El oficialismo logró dictamen al proyecto para regular los alquileres con duras restricciones para los dueños de los inmuebles, en otra muestra del giro a la centroizquierda del Gobierno para matizar medidas incómodas que se avecinan, como el ajuste fiscal o la reforma laboral.

El abanderado fue el diputado macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, donde impuso el dictamen este martes con la única firma del Frente Renovador y el silencio del kirchnerismo.

"En la Argentina hace veinte años que no hay una Ley de alquileres. El proyecto es equilibrado, protege al sector más débil de la relación que es el inquilino, pero tampoco desalienta la oferta de inmuebles, que en definitiva terminaría perjudicando a las propias personas que desean encontrar su vivienda", ratificó Lipovetzky.

La ley, como está, toca varios puntos grises que vienen reclamando los inquilinos hace años, como la actualización de los valores.

Se les permite a los propietarios retocar los alquileres anualmente, pero sólo tomando como base los valores del Indec o de las UVAs, las unidades para tasar propiedades en los créditos hipotecarios.

O sea, ya no podrán tantear valores máximos, un clásico de la última década cuando las complicaciones para comprar inmuebles multiplicó la cantidad de inquilinos.

Según el dictamen, que podría encontrar mayorías en el recinto antes de fin de año, quedará claro que el propietario es el único responsable de pagar expensas extraordinarias, un debate habitual en los consorcios.

Muy contento con haber podido dictaminar hoy el proyecto de ley de alquileres! Trabajamos mucho para lograr el consenso!! Estamos más cerca de tener una ley que baje los costos de los inquilinos y evite abusos, respetando las incumbencias de los corredores inmobiliarios! — Daniel lipovetzky (@Lipovetzky) 14 de noviembre de 2017

Las garantías ya no podrían ser tan restrictivas. Alcanzaría con aval bancario, seguro de caución o certificados de ingresos.

Además, las inmobiliarias no podrían abusar de los depósitos de garantías: serían no mayores al mes de alquiler y la devolución deberá ser a los valores del último mes abonado.

También se fijan límites a los desalojos de inmuebles para familias. Antes, el propietario deberá intimar el pago y esperar no menos de diez días una respuesta.

Otro artículo es destinado a un programa de alquiler social, destinado a los inquilinos "que tengan dificultades para cumplir con los requisitos de la garantía, depósito e incluso pago de alquileres, siempre que el destino de las mismas sean viviendas sociales".

Planes de ese estilo comenzaron a ser habituales en las ciudades europeas ante los aumentos de costos de las propiedades. Ahora se debatirá en el Congreso.