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La deuda pesa como una losa sobre la economía y la sociedad españolas. Sin embargo, como indican movimientos contrarios a ella, se necesitaría una auditoría que fije cuál es ilegítima y, por lo tanto, debería dejar de pagarse. Pagando una deuda ilegítima cuyo pago la constitución establece como prioritario gracias a la modificación que aprobaron PP y PSOE, no es posible llevar adelante un plan económico que dé salida a los problemas de la mayoría de la sociedad. La deuda al fin y al cabo es un gran negocio bancario, dándose la paradoja, además, de que algunos de los bancos beneficiados por el rescate bancario, que se transformó en deuda pública, hacen negocio con ella.

La deuda ya supone el 100’4% del PIB

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en 1,128 billones de euros en el primer trimestre de 2017, lo que supone un 2% más en comparación con los tres meses precedentes (1,106 billones). Desde el año 2012 la deuda pública española no ha hecho más que subir y Rajoy ostenta el récord de ser el Presidente del Gobierno que más ha endeudado a España en un siglo, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cabe recordar que Zapatero dejó la deuda pública en un 67% del Producto Interior Bruto (PIB) y en 5 años Rajoy la ha aumentado más de un 30%.

Economía insiste en el 98,8%

De esta manera, en valores absolutos la cuantía de la deuda pública española se ha incrementado en 21.767 millones entre enero y marzo. Los 1,128 billones es la cifra más elevada de la serie histórica de deuda trimestral del Banco de España, que arranca en el año 1995. Esta cantidad representa el 100,4% del Producto Interior Bruto (PIB), por encima del 99,4% en que cerró 2016, según datos del supervisor publicados este jueves. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad señalaron que el nivel de deuda «alcanzado se debe a factores como el diferente calendario de emisiones y amortizaciones».En todo caso, señalaron que «al margen de las oscilaciones puntuales, mantenemos que al final del ejercicio se cumplirá el objetivo, situado en el 98,8% del PIB».

Los ayuntamientos reducen deuda y el Estado marca máximos