Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Han pasado ocho años. También pasaron recomendaciones de organismos internacionales y mexicanos que pidieron en su momento al entonces Gobernador Enrique Peña Nieto hacer cumplir la ley e impartir justicia en Atenco.

Los abusos cometidos por el gobierno del Estado de México provocaron marchas y protestas no solo en México, sino en distintos países del mundo. Fueron ignoradas.

Hoy, cuando organismos, instituciones y prensa internacional presionan al gobierno de Peña Nieto llevar justicia a Ayotzinapa, se ha dado un golpe de efecto: justicia en Atenco. Ocho años después. Cuando la etiqueta #DemandoTuRenunciaEPN cumple más de 12 horas como la más usada en Twitter.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Estado de México detuvo y puso a disposición de un Juez a 20 personas, entre servidores públicos y ex funcionarios por los delitos de tortura por omisión, tortura equiparada y encubrimiento relacionados con hechos registrados en 2006 en San Salvador Atenco.

Los inculpados pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

En un comunicado, la dependencia informó que ocho inculpados se desempeñaban como policías de la extinta Agencia de Seguridad Estatal que resguardaban a las personas que fueron trasladadas de San Salvador Atenco y de Texcoco al penal estatal de Almoloya de Juárez los días 3 y 4 de mayo de 2006.

Dichas personas están acusadas de permitir actos de tortura sobre 12 víctimas, detalló la PGJEM.

Otros 11 inculpados eran médicos legistas que revisaron a las mujeres que en ese momento estaban detenidas y que presuntamente conocieron de los actos de los policías y no los denunciaron formalmente.

La procuraduría expuso que otro inculpado fungía como agente del Ministerio Público que cuando estuvo a cargo de la investigación no indagó sobre la posible tortura.

La procuraduría mexiquense ejercitó acción penal contra esas personas y hasta el momento el juzgador ha dictado formal prisión por el delito de tortura contra los ocho policías detenidos.

Precisó que este fin de semana el juzgador definirá la situación jurídica de los 11 médicos legistas y del agente del Ministerio Público restantes.

Estos casos se suman a los de dos policías que actualmente son procesados por tortura en el penal de Almoloya de Juárez.