Alfonso Romo Garza, actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, fundó la empresa Enerall en 2007, un megaproyecto que en los últimos 10 años obtuvo concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán. Esta compañía biotecnológica se sirve del acuífero con la reserva más importante del país, pero cuya disponibilidad media anual ha bajado 43%. Durante su expansión ha afectado la vegetación y fauna sin que se conozca cómo cumple las medidas de mitigación ambiental. Además fue investigada por destruir sin autorización un cenote, que son cuerpos de agua sagrados para la cultura maya: la investigación del caso se saldó con una multa y sin que se remitiera el expediente para una averiguación penal. Romo, quien fue uno de los empresarios más conocidos de México, dejó Enerall, antes de integrar el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a finales de 2018, pero la propiedad de la compañía sigue estando en manos de su familia

TIZIMÍN, Yuc.(apro).- Un daño ambiental en la Península de Yucatán llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a investigar en abril del 2018 un megaproyecto de biotecnología fundado por Alfonso Romo Garza, actual jefe de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los inspectores encontraron un cenote de 5,500 metros cuadrados que fue tapado con tierra, rocas y despalme y convertido en solo fango. Pese a esos hallazgos, la Profepa no remitió el caso al Ministerio Público para que investigara si los hechos habían configurado un delito ambiental.

La responsable de los hechos se llama Enerall, una empresa asentada sobre la reserva de agua dulce más importante del país. Fue fundada en 2007 y una década después, mediante un esquema de acumulación de territorio con el que reunió casi 15,000 hectáreas, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola de la Península de Yucatán y la tercera en todo el país.

Para la expansión de sus operaciones, la empresa intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas. En las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que le fueron aprobadas, Enerall contempla la ejecución de 11 medidas para mitigar daños medioambientales.

Actualmente se desconoce cómo las implementaron y los resultados. Profepa no ha practicado auditorías para verificar el cumplimiento de esas disposiciones y Conagua tampoco ha realizado evaluaciones para analizar la calidad del agua en los predios de la empresa. El cenote, de hecho, fue tapado a pesar de que en las MIA Enerall había aceptado preservar esos cuerpos de agua y de que carecía de permisos para intervenir el que fue destruido, según la averiguación de Profepa, que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con una clausura temporal del rancho donde se encontraba el reservorio dañado.

Así lo revela una investigación que se desarrolló en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univision, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). El trabajo implicó la formulación de más de 1,500 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia, la obtención de más de 1,000 documentos de la empresa y sus operaciones, así como el análisis de más de 147 mil datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los datos obtenidos muestran cómo la rápida expansión convirtió a Romo Garza, a través de Enerall, en un cacique del agua en territorio maya. La compañía necesita grandes cantidades del líquido para cumplir la visión de su fundador de convertir en fértiles suelos improductivos por ser pedregosos. El objetivo es acelerar el ciclo de la naturaleza dos siglos, como ha explicado el propio Romo, ingeniero agrónomo de 69 años.

“Si ustedes van de Cancún en carro a Mérida, no hay nada. Bueno, pero toda esta zona está asentada en agua. ¿Qué hicimos? Lo van a ver. Usando tecnología de punta, mexicana, de microorganismos, estamos convirtiendo suelos de improductivos en productivos. Lo que la naturaleza hace en 200 años, lo estamos haciendo en un año”, dijo a un grupo de emprendedores en marzo de 2017 durante un foro de la revista Forbes.

Este no ha sido el único proyecto de tecnologías genética aplicadas en el que ha estado involucrado el jefe de gabinete. Romo fue el inversor principal de Synthetic Genomics, una firma dedicada a la biología sintética liderada por Craig Venter, el científico que completó el mapa del genoma humano. Además, años atrás, fundó Séminis, una compañía que fue adquirida por Monsanto, una de las principales fabricantes de semillas transgénicas del mundo.

La tecnología empleada para lograr los objetivos en Yucatán se basa, entre sus componentes fundamentales, en el uso de un sistema que extrae agua del subsuelo para regar las tierras 270 días al año a través de 60 pozos y 30 pivotes, cada uno de los cuales se mantiene activo durante 7 horas diarias, de acuerdo con una descripción remitida por la empresa a la Profepa y los expedientes de Conagua.

La información interna de Enerall contenida en el expediente de Profepa también señala que puede producir 12,000 toneladas de graneles en un área de tan solo 1,800 hectáreas en el ciclo otoño-invierno. En una nota de prensa publicada en noviembre de 2017 por Cargill, multinacional estadounidense con la que Enerall tiene una alianza comercial, se señalaba que la producción de la empresa fundada por Romo sería la principal fuente para alimentar una planta de almacenamiento de granos inaugurada entonces con 50,000 toneladas de capacidad y proyectada para llegar a los 130,000 en el futuro. El detalle de a cuánto ascendía la productividad de Enerall, sin embargo, no se aclaraba en el comunicado.

El agua del acuífero de la Península de Yucatán, del cual Enerall ha logrado servirse como ningún otro particular, es clave para la zona. Aunque el acuífero cuenta todavía con recursos masivos, en la última década ha visto desplomarse en casi 50 por ciento su disponibilidad media anual. El hecho ha coincidido, entre otros factores, con el salto en el otorgamiento de permisos para explotar el acuífero en los últimos 10 años, como evidencian los propios datos de Conagua.

El retroceso en la disponibilidad de agua ha provocado malestar entre productores mayas, quienes a partir de 2016, según la Conagua, padecen registros históricos de sequía extrema: coinciden en que sus pozos están secos o descienden de nivel por culpa de quienes riegan sin parar.

Los cenotes, semejantes a grandes pozos, se alimentan de agua a través de las conexiones subterráneas que se extienden por la región. Representan la única fuente de abastecimiento y eran considerados sagrados por los ancestros mayas. Tizimín es la localidad que reúne la mayor cantidad de cenotes en el país, con 369 de 3,001, y fue allí donde Enerall fue acusada de dañar uno en el Rancho Asideros.

Cuando se dio la batalla legal con la Profepa por azolvar el cenote, en abril de 2018, Romo Garza lideraba el Grupo Plenus del cual Enerall es subsidiaria y, en esas mismas fechas, era coordinador de la campaña presidencial de López Obrador, para entonces ya el favorito en las encuestas. También estuvo al frente del equipo que redactó las bases económicas del Proyecto de Nación del actual gobierno, y que contempla obras en el sureste mexicano, como la construcción del Tren Maya, que tendrá una estación a sólo 50 kilómetros de Enerall, y de la cual ya se lanzaron las bases de la primera licitación.

Romo abandonó Grupo Plenus en noviembre de 2018, según su declaración patrimonial, para convertirse en el Jefe de la Oficina de la Presidencia. El Registro Público de la Propiedad de la Secretaría de Economía refiere que uno de los socios activos de la empresa es Gustavo Romo Garza, hermano del jefe del Gabinete. Sin embargo, al ser un sistema declarativo y no constitutivo, la empresa pudo tener más movimientos, aunque aún no son reflejados.

Alfonso Romo Garza tiene una larga trayectoria como hombre de negocios, pero también supo relacionarse con el poder. Mantuvo relación estrecha con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox. Sin embargo, con López Obrador se lanzó como funcionario público. Su historial en Yucatán no representó motivo alguno para que el actual presidente mexicano lo alejara de su entorno. López Obrador en su plan de gobierno propuso crear conciencia sobre el uso racional de las aguas y en discursos insistió en que será inflexible en castigar los delitos ambientales: “El que daña el medio ambiente es castigado”.

El poder de Romo Garza como mano derecha de López Obrador se afirmó el año pasado, luego de ganar su primer round político contra el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien renunció al gabinete el 9 de julio de 2019.

Urzúa lo acusó de tener un potencial conflicto de interés por intentar infiltrar las secretarías económicas con funcionarios afines a sus intereses de negocios, lo que Romo negó. Aquella mañana, mientras los mexicanos se enteraban de la noticia, Romo estaba reunido con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, hablando de nuevas inversiones en ese estado.

El pasado 29 de enero del 2020 también fue nombrado coordinador del gabinete de Fomento, Inversiones y el Crecimiento Económico en el contexto del Acuerdo Comercial T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al cierre de edición, ni el jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, ni la representante legal de Enerall, Katia Aguiar, respondieron a los cuestionarios y las solicitudes de entrevista que se les proporcionaron con anticipación. La secretaria particular del jefe de gabinete, Regina Sada, recibió las preguntas sobre el caso y las solicitudes telefónicamente. A su vez, se tuvo contacto directo con la abogada Aguiar, quien respondió a título personal vía correo electrónico que infería de las preguntas presentadas “información no actualizada e imprecisa”. En un principio señaló que el plazo inicial ofrecido para contestar no era suficiente para cumplir los procesos internos para dar una respuesta. Al finalizar la prórroga concedida, apenas afirmó que comenzaría a realizar la gestión sin ofrecer precisión sobre fechas.

Preguntas formuladas por escrito igualmente fueron remitidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no fueron contestadas pese a que se canalizaron personalmente a través de su jefe de prensa, Jesús Ramírez. Del mismo modo, ni el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ni el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, respondieron las consultas presentadas.

Agua y expansión

Romo no eligió el paraíso maya por casualidad sino por las características del área que representaron para él un diamante en bruto. Caminar en Tizimín es como hacerlo sobre un gigantesco queso gruyere. El suelo posee miles de conductos que permiten que la lluvia penetre rápidamente en el subsuelo y que los acuíferos subterráneos se recarguen. Ese rasgo es común en la región y ello hace que bajo los suelos de la Península de Yucatán se resguarden dos terceras partes del agua renovable del país, de acuerdo con el Atlas de Agua en México publicado en 2018 por Conagua.

El volumen que Enerall puede explotar en un año podría ser envasado en 8,400 millones de botellas de dos litros, y también sería suficiente para llenar casi 17 veces el Estadio Azteca, el segundo más grande de América Latina. Son 16.81 millones de metros cúbicos cada 12 meses y 168 millones asegurados por una década, según datos analizados del periodo 2012 al 2019 que fueron obtenidos del sistema de REPDA de la Conagua y contrastados con las versiones públicas de los expedientes de los títulos de Conagua obtenidos vía la Ley de Transparencia.

Tal cantidad coloca a Enerall no solo como la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en Yucatán sino como la tercera en una lista de las 10 mayores beneficiarias de ese tipo de suministro en el país. A esa conclusión se llegó tras identificar la decena de empresas que, según el REDPA, cuentan con los permisos para utilizar la mayor cantidad de agua subterránea para fines agrícolas y de realizar una búsqueda para hallar predios adicionales vinculados a sus razones sociales.

A pesar de la importancia de Enerall como concesionaria, Conagua nunca ha realizado evaluación alguna sobre la calidad del agua en los pozos de la empresa. El organismo ha realizado 755 análisis en Tizimín sin precisar el periodo, pero ninguna a Enerall, empresa que ha sido visitada solo en tres ocasiones pero por razones exclusivamente administrativas.

Enerall es beneficiaria de 23 títulos para la explotación de aguas que le fueron otorgados entre 2012 y 2018. Al menos 14 de ellos se encuentran a su nombre y los otros 9 le fueron cedidos por terceros a través de la compra de terrenos. Toda esta agua se obtuvo de forma gratuita a través de la Ley de Aguas Nacionales que no emite cobros cuando se destina a la agricultura.

Si la acumulación de concesiones de agua le permitió dar a Enerall un salto gigantesco, la compra de tierras no fue diferente. A lo largo de una década, a través de las filiales Enerall S. A. P. I., Enerall Terra 1 y Enerall Terra 2, adquirió 47 predios para instalar allí su megaproyecto. Compró alrededor de 15,000 hectáreas por más de 255 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares) en movimientos registrados entre 2011 y 2018, según lo asientan escrituras obtenidas del Registro Público de la Propiedad de Yucatán.

Al menos 41 de estos predios se encuentran hipotecados como garantía de préstamos solicitados para la compra de más tierras, maquinaria y mejoramiento de suelos. Seis de estos fueron hipotecados con Agronegocios Laad, una organización que otorga préstamos a empresas agroindustriales que venden sus productos en mercados internacionales. Según los últimos documentos del Registro Público de la Propiedad asentados en 2017, Alfonso Romo aparece como garante hipotecario de este financiamiento en una operación de 37 millones de pesos (2 millones de dólares), situación que no publicó en su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública. Consultado al respecto, Laad señaló que, por ser una entidad financiera regulada por la Ley de Protección de Datos Personales, debían guardar la confidencialidad sobre Enerall.

Otros 26 predios fueron hipotecados por 444 millones de pesos (casi 24 millones de dólares) con Cargill, que entre sus múltiples negocios compra cosechas en América Latina para después venderlas en el extranjero. En el comunicado de prensa en la que anunció la inauguración de la planta granelera en 2017, la multinacional estadounidense afirmó que Enerall rehabilita con tecnología propia tierras que han sido usadas para la ganadería y agricultura extensiva. En el texto además citan un discurso de Romo en el que afirma que la planta tendrá un efecto transformador para los productores locales.

Consultada sobre las propiedades hipotecadas, Cargill no aportó información: “Nuestras políticas no nos permiten profundizar en especificaciones que requieren aprobación previa de nuestras contrapartes en los contratos”. Sin embargo, la multinacional envió las respuestas a un cuestionario que le fue remitido en el que aclaró otros aspectos de su vinculación con la empresa fundada por Romo. En el texto se afirma que Cargill no tiene relación accionaria ni de inversiones con Enerall, aunque sí le dio financiamiento para construir planta de almacenamiento de granos, la cual es operada por la multinacional estadounidense. Además mantiene en el presente un acuerdo de comercialización de los graneles producidos por Enerall.

Sobre el caso del cenote destruido, Cargill precisó lo siguiente: “Confiamos en las autoridades mexicanas que atienden la materia. Lo que sí queremos reiterar es que en Cargill trabajamos con estricto apego a las leyes de los países donde tenemos presencia (…) En Cargill trabajamos por proteger al planeta y sabemos que las empresas jugamos un papel importante en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apuntan a abordar el cambio climático mediante la gestión sostenible de los bosques, el combate a la desertificación y degradación de la tierra, y a detener la pérdida de biodiversidad”. En esa línea señalaron que están tomando medidas para “manejar nuestros recursos hídricos de manera eficiente, conservando el agua, mejorando la calidad y asegurando el acceso a agua limpia en las comunidades donde operamos”. Una de las medidas clave que señalan es la de minimizar el uso de agua en la agricultura, particularmente en áreas donde hay escasez del líquido.

Daños ambientales

Denominados dzonoot en maya, cuyo significado es “hoyo con agua”, los cenotes son centrales para la flora, la fauna y los pobladores de la Península de Yucatán. Por eso, el cenote tapado es para los indígenas de Tizimín, la punta del iceberg de las afectaciones ambientales provocadas por la expansión de la empresa.

Ningún particular había rellenado un cenote en Yucatán desde el año 2000, según las pesquisas de la Profepa, hasta que el 11 de abril del 2018 se abrió el expediente administrativo PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18 contra Enerall por esa razón, según los documentos del caso obtenidos vía la Ley de Transparencia. “Mediante el uso de maquinaria pesada, se le ha dispuesto piedras, tierra y restos de vegetación con el fin de rellenarlo”, indica el acta con la que se inició el proceso.

Los restos de vegetación procedieron del arrasamiento de la “cortina arbolada” que rodeaba el cenote, según se concluyó en la inspección. Luego de eso se indica que fueron depositadas piedras. Una fotografía publicada por el Diario de Yucatán, no integrada en el expediente, muestra un camión de carga presuntamente Enerall lanzando los restos.

Tras el hecho, el 19 de abril de 2018, la Profepa informó en un comunicado que clausuraron de manera “total temporal” el Rancho Asideros. Acotaron que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 420 Bis del Código Penal Federal.

Los abogados de Enerall alegaron que la inspección era ilegal, que el área afectada no era un cenote y que la clausura afectaría la economía tizimeña. El 23 de abril la Profepa levantó la clausura al rancho con una extensión de más de 3,549.6 hectáreas. Sólo se impuso la clausura al cenote.

Para comprobar los daños la Profepa solicitó en mayo de 2018 las opiniones técnicas de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiental de Yucatán (Seduma) ahora Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Departamento de Ecología Tropical de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y de la Unidad de Ciencias del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Contrario a los dichos de los abogados de Enerall, la CICY y la UADY concluyeron que se trataba de un cenote de paredes verticales de 12 metros de profundidad. De igual modo, se encontró que hasta 2014 tenía características de estos cuerpos de agua, según las tomas satelitales.

El Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos de la otrora Seduma no sólo dictaminó que hubo daños al cenote, sino deforestación de especies de árboles como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam, así como contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas. “El cenote recibe escorrentías originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos”.

A eso se suma la “evidencia de exterminio” de tortuga caja amarilla (terrapene mexicana), endémicas de Yucatán, sujeta a protección especial por la vulnerabilidad de sus poblaciones, así como de tortuga mojina (rhinoclemmys areolata), en categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat. “Perecieron a causa de dicho depósito”, menciona la opinión técnica.

El 27 de agosto de 2018 la Profepa resolvió que Enerall Terra 2 SAPI había infringido el artículo 28 de la LGEEPA “por realizar la afectación, relleno y modificación a cuerpo de agua nacional mediante disposición directa de piedra, tierra y residuos de árboles, sin acreditar contar con la autorización en materia de impacto ambiental”.

En el plano estatal, la Seduma documentó que, durante la visita de inspección confirmaron que hubo “afectaciones al cenote que infringen el Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en Materia de Cenotes, Cuevas y Grutas”. Se identificaron infracciones graves a los artículos 5, 8, 12 y 37, que ameritan sanciones como multa y una clausura temporal o definitiva de la obra o actividad, no obstante, el área jurídica de la ahora SDS aclaró que “el personal que estuvo en la administración anterior que lo atendió, sólo hizo la visita técnica, se entregó la recomendación y Profepa asumió todo el control porque es correspondencia de orden federal”. Profepa dijo que no usó la opinión técnica “porque fue posterior al levantamiento del acta de visita”.

La Profepa multó a Enerall por 741 mil pesos (30 mil 275 dólares) sin remitir el caso a la extinta Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) pese a que, según el abogado Raziel Villegas, los elementos de la Profepa y de la opinión técnica de Seduma documentan violaciones a las leyes generales de Vida Silvestre, de Aguas Nacionales y de Desarrollo Forestal Sustentable. Villegas fue funcionario de Profepa y Semarnat y hoy dirige la firma GEOLEGIS, especializada en derecho ambiental y con influencia en la península de Yucatán.

La confirmación de que la institución no recurrió a la vía penal, para que se investigara si hubo delitos en el caso más allá de las faltas administrativas, la dio la Subprocuraduría Jurídica y la Delegación de Profepa en Yucatán ante una solicitud de información resuelta en diciembre de 2019: “No se encontró antecedente alguno en relación a la presentación de denuncia penal”.

Pese a que no guarda relación alguna entre lo que dicta un comunicado oficial y el actuar de Profepa, la institución respondió al cuestionario que no actuaron penalmente porque en la nota de prensa que publicaron en abril del 2018 se citó un artículo que “no alude en la conducta delictiva que regula a los cenotes (…) por lo que de presentarse la denuncia no prosperaría”.

Para Villegas, ese argumento no exime a la institución de su obligación basada en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual apunta que “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público”, refiere el artículo.

“Que denuncien los hechos. La autoridad no es que quiera o pueda escoger, debe denunciar”, explica el abogado.

Ya librada del round penal, Enerall solicitó conmutar la multa, a través de su adhesión al Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), para mejorar los procesos de producción, desempeño ambiental y competitividad. Para ello debió presentar un proyecto de inversión que previera cuidados al medio ambiente equivalente al monto de la multa.

Enerall solicitó el 4 de octubre del 2018 las indicaciones para inscribirse al PNAA como parte de la conmutación. La empresa luego presentó el 15 de noviembre de ese año el proyecto “Incorporación de los conjuntos prediales Asideros 2 y Asideros Globales de la empresa Enerall Terra 2 S.A.P.I. DE C.V”.

La Procuraduría ambiental lo consideró “viable” en un oficio: “Esta subdelegación de inspección de los Recursos Naturales en el Estado de Yucatán, tiene una opinión favorable para la implementación de esta incorporación, siempre y cuando se cumpla con lo propuesto en el oficio”.

Profepa, sin embargo, afirmó luego ante una solicitud de información presentada en noviembre de 2019 que “dicho proyecto no ha sido ni fue incorporado”. En un cuestionario que se le remitió hace 12 días sobre el tema, respondió además que “la empresa no solicitó ingresar al PNAA”, sin comprobar sus dichos con algún documento al cierre de edición.

Las auditorías que debían realizarse en el PNAA son la medición y registro de los volúmenes de agua de los pozos de extracción; así como análisis de residuos peligrosos en los suelos; inversión para minimizar riesgos ambientales por uso de diésel; y el desarrollo del programa de monitoreo y tecnificaciones sustentables. A excepción de la auditoría del agua con duración de dos años, el resto se debía cumplir entre 6 meses y un año. Sin embargo, la propuesta no detallaba las fechas de inicio de cada una de esas actividades.

Villegas afirma que el plan presentado por Enerall tenía defectos: “Estuvo mal elaborado el proyecto, pues no contiene un programa calendarizado y es ambiguo”. Critica incluso que se le haya dado siquiera una opinión técnica favorable a la propuesta: “Era jurídicamente improcedente conceder la opinión técnica viable de esa conmutación cuando, uno, no se ofreció ningún beneficio ambiental, y dos, el artículo 173 de la LGEEPA lo condiciona además al no haber estado en los supuestos del artículo 170 de la LGEEPA, o sea, que no hubiese sido sujeto a la clausura, y sí lo estuvo”.

De acuerdo con Villegas, la Profepa estaba obligada a imponer, como medida correctiva, la restauración del cenote a su estado original. La recuperación natural, según el expediente, tardará en promedio de 5 a 20 años para que se reconecte el espejo de agua con el manto freático, siempre que exista “un constante monitoreo y control ambiental”. Además, para solicitar una reparación o compensación del daño, la autoridad tuvo también la vía de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Sobre la multa, Profepa hizo una precisión al responder una solicitud de información en diciembre de 2019: “No se cuenta con ningún documento que indique que la empresa Enerall haya realizado el pago ante la autoridad recaudadora”. La institución fue consultada de nuevo sobre el tema con el cuestionario de hace 12 días. Respondió entonces que se hizo “efectivo el pago” sin cotejar sus dichos con documento alguno al cierre de edición, como se les solicitó.

Para el 30 de enero de 2019, cuando Romo ya era Jefe de la Oficina de la Presidencia de México, se abrió otro expediente: “Enerall está realizando trabajos ilegales. Tapó una aguada grande (cenote) que tenía bastante agua, muchos árboles y era el lugar donde llegaban muchos jabalíes y venados de la zona que nos obligaron a matar porque por allá pasarían los pivotes de riego”, se señalaba en la denuncia PFPA/37.7/2C.28.2/0023-19, obtenida vía Transparencia.

En las fotografías, aparece selva deforestada por tractores, venados cazados y un presunto cenote rellenado. “El Rancho Asideros lo tenemos clausurado por tapar un cenote, pero igual hay más que se taparon”, asienta la denuncia que acusa Enerall como el presunto responsable.

Pese a la denuncia detallada, la Profepa cerró el caso por no hallar evidencias: “No se detectó afectación alguna a cuerpo de agua nacional, en tal virtud se ordenó el cierre del presente asunto”, dice la resolución.

El expediente contrasta con los testimonios de trabajadores y extrabajadores de Enerall. “El que se quedó, se quedó”, mencionó uno de los operadores entrevistados durante la investigación de campo, quien aseguró haber participado tapando el cenote, refiriéndose a los animales que aplastaban, y quien agrega que, durante los desmontes, llegaban a juntar hasta 90 tractoristas.

Algunos de estos daños, ya los advertían las MIA si no se cumplían las medidas preventivas, pues “la preparación del sitio y operación del proyecto” provocaría fragmentación y reducción de hábitat, así como daños a fauna silvestre, generación de ruido, emisiones a la atmósfera, afectación en la calidad del agua, impermeabilización de suelo y pérdida de cobertura vegetal”. Para evitar lo anterior, se establecieron 11 medidas preventivas y criterios en materia de conservación, protección y aprovechamiento.

Sin embargo, no obra registro de evidencias de Enerall ante Profepa sobre las medidas, según una respuesta de la institución de noviembre de 2019, en la que indica: “No se cuenta con las constancias relativas a las evidencias en documentos, fotografías y/o videos que las empresas Enerall S.A.P.I de C.V., Enerall Terra 1 S.A.P.I de C.V, Enerall Terra 2 S.A.P.I de C.V. y Asideros 3 S. de R.L. de C.V. hayan entregado y/o enviado en para comprobar que han cumplido en tiempo y forma con las medidas de protección previstas en criterios y recomendaciones establecidas para políticas de conservación, protección y aprovechamiento de sus MIA”.

¿Emprendimiento social?

Romo hablaba de Enerall como una compañía que con “tecnología de punta podía ayudar a mejorar el nivel de vida de los pobladores. “Hablando de innovación, les quiero mostrar lo que la tecnología puede hacer para cambiarle la vida a miles de campesinos”, declaró en 2017 durante la conferencia organizada por Forbes.

Pero esa visión, detallada en su código de ética de Enerall detallado en su portal digital, no se parece en nada a la realidad, de acuerdo con pobladores consultados en 20 comunidades indígenas. La mayoría afirmó que complementa sus ingresos con jornadas de trabajo extendidas u otros empleos. Además, se alimentan gracias a las pequeñas parcelas donde producen maíz y frijol, así como miel en los apicultivos.

Durante los recorridos se constataron problemas que sobreviven como males endémicos en Yucatán: fallas de infraestructura, ausencia de drenajes, falta de agua potable, desabastecimiento en los comercios, carencia de clínicas de salud y escuelas. Lo anterior es visible debido a que en Tizimín el 60% de la población vive en pobreza, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), realizada en 2015.

De acuerdo con los extrabajadores, pese a largas jornadas que alcanzaban hasta 12 horas, sus pagos eran equivalentes a 1,100 pesos a la quincena (57 dólares) entre 2009 y 2014, de acuerdo con talones de pago. Para obtener más dinero, realizaban horas extras y trabajaban de noche para ganar un bono que, en total, les daba un sueldo de 3,500 pesos (180 dólares) a la quincena.

Lo mismo pasa con otros empleados o exempleados de Enerall entrevistados, quienes afirman que a pesar de haber trabajado una década para la empresa y contar con otros puestos, su salario aumentó muy poco. Aseguran que tampoco contaban con seguro social, ni prima vacacional u otras prestaciones.

Hasta 2018, Enerall tenía cerca de 500 empleados, según oficios del expediente de Profepa, que provienen principalmente de Sucopo y Cabichen, dos comunidades aledañas a la empresa. Pero los pobladores consultados refieren que en los últimos meses han realizado despidos masivos debido a la implementación de máquinas que han sustituido sus labores.

Actualmente se desconoce el número de empleados y aportaciones patronales de la empresa, según una solicitud realizada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que reservó la información, y en una apelación realizada, el fallo se mantuvo a su favor.

Estas condiciones se suman a los tratos denunciados por los empleados: durante las jornadas los jefes no autorizaban descansos en la sombra, beber agua, ni recibir atención médica.

Un maquinista de cosechas de Enerall recuerda que nunca pudo acercarse a Romo, pues cuando visitaba la empresa llegaba en helicóptero y su equipo de seguridad lo rodeaba. Ahora lo ve por televisión con regularidad a quien durante una década fue su “patrón” y que ahora es jefe de la oficina de Presidencia. Lo escucha en ocasiones cuando habla de los planes para las inversiones y el desarrollo del país.

Apenas en enero de este año, Romo Garza fue nombrado el coordinador del Gabinete de Crecimiento Económico, un puesto que no existía, pero ahora tendrá coordinación con secretarías de Estado para generar empleos, llevar paz y combatir la pobreza de los mexicanos.

Como empresario supo esculpir una figura de emprendedor social, de visionario tecnológico, pero ahora surge una imagen de un cacique de aguas que ha salido con apenas unos roces de las investigaciones por daños ambientales.