En los últimos años se han divulgado tantos informes fantasma, revelaciones falsas y campañas de infundios que la prensa debería haberse vacunado contra esa propaganda goebbeliana tan explotada por las cloacas de Interior. Pues no.

Ahora resulta que casi todos los medios de comunicación –incluidos algunos de los más serios y profesionales– se están tragando a pies juntillas la última gran manipulación de la cocina infernal de la brigada política de Interior creada por orden del ministro Jorge Fernández Díaz. Esto es, que todas las maniobras inconfesables y operaciones ilícitas emprendidas contra los rivales políticos del Partido Popular fueron planeadas y cometidas por un solo comisario: el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas. Alguien que, por cierto, fue destituido de su cargo por el ministro bastante antes de que se perpetrasen muchas de esas tropelías.

Así, estamos viendo cómo se eleva a la categoría de denuncia incontestable la última versión simplificada de la Operación Andorra contra Jordi Pujol que de pronto ha decidido ofrecer en sede judicial Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), donde estaba la cuenta del expresident de la Generalitat. Afirma hoy Cierco que fue amenazado en 2014 por policías españoles para que desvelase todas las posibles cuentas de políticos catalanes en su entidad bancaria, y es más que probable que sea cierto; pero se limita a acusar a una persona: el antedicho Martín-Blas.

Curiosa táctica la del banquero, cuando la realidad es que también fueron a presionarle personalmente el mando superior de ese comisario –el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino–; el agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra, Celestino Barroso; el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; e incluso el mismísimo jefe de Gabinete del presidente del Gobierno español y mano derecha de Rajoy, Jorge Moragas. Así que ¿por qué apunta tan bajo, a un mero comisario, cuando se supone que trata de justificarse ante la jueza por haber cometido un delito de revelación de secretos, según la legislación andorrana?

No es nada difícil desentrañar este enigma, pero para ello hay que conocer los antecedentes.

Fue Moragas –por encargo directo de Rajoy– el primero en reunirse con los Cierco, tras haber logrado descubrir en qué banco tenía la cuenta Pujol, y quien les arrancó el compromiso de que colaborarían para delatar al expresident a cambio de que se parase la inspección del Sepblanc sobre blanqueo de capitales de la BPA. Algo que sólo podía prometer alguien del rango de jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, ya que el Sepblanc (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales) depende del Ministerio de Economía y el ministro Luis de Guindos sólo debe obediencia a Rajoy.

A continuación, apareció en Andorra el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, con la excusa de pedir al Gobierno andorrano colaboración en las investigaciones sobre blanqueo –algo legítimo, por supuesto–, para tranquilizar a los Cierco con el mensaje de que la investigación del Sepblanc se retrasaría todo lo posible… algo totalmente ilegítimo, y más cuando el objetivo de esa obstrucción a la Justicia es obtener datos para hundir a un político rival. Pero además, según ha averiguado Público de diversas fuentes coincidentes, el también secretario general de FAES iba acompañado por el comisario José Manuel Villarejo Pérez, en funciones de agente encubierto de la brigada política de Interior.

En esas mismas funciones –unas veces haciéndose pasar por periodista y otras, por abogado– Villarejo había engañado al empresario Javier de la Rosa y a la ex del primogénito de Pujol, Victoria Álvarez (con la que viajó a Andorra), hasta averiguar el banco donde estaba la famosa cuenta del expresident de la Generalitat. Después de verse con los dueños de la entidad bancaria, Villarejo escribió en un informe interno al DAO, Eduardo Pino:

"Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en ESPAÑA han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas".

Está, pues, más que claro que el Gobierno español utilizó la coacción para forzar a banqueros de otro país a revelar datos perjudiciales para los enemigos políticos del PP. Eso queda también evidente en las grabaciones del ministro del Interior reveladas por nuestro diario, por mucho que la Fiscalía del Supremo le afinase el caso a Fernández Díaz al dictaminar que no oía nada irregular en semejante conspiración.

Aunque más grave aún es que Villarejo elaborase una información especulando absurdamente con que los Pujol tenían ¡entre 1.500 y 1.800 millones! en cuentas en Andorra –partiendo de un extracto que sólo ascendía a 3,5 millones– y que tamaña falacia fuera transmitida como auténtica a sus periodistas "infiltrados en los medios de comunicación" para que se publicara a bombo y platillo en septiembre de 2014… incluyendo un pantallazo del extracto bancario facilitado por los Cierco. Con lo que se frustró su colaboración con las autoridades españolas, ya que se les destapaba como autores de la delación que violaba las leyes andorranas.

Y digo "más grave" porque esa estrategia –destruir reputaciones de políticos rivales filtrando a la prensa informes falsos o fabricados por la propia Policía– estaba avalada desde lo más alto del Ejecutivo, como queda de manifiesto escuchando de su propia boca al ministro del Interior, hablando en su despacho oficial sólo un mes después de aquella intoxicación informativa. Y porque Villarejo es el gran tahúr de la brigada política al servicio de Fernández Díaz, especialista en hacer montajes policiales para extorsionar o desprestigiar a través de sus "infiltrados" en la prensa, como comprobó el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Pues bien, en estos momentos de tempestad judicial sembrada por los vientos de aquellas operaciones encubiertas, figura que ahora tenemos que fiarnos, precisamente, de lo que ese comisario Villarejo sigue filtrando furiosamente en sus últimos meses antes de la jubilación. Filtraciones que, casualmente, transforman al policía que más odia (el citado Martín-Blas) en único y último responsable de toda esa cloaca de Interior, incluso de la porquería que hicieron circular por el alcantarillado tóxico cuando ese exjefe de Asuntos Internos ya había sido destituido y apartado, por atreverse a detener al pequeño Nicolás, el niño mimado de la brigada política.

Pero la táctica ponzoñosa de Villarejo va mucho más allá: lo que pretende es desmantelar la comisión judicial que el juez Zamarriego ha creado para desentrañar los secretos de aquella cloaca, expuestos a la luz tras la grabación ilegal de la reunión sobre el pequeño Nicolás entre agentes del CNI y el jefe de Asuntos Internos, y (sobre todo) la subsiguiente chapuza de utilizar a los periodistas "infiltrados" para que se la entregasen al famoso chaval-farsante.

Es decir, si esa inexplicable declaración de Higini Cierco acusando exclusivamente a Martín-Blas de las coacciones para forzar un delito de revelación de secretos conduce a la jueza andorrana a enviar una comisión rogatoria pidiendo la comparecencia del comisario para tomarle declaración, entonces la Justicia española podría declararlo imputado (término hoy cambiado por "investigado" para mayor solaz de corruptos). En ese caso, la comisión judicial de Zamarriego volaría en pedazos, ya que Martín-Blas es la pieza clave de esa investigación por sus conocimientos sobre la trama policial mafiosa. Por eso el magistrado lo incluyó en la comisión, lo protegió de las represalias jerárquicas ordenadas desde la cúpula de Interior y le ordenó que no revelase a sus superiores los avances de las indagaciones.

En consecuencia, las intenciones de Villarejo son transparentes: dinamitar la investigación judicial sobre la trama policial, y de paso vengarse de su enemigo jurado. Pero ¿qué está llevando a los dueños de la BPA a colaborar con esa estratagema inconfesable?

Muy sencillo. Ellos también necesitan que se ponga fin a una investigación: la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el Banco Madrid (filial de la BPA), que está extrañamente paralizada desde que la Audiencia Nacional trasladara las diligencias a los juzgados madrileños, precisamente a petición de la Fiscalía, que depende jerárquicamente del Ejecutivo y consideró que no existía "insolvencia punible" por parte de la entidad. Así que todo indica que los Cierco lograron, gracias a su colaboración con la brigada política, que se archivara ese presunto delito de insolvencia que afectaba a miles de clientes de su entidad.

El Sepblac abrió su procedimiento inicial en abril de 2014 –aunque la primera causa judicial sobre presuntas operaciones de blanqueo en el Banco Madrid se remonta a 2009 (caso Colapso) y en 2010 ya se habían pinchado los teléfonos de sus directivos– y tardó casi dos años en trasladarlo a la Audiencia y la Fiscalía Anticorrupción… dilación que coincide llamativamente con el periodo en el que la brigada política está prometiendo a los Cierco que se paralizará ese caso si ellos delatan a Pujol.

Más aún, los Cierco siempre han sido considerados en Andorra como "los españoles" de la élite bancaria andorrana –frente a las rancias familias de banqueros locales como los Reig de Andbank o los accionistas de Crèdit Andorrà– y diversas fuentes del Principado afirman que los hermanos de la BPA fueron abandonados a los pies de los caballos por el propio Ejecutivo andorrano, cuyos ministros tienen estrechas relaciones con aquellas estirpes bancarias. Los Cierco están incluso convencidos de que el primer aviso a la Policía española del paradero de la cuenta de Pujol procedió originalmente del propio Andbank… pues allí estuvo el dinero antes de ser traspasado a la BPA, ya que el expresident había operado años antes con la Banca Reig.

Así que ahora se ven obligados a colaborar con la misma trama que los llevó a la ruina, en una nueva maniobra maquiavélica ideada por Villarejo para sacar las castañas del fuego al ministro Fernández Díaz.

¿Conseguirá burlar a la Justicia una vez más?