A veces se distingue entre lo necesario y lo urgente, pero la reforma fiscal es necesaria y urgente cuando se habla de “salida” de la crisis porque la economía crece. ¿Para qué, para quién? Porque está muy lejos la recuperación de los trabajadores y de gran parte de la población con derechos y servicios públicos perdidos o deteriorados en los últimos nueve años.

stevepb (CC)

La política fiscal, ingresos y gastos públicos, es una herramienta fundamental de política económica de las administraciones públicas para alcanzar sus objetivos con la participación del sector público en las relaciones económicas. La orientación más o menos progresiva de la política fiscal es determinante para desarrollar el Estado de Bienestar. El modelo social y su grado de desarrollo es una opción política y por tanto la política fiscal no es un problema técnico sino político.

Tras la primera reforma fiscal en 1978 con la llegada de la democracia, todas las reformas de los últimos treinta años han sido parciales, sin visión global, impulsadas por necesidades coyunturales o por presión de grupos de interés. Alguna ha sido muy notable, como el cambio constitucional del artículo 135, exigida por la Unión Europea, que limita la actuación del gobierno en fiscalidad y devalúa el mandato de la Constitución en su artículo 31.

El sistema de impuestos es una pieza básica del Estado de Bienestar y los principios que deben regir un sistema fiscal justo son suficiencia, equidad y eficiencia. Además, su cumplimiento adecuado exige una lucha permanente contra el fraude (evadir impuestos) y la elusión fiscal, que aprovecha vacíos legales o interpretaciones contrarias al fin de la fiscalidad. La sencillez debe también definir un buen sistema tributario que permita sensibilizar a la ciudadanía y propiciar una cultura fiscal que mejore el valor de pagar impuestos justos y lo relacione con la financiación de servicios públicos y la protección social de la población. Y lo relacione también con la actividad económica de las administraciones públicas (inversión pública, enseñanza, sanidad, pensiones, protección a parados...) y no solo como objetivo recaudatorio que lleva a la fácil demagogia de proponer bajar impuestos como algo positivo y deseable.

El primer principio de un sistema tributario justo es el de suficiencia para financiar las políticas públicas. Pero suficiencia no es acomodar el gasto a los recursos, sino establecer prioridades y conseguir los recursos necesarios para hacerlas posibles. Hoy esas prioridades deben recomponer el grave deterioro sufrido estos años por los servicios públicos (educación, sanidad, protección social, dependencia...). Y atender las nuevas necesidades por la incesante devaluación salarial de amplias capas de la población. Esas necesidades son secuelas del aumento de la pobreza, de la enorme cifra de parados, cada vez con menor protección, que exigen nuevas prestaciones de rentas garantizadas y poder acceder a bienes y servicios básicos que permitan una vida digna.

En un sistema fiscal justo los impuestos directos, que gravan la renta o propiedad de las personas físicas o jurídicas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Sociedades) deben ser progresivos y recaudar recursos necesarios según la capacidad de cada contribuyente, exigiendo más a quienes ganan más, más tienen y más se benefician de la sociedad. Pero los impuestos indirectos que gravan el consumo no permiten clasificar a los ciudadanos según su capacidad de pago, no son progresivos y por tanto no han de ser fuente recaudatoria prioritaria. Cuanto más pueden establecerse tipos muy reducidos para bienes y servicios básicos que tienen mayor peso en la cesta de la compra de las personas desfavorecidas. Un sistema equitativo de impuestos ha de ser directo y progresivo y ha de rechazar los intentos de recaudar más con impuestos indirectos, como el IVA, porque son injustos.

El actual sistema fiscal sufre una profunda inequidad y por tanto insuficiencia

La equidad y suficiencia están contra el fraude fiscal y la elusión de impuestos porque trasladan a otros contribuyentes la carga fiscal. El actual sistema fiscal sufre una profunda inequidad, y por tanto insuficiencia, para empezar por el diferente trato a las rentas favorecedor del capital frente a las del trabajo. Más las numerosas exenciones fiscales en el impuesto de sociedades, pero no solo en ese impuesto.

La eficiencia económica debe ser otro principio director del sistema tributario. Los criterios de suficiencia y equidad no han de procurar más ingresos sin más. Deben ir unidos al de eficiencia y rigor en el gasto público que fortalecen la demanda al aumentar los recursos públicos para la inversión y los servicios sociales. La capacidad redistributiva del sistema fiscal permite apoyar a quienes lo precisen con criterios de justicia social, estímular la economía y por tanto desarrollar el bienestar de la mayoría de población.

El sistema tributario del país debe reformar los impuestos directos por una mayor equidad, igualando tratamientos de rentas, reduciendo beneficios fiscales (pocos, bien fundamentados y de fácil gestión), y los indirectos, mejorando los tipos para bienes y servicios de primera necesidad, aumentándolos para consumos superfluos o indeseados e incorporando nuevos impuestos sobre grandes fortunas, transacciones financieras y para proteger el medio ambiente. Sin olvidar que la eficiencia y equidad de los impuestos tienen un lado transnacional, como muestran los problemas derivados de los paraísos fiscales. Cuestión que debe ser abordada coordinadamente con otros países y con entidades internacionales.