La Ley de Protección al Empleo solo pretende proteger la subsistencia de un contrato de trabajo, pero no la remuneración adecuada de los trabajadores. Los problemas de salario se vienen arrastrando hace muchos años, desde que se propuso un sueldo ético. Fue un tema relevante durante el estallido social, lo que obligó al Gobierno a impulsar una insuficiente Ley de Ingreso Mínimo Garantizado, la que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una familia que tiene trabajo formal.

La nueva normativa es insuficiente, porque solo abarca a un grupo de trabajadores asalariados, cerca de 4,7 millones, de ellos, 1,2 son contratos a plazo fijo, probablemente no tienen más de 6 meses consecutivos de cotizaciones en el seguro y ya han echado mano al mismo en periodos anteriores de cesantía.

La cotización mensual es de un 3% de la remuneración, pero a la cuenta individual solo va un 2,2%. Eso implica que los trabajadores con 2 años y 8 meses de cotizaciones alcanzan a cubrir solo el primer mes de suspensión, lo que implica un 70% de su remuneración y esto, solo considerando a quienes tienen contrato indefinido, con jornada completa. En un ejercicio simple, una familia, con dos proveedores con sueldos de $600 mil cada uno, al cuarto mes de esta crisis, bajarán de una renta familiar de $1.200.000 a una de $480 mil.

Sin embargo, no hubo intención de establecer dichos parámetros diferenciadores por parte del Gobierno y solo se han limitado a pedir la buena voluntad de los empleadores, apelar a su filantropía. No se trata de eso, se les debe exigir el cumplimiento de la normativa laboral, su deber con la seguridad tanto de la salud como de la vida de sus trabajadores y, en dicho resguardo, suspender las faenas y dar íntegro pago de las remuneraciones. Es allí donde les viene como anillo al dedo el dictamen de la Dirección del Trabajo, que les faculta a no pagar escudándose en que se trata de un caso de fuerza mayor.

Esta ley tampoco cubre a los trabajadores formales que tengan una antigüedad laboral anterior al año 2001, ya que no estaban obligados a cotizar en el sistema. Esos trabajadores hoy quedan desamparados, con un dictamen aún vigente de la Dirección del Trabajo –cuestionable por cierto– que da manga ancha a empleadores para no pagar remuneración, empleadores que corrieron a redactar anexos de contratos, de permisos sin goce de remuneración, bajo amenaza de despido sin derecho a indemnización.

Tampoco se hace cargo de la precaria realidad de los jubilados y de quienes reciben subsidios por incapacidad, que ante paupérrimas pensiones siguen trabajando y no tienen seguro de cesantía. Pese a la inclusión o los programas de Gobierno que incentivan el trabajo de personas mayores de 65 años, son enviados a sus hogares sin sueldo, pero con trabajo.

Peor situación es la de las trabajadoras de casa particular. Se les dijo que no las van a despedir, pero durante este periodo en que no podrán prestar sus servicios, deben retirar los fondos de su indemnización a todo evento, equivalente a media remuneración por año de servicio. Es decir, la trabajadora paga con sus ahorros individuales esta crisis –su indemnización por años de trabajo– sin considerar las deficiencias asociadas a este tipo de rubro y la alta informalidad, donde se les cotiza por menos de lo que ganan. Urge, entonces, un fondo estatal que asegure remuneración suficiente para este importante grupo de trabajadoras.

Quienes paga la crisis son los trabajadores. Los dejan en la disyuntiva de trabajar poniendo en inminente riesgo su salud y hasta la vida o quedarse en casa, sufriendo la pandemia económica. No tienen opción. Una u otra alternativa los lleva a poner en riesgo sus vidas. En este escenario, la protección de las remuneraciones de los trabajadores requiere una acción decidida del Estado, de inyectar recursos directos que permitan la subsistencia de los trabajadores y, de paso, colaborar en la subsistencia del engranaje de la economía.

Es necesario abordar este tema respecto de rubros y empresas imposibilitadas de enfrentar la crisis, entiéndase por tales a los pequeños emprendimientos, las microempresas, los negocios familiares, los empleadores de trabajadoras de casa particular y pequeños comercios, entre otros.

Sin embargo, no hubo intención de establecer dichos parámetros diferenciadores por parte del Gobierno y solo se han limitado a pedir la buena voluntad de los empleadores, apelar a su filantropía. No se trata de eso, se les debe exigir el cumplimiento de la normativa laboral, su deber con la seguridad tanto de la salud como de la vida de sus trabajadores y, en dicho resguardo, suspender las faenas y dar íntegro pago de las remuneraciones. Es allí donde les viene como anillo al dedo el dictamen de la Dirección del Trabajo, que les faculta a no pagar escudándose en que se trata de un caso de fuerza mayor.

Hay muchas empresas grandes y medianas que no están imposibilitadas de cumplir su obligación, quizás no es tan fácil, quizás un poco más oneroso. Cuesta comprender que estas empresas, filiales de grandes transnacionales o acreedoras de millonarias utilidades, no sean capaces de pagar dos semanas no laboradas en el mes de marzo o pagar salarios 2 o 3 meses. No se les debe pedir un favor, se debe exigir que cumplan su obligación y no ampararse en salvatajes que están dando los propios trabajadores, con fondos destinados a sus periodos de cesantía.

No sigamos subvencionando a los grandes capitales. Es el momento de estar a la altura y poner al servicio del país sus utilidades. No usar las franquicias estatales para mantener sus fortunas a salvo.