Pluses injustificados, gratificaciones a unos pocos elegidos y pagos por conceptos prohibidos por ley. La interventora de Torrejón de Ardoz (municipio madrileño de 130.000 habitantes) dejó el cargo en enero de este año, cansada de que no se la escuchara después de emitir 22 informes desfavorables sobre el sistema de nóminas que habían impuesto los gobiernos locales del PP dirigidos por Pedro Rollán (actual consejero de Transportes con Cristina Cifuentes) e Ignacio Vázquez, actual regidor. Las irregularidades salariales habrían beneficiado a un grupo reducido de policías locales, una especie de 'guardia pretoriana' al servicio de los alcaldes, y a un pequeño grupo de funcionarios entre los que hay familiares directos de concejales.

La Cámara de Cuentas ya publicó un informe en junio de 2015 que analizaba el ejercicio 2012 y denunciaba que era "imposible" fiscalizar las nóminas por la cantidad de complementos que no estaban recogidos en el convenio colectivo. Añadía, además, que esas nóminas se contabilizaban "de forma manual" a través de un sistema de "múltiples anotaciones" que daba lugar a errores y dificultaba su control. La Cámara de Cuentas venía a confirmar lo que ya había empezado a denunciar la interventora en mayo de 2014, que cifró en 1,33 millones de euros la cuantía anual de las retribuciones irregulares. De hecho, el órgano fiscalizador de Madrid se puso en contacto con la propia interventora para asegurarse de que conocía las irregularidades que se arrastraban desde 2012. El Confidencial ha intentado sin éxito conocer la versión del Consistorio, que en teoría, tras las quejas de su interventora, puso en marcha una reorganización de sus puestos de trabajo.

"Esta intervención no puede dar su conformidad a esta nómina mientras sigan existiendo conceptos no ajustados a ley, y que deben ser necesaria y urgentemente revisados en la próxima valoración de puestos […] no puede este Ayuntamiento permanecer en la impasibilidad sobre estos hechos y debe corregir los fraudes de ley lo antes posible". Con este párrafo finalizan los informes de la interventora, que enumeró durante meses una y otra vez las irregularidades detectadas en las sueldos de algunos trabajadores.

Gratificaciones por decreto

"Gratificaciones extra por decreto". La interventora, Lucía Mora, solicitó al Gobierno local la revisión "de la totalidad" de los puestos del Ayuntamiento debido a la cantidad de retribuciones que hay "al margen de las básicas, complementos específicos y de destino". Estos pluses son fijos y están regulados "a través de decretos que permanecen en el tiempo". La interventora añade que "un decreto debe informar de los motivos que fundamentan la necesidad del servicio, pero no deben durar 'sine die", ya que si establece esa necesidad, el Ayuntamiento se debe plantear "provisionar una vacante y cumplir con los requisitos que rigen el empleo público". Es decir, se debería sacar la plaza a concurso. La Cámara de Cuentas ya señaló que el 21% de los trabajadores son personal laboral temporal, "porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta que este personal no se incluye ni en la plantilla ni en la relación de puestos de trabajo (RPT). Indicar además que algunos trabajadores laborales temporales tienen una antigüedad en el Ayuntamiento superior a los 10 años".

La Cámara de Cuentas ya señaló que el 21% de los trabajadores son personal temporal, "porcentaje muy elevado que no se incluye en la plantilla ni en la RPT"

El Ayuntamiento fijó unas gratificaciones por decreto que se conceden con total discrecionalidad a un grupo elegido de trabajadores, "que infringen el artículo 6.3 del RD 861/1986, de 25 de abril" que establece que "las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo". Según la interventora, estas gratificaciones las recibe un grupo reducido de funcionarios, alrededor de una treintena.

Hay también un grupo de trabajadores que, encuadrados en una determinada categoría, cobran como si estuvieran en otra superior. “Esta intervención entiende que en el caso de que se cubran unas vacaciones o una enfermedad y se acredite la necesidad de cobertura de ese puesto, está plenamente justificado el cobro de esa superior categoría siempre que el empleado público que sustituye tenga la titulación adecuada y cumpla con los requisitos para ocupar el puesto”. Pero al parecer el Ayuntamiento está empleando este sistema para puestos de operarios y auxiliares administrativos que se mantienen en el tiempo, lo que supone "un subterfugio para cobrar una diferencia económica no justificable". Además, "por esta vía se está defraudando el sistema de libre acceso, la promoción interna o el concurso de traslados". En este grupo de empleados, una veintena, la interventora menciona a Sira Sánchez Álvarez, hija de la actual concejala de Mayores, Mujer y Voluntariado, Inmaculada Álvarez Fernández. La trabajadora es "temporal sin plaza" y tiene las funciones de orientadora laboral.

Cometidos especiales

"Gratificaciones extraordinarias por cometidos especiales". El Ayuntamiento de Torrejón también gratifica por decreto "la especial dedicación y total disponibilidad", "el vestuario" y la "coordinación", algo que no se ajusta a derecho. También se utiliza "la comisión de servicios", superando incluso el plazo establecido para esta situación, que es de dos años. Solo estos decretos suponen la cantidad de 188.840 euros al año, señala la interventora. Estas gratificaciones las recibe un grupo reducido de policías locales, una docena, que conforman una especie de unidad especial que hacen las funciones de escolta para el alcalde y el vicealcalde.

Pluses de conductor: "En cuanto a este plus, también debería revisarse, ya que la función de conductor es requisito para el puesto y solo debería abonarse para el personal que esporádicamente utilice vehículos municipales". No puede ser un plus fijo y permanente. Este plus no está recogido en el convenio y lo firmó la comisión paritaria en noviembre de 2008, cuando legalmente no tenía potestad para ello, según la intervención.

Conclusión final del último informe de la intervención de enero de 2016.

La oposición no descarta tomar acciones judiciales. "Poco a poco salen a la luz las oscuras gestiones que durante las dos últimas legislaturas ha venido realizando el PP en el Ayuntamiento. Pero no hay que olvidar que al frente de esas tramas extrañas estaba un alcalde que hoy es consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No nos extraña que el PP haya querido ocultar y esconder en oscuros cajones informes realizados por altos funcionarios estatales a la vista de las irregularidades que detectan: enriquecer a sus amiguetes y para comprar voluntades. Desde luego, vamos a estudiar el contenido de esos informes y vamos a valorar qué tipo de acciones podemos llevar a cabo; sin descartar las judiciales, porque lo que se pone de manifiesto en ellos es muy grave", señalan desde Ganar Torrejón (IU y Equo) y Sí Se Puede Torrejón (candidatura de unidad popular que suma cinco ediles).

El Partido Socialista de Torrejón "lleva años denunciando las presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento en materia de nóminas. El informe de la Cámara de Cuentas corroboró estas denuncias. Pediremos una aclaración sobre esto y estudiaremos la vía judicial, muy en particular sobre el desarrollo en Torrejón de una unidad especial de intervención en la Policía Local que nosotros venimos llamando policía paralela y que parece que cobra diferentes y variados suplementos sumamente cuantiosos".