Fue la apuesta fuerte del Gobierno para este año electoral. Luego del conmocionante crimen de Brian Aguinaco (14) -por el que fue acusado otro menor de 14-, en los primeros días de enero se anunció que se reformaría el régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo descartó de plano y el proyecto oficial de reforma no incluirá cambios en la edad.

El rechazo de la comisión llegó el jueves a última hora, en el último de los ocho encuentros que se realizaron durante febrero para discutir el anteproyecto que será girado al Congreso. La reunión duró cinco horas y participaron unas 120 personas.

En el Gobierno dicen que “no fue una sorpresa” el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad de la mesa, en la que estuvieron Unicef, la Defensoría General de la Nación y reconocidos juristas y académicos. “Lo principal es modificar la ley actual y dejarla atrás”, dijo ayer a Clarín Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. No obstante, reconoció que “el tema de la edad es central” en el nuevo esquema que quieren en el Ejecutivo.

“La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta. Tiende a dejar las cosas como están”, agregó Casares.

Con la posibilidad de bajar la edad descartada –al menos en el anteproyecto–, en el Ejecutivo destacan el consenso logrado hasta ahora en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos.

“Planteamos una modificación hacia un paradigma de Responsabilidad Penal Juvenil y cambiar el sistema tutelar actual, que permite una discrecionalidad en los jueces, que puede ir del extremo de internar a los chicos más tiempo de lo necesario al de declararlos inimputables”, argumentó el funcionario. En ese sentido, en la cartera que conduce Germán Garavano trabajan en “un sistema de reinserción social” de los menores que incluye medidas educativas, deportivas y de salud para chicos con abusos de drogas y alcohol.

“Lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves. Si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar”, reconoció Casares.

Entre quienes más fuerte se opusieron a la baja estuvo Unicef, que a través de su representante en el país, Florence Bauer, “exhortó” a que no se trabaje “de forma apresurada”. Es que aunque el Gobierno había manifestado que el debate en el Congreso iba a ser después del año electoral, en el Ministerio de Justicia quieren tener el anteproyecto listo para el mes que viene, a más tardar en abril.

“La edad de imputabilidad es un elemento importante de la Ley de Justicia Penal Juvenil que tiene que ser tratada en conjunto con los otros aspectos de la Ley y no de manera aislada”, dijo Bauer y agregó: “Esta reforma no requiere bajar la edad de imputabilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”.

En diálogo con Clarín, Bauer señaló que “es necesario reformar la ley porque la actual es antigua”, pero se pronunció en contra del encierro de los menores. “Hay estudios internacionales que indican que un chico privado de su libertad tiene un nivel de reincidencia del 70%”, apuntó.

Claro que la idea de la baja surgió ante la reiteración de casos de menores de 16 años que cometen delitos como homicidios o abusos sexuales. Pero en ese caso, la representante de Unicef consideró que es necesario reforzar la Ley de Protección Integral del Niño. “Le faltan recursos financieros, humanos y varios elementos para su implementación. Esta ley ya prevé para los casos más graves medidas para tomar, sobre todo cuando se trata de delitos graves”, afirmó.

En Unicef sostienen que la disminución de la edad no sirve para reducir la inseguridad. Y citan datos de la Suprema Corte bonaerense que indican que en 2015, sólo el 3,59% de los delitos investigados involucraron a menores de 18 años.

Desde el Gobierno señalaron que en el anteproyecto respetarán lo consensuado en las mesas de trabajo. Pero advierten: “La decisión final la toman los legisladores”.