La Sala del Tribunal Supremo que revisa las decisiones del juez Pablo Llarena sobre el 1-O ha dictado un auto en el que ratifica la existencia deindicios de delito de rebelión y critica al tribunal alemán encargado de laeuroorden contra Carles Puigdemont [lea el documento en PDF]. Los magistrados consideran que los jueces alemanes no han actuado de forma "razonable", sino más bien con "falta de rigor". Entre otras cosas, no ven creíble su afirmación de que en Alemania los hechos se habrían saldado con "una condena meramente simbólica".

Pese a que el objeto estricto de la resolución es rechazar el recurso de Jordi Sànchez contra la negativa a que asistiera al Pleno de su investidura, el Supremo aprovecha la ocasión para cuestionar al tribunal regional de Schleswig-Holstein. Las críticas surgen en dos frentes: las comparaciones que emplean por los jueces alemanes para alcanzar a sus conclusiones y la afirmación de que el 1-O no hubo violencia suficiente para sostener la rebelión.

En primer lugar, no el Supremo considera procedente comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con unas revueltas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort, como hace el tribunal regional alemán en la decisión que rechaza entregar al ex president por rebelión. "Parece contradecir los parámetros propios de lo razonable", valora el Supremo.

"En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales", añaden los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

"Nada que ver"

"No se precisa realizar un complejo análisis jurídico para colegir que se trata de dos supuestos fácticos que nada tienen que ver el uno con el otro, y que el ejemplo de la ampliación de la pista de un aeropuerto, al margen de resultar inidóneo por su evidente falta de similitud con un grave proceso secesionista, resulta carente de rigor para fundamentar una resolución judicial como la adoptada".

La Sala ve llamativo que el tribunal alemán empiece usando "un ejemplo hipotético muy adecuado al caso de Cataluña", como es preguntarse qué sucedería en Alemania si el presidente de un Land actuara como Puigdemont. Y sin embargo, subrayan los magistrados españoles, "a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba".

"El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden", dice el auto. Y cuestiona la conclusión a la que llega el tribunal alemán: "Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional".

Un resultado "muy distinto"

El Supremo aborda también la afirmación del tribunal alemán de que no hubo violencia suficiente para doblegar al Estado, lo que a su juicio conlleva la negativa a entregar a Puigdemont por rebelión. Explica que pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, "los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente". El resultado fue que, como era "totalmente previsible e inevitable", hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.

Los 6.000 agentes enviados resultaron "ostensiblemente superados" por dos millones de votantes, y prueba de ello es "que la consulta acabó realizándose (sin las mínimas garantías, eso sí)" y que los investigados siguieron adelante con la hoja de ruta secesionista y acabaron declarando la independencia de Cataluña. Añade que "si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto".

La Sala de Recursos precisa que no se trató de una "rebelión de una muchedumbre de personas", sino de "sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma". Por ello, "en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado, trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían". Lo describen como "una rebelión jurídica".

"En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuerza legítima del Estado".

Sedición... en otro contexto

En cualquier caso, la Sala recuerda que las querellas de la Fiscalía dejaban abierta la posibilidad de que, si no se detectaba violencia, se considerara lo sucedido como un delito de sedición. Un delito que, también recuerdan, lleva aparejadas penas muy elevadas (hasta 15 años). Aun así los magistrados ven más acertada la calificación de rebelión que protege los ataques contra el sistema constitucional, frente a la sedición, que lo que busca es el más modesto objetivo de proteger el orden público. "Y en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (arts. 1 y 2 Constitución)", dicen los jueces.

La sedición fue opción la escogida por la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, frente a la rebelión por la que ha procesado Llarena en el Supremo. Los magistrados explican que "lo típico de la sedición" es que se aplica a actos "más focalizados", en un ámbito "más concreto o particularizado".

En principio, consideran que ese "podría ser el supuesto de los incidentes de la Consejería de Economía", en referencia al asedio a la sede de la Generalitat durante los registros judiciales del pasado septiembre. Sería el supuesto, precisan, "si [esos incidentes] no surgieran en el contexto propio de plan u hoja de ruta separatista que se alarga durante varios años en el tiempo".