La primera semana del año ha traído para Valladolid una nueva noticia sobre atascos en el sistema de salud: Más de 400 pacientes al día desbordan las urgencias

La primera semana del año ha traído para Valladolid una nueva noticia sobre atascos en el sistema de salud: Más de cuatrocientos pacientes al día desbordan las urgencias del Hospital Río Hortega - Las listas de espera de más de una semana en atención primaria aumentan la presión

No es un caso aislado ni tampoco una situación que se dé sólo en Valladolid. Más bien parece común a todas las tierras de la marca España que los servicios públicos -educación, sanidad, etc.- se presten cada vez en peores condiciones, a pesar de la voluntad de quienes trabajan en ellos. Lo más llamativo es que mientras más difícil se le hace a la gente valerse de estos servicios, más aumentan las empresas y agentes privados que se benefician de gestionarlos: privatización.

Resulta ineludible que la clase trabajadora se plantee qué hacer ante esta situación. Pero ha de planteársela desde su propia perspectiva: no la de los sindicatos corporativos que hacen la guerra por su cuenta, ni la del burócrata que teme por su puesto y acepta unos presupuestos imposibles, ni la del político que busca una zanahoria que ofrecer a sus votantes mientras sostiene el palo a su espalda, ni la del empresario o entidad bancaria que exprime incluso las necesidades más acuciantes para obtener beneficios. Mientras menos incidamos todos los trabajadores en estos servicios que deberían estar abiertos a todos y más se nos clave en la lista de espera, más crecerá el desastre.

Todos los servicios públicos existen gracias al esfuerzo de los trabajadores, de los que están empleados en los servicios y de los que producen el excedente que los financia. Sin embargo, ese esfuerzo no revierte en ellos: la llave de acceso a ese gran patrimonio social heredado está en manos de un Estado que abre y cierra para su propio interés, y ahora ese Estado -en sus distintos niveles, de gobierno a ayuntamientos- parece cerrar el paso a los ciudadanos y abrirlo a grandes empresas a la caza del pelotazo.

En la perspectiva del sindicalismo revolucionario hay que ver al Estado social y al conjunto de sus servicios como una empresa más, una empresa más que hay que aspirar a expropiar para su gestión por y para los trabajadores. Sus particularidades están en que la propiedad de esta «empresa» es ya pública, y lo que falta es ponerla al servicio de la sociedad y no al servicio del control social y del reparto de migajas que consuela de la explotación de todos los días. Es obligatorio dar cobertura a las personas excluidas o en situación de precariedad, pero sin que pierdan su autonomía.

Dadas las peculiaridades de los servicios públicos como empresa pública, parece imprescindible blindarlos en esa condición. No ignoramos las muchas críticas que se pueden y deben hacer a su organización actual, pero está en el interés de todas y todos que de esa crisis no se aprovechen los tiburones financieros que sólo la agravarían.

Hoy en día existen abundantes experiencias de autogestión y apoyo mutuo que son ejemplo y escuela de que las cosas se pueden hacer de otra manera, que la atención a las necesidades sociales no pasa por la burocracia y por tratar a las personas como números. Podemos recuperar nosotros mismos las capacidades que el Estado nos roba. Tenemos que andar ese camino, pero sin olvidar que hoy por hoy las experiencias existentes no son solución a corto plazo para las muchas necesidades sin cubrir.

Es importante definir tablas reivindicativas a muchos niveles, los mismos que tiene el problema. A la hora de defender unas cosas y rechazar otras, es importante hacerlo tras haber juntado cabezas para decidir si esas defensas y rechazos nos acercan o no al horizonte que buscamos y necesitamos. En CNT queremos fomentar ese debate y abrirlo a toda la clase trabajadora. Si el tema te interesa también entonces #CuentaConCNT.



Imagen de la exitosa manifestación de la Marea Blanca de Salamanca el domingo 8 de enero