El escándalo de las ‘chuzadas’ –como se le conocen en Colombia a las escuchas ilegales a líderes de la oposición, magistrados y periodistas que realizaron agentes del DAS durante el Gobierno de Álvaro Uribe– parece tener un nuevo capítulo, pero ahora el blanco serían los negociadores del Ejecutivo en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC.

Así lo reveló una investigación del portal digital de la revista Semana publicado en la noche del lunes, donde se asegura haber encontrado una oficina en el occidente de Bogotá que funcionaba como restaurante pero también como centro de enseñanza de informática. Desde allí, miembros del Ejército habrían espiado las comunicaciones de algunos integrantes del equipo del Gobierno que negocia la paz con las FARC. Entre ellos están Humberto de la Calle, jefe negociador del Ejecutivo en La Habana, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz y Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

De inmediato, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le ordenó al comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez iniciar una investigación para determinar si es cierto o no que dicha oficina fachada, llamada Andrómeda, estaría adscrita a un batallón de inteligencia del Ejército, que a su vez forma parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, Citec.

“La capacidad técnica de la Citec y sus unidades son sobresalientes. Gran parte de la operación Jaque se gestó y efectúo allí, pues mediante la infiltración y suplantación a las comunicaciones de la guerrilla se logró engañar al Mono Jojoy y a las FARC, lo que terminó con la liberación de Ingrid Betancourt y una decena más de secuestrados”, explica Semana.com.

En la mañana del martes, Santos calificó las ‘chuzadas’ ilegales a sus negociadores en Cuba, como algo inaceptable. “Averiguaremos hasta dónde ha podido llegar el uso ilícito de la inteligencia, quién está detrás de todo esto, quién está interesado en interceptar a nuestros negociadores y qué fuerzas oscuras están detrás de eso. Si hay ruedas sueltas en el Ejército y a quién le están informando”, dijo al término de una reunión con altos mandos militares y de Policía. Y añadió: “Hay operaciones de inteligencia que son una obligación del Estado, dirigidas contra los grupos terroristas y la delincuencia. Esa es una buena inteligencia, pero el uso ilegal de la inteligencia debilita el uso legal y desprestigia esa labor”.

Andrómeda habría estado al mando de un capitán del Ejército, con quien trabajaban miembros activos del batallón cuestionado, pero también hackers civiles. Sin embargo, se desconoce quién habría dado la orden de espiar a los negociadores de paz y quién recibía la información que entregaba el capitán, cuyo nombre se no hizo público.

La misión era hackear cuentas de correo y conversaciones por celular. “La idea era tratar de conseguir la mayor cantidad de datos sobre lo que se hablaba y cómo iban. Alguna de la información recolectada no resultaba del todo relevante, pues era claro que lo importante no lo movían por mail o PIN, porque igual ellos saben que allá los cubanos pueden conseguir esos datos si se mandan desde la isla”, dijo una de las fuentes que consultó el semanario colombiano.

Esta oficina clandestina habría sido creada el 12 de septiembre de 2012, justo un mes antes de que se iniciara el proceso de paz con las FARC en Oslo, Noruega y fue allanada por la Fiscalía hace una semana. Allí se encontraron diez ordenadores que están siendo analizados para saber si hay pruebas que confirmen que miembros del Ejército hicieron los seguimientos ilegales.

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, también reaccionó a la denuncia y dijo a medios radiofónicos que “hay que investigar si se trata de una rueda suelta (…) Si están espiando a los negociadores podría uno pensar que nos están chuzados a todos (…) No hay una explicación hasta el momento lógica del tema. Nos preguntamos si eso es cierto cómo es posible que esto se esté presentando y hasta donde están llegando con este tipo de revelaciones”. También negó que la orden hubiera salido de la casa presidencial.

Semana también reveló que hace cinco meses, la Fiscalía cerró una de las salas de interceptaciones del Ejército conocida como sala gris, que funcionada en la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, CIME, y que ha sido clave para dar fuertes golpes contra el terrorismo. La razón es que desde allí, militares habrían efectuado escuchas ilegales. Esta sala, según la revista, contó desde su creación con el apoyo económico y técnico de la CIA, “que no es algo nuevo ni sorprendente, se supone que está encaminada dentro del marco de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra las FARC”.

Entre las primeras medidas que el gobierno tomó sobre las chuzadas (escuchas) a los negociadores en La Habana, está el relevo de dos altos generales del Ejército, mientras avanzan las investigaciones. El primero es el jefe de inteligencia del Ejército, Mauricio Ricardo Zúñiga, y el segundo, el director de la Central de Inteligencia Técnica de la misma institución, Jorge Andrés Zuluaga.

El ministro de Defensa también anunció que, por instrucciones de Santos, se tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General del Ejército, la cual debe rendir un informe la próxima semana, así como de investigaciones preliminares en la Justicia Penal Militar. Por su parte, la Fiscalía, que ya empezó a hacer sus indagaciones, recibirá –según Pinzón– todo el respaldo del Gobierno.