Es el 25 de abril. En la Comunitat Valenciana se conmemora el Día de las libertades del pueblo valenciano. Hay una protesta en la puerta de Les Corts en la que participan alcaldes, concejales y diferentes cargos públicos para denunciar la discriminación de la Comunitat en los Presupuestos. Entre ellos se encuentra la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó. La Policía se acerca. "¿Quién convoca esto?", pregunta un agente. "Pregunte a los policías que están en la puerta de Les Corts, que ellos lo saben", responde en valenciano la vicepresidenta. El agente pide que se dirijan a él en castellano. Amigó se niega. "Es mi derecho hablar en valenciano", repite. Los agentes de Policía la identifican y anotan sus datos en una libreta.

La situación descrita sucedió hace apenas una semana y según denuncia Amigó, entre otros, es una situación mucho más habitual de lo que puede parecer. "He crecido en valenciano, he jugado en valenciano, me he enamorado en valenciano... ¿Y ahora no puedo hablar mi lengua?", se pregunta Amigó, que insiste en que los incidentes con los agentes de Policía o Guardia Civil son "mucho más habituales de lo que se quiere hacer ver".

"He crecido en valenciano, he jugado en valenciano, me he enamorado en valenciano... ¿Y ahora no puedo hablar mi lengua ?"

Así lo denunció también el senador Ferran Martínez en el Senado ante la presencia del ministro del Interior, Ignacio Zoido. "Hay un problema de invisibilización. Nos ha pasado a muchísima gente. La cuestión es que denunciar a un agente de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es ineficaz porque tienen presunción de veracidad frente a las víctimas de los abusos", denuncia Martínez, en conversación telefónica con Público.

El ministro del Interior, ante las preguntas de Martínez, negó en primera instancia la existencia de este tipo de situaciones y, posteriormente, minimizó el problema señalando que desde 2007 sólo se han presentado 43 quejas contra la Policía Nacional por temas linguïsticos. "No venga a manipular ni manchar el nombre de la Policía ni de la Guardia Civil. Son los primeros en saber cuáles son sus derechos y sus obligaciones", espetó el responsable de Interior.

Sin embargo, a pesar de las palabras del ministro, el pasado mes de marzo un hombre fue denunciado por agentes de Policía en L'Alfàs del Pi (Alacant) por utilizar su lengua natal. El hombre había aparcado en la puerta del colegio de su hijo cuando una patrulla de policía se acercó. El padre se dirigió a los agentes en valenciano y los policías pidieron que se les hablara en castellano. El hombre repitió que era su derecho expresarse en valenciano. Los agentes decidieron cachear al hombre con las dos manos sobre el coche ante la mirada atónita de niños y padres en la salida del colegio.

"Me sentí humillado y vejado por hablar en mi lengua por la forma en la que me trataron unos policías que tendrían que saber el valenciano. Me trataron como si hubiese cometido un delito muy grave", manifestó el hombre. Los agentes levantaron acta de lo sucedido reflejando que el hombre se había negado en varias ocasiones a hablar en castellano y que les acusó de "chulería".

"Me sentí humillado y vejado por hablar en mi lengua por la forma en la que me trataron unos policías"

El único sindicato policial que reaccionó entonces fue la Agrupación Reformista de Policías que emitió un comunicado en el que lamentaba los hechos y recordó a todos que "el valenciano es Lengua Oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano" y que todos tienen los ciudadanos tienen derecho a expresarse en él ante la Administración, por lo que también ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.



Es más, la Administración tiene el deber de dirigirse al ciudadano en el idioma que este desee. Sin embargo, se producen dos situaciones de conflicto. Por un lado, hay agentes que son destinados a territorios con una lengua cooficial que no conocen y apenas reciben formación. Por otro lado, hay agentes de la autoridad que muestran un desconocimiento más que importante de los derechos de los ciudadanos y de los deberes de la Administración.

"Desde el sindicato Agrupación Reformista de Policía consideramos que la impartición de cursos desde la Dirección General de Policía al respecto podría facilitar y perfeccionar el trabajo de los profesionales policías", señala el portavoz Lorente Moreno, que pide a la Administración que incida más en la "formación de los y las policías en el aspecto deontológico necesario para fomentar y potenciar el respeto a los Derechos Humanos y a la ciudadanía".

No obstante, los cursos a los que se refiere el portavoz de ARP existen. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, ha ofrecido cursos de formación para los agentes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde hace años, sin embargo, durante los últimos tres años no se han celebrado por el desinterés mostrado por la Delegación del Gobierno en València.

Delegación del Gobierno en València no ha contestado a la oferta del Consell para impartir cursos de valenciano a policías

De hecho, el conseller de la Generalitat Vicent Marzà se reunió con el Delegado del Gobierno en València en enero de este año para entregarle un amplio informe con casos de discriminación lingüística por parte de los Cuerpos yFuerzas de Seguridad del Estado y poner un marcha un nuevo protocolo por el cual los agentes recibirían formación en valenciano. "Delegación del Gobierno aún no nos ha contestado y eso que nos hemos puesto en contacto con ellos en varias ocasiones. La última fue la semana pasada a raíz del incidente en la puerta de Les Corts", denuncian a Público fuentes del Govern de la Generalitat.

El informe incluía decenas de ejemplos. La prensa diaria también ha ido recogiendo en estos años un buen número de ellos. Como el que denunció el músico Miquel Gironés, dolçaina de la famosa banda valenciana Obrint Pas (hoy ya disuelta) en 2013. "Háblame en español, cojones", espetó un policía al músico, que denunció a los agentes por lesiones, amenazas y vejaciones injustas. "Denuncié por toda la gente que ha padecido agresiones similares. Lamentablemente estas actuaciones contra la lengua son muy habituales", afirmó el artista en su momento. La Justicia, finalmente, absolvió a los policías por "falta de pruebas".

Los valencianos, no obstante, no son los únicos que se quejan de problemas de discriminación lingüistica con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También el mes de marzo de este año un profesor de la Universidad de Barcelona recibió una multa de 601 euros por hacer "caso omiso de las órdenes dadas por los agentes actuantes y, de este modo, dificultar su labor policial y retrasar el flujo normal de pasajeros". La falta que había cometido este hombre es ejercer su derecho de hablar la lengua cooficial de Catalunya: el catalán.

El portavoz de la Mesa para la normalización lingüística de Galicia, Marcos Maceira, denuncia que este tipo de situaciones sucede "frecuentemente" y señala que en el último año han recibido cerca de 350 quejas de ciudadanos gallegos por no poder utilizar su lengua materna ante la Administración. "La Policía y la Guardia Civil tienen el deber de proteger la ley y los derechos de los ciudadanos. También los lingüísticos. Y resulta que ellos mismos los están poniendo en duda", denuncia en conversación telefónica con Público Marcos Maceira, que señala que en España se han reconocido los derechos lingüísticos, pero que sigue habiendo problemas, y mucho, para ejercer esos mismos derechos".

"Perdone la indiscrecion (sic) pero si es posible que me exponga su problema en castellano para poder darle una solución a su incidencia, ya que no entendemos su dialecto”

Ejemplos tampoco faltan. El año pasado una ciudadana gallega pidió información telemática a la Policía Nacional sobre el D.N.I. electrónico. Utilizó su derecho a expresarse en gallego ante la Administración Pública. Esta fue la respuesta que envió la Policía: "Perdone la indiscrecion (sic) pero si es posible que me exponga su problema en castellano para poder darle una solución a su incidencia, ya que no entendemos su dialecto”. El dialecto al que se refiere el funcionario es el gallego. Y a la gravedad del desconocimiento de los derechos de los ciudadanos se suma la ignorancia sobre el valor de la lengua gallega.

"La sociedad ha avanzado en una mayor cultura de la plurinacional y plurilingüismo y cada vez es más aceptada la diversidad que hay en España. Sin embargo, los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no han implementado una mayor formación en las lenguas del Estado ni tan solo un mayor respeto hacia los derechos lingüísticos de los ciudadanos", denuncia el senador Torrent.

En una línea muy similar se manifiesta Maceira, que recuerda que en 2016 un ciudadano de Ferrol llamó a la Guardia Civil para denunciar un robo y el agente le despachó pidiéndole que fuera a una comisaría o cuartelillo donde le pudieran entender. "No vale con reconocer un derecho a la ciudadanía con la condición de que no se ejerza. Nosotros pedimos una igualdad real entre todas las lenguas del Estado, no sólo sobre el papel", prosigue Maceira, que considera que el maltrato a las lenguas cooficiales es "un deje histórico del Estado español", que se agravó en el franquismo y que la democracia no ha sabido, de momento, solucionar convenientemente.

Maceira denuncia que el maltrato a las lenguas cooficiales del estado es un "deje histórico del Estado español"





