El auto del juez

Denuncian falta de datos sobre la toxicidad del incendio en Chiloeches

ROBERTO MANGAS

Guadalajara

Ya hay nombres y caras de los responsables de una de las tres mayores tragedias medioambientales de Castilla La Mancha en poco más de una década: el incendio de una nave de reciclaje en Chiloeches (Guadalajara) el pasado 26 de agosto. Un total de 19 personas contaron con el apoyo y la protección de altos cargos de los Gobiernos regionales de Barreda, Cospedal y García Page, así como el del ex alcalde de Chiloeches, para "organizar una trama criminal destinada a la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos".

Según el contundente auto dictado este miércoles 30 de noviembre por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el incendio que asoló una planta de reciclaje de productos tóxicos el pasado 26 de agosto y provocó incluso la activación del Plan de Emergencia de Castilla La Mancha, fue obra de 19 imputados, ahora investigados, y tres empresas: Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina. Todos se habrían puesto de acuerdo para ocultar la salida de productos tóxicos sin tratar desde la planta de Chiloeches con destino a vertederos de residuos no tóxicos, a pesar de cobrar por la gestión de esos residuos a las empresas que les encargaban su gestión.

Por este motivo, el juez en un durísimo auto de relato de hechos de 29 folios, imputa los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público a los responsables y algunos de los trabajadores de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina; y el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Prevaricación medioambiental) al ex alcalde de Chiloeches, César Urrea (PP); al ex viceconcejero de Medio Ambiente de la Junta con García Page, Sergio David González Egido (PSOE); y a varios ex directores generales y altos cargos de la Junta en los mandatos de Barreda, Cospedal y Page, como los directores generales de Evaluación Ambiental o de Calidad e Impacto Ambiental, así como varios jefes de servicio.

Según el auto judicial, estos altos cargos eran conocedores de la situación de ilegalidad que rodeaba la licencia de la planta de gestión de residuos de Chiloeches y a pesar de ello no hicieron nada por decretar su cierre. Es más, el juez acusa al ex alcalde de Chiloeches,César Urrea, de haber prohibido a sus funcionarios investigar la situación de ilegalidad de la planta cuando el arquitecto municipal pidió hacer un informe. "Al requerir el entonces concejal de urbanismo un informe al arquitecto municipal para conocer la situación de la empresa, el investigado habría ordenado presuntamente que dicho informe no se realizara y habría impedido que ningún responsable del consistorio actuara contra dicha empresa", llega a decir el juez.

El magistrado añade que el ex alcalde había declarado que apenas tenía relación con el responsable de Kuk Medio Ambiente, F.F.G., y sin embargo, en el transcurso de la investigación, han mantenido frecuentes conversaciones telefónicas y entrevistas personales, destacando en las llamadas la extremada cautela a la hora de hablar".

De Sergio David González Egido, viceconsejero de la Junta con García Page, el juez señala que "habría otorgado presuntamente a Kuk Medio Ambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de la gestión, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción". Es más, llega a decir que este viceconsejero llegó a participar "en las gestiones para el arrendamiento de la nave".

Se da la circunstancia que González Egido ya fue en su día procesado por su gestión como delegado de Medio Ambiente durante las labores de extinción del incendio de La Riba de Saelices (Guadalajara), en el que murieron 11 miembros del retén de Cogolludo.

Además de estos dos políticos, se encuentran investigados los que fueran directores generales de Evaluación Ambiental en los Gobiernos de Barreda, Cospedal y García Page y varios jefes de Servicio.

50.000 toneladas de residuos tóxicos

También el juez llega a imputar incluso al empleado de la báscula en la que se pesaban los camiones que cargaban residuos peligrosos haciéndolos pasar por no tóxicos. En total, según el auto judicial, se habrían podido deshacer de forma irregular de hasta 50.000 toneladas de residuos tóxicos. Todos los investigados podrían ingresar en prisión de ser condenados, a la vista de los delitos imputados por el juez.

En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches, en la actualidad regido por Ahora Chiloeches (Podemos) y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, estos 19 investigados y las tres personas jurídicas, prestarán declaración entre los días 20 de diciembre de 2016 y 21 de febrero de 2017. A ellos se sumarán, de momento, un total de 22 testigos.

El incendio en esta planta de residuos tuvo lugar en la madrugada del 26 de agosto de 2016, lo que provocó una intensa nube negra visible a 50 kilómetros de distancia que obligó a confinar en sus domicilios a cientos de vecinos de la comarca. Además, al estar situada la nave en un barranco por el que discurre un arroyo que desemboca en el río Henares, se tuvo que construir en cuestión de horas una balsa para retener el vertido de residuos tóxicos líquidos al lecho del río. En las labores de extinción y control de los vertidos trabajaron decenas de efectivos, entre bomberos, militares de la UME, Guardia Civil, Protección Civil, etc. Aún hoy, tres meses después de la tragedia ambiental, son visibles los restos del incendio y de la balsa de contención, completamente saturada de componentes tóxicos aún sin retirar.

Se da la circunstancia de que el juzgado instructor es el mismo que tramita el procedimiento por el cuádruple asesinato de una familia brasileña en Pioz, por lo que ya se ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que se proceda a dotarlo de refuerzos humanos.