“Estimado/a investigador/a: Junto con saludarle, quisiera solicitar su colaboración en el marco de la coordinación de las diferentes actividades que se están realizando en torno a la organización de la COP 25”. Con estas palabras -hace más de tres meses de anunciada la organización de la Conferencia de las Partes- el gobierno efectuó el primer llamado a la comunidad científica a participar de la organización del evento mundial más importante respecto del cambio climático, a realizarse en diciembre de este año.

“Considerando que estamos con plazos ajustados, le pido si me pudiese dar una retroalimentación en lo que queda de la semana”, solicitaba el documento enviado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), lo que despertó el malestar de la comunidad científica, por lo acotado de los plazos y por considerarlos después de tres meses desde que Chile decidió reemplazar a Brasil en las organización de este evento, que traerá 25 mil personas y una treintena de jefes de estado. Un evento que está solo a ocho meses de tener lugar.

La molestia es generalizada y los científicos chilenos acusan improvisación y dicen sentirse excluidos de la elaboración de los contenidos que tendrá el megaevento.

Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) -por ejemplo- asegura que no ha habido acercamientos por parte de los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación con la comunidad científica. La científica asegura que “estamos en buena posición para decir que no ha habido contacto, puesto que hablamos desde una entidad especialista en el tema y financiada por el Estado”, dice.

Para Moraga, parte también del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, la presidencia de la COP 25 tiene que cumplir con el rol de “llevar a cabo las negociaciones que se realizan durante todo el año en materia medio ambiental”, siendo el rol de investigadores y expertos “acercar la base científica a la toma de decisiones de política internacional de la Conferencia”.

La tardanza en convocar a la comunidad científica para discutir en torno a los objetivos y acuerdos en materia medio ambiental después de luchar por obtener la organización de la Cumbre por el Cambio Climático genera desconfianza en Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas. “La postulación a la COP responde a un discurso de apariencias”, asegura.

Orrego explica que “no sirve presidir la COP si dentro del gobierno no se discute sobre políticas públicas que protejan las cuencas hidrográficas, la agricultura regenerativa o las zonas de sacrificio”, entendiendo que el evento responde a una “propaganda medio ambiental”.

El llamado tardío a investigadores a participar de la organización se da en medio de días complejos para la imagen internacional de Chile en materias de medio ambiente. En una carta dirigida a la ONU, la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt sinceró las dificultades que presenta el país para realizar la cumbre del cambio climático, solicitando aplazar la fecha del evento. La respuesta fue negativa: la ONU ratificó las fechas para el COP 25; a realizarse entre el 2 y 13 de diciembre del presente año.

También Chile ha recibido duras críticas por no confirmar su adhesión al Acuerdo de Ezcazú, el que ofrece garantizar derechos medioambientales y de ambientalistas en América Latina, pese a haber sido uno de los paíse propulsores del acuerdo junto con Costa Rica.

“Un país pide que pide ser sede de un evento de sobre 20 mil personas y que cuesta sobre el orden de 80 millones de dólares tiene que ser responsable”, dice Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable y ex candidata a la presidencia en 1999.

La ecologista y miembro de la Red Interamericana de Defensa del Agua y la Vida señala que el foco del trabajo del gobierno debiera ser la discusión en torno a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París antes que la organización de la Conferencia. “Se quiere organizar una cumbre mundial sobre cambio climático, pero todavía no se cita a las ONG y al mundo académico para discutir el tema central detrás del evento”, afirma.

Otra arista relevante que está apareciendo en la discusión a propósito de la organización del COP25 dice relación con que la comunidad científica considera que el proyecto de reformulación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental está siendo despriorizado. Anunciada como una de las grandes medidas para mejorar la fiscalización medio ambiental, la medida tiene como último avance la exposición de expertos medio ambientales y ONG’s el pasado 7 de enero.

Contactamos a Conicyt para tener su versión respecto de la carta y la reacción que ha generado en la comunidad científica, pero al interior de la entidad declinaron referirse al tema.