Sin gremios representativos, el gobierno intenta forzar con algunos empresarios especialmente escogidos un sistema que mantenga los precios al consumidor fijos por lo menos durante tres o cuatro meses sin revisiones, bajo amenaza de prisión y expropiaciones para quienes violen ese nuevo “acuerdo”, que se basa en la la Ley Orgánica de Precios Justos, donde se establece una renta máxima de 30%.

Según algunos empresarios consultados con información directa sobre la primera reunión para determinar los precios “justos” del arroz y los derivados del maíz, el tono del encuentro no fue el del consenso prometido, sino que se les anunció que el gobierno, con la Fuerza Armada Nacional (FANB) como herramienta directa, pretende distribuir directamente hasta un 70% de los productos esenciales, para controlar las “desviaciones” de precios.

Los precios de venta al gobierno serán definidos tras un análisis básico de las estructuras de costos, pero los representantes oficialistas se niegan a reconocer costos de reposición y administrativos, así como los problemas graves que existen en la distribución y acceso a la materia prima, maquinarias, insumos conexos y repuestos para producir.

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