Los alcaldes socialistas echan un cable al presidente de Murcia (PP)

La Crónica | 24/12/2016

La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) ha aprobado un código ético interno con normas a la hora de proceder en el caso de que alguno de ellos u otros cargos públicos se vean inmersos en un procedimiento judicial por supuestos delitos de corrupción. Y, contra lo que cabía esperar en un órgano en el que el PSOE tiene la mayoría, lo aprobado no va en la línea de lo que defienden los partidos que exigen que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, dimita en el supuesto de que el TSJ lo investigue por el caso Auditorio, como ha pedido oficialmente una juez de Lorca. Es decir, Los alcaldes de la Región, sobre todo los socialistas, le han hecho un favor al jefe del Ejecutivo murciano, del PP.

Los alcaldes socialistas han puesto en un brete a la ejecutiva regional de su partido al aprobar en la Federación de Municipios de la Región de Murcia, donde son mayoría, un código de buen gobierno que establece la dimisión de los cargos públicos imputados por supuestos delitos de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral, y no antes.

La dirección regional del PSOE, en cambio, con su secretario general a la cabeza, Rafael González Tovar, ha pedido con reiteración la dimisión de los cargos públicos del PP en el momento en que son imputados, sin esperar a la apertura del juicio oral.

El artículo 16

El llamado Código de Buen Gobierno de la Federación de Municipios señala textualmente en su artículo 16 que “los cargos públicos locales encausados penalmente asumirán la obligatoriedad del cese en su puesto por delito ligado a la corrupción, violencia de género, acoso o discriminación contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como los delitos graves, como los derivados de cualquier forma de terrorismo, su entorno y exaltación, en el momento de la apertura del juicio oral”.

Esto va contra el acuerdo que Partido Popular y Ciudadanos firmaron en junio de 2015 para la investidura de Pedro Antonio Sánchez, que establece en su primer punto la obligatoriedad de dimitir para cada cargo público u orgánico que sea imputado por la Justicia por un asunto de corrupción política.

Los alcaldes de la Región intentan además establecer una clarificación de los diferentes conceptos jurídicos introducidos con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eliminó el término imputado. Recuerda la Federación de Municipios que, según la nueva normativa, “el vocablo imputado se sustituye por otros dos más adecuados, como son investigado y encausado”. La propia ley define también el significado y el alcance de cada uno de ellos. “Investigado servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito”, mientras que “encausado designará a aquel a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo”, establece ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde principios de este año, según informa La Opinión.

Por tanto, aplicando rigurosamente los preceptos de la normativa estatal, la imputación de un político se produce “cuando alguien es encausado, lo que coincide con la apertura del juicio oral, y no durante la fase de instrucción del proceso penal”, que es en la que estarían los cargos públicos que fueran investigados.

El presidente de la Federación, el socialista Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí, explica que el precepto trata de conjugar la regeneración política que implica la renuncia de los cargos imputados que vayan a juicio oral con el respeto de la presunción de inocencia de aquellos que solo estén en situación de investigados.

Contradicción

Sobre la contradicción existente entre esta postura y la que sostiene la dirección regional del PSOE, Hernández comenta: “Nosotros, los alcaldes, lo tenemos claro, pero si el partido pide la dimisión en otras circunstancias será porque tendrá en cuenta otros elementos o porque considere que moralmente hay unos delitos más graves que otros para un cargo público”.

El alcalde de Lorquí recalca que el código de la Federación de Municipios es aplicable a alcaldes y concejales. La argumentación en la que se basa, sin embargo, sirve también para otros casos de cargos públicos investigados o imputados.

Los alcaldes van más allá y, en el texto aprobado, dejan claro que, con la Constitución en la mano, la línea roja estaría todavía más allá de la apertura del juicio oral. “Si queremos una aplicación rigurosa del principio constitucional de presunción de inocencia, lo único que debería tener consecuencia para el afectado sería una sentencia firme condenatoria, y ni la situación de investigado ni la de encausado habrían de determinar el cese del implicado”, reza el mencionado artículo 16 del Código de Buen Gobierno de la FMRM. No obstante, entienden los regidores en el citado documento que, por la regeneración democrática, “se podría determinar llegar a que un encausado por pesar sobre él indicios racionales de culpabilidad, no debería permanecer en un cargo público”.

La Federación de Municipios cuenta con mayoría socialista, ya que el PSOE controla 27 de los 45 ayuntamientos (28 hasta hace unos días, cuando perdió Blanca).