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Hace algunos años, cuando la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), entidad que nuclea a los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó a pedir balances a sus asociados, hubo uno que presentó el siguiente informe: ingresos cero, egresos cero.



La anécdota grafica la absoluta informalidad con la que se mueven los centros de estudiantes de la UNC, y de todas las universidades públicas en general.



Administran fotocopiadoras, confeccionan apuntes, explotan cantinas y playas de estacionamiento, pero jamás entregan factura o recibo de nada.



Las fondos que manejan los dirigentes estudiantiles caen en un agujero negro: nadie sabe cuánto facturan, pueden ser 100 mil, 200 mil o 500 mil pesos anuales, dependiendo de la envergadura de la facultad. Esos son los fondos que circulan, según se especula, pero nunca se sabrá a ciencia cierta mientras los números de los centros de estudiantes se mantengan en negro, como hasta ahora.



El detalle no es menor. Los estudiantes son la segunda minoría política en las universidades. Quien quiera ser rector necesariamente deberá acordar con las agrupaciones estudiantiles. De los 247 miembros que tiene la Asamblea Universitaria, 78 son estudiantes. Y en los consejos directivos de las facultades tienen seis de las 18 bancas.



En ese marco, las autoridades de las facultades acuerdan con los centros de estudiantes la concesión de algunos servicios o reciben un canon por la prestación que hacen terceros de las fotocopiadoras o de las cantinas.



En algunos casos, los acuerdos con los concesionarios consisten en contratar a militantes de las agrupaciones que conducen los centros u otorgarles “becas”.



Todo esto se hace en un marco de informalidad y sin validez legal. La explicación es que funciona así desde siempre y en esa negociación entran docentes, no docentes y funcionarios universitarios.



En ese contexto, quienes conducen los centros han tenido que generar algunas herramientas (siempre informales) para transparentar sus cuentas, pero sólo para no ser blanco de las críticas de agrupaciones rivales durante las elecciones.



Hay un solo ejemplo en toda la UNC en la que se buscó transparentar las cuentas de un centro de estudiantes. Se trata de una cooperativa de servicios creada en 1994 en la Facultad de Ciencias Exactas, que maneja el bar, la fotocopiadora y la playa de estacionamiento (más información en página 5 ).



El resto funciona al margen de todo marco jurídico. En muchas facultades, los centros reciben un canon por los servicios concesionados. En una unidad académica “grande”, diversas fuentes señalan que el centro recibe 9.500 pesos mensuales de la fotocopiadora y cuatro mil pesos de la cantina.



Otro centro difunde en su muro de Facebook que la cantina que administra “genera en promedio un ingreso mensual de 3.250 pesos para cada estudiante proveedor”. Pero no explicita de cuántos proveedores se trata. También señala que los fondos que genera la cantina “son reinvertidos”, pero sin revelar cuánto dinero.



Otros centros de estudiantes recaudan en los ingresos, por la venta de apuntes y las inscripciones. Todo depende de los acuerdos con el Decanato de turno y cómo esto se traduzca en apoyo político.



La excusa



Pero la culpa no es sólo de los estudiantes. Hay una responsabilidad institucional en no propiciar que los centros funcionen con alguna figura legal.



La Ley de Educación Superior plantea en uno de sus artículos que los consejos superiores podrán reconocer oficialmente a los centros de estudiantes, pero nunca fue reglamentado.



Para el abogado tributarista Marcos Sequeira, “no hay razón que explique que los centros de estudiantes no estén encuadrados legalmente para salir de la informalidad”.



“Está claro que los centros de estudiantes de las universidades públicas que yo conozco se mueven en la informalidad, a pesar de que no existe ninguna clase de obstáculos para que se constituyan como entidades sin fines de lucro”, señaló el profesional.



Sequeira dijo que si el argumento que exponen los dirigentes universitarios para no encuadrarse es el costo impositivo, es un fundamento falaz porque las entidades sin fines de lucro están exentas de todos los impuestos. “Lo único que deberían pagar serían los costos laborales, de la seguridad social, pero sólo en el caso de tener empleados; y hasta eso podrían resolverlo con algún convenio especial con las facultades o las universidades”, agregó.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 8/06/2016 en nuestra edición impresa.