La renta estatal contra la pobreza que propone la Autoridad Fiscal llegaría a 1,8 millones de hogares, según la propia Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Esta alternativa, que forma parte de la evaluación que ha hecho el organismo que preside José Luis Escrivá de la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos para crear una ayuda para todos los parados de larga duración sin ingresos, tendría un coste total de 5.500 millones. No obstante, la carga final para las arcas públicas sería menor al eliminar duplicidades: 3.500 millones. La medida reduciría la tasa de pobreza severa en España en más de cuatro puntos, según calcula la Airef, del 6,9% al 2,7%.

Cuando hace casi dos años el presidente de la Airef estuvo en el Congreso ya había advertido del gran impacto fiscal y redistributivo que tenía la propuesta de los sindicatos de crear una ayuda para todos los parados que estuvieran 12 meses sin trabajar. Esa intervención y el intento del Ejecutivo, entonces del PP, de dilatar la tramitación parlamentaria de esta iniciativa llevaron al Consejo de Ministros a pedirle a la Airef una evaluación. La advertencia del anterior Ejecutivo era que esa propuesta, que no conseguía frenar en el Congreso, era muy costosa.

Los números de la Autoridad Fiscal apuntan que el diseño propuesto por los sindicatos supondría un coste que estaría entre los 7.200 millones y los 9.800 millones. Incluso podría ser más alto si la situación económica empeorara y aumentara el paro. Los beneficios serían que reduciría un 28,4% el número de personas bajo el umbral de la pobreza, de 3,3 millones a 2,2 millones, y la tasa de pobreza severa (hogares con ingresos por debajo del 30% de la renta mediana, la que divide a un colectivo justo por la mitad según sus ingresos) bajaría del 6,9% al 5%.

La alternativa que propone la Airef tendría un menor coste y, según sus números, sería más eficaz ya que llegaría a reducir la pobreza severa hasta el 60% y su tasa hasta el 2,7%, situando a España ocho décimas por debajo de la media de la Unión Europea y por debajo de países como Luxemburgo, Reino Unido o Austria.

Para llegar a estos resultados, el vigilante de la estabilidad fiscal lanza dos alternativas. Una, en una ayuda con dos tramos: uno, para quienes estuvieran en peor situación, que consistiría en una cuantía equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, (en 2019 casi 440 euros al mes) y otro que consistiría solo en un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo con un máximo de tres hijos. La otra consiste en una prestación que, partiendo de ese 80% del IPREM, fuera menguando en función de la renta del beneficiario hasta el 10% de ese índice. También podría completarse con 1.680 euros al año o 1.200 euros en los tramos de colectivos más desfavorecidos.

Ambas se diferencian de la propuesta sindical, que contenía para todos los beneficiarios el suelo del 80% del IPREM y cantidades adicionales por hijo. Para acceder a ella, había que tener rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional y estar, al menos, un año inscrito en el servicio público de empleo como parado.