“Desde la semana pasada, altos funcionarios del gobierno venezolano se encuentran en China negociando un acuerdo general de apoyo estratégico en las áreas financiera y de repotenciación de las industrias básicas de transformación de hierro, acero y aluminio”, dijo una de las fuentes familiarizada con la operación y que requirió el anonimato por no estar autorizada para declarar formalmente.

Según analistas financieros, la recompra permitiría al gobierno venezolano lograr importantes ahorros tanto en pago de capital como de intereses de estos papeles cuyos precios han caído estrepitosamente en el mercado financiero global, donde se negocian a precios de “bonos basura”, pero con altos rendimientos inherentes a su alto riesgo.

El gobierno de Nicolás Maduro está agobiado por una fuerte escasez de liquidez y el propio gobernante afirma que se han cerrado las líneas de financiamiento convencional para este país rico en recursos petroleros y de otros minerales que atraviesa la peor crisis económica, financiera y social de sus historia contemporánea.

En las últimas horas, fuentes financieras han revelado a medios especializados que entre una nueva tanda de sanciones contra el gobierno de Maduro está la prohibición de que los bonos venezolanos sean negociados en el mercado secundario de Estados Unidos.

El equipo venezolano del área financiera que se encuentra en China está dirigido por el presidente del Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), Simón Zerpa.

“Sus esfuerzos se concentran en la creación, junto a tres bancos Chinos, de un sub-fondo para la recompra de la deuda venezolana, tanto soberana, como de Pdvsa. La estrategia de ese sub-fondo para la recompra de deuda sería aprovechar el ahorro que podría obtener el país y Pdvsa, mediante la recompra, a descuento, de los bonos que vencen en 2017 y 2018”, dijo la fuente.

Entre 2017 y 2018 –explicó la fuente- se contemplan pagos de capital por vencimiento de dichos bonos por la cantidad de 2.426,6 millones de dólares.

Pero si el subfondo Chino-Venezolano adquiere esos papeles al precio que tienen en los mercados financieros a la fecha de hoy, sólo se pagarían $1.704 millones. Es decir, que la República y Pdvsa ahorrarían más de $700 millones.

La idea final sería canjear, al vencimiento, los bonos que se logren recomprar a cambio de nueva deuda emitida por Pdvsa con vencimientos en 2037 y 2047, según la información.

En total, según la Oficina Nacional de Presupuesto del ministerio de Finanzas de Venezuela, en agosto fueron pagados $705 millones en servicio de deuda. En septiembre deberán cancelarse otros $228,8 millones en intereses.

Luego las finanzas del país deberán prepararse para los meses de octubre y noviembre, cuando se prevén pagos por $1.634 millones y $1.890 millones, respectivamente, justo en medio de una drástica caída de los ingresos de divisas por exportaciones petroleras que han obligado al gobierno a caer en moratoria de deudas comerciales y a recortar drásticamente las importaciones, inclusive de alimentos y otros productos básicos.

Para muchos analistas e inversionistas en Wall Street una moratoria de la deuda financiera venezolana es sólo cuestión de tiempo.

Zerpa, el más prominente funcionario venezolano involucrado hoy en estas negociaciones técnicas en China preside el Fonden desde 2014. Pero además es vicepresidente de Finanzas de la estatal Pdvsa desde el 29 de enero de 2017 y gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y viceministro de inversión en el ministerio de Economía y Finanzas. Es hijo del embajador de Venezuela en China, Iván Zerpa Guerrero.

Pero hoy sus funciones están limitadas porque recientemente fue incluido en la lista Clinton de sancionados por la OFAC (la oficina de control de activos extranjeros del departamento del Tesoro de Estados Unidos).

Esta designación entre la lista de los más cercanos colaboradores del presidente Maduro (que incluye diferentes acusaciones en cada caso de presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero, atentados contra la democracia o narcotráfico), significa que Zerpa tiene prohibido negociar con firmas internacionales cualquier operación financiera, lo que limita el margen de maniobra del gobierno de Maduro para emprender refinanciamiento de la cuantiosa deuda pública venezolana en los mercados financieros vigilados por organismos estadounidenses.

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