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Siguen su curso las investigaciones que encabeza el Estado venezolano sobre el fallido intento de magnicidio del pasado 4 de agosto. Hasta el momento, las pesquisas, pruebas y actores involucrados son suficientes para describir el modo de funcionamiento de la agenda terrorista-mercenaria que incursiona sobre el país, pero también los alcances de un punto de inflexión crucial para la cuestión venezolana.

Vector operacional: privatización de la violencia y Guerra No Convencional

En el transcurso de la semana pasada el presidente Nicolás Maduro y el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, mostraron pruebas reveladoras sobre la operación frustrada de magnicidio. En el marco de lo que presentaron ante los medios, seis aspectos destacan por su relevancia, tanto por lo político como por el esquema operacional utilizado.

1. El aparente vacío político subyacente a la operación quedó saldado con el testimonio de Juan Requesens, quien delató a su compañero de partido, Julio Borges, como jefe político inmediato del intento de magnicidio al usar sus contactos con el gobierno colombiano para proteger a los operadores y planificadores del antentado. A Requesens, días antes, ya lo había delatado Juan Carlos Monasterios, alias «Bons», encargado del entrenamiento y la logística en el terreno. Posteriormente lo hizo el periodista Jaime Bayly, quien confirmó que efectivamente estábamos ante un plan que tenía niveles de coordinación en Estados Unidos.

2. La Guerra No Convencional (GNC) que vive el país, en sus múltiples manifestaciones, debe verse como la traducción, en el ámbito militar, de los esquemas y dispositivos del capitalismo neoliberal que regulan la vida social, económica y cultural de la sociedad global. La GNC tiene forma de empresa y se rige por códigos de reducción de costos y maximización de beneficios. Por esa razón, desde su práctica y discurso, se plantea como un modo de intervención que persigue la extenuación del Estado-víctima (siempre inferior en capacidad defensiva) utilizando la menor cantidad de gastos financieros/militares, explotar las vulnerabilidades de la nación mediante sabotajes para abaratar los costos de la injerencia y la subcontratación de una fuerza insurgente que generalice el miedo en la sociedad y socave las bases de apoyo social del Gobierno. Un modelo de guerra privatizada.

3. Este signo estuvo presente en el nacimiento y entrada en operaciones de la célula terrorista de Óscar Pérez a mediados de 2017, pero que con anterioridad ya se había probado en los asesinatos políticos de Robert Serra, María Herrera, Eliécer Otaiza, así como en las revoluciones de color de 2014 y 2017. Guardando las evidentes distancias entre estos eventos, cada una de esas manifestaciones de terrorismo político reprodujo una lógica de privatización y tercerización a la hora de ejecutar y, posteriormente, a la hora de asumir los costos y desdibujar complicidades de instancias superiores de poder.

4. Siguiendo ese mismo curso de acciones, el plan de magnicidio plasmó un modo de operar donde los reductos de la revolución de color de 2017, en general jóvenes de clase media fanatizados, incluyendo factores asociados a la célula armada de Óscar Pérez, son utilizados como mano de obra subcontratada, perfectamente sacrificable si todo salía mal, tal cual ocurrió, mientras que los planificadores y financistas aguardaban fuera del país utilizando sus residencias en Colombia y Estados Unidos a modo de cobertura. Allí también se incluye al diputado promesa Juan Requesens y a Julio Borges, cada uno del lado que le correspondía.

5. Esa forma de procedimentar el intento de magnicidio describe una mecánica donde los mercenarios que participaron en el golpe de color de 2017 ahora toman cuerpo de «ejército industrial de reserva», junto a la industria del crimen, en el cual una agenda terrorista puede encontrar la suficiente oferta para realizarse. De igual forma, el papel del Estado colombiano al avalar cuáles zonas con elevada presencia paramilitar (caso Cúcuta) sirven como centros de adiestramiento paramilitar y retaguardia, rol que a su forma reproduce también el Sur de la Florida, pone encima del tapete los límites del derecho internacional dispuestos a ser rebasados para alimentar actos subversivos contra la seguridad nacional del Estado venezolano. Ahora, de una manera más frontal, siguiendo la tradición bajo la cual Estados Unidos protegió terroristas de la estatura de Luis Posada Carriles.

6. También juega un papel clave el contexto. Sin posibilidades remotas de «calentar la calle» a la usanza tradicional, los objetivos de la GNC contra Venezuela parecen invertirse, lo que no representa de ningún modo una lógica inamovible en el tiempo: inhibida la insurrección «generalizada», los blancos a atacar deben perfilarse hacia la superestructura (el poder), con el objetivo de producir la fractura social y política que no se logró mediante presión desde abajo. Y eso pasa por la alerta descrita en el pasado informe especial: forzar un escenario de inseguridad generalizada donde elementos terroristas sean enfilados hacia operaciones de sicariato político, con el fin de debilitar al Estado venezolano y atemorizar a las bases chavistas. Una especie de compensación al magnicidio frustrado.

Vector cultural: Saleh, Pérez Venta y Requesens

Es con la denominada «Fiesta Mexicana» de 2010 que los partidos de extrema derecha venezolana logran hegemonizar a totalidad el movimiento estudiantil universitario, bajo la ideología de la «lucha no violenta» promocionada por Gene Sharp y financiada por la NED y la USAID durante años. Voluntad Popular tomaba la batuta.

Ese año se inaugura en México una línea de ensamblaje de jóvenes formados ideológicamente en el capitalismo y materialmente en la organización de movimientos de «protesta ciudadana», ese eufemismo con el que se suele anunciar una guerra civil desde los medios de comunicación.

Pero fue en las revoluciones de color de 2014 y 2017 cuando sus exponentes más visibles de aquella «Fiesta Mexicana» (Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, entre otros) mostraron, en realidad, la orientación de esas actividades y otras tantas financiadas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, para «adiestrar» a la juventud opositora.

La sangre derramada y el rol que jugaron cada uno de ellos revelaron que la formación iba dirigida al arte de armar protestas violentas y al uso de tácticas de guerrilla urbana para enfrentar a las fuerzas de seguridad. El espejo mecánico de los ucronazis del Maidán en suelo venezolano es obra de una misma agenda geopolítica labrada en suelo estadounidense y experimentado sobre el cuerpo de la juventud clase media.

Con ese estrato específico de la sociedad venezolana, se intentó fabricar la base cultural e ideológica que le daría legitimidad de desempeño a la emergencia de un grupo terrorista adaptado a las condiciones venezolanas, en el cual el fanatismo religioso que sirve de base al Estado Islámico debía ser sustituido por un fanatismo nacionalista.

El odio por razones étnicas, en las coordenadas identitarias venezolanas, debía ser reemplazado por un odio de clase que encontraba todo su antagonismo en el chavismo. Los pobres.

Sí, las denominadas guarimbas funcionaron como polígonos de tiro para desarrollar esas capacidades y probar sus propios límites (observar hasta dónde lograba mutar el experimento), pero sobre todo fue una fábrica que produjo una semántica de la muerte, la cual buscó insertarse en la sociedad venezolana en función de aquel forzado consenso de que matarnos es lo mejor. El experimento mutó y generó una fábrica de asesinos protegidos por la «sociedad civil» de Plaza Altamira.

En ese sentido, pensar en Lorent Saleh y en su deriva como futuro novato del año del paramilitarismo colombiano; a José Pérez Venta, militante de Voluntad Popular, descuartizando a Liana Hergueta simplemente porque un negocio no salió bien; o a Juan Requesens pidiendo a gritos una intervención militar contra su propio país o vinculándose a un plan de magnicidio; o a Daniel Ceballos y a Freddy Guevara dirigiendo asesinos en las calles e instigando a quemar chavistas, permite reinterpretar que lo que ocurrió en 2010 en México fue, en realidad, la inserción de un proyecto sociocultural para generar una fractura generacional irreconciliable entre quienes representan el futuro de la nación. Partir en dos al país pasa por fabricar una separación fratricida entre sus componentes juveniles.

Todos estos exponentes de la juventud antichavista y sus fanáticos más dedicados, producto de la agenda geopolítica que los aplastó culturalmente, ven en el chavismo, en su juventud y en quienes dirigen el Estado, un antagonismo irreconciliable que debe ser exterminado, tal cual ocurrió con Orlando Figuera, cuyo asesinato fue celebrado como el modo de gobierno que promete «La Mejor Venezuela» de Leopoldo López.

El chavismo sigue siendo la única apuesta seria, real, contra el exterminio soñado y financiado por la USAID.

Vector geoestratégico: Comando Sur, ejercicios, Haley y Mattis

En el primer informe especial sugeríamos que con el intento de magnicidio se buscaba precipitar, muy probablemente, un «vacío de autoridad» en el Estado, que acorde al extremismo de quienes fungen como interlocutores de la cuestión venezolana ante la Administración Trump, debía resolverse con una intervención militar para establecer un Gobierno de Transición y resolver la «crisis humanitaria», encabezado por los múltiples presidentes en el exilio.

Esa hipótesis se abroga un rasgo de mayor realismo cuando en Panamá, durante la semana en que ocurrió el intento de magnicidio, se daba un ejercicio multinacional de 20 países, encabezado por el Comando Sur, con el objetivo de practicar operaciones de estabilización humanitaria. El guiño ha quedado claro.

El ejercicio multinacional, denominado PANAMAX2018, forma parte de una galería de enormes prácticas militares conjuntas que desde el año pasado vienen acentuándose, cada vez con menores intervalos de tiempo y con el blanco puesto en una «crisis humanitaria» ante la que hay que prepararse.

Pero la confesión que falta en la boca de los comandantes del Comando Sur, la dio la semana pasada la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien en un recorrido por la frontera colombo-venezolana exhortó a la comunidad internacional que debe aislar a Maduro utilizando como justificación la «crisis humanitaria».

La fragilidad de la frontera y la acentuación de sus debilidades históricas y estructurales potenciadas por la GNC, a la luz de los ejercicios militares del Comando Sur y la declaración de Haley, puede ser interpretado como la fabricación de un teatro de operaciones para otorgarle rasgos de «necesidad» al planteamiento de que la «ayuda humanitaria» debe ingresar a la fuerza, lo cual tendría el aval y el apoyo automático de un Estado colombiano donde se estrena un títere del uribismo. Bajo el eufemismo de «rescatar a Venezuela» se encubre una geoestrategia para intensificar el cerco desde nuestra frontera marítima y territorial con Colombia.

Y allí las provocaciones paramilitares advertidas por el presidente Nicolás Maduro, como excusa para propiciar un conflicto bélico binacional, se posiciona nuevamente en la galería de recursos a utilizar.

Es por esta razón que, después del atentado contra Maduro, las coordenadas del conflicto se trastocan en sus cotas de peligro. El nivel de articulación mostrado entre el Comando Sur y las vocerías de la política exterior de Estados Unidos en este momento específico, pone en relieve la urgencia de mantener en cartelera la «urgencia de ayudar a Venezuela», mientras la GNC precipita las condiciones de crisis y colapso social (elevando la afectación del sistema eléctrico y la coacción económica) que rellenen ese discurso.

El jefe del Pentágono, James Mattis, ha iniciado una gira por Latinoamérica. Durante su estadía en Brasil, conversó con las autoridades sobre Venezuela, sin ofrecer demasiados detalles a la prensa. Pero si bien esta gira debe seguirse con detalle, es un aspecto anterior el que le podría otorgar un sentido práctico, al menos en lo que respecta a lo específicamente venezolano. En lo geopolítico remarcó la «amenaza rusa y china en el continente», un aspecto que también nos toca como frontera no conquistada por la Doctrina Monroe.

Desde que el presidente Donald Trump anunciara, en agosto del año pasado, que la «opción militar» no estaba descartada sobre Venezuela, el Congreso estadounidense, instancia desde la cual se ha emprendido la salvaje campaña de sanciones financieras, tomó cartas en el asunto.

En una primicia dada por Misión Verdad, mostramos cómo el Congreso había solicitado al jefe del Pentágono que incluyera en la ley del año fiscal 2018 un plan de contingencia ante una «crisis humanitaria» en Venezuela, tanto dentro como fuera de sus fronteras. El escenario de «colapso» dibujado por el reporte es de tales proporciones que Estados Unidos estaría obligado moralmente a intervenir.

El Comité de Servicios Armados le pidió al Pentágono alistarse para detener una convulsión generalizada que pudiera afectar a Brasil, Guyana, Colombia, Perú, entre otros países. Denominó a Venezuela como un «Estado fallido», empleando una categoría lo bastante específica como para que Estados Unidos siga sosteniendo la opción militar sobre la mesa en un contexto donde la Administración Trump actúa al margen de la legislación internacional.

El uso del Estado fallido como una forma de representación de un conflicto extraterritorial, en varias oportunidades, ha sido usado por EEUU para promover intervenciones militares que han terminado en desastres humanitarios.

La ley de presupuesto fiscal 2018 fue aprobada tomando nota de este reporte, por lo que, con respecto a Venezuela, la visita de Mattis podría ir en este sentido. Esto no significa, de forma mecánica, la inminencia de la intervención, sino probablemente la concatenación de múltiples objetivos, entre los cuales podrían destacarse la justificación presupuestaria, la intimidación a lo interno del alto mando militar y la aplicación de dispositivos «humanitarios» para mantener la «ayuda humanitaria» como un componente central de la presión internacional contra el país.

Vector político: el «Gobierno de Transición» y la vuelta a la inestabilidad

El intento de magnicidio busca reabrir un escenario de inestabilidad e incertidumbre para afectar sensiblemente el cuadro de paz política construido desde el año pasado. Por medio de ese reseteo, de forzarnos a volver al día anterior a la instalación de la Constituyente por diversos mecanismos, no solo se intenta posicionar nuevamente en la agenda la violencia como dispositivo político, sino también las agendas golpistas que subyacen al conflicto. Y llegamos al punto donde se cierra el espectro de posibilidades, y aunque presenten algunos matices, en su esencia todas plantean que es una acción de fuerza internacional la que derrocará al chavismo.

La más promovida por el antichavismo de extrema derecha es la instalación de un «Gobierno de Transición» al estilo libio. La idea parte, inicialmente, de una complicación legal y política: la intervención militar es difícil que se dé sin el aval del Consejo de Seguridad, donde Rusia y China, que tienen poder de veto, no darían su consentimiento.

La idea del «Gobierno de Transición» intenta replicar «la ruta libia», que según algunos estadounidenses que asesoran al antichavismo no necesitaría del beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU. Un absurdo, ya que aun cuando se instaló un «gobierno en el exilio» reconocido por las potencias occidentales, requirió pasar por los canales del Consejo de Seguridad.

Pero en un contexto de deconstrucción y crisis sistémica del orden internacional liberal, existe una apuesta de que el sistema legal será llevado al límite y sin mediar en negociaciones geopolíticas con actores claves como Rusia y China, ambas potencias emergentes con enormes intereses en Venezuela. Estados Unidos invadiría bajo una cobertura humanitaria a petición de un «Gobierno de Transición» encabezado por el ex alcalde Antonio Ledezma.

Estados Unidos actualmente no se encuentra en una posición dominante a nivel geopolítico para emprender una campaña clásica de intervención militar, amparada en la ley internacional, que reproduzca automáticamente la experiencia libia. Por esa razón los esfuerzos van por la vía de la GNC.

Y justamente, empleando esa modalidad, el plan de asesinar a Maduro y precipitar una situación de caos insuperable, era la forma menos burocrática e incómoda para configurar un escenario de intervención sofisticada, «humanitaria», con fuerza dosificada, presentada como «factor de orden» y de estabilización, que se apoyara en la «legitimidad de origen» de la Asamblea Nacional dominada por el antichavismo para superar el vacío constitucional, de mano de los notables que ya tienen su «Gobierno de Transición» en Miami y Bogotá.

Es exactamente en esa mecánica donde adquiría sentido la triangulación entre magnicidio, promoción de una intervención humanitaria y la entrada triunfal del «Gobierno de Transición».

Vector militar: la última apuesta de 2018

A pocos días de la implantación de un conjunto de medidas que apuestan a estabilizar la economía, ni el «Gobierno de Transición» acompañado de una intervención humanitaria, ni el «juicio a Maduro» por el trucho «Tribunal Supremo en el exilio», ni la campaña para enjuiciar al Presidente en la Corte Penal Internacional, así como tampoco una agenda de sanciones más salvaje ni la explosión social catastrófica, plantean, hasta los momentos, un nivel de suficiente maduración para lograr un socavamiento determinante del país y sus autoridades.

Y el tiempo aquí es crucial, en tanto y en cuanto un saldo mínimo de recuperación económica resultará en un anclaje de la legitimidad del chavismo, y en consecuencia un blindaje de sus bases y superestructura política.

En ese contexto, resurge la carta de la conspiración militar interna, a la que tantos esfuerzos le han dedicado funcionarios estadounidenses, desde el ex secretario de Estado Rex Tillerson, pasando por Marco Rubio y el ex encargado de negocios Todd Robinson, hasta las decenas de asesores outsourcing que ofrecen esa vía como aquella que debe seguir la oposición para cambiar de gobierno y retormar el poder político.

Probablemente las investigaciones que realiza el Estado venezolano podrían llevarnos a que el plan de magnicidio tuvo algún tipo de soporte a lo interno de la FANB, lo que aún está por comprobarse. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, confirmó el general Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano Hernández, se encuentran detenidos por sospechas de haber participado en el atentado.

Sin embargo, los momentos de alta conflictividad política que hemos vivido en tiempos recientes van emitiendo datos y tradiciones: cuando existe una presión excesiva que pone en juego la vida del país, la respuesta inmediata es la cohesión. Justamente las defecciones recientes han demostrado que no representan un espíritu mayoritario en una clave fundamental de nuestro proceso político: la unión cívico-militar.

El mes de agosto será crucial para delimitar con mayor claridad el terreno de juego en el que nos movemos y las condiciones en que llegaremos a 2019. Por lo pronto, tenemos al mismo Presidente que elegimos en el momento más duro que nos ha tocado vivir, pero que estamos viviendo.

misionverdad.com/la-guerra-en-venezuela/segundo-informe-especial-intento-de-magnicidio-contra-maduro