Redacción de Página Política De la

La dirigencia política entrerriana está paralizada y la imputación que hicieron los fiscales, y a la que tuvo acceso Página Judicial, trae más preocupación. No aparecen mencionados los nombres del vicegobernador Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Sin embargo, todos serán convocados a que presenten abogado defensor y algunos, de hecho, ya lo hicieron, dado que la justicia investiga irregularidades que habría ocurrido entre 2008 y 2018.Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita; el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.Este miércoles se levantó el secreto de sumario de la causa que tomó estado público a partir de los allanamientos en dos estudios contables, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia, y que puso bajo la lupa a los integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la provincia.¿Cómo era el mecanismo? Tal y como Página Judicial lo ha venido contando en las últimas semanas: se realizaban contrataciones de personas que no hacían ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo acordado, mientras que el resto quedaba en manos de la organización que gestionaba esos contratos.De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero sólo se les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y 2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra social.Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un número aproximado de cien contratos, que en ese momento eran por sumas de alrededor de 4.500 pesos; y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, con contratos por sumas de unos 5.000 pesos. Así, entre ambas cámaras, se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre.Esa tarde, Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático de la sucursal del Banco de Entre Ríos SA (Bersa) ubicada en calle Alsina, portando una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones de dinero con varias tarjetas de débito.Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman, donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Rubén Mena.Dicen los fiscales que los contratos eran firmados, en general, sin que los contratados conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en la casa de Beckman y Mena o en una tómbola que ellos regenteaban.A su vez, tampoco los funcionarios conocían a quiénes estaban contratando.El pago a esos contratados se hacía a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. En el Senado, eran Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez (desde 2011); y en Diputados, el responsable era Sergio Cardoso. Ellos tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.Beckman y Mena eran quienes recibían los cheques y luego se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por personas allegadas, entre las que se contaban Scialocomo y María Victoria Álvarez, entre otros.Una vez que se libraban los cheques, esas personas debían concurrir a una tómbola o hasta una playa de estacionamiento donde se los repartían para su cobro y luego entregarles el dinero a Beckman, Mena y sus allegados para que ellos, a su vez, les pagaran a los “cobradores” alrededor 200 pesos por cada cheque.A partir de 2017 el sistema se bancarizó y, por ende, a algunos de los contratados se les habilitó una cuenta sueldo y la correspondiente tarjeta de débito, que administraban Beckman, Mena y otros integrantes de la asociación ilícita.El dinero que recaudaban Beckman, Mena y sus allegados les era entregado, según los fiscales, a Pérez, Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada y Alfredo Bilbao. Este último, además, recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, pagos de impuestos y comisiones; y entregaba el resto, o un porcentaje, a Orabona (hasta diciembre de 2011) o Aguilera (desde entonces).Bilbao, además, repartía el dinero producido con Pérez y Jorge De Breuil, empleado de planta permanente del Senado provincial y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino. Los fiscales creen que los tres habrían utilizado parte de ese dinero en inversiones inmobiliarias y agropecuarias.Pérez es el funcionario que quedó fuera de la estructura del Senado luego de que Página Judicial revelara los allanamientos en dos estudios contables que la Justicia entiende que tienen una relación directa con la Cámara Alta.Es que en el esquema también había gestiones que realizaban dos estudios contables de Paraná, cuya tarea era la gestión de la situación impositiva de los falsos contratados.Uno de los estudios, denominado “Integral Asesoría”, está integrado por Pedro Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Ahí se realizaba el pago de los impuestos de los falsos contratados a través de una terminal de “Entre Ríos Servicios” que funcionaba en el mismo estudio. Sus honorarios, al parecer, eran abonados por la Cámara de Diputados. Allí también estaban contratados el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, que integraban el staff de Integral Asesoría.El otro estudio involucrado en la maniobra es el de Roberto Ariel Faure, que realizaba las mismas gestiones de pago de monotributo de los falsos contratados. En su caso, sus honorarios serían abonados mediante un contrato con la Cámara de Senadores de la Nación, donde también aparece contratado Mansilla, a través de contratos firmados por Guastavino.En el marco de la investigación, hace dos semanas los fiscales solicitaron a la Legislatura que les remitan todos los contratos de los últimos diez años. La Cámara de Diputados rechazó el plano el requerimiento aludiendo a que la medida era “desproporcionada” y que no se fundamentaban “las razones para justificar la requisitoria (de modo) que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado”. El Senado, en cambio, tomó los mismos argumentos para también pedir precisiones, pero anunció que se pondría a disposición de la Justicia.Federico MalvasioJuan Cruz Varela