El gobierno federal anunció que se utilizará el Censo del Bienestar para entregar créditos y apoyos durante la contingencia provocada por el COVID-19, pero a la fecha de este ejercicio que se realizó entre 2018 y 2019 no hay datos oficiales: no se conoce cuánto costó, a quiénes censó, o detalles de las personas registradas.

La Coordinación de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, a cargo del Censo, ha rechazado tener información; mientras que la Secretaría del Bienestar insiste en respuestas vía transparencia que solo esa coordinación tiene datos oficiales.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar el censo se fue a las zonas más pobres del país. Gabriel García Hernández, coordinador general de programas para el desarrollo de la oficina de Presidencia, explicó el pasado 23 de abril que el censo “fue un trabajo que se hizo inmediatamente que empezó la transición de gobierno, duró seis meses con 20 días”.

Explicó que se visitó 300 mil localidades y colonias del país y “se entrevistaron a 30 millones de personas”.

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El funcionario agregó sobre este ejercicio que “la transparencia es la mejor amiga de la honestidad, de hecho siempre van de la mano. Lo primero es que se van a poner a disposición y ya están publicados todos los padrones de quienes reciben y eso da un primer nivel de transparencia”.

Pese a ello, no existen datos públicos oficiales que permitan realizar ese ejercicio de transparencia y conocer quiénes fueron las personas censadas, cuáles fueron los resultados del Censo del Bienestar o con qué metodología se realizó.

Aunque García Hernández reconoció en conferencia de prensa ese 23 de abril que es responsable del Censo del Bienestar, en solicitudes de información vía transparencia hechas por Animal Político, la oficina de la Coordinación de Programas que dirige rechazó tener cualquier dato vinculado a este ejercicio.

En enero y febrero de 2020, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dijo que no contaba con información sobre: “cuántas personas habían sido censadas, de qué localidades, municipios y estados; información sobre sexo, edad y ocupación de las personas censadas; o recursos ejercidos para implementar el Censo del Bienestar”.

La respuesta de la oficina de Gabriel García Hernández fue que no contaba con una estructura operativa a su cargo dado que no se había emitido el nuevo Reglamento Interior de la Oficinal de la Presidencia y dirigió la solicitud hacia la Secretaría del Bienestar, diciendo que a esa instancia le corresponde “integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la Administración Pública Federal”.

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Pero aún la Secretaría de Bienestar rechazó tener información sobre el Censo del Bienestar.

El 17 de enero de 2020 dijo que la única información disponible es que “con fecha de corte al mes de abril han sido censadas 21 millones 327 mil 846 personas, a nivel nacional”.

“No se cuenta con otra información de sexo, edad, ocupación u otros” sobre las personas censadas; tampoco sobre recursos públicos ejercidos o partidas presupuestales y objetos del gasto de las partidas de las que provinieron los recursos, respondieron a solicitudes de información.

La Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo indicaron que para conocer los recursos públicos ejercidos en este ejercicio era necesario consultar a la Secretaría de Hacienda.

Hacienda respondió vía transparencia que no contaba con información y dijo que “el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los ejecutores del gasto son los encargados de rendir cuentas por la administración de los recursos públicos”. En este caso, señaló a las instancias de gobierno que ya habían rechazado entregar los datos públicos.

En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) admitió el recurso de revisión ante la negativa del gobierno federal de entregar datos sobre el Censo del Bienestar.

El INAI, bajo la ponencia del entonces comisionado Joel Salas, determinó que existía información pública suficiente para determinar que el gobierno federal ha estado “registrando a la sociedad a diversos programas a través del Censo del Bienestar” y, por tanto, debe contar con información pública al respecto que merece ser transparentada.

Y no solo eso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que el gobierno federal cuenta en las entidades con las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” que tienen a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo”, en este caso, como ha dicho en múltiples ocasiones el presidente López Obrador, a través del Censo del Bienestar.

La misma Ley indica que esto ocurrirá a través de los lineamientos que emitan la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Oficinal de la Presidencia.

Incluso, la ley señala que las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas a la Secretaría del Bienestar, pero sus titulares serán designados a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que ha estado a cargo por instrucción del presidente López Obrador.

Cada una de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en los estados del país respondió a solicitudes de información tras el recurso de revisión interpuesto por Animal Político.

Todas las Delegaciones rechazaron tener cualquier información sobre el Censo del Bienestar o las operaciones de los llamados Servidores de la Nación —identificados así a quienes, según el gobierno federal, levantaron el censo—.

Lo que sí dijeron todas las Delegaciones, en respuestas separadas entregadas vía transparencia, es que la información disponible del Censo del Bienestar corresponde a las Unidades de Coordinación de delegaciones que reportan a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia, instancia a cargo del Censo del Bienestar.

Las mismas Delegaciones remitieron a las Unidades que reportan a la oficina de Gabriel García Hernández en Presidencia, que ha negado contar con estructura operativa para llevar a cabo el Censo y, por tanto, ha rechazado transparentar cualquier información de este ejercicio.

El pasado 23 de abril, Gabriel García Hernández habló de transparencia para el Censo del Bienestar, pero no es la primera vez que se hace esa promesa.

En febrero de 2019 el presidente López Obrador dijo: “Llevamos un censo realizado para beneficiarios de los programas sociales que alcanza a 24 millones de personas. Los padrones se van a hacer públicos, se van a transparentar para que todos los mexicanos sepan a quién se está apoyando, a quién se les está entregando una beca, un crédito; un apoyo por ser adulto mayor, por ser una persona con discapacidad. Todo se va a transparentar. Estamos en ese proceso”.

Con la emergencia por COVID-19, el gobierno federal insiste en que el Censo del Bienestar será la base para repartir apoyos, aunque a la fecha, no se conocen datos sobre este ejercicio, cómo se realizó, cuánto costó o quienes son las personas inscritas.