Ángeles, madre de Iván Baruch, le planteó a su nuera Margarita: “Usted busque el beneficio de mis nietos y suyo, y yo busco a mi hijo”. Después de desfilar por decenas de edificios de gobierno, madre y nuera empezaron un recorrido nuevo: acudir al juzgado civil para acreditar la declaración de ausencia de Iván Baruch.

El proceso de la declaración de ausencia, figura creada en mayo de 2014 por el gobierno de Coahuila para otorgar derechos de identidad y personalidad jurídica a una persona desaparecida, consta de dos pasos esenciales: denunciar ante el Ministerio Público la desaparición y acreditar ante un juez la ausencia mediante testigos.

Con la declaración de ausencia en mano, para Ángeles y su nuera vino otro peregrinaje: notificar al Infonavit, Seguro Social y LALA de la desaparición de Iván. “Eso le corresponde a un actuario pero ante la lentitud, nosotros lo hacemos”, comenta Ángeles de 64 años.

Después de desgastarse las suelas buscando a sus seres queridos, de tocar en edificios públicos, de tragar la burla de funcionarios, de oler decenas de morgues, de visitar hospitales y cárceles, de caminar kilómetros de protestas, de presentar denuncias estériles, de empezar de nuevo una y otra y otra vez en las investigaciones, de rogarle a oídos sordos, de volverse detectives; todavía después, las familias tienen que recorrer dependencias federales y empresas para intentar salvaguardar los derechos de sus desaparecidos.

Pisaron la delegación del Infonavit de Gómez Palacio, Durango, porque viven en esta zona de la parte conurbada de La Laguna. Las mujeres llegaron con la notificación pensando que como institución federal no habría problema si era en Torreón o en Gómez. Lo que ellas querían –quieren- era aplicar el inciso V del artículo 14 de la Ley estatal de Declaración de Ausencia por Desaparición: Se suspenderán los pagos con motivo del crédito de vivienda hasta en tanto no se localice con vida a la persona.

“Vaya a Torreón, la desaparición ocurrió allá”, espetó una encargada del Infonavit. “Pero la casa está en Gómez, debe ser lo mismo”, le argumentó Ángeles. “Pero quien se va a hacer cargo es el estado de Coahuila”, le sentenció la servidora. En la delegación de Torreón nada prosperó. En el Seguro Social únicamente le firmaron de recibida la notificación, cuando según la ley estatal se deben respetar las prestaciones. Y allí quedó la notificación, como papel archivado en el mejor de los casos.

-Desde que salió la ley lo sabíamos. El que debe responder es el Estado porque no cuidó la seguridad del ciudadano, se lava las manos con esta ley –opina Ángeles, integrante del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).

La ecuación es sencilla: la ley está limitada a un ámbito local, cuando las problemáticas de las familias van más allá. “¿Cómo un juez local le puede indicar a una institución federal la vigencia de los derechos como la salud en el caso que estén inscritos en el Seguro o en el ISSSTE? ¿Cómo ordena a una institución encargada de la vivienda como el Infonavit, a que limite los cobros de adeudos?”, cuestiona Antonio Esparza encargado del área de Articulación e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Torreón.

EMPRESAS SE AMPARAN

Ángeles también peregrinó hasta la empresa LALA, el gigante lechero de Latinoamérica. Iván era contador en la empresa. Ganaba 3 mil 900 pesos por quincena. La familia buscó hacer efectivo el inciso I del artículo 14: Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que sean localizadas.

Ángeles cuenta que los dos primeros años de desaparición de su hijo, la empresa pagó las cuotas patronales del Seguro Social, para que los hijos de Iván no perdieran el servicio de salud. Después lo dieron de baja por abandono de trabajo, como a todos los desaparecidos que no regresaron a laborar en sus empleos. Ángeles entregó la notificación y le firmaron de recibido. No hubo más respuestas. A los días, un abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le avisó que LALA se había amparado. “LALA seguirá interponiendo ese recurso cuantas veces sea necesario. Va a llevar su tiempo”, le pronosticó el abogado.

“Son largas y largas y que en realidad no se va a resolver nada”, lamenta Ángeles. El argumento de las empresas también es claro: a ellos los rige la Ley Federal del Trabajo.

“Las empresas se están amparando es una realidad”, dice Antonio Esparza. El espíritu de la ley, opina el defensor de los derechos humanos, es la solidaridad. Cuando una empresa tiene un reajuste en su personal o recorta la producción, pide a los trabajadores una reducción de horas, pide respaldo. “Y los trabajadores lo hacen, la ley va en ese sentido pero no hay respuesta”.

La idea de la ley es impulsar la vigencia de derechos como salud, educación, trabajo y vivienda de las personas desaparecidas y sus familias; la realidad es que muchos han perdidos sus hogares por falta de pago o se ven obligados a acudir a consultas médicas particulares porque el Seguro Social no los reconoce. En los bancos les exigen un acta de defunción o una presunción de muerte. “Es una herramienta de la cual se pueden valer las familias de un modo legal, pero como toda nueva ley, no ha sucedido tal cual”, resalta Antonio Esparza.

Esparza ahonda en que las principales dificultades a las que se han enfrentado las familias son el desconocimiento de la ley por parte de los mismos jueces. Explica que hay criterios divergentes y los juzgados no son homogéneos. En los juzgados de San Pedro, por ejemplo, los jueces dan las resoluciones al principio y únicamente piden algunos requisitos, mientras que en Torreón se sigue un proceso y hasta el final se da la resolución.

En dos años se han emitido 116 declaraciones de ausencia en el Estado. La mayoría en la frontera y en Torreón. En Coahuila, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, mil 471 personas desaparecieron entre 2006 y 2015. Según datos de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Estado, la cifra en el mismo lapso es de mil 686 desaparecidos, aunque las denuncias sumaron 4 mil 766: 1.3 averiguaciones diarias durante 10 años, según datos entregados vía una solicitud de información.

Esparza cuenta que otras dificultades han sido los edictos, pues por ley es el Estado quien tiene que correr con los gastos, entonces las publicaciones se vuelven engorrosas, oficinescas. Recientemente organismos de desaparecidos tuvieron una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas, para reclamarle que los actuarios estaban rebasados y tenían que ser las familias las que notificaran las sentencias, lo que consideraban quitaba peso. “Ellos tienen sueldo y vales de gasolina. Es su trabajo”, les dijo Cárdenas. La realidad es otra.

TRÁMITES QUE VICTIMIZAN

“A mí no me ha servido. Es un expediente más”, aclara tajante María Elena Salazar, madre de Hugo González Salazar, desaparecido en Torreón el 20 de julio de 2009 cuando tenía 24 años.

Hugo recién se había graduado de la carrera de mercadotecnia, pero sumaba tres años trabajando para la empresa Viconnet dando soporte técnico de Telmex. Hugo había sido contratado por la outsourcing Been Best México. Le pagaban 2 mil 800 pesos por catorcena. Le gustaba su trabajo pero ya pensaba dejarlo para enfilarse en uno relacionado con sus estudios.

El 20 de julio de 2009, Hugo no regresó a casa. Era soltero y no tenía un crédito con Infonavit. Las prestaciones con el Seguro Social las perdió cuando la empresa dejó de pagar las cuotas.

María Elena, miembro también de Fuundec, obtuvo la declaración de ausencia de su hijo el mismo año que se aprobó la ley. Tomó entonces la sentencia del juez y acudió a Been Best México. Esperó por varios minutos y no le recibieron nada. “Nosotros liquidamos a Hugo antes de que desapareciera”, aseguraron. María Elena demostró que era mentira. Un día después de la desaparición, le depositaron el sueldo a su hijo. La empresa se ha negado a pagar. Hasta el momento, a diferencia de otras empresas, no se ha amparado, lo que le hace acreedora a una multa por el Estado de 20 salarios mínimo. Sí, 20. “Si no va cumpliendo se le dobla”, asegura la madre.

-Es una serie de trámites que la victimizan a uno más. Siento que acumulé otro expediente. Me duele porque es andar peleando un dinero que no me soluciona la aparición de Hugo, me duele mucho este trámite como madre.

María Elena dice que únicamente pide lo que está dictando un juez. Si tuviera nietos pelearía la seguridad social o la vivienda. También reconoce que las empresas están en su derecho de negarse porque significa un gasto extra. Cree que puede haber respuesta y llegar a un acuerdo. “Es un trámite que no nos sirve. En la Ley General de Víctimas ponemos el ejemplo de Coahuila, que es un papeleo más”, critica.

La personalidad jurídica que otorga la declaración de ausencia tiene limitantes. Existen casos en donde una familia quiere vender el predio del ser querido desaparecido. “¿Cómo hacerle entender al juez que se tiene que vender para seguir la búsqueda?”, pregunta María Elena.

El artículo 13 de la Ley establece que el juez determinará a una persona que administrará los bienes del desaparecido, quien actuará conforme a las reglas del albacea. Antonio Esparza explica que en estas circunstancias, la ley no faculta a la persona a que venda las propiedades, sino a que las administre. Para eso se necesitaría una presunción de muerte, figura que muchas familias se niegan a declarar.

Otro caso de una familia en Matamoros. El papá, ya fallecido, dejó un predio que la familia busca vender, pero se necesita la firma de todos los hijos y uno de ellos, Pedro Ramírez, está desaparecido desde el 12 de mayo de 2008. Les dijeron que la declaración de ausencia no servía.

María Elena cuenta que hay miembros de Fuundec que se han topado que aun en instancias estatales, no se reconoce o no saben cómo manejar la ley. “Hay el caso de una mujer que estaba embarazada cuando desapareció la pareja. Quiso registrar al niño con el nombre del papá y no pudo, le dijeron que tenía que estar presente”. Ante la ley y las prácticas diarias sigue permeando una constante: estás vivo o estás muerto.

Jesús Daniel Flores García también estaba subcontratado por Been Best México. Él desapareció el primero de mayo de 2010. Llevaba ocho meses trabajando para la empresa Sigma alimentos como chofer y dándole mantenimiento a las camionetas. Trabajaba cinco horas por la tarde y le daban dos mil 500 pesos a la quincena.

Don Óscar Flores, padre de Jesús Daniel, relata que a su hijo lo habían dado de baja por no presentarse a trabajar. “No es que no quiera venir, está desaparecido”, explicó Óscar, quien tuvo que regresarse de Atlanta, Estados Unidos al enterarse que no encontraban a su hijo Chuy, su criatura.

“Nunca imaginamos que iban a pasar seis años sin saber de él”, recuerda Óscar y saca el expediente de la declaración de ausencia de su hijo. En aquel entonces pidieron que les entregaran el finiquito si lo iban a dar de baja. “Vaya con un notario para que acredite que su hijo está desaparecido”, pidió una encargada de recursos humanos. Pero la desaparición no estaba tipificada y el notario no reconocía esa figura.

Necesitaban, otra vez, la presunción de muerte. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje les dijeron lo mismo. Al final, en un acto más de bondad que de certeza legal, la empresa accedió a entregarles el finiquito.

Ahora que Jesús fue declarado ausente, no pueden reclamar ningún derecho laboral. Sin embargo, Óscar tiene su opinión sobre la ley:

-Pues no sirve para nada. Las empresas se niegan a pagar. Tenemos que ir por el mandato federal. La declaración para nosotros fue puro juego, nuestros hijos están en leyes federales.

SIRVE PARA TRABAJADORAS DEL ESTADO

La Ley ha arrojado pocos casos positivos. Uno es el de un desaparecido que pertenecía a la Policía de Torreón y se logró que se respetaran sus derechos. “Se le está pagando el salario a la familia”, asegura Antonio Esparza, que conoce el caso.

En Coahuila hay 35 desaparecidos que pertenecían a alguna corporación policíaca de la entidad, 18 de elementos de la Procuraduría de Justicia y la extinta Secretaría de Seguridad; 12 policías de Torreón y cinco de Piedras Negras, según información obtenida a través de una solicitud de información. Como Enrique Ruiz Arévalo, Jefe del Grupo Especial Antisecuestros, quien fue desaparecido el 14 de mayo de 2007 y luego apareció en un video donde era torturado e incriminaba a varias personas en actividades de narcotráfico en la región. Ruiz Arévalo fue declarado ausente recientemente por su familia, por lo que el Estado, según su propia ley, está obligado a pagar a la esposa el salario que devengaba, y respetar sus prestaciones laborales hasta que lo encuentren vivo o muerto.

Rosario Cano quiere lo mismo para su hijo Mario Alberto Morales Cano, un policía de Torreón desaparecido el 2 de julio de 2010. En febrero pasado ella y su nuera iniciaron los trámites para la declaración de ausencia. El problema es que la nuera vive en Saltillo y Rosario en Chihuahua. El caso se lleva en un juzgado de Torreón.

La señora Rosario cuenta que su nuera ha batallado para sacarle el pasaporte al nieto porque piden la firma del papá. Ella espera que con la declaración de ausencia se pueda solucionar.

-Me preocupa que mi nieto esté bien. Les estaban dando unas ayudas a los policías desaparecidos, pero yo no quiero ayudas, quiero que les den lo que les corresponde. Tienen que responder por el niño.

Epílogo

En cinco años de búsqueda, a Ángeles Mendieta, mamá de Iván Baruch, le han cambiado seis veces de ministerio público. Si alguno avanza, lo mueven. En un momento tuvo información que su hijo podría estar siendo explotado en un rancho de Saucillo, Chihuahua. Denunció ante la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas o no Localizadas de Coahuila, pero allí no levantaron ni el teléfono.

La madrugada del 6 de enero de 2013, hombres armados atacaron el bar Tornado y mataron a 7 personas. En la fachada, los pistoleros pintaron una enorme zeta con color rojo. Fue hasta entonces que una autoridad policíaca entró al lugar donde retuvieron a Iván Baruch, aunque fue sólo para levantar cuerpos.

Margarita tuvo que buscar trabajo y ahora trata de vender casas. Le pagan por comisión y no tiene seguridad social. A los hijos los lleva a consultorios de similares. Debe 10 mensualidades de la casa y no tiene con qué pagar la cuenta del Infonavit.

-Van a recoger la casa. Es el patrimonio de mis nietos. La ley, puro papel. No ha salido nada. Ha sido darnos atole con el dedo. Nos traen a vuelta y vuelta –se queja Ángeles, que enfermó luego de regresar de la última Marcha por la Dignidad el pasado 10 de mayo en la Ciudad de México.

Iván Baruch no ha vuelto a una casa que está a punto de perder.

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