El Tribunal Supremo ha aceptado la ‘lista Falciani’ como prueba válida en un proceso para condenar por delitos fiscales en España. Se trata de un listado con los nombres de más de 100.000 clientes del banco británico HSBC con cuentas opacas en la entidad por valor de más de 78.000 millones de euros – entre los que se encuentran más de 500 españoles-, que el exempleado del banco Hervé Falciani sustrajo de la filial de Ginebra.

Aceptando la ‘lista Falciani’ como prueba, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este viernes la condena a seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública para el ingeniero español Sixto Delgado, que había ocultado más de cinco millones de euros en cuentas bancarias suizas y cuyo nombre figuraba en los documentos aportados por el exempleado del HSBC que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

La mayoría de los investigados españoles a raíz de su presencia en la ‘lista Falciani’ basaban su defensa en refutar la validez de esta como prueba, amparándose en su procedencia ilícita por tratarse de documentación robada al banco que el Estado español obtuvo gracias a la cooperación judicial con el Estado francés, que había requisado previamente la información Falciani.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros, así, si lo hace la Policía la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas por el Estado violentando derechos o libertades fundamentales. Pero si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sí puede dársele validez, y el Supremo ha aceptado que este es el caso de Hervé Falciani.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Manuel Marchena, entiende que la prohibición contenida en el artículo 11 de la LOPJ responde a la idea, en su origen histórico de ser un «elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito», ya que «el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos».

Sin embargo, otra cosa es la información obtenida ilícitamente por un particular sin ninguna conexión con aparatos del Estado. Así, explica que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en «información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales».

Se trata de la primera vez que se pronuncia el Supremo en relación al valor probatorio de documentos bancarios y ficheros contables cuando, pese a existir constancia de que fueron sustraídos de forma ilegítima por un tercero, han sido determinantes para probar los hechos. El abogado del acusado argumentaba que la obtención ilícita de la lista Falciani convertía en inválida dicha prueba contra él.

De este modo, aunque la condena a Sixto Delgado no sienta aún jurisprudencia al ser necesarias dos sentencias, sí establece ya un precedente que podrá ser esgrimido en el resto de casos de evasión de impuestos que sean juzgados en nuestro país con la ‘lista Falciani’ como prueba. (Postdigital/Agencias)