Ciudad de México.- Me pregunta una maestra si Andrés Manuel López Obrador va a devolver a los docentes sindicalizados las plazas heredadas y les respetará el derecho de venderlas. En el sexto de sus 10 mandamientos de Guelatao, después de todo, el candidato ha prometido "cancelar la mal llamada reforma educativa y hacer uso de las facultades del ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las que ha sido objeto el magisterio nacional". La reforma educativa, a la que AMLO ha puesto el mote de "la mal llamada", prohibió heredar o vender plazas. ¿Al cancelarla regresaremos a esas prácticas?

El séptimo de los mandamientos de Guelatao promete "respetar la independencia y autonomía del magisterio". ¿Significa retirar las acusaciones contra Elba Esther Gordillo, ayer enemiga y hoy aliada, y permitir que siga usando recursos sindicales para hacer compras en las tiendas más caras de San Diego? A fin de cuentas, el dinero es del sindicato, que puede hacer con él lo que quiera en virtud de la autonomía sindical.

Tiene razón López Obrador cuando señala que la mal llamada fue una reforma laboral y administrativa, pero eso no le quita importancia. Uno de los problemas fundamentales de la educación en México ha sido el abuso de los líderes sindicales.

Tanto la CNTE como el SNTE han permitido que líderes y allegados cobren sueldos por varias plazas cada uno sin presentarse a trabajar. También han promovido que los maestros sean contratados de forma automática tras egresar de las normales sin presentar exámenes o participar en concursos de oposición. Han impedido que personas calificadas, con licenciaturas en psicología o pedagogía, por ejemplo, obtengan plazas magisteriales. Hicieron que las plazas magisteriales se convirtieran en propiedad vitalicia de los sindicalizados y que pudieran venderlas o heredarlas. La CNTE promueve todavía ascensos de los maestros por su participación en marchas y plantones sin importar su desempeño en el salón de clases.

El problema de la educación en México no ha radicado en los programas de estudio, que no son muy diferentes a los de otros países. El gran obstáculo para una educación de calidad han sido siempre los sindicatos que han tomado el control y han privatizado las plazas magisteriales. Claro que había razones para una reforma administrativa y laboral que revirtiera esta situación.

¿Es perfecta la reforma? Supongo que no. Es indispensable medir el desempeño de maestros y alumnos, pero muchos docentes se quejan de que las pruebas que se están aplicando no son las mejores. Si es así, y yo no soy un especialista en la materia, es conveniente que se consideren otras. Pero que haya una medición, y que la realice una entidad autónoma especializada como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es razonable.

Cancelar la reforma no hará más que revivir los abusos de los sindicatos. "Hacer uso de las facultades del ejecutivo" para la contrarreforma, cuando las disposiciones de la reforma están en la Constitución, es todavía peor. Una reforma constitucional no puede ser cancelada por decreto presidencial; se necesita otra enmienda constitucional. No estamos en una dictadura en la que un decreto valga más que la Constitución.

Muchos mexicanos estamos de acuerdo con la mal llamada. Quizá haya que perfeccionarla o profundizarla, pero no debemos echarla para atrás para satisfacer el hambre de poder y de dinero de los líderes sindicales. Para citar al clásico, "No quieren dejar de robar".

Gasto excesivo

Que la SEP de Aurelio Nuño haya gastado 1,963 millones de pesos en propaganda en 2017 es inaceptable. Reitero mi posición: no hay que regular la publicidad gubernamental, sino prohibirla.