María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas, responsable de las decisiones de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar según la juez del caso, fue imputada y declaró por un delito de prevaricación en septiembre de 2013 en el caso de otra mina andaluza polémica: Matsa, donde trabajaba como apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente Manuel Chaves. Esta mina fue objeto de una intensa polémica por los 10,1 millones que el Gobierno de Chaves concedió a Matsa.

Asensio fue delegada en Huelva de la Consejería de Economía y es una protegida política de Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, persona de máxima confianza de Susana Díaz. Jiménez, exsecretario general de los socialistas onubenses, parlamentario por esta provincia, es el encargado por Díaz para negociar los acuerdos con el resto de partidos políticos con el fin de conseguir un apoyo o al menos una abstención a la investidura de la presidenta andaluza.

La imputación por prevaricación está relacionada con el permiso a Matsa mientras Asensio era la delegada onubense de la Consejería de Economía para construir una estación depuradora de aguas para llevar a cabo los trabajos de desagüe de la mina. Desde el departamento se le solicitó un proyecto con una serie de datos y, ante la imposibilidad de hacerlo antes de que la planta entrara en funcionamiento, Matsa aportó el informe de la planta que tiene en la mina de Aguas Teñidas.

Aznalcóllar a la espera

Asensio respaldó a Matsa, tras su imputación por un asunto relacionado con esta empresa, en la conferencia inaugural del Máster de Recursos Minerales organizado por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) titulada "Presente y futuro de la minería en Andalucía". Fue en enero de 2014 y la directora general, según difundió la propia mina en una nota de prensa, señaló “la apuesta firme de la Junta de Andalucía por fomentar el sector de la minería a través de dos líneas de trabajo: impulsar la investigación minera en la mejora del conocimiento geológico del territorio y los proyectos de explotación minera” como el de MATSA, único en operación en la provincia de Huelva.

Díaz y el consejero ‘Pepín’ apoyaron a la imputada

Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta andaluza. (EFE)

La directora general de Minas fue nombrada para su puesto como alto cargo de la Junta por el Gobierno de José Antonio Griñán en junio de 2012. Susana Díaz y el jefe inmediato de Asensio, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Pepín Sánchez Maldonado, apoyaron sin fisuras a la acusada por la juez de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a pesar de conocer la imputación de Asensio y de su declaración en el caso de Matsa.

Asensio declaró ayer en rueda de prensa que aseguraba que el Gobierno andaluz pone “la mano en el fuego” sobre el concurso, defender su “limpieza” y la “honestidad” de los trece funcionarios que han intervenido directamente en la mesa de contratación. Han negado que haya existido ninguna instrucción política a las empresas sobre cómo debían organizarse para optar a la explotación del yacimiento minero. Alegó, junto al secretario general Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández, que se trataba de un concurso “novedoso”, “innovador” y “especialmente complejo” y por ello quizás la juez, que ha abierto diligencias en un duro auto, no ha sabido entenderlo.

La Dirección General de Minas informa que el asunto en el que estuvo imputada Asensio quedó archivado. "Es verdad que declaró como imputada, pero al final se retiró la acusación", subrayan a este diario fuentes de la consejería.