El PP hizo mucho daño y es esperanzador que los aragoneses hayan jubilado a Luisa Fernanda Rudi este pasado 24 de mayo, pero nada tiene esto que ver con su programa de 2011, ni con su cumplimiento o incumplimiento. Estamos hablando de un documento vacío; estamos hablando de un texto en el que el nivel de ambigüedad es tan estratosférico que no compromete prácticamente a nada a quien lo firma.

En este enlace lo podéis consultar íntegro si tenéis tiempo, ganas y un puntito de masoquismo. Además de que una búsqueda de la palabra “desahucios” sólo da como resultado el vacío más absoluto, encontraréis “medidas” tan concretas como la 435:

Pondremos atención en aquellas personas que se ven particularmente dañadas por la crisis económica y están empezando a conocer las nuevas formas de marginación y pobreza.

“Pondremos atención”... Sí, “Pondremos atención”. Mucha atención.

Siendo generosos, estamos ante poesía de mala calidad. Siendo realistas, es simplemente un cheque en blanco.

La lógica siempre ha sido: Confiad en nosotros, votadnos, dadnos el poder y luego haremos lo que nos dé la gana durante cuatro años. Para ello, lo mejor es obviamente que no nos comprometamos a nada concreto.

Es además una lógica que se combina con la sumisión total y vergonzante de los viejos partidos a los grandes poderes económicos; a esa minoría de la población, a ese puñado de personas que lo tienen todo y tienen cada vez más. [Si pensáis que exagero, Intermon Oxfam ha calculado en España, la riqueza de las 20 personas más ricas (77.000 millones de euros) es equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres: algo más de 9 millones de personas.]

Un partido de mayordomos de los ricos, un partido que sabe que va a gobernar para los privilegiados, obviamente, no lo puede decir ni lo puede poner en su programa. Pero tampoco puede comprometerse a lo contrario. Si no, el fraude sería obvio y nunca estarían más de una legislatura en las poltronas institucionales.

¿La solución? Poesía, ambigüedad y cheques en blanco.

En estas elecciones lo hemos vuelto a ver. No parece, desde luego, que haya habido propósito de enmienda por parte de los viejos partidos más allá de los discursos. Es un buen ejercicio comparar los programas para Aragón del PP, del PSOE y de Podemos, buscando compromisos reales y concretos más allá de la poesía.

¿Y en las conversaciones post-electorales para decidir las investiduras? Pues… más de lo mismo.

En Andalucía, se ponen tres medidas de coste cero, sencillas y de sentido común y Susana Díaz dice que no. ¿Por qué? Porque tocan los intereses de los bancos a los que el PSOE debe más de 70 millones de euros y las redes clientelares que ese mismo partido ha enterrado en el suelo andaluz durante más de 35 años de cortijo. Porque son medidas concretas y obligan a que el gobierno se comprometa con la gente. Por eso dice Susana Díaz que no.

Llega Ciudadanos y la cosa es distinta. Ciudadanos pide a Susana condiciones de regeneración democrática que son tan de mínimos que deberían ser de automático cumplimiento, añade también algunas condiciones concretas (todo hay que decirlo) en sanidad y educación, pero olvida los desahucios y pedir nada que moleste a la gran banca y a los caciques. Eso Susana Díaz —como Cristina Cifuentes— no tiene ningún problema en firmarlo.

En Aragón está ocurriendo algo parecido.

PODEMOS presenta a las demás fuerzas un decálogo, en el que selecciona 10 medidas concretas después de haber consultado a los círculos y a la sociedad civil. Entre ellas, una que habla de los desahucios:

Las entidades financieras que suscriban acuerdos de colaboración con la Diputación General de Aragón o sus entidades y empresas públicas dependientes, deberán demostrar su cumplimiento anterior y su compromiso de cumplimiento a futuro con los estándares internacionales en materia de desahucios.

En particular no podrán provocar desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades ni generar situaciones de exclusión derivadas de las deudas hipotecarias.

En el caso de convenios vencidos que aún no han sido denunciados por ninguna de las partes, éstos quedarán automáticamente finalizados y condicionada su renovación a dicho cumplimiento. En el caso de convenios pendientes de vencimiento, se iniciará de inmediato un procedimiento de revisión de cada uno de los convenios según los mismos criterios. En relación a aquellas entidades financieras que no quieran comprometerse a cumplir con los estándares internacionales en materia de desahucios, se hará pública esta negativa y quedará reducido el contenido de los convenios al mínimo legalmente exigible, vaciando al máximo las cuentas, depósitos y otros activos que en esas entidades tuviese abiertas la Diputación General de Aragón o sus entidades y empresas públicas dependientes. Las revisiones y los vaciamientos pertinentes habrán de concluirse antes de 3 meses de la formación del nuevo gobierno.

Se arbitrará un procedimiento de inspección y control que revisará los convenios y el cumplimiento de los estándares internacionales, colaborando, en este último aspecto, con las plataformas sociales (como la PAH o Stop Desahucios) que trabajan en este ámbito.

El PSOE plantea 58 puntos telegráficos entre los que podemos leer:

Garantizar de manera efectiva la protección en el uso de la vivienda, afrontando el drama humano de los desahucios.

¿“Afrontando” cómo?

Sorprende que, ante este contraste, el PSOE diga que "hay que descender un poquito más" y concretar las propuestas. Pero sorprende aún más que las viejas lógicas tarden tanto tiempo en morir.

La ciudadanía se ha cansado de las palabras vacías y los cheques en blanco, de las etiquetas y de los repartos de sillones sin compromisos. Quien quiera gobernar, tendrá que demostrar una voluntad real de cambio asumiendo condiciones concretas y vinculantes que pongan la dignidad de la gente antes que los privilegios de unos pocos.

La lógica ha cambiado.