(Santiago) — Una ley aprobada anoche por el Congreso que deniega el acceso de los tribunales chilenos a los testimonios de miles de víctimas de tortura obstaculizará los esfuerzos por enjuiciar los abusos cometidos durante el gobierno militar (1973-1990), señaló hoy Human Rights Watch.

El mes pasado, una comisión presidencial publicó un informe sobre el uso de la tortura durante la dictadura militar, basado en los testimonios de miles de víctimas. La ley mantiene estos testimonios en secreto durante 50 años y prohíbe su revelación en cualquier circunstancia, incluso frente a requerimientos judiciales.

La ley fue aprobada por las dos Cámaras del Congreso en menos de cuarenta y ocho horas y sus disposiciones sobre el secreto apenas fueron debatidas.

"Después de negarse durante años a investigar las denuncias de tortura, Chile ha reunido finalmente pruebas que podrían ayudar a identificar y llevar ante la justicia a los responsables de miles de abusos", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Es injustificable que ahora el gobierno y el Congreso de Chile hayan decidido obstaculizar este esfuerzo", agregó.

En años recientes, algunos jueces chilenos han demostrado su coraje y tenacidad en la investigación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante el régimen militar. La regla del secreto obstaculizará seriamente estos valiosos esfuerzos.

El proyecto de ley dispone reparaciones para las más de 27.000 víctimas de la tortura identificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo informe hizo público el Presidente Ricardo Lagos el 28 de noviembre. Propone que las víctimas deben recibir pensiones anuales que oscilan entre 1.353.798 y 1.549.422 pesos (aproximadamente 2.294 y 2.626 dólares). Los niños nacidos en prisión o detenidos junto a sus padres recibirían un pago único de cuatro millones de pesos (aproximadamente 6.779 dólares).

En el preámbulo de la ley se justifica la regla del secreto en el hecho que se aseguró a los que testificaron ante la Comisión que se mantendría la confidencialidad de sus testimonios. Se señala que estas garantías de confidencialidad dieron a las víctimas la confianza para testificar y que el gobierno está obligado a cumplir esta promesa. También se declara que el uso de testimonios como prueba en procedimientos judiciales distorsionaría el propósito original de la Comisión, que consistía exclusivamente en conocer quienes eran las víctimas y ofrecerles reparaciones.

"Se debe respetar plenamente el deseo de aquellas víctimas que prefieran mantener sus testimonios en secreto", señaló Vivanco. "Pero es injustificable imponer el secreto a otras víctimas que prefieran que sus testimonios contribuyan a los esfuerzos por enjuiciar a sus torturadores", agregó.

El gobierno ha declarado que las víctimas son libres de hacer públicos sus testimonios o someterlos a los tribunales si así lo desean. Sin embargo, ya que no tendrán acceso a los testimonios, los jueces que investiguen casos de tortura no podrán identificar a muchas victimas que podrían aportar información en calidad de testigos. Y, por su parte, las victimas no podrán saber de la relevancia de la información que disponen para el progreso de los casos bajo investigación.

El gobierno chileno debería preguntar a quienes testificaron si quieren que sus testimonios se pongan a disposición de los tribunales. Incumbe al gobierno, que formó la Comisión, asumir la responsabilidad de facilitar esta información a los tribunales, en lugar de hacer recaer esta responsabilidad sobre las víctimas.

Es importante recordar que en 1991 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile, después de informar acerca de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, suministró la información penal relevante en casos individuales a los tribunales para su investigación.

A menos de una semana después de la publicación del informe, un grupo de abogados presentaron una demanda en representación de 21 víctimas de tortura. En dicha demanda se formulan cargos de tortura y asociación ilícita contra el ex dictador militar, Augusto Pinochet, y el Senador Sergio Fernández, ex Ministro del Interior de la dictadura militar. Los abogados de las víctimas solicitaron al Juez Joaquín Billard, designado por la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar la denuncia, que obtenga los testimonios relevantes de la Comisión.

"La Comisión sobre tortura ha contribuido a revelar uno de los secretos más atroces de la dictadura militar", señaló Vivanco. "Si esta valiosa información permanece en secreto durante medio siglo, muchos de los responsables de estos hechos atroces jamás enfrentarán a un tribunal de justicia."