El Partido Popular, cercado por la corrupción y definido en más de una ocasión como una “organización criminal”, continúa liderando las encuestas de intención de voto. Sus votantes potenciales admiran el orden, la estabilidad económica y la creación de empleo como prioridad absoluta. No obstante estos deberían tener en cuenta que el ejercicio del voto es una responsabilidad que exige hacerse cargo de las consecuencias que produce. Entre estas consecuencias cabe citar las siguientes:

Votar al PP ha permitido que en el 2012 Pedro Morenés , empresario de armamento (MDBA) y de seguridad privada, entre otras industrias, presidiera el Ministerio de Defensa acompañado por su número dos, el oligarca industrial Pedro Argüelles Salaverría (Boeing, Banco Alcalá).

Ha facilitado que durante mucho tiempo, los dos dirigentes más importantes del Ministerio de Economía, Luis de Guindos (Logista, Nomura, 'El Mundo'…) e Íñigo Fernández de Mesa (Barclays), provinieran de la banca de inversión quebrada Lehman Brothers que, además, había incurrido en la venta de hipotecas basura a clientes españoles.

Que la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, María Flavia Rodríguez Ponga -con su hermano en el consejo de Bankia-, proviniera precisamente de una mutua de seguros, Mutua Madrileña.

Que Ángela López , ex directiva de Coca-Cola, presidiese la Agencia Española Alimentaria, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Que Fernando Benzo , director en el 2007 de la Oficina del imputado Santiago Calatrava, fuera designado en el 2012 como número tres de Jorge Fernández Díaz en Interior.

Que Miguel Arias Cañete, multimillonario empresario petrolífero, constructor y financiero, además de esposo de Micaela Domecq, aristócrata agraria investigada por los Papeles de Panamá, haya sido ministro de Agricultura y sea ahora el comisario europeo encargado de la lucha contra el cambio climático.

Que la actual ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, provenga de Fertiberia, empresa de fertilizantes perteneciente al consorcio OHL, propiedad del Marqués de Villar Mir, generoso contribuyente a las finanzas más privadas y menos transparentes del Partido Popular.

Que nuestro actual ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, hombre de Rajoy, de Pastor y de Montoro, provenga de la patronal de las empresas del juego on-line y esté dando cobijo a una élite judicial que contiene a toda costa la explosión definitiva de los escándalos del PP.

Que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , encargado de resolver la crisis fiscal del Estado, crease en el 2006 una asesoría para la ‘optimización fiscal’, “Montoro y Asociados” (ahora, “Equipo Económico”), en compañía de su hermano Ricardo, del antiguo director de la Agencia Tributaria y de otros altos cargos del ministerio de Hacienda, como Pilar Platero, a la que ha vuelto a integrar en la misma cartera ministerial.

Que el número dos de Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Jaime Pérez Renovales, haya introducido en el Gobierno de la nación a una trama de Abogados del Estado que van y vienen de empresas privadas, importando un modus operandi profundamente ideologizado a los asuntos de la Administración pública.

Estos ejemplos de lobbies incrustados en un Ejecutivo que toma decisiones que nos afectan de manera clara deberían ser suficientes para hacernos una idea de la gravedad del problema. Pensar que todos estos altos cargos van a ser sensibles con las necesidades de unos ciudadanos que pasan frío en invierno por falta de calefacción, que esperan horas en unos ambulatorios colapsados y que no llegan a fin de mes por ingresar solo 700 euros es del todo absurdo. Por eso, los votantes del PP –y, por extensión, de todos aquellos que favorezcan electoralmente gobiernos de este tipo–, deberían ser conscientes de la responsabilidad de su voto y de su connivencia con este tipo de agresores sociales. Esta última afirmación no es gratuita: en febrero del 2012, el ministro Luis de Guindos comunicó en voz baja al comisario de Asuntos Económicos de la UE que la reforma laboral del PP había sido “extremadamente agresiva”. Nuestra democracia está en riesgo: los privatizadores del Estado del bienestar la tienen bajo su mando y si el apoyo popular continúa, no tardarán en garantizarse que sea suya para siempre. De todos depende.

Andrés Villena es economista, periodista, doctor en Sociología y acaba de públicar '¿Cómo se gobierna España?' (Editorial Comares).

En twitter es @villenaoliver. Más información en: www.andresvillena.es