España incumple sus "obligaciones" con los desaparecidos forzados, según el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Los errores del caso español: no existe una cifra oficial de víctimas del franquismo, escasa aplicación de la Ley de Memoria y que el Estado delega la reparación "a la sola iniciativa de las familias". Una "herida abierta", como define un informe que retrata a varios países europeos.

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El listado de gobiernos que no establecen "la verdad sobre las personas desaparecidas" incluye a Armenia, Azerbaiyán, Chipre, Georgia, Irlanda del Norte, Rusia, Turquía, Ucrania, los Balcanes occidentales y España. Una cuestión de "voluntad política", apunta el comisario de Derechos Humanos del Consejo, Nils Muiznieks.

Para solventar un "problema" que está "lejos de resolverse en Europa", el documento señala nueve recomendaciones básicas. Reparación a las víctimas y sus familias. Erradicar la impunidad. Realizar investigaciones eficaces. Mejora de los procesos de exhumación e identificación. Fortalecer la legislación nacional. Aplicar la legislación internacional. Activar iniciativas que persigan "la verdad". Asegurar el acceso efectivo a la información y los archivos. Y capacitación de funcionarios públicos para esta labor.

La "vergonzosa brecha" entre víctimas y estados

"La incapacidad prolongada de los países europeos para arrojar luz sobre el destino y el paradero de decenas de miles de personas que han desaparecido a raíz de conflictos o dictaduras en todo el continente es una herida abierta para sus parientes y constituye una grave violación de los derechos humanos", refiere Muiznieks en la presentación en Estrasburgo (Francia) del 'Documento de debate sobre las personas desaparecidas y las víctimas de desaparición forzada en Europa'. "Ya es hora de cerrar la vergonzosa brecha entre lo que las familias necesitan y lo que hacen los estados", subraya.

El informe es tajante con España. "No hay ninguna estimación oficial del número de víctimas de desaparición forzada que genera la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975)". Solo la Audiencia Nacional aportó 114.226 personas en la causa abierta contra los crímenes franquistas por el exjuez Baltasar Garzón. Una cifra que abarca del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951 y no añade los más de 30.000 bebés robados por el franquismo.

"Desde el retorno de la democracia a España se han tomado medidas esporádicas para establecer la verdad, reparar y conservar la memoria de los caídos", apunta un informe que tiene "un enfoque más temático que para países". Aún así, en la visita que Nils Muiznieks realizara a España "sí habíamos encontrado expertos en la materia" que abren la posibilidad de tratar de nuevo el asunto en el futuro, señalan a eldiario.es fuentes de la oficina del comisionado para los Derechos Humanos.

El documento aplaude la Ley de Memoria Histórica española y medidas particulares como la prohibición de la "exaltación" golpista o "la retirada de los símbolos franquistas". Sin embargo, continúa el texto, "el alcance de la ley y su aplicación sigue siendo muy limitada". En parte "por el presupuesto previsto a tal fin", acentúa. "Ni un solo euro", que diría el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Esperanza, desesperación y voluntad política

La "investigación y sanción de los responsables" de estos crímenes de lesa humanidad tienen un progreso "muy modesto" debido "a la aplicación de la ley de Amnistía de 1977", denuncia el Consejo de Europa. "La búsqueda de personas desaparecidas, la exhumación de los restos y su identificación a menudo se deja a la sola iniciativa de las familias", refiere el informe.

"Las familias de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada se ven atrapadas entre las esperanza y la desesperación", explica el comisario de DDHH. "Ellos tienen el derecho de conocer la verdad y los estados tienen la obligación de establecerla. Si tienen éxito es más una cuestión de voluntad política que a la falta de posibilidades", alega Muiznieks.

Una de las claves que aporta el documento es "la erradicación de la impunidad de violaciones graves de derechos humanos". El informe, además de evaluar las "deficiencias actuales", destaca las "buenas prácticas" llevadas a cabo "en todo el mundo" para "esclarecer la suerte de las personas desaparecidas". Experiencias positivas que van de los Balcanes occidentales a intervenciones en Argentina o Guatemala.

"El problema de las personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada está lejos de resolverse en Europa", concluye el informe de la oficina del comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. No es "un fenómeno del pasado" y tiene "consecuencias muy graves" sobre el "Estado de derecho".

Una suerte de abandono estatal de "la verdad". Y "no puede haber reconciliación y cohesión social perdurable con la impunidad de los autores de desaparición forzada". Crímenes que violan artículos fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, caso del derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad y la seguridad… Como resume el texto, "la justicia es la solución".