Los recortes sufridos por los funcionarios en atención sanitaria vía Muface ponen cada vez más nerviosos a los empleados públicos. Muchos de ellos, víctimas del cáncer, han visto limitados los servicios médicos que hasta el momento venían utilizando de modo aún más acuciante de lo previsto. En concreto, aseguran que la Mutua General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) está incumpliendo su acuerdo de atender durante un año a los enfermos oncológicos que estaban siendo cuidados.

"El Gobierno asegura que tienen derecho a la continuidad asistencial, pero hemos comprobado que no es así", explican desde el sindicato CSIF. "Ni se concede de manera automática ni siquiera está garantizada". "Los pacientes tienen que solicitarlo motu proprio y, cuando lo hacen, o les dan la callada por respuesta o directamente se la deniegan, lo que les obliga a iniciar un peregrinaje burocrático con la angustia de saber que el tiempo de su enfermedad corre en su contra –añaden–. Hay pacientes que llevan un mes esperando respuesta", denuncian desde CSIF.

A partir de 2016, la atención a enfermos con cáncer será prácticamente nula para los socios de Muface e Isfas, pero el Ejecutivo había prometido un año de continuidad para los pacientes que ya estuvieran siendo tratados. Por eso, algunas asociaciones que agrupan a funcionarios, policías, guardias y militares se han unido para recoger firmas y presionar al Gobierno para que vuelvan los servicios oncológicos.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó (c). (EFE)

En concreto, CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), CEP (Confederación Española de Policía), AEGC (Asociación Española de Guardias Civiles) y AUME (Asociación Unificada de Militares) han lanzado una campaña a través de Change.org con el fin de recabar apoyos para su causa. Aseguran que durante los últimos meses han recibido "numerosas llamadas" de asociados que han visto "interrumpidos sus tratamientos" y que "desconocen sus diagnósticos y se sienten abandonados a su suerte". Solicitan que vuelvan todos los servicios que se perdieron el pasado 1 de enero.

Por otro lado, el sindicato de mandos de la Policía –Sindicato Profesional de Policía (SPP)– ha remitido una carta al director del cuerpo, Ignacio Cosidó, en la que solicita la creación de un régimen mutualista exclusivo para los funcionarios de la institución. "Queremos impulsar una mutualidad propia de la Policía dependiente del Ministerio del Interior y que preste unos servicios acordes con las necesidades específicas del colectivo", que –según el SPP– no tiene voz en la mesa de negociación entre sindicatos y Gobierno en relación con los recortes en Muface.

Fuentes policiales critican, de hecho, que la mayor disminución de servicios médicos se haya producido en Muface y en Isfas, y no tanto en Mugeju, la mutua de los funcionarios judiciales, que apenas ha sufrido cambios respecto al año anterior. El Confidencial ya anunció a finales del pasado año que los principales hospitales de las aseguradoras que atienden a los socios de Muface reducirían la atención que venían prestando hasta ahora.