La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha trabajado para su segundo informe sobre los delitos presuntamente cometidos por el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato con la documentación que el pasado 16 de abril se intervino en los registros que se realizaron en su domicilio, su despacho profesional y también en las oficinas de Sotogrande (Cádiz) de su asesor fiscal, Domingo Plazas. Pero no ha podido utilizarla toda.

De hecho, el informe de la ONIF en el que se apunta a que Rato cobró dos millones de euros en comisiones de proveedores de Bankia dice expresamente que para su elaboración no se ha utilizado ninguno de los documentos excluidos por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal.

Tras los registros y antes de inhibirse por segunda vez a favor de la Audiencia Nacional, el magistrado prefirió no correr ningún riesgo y prohibió a la Agencia Tributaria utilizar cuatro archivadores de los intervenidos en el domicilio del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y todos los documentos que se aprehendieron en Sotogrande.

¿Por qué? Por varios motivos, ninguno de ellos compartido por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Por eso, según fuentes jurídicas, ambas decidieron recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión el magistrado.

Entendían que toda la documentación intervenida debe poder ser examinada por los expertos para el esclarecimiento de los delitos fiscales y de blanqueo de capitales que se imputan a Rodrigo Rato.

Los cuatro archivadores intervenidos en el domicilio de Rato fueron excluidos por el magistrado porque en el acta de registro levantada por la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 35 -que fue el que actuó en funciones de guardia, antes de que el caso se repartiera y le correspondiera al 31- figura que se intervinieron 18 y no 22, como finalmente ocurrió. De ahí que el magistrado entienda que los cuatro últimos archivadores intervenidos no pueden ser estudiados.

Las acusaciones, en cambio, alegan en sus recursos que la diferencia se debe a una mera cuestión de volumen de la documentación intervenida que en el último momento hizo necesario utilizar más archivadores de los que se hicieron constar por escrito en el acta. De momento, los archivadores cuestionados ni siquiera se han abierto.

En cuanto a la documentación intervenida en el despacho del considerado socio de Rato, Domingo Plazas, el motivo por el que tampoco se ha utilizado es que cambió el domicilio social del bufete a Madrid unas semanas antes de que se solicitase la autorización judicial para proceder al registro. El cambio se formalizó a través de una escritura pública y ya constaba en el Registro Mercantil cuando se instó el registro, por lo que el magistrado Serrano-Arnal considera que la petición de Anticorrupción debía haberse hecho para el nuevo domicilio social en Madrid.

Información intervenida

Frente a este argumento, en sus recursos para tratar de tener acceso a toda la información intervenida, Fiscalía y Abogacía del Estado esgrimen que en el marco de una operación se puede registrar cualquier lugar, independientemente de que sea la sede social de una sociedad o no, siempre que en él se desarrolle al menos parte de la actividad que se pretende esclarecer.

Además, recuerdan que Plazas todavía no había comunicado a Hacienda el cambio de domicilio fiscal de la empresa, por lo que Sotogrande seguía constando como tal. En opinión de las acusaciones esta falta de comunicación blindaría la documentación intervenida frente a cualquier invalidación que se pudiera hacer del registro.

Cuando Domingo Plazas solicitó al juez -a través de la interposición de varios recursos- que no se utilizara la documentación intervenida en su despacho profesional argumentó que entre el material intervenido figuraban datos de otros clientes sin relación alguna con Rodrigo Rato y, por tanto, con las actuaciones. Además, se quejaba de que durante la operación no había estado presente el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, como, alega, marca el Estatuto General de la Abogacía cuando se trata de un registro en un despacho profesional.

Las fuentes consultadas restan trascendencia a estas manifestaciones y sostienen que es habitual realizar registros en bufetes. Explican que, aunque se intenta sólo retirar los documentos relacionados con el caso en cuestión, si posteriormente se comprueba que entre la documentación intervenida aparece algo ajeno se procede a su expurgo y no se incorpora a la causa. Además, en cuanto a la presencia del decano del Colegio de Abogados correspondiente, las mismas fuentes señalan que el Tribunal Supremo ya ha establecido en varias sentencias que se trata de "mera cortesía", pero en ningún caso supone un requisito imprescindible para evitar la ilegalidad del registro realizado.

Pendiente de estudio

Como el pasado 6 de agosto el juez Serrano-Arnal se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, conforme le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción unos días antes, será ese órgano judicial el que resuelva finalmente si estos documentos pueden ser estudiados, como plantean las acusaciones, o deben ser excluidos definitivamente de la causa, como alegan las defensas.

El envío de la causa al órgano judicial encargado de investigar los delitos de españoles cometidos en el extranjero se produjo precisamente a raíz de las conclusiones alcanzadas por la Onif en el informe elaborado gracias al estudio de la documentación intervenida.

En él se explica que las empresas de publicidad y comunicación Zenith Media y Publicis Comunicaciones España incrementaron de forma espectacular su facturación con Bankia coincidiendo con la llegada de Rodrigo Rato a la presidencia de la entidad financiera.

En el caso de Zenith pasó de facturar apenas 150.000 euros en 2010 a hacerlo por 24 millones en 2011 y 16, en 2012. Las cifras volvieron a bajar cuando Rato abandonó Bankia. La Onif ha detectado dos pagos de Zenith y Publicis que sospecha podrían haber pasado a engrosar el patrimonio personal de Rato. Se trata de uno de 1.244.000 euros y otro de 778.000. Fuentes de la investigación los relacionan con comisiones pagadas a cambio del aumento de contratación con Bankia.

Esos dos millones habrían ido a parar a manos del ex vicepresidente del Gobierno, a través de la sociedad de explotación de bienes inmuebles Albisa Inversiones y Asesoramiento bajo la apariencia de servicios que no se prestaron. Sólo se ha podido seguir claramente el rastro de 422.000 euros que fueron invertidos en el hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH de la que Rato fue administrador hasta el pasado mes de abril.

Para Anticorrupción las conclusiones de la Onif apuntan a la comisión de un delito de blanqueo cometido en el extranjero a través de dichas inversiones que se habrían llevado a cabo a través de Kradonara, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway, propiedad de Rato. En otras palabras, según el ministerio público, los flujos de dinero de Kradonara a Bagerpleta "tienen un presunto origen ilícito", procedente «de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal».

Aunque en su informe a favor de la inhibición, la Fiscalía aseguraba que "la instrucción a seguir por los juzgados centrales no guarda conexión entre este procedimiento y ningún otro que se tramita en la Audiencia Nacional", el juzgado Central Decano de la Audiencia Nacional envió los seis tomos de actuaciones el pasado viernes al Juzgado Central de Instrucción número 4, que ya investiga las otras dos causas en las que Rato está imputado. De esta forma se evitan duplicidades de actuaciones por los mismos hechos.

El juez Andreu investiga al ex vicepresidente en dos procedimientos: las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y el uso para gastos personales de las tarjetas black de los directivos.