Olivia Carballar | La Marea | 01 junio 2016

Una reivindicación de diez años se ha resuelto en 15 días. Así se puede resumir de manera genérica y simbólica la transformación que han sufrido las políticas de memoria histórica en Cádiz desde que la coalición liderada por José María González Kichi desbancara al PP de Teófila Martínez después de 20 años gobernando por mayoría absoluta. De la nada, la ciudad andaluza ha pasado a iniciar una exhumación en el viejo cementerio de San José, ha aprobado presentar una querella contra los crímenes del franquismo, ha homenajeado a los concejales represaliados y realiza frecuentemente jornadas y actos que recuerdan lo que sucedió en este país durante 40 años de dictadura.

“Nos hemos llevado diez años haciendo escritos, solicitando reuniones, mandando de todo… Y nunca conseguíamos nada. Ahora hemos notado un cambio sustancial”, explica el portavoz de la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz, Antonio Chico, satisfecho con el papel que el nuevo Gobierno está dando a la materia. Según cuenta, la plataforma envió a mediados de mayo a todos los grupos municipales la moción sobre la querella. Dos semanas después, el consistorio aprobó la iniciativa con los votos a favor de Por Cádiz Sí se Puede, Ganar Cádiz en Común y PSOE. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. “Lo único que sí logramos en la época del PP, al menos, es que no se construyera sobre el antiguo cementerio. Si no, hoy no podríamos estar realizando la exhumación, habrían echado hormigón encima. Lo bueno es que aquello se paralizó”, se consuela este familiar de represaliados.

Cuando aún gobernaba el PP, el historiador José Luis Gutiérrez localizó 43 enterramientos en ese cementerio que iba a ser desmantelado y envió la documentación a los partidos. Según cuenta, no recibió ninguna respuesta directa de ninguno: “Pero sé que se utilizó para elaborar el informe de exhumables en el cementerio a lo largo de 2014 y 2015. Aunque al estar la mayoría en la fosa común habrá que esperar a intervenir en ella para saber si se pueden localizar sus restos”, asegura.

La clausura efectiva del cementerio se utilizaba como excusa para ralentizar el asunto, relata el historiador. La situación comenzó a cambiar tras las últimas elecciones locales, cuando se creó incluso una concejalía sobre memoria histórica. “Tuvimos que desbloquear el tema puesto que no había una disposición real al respecto por parte del anterior equipo de Gobierno”, confirma el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila.

Gutiérrez narra así la transformación: “Cuando cambia el Gobierno municipal se produce una serie de circunstancias que hace que la intervención comience a los pocos meses, en enero. De un lado la nueva dirección general de memoria histórica, tras la ruptura del pacto PSOE-IU en la Junta de Andalucía, mantiene la cantidad presupuestada por la anterior para la intervención; y el concejal de memoria histórica en Cádiz está dispuesto a llevar a cabo la participación municipal en la intervención mediante la aportación de la sociedad Cemabasa y la incorporación del arqueólogo municipal. Así, a mediados de enero de 2016, comienzan los trabajos”.

Desde entonces hasta ahora, han sido hallados los restos de cuatro personas represaliadas y el equipo arqueológico ha constatado que se produjeron movimientos posteriores en las sepulturas. “Los trabajos se han prolongado mucho más allá de lo presupuestado y si siguen es gracias al compromiso del equipo técnico, arqueólogos y antropólogos”, añade el historiador, quien considera que, aunque más tarde, la intervención en el cementerio se hubiera realizado. “Más dudoso veo lo de los homenajes”, matiza. Y mucho menos posible, la presentación de una querella.

En el pleno donde se debatió la medida, el PP se remitió directamente al procesamiento del juez Garzón en su intento de investigar los crímenes franquistas. “Señores del PP y de Ciudadanos, no es una cuestión jurídica, es una cuestión política. ¿Están ustedes en contra de lo que ocurrió en este país hace 40 años, sí o no? Es tan sencillo como eso”, preguntó el alcalde. El concejal Martín Vila incidió también en ello: “Es una cuestión de dignidad, de reparación, de derechos humanos… para que se determinen responsabilidades por los asesinatos, represalias, vejaciones, desapariciones, secuestros y robos de bebés cometidos por el régimen franquista. Es hora de dar este paso por respeto y justicia a las víctimas”.

Desde el pasado 14 de abril, cuando el nuevo equipo de Gobierno decidió ondear la bandera republicana, luce frente al salón de plenos una placa con los nombres de los 22 representantes municipales represaliados. “Estos años de silencio los hemos vivido con mucho horror, porque los vencedores tuvieron una historia y los vencidos otra, que fue el olvido”, aseguró aquel día entre los familiares Carmen Macareno. El Ayuntamiento, además, pondrá en funcionamiento una oficina de atención a las víctimas.