En la Corte Suprema están convencidos de que el fallo que la semana pasada ordenó al Estado Nacional la devolución del 15% de los fondos de la coparticipación a tres provincias, Santa Fe, San Luis y Córdoba, no va a provocar al nuevo Gobierno un colapso económico. Fuentes del tribunal entienden que ese fallo es aplicable sólo a las tres provincias que promovieron el reclamo judicial. También consideraron que el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado esta semana por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es equiparable a un abuso de poder y no se basa en el fallo que firmó el tribunal.



Con una celeridad con la que no había respondido a otros fallos de la Corte Suprema, la Presidenta resolvió esta semana dejar sin efecto las detracciones del 15 y 1,9% de la masa de recursos de la Coparticipación Federal de impuestos, lo que implicaría una quita de recursos a la ANSeS y la AFIP a favor de las provincias.



Según estimaciones extraoficiales, el impacto no sería menor. Sólo por el 15%, demandaría unos 90.000 millones de pesos, según el cálculo de dos consultoras privadas.



En los últimos días, el futuro equipo económico de Mauricio Macri analizó la posibilidad de declarar inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia que dictó la Presidenta. Y sugirieron que el DNU es inconstitucional porque reglamenta cuestiones impositivas, algo que está vedado por la Constitución.



La detracción del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado. Luego fue prorrogada en 2006. San Luis, Córdoba y Santa Fe consideraron esto inconstitucional e iniciaron demandas judiciales que llevaron años.



En la Corte sostienen que existe un error conceptual entre algunos de los economistas que asesoraron a Macri, ya que la deuda es caso por caso y son sólo tres provincias, lo que representa unos 10.000 millones de pesos anuales para los tres casos, que además son negociables. El retroactivo también está limitado. Todas estas provincias, a su vez, tienen deuda con la Nación, lo que confirma que esa cifra es negociable. Según trascendió, este lunes el designado Ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, estuvo reunido con el Secretario Administrativo de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, quien le habría brindado precisiones sobre el alcance del fallo.



El aspecto del DNU que más resistencia causó en la Corte es la decisión de extender la devolución del 15% a todas las provincias. Según fuentes del tribunal, los estados provinciales que transfirieron sus cajas previsionales a la Nación son sólo trece, no todos. Tres de esos trece fueron a juicio y las otras diez provincias desistieron de los juicios en las renegociaciones de sus deudas.



Sin embargo, la Presidenta dictó un DNU ordenando la devolución del 15% de la coparticipación a todas las provincias. En fuentes cercanas al tribunal, entienden que la decisión adoptada en forma imprevista por la Presidenta constituye un abuso de poder que no se basa en el fallo de la Corte.



Consideran también que cuando el Estado nacional renegoció las deudas con las administraciones provinciales, no lo hicieron con estas tres provincias que estaban reclamando. “El decreto habla de igualdad entre las provincias pero es al revés. El decreto dice que cumple con la sentencia de la Corte pero no tiene nada que ver”, sostienen. “O lo frenan judicialmente o con otro DNU lo dejan sin efecto”, señalaron fuentes de la Corte.



“El DNU es un disparate desde todo punto de vista. La Corte analizó los reclamos de las tres provincias y no podían imaginar que iban a sacar este decreto. Le explicaron todo esto a la gente del equipo económico”, agregaron las mismas fuentes consultadas.



Las diez provincias que renunciaron a reclamar esta quita del 15% al renegociar sus deudas no están contempladas en el fallo de la Corte. Sin embargo, el ministro de Economía Axel Kicillof decidió -con posterioridad al DNU- devolverle la posibilidad de continuar con ese reclamo. Esta medida, según fuentes del tribunal, también podría ser anulada, porque es complementaria del decreto.



La decisión de la Presidenta es sin duda política y busca un enfrentamiento entre el futuro Gobierno y la Corte. Pero en el tribunal quieren bajarle el tono a esa posible pelea y comenzar el nuevo ciclo político en buenos términos.