España presenta una plantilla de funcionarios muy envejecida y en la que buena parte de sus integrantes supera los 50 años. Por ello, en los próximos 10 años, el país deberá afrontar un proceso de jubilación masiva que obligará a los diferentes Gobiernos a renovar a cerca de la mitad de los funcionarios. O lo que es lo mismo: si se tiene en cuenta que, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de trabajadores públicos supera los tres millones, el resultado es que en la próxima década el Estado tendrá que contratar a más de un millón de funcionarios para mantener la actual estructura pública.

«Si en 2008 las personas con más de 50 años representaban el 29%, solo 10 años más tarde alcanzan el 43%. Por otro lado, las personas jóvenes han pasado de ser el 12% del personal público a representar el 6%», señala CCOO en un informe al que ha tenido acceso este periódico. En este mismo documento, el sindicato explica que, en comparación con el resto de naciones de la OCDE, España «es el tercer país con la plantilla pública más envejecida». «Según datos de 2015, el 36% de las personas que trabajan para la Administración Central tenía más de 55 años. Sólo Italia e Islandia presentan cifras más elevadas», añade.

El texto aborda las razones de esta situación, y apunta que existen «dos factores fundamentales». «El principal es la importante contratación de personal durante los años 80, que acompañó a la creación del modelo de Estado de bienestar y de descentralización de de las autonomías», explica, y añade que «la plantilla de la Administración Pública pasó de 700.000 personas en 1977 a un 1,9 millones a finales de los 80». Y es precisamente ese importante volumen de personal que se contrató el que ahora supera los 50 años.

A ello, el sindicato sume «los recortes presupuestarios efectuados durante las épocas de crisis, y la consiguiente suspensión de la oferta pública». «En la última crisis, se puede observar que, a partir de 2010, para reducir el gasto público en personal se dejaron de renovar contratos temporales, en su mayoría ocupados por jóvenes», expone al tiempo que subraya que «el bloqueo en la tasa de reposición [convocatorias de las plazas del personal público que se ha jubilado], que no se empieza a flexibilizar hasta 2015».

En este complejo contexto, CCOO advierte del riesgo de que se produzca «un proceso masivo de jubilación» y que provocará, efectivamente, que «en apenas 10 años casi la mitad de personal estará jubilado o a punto de estarlo», y alerta del proceso de «la descapitalización del conocimiento en el sector público».

Por ello, exige al Gobierno un «esfuerzo» para sacar adelante los diferentes acuerdos «para la mejora de las condiciones del personal público». En estos pactos, además de decretar la notable subida salarial que están registrando los funcionarios, también se estipuló «consolidación de plazas y apertura de oferta pública, la eliminación de la tasa de reposición y la promoción de la carrera profesional a través de la movilidad interadministrativa».