Los tribunales se han convertido en otra arma política para el Partido Popular. La minoría parlamentaria de 137 diputados hace que los populares busque fórmulas judiciales para obstaculizar a la oposición en el Congreso, además de la acción opositora del Gobierno central contra las decisiones legislativas de comunidades autónomas no gobernadas por el PP y el proceso independentista catalán le otorgan a los magistrados un mayor protagonismo en la arena política.

El PP lleva al Tribunal Constitucional la comisión de investigación de su financiación en el Congreso

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El Ejecutivo de Mariano Rajoy había decidido ya descargar en los tribunales la solución al desafío secesionista catalán con la modificación de la ley del Tribunal Constitucional (TC) aprobada en 2015, que le permite suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones. La última decisión fue llevar al TC el nuevo reglamento del Parlament catalán que permite la desconexión exprés.

No solo el Alto Tribunal juega un papel activo contra los movimientos ilegales de los independentistas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admitió a trámite la nueva querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadel, por permitir votar una resolución a favor del referéndum mientras que el Tribunal de Cuentas abrió un procedimiento que podría concluir con la exigencia al expresident Artur Mas, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega y al exconseller Francesc Homs para que asuman con su patrimonio los 5,1 millones de euros públicos que costó la consulta del 9-N.

Tribunales contra la política parlamentaria

En el ámbito de la Cámara Baja el PP también ha utilizado a los tribunales para solventar su minoría parlamentaria. El Gobierno planteó el pasado enero ante el Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso por la decisión de la Mesa del Parlamento de levantar dos vetos de los veinte que ha puesto el Ejecutivo a diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios. El Gobierno ha justificado el veto a las medidas aprobadas sin su visto bueno por el Congreso a que tienen consecuencias económicas y pueden ser paradas legalmente si modifican los ingresos o gestos del Presupuesto.

El portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explicó entonces que las medidas a las que se levantó la prohibición eran el calendario de la Ley de Educación y una normativa sobre de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados.

La debilidad parlamentaria de los populares también se refleja en las comisiones de investigación que se han puesto en marcha en el Congreso. Ante el coste político que supone para el partido de Mariano Rajoy la investigación parlamentaria de sus finanzas cuando todavía se juzgan los casos Gürtel y Púnica, el Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Comisión de Investigación del Congreso relativa a la presunta financiación ilegal del PP. Los populares se han quejado en numerosas ocasiones que la comisión que investiga sus cuentas "no tiene límite temporal, ni ámbito temático ni ámbito territorial determinados".

El coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo, espera que los magistrados pongan límite a las comisiones de investigación parlamentarias que afectan al PP. "Queremos que el Tribunal Constitucional entre al fondo del asunto. Y que sea el Alto Tribunal el que decida los limites constitucionales de las comisiones de investigación para evitar esperpentos como se están produciendo en esta comisión o esperpentos como en la comisión sobre Jorge Fernández Díaz", comentó Martínez Maillo.

Alcance político de los tribunales

Para entender el alcance político de la utilización de los tribunales, uno de los mejores ejemplos es la oferta pública de empleo (OPE) de la policía autonómica vasca, la Ertzaintza. El Gobierno central ha recurrido durante los últimos años ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco esta OPE. La última vez fue en diciembre de 2016 cuando el Gobierno vasco pretendía abrir un proceso para contratar a 250 policías.

La necesidad del apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos de 2017 cambió la percepción del Gobierno de las necesidades policiales del Gobierno vasco. El Ejecutivo de Mariano Rajoy retiró el recurso y el PNV justificó su apoyo por el desbloqueo de la plantilla de la Ertzaintza, entre otros beneficios.

En otros casos, los recursos al TC se convierten en otra fórmula para hacer oposición en las comunidades donde no gobierna el Partido Popular. En lo que llevamos de 2017 en Ejecutivo ya ha planteados recursos de inconstitucionalidad por leyes tan dispares como la Ley de Exclusión Social de Extremadura, por considerar que invade las competencias estatales y que conduce a "cuartear" la unidad del territorio nacional, la Ley de toros de Baleares, porque entiende que la nueva ley autonómica vulnera la tauromaquia como bien cultural y que el Estado tiene el deber de proteger ese patrimonio, la Ley de abusos policiales del País Vasco, porque el Gobierno considera que atribuye funciones de investigación sobre delitos pasados que "estarían reservados exclusivamente a jueces y tribunales de Justicia", o la Ley de la jornada laboral de Andalucía, que ha supuesto la paralización de la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos.

La memoria del Tribunal Constitucional del año 2016 recoge que 16 de lo 32 recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el Alto Tribunal fueron impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy. El resto, 13 se impusieron por gobiernos y parlamentos autonómicos respecto a leyes estatales y 3 por diputados y senadores. Este año el Gobierno volverá a ser unos de los sujetos que más trabajo demandarán de los magistrados del TC.