El Gobierno ha prohibido este viernes los despidos relacionados con el coronavirus durante esta crisis. El Consejo de Ministros extraordinario, convocado para prorrogar la duración del estado de alarma hasta el 11 de abril -tras obtener luz verde por parte del Congreso de los Diputados-, ha aprobado que no estará justificado el despido relacionado con esta emergencia, "abundando en el escudo social" puesto en marcha por el Ejecutivo. Esta medida afectará a todos los despidos desde este viernes, una vez aprobada.



Así lo ha explicado este viernes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa telemática en el palacio de La Moncloa junto a la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa.

Díaz: "No se puede utilizar el Covid-19 para despedir"; "No es necesario despedir a nadie"

"No se puede despedir porque, como saben, hemos puesto los mecanismos legales y recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los ERTEs. No es necesario despedir a nadie"; "No se puede utilizar el Covid-19 para despedir", argumentaba la ministra de Trabajo.



La fórmula elegida por el Gobierno consiste en prohibir los despidos objetivos por motivos económicos, técnicos, organizativos, de producción y de fuerza mayor mientras dure esta crisis, y Díaz ha pedido a las empresas que sean "ejemplares": "Que se comprometan con su pueblo y mantengan los puestos de trabajo", reclamaba.

El miércoles, Público avanzó que los sindicatos han venido exigiendo al Gobierno que prohíba los despidos individuales durante un periodo de tiempo concreto, además de reclamarle que condicionase todas las ayudas a empresas a que estas no destruyeran empleo.

Un día después, el jueves, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aseguraron que se ya han producido cerca de un millón de despidos individuales por el Covid-19, y por el parón de actividad decretado con la declaración del estado de alarma, aprobado hace casi dos semanas.

De hecho, las medidas anunciadas por el Ejecutivo suponen aceptar buena parte de las reclamaciones de los sindicatos, que esta semana ya habían criticado el retraso del Gobierno en aprobarlas.

En esta crisis, todos los Servicios Públicos de Empleo permiten la inscripción de demanda de prestación por medios telemáticos, y no es necesario sellar el paro. Los plazos están suspendidos, y no se perderán días de derecho, pese a presentar la solicitud fuera de plazo.



Facilidades y mayor control en los ERTEs

La ministra de Trabajo advierte: "Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los ERTEs"

Además, en lo que respecta a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), el Ejecutivo ha concretado este viernes los mecanismos para que la prestación por desempleo la soliciten directamente los empresarios que tramiten estos ERTEs, con el objetivo de que los trabajadores puedan cobrar lo antes posible.

También se ha reforzado el papel de la Inspección de Trabajo para dotarla de un rol de control de estos ERTEs, y para que pueda comprobar las causas alegadas, con la facultad de imponer sanciones o reclamar devoluciones de las cuantías percibidas por empresas, de incumplir éstas las condiciones acordadas.

"Vamos a revisar de oficio todos y cada uno de los ERTEs", advertía Díaz, apuntando que, en caso de fraude, las empresas deberán devolver el total de las ayudas cobradas.

Por su parte, los contratos temporales, también los formativos, de relevo e interinidad, verán prorrogada su vigencia hasta que concluya esta crisis. De suspenderse estos contratos se verá alargada su duración. "Con la excusa del Covid-19 no hay que extinguir los contratos temporales", insistía Díaz.

A su vez, en el caso de las cooperativas sin capacidad de celebrar asambleas de forma virtual, que hasta ahora no podían recurrir a los ERTEs, podrán derivar en su Consejo Rector la facultad de acordar estos expedientes, y de certificarlos.

Contratación pública y centros de mayores

En otro orden de cosas, el Ejecutivo ha aprobado este viernes que la contratación pública relacionada con hacer frente a la pandemia se haga desde ahora por la vía de urgencia.

Y, en lo que toca a los centros sanitarios y de atención a mayores, se han declarado servicios esenciales, sean públicos o privados, y podrán mantener su actividad.

Aumento de gasto en material y 'toque' a Bruselas

Por su parte, el ministro de Sanidad ha informado de que la cantidad invertida por el Gobierno en material sanitario ya es de 578 millones de euros. El jueves esta cifra rondaba los 509 millones, y estas partidas se están utilizando para adquirir respiradores, mascarillas o guantes.

A su vez, la ministra portavoz ha recordado que el Consejo Europeo de este jueves no apoyó la aprobación de nuevas medidas contra el virus, dándose un plazo de 15 días. "La UE es sinónimo de solidaridad y no puede, en una situación de emergencia sanitaria como la actual, dar la espalda a los ciudadanos", argumentaba.

