Tras el revuelo que generó con el DNU de extinción de dominio, Mauricio Macri firmó otro decreto de necesidad y urgencia que generó polémica, incluso desde antes de que se publicara hoy en el Boletín Oficial. Es que el Presidente volvió a optar por la vía de saltear el Congreso para convertir a la actual Secretaría de Deportes en una Agencia de Deporte Nacional, con autarquía y autonomía para administrar sus fondos y bienes.

Así lo establece el artículo 1 del decreto, que indican que la Agencia "posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran en asignación y los que adquiera en el futuro por cualquier título a nombre del Estado Nacional".

Curiosamente, en torno a esa facultad del nuevo organismo es donde se originan las mayores críticas, además de la oportunidad del Presidente de avanzar con un DNU sobre varias leyes aprobadas por el Congreso, como la 20.655 (Ley del Deporte), la 24.052 (Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo), la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo).

Quienes se oponen a la iniciativa sostienen que, al quedar habilitada para suscribir convenios con entes privados, la Agencia encaminará al deporte argentino hacia una virtual privatización.

Más: alertan que, a partir de la atribución de administrar los bienes que actualmente les da uso la Secretaría, podrán ser vendidos por la nueva Agencia.

Se trata de las más de 700 hectáreas de tierras fiscales entre los terrenos del CeNARD, en la Ciudad de Buenos Aires; los predios CADeN 1 y 2 y el Estadio Nacional de Béisbol, en Ezeiza; el CeNaDe, en Esteban Echeverría y las locaciones en torno a la Pista Nacional de Remo, en Tigre.

Al frente de esta cruzada para pedir que no se vendan los terrenos se pusieron algunos deportistas, como el ex jugador de la Selección de vóleibol Marcos Milinkovic, quien calificó como “una locura” la iniciativa del Gobierno de “privatizar el deporte argentino”. Además, Milinkovic advirtió que, entre otras cosas, lo que se busca es “aprobar la venta de espacios públicos”.

“Quieren vender todo lo que nos pertenece: los lugares para practicar deportes y el acceso de todos a las actividades deportivas”, consideró.

No es el único que sospecha que detrás de esta iniciativa hay un negocio inmobiliario. El ex futbolista Claudio Morresi, secretario de Deportes durante la gestión kirchnerista, cuestionó vía Twitter el decreto, ni bien fue adelantado por el periodista Ernesto Rodríguez III en su sitio Web. “Lo único que busca el Gobierno con el deporte es hacer negocios con sus tierras e instalaciones”, apuntó.

En el Gobierno replican con énfasis esos cuestionamientos. “La actual Secretaría no tiene terrenos bajo su órbita. Los terrenos pertenecen al AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado)”, sostienen desde Deporte. “No hay chance de privatización alguna”, insisten.

Cerca del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, quien tiene bajo su órbita a la Secretaría de Deportes, buscan no confrontar y especulan que las posiciones tan enfrentadas se deben a una confusión, dado que, a partir del nuevo decreto, la Agencia podrá fondearse con capitales privados, producto de alquileres, concesiones, derechos de publicitarios y comercialización de espacios publicitarios.

“La Agencia no va a poder disponer la venta de sus instalaciones. Sólo podrá establecer cánones por el uso de las instalaciones en casos excepcionales, como es el de las visitas de delegaciones extranjeras que usan el CeNARD para entrenar”, explican.

Al mismo tiempo, remarcaron que esto quedó especificado en el decreto que fue publicado este miércoles.

“El anteproyecto que circuló en los medios no es la versión final. En el decreto de necesidad y urgencia queda claro que seguirá siendo la AABE la que podrá disponer de los predios o inmuebles. Los terrenos no serán de la Agencia de Deporte Nacional”, sostuvieron.

En rigor, el texto es más ambiguo que la explicación que dan desde el Gobierno. El artículo 4, en el que se detallan cuáles son "los recursos operativos de la Agencia", se incluye los ingresos por "las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios".

Pero, al mismo tiempo, estipula en otro apartado de ese artículo que se podrá fondear con "recursos obtenidos, por la celebración por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de contratos onerosos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su jurisdicción o custodia". Lo que de alguna manera mantiene a la AABE como la propietaria de esos terrenos. La sospecha de que haya un negocio inmobiliario detrás se mantiene latente en la posibilidad de que esos terrenos sean transferidos al ámbito de la Agencia, para ser vendidos.

El argumento del Gobierno para que Macri firme este DNU fue similar al que dio por la extinción de dominio: "El Congreso no se puso de acuerdo después de muchos años. Y se necesita esta herramienta para poder garantizar los programas en materia deportiva". No obstante, en la Casa Rosada dicen no tener una estimación clara de lo que podrá recaudar en forma adicional la Agencia.

Con todo, pese a las críticas que recibió por anticipado, el Gobierno se decidió a avanzar con el decreto. Tampoco habrá cambios de nombres: el titular de la Agencia será su más ferviente impulsor, Diógenes de Urquiza, actual secretario de Deportes, quien mantendrá su cargo y su rango. No es ninguna sorpresa: cuenta con el respaldo incondicional de su amigo, el Presidente. quien lo designó el año pasado tras la salida de Carlos Mac Allister. Ahora, igual, tendrá más poder: De Urquiza absorberá el Instituto Nacional del Deporte, el Enard, y el ENaDeD.