Por Agustina Valsangiacomo (*)

A partir de la asunción de Mauricio Macri, Argentina ha manifestado su interés por integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si bien el proceso de adhesión de nuestro país contempla una duración de al menos tres años y se encuentra sujeta a la aceptación de todas las naciones miembro, Argentina ya ha comenzado a implementar políticas para acercarse progresivamente a este objetivo.

En este contexto, la actual gestión se propuso avanzar en la adopción de estándares de gobernanza corporativa en empresas públicas conforme a las directrices de la OCDE.

¿Cuáles son las principales características de las empresas públicas nacionales en Argentina y qué desafíos plantean al Gobierno actual en su meta de incorporarse a la OCDE?

Los números

En la actualidad, el Sector Público Nacional (SPN) cuenta con 52 empresas estatales, 13 de las cuales fueron creadas o reestatizadas entre 2003- 2015. Las nuevas empresas que se incorporaron durante este período representaron un incremento en 3,5 veces de la dotación de los recursos humanos en las empresas públicas, pasando de 27.000 a 120.000 trabajadores, y una marcada concentración de los derechos de propiedad en los ministerios de Energía y Minería, por un lado y Hacienda y Finanzas Públicas, por el otro.

Este período también se caracterizó por un aumento de la participación de las empresas públicas del Estado en los rubros de energía, transporte e información y comunicaciones. Actualmente, el 50% de las corporaciones estatales participan de estas actividades económicas, empleando a casi 70% de los trabajadores de empresas públicas. Por otra parte, este universo se caracteriza por su desempeño dispar en términos económicos y fiscales. Además de la gran heterogeneidad en los volúmenes de facturación, niveles de inversión y el grado de uso de tecnología desarrollada, de las 30 empresas públicasgen es que figuran en el Presupuesto, el 60% tiene déficit fiscal y sólo 40% tiene superávit. Un dato complementario: mientras las firmas más deficitarias tienen grandes déficit, las más superavitarias tienen bajos niveles de superávit.

Frente a este escenario, entre 2003 y 2015, las transferencias del Estado a empresas públicas se incrementaron en más de 25 veces, pasando de representar el 0,2% del gasto público a casi el 6%.

En lo que respecta a los controles aplicables a las empresas públicas, difieren según su figura jurídica. Si bien actualmente contamos con mayoría de empresas bajo el régimen de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria (40%), evidenciamos la existencia de alrededor de diez regímenes jurídicos distintos (sociedades del Estado, empresas públicas, empresas interestaduales y binacionales, bancos oficiales, entre otros). Esta amplia heterogeneidad normativa y regulatoria explica, en gran medida, los distintos tipos de auditoría que recaen sobre las empresas y los niveles de transparencia dispares entre las mismas.

En función de esto, la Auditoría General de la Nación, órgano responsable de realizar la auditoría externa del SPN, establece como organismos auditables 38 de las 52 empresas públicas relevadas por CIPPEC, pero sólo presenta informes posteriores a 2013 para 13 empresas públicas. Por su parte, la Sindicatura General de la Nación, responsable de la auditoría interna del SPN, cuenta con un síndico en 43 de las 52 empresas relevadas.

Los desafíos

Los datos aquí mencionados nos permiten evidenciar que el Estado empresario ha crecido en los últimos doce años tanto en términos de estructura como de recursos humanos y presupuestarios. La complejidad y heterogeneidad de este universo, la fragmentación normativa, los déficits de información y la debilidad de los mecanismos de control vigentes plantean grandes desafíos para la implementación efectiva de prácticas de buen gobierno corporativo.

La reciente creación del Consejo de Coordinación de Empresas Públicas en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros se propuso trabajar en la puesta en valor de la capacidad de gestión de estas empresas y establecer estándares éticos de transparencia.

No obstante ello, entendemos que para avanzar es necesario que el Gobierno asuma el compromiso de diseñar un marco institucional sólido y sostenible para este segmento de la administración pública. El mismo debería contemplar, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las capacidades de la administración central para coordinar y dar direccionalidad estratégica a las corporaciones estatales; el aumento de la frecuencia de las auditorías así como su alcance y la creación de una agencia estatal encargada de definir y hacer cumplir los marcos regulatorios, los estándares de transparencia y rendición de cuentas, implementar programas para el fortalecimiento de capacidades de gestión en las empresas y evaluar tanto ex ante como ex post sus planes y acciones.

(*) Analista del Programa de Gestión Pública de CIPPEC.