Pese al informe favorable del CSN a su continuidad

Garoña ya no entrará en el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. El Gobierno optó este martes por deshacerse de un problema en el que ni siquiera contaba con el apoyo de las grandes empresas implicadas. Y así dejó caer la central nuclear más antigua y pequeña de las que componen el parque español, inactiva desde 2013.

Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio en febrero el visto bueno a la reapertura una vez revisados los criterios técnicos y establecidas las medidas de seguridad para que la planta pudiese volver a conectarse a la red, ayer se denegó definitivamente el permiso para reabrirla. El Gobierno anunciará en breve el calendario para desmantelar la infraestructura inaugurada en 1971, un proceso que puede demorarse 15 años.

El ministro Álvaro Nadal señaló como la causa principal del cierre que el futuro de la central se había convertido en un «campo de batalla político». Indicó que esos intereses se han colocado ahora por delante de un debate sobre la transición del modelo energético que podría haber sido constructivo.

«Pero no lo ha habido», se lamentó en referencia a la propuesta de Ley para el cierre de Garoña que aprobó en febrero el Congreso con el respaldo de todos los grupos de la oposición frente al PP.

Ahora, el cierre definitivo de la central burgalesa lo generará. Ya ayer desencadenó una airada queja por parte del Gobierno popular de Castilla y León contra las comunidades vecinas como País Vasco, La Rioja o Navarra que han pedido el cierre, contra todos los partidos del Congreso a excepción del PP, contra las empresas que no lo han impedido y contra el Gobierno central.

«No compartimos esa decisión política adoptada por el Gobierno», afirmó José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente regional. Para la Junta, se ha formado un «Fuenteovejuna contra la central» y su cierre es un «error histórico».

Desaparecerá un millar de empleos directos e indirectos. El presidente castellano leonés, Juan Vicente Herrera, demandó la implicación y recursos de distintas administraciones y de las empresas propietarias de la central para reindustrializar la zona.

Más allá de las consecuencias en Burgos, el debate de fondo se abrirá en unos meses con la convocatoria de un panel de expertos que discutirá cómo abordar la transición energética a través de la nueva Ley de Cambio Climático.

Rentabilidad económica

Desde este punto de vista, Garoña podría ser la primera ficha en caer de un modelo de generación energética que, tal y como proponen distintas fuerzas políticas del Congreso, debe ser suprimido. Pero el caso de la central burgalesa también podría servir para cambiar el marco de seguridad y fiscal que las regula, ya que en unos años, comenzando por Almaraz en 2020 y hasta 2028, todas empezarán a agotar sus respectivas vidas útiles y es necesario un enfoque común.

Iberdrola y Endesa, las dos empresas que comparten el accionariado de Garoña a través de Nuclenor, respaldaron la decisión del Gobierno, cada una en función de sus intereses.

La primera aplaudió la medida al calificarla como «coherente». A pesar de participar en Garoña, Cofrentes, Ascó, Vandellós y Almaraz y disponer de activos nucleares valorados en 4.200 millones de euros, Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, han marcado distancias respecto a su compromiso con el futuro de esta energía.

El problema más concreto es su rentabilidad económica, derivado en buena medida de la fiscalidad que lo grava. La filial nuclear de Iberdrola perdió más de 309 millones de euros en 2016.

Por su parte, Endesa, que se había mostrado favorable a la reapertura de Garoña bajo condiciones que la hicieran viable, llamó a aislar el caso del resto de centrales.

De hecho, recordó que la central burgalesa ha acumulado unas pérdidas de 360 millones de euros mientras ha estado cerrada y que debería estudiarse alargar más allá de 40 años la vida útil del resto para garantizar la transición hacia un nuevo modelo en 2050.