La brecha de ingresos que separa a los menores más empobrecidos en España de la media es la cuarta más grande de la Unión Europea. En concreto, nuestro país ocupa el puesto 36 de un listado de 41 en equidad (incluyendo a países también de la OCDE), solo por encima de México, Bulgaria o Rumanía. Esa distancia, que mide el informe de Unicef 'Equidad en los niños' presentado este jueves, ha aumentado casi siete puntos desde 2002 y es del 62%, frente al 37% de países como Noruega.

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El documento de Unicef disecciona, a través del análisis de 41 países desarrollados, la igualdad entre los menores a través de cuatro indicadores –ingresos, educación, salud y satisfacción vital–. El empeoramiento en el primer parámetro es evidente, a la luz de los datos; mientras en el segundo (sobre la base del informe PISA) y tercero (que atiende a la frecuencia de ciertas dolencias) se observa cierta estabilidad pese a los recortes de los últimos años.

La peor parte se la lleva la satisfacción vital de los menores, es decir, cómo se sienten con la vida que tienen: España es el tercer país de los 41 que más ha empeorado y se sitúa en el puesto 24 de 35 (no todos midieron todos los parámetros). Especialmente preocupante, según Unicef, son los niveles de satisfacción expresados por los niños y niñas de origen migrante, a menudo por debajo de la media.

Desde la organización, no obstante, advierten de que "no siempre es bueno que haya poca brecha". "Si se ha acortado la diferencia porque la media es mucho más baja no es una buena noticia", explica Gabriel Sánchez, especialista en Políticas de Infancia.

Con todo, el informe puntualiza que "el estudio de la desigualdad y sus efectos se topa de manera recurrente con la inexistencia o mala calidad de los datos". "Hay grupos escondidos de niños que no aparecen en las encuestas y cuya situación es relevante para el análisis, como los que están en escuelas especiales o los que representan la situación de las comunidades gitanas en distintos países europeos", explica el documento.

Dinamarca es el país que menos brecha presenta en el conjunto de las dimensiones. Es el único, de hecho, que se sitúa en el primer tercio de la tabla en todos los parámetros. También son paradigmáticos para Unicef los casos de Canadá, Francia, Italia o Luxemburgo, con altos ingresos pero en la parte inferior de la clasificación. "Esto indica que unos niveles de renta altos no significa una reducción de la inequidad. No solo hay que poner esfuerzo en el desarrollo económico", puntualiza Sánchez.

El informe pone también de relieve, en el caso de España, la ineficacia de las políticas públicas para mejorar la vida de los menores. "Nuestro gasto en infancia no es suficiente y no está bien focalizado. No están siendo suficientes para sacar a los más desiguales de este pozo", argumenta Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia.

España es el país de la UE que dedica menos porcentaje de su PIB (0,5%) a prestaciones para la infancia y las familias, pese a que la tasa de pobreza infantil alcanza el 36%. Según estimaciones de la organización, la inversión en políticas de infancia del conjunto de las administraciones por menor "disminuyó en más de 6.300 millones de euros entre 2010 y 2013, a pesar del incremento de los niveles de necesidad".

Los recortes y la LOMCE no ayudan

Unicef ha insistido en que el riesgo de pobreza se ha ido desplazando desde los años 80 de los mayores a los jóvenes y menores. Y propone para atajarlo el aumento de la prestación social por hijo a cargo de 291 a 1.200 euros al año. "16 países europeos cuentan con ayudas universales de este tipo y han dado resultados", justifica Gabriel Sánchez. Actualmente hay en España 8.200.000 menores, el 18% de la población.

Para la organización, la ley educativa en vigor (LOMCE) no ayuda a "atacar la inequidad". Tampoco han favorecido a los menores los recortes en la educación pública de los que advierten "podrían verse los resultados en los próximos años. "El impacto puede manifestarse en el futuro, no es tan inmediato como el de los ingresos, por ejemplo", apunta Gabriel Sánchez.

El informe 'Equidad de los niños' ha tratado de medir también "el volumen de actividad parlamentaria como termómetro del nivel de compromiso y prioridad otorgados por la clase política española" a la infancia. Según la información recopilada, durante la legislatura se han celebrado 550 actos parlamentarios relacionadas con este ámbito, pero "más del 90% de esta actividad corresponde a preguntas al Gobierno y a iniciativas de orientación política que carecen del potencial transformador de las leyes". Estas solo representan el 9% de la actividad en el Congreso entre 2011 y 2015.

Aunque el documento valora positivamente algunas medidas puestas en marcha por el Gobierno (como II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia o el Fondo Extraordinario contra la Pobreza Infantil), critica que "ninguna de las más de 50 iniciativas legislativas presentadas por la oposición fue aprobada". Versaban sobre cuestiones tan dispares como la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, el sistema de permisos y prestaciones por paternidad o maternidad o la pobreza energética.