Los notarios son una figura que, con distintos nombres y funciones, han existido desde el principio de la civilización. Su origen probablemente se produzca ante la existencia de un reducido número de personas que sabía leer y escribir, administraciones públicas reducidas y la necesidad de testificar por escrito ciertos hechos. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, con prácticamente toda la población alfabetizada, un número de funcionarios que representa aproximadamente el 12,5% de la población empleada en España y las posibilidades que nos ofrece la tecnología hay que plantearse si dicha figura es necesaria tal y como la entendemos en la actualidad.

Partimos de la base de que los notarios son unos funcionarios públicos que pueden estar ganando entre 80 y 150 millones de pesetas al año de media. No hay posibilidad de obtener datos oficiales y únicamente se pueden realizar estimaciones considerando que los ingresos pueden diferir mucho en función de la ciudad y la carga de trabajo. Como ejemplo de que estas cifras no van desencaminadas en el siguiente enlace se informa de que un notario de Navarra declaraba a Hacienda 133 millones de pesetas como ingresos anuales. La cuestión que me planteo es ¿Debe el Estado permitir que unos funcionarios suyos se enriquezcan por la realización de un servicio público a costa del resto de ciudadanos?