El Gobierno de Mariano Rajoy ha promovido 16 vetos en 42 días contra otras tantas proposiciones de ley de contenido social en casi todos los casos. A un veto cada tres días, el Gobierno “dialogante” del PP en minoría trata de evitar que se tramiten las iniciativas legislativas de la oposición y de algunos parlamentos autonómicos contra situaciones de injusticia y desigualdad. El Ejecutivo invoca el artículo 136.6 de la Constitución, que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. Fuentes de La Moncloa estiman que las 16 iniciativas vetadas hasta el momento supondrían una pérdida de ingresos o un aumento de gasto de unos 5.000 millones de euros. El portavoz socialista, Antonio Hernando, dice que eso es mentira porque ninguna afecta al Presupuesto vigente.

Los vetos son los siguientes:

• Revalorización de las pensiones. El Consejo de Ministros decidió el viernes vetar la proposición de ley firmada por el PSOE, UP, ERC, el PDEC (antigua Convergencia) y el PNV, de revalorización de las pensiones un 1,2% en 2017 con el argumento de que “el coste superaría los 1.150 millones de euros” y haría tabla rasa del “factor de sostenibilidad” aprobado en diciembre de 2013 que garantiza una subida mínima del 0,25%. El veto no aparecía en la referencia del Consejo de Ministros y fue presentado a las 19:45 horas del lunes en el registro del Congreso con un escrito de la Asesoría del gabinete del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro.

• Suspensión de la LOMCE. Las proposiciones de ley del PSOE para dejar en suspenso el calendario de implantación de la LOMCE, y del PDUC en el mismo sentido fueron vetadas con el argumento, acompañado de un informe del Ministerio de Educación, de que se perderían 615 millones de euros de fondos comunitarios y supondría unas obligaciones de igual cuantía de gasto no previsto. La Mesa del Congreso desestimó el veto y la proposición de ley socialista fue aprobada el 15 de noviembre. Posteriormente, el Gobierno remitió a la Mesa del Congreso un informe jurídico instando a no tramitar la proposición de ley y a cumplir la previsión constitucional.

• Derecho universal a la asistencia sanitaria pública. El Gobierno alega que la atención sanitaria a personas inmigrantes sin papeles en los centros de salud dispararía el gasto. La objeción a la recuperación del derecho universal a la atención sanitaria que propugna el PSOE se halla pendiente de un informe jurídico solicitado por la Mesa del Congreso.

• Supresión de tasas judiciales. Las tres proposiciones presentadas por el PSOE, UP y C's han sido congeladas por la Mesa tras el rechazo del Gobierno a su tramitación y se encuentran a la espera de los informes complementarios solicitados por el Congreso. Otra del PDEC, todavía en el Grupo Mixto, está pendiente de calificación por la Mesa.

• Protección de consumidores vulnerables y pobreza energética. El Gobierno formuló el veto a esta proposición de ley del PSOE y el Congreso congeló la tramitación a la espera de un nuevo informe, si bien el martes el pleno aprobó una moción de UP por 200 votos a favor frente a 132 abstenciones y un voto en contra del PP para que las eléctricas se abstengan de cortar la luz y el gas sin avisar a las familias en situación de pobreza.

• Trato desigual a los trabajadores subcontratados. El Gobierno vetó esta iniciativa socialista, pero la Mesa la ha admitido a trámite por considerar que “el Gobierno no justifica de forma objetiva y suficiente” que implique aumento de gasto o disminución de ingresos.

• Fomento del autoconsumo eléctrico. Esta proposición de ley de C's también desajustaba el Presupuesto, según el Gobierno, que implantó un impuesto al sol, y ha quedado sobre la mesa a la espera del informe jurídico de los letrados del Congreso. El veto gubernamental ha afectado también a otra proposición de ley similar de la Asamblea Regional de Murcia, donde el PP tiene mayoría, sobre generación de energía eléctrica renovable para el autoconsumo.

• Mejoras de las prestaciones por hijos. La proposición de ley del PDEC pretende mejorar la prestación económica de la Seguridad Social para la crianza de los hijos, pero también ha topado con el rechazo previo del Ejecutivo y se halla pendiente de la decisión de la Mesa.

• Apoyo a los emprendedores. El veto afecta a una proposición de ley del Parlamento de Baleares que plantea la aplicación de las ayudas para la internacionalización de las nuevas empresas constituidas por emprendedores.

• Víctimas del amianto. La iniciativa del Parlamento Vasco reclama la creación de un fondo de compensación a los trabajadores y familias que durante años han sufrido la exposición al producto nocivo y han enfermado a consecuencia del asbestos. Ante el veto gubernamental, la Mesa ha decidido solicitar un informe complementario a los servicios de la Cámara.

• Transferencia de la autopista AP-9. La proposición vetada procede del Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta del PP, y reclama el traspaso de la titularidad de la autopista a la Xunta de Galicia. La actual concesionaria penaliza a los usuarios que superan el tiempo establecido por ella misma para realizar los recorridos. Los gallegos están muy enfadados con las técnicas de los sátrapas. La tramitación de la iniciativa del traspaso está paralizada, a la espera del consiguiente dictamen jurídico.