Un abogado "indignado" con el ataque de los manifestantes el lunes en la Plaza de los dos Congresos contra los efectivos de la Policía de la Ciudad que garantizaban la seguridad de la sesión de la Cámara de Diputados para el tratamiento de la cuestionada reforma previsional finalmente aprobada al día siguiente pidió a la Justicia que encuadre el caso en una rebelión o un alzamiento en armas en base a un artículo del Código Penal que prevé una pena no excarcelable y de hasta quince años de prisión.

En efecto, el artículo 226 del Código Penal, dentro del título referido a los "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional" y el capítulo que describe los "atentados al orden constitucional y a la vida democrática", prevé una pena de cinco a quince años de prisión para "los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales".

Así se lo recordó a la Justicia el abogado Alejandro Freeland en una denuncia presentada al día siguiente de los incidentes en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py y que quedó radicada por sorteo en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. Este magistrado la remitió al fiscal Guillermo Marijuán para que formule el correspondiente requerimiento de instrucción -es decir, la apertura de la investigación- o el pedido de desestimiento de la misma, o sea, su archivo.

Lo más probable es que la denuncia sea remitida al juzgado a cargo de Sergio Torres, de turno el día de la última manifestación. Este magistrado dispuso la liberación de los 70 detenidos y preventivamente calificó los delitos como daños, intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad, con penas menores a las previstas el delito denunciado por Freeland. O que vaya al juzgado a cargo de Claudio Bonadio, que interviene en los incidentes de la semana pasada, también mencionados por el denunciante en su presentación.

Para el abogado, que no figura en el grupo habitual de colegas que suelen presentar denuncias penales en Comodoro Py ante grandes hechos políticos de repercusión pública, las "armas" del "alzamiento" que él cree ocurrió el lunes para impedir la aprobación de una ley del Congreso de la Nación, son los bulones, piedras y tuercas arrojadas por los manifestantes contra los policías y, sobre todo, el mortero "tumbero", con pirotecnia, accionado ese día por el militante de izquierda Sebastián Romero y cuya imagen se viralizó en las redes sociales.

Inexplicablemente defendido por el Partido Obrero (PO), una de las principales patas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Romero fue delegado gremial en la empresa General Motors de Rosario y precandidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2015 por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Las fotos y videos que lo muestran disparando el arma de fuego tipo "tumbera" lo convirtieron en la imagen de la violencia registrada en la manifestación del lunes frente al Congreso.

El juez federal Sergio Torres ordenó el martes la detención de Romero a pedido de la fiscal María Alejandra Mangano, pero aún no fue hallado por los investigadores. Por las dudas, el magistrado dispuso el libramiento de un "alerta migratorio" para que se le avise si es detectado en algunos de los pasos fronterizos, aeropuertos o puertos por si intenta salir del país para evadir la orden de detención.

El abogado cree que el ataque de los manifestantes a la Policía de la Ciudad que vallaba los accesos al Congreso fue para que éste no sesionara y aprobara la ley de reforma previsional, como se suponía ocurriría. De hecho también denunció que el jueves pasado, cuando fueron reprimidos por la Gendarmería, lo lograron.

Freeland recordó que ese mismo día, jueves 14, uno de los secretarios del triunvirato dirigencial en crisis de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, del gremio de la sanidad y flamante ex diputado del Frente Renovador, dijo públicamente que "los trabajadores fueron a impedir la sanción de la ley".

"Bueno, pues si eran trabajadores, que no lo parecían, fueron armados y atacaron a las fuerzas de seguridad y al Congreso y lograron el objetivo que el señor Daer confesó sin ambages", añadió el abogado en su denuncia, a la que Clarín tuvo acceso, sobre la frustrada sesión de la semana pasada, suspendida a propuesta de la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, referente de esa agrupación en la alianza de gobierno nucleada en Cambiemos.

El abogado sostuvo que el lunes los manifestantes "dispusieron de todo tipo de armas que usaron a destajo" y que las imágenes vistas ese día en la plaza frente al Congreso "son más que elocuentes" por los "escombros, piedras, fierros, palos y munición para gomeras" reflejados por la prensa.

"Durante horas literalmente lapidaron a los agentes de la policía de la ciudad, hombres y mujeres que defendían el Congreso y resistían estoicamente y como podían el embate de las bestias antidemocráticas", sostuvo Freeland en su presentación judicial.

"Una de ellas, perfectamente identificada en las imágenes, miembro del MSTU y otrora candidato a diputado en Santa Fe, disparaba un arma casera con fuego -ignoro con qué munición- directamente contra los policías, que sólo podían oponer (luego de la insólita decisión de una Juez tributaria de la ciudad) sus escudos plásticos, sus cascos y sus piernas", agregó el abogado en referencia a Romero y la jueza Patricia López Vergara, apuntada ahora por el Gobierno porteño y también en otra denuncia penal.

El denunciante sostuvo que "de lo que se trató, ambos días, fue de impedir a lo menos temporariamente que uno de los poderes del Estado ejerciera su función de debatir y de legislar en donde deben hacerlo, el Congreso".

"La rebelión fue consumada en ambas ocasiones, el 14 y el 18 de diciembre. Ello porque el delito se consuma sólo con el alzamiento en armas con la finalidad indicada, sin que sea necesario que se logren las finalidades propuestas que, como indiqué, se lograron el día 14", expresó Freeland.

Rafecas ya tiene a su cargo otra denuncia formulada por un grupo de diputados de Cambiemos liderado por Carrió contra sus colegas del Frente para la Victoria que increparon en esa sesión y en su propio sitial al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. Freeland también los mencionó en su denuncia e incluyó al diputado del FIT Nicolás Del Caño.

El abogado señaló que "son autores" del delito por él denunciado "todos aquellos que blandieron y utilizaron armas con la finalidad descripta en la ley" y que "sobran las imágenes para identificarlos debidamente". Y calificó como "coautores o instigadores" a "aquellos que sin estar en el lugar instigaron la rebelión por las redes o desde sus mismas bancas de diputados o saliendo a la calle para intentar que los violentos tomaran el Congreso como lo hicieron en La Plata".