Rueda de prensa del presidente Sánchez, en la que ha declarado el estado de emergencia por el coronavirus.

España vivirá los próximos 15 días bajo las restricciones del estado de alarma para frenar el vertiginoso avance de una pandemia cuyo epicentro empieza a barrer Europa. Pero antes de que el Gobierno diese a conocer qué limitaciones concretas acarreará esa norma, la Generalitat ya anunció este viernes a última hora el confinamiento de toda Catalunya. La medida carece de efectividad real -puesto que necesita la colaboración del Ejecutivo central- pero, al preciptarse cuando el Consejo de Ministros estaba todavía preparando el decreto que prevé aprobar este sábado, reforzó la sensación de que Pedro Sánchez llega tarde, una impresión que comparten algunos de los presidentes autonómicos.

Más allá de los ritmos, una de las medidas que ultima el Gobierno es el cierre del espacio aéreo y de los puertos. Además de restricciones contundentes a la movilidad, se esperan medidas directas para el acopio de material sanitario y movilización de las Fuerzas Armadas. La Moncloa ha llegado a la conclusión de que estamos todavía en una fase inicial y que los contagios aumentarán de forma exponencial en los próximos días. De momento, el viernes pareció amanecer un país distinto: el salto en los contagios (mil más que el día anterior) hizo aflorar lo mejor y lo peor de una sociedad en ‘shock’: una red de solidaridad espontánea llevó compra a casa de los ancianos, mientras miles de ciudadanos huían de Madrid en un un éxodo guiado por el miedo.

La decisión de Torra de pedir el confinamiento de toda Catalunya acentuó la percepción de lentitud en la reacción del Ejecutivo central. "Hemos de confinar el país, necesitamos la colaboración del Gobierno español para parar alas vías de accesos de su competencia. Nuestros cuerpos de seguridad y emergencias están preparados para hacerlo. Lo podemos hacer, lo hemos de hacer", urgió. Fue un revés para Sánchez.

En Madrid, el Gobierno ha sopesado declarar el estado de alarma durante toda la semana. Aunque no lo había anunciado, los informes estaban sobre la mesa y el equipo del presidente tenía avanzado el trabajo por si finalmente había que tomar la decisión. Los datos de contagio del viernes y las perspectivas de los expertos científicos fueron inapelables. La rueda de prensa que debían dar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se canceló. La Moncloa anunció una declaración institucional del presidente. No había más dudas. Iba a declarar el estado de alarma. Pasadas las tres, Sánchez compareció para confirmar que el Consejo de Ministros aprobaría el decreto, pero no de inmediato, que era lo esperado, sino el sábado.

El giro

Para entonces, el clima social y político había cambiado sustancialmente. En las calles, los restaurantes y los bares se vieron obligados a cerrar. Un goteo constante de empresas empezó a anunciar expedientes de reducción temporal de empleo (ERTE). Los parques infantiles quedaron precintados. Algunas ciudades, desiertas, parecían de serie distópica.

En la arena política, la voz de quienes empujaban al Gobierno a tomar medidas más contundentes sonaba cada vez con más fuerza. Vox y Ciudadanos pidieron la declaración de la alarma. Los de Santiago Abascal desde la crítica frontal a Sánchez; los de Inés Arrimadas, ofreciéndole su colaboración para “recuperar el tiempo perdido”. Pablo Casado fue muy crítico. Aunque el jueves no pidió que se decretase el estado de alarma y se mostró más favorable a la aplicación de la ley de seguridad nacional, después de escuchar a Sánchez, el líder del PP salió directo a confrontar. Acusó al presidente de cometer “graves negligencias” y de ir “a remolque de los acontecimientos”, informa Pilar Santos.

En el Gobierno defienden que las medidas han sido siempre basadas en evidencias científicas. Los socialistas entienden que no hubo motivos técnicos, por ejemplo, para haber anulado las manifestaciones del 8-M, pero saben que la oposición, pasado lo peor de la crisis, les exigirá responsabilidades por ello. Ahora, creen, el margen de crítica es más estrecho, porque en casos de catástrofe la ciudadanía premia la unidad.

De momento, la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat queda suspendida. El jefe del Ejecutivo se reunirá este sábado por videoconferencia a las 17h, tras el Consejo de Ministros extraordinario, con los presidentes autonómicos para evaluar la situación e informarles, aunque este viernes ya hubo contactos telefónicos.

Lo mejor y lo peor

Y si la política se mide en tiempos de crisis, también la sociedad. La declaración de Sánchez anunciando el estado de alarma despertó reacciones contrapuestas. Ciudadanos anónimos se organizaron en redes de solidaridad para ayudar a los más débiles: personas sin hogar y mayores con dificultades de movilidad. Les hicieron la compra. Les dejaron a la puerta de casa lo que necesitasen. Les ayudaron en cuanto pudieron.

Y sin embargo, el anuncio del presidente, que sorprendió incluso en sus propias filas al no concretar las medidas a tomar y dejar la declaración de alarma para el día siguiente, también desató el nerviosismo. Madrid registró una salida masiva de personas que decidieron marcharse de la capital, primer foco de contagio en España, contraviniendo todas las recomendaciones de las autoridades. Las carreteras hacia Andalucía, la Comunidad Valenciana y Múrcia fueron las más concurridas. A principios de semana ya se había marchado, también, buena parte de los estudiantes universitarios a sus ciudades de origen, como si estuvieran de vacaciones y sin medir el potencial contagio que esto implica.

Esos éxodos no serán posibles a partir de este sábado si el Gobierno incluye en el decreto de alarma una restricción a la movilidad, como todo apunta que hará. Sánchez no confirmó en qué zonas podría producirse, pero sí avanzó que esta medida implicará la movilización de recursos económicos y sanitarios, públicos y privados, civiles y militares, para frenar la crisis “con la máxima contundencia”.

Este precepto supone cercenar algunas libertades consagradas en la Constitución, de ahí los recelos a precipitarse en aprobarlo. El artículo 116 de la Carta Magna y la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, de 1981, permite que en situaciones de emergencia como catástrofes naturales o crisis sanitarias el Ejecutivo pueda limitar derechos como restringir la circulación o permanencia de personas en determinadas áreas; practicar requisas de todo tipo de bienes; intervenir y ocupar empresas; racionar el uso de servicios públicos o consumo de artículos; y tomar medidas para garantizar el abastecimiento de mercados. España entra en la dimensión desconocida.