El Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella contra el general director de Carabineros, Mario Rozas, por el delito de permisividad ante la tortura.

Este delito, tipificado en el Código Penal, sanciona a la autoridad que, teniendo los medios, no impide que el crimen de tortura continúe. Para ello, contempla “igual sanción (presidio mayor en su grado mínimo) se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura

(énfasis agregado), teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando

en posición para hacerlo”.

Según el abogado Luis Mariano Rendón, quien interpuso esta querella, esta es la posición en la que se encontraría la máxima autoridad de Carabineros, ya que a su juicio no ha sido capaz de impedir los comportamientos que constituyen tortura.

“De acuerdo a la definición jurídica, la tortura no es solamente causarle sufrimiento a alguien para obtener información, tortura también es causarle sufrimiento a alguien en forma de castigo, un castigo extrajudicial, extralegal por una conducta”, explicó, agregando que “eso es precisamente lo que ha hecho Carabineros de Chile al disparar lacrimógenas al rostro, balines al rostro de las personas, con el objeto de lesionarlos, de causarles un sufrimiento en castigo por participar en manifestaciones”.

“Y la autoridad de Carabineros que debió tomar medidas drásticas para ponerle término a esto desde el primer momento, no lo hizo. Por el contrario, dio señales que apuntaban a la impunidad, porque como todos sabemos, se filtró un audio de un discurso del general director de Carabineros a un grupo de sus subordinados donde les garantizaba que no iba a aplicar la medida administrativa de destitución”, argumentó.

El hacer esto en vez de advertir a sus subordinados con la destitución si cometiesen violaciones a los derechos humanos constituyen según Rendón, el delito por el cual le acusa.

Por ello, pidió que el Ministerio Público investigue y que se ordene la medida cautelar de prisión preventiva contra Rozas.