A mediados del pasado año, el Senador por E.H. Bildu Jon Iñarritu presentaba por escrito ante la Cámara una pregunta dirigida al Ministerio del Interior para que éste aclarara cuáles eran los datos de miembros de las fuerzas públicas denunciados, sancionados, imputados, condenados, indultados o expulsados durante el periodo 2008-2017, especificando los motivos de dichas actuaciones.

Recientemente la pregunta ha recibido respuesta por parte del Ministerio del Interior, quien ha aportado a la Cámara un sorprendente documento de 11 páginas, en el que llaman la atención varios datos sobre los que queremos pronunciarnos. Después de conocer este documento, -cuyos datos, insistimos, os asombrarán- desde la Comisión Legal hemos aprovechado el portal de Transparencia del Gobierno para obtener más información y contrastarla con la que nosotras hemos conseguido en estos ya casi 7 años de lucha en calles y Juzgados.

El documento de la Secretaría General de Seguridad no da respuesta a todo lo planteado en la pregunta, y sólo se refiere a agentes denunciados y sancionados. A este respecto, recoge que ningún agente ha sido sancionado en los últimos 3 años, y que apenas ha habido un total de 57 sanciones en los últimos 7. Nada se dice de los motivos de estas sanciones. Los datos vienen divididos por Comunidades Autónomas, y hemos querido contrastar -a través del portal de Transparencia- los referentes a Madrid, por ser el espacio que mejor conocemos. Su respuesta ha sido idéntica: ningún sancionado en 4 años.

Desde 2011 hemos asistido a cargas injustificadas, brutalidad en la disolución de concentraciones y manifestaciones, detenciones aleatorias y tratos vejatorios en comisarías y durante las propias intervenciones, en muchos casos incluso frente a las cámaras de las video reporteras. Estas actuaciones han sido denunciadas una y otra vez por numerosos colectivos, y la respuesta por parte de las Delegaciones del Gobierno ha sido siempre la misma: anunciar investigaciones internas que, como se puede comprobar años después, nunca suponen sanciones disciplinarias -ni de ningún tipo-. La impunidad policial se extiende a todas las escalas de mando y es avalada incluso por los órganos judiciales que deberían ejercer el control sobre este fenómeno.

Tanto la Comisión Legal Sol, como otras organizaciones y personas, llevamos años denunciando la actuación ilegal de las UIPs (Unidades de Intervención Policial, conocidos como “antidisturbios”) cuando intervienen sin la identificación reglamentaria, es decir, sin llevar el número de placa totalmente visible. En ocasiones, los agentes lo ocultan bajo el chaleco, otras lo modifican para hacerlo ilegible y otras tantas lo arrancan directamente antes de actuar. Como venimos insistiendo desde hace años, el número de placa visible es obligatorio (art.18 R.D. 1484/1987, Instrucción 13/2007 SES) y supone casi la única forma de poder identificar a los agentes que puedan infringir la ley. Es de extrema gravedad que el cuerpo que tiene encomendada la vigilancia del cumplimiento de la ley sea el que la vulnere, con la intención, además, de eludir todo control -de la propia policía o del poder judicial- sobre las actuaciones de sus miembros. Por eso, en mayo de 2012 denunciamos esta práctica, mostrando más de 100 fotografías de agentes que, con toda probabilidad, y con la más que probable connivencia de los mandos, habían decidido actuar sin cumplir con lo dispuesto en la ley. En abril de 2013 aportamos otras 248 fotografías. Y en dos ocasiones más reclamamos la actuación de la entonces Delegada del Gobierno -actual presidenta de la Comunidad de Madrid- para que sancionara a los agentes infractores. Como los procesos disciplinarios de los agentes ocurren dentro de las propias comisarías, poco podíamos saber sobre el recorrido de estas denuncias, más allá de los pronunciamientos públicos de sus responsables. Pero a la vista del documento aportado queda claro que esta práctica, abiertamente ilegal, tampoco ha sido perseguida y sancionada por parte del Ministerio del Interior y sus órganos delegados.

Y es que, como ya sabemos ahora con certeza, ha sido una conducta habitual por parte del Ministerio del Interior y de sus actuantes durante todos estos años de movilización ciudadana, perpetuar y potenciar la impunidad policial en todos los ámbitos. Las actuaciones policiales más salvajes, como el desalojo de la Plaza Catalunya, las cargas del 25 de septiembre de 2012 frente al Congreso o los miles de desahucios ejercitados con violencia por toda la geografía del país, no podrían haberse ejecutado de formas tan brutales sino por agentes que sabían bien que la mano que les da de comer no apretaría sus gargantas si se sobrepasaban en sus intervenciones. Sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos denunciado, que en muchas de estas acciones los agentes han actuado al margen de la ley, de forma desproporcionada y violenta, y en otras tantas lo han hecho sin respetar la normativa que les exige actuar en todo momento debidamente identificados por número de placa; pero sabemos también que no está en la intención de quien ordena estas actuaciones el intentar cumplir los cánones internacionales ni las más básicas normativas internas en relación a la actuación de sus agentes, sino desmovilizar y desincentivar la disidencia política a toda costa. Lo que era antes mera intuición, lo tenemos ahora reflejado en datos. Transparencia, esta vez sí, ante una impunidad sin complejos.