José Romero Rodríguez, gobernador tradicional guarijío desde 2007 en la zona de los Álamos, Sonora, llegó el lunes al Distrito Federal en busca de ayuda y protección. El Gobierno estatal ha presentado un proyecto de unos 170.000 millones de pesos para construir la presa Los Pilares, que afectará a las tierras de su comunidad, un pueblo que se rige por sus propios usos y costumbres y donde cuatro de los cinco gobernadores han autorizado ya “bajo presiones” el inicio de las obras, aunque para ello no han consultado a las asambleas, como dicta la ley. Las operaciones en esta zona están al margen de las obras del Acueducto Independencia, también en Sonora, un proyecto que podría quedar suspendido en los próximos días si se demostrara que su funcionamiento causaría daño irreparable a otra comunidad indígena que habita en el Estado, la Yaqui.

José Romero, el único que no ha dado el visto bueno al documento, denuncia que está siendo intimidado (“me mandan patrullas”, dice) y explica que él se opone porque el Gobierno no les ha presentado el proyecto completo, algo a lo que se comprometieron el 12 de noviembre de 2012. Vestido con pantalones azules, sandalias, camisa norteña y sombrero tejano, este martes aseguraba desde su refugio en la capital mexicana no tener miedo. “Si te van a matar te apuntan con una pistola y casi no te enteras, para qué estar asustado. Si tuviera miedo no estaría aquí”.

El Gobernador de la colonia guarijía y su hija Julia, ambos artesanos fabricantes de preciosas muñecas de trapo y madera, nunca habían viajado tan lejos. El lunes perdieron el vuelo –la primera vez que José se subía a un avión- que los iba a traer a la Ciudad de México desde Obregón, a unas tres horas de los Álamos en coche. Antes de partir, una llanta de su carro apareció pinchada. Cuatro asesores de los guarijíos, una comunidad indígena compuesta por 378 familias en esta zona de la República, comenzaron a recibir amenazas a finales de julio para que no interfirieran en el proceso de construcción de la presa y entre otras acciones, también sus vehículos fueron dañados. En este grupo de investigadores y defensores de los derechos humanos se encuentran Jesús Armando Haro Encinas, del Colegio de Sonora, y Ramón Martínez Coria, licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable . Ellos dos, incluidos ahora en el Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, acompañan en todo momento a José Romero y a su hija en su periplo por el DF. “Este viernes tenemos una nueva reunión para evaluar los riesgos y la necesidad de que el gobernador tenga su propio mecanismo de protección”, explica Haro.





Poco a poco, casi de forma telegráfica y con el apoyo de los asesores, José Romero, de 69 años, va relatando la historia de los últimos días: “El 4 de agosto fui sustituido en una de las asambleas por otro gobernador, un medio hermano, y el nuevo mandatario empezó mal, recogiendo firmas para que se apruebe el proyecto. Pero aunque él lo autorice, no sirve, porque yo tengo el sello, que es lo que da validez a la firma”, explica. Él y su hija han viajado con el cuño oficial a la capital.

“Nunca hubo una votación”, prosigue Armando Haro. “Cuando el señor vio que se le faltaba al respeto se levantó y se fue de la Asamblea. Nosotros lo acompañamos, cayó un aguacero tremendo, lo que normalmente hace imposible seguir con las reuniones y al otro día nos llamaron y nos dijeron que habían nombrado a su medio hermano nuevo gobernador”. Haro Encinas va más allá: “Nos parece una maniobra fraudulenta, ilegal: haces una asamblea y como no consigues lo que quieres del gobernador, cuando él se marcha indignado por lo que está pasando arreglas un nuevo gobernador al vapor”.

El sábado 10 de agosto, la mesa de Nuevo Colorado, la comunidad principal de la colonia guarijía en los Álamos, decidió deponer a su gobernador, quien había firmado la autorización sin consultar a la asamblea. En una misiva dirigida a las autoridades federales, la sociedad civil y los medios de comunicación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, explican: “Las autoridades estatales y municipales, a partir de los primeros de julio del 2013, bajo presión y amenaza consiguieron la firma del gobernador tradicional que representa al Ejido Burapaco, este fue llevado a bordo de patrulla municipal de un día para otro, nosotros (comisariado ejidal y asamblea), no se nos informa cuál era el objetivo de esta salida fuera de la comunidad por parte del gobernador tradicional y el delegado de policía”. En la carta exponen que “no están de acuerdo” con la firma del “documento ilegal” porque “amenaza” su “vida y territorio”.

La misiva continúa: “Alguna de las presiones que se mencionó por parte del gobierno estatal y municipal fue que sin la firma de ese convenio no se iban a recibir los apoyos y proyectos federales, estatales y municipales, que ya sabemos que por ley nos corresponden. Una amenaza que se recibió es que quieren fuera a nuestros asesores (Ramón Martínez y Armando Haro)(…) Frente a esta situación el pueblo guarijío consideramos urgente y prioritario que volteen hacia acá y por supuesto vengan a visitarnos”.

Armando Haro Encimas califica de “racista” la actitud de las autoridades del Estado: “Pensar que no van a reaccionar y que van a firmar algo tan ilegal. No pueden querer hacerse con tierras sin tratar con la comunidad ejidal”. El investigador del Colegio de Sonora expresa su miedo a que haya una radicalización del conflicto que aumente las tensiones y provoque la entrada del Ejército, militarizando la zona los años que dure la obra.

Este diario ha tratado de contactar con el Gobierno de Sonora, pero la Secretaría de Comunicación Social, quien asumió inicialmente vía telefónica la responsabilidad de contestar a las preguntas, no concedió al final la entrevista.

Además de la violación a los derechos humanos – Haro indica que el alto comisionado de las Naciones Unidas ha comenzado a investigar el caso- los guarijíos hablan de la pérdida medioambiental y consideran “superficial” la evaluación emitida por la Secretaría de Medio Ambiente federal. Entre las preocupaciones que manifiesta la tribu están la pérdida de sus tierras por la inundación, la desaparición de plantas medicinales y especies animales, el peligro para los niños al cruzar la presa para ir a la escuela, la proliferación de insectos por las aguas estancadas y la posible desaparición del panteón y sus muertos, que quedarían bajo el agua.

Pese a lo cansado de estos días, repletos de reuniones de trabajo, José Romero, sosteniendo el sello que le da el poder en la mano derecha, se mantiene firme. “Me siento bien, tengo buena salud”, asegura. “Es la lucha de un David contra un Goliat”, concluye Haro. Pero que nadie dude: seguirán batallando.