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Hemos conocido que el PNV ha alcanzado con Rajoy un acuerdo para que los presupuestos del estado español sigan su trámite. Lo primero que hay que recordar es que el PNV ha venido repitiendo en innumerables ocasiones que no había nada que hablar y negociar con Rajoy mientras el artículo 155 estuviese en vigor. La misma mañana en que se hizo público el acuerdo alcanzado entre el PNV y Rajoy insistían en eso. ¿Es admisible decir una cosa y hacer lo contrario? Solo es admisible si se acepta que la política se basa en el engaño y en la mentira. Y eso es muy malo porque desacredita la política, sumergida ella misma en una gran Fake New.

Es obligado recordar que el PP, Ciudadanos y el PNV aprobaron la denominada «regla de gasto», así como el «techo de gasto». Palabras que tienen un gran significado político. Esto significa que si las pensiones suben más del 0,25% el dinero que se destina (se habla de 2.000 millones) se debe recortar de otras partidas. ¿De dónde han acordado recortar? ¿De educación, de sanidad, de la ya exigua partida de lucha contra la violencia machista? No lo dicen. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que van a recortar de otro lado porque priman la ortodoxia neoliberal de la mencionada regla de gasto, que es parte de una estrategia para desmontar los servicios públicos, avanzando en la privatización y favoreciendo el negocio con las necesidades sociales. Estrategia que comparten quienes aprueban los presupuestos en los últimos años, tanto los del estado español como los de aquí.

Más allá de lo anterior que es determinante para valorar el contenido global de lo que acuerden, hay otra interpretación de la realidad. El amplio movimiento social que se ha producido en los últimos meses, con cientos de miles de personas, sobre todo pensionistas pero no solo, saliendo a la calle, así como las movilizaciones anunciadas (por ejemplo el 5 y el 26 de mayo) han obligado a cambiar las intenciones de Rajoy. Es la movilización social la que obliga a Rajoy a aceptar que este año y el que viene las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Además, el PP podía, si deseaban garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, haber aprobado un Real Decreto que así lo estableciera. No era necesario el acuerdo presupuestario para eso. El PP estaba suficientemente presionado, tanto por la movilización social como con la situación estructural de corrupción en su partido.

¿Son ahora buenos los presupuestos? No, ni mucho menos. Los presupuestos siguen siendo antisociales y, también, un instrumento para obligar a las instituciones de Hego Euskal Herria a seguir los dictados centralizadores del estado. Dejan de lado el gasto social para primar el aumento del gasto en defensa.

Por último, unos comentarios sobre lo que han dicho que se ha acordado. Las pensiones se han venido recortando en los últimos años por tres vías: recorte de las nuevas pensiones, retraso de la edad de jubilación y pérdida de poder adquisitivo. Para ello, se han aprobado distintas reformas (por ejemplo la acordada entre Zapatero, la patronal, CCOO y UGT en 2011 o las dos que aprobó Rajoy en 2013). El movimiento de pensionistas ha demandado la reversión de los recortes aprobados en todas estas reformas. Para lograrlo hay que cambiar la ley, para mejorar la cuantía de las nuevas pensiones, para volver a la jubilación a los 65 años o para garantizar el poder adquisitivo a las personas pensionistas. Asimismo, se reclama una pensión mínima de 1080 euros y un sistema propio de pensiones en Euskal Herria.

Basta comparar lo que se reclama (que es de justicia) con lo acordado entre Rajoy y el PNV. El acuerdo no cumple, ni de lejos, esas expectativas Más bien es un intento para desmovilizar a las personas pensionistas y al resto de organizaciones y personas que están saliendo a la calle. También llama la atención que se pretenda hacer creer que retrasar la entrada del Factor de Sostenibilidad cuatro años sea una buena noticia. No lo es porque se mantiene y eso es muy grave. Además, los plazos tan largos en política valen para lo que valen. El Factor de Sostenibilidad se recogió en el acuerdo de la reforma de Zapatero. Rajoy decidió en 2013 adelantar su entrada en vigor a 2019. Este Factor supone un recorte automático de las nuevas pensiones. Una brutalidad. Que hay que rechazar, como hicimos en la reforma de 2011.

Basta ya de tomar el pelo a la gente, pensionista o no.



Mikel Noval, responsable del gabinete de estudios del sindicato ELA