Los peritos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción arrancarán el próximo lunes los trabajos preliminares para proceder a la primera exhumación en el Valle de los Caídos con el objetivo de que los restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su nieta y reconocer así su derecho a una “digna sepultura”.

Así consta en un oficio de Patrimonio Nacional, adelantado por la Cadena SER y al que ha accedido eldiario.es, dirigido al Prior Administrador de la Abadía de la San Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. En él se informa del inicio de los tareas para ejecutar el auto dictado hace dos años por el Juzgado de primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que autorizó esta exhumación.

En concreto, el documento señala que los días 23 y 24 de marzo se realizarán “las actuaciones preliminares” pendientes por parte del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, cuyos peritos son especialistas en arquitectura. Los restos mortales estarían en en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal.

La exhumación tendrá lugar después de que hace dos años el juez José Manuel Delgado Seoane admitiera la petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás.

Recientemente, el prior se comprometió a retirar el proceso contencioso-administrativo tramitado en la Audiencia Nacional que impedía las exhumaciones de víctimas de franquismo, avaladas por la Justicia.

Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al Valle de los Caídos, al entender que “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció”.

El magistrado acordó que se inscribiera en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, “sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”.

Y que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos.

El juez consideró que existe una “alta probabilidad” de que los restos cadavéricos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la “única forma de acreditarlo” es a través de la prueba de ADN.

El auto valoraba el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.