El adelgazamiento de la administración ha sido una de las máximas del gobierno de Manuela Carmena, que esta semana ha hecho balance de su gestión tras cien días al frente del ayuntamiento madrileño. Un camino con luces y sombras en lo relativo al cumplimiento programático, pero en el que destacan suculentos mordiscos a la administración, ajustes salariales, renuncias a privilegios y no renovaciones de contratos considerados innecesarios. En suma, el ahorro para las arcas públicas que han supuesto estas medidas supera los 30 millones de euros.

La primera reestructuración acometida por la alcaldesa se produjo solo un mes después de tomar posesión de su cargo, coincidiendo con la segunda Junta de Gobierno, y supuso un ahorro de 609.000 euros. Se trataba del pellizco a la administración “más urgente” debido al solapamiento de competencias y la falta de afinidad con algunos cargos de confianza. Esta primera fase de reestructuración afectó a las áreas de Salud y Emergencias, Secretaría General del Pleno y Coordinación General de la Alcaldía, que junto a la creación de la Gerencia de la Ciudad supuso una remodelación orgánica por la que se suprimieron seis órganos directivos, tres generales y numerosos cargos de confianza.

A esta actuación le siguieron otras posteriores que en total supusieron la eliminación de diez puestos directivos, con un ahorro cifrado en más de un millón de euros anuales. Concretamente se suprimieron cinco direcciones generales y cinco coordinaciones generales, mientras que se pasó de 82 eventuales a 60 en los grupos municipales, se redujeron a la mitad los de los distritos y de 82 a 50 los del Ayuntamiento.

El nuevo presidente de la Junta Rectora de IFEMA, Luis Cueto. (EFE)

En plenas vacaciones de verano se anunció un “cambio de ciclo” en IFEMA. Su nuevo presidente, Luis Cueto, renunció a recibir una retribución específica por gestionar la institución ferial, al considerar que su nombramiento se incluía en las funciones que conlleva ser el coordinador general de la Alcaldía. Su antecesor en el cargo, José María Álvarez del Manzano, se embolsaba 120.000 euros al año, cantidad incluso superior a la que cobraba como regidor de la capital. El Ayuntamiento se ahorró en total una suma superior a los 660.000 euros, según cifran fuentes del consistorio. El resto de instituciones representadas en el consorcio, como la Comunidad de Madrid (posee un 31% de la sociedad, igual que el Ayuntamiento) y la Cámara de Comercio (también 31%), siguieron los pasos marcados por la alcaldesa.

Coches oficiales

La mayor racionalización del gasto se produjo en el departamento de Salud, Seguridad y Emergencias, que dirige Javier Barbero. A principios de este mes renunció al contrato de arrendamiento de vehículos para la Policía Municipal, suscrito el pasado 14 de mayo por la antigua corporación por un periodo de cuatro años y un coste de 28 millones de euros, al “no estar ajustado a las necesidades reales de este servicio ni adecuarse a una gestión eficiente de los recursos públicos”. Según el edil, “si se hubiera dado vía libre al contrato, la Policía Municipal contaría con un total de 1.300 vehículos, cuando el total de operativos por turno en los casos de mayor necesidad ronda los 1.000 agentes”.

Barbero paralizó un segundo contrato por el que se iban a destinar 200.000 euros a la adquisición de seis dispositivos aéreos pilotados en remoto (RPAS), más conocidos como drones. Su coste económico “no estaba lo suficientemente justificado”, según se alegó, además de que una modificación reciente de la ley prohibía el vuelo de estos aparatos sobre áreas urbanas para funciones, por ejemplo, de autovigilancia.

Vista general de vehículos oficiales salidos a subasta en 2011. (EFE)

Entre las últimas medidas de ahorro llevadas a cabo por el gobierno de Manuela Carmena destaca la supresión del contrato de alquiler del parque móvil, que vence el próximo mes de noviembre. En total se prescindirá de 50 coches oficiales, lo que supone un ahorro anual de 300.000 euros. Los representantes de Ahora Madrid cumplen así con su promesa electoral de prescindir de coche oficial.

En el capítulo de "renuncia a privilegios" también hay que sumar un ahorro estimado en 300.000 euros por el cierre del grifo a las entradas gratis para altos cargos, si bien en este caso no es la institución local la que se beneficía directamente de este montante. Además de ceder al Teatro Real todas las entradas del palco que usaban las autoridades municipales, lo que repercutirá en un aumento de 100.000 euros anuales para las arcas del teatro, también se renunciará a las prebendas en palcos de campos de fútbol, en la plaza de toros de Las Ventas, la Caja Mágica, IFEMA o Club de Campo.