Al igual que toda España, incluyendo los cinco representantes que ha logrado el recién formado partido Podemos, a mí también me ha sorprendido el fulgurante resultado de este partido de izquierdas que parece haya nacido de la nada.

Podemos tiene la capacidad de mover a un amplio sector del electorado, no sólo a la gente de izquierdas profundamente insatisfecha con el PSOE e IU desde hace tiempo, sino también a una extensa masa de centro que constituye la mayoría electoral de este país, harta de la bipartitocracia, de la corrupción que ha generado, de la falta de oportunidades y del ascenso y mantenimiento en el poder de los pelotas y corruptos a costa de cargarse todo un sistema meritocrático. Incluso he detectado simpatías entre no pocas personas que son tradicionalmente pero que muy de derechas y que, sin embargo, han perdido toda confianza en el PP tras ver como sus nietos han tenido que emigrar a Alemania con dos másters o como sus niveles de vida menguan y menguan tras un recorte de salario o un despido tras 25 años de trabajo, mientras todo un ex-tesorero del PP canta por bulerías desde Soto del Real y no se le hace ni puñetero caso. No voy a relatar más casos de corrupción en Hispanistán por la degeneración de la actual clase política dominante, lo que Pablo Iglesias denomina La casta política, son sobradamente conocidos. Como son también conocidos los obstáculos de todo tipo que el actual poder ejecutivo, en sintonía absoluta, o más bien en perfecta fusión, con el poder judicial y el legislativo, interpone en la difícil labor de impartición de justicia que pretende poner a estos personajes a la sombra.

Pablo Iglesias, alias "el coletas", celebrando los cinco escaños con miembros del partido. Fuente: www.teinteresa.es

Podemos ha canalizado de forma extraordinariamente hábil ese descontento y pretende darle una vuelta de tuerca, o quizás más de una, al régimen actual. Toda esta gente tremendamente insatisfecha que mira el fenómeno Podemos con simpatía siente simplemente vergüenza ajena al ver en que se ha convertido aquel espíritu de la Transición Democrática Española y desea un cambio del actual régimen a uno más democrático. Sin más. Ni acercarse a Venezuela ni ser Corea del Norte, al menos si hacemos caso a lo que dice uno de los fundadores e ideólogos de Podemos: Juan Carlos Monedero. Profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid:

Todo el mundo me pregunta por Venezuela y no por mi etapa en Alemania, cuando hice la tesis sobre la disolución de la RDA. Quien dice que queremos convertir a España en Venezuela es un idiota.

Su visión para Podemos la resume así:

Queremos que sea la llave para la construcción de un frente amplio como el de Uruguay, un punto de encuentro entre partidos y movimientos sociales que nos permita reinventar la democracia y crear un proceso constituyente. Así fue en Bolivia, Venezuela y Ecuador.

Parece que Podemos sólo quiere más democracia que la que hay, pero su objetivo es hacerlo desde una óptica muy de izquierdas, incluso echando mano de mensajes y teorías de ideólogos que resultaron decisivos en la formación de regímenes totalitarios y comunistas, y en frente amplio ¿Recuerdan el frente popular que salió de las urnas de 1936? Pues eso es lo que probablemente ocurrirá en las próximas elecciones generales. Seguramente, y siendo realistas, Podemos concurrirá en coalición con otros partidos de izquierdas, como IU, a las siguientes elecciones.

Podemos ha logrado captar el descontento de ese amplísimo sector electoral español gracias sólo a la tele e internet. Si bien el PP y el PSOE están preocupados por su manifiesta sangría de votos, saben desde el principio que su verdadero enemigo es este jovencísimo partido, que con apenas 1.400.000 votos promete hacer cuña de una manera brutal ocupando el espacio que muchos partidos no han sabido llenar desde el 15M. Y ojo, que cinco parlamentarios europeos dan para mucho. Que el 90% de ellos se dediquen a tocarse los cohones y cobrar cómodamente su mensualidad de 8.000 pavos mientras votan acorde a la disciplina de partido no significa que no se pueda hacer mucho desde Bruselas. De hecho, por la Eurocámara pasan el 70% de los textos normativos que incidirán directamente en la vida de los españoles.

Yo he tenido la oportunidad de reunirme con varios europarlamentarios, tantos españoles como de otros países (sólo hay que solicitarlo con un buen motivo y representando a un colectivo que puedan servir) y sólo puedo contar maravillas de ellos. Personas como David Hammerstein y su extraordinaria capacidad de trabajo, y otros que no puedo nombrar, honran a este colectivo y nos recuerdan que sí, que somos responsables de la gente que enviamos allí.

Algunos llamarán a lo de Podemos, perroflautismo. Otros, populismo. Los más radicales desde los medios cavernosos de la extrema derecha lo califican como extrema izquierda y ven en España una nueva Venezuela a poco que nos descuidemos en "entregarle" el poder en las próximas elecciones. Los hay que incluso predicen que Podemos dará demasiado poder y libertad de elección al ciudadano y que eso es contraproducente, como si los ciudadanos adultos fuéramos niños que tengamos que dejar nuestras decisiones en manos de algún salvapatrias. En fin, he llegado a leer tantas tonterías juntas que no sé ni por donde empezar, y dudo que muchos de los que escriben hayan leído el programa, un programa que por otra parte creo que ciertamente adolece de algo de prisa al ser redactado y de cierta bisoñez en sus planteamientos, lo admito. Sin embargo entronca muy bien con las exigencias de un enorme sector electoral ampliamente insatisfecho con la casta.

Pero creo que no me corresponde a mí un análisis sesudo de la propuesta política del partido Podemos ni del potencial peligro de caer en un comunismo totalitario que encierra la aplicación de sus tesis, puesto que no soy politólogo ni experto en política. No sé si Pablo Iglesias es un perroflauta más que dice una sarta de chorradas filocomunistas que harán que España se deslice por el retrete o si por el contrario traerá la Democracia 2.0 a España de una vez. Tampoco sé si todo esto quedará en agua de borrajas y el partido se deslizará por la senda del asamblearismo, nadie lo sabe.

Eso sí, de energía, cambio climático y medio ambiente creo que sé algo. Precisamente quisiera hablarles extensamente de lo que sí entiendo para comprobar si Podemos elabora de forma coherente, al menos, una parte de su programa.

Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía

La primera referencia al sector energético, y creo que la más importante, la encontramos en el punto 1.6 del programa electoral.

Se propone devolver a las manos públicas el control de los sectores estratégicos de la economía española.

Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal.

Los liberales califican este punto como una verdadera barbaridad que no hará sino empobrecer al país. Algunos como Juan Ramón Rallo, del muy liberal Instituto Juan de Mariana, sostienen que tal y como está redactado este apartado cada ciudadano podría vender su participación pública del sector como si se tratara de una participación en una sociedad anónima de carácter público. Creo que esta interpretación es rizar mucho el rizo y llevar a un extremo bastante absurdo la intención de fondo, que no es sino asegurar que los ciudadanos ejerzan un control efectivo del sector, controlando muy de cerca un Estado que, si cayera en manos de un partido que no escuchara a sus ciudadanos, podría maniobrar contra el interés general en nombre, precisamente, del propio interés general. De ahí que sea una constante en el programa la referencia a frecuentes referendos (consultas públicas con votación) en cuestiones importantes. Suiza suele convocar cada pocos meses a sus ciudadanos para votar en referéndum y no le va nada mal, por cierto. La población no se ha contradicho a sí misma ni carece de la madurez suficiente para decidir por sí misma, al contrario de lo que predicen muchos analistos que pretenden hacernos creer que los españoles no somos tan maduros para tanta democracia. Esta noble tradición de consultar directamente al pueblo en asuntos trascendentales para el país creo recordar que se ejerció por última vez con el Tratado de la Unión Europea en 2005. Ya hace nueve años de ello, oigan.

Es lógico que contravenir el mantra de lo privado es lo más conveniente horrorice a un buen liberal. Pero señores, se han escrito muchos tratados desde Adam Smith y su figura de la mano invisible del mercado, que es la mano de Dios. Creo que en estos más de 250 años hemos tenido experiencias suficientes para dilucidar que la liberalización de sectores y servicios sin más, por mucho que una parte de una Directiva europea obligue a ello, no es la solución milagrosa a todos los males, especialmente si el proceso de liberalización se queda a medias y se convierte en un experimento de desregularización entre amiguetes, que es exactamente lo que ha pasado con el sector energético, especialmente el sector eléctrico, en este país.

Nuestra vecina Francia optó por pasar olímpicamente por ese punto de una Directiva Europea y, no sólo mantiene bajo tutela pública su red eléctrica y la empresa que la gestiona (EDF), sino que no ha liberalizado la mayoría de sus centrales eléctricas, las cuales permanecen en un alto porcentaje bajo control estatal. Y que yo sepa, no tiene intención de privatizar ni un kilómetro de cable. Por cierto, Pablo Iglesias tiene a Francia como un modelo de lo que debería ser el sistema energético español, en el sentido de que propone que el Estado deberá operar y regular directamente ese sector estratégico.

Los extremos de esta ola liberalizadora, que quizás comenzó Aznar en los noventa con la privatización de Repsol, Endesa, Iberia y demás joyas de la corona a precios de saldo aunque con notable resultado para reducir la abultada deuda pública y el déficit y así entrar en el euro por la puerta grande, los hemos vivido hace menos de un año en la Comunidad de Madrid, donde se pretendía externalizar un servicio público básico esencial como es la salud. El escándalo de ver como un grupo de coleguitas, sean del color que sean, pero siempre vistiendo el color del dinero, se lo montan entre ellos para comérselo crudo hospital tras hospital; desde Valencia hasta Móstoles en nombre del sacrosanto mercado diciendo que abaratarían costes, cuando las evidencias decían justamente lo contrario. Ha sido más que bochornoso. Para mí ha sido vomitivo. Ver a los responsables de dicho desaguisado, afortunadamente abortado por la Justicia madrileña, aún en el cargo, es digno de un espectáculo de opereta.

Sirva este extremo para ilustrar lo que creo que Podemos pretende que no ocurra con esa "recuperación del control público de los sectores estratégicos".

En el caso de las telecos no me quiero meter. Quizás el régimen liberalizador de las telecos no ha sido el más ejemplar del mundo, pero como resultado los consumidores podemos elegir una amplia variedad de productos y servicios de todo tipo y precios. Se hace patente que existe una feroz competencia en el sector y creo que funciona razonablemente bien para lo que había antes (monopolio de facto de Telefónica). Al contrario de lo que ocurre en el sector eléctrico, un consumidor de telefonía móvil puede recurrir a un muestrario real y variado de servicios. Mi política consiste en no tocar lo que funciona y, por tanto, creo que hay sectores que deberían excluírse por ahora de la ola nacionalizadora.

Tampoco me resulta fácil de imaginar como se va a desprivatizar el sector farmacéutico al completo. Existen países capitalistas que tienen un sistema farmacéutico cien por cien público (Suecia es un buen ejemplo) y funcionan. Pero debo decir por experiencia propia que el nivel de precios de los productos farmaceúticos en ese país raya el lujo. Es otro sector que, si bien necesita de una cierta intervención y regulación, yo tampoco cambiaría mucho. Ojo, hablo desde una casi completa ignorancia y meramente como consumidor.

Consecuencias de nacionalizar el sector energético español

Y, en el caso de la energía, ¿en que se traduciría devolver el sector a manos públicas? ¿Se expropiarían la mayoría de las centrales eléctricas y pasarían de nuevo a manos del Estado? ¿Se prohibiría la generación de energía por entes que no fueran públicos? No, lo que se haría es justamente lo contrario: Podemos pretende liberalizar al máximo la generación de energía.

¿Están confundidos mis queridos lectores del ala liberal? No es para menos ¿Cómo un partido filochavista puede querer liberalizar todo un sector económico si lo que parece es que quiere intervenir en toda la economía. Pues muy sencillo: Porque en realidad la generación de energía no se ha liberalizado nunca por completo, a pesar de que sean las propias Directivas europeas las que conminan a ello.

Todo tiene su explicación. Si miramos un poquito más adelante en este mismo punto 1.6 veremos:

Apoyo a la producción de energía por parte de los particulares.

Más adelante, en el capítulo 6 que se dedica por completo a Medio Ambiente en general, dice:

Medidas de apoyo a la autogeneración mediante el impulso de la generación distribuida mediante renovables y facilitar su conexión a la red general para evacuar la energía sobrante, lo que se traducirá en una democratización de la energía. Medidas de impulso a las cooperativas productoras de energía.

Sí, debo empezar a confesarlo. Leí el programa de Podemos el lunes tras las elecciones y ver en la misma frase apoyo a las renovables, autogeneración y nada menos que el lema de este blog, democratización de la energía hizo despertar mis simpatías de inmediato.

Es decir, Podemos propone efectuar de una vez la tan cacareada liberalización completa de la producción de energía en España y facilitar hasta extremos insospechados que incluso el consumidor más insignificante pueda acceder a la red de energía, hablar de tú a tú con la empresa distribuidora y venderle y comprarle la energía producida en igualdad de condiciones, por supuesto, respetando los criterios técnicos y de planificación energética que se estimen oportunos. Ojo, esto, que parece muy revolucionario, no es ni más ni menos que lo que propone la Comisión Europea desde hace años con sus Directivas y Comunicaciones al Consejo y lo que es ya una realidad en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Austria, Suiza, Reino Unido, Francia y tantos otros países del mundo que entienden que sus ciudadanos son soberanos también para decidir que energía consumen y producen. Lo que ocurre es que el oligopolio español actual, que tiene en nómina a los dos grandes partidos y coloca a sus ex altos cargos en los Consejos de Administración de las empresas en magníficos ejercicios de puertas giratorias, no lo permite hoy por hoy.

Y siendo así, ¿dónde encajaría entonces la recuperación del control público en los sectores estratégicos en un entorno tan presuntamente liberalizado? Para ello debemos volver a recordar que el sector energético, y en extensión el eléctrico, está dividido en cuatro subsectores básicos:

Generación (liberalizado... pero la realidad es que los "pequeños" están en inferioridad de condiciones manifiesta)

Transporte (regulado, gestionado por empresas privadas)

Distribución (regulado, gestionado por empresas privadas)

Comercialización (liberalizado)

Podemos propone a fin de cuentas la toma de poder de las redes de distribución por parte de los poderes públicos, que el Estado vuelva a tomar el control de las redes de distribución de energía. Es decir, si Podemos accede al poder nacional algún día, muy probablemente expropie, bajo las tesis del interés general, y sin necesidad de violar ninguna Ley actual, las redes de distribución eléctricas para empezar, dejando en un segunda fase la toma de las redes de hidrocarburos. Por su parte las redes de transporte (líneas de muy alta tensión, redes de grandes oleoductos y gasoductos) están de facto bajo control del Estado a pesar de que son gestionadas por empresas privadas, Enagás en el caso del gas, REE en el caso de la electricidad, por lo que es posible que su recuperación sea posterior o ni siquiera sea necesaria.

La expropiación por parte de un ente público de cualquier activo está justificada y reglada por la Ley española, una Ley con más de 50 años de antigüedad. La Ley dice muy claramente que se deben cumplir siempre de forma ineludible dos criterios para que la expropiación sea legal:

Que el bien expropiado justifique que contribuya al interés general o la utilidad pública para la sociedad. Que se abone un justiprecio como compensación por la expropiación. Este justiprecio es decidido por un tribunal independiente que está especializado en estos temas.

En mi humilde opinión, expropiar "por la cara" violando cualquiera de estos dos principios entraría de lleno en lo que se denomina Chavismo o populismo y daría la razón a aquellos que ven en Podemos a un reflejo del totalitarismo comunista. El espectáculo de ver a Chaves exclamando "Exprópiese" cuando paseando por el centro de Caracas le decían que ciertos edificios tenían valor histórico para Venezuela, me produjo una tremenda vergüenza ajena. Lo digo desde ya: Si Podemos optara algún día por este camino de la expropiación salvaje y poco argumentada, que no cuenten con mi apoyo.

Así pues, la cosa queda en saber si se cumplen estos dos puntos a la hora de expropiar las redes de distribución eléctricas.

¿Son las redes de distribución, actualmente en manos privadas, de utilidad pública para la sociedad?

Las redes de distribución energéticas, sean eléctricas o de otro tipo, son esenciales para el mantenimiento de la economía de un país. Algunas de esta redes no necesitan de activos fijos (por ejemplo, la red de distribución de bombonas de butano. Cualquiera con un camión puede suplirlas) mientras que otras requieren de grandes inversiones, de tal forma que nos encontramos ante lo que se denomina un monopolio natural. Nadie en su sano juicio construiría una segunda línea eléctrica que cuesta millones de euros para llevar electricidad de forma paralela. Y, aunque un promotor privado lo intentara, las leyes actuales le obligarían a entregar esa línea eléctrica a la distribuidora que goza del monopolio privado de zona.

Distribución zonal en régimen de monopolio de las distribuidoras de electricidad privadas españolas . Fuente: Actualidad Económica.

Teóricamente los poderes públicos vigilan y supervisan la actividad regulada de distribución para que unas empresas privadísimas que arrojan beneficios de forma sistemática año tras año no se salgan de madre y sirvan como una especie de concesionarias al servicio del pueblo. La realidad dista mucho de este punto de vista idealizado. La realidad es que las distribuidoras se han agrupado en forma de oligopolio (brillantemente representado y defendido por Unesa) para dedicarse a perpetuar sus privilegios y, para no encontrarse obstáculos significativos en los sucesivos gobiernos, aseguran que las puertas giratorias de la interfase vida política - vida privada cómodamente apoltronado en un sillón de un Consejo de Administración funcionen bien engrasadas.

La normativa actual, escrita por los mismos partidos que mandará a sus ex-dirigentes a los Consejos de Administración de las eléctricas en un futuro, lleva a situaciones delirantes que, estoy seguro, los adalides del libre mercado que tanto despotrican contra Podemos reprobarían con una enérgica protesta. Por ejemplo, la Ley prohíbe que tú, humilde ciudadano de clase media, vendas la electricidad que genera la central fotovoltaica de tu casa a un tercero, aunque tú construyas el cable para llevarla a su destino. Por supuesto, si construyes el cable, este pasa a ser propiedad de la distribuidora de la zona en el acto y sin compensación posible. Por otro lado, la Ley no prohíbe que tengas una instalación solar que produzca electricidad para autoconsumo y así depender menos de la empresa oligopolística de turno, pero te clavarán un impuesto tan desproporcionado por hacerlo que disuadirá de cualquier esfuerzo al convertir un periodo de amortización de la instalación de 10 años en 17. La Ley incluso dictamina que una cooperativa de consumidores que construye su propia red de distribución para proveer de electricidad a un bloque de casas o a un conjunto de empresas asociadas deberá ceder gratis y por la cara la red recién levantada a la empresa privada distribuidora de turno. En resumen, la Ley intenta taponar todos los huecos que el desarrollo de la tecnología renovable abre en un sistema centralista, oligopólico y a fin de cuentas, viejuno, para que ninguno de los curritos de a pie podamos ejercer nuestra soberanía energética. Con la legislación actual la democratización de la energía es imposible. Sólo queda relegada, por ahora, a aplicaciones pequeñas de producción de energía térmica como disponer de tu propio sistema solar de agua caliente sanitaria o una chimenea que pueda quemar biomasa para calentar tu casa.

Esquema de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con energía solar fotovoltaica. Normal en Dinamarca, inviable en España por obra y gracia de la normativa. Fuente: www.certificadosenergeticos.com

Lo que propone Podemos a fin de cuentas es que el Estado se convierta en garante de la red de energía, sea cual sea el vector energético, electricidad u otro como hidrógeno o combustible fósil, expropiando si es necesario los activos requeridos y hoy en día en manos de empresas privadas en régimen de monopolio para que nada ni nadie pueda impedir el proceso de democratización de la energía que Europa promueve y que las renovables ya, por fin, hacen posible. En definitiva, para que los ciudadanos sean más soberanos y las corporaciones no puedan gozar de una posición monopolística u oligopolística sobre un sector estratégico y tan importante.

Esto no es una idea loca que ha salido de un iluminado con coleta. De hecho, la ciudad más rica de Alemania, Hamburgo, votó el año pasado en referéndum a favor de expopiar la red de distribución eléctrica. Por supuesto las utilities afectadas se han revuelto como gato panza arriba para evitar que se les acabe el chollo. La justicia hamburguesa dictaminará, a la vista de los recursos presentados por las empresas eléctricas, si el bien expropiado contribuye al interés general y si el justiprecio (400 millones €) es suficiente para compensar a las distribuidoras por la pérdida.

No hay expropiación mala, sino mal justiprecio. Que le pregunten a Repsol.

Obstaculizar el creciente proceso de democratización energética no lleva sino a un control efectivo de un sector estratégico como es la energía por parte de unas pocas corporaciones. A su vez, incide directamente en la degradación de la calidad del medio ambiente, puesto que las tecnologías más limpias son precisamente las que pueden más fácilmente instalarse en las casas y pequeños negocios, compitiendo duramente, ya, con las energías convencionales en manos las empresas generadoras de electricidad como la nuclear y el carbón (empresas generadoras a su vez integradas en forma de holdings con las empresas distribuidoras, a hasta el punto de que consolidan cuentas juntos y cotizan en el MC integradas, toma "separación efectiva de sectores energéticos", ¡la repanocha!).

Esquema del holding Endesa. Fuente: Informe de gestión consolidado 2013.

No albergo ninguna duda de que una nacionalización de los activos de distribución de energía conducirá, si el proceso es bien llevado, a un precio de la energía mejor para los usuarios. Una vez barrido el oligopolio y sometido el flujo de energía al interés general, sólo queda esperar a que lleguen los frutos de esta reforma.

Pero insisto, se ha de hacer en el marco de la legalidad, muy bien hecho, paso a paso y con la cabeza fría. En caso contrario saldrá un fiasco.

La cuestión del justiprecio

Supongamos que sí, que un buen día una coalición de izquierdas decide nacionalizar la red eléctrica de distribución y para ello la expropia abonando un justiprecio. ¿Cuál sería este precio justo?

Como de valorar activos energéticos sé muy poco, no sabría decirles, pero sí que quiero lanzar al aire varias ideas que se agolpan en mi cabeza para que vean que sí, que se pueden tomar medidas aparentemente radicales que un juzgado podría llegar a aprobar:

Asumir que los activos expropiados están ampliamente amortizados y por tanto arrogarse el Estado la propiedad de los mismos a precio cero o irrisorio. Conceder a la empresa expropiada un dinero, pero apoyado en la expectativa de retribución basada en una rentabilidad razonable. Si se hizo para las instalaciones fotovoltaicas, ¿por qué no hacerlo para las líneas eléctricas de distribución? Cambiar en el BOE el día antes de la expropiación el Real Decreto de turno para retribuir en el futuro la actividad de distribución con un recorte de, pongamos, el 40%, así la rentabilidad razonable sería igual que en el caso anterior, pero el coste para el Estado un 40% menor. Vuelvo a repetir mi argumento: Si se hizo para las instalaciones fotovoltaicas, ¿por qué no hacerlo para las líneas eléctricas? Confieso que ninguno de los argumentos anteriores me termina de gustar, a pesar de que se trata de medicinas que ha probado el sector renovable español. Así que les diré la última idea basada en un estudio pormenorizado y profesional: Calcular el justiprecio tras completar una rigurosa auditoría de los costes eléctricos desde su misma liberalización allá por el año 1997, incluido el famoso déficit de tarifa, auditoría que por cierto el bipartito bloqueó en Las Cortes en su día, ejem.

Esta auditoría, llevada a cabo de forma profesional, imparcial e independiente, incluiría el cálculo de todos y cada uno de los gastos e ingresos del sistema que afectan a la actividad a expropiar desde la liberalización del mercado eléctrico. Desde el monto total de los peajes abonados por los consumidores y productores hasta los numerosos costes que se han ido acumulando y abonando en la tarifa, como los famosos y muy poco honorables Costes de Transición a la Competencia (CTCs), también conocidos como dinero que doy por la cara a las eléctricas por pasar de un régimen de monopolio público a un régimen de oligopolio privado.

Otros aspectos energéticos del programa

El programa propone también una batería de medidas para, por un lado, ayudar a luchar contra el cambio climático y mejorar el medio ambiente en general y, por otro ser menos dependiente de la energía extranjera:

Impulso del necesario decrecimiento en el uso de energías fósiles. Incremento de las penas por delitos medioambientales. Reforma ecológica de la Contabilidad Nacional mediante la introducción de indicadores de contabilidad ambiental que permitan evaluar la economía en su comportamiento biofísico, con independencia de su valor monetario, según la metodología de la ONU. Acabar con la contaminación y el riesgo de cambio climático [imposible de hacer en una legislatura, pero posible en el lapso de una generación]. Elaboración deun plan con fuerza vinculante destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para no superar los 2ºC que la comunidad científica estima como límite para evitar un cambio climático de efectos devastadores. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 y un 95% para 2050, así como de los tóxicos óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas nocivas (PM) [en la práctica esto supone descarbonizar el sistema energético en medidas equivalentes y, por tanto depender mucho menos de los combustibles fósiles, mayoritariamemte importados hoy día]. Control democrático social y público de las fuentes energéticas y de la producción eléctrica para acabar con el poder de los

oligopolios del sector. Plan de rápido desarrollo de las energías renovables mediante la inversión pública y dotado de una dotación suficiente en I+D, su introducción masiva en las instalaciones de las administraciones y el apoyo a su implantación en los inmuebles particulares residenciales y empresariales. Las fuentes renovables de energía deberán suponer al menos un 45% de la energía primaria en 2030, [actualmente se propone el 30% para 2030 en la media de la Unión, pero España está en condiciones, bajo mi humilde opinión, de alcanzar el 40% sin esfuerzos notables], siendo necesaria la puesta en marcha inmediata del cambio de modelo energético . Medidas de apoyo a la autogeneración mediante el impulso de la generación distribuida mediante renovables y facilitar su conexión a la red general para evacuar la energía sobrante, lo que se traducirá en una democratización de la energía . Medidas de impulso a las cooperativas productoras de energía. Moratoria nuclear [La anterior moratoria nuclear concluyó en 1997. Hoy día es legal solicitar la autorización para abrir una central nuclear en España] Cierre programado de las centrales nucleares asegurando alternativas de empleo para sus trabajadores [no establece fecha alguna] Cierre programado de las centrales de gas y de carbón. Prohibición del fracking, la megaminería, la importación de agrocombustibles y el acaparamiento de tierras con fines energéticos. Plan de rehabilitación energética de edificios y de viviendas con objetivos anuales que, junto a su potencialidad en la creación de empleo cualificado, permita un ahorro estimado para el sector del 50% de su consumo energético respecto al nivel de 2009, sin que todo ello suponga incremento de los precios de alquiler [una medida que muchos dicen es una utopía, pero no es ni más ni menos que lo que obliga a hacer la Unión con su Directiva de Ahorro y Eficiencia Energética, aunque dejando al albedrío de cada Estado miembro el porcentaje de ahorro a alcanzar]. Nuevo modelo de transporte europeo sin emisiones de gases frente al actual basado en el uso de vehículos altamente contaminantes. Prioridad al transporte basado en la motricidad eléctrica sobre los derivados del petróleo [promover los vehículos eléctricos].

Algunas de mis propuestas para el programa de Podemos

Es normal que un partido tan joven que se ha fundado en un tiempo récord tenga un programa algo deshilvanado, aunque producto de una participación abierta por todo el que ha querido participar en las asambleas post 15M, por tanto no haré mofa del mismo ni mucho menos. Eso sí, convendrán conmigo en que necesita de una reestructuración y orden lógico y la necesaria aportación de varios expertos del sector.

En lo que respecta exclusivamente al ámbito energético, echo de menos más referencias al ahorro energético como verdadera medida estrella energética, sólo se habla de ahorro en los edificios. Es cierto que los edificios consumen el 40% de la energía de la Unión, pero no llega al 30% en el caso de España. El verdadero nicho de ahorro en España está en el transporte y hay que apuntar a él directamente cuando se habla de ahorro y eficiencia.

Por otra parte, echo de menos una referencia que promueva la investigación en edificios de consumo de energía casi nulo. La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios establece que serán obligatorios desde 2021, y desde 2019 para las administraciones públicas. Como quien dice, la fecha está a la vuelta de la esquina y hay que ponerse las pilas pero ya para que España no pierda el tren y sea capaz de ofertar edificios que no demanden energía del exterior. Esto es posible, viable y muy recomendable, pero hay que trabajarlo, como todo.

De hecho, cualquier programa político que hable de energía será bastante avanzado si se limita sólo a mencionar lo que es obligatorio en las Directivas Europeas ya aprobadas, así de patético es el posicionamiento del gobierno en la materia.

Se podrían hacer muchas más propuestas. Pero yo encajaría todas y cada una de ellas en una Hoja de Ruta para la descarbonización total del sector energético para 2050 sin participación de fracking ni energía nuclear, un objetivo que ya han emprendido no pocos países. Una Hoja de Ruta que no haría, supongo que ya lo han adivinado, sino seguir la senda europea ya iniciada con la publicación en 2011 de la Hoja de Ruta para una economía baja en carbono. Evidentemente, se trata sólo de una guía a implementar en los Estados Miembros que deberá ser desarrollada acorde a las circunstancias de cada país. Pero al menos hay una guía y una tutela efectiva por parte de la UE.

Obtener una buena Hoja de Ruta para un 2050 descarbonizado sería un buen comienzo.

Conclusiones

El programa con el que concurrió Podemos a las pasadas elecciones europeas contiene una serie de medidas en el ámbito energético y ambiental que, si bien parecen muy avanzadas a ojos del lego en la materia, no son sino el producto de la transposición de varias Directivas Europeas vigentes en la actualidad. No obstante, se ha de reconocer la valentía de querer reformar por completo la estructura y control del sistema energético para devolver la capacidad de tomar decisiones a la soberanía popular.

El programa, en su vertiente energética, merece mis simpatías en tanto en cuanto persigue el objetivo de democratizar el sistema energético en su totalidad, basándose en fuentes de energía renovable, hasta el extremo que la tecnología permita, lo que me parece un planteamiento coherente y valiente. Creo que es un buen punto de comienzo para converger con Europa en este sector y que el espíritu de cambio es adecuado. Sin embargo, el texto debe ser reformulado a la luz de las actuales políticas energéticas europeas.

La recuperación del control público en el sector estratégico energético propuesta por Podemos puede realizarse mediante una expropiación de los activos de distribución de energía eléctrica, pero deberá conducirse acorde a las necesarias garantías legales que deben estar regir todo Estado de Derecho, puesto que existen herramientas legales, costes no contabilizados y motivos de justificación sobre su utilidad pública más que sobrados. Cualquier intento de expropiación que se salga de la Ley al estilo chavista encontrará la oposición de un amplio sector de la población y por supuesto también el mío propio.