VICTORIA.- El PNV y el PSE de Vitoria se personaron este jueves ante el Tribunal de Cuentas de España para presentar una demanda de acción pública contable contra el exalcalde y actual ministro, Alfonso Alonso (PP), y su equipo de gobierno municipal en 2007 por el alquiler gravoso de los locales de San Antonio.



Nacionalistas y socialistas trasladaron al órgano fiscalizador un escrito conjunto para que el proceso siga adelante con la apertura de un juicio contable, algo que a finales de marzo ya hizo el grupo de EH Bildu en el consistorio de la capital alavesa.



El Tribunal de Cuentas ha investigado el alquiler firmado en 2007 por un periodo de 20 años de unos locales para albergar oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria y ha apreciado una posible "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local, ya que pactó con el dueño del local una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.



Además, el tribunal ha criticado que la renta se actualizara cada año entre 1 y 9 puntos por encima del IPC, que el Ayuntamiento asumiera los gastos de comunidad y que se incluyera una cláusula que obligaba a mantener el contrato durante 20 años, ya que en caso de rescisión se debía abonar la renta hasta 2027.

Los portavoces del PNV, Gorka Urtaran, y del PSE, Patxi Lazcoz, subrayaron este jueves, en una rueda de prensa conjunta, que la delegada de cuentas del tribunal "no ha cambiado ni una coma" del informe de la instructora del caso, con lo que deducen que también ella percibe "indicios suficientes de que hay una responsabilidad contable, al margen de las políticas".



En este sentido, valoraron que se haya impuesto la fianza de medio millón de euros a la Junta de Gobierno de 2007, que el caso no se haya archivado de manera automática -lo que habría ocurrido en caso de que no hubiera indicios de delito, han dicho- y que se haya dado un plazo para solicitar la apertura de un juicio contable.



Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria ya lo han hecho a través de la vía de la acción pública contable y queda por saber si también lo hará el Ministerio Fiscal. El consistorio, gobernado como en 2007 por el PP y que también podría personarse, no tiene intención de hacerlo.



"Queremos llegar hasta el final y que se conozca toda la verdad cuanto antes" a ser posible, dijeron Lazcoz y Urtaran, antes de las elecciones municipales del 24 de mayo, aunque será "harto difícil" porque apenas queda un mes y medio.



Urtaran se preguntó "dónde está la contraprestación" de un contrato que resultó "muy beneficioso para el arrendador y muy perjudicial para los vitorianos" y criticó que el actual equipo de gobierno, encabezado por Javier Maroto, que en 2007 era concejal de Hacienda, no se persone en el proceso para "defender el interés general de los vitorianos" y lo ha achacado a un "conflicto de intereses".



En esta misma línea se expresó el portavoz socialista, quien emplazó a Maroto a que dé la orden de que el Ayuntamiento se persone en el proceso abierto en torno a un "contrato absurdo y absolutamente oneroso" para así "demostrar que pone a Vitoria por delante de su partido y de su patrimonio".