A decir de expertos en política salarial y laboral, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios obtienen las mayores ganancias con grandes empresas que pagan sueldos de miseria y dan prestaciones incompletas. Es decir, crean empleos precarios pero no en proporción con su creciente riqueza, además de que son responsables de la colusión histórica con el Estado para mantener los salarios mínimos en niveles bajísimos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para el director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, Miguel Santiago Reyes Hernández, el desplegado “Así no” que publicó el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) el pasado jueves 3, es “pura propaganda”.

El también investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, de esa universidad, afirma que la advertencia de esa élite empresarial es parte del “mito histórico” que el CMN ha fomentado y que consiste en que “nadie debe pelearse con ellos porque son los generadores de empleo”.

De acuerdo con el Informe del Observatorio de Salarios 2018, el club empresarial (clasificado entre las “empresas de más de 500 trabajadores”) genera 1.4 de cada 10 empleos, es decir, ocupa al 14% de los 38 millones de asalariados del país.

Reyes Hernández destaca dos factores relevantes: la mayoría de los empleos consisten en labores de subordinación, no son altos puestos. Al 20% de sus trabajadores no les pagan en su totalidad vacaciones y aguinaldo, ni cotizan para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que son las tres prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

“Si algo cuestionan los grandes empresarios es la demagogia, las falsas promesas, pero aquí (en su desplegado) hay una clara manipulación de cifras”, indica Reyes, también exdirector del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero-Puebla.

En un informe reciente, el observatorio universitario encontró que las grandes empresas de los magnates del CMN violan “claramente la ley”, pues sólo pagan todas las prestaciones a 80% de sus empleados, de los cuales 60% se ve beneficiado con lo “mínimo y algo más”, como bonos y otras prestaciones.

El restante 5.2% no tiene ninguna prestación y 14.8% tiene sólo alguna de las tres prestaciones que por ley debe dar cualquier empresa generadora de empleos formales en México.

A decir del investigador, los integrantes del consejo tienen “muchos recursos” y no tendrían “ningún problema” para asegurar a todos sus trabajadores. Por ese motivo señala que Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social son omisos en su responsabilidad: “Deberían tener personal que revisara el cumplimiento legal de estas empresas. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por corrupción? ¿Por compadrazgo?”

El Informe del Observatorio de Salarios de 2017 revela otro dato: 68% de los trabajadores de las empresas del CMN no alcanza el “salario mínimo constitucional”, que debería pagarse para que las personas vivan dignamente. El observatorio lo estableció en 638 pesos diarios.

La diferencia entre las percepciones de los directivos o accionistas y las de un empleado común es abismal. Por ejemplo, el informe dice que los accionistas de una empresa minera ganan un promedio de 13 millones de pesos al mes, pero pagan un promedio de 25 mil pesos a sus trabajadores. “Obviamente en el promedio de estos salarios se incluye a gerentes, no solamente a los trabajadores, a éstos se les paga muchísimo menos”, comenta Reyes Hernández.

El contraste es peor cuando se tiene en cuenta que la productividad mensual de dichas firmas –lo que cada trabajador genera– se estima en 462 mil pesos mensuales.

Trabajos indignantes

Las condiciones laborales son aún más difíciles para los jóvenes, apunta Reyes Hernández, porque el patrón argumenta su “falta de experiencia” para darles sueldos más bajos.

En el anexo estadístico del Informe del Observatorio de Salarios 2018 se establece que de un millón 423 mil 502 jóvenes de entre 15 y 29 años que laboran en empresas de más de 500 empleados, 22% carece de las tres prestaciones mínimas de ley y 9.1% no tiene ninguna.

Según el documento, también es el sector de la población asalariada de estas empresas que muestra los porcentajes más altos de trabajo sin contrato (28%), jornadas laborales superiores a ocho horas (23%), sin acceso a la seguridad social (21%) y no alcanza el salario digno (72%).

Samantha Cruz, estudiante de administración de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Cuajimalpa, relata que durante su experiencia como “empleada general” durante un año y tres meses en la cadena de cines del millonario Alejandro Ramírez, fue la obligación de arrodillarse ante los clientes “para no molestarlos”.

Entre sus actividades en el Cinépolis VIP Samara, en Santa Fe, a veces le asignaban “correr”, es decir llevar la comida a los clientes hasta su asiento en la sala. Como parte del servicio, dice, “te arrodillas porque no puedes molestarlo; si estás parado obviamente tapas la película a los demás”.

Samantha, de 24 años, narra que las lesiones no eran motivo para transgredir esa regla: “Luego de un accidente que tuve, en el que me lastimé la rodilla y me dieron incapacidad, me pidieron ‘correr’. Yo no quería eso porque me dolía bastante, pero con todo estuve un fin de semana así. Obviamente mi rodilla se volvió a lastimar y me tuvieron que dar más tiempo de incapacidad. Ya cuando volví a trabajar me regresaron a taquilla”.

Empleado general es la categoría con que se contrata al grueso del personal de Cinépolis, así se desempeñan en cualquier área: limpieza, cocina y atención al cliente en taquilla o en proyección. “No importa que no sepas nada de cocina, por ejemplo; sobre la marcha los mismos compañeros te van enseñando”. Todo esto por 28.47 pesos la hora, con lo que su salario suma a la catorcena 2 mil 200 y hasta 2 mil 500 pesos.

Los turnos en Cinépolis son “fijos” y de ocho horas, con un día de descanso entre semana –nunca en sábado y domingo– aunque las jornadas cambian cuando hay estrenos grandes:

“Mi horario era de 16 a 11 horas, pero a veces salía a la media noche o, si era premier, a las 3 de la mañana, sin importar que al día siguiente tocara apertura y tuviera que estar a las 10. Con la escuela eso me empezó a causar mucho estrés. Además no te apoyan con el transporte; eso es horrible. Yo tenía la fortuna de que mis papás fueran por mí, pero cuando no podían, tenía que pagar Uber y éste me salía más caro que todo el día trabajando”.

El tiempo que trabajó ahí (de junio de 2016 a septiembre de 2017), Samantha tuvo aguinaldo, vacaciones y Seguro Social, pero no cotizó al Infonavit. Sin embargo, era la opción más viable:

“Honestamente no es un trabajo que yo recomendaría, pero reconozco que hay mucha facilidad para entrar. Mi entrevista fue muy fácil; me pidieron sólo mis documentos oficiales y la preparatoria terminada. Se me hizo fácil pedir trabajo ahí porque sus horarios supuestamente coincidían con mi horario de escuela. Cuando estaba buscando trabajo, mis dos opciones eran Cinépolis y Starbucks, pero finalmente me fui con el que pagaba más”.

Influencia histórica

El doctor por la Universidad de Texas y experto en el estudio del salario industrial en México del siglo XX, Marco Águila Medina, coincide: el empleo que las grandes empresas generan son una “parte pequeña” comparada con la ocupación total y con “los problemas de desocupación estructural del país”.

El también investigador y profesor de la UAM Xochimilco destaca que el sector empresarial ha jugado un papel determinante en la política salarial del país, pues su cercanía con la cúpula política, fortalecida desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ha incrementado su capacidad para influir en los sueldos, en detrimento de la capacidad adquisitiva del sector obrero y de la autonomía de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

“Se supone que en la Conasami participan empresarios, representantes laborales y el Estado. En realidad es como si habláramos de la reunión de dos enemigos y un traidor: éstos últimos son los representantes de los trabajadores pero no son muy confiables, y del otro lado, el de los empresarios y el Estado, hay una tendencia a aliarse”, explica.

El académico advierte que, a pesar de que a nivel mundial estos consorcios son las que pagan los salarios “más altos” en el mercado –porque se asocian a las ganancias “excepcionales” que consiguen–, en México no ocurre lo mismo: para un trabajador que se desempeña en el mismo empleo y en la misma empresa que otro asalariado en otro país, el salario es más bajo.

“¿Por qué es importante para este consejo (el CMN) y la coalición gobernante que los salarios no crezcan? –plantea Águila Medina–. Si uno tiene una política de apertura comercial, un arma básica de competencias en el mercado mundial son los bajos salarios. El salario en México ha quedado estancado con la ayuda de la política del salario mínimo”.

La situación empeora, dice, porque ahora instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) influyen en la determinación del salario mínimo.

“El FMI habla de salarios estructuralmente bajos y dejarlos ahí… y eso es lo que han seguido haciendo”.

Enfatiza que actualmente el nivel adquisitivo del salario está por debajo del que ganaba un mexicano en los setenta. El pasado 1 de diciembre la Conasami anunció un aumento de cinco pesos al salario mínimo, con lo que llegó a 88.36 pesos diarios.

En perspectiva histórica, añade, “el expresidente Lázaro Cárdenas puso el salario mínimo como una conquista a lograr para los sindicatos y movimientos de trabajadores, no por debajo sino por encima de lo que decía el mercado. En nuestros días y desde el sexenio de Miguel de la Madrid se aplica la política exactamente inversa, que es utilizar el salario mínimo como un ancla para el conjunto de la estructura salarial”.

Al respecto Reyes Hernández concluye: “Estos empresarios tienen posibilidades de ejercer cierta presión y lo pueden hacer, por ejemplo, desde sus mismos empleados. Eso se ha demostrado. No es que estés en contra de los empresarios, sino de la manera en que ellos han hecho su riqueza y han crecido”.