La reunión tiene lugar en los primeros días de septiembre de 2015, a menos de tres semanas de que los catalanes concurrieran a las urnas en unos comicios de corte plebiscitario. Se produce en la sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el cuartel general de la Policía en Canillas. El jefe de la UDEF ha reunido a un grupo de subordinados para repasar el estado de al menos una decena de investigaciones que había ordenado abrir en los meses anteriores a partir de unos sobres sin remitente que mezclaban recortes de periódicos e informes apócrifos sobre líderes del soberanismo y sus entornos.

A la reunión asisten el propio jefe de la UDEF en ese momento, Manuel Vázquez; el jefe de la Brigada Anticorrupción, José Manuel García Catalán; y sus dos jefes de sección. Ante ellos, los jefes de ocho grupos de los 12 con los que cuenta dicha Brigada. Todos ellos habían recibido antes uno o más sobres con informaciones periodísticas e informes sin sello ni firma de un funcionario sobre supuestas corruptelas de políticos independentistas para que se pusieran a trabajar en ellos. Ninguna de esas líneas de investigación acabó en un juzgado, según fuentes presentes en la reunión.

Durante el encuentro, según las mismas fuentes, se conminó a los presentes a “agilizar” las pesquisas ante la proximidad de la cita electoral. El carácter no vinculante del referéndum del 9 de noviembre anterior había abierto una nueva vía en la estrategia soberanista: convertir unas elecciones autonómicas, adelantadas 14 meses, en una convocatoria plebiscitaria a favor de los partidos por la independencia o de los constitucionalistas.

Para entonces, las maniobras policiales contra el soberanismo habían cumplido tres años, en los que cada hito del proceso independentista estaba precedido por portadas de determinados medios de comunicación con informes apócrifos, de los que se ocultaba la procedencia, con datos sin contrastar que trataban de desacreditar a los líderes de la iniciativa.

La Brigada Anticorrupción y contra el Blanqueo de Capitales de la UDEF venía acumulando una sobrecarga de trabajo por la cantidad de frentes que debía abordar. La entrega de los sobres con los débiles indicios sobre los políticos catalanes venía a perturbar la rutina de trabajo de los policías, según reconocen fuentes afectadas directamente por esa dinámica impuesta durante el mandato de Fernández Díaz en Interior.

En el seno de la UDEF hay una corriente que considera muy perjudicial la utilización política que se ha querido hacer de la unidad, acompañada de un descenso paulatino de efectivos, y que ha favorecido el crecimiento de su ‘competencia’, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con la que el Ministerio del Interior no se atrevió a jugar en su guerra sucia contra la oposición.

La UDEF, víctima de las maniobras

La UDEF, según esta tesis, ha sido objeto de las maniobras nacidas en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, bajo el mandato del comisario Eugenio Pino y con la autorización del propio ministro, Jorge Fernández Díaz. Un grupo secreto de policías actuaba sin control judicial, a diferencia de la UDEF, bajo el manto los fondos reservados y con la libertad que da trabajar para elaborar informes que acaban en los medios y no bajo el escrutinio de la Fiscalía o de un juez. Dentro de la Unidad, añaden, había mandos más o menos permeables a esta estrategia, consistente en utilizar la UDEF para ‘blanquear’ las informaciones obtenidas en dudosas circunstancias.

En escasas ocasiones, las investigaciones han acabado en un juzgado. Ocurrió con una de las dos causas que se siguen en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol. El juez Pablo Ruz escuchó extrañado cómo Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, le confesaba que un abogado la había ido a recoger a la estación de Atocha de Madrid para conducirla a declarar a la sede de la UDEF. El abogado, Rafael Redondo, es un colaborador de la estructura paralela a la policía que mantiene operativa el comisario José Manuel Villarejo, artífice de la cita.

Antes, Victoria Álvarez había sido conminada a aportar datos por el jefe de gabinete de Mariano Rajoy en persona, Jorge Moragas, en unos sms que publicó eldiario.es. A partir de ahí, la UDEF debió ponerse a trabajar con unos datos que supusieron un trabajo embarrado para los agentes acostumbrados a trabajar a las órdenes de un juez. Ruz, de hecho, rechazó en un primer momento la causa por carecer de indicios sólidos, pero la Sala de lo Penal le obligó a reabrirla.

En la mayoría de los casos, como la decena objeto de la reunión descrita en la sede de la UDEF, nunca llegaron a nada, a diferencia de la inmensa mayoría en la que trabajan los profesionales de una de las unidades de élite de la Policía Nacional.