El largo ciclo electoral que hemos vivido, desde las elecciones europeas de 2014 hasta las nacionales del 26J, parece haber confirmado que en España, los partidos y políticos corruptos apenas sufren desgaste en las urnas. Es cierto que en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 los partidos que gobernaban regiones devastadas por la corrupción como Madrid o el País Valenciano perdieron poder, total o sustancialmente. Pero pese al escándalo de los EREs, el PSOE pudo mantener sin muchos problemas su control de la Junta de Andalucía, y pese a sonados casos como la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas o el uso de dinero negro para renovar su sede, el PP vio crecer su apoyo electoral en las últimas elecciones generales. Quizá el caso más paradigmático fuera el de Granada (en la foto), cuyo alcalde fue detenido por la policía acusado de corrupción. Dos meses después, el 26J, su partido, el PP, subió cinco mil votos en comparación con el 20D.

Los investigadores sociales, y los politólogos en particular, han intentado probar si este desolador paisaje es real o una ilusión producida por casos tan “curiosos” como el de Granada. La pregunta es importante el voto retrospectivo es uno de las principales mecanismos de rendición de cuentas a disposición de los ciudadanos. Sin él, las instituciones pueden permanecer gobernadas por políticos incapaces, cleptócratas o proclives a elegir políticas ineficientes. El falta de castigo electoral a la corrupción es tan preocupante que este blog ya dedicó varias entradas (esta y esta) a estudiarlo.

Lamentablemente, los datos parecen confirmar que las consecuencias electorales de la corrupción en España son más bien modestas e insuficientes para desbancar del poder a los corruptos. Pero esta fotografía es más compleja por varias razones. Una de ellas es que el tipo de escándalo importa. Como demostraban Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez a nivel municipal en este interesante artículo, cuando esa corrupción enriquecía al cargo electo (por ejemplo, por malversación de fondos públicos) en vez de al municipio (por ejemplo, por recalificación de suelo), el castigo electoral sí se producía. Esto nos ofrece una primera explicación para la continuidad del apoyo electoral a partidos corruptos: Los votantes mantienen a políticos facinerosos (como diría el más grande de todos ellos) porque estos les ofrecen a cambio políticas que les favorecen.

Esta conclusión se desprende también de un artículo recientemente publicado por Kostas Matakos y Dimitrios Xefteris quienes utilizan la revisión de las cuentas públicas griegas realizadas por Eurostat en 2010 como experimento natural. El gobierno del conservador Nueva Democracia (ND) había ocultado sistemáticamente la dimensión del déficit público y lo estimó en el 5%. En realidad era del 15.5%. Matakos y Xefteris argumentan que esto supuso un shock informacional que convenció a los ciudadanos de que el dinero público ya no iba a fluir por las redes clientelares mantenidas por los dos grandes partidos, ND y PASOK. Utilizando datos de las elecciones regionales de 2010, demuestran que el apoyo al bipartidismo griego cayó más en aquellas regiones con un mayor peso del sector público. Uno de cada seis votantes que votaron por partidos alternativos vivía en alguna de estas regiones.

Un aspecto muy interesante de su argumento es que esa fragmentación del voto no puede deberse a que los ciudadanos confiaran en obtener más patronaje de estos nuevos partidos, porque su conexión con el gobierno central, clave para la lubricación de las redes clientelares, era mínima. La razón parece más bien ser que cuando el grifo de dinero público se secó, los votantes se vieron “liberados” de su dependencia, de su rol de clientes, y decidieron su voto por motivos puramente ideológicos. Sería muy interesante evaluar la importancia de este mecanismo en España, porque las conclusiones de este estudio sugieren que la irrupción de nuevos partidos en numerosos ayuntamientos el 25M de 2015 pudo deberse a la austeridad presupuestaria post-2012, y que esta irrupción tal vez revierta cuando los flujos de dinero público o el mercado inmobiliario repunten de nuevo.

Aunque triste, esta razón para el apoyo a políticos corruptos entra dentro de lo razonable para los economistas porque se basa en transferencias monetarias, preferencias y trade-offs. Pero existe una segunda explicación mucho más desasosegadora: Los votantes hacen la vista gorda a la corrupción de políticos afines por lealtad de grupo, porque comparten con ellos una identidad. Para colmo, la lealtad grupal tiende a reforzarse en situaciones de competición (como comentamos aquí), como, por ejemplo, una campaña electoral.

En un interesante artículo, Eva Anduiza, Aina Gallego y mi colega en la UB Jordi Muñoz, apuntaban la importancia de esta explicación. Utilizando encuestas online, observaban que los votantes son mucho más permisivos con las corruptelas de los políticos del partido al que se consideran más próximos. La clave parece estar cómo se evalúa la información sobre un escándalo cuando el político implicado as afín o no. Cuando lo es, se atribuye una menor credibilidad a las informaciones sobre el caso. Este efecto resulta ser más severo entre los ciudadanos menos sofisticados y educados políticamente.

Esta hipótesis parece verse confirmada en un reciente artículo de Héctor Solaz, Catherine De Vries y Roosmarijn De Greus que presenta evidencia de dos estudios, uno empírico y otro experimental. El estudio empírico aprovecha la publicación de los papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013. En esas fechas se estaba realizando en España el muestreo de la sexta ola de la Encuesta Social Europea. Los autores utilizan este tratamiento para comparar las respuestas de los encuestados antes y después del 31 de enero usando una estrategia diff-in-diff. Observan que el apoyo al gobierno disminuyó en cinco puntos debido al escándalo, pero que esta reducción se produjo sólo entre los encuestados que no se identificaban como simpatizantes del PP. Entre los que sí lo hacían, la reducción de apoyo fue insignificante.

Como bien indican los autores de este trabajo, este resultado puede deberse al trade-off mencionado. También podría deberse a la idiosincrasia de los votantes españoles: un relativamente menor nivel de estudios y una menor cultura democrática debidos al desmoche cultural de la Guerra Civil y a cuarenta años de dictadura. Sin embargo los resultados del segundo estudio sugieren que no es así. En una serie de experimentos de laboratorio realizados en Reino Unido, los autores asignaron los participantes en dos grupos utilizando el llamado Paradigma del Grupo Mínimo, por el cual se genera una identidad irrelevante, como por ejemplo si te gusta más Klee o Kandinsky. En el tratamiento de control los votantes recibían información sobre una auditoria hecha de forma aleatoria sobre la gestión del participante elegido para actuar como político. En un segundo tratamiento, los votantes recibían además información sobre la identidad del candidato (si le gustaba Klee o Kandinsky). Los resultados muestran que los votantes tienden a votar a políticos de su mismo grupo, que castigan a aquellos que malversan fondos, pero no lo hacen cuando comparten identidad con estos.

Es importante distinguir entre las dos mencionadas explicaciones del voto a partidos corruptos porque sus implicaciones normativas son diferentes. Si la explicación es un trade-off entre corrupción y políticas, la información creíble sobre el desempeño de los representantes podría tener un impacto sobre el voto. Si la razón es lealtad de grupo, de poco servirá esa información porque los ciudadanos la procesarán de forma selectiva. También el comportamiento de los candidatos diferirá: en un caso, deberán hacer promesas electorales creíbles. En el segundo, les bastará invocar conceptos identitarios y convertir la elección en un “nosotros contra ellos.”