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¿Quién guarda los datos de los más de 110.000 Testigos de Jehová (TJ) que hay en España? Un grupo de exmiembros del culto denuncian "incumplimientos" de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en el seno de la congregación. Los servicios jurídicos de la organización responden que "se ciñen a la normativa" en esta materia.

Abusos TJ, que aúna a personas que denuncian agresiones sexuales cuando formaban parte del culto milenarista, alerta de que TJ "pide datos de las personas a las que intenta predicar sin pedirles la firma para dicha cesión".

Según la misma fuente, la cúpula de TJ "contesta fuera de plazo las peticiones de cancelación", lo que, bajo su punto de vista, "puede ser complicado para personas de notoriedad pública que deciden abandonar el culto".

"Estricta legalidad"

Preguntado por las acusaciones, un portavoz de los servicios jurídicos de los TJ de la sede central en Ajalvir (Madrid) las ha negado categóricamente. "Los Testigos sólo pedimos los datos personales necesarios para el buen funcionamiento de la organización, tal como ocurre con cualquier otra entidad", ha indicado.

Cuando la persona deja o abandona la obra, "se eliminan todos los datos, salvo los estrictamente necesarios, como el nombre y apellido, por si esta persona decide volverse a unir". Este archivo de mínimo alcance serviría para el "buen orden organizativo" de los TJ.

Con lo que respecta a denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd), el portavoz ha subrayado que "existen requerimientos que se han saldado de forma global a favor de la congregación".

"Datos sensibles"

Preguntado por el contencioso entre presuntas víctimas de abusos y la jerarquía de los TJ, Eloi Font, socio director del bufete especializado en derecho digital Font Advocats, ha recordado que los datos que custodian las organizaciones religiosas "son especialmente sensibles".

"Se trata de datos a los que se aplica la máxima protección. Ello quiere decir que el usuario debe poder ejercer sus derechos de modificación, rectificación o cancelación; que deben estar protegidos; su custodia debe ser notificada a la Aepd y se deben firmar contratos específicos con proveedores si se accede a ellos", ha enumerado el letrado.

En caso de cancelación, uno de los supuestos insuficientemente cubiertos según AbusosTJ, Font arroja más luz. "La información no se borra, se bloquea. Cada dato tiene un plazo de prescripción para las administraciones públicas, de justicia y tributarias. El fichero se debería bloquear para no ser usado, y sometido a borrado a medida que el plazo venza", ha apostillado.