CIPER revisó 1.613 contratos de asesorías externas pagados por los diputados en 2012 y 2013. También los mecanismos de fiscalización para garantizar que esos miles de millones se gastan en mejorar la labor legislativa. La investigación arrojó resultados sorprendentes. Los mayores montos se los llevan sociedades comerciales y personas naturales. Muchas veces entregan informes de una página. Nadie en la Cámara revisa si las asesorías se hicieron o no. Sólo se pide la firma del diputado y del asesor y se paga. Vea las nóminas de todas las entidades sin fines de lucro, sociedades y personas que asesoran a los diputados.

Más de $6.000 millones de pesos -casi US$11 millones-, es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar asesores a honorarios. Este ítem del presupuesto de la Cámara, destinado a contratar “asesorías legislativas externas”, se incrementó exponencialmente a contar de 2012. Y creció nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones. Lo paradójico es que el Congreso aprobó esta alza después de que se descubrieron lo más turbios manejos en la administración de los recursos del Parlamento y en momentos en que el Ministerio Público aún tenía en curso investigaciones contra parlamentarios que simularon contratos de arriendo para sus sedes distritales o que depositaban en sus cuentas lo pagado por asesorías (ver reportaje).

Fue así que ante el escándalo por la falta total de control sobre los recursos que se entregaban a los parlamentarios, el Senado y la Cámara anunciaron que endurecerían los controles. En 2012, junto con el significativo aumento de la asignación para asesorías, debutó una nueva fórmula de fiscalización que buscó erradicar cualquier posibilidad de fraude. Para que la Cámara apruebe el pago a un asesor, el diputado que lo contrató debe entregar el informe del trabajo realizado. Pero esta investigación de CIPER comprobó que estos informes no siempre permiten acreditar que la asesoría se haya efectuado y mucho menos que sea de calidad.

CIPER revisó en detalle los archivos de la Cámara que registraron el pago de 1.613 contratos de asesorías externas solicitadas por los diputados entre 2012 y 2013. También analizó una muestra de los informes que acreditan la realización de estas asesorías y descubrió los flancos débiles de un sistema de pagos millonarios que, a pesar de los nuevos controles, sigue siendo precario.

En 2012 los diputados gastaron un total de $2.914.119.591. En 2013, la cifra se estiró a $3.112.105.794. En consecuencia, el monto global desembolsado en ambos años alcanzó a $6.026.225.385, lo que al cambio actual equivale a poco más de US$ 10,9 millones (vea los gráficos con el detalle de los gastos por cada bancada en 2012 y 2013).

Además de los $25 millones anuales dispuestos para cada uno de los 120 diputados, también se entrega a cada bancada un monto de $257 mil mensuales por parlamentario. De esta forma, el ranking 2012-2013 del gasto en asesorías por bancada lo encabeza la UDI con $1.910 millones (31,7% del gasto total de la Cámara), debido a que contaba con el mayor número de diputados: 39 escaños.

Le siguen la DC, con más de $1.046 millones (17,4% del gasto total y 19 diputados); el PPD, con $927 millones (15,4% y 18 diputados); RN, con $766 millones (12,7% y 17 diputados); el PS con $605 millones (10% y 11 diputados); el PRSD, con $276 millones (4,6% y 5 diputados); el PC, con $146 millones (2,4% y 3 diputados), y el PRI, con $104 millones (1,7% y 2 diputados). A ellos se suman los diputados independientes (Sergio Aguiló, Roberto Delmastro, Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Osvaldo Vargas y Pedro Velásquez), que en conjunto gastaron $ 241 millones (4% del total). En el caso de Delmastro, cabe consignar que sólo gastó $ 4 millones en 2012 y en 2013 no contrató asesorías externas.

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES TOP

La entidad que cobró más dinero por asesorías externas en 2012 y 2013 fue la Fundación Jaime Guzmán, con un total que superó los $451 millones. Esa suma se debe al mayor número de los diputados de la UDI y a la férrea disciplina gremialista, lo que permite concentrar las asesorías en la fundación y no en distintas entidades, como ocurre con otros partidos (ver ficha). De los 39 diputados UDI, 36 contrataron a la Fundación Jaime Guzmán por montos variables que van desde los $600.000 a los $25,3 millones anuales. La única diputada UDI que le entregó todo su monto correspondiente a asesorías externas a la Fundación Jaime Guzmán, fue María José Hoffmann, quien en 2013 recibió de esa entidad los informes “Resumen a la sala”, un estudio mensual de políticas públicas y un reporte de actividad legislativa en materia de educación. En 2013, además, la bancada UDI también contrató a la Fundación Jaime Guzmán por $123.762.600 para que uno de sus profesionales asistiera como asesor a las sesiones de cada una de las comisiones. La asesoría incluyó redactar indicaciones a los proyectos de leyes y la entrega de minutas sobre las iniciativas en discusión.

Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada ocupa el segundo lugar en el ranking total de las asesorías externas de la Cámara en 2012-2013. Figura con $275,8 millones y también asesora a parlamentarios UDI. La sociedad está formada por Carlos Felipe Fairlie Oria y su esposa Claudia Fernanda Toro Jiménez (ver ficha). Él es abogado querellante en el caso Tsunami y fue jefe de gabinete del diputado Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI). Claudia Toro también tiene una sociedad individual de asesorías, por la que recibió otros $81,7 millones por servicios a diputados UDI. En total, las sociedades de la pareja cobraron $ 357,5 millones.

En el tercer lugar se ubica la sociedad comercial Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones (ver ficha). Celap fue constituida por los socios Andrés Silva Gálvez, ex director del Serviu en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Marko Tapia, ex abogado del Ministerio del Trabajo. La sociedad fue contratada por diputados PS (aunque también por la diputada PPD Adriana Muñoz) y recibió mucho más dinero que el Instituto Igualdad, la entidad académica sin fines de lucro vinculada al socialismo. Este último cobró $54,1 millones.

Tinto Producciones, alcanza la suma de $191,19 millones, pagados por parlamentarios de RN, y ocupa el cuarto lugar (ver ficha). La cifra es superior a lo que percibió el Instituto Libertad, el think tank de RN, que obtuvo $117,4 millones. La sociedad fue constituida por el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz Eyzaguirre y su esposa Verónica García Huidobro Herman. Santa Cruz se fue incorporando a la política tras colaborar con el diputado Pedro Browne -de quien es amigo desde la infancia- en la campaña electoral 2009. Finalmente se convirtió en secretario ejecutivo de Amplitud, el movimiento que los parlamentarios Browne, Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Lily Pérez fundaron luego de abandonar RN. De acuerdo al portal Gobierno Transparente, Santa Cruz tiene en 2012 contratos con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) por $24.669.996 y por $15,6 millones con la Subsecretaría de Viviendas y Urbanismo.

El quinto escalón del ranking lo ocupa la Sociedad Legal Limitada, que facturó $191,11 millones. Esta sociedad asesora a diputados UDI y pertenece al abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero y María Alejandra Rivera Román. Cantellano fue seremi de Energía de la macrozona de Atacama y Coquimbo entre julio de 2010 y agosto de 2013, labor por la que cobraba $3 millones. Durante ese tiempo, según consta en una escritura legalizada el 30 de diciembre de 2011 (vea aquí la escritura), “se abstendrá de participar en los activos y pasivos de la sociedad mientras permanezca ocupando dicho cargo u otro oficio o cargo público que, por razones de probidad o transparencia, sean incompatibles con el ejercicio de la profesión de abogado” (Vea Nota de la Redacción).

DESEMBARCO DE LAS “PERSONAS NATURALES”

Hasta 2011, antes de que el monto de la asignación se disparara, la mayoría de las asesorías eran encargadas a entidades sin fines de lucro asociadas a los distintos sectores políticos, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI) o el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, ligada a la DC). Sólo ocasionalmente se contrató a sociedades comerciales, tales como estudios jurídicos o empresas de asesoría comunicacional.

Pero la investigación de CIPER constató que a contar de 2012 aumentó la participación de las sociedades comerciales y surgió un nuevo actor en el sistema de asesorías: las personas naturales. Su aparición fue explosiva: hasta 2011 no eran autorizadas las asesorías de personas naturales, pero al año siguiente alcanzaron alrededor del 50% del total de contrataciones y, en algunas bancadas, como la del PPD, llegaron a sumar cerca del 77% de los servicios pagados.

En la cúspide del ranking de las personas naturales que han recibido más dinero por asesorías externas, se ubica el abogado Marco Zepeda Risso, quien ha cobrado un total de $62,3 millones en los últimos dos años. Zepeda, quien fue contratado por los diputados del PPD Carlos Campos y Pepe Auth, ha sido candidato al comité central metropolitano del PS y forma parte del directorio de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

Auth explica así la contratación de Zepeda:

-Él es mi socio intelectual y laboral, tanto así que en el seguimiento de los proyectos a veces lo mando a comisiones a las que yo no puedo asistir, porque me interesa saber lo que allí dicen. También redacta indicaciones. Es un acompañante permanente, además me hace asesorías jurídicas en el distrito -aseguró.

En el segundo lugar se encuentra Carlos Rubio Estay, quien asesoró a los diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS), con un monto superior a $58 millones. Rubio figura en la web de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como parte del equipo docente de su Escuela de Derecho. También aparece en los registros del Diario Oficial firmando resoluciones en calidad de Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía entre 1999 y 2002. Además, en los archivos de algunos boletines legislativos de la Cámara y del Senado se le identifica como asesor del Ministerio de Economía en los años 2005 y 2008.

En el tercer escalón está Antonio Veas Saavedra, abogado contratado por la bancada DC y por los diputados del mismo partido Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, quien ha cobrado una suma global de $53,2 millones. En la web oficial de la DC destaca como miembro de su Tribunal Supremo. En las actas del Concejo Municipal de Lo Espejo figuró como secretario municipal al menos hasta mediados de 2013. Representó a los diputados Ascencio y Rincón en la fallida reclamación ante la justicia electoral contra la elección senatorial de Iván Moreira (UDI).

La cuarta ubicación es para Roberto Aguin Arriagada, asesor del diputado Manuel Monsalve (PS), con una suma de $49,9 millones. En el Diario Oficial figura en 1995 constituyendo la sociedad comercial Ballcom S.A., en cuya escritura quedó registrado como “técnico en computación e informática”. El diputado Monsalve le ha encargado asesorías que abarcan amplias actividades: “Recolección y sistematización de información de apoyo a las tareas legislativas; recabar, construir, generar y sistematizar estudios, investigaciones, informes y asesorías en diversas materias y en todos los ámbitos necesarios para asistir a la labor parlamentaria; preparación de minutas de comisión; construcción de bases para proyectos de acuerdo”. (Vea uno de sus informes de asesoría)

Cerrando el “top 5” de las asesorías prestadas por personas naturales, se ubica José Barría Bustamante, contratado por el diputado Miodrag Marinovic (Independiente), quien ha cobrado $49,9 millones. Barría fue miembro del Consejo Regional de Magallanes en representación de la UDI, partido al que renunció en 2008. La web de la Empresa Portuaria Austral indica que es miembro de su directorio. La misma página lo identifica como ingeniero comercial de la Universidad de Magallanes y MBA de la Universidad del Desarrollo. En el Diario Oficial aparece como administrador legal de la sociedad “Conductividad Austral Limitada”, entre cuyos socios figura el mismo diputado que lo contrató en la Cámara, junto a sus hermanos Victoria Elena y Alejandro Antonio Marinovic Solo de Zaldívar (vea el registro en el Diario Oficial).

DOBLE MILITANCIA

Entre los asesores contratados como personas naturales por los diputados, CIPER detectó casos que al mismo tiempo desempeñaron otras funciones pagadas por la Cámara, lo que está prohibido. Los asesores externos deben inscribirse en un registro y entregar una declaración jurada en la que dan fe de que no están empleados en otras funciones remuneradas por la corporación.

No obstante esa limitación, el miembro del Tribunal Supremo de la DC, Antonio Saavedra Veas, contratado como asesor por los diputados Silber y Ascencio, también está registrado en la nómina del “personal de apoyo” pagado por la Cámara para prestar servicios al diputado Ascencio. Este empleo se prolongó hasta febrero de 2014 (vea la declaración jurada de Saavedra).

En una condición similar está Esteban Zavala González, quien cobró $4 millones entre junio y julio de 2012 como asesor externo de la diputada Marta Isasi. Ese año también figuró como “personal de apoyo” pagado por la Cámara en el puesto de jefe de gabinete de la misma parlamentaria, salvo en esos dos meses en que se le pagó como asesor externo. Es decir, fue jefe de gabinete de enero a mayo, luego asesor externo en junio y julio, y entre agosto y diciembre volvió a ser jefe de gabinete de la diputada Isasi.

Marta Isasi (independiente y ex UDI) protagonizó el último escándalo por irregularidades en las asignaciones. En mayo de 2013 fue denunciada por su ex colaborador Georgio Carrillo, quien afirmó que la diputada pagaba asesorías a personas de confianza -entre ellos, la esposa de Carrillo- que después le entregaban el dinero a Isasi. En diciembre pasado Isasi fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara por el manejo irregular de sus asignaciones, por lo que debió devolver $3,5 millones de su dieta. Actualmente, sigue siendo investigada por el Ministerio Público (ver reportaje).

REPORTES INSUFICIENTES

La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron. Y esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. Así, sólo con el aval de esas dos firmas, se cursan los pagos.

De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario. Es lo que sucedió el 24 de septiembre de 2012 cuando una asistente del diputado Marcos Espinosa (PRSD) envío un correo a la oficina que supervisa los pagos con este escueto mensaje:

“Junto con saludar y por especial encargo del diputado Marcos Espinosa, acuso recibo y conforme, asesoría externa correspondiente al mes de septiembre del presente año, para efectos de la cancelación de los servicios respectivos” (vea el correo).

De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara, el 25 septiembre de 2012, por encargo del diputado Espinoza se cursó el pago de $ 6.168.000 a Consuelo Ramírez Acuña Asesorías Jurídicas EIRL, por trabajos consistentes en: “Estudio y redacción de proyectos de ley; estudio y redacción de proyectos de acuerdo; estudio y redacción de indicaciones a proyectos de ley en tramitación; redacción de intervenciones en sala o comisión; redacción de oficios de fiscalización; atención de casos de distrito; redacción de escritos pertinentes; redacción de columnas de opinión”. De acuerdo con el correo electrónico citado, a la Cámara sólo le consta que el diputado Espinosa confirmó haber recibido esas asesorías, pero los funcionarios que visan los pagos no cuentan con documentos que respalden que todos esos trabajos enumerados efectivamente se hicieron.

Consuelo Ramírez sumó un total de $145,9 millones, asesorando a la bancada del PRSD y al diputado Pedro Velásquez (independiente y ex DC). Las asesorías las hizo como persona natural ($45,4 millones) y a través de su sociedad comercial individual ($100,4 millones).

Un caso similar es el de la asesoría prestada al diputado Sergio Aguiló (independiente y ex PS) por el actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes. El parlamentario pagó a Osorio $3 millones en 2012 y $9,2 millones en 2013 por asesorías que, según los registros de la Cámara, debían considerar los siguientes trabajos: “Desarrollo y ejecución de una asesoría con entidades políticas, sociales y culturales, instituciones eclesiásticas y en general con organizaciones de la sociedad civil, procurando sistematizar sus proposiciones e intereses para integrarlas al desarrollo de la labor parlamentaria”.

El reporte de todas estas actividades entregado por Osorio cada mes fue consignado sólo en una página. El de agosto de 2013 señala:

“Labores desempeñadas en el marco de la asesoría:

1. Preparación del cuarto informe respecto de estado de avance de la elaboración programática. 2. Preparación y diseño del informe final sobre diseño de intervención en la elección parlamentaria próxima por parte de las colectividades y coaliciones de la oposición. 3. Reunión de bancada con Mesa Ampliada Evangélica, para recoger proposiciones de reforma constitucional y conocer preparativos del Servicio de Acción de Gracias con motivo de la Independencia Nacional”.

El actual ministro Víctor Osorio firmó este escueto reporte en su calidad de periodista. Del mismo tono y extensión son los otros reportes mensuales que entregó a la largo de toda su asesoría, la que terminó en febrero de 2014. Aunque Aguiló aparece como diputado independiente en el periodo 2010-2013, en los últimos años se integró al partido Izquierda Ciudadana que presidía Osorio (vea los reportes de otros meses).

LA “BUENA FE”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es la instancia del Parlamento que debe controlar los gastos en asesorías. En la práctica, es un buzón que recibe documentos. Allí nadie analiza de manera crítica los informes. La entidad que recibe los “informes” y “reportes” de las asesorías, y que autoriza los pagos, es la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara. Su labor se remite a comprobar que las cifras cuadran y que el trabajo se realizó dentro de las fechas previstas.

El pilar de este nuevo sistema de control sigue siendo la “buena fe”, la confianza de los administradores de la Cámara en que los parlamentarios no abusarán de los recursos públicos. El diputado Patricio Vallespín (DC), quien presidió la Comisión de Ética de la Cámara durante los dos años revisados por CIPER, reconoció los vacíos del nuevo sistema:

-Lo que se puede mejorar todavía y perfeccionar es que se precisen los productos (informes o reportes) con mayor claridad, porque pueden haber distintos productos, desde la llamada telefónica, la minuta o el discurso, que deberían ser más explícitos (…). Lo importante del control es que contamos con un mecanismo para que las platas se destinen a donde deben destinarse, y actuando siempre desde la buena fe y no de la mala fe.

-Ha quedado demostrado en tribunales que algunos parlamentarios han actuado con mala fe respecto del uso de los fondos asignados a asesorías. Para evitar esos casos, ¿pueden los funcionarios que llevan el control de las asesorías rechazar informes por aspectos de fondo?

-No, ellos no revisan aspectos de fondo, se basan en un sistema de tutorías: piden documentos a una institución o persona natural (la que realizó la asesoría), verifican si se cumplió el plazo del “entregable” (informe o reporte del trabajo) y si ese documento llegó. Pero solo hasta ahí llegan.

-Entonces, ¿cuál es la diferencia con el sistema antiguo si no hay mayor control?

-La gran ventaja es que ya no hay ninguna interacción directa del parlamentario en el manejo de los recursos. Esto lo hace la corporación en forma institucional. Además, se institucionalizó un registro previo de los asesores que pueden cumplir esas labores.

Respecto del sustantivo aumento de las asesorías entregadas a sociedades comerciales y personales naturales, en desmedro de entidades académicas sin fines de lucro, Vallespín considera que éstas últimas garantizan un trabajo de calidad. Los registros de la Cámara indican que Vallespín solo contrató al Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y no a empresas o personas naturales

-Si queremos garantizar una asesoría de calidad, lo óptimo es que la hagan instituciones que tienen mayor diversidad de profesionales. Tiendo a pensar que, cuando está el nombre de una institución detrás, la calidad de los contenidos está más garantizada que cuando es sólo un profesional de confianza del parlamentario.

El CED es la entidad sin fines de lucro que más dinero recibió de la bancada DC por pago de asesorías en 2012 y 2013: $119 millones en total. Su directorio es presidido por el ex diputado Eduardo Saffirio (DC) y lo integran reconocidos militantes de ese partido, como Sergio Micco y Juan Villarzú. El Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), con $85 millones, es la segunda entidad más beneficiada por los parlamentarios DC y es una corporación vinculada al sector del partido que lidera el ex diputado Gutenberg Martínez. Finalmente, con un monto mucho menor, se anota Cieplan: $23 millones.

En todo caso, la entidad que recibió más dinero de los diputados DC no fue una institución sin fines de lucro, sino una sociedad comercial: Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A., que obtuvo $130,7 millones. Esta empresa fue constituida por María Oriana Yalena Chávez Escobar, constructora civil y funcionaria del Servicio Nacional de Menores (Sename), y Magdalena Sofía Salazar Sánchez, relacionadora pública. Esta última es hija de Miguel Salazar, dirigente DC, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en los últimos años ha trabajado como “personal de apoyo” del diputado Roberto León. Aunque Salazar dijo a CIPER que no tiene relación con Celac, el pasado martes 1 de abril concurrió a la oficina de la Cámara donde se reciben los informes de asesorías para consultar por documentos que debía presentar la sociedad de su hija. Incluso en la web de radio Cooperativa, dentro de una columna de opinión se destaca que el dirigente DC creó el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías.

María Oriana Yalena Chávez indicó que ya no forma parte de Celac, aunque no hay registro de su salida en el Diario Oficial. Ella es la ex esposa del lobista DC Carlos Tudela, quien junto a sus hijos constituyó otra sociedad que asesora a diputados DC: Visión y Gestión Estratégica Limitada, la que sumó $74 millones pagados por los parlamentarios Víctor Torres, Jorge Sabag y Eduardo Cerda.

ENCUESTAS BAJO RESERVA

La Cámara permite que con dineros de la asignación para asesorías externas se financien las encuestas que encargan los diputados. CIPER contabilizó 75 asesorías que incluyeron encuestas entre 2012 y 2013, las que sumaron $330,7 millones.

Los informes de asesoría tienen una reserva de 30 días. Pero en el caso de las encuestas, se mantienen bajo reserva hasta el final del periodo parlamentario. De esa manera, los funcionarios de la Cámara sólo pueden ver el reporte del estudio de opinión para autorizar el pago, pero el informe con el contenido de la encuesta se guarda sellado. La Cámara ha pagado esas asesorías sin saber qué financió.

Con este peculiar sistema de control, es perfectamente posible que se hayan financiado sondeos de opinión con fines exclusivamente electorales y no atingentes a mejorar la labor parlamentaria. De hecho, eso aconteció con un estudio encargado por la diputada Andrea Molina (UDI). Entre mayo y diciembre de 2012, la empresa Aneg desarrolló para ella una serie de investigaciones y análisis destinados a “conocer y medir las necesidades de la población y percepción de la gestión de la solicitante”, por un monto de $8 millones. Sin embargo, el informe de asesoría que Aneg entregó a la Cámara en julio de 2012, midió aspectos netamente electorales, como la “intención de voto hacia Andrea Molina” y sus “atributos”, además de consultar a los encuestados si tenían decido votar en las parlamentarias 2013. El informe, de 25 páginas, sólo incluye un gráfico referido a “problemáticas de la comunidad” (vea el documento).

En noviembre de 2013, a días de la elección parlamentaria, el diputado Fernando Meza (PRSD) pagó $4,2 millones a Sergio Rosas Torrealba por dos minutas y una encuesta en el distrito 52, en el que sólo testeó la evaluación de la ciudadanía a su gestión parlamentaria y la de su contendor, el diputado René Manuel García (RN). No hubo siquiera una pregunta dedicada a temas del distrito que representa Meza (vea el documento).

Otro caso es la encuesta solicitada en 2012 por el diputado Cristian Monckeberg (RN) a O’Bois Marketing, por la que pagó $6 millones, para evaluar el panorama político de la circunscripción Santiago Oriente, con el objetivo de sondear sus posibilidades en la próxima competencia senatorial. El sondeo incluyó 1.500 encuestas, cara a cara, en cada distrito de esa circunscripción. El estudio arrojó que el 59% de los encuestados no conocían a Monckeberg (vea el documento). Una de las preguntas formuladas indagó sobre quién representaría mejor a la derecha en Santiago Oriente en las elecciones senatoriales de 2013. El resultado fue: Manuel José Ossandón, 60%; Ena von Baer, 26%; y Cristián Monckeberg, 14%.

Que la mayoría de las encuestas encargadas por los diputados sea de carácter electoral, es un problema que preocupa a algunos diputados:

-Las encuestas deberían ser acotadas para identificar en ellas contenidos que sirvan para temas legislativos. Si el diputado quiere indagar sobre su desempeño electoral, debería ver de dónde saca los recursos para hacer una encuesta, pero no debiera ser del dinero de las asesorías parlamentarias –dice el diputado Vallespín, ex presidente de la Comisión de Ética.

El 10 de marzo pasado terminó el periodo legislativo 2010-2014 y expiró la reserva de las encuestas efectuadas en esos años. Hasta ahora no hay ningún registro de que se haya pedido revisar si las encuestas corresponden a la búsqueda de información sobre los problemas que enfrentan los distintos distritos de los parlamentarios o son sólo sondeos electorales. Todas se pagaron con dineros públicos.

COMITÉ DE AUDITORÍA: “NO AVANZAMOS MÁS ALLÁ”

El Comité de Auditoría Parlamentaria es el organismo encargado de controlar que los gastos en asesorías se ajusten a las normas. Su coordinador, Eduardo Pérez Contreras, explicó a CIPER que las asesorías a los diputados no siempre contemplan un “entregable” (informe o reporte del trabajo), porque muchas veces son actividades “presenciales” o “asesorías políticas”, que implican acompañar al diputado a actividades en terreno. Estas se diferencian de las otras asesoría, como informes en derecho o temas relacionados con el despacho de leyes, que sí contemplan papers extensos.

El comité, afirmó Pérez, no revisa de manera crítica el contenido de los informes y reportes que recibe: “El trabajo que realizamos tiene que ver principalmente con examinar los papeles y documentos, las rendiciones de cuentas, si se están cumpliendo las normas, pero no avanzamos más allá”. Y aunque ese comité “no puede cuestionar la calidad de la asesoría”, Pérez afirma que sí está facultado “para levantar reparos e indicar observaciones”.

-¿Desde que partió este sistema, cuántas veces el comité ha levantado reparos?

-No ha ocurrido, salvo con el caso de la diputada Isasi.

–Pero esa irregularidad fue revelada por la prensa y allí el Congreso se vio en la obligación de actuar.

-Bueno, sí…