El 12 de diciembre fue un día de sentimientos encontrados para Tamara y sus dos hijos menores. Por una parte, el juzgado le dio la razón otorgándole el derecho a permanecer temporalmente en la vivienda pública que había ocupado cuatro años antes en Leganés (Madrid), a donde llegó tras sufrir violencia machista. Por el otro, y prácticamente de manera paralela, se encontró con que le habían cortado el agua aprovechando un cambio de contadores manuales a otros digitales.

A pesar de que la vivienda ocupada por Tamara y sus hijos pertenece en un 60% a la Comunidad de Madrid y en un 40% al Ayuntamiento de Leganés, la gestión administrativa del inmueble recae en una empresa privada. En concreto, en la socimi —sociedad de inversión inmobiliaria— Testa Urban, filial del fondo buitre Lazora. “La consejera del Canal de Isabel II, presente en el pleno del Ayuntamiento, dijo que era mentira: que el Canal no corta el agua a nadie”, recuerda con indignación Feli Velázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés. Y sin embargo, del grifo de Tamara no salía ni una gota.

El caso de Tamara ejemplifica a la perfección la situación del acceso al agua potable, un derecho reconocido por Naciones Unidas. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU declaró que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. En concreto, la ONU se refirió al derecho a disponer de agua “suficiente, saludable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Y, pese a todo, el acceso a ella ha sido pasto de la privatización a lo largo de los últimos años.



Especulación y negocio

Se calcula que el 53% del suministro de agua en España está en manos de empresas privadas. Y la mayoría está controlada por unas pocas empresas, especialmente Hidraqua —Aquagest hasta que cambió el nombre en 2013 tras la aparición de varias tramas de corrupción en las que estaba implicada la marca. Perteneciente al grupo Agbar— y Aqualia —FCC—, radicadas sobre todo en las zonas urbanas con mayor margen para el negocio y la especulación. “Vivimos en un país afectado por el cambio climático, que se encuentra en situación de escasez constante… y resulta que privatizamos el agua más que todos nuestros vecinos”, denuncia Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Según Babiano, “se trata de un monopolio natural, de los que existen pocos. Cuando lo privatizamos, le damos todo el control a una sola empresa durante 20, 30 o, incluso, 40 años, lo que inevitablemente da lugar a auténticas atrocidades”.

En su opinión, “si creemos que los servicios públicos han de ser transparentes, participados y válidos para la construcción de una sociedad justa, es necesario que sean 100% públicos o, al menos, que las concesiones a las distintas empresas privadas sean muy limitadas en el tiempo y con unas reglas de juego completamente transparentes. Y eso, sencillamente, no ocurre. Que las ciudades se construyan en base a la relación con una corporación es aterrador y debería llevarnos a la reflexión”, sostiene.

Gonzalo Marín Pacheco es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, además de portavoz de la Red Agua Pública, que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público. “En términos de abastecimiento, el agua como recurso es, por ley, de titularidad pública. Pero aunque los titulares sean las administraciones locales, su gestión puede ser privada”, explica. “Al ser un bien común, entendemos que el agua es de todos, por lo que su gestión ha de recaer también en el ámbito público y llevarse a cabo sin ánimo de lucro”.

Pero no vale cualquier gestión: “El agua tiene que ser accesible y estar disponible independientemente de la capacidad de pago”, apunta Marín Pacheco. “Si alguien no tiene posibilidad de asumir su coste, las administraciones han de garantizar el mínimo vital: una cantidad suficiente para vivir dignamente. Tiene que ser potable, con la calidad suficiente para poder ser consumida sin que represente un riesgo para la salud. Y tiene que ser asequible: su precio no puede depender de criterios de rentabilidad económica”.

Además de accesible, el suministro de agua ha de ser también, en opinión de Marín Pachecho, democrático y transparente. “La ciudadanía ha de tener la posibilidad de participar activamente en todos los niveles de toma de decisiones de las entidades que suministran agua”, apunta Marín Pacheco. “Ha de estar presente en los consejos de administración de las empresas que la controlan y participar de las decisiones”. Para ilustrar este modelo, Marín pone el ejemplo de ciudades como Córdoba, cuya empresa pública de agua cuenta con un representante de la ciudadanía, pero también ciudades europeas como París o Estados como Colombia, “donde por ley los consejos de administración de las empresas públicas tienen que tener un tercio de miembros que provengan de los llamados comités de control y participación”.



Priorizar el consumo humano

Ante una situación como esta, la remunicipalización está en la agenda de un número cada vez mayor de ayuntamientos. El pasado noviembre, En Comú Podem (ECP) presentó en el Congreso de los Diputados una moción para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua. El resultado fue apretado como en pocas votaciones: 167 votos a favor frente a 165 en contra —los de PP y Ciudadanos—, y dos abstenciones por parte del PDeCAT. La iniciativa, defendida en el pleno por Alicia Ramos, instaba al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de Racionalización Local. Según explicó ECP en un comunicado, el objetivo es que los ayuntamientos “puedan gestionar todo el ciclo del agua priorizando el consumo humano” frente a los beneficios de las empresas privadas.

No es casual que el debate sobre la remunicipalización del agua lo llevara al Congreso En Comú Podém: Catalunya —donde más del 80% de la gestión del agua es privada, según plataformas como Aigua és vida— vive una situación especialmente sangrante. En Barcelona, el frente judicial para sacar adelante la remunicipalización, una de las banderas del equipo de gobierno encabezado por Ada Colau, sigue abierto. El desenlace llegará con la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la cesión de la gestión del agua a Agbar en 2011, declarada nula en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en 2016.

Dani Gago Los vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) convocaron un referéndum en febrero de 2014 para intentar que el servicio, en manos de Aqualia, volviera a ser municipal.

A solo 23 kilómetros de la allí, en Terrassa, el paso se ha dado con éxito: la tercera ciudad catalana más poblada aprobó en marzo el cambio hacia la gestión pública del servicio de abastecimiento del agua, así como la última prórroga del contrato con la empresa Mina Aguas de Terrassa hasta el 9 de diciembre y la puesta en marcha de un Observatorio del Agua encargado de fiscalizar la gestión pública. Lo hizo, además, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, y de nuevo con el voto en contra de Ciudadanos y PP en el pleno.

Los casos de Terrassa y Barcelona, junto a otros como el de Valladolid —que también remunicipalizó el servicio de agua en 2017 a través de la empresa pública Aquavall— certifican, en opinión de Luis Babiano, que “existe un debate en la sociedad sobre la necesidad de que el agua esté en manos públicas”. Pero, tal y como advierte el gerente de AEOPAS, no es suficiente: “El fracaso de la privatización es tan grande que hace falta que los políticos estén a la altura”.



MADRID Y EL CANAL DE ISABEL II

Una de las ciudades donde los políticos no han estado a la altura a la hora de preservar el derecho fundamental al acceso al agua ha sido Madrid. Todo lo que tiene que ver con el otrora modélico Canal de Isabel II ha estado salpicado, durante los últimos años, de noticias que relacionaban su gestión con la corrupción y la opacidad. La empresa pública encargada de llevar el agua de Madrid a los grifos vivió, en tiempos de Esperanza Aguirre, una privatización frustrada que alcanzó su cota más esperpéntica con el intento de amañar el concurso por parte de Miguel Blesa tras el anuncio de Aguirre de la privatización del Canal en 2008. El expresidente de Caja Madrid quiso quedarse con la gestión de un agua que consideraba “demasiado barata”, según desvelaron varios correos electrónicos publicados en 2013 por Infolibre.

La paradoja llegó el pasado mes de diciembre a su momento cumbre cuando los principales medios de comunicación titulaban “PP y Ciudadanos impiden por ley la privatización del Canal de Isabel II con los votos en contra de PSOE y Podemos”. En realidad, puntualiza Luis Babiano, lo que se aprobó fue “blindar el actual modelo, con la misma corrupción, opacidad e intereses ramificados en sectores financieros”.

Para Marín Pacheco, a pesar de ser una empresa pública, Canal de Isabel II es el perfecto ejemplo de una gestión con amplísimo margen de mejora. “Funciona en términos mercantiles, porque genera beneficios que reparte entre sus accionistas”, denuncia. “Sí, estos accionistas son entidades públicas, pero no existe un control para que ese dinero se reinvierta en el propio ciclo del agua”, lamenta.

El canon concesional. A menudo, cuando un debate está en el candelero, conviene mirar hacia el exterior para comprobar lo que se hace en otras ciudades, regiones y países de nuestro entorno. En ese aspecto, los datos hablan por sí solos: de las 1.500 urbes más grandes del planeta, menos del 10% han dejado el agua en manos privadas. Marín Pacheco aporta otro dato sintomático: del año 2000 hasta ahora son casi 270 las ciudades del mundo que han remunicipalizado los servicios de abastecimiento de agua. En España lo han hecho unas 30. “Consideramos que este número se va a incrementar en tanto en cuanto hay muchas concesiones que vencen”, apunta. Unas concesiones que han sido, además, el caldo de cultivo perfecto para la corrupción y la proliferación de redes clientelares, en parte debido a la existencia del llamado canon concesional, el dinero que cobran los ayuntamientos como previsión de los beneficios que la empresa privada va a obtener durante el tiempo que dura la concesión.

Vistos los datos y la experiencia acumulada, los defensores del agua como un derecho de todos se muestran moderadamente optimistas de cara al futuro. “Actualmente estamos en una situación de stand by”, reflexiona Babiano. “Los procesos de privatización no han logrado hacerse con la hegemonía, pero aun así el trabajo de remunicipalización se ha llevado a cabo a menudo de manera heroica”. En ese sentido, Marín Pacheco subraya lo ocurrido durante la crisis económica: “De 2008 a 2015, la financiación de las administraciones locales decreció en torno a un 20%, lo que llevó a una privatización masiva como manera de obtener recursos”. Ahora, sin embargo, esta tendencia podría estar dando la vuelta y, vista la experiencia, Babiano lo tiene claro: “La remunicipalización puede ser imparable si la sociedad sigue demandando que cambien las reglas del juego”.

