tiempo, que podría ser de cinco años, aunque lo idóneo sería hacerlo en un período de 10 años".

A lo que sí apunta esta experta, es a la necesidad de tomar determinadas medidas para asegurar que la tendencia a la baja en el número de asesinatos no se detiene. Entre ellas, destaca la necesidad de realizar campañas masivas hacia el entorno de las posibles víctimas, para que sirvan de protección y que denuncien las posibles violencias.

"Lo que no hemos visto, y es clave, son campañas masivas de prevención y sensibilización destinadas al entorno de las víctimas. Porque el problema que tenemos es que el peso de la denuncia se deja casi exclusivamente a las mujeres que sufren las violencias y es una carga que recae sobre ellas en una situación de maltrato en el marco de la pareja. Las campañas deberían dar un giro para abocarse a que el entorno denuncie".

Tal como reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias realizadas por el entorno de la víctima son muy escasas. En 2018 tan sólo un 2% de las casi 170.000 denuncias registradas por este tipo de violencias habían sido interpuestas por terceros. Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo advertía también sobre el "silencio cómplice" que sufren las víctimas de violencia machista por parte de su entorno.

Atencio también apunta a la necesidad de hacer campañas estacionales, es decir, más intensas en determinados momentos del año, especialmente en verano (los meses de junio y julio), pero también en diciembre y enero, en donde han constatado que se concentran más cantidad de asesinatos a lo largo de los años. "El periodo de vacaciones y las temperaturas más altas tienen efectos de incrementos de los asesinatos", afirma.

La influencia del fin de la crisis



"Es difícil hablar de que estamos reduciendo la violencia de género cuando tenemos una bolsa del 70% de mujeres que pasan desapercibidas porque no denuncian. Sólo conocemos la punta del iceberg, pero no la violencia género efectiva que hay", afirma Yolanda Besteiro presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. "El único indicador que tenemos son las muertes, los asesinatos, pero no es un indicador fiable de si estamos avanzando hacia la erradicación o no de estas violencias".

Lo que sí ha ocurrido, según esta experta, es que durante los años de la crisis se produjo una disminución de los factores de riesgo que pueden desencadenar algunos asesinatos. Es decir, "descendió el número de divorcios y de las denuncias y creció la dependencia económica de las mujeres respecto de sus maltratadores". De hecho, tal como reconocen los expertos en violencia de género, hay acciones y momentos clave en el que el nivel de riesgo que sufren las mujeres víctimas de violencia de género se incrementa. Esos se corresponden con los momentos en que la mujer decide cortar con la relación o iniciar el proceso de divorcio y cuando deciden denunciar a sus agresores.

"La reducción del número de víctimas mortales durante la crisis se debe a la disminución de los factores de riesgo, no a una disminución de la violencia"



"Durante los años de la crisis, especialmente los más duros, hubo un descenso en el número de víctimas, que desde la federación relacionamos con esa disminución de los factores de riesgo y no con una disminución de la violencia. Si debido a la crisis económica las mujeres han denunciado menos y han tenido más difícil separarse, ¿esto quiere decir que ha habido menos maltrato? No. Significa que hay menos situaciones de riesgo y por eso hay menos víctimas, pero no es que haya menos violencia". De hecho, reconoce esta experta, el maltrato probablemente puede haberse incrementado, porque "en estas circunstancias las mujeres dependen más de sus maltratadores y aguanten más malos tratos", explica Besteiro.

Esta experta afirma que lo que estamos viviendo ahora es lo contrario a lo que ocurrió durante la crisis. El incremento de divorcios (según los últimos datos las separaciones se han incrementado en un 1% entre 2017 y 2018), mayoritariamente iniciados por ellas y el incremento del número de mujeres que han entrado en el mercado de trabajo y han dejado el paro, han reducido la dependencia hacia sus maltratadores. Otros elementos importante para que se incrementara el número de denuncias es una mayor confianza en el sistema judicial, que a lo largo de los últimos años ha incrementado también las medidas de protección que habían registrado un importante descenso durante los peores años de la crisis económica.

Formación en perspectiva de género



"Los tribuales debe tener esto en cuenta", afirma Besteiro. "El hecho de que a medida de que las mujeres ganan autonomía se produce un incremento de los factores de riesgo. El problema que tenemos con el sistema judicial es que no tiene incorporada esta perspectiva de género".

"Pero no se trata sólo de que los tribunales específicos sobre violencia hacia la mujer estén formados, sino todos los operadores jurídicos (jueces, peritos, fiscales...). Porque lo que estamos viendo las organizaciones que trabajamos con víctimas de violencia de género y llevamos muchos años intentando profundizar, investigar y sensibilizar, es el hecho de que la mayoría de las víctimas de este tipo de violencia no ponen fin a su situación de violencia en juzgados especializados, sino en los de familia". Es decir, no denuncian, sino que acaban con el maltrato por la vía de la separación.

Si esto no se tiene en cuenta por los jueces de familia y se juzga de una forma "ascéptica" como si se tratara de una "relación igualitaria sin pensar que pueda haber un maltrato, se puede cometer alguna tropelía" explica Besteiro. Por ejemplo, profundiza, "conceder custodias compartidas o tutelas de forma automática, sin entender que la persona que tiene delante pude ser una víctima de violencia".

Hace unos meses, el CGPJ, en cumplimento de lo acordado en el pacto de Estado contra la violencia de género, instauró una formación obligatoria para todos aquellos jueces que quisieran acceder a una especialidad. Además anunció que iniciaría a trabajar en una especialidad en violencia de género, como ocurre en otros temas como el mercantíl o el de infancia.

Sin embargo, las críticas han comenzado a surgir por parte de las organizaciones especializadas en violencia de género. Besteiro afirma estar preocupada. "Todo lo que conocemos, tanto en el ámbito de la especialización como de la especialidad en violencia de género del CGPJ, es que va a ser impartida exclusivamente por jueces y que el diseño de la formación se ha hecho sin contar con la participan de entidades, organismos o expertos en este tipo de violencias que no pertenezcan a la carrera judicial".

"Nos tememos que será una formación muy endogámica y jurídica, cuando lo importante es que fuera una formación más amplia en perspectiva de género e igualdad, que aportara un conocimiento en profundidad sobre las víctimas y los maltratadores, cómo operan, cómo actúan, como funciona el ciclo de la violencia machista...", añade Besteiro. "No era esto de que se pretendía cuando varias de nosotras pasamos en calidad de expertas por la subcomisión del Parlamento para el pacto de Estado y dimos nuestra opinión. No se trataba de una formación en la ley, sino en perspectiva de genero de forma mucho más amplia, precisamente para que pudieran tener elementos para evaluar el riesgo y proteger apropiadamente a las víctimas", concluye Besteiro.