Al terminar el año 2001 la deuda pública total ascendía a 144 mil millones de dólares, de los cuales, sólo 46 mil millones de dólares eran bonos emitidos bajo ley internacional. Todo el resto era deuda con organismos internacionales, con países del Club de París, con tenedores de bonos bajo ley argentina y con titulares de préstamos garantizados bajo ley argentina que habían convertido voluntariamente sus bonos bajo ley internacional en esos instrumentos durante el mes de noviembre de 2001. Salvo los 46 mil millones de dólares en bonos bajo ley internacional, la tasa máxima que se pagaba sobre el resto de la deuda era del 7 % y los vencimientos habían sido diferidos en tres años como mínimo.

La re-estructuración ordenada de esos 46 mil millones que no se habían transformado en préstamos garantizados estaba preparada para ser lanzada el 15 de enero de 2002 y contemplaba mecanismos seguros para evitar que quedaran ¨holdouts¨ con posibilidad de transformarse en fondos buitres. La oferta de canje que se iba a proponer, incluía cláusulas de salida consentida que iban a lograr el cambio de jurisdicción de los bonos que no se presentaran al canje y estaba asegurado el número de votos necesario para hacer efectivas esas cláusulas, porque para los bonos más onerosos el gobierno tenía en su poder más del 66 % de los bonos originalmente emitidos. Los había conseguido a través del canje voluntario por préstamos garantizados.

El default desordenado de la deuda pública no comenzó con la declaración de moratoria de Rodriguez Saá surante su corto interinato, porque en realidad no había vencimientos hasta el 15 de enero y, si se hubiese hecho ese día la oferta de canje que estaba preparada, aquella declaración, aplaudida por el Congreso en una jornada bochornosa, hubiera terminado siendo interpretada como el anuncio del canje por venir.

El verdadero default se produjo en el momento en que Eduardo Duhalde decretó la pesificación forzosa de todos los contratos financieros bajo ley argentina. Ahí se decretó el peor y más injusto de los defaults: el que le quitó casi 75 % de su capital a quienes tenían depósitos en dólares en el sistema bancario argentino y a todos los tenedores de bonos en dólares bajo ley argentina. Ese default hizo que la mayoría de los titulares de préstamos garantizados consideraran incumplidas las condiciones por las que habían entregado sus bonos originales y solicitaron su devolución. De esa forma en lugar de 46 mil millones de capital en bonos bajo ley internacional, pasaron a estar en poder de tenedores particulares bonos por más de 80 mil millones de dólares, que a partir de ese momento comenzaron a estar en default y estuvieron en esa situación por más de cuatro años.

Es en ese período en que los bonos pasaron a valer menos de 30 centavos por dólar de capital y fueron comprados, varios de ellos, por los fondos con vocación de buitres. Yo había advertido ese peligro, incluso hablado del riesgo de que entraran a actuar los fondos buitres si caíamos en un default desordenado. Lo hice cuando expliqué que necesitábamos parar con el corralito la corrida bancaria por un plazo de 90 días, hasta que completáramos la re-estructuración de la deuda pública y el FMI desbloqueara los fondos que había dejado de desembolsar los primeros días de diciembre.

La re- estructuración de la deuda llevada a cabo por Kirchner y Lavagna en el año 2005 fue el plato servido para que se alimentaran los buitres. En lugar de incluir cláusulas de salida consentida, tal como había sido planeado por nosotros en 2001, prefirieron dictar la ¨ley cerrojo¨ y aplicar la clausula RUFO. Los mismos fondos buitres cuyos reclamos habían sido desestimados por los tribunales de Nueva York en el caso de la re-estructuración de Mendoza (que sí había incluido cláusulas de salida consentida y había dejado abierto el canje), advirtieron que podrían litigar con éxito por los errores en que estaba incurriendo el gobierno de Kirchner.

Ahora Cristina Kirchner quiere asignar a la gestión del gobierno de De la Rúa y, en particular, a mi gestión durante 2001, la responsabilidad por la derrota judicial que nos infringieron los fondos buitres. Una vez más apelan al engaño, con todo el poder que significa contar con un fenomenal control de los medios de comunicación y el uso alevoso de la cadena nacional, para atribuir a otros su propia torpeza. Sinceramente espero que esta vez la mentira tenga patas cortas. Lo deseo no porque vaya a compensar el daño moral que la prédica de Duhalde y los Kirchner nos han provocado, sino para evitar que nuestro pueblo siga teniendo que hacerse cargo de pagar los platos rotos de tanta incapacidad y mendacidad oficial.