June Fernández

16/10/2019

Preguntamos a colectivos de mujeres migradas y de trabajadoras del hogar si es estratégico hacer incidencia política y social por la desaparición de esta modalidad de cuidadora disponible 24 horas

“Cuando una mujer blanca rompe el techo de cristal, la que lo limpia es inmigrante ilegal».

Consigna de los colectivos de mujeres migradas y trabajadoras del hogar.

Trabajan más de 60 horas semanales, por más que su contrato (cuando hay contrato) indique 40. Su salario está muy lejos de ser mileurista, están disponibles día y noche, viven sin intimidad en su puesto de trabajo y se quedan en la calle sin derecho a paro cuando la persona a la que cuidan fallece o la familia decide dejar de contar con ellas. Las empleadas del hogar internas —en su mayoría migradas— enfrentan condiciones de semiesclavitud y un trato marcado por las relaciones de poder racistas, clasistas y sexistas.

El Estado español no ha ratificado aún el Convenio nº189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, que le obligaría a garantizar derechos como el de la prestación de desempleo. Este convenio hace especial énfasis en la importancia de regular aquellos aspectos que afectan a las internas, como la práctica de descontar parte del salario entendiéndolo como “retribución en especies” o las horas de presencia exigidas y la disponibilidad durante la jornada nocturna. Atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la pernocta también debería ser considerada como tiempo de trabajo, como ocurre con otras profesionales como el personal médico o los bomberos.

La falta de privacidad y el control marcan la vida de estas trabajadoras. A muchas se les niega un cuarto propio y se las obliga a compartir habitación con la persona que cuidan. También es habitual que las empleadoras ofrezcan una alimentación deficitaria a la trabajadora, controlen cuántas piezas de fruta come, cuántas veces se ducha o cuánto usa el secador de pelo. Son algunas de las prácticas abusivas que documenta la investigación ‘¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas de hogar’, editada en 2018 por el consorcio de oenegés Zentzuz Kontsumitu – Consume con sentido. Estas condiciones afectan a la salud física y mental de las trabajadoras, en forma de fatiga, insomnio, estrés o ansiedad. La Inspección de Trabajo alega que no puede controlar lo que ocurre dentro de los hogares porque son espacios íntimos. Las familias juegan con esa impunidad y con que “existe un ejército de reserva dispuesto a trabajar en malas condiciones por necesidad económica o precariedad en la situación jurídica para residir legalmente en el país”, desarrolla el estudio.

¿Es, por tanto, un régimen que debería desaparecer? La mayoría de colectivos de mujeres migradas y trabajadoras del hogar consultados para este reportaje responden con un rotundo sí. Trabajar aisladas 24 horas 7 días a la semana atenta contra los derechos humanos, laborales y contra la salud de las mujeres. “Hay que abrir el melón. Defender el trabajo interno privatiza, individualiza, feminiza, mercantiliza y monetariza los cuidados. Perpetúa los diferentes ejes de opresión que se encuentran en su núcleo y exponen a las trabajadoras a laberintos de violencia, abuso de poder y maltrato. Exime a los hombres de corresponsabilizarse, cambiando unas mujeres por otras. No interpela a las instituciones ni a lo común ni impele a buscar otras soluciones”, argumentan por correo electrónico desde la asociación con sede en Bilbao Trabajadoras No Domesticadas. Carmen Juares Palma, coordinadora de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas de Barcelona, expresa el mismo consenso y suma un argumento: “De puertas adentro nadie sabe lo que pasa. Hay casos de acoso y abuso sexual por parte de los familiares varones”.

Tecleando “abolición régimen interna” en los buscadores de internet, destaca entre los resultados un artículo de la agrupación de mujeres feministas y socialistas Pan y Rosas en el que exponen su lucha “por acabar con el régimen especial de las empleadas del hogar y por la abolición de un trabajo tan esclavo como es el de interna”. Una de las autoras, Ángels Vilaseca, extrabajadora del hogar, atiende a Pikara Magazine junto con su compañera Rita Benegas, que sigue trabajando en el sector y que lo hizo como interna cuando migró de Paraguay al Estado español. Explican que ese consenso surgió de varios debates entre trabajadoras inmigrantes del colectivo. “Casi nunca se cumplen los descansos tan limitados que establece la ley. Te quedas sin vida propia y encima te dicen que parte de tu sueldo es por darte un techo y comida, cuando para ti acaba siendo como estar en una cárcel”, exclaman.

Benegas cuenta que la señora para la que trabajaba la encerraba con llave cuando salía de casa y no la dejaba hablar por teléfono: “Me trataba como inferior por ser inmigrante. Y claro, acabas aceptando esas condiciones porque no te queda otra, porque al no tener papeles es difícil encontrar otra cosa. Muchas mujeres trabajan en negro, cobrando una miseria, y las que tienen contrato… tampoco es garantía para que se cumplan los pocos derechos que tenemos. De hecho, muchos jefes usan el contrato para chantajearte y explotarte aún más”.

Proyectos migratorios

En otros colectivos, en cambio, el debate no está cerrado. Torre de Babel es un espacio de encuentro, apoyo mutuo y empoderamiento entre mujeres migradas en Bilbao, la mayoría trabajadoras del hogar y cuidadoras internas. En la respuesta conjunta que aportan a Pikara Magazine, empiezan por señalar que su prioridad es que se garanticen a corto plazo las condiciones para “tener una vida propia, descansar, disfrutar y al mismo tiempo satisfacer nuestras necesidades materiales y afectivas”. Creen que para posicionarse sobre la abolición habría que “hablar mucho y con calma, sin que nadie se sienta juzgada o amenazada por que desaparezca esa modalidad de trabajo”. Para muchas, y no solo para las recién llegadas, trabajar como interna es una estrategia de supervivencia: no pagar alquiler y alimentación les da más margen para enviar remesas a su familia y saldar las deudas contraídas para migrar. “Por eso es importante tener en cuenta la dimensión de nuestros proyectos migratorios y buscar juntas otras estrategias menos costosas para la salud física y emocional”, concluyen.

Según datos del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, el 57% de las trabajadoras extranjeras y el 37% de las migradas con nacionalidad española se dedican al trabajo del hogar y de los cuidados. Un estudio de Emakunde esboza el perfil de estas mujeres: más del 70% son latinoamericanas, la mayoría mandan remesas a su familia y la mitad contrajeron una deuda para iniciar su proyecto migratorio. El 20% tiene problemas para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, ropa, calzado, vivienda); y el 36% tiene dificultades para hacer frente a gastos imprevistos.

El colectivo madrileño Servicio Doméstico Activo (Sedoac) aboga por que el régimen de interna desaparezca, pero su presidenta, Carolina Elías, señala a la Ley de Extranjería como marco que empuja a las mujeres migradas a esta modalidad, “no porque sea un chollo sino porque la misma ley que te criminaliza, te obliga a estar tres años sin papeles, y sin papeles solo encuentran ofertas de interna”. Añade otra razón escalofriante, el miedo a ser deportadas: “Se exponen menos a que la policía las detenga que si tuvieran que frecuentar el intercambiador de autobuses para ir al trabajo”. En realidad, los hogares en los que trabajan y viven no son espacios seguros. “Algunos empleadores les retienen el pasaporte y les dicen: si no aceptas estas condiciones, te denuncio a la policía. O bien juegan con la promesa de hacerles papeles para que acepten condiciones más abusivas”, añade.

Carmen Juares Palma llegó de Honduras a los 19 años y empezó trabajando como interna por 750 euros al mes sin pagas extra. Reconoce que su percepción ha evolucionado a medida que ha avanzado en su proceso migratorio: “Vienes huyendo de la pobreza y de la violencia, sin papeles, con poco dinero, y cuando encuentras un trabajo como interna te sientes contenta, hasta agradecida. Al cabo de un tiempo te das cuenta de que has sido explotada. Entonces te organizas y te rebelas”. También destaca el nefasto papel de las agencias de contratación que “se lucran de la explotación”. Una práctica irregular que cita es la de emplear a mujeres sin papeles, decir a las familias que sí los tienen y quedarse con la parte relativa a la cotización de la seguridad social y las pagas extra.

En la agrupación Pan y Rosas son conscientes de que acabar con el trabajo de interna “no puede plantearse como una medida aislada porque para muchas mujeres inmigrantes es una salida a su situación de desesperación, pobreza, irregularidad, etc”. Por ello, añaden como batalla imprescindible “luchar por la derogación de la reaccionaria Ley de Extranjería y por papeles para todas y todos sin necesidad de contrato”. “Quizás debiéramos incidir en dar vuelco a esas cuestiones no resueltas; nunca ampararnos en ellas para defender lo indefendible”, concluyen las Trabajadoras No Domesticadas.

Urgencia de cuidados

Si la Ley de Extranjería es un elemento clave en este debate, el otro es la Ley de Dependencia de 2006, desmantelada por el Gobierno del Partido Popular y paralizada ahora por la incapacidad de la clase política para formar un Ejecutivo. Más de 256.000 personas esperan a recibir ayudas a la dependencia y otras 139.000, a ser valoradas. Ante la falta de un sistema público integral de atención a la dependencia, los cuidados se resuelven eligiendo entre dos soluciones deficitarias: o las mujeres de la familia los asumen de manera gratuita o bien se contrata a otras mujeres en condiciones precarias, incluso para atender necesidades especiales que exigen formación profesional. Además, según el estudio de Zentzuz Kontsumitu, es habitual que las familias exijan más funciones y disponibilidad a la trabajadora a medida que aumenta el grado de dependencia, por el mismo sueldo.

Las integrantes de Pan y Rosas recuerdan que la mayoría de residencias para personas mayores son privadas y con precios abusivos, “además de que también se lucran del trabajo precario y muchas no ofrecen una atención de calidad”. Apuntan también a las reformas laborales que han agravado la precariedad de familias y trabajadoras. “Con la crisis proliferaron las ofertas de interna. Ya de pagar 700-800 euros por una persona que venga 8 horas, a las familias les sale mejor pagar lo mismo por una persona que esté 24 horas”, contextualiza la presidenta de Sedoac.

El 74% de las trabajadoras que asesoró la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia en 2016 vivían solas con la persona en situación de dependencia a la que atendían. Esto las convierte en las únicas responsables de su cuidado, lo que impide que puedan disponer de los tiempos de descanso que reconoce la ley. La alternativa sería contratar a varias trabajadoras externas a turnos, pero esto no es viable para las familias a no ser que, como ocurre en países como Francia, Bélgica o Suiza, el Estado subsidie las cotizaciones.

Los colectivos consultados coinciden en reclamar al Estado que atienda la urgencia de cuidados derivada del envejecimiento de la población, con ayudas, incentivos fiscales, y más plazas asequibles en residencias y centros de día. Las Trabajadoras No Domesticadas señalan que en los países del sur de Europa los niveles de contratación de empleo doméstico son “escandalosamente altos” en comparación con los del norte, donde hay mayor apoyo público y también mayor corresponsabilidad por parte de los hombres. Reclaman presupuestos e infraestructuras pero también “opciones dignas para las trabajadoras que no encuentran otro nicho laboral”.

¿Un lobby feminista abolicionista?

La irresponsabilidad política tiene que ver con intereses electoralistas, afirma Carolina Elías, de Sedoac: “Quienes votan son los empleadores, no las empleadas, porque la mayoría somos migradas. Por eso hace falta que las familias y las trabajadoras se unan para exigir soluciones al Estado”. El PP postergó hasta 2024 una de las medidas que la Ley General de la Seguridad Social instaba a aplicar este año: que las bases de cotización de las trabajadoras del hogar se correspondan con sus salarios. Esa ley también emplazaba a crear un grupo de expertos y expertas que aún no se ha constituido.

Desde Pan y Rosas no confían en la acción gubernamental de los Estados capitalistas y observan que también en los países que han ratificado el Convenio 189 de la OIT las condiciones de las empleadas del hogar y del cuidado siguen siendo muy precarias. Apuestan por la movilización social conjunta con trabajadoras precarias como las del Servicio de Atención Domiciliaria o las camareras de piso.

El sindicalismo tampoco se ha ocupado de este sector, al que se les niegan los derechos laborales colectivos, como el de sindicación, huelga o negociación colectiva. En la investigación de Zentzuz Kontsumitu destacan que en Italia, Francia o Alemania sí que se han desarrollado convenios colectivos, lo cual rebate la excusa de que no es posible porque la patronal serían los hogares.

En ese contexto, ¿tendría sentido una plataforma feminista por la abolición del régimen de interna, que presione como las organizadas contra la prostitución o los vientres de alquiler? “No necesitamos la mirada paternalista de mujeres blancas con privilegios que vengan a rescatarnos; lo que queremos son aliadas”, responde Carmen Juares Palma. Destaca el intenso trabajo que los colectivos de mujeres migradas realizan con sindicatos, asociaciones vecinales y representantes políticos desde la Mesa de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados en Catalunya. En Madrid, este año se fundó la Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos y Sedoac ha inaugurado un Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras de Hogar y de Cuidados. Su presidenta lamenta el escaso apoyo que sienten por parte de las feministas blancas: “Vamos todas a una concentración de apoyo a Juana Rivas pero son contadas las que vienen a nuestras concentraciones. Dicen que primero hay que luchar por las reivindicaciones que afectan a todas las mujeres y luego ocuparse de las minorías. Mientras me sigas viendo como una minoría, vamos a seguir teniendo un problema”.

El movimiento feminista mayoritario repite el mantra de poner la vida y los cuidados en el centro, pero no prioriza en su agenda las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar y de los cuidados. “¿Tal vez porque incomoda y nos cuestiona sobre los privilegios de unas sostenidos sobre la precariedad de otras?”, se preguntan las Trabajadoras No Domesticadas. A ellas sí que les suena bien una plataforma feminista por la abolición del régimen de interna, porque “es imprescindible interpelar y salir a las calles con un mensaje potente y rompedor que evidencie que esto es esclavitud y violencia pura y dura”. Violencia estructural, institucional, pero también violencias concretas que ejercen las familias empleadoras “aquí y ahora” cuando explotan a una mujer para eludir el conflicto que supondría reordenar la responsabilidad sobre los cuidados, subrayan.

Cuenta Juares Palma que, en un curso, una mujer le dijo que había contratado a una interna porque no podía cuidar a su padre y luego se reconoció a sí misma como explotadora. Pero no cree que esta incomodidad sea excusa para no implicarse y cambiar la mirada: “Que entiendan lo siguiente: ‘Estoy luchando para reivindicar los derechos de mi compañera migrante, y por tener unos cuidados dignos para cuando me haga mayor’”.

Las claves: desnaturalizar la figura de la interna y apoyar a las asociaciones de trabajadoras del hogar

Isabel Otxoa es una de las voces de referencia en el feminismo vasco respecto a la atención a los cuidados y a la dependencia. Profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE), está convencida de que el trabajo interno debe desaparecer, pero también el contrato privado de trabajo doméstico y cuidados: “Es poco compatible con el ejercicio de los derechos laborales reconocidos al resto de la gente trabajadora, también en régimen externo”, argumenta.

El principal problema que encuentra es la indefinición en cuanto a los perfiles y las obligaciones laborales de las internas: “Esta laguna legal es una táctica interesada para privar de derechos a las trabajadoras”, afirma. En su opinión, un recurso alternativo clave para liberar el tiempo de atención privada que necesitan las personas en situación de dependencia es el centro de día: “Hay que profundizar en la ampliación y accesibilidad de esos servicios, que evitan la atribución de todo el cuidado al ámbito doméstico”.

Respecto al rol del movimiento feminista en este tema, Otxoa recuerda la Plataforma por un sistema vasco de atención a la dependencia que agrupó a organizaciones y sindicalistas feministas hacia el año 2006, “una experiencia muy rica” a la que le faltó la fuerza y relevancia social que han tenido en Bizkaia las luchas sindicales de las trabajadoras de residencias o del Servicio de Ayuda a Domicilio. Por ello, apuesta por que los cambios en el sector sean impulsados por las asociaciones de trabajadoras del hogar, “con el apoyo de las organizaciones feministas, como cuando unimos fuerzas por cualquier otro objetivo antipatriarcal”.

La escritora, activista y política Beatriz Gimeno publicó un artículo en Pikara Magazine en 2013 que interpeló a muchas lectoras: “¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica?”. En él señalaba que es difícil revalorizar este trabajo porque son sus condiciones de explotación económica lo que lo convierten en un recurso asequible para las mujeres de clase media, algo que es especialmente evidente en el caso de las internas. Insistía en que su afán no era culpabilizar a éstas sino señalar a quién libera y a quién precariza y reclamar soluciones públicas para los cuidados imprescindibles. Ella tiene claro que el movimiento feminista tiene que abogar por la desaparición del régimen de interna. Por lo pronto, esa reivindicación ayudaría a “desnaturalizar y problematizar” esta figura y a crear un estado de opinión. “Muchas feministas jamás han pensado en ello. Estamos pidiendo a otras mujeres que pongan su vida entera, todo su tiempo, a disposición de nuestros cuidados en condiciones muy dramáticas”, argumenta.

Tiene claro que, si esta “neoesclavitud” está normalizada, es por una cuestión de sexismo y de racismo. Sexismo porque la sociedad asume que “a una mujer la metes en una casa y vale para todo: limpia, materna, hace de enfermera…”. Y racismo porque se espera de las mujeres migrantes que hagan los trabajos que las autóctonas no quieren, en un contexto propiciado por el neoliberalismo global.

Mira a países europeos en los que las trabajadoras del hogar funcionan a turnos, subvencionadas por el Estado, en un marco “bien remunerado, valorado y visible”. La madre de esta política, activista y escritora está siendo cuidada por una interna. “Es una contradicción que hay que asumir. Pero sobre todo pedir soluciones al Estado”, insiste.

Especial #PikaraLab Este contenido se enmarca en ‘Feminismo desde mi piel’, una colaboración con Mujeres con Voz y Calala Fondo de Mujeres. Financiado por el Gobierno Vasco

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