La nación que engendró al neoliberalismo antes de que se extendiera por el mundo, desde el 18 de octubre de 2019 parió un movimiento que parecía imparable. “No nos vamos ni cagando”, se gritaba en las multitudinarias marchas como respuesta a la violencia estatal que busca encerrarlos en sus casa. Atronaron los cacerolazos en Valdivia, La Serena, Concepción, Antofagasta o Puerto Montt hasta altas horas de la noche, en respuesta al toque de queda que impuso el gobierno en todas las capitales de provincia del país. Y, día tras día, en cuanto emergía el sol, de norte a sur a lo largo del territorio, incluso en la isla de Chiloé, los chilenos salían a ondear banderas nacionales, mapuches, feministas, LGBTIQ+, también las de sus equipos de fútbol, en medio de barricadas, saqueos y duros enfrentamientos contra carros lanza-aguas y lanza-gases, frente al silencio mediático y la alianza entre el Estado y las empresas privadas, aterradas de ver en peligro sus privilegios.

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, repetían los más jóvenes en las estaciones de metro tomadas. “En Chile se tortura”, gritaban los futuros médicos e ingenieros de las escuelas privadas, tapándose un ojo mientras recibían su título de secundaria. Todos cantaron “El baile de los que sobran” en aquella marcha histórica que recorrió Santiago y congregó a más de un millón de personas, al igual que participaron en (o acompañaron) el baile de “Un violador en tu camino” ante el palacio presidencial de la Moneda o el Congreso Nacional en Valparaíso, antes de que su letra se convirtiera en el himno mundial del feminismo.

Ante escenas tan incuestionables de unidad, no se esperaban que el proceso pudiera llegar a terminar obedeciendo a una canción muy distinta, “Fiesta” de Joan Manuel Serrat: “con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el avaro a sus divisas”. Porque, tres meses después, el movimiento se dio de bruces con una realidad subyacente que todos habían creído poder vencer: la diferencia de clases. El problema es que las clases sociales no se derriban con una canción.

Pateando piedras

El 6 de enero de 2020, todos los que “sobraban” de verdad, esos adultos en ciernes que saldrían del sistema de educación pública para enfrentar un futuro incierto –dado que la mitad de ellos no accedería a la universidad; y si llegaban a enfermarse gravemente morirían en las colas de espera de los hospitales; y en el caso de salvarse no tendrían acceso a pensiones dignas bajo el actual sistema privado de Administradoras de Fondos de Pensiones ideado por el hermano del presidente Piñera–­, llamaron a boicotear la rendición de la Prueba de Selección Universitaria, que supone, en la práctica, uno de los principales factores de segregación social del país. Distintos colegios donde tendría lugar el examen amanecieron tomados por estudiantes. En una universidad de Reñaca se lanzaron facsímiles por la ventana. En los liceos San Pedro Nolasco y el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso llegaron incluso a quemarlos. No cabe duda de que muchos estudiantes de las escuelas privadas apoyan el movimiento, pero no fueron pocos los que se vieron sobrepasados por una ola de rabia en la que ellos mismos habían participado, pero en la que ya ni estaban ni se los esperaba, porque una cosa era solidarizarse con los heridos, y otra muy distinta quedarse sin la oportunidad de ingresar en la universidad.

Poco a poco, muchos de los sectores de la clase media comenzaron a ver en las marchas el origen de todos sus problemas. Llevaban dos meses en el caos y no se aguantaba más

Ahora bien, sería injusto señalar esta fecha como el comienzo del quiebre de la unión del pueblo chileno, que tan al alcance de la mano había parecido durante el toque de queda, cuando el país entero colaboró para mandar un claro mandato al gobierno: “No queremos otra dictadura” y “Queremos un país mejor, más justo, más solidario y el derecho de vivir en paz”. La división ya había empezado antes. Los sectores más privilegiados se escandalizaron cuando en el centro de Santiago ardió la torre de ENEL (principal compañía eléctrica del país), o el Ripley (una de las principales cadenas de venta minorista del país) de Valparaíso, o los sesenta locales propiedad de Walmart que fueran saqueados en el país. Muchos podían entender que saquearan algunas sucursales de Farmacias Ahumada, Cruz Verde o Salcobrand, las principales corporaciones farmacéuticas nacionales, sancionadas por colusión de precios entre ellas; pero, con el paso del tiempo, ya se robaba hasta en las medianas empresas, las barricadas impedían que los no movilizados llegaran al trabajo, y la represión estatal provocaba tal caos en el centro de las capitales regionales que hasta los pequeños comerciantes a pie de calle veían peligrar sus ingresos.

Poco a poco, muchos de los sectores de la clase media comenzaron a ver en las marchas el origen de todos sus problemas. Llevaban dos meses en el caos y no se aguantaba más. Era hora de que pararan. Tiempo de volver a la “normalidad”. El problema es que esa “normalidad” resume precisamente lo que pretende derribar el estallido social.

El futuro no es ninguno

Desde el principio el gobierno de Sebastián Piñera, al igual que toda la élite política del país, demostró poco olfato político y una severa incapacidad para comprender y empatizar con lo que sucedía en las calles. Cuando vio surgir manifestaciones por todo el territorio, le dio por acusar a agentes externos que buscaban destruir la nación. Hasta llegó a pagar un informe llamado “Big Data” que acusaba al movimiento K-Pop de haber alimentado la protesta. La paranoia llegó a su cénit en un audio que se filtró a los medios en el que Cecilia Morel, esposa del presidente, le comentaba a una amiga que esto era “una invasión extranjera y alienígena”. Con el correr de los días y los militares siendo increpados en las calles, Piñera comenzó a aparecer noche tras noche en directo anunciando nuevas medidas de alivio. Mientras seguía tildando a los movilizados de “vándalos” y “delincuentes”, empezó por cancelar el aumento a la tarifa del metro, prometió un ligero incremento a las pensiones, anunció una renta mínima garantizada y hasta aceptó aumentar los impuestos a las fortunas más altas del país, pero nada parecía ser suficiente. Tras décadas de despolitización ciudadana, a los chilenos ya no les bastaban medidas cosméticas. Ahora lo querían todo, empezando por su dimisión.

¿Qué había pasado en el “oasis latinoamericano”? Quizá el problema fuera que Chile es de los pocos países del mundo donde el agua sigue siendo privada, lo que asegura que ese “oasis”, en un país con sequía y famoso por su producción de palta, esté en manos de unos pocos. Quizá el problema sea el sistema privado de las AFPs que se impuso hace treinta años y cuyos usuarios han empezado a jubilarse ahora para descubrir que fueron estafados, y que tras una vida de contribuciones al sector privado recibirán una pensión de miseria. Quizá el problema sea la escasez de insumos para un sistema de salud público que no cubre las operaciones más costosas, o que el sistema educativo es un jugoso patio de juegos para corporaciones y empresas público-privadas. Quizá el problema sea que los estudios superiores de Chile son los segundos más caros del mundo en relación a su salario medio, algo en lo que el país es únicamente superado por Bulgaria.

La generación anterior, atormentada por el recuerdo de la dictadura, se sintió obligada a aceptar la desigualdad, la corrupción institucional y las continuas cesiones de todo el espectro político al poder económico, porque, en comparación a lo que sucedía en los ochenta, “al menos” ya nadie los ametrallaba en la calle ni los sometía a vuelos de la muerte. Pero la nueva generación, los nacidos en democracia, habían perdido el miedo. No es casualidad que, entre todas las propuestas de Piñera para aliviar la situación, no hubiera ninguna medida para los jóvenes, ninguna mención al CAE (sistema de créditos universitarios con garantía estatal que supone un constante flujo de dinero del Estado a los bancos).

Durante años, la Concertación de partidos progresistas que gobernaron luego de la dictadura no hicieron otra cosa que ahondar en esta clase de medidas impopulares, y cuando algún gobierno intentó buscar alternativas se daba de bruces con el Tribunal Constitucional, custodio último del modelo. Por eso, las anteriores movilizaciones significativas que conmovieron al país, como las estudiantiles de 2011, aunque permitieron un aumento del acceso al crédito universitario, no lograron la ampliación del sistema público. Aquellas protestas contribuyeron, sin embargo, al surgimiento de nuevas fuerzas políticas como el Frente Amplio, que canalizaron el voto juvenil pero no pudieron convertirse en alternativa de gobierno. En cierto modo, el estallido era solo cuestión de tiempo.

Rodrigo Abd

Únete al baile

Todo el mundo en Chile sabe que la vida de un mapuche vale poco a ojos del poder nacional. En medio del estallido se cumplió un año de la muerte de Camilo Catrillanca, dirigente estudiantil que había participado de movilizaciones para recuperar tierras mapuches en la Araucanía, hijo del presidente de una comunidad local. Catrillanca fue asesinado el 14 de noviembre de 2018, con un tiro en la cabeza por la espalda, disparado por el grupo especial de carabineros denominado “Comando Jungla”. Asimismo, el 3 de enero último se celebró el doceavo aniversario de la muerte de Matías Catrileo, un estudiante que cursaba Agronomía en Temuco y fue acribillado por carabineros a los 22 años mientras participaba en una “ocupación” de tierras en Vilcún bajo el gobierno de Michelle Bachelet.

Son solo dos ejemplos de una larga lista de bajas en el denominado “conflicto mapuche”. Sin importar qué gobierno haya estado al mando del país, se siguen encarcelando y asesinando a mapuches por una lucha política que nadie en las esferas del poder nacional parece dispuesto a querer encarar de un modo que no sea represivo y armado. Lo sucedido en Temuco en la segunda semana de iniciado el estallido, cuando manifestantes mapuches arrancaron la cabeza de una estatua de Pedro de Valdivia para colocarla bajo el brazo de una estatua de Caupolicán, líder indígena del siglo XVI, revela que para ellos esto es una batalla que lleva 5 siglos.

La brutal y constante falta de empatía del Estado contra mapuches, estudiantes, mujeres o trabajadores precarizados se ha hecho más presente que nunca desde el 18 de octubre. Como se dice popularmente en Chile, “el gobierno intenta apagar el fuego con bencina”. Más que el aumento de 30 pesos al precio del metro, la gota que realmente colmó el vaso fueron las declaraciones del ministro de economía, Juan Andrés Fontaine, cuando señaló que el valor era menor entre las 6:00 y las 6:59 de la mañana, así que la medida iba a beneficiar a quienes madrugaban para ir a trabajar. Luego de las primeras protestas, el director del servicio de metro provocó a los manifestantes por televisión: “Cabros, esto no prendió”. El funcionario había pifiado feo. La pradera no tardaría en incendiarse. Y el fuego iba a llegar bien lejos.

Por qué no se van

“Kiltro” es el nombre que en Chile se le da al perro mestizo sin pedigrí que suele descender de canes callejeros o salvajes. Durante las protestas de 2011, uno de ellos adquirió particular notoriedad por su manera de acompañar a los estudiantes en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad. Los cabros lo bautizaron el “Negro Matapacos”. Ocho años después aquel perrito se convertiría en el principal icono del estallido social. Con un pañuelo rojo alrededor del cuello, su imagen ha superado en Chile la del Che Guevara como símbolo revolucionario. Se lo ve en camisetas, pañuelos, carteles, murales, rayados, y en Santiago se fabricó un enorme muñeco que llevaron en procesión por la ciudad.

El kiltro representa como nadie el sentimiento que une a buena parte de los que combaten. Compuesta mayoritariamente por jóvenes, “la primera línea” es acompañada por adultos mayores que pelearon en su día a la dictadura, o por madres que enseñan a sus niños cómo alimentar las barricadas. Aunque no hay un liderazgo claro, cada miembro cumple un rol. Hay camoteros que lanzan piedras (“camotes”), creadores (que fabrican la munición reventando los escombros a martillazos), enfermeros (que rocían de agua con bicarbonato a los afectados por los gases), bomberos (que apagan las lacrimógenas), escuderos que protegen, brigadistas de salud que curan heridas, músicos que ponen el ritmo con tambores, fotógrafos que glorifican a los luchadores o registran las violaciones a derechos humanos de la policía. Todos ellos se sienten perros abandonados, sin dueño, sin correa.

Pero tras meses de marchas y concentraciones, la “primera línea” que en cada ciudad del país hace de escudo entre los manifestantes y la policía, se está comenzando a quedar sola y concentra sobre sí toda la criminalización del oficialismo y los grandes medios de comunicación. Los acusan de pretender desestabilizar el “Acuerdo por la Paz”, firmado por todo el espectro político a excepción del Partido Comunista y algunas facciones del Frente Amplio. La clave de ese Acuerdo es una nueva Constitución. La primera del país, en caso de concretarse, en cuya redacción no participarán los militares.

Conscientes de un desenlace que no esté a la altura de los anhelos mayoritarios, muchos manifestantes comenzaron a organizarse en cabildos y asambleas territoriales que brotan por los barrios y cerros del país, y van poco a poco coordinándose como una nueva forma de realizar política popular

El próximo 26 de abril los ciudadanos decidirán en un referéndum si el proceso Constituyente pondrá en juego una Convención Mixta o una Convención Constitucional. Según la primera opción, la mitad de los delegados electos deberán ser independientes y la otra mitad serían propuestos por los partidos políticos; según la segunda alternativa todos los encargados de redactar la Carta Magna serían asambleístas independientes. El acuerdo dejó muchas lagunas que suponen cortapisas para las esperanzas de los que comenzaron a manifestarse el 18 de octubre. Por ejemplo, los cambios estructurales deberán alcanzarse mediante un quórum de dos tercios, algo muy difícil de obtener y que le otorga poder de veto a los conservadores. Tampoco se previó que hubiera paridad de género, ni cupos para pueblos originarios. En este marco, el Congreso Constituyente podría verse con las manos atadas e incapaz de realizar los cambios que la sociedad exige.

Conscientes de un desenlace que no esté a la altura de los anhelos mayoritarios, muchos manifestantes comenzaron a organizarse en cabildos y asambleas territoriales que brotan por los barrios y cerros del país, y van poco a poco coordinándose como una nueva forma de realizar política popular. También se forman cabildos temáticos o sectoriales (de sanidad, educación, medioambientales, audiovisuales), donde son recibidos intelectuales o juristas del país invitados a debatir sobre la naturaleza y las posibilidades que se abren con el proceso Constituyente, en la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana. Se están eligiendo voceros por cada territorio para articular propuestas que buscarán colocar en la agenda de la nueva Constitución. Pero el movimiento asambleario es complejo y debe lidiar con intereses partidarios y sectarismos que buscan adueñarse de las energías colectivas.

Nadie tiene ganas de ver un final

Mientras daba los últimos trazos de este artículo, en cuyo último párrafo pensaba señalar la muerte de Jorge Herrera Moya, hincha de Colo Colo que fuera arrollado por un carro de carabineros durante la noche del martes 28 de enero, se ha confirmado la muerte de otro muchacho, Ariel Moreno, de 24 años de edad, que se manifestaba en el exterior de una subcomisaría de Carabineros contra el asesinato de su compañero de hinchada.

Las cifras de heridos, detenidos, torturados y lesionados siguen aumentando, pero nada parece ser capaz de romper el cerco mediático que se cierne sobre el país, ni siquiera el hecho de que la aprobación de Sebastián Piñera haya caído a un mínimo histórico del 6% según todas las encuestas de opinión. A nivel internacional, los medios vendieron “la marcha más grande de Chile” que se produjo el 25 de octubre como un cénit, la cumbre de un estallido finiquitado. Nada más lejos de la verdad.

Lo cierto es que ningún país ha dado el paso de reconocer que en Chile se están violando sistemáticamente los Derechos Humanos, a pesar de los contundentes informes de Amnesty International, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la ONU. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene una visión poca esperanzadora respecto al esclarecimiento de las más de mil acciones judiciales ya presentadas contra las fuerzas de seguridad. Después de todo, hasta los carabineros que cometen asesinatos son puestos en libertad por los tribunales a las pocas horas. Y es que la polarización está llegando a sus máximos extremos.

Pasado el “sprint” de los primeros meses del estallido, más fuerte y duradero incluso que el Mayo del 68 francés, la insubordinación parece asumir que se enfrenta ahora a una carrera de larga distancia. La unidad callejera comienza a agrietarse, no por falta de consenso en los reclamos sino en relación a las tácticas y caminos a seguir. La esperanza de los chilenos depende no solo de que recuperen esa comunión que les permitió colmar las ciudades, sino de que la consoliden en un proyecto transformador. Hay algo indudable: el país es otro desde el 18 de octubre. Los chilenos abrieron los ojos, y quizá por eso mismo intentan cercenárselos con balines y lacrimógenas. “Tardamos tanto en encontrarnos...”, rezan las pancartas en todos los rincones del país. Y concluyen: “No nos soltemos ahora”.

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Este reportaje fue originalmente publicado en la revista Crisis