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Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 13 de febrero que condenaba al Estado español por el trato “inhumano y degradante” sufrido por los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola tras su detención el 6 de enero de 2008, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, trató de trivializar dicho fallo destacando que la corte europea constató que “se produjeron unas lesiones” pero sin llegar a calificarlas de torturas. El Gobierno español ha dado un paso más en su intento de quitar hierro a los apercibimientos del tribunal de Estrasburgo señalando que “solo” ha sido condenado nueve veces por no investigar de forma suficiente denuncias de torturas o por su práctica constatada -la resolución sobre Portu y Sarasola fue la primera que llegó al fondo del asunto y consideró probado el maltrato-.

En una respuesta por escrito a una pregunta del senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el gabinete de Mariano Rajoy resaltaba además como algo positivo que, en el caso de los etarras que atentaron contra la T-4 de Barajas, los malos tratos a los que fueron sometidos no dejaron “ninguna secuela”. En un texto que comienza destacando que “la banda terrorista ETA ha asesinado a cerca de 900 personas” y que, durante este periodo, se han practicado “numerosas detenciones en la lucha contra la misma”, el Ejecutivo del PP deja por tanto en el aire la duda de a qué se refiere con el caso contrario, un maltrato a detenidos que deje “secuelas”.

En su pregunta, con fecha de registro del pasado 12 de febrero -un día antes de que se hiciera público el fallo que condenaba a pagar 30.000 euros a Portu y 20.000 a Sarasola por “daños morales”-, el senador de la izquierda abertzale trasladaba a Moncloa: “¿A qué conclusiones ha llegado el Gobierno tras las sentencias del TEDH por no investigar torturas?”. En su sentencia difundida tan solo 24 horas después, el TEDH fue incluso más allá al enmendar la plana al Tribunal Supremo, que en noviembre de 2011 absolvió a cuatro guardias civiles condenados por la Audiencia Provincial de Donostia por “delitos de torturas graves”, y dejar constancia del maltrato sufrido por los denunciantes.

El Ejecutivo popular respondió el pasado día 23 destacando que “ha aceptado la jurisdicción del TEDH, y anteriormente de la Comisión, desde sus inicios”. Agrega que, en este tiempo, cualquier afectado ha podido dirigirse a este tribunal para “presentar demandas individuales por vulneración del artículo 3 del Convenio, que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes”, ya sea su práctica material o una escasa investigación procesal de estos delitos.

COSTILLA ROTA

A continuación destaca que “durante todo este periodo, tan solo se han registrado nueve casos en los que el TEDH” ha sentenciado que “habría sido recomendable que la investigación judicial fuera más extensa, incluyendo el interrogatorio de los agentes intervinientes”. Con esta apreciación, obvia el último fallo sobre Portu y Sarasola, que sí resolvía sobre el fondo del asunto. De las nueve condenas a España, ocho corresponden a ciudadanos vascos.

Agrega que, en este último caso, las lesiones “curaron en un breve periodo de tiempo sin dejar ninguna secuela” y que “no consta que tuvieran la gravedad” como para ser calificadas de torturas. Igor Portu ingresó en la UCI del Hospital Donostia 16 horas después de su arresto en un monte de Arrasate con un parte de lesiones que incluía un pulmón dañado, una costilla rota y hematomas. Durante su traslado, esposados y en sendas furgonetas de la Guardia Civil a un paraje que no concretaron, declararon haber sido objeto de amenazas verbales y agresiones. Uno de ellos incluso relató cómo le introdujeron la cabeza en un río. La Audiencia de Gipuzkoa condenó en 2010 a cuatro guardias civiles a penas de entre dos años y cuatro años y medio de cárcel por “torturas graves”.