Vía libre para que el Gobierno municipal de Ahora Madrid pueda seguir aplicando las cláusulas sociales en los contratos públicos. La instrucción fue aprobada por el equipo de Manuela Carmena el pasado mes de enero y dos meses más tarde la Delegación del Gobierno requirió al Consistorio para que la anulara. Como el Ayuntamiento no lo hizo, la Delegación, a través de la Abogacía del Estado, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pidiendo que se suspendiera su aplicación.

El Gobierno municipal volvió a oponerse porque las alegaciones de la delegada, Concepción Dancausa, -ex delegada de Economía y Hacienda- “carecían de fundamento”. Ahora, según este fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso la Cadena SER, el tribunal le ha dado la razón al Gobierno de Ahora Madrid. Contra este auto cabe recurso de reposición ante la misma Sala o de casación ante el Tribunal Supremo.

Las cláusulas sociales, medioambientales y éticas fueron creadas para premiar las políticas de igualdad, la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales, tras el fiasco de los contratos integrales en tiempos de Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Otro de los objetivos de las cláusulas sociales es que, a la hora de contratar con el Ayuntamiento “el criterio económico deje de ser decisivo”.

Un nuevo marco para la contratación pública

Este tipo de cláusulas prevén, entre otras cosas, "medidas de igualdad de género en relación con el personal", "presentación de un Plan de igualdad específico", "medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar", "incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo", "realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral", "condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima", y que "en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”.

El objetivo de estas medidas, según el Área de Hacienda, que dirige Carlos Sánchez Mato, “es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales”.

Primer contrato "social"

A principios de julio el Ayuntamiento de Madrid anunciaba el primer gran contrato público en el que ya se tenían en cuenta el cumplimiento de pliegos sociales, laborales y medioambientales. Se trata del “contrato de gestión de servicios públicos para la contenerización, recogida y transporte de residuos en la ciudad de Madrid”, por un montante de 687 millones de euros, que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. La propuesta de adjudicación recayó en las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la UTE formada por Valoriza, Acciona y ASCAN, y la unión de Urbaser y Cespa.

De acuerdo a esa normativa, se han primado los principios de igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral, empleo, estabilidad del mismo y formación en el lugar de trabajo, de los que carecían los contratos aprobados durante los Gobiernos del Partido Popular.

De esta forma, la valoración económica del precio más bajo no ha sido el único baremo de medición para la concesión del contrato. Para este concurso, el precio de la oferta obtuvo una valoración de 55 puntos sobre 100. También se premió la mejora de las condiciones laborales puntuando con 10 puntos a aquellas ofertas que pasen la modalidad de los contratos de sus trabajadores de eventual (parcial o completo) a fijo de jornada completa.

El precedente del Tribunal Administrativo de Contratación Pública

Antes de esta decisión del TSJM, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública también había avalado esos nuevos requisitos porque no obligan a cambiar las condiciones laborales de las empresas. Más bien al contrario, ya premian a aquellos empresarios que paguen mayores salarios, faciliten la formación continua a sus trabajadores o hagan posible la conciliación de la vida personal y laboral.

Aquel recurso fue planteado por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra con un contrato público para gestionar la seguridad de unos edificios municipales. El Tribunal Administrativo, en definitiva, también entendió que esas cláusulas van en beneficio de los trabajadores y buscan una mejor prestación de los servicios contratados.