En su arranque como gestor bonaerense, Axel Kicillof tuvo un fuerte desengaño. El gobernador entendió que su antecesora, María Eugenia Vidal, le había dado garantías de que podría avanzar en la Legislatura con su proyecto para aumentar impuestos, de la misma manera que había logrado aprobar la nueva estructura de ministerios y una serie de "emergencias" para poder administrar con mayor discrecionalidad. Así, intentó avanzar el 26 de diciembre con su propuesta original, pero falló en su plan A, de imponerlo en el Senado, y enseguida agotó el plan B, para darle media sanción en Diputados. Con la caja latiendo por falta de fondos, el economista preferido de Cristina Kirchner ahora tiene en carpeta las variantes C y D.

Como adelantó Clarín, la negociación está trabada en un número: 75. Es el porcentaje de suba del inmobiliario urbano y rural que propuso Kicillof y la oposición, centralmente Juntos por el Cambio, busca atenuar; o bien bajando el número de aumento o reduciendo la cantidad de afectados.

Según datos del macrismo, con la suba del 75% del inmobiliario urbano del proyecto original se afectaba a 2.600.000 de contribuyentes. El kirchnerismo habría aceptado bajarlo de tal manera que incluya a 1.000.000. Para Juntos por el Cambio sigue siendo demasiado y contrapropuso bajar a 55% el tope. ¿Una salida intermedia es dejarlo el techo en 65%?

Con el inmobiliario rural, donde el incremento de 75% abarcaría a sólo 200 dueños de campos de más de 2.000 hectáreas, la discusión ya pasó a segundo plano. Y también, coinciden fuentes de ambos sectores, se avanzó en otros pedidos de cambios, que involucraban subas de ingresos brutos para laboratorios y fondos para los municipios.

Para este mediodía y primeras horas de la tarde, se prevén reuniones entre los referentes legislativos K y macristas, como los diputados Federico Otermín (Frente de Todos) y Maximiliano Abad (Juntos por el Cambio). Para las 17 habría otro encuentro ampliado, sumando a la vicegobernadora, Verónica Magario; jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; al ministro de Hacienda, Pablo López; y a los intendentes Néstor Grindetti (Lanús, PRO) y Miguel Fernández (Tranque Lauquen, UCR).

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Allí, y hasta seguramente también este martes, se negociará la chance de avanzar en el Plan C: esto es, acordar los cambios antes del miércoles y que el proyecto salga casi por unanimidad. Ya fueron convocadas sesiones, tanto en Diputados como en el Senado. El debate arrancará por la cámara baja provincial, en la que el kirchnerismo conseguiría quórum y mayoría sin mayores trabas: se necesitan 47 legisladores y tiene 45 propios más algunos aliados.

De haber acuerdo en el trazo de un solo proyecto, el mismo día se convertiría ley en el Senado, donde la llave la tiene la oposición: Juntos por el Cambio cuenta con 26 legisladores contra 20 del Frente de Todos.

¿Y cuál sería el Plan D? Si no se logra consensuar una iniciativa única, podría darse una de billar. En Diputados, la cámara de arranque, el kirchnerismo aprobaría su propuesta, posiblemente ya con algunas modificaciones para mostrar apertura. Pero en el Senado, Juntos por el Cambio impondría más modificaciones, con lo cual el proyecto volvería -todo en el mismo día- a Diputados. Y allí, el Frente de Todos convertiría en ley esa iniciativa opositora, dejando en claro en los discursos que no se trata de su proyecto, etcétera, etcétera.

"Sería como un desacuerdo acordado", hizo el juego de palabras un referente K, donde puertas adentro -sobre todo en ámbitos legislativos- hay cierta autocrítica sobre la intransigencia verbal de Kicillof en un escenario de minoría. "Le damos la chance de que sigan diciendo que ellos querían castigar a los ricos", ironizó un opositor.

Esta variante ya había sido mencionada en charlas informales, la semana pasada, por el ex jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai. Un modo de conformar a todos.

Un rol aparte, a favor del gobernador, empezaron a jugar algunos intendentes de Juntos por el Cambio, como los radicales Gustavo Posse (San Isidro) y Víctor Aiola (Chacabuco), que salieron en público a pedir que salga la ley. En muchos municipios dependen de los fondos que manda Provincia para cerrar las cuentas. Y si Kicillof tiene más plata, ellos también.