Las empresas que pretendan recortar sus plantillas de trabajadores deberán informar al Ministerio de Producción y Trabajo diez días antes de concretar los despidos sin causa, según lo establece el decreto acordado entre la CGT, las cámaras empresarias y el Gobierno, cuyo borrador recibieron poco después del mediodía.

A su vez, el artículo 7º de la norma establece que una vez que la cartera que conduce Dante Sica reciba la notificación por parte de la empresa, el Ministerio podrá convocar a las partes para analizar la situación y discutir mecanismos para evitar o minimizar los despidos.

Una de las posibilidades es que, por ejemplo, en lugar de echar personal, se acuerde con el gremio la reducción de la jornada laboral, entre otras alternativas, como ya ocurrió en actividades como la automotriz.

Este mecanismo, que regirá en forma paralela al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), deberá ser cumplimentado no importa cuál fuere la cantidad de personas a despedir y estará vigente hasta el 31 de marzo próximo. Los empresarios le habían sugerido a Sica que fijara un límite numérico para estar eximidos de informar en los casos de pocas desvinculaciones, pero finalmente el decreto no aclara nada al respecto.

La norma sólo hace referencia al sector privado formal, por lo que quedan eximidos los trabajadores del sector público, así como también los del sector rural y las empleadas domésticas.

Después de hacer algunas de las sugerencias planteadas, como lo del límite numérico o lo vinculado estrictamente con el pago del bono de $ 5000, el empresariado dio finalmente el visto bueno al decreto. Sin embargo, no sólo creen que los salarios deben ser discutidos libremente en las paritarias, sino que también el empresario tiene el derecho a despedir.

Una traba, pero no una prohibición

Igualmente, las empresas sólo estarán obligadas a informar los despidos y a intentar buscarle una solución, pero si finalmente optan por ese camino, podrán hacerlo. El esquema apunta a descomprimir la creciente inquietud del sindicalismo por fijar algún mecanismo para frenar los despidos en el marco del escenario de recesión económica.

Si bien desde la CGT se impulsaba la implementación de un medida de prohibición de despidos, finalmente la central obrera avanzó en el diálogo con Sica, y los representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y CAME para definir un mecanismo para desalentar en forma indirecta las desvinculaciones mediante la intervención de las autoridades laborales.

“La idea es tratar de agotar todas las posibilidades de solución previo a que los despidos estén consumados, ya sea vía subsidios para pagar salarios como el Repro u otras alternativas siempre en el marco de una negociación”, explicó a este diario un referente de la primera línea de la CGT.