Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó su primera gran exhumación. La diligencia fue ordenada después de que un grupo de militares asegurara que en este camposanto enterraron a la mayoría de víctimas civiles presentadas como bajas en combate de la Brigada XI.

El cementerio católico Las Mercedes está ubicado sobre una pequeña meseta en la zona alta de Dabeiba, Antioquia. Lo rodean casas y unas enormes montañas, que en las mañanas son tapadas por la neblina y en las tardes le dan vida a un corredor de viento que alivia el calor sofocante. A simple vista se ve ordenado, en calma. Pero esa tranquilidad se perturbó el pasado 9 de diciembre, cuando un grupo de militares cruzó el portón de la entrada, donde está una figura de Jesús con una mano y un pie levantados. Los uniformados se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 003, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, los mal llamados “falsos positivos”.

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Hoy están condenados y pagan su pena en cárceles militares, pero arribaron a Dabeiba para cumplir con una orden de los magistrados de la JEP. Su deber era mostrarles, en el lugar de los hechos, dónde están las 45 personas que dijeron haber asesinado y enterrado, entre 2005 y 2007, en este camposanto cuando servían a la Brigada XI.

Esta es la primera vez que la JEP pasa de escuchar las versiones de los comparecientes, como se les llama a quienes se someten a esta justicia, a la etapa de la contrastación. “Hemos hablado con más de cien militares. Nos han revelado decenas de hechos, pero tenemos que comprobar que aquello que dicen es cierto. Son crímenes que hasta ahora habían sido desconocidos por la justicia ordinaria”, dijo Alejandro Ramelli, magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. También es la primera vez que ordena una exhumación tan numerosa.

Y la única manera de saber si están diciendo o no la verdad es desenterrándola. Por eso Ramelli, como encargado del caso 003, ordenó “la ubicación, exhumación, custodia e identificación de cuerpos, cuerpos esqueletizados y estructuras óseas” que, de acuerdo con las coordenadas de los acusados, reposan en Dabeiba. Además, pidió entrevistar a posibles testigos, practicar pruebas y hallar similitudes en las investigaciones que se adelantaron en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar.

Los encargados de esta labor eran los investigadores de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Para la búsqueda de tantos cuerpos era necesario un equipo interdisciplinario. Si bien la UIA fue delegada por la JEP para adelantar los procedimientos forenses, los magistrados contaron con la asesoría técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas de Desaparecidas (UBPD), que prefirió actuar como observadora para salvaguardar su carácter extrajudicial. Criminalistas, antropólogos, odontólogos, topógrafos, fotógrafos y médicos forenses estaban listos para la primera gran exhumación ordenada por el tribunal de paz.

La tarea era buscar, de acuerdo con la información previamente recolectada por la JEP, “201 lugares de posibles inhumaciones, de los cuales 90 tenían algún tipo de inscripción" e indagar en "cinco zonas con áreas que a pesar de no contar con ninguna señalización (lápida, cruz, etc) poseen rasgos típicos de lugares de inhumación, los cuales se caracterizan por presentar depresiones de forma rectangular y aproximadamente 15 centímetros de profundidad”.

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El recorrido en medio de las tumbas comenzó a las 9:00 a.m. Los investigadores de la UIA les dieron a los militares varios banderines verdes fosforescentes con los que debían señalar los lugares en los que enterraron a las víctimas de falsos positivos. El grupo técnico forense, el sepulturero del pueblo, cuatro campesinos ayudantes y los magistrados siguieron en procesión a uno de los militares que señalaba la primera parada: una caseta blanca y pequeña. “Aquí se hacían las necropsias, magistrado. Aquí se traían los muertos, se les ponía una muda de ropa negra y la pólvora en las manos”. Lo hacían antes de que llegaran los técnicos forenses. “Cuando ellos llegaban, nosotros les decíamos ‘muerto en combate’ y así quedaba registrado”.

El primer banderín lo ubicó cerca de la caseta. La víctima se llamaba Óscar. Era un hombre de Medellín que tenía entre 40 y 45 años. Fue asesinado el 1° de diciembre de 2005.

—¿Dónde lo asesinaron? —preguntó el magistrado.

—¿Si ve esas antenas en la montaña? Hay cuatro. Entre la primera y la segunda. Le disparamos y lo bajamos.

En las montañas que rodean el cementerio fue asesinada la mayoría de las personas. Era el lugar ideal, lejos del pueblo donde era remota la posibilidad de que los vieran. Los impactaban siempre “en el pecho y la cabeza”. Luego los bajaban a la caseta para la necropsia y los enterraban junto con los sepultureros. Mientras narraba los hechos, los técnicos e investigadores intervenían para profundizar en este tipo de detalles. Los togados tomaban nota y comparaban con los relatos que dieron en las versiones voluntarias en Bogotá.

La segunda parada fue a menos de dos metros. Puso tres banderines.

—Aquí enterramos tres jóvenes, todos hombres, de 20 a 27 años. Fueron asesinados con un proyectil en la cara, el pecho y la cabeza. Deben estar en una profundidad de metro y medio.

—¿Con qué arma los asesinaron? —interrogó, de nuevo, el magistrado.

—Con una M-60.

—¡Los destrozaron! —comentó un investigador de la UIA. La M-60 es una ametralladora que puede lanzar 550 disparos por minuto.

En una de las 16 paradas mencionó a Diego. “Aquí fue, magistrado, lo que le conté del menor”. Diego tenía quince años. Aunque debía ser asesinado inmediatamente después de su secuestro, el militar que lo tenía a su cargo dudó y esperó cuatro días. El joven le suplicaba que lo soltara, que no le hiciera daño. Pero el comandante lo llamó a decirle que, como “le había quedado grande matarlo”, iba a enviar a otra persona. Ese otro uniformado lo ejecutó. Diego agonizó hasta que su secuestrador decidió rematarlo para no verlo sufrir más. Sus mandos no le perdonaron la duda y fue trasladado al Nudo del Paramillo, donde duró tres meses desconectado, por no haber cumplido la orden.

Todos los jóvenes eran reclutados desde Medellín. Los militares aseguraron que, a diferencia de otros batallones, este no les pagó a reclutadores sino que entrenó a sus soldados para persuadirlos: “Luego adecuaron soldados de la cada unidad para que salieran a traer las personas y así no gastaran tanto dinero, o sea, cambiaron el sistema que tenían anteriormente, digamos los reclutadores”. También mencionaron las características de las víctimas: la mayoría de los civiles era pobre, al menos dos eran afros, uno de ellos estaba en situación de discapacidad y otro tenía una adicción a las drogas. A algunos los enterraron en bolsas de plástico. A otros los tiraron a la tierra.

Ya pasaba el medio día cuando se nombraron 16 hechos. Dentro de ellos estarían los 45 homicidios. Sin embargo, en los primeros encuentros con los magistrados insistieron que puede haber hasta 75 civiles presentados como bajas en combate: “El Batallón de contraguerrillas en un semestre dieron 75 resultados, no 45, señor Magistrado… en todos no estuve yo colaborando, cumpliendo la orden… Hay lapsos, por ejemplo, que a mí me enviaron a hacer curso de contraguerrilla, de lancero perdón. Son 3 meses que estuve ausentado, más las vacaciones... cuando yo volví ya estaba el batallón en otro sector, entonces no, pero son 75 resultados”.

Mientras recorría el cementerio, otro de los militares contó que para encubrir los homicidios asistían a cursos de policía judicial: “Yo sabía cómo se hacía por lo que aprendí en ese curso. Cuando llegaba un muerto nuevo, me pedían que me bajara de la montaña. Me tocaba correr desde allá arriba, desde las antenas, hasta el cementerio para verificar que todo estaba bien: la pólvora, las botas, la ropa”. Todo a cambio de condecoraciones, ascensos, dinero, vacaciones y beneficios. El encubrimiento llegó hasta los juzgados militares. “Señor magistrado, lo que yo les estoy diciendo va a hacer que reabran muchos procesos. Inclusive ustedes tienen que investigar a los jueces penales militares… y vuelvo y le repito, eso es lo que le hace dar miedo a uno”.

Poco a poco fueron emergiendo las historias. La procesión iba de un lado a otro bajo el sol intenso. Dos banderines en una esquina, tres al costado y hasta seis en el medio. Por momentos, quienes confesaban los hechos se perdían. Uno se rascaba la cabeza para tratar de recordar. Las tumbas han sido cambiadas y muchas de ellas pintadas. En ocasiones son malas prácticas de los sepultureros, pero en el caso de Dabeiba había una particularidad: justo el sector donde los militares confesaban los crímenes fue pintado de blanco. Las cruces tenían solo dos tipografías, a pesar de que las fechas se llevaran décadas de diferencia. Un testigo, horas después, confesó que miembros del Ejército lo pintaron todo hace dos años.

La presión de más de diez personas aterradas con sus respuestas eran un motor para que siguieran narrando. En sus relatos no había un asomo de aflicción. Rememoraron la participación de pobladores dentro de las necropcias y los encubrimientos, y de cómo los sepultaban siempre mirando hacia la caseta blanca. Les insistieron a los investigadores que buscaran a las personas mencionadas porque están seguros de que están vivas.

Y tenían razón. Luego llegaron más testigos. Uno de ellos sobrevivió a un atentado justo hace un mes. Fue herido con cinco impactos de bala. La JEP pidió estudiar su caso para darle protección, tras contribuir en la ubicación de otros puntos, en el costado superior izquierdo del cementerio. Otro aportó más puntos de inhumación, en este caso los responsables son los paramilitares. Manifestó que ayudó a enterrar ocho cuerpos en dos áreas que les indicó a los técnicos. Según la JEP, esta información se pudo contrastar con los registros de personas no identificadas que tiene la Fiscalía 50 Seccional de este municipio. Si bien la JEP no tiene competencia sobre estos casos, Ramelli destacó que desde la justicia transicional se puede aportar información para otros procesos que se adelanten en la ordinaria.

Dabeiba no es sólo foco de atención del caso 003 sino también de otro proceso dentro de la misma jurisdicción. Antioquia es el departamento con mayor número de desaparecidos del país (24.66 %). Además de llevarse el deshonroso primer lugar, también preocupa que el 99 % de ellos hoy sean relatos impunes. Por esta razón, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó medidas cautelares sobre 16 lugares donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas, entre ellos, la zona de influencia del megaproyecto Hidroitunango, la comuna 13 de Medellín y el cementerio de Dabeiba.

La Unidad de Búsqueda sirvió como asesora técnica en la investigación y fue hasta Dabeiba con el objetivo de aproximarse "a lugares y a personas que pueden tener información de personas desaparecidas, de acuerdo con su mandato humanitario", según su directora Luz Marina Monzón.

Dabeiba es uno de los municipios del país que más afectaciones tuvo en la guerra. Además del Ejército, también hicieron presencia las guerrillas Farc y Eln, y el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Desde 2001 a 2006, años en los que se presentaron los falsos positivos, los actores armados se enfrentaron por el control territorial y dejaron, de acuerdo con el Registro Único de la Unidad de Víctimas, 14.524 víctimas. "Aquí la época de la violencia fue muy dura. A todos los que vivimos en Dabeiba nos afectó. Eso mataban, desaparecían", agregó una habitante. Estar ubicado en una zona estratégica, pues es la entrada al Nudo del Paramillo y corredor hacia el Bajo Atrato, la condenó a estar en medio de las balas.

La historia de Rubén

— ¿Usted es la hija de Rubén?

—No, no. ¿Quién habla? —Beatriz* recibió la semana pasada la llamada que había esperado durante 22 años. En un principio tuvo miedo, porque su interlocutor no se identificó.

— ¿Quién habla? ¿Por qué conoce a mi hermano?

Rubén era un agricultor de Buriticá (Antioquia). El 13 de junio de 1997, varios hombres lo raptaron en una camioneta en medio de las fiestas del pueblo, según contaron los vecinos. Tres días después, su padre oyó en la radio que en Dabeiba había tres personas asesinadas sin identificar. Madrugó y se fue hasta el cementerio para corroborar si su hijo era uno de ellos.

Cuando el sepulturero le mostró los muertos, metidos en bolsas de plástico, lo identificó de inmediato. Le sorprendió que Rubén no tuviese el puente que escondía la pérdida temprana de sus dientes y, aún más, el disparo en su espalda. Quiso llevarse a su hijo, pero el hombre le pidió que se fuera porque lo podían matar, pues los combates persistían a las afueras. No lo pudo sacar.

Su familia testificó que, a pesar saber el punto exacto de su ubicación en el cementerio de Dabeiba, no pudieron desenterrarlo por miedo. Beatriz solo pudo poner la denuncia en 2004, sin mayor respuesta de las autoridades. Aunque tarde, esa decisión ayudó para que la UIA pudiera llamarla y preguntarle por su parentesco con Rubén. “Fue una sorpresa. Y me alegré porque mis padres no dejan de preguntarme por él. Esta es la última esperanza”.

Fue así como llegó hasta el cementerio de Dabeiba. Era el segundo día de la diligencia y el equipo forense adelantaba sus labores de prospección y exhumación, que se extenderían seis días más. Estaban preparados para el arduo trabajo físico. Buscar a un desaparecido es dispendioso. Dos antropólogas tardaron cuatro horas para excavar cuarenta centímetros hasta que se encontraron los primeros restos. De ahí para abajo era necesario usar un palustre para sacar la tierra y no estropearlos.

Aunque el proceso apenas comienza, los forenses tienen la certeza de que la tierra fue removida. La nueva labor, entonces, es indagar si los cuerpos fueron extraídos o se mezclaron con otros que sí están identificados. Karen Quintero, antropóloga de la UBPD que observó la diligencia, explicó que esto es utilizado por los perpetradores como una ventaja: “En esa reutilización del suelo se desaparece o esconde la verdad. Eso hace compleja la contrastación. Además, puede afectar tumbas de otros cuerpos que sí tienen dolientes”. Lo clave, entonces, será la etapa de identificación.

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Hasta el viernes, de acuerdo con la JEP, se habían hallado diez cuerpos completos y restos de, al parecer, cinco personas. Fueron encontrados en las zonas donde los testigos y los militares les indicaron a los magistrados. La investigación aún tomará tiempo. La JEP tiene pensado crear otra comisión para el otro año, porque fue imposible desenterrar todos los puntos. Aunque inicialmente iban a exhumar en un pedazo, al cierre de la comisión se dieron cuenta de que en cada esquina del cementerio Católico Las Mercedes se habla de un desaparecido. También hay que esperar el trabajo de identificación de Medicina Legal. Beatriz está a la espera de los exámenes para el cotejo, pero se aferra a la esperanza de que los investigadores hayan sacado tres cuerpos justo en el punto que su padre recuerda que vio a Rubén la última vez acompañado de otros dos jóvenes.

* Este nombre fue cambiado por petición de la fuente.