El acuerdo con Canadá, cuyas negociaciones terminaron hace un año, podría ser la puerta trasera de todos los impactos negativos del TTIP.

Hace un año se daban por concluidas las negociaciones entre la Unión Europea y Canadá del Acuerdo Comprehensivo Económico y de Comercio (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement), un acuerdo comercial cuyas características son muy parecidas al TTIP. Está pendiente ahora de ratificación por los gobiernos de cada Estado miembro, y posteriormente por el Consejo y Parlamento Europeos, pasos que permitirían su “implementación provisional” sin el correspondiente debate y aprobación de los parlamentos estatales. Todo este proceso podría ocurrir en los próximos meses, y el CETA estar en funcionamiento en la primera mitad de 2016.

CETA es el “hermano pequeño” del TTIP. Sus negociaciones han pasado desapercibidas entre la opinión pública, y sin embargo el acuerdo contiene muchas de las peligrosas provisiones del controvertido TTIP. La implementación del CETA abriría una puerta trasera a través de la cual se pondría en marcha algunos de los aspectos que se negocian actualmente en el TTIP y encuentran un rechazo social importante.

En este periodo de ratificación, Amigos de la Tierra llama a los gobiernos, al Parlamento Europeo y a los parlamentos estatales a rechazar este acuerdo comercial con Canadá, para que sean preservados los derechos de los ciudadanos, la protección del medio ambiente y la soberanía de los Estados.

Lo que está en juego

Al igual que el TTIP, el CETA presenta aspectos muy problemáticos en relación con la protección de la democracia y el medio ambiente. Algunos de los ejemplos detallados a continuación dan fe de lo que la sociedad europea se juega y cómo el CETA abre peligrosamente el camino a lo negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El CETA incluye un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), tan contestado en las negociaciones del TTIP que la Comisión Europea se vio obligada hace dos semanas a presentar un mecanismo alternativo. El ISDS permite a inversores extranjeros denunciar a los estados firmantes del acuerdo ante tribunales privados y secretos, si consideran que sus beneficios o potenciales inversiones se ven afectadas por nuevas leyes o políticas. Las empresas pueden pedir compensaciones multimillonarias, y ganarlas a expensas de los ciudadanos, quienes pagan la factura. Un sistema injusto y antidemocrático que endosa el riesgo de las inversiones a los contribuyentes, y ejerce una presión inaceptable sobre los gobiernos para que no legislen a favor de las personas y el medio ambiente. Se conocen 127 casos de activación de ISDS contra 20 Estados miembros de la EU desde 1994. Entre los 62 casos, cuyos detalles son públicos, las compensaciones solicitadas por inversores ascienden a casi 29.000 millones de euros. La mayor cuantía pagada por un Estado miembro ha sido de 553 millones de euros (el caso del Banco Ceskoslovenska Obchodni contra la Eslovaquia). Así mismo el mayor acuerdo entre las partes ha sido el pago de 2.000 millones de Plonia a Eureko, una compañía de seguros holandesa.

De aprobarse definitivamente el CETA, estos tremendos casos de pérdida de soberanía de los Estados se generalizarían: las empresas canadienses y estadounidenses, con tal de que tengan una filial en Canadá, podrían demandar a un Estado miembro de la UE en caso de considerar que cualquier movimiento legislativo o político pusiese en peligro sus inversiones. En este sentido, por mucho que la Comisión Europea proponga reformas del ISDS en el TTIP (aunque de momento sin cambios significativos), al aplicarse el ISDS del CETA, los Estados seguirán expuestos al grave peligro de las demandas de cualquier empresa norteamericana.

El CETA pone en peligro nuestra seguridad alimentaria: mientras la legislación europea vigente no acepta ninguna contaminación por organismos modificados genéticamente (OMG) en semillas y alimentos, los textos acordados entre la UE y Canadá demuestran una concesión de la UE para aceptar niveles de contaminación en productos importados desde Canadá. Además la UE estaría dispuesta a incrementar las importaciones de colza transgénica como parte del acuerdo. Una vez Europa acepta la contaminación por OMG, aunque en niveles bajos, los ciudadanos tendrán que decir adiós a una alimentación libre de transgénicos. Este ejemplo ilustra perfectamente cómo los negociadores europeos no dudan en priorizar los beneficios de la industria frente a nuestras (todavía insuficientes) normas de protección de la salud y del medio ambiente.

También da una idea de lo que podría pasar con el TTIP: siendo el mayor acuerdo de inversiones y libre comercio jamás firmado, muchísimas de nuestras leyes y normas sociales y ambientales quedarían sin efecto, con el argumento de que representan una barrera al comercio y un daño para los beneficios de importadores estadounidenses.

El CETA pone seriamente en riesgo nuestra democracia y la protección básica de los ciudadanos y el entorno. Por esto Amigos de la Tierra anima a la ciudadanía a oponerse y movilizarse contra este acuerdo, al igual que contra el TTIP, e insta a los decisores políticos de impedir que prospere.

La próxima oportunidad de movilización se presentará en los Días de Acción Internacional del 10 al 17 de octubre de 2015, cuando la ciudadanía tendrá de nuevo la oportunidad de decir NO al TTIP, pero también al CETA y otros tratados comerciales actualmente en negociación con el TISA (acuerdo internacional sobre servicios sociales) y el TPP (acuerdo entre Estados Unidos y Asia), dado que cualquier tratado bajo la misma lógica de comercio internacional a expensas de los derechos fundamentales y del planeta es rechazable. Más información próximamente en la Campaña No al TTIP.

Puedes firmar la petición y decir no al TTIP y al CETA en este enlace, ¡ACTÚA!