"La provincia se opuso desde un primer momento al pago de sueldos a las personas privadas de la libertad"

"Ganón presentó un habeas corpus que, entre otros puntos, planteaba la inconstitucionalidad de la ley 11.671", explicó Martínez Saliva, y agregó: "Si hubiera sucedido, era aplicable la ley de ejecución penal y correspondía el derecho laboral de los internos y pondrían exigir una remuneración por las tareas que desarrollan en la cárcel".

"Es un tema muy delicado que tuvo que transitar todas las instancias judiciales para llegar a la Corte", destacó el funcionario santafesino, y añadió: "La provincia se opuso desde un primer momento al pago de sueldos a las personas privadas de la libertad, y esto fue atacado por el entonces defensor público quien sostenía que los internos tenían derechos a cobrar un sueldo".

"En otras provincias se les paga a los internos, no en Santa Fe", advirtió Martínez Saliva, quien recordó que en el Servicio Penitenciario provincial hay 5700 personas privadas de la libertad

, y señaló: "Nosotros argumentamos que se trata de una instancia de formación, de enseñanza de un oficio de una persona privada de la libertad, a los fines de su reinserción social".