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Hasta que no llegue el 1º de octubre, todo lo que pasará en Cataluña se reducirá a una cuestión muy sencilla y concreta: la gestión del miedo. El Estado español desplegará –de hecho ya comenzó con las amenazas penales a más de mil cargos electos– un arsenal descomunal de medidas judiciales y acciones de propaganda política y mediática con un objetivo concreto: infundir miedo.

El único as en la manga del Estado español es que los ciudadanos en general, los voluntarios, los funcionarios, los cargos electos e incluso los Mossos d’Esquadra tengan miedo de las consecuencias eventuales del ejercicio del derecho a la autodeterminación que los catalanes harán efectivo el 1º de octubre. La única posibilidad de impedirlo es que los catalanes se asusten y detengan todo ello por voluntad propia.

Paralelamente, como es lógico, ninguna voz internacional levantará el tono para defender los derechos de los catalanes a decidir su futuro, tal como sucedió con la oleada de independencias de finales del siglo XX (lo que pasará después, ya es otra cosa). No obstante, para conseguir que el referéndum sea un éxito y resulte en la aplicación de la ley de transitoriedad y fundacional de la República, todo se reduce a mantener la calma, a no caer en provocaciones y a no dejarse atemorizar. Tan sencillo y tan complicado como eso.

No será fácil, ya lo sabemos, porque los altavoces mediáticos del aparato del Estado –Tribunales, cloacas y medios incluidos– son poderosos. Sin embargo, si hacemos caso omiso de las amenazas y nos mantenemos fieles al marco normativo aprobado por el Parlamento esta semana –y plenamente vigente, pues las resoluciones del TC no son aplicables, según lo establecido por el artículo 3 de la ley del referéndum–, pronto comprobaremos que ninguna de las amenazas del Estado podrá hacerse efectiva sin precipitarse de manera definitiva e irreversible en la independencia efectiva de Cataluña.

http://www.agenciaincat.la/?p=31927