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rriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018, y sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez.

Abajo, entre el miedo, la rabia y la esperanza, padres y familiares, compañeros y amigos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos exigen su presentación con vida. Ajenos a los vaivenes de la politiquería, claman justicia. Aliados a quienes están genuinamente consternados por la barbaridad, se han convertido en una referencia político-moral que cuestiona la complicidad de quienes arriba se protegen las espaldas.

El reloj avanza inexorablemente. El tiempo se agota para los de arriba. Cada hora que pasa sin que los muchachos aparezcan con vida crece entre muchos ciudadanos un sentimiento profundo de indignación. Cada día que transcurre sin esclarecer el crimen se reducen los márgenes de maniobra para Enrique Peña Nieto. Cada intentona por achicar la dimensión política de la matanza y convertirla en mera ocurrencia de un alcalde abusivo, su ambiciosa esposa y un grupo de narcos agranda el desgaste del régimen.

En medio de la aflicción, el gobierno federal y el estatal juegan un pulso mezquino. Declaran que trabajan de manera coordinada al tiempo que se culpan de los hechos. Se echan la bolita de manera velada. No se mencionan explícitamente, pero se culpan tácitamente. Sin importar el desconsuelo de los familiares, un día el mandatario estatal Ángel Aguirre declara que algunos de los cuerpos hallados en las fosas de Iguala corresponden a estudiantes normalistas, y al rato el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, lo desmiente.

Lo mismo sucede entre los aspirantes presidenciales del PRI. Cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advierte que la violencia en Iguala puede afectar el ánimo de los inversionistas, también está diciendo que los responsables de mantener el orden interno y garantizar la seguridad no hacen bien su trabajo.

Del PRD nada puede extrañar. En 2010 hizo de Ángel Aguirre su candidato a gobernador de Guerrero, a pesar de que previamente había denunciado que durante la gestión de éste como mandatario interino por el PRI (1996 a 1999) fueron asesinados 60 militantes del sol azteca. Más aún: ese partido le entregó en agosto de 1997 al entonces relator de la ONU para casos de tortura, Nigell Rodley, un informe en que se documentan múltiples casos de asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones ilegales, en el que se documenta cómo Guerrero fue la entidad donde el PRD sufrió más violencia política. A pesar de ello lo postuló sin empacho alguno.

En lo inmediato, la masacre y el manto de impunidad con que la clase política la cubre mientras se protege a sí misma provocaron que cinco organizaciones político-militares hicieran pública su solidaridad con los normalistas rurales. El EZLN movilizó el pasado 8 de octubre a 20 mil personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en apoyo a los jóvenes de Ayotzinapa. Las FAR-LP, el EPR y las Milicias Populares emitieron enérgicos comunicados de denuncia. Por su parte, el ERPI anunció que declaraba la guerra al cártel Guerreros Unidos, que integraba una brigada de ajusticiamiento y que consideraba a la corriente Nueva Izquierda cómplice de los hechos del 26 de septiembre.