Proponen que el Balance Fiscal para el Sector Público No Financiero en función del PIB sea de 2.0% para el último trimestre de 2018.

El MEF aguarda que la Asamblea Nacional avale dos proyectos de ley para elevar la capacidad de endeudamiento y así poder cubrir el pago de los proveedores del Gobierno

El agresivo plan de infraestructura y el ritmo de endeudamiento que mantiene la administración de Juan Carlos Varela han dejado en evidencia que el Gobierno se quedó sin los fondos para hacerle frente a sus compromisos.

Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas (MEF), presentó dos proyectos ante la Asamblea Nacional. Uno busca acelerar la devolución de impuestos y la compensación de cuentas de proveedores del Estado con deudas tributarias; y el otro, es el segundo intento para elevar el tope de la capacidad de gasto establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

El último proyecto de ley inicialmente fue propuesto a inicios de junio pasado, pero al levantar una serie de críticas fue retirado de la Asamblea a finales de junio para su revisión. Ahora con la propuesta revisada el MEF sostiene que entre los beneficios del fortalecimiento de la LRSF se encuentra establecer el déficit fiscal en un promedio quinquenal de 1.67% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el MEF, durante su primer año de gestión se encontraron con un déficit fiscal elevado, esta administración logró cerrar en 3.2% en el 2014. De aprobarse la modificación propuesta, el Balance Fiscal para el Sector Público No Financiero (SPNF) en función del PIB, se elevaría a 2.0% para lo que resta del 2018; en 1.75% para el 2019 y 2020; y en 1.5% del 2021 en adelante.

Gustavo Valderrama, viceministro de Economía, explicó que de no aprobarse las modificaciones, ‘dejamos pasar una oportunidad importante para continuar la ruta de fortalecimiento institucional y transparencia'; y recalcó que ‘se puede continuar trabajando con el presupuesto 2018, pero sacrificando el impulso adicional a proyectos de infraestructura que ya se encuentran en ejecución y su impacto en la economía, que disminuyó su crecimiento en el último trimestre'.

El viceministro Valderrama recalcó que en el 2014, la actual administración se encontró un déficit fiscal elevado, pero logrando cerrar el mismo en 3.2%.

Pero, según el funcionario, el multiplicador más eficiente, de acuerdo al modelo económico como país, y avalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ‘es la activación de proyectos del sector público. Una contención de gasto lo que haría es reducir más la economía', apuntó.

Para el MEF, ‘las modificaciones buscan simplificar la metodología del cálculo del balance fiscal, brindando más transparencia a la misma. Eliminar la regla de ajuste por contribuciones efectivas del Canal, volver a adoptar la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del SPNF, como lo señala la Ley 34 de 2008'.

La modificación es bien vista por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Severo Sousa, quien considera que la estrategia del Gobierno a través del déficit fiscal parece tener sentido, pero que habría que analizar ‘si los porcentajes y tiempos sugeridos son adecuados o puedan reducirse'.

Por su parte, el economista Aristides Hernández señaló que ‘de tomarse en consideración el pago con deuda con el hecho de que el Gobierno busca elevar el tope de la LRSF, es más claro el mensaje, esta administración se quedó sin la capacidad financiera para maniobrar cómodamente'.

Hernández sostuvo que es ‘urgente la aprobación de la dispensa fiscal solicitada'. ‘Esta administración ha sido prudente con las finanzas, pues es una realidad que desde la pasada administración el país registró un crecimiento forzado en el gasto público, mas no así en finanzas', agregó.

Previamente, cuando el proyecto se discutió, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, denunció que la dispensa fiscal solicitada no era de $300 millones o 1.5% como decía el Gobierno, sino de unos $900 millones.

EL SPNF A JUNIO

El déficit en el Balance Fiscal del SPNF correspondiente al primer semestre del año 2018 alcanzó $1,061 millones, es decir, que este segmento del Gobierno gastó 18.5% más de lo que ganó en tan solo seis meses.

El déficit es producto de la sustracción entre los ingresos totales, que ascendieron a $5,723 millones y los gastos totales, que fueron por $6,785 millones.

El resultado representa el 1.6% del producto interno bruto, cuando la LRSF establece que este año el déficit no podía exceder el 0.5%.

El balance total ajustado por $1,061 millones es mayor en $966 millones al alcanzado en igual periodo de 2017, cuando siguiendo la LRSF, el Gobierno logró un déficit fiscal de $95 millones y que representó el 0.2% del PIB.

Para Hernández, para que el país tenga unas finanzas saludables, el tope del déficit debería ser 2%, ya que es un monto manejable. Lo ideal es que ‘el PIB siempre sea mayor que la deuda', apuntó.

El economista recordó que la LRSF se creó en la administración de la presidenta Mireya Moscoso con la intención de que poco a poco los subsiguientes gobiernos fueran administrando mejor el déficit, pero siempre modifican el tope para poder elevar su capacidad de gastos.

Según Hernández, parte del problema es que en el país ‘nadie quiere pagar más impuestos, además se otorguen diversas exoneraciones a hoteles y otros negocios por largo periodo de tiempo, así que el país no cuenta con los recursos y la autoridad de turno se ve obligada a ampliar la LRSF para cumplir con sus objetivos'.

NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO

El segundo proyecto que propuso Varela de Chinchilla ante el hemiciclo legislativo es el proyecto de ley para establecer el nuevo Código de Procedimiento Tributario, que busca regular la relación fisco-contribuyente en el cual impera el principio de igualdad entre las partes.

El proyecto de ley para establecer el nuevo Código de Procedimiento Tributario busca regular la relación fisco-contribuyente en el cual impera el principio de igualdad entre las partes.

La propuesta establecería por primera vez Panamá una clasificación de tipos de tributos. Lo anterior agilizaría la devolución de impuestos y la compensación de cuentas de proveedores del Estado con deudas tributarias.

Cifras no oficiales indican que el Gobierno mantiene un cuenta por pagar con sus proveedores que en promedio asciende a $1,000 millones, cifra que de ser saldada impactaría positivamente en la economía.

Al ser un nuevo régimen, La Estrella de Panamá consultó al MEF sobre los mecanismos que utilizará para tal cometido, a lo que indicó que ‘la entidad reconocería la posibilidad de que cuando un obligado tributario o contribuyente (proveedor) esté moroso con el Tesoro Nacional por causa de un tributo nacional, pero a su vez, este está pendiente de un pago por parte del Estado se pueda realizar la compensación de dichas cuentas y así extinguir la obligación tributaria con la Administración Tributaria'.

Lo anterior es sumamente delicado, dice Hernández, ya que el mensaje que se está mandando es que el Gobierno no cuenta con el dinero líquido para pagarle a los proveedores y quiere pagarlo con deuda. La situación es delicada, pues si el Gobierno contara con el dinero para honrar los compromisos, dinamizaría la economía', comentó.

Por su parte, el representante del CONEP prefirió ser cauteloso en este punto, alegando que no ha tenido tiempo para analizar en detalle la propuesta del cambio tributario, que es extenso.

MEF creará Juzgados Tributarios Unipersonales de Primera Instancia

Dentro de las propuesta de crear un nuevo Código Tributario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también propone crear los Juzgados Tributarios Unipersonales de Primera Instancia, que estarán adscritos a la DGI y a la Defensoría del Contribuyente, adscrita al MEF.

De aprobarse el proyecto de ley el objetivo del mismo abarcaría garantizar los derechos procesales de los obligados tributarios en las actuaciones o gestiones ante la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).

Con dichas instancias se descongestionará la mora de expedientes sin resolver, en recursos de reconsideración, que va en detrimento de los contribuyentes y de la propia administración, al mantener en suspenso por periodos excesivos la definición de los montos realmente a recaudar por el fisco y el reconocimiento de los derechos de los contribuyentes.

Hasta la fecha el Departamento Jurídico de la DGI maneja un promedio de más de 1,500 recursos de reconsideración en trámite que median hasta 6 años.

Al ser consultado el MEF informó que ‘en estos casos, el abogado del contribuyente puede accionar un recurso de apelación ante el TAT o invocar una acción de silencio administrativo y presentar el caso directamente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, el 90% de los contribuyentes no lo hacen, en parte porque el tiempo que puede tomar la CSJ puede ser superior al que toma la DGI, el contribuyente también espera que la DGI reconsidere, según el MEF.

El Departamento Jurídico de la DGI además de atender estos recursos, debe resolver alrededor de 17 trámites más, como certificaciones de exoneraciones, absolver consultas, etc., a la vez hacen de juez de primera instancia.

El proyecto de ley plantea poder interponer el recurso de apelación directo al TAT sin necesidad de interponer el recurso de reconsideración, quedando opcional para bajar esta mora aún con la vigencia de los jueces tributarios.