Por Javier F. Ferrero @SrPotatus

Se cumplen 80 años del asesinato del poeta Federico García Lorca por parte del régimen franquista. Su muerte sigue siendo un misterio, un pozo lleno de sospechas, mentiras y testimonios amedrentados por la ley del silencio que se impuso durante la guerra civil, fue continuada por la dictadura franquista y que sigue sin interesar desvelar en democracia. No sabemos cómo fue asesinado, tampoco si fue torturado; pero lo más doloroso es no saber dónde está enterrado.



La justicia argentina, con la jueza María Servini al frente, ha admitido la denuncia que presentó el pasado abril la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la ha incorporado a la causa que investiga en Buenos Aires sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil y la dictadura.

En la denuncia presentada se expone el relato mecanografiado el 9 de julio de 1965 en Granada por un policía no identificado y que no deja dudas sobre la responsabilidad política del ejército franquista en la detención y asesinato del poeta en 1936. En él aparece García Lorca acusado de socialista, con relación con diferentes miembros de movimientos de izquierda y vinculado con Fernando de los Ríos. Consta en el informe también como masón y es tildado de prácticas de homosexualismo.

El informe es claro y conciso: Lorca fue sacado del Gobierno Civil para ejecutarlo. En ningún momento se trató de un asesinato callejero, como siempre se quiso hacer creer. El poeta fue conducido en coche por fuerzas dependientes del Gobierno al término de Víznar, provincia de Granada, junto a otro detenido no identificado, y en las inmediaciones de un lugar, conocido como Fuente Grande, fue asesinado y enterrado.

Este documento demuestra que todos los argumentos facilitados por la dictadura franquista eran falsos. El poeta se convirtió en una incomodidad para el régimen tanto a nivel nacional como internacional, por lo que la verdad fue vergonzosamente escondida.

Después todas las trabas puestas a toda investigación relacionada con los crímenes del franquismo en España, inhabilitación del juez Baltasar Garzón incluida, toda esperanza de que la verdad salga oficialmente a la luz pasa por Servini y la justicia argentina. Averiguar el lugar de enterramiento del poeta debería ser una cuestión de Estado, pero no hay interés por que se conozca la verdad y más de 100.000 asesinados por el franquismo llenan las cunetas y las fosas comunes de España sin que al Gobierno le interese lo más mínimo.

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