Álvaro Sánchez Castrillo | Alicia Gutiérrez

Publicada el 07/12/2019 a las 06:00

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Un nuevo conflicto interno vuelve a sacudir a Podemosde Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El partido morado se convirtió esta semana en noticia a raíz de una carta de quien fuera responsable de Cumplimiento Normativo del partido –Mónica Carmona– denunciando que tanto ella como el abogado José Manuel Calvente habían sido cesados en "represalia" por investigar "graves irregularidades" dentro de la formación morada. La documentación a la que ha tenido accesodemuestra que el enfrentamiento arrancó en octubre y que tuvo como trasfondo el control del área legal del partido. Un equipo del que Gloria Elizo dejó de ser máxima responsable el pasado 1 de julio, según confirman fuentes de la dirección a este periódico. El 28 de septiembre, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos designó como nuevo, quien a principios de junio ya había sido nombrado secretario de Organización en sustitución de Pablo Echenique. El partido morado no hizo público que Rodríguez había asumido la máxima responsabilidad del área legal.La batalla entre Podemos y los extrabajadores del equipo jurídico trascendió el pasado miércoles, cuando se hizo pública una carta enviada por Mónica Carmona al Consejo Ciudadano Estatal –máximo órgano del partido entre asambleas– criticando tanto su propuesta de cese como el despido disciplinario de Calvente, producido el 2 de diciembre. "Es un grave acto de represalia y posibles coacciones porqueen materia de protección de datos y de cumplimiento normativo penal y en los que se verían envueltos varios cargos internos y que conllevaría graves perjuicios para el partido", se apuntaba en la misiva, que hacía referencia a "irregularidades financieras", en "materia laboral" y de "limpieza en la realización de las consultas y primarias" que, de confirmarse, "pondrían en cuestión los elementos centrales" de la "legitimidad" como "organización".Esta carta provocó el estallido de un enfrentamiento que, sin embargo, venía cocinándose desde octubre. El tira y afloja se inició pocos días después de que el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, asumiera el control directo del área legal del partido.fue un correo del político canario solicitando a Calvente, que había ejercido la coordinación del equipo jurídico de Podemos desde la fundación del partido en 2014 y ocupaba también el cargo de Delegado de Protección de Datos, información sobre asuntos jurídicos que se encontraban vigentes en ese momento. Y el enfrentamiento se recrudeció tanto que el abogado terminó denunciando a Rodríguez ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El último capítulo de momento se produjo a comienzos de semana,ha tenido acceso a los documentos clave, incluida la carta de despido de Calvente y los burofaxes que intercambió con el secretario de Organización en el mes de octubre, además de la denuncia presentada ante la AEPD. A partir de esa documentación, se reconstruyen todos los elementos esenciales del conflicto.

La carta de despido

La carta de despido, enviada el pasado 2 de diciembre por burofax y firmada por la gerente del partido,, considera que el letrado ha incurrido en "reiteradas infracciones laborales muy graves". El primer incumplimiento contractual que pone sobre la mesa el partido tiene que ver con la supuesta "indisciplina". Los hechos se remontan al pasado 17 de octubre, cuando el secretario de Organización y nuevo responsable directo del Equipo de Acción Legal del partido se puso en contacto con Calvente, momento procesal en el que se encontraban, plazos de actuaciones, claves de acceso a todas las cuentas del equipo, acceso a la biblioteca jurídico y documental o contacto de la procuradora para notificarle los cambios organizativos.Al abogado se le daba de plazo hasta las 22.00 horas del día siguiente. Siete horas antes de que expirara, Calvente respondió por correo a Rodríguez aportando parte de la información solicitada pero señalando quepara poder dar una "respuesta adecuada y detallada". Sobre los procedimientos y los momentos procesales apuntaba que iba a elaborar "un listado actualizado y detallado" en el que, sin embargo,correspondientes a personas físicas sin su autorización "por motivos de secreto profesional y confidencialidad". Aunque no figura en el correo, fuentes próximas a Calvente explican que esos "asuntos personales" eran una referencia a Pablo Iglesias e Irene Montero, puesto que él era también su abogado personal.En cuanto a las claves de acceso, explicaba que ya no se estaban utilizando. Además, le hacía llegar el contacto telefónico de la procuradora y tres actuaciones judiciales que se encontraban pendientes en ese momento.Pero la respuesta no convenció a Alberto Rodríguez. ", eludiendo dar una contestación efectiva a la mayoría de las cuestiones solicitadas, señalando la existencia de tan solo tres procedimientos judiciales pendientes, y sin tan siquiera señalar el órgano judicial ante el que se tramitan y número de auto, resultando imposible identificarlos, denegando el acceso a la información de los procedimientos en que interviniesen personas de Podemos además de la propia organización, negando la existencia de carpetas comunes de trabajo con los archivos de procedimientos judiciales y procesos electorales anteriores, y negando la existencia de una cuenta común de notificaciones judiciales del Equipo Legal", recoge la carta de despido, en referencia a ese correo electrónico de Calvente.Setenta y dos horas después de la contestación de Calvente, el 21 de octubre, el secretario de Organización volvió a reiterarle la información de información pero esta vez por burofax, para que constase la petición de forma legalmente demostrable. ". Entiendo que la respuesta que me has transmitido supone la no aceptación de las instrucciones de tiempo y contenido solicitados por mi parte, arrogándote la potestad discreccional de decidir cuándo y cómo debes enviar la información solicitada", apostillaba Rodríguez, que señalaba que los datos aportados sobre procedimientos en curso eran "sesgados, parciales e incompletos". Una misiva que finalizaba con un aviso: "Siendo considerada tu negativa como, y en algunos extremos, una negligencia grave, que puede acarrear consecuencias negativas para esta".El abogado respondió a este burofax con otro el 23 de octubre. Un escrito de 17 páginas en la que recalca que una parte de su explicación es como Delegado de Protección de Datos y otra como abogado defensor de asuntos de Podemos. Así, advertía a Rodríguez que las "peticiones de información indiscriminada" comprometían "gravemente" su autonomía por pretender recibir documentación "sobre datos personales de terceras personas ajenas a los asuntos de Podemos" y sobre expedientes que, apuntaba, estaban bajo su "custodia confidencial" por "órdenes directas de la Secretaría General o de los interesados". Además, le explicaba que su "responsabilidad" en el equipo jurídico no se vería "comprometida" pues el papel de Rodríguez en el área. "No me parece de recibo hostigarme con apreciaciones inexactas y que cuestionen mi buena labor en este partido", aseveraba Calvente.La nueva contestación tampoco convenció al partido, que en su carta de despido considera que el letrado "tergiversa y malinterpreta" la petición de información., recoge el escrito, que señala que aunque en días posteriores Calvente fue comunicando "alguna información de forma parcial", ésta todavía sigue siendo "incompleta". Y asevera que la segunda respuesta del abogado a Rodríguez "evidencia un ánimo" del letrado "de continuar utilizando la información y la documentación relativa a los procedimientos judiciales en los que se invierten los servicios jurídicos del partido".

la acusación de Acoso sexual

El segundo motivo que aduce Podemos para justificar el despido disciplinario de Calvente es el supuesto acoso sexual a otra abogada de la formación, Marta Flor N.: "Los hechos descritos han sido comprobados por la Dirección de la Organización, y suponen una sucesión de actuaciones constitutivas primero de acoso sexual y después de acoso moral en el trabajo, que evidencian por su parte un propósito personal de minar psicológicamente a su compañera Marta Flor N., a fin de que abandone su puesto de trabajo, y constituye acto discriminatorio por razón de sexo".El concepto de "acoso sexual" no se utiliza en la primera página de la carta,y los preceptos legales que supuestamente habría incumplido Calvente. Pero una parte relevante de la misiva, especialmente las páginas 4 a 7, se centra en la descripción de actuaciones que podrían interpretarse como acoso.El texto de Podemos sostiene que Calvente, estando "en una posición de superioridad" en el "entorno laboral", mantuvo un comportamiento "totalmente inadecuado" con la trabajadora. En concreto, hace referencia a "mensajes de contenido amoroso". Y cita cuatro a modo de ejemplo. Podemos expone también que Marta Flor N.entre el 1 de febrero de 2018 y el 22 de febrero de 2019.Calvente, sin embargo, niega todos los hechos. Lo hizo en el burofax que le envió al secretario de Organización. Y también en el escrito que registróante el Juzgado de Primera Instancia de Arganda del Rey en el que exige a la compañera supuestamente acosada que se retractase de sus acusaciones o presentaría una querella criminal contra ella. "Ha acusado falsamente a mi representado de 'acosador' y buscado consecuencias laborales contra él mismo, con la única intención de difamarle y desprestigiarle en la empresa,movida por resentimiento y ánimo de venganza hacia él por motivos laborales", señalaba el escrito, que recogía que Marta Flor N. estaría intentando "conservar su puesto de trabajo en medio de una anunciada reestructuración de trabajadores". El acto de conciliación por este asunto[Las referencias en los documentos al supuesto acoso sexual y/o hostigamiento laboral se explican en esta información: Un conflicto en Podemos que incluye un cruce de acusaciones de acoso y hostigamiento laboral ].

el supuesto "Acoso laboral"

La formación liderada por Iglesias también asevera, en la carta de despido, que como consecuencia del rechazo la compañera de trabajo el abogado "inició una serie de actuaciones dirigidas a vaciar de contenido el puesto de trabajo" de la letrada, así como "a vetar su acceso a las herramientas de trabajo comunes del Equipo Legal de la organización quitándole los accesos o cambiando las contraseñas, impidiendo que le llegaran todas las notificaciones al indicar a la procuradora que no le enviase nada, vetando a la letrada incluso del acceso a las notificaciones de los procedimientos en que se encontraba designada para la defensa procesal de Podemos y personas de la organización". Un movimiento que, añade el escrito, puso "en grave riesgo los intereses" del partido morado y que representa un "prevaleciéndose de su condición jerárquica superior a nivel funcional". Este es el tercer motivo que Podemos alegó para el despido disciplinario.Pero, de nuevo, el abogado rechaza tajantemente las acusaciones. Es más, en el burofax enviado a Rodríguez el pasado 23 de octubre asegura que es él mismo el que está sufriendo una "auténtica campaña de acoso injusta e injustificada". El motivo de este "acoso laboral" que afirma sufrir es "el hecho de no haber aceptado" como delegado de Protección de Datos "algunas irregularidades pretendidas y cometidas por los miembros de la Gerencia y la Secretaría de Organización" durante 2019 que "conllevaban graves incumplimientos de la legislación sobre protección de datos". Todas ellas, aseveraba,. "Mi rechazo a aceptar irregularidades legales ha provocado el aumento de la animadversión contra mí", sentenciaba Calvente, quien un par de días después presentaba una denuncia ante la AEPD. [ Puedes leer aquí la información sobre esta denuncia].La carta de despido del abogado finaliza señalando que se le ha comunicado su cese como Delegado de Protección de Datos, prohibiéndole "muy especialmente" realizar "copias de cualesquiera censos o bases de datos haya podido tener acceso". Además, se le exige que entregue al Equipo Legal herramientas, claves de acceso o documentación, así como que redacte, firme y envíe a Marta Flor N.en nombre de la formación. Podemos le avisa: "De no cumplimentar especialmente este requerimiento (...) se le apercibe de que la organización instará cualesquiera acciones que nos asistan en derecho, además de las acciones que insten los representados en nombre propio, así como las denuncias a su colegio profesional de los letrad@s a los que usted impide el acceso a los expedientes".Ela percibir por José Manuel Calvente fue de 2.043,15 euros, que Podemos le transfirió a su cuenta bancaria el mismo día del despido.