El informe realizado por el Movimiento Unidos contra el Asbesto (UCA) muestra también que tras el terremoto del año 2010 no se tomaron las precauciones sanitarias para la remoción de materiales con contenido de este material cancerígeno.

A 17 años de su prohibición, el asbesto sigue siendo un problema en Chile. Según el informe «El asbesto: una tarea pendiente», realizado por la historiadora Daniela Machtig para el Movimiento Unidos contra el Asbesto (UCA), muestra que las cifras sobre trámites para la remoción de asbesto realizadas ante las Seremis de Salud son ínfimas en comparación a la cantidad de vivendas construidas con este material existentes en Chile. Además, la mayoría de las Seremis comenzaron a registrar los trámites de retiro sólo hace ocho años, aún cuando el control de manejo de asbesto comenzó a regir oficialmente desde el año 2001.

Desde el año 2001 a la fecha, solo se han registrado 4.305 trámites, donde el 86% de estos se han realizado en la Región Metropolitana. El informe da cuenta de una cifra preocupante y es que en la Región de La Araucanía no existe ningún registro por trabajos para retiro de material con asbesto. La respuesta dada por la Seremi de la Araucanía fue que esta solo se preocupa de que los residuos de abesto vayan destino final fuera de su región, según señala el mismo informe.

El asbesto es un mineral de fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y ser resistente a altas temperaturas. Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado en una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción, materiales textiles termoresistentes, envases, paquetería y revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de talco, etc. En Chile, su elaboración está asociada a la empresa Pizarreño, que desde 1930 en adelante ha tenido un rol preponderante en la construcción de viviendas y soluciones habitacionales, además de otros tipos de infraestructura urbana como lo son las cañerías para agua potable.

El Censo de Población y Vivienda del año 2002 reveló que un 42,2% (aproximadamente 1.740.000) de las casas en Chile están construidas con planchas tipo Pizarreño mezcladas con cemento-asbesto en su techumbre, y un 46,5% de estas se encuentran en la Región Metropolitana. Además, un documento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS), fechado el 23 de junio de 2011, reveló que ESVAL tiene un 44% de su red de cañerías con asbesto cemento. Aguas Andinas, un 58%, ESSBIO un 30% y Aguas Antofagasta, un 44%.

Según investigaciones, este mineral es causante de enfermedades como asbestosis, mesotelioma pleural y diversos tipos de cáncer entre quienes se han visto expuestos a inhalar sus fibras microscópicas. En el año 1977, la Organización Mundial de la Salud declaró que el asbesto es cancerígeno en todas sus variedades. En el año 1986, la Organización Internacional del Trabajo recomendó a los legisladores de los países miembros que contemplaran, en la medida de lo posible, “la sustitución del asbesto, o de ciertos tipos de asbesto o de ciertos productos que contengan asbesto, por otros materiales o productos o la utilización de tecnologías alternativas, científicamente reconocidos”. A pesar de estas investigaciones y recomendaciones internacionales, recién en el año 2001 se logró una ley que prohibiera el asbesto en Chile.

El Decreto Supremo 656/2000 prohibió la «producción, importación y venta de materiales de construcción que contengan cualquier tipo de asbesto», y que es responsabilidad del Ministerio de Salud «proteger la salud pública y adoptar las medidas que se precisen para evitar la exposición de las personas a agentes capaces de provocar enfermedad» como lo es este material. Sin embargo, y tal como señala el informe, no existen evidencias de campañas oficiales de concientización sobre este peligroso material.

Además insiste en que existe una nula preocupación por parte del Estado en la eliminación del asbesto en las construcciones del país.»No existe un documento oficial que proyecte la erradicación del material en la generalidad de las construcciones. El Estado no ha desarrollado ningún mecanismo jurídico para prevenir latentes focos de contaminación”,sostiene el informe.

Para el vocero de UCA, Adrián Prieto, “las cifras revelan lo que nosotros hemos venido planteando hace bastante tiempo en cuanto a la invisibilización del problema, la despreocupación y la negligencia del Estado en cuanto a la contaminación con asbesto y en la cotidianidad de la presencia del mineral en la vida de la gente”.

Las cifras muestran una preocupante ineficiencia de parte del Estado en remoción de asbesto. El caso en La Araucanía reviste mayor gravedad, porque a pesar de no contar con registros, esto no quiere decir que en dicho territorio no hayan existido trabajos de retiro de asbesto. En el año 2013, en la Villa Andalucía de Temuco, 40 familias pudieron postular a un subsidio del MINVU para que se les retiraran techumbres con asbesto.

Otra cifra preocupante es la de la región del Maule, porque el registro apenas comienza en el año 2013 lo que significa que durante el proceso de limpieza y reconstrucción luego del terremoto del 2010, llevado a cabo durante el gobierno de Sebastián Piñera, no hubo atención respecto a la presencia de materiales con contenido de Asbesto.

Ley Eduardo Miño

El 30 de Noviembre de 2001, a las afueras de La Moneda, Eduardo Miño Pérez lanzó al aire panfletos, se infligió un herida en el abdomen y luego se quemó a lo bonzo. Miño era miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto (Achva), organización creada por trabajadores de la empresa Pizarreño y sus familiares afectados por enfermedades asociadas a este mineral. Él no trabajó ahí, pero vivió en la Población Pizarreño de Maipú durante 25 años, población construida por la empresa para sus trabajadores a pocos metros de su lugar de trabajo.

Su radical acción fue para denunciar que más de 300 personas habían muerto de mesotelioma pleural, que es el cáncer producido por aspirar asbesto. En los papeles que lanzó ese día se podía leer; «hago esta suprema protesta denunciando: A la industria Pizarreño y su holding internacional, por no haber protegido a sus trabajadores y sus familias del veneno del asbesto; A la Mutual de Seguridad por maltratar a los trabajadores, enfermos y engañarlos en contra de su salud; A los médicos de la Mutual por ponerse de parte de la empresa; A los organismos de Gobierno por no ejercer su responsabilidad fiscalizadora y no ayudar a las víctimas»

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La industria Pizarreño y la Mutual de Seguridad tiene relación entre ellas, ya que según un reportaje de Ciper del año 2011, Eugenio Heiremans, fue presidente de la Asociación Nacional de Seguridad y simultáneamente Vicepresidente de Pizarreño en los años 70. A pesar de los trabajadores afectados, la empresa siempre responsabilizó a los propios trabajadores de su enfermedad por no ocupar las herramientas de seguridad adecuadas. Los trabajadores tenían que atenderse en la mutual por su enfermedad.

Recién en el año 2014 se logró una condena en contra de la empresa Pizarreño al exceder en diversos momentos de su historia los límites permitidos de partículas contaminantes de asbesto en el ambiente de trabajo, y no adoptar medidas tendientes a aminorar el peligro de contaminación de sus obreros y los alrededores, aún a sabiendas que el asbesto podía ocasionar enfermedades mortales.

A pesar de ello, aún el asbesto reviste un problema para cientos de personas afectadas. En Chile siguen existiendo viviendas construidas con materiales con asbesto. El movimiento UCA señala que «el documento pretende realizar un llamado de atención a las autoridades y a la ciudadanía en su conjunto». Además, propone la urgente necesidad de una ley que repare el daño a las familias afectadas y de posicionar el tema de la remoción de asbesto a nivel país. «Es necesario elaborar la Ley Eduardo Miño que reconozca el daño producido a los trabajadores, sus familias y vecinos de las industrias contaminantes. Que se avance en la remoción de aquello construido con asbesto y que el costo de este derecho lo asuman las empresas contaminantes y el Estado”, señaló Adrián Prieto, vocero del Movimiento UCA.