La muerte de tres ciudadanos mexicanos a manos de la policía de EE UU en menos de un mes ha puesto en alerta al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El patrón repetido en los tres sucesos, el uso drástico de las armas de fuego por parte de los agentes en plena calle y en circunstancias aún por esclarecer, llevó a los servicios consulares mexicanos a dirigirse la semana pasada directamente a las cúpulas policiales de los tres Estados donde sucedieron los hechos. Pero la reacción más enérgica ha llegado desde la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), que mediante un comunicado publicado este lunes ha exigido al Departamento de Justicia de EE UU una investigación exhaustiva para que “se deslinde la debida responsabilidad penal o civil que haya lugar”.

La nota incide en que las muertes de Ernesto Javier Canepa Díaz, Antonio Zambrano Montes y Rubén Villalpando, tres ciudadanos mexicanos, son “una muestra reiterada de un uso de la fuerza letal de modo desproporcionado que no puede verse como tres casos aislados”, a la vez que tiende la mano a la justicia estadounidense: "En estos tres lamentables casos, el Gobierno de México hará uso de todos los recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas, con el fin de que tengan pleno acceso a la justicia de conformidad con las leyes aplicables".

Pese a la buena sintonía que mantiene el Ejecutivo mexicano con la Administración Obama, la relación diplomática entre ambos países está tradicionalmente marcada por una tensión latente, condicionada en gran medida por los 3.000 kilómetros de frontera que los separan, uno de los canales de flujos migratorios, comerciales y de trasiego de droga más grandes del mundo. La última escaramuza diplomática se vivió el verano pasado a raíz del aumento de niños migrantes que cruzaban la frontera. La decisión del gobernador republicano de Texas, Rick Perry, de desplegar a la Guardia Nacional, una milicia estatal, a largo de la frontera fue tachada de populista por los mexicanos.

Una de las muertes recientes se produjo precisamente en Texas, el Estado con mayor presencia de inmigración mexicana junto con California. Rubén García Villalpando, de 31 años de edad y oriundo de Durango, fue abatido a tiros por un policía local de Grapevine, en el condado de Tarrant, el 16 del pasado febrero. En este caso, la Cancillería además de condenar la actuación policial, denuncia en su nota que las autoridades mexicanas tuvieron conocimiento de los hechos cuatro días después del haber sucedido y solo después de que la viuda del fallecido acudiera a las dependencias consulares.

El propio cónsul general de México en Dallas, José Octavio Tripp Villanueva, envió la semana pasada una carta de queja al fiscal del distrito texano en la que le solicita además que se haga una investigación exhaustiva. La misma respuesta consular obtuvo el último de los sucesos, la muerte a tiros de Ernesto Javier Canepa Díaz, de 27 años, por parte del oficiales del departamento de Policía de Santa Ana, California, el 27 de febrero.

Los incidentes han provocado también las protestas de las organizaciones civiles que defienden los derechos de las migrantes latinoamericanos en EE UU. Los más de 40 millones de extranjeros que viven en el país, incluidos los indocumentados, suponen el 13% de la población. Más del 50% de ese total proceden de América Latina, siendo México el primer país de origen.

La cancillería se suma en su nota "al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil que señalan la urgente necesidad de avanzar en la revisión de las políticas y prácticas de uso de la fuerza". El debate sobre las actuaciones de la policía de EE UU ha ganado mucha atención desde la muerte el pasado agosto de Michael Brown, un joven negro desarmado, por disparos de un policía blanco, y que desencadenó una enérgica reacción de protesta e indignación en la comunidad negra. La comisión de expertos creada en diciembre por el presidente Barack Obama publicó el lunes sus recomendaciones que incluyen cambios profundos en la estructura policial como una mayor supervisión y políticas de acercamiento entre la población afroamericana y la policía.

Los hechos del primer suceso, el pasado 10 de febrero, fueron recogidos en un vídeo grabado con un móvil por un testigo. Las imágenes muestran a Antonio Zambrano Montes cruzando al trote una calle y siendo perseguido por tres policías de Pasco, un municipio al sureste del estado de Washington. Una vez en la acera, se da la vuelta con los brazos en alto frente a los policías, que responden abriendo fuego sobre la víctima que cae abatida al suelo. La versión policial es que Zambrano, un trabajador del campo de 35 años que vivía en Pasco desde hacía más de una década, había atacado previamente a los agentes con piedras, hiriendo a dos de ellos. Los resultados de la autopsia llevada a cabo por el abogado de la viuda de Zambrano constatan que recibió siete disparos y al menos dos de las heridas entraron por la espalda.