Un caso icónico de desaparición forzada en México espera resultados 41 años después. El activista comunitario Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y desde entonces se le perdió la pista. Este lunes la Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha comunicado que ofrece un millón y medio de pesos (alrededor de 900.000 dólares) por información sobre el paradero de sus restos o que conduzca a los responsables del crimen.

La novedad tiene significado político. Radilla fue víctima de la Guerra Sucia del gobierno en los años setenta contra los movimientos campesinos de Guerrero, Estado en el que cuatro décadas más tarde, en septiembre del año pasado, se ha dado el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio rural. Este último episodio ha puesto en primer plano el problema de las desapariciones en México (hay registrados 25.000 casos, para los que se acaba de crear una Fiscalía especial) y, específicamente, ha remarcado la deuda histórica que dejó la represión en Guerrero.

Radilla era activista y presidente del consejo municipal de Atoyac de Álvarez, el pueblo del guerrillero Lucio Cabañas, abatido por soldados también en 1974. La desaparición de Radilla se encuentra desde 2008 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2011 fue reconocida por el Estado mexicano en un acto público. “El Gobierno hacía uso de todos los medios a su alcance para acallar las voces que clamaban por justicia, libertad y democracia. La desaparición forzada de Rosendo Padilla fue un caso de represión. No puede quedar impune”, dijo Juan Marcos Gutiérrez, de la Secretaría de Gobernación.

Un informe asegura que el Estado mexicano hizo desaparecer a 512 personas en Guerrero

Según la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, el Gobierno fue responsable de la desaparición de 512 personas entre 1969 y 1985 en esta región del sur de México. Policías y militares llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales e incluso realizaron vuelos de la muerte, el método característico de las dictaduras argentina y chilena de hacer desaparecer opositores lanzándolos al mar.

Ayotzinapa ha reactivado los referentes simbólicos de la negra historia represiva de Guerrero. La escuela de profesores rurales fue en los sesenta y setenta un vivero de activistas. Algunos como Cabañas pasaron a las guerrillas, y el régimen del Partido Revolucionario Institucional los combatió con puño de hierro. La participación de policías en la desaparición de los 43 estudiantes y los indicios de falta de auxilio a los jóvenes por parte del Batallón de la zona han hecho resonar ecos del pasado y subrayado la cuenta pendiente de las desapariciones.