La Fiscalía solicita que no tenga contacto con testigos de la trama y la imputación de Álvaro Gijón; Rodríguez niega todos los cargos

La corrupción policial y Rodríguez 'rompen' el PP de Palma

EUROPA PRESS / L. JURADO

Palma

El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha dictado un auto en el que adopta diferentes medidas cautelares contra el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez, entre la que se encuentra la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del Ayuntamiento de Palma, aunque limitado al departamento de Actividades, Urbanismo y Policía local, así como a cualquier instalación o dependencia de ésta ubicada en un lugar distinto.

Además, Penalva, quien este viernes ha tomado declaración a José Maria Rodríguez en calidad de investigado, prohíbe al 'popular' a acercarse a menos de 300 metros a cuatro personas, tres testigos y un imputado, y de comunicarse directa o indirectamente con ellos por cualquier medio, sin solicitar previamente autorización al juzgado.

El auto advierte a Rodríguez de que, en caso de incumplir estas prohibiciones, será encausado como autor de un delito contra la administración de Justicia. No obstante, el auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma ante el mismo juez y apelación ante la Audiencia Provincial.

Por otro lado, en cuanto a la petición de Fiscalía para que declare, en calidad de investigado, al diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento de Palma Álvaro Gijón, el juez todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre esta solicitud.

Inocencia

El expresidente del PP de Palma ha reiterado este jueves su inocencia y ha señalado que "bajo ningún concepto" ha llevado a cabo los hechos de los que se le acusan relacionados con la trama de corrupción en la Policía Local de Palma en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos.

Tras su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 12, que ha durado unas dos horas y media, Rodríguez ha enfatizado ante los medios de comunicación que "jamás" ha estado en un prostíbulo ni ha pedido "servicios de prostitución".

"Por fin he podido declarar ante el juez ante unos hechos que yo niego; he respondido con honradez y, lógicamente, diciendo toda la verdad a todas las preguntas que me han formulado tanto el fiscal como las partes", ha explicado Rodríguez.

Sobre la petición de alejamiento de las dependencias municipales, el exidirigente del PP ha destacado que le parece "injusto" que "se tome esta medida" a una persona que siempre ha estado dispuesta a colaborar con la Justicia". "Lo recurriremos para que no tenga vigor cuando se considere", ha añadido.

Rodríguez ha asegurado que "bajo ningún concepto" es culpable y que desconoce la fundación de un departamento de la Policía Local de Palma a su cargo. "Yo no sé nada", ha agregado.

Organigrama corrupto

En lo alto de la cúspide, pero en la zona oscura, dijeron los testigos, estaba él. «Artífice en la sombra de un organigrama corrupto», definió el juez a José María Rodríguez en la imputación que hoy le ha llevado a los juzgados para declarar sobre su presunta vinculación a la mafia policial. Desde las 10.15 horas, responde a las preguntas del juez y se ha comprometido a hacer lo mismo con las de los periodistas cuando termine su declaración.

Si la investigación por el caso Over Marketing le hizo dimitir como delegado del Gobierno en 2012, las acusaciones de su participación en extorsiones a empresarios y el compadreo con policías corruptos, sirvieron para decir adiós a su histórica presidencia en el PP de Palma.

Detectives privados contratados para espiar a agentes y otros políticos, hostigador de empresarios, protector de los corruptos e, incluso, vinculado con la mafia china. En sólo una semana las revelaciones sobre la presunta implicación, sino apadrinamiento, de Rodríguez con la mafia en San Fernando se convirtieron en su imputación. La segunda en apenas cuatro años. Aún hubo una tercera visita a los juzgados, aunque en aquélla, la que investigaba si fue él quien dio el chivatazo al ex alcalde andritxol Eugenio Hidalgo de que iba a ser detenido, era sólo en calidad de testigo.

El auto con el que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, le cita ahora a declarar va mucho más allá del soplo. Numerosos testigos le situaban como el capo oculto de la trama. Su presunta utilización de las Fuerzas y Cuerpos del orden para su interés particular era una de las denuncias de los testimonios recogidos en la causa. No sólo la de los policías locales, sino incluso la de agentes de la Guardia Civil en sus años en la Delegación.«La utilizaba para conseguir información», aseguraban.

En la misma sede del PP de Palma que dirigía auspició presuntamente reuniones, casi aquelarres, con lo más granado de los agentes hoy imputados del cuartel. Era 2011, poco antes de las elecciones autonómicas que ganó su partido. No era, se dice, el único político presente.

Mordidas

Antes de declarar hoy frente al juez, Rodríguez ha negado cualquier relación con lo que Penalva definió como una auténtica«organización criminal» vestida de uniforme azul. Sin embargo, varios testigos le señalan incluso entre las mordidas a empresarios de la noche. Una práctica presuntamente tan habitual que había llevado a crear una lista de precios. «Para levantar cláusulas de actividades industriales, cobraba en metálico cantidades que eran de entre 250.000 y 500.000 pesetas», se afirmaba en una de las declaraciones recogidas en el sumario. Quienes intentaron no pasar por el aro, «habían sufrido represalias».

Pese a su presunto papel como líder político, el ex delegado del Gobierno no es el único político imputado en la trama policial. En 2013 el entonces director general de Seguridad Ciudadana de Palma, Enrique Calvo, inauguraba la nómina por su presunta implicación en el amaño de unas oposiciones en la Policía Local. Fugaz fue la imputación de la ex regidora de Función Pública, Irene San Gil. Su presunta obstrucción a la Justicia por el mismo caso duró exactamente de abril a mayo de 2014. Ya en enero del año pasado, se sumaba el entonces regidor de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro. Su delito, presuntamente, era haber incoado un expediente contra un agente del GAP que colaboraba en la investigación judicial.

Para Rodríguez la primera visita como investigado llegó con el caso Over y la supuesta financiación ilegal del PP de Jaume Matas a través de una de sus empresas de publicidad. También entonces el dueño de la compañía indicó que era él «quien realmente tomaba las decisiones en el PP».