Unas semanas antes de las elecciones generales de noviembre de 2011, personajes que iban a ocupar altos cargos en el Gobierno del Partido Popular comentaban en privado que el drástico ajuste que necesitaba el país sería tan intenso que debían mantenerlo en el máximo secreto porque de conocerse sus intenciones, no les iba a votar nadie. Seguramente esta ha sido la estrategia que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ejecutado con mayor diligencia, y sus consecuencias en materia de derechos laborales resultan cada día más espeluznantes.

El deterioro de las condiciones laborales por la pérdida de derechos es más difícil de cuantificar, pero sus consecuencias son más duraderas que el impacto de la destrucción de empleo. Existe la posibilidad de recuperar los más de tres millones de puestos de trabajo perdidos en el plazo de diez años, pero la liquidación de derechos sociales parece un hecho más irreversible.

Son cada vez más frecuentes los trabajadores que se ven obligados a aceptar salarios por debajo del convenio, incluso en empresas que trabajan para la Administración. Muchos empleados se ven obligados a firmar contratos por 20 horas semanales, pero con la obligación de efectuar 40 efectivas. Cobrar las horas extras se ha convertido en muchos casos en un privilegio. Los recortes salariales aprovechan las circunstancias más peculiares, como el descuento del tiempo de recreo a los profesores interinos. Los empleos temporales de menos de un mes se han generalizado en sectores tan estructurales como el de la sanidad pública.

De la mayoría de estos menoscabos no existen estadísticas sistemáticas que permitan medir su impacto, pero constituyen una realidad indiscutible de la que los ciudadanos tienen un perfecto conocimiento por su experiencia directa. Cuando se pregunta a los trabajadores, ¿cómo es posible aceptar estas condiciones?, la respuesta es recurrente: “Miedo a perder el trabajo”.

La existencia de más de cinco millones de parados durante más de tres años y medio ha facilitado un gran desequilibrio en el llamado “mercado de trabajo”, anulando prácticamente la capacidad de negociación de los buscadores de empleo y de los recién empleados.

Hay asuntos que llegan a los tribunales, como es el aumento de demandas por abusos en la subcontratación. Empresas muy rentables, como Telefónica-Movistar, operan gracias a un sistema de subcontratas de subcontratas, que carecen de la mayoría de derechos y que comportan una pérdida progresiva de los salarios. La práctica de la subcontratación se está extendiendo a todos los sectores, incluyendo ciertos segmentos de las cadenas de montaje de las empresas automovilísticas.

La mayoría de estos conflictos son difíciles de evaluar y en muchos casos, invisibles. Los técnicos de las subcontratas que actúan en el marco de Movistar llevan varias semanas en huelga, con salarios de menos de 800 euros por jornadas de hasta 10 horas, con una mínima difusión de su protesta. Tampoco las estadísticas conocidas recogen bien esta nueva realidad laboral. Oficialmente, el sueldo medio de los trabajadores cayó el 0,2% en 2014 hasta situarse en 1.992 euros mensuales. Pero este dato no refleja el impacto de la caída salarial real que sufren los nuevos ocupados. Los trabajadores de la construcción, por ejemplo, que ganaban 3.000 euros mensuales antes de la crisis, después de varios años de paro empiezan a encontrar trabajo, pero ahora deben aceptar contratos por 1.300 euros mensuales.

Los sueldos de infamia se están consolidando en los sectores más insospechados, como ciertos colectivos de profesores de Universidad cuyas remuneraciones no superan los 400 euros mensuales.

El último gran golpe a los derechos laborales viene de la mano del Gobierno con la promoción de un plan para crear 550.000 trabajadores autónomos en los próximos cuatro años. Autónomos son los nuevos periodistas de los medios de comunicación más emblemáticos o los delegados de las nuevas agencias bancarias de las grandes entidades financieras. Un sector cuyos empleados deben acudir cada vez más a los fármacos para soportar la presión para vender nuevos productos. Los autónomos de hoy sin derechos ocupan las mismas mesas de trabajo, realizan las mismas tareas, con la misma dedicación que los empleados de ayer, que contaban con una legislación laboral y unos convenios colectivos.

Hay que tener presente esta realidad cuando se analizan los resultados de las estadísticas laborales. Un empleado de hoy no es lo mismo que un trabajador o un parado de 2008, ni en salario, ni en derechos. Pero a pesar de esta abrumadora devaluación de las condiciones de los trabajadores, las cuentas tampoco salen. El ritmo de creación de empleo, aunque sea muy precario, volvió a sufrir un frenazo en el primer trimestre de 2015. Durante este período se destruyeron 143.500 empleos en el sector privado. Si se tienen en cuenta los efectos estacionales, tampoco los datos son buenos: el empleo aumentó en un 0,43% (unas 75.000 personas), la mitad que el trimestre anterior (0, 81%), según la Encuesta de Población Activa. Buena parte del empleo creado está asociado a obras públicas e iniciativas vinculadas a los múltiples procesos electorales de 2015. Los expertos alertan de los riesgos por la pérdida de los derechos sociales conquistados durante los últimos 130 años. El modelo laboral basado en las relaciones individuales puede funcionar un tiempo, pero la historia ha enseñado que los trabajadores han luchado siempre para mejorar sus condiciones de vida. La recuperación de derechos es la gran prioridad.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]