“Nunca estuvo en la discusión eliminar esa norma, nunca se trató incluso, y aquí ha ocurrido algo que es impresentable, pero que podemos rápidamente reparar”, dijo Ximena Rincón, promotora de la moción parlamentaria.

El gobierno celebró el jueves pasado la entrada en vigencia de la nueva ley que regirá la relación entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes compañías, luego que tuviera un trámite rápido en el Congreso.

La iniciativa fue conocida como “Pago en 30 días”, pues establece un nuevo marco jurídico que acelera los pagos a pequeños y medianos proveedores hasta 30 días. El presidente Sebastián Piñera habló de mayor crecimiento e innovación, cuando este jueves anunció que comenzaba a aplicarse la nueva norma.

Pero el texto legal también trató de otras materias que Piñera no mencionó. Una de ellas es polémica, y tiene que ver con la posibilidad que tenían las pymes de demandar a las grandes compañías, cuando sus derechos comerciales son vulnerados. Esa herramienta, simplemente, fue eliminada con la promulgación del nuevo texto legal, el que reemplaza una antigua ley que sí la consagraba, y desató una disputa entre el Ministerio de Economía, titular de la iniciativa, y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), por la responsabilidad en el asunto.

En concreto, el gobierno dice que la BCN incurrió en un error al no incluir el viejo articulado en la nueva ley; mientras que la Biblioteca dice que su labor no es hacer acciones interpretativas, sino que es copiar y pegar desde el Diario Oficial, por lo que no fueron ellos los del error.

Como sea, los senadores que discutieron el proyecto en la Comisión de Economía dicen que nada tienen que ver en la polémica, pero tomaron cartas en el asunto. Este miércoles, la senadora Ximena Rincón (DC) presentará una moción parlamentaria que busca corregir la nueva ley.

“He preparado una moción parlamentaria para corregir el error en el que han incurrido la Biblioteca y el gobierno, al publicar la Ley de pago a 30 días eliminando un artículo que permitía que los pequeños empresarios se pudieran defender en caso de abuso”, dice Rincón. “Nunca estuvo en la discusión eliminar esa norma, nunca se trató incluso, y aquí ha ocurrido algo que es impresentable, pero que podemos rápidamente reparar”.

Rincón ya cuenta con los votos de otros senadores de la Comisión de Economía, en un momento en que el tema ya está siendo evaluado por propietarios de pequeñas y medianas empresas.

“Tomamos con bastante sorpresa el reportaje (primer artículo de El Desconcierto sobre el tema). Nos deja muy expectantes sobre cómo se va a solucionar esto”, dijo Gianina Figueroa, secretaria general de Unapyme, quien además manifestó reparos respecto de la demora en que se aplicará la obligatoriedad del pago en 30 días.