El Gobierno central llevará al de la Región de Murcia ante los tribunales si se niega a retirar el pin parental. Este será el desenlace si el Gobierno murciano no responde al requerimiento que ha enviado este viernes el Ministerio de Educación para que elimine la instrucción dada a los centros escolares, a instancias de Vox, para que los padres puedan decidir que sus hijos no reciban ciertas materias complementarias en relación con educación sexual.

La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha explicado que el requerimiento reclama “que se restablezca la legalidad y se excluya el pin parental”. Si esto no se produce, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido de que el Ejecutivo “acudirá a la vía judicial”, en concreto la vía administrativa.

El Gobierno considera que el pin parental “vulnera los valores constitucionales y contra la capacidad de los centros para determinar su propio curriclum”, ha explicado Celáa, que también ha recordado que la posibilidad que permite este instrumento de que los padres decidan que sus hijos no asistan a determinadas clases afecta no a materias voluntarias, en las que no haría falta ninguna autorización, sino complementarias, que forman parte del curriculum educativo. “Estas actividades complementarias forman parte del curriculum de obligado cumplimiento”, ha insistido Celáa.

“Este pin parental afecta al tronco común de la enseñanza, al derecho fundamental y constitucional a ser educado y vulnera también las propias competencias que el centro educativo tiene atribuidas por ley y la determinación de su autonomía”, ha indicado Celáa, que ha apuntado que el pin parental podría llevar al “absurdo de que surgiera un grupo antivacunas que quisiera que los niños fueran educados en la importancia de ser vacunado o un grupo que pensara que las mujeres no tienen el mismo derecho a la educación de los hombres”.

Celáa ha destacado que los derechos fundamentales "asisten a todas las personas desde su nacimiento" y que "no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor un derecho constitucional". Lo contrario ,ha añadido, "sería decir que los menores por serlo no tienen derechos".

Ofensiva contra el pin parental

El Gobierno ha salido este viernes en tromba contra el pin parental que Vox ha obligado a introducir al Gobierno murciano, de coalición entre el PP y Ciudadanos, a cambio de dar su apoyo para los presupuestos de la región. En su segundo Consejo de Ministros, una reunión extraordinaria y eminentemente dedicada a nombramientos de secretarios y subsecretarios de Estado, esta cuestión ha motivado que junto a la ministra portavoz hayan comparecido en la rueda de prensa junto a Celáa y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que ha sido la primera actuación ante la prensa de un miembro de Unidas Podemos en el Gobierno.

La portavoz Montero ha advertido de que el Gobierno “recurrirá por la vía administrativa cualquier intento del PP, de Vox y Ciudadanos de vulnerar el derecho de los menores y adultos a recibir una educación integral en el respeto de los derechos fundamentales”. El Ejecutivo, ha añadido, se mantiene “firme en defensa de los ciudadanos y especialmente de los menores y ante cualquier actuación contra sus derechos responderemos con contundencia”.

Por su parte, la ministra de Igualdad ha informado de que comparecerá a petición propia ante las comisiones del Pacto contra la Violencia de Género del Congreso y del Senado para intentar buscar una solución más amplia a la situación que plantea el pin parental.

Según ha dicho Montero, el pin parental es “un claro ejemplo de censura educativa” y el pacto de Estado debe reforzar esta posición, puesto que también contempla la educación sexual y machista. “Espero que el consenso entre todas las fuerzas políticas se pueda mantener en esta legislatura. El pin parental supone su ruptura”, ha dicho la ministra, que ha apuntado que “los hijos e hijas de padres machistas” u “homófobos” tiene el “mismo derecho a ser educados en feminismo y en igualdad”.