En mayo fueron identificados los restos de tres víctimas chilenas de la Operación Cóndor: Ricardo Ramírez, Jacobo Stoulman y su esposa Matilde Pessa, secuestrados en Buenos Aires en mayo de 1977 para luego desaparecer sin dejar rastro. 38 años después, exámenes de laboratorio concluyeron que sus restos estaban entre los fragmentos de huesos hallados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Chile. El hallazgo abre una nueva arista en la investigación del ministro Mario Carroza: corrobora el traslado e intercambio de detenidos usado por la DINA y el SIDE argentino en los ‘70 y ’80 para eliminar a disidentes.

Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnick y la esposa de este último, Matilde Pessa Mois: los tres estaban en la lista de 25 personas por las que el juez Juan Guzmán le preguntó al general (r) Augusto Pinochet el sábado 25 de septiembre de 2004. Hacía sólo dos meses que la Corte de Apelaciones de Santiago había desaforado al ex dictador por su responsabilidad en la Operación Cóndor, un plan internacional de cooperación y acción conjunta que implementaron en las décadas del ‘70 y ‘80 los regímenes dictatoriales del Cono Sur para identificar, vigilar, capturar, secuestrar, torturar, eliminar y hacer desaparecer a opositores políticos, los llamados “subversivos”. Era en el contexto de esa investigación judicial que Guzmán interrogaba a Pinochet. El acta de esa declaración que duró apenas 25 minutos y que tres días después publicó El Mercurio, da cuenta de que Pinochet aseguraba no recordar nada de ese plan, que era una cosa de inteligencia, y por lo tanto, de mandos medios, y que “ni Cóndor ni nada de eso era problema mío”.

Sobre los muertos y desaparecidos que dejó ese plan de exterminio, afirmó:

-Yo era Presidente, no me iban a informar de cosas chicas.

Guzmán le volvió a preguntar: “¿Dio órdenes relacionadas con la detención, interrogación, tortura, traslado o desaparición forzada de las siguientes personas?”, y leyó uno a uno los 25 nombres de una lista de víctimas chilenas de la Operación Cóndor. Allí estaban Ricardo Ramírez y el matrimonio Stoulman-Pessa. El primero era comunista y estaba encargado de la organización y las finanzas del partido en la clandestinidad. Los otros dos no tenían militancia política, pero supuestamente habrían sido parte de un plan para ingresar al país fondos para la disidencia a la dictadura. Los tres fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en distintas fechas de mayo de 1977. Ramírez cayó primero, secuestrado el día 16 junto a otros dos chilenos y cinco argentinos. Trece días después, el 29, Jacobo Stoulman y Matilde Pessa llegaron a esa ciudad y apenas bajaron del avión fueron detenidos. Simplemente se esfumaron: a los tres los hicieron desaparecer. Sobre ellos, Pinochet dijo:

-Yo estaba arriba. No daba órdenes relacionadas con las personas mencionadas. No conozco a ninguna de esas personas por las cuales se me pregunta.

Pasó el tiempo. Pinochet murió en diciembre de 2006, en su casa y sin condena. De los desaparecidos, hubo versiones sobre su destino, pero no noticias. Aunque eso cambió hace sólo unas semanas.

El 18 de mayo de 2015, a 38 años de que Ramírez desapareciera en Argentina, Valentina, su hija, recibió un llamado desde la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza. Su padre había sido identificado. O al menos, lo que quedó de él. Se trataba de pequeños fragmentos de huesos que fueron encontrados en 2001 en la Cuesta Barriga, en Talagante. En la misma fosa había también parte de los restos de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Sus hijas igualmente recibieron la llamada de Carroza.

-No nos dijeron nada por teléfono, pero nos citaron a la oficina del ministro. Estábamos con mis dos hermanas cuando nos dio la noticia: “Van a poder enterrar a sus papás”, nos dijo el juez Carroza. Nos miramos y no sabíamos qué decir. Nos quedamos mudas –cuenta Alejandra Stoulman, quien tenía 15 años cuando sus padres desaparecieron.

La identificación de Ramírez y los Stoulman-Pessa es clave para comprobar la verosimilitud del macabro relato que en 2007 hicieron a la justicia tres agentes de la DINA que operaron en el cuartel Simón Bolívar, en La Reina. Antes de que estos últimos hablaran, al menos respecto a Ramírez y las otras dos personas que fueron secuestradas con él el lunes 16 de mayo de 1977, la versión que entregaba el jefe del órgano represivo de la dictadura, el general (r) Manuel Contreras, era que habían sido arrestados por la inteligencia argentina y que los habían hecho desaparecer arrojando sus cuerpos al Río de La Plata (ver reportaje en La Nación).

Los agentes desmintieron a su antiguo mandamás y, revelaron una historia completamente distinta, pero que igual terminaba en muerte: una vez secuestrados en Buenos Aires, Ramírez y sus dos compañeros fueron traídos a Chile de forma encubierta para luego ir a parar al centro de torturas que operaba la Brigada Lautaro, uno de los grupos más sanguinarios de la DINA. Que allí los torturaron y los eliminaron con gas sarín. Que los enterraron en una fosa en Peldehue y que dos años después, en 1978, exhumaron sus cuerpos con una retroexcavadora y los llevaron a la Cuesta Barriga, en medio de la llamada Operación Retiro de Televisores.

De los Stoulman-Pessa era poco lo que se sabía: sólo que habían desaparecido en Buenos Aires. Pero la reciente y sorpresiva identificación de sus restos arma un relato diferente: el de una ruta que los trajo de vuelta a Chile y que terminó con un entierro ilegal en el mismo punto que Ramírez y sus compañeros. A la vez que se empieza a cerrar un capítulo para las familias, se abre uno completamente nuevo para la investigación que lleva el ministro Carroza; uno que confirma que hubo traslado e intercambio de detenidos entre los órganos represivos de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor, para luego hacerlos desaparecer.

EL SECUESTRO DE LOS FINANCISTAS

La historia de los últimos días de Ricardo Ramírez Herrera y el matrimonio de Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, parte en el aeropuerto de Ezeiza, con Alexei Vladimir Jaccard Siegler y su fallido viaje a Chile. Él era estudiante, tenía 20 años y desde el ’73 estaba exiliado en Suiza. Aunque era chileno, también tenía la nacionalidad de ese país. Allí se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Jaccard militaba en el Partido Comunista (PC) y tenía por esos días una importante y peligrosa misión: volar de Suiza a Santiago con US$ 20.000 en efectivo en un maletín que debía entregar a los dirigentes del partido. Como no había vuelos directos, debía sí o sí pasar por Buenos Aires y allí coordinar el resto del viaje. Aterrizó el domingo 15 de mayo de 1977. Fue con su llegada que el operativo conjunto de la DINA con la Policía Federal Argentina se activó.

19 personas caerían durante esos días en las garras de la Operación Cóndor a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. Siete chilenos, doce argentinos. Sólo hubo tres sobrevivientes.

Los agentes no se dejaron caer de inmediato, sino que dejaron actuar a Jaccard. Sus contactos en Argentina eran otros dos chilenos: Ricardo Ramírez, que había llegado hacía poco desde Hungría para hacerse cargo de la organización y las finanzas del PC en Buenos Aires, y el también comunista Héctor Velásquez Mardones. Contaban también con el apoyo de un grupo de argentinos miembros del Comité de Solidaridad con Chile en Argentina. Todos sus pasos eran monitoreados.

Un día después, el lunes 16 de mayo, todo el plan para financiar al PC se vino abajo. Los tres chilenos fueron emboscados por la Policía Federal en plena Avenida 9 de julio, afuera del céntrico Hotel Bristol de Buenos Aires. Esa misma jornada, fueron secuestrados cinco de sus colaboradores argentinos. Los ocho desaparecieron. El dinero también.

Como Jaccard además era suizo, la embajada de ese país en Argentina solicitó la apertura de una investigación para dar con el paradero de su ciudadano desaparecido. Vino entonces otra etapa del operativo Cóndor: el montaje. Un reportaje publicado en Infojus señala que la policía argentina informó a la justicia que el viaje de Jaccard a Chile sí se concretó y que el 26 de mayo de 1977, doce días después de su secuestro, cruzó la cordillera en el vuelo N°630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino. Por su parte, la Policía Internacional de Chile entregó reportes sobre supuestos viajes que Ricardo Ramírez habría realizado entre 1977 y 1983. Pero todo era mentira. Un engañó que ya la DINA y la dictadura de Pinochet ya habían hecho anteriormente con las víctimas de la llamada Operación Colombo, al hacer aparecer a 119 chilenos ejecutados y hechos desaparecer en Chile, como “asesinados por sus propios compañeros en el exterior”.

Los antecedentes que recopiló la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para elaborar en 1992 el Informe Rettig, permitieron armar una primera hoja de ruta de lo que realmente pasó con Jaccard, Ramírez, Velásquez y sus socios argentinos. Tras su detención en las afueras del hotel, habrían sido llevados a un recinto de la Policía Federal y luego a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que por entonces, era uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes y activos de Argentina y de toda Sudamérica. Al menos 5.000 personas fueron llevadas hasta ese recinto bonaerense para luego hacerlas desaparecer.

Dice el informe: “A la luz de estos y otros antecedentes se logró establecer que posteriormente a la triple detención en Buenos Aires de los militantes comunistas chilenos, los organismos de seguridad chilenos y argentinos desplegaron un arsenal de falsos documentos e informaciones para encubrirse mutuamente frente a la presión del Gobierno helvético que insistía en conocer lo sucedido a un nacional en tránsito”.

Los represores aún no anulaban a toda la red de financiamiento del PC. Ruiter Correa Arce era un comunista de 61 años que tenía esposa, tres hijos y un kiosco de diarios en Santiago que servía de buzón para el intercambio entre la dirigencia externa e interna del partido. Así también consta en el Informe Rettig. Él habría participado en la coordinación del plan para ingresar el dinero al país. El 27 de mayo del‘77, a doce días del secuestro de Jaccard, Ramírez y Velásquez en Argentina, Ruiter Correa se esfumó mientras iba a almorzar. Su cadáver apareció al día siguiente en el lecho del río Mapocho.

En la lista de la DINA quedaban sólo dos personas por eliminar: Hernán Soto Gálvez, el “enlace financiero” del PC entre Argentina y Chile, y el empresario de origen judío Jacobo Stoulman Bortnick. Soto era un blanco fácil, y así quedó de manifiesto cuando a comienzos de junio de ese año lo secuestraron en San Miguel y lo hicieron desaparecer. De él no se supo más hasta que fue identificado en 2012 entre los restos encontrados en la Cuesta Barriga. Con Stoulman era distinto: a través de su empresa Cambios Andes, se había convertido en un prominente hombre de negocios en Santiago, especialmente en el circuito de inversionistas judíos. Hacerlo desaparecer en Chile era arriesgado. Hacerlo en Argentina, cuando viajara con su esposa, fue la opción.

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DEL CAMBISTA

La última vez que a Jacobo Stoulman y Matilde Pessa los vieron con vida fue el domingo 29 de mayo de 1977, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El avión de la aerolínea Braniff que abordaron en Santiago era aguardado por un grupo de agentes de seguridad chilenos y argentinos. Apenas tocó tierra, la aeronave fue desviada a una pista lateral. Los pasajeros tuvieron que bajar la escalera con su documentación en mano para su revisión. Cuando le toco a la pareja, los llevaron a un costado y luego los subieron a un vehículo que de inmediato se puso en marcha. Él tenía 43 años; ella 42. Dejaban tres hijas adolescentes: Jenny, Sara y Alejandra. Ninguno de los dos tenía militancia política.

El historial empresarial de Stoulman partió a fines de 1963, cuando creó la sociedad Agrícola y Avícola Las Rosas, con Eº20.000, de los cuáles él puso la mitad. Tres años después constituyó junto a dos socios una segunda empresa dedicada al sector agro-avícola y en 1970 se aventuró con una distribuidora de libros. Sus inversiones cada vez eran mayores y diversificadas, y las realizaba al mismo tiempo que trabajaba como ejecutivo del Banco Israelita. Al año siguiente emigró con su familia a Israel, pero sólo estuvo un tiempo. Volvió a Chile poco antes del Golpe de Estado y ya en dictadura, a mediados del ‘74, se asoció con el arquitecto Mario Paredes y el coreógrafo Samuel Winer para crear Paredes, Stoulman y Winer Ltda., o “La Escalera”, una empresa dedicada a la venta de ropa y artículos del hogar. Cada socio aportó Eº500.000 al capital inicial. Pero su despegue vino después, cuando en 1975 ingresó al rubro del turismo y, un año después, al mercado de divisas.

A fines del ’75 constituyó la Agencia de Viajes Toptour, junto a Mónica Fuenzalida. Meses después, en julio del ’76, el Banco Central lo autorizó a operar una casa de cambio junto a cuatro socios: Alfredo Barra, Enrique Chamorro, Juan Garnham y León Dobry. Un mes después nació Cambios Andes. Serían los movimientos a través de esa empresa los que habrían convertido a Stoulman en un objetivo de caza para la DINA.

Un reportaje publicado en Página/12 señala que la casa de cambios de Stoulman había captado importantes inversionistas en los meses que siguieron a su constitución. Entre ellos, el empresario minero de origen húngaro José Klein, tío del empresario Leonardo Farkas, quien supuestamente habría estado enviando fondos a través de Cambios Andes a la Democracia Cristiana y al ex Mandatario Eduardo Frei Montalva. Según el artículo, esa misma vía era la que tenía ideada el PC para ingresar a Chile los US$ 20.000 que traía Jaccard. Cierto o no, los movimientos de Stoulman eran seguidos de cerca. Su hija Alejandra declararía años después que antes de viajar a Buenos Aires, el empresario ya se había percatado de que lo estaban grabando y siguiendo.

Tras el secuestro de la pareja, su familia recurrió al abogado Ambrosio Rodríguez, a quien se le pagó para viajar a Argentina y averiguar su paradero. Rodríguez era un hombre cercano al régimen. Al poco tiempo se convirtió en asesor jurídico del Ministerio del Interior, y más adelante, en los ’80, fue nombrado Procurador General de la República. Después, cuando Pinochet fue desaforado y debió enfrentar a la justicia precisamente por las violaciones a los derechos humanos de los Stoulman-Pessa y otros miles de desaparecidos, Rodríguez fue parte de su staff de abogados. Hoy es presidente del Tribunal Supremo de Renovación Nacional.

En Santiago, Rodríguez se reunió directamente con el entonces coronel Manuel Contreras, el jefe de la DINA, quien le habría dicho que no sacaría nada cruzando la cordillera. En Argentina se juntó con el jefe de la red de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, también vinculado al grupo que dio muerte al general René Schneider (1970) y condenado por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats (1974). Un documento descubierto en 1986 por la directora de CIPER mientras investigaba el asesinato del general Carlos Prats y las huellas de Arancibia Clavel en el crimen (ver reportaje de CIPER), da cuenta de esa última reunión.

LA CARTA DE ARANCIBIA

El documento es un reporte fechado el 8 de julio de 1977, copia del que Arancibia Clavel envió a sus superiores de la DINA en Chile. Allí dice que Ambrosio Rodríguez se había contactado con altos mandos del Ejército argentino, quienes le habían indicado que el matrimonio Stoulman-Pessa “ya no existía”. También dice que la información oficial entregada por el Primer Cuerpo del Ejército Argentino, la unidad que controlaba la capital trasandina, “es que fueron entregados a funcionarios de la DINA”.

Esa última frase lo cambiaba todo, pero Ambrosio Rodríguez no trajo de vuelta a Chile esa información. No dijo nada a la familia Stoulman de la participación en el crimen del aparato represivo de la dictadura de Pinochet. En la reunión con Arancibia Clavel, el abogado habría dicho que el matrimonio había sido “vendido por Klein chileno vinculado con el caso Graiber” (sic). Esa era la versión que corría: que Stoulman habría estado vinculado a un supuesto plan de financiamiento de la insurrección guerrillera a través de secuestros en Argentina y Uruguay, liderado por el entonces fallecido empresario judío-argentino David Graiver. Rodríguez, al volver al país, siguió con esa tesis y paralizó cualquier intento de la familia de los desaparecidos por averiguar más.

Había entonces dos versiones sobre lo que habría pasado con los Stoulman-Pessa. La oficial que provino de Argentina y que entregó el régimen del general Jorge Rafael Videla, que decía que tras llegar a Buenos Aires, ambos fueron detenidos por sospecha, pero que el mismo día fueron liberados, que se hospedaron una noche en el Hotel Winston Palace y que luego dejaron el país para irse en avión a Montevideo, en Uruguay. La otra versión es más simple, sin tanto detalle: que después de aterrizar, fueron secuestrados y desaparecidos en Argentina.

Más adelante se sabría que ese hotel, el Winston Palace, estaba bajo el control del Batallón 601 del Ejército argentino, la contraparte operativa de la DINA en la Operación Cóndor al otro lado de la cordillera, y que servía como centro de detención provisorio para posteriores traslados, lo que calzaba con la versión entregada a Rodríguez.

Los socios del empresario chileno-judío en la casa de cambio declararon a la justicia que, tras el secuestro, se realizaron giros por hasta US$ 10 mil que habrían sido obtenidos por los captores con documentos firmados por el mismo Stoulman. Uno de ellos señaló que Ambrosio Rodríguez le dijo a la familia que esos fondos eran considerados como un “botín de guerra por los argentinos” (ver fallo de desafuero de Pinochet por Operación Cóndor).

En 1982, cuando Cambios Andes aumentó su capital de $4,9 millones a $6,9 millones, Stoulman figuró representado por su hermana Myriam, que suscribió un 35% del fondo social. Un año después se retiró de la sociedad, vendiendo la parte de su hermano desaparecido en $3,9 millones. En el ’84, en una escritura publicada en el Diario Oficial aparece el nombre de Jacobo Stoulman como si vendiera él directamente su participación en la agencia de viajes. La compró un tercero, que días después le revendió a la hermana de Stoulman, Myriam. Ella se hizo cargo desde entonces de las inversiones de Jacobo. Meses después, en octubre de 1985, a más de ocho años de su desaparición forzada, el 5ª Juzgado Civil de Santiago decretó por fin la muerte presunta de la pareja, solicitada por sus hijas.

Durante los años que siguieron, la información oficial fue que la DINA nada tuvo que ver en la muerte de los Stoulman-Pessa. Por eso en el Informe Rettig quedó escrito bajo sus nombres: “No existen antecedentes suficientes que permitan adquirir la convicción de que en su muerte hubo participación de agentes del Estado de Chile”. Pero la vieja carta del jefe de la DINA en Buenos Aires que murió en 2011 asesinado a puñaladas por un taxi boy, y la reciente identificación de los restos de la pareja en la Cuesta Barriga son elementos que permiten reescribir esa historia: sí hubo participación.

VUELVEN LOS DESAPARECIDOS

Cuando Alejandra, Sara y Jenny Stoulman llegaron a la oficina del ministro Mario Carroza, además del magistrado estaban también la asistente social Isabel Maturana y el abogado Rodrigo Lledó, ambos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Poco antes las dos primeras habían recibido la llamada citándolas a una reunión. Alejandra contó a CIPER que no sabían de qué se trataba, pero que Jenny, la mayor, la única que no había entregado muestras de ADN para su comparación en el Servicio Médico Legal (SML) y la única que no recibió la llamada, lo entendió casi de inmediato: sus padres habían aparecido.

Después de que Carroza les dijera que por fin, después de 38 años, podrían darles sepultura a sus padres, les informó que la identificación de sus restos -entre los que fueron hallados en la Cuesta Barriga en 2001- había sido algo completamente inesperado. Ningún antecedente de la investigación apuntaba a que Jacobo Stoulman y Matilde Pessa hubieran vuelto a Chile tras su secuestro. El dato era que habían desaparecido en Buenos Aires, y nada más. Por eso, Carroza fue claro al señalar la importancia del hallazgo. Alejandra recuerda que les dijo: “Esto ratifica la existencia de la Operación Cóndor”.

La aparición del matrimonio Stoulman-Pessa, además de Ricardo Ramírez, corrobora la existencia de un mecanismo de traslado e intercambio internacional de detenidos entre los organismos represivos de las dictaduras del Cono Sur durante los ’70 y ’80. Se abre así una puerta que antes no existía para determinar qué sucedió realmente con ellos tras su detención y posiblemente con decenas de personas que desaparecieron víctimas de la Operación Cóndor y de las que hasta hoy no se sabe nada. Por eso Alejandra Stoulman asegura que, si bien el reencuentro con los restos de sus padres es el cierre de un capítulo que ha marcado la historia de su familia durante las últimas cuatro décadas, es también la apertura de otro en la búsqueda de la verdad.

-Ha sido muy fuerte y doloroso, pero nos tranquiliza ver que la investigación sigue abierta y avanzando –dice.

El viernes 29 de mayo de 2015, cuando se cumplían exactos 38 años desde que los Stoulman-Pessa fueron secuestrados y desaparecidos en Buenos Aires, en el SML sus hijas recibieron dos urnas, y en cada una, pequeños restos óseos. No los vieron. Alejandra explica que es tradición de la religión judía no ver a los muertos y recordarlos cómo eran en vida. Estaba toda la familia. Había también amigos y personas que han estado vinculadas al caso. Paulina Veloso, entre ellos, que del paradero de su marido, Alexei Jaccard, aún no tiene noticias. Al salir, todos se encaminaron al Cementerio Israelita. Ese día les dieron el entierro que tanto anhelaban.