El juez instructor de la investigación penal por las muertes de varios enfermos de hepatitis C por las que la Fiscalía acusó a varios cargos de la Xunta de homicidio por “razones presupuestarias” acaba de archivar el caso más de tres años y medio después por considerar que no hay indicios de que fuesen responsables de los fallecimientos. El magistrado Andrés Lago Louro así lo decide en un auto con fecha de este lunes que puede ser recurrido y que llega más de tres años y medio después de la denuncia de la Fiscalía.

Los cargos de la Xunta imputados por homicidio aseguran al juez que trataron la hepatitis con "diligencia"

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La decisión del juez supone el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria y a la subdirectora de Farmacia del Servicio Gallego de Salud (Sergas), que fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento de pacientes de hepatitis C.

“No podemos afirmar que la muerte o fallecimiento de los pacientes les sea imputable causalmente a los investigados”, indica el magistrado, quien subraya que “el fallecimiento sobrevino por causas ajenas a la demora, omisión o dilación en la tramitación de las peticiones o solicitudes de aplicación de los nuevos fármacos”. El juez destaca que los medicamentos “se encontraban aún en fase casi experimental y con unos resultados que aún eran inciertos, de ahí la necesidad de que las autoridades sanitarias diseñaran mecanismos o procedimientos destinados a precisar con sumo cuidado aquellos casos en que estaría indicada su aplicación”.

El auto señala que tampoco se puede concluir que, si se les aplicaran a los pacientes los nuevos fármacos, se evitaría su fallecimiento. “Si analizamos el exhaustivo informe que fue emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la conclusión que se extrae es que el fallecimiento de los pacientes se produjo por causas ajenas al suministro de los nuevos fármacos”, dice el juez, quien añade que del informe forense se infiere que los nuevos tratamientos antivirales “lo que conseguían era una eficacia muy alta a la hora de eliminar el virus de la hepatitis C, pero eso no quiere decir que los pacientes se curasen”.

El procedimiento diseñado por el Sergas para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos de la hepatitis C, según el auto, es “muy similar al aplicado en otras comunidades autónomas”. El magistrado señala que en la fecha de los hechos los nuevos tratamientos “ni siquiera se encontraban plenamente admitidos por la Agencia Europea del Medicamento, de modo que su acceso solo podría hacerse de modo extraordinario como uso compasivo para aquellos pacientes en una situación de especial gravedad”. Además, indica que las autoridades sanitarias debían “ceñirse a las exigencias del titular de la patente, en este caso Gilead, único laboratorio que los fabricaba”.