Por Gustavo Domínguez

La república centroamericana de Honduras, vuelve a la palestra de las controversias internacionales. Una polémica ley, que genera escalofríos entre los defensores a ultranza de los derechos humanos, ha unido a los tres poderes del estado Hondureño, quienes han generado con su alianza política nuevas y extremas tendencias en la desesperada lucha contra el más peligroso mal que ha arremetido contra la sociedad de Latinoamérica: los actos delincuenciales moldeados por las perversas redes del narcotráfico.

Dichas intervenciones, dice la nueva ley, solamente se podrán realizar a solicitud de un fiscal y con autorización de un juez. Los procedimientos se realizarán respetando la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales que Honduras ha suscrito, y se contempla que las intervenciones serán de carácter excepcional y solamente cuando resulten útiles para una investigación penal.

El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones, herramienta creada para combatir el crimen organizado en sus modalidades de secuestro, extorsión, sicariato, robos de vehículos, tráfico de drogas, entre otras. Por unanimidad, 128 diputados del Congreso Nacional de Honduras, perteneciente a cinco partidos políticos antagonistas, han resuelto necesario meter mano, mediante La Ley de Escuchas Telefónicas, a todo medio tecnológico de comunicación y servicio financiero que pueda ser utilizado para la ejecución de actividades ilegales. Alegan que los grupos criminales han hecho uso y abuso indiscriminado de la tecnología de comunicación para la ejecución de fechorías que está poniendo en jaque a la sociedad hondureña. Sin embargo de tan noble intención, es muy difícil garantizar que la institucionalidad hondureña pueda realmente avalar a Honduras y al mundo, que el remedio utilizado no será más dañino que la enfermedad.

Los peligros que presenta tan controversial legislación, tiene varios componentes que ponen los pelos de punta a los defensores radicales de la libertad de expresión, entendida con el mismo exclusivismo que el derecho a la vida de los ciudadanos. Peligros, que definitivamente son percibidos por todos los estratos sociales, políticos y económicos de la sociedad. En términos prácticos, no queda otro camino para las sociedades organizadas que la obligación de reconocer, que el abuso de las libertades, finalmente, solo se puede pagar con dolorosos e indeseables sacrificios.

En la arena social, muchos países han pagado con guerras civiles o con grandes sacrificios económicos y sociales la emancipación de minorías, entre las que se incluye básicamente la esclavitud y las creencias religiosas. Importantes leyes se aprobaron como consecuencias del desangramiento de muchas naciones. De acuerdo a los datos de Amnistía Internacional, existen todavía estados en el mundo, entre los que se encuentran potencias de todos los continentes, encabezadas por China, Irán, Corea del Norte, Estados Unidos, Bielorrusia, etc., que se encuentran liderando el número de ejecuciones mediante la pena capital. 52 países alrededor del mundo mantienen este tipo de sanción como un recurso, tanto en sus legislaciones, como en la práctica.

En sentido económico, Italia, Grecia, España, Argentina, Ecuador, son solamente parte de una enorme lista de países que han tenido que acudir a medidas extremas en términos financieros para resolver años de libertinajes y malas políticas públicas en el manejo de sus tesoros. El sistema financiero internacional, todavía no encuentra una panacea para evitar que las crisis no sean de manera recurrente, afectando especialmente a los países desarrollados. Lo que si entienden expertos y no expertos, es que la causa principal de dichas crisis son el abuso y libertinaje de grandes corporaciones amparadas en un sistema de mercado irracionalmente permisivo, así, como también, enormes crisis generadas por estados irresponsables en la administración de sus presupuestos.

Todos los excesos a los que sometemos a nuestra sociedad, tarde o temprano, demandan sudor y lágrimas. Cuidemos la libertad de expresión, es falsa la percepción que la tendencia será a despenalizar la responsabilidad ulterior, son los estados, en la práctica, los que deciden como se administra la organización interna, no los burócratas internacionales con buenas y románticas intenciones. Si los militares, policías, médicos, profesores, sacerdotes, políticos y, hasta los padres de familia tienen que responder por el abuso y errores cometidos en el ejercicio de sus actividades, no es justificable que los abusos y excesos en la libertad de expresión no sean regulados. La vanidad, acreditan al diablo, constituye la favorita entre los pecados humanos.