Las alarmas sonaron este miércoles en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El operativo de la Guardia Civil por orden del juez de instrucción Juan Antonio Ramírez, titular del juzgado número 13 de Barcelona, pilló a los republicanos con el pie cambiado y, ante el operativo, la secretaria general, Marta Rovira, se movió con celeridad: a primera hora, dio instrucciones para eliminar de todos los grupos de WhatsApp a Josep Maria Jové, uno de los detenidos durante la operación y secretario general de Vicepresidencia y Economía. Es decir, número dos de Oriol Junqueras, aunque su tarea es más funcionarial y de burocracia que de peso político.

Según las instrucciones que llegaron a los responsables del Departamento de Economía, debía destruirse toda la documentación que le pudiera comprometer gravemente. Una fuente de Esquerra reconoce a El Confidencial que “cualquier indicio de algo es manipulado y presentado como prueba inculpatoria por el Gobierno español y debemos evitar, precisamente, darles motivos para ello”. Esa actitud del Gobierno central se debe a que “no solo ha practicado la guerra sucia durante los últimos años, sino que está dispuesto a todo para que no se celebre el referéndum del 1 de octubre”.

ERC ordenó destruir 'documentos comprometedores' en Economía

Y es que las maniobras de los altos cargos del Gobierno catalán durante las últimas semanas estuvieron siempre bajo la lupa judicial. El pasado lunes, el presidente de la Generalitat se interesó personalmente por la situación del censo electoral y pidió explicaciones de cómo estaba el tema a Jordi Puigneró, secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, del que depende el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Ese mismo día, Josep Maria Jové firmó una resolución por la que ordenaba que el Institutto de Estadística de Cataluña (Idescat) encargase al Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) la digitalización de las secciones censales catalanas del año 2016.

El encargo, sin embargo, se había hecho efectivo ya el pasado 19 de julio, por lo que la instrucción de Jové era solo para intentar legalizar sobre el papel una actividad que ya se había realizado: el Idescat aportó el censo de cada municipio actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 16 de marzo de 2017, y el ICGC era el encargado de realizar la “reinterpretación y la digitalización del seccionado censal correspondiente al año 2016”. Se supone que esa sería la base del censo que se hará servir el próximo 1 de octubre.

Discurso vacío y ‘president’ superado

Por otro lado, ex altos cargos del Gobierno autonómico valoran negativamente la declaración institucional que leyó Puigdemont tras los registros judiciales, después de haber reunido con urgencia a su Gobierno. Los expertos consideran que se trata de un “discurso vacío de contenido, basado solo en la voluntad política” y proyectando la imagen de que el ‘president’ “estaba superado” por los acontecimientos.

ERC ordenó destruir 'documentos comprometedores' en Economía

En esa alocución, Puigdemont acusó al Gobierno español de una “agresión coordinada por las fuerzas policiales” (obviando que era un juez quien dio la orden de realizar los registros y las detenciones) y al Estado español de suspender “de facto' el autogobierno de Cataluña”, aplicando al mismo tiempo “un estado de excepción”. Puigdemont habló de “irrupciones policiales en sedes del Gobierno” y de “registros indiscriminados incluso en domicilios particulares, intimidación a medios de comunicación y una actuación de la Fiscalía al margen del control judicial”.

Las entidades independentistas, con la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a la cabeza, se concentraron ayer por la mañana ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para protestar por las detenciones, en un acto de presión al poder judicial con connotaciones poco democráticas. Ante esa presión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió ayer un comunicado recordando que el poder judicial “persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico” y que “el cumplimiento de su deber por parte del poder judicial no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones. Ello resulta inadmisible en cualquier circunstancia, pues supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado constitucional”.

De hecho, los detenidos ya intentaron deslegitimar al juez, presentando 10 'habeas corpus' tras las detenciones de este miércoles, en los que aducían que habían sido detenidos ilegalmente y sin las garantías previstas en la ley. Todas las peticiones de 'habeas corpus' fueron rechazadas, ya que las detenciones y los registros se realizaron con todas esas garantías.