En audio se escucha al ex magistrado Walter Ríos coordinar con ex asesor del Poder Judicial, a fin de evitar la extradición de Wu Xiaoliang. Juez Lecaros ordena captura del ciudadano chino

La Corte Suprema de Justicia de Perú aprobó la extradición a China del ciudadano Wu Xiaoliang, requerido por las autoridades de ese país por presuntamente robar US$ 500 millones al Banco de Ningbo cuando trabajaba como funcionario de esa institución en el 2016,

La medida fue dispuesta el último miércoles por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, liderada por el juez José Luis Lecaros, que revocó la comparecencia restringida dictada inicialmente contra Xiaoliang y ordenó su detención y encarcelamiento hasta que se efectúe la extradición, informó la agencia de noticias Efe que cita como fuentes al Poder Judicial. Se desconoce el paradero de Xioliang.



La solicitud de extradición de Xiaoliang se vio envuelta en la trama de corrupción y tráfico de influencias en las altas instancias de la judicatura peruana que se ha puesto en evidencia en audios difundidos durante los últimos días.



En una de esas conversaciones se escucha al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, quien cumple prisión preventiva de 18 meses por supuestamente recibir sobornos, coordinar con el exasesor de comunicaciones del Poder Judicial Luis Díaz para evitar que se apruebe la extradición.



En el diálogo Ríos muestra su interés por no extraditar al ciudadano chino para mantenerlo libre en el país, e incluso señala que "se está cayendo lo del chino", por lo que refiere que "necesita" hablar con una persona más.



Según las autoridades chinas, Xiaoliang huyó del país tras apropiarse indebidamente de más de 500 millones de dólares del Banco de Ningbo.

El requerimiento fue aprobado al cumplir con los requisitos dispuestos en el tratado de extradición suscrito por ambos países, que contempla el principio de doble incriminación, por el que el delito está considerado en las legislaciones de ambos países.



Asimismo, la extradición prosperó porque el delito atribuido al investigado no ha prescrito y que no existe evidencia de motivos políticos en el requerimiento de extradición.