Todo se debe a una ley relativamente nueva cuyo alcance se empieza a vislumbrar ahora. La norma se aprobó en 2015 y prohíbe que las empresas donen a campañas electorales. Sin esos donativos, que siempre han sido la principal forma de financiación electoral, los candidatos deben limitarse ahora a lo que les toque de unos fondos de dinero público que el Congreso reparte en proporción al número de diputados de cada partido. El total apenas suma 2.000 millones de reales (454 millones de euros), a repartir entre las 35 formaciones que se presentan a las elecciones. O sea, nada.

“Los costes reales de las elecciones no han sido reducidos a esos límites legalmente impuestos”, alerta para EL PAÍS la jueza Denise Goulart Schlickmann, autora del libro Financiamento de campanha y asesora del Tribunal Electoral para estos asuntos. En febrero, el Tribunal Electoral aprobó in extremis una posible solución: que cada candidato pueda pagarse la campaña de su propio bolsillo. De repente, las elecciones se habían vuelto mucho más fáciles para los ricos. Mejor tener un jet privado que un "Airbnb da Marina".

Lo cual puede afectar lo que van a ser las elecciones más importantes en la memoria reciente del primer país latinoamericano. Para bien o para mal, estos comicios van a marcar el fin de una era y el comienzo de otra: es la primera vez que los brasileños votan tras la explosión del caso Petrobras, que desveló que prácticamente toda la clase política se beneficiaba de un gigantesco esquema de malversación de fondos públicos usando la petrolera estatal, Petrobras. Son las primeras elecciones tras el traumático impeachment a Dilma Rousseff en agosto de 2016 y las que deberían poner fin a la parálisis política provocada por el impopular gobierno que la reemplazó, el de Michel Temer. Y tras el encarcelamiento por corrupción del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, eterno candidato preferido con diferencia en todas las encuestas, los comicios de este octubre deberían ser la mayor oportunidad en años de renovar la política brasileña y dejar el país en manos de personas si no más jóvenes, al menos ajenas a la vieja élite política.

Fortunas personales

La realidad, sin embargo, es que es la gran oportunidad de los ricos y conocidos. En el Legislativo las nueve principales agrupaciones, consultadas por EL PAÍS, admiten que se centrarán en los más veteranos del Congreso, porque al ser ya conocidos no tienen que gastar tanto en comunicación.

Y en el Ejecutivo, el partido en el gobierno, el Movimiento Democrático Brasileño, ha confiado su futuro a Henrique Meirelles, el exministro de Hacienda, en buena parte porque tiene una fortuna personal (217 millones de reales; 59,5 millones de euros) que puede invertir en su campaña. Al fin y al cabo, en las municipales de 2016, cuando la ley ya estaba en vigor, de la campaña más barata en décadas para el dinero público salieron 23 millonarios elegidos en las 92 ciudades más grandes del país.

Ante estas trabas, ciertos nuevos políticos están probando rutas alternativas para rozar un establishment político cada vez más inalcanzable. Ailton Cunha, de 28 años y una ciudad diminuta del Estado de Minas Gerais, trabajaba en programas para la juventud en diferentes trabajos hasta que, hace poco, intentó entrar en política. En su opinión: “Los políticos actuales han creado un modelo para aferrarse al poder que dificulta la entrada de caras nuevas”, lamenta. Pero encontró amparo en RenovaBR, una organización que ha reunido millones de reales en crowdfunding y los reparte entre 134 brasileños que, como él, quieren presentarse al Congreso.

En los últimos meses ha ido surgiendo más de una docena de organizaciones semejantes para ayudar a los independientes. “La sociedad quiere retomar la política”, justifica Eduardo Mufarej, fundador de RenovaBR. “No creo que tengamos una gran oportunidad de ser elegidos, pero el resultado será solo el primer paso, un punto de inflexión. Un punto importante. Tenemos gente formada en Harvard y Yale, algo que nunca se ha visto en la cerrada política brasileña”. Cunha también calcula que la renovación llegará más en 2022 que en 2018, pero no desiste. “Siempre digo que cuando vemos algo que está mal tenemos la obligación de actuar”, reflexiona. “Y estamos un momento en el que era imposible ver la situación de este país y quedarnos de brazos cruzados”.