La oposición parece haber encontrado un punto de unión: sus candidatos están a favor de aprobar una ley que permita el derribo de aviones narcos. Tres proyectos ya fueron presentados en la Cámara de Diputados para reglamentar los pasos que posibilitarían abrir fuego de destrucción contra las aeronaves que trafican drogas. La UCR, el Frente Peronista y PRO promovieron este año esas iniciativas legislativas, firmadas por la mayoría de sus bloques, mientras que otros postulantes, como Sergio Massa y Margarita Stolbizer, hicieron público su acuerdo con esa medida de seguridad, que en los últimos días cobró fuerza también en otros países de la región.

El Gobierno, en cambio, mantiene el rechazo a esas propuestas y hasta ahora bloqueó su tratamiento en las comisiones del Congreso. Pese a esa posición oficial, los datos con que cuenta la Casa Rosada evidencian la profundización del problema de los vuelos ilegales, que lanzan droga cada vez más al Sur, en los alrededores de Rosario y en el norte bonaerense, según afirman quienes están al tanto de los informes sobre Tráficos Aéreos Irregulares (TAI).

Desde julio de 2011 la Fuerza Aérea detectó más de 800 TAI, vuelos que no se identificaron ni informaron su destino. Esos datos llegaron desde el inicio del plan Fortín, que incluyó la instalación de tres radares fijos en Resistencia, Santiago del Estero y Posadas, y de un prototipo fabricado por Invap, que operó en la localidad formoseña de Las Lomitas. Un posterior trabajo de investigación en tierra por parte de Gendarmería permitió verificar que en 242 casos se trató de avionetas que cumplían un papel central en el tráfico de drogas.

"Con relación al derribo de aviones, constituye un tema largamente debatido. Aquí está en juego la seguridad de los ciudadanos, y tratándose de ese bien jurídico protegido son indispensables medidas de acción directa que se adopten en casos y situaciones extremas, con el debido resguardo y supervisión y después de haber fracasado todas las instancias previas", se argumenta en el proyecto de ley presentado por el radicalismo en junio pasado.

Esa iniciativa es encabezada por el diputado Mario Fiad (Jujuy), presidente de la comisión de Adicciones y Narcotráfico, y fue apoyada con la firma de otros doce legisladores, entre ellos, Ricardo Alfonsín.

Por su parte, en el proyecto de ley promovido por Francisco de Narváez (Buenos Aires) y el Frente Peronista se establece, entre sus fundamentos: "El marco legislativo actual en nuestro país al respecto es insuficiente. En los contados casos en los que pilotos de la Fuerza Aérea Argentina se han encontrado con vuelos irregulares, se han visto impedidos de obligar a las aeronaves a aterrizar, precisamente a causa de la existencia de este vacío legal, que es conocido y aprovechado por quienes pilotean aeronaves de origen irregular".

En la explicación del proyecto redactado por el diputado de PRO Julián Obiglio (Capital), con firmas de apoyo de varios legisladores, se sostuvo: "El tiempo de llevar adelante una política agresiva contra el tráfico de drogas es ahora. Países vecinos ya lo están haciendo. Llevarlo a cabo no es una cuestión de ideologías. Las leyes de derribo en Brasil y Chile fueron sancionadas durante gobiernos socialdemócratas. No hacerlo contribuye solamente a levantar sospechas de complicidad e inoperancia sobre quienes no han tomado hasta ahora las medidas necesarias".

A partir de los antecedentes de cargas en esas avionetas ilegales y la cantidad de vuelos narcos confirmados por las autoridades nacionales puede determinarse que en dos años pasaron al menos 121 toneladas de droga en esas operaciones aéreas. Y para llegar cada vez más lejos de la frontera los grupos narcos arman sistemas de postas de reaprovisionamiento para esas aeronaves.

En otros países de la región fue habilitado el derribo de avionetas narcos. Brasil tiene autorizado el tiro de destrucción desde 2004, aunque sólo en pocas ocasiones sus pilotos abrieron fuego, y siempre como advertencia. La semana pasada fue por primera vez destruida una avioneta con drogas, pero a partir del fuego de fusiles de policías que hicieron caer la aeronave en un descampado, a 200 kilómetros de San Pablo.

Unos días antes fue la policía boliviana la que disparó sobre una avioneta con drogas. En Bolivia, el presidente Evo Morales anticipó que prepara un proyecto de ley para permitir el derribo de las aeronaves narcos.

Y en los últimos días se sumó a esas propuestas el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien advirtió que será aplicada inmediatamente en Venezuela una ley de derribos de aviones narcos.

En Uruguay, en tanto, no hay permiso para abrir fuego ante vuelos ilegales, pero la presión de sus aviones A37, de combate básico, forzó el aterrizaje y captura de dos aeronaves con drogas, en el pasado mes.