Finalmente, el INE decidió aplicar una multa de 197 millones de pesos a Morena por el uso inadecuado del fideicomiso creado para apoyar a las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017, pero que fue utilizado para financiar candidatos del partido. Más aún, los recursos del instrumento llegaron de forma ilegal, como lo documentó hace algunos días Héctor de Mauleón: se apersonaron en sucursales del banco individuos con depósitos en efectivo de 50 mil pesos, que fueron realizando secuencialmente.

En otras condiciones, creo que un acto como éste habría sido causal suficiente para poner en duda la elección. No lo será ahora, cuando nadie se quejó del gasto excesivo de campaña de Morena (que, por cierto, reportó datos inferiores a los demás partidos), y cuando ese partido, y su coalición, obtuvieron una votación abrumadora.

Como lo mostró la investigación 'Dinero bajo la mesa', los partidos y los candidatos no informan de manera adecuada sus gastos, que pueden ascender a 15 veces lo reportado. En la elección de este año el asunto pudo ser peor, porque todos los candidatos de Morena decidieron colgarse de la popularidad de López Obrador, de forma que su imagen aparecía en decenas de miles de espectaculares. Un conteo razonable habría invalidado su candidatura, pero eso no ocurrió ni ocurrirá.

Puede parecer inocuo menospreciar las reglas de competencia cuando el voto se orienta con la claridad que vimos hace unas semanas, pero la democracia depende de las reglas tanto como de los votos. Menospreciar aquéllas por la abundancia de éstos implica rendirse al plebiscito. Si no hay condiciones razonables para informar al votante, ¿vale igual el voto?

Indudablemente, los ganadores no tendrán duda de la validez del voto. Incluso se molestarán porque alguien ponga en duda los resultados. Olvidarán que hace muy poco argumentaron fraude con mucha menos evidencia de la que hoy tenemos. Pero más allá del uso inadecuado de la publicidad, o del apoyo del gobierno y medios para bloquear a los contendientes, utilizar de manera fraudulenta recursos que debieron orientarse al apoyo de damnificados es difícil de defender.

Nadie le pidió a Morena constituir ese fondo. Lo hicieron por su gusto y lo promovieron como ayuda social. Sin embargo, lo utilizaron para lavar dinero, como lo ha mostrado el INE. Ahora que son gobierno, ¿por qué creerles que harán las cosas de manera diferente? ¿Por qué confiar en que reducirán los gastos del gobierno que encabezarán pronto, si nada hemos oído acerca de los mil 500 millones que recibirán como partido? Si no fueron capaces de cumplir reglas en la elección, cuando había autoridades vigilando, ¿qué ocurrirá ahora que ellos sean la autoridad?

Millones de mexicanos votaron por Morena pensando que con ello castigaban la corrupción del PRI. Hicieron bien, pero no imaginaron la reproducción de esas costumbres en Morena. Confiados en la fama de honesto que ha construido López Obrador, apostaron su voto por una agrupación política que no parece hacerle honor a dicha fama. Aun antes de llegar al gobierno, han defraudado la confianza ciudadana para lavar dinero.

Desafortunadamente, la ciudadanía decidió otorgarle a esta organización política no sólo la presidencia, sino mayorías en ambas cámaras del Congreso y en muchos congresos locales. Se ha anunciado ya el nombramiento de jefes políticos para controlar los estados. Es decir, tenemos hoy un control político del país como no lo habíamos visto en décadas. Y es en manos de la organización que creó un fideicomiso para lavar dinero, a nombre de damnificados de un terremoto.

Nunca habíamos tenido un respaldo democrático abrumador para una organización tan falta de ética. Haremos historia, dicen.