Las entidades sociales, los sindicatos y el tercer sector llevaban reivindicando la renta garantizada desde 2006, cuando quedó recogida en el Estatut, y los diferentes grupos políticos llevaban más de tres años trabajando en ella.

La RGC será un derecho subjetivo individual, no sujeto a disponibilidades presupuestarias (deberá reservarse una partida obligatoriamente) y se concederá por silencio positivo cuando la administración no responda en un plazo de cuatro meses.

Todas las personas que reciban pensiones inferiores a la RGC de dependencia, becas comedor, transporte escolar o ayudas escolares, entre otras, recibirán un complemento hasta alcanzar los 564 euros, igual que las familias monoparentales que tengan un sueldo inferior a la RGC, que se estima que son cerca de 7.000 familias.

De los 564 euros (664 en 2020), 150 están sujetos a participar en un plan de inserción social o de ocupación, y, por lo tanto, si el beneficiario deja de seguirlo o rechaza una oferta laboral, no los percibirá.

La ayuda contempla que varios miembros de una misma unidad familiar pidan la ayuda, aunque en este caso la cantidad total será menor, y reconoce un plus de 100 euros por cada hijo. El segundo miembro de la familia que cobre la renta obtendrá el 50 % (836 euros en septiembre y 996 en 2020, en total), y cada hijo, hasta los tres descendientes, supondrá un aumento de 100 euros en 2020, lo que significa que las unidades de cinco personas o más llegarán a percibir 1.208 euros mensuales (14.500 anuales) en 2020.

Las personas que encuentren trabajo mientras sean beneficiarios de la RGC, pero con un sueldo inferior a esta, cobrarán durante seis meses la diferencia hasta completar los 564 euros.

Todos los partidos han celebrado la aprobación de la ley y han calificado la jornada como “día histórico” o incluso “día feliz”, aunque la oposición también ha reprochado al Govern la lentitud del proceso de negociación y la poca concreción que ha habido sobre el despliegue de la norma.

Fuente: Agencias