Un particular argumento se escuchó en los Tribunales de Puerto Madryn, el día lunes por la mañana, cuando tuvo lugar la audiencia de control de detención y apertura de investigación de un sujeto que, el pasado fin de semana, impactó su vehículo contra la casa de su ex pareja; ello, habida cuenta de que pesaba sobre él una medida de prohibición de acercamiento, fundamentada en una denuncia previa por violencia de género.

El hombre, de unos 36 años, fue detenido tras impactar su camioneta e intentar escapar, quedando en prisión preventiva, imputado de varios cargos penales.

Durante la audiencia, la defensa del acusado, identificado como Sergio Sharipoff, fundamentó que la mujer que lo había denunciado tiempo atrás por violencia de género, le había provocado un estado de ánimo “preocupante”, que habría llevado al sujeto a tomar la determinación de arremeter, con su vehículo, contra la vivienda de quien nuevamente se convertiría en víctima, a ojos de la Fiscalía.

Finalmente, el juez de la causa, Daniel Yangüela, dispuso la continuidad de la prisión preventiva por el término de cinco días, al tiempo que el Juzgado de Familia investigará los hechos y seguirá la causa.

Prohibición de acercamiento y agresión

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en el Barrio Comercio 1 de Puerto Madryn; la mujer denunció que su ex pareja, Sharipoff, había provocado la destrucción parcial del frente de la vivienda al chocarla con su camioneta Chevrolet Blazer. El conductor intentó huir, pero fue aprehendido por personal policial de la Comisaría Segunda y quedó finalmente detenido.

Por su parte, la fiscal del caso, Mabel Covi, lo imputó de “daño (en cantidad de dos hechos), violación de domicilio, amenazas simples y agravadas, y desobediencia (en cantidad de tres hechos)”, todos ellos “agravados por violencia familiar y violencia de género, en concurso real en carácter de autor en el marco de violencia familiar y violencia de género”; además, solicitó la continuidad de la presión preventiva en base al peligro de entorpecimiento de la investigación.

Responsabilizan a la mujer

Sin embargo, la defensa pública, a cargo de Angélica Leyba, se opuso a la prisión preventiva y sostuvo que era “desproporcionada en relación a los delitos”, agregando que “estamos en una situación netamente familiar”, un argumento que generó algunos resquemores en la sala, teniendo en cuenta la liviandad con la que se entendió el comportamiento del sujeto, sobre el cual pesaba una restricción de acercamiento, en virtud de muchos casos similares en los que individuos denunciados por violencia de género no respetan las medidas restrictivas, y los desenlaces suelen ser cuanto menos, trágicos.

La defensora pidió, consecuentemente, el beneficio del “arresto domiciliario” y argumentó que fue la mujer quien le generó un estado de ánimo “preocupante” a su patrocinado; finalmente, en la audiencia desarrollada en Tribunales, el juez penal Daniel Yangüela dispuso la apertura de investigación y la continuidad de la prisión preventiva por el término de cinco días, así como ordenó dar “inmediata intervención al Juzgado de Familia”.

Domiciliaria, un beneficio “cuestionado”

A mediados de este mes, se conoció que en Puerto Madryn, unas 30 personas gozan del arresto domiciliario, un “beneficio” otorgado a algunos de los individuos que cometieron determinados delitos, en cuyo marco deben ser controlados, cada una determinada cantidad de horas, por efectivos policiales.

La lupa fue puesta por la sociedad en la “prisión domiciliaria”, luego de que se conociera que uno de los tres detenidos, sindicado como uno de los presuntos autores del homicidio de Eliberto Santos Ramos, ocurrido el pasado 9 de junio, gozaba de arresto domiciliario y que, al momento de aparentemente cometer el delito, debía encontrarse dentro de su vivienda.