El Gobierno de Pedro Sánchez se podría denominar el de los tristes destinos o, mejor, el de los anuncios y desmentidos; pero pocos proyectos han durado tan poco como el intento de eliminar la desgravación fiscal a la inversión en fondos de pensiones. Al día siguiente de difundirlo, se producía ya la rectificación. Algunos medios lanzaron la idea de que el Gobierno no quería enemistarse con tantos contribuyentes como se aprovechan de la desgravación.

La afirmación no creo que tenga mucha consistencia, porque los beneficiados con los fondos de pensiones no son tanto los contribuyentes como los bancos. Los partícipes lo único que obtienen es retrasar el pago de los impuestos, ya que la deducción actual se compensa con la cuantía que tendrán que abonar en el momento del rescate. Como contrapartida, pierden la administración de su inversión, que entregan a la entidad gestora, más preocupada de la ganancia del banco al que pertenece, que de la de los partícipes. Las comisiones se terminan comiendo cualquier asomo de rentabilidad. Hasta el año 2006 se podía dudar de la conveniencia que para el contribuyente tenía esta figura financiera, ya que en el momento del rescate se tributaba tan solo por el 60% del total. Pero, a partir de esa fecha, no parece que haya duda alguna, ya que la imposición es del 100% al recuperar el fondo.

Lo que, sin embargo, sí es seguro, es que las grandes favorecidas por los planes de pensiones son las entidades financieras, puesto que a través de ellos cuentan con cuantiosos fondos cautivos que pueden gestionar a su antojo según sus conveniencias y que les proporcionan importantes comisiones. De ahí la defensa a ultranza que los bancos realizan de la desgravación, porque por lo menos crean el espejismo de que esta figura financiera es ventajosa para los contribuyentes.

Los intereses de las entidades financieras en incentivar los fondos de pensiones son los que han estado detrás de la ofensiva lanzada desde los años ochenta en contra del sistema público de pensiones. Desde entonces, los cañones informativos del poder económico no han dejado de bombardear con múltiples consignas acerca de la previsible quiebra de la Seguridad Social, pronosticando la hecatombe para determinadas fechas. Sin embargo, los días señalados fueron llegando sin que se cumpliesen los negros augurios de los expertos a sueldo.

Los intereses financieros están también detrás de todas las voces que estos días han surgido en tono crítico al conocerse que el Pacto de Toledo había aprobado la actualización anual de las pensiones por el IPC. Hasta Solchaga ha salido del escondite de sus negocios para saltar a la palestra y afirmar que los jubilados no han pagado todo lo que reciben. Ante la algarabía de despropósitos escuchados, he considerado conveniente contestar una vez más a algunos de ellos. Tengo que reconocer que lo hago con cierta apatía por no poder decir nada nuevo, distinto de lo que he repetido en bastantes ocasiones (ver los últimos artículos sobre este tema en este diario digital publicados el 8, el 15 y el 22 de marzo de este año, respectivamente). Pero, como los tópicos, los sofismas y las falacias son también los mismos, no tengo más remedio que reiterar los argumentos. Ahora bien, la referencia a los tres artículos anteriores me exime de un relato pormenorizado, y me permite limitarme a señalar tan solo a modo de resumen los puntos más relevantes y significativos sin entrar a fondo en ellos:

La actualización de las pensiones con el IPC no representa ninguna subida real, simplemente se trata de impedir que se reduzca su cuantía. Tampoco constituye un coste real para el Estado, porque si la inflación eleva en términos nominales el gasto público, incluyendo las pensiones, en la misma medida incrementa los ingresos de todas las administraciones públicas. Si, no obstante, el gasto de la Seguridad Social se incrementa año tras año en términos reales, son otras las variables responsables, por ejemplo, se debe al hecho de que las prestaciones de los nuevos jubilados sean más elevadas que las de aquellos que abandonan el sistema, manifestación clara de cómo las pensiones crecen menos que los salarios.

Las pensiones no tienen por qué financiarse exclusivamente con cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que deben hacer frente a su desembolso.

No hay ninguna razón para diferenciar el gasto en pensiones de otras partidas del presupuesto tales como la educación, la sanidad, la justicia, el seguro de desempleo, la defensa o los intereses de la deuda. A nadie se le ocurre afirmar que tales gastos son inviables y que el Estado va a dejar de costearlos.

La viabilidad de las pensiones, como la del resto de los gastos públicos, no depende de cuántos son los que producen, sino de cuánto se produce. Gracias a los incrementos de productividad, menos trabajadores pueden generar un mayor

En los países occidentales la productividad viene creciendo paulatinamente desde 1700. En concreto, en el periodo 1980-2012, la tasa promedio de crecimiento fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de los periodos anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado, por lo tanto, sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación del Estado social en su conjunto, incluyendo por supuesto las pensiones. Eso sí, siempre que el Estado como socio destacado del sistema productivo se apropie mediante impuestos de una parte suficiente de la producción.

Los problemas, de existir, no son de producción sino de distribución, y de la decisión social y política de crear y perfeccionar un sistema fiscal dotado de la progresividad y suficiencia apropiadas para financiar la totalidad de las prestaciones del Estado social.

No es verdad sin más que los impuestos se opongan al crecimiento. Más bien, si se emplean adecuadamente, puede ser al contrario. Los pensionistas tienen una propensión marginal a consumir bastante más elevada que los contribuyentes de rentas altas -sobre quienes en mayor medida deben recaer los impuestos-, por lo que los recursos en sus manos contribuirán más a la expansión económica que en el bolsillo de los contribuyentes.

La próxima revolución industrial, que ya se vislumbra, incrementará significativamente la productividad, pero por el mismo motivo puede reducir de forma considerable el número de puestos de trabajo. La alternativa al desempleo es, tal como ha ocurrido ya en otros momentos de la Historia, el reparto del trabajo, empleando al menos parcialmente los incrementos de productividad en disminuir la jornada de trabajo o la vida activa de la población.

El sistema público de pensiones, a pesar de ser de reparto, no constituye ninguna injusticia intergeneracional. Los más interesados en que no se reduzcan las pensiones son los futuros pensionistas.

Si la productividad crece y cada generación es más rica que la anterior se debe a que parte con un bagaje técnico y de conocimientos mucho mayor, que ha sido posible gracias al esfuerzo de las anteriores generaciones.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. Con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No le parece, señor Solchaga, que al menos han aportado tanto como reciben? ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

El sistema de pensiones español comparado con los de otros países no tiene nada de generoso, a pesar de las manifestaciones de sus detractores, que se fijan exclusivamente en el porcentaje que la pensión que se reconoce en el momento de la jubilación representa respecto del último salario sin considerar otras variables.

Según datos de Eurostat para 2015, en España el porcentaje que representa el gasto en pensiones sobre el PIB es inferior al de Grecia, Francia, Portugal, Austria, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Bélgica, Italia y Alemania. Tan solo los países que provienen del bloque del Este mantienen un porcentaje inferior.

En España el gasto por pensionista es inferior al de Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Reino Unido, Finlandia, Italia, Francia, Irlanda, Alemania, etc.

En todos los países de la Unión Europea las pensiones se revalorizan periódicamente de acuerdo con la evolución de una o varias de estas tres variables: los precios, los salarios y el PIB. Estoy seguro de que los jubilados españoles estarían encantados con que a la evolución de los precios se añadiese la del PIB y la de los salarios a la hora de actualizar sus pensiones.

Por último, es bueno recordar que la presión fiscal española se sitúa ocho puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Nadie puede decir que no existe margen para mantener el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones anualmente de acuerdo con el IPC.

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