El gobernador Jaime Bonilla Valdez, “regaló” seis notarías para abogados del municipio de Tijuana, de los cuales, al menos tres tendrían un conflicto de interés similar o aún más evidente que los cometidos por su antecesor Francisco Vega de Lamadrid.

Se trata del exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, padrino político de Bonilla Valdez, además de su sobrino José Román Leyva Castro, y finalmente Tirso Adolfo Liévano Hernández, director del Registro Público de la Propiedad de Baja California durante el “bonillismo”.

Quien se encargó fue el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, durante una toma de protesta que hizo pública a raíz de la difusión de un video en la página de Facebook del funcionario estatal, la tarde del lunes 24 de febrero del 2020.



Previo al juramento de los nuevos notarios, Rodríguez Lozano justificó el “regalo” a sus tres allegados, asegurando que se trata de personas preparadas cuyas posibilidades de aspirar a una notaría eran mínimas exclusivamente porque no contaban con padrinos políticos ni allegados en el gobierno, lo cual terminó -asegura Amador- con la llegada de Jaime Bonilla Valdez.

“Aquí hay una suerte de que hay dos amigos míos, a Tirso Liévano y José Román Leyva Castro, a quien conozco prácticamente desde que era niño. Pero aquí no hay favoritismos, no fueron designados notarios por mi relación, ni por la que pudieran tener con el gobernador, y mucho menos con la relación de José Román con el Gobernador Xicoténcatl Leyva”.

Rodríguez Lozano recordó que Xicoténcatl Leyva Mortera fue notario, pero al ser exiliado – removido del cargo de gobernador en 1988, por actos de corrupción en su mandato- tuvo que renunciar a su encargo, por lo que se trataba de un acto de justicia para el exmandatario.

Son ya tres integrantes de la familia Leyva que se quedan con notarías en un periodo de seis meses -y cuatro notarios en total-, pues cabe recordar que el gobernador Jaime Bonilla no canceló la notaría otorgada a Luis Leyva Castro, por parte del pasado gobierno, pese a sus acusaciones sobre intereses corruptos detrás de las patentes otorgadas por “Kiko” Vega.

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