La Corte Suprema rechazó el reclamo del autodenominado sindicato de presos por derechos laborales y salario mínimo Sebastián Rodeiro - LA NACION

La Corte Suprema rechazó el reclamo de un sindicato de presos en cárceles comunes para que se les reconocieran derechos laborales. Pedían empleo remunerado, salario mínimo, y beneficios adicionales por trabajar en los penales.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda rechazaron los reclamos que había formulado el autodenominado Sindicato Unión de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (Sutpla), vinculado a la rama oficialista de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

El reclamo consistía en que "se pague una remuneración equivalente al salario mínimo, vital y móvil a la totalidad de las personas recluidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que efectúan tareas de naturaleza laboral".

La organización sostenía que existía una situación de discriminación y desigualdad porque "en muchos casos, por esas tareas se abonaban montos inferiores al salario mínimo o sufrían descuentos".

Sin embargo, el sindicato de presos se encuentra inscripto en el ministerio de Trabajo, pero no está reconocido con personería gremial. Este fue el argumento que utilizaron los jueces Maqueda y Lorenzetti para rechazar el reclamo.

Los jueces negaron el pedido del autodenominado sindicato de presos al argumentar que no tienen representación gremial Willy Gomez - LA NACION

El fallo indica que la organización "probó haber solicitado su 'inscripción' como entidad gremial, pero no que la autoridad pertinente la hubiese concedido", por lo cual formalmente no tenía representatividad gremial del colectivo de trabajadores detenidos.

La Corte también rechazó el reclamo para que el Estado "otorgara trabajo a todas las personas alojadas en los diversos establecimientos del Servicio Penitenciario Federal que se encontrasen desocupadas o, en su defecto, se les abonase un salario".

El fallo sostuvo que no desconoce los derechos laborales de los trabajadores detenidos, pero subrayó que en todo caso ese reclamo sólo podrá ser recanalizado una vez que la entidad que los nuclea obtenga la representación gremial ante el ministerio de Trabajo.

El Sutpla se constituyó formalmente el 2 de agosto de 2013 en el penal de Viedma y como secretario general de la institución resultó electo Rodrigo Cesar Díaz, con el aval del entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

La entidad se propuso el "mejoramiento de las condiciones socio-laborales de aquellos internos que trabajan en el interior de los penales provinciales" y reclamó un salario mínimo vital y móvil fijado, entonces, en 3.600 pesos.

En 2014 se desató una polémica nacional porque algunos de los presos remunerados llegaban a percibir más dinero que los jubilados que perciben la jubilación mínima.