El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, Enrique Rodríguez, archivó la investigación en torno al presunto mal uso de la tarjeta corporativa del Banco República por parte del exdirector blanco Pablo García Pintos, entre 1995 y el 2005, porque consideró que el delito prescribió. “El peculado tiene una pena máxima de 6 años de penitenciaría, el plazo de 10 años para que se considere prescripto el delito, y por ende extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, operó en marzo de 2015", indicó el fiscal en su vista, publicada este viernes por la Fiscalía.

Hace más de un año el semanario Búsqueda informó que varios exdirectores blancos y colorados del BROU realizaron 400 compras “inusuales” entre 2000 y 2005 con las tarjetas corporativas y gastaron un total de US$ 21.000 en compras "ajenas a la función específica de los directores". Uno de esos jerarcas era García Pintos y cuando fue consultado ese mismo día en el informativo de radio Sarandí sobre lo sucedido, declaró que parte de ese dinero al igual que tantos otros retiros que realizó entre 2000 y 2005, fue para "hacer aportes" al Partido Nacional.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, remitió esas declaraciones a Fiscalía de Rodríguez para que estudiara si se había configurado el delito de peculado. Rodríguez aseguró que García Pintos sacó “un beneficio indebido” porque pagó obligaciones particulares con dinero del Estado, “para afrontar un gasto que nada tiene que ver con las necesidades del BROU y con la función que cumplía el director como funcionario del ente”. El fiscal está convencido de que García Pintos incurrió “en forma continua” en el delito de peculado, hasta que cesó a su cargo en marzo de 2005.

En la entrevista con radio Sarandí, los periodistas lo consultaron sobre si efectivamente usaba dinero de la tarjeta para hacer aportes al Partido Nacional y García Pintos respondió: "En determinado momento sí".

"¿Sacaba dinero e iba al Partido Nacional?", insistió uno de los periodistas. "Sí", respondió el exdirector.

“El destino que a ese dinero le daba el imputado, no está comprendido dentro de aquellos para los cuales se otorgaba la tan mentada tarjeta de crédito, por algo se la llama institucional o corporativa, y si bien su uso no estaba reglamentado por ese entonces, como lo dice el propio imputado, se admitía solamente que fuera utilizada para atender obligaciones o compromisos naturales al cargo”, analizó el fiscal en su vista y agregó que no se puede admitir que al Partido Nacional se le pagara “con dinero proveniente de una tarjeta institucional, por ser de naturaleza distinta al sueldo, significando su utilización con tales fines, una desviación del debido uso corporativo que se tenía que hacer con la tarjeta”.

Después de la tormenta que causaron sus declaraciones, el exdirector anunció que iba a devolver "hasta el último vintén". Según datos a los que accedió El Observador, a raíz de un pedido de informe realizado por legisladores frenteamplistas, García Pintos retiró $ 141.500 en efectivo con su tarjeta corporativa, desde febrero de 2001 a octubre de 2004. Teniendo en cuenta la trayectoria de la inflación desde aquellos años, esa cifra equivale a unos $ 333.000 actuales (US$ 11.350).