Su crítica a autoridades políticas y judiciales le pasó la cuenta al fiscal Christian Toledo, quien investigaba con dedicación exclusiva las bombas en el Metro. Fue separado de la causa, aunque desde septiembre estaba relegado a una segunda línea, tras sugerir en una entrevista que los errores del primer “Caso Bombas” se debieron a que el equipo persecutor -que integró su actual jefe, el fiscal regional Raúl Guzmán- se dejó presionar por el gobierno. A diferencia de esa investigación, la de ahora se ha ajustado a los protocolos legales, pero persisten serias dudas de que termine con condenas.

Casi tres meses debió esperar la Fiscalía para revisar el contenido de los computadores y celulares que incautó a los tres detenidos por los bombazos que en 2014 afectaron a las estaciones del Metro Los Domínicos y Escuela Militar, además del atentado a la Primera Comisaría de Carabineros. Recién en diciembre el Ministerio Público recibió la autorización judicial para abrir y analizar los archivos contenidos en los equipos requisados en el allanamiento del 18 de septiembre en la Villa San Matías de La Pintana. Durante el registro de la vivienda los aparatos fueron “levantados” como evidencia por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), se les asignó un código de cadena de custodia y se sellaron.

-Estuvieron todo ese tiempo bajo custodia de Carabineros y no se habían encendido. Cuando se obtuvo la autorización judicial, se empezó a revisar la información que tienen. Si los abríamos antes de eso, el juez los habría rechazado como evidencia -señaló a CIPER un integrante del equipo de la Fiscalía que trabaja en esta investigación.

Lo cuenta para resaltar las diferencias entre la prolijidad de esta pesquisa y las que se hicieron durante el primer “Caso Bombas” (2011-2012), el mayor fiasco del Ministerio Público y que culminó con la absolución de todos los imputados, dictamen que se basó principalmente en los graves errores en los procedimientos de Carabineros y de los fiscales para levantar y custodiar las pruebas, lo que originó que el tribunal desestimará las principales piezas de la investigación.

La cuidadosa fórmula indagatoria que se está aplicando ahora fue impuesta por un equipo de persecutores que inicialmente era liderado por el fiscal Christian Toledo, a quien se asignó dedicación exclusiva. Después de la humillación que sufrió el Ministerio Público en el primer “Caso Bombas”, Toledo había conseguido, trabajando en conjunto con el fiscal Héctor Barros, las condenas de dos acusados de detonar artefactos explosivos: Luciano Pitronello (seis años de libertad vigilada) y Hans Niemeyer (cinco años de presidio efectivo).

El fiscal Toledo encabezó la acción policial que culminó en las últimas Fiestas Patrias con el allanamiento en La Pintana y la detención de los tres imputados por los bombazos: Juan Flores Riquelme (22 años), Nataly Casanova Muñoz (26) y Guillermo Durán Méndez (25). El primero fue formalizado por los atentados en la estación de Los Domínicos, en el subcentro de Escuela Militar y en la Primera Comisaría. Su pareja, Nataly Muñoz, es imputada solo por la explosión en Los Domínicos. Y a Durán se le atribuye haber participado en la elaboración de bombas.

La exitosa operación le granjeó al fiscal Toledo el respeto de los equipos policiales que trabajan en el caso. Pero en los mismos días en que se ultimaban los detalles para ese procedimiento, comenzó a apagarse la estrella de Toledo.

El pasado 13 de septiembre, cinco días antes de las tres detenciones, la revista El Sábado, de El Mercurio, publicó una entrevista en la que Christian Toledo deslizó críticas a las autoridades políticas, al Poder Judicial y al equipo del Ministerio Público que actuó en el primer “Caso Bombas” y que en su última etapa fue integrado por el actual fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán. La entrevista fue duramente criticada tanto en La Moneda como en el Ministerio Público. Después de eso, Christian Toledo fue alejado del caso paulatinamente y las riendas las fue tomando el fiscal regional.

El jueves 22 de enero El Mercurio informó que al fiscal Christian Toledo se le retiró la exclusividad para trabajar en esta investigación por orden del fiscal Raúl Guzmán. Toledo se enteró el 31 de diciembre pasado, cuando fue notificado mediante un oficio suscrito por Guzmán. Aunque Toledo sigue nominalmente cumpliendo labores de apoyo, en los hechos esta fue su salida del caso. Su alejamiento, según consignaron diversas versiones de prensa, tomó por sorpresa al equipo policial que lo secundaba.

En La Moneda señalan que la decisión de sacar del caso al fiscal Toledo fue informada hace varias semanas al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y corroboran que el detonante de su salida fue la entrevista que dio a El Sábado. En ella, Toledo criticó la interpretación que ha primado en el Poder Judicial respecto de no aplicar la Ley Antiterrorista en los juicios por bombazos. También apuntó sus dardos a los políticos: los acusó de bajarle el perfil al tema cuando arreciaban los cuestionamientos al primer “Caso Bombas” y de haber cambiado de actitud recién tras las explosiones en el Metro.

–Hoy puede haber (en el mundo político) una mayor recepción, incluso a las mismas pruebas, para llegar a un resultado en que finalmente se condene -declaró el fiscal.

Pero las críticas que probablemente resultaron más decisivas para su salida fueron las que deslizó contra el equipo persecutor del primer “Caso Bombas”, el que fue liderado en la fase investigativa por el entonces fiscal regional Alejandro Peña y que, tras la renuncia de éste, fue encabezado en la etapa del juicio por su actual superior jerárquico: Raúl Guzmán. En su conversación con El Sábado, Christian Toledo sugirió que ese equipo había cometido errores porque se dejó presionar por las autoridades políticas y la opinión pública, lo que él no estaba dispuesto a hacer. La crítica también molestó en La Moneda, pues de los dichos de Toledo se puede interpretar que las actuales autoridades podrían interferir:

Durante diez años he trabajado de manera seria, no he cedido nunca a una presión y las decisiones que he tomado siempre han sido en base a los antecedentes que hay en la carpeta de investigación (…). Ya me preguntaron si podía asegurar resultados o decir los plazos para tener a personas detenidas (…). No puedo comprometerme a detener a alguien si no tengo las pruebas, y tampoco voy a pedir una orden de detención para una persona de la que no tenga certeza de que haya cometido el delito (…). Mañana podría detener a una persona equis, pero si no tengo la prueba para llevarla a un juicio, en un año más van a decir ¡otra vez!

-Ese es el gran aprendizaje del caso Bombas, ¿no?

-Sí, por eso digo. No voy a tomar ninguna decisión en base a lo que puedan opinar el gobierno o los políticos, o la opinión pública. Las decisiones que se van a tomar siempre van a estar basadas en lo que exista en la carpeta.

RESULTADOS INCIERTOS

Funcionarios del Ministerio Público y personeros del Ministerio del Interior destacan que en el lapso en que Toledo tuvo el control exclusivo de la investigación, el trabajo policial se planificó celosamente ajustado a los procedimientos legales, en contraste con el equipo que llevó el primer “Caso Bombas”. Las mismas fuentes aseguran que, una vez que Toledo pasó a un lugar secundario, esa directriz se mantuvo. No obstante, el estricto apego a los protocolos en los allanamientos y detenciones no asegura que este nuevo caso vaya a tener un desenlace distinto al del fallido “Caso Bombas”.

El 11 de noviembre pasado la Corte Suprema, en su primera intervención en esta nueva causa, acogió un recurso de amparo que anuló la realización de exámenes psiquiátricos y corporales a los tres imputados: Juan Flores, Nataly Casanova y Guillermo Durán. El dictamen reflotó los temores de la plana mayor de la Fiscalía y del Ministerio del Interior de enfrentar otra derrota al final del proceso.

Una de las preocupaciones del nuevo equipo de la Fiscalía, liderado por Raúl Guzmán -y que opera en sintonía con un grupo especial de ex fiscales y abogados reclutados por el Ministerio del Interior-, es que hasta el momento no se han podido comprobar nexos entre los tres imputados y grupos anarquistas o subversivos. El trascendido inicial de que uno de los detenidos estaba en la nómina de visitas de los ex lautaristas condenados por el asesinato del cabo Luis Moyano, resultó falso. No existe ese nexo. Y, hasta ahora, ningún otro. Probar, por tanto, que se trata de una “célula isla” sin conexión con otros grupos, constituye una dificultad extra.

-Es mucho más sencillo probar que una persona está inmersa en un contexto de relaciones con grupos antisistémicos, que demostrar que a un tipo se le ocurrió solo fabricar bombas y detonarlas en la vía pública. De partida, se acortan todas las posibilidades de tener testigos -comenta un funcionario del Ministerio del Interior.

En este escenario, los resultados de las pericias que se autorizaron en diciembre a los computadores y celulares de los imputados, se torna clave. Reconstruir el historial de navegación en internet de los imputados, así como los documentos que mantengan archivados, puede ser la única llave que los conecte con frentes anarquistas o con las acciones que se les imputan.

El panorama resulta aún más complejo para los persecutores debido a que, tal como lo confirmaron a CIPER en La Moneda, la investigación del bombazo mortal que detonó en el barrio Yungay con posterioridad a las detenciones de los imputados, no tiene, hasta ahora, ni una pista que pueda conducir a los responsables. La explosión ocurrió el 25 de septiembre -apenas una semana después de los arrestos de Flores, Casanova y Durán- y cobró la vida de la primera víctima inocente de bombazos atribuidos a anarquistas: Sergio Landskron Silva (29), un joven trabajador cuya adicción a las drogas lo llevaba a vivir por temporadas en la calle y que recogió el bolso que contenía la bomba.

La posibilidad de contar con una confesión o testimonio que incrimine a los acusados -quienes se acogieron a su derecho a guardar silencio- es menos que mínima. El único recurso posible es un trabajo prolijo y riguroso para periciar las evidencias recogidas. Según dijo a CIPER un miembro del equipo de la Fiscalía, el 95% de la evidencia que se puede obtener ya está en manos de los investigadores: “Toda la incautación que vas a tener para llevar al juicio es la que obtienes en el sitio del suceso (bombazos) y cuando se produce la detención en los allanamientos”.

El registro de la vivienda que compartían los imputados Juan Flores y Nataly Casanova, y en la que recibieron la visita de Guillermo Durán, se realizó a las 02:30 del 18 de septiembre. Participaron más de 200 efectivos del GOPE, Fuerzas Especiales y unidades de radiopatrullas. La casa fue vigilada sigilosamente durante cinco días.

Ya detenidos los tres moradores, los peritos del Labocar trabajaron por más de 12 horas -un lapso inusualmente extenso para estos operativos- levantando evidencia, siempre bajo la conducción de un fiscal. La idea era evitar el desorden que campeó en los allanamientos practicados por el ex fiscal Alejandro Peña en el primer “Caso Bombas” y que produjo serias fallas en las cadenas de custodia, lo que arruinó evidencia que apuntaba a Mónica Caballero y Francisco Solar como partícipes en la confección de bombas y en atentados. Ambos fueron absueltos por la justicia chilena en 2012 y detenidos en España apenas un año después, acusados de un atentado explosivo contra la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.

HORMIGUERO EN LA COMISARÍA

A pesar de lo que sostienen en el gobierno y en el Ministerio Público, a lo largo de esta nueva investigación no siempre ha reinado el orden y la rigurosidad procesal. Así lo comprobó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en la noche del pasado 11 de agosto.

El reloj apenas pasaba de las 23:00 cuando una llamada entró al teléfono de Aleuy. El subsecretario del Interior estaba en su casa, en Ñuñoa. Recién había puesto fin a una reunión con su equipo, por lo que la llamada no lo sobresaltó. Lo que sí consiguió alterarlo fue el tenor del mensaje: una bomba había explotado en las afueras de la Primera Comisaría de Carabineros, ubicada en pleno centro de Santiago.

Poco después le informarían que, en paralelo, un segundo artefacto detonó cerca de la 39ª Comisaría (comuna de El Bosque). Una media hora se demoró Aleuy en llegar al lugar de la primera explosión. Y lo que vio no le gustó.

La Primera Comisaría era un caos. Los efectivos corrían, las órdenes se cruzaban a gritos y el nerviosismo cundía. No había un mando claro. “Era un hormiguero donde nadie se entendía. Habían acordonado el lugar, pero los carabineros pasaban por encima de los restos de la explosión o recogían del suelo fragmentos del bombazo. Estaban alterando la evidencia y a nadie le importaba”, dice uno de los civiles que llegaron esa noche al cuartel.

Aleuy observó en silencio. Acompañado de un fiscal y del general director de Carabineros, Gustavo González Jure, el único instante en que demostró su contrariedad -con un evidente gesto de molestia- fue cuando le mostraron la grabación de las cámaras de seguridad perimetrales donde se veía a dos sujetos poniendo la bomba. Entonces, ante un atribulado general González, el grupo cayó en la cuenta de que los responsables de la explosión estuvieron al alcance de la policía. La explicación para no haber actuado de inmediato fue de comedia: el carabinero encargado de monitorear las cámaras se levantó para ayudar en un procedimiento en otra sección de la comisaría, justo cuando los individuos pusieron el artefacto.

Casi un mes antes, el 13 de julio, otro bombazo había sacudido un vagón del Metro en la estación Los Domínicos. Desde aquella fecha, en el comité de seguridad policial, que encabeza el mismo Aleuy, se había insistido a Carabineros que debía ceñirse estrictamente a los protocolos de investigación para no cometer los graves errores que en 2012 provocaron el fiasco del “Caso Bombas” y que convirtieron los 60 tomos de esa pesquisa en papel para reciclaje.

Después de tanta advertencia, la desprolija respuesta de Carabineros en el atentado a su principal unidad metropolitana fue un mazazo para Aleuy. Al día siguiente, el subsecretario le planteó al jefe policial su molestia por la actuación de sus subalternos.

El 8 de septiembre, una tercera explosión conmocionó a los santiaguinos. Esta vez el objetivo fue nuevamente el Metro: la bomba detonó en un basurero del subcentro comercial de la estación Escuela Militar. A un mes del atentado a la Primera Comisaría, la reacción de Carabineros fue diametralmente opuesta: el personal de servicio en puntos aledaños se movió hacia el epicentro del atentado, aisló de inmediato el lugar, prestó asistencia y preparó la evacuación de los lesionados, siempre cuidando no alterar el sitio.

El escenario de este tercer bombazo -que detonó a las 14:15, una hora de alta afluencia de público- fue entregado a los peritos del Labocar prácticamente tal como quedó tras la onda expansiva y la lluvia de esquirlas. Carabineros incluso impidió el acceso al propio subsecretario Aleuy y al alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza.

VILLALOBOS Y LOS “NIÑOS VIRTUOSOS”

Después de la explosión en el subcentro de la estación Escuela Militar, se produjeron dos cambios claves para el manejo de la investigación. El primero fue una reestructuración de Carabineros que aglutinó bajo un mismo mando tres áreas sensibles que antes funcionaban por separado: Inteligencia, Drogas y Crimen Organizado. El general Bruno Villalobos se hizo cargo de esta nueva dirección nacional.

El general Villalobos es un hombre de confianza de La Moneda. Se le menciona como posible sucesor del general González Jure en el mando institucional. Debutó dirigiendo el allanamiento del 18 de septiembre y, desde que ocupa el cargo, la información policial fluye con facilidad hacia la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

Lo segundo fue que el equipo de la Fiscalía también se reestructuró. Al fiscal con dedicación exclusiva, Christian Toledo, y al fiscal de apoyo, Claudio Orellana, se les agregó una “asesoría jurídica” a cargo de los fiscales Héctor Barros y Francisco Bravo.

“Se generó un grupo investigativo más amplio, que se reúne todas las semanas, que discute y resuelve las falencias”, señala un colaborador de ese equipo. El grupo lo encabeza el fiscal regional, Raúl Guzmán, desde que Toledo fue virtualmente separado de sus funciones.

En ese grupo, hay fiscales que “filtran” los avances de la investigación, aplicando los criterios que habitualmente manejan los jueces, a objeto de prevenir posibles fiascos durante las audiencias. Uno de los que juega ese rol es el fiscal Orellana: “Tiene un perfil más reflexivo y súper franco. Si a su juicio algo no pasa la prueba, lo dice con todas sus letras”, indica la misma fuente.

La “masa crítica” que diseña la estrategia de persecución penal se completa con el equipo que se formó en el Ministerio del Interior y que dirige el abogado Luis Correa Bluas. Representando al gobierno, este grupo actúa como querellante en el caso, solicitando diligencias que respaldan lo obrado por la Fiscalía. La decisión del gobierno de instalar este equipo, así como de facilitar presupuesto extraordinario al Ministerio Público para que financie fiscalías de dedicación especial, como la que opera en esta causa, es percibida por los persecutores como un espaldarazo a su gestión.

El grupo que dirige Correa Bluas cuenta con el apoyo de dos ex fiscales con experiencia en casos de crimen organizado: Ignacio Pinto y Víctor Santelices. A ellos se suman varios abogados, entre ellos una profesional que participó en el “Caso Bombas” y en el juicio por el asesinato del cabo Luis Moyano: Constanza Oyanguren. Además, Correa Bluas reclutó un grupo de jóvenes egresados de Derecho con altas calificaciones, al que hoy llaman “los niños virtuosos”.

DÉFICIT HISTÓRICO

Todos estos cambios, reestructuraciones y nuevas coordinaciones entre Carabineros, Fiscalía y Ministerio del Interior, buscan superar un déficit histórico que quedó al descubierto en el juicio del “Caso Bombas”: la falta de preparación de las policías y los fiscales para dirigir investigaciones complejas.

-En el control de detención (de los imputados Flores, Casanova y Durán) eso se notó. El fiscal pudo no hacerlos pasar por control de detención, una omisión que permite la Ley Antiterrorista. Simplemente pudo haberles informado y quedaban detenidos para investigar. No lo hizo, porque entendió que había un cuestionamiento al déficit democrático derivado del caso anterior -señala un funcionario del Ministerio del Interior.

Tres son los principales déficits de Carabineros que dejó en evidencia el primer “Caso Bombas”: estropear el sitio del suceso, desorden en el tratamiento de la evidencia (impericia en el levantamiento de las pruebas y fallas en la cadena de custodia) e ignorancia política e histórica de su personal de inteligencia.

Respecto de este último punto, uno de los momentos más bochornosos de ese juicio fue cuando uno de los jefes de Inteligencia de Carabineros no supo diferenciar anarquismo de marxismo.

La contaminación de la escena del crimen no ha ocurrido sólo en las investigaciones de bombazos. En la Fiscalía citan el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, ocurrido en enero de 2013, en La Araucanía, en medio del conflicto mapuche: “El Ministerio Público y Labocar llegaron cuando ya había 25 colillas de cigarrillos tiradas por los carabineros que llegaron primero. Entonces, no se puede cuestionar el trabajo de los fiscales y los jueces si la evidencia parte contaminada por fallas de la policía”.

En el juicio del primer “Caso Bombas” quedó demostrado que los peritos policiales modificaron de manera arbitraria el lugar desde el cual levantaron evidencia, lo que tuvo efectos desastrosos para la Fiscalía. Por ejemplo, un pendrive con documentos que incriminaban a Mónica Caballero -la anarquista ahora detenida en España- fue levantado supuestamente desde la habitación que la imputada ocupaba en la “casa ocupa” La Crotta. Pero en el acta de los peritos quedó consignado que fue recogido desde la biblioteca del inmueble. La inconsistencia entre ambas versiones determinó que el tribunal desestimara la prueba, decisión clave para la absolución de la acusada.

-Lo que tú hagas en los primeros 40 minutos (tras la explosión, los allanamientos o las detenciones) es súper relevante. Y ahí tenemos un déficit por falta de pericia, donde todos (Fiscalía, Carabineros y gobierno) somos responsables. La gente del FBI vino y compartió información y experiencia en estas materias. Es un trabajo relevante capacitar a las policías en estos temas. En La Araucanía, por ejemplo, ya se está haciendo ese trabajo con Carabineros -indica un funcionario de Interior.

Con los errores y las nuevas exigencias a la vista, el déficit policial más relevante es la falta de formación de sus efectivos de inteligencia. Así lo explica un funcionario de La Moneda que conoce bien la investigación de los atentados explosivos:

-La discusión sobre contar o no con agentes encubiertos, no es relevante. Preferiríamos tener más sociólogos, historiadores, gente que lea inglés, francés, que comprenda historia contemporánea y que sepa diferenciar los tipos de anarquismo. Tenemos déficit conceptuales y de rigor intelectual. En el primer “Caso Bombas” no tenían claro a quiénes tenían al frente; no diferenciaban entre anarquismo y antisistema. Al menos ahora se sabe que no estamos buscando veganos ni animalistas. Es relevante que Carabineros traiga información, pero más relevante es que la comprenda.

ADN, PÓLVORA Y BIP

Cuatro son las pruebas más importantes que presentó la Fiscalía para solicitar la formalización de Flores, Casanova y Durán: restos de ADN encontrados en un pedazo de la mochila que ocultaba la bomba que detonó en un vagón del Metro en Los Domínicos; el recorrido de una tarjeta BIP que supuestamente pertenecía a Flores y que lo sitúa en las estaciones Los Domínicos y Escuela Militar cuando se produjeron los atentados; las grabaciones de las cámaras de seguridad de las mismas estaciones, donde se aprecia a los sospechosos de haber colocado las bombas; y 650 gramos de pólvora negra que habrían estado enterrados en el patio de la casa donde fueron detenidos los tres acusados.

Un integrante de la Defensoría Penal indicó que todas las pruebas son circunstanciales y no acreditan que los imputados confeccionaron los artefactos explosivos y los hicieron detonar. Respecto de las grabaciones, la defensa insiste en que no es posible individualizar a las personas que aparecen en ellas. Y aunque la Fiscalía presentó una serie de análisis antropomórficos para probar que las imágenes corresponden a Flores y Casanova, esta parece ser la prueba más débil: ni los sujetos grabados ni los imputados tienen particularidades físicas (estatura, contextura, tatuajes, etc.) determinantes.

En cuanto a la tarjeta BIP que habría usado Juan Flores, la Fiscalía aseguró que llegó hasta ella por un trozo de una boleta de recarga que se recogió en la estación Los Domínicos tras el bombazo. En la Defensoría se dijo a CIPER que los acusadores deben probar que fue Flores el que efectivamente utilizó esa tarjeta.

Respecto de la pólvora incautada en el domicilio de Flores y Casanova, la defensa alegará que aún cuando se acredite que el explosivo estaba en la vivienda, no puede concluirse que es el mismo utilizado en los atentados. A lo más, se les podría procesar por tenencia de explosivos.

La prueba más crítica para los defensores son las muestras de ADN extraídas de los restos de la mochila en que fue trasladada la bomba que estalló en Los Domínicos. Aunque esa pericia todavía no es oficialmente informada, en la Fiscalía trascendió que el ADN es coincidente con el de Juan Flores y Nataly Casanova. Pero la Defensoría puede alegar que, aún cuando la mochila les pertenezca o haya estado en contacto con ellos, no está comprobado que alguno de los acusados la llevara cuando se produjo el atentado.

Lo que pueda aparecer en los computadores y celulares que comenzaron a ser revisados en diciembre, sigue siendo un misterio para ambas partes. Será probablemente el último eslabón donde puede aparecer material que incrimine de manera directa a los acusados.

EL GOLPE DE LA SUPREMA

Tras sopesar las evidencias que exhibió la Fiscalía en la audiencia de formalización, efectuada el 23 de septiembre pasado, el juez de Garantía René Cerda dictó prisión preventiva para Juan Flores y su pareja, Nataly Casanova. Para Guillermo Durán, se dispuso su arresto domiciliario nocturno, puesto que sólo se le acusa de tenencia ilegal de explosivo. Seis días después (29 de septiembre), la Corte de Apelaciones enmendó la decisión del juez Cerda y le impuso a Durán el arresto domiciliario total. Finalmente, el magistrado Cerda dio un plazo de 10 meses para que el Ministerio Público desarrolle la investigación, el que se cumple en julio próximo.

Hasta ahora, los tres acusados han rehusado declarar, amparados en su derecho a guardar silencio. El Ministerio Público solicitó entonces, que el juez autorizara exámenes psiquiátricos y sicológicos a los detenidos, además de pruebas antropomórficas y revisión de tatuajes. Cerda los autorizó, pero el 11 de noviembre la Corte Suprema anuló su decisión, acogiendo un recurso de amparo de los imputados. La Corte estimó que el juez no fundamentó su dictamen y afectó el derecho de los imputados a guardar silencio.

En el Ministerio del Interior apoyarán a la Fiscalía para que insista en las pericias antropomórficas y de tatuajes, mientras la Defensoría seguirá oponiéndose: “No hay ninguna evidencia que hable de tatuajes, por lo que es innecesario y atenta contra la dignidad del ser humano”.

N. de la R: El texto de este reportaje fue modificado el martes 3 de febrero de 2015 a las 19:30