De izquierda a derecha, Mariano Rajoy, Mercedes Alonso y Francisco Camps. Foto: PP Valencia

La investigación nacida en torno a la Diputación de Valencia apunta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá . De momento, la Fiscalía acusa al PP valenciano blanquear mordidas y donaciones de sus militantes para financiar ilegalmente sus campañas. Pero más aún que la, en el PP preocupa los avances respecto a otra investigación que podría demostrar que en Valencia, loshabrían utilizado asociaciones ‘tapadera’ para ocultar su dinero”.Fue el 5 de abril de 2013 cuando este periódico desveló que el PP de Elche habría “utilizado como tapadera” la Asociación Popular de Elche con el objetivo de que no existiese ningún control sobre los recursos de los que disponía el partido. Algo que podría haber constituido una práctica habitual en toda la provincia de Alicante. En este sentido, ELPLURAL.COM también constató posibles irregularidades en los municipios de Benidorm En su día, el Partido Socialista ya manifestó a ELPLURAL.COM que de demostrarse estas irregularidades, estaríamos ante una “presuntaa nivel local”. Previamente, el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una denuncia ante el juzgado de instrucción decano de Elche , contra la presidenta del PP y exalcaldesa de esta localidad alicantina, Mercedes Alonso, por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.La denuncia, que dos años después habría desembocado en esta investigación, se producía después de que varios militantes asegurasen que el Partido Popular de Elche no existía en términos legales al no disponer de NIF ni de cuenta bancaria. Cabe recordar que la Ley sobre financiación de los partidos políticos exige que las cantidades donadas a los partidos políticos sean abonadas en cuentas de entidades de crédito abiertas exclusivamente para dicho fin, y obliga a llevar los correspondientes libros de contabilidad, tesorería, inventarios y balances. Según Manos Limpias, nada de esto se producía en el PP de Elche.Como ejemplo, el sindicato ultraderechista exponía en su denuncia que en las últimas elecciones a la presidencia y ejecutiva del PP de Elche (celebradas en noviembre de 2012), Alonso exigió a sus miembros estar al corriente de pago de cuotas en los últimos cuatro años para ejercer el voto. De los 9.000 militantes con los que contaba el PP, acudieron a votar 721 personas, recaudando un total de 88.000 euros en efectivo. Manos Limpias consideraba que esta cantidad se recaudó “al margen de la ley y sin saber el destino del dinero entregado”.En declaraciones a ELPLURAL.COM, Enrique de Diego, periodista ultraconservador que denunció públicamente esta presunta trama, asegura que “el PP, en la Comunidad Valenciana ha conseguido la corrupción perfecta. Es sencillo de entender, pero difícil de imaginar. El PP no tiene personalidad jurídica en las agrupaciones locales; no tiene finanzas ni contabilidad. En sentido estricto, el PP no existe. Es simplemente una marca, que funciona como una franquicia en cada población. Una auténtica mafia muy lucrativa para los dirigentes”.En su opinión, se trata “del mayor escándalo de la historia de la democracia, al lado del cual todos los demás palidecen. Toda la financiación es irregular y todo el dinero se mueve al margen del circuito legal. La cantidad de dinero que se ha movido y mueve fuere del circuito legal, con todo el acompañamiento de apropiaciones indebidas, prevaricaciones y delitos fiscales, es incalculable”.Paralelamente, el periodista que en su día fue uno de los principales rostros de Intereconomía reitera que el PP en la Comunidad Valenciana funcionaba a través de ‘asociaciones tapaderas’: “Muchas de ellas se apellidan popular. Así la Asociación Popular de Elche o la Asociación Popular de Elda o las de Benidorm y Gandía. Pero ha habido también campo para la inventiva, como en la localidad alicantina de El Campello, donde el PP ha cobrado las cuotas y ha funcionado a través de la Asociación de Amigos de El Campello. Estas asociaciones sin ánimo de lucro dependen de la Generalitat Valenciana. Sortean de esa forma la fiscalización del Tribunal de Cuentas. No rinden cuentas ante los afiliados”.A su entender, “que el PP no exista, ni jurídica ni financieramente, significa que los alquileres de las sedes no están a nombre del PP, ni los teléfonos, ni el personal laboral, que normalmente trabaja en negro. Irónicamente, se podría decir que en la Comunidad Valenciana el PP es un partido sumergido, completamente sumergido (…) Y es que cada Asociación la controlan dos o tres personas, que no rinden cuentas a nadie. Es la corrupción perfecta porque pueden cobrarse comisiones de empresarios y llevarse el dinero a casa y dedicar una parte a mantener el negocio, a las campañas electorales. Es un esquema sencillo y sumamente eficaz, porque nadie fiscaliza las cuentas y la Generalitat estaba gobernada con el PP. El actual poder hasta ahora no ha hecho nada para aclarar este escándalo, que por sus dimensiones y su carácter orgánico bien puede llamarse caso PP”.Respecto a las repercusiones futuras que pueda tener esta presunta trama, Enrique de Diego lanza la siguiente advertencia: “Hemos detectado más de treinta de estas asociaciones apellidadas popular y con el nombre de la localidad. Tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia, y en diversas comarcas. Con otras denominaciones, funcionarán en el resto de localidades. Y si así se funciona en la Comunidad Valenciana, es posible que sea un esquema de funcionamiento más extendido a otras autonomías. Un dato relevante es que la responsable de la Asociación Popular de Elda y una de las propagadoras de la trama en su etapa al frente de la secretaría general del PP de la Comunidad Valenciana, Adelaida Pedrosa se presenta en estas elecciones al Senado por la provincia de Alicante, en lo que parece una búsqueda desesperada del aforamiento”.