Patrulleros están asignados por orden judicial a proteger a personas con antecedentes en el negocio de las drogas, en lugares que son señalados por los vecinos como puestos de comercialización de cocaína Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Germán de los Santos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de febrero de 2020

ROSARIO.- En Cavia al 1300, en el norte de Rosario, el patrullero está parado debajo de unos árboles. Un policía está dentro del vehículo dormitando y su compañero, con una escopeta apoyada en el capot. Allí vive María Elena Pérez, la madre de Emanuel Sandoval, el joven que confesó haber atentado en 2013 contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti y que fue asesinado el 25 de octubre pasado por un grupo comando que irrumpió en la mansión que le alquilaba al juez Oscar Puccinell, donde cumplía la detención domiciliaria.

Mimi, como le dicen a la madre de Sandoval, tiene custodia policial en su casa, por orden judicial, donde los vecinos del barrio denuncian que vende drogas. Es un punto de reclutamiento de distribuidores de droga que hacen delivery de cocaína en la zona norte de Rosario.

Entre el 1° de abril de 2019 y el 10 de febrero pasado, once llamadas se recibieron en el 911 de vecinos del barrio Casiano Casas, en las que se advirtió del funcionamiento en ese lugar de un búnker donde se venden estupefacientes y se escuchan de manera frecuente disparos. "A la vuelta de donde está el patrullero entregan la droga", señaló una vecina a la propia policía. Eso ocurre bajo una situación particular: con la custodia de un móvil policial, dispuesta por orden judicial. El otro hijo de Mimi, Alexis, fue detenido el jueves pasado en el barrio Rucci, cerca de donde vive su madre, con 30 dosis de cocaína que buscaba repartir en la zona.

Ese caso, con narcos que cuentan con la protección del Estado mediante la custodia policial, ordenada por oficios judiciales, no es el único. Una investigación de LA NACION detectó otros cuatro casos entre los más notorios, de un total de 640 personas que tienen actualmente custodia en Rosario, donde están destinados para esa tarea 1274 efectivos policiales, casi un tercio del total de uniformados que posee esa fuerza en la ciudad, que suma 40 homicidios este año.

"Este caso de la familia Sandoval es un ejemplo del dislate que existe en este tema de las custodias, en el que hay un claro divorcio entre la causa judicial que se investiga y la asignación de una custodia para sacarse responsabilidades de encima. Por una desidia administrativa, el propio Estado termina protegiendo a una persona sospechosa de ser narco", dijo el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain.

El clan sospechoso de ordenar un triple crimen tiene protección Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El Ministerio de Seguridad prepara un informe para elevar a la Justicia en procura de establecer un proceso para otorgar las custodias, que muchas veces se solicitan y quedan sin ningún tipo de control. Tras empezar a relevar la cantidad de casos, en la cartera que dirige Sain se toparon con este panorama, algo que ya había criticado también su antecesor, Maximiliano Pullaro.

"No es solo un problema de asignación de recursos, sino de estrategias para resguardar a una persona. El Poder Judicial debería contar con otras herramientas y no solo con el uso de un patrullero para este tipo de custodias. Esas herramientas hoy existen, pero no se utilizan", señaló el funcionario.

En teoría, cada vez que un fiscal solicita una custodia se debe refrendar el pedido cada 15 días, algo que no ocurre en la práctica. "Hay un abuso de parte de la Justicia en otorgar, muchas veces sin justificación, custodias a personas que deberían estar presas o que usan el escudo de la policía para seguir cometiendo delitos", afirmaron en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

En este momento de pico de violencia en Rosario el patrullaje se ve resentido ante la obligación de que 56 patrulleros por turno de un total de 91 que están de servicio estén abocados a custodias, muchas de ellas, como se consignó, otorgadas a gente que las utiliza como protección.

Otra familia narco emblemática de Rosario que tiene custodia policial es el clan Padilla, que fue uno de los primeros en instalar aquí cocinas de cocaína. Claudia y Brenda Padilla, hijas de Roberto, alias Tuerto Boli, cuentan con una custodia durante las 24 horas en su casa en la calle La República. Esa organización, cuyo líder fue asesinado en diciembre de 2012, cuando estaba con libertad condicional, está sospechada por la Justicia de estar detrás del triple crimen que ocurrió el domingo de la semana pasada, cuando fueron acribillados con una ametralladora Cristofer Albornoz, su expareja Florencia Corvalán y su beba Chelsi, de un año y medio. El padre de Cristofer, Miguel Ángel Albornoz, exsocio de Padilla, denunció amenazas y también pidió custodia policial el miércoles pasado.

Un caso similar es el de Oscar García, alias Manco, cuyas propiedades fueron allanadas por narcotráfico varias veces, y que fue condenado a tres años de prisión en mayo pasado por asociación ilícita. En su casa de la zona sudoeste de Rosario está apostado un patrullero durante las 24 horas. Es cuñado de Jorge Laferrara, exmiembro de Los Monos, cuyo hijo Mauricio, alias Caníbal, fue imputado del ataque a una distribuidora de bebidas de García, quien quedó hemipléjico por un balazo. El 7 de febrero pasado, el patrullero que custodiaba la casa de Manco fue blanco de disparos, que habrían estado dirigidos a su hijo. Una suboficial que estaba dentro del móvil sufrió heridas en el rostro por las esquirlas de las balas y los vidrios.

"La policía y el Ministerio de Seguridad deberían tener la posibilidad de evaluar las condiciones sobre cómo se instrumentan estas custodias sobre la base de los medios que posee la fuerza", dijo en diálogo con LA NACION el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, y agregó: "Hay más de 1,2 millones de personas en Rosario que tienen derecho a tener seguridad".

No solo la policía custodia personas con condenas y procesos por narcotráfico, sino también la Gendarmería, como es el caso de Norma Acosta, condenada en 2013 por narcotráfico a seis años de prisión, un fallo que fue ratificado en febrero de 2018 por la Cámara de Casación. Esta mujer, que tuvo un alto perfil mediático durante mucho tiempo, tras la muerte de su exmarido Miguel Ángel Saboldi, asesinado en un incendio en la cárcel en abril de 2013. Al homicidio de su exmarido le siguió la muerte de su hermano, Aldo Acosta, ejecutado a tiros en Presidente Roca al 2300, el 1º de abril de 2014. Luego mataron a su padre, también llamado Aldo Acosta, quien recibió seis balazos en la puerta de su casa de Villa Gobernador Gálvez, el 3 de diciembre de 2014.

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