Política

Jutep divulgó la resolución en la que constan irregularidades en la Intendencia de Artigas

El informe concluye que el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, incurrió en irregularidades en licitaciones millonarias.

Montevideo Portal

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) divulgó este lunes el informe en el que constan las irregularidades en las que incurrió el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, vinculadas a licitaciones millonarias de la comuna.

Todo comenzó cuando el 10 de octubre de 2018 el edil colorado Francisco Bandera solicitó a la Jutep que se investigaran presuntas irregularidades en la adjudicación de licitaciones de obra pública a la empresa Pedrera del Norte.

Dicha solicitud estaba fundada en que los socios de esa empresa son Rodrigo Jiménez y Martín Bicera. Precisamente, el hermano de Bicera, Omar Bicera, es funcionario de la Intendencia de Artigas y se desempeña en la unidad Proyectos e integró varias veces la comisión de adjudicación de licitaciones.

A raíz de la situación denunciada, la Jutep solicitó a Caram que presentara el pliego de las licitaciones que involucren a Pedrera del Norte y que se aclarara el vínculo familiar entre el funcionario y el socio de la empresa.

Caram informó que las compras a la empresa Pedrera del Norte fueron cinco por un total de casi ocho millones de pesos y confirmó la relación entre el socio de la empresa y el jerarca comunal. Sin embargo, Caram argumentó que el hermano del empresario había renunciado en 2017 y nunca había actuado en los tribunales de licitaciones de la empresa en cuestión.

Sin embargo, la investigación de la Jutep reveló que además de Pedrera del Norte había adjudicaciones de la Intendencia a otras dos empresas vinculadas a uno de sus socios, Rodrigo Jiménez. Las empresas eran Prenorte y Jiménez Felice Rodrigo.

A raíz de esto la Jutep solicitó un nuevo informe a Caram, pero la respuesta de la Intendencia llegó sin la información solicitada. Por este motivo se iniciaron más investigaciones.

De estas nuevas averiguaciones derivó que Rodrigo Jiménez posee al menos tres empresas: Jiménez Felice Rodrigo, Pedrera del Norte y Prenorte. En la primera y en la tercera de ellas figura como apoderado el escribano Emiliano Soravilla Pinato, que es funcionario de la Intendencia de Artigas.

Por esto se volvió a pedir información a Caram. De ella surgió que Soravilla Pinato ingresó a la comuna por designación directa y ocupó varios cargos y a enero de 2019 cobrara $ 98.198, aunque cuando ingresó, tres años y medio atrás, cobrara casi $ 25.000.

De estos datos surge que el sueldo de Soravilla se multiplicó por 4,32 en tres años y medio y según consta en diversos documentos "no se ha registrado un cambio sustancial en las tareas y responsabilidades que efectivamente le fueron asignadas".

Además, la investigación de la Jutep reveló que a la empresa Jiménez Felice Rodrigo se le otorgaron 23 licitaciones a las que se agregaron ocho ampliaciones, todo por un total de más de 120 millones de pesos.

A Pedrera Norte le adjudicaron siete licitaciones y cuatro ampliaciones, todo por un total de 18 millones de pesos. Mientras tanto, a Prenorte se le adjudicaron cinco licitaciones por un total superior a ocho millones de pesos.

Además, el informe destaca que aún se desconoce la existencia de eventuales compras directas.

El informe de la Jutep destaca que hubo diversas irregularidades en el proceso de adjudicación de varias de estas licitaciones. Entre otras, se contrataba a la misma empresa para varias tareas que en realidad eran la misma y se adjudicaba un monto muy superior a lo planificado por la comuna.

Análisis

La Jutep analizó, entre otras cosas, que la elaboración de su informe estuvo condicionada por la falta de respuesta de Caram a diversas solicitudes de información. "La falta de cooperación por parte del señor intendente obligó a desarrollar el trabajo recurriendo a fuentes alternativas, lo que no asegura disponer de información completa".

"Pese a esa limitación, el detalle realizado en este informe evidencia un notorio incremento de las adjudicaciones realizadas durante el actual período de gobierno departamental a las tres empresas bajo análisis (que registraban adjudicaciones menores en el período anterior)", continúa el informe.

"Asumiendo que la información recabada no es necesariamente completa, las adjudicaciones a Pedrera del Norte, Prenorte y Jiménez Felice Rodrigo realizadas por la Intendencia de Artigas entre julio de 2017 y enero de 2020 suman $ 146.196.756. Es una cifra muy importante frente a la cual es razonable exigir la mayor transparencia, pero en cambio se evidencian varias e importantes irregularidades", añade el escrito de la Jutep.

Finalmente, más allá de las irregularidades propias de las adjudicaciones de las licitaciones, la Jutep destaca que hay dos funcionarios de la Intendencia de Artigas relacionados con el grupo empresario "sin que esta situación haya sido transparentada en los términos previstos por la normativa vigente".

Por otro lado, la Jutep señala que "existió un fraccionamiento de gastos para posibilitar adjudicar mediante licitaciones abreviadas contratos que por su monto global requerirían la realización de licitaciones públicas, con mayores requisitos formales y de control, tanto para el Estado como para las empresas participantes".

"Hay también aquí responsabilidad del jerarca departamental (Caram) por un incumplimiento claro e intencionado de la normativa que, además, favorece a las empresas involucradas", continúa el informe.

Asimismo, casi al final del documento, la Jutep señala diversas situaciones que entiende sospechosas, como la "adjudicación a Pedrera del Norte" de dos licitaciones "por un precio llamativamente superior al de licitaciones por productos similares realizadas poco tiempo antes".

Conclusiones

El informe concluye que tanto Omar Bicera como Emiliano Soravilla Pinato incurrieron en diversas faltas. Sobre Caram se concluye que violó la ley nº 17.060 (de normas referidas al uso indebido del poder público) además de tres artículos de decretos.

Por todo lo expresado por la Jutep, el informe se hará llegar a la Junta Departamental de Artigas, al Tribunal de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la Nación, entre otras oficinas.

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