EL PAíS

Por Horacio Verbitsky

La declaración emitida ayer por una larga nómina de organismos corporativos de jueces fue impulsada por dos ministros de la Corte Suprema, que no consiguieron la unanimidad de sus colegas para convertirla en un pronunciamiento del alto tribunal. El redactor del texto fue el juez supremo Juan Carlos Maqueda. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo circuló para obtener la firma del resto de los jueces. El ministro Enrique Petracchi respondió que el último punto revelaba una alarmante politización de la magistratura. Es el que solicita que todos los medios de comunicación habiliten mecanismos para que “el Poder Judicial pueda expresar sus opiniones y replicar argumentos o críticas” y que “los medios oficiales” habiliten espacios para que “el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias”. Esta secuencia explica por qué una declaración tan confrontativa con el Poder Ejecutivo se publicó sin firmas, sólo con el nombre de las entidades. El apurado documento ni siquiera consigna que la Comisión de Protección de la Independencia Judicial es coordinada por las juezas de la Corte Suprema Elena Highton y Carmen Argibay Molina.

La agencia de noticias que mencionan los jueces es una creación de Lorenzetti, quien designó para dirigirla a la ex periodista de los grupos Hadad y Clarín, María Bourdin, quien en mayo de 2010 llamó “madre adoptiva” a una mujer que había sido procesada como apropiadora del hijo de dos detenidos-desaparecidos. El portal no omite en texto y video ni un suspiro del jefe de la oposición en la Justicia, Ricardo Recondo, miembro de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial e integrante del lobby militar-judicial que en la década del 80 se formó para frenar el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Bourdin es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe y tiene un master en periodismo otorgado por el Grupo Clarín. Realizó cursos de perfeccionamiento en el CATO Institute (financiado por las mayores empresas petroleras y tabacaleras y próximo al Tea Party) y en el Institute for Humane Studies, fue columnista de la Asociación Interamericana de Prensa Económica, AIPEnet, y del diario español Libertad Digital, todos ellos institutos y medios de la ultraderecha liberal, que consideran inadmisible cualquier regulación estatal de la economía.

Sólo en octubre de 1945 y marzo de 1962, el Poder Judicial se asumió de modo tan nítido como actor político. En el primer caso, quienes habían participado en la marcha de la Constitución y la Libertad del 17S reclamaron que se transfiriera el poder a la Corte, y el líder radical Amadeo Sabattini sugirió que el Procurador General Juan Alvarez asumiera el Poder Ejecutivo. Alvarez intentó formar gabinete y llevó su propuesta a la Casa Rosada en la tarde del 17O, pero ni pudo entrar porque ese mismo día la historia dispuso otra cosa. En marzo de 1962, cuando la Junta de Comandantes depuso y arrestó al presidente Arturo Frondizi, el presidente de la Corte, Horacio Oyhanarte, se adelantó al general golpista Raúl Poggi y puso en funciones al presidente del Senado José María Guido. La gravedad de ambos momentos destaca por contraste el absurdo planteo de la corporación judicial que intenta generar una crisis cuando funcionan a pleno las instituciones, más allá de la idea que cada uno pueda tener del estilo de algún funcionario. La idea de que las recusaciones y las denuncias penales contra determinados jueces constituyan una agresión institucional a un poder del Estado es extravagante, como si éstos no fueran mecanismos legítimos que pueden articular las partes en un juicio. Lo mismo puede decirse de la pretensión de que el escrutinio público del desempeño de esos o de otros jueces pueda considerarse como “campañas difamatorias”. La invocación al artículo 109 de la Constitución (aquel que proscribe al Poder Ejecutivo “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”), completa el dislate. Aunque digan lo contrario, los jueces están reivindicando un privilegio corporativo. Así como no pagan impuesto a las ganancias, tampoco admiten la respuesta pública a sus decisiones.

La prórroga de la medida cautelar que impide la aplicación de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta que una sentencia definitiva se pronuncie sobre su constitucionalidad, concedida ayer al Grupo Clarín por la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y lo Comercial, integrada por jueces recusados, completa el cuadro de situación. Por un lado, ese fallo desmiente la afirmación del documento de que los “mecanismos directos o indirectos de presión” que atribuye al gobierno, hayan afectado la independencia de los jueces. Por otro, pone en evidencia la profundidad del compromiso con los intereses particulares que no admiten someterse a las leyes. Al cierre de esta edición, el Poder Ejecutivo preparaba un recurso para que la propia Corte Suprema, que hace pocos meses dijo que la cautelar vencía el 7D, resolviera la cuestión hoy mismo. Lorenzetti aduce que la Corte recién podrá reunirse el lunes para considerar el pedido, porque Maqueda tiene hora con el médico, Raúl Zaffaroni está en Colombia y Elena Highton festeja hoy su 70º cumpleaños.