La Cámara de Diputados rechazó gran parte del proyecto de ley del gobierno que busca mantener la relación laboral de trabajadores con empleadores y proteger las remuneraciones de los asalariados utilizando el seguro de cesantía. Esto ocurrió luego que la Comisión de Hacienda aprobara el texto.

Antes de llegar a esta instancia, el proyecto se discutió en la Comisión de Trabajo, instancia que la aprobó, pero los parlamentarios de oposición le hicieron varias indicaciones que no contaron con el respaldo del Ejecutivo y que durante la sesión gran parte no ellas no alcanzaron el quórum mínimo de 78 votos favorables.

Uno de ellas fue una indicación de las diputadas Karol Cariola (PC), Alejandra Sepúlveda (Ind.), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (Convergencia Social) que apuntaba a que en el caso de los trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual superior a $1 millón, se hará el cargo a su cuenta individual del seguro de cesantía. Mientras que para aquellos que perciban una remuneración bruta mensual inferior, las prestaciones serán financiadas con cargo al fondo solidario. Esta propuesta dista de lo presentado por el gobierno, ya que el texto original considera que primero se debe comenzar utilizando el componente individual del seguro de cesantía para luego usar el fondo solidario. Esto, de acuerdo al gobierno, se debe a que, si se utiliza la fórmula planteada por las diputadas, se estaría entregando recursos del fondo estatal a personas con ingresos altos desde el inicio. Este aspecto lo defendió el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.

Otro aspecto ampliamente debatido, y que fue objeto de algunas de las indicaciones, es la situación de los trabajadores a honorarios, que el proyecto despachado por el Senado no considera.

Al respecto, el Ejecutivo dijo que se están buscando alternativas para este grupo de trabajadores, que hoy no cotizan en el seguro de desempleo y que, por tanto, no podrían hacer uso del Fondo ni del sistema en sí. Pero, al no haber un compromiso explícito exigido por la oposición, concretamente, la firma de un protocolo de acuerdo político, no se llegó a consenso sobre el tema.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lamentó que el proyecto -que será visto en comisión mixta el martes- no llegara a buen puerto durante esta jornada, y tildó de “inconstitucionales” las indicaciones presentadas desde la oposición.

Con este proyecto, el gobierno busca solucionar el problema que generó el dictamen emitido el jueves por la Dirección del Trabajo, que señalaba que el toque de queda o cuarentena son hechos fortuitos o de fuerza mayor, decretados por la autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria.

Por ello, se añade que resulta necesario concluir que exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo. Esto es otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración por parte del empleador, y asistir a prestar los servicios convenidos por parte del trabajador.

Esto, porque en caso que la relación laboral se suspenda, el trabajador si bien no recibirá ingresos de parte del empleador, sí los recibirá acogiéndose al beneficio del seguro de cesantía y mantendrá la relación laboral, es decir, la empresa deberá seguir pagando las cotizaciones de seguridad social. La ministra precisó que la ley será retroactiva. Con esto el Ejecutivo espera contener la ola de críticas que hubo durante el día.

Bono por coronavirus

El Congreso despachó esta noche a ley el proyecto que apoya a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas, por el impacto económico que está generando el virus Covid-19. Uno de los puntos más debatidos en la tramitación fue el bono de $50 mil. Luego de varias conversaciones y negociaciones, se acordó ampliar la cobertura de este beneficio.

Originalmente, estaba dirigido a cerca de dos millones de personas que son beneficiarias tanto del Subsidio Familiar, como del Subsistema “Seguridades y Oportunidades”. Ahora se extenderá a aquellas personas correspondientes al 60% más vulnerable de la población, que no posean cargas familiares y que sean a la fecha beneficiarias de subsidios del Estado.

Con lo anterior, se eleva el número de beneficiarios a cerca de 2 millones 670 mil personas, lo que incrementa el gasto fiscal en US$43 millones de dólares, dejando el monto final en casi US$170 millones.