Los recortes impulsados por las administraciones públicas -justificados por la dura crisis que ha vivido España durante los últimos siete años- han afectado de lleno a la red de servicios sociales –ayuda a domicilio, inserción, comedores sociales o dependencia– pensada para las personas más desfavorecidas o con riesgo de exclusión social.

Sólo entre 2011 y 2013, la reducción del gasto de las administraciones públicas en las citadas ayudas supuso más de 2.200 millones de euros y una caída de 13,3%. Según un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, el 1,4% del PIB, mientras que en 2011 suponía el 1,6% del PIB.

Según los responsables del estudio, los servicios sociales en España están en «acusado proceso de deterioro» en un momento en que son «más necesarios que nunca ante la crítica situación que viven cientos de miles de familias empobrecidas» como consecuencia de la crisis económica.

En 2011, el gasto anual por habitante en el conjunto del Estado suponía 354 euros, frente a los 306,9 euros de 2013, es decir, 47,11 menos por habitante y año.

Gasto por comunidades

Las comunidades que más han reducido su gasto en servicios sociales en términos absolutos -euros por habitante y año- y relativos son Castilla-La Mancha (-144,8 euros, es decir, un 28,1% menos), seguida de Navarra (-124 euros, un 23,% menos), Murcia (-47,1 euros, un 17,6% menos) y Extremadura (-68,4 euros, un 15,3% menos).

Los ayuntamientos, acuciados por las deudas, fueron todavía más drásticos en sus recortes que las comunidades autónomas. Así, las corporaciones locales recortaron un 20,8% este capítulo de gasto, casi el doble que el de las primeras (10,5%), lo que evidencia según el estudio, un recorte de los servicios básicos de proximidad, que son precisamente los que prestan los municipios.

La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la «reducción del gasto es más importante aún».

Directos a la exclusión social

El informe señala que sólo País Vasco presenta un nivel de desarrollo »medio-alto» de sus servicios sociales, mientras que siete comunides alcanzan un nivel »medio-bajo: Navarra, La Rioja, Asturias, Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha. Tres comunidades -Aragón, Extremadura y Baleares– tienen una calificación de »débil».

En las seis autonomías restantes -Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia, Canarias y Valencia- el desarrollo de los servicios sociales se califica de »irrelevante». «Resulta preocupante que en algunos territorios el índice de pobreza humana (Iph) se incrementa sensiblemente entre 2007 y 2012 y su sistema de servicios sociales presenta un bajo desarrollo», advierte el informe, que señala en este caso a Extremadura, Canarias, Andalucía o Valencia.

En el otro extremo se sitúa País Vasco, Cantabria, La Rioja y Castilla y León que con buenos han rebajado sus índices de pobreza durante la crisis económica. Hay comunidades con los servicios sociales con bajo desarrollo pero como tienen bajas tasas de desempleo han mejorado el índice de pobreza, como es el caso de la Comunidad de Madrid o de Galicia.

El »índice DEC», el sistema que se utiliza para la medición del gasto y la inversión en estos servicios, pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid.

Otras diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción uno de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha uno de cada 355,8 personas.