Este edificio en la ciudad de Wilmington, en el Estado de Delaware (EEUU), alberga nada menos que a 285.000 empresas.

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Este reportaje está publicado en #LaMarea39

Los Papeles de Panamá, la mayor filtración en volumen de ficheros sobre clientes de empresas offshore, ha tenido un enorme impacto mediático en todo el mundo. Curiosamente, en muchos medios digitales en España, en las últimas semanas, las noticias sobre casos de evasión fiscal a través del despacho Mossack Fonseca iban acompañadas de un banner de publicidad de SFM, una empresa especializada en crear sociedades offshore en varios paraísos fiscales. Esta promoción llegó a los medios a través de Google Adsense, un programa que relaciona los anuncios con el contenido y las palabras clave en las páginas de internet.

En su web, SFM detalla las muchas ventajas que tienen estas construcciones empresariales para personas acaudaladas. Abrir una sociedad en el extranjero, obviamente, es legal, para personas de España y otros países, siempre y cuando se notifique de su existencia a las autoridades tributarias. Pero la posibilidad de ocultar patrimonio, por el motivo que fuera, es precisamente lo que hace tan atractivas a las empresas offshore. SFM garantiza máxima seguridad y confidencialidad. “Nuestra base de datos de clientes no se puede ni imprimir ni exportar. Por esta razón, ningún dato sensible o información sobre nuestros clientes puede salir de nuestras oficinas”, asegura.

Además del miedo a fugas de datos o filtraciones de hackers, los gestores de cuentas secretas y sus clientes deben preocuparse por las iniciativas de los gobiernos para acabar con la opacidad. El impacto que ha tenido el escándalo de los Papeles de Panamá en la opinión pública ha reactivado los esfuerzos de los dirigentes internacionales para luchar contra los paraísos fiscales, la gran vía de agua que hace sangrar los recursos económicos de los países, ricos y subdesarrollados. Hace tiempo ya que se empezó a actuar contra estos territorios opacos, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), la Unión Europea y en Washington. Ha habido avances –varios países se vieron forzados de abandonar el secreto bancario, como Andorra, Suiza o Luxemburgo–, pero la cosa va lenta. Ahora la lucha se dirige contra la práctica extendida de crear empresas pantalla, muchas veces entramados ultracomplejos que se distribuyen por varios países o territorios, que usan individuos y compañías para esconder su dinero.

Francia reaccionó a la filtración al volver a poner Panamá en la lista de paraísos fiscales, de la que había salido en 2011 –España no ha dado este paso–. La propia Panamá, al igual que algunos otros países, ha intentado lavar su imagen al prometer compartir datos sobre empresas con terceros. Y es que el intercambio de información es clave en la lucha contra el fraude. Sólo si las agencias tributarias pueden acceder a los ficheros de otros países es posible determinar quién o quiénes son los verdaderos dueños que se esconden detrás del entramado de sociedades offshore, los trusts, fundaciones y otros vehículos.

A este efecto, los cinco grandes de la UE han tomado la delantera. Aprovechando una reunión del G20 en Washinton en abril, los ministros de Finanzas y Economía de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España firmaron un acuerdo para conectar sus registros de empresas. “Estamos poniendo en marcha una iniciativa piloto para el intercambio automático de la información sobre los verdaderos beneficiarios de las empresas”, reza el documento: “Esto le dará a nuestras autoridades tributarias la capacidad de conocer ingentes cantidades de información para ayudarles a rastrear sociedades opacas offshore utilizadas por los delincuentes”. Los cinco pretenden que otros países se sumen a la iniciativa que se enmarca en los esfuerzos de la OCDE para lograr la conexión de los registros mercantiles a nivel mundial. Más de cien países o territorios ya se han comprometido a ello. “Estamos viendo un movimiento imparable hacía un mayor intercambio de datos”, atestó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Pero advirtió a los políticos de que no basta con comprometerse: “Las acciones valen más que las palabras”.

La cumbre de Cameron

Efectivamente, hay una diferencia notable entre las declaraciones de buena voluntad de los dirigentes y los resultados concretos en la lucha contra los paraísos fiscales. En mayo, 300 renombrados economistas dirigieron una carta a la comunidad internacional urgiendo que se tomen medidas contra la evasión de impuestos. “Los paraísos fiscales no aportan ningún valor al bienestar o la riqueza global, puesto que carecen de un propósito económico útil”, dice el documento, firmado, entre otros, por el economista francés Thomas Piketty, el estadounidense Jeffrey Sachs, la argentina Nora Lustig y el francés Olivier Blanchard, hasta hace poco economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI). La carta, que fue coordinada por la ONG Oxfam, se publicó con motivo de la cumbre anticorrupción en Londres del 12 de mayo, en la que participaron varios jefes de gobierno, ministros de Finanzas y la directora del FMI, Christine Lagarde.

Aunque la cumbre había sido convocada antes de que se conocieran los Papeles de Panamá, al anfitrión, el primer ministro británico David Cameron, le vino de perlas para reparar su imagen después de que se viera involucrado en unas sociedades creadas por Mossack Fonseca. “La corrupción es un enemigo del progreso y la raíz de muchos de los problemas en el mundo”, afirmó el premier antes de la reunión. Cameron fue pillado por las cámaras cuando comentó a la reina Isabel que iban a participar los presidentes de Afganistán y Nigeria, “dos países increíblemente corruptos”. Lejos de hacerse el ofendido, el presidente nigeriano Muhammadu Buhari, que ganó las elecciones con la promesa de combatir la corrupción en el país africano, invitó a Cameron a ayudarle a recuperar los miles de millones de dinero negro que han salido de Nigeria para ser invertidos en el Reino Unido. La City de Londres y el opaco sector inmobiliario británico –en Londres hay 44.000 inmuebles en manos de empresas extranjeras– son un destino preferido para defraudadores y otros delincuentes de todo el mundo.

Entre los resultados concretos de la cumbre de Londres figura la creación de una Oficina Global para la Recuperación de Activos, que debe coordinar la persecución de dinero negro para devolverlo a los países afectados. Pero la cita londinense no consiguió impresionar a los críticos. Tax Justice Network, una de las organizaciones más potentes en la lucha contra los paraísos fiscales, expresó su decepción por los resultados porque no se había tocado el asunto fundamental: Cameron no habló de imponer transparencia a las colonias y territorios bajo jurisdicción británica, que representan un tercio de los paraísos fiscales del mundo, como Jersey, Guernsey en Europa o las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe. De hecho, ni siquiera fueron invitados. “Este fallo importante de la cumbre parece indicar que el gobierno, al final, apoya el modelo de secretismo del Reino Unido”, concluyó Tax Justice Network en un comunicado.

Doble rasero

Pero Cameron no es el único líder que aplica un doble rasero en la lucha contra los paraísos fiscales. El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, también insistió en actuar contra los evasores en Londres, pero no se sumó a los países que se comprometieron a intercambiar los datos de empresas. De hecho, EEUU no está entre el centenar de Estados que se han adherido a los estándares de transparencia auspiciados por la OCDE. Hace unos años, las autoridades norteamericanas empezaron a perseguir a los ciudadanos de EEUU que ocultaban sus fortunas en el extranjero. Hubo una presión brutal, especialmente sobre Suiza, cuyos bancos acabaron pagando multas multimillonarias por haber ayudado a los ricos estadounidenses a defraudar. Con el denominado acuerdo Fatca, Washington ha obligado a muchos países como Suiza a abandonar su secreto bancario y compartir los datos. Sin embargo, no es una política recíproca. EEUU defiende a capa y espada la opacidad en varios de sus Estados, especialmente Delaware, la sede predilecta de multinacionales que quieren ahorrar impuestos y actuar en secreto.

Esta doble moral ha resultado muy beneficiosa para el sistema financiero del país. En un reciente reportaje, la revista norteamericana Bloomberg Businessweek cuenta que últimamente miles de clientes pudientes han sacado su dinero de paraísos fiscales, como Suiza o las Islas Caimán, para esconderlo en EEUU. Ahí, al parecer, se sienten más seguros ante la creciente presión internacional de acabar con la opacidad. La revista cita una presentación PowerPoint ante potenciales clientes de un alto directivo de Rothschild, un exclusivo banco para los más acaudalados: “EEUU se ha convertido en el mayor paraíso fiscal del mundo”. El último informe de Oxfam-Intermón sobre territorios offshore ha revelado que las empresas del Ibex 35 han multiplicado el número de sucursales en Delaware en los últimos años.

Presionar a los países opacos es una forma de actuar. La otra es tomar medidas contra las propias empresas. Las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado resoluciones que les permitirán discriminar a empresas con filiales en paraísos fiscales en los contratos públicos. Es justo una de las reivindicaciones del informe de Oxfam-Intermón. La presión de la sociedad empieza a notarse. Santander y BBVA han prometido reducir sus sociedades en territorios opacos. “Hay avances, también por la presión que crea este tipo de informes”, dijo Orencio Vázquez, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que ha colaborado en el estudio de Oxfam-Intermón. Algo es algo, pero, de momento, especialistas en vender empresas offshore como SFM, al parecer, aún no tiran la toalla.