La Asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía denuncia que los políticos que han gobernado la Junta de Andalucía han estado y siguen estando al servicio de los especuladores y de los constructores ilegales.

La Asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía, celebrada el pasado fin de semana en Punta Umbría, ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se rechaza de forma rotunda el Decreto-Ley 3/2019 aprobado por la Junta de Andalucía, que supone la cuarta amnistía a las viviendas ilegales en Andalucía, y da vía libre para recurrirlo.

Este Decreto-Ley es un paso más hacia la absoluta desregulación del urbanismo, que se está dejando en manos de promotores urbanísticos y de propietarios de viviendas ilegales. Este cambio legal avanza en la estrategia de la Junta -en esto coinciden PSOE-PP-Cs-, de amparar el urbanismo ilegal, que ha llegado a cotas de auténtica catástrofe, creando un cáncer por todo el territorio andaluz, provocando graves impactos ambientales y territoriales y conflictos sociales, administrativos y penales. Este fenómeno no hubiera sido posible sin la complicidad de muchos ayuntamientos y de la propia Junta de Andalucía.

El PSOE abrió las puertas a la regularización de viviendas ilegales en 2012, cuando aprobó un Decreto que pretendía la “regularización” de las más de 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía, permitiendo dotarlas de servicios mínimos, y blindándolas contra la acción de la disciplina urbanística. Al plantearse el problema de las viviendas ilegales construidas en parcelaciones también ilegales, que no prescribía la infracción, y que, por ley, debían desmontarse y restaurarse el terreno a su estado anterior, el PSOE modificó en 2016 la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para poder legalizarlas también. Paralelamente, el gobierno de Rajoy amnistiaba a las viviendas ilegales construidas en Dominio Público Marítimo-Terrestre, con una modificación de la Ley de Costas.

Pero la presión del lobby de propietarios de viviendas ilegales, y de los alcaldes y alcaldesas que han permitido el sistemático incumplimiento de las normas urbanísticas, ha obligado a un nuevo cambio normativo, simplificando trámites y reduciendo obligaciones. El gobierno PP-Cs aprueba un nuevo cambio de la LOUA y, también, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), para ponerles en bandeja a los propietarios de viviendas ilegales su “regularización”, con prácticamente los mismos derechos que los que han construido legalmente… y con escasas obligaciones.

Este nuevo Decreto-Ley incluye novedades muy peligrosas, que provocarán la total impunidad del urbanismo ilegal, y un efecto llamada sin precedentes. El Decreto-Ley permite la “regularización” de prácticamente todas las viviendas ilegales; más votos a costa de destruir nuestro territorio y promover la vulneración de la legalidad urbanísticas. Se generaliza la concesión de Declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), incluso a los grupos de viviendas ilegales que constituyen asentamientos, con la consiguiente desmotivación para cumplir con las obligaciones urbanísticas. Se introduce la figura de un Plan Especial que determinará la fórmula de regularización, que aprobarán los mismos ayuntamientos que han permitido estas miles de viviendas ilegales. A los propietarios de viviendas ilegales se les exigirá menos requisitos que a las urbanizaciones y viviendas legales. Los ayuntamientos podrán reducir las cesiones de suelos para equipamientos o zonas verdes. Además, se rebajan las condiciones de habitabilidad, lo que provocará unas edificaciones más precarias y de peor calidad. Incluso se podrán “regularizar” viviendas construidas de forma ilegal en suelos destinados a dotaciones públicas o en terrenos inundables, eso sí, se le pedirá a los propietarios de estas viviendas que “suscriban una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables”. ¡Hasta este punto llega la irresponsabilidad de gobierno PP-Cs! Otra novedad que provoca la máxima alarma es que se permitirá la regularización de viviendas ilegales en suelo de especial protección, si se “acredita la inexistencia de los valores que determinaron la protección de dichos terrenos”, todo un estímulo desde la ley para incumplirla.

La aplicación del Decreto-Ley se extiende a edificaciones ilegales en suelo urbano no consolidado y urbanizable; es decir, aquellas urbanizaciones ilegales que están en trámite de legalización en los PGOU podrán dotarse de servicios sin haberse aprobado los planes parciales o los proyectos de urbanización. Esto va a provocar la paralización de este planeamiento, pues se desincentiva su posterior inclusión en el planeamiento por los mayores costes que ello conlleva.

El colmo del despropósito es la modificación de la normativa sobre disciplina urbanística. Se permite aplicar una “equivalencia” a las sanciones que, según la normativa actual, debe terminar con la demolición de lo ilegalmente construido. Ahora se permitirá una equivalencia consistente en el “cumplimiento en la participación de la persona propietaria en las cargas derivadas del Plan Especial, en la forma y plazos que en el mismo se establezcan”. Es decir, se les sancionará invirtiendo en dotar de servicios a su propia urbanización ilegal, todo un estímulo a la construcción ilegal. Esta política contrasta con la de otras Comunidades Autónomas que están potenciando la disciplina urbanística, haciendo imprescriptibles las infracciones en suelo no urbanizable y asumiendo su gestión de forma consorciada con los Ayuntamientos. En Andalucía el problema se agravará, pues las actuales 300.000 viviendas ilegales se podrían duplicar o triplicar en unos años gracias a estas amnistías y al efecto llamada.

Este Decreto-Ley se ha aprobado incumpliendo los obligados trámites de consultas al Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CAOTU), que tiene entre sus funciones informar los proyectos normativos de carácter general en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y las modificaciones del POTA.

La Asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía denuncia que los políticos que han gobernado la Junta de Andalucía han estado y siguen estando al servicio de los especuladores y de los constructores ilegales. En vez de aprobar normas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna; en lugar de potenciar la disciplina urbanística; en lugar de mejorar la movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; en lugar de mejorar las dotaciones públicas… la primera norma que ha aprobado el gobierno PP-Cs es para favorecer el urbanismo ilegal. Ecologistas en Acción estudiará la posibilidad de recurrir este Decreto ante los tribunales por ser lesivo al interés general, vulnerar legislación de rango superior y no haberse sometido a los obligados trámites de consultas previas en el CAOTU.