El 29 de diciembre de 2015, Isaías Tello, un mecánico automotriz de 26 años que realizaba la revisión de un vehículo particular, dentro de un negocio de la ciudad de Saltillo, Coahuila, fue sorprendido por tres policías municipales que, al grito de “ése es”, ingresaron al local y se abalanzaron en su contra.

Isaías, asustado, sin saber lo que ocurría, intentó correr, y subió por una escalera del negocio en el que estaba trabajando, escalera desde la cual fue arrojado al vacío por los agentes, una vez que le dieron alcance.

Isaías quedó tirado en el suelo, con las piernas rotas y con los pulmones gravemente lesionados, tras ser arrojado desde una altura equivalente a un segundo piso.

Tal como señalaron testigos, ya con el mecánico lesionado y postrado en el suelo, al lugar de los hechos se aproximó el trabajador de una tienda 7 Eleven, que acababa de denunciar un asalto, y quien les aclaró a los policías que “él no es (el ladrón)”.

La respuesta de los policías fue simple: “La cagaste”, le dijeron al tendero asaltado, “ya vámonos”.

Así, aún cuando Isaías requería atención hospitalaria de emergencia, los policías (y el tendero de 7 Eleven) se alejaron del lugar, abandonando al herido.

Un vecino solidario, por sus propios medios, tuvo que trasladar a Isaías al área de urgencias de una clínica del IMSS, para que recibiera atención.

Cuando la hermana del joven mecánico se presentó ante las autoridades locales para denunciar la agresión, le informaron que “no podían prestar ninguna ayuda, debido a que mi hermano, al ser el afectado, se debía presentar (en persona) para poner la queja. Yo les manifesté que mi hermano no se podía mover y, por tanto, no podía presentarse de manera personal. No importándole esta situación, el comandante me indicó que no podía hacer nada por nosotros, y que yo no podía poner ninguna queja contra ellos”.

Seis días después del ataque, Isaías sufrió una crisis y debió ser llevado por sus familiares a un hospital. Sin embargo, falleció antes de llegar.

Los médicos concluyeron que el mecánico falleció por “tromboembolismo pulmonar”, provocado por el impacto de la caída.

Encubrimiento

Tras la muerte de Isaías, la Procuraduría del estado inició una carpeta de investigación, dentro de la cual obra un video con la reconstrucción de los hechos, realizada exclusivamente a partir de la declaración de los policías involucrados.

En este video, los policías reconocen que “un oficial le aplica un golpe en los pies (a Isaías) estando en una escalera de madera, y que es cuando cae al piso”.

Aunque los policías reconocen haber derribado a Isaías desde las escaleras, también aseguraron que luego del ataque sus heridas no eran graves e, incluso, afirmaron que salió por su propio pie del inmueble en el que ocurrieron los hechos (aún cuando tenía los dos tobillos rotos y los pulmones severamente lesionados).

En esta reconstrucción, uno de los policías afirmó que sacó a Isaías “del brazo, observando que cojeaba de un pie, para después dejarlo sentado en la banqueta”.

Luego de un año y ocho meses de investigación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, encabezada por el “doctor Xavier Diez de Urdanivia Fernádez”, determinó que Isaías sí fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, por parte de las autoridades municipales de Saltillo, y estos fueron, según el ombudsman: el derecho a la legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica, y el derecho a la salud.

Sin embargo, para el ombudsman de Coahuila, los únicos errores de los policías fueron el incurrir en “ejercicio indebido de la función pública” e “insuficiente protección de personas”.

Extrañamente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila no consideró que se hubiesen violado otros derechos de Isaías, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad y seguridad personales, el derecho a no ser víctima de tortura o tratos crueles por parte de la autoridad, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la justicia, o el derecho a la verdad, entre otros.

Peor aún: el ombudsman estatal concluyó que los policías agresores “no velaron por la integridad” y por la “salud” de Isaías, aunque no por haberlo arrojado intencionalmente desde un segundo nivel, sino porque omitieron solicitar una ambulancia por las lesiones que presentaba el agraviado, con motivo de una caída que había tenido”.

Es decir: para la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, a Isaías no lo arrojaron (como afirman los testigos), sino que se cayó (como sostienen las autoridades y los perpetradores).

Tal como establece la recomendación de 36/2017 de la Comisión estatal (emitida el pasado 14 de agosto), los únicos castigos contra los responsables fueron: suspensión de 45 días para los tres policías que arrojaron a Isaías por las escaleras; suspensión de 60 días para otro elemento, que los acompañaba; y la “remoción del servicio” del policía que venía liderando al grupo de uniformados, quien también estuvo presente en los hechos, pero se quedó dentro de una patrulla.

Por su parte, la Policía Municipal de Saltillo concluyó que sus elementos sí incurrieron en irregularidades, aunque menores: primero, “ingresaron ilegalmente” al inmueble en el que Isaías se encontraba trabajando; en segundo lugar, no llamaron a una ambulancia; y, por último, no realizaron un reporte escrito de los hechos.

Lo cierto es que sí hicieron un reporte escrito, pero con información falsa. Según la bitácora de las patrullas que conducían, en el momento de los hechos estos policías se encontraban atendiendo una “riña”, en un lugar lejano.

Esos son, para las autoridades municipales, los únicos errores de los elementos involucrados.

De hecho, la Comisión de Honor de la Policía Municipal nunca analizó si los policías atacaron a Isaías, y mucho menos si lo arrojaron al vacío.

A los ojos de la Policía y del ombudsman de Coahuila, ese es un hecho sin la importancia suficiente para siquiera mencionarlo.

Aún así, el ombudsman estatal asegura en su recomendación que “la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza es el organismo constitucional encargado de tutelar que sean reales y efectivos los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre en el territorio coahuilense”.

Policía con historial delictivo

Los agentes que atacaron a Isaías pertenecen a un cuerpo policiaco específico, el Grupo Centauro de la Policía Municipal de Saltillo, encabezado en ese momento por el militar en retiro Weimar Jiménez.

En 2014, los policías municipales de Saltillo le quebraron las piernas a otro joven (menor de edad), al que abordaron en una avenida, tras oponerse a una “revisión de rutina”. El joven fue golpeado con toletes hasta provocarle una fractura expuesta de tibia e, igual que a Isaías, lo abandonaron en la vía pública.

Luego, en junio de 2016, dos elementos del Grupo Centauro fueron procesados por la violación sexual de dos menores edad, a las que abordaron con pretexto de una revisión a una tienda de abarrotes, y luego les robaron su auto.

Un mes después, en julio de 2016, las autoridades estatales informaron a la prensa local que en total eran siete los casos de violación investigados, en los que los perpetradores son elementos del Grupo Centauro.

En julio de 2017, elementos de este agrupamiento policial dispersaron por la fuerza, e incluso abrieron fuego, contra activistas de la comunidad LGBTTI, quienes realizaban una protesta contra el paso de un autobús que promueve mensajes xenofóbicos, por distintas ciudades del país.

Luego de operativo para reprimir a los manifestantes, el mismo alcalde de Saltillo, Isidro López, negó que se hubiera disparado a los ciudadanos que se manifestaban, y aseguró que “(los policías del Grupo Centauro) venían corriendo y a uno de los elementos se le cayó la pistola, la recogió y, cuando intentaba ponerla en la fornitura, salió un disparo”.