Diez de los once rectores de la Universidad de Puerto Rico presentaron hoy su carta de renuncia en solidaridad con la presidenta interina Celeste Freytes, quien envió la suya en horas más tempranas.

En una extensa carta los 10 rectores Noel J. Aymat Santana, DMD, Rector Recinto de Ciencias Médicas, María de los Ángeles Castro Arroyo, Ph.D., Rectora Interina, Recinto de Río Piedras, José M. Encarnación González, Ed.D., Rector Interino, Recinto de Humacao, Margarita Fernández Zavala, M.A., Rectora, Recinto de Bayamón, John Fernández Van-Cleve, Ph.D., Rector, Mayagüez Otilio González Cortés, J.D., Ph.D., Rector, Arecibo Moisés Orengo Avilés, Ph.D., Rector, Carolina Doris S. Torres Negrón, Ed. D., Rectora Interina, Ponce Raquel G. Vargas Gómez, Ph.D., Rectora, Utuado Nelson A. Vera Hernández, Ph.D., Rector de Aguadilla, explicaron la razón de su salida del sistema universitario:

A continuación el texto integro de la misiva enviada a los medios:

“Durante los pasados ocho años, como resultado de la crisis fiscal del gobierno, la Universidad de Puerto Rico hizo ajustes y adoptó medidas cautelares para economizar gastos y tener un fondo de reserva. Aceptó la congelación de la fórmula de su financiamiento durante tres años, lo que redujo sus ingresos en $348 millones (a razón de $116 millones por año), ha manejado responsablemente su presupuesto y tiene sus estados financieros auditados por una compañía externa hasta el 2015. La institución no tiene déficit operacional y el que se proyecta es el actuarial de su Sistema de Retiro, que se mantiene relativamente saludable a pesar de la reducción en las plazas docentes y no docentes que son las que lo nutren.

Los controles ejercidos repercutieron sobre todos los miembros de la comunidad universitaria. Los profesores vieron desaparecer las oportunidades de licencias sabáticas para avanzar sus investigaciones y de ayudas económicas para culminar estudios superiores. Se redujo la compensación de los puestos de confianza (mayormente decanos de facultades y directores departamentales) y se congelaron los ascensos en rango y los aumentos de sueldo para docentes y no docentes. Disminuyeron considerablemente las oportunidades de reclasificación y pasos por niveles, así como los nombramientos en plazas docentes y no docentes. Las innovaciones académicas y de otra índole fueron atendidas mediante redistribuciones en los presupuestos de las unidades y se fue más restrictivo en compras de equipo y materiales, entre otras muchas iniciativas internas. Las medidas tomadas han sido presididas por las premisas básicas de salvaguardar la calidad de la oferta académica y el acceso a los sectores menos privilegiados de la población, proteger las investigaciones, mantener las acreditaciones, no despedir empleados y ofrecer los servicios indispensables para que los estudiantes alcancen sus metas profesionales.

La Presidenta de la Universidad, después de celebrar infinidad de reuniones con representantes de los distintos sectores docentes, no docentes y estudiantiles, ha hecho un gran esfuerzo para identificar áreas orientadas a reestructurar operaciones e identificar fuentes de ingreso de cara al futuro. El resultado es claro: no se puede alcanzar la cifra requerida cortando el 36% de la asignación actual. Cada reducción afecta de manera distinta a un sistema universitario heterogéneo donde los ocho años previos de ajustes han debilitado significativamente su operación. El descalabro institucional es previsible y las consecuencias sobre todos los sectores de la comunidad universitaria no se pueden calibrar. Tratar de trastocar el presupuesto del sistema universitario público en un plazo menor de un mes es un ejercicio en futilidad. Insistir en ello es comprometer un personal que no solamente ha rendido servicios de calidad al país, sino que ha cumplido con su responsabilidad contributiva año tras año, y a unos estudiantes que cuentan con unos ingresos limitados para mantenerse. El Dr. Carlos Colón de Armas, distinguido profesor universitario y economista respetado, ha demostrado que es innecesario inflar el costo de las matrículas al nivel que AAFAF ha pedido.

Por las razones expuestas rechazamos la exigencia de recortar $300 millones al presupuesto de la Universidad sin que se explique cuál es la lógica de esa cifra y por qué resulta inapelable. El propio Gobernador, en su carta a la JSF ( 21 de enero de 2017) objetó esa cifra y, además, ha expresado en varias ocasiones su intención de mantener la fórmula y de no reducir el subsidio al primer centro docente del país. Actuar con un mínimo de responsabilidad fiscal implicaría que la JSF o la AAFAF hubiesen presentado un presupuesto a la UPR que demostrase su viabilidad operacional con el corte de los $300 millones adicionales. De ese ejercicio la comunidad universitaria sabría qué tipo de Universidad es la que se está forzando. Imponer festinadamente una cifra sin la menor idea de sus consecuencias es improcedente.

La Universidad pública le ha servido bien al país y la mejor evidencia son sus egresados, incluidos los que han continuado exitosas carreras en los Estados Unidos. Estamos de acuerdo con que la institución deberá generar nuevos ingresos, mediante las vías ya propuestas y otras posibles, pero eso ocurrirá dentro de un proceso escalonado, no en el término de uno o dos meses. Tampoco se niega a una reestructuración interna radical desde la base que optimice el uso de sus recursos.

Por todo lo dicho, rechazamos que se sacrifique más a la UPR mientras otras corporaciones y estructuras gubernamentales no dan un paso al frente, ni se les exigen los recortes draconianos que se le han requerido a una institución que ha probado ser vital en el desarrollo de nuestro país. En el momento en que el país más necesita de su Universidad y de ampliar las oportunidades para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a ella, le dan un golpe que amenaza su viabilidad. No es sensato ni justo que, en estos momentos, se amenace su existencia. Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la Universidad.

Llegado este momento, creemos que toca al ejecutivo llenar las vacantes de la Junta de Gobierno. Como universitarios y ciudadanos responsables hemos intentado cumplir el mandato de reducir el presupuesto institucional, pero no podemos avalar una propuesta que atenta contra la educación superior pública. Por tal razón, nos unimos a la señora presidenta y presentamos nuestra renuncia irrevocable”.

Freytes González, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico renunció esta tarde en medio de tensiones en el primer centro docente del país por la crítica situación fiscal que requiere un recorte de $300 millones en dos años por petición de la Junta de Supervisión Fiscal.

La renuncia de Freytes González no es la única en la plana mayor de la UPR. Esta tarde también renunció la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la institución, Margarita Villamil Torres.