Sebastiana Barráez

@SebastianaB

Lo que pudo haber sido un operativo exitoso para los cuerpos de Inteligencia venezolanos, que demostrara la eficiencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los órganos venezolanos de Seguridad Ciudadana, en la captura del piloto Oscar Alberto Pérez y el grupo de rebeldes que lo acompañaban, terminó demostrando la pobreza de un hecho carente de organización, abundante en acciones erráticas, policialmente lleno de vicios y con presencia de tropas de varios cuerpos en descoordinación. Así lo considera parte importante de oficiales en la FANB.

Privó el odio personal, las ansias de complacer a quienes pedían la cabeza del joven inspector y piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Alberto Pérez, quien el 27 de junio 2017 secuestró un helicóptero que sobrevoló Caracas y lanzó bombas sonoras sobre el TSJ y la sede del Ministerio del Interior y que, luego, el 18 de diciembre 2017, tomó por asalto el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), perteneciente al Cuarto Pelotón de la 1ra Compañía, ubicado en el estado Miranda. Dos acciones limpias, sin heridos y sin muertos.

Cuando Pérez accedió a la entrevista en el canal CNN, quizá selló su destino. Subestimó el poder de los cuerpos de Inteligencia venezolanos, asesorados por extranjeros, quienes lo localizaron. Se expuso. Vulneró lo más importante de un fugitivo: la seguridad. Tomó a la ligera ser considerado el enemigo público Nro. 1 del gobierno y que sobre él pesara una recompensa. Y quizá jamás consideró que alguien cercano lo pudiera traicionar.

Es así que los cuerpos de inteligencia tenían todas las de ganar sometiendo a quien el Gobierno señaló como el enemigo más buscado.

Ni el mismo Oscar Pérez podía saber que lo ocurrido el 15 de enero 2018 se va a convertir en un caso para estudio en las universidades de periodismo del país. Ante el silencio de los medios de comunicación, acosados por la presión y la censura, de páginas web a las cuales no se podía en ese momento acceder por razones desconocidas, el piloto se convirtió en el principal reportero de su historia. La llevó a las redes y así se difundió en el mundo. Nada impacta más, lo sabemos los periodistas, que cuando un evento se observa en vivo. Millones de personas siguieron minuto a minuto lo que ocurría con Pérez y su grupo. Desde muchos países llamaban a Venezuela para confirmar lo que se veía al instante.

“No quieren dejar que nos entreguemos”, dice en cámara un Oscar Pérez con marcado nerviosismo, ya convencido que las posibilidades de salir con vida de esa odisea parecen remotas. “Estamos negociando para entregar, porque aquí hay inocentes, civiles”. Minutos después dice resignado: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos, literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir”. Y se oye la voz de un hombre desesperado llamando al mayor.

El mayor (GNB) Rafael Enrique Bastardo Mendoza, le dice a Oscar Alberto Pérez: “Ahorita estaba hablando con Pimentel y le dije que la orden del Presidente, y se extrañó, es resguardarle la vida”.

Ese mayor, desconocido para muchos, perteneció al Grupo de Acciones de Comando de la GNB, donde “tuvo un desempeño regular, – confiesa un general de su componente- un poco indisciplinado y arbitrario”.

Bastardo también estuvo en Guárico con el ex gobernador Rodríguez Chacín y luego fue enviado como Director de Operaciones y Acciones Tácticas de la Policía Nacional en tiempos del general Juan Francisco Romero Figueroa.

No es casual que al día siguiente del operativo, es decir hoy 16 de enero, sea sustituido el comandante general de la Guardia Nacional, MG Sergio Rivero Marcano por su compañero de promoción y compadre el MG Richard López Vargas, Viceministro de Servicios, Personal y Logística del Ministerio de la Defensa.

Ya estaba rendido

Uno de los más comunes argumentos entre militares de la FAN es que el operativo contra Oscar Pérez presentó “fallas en el comando y control”, revela un alto oficial.

“Eso fue un pobre operativo”, manifiesta un oficial entrenado en comando.

“¿Cómo no íbamos a dar ese triste espectáculo, cuando en el lugar de los hechos todos querían dar órdenes? Allí no hubo un equipo con autonomía para actuar. Políticos que se creen militares, funcionarios civiles dando órdenes allí y otros por teléfono, pretendiendo que se cumplieran sin remota idea de lo que significa un escenario como el que se vivió ahí. Demasiado aficionado experto en películas de guerra. ¡¡Claro!! Que eso tenía que salir mal”, nos comenta un oficial enfatizando cada palabra.

Para un comandante del Ejército “ese error lo vamos a pagar caro, a nivel de opinión pública internacional. Dimos un pobre ejemplo de descontrol, falta de pericia y mal manejo de un evento al que solo había que aplicarle el manual. Eso ocurre cuando se desvirtúa la actuación profesional porque la única intención era matar al piloto y a su grupo, en lugar de considerar a tanta gente entrenada que hay en el país. El hombre ya estaba rendido y no era necesario asesinarlo. Eso lo estipula las leyes de la guerra con los prisioneros, está enmarcado en el Convenio de Ginebra, es lo que se llama honor al caído”.

“Le explico esto licenciada, -me comenta uno de los oficiales activos del Ejército y que en el 2002 participó en el 4F- aunque sea doloroso decirlo, fue un procedimiento policial lleno de vicios. No hubo interés de negociar y mucho menos generar la certidumbre que debe privar en un estado garantista de los derechos humanos, tampoco del cumplimiento del Código Procesal Penal que se preocupe de los contrapesos, transparencia, dignidad, fe religiosa. Fue un procedimiento judicializado que encuadró su ejecutoria en la Corte Internacional Penal y en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

Agrega “ese operativo tuvo daños colaterales con muertes de civiles, que aún no salen a la luz pública. A eso se le suma el reconocimiento de Freddy Bernal de la participación de civiles armados pertenecientes a colectivos del 23 de Enero con complacencia o participación de los órganos de seguridad que estaban allí”.

“Y sin duda que hubo uso excesivo de la violencia, con inclusión de lanza granadas y vehículos de guerra. No hubo un negociador, que era esencial, más aún cuando a través de las redes se vio la clara intención de negociar por parte de los rendidos, porque estaban rendidos. Además, la presencia de un fiscal del Ministerio Público como garante de la legalidad y la acción penal, tampoco se evidenció. Ni siquiera el acceso a la prensa”.

Hay oficiales que no se explican la presencia de un tanqueta militar con una punto 40, que es una ametralladora para la guerra. “Con la lanzagranadas antitanque RPG-7 ruso se evidenció una gran descoordinación, donde cada mando fue promoviendo recursos innecesarios, lo que habla de una defectuosa labor de inteligencia. ¿No se sabía cuántas personas había? ¿Cómo se instrumentó ese procedimiento? No se delimitaron ni los recursos ni el personal que participó, para desplegar el cerco”.

Lecciones de Academia

Hubo tres puntos de coincidencia en oficiales de la Guardia y el Ejército, en torno a lo sucedido en El Junquito:

Si bien es cierto que Oscar Alberto Pérez cometió el delito del helicóptero y el robo de las armas en el comando de la GNB, no cometió ningún asesinato ni hubo heridos en esas dos acciones que ejecutó.

El grupo Soldados en Franela que acompañó a Oscar Pérez manifestó claramente en voz alta y video que estaban rendidos, se declararon rebeldes, con oposición al gobierno, y aún así fueron asesinados.

La participación del jefe del colectivo “Tres Raíces”, Heyker Vásquez, quien tiene investigación por cinco homicidios. “Es el uso de civiles armados para hacer el trabajo sucio de la FANB”.

En la Academia Militar se les ha enseñado históricamente que al enemigo rendido deben respetarle su condición humana. “Matar a alguien rendido es indigno, es nazi”, comenta un mayor.

Oscar Pérez le dijo al mayor Bastardo Mendoza: “Pero nosotros no somos delincuentes, nosotros somos patriotas que estamos luchando por una convicción de vida”. A la par que una temblorosa mujer vestida de oscuro, apareció en un video, anunciando ser la madre de Oscar Pérez y advirtiendo que él está tratando de entregarse y rogando que le permitieran hacerlo.

Un hombre, cuya voz se escucha al fondo, en uno de los videos, hablándole al oficial que se supone comanda el grupo o es el negociador, se dirige a él como “mi mayor”, por lo cual se interpreta que quien habla es un militar.

Si en algo tiene razón uno de los hombres de Oscar Pérez es cuando le dijo al oficial: “usted va a hacer historia con este procedimiento”. Y el militar se compromete a hacer el cambio, se entiende que la entrega, “con Ministerio Público, periodistas y nosotros”.

El reporte de la Policía Nacional Bolivariana da cuenta que los supervisores de la PNB muertos son: Andreu Garate (impacto de bala en el tórax) y Roger González (tres impactos de bala). Pero el ministro Néstor Reverol dice que son: S/J Adrián Domingo Ugarte Ferrera y O/A Nelson Antonio Chirinos La Cruz.

Los policías heridos son: Ramón Escalona (presenta dos impactos de bala), Jesús Navas (disparo rasante a nivel de la columna), José Gregorio Hernández (impacto de bala en el abdomen), Freddy Ramírez (recibió disparo en el antebrazo derecho), Eliot García (tito en el muslo derecho) y Williams Tovar (disparo en la mano derecha).

Aunque el Gobierno Nacional no ha dado información precisa sobre los rebeldes fallecidos, habrían sido: Oscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Pimentel, los hermanos Jairo y Abraham Lugo Ramos y una mujer no identificada.

Que no se haya resguardado la escena de los hechos y más bien se haya procedido a demoler la vivienda donde Oscar Pérez y su grupo estaba refugiado en El Junquito, dice mucho de lo desatinado que resultó todo el procedimiento.

Luego de los sucesos, redoblaron las alcabalas del Fuerte Tiuna, incluso están siendo controladas por oficiales superiores con el grado de teniente coronel y 15 integrantes de tropa en los diferentes grados.