MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales y familiares de desaparecidos recriminaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por adelgazar las estadísticas de las personas desaparecidas en el país, así como por la incapacidad oficial para localizar a las víctimas y sancionar a los responsables.

En conferencia de prensa en la que se anunciaron las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el próximo sábado 30, los convocantes alertaron sobre el incremento de este fenómeno, resultado de, subrayaron, la ausencia de una “política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las responsables”.

Ximena Antillón de Fundar, Centro Análisis e Investigación, se refirió a los registros imprecisos del gobierno federal dados a conocer el pasado 21 de agosto, los cuales, dijo, hablan de un incremento de casi 80% de las desapariciones en los dos últimos años con respecto a todo el sexenio de Felipe Calderón.

Al señalar que hasta ahora los esfuerzos por localizar a los desaparecidos han sido “insuficientes”, Antillón resaltó que tomando en cuenta que los datos oficiales durante el sexenio pasado se registraron 12 mil 532 víctimas y en el de Peña Nieto 9 mil 790, “una simple regla de tres refleja que la proporción es de 78% , lo que habla de un aumento de personas desaparecidas”.

Antillón cuestionó que la Procuraduría General de la República (PGR) no incluya en sus listas a desaparecidos de la “guerra sucia” y que no precise cómo fueron localizadas las personas más 16 mil personas que se reportaron desaparecidas durante el gobierno de Felipe Calderón ni en qué situación se encuentran sus averiguaciones previas. Tampoco, prosiguió, se hace la distinción del tipo de desaparición, forzada o atribuida a la delincuencia organizada.

Estas cifras contrastan con la información que el gobierno de Peña Nieto envió al Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones Forzadas en marzo de 2014, de la existencia de 291 averiguaciones previas por desaparición forzada abiertas de 2006 a 2013, así como la emisión de seis sentencias, una de ellas por hechos ocurridos durante los años setenta.

Nadín Reyes, del comité Hasta Encontrarlos, resaltó que en la lista oficial de desaparecidos han sido omitidos los nombres de activistas y defensores de derechos humanos desparecidos.

“Durante el sexenio de Calderón fueron desaparecidos 53 defensores y activistas y con Enrique Peña Nieto van 29, lo que habla de que el fenómeno de la desaparición forzada en lugar de disminuir va incrementándose”, apuntó.

Hija de Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido junto con Gabriel Cruz Sánchez en mayo de 2007, la defensora criticó que con la presentación de cifras, el gobierno federal esté “aparente voluntad política pero la verdad es que nosotros no conocemos ningún caso de defensores o activistas que hayan sido localizados, por lo que no sabemos quiénes son esas personas que dice el gobierno que han sido encontradas”.

La defensora destacó la falta de una legislación que tipifique conforme a estándares internacionales la desaparición forzada.

Guadalupe Fernández representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, destacó que en los registros de ambas organizaciones hay 374 y 104 personas que hasta ahora no han sido localizadas.

Madre de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en 2009, Guadalupe criticó la forma en que el gobierno de Peña Nieto está depurando las cifras: “Sin ninguna sensibilidad, funcionarios del gobierno llamaron para preguntar por José Antonio y si ya lo habíamos encontrado, como si se tratara de un animalito que se perdió, y dijeron que si no lo habíamos localizado lo iban a subir a la red, o sea que ya lo habían considerado como localizado”.

Carlos Moreno, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, agregó que de los 280 casos de desaparecidos registrados por su organización ninguno ha sido encontrado, y calificó como “un montaje” las supuestas estrategias de los gobiernos estatales y federal para la localización de personas.

Padre de Carlos Israel Moreno Pérez, el activista aseguró que “la regla para tratar casos de desapariciones de personas, no localizadas o ausentes, es que el Estado no investiga adecuadamente y todas aquellas personas que tenemos un desaparecido nos enfrentamos a la revictimización”.

Moreno explicó que la Unidad de Búsqueda de la PGR, se limita a elaborar 32 oficios para preguntar a las procuradurías locales datos sobre algún desaparecido y envía el perfil de ADN para que lo compare con cuerpos de personas desconocidas, pero “resulta que no todos los estados tienen bancos de datos ni laboratorios para hacer las pruebas de ADN, no hay capacidad para investigación y cuando solicitamos apoyo de la Policía Federal nos contestan que no hay dinero para emprender la búsqueda de nuestros familiares, así que estamos en un estado de vulnerabilidad constantemente”.

Denisse González Núñez, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, apuntó que “el hilo conductor entre las desapariciones de los años sesenta, setenta y ochenta, con los del sexenio pasado y lo que va de éste es la impunidad, la falta de búsqueda y sanción a responsables”.

Al resaltar que el Centro Prodh litiga cinco casos de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la “guerra sucia”, González Núñez informó que el 30 de agosto, Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas se realizarán movilizaciones “para mantener vigente la exigencia de búsqueda y el derecho a la verdad “, en Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Baja California, Sonora y el Distrito Federal, así como en Guatemala, El Salvador, República Dominicana y en Texas, Estados Unidos.

Las demandas de organizaciones defensoras de derechos humanos ante esta situación son la creación de mecanismos de Búsqueda Trasnacional y de Investigación; la aprobación de una Ley General contra las Desapariciones; aceptar la Competencia contra las Desapariciones Forzadas para recibir peticiones individuales y garantizar el derecho a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares tanto de desapariciones forzadas ocurridas en la llamada “guerra sucia” y las actuales.

A las exigencias se suman las 74 organizaciones que integran la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como la Fundación Diego Lucero; Comité 68, Mexicanos en el Exilio, Justicia para Nuestras Hijas, Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a Derechos Humanos, Taller de Desarrollo Comunitario, Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, entre otras.