Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) retaron al contralor del organismo, Gregorio Guerrero, a probar que hubo impunidad en la decisión de exonerar a Fernando Santos, ex director ejecutivo de Administración, por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble.

En entrevistas por separado, los consejeros María Marván, Alfredo Figueroa y Lorenzo Córdova, aseguraron que la resolución estuvo basada en los principios de legalidad.

El miércoles pasado, Guerrero acusó a los consejeros de “esconder la mugre bajo el tapete” y permitir la impunidad al no sancionar las irregularidades halladas en la compra de un edificio.

Y es que el Consejo General rechazó por unanimidad sancionar a Santos, a quien la Contraloría encontró responsable de un daño patrimonial por 124 millones de pesos, al comprar el edificio en cuestión a un precio inflado.

Según el expediente, el inmueble fue adquirido, a propuesta de Santos Madrigal, en 262 millones de pesos, con base en un avalúo de Banobras en noviembre de 2009, pese a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales fijó el valor del inmueble en 118 millones de pesos en diciembre de 2008, y en 125 millones en julio de 2009.

Ayer, el consejero Alfredo Figueroa exigió a Guerrero acudir a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político si tiene pruebas de que actuaron de manera indebida.

“Si él tiene esa convicción debería de acudir ante las instancias correspondientes a establecer su dicho. Tiene el deber de hacerlo, yo esperaría que lo haga contra quien él estime que ha actuado de manera diversa a los principios constitucionales. El IFE no quiere impunidad, pero eso no quiere decir que permita violaciones al debido proceso”, dijo.

Ese tipo de declaraciones, dijo, lo que hacen es encubrir la insuficiencia e incapacidad que tuvo para presentar un dictamen.

Por su parte, Lorenzo Córdova se dijo dispuesto a responder ante cualquier instancia.

“Si es una decisión del Contralor que tiene que presentar denuncias, pues que las presente. De acuerdo con el proyecto, yo no estoy diciendo que el funcionario sea impoluto, pero simple y sencillamente que estamos hablando de un funcionario que, de acuerdo con la ley, sólo puede ser sancionado por la comisión de irregularidades graves y sistemáticas, y no hay elementos de prueba”, manifestó.

Para María Marván Laborde, nadie en el IFE tiene interés en que no haya transparencia, ni rendición de cuentas.

“El Contralor nos presentó un dictamen en donde se asevera que hubo un daño patrimonial de más de 120 millones, el expediente no acredita eso, lo que él presentó como dictamen final, no hay manera de comprobarlo fehacientemente”, resaltó.

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