España forma parte del selecto grupo de países desarrollados que tienen fijada una indemnización para expresidentes del Gobierno y ex ministros inmediatamente después de que abandonan su cargo, según refleja un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado esta semana.

El estudio, 'El Gobierno de un vistazo', analiza desde 2008 y cada dos años el desempeño del sector público desde un amplio abanico de indicadores, y en esta edición ha examinado por primera vez la gestión de los conflictos de interés de los altos cargos antes y después de dejar el puesto.

Basándose en datos de 2014, la OCDE señala que 21 países adscritos a ese club que engloba al denominado mundo desarrollado limitan durante un periodo determinado el paso de sus expolíticos al sector privado tras su cese, un plazo que oscila entre un año (en Austria) y cinco (Alemania).

Dentro de ese amplio grupo de países, sólo cinco (España, Austria, Noruega, Portugal e Israel) pagan a sus altos cargos como compensación por ese "periodo de enfriamiento" (“cooling-off”), según el informe, que no analiza las pensiones vitalicias que muchos países abonan a sus máximos responsables cuando se jubilan.

De esos cinco países, sólo tres pagan a expresidentes y exministros tras su cese: Austria, Noruega y España. En el caso de Israel, la compensación durante el periodo de incompatibilidad se limita a ex altos cargos de segundo nivel (no a expresidentes, ex primeros ministros ni ex ministros) y en Portugal, al expresidente de la República (no al primer ministro ni a sus ministros).

En Noruega la puede cobrar cualquier ex miembro del Gobierno (incluyendo los de menor nivel, como antiguos asesores) y equivale al último salario cobrado antes de dejar el cargo. Pero sólo se abona para compensar "la prohibición de tomar posesión de un puesto específico", subraya la OCDE.

En España, la indemnización se abona salvo que el exalto cargo encuentre un empleo en el sector privado autorizado (lo normal es que lo haga) por la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Para los expresidentes del Gobierno español, la pensión es vitalicia (salvo que renuncien a ella) y a los exministros se les paga durante dos años, el plazo que establece la Ley de Incompatibilidades. En ambos casos está fijada en el 80% del salario base durante dos años, un porcentaje similar a lo que cobra el exjefe del Estado español, que está fuera del análisis del informe de la OCDE. Así, Felipe V ha fijado la asignación de su padre, Juan Carlos I, en 187.356 euros brutos anuales para 2015, cifra que equivale al 80% del salario del actual rey.