Barcelona. (Redacción y agencias).- El Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado las ayudas al alquiler y ha asumido todo su presupuesto, incluido el que le correspondería a la Generalitat, y ha impuesto las 12 primeras sanciones a entidades financieras por tener durante más de dos años viviendas vacías, ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Ada Colau.



En rueda de prensa junto al concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, Colau ha resaltado que ha incrementado el presupuesto de las ayudas de seis a siete millones de euros y que ha cambiado los criterios con el objetivo de que también se puedan beneficiar las familias sin ningún ingreso, algo que antes no ocurría y que Colau ha calificado de "paradoja". La modificación de las bases de la convocatoria permitirá a los trabajadores sociales atorgar la ayuda a solicitantes que no lleguen a los 300 euros de renta mensual. Para acceder a las ayudas al alquiler, los interesados deberán solicitarlas a través de alguna de las 10 Oficinas de la Vivienda de Barcelona -una por distrito- y acreditar su residencia en la localidad y el riesgo de pérdida de la vivienda, que debe ser la habitual y permanente desde hace más de un año.

El consistorio defiende que estas ayudas, que calcula que podrán llegar a unas 1.600 unidades familiares con dificultades, en realidad "suponen un ahorro" porque la intervención social tras un desahucio "conlleva un gasto mayor para el municipio". Defiende que "además estas ayudas constituyen en realidad una ayuda para los propietarios de pisos con inquilinos afectados por la crisis". La línea de ayudas al alquiler, iniciada en abril de 2015 por el gobierno de Xavier Trias, es la primera que impulsa íntegramente el municipio, asumiendo una prestación que es competencia autonómica. En paralelo, el consorcio de la vivienda de Barcelona promovió en julio otra convocatoria de ayudas al alquiler financiada por el ministerio de Fomento, pero esta línea sufre un retraso medio de 10 meses y cubre alquileres de hasta 600 euros. La nueva convocatoria, íntegramente municipal, cubrirá arrendamientos de hasta 800 euros y tiene una media de adjudicación de tres meses.

17 pisos adquiridos, los 7 primeros este mes

También ha anunciado que el Ayuntamiento destinará 3,5 millones de euros a la compra y rehabilitación de vivienda ejerciendo el derecho de tanteo y retracto para destinarlas al alquiler social, y que trabaja para adquirir 17. De hecho el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comunicado a la Generalitat su voluntad de ejercer el derecho a tanteo y retracto sobre 7 viviendas (tres en Nou Barris, una en Horta-Guinardó, dos en Sant Andreu y una en Sants-Montjuïc) y se prevé que se conviertan de propiedad municipal en el plazo de un mes. Una vez sean del Ayuntamiento, el consistorio iniciará inmediatamente las obras de acondicionamiento para que en el plazo más breve posible las puedan ocupar personas en riesgo de exclusión social.

Estos siete pisos son los primeros de un paquete de 17 sobre los que el Ayuntamiento ya ha expresado a la Generalitat que ejercerá el derecho a tanteo y retracto. Esta fórmula permitirá adquirir viviendas con precios entre un 20 y un 40% inferiores a los de mercado y un coste aproximado por vivienda adquirida y rehabilitada de unos 80.000 euros.

Sanciones

En cuanto a las sanciones a entidades bancarias por tener inmuebles vacíos n zonas de alta demanda de vivienda, el gobierno de Colau ha impuesto ya 12 multas de 5.000 euros cada una "después de haber abierto los correspondientes expedientes sancionadores y una vez ha sido comprobado mediante las inspecciones, que efectivamente se trata de viviendas que se encuentran vacías durante más de 2 años". Estas multas se enmarcan el programa de movilización de viviendas vacías que asumió a instancias de la PAH el anterior gobierno en noviembre de 2014, con un plan de detección de inmuebles en tres zonas de la ciudad (Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y Besòs) mediante un cruce de datos de catastro y padrón y también inspecciones presenciales. El equipo de Colau proseguirá con el programa ampliándolo a todos los barrios, aunque avisa que quedan en proceso de incoación 62 expedientes.

2.000 desahucios al año

El consistorio barcelonés calcula que se producen unos 2.000 desahucios anuales por impago en la ciudad y que sobre el 90% corresponden a situaciones de impago de alquileres. También ha asegurado que "alrededor de 70 unidades familiares están esperando la adjudicación de un piso de emergencia, a las que hay que añadir las familias que también están a la espera de una vivienda social, a pesar de no haber sido desahuciadas".

El gobierno de Colau quiere recuperar el ritmo de construcción de vivienda pública que asegura que duró hasta 2011, con unas 1.000 viviendas iniciadas y 1.000 acabadas cada año. "A partir de 2012 la cifra baja drásticamente a 300 o menos viviendas al año iniciados y por tanto un número similar de viviendas terminadas", critica el ayuntamiento en un comunicado enviado este miércoles. Estas obras irían a cargo del Patronato de la Vivienda, que también fomentará las viviendas de promotores sociales, como sindicatos, asociaciones o cooperativas. En cuanto a las reuniones mantenidas con las cúpulas de los principales bancos que operan en Barcelona para que cedan parte de su estoc inmobiliario, Colau ha asegurado que en breve anunciará los primeros acuerdos, que servirán también para acoger refugiados en el marco de la red de 'ciudades-refugio'.