Una empresa acusada de financiar al PP se benefició de un millón mediante facturas falsas

Así se montó la trama para saquear el AVE

GEMA PEÑALOSA

Alicante

@GemaPenalosa

El desvío multimillonario de fondos que se produjo a cuenta de las obras del AVE Alicante-Murcia entre los años 2011 y 2014, contó con la colaboración de una empresa a la que Anticorrupción acusa de financiar durante años al PP de la Comunidad Valenciana a cambio de suculentas adjudicaciones.

La trama de la alta velocidad -integrada, entre otros, por un alto cargo de Adif- ha colocado de nuevo a la constructora Hormigones Martínez SL, propiedad de quien fuera presidente de los empresarios de Alicante entre 2009 y 2011 Rafael Martínez Berna, en un sumario de corrupción tras el caso Gürtel, donde la Fiscalía señala al empresario como uno de los industriales que inyectaron dinero negro a los populares.

Según Hacienda y la Guardia Civil, la compañía hizo un negocio muy rentable a base de facturaciones millonarias por servicios no prestados que, en conjunto, supusieron un quebranto de 18 millones para las arcas públicas, tal como apunta la investigación.

Formaba parte, junto con Dragados y Tecsa, de la UTE que se iba a encargar de recolocar el laberinto de canales de riego tras los trabajos de construcción del trazado del AVE en la huerta del sur de la provincia de Alicante, entre San Isidro y Orihuela. Los investigadores lo tienen claro: el conglomerado de empresas tuvo una responsabilidad vital en el entramado delictivo que instruye un juzgado de Murcia. Se inflaron facturas y se pagó por obras que nunca se hicieron.

«Era improbable que el desvío de fondos se realizara sin el conocimiento de los responsables de la UTE», concluye el informe del Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil incorporado al sumario al que ha tenido acceso EL MUNDO. La investigación se centra en cuatro puntos de la línea de alta velocidad entre la comarca de la Vega Baja de Alicante y Murcia. Los imputados encontraron ahí el filón.

Usaron, según las diligencias, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela -organismo que escapa al control de cualquier administración y sin cuyo visto bueno no se toca un metro de tierras de regadío- para llevar a cabo el plan que ideó su ingeniero José Manuel Fernández Pujante, acusado de apropiarse siete millones.

Los investigadores dedican un espacio preferente a Hormigones Martínez SL. Fabricó las facturas, señalan, en concepto de «canon de vertedero». El dueño de la pequeña empresa que la trama eligió para canalizar la presunta malversación y que actuó como subcontratista de las adjudicatarias principales, Obras Marimar SL, detalló cómo Hormigones Martínez y Dragados facturaban por servicios no prestados. Los responsables de la UTE, aseguró, «conocían plenamente todas las irregularidades participando en los acuerdos previos para que se produjese el desvío de dinero de la obra no ejecutada».

«Los beneficios obtenidos con los acuerdos con Fernández Pujante fueron desviados mediante pagarés que inicialmente la UTE emitía a favor de Obras Marimar que, a su vez, posteriormente emitía a favor de Hormigones Martínez con vencimiento unos días posterior al primer pagaré». Además, señala al jefe de producción de la compañía de Martínez Berna a quien, según su testimonio, entregaba un documento con mediciones reales y él «devolvía estas relaciones valoradas con mediciones falsas».

El inicio de lo que va camino de convertirse en otra macrocausa de corrupción hay que buscarlo en 2011, con el anuncio de la llegada de las obras, y se abonó hasta 2014 con empresas fantasma que, según las pesquisas, emitieron facturas falsas. La manga ancha de la cúpula del Juzgado de Aguas de Orihuela también ayudó en el saqueo.

Este ente y otra comunidad de regantes vecina imponían a las grandes adjudicatarias la subcontrata de la empresa elegida por la trama para el saqueo. Eran las condiciones para trabajar en la huerta.