Los legisladores Loretta Ortiz (Morena), Lorena Tapia (PRD), Ricardo Fidel Pacheco (PRI) y Víctor Sánchez Guerrero (PAN), durante el informe de la comisión especial para el caso Tlatlaya Foto cortesía Cámara de Diputados

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2015, p. 3

En la muerte de 22 civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, estado de México, ‘‘se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados, hecho que tuvo por consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales’’, concluyó el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que investigó el caso.

El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, consideró la instancia legislativa, se violaron los derechos a la vida en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia en agravio de 25 personas y de un número indeterminado de víctimas indirectas, y a la integridad, en agravio de tres.

En su informe final, que fue turnado a la mesa directiva para que se conozca en la sesión ordinaria del martes, la comisión planteó que ‘‘es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento’’ y se ordene un regreso paulatino a sus cuarteles de militares encargados de tareas de seguridad pública.

Los diputados Elena Tapia Fonllem (PRD), presidenta del grupo; Loretta Ortiz Ahlf (PT), Ricardo Fidel Pacheco (PRI), Víctor Sánchez Guerrero (PAN) y René Fujiwara (Panal) aprobaron por unanimidad el documento de 46 cuartillas.

Fidel Pacheco solicitó incluir un párrafo en el que los diputados no prejuzguen sobre la responsabilidad o no de los militares o funcionarios involucrados.

El grupo pidió que el texto con 39 conclusiones se turne a los titulares del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los legisladores expusieron que diversas razones impiden determinar con precisión las circunstancias de la muerte de 22 personas en Tlatlaya.

Enumeraron: ‘‘Alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del gobierno del estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos’’ mexiquenses.