Con su declaración este jueves como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre tendrá que volver a bajar al barro y enfrentarse a quienes le acusan de haber amparado bajo el paraguas de la Administración autonómica a Francisco Correa, que llegó a facturar en apenas un lustro más de seis millones de euros por organizar los actos que ella protagonizaba.

Con Aguirre creció Alberto López Viejo como cerebro de las dos campañas electorales que, tamayazo mediante, auparon a la política madrileña a la Presidencia del Gobierno regional, donde le encomendó primero la Viceconsejería de Presidencia, con mando en plaza en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y después la propagandística Consejería de Deportes, en los tiempos en los que Madrid todavía soñaba con ser olímpica.

La jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha dicho en varias ocasiones que se sintió “traicionada” por la actuación de López Viejo, el único cargo que ella reconoce que le salió rana junto al presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, de entre la treintena larga de responsables del PP madrileño que hoy continúan imputados por los tribunales.

Aunque al principio del juicio amagó con apuntar por elevación para señalar al responsable de contratar a Correa, el único dardo que 'El Toyota', en acepción de la directiva de la Gürtel Isabel Jordán, lanzó durante su declaración a su antigua jefa fue decir que las empresas de Correa facturaron a la Comunidad de Madrid el mismo dinero que se dilapidó en la presentación del “fallido” proyecto de la Ciudad de la Justicia: seis millones de euros.

En el juicio se analizan seis expedientes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó a Correa, por un importe de 1,14 millones de euros, y 657 contratos menores, por valor de 5,33 millones, que “las Consejerías” -siempre las Consejerías de la Administración autonómica, como se encargó de repetir machaconamente López Viejo durante su declaración- concedieron a las empresas de la red corrupta entre los años 2004 y 2008. Según la investigación, todos esos contratos se fraccionaron y se adjudicaron a dedo para sortear las obligaciones de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.

López Viejo aseguró que los contratos se otorgaban en una reunión a la que solían acudir Mercedes Rojo, la persona que llevaba la agenda de la presidenta y que fue condenada a año y medio de cárcel por el escándalo de las tarjetas black; Edelmiro Galván, asesor de Granados; y miembros de los gabinetes de Medios de Comunicación y Protocolo.

La lideresa madrileña también tendrá que explicar qué era “el kit de la presidenta”, un dispositivo de atril, carteles, iluminación y megafonía que la Gürtel ideó para que Aguirre pudiera celebrar actos públicos con poco margen de tiempo, en aquellos años locos en que intentaba erigirse en jefa de la oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero repitiendo sin descanso que éste “asfixiaba a Madrid”, mientras competía con el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en una carrera por suceder a Mariano Rajoy que acabó por demostrarse ficticia.

A este respecto, Isabel Jordán, la jefa de la Gürtel que despachaba con López Viejo, aseguró ante el tribunal que Aguirre “opinaba y muchas veces” sobre sus intervenciones públicas, que estaban concebidas, sobre todo, para que ella pudiera “lucirse”. “La presidenta no quería actos pequeñitos”, llegó a decir. Eso sí, a veces las facturas tardaban hasta tres años en pagarse porque “se perdían o no volvían de vuelta”. “Los políticos querían salir en la foto pero después no querían pagar”, dijo Jordán.

Más allá de los actos investigados, la expresidenta madrileña será preguntada por las “peleas internas” que, según Luis Bárcenas, ella y su número dos, Ignacio González, mantuvieron con el extesorero Álvaro Lapuerta, entre otras cosas por el caso del espionaje a políticos madrileños como Alfredo Prada o Manuel Cobo, que definió esa trama como “la Gestapillo” de la Comunidad de Madrid. “Las patadas que no le daban a Lapuerta me las intentaron dar a mí”, dijo Bárcenas durante el juicio.

Con el trasfondo de ese enfrentamiento se produjo la dimisión de Guillermo Ortega como alcalde de Majadahonda en 2005, que estuvo motivada, según el exconcejal y denunciante del caso Gürtel José Luis Peñas, porque éste “iba recortando la financiación para el partido y se lo quedaba él”. Esa versión coincide con una grabación incorporada al caso Púnica en la que el abogado, asesor urbanista y director general ejecutivo de la promotora Dico, Raúl Calvo, le aseguraba al exconcejal Juan José Moreno, íntimo amigo de Peñas, que Ortega estaba “cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluyera hacia estancias superiores del partido”.

Ortega, por su parte, declaró que Aguirre y Granados le forzaron a dimitir por su intención de adjudicar dos parcelas a Martinsa, empresa con la que intermediaba Correa, y la concesión a sus empresas de la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda. “A mí me echan por corrupto pero me dan una patada para arriba como gerente del Mercado Puerta de Toledo”, llegó a declarar ‘El Rata’ durante la vista oral. Las famosas parcelas, que llevaron a Correa a decir que fue él quien en realidad destapó la trama Gürtel, se adjudicaron finalmente a la empresa Sacyr, cuyo antiguo presidente, Luis del Rivero, vuelve a estar imputado tras la reapertura de la causa en la que se investiga la caja B del PP nacional.

Peñas también cuestionó la financiación de los populares madrileños, que está bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en una pieza separada del caso Púnica que permanece secreta. A diferencia del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, ‘el Albondiguilla’, que apuntó directamente a Granados como el recaudador de la formación, Peñas señaló que los alcaldes llevaban el dinero a Génova pero no llegó a concretar a quién. “Ortega era importante y sabía moverse allí. Llevar a Génova (el dinero) es una expresión. No sería llevar el dinero en un maletín o una caja de zapatos, se podía pagar un mitin de final de campaña. Aunque Correa llevaba el dinero en cash”, explicó.

A buen seguro las acusaciones personadas en el juicio también preguntarán a Esperanza Aguirre si alguna vez recibió algún regalo de Francisco Correa o sus empresas. Según López Viejo, sí. Ella fue una de las 69 personas de la Comunidad de Madrid, incluida María Dolores de Cospedal, entonces consejera de Transportes, que recibió por navidad dos obsequios de Easy Concept: un bono para ir al spa y un albornoz verde pistacho. O verde rana.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista.