Podría ser una mera anécdota si no fuera porque en 2012 (primer presupuesto del rajoinato) se gastaron 2.798,85 millones de más (un 43,5%) y porque si atendemos a los datos entre 2002 y 2013, encontramos que se gastaron 15.618,88 millones por encima de los 85.143,39 presupuestados

El Estado cuenta con un organismo de control del gasto público, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tiene entre sus misiones verificar el gasto efectivamente liquidado año tras año y su desviación respecto del presupuestado. IGAE realiza “avances trimestrales” sobre la corrección del gasto ministerial, pero sólo con un alarmante retraso publica sus informes de “ Liquidación del Gasto ”.

Si atendemos a lo presupuestado para Defensa en los presupuestos generales del Estado de 2013 (los segundos realizados por Rajoy) y lo comparamos con lo realmente gastado encontramos un desvío de 1.953,44 millones de € gastados por encima de lo presupuestado, un 33.03 % por encima de las previsiones.

Podría ser una mera anécdota si no fuera porque en 2012 (primer presupuesto del rajoinato) se gastaron 2.798,85 millones de más (un 43,5%) y porque si atendemos a los datos entre 2002 y 2013, encontramos que se gastaron 15.618,88 millones por encima de los 85.143,39 presupuestados, un 18,34% de desvío de media.

Este desvío militarista no es exclusivo del PP, ha ocurrido lo mismo con el PSOE. Podemos afirmar que el presupuestar un gasto en defensa que luego sistemáticamente se incrementa es una política deliberada de manipulación y ocultación del gasto militar español, aunque, como veremos, no la única, que forma parte de lo que estos dos partidos entienden como “política de estado” y que consiste en hurtar a la voluntad popular el debate sobre la defensa y en incrementar el gasto militar y los negocios armamentísticos en beneficio de unos pocos.

Al gasto militar que la IGAE detecta en 2013, podemos añadirle el que la propia IGAE no reconoce como tal en el Ministerio de Defensa, a pesar de corresponderse con gastos que según el criterio OTAN son también gasto militar, como son los de los Organismos Autónomos Militares, los del C.N.I., los Centros Universitarios de la Defensa, los Organismos internacionales del Ministerio de Defensa o la investigación y desarrollo que financia el Ministerio de Industria. Estos gastos implican otros 1.887,35 millones de € más, a sumar a los ya abultados gastos de Defensa.

Pero para colmo de males, tampoco con esto contamos con todo el gasto militar que debería ser fiscalizado. Otros conceptos igualmente considerados como militares por la OTAN, que no peca de pacifismo precisamente, se encuentran sin la oportuna fiscalización del IGAE como gasto militar. Nos referimos a los relativos a clases pasivas militares (otros 3.328,08 millones de €), Guardia Civil (2.733,36 millones de €), pagadas a través del presupuesto de la Seguridad Social y del Ministerio del Interior respectivamente; a las llamadas operaciones “de paz” (514,55 millones de €) pagadas a través del Fondo de Contingencia mediante su aplicación semiclandestina y no presupuestada por autorización del Consejo de Ministros. A ellas deberíamos sumar los 877 millones de € que en 2013 se otorgaron por medio de créditos extraordinarios veraniegos para pagar parte de la ingente deuda militar por compra de sistemas de armas (programa PEAS) innecesarios (deuda que asciende a más de 30.000 millones de euros y resulta un lastre inmoral para la sociedad).

Si a todo este abusivo gasto militar le sumamos el hecho de que, dado que las cuentas públicas españolas son deficitarias, para obtener tales ingresos se necesita acudir a la emisión de deuda, habría que sumar el concepto de deuda militar que calculamos en 5.877 millones de € más), y asimismo contar con lo que se deberá gastar por amortización de intereses de la deuda vencida (calculado en 319 millones de €), resulta que la cifra escandalosa de lo que destinó el presupuesto público a financiar el gasto militar de 2013 llegó a los 25.206,75 millones de €, muy por encima de los 5.913,65 millones presupuestados.

La realidad fue abrumadora: se acabó gastando 4’26 veces más de lo presupuestado

A la luz de esto las quejas militares sobre los constantes recortes de su presupuesto parecen una burla, como también parece un insulto que nuestros políticos, al explicar el presupuesto militar, afirmen que gastamos por debajo del 0´6% del PIB en militarismo, cuando superamos con creces el 2%.

Pero esto no es todo. La IGAE, como hemos visto, sólo controla y aflora el 38,9% del efectivo y real gasto militar español, lo que implica un gasto opaco del 61,31% del gasto militar, un verdadero escándalo y un agravio comparativo con las partidas sociales cada vez más exiguas.

Si el gasto militar es grave por su magnitud, tiene una segunda dimensión que lo hace absolutamente indeseable: es un gasto deliberadamente desconocido y no admitido por la sociedad, que en materia de defensa no cuenta con mecanismos de debate ni soberanía alguna y es una mera convidada de piedra.

A su vez, una tercera dimensión de dicho gasto lo convierte en inmoral: el mismo se destina a la participación en una estrategia de dominación-violencia que ha convertido a España en el segundo miembro en intervenciones militares de la UE y el séptimo del mundo, que nos encuadra en la estrategia militarista de la OTAN, que ha hecho desplazar más de 180.000 efectivos a más de 70 conflictos militares desde Felipe González a Rajoy, que ha propiciado la industria militar y la venta de armas (somos la 7ª potencia exportadora de armas al mundo y de conflictos, por consiguiente), que ha integrado el territorio en el “escudo antimisiles” americano que nos convierte en un objetivo privilegiado en caso de confrontación mundial. Y todo ello en situación de recortes sociales y de agresión a los derechos de la ciudadanía, lo que nos permite preguntarnos si la defensa que se supone que necesitamos como sociedad no tiene que ver más con los derechos y nivel de seguridad humana que la política real nos quita y menos con los ejércitos y sus misiones y, en último caso, si nuestra defensa no lo será, también, del militarismo.

Razones todas ellas que obligan a un replanteamiento de la defensa y justifican la lucha no violenta de los objetores fiscales que se niegan a pagar impuestos para la guerra, además de hacer imprescindible una profunda auditoría económica del gasto militar.