Maipú es una de las pocas comunas del país que todavía administra su propia agua potable.

La sanitaria Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA) provee de agua y alcantarillado a más de medio millón de personas, funcionando oficialmente desde 1950 y prestando servicios también a las comunas de Cerrillos y parte de Estación Central. Tras casi 70 años de historia, la última comuna que todavía es dueña de su propia agua podría perder la concesión de esta por los escasos avances en su plan de desarrollo. De ser así, se completaría la privatización total del agua potable en Chile.

Para poder garantizar su correcto funcionamiento, el SMAPA tiene como obligación legal elaborar un plan de desarrollo que reponga, extienda y amplíe sus instalaciones a futuro. Ello significa proyectar las obras a ejecutar en los próximos 15 años. Y para financiar esas obras, el municipio cobra de forma anticipada un pequeño monto que todos los usuarios de Maipú pagan mes a mes en sus cuentas de agua.

Desde que Cathy Barriga asumió las riendas de Maipú a fines de 2016, dicha tarifa ha significado el ingreso de más de 26.000 millones de pesos a las arcas de la municipalidad, según se desprende de cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). De acuerdo a cifras de ese ente regulador, sólo se ha ejecutado un 1,9% de los recursos reunidos para ese fin. En concreto, esa institución asegura que en 2017 se dio un cumplimiento de 5% respecto al cronograma de obras, no ejecutándose 9.273 millones de pesos. En 2018 no se registraron avances, alcanzando 17.393 millones de pesos sin ejecutar. La suma de ambos años da un total de $26.666 millones en obras pendientes correspondientes al supuesto plan de desarrollo de SMAPA.

Si al incumplimiento de los años 2017 y 2018 se le suma lo correspondiente al presupuesto de 2019 (más de 6.500 millones de pesos), Maipú, a través del SMAPA, debería invertir más de 37.000 millones para cumplir con el cronograma de obras pendientes y evitar multas por parte de la SISS —y en última instancia, la pérdida de la concesión para la compañía municipal.

Más de 120 obras sanitarias comprometidas no se han realizado, precarizando el sistema completo. Un ejemplo que ilustra el atraso es el aumento explosivo en el número de reclamos presentados por usuarios a la SISS. Entre 2014 y 2016 se registró un promedio anual de 577 denuncias. Para 2017, los reclamos contra SMAPA sumaron 927. Al año siguiente, escalaron a 1.989 reclamos, casi cuadriplicando el promedio anual de la gestión anterior. Y sólo en el primer trimestre de 2019 se registraron 552 reclamos, acercándose en solo tres meses al promedio anual que existía antes a la llegada de la alcaldesa Barriga a Maipú, nuera del popular alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

Funcionarios de la propia SMAPA han denunciado en numerosas ocasiones estas irregularidades. En el último tiempo han hecho llegar seis documentos, tanto la alcaldesa como a los concejales de Maipú, dando cuenta del incumplimiento sostenido del plan de desarrollo. INTERFERENCIA pudo ver dos de estos documentos.

INTERFERENCIA intentó en múltiples ocasiones contactar tanto a la alcaldesa Cathy Barriga como a su encargada de comunicaciones, Camila Cornejo, sin recibir respuesta alguna durante los tres días en que se insistió en hablar con ellas.

¿Dónde están los 26.000 millones de pesos?

“Qué pasó con lo que aportan todos los vecinos de Maipú al plan de desarrollo en virtud del pago de su cuenta, es la gran consulta que tenemos que abordar e investigar”, asegura el concejal Abraham Donoso (DC), presidente de la comisión de Finanzas y de Servicios Municipales de Maipú. “En eso estamos hoy día, estudiando todos los antecedentes”.

Donoso destaca que la Contraloría municipal realizó una investigación al SMAPA en la cual “no se reconoce por parte de la administración actual dónde se ha gastado ese dinero, particularmente para el periodo 2017-2019”. Nuestro medio no pudo ver ese documento que aún no se hace público. El concejal aseguró haber visto esas conclusiones.

Donoso explica que han solicitado un informe presupuestario en virtud de una proyección para la fórmula de pago e inversión de todos los recursos que recibe SMAPA. Esto con el fin de garantizar que se cumpla con el plan de desarrollo y no se incurra en multas o, en el peor de los casos, el término de contrato y la privatización de la concesión de las aguas. “Existe una preocupación más allá de esta administración”, afirma.

El concejal Ariel Ramos (PC), presidente de la comisión SMAPA, apunta a Barriga como responsable directa de la situación. “Que hoy día se estén recaudando estos dineros que la gente paga a través de su boleta, mes a mes, y que esos dineros no vayan a las obras correspondientes es principalmente responsabilidad de la alcaldesa”, dice. Esto ya que es ella quien “maneja todo el presupuesto municipal y que ha destinado dineros para otras funciones que se alejan de la obligación de mantener con buena salud nuestro servicio sanitario”.

Con casi 38.000 millones de pesos a ejecutar en obras atrasadas, Ramos y la comisión de SMAPA han solicitado todo el detalle de los reclamos efectuados por los usuarios durante los últimos años. “Desde nuestro rol fiscalizador estamos constantemente pidiendo información en las reuniones y durante los concejos municipales”, explica. “Ella (la alcaldesa) se escuda diciendo que en SMAPA se hacen los esfuerzos y que no es fácil. Incluso nos ha atacado diciendo públicamente en las sesiones de concejo que entregamos información falsa por fines políticos”.

Otras fuentes contactadas al interior del municipio aseguran que el dinero recaudado para llevar a cabo el plan de desarrollo se habría utilizado para actividades no relacionadas. Uno de los argumentos detrás de esta desviación del presupuesto sería apuntar a la finalización de la concesión para así privatizar los más de 8.000 litros por segundo que registra SMAPA en la Dirección General de Aguas.