LUCÍA MÉNDEZ

Madrid

@LuciaMendezEM

Las terceras elecciones han pasado de ser una posibilidad remota a suponer un escenario verosímil. En respuesta a ello, Moncloa ha recabado informes para poder realizar una modificación de la Ley Electoral que permita adelantar los comicios y evitar que se vote el 25 de diciembre. Será una reforma exprés y requerirá el consenso de todos los grupos.

El miércoles 31 de agosto empezó a correr el plazo de dos meses para que el Rey disuelva las Cortes y convoque elecciones, si antes no hay un acuerdo político para investir presidente del Gobierno. De acuerdo con la Ley Electoral vigente, los terceros comicios generales en un año vendrían a celebrarse el domingo 25 de diciembre, día de Navidad. Mariano Rajoy, que fijó la fecha de su sesión de investidura, ha confesado a sus colaboradores que estaba convencido de que el PSOE evolucionaría hacia la abstención ante la disparatada posibilidad de convertir el 25 de diciembre en un 25-D. Las circunstancias, sin embargo, no se han adecuado a los planes de Rajoy. Y el ya ex candidato a la investidura, como todos los partidos, ha empezado a pensar en las terceras elecciones como un escenario más verosímil. Así lo indican las declaraciones de Mariano Rajoy a los periodistas durante su viaje a China para participar en el G-20.

Por ello, según ha podido saber este diario, Mariano Rajoy dispone ya de informes jurídicos elaborados por las instancias correspondientes del Gobierno -Presidencia y el Ministerio del Interior, que son los encargados de gestionar los procesos electorales- para preparar la contingencia de una reforma de la Ley Electoral de Régimen General (Loreg) con el fin de evitar las elecciones el día de Navidad. La solución legal de emergencia, ideada por el letrado del Congreso Enrique Arnaldo y publicada por El Español el 20 de agosto, consiste en una reforma de la Loreg para reducir en una semana la duración de la campaña electoral y el plazo de 54 días desde que se convocan las elecciones hasta su celebración. Con este cambio en la ley, las elecciones podrían convocarse el 18 de diciembre. Dado que el Ejecutivo en funciones no tiene capacidad legislativa, el cambio habrá de ser fruto de una iniciativa de los grupos parlamentarios del Congreso.

Al mismo tiempo que Mariano Rajoy daba instrucciones al Gobierno para tener prevista esta posibilidad, los grupos políticos del Congreso empezaban sus contactos informales con el fin de tratar sobre plazos y procedimientos para la reforma de la Loreg. Las fuentes parlamentarias consultadas adelantan que existe un acuerdo tácito para no votar en Navidad, por lo que lo más lógico es que los grupos presenten de forma conjunta una proposición de ley que se tramite por un procedimiento ultrarrápido, de tal forma que pueda estar aprobada por el Congreso y el Senado antes del 31 de octubre, fecha de la disolución automática de las Cortes. Si la propuesta se tramitara con el acuerdo de todos los grupos, señalan estas fuentes, la reforma podría estar aprobada en 20 días por el Congreso y el Senado. Un trámite tan acelerado como el que pactaron PP y PSOE en agosto de 2011 para reformar el artículo 135 de la Constitución en cumplimiento del mandato de la Troika.

El contenido final se acordará tras las gallegas y vascas y se registrará en octubre

Según los cálculos del Gobierno y de los grupos parlamentarios, el contenido de la proposición de ley debería acordarse en la semana posterior a las elecciones vascas y gallegas. En esos días ya habrá señales a propósito de si es posible un acuerdo para elegir presidente, o no. La iniciativa tendría que presentarse en el registro en la primera semana de octubre, ya que de lo contrario no daría tiempo a tramitarla antes de la disolución.

El Gobierno ya anunció a través de la vicepresidenta que no obstaculizaría la propuesta. De acuerdo con el procedimiento legislativo, las proposiciones de ley presentadas por los grupos han de ser remitidas al Gobierno «para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». El Ejecutivo dispone de un mes de plazo para remitir su respuesta al Congreso. Las fuentes gubernamentales consultadas señalan que el Gobierno podría informar favorablemente sobre la propuesta en 24 o 48 horas para acelerar al máximo los plazos.

Algunos catedráticos sostienen que el Gobierno en funciones no puede informar sobre proposiciones de ley. Sin embargo, los informes de los servicios jurídicos del Estado -y otros expertos- ya han adelantado que durante la pasada legislatura frustrada la Mesa del Congreso envió proposiciones de ley al Gobierno para que informara sobre ellas, con lo cual este presunto impedimento jurídico no existe. Y el cambio legal tampoco conlleva modificaciones presupuestarias.

Otra cosa distinta es el riesgo que comporta la reforma, ya que podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional si alguna formación política considera perjudicados sus derechos por la reducción de los plazos electorales. Por ello resulta necesario el consenso de todos los grupos y, según fuentes parlamentarias, «mucha prudencia para que la reforma sea precisa en términos jurídicos y toque poco, lo imprescindible para acortar el plazo de la campaña».

Una de las incógnitas es si la reforma legal afectará sólo a las convocatorias electorales extraordinarias reguladas por el artículo 99.5, para el caso que ahora nos ocupa de investidura fallida, o bien se extenderá a las elecciones convocadas por los presidentes en plenitud de sus funciones y en legislaturas normales. Según ha podido saber este diario, los informes jurídicos del Ejecutivo contemplan que la reforma legal afecte sólo a cuando el Rey se vea obligado a disolver las Cámaras por ausencia de un candidato capaz de lograr la confianza del Congreso.