CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El grupo francés Aeropuertos de París­ (ADP), que elabora el plan maestro­ para remodelar el aeropuerto de Santa­ Lucía, no sólo opera los tres puertos aéreos de la capital francesa –por los cuales transitan más de 101 millones de pasajeros al año–, también desarrolla infraestructura en el extranjero, a veces recurriendo a prácticas de corrupción, como el pago de intermediarios, la emisión de facturas falsas, evasión fiscal o cobros excesivos.

Según un informe de la Fiscalía Financiera Nacional de Francia fechado en 2016, Aeropuertos de París International (ADPI), filial de la paraestatal, incurrió en acciones sospechosas en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Dubái, Arabia Saudita, Irán, Líbano y Libia, entre 2007 y 2016.

El semanario Marianne publicó el caso el 23 de marzo de 2018. Una semana después la empresa le pidió a la Fiscalía Financiera Nacional –el equivalente de la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera– que iniciara una investigación.

En México, el pasado 29 de marzo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, confirmó a Proceso que ADP está elaborando el plan maestro de Santa Lucía. Afirmó que los expertos franceses “ya están aquí, trabajando” –en un “grupo técnico de estudios aeroportuarios”– y que el contrato está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La compañía y la embajada de Francia, por su parte, se negaron a dar su versión a Proceso. Jérome Marmet, responsable de prensa del grupo, asevera: “Estamos enterados (sobre las obras de Santa Lucía) pero no podemos decirle más por el momento”.

Entre los señalamientos de corrupción de la empresa destaca el pago, en 2013, de 725 mil euros a la intermediaria Shahpari Zanganeh –la tercera esposa de Adnan Khashogi, el principal vendedor de armas de Arabia Saudita, fallecido en 2017–, por su papel en la obtención de un contrato de 87 millones de euros para la extensión del aeropuerto de Yeda.

En Dubái, el contralor se percató de que ADPI falsificó sus facturas en la expansión del aeropuerto de Al Maktum, con las cuales se embolsó “decenas de millones” en efectivo; y armó una estructura fiscal que le permitió no pagar impuestos en Qatar durante cinco años, en los que amasó grandes cantidades de dinero.

“Estas operaciones constituyen los delitos de falsedad, estafa y fraude fiscal”, subrayó el contralor.

En 2011, ADPI pagó el equivalente de 1 millón 600 mil euros por “prestaciones de ingeniería” a un intermediario francés –quien se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, prófugo de la justicia gala–, durante la licitación de un contrato para desarrollar una cadena de hoteles en el emirato de Fuyaira.

El contralor interno de ADPI notó años después que el monto de la prestación estaba “exagerado”, y además la firma no obtuvo el contrato.

En Libia, el grupo mantiene una disputa comercial por más de 100 millones de euros, derivados de contratos celebrados con el régimen de Muamar Gadafi en junio de 2007, que abarcaron la extensión de los aeropuertos de Trípoli, Bengasi y Sabha. El gobierno libio estima que el grupo le facturó con sobrecostos de entre 27% y 128% para estas obras.

Entre enero y junio de 2012, ADPI contrató una milicia paramilitar privada para resguardar sus oficinas en el aeropuerto de Trípoli.

Además, la filial internacional posiblemente violó el embargo sobre el programa nuclear en Irán, aplicado por la ONU y la Unión Europea entre 2006 y 2007. De acuerdo con Marianne, la compañía siguió elaborando estudios para construir dos aeropuertos en Mashhad e Ispahán –éste, ubicado a poca distancia del centro de investigación nuclear del gobierno–, con el aparente desconocimiento de la diplomacia francesa.

De acuerdo con Marianne, tres trabajadores de la empresa alertaron a la sede central sobre las operaciones dudosas de ADPI. “Fueron despedidos sin aviso previo el 15 de octubre de 2017”, señaló el semanario.

Tormenta política

Aparte de su filial internacional, ADP está en el centro de una tormenta política en Francia: la madrugada del 16 de marzo los diputados aprobaron una ley del gobierno de Emmanuel Macron que abre la puerta a la privatización del consorcio, del que el Estado es accionista mayoritario.

La posible privatización de ADP –en realidad, una concesión al sector privado para los próximos 70 años– desató una ola de indignación en todos los partidos de oposición, los cuales cuestionaron la razón por la cual el Estado quiere deshacerse de un grupo rentable, que aporta cada año entre 100 y 200 millones de euros de dividendos al erario y cuyas ganancias crecieron 22% en 2017.

Además de llevar a la mente la desastrosa privatización de las carreteras, en 2006 –que provocó el incremento de los precios de los peajes y generó grandes ganancias para las concesionarias–, los opositores al proyecto del gobierno de Macron señalan que el Estado deberá desembolsar al menos mil millones de euros para indemnizar a los accionistas privados actuales, que detentan 49.4% de las acciones.

Por si fuera poco, la Asamblea Nacional aprobó la ley a las seis de la mañana del sábado, con los votos de apenas 27 diputados… sólo 45 de ellos seguían en el hemiciclo en ese momento, menos de una décima parte de los 577 que forman la legislatura.

Aunque el gabinete de Macron despliega todos sus esfuerzos para defender la ley, más de 150 mil ciudadanos firmaron una petición en línea para oponerse a la privatización, y el pasado 9 de marzo, 150 “chalecos amarrillos” se manifestaron dentro del aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle para repudiar esta “aberración”, que “va contra los intereses de los franceses”. El presidente del grupo ADP, Augustin de Romanet, calificó el proyecto de privatización como una “pendejada”.

Por si fuera poco, el gigante de la construcción Grupo Vinci se menciona como uno de los principales candidatos a obtener la concesión de ADP, del que es accionista.

Este grupo obtuvo la concesión de la mitad de las carreteras privatizadas en 2006, y estuvo en el centro de algunos escándalos de corrupción internacional, como el presunto uso de trabajo forzado en la construcción de infraestructura en Catar, sede del mundial de futbol de 2022.

Este texto se publicó el 7 de abril de 2019 en la edición 2214 de la revista Proceso