Podemos ha lanzado una proposición de ley en defensa de los colectivos LGTB, que se debatirá en el Congreso de los Diputados. La propuesta cuenta con puntos positivos para luchar contra la lacra de la homofobia, pero también un reverso oscuro que atentaría, según el abogado Carlos Sánchez Almeida, contra el artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. El artículo 94 de esta propuesta de ley, redactada por Podemos en colaboración con grupos de presión LGTB, establece una serie de faltas administrativas que elevan el sentimiento de ofensa a la categoría de prueba, y dan a las administraciones, y no a los jueces, la potestad de castigar a quien haya dicho algo ofensivo para los gays.

Sánchez Almeida, en conversación telefónica, considera que “es una barbaridad poner en manos de la administración el poder de secuestrar publicaciones sin orden judicial”, aunque presupone que “no se va a aprobar porque no pasará el filtro constitucional”. Sin embargo, encuentra la actitud de Podemos muy contradictoria respecto a su postura sobre otros ataques a la libertad de expresión en los que sí se mostraron muy tajantes: “Todo lo que criticaron de la Mordaza es aplicable a esta proposición de ley”.

El abogado progresista, miembro de la Plataforma por la Libertad de Información, entiende que es una proposición “hecha con recortes y de cualquier manera, confusa en muchos puntos, aunque positiva en muchos otros”, en la que sin embargo se puede leer un subtexto de “alergia a la libertad de expresión”. Cuando le pregunto si cree que es una respuesta al autobús de HazteOír, Sánchez Almeida responde que sí.

Alerta LGTB por los 239 ataques homófobos en Madrid y la juventud de los agresores Paloma Esteban La tercera víctima del año por una agresión homófoba arroja datos desoladores de 2016. 180 ataques se produjeron en la ciudad. Los colectivos LGTBI insisten en que las instituciones se impliquen

De hecho, según la proposición sería falta muy grave la “convocatoria por cualquier medio o procedimiento de actos públicos de cualquier tipo que tengan por objeto promover, fomentar o incitar directa o indirectamente a la discriminación, al odio, la hostilidad o la violencia contra las personas por motivos de orientación, identidad sexual o expresión de género o características sexuales”. En este punto entraría el bus homófobo o una manifestación como las que suscitó la ley del matrimonio gay en 2005.

En cuanto a la libertad de expresión, serían faltas de leves a muy graves las “expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias”. Es decir: incluso un chiste en Twitter o un meme. Pese a que el Código Penal ya condena los insultos a personas LGTB, de forma que cualquier gay al que insulten puede denunciar la agresión ante los jueces, la proposición de Podemos da alas a los fenómenos de ofensa colectiva, tan habituales en las redes sociales.

No hay un solo partido que defienda la libertad de expresión universal. Defiende la de los suyos, pero se convierte en censor de aquello que les molesta

La proposición de ley llega en medio de un clima de ofensa y polarización social que la hacen especialmente peligrosa. Su entrada en vigor, tal y como está redactada, podría llegar al extremo de llevar a Arévalo al banquillo por hacer chistes de “mariquitas y gangosos”. Sánchez Almeida lamenta que la sociedad esté retrocediendo tanto en materia de libertad de expresión.

“Estamos cargándonos los fundamentos de la democracia liberal. No hay un solo partido político que defienda la libertad de expresión universal. Cada uno defiende la de los suyos, pero se convierte en censor hacia aquello que les molesta”. Le preocupa que el debate sobre los límites de la libertad de expresión esté tan intoxicado por las tendencias ideológicas, y considera una “barbaridad” que no sean los jueces, sino las administraciones en manos de los partidos políticos, quienes persigan y condenen.

Hay que recordar que ayuntamientos vinculados a Podemos y el PSOE impidieron que el cómico Jorge Cremades actuase en sus teatros públicos, pese a haber vendido todas las entradas, después del escándalo que suscitaron en las redes sociales algunas de sus bromas, que recibieron al mismo tiempo la acusación y la condena de machistas, sin posibilidad de apelación o defensa para el humorista.

Antes del colgar, Sánchez Almeida dice que vivimos en una sociedad cada vez más intolerante y nos recuerda la frase de George Orwell: “Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”.

La propuesta de Podemos también ha sido reprobada en las redes sociales. Una de las voces más críticas ha sido la de David Bravo, exdiputado de la formación morada por Almería y abogado emblemático contra la Ley Sinde, quien ha manifestado "cero respeto a una ley que propone apartar a los jueces para que la administración multe en redes sociales".

El resumen que me pedís: PODEMOS propone apartar a los jueces con su propia Ley Mordaza pero no pasa nada porque es una mordaza para EL BIEN — David Bravo (@dbravo) 12 de mayo de 2017