La diferencia del 33% que dejó de percibir el Estado asciende a 714.938.000 pesos (Adrián Escandar)

A partir de 2013 comenzaron a crecer de manera sostenida las ventas de tablets en el país. En 2014 esa cifra aumentó y en 2015 también se registró un incremento. Es así que el año pasado las ventas alcanzaron una cifra de 1.300.000 unidades. Tal fue la demanda que durante el CyberMonday de 2015 se vendió una tablet por minuto.

A juzgar por estos números, es a todas luces evidente que se trata de un negocio por demás tentador.

Según una investigación realizada por la Aduana y a la que tuvo acceso Infobae, entre 2013 y 2015 se realizó una maniobra por parte de firmas importadoras que le produjo un millonario perjuicio a las arcas del Estado Nacional.

A partir de un entrecruzamiento efectuado en las bases de datos del organismo se pudo identificar a un grupo de empresas que importaron en ese período volúmenes significativos de tablets.

El número creciente de compras al exterior de estos dispositivos a partir del año 2013 llamó la atención de las autoridades aduaneras, quienes pusieron la lupa sobre estas operaciones.

Detectaron así que estas firmas ingresaban al país mercadería que –según la investigación– no era la que efectivamente se declaraba. A través de esta maniobra pagaban en concepto de aranceles aduaneros mucho menos de lo que correspondía por el tipo de productos que habían importado.

La operatoria era bastante sencilla pero les permitía dejar de tributar millones de pesos. El nomenclador del Mercosur establece distintos porcentajes de aranceles aduaneros que deben pagar los importadores. En el caso de las tablets dependiendo de características técnicas –como el peso, el tamaño y tipo de pantalla, teclado, etc.– la alícuota va de 2 a 35 por ciento. Las firmas investigadas por la Aduana declararon que todas las tablets que ingresaron entre 2013 y 2015 correspondían a las que debían pagar un arancel del 2%, o sea el porcentaje más bajo.

El informe de la Aduana menciona que si se hubiera aplicado la alícuota que correspondía tendrían que haber ingresado a las arcas del país tributos según el siguiente detalle:

Según el cálculo hecho por la Aduana –tomando como base de cálculo los montos ingresados por las empresas importadoras involucradas en la investigación– la diferencia del 33% que dejó de percibir el Estado asciende a 714.938.000 pesos.

Entre las empresas mencionadas figura Grupo Nucleo que pertenece a Juan José Levy, un empresario ligado a la industria farmacéutica. Esta firma y otras, pertenecientes al mismo ejecutivo, fueron de las más favorecidas en las licitaciones de la ANSES para la provisión de productos tecnológicos durante el kirchnerismo. Empresas de Levy fueron elegidas como proveedoras –entre otras– en la licitación del Plan Conectar Igualdad, un negocio de casi 4 mil millones de pesos para entregar 900 mil computadoras.

Levy es un empresario de aceitados vínculos con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, con quien viajó en reiteradas oportunidades a Venezuela para realizar diversos negocios. También tendría algún tipo de nexo con Lázaro Báez y sería uno de los eslabones de la cadena de la denominada "ruta del dinero K". Además, está siendo investigado en Panamá por lavado de dinero.