Cuatro hombres fueron imputados este martes por el crimen de Rogelio Souza, un policía que fue baleado en el cruce de Camino Capitán Tula y Rafael el 5 de junio, mientras se desempañaba en su trabajo como repartidor en un camión de bebidas. Los cuatro fueron acusados de homicidio muy especialmente agravado y enviados a la cárcel con prisión preventiva por 180 días a la espera de un juicio oral.

Entre los imputados se encuentra un trabajador de la bebida, compañero del policía asesinado, que organizó con los otros tres imputados el asalto al camión del que pretendían llevarse unos $ 350 mil. Parte de esa planificación suponía que los delincuentes armados simularan encañonar al cómplice, con el objetivo de llevarlo hacía el fondo del vehículo, donde se encontraba la caja fuerte, para que este la abriera.

El botín se repartiría de modo que $ 50 mil se llevaría quien entregó el robo y el resto se repartiría entre los otros imputados.

Sin embargo, dos de los asaltantes desenfundaron sus armas y dispararon contra el policía que se encontraba vestido de particular, el cual murió más tarde en la policlínica de Capitán Tula. Según admitió el trabajador de la bebida que fue partícipe en el crimen, él había informado a los delincuentes de que en el vehículo viajaba un policía armado, pero dijo ante el fiscal Juan Gómez que no creía que los otros integrantes de la banda fueran a matarlo.

Entre las pruebas en contra de los ahora imputados, están las dos armas que dieron muerte al policía, las camperas utilizadas el día del asalto y que simulaban pertenecer a efectivos policiales, así como la declaración de dos de los indagados, incluido el trabajador que entregó el robo. Este último fue agredido a golpes por los otros delincuentes durante la audiencia, en la que además se produjo un altercado entre los familiares del policía asesinado y familiares de sus matadores.

Durante ese enfrentamiento también fue agredido el trabajador de la bebida imputado. Es que este hombre, con su declaración, fue clave para resolver el caso.

Según supo El Observador, quien entregó el robo y uno de los que lo ejecutó, eran vecinos, y fue por esa cercanía que acabaron organizando juntos el asalto.

Días después de la muerte del agente policial, el Ministerio del Interior anunció que analiza la posibilidad de prohibir el porte de armas a los policías que se desempeñen en actividades privadas fuera de su horario laboral. Sin embargo, el sindicato policial consideró que esta iniciativa supone una "sentencia de muerte" para los funcionarios.

El anuncio abrió un nuevo debate entre las autoridades policiales y el gremio. El director de la Policía Nacional, Mario Layera, aseguró que, en su opinión, los policías no están obligados a intervenir cuando son testigos de un delito y no están en hora laboral, por lo que no podría caberles la figura de omisión. Por el contrario, apuntó que su obligación es denunciar los hechos.

Washington Abdala, abogado del sindicato policial, calificó las declaraciones de Layera como un "disparate", ya que argumentó que el estado policial es "permanente".

Además de la cuestión del porte de armas y el uso de chaleco antibalas aún por fuera del horario reglamentario, el sindicato pide volver al régimen antiguo de servicios 222, que fue limitado por el Ministerio del Interior y ahora no puede ser contratado por privados. El sindicato insiste en que los policías deben recurrir al multiempleo y que al hacerlo de manera informal se exponen.