Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Los gobiernos federal y del estado de Sonora violentaron a la Tribu Yaqui de manera simultánea, al violar su derecho a la consulta pública, al agua y a la subsistencia, denunciaron activistas de la Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui.

La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) –organización que forma parte de la Misión–, Úrsula Garzón Aragón, calificó como un “círculo perverso” la lucha por el agua de la tribu sonorense, que vive uno de sus momentos más álgidos con la detención de su vocero principal, Mario Luna Romero.

“Estamos ante un círculo perverso, cuyo andamiaje lo echó andar el Gobernador de Sonora [Guillermo Padrés Elías] y la federación. El estado de Sonora, al iniciar la operación y construcción del Acueducto Independencia violando el derecho a la consulta y al agua de la tribu. La segunda, al no hacer nada cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] sentenció que se violaron los derechos de los yaquis y ordenó a la federación reparar el daño”, dijo la abogada.

Garzón destacó que la tribu logró que la Suprema Corte desconociera la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que se construyó el acueducto, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cumplió con la sentencia y permitió que la lucha por el agua en Sonora continuara su curso.

“La federación no hizo nada. Queda claro que Guillermo Padrés actúa al margen del derecho y viola suspensiones del poder judicial, sin que nadie haga nada. La tribu buscó tener un diálogo con la federación, mientras en Sonora continuó el hostigamiento y odio y la federación se quedó al margen. La Semarnat no actúa para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte, y la Segob [Secretaría de Gobernación] tampoco hace nada”, dijo.

Rodrigo Gutiérrez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reclamó al gobierno federal la no suspensión de la operación del Acueducto Independencia, cuando la SCJN determinó que se violaron los derechos de la tribu.

“La Misión Civil no sale de su asombro cuando se entera que el Gobernador Padrés tiene una presa privada donde almacena 4 millones de metros cúbicos de agua, ¿cómo se llama ese régimen donde un Gobernador se aprovecha de su puesto para apropiarse de forma ilegal de un bien que es de todos, que es indispensable para la vida y que arrebata a las personas? No se llama democracia ni plutocracia; es el gobierno de los ricos en la ilegalidad, no se trata de violaciones de la ley y corrupción aislada y ocasional, es un modus operandi generalizado, sistemático para el impulso ilegal de negocios para el enriquecimiento de unos pocos. Yo busqué la palabra ladrón en la Real Academia y en su segunda acepción dice: ‘portillo con el que se sangra un río’, muy adecuado para esto”, expuso.

INSTITUCIONES LES DAN LA ESPALDA

Decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales que conforman la Misión Civil, señalaron que las instituciones del país le dieron la espalda a la Tribu Yaqui.

“Han logrado que el estado de derecho sea cancelado para la tribu, sin embargo creemos que están a tiempo de reparar el daño y recuperar la dignidad que sistemáticamente han ido perdiendo”, dijeron en un pronunciamiento.

Las organizaciones acusaron al Gobernador de Sonora de emprender una campaña “racista y de odio” en contra de los yaquis luego de la detención de su vocero Mario Luna Romero, una de las cabezas más visibles de la tribu, en su lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, que desde abril de 2013 abastece a Hermosillo con agua de la presa El Novillo.

“Las más de 100 organizaciones que conformamos la Misión Civil exigimos la liberación inmediata de Mario y que cese el hostigaminento del gobierno de Sonora en contra de la tribu”, dijo Citlalli Hernández, vocera de la Misión.

Adolfo Gilly, profesor de Historia y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también pidió la liberación inmediata de Luna y señaló que su detención es prueba del clima de ilegalidad que se vive en el país.

“La escalada que acaba de hacer Padrés apresando a Mario Luna es una síntesis de la situación nacional de ilegalidad que estamos viviendo; si este señor Gobernador se permite actuar como ni siquiera en las épocas de ‘Don Porfirio’ [Porfirio Díaz Mori, Presidente de México en nueve ocasiones distintas] se permitía porque cuidaban más las formas porque le temían a ‘Don Porfirio’, es porque estamos viviendo en este momento en un país fuera de toda ley”, expresó.

El gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de otros voceros de la tribu hace más de un año, para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia.

Luna salió huyendo a la Ciudad de México, donde se refugió un tiempo y aseguró que respondería a las acusaciones del gobierno del panista Guillermo Padrés, cuando el acueducto se cerrara.

Pero no fue necesario aprehender a Luna en el DF, debido a que el vocero se regresó a Sonora para cumplir con su tribu, ante el bloqueo de la carretera internacional que retomó la comunidad.

MOVILIZACIONES EN SONORA Y DF

Las asociaciones exigieron además que se retiren las órdenes de aprehensión en contra de Tomás Rojo y otros líderes yaquis, el cese del Acueducto Independencia, de la campaña de odio en contra de los indígenas y una investigación de la presa privada que construyó Padrés Elías en su rancho en la región de Bacanuchi.

Ayer, integrantes de la etnia realizaron un bloqueo de la carretera federal 15 México-Nogales en la comunidad de Vícam al sur de Sonora, en protesta por la detención de su vocero.

El oficial de guardia de la Policía Federal en la estación Guaymas, Victoriano Rodríguez Ruiz, confirmó que el cierre parcial de la carretera inició a las 5:00 horas por parte de los yaquis.

Los indígenas yaquis consideran que la obra hidráulica del gobierno de Padrés afectará sus dotaciones de agua y desde mayo de 2013 han realizado acciones de resistencia en contra del acueducto y han realizado bloqueos a la carretera federal 15 México-Nogales en Vícam.

Por su parte, el Movimiento Ciudadano por el Agua, conformado por productores agropecuarios del Valle del Yaqui, se solidarizó con la tribu yaqui por la detención de Luna Romero y demandó al gobierno de Sonora su inmediata liberación.

A través de un comunicado, expuso que este caso se trata de la criminalización de la resistencia civil contra los opositores al acueducto Independencia.

En el Distrito Federal un grupo de activistas se manifestó en la sede sonorense ubicada en la colonia Las Palmas de la Ciudad de México.

El grupo se plantó con pancartas alrededor de las 16:00 horas y exigieron la liberación de Mario Luna.

Las organizaciones civiles prevén que realizarán más movilizaciones para exigir la libertad inmediata de quien consideran, es un preso político de Guillermo Padrés, debido a que Luna es uno de los principales opositores del Acueducto Independencia.

Citlalli Hernández dijo que los yaquis no son un botín político, como ha querido aparentar Guillermo Padrés.

“La lucha por el agua significa luchar por la supervivencia de su cultura, no por favorecer a un grupo político o a otro. Esta forma que tiene la clase política de ver todo en votos y elecciones, nada tiene que ver con los pueblos que viven intensamente procesos de lucha por su derecho a seguir existiendo”, dijo.

Sobre la detención de Mario Luna, Ursula Garzón, informó que el yaqui no fue golpeado y que ya cuenta con abogados en Hermosillo que preparan su defensa.