El Parlament celebra la declaración de independencia cantando Els Segadors / JULIO CARBO/ FOTOG.: ALBERT BELTRAN

El Parlamento de la comunidad autónoma de Catalunya ha declarado este viernes “que se convierte en un estado independiente en forma de república” poniendo, así, en un brete, la unidad territorial de España. Un hito histórico, para bien -según algunos-, para mal -según otros-. Pero, esta vez sí, histórico. La neonata república busca ahora el reconocimiento internacional en un clima poco favorable a aventuras secesionistas en el corazón de la vieja Europa. El coste político y económico de la aventura, si acaba siendo tal, tendrá que estudiarse en tiempo futuro, pero la primera consecuencia observable ya en el propio Parlament ha sido la fractura de la Cámara.

Solo 82 de los 135 diputados participaron en la votación más decisiva de la historia del Parlament. Los de los grupos independentistas (Junts pel Sí, la CUP y Germà Gordó), impulsores de la propuesta de resolución que incluye la declaración de secesión e insta al Govern a desplegar la ley de transitoriedad, y los de Catalunya Sí que es Pot. Y estos 82 votaron en secreto, 70 por la independencia, dos en blanco y 10 en contra, por aquello de evitar las seguras represalias judiciales. Por cierto, un miembro JxSí no emitió el voto.

Los escaños de Ciutadans, PSC y PP se quedaron vacíos, a excepción hecha de las banderas catalanas y españolas que desplegaron los populares antes de irse del hemiciclo. La votación fue el colofón a otra accidentada jornada parlamentaria, no exenta de tensión, aunque eso sí, lejos de la del pleno del 6 y 7 se septiembre. Como ya ocurrió el jueves, Carles Puigdemont tampoco se puso frente al atril, impidiendo que el resto de presidentes de grupo, es decir, los primeras espadas, pudieran intervenir.

Documento Texto de la resolución de Junts pel Sí y CUP sobre la DUI Ver pdf

Planteada así la partida, fueron las segundas voces de los partidos las que protagonizaron un debate con la aridez habitual. Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y el PP, con matices, arremetieron contra la aprobación de la resolución independentista. Los grises los introdujeron la ‘comú’ Marta Ribas y la socialista Eva Granados, que también atacaron la simultánea aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso sí, Granados echó la culpa de que el Estado se arme para una intervención de las instituciones catalanas a la vulneración de la ley por parte de la trinchera independentista.

Palabras gruesas

Los epítetos vertidos por unos y otros fueron gruesos. La palabra “aberración” sirvió tanto a los independentistas para tildar la aplicación del 155 como a los constitucionalistas para calificar la declaración de independencia.

Por parte de Junts pel Sí fue la republicana Marta Rovira la que tomó la palabra. La número 2 de ERC advirtió de que venían “tiempos difíciles, momentos de tensión", pero que Catalunya no tenía “otra opción” dada la “incapacidad del Estado” para adaptarse a los tiempos actuales. “No será fácil ni gratuito, ni de un día para otro” señaló Rovira en referencia a lo costoso que será afianzar el nuevo estado.

La resolución de la DUI reproduce íntegramente la "declaración de los representantes de Catalunya" que Junts pel Sí y la CUP suscribieron el pasado 10 de octubre, tras la suspensión de la DUI por parte del 'president' Puigdemont. Pero ambos grupos incluyeron un último epígrafe para declarar la independencia de Catalunya. Otro de los puntos del preámbulo reza así: "Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".

Efectos del 1-O

Fuentes de Junts pel Sí argumentaron que la declaración de independencia "ya la votaron los ciudadanos" el pasado 1 de octubre, por lo que la parte de la resolución que se votó este viernes simplemente despliega los "efectos" de esa declaración.

Entre los puntos de la resolución que sí se votaron, el Parlament insta al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.

Doble nacionalidad

Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.

Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banc de Catalunya, con las funciones de banco central". La resolución también plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del estado catalán .