martes 29 enero, 2019

Los números de la violencia contra las mujeres no dan respiro: en lo que va del 2019, apenas 29 días desde que empezó el año, ya se registraron al menos 20 femicidios.

En los últimos días, los medios difundieron sin descanso las imágenes de Angelina Cáceres de 12 años desaparecida en Chaco, y de Gissella Solís Calle, y ambas como tantas otras fueron encontradas sin vida.

Es por esta situación que la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá) lanzó una petición mediante un documento escrito para pedir la Declaración de Emergencia Nacional de género de Marzo 2019 a Marzo 2021, con propuestas para que las autoridades declaren dicho estado y actúen en consecuencia.

Morir por ser mujer: por qué no bajan las cifras de femicidios

Desde esta misma organización relevaron además que, desde el 3 de junio de 2015, hasta el 29 de mayo de 2018 se registraron 871 femicidios en todo el país, un total de 24 travesticidios y el 10% de las víctimas tenía medidas de protección dictadas por la Justicia.

El pedido ya cuenta con más de 28 mil firmas, y se suma al reclamo colectivo de "Ni una menos", que desde la primera movilización el 3 de junio de 2015 en Plaza del Congreso pide que cesen los femicidios, que en Argentina se cobran una vida cada 29 horas.

Los puntos que forman parte del petitorio —que será enviado en los próximos días al Congreso nacional— plantean una serie de medidas, como también el "monitoreo posterior a su implementación y la evaluación de los resultados de las mismas", entre las que se encuentran:

Aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al INAM;

Definir que el 10 % del presupuesto de cada ministerio se destine a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes (PIOD);

Monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género; impulso de protocolos provinciales en el mismo sentido;

Aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y agresores que incumplen medidas judiciales;

Asignación para víctimas de violencia (AVV); becas; rentas para alquiler; -Creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género;

Implementación del patrocinio jurídico gratuito;

Aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de áreas de políticas de género, así como a organizaciones de la sociedad civil: sindicales, vecinales, clubes, espacios culturales, etcétera;

Incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros (observatorio);

Implementación federal del programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida;

Implementación real y efectiva de la educación sexual integral (ESI) en los distintos niveles educativos;

Creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional;

Urgente implementación de la Ley Micaela de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.

A.G./F.F.