El Senado aprobó hoy, miércoles, la Resolución Conjunta 215 que tiene la intención de paralizar el desembolso de fondos de Hacienda a la Junta de Control Fiscal (JCF).

La votación fue 25 a favor, ninguno en contra, con cinco ausentes. La pieza es de la autoría del senador independentista Juan Dalmau y con la misma se ordenaría al secretario de Hacienda que no realice desembolsos por concepto de pagos de salarios, gastos operacionales y contratación de servicios destinados al ente fiscal durante el año fiscal en curso, y los dos años fiscales subsiguientes.

Para Dalmau, este es el primer paso del Gobierno de Puerto Rico en “oposición” al ente antidemocrático creado por la Ley Promesa del Congreso de los Estados Unidos. Indicó, además, que, la resolución desafía el poder de la Constitución de los Estados Unidos, que está por encima de la local.

“Se trata del Gobierno de Puerto Rico negándose a cumplir con una legislación federal, precisamente porque somos territorio y colonia. Es una imposición antidemocrática. Nos piden que financiemos la operación de la misma”, destacó Dalmau.

De acuerdo con la resolución, la JCF en su primer año procuró un presupuesto de $31 millones, elevó su presupuesto a $60 millones para el año fiscal en curso y solicita la adjudicación de $80 millones para el año subsiguiente. “Este patrón de malbaratación de fondos, sin beneficio alguno para el pueblo es inaceptable en cualquier país, pero especialmente ofensivo para un sistema en quiebra. Igualmente, injustificados resultan los salarios que sus componentes devengan. Según expuesto en la página web de la Junta, el costo anual de esos salarios para el pueblo de Puerto Rico es de $1,695,000 anuales, lo que incluye el sueldo exorbitante de $625,000 al año atribuido a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko”, reza, de otra parte, el documento.

Precisamente mañana el Gobierno estaría entregando a la JCF los planes fiscales revisados, pero ya el gobernador Ricardo Rosselló advirtió que no se consideraron todas las recomendaciones del ente federal.

Al ser una resolución conjunta, el documento debe cumplir con los trámites de cualquier otro proyecto de ley. De esta forma, pasaría próximamente a la Cámara de Representantes y requerirá la firma de Rosselló.

“Que el Congreso de los Estados Unidos sepa que nosotros en Puerto Rico, los que representamos por los votos a los puertorriqueños no estamos dispuestos a bajar la cabeza”, soltó el senador del PIP.