Un militar brasileño controla el tráfico ante la favela 'Cidade de Deus' MAURO PIMENTEL (afp) / ATLAS

El presidente de Brasil, Michel Temer, ha tomado una de las medidas más extremas a su disposición para hacer frente a la incontenible escalada de violencia en Río de Janeiro: dejar la seguridad del Estado en manos de las Fuerzas Armadas. Según el decreto firmado este viernes por el presidente, la policía está en manos del Ejército desde hoy y hasta el 31 de diciembre. Es la primera vez que se toma una medida tan radical, y de consecuencias tan imprevisibles, desde que en 1988 se instauró la democracia en Brasil; entonces se puso fin precisamente a una dictadura militar que aún hoy defienden algunos con el argumento de que la política no tiene nada que hacer en un lugar tan violento como Brasil.

El propio presidente ha subrayado, en un discurso televisado tras firmar el decreto, la gravedad de la situación en la ciudad. “El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, ha descrito. Por eso, ha continuado, toma esta “medida extrema”. “Ya basta”, ha rematado.

La seguridad de la ciudad dependía hasta ahora en las desbordadas manos de las fuerzas estatales, que en los últimos tiempos poco han podido hacer mientras la capital se despeñaba por una espiral de asesinatos y violencia, y donde hubo casi seis mil tiroteos en 2017, según la plataforma Fogo Cruzado, en los cuales murieron 700 personas. O sea, 16 intercambios de balas al día y más de dos muertos diarios. Un 28% más que el año pasado. El año entero había sido un pulso entre las estadísticas, al alza, y los recursos policiales, cada vez más a la baja. Y este, la tendencia no parece remitir: solo en enero se contaban más de 317 tiroteos en la capital, 41 de ellos concentrados en la misma favela, Cidade de Deus.

La cultura de la violencia carioca

Toda esta sangre derramada proviene del mismo lugar, en opinión de políticos y agentes. Las tensiones, irreparables, entre bandas mafiosas que buscan controlar el tráfico de drogas y la seguridad en las favelas. Esto mientras el Estado, en quiebra, está obligado a congelar los sueldos de los agentes, pagarles con retraso y limitarles el material. La solución hasta ahora siempre ha sido recurrir al poder federal, ya fuera pidiendo dinero al Gobierno central o la intervención del Ejército en barrios puntuales durante periodos concretos. Así fue cómo salieron del paso para los Juegos Olímpicos de 2016. Y así es cómo se abrió el camino para la decisión de Temer de hoy.

Con este clima, al Gobierno estatal no le resulta fácil ingresar dinero para tomar la delantera. La Confederación Nacional de Comercio calcula que el año pasado podría haber ingresado unos 200 millones de euros en turismo, pero nadie quiere visitar un lugar donde la violencia es parte de la cultura. Los dueños de los supermercados están acostumbrados a tener una pistola en la cara al menos una vez al mes. El pasado octubre solo hubo 11 días en los que no cerrara al menos alguna escuela por culpa del a violencia. El 72% de los entrevistados en la mayor encuesta del país, Datafolha, afirmó que se mudaría si pudiese.

Ni siquiera el Carnaval ha supuesto el alivio que ofrecía antes. El Estado desplegó 17.000 agentes, un 43% más que el año pasado, y aun así, este se ha conocido como el año del Carnaval violento. Hay vídeos virales de jóvenes golpeado turistas y reportajes televisivos de tiroteos entre las celebraciones. Aun no se han divulgado las cifras, pero las autoridades han avisado de que el número de armas confiscadas por la policía era “increíble”, lo que ha obligado al Gobierno a actuar. El Gobernador, Luiz Fernando Pezão, ha admitido que hacían falta más efectivos. “Sencillamente, no estábamos preparados”, dijo.