Camino del banquillo de los acusados. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, acaba de dictar un auto por el que abre juicio oral contra Miguel Ángel Cámara, alcalde del PP en Murcia durante dos décadas, y contra dos ex altos responsables de la Gerencia de Urbanismo, quien fue su director, Pedro Morillas, y el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver.

El magistrado considera que, una vez el Ministerio Fiscal ha formulado su escrito de acusación, en el que atribuye a los tres procesados la comisión de sendos delitos de prevaricación en el ‘caso Nueva Condomina’, ya solo resta abrirles juicio, lo que les conducirá indefectiblemente a sentarse en el banquillo.

El Fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, expresó semanas atrás su determinación de pedir diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Murcia por supuesta prevaricación continuada. A Pedro Morillas y a Joaquín Peñalver les atribuye el mismo delito y les reclama, respectivamente, penas de inhabilitación de diez años y de ocho años y siete meses.

Aunque el delito de prevaricación no está castigado con penas de prisión, sí puede significar un duro golpe para los acusados en el caso hipotético de acabar siendo condenados, ya que podrían cerrárseles las puertas para seguir trabajando en la Administración pública.

En función de las penas que reclama el fiscal, el magistrado Castillejos ha establecido que el órgano competente para juzgar este asunto es alguno de los juzgados de lo Penal de Murcia, por lo que remitirá las diligencias al que corresponda según las normas de reparto, con el fin de que señale la fecha del juicio.

Respecto de los hechos que se les atribuyen a los tres acusados, el fiscal señala en su escrito de calificación que tanto Cámara como Morillas, y en menor medida Peñalver, cometieron una larguísima sucesión de presuntas ilegalidades en torno al proyecto urbanístico Nueva Condomina, que impulsó en el norte del municipio el hoy fallecido presidente del Real Murcia, Jesús Samper. Unas decisiones municipales de apariencia ilícita que habrían ido siempre en beneficio del promotor y en contra del interés público.

Entre ellas figuraría la de perdonar a Samper la obligada cesión al municipio del 10% del aprovechamiento urbanístico, que le habría supuesto al promotor un ahorro de unos 18 millones de euros.

Por lo que se refiere a la posición adoptada en estas diligencias por el Ayuntamiento de Murcia, que actuaba como acusación particular pero que ha venido negándose a acusar a Cámara y a los dos exresponsables de Urbanismo, el juez Castillejos entiende que defienda la legalidad del convenio Nueva Condomina, pues de ser anulado podría tener que abonar cuantiosas indemnizaciones.