No se vulneran los derechos humanos en los CIE”, aseguró el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, en el Congreso (ver vídeo, abajo). Sin embargo, tanto ONGs, jueces e incluso la ONU llevan años denunciando las condiciones de los internos en centros gestionados y controlados por la Policía, autoridad que dirigió las instalaciones sin un reglamento interno hasta 2014. Los datos muestran que de los 6.930 migrantes retenidos en 2015, el 52% no fue expulsado tras haber sido privado de su libertad hasta 60 días, según el último informe del Defensor del Pueblo. Las asociaciones señalan que son prisioneros por una falta administrativa y piden el cierre inmediato de estos espacios.

“Esta primera toma de contacto evidencia la falta de predisposición de Zoido a eliminar una herramienta de represión y de racismo institucional”, comenta a cuartopoder.es Betty Roca, miembro de CIEs No Valencia, que señala además los vuelos de la vergüenza. “Según el número de vuelos de deportación, salen a las calles a cazarlos como si fueran animales”. Una vez en el centro, la activista apunta al hacinamiento: “Se ven obligados a defecar y orinar delante de sus compañeros. Estar internos pone en peligro su salud mental”. “Son condiciones deplorables que equivalen a tortura, mueren por todos los fallos internos”, sentencia Cristina de la Serna, abogada de Derechos Humanos de Rights International Spain (RIS). Zoido afirmó que estos espacios son “eficaces y necesarios”. Sin embargo, De la Serna apunta que la Fiscalía del Estado asegura que más de la mitad de los migrantes no son expulsados. “No sirven ni para su finalidad”, sentencia. Para el presidente de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, la postura del nuevo ministro de Interior no es ninguna sorpresa. “Mientras esté el Partido Popular no hay voluntad de cambio. Seremos la oposición y, sobre todo, la sociedad civil quienes cerremos los CIEs”. Gerehou, cuyos padres son de Gambia y ha sido criado en Huesca, recalca que se trata de “distintas caras pero mismas políticas”.

A pesar de que los CIEs ya aparecieron en la Ley Orgánica 7/1985, mucha población ignora qué son y para qué se emplean. En estos centros, los extranjeros son retenidos por su situación irregular. Las asociaciones denuncian la desmesura de una medida cautelar que priva de libertad a los afectados cuando existen otras menos graves, como la retirada del pasaporte ante una posible expulsión. En los 20 años de existencia de estos espacios, asociaciones como Pueblos Unidos y Andalucía Acoge han denunciado el trato y las condiciones de los internos, que son incluso peores que las de los condenados por la justicia nacional. Un ejemplo de ello es el CIE de Málaga, que fue cerrado en 2012 por su estado ruinoso.

En la actualidad, son siete los centros de internamiento de extranjeros con un total de 3.395 personas, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior. En años como el de 2011, España llegó a contabilizar 13.241 migrantes retenidos. Los últimos incidentes en Aluche (Madrid) con un intento de fuga en octubre y un segundo caso la semana pasada con 13 migrantes que escaparon -cuatro de ellos ya detenidos- recuerdan de nuevo su existencia. La respuesta de los ‘ayuntamientos del cambio‘ es coordinarse para cerrar los CIEs. Sin embargo, la última palabra la tiene el Gobierno. “Zoido ha dicho lo mismo que Jorge Fernández Díaz“, asegura Gerehou. El antecesor del exalcalde de Sevilla llegó a decir que había “una leyenda negra” sobre estos espacios que nada tenía que ver con la realidad hace tan solo dos meses. Desde cuartopoder.es hemos querido comprobar si el actual y el anterior titular de Interior tienen razón o no cuando aseguran sin fisuras que no se han violado los derechos Humanos en los CIEs.

1. Drogas a 103 africanos. En 1996, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) denunció ante el Defensor del Pueblo la administración de Haloperidol a 103 migrantes que iban a ser deportados a Mali, Camerún y Senegal. La dosis se suministró en el agua. Algunos de los extranjeros se percataron de los hechos y recomendaban al resto no beber. Fue entonces cuando tres agentes decidieron demostrar que no era cierto y resultaron sedados. El protocolo policial de repatriación, creado en septiembre de 2007, prohíbe suministrar estas sustancias. Sin embargo, la empresa sanitaria subcontratada en los CIEs deja abierta la puerta a la sedación por motivos de seguridad o, como indica la Policía Nacional, para evitar la muerte súbita por estrés tras una detención.

2. Denuncias de violaciones en el CIE de Málaga. En el ya cerrado centro de internamiento andaluz, en 2006 se inició una investigación a siete agentes policiales. Fueron diez las internas y limpiadoras del llamado ‘Capuchinos’ que declararon que los acusados organizaban fiestas, bebían y elegían a varias de las retenidas para unirse a las celebraciones, llegando a mantener relaciones sexuales con ellas. Las testigos pidieron el anonimato por miedo a represalias y sus abogados solicitaron detener la orden de expulsión para que estuvieran presentes en el proceso. Sin embargo, el juez consideró que no hacía falta. Así, siete de ellas fueron repatriadas y más tarde se pidieron sus testimonios a través de las autoridades judiciales de sus respectivos países, lo que alargó hasta tres años más el juicio.

El informe de la Fundación Aspe cuenta además que el letrado de una de las presuntas víctimas pidió hasta en dos ocasiones el regreso de su defendida, quien al final no pudo contar su versión. Tras nueve años desde el inicio del caso, la Audiencia Nacional (AN) de Málaga absolvió a los cinco acusados por falta de datos y testimonios “insuficientes”. Respecto a las cenas a deshoras, comenta que pueden ser “objeto de falta administrativa” pero no demuestra la existencia de relaciones sexuales. Sobre los preservativos usados encontrados en las instalaciones, la AN dice que “no indican necesariamente que fueran usados por alguno de los acusados”.

3. Suicidio de Jonathan Sizalima. En 2009, Sizalima esperaba ser deportado tras ingresar en junio de ese año en el CIE de Barcelona, pero antes se quitó la vida aunque ya estaba dada la orden de su excarcelación. El propio Sindicato Unificado de la Policía emitió un comunicado en el que explicaba que los padres de este joven de Ecuador no pudieron ver de cerca el cadáver de su hijo.

4. Suicidio en el CIE de Barcelona. En diciembre de 2013, un armenio de 42 años se ahorcó usando los cordones de sus zapatos. Llevaba 12 días interno y había mostrado signos de violencia con sus compañeros de celda. No fue separado del resto de compañeros y se enfrentaba a cargos de robo con violencia. Una de las denuncias de las asociaciones es que no se distinguen entre quienes están internos por una falta administrativa y quienes han sido condenados por haber cometido delitos. Además, se carecía de un protocolo de actuación para evitar la autolesión en los retenidos. Ya en 2010, un joven marroquí de 22 años también se había quitado la vida en el mismo centro, sin saberse más detalles dada la opacidad de las autoridades.

5. Agresiones a John Faber Castro. Este colombiano denunció haber sido maniatado, agarrado del cuello y golpeado con puñetazos cuando iba a ser deportado de España. El vídeo mostraba a, al menos, un policía atacando al migrante e hizo públicas por primera vez imágenes de violencia dentro del CIE de Aluche. El documento audiovisual fue difundido en septiembre de 2014. Los hechos tuvieron lugar tres años antes y rescató el caso Pueblos Unidos. El Juzgado número 15 de instrucción de Madrid terminó archivando la causa por considerar que la actuación de los agentes fue por la resistencia ofrecida por Faber. El joven acabó siendo expulsado tras 13 años en España.

6. Muerte de Idrissa Diallo. Junto a los suicidios del armenio de 42 años y del ecuatoriano Sizalima, Diallo elevó a tres los fallecimientos en la Zona Franca de Barcelona en tan solo tres años. Este guineano había sido trasladado a Barcelona el 22 de diciembre de 2012 y perdió la vida la noche de Reyes tras un ataque al corazón. Algunos de sus compañeros declararon que pidió ayuda por la tarde pero no fue atendido hasta medianoche. Otros testigos respaldaron a los agentes, que aseguraron que Diallo solicitó asistencia médica por la noche. Las asociaciones pidieron investigar la muerte del joven de 21 años e intentaron contactar con quienes apoyaron la versión oficial sin éxito: habían sido liberados.

7. Muerte de Samba Martínez. La joven congoleña fue internada el 12 de noviembre de 2011 y pidió hasta en diez ocasiones atención médica. El 18 de diciembre, poco más de un mes después de ser retenida, perdía la vida. Samba sufría de VIH, enfermedad que le fue detectada en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla. Sin embargo, no se informó de su historial médico al CIE de Aluche ni se le facilitó -salvo en una ocasión- de intérprete. Al final, la Audiencia Nacional admitió que podría haberse evitado su muerte.

8. Internamiento de Beatriz, víctima de trata. Beatriz, de 23 años y de Paraguay, llegó a España con promesas de trabajar como camarera o limpiadora del hogar. Atenazada por el miedo a ser deportada, aguantó dos meses en el ‘club’ donde ejercía la prostitución hasta que consiguió escapar. Su familia, que dependía de ella, recibía el dinero que lograba reunir de varios empleos esporádicos y de la prostitución. En marzo de 2013 fue detenida por estar indocumentada y la mandaron al CIE de Madrid y recuerda la angustia y el recelo ante los agentes de Policía. Su caso lo recoge el informe ‘Violadas y expulsadas’ de la Fundación Aspacia. No es la única organización que lo denuncia. Women´s Link Worldwide inició un proceso judicial contra España ante el Tribunal de Estrasburgo por no dar protección a Leticia (nombre ficticio), una joven latinoamericana víctima de trata cuya vuelta a su país suponía enfrentarse a las amenazas de quienes reclamaban el pago de la deuda.

9. Doble victimización de Olga. Esta mujer rusa de 53 años sufrió una violación por parte de dos encapuchados a punta de pistola en Galicia en marzo de 2013. Fue llevada al hospital donde dos agentes de la Guardia Civil la interrogaron. A las semanas, volvieron a tomarle declaración y concluyeron que se había inventado la agresión sexual para regularizar su situación -llevaba seis años sin documentación en España-. El juez ordenó entonces su internamiento en el CIE de Madrid, donde estuvo 48 días. Su repatriación se detuvo a falta de un pasaporte en vigor. “Solo pedí una cosa: quiero hablar con un médico”, cuenta esta migrante que está en libertad con cargos de un delito que ella asegura no haber cometido. “Quiero olvidar pero no puedo”, confiesa.

10. Internamiento de Houcein. El marroquí de 42 años fue detenido a los dos días de su salida del centro psiquiátrico de Sant Boi, en Barcelona, y con la indicación de volver a la semana siguiente para su revisión. Desde Tanquem els CIEs denunciaron que no debía estar retenido sino ingresado con la debida atención médica. A pesar de que en un principio el juez Joaquín Aguirre consideró que las condiciones eran las adecuadas, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, pidió investigar el caso. Finalmente, su estado de alteración durante su deportación hizo que lo pusieran en libertad tras 23 días privado de sus derechos.

11. Represalias tras el intento de fuga en Aluche. La subida a la azotea en un amago de huir de unos 40 internos del CIE de Aluche en octubre de este año volvió a movilizar a la sociedad española. Sin embargo, tras las pancartas de “libertad” y “dignidad” vinieron las agresiones, según denuncia SOS Racismo Madrid. “La protesta ha estado motivada por los malos tratos ejercidos por la Policía durante las últimas semanas”, asegura el organismo, que señala además “el desproporcionado uso de la fuerza, la violencia y los tratos vejatorios”.

12. Menores de edad retenidos. El informe ‘CIE: intento fallido de expulsión’ de la Asociación Karibú recoge al menos dos casos de personas que declaran ser menores. Cyril, de 17 años y procedente de Burkina, estuvo en Aluche. Le hicieron pruebas para comprobar su edad y dieron resultados negativos. Sin embargo, desde la organización señalan que tampoco existe acreditación que demuestre que sea mayor de edad. A pesar de que su hermano en Almería se ofreció a hacerse cargo de él, estuvo interno 35 días.

13. Solicitudes de asilo no tramitadas. La Asociación Karibú recoge en este mismo informe casos en los que son liberados o deportados tras haber solicitado asilo y no haberse tramitado. En el caso del nigeriano Christopher, de 20 años, dejó su país por las amenazas de Boko Haram. Llegó en patera a Granada y estuvo en el CIE de Algeciras 31 días antes de ser trasladado a Aluche. Aunque pidió asilo, fue deportado en un vuelo colectivo.

14. Sin notificar la expulsión 12 horas antes. Los juzgados de control del CIE de Aluche dieron un toque de atención al director en julio de 2015 por no notificar con 12 horas de antelación la expulsión, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino a los internos. Esta medida se toma para que los expulsados puedan contactar con sus parientes en España o en el país de llegada. En esas 12 horas de aviso no se cuentan las nocturnas. El auto fue fruto de las quejas presentadas por Pueblos Unidos, Karibú y SOS Racismo.

15. Falta de higiene y aislamiento. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, denuncia en declaraciones a cuartopoder.es la indignidad de las condiciones dentro de los centros de internamiento. “El ejemplo más difundido es el acceso a mudas de ropa. A una persona sólo se le da una y hablamos de hasta 60 días. En el caso de las mujeres eso son dos períodos de menstruación asegurados. Es vejatorio. Es una dejación absoluta por parte del Estado”. El Consejo de Europa recoge en su informe de 2015 del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) medidas como prohibir ir al baño durante más de seis horas y tener que verse obligados a emplear botellas de plástico, o llamar a los internos por su número en vez de su nombre. Hay “un ambiente carcelario, con rejas en las ventanas, en los corredores y en las celdas”, según el organismo. La Defensora del Pueblo apunta además que se trata de instalaciones ideadas para alojar durante unas horas a los inmigrantes pero no durante días, como es el caso. Además, no se permiten visitas de varios familiares a la vez ni contacto íntimo.

16. Un reglamento interno de adorno. El pasado 20 de octubre el Ministerio de Interior admitió incumplir el reglamento interno por las “necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. Este documento se aprobó tras los casos de Samba Martínez e Idrissa Diallo, fallecidos por falta de asistencia sanitaria. Sin embargo, quedaban a cargo de cada centro muchos de los aspectos de gestión, como la inclusión de cámaras de vigilancia, una medida que las asociaciones pedían para garantizar que hubiera pruebas en caso de agresiones.