Las distribuidoras de energía aseguraron que va "afectará la cadena de pagos, el plan de inversión" y hasta podría generar "la disolución" de las compañías

Las distribuidoras Edenor y Edesur advirtieron que el freno judicial a los aumentos en la tarifa de electricidad afectará la operatividad de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, además de "afectar la cadenas de pagos, el plan de inversiones" y hasta generar una potencial "situación de disolución" de las compañías.

Edenor manifestó que el freno judicial a los aumentos de la tarifas de electricidad de mantenerse le generará a la compañía un déficit de caja de aproximadamente $7.000 millones en el año y la pondrá en "situación de disolución y pérdida de su patrimonio".

La posición fue reflejada a través de una nota elevada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores, tras el fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns que dispuso la nulidad con alcance nacional de las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

"El cumplimiento de la medida cautelar llevará a la Sociedad al absurdo de encontrarse sin ingresos operativos, lo que impedirá hacer frente en término de días a los gastos de operación", afirmó este viernes Edenor.

Esta situación "pondrá el servicio eléctrico concesionado en una situación de riesgo inaceptable, afectando a 2.800.000 clientes de Edenor y más de 7.800.000 de usuarios", agregó la empresa que tiene a su cargo la distribución de electricidad en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense.

La medida cautelar interina abarca el 100% de los clientes de Edenor y dado que posee efectos retroactivos al momento de entrada en vigencia de las resoluciones suspendidas (1° de febrero del corriente año), la medida cautelar implica "la acreditación a los clientes de las sumas pagadas en exceso del cuadro tarifario vigente a enero".

Casi en simultáneo, la distribuidora Edesur expresó mediante un comunicado de prensa que recibe "con preocupación" las consecuencias del fallo de la jueza Forns al entender que su decisión "atenta de manera directa contra la operación de la empresa e indirectamente contra la calidad del servicio de los clientes al que según el fallo, se intenta proteger".

"De persistir esta situación, advertimos que podrán verse afectados la cadena de pagos de la empresa, así como también el Plan de Inversiones en obras actualmente en ejecución", planteó la compañía al confiar en que "la Justicia revea esta decisión para poder implementar el nuevo cuadro tarifario y devolverle a la empresa normalidad en la operación del servicio".

La conducción de Edesur destacó que "la actualización en el precio mayorista de la energía, no necesita de la realización de una audiencia pública", al plantear que en el caso del Valor Agregado de Distribución (VAD), a partir del 1° de febrero de 2016 "sólo se reconocieron ajustes adeudados aprobados por ley en el Acta Acuerdo de 2005, luego de la realización de la Audiencia Pública correspondiente".

"Es importante recordar que las tarifas eléctricas se mantuvieron congeladas durante 10 años, en medio de una coyuntura de alta inflación, lo que generó inexorablemente un deterioro de la calidad de servicio y fuertes quebrantos a las compañías. Y en la actualidad, con la aplicación del nuevo cuadro tarifario, el 65% de nuestros clientes residenciales pagan menos de $150 por mes", explicó la empresa distribuidora.

Se trata de la segunda nota que Edenor envía a la CNV, en su condición de firma cotizante en la bolsa. El primer texto redactado en julio, afirmaba que las medidas tomadas por el gobierno nacional en relación con el incremento tarifario "resultan imprescindibles para comenzar a dar transparencia y sustentabilidad al sector eléctrico".

Aemás, consideraba irrazonable "que el 70% de los clientes, muchos con capacidad de pago, abonen facturas de electricidad del orden de $50 mensuales, debiendo destinarse los subsidios a respaldar a aquellos usuarios en condiciones de vulnerabilidadeconómica a través de la aplicación de la tarifa social".

"Avisamos cuál es la real situación de la empresa -afirmó Lippi-, las complicaciones en el plan de inversiones que es fundamental para garantizar la calidad del servicio del cliente. Y también se complica para pagar los gastos operativos de la compañía de los cuales el 80% son salarios y cargas sociales", dijo en ese entonces Alberto Lippi, gerente de relaciones públicas de la firma.