Dos desastres medioambientales y con grave riesgo para la salud. A menos de cien kilómetros uno de otro, en la misma región –Castilla-La Mancha–, y en localidades que distan medio centenar de kilómetros de la mayor ciudad del Estado. Ambos en instalaciones gestoras de residuos –una de peligrosos, otra de neumáticos– paralizadas, con procesos judiciales abiertos y con denuncias por desarrollar actividades irregulares. En apenas cuatro meses, y en circunstancias que, sin estar esclarecidas aún, indican que podrían haber sido incendios provocados. Hablamos de los desastres de la planta gestora de residuos peligrosos gestionada por Kuk Medioambiental en Chiloeches (Guadalajara), que ardió el pasado 27 de agosto, y el incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña (Toledo), gestionado por Gie Reboot Corporation y DGR Iberia SL, ocurrido el pasado mayo.

¿Qué está pasando para que la historia se repita en circunstancias similares? “Más que un descontrol en la gestión de residuos, lo que hay es una desidia en cuanto al control al que están obligados”. Es la opinión de José Ramón Becerra, experto en gestión de residuos, cabeza de lista de Equo a las elecciones al Parlamento Vasco y ahora número 3 por Araba en la coalición Elkarrekin Podemos. Un mensaje similar al que resalta Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción: “En Chiloeches la falta de control es total. Almacenar 20.000 toneladas de residuos peligrosos no es cosa de un día”.



Carlos Arribas: "Colocar sustancias peligrosas en vertederos de escombros en un negocio redondo"

La planta alcarreña es el último ejemplo del despropósito en la gestión de residuos por parte de operadores privados. Clausurada por el Ayuntamiento de la localidad –gobernada desde hace un año por Ahora Chiloeches– en junio, estaba siendo investigada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El Consistorio sostiene que llevaba años operando ilegalmente. Incluso la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre), patronal del sector, ha denunciado que la planta “mezclaba residuos peligrosos con otros residuos para después llevarlos a vertederos de inertes”, mezcla que “se camuflaba en los camiones cubriéndolos con escombro y de esta forma poder depositarlos en los vertederos de inertes, que carecen de capacidad para retener la contaminación contenida en los residuos que acaban en el agua y en el suelo”.

Negocio redondo

Como resalta Arribas, “colocar sustancias peligrosas en vertederos de escombros es un negocio total”. En España existen, grosso modo, tres tipos de vertederos. Los de residuos no peligrosos, también conocidos como inertes, son los menos problemáticos al no contener sustancias que vayan a modificar sus características físico-químicas y puedan generar gases o problemas de estabilidad. Luego están los de residuos no peligrosos urbanos (basuras) o asimilables a urbanos (residuos de hospitales, muebles, jardinería...), los más numerosos. Por último se encuentran los de residuos peligrosos. “Son los más problemáticos”, apunta Arribas, y en su tratamiento “los líquidos se tienen que inertizar previamente y mezclarlos con algún tipo de sustancia que los solidifica”. Los requisitos de tratamiento y control de estos últimos son muy superiores a los de inertes, un proceso mucho más caro. De ahí el posible interés de pasar peligrosos por inertes. De ahí que una de las líneas de investigación vaya por la hipótesis ‘desaparecido entre el fuego, no hay nada que gestionar’, ni pagar.

Una de las personas que más de cerca ha seguido ambos siniestros es Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha. Para él, es evidente que existe un mercado negro de residuos que se está aprovechando de las disfunciones de los sistemas de recogidas y reciclado de productos. “Es un mercado ilegal que se alimenta del manejo incorrecto de esos residuos y cuando las autoridades realizan el cerco a la actividad, derivan en una eliminación de la prueba del delito, los residuos”.

Todas las fuentes consultadas apuntan a una misma causa, generalizada en todo el Estado: la falta de personal, derivada de los recortes. “Una de las partidas presupuestarias de las comunidades autónomas que más se ha deteriorado es la de medio ambiente”, resalta Becerra. “Eso implica recortes en vigilancia y seguimiento de las actividades que pueden tener un impacto medioambiental, lo que acaba revirtiendo en que la actividad, por mucho que tenga autorización, tenga un impacto negativo porque no hay nadie que la está controlando”.

Descontrol en Valencia

Un ejemplo claro es el del País Valenciano. Con medio millar de instalaciones industriales con autorización ambiental integrada (AAI), el número de funcionarios dedicados a validar los datos de emisiones, contaminantes y transferencia de residuos es ridículo: uno. “El resultado final es que estos no se validan, no hay capacidad”, remarca Arribas. De esta forma, falla el sistema, que prevé que la empresas con AAI comuniquen anualmente los datos del año anterior para que sean validados por la administración y publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes.

La misma situación se da con las inspecciones ambientales. Cada comunidad autónoma debe elaborar un plan de inspección ambiental en el cual se establece qué empresas deben ser investigadas y con qué periodicidad. Las potencialmente más peligrosas, como las refinerías, deben ser inspeccionadas anualmente. Pero la falta de personal para esta labor es generalizada. “De nuevo en la Comunidad Valenciana”, indica Arribas, “son cinco los inspectores ambientales para visitar 500 instalaciones, desde granjas a cementeras. Así es imposible cumplir con los planes de inspección, y eso se puede generalizar a todas las comunidad autónomas”.

Desde Equo abogan por tener un cuerpo de funcionarios que verifiquen que la normativa se cumple, así como “unas administraciones suficientemente sensibilizadas con el medio ambiente”. En este punto, Asegre denuncia lo mismo: “Estas malas prácticas evidencian una vez más la necesidad de dedicar más recursos y reforzar los controles sobre la gestión de residuos”.

El número 3 por Álava de Elkarrekin Podemos destaca además que dedicar más presupuesto a medio ambiente, “al contrario de lo que se piensa, no es un gasto, sino una inversión a futuro, en calidad de vida de la ciudadanía y en empleos verdes”. Para este grupo, el futuro pasa por investigar en tecnología verde que evite la producción de residuos peligrosos, “Producirlos no deja de ser un coste para las empresas. Para evitar los problemas, por un lado, hay que controlarlos, pero, por otro, hay que evitar que se produzcan”.

Información irreal

Las asociaciones vecinales y los ecologistas no sólo ponen el foco en las causas y las consecuencias medioambientales y para la salud. También en la gestión de las emergencias. Y en esto, los siniestros de Chiloeches y Seseña también tienen similitudes. “La autoridades no están siendo realistas y transparentes en la información que se suministra a la ciudadanía, y eso genera una lógica inquietud por la que colectivos como el nuestro se ven obligados a actuar ante la ausencia de una información contrastada y creíble”, denuncia Hernández.

El responsable manchego califica de “trato infantil” el que las administraciones han dado a la ciudadanía y resalta que los responsables públicos han “minusvalorado una situación de evidente emergencia y riesgo”.



José Ramón Becerra: "Una de las partidas presupuestarias que más se ha deteriorado es la de medio ambiente"

Los ecologistas denunciaban en los primeros días del incendio en Chiloeches la falta de información sobre los contaminantes más peligrosos y los mensajes tranquilizadores que las administraciones lanzaban. “En este tipo de situaciones cuando la administración empieza a medir contaminantes lo hace en base a la red de estaciones de medición fijas que tiene dispuestas, que suelen estar alejadas de los focos del siniestro. Lo que hacen es decir que en esos puntos de control no han registrado contaminación y lo elevan casi a categoría general, dando la sensación de que no hay contaminación, y eso no es cierto”.

El ejemplo de Seseña es claro: mientras los mensajes oficiales de los primeros días hablaban de parámetros normales, una vez llegaban los datos de las estaciones móviles dispuestas en la zona fueron apareciendo contaminantes peligrosos. La investigación que realizaron los profesionales de la Universidad Rovira i Virgili reveló que los niveles en aire de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) fueron diez veces superiores a los habituales, la misma proporción encontrada en muestras de lechugas plantadas en un huerto urbano de la urbanización El Quiñón, la más cercana al vertedero.

Una situación similar se ha dado en Chiloeches. Mientras las autoridades hablaban de contaminación “baja” o “normal”, la llegada de la nube tóxica procedente de la quema de disolventes, pinturas y otros residuos en la planta de Chiloeches a la estación de medición del ministerio en Campisábalos (Guadalajara), limítrofe con la provincia de Soria, revelaba un importante aumento de partículas PM10 algo más de un día después del inicio del incendio. A las 16h del 27 de agosto, Campisábalos registraba 65 µg/m3 y Soria 7 μg/m3. Precisamente, un reciente informe de la OMS nombraba a Campisábalos como la localidad con aire más limpio de España.

Lo mismo ha ocurrido con la contaminación del río Henares, al que vierte sus aguas un arroyo contiguo a la nave incendiada. Los bomberos solicitaron durante el siniestro la intervención de la Unidad militar de Emergencias (UME) para instalar barreras anticontaminación ante los indicios de vertido al caudal. Mientras el director del operativo de la UME aseguraba que la contaminación no había llegado al río, peces muertos aparecían en el Henares.

Los datos apuntan a que la explicación oficial de la muerte de los animales –el calor y la falta de oxígeno en el agua, algo habitual en verano– no se correspondían con la realidad, ya que los niveles registrados en la estación de medición de la red de la Confederación del Tajo en Santos de la Humosa, 7 kilómetros aguas abajo de la planta incendiada, no habían registrado cambios significativos de temperatura y oxígeno disuelto los días anteriores y posteriores al siniestro. De hecho, Ecologistas en Acción denunciaba el silencio del organismo encargado de la calidad del agua en la zona, la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del ministerio.