El 22 de julio de 2005, apenas una semana antes de tener que dejar el poder, el Gobierno de Manuel Fraga, vicepresidido por Alberto Núñez Feijóo, adjudicó sus dos licencias autonómicas de televisión digital terrestre (TDT), una tecnología entonces incipiente. Las compañías beneficiarias habían sido el Grupo Voz y Popular TV, ligada al conglomerado de la Cadena COPE. Un año después, en 2006, el Gobierno bipartito -que decidió no revisar la decisión de Fraga en funciones-, adjudicó las licencias de la TDT local. En total, casi medio centenar de licencias que, según los proyectos presentados para obtener las concesiones, traían consigo más de 140 millones de inversiones y alrededor de 1.700 puestos de trabajo. Una década después estos proyectos se incumplen en una amplísima mayoría de casos y la Xunta acba de evitar por segunda vez en dos años tener que rescatar estas concesiones, con un margen que ahora llegará hasta 2021.

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En la ley de medidas fiscales y administrativas anexa a los Presupuestos Generales de 2014 -la conocida como ley de acompañamiento- el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo abrió la mano por primera vez hacia estas compañías. En un panorama de abiertos incumplimientos -con el cierre de Popular TV Galicia como uno de los más evidentes- la Xunta decidía darles a las concesionarias un plazo de dos años más a contar desde lo 1 de enero de 2015 para "materializar los compromisos asumidos" y "acreditar el cumplimiento de los deberes" en áreas como la inversión o el empleo. Aquella prórroga, a partir de la cual el Ejecutivo tendría que comprobar si las adjudicatarias habían cumplido para, si no lo hacían, dejarlas sin licencia, expiraba el próximo 1 de enero de 2017.

A las puertas del fin del plazo el panorama de estos canales no ha cambiado en exceso e incluso algunas de ellas incumplen más que a finales de 2014. En este escenario, la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2017, que se tramitan en el Parlamento desde el pasado sábado, incluye una nueva prórroga, el doble de amplia que la anterior. Si hace dos años la justificación de la flexibilidad era el "cambio de circunstancias" en el panorama audiovisual, en esta ocasión el argumento de la Xunta es "la aparición en estos últimos años de nuevas plataformas tecnológicas con una cuota de penetración en el mercado del audiovisual cada vez más significativa, capaces de competir directamente con las televisiones tradicionales".

Estas "nuevas plataformas", añade el Gobierno de Feijóo, "van a tener una incidencia determinante en el reparto publicitario, en la medida en que se incrementan los soportes a través de los que se visibilizan los contenidos publicitarios, fuente principal de financiación de las televisiones autonómicas y locales". Estos elementos, señala la Xunta, son los que "aconsejan ampliar en cuatro años" el plazo para que las concesionarias de la TDT intenten cumplir con las condiciones de sus licencias. "Esta ampliación -agrega la ley- permitirá contar con un tiempo suficientemente amplio hasta que se clarifique el futuro de estos servicios de comunicación audiovisual, con el fin de no frustrar su viabilidad".

Los planes iniciales

Los datos más recientes del Consello da Cultura Galega y de la SGAE apuntan a que en la actualidad están operativas en Galicia casi una cuarentena de licencias de televisión privada, algunas de ellas sin emisión regular. Junto a los más de treinta canales locales -algunos correspondientes a las concesiones del bipartito y otras, a las otorgadas por el Gobierno de Feijóo en 2014- siguen en vigor las dos autorizaciones de la TDT autonómica: V Televisión, que emite desde 2010, y Popular TV, cuyas emisiones comenzaron en otoño de 2009 y finalizaron en julio de 2013.

Cuando la televisión de la Conferencia Episcopal cesó sus emisiones estaba manteniendo una veintena de puestos de trabajo. Estaba lejos, por lo tanto, de crear los 40 empleos que incluyó en el proyecto con el que logró la licencia, en el cual comprometía una inversión de 2,3 millones de euros. El proyecto de V Televisión, por su parte, detallaba una previsión de inversiones de 97 millones de euros y 148 empleos, y el grupo propietario señaló, en sus primeros años de actividad, que empleaba en torno a medio centenar de personas.

La cancelación del programa más emblemático del canal con sede en Arteixo (A Coruña), la tertulia Vía V, dio lugar a que la pasada semana a que la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia advirtiera a la Xunta de la necesidad de velar por las concesiones de estas televisiones, que ahora no tendrán que ser cumplidas hasta 2021. "La Administración autonómica -señaló el CPXG- debe ser la garante de que se cumplan las condiciones en las que se desarrollan las concesiones de frecuencias de radio y televisión", más todavía cuando "el otro canal televisivo de ámbito gallego concedido en su momento, Popular TV, está inactivo desde hace años, motivo más que suficiente para su rescate".