La Fiscalía General del Estado ha informado este lunes que abrirá diligencias de investigación sobre el hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos, en la que se encontraban otras personas en "situaciones extremas y malas condiciones de salubridad" para determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.

Así lo ha anunciado el Ministerio Público en un comunicado después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase que los miembros de las Fuerzas Armadas, "han podido ver ancianos, mayores, absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas”.

El Gobierno de Madrid dice no saber nada

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado que no le consta que haya personas que estén fallecidas en las residencias conviviendo con residentes y que no han recibido aún notificación del Ministerio de Defensa para conocer cuál es la situación en las mismas.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', Aguado ha asegurado que desde el Gobierno regional han pedido información al Ministerio y no les han dado respuesta. "No sabemos a qué se refiere; no nos consta. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la seguridad de los residentes y el mejor trato que se pueda dar si alguno resulta infectado", ha señalado.

Una gestión que ya se sabía caótica

Lo cierto es que la mala gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid (de competencia exclusivamente autonómica) viene de lejos.

De 2014 a 2019, más un centenar de residencias de ancianos en la región fueren sancionadas por incumplir la ley. Así, se evidenció que en los 130 centros sociales sancionados (96 residencias y centros de día, 22 centros de personas con discapacidad y 12 residencias clandestinas) faltaba higiene, había escasez de personal y se descuidaba la asistencia a los mayores.

En julio de 2019, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se vio obligado a abrir una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informase sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias en la región. Mediante esta actuación la institución exigía conocer, además, los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de determinados centros.

El PP de Madrid les acusó de “ladrar”

Pero mucho antes, el 16 de septiembre de 2016, los propios trabajadores de residencias de ancianos se presentaron en la Asamblea de Madrid para denunciar la falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento en los centros.

Lejos de escucharles, el entonces consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se sirvió de la frase "Ladran, luego cabalgamos" -que atribuyó erróneamente a El Quijote de Cervantes-, para despreciar su denuncia. Sus palabras de desprecio fueron aplaudidas por la bancada del PP.

Por su parte, la presidencia de la Asamblea, Paloma Adrados, reaccionó expulsándoles al tiempo que se refería a ellos por lo bajo como "el lobby sindicalista”.