A raíz de las protestas y revueltas de octubre en diversos países latinoamericanos, varios politólogos y analistas han tratado de entender las causas de estos fenómenos en países tan disímbolos como Haití o Chile. Haití, sumido en la pobreza desde su origen, vive en una revuelta constante con una población que busca sobrevivir. Chile, por su parte, es el tercer país más rico de América, sólo por debajo de Estados Unidos y Canadá, con únicamente 10% de su población dentro del umbral de pobreza. La gran mayoría de los chilenos es de clase media. Un logro que ningún otro país latinoamericano puede presumir. Aún así, tanto Puerto Príncipe como Santiago estallaron en protestas, revueltas y saqueos.

Hace algunos meses, Puerto Rico se levantó y defenestró a su gobernador. La gente se queja de bajos salarios cuando un obrero boricua gana en pocos días lo que un médico mexicano gana en un mes. En Venezuela la pobreza es de 80% y las calles de sus ciudades llevan meses de movilizaciones masivas exigiendo democracia a un régimen que llegó por las urnas hace más de veinte años para destruir la economía y perpetuarse en el poder. En Argentina, hartos del descalabro financiero y la corrupción que el matrimonio Kirchner había traído durante su largo mandato, eligieron a Macri para corregir el rumbo, pero al darse cuenta del costo que ello implicaba, volvieron a elegir al clan Kirchner. Evo Morales también llegó al poder en Bolivia con un liderazgo legítimo y democrático sólo para perpetuarse en él con todo tipo de artimañas, incluido el fraude electoral y la caída del sistema. En Ecuador, la administración de Correa dejó un tiradero económico. Intentar corregir el rumbo y sanear la economía le costó a su sucesor, Lenín Moreno, una violenta protesta social que lo obligó a dar marcha atrás en los ajustes para sanear las finanzas públicas.

Venezuela y Bolivia nos demuestran que, a pesar de todas sus deficiencias, la democracia y la división de poderes, con pesos y contrapesos, son el único sistema que permite a las sociedades ajustarse al cambio y encontrar, por la vía de las urnas, una salida legítima al descontento social. Pero, como veremos adelante, esto no basta. Ecuador y Argentina, por su parte, son la prueba de que los pueblos se vuelven adictos a los subsidios y las dádivas gubernamentales mal diseñadas y dirigidas con propósitos electorales, pero Chile y Puerto Rico nos hablan de algo más y mucho más profundo. Se trata del enorme vacío que existe entre los resultados macro económicos y la calidad de vida del ciudadano promedio. Como decía el uruguayo Eduardo Galeano: ¿a dónde paso a cobrar mi producto interno bruto per cápita? De nada sirven unos impecables números macro económicos mientras la riqueza se siga concentrando y al ciudadano promedio no le alcance para pagar su seguro de gastos médicos privado, su fondo de pensiones privado, su educación privada, su seguridad privada, su transporte privado, etcétera. De ninguna manera estoy sugiriendo que el Estado deba volver a convertirse en un ineficiente prestador de servicios, pero sí que es obligación del Estado garantizar, a todos sus ciudadanos, seguridad y justicia gratuitas, servicios de salud y educación gratuitos y de calidad, servicios de transporte con subsidios dirigidos para personas en situación de pobreza, y programas de apoyo claros y meticulosamente dirigidos a sectores vulnerables de la población. Y una cosa muy importante, que es uno de los principales detonantes de la insurrección chilena: las pensiones. El sistema previo a la dictadura y que aún mantiene a muchos pensionados es miserable. El sistema equivalente al de nuestras afores es un fiasco. Reciben menos de 40% de su último salario. Esa bomba también nos va a estallar a nosotros.

Plumas inteligentes han hecho notar que el triunfo electoral del presidente López Obrador ha servido de válvula de escape para toda la presión acumulada en México, y es cierto. Por ahora hay esperanza y es valiosísima, pero debemos bajarle al fuego de la estufa porque la válvula no va a aguantar para siempre. Hay errores que el gobierno debe corregir, pero debemos evitar la polarización. Empezando por mí.