Hace unas semanas han muerto en dependencias policiales dos vascos, residentes o naturales. Uno en Sestao, en el cuartel de la Ertzaintza, del que únicamente conocemos su edad, 22 años. El otro en el cuartel de la Policía Nacional en Iruñea, Elhadji Ndiaye, de nacionalidad senegalesa. Silencio administrativo en ambas ocasiones. Para que pase el tiempo y se conviertan en parte de la estadística. Carmen Alba, la delegada del Gobierno en Nafarroa, tan locuaz en otras ocasiones, guarda silencio. El silencio de los corderos. Los fallecimientos bajo custodia policial, en prisiones, comisarías o centros de internamiento, incluso en los traslados de un lugar a otro, tienen de entrada, la naturaleza, según los expertos, de “muertes bajo sospecha”. El forense brasileño Genival Veloso de França ofrece una definición que nos acerca al tema: “Se llama muerte bajo custodia aquella que ocurre en personas privadas de libertad y sobre la que se puede aventar una situación de muerte violenta. Se espera que, al menos como cuestión de hecho, todas estas muertes tengan obligatoriamente una investigación criminal y se inicie con la competente necroscopia“.

Hace unos días, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo, ofrecí una conferencia sobre políticas de memoria en Berlín. Entre los datos para entender el contexto, brindé una retahíla de cifras para redundar en esa transición fallida que en España se convirtió en el colchón de la llamada democracia monárquica. Entre ellas, las de las muertes originadas por cuerpos policiales, militares o paramilitares y, también, las de fallecidos en prisiones, en cuartelillos, por torturas.

En esa lista interminable, llegó el apartado de custodia policial y un número que no es nuevo para nosotros. En el Estado español murieron, desde el año 2001 al 2012, 833 personas bajo custodia policial. En 2013, 43, en 2014 fueron 50 y en 2015 serían 30. Lo que hace para este siglo XXI una cifra cercana al millar, 956 exactamente. Cifras obtenidas por el CPDT (Coordinadora para la Prevención y Detección de la Tortura), sobre trabajo de hemeroteca. Es decir, que los números pueden ser superiores, al no ser la visibilidad una característica de los abusos policiales, ocultados y minimizados por sistema. De cualquier manera, la propia CPDT aclaró que “somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas de ellas responden a accidentes “inevitables”, creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguardia del derecho a la salud y a la integridad física de las personas bajo custodia“. Aún así, hechas las salvedades, las cifras son inmorales.

Cuando di la primera cifra sobre los muertos bajo custodia policial, el traductor del castellano al alemán me interrumpió. Suponía que de las decenas había saltado a las centenas. Que no eran 833 sino 83. Una equivocación. Pero no era así. La cifra parece ser irrelevante en España, pero para una Alemania que cuida los detalles de la memoria, a pesar de ser tan conservadora en sus instituciones como la que más, sugería una tendencia escandalosa. Y realmente lo es.

Tanto Amnesty International como la CPDT han puesto el dedo en la llaga, con unos números que no alcanzan la mayoría de los medios, ni siquiera en la página de sucesos. Sus informes anuales no despiertan más conciencias que las de quienes ya estamos sensibilizados. El resto, en el mejor de los casos, lo estrujará y echará al saco de los manidos “daños colaterales”. Para seguir marcando esa máxima no escrita pero real que “no todas las víctima son iguales”.

Nos fijamos a menudo en los casos cercanos, en esas “singularidades” de la Policía Nacional y Guardia Civil a la hora de tratar a los detenidos en Euskal Herria. Es cierto que hay un plus, pero esa naturaleza que viene desde el franquismo, incluida la impunidad, es la que anima a esos cuerpos a mantener una actitud muy similar en el territorio donde campa. También en España.

Entre 2004 y 2014, una década, hubo 7 582 denuncias de tortura en España. Otra cifra escandalosa que, por lógica, hubiera necesitado de una atención especial por las instituciones ibéricas. No ha sido así. Va con el ADN de la democracia española. Aceptada la Transición, en el mismo saco PP, PNV, CiU, PCE y PSOE, sus derivadas son también asumibles. El paquete de la Transición, los Pactos de la Moncloa, la continuidad militar y policial con sus métodos, la división territorial… Un pack completo e indivisible.

Las estadísticas son traicioneras, ocultan el alma de las víctimas, constriñen el sufrimiento. Pero nos ayudan en el contexto, aligeran la compresión del cómo, de la maquinación sistémica de la represión del poder, de cómo le alientan sus aliados mediáticos y políticos. La estadística, como en el caso de las muertes por agentes paramilitares, en custodia policial o las víctimas de la tortura, nos muestra los picos políticos, las improntas de los ministros del Interior, la aplicación de leyes mordaza o antiterroristas. La responsabilidad.

En esta escala, y gracias también a otras organizaciones de derechos humanos, hemos sabido que en las dos últimas décadas, han sido 28 las personas que han perdido la visión, parcial o completa, por el efecto de las balas y pelotas de goma. Recordamos que en 2012 el aficionado rojiblanco [Athletic de Bilbao] Iñigo Cabacas falleció por un disparo de goma de la Erztaintza en Bilbao. El recuerdo de Iñigo, su familia, a pesar de las trabas judiciales, de la arrogancia de los mandos de la Policía Autonómica, de la presión corporativa y sindical de los agentes, tiene quien le arrope.

Sin embargo, ¿quién se acuerda de aquellos desdichados de la Playa de Tarajal? Aquel 6 de febrero de 2014. ¿Fueron 11, 14 o 15 los muertos? No hay cifras oficiales. No hubo disparos, simplemente se ahogaron. Fue la primera versión oficial. Luego llegó la siguiente, “disparos de fogueo”, “tiros con pelotas de goma disuasorios, para marcar la línea fronteriza”… Dos años después, los guardias civiles imputados libres ya de toda causa, las diligencias se archivaron, la cifra de muertos se asentó: 15. Una estadística más. Únicamente uno de ellos identificado, el camerunés Roger Nana. El resto un número. La jueza fue explicita: “Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil“.

Cerca de 4 000 muertos en el Mediterráneo cada año. Ahogados, maltratados. Una tragedia que únicamente se airea, nuevamente, en la estadística. No existe, en esta ocasión, custodia policial. Al parecer, los problemas son menores. No hay que aplicar el derecho de Asilo, ni siquiera las legislaciones vigentes de derechos humanos presentes en la Constitución Europea. Al contrario que los fallecidos en custodia policial. Pero, en este apartado también, las diferencias entre los estados miembros son abismales.

En octubre de este año, el sirio Jaber al Bakr, detenido bajo la acusación de preparar un atentado yihadista, apreció muerto en su celda de Leipzig, bajo custodia policial. Escándalo, vistos los precedentes de la RAF de 1977. Investigación alentada desde Interior, luz y taquígrafos. Es cierto que todo ello puede ser una farsa. Pero incluso las formas son diferentes. De ahí la sorpresa del traductor, cuando aquella noche, en una sala de la Fundación Rosa Luxemburgo, lancé aquella cifra cercana al millar de muertos bajo custodia policial en España. Spain is different, decía el lema franquista difundido por Fraga. ¡Qué poco ha cambiado desde entonces! Fraga en los altares y sus víctimas en el olvido.

17/12/2016

Iñaki Egaña, historiador

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