Iniciativas

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) es el instrumento normativo que regula la contratación de financiamiento público de las Entidades Federativas, Municipios y sus entes públicos, además de establecer las directrices en materia de responsabilidad hacendaria y financiera que permita a los gobiernos subnacionales guiar una gestión responsable de sus finanzas públicas y la deuda pública.

De esta manera, a través de la LDFEFM se han implementado requisitos y procesos que han permitido establecer control en el ritmo de endeudamiento de las Entidades Federativas, Municipios y sus Entes Públicos, tal es el caso que particularmente a partir del ejercicio fiscal 2016 (año de la entrada en vigor de la Ley), se observa un comportamiento estable y con tendencia a la baja del saldo de los financiamientos de los Gobiernos locales, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica 1. Saldo de la deuda total

(Miles de millones de pesos de diciembre de 2019)

Fuente: SHCP.

Nota: incluye deuda de entes públicos estatales y municipales.

Asimismo, el comportamiento de la variación real del saldo de la deuda pública a nivel nacional, considerando entidades federativas, municipios y sus entes públicos se observa a la baja a partir de 2011 y particularmente a partir de la implementación de la normatividad en materia de disciplina financiera.

Gráfica 2. Variación real de los saldos de la deuda pública

Fuente: SHCP.

Adicionalmente, también es de señalar que las entidades federativas, municipios y sus entes públicos actualmente se encuentran sujetos a una medición con base en la cuenta pública local, así como trimestral en el caso de Entidades Federativas, semestral para el caso de Municipios y anual para el caso de Entes Públicos de ambos niveles de Gobierno, con relación al comportamiento de sus ingresos y sus compromisos de largo y de corto plazo.

De esta manera la LDFEFM se ha consolidado como parte de los procesos que deben implementar los Gobiernos Subnacionales en materia hacendaria. Dicho sea de paso, la Ley en comento, dado su objetivo, va más allá de financiamientos u obligaciones, sino que establece reglas de disciplina financiera que tiene por objeto promover finanzas públicas sanas.

De esta manera, para dar un paso más en materia de disciplina financiera subnacional y derivado de la implementación de la LDFEFM, esta Iniciativa captura mecanismos que tienen por objeto fortalecer la infraestructura en general y la inclusión financiera principalmente en Municipios, orientado al desarrollo y crecimiento económico y la implementación de proyectos con alto impacto que promuevan el empleo y bienestar. Por ejemplo, se promueven proyectos con impacto fiscal, buscando generar mayor impacto en los ingresos de la hacienda pública local.

Es menester señalar que, si bien la implementación de la LDFEFM ha promovido mayor control y saneamiento de las finanzas públicas locales, la Banca de Desarrollo ha identificado que es importante fortalecer el acceso a financiamiento de Municipios con mayor rezago institucional, toda vez que es complejo dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en la normatividad de disciplina financiera. En tal sentido, sin eliminar algún principio fundamental de disciplina financiera, se facilita el acceso a financiamiento a Municipios tomando como referencia su población. En esa línea, como parte del reto para el acceso a financiamiento para infraestructura, se incorpora la figura de esquemas de financiamiento global.

El todo caso, el acceso al financiamiento que se promueve en esta Iniciativa, se encuentra alineados a las estrategias y programas implementadas en esta Administración, tal y como se refiere en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024: El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar, por ello, el objeto es generar empleo y bienestar con esa visión de desarrollo.

En ese mismo contexto, se fortalecen los proyectos de infraestructura que cuenten con el componente de asistencia técnica para el desarrollo, a través del cual se pueda identificar que se garantice que los proyectos cuenten con impacto social y económico, generando empleo y de manera indirecta, ingresos adicionales a los Gobiernos Locales, siempre respetando el principio constitucional de acceder al financiamiento en las mejores condiciones del mercado.

En todo momento se enfatiza que los procesos y propuestas que se promueven en la presente iniciativa deberán respetar el principio constitucional referido, que es obtener las mejores condiciones del mercado, con independencia de su implementación y definición en la LDFEFM.

De manera adicional, para promover finanzas públicas sanas, se incorporan algunas herramientas que permitan a las Entidades Federativas fortalecer el manejo hacendario, como, por ejemplo, procesos relacionados con el manejo de sus ingresos, egresos y los financiamientos y obligaciones que administran los Gobiernos Locales.

Ahora bien, la presente iniciativa de la LDFEFM se presenta en un contexto de una contingencia sanitaria mundial provocada por el virus SARS-COV2 (Covid-19) y declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de interés internacional, por ello, se adicionan medidas transitorias que tienen por objeto apoyar ante dicha circunstancia.

Lo anterior nos obliga a implementar medidas transitorias con relación a contingencias sanitarias, a efecto de complementar la LDFEFM ante situaciones adversas que permitan a las Entidades Federativas y Municipios contar con mayores herramientas para la atención de la población, sin generar mayor endeudamiento para los Gobiernos Subnacionales.

Adicionalmente, esta Iniciativa también se presenta en un contexto económico complejo, donde las grandes economías del mundo han tomado decisiones que afectan el precio del petróleo y consecuentemente han impactado negativamente en la economía de diversos países, por lo que a nivel internacional se establecen nuevas medidas de reactivación económica. Una de las tareas centrales del Gobierno Mexicano es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables, tal y como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019  2024.

En este orden de ideas, la presente Iniciativa busca fortalecer las opciones de los Gobiernos de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos con objeto, principalmente, para su reactivación económica y de manera paralela, implementar medidas que coadyuven a las estrategias que dichos Gobiernos han promovido ante la situación de emergencia que enfrenta México y que su transición sea ágil.

La exposición de motivos se divide en los siguientes rubros generales: A) Atención a la contingencia sanitaria: 1) Medidas establecidas en la Ley y 2) Medidas transitorias para la atención de la contingencia sanitaria; B) Fortalecimiento a la infraestructura: 1) Fortalecimiento en la inversión de infraestructura para el desarrollo; 2) Acceso al financiamiento para Municipios; C) Fortalecimiento al financiamiento en general y responsabilidad hacendaria: 1) Mejoras administrativas en materia de financiamientos y obligaciones; 2) Medidas ante desastres naturales y contingencias, 3) Fortalecimiento de la gestión hacendaria y 4) Precisiones en materia de gasto federalizado.

A) Atención de la contingencia sanitaria:

1) Medidas establecidas en la Ley: Se fortalece la Ley de tal suerte que ahora es sensible ante situaciones de emergencia sanitaria para que las Entidades Federativas tengan el margen de maniobra suficiente a efecto de atender las mismas con los recursos disponibles, en tal sentido, se enumeran las siguientes modificaciones:

a) Se establece en la Ley que las Entidades Federativas podrán destinar los recursos reservados para desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias.

b) Se prevé la posibilidad de que las Entidades Federativas puedan presupuestar los recursos necesarios con relación a servicios personales en materia salud y seguridad pública, lo que previamente se estableció como medida transitoria.

b) Con relación a servicios personales, se establece una nueva alternativa que contempla la posibilidad de que las Entidades Federativas puedan redirigir esfuerzos en su presupuesto en materia de servicios personales para la atención de contingencias sanitarias.

2) Medidas transitorias para la atención de la contingencia:

a) Las Entidades Federativas podrán negociar con las instituciones financieras las condiciones financieras de sus créditos, de tal manera que los pagos de capital y de intereses puedan diferirse hasta por un periodo de seis meses durante el ejercicio fiscal 2020.

b) Asimismo, en virtud de los periodos en los que se presentó la contingencia sanitaria, las Entidades Federativas podrán devengar y pagar las transferencias federales etiquetadas del ejercicio fiscal 2019 a más tardar en septiembre de 2020. A su vez, las transferencias federales etiquetadas del ejercicio fiscal 2020 podrán devengarse y pagarse a más tardar el 30 de junio de 2021.

c) Se amplía el margen de maniobra de las Entidades Federativas y Municipios con la finalidad de que puedan destinar recursos adicionales de gasto corriente y en materia de servicios personales para la atención de la contingencia sanitaria.

De manera adicional, pero en el mismo contexto, se prevé la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda autorizar montos adicionales al techo de endeudamiento autorizado para las Entidades Federativas, con la finalidad de estar en condiciones de atender la contingencia sanitaria y en el marco de la estrategia de reactivación económica.

B) Fortalecimiento a la infraestructura

1) Fortalecimiento en la inversión de infraestructura para el desarrollo;

Exenciones a la realización de Procesos Competitivos:

El artículo 22, contenido en el Capítulo I, De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones del Título Tercero de la Ley, establece en su último párrafo que lo señalado en dicho Capítulo no será aplicable a la contratación de financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

El citado Capítulo contiene las directrices que deberán observar los entes públicos para la realización de los procesos competitivos o licitaciones públicas para contratar los financiamientos, así como los requisitos que deberán contener las autorizaciones emitidas por las Legislaturas Locales para la contratación de la deuda.

En ese sentido, a fin de clarificar el alcance del último párrafo del precepto referido, se pretende precisar que estarán exceptuados de realizar un proceso competitivo o licitación pública, aquellos financiamientos que cuenten con las siguientes condiciones:

a) Convenio con el Ejecutivo Federal

De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, velando por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

En este sentido, la competitividad es entendida como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo, por lo que dicho principio constitucional deberá observarse en el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales.

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento rector de los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones de la Administración Pública Federal, los cuales son programados de manera anual a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese marco el Titular del Ejecutivo Federal, con base al ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podrá celebrar convenios con las Entidades Federativas y los Municipios, para la ejecución de los programas federales en beneficio de su población, a fin de optimizar recursos para dar cobertura en rubros de interés general como: salud, educación, seguridad, financiamiento de obras y acciones que beneficien a población en pobreza extrema, agua potable, infraestructura carretera, apoyos alimentarios, asistencia social, atención de desastres naturales, entre otros.

En este orden de ideas, la normatividad en materia de disciplina financiera prevé la existencia de financiamientos celebrados al amparo de programas federales, los cuales son otorgados por las Sociedades Nacionales de Crédito como la Banca de Desarrollo, que está orientada a la realización de proyectos para la construcción de infraestructura pública que por sus condiciones y características no pueden ser atendidos en su totalidad por la banca privada.

Lo anterior, atendiendo a los altos niveles de riesgo e inversión inicial para la realización de los proyectos, de ahí que la participación de la banca del sector público resulte imprescindible para complementar los recursos, al compartir el riesgo en la inversión, por lo que se considera que dichos financiamientos son la mejor condición financiera de mercado para los Estados y Municipios.

Por lo anterior, en la iniciativa de reforma se propone especificar que aquellos financiamientos que se celebren al amparo de programas federales o en los que los Estados y Municipios suscriban convenios con el Ejecutivo Federal, estarán exentos de realizar un proceso competitivo o licitación pública para su contratación.

b) Asistencia Técnica

La Banca de Desarrollo otorga financiamiento para el desarrollo de infraestructura destinada a inversión pública productiva, incidiendo en el cumplimiento de los objetivos nacionales que buscan favorecer el crecimiento económico del país, para reducir las brechas económicas y la desigualdad, garantizando la participación de los gobiernos estatales y municipales en la vida económica del país.

En ese sentido, resulta importante precisar que otro de sus objetivos fundamentales, es la de proporcionar directa o indirectamente asistencia técnica y capacitación a los gobiernos locales a los que otorgan préstamos, a fin de promover su desarrollo, logrando una mejor utilización de los recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales.

Tal es el caso, que la Banca de Desarrollo participa en foros de carácter bilateral y multilateral de cooperación económica y con organismos financieros internacionales, en los que promueve la hacienda pública de México a nivel internacional, por lo que, dentro de sus líneas de acción, el Gobierno Federal podrá coordinar la cooperación técnica y donaciones con organismos financieros internacionales, dependencias e instituciones del exterior.

En virtud de lo anterior, a través de sus programas de crédito destinados a inversión pública productiva, tiene la posibilidad de otorgar préstamos que estén respaldados con asesoría técnica sin ningún costo adicional, misma que puede ser proporcionada por organismos financieros de carácter bilateral o multilateral en los que México tenga participación, u otras agencias y los fondos u organismos internacionales afines o filiales, así como en bancos regionales de desarrollo, fondos e instituciones financieras internacionales de desarrollo.

La asistencia técnica, consistirá principalmente en asesorar a los gobiernos estatales y municipales en el fortalecimiento de su capacidad de gestión administrativa y financiera, elaboración de análisis económicos, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión para fortalecer su infraestructura y servicios públicos a fin de determinar la viabilidad de la inversión en los proyectos.

Bajo este contexto, resulta importante señalar que los préstamos que otorga esta banca de gobierno, al ser respaldados con asistencia técnica también vienen acompañados de recursos no recuperables, con los cuales se brinda apoyo a los entes públicos para la contratación del financiamiento, como el pago de calificaciones crediticias, comisiones, gastos de estructuración legal y financiera, costos de administración del fideicomiso de fuente de pago, entre otros, así como para la realización de los estudios preliminares a la realización de los proyectos, por lo que dichos préstamos otorgan mayor capacidad técnica y financiera a los Estados y Municipios.

Dadas los beneficios técnicos y económicos que otorgan los financiamientos ofertados por la banca de desarrollo, dichos préstamos cuentan con una estructura sólida, por lo que se adquieren a tasas de interés por debajo de las ofertadas por la banca comercial, es decir, a tasas preferenciales, además de que eleva la calificación que realizan las agencias calificadoras a los Estados y Municipios, por lo que ofrecen mejores condiciones crediticias para los gobiernos subnacionales, en comparación con los créditos otorgados por la banca comercial.

En este orden de ideas, se propone que los financiamientos que se encuentren respaldados por asistencia técnica de organismos internacionales de desarrollo, cuyo objeto sea la promoción del desarrollo económico, estén exceptuados de realizar un proceso competitivo, en el entendido de que la asistencia técnica ofrecida por dichos organismos internacionales permite que los financiamientos obtenidos por la banca de desarrollo nacional se ofrezcan en las mejores condiciones del mercado.

2) Acceso al financiamiento a Municipios Esquemas Globales de Financiamiento

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, prevé las líneas de acción a las que deben sujetarse los entes públicos, para la contratación de opciones de financiamiento bajo la premisa del menor costo financiero.

En ese sentido, los entes públicos se encuentran obligados a acreditar que los financiamientos y obligaciones se contrataron con las instituciones financieras que ofertaron las mejores condiciones financieras del mercado.

No obstante, existen Municipios que no cuentan con un alto nivel de desarrollo por lo que se encuentran en desigualdad de condiciones para tener acceso a las diversas fuentes de financiamiento que ofrece el mercado, de tal suerte que dicha limitación deja en condiciones aún más vulnerables a sus comunidades no permitiendo el desarrollo de infraestructura y servicios básicos.

En esta óptica, a fin de combatir las desigualdades locales, deben preverse y regularse esquemas de contratación de deuda pública que permitan financiar la inversión pública productiva, gestionando su pago a través del tiempo, de forma más accesible, por lo que, con el objeto de fortalecer a los Municipios, es de suma importancia incorporar a los instrumentos normativos en materia de deuda pública subnacional, esquemas de financiamiento global que les permita acceder a fuentes de ingresos, de forma eficiente y a menores costos financieros.

Lo anterior, dotaría a dichos esquemas de financiamiento de mayor fortaleza, ya que la realización del proceso competitivo y la selección de las ofertas recaería en la Entidad Federativa, apegándose a las reglas previstas en la Ley y su normatividad secundaria, buscando siempre las mejores condiciones crediticias para los Municipios que se adhieran a dichos esquemas, obteniendo así recursos en beneficio de la población para la realización de obras en servicios básicos como infraestructura en agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural, salud y educación. (Artículo 26)

Disminución de requisitos para el acceso al financiamiento municipal

La institución municipal en México, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga autonomía frente a cualquier nivel de gobierno intermedio, pero su diversidad, complica la posibilidad de adaptar las realidades municipales a un estándar homogéneo.

En ese sentido, nos encontramos con principios coexistentes que en algunos casos son determinantes en la inclusión o exclusión de ciertos Municipios, como es el caso de la disposición de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que establece la obligación de todos los entes públicos de publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que conlleva a la presentación de uno de los requisitos para la inscripción de financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único, a través de la opinión del ente de fiscalización superior de la Entidad Federativa en la que manifieste que el ente público cumple con dicha publicación, requisito que se torna de difícil cumplimiento para aquellos Municipios, principalmente aquellos de poca población. Dicho requisito ha limitado el acceso a financiamiento y como consecuencia, ha impactado en su desarrollo.

En ese sentido, con el objeto de ampliar las opciones de financiamiento de aquellos Municipios con una población menor a los 200,000 habitantes de acuerdo al último censo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se propone eliminar el requisito de contar con la opinión del ente de fiscalización superior de la Entidad Federativa, sin menoscabo de la obligación que tienen todos los entes públicos de publicar su información financiera de acuerdo a la normatividad en materia contable.

Fortalecimiento a proyectos de infraestructura con impacto fiscal

Como medida adicional para implementar proyectos de infraestructura innovadores que generen ingresos adicionales sostenibles para la hacienda pública local, ya sea de manera indirecta o directa, podrán considerarse de manera adicional al Techo de Financiamiento Neto establecido en la Ley.

Para tal efecto se adiciona en el artículo 46 de la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y los Municipios, la posibilidad de que las Entidades Federativas, Municipios o sus entes públicos puedan proponer Financiamientos que tengan como finalidad la realización de proyectos de infraestructura que sean evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de obtener un espacio adicional a su Techo de Financiamiento Neto para el ejercicio fiscal correspondiente, hasta por el monto necesario para realizar el proyecto.

C) Fortalecimiento al financiamiento con responsabilidad hacendaria y disciplina financiera

Mejoras administrativas en materia de financiamientos y obligaciones;

Autorizaciones de las Legislaturas Locales:

a) Previo Análisis del Destino y Capacidad de pago

Corresponde a las Legislaturas Locales autorizar los montos máximos para la contratación de los financiamientos y obligaciones; para lo cual deberán realizar un previo análisis de la capacidad de pago del ente público para hacer frente a los compromisos de pago y del destino que darán a los recursos.

Con relación a lo anterior, la normatividad secundaria en materia de disciplina financiera, señala que la autorización de la Legislatura Local deberá especificar, entre otros requisitos, el antes mencionado previo análisis del destino y capacidad de pago del ente público, además de que debe señalar que éste se aprobó por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local, dando la posibilidad de que para este último requisito los entes públicos puedan presentar el documento emitido por el Congreso Local en el que se acredite el quórum y el sentido de la votación.

Ahora bien, la rigidez en la forma que se acreditan los primeros dos requisitos ha impedido que los entes públicos dispongan de los recursos de los financiamientos y por ende no hayan realizado las obras o proyectos de inversión pública productiva que beneficien a su población, ya que sus autorizaciones no precisan que han sido aprobadas previo análisis del destino y capacidad financiera del ente público.

Con la propuesta de reforma, se plantea que, para acreditar los requisitos mencionados, los entes públicos puedan presentar un documento en el cual la Legislatura Local especifique que llevó a cabo el análisis de la capacidad de pago del ente público y del destino autorizado, a fin de que los entes públicos puedan obtener ingresos a través de financiamiento de forma más accesible.

b) Vigencia

El plazo máximo por el que se autoriza la contratación de financiamientos y obligaciones, no puede exceder del siguiente ejercicio fiscal en que fue aprobada por el Congreso Estatal, por lo que su vigencia está limitada máximo a dos ejercicios fiscales, por lo que en la propuesta de reforma se sugiere ampliar la vigencia de los Decretos de autorización, hasta por tres años a partir del ejercicio fiscal en que se realice su aprobación.

Se precisa también que, en el caso de autorizaciones previstas en las Leyes de Ingresos estatales, la vigencia será solamente por el ejercicio en el que se encuentre vigente dicha Ley.

Registro Público Único:

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 2 y en su Título Tercero De la Deuda Pública y las Obligaciones, establece disposiciones vinculadas a la contratación de los financiamientos y obligaciones y su inscripción en el Registro Público Único; la experiencia derivada del tiempo de su aplicación conduce a la necesidad de modificar y adicionar algunos términos definidos que otorguen mayor certeza jurídica en la determinación de los destinos de los recursos, así como realizar adecuaciones a la contratación de Obligaciones a corto plazo, Asociaciones Público-Privadas, Refinanciamientos y Reestructuras.

a) Definiciones

La Ley de Coordinación Fiscal contempla la posibilidad de que las Entidades Federativas puedan acceder de manera anticipada a recursos de los Fondos de Aportaciones Múltiples y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a través de mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares.

En ese sentido, considerando que dichos esquemas financieros entran en la materia objeto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y con la finalidad de dar seguimiento y control al ejercicio de los recursos federales que se utilizan para el desarrollo de estos esquemas de financiamiento, es oportuno establecer la obligación de su inscripción en el Registro Público Único por parte de las Entidades Federativas.

De esta manera, la presente Ley incluye los requisitos mínimos que deberán presentar las Entidades Federativas sujeto a la normatividad que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, en todo caso, para la instrumentación de dichos mecanismos, los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán celebrar Convenios con el Ejecutivo Federal de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal.

También resulta conveniente adecuar la definición de Inversión pública productiva en su inciso (iii), para aclarar que los entes públicos tendrán la opción de destinar los recursos de los financiamientos y obligaciones para la adquisición de vehículos cuya finalidad sea la prestación de un servicio público, donde se incluye el transporte público, pero además otro tipo de servicios públicos como puede ser la seguridad pública, que en el caso de algunos gobiernos estatales y municipales para combatir el índice delictivo e inseguridad en sus territorios, tienen que adquirir patrullas, motos, helicópteros y en algunos casos vehículos marítimos. Asimismo, podrán adquirir bienes para la prestación del servicio de salud, como la adquisición de ambulancias, o bien, para la adquisición de camiones recolectores de basura.

En el caso de la definición de Obligaciones a corto plazo, se realizan adecuaciones para otorgar la posibilidad de que dichas obligaciones puedan ser contratadas no sólo con Instituciones Financieras, sino que también puedan contratarse con personas físicas y morales de nacionalidad mexicana a través del mercado bursátil, además de precisar que podrán celebrase con la Banca de Desarrollo, lo cual amplía la cobertura de financiamiento de dicha la banca de gobierno.

En el caso del término Techo de Financiamiento Neto, se precisa que en cuanto al límite de Financiamiento anual que podrá contratar un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición, serán consideradas, en su caso, las amortizaciones realizadas de la Deuda Pública, con la finalidad de robustecer el espacio de endeudamiento anual de los Gobiernos Subnacionales, brindando mayor certeza jurídica para la inscripción de financiamientos en el Registro Público Único.

Finalmente, se ajusta la definición de Transferencias federales etiquetadas, precisando que en dicho término se considera cualquier convenio mediante el cual se otorguen recursos federales, eliminando la figura de los convenios de reasignación, ya que aun y cuando la normatividad vigente prevé dichos instrumentos jurídicos, surgen algunas complicaciones en su instrumentación, ya que la ministración debe ser realizada por las Entidades Federativas y no directamente por los Municipios, además de que por la temporalidad en el ejercicio de los recursos, la mayoría de las veces, los proyectos no pueden ser concluidos.

b) Obligaciones a Corto Plazo Colocación a través del Mercado Bursátil

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad en materia de disciplina financiera, autorizan a los Estados y Municipios a contratar deuda pública de corto plazo, a fin de hacer frente a faltantes de liquidez en las haciendas públicas, debiendo cumplir con las condiciones que se establecen en dicha normatividad.

Entre las condiciones se precisan que: i) deben contratarse con Instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año; ii) deben ser de carácter quirografario; iii) deben liquidarse tres meses antes del término de la administración, sin poder contratar dichas obligaciones en los últimos tres meses; iv) su destino exclusivamente es atender necesidades de corto plazo, es decir, insuficiencias de liquidez de carácter temporal y v) el saldo de todas las obligaciones a corto plazo en su conjunto, debe ser inferior al 6% de los Ingresos Totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado o Municipio, sin incluir el Financiamiento Neto.

En ese sentido, resulta conveniente establecer mecanismos de captación de recursos para los gobiernos subnacionales que se apeguen a las condiciones autorizadas actualmente, pero que reduzcan los costos de transacción respecto a la contratación de créditos tradicionales a través del mercado bancario.

Tal es el caso de las emisiones bursátiles a corto plazo que son colocadas a través del público inversionista a través del mercado bursátil, que pudiera ofrecer condiciones más favorables para adquirir financiamiento a corto plazo, reduciendo los costos de fondeo y favoreciendo considerablemente los principios de transparencia, control y rendición de cuentas dada la regulación del mercado bursátil.

En tal sentido, se propone adicionar el artículo 32 Bis, en el que se especifiquen las condiciones que deberán cumplir los Estados y Municipios para celebrar obligaciones a corto plazo instrumentadas a través del mercado bursátil, garantizando en todo momento el mandato constitucional.

Reestructuración y Refinanciamiento de las Obligaciones a corto plazo

En el artículo 32 se precisa que las Obligaciones a corto plazo no podrán ser objeto de Refinanciamiento, a fin de garantizar las condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación al destino de dichas obligaciones.

Asimismo, se aclara que las Obligaciones a corto plazo podrán ser Reestructuradas, siempre que las modificaciones no impliquen una ampliación al plazo de vencimiento original, con la finalidad de otorgar a las Entidades Federativas y Municipios la posibilidad de renegociar las condiciones financieras de sus créditos con las Instituciones Financieras.

Plazos para la presentación de solicitud de inscripción

Se propone ampliar el plazo que tienen los Estados y Municipios, para presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único, de 30 días naturales a 45 días naturales, con la finalidad de que cuente con un plazo suficiente para reunir todos los requisitos necesarios para llevar a cabo su inscripción. (Artículo 53, párrafo segundo)

c) Asociaciones Público-Privadas

Análisis de Conveniencia y de Transferencia de Riesgos

En materia de Asociaciones Público-Privadas, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo Municipios, así como la normatividad local, disponen que los entes públicos deberán efectuar análisis de la conveniencia respecto a la realización de un proyecto a través de dicha figura jurídica en comparación con esquemas tradicionales de financiamiento; sin embargo, no existe una homologación con relación a los requisitos o condiciones que deberán observar los entes públicos para la realización de los mismos.

Por lo anterior, a efecto de garantizar certeza jurídica respecto a la selección del esquema de contratación, se propone precisar los requisitos mínimos que deberán contener los análisis de conveniencia y de transferencia de riesgos realizados por los entes públicos.

Contratación en las mejores condiciones de mercado

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicará a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Vinculado a lo anterior, el artículo 8° de la Ley Federal de Austeridad Republicana prevé que en la contratación de servicios y obra pública se debe buscar la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales.

En este sentido, para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas y esquemas de arrendamiento financiero, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios prevé que los entes públicos realicen la contratación con quien presente las mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable, dando la apertura para que las Entidades Federativas, Municipios y demás entes públicos adjudiquen los proyectos amparándose en figuras jurídicas como la adjudicación directa o figuras similares señaladas en su norma local.

Lo anterior, ha generado un abuso de la figura de adjudicación directa, dando pie a prácticas monopólicas por parte de algunos prestadores de servicios en sectores tan importantes como el de alumbrado público, saneamiento y disposición de agua potable, generación de energía eléctrica, entre otros rubros.

Es por ello que, a fin de abatir malas prácticas en el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas y esquemas de arrendamiento financiero, es necesario incluir en la normatividad en materia de disciplina financiera, acciones para erradicar la desigualdad social y el mal desempeño económico que pudiesen generar las adjudicaciones directas, siguiendo la línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y garantizando en todo momento la contratación de dichas obligaciones en las mejores condiciones de mercado.

Por lo antes expuesto, se propone modificar el artículo 27 de la Ley, para establecer que para la contratación de obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, los entes públicos deberán realizar un concurso público, sujetándose a lo previsto en el artículo 29 de la propia Ley, debiendo acreditar la participaron de al menos dos inversionistas proveedores o prestadores de servicio y la selección de la oferta se podrá hacer atendiendo al tipo de obligación a contratar conforme a la legislación local aplicable.

Inicio de la prestación del servicio o construcción del proyecto

Se hace ajusta la redacción del artículo 51 de la Ley, para precisar que el inicio de la construcción o la prestación de los servicios relacionados con Asociaciones Público- Privadas estarán condicionados a la inscripción de dichas obligaciones en el Registro Público Único.

d) Refinanciamientos y Reestructuras sin Autorización de la Legislatura Local Cambios de Forma

El artículo 23, segundo párrafo de la Ley, menciona que los entes públicos podrán realizar el Refinanciamiento o Reestructuración de su deuda pública, sin contar con la autorización de su Legislatura Local, lo anterior, siempre que los cambios que realicen generen mejoras contractuales a las condiciones originalmente pactadas. En ese orden de ideas, se consideran mejoras contractuales, de manera enunciativa más no limitativa: una mejora en la tasa de interés, disminución o eliminación de comisiones, liberación de los recursos otorgados como fuente de pago o la disminución del fondo de reserva.

Adicionalmente, establece que dichas operaciones no deberán ampliar la fecha de vencimiento y saldo de los créditos de origen, por lo que no se podrá modificar los perfiles de amortización del servicio de la deuda.

No obstante, la normatividad no toma en consideración aquellas reestructuras que impliquen una disminución en el plazo del financiamiento, en las que tal disminución trae como consecuencia una modificación al perfil de la amortización, por lo que dichas operaciones requieren autorización del Congreso Local, aún y cuando represente una mejora contractual en beneficio de los entes públicos, por lo que es necesario eliminar la restricción de la modificación del perfil de amortización para este tipo de reestructuras, con la finalidad de generar las condiciones necesarias para que los entes públicos puedan ejecutar las mejoras financieras.

Asimismo, existen reestructuras que implican cambios de simple forma a los contratos, en las que no necesariamente existe un cambio en las condiciones financieras originalmente pactadas, es decir, no implican cambios en el perfil de amortización, en el plazo de vencimiento, en el pago de intereses, fuentes de pago, fondos de reserva, establecimiento de comisiones, u otorguen periodos de gracia, por lo que es necesario hacer una distinción en la Ley vigente, a fin dar un tratamiento distinto a las reestructuras de forma a efecto de eficientar el proceso para su inscripción en el Registro Público Único.

Reestructuras de Instrumentos Derivados y Garantías de pago.

Se prevé incluir en el artículo 23 de la Ley, que en los casos de Refinanciamiento, los Instrumentos derivados o las Garantías de pago que estén asociados a los Financiamientos que serán liquidados, puedan asociarse a los nuevos Financiamientos, a fin de que los Entes Públicos eviten costos financieros por la terminación anticipada de los accesorios que nos ocupan, o en su caso verse obligados a contratar nuevos respaldos financieros, evitando con ello costos adicionales a la hacienda pública local.

Lo anterior, siempre que se respeten las condiciones financieras bajo las cuales se contrataron originalmente, de tal suerte que aún y cuando se traslade el Instrumento derivado o la Garantía de pago al nuevo Financiamiento, se respeten las condiciones previstas en el citado artículo 23, segundo párrafo, fracciones I, II y III.

Plazos para la presentación de la solicitud de inscripción

Se propone ampliar el plazo que tienen los entes públicos, para presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único, de 15 días naturales a 30 días naturales, para que tengan mayor margen para reunir los requisitos necesarios para llevar a cabo su inscripción.

2) Medidas ante desastres naturales y contingencias;

I. Recursos para Desastres Naturales

El artículo 9 de la Ley, dispone que el presupuesto de egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, los cuales como mínimo deberán corresponder al 10 por ciento de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, recursos que deberán concentrarse en un Fideicomiso que se constituya para tal efecto.

No obstante, lo anterior, dicho supuesto normativo no considera a aquellas Entidades Federativas en las que, por las características geográficas y topográficas, no es recurrente la existencia de desastres naturales de acuerdo con la información publicada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Por lo anterior, la presente iniciativa establece un vínculo con la Ley General de Protección Civil, de tal suerte que, para la determinación del monto destinado a la ocurrencia de desastres naturales, las Entidades Federativas podrán tomar como referencia el monto presupuestado para la prima del instrumento de transferencia de riesgos que contraten en términos de la Ley General de Protección Civil.

Finalmente, se prevé que cuando exista una declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, dichos recursos podrán utilizarse para atender a la misma.

II. Asignación Global de Servicios Personales

Actualmente, la Ley establece que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos de cada Entidad Federativa tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el respectivo Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre, el 3 por ciento de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando.

Sin embargo, existen Entidades Federativas que enfrentan una situación social que requiere mayor fuerza de seguridad, por lo que tienen la necesidad de incrementar el personal para atender dicho rubro, por lo cual, a fin de apoyarlas en el desarrollo de algunos servicios básicos para el sector público, la propuesta de reforma propone exceptuar del límite antes señalado, los conceptos de seguridad pública y personal médico, paramédico y afín, sin considerar al personal administrativo.

Para efectos de lo anterior, se requiere derogar el segundo párrafo del artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el que se plantea dicha excepción sólo hasta el ejercicio fiscal 2020, e incorporar dicha disposición en el cuerpo de la Ley.

De igual manera, precisa que se podrán autorizar los gastos en servicios personales sin sujetarse al límite previsto, hasta por el monto que sea indispensable para implementar leyes generales y estatales.

Medidas transitorias en materia de disciplina financiera

Derivado de la contingencia sanitaria mundial, para apoyar en las labores que llevan a cabo los gobiernos subnacionales para atender a su población, se establecen tres medidas: 1) Se podrán ocupar recursos adicionales en materia de servicios personales y gasto corriente a los presupuestados para el ejercicio fiscal 2020, 2) El devengo y pago de las transferencias federales etiquetadas que recibieron los gobiernos subnacionales en 2019, podrá realizarse hasta el mes de septiembre de 2020, 3) Los Gobiernos de los Estados y de los Municipios podrán negociar con las Instituciones Financieras 6 meses adicionales para el pago de capital y de intereses de adeudos de gasto corriente (cortos plazos) y para financiamientos de largo plazo.

3) Fortalecimiento de la gestión hacendaria; Instrumentación de Sistemas de Gestión Financiera

Los gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, reciben recursos del Ejecutivo Federal a través de las transferencias federales etiquetadas y las participaciones federales en los términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otra parte, perciben ingresos locales por la recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y, adicionalmente, a través de otras fuentes de ingresos como el financiamiento.

En ese sentido, con el propósito de brindar mayor eficiencia y transparencia a las tareas de planeación y gestión financiera que realizan las Entidades Federativas, en Ley se promueve el establecimiento de procesos o sistemas de gestión financiera, en los que converja la información referente a los ingresos y egresos estatales, gasto de la deuda pública, inversión en proyectos de infraestructura, vinculado a sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental.

Dichos procesos o sistemas funcionarán para registrar toda la actividad de los recursos locales, con el objetivo de controlar el presupuesto y las finanzas, a fin de establecer un control de las finanzas de la hacienda pública local.

4) Precisiones en materia de gasto federalizado.

Reintegro de las Transferencias Federales Etiquetadas

El artículo 17 de la Ley vigente establece que las Transferencias Federales Etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente.

Ahora bien, en el caso de transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrirse los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente y, una vez cumplido dicho plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Asimismo, en el caso de que exista un convenio con la Federación, el devengo y los pagos respectivos deberán cubrirse conforme al calendario de ejecución autorizado por la dependencia o entidad federal, conforme a la normatividad aplicable, y, una vez cumplido el plazo respectivo, lo recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

En ese sentido, a fin de clarificar los momentos contables a considerar para el reintegro de las transferencias federales etiquetadas, se propone especificar los tiempos contables de la siguiente manera: comprometido a diciembre y devengado y pagado en marzo del siguiente ejercicio fiscal o bien, de conformidad con el calendario de ejecución autorizado por las dependencias o entidades de la administración pública federal, en términos de las reglas de operación o lineamientos aplicables o de conformidad con el convenio celebrado con el Ejecutivo Federal.

Por las razones expuestas, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se deroga el segundo párrafo del artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016

Artículo Primero. Se reforman los artículos 2, fracciones XI, XXV, XXX,XXXIX y XL; 7, fracción II; 9, primer párrafo; 10, fracción I, párrafos segundo y tercero; 13, fracción V; 17, párrafo primero y segundo; 22, párrafo tercero; 23, fracción III y párrafo tercero; 24, fracción V; 26, fracción I; 27, párrafo primero; 32; 49, párrafo segundo; 51, fracciones III, IV y IX y 53, párrafos primero y segundo; se adiciona en el artículo 13, fracción III, los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno; un artículo 13 Bis.; al artículo 22, un párrafo cuarto; al artículo 23, un párrafo cuarto; al artículo 24, una fracción VI; al artículo 26, un último párrafo; en el artículo 27, un segundo párrafo; un último párrafo al artículo 46 y un artículo 32 Bis.; y se deroga el párrafo tercero del artículo 9 y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a X. ...

XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente, incluyendo los mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares previstos en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal ;

XII. a XXIV. ...

XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos para la prestación de un servicio público , terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

XXVI. a XXIX. ...

XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones Financieras, incluida la Banca de Desarrollo o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana a través de emisiones bursátiles , a un plazo menor o igual a un año;

XXXI. a XXXVIII. ...

XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento anual que podrá contratar un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición, considerando, en su caso, las amortizaciones realizadas de la Deuda Pública realizadas en el ejercicio fiscal que se trate.

XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación las Entidades Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios para el otorgamiento de recursos y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 7. ...

I. ...

II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil o declaratorias de contingencias sanitarias , o

III. ...

Artículo 9. El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada Entidad Federativa, el cual podrá tomar como referencia el monto presupuestado para la prima del instrumento de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por desastres naturales que contrate cada Entidad Federativa en términos de la Ley General de Protección Civil, y los recursos deberán ser aportados a un fideicomiso público o fondo que se constituya específicamente para dicho fin.

Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación. Asimismo, en caso de que se emita una declaratoria de emergencia o por contingencia sanitaria, los recursos de dicho fondo podrán destinarse para atender dicha emergencia.

Se deroga.

Artículo 10. ...

I. ...

a) y b) ...

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente y los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín. Esta excepción en ningún caso deberá considerar personal administrativo.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes generales, federales o estatales, o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.

I. II. ...

a) y b) ...

Artículo 13. ...

I. a II. ...

III. ...

...

...

...

La elaboración del análisis de conveniencia deberá sustentar la comparación de los costos del mecanismo de obra pública tradicional y del proyecto de Asociación Público Privada, expresados a valor presente con una tasa libre de riesgo.

Las estimaciones del costo base del mecanismo de obra pública tradicional, deberán incluir los costos de la etapa de diseño, implementación, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento durante el horizonte de evaluación y en su caso, el costo social de la espera pública, así como la valoración de riesgos retenibles y transferibles y los ingresos de terceras fuentes.

En el caso de las variables y costos del proyecto de Asociación Público Privada, deberán contener el plazo del contrato, definición del mecanismo de pago, los ingresos del proyecto, la determinación de los costos de administración y operación y en su caso, los ingresos por cobro a usuarios y la potencialidad de percibir ingresos adicionales; así como la estimación de los riesgos retenibles por el privado y el cálculo del pago al desarrollador.

En lo que concierne al análisis de transferencia de riesgos se deberá identificar, describir, valorar y asignar los riesgos del mecanismo de obra pública tradicional y del Proyecto de Asociación Público Privada, así como la identificación y valoración de las formas para su mitigación y el costo de tales medidas.

IV. ...

V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente y los gastos en la materia que se requieran en el caso de que se expidan declaratorias de emergencia por desastres naturales o contingencias sanitarias, para la atención de los mismos.

VI. a VIII. ...

Artículo 13 Bis. Con la finalidad de brindar seguimiento a las tareas de planeación y gestión financiera y considerando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios promoverán procesos o sistemas de administración financiera en los cuales se concentre y vinculen los procedimientos que desarrollan las Unidades Administrativas en materia de ingresos, egresos, financiamientos y obligaciones.

Artículo 17. Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido comprometidas por sus Entes Públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido, deberán ser devengadas y cubrirse los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución autorizado por las dependencias y entidades federales correspondientes en términos de las reglas de operación o lineamientos aplicables, o de conformidad con el convenio celebrado con el Ejecutivo Federal ; una vez cumplido el plazo referido en el calendario, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

...

...

Artículo 22. ...

...

Lo dispuesto en los artículos 25, primer párrafo, 26 y 29 de esta Ley, no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con el Ejecutivo Federal , los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de las leyes, reglas de operación, y lineamientos aplicables, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

Tampoco resultará aplicable lo dispuesto en los artículos 25, primer párrafo, 26 y 29 de esta Ley a los Financiamientos que se contraten con la Banca de Desarrollo, siempre que éstos:

I. Se contraten en términos de esta Ley y de los programas de crédito de la Banca de Desarrollo destinados a Inversión pública productiva.

II. Se otorgue asistencia técnica para el desarrollo y seguimiento de las inversiones públicas productivas correspondientes, a fin de garantizar la viabilidad de la inversión. Dicha asistencia técnica deberá ser proporcionada por organismos financieros internacionales de desarrollo de carácter bilateral o multilateral con los que México tenga participación.

Para efectos de acreditar la viabilidad de la inversión, los entes públicos deberán presentar ante el Registro Público Único el documento que desarrolle el alcance de la asistencia técnica en la realización de la inversión pública productiva.

Artículo 23. ...

...

I. ...

II. ...

III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos y no se otorgue plazo o periodo de gracia.

Dentro de los 30 días naturales siguientes a la celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público deberá informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento o Reestructuración ante el Registro Público Único.

Las Reestructuraciones en las que se realicen modificaciones contractuales de forma, que no impliquen un aumento en el monto y plazo original pactado en los Financiamientos y Obligaciones, no requerirán autorización de la Legislatura Local, siempre que se acrediten los requisitos previstos en las fracciones II y III del presente artículo, así como los requisitos señalados en el reglamento del Registro Público Único.

Los Entes Públicos podrán realizar operaciones de Reestructura de los Instrumentos derivados o Garantías de pago que cubran Financiamientos que sean objeto de Refinanciamiento, a fin de asociar el Instrumento derivado o la Garantía de pago correspondiente al nuevo Financiamiento, asociándose a la Clave de inscripción del mismo, siempre que se acrediten los requisitos establecidos en el párrafo segundo, fracciones I, II y III del presente artículo y los requisitos que para tal efecto se especifiquen en el reglamento del Registro Público Único.

Artículo 24. ...

I. a IV. ...

V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización, la cual no podrá exceder de tres años a partir del ejercicio fiscal de su aprobación . De no establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada y tratándose de autorizaciones previstas en las Leyes de Ingresos estatales la vigencia será por el ejercicio en el que se encuentre vigente dicha Ley.

VI. Que la Autorización se aprobó cuando menos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura Local y previo análisis del destino y capacidad de pago del Ente Público. Para el cumplimiento de los requisitos referidos en esta fracción, el Solicitante Autorizado podrá adjuntar el documento emitido por la Legislatura Local mediante el cual se acredite el quórum y el sentido de la votación y en el que se especifique que se realizó un previo análisis del destino y capacidad de pago.

...

Artículo 26. ...

...

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas propuestas no deberá diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a Instrumentos derivados, no será aplicable la vigencia mínima de 60 días naturales;

II. a V. ...

...

...

...

...

...

En el caso de esquemas globales de contratación de Financiamientos por parte de Municipios, el proceso competitivo podrá implementarse por conducto del Secretario de Finanzas o su equivalente de la Entidad Federativa, cumplimiento las disposiciones contenidas en las fracciones I a V del presente artículo, o bien, en términos del artículo 29 de la presente Ley. Para tales efectos, los Municipios deberán manifestar su voluntad por escrito para que el proceso competitivo se realice por conducto de la Entidad Federativa, en su nombre y representación.

Artículo 27. Para la contratación en las mejores condiciones de mercado de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Público se sujetarán a lo previsto en el artículo 29 de esta Ley. Las propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de Obligación a contratar y conforme a la legislación local aplicable.

Los Entes Públicos deberán acreditar que para la contratación de las Obligaciones referidas en el párrafo que antecede, por lo menos fueron presentadas dos propuestas que cumplieron con las condiciones solicitadas por el Ente Público y con los requerimientos señalados en la ley local.

Artículo 32. Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento. Los Estados y Municipios podrán Reestructurar las Obligaciones a corto plazo, cuando se realicen modificaciones de forma o se realicen mejoras a las condiciones contractuales, siempre que no se amplíe el plazo de vencimiento original contratado, no se modifique el saldo insoluto del crédito y no se otorguen plazos adicionales o periodos de gracia.

Las Entidades Federativas y los Municipios deberán presentar la solicitud de inscripción ante el Registro Público Único, en un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a la celebración de la Reestructuración.

Artículo 32 Bis. Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo a través del mercado bursátil, siempre que dichas Obligaciones cumplan con los criterios que determine la Secretaría y con lo siguiente:

I. Deberán contar con la autorización de la Legislatura Local;

II. Acrediten el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 30 y 31 de la presente Ley, exceptuando la realización del proceso competitivo;

III. Deberá presentarse el proyecto de prospecto de colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que consten las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario, y donde se precisen todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Estado o Municipio, de conformidad con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

III. Se entregue copia certificada del título representativo de los valores colocados, a más tardar diez días hábiles posteriores a su inscripción en el Registro Público Único, y

IV. Deberán contratarse en moneda nacional.

Artículo 46. ...

I. ...

II. ...

III....

...

...

Tratándose de proyectos de infraestructura que sean evaluados por la Secretaría, en los que se genere un alto impacto social, así como una fuente de ingresos propios y ahorros presupuestales en beneficio de las finanzas públicas del Ente Público, se podrá otorgar un espacio adicional a su Techo de Financiamiento Neto autorizado en el presente artículo, hasta por el monto necesario para realizar la totalidad del proyecto, siempre que los Entes Públicos acrediten los requisitos señalados por la Secretaría en la normatividad correspondiente.

Artículo 49 . ...

Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año, contratos de Asociaciones Público-Privadas y los mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares previstos en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal . Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no duplique los registros.

...

Artículo 51. ...

I. ...

II. ...

III. En el caso de la Ciudad de México se deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III del Título Tercero de esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de las Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública ;

IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada se deberá contar con la inscripción en el Registro de las Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública ;

V. a VIII. ...

IX. Los Entes Públicos deberán publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en la que manifieste si el ente público cumple con dicha publicación. El requisito establecido en esta fracción sobre la opinión de la entidad de fiscalización superior de la Entidad Federativa, no resultará aplicable a los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo al último censo de la población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y en su caso a los Entes Públicos de dichos Municipios;

X. ....

XI. Para la inscripción de los mecanismos de potenciación, financiamiento o esquemas similares previstos en el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, las Entidades Federativas deberán presentar los requisitos previstos en las fracciones V, VI y IX del presente artículo y adicionalmente, deberán presentar el convenio suscrito entre la Entidad Federativa y el Ejecutivo Federal, así como en su caso, los instrumentos jurídicos donde conste el mecanismo para la implementación del esquema correspondiente, y

XII. Los demás requisitos que establezca el propio reglamento del Registro Público Único.

Artículo 53. La disposición o desembolso del Financiamiento o, en su caso, el inicio del servicio de construcción u operación del proyecto relacionado a Obligaciones de Asociaciones Público-Privadas a cargo de los Entes Públicos estará condicionada a la inscripción de los mismos en el Registro Público Único, excepto tratándose de Obligaciones a corto plazo o emisión de valores.

En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud de inscripción deberá presentarse ante el Registro Público Único, en un período no mayor a 45 días naturales contados a partir del día siguiente al de su contratación.

Artículo Segundo. Se deroga el segundo párrafo del artículo Sexto Transitorio del decreto por el que se Expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, para quedar como sigue:

Sexto. ...

Se deroga.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Entidades Federativas y los Municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Tercero. Durante el ejercicio fiscal 2020 no aplicará lo dispuesto en las fracciones V y VI del artículo 13, así como el penúltimo párrafo del artículo 14, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tratándose de aquellas Entidades Federativas o Municipios a los que se hubiera emitido una declaratoria por la contingencia sanitaria, sólo por aquellos servicios personales o gasto corriente asociados con la prevención, atención y control de la emergencia sanitaria.

Cuarto. Para efectos de lo señalado en el artículo 17, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las transferencias federales etiquetadas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, podrán devengarse y pagarse por las Entidades Federativas y los Municipios a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

Asimismo, las transferencias federales etiquetadas del ejercicio fiscal 2020 podrán ser devengadas y pagadas por las Entidades Federativas y Municipios hasta el 30 de junio de 2021, salvo en el caso de aquellas que se encuentren vinculadas a calendarios de ejecución, las cuales se regirán conforme a lo pactado con el Gobierno Federal.

Quinto. A fin de mitigar los efectos económicos relacionados con la contingencia sanitaria, durante el ejercicio fiscal 2020, aquellas Entidades Federativas y Municipios que cuenten con obligaciones a corto plazo vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán convenir con las Instituciones Financieras acreditantes, la modificación de las Obligaciones a corto plazo, a fin de prever el diferimiento total o parcial de pagos de capital e intereses por un periodo de hasta seis meses adicionales al plazo originalmente pactado. Para tales efectos, las Entidades Federativas y los Municipios, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la celebración del convenio correspondiente, en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores a su suscripción, adjuntando un tanto en original o copia certificada del mismo.

En todo caso, las Entidades Federativas y los Municipios darán estricto cumplimiento a la disposición constitucional que establece que las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Sexto. Los Entes Públicos que cuenten con financiamientos a largo plazo inscritos en el Registro Público Único a la entrada en vigor del presente Decreto, durante el ejercicio fiscal 2020 podrán convenir con las Instituciones Financieras acreditantes, el diferimiento total o parcial de pagos de capital e intereses por un periodo de hasta seis meses adicionales al plazo originalmente pactado.

Para tales efectos, los Entes Públicos tendrán un plazo de 15 días naturales posteriores a la celebración del convenio, para realizar su inscripción ante el Registro Público Único, debiendo presentar los requisitos señalados en el artículo 46 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios justificando que las modificaciones se realizaron con la finalidad de mitigar o atender los daños causados por la afectación de la contingencia sanitaria.

Séptimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como caso de excepción, podrá determinar el porcentaje de techo de financiamiento adicional al que podrán acceder las Entidades Federativas con base en el impacto económico derivado de la contingencia sanitaria en el año 2020 y previo análisis de sus finanzas públicas, así como del porcentaje adicional necesario al establecido en el artículo 30, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Octavo. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente el módulo que permita la presentación de las solicitudes de inscripción de Reestructuración de Obligaciones a corto plazo en el Sistema del Registro Público Único, a las que hace referencia el artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las Entidades Federativas y los Municipios deberán informar a dicha Secretaría sobre la celebración de la reestructura, mediante un escrito libre acompañado un tanto en original o copia certificada del instrumento jurídico donde conste la modificación en un plazo que no exceda de 30 días naturales posteriores a la celebración del convenio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará a las Entidades Federativas y a los Municipios que hubieran dado aviso sobre la celebración de dichas reestructuras, la fecha en la que podrán presentar su solicitud de inscripción de manera oficial.

Noveno. Hasta en tanto se realicen las adecuaciones a la normatividad secundaria en materia de disciplina financiera derivadas del presente Decreto, para la inscripción en el Registro Público Único de contratos de operaciones de factoraje financiero incorporados al programa de cadenas productivas con Nacional Financiera, a que hace se refiere el artículo 40 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, las Entidades Federativas y Municipios podrán presentar el requisito previsto en artículo 25, fracción XI del citado Reglamento, acreditando que el monto dispuesto de la línea de factoraje está comprendido dentro del Techo de Financiamiento Neto de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Para tales efectos, los Estados y Municipios deberán presentar en su solicitud de inscripción, el documento emitido por Nacional Financiera donde se acredite el monto dispuesto de la línea de factoraje.

Décimo. Una vez que se realicen las adecuaciones necesarias en el Sistema Informático del Registro Público Único, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementará las nuevas medidas correspondientes con relación a los financiamientos y obligaciones referidas en el presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2020.

Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Planteamiento del problema

El Estado Mexicano, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha establecido desde hace ya varias décadas el programa nacional de becas de posgrado. La evolución del número de becarios ha ido incrementándose de tal forma que para el 2020 serán invertidos 10,000 millones de pesos para el programa de becas de posgrados de calidad. Esa cantidad representa el 40% del presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación del país, sin que ello conlleve a que en realidad ese recurso se destine a capacitación de especialistas que trabajen en proyectos relevantes, sustentables y sostenibles para el desarrollo de México.

Una investigación realizada por académicos de diferentes universidades del país ha demostrado como a pesar de que el financiamiento para formación de recursos humanos especializados ha ido incrementándose, esto no impacta en mejores salarios para los egresados de los posgrados financiados por el Conacyt. No hay un incremento de puestos de trabajo para jóvenes con maestría y doctorado y esto tiene muchos orígenes.

Así también tenemos que la evolución en materia de gestión de la investigación, desarrollo e innovación es cada día más tortuosa, tiene menos recursos y menos compromiso del sistema de investigadores.

El Conacyt requiere de un cambio radical de paradigma para hacer más eficiente el recurso destinado a educación de alto novel, a capacitación de posgrado que impacte en el desarrollo del país.

Dado que el 40% de su presupuesto va destinado al financiamiento de programa de becas de los programas de calidad, esto no se ve reflejado en su reglamentación ni en la orientación que debe tener su marco legal. Este hecho marca un hueco legal que debe ser modificado de acuerdo a la necesidad actual de posgrados asociados a responder la problemática del país.

Argumentos

El sistema de educación de postgrado en México ha sido altamente efectivo para proporcionar la capacitación avanzada para estudiantes de ese nivel, lo cual es fundamental para la investigación en ciencia, tecnología e innovación. Este tipo inversión que hace el país en la educación de postgrado a través del Programa de Posgrados de Calidad del Conacyt es una estrategia ganadora pues le invierte al futuro y desarrollo.

Sin embargo, las más de 60,000 becas que se otorgan al año no están articuladas a los sectores estratégicos de desarrollo del país, lo que implica que muchas de las investigaciones que se llevan a cabo no se ven reflejadas en soluciones concretas para la problemática que vive México.

Cabe mencionar que el Conacyt beca a más estudiantes de postgrado que su contraparte estadounidense la National Science Foundation NSF quien reparte un billón de dólares en 40,000 becas por año. Este comparativo nos permite ponderar la importante inversión que México hace en los postgrados del Conacyt, no es menor el recurso público de 10,000,000,000.00 (diez mil millones de pesos) lo que equivale a la mitad de lo que Estados Unidos invierte en becas de este nivel académico.1

En consecuencia, el sistema de postgrado mexicano es referente de calidad a nivel mundial, los egresados son eruditos en sus temas de especialidad, pero ello no impacta en el crecimiento de la sociedad ni en mejores ingresos para el profesionista. ¿A qué se debe esta falla en el sistema de posgrado mexicano?

Derivado de análisis realizados por especialistas en el tema se ha indicado que muy poco se ha modernizado o evolucionado el sistema de postgrado del país.2 Así pues podemos decir que el actual programa de becas de postgrado del país se caracteriza por: a) la falta de diversificación en el tipo de programas (investigación básica o profesionalizante o industrial) b) la falta de un esquema de clara interdisciplinariedad de las academias a través de programas interinstitucionales c) la carencia de la directriz o prioridades del Estado para el desarrollo de los temas de tesis de grado d) el rasero y métrica principal del Conacyt evaluando los programas con la eficiencia terminal lo que lleva en muchas ocasiones a graduar estudiantes sin que tengan concluida la tesis o se incumpla el objetivo del programa de postgrado en cuestión, e) sistemas corruptibles a tal nivel que se han encontrado estudiantes becados trabajando en empresas de profesores, lo que claramente es un conflicto de interés u otros casos donde aspirantes que cumpliendo con todos los requisitos que marca una convocatoria no son admitidos aunque haya cupo en el programa.

Todo lo anterior nos revela la urgencia de desarrollar nuevos modelos de estructura organizacional y de financiamiento para esas nuevas formas de acción a través del postgrado. Si bien es cierto que se ha comenzado a trabajar al respecto son pocos los avances, ya que es todo un reto la conformación de equipos de investigadores y académicos de ciencias básicas o aplicadas que trabajen bajo criterios orientados a la resolución de problemas mediatos. Y menos aún existen los criterios y las métricas para evaluar en el corto, mediano y largo plazo el éxito de la interdisciplinariedad en el postgrado.

Esta iniciativa pretende atacar esta problemática y propone una solución inmediata a través de la participación de los sectores estratégicos de todas las áreas de la república como entidades líderes de los posgrados, lo cual sería factible si se modifica la legislación en materia de ciencia y tecnología para que un porcentaje del financiamiento de becas vaya a este tipo de programas, las cuales aporten soluciones palpables a las problemáticas actuales nacionales, de tal suerte que se materialice la aplicación del conocimiento.

En virtud de lo establecido es de suma importancia que se efectúen las reformas correspondientes en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , a saber:

Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXII y XXIII del artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforma la fracción XXII y XIII del Artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I  XXI...

XXII. Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades, diversificando el tipo de becas, acorde a los programas de postgrados para obtener la pertinencia asociada y aportar soluciones concretas a los problemas nacionales inmediatos, y concederlas de directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrados otras instituciones públicas nacionales o los organismos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta material y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes;

XXIII. Emitir los criterios generales, tomando en cuenta las necesidades de los sectores estratégicos del país a fin de generar una sinergia para la solución de los problemas nacionales mediante los términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos otorgados para la investigación científico y tecnológica;

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Recuperado el 12 de abril de 2020, de la página web: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS

2 Jorge, Flores, Retos y contradicciones de la formación de investigadores en México, Educar en Revista, Curitiba, Brasil, v. 34, n. 71, p. 35-49, set./out. 2018, recuperado el 12 de abril de 2020 en el sitio web: http://www.scielo.br/pdf/er/v34n71/0104-4060-er-34-71-35.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2020.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Que reforma el artículo 470 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 470 de la Ley de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los profesionales de la salud tienen la obligación de asistir y atender a las personas cuya vida se encuentre en peligro, teniendo en cuenta que el fin supremo de esta profesión es preservar la vida humana, por lo que queda bajo su responsabilidad la protección de la vida y la salud del paciente, así como su integridad física.

De esta forma, su labor es de trascendencia fundamental en la nación, pues están encargados de salvaguardar el bien jurídico más preciado tutelado por las normas mexicanas.

Existen diversas disposiciones locales y Federales, que hablan de la responsabilidad médica, en donde se aprecia un catálogo de penas y medidas de seguridad que resultan bastante rígidas y atentan contra el principio de presunción de inocencia, que es de observancia general y obligatoria para las autoridades, cuyo objetivo es penalizar la actuación del personal profesional médico, precisamente porque, su labor es igual de delicada como trascendente, por lo que es menester evitar caer en el absurdo jurídico de penalizar conductas denunciadas, que resulten infundadas o que resulten de la falta de insumos y condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad médica.

La responsabilidad médica, se define de la siguiente manera:

Es la calidad o condición de responsable y la obligación de reparar y satisfacer por sí mismo o por otro, toda pérdida, daño o perjuicio que se hubiera ocasionado; ello implica aceptar las consecuencias de un acto realizado con capacidad (discernimiento), voluntad (intención) y dentro de un marco de libertad.

En términos generales, puede decirse que es la obligación de los médicos, de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados adecuados en la asistencia del paciente; pudiendo adquirir a veces, relevancia jurídica.

Nuestro más alto tribunal, a través de los Tribunales Colegiados de Circuito ha dictado la siguiente tesis, que resulta bastante ilustrativa, por lo que se transcribe para mayor ahondamiento:

Tesis: I.4o.A.91 A (10a.)

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Décima Época

2004786 1 de 1

Tribunales Colegiados de Circuito

Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3

Pág. 1891

Tesis Aislada (Administrativa)

Responsabilidad profesional médica. Significado del concepto lex artis para efectos de su acreditación.

De los artículos 9o. del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 2o., fracciones XIV y XV, del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se advierte que la lex artis médica o estado del arte médico, es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente en la situación concreta de un enfermo y que han sido universalmente aceptados por sus pares. Esto es, los profesionales de la salud han de decidir cuáles de esas normas, procedimientos y conocimientos adquiridos en el estudio y la práctica, son aplicables al paciente cuya salud les ha sido encomendada, comprometiéndose únicamente a emplear todos los recursos que tengan a su disposición, sin garantizar un resultado final curativo. Lo contrario supondría que cualquier persona, por el simple hecho de someterse a un tratamiento, cualquiera que éste sea, tendría asegurado, por lo menos, una indemnización por responsabilidad profesional en el supuesto de que el resultado obtenido no fuera el pretendido, por lo que es necesario romper, en ocasiones, la presumida relación de causalidad entre la no consecución del resultado pretendido, es decir, el restablecimiento de la salud del paciente y la actuación negligente o irresponsable del médico, puesto que, además, no son pocos los casos en que las consecuencias dañosas producidas tienen su origen, no en la asistencia prestada por éste, contraria a la lex artis, sino en las patologías previas y a menudo gravísimas que presentan los pacientes.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Revisión fiscal 147/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Es importante señalar, que es precisamente por ello que resulta necesario impedir que los trabajadores de la salud sean prejuzgados, en contrario al principio de presunción de inocencia.

Existen tipos de responsabilidad médica, a saber:

Responsabilidad Civil: Deriva de la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados a la víctima.

Responsabilidad penal: Surge del interés del Estado y de los particulares, interesados en sostener la armonía jurídica y el orden público; por lo que las sanciones (penas) son las que impone el Código penal (prisión, reclusión, multa, inhabilitación).

Hoy en día vemos un alto índice de indolencia hacia el sector del personal profesional médico, existiendo una alta cantidad de reclamaciones y quejas infundadas hacia el mismo, aunado a la discriminación de que actualmente son víctimas, volviéndose el grupo más vulnerable, a pesar de ser aquel, en quien descansa la esperanza de vida de la población general.

Es por ello que, en esta Cuarta Transformación, se pretende proteger a este sector, con la finalidad de evitar que una queja o inconformidad infundada, impidan la labor tan trascendente del personal profesional de la salud.

Lo anterior es así, ya que si bien, conforme al artículo cuarto constitucional, se garantiza el derecho a la salud para todos los mexicanos, no debemos perder de vista que el personal médico, también es sujeto de derechos humanos consagrados en nuestra carta magna, así como en diversos instrumentos internacionales, por lo que resulta adecuado y relevante, proteger al personal de la salud, debido a la trascendencia de su labor, para evitar que se conviertan en un grupo desprotegido, ante el crecimiento exponencial de la población, así como de los requerimientos de los servicios de salud que día con día son cada vez más necesarios.

No omito mencionar que a la luz del principio de presunción de inocencia, es necesario garantizar al personal de la salud, la posibilidad de ser oído y vencido en un proceso previamente establecido por la ley, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y ante una autoridad competente que funde y motive la resolución final.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente:

Propuesta

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 470 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 470 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 470. Siempre que en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, participe un servidor público que preste sus servicios en establecimientos de salud de cualquier dependencia o entidad pública y actúe en ejercicio o con motivo de sus funciones, además de las penas a que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras Leyes, se le destituirá del cargo, empleo o comisión y se le inhabilitará para ocupar otro similar hasta por un tanto igual a la pena de prisión impuesta, a juicio de la autoridad judicial. En caso de reincidencia la inhabilitación podrá ser definitiva.

En ningún caso se separará al personal profesional de la salud, de su encargo o actividades, hasta en tanto no se acredite fehacientemente su responsabilidad en el o los hechos que se le imputen, quede debidamente comprobada la irregularidad imputada y lo determine la autoridad correspondiente que funde y motive la suspensión o separación del cargo o actividades relacionadas con la prestación del servicio médico.

No se considerará negligencia o responsabilidad para el personal médico, cuando no existan los insumos o condiciones necesarias mínimas para el desarrollo de la actividad médica.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 21 de abril del 2020.

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I; título de la sección I; 18, párrafos primero, segundo, tercero y último; 18 Bis, primer párrafo; 20, primer párrafo; 21, primero y segundo párrafo; 21 Bis, primero y segundo párrafo; 23, primero y segundo párrafos; 24, primer párrafo; 26, se deroga; 27, primer párrafo; 28, primero y tercer párrafo; 29, primer párrafo; 31; 32; 33; 34, primer párrafo; 35; 36, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 37, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo tercero se deroga, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo; 37 a, párrafo primero, fracciones I y III; 37 B, primer párrafo; 37 C, primer párrafo; 38, primer párrafo; 47, primero y segundo párrafo; 47 Bis, penúltimo párrafo; 49, primer párrafo; 53, párrafos primero, segundo y último; 56, primer párrafo, inciso c); título de la Sección V; 64, primer párrafo; 64 Bis; 64 Ter, primer párrafo; 66, primer párrafo; de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 1 de julio cumplió 20 años de operación el sistema de pensiones de cuentas individuales AFORE. El actual sistema de pensiones de contribución definida sustituyó al anterior sistema de beneficio definido mediante una reforma a la Ley del Seguro Social en 1995.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en 1930 la esperanza de vida de los mexicanos era solamente de 34 años. En 2015 es casi de 75 años. En 1930, únicamente un 4 por ciento de la población ?que en aquel entonces alcanzaba los 16,552,722 sobrepasaba los 60 años de edad (Inegi, 2001). En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Inegi, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México. Se determinó que 9 por ciento de la población cuenta con 60 años o más. Para el 2050, el Instituto estima que más de una cuarta parte de la población será mayor de 60 años

El retiro laboral y su sostenimiento son preocupaciones relativamente recientes. El paso del modo de producción esclavista a los modelos derivados de la Revolución Industrial, dieron con el tiempo lugar a esa inquietud. En el mundo occidental, sobre todo, se planteaban tres vertientes sobre el tema: la primera, de carácter estrictamente económico-capitalista que problematizaba la llegada de la vejez y, con ésta, la pérdida de las capacidades productivas; una segunda, que apelaba a un principio de justicia social y que defendía el derecho a llevar una senectud tranquila, sin las presiones laborales; y, finalmente, aquella cuyo problema radicaba en la colocación laboral de las nuevas generaciones, quienes debían incorporarse como mano de obra, pese a que no necesariamente hubiera nuevas fuentes de trabajo capaces de darles cabida. Por supuesto, en cada contexto particular despuntó alguna de las vertientes más que las otras dos, pero fue la combinación de éstas la que fue clarificándose conceptualmente bajo el título de sistema de pensiones y/o jubilaciones

Actualmente, los sistemas de pensiones en México están regidos a nivel Federal por una pluralidad de leyes que se desprenden del Artículo 123 Constitucional y que incluyen la Ley del Seguro Social (LSS); la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR); Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hay que mencionar que también existen las leyes de pensiones y jubilaciones de cada entidad federativa, Universidades y municipios, entre otros.

Según la Consar, a partir de 2022 las primeras personas inscritas en las AFORES comenzarán a retirarse con una pensión de 4 mil 475 pesos, dado que una mínima parte de los cerca de 80 mil inscritos al año alcanzará las mil 250 semanas de cotización que se requieren.

Especialistas afirman que es una bomba que podría explotar en tres o cuatro años, cuando las generaciones inscritas en las AFORES se den cuenta de que las pensiones son tan bajas que incluso el gobierno tendrá que otorgar recursos para proporcionar la pensión mínima garantizada prevista en la Ley del 