Ya sepultado por la historia desde hacía mucho tiempo, a los 91 años, y tras pasar diez de ellos en prisión por cometer graves violaciones a los derechos humanos, esta madrugada terminó de morirse el exdictador Gregorio Álvarez debido a una falla cardíaca, confirmaron a El Observador fuentes del Hospital Militar y del Ministerio del Interior.

Álvarez ejerció ilegítimamente la presidencia de la República entre 1981 y el 12 de enero de 1985 y tuvo un peso fundamental en el golpe militar de 1973 y en la dictadura que se cernió sobre el país durante 12 años.

Una foto de aquella noche del 27 de junio lo muestra caminando con otros militares por el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a donde los políticos no volverían durante mucho tiempo. Otra fotografía, no menos icónica, lo mostró mucho tiempo después con la cabeza apenas alzada y el número de procesado 276.487 que le adjudicó la Justicia civil.

Más conocido como "Goyo" y simpatizante del Partido Nacional, ascendió al grado de general en 1971 y prontamente fue designado como jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) encargado de la lucha contra la guerrilla tupamara que un año después ejecutó a su hermano, el también militar Artigas Álvarez.

Rápidamente escaló posiciones hasta comandar la división del Ejército en Lavalleja- departamento que era conocido como "la república del Goyo"- para saltar luego a la comandancia del Ejército.

Álvarez llegó a la presidencia de la República el 1 de setiembre de 1981 tras desplazar al presidente títere Aparicio Méndez y cuando ya la mayoría de los uruguayos había expresado su rechazo a la dictadura en el plebiscito de 1980.

En los meses previos al golpe se había mostrado como un militar progresista –o "peruanista" como se decía entonces- pero prontamente quedaron claras sus intenciones

El día que asumió como presidente, el diario El País le dedicó un editorial en el que sostuvo que el discurso del general expresó "un pensamiento en forma sobria y al margen de todo desliz de carácter demagógico, fue mesurado pero no exento de de la inevitable firmeza y energía que requieren los instantes que vivimos".

El dictador siguió ejerciendo y reprimiendo, y cada tanto advertía por cadena de radio y televisión que no dejaría que los políticos volvieran para "revolcar en el más nauseabundo de los lodos el poncho de Saravia y el sobretodo de Batlle".

Fue invitado a integrar la logia militar Teniente de Artigas y la Masonería, pero no aceptó. En cambio, se metió de lleno en el denominado "Operativo Conserva", un contrato firmado en 1982 entre el gobierno y una empresa privada para exportar carne a Argentina. El directorio de uno los frigoríficos que recibía beneficios especiales para participar del negocio estaba integrado por la esposa del dictador.

Pero, progresivamente, los militares más aperturistas le fueron restando su apoyo y no tuvo más remedio que negociar con esos políticos a los que detestaba. Tras las elecciones de 1984 que ganó Julio María Sanguinetti, Álvarez le entregó provisoriamente el gobierno al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego.

En 2007 comenzaron los procesos judiciales en su contra que lo confinaron en la cárcel de la calle Domingo Arena, un centro de reclusión, vecino de un cuartel, especialmente acondicionado para recibir a militares violadores de los derechos humanos.

Álvarez fue procesado como coautor de reiterados delitos de desaparición forzada vinculadas a los traslados clandestinos de detenidos desde Argentina ocurridos en 1978, cuyos protagonistas fueron asesinados. Luego, se le agregaron otros delitos como el del homicidio de 37 personas cuando ejercía la comandancia del Ejército. La condena sumó 25 años de cárcel.

Cuando el juez Luis Charles le extendió la mano en el juzgado para saludarlo, el ex dictador le preguntó: "¿Es necesario?". "No, pero es de buena educación", le respondió el magistrado.

Después, Charles lo responsabilizó por haber tenido "pleno conocimiento de todas las acciones que se llevaban a cabo" y por tener "una decidida participación en las mismas".

"Cuando asumió como Comandante en Jefe del Ejército el 1 de febrero de 1978 se le elevaban copias de todas partes, por lo que tenía conocimiento de todos los sucesos sin excepción de naturaleza alguna", dice el fallo.

Ya preso, Álvarez fue apartado del resto de sus camaradas delincuentes que lo acusaban de maltratos y de intentar seguir mandando como lo hizo en sus épocas en el poder. La incipiente demencia senil lo hacía creer que aún era portador de sus charreteras.

Durante su gobierno se produjo la ruptura de la denominada "tablita" (sistema de anuncio anticipado del precio del dólar) que sumió al país en una profunda crisis.

Antes de la catástrofe económica, un periodista le preguntó si no existía riesgo de que hubiera una devaluación. Álvarez respondió: "Ni que bajen los marcianos".

Cuando el dictador fue procesado, el historiador Lincoln Maiztegui Casas escribió en El Observador un perfil titulado "Que sea el punto final" y que terminaba con el siguiente aserto: "Su carismática personalidad resultó decisiva en la instauración de aquella realidad ominosa, que costó mucho dolor, muchas vidas inocentes y significó –esto lo afirmo con toda convicción- un retroceso en la posibilidad de convivencia que aún hoy estamos pagando. Por ello, su prisión podrá considerarse contraria a derecho, inconducente tal vez, pero no injusta, en el sentido ético del término. Si es posible extraer de todo este drama una enseñanza útil, ella no es otra que la certeza de que los poderosos y soberbios de ayer terminan, si la muerte no los somete antes a un Tribunal superior, siendo, fatalmente, los procesados de hoy. Quiera Dios que el proceso del general Álvarez constituya, por fin, el punto final de un ajuste de cuentas que no parece tener fin".

El poderoso y soberbio Álvarez fue condenado por la justicia de los hombres. Si existe ese otro Tribunal superior, el exdictador ya habrá iniciado el proceso que lo llevará a la sentencia final.