Un equipo de reconocidos juristas internacionales determina que las acciones del Gobierno español contra el movimiento independentista catalán son ilegales. Los expertos se muestran preocupados por las violaciones de derecho español e internacional por parte de España i “una clara falta de separación de poderes”. En declaraciones al diario alemán “Junge Welt”, uno de estos expertos, el presidente del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) a Berlín, Wolfgang Kaleck, pide la intervención de los estados miembros y de las instituciones de la UE.

Según el informe de los expertos, el Tribunal Constitucional «adopta un papel político y legislativo cuya finalidad es mantener España unida»

Un grupo de expertos internacionales en derecho, entre los cuales figuran el francés Jean Paul Costa, antiguo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la belga François Tulkens, antigua jueza de esta misma corte, ha publicado un informe en el cual valoran las acciones del Gobierno español contra el movimiento independentista catalán desde el punto de vista de la proporcionalidad de las medidas y de su compatibilidad con el derecho internacional.

Wolfgang Kaleck, fundador y presidente del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), y miembro del grupo de expertos que ha redactado el informe, manifiesta la importancia de estas cuestiones en una entrevista con el diario alemán, Junge Welt: «Siempre se debate en torno a si la secesión sería legal o no, pero una gran parte de las medidas del Estado español que hemos estado analizando se aplicó antes de la declaración de independencia. A nivel jurídico se tendría que diferenciar más». El experto alemán también recuerda que “incluso diversos juristas españoles han cuestionado la legalidad de estas actuaciones”.

Según Kaleck, a petición del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), este grupo de expertos ha analizado de forma independiente y desde una perspectiva meramente jurídica tanto las medidas del Tribunal Constitucional español contra el trabajo de los diputados del Parlament de Cataluña como la persecución penal a la cual se les ha sometido entre 2013 y 2017.

Violaciones de derechos básicos y falta de división de poderes

Los juristas internacionales llegan a la conclusión de que se trata de unas medidas que suponen graves violaciones de la legalidad y de la división de poderes. El hecho de que el Tribunal Constitucional pueda determinar qué se debate y qué se vota en el Parlament catalán y el hecho de que se persiga a nivel jurídico y penal a los diputados catalanes por «desobediencia» supone «un ataque frontal a derechos fundamentales como la libertad de opinión y de reunión», según los expertos.

«Si yo, como político, periodista o activista, me manifiesto a favor de la independencia de Catalunya y lo publico en un artículo de periódico, en una manifestación, una asamblea o como resolución política, no se me tiene que poder penalizar», afirma Kaleck.

El informe también determina que es desproporcionado que se arresten miembros del Govern y que se impongan multas de hasta doce mil euros diarios por haber preparado el referéndum del 1 de octubre, o que se persiga jurídicamente algunos políticos catalanes por haber organizado la consulta popular no vinculante del 9 de noviembre de 2014. Este último es precisamente el motivo por el cual se inhabilitó por dos años al antiguo presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, además de haber de pagar una multa millonaria. Según los juristas, estas medidas son ilegales, porque organizar un referéndum o una consulta popular no supone ningún delito en el Código penal español.

Un procedimiento que es especialmente cuestionable es el del Tribunal Constitucional, que se ha basado en resoluciones propias como fundamento legal para la persecución jurídica de los políticos, a pesar de que estos supuestos delitos no consten en el Código penal español. Según el informe de los expertos, el Tribunal Constitucional «adopta un papel político y legislativo cuya finalidad es mantener España unida». En este caso, se está ante una violación de la separación de poderes.

Europa debe actuar

Wolfgang Kaleck también se muestra preocupado por los cientos de ciudadanos y políticos catalanes perseguidos jurídicamente por haber defendido pacíficamente la independencia de Catalunya que ya alcanza las 900 personas.

Aún así, el presidente del European Center for Constitutional and Human Rights en la capital alemana considera que activar las instancias judiciales internacionales es un procedimiento posible pero muy lento y complicado. Como se debe hablar de cientos de casos de vulneración de derechos por parte del Estado español, son los otros estados y las instituciones de la Unión Europea quienes deberían actuar: «El Gobierno español no puede, por un lado, argumentar que actúa en nombre de la unidad de Europa y, por el otro, no respetar aquello que precisamente constituye Europa: unos estándares legales mínimos. Creo que las instituciones europeas tienen la obligación de defender que se respeten los derechos fundamentales que se otorgan a los ciudadanos,» afirma Kaleck.