La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno trabaja en una policía destinada a hacer que las víctimas sean el objetivo de la protección estatal. “Hay que terminar con la puerta giratoria”, aseguró, durante una entrevista con LA NACION, en referencia a la actitud desplegada por el sistema judicial en los últimos años.

“En el modelo anterior, la víctima era el delincuente; nosotros queremos ser más estrictos en los cumplimientos de las penas”, dijo y definió el rol que cumplirán las fuerzas federales.

“Entendemos que es fundamental trabajar sobre los delitos complejos, como el narcotráfico. Especialmente, en los lugares de acopio de drogas, donde se incauta el 95% de los estupefacientes. Nuestro objetivo es volver a cubrir la frontera. Y esto puede generar tensiones en lugares que tenían desplegadas fuerzas federales, pero la Gendarmería y la Prefectura estaban ubicadas ahí en forma discrecional, sin plan. Ciudades con los mismos problemas podían tener o no fuerzas federales”, advirtió la funcionaria del gobierno nacional.

– La gente que tenía en sus barrios fuerzas federales, como en el caso de Zárate, se siente afectada por el repliegue. ¿Cómo se trabaja frente a esa situación?

– Cuando mandamos efectivos a la frontera es posible que una población que tenía asignada fuerzas federales tenga problemas al principio, pero planificamos con los gobiernos provinciales para que generen las condiciones de seguridad urbana, mientras nosotros trabajamos con operativos especiales. Nosotros trabajamos con los gobiernos provinciales para avanzar en un modelo de uso racional de las fuerzas federales. Es un sistema que dedica a las policías a enfrentar al delito común y pone a las fuerzas federales contra el delito organizado.

-¿Qué funciones tiene la Policía Federal al concretarse el traspaso de agentes a la ciudad de Buenos Aires?

-La Policía Federal no cumple más un rol de calle. Tendrá dos ejes, uno basado en la inteligencia criminal para detectar las lógicas de las bandas y anticiparse a nuevas modalidades delictivas, y otra línea de trabajo sobre la etapa posterior a un delito. La Policía Federal que se viene es de mucha investigación. Y si en alguna zona se necesita un refuerzo porque debe hacerse un operativo con grupos tácticos, ahí estará el GEOF. Pero la Policía Federal no maneja más comisarías y patrulleros, eso es función de la ciudad de Buenos Aires. En el Consejo de Seguridad Interior trabajamos en el diseño de un nuevo concepto nacional de policías.

-¿Qué coordinación tiene con las provincias para unificar criterios policiales?

-En marzo comenzará la Escuela Superior de Policías, en la que participarán altos oficiales de todo el país. Por primera vez se harán cursos para todas las policías provinciales y queremos que formen parte los oficiales que tengan por delante al menos diez años de carrera. De esa manera habrá una formación unificada, se compartirán protocolos de acción y los próximos jefes policiales de todo el país ya se conocerán por haber compartido esa capacitación.

-En los últimos meses se conocieron operativos sobre bandas criminales en los que se encontraron armas de mayor volumen de fuego que el habitual, como fusiles y ametralladoras, ¿representan un llamado de atención esas armas?

-Con esos operativos se muestra cómo se puede colaborar frente al delito cotidiano por parte de las fuerzas federales. Porque así sacamos las armas en manos del delito común, que es el que siente más cercano la gente. Es un trabajo estratégico retirar la mayor cantidad de armas de las calles. También buscamos evitar que el armamento en manos del Estado llegue a los delincuentes. Por eso ponemos mucha atención en el control de los arsenales de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Defensa también realiza una acción similar en los arsenales de las Fuerzas Armadas. Y estamos en el diseño de un proyecto para controlar en forma electrónica cada arma estatal. Incluso estudiamos con el Renar la posibilidad de, en el futuro, poder seguir la trazabilidad de cada pistola comercializada en la Argentina.

-Una de las mayores preocupaciones sociales es la violencia del delito urbano; ¿cómo darán respuesta a esos reclamos más allá de los planes estratégicos?

-Es verdad que tenemos que sacar a los violentos de la calle. Para eso buscamos cambiar las normas que permiten que los presos salgan a la calle a mitad de condena, como si nada. Ese es un proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Luis Petri, y desde el Ministerio de Seguridad los apoyamos totalmente. En uno de los últimos homicidios conocidos en Rosario el asesino había sido condenado a 13 años de prisión por otro homicidio y dejado en libertad después tras sólo cinco años. Salió y mató. Queremos ser mucho más estrictos en el cumplimiento de penas.

-¿La falta de penas de cumplimiento efectivo es un problema para la seguridad pública?

-La puerta giratoria se termina con la ley de flagrancia. Es un cambio muy importante poder llevar a juicio a un acusado en 40 días. Así no se pasan los tiempos procesales que favorecían las excarcelaciones. En realidad acá existía el vale todo, la ley no tenía ninguna importancia. Estamos volviendo a una cultura de la ley en la que no vale todo, si se amenaza al Presidente se tendrá consecuencias, si se trafica drogas, también. Trazamos una política criminal que defiende mucho más a las víctimas, que trabaja en defensa de la gente.

-¿Cómo visualiza ese cambio?

-Con más actividad de las policías, con agentes que sientan que deben cumplir con su deber y que no tengan miedo de hacerlo. Con fuerzas que sepan que están protegidas en la medida que actúen en el marco legal, pero que no se escondan como pasaba antes. En el país estuvo muchos años la tortilla dada vuelta, los buenos eran los delincuentes y los malos las víctimas. Vamos a apoyarlos, vamos a cuidar a los que nos cuidan, pero les vamos a exigir profesionalidad y conducta ética. Hay que trazar definitivamente una línea que separe de un lado al Estado y del otro al delito, porque cuando las fuerzas miran hacia arriba y ven un Estado plagado de corrupción entonces quedan tentadas a seguir con esa misma línea de comportamiento. Eso termina por desarticular a las policías. Nuestra batalla es mostrar que hoy existe esa línea, que de un lado está el Estado y del otro la delincuencia.

-En las últimas semanas se conocieron varios casos de reacciones de las víctimas frente a sus atacantes, ¿cómo evalúa esa situación?

-Toda la vida hubo casos de legitima defensa y cada persona reacciona diferente frente a esas situaciones. Pero hay que tener en cuenta que siempre la víctima es la víctima. Y no siempre se lo ve así. Analizamos casos de legítima defensa como el del médico que disparó, pero olvidamos a la señora del almacén que entregó todo y la mataron igual como en varios otros casos. El modelo anterior estaba sustentado en la idea que, por si acaso, la víctima era el delincuente.

-¿Cómo se medirán los avances del plan?

-En seguridad siempre hay avances y retrocesos. No vamos a poder cambiar todo de un día para otro. Primero los jueces tienen que acompañarnos. Algunos ya lo están haciendo. Y la mejor forma de medir el resultado será si dentro de un año la gente considera que realmente mejoró su vida.