Por Ángel L. Hernández

Pues NO, no me he vuelto loco de repente; aunque no sea yo el indicado para hacer este juicio de autoevaluación psicológica, pues sólo soy un profesor de Matemáticas, un profesor interino de la educación pública, uno de los que los últimos años ha visto como miles de profesores han sido expulsados de las aulas y como la situación de nuestra educación, de sus docentes, de los centros educativos, de los alumnos y alumnas en general ha sido precarizada por un cúmulo de despropósitos, a ritmo de vértigo, cuyo único objetivo ha sido mercantilizar la educación y hacer de ella un negocio. La crisis, esa bestia hambrienta y devastadora, ha sido la excusa.

Volviendo a la realidad de la Educación Pública y la Educación Privada, en el marco de nuestro Estado no existe otro tipo de modelo. No hay término medio. Si bien es cierto que existen empresas privadas que se nutren de fondos públicos, en forma de conciertos con la administración, para pagar a los profesores, pero no por ello dejan de ser empresas privadas cuyo objetivo es la obtención pura y dura de beneficio. Son empresas.

En este aspecto, ¿por qué si yo trabajara en una fábrica que recibe financiación pública, nunca diría que trabajo en una fábrica concertada, y si trabajo en un colegio o instituto en las mismas circunstancias, entonces sí? Muy simple, el objetivo es enmascarar la situación real, hacer creer que hay un modelo intermedio entre la educación pública y la privada, de forma que se pueda manipular a la población, e indirectamente instaurar que los ciudadanos estén sometidos a un “repago” educativo.

Si, hablo de “repago” porque, contra toda legalidad, lo cierto es que los centros privados financiados con fondos públicos cobran a los padres de sus alumnos. Al menos, la mayoría lo hace y éste es un hecho conocido, al igual que desconocida es su ilegalidad. Pero los dueños y gerentes de estas empresas sí lo saben; por eso la mayoría de estos pagos se camuflan, se envían recibos como donaciones, se realizan cobros por actividades extraescolares o aportaciones para mantener jardines, capillas, instalaciones deportivas, y así un largo etc. Para los estudiantes, y mientras los padres sean dóciles y paguen no hay ningún problema, pero parafraseando a Mecano “el problema viene después”, cuando los pagos no se hacen, cuando junto con la matrícula no se realiza la domiciliación de esas donaciones y aportaciones. En estos casos la situación, en muchos centros, se complica, pues los niños no pueden salir en las actuaciones del colegio, las llamadas se hacen constantes a los padres, cual teleoperadora acosadora, y los centros educativos llaman y llaman a las madres y padres recordándoles la importancia de los pagos. Incluso en algunos casos no se dan las notas a los alumnos hasta que los padres no “cumplen” o van al centro a exigir las notas.

Es cierto; hay intereses, intereses económicos. Existe un evidente nicho de mercado, que es la educación, y para ello están dispuestos a todo. Incluso manipulan el lenguaje; y es que la manipulación lingüística no sólo tiene que ver con una cuestión académica, es también una cuestión política o ideológica que tiene que ver con que una clase domine al resto.

Ya vimos con el “rescate bancario” que la manipulación del lenguaje es un arte propio de trileros que domina a la perfección la derecha más rancia de este país (bueno, ¿qué derecha no es rancia?). Ese “arte oscura” ha cambiado la ley para pasar a denominar a los imputados de toda la vida por investigados, por ejemplo. Ese cambio lo han propiciado los mismos, evidentemente, y tiene como objetivo que traspasemos el corto camino entre la ilusión que nos presentan y la frustración de una realidad cada vez más cruel para miles de ciudadanos.

El nuevo ataque a la Educación Pública viene de la mano de las empresas privadas, que han visto el filón y el brillo del dinero con la mercantilización de la Educación Pública. Si ahora el 35% de los centros son privados con financiación pública, las nuevas ampliaciones de conciertos con estas empresas, así como la ampliación de las subvenciones a etapas no obligatorias, sólo tienen como objetivo enriquecer al sector privado en detrimento de la Educación Pública. Que no te engañen, ya que no se trata de una cuestión de “libertad de elección”, otro eufemismo, otra manipulación, para propiciar la segregación de la población.

De esta forma, y si sucumbimos a la manipulación, a la tergiversación y al engaño, finalmente conseguirán su objetivo: una educación pública subsidiaria de la privada. Es un objetivo ideológico porque es un objetivo económico de quienes están deseando hincar el diente a semejante pastel. Y NO, yo no estoy dispuesto a esto. Creo, como docente y como ciudadano, en una Educación Pública de calidad, en la función de “ascensor social” de la educación. Por eso me niego a someterme a esa manipulación del lenguaje, me niego a hablar de Educación concertada, no pienso perder esta batalla y mucho menos la lucha por la Educación Pública, que pienso defender a ultranza.

Me sobran los motivos para ir a la huelga del próximo 9 de marzo, y no deberían faltarle a ningún ciudadano, pues la Educación Pública debe ser el pilar de una sociedad justa y próspera para todos y todas. Y eso, precisamente, es lo que está en juego.

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