"Impresentable". Así es como ha calificado el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 13 de febrero, que avala las devoluciones en caliente. El Gobierno consideró el viernes que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente daba "seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil".

El Gobierno considera que el aval de Estrasburgo a las devoluciones en caliente "da seguridad jurídica al gran trabajo de la Guardia Civil"

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"La sentencia no obliga a hacer devoluciones en caliente", ha recordado Mayoral este lunes al término de una reunión con trabajadores de Ryanair, "pero lo que sí que se tiene que producir es un diálogo entre el conjunto de los Estados de la Unión Europea para abordar cuál va a ser nuestra política de derechos humanos como países de la Unión. Esto no es un debate que se circunscriba única y exclusivamente a nuestro país, sino que tenemos que empezar a pensar cuál es el modelo europeo que queremos para el futuro, porque si el modelo que queremos para el futuro es asumir los discursos de la extrema derecha, pero haciendo como que no somos extrema derecha, pues al final la extrema derecha terminará triunfando. Que no le quepa ninguna duda nadie".

"Es necesario un debate a fondo de cuál es el modelo europeo del futuro", prosigue el portavoz de Podemos, "si va a ser un modelo de derechos, de derechos sociales, derechos civiles y políticos, un modelo articulado en torno a los derechos humanos. Ese debate está pendiente y tiene mucho que ver no solamente con esta sentencia, sino con el propio modelo social de Unión Europea. Qué tiene que hacer más tarde o más temprano. Una reflexión sobre el austericidio y sobre la necesidad de que las políticas son políticas si tienen la vida de la gente en el centro y si no, son politiquería".

"El Gobierno acata la sentencia del TEDH y recuerda que España por fin tiene una política migratoria de Estado, respetuosa con los derechos humanos, en colaboración con nuestros socios europeos y con los países de origen", explicaban fuentes del Ejecutivo este lunes: "El Gobierno apuesta por potenciar vías legales y seguras para la emigración y por la reforzar la cooperación con los países de origen de la emigración.

El viernes, tras la sentencia, el Gobierno defendió que el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones en caliente "permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el control de nuestras fronteras", según explican fuentes gubernamentales a eldiario.es: "La decisión permite poder actuar dentro de un marco jurídico europeo consensuado, entendiendo que la frontera sur de España es además la frontera sur de Europa".

El vicepresidente, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, participaron el viernes pasado en la reunión ordinaria de la Comisión Delegada sobre Asuntos Migratorios, junto al presidente del Gobierno y los ministros de Justicia y Exteriores. En el encuentro, marcado en agenda desde hace meses, se analizó el contenido de la sentencia del TEDH.

La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un giro a un precepto que hasta ahora regía el derecho internacional humanitario: si una persona extranjera pone un pie en suelo europeo, su posible expulsión debe conllevar una serie de trámites personalizados para evitar ponerla en riesgo. ¿Por qué? Porque Estrasburgo ha añadido un concepto fundamental: si el migrante devuelto ha entrado de manera irregular en la UE y no demuestra la imposibilidad de acceso a través de supuestas vías legales, la legislación comunitaria no está hecha para él. Así, el Tribunal considera que los migrantes denunciantes "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla".

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la devolución en caliente tiene consecuencias en todos los Estados europeos salvo Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. Es decir, desde ya, los 47 estados europeos sometidos a su jurisdicción sabrán que las devoluciones inmediatas de migrantes no violan, según el TEDH, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y en el caso de las devoluciones en caliente, el hecho de que el Tribunal haya decidido que no viola el convenio da vía libre a países como Turquía, en quien la UE tiene delegada buena parte de la gestión de la migración proveniente del Mediterráneo Oriental, reducir aún más la protección de las personas migrantes.