Algunas de las catedrales más importantes del Estado español eran parte del Tesoro Artístico Nacional, y lo eran porque el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora había incorporado dichos bienes al patrimonio general.

Pero pasaron los años, y la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar llegó para facilitar el expolio cometido por parte de la Iglesia Católica. Así, entre 1998 y 2015, los obispos de treinta diócesis inmatricularon a su nombre algunas de las citadas catedrales.

Algunas fuentes aseguran que, entre 1998 y 2015, fueron unas 4.500 las catedrales, museos y bienes culturales inmatriculados. Pero, si contamos desde la aplicación de la franquista Ley Hipotecaria de 1946, podrían ser diez veces más. Lo sangrante del caso es que los actuales “propietarios”, además, siguen contado con fondos públicos.

Y es que son las distintas administraciones públicas quienes se encargan de financiar las restauraciones de los citados patrimonios, dada su condición de interés cultural. Cabe destacar que, sin embargo, los beneficios nada desdeñables derivados de su uso litúrgico y explotación turística, el Estado no ve ni un solo céntimo, ya que van a parar a las arcas de la Iglesia Católica. Pero esto no es todo, por si fuera poco el descaro, además se beneficia de las múltiples exenciones fiscales derivadas de los acuerdos entre el Estado español —que se supone es aconfesional— y la Santa Sede.

Para finalizar esta noticia, expondremos un solo ejemplo de los muchísimos que existen. He aquí el caso de la catedral del Buen Pastor de Donostia (San Sebastián): El obispo donostiarra, José Ignacio Munilla, formalizó la petición de inmatricular la catedral del Buen Pastor en 2012. El caso fue realmente atípico, ya el terreno en el que se edifica el templo pertenecía al Ayuntamiento de Donostia y, en 1887, éste firmó un acuerdo por el que cedía el suelo, dejando claro de que si la Iglesia abandonaba su uso volvería a ser propiedad del Consistorio. Pero este compromiso adquirido por la Iglesia se ha esfumado porque, hace cinco años, con la inmatriculación, tanto el templo como el terreno pasaron a manos de la diócesis.

Aunque lo haga de manera legal, la Iglesia Católica incumple el séptimo mandamiento: «no robarás».

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