Crónica de una muerte anunciada. Ayer se enviaron 250 telegramas de despido en la empresa estatal que administra el funcionamiento (y la construcción) de las centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA).

Quienes están siendo despedidos son en general especialistas en diseño y montaje de centrales. Lo que se quiere es reducir a NA-SA al carácter de «utility» como las llaman en EEUU, es decir una «operadora boba», como las llaman aquí. Sucede que esto es de una ilegalidad ripiosa: en Argentina, por criterios regulatorios de seguridad fundacionales, las centrales nucleares se consideran DISTINTAS de las térmicas convencionales, y deben ser operadas por personal capacitado no sólo para repararlas sino también para construirlas.

Esa fue la base de 60 años de operación de reactores, y luego de centrales, con un único accidente fatal (un ingeniero nuclear en 1983 en el reactor de investigación RA-2, luego rápidamente desmantelado). Eso, en un país donde el tránsito mata a 20 personas por día. Más allá de la reacción del personal despedido de NA-SA (cuyo número final podría llegar a 600 especialistas), es difícil que las autoridades regulatorias, la opinión pública, los jueces y la sociedad acepten este «achicamiento» perpetrado sobre una tradición de seguridad operativa casi perfecta.

«Destripar» a NA-SA para el gobierno era inevitable desde que en marzo desestimó la oferta china por la central Atucha III. AgendAR lo advirtió desde el principio: Cancelar Atucha III cancela parte del presente y el futuro de la Argentina. Esa oferta de una central de ingeniería canadiense perfectamente conocida aquí (CANDU) permitía que más de U$ 4900 millones del costo total (U$ 7000 millones) se hicieran con componentes fabricados localmente, y que la obra se erigiera bajo control de NA-SA, con una participación total de 129 grandes, medianas y pequeñas empresas argentinas de distintas ingenierías, y un pico de ocupación de 7000 puestos de trabajo. La financiación era un regalo: 75% china, a un interés del 4% anual y con 8 años de gracia desde la conexión efectiva de la central a la red eléctrica: literalmente se pagaba sola.

Esta carnada china traía un anzuelo. Era la compra en similares términos financieros pero «llave en mano», de una central Hualong I, máquina idéntica a la unidad #5 que está por terminarse en el complejo nuclear de Fuqing, China. La firma nuclear más fuerte del gigante asiático, la CNNC (China National Nuclear Corporation) ya le vendió 5 similares a Pakistán, tiene 8 bajo un estudio regulatorio mucho más minucioso y agotador en el Reino Unido, y quiere a toda costa mostrarla funcionando en Argentina, para luego venderla en al resto de la región. El ajedrez de la CNNC es bastante sencillo: necesita superar con una planta nucleoeléctrica a su competidor más fuerte: ROSATOM, de Rusia, que ya hizo pie en Bolivia con un equipo muy distinto, un reactor de fabricación de radiosótopos.

Por descender de centrales francesas de generación II muy probadas desde los años ’80, a la Hualong I se le supone una seguridad operativa incluso mayor. Es generación III, un diseño post-Fukushima, con más seguridad pasiva. Pero en el mundo de los hechos todavía tiene que demostrarla funcionando.

Ésta fue una de las causas por las que en 2017 la provincia de Río Negro rechazó su instalación POR LEY, ya que es una central muy grande de una ingeniería muy nueva para el país. Pero fundamentalmente -aunque nadie lo dijo- le dijo «no» a algo que no era una propuesta del gobierno nacional sino una imposición, y no venía acompañada de ningún proyecto industrial electrointensivo en territorio provincial (química, acero, aluminio, vidrio, papel, etc). Hacer de banco de pruebas de una tecnología desconocida para venderle electricidad y generar empleo en la distante Buenos Aires no es exactamente una propuesta federal. Aún así, se sabe que el gobierno, cuya política es más gerencial que realmente política, volverá a la carga en Río Negro. No es improbable que empiece con un pedido del intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para derogar la ley «por inconstitucional».

Al dejar la CANDU de lado y pasar directamente a la Hualong I, el gobierno tuvo la extraña originalidad de escupir la carnada para clavarse mejor el anzuelo, conducta rara incluso entre los peces: no suelen tener vocación de pescados. Pero está escrito: durante la celebración del G20, los presidentes Mauricio Macri y Xi-Jingping rubricarán el acuerdo por la Hualong I, y apuestan a que luego serán muchas.

Sólo que «llave en mano» excede el significado que la expresión tuvo hasta el momento en el mundo nucleoeléctrico. En la acepción tradicional, el país proveedor se ocupaba de la «isla nuclear», fabricar y montar el conjunto de componentes que rodean el núcleo de la planta, lo refrigeran y utilizan su calor, además de (en general) la turbina de vapor. El país receptor, en cambio, se reservaba la obra civil: hormigón armado y edificios auxiliares.

El Programa Nuclear Argentino tiene el orgullo de no haber comprado JAMÁS en estas condiciones: desde 1969 en más, intervino en Atucha I, Embalse y Atucha II con cantidades crecientes de trabajo en la «isla nuclear» de cada máquina (el 31, el 60 y el 71% respectivamente), y negoció duramente y ganó en lo principal: la transferencia de la tecnología y el autosuministro de combustibles.

Toda compra atómica argentina formó parte de una rampa ascendente de formación de recursos humanos y de planta industrial pública y privada. No por nada hoy somos un exportador nuclear, el #1 mundial en reactores, y el primero del planeta en tener en construcción una central nucleoeléctrica «mini», o SNPP («Small Nuclear Power Plants»), el proyecto CAREM. Los SNPPs serán probablemente el nicho de mercado de mayor crecimiento relativo a partir de 2030.

A contramano de todo esto, la enorme Hualong I (1180 MW) llega a la Argentina 100% fabricada en China, y con un contingente de centenares de ingenieros, técnicos y obreros chinos para armarla. ¿Se entiende quiénes reemplazarán a los hoy despedidos de NA-SA? AgendAR ha recibido la información de que HASTA LAS BOLSAS DE CEMENTO para la obra civil vienen de China. Nuevamente, repasemos nuestra historia: la construcción de la primera central nuclear argentina, Atucha I, decidida en 1969, la República Federal Alemana tuvo que fumarse un 31% de participación local o le dábamos el negocio a Canadá. Desde ahí en más, todo el crecimiento nucleoeléctrico implicó una «argentinización» creciente. Hubo empresas grandes de ingeniería que llegaron a tener su propia división nuclear, como Techint, o empresas mixtas con la CNEA, como Pérez Companc. Este giro de 180 grados nos lleva a un lugar de república bananera, donde en términos tecnológicos, industriales y de capacitación, no estuvimos jamás.

El gobierno deja colgadas a las empresas que ya participaron exitosamente en la difícil terminación de Atucha I y II. Se habían preparado para Atucha III. Formaron sus propios planteles de expertos nucleares. Estaban a la espera. ¿Cuántos despidos hubo/habrá en ese sector? Los empresarios argentinos suelen sufrir en silencio: nunca fue buena idea pelearse con el gobierno.

Tampoco parece una solución callarse. A los despidos en NA-SA hay que sumar otros en la provincia patagónica de Neuquén: 1000 personas más a la calle, entre químicos, ingenieros, técnicos, trabajadores calificados y unos 600 contratados en la PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada. Fue diseñada en los ’80 para un programa de 2400 MW nucleares con 4 centrales CANDU similares a Embalse, que no se cumplió, pero al que se podría estar llegando en 2021 de haberse empezado la construcción de Atucha III en 2016.

Por su historia lejana, la PIAP hoy es la mayor unidad mundial de producción de este insumo, valuado entre U$ 600 mil y U$ 800 mil, la tonelada. En un mundo con 49 centrales de agua pesada en 6 países, ninguno de los cuales puede abastecerse por sí mismo al 100% en ese insumo, ¿es lícito cerrar la PIAP? Por lo pronto, nos obligará a importar hasta U$ 34 millones/año de algo que ya producimos. Y que hemos exportado.

Es el precio inaceptable a pagar por una discontinuación brusca de la línea centrales de uranio natural moderado con agua pesada, que desde 1984 permite que CONUAR (empresa mixta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Pérez Companc) abastezca en forma autónoma los 1744 megavatios nucleares instalados en el país, las centrales de mayor confiabilidad y disponibilidad del parque eléctrico argentino.

«Autónoma» significa que podemos tener roces de política exterior con quien sea, por ejemplo, los frecuentemente originados por los muchos pesqueros chinos ilegales en la milla 201 del Mar Argentino, sin que nos apaguen la luz.

«Autónomía en combustibles» significa, además, ahorro. Una planta nucleoeléctrica de generación II, como la mayor parte de las 450 hoy activas en el planeta, está diseñada para una primera vida útil de entre 30 y 35 años. En ese lapso, las estadísticas indican que el combustible consumido equivale en dinero al costo de la central comprada nueva. Una Hualong I con combustible chino, cuya primera vida útil llega 60 años, nos habrá costado 2 centrales idénticas más en dólares transferidos a China. ¿A qué nivel de atraso y despilfarro estamos descendiendo?

Era inevitable que el Programa Nuclear Argentino fuera pasando a uranio enriquecido moderado por agua natural: ese tipo de centrales, llamadas genéricamente PWR («Pressured Water Reactor»), tienen mejor quemado. Eso, en plata, no significa en absoluto que sean más económicas que las que tenemos, toas PHWR, «Pressured Heavy Water Reactors», con uranio natural y agua pesada). Pero ese pasaje se iba a hacer paso a paso, si se tenían perspectivas de mejorar y aumentar la capacidad de enriquecimiento local en la pequeña planta de Pilcaniyeu, Río Negro para ir llegando a una nueva autonomía, esta vez en combustibles enriquecidos a «grado central», entre el 3 y el 5%.

Eso iba a requerir de inversiones importantes, del aseguramiento de un proveedor confiable de uranio enriquecido (quizás Brasil) durante la transición. También de una reconversión de la PIAP en Neuquén para dedicar hasta el 35% de la capacidad de la mayor productora mundial de agua pesada a producir un segundo producto: urea, el fertilizante básico de la agricultura (la Argentina es importadora grave). Esa sola adaptación implicaba añadir $ 800 millones de dólares de tecnología nueva a la PIAP. Pero a ojo de productor agrícola y de estadista, habría valido la pena para independizar al campo argentino. El mismo que anteayer nos obsequió un «tractorazo», porque está atosigado por los costos en dólares de sus insumos principales. Y a la cabeza de ellos, los fertilizantes nitrogenados.

Todo eso, la posibilidad de una transición ordenada, lenta y nacional al uranio enriquecido, acaba de sacrificarse. El gobierno dice optar por lo más barato. Para la dirigencia petrolera del Ministerio de Energía, ayer el Ing. Juan J. Aranguren, hoy el ing. Javier Iguacel, destruir la tradición tecnológica que nos llevó a formar parte del NSP (Nuclear Suppliers Group, el club mundial de exportadores nucleares) e incluso a dirigirlo, eso es barato. Sacrificar los recursos humanos que permitieron que INVAP, la firma barilochense de tecnología nuclear y espacial, se volviera el más respetado y agresivo exportador de pequeños reactores nucleares de investigación, no importa. Es barato.

Al Programa Nuclear Argentino, un negocio de tecnología, los petroleros lo entienden como un enchufe. Es decir, no lo entienden. Salvo con el bolsillo: saben que la capacidad nucleoeléctrica instalada en el país impidió la venta o importación de mucho petróleo y mucho gas desde 1974, cuando Atucha I entró en línea. El átomo les es competencia.

La historia de tropelías, zancadillas y perradas cometidas desde 1967 por la entonces Secretaría de Energía, eterno nido petrolero, contra el Programa Nuclear da para escribir libros, pero hoy que la Secretaría se volvió Ministerio, le está escribiendo el epitafio. Si hoy el gobierno destripa NA-SA, ¿qué no hará mañana con la CNEA? Iguacel y el sociólogo Julián Gadano, que la dirige, ya adelantaron su parecer al respecto: menos gente «para estar en la punta de la innovación y el desarrollo». Más telegramas. Los gremios nucleares, profesionales, técnicos y trabajadores, hoy se juegan la vida.

Que la CNEA, que durante sus primeros y mejores 33 años dependió directamente del Poder Ejecutivo Nacional, hoy esté subsumida en el tótem estatal por debajo del rango de una subsecretaría, dirigida por petroleros y como remate presidida por un sociólogo en lugar de un ingeniero nuclear, da una medida exacta de cuánto la valora el gobierno.

Hoy hay 250 familias con un trabajador nuclear. Generalmente, era el que ponía comida en la mesa. Ayer se quedaron sin sustento. Habrá miles más. No es sólo una suma de tragedias sociales, es una tragedia nacional en recursos humanos. El personal técnico de NA-SA con el mejor cruce de calificación y edad buscará su horizonte fuera del país. No les faltará trabajo.

Solamente en Inglaterra las autoridades regulatorias están estudiando la construcción de 8 centrales nuevas (entre ellas las Hualong I). Hacen competir a oferentes chinos, franceses y japoneses con ofertas de generación III, y no se casan con nadie. Para nuestros profesionales nucleares más aventureros y proclives a vivir en otras culturas, sumando Medio y Extremo Oriente más Rusia hay 50 nuevas plantas nucleares en construcción, 150 unidades más bajo pedido, y 300 más en estudio.

En ese contexto, el personal calificado nuclear argentino vale oro: si va hasta Ezeiza o Pajas Blancas en taxi, luego deja el país viajando en «business». No es la primera vez que un intento de decapitar los recursos humanos argentinos en la materia fuerza su emigración: en momentos de los ’90, la CNEA perdía hasta 3 ingenieros, químicos o físicos nucleares por mes. Pero la demanda mundial de expertos hoy puede llevar a la evaporación rápida de una dirigencia atómica forjada contra viento y marea a lo largo de 70 años. No es algo que preocupe al gobierno: los nucleares, por formación y vocación, suelen no comer vidrio y están destinados a entorpecer relaciones excesivamente carnales con China o con quien fuere. Por ejemplo, aduciendo lo obvio; una Hualong I con «fuelling» chino a los 60 años de inaugurada nos habrá costado 2 Hualong más. Es la diferencia entre U$ 9000 y U$ 27.000 millones. Los «ahorros» del gobierno no son cuentas de almacenero: los almaceneros que siguen en el negocio, emplean mejor la aritmética.

Los echados hoy de NA-SA son en su mayoría gente calificada y de planta permanente. El gobierno deberá pagar grandes indemnizaciones o afrontar el costo de no hacerlo. Pero está por verse con una respuesta social sencillamente desconocida. Ya es un indicio la ola de repudio mediático frente a las declaraciones del presidente Macri en Bariloche, cuando dijo livianamente que los contratos rescindidos a INVAP desde 2016 (por u$ 700 millones) fueron firmados en el «tiempo de la magia» pero que se acabó la plata, situación que hoy obliga a la firma barilochense a pagar los sueldos en cuotas.

Hasta el periodismo de vista más gorda le salió con los tapones de punta: después de su seguidilla de triunfos en Australia, Holanda, Arabia Saudita y Bolivia, INVAP ya adquirió status «de bandera»: es la firma de tecnología emblemática del país. Es nuestro David en en mundo lleno de Goliats tecnológicos. Es lo que podríamos ser.

El jueves a la noche, el gobierno reculó en chancletas. Al parecer, le restituirá a INVAP contratos caídos por U$ 300 millones, de un total inicial de U$ 700 millones. La misma noche en que se decidió que INVAP sobreviva, se dictaminó que NA-SA muera, al menos como hoy la conocemos.

Y volviendo a las Atuchas y a Embalse, donde se espera una segunda andanada de telegramas de despido: si se empieza a erosionar una tradición de seguridad nuclear que ya dura 60 años, ¿la gente vecina lo entenderá, lo aceptará? El gremio Luz y Fuerza Zona Paraná ya convocó a un paro por tiempo indeterminado. ¿Qué harán UPCN, ATE, la Asociación de Profesionales de CNEA y otros gremios que se entrecruzan en el Programa Nuclear? ¿Qué harán los intendentes del cinturón Campana-Zárate, ya golpeado por la desocupación metalúrgica? ¿Qué harán los habitantes de ese lugar? La afrenta es transversal, múltiple, compleja, afecta a todos.

La CNEA abrió sus puertas en 1950, cuando era verdaderamente «una comisión»: su personal cabía en un aula. En 1955 presentó al mundo 12 nuevos radioisótopos descubiertos aquí (hoy ya son 20), en 1958 inauguró el primer reactor nuclear sudamericano de construcción 100% nacional, y en 1969 pasó de una etapa académica a otra plenamente industrial, al iniciar las obras de Atucha I. Hoy además capturó el 35% del mercado de radioisótopos medicinales, y va por más. Pero hay amenaza de regresar a la etapa académica, y con los huesos rotos.

Existe una decisión de ajuste, pedida durante décadas por las agencias internacionales de crédito y hoy también enteramente funcional a China. Implica desmantelar todo lo que se pueda el desarrollo nuclear independiente de Argentina: 70 años de logros incomparables para ninguna otra rama del conocimiento y la industria nacionales, salvo quizás en el campo de las biociencias.

Resta saber si los técnicos, científicos, empresarios y trabajadores del sector, y nuestros compatriotas con interés en el futuro argentino lo permitirán.

Daniel E. Arias