El Gobierno ya piensa en las legislativas del año próximo. Mauricio Macri quiere contar sí o sí en 2017 con el sistema de boleta única electrónica, una promesa que repitió varias veces durante la campaña. La decisión del jefe de Estado fue más firme que los consejos de algunos operadores oficialistas que le aconsejaban dilatar la discusión en el Congreso para explotar más y mejor los beneficios del aparato estatal, pero Macri ya decidió.

Apenas consigan la media sanción de la ley de acceso a la información pública en Diputados –el oficialismo pretende que sea mañana–, las espadas legislativas del Gobierno empujarán la reforma electoral. Para satisfacer el deseo presidencial, el oficialismo abandonó su proyecto más ambicioso, que incluía discutir dos temas sensibles que podían trabar la ley, como la financiación de los partidos políticos y la creación de un órgano electoral autárquico. Quedarán para más adelante.

La implementación del uso de la tecnología requiere varios meses de capacitación para el electorado y las autoridades de los comicios, que no podría empezar más allá de marzo. Por esa razón, en la Casa Rosada abandonaron la idea de replicar un debate federal y largo en cada provincia como hiciera el kirchnerismo con la ley de medios. Deberían sancionar la ley en octubre, a más tardar.

En campaña, Macri utilizó la propuesta de boleta única electrónica –que debutó en la Ciudad en 2015, luego de experiencias en Salta y Córdoba– como su principal argumento, cada vez que hubo acusaciones cruzadas por fraude, que se repitieron en Tucumán, Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

El secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, Adrián Pérez, recogió el pedido del Presidente y del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y tras reuniones con ONG como Cippec y Poder Ciudadano y ministros provinciales, ya tiene listo el borrador. La instrumentación del nuevo sistema no es el único cambio que contempla el proyecto. Incorpora la figura de los fiscales informáticos partidarios. Los partidos seguirán teniendo la responsabilidad de fiscalizar las elecciones, pero el sistema garantiza la presencia de todas las boletas en todas las mesas. “Debe ser una ley de consenso”, señaló Pérez a Clarín.

Con el recuerdo de la última campaña presidencial todavía fresco, el proyecto quiere saldar dos puntos sensibles de esa experiencia. Por un lado pretende incluir la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera y segunda vuelta, una iniciativa que habían empujado varios legisladores del nuevo oficialismo y de la oposición. Una ley aparte buscará además regular las transiciones de traspaso de gobiernos, para evitar escenarios como el del kirchnerismo al dejar el poder. Limitarían nombramientos de última hora y obligarían al Ejecutivo saliente a mostrar documentación y balances.

El proyecto además modifica la Ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y permite al elector votar en las internas de diferentes partidos en las distintas categorías. El sistema de boleta única además elimina las listas colectoras. El proyecto también prohíbe candidaturas simultáneas a nivel nacional y provincial. Si bien la financiación de los partidos quedará para más adelante, el proyecto contempla el aumento del cuerpo de auditores de gastos partidarios, que pasará de 7 a 25 miembros. Se establece además la unificación de criterios para denuncias delitos y faltas, para que los procedimientos sigan una sola dirección; ya sea en la Justicia civil o penal.

Por ahora, en el oficialismo persisten varias dudas respecto a la adquisición de las urnas electrónicas, una inversión multimillonaria. “¿El Estado nacional comprará las máquinas con pantalla táctil para imprimir las boletas? ¿Las desarrollará o las alquilará? ¿La empresa proveedora debe ser argentina?

Las respuestas a esa pregunta restringen el número de oferentes. La argentina MSA ya se quedó con el negocio en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires, y patentó su sistema de impresión con código de barras. Entre las extranjeras, se cuentan Smartmatic y la española INDRA, que desarrolló las lectoras de la SUBE.