El martes 19 de diciembre comienza el juicio conocido como «Ford» ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de San Martín. Durante su transcurso se juzgará al Jefe del Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo y, a su vez, Jefe de la Zona de Defensa IV del Comando de la Zona de Defensa IV, Santiago Omar Riveros y a dos directivos de la firma: Pedro Müller, gerente de manufactura que actuaba en la presidencia en ausencia de su titular Nicolás Courard, y Héctor Sibilla, jefe de seguridad y protección. Se los acusa por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 24 trabajadores de la fábrica, en su mayoría delegados gremiales.

Los hechos que se juzgarán fueron denunciados por los trabajadores en los ’80 ante la Conadep y también fueron parte de los testimonios del Juicio a las Juntas. Sin embargo, se encuentran impunes hasta hoy.

Los secuestros y las torturas a los delegados comenzaron el mismo 24 de marzo de 1976. Desde el amanecer Ford se había convertido en una fábrica militarizada. En palabras de uno de los trabajadores, “parecía que nos invadía una guerra. Había helicópteros, tanquetas, camiones del Ejército cargados con soldados… Invadieron la fábrica, se metieron en los pasillos de las líneas de trabajo, todos armados”.

Este juicio pondrá en el banquillo de los acusados a dos empresarios —otros dos de los denunciados fallecieron impunes— y, de ese modo, ayudará a entender por qué un sector de la elite empresarial fue corresponsable de los crímenes de lesa humanidad contra los trabajadores.

Resulta imposible explicar la convergencia de los intereses de las fuerzas represivas y de parte del empresariado sin un análisis de la estructura social y económica previa al golpe.

A principios de la década del 70 el poder político acumulado por la clase obrera argentina había corrido a un nivel histórico los límites de los beneficios del capital. La organización de la clase trabajadora alcanzó un desarrollo y una vitalidad sin precedentes, en base a la conformación de comisiones internas combativas, también en conflicto con las conducciones sindicales.

En 1975 la tasa de desempleo era del 2,3%. En las tres décadas de la posguerra mundial el país había vivido casi con pleno empleo, en el marco de una política de distribución del ingreso en favor de los sectores menos favorecidos. De ello daban cuenta los indicadores de la distribución funcional del ingreso, que muestran que en 1974 los asalariados habían logrado captar un 48% del ingreso nacional.

En junio de 1975 se produce un punto de inflexión con el Rodrigazo, el shock económico que implicó y los altos niveles de resistencia de la clase obrera a las políticas regresivas. Las clases dominantes comprendieron que iban a requerirse grados mucho más elevados de violencia para recomponer la tasa de ganancias.

La violencia necesaria para modificar el patrón de acumulación vigente por más de cuatro décadas en nuestro país fue la del terrorismo de Estado. Además de eliminar a la disidencia política, esa violencia buscaba disciplinar a la clase trabajadora.

En los siete años de la dictadura se transformó la estructura económica y social del país. La participación de los asalariados en el ingreso nacional cayó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiper-inflacionaria de 1982. El régimen laboral y sindical era otro: se derogaron 27 artículos de la ley 20744 de contrato de trabajo; se dictó una nueva ley de convenios colectivos; se reformó la ley de obras sociales; se intervinieron los grandes sindicatos; se congeló la actividad gremial y se suspendió el derecho de huelga; se eliminó el fuero sindical, entre otras transformaciones. Así crecieron los niveles de explotación, inseguridad productiva y pauperización.

Esta brutal metamorfosis en la relación capital/trabajo permite entender porqué el enemigo estaba en la fábrica: los delegados de base, los integrantes de las comisiones internas combativas, pero también advertir el rol activo que tuvieron muchos empresarios en los crímenes de lesa humanidad. Sin la intervención de los cuadros empresariales en aquellas tareas represivas la feroz represión al movimiento obrero en el propio territorio de las fábricas no hubiera sido posible.

El tan demorado juicio contra dos de los responsables de Ford es la demorada excepción que confirma la regla. Pese a la evidencia de prácticas empresariales represivas contra los trabajadores de Acindar, Dalmine-Siderca, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma, Minera Aguilar, Grafa, Astilleros Astarsa y Mestrina; Lozadur y Cattaneo; Fiat, Loma Negra y muchas otras empresas, la posibilidad de juzgar a sus responsables aún es borrosa y lejana.

En épocas en las que se intenta recortar derechos a los trabajadores y modificar los modos de negociación colectiva, el enemigo —como hace 41 años— está en la fábrica. En pleno ajuste económico, los sindicalistas y sus abogadxs son acusados de ‘mafiosos’.

Hace cuatro décadas, para alcanzar aquella transformación se valieron del terrorismo de Estado. Hoy se hicieron del gobierno por el voto popular.

Ayer como hoy la resistencia está en manos de la clase trabajadora.