La Cámara Federal apartó al juez Sebastián Casanello de la causa que investiga los aportantes de campaña de Cambiemos en las elecciones bonaerenses del año pasado y ordenó remitir las actuaciones al juez federal con competencia electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, por entender que los hechos sucedieron en la provincia de Buenos Aires.

El juez Martín Irurzun, de la Sala II de la Cámara Federal, hizo lugar a la apelación del fiscal Carlos Stornelli, que motorizaba la remisión del caso a la órbita de la provincia de Buenos Aires.

Irurzun es el juez al que se lo vio cenando con uno de los principales asesores judiciales del presidente Macri, el abogado y director de YPF, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Lo curioso es que ese encuentro no produjo mayor repercusión, pese a que el propio Casanello enfrentó serias acusaciones por un presunto encuentro en Olivos con Cristina Kirchner, cuando ella ocupaba la Presidencia.

Como era previsible, la ex presidenta salió a repudiar el fallo en Twitter: "Irurzun. El que obligó al juez Casanello a tomarme declaración indagatoria en una causa en la que no tengo nada que ver, ahora le impide investigar los aportantes truchos de Cambiemos", escribió Cristina en Twitter.

Irurzun. El que obligó al juez Casanello a tomarme declaración indagatoria en una causa en la que no tengo nada que ver, ahora le impide investigar los aportantes truchos de Cambiemos para blindar a Vidal de cara a las elecciones del año que viene. Más claro echale agua. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 11 de octubre de 2018

LPO había adelantado que las causas eran objeto de una feroz pulseada entre los jueces federales Casanello, Ziulu y Ernesto Kreplak que buscan el control de los expedientes.

En sintonía con Stornelli, Ziulu venía solicitando a sus pares Casanello y Kreplak el giro de todos los expedientes a su juzgado. El objetivo del juez electoral era centralizar todas las causas.

Ziulu sotenía que su juzgado es el único fuero especializado "que tiene por fin último resguardar el sistema republicano y democrático estatuido".

La jugada de Ziulu y Stornelli tiene ribetes políticos importantes. Es que cuando las denuncias explotaron en los medios, el secretario general de la Presidencia, Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO pidió que las causas se sustancien en el fuero con competencia electoral.

En términos de consecuencias judiciales, el cambio es sustancial. Sucede que si las causas van al fuero electoral, a los responsables de la campaña de Cambiemos solo les cabría sanciones partidarias y no penales.

Con Casanello desplazado, Kreplak todavía tiene una causa iniciada a partir de una denuncia de la senadora provincial Teresa García. "Es evidente que el objetivo de esta maniobra es seguir protegiendo a la Gobernadora de cara a las elecciones del año que viene", dijo la jefa de los senadores de Unidad Ciudadana en la Legislatura.

El camarista Martín Irurzun con el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón.

Su denuncia abarca los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad. En esa causa, Kreplak ordenó ayer imputar a la ex tesorera del gobierno bonaerense, María Fernanda Inza.

Las denuncias se originaron tras una investigación periodística sobre la participación apócrifa como aportantes de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.

Desde entonces se abrieron varias causas: una penal y otra electoral en la jurisdicción de La Plata, y otras dos similares en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal electoral porteño Jorge Di Lello mandó su parte de la investigación al juzgado electoral de La Plata porque las irregularidades que detectó y corroboró ocurrieron en ese distrito.

Hace más de un mes, Ziulu le reclamó a Casanello que se inhibiera de la investigación que impulsaba desde Comodoro Py. Pero Casanello se negó: entendió que no correspondía porque él investigaba delitos como lavado de dinero. Y que los nombres de los aportantes que negaron haber entregado dinero a la campaña "integran bases de datos de organismos federales con sede en Capital Federal, como ANSeS, INAES y ministerio de Desarrollo Social".