Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera citaron en el debate a numerosos sectores de la población(autónomos, pensionistas, jóvenes, emprendedores...). Pero no hubo ninguna referencia a propuestas concretas relacionadas con los empleados públicos y sus familias.

Según contó entonces ECD, este “vacío” desató la indignación de los trabajadores de la mayoría de departamentos de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales. No dudaron en trasladar sus quejas de inmediato a sus representantes sindicales, quienes no tardaron en advertir a los partidos que eran tres millones de votos de cara al próximo 26-J.

Podemos ha sido el primero en reaccionar a esa amenaza y da así el ‘sorpasso’ en este asunto a PP, PSOE y C’s. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, y la secretaria de Acción Institucional y Políticas Anticorrupción del partido morado, Auxiliadora Honorato, mantuvieron una reunión este lunes.

Intercambió propuestas con el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Camarillo y la secretaria de Igualdad del sindicato, Marian Mur, dirigidas a mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos y la calidad y las condiciones del empleo en las administraciones públicas, tras los recortes sufridos durante la crisis económica.

Pero coincidieron, sobre todo, en la necesidad de impulsar medidas, como poner en valor la función social de los empleados y empleadas públicas tras la campaña de desprestigio sufrida durante los últimos años, desde diferentes esferas de poder y grupos de opinión.

También defendieron recuperar todos los derechos perdidos con los recortes de los últimos años,tanto en el plano retributivo como en relación con las condiciones de desempeño del puesto de trabajo.

Podemos se comprometió a realizar un análisis objetivo de las necesidades de las plantillas ydiseñar una oferta de empleo acorde, sin tasa de reposición (el límite que se establece a la renovación de las plantillas tras la jubilación de los trabajadores), y generalizar la jornada laboral de 35 horas, tanto en el sector privado como en el público, como acaba de aprobar recientemente Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.