El represor Jaime Smart cobrará una jubilación de privilegio por su actuación de juez de Cámara en un tribunal especialmente creado a principios de los 70 para tratar denuncias contra militantes sociales perseguidos. El beneficio para Smart, cuya condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión como ministro bonaerense durante el terrorismo de Estado y recibida hace cinco años aún no está firme, fue habilitado por la Corte Suprema, que rechazó un recurso extraordinario del Estado nacional en contra de su aplicación. Smart reclama 12 millones de pesos.

Con el voto de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y el presidente de los magistrados, Ricardo Lorenzetti, el pasado 4 de julio –un mes después de habilitar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña– la Corte Suprema rechazó por “inadmisible” el recurso de queja que el Estado Nacional, representado por el Consejo de la Magistratura, presentó para discutir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social que, por mayoría, había habilitado que Smart cobrase jubilación de privilegio por los años que ejerció en el “Camarón”.

Smart integró el gobierno dictatorial de la provincia de Buenos Aires en calidad de Ministro. La Justicia federal lo halló culpable de delitos de lesa humanidad cometidos durante aquellos años de terror y lo condenó. La sentencia aún aguarda confirmación: hace cinco años que está frenada en la Cámara de Casación. Pero aquel puesto no fue el comienzo de la “lucha antisubversiva” de Smart. En 1968 fue nombrado fiscal por el presidente de facto Juan Carlos Onganía. En 1971, el gobierno militar de Roberto Levingston lo promovió como juez de la Cámara Federal porteña creada para perseguir opositores políticos y guerrilleros. Por esos tres años de camarista reclamó Smart al Estado, en una demanda que le presentó en 2006, una jubilación de privilegio. La demanda del represor se basó en la aplicación de la ley 24.018, que regula las jubilaciones y pensiones. Los retroactivos de ese beneficio habilitan a Smart a cobrar en la actualidad 12 millones de pesos, según el cálculo del abogado José Ignacio López, quien denunció la decisión de la Corte.

Varios años después, y por fallo dividido, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social le dio la razón. La disidencia la marcó la jueza Nora Dorado, quien advirtió que la aplicación de la norma que reclamó Smart no correspondía. Según la jueza, el represor no acreditó en la causa 15 años continuos o 20 discontinuos como funcionario del Poder Judicial de la Nación, tal como lo requiere el artículo 9. Sus colegas Luis Herrero y Emilio Fernández no encontraron esa “inconsistencia” en la demanda de Smart y le concedieron el reclamo. El Estado nacional intentó que el tema lo tomara la Corte, sin mejor suerte.

Entrada la democracia, Smart se retiró a su actividad penalista en el ámbito privado. Fue abogado defensor del represor Albano Harguindeguy y del ex policía Samuel Miara, genocida y apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa. En 2009 se convirtió en el primer civil en ser encarcelado mientras la Justicia lo investigaba como responsable del secuestro y la aplicación de tormentos al periodista Jacobo Timerman y de la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez en 1978, en San Isidro. Llegó a juicio detenido. Fue, también, el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad.