La Voz de Galicia melchor saiz-pardo 2017/09/14 22:55 h

Toque a rebato entre las fuerzas de seguridad del Estado. La premisa es no cometer los errores del 9N del 2014 que permitieron la votación. El Gobierno ha empezado a mover ficha, de manera discreta, en los últimos días para impedir, llegado el momento por la fuerza, el referendo. Y en la vanguardia de esta ofensiva van a estar las élites de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, al margen de otras unidades de ambos cuerpos por si los Mossos d’Esquadra no dieran abasto para impedir la apertura de los colegios electorales.

Interior pretende tener movilizados en Cataluña hasta 13.000 agentes el próximo 1-O El plan diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad prevé tener movilizados en Cataluña el 1 de octubre entre 10.000 y 13.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, una cifra solo un poco inferior a la de los 16.783 mossos de la Consejería de Interior. La primera fase de este plan para abortar el referendo ilegal comenzó a ponerse en marcha el lunes con la llegada progresiva a Cataluña del equipo de investigación que se va a encargar de localizar las urnas y que tiene órdenes de descubrir las argucias del Gobierno catalán para llevar a buen puerto la consulta ilegal.

La punta de lanza de la investigación la van a llevar 140 funcionarios enviados desde Madrid. Se trata de 70 agentes de los servicios antiterroristas de la Policía. Junto a ellos, ya han llegado a Barcelona y a otras zonas de Cataluña otros 70 agentes de Policía Judicial, que también participarán en las pesquisas de la preparación de la consulta ilegal.

El equipo de la Policía llevará el peso de la investigación, si bien también decenas de efectivos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (igualmente expertos antiterroristas) estarán tras la pista de las urnas.

El instituto armado también envió el lunes a diversos puntos de Cataluña efectivos de otra de sus unidades de élite en la lucha antiterrorista, aunque en este caso no es un equipo de investigación, sino especialistas en operaciones especiales.

Desde principios de semana están acantonados en Cataluña diversos contingentes (el número exacto permanece en secreto) de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil trasladados desde su base en Logroño. Interior cuenta con esta unidad de élite para el caso de «registros de alto voltaje» relacionados con el referendo. Otros 600 funcionarios antidisturbios del instituto armado ya están desplegados desde hace cinco días por toda la geografía catalana.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido prácticamente ha desplazado ya a Cataluña efectivos de todas las bases de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS). En la comunidad autónoma hay guardias antidisturbios llegados desde León, Pontevedra, Sevilla, Valencia o Zaragoza. La única premisa de Interior con los GRS y los GAR es no restar efectivos a labores antiyihadistas en Madrid ni en el control de los perímetros de Ceuta y Melilla.

En cuanto a la Policía, ya han sido desplazados 550 miembros de la Unidades de Intervención (UIP), que se suman a los 150 que ya tiene en plantilla el CNP en Barcelona. Solo el martes llegaron a Cataluña otros 150 agentes procedentes de las bases de Valladolid, Sevilla y Bilbao, que se han unido a los funcionarios con base en Madrid, Valencia y Zaragoza, que ya se desplazaron para la Diada y se han quedado en Cataluña.