30 diputados entre principales y suplentes, opositores y disidentes del Bloque de la Patria son objeto de persecución en la actualidad. Para romper el quorum de funcionamiento y generar la parálisis del Poder Legislativo, bastaría con dejar vacías 29 curules. Hasta ahora hay 17 diputados presos, desaparecidos, exiliados, en la clandestinidad o bajo protección diplomática.

Caracas. La disolución de la Asamblea Nacional solo está prevista en la Constitución nacional vigente bajo un supuesto: que el Poder Legislativo declare el voto de censura contra el vicepresidente de la república en tres ocasiones durante un mismo período constitucional (artículos 240).

Con ese escollo se ha encontrado la Constituyente –calificada de ilegítima por organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima– desde su instalación en el año 2017. Muchas han sido las amenazas y discursos altisonantes que han emitido los militantes del PSUV que conforman ese ente clamando la disolución del Parlamento. Incluso a comienzos de este año la ANC designó una comisión con el propósito de encontrar mecanismos para disolver al Poder Legislativo. Pero la realidad es que por la vía constitucional, solo pueden hacerlo bajo la referida condición.

Finalmente, la dupla conformada por el abogado Maikel Moreno, al frente del Tribunal Supremo de Justicia, y por el vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, al frente de la ANC ilegítima, parece haber encontrado la fórmula –un poco más primitiva– para lograr la parálisis del Parlamento: acabar con el quórum de funcionamiento por la vía de la persecución focalizada contra la cuarta parte de los diputados de oposición. Veamos.

La plenaria de la AN está conformada legalmente por 167 diputados: 112 de la alternativa democrática, 6 disidentes del Bloque de la Patria y 49 integrantes de ese bloque oficialista. El quórum de funcionamiento de la plenaria, de acuerdo a la Constitución, es de 84 diputados, es decir, que la alternativa democrática (independientemente de que en los últimos dos años se dividió en cuatro bancadas) cuenta por si sola con los diputados para funcionar.

Pero si de las 112 curules que ocupa la alternativa democrática, 29 estuvieran vacías, porque sus ocupantes están presos (como Requesens y Zambrano), exiliados (como Borges, Arellano, Olivares, y otros), asilados o protegidos en embajadas (como Blanco y Magallanes), desaparecidos (como Caro), o “en resguardo” (como Florido), la plenaria no tendría la posibilidad de sesionar. En otras palabras, para la desintegración de la Asamblea Nacional, que no se logró por la vía del asalto a sus competencias, a su presupuesto y a su sede, no haría falta sacar del juego a todos los diputados de oposición, sino a una cuarta parte de ellos.

Al día de hoy, la bancada opositora tiene a 30 diputados perseguidos (24 principales y 6 suplentes) por decisiones coordinadas primero por el Ejecutivo y el TSJ y desde agosto de 2017 entre la ANC, la Fiscalía y el TSJ.

De esos 30, 17 ya están fuera del Parlamento, bien porque están presos, desaparecidos, exiliados o refugiados en sedes diplomáticas; aunque 9 de ellos tienen a su suplente incorporado y activo, por ahora.

Los 15 restantes del grupo de 30 tienen expedientes abiertos, investigaciones en curso o amenazas de detención y si bien han asistido a las plenarias hasta esta semana, no se sabe qué decisión tomarán ellos para su resguardo en las próximas horas o incluso si serán detenidos por los cuerpos de seguridad al servicio de Maduro.

Además, tras las decisiones de persecución judicial anunciadas esta semana, 4 curules han quedado en riesgo de ser desocupadas definitivamente: la de Henry Ramos (bajo investigación) y su suplente Ramón López (en el exilio); la de Gaby Arellano (en el exilio) y su suplente Renzo Prieto (con un expediente abierto); la de Sergio Vergara (investigado) y su suplente Rosmit Mantilla (en el exilio); y la de Freddy Guevara (protegido en una sede diplomática) y su suplente, Juan Andrés Mejía (investigado).

Un dato más: de los 30 diputados opositores o disidentes del chavismo, perseguidos hasta el presente, 9 han entrado en la lista en las últimas 72 horas, dejando en evidencia un recrudecimiento de la judicialización como herramienta de control y disuasión, luego de la insurrección del pasado 30 de abril.

Si bien el discurso de la administración Maduro afirma y reafirma que a estos diputados, o a la mayoría de ellos, se les ha despojado de su inmunidad por decisiones de la ANC ilegítima en connivencia con el TSJ declarado írrito por la Asamblea Nacional, la letra de la Constitución vigente es clara: solo la plenaria de la Asamblea Nacional puede declarar el levantamiento del fuero parlamentario.