La Guardia Civil ha realizado 15 registros en varias empresas entre las que se encuentran Agissa, Girona SA y Prodaisa en una operación denominada Aquarium que podría comprometer a Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, por la gestión que se hizo de las aguas y del alcantarillado de Girona durante el tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad. Por haber permitido la continuación de irregularidades que ya se venían produciendo y otras provocadas por la última renovación de la concesión.

El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si a lo largo de los años fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Girona Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

El origen de esta operación se encuentra en la investigación del caso del 3% sobre la financiación ilegal de Convergencia i Unio llevada a cabo por el juez Josep Bosch de El Vendrell. Al realizar algunos de los registros del caso 3% fueron encontrados informes de la auditora Efial en los que se detallaban las irregularidades en las que se habría incurrido en la gestión de Aguas de Girona.

Estos datos llevaron a que el juez Bosch solicitase una investigación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que llegó a la conclusión de que los hechos presentados por el juez de El Vendrell podrían dar lugar a «varios ilícitos penales». Como quiera que el juez del número 2 de Girona, Manuel Marcelo, ya tenía abiertas unas diligencias al respecto en el que ya había varios imputados, el asunto ha acabado en sus manos.

Según las investigaciones, en 1975 se adjudicó mediante concurso público el abastecimiento de aguas a la sociedad privada Girona SA. En 1988 se le concedió una prórroga que alargó la concesión hasta 1992, año en el que se debía haber licitado un concurso público. Esta obligación fue esquivada con la creación de una empresa mixta denominada Agissa en la que participaban Girona SA en un 80% como socio privado y los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarria de Ter en distintos porcentajes. Girona SA debía recibir un 3% de los ingresos de explotación.

Según los datos en poder del juez Marcelo, la adjudicación a Agissa del contrato de abastecimiento de agua potable habría sido contraria al ordenamiento jurídico porque vulneró los principios de publicidad y libre concurrencia y, además, las prórrogas establecidas en el Convenio no eran conformes a Derecho.

Sin embargo lo más problemático no lo constituirían los elementos jurídicos necesariamente sino las irregularidades económicas que se han ido sucediendo, presuntamente a lo largo de los años y en cuya profundización tuvieron mucho que ver las decisiones adoptadas en un pleno celebrado en Girona en 1998. En aquel pleno se sustituyó -en los documentos referentes a la explotación del agua potable-, la expresión «beneficios generados» por la de «margen bruto generado».

La consecuencia fue que la sociedad quedó «descapitalizada» porque a las ganancias no se les descontaron los gastos de personal, alquileres, gastos de suministros, luz, agua, gas, las amortizaciones, los impuestos o los gastos financieros. La junta de Agissa aprobó esta modificación que tenía en cuenta sólo la explotación del servicio, a excepción de ingresos obtenidos por grandes obras, y retribuyó al capital social de cada accionista un importe superior al beneficio real.

Las investigaciones deducen de los elementos anteriores que Agissa, la empresa mixta, estuvo distribuyendo a Girona SA de manera encubierta beneficios contables que no generaba.

En 2013, ya con Carles Puigdemont como alcalde desde 2011 -hasta ese momento la alcaldía había estado en manos de Joaquim Nadal, del PSC-, tras producirse una denuncia de la CUP, fue modificado el Convenio. Además del canon anual que venía pagando Agissa a los Ayuntamientos por el uso de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua potable, se estableció un canon complementario por un importe de mas de 3,7 millones de euros a pagar entre abril y marzo de 2015. Pero se decidió que el socio privado, Girona SA, financiaría ese dinero a Agissa, la empresa mixta, con un crédito al 12% del interés. Según los informes en poder del juez, como el canon se incrementó y las inversiones se redujeron a la mitad, las instalaciones fueron peores y el agua más cara para el consumidor.

Esos informes afirman además que los intereses al 12% que cobraba Girona SA a Agissa podrían considerarse retribuciones encubiertas al socio.

Así, según los datos recabados por la AEAT, desde el año 2013, Girona SA habría percibido retribuciones como socio privado, intereses elevados y un sueldo estimado para un director de servicios que ha estado cobrando 55.000 euros durante más de 20 años -mas de un millon de euros- cuando su trabajo lo estuvo realizando un empleado de Agissa.

A lo largo de los años se habrían detectado además partidas facturadas por servicios presuntamente no prestados, y autofacturaciones; partidas de unos 600.000 euros contabilizadas como gastos de estructura cuando se trataba de dividendos encubiertos.

La investigación también afecta a gastos particulares -sin que haya trascendido la época- que incluirían jamones, joyas, entradas para conciertos, restaurantes de lujo, hoteles..; e incluye un procedimiento contable que, presuntamente, mantuvo a la empresa en un nivel deficitario cuando en realidad había recibido ingresos por parte de los ayuntamientos integrantes que no justificaban esta situación.

El juez intenta confirmar con los registros, requerimientos y declaraciones si son ciertos los indicios según los cuales los responsables de los Ayuntamientos involucrados y también algunos funcionarios habrían vulnerado la legalidad con decisiones que han llevado a que se malgasten fondos para beneficiar intereses privados, a despatrimonializar las arcas públicas con repartos de dividendos y beneficios inexistentes y ha justificar gastos fantasma. Que habrían provocado la alteración del precio de las cosas hasta encarecer desproporcionadamente el agua para el usuario. Se trataría de concretar si hubo algo más que un escaso grado de control y supervisión.