La Contraloría General de la República rechazó el protocolo de objeción de conciencia de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, asegurando que no se ajusta a derecho.

En un dictamen dado a conocer en la tarde de este miércoles, la entidad se manifestó en contra de la posibilidad de que las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado puedan acogerse a la objeción de conciencia.

"Cuando una entidad suscribe un convenio al amparo del citado decreto con fuerza de ley con los mencionados Servicios de Salud, aquélla toma el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar las prestaciones de salud convenidas, es decir, al ejecutar la acción de salud de que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollando una función pública", precisan en el texto.

Además, en el texto se señala que "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".

"Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina", plantean.

Para la Contraloría, el protocolo "contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente".

#Aborto3Causales: Contraloría ha dictaminado que NO se ajusta a derecho el Protocolo de Objeción de Conciencia



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Si quieres conocer el documento completo, puedes verlo acá 👉 https://t.co/wUkQHh6zmA pic.twitter.com/kllMPWdlIz — Contraloría (@Contraloriacl) 9 de mayo de 2018

Girardi: "El Gobierno nuevamente se tendrá que disculpar"

"Agradecemos a la Contraloría que haga cumplir la ley", reaccionó a esta decisión, desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD).

"Este Gobierno está cometiendo suficientes errores no forzados y le pido que deje de intentar que no se cumplan las leyes y tenga que pedir disculpas... El Gobierno nuevamente se tendrá que disculpar", presagió Girardi, que anunció una citación al ministro Santelices para la próxima semana.

"La Contraloría ha actuado correctamente y determinado que el decreto es ilegal y corresponde que quede sin efecto", celebró el también senador PPD Felipe Harboe, aunque presagió que ahora se abrirá una discusión legal sobre los médicos objetores que se desempeñan en el sistema público.

Para la senadora DC Ximena Rincón, la resolución del órgano contralor "da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país", y que atribuyó al "apresuramiento del Gobierno" en este tema,

"No sólo nos alegramos de la resolución, sino que pedimos mayor prolijidad, orden y seriedad para proceder", dijo la ex ministra.

Archivo: Revisa el dictamen de Contraloría

Por su parte, la ex Presidenta Michelle Bachelet valoró la decisión de Contraloría y aseveró que "torcer el espíritu de las leyes que la gran mayoría de la ciudadanía apoya es retroceder en lo avanzado".

Valoro el dictamen de la @Contraloriacl, que defiende el derecho de las mujeres de nuestro país a decidir en situaciones difíciles como es el #Aborto3causales. ¡Torcer el espíritu de las leyes que la gran mayoría de la ciudadanía apoya es retroceder en lo avanzado! https://t.co/ch6LAUtdUj — Michelle Bachelet (@mbachelet) 9 de mayo de 2018

RN: "Consecuencias insospechadas"

Desde Chile Vamos, el senador RN Francisco Chahuán advirtió que "las consecuencias de esta resolución de la Contraloría son insospechadas" para la política sanitaria, y pueden dar paso a "situaciones dramáticas".

"Estamos convencidos de que esta medida va a dejar sin cobertura a una gran cantidad (de pacientes. Limitar la entrega de recursos a instituciones privadas que tengan convenios con el Estado vulnera principios constitucionales", alertó el legislador.

"Vamos a pedir una reposición a la Contraloría, vamos a insistir en el punto", adelantó Chahuán, quien también integra la Comisión de Salud de la Cámara Alta.