Al principio fue apenas una mínima aspiración, luego la idea le hizo nido en la cabeza hasta volverse un proyecto de vida. Diana, de 19 años, quería estudiar Química en la UNAM. Su plan era dejar Teopisca, en Chiapas, donde vivía con sus padres y hermanos, mudarse a Ciudad de México para estudiar y luego integrarse a un equipo de desarrollo y evaluación de fármacos en una empresa o quizás en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

Desde niña sus profesores le dijeron que tenía aptitudes sobresalientes y su promedio fue siempre de los más altos del grupo. Su sueño tenía bases y estaba segura que podía entrar en la UNAM. O eso creía antes del examen de admisión: obtuvo 45 aciertos de 110.

A Sophia no le preocupa el examen de ingreso a la UNAM. Estudiante de segundo año de preparatoria en una escuela privada de Ciudad de México, tiene planeado cursar sus estudios universitarios en el extranjero. Todavía no decide entre derecho, relaciones internacionales, leyes, historia o economía.

A la joven de 18 años lo que le preocupa es su país y quiere aportar, así que aprovechará el apoyo que pueden brindarle sus padres para migrar, como su hermano que estudia cine en Barcelona, España. Sophia cursó el segundo año de secundaria en Canadá y sabe que tiene una ventaja competitiva por estudiar en el extranjero, misma que tomará para capacitarse y luego regresar a México.

Diana no tendrá esa opción. Unos meses antes del examen de admisión ya le habían advertido que podría no quedar en la UNAM. Con el apoyo de un programa para impulsar a niños, niñas y jóvenes con talento para la ciencia, llegó a Ciudad de México para hacer un examen muestra. “Con esa prueba nos dimos cuenta que su nivel académico en matemáticas era como de primero de secundaria, en geografía estaba a nivel primaria”, cuenta Gabriela de la Torre, directora del Programa Adopte un Talento (PAUTA).

Diana se quedó varios días en la ciudad, trabajando con un asesor que intentó ponerla al corriente. “Corroboramos que tiene aptitudes sobresalientes, porque logró casi nivelarse en matemáticas, pero el atraso que traía era en todas las materias”, afirma de la Torre.

Diana y Sophia son mexicanas y tienen los mismos derechos ante la ley, pero no en la realidad. Su lugar de nacimiento y su estrato socioeconómico han marcado su destino e irán ensanchado las desigualdades entre ambas a lo largo de su vida, de acuerdo con el informe Desigualdades en México 2018, elaborado por la Red de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México.

El estudio documenta que solo el 2.1 % de los mexicanos nacidos en hogares con menor acceso a bienes y servicios (quintil 1) puede escalar socialmente en la edad adulta al grupo de mayor acceso (quintil 5). En contraste, las personas nacidas en el grupo de mayor acceso a bienes y servicios tienen una alta probabilidad de mantener una posición de ventaja en la edad adulta.

El pronóstico es desalentador: el 76 % de los hijos nacidos en los hogares del quintil 1 se mantendrán en los dos quintiles menos favorecidos cuando sean adultos, es decir, en el 40 % más bajo en el acceso a bienes y servicios (quintiles 1 y 2). En tanto, el 80 % de los hijos nacidos en los hogares del quintil 5 permanecerán por lo menos en el 40 % de mayor disponibilidad (quintiles 4 y 5).

Y la clase media tampoco se mueve. Las personas que nacieron en hogares localizados en la mitad de la distribución (quintil 2 y 3) tendrán más probabilidad de permanecer en ese estatus que ascender socialmente.

“Si tuviéramos movilidad social perfecta, esperaríamos que la movilidad ascendente fuera 20 %. El país más cercano a ese nivel es Canadá (13.5 %), seguido por Dinamarca (11.7 %), Francia (11.2 %), Suecia (11.1) e Italia (10.4 %) y, con un poco menos de movilidad Reino Unido (9.1 %) y Estados Unidos (7.5 %). México se encuentra en el último lugar, con una movilidad de ingreso ascendente de 2.1 %.

“Esta movilidad, sumamente baja, implica que el país no tiene un sistema efectivo para igualar las oportunidades de acceso de los ciudadanos a bienes y servicios cruciales. Al contrario, el origen económico de los mexicanos determina, en muy buena medida, las condiciones socioeconómicas que experimentan cuando son adultos”, sostiene el informe.

Figura 2.2. Movilidad intergeneracional ascendente de ingreso países seleccionados

Dime dónde vives y te diré qué tanto aprenderás en la escuela

La profunda desigualdad en México va más allá de la pobreza por ingresos y se interrelaciona con una serie de desigualdades que empiezan por la educación, requisito básico para acceder a la mayoría de los puestos de trabajo calificado, documenta el estudio. Los estudiantes que asisten a escuelas públicas tienen experiencias educativas distintas dependiendo del estado donde viven. “Además de la heterogeneidad en la calidad de la enseñanza, hay una variación geográfica importante en la infraestructura básica de los planteles educativos, lo cual también tiene un impacto en los aprendizajes”, se explica.

Un indicador para medir este dato es el servicio de drenaje en las escuelas como un piso mínimo de bienestar, cuya cobertura nacional está lejos de alcanzarse. Los estados con carencias más graves son Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, donde solo un tercio o menos de los inmuebles tienen drenaje. En contraste, únicamente Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala cuentan con este servicio en el 80% de sus planteles. Y si bien se observa un rezago mucho menor en el norte, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas tienen apenas una cobertura de entre 48 y 64.3 %, de acuerdo con el estudio.

Este dato es importante no solo por un tema de salud. De acuerdo con El Colmex, “la disponibilidad de instalaciones sanitarias apropiadas se ha relacionado con que las niñas permanezcan y aprovechen la escuela”.

Otro indicador tiene que ver con el acceso a una biblioteca en el plantel. “Más de la mitad de los estados del país presentan porcentajes de cobertura menores a 50 %. En general, mientras la región norte muestra niveles relativamente altos y más homogéneos en la disponibilidad de biblioteca, el sur presenta los niveles más bajos”. Así, mientras Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala registran porcentajes relativamente altos, Estado de México, Morelos, Querétaro y Michoacán reportan proporciones menores a 48 % del total de centros escolares con biblioteca.

“La distribución de estos indicadores de infraestructura revela patrones diferenciados sobre cómo se prioriza y se ejerce el gasto educativo en nuestro país. Estas decisiones de gasto inciden de manera directa en la vida escolar de los y las estudiantes”, enfatiza el informe. Es decir, la infraestructura educativa marca una desigualdad territorial.

Esta cobertura o carencia de infraestructura en los planteles escolares va a la par de la ciudad donde se vive y del ingreso que se tiene. En México, pertenecer al grupo de ingresos más altos hace entre 4 y 5 veces más probable obtener mejores aprendizajes en comparación con los jóvenes del grupo de ingresos más bajos. Además, la probabilidad de que un estudiante de una escuela urbana alcance mejores aprendizajes es entre 3 y 4 veces mayor que la de un alumno de una escuela rural, explica Melina Altamirano, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colmex.

“Los grupos en desventaja tienen una serie de obstáculos a remontar. Deben invertir mayores esfuerzos y tiempo para lograr los mismos resultados, y su probabilidad de alcanzarlos es mucho más baja en comparación a grupos que se encuentra de entrada en posiciones más privilegiadas”, indica.

Por ejemplo, el porcentaje de no indígenas que logran aprendizajes competitivos no ha tenido mucha variación entre 2006 y 2015 (19 a 18 %), mientras que en la población indígena se ha reducido de 6 a 2.5 %. Y es que el sistema logra retener a más alumnos –en el 2000, un joven del quintil más alto de ingresos tenía una probabilidad 59 % mayor de acceder a secundaria que uno del quintil más bajo, diferencia que se redujo a 23 % en 2014–, pero esa inclusión no es capaz de revertir los efectos de las desigualdades, consigna el informe.

Además, “las habilidades adquiridas durante el nivel secundario de educación tienen un efecto marcado en la probabilidad de acceso a los niveles superiores y en el tipo de empleo a encontrar”.

Diana recuerda que en la secundaria técnica donde estudió, la única de Teopisca, sus profesores trabajaban a base memoria. “En matemáticas tenía un maestro que nos llenaba el pizarrón con el procedimiento del ejercicio para que nos lo aprendiéramos y ese mismo ejercicio venía en el examen. Pero no nos dejaba que razonáramos el procedimiento y el por qué de la solución, para hacer luego otros ejercicios y más complejos”, cuenta.

Durante su segundo año de secundaria en Canadá, Sophia recibió un abanico de clases y conocimientos, desde lecciones de cocina y costura hasta diseño industrial y estrategias de supervivencia en exteriores agrestes, pasando por photoshop y programación. Además, “nos fomentaban mucho valores como el liderazgo y la empatía”, cuenta.

A su regreso al país, la joven se reincorporó a una escuela en Ciudad de México con un programa de bachillerato internacional que le permitirá certificarse en los idiomas y conocimientos necesarios para continuar sus estudios en el extranjero.

Tras la reforma de 2013 que hizo obligatoria la educación media superior, se ha incrementado el ingreso. La proporción de la población de 22 a 24 años con este nivel educativo completo transitó, entre 2000 y 2015, de 39.9 % a 51.5 %, casi 30 % más, señala el informe. El problema, sin embargo, es que la cobertura no garantizó calidad, como se puede documentar en telebachilleratos comunitarios, y en las modalidades abiertas y a distancia.

“En el examen de ingreso a la UNAM –cuenta Diana– recuerdo que venían preguntas sobre literatura española, y yo nunca llevé literatura en la preparatoria. Llevábamos una materia que era expresión oral y escrita. Nos enseñaban a entender las lecturas, a expresarnos frente a la clase, leíamos fábulas, pero no literatura y menos española”.

Ciencia para hombres y trabajos de cuidado para mujeres

A esta disparidad en la calidad de los aprendizajes se suman las desigualdades de género. En México, el logro escolar de hombres y mujeres se ha igualado, no así la pertinencia de esa educación y el acceso digno al mercado de trabajo. Y esto es resultado de lo que se estudia y dónde se estudia.

El 20.9 % del total de hombres y el 18.2 % del total de las mujeres que participan en el mercado laboral tienen educación universitaria, sin embargo estos porcentajes se reducen a 18.9 % y 16.6 % en las localidades pequeñas , y a 5.5 y 4.9 % en las rurales, respectivamente, de acuerdo con el informe.

“Sin bien las diferencias por sexo entre la población que accede a la formación universitaria parecen ser menores, hay asimetrías claras en cuanto a las áreas del conocimiento donde se matriculan. De hecho, en estas asimetrías se reproducen estereotipos de género: las mujeres tienden a ocuparse de los cuidados, que incluyen la educación y la salud, mientras los varones se concentran en las ciencias exactas, las naturales y las ingenierías.

“La selección se explica por lo que socialmente se espera que sean ocupaciones masculinas y femeninas, no por las ventajas comparativas de las personas o por las características de los mercados de trabajo locales. En consecuencia, con esta segregación estamos desperdiciando un gran potencial como sociedad”.

Ahí naciste, ahí te quedas

Cuando a Diana la rechazaron en la UNAM, buscó opciones y la encontró en la carrera de Química en una universidad privada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Preguntó, se movió y consiguió un descuento por promedio. Ahora está en segundo año de la licenciatura, pero tuvo que mudarse a la capital de su estado, independizarse y pagar renta.

De colegiatura paga 2 mil 500 pesos, aunque cada año aumenta, más material y mil 200 pesos de renta, pasajes y comida. En total gasta alrededor de 5 mil pesos mensuales, que para sus padres es un monto considerable. “Mi papá es chofer de maquinaria pesada en diferentes constructoras. No tiene contrato. Le pagan por obra. A veces tiene trabajo y a veces no. Mi mamá es ama de casa. Tengo tres hermanos, todos trabajan ya, pero tienen sus familias y sus gastos. Yo soy la menor”.

Trabaja para ayudarse. De la preparatoria salió como técnico químico biólogo, así que sábados y domingos labora en un laboratorio de análisis clínicos, donde le pagan mil 200 pesos al mes, con lo que completa para sus gastos. Cada semestre se preocupa por poder pagar el que sigue. Pero confía en que entre su papá y ella podrán.

Cuando termine la carrera, quiere hacer una maestría y luego un doctorado, si se puede en el extranjero, aunque ella apenas empezó a estudiar inglés, y conseguir una beca para irse le será muy difícil. Pero no quiere quedarse a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos en Tuxtla, como es el plan de casi todos sus compañeros de la escuela.

“Ganan poco en los laboratorios, 6 mil o 7 mil pesos al mes si estás en un hospital, y hasta 2 mil 500 en los independientes. Además, yo quiero ser parte de un equipo de investigación en fármacos, en una institución como el Cinvestav”. Si Diana lograra eso, habría conseguido una movilidad social que es extraña en este país.

La desigualdad en el presente afecta negativamente la movilidad social en el futuro y el mercado laboral no se ha convertido en el motor que destrabe este escenario por las desigualdades territoriales, documenta el informe.

“Las expectativas salariales de los trabajadores mexicanos son muy distitnas dependiendo de la entidad en la que laboran: mientras que el ingreso laboral mediano mensual de un trabajador fue de 6,657 pesos en Querétaro en 2017, la remuneración fue de 4,748 pesos en Puebla. El contraste es aún mayor si comparamos Chiapas ($ 3,708) con Nuevo León ($ 7,371)”.

De acuerdo con el informe, los mercados laborales en los estados del sur presentan los salarios más bajos y no se observa que se acerquen sustancialmente a los niveles de remuneración de las entidades con mayor desarrollo económico, al tiempo que hay una caída en los ingresos laborales en Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. Los estados con los salarios más altos son Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.

“Es decir, sin considerar las características de su hogar de origen o su esfuerzo, las personas en México tienen expectativas salariales y de movilidad social más altas o más bajas por el simple hecho de nacer en una entidad determinada”.

Figura 3.2. Características de los empleos de los trabajadores subordinados remunerados (2000 y 2017)

A esta desigualdad territorial en el mercado laboral se suma la cuestión del género: la participación femenina se ha estancado los últimos seis años. De acuerdo al informe, el porcentaje de mujeres es del 45 % desde 2012. Si se excluye a los países árabes, es una de las tasas más bajas del mundo.

“De los adultos que tuvieron acceso a la educación superior, 87.8 % de los hombres participan en la economía, en comparación con solo 69.3 % de las mujeres. En este grupo selecto de personas con alta escolaridad, hay 80 veces más mujeres que hombres cuya ocupación principal son los quehaceres del hogar, razón que aumenta a 89 en las ciudades pequeñas.

“La conclusión es preocupante, pues 20 % de las mexicanas adultas que fueron a la universidad, más de un millón no utiliza sus conocimientos en algún trabajo remunerado. Si dedicarse a las labores del hogar fuera una elección libre, un número equivalente de varones con educación universitaria se ocuparía solo de labores domésticas, pero la pero la proporción es de 0.2 % (13,418). Se trata de un gran potencial desperdiciado que constituye parte del llamado bono de género”.

Pero aún hay más en esta desigualdad. Las mujeres adultas con estudios universitarios que sí trabajan, ganan 79 % de los ingresos de los hombres si laboran como empleadas u obreras, 68 % cuando se trata del grupo de patronas o empleadoras y 75 % si son trabajadoras por cuenta propia, según el informe.

Trabajo hay, pero no decente

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, un trabajo decente es aquel que genera ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, es estable, cuenta con protección social y se lleva a cabo en condiciones seguras. Es pues un trabajo de calidad.

Este trabajo de calidad tiene un efecto positivo en el bienestar de las personas: un contrato y acceso a la protección social reduce la incertidumbre laboral y la volatilidad de los ingresos de las familias, contribuye a garantizar la continuidad de la trayecoria escolar de los hijos y fortalece la capacidad de los hogares para hacer frente a adversidades económicas y de salud.

En México el desempleo se ha mantenido bajo, pero los puestos de trabajo creados en años recientes se han caracterizado por una creciente precariedad, es decir, son trabajos con bajos salarios, con subcontratación y sin protección social. La calidad de este empleo tiene que ver también con desigualdades territoriales.

“Aún teniendo niveles de escolaridad similares, las personas se insertan en mercados laborales distintos dependiendo de su ubicación geográfica. Además, las características de sus empleos determina en gran medida el grado de protección social que tienen sus familias: 58 % de las personas en Sonora tiene acceso a los servicios vinculados a la seguridad social, mientras que solo 27 % tiene los mismos beneficios en Puebla”, destaca el informe.

Así, en las entidades del norte y en Jalisco, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México y Quintana Roo, la mitad o más de la población cuenta con prestaciones asociadas a la seguridad social, mientras que en los estados del sur la acumulación de desigualdades hace que los trabajadores reciban salarios relativamente más bajos, tengan una mayor vulnerabilidad laboral y carezcan de un sistema de protección para enfrentar circunstancias adversas.

Estos trabajos no decentes, de acuerdo con la OIT, obligan a las familias a cumplir funciones de apoyo social y protección ante las crisis económicas a través de trabajos no asalariados en micronegocios o unidades familiares de producción, que han sido fundamentales para absorber la fuerza de trabajo femenina y joven, los cuales han incrementado su presencia ante cambios en la composición de las familias y el deterioro de los ingresos de los hogares.

La caída del ingreso tampoco ayuda a la movilidad social.

En 2007, el ingreso mediano era poco mayor a 6 mil pesos al mes, mientras que en 2017 era de casi 5 mil 200, 13 % de disminución en su valor real. Todos los sectores han perdido en ese descenso a la baja, pero el impacto negativo ha sido mayor para los empleadores, quienes perdieron 26 % del valor de sus ingresos (en el año 2000, la mediana de su percepción salarial era de 44.88 pesos por hora), seguidos de los subordinados que perdieron 18 % (su mediana era de 23.16) y los trabajadores por cuenta propia, 7 % (tenían en 2000 una mediana de 17.64), según el informe.

Por nivel de estudios, la población con altos niveles de escolaridad fue la que más perdió (hasta 32 % después de 2008). La caída en sus ganancias salariales podría atribuirse también a un deterioro en la calidad de algunas opciones de educación media superior y superior.

“Más allá de diferencias en la productividad, estas disparidades descubren mercados laborales con grados de precariedad distintos y horizontes de movilidad social diferenciados para los mexicanos”, concluye el informe.

Mañana Adiós al sueño americano: migrantes de retorno se enfrentan a trabajos precarios

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.