Irregularidades de la exfuncionaria frente al Ministerio para la Salud están relacionadas con contratos para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos

La exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, tiene dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución solicitadas por el Ministerio Público tras comprobar indicios de posible corrupción durante su gestión. Pero las decisiones no han sido acatadas por el TSJ, según documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso Runrun.es.

La primera orden de detención en perjuicio de Sader fue emitida por el MP el 15 de mayo de 2015 (ratificada el 28/03/2016), luego de que una investigación penal determinara presuntas irregularidades en la contratación por parte del Ministerio para la Salud de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited, para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología (que formaban parte de la Misión Barrio Adentro IV). El monto involucrado en estos centros hospitalarios nunca construidos en Caracas, Miranda, Barinas, Apure y Guárico es de 663,6 millones de dólares.

Según el documento, la investigación del MP se remonta al 27 de junio de 2013, a raíz de la denuncia realizada por Pedro González Salmerón, coordinador (e) del puesto de comando presidencial y director general de seguimiento y control, del Viceministro de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno.

También, el MP dictó el 27/08/2014 la incautación de bienes muebles e inmuebles que formaban parte del proyecto de los 6 hospitales con sistema modular importado de Turquía bajo modelo “llave en mano”. Mientras que el 16/04/2015, el tribunal 42 de control de circuito judicial del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles tanto de Eugenia Sader Castellanos como de su hijo Eugen Enrique Bejarano Sader.

Pero estas medidas tuvieron sus reveses. En la audiencia del 17/04/2014, después de la exposición de motivos del representante de la Corporación Conmed, Reinaldo Barazarte, se acuerda levantar todas las cautelares dictadas por el Tribunal, es decir incautación de bienes muebles e inmuebles de los 6 hospitales; congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de Moreno y Consorcio Conmed.

Seis meses después, se apeló en contra de la decisión del 17 de octubre de 2014. Finalmente el 11 de agosto de 2015, la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas levantó parcialmente las medidas decretadas, como el regreso a Sader de una cuenta bancaria de nomina en el Banco nacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Banfanb).

El tribunal de la causa nunca se pronunció sobre la orden de aprehensión, según el documento de la Fiscalía.

Segunda orden de detención

Sobre Sader pesa otra solicitud de detención sobre sus presuntos manejos irregulares de insumos y equipos médicos. El 5 de mayo de 2017, fue ordenada su captura junto con cinco directivos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), adscrito al Ministerio para la Salud: Teojeasix de Jesús Molina Hernández; Luis Rodolfo Bracho Magdaleno; Andrés Enrique Gualdrón Oropeza; Carlos Vásquez y Gerardo Briceño, así como también el coordinador del Almacén Robotizado Jipana, Adrián Merchán.

A los siete exfuncionarios se les imputan los delitos de peculado culposo y concierto con contratista.

Entre los hallazgos del MP, en las inspecciones técnicas se encontraron 68 contenedores de equipos médico quirúrgico y medicamentos presuntamente vencido en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana, ubicado en Valles de Tuy, que depende del Sefar.

Pero el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del AMC ha omitido pronunciarse, por lo que el 1ero de junio de 2017, los fiscales 51 auxiliar nacional con competencia plena y fiscal provisorio encargado de la Fiscalía 65, Daniel José Gil Malavé y Víctor López respectivamente, se trasladaron al tribunal a consignar un amparo constitucional, según consta el documento MP-5011617-2016 del Ministerio Público.