Durante 10 años el PC controló la ARCIS. En sociedad inicial con Max Marambio replicó un modelo de negocios utilizado por otras universidades privadas: una inmobiliaria que compra sus inmuebles, asume su gestión y reparte ganancias. CIPER entrevistó a protagonistas de esta historia y revisó documentos en notarías y el Archivo Judicial que acreditan paso a paso cómo operó el control de la universidad desde la Inmobiliaria Libertad. CIPER confirmó que a fines de 2012, un año antes de la partida del PC, se retiraron utilidades por $530 millones. La crisis financiera tiene hoy a esa universidad paralizada.

En la mañana del 23 de abril de 2014, el rector René Leal se paró frente a alumnos, profesores y funcionarios de la Universidad de las Artes y Ciencias Sociales ARCIS, y aseguró que todo lo que se decía era mentira. Era la inauguración del año académico y unos 300 funcionarios llevaban tres meses con sus imposiciones impagas. Juan Aramayo, vicerrector de Gestión y Finanzas, había sido despedido por el directorio sólo días antes. Le habían “retirado la confianza”, decía el comunicado. Luego, siete directivos dejaron sus cargos. Uno de ellos fue el secretario general, el periodista Mauricio Weibel, quien denunció irregularidades y un desorden financiero que había provocado un déficit operacional anual cercano a $3.500 millones. La situación era crítica. En algunos círculos se decía que la universidad no sobreviviría; que repetiría la experiencia de la Universidad del Mar, hoy en quiebra y con un decreto de cierre a cuestas.

La inauguración del año académico era el momento para aplacar la incertidumbre de una comunidad de unos 3.000 estudiantes, 500 profesores y alrededor de 300 trabajadores. También la oportunidad para explicarles lo que venía después de que el Partido Comunista dejara de ser el controlador de la universidad. Dos entidades ligadas al PC –ONG ICAL y Ediciones ICAL limitada– abandonaron en diciembre la estructura que dirigía la universidad.

Uno de los directivos renunciados señaló a CIPER que, tras la salida de las dos entidades, se revisaron los documentos contables y se descubrió que la universidad no contaba con centros de costos, por lo que no se sabía el detalle de ingresos y gastos en sus distintas unidades; que los balances y estados financieros se completaban con la contabilidad de ingresos por adelantado para presentar resultados positivos; que el descontrol interno permitió que cada año aumentaran la planta de funcionarios y, con ello, el déficit operacional, y que al menos el 70% de los $7.000 millones de activos circulantes declarados correspondía a deudas incobrables.

El rector René Leal nada dijo de todo eso en su discurso. Sólo reconoció que la situación era “compleja, pero superable en la medida que todos hagamos la pega”. También dijo que la universidad seguía siendo viable y que, si todos se mantenían unidos para enfrentar un nuevo proceso de acreditación, serían “invencibles” (ver discurso completo).

Lo que pasó en los siguientes tres meses y medio sólo agravó la crisis debido al desarme de la estructura de control y propiedad que manejaban hasta diciembre pasado la ONG Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y la sociedad Ediciones ICAL Ltda., ambas estrechamente vinculadas al PC.

Sólo días después del discurso de Leal, 336 funcionarios de la ARCIS no recibieron el pago de sus sueldos ni de sus imposiciones y varios trabajadores a honorarios se quedaron sin su devolución de impuestos. Comenzaba mayo y el Sindicato Nº1 de Trabajadores y Académicos daba inicio a una huelga a la que se sumaron estudiantes de unas diez carreras y que duraría todo ese mes. La universidad estaba paralizada. El Ministerio de Educación (Mineduc) abrió una investigación sobre su débil situación económica, ante el riesgo de que deje de funcionar. La fiscalización se inició en los precisos momentos en que comenzaba a discutirse la reforma para crear el “administrador provisional”, un interventor de establecimientos educacionales que entren en crisis terminal y cuyo principal objetivo será resguardar los derechos de los alumnos y sus familias. Con la legislación actual, los jóvenes quedan a la deriva y endeudados, como aconteció con los cerca de 18 mil estudiantes de la Universidad del Mar.

Para pagar a su personal, las autoridades de la ARCIS hicieron gestiones con bancos y usaron unos $1.720 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) ingresados a comienzos de junio. Aquello no fue más que la calma que precede a la tormenta.

El segundo semestre se inició este lunes 11 de agosto y profesores y funcionarios están nuevamente en paro. Sus remuneraciones de julio no se cancelaron. Tras cuatro semanas con licencia médica, el rector René Leal renunció. También se fueron el vicerrector Académico, Jorge Figueroa, y el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Iván Atencio. Este último lideraba el proceso de certificación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), gestión clave para seguir contando con los millones del CAE. Como la ARCIS ha pedido una prórroga en ese proceso, lo más probable es que la decisión de la CNA se conozca el próximo año, por lo que los alumnos que se matriculen este verano no podrán optar al CAE y en 2015 la universidad no contará con su principal vía de financiamiento.

En el plano académico la crisis se grafica en un número no determinado de profesores que frente a la inestabilidad han optado por irse, interrumpiendo los programas y cursos. Ante ello, un grupo de alumnos presentó un recurso de protección contra la universidad, argumentando que lo sucedido afecta “la valoración de nuestros títulos en una universidad que parece no importarle el prestigio institucional ni el valor de sus estudiantes”.

Poco queda en la ARCIS de la estructura que el PC construyó en 2004 junto al empresario y ex miembro del MIR, Max Marambio, y que controló la universidad a través de la sociedad comercial Inversiones e Inmobiliaria Libertad S.A. La versión oficial es que la salida del PC fue una decisión política: si el partido quería ser parte de la Nueva Mayoría e impulsar la reforma educacional, no podía tener una universidad. Menos haber lucrado con ella, como lo demuestra esta investigación.

CIPER revisó centenares de escrituras, contratos y actas en distintas notarías y en el Archivo Judicial, consiguió documentos en el extranjero y entrevistó a personajes clave para desentrañar el diseño, puesta en marcha, auge y caída de un modelo de negocios del que hasta hoy se sabía muy poco: el de un partido político involucrado en la propiedad de una universidad. Esta es una historia de traspasos de propiedades, contratos de arriendos, disputas políticas, la caída en desgracia en Cuba de uno de sus inversionistas y cerca de US$13 millones transferidos desde Venezuela en partidas aprobadas por el difunto presidente Hugo Chávez. Así fue cómo los “socios estratégicos” compraron en 2004 la Universidad ARCIS por $1.600 millones y nueve años después la dejaron con un déficit que supera esa cifra en casi $200 millones.

“LA MÁS PÚBLICA DE LAS PRIVADAS”

En junio pasado el actual asesor de los ministros del Interior y de Educación, Juan Andrés Lagos, aún era secretario general del PC. En esa calidad aseguró a La Tercera que su partido no obtuvo ni un peso de la ARCIS y que, por el contrario, perdió dinero. Lagos, ex presidente del directorio de la ARCIS, también dijo que cuando los comunistas se retiraron del control, en diciembre de 2013, “no estábamos con la idea de que la universidad reventara en dos meses”. En todo caso, sabían perfectamente la situación precaria en que quedaría: un informe financiero solicitado el mismo 2013 a la consultora Entrepuertos por el directorio de la universidad, cuando Lagos lo presidía, confirmó un déficit operacional anual de $1.790 millones, una deuda bancaria por $6.780 millones, $5.000 millones en deudas incobrables y una imagen pública que “ha caído en un estado de mediocridad”.

Los consultores incluyeron una propuesta para revertir la situación. “Volver a los orígenes” la llamaron, apelando a la concepción de sus fundadores: “La más pública de las universidades privadas”. La historia de la universidad comenzó en 1982, cuando partió como Instituto Superior de Ciencias Humanas, Comunicación y Diseño. En 1984 pasó a llamarse Instituto Superior de Arte y Ciencias Sociales ARCIS. El proyecto, en plena dictadura, pretendía convertirse en alternativa para estudiantes y académicos de izquierda.

Una semana antes del plebiscito de 1988, un grupo de sus fundadores compuesto por Luis Torres Acuña, Franex Vera Hermosilla y Michael Weiss Egner, creó la Sociedad Educacional ARCIS Ltda., que asumió el control del instituto. Un año después, Torres se asociaría con Pedro Domancic, José María Bulnes y otras ocho personas para dar vida a la Corporación Universidad ARCIS (vea sus estatutos originales), una entidad sin fines de lucro que absorbió a la sociedad de Torres, Vera y Weiss. Esa fusión fue, en los hechos, la primera compra de la universidad: según el contrato firmado en septiembre de 1990, la corporación asumió los activos y pasivos de la sociedad, los contratos de su personal y sus actividades académicas. Todo a cambio de una renta vitalicia para los tres socios originales equivalente al 2% de sus ingresos anuales.

La ARCIS comenzó a operar como universidad en marzo de 1990. Para 1994, con Luis Torres como rector y Fernando Castillo Velasco como presidente del directorio, ya contaba con 12 carreras y 1.800 alumnos en sus sedes de Huérfanos 1710 y 1724.

Según contó a CIPER el entonces secretario general de la corporación, Pedro Domancic, en esa primera etapa la universidad se financió con las matrículas y aranceles, además de créditos del Banco del Desarrollo. Reconoce un gran error: “La universidad no se manejó con criterio empresarial, sino sólo vocacional. No se resguardó el flujo económico. El cobro a los estudiantes morosos era poco exigente y no había control de ingresos y gastos”.

En 1999, a pesar de sus problemas económicos, la ARCIS fue reconocida por el Consejo Superior de Educación como una institución autónoma con poco más de 2.600 alumnos. Esta resolución permitió la expansión y la puesta en marcha de una estrategia para superar el déficit: llevar la marca ARCIS a regiones.

EXPANSIÓN FALLIDA

En poco tiempo la Universidad ARCIS llegó a ser la tercera con mayor presencia nacional -superada por la Santo Tomás y la Del Mar- con diez sedes en el país. La mayor parte de ellas se instaló en lugares donde carecía de competencia: Cabrero, Curanilahue, Castro, Portezuelo, Lota y Cañete.

En la capital también creció. En 2001 firmó un contrato con el Banco BBVA para adquirir vía leasing la antigua Fundición Libertad, un lote de 13.183 m² ubicado en Libertad con Erasmo Escala, donde construyó su casa central: el Campus Libertad. La universidad se comprometió a pagar 121.239 UF (unos $1.940 millones a esa fecha), aunque los inmuebles estaban valorados en 104.145 UF (cerca de $1.666 millones).

La estrategia de expansión no funcionó. Directivos de esa época dijeron a CIPER que las sedes regionales no recibían suficientes alumnos, los gastos operacionales aumentaban y el desorden era tal que resultaba imposible dimensionar la crisis. A mediados de 2002, Luis Torres renunció a la rectoría para asumir la gestión de las sedes de regiones y en su reemplazo asumió Pedro Domancic. Entonces comenzaron a pensar en traer nuevos socios a la corporación.

A comienzos de 2003, Fernando Castillo Velasco dejó la presidencia del directorio y en su reemplazo quedó el ex ministro de Educación Jorge Arrate. Poco después, Domancic dimitió y asumió como rector Tomás Moulian. Fue el primer paso para generar una nueva estructura de control.

ARCIS EN VENTA

En entrevista con CIPER, Jorge Arrate aseguró que cuando quedó a la cabeza del directorio, nadie conocía la situación real: no existía un registro claro de la información contable y el porcentaje de alumnos becados era altísimo.

Luis Torres terminó alejándose definitivamente y renunció a la renta vitalicia acordada en 1990. Era 2004 y la universidad ya tenía 6.800 alumnos, pero la situación económica, dice Arrate, era “irremediable”: no había fondos para cancelar el leasing y en varias oportunidades estuvieron a punto de suspender el pago de remuneraciones. La universidad recurrió al factoring que, de acuerdo al ex ministro, ahogaba a la corporación. Era indispensable buscar nuevos inversionistas.

Además de deudas, sedes que no rendían y alumnos que no pagaban, la universidad era dueña de todas las sedes que tenía en Santiago, excepto el Campus Libertad, sobre el cual tenía derechos preferentes de opción de compra. Con ese activo valorado en $1.600 millones, Moulian y Arrate salieron a buscar inversionistas. Pero había que ofrecer un plan de negocios atractivo. Lo que el directorio de la corporación aprobó fue el mismo mecanismo utilizado por otras universidades privadas: traspasar sus bienes raíces a una sociedad inmobiliaria. En otras palabras, deshacerse de sus principales activos para hacer caja y luego pagar arriendo por ellos para generar lucro a los controladores.

Jorge Arrate cuenta que con Tomás Moulian armaron una lista de posibles inversionistas de izquierda. Sólo dos accedieron: el PC, entonces dirigido por Gladys Marín, y el empresario Max Marambio.

Desde 1983 el PC cuenta con su propio think tank: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL. En 1996, el partido creó la ONG ICAL y, posteriormente, en 2003, constituyó la sociedad comercial Ediciones ICAL Ltda., cuyos socios iniciales fueron el actual diputado comunista Daniel Núñez y el miembro de la Comisión Política del PC, Óscar Azócar. Las escrituras revisadas por CIPER en el Archivo Judicial, indican que fue a través de Ediciones ICAL Ltda. que el PC entró a la propiedad de la ARCIS. Los mismos documentos acreditan que Max Marambio ingresó al negocio mediante dos de sus sociedades: Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.

El abogado Roberto Celedón, quien entonces era secretario general de la universidad, aseguró a CIPER que la idea inicial era que los nuevos inversionistas tendrían voto en la asamblea de socios de la Corporación Universidad ARCIS, pero no se les garantizaban puestos en su directorio. Tras el due dilligence realizado por Marambio, dijo Celedón, las condiciones cambiaron y los recién llegados exigieron participar en el directorio. Jorge Arrate, en cambio, dice que eso estaba contemplado desde el momento en que se les ofreció ingresar.

En octubre de 2004 la asamblea de socios de la corporación se modificó. De los 22 integrantes, todos eran nuevos, salvo José María Bulnes y Jorge Arrate. Ahí se produjo el ingreso oficial de Max Marambio y de los dirigentes comunistas Juan Andrés Lagos, Jorge Insunza Becker y Óscar Azócar. A ellos se sumaron el ex secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende y diez académicos históricos de la ARCIS, en representación de los socios antiguos, como Gabriel Salazar, Tomás Moulian y Mónica Echeverría.

La nueva asamblea de socios de la corporación acordó modificar los estatutos para aumentar el número de directores a siete y otorgarle al directorio de la ARCIS atribuciones para definir y modificar los lineamientos económicos y financieros de la universidad. Esta es la primera evidencia de que el ingreso del PC y Marambio tenía un objetivo claro: participar en el control de la universidad y no ser sólo “inversionistas solidarios”, como han sostenido algunos de los involucrados en estas operaciones.

Ya reestructurada la corporación, el siguiente paso en este proceso de venta de la universidad fue crear la inmobiliaria que se haría dueña de los inmuebles. La Inmobiliaria Libertad S.A. se creó el 19 de octubre de 2004, con un capital de $1.600 millones que se constituyó así:

La Corporación Universidad ARCIS quedó con el 99,5% de las acciones de la Inmobiliaria Libertad. El 0,5% restante fue suscrito por Roberto Celedón con $8.000.000. Veinte días después, la inmobiliaria decidió preparar los contratos de arriendo para que la universidad comenzara a pagar por el uso de los edificios. Era el 9 de noviembre de 2004, y en el acta de esa primera sesión del directorio de la inmobiliaria quedó constancia de que su presidente era Max Marambio y en la gerencia estaba Patricio Palma, miembro de la Comisión Política del PC.

PRIMER RETIRO DE UTILIDADES

La Inmobiliaria Libertad quedó constituida por cuatro socios, cada uno con cerca del 25% de sus 200 acciones: Max Marambio (con 51 acciones repartidas entre sus sociedades Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.), Ediciones ICAL Limitada (con 51 acciones), Inversiones Salvador S.A. (de un grupo de académicos antiguos, con 47 acciones) y Corporación Universidad ARCIS (controlada por los tres socios anteriores, con 51 acciones).

Marambio y Ediciones ICAL recibieron sus acciones tras transferir, cada uno, $408 millones a la Corporación Universidad ARCIS. A su vez, Inversiones Salvador, cuyos socios mayoritarios eran Roberto Celedón, José María Bulnes y Adil Brkovic, puso $376 millones. La venta de la universidad se había concretado.

La inmobiliaria pagó reparaciones del Campus Libertad por $230 millones y aceptó constituirse en aval de la universidad cuando fuese necesario. La ARCIS contaba en ese momento con casi 5.200 alumnos. La gestión comenzó a ordenarse porque, según cuenta Arrate, Marambio aplicó criterios gerenciales para que la universidad pudiera autosustentarse y se inició el cierre de las sedes en regiones.

Jorge Arrate y Roberto Celedón concuerdan en que Ediciones ICAL y Max Marambio comenzaron a actuar en conjunto, rompiendo un pacto no escrito que impedía hacer alianzas entre los socios de la corporación para formar bloques mayoritarios que controlaran la universidad. La unión del PC y Marambio se acentuó después de que Tomás Moulian dejó, en 2006, la rectoría. Arrate asumió la rectoría tras dejar la presidencia del directorio de la corporación, donde fue reemplazado por Marambio.

Las relaciones internas se fragmentaron. La prensa de la época informó que se estaba discutiendo un rediseño total de la ARCIS, lo que contemplaba el despido de cientos de trabajadores y académicos. Celedón lo confirma y agrega que el PC y Marambio impulsaban esos cambios. Los funcionarios acusaban la imposición de una lógica empresarial. Un grupo de estudiantes anarquistas se tomó el Campus Libertad durante tres semanas para transformar la universidad en una institución “popular”. Marambio quería el desalojo, ya que, según dijo a El Mercurio, si seguía la toma, “lo más probable es que no seamos capaces de remontar la crisis económica”. Arrate era partidario de no desalojar y eso, afirma, le significó dejar la rectoría antes de cumplir un mes en el cargo. Este episodio dejó en claro que ya a mediados de 2006 el hombre fuerte de la ARCIS era Max Marambio.

Las actas del directorio de inmobiliaria Libertad muestran que, un mes después de la renuncia de Jorge Arrate, se concretó el primer reparto de las utilidades del negocio. El 10 de julio de 2006 el directorio de la inmobiliaria acordó el pago de un dividendo provisorio total por $60 millones. No sería el único retiro. Los documentos oficiales acreditan que seis años después, en 2012, se haría otro por más de $530 millones.

El mismo 2006 la universidad comenzó a endeudarse con la inmobiliaria como aval. En octubre, la ARCIS pidió un crédito por $300 millones al Banco del Desarrollo, el que se sumaba a otra deuda previa por $600 millones con la misma entidad financiera. Como garantía, la inmobiliaria puso algunos de sus inmuebles de calle Huérfanos.

NUEVE MILLONES DE PETRODÓLARES

Según varios testimonios recogidos por CIPER, al inicio de 2008, Max Marambio desplegó una aguda ofensiva para hacerse del control de la universidad. Ese año Marambio comenzó a introducir cambios en las sociedades con las que integraba la Inmobiliaria Libertad. Finalmente fue Nazareno S.A., la única sociedad con la que siguió administrando su participación en el negocio, a la que le amplió su objeto para poder explotar “actividades comerciales relativas a la Educación Superior y universitaria” y celebrar convenios en Chile y en el extranjero. Esto último sería clave para administrar aportes conseguidos en Venezuela, con cuyo gobierno se venía gestando una estrategia de financiamiento desde al menos un año antes.

En enero de 2007 el directorio de ONG ICAL aprobó abrir una cuenta corriente en dólares en el Banco BCI. Lo mismo hizo el directorio deNazareno S.A. un año después. Las escrituras de las sesiones de directorio de ambas sociedades, establecen que las dos cuentas serían gestionadas en conjunto por Max Marambio y Daniel Núñez para manejar fondos provenientes del extranjero.

En enero de 2008 Nazareno y ONG ICAL recibieron fondos desde Venezuela, autorizados personalmente por el entonces presidente Hugo Chávez. CIPER obtuvo un documento interno del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES) donde se señala que el24 de enerode 2008 se ejecutó el traspaso de US$ 9.060.000 (unos $4.392,5 millones) a la Universidad ARCIS como parte de “un convenio de asistencia económica no reembolsable”. Pero ese dinero no llegó a la universidad directamente, pues pasó antes por las cuentas de ONG ICAL y Nazareno. Según el convenio que estas dos entidades firmaron con BANDES el 11 de enero de 2008 (ver contrato), el dinero fue enviado para el saneamiento de pasivos de la universidad: pago de arriendos, juicios pendientes, impuestos, pagos a proveedores y traslado de todas sus dependencias a la sede principal. Todo esto, para generar las condiciones que permitieran establecer en dependencias de la ARCIS, la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado (ELAP). La universidad debía retribuir al banco con becas, matrículas o servicios académicos.

No obstante, sólo un 2,2% ($95 millones) de los fondos bolivarianos se destinaron a la creación de la ELAP. Así lo registra el Anexo B del contrato. La misma escritura señala que el resto del dinero se distribuyó así: 37% para pagar deudas bancarias, 26% para cancelar operaciones de factoring, 8% para impuestos, 7% para una campaña publicitaria y 5% (unos $217 millones) para las arcas de Inmobiliaria Libertad, por lo que le adeudaba la universidad por arriendos y créditos. Uno de esos préstamos, por $200 millones, se cerró sólo unos días antes de que llegaran los fondos aportados por Hugo Chávez.

Las buenas noticias duraron poco. Ese mismo enero de 2008 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la certificación de la universidad (ver resolución), eliminando así la posibilidad de que sus nuevos alumnos recibieran el Crédito con Aval del Estado (CAE). Era la primera vez que la ARCIS se sometía al proceso de acreditación y fracasó, según la resolución de la CNA, por su debilidad financiera e infraestructura insuficiente, entre otras razones.

EL BREVE CONTROL DE MARAMBIO

Los controladores de la ARCIS decidieron apelar a la resolución de la CNA. La universidad requería con urgencia fondos que fortalecieran sus finanzas y eso era el dinero del CAE. Pero para revertir el fallo adverso se necesitaba documentar un mayor respaldo financiero. El dinero fue inyectado por Max Marambio y el PC a través de la ONG ICAL y Nazareno S.A. Ambas compraron a medias, en $408 millones, el 25,5% de las acciones de la Inmobiliaria Libertad que aún estaban en manos de la Corporación Universidad ARCIS. Así lo acredita una escritura del 29 de enero de 2008 que CIPER revisó en el Archivo Judicial.

En su recurso de reposición ante la CNA, la universidad presentó los mismos $408 millones como recursos aportados por “socios estratégicos”, como parte de una inyección de fondos por un total de $2.700 millones. El nuevo flujo de dineros resultó inútil: la CNA rechazó una vez más la acreditación.

Poco antes, Max Marambio había adquirido, a través de Nazareno S.A., las acciones de los tres socios mayoritarios de Inversiones Salvador S.A. –Celedón, Bulnes y Brkovic–, la sociedad de académicos que era propietaria del 23,5% de Inmobiliaria Libertad. Las pagó con $344 millones. Con esto, Marambio sumó el 61,75% de las acciones de la inmobiliaria, tomando su control y, por ende, el de la universidad.

En marzo de 2008 el directorio de ONG ICAL autorizó la apertura de una nueva cuenta en el BCI para cumplir el convenio con el banco venezolano BANDES. Esta cuenta sería administrada por Enrique Bruce, en conjunto con cualquiera de las siguientes personas: Juan Andrés Lagos, Pablo Monje o Andrés Pascal. Nuevamente se abrió una cuenta paralela para manejar esos recursos, pero esta vez no estaría a nombre de Nazareno S.A., sino de la Universidad ARCIS, cuyo directorio era presidido por Max Marambio y también lo integraban Lagos y Bruce.

La explicación de estas cuentas se pudo entender cuando CIPER revisó los registros del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (BANDES) y encontró que el 29 de marzo de 2009 se autorizó una nueva partida de US$ 4 millones, clasificada como “Asistencia Económica a la Universidad ARCIS”. En octubre de 2009 se concretó este segundo envío, que en Chile se presentó como un crédito a largo plazo contra una garantía hipotecaría constituida por Inmobiliaria Libertad. Así, la suma de los dineros de Venezuela para la ARCIS alcanzó a los US$13 millones.

Aunque formalmente Max Marambio tenía el dominio del 61,75% de la Inmobiliaria Libertad, los documentos revisados por CIPER indican que desde fines de 2008 las dos entidades del Partido Comunista (ONG ICAL y Ediciones ICAL) comenzaron a tomar progresivamente el control de la universidad. En efecto, el directorio de la Corporación ARCIS, de siete miembros, quedó integrado por cuatro comunistas: Juan Andrés Lagos (presidente del directorio), Daniel Núñez, Patricio Palma y Jorge Insunza.

Ese directorio de la corporación fue el que decidió pagarle a la Inmobiliaria Libertad $439,7 millones para recuperar los derechos sobre el contrato de leasing por el Campus Libertad. Así, la universidad pagó$70 millones más que cuando le traspasó esos mismos derechos a la inmobiliaria en 2004. Por la inmobiliaria, sancionaron esa operación dos personas que también integraban el directorio de la Corporación ARCIS: Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez. El contrato lo firmó el 29 diciembre de 2009 el rector de la ARCIS, Carlos Margotta, quien había reemplazado a Jorge Arrate.

La ARCIS partió 2010 cerrando un contrato con el Banco del Estado por un préstamo de $2.000 millones y cambiando sus estatutos. La modificación estableció que la designación del rector dejaría de ser visada por el Consejo Universitario Superior (CUS), donde estaban representados los tres estamentos: académicos, funcionarios y estudiantes. La decisión quedó en manos del directorio de la Corporación Universidad ARCIS, donde ya tenían mayoría los comunistas.

Durante los meses que siguieron estalló el escándalo que liquidó la relación de Max Marambio con Cuba. El otrora socio del Estado cubano en distintos negocios y amigo personal de Fidel Castro (ver reportaje de CIPER), arrastraba problemas con La Habana al menos desde 2008, cuando Raúl Castro asumió la conducción del régimen y congeló el pago a empresas extranjeras, impidió el retiro de capitales e intervino las sociedades que Marambio tenía en la isla. El Partido Comunista cubano lo acusó de haber aplicado sobreprecios a los alimentos que importaba a través de Río Zaza, la empresa cuya propiedad compartía con el Estado de ese país.

Marambio se defendió y llevo el conflicto a un tribunal de París. Pero en Chile, a contar de ese episodio, comenzó a retirarse progresivamente de la Universidad ARCIS.

SE ABREN LAS PUERTAS AL CAE

El 20 de octubre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), encabezada por Luis Eugenio Díaz, acreditó a la Universidad ARCIS por dos años (ver resolución). La CNA estimó que su estructura y organización eran satisfactorias, aunque no veía un compromiso serio para la acreditación de sus carreras. Además, consideró que el proceso de cierre de sedes había sido exitoso y reconoció los avances en rentabilidad, disminución de morosidad, aumento de liquidez y reestructuración del gasto. Eso sí, señaló que la situación financiera “se encuentra en un punto de equilibrio que le impide realizar inversiones, por ejemplo en el área de infraestructura, que sigue siendo precaria”.

Ese año todas las instituciones que se presentaron ante la CNA fueron acreditadas. Díaz hoy se encuentra procesado precisamente por haber vendido de forma fraudulenta acreditaciones a distintas universidades en ese periodo, convirtiéndose en uno de los protagonistas del desplome del sistema que debía custodiar una Educación Superior de calidad (ver reportaje de CIPER). Entonces, nada de eso se sabía y lo único que importaba era que con la acreditación, las puertas de acceso a los millones fiscales del CAE fueron abiertas para la ARCIS.

Desde que Marambio y el PC llegaron en 2004, la matrícula de la ARCIS venía a la baja. Si en 2003 tenía más de 6.830 alumnos, después de la acreditación, en 2011, había apenas 3.404. De ellos, según los datos de la Comisión Ingresa (que administra el CAE), 473 fueron beneficiados con financiamiento estatal, lo que se tradujo en ingresos asegurados por el Estado por casi $745 millones.

La Corporación Universidad ARCIS había recuperado en diciembre de 2009 los derechos sobre el leasing del Campus Libertad. De esa forma, este era el único inmueble que no quedó bajo control de la Inmobiliaria Libertad. En abril de 2011, la corporación modificó ese leasing con el Banco BBVA y lo convirtió en un leasback. La operación fue así: la corporación compró al banco todos los inmuebles que le arrendaba vía leasing y que conformaban el Campus Libertad; luego, los revendió al mismo BBVA, pero a un precio mayor, producto de la valoración de las nuevas edificaciones construidas desde 2001. Todo se finiquitó con un nuevo contrato de arrendamiento con opción de compra, es decir, otro leasing. De esa forma, la corporación obtuvo recursos frescos, manteniendo su opción para recuperar a largo plazo la propiedad del Campus Libertad.

Respecto de los restantes edificios, la universidad aún tenía parte de la propiedad de ellos en su calidad de socia de la Inmobiliaria Libertad (como Corporación Universidad ARCIS). Pero eso cambió en agosto de 2011. En esa fecha, la universidad y la inmobiliaria firmaron un contrato por el cual la primera reconoció que nunca pagó a la segunda el traspaso de los derechos sobre el leasing del Campus Libertad. Por lo tanto, la universidad aún le adeudaba $439,7 millones a la inmobiliaria. Esa deuda fue pagada con las acciones de la universidad en la misma inmobiliaria, avaluadas en $389 millones. De esta forma, la Corporación Universidad ARCIS saldó su deuda, pero al mismo tiempo perdió la propiedad sobre los inmuebles y dejó de ser accionista de la Inmobiliaria Libertad. Quizás esa fue la razón por la que ese año informó al Mineduc que no tenían vínculos comerciales con empresas relacionadas, a pesar de que, en los hechos, la Inmobiliaria Libertad sí lo era ya que sus dueños seguían siendo los mismos controladores de la corporación y estaban vinculados por contratos de arriendo y otros servicios.

Dos días antes de que se firmara el contrato que repartió las acciones que tenía la Corporación Universidad ARCIS en la Inmobiliaria Libertad, el directorio de esta última se modificó. La presidencia la asumió Marcos Barraza Gómez, actual subsecretario de Previsión Social, quien entonces era director de ICAL. Con Barraza sumaron seis –de un total de siete- los directores ligados al PC o a ICAL.

El control del PC también se reflejó en el gobierno universitario. Cuando en octubre de 2011 la Corporación Universidad ARCIS volvió a cambiar sus estatutos, al menos el 53% de sus socios era del PC. La principal decisión fue remover a Andrés Pascal Allende como secretario general, el que fue reemplazado por el actual diputado Daniel Núñez. Pascal pasó a la nueva vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad, encargada de lograr la segunda acreditación en la CNA.

NUEVA REPARTICIÓN DE DIVIDENDOS

A comienzos de 2012, según afirmó Juan Andrés Lagos a La Tercera, el PC ya había tomado la decisión de dejar la universidad. Una decisión que empezaron a evaluar en 2011, cuando estalló la protesta estudiantil. De ser así, allí estaría el origen de algunas decisiones que adoptó la Inmobiliaria Libertad para hacer caja. En marzo de 2012 vendió en 30.616 UF (unos $690,9 millones) el inmueble de Huérfanos 1721 a Inversiones Agua Santa S.A., vinculada a los controladores de la Universidad Bolivariana y del Instituto Profesional Valle Central (ver reportaje de CIPER).

El 28 de noviembre de 2012 la CNA renovó la acreditación a la ARCIS por dos años más (ver resolución). La Comisión Nacional de Acreditación consideró que la sustentabilidad de la ARCIS era aceptable, al menos en el mediano plazo, a pesar de que sus deudas por cobrar presentaban una alta morosidad. Además, señaló que la corporación mantenía “una situación de estrechez y fragilidad económica”.

Lo que sucedió a fines de 2012 puede ser quizás uno de los hechos más cuestionables detectados por CIPER en esta investigación. Sobre todo si es cierto lo que afirmó el dirigente Juan Andrés Lagos, y para esa fecha el PC ya preparaba su salida de la universidad. Porque lo que pasó en esos días en una reunión de accionistas de Inmobiliaria Libertad S.A. es precisamente lo que se entiende por lucro.

El 12 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de Inmobiliaria Libertad S.A. El socio mayor era ONG ICAL, representada por Claudio De Negri Quintana, que con 101 acciones tenía el 50,5% de la propiedad. Ediciones ICAL Ltda., cuyo representante era Marcos Barraza, tenía el 25,5%. Con ambas el PC ya controlaba el 76% de las acciones de la inmobiliaria. Además, el partido ya tenía la mayor parte de Inversiones Salvador S.A., que seguía siendo titular del 23,5%. Y Max Marambio, a través de Nazareno S.A., apenas conservaba una acción, equivalente al 0,5%.

El acta de esa sesión indica que Marcos Barraza, presidente del directorio, partió señalando que la venta de Huérfanos 1721 ya se había concretado. Después, informó que la inmobiliaria “no contempla proyectos de nuevas inversiones propias del giro, por lo que no tiene sentido y carece de justificación mantener en caja sumas superiores al capital de $1.600 millones” (*). Con esa justificación, Barraza propuso reducir el patrimonio de la sociedad. Acto seguido, De Negri tomó la palabra en nombre de ONG ICAL y pidió aprobar la propuesta “porque su representada requiere dichos fondos para las actividades propias de su institución”. Así, se sancionó la segunda repartición de utilidades detectada por CIPER en el manejo de la universidad ARCIS.

Los representantes de las cuatro sociedades presentes procedieron a hacer cuentas para calcular el dividendo a repartir: el Fondo de Revalorización del Capital Social de $502.058.485 más el Fondo de Utilidades Acumuladas de $115.407.086. A ello le restaron la Pérdida del Ejercicio: $77.829.923. El resultado se sumó al monto del capital de la sociedad, lo que arrojó un patrimonio total superior a los $2.139, 6 millones. Como la idea era mantener el capital inicial, el excedente fue de casi $540 millones. Ese fue el monto que los socios se repartieron al acordar que se redujera el patrimonio al capital original.

Después de esa repartición, Max Marambio se retiró de la sociedad.

El ADIÓS DEL PC

La Universidad ARCIS no quedó conforme con los dos años de acreditación que le concedieron en 2012. En abril de 2013 la CNA rechazó su apelación. Poco después, en junio, según explicó un reportaje de La Tercera, los socios de su principal sociedad relacionada, la Inmobiliaria Libertad, vendieron a Tanner Leasing S.A. las sedes de calle Huérfanos 1710, 1724 y 1742, y de Riquelme 240. Fue un leasback: Inmobiliaria Libertad entregó los inmuebles a cambio de $1.050 millones. Una cláusula del contrato es que Tanner le arriende con opción de compra a la ARCIS en cuotas mensuales de 835,76 UF (cerca de $201 millones). Si llega a pagar la cuota número 96, la universidad recuperará el dominio sobre los inmuebles.

La venta a Tanner Leasing marcó el fin de la relación comercial entre la inmobiliaria y la universidad. En esa operación, Inmobiliaria Libertad se desprendió de todos sus bienes raíces. Esa fue la fórmula del PC para liquidar su participación en el rubro de la Educación Superior. Para preparar los últimos pasos de esa retirada, el directorio de la ARCIS, aún encabezado por Juan Andrés Lagos y dominado por miembros del partido, solicitó a la consultora Entrepuertos la elaboración del lapidario diagnóstico financiero ya mencionado. Mientras esperaban los resultados, el PC ya trabajaba en la campaña de Michelle Bachelet como un miembro más de la Nueva Mayoría. Debían apurar su desembarco de la ARCIS: si ganaba Bachelet, prometía una reforma educacional que hacía incompatible que un socio de la alianza de gobierno tuviese propiedad sobre una universidad privada.

Cuando el vicerrector de Gestión y Finanzas de la ARCIS, Juan Aramayo, recibió el informe de Entrepuertos, se encontró con resultados desastrosos. “ARCIS carece de sistema integrado de información y gestión, lo que impide conocer los datos reales al interior de la organización”, dice el informe. La crisis fue fielmente retratada por los expertos de Entrepuertos: déficit millonario, deudas elevadísimas -entre ellas US$9 millones por servicios educacionales de posgrado a estudiantes venezolanos- y miles de millones de pesos en activos circulantes que no eran más que pérdidas no declaradas. Tras consultar a los trabajadores de la casa de estudios, los autores del informe dan cuenta de un “generalizado sentimiento de que la estructura actual organizativa dificulta la viabilidad de la universidad”.

Con esa información bajo el brazo, en diciembre pasado renunciaron a la Corporación Universidad ARCIS Juan Andrés Lagos, Jorge Insunza y Daniel Núñez (a esa fecha ya elegido diputado). Cuando en marzo de 2014 Michelle Bachelet entró a La Moneda, hacía ya tres meses que el PC había finiquitado su incursión en el negocio universitario.

Nota de la Redacción: CIPER le pidió en reiteradas oportunidades entrevista a personeros del Partido Comunista, al ex rector René Leal y al actual vicerrector de Gestión y Finanzas de la Universidad ARCIS, Víctor Garrido. En el Partido Comunista recibieron nuestras solicitudes, pero nadie respondió. René Leal rechazó enfático hablar con nuestro equipo y el vicerrector Garrido, si bien en un principio aceptó la entrevista, luego no volvió a responder nuestros llamados.

(*N. de la Redacción: en el acta de esa sesión hay un error y en vez de decir $1.600 millones, dice $1.600.000)