Ramón Sampedro, en un reportaje de RTVE.

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«Va a salir un nuevo gobierno, que incluso puede ser primera fuerza política [en referencia a Podemos-IU] y me consta que esta vez se abrirá el debate». Estas palabras fueron pronunciadas por el doctor Luis Montes en una entrevista publicada en este mismo medio hace cuatro años. Su calvario y linchamiento desde el entonces gobierno del PP en Madrid por el conocido como caso Leganés –fue acusado de 400 homicidios por sedaciones paliativas– marcó un punto de inflexión en el debate –o no debate hasta entonces– sobre la eutanasia.

El caso de Ramón Sampedro había sido el precedente. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero se presentó por primera vez a las elecciones con esa promesa y muchas otras, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o el divorcio exprés. Se aprobaron todas menos esta. No había, se dijo, consenso. La ley de muerte digna aprobada en Andalucía en 2010, pionera en España, con la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de Salud, supuso una reacción furibunda de la Iglesia católica, que ya había obligado a otra mujer, Inmaculada Echevarría, a cambiar del centro religioso en el que estaba hospitalizada a uno público para poder ser desenchufada del respirador que la mantenía con vida. El PP respaldó el texto andaluz en su mayoría, pero rechazó tres artículos de la norma por no ajustarse a las exigencias del partido, relacionados con la regulación de la objeción de conciencia y una composición diferente de los comités de ética.

Hoy, en 2020, el doctor Montes, ya fallecido, no ha podido ver cómo la ley, por fin, ha comenzado su tramitación en el Congreso después de varios intentos. Sí han sido testigos Ángel Fernández, el hombre que está encausado por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, y tantas otras personas que llevan luchando para que morir con dignidad –o vivir con dignidad hasta el final– sea un derecho reconocido.

Con el apoyo de todos los partidos, salvo PP y Vox, la Cámara Baja ha dado luz verde a la proposición de ley presentada por el PSOE que regulará por primera vez en España la eutanasia. «Esta vez sí saldrá adelante porque contamos con el apoyo parlamentario, hay mucho apoyo social y no es una ley que suponga una dotación económica importante, que es el problema de otras políticas sociales. Los fármacos que se emplean son muy baratos y lo harían los mismos profesionales que están en el sistema de salud», explica el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco.

No cree que acabe en el Tribunal Constitucional, pero en el caso de que así ocurriera, confía en que, como pasó con la ley del matrimonio homosexual, no sea suspendida. «Hay mucho aporte jurídico que no colisiona con ningún pincipio de la Constitución. Es cierto que la jerarquía de la Iglesia católica y ciertos sectores muy vinculados a ella pondrán el grito en el cielo, harán una oposición feroz, y aunque son muy minoritarios tienen mucho poder, pero creo que el Constitucional no va a encontrar problemas». Y mucho menos –sostiene– con el punto de la ley que establece unas comisiones de control previas, de las que discrepan en la asociación DMD. «Es una burocratización excesiva, que va a depender de las comunidades autónomas, y nos preocupa que las gobernadas por la derecha boicoteen la puesta en práctica de la ley, como con el aborto. Creo –prosigue Velasco– que la izquierda y la mayoría social debemos ser fuertes y valientes y no ser timoratos. Porque todavía hoy, si Ramón Sampedro nos pidiese lo que nos pidió hace 22 años, no podríamos hacerlo, no se le podría ayudar, y así hay muchísimas personas».

El triunfo de este debate, considera el presidente de la asociación DMD, consiste en la serenidad y en el respeto: «No es de respeto manipular el lenguaje; no se aboga por matar a nadie, se aboga por que haya libertad. Y hay que recordar que en una sociedad democrática no se puede legislar en función de una creencia. A nadie se le obliga a divorciarse, ni a abortar. Ellos quieren prohibir y nosotros queremos una garantía más de derechos humanos«, afirma.

Con esta norma, España será el cuarto país europeo que regule la eutanasia. En Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo está despenalizada. Y en Suiza, solo el suicidio asistido. Según el CIS, la mayoría de la población española está a favor de regular la eutanasia y el suicidio asistido. «Mucha gente no lo hace público fundamentalmente por su seguridad jurídica. Pero los casos que salen a la luz ponen de manera evidente en la sociedad el problema, con una repercusión en los medios tremenda», concluye Velasco.