COLIMA, Col. (apro).- Diputados del PRI y de Nueva Alianza (Panal) desecharon una propuesta para auditar los últimos cuatro años de la administración del gobernador Mario Anguiano Moreno, para esclarecer la ruta de los casi mil 600 millones de pesos reportados como déficit en las finanzas estatales.

Desde la tribuna del Congreso local, el panista Fernando Antero Valle presentó un documento mediante el cual las fracciones del PAN y del PRD piden investigar el ejercicio de gasto del Ejecutivo estatal en los ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014 y lo que va del año por presuntas irregularidades, entre ellas “la probable existencia de desvíos, utilización indebida del presupuesto, peculado, omisión en sus funciones y usurpación de facultades”.

El coordinador de la bancada priista, Martín Flores Castañeda, anunció el voto en contra de él y sus compañeros, con el argumento de que los recursos de los ejercicios fiscales 2012 y 2013 ya fueron auditados y se aprobaron las cuentas públicas respectivas por parte de esa legislatura.

Al someterse a votación, la propuesta obtuvo diez sufragios a favor (siete del PAN, dos del PRD y uno del PT) y 13 en contra: diez del PRI y tres de Nueva Alianza.

Según el documento desechado, en los últimos meses ha trascendido “una posible desviación de fondos del erario” por parte del gobernador Mario Anguiano “para solventar gastos de carácter personal y lejano al interés público”.

También “se ha evidenciado el uso de los recursos públicos de una manera distinta a la que se presupuestó, la contratación excesiva y no contemplada en el Presupuesto de Egresos de personal gubernamental, el impago en diversos rubros sociales de alta sensibilidad, como adultos en plenitud y estudiantes, y la transgresión reiterada de derechos humanos a trabajadores gubernamentales que son despedidos de forma ilegal, u otros a quienes se les paga de manera atrasada o incompleta”.

Los legisladores de oposición consideraron que “la mejor prueba de que los recursos públicos están siendo malversados” es el déficit anunciado recientemente por el gobernador, por un monto de mil 598 millones de pesos.

“Uno de los problemas más graves de la inestabilidad referida es el adeudo de cuatro bimestres de pensiones a adultos mayores, que corresponden al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP). Esta deuda, que abarca ocho meses, ha minado considerablemente el bienestar y la integridad de este sector vulnerable de la sociedad”, indicaron.

Otra consecuencia del desequilibrio financiero del gobierno estatal, a juicio de los legisladores panistas y perredistas, es la serie de retrasos en el pago a los trabajadores de confianza, así como los atrasos y cancelaciones de becas a más de 4 mil estudiantes, así como la falta de pago de los convenios, derechos y beneficios de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en su mayoría son recursos descontados de la nómina de los maestros, de sus cuotas sindicales y de claves salariales para el pago de servicios.

“Como agravante de la situación descrita, existe información difundida ampliamente en diarios locales y nacionales, que muestra que el gobierno de Colima erogó en los años de 2012, 2013 y 2014 la cantidad de 584 mil 640 pesos por concepto de renta de un inmueble escriturado a nombre de Rebeca Alexandra Herrera Díaz, una mujer vinculada con el gobernador Mario Anguiano”.

A la vez, señalaron, el mandatario optó por despedir de sus puestos a mil 050 trabajadores, muchos de ellos de áreas prioritarias de educación y salud, con el fin de ahorrar aproximadamente 42 millones de pesos, mientras que el déficit financiero del estado de Colima ha sido calculado en mil 598 millones de pesos.

Concluyeron que la deuda a proveedores del gobierno supera los 228 millones de pesos, misma que el gobernador no prevé resolver en fechas próximas por existir un adeudo a corto plazo con instituciones bancarias por 468 millones de pesos.