Ana Rueda llevaba 13 de sus 48 años trabajando en Notimex. Sindicalizada como trabajadora de base, esta editora tuvo una muerte en su familia a principios de junio. “[Era] la esposa de mi único hijo”, cuenta, así que avisó a sus jefes y al sindicato y les pidió un par de días para poder acompañar en el duelo. Tras el luto volvió a su puesto de trabajo, pero a la semana la llamó la directora editorial a su despacho, donde estaban otros dos superiores.

“Me dijo que no había nada que hacer, que tenía dos faltas injustificadas y [por eso] me despedían”, comenta. Le pusieron delante un documento: “Me dijo que tenía que firmar mi renuncia, que me aconsejaba que lo hiciera. Todo el rato me pedían firmar. Yo me negué. Cuando salí de su despacho, me vino a buscar un policía con uno de los ejecutivos para acompañarme a mi lugar a recoger mis cosas y escoltarme hasta la puerta”. Rueda tiene ese paseo grabado, además de en su memoria, en video.

De acuerdo con una base de datos suministrada vía transparencia por la Secretaría de la Función Pública, entre trabajadores de base, confianza, honorarios y eventuales, han presentado su renuncia al menos 21 mil 727 en 263 dependencias y organismos desde el 1 de diciembre hasta el 15 de mayo.

Para comparar inicios de administración, en el primer enero de Enrique Peña Nieto como presidente se dieron de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social 3 mil 841 trabajadores públicos de empresas administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, mientras que con Andrés Manuel López Obrador han sido 10 mil 585 bajas. En ambas administraciones, tras esta baja, subió el número de asegurados en febrero y marzo.

Sólo Rueda, de los nueve funcionarios públicos despedidos —cinco de base, dos de servicio profesional de carrera, uno de confianza y uno por honorarios— que EL UNIVERSAL entrevistó, se ha atrevido a que aparezca su nombre real. La mayoría tiene miedo de exponerse a represalias por parte de sus antiguos jefes o ingresar en una suerte de lista negra que les dificulte volver a trabajar en la administración federal.

Todos relatan presiones similares para hacerles presentar su renuncia, y ninguno —aunque en algunos casos ya hayan pasado por las transiciones entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— recuerda un cambio de administración tan agresivo como éste en el ámbito laboral.

Ella y los otros trabajadores de base entrevistados no pueden evitar recordar las palabras de López Obrador del 4 de enero de 2019, cuando en la conferencia matutina aseguró que “todo el ajuste administrativo tiene que ver con el personal de confianza de los altos niveles de la burocracia” y que los “trabajadores de base sindicalizados no deben de ser removidos”.





Cuando el Jefe del Ejecutivo pronunció estas palabras, 356 trabajadores de base habían renunciado a sus puestos desde el 1 de diciembre. Para el 15 de mayo, la cifra había subido hasta mil 657. De las 21 mil renuncias, los puestos más comunes son directores y subdirectores, pero también vigilantes, auxiliares de librería y carteros.

Ayer se filtró que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mandó un oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que aseguraba haberse enterado de que, pese a lo dicho por el Presidente, se piden renuncias a trabajadores de bajo rango.

Rueda, con otros cuatro compañeros —todos sindicalizados—, puso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el acoso y los malos tratos sufridos durante despidos que consideran injustificados. De acuerdo con los trabajadores, en Notimex han despedido a 70 de 224 trabajadores sindicalizados por “las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, suscrito por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador”.

“Te vamos a perjudicar”

Andrés es meticuloso. Saca un archivador y busca hasta encontrar un conjunto de folios escritos a computadora: “Quiero decirte exactamente cómo pasó”, señala este informático de 34 años. Hasta hace más de un mes, era jefe de un departamento técnico en la Secretaría de Educación Pública por el Servicio Profesional de Carrera, una fórmula creada para evitar que cada sexenio los nuevos funcionarios contraten a su gente y haya continuidad laboral desde hace un lustro. Su sueldo neto, asegura, era de unos 8 mil pesos a la quincena.

“A principios de enero de 2019, el nuevo responsable de mi área me llamó a su oficina. Aunque yo ya estaba siendo relegado, la primera vez que me pidió mi renuncia fue el primer viernes del año. Me dijo que si no se la entregaba solicitaría mi plaza a Recursos Humanos y que, como tendría que argumentar el motivo, diría que yo no iba a trabajar o que no hacía mi trabajo... Quedaría una mancha en mi expediente. Me advirtió que si demandaba iban a tardar entre cuatro y seis años y que no podría volver a trabajar en el sector público”. Y sentencia: “Me amenazó”.

Cuando Andrés preguntó si le pedían su renuncia por su mal desempeño, su superior le contestó que no, que no tenía nada contra él. Simplemente quería la plaza para otra persona, para alguien de su gente. Andrés se negó: “Le dije que no se la daba”. Comenzó entonces un acoso diario.

Aguantó hasta el 3 de junio, cuando su superior, acompañado de otra persona, le impidió la entrada en las oficinas y le dijo que no regresara más. Asegura que no le dieron ni un papel que acreditara su despido y menos una liquidación, pero Andrés es muy meticuloso y tiene grabados, en su celular, audios y videos de todos estos meses, incluyendo las caras de los que le amenazaban si no les entregaba su renuncia. EL UNIVERSAL tuvo acceso y en ellos se escuchan frases como: “Si no me presentas tu renuncia, te vamos a perjudicar”. Ahora son pruebas que piensa usar en su juicio por despido injustificado. Andrés no es su verdadero nombre.

Denuncias

Rodolfo Martínez, del despacho Trusan & Roma, es el abogado de Andrés y, asegura, otros 2 mil 500 funcionarios públicos despedidos han decidido demandar por despido injustificado. De éstos, unos mil 500 son del Servicio Profesional de Carrera, y el resto, de confianza.

“Hay muchas técnicas para obligar a los funcionarios públicos a renunciar. Como en el caso de Andrés, amenazarles con que si no renuncian no van a poder trabajar de nuevo en el gobierno federal, ya que quedarán boletinados”, subraya el letrado antes de aclarar que no existe un registro de esas características.

“También aplican la de: ‘De lo perdido, lo que aparezca’; es decir, ofrecerles un convenio para cobrar al menos algo. También hemos oído casos de que los encierran en una sala hasta que firman”. Este último proceder fue relatado por un par de trabajadores de base de Notimex.

Según otra base de datos elaborada con información obtenida vía transparencia, en 12 secretarías del gobierno federal, entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo, de las 4 mil 383 bajas registradas, 70% fueron por renuncia, mientras el resto, en su enorme mayoría, fue por término de contrato.

Según sus cálculos, debido al sistema judicial en materia de trabajo y sus embudos, las sentencias para los casos que está presentando en estos meses llegarán a finales del sexenio. En caso de que hubiera amparos, cosa que ve probable, la sentencia definitiva sería en la siguiente administración.

“El caso de Andrés es uno emblemático de despido injustificado. La ley marca cuatro supuestos muy claros en los que se puede despedir a un servidor público de carrera: muerte del trabajador, delitos que ameriten pena privativa de libertad, que te hagan un proceso de responsabilidad administrativa o que no acrediten los exámenes periódicos”, explica.

Andrés recuerda que se sintió “muy hostigado y muy presionado para renunciar”. Recalca: “A mí me habían dicho que no se iban a pedir renuncias de esa manera. Recuerdo haberlo oído del Presidente”. Luego guarda su pliego de hojas, el diario del bullying laboral a manos de funcionarios, en la funda plastificada de su archivador.