La confirmación de la sentencia contra Julieta Silva por parte de la Suprema Corte de Justicia, le da la posibilidad de acceder –en un plazo no muy largo– a salidas transitorias y, el año que viene, de solicitar la libertad condicional.

De acuerdo a la legislación actual, una persona –con sentencia firme– puede solicitar salidas transitorias cuando se haya cumplido la mitad de la ejecución de la pena. En el caso de Silva, por arrollar con su auto y provocarle la muerte a Genaro Fortunato, fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión, sanción que empezó a computarse desde el inicio de su detención, oficializada el 11 de septiembre de 2017.

Al día de hoy, Silva lleva detenida 1 año, 9 meses y 26 días, casi 22 meses de los 45 que dura su condena. Esto significa que el mes próximo –al transcurrir la mitad de la condena– Julieta quedará habilitada, a instancias de su abogado defensor, a solicitar salidas transitorias. En el caso de Silva, implica la posibilidad de dejar provisoriamente el domicilio donde cumple arresto. La modalidad de dichas salidas la establece un juez. Por ejemplo, el abogado Gustavo Lorenzo, condenado por abuso sexual a 12 años de prisión, tras cumplir la mitad de la pena, podrá acceder a salidas transitorias de 12 horas cada 56 días.

Para que las salidas transitorias sean contempladas por un magistrado, debe haber imperado la buena conducta durante el período de condena que lleva el solicitante. Julieta Silva, más allá de polémicas relacionadas al día a día de su arresto domiciliario, ha cumplido con dicha condición de detención sin ningún incidente.

Con respecto a la libertad condicional, Silva quedará en condiciones de solicitarla en marzo del año que viene, a poco más de un año antes de que purgue la condena, prevista esa fecha para junio de 2021.

¿Llega a la

Corte Nacional?

Después de que la Corte de Mendoza confirmó el fallo de primera instancia contra Julieta Silva, las partes tienen la posibilidad de solicitar un recurso extraordinario federal para que la Corte de Justicia de la Nación revise la sentencia. Para que eso pase, el máximo tribunal mendocino es el que debe hacer lugar o rechazar la petición. De no hacer lugar, a los abogados les queda la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte nacional.

Por el momento, si bien quedó reservada la posibilidad de un recurso federal, no trascendió si el Ministerio Público Fiscal, a través de Fernando Guzzo; el defensor de Silva, Alejandro Cazabán; o el abogado de la familia Fortunato, Tíndaro Fernández, insistirán con sus planteos ante el máximo órgano judicial del país.