MADRID.- "La deuda griega es ilegal, ilegítima y odiosa". Así de rotundo es el primer informe del comité internacional que lleva a cabo una auditoría del pago que la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigen al Gobierno heleno de Alexis Tsipras. Los expertos determinan que Atenas no solo no puede pagar, sino que no debe hacerlo porque el dinero que le piden es fruto de unos acuerdos que "infringen directamente los derechos humanos de los griegos".



"La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia considera que el país heleno ha sido y es aún víctima de un ataque premeditado y organizado por el FMI, el BCE y la CE. Esta misión violenta, ilegal e inmoral tiene como objetivo exclusivamente trasladar la deuda privada al sector público", destaca el comité de expertos en un comunicado presentado este miércoles como resumen y adelanto de un informe más amplio que publicarán el jueves.

"Grecia ha sido y es aún víctima de un ataque premeditado y organizado por el FMI, el BCE y la CE", denuncia el comité de expertos

Uno de los miembros de esta comisión es Sergi Cutillas, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). El también coautor del blog Viviendo en deudocracia adelanta, en declaraciones a Público, parte del contenido de un informe que estará dividido en nueve capítulos. En él se incluirán testimonios sobre, por ejemplo, la "conspiración" de los gobiernos alemanes y franceses para rescatar a Grecia sin una reestructuración de la deuda y para proteger a sus respectivas bancas.

Cutillas defiende que lo más importante del texto está en la valoración que han podido realizar de la deuda helena. La comisión denuncia que los acreedores internacionales sabían desde el principio que la deuda pública griega era insostenible. Los anteriores Gobiernos helenos junto a otros Ejecutivos de la UE, según los expertos, "conspiraron contra la reestructuración de la deuda para proteger a las instituciones financieras". De ese modo, Cutillas considera que el pueblo griego no puede sentirse responsable del dinero, sino que, por el contrario, es "víctima" de ello.



La investigación del comité hace hincapié en que los programas de recortes con los que se ha ido sometiendo a Grecia "fueron y siguen siendo un programa con orientación política". Los expertos destacan que los fondos de rescate previstos para 2010 y 2012 se han gestionado externamente a través de complejos esquemas, impidiendo cualquier autonomía fiscal. "El uso del dinero del rescate está estrictamente dictado por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno", critica el resumen ejecutivo de los expertos.

"El uso del rescate está dictado por los acreedores, y por eso, es revelador que menos del 10% de estos fondos se han destinado a gasto corriente del gobierno"

El texto sostiene que Grecia es actualmente incapaz de pagar su deuda sin perjudicar seriamente su capacidad para cumplir con sus obligaciones sobre los derechos humanos básicos. Por lo tanto, el informe concluye que "Grecia no debería pagar esta deuda porque es ilegal, ilegítima y odiosa" y expone evidencias de cada acreedor.



Por ejemplo, la deuda con el FMI es ilegal porque, según la comisión, su concesión incumplió los propios estatutos del fondo y sus condiciones violaron la Constitución griega, el derecho internacional y los tratados de los que el país heleno forma parte. El comité apunta que también es ilegítima porque las recetas políticas impuestas violan los derechos humanos. Y es odiosa porque el FMI sabía que las medidas eran "antidemocráticas e ineficaces".



Coste social de los recortes



El grupo de expertos se puso en marcha el pasado mes de abril a instancias del Parlamento heleno. La auditoría está siendo coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint. Entre las personas que han comparecido durante estos meses ante el comité, destacan el que fue consejero del presidente de la Comisión Europea, Philippe Legrain, y el ex representante griego del Fondo Monetario Internacional, Panayotis Rumeliotis, quienes admitieron que el "plan griego fue dictado para forzar al país a pagar la deuda".

El informe analiza el periodo comprendido desde la firma del primer rescate con la Comisión Europea, el BCE y el FMI en 2010 hasta la actualidad, aunque el objetivo de la comisión es "analizar el crecimiento de la deuda pública griega desde la década de 1980".



Este miércoles, en la presentación del texto en Atenas, Toussaint, que es también portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, atacó al FMI y mostró un papel que habría facilitado Rumeliotis en el que se asegura que el organismo era consciente del alto coste social de las medidas exigidas, así como de que contribuirían a incrementar la deuda.



El politólogo denunció que la crisis griega fue responsabilidad de los bancos, como ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y España, y aseguró que "en el periodo anterior a la crisis el gasto público griego era inferior a la media de los países europeos occidentales". Reiteró que tan solo una pequeña proporción de los créditos otorgados a Grecia llegaron a ser usados para el gasto corriente del Estado, ya que la mayor parte del dinero prestado se destinó a la devolución de la deuda.



Decisión soberana o tutelaje

La presentación de las conclusiones de esta auditoría llega en un momento clave para Grecia, con las negociaciones con los acreedores encalladas, el día antes de la reunión de los ministros de Finanzas del euro y cerca del plazo de pago de una serie de tramos al FMI y BCE.

Para Sergi Cutillas, miembro de la comisión, la solución pasa por " una reestructuración con una reducción real de la deuda helena muy importante y permitir que la economía griega crezca". El experto concede que la solución no es fácil y menos cuando las llamadas instituciones, antes conocidas como la troika, no conceden ni un centímetro.

"El Gobierno de Syriza no puede ceder más allá de unos límites porque sería un suicidio", defiende Sergi Cutillas, miembro de la comisión de la auditoría

de la deuda helena

"Grecia tendrá que decidir entre no pagar y tomar una decisión soberana o, de nuevo, dejarse tutelar bajo la imposición de un nuevo memorándum. El Gobierno de Syriza no puede ceder más allá de unos límites porque sería un suicidio", denuncia Cutillas en declaraciones a este diario. El miembro de la PACD habla de "expolio", el que la Unión Europea han cometido en Grecia con "decisiones políticas que han provocado un deterioro de la economía, de la democracia y del tejido social de Grecia si el Gobierno no toma medidas".

Sobre una posible salida de Grecia del euro, Cutillas es claro: "Sería traumático a corto plazo, pero más traumático sería aceptar un nuevo rescate con unas condiciones tan duras. Tras el Grexit habría un periodo de caos, pero es manejable siempre y cuando no se boicotee a Grecia y la UE facilite esta salida. Más años de austeridad y de depresión económica no son justificables sólo por proteger al euro".



Parlamento legitimado para no pagar la deuda



En el acto también estuvieron presentes el primer ministro griego, Alexis Tsipras, la presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstandopulu, y ministros y miembros del equipo de Gobierno, así como expertos y activistas internacionales en temas relacionados con la deuda. Konstandopulu enfatizó que "este Gobierno es el primero que no ha colaborado ni participado en la creación y en el aumento de la deuda, por lo que el Parlamento está legitimado para usar todas las herramientas para no pagarla, aún más si pone en peligro los derechos de la gente".



Asimismo, recordó la exigencia de las reparaciones de guerra a Alemania, y argumentó que Grecia fue "generosa" con el país germano respecto al alivio de la deuda en 1953 a pesar de que se habían cometido crímenes contra la humanidad, por lo que reprochó no recibir ahora esa generosidad de vuelta.

