En provincia de Buenos Aires, "las personas privadas de libertad padecen hambre", denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un informe que detalla que, a las habituales malas condiciones edilicias y de hacinamiento de los penales, se suma la degradación de la provisión de alimentos. "Cortes de carne con un fuerte olor nauseabundo y color amarillo", "mandarina y naranja en mal estado" son algunos de los ejemplos de lo que la CPM halló en un relevamiento realizado en alrededor de 30 cárceles bonaerenses, que actualmente alojan a 50.500 personas.

“Es un problema estructural, no solo del sistema carcelario sino de una política de persecución penal que hay que reorientar para que la población de las cárceles no siga creciendo”, remarcó Sandra Raggio, directora de la CPM. En tanto, la presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP), María Jimena Monsalve, advirtió que "nadie puede tener personas muertas de hambre bajo su custodia”. La situación, añadió, genera un malestar general en los penales, lo que podría inclusive desencadenar episodios de violencia. “Hemos tenido un incremento inusual en la población carcelaria en 2019 y los sistemas carcelarios no estaban preparados”, detalló Monsalve.

En un informe presentado al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, la CPM detalló la situación relevada en cada penal y solicitó que la cartera informe la "cantidad de rubros alimentarios faltantes en cada unidad durante los últimos seis meses", provea de manera "urgente" los alimentos "previstos en las licitaciones contratadas" y garantice "provisión de dietas especiales por razones de salud" en los casos requeridos.

De momento, el ministerio no ofreció respuesta de manera oficial. "Telefónicamente, nos dijeron que había dificultades con la provisión de carne, pero que desde anoche (por el miércoles) se estaba regularizando y se estaban distribuyendo 75 mil kilos de carne vacuna", explicó a este diario Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

En agosto de este año, la CPM presentó el informe anual sobre el estado en las cárceles bonaerenses, donde se denunciaron en el último año 2.428 casos de tortura y malos tratos dentro de las unidades penitenciarias.

“El hacinamiento hace que colapse toda la estructura carcelaria”, afirmó Raggio. El agravamiento general incluye las condiciones materiales, el aumento de la violencia, el aislamiento, la desvinculación familiar, y unas 387 denuncias por alimentación deficiente. La superpoblación de las cárceles, consecuencia del aumento desmedido de detenciones que subió a unas 15.000 durante la actual gestión, es uno de los factores que configuran las malas condiciones de vida de los internos.

Para elaborar el informe, la CPM inspeccionó 30 unidades provinciales. En los recorridos halló alimentos en mal estado y en cantidades que no se condicen con la población carcelaria a alimentar. Además, otras instituciones denunciaron deficiencias graves. En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul detalló que en una inspección a la Unidad Penitenciaria Nº 30 de Alvear constató que desde hacía seis días faltaba carne, que tampoco había frutas ni verduras, y que los únicos alimentos en stock eran fideos, polenta, arroz y salsa de tomate.

Según informó la CPM las empresas contratadas para proveer las viandas -una de ellas Cook Master SRL, que en 2017 firmó un acuerdo con el gobierno de Vidal por más de mil millones de pesos- dicen que el gobierno provincial no los pagó.

En junio, tras la inspección a la Unidad Penitenciaria Nº1 de Olmos, la CPM confirmó que la unidad contaba solamente con mandarinas y naranjas, muchas de ellas en mal estado, once bolsas de arvejas, 6900 kilos de harina, un pallet de arroz y cinco bolsas de lentejas, para los 2858 internos que vivían en ese momento. En el informe presentado al Ministro de Justicia, la CPM reclamó que se garantice "la provisión de dietas especiales por razones de salud, atendiendo las particularidades de cada enfermedad".

“La crisis económica agrava la situación porque las familias pueden llevar cada vez menos comida en las visitas, y si las unidades están lejos, cada vez pueden asistir con menos frecuencia”, explicó la directora de la CPM. Los traslados y cambios de penal de los internos hacen que se dificulten las visitas: de las denuncias por malas condiciones, según el informe anual de la Comisión, 2.240 casos son por afectación del vínculo familiar.

“Desde la Asociación notamos que la situación de las mujeres es peor todavía, porque reciben menos visitas y por lo tanto no tienen otra fuente de alimentación que no sea la del penal”, agregó Monsalve. La jueza, además, propuso “hacer foco en las políticas post penitenciarias que hoy no tienen recursos” con el objetivo de evitar la reincidencia, y también tener en cuenta que existen medidas alternativas de sanción, ya que a veces la cárcel no es la única o la mejor solución.

Informe: Lorena Bermejo.