Los inmuebles de la Ciudad construidos antes del 31 de diciembre de 1941 o cuyos planos hayan sido registrados antes de esa fecha no podrán ser demolidos, reformados o ampliados. La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña ordenó que no se otorguen autorizaciones o permisos para este tipo de obras, a menos que una previa evaluación determine si la edificación tiene valor patrimonial. De esta manera hizo lugar a una medida cautelar pedida por Basta de Demoler, SOS Caballito y la Fundación Ciudad y patrocinada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que buscaban extender la protección que hasta ahora sólo alcanzaba a 1.700 construcciones.

La sentencia dictada por el juez Aurelio Ammirato, titular del Juzgado Contencioso porteño N° 10, ordena que "no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941".

La medida también alcanza a los inmuebles cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a esa fecha o a los que estén catalogados como Edificios Representativos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad. En cualquiera de los casos, los permisos sólo podrán otorgarse si el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales resolvió previamente, en forma expresa e individualizada, que el edificio no tiene valor patrimonial.

Se estima que en la Ciudad hay alrededor de 134.000 inmuebles anteriores al 31 de diciembre de 1941. En el año 2009, la Legislatura porteña aprobó una ley para protegerlos por un año, un plazo que fue prorrogado hasta 2011. Pero en 2011 no hubo acuerdo legislativo para una nueva prórroga y la ley se cayó. Finalmente, en octubre de 2014 los diputados porteños aprobaron la protección de 1.700 del total de los edificios.

Al mismo tiempo, las organizaciones de protección patrimonial presentaron un amparo para proteger al resto de los inmuebles anteriores a 1941. A raíz de esto, el Gobierno porteño le ordenó un relevamiento a la Facultad de Arquitectura, como consecuencia del cual se incorporaron 5.284 al listado de bienes protegidos en forma preventiva, y que ahora están a la espera de ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Pero el relevamiento para saber qué inmuebles tienen valor patrimonial aún no estaría concluido.

"Los procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para identificar y proteger los inmuebles cuyo valor histórico debe ser preservado no estarían concluidos y se encontrarían en curso de realización, de manera tal que no existiría aún un registro definitivo; y esta situación —cuya consecuencia es la falta de certeza sobre el conjunto de bienes a preservar— configura el peligro en la demora", argumentó el juez a la hora de darle lugar a la medida cautelar solicitada. El objetivo de su fallo es proteger los inmuebles antiguos hasta que se sancione una nueva ley que garantice un proceso de evaluación antes de demolerlos o modificarlos.