Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 […]

Los abogados y abogadas de los ocho jóvenes de Alsasua acusados de delitos y amenazas terroristas, y que se enfrentan a penas de entre 12 y más de 60 años de cárcel, denuncian varias anomalías en la instrucción del juicio por la supuesta agresión que tuvo lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016 contra un sargento, un teniente de la Guardia Civil (ambos fuera de servicio) y sus dos parejas en un bar de esta localidad navarra.

A la espera del juicio oral y sentencia, los seis abogados dieron una rueda de prensa en Madrid para pedir proporcionalidad y señalar que, desde su punto de vista, hay varias anomalías en el proceso que «están vetando el ejercicio del derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías», conforme al artículo 24.2 de la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre las que destacaron:

¿Un caso para la Audiencia Nacional?

La defensa argumentó que debería ser la Audiencia Provincial de Navarra, y no la Audiencia Nacional, la competente para juzgar los hechos acontecidos en octubre de 2016. Según estos abogados defensores, el Tribunal Supremo se basó en documentos iniciales que no incluían el informe forense (el que establece la gravedad de las lesiones, siendo la más grave una fractura de tobillo) al determinar que el caso quedara en manos de la Audiencia Nacional. «Haciendo omisión de este razonamimento del Supremo, se acusó a los jóvenes de terrorismo en la Audiencia Nacional (…) se ha producido una quiebra de la apariencia de imparcialidad de la Audiencia Nacional», argumentaron los letrados. Además, destacaron que los primeros informes periciales de Policía y Guardia Civil no señalaban hechos de carácter terrorista, ya que, «de ser así, la juez de Pamplona se habría inhibido».

El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones, entre ellas el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), argumentan que se trata de un delito de terrorismo porque dos de los agredidos pertenecen a la Guardia Civil y algunos de los jóvenes estarían vinculados a Alde Hemendik (‘Fuera de aquí’), un colectivo que pide la salida de las fuerzas de seguridad del Estado de Navarra y País Vasco, y que según la parte acusadora, habría estado a su vez ligado a la extinta ETA. La supuesta relación de Alde Hemendik y ETA estaría argumentada en un informe de inteligencia de la propia Guardia Civil, pero la defensa asegura que esto no tiene ningún nexo con lo sucedido en el bar de Alsasua y se queja de que la Justicia impida que se realice un informe pericial histórico sobre esa supuesta relación. «A las defensas se les está impidiendo contradecir esa vinculación», señalaron los abogados de la defensa.

El informe de la Guardia Civil señalaba un posible delito de odio, pero una semana después de que los jóvenes fueran detenidos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo señaló un supuesto delito de terrorismo en su denuncia.

Pruebas denegadas

Los letrados defensores también explicaron que la práctica totalidad de las pruebas que presentaron fueron rechazadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lleva el caso, entre ellas vídeos del lugar donde transcurrieron los hechos, testimonios, resoluciones judiciales anteriores y entrevistas que dos de las víctimas concedieron a la COPE y Onda Cero y en las que, según la defensa, contradicen sus propias versiones de los hechos, mientras que «a las acusaciones se les han admitido prácticamente todas las pruebas», declaró el abogado Jaime Montero, quien además las tachó de legítimas pero «irrelevantes». «Hemos tenido que bucear para encontrar a personas que no aparecen en ningún momento de la investigación pero que estaban presentes en el momento en que sucedieron los hechos», aseguró uno de los abogados.

La juez Carmen Lamela, también conocida por decretar prisión para los consejeros catalanes cesados, no admitió esas pruebas de las defensas, porque las consideró ajenas al proceso, lo que a ojos de estos letrados es una contradicción ya que negar la relación de esas pruebas con el juicio sería como negar la acusación de terrorismo. «Han tratado de convertir una bronca de bar a las cinco de la mañana en un día de ferias en un acto terrorista, es absolutamente disparatado», dijo José Luis Galán, abogado de uno de los acusados.

Testigos rechazados

Los letrados también señalaron que no se les está permitiendo aportar testigos presenciales y criticaron que ni la Policía ni la Guardia Civil fueron diligentes durante la fase de investigación para encontrar personas que presenciaron los hechos. Según el letrado Jaime Montero, «fueron las familias de los encarcelados quienes tuvieron que hacer esa investigación (…) la jueza nos denegó esa fase de instrucción, por lo que solo se escuchó una parte de los hechos». Desde la defensa también sugirieron testigos pertenecientes a Alde Hemendik que ponían en cuestión la relación de los jóvenes acusados con ese colectivo, pero tampoco fueron admitidos. «Para estos chavales, ETA es historia», explicaron los abogados, apoyándose en la edad de los acusados (oscilaban entre 19 y 24 años en el momento de la detención). Sin embargo, todos los testigos aportados por las distintas partes de la acusación sí fueron aceptados.

Fallos en la rueda de reconocimiento

Un informe pericial señala posibles fallos durante la rueda de reconocimiento en la que los agentes víctimas de la agresión identificaron a sus supuestos agresores, pero la Sala no admitió tampoco ese documento. «Aquellas ruedas de reconocimiento practicadas en el juzgado instructor se formaron con personas de diferentes edades, nacionalidades y etnias, de los cuales ninguno era de Alsasua, previamente trasladados desde las prisiones de soto del Real y Alcalá-Meco», señalaron los abogados de los acusados.

Presunción de inocencia

Durante el último año, varios medios de comunicación definieron a los acusados como terroristas, a pesar de que todavía el caso no ha sido sentenciado. Los abogados dicen que sus clientes no se plantean denunciar lesiones al honor y su presunción de inocencia porque «bastante tienen con esta losa» y porque creen que esta medida no les va a facilitar «pensar un proyecto de vida».

Los tres jóvenes que permanecen en prisión incondicional y sin fianza (al principio fueron siete) se encuentran «bien tratados» pero a más de 400 kilómetros de su hogar familiar, separados desde su ingreso en la cárcel y sometidos a «condiciones duras», con la comunicaciones intervenidas y en régimen de primer grado, que implica menos horas de salida al patio. Los abogados creen que es injusto que tres de los jóvenes permanezcan entre rejas de forma preventiva por un hipotético riesgo de huida, ya que fueron los propios acusados quienes se personaron por voluntad propia cuando supieron de los cargos que se les atribuían. «Es absolutamente desproporcionado», señaló Amaia Izko, abogada de uno de los acusados.

El auto sobre el que se desarrollará la vista oral en la Audiencia Nacional es irrecurrible, por lo que los abogados de la defensa solo pudieron formular una protesta por escrito que enfatiza la inadmisión de las pruebas aportaron. No obstante, aseguran que las presentarán de nuevo cuando se abra la sesión oral -«no nos han comunicado ningún plazo dentro de la urgencia que requiere esto, porque llevan presos un año«-. Tampoco descartan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y «esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europeo«, señaló uno de los abogados. Las penas solicitadas para los jóvenes acusados suman 375 años de prisión.

Fuente: http://www.lamarea.com/2017/11/14/alsasua-derecho-de-defensa/