156 abogados fueron sancionados por tribunales del país en 2015. Las faltas van desde la prevaricación hasta el abandono de defensas, pero todas ellas significan perjuicio a ciudadanos que buscan justicia. En la Corporación de Asistencia Judicial el diagnóstico a los egresados de las 44 universidades que llegan a hacer su práctica es lapidario. Lo mismo ocurre en la Academia Judicial, donde se forman los jueces. En la Corte Suprema los intentos por regular la formación y la entrega de títulos se han estrellado contra un muro. Afuera, las entidades que imparten la carrera siguen multiplicándose.

La reiteración de reclamos de ciudadanos que han sido perjudicados gravemente en sus intereses por abogados que asumen deficientemente sus defensas, forman parte de un problema que se ha ido agravando y que asoma por distintos vértices. Una de las quejas más frecuentes es sobre abogados defensores que sin explicación no concurren a audiencias o no entregan escritos en los plazos establecidos. No es extraño entonces que durante 2015 y los primeros meses de 2016 los tribunales hayan sancionado a 156 abogados por distintas irregularidades en su proceder. Un 10% más que en el período anterior, según información que entrega un artículo de El Mercurio.

Más allá de los problemas éticos y de procedimientos que reflejan las sanciones aplicadas por lo distintos tribunales del país, su aumento pone en evidencia otro factor que incide directamente en cómo se comportan los abogados en tribunales: las graves falencias en la formación académica que reciben muchos de los abogados que salen de las 44 universidades que imparten Derecho en el país. Un problema que la Corte Suprema ha intentado regular, pero que hasta ahora se ha estrellado contra un muro y que ya provocó drásticos cambios en el proceso de selección de la Academia Judicial, donde se forman los jueces.

LA LUPA DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL

La primera prueba de fuego para los futuros abogados al terminar el quinto año de universidad, es la práctica profesional. En Chile, todos los estudiantes de Derecho deben hacer su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo público que proporciona abogados de manera gratuita a quienes no tienen recursos para pagar uno. El 80% de ellos la hace en la CAJ Metropolitana, mientras que el 20% restante la hace en sus sedes regionales.

Así, son los tutores y jefes de práctica de esta corporación, testigos directos de la calidad de la formación que se imparte hoy en las 44 escuelas de Derecho que existen en el país.

Marcela González, abogada jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, es tajante a la hora de evaluar a los futuros abogados:

-Falta de conocimientos básicos, problemas de oratoria, poca capacidad de análisis y prácticamente nula capacidad crítica. Hay algunos que llegan preguntando dónde están los tribunales o si ellos tienen que hacer las notificaciones. ¿Después de cinco años de estudio no saben que existe un receptor judicial que se encarga de eso? -señaló la abogada a CIPER.

La misma preocupación se manifestó hace algunos años en el pleno de la Corte Suprema, cuando los ministros comenzaron a cuestionar la calidad de los abogados que se estaban titulando. Milton Juica, ministro desde el año 2001 y presidente del máximo tribunal entre 2010 y 2012, ha sido testigo de las consecuencias de esta mala formación:

-Abogados sin capacidad de oratoria que no pueden sostener un discurso coherente y con grandes vacíos en gramática a la hora de escribir, incapaces de entender la terminología jurídica a raíz de estas carencias básicas -explica.

A diferencia de lo que ocurre con las otras carreras, las escuelas de Derecho solo pueden otorgar la licenciatura, mientras que la entrega del título de abogado, por ley, es responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema. Revisando los antecedentes de los estudiantes que llegaban a solicitar el título, los ministros identificaron escuelas que ni siquiera respetaban su propia reglamentación interna, convalidando ramos de otras facultades sin que esos ramos existieran o simplemente utilizando exámenes “de conocimientos relevantes” para justificar las convalidaciones.

-Eso facilitó mucho las cosas para aquellos abogados que después de 10 ó 15 años obtuvieron convalidaciones en facultades que se crearon exclusivamente para ese fin -asegura Milton Juica.

DERECHO: LA CARRERA DE LOS HUEVOS DE ORO

La cantidad de escuelas de Derecho ha crecido explosivamente desde que por ley se autorizó la creación de universidades privadas. En 1980, cuando se dictó el decreto que les otorgó autonomía y libertad académica, existían cinco facultades de Derecho en Chile. Hoy la carrera se imparte en 44 universidades, con más de 100 sedes a lo largo del país.

Si el año 2000 se titularon mil abogados, 15 años después la cifra se ha más que triplicado con 3.487 titulados durante 2015. ¿Cómo se explica este crecimiento? La alta tasa de ocupación, las expectativas de sueldo de los estudiantes y el bajo costo que significa implementar la carrera, la han transformado en el enganche perfecto para aquellos que buscan asegurar rentabilidad en el negocio educativo.

Según los registros del Mineduc, en 2015 existían más de 34.000 matriculados en Derecho a nivel nacional. El costo de la carrera en Santiago no baja de $1,6 millón anuales (Universidad Miguel de Cervantes) y llega hasta los $5,5 millones anuales (Universidad del Desarrollo).

Dentro de la variada oferta de programas diurnos, vespertinos, especiales para egresados y modalidades de dos días y medio a la semana, destaca un grupo de 13 instituciones que no están acreditadas. Algunas de estas universidades pueden llegar a tener siete sedes impartiendo la carrera, como la Universidad La República, o la Universidad de Las Américas que concentra cuatro sedes con la carrera solo en Santiago (vea la nómina de universidades no acreditadas que imparten Derecho).

Entre las 31 instituciones de educación superior que están acreditadas tampoco se puede afirmar con certeza que existan estándares mínimos de calidad. Y ello, porque tal como reveló CIPER en una serie de reportajes, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo a cargo de avalar la calidad de las instituciones de educación superior, contaminó esa certificación al comprobarse que había vendido acreditaciones, además de otras irregularidades en los procesos (ver especial acreditaciones).

Conservar la acreditación es clave para estas universidades, ya que mientras esta certificación dure, sus alumnos podrán financiar sus estudios con el Crédito con Aval del Estado (CAE), el que se ha transformado en otro indicador importante –esta vez relacionado al mercado laboral- respecto de la calidad de las escuelas de Derecho.

Cada año, luego del otorgamiento del CAE, los bancos le venden al Estado un porcentaje de estos créditos, y los que venden son los de aquellos alumnos que tendrán menos capacidad de pago una vez que salen de la universidad. Para determinar eso, las instituciones financieras no solo consideran la comuna en la que vive el estudiante, las deudas que tiene o el trabajo de sus padres, sino que la institución donde cursa su carrera se transforma en un factor clave.

En otras palabras, las instituciones financieras crean su propio ranking de calidad de acuerdo a las expectativas de pago, y venden al Fisco los préstamos más riesgosos. Según los datos de la Comisión Ingresa, en 2015 más de 7.300 préstamos CAE de alumnos de Derecho fueron vendidos al Estado, por un monto que superó los $16.800 millones. Una deuda que deberá ser pagada por los estudiantes y sus familias a los bancos, después de terminar la carrera.

Las universidades privadas concentraron el 85% de los créditos vendidos ese año para financiar estudios de Derecho. Las instituciones de educación superior con más créditos vendidos al Fisco por los bancos fueron la Universidad Andrés Bello con 933 créditos, la Universidad Autónoma con 557 y la Universidad Central con 554.

PRACTICANTES MAL PREPARADOS Y TUTORES SATURADOS

La Corporación de Asistencia Judicial es para muchos de los estudiantes de Derecho el primer encuentro profesional con los tribunales y con todo lo que significa hacerse cargo de un caso real. Después de al menos cinco años de teoría, aprendiendo las normas y el lenguaje del complejo mundo del Derecho, aquí deben interpretarlo, traducirlo y aplicarlo para entregar una solución a las personas que llegan buscando apoyo.

Los tribunales de familia, laborales y civiles son las tres áreas de mayor demanda en la CAJ. En ésta última se concentra la mayoría de los practicantes ya que allí todavía se funciona “a la antigua”, por escrito, lo que permite seguir con más cuidado su desempeño. Embargos, arriendos, negligencias médicas e indemnizaciones forman parte del menú de problemas que deben resolver.

Con más de 18 años en el servicio, la abogada Marcela González, jefe de la Oficina Civil de la Corporación de Asistencia Judicial en Santiago, describe al estudiante de Derecho actual como un sujeto “mecánico”:

-No son capaces de analizar lo que ven. Antes, si no sabían algo lo estudiaban, te daban ideas, aportaban. Hoy es raro que un practicante aporte. Esto se ha transformado en una máquina de hacer abogados. Hace diez años, los estudiantes no eran así.

Paula Camus, coordinadora de la Unidad de Prácticas Profesionales de la corporación, coincide con el diagnóstico de la abogada González:

-Se preocupan de seguir el modelo preestablecido, pero no les importa si está mal o está bien, simplemente lo siguen y se justifican en que ese es el modelo que se les entregó.

Entre las características negativas que destaca en los practicantes, Paula Camus identifica un actuar negligente y con cierto desdén. “No se preocupan del perjuicio que le pueden provocar a los usuarios cuando no llegan a una audiencia o deliberadamente deciden no ir, porque no se sienten preparados”, explica.

La coordinadora advierte que, aunque se hace necesario, el personal de la corporación no puede destinar tiempo ni recursos para nivelar a los estudiantes en práctica. “Nuestra dotación no alcanza para supervisar en profundidad a cada practicante”, afirma. Y para demostrar lo saturado que está el servicio arroja un preocupante dato: un solo tutor debe revisar entre 400 y 800 causas, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga bajo su tutela.

Según las profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, cada mes ingresa un promedio de 200 estudiantes a realizar su práctica. De ellos, un 10% renuncia como promedio mensual. Las razones, según Paula Camus, son casi siempre las mismas: “no les tocó el lugar que pidieron o simplemente se retiran cuando algo no les gusta”.

Un factor que abre la puerta a la tasa de renuncias es que la norma indica que los estudiantes pueden rendir su práctica cuantas veces sea necesario para aprobarla. En lugar de reprobarlos, la evaluación final aplica “sanciones”, las que van desde una amonestación escrita hasta la prolongación o la repetición de la práctica. Dentro de la pauta de evaluación, las razones que dan origen a la mayor cantidad de sanciones son “la falta de conocimiento teórico y la irresponsabilidad”.

JUECES CON PROBLEMAS

En cada juzgado, tribunal o corte de nuestro país, los encargados de zanjar los conflictos son los jueces. ¿Pero qué se necesita para llegar a ser juez? Además del título de abogado, un curso de diez meses en la Academia Judicial, la que en los últimos años ha sufrido una importante reestructuración en sus procesos de ingreso debido a la deficiente preparación con la que llegan los postulantes.

En 2013, el director de la academia, Eduardo Aldunate, se vio en la necesidad de pedir autorización al Consejo Directivo de la entidad para eliminar la obligación de llenar los 24 cupos de abogados que buscan acceder al escalafón primario del Poder Judicial. “Por llenar los 24 cupos estaban entrando personas que no eran idóneas”, reconoció Aldunate a CIPER. Desde 2014, los cursos no superan las 18 personas.

A este plan de formación postulan en cada proceso de admisión alrededor de 340 abogados. Más del 70% de estos postulantes tiene entre 25 y 27 años y menos de dos años de titulado. El sistema de ingreso actual se instauró en 2012, tras la llegada del director Aldunate, y consta de tres etapas.

La primera fase incluye una evaluación teórica de 140 preguntas de alternativas y una prueba práctica que consiste en resolver tres casos. Luego, en la academia seleccionan a los 120 mejores puntajes de la prueba teórica. Como se constató que las notas de los seleccionados seguían siendo muy bajas -el puntaje de corte está alrededor del 3,8- el consejo de la Academia Judicial decidió instaurar un punto base para “inflar” sus calificaciones.

-Si no lo hacíamos así, reducíamos mucho la cantidad de postulantes para los pasos siguientes, que ya son muy reductores -justifica la medida el director Aldunate.

Para probarlo basta con echar una mirada al promedio de notas por universidad en el último proceso de selección en mayo de 2015: solo la Universidad Católica de Valparaíso supera el 5.0, mientras que al otro extremo, cinco universidades –Bolivariana, SEK, La República, Pedro de Valdivia y Finis Terrae– tienen promedio rojo, el que incluye el punto de regalo (ver calificaciones).

Solo a los 120 seleccionados de la prueba teórica se les corrige la prueba práctica, que fue rendida el mismo día. Un filtro que reduce a 90 los postulantes que podrán avanzar a la segunda etapa, una evaluación psicométrica: cinco tests psicológicos, entrevista con un psicólogo y una actividad en grupo, donde se discute sobre un tema polémico.

Al terminar esta evaluación, los postulantes son clasificados en tres categorías: aptos, aptos con observaciones (habilitados para avanzar a la siguiente etapa) y los no aptos, los que son excluidos del proceso.

Si entre aptos y aptos con observaciones los postulantes exceden los 40 cupos, serán las notas de egreso que hayan obtenido en la universidad las que determinarán los 40 elegidos. Hay que decir que en los últimos procesos de admisión no ha sido necesario aplicar este criterio debido al bajo número de seleccionados.

La última instancia consiste en una entrevista individual frente a una comisión integrada por dos miembros del consejo de la Academia Judicial y cuatro miembros del equipo de trabajo: director, subdirectora, coordinador de formación y subdirector de estudios. Al concluir, deben haber seleccionado un máximo de 24 postulantes.

A pesar de todos los filtros del proceso de selección, la Academia Judicial debe seguir evaluando contenidos básicos. Hasta 2011, esto se hacía a través de una nivelación.

-Hasta 2011, la academia se hacía cargo de las deficiencias en la formación jurídica de las universidades. Entre el 70% y 80% del curso eran clases de derecho sobre materias de pregrado, lo que era un dispendio de recursos públicos, porque estábamos subsidiando algo que otras personas estaban haciendo mal –explicó a CIPER el director Aldunate.

Hoy ya no existe esa nivelación, pero en su lugar establecieron siete pruebas de conocimientos teóricos básicos a lo largo del curso, para asegurar los estándares mínimos de los futuros jueces.

-Nuestra lógica fue que todo abogado debe estar capacitado para responder por lo menos con nota 4 esta evaluación sin haber estudiado nada. Nunca pensamos que habría personas que reprobarían. Por curso, se reprueban entre tres y cuatro de estas pruebas e incluso tuvimos el caso de una persona que reprobó por segunda vez y debió ser expulsada del programa. Esto quiere decir que el 25% mejor calificado de los postulantes aún es capaz de reprobar pruebas parciales sobre temas mínimos de Derecho –afirma Eduardo Aldunate.

Para Aldunate estos son los síntomas de una enfermedad que hoy crece en las escuelas de Derecho y que tuvo su punto de inicio en la liberalización desregulada de la oferta académica:

-La proliferación de universidades que imparten Derecho abrió cupos principalmente para los alumnos que en los antiguos procesos de selección quedaban fuera. Y los intentos por regular la calidad de estas nuevas instituciones, no solo han fracasado sino que han distorsionado la enseñanza -señaló a CIPER.

El director de la Academia Judicial identifica consecuencias negativas en algunos criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, como el porcentaje de retención de alumnos, la tasa ocupacional y la producción científica, los que según él han orientado el rumbo esencialmente a lograr la acreditación, y con ella los ansiados millones del CAE que eso implica, más que a lograr real calidad en la formación integral de los abogados.

-La capacidad de los abogados, a raíz de este proceso, se ha ido descomponiendo en una especie de lista de compra que ha ido dejando de lado la formación integral y la visión crítica de los alumnos, porque no son las competencias que demanda el mercado laboral. Ningún empleador le va a pedir que aprecie críticamente el Derecho, porque lo que pide son soluciones jurídicas -concluye Aldunate.

LOS INTENTOS DE LA CORTE SUPREMA

Terminaba el año 2015 y los alumnos de quinto año de Derecho de la Universidad Andrés Bello que llegaron a rendir el examen de la asignatura “Estatuto jurídico de los pueblos originarios”, se encontraron con una sorpresa: el profesor titular Ricardo López Vyhmeister ya no estaba. El cambio aumentó el nerviosismo de los 21 alumnos (de los 36 que integraban el curso) que sabían que ese examen era su última oportunidad para no repetir el ramo. Para el profesor López también fue una sorpresa: solo el día anterior recibió un correo de las autoridades de la facultad en el que le comunicaron que habían decidido reemplazarlo.

Con casi el 60% del curso a punto de reprobar el ramo, López fue removido para que otra persona zanjara el resultado final de sus alumnos. Los problemas habían comenzado antes, precisamente por las quejas de los estudiantes ante los exigentes métodos de evaluación del profesor. “Me pidieron derechamente que inflara las notas”, acusa Ricardo López, quien presentó su renuncia para el siguiente período académico.

Consultado por CIPER, el decano de la facultad, Juan David Terrazas, insiste en que el curso “estaba cerrado” y que es normal que otro profesor del área tome el examen de repetición cuando el académico original tiene “problemas”.

Para el profesor Ricardo López, esos “problemas” son preocupantes falencias que él observó en la formación de los alumnos del último año de Derecho y que lo impulsaron a reforzar los requisitos de aprobación. Un solo ejemplo: en uno de los trabajos finales uno de los alumnos se refirió a la “Corte Suprema de Copiapó”.

Fue la reiteración de esas mismas falencias en muchos abogados que llegaban a distintos tribunales del país, lo que llevó a que en 2008 la Corte Suprema decidiera tomar cartas en el asunto, endureciendo los requisitos para obtener el título. El ministro Milton Juica fue el encargado de diseñar un nuevo instructivo para la tramitación del título, agregando requisitos para los alumnos que pasaran por más de una universidad a lo largo de su carrera y exigiendo que se cumplieran las reglamentaciones internas de cada facultad (ver instructivo 2008).

Este instructivo fue perfeccionado por la misma Corte Suprema en noviembre de 2015, aumentando las exigencias a través de un auto acordado que, entre otras cosas, rechaza entregar el título a los estudiantes que no hayan cursado al menos el último semestre en la universidad de egreso. Y también cuando hayan transcurrido más de diez años entre la fecha en que se aprobó una asignatura y la fecha en que se solicitó su convalidación, salvo que acredite tener “experiencia laboral significativa en el área” durante los últimos diez años y además haya rendido exámenes de conocimientos relevantes en forma oral y escrita (ver instructivo 2015).

Conscientes de que las medidas instauradas no han tenido un efecto práctico directo en la formación con que llegan muchos abogados a los tribunales y los riesgos que implica tener litigando a un abogado mal preparado, algunos ministros de la Corte Suprema hicieron una propuesta. Al igual como se hace en otros países, plantearon la idea de instaurar un examen que habilitara a los abogados ya titulados para poder litigar en los tribunales.

Así como los médicos deben aprobar un examen (Eunacom) para poder desempeñarse en los centros públicos de salud, los abogados que quisieran trabajar litigando en tribunales debían superar este examen. Una especie de filtro de calidad. Y si bien durante un tiempo la idea cobró adeptos, apenas salió de los pasillos de la Corte Suprema, un poderoso lobby externo la asfixió.

-Las universidades se opusieron. Y el peso de las universidades privadas es muy importante en este país -concluye Milton Juica.

LAS UNIVERSIDADES DE LOS SUPREMOS

Cuando un estudiante no cumple con los requisitos que exige la Corte Suprema para obtener el título de abogado, su expediente pasa al Comité de Comunicaciones del mismo tribunal, liderado por Milton Juica, quien prepara un informe para que los ministros en el pleno del tribunal aprueben o rechacen esa titulación. Pero muchos de los supremos no solo evalúan a los estudiantes dentro del máximo tribunal.

A pesar de la contundente crítica que han formulado varios ministros de la Corte Suprema a la formación que entregan algunas universidades, es posible comprobar que prácticamente los 21 ministros que la componen tienen o han tenido vínculos laborales con instituciones de educación superior.

A principios de 2007, bajo la presidencia de Enrique Tapia Witting, el pleno se reunió para regular la actividad docente de sus propios ministros, los de la Corte de Apelaciones de Santiago y los jueces del Poder Judicial que quisieran dictar clases.

A través de un auto acordado, los ministros de la Suprema resolvieron que las actividades de docencia debían realizarse después de las 15:00 horas, “en un número prudente de unidades académicas y en una carga horaria que permita cumplir con las labores de su cargo” (ver el auto acordado). En el acta de la misma resolución, se consigna que el ministro Hugo Dolmestch, actual presidente de la Corte Suprema, junto a los ex ministros Nibaldo Segura y Margarita Herreros, estuvieron por suprimir la limitación de las 15:00 horas.

Actualmente, de los 21 ministros que componen el pleno, al menos ocho de ellos mantienen vínculos laborales con escuelas de Derecho.

El ministro Milton Juica renunció el año 2000 a la coordinación académica de la Universidad Finis Terrae y a las clases de Derecho Procesal que impartía en la Universidad Central, para asumir como director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello. Antes de él, el jefe del área procesal en esa universidad era el también ministro Raúl Valdés, quien emigró a la Universidad del Desarrollo, donde imparte clases desde 2003.

El ministro Carlos Künsemüller es uno de los fundadores de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad Gabriela Mistral, la que no está acreditada. También es profesor del postítulo en Derecho Penal de la Universidad Finis Terrae y consultor del Centro de Estudios Penales de la Universidad de Talca.

El ministro Guillermo Silva es profesor titular desde 1996 de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad San Sebastián. El ministro Héctor Carreño Seaman es profesor asociado en el curso de Enseñanza Clínica del Derecho en la Universidad de Chile y hasta hace un año, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad Gabriela Mistral. En esta última universidad, el ministro Lamberto Cisternas imparte el curso de Derecho Procesal II.

En el área de postgrado, el ministro Carlos Aránguiz es profesor en la Universidad Andrés Bello, mientras que la ministra Andrea Muñoz es parte del cuerpo docente del diplomado en Derecho de la Familia en la Universidad Diego Portales.