La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ha solicitado investigar la adopción ilegal y venta de bebés por Internet, después de que hace unas semanas saltara a la palestra el caso de una niña recién nacida, que fue vendida en la red por algo más de 70 euros, más los gastos del parto.

Esta investigación surge a partir de la existencia de docenas de anuncios de mujeres, en su mayoría adolescentes, que no quieren ser madres y que regalan o venden a sus bebés a bajo precio, como fue el caso de Verónica Carrera, que contactó con una pareja del barrio santiaguino de Puente Alto para venderle a su hija recién nacida.

A raíz de estos hechos, La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, ha solicitado una orden de investigación a la fiscalía Centro Norte de Santiago, para indagar si las transacciones de bebés publicadas en Internet se llevaron a cabo, constituyendo el delito asociado a la adopción ilegal de menores.

Las polémicas transacciones se hicieron públicas cuando los medios chilenos dieron a conocer el caso de Verónica Carrera Chaparro. La adolescente, de 18 años, se enteró de su embarazo en febrero de 2013. A pesar de que el ex novio de la joven, de 17 años, manifestó su intención de hacerse cargo del bebé, la madre de la joven, Ángela Chaparro, de 42 años, y Daniela Pérez, de 24 años, hermana de Verónica, rechazaron la idea de cuidar al bebé y comenzaron a planear su venta.

Como explicó el prefecto de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, Miguel Ampuero, encargado de investigar el caso, la joven tenía tres opciones: "vender, abortar o entregar en adopción, y eligió vender". Los primeros interesados en la compra fueron una pareja de Concepción, pero desistieron antes de viajar a Santiago.

Finalmente, una familia de Puente Alto pagó los gastos del parto en el Hospital del Profesor, e inscribieron a la recién nacida en el Registro Civil como suya el 5 de noviembre. Hace unas semanas, las tres mujeres, con domicilio en el barrio santiaguino de Maipú, fueron detenidas por personal de la PDI, que determinó que debían permanecer en arraigo nacional y firma mensual.

Una ley muy restrictiva

El aborto en Chile, referido al aborto inducido o a la interrupción voluntaria del embarazo, es ilegal según el Código Penal de Chile de 1974, elaborado durante la Dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente, la legislación sobre el aborto en Chile está considerada como una de las más restrictivas del mundo.

Así, el Artículo 342 del Título VII del Código Penal establece que "el que maliciosamente causare un aborto será castigado con la pena de presidio". Además, los siguientes artículos también castigan con penas de cárcel a los que practiquen un aborto aunque no haya propósito de causarlo (Artículo 343); a la mujer que se cause un aborto o consienta a que otra persona se lo practique (Artículo 344) y a facultativo que lo practique (Artículo 345).

Durante las últimas dos décadas, algunos partidos pertenecientes a La Concertación de Partidos por la Democracia han presentado una serie de proyectos de ley que infructuosamente han buscado restablecer la figura del aborto terapéutico.

Michelle Bachelet, la nueva presidenta de Chile en un mes, ha establecido la despenalización del aborto terapéutico como uno de los pilares básicos de su programa electoral. La ley chilena, sumamente restrictiva, hace que miles de mujeres, sean de la clase y condición social que sean, utilicen diversos sistemas de interrupción del embarazo.