La reforma fiscal que plantea el Gobierno es todavía un signo de pregunta para todos los argentinos. Existe un consenso general acerca de que es necesario modificar el sistema actual, pero el dilema aparece en relación a la forma que la misma debería tomar.

Los impuestos son los que sostienen el gasto público y, a sabiendas que uno de los principales objetivos del oficialismo es la reducción del déficit fiscal, las opciones pivotean entre dos escenarios: un aumento en los tributos, alternativa difícil de aplicar, dada la fuerte carga tributaria actual, o un efecto neutro. Este último es el escenario más probable, ya que significaría mantener el nivel de recaudación, pero realizar también reformas cualitativas.

De acuerdo al Documento de Políticas Públicas, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); en 2016, la recaudación impositiva representó un 34% del Producto Bruto Interno (PBI). En 1998, la presión tributaria de Nación, provincias y municipios significaba un 21,4% del producto. Como referencia, la recaudación en la región equivale en promedio al 23% del PBI, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanza un promedio de 34,3%.

El régimen federal implica que tanto el gobierno nacional como los provinciales cuentan con el poder de recaudar impuestos en el país. A nivel nacional, existen 28 tributos vigentes que, una vez recaudados, se distribuyen entre Nación y las provincias de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal y sus modificatorias. Los impuestos que más recaudan a nivel país son las Contribuciones a la Seguridad Social, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. Estos representaron, en conjunto, un 77% del total recaudado en 2016.

El régimen federal implica que tanto el gobierno nacional como los provinciales cuentan con el poder de recaudar impuestos en el país.

A nivel provincial, las recaudaciones impositivas constituyen el 44,8% de sus recursos totales y el impuesto más relevante es Ingresos Brutos, que contribuye con 76% de la recaudación total. Los municipios recaudan aproximadamente el 81% de sus recursos a través de la imposición de tasas por el uso de servicios. Las tasas más representativas a nivel recaudación son la Tasa General de Inmuebles y la de Seguridad e Higiene.

Qué pasa con las pymes

Las pymes no quedan exentas de estas problemáticas. Ignacio de Jáuregui, secretario de Asuntos Legales, Laborales y Sociales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), resalta que, sectorialmente, “el comercio es el sector que está gravado en mayor medida y se lleva la peor parte”.

Sin embargo, las empresas relacionadas con la producción industrial también tienen sus quejas. Ezequiel Klemencic es director de LUVIK S.A., una firma de logística y distribución de alimentos y productos de consumo masivo. El emprendedor explica gráficamente el peso de los impuestos sobre la actividad de su negocio: “Trabajamos los primeros 13 días de cada mes solo para pagar impuestos”. Klemencic está convencido de que la economía no crece a nivel general por el desfavorable sistema tributario.

A nivel pyme, además de la carga, se suma el alto grado de informalidad en materia de evasión de impuestos. En este sentido, Klemencic opina que la gran cantidad de empresas que no tributan, o que lo hacen por un monto menor que el que corresponde, incentiva por un lado la informalidad, a la vez que convierte en poco competitivos a aquellos que pagan los impuestos correspondientes.

34% del PBI argentino representó la recaudación impositiva en 2016. 21% representaba en 1998 la presión tributaria de Nación, provincias y municipios. Fuente: CIPPEC.

Luis Lewin es dueño de Abyper, una empresa dedicada a la producción de equipamientos y tecnologías para la reducción de volúmenes, reciclaje, corte, punzonado y autoremachado de metales. El entrepreneur indica que en el sector metalmecánico, el impacto impositivo alcanza el 45% de los costos. Asimismo, un punto importante que destaca es que, más allá del porcentaje que se tributa, hay otro costo que el Gobierno debería tener en cuenta a la hora de reformar la estructura fiscal: el costo administrativo-contable.

La estructura tributaria argentina se caracteriza por su complejidad e ineficiencia. “Se pierde tiempo y personal dedicado exclusivamente a resolver estos temas y no quedar en deuda con el Estado”, apunta el empresario.

En cuanto a la reforma en cuestión, las pymes piden un sistema más simple, claro e intuitivo, que haga que las mismas dejen de incurrir en gastos operativos con ese fin, y destinen esos recursos a crecer en su actividad principal.

Para financiar gastos corrientes, provincias y municipios suben alícuotas que gravan a las pymes.

Los más problemáticos: Ingresos Brutos y las tasas municipales. Frente a las dificultades para financiar gastos corrientes, las provincias y los municipios se ven obligados a subir las alícuotas que gravan a las pequeñas y medianas empresas. Desde el sector, el mayor motivo de quejas se refiere al impuesto provincial a los Ingresos Brutos. Muchos agregan, además, que el peso de las tasas municipales también afecta severamente la actividad.

El foco, en los Ingresos Brutos

Los Ingresos Brutos son un impuesto al consumo que aumentó 1,4 puntos porcentuales con respecto al PBI entre 2006 y 2016. El mayor problema de este tributo es que se grava en todas las etapas productivas, sin descontar el crédito fiscal (como en el caso del IVA), lo que ocasiona un “efecto cascada”, que incide en el precio final del bien a un nivel que no se puede calcular por parte del consumidor final.

El impuesto, a diferencia de Ganancias, desconoce la capacidad económica de los contribuyentes: todos los afectados pagan lo mismo, y la base imponible tampoco considera el resultado de la operación, aunque la misma fuera a pérdida. De Jáuregui explica que “las permanentes modificaciones que van pactando las provincias en materia de modificación de Ingresos Brutos, desincentivan la actividad”.

Otras erogaciones problemáticas para las pymes tienen que ver con las tasas municipales.

Los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta otorgados por las provincias en respuesta al pedido de que algunas actividades queden exentas del impuesto provocan saldos a favor del contribuyente que no se pueden reembolsar. “Es un impuesto completamente distorsivo porque, además, tiene tasas de arancel por tipo de negocio y genera gran diferencia en los distintos rubros. Dentro de las gravadas, a su vez, existen diferentes alícuotas”, agrega el secretario de Asuntos Legales de CAME.

Algunas provincias como Buenos Aires y Tucumán tienen un sistema de percepción en el que, al detectar una actividad gravada en esa jurisdicción, comienza a percibirse de la cuenta bancaria en concepto de IIBB cualquier operación realizada en la cuenta, más allá de que se encuentre o no gravada. “El presupuesto es que, como ya vendes o tenes alguna sucursal o distribuidor en la provincia, cualquier operación que hagas es factible de ser gravada”, confirma Klemencic.

Los Ingresos Brutos son un impuesto al consumo que aumentó 1,4 % con respecto al PBI entre 2006 y 2016.

Otras erogaciones problemáticas para las pymes tienen que ver con las tasas municipales. El informe Suba de tasas en municipios, producido por CAME revela que entre 2009 y 2014, casi la mitad de municipios relevados (151) crearon nuevas tasas, y las contribuciones existentes se incrementaron en un 20%, superando la inflación anual. Desde la confederación, aseguran que esta tendencia se respetó en los últimos años.

Las tasas que sufrieron mayores aumentos son las de Seguridad e Higiene que, ya de por sí, son distorsivas, en especial, la última: la tasa grava, en muchos casos, ventas brutas, superponiéndose con Ingresos Brutos provinciales. Las tasas que introdujeron con mayor frecuencia los municipios son las que se aplican sobre los combustibles (tasa vial o tasa combustible), la que rige el uso de los espacios públicos y la publicidad en ellos (carteles, toldos, publicidad o propaganda) y la tasa de seguridad ciudadana para fondos a seguridad.

28 son los tributos que, una vez recaudados, se distribuyen entre la Nación y las provincias.

Con este escenario, la presión sobre la reforma fiscal no se hace esperar. “Tenemos amplias y profundas expectativas y esperanzas en el Gobierno”, afirma Klemencic, a la vez que agrega que a pesar de desconocer la forma que va a tomar, considera positivo que se instale el tema del peso de los tributos en las pymes en la agenda. “Años atrás, eso no pasaba”, concluye.