En nuestro país estamos viviendo uno de los procesos de transformación institucional más importantes de nuestra historia moderna. Por primera vez en décadas, entre las principales fuerzas políticas hemos revisado y reorganizado a fondo nuestro sistema político, económico y social, a partir de 11 grandes reformas. Hemos adaptado la propia estructura del Estado para convertir a México en el país que todos queremos. Sin duda, lograrlo depende de que todos, sociedad y autoridades —de los tres poderes y de los distintos ámbitos de gobierno—, actuemos con profesionalismo, integridad y honradez.

En 2014 el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional nos ubicó en el lugar 103 de 175 naciones. Si bien es cierto que en todos los países del mundo se percibe corrupción, es inaceptable que México tenga una evaluación tan baja.

Por ello, hoy promulgaré la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Se trata de un cambio de gran relevancia, producto de un ejercicio inédito de discusión y construcción de acuerdos, en el que participaron todas las fuerzas políticas y —de manera determinante— la propia sociedad civil, enriqueciendo la iniciativa con sus ideas y propuestas.

México ahora contará con un Sistema Nacional Anticorrupción. Esta instancia coordinará a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables de fiscalizar los recursos públicos. El sistema contempla un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco mexicanos distinguidos que, junto con las autoridades, velará por los intereses de la sociedad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se consolidará como el máximo órgano de fiscalización y, por ende, en piedra angular de este nuevo esquema. Sus nuevas atribuciones le permitirán realizar auditorías en tiempo real, cuando posibles ilícitos están siendo cometidos. Ahora, también podrá vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que utilizan recursos públicos.

Esta reforma prevé que la cuenta pública pueda ser fiscalizada a partir del primer día del año y no hasta abril, como ha venido ocurriendo. Además, con pleno compromiso a favor de la legalidad, aumenta a siete años la prescripción de faltas administrativas graves; esto significa que los mecanismos de justicia administrativa tendrán un carácter transexenal.

Otra de las nuevas disposiciones de esta reforma transformadora —la número 12— es que los próximos titulares de la Secretaría de la Función Pública deberán ser ratificados por el Senado. Esto, con el objetivo de generar esquemas de corresponsabilidad entre poderes y garantizar la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, para mí, el cambio más relevante de este nuevo paradigma es que, por primera vez, nuestra Constitución reconoce que, tanto ciudadanos como servidores públicos, somos corresponsables de combatir la corrupción. De hecho, podrán ser castigados funcionarios, particulares y empresas que hayan participado en este tipo de actos. Mientras que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno serán sancionados hasta con penas de prisión, las empresas pueden llegar a ser disueltas. Este tipo de decisiones serán tomadas por tribunales independientes, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que contempla el nuevo marco legal, o sus equivalentes en las entidades federativas.

Con esta reforma, México avanza en su propia transformación, impulsando la integridad en la vida pública del país. Ningún proyecto jurídico puede, ni debe, considerarse un producto terminado. Hacia adelante, será necesario generar nuevos consensos para dar forma a las instituciones y leyes secundarias que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Una vez promulgada, la adecuada implementación de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción nos convocará a todos, a ciudadanos y empresarios, a poderes y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La construcción de una nación de instituciones más sólidas, autoridades más honestas y ciudadanos más participativos es una responsabilidad compartida. México es de todos; asumamos juntos, con valor y determinación, este desafío.



Presidente de México