El Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial Hospitalario, dirigido entonces por el Partido Popular, contrató una empresa para eliminar documentación confidencial del Hospital Provincial de Castellón cinco meses antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015. El convenio con la firma DCD SA, según los expedientes de contratación que figuran en el registro de contabilidad, entró en vigor el 30 de diciembre de 2014 (número 44/14), bajo la denominación “Servicio Destrucción Confidencial Documentos”, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2016, prorrogable dos años y por un importe anual sin IVA de 13.538,62 euros (27.077,24 euros en total).

La firma se produjo con Rafael Arce como director gerente del centro hospitalario en sustitución de Nicolás Martínez, quien el 6 de marzo de 2014, después de 10 años en el cargo, había dejado su puesto para jubilarse. En aquella época Alberto Fabra, exalcalde de Castellón, ejercía como presidente de la Generalitat Valenciana, mientras que Manuel Llombart era el conseller de Sanidad. Además, Javier Moliner llevaba ya tiempo al frente de la Diputación de Castellón. Estos dos últimos tuvieron especial relevancia en la autorización del acuerdo con la sociedad DCD, ya que ocupaban la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, como miembros natos, del Consejo de Gobierno, máximo órgano de dirección y control en la gestión del Consorcio Provincial Hospitalario, según los estatutos publicados el 28 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) por resolución de 22 de abril.

A la Diputación de Castellón le correspondió nombrar siete representantes, todos designados por el propio Moliner, que hoy en día sigue asumiendo la vicepresidencia. Entre los elegidos, y a propuesta del líder del PP en Castellón, tal cual recoge el acta de la sesión plenaria del 26 de julio de 2011, figuraba Francisco Martínez, actualmente condenado a 8 meses de prisión por el caso de la depuradora de Borriol y con otra causa pendiente por fraude y exacciones ilegales.

De acuerdo a las facultades establecidas en los mentados estatutos del Consejo de Gobierno, “las atribuciones de supervisión y vigilancia en servicios y actividades” se confiaban al vicepresidente, es decir, al citado Moliner. Así, el contrato para la eliminación de documentación confidencial se incluyó en el capítulo de “Servicios” de la contabilidad de 2014.

Precisamente ese mismo año (en concreto, el 2 de octubre), el DOCV informó de la modificación del acuerdo de delegación de competencias en materia de personal, contratación administrativa y gestión económica, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno del Consorcio el 26 de septiembre, donde se especificaban las nuevas responsabilidades del vicepresidente. Una de ellas, conforme al apartado quinto, decía lo siguiente: “Se delega en el vicepresidente del Consorcio el ejercicio de la supervisión y la vigilancia de todos los servicios y actividades en la ejecución de los programas de actuación aprobados por el Consejo de Gobierno”.

El pasado 15 de junio la Conselleria de Sanidad anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades detectadas en la facturación del Hospital Provincial de Castellón por una suma global de 25 millones de euros.