Granados (d), a su llegada a la Audiencia Nacional. Foto: Álvaro García | Vídeo: Atlas

Francisco Granados, principal imputado del caso Púnica, implicó este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta Esperanza Aguirre en la presunta caja b del PP regional. Granados manifestó ante el juez que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una “campaña paralela y de refuerzo” que no se pagaba con fondos oficiales, y sitúo a Cifuentes en el “núcleo de poder” de esta campaña hasta que acabó una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González. Cifuentes anunció ayer una querella contra Granados por lo que tacha de “cúmulo de falsedades”.

Francisco Granados acudió ayer a la Audiencia Nacional dispuesto a tirar de la manta, pero no tanto como para quedarse él mismo descubierto. El ex secretario general del PP madrileño y principal imputado del caso Púnica reconoció la financiación ilegal del partido y, por primera vez, implicó en ella a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, que hasta ahora había salido bien librada de todas las causas de corrupción que cercan a la formación conservadora. Granados apuntó básicamente contra la antigua cúpula del PP, encarnada en Aguirre y el también expresidente madrileño Ignacio González.

También reservó un dardo para la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Según declaró ante el juez, Cifuentes estuvo en “el núcleo de poder” que manejó la “campaña paralela y de refuerzo” de Aguirre en 2007 y 2011, y lo hizo hasta que terminó su supuesta “relación sentimental” con Ignacio González, afirman fuentes presentes en la declaración. En esas dos campañas el PP de Madrid manejó fondos opacos por valor de cinco millones de euros, según la investigación. “Me da igual lo que diga este señor, es un delincuente”, respondió ayer la presidenta madrileña.

Cifuentes anunció que presentará “de inmediato” una querella contra el exconsejero por “un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”. Cifuentes estuvo en la ejecutiva del PP de Madrid desde 2004 a 2008. Desde 1991 a 2012 fue diputada en la Asamblea, donde ocupó en varias legislaturas una vicepresidencia de la Mesa y fue portavoz en varias comisiones. En 2012 pasó a ser la delegada del Gobierno en Madrid, hasta que se convirtió en la candidata del PP a las autonómicas de 2015 que la auparon a la presidencia de la comunidad. El pasado mayo salieron a la luz dos informes de la Guardia Civil que la implicaban en las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, donante del partido.

Granados relató ante el juez instructor, Manuel García Castellón, la existencia de esa supuesta “relación” de tipo “sentimental” entre Ignacio González y su sucesora para explicar las razones por las que esta tenía supuestamente conocimiento de la caja b. Granados sostuvo que en aquellos comicios él se centró en los gastos de la campaña oficial, pagada con fondos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, y que la campaña paralela —supuestamente pagada con dinero negro— estaba bajo el control absoluto de Ignacio González.

Mientras que mantuvieron esta supuesta relación sentimental, Cifuentes estuvo, según Granados, en “el núcleo de control” y en “la estructura de poder” de dicha campaña paralela. En este núcleo también situó a Isabel Gallego —exdirectora de Comunicación de Aguirre y ya imputada en la causa—, Jaime González Taboada —ex número tres de Cifuentes en el Ejecutivo regional y actual senador del PP por designación autonómica— y el exconsejero Borja Sarasola.

Granados dijo que los fondos de dicha caja b provenían principalmente de falsos contratos de publicidad del Canal de Isabel II, del Consorcio de Turismo de la Comunidad y la empresa pública de informática y comunicaciones (ICM). En esta trama jugaba un papel clave la sociedad Swap, que ya había salido en la investigación. Granados, que no aportó documentación alguna, desvinculó de estas irregularidades a la dirección nacional del partido y al exgerente regional, Beltrán Gutiérrez.

Según el testimonio de Granados, en la empresa pública de suelo Arpegio, uno de los ejes de las prácticas corruptas de la trama, colocó como consejero delegado a Eduardo Larraz por indicación de Aguirre. Larraz está imputado por su implicación en las irregularidades en esta sociedad. En el registro de la casa de este directivo la Guardia Civil encontró 146 lingotes de oro. Granados afirmó también que en el Plan Prisma de obras, dependiente de Arpegio, Aguirre exigió que los fondos dejaran de entregarse a los Ayuntamientos y que los trabajos los adjudicara directamente su Ejecutivo para poder obtener rédito político por ellos, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Granados afirmó que el extesorero del PP nacional Álvaro Lapuerta nunca le pidió que amañara ningún contrato, en contra de lo que aseguró Ignacio González el pasado diciembre. Según Granados, él sólo recibió una llamada de Lapuerta en su etapa de secretario general y fue para pedirle que indagara sobre el patrimonio de Ignacio González.

Los apuntes de la libreta

A la salida de su declaración, Granados ha asegurado a la prensa que todo lo que había asegurado en su declaración ante el juez "se puede confirmar". El político ha insistido ante los medios que existía una campaña "paralela" que estaba "a las órdenes de Ignacio González" y que se financiaba "al margen del partido".

El cabecilla de la trama fue detenido en octubre de 2014 y salió de prisión el pasado junio bajo fianza de 400.000 euros. En octubre, solicitó al juez instructor, Manuel García-Castellón, comparecer para una nueva declaración, la tercera desde su arresto. En su anterior, en diciembre de 2016, también a petición propia, sus intentos de exculparse a toda costa pese a los indicios contra él exasperaron al entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco. Este lunes, Granados venía dispuesto a “contar todo” lo que sea útil para la investigación. Eso sí, sin complicar más su ya difícil situación.

El ex número dos del partido y antiguo consejero de Presidencia y Transportes de la Comunidad de Madrid está directamente implicado en siete de las 16 piezas del macrosumario Púnica. Ayer, su abogado, Javier Vasallo, le planteó una batería de 212 preguntas. Parte de ellas iban encaminadas a desacreditar una de las mayores pruebas contra él: la libreta Moleskine en la que supuestamente apuntó movimientos de la caja b del PP, con entradas y salidas de fondos bajo los epígrafes in y out. En ella quedó reflejado, entre otras anotaciones, cómo Granados se repartió con Javier López Madrid, exconsejero de la empresa OHL, 500.000 euros de una partida de 2,1 millones que la constructora había destinado para financiar las elecciones autonómicas de 2011.

Granados dedicó buena parte de su declaración a desacreditar a su antiguo amigo el constructor David Marjaliza, otro de los cabecillas de la trama y que desde abril de 2015 colabora con la investigación. Marjaliza, que empezó a labrar su fortuna en Valdemoro (Madrid), municipio en el que Granados era alcalde, fue el que puso nombre y apellidos a las iniciales anotadas en la Moleskine por el expolítico. Más recientemente, ha aportado al juez documentos sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación amañada de tres obras del Metro de Madrid, y que se repartió a partes iguales con Granados y López Madrid. Granados seguirá declarando el próximo 20 de febrero.