La dificultad de un Gobierno en minoría para sacar adelante sus leyes en el Congreso está poniendo en apuros a miles de personas, tanto interinos como opositores, que están a la espera de que se oferten plazas este año. La ley establece que ninguna administración (estatal, autonómica o local) puede convocar las oposiciones que necesite –ni siquiera las que determinen las tasas de reposición– mientras se siga trabajando con las cuentas de 2016 prorrogadas.

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Para ofertar estas plazas, antes deben entrar en vigor los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El calendario tentativo es que se presente el proyecto en marzo y las cuentas se aprueben en junio. Para ello el PP necesitará el apoyo de otros grupos, a poder ser el PSOE, a quien le puede resultar complicado justificar un 'no' a esta ley y dejar en la estacada a miles de aspirantes a la función pública.

Los sindicatos consideran que esta situación roza el chantaje, y han pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que idee un mecanismo alternativo –por ejemplo un decreto-ley– que permita la celebración de los exámenes con el suficiente margen.

De momento, la respuesta del departamento ministerial es que el escenario que se contempla es la aprobación de los PGE para solventar este y otros temas. Las fuentes ministeriales consultadas afirman que la ley de Presupuestos dice que, mientras no estén aprobadas las cuentas públicas, ninguna Administración puede convocar plazas, y que se está trabajando en una solución.

Ofertar puestos como los de profesor pasado junio hace casi imposible que los docentes estén en sus plazas en septiembre y condena a las administraciones autonómicas a aumentar, aún más, el grave problema de personal interino que tienen.

Educación

En medio de esta incertidumbre, cada comunidad autónoma está tomando medidas por su cuenta, aunque no estén bajo el paraguas de la legislación estatal. Por ejemplo, Andalucía acaba de convocar 2.468 plazas docentes y su Gobierno ha advertido de que no van a aceptar "el chantaje intolerable del Gobierno de la Nación vinculando la convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".

La consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha admitido que lo que va a determinar que haya o no oposiciones de Secundaria será el pronunciamiento sobre la legalidad de la convocatoria por parte del Ministerio de Educación. "Queremos que sea cuanto antes, porque sabemos que está en juego el tiempo y el dinero de los opositores, así como el esfuerzo que llevan dedicando" a la preparación de estos exámenes, ha dicho.

El secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de CCOO, Francisco García Cruz, explica que las comunidades que están sacando estas ofertas "se están arriesgando" porque se trata de un "desideratum". Según asegura, son ofertas de empleo público, lo cual no implica que se vayan a celebrar las oposiciones, que son dos cosas distintas, y están al albur de la aprobación de los PGE.

En todo caso, no parece que el escenario más plausible sea que el Gobierno central esté por la labor de plantear ningún tipo de recurso contra las comunidades, con las que dice que pretende trabajar para solucionar este embrollo.

En años normales, en el caso de la educación, se planteaban las ofertas de empleo público en febrero, se convocaban las oposiciones en marzo y se realizaban los exámenes en junio, para que los docentes se incorporasen en septiembre al curso escolar. Con el actual panorama, este proceso parece complicarse, aunque siempre podrían acortarse los plazos.

Sanidad

No es mejor la situación en el sector sanitario. La secretaria general de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, explica que la bolsa de interinidad en este campo es tan grande que hay médicos que han tenido 500 contratos en dos años. Hay tasas de temporalidad del 35%-40% en la mayoría de las comunidades autónomas, y de más del 50% en Canarias.

Como resultado, los propios profesionales se encuentran en una situación de precariedad, pero también los pacientes ven dificultado un seguimiento adecuado de sus patologías al estar atendidos por distintos doctores de atención primaria cada poco tiempo.

Reunión con los sindicatos

La última reunión de CCOO, UGT y CSIF con Montoro y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se produjo el 14 de febrero. En ella el Gobierno reclamó a los sindicatos que redactasen sus propuestas de solución para el sector público. CSIF pidió además una subida salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo acumulado durante la crisis económica.

El próximo encuentro podría celebrarse en marzo, en vísperas de la presentación del proyecto de presupuestos en el que se especificará la tasa de reposición de los puestos para 2017. Y en caso de no aprobarse antes una ley específica, como reclaman los sindicatos, será el texto que determine el futuro próximo de miles de aspirantes a funcionario, con bastante tardanza respecto a los plazos habituales.