Era temprano por la mañana, y los manifestantes que se habían reunido para apoyar al presidente depuesto descansaban en las calles de la capital de Honduras, cuando las fuerzas de seguridad comenzaron el ataque.

Berta Cáceres figuraba en una lista de 'objetivos a eliminar' del ejército hondureño

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Tres meses después de haber sido secuestrado por el ejército y obligado a abandonar el país, Manuel Zelaya había regresado a Tegucigalpa y se había refugiado en la embajada de Brasil. Miles de sus seguidores se acercaron al edificio, dispuestos a quedarse allí hasta que se le permitiera retomar el poder.

Agustina Flores, de 46 años, había ido a tomar un café cuando empezaron los disparos. La policía disparó con cañones de agua y lanzó gases lacrimógenos desde helicópteros, atacando a manifestantes que dormían. “La policía y los soldados dispararon balas de goma y de plomo contra la multitud, hiriendo a mujeres y personas mayores. A mi lado explotó una granada de gas lacrimógeno. Después de eso, quedé inconsciente”.

Cuando Flores – maestra y activista sindical– despertó estaba rodeada por policías que la golpeaban con sus porras. Luego la llevaron, junto con otros cientos de personas, a un campo de fútbol cercano donde se improvisó un centro de detención. “Me golpearon la cara, el cuello y el cuerpo,” afirma. “Estábamos intentando defender la Constitución y el proceso democrático.”

La violencia que sacudió al empobrecido país centroamericano en los meses que siguieron el golpe militar de junio de 2009 ha sido olvidada por la comunidad internacional. Pero la represión fue dura, y las repercusiones todavía se sienten.

Y mientras Hillary Clinton –que en ese momento era secretaria de Estado– se acerca a la Casa Blanca, se ha ido renovando el interés por el golpe, sus consecuencias y la respuesta de Estados Unidos. Clinton presionó para que se celebraran nuevas elecciones, en vez de impulsar el regreso de Zelaya, a quien ella consideraba un izquierdista problemático en la línea de Hugo Chávez.

Los vínculos entre Estados Unidos y Honduras – y los millones de dólares que recibieron las fuerzas de seguridad hondureñas como ayuda del país del norteamericano– también están bajo escrutinio desde el asesinato de Berta Cáceres, una prestigiosa activista ambiental. Cáceres fue asesinada en marzo después de años de luchar contra el proyecto de una represa hidroeléctrica en territorio del grupo indígena Lenca.

Flores –que es hermana mayor de Cáceres– asegura que mucha de la violencia en Honduras está relacionada con la venta de concesiones a empresas mineras e hidroeléctricas después del golpe militar. “Estás concesiones generaron la violencia que eventualmente llevó al asesinato de Berta. Todavía estamos pagando las consecuencias del golpe de Estado”, asegura.

Honduras es el segundo país más pobre del continente americano y uno de los que sufren mayor desigualdad. Es rica en recursos, pero la mayoría de sus riquezas está controlada por una pequeña élite.

Zelaya introdujo modestas reformas sociales y económicas. Legisló un salario mínimo, distribuyó bombillas de luz de bajo consumo y se comprometió a resolver antiguos conflictos de territorio entre campesinos y las empresas agrícolas.

En junio de 2009, Zelaya llamó a un referéndum para decidir si debía haber en noviembre, junto con las elecciones generales, una votación para reformar la constitución. Si se aprobaba, la reforma permitiría a los presidentes presentarse a una reelección.

Dos días antes del referéndum, el ejército se negó a repartir las urnas de votación. Zelaya insistió en llevar a cabo el referéndum, pero la noche del 28 de junio fue obligado a subirse a un avión militar, aún con el pijama puesto, que lo llevó al exilio en Costa Rica.

En una entrevista reciente con el New York Daily News, Clinton declaró que la legislatura y el poder judicial “en realidad hicieron todo acorde a la ley al deponer al presidente Zelaya. No me gustó cómo lo hicieron ni cómo se vio, pero tenían fuertes argumentos basados en la constitución y en antecedentes legales.”

Pero las acciones militares fueron ampliamente condenadas como un golpe de Estado por muchos gobiernos de América Latina, por la ONU, la UE y la OEA, que suspendió a Honduras.

Hugo Llorens, el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, estuvo de acuerdo. En un cable diplomático revelado más tarde por WikiLeaks, escribió que si bien era posible que Zelaya hubiera “cometido ilegalidades”, “no hay dudas de que el ejército, la Corte Suprema y el Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe de Estado ilegal e inconstitucional contra el Poder Ejecutivo.”

"Decisiones difíciles"

En su autobiografía titulada Hard Choices (Decisiones Difíciles), Clinton narra que el presidente del Congreso de Honduras, Roberto Micheletti, y la Corte Suprema del país “alegaban estar protegiendo la democracia hondureña contra el poder ilegítimo de Zelaya y nos advirtieron que el presidente buscaba convertirse en un nuevo Chávez o Castro”.

“Ciertamente, la región no necesitaba otro dictador, y muchos conocían bien a Zelaya como para creer en estas acusaciones contra él.”

Pero Zelaya no se hubiera beneficiado del referéndum propuesto, argumenta Christine Wade, profesora de Ciencia Política y Estudios Internacionales del Washington College. Wade, que describe a Zelaya como “un oportunista y un pragmático, pero definitivamente no un izquierdista”, dice: “El referéndum no hubiera tenido ningún impacto en las elecciones de noviembre. Zelaya no hubiera podido extender su poder.”

Wade cree que el verdadero crimen de Zelaya fue enfurecer a los grupos poderosos de hondureños al obligarlos a llegar a acuerdos para cerrar las muchas disputas de territorios en el país.

Clinton dice que llamar “golpe militar” al golpe militar hubiera empeorado el sufrimiento de los hondureños de a pie porque habría llevado a la suspensión de la ayuda de Estados Unidos.

Durante las semanas que siguieron al golpe, Zelaya hizo tres intentos de volver al país, los cuales fueron descritos por Clinton como imprudentes. Ella dice que en ese momento su prioridad era que se eligiera un nuevo líder para que hubiera una transición ordenada.

En su autobiografía, escribió: “Los días siguientes hablé con mis homólogos del hemisferio…Entre todos armamos un plan para devolver el orden a Honduras y asegurar que se celebraran elecciones libres y transparentes de forma rápida y legítima, lo cual haría irrelevante la cuestión de Zelaya”.

Los correos electrónicos filtrados desde el servidor privado de Clinton y publicados por WikiLeaks demuestran que durante ese período, EEUU presionó a la OEA para que apoyara las nuevas elecciones e hiciera a Zelaya a un costado.

Pero el líder depuesto todavía contaba con mucho apoyo dentro del país: miles de personas salieron a las calles a manifestarse a diario pidiendo su regreso y la cancelación de las elecciones de noviembre que impulsaba Clinton.

Mientras tanto, la represión era brutal, afirma Karen Spring de la Red Solidaria de Honduras. “Se golpeaba, torturaba, desaparecía y encarcelaba a ciudadanos de forma ilegal. No estaban dadas las condiciones para unas elecciones libres y transparentes; no podía haber una transición pacífica”.

Las elecciones de noviembre se llevaron a cabo sin ningún observador internacional, aparte de una delegación del partido republicano de EEUU, y fueron boicoteadas por gran parte de la sociedad. Los candidatos independientes, y algunos del Partido Liberal de Zelaya, se retiraron.

El país más peligroso del mundo

Las protestas masivas continuaron hasta que Pepe Lobo Sosa, del Partido Nacional de derecha, fue investido como presidente en enero de 2010.

El nuevo gobierno rápidamente puso en práctica una serie de medidas a favor de las grandes empresas y llevó a cabo una agresiva entrega de los recursos naturales.

Líderes de las comunidades locales, como Cáceres, lucharon contra las empresas mineras, contra la tala indiscriminada y los proyectos de grandes empresas agrícolas. Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales, con 118 de ellos asesinados desde 2010, según las últimas cifras de Global Witness.

Los asesinatos se suman a un deterioro general de los Derechos Humanos. Entre 2009 y 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 41 cautelares para proteger a cientos de trabajadores sindicales, abogados, activistas LGBT, ambientales e indígenas que estaban en riesgo inminente. Sólo Colombia y México, que cuentan con una población mucho mayor, recibieron más cautelares durante el mismo período.

Una de las medidas más polémicas de Zelaya había sido ordenar una investigación sobre los beligerantes conflictos por tierras en la región del Bajo Aguán, donde los campesinos se enfrentaban a grandes empresas que comercializan aceite de palma. Después del golpe, los campesinos comenzaron a ocupar las tierras de forma ilegal mientras el nuevo gobierno daba carpetazo a la reforma de tierras de Zelaya. La región rápidamente se militarizó y más de 110 campesinos fueron asesinados.

La violencia contra la comunidad LGBT también se recrudeció después del golpe militar. Desde 2009, 229 personas LGBT han sido asesinadas, un promedio de 30 al año, según la ONG Cattrachas. Esta cifra se puede comparar con el promedio de 2 asesinatos al año entre 1994 y 2008.

La economía del país se estancó. Inmediatamente después del golpe de Estado, un bloqueo de cinco meses impuesto por el nuevo gobierno le costó a la economía unos 45 millones de euros al día. Los salarios cayeron, los subsidios fueron retirados y los sistemas públicos de educación y salud quedaron destruidos.

Mientras tanto, el crimen organizado, que ya estaba muy consolidado, logró penetrar cada rincón de las débiles instituciones del país. Reaparecieron los escuadrones de la muerte, y el número de asesinatos aumentó rápidamente.

En 2010, Honduras se había convertido en el país más violento del mundo fuera de las zonas de guerra, posición que ocupó hasta 2014. En 2012, se estimaba que el 80% del tráfico aéreo de cocaína de América del Sur hacia EEUU pasaba por Honduras.

Honduras no es un país que históricamente haya tenido instituciones fuertes, pero los críticos de Clinton dicen que si ella hubiera apoyado al presidente elegido democráticamente y hubiera presionado para que regresara al poder, hoy la crisis institucional del país no sería tan grave.

El actual presidente, Juan Orlando Hernández, elegido en 2013, ha impulsado sus propias reformas para reparar el sistema político del país, y para poder presentarse a una reelección.

Hernández creó una nueva fuerza policial militarizada a la vez que colocó a personas de su entorno y su partido en instituciones como la Corte Suprema, la comisión electoral y el Congreso.

Jesse Lehrich, portavoz de Asuntos Exteriores de la campaña de Clinton, afirma que la candidata presidencial de EEUU “condenó inmediatamente a los responsables” del golpe al presidente Zelaya en 2009, y “se puso a trabajar con nuestros aliados para remediar la situación”.

“Hillary ayudó a aislar internacionalmente al gobierno golpista, se les revocaron las visas a los responsables y se recortó la ayuda al gobierno mientras que se siguió ofreciendo ayuda humanitaria. Su firme postura y su trabajo con líderes regionales como el presidente Arias de Costa Rica ayudaron a preparar el camino para una solución política que llevó a las elecciones democráticas y el retiro del gobierno golpista”.

Pero si EEUU hubiera apoyado de verdad el regreso de Zelaya, Honduras seguramente habría seguido un camino distinto.

En las elecciones de noviembre, se esperaba que Zelaya apoyara al candidato presidencial independiente Carlos Reyes, un líder sindical, y su compañera de fórmula, Berta Cáceres.

La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, afirma que las acciones de EEUU después del golpe de Estado ignoraron a los ciudadanos hondureños y en la práctica legitimaron al golpe de Estado.

“Desde entonces convivimos con la militarización de nuestra sociedad, la violencia extrema y la criminalización de la protesta social. Mi madre quería construir una Honduras mejor, pero esa esperanza murió con el golpe de Estado.”

Con información adicional de David Smith desde Washington.

Traducción de Lucía Balducci