Mauricio Macri fue la persona que más dinero aportó para la campaña presidencial de Mauricio Macri. Declaró dos 2 millones de pesos. La segunda fue Karina Román, la actual presidenta de la ONG Argentina Debate, con 1,5 millón. Con ella firmó ayer la Cámara Nacional Electoral un “convenio de colaboración” para organizar el debate presidencial de las elecciones de 2019. La decisión de los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, según dijeron, se fundamenta en la necesidad de cumplir con la ley aprobada el año pasado y aprovechar la “experiencia exitosa” de la ONG en 2015. Sin embargo, en el convenio delegan facultades propias en una organización que lejos de ser independiente e imparcial –como se presenta– cuenta con fluidos vínculos económicos con el macrismo y una fuerte impronta antikirchnerista. Además de Román, en 2016 ese cargo lo ocupó Octavio Bordón, actual embajador de Cambiemos en Chile, mientras que el primero de sus titulares, responsable de aquel “exitoso” debate anterior, es Hernán Charosky, hoy funcionario macrista del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como si la corta lista de presidentes de AD no fuera suficiente para advertir sus preferencias políticas, sentados a la mesa de la CNE estaba ayer el reconocido “humorista” del Grupo Clarín, Alejandro Borensztein, además de empresarios aportantes al PRO o a Cambiemos como Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó) o Marcos Galperín (Mercado Libre), quien además de financiar con 1 millón de pesos al macrismo (durante 2017), se dedicó a fiscalizar para el oficialismo en la última elección.

En noviembre de 2016 y luego de varias horas de debate parlamentario se sancionó la ley 27.337 que modificó varios artículos del Código Nacional Electoral y estableció “la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”. La norma, de apenas 11 artículos, pone esa responsabilidad en manos de la Cámara Nacional Electoral y sostiene que estarán obligados a participar todos aquellos candidatos que superen el piso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Quienes no lo hicieran se verán sancionados con el no otorgamiento de los espacios gratuitos de publicidad audiovisual. Además, la ley establece que durante la realización del debate quedará la silla vacía para dejar en evidencia al candidato que decida no concurrir.

Según la información publicada por la propia Cámara Nacional Electoral sobre el financiamiento de las campañas y los partidos políticos, los integrantes de Argentina Debate hicieron aportes millonarios al oficialismo durante los últimos años. Karina Román es hija del empresario portuario y de transporte de grúas Alfredo Alberto Román y a su vez es presidenta de Puerto Asís Argentina SA, integrante del Grupo Román. Como la ley prohíbe el aporte de las empresas a las campañas electorales, Karina Román aportó a título personal 1,5 millones de pesos a Cambiemos. Una investigación de los periodistas Federico Poore y Matías Di Santi, en Chequeado, reveló en su momento que esa situación (eludir la prohibición legal con donaciones a título personal) va en contra de la jurisprudencia de la propia Cámara Nacional Electoral, que ahora firma el convenio con Román. Fue la CNE, en un fallo de 2014, quien sostuvo que en realidad esas operatorias esconden un aporte empresarial de manera encubierto.

En 2017 Karina Román aportó al oficialismo otros 300 mil pesos a nombre de la empresa homónima. El año pasado, Galperín (dueño de Mercado Libre y parte del Comité Estratégico de Argentina Debate) aportó al PRO 1 millón de pesos. Además, se dio el gusto de fiscalizar para el PRO en la localidad bonarense de Merlo. Tanto Román como Galperín estuvieron ayer durante la firma del convenio con la CNE, igual que Juan Pablo Bagó, que en marzo de 2015 aportó 50 mil pesos durante la cena de recaudación de fondos organizada por Macri en la Sociedad Rural. Su padre, el presidente de los laboratorios Bagó desembolsó 100.000 para la campaña a jefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

En el “convenio de cooperación” firmado y promocionado ayer, la CNE delega en Argentina Debate muchas más atribuciones que las previstas en el texto de la ley. En el comunicado oficial afirman que “la ley prevé que la Cámara Nacional Electoral convoque a ‘organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos’”. En verdad, esa argumentación es un recorte del artículo 64 de la norma, que se refiere específicamente al apartado “Temas a debatir”. Allí dice que la Cámara contará “con el asesoramiento de las organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil”, para convocar a una audiencia con los candidatos o representantes partidarios con el objetivo de “acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos”. El artículo concluye que “en todos los casos, a falta de acuerdo entre las partes, la decisión recaerá en la Cámara Nacional Electoral”.

El texto del convenio también avanza sobre otras cuestiones. Faculta al Consejo de Administración de Argentina Debate (presidido por Román) a “elaborar el reglamento de los debates, la elección del nombre del evento, los días y lugares de realización de ambos debates –tanto en la Capital Federal, como en una capital de provincia–, la temática de los debates –cuales serán los ejes de prioridades para el desarrollo del mismo–, la dinámica de los debates, la duración de los mismos, y los sorteos previos al debate”. Se señala que esto se realizará “en su caso, con la participación de un representante de la CNE”. Para ésto, la Cámara le otorga a AD la posibilidad de convocar por su cuenta a candidatos, representantes partidarios, medios de comunicación, autoridades universitarias, “y toda otra entidad pertinente”. Además, la CNE le facilitará sus instalaciones para dichas reuniones.

Si bien el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía, le aseguró a PáginaI12 que el Estado no le pagará a la ONG, el convenio sí establece que le otorgará la administración del uso de los espacios de publicidad durante la transmisión del debate, “con el fin de obtener el financiamiento necesario para su producción, en función a la obligatoriedad de entregar la señal de manera gratuita”.

Será Argentina Debate la encargada de realizar una estimación del presupuesto necesario y sus fuentes de financiamiento. “En cuanto a la obtención de los recursos, cuando no estuvieran previstos en la partida presupuestaria establecida por la ley de Presupuesto General de la Nación, estará a cargo del Comité Estratégico de AD. Los costos propios del funcionamiento de AD y su Consejo de Administración, serán afrontados por AD”. En concreto, Argentina Debate financiará aquellos aspectos que el Estado no solvente y podrá administrar la publicidad del debate para financiarlos o financiarse.

Además, el convenio significa una gran oportunidad de difusión para la ONG ya que en todo lo referido al debate –materiales impresos, sitios de internet, publicidad audiovisual, etc– “deberán figurar los logos tanto de la CNE como de Argentina Debate”.

Como si las cuestiones económicas, de publicidad y de organización no fueran suficientes, Argentina Debate también se hará cargo de la seguridad. “Argentina Debate se compromete a llevar adelante el protocolo de seguridad adecuado para los días de los debates, para el público invitado y los invitados de los candidatos”, dice el noveno y último punto del convenio.