Columnistas

Domingo 23 de febrero de 2014

Es política.A diferencia de un homicidio común y corriente -un crimen pasional, una herida mortal en una riña, una equivocación fatal- en este caso la motivación de los asesinos fue la protesta por lo que estiman son siglos de explotación y despojo de las tierras de sus antepasados, los pueblos originarios.Lo alarmante del caso es, entonces, que a los asesinos no los animaba el odio, sino algo que puede resultar peor: el anhelo desmedido de justicia.El asunto suena paradójico -¿cómo la justicia podría llevar al crimen? ¿De qué manera el anhelo de una virtud, la de la justicia, podría conducir al peor de los vicios?-, pero es de las cosas más frecuentes en la vida pública.A diferencia del odio, que se dirige contra los sujetos determinados que infligieron el agravio que acaba desatándolo, la pasión por la justicia amenaza con legitimarlo todo. A la vista de lo que se cree justo -la restitución de tierras en el caso mapuche, el logro de la igualdad, la obtención de la autonomía o cualquier otro ideal que se tenga por último e incuestionable- cualquier precio parece poco y merecería ser pagado. Es lo que algún autor -Luis Gonzalo Diez- ha llamado la barbarie de la virtud. La vida contemporánea está plagada de ejemplos en los que un puñado de personas, inflamadas por el deseo de justicia, son capaces de llevar adelante actos de esa índole. Desde la ETA en España a Sendero Luminoso en Perú, pasando por la OAS durante el gobierno de De Gaulle en Francia -para citar casos de allá y de acá, casos viejos y casos nuevos- la justicia ha sido, con frecuencia, el combustible y la justificación del crimen. Que se haga justicia; aunque perezca el mundo, que la justicia resplandezca aunque todo lo demás, incluidas algunas vidas humanas, se apaguen, es de las líneas más frecuentes con que se ha escrito la historia humana.Es probable que Celestino Córdova y sus cómplices estén convencidos de que ejecutaron un acto meritorio, una conducta que los enaltece a ellos y a su causa. Si el propósito que los anima es el logro de la justicia, pensarán ¿de qué podrían avergonzarse? ¿Acaso ellos y sus antepasados no fueron víctimas de actos iguales e incluso peores?Por supuesto, se equivocan.En una sociedad democrática hay ciertos medios -la violencia y el asesinato entre ellos- que están excluidos con prescindencia de la justicia de los fines.Así, cuando ese tribunal de Temuco imponga una pena a Celestino Córdova o a cualquier otro que resulte culpable, no estará condenando la causa mapuche, ni considerando sus reivindicaciones ilegítimas o inadmisibles, sino que estará simplemente condenando el crimen que se cometió en su nombre. Un estado democrático no condena las opiniones de los ciudadanos, sino aquello en que esas opiniones, cuando se las adopta como un artículo de fe frente a lo que todo cede, los convierten.Desprovista de cualquier posibilidad de juzgar de manera definitiva la justicia de los fines que animan a los seres humanos, la democracia ofrece la posibilidad de que todos ellos, incluida la causa mapuche por supuesto, sea ofrecida a los ciudadanos y haga el esfuerzo de ganarse su voluntad y su adhesión. Pero a cambio de esa libertad irrestricta para promover cualquier fin, las reglas de la democracia excluyen el uso de ciertos medios, la coacción y el crimen entre ellos.En presencia de esa distinción, resulta pueril centrar el debate en si se trató o no de un acto terrorista en el sentido técnico de esta última expresión.Terrorista o no, no cabe duda de que se trató de un acto frontalmente contrario a la convivencia democrática porque fue un asesinato que mostró, de parte de quienes lo ejecutaron, o de los que hoy con diversos pretextos lo justifican o lo apoyan, una renuncia a los medios que ella ofrece para perseguir los propios fines.En otras palabras, terrorista o no, fue un acto que mostró la peor de las barbaries: la barbarie de la virtud.