Cuando el nombre del presidente Mauricio Macri apareció junto a los de otros líderes de buena parte del mundo –políticos, empresarios, deportistas- mencionado en una investigación sobre sociedades offshore ligadas a un estudio de Panamá, el Gobierno se apuró a aclarar que la participación accionaria en esa empresa era exclusiva de su padre, el empresario Franco Macri, y que por eso el actual jefe de Estado nunca la había mencionado en sus declaraciones juradas.

Según los datos del Panamá Papers –una investigación internacional en la que en la Argentina colaboraron periodistas del diario La Nación y Canal 13-, Macri figuró como vicepresidente de Fleg Trading Ltd., una compañía con sede en Bahamas creada en 1998 y que habría funcionado hasta 2009.

Las dudas sobre si debería haber declarado o no ese cargo están vinculadas a dos aspectos: por un lado, si tenía o no participación accionaria; por el otro, si aún sin participación en la sociedad estaba obligado a informar el cargo que había tenido.

Hay dos normas a revisar: el Régimen de Presentación de DDJJ de la Ley de Ética Pública (dado que Macri fue diputado entre 2005 y 2009) y la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires (dado que desde 2009 fue jefe de Gobierno de la Ciudad).

Tanto en uno como en otro caso, está claro que en su DDJJ debería haber incluido su vínculo con Fleg Trading si era accionista, pero el Gobierno aduce que no lo era.

A nivel nacional, el artículo 2 bis del régimen de Presentación de DDJJ incorpora desde el año 2001 la obligación declarar “todas las actividades laborales o cargos retribuidos o no” que el sujeto obligado a presentar una declaración jurada desempeñe en ese momento o “haya desempeñado dentro de los tres últimos años".

Pero –en un punto cuestionado por algunos especialistas- limita esa obligación especifica a “todo funcionario de la Administración Pública Nacional, no elegido por sufragio universal”, lo que excluiría tanto al presidente como al vice, los diputados y los senadores.

En la Ciudad, en tanto, la Ley de Ética Pública estipula en el punto 10 que “las personas alcanzadas por el presente Capítulo (el jefe de Gobierno, entre muchos otros) se encuentran obligadas a declarar, ante las dependencias de personal o de recursos humanos respectivas, cualquier otra actividad, empleo o función que desempeñen”. Pero la ley es de 2013, cuando, se supone, Fleg ya no operaba.