En 90 días toda la dotación de Asuntos Internos, Narcotráfico y de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense estarán monitoreados con test toxicológicos para detectar los consumos de drogas ilegales y alcohol en la institución. La medida, que en una primera tanda involucra a 1.300 agentes, también incluye al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a sus subsecretarios y a la jefatura policial.

Según el anuncio de María Eugenia Vidal, “el nivel de expansión del narcotráfico en la Provincia determina la aplicación de este programa de prevención y de control” en la Fuerza conformada por 93.000 miembros.

Ceremonia de egreso de policías bonaerenses en la escuela Juan Vucetich.

“No tiene objetivo punitorio. Es, en principio, para que aquellos que consumen tenga la posibilidad de pedir ayuda y pueda reinsertarse”, explicó la gobernadora.

El plan determina, con carácter obligatorio, el test para ingresar a la Policía. ¿Qué técnica se aplicará? “Consiste en una muestra de saliva (con una pipeta), que es el mecanismo más rápido, u orina”, detalló el doctor Carlos Damín, jefe de la División Toxicológica del Hospital Fernández, en Buenos Aires. El profesional supervisará esta actividad a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad y Fundartox, que provee la logística.

Los muestreos serán espontáneos, por sorteo –con los números de legajos– y en los lugares de trabajo. En caso de resultado positivo, los agentes afectados serán derivados a Sanidad para su atención.

“No puede ser que en nuestra área de Narcotráfico, vinculada directamente a la detección y represión de estos delitos, no sean sometidos a prueba”, puntualizó a Clarín el ministro Ritondo. El plazo para incorporar a toda la planta de personal es de tres años. El modelo tiene similitudes con los adoptados en Nueva York, Canadá, Australia, Ecuador y fuerzas federales estadounidenses como la DEA y el FBI.

Ceremonia de egreso de policías bonaerenses en la escuela Juan Vucetich.

Vidal plantea el programa dentro de la reforma policial que comenzó con la obligación de presentar declaraciones juradas en las jerarquías superiores. Fueron 6.800 trámites. De allí surge la nómina de 300 casos de enriquecimiento ilícito que involucran a 1.000 policías. En la gestión Vidal, por diversas razones, fueron echados 4.439 agentes, suspendidos 1.515 y detenidos 362.

El ministro Ritondo durante el egreso de policías en la escuela Juan Vucetich.

Antes del 30 de junio, 7.650 oficiales de rango inferior a subcomisario y oficial principal deberán presentar sus declaraciones. Incorpora esta grilla a la totalidad del personal de la Superintendencia de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.

En todo este tiempo, las DJ dejaron expuestos casos como el comisario Néstor Omar Martín, hasta hace poco encargado del manejo de “la caja” más grande de la Fuerza que administra las horas extras y adicionales de todas las departamentales. El oficial, quien integró la cúpula de la Bonaerense, tiene varias propiedades en La Plata, dos millones de pesos ahorrados y hasta un helicóptero experimental. Lo echaron después del sumario y con causa judicial.

Las fuentes indicaron a este diario que desde diciembre de 2015, cuando comenzó la gestión actual, y hasta el mes pasado, se detectaron 145 casos de policías bonaerenses a los cuales les hallaron droga para consumo personal. Los descubrieron porque fueron denunciados por sus propios colegas, sus parejas o sus vecinos.

María Eugenia Vidal supervisó un entrenamiento del Grupo Halcón de la policía bonaerense en la Escuela Juan Vucetich y al finalizar dialogó con integrantes del cuerpo. (Mauricio Nievas)

¿La detección de consumo puede operar como disparador de causa penal?, preguntó Clarín. “La evaluación es caso por caso y ante evidencia de connotación penal la actuación tiene otra derivación que la asistencial”, aclaró Ritondo.

Como ya se sabe, el artículo 19 de la Constitución Nacional ampara las acciones privadas de las personas que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, y están exentas de la autoridad de los magistrados. Exceptuado de esta condición quedaría entonces aquel oficial de la Policía Local de Ezeiza quien apareció en un video consumiendo cocaína dentro del patrullero destinado a proteger a los vecinos.

Damín apela al último registro (2014) de las tendencias del consumo para advertir sobre el fenómeno, que no comprende sólo las drogas denominadas pesadas. El 75% de adicción es por alcohol, el 7,2% por psicofármacos, el 4% por marihuana y el 2,4% por cocaína. Por eso, el jefe del Hospital Fernández prefiere hablar de prevención de sustancias psicoactivas. “Es parte del abordaje de la nuevas políticas en la materia, mientras controlamos hasta los patrimonios”, insistió Vidal.