Una delegación de ocho europarlamentarios ha visitado durante dos días España para investigar los casos de bebés robados que comenzaron en el franquismo y se extendieron hasta los años 90. Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación S.O.S. Raíces Adoptados, ha sido citado por esta comisión como víctima y experto jurídico. A día de hoy desconoce quién fue su madre biológica, pero sus años de investigaciones le confirman que en este país existió un sistema de adopciones ilegales que se convirtió en negocio. “Me he dado cuenta de la cantidad de millones que se ha movido dentro de la Iglesia y, si sale todo, sería un escándalo de una magnitud brutal. No pueden reconocerlo”, afirma la víctima. Sus años de indagaciones le han llevado a calcular que en el país hay unos 300.000 hijos falsos, es decir, personas a las que se inscribió como hijos biológicos de unos padres que no eran los suyos.

La delegación de la Eurocámara se ha reunido con representantes del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y algunas víctimas. A falta de redactar un informe no vinculante con recomendaciones para las autoridades españolas, las primeras conclusiones han sido que hay una “falta enorme de confianza” de los ciudadanos en que el Gobierno les facilite el esclarecimiento de los hechos. Vila, en declaraciones a este medio, se reconoce “muy crítico” con el Ejecutivo y la Fiscalía por su inacción y la escasez de investigaciones, pero sobre todo arremete contra la jerarquía eclesiástica. “Las víctimas a las que represento no encontramos a nuestros padres por el oscurantismo de la Iglesia Católica”, explica. El abogado ha llegado a mandar docenas de cartas a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal, pero no ha recibido contestación. “Me parece muy grave porque el Papa Francisco sí que se ha reunido con las víctimas de bebés robados en Argentina”, indica.

Tanto Vila como la eurodiputada de IU, Marina Albiol, encargada de impulsar esta comisión de investigación, han recordado que durante "la represión de la dictadura franquista" se entregó a los hijos de presas republicanas a familias afines al réginen. Hubo "claramente una política de limpieza étnica con las mujeres de izquierdas”, sostiene el abogado. Sin embargo, en los años venideros pesaron más “la Iglesia, la falsa moral y las ganas de ganar dinero” en una práctica que fue "más fácil" en España porque "Franco protegía a la Iglesia Católica", pero que también ha tenido lugar en países con democracias como Irlanda, explica.

A día de hoy, la asociación S.O.S. Bebés Robados se encarga de informar a las personas afectadas y brindarles apoyos legales para denunciar los casos. Una de las víctimas es María Dolores Ozaez que, junto a sus cuatros hermanos, busca a un quinto hermano que nunca conoció. El 2 de noviembre de 1959, en la Maternidad de la calle madrileña de O'Donell, su madre dio a luz a un bebé “grande, blanco, rubio, muy guapo” que nació llorando, según les contó ella. Lo dejaron a lo pies de su cama, enrollado en una toalla. Al poco rato, una monja se lo llevó y pasadas las horas le dijeron que había fallecido. “La llevaron a otra habitación y le enseñaron un niño muerto que vio de lejos. Creo que es ese bebé congelado que le enseñaron a tantas otras. Mi padre no sospechó nada, pero a mi madre le quedó la duda”, relata María Dolores. Muchos años después la familia denunció, pero la causa fue archivada. A día de hoy trabajan por reactivarla.

Otro de los casos es el de Mercedes Villalobos, quien se enteró a los 49 años de que había sido adoptada. Debido a sus problemas auditivos, su marido atiende al otro lado del teléfono. “Ella se enteró porque tiene Parkinson y unos estudios determinaron que tenía un gen hereditario”, explica Francisco Fernández. Su padre, enfermo de cáncer y apunto de morir, le dijo que tenía algo que comunicarle que sería muy relevante para el conocimiento de su enfermedad. “Yo estaba presente. Con lágrimas en los ojos, su padre no podía decírselo. Ella le dijo: 'Mira papá, eso tan importante que tienes que decirme es que soy adaptada'. Él se lo confirmó”, cuenta.

Tras la muerte de los padres de Mercedes, el matrimonio comenzó a investigar. Una tía tenía escondida toda la documentación. Había dos partidas de nacimiento – una en Osuna y otra en Málaga--, dos registros diferentes y documentos de hasta tres bautizos diferentes en la Casa Cuna de Málaga. También supieron, a través de una asistenta que trabajaba en casa de los padres, que la madre no biológica de Mercedes acudió al Hospital Civil de Málaga para fingir un parto. Además, Francisco pudo hablar con el doctor que atendió a sus suegra antes de que éste falleciera. Tenía 92 años y le dijo que no estaba “interesado” en remover asuntos del pasado. “Sospechamos que pagaron dinero, porque hemos encontrado cuentas, pero no podemos afirmarlo”.

Mari Cruz, portavoz de la Asociación S.O.S. Bebés Robados Madrid, busca a su hijo. Ella dio a luz un bebé sietemesino el 18 de agosto de 1980 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Después le dieron el alta, el niño se quedó en la incubadora, pero se encontraba bien. Al día siguiente, cuando acudieron a verlo, no estaba donde siempre. “La doctora nos dijo que había fallecido. Fue un palo tremendo. Teníamos 21 años mi marido y yo. Estábamos llorando cuando nos pidió que siguiésemos trayendo la leche materna al hospital”, rememora. Ambos pidieron a la médica que le entregasen el cuerpo del bebé, pero ella les dijo que necesitaban 200.000 pesetas para enterrarlo y que, si no tenían ese dinero, el centro se haría cargo. “Nosotros no teníamos ni una peseta y ahí nos pilló. Nos quedamos muy mal y al cabo de un tiempo empezamos a ver que había cosas que no cuadraban”.

Mari Cruz y la otras víctimas no supieron hasta 2010 que había otras muchas personas en su misma situación. El silencio lo rompieron entonces unas 300 familias, que pidieron a la Fiscalía General del Estado la investigación del robo de bebés en hospitales españoles en los años 60, 70 y 80. A día de hoy, estas personas carecen de apoyo del Estado para hacer frente a los costes judiciales. Sus reclamos más importantes, hasta ahora desatendidos, son la creación de una Fiscalía específica que atienda sus casos en todo el país y de un banco de ADN que sirva para encontrar a sus familiares, una idea que consiguieron poner en marcha las Abuelas de Mayo en Argentina tras años de protesta. De momento, afrontan ellos mismos los costes de los procesos judiciales y de las pruebas genéticas.