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ISABEL FRANCO CARMONA* // No se puede vivir del aire. Es imposible. Aunque en nuestro país, a dos millones y medio de personas no les quede más remedio que intentarlo cada día, no se puede vivir del aire. No se alimenta una persona de aire, ni se busca trabajo con aire, los coches no usan aire como combustible, tampoco el aire nos viste, ni los bancos dejan que paguemos nuestros alquileres e hipotecas, o las eléctricas, nuestras facturas de la luz, con aire.

La ciudadanía lo sufre cada día. Cuando te quedas sin empleo y sin prestación o cuando tu pensión o salario es tan bajo que no te da para llegar a fin de mes, pierdes todos tus derechos democráticos. Aquellos derechos de mínimos que bien describe el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta pérdida de derechos democráticos, es el día a día de nuestro pueblo.

Las consecuencias son aún peores si pensamos en el futuro. Con casi cuatro millones de desempleados, con unos empleos cada vez más precarios y con una temporalidad creciente, es cada vez más difícil que las pensiones públicas vayan a ser sostenibles durante mucho más tiempo. De hecho, el Fondo de Reserva, conocido como la “hucha de las pensiones”, ya no llega para la paga extra de finales de 2017 y, según la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), el déficit de la caja de la Seguridad Social será de 20.000 millones de euros al acabar el año.

Sin ingresos, ¿dónde quedan los derechos? Los artículos 35, 40 y 50 de la Constitución Española no se aplican. Es tan grande el abismo entre la situación actual y el cumplimiento efectivo del derecho al empleo y salario digno, a unas prestaciones por desempleo suficientes y a las pensiones públicas, que la propia Constitución parece revolucionaria.

Incluso el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece desdibujado. Borroso. Como si le hubiese pasado por encima una mano sudorosa de agarrar maletines de piel repletos de dinero.

Es urgente aumentar los ingresos, pero eso solo puede hacerse con políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias volver a consumir y, por consiguiente, a los empresarios volver a producir y vender.

Y a su vez, hay que realizar políticas estructurales que se adapten a la nueva realidad y cambios sociales y garanticen derechos. Caminar hacia una Renta Básica universal, garantizar las pensiones públicas e impedir que estas se conviertan en un negocio y favorecer un cambio de modelo productivo que dote a nuestras trabajadoras y trabajadores de empleos bien remunerados y de calidad.

Conseguirlo no va a ser fácil. Para los grandes poderes políticos y económicos, es mucho más efectivo y cómodo tener a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país empobrecidos y hacer negocio con las pensiones. Y la excusa es sencilla: “No hay dinero”. Sí que lo hubo para el rescate bancario. De la misma forma que lo hubo para proteger a La Trama mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Quieren que vivamos del aire para mantener sus privilegios.

Solo el pueblo organizado en lógicas de fraternidad y sororidad conseguirá defender sus derechos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. De la misma forma que las mujeres conquistamos el derecho a voto y que avanzamos hacia la igualdad, o de la misma manera que la clase trabajadora conquistó el derecho a la jornada de 8 horas. El próximo día 25, salimos a la calle. Nadie sin ingresos. Nadie sin derechos.

*Isabel Franco Carmona es diputada de Podemos por Huelva.