El bloque soberanista celebra el resultado de la votación con los sillones vacíos de la oposición. Foto: Albert Garcia

El independentismo catalán consumó este miércoles su desafío y el Parlament aprobó la ley que servirá para convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre en medio de una bronca política sin precedentes. Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría y desoyeron todas las advertencias que hicieron los letrados de la Cámara sobre las consecuencias penales que podría acarrear la aprobación, a la vista de los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional, que con toda probabilidad suspenderá este jueves la ley.

Carles Puigdemont también firmó el decreto de convocatoria del referéndum apenas dos horas después de la votación de la ley. También lo hicieron todos sus consejeros. Con este acto buscaban convocar formalmente la votación del 1 de octubre antes de que el Tribunal Constitucional suspenda, previsiblemente este jueves, la ley del referéndum. También querían demostrar el compromiso de todo su Gobierno con la consulta. Tras la firma, y después de la medianoche, Puigdemont pronunció un discurso junto a sus consejeros para reafirmarse en sus posiciones. "Cataluña decidirá democráticamente su futuro el día 1 de octubre", dijo. "Nadie tiene la autoridad ni el poder para confiscarnos el derecho a decidir. No dejaremos que nos desahucien de la democracia", concluyó entre aplausos de altos cargos y diputados presentes en la sala.

La mayoría independentista de la cámara, siempre con el rechazo más absoluto de la oposición, aprovechó las últimas horas de la noche e incluso la madrugada para llevar adelante otros trámites vinculados con el referéndum. Aprobó, e incluso nombró, los miembros de la Sindicatura Electoral, una suerte de Junta Electoral Catalana. Y pasada la una de la madrugada la Mesa del Parlament también admitió a trámite la segunda ley de ruptura, la de Transitoriedad Jurídica, que diseña las estructuras de la Cataluña independiente. La oposición tildó de "carrera loca hacia ninguna parte" estas decisiones de Junts pel Sí y de la CUP.

El debate parlamentario para aprobar la ley del referéndum estaba convocado para las 10.00, pero no se inició hasta pasadas las 19.30, después de un reguero de interrupciones y suspensiones a la vista de las críticas de los cuatros grupos de la oposición. A las 21.33 se produjo finalmente la votación. Solo apoyaron la ley los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP. Los once diputados Catalunya Sí que es Pot, la marca en la que se integra Podemos en Cataluña, se abstuvieron y Ciudadanos, el Partit del Socialistes (PSC) y el Partido Popular abandonaron el pleno durante la votación para no dar cobertura a una “ilegalidad”. Después de la votación Ciudadanos anunció que impulsará una moción de censura, que difícilmente prosperará por la mayoría independentista existente en el Parlament.

El independentismo se había propuesto que el día no finalizara sin tener la ley aprobada y lo consiguió, porque el calendario no dejaba ningún margen al aplazamiento. Quedan apenas nueve días para que empiece la campaña electoral y 24 días para celebrar el referéndum. Carles Puigdemont y la mayoría independentista pretenden que el decreto de convocatoria se firme aprovechando las horas de vigencia que tendrá la ley antes del recurso que presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que comportará la suspensión de la ley.

Pese a la trascendencia de la ley que se sometió a discusión, el debate parlamentario se resolvió en poco más de una hora y media, utilizando una rendija del reglamento del Parlament y la interpretación particular que hizo la mayoría independentista de la Mesa de la Cámara, con su presidenta, Carme Forcadell, al frente. La tramitación de la ley por el canal habitual habría supuesto semanas de debates en comisión y ponencia antes de llegar al pleno y de ahí la estrategia de secretismo que ha empleado estos meses Junts pel Sí y la CUP.

Tal y como estaba previsto, la Mesa se reunió una hora antes de que se iniciara el pleno para admitir a trámite la ley del referéndum. Era el primer paso para modificar sobre la marcha el orden del día, en el que no estaba previsto ese punto. Cuando la presidenta del Parlament anunció el acuerdo de la Mesa de alterar los temas a discutir y que limitaba la actuación de la oposición y se garantizaba que se pasaría el rodillo independentista se desató la tormenta política.

Un debate sin garantías La fórmula elegida por el bloque independentista para aprobar la ley del referéndum pasaba por modificar el orden del día del pleno del Parlament y, usando su mayoría, obviar los trámites a los que tiene que someterse cualquier norma. Por ejemplo, que sea objeto de examen por parte del Consejo de Garantías Estatutarias. El tiempo para presentar enmiendas al texto se redujo a dos horas. La presidenta del Parlament Carme Forcadell se negó a que se leyeran documentos en la sesión, una prerrogativa que tienen los diputados y que solicitaron en varias ocasiones.

Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya sí que es Pot coincidieron en que se estaban vulnerando los derechos de los diputados porque apenas se les dio dos horas para presentar enmiendas, excluyendo el escenario de enmiendas a la totalidad, se les privó de pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias y se optó por un procedimiento de urgencia que evitaba la comparecencia de expertos, la creación de una ponencia y la redacción de un dictamen. Por ese motivo la oposición no participó en la votación para modificar el orden del día y sí lo hizo para oponerse a la limitación en los trámites de la ley. Tres diputados de Podemos se desmarcaron y se abstuvieron.

Los socialistas anunciaron la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y vieron cómo les daba la razón el Consejo de Garantías Estatutarias al reconocer que los diputados tenían derecho a reclamarles un informe. “Lo que están haciendo es una vergüenza”, dijo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien acusó a la mayoría parlamentaria de “petarse” el reglamento.

Junts pel Sí y la CUP esgrimieron que no les quedaba más remedio que optar por esa vía y culparon “al Estado español” de no dejarles otra salida, porque si hubieran optado por el trámite habitual el referéndum no se habría podido convocar con la ley vigente. “No nos ha quedado otro camino que este, es una ley para votar y con todas las garantías y hoy no acaba nada sino que empieza todo”, dijo el presidente de Junts pel Sí, Lluís Corominas.

“En una Cámara estatal no os habríais comportado así”, aseguró Anna Gabriel (CUP), quien aseguró que se trataba de “un debate de legitimidad, no de legalidad”, al tiempo que reclamó a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que asumieran su responsabilidad a partir de ahora y pusieran las urnas.

“España no es una prótesis que nos han impuesto a los catalanes, es nuestra casa y Cataluña se aleja más y más de sí misma con esta ley”, argumentó el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien arremetió también contra el Gobierno catalán por lo que calificó de “odio subvencionado contra España” y vaticinó que la ley no entrará en vigor y el referéndum no se celebrará.