El freno que había tenido la construcción hacia fines del año pasado, con el respectivo golpe sobre el empleo, sumado al año electoral y a la necesidad de mostrar gestión generaron el cocktail perfecto para que el Gobierno decida activar al máximo los planes de viviendas nacionales.



Los distintos programas dependientes del Ministerio de Planificación Federal están sobreejecutados y el plan Procrear, cuyo financiamiento depende exclusivamente de la ANSeS, también avanza a un ritmo vertiginoso.

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre dado a conocer por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), el servicio social vivienda y urbanismo devengó entre enero y junio $ 5.158,4 millones, equivalente al 65% de lo presupuestado. Al 30 de junio de 2012, en tanto, los fondos ejecutados habían trepado a los $ 2.257,2 millones, que representaban el 41% de los previstos en la ley de Recursos y Gastos.



Los números muestran claramente la decisión del Gobierno de acelerar las erogaciones en materia de vivienda y urbanismo. Los gastos en esta materia crecieron en términos interanuales 128,5%.



Los programas dependientes de la Subsecretaría de Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de Planificación Federal son: Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo Digno apunta a la construcción de viviendas nuevas, que al 19 de julio gastó el 64,12% de lo presupuestado; Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica son obras más chicas de mejora de un barrio o de una vivienda, que ya devengó el 56% de los $ 942,6 millones asignados; y el programa de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, que gastó el 60% de los $ 570,6 millones previstos en el Presupuesto.



Otro programa mediante el cual el Gobierno distribuye fondos para el mejoramiento habitacional es el de Mejoramiento de Barrios (Promeba), que financia el BID con un aporte de u$s 450 millones por cinco años, según información oficial.



Mediante estos programas, la Nación distribuye entre provincias y municipios fondos destinados a ese fin que son manejados por los Institutos Provinciales de Viviendas mediante las licitaciones y la firma de los respectivos contratos con las empresas constructoras.



La subsecretaría de Viviendas de la Nación gira el dinero contra avance de obra y luego de finalizada la casa, la provincia o el municipio la entrega a una tasa de apenas 4% anual.



Se duplicó el presupuesto de la Subsecretaría de Vivienda para este año y la proyección para el 2013 es que se terminarán gastando $ 10.000 millones, enfatizó a El Cronista el titular de la Comisión de Vivienda de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Iván Szczech.



El directivo coincidió en que en los últimos meses la ejecución se aceleró fuertemente sólo en junio, con $ 700 millones, se triplicó lo gastado el mismo mes del año pasado y lo adjudicó a la pérdida de puestos de trabajo generados hacia fines del año pasado.



En ese momento, la orden fue recuperar esas fuentes laborales mediante la reactivación de estos subsidios a provincias y municipios para la realización viviendas, soluciones habitacionales o mejoramiento de barrios. Ahora volvimos a superar los 400.000 obreros afiliados a la Uocra, afirmó Szczech.



También reactivó al sector el plan Procrear, pero el segmento destinado a las constructoras para el desarrollo de barrios en distintos lugares del país, ya que el que apunta a las viviendas individuales genera una competencia desleal, dijo el directivo de la CAC, en referencia a que para los hogares particulares se suele contratar obreros en negro y lo mismo ocurre con la compra de materiales.



De todos modos, aclaró que recién en mayo y junio comenzaron a certificarse pagos del Procrear para desarrolladores.