El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido condenar al juez Elpidio Silva a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales por la indebida privación de libertad de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán.

La condena, que conlleva la expulsión de Silva de la carrera judicial, ha sido adoptada por dos votos frentea uno por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha formulado un voto discrepante.

La Fiscalía solicitaba contra Silva 30 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros.

El propio Miguel Blesa y su abogado, Carlos Aguilar, como acusación particular contra Silva ataron su inhabilitación durante 43 años y 18.900 euros de multa.

El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, también personado como acusación particular, pidió para Silva una condena de 24 años de inhabilitación y que además le indemnice con 50.000.

En su escrito de acusación la Fiscalía calificaba el proceder de Silva como "absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho" en la investigación al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

A su parecer, Silva reabrió injustificadamente la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans más de dos años después de haberla archivado, sin que hubiera aparecido ningún dato nuevo que lo justificase y "sin sustentar dicha decisión en la más mínima motivación jurídica".

Para el fiscal, el propósito de Silva era iniciar una investigación general y prospectiva sobre Blesa, al que encarceló dos veces sin base jurídica. De hecho, la Audiencia de Madrid revocó todas las decisiones del magistrado.

El TSJM acordó el pasado enero la apertura de juicio oral contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual de Blesa, a quien envió dos veces a prisión con apenas quince días de diferencia, durante la investigación de un crédito de 26,6 millones que la caja madrileña concedió al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y sobre la compra del City National Bank de Florida.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó en febrero suspenderle cautelarmente de sus funciones hasta que hubiese sentencia o se archivase el proceso penal.

El ex presidente de Caja Madrid declaró que el juez tenía la "decidida intención" de enviarle a prisión y actuó con "animadversión y alevosía" en el procedimiento que abrió contra él, al tiempo que denunció que su "proceder prevaricador" le causó a él y su familia un "perjuicio moral difícilmente reparable".

Silva consiguió paralizar su juicio tras recusar recusación a la magistrada María Tardón por su antigua pertenencia a la asamblea general de Caja Madrid.

El nuevo juicio comenzó el pasado 7 de julio y Silva nuevamente intentó suspenderlo con la interposición de una demanda contra el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, pero el Tribunal Superior lo desestimó.