El pasado 21 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó una condena de siete años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos respecto del ex presidente y actual senador Carlos Menem por el contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador.

La causa judicial, que muchos ni siquiera recordaban que existía, y, a pesar de la decisión de los camaristas, aún no tiene condena firme: el expresidente anticipó que apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual podría derivar en un escenario absurdo, que Menem fallezca por su avanzada edad antes de que se conozca el fallo de marras.

Lo antedicho lleva a preguntarse: ¿Es lógico que una persona sea condenada 22 años después de haber sido denunciada? ¿Puede eso llamarse justicia? ¿Por qué los jueces se mueven a una velocidad a la hora de avanzar en los procesos comunes y a otra, mucho más lenta, cuando se trata de funcionarios o exfuncionarios políticos?

Menem se ríe, confiado

Cuando se comparan las demoras que hay en la Argentina respecto de la duración de los procesos penales en países del primer mundo baste mencionar el denominado lava jato de Brasil queda en evidencia que algo no está funcionando de manera correcta cuando se trata de poner en el banquillo de los acusados a los que ostentan u ostentaron cargos públicos.

Es un tópico complejo de analizar, porque contiene aristas de diversa índole. Aparece la cuestión de las diferentes instancias y la facilidad que ostenta el Código Procesal argentino para estirar los plazos ad infinitum, logrando en muchos casos la prescripción del delito investigado.

Incluso, aún cuando no haya chicanas procesales, muchas veces la prescripción funciona por sí misma, por la propia demora de los jueces y fiscales.

Ergo, se hace necesario agilizar los procesos penales, acortando los plazos y dinamizando la actuación de los funcionarios judiciales. De lo contrario, se conspira contra la propia búsqueda de la verdad.

La justicia argentina, muchas veces no es justicia

La discusión no es nueva. Por caso, la Asociación Civil por Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha elaborado un informe en el año 2011 donde hace hincapié en la lentitud de los jueces y los problemas que ello acarrea: Hay que considerar que la demora puede producir la pérdida de la prueba recolectada o la disminución de su valor o efecto de convicción. Incluso muy probablemente los testigos apenas recuerden los hechos ocurridos, o quizás por diversos motivos ya no puedan estar presentes en el juicio, advierte el documento.

El mismo paper añade que con estas demoras se ve afectada la recuperación definitiva de los bienes sustraídos al patrimonio público. Por lo general, en este tipo de delitos hay enormes sumas de dinero involucradas que pertenecen a los fondos públicos y ese dinero no regresa a la sociedad hasta tanto no haya condena firme que lo establezca.

A su vez, ACIJ puntualiza en un hecho fundamental: El paso del tiempo puede generar disminución en el interés de llevar adelante la acusación por parte de los querellantes o incluso del propio Ministerio Público Fiscal. Esto es así ya que de a poco el hecho delictivo pasa a un segundo plano, se va convirtiendo en un asunto que deja de ser de interés público ( ) En el peor de los escenarios, puede suceder que el propio imputado fallezca antes de ser juzgado.

Respecto de esto último, hay que volver a posarse en el ejemplo de la condena que aún no está firme sobre la figura de Menem.

Daniel Rafecas, uno de los jueces permeables al kirchnerismo

Los jueces y la política

Frente a lo dicho, la pregunta persiste en el aire: ¿Por qué los jueces demoran tanto en avanzar en hechos de corrupción?

Quien intentará responderlo es Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado especialista en casos de corrupción y uno de los más asiduos denunciantes de funcionarios públicos en la justicia.

Los jueces federales son designados por el Ejecutivo bajo un sistema que coloca al elegido en deuda con su elector. Los jueces federales son quienes deben juzgar a los funcionarios corruptos (muchas veces corruptos del partido que los designó jueces). Esto coloca a los jueces de rodillas y pocos logran salir de esa trampa política de devolución de favores, sostiene el letrado.

A su vez, el especialista pone el foco en el Consejo de la Magistratura que, a su entender, opera como un centro de canje: En su origen el Consejo estaba integrado con equilibrio de fuerzas políticas e integrado de académicos. Kirchner modificó ese equilibrio dando mayoría en el consejo al partido gobernante. Eso hace que al juez que desobedece se lo disciplina desde el Consejo de la Magistratura.

Para Kalbermatten, es un efecto tenazas donde se aprieta cuando el juez se sale de vaina y se suelta si el juez se encausa.

En el mismo sentido, el abogado refiere que los jueces de tribunales orales hacen lo propio, sin tener juzgamientos diarios (podes comprobar que los TOFS no tienen juicios con frecuencia). Sin embargo, los de los funcionarios se alargan vergonzosamente hasta que prescriben. El único que no llego a prescribir del todo fue el de María Julia Alsogaray. Los demás casi todos terminan prescribiendo y jamás nadie devuelve la plata robada y si la devuelve la restituye a valores viles sin actualización de ninguna especie.

El letrado pone el foco en un punto también sugerido por ACIJ: El que se afanó diez millones de pesos en 1998, devuelve en 2017 los diez millones de pesos, cuando en aquel entonces diez millones de pesos equivalían a diez millones de dólares. Ergo, hoy debería devolver 170 millones de pesos.

¿Cómo evitar que ocurra esto último? ¿Que aunque no se aceleren los procesos al menos se pueda recuperar lo robado? Para Kalbermatten la clave es la Ley de Extinción de Dominio, una norma que todos sin distinción de partido eluden cual acuerdo tácito tratar porque todos roban y a nadie le conviene.

Freiler, un camarista bajo sospecha

¿En qué consiste? Según el abogado Carlos Enrique Llera es una consecuencia jurídico-patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna.

Como se dijo, no habrá justicia más rápida, pero al menos se podrá recuperar la cosa pública que ha sido sustraída.

Mientras tanto, hay que poner el foco en los jueces y fiscales: Está lleno de jueces subrogantes porque los políticos especulan al máximo a quién designar para que les sean serviles. Por eso tal vez los jueces deberían ser designados de otro modo, insiste Kalbermatten.

Para concluir

Quien escribe estas líneas fue querellado más de 30 veces por calumnias e injurias por parte de funcionarios públicos. Todos esos litigios fueron sustanciados en la justicia Federal y no demoraron más de 3 o 4 años, con elevación a juicio oral y todo.

Uno de los casos emblemáticos fue el de Aníbal Fernández, quien ganó a este cronista un juicio en primera instancia el juez era Norberto Oyarbide y luego el fallo se revirtió en la Cámara Federal. Así y todo, el proceso comenzó en 2005 y culminó en 2009.

Oyarbide, la corrupción judicial llevada al extremo

¿Cómo entender semejante incongruencia entre un proceder y el otro? ¿Cómo es posible que los mismos jueces, del fuero Federal, actúen de diferente manera, de acuerdo a si se trata de un funcionario público o de una persona común? No hay explicación ni respuesta racional.

Mucho podría decirse, pero lo único que queda claro es que la justicia que demora no es justicia. Como bien dijo Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza en todos lados.