"Nos va a servir para mostrar lo que hace el régimen de (Nicolás) Maduro". Entusiasmado, tras escuchar la exposición del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en la reunión de seguimiento de gestión, Mauricio Macri celebró el plan que trazó el ministro de Justicia, Germán Garavano, para que venezolanos que residen en la Argentina brinden información en forma "confidencial" sobre violaciones a los derechos humanos en su país. Para el Gobierno, lejos de ser un tema tabú en términos electorales, servirá para acentuar las diferencias con la plataforma de campaña kirchnerista y agitar la "incomodidad", que -según entienden- tiene el precandidato a presidente K Alberto Fernández para condenar la dura situación que forzó a unas cuatro millones de personas a dejar el país en los últimos años.



Advertidos de que la situación en Venezuela es uno de los puntos sobre los que Alberto F. no tuvo margen para desmarcarse de los K, en el Gobierno insisten con dar el debate y, en línea con el planteo "República o autoritarismo", proponen mantener el tema en agenda. La tibia reflexión del ex jefe de Gabinete K acerca de que en Venezuela hay "un problema respecto de la calidad institucional", creen que obedece a una decisión de no contradecir el estruendoso silencio de Cristina Kirchner y de su tropa, que evitan condenar los crímenes del régimen de Maduro.



"Ellos no pueden hablar de Venezuela. Cristina evita condenar lo que pasa y hasta que eso no pase, nadie la va a contradecir", dice un alto funcionario del Gobierno, de los que en las últimas horas más insistió con instalar el tema como prioridad en la agenda de campaña. "No se trata de una estrategia electoral, estamos hablando de una crisis humanitaria sin precedentes. Pero es parte del proyecto que cada uno propone: no se puede ser neutral o moderado, no se puede ser 'Corea del Centro'. O se tiene una alianza con una dictadura, que tortura y persigue a opositores; o se condena y denuncia al régimen", completó.



Con la aprobación del Presidente, en los próximos días se pondrá en marcha el plan para recopilar testimonios para luego enviar a la Corte Penal Internacional como prueba. Por lo bajo, con algo de prurito, en el Gobierno la llaman la "Conadep de Venezuela".



"Si fuiste víctima o presenciaste una situación de violación a los derechos humanos en Venezuela, aportá tu información en forma reservada", dice uno de los avisos que publicó el Ministerio de Justicia "para que todos tengan la oportunidad de brindar su testimonio".



​Para recibir la información, el Gobierno habilitó una isla especial en el Centro de Orientación a Migrantes, ubicado en Luis Saenz Peña 1626, entre el 24 y 27, y entre el 29 y 31 de julio, de 10 a 20 horas, para recibir datos de los "hermanos venezolanos". El equipo que recopilará los testimonio está compuesto por profesionales del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid) que cuentan con experiencia diaria en la atención de víctimas de delitos que afectan la integridad emocional, como casos de violencia familiar.

Desde 2016, cuando se empezó a agravar la situación en Venezuela, ingresaron al país 386.000 venezolanos según datos que manejan en el Gobierno.

"Somos optimistas en que se van a presentar muchos venezolanos. Debe quedar claro que todo es confidencial y que no hay restricción en cuanto al status que tengan sus papeles y que la información sólo será usada para aportar a los organismos internacionales", dijo Avruj a este diario. Y aclaró que para aquellos que tengan dudas sobre la seguridad con el que se rodeará al programa, se dispuso también que la línea telefónica 149 de asistencia a la víctima las 24 horas para poder comunicarse y dar detalles en forma anónima. Esto último obedece a que las víctimas no denuncian por temor a que sus familiares que todavía residen en Venezuela sufran represalias.

