La candidata del Gobierno a la Procuración recibió honorarios privados mientras era jueza de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires. La Magistratura intentó investigar, pero el PRO frenó la denuncia.

La candidata del Gobierno a la Procuración General, Inés Weinberg de Roca, fue denunciada en 2013 por cobrar honorarios privados mientras era jueza de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el macrismo frenó el avance de la investigación y le permitió a la magistrada ponerse al frente del Tribunal Superior porteño.

Según publicó el diario El Cronista, Weinberg no sólo recibió esos ingresos (algo que los magistrados porteños tienen prohibido hacerlo) sino que tampoco los declaró ante la AFIP.

Vale recordar que la jurista integró entre 2009 y 2016 el Tribunal de Apelaciones de la ONU, en superposición con sus tareas en la Justicia porteña.

La información confirmada por la ONU surgió en el marco de la discusión en la Legislatura y en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, cuando Weinberg era candidata a presidir el Tribunal Superior porteño, cargo que detenta en la actualidad.

En ese momento, el diputado porteño Rafael Gentili denunció a la camarista por cobrar dos sueldos (hecho que era incompatible). El Consejo de la Magistratura porteño intentó abrir una investigación al respecto, pero el macrismo en la Legislatura hizo uso de su mayoría y abortó la posibilidad de llevar su pliego al recinto.

Un día después de la desestimación de la denuncia, Gentili recibió la información de la ONU. Se la envió el registrador del Tribunal de Apelaciones Weicheng Lin, el 23 de mayo de 2013.

"Usted está en lo correcto. La jueza Weinberg de Roca, como sus colegas en el Tribunal de Apelaciones, cobra una cantidad fija por cada caso que preside (u$s 2400) y por cada caso en el que opina (u$s 600). Los honorarios anuales que la jueza Weinberg recibió en estos años han variado dependiendo del número de casos que ha presidido y en los que ha opinado", le escribió Lin a Gentili.

Según datos de la ONU, la jueza participó en un total de 144 casos entre 2010 y 2013, por los que le correspondieron haberes por u$s 181.800. Para que pueda participar de esos casos, el Consejo de la Magistratura le había concedido en 2011, 2012 y 2013 una licencia con goce de haberes prevista en los artículos 59 y 81 de su Reglamento Interno, que permiten a los jueces asistir a actividades científicas o culturales.

“Está violando la Constitución porteña. Cada vez que pidió licencia extraordinaria, con goce de haberes, lo encuadró como un viaje por actividades científicas o culturales”, afirmó Gentili por aquello año.

Es importante destacar que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ciudad establece que la magistratura es incompatible con "el desempeño de empleos públicos o privados" con la sola excepción de la docencia. Hay un salvoconducto: pedir una excepción al Consejo. Weinberg no lo hizo.

En el Consejo de la Magistratura, la denuncia de Marcer la promovieron los entonces consejeros Juan Manuel Olmos y Daniel Fábregas. El primero integra el PJ porteño. El segundo era representante de los abogados por la agrupación Gente de Derecho de Jorge Rizzo e ingresó a la Magistratura en acuerdo con el peronismo capitalino.

Ahora, Weinberg es la candidata del oficialismo a la Procuración de la Nación, para suceder a Alejandra Gils Carbó. Con el período de impugnaciones abierto, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade se prepara para sumar su rechazo a la postulación.

La semana pasada, la ex diputada Margarita Stolbizer anunció que presentará una impugnación ya que considera que hay incompatibilidades porque la magistrada es asesora del Poder Ejecutivo y tiene relación con varios ministros del gabinete nacional, lo que podría afectar su independencia.