Todo indica que antes de fin de año la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, perderá el control de las escuchas telefónicas, una herramienta judicial fundamental a la hora de investigar delitos.

Esa tarea pasará a depender de la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes cercanas al presidente Mauricio Macri, el anuncio se concretaría antes de fin de año, probablemente entre el lunes y martes próximos, y sería dado a conocer a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el mandatario, por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por todos los demás ministros del gabinete. El DNU, que ya está redactado, implicará que, en la práctica, serán transferidos al ámbito de la Corte varios edificios y todo el personal que actualmente se de-sempeña en la Oficina de Observaciones Judiciales (popularmente conocida como Ojota). También indica claramente que la jefa de los fiscales, Gils Carbó, perderá una cuota importante de poder.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ya fue informado de la medida y está de acuerdo con que el máximo tribunal asuma esa labor, en sí bastante compleja y con riesgos políticos.

El tema de las escuchas telefónicas que se realizan con orden judicial -porque son una invasión a la intimidad con el objeto de descubrir algún delito- fue uno de los asuntos que Macri abordó con sus ministros en la reunión de gabinete que presidió anteayer.

En efecto, en la mañana del jueves los ministros del gabinete evaluaron soluciones para paliar las consecuencias de las inundaciones; hablaron de la conveniencia de avanzar con el protocolo sobre corte de calles, para el que no se necesita una ley, y también revisaron otro decreto -que se publicará en breve- que establecerá el mecanismo que usará el Gobierno para depurar a la administración pública de ñoquis que entraron durante los últimos tres años.

Fue en esa reunión que también se le dieron las puntadas finales al decreto de las escuchas teleónicas, un tema que está íntimamente emparentado con otro que tiene en vilo a Macri: el futuro de Gils Carbó, la responsable actual de controlar las escuchas, que es la jefa de los fiscales y a quien el presidente la puso en la mira porque la considera una "funcionaria militante", a partir de lo cual busca forzar su renuncia. Sacarle a Gils Carbó la atribución de escuchar a los ciudadanos equivale, en la práctica, a debilitarla, una vía para arrinconarla.

Pero más allá de esa consideración política, la decisión de Gobierno de modificar el régimen de intercepciones telefónicas responde básicamente a un reclamo que vienen haciendo desde hace seis meses los jueces y los defensores oficiales, que entienden que sólo la Justicia puede garantizar su transparencia.

Las intercepciones telefónicas siempre estuvieron en cabeza de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), luego llamada, a secas, Secretaría de Inteligencia (SI).

Pero luego de la muerte del fiscal Nisman; del reemplazo de la SI por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a través de la nueva ley de inteligencia -sancionada en marzo último a instancias de la entonces presidenta Cristina Kirchner- y de la remoción del espía Jaime Stiuso, esa labor pasó a estar en manos de la Procuración General, a cargo de Gils Carbó.

A partir de julio último, la jefa de los fiscales comenzó con un maquillaje: le cambió el nombre al Sistema de Observaciones Judiciales, popularmente conocido como Ojota, y pasó a llamarlo Dirección de Captaciones Telefónicas (Dicap).

Sin embargo, siempre se ocupó de mantener un control férreo de todos los resortes y puso al frente de la Dicap a una funcionaria de su mayor confianza, Cristina Caamaño, quien pasó a controlar todos los edificios y el personal que se necesitan para realizar estas tareas de investigación.

Caamaño había sido la segunda de Nilda Garré cuando ésta fue ministra de Seguridad. Y la propia Gils Carbó la eligió para ponerla al frente de la fiscalía de Saavedra cuando logró temporariamente que un jurado de enjuiciamiento suspendiera al fiscal titular José Campagnoli. En otras palabras, una mujer de confesión kirchnerista y fidelidad probada.

Según distintas fuentes, las razones que habían tenido más peso para disponerse a avanzar con el nuevo régimen de intercepciones telefónicas son cuatro.

En primer lugar, porque los jueces nunca digirieron que las escuchas que ellos ordenan sean ejecutadas por la jefa de los fiscales. Lo vivieron como el mundo del revés y como una afrenta a su jerarquía y poder.

Una segunda razón apunta a la necesidad de garantizar la imparcialidad de quien realiza las escuchas.

Hace pocos días, incluso, la titular de la Defensoría General, Stella Maris Martínez, se entrevistó con Garavano y le explicó que esa labor no puede estar en cabeza de los fiscales porque ellos, en las causas penales en las que actúan, son una parte interesada en el resultado. Las escuchas tienen que ser hechas por el juez imparcial

Un tercer factor es que en Cambiemos también se evaluó que la proximidad de Caamaño con el FPV podría obstaculizar la investigación de las numerosas causas de corrupción, desde Hotesur y las que involucran a Lázaro Báez a todas las demás.

Y, finalmente, el Gobierno pretende la renunica de Gils Carbó y como la funcionaria se resiste a irse, le comenzarán a recortar su poder.

Así, el Gobierno también anunciará en breve que se postergará la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, un régimen que establecía un sistema de enjuiciamiento que pondría en el centro de la escena a Gils Carbó y a los fiscales.

Según distintas fuentes del Gobierno, la tarea de las escuchas sería entregada a una oficina especial, que funcionará en la órbita de la Corte Suprema.

Esa oficina controlará todos los edificios y el personal desde donde se practican esas intercepciones.

Además, según trascendió, la nueva Ojota será dirigida por un juez penal. El magistrado podría rotar en forma periódica con otros jueces, para evitar que acumule demasiado poder. Pero está claro que su presencia también servirá de fusible para que cualquier problema o reclamo recaiga sobre él y no afecte directamente a la Corte.

Tres figuras clave para la misma trama

Estarán a cargo de la escuchas dispuestas por la Justicia

Alejandra Gils carbó

Procuradora general

En la mira

El Gobierno tiene en la mira a la procuradora por su pasado kirchnerista. La intención de pasar el control de las escuchas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia es licuar el poder de la procuradora que se resiste a abandonar su cargo. Desde el macrismo ya le dieron señales para que dé un paso al costado, pero dijo que se mantendrá en su puesto. La jefa de los fiscales mantenía hasta ahora el control de las escuchas

Gustavo Arribas

Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia

Espía de confianza

Macri puso al empresario Gustavo Arribas como nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) porque se trata de uno de los hombres de su mayor confianza. Estará a cargo de las escuchas que ordene la Justicia, que estarán controladas por la Corte. Arribas tiene 57 años, es escribano y dueño de Haz Sport Agency, agencia de representantes de jugadores de fútbol. Cuando Macri presidió Boca, Arribas fue su colaborador clave

Ricardo Lorenzetti

Presidente de la Corte Suprema

A cargo

El titular de la Corte estará a cargo del control de las escuchas que ordenen los jueces y que ejecute la Agencia de Inteligencia. Si bien Lorenzetti recibió de buen grado el cambio, también es conciente de que la nueva tarea le puede traer varios dolores de cabeza. Por esa razón se prevé que habrá un juez que, en forma rotativa, estará en forma directa como responsable de las escuchas. Funcionará así como una especie de fusible.

Antes de fin de año se definiría la causa de Macri

El tema de las escuchas es un tema sensible para el macrismo, desde que el propio presidente fue denunciado por intervenciones ilegales.

Sin embargo, el tema podría cerrarse la próxima semana, antes de fin de año. Según fuentes judiciales, es probable que entre el lunes y el miércoles próximos se dé a conocer el definitivo sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa que investigó el juez Sebastián Casanello.

El último paso procesal lo dio el propio Macri, quien esta semana pidió ser sobreseído. De este modo la instrucción quedó cerrada, todas las partes opinaron ya sobre cuál debería ser el destino de la causa y la Cámara Federal acaba de confirmar al juez. Por eso Casanello quedó en condiciones de sobreseer a Macri o, en su defecto, de elevar el caso para su juicio oral. Tanto en los tribunales de Comodoro Py como en el Gobierno descuentan que se tratará de la primera opción.