El Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE) ha consistido en un ensayo del Gobierno de Manuela Carmena para determinar cómo influyen los criterios raciales en los controles preventivos que utiliza la Policía Municipal. La eliminación de este proyecto piloto, que ha durado cinco meses y se ha circunscrito al distrito de Ciudad Lineal de la capital, es la medida estrella de los acuerdos firmados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox en lo que respecta a la policía local para la presente legislatura.

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El proyecto afecta a las identificaciones que se hacen en la calle sin que los agentes hayan presenciado un posible delito. Se trata, en último término, de detectar posibles prejuicios raciales en los agentes y eliminarlos. En definitiva, que el policía únicamente aplique el criterio de "sospecha razonable" en el momento de elegir a la persona a la que va a parar en la calle, proceder a su identificación y quizá registrarla.

El objetivo es triple. El principal consiste en "garantizar de forma especial un trato igualitario y no discriminatorio a colectivos minoritarios, más vulnerables", según un informe de evaluación del proyecto, fechado este mismo junio y a cuyo borrador ha tenido acceso eldiario.es. Pero también, aumentar la "eficacia" de los controles y dotar de "seguridad jurídica" a los agentes ante una posible denuncia. El PIPE obliga a los policías a rellenar un formulario y actuar con una elemental cortesía.

Para el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el único objetivo del plan de identificaciones es "entorpecer la labor policial", una idea extendida por algunos sindicatos de la Policía local. Las reivindicaciones laborales de estas centrales se tiñeron de ideología radical desde que se produjo el histórico cambio en la Alcaldía de Madrid en 2015.

En una protesta por la supresión de los antidisturbios de la Policía Municipal, trescientos agentes rodearon con banderas de España al delegado de Seguridad de entonces, Javier Barbero, mientras le gritaban "rojo de mierda" y "perroflauta". Un chat de agentes para reivindicar mejoras en el turno de noche revelaba tiempo después comportamientos fascistas y graves insultos a Carmena en el seno del Cuerpo, según reveló eldiario.es.

Cuando se dio a conocer el Proyecto Identificación Policial Eficaz, en septiembre del año pasado, el portavoz de uno de estos sindicatos, CCPM, declaró a El País: "Parece que están dando por sentado que estamos haciendo algo mal contra colectivos vulnerables y eso no es así. Nos controlan como si hiciésemos algo malo y lo único que hacen es ponernos trabas".

Los sindicatos, punta de lanza de la oposición en los últimos cuatro años en materia de seguridad local, ven ahora cómo el tripartito de derechas se presenta como un aliado incondicional de su labor policial. "Vamos a apoyar y a proteger a la Policía Municipal de Madrid. Garantizaremos el correcto desempeño de su labor de proteger y servir al ciudadano, así como cumplir y hacer cumplir las normas", dicen los textos acordados por el PP con Ciudadanos, por una parte, y con Vox, por otra. En ambos documentos se concreta: "Derogaremos las instrucciones que ponen trabas al desarrollo de sus funciones y dejaremos sin efecto el Plan de Identificaciones Policiales Eficaces, que no busca sino entorpecer la labor policial".

Práctica habitual en otros países

En mayo del pasado año, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento organizó un seminario denominado Policía Comunitaria e Identificaciones que reunió a expertos nacionales y extranjeros, profesores de universidad y representantes de los colectivos ciudadanos. A raíz de sus conclusiones se creó un grupo de trabajo en las distintas unidades integrales de la Policía Municipal y se eligió el distrito de Ciudad Lineal como el idóneo para el proyecto piloto sobre las identificaciones. Un grupo de agentes de esa zona fueron enviados a Norfolk, en Reino Unido, para comprobar su implantación sobre el terreno.

Entre noviembre y mayo, la plantilla de la Policía Municipal en Ciudad Lineal se puso manos a la obra. Un total de 44 agentes rellenaron en algún momento el formulario. En esos siete meses solo se cumplimentaron 70 de ellos. La cifra, que reconocen pequeña los autores del informe, tiene que ver con que son identificaciones aleatorias y no ante la sospecha de que se estuviera cometiendo un delito. El resultado, según la procedencia étnica establecida previamente, fue el siguiente: 32 sudamericanos identificados, 20 europeos del sur, 5 africanos del norte, 5 afroamericanos, 4 gitanos, 2 asiáticos del sur y 2 individuos del resto de Europa.

En las conclusiones se advierte de que resulta imposible establecer un porcentaje de identificados por perfil racial ya que los datos de los que dispone la Administración señalan el país de procedencia, pero no de la raza. De esas 70 identificaciones, 33 fueron "positivas" (47,14%), esto es, provocaron algún procedimiento de denuncia o detención.

El intendente a cargo del proyecto escribe que el PIPE ha permitido "formar" a los agentes en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, dejar constancia del trabajo que han realizado en la calle y que también ha provocado "una mejora de las relaciones Policía-Ciudadanía, desde el momento en el que la actividad policial queda enmarcada por un procedimiento conocido por todas las partes". Durante el desarrollo del programa piloto no se produjo una sola queja por la actuación de los agentes.

El proyecto que va a eliminar el nuevo Gobierno municipal de su Policía ha sido reclamado por el Defensor del Pueblo para que se aplique en el Cuerpo Nacional de Policía, sin que el Ministerio del Interior lo haya tomado en consideración. Además, el Comité para la Eliminación para la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha instado reiteradamente a España a "tomar medidas para poner fin definitivamente a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos", así como otras para que sean investigadas y sancionadas. En términos similares se han expresado la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales.

El acuerdo del PP con Vox hace más alusiones a la Policía Municipal que el redactado con Ciudadanos. Por ejemplo, se propone hacer del cuerpo local una suerte de "policía verde" para la vigilancia del cuidado del medioambiente. También recoge una de las quejas de los sindicatos de la Policía Municipal acerca de que Carmena les impedía actuar contra los manteros, dos centenares de jóvenes subsaharianos que venden falsificaciones de ropa y complementos en el centro de Madrid.

En el acuerdo de Vox con el PP se puede leer: "Lucharemos contra las mafias de venta ambulante ilegal, dotando de mayores recursos a la Policía Municipal para que pueda combatir este problema que tanto perjuicio causa al comercio y a la imagen de la ciudad, con especial incautación de las mercancías en los almacenes ilegales". Las policías locales en España, sin embargo, no realizan labores de investigación porque no tienen atribuidas competencias de policía judicial.

La muerte de uno de esos jóvenes manteros, Mmame Mbaye, por causas naturales, la misma tarde en que había huido de la Policía Municipal provocó uno de los enfrentamientos más enconados entre los sindicatos y el equipo de Carmena. La concejal Rommy Arce habló de "hostigamiento policial", fue denunciada por un delito de odio por dos sindicatos y llevada finalmente a juicio por un delito de injurias y calumnias que le atribuye la Fiscalía.