CARACAS.- El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha emprendido una nueva batalla en su estratégica "guerra económica", la excusa retórica para justificar la crisis económica y social que asfixia a Venezuela.

"Se podrá multar a las panaderías que insistan con las colas para la compra del pan", amenazó William Contreras, superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), durante una Caravana de la Sardina (operativo gubernamental para vender este pescado) en Caracas.

El superintendente, una especie de sheriff de los precios en el país con mayor inflación del planeta (más de 500%, según registró la consultora Econométrica), fue más allá, al afirmar que "hay intenciones políticas y fines bastantes claros (en los panaderos), como es desestabilizar la economía y quebrantar la moral del pueblo".

El aviso de No hay pan se puede ver en una panadería de Caracas AFP

Según Contreras, "la materia prima está llegando", por lo cual no se justificarían las largas colas que desde hace meses se han convertido, también, en el paisaje rutinario de las panaderías caraqueñas y en gran parte del país venezolano.

La respuesta del gremio fue contundente: "No hay suficiente materia prima para producir el pan". Juan Crespo, presidente de Fetraharina, añadió que "el gobierno debe entender que las panaderías no son procesadoras de trigo y que el problema es la producción. Son 120 toneladas regulares para que aquí se acaben las colas", aseguró.

"Atónito" se confesaba ayer un panadero portugués, originario de Madeira, a la vez que exigía mantenerse en el anonimato ante el temor de una represalia. El hombre lleva todo el año explicando a sus clientes, que hacen cola dos veces al día para adquirir sus panes, cómo reparte la poca harina que le llega.

El país sufre escasez y racionamiento de pan durante casi todo el año, provocados por la falta de dólares del Estado para importar un cereal que prácticamente no se produce en el país.

Los operativos habrían permitido "ajustar los mecanismos de distribución y corregir distorsiones detectadas. En varios estados ya se empiezan a ver los efectos" del nuevo control, según el superintendente.

A la cabeza de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro está hoy el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y nuevo hombre fuerte del país.

Esta ofensiva forma parte de las tres líneas de acción anunciadas por Maduro para septiembre: preservar la felicidad social, fortalecer las organizaciones del pueblo (de cara a la "toma de Caracas" anunciada por la oposición para el 1°) y "la recuperación económica y derrota de la guerra, a través de la Gran Misión y los CLAP (bolsas de comida para consejos comunales)".

La misma estrategia en la que las empresas privadas siguen siendo víctimas de las embestidas ideológicas del chavismo, pese a que son fundamentales para paliar la incapacidad productiva del Estado.

En el ojo del huracán siempre ha estado Polar, la principal corporación privada del país, que por fin ha decidido acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar el acoso y la discriminación que asegura que sufre la empresa.

Nueve de sus gerentes fueron detenidos y suspendidos, y su presidente, Lorenzo Mendoza, es habitual centro de los ataques de Maduro, que lo llama el "gran pelucón", algo que sólo el "hijo de Chávez" traduce como burgués y oligarca al tratarse de una palabra en desuso, habitual también en el vocabulario de Rafael Correa, presidente ecuatoriano y líder de la revolución ciudadana.

Diosdado Cabello, jefe militar de la revolución, también atacó ayer a Mendoza: "Escucha, Lorenzo Mendoza, más temprano que tarde nosotros vamos a ir al rescate de la fuerza trabajadora de la Polar".

Otra gran corporación, la estadounidense Kimberly-Clark, fue intervenida por el gobierno, que la acusó de estar detrás de una conjura internacional para derrocarlo, tras decidir parar sus máquinas por la ausencia de materias primas.

La empresa fue rebautizada Gran Cacique Maracay y ahora se enfrenta a su primer gran test ciudadano: la salida al mercado de dos millones de toallitas femeninas.

Los consumidores tampoco parecen compartir el criterio inquisitorial de su gobierno: en julio se produjeron 209 protestas por escasez y desabastecimiento de alimentos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que ha contabilizado 1163 reclamos del mismo tipo en lo que va del año.