El expresidente de la Academia del Cine, Enrique González Macho, está imputado por fraude en las subvenciones. La Fiscalía pide para él más de un millón de euros de multa y la inhabilitación para recibir subvenciones durante meses. En total, son cuatro los juzgados madrileños que investigan irregularidades en más de 40 películas, un entramado que afecta a productores, distribuidores y salas.

Y que salpica a nombres que, desde hace años, piden en casi cada intervención pública leyes contra el robo y el fraude en el cine. Pero no en el caso de las subvenciones, sino en el de las descargas. Frases que hoy cobran otro sentido.

La otra piratería: autocompra de entradas para llevarse dinero público

"O terminamos con el expolio o terminará con nosotros". González Macho no se refería al fraude en las subvenciones en su discurso de los premios Goya de 2013, sino a la piratería. Y no es su única perla en los discursos. Hace tres años, afirmó que "Internet no forma parte de la actividad económica del cine".

El fraude, que los ministerios de Hacienda y Cultura han puesto encima de la mesa de la Fiscalía madrileña, es sencillo: se trata de autocomprarse entradas o manipular los datos de asistencia a las salas para justificar el número suficiente de espectadores que garantice el acceso a las subvenciones. Un tema que viene de lejos, viciado por el propio diseño de la subvención y que medios como El Confidencial han puesto al descubierto en repetidas ocasiones.

La película "Holmes & Watson. Madrid Days", dirigida por Garci, es un ejemplo extremo. La distribuidora del filme y la cadena de cines que la proyectaba están bajo sospecha porque algo no encaja: la película agonizó durante sus primeras semanas y, de golpe, consiguió multiplicar por 400 su número de espectadores tras varias semanas en cartel... ¡Con espectadores de sesiones que ni siquiera existían!.

Productores contra Internet: también viene de lejos

Nadie pone en duda que se trata de una filtración interesada: ni los medios ni los propios productores. Falta un mes para las elecciones, y el Gobierno y el mundo del cine han tenido una legislatura tensa, entre la subida del IVA de las salas y las críticas del ministro Montoro. La productora Tornasol Films, de Gerardo Herrero, también está bajo sospecha. Herrero acusó a los internautas (así, en general) de ser como "traficantes de droga" y planteó en su momento que la banda ancha sólo servía para bajarse contenidos ilegales: "para qué quieren tantos megas si no es para bajarse películas y música". Ahora, Herrero señala la filtración como puñalada trapera "antes de que los jueces dicten sentencia".

Hay al menos 248 salas de cine bajo sospecha y, aparte de Hacienda, el Ministerio de Cultura también ha señalado que al menos 38 de las 74 películas producidas en 2012 muestran irregularidades por el estilo. Enrique Cerezo, uno de los hombres más poderosos del cine -y del fútbol-, confesaba ayer a la SER una ingenuidad asombrosa para un experto de su talla, al declarar que no tenía ni idea de qué iba el tema ni por qué su nombre había aparecido en los periódicos. Se trata del mismo hombre que señalaba a los juzgados al hablar del tema de la piratería: afirmaba que bajarse contenidos era un delito "tipificado", pero que "al llegar a los juzgados se para. España también es campeona del mundo en piratería".

