El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la promotora Invergrand 2000 contra cuatro altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, ante la evidencia de un delito de prevaricación continuada durante los años en los que Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella estuvieron al frente del consistorio.

En esta decisión, la magistrada Carmen Valcarce cuenta con el respaldo del Ministerio Fiscal, que, tras haber estudiado el expediente, no solo ha amparado los argumentos esgrimidos por Invergrand 2000 en su querella, sino que también ha solicitado la declaración de complejidad de esta instrucción, lo que permitirá a la Justicia contar con año y medio, en vez de seis meses, para obtener todas las pruebas que necesita.

La propia querella indica ya la necesidad de hacer profundas indagaciones, al haberse presentado por un "presunto delito continuado de prevaricación cometido por funcionario público, todo ello sin perjuicio de la muy posible concurrencia de otros tipos delictivos que se pondrán de manifiesto a lo largo de la instrucción de la causa", según reza el escrito presentado ante los tribunales.

Beatriz Lobón. (Foto: LinkedIn)

En concreto, este proceso penal se dirige contra Ángel Sanz D'Asteck, que era subdirector general de Edificación y vocal de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid (CPPHAN) cuando ocurrieron los hechos; Beatriz Lobón Cerviá, coordinadora general de Urbanismo y presidenta de la misma comisión; Norberto Rodríguez Pérez, director general de Control de la Edificación y vocal de la CPPHAN, y Javier del Palacio Fernández-Montes, subdirector general de Control de la Edificación y pareja sentimental de Lobón. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 22 de junio, según recoge el auto judicial al que ha tenido acceso este medio.

Estos altos cargos han visto mermar sus funciones, ya que, como adelantó este medio, tras la llegada de Manuela Carmena al consistorio se ha producido una auténtica revolución en esta área, al haberse relevado a varias figuras clave, todos ellos técnicos con plaza, por otros trabajadores del consistorio.

Historia de un conflicto

Los hechos que han provocado la imputación de la anterior cúpula se remontan a ocho años, cuando la anterior corporación de Gerencia paralizó la obra de rehabilitación que Parques y Edificaciones Artal SL, filial de Invergrand 2000, estaba llevando a cabo en el edificio ubicado en el número 13 de la calle Juan de Mena, una de las arterias más elitistas de la capital.

Este inmueble tiene un nivel de protección 3, grado parcial, especial naturaleza a la que se acogieron los ahora querellados para suspender las obras y acusar a Artal de haber realizado trabajados que atentaban contra la especial idiosincrasia del edificio.

La querella que ha sido admitida a trámite acusa a estos cuatro altos cargos de haber mantenido parada su obra durante cinco años "con fines espurios"

Aunque la promotora contaba con licencia para realizar esta rehabiliación como una obra de reestructuración general, desde el consistorio se elaboraron informes en los que se abocaba al proyecto a ir a condiciones de nueva planta, lo que exigía demoler el 60% del edificio y levantar uno nuevo con un incremento de costes que hacía absolutamente inviable la ejecución.

Según denuncia el querellante, la paralización se mantuvo durante cinco años, hasta llevarle a una ruina económica que hizo que sus bancos acreedores le embargaran el edificio y, posteriormente, se lo vendieran a otra sociedad que, en cambio, logró levantar la paralización y legalizar las obras en apenas cinco meses.

Falta de respuesta y cambio de criterio

"La conducta de la Administración fue arbitraria, y lo fue porque impuso unas condiciones de ejecución de una licencia en vigor, al margen de lo que señalaba la propia licencia, nunca anulada o suspendida", se señala en el escrito, que entre otros argumentos esgrime que ya en 2009, un año después de paralizarse la rehabilitación, hubo un pronunciamiento de Gerencia en favor de legitimar la obra que nunca se ejecutó.

Suma y sigue, porque en junio de 2010, el propio jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, siempre según los datos denunciados, respondió a una consulta urbanística presentada por Artal diciendo que debía darse cumplimiento a la resolución de 2009, "restituyéndose así la legalidad urbanística de modo que se pudiese autorizar la reanudación de las obras actualmente afectadas por la orden de paralización".

Hasta en tres ocasiones, Artal realizó peticiones y consultas que nunca fueron respondidas por Urbanismo. "Esta conducta es precisamente la que se resume bajo el concepto de arbitrariedad o actuación arbitraria, a los efectos del tipo penal al que se refiere el artículo 404 del Código Penal", afirma el querellante, que está convencido de que "lo que estaba planteando realmente era un trato discriminatorio hacia Parques y Edificaciones Artal, con intereses espurios, alterando para ello los criterios de la propia Administración, y convirtiendo la ulterior tramitación de las consultas en un proceso sin fin ni intención alguna de ser resuelto".