Patricia Bullrich, fiel a su estilo, volvió a lanzar otro golpe de efecto, siempre con la derecha. Esta vez lo hizo con el proyecto de ley que se conoció este viernes como “ley mentira”.

Se trata de un proyecto que pretende penar con prisión de un mes a cuatro años -con multas que llegan hasta los $300.000 a las personas (acusados, testigos y abogados defensores) que "siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública".

Este proyecto, que todo indica es otro de los manotazos que el macrismo tira al aire para sobrevivir hasta el 27 de octubre consolidando su base reaccionaria y tratando de rascar votos a los candidatos de la derecha como Centurión y Espert. Como se dijo en este diario, buscando el voto botón. Es claro que esto apenas si llegará a la mesa de entradas del Congreso Nacional. Lo mismo indica el reciente anuncio de extender el Servicio Cívico de la Gendarmería a 100.000.

Causa gracia por lo absurdo que la ministra de Seguridad de un gobierno en el que destacadas figuras, empezando por el propio presidente Mauricio Macri, esconden y “mienten” sobre sus fortunas escondidas en cuentas offshore y paraísos fiscales.

La pretendida ley es desde el vamos violatoria del principio constitucional que sostiene que “nadie está obligado a declarar en su contra”. Incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona "tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable"

"Todos los que hayan sufrido un delito, la sociedad, van a estar a favor", dijo Bullrich, exultante, en la presentación del proyecto. "Esto va muy a fondo del alma de la Argentina". Así la ministra, que cuenta con el aval del Presidente, despliega sus ansias de mayor de avances punitivistas.

A tal punto se trata de un proyecto reaccionario y violatorio de derechos básicos, que en el oficialista diario La Nación, la periodista Paz Rodríguez Niell plantea: “Sin chances reales de que el Congreso se disponga a tratarlo, este proyecto es, más que ninguna otra cosa, un gesto”.

Si de punitivistas hablamos, por más que Alberto Fernández se pelee con Bullrich por Twitter, no se lo ve muy molesto con su aliado Sergio Massa, que llevó al Congreso uno de los proyectos para bajar la edad de punibilidad de los y las pibes en conflicto con la ley.

Estas medidas, que ensayan discursos y políticas dirigidas a consolidar una oposición reaccionaria que se ubique como la derecha en nuestro país, tienen también la pretensión de correr el eje de la discusión central que atraviesa esta campaña, que es en definitiva si se seguirán agudizando las penurias de los trabajadores, los jóvenes y sectores más empobrecidos a costa del seguir atando el país al FMI y sus planes de ajuste. Ecuador está mostrando que la lucha es en las calles, y que el camino para romper con estos planes de hambre es la movilización y la organización independiente de los campesinos, indígenas y trabajadores.

Espías y jueces

El lanzamiento del proyecto fue en simultáneo a que se convirtiera en escándalo el espionaje a jueces, entre ellos el cortesano Juan Carlos Maqueda, pasando por Irurzun y Servini de Cubría, además de unos cuantos camaristas. El hecho es que desde oficinas de la AFI, la Unidad de Información Finaciera (UIF), la Procuración General de la Nación, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Ciudad y desde la Corte Suprema se accedió al sistema de la Dirección de Migraciones desde diferentes usuarios, presuntamente no autorizados, para buscar información sobre salidas al exterior de los magistrados mencionados.

Este papelón llevó al ministro de Justicia Germán Garavano a comunicarse con los funcionarios judiciales para ofrecerles las disculpas del caso.

El acceso al sistema no parece ser algo demasiado complejo, el enigma es cuál era el objetivo, aunque no hay dudas de que detrás de la operación hay sectores del macrismo.

De todos modos, nadie puede extrañarse de las operaciones de la AFI, que con su bien merecido nombre de cloaca, opera hacia todos lados y en todos los gobiernos y, por supuesto, sin tabúes.

En este caso el espionaje se convierte en “escándalo” porque es contra lo más encumbrado del Poder Judicial. Sin embargo, prácticas similares, que implicaban la fabricación de causas penales contra obreros en lucha, fueron llevadas a cabo mediante el llamado Proyecto X, cuando Nilda Garré era ministra de Seguridad de Cristina Fernández en el año 2012.

Si recordamos el caso D’Alessio se puede concluir que si para algo verdaderamente sirvió para el conjunto de la sociedad es que desnudó ante millones cómo opera de espionaje e ilegalidad que vincula al Poder Judicial, a las fuerzas represivas, los organismos de Inteligencia, la gran corporación mediática y al poder político.

Una vez más fue la izquierda la que expresó una voz independiente: Nicolás del Caño y Myriam Bregman, entre otras referentes del Frente de Izquierda Unidad, han denunciado siempre estas maniobras, que en el caso de la causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla, se mostró de manera obscena.

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“Hoy se expuso, como pocas veces en la historia del país, el entramado de profunda descomposición que atraviesa la justicia del país. Se expuso todo eso que hemos denunciado tantas veces, pero todo junto y ante los medios de comunicación: los expedientes paralelos, el cobro de sobornos, que el destino de una causa va atado al conocimiento que se tenga de ciertos personajes con acceso a jueces y fiscales, la utilización del espionaje ilegal como parte aceptada del funcionamiento en la investigación penal”, señalaba Myriam Bregman, actual candidata a diputada nacional por el FIT Unidad, a la salida de la exposición de Ramos Padilla en el Congreso. Y agregaba que “el propio juez puso como ejemplo la causa por la desaparición de Julio López de la que soy querellante, señalando que según su criterio el espionaje ilegal trabó investigación judicial, pública”.

Solo desde el Frente de Izquierda Unidad se exige que jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que sus cargos sean revocables y se instauren juicios por jurados para terminar con la casta judicial cuasi monárquica.