El Gobierno realizó una solicitud ante la Justicia Federal para que se investigue en profundidad el sospechoso accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Por estos días González Quintana, quien viajó junto a Cabaleiro a Chubut en septiembre de 2017 alegando que ambos eran representantes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), está sujeto a un proceso disciplinario por parte del Tribunal de Disciplina de Córdoba. En este marco y distanciándose de él, la APDH nacional elaboró un documento donde se confirma que no integra ni ha integrado el organismo.

En el pedido, que lleva la firma del doctor Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se le requiere al juez federal Gustavo Lleral que sean respondidas una serie de dudas en relación al comportamiento de los abogados.

El fin último sería darle fundamento a una causa posterior en su contra por afectar seriamente la imagen del país en el exterior, generar enormes gastos operativos y actuar por fuera del mandato profesional entregando a la Justicia información no veraz. Los abogados podrían arriesgar onerosas multas, condenas y posiblemente la pérdidas de sus licencias.

En el Gobierno están convencidos de que ambos profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron a la investigación. También los consideran directos responsables del documento que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU en el cual se aseguraba que el artesano había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017. Para ello presentaban los testimonios de Matías Santana y del llamado Testigo E (Lucas Naiman Pilquiman) donde estos relataban que habían visto cómo golpeaban y se llevaban al tatuador desde la orilla del río Chubut.

El juez Gustavo Lleral, que lleva la causa por la muerte de Santiago Maldonado, a fines de 2017.

En la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, Soto deja entender que es evidente la construcción de un relato por parte del abogado que prácticamente le va dictando una secuencia a Ariel Garzi (amigo de Maldonado) durante una conversación telefónica. En ese intercambio se elabora el "testimonio" del joven a dos voces.

Se trata de una de las grabaciones que el juez Lleral había ordenado destruir, decisión que fue objetada por la fiscal federal Silvina Avila. "Las comunicaciones se realizaron entre Garzi y el imputado para que el primero le contara y 'cerrara' (fs. 44) el relato de cómo habían sido los hechos que había presenciado Lucas Pilquiman", indica Soto.

El documento tiene como expectativa demostrar fehacientemente que los abogados actuaron por fuera de la normativa y ética que rige la profesión, generando además gastos en millones de pesos y principalmente un grave prejuicio a la imagen internacional del país. El ministerio busca determinar, por ejemplo, si "el Estado Argentino, en base a las medidas cautelares dictadas, debió llevar adelante acciones que hayan implicado erogaciones dinerarias", señala el pedido.

La situación de los abogados cordobeses no es fácil. De acuerdo a un oficio de la APDH nacional, Gonzalez Quintana no tiene ninguna historia en esa organización. "Del registro de Socios de la institución no surge la membresía del sr. Carlos María Gonzalez Quintana, a nuestra asociación, ni ha ejercido ni ejerce representación alguna ni expresa ni táctica de nuestra organización nacional", indica el documento firmado por Gisela Cardozo, presidente de la APDH.

En este escenario, el Tribunal de Disciplina de Córdoba envió una notificación a la fiscal Avila en la cual se le detalla el proceso iniciado en contra de González Quintana por faltas a la profesión que saltaron a la vista en la investigación de la fiscalía. "(Se) inició un proceso disciplinario contra Carlos María González Quintana en función de la información recabada por la fiscalía federal en la que el abogado queda sospechado de haber 'intervenido ante organismos internacionales de Derechos Humanos, invocando una inexistente representación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos'", indica.

"El abogado habría efectuado afirmaciones no veraces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o ante la Organización de Naciones Unidas, relatando hechos de suma gravedad que supuestamente responsabilizarían al Estado Nacional Argentino, ello en razón de la supuesta intervención en los mismo de personal dependiente de sus fuerzas de seguridad en la desaparición del sr. Santiago Andrés Maldonado. A raíz de estas manifestaciones no veraces, se aplicaron medidas cautelares de carácter internacional en contra de la República Argentina; circunstancia esta que tuvo repercusión nacional e internacional", continúa. "En virtud de ello, por una unanimidad se resuelve abrir proceso disciplinario en contra del letrado", concluye.

Según pudo averiguar Clarín, González Quintana y Cabaleiro se contactaron con vecinos de Bariloche, El Bolsón y Esquel para que durante la segunda semana de septiembre pasado, los recibieran y les dieran de manera gratuita alojamiento, comida y movilidad. Los abogados explicaron que pertenecían a la APDH de Córdoba y que no tenían presupuesto.