La forma como la ideología impidió acciones preventivas más temprano en México lo da una historia que, vista ahora desde la distancia, es una de las grandes esperanzas del mundo para enfrentar el coronavirus y reducir el número de fallecimientos. Es la de los Laboratorios Abbott, una empresa centenaria fundada en Chicago, cuyo jefe de científicos es Richard Roberts, premio nobel de medicina en 1993, que desarrolló una prueba para detectar el Covid-19 en cinco minutos, y que se ha convertido en la quimera del coronavirus.

Dos días después de iniciar con éxito las pruebas críticas de su dispositivo, sus representantes tocaron las puertas de la Casa Blanca y de la Secretaría de la Salud de México para ofrecerla.

En Washington, las credenciales del laboratorio y de Roberts abrieron las puertas. Les presentaron un documento de 14 páginas para explicarles su dispositivo de rápida detección molecular del Covid-19, desarrollado a partir del estudio de los pacientes en Wuhan, la ciudad china donde estalló la pandemia, a finales de diciembre pasado. En Estados Unidos, fueron evaluados y aprobados. La Administración de Alimentación y Medicamentos, responsable de la salud pública en ese país, aprobó su descubrimiento y le permitió, desde esta semana, comercializarlo.

En México, el mismo documento de 14 páginas se entregó en la Secretaría de Salud. Al día siguiente, se le dijo a su emisario que no estaban interesados. No hicieron una sola pregunta, una sola observación, una sola crítica. Ni siquiera preguntaron lo menos importante, cuánto costaría, porque incluso el laboratorio estaba dispuesto a, prácticamente, regalarle las pruebas al gobierno mexicano. La indiferencia fue total. Ningún gobierno estatal podía siquiera hacer el intento de adquirirla, como lo hizo cuando menos una entidad, porque la Secretaría de Salud les prohibió adquirir pruebas.

El argumento es que no estaban autorizadas por Cofepris, pero había más de fondo. Un alto funcionario de la Secretaría de Salud se lo confió a un funcionario en uno de los hospitales públicos, cuando se sugirió que el gobierno podría hacer las pruebas que se necesitaran para hacer una detección temprana del virus. No iban a autorizar su fabricación porque contravenía la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no quería pruebas en la población, porque no creía que la pandemia fuera real. Su actitud pública, negando la realidad que planteaba la Organización Mundial de la Salud y la cifra de contagios y muertes que producía el virus en Asia y Europa, eran una demostración que no necesitaba orden para que dentro de un gobierno éticamente deficitario, por no atreverse a decir al Presidente lo que piensan en realidad, se acatara su deseo.

Por las mismas razones, aparentemente, no se adquirieron insumos. Un ejemplo fueron las mascarillas de aislamiento N95. Mientras el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero designado para la pandemia, reiteraba que no eran necesarios los cubrebocas, cuando menos ocho gobiernos estaban haciendo pedidos de mascarillas N95 a los fabricantes en Estados Unidos, que producían 500 mil al día cada uno y no se daban abasto. Lo mismo hicieron con respiradores y con medicinas que estaban dando resultado en los países donde se aplicaban. En México, el gobierno estaba en una cosmogonía diferente, metafísica, no científica.

López Obrador pidió a los líderes del G-20, en una cumbre virtual, que se debía garantizar el acceso a los equipos médicos, y urgió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para evitar la escasez y el acaparamiento de insumos. El Presidente llegó muy tarde a ese puerto.

Las N95 se agotaron cuando en México prevalecía el discurso de que no servían las mascarillas simples, pese a la evidencia que el uso de ellas en Corea del Sur, Japón, Singapur y Hong Kong, ayudaron a achatar la curva de crecimiento del contagio. Todavía hoy en día, no hay medidas de apoyo a la población con mascarillas simples y gel gratuito en los sistemas de transporte colectivo, utilizados por miles de personas que tienen que salir a las calles para comer ese día.

El gobierno apenas autorizó el viernes pasado la compra de insumos y equipos médicos de manera expedita, en donde pudiera encontrarlos porque en México no los hay. El Presidente anunció que se habían adquirido cinco mil ventiladores de China, reconociendo indirectamente que las estimaciones de sus expertos en salud, que afirmaban que México estaba preparado para la pandemia, eran incorrectas. Días antes de que se emitiera la orden, en una acción ilegal –porque no había ley o decreto de por medio– y desesperada, autoridades federales recorrieron la calle de Motolinia, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se venden al menudeo equipos médicos, para decomisar ventiladores.

La tardía reacción en equiparse y prepararse para el Covid-19 está directamente asociada con la negación de López Obrador a la realidad de la pandemia y a su resistencia a prepararse. El caso de las pruebas desarrolladas por los Laboratorios Abbott es una muestra de esa actitud displicente y negligente. Rechazar la propuesta sin siquiera buscar profundizar en ella, habla enormemente de las manos en las que descansa la salud de la nación. No había interés en nada de ello, ni querían contrariar al Presidente.

Desde la semana pasada, los Laboratorios Abbott están produciendo 50 mil pruebas al día, y enviando decenas de miles a quienes las solicitan, bajo la autorización del gobierno estadounidense de emergencia, que redujo el trámite burocrático por 12 meses. La semana pasada, el presidente Trump hizo un reconocimiento a la empresa y dijo que la llegada de ese dispositivo molecular era “todo un nuevo juego” en la lucha contra el coronavirus. En México la ignoraron. La oportunidad, una vez más, se perdió.