Nuestros banqueros son gente muy austera. Por ejemplo, los del Santander destinan 233 millones de euros a asegurarse unas pensiones de oro. Eso no les impide defender la bajada de las pensiones públicas o la elevación de la edad de jubilación, como acaba de hacer el Bundesbank proponiendo que sea a los 69 años. Pero no nos hagamos mala sangre con la doble moral. El fondo del asunto es que las pensiones son una pieza clave del estado de bienestar. Más aún en tiempos de crisis: en España el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y un 7,25% de los jubilados convive con personas en paro.

Está en marcha un intento de desmantelar del sistema público de pensiones y hay un silencio casi absoluto. Los neoliberales asisten complacidos a un deterioro del sistema que les interesa para sus planes. Hay políticos y entidades que prefieren culpabilizar a los ciudadanos de una quiebra de la Seguridad Social por vivir más de lo debido o tener menos hijos en un país que nunca ha fomentado la natalidad. Otros, para no aparecer como aguafiestas y no perder votos entre los electores de mayor edad, miran para otro lado. Complicidad o cobardía, da lo mismo, tras la devastación no habría inocencia. Vayamos por partes.

Primero el saqueo. El gobierno en funciones del Partido Popular ha sacado en julio otros 9.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la paga del verano y el IRPF. Se está procediendo al vaciamiento sistemático de la llamada “hucha de las pensiones”. El Fondo de Reserva se creó en 2000, llegó a tener 66.815 millones en 2011 y el gobierno Rajoy se lo ha ido puliendo durante su mandato hasta dejarlo en solo 24.207 millones. Han consumido 55.151 millones de euros en los últimos cinco años y quedan reservas para año y medio. ¿Por qué se ha tirado del Fondo de Reserva? Por la caída de ingresos en la Seguridad Social como consecuencia de dos hechos: el menor número de cotizantes al aumentar los despidos, los ERE y el desempleo (se han perdido 2,9 millones de cotizantes entre 2007 y 2013); y la disminución de las bases de cotización por la devaluación salarial aplicada. Es decir, la caída de ingresos es consecuencia directa de la política de austeridad y de las reformas laborales.

El problema está también en que la “hucha” se ha usado para bajar cotizaciones a los empresarios a través de las “tarifas planas” que han supuesto este año una caída de 2.500 millones en la recaudación de la Seguridad Social . Incluso para sanear la banca, tal y como ha denunciado la prensa internacional y Vicenç Navarro, que afirman que la hucha está pagando el rescate de 61.000 millones de euros a la banca, ya que el 97% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en España para poder financiarlo. Hasta aquí el expolio.

La estrategia de derribo. En paralelo se intensifica la campaña de los interesados profetas de la catástrofe para sembrar el miedo. Formulan una falsa dicotomía: la quiebra del sistema o bajar las pensiones, con su no revalorización y un endurecimiento de los requisitos para causar derecho. En el colmo del cinismo, hablan incluso de solidaridad intergeneracional que pasaría por bajar las pensiones para que les lleguen a los jóvenes. Tratarán de degradar las pensiones públicas para impulsar los fondos privados y atrapar el ahorro de millones de trabajadores, ya que de forma voluntaria no han funcionado. Interesa destacar que las pensiones en España son bajas (el 53% inferior a 700 euros) y que muchos millones de trabajadores no tendrían capacidad de financiarse una jubilación privada complementaria dado el empleo-basura existente (precariedad, tiempo parcial y bajos salarios).

La munición argumental que utilizan para “vender” la falta de sostenibilidad del sistema es que ha aumentado la longevidad, la tasa de natalidad es muy baja, la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom y que se ha desequilibrado la ratio activos/pasivos. Se intentan presentar las dificultades del sistema con la inexorabilidad de los fenómenos naturales, como si fuera la sucesión de la lluvia y la sequía. Y no es cierto que sea algo inevitable. Empobrecer y liquidar el sistema público es una decisión política de la que deberían de dar cuenta a sus electores los partidos que están en la operación.

Hay alternativas, por supuesto. Empezando por la derogación de las últimas reformas del PSOE (2010) y del PP de 2013, una de las más nefastas y que –en combinación con la reforma laboral- condena a la pobreza a una gran parte de los jubilados del futuro. Los únicos que planteaban esta medida eran Unidos Podemos en el punto 16 de su Programa. Hay otros factores para corregir las tendencias demográficas y mejorar la financiación. Entre ellos está la reducción del paro, el aumento de la tasa de actividad de la mujer, el recurso a la inmigración para disponer de mano de obra, la mejora de la calidad del empleo, una política fiscal de mayor progresividad y suficiencia recaudatoria.

En términos estratégicos lo que cuenta no es cuántos producen sino cuánto se produce. Hay que hablar de la productividad. La historia demuestra cómo se ha incrementado de forma exponencial en todos los sectores económicos. Con menos trabajadores puede haber más productividad y se pueden mantener más y mejores pensiones. Es una cuestión de renta per cápita que se ha doblado en los últimos años, de la riqueza producida y su redistribución. Es evidentemente una cuestión de prioridad política y hay margen: España dedica a gasto en pensiones tres puntos del PIB menos que la media de la zona euro (10,4% frente al 13,4%).

Además ¿por qué deben ser financiadas las pensiones solo con cotizaciones sociales y no con impuestos o el recurso a la deuda si fuera necesario? Hay un derecho constitucional a las pensiones y se debe asegurar su prestación pública de igual forma que se financia la educación, la sanidad o las carreteras. Las pensiones no deben depender de la evolución de la pirámide de población sino de la riqueza, la fiscalidad y la redistribución. Esto es, de decisiones políticas adecuadas, de si se gobierna para los más o para los menos, al servicio de la sociedad o de las élites financieras. Hay que recordar que la presión fiscal en España (32,6%) es de las más bajas de Europa (40% de media).

Hay que abordar la situación, no se puede vivir al día, políticamente hablando. Porque en cualquier momento bancos y compañías de seguros lanzarán la campaña definitiva contra las pensiones públicas. De nuevo se utilizará una supuesta crisis como excusa para una estafa monumental: convertir un sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización a través de planes y fondos privados. Y si alguien tiene dudas de la estafa, que se informe sobre lo acontecido en Chile, donde un millón de personas se han manifestado contra las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Se puede salvar el sistema público de pensiones con una condición: que la izquierda y los sindicatos no interioricen las falacias neoliberales y que se esfuercen en su desmontarlas. No es una cuestión técnica, es pura lucha de clases. Ya ha habido demasiadas reformas de pensiones, unas con acuerdo y otras sin él y no han servido para otra cosa que para reducir derechos de las pensiones actuales y futuras, un robo enmascarado a veces en fórmulas complejas. Hace falta iniciativa política para abrir el debate y disponer de un gobierno que sea garante de unas pensiones públicas dignas ¿O alguien cree que Rajoy y Rivera van a garantizar las pensiones con sus acuerdos sobre techo de gasto y reducción del déficit?