"Acapulco se ha venido deteriorando porque no hay autoridad, no se previene el delito, no se persigue, no se investiga, no se castiga y la impunidad es lo que ha hecho que sea la ciudad más violenta de México y la segunda del mundo, tras la hondureña San Pedro Sula. Es casi un Estado fallido". El presidente de la ONG Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, pronunciaba estas palabras durante la presentación del ránking 2012 sobre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, un informe que hace la organización desde hace cinco años y que se presentó solo tres días después de la violación de seis españolas en una playa de Acapulco, una noticia que conmocionó dentro y fuera de México.

"Les debería dar vergüenza a las autoridades tener una ciudad así e invitar a turistas a que vayan ahí a sufrir las consecuencias", añadió tras criticar duramente a "un alcalde que llora en lugar de buscar a los culpables" y que "insulta la inteligencia de mexicanos, españoles y de todo el mundo". "Es evidente que Acapulco cada vez se acerca más a la condición de un estado fallido que es cuando la autoridad empieza a perder el monopolio de la fuerza pública y el de cobrar impuestos y se lo cede a organizaciones criminales (a través de extorsiones cobran un impuesto adicional para el narco) y cuando el Estado pierde también capacidad castigar a los delincuentes con respeto a los derechos humanos", agregó.

Las declaraciones de Ortega llegan un día después de que al alcalde de la ciudad costera, Luis Walton se le quebrara la voz y suplicara al presidente Enrique Peña Nieto ayuda para parar la inseguridad de la localidad que no ha cesado en los últimos años aunque en 2011 se puso en marcha el operativo 'Guerrero Seguro' en todo el estado, un despliegue de efectivos del ejército y distintos cuerpos de policía.

Ante esta situación, Ortega propuso una solución que seguro generará más de un comentario: que el pueblo se arme como, de hecho, ya está pasando en algunas localidades del Estado de Guerrero (no lejos de Acapulco) y también de Michoacán donde los pobladores, hartos de la violencia buscan su autodefensa.

"A los únicos que se les impide en nuestro país tener armas es a los ciudadanos" dijo tras pedir que se "les permita tener armas para su defensa en los casos que así se requiera". Además, señaló que, al realizar el estudio de las ciudades más violentas, su organización detectó que en "países con menos restricciones a las armas hay mucha menos violencia que en otros donde prevalecen las prohibiciones y restricciones".

Honduras, el lugar más peligroso

En el primer lugar de este ranking de las ciudades más violentas del mundo, elaborado a partir de datos sobre homicidios dolosos que proceden de la ONU o de las propias autoridades y que luego son cotejados con lo publicado por la prensa, se sitúa por segundo año consecutivo San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con 169 homicidios por cada 100.000 habitantes. La segunda es Acapulco con 143, después Caracas con 119, el distrito central de Tegucigalpa con 102 y en quinto lugar la también mexicana Torreón con 95 homicidios.

Ortega destacó que aunque el estudio se hace en ciudades con más de 300.000 habitantes, han detectado que los países en los que más se ha deteriorado la seguridad es, por este orden, Honduras, Venezuela y México. Asimismo, aseguró que Honduras se ha convertido en el país más violento del mundo aunque sus autoridades opten por "ocultar la realidad". En este sentido, explicó que en el informe se utilizaron las cifras de 2011 porque no les fueron facilitadas las de 2012 "y su hubiera habido alguna disminución las autoridades hondureñas se habrían apresurado a dar a conocer ese logro".

Entre los datos positivos, Ortega destacó que Ciudad Juárez, que durante tres años estuvo a la cabeza y en 2010 alcanzó una tasa de 229 homicidios dolosos por 100.000 habitantes, ahora se sitúa en el puesto 19 y que Tijuana sale de la lista, un éxito que Ortega atribuyó no a los programas sociales sino a que las autoridades "por fin están haciendo su trabajo".

También subrayó la bajada registrada en la capital salvadoreña, San Salvador, y que atribuyó a la tregua de las pandillas auspiciada por el gobierno.