El gobierno de Enrique Peña Nieto mantuvo en 2017 el mismo esquema de desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra: más de 351 millones de pesos de dinero público desaparecieron en las secretarías de Desarrollo Territorial, que encabezaba Rosario Robles, y de Agricultura, que tenía a José Calzada como titular.

De acuerdo al informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) este miércoles, las dependencias utilizaron a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y nuevamente a Radio y Televisión de Hermosillo (Telemax).

Esto demuestra que las dependencias y universidades públicas no cesaron este esquema pese a que en 2015 la Auditoría interpuso seis denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de recursos públicos en la Sedesol, dirigida por Rosario Robles, y las Universidades del Estado de México y la de Morelos, con quienes hizo convenios para supuestos servicios.

Incluso, en 2017 hubo 18 denuncias penales más también contra Sedesol y las universidades Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Tecnológica del Sur del Estado de México y Radio y Televisión de Hidalgo.

En ese año, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron la investigación periodística La Estafa Maestra en la cual se demostraba que 11 dependencias del Gobierno Federal utilizaron a 8 universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014, pero éstas subcontrataron a empresas irregulares o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.

Además, Telemax ya había participado en este esquema e incluso fue denunciado penalmente por la Auditoría ante la PGR el 24 de octubre de 2018, también por el presunto desvío de recursos a través de convenios irregulares con la Sedatu firmados en 2016.

Las auditorías correspondientes al quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, forman parte del Tercer Informe de Cuenta Pública de 2017 y es la primera entrega de la gestión del nuevo auditor David Colmenares, quien asumió el cargo en marzo de 2018.

Por primera vez en este tipo de revisiones, la Auditoría omitió los nombres de las empresas que recibieron los recursos públicos de ambas dependencias.

Los presuntos desvíos

La Universidad Politécnica de Tlaxcala fue la institución que más recursos recibió ese año: 188 millones 634 mil pesos, de lo que 94% (178 millones 634 mil pesos) fue considerado como “recuperaciones probables” por la Auditoría debido a las irregularidades detectadas.

El 16 de agosto de 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala hizo un convenio general de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del que derivaron tres convenios más firmados entre septiembre y octubre de ese año.

El primero tenía como objeto “el Servicio de Investigación de los Programas Prioritarios de la SEDATU”; el segundo, debía “llevar a cabo el Programa de educación cívica para el desarrollo y aprovechamiento de espacios públicos en los estados de Puebla y Tlaxcala” y el tercero fue para el “servicio integral para el diagnóstico y construcción del Programa Vivienda para Prosperar y sus alternativas”.

Sin embargo, la Sedatu argumentó que los pagos a esos servicios los hizo en 2017, aunque las supuestas pruebas de la realización de los servicios confirmaban que éstos se habían hecho en 2016.

Después de las revisiones, la Auditoría detectó que la Universidad “no prestó ningún servicio y su función fue únicamente transferir recursos a los proveedores que instruyó la Sedatu sin que éstos le prestaran los servicios objeto del convenio”.

Además, en el análisis de las cuentas bancarias, se detectó que la institución educativa “pagó indebidamente a una persona moral de las subcontratadas, servicios que no guardan ninguna relación con el objeto del Segundo Convenio Específico, aunado a que dos personas morales a quienes les realizó pagos por servicios, no fueron localizadas en sus domicilios fiscales”.

Una de las empresas subcontratadas por la Universidad entregó supuestos comprobantes de servicios que “no guardan ninguna relación con el objeto del primer convenio”, por lo tanto, dice la Auditoría “se presume que la Universidad distrajo recursos de manera indebida”.

Mientras que en los comprobantes de otro de los convenios, la ASF determinó que “no es posible identificar la participación de los proveedores subcontratados para llevar a cabo los servicios, toda vez que, de los entregables presentados por la Universidad, ninguno de los documentos cuenta con el logo de la universidad, ni de los proveedores que los realizaron, por lo que se desconoce la identidad de quién los realizó”.

En tanto, la Universidad Tecnológica de Campeche recibió 86 millones 716 mil pesos de la Sedatu a través de convenios de colaboración. De lo cual, la Auditoría determinó como “recuperación probable” 85 millones 321 mil pesos.

La Auditoría concluyó que la Universidad no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia y pagó 92.0% del dinero “por supuestos servicios prestados en 2016, a cuatro empresas, de las cuales no acreditó la realización de ningún tipo de servicio para cumplir con el objeto del convenio”. Además, los entregables presentados por la institución “no se evidencia” la participación de dichas empresas.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla hizo convenios con la Sagarpa y subcontrató 92.8% de los servicios que sumaron 78 millones 114 mil pesos, lo que significa una violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento.

La Auditoría determinó que realizó “pagos improcedentes” a proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos, pero no presentó la documentación que comprueben la realización de los servicios.

La Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) recibió 40 millones de pesos de la Sedatu para “la elaboración del diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social; evaluación sobre hábitos de consumo de medio y aplicación de sondeos de opinión para medir el posicionamiento de satisfacción e impacto de los programas y acciones relacionadas con la SEDATU y las entidades paraestatales sectorizadas”.

Sin embargo, “no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas

Subcontratada 1 y Subcontratada 2, ni del remanente del proyecto”.

En el caso de la primera empresa no se encontró en el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la empresa 2, pero ésta empresa tampoco fue localizada.

La Auditoría comprobó que los recursos recibidos por las empresas subcontratada 1 y 2 fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios convenidos.

Además, Telemax “no registró en sus estados financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco registró los pasivos (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios presuntamente recibidos en 2016”.