De esta ley podrían beneficiarse los hasta ahora casi 100 cargos del PP valenciano imputados por corrupción, en el caso de que no fueran condenados, de manera que los gastos derivados de la defensa en sus procesos judiciales serían cubiertos con dinero público.

El cambio normativo en la ley que regula la Asistencia Jurídica de la Generalitat se hizo por parte del Ejecutivo del Partido Popular de forma discreta y sin publicidad de ningún tipo por parte del Consell, incluyéndolo en diciembre de 2012 en uno de los últimos artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos, llamada Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.

Con la modificación incluida, los imputados por corrupción de la Generalitat valenciana que tras el proceso judicial resulten no culpables en un juicio o exonerados de sus indemnizaciones serán generosamente indemnizados por el Gobierno autonómico.

Además de quienes resulten absueltos tras un juicio, de esta “indemnización especial” –tal y como aparece nombrada en el texto– pueden beneficiarse también aquellos cuyo caso haya sido “desestimado, archivado o sobreseído” o queden “íntegramente estimadas sus pretensiones”, lo que significa que la «indemnización especial» con fondos públicos se producirá incluso cuando la exoneración se produzca por cuestiones técnicas y defectos de forma, sin que se haya acabado de resolver el caso aunque se hayan evidenciado actuaciones poco éticas a pesar de no haberse podido probar el delito.

El pago de las minutas de los abogados “correrá a cargo de la conselleria en la que prestara servicio en el momento de producirse los hechos” el imputado, es decir, serán los ciudadanos de la Comunidad Valenciana quienes paguen los honorarios de los abogados a través de los presupuestos de distintas consellerias, aquellas en las que trabajaran los presuntos corruptos.

La indemnización, cuya única condición para percibirla es haber solicitado inicialmente la asistencia jurídica de la Abogacía de la Generalitat, cubrirá los honorarios que los acusados hayan tenido que abonar a sus abogados y procuradores, pudiendo alcanzar cifras astronómicas al no existir ningún control que impida hinchar las minutas. Los precios de estos abogados pueden llegar a ser de centenares de miles de euros en el caso de letrados de gran reputación, algo habitual en los casos de corrupción de la Comunidad Valenciana.

Además de los delitos contra la Administración Pública, la ley incluye que se indemnice también, en el caso de no ser condenados, a los acusados de delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, contra la seguridad pública, de delitos relacionados con incendios, con la ordenación del territorio y el urbanismo, con la protección del patrimonio histórico y con la protección de medio ambiente.

En estos casos, en los que los imputados no tienen derecho a ser asistidos por los abogados de la Generalitat, se fija un limite a la indemnización que se rige por las “tablas de honorarios” de los colegios profesionales, unas tablas que, curiosamente, fueron prohibidas en 2009 por considerar que vulneraban la competencia, lo que puede elevar también mucho la minuta de los abogados.

La existencia de esta nueva modificación en la ley se dio a conocer debido al roce entre la Abogacía de la Generalitat y los acusados del ‘caso de la cooperación’ durante la celebración de dicho juicio esta semana en Valencia, en el que se juzga a Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía (antigua Consejería de Inmigración) de la Generalitat Valenciana desde 2007 a 2011. La trama, a la que Blasco está acusado de pertenecer, se apropió de seis millones de euros de dinero público destinados a ayudas a países subdesarrollados que nunca recibieron los fondos. Al exconseller del Partido Popular se le imputan delitos de fraude de subvención, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La “indemnización especial”, introducida justo en un momento crítico para el PP valenciano por el afloramiento de los múltiples casos de corrupción que acosan al partido, contrasta con el discurso público del presidente de la Generalitat, quien ha hecho del lema “contra la corrupción, tolerancia cero” su bandera.