La despoblación es como una racha de viento que arrasa con todo aquello que se le pone por delante en las áreas rurales. Desaparecieron los pequeños negocios, las escuelas y los servicios de transporte público. Ahora llega el turno de las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC), fundamentales en contextos envejecidos y cuya realidad nada tiene que ver con la facturación millonaria de las grandes firmas: las VEC no alcanzan el 11,42% de facturación de una farmacia media.



La facturación de este tipo de farmacias por dispensación de recetas es inferior a los 12.000 euros mensuales o 200.000 euros anuales, según datos de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR). La situación de quienes trabajan en ellas queda lejos de ideas preconcebidas de sueldos millonarios: la jubilación de estas personas, calculan las mismas fuentes, oscila en torno a los 600 euros al mes y su salario no llega ni al mínimo interprofesional. El gremio rural reconoce que reciben ayudas, pero asegura que resultan del todo insuficientes.



“Nunca entra nadie”

No son pocos los farmacéuticos que a duras penas consiguen hacer frente a la elevada inversión que supone abrir su negocio. Cuando Ana Julia Quesada, vocal del Colegio Farmacéutico, compró su farmacia en Penáguila (Alicante), las posibilidades de facturación era aproximadamente el triple de lo que son ahora: “Si hoy vendiese la farmacia no podría pagarle al banco lo que le debo”, lamenta.

Seis cifras tiene precio que Beatriz Buforn tuvo que pagar para poder quedarse con su negocio en el interior de Alicante: “Unos se compran pisos y yo me decidí por esta opción. Es como mi segunda casa. Amo Facheca y Famorca y no cambiaría trabajar en esta zona por nada en el mundo”. Sin embargo, destacan las dificultades. Las ventas crecen los días que hay consulta médica llegando a sumar unas 15 o 20, pero los días en que no hay visita igual son dos o tres personas las que cruzan su puerta.

Manolo Olivert confirma que abrir un negocio propio es visto al inicio como una gran idea, pero que puede derivar en quebraderos de cabeza. Tras aprobar las oposiciones, decidió quedarse en su pueblo, Benimassot, un pequeño pueblo del interior de la provincia que cuenta con menos de cien personas registradas, de las cuales además un alto porcentaje no reside habitualmente allí: “Casi nunca entra nadie”, resume.



Más años, medicamentos más baratos



Todos estos farmacéuticos han visto caer en picado sus ingresos en los últimos años. Menos residentes, menos ventas. La mayoría de los vecinos son mayores de 75 años e incluso 80, y el número de defunciones es cada vez más alto. La muerte de un vecino no es algo trivial en entornos pequeños para quienes buscaban mejorar la calidad de vida.



Mª Ángeles Espasa regenta la farmacia de Tollos, el municipio más pequeño del área: aproximadamente cincuenta personas configuraban su censo hace unos años, pero ahora, tras el cierre del centro de mayores del pueblo, apenas queda la mitad. No hay vecinos suficientes para poder abrir a diario su negocio y que este sea rentable. Porque admite que no lo es, pero asegura que tampoco quieren ni pueden cerrar sus puertas “sin más”.



Esta no es la única razón que afecta a los ingresos. La bajada de los precios de ciertos medicamentos —en noviembre de 2019 bajaron el precio del 90% de los medicamentos— les ha llevado a perder, aseguran, cientos de euros de un día para otro. Por otro lado, tras unos años en la fabricación de un medicamento de marca, se equilibra la patente y se baja el precio, de forma que se va igualando al de los genéricos, suponiendo una bajada del 5% de las ganancias. Esto se traduce en que si un farmacéutico ha comprado un elevado número de ese medicamentos antes de esa decisión va a obtener pérdidas, ya que el margen de ganancias previo desaparece (y no se puede devolver el producto si han pasado más de 10 días del momento de compra). Posteriormente, como se acordaba en el Real Decreto Ley 8/2010 (modificado por el Real Decreto Ley 9/201), vino otra bajada del precio de referencia de medicamentos sobre el PVP del 15%. “Nos ha disminuido la facturación entre un 25% y un 40% desde que se empezaron a crear los Reales Decretos en el 2008”, resume la vocal Ana Julia Quesada.



Negación de cooperativas

Todos estos factores hacen que las estanterías de las farmacias estén prácticamente vacías: dejan de arriesgar y compran con lupa. Julio Jiménez lo ilustra: en su establecimiento, ubicado en Balones, tiene 1.635 unidades frente a las más de 6.000 con las que cuenta Marga Robles en Alcoy, un municipio significativamente más poblado (58.000 habitantes). Es la pescadilla que se muerde la cola: la decisión, explican, desemboca en una pérdida de dinero si llega un paciente y no tienen ese producto, lo que hace que vayan a comprarlo a ciudades cercanas en vez de esperar “al día siguiente”. Algo que afecta a las dos partes.



Por una parte, quienes requieren estas medicinas no siempre se pueden desplazar: el marido de Gloria ya no conduce y, ante un requerimiento urgente, debe pagar un taxi para que la lleven al pueblo más cercano a probar suerte. Ni es barato ni es un caso aislado. Por otra parte, las cooperativas no suministran en estos pueblos a diario: suelen hacerlo dos o tres días por semana. Pero, aseguran los farmacéuticos, aseguran que hay cooperativas —a las que pagan una cuota mensual para ser suministradas— que se niegan a ello por la situación geográfica de estos pueblos, que están lejos de los puntos de la ruta habitual de reparto. Boticas con ventas más altas, como las alcoyanas, son suministradas por parte de tres cooperativas o más, llegando a recibir al día unos ocho pedidos.



Hay vacunas o medicinas concretas cuyo stock es muy bajo, lo que hace que, a pesar de pedirlas en farmacias VEC, no lleguen o llegue solo una unidad. Por eso el colectivo pide al Colegio de Médicos que, ante la imposibilidad de competir, priorice la suministración de este tipo de medicamento a las farmacias rurales y VEC antes que a las de mayor tamaño.



El colectivo VEC considera que no tienen los mismos derechos y denuncian que las proporciones de los gastos no resultan equitativas: elevados alquileres, luz, agua, suministros, recogida de medicamentos, IVA, autónomo, detectores de código QR, internet para las recetas electrónicas por las que —se anunció— no iba a haber que pagar… El 90% de los gastos son iguales en todos los locales sin tener en cuenta su localización y, mucho menos, su beneficio.



Falta personal, falta relevo

Otra diferencia destacable es el tema de contrataciones: la farmacia alcoyana de Robles puede contar con tres empleados, pero los farmacéuticos de Balones, Tollos, Benimassot, Facheca, Famorca o Penáguila no cuentan con nadie que pueda tomarles el relevo. ¿Qué ocurre si una farmacéutica da luz? ¿Si un encargado tiene un accidente y debe guardar reposo? ¿Cómo conciliar o coger vacaciones cuando no hay nadie que pueda sustituir a esa persona, porque tampoco hay fondos para hacerlo? Por ley, los farmacéuticos deben tener abierto el local como mínimo veinte horas semanales. Y solo allí pueden dispensarse medicamentos, a no ser que una empresa privada haga una contratación o una institución pública asigne una residencia, colegio u entidad del mismo tipo, algo poco común en entornos rurales.



“Tuve la suerte de que mi hijo naciera un viernes”, ilustra Buforn. Pero el lunes tuvo que irse a trabajar con su bebé. Su compañera de gremio, Ana Julia ?? tuvo un accidente de coche que le obligó a llevar collarín durante un tiempo y trabajar con doleres. Puso una denuncia al seguro del otro conductor y perdió el juicio por no haberse dado de baja. No lo hizo porque no podía permitirse pagarle a nadie.



El modelo sanitario español se traslada al mundo como un ejemplo a seguir. Pero en los municipios pequeños, el sistema no resulta viable económicamente y los farmacéuticos rurales sienten que las administraciones son conocedoras de ello, por lo que se cuestionan la pertinencia de que otorguen ciertas licencias de apertura. Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), ya declaró que las farmacias rurales eran las peor dotadas, más deslocalizadas, con menos presencia y a las que más les costaba abastecerse. Y argumentó que al tratarse del eslabón más débil, su sostenibilidad debía preocupar a las administraciones en primer lugar.



Asociacionismo como respuesta

Pero esa priorización no parece que llegue, por lo que los propietarios de farmacias VEC del País Valencià han decidido trabajar en una asociación. Aseguran haber redactado ya sus estatutos y estar a punto de ser registrada, pero el camino ha sido largo. Desde noviembre han mantenido reuniones periódicas para reclamar a las administraciones públicas medidas y cambios: “Ellos quieren que haya cobertura en todas partes pero estamos sufriendo y dando la cara nosotros. No sentimos que nos están cuidando”, declara Manolo Olivert.



Las ayudas a las farmacias VEC suponen un 0’03% del gasto farmacéutico total del Estado según el informe RDL 9/2011: Estudio sobre el Impacto de su aplicación en la Oficina de Farmacia, realizado por la Sociedad Española de Farmacia Rural. Entre sus propuestas, el colectivo farmacéutico rural exige medidas como que se actualice la ayuda VEC, ya que hace casi una década que es la misma. También solicitan que la Conselleria de Sanitat renueve el listado de medicamentos obligatorios o adelante las ayudas, ya que hasta junio no las reciben, lo que les supone medio año “intentando sobrevivir” sin ellas, según denuncian desde el colectivo.



También proponen un Fondo de Compensación que, sumado a las ayudas de Conselleria, supondría un alivio económico. Según un estudio realizado en 2018 por SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural), con tan solo retener cuatro céntimos de cada receta —un 0,18% de la facturación total— quedaría garantizada “la equidad y universalidad en el acceso al medicamento, dando viabilidad a las rurales sin suponer ningún gasto público”. También solicitan la reducción de la cuota de autónomo y que las diputaciones concedan a los Ayuntamientos ayudas para el pago de los alquileres de los locales.



También piden servicios de guardia y atención farmacéutica retribuida y suficiente. Aseguran que este punto casi lo logran, pero que el día en el que fueron a firmar con la Conselleria, ésta presentó el convenio “con cuarenta folios de alegaciones”. Tampoco lograron un reparto equitativo de suministro de medicamentos en residencias o colegios públicos. Beatriz Buforn explica que con que les permitieran proveer veinte habitaciones “su situación económica ya cambiaría”.



Julio JIménez pone sobre la mesa la opción de que sean las farmacias VEC quienes se encarguen de abastecer a todas aquellas personas dependientes que no pueden salir de sus casas, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas: “No me importaría dedicar parte de mi jornada a suministrar los medicamentos que necesitan”, asegura. Una medida que ayudaría a personas como Otilia Pérez, de 82 años, que sufrió en diciembre una rotura en la cadera. Ella ha pasado dos meses en absoluto reposo en su casa al no poder andar. O la de Pepica —94 años—, que tiene que ser desplazada en silla de ruedas: nadie la acompaña a por sus medicamentos cuando está trabajando.



Avances y esperanzas

Los titulares ya han tenido reuniones con Carlos Esteve, diputado de Compromís en la comisión de Sanidad de las Corts. El pasado 24 de Febrero, Les Corts solicitaron al Consell a poner en marcha medidas para garantizar la supervivencia de este tipo de locales. Esteve cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Cámara autonómica a la proposición no de ley (PNL). Por su parte, Jeanette Segarra, directora de la Agenda Valenciana Antidespoblament, informó hace unos meses de que se habían puesto en marcha “varias iniciativas que permitirían a municipios a luchar contra la despoblación”, como un fondo de cooperación dotado de 3 millones de euros.



Las farmacias VEC reclaman que son “empresas privadas con repercusión pública” y destacan la importancia que tienen en el mundo rural. Consideran que su empleo es mucho más que el suministro de medicinas; aseguran hacer funciones de servicios sociales, apoyo psicológico, pedidos online de productos para personas mayores que no manejan las tecnologías… Por eso tienen la esperanza de que su trabajo se tenga en cuenta y de que mejoren sus condiciones. Ni existen fórmulas legales de dispensar medicamentos como otros productos que se pueden comprar online ni se puede exigir a una población envejecida que recorra grandes distancias para adquirirlos.



Ante estas reclamaciones, los alcaldes de pequeños municipios aseguran no tener medios para subvencionar farmacias. Varios Ayuntamientos del interior de Alicante ya barajan la opción de reducir el precio de los alquiles o incluso cederles gratuitamente el local, y lamentan que no haya presencia de cargos vinculados al entorno rural o VEC en la Conselleria de Sanitat. Creen que se trata de una figura importante que contribuiría a mejorar las prestaciones para la salud a todo el mundo, y no solo a los habitantes de grandes ciudades. Sienten que las administraciones tiene prioridades y que el mundo rural no está dentro de ellas.