La compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social con valores muy superiores a los precios de referencia de varios productos desató la polémica este lunes, y las primeras consecuencias judiciales tardaron apenas horas en llegar. Mientras la diputada Graciela Ocaña prepara un completo pedido de informes en la Cámara para que el ministro Daniel Arroyo brinde explicaciones, la abogada Silvina Martínez denunció ante la Procuración General de Investigaciones Administrativas (PIA) los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. Martínez además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del ministerio, "a los fines de obtener toda la documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación".



La denuncia recuerda que el 19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento complementario para agilizar la implementación práctica de los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la emergencia, entre cuyos cambios centrales el Decreto 287/2020 autoriza la contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5 millones de pesos.

"Ahora bien, este lunes 6 de abril se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los precios que se detallaron están hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría", advierte el escrito. "Es el caso de las compras de aceite, azúcar y arroz. El Gobierno admitió que pagó precios más altos por estos productos y lo justificó por la urgencia para concretar las compras".

"Claramente no es entendible la supuesta justificación. Basta con recorrer en forma virtual cualquier supermercado minorista para acceder a los mismos productos a la mitad de precio y de primeras marcas", razona la abogada Martínez en su denuncia.

Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. "En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $145,79. Si se compara con los productos de Precios Cuidados, en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%".

Las diferencias se repiten en el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca, un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados,

También hay dudas respecto a las compras de fideos semolados, que proveyeron las firmas Sol Ganadera, Copacabana y Forain; y de lentejas, compradas a Copacabana, Forain y M.H. Accurso.

"En la mayoría de las contrataciones es posible advertir sobreprecios en los pagos a los proveedores sin justificación; sobreprecios que se terminaron abonando en las contrataciones directas del Ministerio de Desarrollo Social. Cabe agregar que el monto adjudicado es superior al establecido por la SIGEN, sin que se incluya en el acto administrativo los motivos debidamente fundados que aconsejan continuar con el trámite no obstante el mayor valor sobre el precio informado", cierra Martínez.

La diputada de Juntos por el Cambio desde su bloque Confianza Pública, Graciela Ocaña, se pasó el lunes recogiendo información sobre la extraña adjudicación del ministro Arroyo, para alimentar un pedido de informes que presentará en la Cámara. Las primeras conclusiones de esa pesquisa reflejan que el valor promedio al que se pagó el litro de aceite es de 158,24 pesos, mientras que el precio testigo de la SIGEN y de la resolución 150/20 del mismo ministerio de Desarrollo Social es de 131,02 pesos, y el de los Precios Cuidados acordados por el gobierno es de 121 pesos. Una diferencia notable.

Las compañeras bonaerenses del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados María Luján Rey, María de las Mercedes Joury, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri también presentaron un proeycto para pedir inforems a Arroyo, entre cuyas preguntas emerge la más elemental: ¿Por qué no se recurrió a la modalidad de contratación por precio tope para evitar posibles malversaciones?



Las ​empresas que quedaron bajo la lupa tras haberse negado a bajar su precios a pedido del gobierno -que terminó convalidando los valores superiores- son Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL, Alimentos Generales SA. Las dos primeras integran el llamado "Grupo L", que dirige Víctor Lusardi, un viejo proveedor del Estado que en los últimos años fue muy cercano al macrismo, y especialmente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses de Cambiemos.

Hace tres años, Teylem y Copacabana -que a su vez está vinculada societariamente con Alimentos Generales- fueron denunciadas en la justicia por la supuesta compra fraudulenta por parte del gobierno de Vidal de un lote de pan dulces que se repartieron en la Navidad de 2016.

Hay otros detalles curiosos en las compras del ministerio que conduce Arroyo. Ninguna de las firmas produce fideos, por ejemplo. Tampoco hay elaboradoras de aceite.

Sólo Teylem, Copacabana y Alimentos Generales tienen como actividad -entre otras- la "venta al por mayor de productos alimenticios". M.H. Accurso se dedica al "cultivo de legumbres secas" y elaboración de hortalizas, frutas y legumbres deshidratadas: eso explicaría su oferta por las lentejas. Sol Ganadera a la venta de ganado, carnes rojas y derivados. Nada que ver con el aceite o los fideos.

Entre los datos que solicita al ministro Arroyo en su pedido de infomes, la diputada Ocaña quiere saber justamente "por qué se contrató a empresas comercializadoras y no a entidades productoras" de los alimentos necesarios." Ese detalle derrite muchas de las contradictorias excusas que se ensayaron desde el gobierno para intentar explicar la cuadratura del círculo.

