Una nueva iniciativa de Ley de Salud Mental fue aprobada en la comisión de Salud del Senado esta semana. Lo que plantea es preocupante, caduco y violatorio de derechos humanos de personas con discapacidad psicosocial. En la emergencia de COVID-19, preocupa que el gobierno no hable de salud mental

Esta semana la comisión de salud del Senado aprobó por unanimidad, sin discusión de por medio ni consulta a la sociedad civil, una Ley general de Salud Mental que preocupa. Presentada por los senadores Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Badilla Peña, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen Bañuelos y Miguel Ángel Lucero Olivas esta iniciativa de ley -que aún no se aprueba en el pleno- tiene elementos de violaciones de derechos humanos hacia personas usuarias de salud mental en México y perpetúa un modelo que ha fracasado.

Hablamos con Diana Sheinbaum, de Documenta, AC, organización que al saberlo, redactó una carta que buscó firmas de adhesión para parar el intento de que avance esta ley.

Pensemos en personas que no tienen mayor referencia de salud mental. ¿Qué es lo que más preocupa de esta iniciativa que ya pasó en comisiones?

Que perpetua o continua impulsando un modelo de atención donde las personas usuarias del sistema de salud ven limitados sus derechos fundamentales, como el derecho a decidir sobre su propio tratamiento. En esta nueva iniciativa, un familiar podría decidir sobre el tratamiento de una persona con alguna condición de salud mental e incluso internarlo en contra de su voluntad.

Hay preocupaciones fundamentales en torno a este tipo de decisiones donde no se toma en cuenta a las personas que requieren estos servicios y eso es un modelo que existe en méxico en la actualidad y que esta ley parece seguir avalando.

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¿Hay alternativas para que esto no sea así? ¿Qué ley o modelo del mundo recomendarías checar para pasar de un sistema donde se niega la voluntad a una persona con una condición mental a otro donde puede participar?

La ley fundamental es el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es una Convención ratificada e impulsada por el Estado Mexicano y que, por nuestra misma Constitución, tenemos que implementar. Ese es el marco.

No sólo es violatorio del Artículo 12, sobre la capacidad jurídica, sino también del 14, donde no se puede privar de la libertad a una persona por tener una discapacidad.

Lo que pasa en los sistemas de salud es que, por presentar un diagnóstico psiquiátrico o una condición de salud mental, el camino que se elige es el internamiento, ¡como si fuera la única alternativa terapéutica! Siempre nos cuestionamos a quién le podría parecer que la privación de la libertad o el encierro es un recurso terapéutico.

Entiendo las implicaciones de la Convención, pero, ¿dónde encuentras buenos ejemplos a nivel mundial donde se hagan tratamientos dentro de la comunidad? ¿Cómo podríamos pasar de este modelo viejo que quiere perpetuar esta iniciativa a otro?

El eje de la atención a la salud mental en este país por muchos años ha sido el hospital psiquiátrico y es un modelo de asilo. Es un modelo de alta especialidad, que tiene que ver con el internamiento y en muchos casos con la ruptura de lazos comunitarios y familiares.

La transición que se puede dar, más allá del marco normativo, quizá no con una reforma legislativa, es lograr, en la práctica que los servicios de salud mental se den integrados al primer nivel de atención.

Que si vives en Comala, en Jalisco, en Guanajuato en cualquier lugar de la México y tienes acceso a un centro de salud, ese centro tenga servicio de salud mental, acceso a tratamientos y atención indicada. Que las familias no tengan que trasladarse en un viacrucis tremendo que termina en un hospital psiquiátrico de alta especialidad que solo se encuentra en grandes Ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. (En total solo hay 39 hospitales psiquiátricos en el país)

Hoy el tratamiento de la salud mental se da como especialidad y en un hospital psiquiátrico. Pugnamos porque se creen alternativas y servicios integrados a la red primaria de atención a la Salud.

Es decir, democratizar el derecho a la salud mental en cualquier clínica.

Exacto y lo que nos preocupa de generar una Ley de Salud mental es que sigue separando la salud mental de la salud física, ¡como si fueran separados! Todos sabemos que no hay salud sin salud mental. Hemos pugnado es por mejorar el capítulo de salud mental dentro de la Ley General de Salud, atendiendo esta idea de que la salud implica ambas cosas.

En este país se ha priorizado temas de enfermedades crónicas, degenerativas, pero la salud mental ha sido invisibilizada en las leyes, políticas públicas, presupuestos. La transformación urgente tendría que caminar por hacer accesible los servicios de salud mental a toda la población.

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Hacerlo siempre pero más en estos tiempos de ansiedad, aislamiento y crecimiento de la violencia por Covid-19, ¿no? ¿Estás viendo intentos por dar alternativas sobre salud mental en esta coyuntura?

No desde el gobierno. Veo el impulso general de la sociedad que se ha adelantado al gobierno como base a lo que ha sucedido en otros países: la sociedad ha decidido tomar medidas incluso más drásticas y severas de lo que ha decidido el gobierno. En el tema de salud mental es similar. La sociedad civil, los mecanismos de apoyos que existen que han salido a hablar del tema, pero el gobierno sigue invisibilizando el tema de la salud mental.

No sólo por Covid, genera una preocupación por las personas más sensibles al aislamiento y la falta de apoyos. Hemos vivido muchos años en un contexto de violencia extrema, de violencia intrafamiliar, de tasas de homicidio enormes, de suicido entre jóvenes, y esto debe atenderse desde una perspectiva de salud mental de la población.

Todos estos son datos muy preocupantes que hablan del fracaso del sistema de salud mental en en este país. Llevamos décadas pugnando por cambiar el modelo. México ha firmado y ratificado declaraciones de cómo el sistema basado en psiquiatría / hospital psiquiátrico ha fracasado. No sólo por ser un espacio de violación de derechos humanos, sino porque al querer ser una alternativa de tratamientos de atención y apoyo se convierte también en un espacio de violación de derechos que atenta aún más contra la salud mental.

¿Esta iniciativa de ley que ya se votó en comisiones fue consultada?

No, no lo fue. Nuevamente. Es muy frustrante que hace 3 años hicimos un grupo para parar una iniciativa similar de ley de Salud mental. Se paró. Mandaron una carta los relatores de discapacidad y de salud. Tres años después estamos ante un escenario igual o peor. Otra vez movilizándonos para enfrentar estas ocurrencias legislativas sin ningún conocimiento de las obligaciones que tiene el Estado Mexicano con respecto a provisiones de salud.

Esta entrevista se publicó originalmente en YoTambién.mx

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