El gobierno de Felipe Calderón decidió ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico. La cifra correspondiente al año 2011 ha sido catalogada como reservada y confidencial, según se desprende de dos expedientes elaborados apenas en noviembre pasado por los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

En respuestas a dos solicitudes de acceso a la información tramitadas por ciudadanos –de los cuales sus nombres fueron omitidos por protección de datos personales- la Procuraduría General de la República (PGR) y la Presidencia pusieron bajo llave esta información sin que exista una fecha –mes y año- para que pudiera conocerse en el futuro tal y como lo marca la Ley Federal de Transparencia.

El plazo máximo que dispone dicha norma es de 12 años para información reservada. Para la PGR, la cifra de muertos ahora es confidencial por razones de seguridad nacional por lo que ni siquiera podría conocerse en algún momento. En tanto, para la Presidencia se trata de información reservada toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados; sin embargo, no estableció cuánto tiempo más demorarían en ese trabajo.

Por lo pronto, la única información disponible será la que ya proporcionaron medios impresos como Reforma, El Universal y Milenio quienes han apuntado un incremento de alrededor de 12 mil muertos más respecto al cierre del 2010. La cifra oficial –la última que pudo conocerse en ese año- indicó que los fallecidos fueron alrededor de 34 mil. Estos medios de comunicación hacen sus estimaciones mediante sus propias bases de datos.

Animal Político solicitó a la Presidencia conocer sus razones para ocultar esos datos correspondientes al año 2011, pero optaron por no responder.

Esta postura oficial manejada por la Presidencia así como por la PGR representan un viraje en la política de transparencia de los últimos años. En agosto del 2010, durante los “Diálogos por la Seguridad”, el entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, reveló por vez primera que el conteo oficial había registrado, hasta ese momento, 28 mil muertos.

Esta cifra fue puesta sobre la mesa luego de que académicos y líderes de organizaciones civiles protestaron ante el propio Felipe Calderón por la falta de información sobre cómo iba la guerra contra el narcotráfico y, sobre todo, el resultado que tenían dentro de las Fuerzas Armadas.

A partir de ese momento no sólo se nombró a un vocero para informar sobre el estado de la guerra contra el narcotráfico, Alejandro Poiré, sino que además en el portal de la Presidencia se abrió desde entonces un espacio con cifras y datos sobre el número de fallecidos ya fuera por enfrentamientos entre bandas rivales, asesinatos por ajustes de cuentas, o bajas en enfrentamientos con el Ejército, la Marina o la Policía Federal.

La información concerniente a 2012 ya no fluirá hacia los académicos, organizaciones civiles y medios de comunicación. En su edición del pasado 3 de enero, The Washington Post criticó que después de prometer que actualizaría las cifras con regularidad, no ha informado por su propia cuenta el número de muertes (relacionadas con el narcotráfico), tal vez porque la línea de la tendencia no se vería bien.

Ayer, tres de los principales periódicos mexicanos ofrecieron cifras de sus propios recuentos sobre muertes relacionadas con el narcotráfico: Reforma publicó que en 2011 hubo un total de 12 mil 359 muertes, Milenio registró 12 mil 284 muertes relacionadas con drogas el año pasado y La Jornada contó 11 mil 890 muertes en 2011.

De acuerdo con el recuento de los diarios nacionales y las cifras publicadas hace un año por el gobierno de Calderón, la cifra total de muertos a cinco años de declarada la guerra contra el crimen organizado ya rondaría los 50 mil.

Información clasificada: PGR

El 20 de junio del año 2011, un ciudadano pidió a la PGR que le entregaran la base de datos sobre “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial” –como oficialmente se le ha conocido- con cortes semanales, desglosada por tipo de enfrentamiento. La información se requirió por municipio desde el año 2006 hasta el momento en que se hizo la solicitud.

En su primera respuesta, la PGR lo remitió a un portal de internet –el de la Presidencia- en el cual venían algunas bases de datos con información sólo hasta diciembre de 2010. Es decir, faltaba todo el año siguiente.

Al conocer este asunto –expediente 4482/11- la entonces comisionada María Marván –ahora nombrada consejera ciudadana de Instituto Federal Electoral (IFE)- admitió que la PGR tiene la obligación de procesar este tipo de datos, pero eso no significó que los tuvieran desagregados por municipios y en cortes semanales. La información-argumentó- tiene que entregarse tal y como está en los archivos oficiales.

No obstante, instruyó a la PGR para que hiciera una búsqueda exhaustiva entre sus dependencias y archivos sobre la existencia del número de muertos al cierre del año 2011, toda vez que existieron pruebas de que no lo había hecho así, sobre todo, dentro el Centro Nacional de Planeación y Análisis de Información (CENAPI).

Ante este fallo adverso, la PGR cambió de estrategia. Ya no declaró que la información es inexistente sino que la clasificó como confidencial.

En un documento enviado a quien hizo la solicitud de acceso a la información (SJAI/DGAJ/11230/2011), la PGR subrayó que los miembros del CENAPI firmaron por escrito una “promesa de confidencialidad” sobre los datos oficiales cuando se trata de fuentes relacionadas con operaciones de inteligencia, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional. Hacer lo contrario –argumentaron-, traería sanciones incluso penales.

El CENAPI –precisaron- sólo integra la información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y los gobiernos estatales por lo que está obligada a no revelar esos datos.

Información reservada: Presidencia

En el otro extremo de este caso está la propia Presidencia. En una solicitud de acceso a la información también se le requirió el número de muertos hasta diciembre del 2011 con la atenuante de que el entonces vocero de la guerra contra el narcotráfico, Alejandro Poiré, publicó un ensayo en la revista Nexos en los que adelantó datos preliminares sobre qué podría esperarse para el año recién concluido.

En su respuesta, la Presidencia entregó por correo electrónico algunas tablas preliminares sobre nueve estados en los que aparecieron datos sobre el número de muertos hasta mayo del 2011: Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Al estudiar este caso –expediente 4481/11- de nuevo la comisionada María Marván consideró que tampoco debía entregarse la información desagregada tal y como lo pretendió el solicitante –por municipio y con cortes semanales-.

Además respaldó la postura de Los Pinos en el sentido de que esta información, sobre todos los muertos durante el año 2011, permanecerán bajo “reserva” toda vez que divulgar esos datos sin que hayan sido verificados por las propias autoridades causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad.

De acuerdo con esta segunda postura oficial, el grupo CANDADO (grupo de contacto de alto nivel para la atención a la delincuencia organizada) es el responsable de organizar la información proporcionada por el gabinete de seguridad.

Esta información –reconocieron en el mismo expediente- se retroalimenta diariamente y es validada todos los viernes de cada semana. No obstante, los datos respecto al 2011 aun no están disponibles:

“(…) De proporcionarse lo solicitado por el recurrente –constancias o documentos con los cuales se alimenta la base de datos, de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada- se estarían entorpeciendo las actividades que realizan las dependencias inmiscuidas en el tema de la seguridad pública puesto que se entregaría información que no fue sujeta al proceso de validación y que podría constituir información que no cumple con la categorización o que fue duplicada lo que propiciaría confusiones o equívocos entre los ciudadanos”.

El IFAI confirmó que esta información está reservada. Sin embargo, en el mismo expediente ya citado no aparecieron precisiones sobre cuánto tiempo llevaría a la Presidencia “verificar esos datos” y tampoco los comisionados establecieron un plazo máximo para abrir la información. Es decir, se trata de una información “reservada” pero sin un tiempo específico para abrirse.