El análisis del presupuesto fiscal recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 nos demuestra que en materia ambiental, una vez más, se promueven políticas de corto plazo y con un alto impacto ambiental, en detrimento de una estrategia de sustentabilidad que permita un desarrollo equilibrado y sustentable.

A continuación compartimos algunos puntos destacados vinculados con el Presupuesto 2015 aprobado en el Congreso Nacional y la relevancia de la temática ambiental en dicho presupuesto.

El 90% de los servicios económicos del presupuesto se destinarán a servicios de energía, combustibles y minería y transporte, mientras que el 10% restante se distribuirá entre comunicaciones; ecología y medio ambiente (0,3%); agricultura; industria; comercio, turismo y otros servicios y seguros y finanzas.

Para el año 2015, en cuanto a energías renovables sólo se mencionan en el Presupuesto programas de eficiencia energética y el ya conocido PERMER, totalizando $ 237 millones, junto con el Fondo para la Energía Eólica por $ 3,7 millones (que representa un 1,5% de los fondos compatibles con el cambio climático). Por su parte, la partida presupuestaria vinculada a la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica alcanza un total de $ 78.735 millones.

Para los bosques nativos el monto asignado asciende a $ 248 millones, el cual es el 5% de lo que le corresponde de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26.331 de protección de Bosques Nativos, situación que se viene repitiendo desde la sanción de la norma, hace 6 años.

Respecto a la Cuenca Matanza Riachuelo, mencionada como uno de los principales hitos en la función de Ecología y Medio Ambiente, el monto asignado es un 14% mayor al 2014, el cual resulta acorde para cubrir el 15,6% de inflación anual estimada en el proyecto de presupuesto (cubierto en un 80% con fondos internacionales).

En lo que hace a la Protección de Glaciares, el presupuesto 2015 no contiene ninguna partida destinada a solventar la realización del inventario de Glaciares, que resulta fundamental para el cumplimiento de los dispuesto por la Ley N° 26.639, situación que se repite desde el momento de su sanción en el año 2010.

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