“El 9 de febrero de 1999 Eduardo Zaplana inauguraba oficialmente las instalaciones de Alzira”, rememora el periodista Sergi Castillo (Cocentaina, 1978) en la introducción de su recientemente publicado título La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019). Se trataba del primer hospital español cuya gestión se entregaría a una empresa privada a cambio de un canon. “En el discurso, el presidente de la Generalitat habló de ‘fórmulas inteligentes de gestión’ y de ‘adaptarlo a nuevas exigencias’, y dijo que el proyecto pretendía ‘humanizar’ y ‘mejorar la capacidad de servicio’”, reseña.

Unos meses después, continúa Castillo en el siguiente párrafo, José María Aznar visitó las instalaciones y bendijo el el experimento, afirmando que Alzira “marca un camino, marca una señal, marca una tendencia y marca un modo de resolver las cosas sencillamente muy positivo en el Sistema de Salud Español”. Mientras la profecía de Zaplana resultó errónea, la de Aznar iba por el buen camino. Salvo por la segunda parte de la afirmación.

Sergi Castillo ha invertido más de una década en investigar la corrupción valenciana, y en esta ocasión ha descubierto qué ha pasado con la sanidad pública en los últimos veinte años. Ganador de la beca de periodismo de investigación que anualmente convoca la Unió de Periodistes, el resultado es un entramado de nombres propios, empresas, políticos y prácticas que reafirman la corrupción sistémica del gobierno valenciano del Partido Popular, casi siempre con “parada” en la sanidad, y las presiones que siguieron a los intentos de reversión de un modelo que convirtió al País Valencià en un “laboratorio” de la privatización.

¿Qué tiene de ideológico, qué de político y qué de económico la privatización de la sanidad?

Mi conclusión es que esto no es una batalla política ni ideológica, no se trata de modelos que se enfrentan… Es simplemente una batalla económica, todo va por el dinero. Hay empresas que buscan hacer negocio y no les importa nada quién gobierne, es un lobby muy poderoso y esta batalla se reduce a cifras. Pero en este caso hablamos de vidas humanas.

Sin embargo, en el libro apuntas algo muy ilustrativo vinculado a lo ideológico: cuando el PP accedió al gobierno valenciano, cambió de nombre del Servicio de Salud para dar paso a “una marca más comercial y alejada del apellido ‘público’”.

Al final todo está muy relacionado. El hecho de rebautizar el Servei Valencià de Salut —que era el nombre que usaba el anterior Ejecutivo— como Agència Valenciana de Salut ya suponía un cambio importante. Era casi como una marca comercial. Pero más que el nombre son las decisiones que se han ido tomando, el hecho de ir delegando responsabilidades o servicios públicos.

No estamos hablando de quién confecciona las batas de los médicos, sino de quién, cuánto y cómo paga al médico por hacer su trabajo. Más allá de lo que es la limpieza o el catering de los hospitales —cosas que se puede justificar, hasta cierto punto, que se externalicen—, estamos hablando de la asistencia, de operaciones, del día a día de los centros de salud… Entramos en una fase mucho más compleja, muy importante para el balance de resultados. Y ellos al final lo que quieren es sacar rendimiento económico a su inversión, porque son empresas y es lógico que su finalidad sea ganar dinero.

Pero la mezcla que se produce entre las personas que están al frente de estas empresas con el partido gobernante es escandalosa, por eso digo que el concepto de “puertas giratorias” se queda pequeño para lo que ha ocurrido en la sanidad valenciana. Luis Concepción, uno de los empresarios pioneros de la resonancia magnética que hizo mucho negocio en este campo, era el portavoz de sanidad del PP en Las Cortes valencianas. O el caso de Manuel Llombart, director del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y Conseller de Sanidad del PP en otro momento. No es que haya puertas giratorias, es que no hay barrera que divida el empresariado del PP con el político del PP.

¿Cómo fue el proceso de la investigación?

Me gustaría agradecer el trabajo que algunos compañeros han hecho previamente, porque se han publicado muchas cosas de manera aislada. Yo elegí este tema para presentarlo a la beca de la Unió de Periodistes por la cantidad de noticias que iban apareciendo sin aparente conexión, pero sobre las que pensaba que no se debían leer de forma aislada, que podía existir un relato común, algo que enlazara todo lo ocurrido durante esos años y también la campaña de desprestigio hacia la consellera Montón y al gobierno del Botànic. Mi trabajo ha sido aprovechar el material que existía, buscar a los protagonistas, ver quién pagaba qué, dibujarlo todo en una pizarra y ver la monstruosidad del tamaño de este gran lobby, de este conjunto de intereses que se han unido para aprovecharse de las arcas públicas.

Acabas de mencionar que se publicaban informaciones aisladas. En la investigación hablas del control que existía sobre la información y sobre cualquier voz disidente, como la de UGT cuando publicó un informe acusando directamente al gobierno y a su gestión sanitaria de la muerte de miles de personas. ¿En qué se tradujo esta política del silencio?

Todo está relacionado, estas redes clientelares han llegado a todos los sitios y el que se salía del discurso oficial era tachado incluso de “antivalenciano”. Ha habido compañeros periodistas con un montón de querellas, y a los medios de comunicación que no comulgaban con el poder se les cerraba el grifo. Existen varias sentencias que demuestran que hubo decisiones sectarias contra disidentes.

También ha habido un control absoluto de la información sanitaria, se crearon revistas especializadas que se distribuían de forma gratuita a todos los centros sanitarios —públicos y privados— en los que se alababa el modelo Alzira, y se hicieron campañas por tierra, mar y aire para infundir un estado de opinión favorable a que se mantuviera el estatus de Ribera Salud.

Sergi Castillo ha publicado recientemente La batalla per la sanitat valenciana, un exhaustivo estudio sobre la privatización de la sanidad Paula Perales Martínez

En el caso de los sindicatos lo mismo. Se tomaron medidas de todo tipo. El Sindicatos de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) intentó convocar una huelga que fue reprimida, incluso utilizando a otros sindicatos de aliados. Se ha jugado con todas las armas posibles. Estamos ante gente muy poderosa, de quienes dependen muchos puestos de trabajo, y ante eso es muy difícil luchar.

Defines el modelo Alzira como un laboratorio de la privatización de la sanidad, que se ha exportado a otras autonomías, ¿por qué ha tenido, al menos en apariencia, tanto éxito?

Porque es muy cómodo para la administración, que se desentiende y delega en una firma privada, que es la que ejecuta: va pagando y la empresa va haciendo. Por eso tiene éxito, cuando la administración no tiene recursos económicos para hacer la inversión, para levantar hospitales y centros de salud, se lo va pagando poco a poco a una empresa.

Esta forma de trabajar no es nueva, la peculiaridad del caso valenciano es que detrás de Ribera Salud está De Rosa, que es un apellido pata negra del PP valenciano, y lo escandaloso es la ausencia de controles de la empresa en la que se delega. Si la administración delega en una empresa, debe controlar cómo se gasta el dinero, si se va cumpliendo el pliego de condiciones y los compromisos adquiridos… Cuando resulta que la persona de la administración que debería controlar pasa a ser un empleado e incluso un directivo de la empresa controlada, como ha ocurrido en Ribera Salud, se demuestra la connivencia, el colegueo… Y si a todo esto le sumamos las relaciones estrechísimas, las UTE [Unión Temporal de Empresas] con empresarios corruptos confesos (como el caso de Enrique Ortiz y otros nombres), ahí creo que deben saltar todas las alarmas.



Has investigado en profundidad la corrupción valenciana, reflejada en títulos previos —Tierra de saqueo y Yonkis del dinero—, pero ¿qué importancia tiene que se desarrolle en el ámbito sanitario?

Al dibujar ese panorama general de corrupción sistémica, me sorprendía el protagonismo que tenía la Conselleria de Sanidad, porque cinco de los ocho consellers del PP de este ámbito eran cinco de los presuntos principales protagonistas de la corrupción valenciana.

Y es que esta Conselleria baraja más de un tercio del presupuesto de la Generalitat, ahí es donde está el dinero. Y a la hora de gastar o esconder dinero, es donde más desapercibido pasa, porque ¿quién va a oponerse a que se gaste más dinero en sanidad? ¿Quién va a decir que no a más recursos en hospitales, resonancias…? Nadie. Si hay que gastar dinero, todos estamos de acuerdo en que sea en educación y sanidad. Así que, tal y como se refleja en la investigación, todas las tramas de corrupción —Taula, Over marketing, Gürtel, Taroncher…— han pasado por la Conselleria de Sanidad, porque nadie ponía tanto celo en su gasto. Por eso la Conselleria de Sanitat era un epicentro de la corrupción.

Todas las tramas de corrupción —Taula, Over marketing, Gürtel, Taroncher…— han pasado por la Conselleria de Sanidad, porque nadie ponía tanto celo en su gasto

Sí. Yo tenía dudas, porque los valencianos hemos consentido muchas cosas, parecía que mirábamos a otro lado. Hemos dado muchas mayorías absolutas al Partido Popular y la sociedad valenciana debía hacer autocrítica. Cuando hablaba con Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones Para la Defensa de la Sanidad (FADSP), le planteé que en la Comunitat Valenciana no habían existido las protestas de la Marea Blanca que se produjeron en Madrid. Hubo algunas convocatorias pequeñas, pero en la capital la movilización social consiguió paralizar la privatización de la sanidad de Esperanza Aguirre e incluso que algunos consejeros dimitieran, pero en València no sucedía nada así.

Él me dijo algo en lo que, visto con perspectiva, creo que tiene razón: en València conseguimos algo mucho mejor, que fue que hubiera un cambio de Gobierno en 2015, un cambio de régimen y de sistema para poner lo público en el centro. El modelo Alzira en el hospital de Alzira ya no funciona y está previsto que deje de funcionar en el resto de concesiones, con lo cual se consiguió un cambio. Aunque en este caso no fuera por la vía de la protesta en la calle, creo que la gente vio que no íbamos por el buen camino.



Como comentas, la respuesta valenciana no fue firme desde el principio. ¿Era por apatía política, centralismo informativo —la mayor protesta por la sanidad pública fue en Galiza y los medios apenas se hicieron eco—, censura generalizada...?

Hay que tener en cuenta que durante dos décadas se tejieron unas redes clientelares enormes, muchísima gente participó en el sistema. Había mucha gente que vivía más o menos bien en esta etapa, y hasta que no llegó la crisis económica no fuimos conscientes de lo que estaba pasando en realidad.

En Ribera Salud pasaba lo mismo, había mucha gente trabajando de todos los partidos políticos, de sindicatos… Había mucha gente colocada, estómagos agradecidos que intentaban silenciar cualquier atisbo de protesta o crítica. También en los medios de comunicación, con las ingentes cantidades de dinero que pagaban estas empresas o la administración pública del PP para que todo fuera del color de rosa. Esa es la sensación que se vivía en València durante aquellos años, no hace falta recordar las palabras de Rita Barberá o cómo se anunciaba la Ciudad de las Artes o Terra Mítica… El discurso de que éramos felices y por fin ocupábamos un lugar en el mundo caló profundamente en la sociedad valenciana.



Has mencionado a Sánchez Bayle. Recientemente declaró para El Salto que, mientras en territorio valenciano se habían dado pasos para invertir la privatización de la sanidad, en la Comunidad de Madrid —la autonomía con mayor nivel de privatización de servicios sanitarios—, se seguía avanzando en el mismo sentido. ¿Es posible volver a como estábamos, o incluso ir a peor?

Sí, por supuesto. No hay un punto a final. Esto es una batalla, no la batalla final, el peligro está ahí. Hablamos de lobbies muy poderosos que no es que controlen a un partido político, es que están dentro de los tejidos asociativos de diferentes formaciones. Esto puede volver en cualquier momento, de hecho no se ha ido todavía: el gobierno del Botànic tomó muchas decisiones en su día que todavía no han culminado, como el rescate de hospital de Dénia o de Torrevieja o el fin del negocio de las resonancias magnéticas.

El gobierno del Botànic tomó muchas decisiones en su día que todavía no han culminado, como el rescate de hospital de Dénia o de Torrevieja o el fin del negocio de las resonancias magnéticas

Hay decisiones que están encontrándose con muchos problemas, pero en casos de autonomías donde el control del Partido Popular es absoluto y las relaciones con estos lobbies de poder están en plena esfervescencia, veo muy difícil que pueda emprenderse el camino que afortunadamente se emprendió en València. Al final puede pasar de todo, podemos volver atrás o estar incluso peor de lo que estábamos, pero también se puede culminar el proceso que se inició. Yo espero que pase lo segundo y que la reversión de estas cinco concesiones valencianas sea una realidad en el plazo que terminan.



Ya sea en Madrid o en València, ¿el ciudadano medio es consciente de todo este proceso de privatización de recursos públicos cuando va a una consulta?

Creo que a la gente le interesa muy poco quién le paga al médico, a la gente lo que le interesa es que le atiendan bien. Pero lo que no puede ser es pagar cualquier precio que para que este modelo Alzira funcione, y de acuerdo con los datos del SIMAP, ese ahorro de costes solo es posible en base a que haya menos personal o peor pagado. Como sociedad debemos exigir que el médico que me atienda esté cobrando como cualquier otro, y que su carga de trabajo sea igual y sus condiciones laborales, buenas. Lo importante es que el dinero público se gestione bien y el servicio público sea de calidad y eso, según hemos visto, no se ha llevado a la práctica en este ejemplo.



Profundizas sobre ello en el libro, diciendo que justificar la privatización por el ahorro de recursos y de tiempo es mentira ya que la sanidad pública paga por intervención en la privada hasta cinco veces más, ¿puedes explicar esto?

El PP llega al poder y ve que hay unas listas de espera enorme, por lo que idea los planes de choque, para trasladar las operaciones a las que la pública a las clínicas privadas. Y dice: “Tranquilos, que esto no os costará un duro a los que vais a las clínicas privadas”. La mentira parte de la base, porque eso se paga con dinero de las arcas públicas. Eso redunda en el sistema, ¿por qué tenemos que pagar a esas clínicas privadas cuando esas operaciones, si hacerlas por el sistema del autoconcierto (por el cual los mismos profesionales de las públicas trabajan por las tardes, realizan las mismas operaciones) va a resultar mucho más barato?

Con ese modelo se estaba desviando el dinero, engordando todavía más a un sector privilegiado en detrimento de lo público. Otro ejemplo es la compra de aparatos para las resonancias magnéticas: como no los tenemos, pagamos a las privadas para que las hagan, pero al final el coste es mucho más elevado que si tuviéramos la tecnología desde lo público. ¿Quién se beneficia al final? Los empresarios afines al PP, todo termina en el mismo sitio.

Según el SIMAP, para que el modelo Alzira funcione, el ahorro de costes solo es posible en base a que haya menos personal o peor pagado

Aquí hay un debate interesante. En este caso, por la mala financiación de la Comunitat, no hay recursos y existe un empresario que ofrece abonar ese dinero para comprar estos equipos. Yo personalmente tampoco lo dejaría marchar. Otra cosa es el debate de si este empresario debería pagar más impuestos, pero en este caso hay una donación que va a redundar en la sanidad pública, por lo que entiendo que la actitud que tuvo el Botànic de aceptarla fue correcta. Pero está claro que es algo muy puntual, no podemos depender de las donaciones de un empresario.

Lo que hay que hacer es dotar a la sanidad pública de recursos, y este proceso todavía no ha culminado. El problema es que como han sido tantos años de tejer una madeja de relaciones personales y asuntos legales, es complicado que todo vuelva a su cauce. Y ahí sí que creo que hay que alabar la tenacidad que tuvo en su día Carmen Montón.



Esta exconsellera intentó hacer varias apuestas que chocaban frontalmente con colectivos poderosos, como son las farmacéuticas y las universidades privadas. Pero estas medidas se iban paralizando, bien por los propios colectivos, bien por el cambio de políticas, bien por la justicia… ¿La existencia de los lobbies que mencionabas al principio puede imposibilitar que haya avance?

Es que en algunos aspectos esto es la lucha de David contra Goliat. Como comento en el libro, estas empresas están recibiendo alrededor de mil millones de euros al año de las arcas públicas necesarios para que continúen con su negocio, y por eso ponen toda la carne en el asador para no perderlo. En el caso de Carmen Montón pasó lo mismo. Muchas cuestiones que se llevaron a la justicia no fructificaron y las razones son múltiples (han prescrito, fueron vías inadecuadas, no hubo pruebas suficientes…).

A nivel legal no tuvo demasiado éxito la línea que emprendió el Botànic, pero había que hacerlo y por lo menos todas esas cosas, y hay algo importante: han llegado a la opinión pública. Se han puesto al descubierto algunas formas de trabajar que, si no son legales, al menos son llamativas o comprometidas. Y eso se debe saber, y creo que esa pequeña batalla sí se ha ganado.



Al final del libro desvelas que “queda claro que los intereses multimillonarios de la sanidad pública valenciana no eran cuestión exclusiva de un partido político”. ¿Qué debemos exigir a los políticos, sean del signo que sean?

La vigilancia. Vale que los empresarios trabajen, pero que lo hagan con una inspección fiable que nos dé garantías de que se está realizando bien la gestión y de que el dinero no va a fluir de nuevo en manos de delincuentes confesos, como los que han tenido como socios alguno de los grandes magnates de la sanidad privada valenciana.



La última: en el texto haces una comparativa de la privatización de la sanidad con la de las autopistas, explicando que la diferencia es que no circulan vehículos sino vidas humanas y el modo de pago, que no es directo sino que se hace a través de las administraciones. Más adelante incluso señalas que ambas cosas han sido rescatadas en un momento dado. Siguiendo esta metáfora de las autopistas, ¿cuál sería el peaje que se paga en el caso de la privatización de la sanidad?

Yo creo que es la pérdida de la igualdad. De que no todos los ciudadanos tengan los mismos derechos o las mismas prestaciones, sino que vaya en función de la comarca en la que habitas. Para hacer atractivo el modelo Alzira se han ofrecido unos servicios que probablemente no eran necesarios, o se han priorizado unas cosas por encima de otras: el hospital de la Fe, por ejemplo, ha sufrido mucho desgaste, y es al que tenemos que acudir la mayoría de valencianos para cuestiones que requieren más inversión.

El peaje, en definitiva, es que el mapa sanitario no se elabora en la búsqueda de unos criterios igualitarios, que dejan de ser una cuestión prioritaria para priorizar la rentabilidad económica. Y ahí es donde creo que esto falla, porque la sanidad no debe pensar en qué puede dar dinero, sino en cómo puede mejorar la salud de los vecinos.

