“Ni acepto, ni respeto, ni obedeceré” al Tribunal Constitucional. Esta fue la respuesta del presidente turco, Tayip Erdogán, a la puesta en libertad el pasado 26 de febrero por la máxima instancia judicial de Turquía de los periodistas Can Dundar y Erden Gul debido a que su detención y encarcelamiento suponía un ataque a la libertad de expresión. Dundar y Gul, del diario Cumhurriyet, uno de los más prestigiosos del país, llevaban tres meses encarcelados por espionaje, revelación de secretos y tentativa de golpe de Estado.

Estos dos periodistas publicaron varios reportajes sobre el envío de armas por parte de los servicios secretos (MIT) a los grupos islamistas de Siria. Entonces, Erdogán ya advirtió que los responsables “lo iban a pagar caro”. Ahora se coloca por encima del Tribunal Constitucional, al que su ministro de Justicia ha llegado a acusar de “violar la Constitución”.

Tampoco es una coincidencia que nada más producirse las declaraciones gubernamentales contra la puesta de libertad de Dudar y Gul, la Fiscalía enviara una comunicación a Turksat, el organismo encargado de los satélites de comunicaciones, para cortar las emisiones de la cadena IMC TV, prácticamente la única que seguía informando de la guerra no declarada que se está desarrollando en las provincias kurdas. De hecho, el corte de efectivo de las comunicaciones se producía cuando Banu Guven, una conocida presentadora turca, estaba realizando la primera entrevista para esta cadena televisiva a los periodistas puestos en libertad por el Tribunal Constitucional.

La cadena IMC está entre las dos o tres más importantes de Turquía de las dedicadas a la información y buena parte de sus periodistas son “víctimas” de la gran presión que el Gobierno de Tayip Erdogán, bajo acusaciones genéricas de colaborar con el terrorismo kurdo, está realizando para silenciar a los medios de comunicación.

La propia Banu Guven es un claro ejemplo de esta presión. Trabajaba en la también importante NTV, cadena que se vio obligada a abandonar hace cuatro años después de que, en una entrevista, su interlocutor dijera que el Gobierno debía negociar con Abdulá Ocalán, el líder del PKK, para llevar la paz al Kurdistán turco. No sirvieron de nada sus explicaciones de que no podía controlar lo que respondían sus entrevistados. Fue acusada por esa respuesta de colaborar con el terrorismo, una incongruencia mayor cuando al año siguiente, en 2012, el propio Gobierno de Erdogán comenzaría a negociar con el PKK hasta llegar en febrero de 2015 a un principio de acuerdo en las conversaciones celebradas en el palacio de Dolmabahce.

También colaboran con IMC otros importantes periodistas y analistas políticos que han perdido sus trabajos o han tenido que dejar de escribir solo por criticar a Erdogán. Entre ellos se encuentran la catedrática Nuray Mert, que escribía en Miliyet, el famoso economista Mehmet Altan, que incluso había apoyado a Erdogán hasta hace un año, Kursat Bumin, que escribía en Yeni Safak, o el propio fundador de la cadena, Kemal Can.

Todos se distinguen por mantener posiciones partidarias de la libertad de expresión y buscar vías de solución para resolver el grave problema kurdo, sobre el que Erdogán ha conseguido imponer un silencio informativo prácticamente total. Este viernes se conocía, por ejemplo, que 400 profesores de la Universidad de Ankara van a ser procesados por haber suscrito el manifiesto, apoyado por miles de profesores, intelectuales y artistas, denunciando las “masacres planificadas” del Estado, el asesinato de civiles y exigiendo al Gobierno que vuelva a los acuerdos de paz de Dolmabahce.

Resulta totalmente imposible conocer el número de civiles muertos en la ofensiva del Ejército contra las ciudades kurdas debido a la existencia de una censura “de facto”. Incluso la Policía ha disparado a los periodistas, como le ocurrió a Refik Kekin, de IMC, que recibió un tiro en la pierna cuando estaba grabando el traslado de los cuerpos de la masacre de Cizre. Este viernes, el periódico Turkish Daily News, citando fuentes forenses, informaba que cientos de cuerpos se están acumulando en los depósitos de cadáveres para su identificación. Solo en la ciudad de Cizre, el Ejército reconoce la existencia de 666 muertos, aunque en su opinión todos son “terroristas”.

Una situación semejante a la de Cizre se había creado en el casco antiguo de Diyarbakir, donde, en medio de manifestaciones populares y protestas internacionales, se ha autorizado finalmente evacuar a los niños atrapados en los refugios.

La acusación de terrorismo también ha servido para que la policía irrumpiera este viernes en el periódico Zaman, el de mayor tirada del país, de tendencia islamista moderada y también crítico con el Gobierno, con el objetivo de destituir a su dirección y nombrar otra más acorde con el Gobierno. Según la acusación de la Fiscalía, Zaman formaría parte de la red terrorista Gulén y estaría colaborando con el PKK para derribar a Erdogán. Acusaciones semejantes sirvieron para “confiscar” en octubre de 2015, igualmente ocupando policialmente sus instalaciones, el diario Bugun y el canal de televisión Kanalturk. Al día siguiente, las portadas antes opuestas al Gobierno eran partidarias de Erdogán.

Ante la gravedad de estas medidas, solo propias de sistemas informativos de carácter fascista, desde todo el mundo están llegando denuncias por esta escalada represiva sobre los medios de comunicación: Reporteros Sin Fronteras, Instituto Internacional de Prensa, Comité para la Protección de los Periodistas, Asociación Internacional de Periódicos, Human Rights Watch, incluso de EEUU, principal aliado de Turquía. Amnistía Internacional, en un comunicado oficial, considera que el Gobierno de Erdogán ha superado ya la fase autoritaria para entrar de lleno en la del despotismo.

euronews (en español) (YouTube)