Roberto Martínez era uno de los colaboradores más estrechos del alcalde de San Ramón, hasta que hace seis semanas fue detenido a bordo de un auto con patente falsa y transportando 100 municiones. El encargo se lo hizo desde la cárcel el narcotraficante y ex empleado de San Ramón, Jorge Pinto. Las interceptaciones telefónicas de las comunicaciones entre ambos muestran que esa no fue la única orden que cumplió para Pinto. La detención de Martínez fue un duro golpe para Miguel Ángel Aguilera: era su guardaespaldas y fue el administrador electoral de su última exitosa campaña en 2016.

* Foto de portada tomada del reportaje de Informe Especial “Los tentáculos narcos en San Ramón”

Un poderoso nexo une a dos hombres que hoy están en prisión preventiva en Santiago 1: su relación laboral con la Municipalidad de San Ramón y con el alcalde de dicha comuna, Miguel Ángel Aguilera. Jorge Pinto Carvajal y Roberto Martínez Cariz eran empleados de ese municipio al momento de ser detenidos. Pinto fue apresado en septiembre de 2017, cuando comandaba un operativo para transportar pasta base a Concepción. Roberto Martínez cayó detenido a fines de noviembre mientras transportaba municiones a bordo de un auto con patente falsa, obedeciendo órdenes que Pinto le dio desde la cárcel.

Martínez era el guardaespaldas del alcalde Aguilera después de haber sido el administrador electoral de su exitosa campaña en 2016. Pinto fue contratado como funcionario del área de mantenimiento de jardines apenas cumplió una condena de 5 años por narcotráfico (2012-2017).

Aunque en la página web de la Municipalidad de San Ramón Martínez aparece como el encargado de Seguridad de la comuna, en la práctica, durante su jornada laboral obedecía las órdenes de Jorge Pinto, el ya famoso narco de la Población La Bandera.

Jorge Pinto es el jefe en las sombras de Roberto Martínez. Así lo aseguran quienes han tenido acceso a los audios de las conversaciones entre ambos. Desde que en septiembre Pinto volvió a prisión (entre 2012 y 2017 cumplió condena por un cargamento de 150 kilos de marihuana), logró hacerse de un celular y desde la cárcel continuar monitoreando su negocio de drogas. El centro de operaciones de ese tráfico es la Población La Bandera, cuyo territorio pasó de ser un bastión emblemático contra la dictadura en los ’80 a ser el escenario donde se desarrolla esta historia.

Las conversaciones de Jorge Pinto desde la cárcel estaban intervenidas por la policía. Cada una de las órdenes que dio a los miembros de su banda en el exterior fue interceptada por los detectives a cargo de monitorearlas. También la que le dio Pinto a Roberto Martínez el 22 de noviembre de 2017, cuando éste, en horario laboral, estaba en la casa de los Pinto junto a Elizabeth Vergara, la esposa del narcotraficante. En esa conversación, le ordenó conseguir municiones.

Las balas eran para su familia. Al clan de los Pinto le preocupaba su seguridad. En 2016 perdió a uno de sus integrantes: el pololo de 19 años de una de las sobrinas de Jorge Pinto fue baleado afuera de la discoteca Glam de San Miguel. En La Bandera responsabilizan a la banda de Los Risa de esa muerte, otro clan narco que opera en el sector sur de la población.

Martínez se consiguió las balas con un hombre de la comuna de Nos cuyo negocio de armas es legal, a quien conoció en un club de tiro que frecuentan los hombres de Pinto. Roberto Martínez fue a la zona sur de Santiago a buscar las municiones. Lo hizo a bordo de un auto cuya patenta era falsa. Martínez no sabía que en su trayecto a Nos era seguido por la policía. Una vez con las balas en su poder, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía. El 24 de noviembre de 2017 Roberto Martínez fue formalizado por tráfico de municiones y receptación de vehículo robado.

En la investigación judicial que lo tiene como protagonista se acumulan otras evidencias. Según consta en sus conversaciones interceptadas con Jorge Pinto, Roberto Martínez también habría sido uno de sus hombres operativos en el transporte de droga, en horarios en que supuestamente cumplía su función de encargado de Seguridad del municipio de San Ramón.

La importancia de Roberto Martínez en el círculo duro de Miguel Ángel Aguilera quedó clara cuando, un año antes de su detención, se convirtió en el encargado de las platas de la campaña a la reelección del alcalde. Según documentos del Servel, Martínez asumió como su administrador electoral, un cargo de extrema confianza desde el cual visó los ingresos y los gastos de la rendición de cuentas, los que llegaron a $37,7 millones.

Entre los principales aportantes públicos a la campaña del entonces candidato Aguilera figuran el senador electo José Miguel Insulza ($400 mil); Eduardo Bermúdez, secretario nacional de organización del PS y responsable de su proceso de refichaje ($2 millones), y el Partido Socialista, el que le aportó $16 millones. El propio Aguilera ingresó $8 millones a la cuenta de su campaña como “aporte propio”.

DE MECÁNICO DE AVIONES A OPERATIVO DE PINTO

Roberto Martínez trabajó por más de 10 años como mecánico de LAN en el aeropuerto de Santiago. Hasta que en 2015 le dijo a sus conocidos que se iba a trabajar a Minera La Escondida. Sin embargo, tres meses después apareció como encargado de Seguridad de la Municipalidad de San Ramón. A los funcionarios del municipio les llamó la atención su cambio de trabajo, por el estatus y el nivel de sueldo (según Transparencia municipal, Martínez ganaba en San Ramón poco más de $500 mil).

Quienes lo conocen describen a Martínez como alguien tranquilo que junto a su esposa participaba en la parroquia Jesús Señor de la Vida, y en la capilla Nuestra Señora de Las Américas, de La Bandera. Su entorno laboral se sorprendió cuando apareció en los diarios detenido por tráfico de balas. Junto a su mujer viven en La Bandera hace varios años, ya que ahí está la casa de su suegra y ella les ayudaba con el cuidado de sus dos hijos.

Los funcionarios municipales lo describen como una persona que escapa al perfil conflictivo que caracteriza a los asesores políticos del alcalde. Antes de ser el guardaespaldas de Aguilera, Martínez –quien estudió Administración Pública en la Universidad Bolivariana- ya estaba involucrado en la política local. En 2012 formó parte del equipo de Genaro Balladares, el candidato DC que compitió con Aguilera en las primarias de la Concertación de ese año para ser el candidato a alcalde del bloque.

Quienes participaron de esa disputa dicen que Martínez estuvo entre los agredidos por Jorge Pinto la noche del recuento de votos de esa primaria. Tal como contó CIPER en otro reportaje, el narco de La Bandera participó de los grupos de choque de Aguilera en esa elección. Cinco años después Martínez terminaría trabajando bajo las órdenes de Pinto y de Aguilera simultáneamente. Hay otro episodio de violencia que protagonizó Martínez en San Ramón.

En 2016, ya transformado en el guardaespaldas del alcalde, fue acusado por el profesor de filosofía Camilo Pasten de amenazas de muerte. Según la querella presentada en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, el 19 de julio de 2016, organizaciones sociales de La Bandera realizaron una manifestación pacífica en la que entregaron un petitorio al municipio exigiendo soluciones para los micro basurales que existían en la comuna.

Pasten denunció que cuando la manifestación había finalizado, fue seguido por Pedro Jaque (otro de los asesores de Aguilera), quien junto a otros cinco hombres lo golpearon, amenazaron e intentaron subirlo a una camioneta blanca, de la que logró escapar. Un día después, Pasten dice que junto a otros dirigentes sociales fue a la municipalidad a una reunión con el alcalde, y que en el hall del municipio Roberto Martínez apareció en escena:

“Se acerca un funcionario municipal de nombre Roberto Martínez, quien se identifica como el jefe de seguridad ciudadana, con otros dos individuos, uno de ellos de nombre Héctor Vergara, quienes comenzaron a insultar a los presentes y forcejear, el señor Martínez amenazando a viva voz: ‘Les vamos a sacar la chucha, los vamos a pillar y les vamos a pegar’, agregando hacia mi persona ‘no te bastó con lo que te pasó ayer conchetumadre, te voy a matar’”, se lee en la querella.

LA NUEVA CASA DEL ALCALDE

En 2016, cuando Roberto Martínez ya era el guardaespaldas y administrador electoral de Miguel Ángel Aguilera, el alcalde de San Ramón concretó su primera gran inversión inmobiliaria: la compra de una casa en los faldeos de los cerros de La Reina, en un condominio en Álvaro Casanova, una calle paralela a Julia Bernstein, donde han vivido la presidenta Michelle Bachelet y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Álvaro Casanova es una calle que colinda con los cerros. El último límite de urbanidad en esa zona de Santiago. El condominio donde se ubica la casa que compró el alcalde termina a los pies del Parque Natural San Carlos de Apoquindo, muy cerca de la Quebrada de San Ramón.

En Álvaro Casanova no hay veredas. Los trabajadores que se emplean en las casas del sector deben caminar por la calzada sorteando los automóviles que transitan por el lugar. Tampoco llega allí ninguna micro del Transantiago. Son construcciones recientes, en su mayoría condominios provistos de férreos sistemas de seguridad. Casas con jardines y espacio para estacionar tres o cuatro autos.

La casa que Aguilera compró el 31 de marzo de 2016 -en sociedad con su esposa Giovanna Barrera Pino- a la Inmobiliaria Mahuida, le costó 13.155 UF ($352 millones al valor actual). De ese total, y según consta en la escritura de la Notaría de René Benavente Cash, $100 millones (4.604 UF) fueron pagados por Aguilera en efectivo. El resto (8.551 UF) se canceló con cargo a un mutuo del Banco Santander.

En la declaración patrimonial de Aguilera (actualizada a marzo de 2017) se da cuenta del crédito hipotecario del Banco Santander que le permitió pagar parte de su casa en La Reina, pero no hay rastro de otro tipo de créditos que le hayan permitido acceder a los $100 millones que pagó en efectivo. Consultado por CIPER, el alcalde de San Ramón hizo saber por intermedio de sus asesores que no se referiría a esta compra ni a ningún otro tema de este reportaje.

Además del dinero en efectivo que pagó por la compra de esa casa, el alcalde y su señora invirtieron recursos adicionales para ampliar la construcción inicial que les entregó la inmobiliaria: una casa de 140 m2 construidos, dos pisos, tres dormitorios, tres baños, una sala de estar, además del living comedor y un lavadero.

Con las ampliaciones realizadas, la casa creció a 240 m2: separaron el living del comedor ampliándolos en 16 m2, se construyeron dos dormitorios más, ampliaron el dormitorio principal y sumaron otro baño en el segundo piso.

En la Municipalidad de San Ramón comentan que actualmente el alcalde Aguilera no ocupa esa residencia y se mantiene viviendo en su casa en La Florida ($32 millones de avalúo fiscal).

Hay dos versiones respecto de por qué el alcalde y su familia no viven en su nueva residencia en La Reina: una dice que se trata de una inversión a largo plazo y que pretende arrendarla para pagar la hipoteca; la otra, asegura que cuando estalló el escándalo por las redes narco del municipio, Aguilera abandonó esa vivienda y volvió a La Florida para evitar un cuestionamiento mayor.

EL “AGUILERISMO” SE AFERRA AL PS

El pasado sábado 6 de enero el alcalde Miguel Ángel Aguilera rompió su silencio y en entrevista a La Tercera expresó sus intenciones de retomar su militancia en el Partido Socialista. “Van a terminar pidiéndome disculpas”, declaró, al tiempo que denunció una operación política para dañarlo. La entrevista fue una más de las señales que envió al PS, partido al que hoy Aguilera y su grupo se aferran por sobrevivencia y seguridad.

La señal fue clara. La entrevista salió publicada un día después de una importante cita de “Renovación Socialista”, grupo al que pertenecía Aguilera y en el que compartía militancia con el ahora senador electo José Miguel Insulza y el diputado Marcelo Schilling. Y el mismo día que el Comité Central del PS realizara la primera reunión de análisis de la estrepitosa derrota sufrida en las elecciones de diciembre y para delinear los pasos a seguir.

En rigor, Miguel Ángel Aguilera ya no pertenece al PS. El 20 de octubre pasado el alcalde de San Ramón renunció a su partido. Fue otra ostentación del poder interno que ha sabido construir ya que fue informado oportunamente de que el Tribunal Supremo del PS había decidido expulsarlo. Tres días antes de que se hiciera pública esa decisión, Aguilera renunció evitando así la humillación.

Cuando el Tribunal Supremo del PS anunció su expulsión, ella iba acompañada del mismo castigo para tres de sus colaboradores más cercanos: Pedro Jaque, Katherine Jaque y José Luis Barrera Pino, cuñado de Aguilera. Para muchos fue una sorpresa que la drástica medida, adoptada después de que se develaran los vínculos laborales y políticos de narcotraficantes con la Municipalidad de San Ramón, no se extendiera a otros connotados miembros de la fracción “aguilerista” y que integran el Comité Central.

De hecho, a la reunión del sector “Renovación Socialista”, asistió la esposa de Aguilera, Giovanna Barrera (quien integra el Comité Central del PS) y unos ocho funcionarios del municipio de San Ramón del círculo duro de Aguilera. Entre ellos, destacó Rodrigo Salinas, coordinador de programas sociales del municipio.

Participantes de esa reunión relataron a CIPER que el grupo de los “aguileristas” se mantuvo en silencio y solo se manifestó al momento de sumarse al llamado a “mantener la unidad” del sector. La asistencia del grupo, dijeron, tuvo por objetivo bloquear cualquier posibilidad de una “caza de brujas” en contra de los aliados del alcalde.

Mantener su poder al interior del PS se ha convertido para el edil de San Ramón en un asunto de supervivencia. Y para ello cuenta con un numeroso círculo que continúa militando en el partido. Además de su esposa y de Salinas, sus dos hermanas (Mónica, recién electa consejera regional y María) continúan en el partido, lo mismo los concejales socialistas de la comuna: Roxana Riquelme, Ricardo Torres, María Jopia y José Miguel Zapata.

Zapata es el más relevante, pues además es jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano. En paralelo, una consultora de Zapata, AEIS Coordenadas, se ha adjudicado proyectos en la misma comuna de San Ramón (ver reportaje de CIPER). Otra de las empresas de Zapata, la OTEC Cimatex y que estaba sin movimiento desde 2012, fue revivida en el segundo semestre de 2015 para darle empleo a la esposa de Aguilera, quien emitió boletas por $2 millones mensuales hasta el primer semestre de 2016.

También sigue militando y con influencia en el PS, Eduardo Bermúdez, colaborador cercano de Aguilera y que hoy trabaja en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Otro de los miembros influyentes del círculo de Aguilera es Marcela Rosales, quien junto a su hija integran el Comité Central y el sector “Renovación Socialista”. Rosales ha hecho negocios con la Municipalidad de San Ramón: es una las dueñas de la Automotora Vespucio San Ramón, la que opera frente al municipio, en un terreno municipal de 15 mil m2 por el que paga poco más de $9 millones mensuales. Es un negocio redondo, ya que cuenta con más de 700 espacios-vitrinas para la venta y compra de vehículos usados, los que arrienda por $65 mil al mes. Solo por ese ítem recibiría cada mes $45 millones. A esa cifra habría que sumar lo que ingresa por los arriendos de otros espacios dentro de la automotora, como las cocinerías y las oficinas técnicas que ayudan en el traspaso de los autos que allí se transan.

Cuando en septiembre pasado el narcotraficante Jorge Pinto cayó nuevamente en prisión, desató un escándalo político que desató una crisis en el Partido Socialista, uno de cuyos vicepresidentes era el alcalde Miguel Ángel Aguilera, cuyo poder era decisivo a la hora de sumar votos para candidaturas internas y parlamentarias, municipales y presidenciales.

A casi tres meses de la expulsión de Aguilera del PS, tanto las reuniones de “Renovación Socialista” como la del Comité Central del PS, mostraron que el poder del alcalde de San Ramón sigue siendo relevante. No hubo ninguna condena explícita a su gestión ni a los nexos con el narcotráfico. La estrecha relación entre Jorge Pinto y Roberto Martínez vuelve a encender la alerta roja.