Esta semana el gobierno adopto una nueva política cambiaria. La misma expone los objetivos estratégicos perseguidos por el FMI en el país. Esta política no es el resultado de las incoherencias de este organismo internacional. Tampoco se limita a dar apoyo a la reelección de Macri. Busca, en cambio, imponer la integración del país al círculo del endeudamiento externo ilimitado, independientemente de quién gane las elecciones en octubre de este año. En circunstancias en que el país, sumido en una recesión profunda, no puede producir los dólares necesarios para enfrentar los pagos de la deuda contraída por este gobierno, el vaciamiento de las reservas del BCRA condicionará aún más al próximo gobierno y lo obligará a endeudarse para pagar una deuda que crece enloquecidamente. Esta es la expresión más cruda de la usura.

La nueva política del BCRA elimina las bandas de flotación del dólar y permite a esta institución vender divisas, aunque el tipo de cambio se ubique por debajo de $51,45, nivel que hasta el lunes pasado se consideraba el techo de la banda de flotación. Con la nueva política, si el tipo de cambio trepa por encima de este techo los montos ofrecidos diariamente para controlar la corrida se incrementaran de 150 a 250 millones de dólares. Asimismo, el BCRA intervendrá adicionalmente todas las veces que sea necesario para contrarrestar la excesiva volatilidad del tipo de cambio. Esto implica que podrá vender, para impedir una corrida, todas sus reservas internacionales de libre disponibilidad, estimadas en un 20% de las reservas actuales. Esta política coexiste con la apertura de los flujos de capital y la falta de control oficial sobre la liquidación de divisas de exportación.

La adopción de esta política cambiaria pone en evidencia la gravedad de la crisis actual y la decisión de recurrir a mecanismos extremos para asegurar el objetivo estratégico de endeudamiento ilimitado después de las elecciones de octubre del 2019.

Endeudamiento ilimitado

La intervención del BCRA en el mercado de cambios para impedir una corrida no es una política nueva. Fue implementada en 2018 por los dos ex presidentes del Banco Central: Federico Sturzenegger y Luis Caputo. En el primer caso, se perdieron 12.000 millones de dólares de las reservas en el intento de frenar la corrida. Luego de la renuncia de Sturzenegger, Caputo perdió otros 13.500 millones de dólares de las reservas al tratar de frenar otra corrida que llevo al dólar a $38. En septiembre de 2018 el FMI lo expulsó de la presidencia del BCRA por no acatar sus directivas respecto a la modalidad de intervención del BCRA en el mercado de cambios. Desde ese entonces el actual Presidente del BCRA operó con las manos atadas, pudiendo sin embargo el Tesoro vender dólares por goteo para detener la volatilidad cambiaria, cuando superaba los límites impuestos a la banda de flotación, que fueron alterados en varias ocasiones. A pesar de ello, la corrida ha llevado al dólar desde los $38 a los $46.

Así, durante el gobierno de Macri la intervención oficial en el mercado cambiario ha sido un fracaso. Ahora los riesgos de esta política se acrecientan debido al tamaño de la demanda potencial de dólares derivada del rápido crecimiento de los intereses de las LELIQs y de la brecha existente entre estos intereses y los que se pagan por las inversiones en plazos fijos. Estas inversiones en plazos fijos equivalen aproximadamente a 27.000 millones de dólares (dólar a $44), mientras que los intereses de las LELIQs que se renuevan semanalmente pueden representar cerca de 9.000 millones de dólares al momento de las elecciones. Hoy el BCRA está pagando a los bancos tasas de interés que bordean el 74% (las más altas en la era Macri) por las LELIQs, activos financieros que se renuevan semanalmente. Los bancos compran estos activos utilizando los depósitos invertidos en plazos fijos. A su vez, los inversores privados reciben por la colocación de sus ahorros en los bancos un interés del 48%. Esta brecha entre las tasas de interés de las LELIQs y la de los plazos fijos muestra las enormes ganancias que hacen los bancos. Constituye, además, un fuerte aliciente para que los inversores salgan de los plazos fijos y compren dólares. Esto puede ocurrir en la medida en que crezca la inestabilidad política. Se plantea entonces la posibilidad de que una corrida cambiaria se transforme en una corrida sobre los depósitos de los bancos.

La crisis sistémica está pues a la vuelta de la esquina y no parece probable que el tamaño de la demanda potencial de dólares pueda ser cubierta con las reservas de libre disponibilidad. Como un indicador de la gravedad de la situación, solo en los últimos diez días el gobierno ha liquidado la mitad del ultimo desembolso de 10.800 millones de dólares del FMI, con el objetivo de pagar vencimientos de deuda y contener una posible corrida cambiaria. Para ocultar la precariedad de la situación de las reservas, el BCRA anunció el martes su decisión de mantener secretas sus futuras intervenciones cambiarias y de no dar más información sobre la variación diaria de sus reservas internacionales.

La precariedad de la situación actual es tal que, si el BCRA lograse controlar una próxima corrida cambiaria usando las reservas, el próximo gobierno enfrentará una situación extremadamente complicada pues no tendrá dólares suficientes para pagar los vencimientos e intereses de la deuda que el Tesoro tiene que hacer este año. Es decir, hacia fines de año el nuevo gobierno se encontrará a las puertas del default. Los acreedores privados saben que, si escasean los dólares, los primeros en cobrar serán los organismos internacionales y en particular el FMI. De ahí que el Riesgo País no haya cesado de crecer. El lunes se incrementó un 1.8% a pesar de que el tipo de cambio cayó un 3% en relación al viernes anterior. Esta tendencia persistió al día siguiente y el jueves —luego del feriado— el riesgo país trepaba a 964 puntos, mientras la tasa de interés superaba el 74% y el dólar minorista promedio subía 65 centavos cerrando a $46.02.

Usura, fragmentación social y manipulación institucional

La inserción del país en el círculo infernal de nuevo endeudamiento para pagar endeudamiento “viejo” no es la única expresión del reinado de la usura. Este principio también aparece en la propia política del gobierno en relación al estímulo dado al endeudamiento creciente de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La política de endeudamiento popular fue ensayada a mediados del 2017 en vísperas de las elecciones de medio término. Por ese entonces se otorgaron a través de la ANSES tres millones de créditos destinados a estimular el consumo de estos sectores, con el objetivo de ganar su voto. Al año siguiente se les otorgaron otros tres millones de créditos. Como resultado de estas políticas: un 24 % de jubilados y pensionados, 81 % de los beneficiarios de AUH, 50 % de los empleados con sueldos de hasta 50.000 pesos y 52 % los que reciben pensiones no contributivas, están hoy endeudados. A estos sectores se dirige ahora una política de otorgamiento de créditos de hasta 200.000 pesos —que en el caso de los jubilados podrán ser tomados, aunque el titular tenga 90 años—, con plazos de pago hasta 5 años, a tasas máximas de interés del 51%. El gobierno ha colocado en diez días cerca de un millón de nuevos créditos. Estos sectores altamente vulnerables, cuyos ingresos han sido seriamente deteriorados por la inflación, reciben ahora nuevos créditos para refinanciar deuda vieja y comprar alimentos y medicinas. Como se les retiene hasta un 30% de sus ingresos cautivos en la ANSES, el porcentaje de mora es bajo y el endeudamiento ilimitado está asegurado.

La usura instila el veneno de la desesperanza, la apatía, el aislamiento, las divisiones y la violencia de los unos contra los otros, sumergidos todos en un canibalismo por la supervivencia individual que pierde de vista la necesidad de redefinir intereses a partir de la solidaridad y de las necesidades colectivas. No por casualidad esta política de endeudamiento de los sectores más pobres es acompañada por la constitución de una oficina especial de “inteligencia y análisis de datos” en la ANSES cuyo objetivo es elaborar los perfiles individuales de los que reciben créditos. Esta información será usada seguramente en la campaña electoral con el fin de obtener votos en octubre.

La ofensiva electoral del gobierno de Macri se suma a la presión sobre la Cámara Federal de Mar del Plata para sacarle al juez Alejo Ramos Padilla la investigación de la causa judicial más importante de la era democrática, en la cual dirigentes políticos, funcionarios de los tres poderes del Estado, periodistas, servicios de inteligencia nacionales y extranjeros y embajadas de otros países están involucrados en el espionaje ilegal, la extorsión y el armado de causas judiciales. Esta semana se ha revelado que Stornelli, el fiscal federal en rebeldía, estuvo en comunicación con el Presidente Macri y tenía conocimiento anticipado de la decisión oficial de quitarle a Ramos Padilla la causa que investiga. Asimismo se conoció que tres diputadas nacionales, además del fiscal Stornelli, están imputadas en la causa como integrantes de una asociación ilícita destinada al espionaje, la extorsión y el armado de causas judiciales.

En este contexto que expone a la luz del día una severa alteración del Estado de Derecho, el paro y movilización convocado por el Frente Sindical por el Modelo Nacional, los movimientos sociales y organizaciones de izquierda marca un hito importante hacia la unidad de la oposición e interpela fuertemente a todos los que se dicen opositores a “que establezcan políticas claras, que le digan a la sociedad cómo salimos de esta problemática”, sustituyendo el “vedetismo electoral” por “el bien común que queremos los argentinos” (infobae.com 30 4 2019). Esta convocatoria a la unidad tras un programa de oposición radical al ajuste contrasta con los movimientos zigzagueantes de una oposición que no termina de definir una propuesta. Esta semana, un sector de la misma expresó su voluntad de conformar una “fórmula de recambio” liderada por Lavagna y Pichetto con fuerte apoyo de Duhalde. Los candidatos han decidido debutar juntos la semana que viene en Vaca Muerta (lpo.com 29 4 2019). Tal vez piensan que este es el escenario indicado para apaciguar a los mercados, mostrándoles que ellos son los interlocutores con los que tendrán que discutir las inversiones en la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta reserva mundial de petróleo, también no convencional. Esto ocurre al mismo tiempo que la estrategia del FMI se resignifica a partir de recientes acontecimientos ocurridos a nivel internacional, que muestran la enorme importancia del petróleo y del gas en la política exterior norteamericana.

Recursos no renovables y política exterior norteamericana

Los recursos naturales no renovables en vías de extinción son de importancia fundamental para asegurar la acumulación del capital. De ahí que tanto el control de las reservas mundiales de petróleo como el control de los precios de este recurso constituyen los ejes de la estrategia norteamericana. La crisis financiera internacional de 2008 y la consiguiente política de flexibilización monetaria y tasas de interés cercanas a cero impulsaron en los Estados Unidos una acelerada explotación de petróleo y gas no convencionales, en base a un creciente endeudamiento corporativo (ieefa.org october 2018). Esto último permitió un acelerado aumento de la producción e hizo posible que en muy poco tiempo Estados Unidos disputara cuotas del mercado mundial y precios del petróleo, erosionando la influencia que los principales países productores de petróleo (especialmente OPEP y Rusia) tenían sobre estos mercados (zerohedge.com 15 4 2019). En los últimos años, sin embargo, el fuerte endeudamiento de las empresas norteamericanas involucradas en la explotación de petróleo no convencional y la rápida disminución de la productividad de estos pozos de petróleo han llevado al gobierno de Trump a endurecer su política exterior buscando controlar militarmente a los países con grandes reservas de petróleo.

Así, al reciente intento de golpe de estado en Venezuela y a la amenaza constante de una inminente invasión militar a este país se suma en los últimos tiempos la enorme presión ejercida por los Estados Unidos sobre distintos países para obligarlos a poner fin a las importaciones de petróleo provenientes de Irán. La intensidad de este conflicto ha escalado al punto que Irán ha amenazado con cerrar militarmente el estrecho de Ormuz en caso de que se impidan sus exportaciones de petróleo (bloomberg.com. 22 4 2019). Si esto ocurre, no solo se llegará al conflicto militar abierto sino que se afectará severamente al comercio internacional de petróleo. A estos acontecimientos se suman las recientes declaraciones de un alto Jefe del Pentágono sobre la intención de los Estados Unidos de mantener la ocupación militar en Siria en virtud de la necesidad de controlar las principales reservas de petróleo de este país (zerohedge.com 1.5 201). Pocos meses atrás, el Presidente Trump había anunciado la decisión de repatriar las tropas en Siria.

Estos episodios de tensión mundial en torno al petróleo no implican, sin embargo, que la militarización de la política económica norteamericana logre los objetivos buscados. Tampoco impiden la búsqueda en nuestro país de un proyecto de desarrollo nacional alternativo al ajuste. El silencio y la fragmentación impiden salir de la crisis. Los tiempos de esta ultima se apresuran y si la oposición no se moviliza activamente tras una propuesta capaz de conducir a todos los sectores perjudicados por el ajuste hacia un proyecto radicalmente distinto, la estrategia del FMI ganará fuerza.

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