Trece magistrados del Supremo han dirigido al presidente de este tribunal y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, un escrito en el que piden que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "ponga coto" a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra excarcelaciones de etarras.

Fernández Díaz señaló que le parecían "lamentables" las excarcelaciones de presos de ETA, entre ellos Santi Potros, por parte de la sección primera de la Audiencia Nacional.

Los magistrados, que constituyen una amplia mayoría en la Sala de lo Penal del alto tribunal integrada por 18 jueces (contando a los eméritos), consideran que este tipo de afirmaciones "provocan falta de confianza en las instituciones" y creen que Rajoy debe "poner coto a manifestaciones como las que denunciamos".

En su escrito los magistrados firmantes relatan que el pasado mes de marzo esta sala del Supremo dictó una sentencia en la que hacía la aplicación que consideró procedente de una decisión marco de la Unión Europea "casando una resolución de la Audiencia nacional y posteriormente ésta actuó en consecuencia y debido acatamiento".

Añaden que "dado que casos similares se encontraban sometidos a decisión jurisdiccional, se convocó pleno de esta Sala Segunda -del Tribunal Supremo- para fijar criterio una vez promulgada la Ley Orgánica 7/2014, que incide en dicha materia".

Agregan que "en este contexto el pasado día 10 el diario La Razón publicó una entrevista al ministro del Interior en la que, entre otros contenidos, recoge las respuestas a preguntas que inciden directamente en esta actuación jurisdiccional".

"De entre ellas destaca la que se refiere a aquella resolución de la Audiencia Nacional dictada en cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Supremo", explican los magistrados.

Comentan que "el ministro no duda en manifestar que tal sentido de las decisiones de los órganos jurisdiccionales le parece lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente".

Señalan que "a la pregunta de si los jueces están prevaricando responde: yo no digo eso pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación".

El escrito indica que "más adelante, en referencia a las posibilidades del Gobierno, recuerda que ya promovió la iniciativa legislativa para evitar lo que vuelve a calificar como cosa tan profundamente injusta".

"Aún insiste, al ser interrogado sobre la reiteración de tal tipo de resoluciones, que lo que no se puede hacer es un uso alternativo del derecho y a que sea tenido en cuenta solo cuando conviene en virtud de unos determinados criterios y concluye que estas resoluciones provocan falta de confianza en las instituciones", advierten los magistrados.

Estos señalan que "sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno" manifiestan del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su "desazón por tales manifestaciones".

Además, le piden que si considera que las mismas no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal lo haga saber al presidente del Gobierno, recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las denunciadas".

El escrito es suscrito por los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo a excepción de su presidente, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.