Cuando Pedro Sánchez afirmó recientemente, en contra de lo que marcan la Constitución y las leyes, que la Fiscalía dependía del Gobierno, estaba anticipando el nombramiento de la entonces ministra de Justicia como nueva fiscal general del Estado: pese a su polémico paso por el ministerio, la ex fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado (Madrid, 1962) va a ser aupada a la cúspide de la carrera.

De las peculiaridades de ese salto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial -en el que se integra la Fiscalía, aunque sea de manera autónoma- da fe la propia web del ministerio. Este lunes ofrecía como noticia principal que "Justicia denuncia ante la Fiscalía General del Estado el tuit de un concejal del Ayuntamiento de Cáceres en el que deseaba la muerte del Presidente del Gobierno y su esposa". Así que, en breve, Delgado se encontrará en su nuevo despacho la denuncia que ella misma se mandó.

Entre la infinidad de responsabilidades del puesto al que llega, tanto o más relevante para la vida pública que el de ministra, estará por encima de todas la de dirigir la actuación del Ministerio Público en el procés. Será un punto de fricción garantizado: Delgado podrá dar órdenes directas a los fiscales del Supremo que hasta ahora han mantenido planteamientos muy distintos a los que ella propugnaba desde el Gobierno. Uno de esos fiscales, el más destacado en el juicio, fue Javier Zaragoza, que durante años fue el jefe de Delgado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Dado el carácter jerárquico de la carrera fiscal, Delgado tendrá la última palabra en todas las decisiones. Por ejemplo, estará en su mano decidir si se recurren o no las medidas penitenciarias que el Govern adopte con los condenados del procés, entre ellas la concesión de permisos o la semilibertad. También falta por escucharse la última palabra de la Fiscalía en la acusación contra el Mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. Hasta ahora todos estos asuntos los controlaba en última instancia su amiga de la época de estudiante de Derecho y opositora María José Segarra, a la que Delgado colocó de fiscal general y a quien ahora a va a sustituir. A la saliente se le criticaba desde el ámbito del Gobierno -desde otros, se le elogiaba- el no haber atado en corto a los fiscales del procés.

El pronóstico es bueno para los independentistas. Desde el Ejecutivo, Delgado ha impulsado las decisiones que suavizaban la presión sobre los acusados del 1-O. Desde la rebaja de la acusación en el juicio hasta el más reciente apoyo a que Oriol Junqueras pudiera salir de prisión para ir al Parlamento Europeo. Esta fue la tesis de la Abogacía del Estado, que depende del que hasta hoy ha sido su ministerio. El momento que mejor ha resumido la actitud de Justicia en la materia fue la destitución del entonces abogado jefe de Penal, el hoy diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, por resistirse a presentar un escrito de acusación sin rastro alguno de la palabra violencia. Ya antes había generado polémica sus resistencia a defender al juez del Supremo Pablo Llarena frente a la demanda de Carles Puigdemont en Bélgica.

Además de por el mensaje que supone de confusión entre el Gobierno y la Fiscalía, el nombramiento de Delgado ha sorprendido por la trayectoria de la fiscal general in pectoreen Justicia. Durante su año y medio de mandato, Delgado no ha apaciguado ninguno de los frentes tradicionales, más bien al contrario. Los jueces han hecho huelga unánime contra ella como se la hicieron al PP, el Consejo General del Poder Judicial no se ha podido renovar y, en las últimas semanas, el Consejo General de la Abogacía la ha descrito como "una de las peores ministras" del ramo por su actuación en el Turno de Oficio.

Desde junio de 2018, la mayor parte de la actividad pública del ministerio se ha centrado en el área de la Memoria Histórica. Prueba de ello es la multitud de actos relacionados con el asunto en los que ha participado, así como la creación de una dirección general de Memoria Histórica. El momento culminante de su papel como ministra, según reconoció, fue su presencia en la exhumación de Franco. La segunda bandera de su Departamento ha sido la de la mujer y los delitos sexuales. Con la primera sentencia de La Manada recién dictada cuando llegó al ministerio, encauzó la reforma legal que había puesto en marcha su predecesor Rafael Catalá para endurecer la regulación penal. La reforma no ha sido aprobada, si bien el Supremo acabó imponiendo condenas severas a La Manada empleando la legislación vigente.

Al margen de su función como ministra, la polémica alcanzó a Delgado en sus primeros pasos en el puesto por su relación con el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. Grabaciones incautadas al imputado mostraban a Delgado -Lola, en esos ambientes de confianza- llamando "maricón" a quien acabaría siendo con los años compañero de Gobierno Fernando Grande Marlaska. El tono de confianza con Villarejo, además del lenguaje ofensivo tuvieron a Delgado en el alero del Gobierno. Finalmente, sobrevivió.

En esa comida de 2009, Delgado estaba acompañando al ex juez y gran amigo Baltasar Garzón, a quien se atribuye un gran ascendiente sobre ella. Ambos se conocieron en la Audiencia Nacional, donde ella desarrolló casi toda su carrera profesional. En ese destino, y con la confianza que le daba entonces el fiscal jefe Zaragoza, se convirtió en la coordinadora del área antiislamista. Su proximidad a Garzón en la causa del Franquismo, a la que se oponía la Fiscalía, mermó su relevancia en el Ministerio Público, la institución en la que ahora va a tocar techo.