La justicia federal allanó el casino de Rosario, ligado al empresario kirchnerista Cristóbal López, donde este viernes se casa el futbolista Lionel Messi.

El procedimiento se debe a una investigación por supuestas maniobras millonarias de lavado de dinero y evasión impositiva, entre ellas una que por lo menos benefició a Lázaro Báez, según revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Ante un pedido del titular de la AFIP, Alberto Abad, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque ordenó allanar las salas de pago y las salas VIP del City Center Casino.

Más de 20 inspectores participaron, con apoyo de fuerzas de seguridad nacionales, del procedimiento abierto por dudas sobre 8 apostadores que, en documentos del casino, se llevaron más de 70 millones de pesos.

Buscaron pruebas por maniobras con ganadores de premios de más de 100.000 pesos entre 2013 y 2015. En ese momento, el casino era de Cristóbal López pero este año dice que se lo vendió a sus ex socios.

Uno de los casos más polémicos es el de un humilde camionero que ganó 48 veces y sigue viviendo en un barrio pobre. Ante la AFIP, negó haber ganado 9 millones de pesos.

Otro es un porteño de Villa Devoto que ganó “más de 2 millones de pesos” y viajó 2.700 kilómetros hasta Río Gallegos para comprar un auto BMW en la concesionaria de Martín Báez, el hijo mayor del empresario preso en la causa denominada "ruta del dinero K".

La investigación no se dirige a los apostadores sino a posibles maniobras para que terceros, como Lázaro Báez, puedan simular falsas ganancias. Por este motivo, la AFIP pasó los datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue si hubo lavado de dinero.

Este episodio en Rosario se relaciona con los allanamientos de la semana pasada al casino flotante de Puerto Madero y el hipódromo de Palermo, también relacionados con Cristóbal López. La AFIP presentó su denuncia por estos 8 casos en febrero y la investigación dentro del organismo fiscal había comenzado el año pasado.

En esos operativos encontrado el caso de un empleado del Congreso de la Nación que ganó una fortuna en 2013, el mismo año de las elecciones legislativas.

"Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones", aseguró la semana pasada a Clarín una fuente judicial.

En cambio, desde el hipódromo señalaron: "Pagamos premios como corresponde. En todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores".

El hipódromo es operado por la UTE conformada por HAPSA y Casino Club, mientras que el casino de Puerto Madero está a cargo de HAPSA, Cirsa e Inverclub. Esta última pertenecía a Cristóbal López hasta el año pasado.

HAPSA y Casino Club publicaron un comunicado: "El juez Galván Greenway lleva adelante una causa caratulada 'N.N sobre averiguación de delito', en la que se solicita información sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015. Se trata de información que por normativa las empresas informan cotidianamente a la UIF y demás organismos correspondientes. Las empresas de las salas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y colaboran totalmente con las autoridades".

En medio de la denuncia por la deuda con el ente recaudador por 8.000 millones de pesos, López en 2016 comenzó el proceso para ceder el 30% de sus acciones en Inverclub, la sociedad que se dedica al negocio del juego.

Esta firma está compuesta por López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las últimas semanas esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.

Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club, una compañía que opera 27 casinos en la Argentina. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otras salas de juego y bingos, que son los más importantes del país.