El Ministerio del Interior dejó todo atado tres semanas antes de la elecciones para comenzar una nueva etapa sin trabas. El departamento dirigido todavía, aunque en funciones, por Jorge Fernández Díaz aprobó el pasado 27 de noviembre un real decreto que permite nombrar a dedo y sin necesidad de publicitarlo a todos los responsables de los órganos de coordinación, gabinetes y subdirecciones generales de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El Real Decreto 1068/2015, que establece el régimen específico de provisión de estos puestos, argumenta “razones de seguridad y confidencialidad” para aprobar una norma que permitirá designar a los directores de todas las unidades adscritas a la Secretaría de Estado 'en secreto'. Todos los departamentos afectados, arguye la normativa -publicada en el BOE el pasado 28 de noviembre- “realizan funciones relacionadas íntimamente con la seguridad, como el desarrollo de bases policiales, implantación de los sistemas de comunicación e información, políticas de extranjería e inmigración, asesoramiento, etc.”.

Según el PP, son puestos que requieren “cierto grado de confidencialidad“, ya que están relacionados “con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado“

Este argumento sirve al Gobierno para, como refleja la nueva norma, “fijar un régimen que contemple las especificidades del sistema de provisión de los puestos de trabajo de las unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad”. Las personas finalmente asignadas para estas plazas, añade el real decreto, serán nombradas por el sistema de libre designación y no será necesario dar publicidad a estos nombramientos. “Se prevé la posibilidad de no publicar en la resolución de la convocatoria los datos de los titulares de aquellos puestos de trabajo para los que así se contemple expresamente en la propia convocatoria por razón de su especial confidencialidad o reserva”, reza el real decreto.

En concreto, los puestos para los que el Ministerio del Interior prevé dotar de este secretismo hacen referencia a los responsables de las subdirecciones generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras, Sistemas de Información y Comunicaciones, Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, Cooperación Policial Internacional, Relaciones Internacionales e Inmigración, el Gabinete de la Secretaría de Estado, el Gabinete de Coordinación y Estudios, la Inspección de Personal y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Para llevar a cabo su reforma legal mediante el mencionado real decreto, el Gobierno ha incorporado una nueva disposición final quinta a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de la disposición final primera incluida en la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que habilita al Ejecutivo a modificar la valoración de los méritos en los concursos y restringir el régimen de publicidad.

Los nombramientos de los responsables de los departamentos de la Secretaría de Estado afectados por esta reforma legislativa se guiaban hasta el momento por las mismas normas de acceso que existen en áreas homólogas de la Administración General del Estado y no por lo establecido para altos cargos de la Policía y de la Guardia Civil. Sin embargo, según argumentó el PP en la enmienda que introdujo para modificar el citado punto de la Ley de Régimen de Personal, se trata de puestos sensibles que requieren también "cierto grado de confidencialidad", ya que están relacionados "con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado".

"Las mismas razones que aconsejaron en su momento la previsión de especificidades para la provisión de puestos de trabajo en las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil concurren en los mencionados órganos dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad", aseguraba la mencionada enmienda, que ha terminado reflejándose en el cambio normativo establecido en el real decreto inicialmente mencionado.

Interior no ha tenido en cuenta el argumento de la seguridad y confidencialidad al montar una rueda de prensa para presentar al nuevo director del Citco

Este afán por ocultar la identidad de los responsables de las citadas unidades, sin embargo, no responde realmente a los argumentos de confidencialidad y seguridad esgrimidos en la norma. De hecho, el pasado 27 de enero, el propio departamento dirigido por Fernández Díaz montó una rueda de prensa para presentar al nuevo responsable de uno de estos departamentos ahora blindados, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), José Luis Olivera.

Al acto, además de los medios de comunicación, acudieron la plana mayor del ministerio y los responsables de las principales instituciones del Estado: el director de la Policía, Ignacio Cosidó; el de la Guardia Civil, Arsenio Fernández; el del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; el secretario de Estado, Francisco Martínez; el ministro Fernández Díaz; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y otros representantes de la judicatura y la política. El propio secretario de Estado se encargó de dirigir unas palabras de alabanza al nuevo director del Citco públicamente. No parecen tener sentido, por lo tanto, las razones de “seguridad y confidencialidad” esgrimidas en la norma.

Altos cargos del Gobierno y la judicatura acudieron a la presentación pública de Olivera como responsable del Citco. (MIR)

Fuentes policiales y políticas consultadas aseguran que la verdadera razón de esta modificación normativa no se encuentra tanto en la seguridad y la confidencialidad -como demuestra el ejemplo de la rueda de prensa referida- como en los recursos judiciales que durante los últimos años han hecho tambalear la silla de los responsables de estos -y otros- departamentos incardinados en el Ministerio del Interior. El propio director del Citco, Olivera, se encuentra en estos momentos pendiente de comparecer en juicio dado que, como argumenta el demandante, podría haber accedido al cargo sin cumplir los requisitos. En concreto, un inspector de Policía -Jesús Andrés de Dios- acusó al comisario principal de no contar con el título universitario requerido para ser nombrado.

Pero no ha sido Olivera el único objetivo de este inspector, cuyas denuncias también provocaron el cese temporal ordenado por la Audiencia Nacional del jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, y del máximo cargo de la Inspección de Personal del Ministerio del Interior, José María Rodríguez Calderón. Ambos fueron posteriormente restituidos en sus puestos, pero estuvieron fuera de ellos durante un tiempo por orden judicial, acusados precisamente de acceder a sus cargos sin contar con el título universitario ni dar publicidad a sus nombramientos.

La Dirección de la Policía ha facilitado la consecución del grado a decenas de comisarios e inspectores jefe que no lo tenían y que ocupaban altos cargos

La recién aprobada reforma legal evitaría previsiblemente recursos como el que ha llevado a los tribunales a los tres comisarios mencionados, aunque no resolvería el problema de las titulaciones, que parece ligado a estos recursos judiciales. Este último asunto, sin embargo, lo abordó el Ministerio del Interior por otro lado. En concreto, la Ley de Personal de la Policía ya exige a todos los nuevos mandos el título de grado para acceder al cuerpo. Para los funcionarios que ya están dentro, Interior resuelve el problema mediante la orden 775/2015, aprobada el pasado 29 de abril, que equipara los estudios policiales que conducen a la categoría de subinspector con el grado oficial, y los cursos internos que llevan al nivel de inspector con el título académico de máster.

Mientras estas normas se aprobaban, la Dirección General de la Policía ha facilitado la consecución del grado a decenas de comisarios e inspectores jefe que no lo tenían y que, sin embargo, ocupaban altos cargos dentro de la corporación. A través de un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y la Universidad Rey Juan Carlos -criticado 'a posteriori' por Educación-, dos centenares de mandos han obtenido el grado en los dos últimos años después de recibir un curso 'online' de solo 10 meses de duración.