¡Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 16 Junio, 2016 17:14 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 16 Junio, 2016 17:14 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos

Luego de la controversia por una donación del Gobierno a una organización papal que fue rechazada a pedido del Papa, una revisión del dinero público que recibe la Iglesia.

Durante los últimos días se hizo público el rechazo por parte de la fundación vaticana Scholas Ocurrentes, impulsada por el Papa Francisco, de una donación del gobierno argentino por $16,6 millones, que dispuso el presidente, Mauricio Macri, mediante el Decreto 711/16. Sin embargo, este hecho no implica que la Iglesia argentina no reciba regularmente otros fondos públicos.

De hecho, la Iglesia católica recibe por parte del Estado financiamiento para el salario de algunos de sus miembros. En 2016, el monto previsto es de $134 millones, de acuerdo con el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Estos fondos responden a la obligación del Gobierno federal de sostener al culto católico apostólico romano, como está estipulado en el segundo artículo de la Constitución. Estas transferencias se regulan a través de diferentes leyes.

Una de ellas, la Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponden al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. La Ley 22.162, por otra parte, dispone la obligación de subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la Ley 22.950, a seminaristas. Esto implica que en el Presupuesto de 2016 está previsto que se sostenga a 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.

La Iglesia católica también se beneficia de las decisiones tomadas por los gobiernos que decidan refaccionar sus edificios, como fue el caso de la Basílica de Luján, restaurada entre 2003 y 2015 a partir de una licitación, la primera realizada por Néstor Kirchner tras asumir como Presidente. Lo mismo ocurrió con una serie de iglesias que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se decidió refaccionar.

Existen otras transferencias que el Estado hace a la Iglesia, aunque con fines específicos, como los subsidios a escuelas religiosas. Este número, sin embargo, es actualmente imposible de calcular, ya que no hay una discriminación en el Presupuesto que permita saber cuántos de estos fondos van a escuelas religiosas. “Es información que tienen los Ministerios de Educación de cada provincia y no es pública”, explicó Rafael Flores, director de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

La Iglesia cuenta además con ciertas exenciones impositivas, como es en el caso del Impuesto a las Ganancias o en el IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.

Las transferencias del Estado serían, de acuerdo con las estimaciones de la Iglesia, un monto menor comparado con el presupuesto eclesiástico. De acuerdo con un cálculo realizado por Pablo Garrido Casal, ecónomo del Arzobispado de Buenos Aires y autor de un libro sobre las colectas de la Iglesia, en 2007 se trataba del 7% del total. “No tenemos estimaciones más recientes”, señaló Garrido Casal a Chequeado.

Parte de las razones de que el monto no se conozca es que la estructura parroquial de la Iglesia católica argentina funciona de manera descentralizada, ya que cada parroquia opera de manera autónoma, y los fondos que recauda cubren los gastos de funcionamiento y la asignación de los sacerdotes. Garrido Casal explicó que, “en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 2% de la recaudación va al Arzobispado para un fondo común parroquial para ayudar a aquellas más desfavorecidas”, pero fuera de eso cada parroquia debe sostenerse de manera independiente.

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