Los abajo firmantes, profesoras y profesores, investigadores e investigadoras de la Universidad del País Vasco, y como tales integrantes de la sociedad civil vasca, por entero favorables al desarme, reconciliación, y paz en nuestro país, consideramos que no debemos pasar por alto hechos contrarios a los tres objetivos citados. Denunciamos por ello la estrategia que los gobiernos español y francés han asumido respecto de cómo cerrar el largo y amargo período anterior de violencias, pues vulnera los presupuestos de todo proceso tendente a conseguir la reconciliación y la paz.

1-En todos los países en los que han tenido lugar estos procesos ha habido cierto nivel de consenso entre instituciones, sociedad civil y mediación internacional sobre cómo cerrar la fase anterior; lo que incluye siempre la inutilización o decomiso de las armas. Es un lugar común en todas estas experiencias que el fin del proceso deba producir la reparación integral de todas las víctimas en el plano económico, afectivo y de reconocimiento social, la solución de situaciones personales generada por la anterior violencia, y la garantía de no repetición. Un efecto derivado es el comienzo de la reconciliación de los sectores sociales antes enfrentados.

La estrategia de los dos Estados español y francés ignora estos presupuestos. Ningún consenso, ni político ni social; una política de memoria que se presenta como una “batalla” y responde al principio de vencedores y vencidos, sin reparto de culpas; exclusión de todo tipo de mediación, internacional o del país, en el proceso de desarme; obstaculización –e incluso criminalización – de quienes quieran colaborar en el desarme; continuismo de las situaciones creadas por condenas de larguísima duración que se inscriben en políticas de excepción penales y penitenciarias.

Esta estrategia sitúa además sobre bases frágiles la garantía de no repetición en el largo plazo. En efecto, los procesos de memoria histórica duran generaciones. Aunque los futuros son siempre impredecibles, pudiera ocurrir, si nada cambia en la citada estrategia y en el marco político en el que ésta actúa, que dentro de una generación, o aún más tarde, siga habiendo muchos presos y presas vascas en la cárcel penando lo que en la práctica son cadenas perpetuas. Seríamos unos y unas inconscientes si no levantáramos la voz para alertar de la amenaza que puede estar pendiendo sobre las cabezas de las generaciones que nos sigan en forma de vuelta futura del horror vivido el último medio siglo.

2-. La detención de personalidades de la sociedad civil vasca del Norte nos sugiere otras reflexiones sobre las políticas llevadas. De una parte, las personas detenidas (ahora liberadas pero con condiciones), gente altruista, socialmente comprometida, y muy conocida y querida al norte y al sur de los Pirineos, representan la vitalidad de una sociedad civil del norte que avanza hacia la paz con un compromiso por las vías democráticas y no violentas. Igualmente, la respuesta de esta sociedad y de sus electos (representantes institucionales de todas las ideologías e identidades) en la defensa de este proceso ha obligado a la puesta en libertad de estos “artesanos y artesanas de la paz” que son lo contrario de los “malhechores” como se les quería presentar antes de su libertad condicional. Esta vitalidad ha despertado entre nosotras-nosotros, al Sur de los Pirineos, el deseo de emular la coherencia y valentía de nuestros hermanos y hermanas del Norte

3-. Desde los hechos de Luhosso han tenido lugar iniciativas al sur de los Pirineos que apuntan a sentar los mimbres de una política de paz que incluya a instituciones, mediadores internacionales, y sociedad civil, desde la cual informar a la opinión pública internacional y presionar sobre los dos Estados. El comunicado de la mayoría política y social de fines de diciembre ha afirmado que la sociedad vasca quiere una paz íntegra y definitiva. Ha instado a los gobiernos a que contribuyan al desarme, a los Parlamentos de Gasteiz e Iruña y a la futura Comunidad de Iparralde a que hagan el seguimiento del proceso, a los gobiernos español y francés a que coadyuven a un desarme controlado, transparente y en línea con los estándares internacionales, y han pedido una articulación de las instituciones representativas, instancias de verificación y organizaciones representativas de la sociedad civil para que coadyuven a la culminación con éxito del proceso de desarme. Como miembros de la Universidad del País vasco, UPV-EHU, institución de la sociedad civil, esa declaración nos interpela, y mostramos nuestra adhesión a ella.

4- El colectivo de Presos Vascos EPPK ha coadyuvado asimismo con su declaración de fines de diciembre, que respondía a las conclusiones del Foro Social, a la consolidación del proceso de paz, asumiendo la responsabilidad sobre las consecuencias de sus acciones y allanando el camino a la solución de situaciones personales. Pero ello interpela directamente a los Gobiernos español y francés. No se puede hacer depender la concesión de beneficios penales y penitenciarios de condiciones arbitrarias que no figuran en el ordenamiento jurídico. Debe cesar además toda medida excepcional penal y penitenciaria con los presos, como su alejamiento y la dispersión, tan dañinos para sus allegados, y la retención en la cárcel de los reclusos gravemente enfermos; por no hablar de condiciones aberrantes de encarcelamiento como la de la abogada Arantza Zulueta.

5- Pensamos asimismo que el papel de las instituciones vascas del Sur debe ser proactivo y no simplemente reactivo, basado en la acción y no en la espera, y defendiendo a la sociedad civil. El ejemplo dado por los representantes políticos locales/institucionales de Iparralde debe ser refrendado con la misma unanimidad y firmeza por los representantes institucionales del sur, atendiendo al llamamiento de la Declaración de la mayoría política y social.

La manifestación del sábado 14 de enero, a la que llamamos a acudir, será un excelente momento para que estos deseos y reivindicaciones de reconciliación, solución de situaciones personales, desarme, y paz, se conviertan en el clamor de todo un pueblo.

Firman este documento encabezado por Yolanda Jubeto, Jule Goikoetxea y Francisco Letamendia, 41 miembros del profesorado de la UPV/EHU, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de VIENTO SUR Iñaki Barcena, Mikel de la Fuente y Petxo Idoiaga

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