El Ministerio de Sanidad dice que la responsabilidad era de la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid dice que la responsabilidad era del Ministerio de Sanidad. Y, mientras, la familia de María Isabel Fernández Merino sigue llorando su muerte, el pasado 19 de diciembre, que en principio se tomaron, con el duelo habitual, como el desenlace esperado de una larga hepatitis C de 29 años.

Después, al revisar la historia clínica de la mujer, fallecida a los 55 años e infectada del virus durante una simple transfusión, su hijo Raúl descubrió que, por tres veces, la especialista hepatóloga que trataba a la mujer había pedido, durante su último año de vida, que se le administraran los antivirales de última generación cuyo uso estaba comenzando a ser autorizado en España, con meses ya de uso en otros países europeos y hasta un par de años en Estados Unidos.

En ese documento, la especialista, R.G., consignaba que por tres veces había solicitado que se le administrara a Marías Isabel sofosbuvir (Sovaldi en su denominación comercial) y daclatasvir, y que las tres veces esa medicación fue denegada, aseguraba ella por escrito, «por el Ministerio de Sanidad».

La facultativa pidió que se le dieran antivirales de última generación a la paciente, aquejada ya de una cirrosis avanzada, el 30 de julio, el 13 de agosto y el 10 de octubre, siempre en 2014. La medicina fue denegada y la paciente murió, y además con dolor, denuncia su familia.

Este diario publicó el pasado viernes que el viudo y los hijos de María Isabel Fernández han interpuesto la primera querella criminal en España por una muerte por hepatitis C tras la actuación presuntamente negligente de los poderes públicos, que no autorizaron con celeridad el uso de los antivirales, lo que habría perjudicado a miles de pacientes según la plataforma de afectados por este virus.

Días después, fuentes del Ministerio se pusieron en contacto con EL MUNDO para asegurar que la responsabilidad de la no administración de los fármacos correspondía por entero a las comunidades autónomas, por lo que se apuntaba a Madrid como responsable de no habérsele dado, con razón o sin ella, el sofosbuvir y el daclatasvir.

La sorpresa llega ahora: la Comunidad de Madrid también asegura que no tenía responsabilidad ninguna respecto del caso de la mujer de Móstoles.

En todo caso, los fármacos le habrían sido administrados a María Isabel por el llamado «uso compasivo», que quiere decir que el medicamento no ha sido autorizado en España, pero se le puede dar a pacientes que los necesitan en condiciones extremas.

Los argumentos

El Ministerio asegura que, tras pedir el hospital en cuestión la administración del antiviral, un comité de expertos de la comunidad autónoma en cuestión debía aprobarlo. «Después del visto bueno de ese comité, el caso llegaba a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que sí depende de nosotros. Ahí sabemos seguro que este caso no llegó, por un motivo muy sencillo: todos los casos de peticiones de antivirales nuevos que han llegado a la Agencia Española del Medicamento se han despachado positivamente, un 100%», explicó una fuente.

La Comunidad dice justo lo contrario, aunque coincide en un punto: «También a nosotros un 100% de lo que se ha pedido se ha suministrado», asegura Jesús Vidart, director general de Gestión Económica y de Compras de Productos Sanitarios y Farmacéuticos de la Comunidad: «El 3 de enero de 2014 se publicó una guía que autorizaba el uso compasivo de los nuevos antivirales. En él se decía que había tres condiciones que cumplir para que a un paciente se le administrara el sofosbuvir: que estuviera en lista de espera, que se le hubiera trasplantado el hígado o que sufriera cirrosis». Este último era el caso de María Isabel, que luchaba además con una carga viral altísima.

«Pero es que, en realidad, en esa guía se avisaba a los profesionales sanitarios de que, para solicitar medicamentos en uso compasivo, debían hacerlo directamente a través de la red, del hospital a la Agencia del Medicamento», afirmó Vidart.

«El comité de expertos de la comunidad autónoma en cuestión entra en juego a la autorización del medicamento en España, el 1 de noviembre, y desde entonces no se ha denegado fármaco alguno a quien lo ha pedido por parte de la Comunidad de Madrid. No era nuestra responsabilidad suministrar esto antes de esa fecha, quede claro. Sí es verdad que pedimos desde mucho antes que los médicos fueran metiendo los datos en una aplicación, y esta médico lo hizo el 10 de octubre», terminó.