Tras nueve años de pesquisas, el paso de nueve jueces y cuatro fiscales, de decenas de autos y de recursos y tres sentencias del Tribunal Supremo, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra se sentará en el banquillo de los acusados. Será juzgado, previsiblemente, en otoño por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales.

Se sentará en el banquillo por haber realizado, presuntamente, gestiones políticas, utilizando su cargo a favor de un empresario que, entonces, era amigo suyo y que acabó denunciándole y acusándole de cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos. Irá a juicio porque, durante la investigación, los peritos judiciales detectaron en sus cuentas y patrimonio la existencia de 3,7 millones de euros que los inspectores de Hacienda consideraron ingresos no justificados. Un dinero, además, que no declaró a la Hacienda pública, por lo que también se sentará en el banquillo acusado de defraudar, junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

Está acusado de cohecho, tráfico de influencias y cuatro fraudes fiscales

Carlos Fabra se sentará en el banquillo de una sala de la Audiencia de Castellón, pese a que este mismo tribunal lo ha intentado evitar con unas resoluciones con las que pretendió declarar prescritos y reducir solo a uno los cuatro delitos fiscales por los que finalmente será juzgado. El intento de la Audiencia fue revocado por el Tribunal Supremo, al igual que lo fue la resolución mediante la que el tribunal provincial trató de imponer al juez instructor la retirada de la acusación de cohecho, un delito sobre el que había indicios no solo para la acusación popular sino también la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

Ayer, finalmente, el titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, decretó el auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible, con la “absoluta libertad de criterio” que le otorgó el Tribunal Supremo en su última sentencia.

En el escrito, el juez concede a las partes diez días para ratificar o modificar sus escritos de acusación o defensa. Los primeros piden entre 15 y 10 años de cárcel para el exdirigente del PP; los segundos, la absolución. A partir de ese momento, el caso Fabra pasará definitivamente a la Audiencia de Castellón, que será la que señale la fecha del juicio.

Su decisión será, entonces, recurrible al Tribunal Supremo. Si se eliminase el delito de cohecho de la acusación, el caso hubiera sido visto en el propio juzgado de Nules y su decisión solo se hubiera podido recurrir, en segunda instancia, ante la Audiencia de Castellón, con lo que el caso Fabra no hubiera salido de la provincia.

Los peritos detectaron en sus cuentas 3,7 millones no justificados

Hasta llegar a ese auto de apertura de juicio oral, el juez Pin ha aguantado la presión de la propia Audiencia provincial, de tal manera que acabó solicitando amparo al Consejo General del Poder Judicial en una petición inusual, ya que no denunciaba beligerancias externas sino de sus superiores. El Consejo del Poder Judicial aparcó el tema, que aún está pendiente de resolución. En cualquier caso, los magistrados que firmaron las resoluciones favorables a Fabra que luego fueron revocadas por el Supremo no podrán formar parte del tribunal que le juzgue puesto que están “contaminados” al haber resuelto recursos durante la instrucción. Así, la mayoría de los jueces de las secciones primera y segunda de la Audiencia no podrán formar parte de ese tribunal.