Un nuevo informe publicó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sobre el impacto que provocaría en la sociedad civil el acuerdo Transpacífico (TPP), que tendría efectos negativos sobre la regulación de derechos humanos en materia laboral y entre otras cosas, obligaría al Ejecutivo a ratificar el polémico tratado UPOV 91 sobre derechos de obtentores vegetales (productos transgénicos). El documento, encargado por el Instituto Danés de DDHH (DIHR), identificó el estado de la protección de los derechos humanos ante actividades empresariales en el país y las brechas de protección en comparación con los estándares de derecho internacional que Chile ha reconocido. En ese ámbito, el informe aborda específicamente los impactos que podría tener la ratificación del TPP en Chile, acuerdo que según ha informado el Gobierno se comenzaría a discutir durante este semestre en el Congreso para lograr su aprobación final. Un camino pedregoso dada la resistencia de varios legisladores y organizaciones sociales que no miran con buenos ojos el tratado, que en los últimos días incluso ha sido rechazado por ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos (Hillary Clinton y Donald Trump), a pesar de ser el país organizador tras el acuerdo. En ese contexto, el informe elaborado por el equipo UDP sostiene que no se ha determinado el impacto en los derechos humanos que las medidas contenidas en dicho tratado (reducción de barreras comerciales y de inversión) significará para los habitantes, especialmente para los grupos más vulnerables. Una crítica constante que se ha realizado al equipo de Cancillería que representó al país en la etapa de negociación. Según el documento, el impacto de las relaciones comerciales y la capacidad regulatoria del Estado son los que más pueden dañar los derechos humanos. Por esa razón, en la evaluación de tratados, deben hacerse estudios de riesgos en términos de derechos humanos, pero también civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, antes de ratificarlo. Entre los puntos recogidos por el informe, también se reiteran las observaciones realizadas con respecto a las normas sobre patentes y propiedad intelectual que impedirían a Chile conseguir y proporcionar remedios de bajo costo (genéricos / bioequivalentes) a sus habitantes. “Esto viola el derecho a la no-discriminación por razones económicas y sociales, en el acceso a la salud”, señala. Pero además, uno de los problemas más graves revelados es que la posible confirmación del TPP obliga a Chile a ratificar el polémico tratado UPOV-91, pendiente de implementación en Chile porque no existe regulación por ley sobre los derechos de obtentores vegetales (productos transgénicos) y que ha sido fuertemente criticado porque “perjudicaría gravemente la capacidad de los pequeños agricultores y comunidades indígenas y campesinas de seguir sustentándose”. “La ratificación del TPP no debiera tener como resultado la aprobación de un tratado que claramente no cumple el principio precautorio ni cumple con los estándares de derechos humanos, específicamente, el derecho a la alimentación, y el derecho a la salud”, dice el texto, agregando la recomendación de que el UPOV-91 no debería ratificarse para evitar vulneración a los ddhh. Junto a eso, abordando la situación de garantías laborales, el documento señala que aunque sean imprescindibles regulaciones en temas como la libertad de asociación y negociación colectiva, el trabajo forzoso, el trabajo infantil y eliminación de la discriminación, “la exclusión explícita de medidas de salud y seguridad podrían dificultar o impedir la implementación a inversionistas de la normativa internacional de la OIT que obliga a Chile, así como de los Principios Rectores”. Además, el documento reitera críticas sobre la desprotección en cuanto a derechos de propiedad intelecutal y de los pueblos indígenas, cuya ratificación no ha sido consultada. Finalmente, el informe señala que desde la perspectiva de derechos humanos los tratados comerciales y de inversión “no aseguran que el Estado de Chile tenga la discrecionalidad suficiente para poder cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Además, señala que si bien el TPP incluye la “prevención de un peligro contra la vida o la salud humana”, este no garantiza la discrecionalidad del Estado de realmente cumplir todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, por el impacto que tendría especialmente en materia de propiedad intelectual.Consultados por este informe, desde la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Cancillería, dijeron que el informe contiene una serie de imprecisiones sobre el resultado de negociación de los temas evaluados y dijeron no compartir estas conclusiones. Según explicó el director de la Direcon, Andrés Rebolledo, el TPP contiene un conjunto amplio de disposiciones que preservan plenamente las facultades regulatorias del Estado para el desarrollo e implementación de las políticas públicas que estime apropiadas y agrega que es consistente con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cuanto a que la globalización económica justa y equitativa y la liberalización del comercio, sólo pueden alcanzarse a través de procesos que incorporen a los derechos humanos. "Respecto al tema de Pymes, lo contemplado va en directo beneficio de esas empresas, por cuanto los países se comprometen a adoptar medidas que les permitan integrarse al comercio internacional, lo cual es una valiosa herramienta de apoyo para ese sector y sus trabajadores", señaló Rebolledo. El profesional de Cancillería señaló a este diario que son plenamente conscientes de las preocupaciones que el TPP ha generado en la sociedad civil, pero asegura que por lo mismo “desde marzo de 2014 desplegamos una intensa actividad de reuniones informativas para dar cuenta de los temas que se encontraban en discusión y, una vez concluido el proceso negociador, acerca de los términos y alcances para Chile de lo acordado”. El director insiste en que en cada uno de los temas mencionados por el informe Chile no asumió obligaciones nuevas que implique introducir cambios a normas internas y afirma que no es efectivo que como consecuencia del TPP los precios de los medicamentos aumentarán. Pero además, señala que es incorrecto indicar que el TPP establece la obligación de ratificar UPOV 91 "por cuanto se trata de un compromiso que Chile asumió en acuerdos internacionales previos y respecto del cual nuestro Congreso se pronunció en 2011 con la aprobación correspondiente". Por último, el jefe de la Direcon agrega que desde el término de las negociaciones -en octubre pasado- se ha trabajado intensamente en la preparación del proceso legislativo que se iniciará una vez que el TPP ingrese al Congreso y sugirió leer el documento "50 Respuestas del TPP” para aclarar dudas o malos entendidos. "Así, hemos sostenido más de 60 reuniones con cerca de 200 organizaciones y representantes de la sociedad civil, tanto en Santiago como en regiones, y hemos elaborado documentos explicativos de los contenidos del Tratado". Relatores ONU critican acuerdo TPP y piden informes a Cancillería chilena por su posible impacto en Derechos Humanos - The Clinic Online