La sombra de adoctrinamiento en las aulas catalanas se extendía hasta ahora a los 54 supuestos casos que entre octubre y diciembre de 2017 el Ministerio de Educación mandó investigar a la Generalitat. Desde esta semana, la cifra alcanzaría los 134 centros educativos y hasta 500 profesores catalanes, casi el 0,5% del cuerpo docente, según los datos que ha lanzado el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Entre ellos, los nueve docentes del instituto de Sant Andreu de la Barca, a cinco de los cuales el juez decidió archivar la causa este jueves.

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La contundencia de la afirmación de Millo contrasta sin embargo con la falta de información sobre a qué responde tal aumento de casos respecto a los conocidos hasta la fecha. Ni el Ministerio de Educación ni el departamento de Enseñanza -controlado por el primero con el artículo 155- responden a esta pregunta. Lo que sí confirman desde la conselleria es que existen otros dos requerimientos recibidos en 2018, de los cuales, a diferencia de los primeros, no ha trascendido información alguna sobre los colegios o la naturaleza de las denuncias.

"No es una crítica a todo el sistema, ni a todos los maestros, porque sería injusto, pero también sería mentira negar la existencia de determinados casos en que el comportamiento ha sido del todo inadmisible", aseguraba Millo en una entrevista en Rne4. También añadía que la Alta Inspección del Estado, a la que han llegado buena parte de estas denuncias y que está ubicada físicamente en la delegación del Gobierno, supervisará los expedientes hasta que estén zanjados.

Sorpresa en la inspección

Con todo, quien en última instancia se encarga de recabar información sobre las acusaciones es la Inspección de Educación, que depende de la Generalitat. De hecho, fuentes conocedoras de estas inspecciones consultadas por eldiario.es se muestran muy "sorprendidas" por la cifra lanzada por Millo. Incluso juntando los cinco requerimientos del Ministerio, los docentes a los que se ha pedido cuentas por sus actuaciones serían muchos menos, según estas mismas fuentes.

En este sentido, cabe recordar que en los 54 casos que ha difundido el Ministerio de Educación, correspondientes la mayoría a sucesos alrededor del 1-O, no siempre se habla de acciones docentes. Un porcentaje muy importante de las quejas de familias son por secundar el centro una huelga de carácter soberanista o por haberse realizado en el recinto protestas por la libertad de los presos.

Los sindicatos lo tachan de "purga"

Para los sindicatos, las palabras de Millo son una forma más de "buscar el miedo del profesorado". Así lo expresa Ramon Font, portavoz del sindicato Ustec·stes, que acusa al Gobierno de querer llevar a cabo una "purga" entre el profesorado en Catalunya.

"Adoctrinamiento es lo que hacen los estados totalitarios cuando quieren que todo el mundo trate los temas de la misma forma, y esto es una obsesión que tienen el PP y Ciudadanos, a ver quien defiende mejor su idea de España. Ahora purgan a los docentes por soberanistas, mañana por colgar pancartas contra los recortes o por difundir ideas laicas", se lamenta este sindicalista.

Uno de sus principales temores es de hecho las peticiones del PP para crear un buzón que sirva para denunciar malas praxis docentes por parte de familias. Esta idea, que ya puso en marcha la entidad Societat Civil Catalana, la asumió como propia el Partido Popular en la Comunidad Valenciana la semana pasada y la ha reivindicado estos días también la diputada popular en Catalunya Andrea Levy.

Crean la Mesa de Emergencia Docente

Ante esta situación, varias entidades y sindicatos han decidido crear una Mesa de Emergencia Docente, una plataforma que esta semana ha enviado a todos los claustros de profesores de Catalunya una carta en la que pide que se sumen todos aquellos que se comprometen a "defender una educación en los valores democráticos, en la cultura de la paz y en el espíritu crítico".

La Mesa está impulsada por los sindicatos USTEC, UGT y CGT -CCOO no se ha sumado por ahora, aunque asegura estar al lado los docentes afectados por acusaciones-, junto con colectivos soberanistas como la ANC o Docents per la República. Su principal cometido es también dar apoyo a los profesores a los que se ha denunciado por la vía judicial: los de la Seu d'Urgell y Sant Andreu de la Barca.

Cinco exculpados en Sant Andreu de la Barca

La justicia ha acotado la denuncia de la Fiscalía contra los nueve profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca acusados de humillar a alumnos hijos de guardias civiles. El juzgado de instrucción 7 de Martorell archivó este jueves la causa cinco de los nueve denunciados, sin ni siquiera tomarles declaración. Cuatro de los docentes denunciados sí seguirán investigados.

La Fiscalía había denunciado a nueve docentes por sus comentarios en clase con los que habrían señalado a los hijos de los agentes. El juzgado de instrucción 3 de Martorell admitió a trámite la denuncia contra uno de los docentes, el que el 20 de octubre habría preguntado a los alumnos "que levanten la mano los hijos de los guardias civiles" para averiguar si participarían en la huelga estudiantil independentista convocada cinco días después.