viernes 23 agosto, 2013

Desde el inicio de su segundo mandato, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no se cansa de pedir inversión extranjera en el país. Lo mismo hicieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su segundo, Axel Kicillof, al anunciar el fallido blanqueo de capitales.



Pero así como los CEDIN no lograron despertar el interés de los ahorristas, los pedidos del gobierno no consiguieron atraer nuevas inversiones extranjeras. Para muchos, la razón puede encontrarse en la relación del oficialismo con cuatro compañías en los últimos dos años.



El caso más reciente es el de LAN. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) le quitó el uso de un hangar del Aeroparque Jorge Newbery a la aerolínea chilena, que tenía contrato con Aeropuertos Argentina 2000 para utilizarlo hasta 2023 y hasta había invertido cinco millones de dólares en el edificio.



La empresa amenazó con iniciar acciones legales y el ministro de Relaciones Exteriores chileno ya anticipó que intervendrá en el caso. Pero no es la primera avanzada contra LAN, que compite en varios destinos con la deficitaria Aerolíneas Argentinas. En mayo, la empresa estatal Intercargo (que opera el servicio de manejo de equipaje y transporte de pasajeros dentro de los aeropuertos) suspendió los servicios a la compañía chilena, alegando una supuesta deuda incumplida.



Argumentos similares esgrimió el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en junio, cuando anunció la suspensión de las concesiones ferroviarias en nuestro país a la empresa brasileña América Latina Logística (ALL). La reestatización también originó un conflicto judicial, fue repudiada por los medios brasileños y tensionó aún más las relaciones bilaterales, al punto de postergar un encuentro entre Cristina y Dilma Rousseff.



Las relaciones con Brasil ya se habían complicado en marzo, cuando la minera Vale se retiró del proyecto Potasio Río Colorado por "razones de seguridad" y el "actual momento macroeconómico" de la Argentina. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, acusó entonces a la empresa de "violentar la seguridad jurídica" y los cuestionó por pedir tres mil millones de dólares extra de inversión. Además, el gobierno mendocino apuntó a la compañía por abandonar a los 4.000 trabajadores del yacimiento.



Ida y vuelta. Un año antes había ocurrido el episodio que más espantaría a los inversores: a 20 años de ser privatizada, el gobierno anunció la reestatización de YPF. Así se le anuló la concesión a la española Repsol, gesto que inició un complejo litigio judicial. No obstante, eso no impidió que la petrolera, conducida por Miguel Galuccio, consiguiera un socio para suplir algunos de los mercados afectados: firmó un acuerdo con Chevron, que desembolsará 1.200 millones de dólares para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.

”Hemos hablado que durante un año no hemos encontramos inversiones", reconoció Galuccio hoy, durante su participación en el Council of Americas. Y agregó: "Necesitamos muchos Chevrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de Vaca Muerta".