Jiménez Espriu dijo en una entrevista en Ciudad de México que si no se les permite eso durante la transición abrirían una queja a principios de diciembre contra los que pudieran ser considerados responsables.

Las quejas se presentarían ante agencias federales como el interventor nacional y los Auditores Superiores Federales, dijo. Esto se sumaría a cualquier caso que el Gobierno pueda presentar contra actos de corrupción vinculados al aeropuerto, si se encuentran prueban de irregularidades.

Jiménez dijo que hay una probabilidad “muy alta” de que el proyecto sea cancelado y reemplazado por dos nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía, aproximadamente a 50 kilómetros del aeropuerto actual. Negó las estimaciones del Gobierno de que cancelar el proyecto costaría 120.000 millones de pesos (US$6.600 millones), en parte porque las empresas no tendrían derecho legal a las tarifas de cancelación debido a la naturaleza pública del proyecto.

Las tarifas de compensación son “otra mentira” del Gobierno, dijo Jiménez y añadió que cobrar dichas tarifas era anticonstitucional y que el Gobierno tenía el derecho de cancelar un contrato.

En su lugar, López Obrador renegociará los contratos con constructores y reestructurará las deudas con los tenedores de bonos, dijo Jiménez, y agregó que el candidato se había comprometido a proteger a los inversores en el proyecto.

López Obrador mantiene que el proyecto actual costaría miles de millones en tasas de mantenimiento anuales porque se está construyendo sobre un lago que se hunde, robando de fondos públicos a la Administración. El Gobierno de Peña Nieto matiene que era el único emplazamiento viable para construir un aeropuerto lo suficientemente grande para aliviar la congestión.

Jiménez dijo que estaba bastante seguro de que la localización de Santa Lucía era una alternativa viable, pero que si los expertos dicen que no lo es, lo aceptaría.