Las cosas serían mucho más fáciles si la pelea de Mauricio Macri con el moyanismo fuera solo por la marcha sindical del 22 de febrero o para resaltar el contraste con un líder sindical desprestigiado. En el país de los piquetes y las manifestaciones, ¿qué daño nuevo le podrían hacer algunos sindicatos a un gobierno que otra vez quedaría como víctima? Por lo demás, Hugo Moyano ya era impopular cuando Macri lo invitaba a almorzar milanesas en la casona presidencial de Olivos.

El enfrentamiento con el clan Moyano tiene dos tramas. Una es la judicial; ahí el líder de los camioneros cree que Macri puede hacer todo para frenar su calvario y Macri no quiere –ni puede– hacer nada. La otra se refiere a la influencia sindical en la conformación de un país distinto del que los argentinos conocieron en los últimos 70 años.

El país actual está cerrado al exterior. Tiene su economía controlada por las corporaciones de gremios y de empresarios. El Estado cobra impuestos de dimensiones suecas para prestar servicios pobremente latinoamericanos. Macri comenzó a bajar algunos gravámenes, pero nada cambió demasiado todavía. Es un país mediocre y caro.

Gran parte de los 10.000 millones de dólares que se fueron el año pasado en los viajes que los argentinos realizaron al exterior se gastaron en la compra de ropa o de productos electrónicos que aquí cuestan el doble o el triple.

La probable solución impositiva para OCA, la obsesión (¿patrimonial?) de Hugo Moyano, llegó justo cuando las cosas se le agravaron en la Justicia. La AFIP asegura que no existe ni existió una solución política para OCA; fue simplemente la consecuencia de que un juez de Lomas de Zamora aceptó la apertura del concurso de acreedores de la empresa de correos. Esa decisión le permite entrar en un plan de pagos de la AFIP sin quitas de capital ni de intereses. En la misma situación están otras empresas, como la láctea Sancor. El problema de esas compañías es que podrán resolver ahora el conflicto con la AFIP, pero no tienen solución en el mediano plazo.

Un presunto interlocutor de Moyano le anticipó a Macri que el sindicato camionero podría discutir cláusulas de productividad si el Presidente hiciera que los jueces se olvidaran de Moyano. Solución imposible. La dirigencia sindical es vieja no solo en su discurso, sino también por su falta de percepción de los progresos tecnológicos. Cree que todavía se puede trasegar dinero por los bancos sin que nadie lo note.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que es la que les lleva la información a los jueces sobre el clan Moyano, sabe en tiempo real quién mueve dinero y cuánto dinero mueve. ¿Puede Macri callar a la UIF? ¿Podría hacerlo sin exponerse a que el propio Moyano lo haga trascender luego? ¿Podría hacer alguna gestión ante los jueces? Y si la hiciera, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que la gestión tomara estado público? Moyano (u OCA, quién lo sabe) encontró una salida de última hora en la AFIP. Pero Moyano no ha salido de la ratonera donde lo metió la Justicia; ahí lo están investigando actualmente por lavado de dinero y por sospechosas transferencias de muchísimo dinero entre el sindicato de camioneros, el club Independiente y OCA. En un reciente allanamiento a los barrabravas de Independiente se encontraron carnets del sindicato de camioneros y de su obra social.

Moyano se quedó solo en la CGT. No solo faltaron los grandes gremios a la reunión para proyectar la marcha del 22; tampoco fue casi ningún secretario general de los sindicatos que dicen estar cerca suyo. Las únicas excepciones fueron Víctor Santa María, que tiene su propio Gólgota en la Justicia, y Amadeo Genta, no se sabe por qué.

Hace pocos días, el representante de los gremios grandes en el triunvirato de la CGT, Héctor Daer, mostró una posición totalmente distinta a la de Moyano: “Debemos hablar con el Gobierno para defender a los trabajadores”, dijo. Moyano ya había roto con Macri.

Moyano se rodea de algunos sindicatos solo para disimular que su convocatoria del 22 no es una cuestión familiar. Con lo que tiene le sobra: solo el sindicato de camioneros puede parar el país en 48 horas. Basta imaginar que esos choferes no abastecerán a los supermercados, a las estaciones proveedoras de nafta y a los cajeros de los bancos. Moyano amenazó ya con un paro camionero de 20 días si fuera preso. Podría declarar la huelga, pero ¿podría sostenerla durante tanto tiempo? Después de todo, también las familias de los camioneros sentirían los efectos de la escasez.

La encerrona judicial lo dejó a Moyano al lado de Hugo Yasky y de Roberto Baradel, dos sindicalistas de vieja devoción al kirchnerismo. Es la prueba de la desesperación de Moyano: ni él quiso nunca a Cristina Kirchner ni Cristina lo quiso a él. A Cristina no le gustaba el enorme poder sindical que tiene Moyano, y que su marido contribuyó a agrandar aún más.

Moyano dijo una vez que el modelo económico que a él le gusta es el de José Gelbard durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. No hay nada más viejo y más fracasado que el modelo Gelbard. Antes y después, hubo gobiernos militares, radicales y peronistas, pero la Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados del hemisferio occidental. El cristinismo fue solo el frenesí de ese modelo. Algunos empresarios están cómodos con los gremialistas que hay porque son previsibles para ellos y porque los ayudan a cerrar las puertas de la Aduana. La habitual amenaza que esgrimen algunos empresarios consiste en decir que cierta apertura de la economía los obligará a despedir a miles de trabajadores.

Así, la falta de competencia les permite vender productos malos y caros. Un diplomático extranjero decía hace pocos días que lo sorprendió en Buenos Aires la mala calidad de las cosas que se venden y su elevado precio. Hace más de un mes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se reunió con algunos empresarios que se mostraron preocupados por la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Peña debió aclararles que después de la firma tendrán un plazo de diez años para acomodar sus empresas y así poder afrontar la competencia inevitable. Es imposible en el mundo de hoy proyectar un país grande sin contemplar la integración con otros países o bien con otros bloques de países. La apertura no significa, desde ya, que se deje de proteger a los sectores estratégicos de la economía, como sucede en todas partes del mundo.

Uno de los problemas cruciales para la apertura es el costo argentino. Y Moyano es clave en esa cuestión. Su sindicato está lleno de privilegios que consiguió luego de bloquear empresas con sus camiones. Un trabajador camionero tiene, por ejemplo, un uno por ciento más de salario por año de antigüedad, además de todos los otros aumentos. Un empleado con 20 años de antigüedad tiene un 20 por ciento más de sueldo, y no importa si es bueno o malo. Los camiones que hacen traslados urbanos requieren de tres personas en el camión, no de dos como es habitual. Otros gremios, como el de los bancarios, tienen también inexplicables cláusulas de privilegios, sobre todo para el sindicato. Desde diciembre de 2015, Macri quiere discutir estas cosas con Moyano, pero Moyano no quiere hablar de eso. El Presidente le propuso hablar de cláusulas de productividad que no le sacarían dinero al trabajador, pero lo obligarían a una mayor eficiencia. Acuerdos así se han firmado ya con algunos petroleros y con la industria automotriz. Moyano sigue diciendo que no; él sabe que su aceptación significaría la aceptación de casi todos los gremios.

Sería injusto culpar solo a Moyano del costo argentino. La cartelización de precios de muchos productos es culpa de algunos empresarios, que podrán seguir haciendo eso mientras la economía no compita con el exterior. Esos empresarios se esconden en muchos casos detrás de los sindicalistas que cultivan el nacionalismo económico e influyen para mantener cerrada la economía. El Estado también tiene su parte de culpa. El nivel de la presión impositiva es insoportable y sirve de excusa para los precios altos.

Esa economía antigua y mezquina es la que tiene al 40 por ciento de los trabajadores en situación informal; es decir, en negro. ¿Algún dirigente sindical levantó la voz alguna vez por los trabajadores que carecen de aportes jubilatorios, de obras sociales y hasta de salarios aprobados por paritarias? Ninguno, nunca.

Esa es la mejor prueba de que a las corporaciones (y, a veces, también al Estado) solo les interesa preservar la grisura de un país mediocre.