Los gobiernos estatales gastaron casi 5 mil millones de pesos de recursos federales que debían invertirse en los ciudadanos que no tienen acceso a la salud pública, en servicios sanitarios de los que no hay pruebas de que se hicieran, en pagos a personal médico que no fue localizado, y en beneficiar con estímulos económicos no autorizados a funcionarios.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su primer informe de la Cuenta Pública 2018 que presentó el viernes 29 de junio, en el que investigó cómo la Secretaría de Salud Federal y las 32 entidades federativas gastaron los recursos públicos provenientes del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA).

Este Fondo federal tiene como principal objetivo aportar dinero de la Federación a los gobiernos estatales y municipales en todo el país, para que éstas puedan dar servicios de salud a la población más vulnerable que no cuenta con empleo formal, o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social que incluya el acceso a servicios públicos de salud.

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Para ello, el Fondo aportó en 2018 a los 32 estados más de 95 mil millones de pesos, para que mejoraran la calidad de atención a los pacientes y tuvieran suficiente abasto de medicamentos y materiales sanitarios con el que dar servicio a la población.

Sin embargo, en el gasto de ese dinero público, la Auditoría hizo observaciones por irregularidades en cómo se invirtieron 4 mil 932 millones de pesos, de los cuales, solo 81 millones fueron regresados a las arcas públicas, quedando aún por aclarar los 4 mil 853 millones restantes.

Sin comprobar más de 2 mil millones en Salud

De acuerdo con la investigación de la Auditoría, la principal irregularidad en el gasto del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud fue que los estados invirtieron miles de millones sin que luego aportaran la documentación que comprobara en qué se gastaron el dinero y cómo.

En concreto, los estados gastaron 2 mil 155 millones de pesos, el 43.7% del monto observado por la Auditoría, sin que aportaran la documentación justificativa. El top 5 de entidades que más cometieron esta irregularidad está liderado por: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, y Ciudad de México.

La segunda irregularidad por mayor monto fue que mil 092 millones del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud se transfirieron a cuentas bancarias en los estados que eran para programas distintos al de Salud, por lo que “no se asegura su destino en los objetivos del fondo”.

Y otros mil 074 millones del Fondo no fueron gastados por las entidades federativas, pero tampoco fueron regresados a las arcas del Estado, por lo que se desconoce el destino del dinero. Entre los estados que cometieron esta irregularidad, están: Aguascalientes, Baja California norte y sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, y Durango.

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¿Dónde está el personal médico?

Los estados también gastaron 153 millones de pesos del Fondo federal en pagos a personal médico que no fue localizado en su centro de trabajo “y del que no se acreditó su existencia”, y en pagar prestaciones y estímulos económicos no autorizado a funcionarios de Salud.

Además, invirtieron 59 millones 600 mil pesos del Fondo en pagar a personal “que no acredita el perfil académico” para laborar como médico o profesional sanitario.

Mientras que gastaron 257 millones 700 mil pesos más en otros conceptos distintos a los establecidos en las reglas de operación del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud.

Otra irregularidad detectada por la Auditoría consiste en que las entidades federativas gastaron 141 millones 600 mil pesos en “otros aspectos como conceptos de nómina no autorizados; bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados; recursos no entregados a los ejecutores; adquisición de medicinas no incluidas en el cuadro básico de medicamentos, entre otros”.

Oaxaca y Chiapas, con irregularidades millonarias

Las entidades federativas a las que la Auditoría hizo más observaciones por irregularidades en el gasto del Fondo para servicios de salud son Oaxaca, con observaciones por mil 446 millones de pesos, y Chiapas, con mil 068 millones.

Les siguen Jalisco, con irregularidades observadas por 471 millones de pesos; Campeche, 339 millones; Estado de México, 338 millones; y Michoacán, con 233 millones de pesos.

Por el contrario, Baja California Sur, con irregularidades en el gasto por 500 mil pesos, es la entidad con menos observaciones de la Auditoría en este rubro. Le siguen Nuevo León (1 millón), Puebla (1 millón 100 mil), Morelos (1 millón 200 mil) y Zacatecas (1 millón 700 mil pesos).

Por todo lo anterior, la Auditoría hizo 470 observaciones a los estados que recibieron el dinero del Fondo federal para Salud, de las cuales 177 se solventaron en el transcurso de la auditoría, quedando aún pendiente 293.

Esas 293 observaciones pendientes dieron origen a 305 acciones, que se dividen en: 151 pliego de observaciones, 107 promociones de responsabilidad administrativa contra funcionarios públicos, 27 recomendaciones, y 19 promociones para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

Lee aquí el informe completo de la Auditoría.