Las largas colas que sufre la población demuestran que no ha habido avances concretos en la superación de la escasez, el acaparamiento, la especulación y la inflación. Sin embargo, el gobierno solicita una extensión por 60 días más y la AN dedica largas jornadas a debatir si aprueba o no la prórroga.

En su comparecencia, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz insistió en atribuir los problemas de desabastecimiento, escasez, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción e inflación a la guerra económica y responsabilizó a Dolar Today de la inflación, cuando realmente ésta es provocada por el colapso de la producción nacional y las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que ha hecho el BCV para financiar el déficit de Pdvsa y las empresas públicas

En los argumentos presentados por el Vicepresidente Aristóbulo Istúriz se señala que están vigentes las causas que motivaron el DEE e insiste en que estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios de nuestra principal fuente de ingresos, como lo es el petróleo. Esta interpretación ignora el comportamiento cíclico de los precios del petróleo, cuya causa esencialmente se debe al curso de la economía mundial, al desequilibrio entre la oferta y la demanda debido al desarrollo de nuevos tipos de petróleo y el retorno de Irán a los mercados internacionales, así como a las tensiones bélicas en los países del Medio Oriente.

Lo que está afectando gravemente los ingresos fiscales y de divisas del país es la falta de previsión. Creer que los precios del petróleo subirían indefinidamente llevó a crear fondos para gastar todo el ingreso petrolero sin ahorrar nada en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, contrariamente a lo que ordena el artículo 321 de la CRBV. En lugar de ajustar el Presupuesto 2016, calculado con base en un precio de 40 $/b, el gobierno sigue gastando como si nada hubiese pasado.

Prorrogar un Decreto lleno de contradicciones no contribuirá en nada a superar la crisis. Esto ya se demostró en los primeros 60 días de vigencia del mismo. Recordemos que en el numeral 10 del artículo 2 se plantea: “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera (…) para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, pero justo en el numeral 9 incluye una medida que aleja al inversor, al plantear que: “el Ejecutivo Nacional podrá requerir a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes inmuebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.

El espíritu autocrítico brilla por su ausencia en el texto del DEE. En lugar de reconocer el fracaso de un modelo basado en la estatización de empresas que eran productivas -pero una vez expropiadas terminaron quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción-, en el numeral 8 plantea: “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de las venezolanas y los venezolanos”.

La solicitud para disponer de los saldos presupuestarios y asignar recursos extraordinarios a proyectos aunque no estén previstos en el presupuesto, así como la dispensa de los requisitos y controles con el argumento de agilizar los procedimientos administrativos referidos a contrataciones públicas, trámites cambiarios e importaciones gubernamentales, refleja la inercia de un gobierno acostumbrado a administrar los recursos públicos sin mayores controles por parte del Poder Legislativo. Con el DEE el Ejecutivo se empeña en una vía de escape para evadir el marco legal que rige la actividad económica y evitar el análisis de créditos adicionales y contratos que deben ser aprobados por la AN.

Adoptar las medidas necesarias para superar la crisis no requiere de ningún DEE, sino de voluntad política para romper la inacción de un gobierno que pareciera no comprender la complejidad del problema ni cómo resolverlo. Ni siquiera el nuevo equipo económico ha podido articular las medidas necesarias para encarar el tamaño de la crisis.

En lugar de un DEE hecho a la medida de un gobierno que lo que quiere es evitar el control de una AN ahora en manos de la Oposición, lo que el país está reclamando es un gran acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional para aplicar un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social.

Por eso, en vez de desgastarse en este debate inútil sobre si se prorroga o no el DEE, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional más bien deberían estar trabajando conjuntamente para corregir las distorsiones derivadas del régimen de cambios múltiples, de los rígidos controles de precios que ahorcan la producción y de los ineficientes subsidios que estimulan el contrabando de extracción. Asimismo, deberían convenir una Agenda Legislativa para la reactivación Económica, adecuando todas aquellas leyes que han contribuido a crear un ambiente adverso y hostil en contra de la actividad productiva.

Para lograr esto, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional disponen de un conjunto de instrumentos legales y medidas económicas que están al alcance de la mano, y que lejos de tener un impacto antipopular y generar una crisis de gobernabilidad, más bien crearían el clima de seguridad jurídica y paz laboral que se requiere para estimular una creciente inversión que permita reactivar la producción y superar los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que tanto malestar generan en la población. @victoralvarezr