El TTIP es el tratado de libre comercio más conocido que se negocia en estos momentos en la UE, pero hay otros como el trascendental y ya firmado Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) que incluye a 12 países (entre ellos EEUU, México, Australia, Japón…) o el acuerdo de servicios TiSA (siempre por sus siglas en inglés) que incorpora un crisol de países (23 en total, entre ellos la UE y EEUU) sin ningún criterio geográfico. Y en esta amalgama de negociaciones hay un acuerdo que encara su recta final y que por el momento pasa desapercibido: el de la UE y Canadá, conocido como CETA, y cuyas contradicciones empiezan a aflorar.

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Varios colectivos en defensa del agua aseguran que el tratado cuestiona este recurso como bien público al incluir el tratamiento de aguas residuales y el saneamiento del agua entre los bienes susceptibles de ser negociados. Más adelante establece una exclusión para la “colección, purificación y distribución del agua”. Una exclusión que no convenció en su momento a Alemania, pues Berlín ha introducido una cláusula protegiendo sus servicios de “aguas residuales, trituración de desechos y servicios de saneamiento”.

Para aumentar la confusión, al principio del tratado hay un apartado relativo a los “derechos y obligaciones con relación al agua”. Este dice que el agua “en su estado natural” no estará “sujeta a los términos comerciales de este tratado”. Pero el agua en su estado natural no incluye, por ejemplo, la distribución, el riego y el saneamiento, y en la misma página, dos párrafos más abajo aparece esta frase: “Cuando una parte permita el uso comercial de una fuente de agua específica, deberá hacerlo de manera consistente con el Acuerdo".

“En el CETA se considera al agua de forma un poco ambigua como una mercancía y un producto, una vez no se encuentre en su estado natural”, critica David Sánchez Carpio, que representa en Bruselas al colectivo estadounidense Food & Water Watch. “Y todos los usos del agua, desde el abastecimiento de agua potable hasta la irrigación, agua embotellada, se refieren al agua en su estado no natural. Un redactado ambiguo que resulta muy peligroso”.

La primera señal de advertencia la lanzó la asociación europeanwater.org el pasado 30 de octubre, cuando publicó un post en su web (disponible en español) avisando de que el contenido del CETA no es meridianamente claro respecto al agua pública, y que esto podía afectar al más ambicioso TTIP, que se sigue negociando.

Hasta cinco veces ha preguntado este medio a la Comisión Europea sobre el tema, que en ocasiones ha necesitado varios días para responder. Todas las respuestas sobre si algunos servicios relacionados con el agua serán intercambiables comercialmente con el CETA han sido escuetas. “El saneamiento relativo a los servicios de distribución está excluido de la lista, así como otros servicios considerados de uso público”, señala un portavoz, que remite a la página 1502 del texto consolidado.

Pero lo cierto es que en dicha página no se habla de “saneamiento” o de tratamiento de aguas residuales, dos de los caramelos más apetitosos del pastel público. Sí se habla de otros usos como “colección, purificación y distribución del agua a las viviendas y al sector industrial o comercial, incluyendo la disposición de agua potable y control y provisión de agua”.

Significativa exclusión

¿Por qué Alemania ha incorporado una cláusula para proteger cualquier variante relacionada con el agua susceptible de entrar en un tratado de libre comercio? Según la Comisión, Berlín quería elevar una “reserva extra”. Pero la cláusula habla por sí sola: “Alemania se reserva el derecho de mantener o adoptar cualquier medida tendiente a la prohibición transfronteriza de servicios relacionados con la oferta de control y uso de los servicios”, entre los que aparecen citados explícitamente las “aguas residuales, trituración de desechos y servicios de saneamiento”.

Una reserva que se ha extendido al Parlamento alemán, el Bundestag, recuerda Jutta Schütz, periodista y activista en defensa del agua pública en Alemania. “El 28 de diciembre pasado el Gobierno anunció, en una respuesta a la formación izquierdista Die Linke, sus reservas con relación a este servicio público en el CETA”, evoca Schütz. “Leyendo la cláusula de Alemania, no parece que el Gobierno confíe demasiado en la interpretación que hace la Comisión de ‘uso público’”, ironiza esta activista.

David Sánchez alerta sobre los tratados de libre comercio e inversión y su tortuosa relación con el agua como servicio público. “En los tratados de libre comercio se suelen incluir disposiciones que atacan los monopolios públicos. Pero en el caso del agua, no supondría introducir más competencia, simplemente sustituir un monopolio municipal o estatal por uno privado, algo que se ha hecho en muchas ciudades con resultados bastante desastrosos”.