En el Gobierno les dicen "topos" y aparecen, por decenas, en las empresas del Estado. Son gerentes, subgerentes o directores que entraron con designación política durante la gestión de Mauricio Macri pero que pese al cambio de administración, denuncian en la Rosada, se resisten a dejar sus cargos.

Esos funcionarios tienen un atajo jurídico: aunque son cargos políticos, al desempeñarse en empresas del Estado, están cubiertos por la Ley de Contrato de Trabajo, la norma que rige para el sector privado.

Traducción: si las nuevas autoridades los echan, deben pagarle indemnización y, paradójicamente, a partir de uno de los primeros DNU que firmó Alberto Fernández, la indemnización debería ser doble por la "emergencia ocupacional".

"Cuando entró el macrismo hablaba de grasa militante entre los trabajadores del Estado cuando llegaron, acá dejaron gerentes militantes", le dijo a Clarín un funcionario con despacho en Casa Rosada.

El tema fue motivo de varias mesas de trabajo del Gobierno. A Claudio Moroni, el ministro de Trabajo y promotor del DNU de la doble indemnización, le elevaron un pedido para buscar un salvoconducto que le permita al Estado sortear esa imposición en el caso de los gerentes heredados del macrismo.

"Son cargos con sueldos de más de 200 mil pesos, si estuvieron cuatro años y tiene que ser doble indemnización, a cada uno hay que pagarle casi 2 millones de pesos", detalló un dirigente que sigue, en detalle, ese expediente.

Moroni prometió estudiar un recurso, pero advirtió, a priori, que es difícil establecer una salvedad. "Son cargos políticos y deberían irse con el Gobierno que los puso. Es insólito", explican en una de las empresas.

Trenes Argentinos, que abarca varias empresas del Estado, y donde días atrás asumió Martín Marinucci, es uno de los espacios donde están "atrincherados", según el término que usa un funcionario, varios de estos funcionarios.

Martín Marinucci, al asumir en Trenes Argentinos.

Tienen registrados 42 casos, pero agregan que también hay 14 en Correos y 7 bajo la órbita de AYSA, la empresa de Aguas y Saneamientos. Según un punteo preliminar del nuevo Gobierno suman más de 100 cargos gerenciales heredados en empresas públicas.

Mencionan, además, casos en Aerolíneas Argentinas, en YPF y en la agencia de noticias Télam, de acuerdo a las fuentes oficiales. En las empresas militares todavía no se designaron a las nuevas autoridades pero creen que podría ocurrir algo parecido.

En Casa Rosada dicen que no hay intención de hacer una "razzia", pero advierten que lo correcto sería que los ingresaron por designación política presenten sus renuncias.

Hubo, de manera oficiosa, mensajes al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quien atribuyen haber hecho las designaciones de los directivos que se niegan a dejar sus cargos en empresas públicas, como las del complejo ferroviario.

Un dato adicional está vinculado con que en muchas oficinas todavía no hubo designaciones oficiales; por lo tanto, los responsables de áreas no tienen "autoridad" funcional para disponer cambios o remociones.

Un caso testigo fue ANSeS: Emilio Basavilbaso, responsable del organismo en tiempos de Macri, firmó el 7 de enero de 2016 la resolución 2 que estipuló que los cargos jerárquicos debían renunciar cuando haya cambio de Gobierno.

Apuntó a lo que se llama "conducción Superior" y comprende los puestos de Subdirector Ejecutivo, Secretaria General, Secretaría Legal y Técnica, Director General, Director y Jefe Regional. Decía, la resolución 2, que estos funcionarios "cesarán su vinculación con el Organismo, de pleno derecho, ante el cese de las funciones de la autoridad que lo designe, o por decisión de esa misma autoridad”.

Pero el 25 de octubre de 2019, dos días antes de la elección presidencial, Basavilbaso rubricó la resolución 266 que dejó sin efecto lo que él había dispuesto en la resolución 2 de casi 4 años atrás para conceder permanencia a los cargos de la "conducción superior".

Otorgó, advierten en la Rosada, cobertura a un universo de 70 funcionarios políticos, también con "salarios altos", al menos en el registro de los sueldos estatales. Consultado por Clarín, en el entorno del ex titular de la ANSeS con el macrismo, respondieron: "ANSeS se rige por ley de contrato de trabajo, como cualquier empresa. No tiene estabilidad como la ley de empleo público. Lo que decía esa resolución, que recomendó Recursos Humanos, es que no todas las personas que habían entrado durante los 4 años de mi gestión tenían que renunciar. Sí renunciaron los subdirectores, pero abajo había gente que hacía un trabajo técnico. Es lo mismo que cualquier empresa, del Estado o no. Se puede echar pagando indemnización".



A días de asumir en ANSeS, Alejandro Vanoli anuló la 266 de Basavilbaso y empezó un análisis caso por caso: finalmente, según confirmaron a Clarín desde ANSeS, dejaron sus lugares unos 40 funcionarios considerados "políticos" porque había otros que "eran de carrera con funciones de conducción superior que siguen en funciones".