En la película de 1991 Acción judicial233, Gene Hackman es un abogado que representa a la víctima de un accidente de automóvil provocado por un defecto de fabricación. Durante la trama, descubre que el fabricante conocía la existencia del fallo, que además era masivo, pero decidió no comunicárselo a sus clientes.

La historia nos presenta la figura del garbanzo contador234 -traducción libre de lo que en la versión original denominan bean counter o contador de alubias-. Se trata del empleado al que se encomienda la misión de decidir si se informa a los consumidores de un problema detectado en productos que ya están en el mercado y se garantiza su retirada y la devolución del dinero, sustitución o reparación, o si a nivel de probabilidades resultará más económico guardar silencio a la espera de que una parte de las víctimas interponga demandas y se negocien acuerdos económicos con ellas o se pague sólo a las que ganen los litigios.

El garbanzo contador puede jugar igualmente el papel de evaluar cuáles serían las consecuencias de incumplir compromisos publicitarios o contractuales e incluso de lanzar campañas pretendidamente engañosas o introducir cláusulas abusivas en los contratos. Es lo que también podría bautizarse como Departamento de Innovación en Fraudes.

En la película 'Acción judicial', un empleado de una automovilística había calculado que saldría más barato pagar a las familias de muertos y heridos en accidentes que reparar todos los coches que tenían un defecto masivo de fabricación. | Imagen: 20th Century Fox.

En España, defraudar a los consumidores tiene tan poco riesgo que hasta un becario puede encargarse de contar los garbanzos. Tras casi cuarenta años de democracia, el ADN de los españoles todavía no incorpora la cultura de la reivindicación de sus derechos como consumidores. El porcentaje de ciudadanos que denuncia los fraudes que sufren es muy bajo y la mayoría no sabe qué hacer cuando la empresa hace oídos sordos o le da un no por respuesta.

Por otro lado, los políticos responsables de aplicar las leyes de protección de los consumidores viven en la inopia. Cuanto mayor es el fraude, más barato resulta cometerlo. Hay timos que reportan beneficios millonarios y si por un casual se produce una multa, el importe es similar al que le cae a la tintorería de la esquina cuando se niega a indemnizar a un cliente por devolverle un abrigo nuevo tras dejarlo más deteriorado que Haley Joel Osment235.

Las autoridades de consumo del Gobierno y las comunidades autónomas son como dieciocho malos futbolistas incapaces de jugar en equipo. Cuando tienen que actuar ante un fraude, no hacen más que pasarse la pelota unos a otros o lanzarla fuera del campo, sin atreverse a disparar a puerta o chutando flojito, impresionados porque el portero es una estrella internacional que gana millones y está protegido por defensas que antes estaban en el equipo contrario: expresidentes, exministros y otros altos cargos, muchos de los cuales no tenían escrúpulos en gobernar aceptando la compra de partidos.

Las competencias en materia de consumo en el Gobierno de España están en manos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que cuenta con una Secretaría General de Sanidad y Consumo y un organismo, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Las competencias para imponer sanciones económicas por vulneración de la legislación de defensa del consumidor están exclusivamente en manos de las comunidades autónomas.

Un fotograma de 'El sexto sentido'. | Imagen: Buena Vista Pictures.

Pero Sanidad y la Aecosan no impulsan y coordinan medidas de forma sistemática y eficaz con las comunidades para que éstas tramiten las denuncias y multen a las empresas que incurren en fraudes de los que son víctimas consumidores de todo el país. Y, salvo casos anecdóticos, el Ministerio y la Agencia tampoco ejercen sus competencias para instar a las empresas al cumplimiento de la legislación de consumo y llevarlas a los tribunales si se niegan a hacerlo.

En el caso de las comunidades autónomas, son lentas porque carecen de recursos, pero además suelen eludir sus competencias sancionadoras. Son muchas las denuncias en las que la autoridad de consumo autonómica de turno las deriva a otra administración o insta a los denunciantes a acudir a los tribunales. Y cuando aplican multas, las cuantías son muy reducidas y además raras veces las hacen públicas, con lo que a efectos reales, acaban protegiendo más los intereses del defraudador que los de los usuarios afectados.

Así que cometer abusos contra los consumidores suele salir extraordinariamente rentable a las empresas, incluso cuando las pillan. Para muestra, un botón. La presión de FACUA provocó que, en 2016, la Junta de Andalucía cumpliese por fin su ley de defensa de los consumidores y se convirtiese en la primera comunidad autónoma en publicar una relación de las multas impuestas por su autoridad de consumo -con los nombres de las empresas y sus importes-, pese a las reticencias que llegaron a mostrar en el Parlamento236 tanto el partido del Gobierno, el PSOE, como PP y Ciudadanos. De las 2.464 sanciones resueltas en firme durante el año anterior, el importe medio se redujo a 644 euros237. Casi nueve de cada diez multas -el 87%- no superaron los 1.000 euros y la sanción más alta no pasó de los 30.000 euros.

Las multas más altas, ridículas

Desde la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en 1984 y sus posteriores versiones autonómicas, la multa más alta impuesta a una empresa por vulnerarlas nunca ha alcanzado los mil millones de euros. Ni los cien. Vaya, ni siquiera se ha rebasado la barrera de los diez. Lo máximo han sido los 6,23 millones238 con los que la Junta de Andalucía sancionó a Telefónica en 2016 por la subida de tarifas de Movistar Fusión tras la denuncia interpuesta por FACUA al incumplir la promesa de que las mantendría "para siempre". La cifra se alejó mucho de los más de 70 millones obtenidos por la compañía hasta entonces como beneficio ilícito en Andalucía por esa subida, a las que siguieron varias más.

El segundo lugar en este podio de (mini)multas récord lo ocupa Unicaja: 3,15 millones239 en 2017 aplicados por la Junta de Andalucía por sus cláusulas suelo. Todo un regalo, teniendo en cuenta que el expediente sancionador sólo valoró el dinero defraudado a poco más de 500 usuarios que habían presentado reclamaciones ante la autoridad autonómica de consumo y no a los miles y miles de andaluces que firmaron hipotecas trampa con la entidad.

La tercera multa de mayor importe fue de 2,9 millones240, impuesta a Movistar por la Comunidad de Madrid en 2007 por el redondeo al alza en la facturación de las llamadas, otro fraude denunciado por FACUA que cada año reportaba a las compañías de móvil más de mil millones de euros. El importe equivalía a lo que recaudaba la empresa en un par de días con el redondeo. También se sancionó a Vodafone y Orange, con cantidades aún más bajas.

Y por debajo de esas tres, ninguna sanción ha rozado siquiera los 3 millones de euros. Hubo una de 2,4 millones241, que impuso la Xunta de Galicia a Big Tours, filial de la promotora Doctor Music, que organizó en 2009 un concierto de Bruce Springsteen en el auditorio del Monte do Gozo (Santiago). El Instituto Galego de Consumo recibió unas 770 reclamaciones de asistentes por el desastre organizativo que provocó el colapso a la entrada del recinto, al que muchos usuarios no pudieron acceder mientras veían cómo se colaban otros que no llevaban entradas. Pero tras el recurso de la empresa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia redujo la multa a 700.000 euros242, cantidad que fue ratificada posteriormente por el Supremo.

Así que hasta la fecha, el auténtico cuarto puesto en el ranking de las minimultas de las autoridades de consumo lo ocupa Endesa, sancionada por la Junta de Andalucía con 1,6 millones243 por haber defraudado alrededor de 400 millones en la comunidad autónoma durante una década al haber subido unilateralmente la potencia contratada a cientos de miles de usuarios.

Las autoridades de consumo de las comunidades tienen capacidad para imponer multas que incluyan entre una y diez veces -según la ley autonómica de la que se trate- el importe del beneficio ilícito obtenido o del valor de los bienes o servicios objeto de infracción. Pero la realidad es que sus sanciones son habitualmente mucho más reducidas que las que -con cifras que tampoco son para tirar cohetes- aplican otros organismos, como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La mayor multa impuesta por un organismo en España a una empresa ha sido de 118,3 millones de euros244. Se produjo en 1999 contra el chiringuito financiero Transworld Financial Services. El Ministerio de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo sancionó por desarrollar actividades de inversión en bolsa sin tener autorización para ello.

La segunda en el top es Renfe, multada con 65 millones245 en 2017 por la CNMC -se trata de la sanción de mayor importe impuesta por este organismo-. El motivo, haber puesto trabas a sus competidores en el tráfico de mercancías en tren, una infracción con la que obstaculizó el proceso de liberalización de este mercado que España inició en 2005 y provocó el consiguiente encarecimiento de los productos que se transportan por ferrocarril.

Y en tercer lugar, Movistar, a la que le cayeron 44,5 millones en 2012 por incurrir junto a Vodafone y Orange en abuso de posición de dominio al aplicar precios excesivos en el servicio mayorista prestado a los operadores móviles virtuales -los que no disponen de red propia- por el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) en el ámbito nacional. Pero estas tres multas a las telecos fueron anuladas246 por la Audiencia Nacional en septiembre de 2017.

En cuanto a las multas impuestas por la Comisión Europea, en el número 1 del ranking está Google desde 2017, con 2.400 millones247, por abuso de posición dominante al favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador. La cifra es más del doble de los 1.060 millones248 que tuvo que pagar la hasta entonces invicta Intel, multada en 2009 por abusar también de su posición dominante, en este caso para expulsar a sus rivales, especialmente a AMD, del mercado de microprocesadores -a finales de 2017, la multa estaba aún pendiente de los recursos de la empresa ante la justicia europea-.

La tercera multa más alta aplicada por Bruselas fue de 899 millones249 y data de 2008. La agraciada fue Microsoft, en este caso por cobrar un precio excesivo por la información suministrada a sus competidores para que pudiesen fabricar productos compatibles con su sistema operativo Windows.

Y para encontrar la sanción económica más alta impuesta a una empresa en todo el planeta tenemos que ir a EEUU. En 2017, el Tribunal Federal de Detroit (Míchigan) ratificó el acuerdo alcanzado entre Volkswagen y el Departamento de Estado confirmando una multa de 2.800 millones de dólares250 por el caso del fraude de las emisiones contaminantes en sus vehículos diésel, que manipuló a nivel mundial a través de un software que falseaba los índices de óxidos de nitrógeno (NOx). Puede considerarse la más elevada de la historia si se le suman los 17.500 millones de dólares que la multinacional acordó destinar para compensar a los consumidores y concesionarios afectados251 en EEUU, y el pago de 4.700 millones en programas para mitigar la contaminación del aire de estos vehículos y en inversiones en tecnología de vehículos verdes. En total, unos 25.000 millones de dólares.

En segundo lugar, los 16.650 millones de dólares252 de multa que Bank of America acordó en 2014 con el Departamento de Justicia de EEUU, otras agencias federales y los gobiernos de seis estados para zanjar el expediente abierto por la comercialización de hipotecas basura o subprime -concedidas a usuarios con ingresos falsificados-. La cantidad equivalía a sus beneficios brutos del año anterior. La sexta parte se abonaría en efectivo y el resto mediante medidas de asistencia a los consumidores consistentes en la refinanciación de las hipotecas, la condonación de parte de la deuda en determinados casos así como inversiones en la estabilización de los vecindarios e iniciativas en apoyo de comunidades urbanas en riesgo de deterioro.

Las hipotecas basura, comercializadas por numerosos bancos, fueron activos tóxicos que en este caso vendieron Countrywide Financial y Merrill Lynch antes de que Bank of America comprase ambas entidades en 2008 en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, provocada ante el impago por parte de multitud de familias y que derivó en la crisis financiera. El Departamento del Tesoro tuvo que inyectar posteriormente a Bank of America 45.000 millones de dólares para que pudiese mantenerse a flote.

Y en el tercer puesto, la multa de 13.000 millones de dólares253 que acordó pagar en 2013 el banco neoyorquino JPMorgan Chase & Co con el Departamento de Justicia estadounidense. Más de la tercera parte se destinarían a indemnizar a las familias víctimas de sus hipotecas basura. La cuantía de la sanción no alcanza lo que la empresa afectada gana en un trimestre.

Imagen: Metro Goldwyn Mayer.

Aquí van cuarenta y dos indignantes multas impuestas por autoridades autonómicas de (des)protección al consumidor a lo largo de la última década como consecuencia de denuncias presentadas por FACUA.

1. Las cláusulas suelo y la fuerza de Susana Díaz. "Lucharé254 contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas", dijo la presidenta de la Junta de Andalucía en uno de sus mítines de las Elecciones Autonómicas de 2015. A algunos les sonó tan convincente como Scarlett O'Hara clamando aquello de "a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre". Pero tras lograr que el PSOE volviese a gobernar la comunidad en solitario -por séptima vez desde 1982-, Díaz debió quedarse sin fuerzas, porque el expediente sancionador que había abierto desde la autoridad de consumo su exsocio de gobierno, Izquierda Unida, quedó prácticamente en el olvido. Se ve que las reuniones que la presidenta venía manteniendo con los principales banqueros del país no tenían como objetivo precisamente advertirles de que estaban cometiendo un fraude masivo de decenas de miles de millones de euros. Como consecuencia de las reivindicaciones de FACUA, que había denunciado a 20 entidades, el tema llegó al Parlamento, donde Díaz acabó anunciando, a comienzos de 2017, que finalmente sí multaría a los bancos. Eso sí, la suma de todas las sanciones no alcanzó los 12 millones de euros. De esta colección de micromultas, el record más vergonzante está en la que regaló a Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid: 489.000 euros que según la Junta incluían el "comiso del beneficio ilícito obtenido", cifrado en 59.762 euros al basarse únicamente en las diez denuncias de usuarios que su autoridad de consumo había recibido el año anterior.

2. En la segunda mitad de 2017 la Junta de Andalucía hizo públicas multas contra ocho bancos por sus cláusulas suelo. Se trataba de menos de la mitad de las entidades que habían colado en sus hipotecas esta cláusula, declarada abusiva por su falta de transparencia. Es una incógnita si sancionó a más entidades, ya que habitualmente la Junta sólo da a conocer las multas por fraude a los consumidores cuando superan los 400.000 euros y, por ello, tienen que ser aprobadas por su Consejo de Gobierno. Las cuantías de las ocho sanciones fueron, en todos los casos, de auténtica vergüenza255: todas incluyeron el comiso de los supuestos beneficios obtenidos ilícitamente, pero en vez de calcular las cuantías sobre la totalidad del dinero defraudado con las hipotecas de las entidades en Andalucía, la Junta hizo trampas y únicamente tuvo en cuenta las de los pocos cientos de usuarios que habían presentado sus denuncias ante la autoridad de consumo en fechas recientes. Al difundir públicamente las multas, el Gobierno andaluz hizo como que nunca había recibido las denuncias de FACUA, en las que se reclamaban multas proporcionales a las dimensiones de estos macrofraudes. Otra de las sanciones recayó sobre BBVA: 817.445 euros, de los que 139.945 representaban el comiso del supuesto beneficio ilícito.

3. La multa que le regaló la Junta de Andalucía al Sabadell por sus cláusulas suelo fue de 836.202 euros, de los que 336.202 euros eran, supuestamente, las ganancias fraudulentas que había obtenido.

4. A la Caja Rural de Granada, sus cláusulas suelo le costaron sólo 1,17 millones de multa, de los que 570.026 euros suponían el beneficio ilícito según la calculadora trucada de la Junta.

5. La multita que le cayó a Cajasur Banco por sus cláusulas suelo fue de 1,12 millones, en los que se incluían 498.000 euros en concepto de comiso de los beneficios ilegales, cuyo criterio de valoración incluía el consabido margen de error de nosecuantosmilesporciento.

6. Para Banco Mare Nostrum (BMN), la multa andaluza fue de 1,58 millones, de los que 886.000 euros eran el beneficio ilícito calculado.

7. La microsanción de la Junta a Caixabank fue de 2,4 millones. De ellos, 1.997.182 euros representaban el comiso de las cantidades defraudadas, pero sólo a los 352 usuarios que habían presentado denuncias ante la autoridad de consumo andaluza.

8. Y el banco al que Andalucía impuso la mayor multa por sus cláusulas suelo fue Unicaja256: 3,1 millones. El beneficio ilícito calculado fue de unos 2,5 millones. Todavía resuenan las carcajadas de sus directivos.

9. Movistar y las tarifas que mantendría "para siempre". En septiembre de 2012, Telefónica lanzó al mercado Movistar Fusión, una serie de ofertas integradas de telefonía fija, móvil, televisión e internet. Uno de los reclamos de su publicidad e información comercial era que mantendría los mismos precios "para siempre". Pero a comienzos de 2015, tras haber logrado que alrededor de 4 millones de usuarios contrataran estas tarifas, la multinacional decidió aplicar una subida. Andalucía fue la primera -y una de las pocas- comunidades que impuso una multa, a finales de 2016. El importe, 6,23 millones de euros257: 870.000 por haber incurrido en publicidad engañosa y cláusulas abusivas más el comiso de 5,36 millones, cifra en la que la autoridad autonómica de consumo estimó el importe cobrado ilícitamente con esa primera subida objeto del expediente sancionador -a la que habían sucedido otras dos que pasó por alto-. La realidad es que en la fecha en que se impuso la multa, ese incremento fraudulento había reportado ya a Telefónica en Andalucía beneficios extra que multiplicaban por trece la cantidad objeto de comiso: alrededor de 70 millones de euros.

10. Cuando a una multa ridícula le sigue otra de vergüenza ajena. Si la multa aplicada por Andalucía a Telefónica por la primera subida de Movistar Fusión fue reducida, la que impuso Euskadi a mediados de 2017 ni siquiera le hizo cosquillas a la multinacional española de telecomunicaciones. Fueron 100.000 euros258. Y lo más lamentable es que la autoridad de consumo vasca anunció a bombo y platillo que para calcularlos, había tenido en cuenta el número de afectados en la comunidad: 130.000 usuarios. El importe de la sanción era el equivalente a los ingresos extra que había obtenido la compañía durante los primeros cinco días en que aplicó el incremento.

11. ¿Quién da menos? El castigo de Euskadi a Telefónica por subir las tarifas de Movistar Fusión incumpliendo su compromiso de mantenerlas "para siempre" no fue el más indignante. A finales de 2016, la Comunidad de Madrid decidió que el fraude sólo merecía una nanomulta de 30.000 euros259 el equivalente a lo que el presidente de Telefónica ganó ese año... en dos días de trabajo260.

12. Dieselgate: decenas de miles de millones en EEUU, unos cuantos cientos de miles de euros en España. Frente a los 25.000 millones de dólares que tendrá que asumir Volkswagen en EEUU por la manipulación de sus motores para falsear las emisiones de NOx tras un acuerdo con su Departamento de Estado, en España el pago de compensaciones a los afectados dependerá de lo que decidan los tribunales y las multas no existen o ni se notan. A mediados de 2017 sólo había trascendido públicamente la imposición de sanciones desde la autoridad gallega de consumo. Una multa por cada conductor que hubiese denunciado el fraude ante el organismo. El criterio de la Xunta de Galicia: que representen el doble del valor del coche del denunciante -la primera fue de 33.800 euros261-. La cantidad podría considerarse razonable si la mayoría de las víctimas del fraude presentase denuncias -y si todas las comunidades adoptasen el mismo criterio-, porque lo cierto es que dado que muy pocos lo han hecho, las sanciones no van a provocar grandes problemas económicos a las filiales en España de Volkswagen.

13. La piscina fantasma. En 2015, Andalucía aplicó una multa -cuya cuantía no quiso revelar262- al parque de atracciones Isla Mágica por publicitar sus instalaciones acuáticas, Agua Mágica, con una imagen falsa que, bajo el epígrafe La playa de Sevilla, mostraba a varias personas en una piscina en la que se daba a entender que desembocaban tras tirarse por unos toboganes. Una piscina inexistente que la empresa siguió mostrando en nuevas campañas -se ve que el importe de la misteriosa sanción no debió escocerle siquiera-. Cuando FACUA volvió a denunciar la publicidad engañosa, la autoridad de consumo andaluza contestó que no veía ningún motivo para multar.

14. Tarifas infladas por el alquiler de los contadores de la luz. Andalucía multó a Endesa en 2016 con 1,79 millones263 por haber aplicado a unos 350.000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de luz. Tras sustituir los contadores por sus nuevos equipos de medida digitales, la compañía había venido cobrando unas tarifas que la normativa del sector sólo permite cuando tienen activada la telegestión, pese a que cientos de miles de equipos no ofrecían estas prestaciones. El fraude, por el que se cobraban 33 céntimos de más cada mes, había sido cometido por todas las distribuidoras eléctricas en toda España, pero como es habitual, sólo una administración autonómica decidió sancionar -bueno, lo más habitual es que no sancione ninguna-. Según la Junta, el importe de la multa incluía el comiso de las cantidades defraudadas en la comunidad, que cifró en 1,39 millones. El problema es que ese beneficio ilícito correspondía sólo a 2014, por lo que perdonó a Endesa el de los años siguientes. Para colmo, el Gobierno andaluz anunció inicialmente que la eléctrica devolvería a todos los usuarios el dinero cobrado de más, pero semanas después se desdijo264.

15. Fraudes que se repiten. Siete fraudes masivos cometidos por Vodafone en Andalucía que fueron considerados por la Junta como infracciones muy graves se saldaron en 2016 con una respuesta sancionadora de sólo 1,8 millones265. El popurrí de abusos incluía desde prácticas de publicidad engañosa hasta irregularidades en la tramitación de las bajas de los usuarios, pasando por el cobro de cantidades por la liberación de los móviles que vendía a los clientes para que pudiesen usarlos con otros operadores, la exigencia de fianzas al solicitar portabilidades que se quedaba si los usuarios se arrepentían o el incumplimiento de la garantía legal de un año al vender móviles usados. "En todas las infracciones se produce el agravante de que Vodafone España ya había sido sancionada en ocasiones anteriores", subrayó el Ejecutivo autonómico en un comunicado, lo que a fin de cuentas no hacía más que poner de manifiesto que la empresa se reía de las multas dada su reducida cuantía y continuaba cometiendo los mismos fraudes.

16. Conciertos con precios que se inflan al comprar la entrada. La autoridad de consumo de Cataluña decidió en 2016 que publicitar un macroconcierto de The Rolling Stones a precios inferiores a los reales sólo suponía una infracción "leve" que merecía una multa de no más de 10.000 euros266, una ínfima parte del dinero ingresado fraudulentamente por Ticketmaster con estas prácticas. Dos años atrás, la banda británica había actuado ante 54.000 personas en Madrid, en el estadio Santiago Bernabeu. La empresa había anunciado las entradas ocultando que los precios ofertados se verían inflados con entre 6 y 25 euros mediante un recargo que denominaba "gastos de distribución".

17. Cancela un festival y se queda con el dinero. 16.000 euros267 de sanción por quedarse con el dinero de miles de usuarios de un festival cancelado, denominado SpaceFest. Así de dura fue la Comunidad de Madrid con la empresa Diviertt, la misma que había organizado una fiesta de Halloween en 2012 en la que metió a 6.000 personas más de las que permitía su aforo y en la que una avalancha se llevó la vida de cinco jóvenes. El SpaceFest iba a tener lugar en enero de 2013 en el mismo recinto, el pabellón municipal Madrid Arena. Tras la tragedia, la empresa decidió posponer la fecha y, finalmente, suspender definitivamente el evento, pero sin devolver el dinero a los afectados. En 2016, el propietario de Diviertt, Miguel Ángel Flores, fue condenado a 4 años de prisión268 por homicidio imprudente.

18. Cobrar por saber quién te llama... y sin pedirlo. En 2008, Movistar comenzó a aplicar a numerosos usuarios de telefonía fija un cargo mensual de 58 céntimos269 por el mero hecho de que en sus terminales apareciesen los números desde los que recibían las llamadas, algo que hasta entonces había sido una prestación gratuita inherente al servicio. La tarifa por la "identificación de llamadas" penalizaba a los clientes que no tuviesen contratado ADSL o tarifa plana de llamadas; en definitiva, era una forma de aplicar una subida encubierta de su cuota fija mensual. El cobro representaba una práctica triplemente abusiva. En primer lugar, porque se aplicaba a los usuarios aunque no hubiesen solicitado expresamente la contratación de lo que ahora la compañía consideraba un servicio facturable, ya que se limitó a enviarles una información en la que les indicaba que si no lo querían, tenían que ser ellos quienes se lo comunicaran. En segundo lugar, porque el cobro llegó a afectar hasta a los clientes que pagaban a Movistar un alquiler mensual por unos antiguos telefónos -los modelos Forma- que ni siquiera tenían pantalla. Y además, porque la normativa de telecomunicaciones definía la identificación de llamadas como una "facilidad", no como un servicio, y sólo contemplaba la posibilidad de que los operadores aplicasen una tarifa por desactivarla o volverla a activar si los usuarios lo solicitaban más de una vez cada seis meses. En 2010, Cataluña multó a Movistar por haber cobrado la identificación de llamadas a los usuarios sin que lo hubiesen solicitado ni dado su consentimiento expreso, pero el importe se redujo a 527.000 euros270. Aún más pequeña fue la sanción aplicada por Andalucía el año siguiente: 440.000 euros271, menos de lo facturado en dos meses con la tarifa en esta comunidad. Más allá de las dos únicas multas que trascendieron y la inacción de las comunidades autónomas que nos las aplicaron, memorable fue el papel del entonces ministro competente -es un decir- en consumo, Bernat Soria, que anunció públicamente que el Gobierno llevaría a los tribunales a Movistar si no paralizaba estas prácticas, pero la acción judicial nunca se produjo. Sí la emprendió la Fiscalía de Cantabria, que tras perder en primera instancia, ganó el recurso ante la Audiencia Provincial en 2014. La sentencia fue ratificada por el Supremo272 tres años después.

19. El barato escándalo de las preferentes. En 2013, por fin trascendió que una autoridad de consumo multaba a un banco por las participaciones preferentes. Estos productos financieros complejos de alto riesgo se comercializaron fraudulentamente, haciendo creer a cientos de miles de usuarios que contrataban inversiones en las que estaban garantizados los beneficios con elevados tipos de interés. Hasta 30.000 millones de euros sumaron las inversiones en preferentes, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Caixa fue sancionada en Andalucía por las prácticas desarrolladas por Cajasol, que había sido absorbida por la entidad catalana. Según el expediente sancionador, la entidad andaluza, fagocitada un año antes por la catalana, "ocultó a los usuarios información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de las participaciones preferentes ofertadas" y "en algunos casos, los afectados no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia obligatorio en este tipo de productos y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra". El año siguiente, Andalucía impuso una segunda multa a Caixabank por las preferentes. Si te cuento que la suma de las dos sanciones representó sólo 213,5 millones, seguramente pensarás que el fraude salió más que rentable. Y la cosa es que he escrito la cifra en pesetas. Fueron 1.283.000 cochambrosos euros273.

20. La multinacional de la manzanita, multada como si fuese una frutería. En 2013, Madrid multó a Apple con 47.000 euros274 por hacer creer a sus clientes que la garantía de sus productos duraba la mitad de los dos años que marca la ley. La compañía enviaba correos electrónicos a usuarios donde indicaba que "la garantía de un año del dispositivo" estaba a punto de caducar y les instaba a contratar un seguro para ampliarla. En Italia, la empresa había sido sancionada dos años atrás con 900.000 euros275 por prácticas similares.

21. Cuando la multa cuesta menos que el salario de los funcionarios que la tramitan. Tras una denuncia contra una de las tiendas de la cadena Blanco por no indicar en distintos productos supuestamente rebajados qué descuentos aplicaba, la autoridad de Comercio de la Junta de Andalucía decidió que sólo merecía ser sancionada con 300 euros276. En el documento con la propuesta de resolución se destacaba que para la "graduación de la cuantía de la sanción (...) se tiene en cuenta que el establecimiento pertenece a una cadena comercial de amplia implantación con capacidad y solvencia económica". Nunca se supo si la sanción influyó en el cierre de la cadena cinco años después.

22. La multa secreta por el fraude de los politonos. Como consecuencia de una denuncia presentada en 2009, Andalucía acabó multando al proveedor de contenidos para móviles Itouch Movilisto por anunciarlos sin aclarar sus precios. Para descargarse sus sonidos, textos, imágenes, vídeos y juegos había que acceder a un código que la empresa facilitaba tras el envío de mensajes de texto. Pero la publicidad de ésta y el resto de empresas del sector -muy popular antes de que los móviles fueran táctiles- no indicaba el precio final de sus servicios o cuántos SMS había que mandar -al precio de 1,74 euros cada uno- para acceder a ellos. A veces hacían falta dos SMS, a veces eran hasta cinco. La otra manera de realizar las descargas era a través de suscripciones, que muchas veces se activaban sin dejarlo claro a los usuarios y por las que estos comenzaban a recibir un número indeterminado de mensajes -oscilaban entre 40 y 62 al mes- ofreciendo contenidos. Cada SMS recibido costaba 0,35 euros, por lo que la factura mensual del móvil acababa inflándose cada mes entre 14 y 22 euros. Tras requerir a la Junta información una y otra vez, lo máximo que FACUA logró arrancarle fue que había sancionado a la empresa y destestimado su recurso de alzada, pero se negó en rotundo a aclarar el importe. Una multa secreta277, como casi todas las que aplican las autoridades de consumo.

23. Las pulseras milagro. "Los hologramas de Power Balance tienen almacenadas frecuencias que reaccionan positivamente con el campo de energía natural de su cuerpo para mejorar el equilibrio, la fuerza y la flexibilidad". Con reclamos como éste y unos cuantos famosos que lo avalaban, se pusieron de moda a nivel mundial unas pulseritas con poderes mágicos que en España llegaron a vender 300.000 unidades, según aseguró su distribuidor en España, lo que supondría unos ingresos de en torno a 10 millones de euros. La Junta de Andalucía resolvió el tema en 2010 con una multa de 15.000 euros278 y permitió que la empresa, con sede en Marbella, siguiera comercializando su producto milagro. Lo que se generaba en unas horas con la venta de 500 pulseras era suficiente para pagar la sanción. No trascendió ninguna otra actuación de las autoridades de consumo en el resto de comunidades autónomas. Sí hizo algo la entonces ministra de Sanidad, la socialista Leire Pajín279: concretamente, aparecer en público con una pulserita milagro en la muñeca280. La ausencia de actuaciones mínimamente contundentes en España contrastó con las de los gobiernos de Chile281, que llevó a los tribunales a tres empresas, y Australia282, que obligó a la firma a publicar anuncios aclarando que su publicidad era engañosa, además de retirarla y devolver el dinero a quienes reclamasen. En Italia283 se sancionó el fraude con 350.000 euros. En EEUU284, la matriz acabó declarándose en quiebra al tener que indemnizar a los estafados, tras acordar con los impulsores de una demanda colectiva por publicidad engañosa el pago de 57,4 millones de dólares.

24. La parte contratante de la primera parte... La red de cajeros y tarjetas de pago Euro 6000 lanzó en 2009 una campaña publicitaria en la que prometía descuentos del 10% en los establecimientos del Grupo El Corte Inglés. En realidad, la promoción se reducía a un descuento de 15 euros a los consumidores que gastasen al menos 300 en el mes y medio de vigencia de la misma, con lo que el porcentaje de descuento mermaba al 5%, además de estar condicionado a un gasto mínimo y tener un tope. Mediante una enrevesada explicación, las "condiciones de la promoción descuento 10% en El Corte Inglés de Euro 6000" publicadas en la web de esta empresa indicaban que "los premios de la presente promoción consisten en la devolución de un 10% sobre los 150 primeros euros de gasto". Eso sí, sólo podían beneficiarse quienes realizasen "pagos con su tarjeta Euro 6000 por valor de al menos 300 euros". "Por tanto", continuaba, "el premio está limitado a una devolución máxima por cliente de 15 euros". Sólo les faltaba indicar que "la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte", como diría Groucho Marx en Una noche en la ópera285. La tomadura de pelo sólo fue objeto de una multa de 4.500 euros286 de la Comunidad de Madrid.

Imagen: Metro Goldwyn Mayer.

25. Móviles de prepago: en busca del saldo perdido. Las compañías de móvil han sustraído durante muchos años una millonada a los usuarios con tarjetas de prepago al dar de baja sus líneas. Un fraude consistente en quedarse con el saldo no consumido por los clientes tras no realizar recargas en un determinado plazo -entre siete y trece meses, según el operador- o pedir expresamante la baja. La Comunidad de Madrid fue la primera en actuar ante estas prácticas, con una sanción a Yoigo en 2011 por el escalofriante importe de 9.200 euros287.

26. La oferta que tardaba treinta meses en ser (casi) real. Una campaña publicitaria de Movistar aseguraba en 2008 que con su tarifa Mi Gente podía hablarse por 5 céntimos el minuto con "hasta 10 números", "sean del operador que sean". La tarifa ofertada, que hoy suena a robo, era en aquella época enormemente atractiva teniendo en cuenta lo disparados que estaban los precios en el sector. Pero la cosa es que se trataba de publicidad engañosa. Y es que para llegar a elegir los diez números de teléfono había que esperar treinta meses; para colmo, cinco de ellos tenían que ser móviles Movistar. Andalucía impuso una multa dos años después: 6.000 eurillos288.

27. Vacaciones a precios que se inflan. Viajes Ecuador fue sancionada con 12.000 euros289 por el Gobierno vasco en 2008 por anunciar sus paquetes vacacionales a precios inferiores a los reales, recurriendo a incluir en letra pequeña la leyenda "incremento de carburante, tasas, propinas y gastos de gestión no incluidos". Se trataba de una práctica generalizada entre aerolíneas y agencias de viajes, que en su publicidad omitían conceptos como cargos adicionales por la emisión de los billetes o por el incremento de los carburantes así como las tasas de los puertos marítimos y aéreos e incluso propinas que se imponen en los cruceros. Así, hacían caso omiso a la obligación legal de indicar en cualquier publicidad o información comercial el precio final, completo, incluyendo absolutamente todo lo que tiene que pagar el consumidor. Las denuncias de FACUA en la segunda mitad de la pasada década originaron un popurrí de sanciones por parte de algunas comunidades autónomas, a cuál más vergonzante. A continuación reproduzco los casos de los que nos informaron, ordenando las multas, impuestas casi todas en 2008, de mayor a menor.

28. Dos multas de Baleares a Halcón Viajes: 7.100 euros290 7.015 euros291. La segunda fue en 2009 y la reincidencia parece que no se consideró precisamente un agravante.

29. Tres multas de Baleares a Viajes Iberia: la primera de 7.100 euros, la segunda por el mismo importe y por llevarse la tercera, le aplicó un descuento y la dejó en 6.020 euros292.

30. 4.600 euros293 de Madrid a Alitalia.

31. 3.500 euros294 de Madrid a Air Comet. La sanción fue más pequeña que la impuesta a la aerolínea italiana. Al fin y al cabo, Air Comet era propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, un español patriota que hacía lo imposible por sacar adelante el país y además dedicaba parte de su tiempo a dirigir una ONG llamada CEOE. De hecho, el año de la multa la aerolínea estaba en quiebra, pero el hombre no quiso contárselo a nadie para no dar disgustos.

32. 3.010 euros295 de Baleares a Air Europa.

33. 3.010 euros296 de Baleares a Soltour.

34. 3.000 euros297 de Madrid a Viajes Marsans.

35. 1.000 euros298 de Andalucía a Viajes Marsans. La Junta decidió que tampoco había que ser tan duros y multó con la tercera parte que Madrid. Se desconoce si le facilitó el pago en cómodos plazos. De hecho, se desconoce incluso si la pagó. No olvidemos que el jefe y copropietario del Grupo Marsans, Díaz Ferrán, fue condenado299 a cinco años y medio de cárcel por el vaciamiento fraudulento de la empresa para eludir sus deudas y a otros dos años por apropiarse de 4,4 millones de euros procedentes de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados.

36. La oferta imposible de contratar. A finales de 2006, Yoigo amplió su oferta y, junto a las dos tarifas de pospago y prepago que promocionaba de forma masiva en prensa, radio y televisión, comenzó a anunciar otras dos a través de su web. Pero extrañamente, no permitía darlas de alta a nadie. Se ve que la empresa tenía la obligación de contar con un par de ofertas para cada modalidad, pero valoró que con inventar que existían era suficiente y que tampoco pasaría gran cosa. Y efectivamente, así fue: la multa que le impuso la Comunidad de Madrid fue de 17.600 euros300.

37. Una cuota por darse de baja. Ono -hoy propiedad de Vodafone- se sacaba de la manga en 2006 el cobro de 139,20 euros a los clientes por el mero hecho de solicitar la baja. La empresa amenazaba incluso con llevar a los tribunales a los usuarios que se negaban a pagar esta especie de multa, que ni siquiera aparecía en sus contratos. La actitud del departamento de cobros de la compañía era tan disparatada que no sólo facturaba esa cuota por darse de baja, sino que cuando un usuario devolvía el recibo le advertía de que si se retrasaba en su pago, procedería a suspender los servicios contratados y posteriormente volvería a activárselos, cobrándole por ello otros 8,99 euros. La Comunidad de Madrid arregló el asunto con una multa de 53.000 euros301.

38. Internet a "máxima velocidad"... de tortuga. En 2006, el operador de telecomunicaciones Wanadoo -que después pasaría a denominarse Orange- ofertaba su conexión a internet con reclamos como "máxima velocidad hasta 20 Mb". Pero la que en realidad lograban los usuarios era muy inferior a la anunciada, una práctica por otro lado muy habitual en el sector. Y es que el ADSL implica que la velocidad baja proporcionalmente a la distancia que hay entre el domicilio del cliente y la central telefónica desde la que se le presta el servicio, debido a que aumenta la atenuación o ruido propia de la naturaleza del soporte físico, el cobre. Y a ello hay que añadir otros muchos factores. Así, esas conexiones utilizan protocolos de transmisión de datos (PPP y TCP/IP) que ocupan un ancho de banda que absorbe entre un 2 y un 20% de la velocidad. En tercer lugar, la longitud del cableado interno en el domicilio del usuario desde el router a las rosetas telefónicas también influye en la pérdida de velocidad. Incluyendo ese "hasta" en sus reclamos, las compañías pretendían justificar que un usuario navegase a la mitad o incluso a la décima parte de la velocidad anunciada. Madrid decidió que era un fraude, pero su multa, impuesta dos años después de la denuncia de FACUA, fue de sólo 55.000 euros302. Y para colmo el expediente sancionador sumaba tres denuncias más por otras irregularidades.

39. El cuento de la madera. Bosques Naturales prometía rendimientos anuales superiores al 10 y al 11% mediante la inversión en árboles a quienes suscribiesen cualquiera de las modalidades de su "contrato agroforestal". Utilizaba reclamos como "una inversión segura y con altos beneficios económicos", "la inversión rentable por naturaleza", "una inversión de éxito demostrado" y "otra forma de sacar la máxima rentabilidad a su dinero". Pese a que miles de personas venían picando en el engaño, Madrid le impuso una micromulta de 9.500 euros303 en 2008, un año después de que su creador, Ángel Briones Nieto, dejase la sociedad en manos de terceros al estallar la estafa de Fórum Filatélico, propiedad de su hermano Francisco. Bosques Naturales fue objeto de numerosas acciones judiciales, tanto penales como civiles, y distintas sentencias la obligaron a devolver todo el dinero invertido por los demandantes más los intereses legales.

40. El rentabilísimo fraude del redondeo. Hasta finales de la pasada década, las telefónicas facturaban más tiempo de conversación del que realmente consumían los usuarios en buena parte de las llamadas, al cobrar completo el primer minuto aunque las llamadas durasen menos y, en las tarifas de prepago, fraccionar de 30 en 30 segundos. La mayor multa impuesta por la Comunidad de Madrid en toda su historia fue precisamente por estas prácticas. Madrid fue la única comunidad que sancionó el redondeo en telecomunicaciones. Y por él aplicó la mayor multa de toda su historia, en 2007. La cuantía, de chichinabo: 2,9 millones304, más o menos lo que la agraciada, Movistar, ingresaba en unas 48 horas cometiendo el fraude.

41. Redondeando a la baja. La sanción que aplicó Madrid a Vodafone por el redondeo fue de 1,4 millones305, menos de la mitad que la que le cayó a Movistar. Al igual que con la multinacional española, la autoridad de consumo autonómica no quiso hacer uso de la potestad legal de aplicar el comiso de una o varias veces la multimillonaria cantidad defraudada a los usuarios.

42. No hay dos (tomaduras de pelo) sin tres. El tercer operador de telecomunicaciones, Orange, no tuvo que pagar ni un millón de euros por el redondeo: la multa de Madrid se redujo a 960.319 euros.

__________

233 Acción judicial (Class Action, EEUU, 1991), dirigida por Michael Apted.

234 http://ow.ly/MELg6.

235 El enorme -en todos los sentidos- Haley Joel Osment era el niño protagonista de El sexto sentido (The Sixth Sense, EEUU, 1999), dirigida por M. Night Shyamalan.

236 https://FACUA.org/10076.

237 https://FACUA.org/10316.

238 https://FACUA.org/11020.

239 https://FACUA.org/11909.

240 https://FACUA.org/2530.

241 https://FACUA.org/8009.

242 https://FACUA.org/1303.

243 https://FACUA.org/11508.

244 https://FACUA.org/8004.

245 https://FACUA.org/11252.

246 https://FACUA.org/11926.

247 https://FACUA.org/11698.

248 https://FACUA.org/8523.

249 https://FACUA.org/7998.

250 https://FACUA.org/11435.

251 https://FACUA.org/10843.

252 https://FACUA.org/8711.

253 https://FACUA.org/7997.

254 http://ow.ly/ySrP30gTfZf.

255 https://FACUA.org/12068.

256 http://ow.ly/mqHX30gTaAe..

257 https://FACUA.org/11020.

258 https://FACUA.org/11703.

259 https://FACUA.org/11021.

260 José María Álvarez-Pallete ganó 5,36 millones de euros como presidente de Telefónica en 2016. http://ow.ly/KMrU30eAndc.

261 https://FACUA.org/11549.

262 https://FACUA.org/11401.

263 https://FACUA.org/10700.

264 https://FACUA.org/10761.

265 https://FACUA.org/10491.

266 https://FACUA.org/10214.

267 https://FACUA.org/8861.

268 http://ow.ly/CDjw30eFKPo.

269 https://FACUA.org/3371.

270 497.000 euros por cobrar la identificación de llamadas sin que los usuarios la hubiesen solicitado y 30.000 por comunicarles que la tarifa sería de 50 céntimos mensuales omitiendo los 8 céntimos que representaba el IVA. https://FACUA.org/6861.

271 Impuesta como consecuencia de la denuncia de FACUA, fueron 220.000 euros por cobrar un servicio no contratado y otros 220.000 por no cumplir con los deberes de información previa del precio, incluidos todos los impuestos. https://FACUA.org/6089.

272 https://FACUA.org/11151.

273 https://FACUA.org/7931, http://ow.ly/vktd30gT7O1.

274 https://FACUA.org/7750.

275 https://FACUA.org/6484.

276 Este fraude fue denunciado por incumplimiento de la normativa de comercio, por lo que lo trató la autoridad competente en el sector y no la de consumo. https://FACUA.org/6642.

277 https://FACUA.org/6518.

278 https://FACUA.org/5437.

279 https://FACUA.org/5599.

280 http://ow.ly/CUgF30eTjrS.

281 https://FACUA.org/5458.

282 https://FACUA.org/5579.

283 https://FACUA.org/5544.

284 https://FACUA.org/6401.

285 Una noche en la ópera (A Night at the Opera, EEUU, 1935), dirigida por Sam Wood y Edmund Goulding.

286 https://FACUA.org/5780.

287 https://FACUA.org/5719.

288 https://FACUA.org/5077.

289 https://FACUA.org/3355.

290 https://FACUA.org/2916.

291 https://FACUA.org/4172.

292 https://FACUA.org/3235.

293 https://FACUA.org/3205.

294 https://FACUA.org/3359.

295 https://FACUA.org/2916.

296 https://FACUA.org/3140.

297 https://FACUA.org/5047.

298 https://FACUA.org/4936.

299 http://ow.ly/183M30f09Nb.

300 https://FACUA.org/4415.

301 https://FACUA.org/3762.

302 https://FACUA.org/3500.

303 https://FACUA.org/3411.

304 https://FACUA.org/2530.

305 https://FACUA.org/2564.

__________

Accede al índice de #Timocracia