Hace pocos días, una nota de Clarín reportaba que “a nivel nacional, cerca del 60% de los estudiantes secundarios –2 millones de chicos– se llevan materias a examen, y más de la mitad debieron rendirlas en febrero”. La crisis educativa es evidente, no hace falta remitirnos a los resultados de los exámenes PISA para percibirla. Frente a ella, en diciembre pasado propuse en este mismo espacio centrarnos en el principal factor que podemos controlar dentro del ámbito escolar: el nivel de los maestros. A tal fin describí el estudio llevado a cabo por la Bill & Melinda Gates Foundation sobre una escuela que comenzó a funcionar en 2009 en Nueva York, la cual contrató docentes de alta calidad ofreciendo salarios que doblaban lo que se cobraba en las escuelas públicas de la ciudad. El estudio demostró que luego de cuatro años, en comparación con estudiantes de una escuela pública cercana, las diferencias de rendimiento eran significativas. La calidad de los maestros importa y mucho.

Al respecto, en junio de 2014, el juez de California Rolf Treu dictó un histórico fallo en el caso Vergara vs. California, el cual establece que los estudiantes tienen el derecho constitucional a la igualdad de acceso a una enseñanza de calidad y que el Estatuto Docente del estado de California viola esos derechos. Según el fallo, las disposiciones del Estatuto que dan a los maestros estabilidad laboral hacen que sea casi imposible despedir a los profesores de bajo desempeño, lo cual priva a los estudiantes de una educación de calidad y por lo tanto viola sus derechos constitucionales.

El caso fue presentado por Students Matter, una ONG financiada por un empresario de Silicon Valley y otros filántropos, en nombre de nueve estudiantes de escuelas públicas, y patrocinado por dos abogados de primer nivel. Ellos presentaron resultados de investigaciones sobre el impacto negativo que los profesores de baja calidad tienen en el rendimiento de los estudiantes. Marcellus McRae, uno de los abogados patrocinantes, aclaró que “este caso no busca una nueva ley que perjudique los derechos de los maestros, sino eliminar las barreras que los administradores escolares tienen para despedir a un maestro ineficiente”.

Es claro que en EE.UU. la presión de la sociedad civil está llevando a cambiar el status quo en materia educativa a través de los tribunales, dada la inacción de los políticos. ¿Y qué decir en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado a algún político preocuparse por los eventuales costos para los estudiantes asociados a la estabilidad docente? Es claro que no. Ningún político desea enfrentar a los sindicatos del sector, los más férreos defensores del status quo frente a cualquier reforma educativa. Es predecible. Al fin y al cabo son los mismos políticos que pronuncian enérgicos discursos en favor de la educación pública, mientras la mayoría de ellos envía sus hijos a colegios privados.

Edgardo Zablotsky, Vicerrector, Universidad del CEMA