La mala aplicación del verdadero “modelo” de desarrollo en Chile ha llevado a un híbrido que es un “jurel tipo salmón”: algo de desarrollo nos ha dado, pero que nos tiene entrampados en el ingreso medio. Y a pesar de tener todas las herramientas, algunas de sobra, tenemos una especie de maldición de la eterna promesa que nunca fue.

Aquí se desarrolla, dicho sea de paso, la discusión bizantina entre apoyadores y detractores del “modelo”, donde cada uno defiende las medias verdades que escogió como bandera de lucha, condimentados con los respectivos eslóganes.

En simple, el verdadero modelo es pro competencia en todos los sectores, la que tiene asociada una apertura total –en ese sentido, el modelo no es “exportador” o “importador” per se–, obteniéndose como resultado el desarrollo eficiente de los distintos sectores productivos privados y, como reflejo de aquel, la eficiencia proporcional también en el sector público.

Pero ¿cree el Gobierno realmente en el modelo original de desarrollo? Poco o nada. El Gobierno es más bien pro empresa, y es parte de un círculo vicioso responsable del subdesarrollo. Como la teoría se reafirma con ejemplos, aquí van dos.

Primer ejemplo: la pésima señal que se envía con la reciente aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) al acuerdo entre la FNE y la compañía china Tianqi, donde se autorizó a esta última a adquirir el 24% de SQM, sujeto a restricciones (por seis años) de manejo corporativo con el fin de limitar el acceso a la información sensible de SQM a la que Tianqi, a raíz de la adquisición, podría acceder. En un mercado internacional con imperfecciones por el lado de la oferta y de la demanda, el “vínculo” cruzado entre los que debieran ser dos importantes competidores, termina por “alinear” intereses. Pensar que limitar reuniones, emails, llamados telefónicos, almuerzos, vetar temas de conversaciones, o poner murallas chinas a la información sensible (murallas que en la práctica son difíciles de controlar y nadie lo hace) –y más encima por un tiempo limitado de 6 años–, no producirá efectos de “entorpecer la competencia”, es de una ingenuidad superlativa. Y no es atacar el tema de fondo: competencia interna y externa. Pero ni el Presidente de la República, ni Hacienda, ni Economía, dicen nada. Ahora, si con esta operación se aplaude la inversión extranjera… ¿a qué costo?

Segundo ejemplo: el “descongelamiento” de la banda del espectro (3.500 MHz) en la que operan Entel, Claro y VTR, calificado por ellas como una “expropiación”. Reuniones con el ministro de Economía (4 veces se reunió con Claro, Telefónica y Entel); el “encargo” del ministro a su jefa de asesores para ayudar a destrabar el conflicto que había llegado a altas esferas de La Moneda, y la preocupación del Gobierno por el áspero debate que se estaba produciendo, es preocupante. ¿Derechos adquiridos? ¿Una Ley de Pesca II? Si se piensa que este descongelamiento es positivo porque despeja incertidumbre en la industria y favorece el llamado del Ejecutivo a inversionistas locales e internacionales a volver a invertir en el país, volvemos a lo mismo: pésima señal a nivel interno y externo, en un país donde lo que se requiere es fortalecer la competencia en todos los niveles. Pan (supuestamente) para hoy, hambre para mañana.

Más que promercado, el Gobierno es pro empresa, que no es lo mismo. Lo primero tiene –probablemente a mayor plazo– resultados que al final resultan en que el país ingrese al mundo desarrollado con un mayor bienestar transversal. Lo segundo, si bien hay ciertos frutos en el corto plazo, también hay mayor lobby, se favorecen los carteles, se “cuidan más” unos con otros, y se enturbia más la discusión sobre el modelo original que nunca se implementó bien.