La policía turca detuvo la madrugada del viernes a Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la principal fuerza de izquierdas, kurda, laica y, desde que entrara en las elecciones de 2015 como tercer grupo en el Parlamento, considerado un fenómeno político homologable al de Podemos en España.

Por desgracia estas detenciones no son un fenómeno aislado sino que e inscriben en un proceso de autoritarismo, represión y regresión democrática que lleva varios años produciéndose en Turquía bajo la dirección de Recep Tayyip Erdoğan. De hecho, estas detenciones no hubieran sido posibles sin antes anular la inmunidad a 138 diputadas y diputados, de los cuales 101 representan a las dos principales formaciones de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de centroizquierda. El 8 de junio, Erdoğan aprobó las enmiendas a la constitución que abrieron la puerta para someter a juicio a los legisladores de la oposición. Más de un mes antes del intento de Golpe de Estado en Turquía.

Mucha gente puede pensar que son casos aislados de represión o que este tipo de detenciones arbitrarias están relacionadas con el intento de Golpe de Estado de una parte del ejército contra el Gobierno turco el 15 de julio. Pero nada más lejos de la realidad. La involución democrática de Turquía es un proceso que lleva años larvándose, y quizás el intento de Golpe de Estado, lo que haya supuesto es la aceleración de este proceso de pérdida de derechos y represión. Hay que recordar que las medidas autoritarias del Gobierno turco no sólo afectan a la oposición política, sino también socavan los pilares fundamentales del Estado de Derecho como la libertad de expresión, de prensa, académica y un sistema judicial independiente.

La propia resolución del Parlamento Europeo, del pasado 27 de octubre, sobre la situación de los periodistas en Turquía, mostraba su "profunda preocupación por el cierre de más de 150 medios de comunicación; solicita su reapertura, el restablecimiento de su independencia y la reincorporación de los empleados despedidos de conformidad con las garantías procesales; pide a las autoridades turcas que pongan fin a la práctica de utilizar indebidamente las disposiciones de su Código Penal para nombrar administradores en los medios de comunicación privados y que acaben con las injerencias del ejecutivo en los medios de comunicación independientes, también sobre las decisiones editoriales, los despidos de periodistas y redactores, y las presiones e intimidaciones contra los medios de comunicación y los periodistas críticos; condena los intentos de las autoridades turcas de intimidar y expulsar a los corresponsales extranjeros."

Desde julio del presente año, más de 180 alcaldes, concejales y 300 dirigentes locales de formaciones políticas kurdas permanecen en prisión y una treintena de ayuntamientos, el último el de Diyarbakir, han sido intervenidos por el Gobierno y sus alcaldes democráticamente elegidos reemplazados por administradores cercanos al régimen turco.

Tras el intento de golpe de Estado, la deriva autoritaria del Gobierno de Turquía no ha dejado de aumentar con la detención de más de 15.000 rectores, profesores y funcionarios de Educación; la detención de más de 130 periodistas, los últimos 13 empleados del diario Cumhuriyet que fueron encarcelados a finales de octubre; así como la detención de hasta 40.000 personas y suspensión de empleo de 80.000 funcionarios. Durante las dos últimas semanas, internet ha dejado de funcionar durante días enteros, y las redes sociales fueron bloqueados a diferentes ONGs, partidos de oposición y medios de comunicación. Así mismo la situación en las cárceles es alarmante y las denuncias de tortura son cada vez más numerosas como ha constatado Amnistía Internacional, recordando los períodos más oscuros de la historia turca.

Las instituciones y gobiernos de la Unión Europea no pueden seguir mirando hacia otro lado o, peor, siendo cómplices de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derechos Internacional por parte del Estado turco. El tiempo para expresar diplomáticamente "preocupaciones" se ha acabado hace mucho tiempo. Hemos visto cómo el Presidente de Turquía, Erdoğan, ha explotado al máximo la inacción de la UE, paralizada por miedo de "tocar" el ilegal acuerdo sobre los refugiados con Turquía. La operación de la UE de externalización de fronteras convirtiendo al gendarme turco en el guardián fronterizo de Schengen ha fortalecido y legitimado al régimen de Erdoğan.

No solo podemos y debemos de condenar enérgicamente la detención arbitraria y exigir la libertad de los copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag, y otros 11 diputados Nihat Akdogan, Nursel Aydogan, Idris Baluken, Leyla Birlik, Ferhat Encü, Selma Irmak, Sirri Süreyya Önder, Ziya Pir, Imam Tascier, Gülser Yildirim y Abdullah Zeydan, así como los alcaldes de Diyarbakir, Firat Anli y Gültan Kisanak, detenidos el pasado martes 25 de octubre.

Sino que ante la previsión de más detenciones y de que el gobierno turco pueda cumplir su objetivo de acabar con el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y el conjunto de la oposición política en Turquía y Kurdistan. Estamos llamados a incrementar nuestras acciones de solidaridad internacional. La sociedad civil y los representantes políticos de la oposición en Turquía nos piden ayuda. No les podemos fallar, no nos podemos fallar a nosotros mismos.