¿Alguien en su sano juicio se imagina que en 2019 el INE no hubiera publicado los datos del paro relativos al primer trimestre porque se destruían 93.400 empleos? No, ¿verdad? Pues el Gobierno Vasco no ha tenido ningún reparo en no presentar el estudio más completo que suele realizar sobre las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Este estudio es la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (de ahora en adelante, EPDS) que el Gobierno Vasco realiza y presenta bianualmente.

En 2016, en la anterior EPDS publicada, se demostraba cómo la pobreza grave se enquistaba en Euskadi y ya afectaba a 104.177 personas, sin mejora sustancial respecto a la EPDS anterior dos años atrás. Esto suponía que en 2016, las personas en situación de pobreza grave habían aumentado un 57,7% respecto a las que se encontraban en la misma situación en 2008 (66.540), justo antes del inicio de la crisis.

Como decía anteriormente, el Gobierno Vasco no ha presentado la EPDS del año 2018 cuando la del año 2016, por ejemplo, la presentó el 31 de enero de 2017. Sin embargo, lo que sí ha hecho con nocturnidad y alevosía (si te preguntas el por qué, pronto lo entenderás), es subir un archivo con unas tablas estadísticas que arrojaban datos realmente preocupantes. Así, con los datos publicados en la EPDS de 2018, observamos cómo el dato de las personas en situación de pobreza aún ha empeorado más. En 2018, éstas han aumentado hasta las 109.735 personas, un 5,3% más que hace dos años y un 64,9% más que hace una década.

Entiendo que un número aislado puede ser difícil de interpretar (más aún si no se conoce la realidad socioeconómica de Euskadi) y que, a veces, es necesario un ejercicio de humanidad con el fin de poner ojos en cada una de esas 109.735 personas que viven en situación de pobreza grave. Pero, ¿cómo empezamos a dar sentido a ese número? Sin duda, es necesario profundizar un poco en la realidad de Euskadi para poder tener una imagen de la misma.

Si echamos la vista hasta el año 2004, observamos cómo desde entonces el Producto Interior Bruto de Euskadi ha tenido un crecimiento positivo significativo en general, aunque es verdad que tuvo un crecimiento negativo durante algunos de los años más duros de la crisis, en 2009 (-3,3%), 2012 (-2,0) y 2013 (-1,7) exactamente. Sin embargo, podemos ver cómo desde el año 2014, en el que la economía creció un 1,6%, el crecimiento ha sido constante hasta el 2018 (2,9% en 2015, 3,1% en 2016, 2,9% en 2017, 2,8% en 2018) y éste se mantiene, aun con una pequeña desaceleración, en las previsiones para el año 2019 y 2020 (crecimiento de 2,3% y de 2,0%).

Por otro lado y como cabría esperar, la tasa de desempleo ha tenido una correlación más o menos negativa respecto al crecimiento de la economía. En los años anteriores a la crisis el pleno empleo en Euskadi era casi una realidad, con tasas de desempleo entre el 3 y el 4%. Fue en 2009 cuando esta tendencia cambió radicalmente. Al mayor descenso interanual del PIB se unió, a su vez, el mayor incremento interanual en la tasa de desempleo, pasando del 3,8% al 8,1% (incremento del 113,16%). En 7 años, de 2008 a 2014, la tasa de desempleo en Euskadi incrementó del 3,8% hasta el 16,1% y, a partir de 2014, su descenso ha sido constante hasta situarse justo por encima del 10% en el año 2018.

Elaboración propia. Fuente: Eustat y Gobierno Vasco

Por lo tanto, lo que los datos revelan es que en términos macroeconómicos y en términos de desempleo, se ha notado una clara mejoría en Euskadi desde el año 2014 hasta la actualidad. Por un lado tenemos un crecimiento anual de la economía en torno al 3% y por otro lado tenemos un descenso de la tasa de desempleo del 36% en 4 años (casi 6 puntos porcentuales).

Uno de los indicadores más alarmantes y en el que me centraré en este artículo (no porque los otros hayan mejorado, ya que casi ninguno mejora respecto a años anteriores) es el que contabiliza las personas en situación de pobreza grave (cuyos ingresos están por debajo del 40% de la renta mediana). El primer dato respecto a este indicador es de 1986, cuando había 69.578 personas en esta situación (un 3,3% de la población). Para 2008, es decir 22 años después, el número de personas en situación de pobreza grave se había reducido hasta las 66.539. Es decir, un 4,4% menos comparado con 1986. Entre 2008 y 2014, sin embargo, hubo un incremento de personas en riesgo de pobreza grave nunca antes visto en Euskadi. De las 66.539 personas en situación de pobreza grave de 2008 se vio un incrementó hasta las 104.941 personas en 2014. 6 años en los que este indicador aumentó un 57,7% a la vez que se disparaba la tasa de desempleo.

Tal y como comentaba un poco más arriba, 2014 fue un punto de inflexión respecto al crecimiento negativo en la economía y al incremento de la tasa de desempleo. En 2014 el PIB creció un 1,6% respecto a 2013 y a partir de este año la tasa de desempleo empieza su caída hasta reducirse en casi 6 puntos porcentuales durante los próximos 4 años, invirtiendo de este modo las tendencias negativas posteriores a la crisis.

Así, nos encontramos en 2014 con una tasa de desempleo del 16,1% y con 104.941 personas en situación de pobreza grave. Es en este año cuando las líneas que representan por un lado la tasa de desempleo y por otro lado el número de personas en situación de pobreza empiezan a distanciarse y a correlacionarse negativamente. Para el año 2018, cuando el desempleo se había reducido un 36% tomando 2014 como referencia, el número de personas en situación de pobreza, lejos de reducirse, se incrementa en un 4,6% (4.793 personas exactamente). Así, del 3,3% de la población que se encontraba en situación de pobreza grave en 1986, en 2018 este porcentaje se incrementa hasta el 5,1%.

Elaboración propia. Fuente: Eustat y Gobierno Vasco

Parecería extraño, a priori, que en cuatro años donde la economía ha crecido a ritmos cercanos al 3% y ha habido un considerable descenso de la tasa de desempleo, la pobreza no solo no se haya reducido, sino que haya aumentado considerablemente (especialmente en aquellas comarcas que se han visto más afectadas por la ineficiente política industrial del Gobierno Vasco). Debe quedar claro que la mejor política social no es el empleo como a algunas personas les gusta decir, sino que la mejor política social es, precisamente, la mejor política social. Y cuando la política social no es la adecuada, pasa lo que pasa. En nuestro caso, que en los últimos 10 años las personas en situación de pobreza grave han aumentado en un 64,9% y que las personas en riesgo de pobreza relativa (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana) un 20,2%.

Una vez analizados estos datos, está claro y se comprende por qué desde el Gobierno Vasco han querido ocultarlos lo máximo posible y han retrasado su publicación a un período post-electoral.

¿Cómo se consuela el Gobierno Vasco ante esta realidad? Muy fácil. Midiendo las políticas sociales a peso. Más concretamente, en millones de euros. Reiterando una y otra vez que en Euskadi se invierte en prestaciones sociales el 40% de todo lo que se invierte en el Estado español. En definitiva, comparándose con los que peor están.

Elaboración propia. Fuente: Eustat y Gobierno Vasco

Sin embargo, vemos cómo aun invirtiendo más millones de euros los datos se vuelven año a año más preocupantes, demostrando que la protección social no es medible en millones de euros, sino en la calidad de las políticas sociales. Y en este tercer gráfico podemos observar cómo a pesar de que los millones destinados al programa “Inclusión Social” (Renta de Garantía de Ingresos y PCV) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se han incrementado de 2014 a 2018 (de 400 a 507 millones de euros) un 26,75%, el número de personas en situación de pobreza también se ha incrementado (un 4,6%). 2018 es, con este incremento, el año de toda la serie histórica (desde 1986) donde más alto es el número de personas en situación de pobreza grave en Euskadi.

¿Y qué ha pasado en Euskadi en los últimos años para que la situación de cada vez más personas empeore mientras aumentan los millones? Sencillo. Que las presiones para reducir el déficit presupuestario de los países miembros de la Unión Europea han sido muy significativas y que éstas se han trasladado en Euskadi a modo de reformas restrictivas para controlar la demanda en las prestaciones sociales. Es verdad que en Euskadi no se ha reducido el presupuesto para las prestaciones dirigidas a las personas en situaciones de pobreza[1], pero sí se han realizado reformas restrictivas que dificultaban el acceso al derecho incrementando los requisitos personales y familiares, recortando las cuantías de las prestaciones anualmente a través de la Ley de Presupuestos y desvinculándolas del Salario Mínimo Interprofesional o reforzando su orientación hacia la inclusión activa.

De esta manera nos encontramos con que Euskadi y Castilla y León son las dos únicas Comunidades Autónomas en las que los niveles de exclusión severa son en la actualidad superiores a los de 2013.

Es verdad que hay que ser necio para obviar que la Renta de Garantía de Ingresos ha tenido un efecto positivo en paliar cierta cronificación de la pobreza en Euskadi durante muchos años. Pero no nos podemos llamar a engaño. Los resultados nos muestran que durante los últimos años se han empeorado sustancialmente las vidas de muchas personas debido a la ineficiencia económica de la Renta de Garantía de Ingresos y a la red de seguridad incompleta que proporciona. Pero voy más allá. Y es que la proposición de Ley para modificar la Renta de Garantía de Ingresos que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista presentaron hace más de un año en el Parlamento Vasco y que el pasado 27 de junio de 2019 fue admitida a trámite gracias a la abstención del Partido Popular da aún da más miedo. Una proposición de Ley con una ausencia absoluta de perspectiva de género, que trata de engañar a las personas pensionistas, que criminaliza a las personas perceptoras (huella digital) y que lleva encubiertos recortes por doquier.

Soy consciente de que la cuantía económica no lo es todo en un programa como la Renta de Garantía de Ingresos, pero este ejemplo es claro de lo que supondría la aprobación de esta proposición de Ley tal y como fue admitida a trámite. En dicha proposición de Ley se plantea que la cuantía base para cubrir las necesidades básicas en Euskadi es de 455€/mes. Ante esta cuantía, nos encontramos con que el umbral de la pobreza en Euskadi se sitúa en 858€/mes y el umbral de la pobreza grave en 572€/mes. Es decir, los partidos que sustentan al Gobierno Vasco quieren por un lado eliminar la vinculación de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos al Salario Mínimo Interprofesional y, por otro lado, establecer una cuantía base para cubrir las necesidades básicas equivalente al 53% del umbral de la pobreza y al 79,5% del umbral de la pobreza grave. ¿Alguien entiende que se pueda salir de la pobreza con una prestación social equivalente al 53% del umbral de la pobreza? Difícil de creer.

Ante las subastas de pescado a la baja en los sistemas de protección social en forma de reformas restrictivas, creo que es fundamental ensanchar los derechos de todas las personas. Y este ensanche de derechos tiene como punto de partida la concepción de las personas como sujetos libres. Por ello, ante la ayuda ex post de las prestaciones condicionadas a cambio de una contraprestación una vez la persona perceptora haya demostrado ante la burocracia estatal que ha “fracasado”, es el momento de caminar hacia el derecho de ciudadanía ex ante, incondicional, universal y suficiente. Caminar hacia una Renta Básica Incondicional que no es ninguna perversión social, sino un derecho universal exigible frente a las políticas asistencialistas.

Pero, ¿cómo se paga una Renta Básica Incondicional a toda la ciudadanía? En Euskadi, el coste neto de una Renta Básica Incondicional se situaría en torno al 2,5% del PIB en base al estudio realizado por Arcarons, Raventós y Torrens en 2014. En 2014 el PIB de Euskadi era de 63.896 millones de euros. En otras palabras, financiar una Renta Básica en Euskadi en el año 2014 hubiera tenido un coste neto de unos 1.597,4 millones de euros. En 2016 se publicó un estudio encargado por el propio Parlamento Vasco a los catedráticos Zubiri y Fernández Macho y a la catedrática Gallastegi de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea en el que se estimaba que entre 1990 y 2014 el fraude fiscal anual estimado en Euskadi era de 2.320 millones de euros. Por lo que en Euskadi, cada año, sinvergüenzas que no cumplen sus obligaciones para con toda la ciudadanía se llevan limpios 722,6 millones de euros más que lo que costaría la erradicación de la pobreza mediante la garantía de la existencia material a todas las personas.

Siendo conscientes de que el dinero del fraude fiscal no se puede transponer directamente a la financiación de una Renta Básica Incondicional, haré otros dos ejercicios simples de financiación. Esta vez con datos de 2017 cuando el PIB en Euskadi era de 73.821 millones de euros y, por lo tanto, el coste neto para financiar una Renta Básica Incondicional alrededor de 1.845,52 millones de euros.

En primer lugar haré un ejercicio con 3 movimientos de partidas directamente cogidas de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017. En este caso, sumaré el dinero destinado a la Renta de Garantía de Ingresos (507,5 millones de euros) junto a los polémicos recursos que se destinaron a la educación concertada de la red no universitaria en vez de a la pública (622,2 millones de euros) y a los destinados para la construcción del controvertido Tren de Alta Velocidad (350,5 millones de euros). El resultado sería una suma de 1480,2 millones de euros. Es decir, solo con estas tres partidas, podríamos financiar más del 80% del total del coste neto de una Renta Básica en Euskadi. Y todo esto sin tocar el sistema fiscal de Euskadi en el que anualmente dejábamos de ingresar 1.000 millones de euros anuales por la pérdida de 2 puntos en la presión fiscal respecto a 2007. Esto quiere decir que si el esfuerzo fiscal fuera igual al de 2007, en 2017 sumando a estas tres partidas la recaudación extra por el incremento de presión fiscal, podríamos financiar un 134,4% de una Renta Básica Incondicional.

En segundo lugar quiero hacer referencia a una propuesta de reforma fiscal integral, profunda y ambiciosa a la vez que sencilla y extremadamente factible que presentamos desde Elkarrekin Podemos ese mismo año. En esta propuesta de reforma fiscal planteábamos 5 impuestos a reformar: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e Impuesto del Juego. Creíamos que era necesario aumentar la presión fiscal en Euskadi ya que ésta era (y es aún más) sustancialmente menor que la que había antes de la crisis (en 2007 la presión fiscal era 2 puntos superior a la de 2017 y desde 2009, como comentaba en el párrafo anterior, se han dejado de ingresar más de 1.000 millones de euros anuales en las Haciendas Forales de Euskadi). Y es que gran parte de esta propuesta se basaba en converger en presión fiscal con Europa. ¿Por qué? Porque en Euskadi la presión fiscal se encuentra 7 puntos por debajo que la media de la Unión Europea.

De esta manera, sin contar los aproximadamente 500 millones de euros que pretendíamos recaudar a través de medidas antifraude fiscal, propusimos una propuesta de reforma fiscal que haría que recaudásemos anualmente 1.250 millones de euros más. Con estos 1.250 millones de euros aún nos quedaríamos muy lejos de converger con la media europea en presión fiscal, no hay duda. De hecho, y por poner un ejemplo, en nuestra propuesta de reforma fiscal “solo” recaudaríamos 275 millones de euros más a través del Impuesto de Sociedades, cuando el diferencial con Europa se encuentra en 669 millones de euros.

Pero aun así, haciendo una reforma fiscal ambiciosa pero perfectamente factible, vemos que si sumamos los 1.250 millones de euros a los 507 millones de euros destinados a la Renta de Garantía de Ingresos en el año 2017, financiaríamos más del 95% del coste neto para la implantación de una Renta Básica Incondicional en Euskadi.

Como veis el problema no es el dinero. El problema son las prioridades de cada Gobierno y la falta de voluntad política para erradicar la pobreza de nuestro país. ¿Seguiremos dejándolo en sus manos o trataremos de ser partícipes en esta digna revolución?