Juan Carlos de Pablo (2010)

Hace unos días comenzó oficialmente la campaña para las elecciones presidenciales. Con ella, también se conocieron los primeros spots transmitidos incesantemente por radio y televisión.

En su primer corto para los medios, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se presenta como quien junto con Néstor Kirchner sacó a Argentina de la peor crisis de su historia, la de 2001-2002.

La mitología en cuanto a este tema está realmente extendida. Se cree que la economía estaba en ruinas y que gracias a las políticas de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna y Alberto Fernández (que en esa época era el Jefe de Gabinete del gobierno) resurgió de las cenizas.

Lamentablemente, la realidad es muy diferente. Es que como intentaré demostrar en este artículo, ni Alberto ni Néstor sacaron a Argentina de ninguna crisis. La economía simplemente rebotó con un modelo basado en salarios misérrimos producto de la devaluación.

Lo que ellos sí hicieron, sin embargo, fue tomar una serie de medidas insostenibles, que nos metieron en una nueva crisis años después.

Rebote no es crecimiento

Tras tres años de recesión económica y un caos en materia política, a principios de 2002 Eduardo Duhalde anunció el abandono de la Convertibilidad. La salida del 1 a 1, junto con la declaración unilateral de impago de la deuda pública llevaron el Riesgo País a las nubes, y lo mismo ocurrió con el precio del dólar.

El miércoles 2 de enero de 2002 un dólar podía adquirirse por $AR 1. En junio de ese mismo año llegó a tocar los $ 4, concretándose una devaluación del 75%, o un salto del tipo de cambio de 300%. Si se comparan los promedios anuales, el dólar pasó de $ 1 a $ 3,2, una suba del 220%.

Semejante ajuste en el valor de la divisa dio lugar a una gigantesca “ganancia de competitividad” para la economía argentina. Lo que no se había querido conseguir por medio de reformas estructurales se consiguió, al menos a corto plazo, licuando violentamente los salarios de los trabajadores.

En el año 2002 la inflación fue 40%, pero los salarios subieron solamente 8%, por lo que el ingreso real de los asalariados se derrumbó 24%. A fines de 2002, el salario promedio de la economía argentina era 69% más bajo, medido en dólares.

Semejante descalabro (que llevó a la pobreza a superar el 80% si se mide con los estándares del INDEC actual y redujo en un dos tercios el PBI per Cápita), “sirvió” para que se reactivaran la inversión, la exportación, y se volvieran a ocupar las fábricas -ya que ahora importar era realmente prohibitivo.

Ahora no hay ninguna magia en esto. La devaluación tiró los salarios al suelo, y al reducirse los costos las empresas vuelven a producir hasta que todo ajuste. De hecho, la economía tocó un piso en el primer trimestre de 2002, pero para cuando Kirchner, Lavagna y Fernández asumieron sus funciones, ésta ya crecía a “tasas chinas” de 7,7% anual.

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La nueva gestión de gobierno no sacó al país de la crisis. La economía ya se estaba recuperando producto de la suculenta caída de los salarios en términos reales.

Lo que sí hicieron

La recuperación local se vio, además, potenciada por factores internacionales. Tras los ataques a las Torres Gemelas, la Reserva Federal decidió reducir su tasa de referencia desde 6% en enero de 2001 hasta 1% en noviembre de 2003. Además, todo el mundo emergente crecía a tasas elevadas que no bajaron del 7% anual entre 2004 y 2008.

China creció al 11,7% promedio entre 2003 y 2007; India 8,8%, Perú 6,3% y Chile 5,7%. En ese contexto, Argentina crecía a un elevado 8,8%, pero partiendo de pisos muy bajos.

Con este escenario de verdaderas “vacas gordas” el kirchnerismo se dedicó a cebar una bomba de gasto público y emisión monetaria. Como si a la economía no le faltaran estímulos (viento de cola externo y tipo de cambio real alto), el gasto público crecía año a año a una tasa anual del 23%.

Esta fiesta de gasto se destinó, por ejemplo, a incluir en el sistema jubilatorio a 2,7 millones de personas que jamás habían realizado aportes. También eran crecientes los gastos en subsidios económicos, que pasaron del 2,3% del PBI en 2004 al 5,2% en 2008.

El subsidio a la energía se daba porque la Ley de Emergencia sancionada por la gestión anterior prohibió ajustar las tarifas de servicios públicos, lo que paulatinamente fue deteriorando la rentabilidad de las prestadoras. Más aún, cuando la inflación iba en ascenso.

En el año 2003, la inflación anual fue de 3,7%. Para 2007 llegó a 25,7% anual. La política monetaria de emitir dinero para evitar que el dólar caiga se tradujo en una multiplicación (por 7) de la tasa de inflación. La respuesta del gobierno de Kirchner, Lavagna y Fernández fue boicotear a las empresas privadas, acusarlas de anti-argentinas y prohibir las exportaciones de carne por 180 días.

El sesgo intervencionista del gobierno quedó sellado con las numerosas estatizaciones de empresas privadas o concesiones. En 2004 se estatizó el Correo Argentino y el transporte ferroviario, en 2006 se rescinde el contrato de Aguas Argentinas y se crea la estatal AYSA.

Nueva crisis

Cuando Néstor Kirchner se fue del gobierno, el superávit fiscal, que había alcanzado el 3,5% del PBI en 2004, ya estaba consumido de forma completa. En 2007 el FMI registra un déficit financiero de 0,1% del PBI. La inflación era 7 veces más alta que en 2003, y la economía estaba acechada por el intervencionismo.

Su sucesora CFK solo continuó el modelo de expansión fiscal, monetaria, de estatizaciones y regulaciones sobre el sector privado que había inaugurado su marido. Alberto Fernández fue un miembro clave del gobierno desde 2003 hasta el año 2009. En el medio, a la inflación también se la “combatió” destruyendo las estadísticas públicas.

Néstor Kirchner y Alberto Fernández no sacaron a Argentina de la crisis. Lo que sí hicieron fue tomar medidas populistas contrarias al crecimiento económico que fueron continuadas por Cristina Fernández. Ello llevó a la crisis del cepo, y también al ajuste inevitable ocurrido en 2014 y en 2016.

En tiempos de spots y campañas, mejor entender bien la historia para que no se nos engañe.

*El autor es Director de ICYA y Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.