La Comisión Europea propondrá esta semana multar a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, según Europa Press. La sanción por el falseamiento del déficit de la Generalitat se debatirá este miércoles y se aprobará formalmente el viernes. Su importe será "muy inferior" al máximo previsto en la legislación de la Unión Europea (UE), que es el 0,2% del PIB del país (2.000 millones de euros en el caso de España). La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por el Ecofin, el organismo compuesto por todos los ministros de la eurozona.

Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus nuevos poderes para investigar una posible manipulación estadística en un Estado miembro y sancionar a los responsables. Esta legislación se aprobó en 2011 a raíz de la manipulación de las estadísticas de Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. Su objetivo era determinar si "por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años" y averiguar quiénes fueron los responsables. Las pesquisas se han concentrado en los gastos sanitarios no reconocidos (las denominadas 'facturas en los cajones') durante el periodo 1988-2011.

El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en la Comunidad Valenciana y Madrid. En el caso valenciano, el déficit declarado, de un 3,68% del PIB, unos 3.600 millones de euros, fue elevado por el Ministerio de Hacienda hasta el 4,5%. Bruselas sospechó que la Intervención General de la Generalidad Valenciana (IGGV) había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales "a lo largo de muchos años".

Además de no haber notificado considerables gastos sanitarios, la IGGV no había respetado el principio de devengo previstos por los reglamentos a nivel nacional y de la UE. A esto se añade, dijo Bruselas "que se hizo caso omiso a los informes del Tribunal de Cuentas autonómico y de las observaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana que habían identificado estos problemas".

Eurostat, la oficina estadística de la UE, envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada. Tras las pesquisas oportunas, se ha determinado que la Generalitat, gobernada por el PP, hizo trampas.

De hecho, Bruselas ha desestimado la contraofensiva legal española. El Gobierno de Mariano Rajoy trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda".

También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España". Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.

Europa, contra Ciudad de la Luz y las ayudas al fútbol

El asunto del déficit se suma a otras querellas de la Comunitat Valenciana con Bruselas. En 2013, la Ciudad de la Luz de Alicante solicitaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no tener que devolver los 265 millones de euros en ayudas públicas recibidas de la Generalitat Valenciana, que la Comisión Europea declaró ilegales en mayo de 2012.

El Tribunal General de la UE ha confirmado que estas ayudas públicas son ilegales y por tanto deben ser recuperadas. Además, las ayudas de la Generalitat a tres de los equipos de fútbol valencianos más importantes, Valencia, Elche y Hércules, podrían ser también irregulares.