La acción legal se basa en la Ley de Prensa y la Ley Zamudio que condenan a toda persona que haga un llamado o incite al odio, lo que según los querellantes habría realizado el desaforado senador durante su campaña.

Comunidades migrantes de la región de Tarapacá presentarán este miércoles una querella en el Juzgado de Garantía de Iquique, invocando la Ley Zamudio en contra del senador independiente por la zona, Fulvio Rossi. De acuerdo a lo informado por dirigentes de organizaciones migrantes de Bolivia, Colombia, Haití, Perú y Ecuador, quienes residen en la capital regional, la acción por ley antidiscriminación se origina en lo que ellos consideran una “falsa denuncia de ataque” formulada por el parlamentario el miércoles pasado, donde declaró públicamente que fue atacado por una persona de raza negra con acento colombiano. El abogado representante de las comunidades, Matías Ramírez, indicó que el escrito se basa en infracciones a la ley de prensa, agravada por la denominada Ley Zamudio, enfatizando que en casi toda la campaña electoral, Fulvio Rossi se basó en la estigmatización y el odio racial. “Se fundamenta en un delito específico de la Ley de Prensa, que condena a toda persona que haga un llamado o incite al odio, que tenga razón en grupos, por su raza o condición social y respecto de ese delito también lo amparamos en la Ley Zamudio, con la agravante creada por esta ley sobre las transgresiones que se cometan precisamente en base a un odio racial”, afirmó. Al respecto, Ronald Montecinos, vocero de la comunidad boliviana en Iquique, indicó que las declaraciones de Rossi fueron ilegítimas y que sólo significaron la criminalización de los migrantes con fines electorales. El dirigente advirtió que las organizaciones han expresado su preocupación por la creciente xenofobia observada entre los ciudadanos de la región de Tarapacá. “Constantes declaraciones anti migrantes que ha hecho el ahora desaforado senador, desde hace un par de meses, cuando los bolivianos estaban detenidos aquí, hace un llamado similar, que la gente llega a actuar con xenofobia, con estigmatización que está creciendo cada día más, en los ciudadanos se refleja eso al ver a una persona de color, ya está causando ese estigma en la población misma”, argumentó. Montecinos agregó que junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos llevarán adelante una serie de programas de trabajo en la región con el fin de revertir la estigmatización y el odio contra el migrante. “Nosotros estamos trabajando en un proceso de desestigmatización del migrante, hacer ver el lado positivo, el aporte positivo de la migración en esta región que es bastante cosmopolita”, sostuvo En tanto, para Giovanni Pereira, vocero de la comunidad ecuatoriana en la zona, el acto de denuncia manifestado por el senador Fulvio Rossi, “ha traspasado un límite peligroso para la convivencia entre chilenos y migrantes, lo que debe ser enfrentado con decisión por la justicia”. Respecto de la investigación por la acusación de ataque con arma corto punzante contra el senador, desde la propia Fiscalía indicaron que además de la revisión de cámaras de seguridad se están realizando diligencias paralelas, pero que se mantienen en secreto por orden del fiscal a cargo Gonzalo Guerrero.

Comunidades migrantes de la región de Tarapacá presentarán este miércoles una querella en el Juzgado de Garantía de Iquique, invocando la Ley Zamudio en contra del senador independiente por la zona, Fulvio Rossi. De acuerdo a lo informado por dirigentes de organizaciones migrantes de Bolivia, Colombia, Haití, Perú y Ecuador, quienes residen en la capital regional, la acción por ley antidiscriminación se origina en lo que ellos consideran una “falsa denuncia de ataque” formulada por el parlamentario el miércoles pasado, donde declaró públicamente que fue atacado por una persona de raza negra con acento colombiano. El abogado representante de las comunidades, Matías Ramírez, indicó que el escrito se basa en infracciones a la ley de prensa, agravada por la denominada Ley Zamudio, enfatizando que en casi toda la campaña electoral, Fulvio Rossi se basó en la estigmatización y el odio racial. “Se fundamenta en un delito específico de la Ley de Prensa, que condena a toda persona que haga un llamado o incite al odio, que tenga razón en grupos, por su raza o condición social y respecto de ese delito también lo amparamos en la Ley Zamudio, con la agravante creada por esta ley sobre las transgresiones que se cometan precisamente en base a un odio racial”, afirmó. Al respecto, Ronald Montecinos, vocero de la comunidad boliviana en Iquique, indicó que las declaraciones de Rossi fueron ilegítimas y que sólo significaron la criminalización de los migrantes con fines electorales. El dirigente advirtió que las organizaciones han expresado su preocupación por la creciente xenofobia observada entre los ciudadanos de la región de Tarapacá. “Constantes declaraciones anti migrantes que ha hecho el ahora desaforado senador, desde hace un par de meses, cuando los bolivianos estaban detenidos aquí, hace un llamado similar, que la gente llega a actuar con xenofobia, con estigmatización que está creciendo cada día más, en los ciudadanos se refleja eso al ver a una persona de color, ya está causando ese estigma en la población misma”, argumentó. Montecinos agregó que junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos llevarán adelante una serie de programas de trabajo en la región con el fin de revertir la estigmatización y el odio contra el migrante. “Nosotros estamos trabajando en un proceso de desestigmatización del migrante, hacer ver el lado positivo, el aporte positivo de la migración en esta región que es bastante cosmopolita”, sostuvo En tanto, para Giovanni Pereira, vocero de la comunidad ecuatoriana en la zona, el acto de denuncia manifestado por el senador Fulvio Rossi, “ha traspasado un límite peligroso para la convivencia entre chilenos y migrantes, lo que debe ser enfrentado con decisión por la justicia”. Respecto de la investigación por la acusación de ataque con arma corto punzante contra el senador, desde la propia Fiscalía indicaron que además de la revisión de cámaras de seguridad se están realizando diligencias paralelas, pero que se mantienen en secreto por orden del fiscal a cargo Gonzalo Guerrero.