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El espíritu melancólico y poco o nada entusiasta que transmite cada año con más intensidad el aniversario de nuestra Constitución vigente nos obliga a reflexionar seriamente sobre el porqué de este palpable malestar con nuestra ley de leyes, el mismo que llevara el 15M a hablar de un momento ‘destituyente’ en marcha. Parece una evidencia que la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos asumen ya como reto, por lo menos, la urgente necesidad de una reforma de la Carta Magna. Y la mejor prueba de ello es que todos los partidos han hecho, de una u otra manera, alusión a tal debate durante las últimas campañas electorales y en el propio día de hoy.

Nuestra Constitución respondió a una coyuntura de época en donde el miedo era un operador político y diversas fuerzas empujaban para que los vínculos con el viejo régimen franquista y lo que este implicaba en la propia concepción normativa y estructural del Estado no terminaran de romperse. Ahora, afortunadamente, los ciudadanos del Estado español ya no tienen esos miedos y practican el derecho a poder discutir y deliberar serenamente, sin tabúes, cuáles son los marcos de convivencia que desean compartir, sin que aquellas amenazas de entonces condicionen el debate libre y democrático.

A cada momento histórico le corresponde su propia constitución. Son los protagonistas quienes merecen decidir cómo quieren regirse y cómo quieren vivir. Hoy, estamos seguros, los ciudadanos querrían participar activamente de la elaboración de un acuerdo plasmado en la Constitución. Así como la mayoría de la población no participó en el debate constitucional del 78, lo más importante es que no aceptaríamos (nos incluimos) que los partidos políticos de manera exclusiva, llevaran la voz cantante de un acuerdo que nos convoca y atañe a todos y todas. Nuestra sociedad ha cambiado y exige más democracia y blindaje de derechos. A la par, exige tener voz propia y una mayor participación en cualquier debate importante que se dé en la vida política estatal. Sirva ello de base para el debate abierto

En ese sentido, es importante destacar lo que ya nos habían enseñado autores como Viciano Pastor y Martínez Dalmau respecto de la falacia que conlleva la supuesta consubstancialidad entre constitucionalismo y democracia, recordándonos los orígenes y trayectorias distintas y antagónicas entre ambas hasta su principio de conciliación, no sin muchas y tristes excepciones hasta hoy, a partir de los procesos revolucionarios de EEUU y Francia a finales del S.XVIII. Desde entonces y hasta finales del S.XX, reflejo de las conquistas de las luchas sociales de esa época, se empezaría a asentar una noción de legitimidad anclada en la democracia y en los derechos sociales. De ahí, la evolución constitucional daría importantes pasos – conformando su simbiosis con la democracia y con la garantía de los derechos sociales como fundamento de las políticas – hacia lo que se vendría a conocer como constitucionalismo democrático y social. El Estado Social y Democrático de Derecho, fruto del pacto social de la posguerra mundial y del consenso antifascista –erosionado por la élite del capitalismo financiero con las políticas neoliberales y directamente dinamitado con la gestión austericida de la crisis- ,sería la forma más acabada de éste.

Ahora mismo en nuestro Estado, la Constitución – que debería ser una de las mayores conquistas populares, en definitiva, la trinchera última por la cual la defensa de sus conquistas se materializan en la protección a sus derechos y en la definición de sus deberes, donde se recogen las normas de convivencia y los derechos acordados por un pueblo -, parece no cumplir más su papel como garante de los derechos y las necesidades de las gentes y las naciones del Estado. La Constitución de 1978 agoniza, y no porque lo digamos nosotros, sino porque ya no es capaz de cumplir su función. Ni es capaz de garantizar que todos los ciudadanos vean respetados sus derechos sociales y humanos más básicos (vivienda, empleo, alimentación, sanidad, educación, pensión digna, libertades civiles varias, etc.), ni es capaz de responder frente a las demandas de las naciones que luchan por el reconocimiento de su derecho a decidir. Una Constitución donde los artículos que hablan sobre los derechos sociales no se cumplen y, a su vez, tiene varios aspectos que atentan directamente contra la democracia al impedir la libre decisión de los pueblos, no puede ser la Constitución que necesita un Estado como el español para los tiempos y las problemáticas vigentes.

El primer punto, el del incumplimiento y desprecio por uno de los pilares del modelo apuntado anteriormente, la garantía constitucional de los derechos sociales, quedó plenamente acreditado con la infame reforma del artículo 135. A un Estado cuyos servicios sociales muchas veces padecen de déficits de gestión evidentes – potencializados por la vergonzosa desproporcionalidad asumidas por practicas corruptas y delictuosos en su interior – se le añadió luego de aquella reforma la inaceptable sumisión de los servicios sociales al pago de la deuda – esa también en gran parte fruto de las mismas practicas delictivas por lo que se justifica su auditoria de forma transparente. No es solo un ataque a un pilar de la Constitución sino a su espíritu.

Cuando se habla de constitucionalismo democrático, la cuestión de fondo nos remite además a la propia lógica de la legitimidad del poder. Esto entroncaría con el segundo aspecto planteado. Una Constitución que habla de España como “nación única e indisoluble”, como si de un ente platónico se tratara, y que, a través de ello, impide el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y el consecuente derecho a decidir correspondiente para las diferentes naciones que lo componen, no puede ser considerada como una Constitución democrática en sentido pleno. El uso que el PP ha hecho y hace del Tribunal Constitucional para atacar luchas democráticas como las del pueblo catalán, así lo demuestran. Usar la Constitución para ir en contra las decisiones democráticas de los pueblos no solo es un error, es, además, muestra de su ineficacia.

Necesitamos pues una nueva Constitución que sea capaz de responder a lo que se le presupone a un Estado que quiere ser a una misma vez constitucional y democrático. Y dejando a un lado nuestro eurocentrismo haríamos bien para ello –siguiendo las mejores tradiciones del constitucionalismo democrático, que tanto debe a la Constitución mexicana de 1917- en mirar a las experiencias latinoamericanas de los últimos quince años y lo que viene siendo llamado desde entonces en el mundo académico como “nuevo constitucionalismo”. Esa corriente neoconstitucional sienta sus bases en la diferenciación entre el concepto formal y material del Estado Constitucional. Para ella, y a la cual nos adscribimos, el Estado Constitucional es aquel que, más allá del cumplimiento formal de la existencia de una constitución, por más democrática y social que esta sea, atiende a dos requisitos: a) que dicha constitución sea producto de la propia evolución del Estado Social y Democrático de Derecho y del enfrentamiento y superación de sus carencias históricas percibidas; y b) la constitución como resultado de un efectivo y legitimador proceso democrático, por medio del cual el poder constituyente puede expresar su voluntad.

Ya que durante la “transición” nos privaron de un momento constituyente fundador capaz de impulsar un proceso de radicalización democrática, con amplia y profunda participación popular, limitando a nuestros padres y abuelos a un simple juego de sí o no, o mejor, poco menos a tener que elegir entre “seguir en dictadura” o aceptar la imposición de “su modelo democrático”, y ya que aquello se tradujo en una Constitución incapaz de profundizar tampoco en la resolución del “problema de las naciones”, es hora de que seamos nosotros y nosotras quienes superemos de una vez aquellos dos grandes “pecados originales” que tanto han condicionado después la vida política española.

Aprovechemos para ello que muchos de los que hoy son los principales dirigentes de Podemos han vivido en primera persona los procesos constitucionales que inspiraron a los neoconstitucionalistas. Allí pudieron ver la belleza e importancia de procesos constituyentes profundamente democráticos y participativos. procesos que, a nuestro entender, son el faro un horizonte constitucional más democrático y ajustado a las necesidades actuales del Estado español. Ahí también aprendieron que en la plurinacionalidad reside la diversidad cultural que engrandece y nos hace más fuertes. Saben que un verdadero proceso constituyente es la respuesta adecuada para una Estado que se quiere mirar el espejo en la alborada del Siglo XXI, que no quiere más tabúes ni tiene más miedos. Pero saben también que, mientras lo viejo y moribundo resista e impida la asunción de ese momento destituyente y de la urgencia constituyente, hay espacio, con valentía y determinación, para poner en marcha una reforma constitucional que no solo recomponga las barbaridades cometidas por el PPSOE como también garantice los derechos sociales y laborales, instituya los mecanismos gubernamentales de combate a las prácticas delictivas en el interior del Estado, sean éstas legalizadas o no, promuevan la plurinacionalidad y amplíen los cánones democráticos. Si al fin los partidos tradicionales se atreven a abrir el melón de la reforma constitucional esperamos que sepan tener en cuenta lo aprendido de tales experiencias de aquellos países tan denostados por nuestra mentalidad colonial. De lo contrario ni podrán contar con el apoyo de Podemos ni solucionarán los problemas mencionados, pero, sobre todo, perderemos todos los ciudadanos esta oportunidad histórica.