De las arcas públicas de la Comunidad salieron los 600 millones de euros que el Partido Popular de Murcia le dio a la empresa ACS, de Florentino Pérez, por la desaladora de Escombreras que prácticamente no funciona y que supone un quíntuple de su coste.

La Sal

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El diario digital El Confidencial ha revelado el contenido de un extenso informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se explica la trama del agua: cómo altos cargos del Gobierno junto con directivos de ACS, otras empresas locales y bufetes de abogado hicieron contratos y facturas falsas e informes jurídicos prefabricados para adjudicarse la contrucción de la planta de manera indebida y luego cargar el dinero a los presupuestos regionales.

La operación financiera emula el diseño de la plataforma petrolera Castor, en aguas de Castellón, por el que la empresa de Florentino Pérez reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones en los tribunales. En ese caso, como en la desaladora, se repite el esquema de que las empresas no invirtieron dinero propio, sino que se financieron con un crédito avalado por la Comunidad Autónoma.

El juzgado de instrucción número 5 de Murcia lleva dos años investigando el tema en un caso llamado La Sal. Previamente la Asamblea Regional había llegado a las mismas conclusiones en la Comisión de investigación sobre el mismo asunto, presidida por el diputado regional de Ciudadanos Miguel Sánchez.

El exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y una decena de altos funcionarios autonómicos y empleados de ACS y su filial Cobra están imputados en el caso. Las maniobras tuvieron lugar durante tres meses de 2006, según informa el diario La Verdad, durante la presidencia de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.

En ese momento se diseñó un entramado para saltarse la Ley de Aguas y de Contratos Públicos, ya que la desaladora tuvo un coste de construcción de menos de 111 millones de euros prestados por la Comunidad, mientras que el Gobierno del Partido Popular se comprometió con Cobra, propiedad de ACS, a pagarle 600 millones de euros en 25 años en un contrato de condiciones leoninas hubiera o no agua desalada.

Estos movimientos se realizaron a espaldas de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, la Intervención General y, además, se contrató a empresas privadas para asesorar al Gobierno regional.

La construcción de la desaladora se encargó en el verano de 2005 a la empresa Hydromanagement, propiedad de ACS, sin concurso público. La operación y mantenimiento de la instalación fue encargada del mismo modo a Tedagua, también de ACS. En febrero de 2006, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA que adquirió el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, de modo que a partir de ese momento se convirtió en un proyecto participado mayoritariamente por la Administración.

La decisión fue tomada directamente por el desaparecido Ente Público del Agua (EPA), que presidía el entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, sin solicitar informe previo a los servicios jurídicos de la Comunidad ni a la Consejería de Hacienda.

La UDEF señala que la infraestructura iba a destinar suministro de agua a 26 convenios urbanísticos en plena burbuja inmobiliaria. El Gobierno de Valcárcel recurrió a la desaladora para disponer de agua para los 180 millones de metros cuadrados de suelo donde se había planificado la construcción de 250.000 casas.

"Proyecto estrella de Valcárcel"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que "la desaladora de Escombreras fue el proyecto estrella de Valcárcel y del modelo de crecimiento del PP, basado en la especulación con el suelo y la construcción".

"El Gobierno de López Miras es cómplice de esta trama, ya que ha permanecido impasible y, no solo no ha colaborado con la justicia para aclarar los hechos, sino que, además, ha defendido lo indefendible en el mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas”, añadió Lucas.

“Ya advertimos del ruinoso negocio de la desaladora, y en las conclusiones de la comisión de investigación quedó claro que se sorteó la legalidad vigente y se apuntaba a una clara responsabilidad de Valcárcel y Cerdá”, ha añadido el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

“Nos preocupa especialmente el hecho de que nuestro hoy consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, fuera en el momento en el que tuvieron lugar dichas ‘maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes’ miembro del Consejo de Gobierno como consejero de Presidencia y portavoz", dijo Sánchez.

Desde Podemos, el secretario general Óscar Urralburu ha dicho que “fueron Valcárcel y Cerdá quienes diseñaron el entramado de Escombreras". "Entre todas las personas de esta Región vamos a regalar, por obra y gracia del gobierno del PP, 600 millones de euros a ACS", añadió el también portavoz parlamentario.