En tiempos recientes Yucatán se ha convertido, desde un aspecto narrativo, político y social, en un referente obligado a nivel nacional e internacionales en materia de seguridad, paz y bienestar. Esto lo podemos ver en los múltiples reconocimientos que ha recibido en los últimos años. Apenas el pasado 7 de octubre, la editorial de revistas Condé Nasta Travel le otorgó el Readers Choice Awards a la ciudad de Mérida como la “Mejor Ciudad del Mundo” en la categoría de “Ciudades Pequeñas”, superando a lugares como Dresde, Alemania; Québec, Canadá, entre otras. Este fenómeno ha impactado incluso la mercadotecnia con la que se vende a la ciudad y al propio estado de Yucatán. Hoy se puede ver con frecuencia en páginas inmobiliarias publicidad donde se describe a Mérida como “una de las mejores ciudades para vivir en nuestro país, debido a su calidad de vida, cohesión social, desempeño de autoridades y satisfacción respecto a los servicios públicos”.

Esto tiene varios efectos muy importantes dentro del imaginario colectivo yucateco. Ciertamente la realidad en Yucatán es distinta a la nacional, es un territorio de un belleza exuberante y hoy, un estado de relativa paz. Sin embargo la narrativa que se construye en torno a la idea de un “estado seguro”, -con las dosis de certeza que pueda haber en ello- también convive con una fuerte tendencia a la invisibilización de otros tipos de violencia que se suceden día a día en esta entidad federativa, consecuencia de una pobre comprensión y visión para su atención integral por parte de los actores institucionales y del peso que aquí siguen jugando las reminiscencias e ideas conservadoras del espacio de lo privado y lo público en detrimento del respeto y garantía del núcleo básico de derechos humanos para todas y todos.

La percepción de paz y seguridad que se vive en Yucatán está estrechamente vinculada a los bajos índices de delitos de alto impacto -homicidio, extorsión, secuestros- y con los casi inexistentes hechos de violencia relacionados al crimen organizado. Aquí la violencia tiene otras diversas formas de manifestarse, pese a que se silencien o se eclipsen debido a esta idea de paz absoluta. Algunos ejemplos, Yucatán tiene una alta incidencia en violencia de género y discriminación de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. Así lo muestra los resultados de Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) del INEGI, donde 1 de cada 5 personas en Yucatán manifiesta haberse sentido discriminada/o por su color de piel, manera de hablar, sexo y/u orientación sexual. Otros fenómenos sumamente críticos en nuestra entidad son la depresión y el suicido. El 2018 ha sido el año con más número de suicidios en la historia de la entidad. Se contabilizaron 246 víctimas; superando el año 2017 con 195 casos registrados y el año 2016 con 155 casos. La mayoría de las personas fueron hombres, según datos de la Secretaría de Salud de Yucatán. También la depresión se registró como un tema a la alza. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de los Hogares 2017 del INEGI, el 32.5% de las personas de más de 12 años de edad, afirmó sufrir depresión. En términos comparativos con otras entidades federativas, ello nos coloca dentro de los primeros lugares a nivel nacional en la incidencia de este padecimiento.

Estos fenómenos no son nuevos. Baste remitirnos a un texto escrito por Octavio Paz para el periódico El Nacional durante su primera visita a Mérida, como parte de una campaña de alfabetización para las comunidades indígenas. Paz describe a una Mérida colorida y llena de vida, pero no deja de mirar de la división por “clases sociales, por la miseria y servidumbre; toda una orgullosa arquitectura de castas”. i Lo que más llamó la atención al autor de El Laberinto de la Soledad fue la forma en cómo el color de piel jugaba un papel fundamental en el reparto de ganancias. Una sociedad que hablaba con entusiasmo del racismo alemán y su renuncia a “mezclar sangre” con lo indígena, considerado inferior, y ocultaba sistemáticamente todo lo grave que sucedía tras las puertas cerradas del “hogar”.

Hoy por hoy los temas que más preocupan a la sociedad yucateca son el desempleo, la pobreza y la corrupción, de acuerdo con la organización Massive Caller en su encuesta con fecha de 15 de junio de este año. A diferencia de otras partes del país, la inseguridad no es parte de los temas de mayor preocupación local. Ello también se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI en junio de 2019, donde Mérida se coloca dentro de las ciudades con menor índice de percepción social sobre la inseguridad. Yucatán en ese sentido no posee síntomas graves de un desgaste institucional o jurídico, pero sí tenemos señales de alerta de algo sumamente fundamental y está estrechamente relacionado a otros tipos de violencia y deficiencia institucional.

Una característica interesante de los yucatecos es que tenemos una alta confianza en el Ministerio Público. Somos el segundo estado con mayor índice en este rubro, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE). La legitimad social de los Ministerios Públicos es esencial para que la gente acuda a estas instituciones, pero vemos que la realidad es distinta. México se encuentra en el lugar 115 de 126 países evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2019, que investiga “la efectividad de en la investigación, prevención del delito y reinserción social, no discriminación, imparcialidad, ausencia de corrupción, injerencia política y debido proceso, todas del sistema de justicia penal”. En todas las entidades federativas de la República Mexicana, se rebasa el 90% de impunidad de la totalidad de delitos cometidos entre 2010 y 2016 y Yucatán no es la excepción, según el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2019, de la organización Impunidad Cero.

Ciertamente Yucatán fue de los primeros estados en implementar las reformas necesarias para instaurar el nuevo sistema de procuración e impartición de justicia. En ese sentido, se puede decir que tiene un avance a nivel nacional destacable, es la cuarta entidad federativa con el mayor número de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes, lo que genera un mayor acercamiento y atención de los aparatos estatales para y con los ciudadanos. Sin embargo, este dato contrasta con el hecho de que, a nivel nacional, el gobierno yucateco es el sexto con menor presupuesto en procuración de justicia, según datos del mismo Índice.

Afortunadamente, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional en el lugar 9 de 32 de cargas de trabajo promedio por Ministerio Público, es decir, no existe una sobrecarga preocupante para estos operadores como en otros estados del país, pero hay que señalar que ello no puede leerse como que no exista una alta demanda de justicia penal o pocos avances de las institucionales en las investigaciones. Si conjugamos otros factores como la formación de los operadores, infraestructura y avance legislativo en la materia, Yucatán logra la mejor puntuación a nivel nacional en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2019. Según este mismo estudio tenemos la segunda mejor procuración de justicia del país.

Pero como lo hemos venido diciendo, pese a estos datos alentadores, existen cifras preocupantes sobre qué tan efectivos han sido los operadores en el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio adversarial). El Índice ilustra bien esas preocupaciones, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional, en el puesto 13 del país, y si una persona es víctima de un delito, solo tiene el 1.5% de probabilidad de que se esclarezcan los hechos, teniendo un porcentaje de impunidad del 90.4%. Estos datos nos reprueban en términos de la efectividad del modelo acusatorio en la procuración de justicia, estando nuevamente por debajo de la media nacional.

Por otro lado, el desarrollo policial, establecido en la ley desde 2008, que hace referencia al conjunto de reglas y procesos estructurados y entrelazados que comprenden la carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y la certificación para todos los policías, sigue siendo un tema pendiente en Yucatán, especialmente en el caso del primer respondiente, esto es, de los policías municipales y estatales encargados de prevenir y contener la delincuencia menor en la entidad. La organización civil Causa en Común desde hace un par de años desarrolló el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), cuya finalidad es precisamente verificar y calificar la existencia de mecanismos institucionales necesarios para el desarrollo policial en las instituciones policiales estatales y federal cómo están las policías estatales y federal en función de lo que establece la ley.

Para ello, ha establecido cinco ejes de desarrollo policial: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación. De acuerdo con la emisión de INDEPOL 2018, Yucatán tiene una calificación reprobatoria (-54 puntos conforme a la evaluación del Índice) en los ejes antes mencionados. Según este Índice, dentro de la institución policial yucateca es necesario contar con normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social, lo que hoy no se tiene. Mejorar las presetaciones laborales, hoy no cuentan- por ejemplo- con licencia de paternidad. Es urgente generar un mecanismo de profesionalización de los agentes policiales para que se conviertan y consoliden como profesionales de la seguridad ciudadana, para ello la Comisión del Servicio Profesional de Carrera -que no envió evidencias de haber sesionado durante 2017- debe estar más activo que nunca. Ello posibilitaría también tener un mayor número de personal certificado en control de confianza, ya que en 2016 se detectaron 282 agentes policiales que no aprobaron dicha evaluación, y en 2017 no se reportaron bajas por este tema. En último término, es primordial instrumentar mecanismos disciplinarios como un código de ética, catálogo de faltas y sanciones y acompañamiento a policías por asuntos psicológicos o de otra índole.

Mientras persista en Yucatán la idea de que en nuestro estado “no pasa nada”, tendremos muchas mayores dificultades para visibilizar los distintos fenómenos institucionales y sociales que vivimos en el día a día. Como hemos querido documentar brevemente en este artículo, en Yucatán también se vive violencia desde lo institucional a través de la impunidad y el pobre desempeño de sus instituciones, así como por las diversas manifestaciones de la violencia social que produce discriminación y exclusión. Esto no va a mejorar mientras se siga perpetuando la idea de que violencia y delito se circunscribe exclusivamente al crimen organizado.

Baste este último dato para percatarnos el nivel del desafío que tenemos por delante: nuestro estado se encuentra en el puesto número 16 de 32 entidades con mayor violencia contra las mujeres. Un 66.8% de mujeres reportó haber sufrido algún tipo y modalidad de violencia, según datos del Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres del INEGI , donde además Yucatán aparece dentro de las primeras entidades a nivel nacional con mayor incidencia de violencia economía y patrimonial contra las mujeres. Nos urge cambiar la narrativa, el discurso y sobretodo, las prácticas institucionales y sociales, que tras el escudo de ser “la entidad más segura de México” ha llevado a invisibilizar de manera permanente las muchas expresiones de violencia e impunidad que también se viven. En ese tenor, la crítica fundada, la presión organizada hacia los actores gubernamentales para lograr mayores resultados en la materia y la práctica de la corresponsabilidad ciudadana son fundamentales para construir nuevos y mejores escenarios.

* René Ramírez Benítez (@Renesito_) es asesor legislativo y analista en temas de seguridad, justicia y democracia. Director Ejecutivo de la A.C Jornadas de Derechos Humanos en Yucatán.

i Véase Torres González, Armando, 2014. Octavio Paz. Itinerario Crítico: Antología de textos políticos, Senado de la República y Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, pp. 28-31.