El caso Villarejo no es el único procedimiento penal que tiene en vilo a la eléctrica Iberdrola. La Audiencia Nacional investiga desde mayo de 2017 una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a la cotizada de urdir un plan para alterar el precio de la luz y obtener así “un lucro ilícito de 20 millones de euros” durante el invierno de 2013, coincidiendo con una ola de frío. Competencia dio por probada la manipulación y multó a la eléctrica en 2015 por estos mismos hechos con 25 millones de euros.

Moreno acaba de reactivar la instrucción con un auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que reclama datos e informes a cuatro organismos para valorar qué factores contribuyeron al incremento de precios y para cuantificar el perjuicio que soportaron los consumidores y las comercializadoras y distribuidoras que hacen de intermediarias y que, según han alegado, sufrieron pérdidas millonarias. El juez pide a los peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que emitan un informe que valore toda la documentación aportada a la causa y que “no tuvieron en cuenta al hacer su informe inicial”.

Esa nueva información incluye los testimonios de Iberdrola —cuatro directivos declararon el año pasado; y la compañía ha aportado peritajes e informes internos— y la documentación que presentaron los potenciales perjudicados. Algunas de las comercializadoras de electricidad han presentado escritos cuantificando las pérdidas que les supuso la presunta manipulación de precios. Una de ellas, Axpo Iberia, asegura que su perjuicio ronda los 30 millones de euros. Estas intermediarias no pudieron repercutir la subida del precio a sus clientes porque ya habían fijado con ellos previamente un precio inferior en base a sus previsiones.

El juez también pide a la CNMC que calcule “lo más aproximado y objetivo posible” cuál debió ser el precio del PVPC —la tarifa regulada de la luz— en los meses en los que la alteración de precios pudiera haber afectado al mercado. Le solicita asimismo que señale cuál debió ser el precio de la energía sin tener en cuenta la subida de precio que se investiga. Estas dos diligencias las había solicitado la asociación de consumidores Facua, que está personada como acusación particular.

La CNMC dictaminó en noviembre de 2015 que Iberdrola había alterado fraudulentamente el mercado incrementando el precio de la oferta de sus centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo. Lo habría hecho recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica (la fuente de energía más barata), de forma que entrara en el mercado mayorista de la electricidad (llamado pool) la procedente de los ciclos combinados, que son más caros y acaban marcando un precio final más alto.

El regulador estimó que la compañía había provocado un incremento del precio del mercado diario de unos siete euros por megavatio hora. Con ello había obtenido unos beneficios estimados de 21,5 millones de euros y generado un impacto de 105 millones en el periodo comprendido entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013.

Iberdrola interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que quedó suspendido mientras se dirime el procedimiento penal, el primero que se abre en España contra una eléctrica por un delito contra el mercado y los consumidores del artículo 281 del Código Penal.

"Circunstancias ajenas"

Iberdrola niega la manipulación y asegura que el precio del mercado subió por circunstancias ajenas: “Demandas altas, producción eólica baja, indisponibilidades de centrales nucleares y precios altos de gas en mercados internacionales”. La compañía añade que en ese periodo hubo escasez de agua y que la que llegaba a los embalses era un 25% de lo que se considera normal para la época. También afirma que no obtuvo ningún beneficio, sino que el incremento del precio del mercado le perjudicó.

Ante los argumentos de la eléctrica, el juez pide en su auto del pasado 5 de febrero a Red Eléctrica de España que le dé información sobre las previsiones de generación eléctrica procedente de tecnología eólica y solar entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, cuando se produjo el alza de los precios. Para esas mismas fechas, pide también que informe de las “indisponibilidades” de la eólica y datos de la potencia de generación eólica instalada. Solicita asimismo la producción eólica y la potencia instalada en ese periodo en los años 2009 a 2012 y copia de las comunicaciones recibidas de los generadores de energía eléctrica sobre “indisponibilidades” de todas las tecnologías en diciembre de 2013.

Moreno también quiere comprobar cómo se comportó el clima en noviembre y diciembre de los años 2009 a 2012. En concreto pide información sobre precipitaciones de agua y datos de viento. Finalmente, el juez solicita al mercado de futuros MEFF (Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados) información sobre las cotizaciones y cantidades negociadas en noviembre y diciembre de 2013 en los productos derivados de la energía y que le mande un informe sobre la “repercusión y posibles alteraciones en el precio derivado del incremento de la energía en el mercado diario e intradiario”.