Las Marchas de la Dignidad , que partieron desde diferentes puntos de España en 2014 para confluir en una manifestación histórica en Madrid el día 22 de marzo, esta vez saldrán a la calle en diez comunidades autónomas para reclamar pensiones públicas dignas. Bajo la consigna "Somos mayores, pero no somos gilipollas", el rechazo al Pacto de Toledo de las pensiones, a las reformas laborales y al pago de la deuda se sumarán al lema ya habitual de "pan, trabajo, techo y dignidad". La convocatoria de este 25 de febrero pretende caldear el ambiente y ser la antesala de una gran movilización estatal planeada para mayo, pero que aún no tiene fecha concreta.

Asturias, Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid, Murcia, Valencia, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha se unen a la convocatoria del 25F. En la capital, la manifestación partirá desde Atocha a las 18.30, pasará por la plaza Jacinto Benavente y culminará en la Puerta del Sol. "Cada vez tenemos más problemas y vamos sumando: el TTIP, el CETA, el tema de las pensiones, la pobreza energética... Vamos a volver a la calle que es lo que las marchas sabemos hacer", ha indicado a cuartopoder.es Víctor Jiménez, de la organización de las Marchas de la Dignidad, que aglutina a centenares de colectivos, sindicatos alternativos como CGT y CNT, o partidos políticos entre los que se encuentra Izquierda Unida (IU).

Desde las Marchas han lanzado una llamada a la protesta para enfrentar la "avalancha de medidas del PP y PSOE"que van empeorando cada vez más las condiciones de trabajo y de vida. Esta convocatoria pone en el punto de mira la defensa de las pensiones públicas, que a menudo son consideradas “insostenibles”en los medios de comunicación. "Dicen que el problema es que vivimos demasiado y que hay muchos más jubilados que activos (…) Es verdad que aumenta la proporción de pensionistas, pero porque no se cubren las plazas que ellos dejan libres", denuncian en un comunicado. También argumentan que si la Seguridad Social recauda menos es por "la altísima precariedad en el empleo como consecuencia de las sucesivas reformas laborales".

A su vez, denuncian el Pacto de Toledo, firmado por la patronal, todos los grupos parlamentarios y los sindicatos de CC.OO y UGT , que "exime al Estado de su responsabilidad en el pago de las pensiones" y abre la vía a los fondos privados de las mismas. A raíz de este pacto, critican, las condiciones de vida de los jubilados han empeorado gravemente: dos tercios de los más de 8 millones y medio de pensionistas reciben menos de 1.000 euros y, de ellos, el 40% no llega a los 600 euros. Para las mujeres las condiciones son todavía peores, ya que su pensión mensual promedio es inferior a la de los hombres en 421 euros.

"Con [Mariano] Rajoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que pertenece a la clase obrera, ha pasado de tener 65.401 millones de euros a 15.676. El déficit previsto en la Seguridad Social para 2018 es de 17.000 millones de euros", señalan desde las Marchas de la Dignidad para poner de relieve la urgencia de la crisis actual. Según piensan, es cada vez "más indispensable destruir el capitalismo como sistema social" para así poner el poder y los recursos económicos en manos del pueblo.

Las Marchas de la Dignidad, que protestaron por última vez en Madrid el pasado 3 de diciembre, también cargan contra las amnistías fiscales, las evasiones fiscales impunes y la corrupción político-empresarial, al tiempo que consideran "imprescindible" negarse al pago de la deuda y a los objetivos de déficit impuestos por la UE y el FMI. En un escenario político en el que han irrumpido los nuevos partidos, Jiménez cree que manifestarse es más necesario que nunca. "Tenemos motivos más que suficientes para salir a concienciar. La gente se ha hecho una ilusión que entendemos que es falsa; si no estamos en la calle no vamos a solucionar nada", ha remarcado.

(*) María F. Sánchez es periodista.