Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para siete de los nueve detenidos acusados de agredir a dos miembros de la Guardia Civil y a sus parejas el pasado 15 de octubre de madrugada tras un altercado en un bar de Alsasua. La medida cautelar de prisión se ha dictado teniendo en cuenta la evaluación del riesgo de fuga que para la magistrada “resulta innegable“, aunque dos de ellos se presentaron voluntariamente ante la juez aun conociendo le encarcelación de seis de los acusados y uno de ellos, además, también fue encarcelado.

La juez les acusa de un delito de terrorismo como partícipes directos de aquella supuesta agresión. La juez ha adoptado esta decisión a petición del fiscal José Perals, que les acusa de un delito de “terrorismo” en base al artículo 573 del nuevo Código Penal. En concreto, este artículo prevé penas de prisión de 10 a 15 años, exactamente la misma que por homicidio. Recordemos que en la reyerta las lesiones del grupo de los guardias civiles fueron una lesión de tobillo y algunas contusiones.

El recorrido judicial/policial del caso

La instrucción del caso comenzó en la capital navarra, donde figura el informe de la Policía Foral, la que en su día se hizo cargo del caso. En medio de una potente presión de la derecha navarra, de muchos medios de comunicación y del propio gobierno de España, COVITE reclama que se le aplique el carácter de delito de terrorismo. Con mucha razón, Alsasua se llenó de carteles que denunciaban el montaje policial, mediático y político.

Pero, pese a lo solicitado por Covite, la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona (en cuyas manos seguía la investigación del caso) unas diligencias ampliatorias sobre los altercados ocurridos en las que no se infiere que hubiera un linchamiento o paliza organizada a los dos guardias civiles que fueron agredidos junto con sus parejas en un bar de la localidad (ver Diario de Noticias: http://www.noticiasdenavarra.com/2016/10/25/sociedad/navarra/los-informes-policiales-no-aprecian-linchamiento-organizado-en-alsasua).

Según fuentes judiciales (ver dicho Diario de Noticias), en las diligencias ampliatorias confeccionadas por la Guardia Civil no se aprecia un delito de terrorismo pero sí se considera que existen indicios de un posible delito de odio, castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses, que se añadiría a los delitos de atentado a la autoridad y lesiones. En el informe de la Guardia Civil tal delito se refiere a la actitud del colectivo Ospa Mugimendua (Movimiento Fuera) referido a la reivindicación de que la Guardia Civil abandone Alsasua y, en general, Euskal Herria. Antes de este informe, pero días después de los sucesos de Alsasua el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz había manifestado, también, que creía que se podría estar ante un delito de odio, aunque no ante uno de terrorismo.

Y es precisamente en su relación a Ospa, movimiento con el que liga a algunos de los detenidos, en lo que la juez Lamela se basa para la imputación no ya de delito de odio sino de delito de terrorismo, acusándoles de “un doble objetivo: por una parte, influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus vinculaciones y familiares, sintiéndose en todo momento objetivo de grupúsculos violentos con el gran condicionante que ello supone para su vida diaria, llegando a tener miedo o dificultades para realizar actividades tan cotidianas como realizar compras en comercios, poder disfrutar del tiempo libre en compañía de la pareja sentimental o apuntar a sus hijos a actividades; y de otra, crear un clima de miedo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente”. Además, la imputación de terrorismo había permitido que se le quite la responsabilidad de la investigación a la Policía Foral y se apropie de ella la Audiencia Nacional

Sobre los delitos de odio y de terrorismo

A diferencia del estilo habitual de las tribunas VIENTO SUR, los subtítulos que se enuncia en los siguientes apartados recogen las opiniones de personas e instituciones que denuncian y se oponen a esta barbaridad, pues tiene mucho interés conocerlas (y que, además, incluyen diversidades de opinión). No obstante quisiera manifestar dos previas opiniones personales sobre los delitos de odio y de terrorismo.

Me parece lógico afirmar que la trifulca que comenzó en un bar de Alsasua a las 5 de la madrugada y que se prolongó en la calle no fue, sin más, la de unas personas pasadas de alcohol; aunque sin duda alguna había alcohol, no hay que olvidarlo y volveré luego a ello. Pero allí, seguro, hubo reconocimiento de los dos miembros de la Guardia Civil (y probablemente, por parte de estos, reconocimiento personal de la otra parte). Más allá de si alguien comenzó a decir “fuera de aquí” o se comenzó por la otra parte con el “aquí estamos y vosotros a callar o lo demás…”, me parece más que razonable pensar que mucha juventud de Alsasua y de toda la Sakana navarra sinte anidmaversión, mira con malos ojos o, si se prefiere la expresión, odia a la Guardia Civil y que la Guardia Civil odia a todo un mundo en el que identifican y unifican (¿cómo no va a ser “todo es ETA” dogma en la Guardia Civil?) atentados de antaño y expresiones culturales o políticas de hogaño.

Ahora bien, una cosa es el delito de odio y otra que odiar a la Guardia Civil pueda ser delito. En sentido opuesto el benemérito cuerpo y casi todos sus miembros estarían implicados en delito de odio a la izquierda abertzale y, en general, a la izquierda y al abertzalismo, por lo que deberían ser juzgados y la institución disuelta. Pues no; no es ningún atentado contra las libertades y la democracia odiar a la Guardia Civil y, en general, a los aparatos represivos del Estado del mundo mundial.

El delito de odio es otra cosa. Según reza el Gobierno de España (http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/que-es-un-delito-de-odio), “son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en la discapacidad, raza, origen étnico o país de procedencia, religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social, cualquier otra circunstancia o condición social o personal.” Expresamente la definición debería aplicarse a los desahucios por estar dirigidos contra personas en exclusión social, pero en fin. Entre los cinco primeros casos expresos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni se nombran. La sexta circunstancia cabe para casi todo y es la que se argumentó; pero incluso con ese “casi” resulta tirada por los pelos. Pero en todo caso odiar a la Guardia Civil no está tipificado en eso.

En todo caso, y hay que volver ahora a la madrugada y al alcohol, de todo esto ha desparecido el informe de la Guardia Civil (además del previo de la Policía Foral) rechazando que hubiese ningún tipo de linchamiento planificado, sino que se produjo una reyerta.

Y, sin embargo, es básicamente en ese mismo argumento del odio a la Guardia Civil en lo que el fiscal y la juez Lamela lo tipifican como delito de terrorismo. Ya sabemos que tras la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo ( https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf) que modifica la previa Ley Orgánica del Código Penal, la interpretación sobre la aplicación de tal delito a numerosos casos es más ancha que una autopista. No por casualidad la propia ONU entiende que “es excesivamente amplia e imprecisa” y que “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo” y que es abiertamente rechazada por instituciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.

Pero aún con ello, ¿puede considerarse como tal delito una reivindicación o mil campañas públicas, de calle o de institucionales, para que la Guardia Civil se vaya de Euskal Herria? ¿No es ese un objetivo legítimo –tanto como el que defienda lo contrario- en un sistema democrático? Estamos ante el peligro de que se imponga un criterio judicial, de consecuencias imprevisibles para el futuro, de inclusión en delito terrorista las manifestaciones y hasta las opiniones contrarias a los aparatos represivos del estado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército. Pues este es el fondo del asunto y de todos los montajes y toda la campaña desatada contra los imputados.

Esto, sin duda, sería terrorífico y, también, terrorista.

“Creía que lo había visto todo en la Audiencia Nacional” (Amaia Izko letrada de los acusados)

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20161115/amaia-izko-creia-que-lo-habia-visto-todo-en-la-audiencia-nacional

“Las dtenciones de Alsasua eran innecesarias” (Uxue Barkos presidenta del Gobierno Foral navarro)

http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/4492018/barkos-cree-se-debian-haber-evitado-detenciones-alsasua/

“Están crminalizando a un pueblo, a colectivos y a toda Nafarroa” (Laura Pérez portavoz de Podemos en el Parlamento navarro)

http://www.naiz.eus/eu/mediateca/audio/estan-criminalizando-a-un-pueblo-a-colectivos-y-a-toda-nafarroa

16/11/2016

Petxo Idoiaga es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR

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