Un fiscal no ve delito de odio en los mensajes que animaban a "llevar bates y abrir la cabeza" a Pablo Iglesias en el mitin que el líder de Podemos ofreció en el Palacio de Festivales de Santander el pasado mes de octubre, y en el que un grupo de ultraderecha provocó altercados que se saldaron con insultos y agresiones a periodistas y simpatizantes del partido morado.

Críticas de Podemos por la inacción policial en una protesta ultraderechista contra Pablo Iglesias en Cantabria

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"¡Que parezca un accidente!", "Tortas al coletas", "Todos con 1 docena de huevos a dejarle el pelo guapo" o "Llevamos tijeras de podar y le cortamos la coleta roñosa esa que tiene", son algunos de los mensajes que se extraen de las capturas de pantalla del grupo de Whatsapp en el que los exaltados se citaban para "dar la bienvenida a ese perro" -en referencia a Pablo Iglesias- durante el acto de Podemos en la capital cántabra, y en las que también se incitaba a mandar a "todos los rojos de uno en uno al paredón" y se cuestionaba si "va a haber hostias a rojos o no".

El periodista y director de El Faradio, Oscar Allende, -que tuvo acceso a estos pantallazos- presentó una querella tras ser agredido y amenazado durante estos altercados mientras ejercía su profesión. En el procedimiento, que se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, el fiscal rechaza que existan "delitos de incitación al odio y de convocatoria ilegal de manifestaciones", a pesar de que, tal y como se aprecia en las capturas, se anima en reiteradas ocasiones a acudir al evento con banderas "del águila" o "de la falange" concretando el día y la hora de una concentración para la que no tenían la autorización de la Delegación de Gobierno, tal y como exige la ley.

El Ministerio Fiscal reconoce que estos mensajes "promueven su difusión", pero afirma que la convocatoria "no puede calificarse de incitadora al odio" porque, según señala en su informe, "son reiterados los mensajes que instan a guardar respeto". Además, asegura que "en ningún momento se promueve o sugiere el empleo de la violencia en tal concentración".

Así pues, aun reconociendo que "numerosísimos participantes del grupo realizan manifestaciones injuriosas e incluso de cariz intimidatorio", sostiene para inadmitir la querella que "en muchos casos es evidente que son comentarios gratuitos o meras 'tonterías'".

Sin embargo, el fiscal sí admite en la querella un "delito leve por lesiones, amenazas e injurias" cometidas ese día contra el periodista Allende, quien presentó un informe médico al respecto. No obstante, la decisión final queda en manos del juez que tendrá que pronunciarse sobre todo ello.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción archivó otra causa tras la denuncia de una reportera de televisión de Europa Press que recibió golpes y fue zarandeada mientras realizaba su trabajo por "falta de autor conocido", a pesar de los numerosos vídeos e imágenes que recogen lo ocurrido y que muestran los rostros de buena parte de la treintena de personas de ideología de ultraderecha que allí se congregaron.

Agresión a una periodista de Europa Press Televisión en Santander pic.twitter.com/I4oIUf3Bno — Europa Press TV (@europapress_tv) 27 de octubre de 2017

Ante este panorama, la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión (Libres) exigió la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz (PP), al que acusaban de "no facilitar información" al juzgado que investigaba la denuncia.

"El delegado del Gobierno conoce perfectamente la modificación que se hizo en 2015 a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los jueces a archivar los casos si no hay autor conocido y, a pesar de que la Policía Nacional identificó a once personas, no ha facilitado la información al juzgado", explicó Darío Serrano, abogado y uno de los portavoces de Libres.

"Inacción policial"

Tras los altercados en Santander, Podemos anunció la presentación de una queja ante la Delegación del Gobierno en Cantabria por lo que calificaron como "inacción policial" . La formación morada criticó públicamente que la Policía no impidiese que "30 fanáticos bloqueasen" las puertas del Palacio de Festivales, lo que provocó que "numerosos" simpatizantes del partido no pudiesen entrar al mitin.

También censuraron que no se procediese a la identificación de todas las personas que se manifestaban "de manera violenta" contra aquellos que pretendían acceder al encuentro. El partido solicitó una reunión con el delegado del Gobierno y anunció acciones legales contra aquellas personas que "insultaron, vapulearon, zarandearon y hostigaron" a periodistas, simpatizantes y cargos del partido.