168 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2018, según informó la Defensoría del Pueblo. Y en apenas diez días de 2019 ya han sido asesinados Gilberto Valencia, Wilmer Miranda, Antonio Gutiérrez, Wilson Pérez, Maritza Quiroz y José Solano. Un desesperante goteo de nombres y cifras que se van acumulando y pronto desaparecen en una nebulosa de conjeturas, verdades a medias, silencios burocráticos, chismes y hasta hipótesis grotescas como la del ministro de Defensa, quien declaró hace unos meses que a los líderes sociales los estaban asesinando por “líos de faldas”.

En las calles de las ciudades de Colombia, un país predominantemente urbano, casi nadie sabe con exactitud qué son o qué hacen los líderes sociales en las regiones y mucho menos por qué los están matando. La calculada dispersión narrativa y las dudas que el propio discurso oficial arroja sobre estas personas no son precisamente el mejor estímulo para la solidaridad y la acción colectiva. Y es así como, día tras día, se va normalizando el horror. Mañana matarán a Pedro, pasado mañana a Fermina, el viernes a otro Wilson, el domingo a otro Pedro.

Hay algo tristemente irónico en el hecho de que muchas de las fotografías difundidas tras los asesinatos muestran a estas personas en situaciones de alegría cotidiana. A Maritza Quiroz la vemos alimentando a sus ovejas, aferrada a un ramillete de hierbas medicinales o desgranando una mazorca, siempre con los ojos cansados del que ha visto demasiado y, sin embargo, le sonríe al futuro. ¿Quién querría asesinar a una mujer indefensa de sesenta años, desplazada por la violencia paramilitar, líder de las mujeres afrodescendientes y reclamante de tierras?

¿Qué clase de amenaza representaba Maritza Quiroz para quienes dieron la orden de matarla en su parcela, delante de amigos y vecinos?

Parte de la respuesta se encuentra en la denominación de líder social, o mejor, en lo que ese opaco sintagma no deja ver con claridad y es que los líderes sociales son en realidad creadores o sanadores de los territorios. Esa palabra, territorio, debe entenderse como una construcción intelectual, ecológica, política, cultural, donde las alternativas económicas están ligadas a unos usos responsables de la tierra y los recursos.

El concepto de territorio que, con sus diversas prácticas, han elaborado las comunidades campesinas, afrocolombianas o indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional es la principal amenaza para los intereses de una serie de actores tradicionalmente violentos: disidencias de las Farc, minería ilegal, clanes del narco, paramilitares y el viejo latifundio semiproductivo, que cuenta con una nutrida y poderosa representación en el gobierno actual. Más allá del intrincado relato de complicidades, conflictos, recelos o pugnas que puedan surgir entre estos actores, todos ellos comparten el rechazo a la noción popular y plebeya de territorio, hecha desde abajo por gente como Maritza Quiroz o José Solano, que, según recuerda la ecóloga Úrsula Jaramillo Villa en su cuenta de Facebook, “tenía en la cabeza el registro de todos los proyectos que se han hecho en la región, y recordaba minuciosamente por qué habían tenido éxito o fracaso. Tenía absolutamente claro el efecto catastrófico que la minería ilegal ha tenido sobre su comunidad, devastándola particularmente a través de los jóvenes que son seducidos con dinero fácil y prostitución.”

Quienes ordenan estos asesinatos buscan destruir las ideas, el conocimiento, la experiencia, en definitiva, el futuro de las comunidades, pues consideran que la misma noción de territorio y sus usos plebeyos representan un obstáculo que debe ser eliminado.

Para todos estos actores violentos, las comunidades no son más que un gran banco de cuerpos, asimilable solo como mano de obra barata, brazos armados desechables o a través de la explotación sexual; capital humano forzoso para un contexto económico y político que el antropólogo José Antonio Figueroa ha descrito como un capitalismo lumpen, basado en la administración de la muerte y donde el predominio de la acumulación primitiva y el despojo cancela cualquier horizonte modernizador y sustentable. Eso por no hablar de la catástrofe medioambiental.

Tampoco es casual que muchos de los líderes asesinados hayan participado de una u otra forma en los procesos locales derivados de los Acuerdos de Paz firmados entre el anterior gobierno y la guerrilla de las Farc: las comunidades rurales de todo el país saben que la implementación de esos acuerdos significaría un impulso para la consolidación de sus proyectos territoriales.

Por su parte, el gobierno de Iván Duque no parece tener una idea clara sobre lo que debe hacer con los Acuerdos. Obligado por los compromisos internacionales, ha anunciado que seguirá adelante con la implementación, mientras la presión interna, en especial la que proviene del gran latifundio ganadero y el ala dura del uribismo, que no ha ocultado su deseo de “hacer trizas” los Acuerdos, tiende a paralizar todas las iniciativas institucionales emprendidas por la administración anterior para llevar la paz –es decir, una presencia estatal integral- a todas las regiones.

Por desgracia, tras el atentado a la Escuela de Cadetes y la consecuente ruptura de negociaciones con el ELN, el escenario de la implementación es aún más incierto. Con sus recientes alocuciones, Iván Duque, hasta ahora insustancial y errático en cada amague de hacer creíble su rol presidencial, reactivó en pocas horas la vieja lógica del enemigo interno y la amenaza terrorista, algo que en Colombia suele venir acompañado de una escalada de violencia estatal y paraestatal, como se puede comprobar sin esfuerzo en los informes elaborados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Todo hace prever que la ambigüedad del discurso oficial seguirá siendo cómplice del capitalismo lumpen y su macabra economía de exterminio.

En definitiva, el peor de los mundos para ser un líder territorial.

Juan Cárdenas es escritor colombiano