El escribano y exdiputado suplente del Partido Nacional, Antonio Zoulamian, fue procesado con prisión el pasado 3 de julio por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondo. Pero el prestamista que enfrenta varias denuncias en su contra -entre ellas una por una estafa de unos US$ 10 millones- cumplirá la medida cautelar en arresto domiciliario, debido a que un psiquiatra de su prestador privado de salud recomendó internarlo en el psiquiátrico Villa Carmen a raíz de un cuadro de depresión.

Según consta en el auto de procesamiento, Zoulamian fue imputado por entregar 11 cheques sin fondo por una suma equivalente a US$ 284.301, y otros nueve cheques por un valor de $ 1,6 millones (US$ 45.332).

El exdiputado suplente había sido detenido a finales de junio, luego de que no se presentara a una audiencia a la que había sido citado como indagado y en la que se investigan varias denuncias en su contra. Tras declarar ante la jueza penal Silvia Urioste, Zoulamian se quejó de un fuerte dolor físico, por lo que la magistrada ordenó que fuera revisado por un médico. Por esa razón, fue trasladado al Hospital Británico, donde fue visto por un psiquiatra que recomendó su internación a pesar de que la Justicia había dispuesto que pasara la noche detenido.

Zoulamian había sido detenido por orden de la jueza De Salterain quien lo indagaba por una de las denuncias pero como se encontraba bajo observación médica, no pudo ser interrogado por la magistrada.

Por esa razón, su interrogatorio recién se pudo concretar durante la feria judicial, y la jueza que finalmente definió su procesamiento fue Julia Staricco, del Juzgado de 29° Turno. Debido a que Zoulamian seguía internado al momento del procesamiento, se dispuso que cumpla su prisión preventiva en el centro de salud primero, y luego en su casa.

Además, Staricco solicitó que se le realice una pericia médica para corroborar si está en condiciones de salud para ser enviado a prisión.

Son tantas las denuncias contra Zoulamian, que se acumulan en tres juzgados del distintos de los que signe las causas del viejo Código del Proceso Penal (27°, 28° y 29° turno). A su vez, otras denuncias que fueron presentadas después de noviembre de 2017, cuando empezó a regir el nuevo código fueron asignadas al fiscal de flagrancia Fernando Romano, quien finalmente pasó su investigación a una de estas sedes de modo de que las denuncias se concentren bajo un único juez.

Fuentes de la investigación señalaron a El Observador que en la medida en que el caso avance se le podrán sumar más delitos de libramiento de cheques sin fondo, ya que fue procesado solo por un puñado de los casos denunciados. Asimismo, podría sumarse la imputación de un delito de estafa.

Ambos delitos tienen una pena máxima de cuatro años de penitenciaría aunque las mínimas son de tres meses para el delito de libramiento de cheques, comprendido en la ley Nº 14.234 y de seis meses para la estafa. El primero lo comete quien libre un cheque sin autorización previa del banco girado, o lo haga sin tener provisión de fondos, o el que después de librado el cheque y antes de vencido el término legal para su presentación al cobro, disponga de los fondos. El delito de estafa, comprendido en el artículo 347 del Código Penal, castiga al que "con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro".

Sin embargo, las causas en contra del prestamista, que serán tratadas a futuro por la Justicia, incluyen presuntos delitos de estafa. En una de las denuncias, se afirmaba que el escribano ofrecía “una oportunidad de inversión rentable a corto plazo” durante un tiempo determinado, pero que no devolvía lo invertido ni pagada lo pactado, según el escrito al que accedió El País. En ese escrito también se afirma que Zoulamian pedía “paciencia” a los damnificados y dijo a uno de ellos que si lo denunciaba “la iba a complicar” y “no cobraría nada".

Según señalaron las fuentes, como gesto de colaboración con la Justicia, la defensa del escribano presentó una lista de acreedores que fueron afectados por libramiento de cheques sin fondo, algunos de los cuales no estaban incluidos en la causa.

Zoulamian fue diputado suplente del nacionalista Gustavo Penadés y renunció a su cargo en 2017.