La iglesia católica es una institución muy rica que posee todo tipo de propiedades y emplea a cientos de miles de personas en España y sin embargo, a pesar de esta riqueza, el Estado Español la sigue financiando a través del IRPF y de otras muchas maneras. En los últimos 5 años ha recibido, solo por IRPF, cerca de 1300 millones de euros. Quizás la persona más rica de España sea Amancio Ortega pero quizás la corporación más poderosa y rica en España -aparte del Estado- sea la iglesia católica; ésta y sus órdenes religiosas tienen tentáculos en casi todas las instituciones financieras y es la número uno en la educación, en proveedores de servicios sociales y hospitalarios y en propiedad inmobiliaria.

El Tribunal de Cuentas, atendiendo a razones jurídicas discutibles, se ha negado a fiscalizar los millones de euros que cada año recibe la iglesia en concepto de IRPF. La comisión mixta congreso y senado de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado también esta propuesta de fiscalización, propuesta que había agrupado a Unidos Podemos al PSOE y a Ciudadanos pero que no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y la ausencia de algunos parlamentarios del nacionalismo catalán.

EL PP, en esta Comisión, ha argumentado que los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 establecen que la iglesia católica solo está obligada a justificar estos miles de millones de euros con una memoria anual. Y efectivamente así es; en el Acuerdo con la Santa Sede para asuntos financieros se especificaba que “la aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente”. Es decir, una Memoria anual y carpetazo.

Para información de todos debemos decir que, durante años, la iglesia no enviaba al gobierno ni siquiera la famosa Memoria y solo en los últimos años se elabora una Memoria laudatoria de todo lo que hace la iglesia católica. Por supuesto que en esas Memorias no se ha contemplado nunca el dinero que del IRPF algunas diócesis han invertido en chiringuitos financieros como GESCARTERA o las SICAVS, que con dinero del IRPF, abrían algunas diócesis. Conocer el dinero blanco en circulación de la iglesia católica es una tarea titánica y ya no digamos el dinero negro. Todo esto requeriría legiones de inspectores fiscales y no darían abasto. El Papa Francisco ha reconocido que en el Vaticano hay una gran corrupción aunque él dice que se encuentra en paz. También se ha sabido por el Vatiliks que de cada diez euros que recibe el Vaticano por el famoso óbolo solo dos se dedican a la caridad cristiana. Y también sabemos cómo murió Roberto Calvi, el banquero del Vaticano: colgado de un puente de la City londinense.

Que el partido socialista este ahora intentando obligar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar el dinero que recibe la iglesia católica por IRPF es muy loable a pesar que durante treinta años ha sido un fiel guardián de los privilegios del catolicismo en España y de hecho su último gobierno incrementó el porcentaje del IRPF casi al doble (asunto que la opinión publica merecería una explicación por parte de Zapatero y Teresa de la Vega –si es que se atreven a explicar alguna vez este asunto-). EL IRPF de la iglesia católica solo tiene una salida desde una perspectiva democrática: suprimir esta financiación. Incluso el Acuerdo con la Santa Sede de 1979 contemplaba ya la autofinanciación de la iglesia católica. Las religiones minoritarias en España, y sobre todo las protestantes y evangélicas, reclamaron históricamente en nuestro país el laicismo de las instituciones y la supresión del IRPF para la iglesia católica. Desgraciadamente en los últimos años, quizás por desesperación, están cambiando de posición ya que ven casi imposible que la sociedad política en España instaure un Estado laico y por ello ahora, también, quieren su propia casilla en la declaración.

También Unidos Podemos y el PSOE han presentado conjuntamente una proposición no de ley en la que se plantea la supresión del IRPF de la iglesia católica. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sin embargo una objeción a esta proposición no de ley: dan un plazo de cinco años hasta su supresión. Pero ¿porque dar estos plazos? ¿No llevamos ya cuarenta años de plazo? El IRPF de la iglesia Católica se debería suprimir sin más en los presupuestos del Estado. Sería un primer paso hacia el Estado laico. Pero quizás todo esto no sea posible sin que haya un cambio en la arquitectura jurídico política de nuestro país ya que la Constitución de1978, los Acuerdos con la Santa Sede y otra legislación derivada de esto se opone, en verdad, a un Estado laico. Existe, sin embargo, un mar de fondo que juega a favor del laicismo como movimiento democrático: la erosión del bipartidismo y la pérdida de credibilidad de la política que nació en la transición está calando en las personas de menos de cuarenta años de forma profunda. Esta erosión y pérdida de credibilidad de la política del 78 va a ser, sin duda, el trampolín necesario para caminar hacia una separación del Estado y la iglesia en nuestro país y para muchas otras cosas más de la “España que no pudo ser”.

CALPU