Este domingo se cumplieron 43 años de uno de los operativos más brutales durante la dictadura genocida.

Amanecía, era el 29 de septiembre de 1976. El barrio estaba militarizado, la casa fue rodeada por más de cien soldados y hombres de los grupos de tareas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA).

Había autos, tanques, camiones con bazookas y hasta un helicóptero. Este operativo delirante estuvo dirigido por el coronel Roberto Roualdes y Ernesto “el Nabo” Barreiro, represor cordobés condenado por su rol en esa provincia y cabecilla del alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987. Estuvo también al mando el jerarca del Batallón 601 Héctor Vergez.

Testimonios de conscriptos dan cuenta de la participación de varias, si no todas, fuerzas de seguridad, además del Ejército, con centenares de efectivos. Desde la Policía Federal, aún de civil, y el cuerpo de Bomberos, hasta la Gendarmería.

Un despliegue descomunal donde la orden era “tirar para arriba”. Claro, en aquella terraza se encontraban atrincherados aquellos cinco militantes que resultaron muertos.

Estaban, además de Vicki, sus compañeros Alberto Molinas Benuzzi, Ismael Salame, José Carlos Coronel e Ignacio Bertrán, integrantes del secretariado de Montoneros.

Se desató un durísimo y absolutamente desigual combate, donde los militantes resistieron durante más de una hora y media.

Luego de la masacre, los hombres del Ejército secuestraron a la hija de Vicki de apenas un año y unos meses; poco después fue entregada a sus suegros. Su compañero se encontraba preso desde el año anterior.

Una querella para condenar a los culpables

La masacre de la calle Corro comenzó a ser investigada judicialmente recién en 2015, en el marco de la megacausa “I Cuerpo del Ejército" que tramita ante el Juzgado Federal n°3 a cargo de Daniel Rafecas. Pero los responsables de la muerte de Vicki y sus compañeros siguen impunes.

Por eso Patricia, su hermana, se presentó como querellante en la causa en mayo de 2018. Lo hizo con el patrocinio de Liliana Mazea y los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) Myriam Bregman, Matías Aufieri y Lilén Reyes.

Se solicita expresamente que la muerte de Vicki sea investigada, por primera vez, en el marco del genocidio ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar.

“La muerte de Vicki se dio en el marco de uno de los operativos militares más grandes que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Myriam Bregman.

Patricia, en una investigación minuciosa, que retoma la tradición de su padre Rodolfo, se dedicó durante años a recopilar innumerables e imprescindibles datos.

Para Bregman, “durante este año la etapa de instrucción, la investigación, de la causa se encuentra muy avanzada. En lo que queda del año estimamos que se completará la etapa de instrucción. Eso nos hace estar más cerca, aunque tarde, de obtener justicia en este caso que lleva 40 años impune”.

Este año, en la misma causa "Operativo Calle Corro 105", Lucía Coronel se presentó como querellante con el patrocinio de abogados del CeProDH. Lucía es hija de José Carlos Coronel, dirigente de Montoneros, secuestrado aquella mañana del 29 de septiembre de 1976 y luego asesinado; y María Cristina Bustos, integrante de la misma organización, que fue secuestrada y llevada a la ESMA y permanece al día de hoy desaparecida. Lucía, siendo bebé, pasó un tiempo en cautiverio con su mamá.

Fue gracias a las incansables gestiones que hizo su abuela para averiguar el destino de ella y su mamá, que finalmente la encontró en el Hospital Elizalde, donde Lucía se encontraba con custodia policial y a disposición de un juez de menores.

Lucía se suma entonces a la lucha de Patricia Walsh por conocer la verdad y obtener justicia.

“A lo largo de los años, los juicios y los testimonios fueron aportando más datos del operativo en el que murió mi hermana, la investigación a fondo del hecho siempre estuvo pendiente. Esperemos que ahora se pueda terminar con la impunidad que rodea a sus responsables”, señaló Patricia Walsh en el momento de la presentación de la querella.

En ese mismo momento Myriam Bregman afirmó que “cuando el Gobierno y algunos jueces insisten en presentar a los genocidas como viejitos condenados, y al proceso de justicia sobre los delitos que cometieron como en su etapa final, nosotros decimos que no son viejitos que ya rindieron cuentas, que pasaron 40 años viviendo en la impunidad y que aún hay muchos crímenes por investigar, como el de Vicki”.

En la propia causa que investiga a los responsables de la masacre de la calle Corro, que tramita ante el Juzgado Federal N°3 de Daniel Rafecas, la querella de Patricia Walsh representada por Bregman y el CeProDH ha logrado acreditar que la AFI, aún en la actualidad posee fichas de los militantes de Montoneros asesinados en dicho operativo.

Esa dependencia debe rendir cuentas y explicar cómo posee esa información y desde cuándo. Una cuenta pendiente que se enmarca en el reclamo por la apertura de todos los archivos del Estado relativos a la dictadura.

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Este año también Patricia Walsh, junto a Mario Santucho (hijo de Roberto Santucho) se presentaron ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para exigir la apertura de los archivos. En el caso de Walsh, los de Rodolfo y Vicki. Ese pedido también lo hicieron Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, Andrea Robles, hija de César, asesinado por la Triple A y Gloria Pagés, hermana de desaparecidos, que también reclamaron los archivos producidos sobre sus familiares durante y antes de la dictadura.

En el “caso Walsh”, la existencia de los “archivos de la represión” fue reconocida por los propios genocidas durante las audiencias. También hubo genocidas como el Tigre Acosta o Roberto Pernías que reconocieron que existían legajos de los detenidos.

“Todo ello me permite afirmar que los archivos de mi padre, de mi hermana María Victoria y los míos propios existen, más aún si se tiene en cuenta el especial énfasis y animosidad que tenía la dictadura genocida para con Rodolfo en particular y para con la familia Walsh en general. La pregunta es qué nos hacemos entonces es cuál fue el destino de esos archivos”, dijo Patricia Walsh a La Izquierda Diario.

A 43 años del brutal operativo de la calle Corro, la apertura de los archivos de la dictadura es un reclamo que sigue vigente, y la causa por la muerte de Vicki y sus compañeros lo vuelven a plantear como necesario.

“Está probado que los archivos de la represión existen", indicó la abogada Liliana Mazea, querellante en el juicio del Batallón 601, y parte del equipo de abogados de Walsh junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Es hora de que se abran. Todos. ¡Vicki Walsh Presente!