Desde 1960, USA ha buscado la claudicación del pueblo cubano “a través del hambre y la desesperación”, como se lee en más de un documento desclasificado en que aparecen explicitados los intentos de derrocar a Fidel Castro.

En 1961, con apoyo de USA, exiliados cubanos vieron frustrado su intento de invasión a la isla a través de Bahía Cochinos. Luego vino el Programa Mangosta, consistente en propiciar una resistencia masiva; contaminar el azúcar destinada a la exportación; hacer circular dinero falso; destrucción de instalaciones vitales; la “ley de ajuste cubano” para estimular las salidas ilegales del país; la “Operación Peter Pan”, cuyas víctimas aún padecen sus efectos: el bloqueo económico que, hasta el 2015, ha significado pérdidas de US$16 mil millones de dólares. En 1989, USA intensificó el bloqueo con la Ley Torricelli que estableció sanciones a cualquier país que brindara asistencia a Cuba. En 1992 se prohibió la entrada a USA a todo buque que hubiera atracado en un puerto cubano. En 1990 la ley Helms-Burton estableció sanciones a las empresas que se instalaran en propiedades nacionalizadas por Cuba después de 1959. En 2004, Busch limitó los viajes y envíos a Cuba.

Entre 2009 y 2014, Obama sancionó a 37 compañías por haber transgredido el bloqueo, no obstante que el 80% de las patentes del sector salud son de farmacéuticas de USA. También USA ha continuado ocupando el territorio de Guantánamo, empleándolo como base naval y centro de detención y tortura. En 2006, USA decretó el fin de la cooperación médica internacional a Cuba, lo que constituía una de sus fuentes de divisas. Además, USA prohibió la importación a su territorio de equipos que contuvieran níquel proveniente de Cuba, chocolate suizo fabricado con cacao cubano, tabaco cubano incluyendo al adquirido en terceros países o en los dutys.

En 2011, embargaron el aporte destinado a Cuba del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Se suman miles de muertos en ataques mercenarios a barcos y puertos cubanos; un avión civil repleto de pasajeros hecho estallar en pleno vuelo y cuyos autores quedó en la impunidad en Miami; múltiples actos de violencia y de fuerza y más de 600 planes de asesinatos directos contra Fidel Castro.

En 1970, en Chile, el Dr. Salvador Allende asumió la Presidencia de la República. Ya antes de su elección, la CIA y la ITT (Internacional Telephone and Telegraph), “el trust más potente del mundo y del mayor tráfico de influencias”, se habían asociado para impedir su triunfo electoral. Más tarde, el 4 de diciembre de 1972, en Naciones Unidas, Allende señaló que “al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana, destinadas al financiamiento de nuestro comercio exterior, por cerca de 220 millones de dólares.

En breve plazo, se ha suspendido de estos créditos un monto de alrededor de 190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones”. Agregando que “no sólo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política”. (…) “Se desarrollaron en Chile acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato del comandante en jefe del ejército”. (…) “Un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano, con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de seis meses”. (…) “Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, crear el pánico en la población, el desorden social, para que al ser sobrepasado el gobierno, las FFAA fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura”. Con la autoridad moral que poseía, Allende dijo ante la Asamblea General de la ONU: “Acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender provocar en mi patria una guerra civil”.

En la República Bolivariana de Venezuela, tras el deceso de Chávez, Nicolás Maduro asumió la Presidencia provisional el 8 de marzo de 2013. El 14 de abril siguiente, Maduro ganó las elecciones presidenciales por un período de seis años, esto es, hasta el 2019. En 2017, tras cuatro meses de protestas violentas que dejaron más de cien muertos (20 de ellos quemados vivos por tener rasgos “chavistas”), miles de heridos, decenas de edificios públicos y negocios destruidos, el gobierno convocó a Asamblea Nacional Constituyente el día 30 de julio. La oposición realizó campañas de amenazas para amedrentar a la gente y no asistiera a votar, a través del control de los edificios y el bloqueo de avenidas con montañas de basuras y escombros. Durante las horas de votación, atacaron a más de 200 centros electorales y destruyeron máquinas de votación, argumentando que Maduro pretendería “perpetuarse en el poder”.

USA ha propiciado la violencia, el sabotaje económico, la especulación de divisas y el contrabando para provocar inestabilidad política y aislamiento internacional. Los grandes empresarios han planteado la liberación del dólar, un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, retrotraer las reformas sociales, la anulación del sistema de precios, la devolución de las plantas estatizadas, devaluación y derogación de leyes laborales. Esto es, buscan socavar el control estatal para recuperar la renta petrolera.

USA ha hecho caer el precio internacional del petróleo para intensificar la desestabilización, puesto que Venezuela obtiene al 95% de sus divisas de la exportación de esta riqueza natural. Antes de Chávez, la riqueza petrolera era acaparada por la oligarquía.

Por tanto, la Revolución Bolivariana ha significado la búsqueda de la superación del mundo unipolar que se expresa en la dictadura internacional de los mercados. Se trata de transformar la economía mundial basada en la competencia, por una economía basada en la solidaridad entre los pueblos a través de la integración política, cultural y económica. Es indesmentible que se ha extendido el derecho a la educación, el acceso a la salud, la construcción de viviendas y se ha implementado la comunidad energética de los países del Centro y del Cono Sur de América.

La Constitución ha emergido desde las bases populares; y se ha desarrollado el ALBA como alternativa al ALCA impuesto por USA, así como el Banco del Sur frente a la opresión del BM, el FMI y la OMC. Se nacionalizó el petróleo, se hizo una reforma agraria, se elaboraron leyes anti discriminación; se promovió la integración con soberanía entre los países de América Latina a través de UNASUR y CELAC; se extendieron las misiones en los barrios, con participación ciudadana; se implementaron relaciones fraternas con los países vecinos, sobre la base del trueque y no de transacciones comerciales tradicionales; la Operación Milagro ha permitido recobrar la visión a miles de personas pobres del continente, incluyendo a muchos chilenos; etc…, etc…, etc…

El pueblo había estado abandonado y el chavismo le abrió las puertas a su humanización. Este es el motivo de la reacción de la oligarquía apoyada por el sistema financiero internacional en contra de la Revolución Bolivariana y han seguido los pasos dados por la CIA frente a todos los gobiernos que ha osado levantarse frente a la opresión. Para ello, USA y sus lacayos internos han contado con las FFAA que continúan recibiendo adiestramiento en la Escuela de las Américas.

Pero como las FFAA bolivarianas han sido fieles a su compromiso de defensa de su pueblo, el autodesignado “presidente encargado por Trump” tiene el descaro de propiciar el ingreso a su país de ejércitos extranjeros para que derroquen al Presidente Constitucional.

Desde el 22 de enero de 2019, cuando Maduro asumió su mandato tras su reelección, la oligarquía ha desatado hechos de violencia al interior de Venezuela; ha habido amenazas y boicots de gobiernos extranjeros; han congelado activos de Venezuela en el exterior. Trump ha designado al gánster Elliot Abrams para la “democratización” de Venezuela, inventando un ingreso de “ayuda humanitaria” y un permanente llamado a las FFAA a que se sumen a la traición a su patria.

Guaidó salió de Caracas hacia Cúcuta, Colombia, donde junto a los presidentes de Colombia, de Paraguay y de Chile, se intentó ingresar la supuesta ayuda humanitaria, no obstante la disposición en contrario de la ONU, de la Cruz Roja y de Cáritas Internacional. Guaidó regresó a Caracas el 4 de marzo, tras haber visitado a Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, pidiendo ayuda a los respectivos gobiernos ejerciendo mayor presión en contra de Maduro.

Tras la frustrada ocupación militar extranjera a través de la “ayuda humanitaria”, el imperialismo y sus cómplices internos han realizado atentados sobre el Servicio Eléctrico Nacional, lo que ha paralizado al país, especialmente en lo referente a la salud y la producción de medicamentos. Los problemas de salud se ven incrementados por la afectación de la distribución de agua. En estas circunstancias, la oposición fascista ha formado los “Comités de Libertad y Ayuda”, constituidos por mercenarios, paramilitares y agentes de la CIA que provocan focos de protestas en sectores populares e impiden el paso de camiones repartidores de agua, además de explosar las tuberías de agua potable. Estos grupos son fomentados por Guaidó y reciben el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado (USAID). Se les denomina “socios interinstitucionales”. Con sus acciones, tienden a medir la capacidad de respuesta del Estado y del chavismo organizado.

Tras el fracaso de la “ayuda humanitaria” y de veinte años de sabotaje, Elliot Abrams dijo directamente al canciller Jorge Arreaza: “estamos esperando el colapso de su economía”. El “golpe de Estado eléctrico” es un paso más. No obstante, el imperialismo no ha considerado que la Revolución Bolivariana se sostiene sobre los amplios sectores populares que han sido beneficiados y el patriotismo de las FFAA.

A la pandilla de criminales designados por Trump para “hacerse del botín”: Elliot Abrams, John Bolton, Mike Pence y Marco Rubio, aparte de los integrantes del Grupo de Lima y el reciente PROSUR, hay que agregar a la siempre ambigua e insípida Michelle Bachelet, actual Alta Comisionado de ONU para los DDHH, quien ha abogado por la “intervención humanitaria”, aludiendo a que la situación de Venezuela significaría un “factor desestabilizador regional”, sin hacer referencia al sabotaje, al bloqueo, a los atentados al sistema de electricidad y de agua, al desacato a la Constitución de parte de Guaidó y de la oposición fascista. Bachelet tampoco ha considerado que una intervención humanitaria exige la existencia de una causa justa; de proporcionalidad de la intervención; de la posibilidad razonable de éxito de la misma y que puede ser implementada sólo como un último recurso. Ninguno de estos principios se cumple en relación a Venezuela. Al contrario: con su discurso, Bachelet está entregando a USA un pretexto para su intervención militar.

En los últimos días, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó terminar con la inmunidad parlamentaria del diputado Juan Guaidó. El Tribunal Supremo debería enjuiciarlo por no acatar sus medidas cautelares.

Tanto para los “gusanos” cubanos y los que derrocaron a Allende, como también Guaidó y quienes lo apoyan, se cumplen las palabras del profeta Isaías: “vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos, de iniquidad; vuestros labios hablan mentiras, vuestras lenguas murmuran perfidias”. (Is. 59, 3).

Santiago de Chile, 4 de abril de 2019.

Fuente: EL CIUDADANO on line.