El efectivo declaró que le pidieron que amenace a la familia del niño asesinado de un tiro en la nuca por la fuerza de seguridad tucumana.

La causa por el crimen de Facundo Ferreira continuó esta semana en una lógica de encubrimiento que distinguió el caso y que incluyó maniobras de los efectivos hasta declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, quien expresó apenas se enteró del caso, en marzo de este año, que “disparar o no por la espalda, depende de la situación. Es un detalle”.

En los primeros días de la semana, luego de la declaración de los policías, la fiscal Adriana Giannoni había pedido la detención inmediata de ambos efectivos. Sin embargo, el juez Victor Manuel Rougués rechazó el pedido de la fiscala.

Sin embargo, la causa dio un giro en la jornada del viernes. Durante la indagatoria por homicidio agravado, un efectivo declaró que dos policías lo enviaron a amenazar con disparos a la familia de Facundo a cambio de solucionarle una sanción, “un quilombo” que tenía pendiente. Por eso, resulta inexplicable que, pese a esta grave denuncia tomada por Giannoni, y que figura en el expediente, el juez Rougés haya denegado la aprehensión de los policías imputados dejándolos en libertad.

La fiscal a cargo pidió la nulidad de la denegatoria de detención mientras que la defensa pidió la detención preventiva.

Si bien la familia de Facundo reiteradamente denunció las amenazas y el hostigamiento de la fuerza policial tucumana, es la primera vez que un uniformado declara ante la fiscal Giannoni que lo “apretaron” (“no tengas miedo no venimos por vos”) para amenazar a la familia. En el expediente, se lee que le ofrecen: “te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces y hagas unos disparos y les digas que no se tienen que meter con la policía”. Luego agrega que le dijeron “pensalo, mirá que esto es en beneficio tuyo, mirá que yo tendría que estar hace rato en situación pasiva y mirá como me arreglaron el problema”.

El policía que recibió la propuesta declaró estar preocupado por los antecedentes de sus compañeros de armas, ya que si les llega a dar una respuesta negativa “no sé qué pueden hacer, saben dónde vivo, mis horarios, donde estudian mis hijas, y la policía cuanto te quiere hacer daño te hace daño”.

La decisión del juez Rougés de dejar en libertad a los policías Nicolás Montes de Oca y Mauro Cáceres Díaz, y con ello darles libertad de acción para que continúe la intimidación a la familia en lugar de protegerlos, sólo puede leerse en la línea de encubrimientos que impiden que se avance en la resolución de la causa.