La defensa de uno de los principales narcotraficantes de Minas y el Poder Judicial se molestaron a raíz de las declaraciones del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, quien cuestionó que Martín Acuña -con varios antecedentes pos posesión de droga- recibiera prisión domiciliaria en vez de ir a la cárcel luego de ser capturado hace una semana por la policía de Lavalleja en un auto con tres kilos de cocaína y municiones de armas.

Acuña, de 33 años, es integrante de una familia que, según las investigaciones policiales, se disputa el mercado del narcotráfico con otra banda minuana. La última vez que Acuña salió de la cárcel fue en 2016 y en febrero de 2018 un disparo por la espalda mientras miraba un desfile de Carnaval en el centro de Minas lo dejó cuadripléjico.

Leal cuestionó que la Justicia haya decidido que Acuña pase 120 días en su casa con custodia policial mientras se investiga el caso y afirmó que “se están permitiendo a nivel judicial espacios de impunidad al crimen organizado que son inadmisibles”. En tanto, la abogada de Acuña, Karen Pintos, indicó a El Observador que la decisión de la Justicia se basó en un informe del Instituto Técnico Forense.

“El médico forense indicó que Martín Acuña no puede ir a un centro de reclusión. Él permanentemente necesita de la asistencia de un tercero. No mueve los miembros inferiores”, sostuvo.

Pintos afirmó que Acuña vive en la misma casa en Minas hace 33 años y que luego de que quedó cuadripléjico siguió viviendo allí. “(Leal) está subestimando el trabajo de todos los que intervinieron. Desde los aprehensores”, opinó.

En tanto, el Poder Judicial también reaccionó ante las declaraciones del asesor del ministro Eduardo Bonomi y explicó por qué cree que sus declaraciones son inexactas. Según indicó en un comunicado, quien toma la decisión de la medida cautelar que corresponde es la Fiscalía y no un juez. “Las normas vigentes establecen que el juez no escoge las medidas cautelares que se imponen al imputado, sino que resuelve según la solicitud planteada por la Fiscalía”, sostuvo.

A su vez, detalló que durante la audiencia del 9 de enero, “bajo la dirección de la jueza de Lavalleja Natalia Alessandre, la fiscal letrado de 2° turno, Gabriela Sierra, pidió el arresto domiciliario por el período de 120 días argumentando que todavía no se había ‘llegado a un acuerdo’ con el imputado". La fiscal señaló que el hombre era reincidente y que tenía una discapacidad motriz, por lo que para “asegurar la comparecencia al juicio” pidió que cumpliera la medida cautelar en su casa.

La defensa de Acuña no hizo ningún reclamo ante el pedido de la Fiscalía. Para la jueza, “se trata de una medida que contempla la situación de salud que padece”. A su vez, se dispuso que Acuña pueda seguir haciendo un tratamiento de fisioterapia que se hace en una clínica de Maldonado y se le permitió viajar tres veces por semana. Antes de ir a la clínica, tiene que presentarse en la seccional más cercana a su casa antes y después de ir a hacerse el tratamiento.

Para Leal, esas disposiciones judiciales “socavan en forma sistemática la decisión de la sociedad de ir a fondo para evitar el avance del narcotráfico”. “El mensaje al crimen organizado debe ser la firmeza, la contundencia y la persecución penal sistemática. Estas decisiones van en dirección opuesta”, sostuvo al ser consultado por El Observador.

Los enfrentamientos

Diego Vila

No habían pasado 48 horas desde que Acuña fue baleado cuando dos jóvenes de 25 y 26 años fueron asesinados a balazos en la puerta de la casa de un hombre que la policía presumía que era familiar de Acuña. Sin embargo, el atentado en el desfile de Carnaval nunca se pudo vincular con esos dos homicidios y debieron ser investigados como casos separados.

Al lunes siguiente hubo tres allanamientos, uno en la casa en la que fueron asesinados los dos hombres. Pero la falta de pruebas y el miedo a testigos a declarar trancaron ambas investigaciones y la posibilidad de poder atrapar a Acuña cometiendo un delito.

En 2016 se realizaron dos operativos para cerrar bocas de drogas, en 2017 se recolectó información y entre fines de ese año y principios de 2018 se cerraron cinco bocas. La última fue el mismo día que atacaron a Acuña.