Luego de la publicación de un escrito sobre procesos constituyentes en este mismo medio, fueron planteadas algunas dudas y críticas a las interpretaciones políticas del mismo. Resulta curioso que un texto tan claro y directo en sus conclusiones fuese interpretado por algunos como base argumental de posiciones antidemocráticas o contrarias a una asamblea constituyente. Más bien ocurre que los autores del escrito que sigue consideramos que si se convoca hoy a una Asamblea Constituyente, al no tener los grupos sociales subalternos una expresión política propia, ideológicamente cohesionada y fuertemente organizada, simplemente no tendrán nada significativo que decir en ella. Será la derecha y los partidos de la Concertación ampliada los que establecerán los nuevos límites legales de lo social, serán ellos nuevamente el actor central de la refundación de lo político.

I

La permanencia de la historia oficial de la transición

Los defensores de la transición se han esforzado en volver un lugar común aquella interpretación de la historia de la izquierda chilena del siglo XX que entrampó su discurso y praxis en la dicotomía de reforma o revolución. A través de esta fórmula disyuntiva intentaron comprender el ascenso del movimiento popular desde los años cincuenta y su derrota en 1973, argumentando que la izquierda de los sesenta cargaba con una tensión interna irresoluble: el choque entre los rupturistas y los reformistas. Los primeros habrían estado resueltos en hacer avanzar el movimiento popular alimentados por un marxismo-leninismo (así, con guión) que aprobaba la vía insurreccional, mientras que los otros habrían preferido prudentemente, se dice la vía institucional de impronta socialdemócrata, la cual decía ser, a diferencia de los insurreccionalistas, constitutivamente democrática. Por extensión, ésta reconstrucción histórica concluyó que el movimiento popular se debatió entre los que estaban a favor, por un lado, de la democracia, y, por el otro, del socialismo. Democracia y socialismo sostuvieron eran incompatibles. Perseguir el socialismo fue, por tanto, considerado una empresa colectiva antidemocrática; ser marxista supuso una actitud totalitaria; y la posición de izquierda era políticamente inmadura. De ahí que se argumentara a partir de los 90, que la izquierda de los 60 habría sido culpable de la polarización política de la sociedad chilena, y aquella energía por perseguir justicia social habría sido un momento de sobregiro ideológico, de idealismo juvenil y de dogmatismo violentista.

La izquierda derrotada de los ochenta y los noventa, en su confusión, tomó por ciertas las dicotomías a las que era enfrentada por la interpretación histórica de la transición, y buscó resolver sus tensiones aceptando sus términos y optando por uno u otro: se creía o en la democracia o en el socialismo, o en las instituciones o en las armas. La trampa dicotómica se consumó cuando la izquierda abandonó el desafío de superarla a través de una interpretación histórica materialista, que propusiera, a partir de una matriz categorial alternativa, salvar a la izquierda de la interdicción decretada de su praxis, autónoma del interés elitario y comprometida con un proyecto popular.

La interpretación histórica del discurso oficial de la transición ha re-emergido desde aquel espacio que ocupa hoy en el oficialismo el bando de los progresistas. Tomando como cierta la tesis de las dos almas de la Nueva Mayoría, asumen representar el alma de los que empujan por los cambios estructurales. Ante los casos de corrupción, que afectan existencialmente a la propia coalición oficialista, han decidido hacer un llamado amplio y convocante a una Asamblea Constituyente. Buscan reescribir la Constitución Política de Chile, y acabar por fin con los abusos que afectan a la democracia chilena, para recomponerla y poder llevar adelante aquellas reformas estructurales tan necesarias, toda vez que se corre el riesgo de que el malestar social se traduzca ideológicamente en la emergencia de una izquierda populista que, como en los setenta, ponga en peligro la estabilidad de la democracia misma y de sus instituciones.

La concepción progresista de la democracia, por tanto, es una que sigue alimentada por el discurso transicional de los noventa, el cual de manera intencionada se encargó de aislar lo político de lo social. Mientras lo político, de un lado, fue reducido al espacio institucional del Estado, el que está hoy ocupado por el puñado de familias de la elite que se compró literalmente a la clase política; lo social, del otro, se redujo al espacio que ocupan hoy los múltiples movimientos y organizaciones sociales, los que impedidos de hacer política a partir de su malestar, están obligados a operar solo como indicadores de aquel. Esta perspectiva de raigambre liberal, definió la línea que separó a los de arriba que estaban dentro de la política, de los de abajo que se encontraban fuera. Esta fórmula, concluyeron, tenía suficiente legitimidad democrática.

II

La relación de lo político y lo social en el movimiento popular

El relato de la transición resiste poco a la luz de los documentos del pasado. Sólo se justifica por la necesidad de la dominación de mantener lo social, como abstracción a-crítica de las relaciones sociales de producción, separado de lo político, de su puesta al día como relaciones de dominación. Pero su destrucción como mito depende de la destrucción previa de la base política que lo necesita como legitimación. Por lo mismo, es en estos tiempos en que está en discusión el pacto político de la transición que se pone de relieve el debate de su sustento histórico mítico.

Puede que la dicotomía entre reforma y revolución se haya realizado como tal entre importantes grupos de las cúpulas militantes de algunos partidos de la izquierda chilena, pero no es posible decir lo mismo de toda la diversidad del movimiento popular durante la larga y compleja década del sesenta. Ni siquiera grupos como el MIR plantearon esta dicotomía de forma seria, tampoco Allende y su círculo se mostraron reacios a la acción directa de masas (no de forma activa, por lo menos) y hasta el PC y el ala más allendista del PS participaron, tardíamente, de los cordones industriales, para no perder su presencia entre las masas. De la misma forma, el mirismo llamó a votar por Allende de forma implícita en 1970 y mantuvo tal apoyo hasta el fin de la Unidad Popular como alternativa electoral, en 1973. Pareciera ser, entonces, que la dicotomía reforma o revolución, y actualizada como vía democrática (o por las buenas, según Atria) y vía populista (por las malas), se populariza entre la diversidad de izquierda posterior a 1973, incluso después de 1980. Su función, creemos, ha sido la de aceptar como un destino inevitable, primero, y deseable, después, la democracia tutelada por los vencedores de 1973, a la vez que servir de escudo izquierdo de este pacto.

Esta deformación histórica se originó en los años ochenta, cuando la intelectualidad orgánica del pacto de la transición entró en pánico al ver los fantasmas de los sesenta resurgir en la forma de protestas populares radicales, grupos insurreccionales y armados de izquierda, y, sobre todo, el que algunos sectores de las capas medias volvieran a mirar aquello con expectativas. Su rol, entonces, fue el de alertar de los peligros de apoyar la denominada vía insurreccional, para luego, en una actitud muy parecida a la farsa, apoyar la vía democrática.

A lo que le temían en los años ochenta y al parecer también hoy algunas franjas del progresismo es a la posibilidad de una práctica democrática de masas, la que podría devenir en la jubilación de la generación de la transición por la vía de una autorepresentación política de los movimientos sociales populares. Y esto no ha sido ni entonces ni ahora una posición utópica o teoricista, por muy difícil que haya sido su aplicación (ni pensar su triunfo) en los años ochenta. El historiador Igor Goicovic planteó recientemente en las XX Jornadas de Historia, última vez que se discutió desde dicho gremio éste problema que la idea de que existiese un ala guevarista o una vía armada en la época de la Unidad Popular, se ve desmentida por la debacle de tales tesis entre la izquierda chilena tras la muerte del Ché en Bolivia en 1967. Por eso, propuso entonces Goicovic, la discusión sobre la cuestión de la violencia que no logró madurar tuvo que ver con la elaboración política sobre cómo preparar al movimiento popular para el momento de la ruptura de la política, posición a la larga acertada, y no basada en un militarismo guevarista o insurreccionalismo ciego practicado por la izquierda. Por su parte, el historiador Julio Pinto sostuvo, en el mismo evento, que el dilema del movimiento popular se expresó no en la discusión entre una pretendida vía institucional y una insurreccional, sino más bien en el grado de democracia real que se les permitía desde el gobierno a las organizaciones populares de base, al menos en cuanto al debate entre el MIR y la Unidad Popular.

A la luz de las investigaciones históricas, el movimiento popular de los años sesenta pudo practicar la acción directa, como imposición del control popular en las poblaciones, campos tomados e industrias; y a la vez concurrir a votar masivamente y casi sin fisuras por los diversos partidos de izquierda. Lo mismo se aprecia en los ochenta: no parecía raro que los mismos que practicaron la ofensiva armada contra la dictadura llamasen a la instauración de una democracia real y a la conformación de un gobierno amplio política y socialmente, expresando así el sentido común opositor de la época. La famosa dicotomía, puesta como contradicción insalvable, le era ajena a las organizaciones populares de esa década, en la medida que hasta 1973 y lo recordaban bien habían avanzado tanto por la vía de los hechos como participando respetuosamente de la política parlamentaria. Su no resolución no era un problema para las clases populares movilizadas, ni tampoco para buena parte de la militancia de izquierda; más bien, ella servía como una garantía para seguir arrebatándole posiciones a la oligarquía. Evidentemente esta ofensiva dual no podía sostenerse por mucho tiempo y chocó de frente con las ametralladoras del Estado, tanto en 1973 como una década más tarde.

Pareciera ser que la dicotomía que mejor expresaría la contradicción sería democracia u oligarquía, ante la cual el polo institucional se ofrece como una democracia que no molesta a la oligarquía: una mascarada de tercera vía que en realidad es oligárquica, que le guarda temor reverencial a las clases dominantes. Pero no pasa de ser un relato sin bases firmes, un cuento para dormir. La democracia es real cuando lo social, es decir las relaciones generales de producción, se modifica en términos políticos, o sea, en cuanto relaciones de poder; y a la vez, de vuelta, cuando lo político, dichas relaciones de poder, se plantean como objeto de la soberanía de las mayorías. La oligarquía ha intentado siempre plantear que su parlamentarismo electoral, o sea lo político naturalizado en el mercado y lo social suplantado en el parlamento, es la mejor democracia posible. Un coro progresista legitima esta concepción mientras se dispone a vivir con muchas tensiones personales, dicen como funcionarios de dicho orden. La separación de lo político y lo social se expresa históricamente en una clase política ensimismada y hasta violenta con las demandas populares, obediente a los designios de un capital financiero voraz, a una economía de servicios asfixiante e improductiva y de un extractivismo destructivo. Ante ello, una práctica de luchas masivas y con perspectiva política que vaya imponiendo la democracia como negación en sí de la mercantilización de la vida toda, además de entroncarse con la tradición de las luchas sociales populares en Chile, ha demostrado ofrecer mayores posibilidades de avance para las mayorías subalternas que una democracia reducida al voto, y que no propone más que administrar dicho mercado.

De la misma forma que el relato oficial de la transición se pone en cuestión, emergen posiciones entre la diversidad progresista y de izquierda que de una u otra manera lo reactualizan y reafirman. De esta forma, esa historia oficial sirve a esos grupos de munición contra la izquierda, intentando aislarla en el mítico polo insurreccional, y afirmándose como herederos de los institucionalistas. Esto resulta por lo menos injusto o interesadamente equivocado, pues en su mayoría la izquierda plantea hace ya mucho no las armas ni la dictadura, sino la movilización de masas y la democracia total como las herramientas más punzantes contra la lógica de mercantilización y el autoritarismo del Estado pinochetista. Demás está decir que dichos instrumentos unifican en la práctica lo social y lo político, la existencia y la conciencia los momentos de autonomía integral, diría Gramsci, rehabilitando la práctica de dicha fusión también como perspectiva de análisis histórico.

III

La concepción elitaria de la democracia

El discurso oficial de la transición, cuando aisló lo político de lo social, no sólo persiguió la consecuencia práctica de la desactivación y despolitización de la sociedad, sino también la consecuencia teórica de reducir lo político, es decir, las relaciones de asociación y disociación entre los actores sociales en su lucha por el poder, a las disputas electorales dudosamente financiadas y a los acuerdos parlamentarios para la aprobación de leyes que perfeccionaron el modelo. Lo político dijeron entonces y hasta hoy sólo habita en el espacio reducido que el aparato estatal permite, pues las movilizaciones que están por fuera del parlamento, no alcanzan ese nivel, se reducen a escaramuzas, a gente descontenta con eslóganes incendiarios y a una vulgar movilización callejera y violenta. Aquello que se llamó la calle ha sido activamente denegado de su posibilidad de actuar en la política, argumentándose que tal actuación debe verse mediada y diluida en el parlamento. En 2011 la clase política, sobre todo su ala más progresista, incluso agradeció con entusiasmo la transitoria reactivación de la sociedad. Al mismo tiempo, eso sí, advirtió a los múltiples movimientos sociales surgidos en la capital y regiones, y sobre todo al movimiento estudiantil, que las decisiones eran monopolio de ellos, porque la función de la calle se limitaba a poner el problema de los derechos sociales en el debate, pues, como lo han dicho hasta el cansancio, lo político reside en el parlamento.

Y desde esta premisa comenzaron a surgir más fantasmas entre las diversas filas de la izquierda. Desde el progresismo, aún opositor a Piñera y reconvertido en alma reformista de la Nueva Mayoría, se planteó que la nueva izquierda, surgida de los conflictos estudiantiles y creciendo en otras luchas sociales, no estaba en capacidad de resolver las mismas viejas y falaces dicotomías del pasado. Afirmaron así que la izquierda seguía estancada en la cuestión de Estado o Mercado, y que amarrada a su alma totalitaria (la que, salvo el PC, ninguna izquierda tuvo realmente), siempre optaba por hacer crecer al Estado en tanto su control permitía hacer retroceder al Mercado, pero también a las libertades individuales.

La izquierda, despertando ya del letargo noventero, respondió superando tal dilema afirmando que no existe tal dicotomía, pues la consigna más Estado, en la transición neoliberal, ha significado cada vez más Mercado protegido por el Estado. Por ello el devenir real de las reformas de la Nueva Mayoría, se concluye desde la izquierda, tiende al ajuste del Mercado, no a su retroceso. Irritados, desde el progresismo de la Nueva Mayoría acusaron a la izquierda de no entender cómo funcionaba la política y de hacerle el juego a la derecha. Se llegó a decir incluso que la praxis de izquierda no era capaz de resolver el dilema otro más entre democracia representativa y democracia directa. Para ellos la izquierda descansaba en la ilusión romántica del asambleísmo, a pesar de que hace mucho esta ha ido construyendo institucionalidad democrática eficiente tanto en sus organizaciones como en los movimientos sociales en que tiene responsabilidades de conducción política.

Por último, se ha dicho que ya no es posible hacer política basada en el estudio de la evolución de la estructura social, es decir, de lo social, pues nada político se puede deducir de la posición material que las clases puedan tener en la producción. Los sociólogos e historiadores vieron cómo el análisis de clases fue considerado anacrónico, y la producción intelectual al respecto declarada irrelevante. Doctores y sabios similares en consejos asesores de todo tipo y bien amurallados por los intereses de los grupos dominantes han consensuado que lo importante ya no son las clases, sino los malestares individuales. Lo político, otra vez, se separó de lo social, pues la relación codeterminante y codeterminada que ambas categorías tienen, a juicio del discurso oficial del progresismo, era derechamente mecanicismo o estructuralismo, y por tanto reducía a la izquierda en el siglo XXI a ese pensamiento ortodoxo y totalitario de los socialismos reales de antaño. Este ejercicio sabemos que no es ingenuo, sino intencionado. Se trata de una estrategia pensada de desactivación de la izquierda, de desarticulación entre las clases dominadas y de despolitización de la sociedad entera.

IV

Asamblea Constituyente para una democracia popular

Actualmente esta estrategia progresista se expresa, paradojalmente, en aquel llamado a conformar una Asamblea Constituyente. Tal convocatoria ha sido acompañada de una denuncia abierta contra la izquierda por no levantar con entusiasmo junto a ellos sus mismas banderas. Y de nuevo surgen los fantasmas: la izquierda no está a favor de la Asamblea Constituyente por las buenas, porque aquella sería esencialmente antidemocrática y vanguardista. Este llamado a salvar eso que ellos llaman democracia es en el fondo un llamado desesperado por conservar la estabilidad institucional del país, la cohesión social forjada a balazos y evitar así una crisis que desate fuerzas sociales sin control por arriba. Se trata, por tanto, de un llamado nutrido internamente por el miedo al golpismo oligárquico, presente también en el discurso oficial de la transición y en la conciencia histórica del progresismo. La democracia actual podrá estar amarrada con diversos enclaves autoritarios, pero no por ello es aceptable que todo se venga abajo, argumentan.

El plan, cuyos matices van desde Ricardo Lagos hasta la plataforma Marca tu voto, consiste, en otras palabras, en recomponer rápidamente el espacio corrupto que hoy ocupa la clase política, y definir nuevas reglas constitucionales para que el juego democrático sea más limpio. La tecnocracia progresista, hoy funcionaria, se ha puesto de cabeza en pensar cómo mejorar la democracia institucional, asumiendo que de esa forma se podrá escuchar o canalizar con mayor definición la voluntad popular. El idealismo liberal presente en su discurso hace que la realidad esté de cabeza, y hace imposible aquel principio que reza que la soberanía resida en el Pueblo, y no en las instituciones oligárquicas. Así, los expertos y técnicos de los distintos consejos asesores, creen o dicen creer estar haciendo un aporte al país, cuando en realidad legitiman por la izquierda lo que ya decidió el pacto de la transición al definir el carácter no democrático y por tanto pro transición del mismo consejo. Buscando ser protagonistas de un proceso histórico, el progresismo integrado sin fuerza social a los espacios de la elite, termina convirtiendo sus buenas intenciones en una práctica que confirma y limpia el carácter neoliberal y autoritario de la actual democracia. Y ya sabemos que de buenas intenciones está pavimentado el eterno retorno a 1980.

Surge entonces una disonancia entre su declaración por democratizar la sociedad y sus actos que en los hechos logran justamente lo contrario: sostener en el poder al pacto de la transición. Su error, al parecer cada vez menos involuntario, recae en intentar separar lo que en realidad siempre ha estado relacionado: lo político y lo social. Por eso su llamado hoy por la Asamblea Constituyente, en momentos en que no existe movilización popular y que el Estado está administrado por una clase política corrupta, es un llamado a poner en su lugar a la pequeña política, corregir sus malas prácticas, y ajustar la democracia lo antes posible, sin establecer siquiera las condiciones de posibilidad para que sea la sociedad la que participe auténticamente en esa decisión constitucional, y no sea el sentido común oligárquico el que la reemplace. Tal recomposición de prácticas decentes entre la clase política, sin una ampliación social de los espacios de decisión política en Chile, sin democratización de masas de los distintos espacios de la vida, supone el peligro de que una Asamblea Constituyente diseñada por la democracia elitaria de la clase política, sea formalmente legítima pero sustantivamente igual de neoliberal y antidemocrática que la actual. Pero lo que se ha de lograr, en realidad, es construir una democracia popular, y no elitaria, o bien, dicho en sus propios términos, constituir una democracia política que sea al mismo tiempo democracia social.

Finalmente, la izquierda chilena no puede ser entendida sino como el esfuerzo colectivo de los no privilegiados por la democratización de la sociedad, del poder y del valor. Cualquier otro objetivo que se le haga prioritario la desdibuja como especificidad y la convierte en una mera corriente de activistas por el bien. Por eso esta sostiene que la Asamblea Constituyente es el mejor instrumento para consagrar constitucionalmente esa lucha. Pero no lo será en las actuales condiciones, si los de abajo y de afuera no se constituyen como un actor capaz de definir a su favor tal espacio constituyente. La izquierda no es clarividente, es materialista, y a partir del estudio madurado y libre de optimismos infundados de la configuración de lo social y su relación con lo político, se puede concluir que nada diferente surgiría hoy de la redacción de un nuevo texto constitucional si tal proceso se hace en ausencia de una fuerza social organizada con autonomía del bloque dominante. Lo diferente que está en juego es el socialismo, la posibilidad de construir una sociedad libre y sin clases.

Francisco Díaz es profesor de Historia, estudiante de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín, Luis Thielemann, historiador,departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile