Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, llegó a una cárcel de Estados Unidos sin mayores pérdidas en su fortuna. Los esfuerzos del Gobierno federal por asegurar los bienes del capo de la droga más importante en las últimas décadas cayeron de manera estrepitosa a partir de 1994, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República. Entre 1992 y 1993, la Oficialía Mayor de esta dependencia reporta haber asegurado 47 propiedades al presunto líder del Cártel del Pacífico. Sin embargo, luego de aquel año no hubo propiedad alguna que se le haya arrebatado a “El Chapo” hasta el 2016, cuando las autoridades aseguraron una de sus propiedades.

En resumen: la PGR de Peña le ha quitado 1 inmueble, 3 joyas, 4 “objetos” (sin describir) y 5 armas.

El hombre al que la revista Forbes incluyó en las listas de los hombres más ricos del mundo entre 2009 y 2012, con ganancias anuales de alrededor de 3 mil millones de dólares, tendría sus propiedades prácticamente intactas. Una situación que refuerza la tesis de que el Gobierno federal apuesta por medidas de violencia que poco debilitan al narcotráfico y no sigue la ruta del dinero, destacó el consultor internacional en seguridad David Martínez-Amador.

Esta es la PGR que opera en México, la misma que apenas ayer citó a declarar a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, envuelto en un escándalo por el supuesto cobro de 10 millones de dólares a la empresa Odebrecht a cambio de un contrato millonario con la petrolera nacional.

Ciudad de México, 16 de agosto (SimEmbargo).– Un Juez en Estados Unidos desestimó el lunes pasado la solicitud de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” de no congelar sus honorarios en caso de que se comprueben como derivados de la venta de drogas. Por ahora esos recursos seguirán llegando a la defensa, pese al aparente interés de las autoridades estadounidenses de seguir la línea del dinero, cosa que en México ni siquiera se ha intentado, pues el patrimonio del capo sigue intacto.

De acuerdo con una respuesta de la Oficialía Mayor (OM) de la Procuraduría General de la República (PGR), vía la plataforma nacional de transparencia, a “El Chapo” Guzmán le fue asegurado sólo un inmueble desde 1994 al 2017.

En dicho periodo, que comienza un año después de su captura en Guatemala, y que incluye sus posteriores escapes de prisión en 2001 y 2015, también le fueron asegurados dos vehículos, cinco armas, una granada y 171 municiones, de acuerdo con la Dirección General del Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales adscrita a la Oficialía Mayor.

La referencia de un solo inmueble asegurado coincide con la información proporcionada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (Ueidcs) de la PGR, cuyo reporte –de 1993 a 2017– detalla el aseguramiento de tres relojes, tres celulares, un equipo de cómputo y cinco cargadores del capo.

En resumen: la PGR de Peña le ha quitado 1 inmueble, 3 joyas, 4 “objetos” (sin describir) y 5 armas en 4 años y poco más de 8 meses

La contabilidad de estos bienes podría parecer una mala broma en contrataste con las ganancias que, de acuerdo con la revista Forbes, llevaron a Guzmán Loera a ganar 3 mil millones de dólares al año.

“La razón por la cual las autoridades no dan con el patrimonio del capo para comenzar a cerrarle la llave del dinero es porque hay perfiles en las fiscalías leales a Guzmán Loera, las cuales entorpecen los procesos. Por el otro lado, aún hay un ejército de abogados, financieros y empresarios que triangulan fondos y propiedades, aprovechando las ‘lagunas’ del sistema”, dijo David Martínez-Amador, consultor internacional en temas de seguridad.

“México es la República de la lavandería, es decir: ‘legitimar’ los capitales ilícitos es muy fácil. Basta con revisar el monto tan alto que aún es posible depositar en efectivo en cualquier banco. Esta última reforma, la impulsó el Presidente Peña Nieto dicho sea de paso”, agregó el también profesor universitario, columnista y miembro de la Red de Investigadores por la Paz y la Democracia “Insumisos”.

De forma previa, los esfuerzos más consistentes en contra del ahora ex líder del Cártel de Sinaloa fueron registrados entre 1992 y 1993 cuando le fueron aseguradas 47 inmuebles, reportó la Oficialía Mayor de la PGR.

Entonces, ¿cuántos de los bienes de Guzmán Loera han sido extinguidos?

La Ueidcs respondió que no se ha hecho ninguna solicitud de extinción de dominio.

Por su parte, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo desconcentrado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló en la respuesta a una petición hecha también vía transparencia, que no cuentan con registros de bienes decomisados de Guzmán Loera.

Respecto a los bienes asegurados a Guzmán, la SAE los consideró “información confidencial”, por su potencial de se guiar a las autoridades hacia pruebas de comisión de delito.

En octubre de 2013, el diario La Jornada informó haber tenido acceso a un reporte de este órgano con número SAE SAE/009/1324-2013. En éste se detallaba que al menos una decena de inmuebles utilizadas por el Cártel de Sinaloa habrían sido puestas en subasta junto con vehículos, joyería, mercancía y cinco aeronaves.

Se trató de dos aviones Grumman, dos Cessnas y un King Air que la PGR confiscó al Cártel de Sinaloa en la década de los 90.

“Este se ha vuelto uno de los atractivos del narcotráfico. Aunque te atrapen, tú familia va a quedar protegida”, dijo Vidal Romero León, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“El Chapo” volvió a aparecer en las portadas de los diarios más importantes del mundo el 12 de julio de 2015, cuando se escapó por segunda vez de manos de las autoridades federales.

El narcotraficante habría huido del penal de alta Seguridad de El Altiplano a través de un túnel que requirió una excavación de mil 500 metros de longitud, aseguró en su momento el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.

Su recaptura –en enero de 2016– derivó en el aseguramiento de 15 inmuebles presuntamente usados por el Cártel de Sinaloa como escondite en Culiacán, Sinaloa.

“Siete de las viviendas eran utilizadas como refugio regular de Guzmán Loera y están equipadas con diversos elementos de seguridad como puertas de acero, canceles, herrería, circuito cerrados de televisión y túneles que conectan con el drenaje pluvial de la ciudad. En cada una de ellas se aseguró al menos un vehículo blindado”, dijo la PGR en un comunicado el 7 de marzo.

Esta última captura del ”Chapo” conllevó la detención de 13 personas, el aseguramiento de 99 armas largas, 33 cortas, 319 cargadores, un lanzagranadas, un lanzacohetes, dos cohetes, 14 granadas, 6 mil 215 cartuchos y 43 vehículos, de los 19 estaban blindados, de 420 mil 820 pesos y 4 mil 690 dólares en efectivo, de acuerdo con lo dicho por Comunicación Social de la PGR.

Todo bien asegurado a “El Chapo” podría regresar a sus mano si no hay una sanción penal que las convierta en decomisos.

UNA DÉCADA DE BALAS… Y MILES DE MUERTOS

La llamada guerra contra el narcotráfico, que inició en diciembre de 2016 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa ha mostrado su cara más sangrienta con la apuesta de enfrentar a los cárteles en las calles.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere el homicidio de 219 mil 853 personas entre 2006 y el 2016. En tanto que la en década de 1995 a 2005 sumó 130 mil 31 de estos casos.

“Refuerza la tesis sobre que el Gobierno federal prefiere las acciones reactivas que poco debilitan el narco –el narco se reconfigura muy rápido luego de pérdida de efectivos o el abatimiento de un cabo. Por el contrario, perseguir la pista del dinero no es tan agradable para el mismo Gobierno y, tampoco para la sociedad”, dijo Martínez-Amador.

“Todos en México tienen un precio. El dinero provenientes del crimen organizado compra todas las voluntades eso implica fiscales, jueces, policías y sector empresarial. Hay demasiados intereses de por medio y demasiada gente involucrada. El caso de ‘Rafa’ Márquez es, el ejemplo perfecto”, agregó.

El 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Nueva York.

De acuerdo con el consultor, “El Chapo” aún mueve los hilos de su organización desde Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Y tampoco su captura supone una limitante para que el cártel de Sinaloa siga funcionando en México.

“La ‘caída’ de Joaquín Guzmán fue una situación que su misma organización aceptó, y el Cártel de Sinaloa decidió que podía continuar sin esa figura. La preocupación real de Joaquín Guzmán es tener el dinero”, expuso Martínez-Amador, quien cree que este dinero servirá para proteger a sus hijos en México.

Hace unos días se dio a conocer que el abogado Jeffrey Lichtman, famoso por su defensa del mafioso John A. Gotti, se encargaría del caso de “El Chapo”.

Sin embargo, la falta de garantías para que sus honorarios no sean embargados ha hecho que la defensa del capo mexicano tambaleé.