Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, se ha encontrado al llegar al Gobierno municipal con una desagradable herencia de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. El Ayuntamiento se encuentra hipotecado con un abusivo contrato de alquiler con una empresa burgalesa llamada Valle del Duero. En realidad, uno de los principales accionistas de esta sociedad es el arquitecto Leopoldo Arnaiz, imputado en los juzgados número 35 y 8 de Madrid por fraude fiscal, blanqueo de capitales y estafa por unas operaciones urbanísticas en Boadilla del Monte relacionadas con la sede del Banco Santander.

El Ayuntamiento de Madrid paga a Valle del Duero por el alquiler de un local el triple del valor del mercado. “Es un alquiler disparatado. Ni en la Milla de Oro de Madrid se pagan estos precios”, destaca Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda, que reconoce que el equipo de Gobierno está atrapado con este contrato hasta su finalización en el año 2018. “De momento, no se puede rescindir”. Para más inri, el Ayuntamiento tuvo que iniciar una batalla jurídica con la administración concursal que dirige Valle del Duero (la empresa quebró en enero de 2013), que reclama al Consistorio que pague parte del alquiler que debe. ¿El motivo? Valle del Duero fue multado por infracciones urbanísticas, y como no pagaba, el Ayuntamiento se lo empezó a quitar de este alquiler.

Leopoldo Arnaiz

El 15 de julio de 2008, Juan Bravo, entonces concejal de Hacienda con Ruiz-Gallardón, formalizó un contrato de alquiler con Valle del Duero. El Consistorio quería un local de 754 metros cuadrados situado en la calle Antracita (Arganzuela), para albergar una de las sedes de la agencia tributaria municipal. La renta mensual se pactó en 24.432,34 euros (IVA excluido). El alquiler duraría diez años. En este periodo (2008-2018), Valle del Duero recibiría 2,93 millones de euros. Además, todos los gastos de luz, agua, electricidad, limpieza y comunidad corren a cargo del Ayuntamiento.

Renegociar el alquiler

El Gobierno municipal de Ahora Madrid señala que el alquiler estaba ya en 2008 muy por encima de mercado y muestra su extrañeza de que se fijaran esos precios tan altos. Por eso, dos años después de la firma del contrato, el propio Ayuntamiento, que había pactado esa renta, intentó renegociarla. El Consistorio se dirigió a Valle del Duero en octubre de 2010 y mayo de 2012, alegando que el precio normal era de 13 euros el metro cuadrado, no los 32 que pagaba. Valle del Duero hizo caso omiso a las peticiones municipales y el alquiler se mantuvo.

Pero Valle del Duero era también el dueño de un hotel situado en la calle Salustiano Olózaga, muy cerca de la Puerta de Alcalá. La finca, de 1874, está incluida en el catálogo de edificios protegidos, y la promotora burgalesa, argumentando mal estado de casi toda la estructura, se excedió en las obras, desmontando incluso elementos que no debían haber sido tocados. En septiembre de 2008, el Ayuntamiento le impuso una multa de 1.374.438,82 euros por infracción urbanística, así como una sanción de 105.150.76 euros por ocupación de vía pública sin licencia. En total, 1,4 millones de euros.

Entre julio de 2008 y octubre de 2011 el Ayuntamiento pagó el alquiler. Después decidió dejar de abonarlo hasta compensar las sanciones de 1,4 millones. Valle del Duero llevó las dos multas a los tribunales, y en febrero de 2012 logró que un tribunal anulara la sanción mayor, la de 1,3 millones de euros, aunque en diciembre de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la sanción impuesta por el Consistorio. Valle del Duero ya había entrado en concurso voluntario de acreedores en enero de 2013 (en el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid), debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la caída de sus actividades. En octubre de 2014 el administrador concursal presentó una reclamación previa a la vía judicial porque entiende que el Ayuntamiento aún debe 751.000 euros en mensualidades del alquiler no abonados. “La compensación que quiere hacer el Ayuntamiento no se puede aplicar si una empresa está en concurso de acreedores. Es la ley”, explican desde la administración concursal.

La pelota está ahora en el tejado del nuevo Gobierno municipal, que debe seguir pagando un contrato del que tiene fundadas sospechas porque se firmó en condiciones muy ventajosas para el arrendador, un asiduo de los tribunales, y que encima supone un problema jurídico tras la denuncia del administrador concursal. El local de la calle Antracita pertenece a la masa concursal de Valle del Duero.

Entramado societario

El 51% de Valle del Duero pertenece a Leopoldo Arnaiz a través de otra empresa llamada Gamadortiz, creada en marzo de 1999 y administrada por un testaferro de Arnaiz. Para complicar aún más la telaraña, Gamadortiz pertenece a su vez a otra firma llamada Dosmilenaria. Tanto Dosmilenaria como Gamadortiz pertenecen a Leopoldo Arnaiz, según una denuncia judicial que puso al descubierto un entramado societario de más de 30 empresas controladas por el arquitecto. De hecho, Arnaiz, tras declarar en el juzgado número 35 y reconocer que Dosmilenaria era de su propiedad, cambió el 21 de enero de 2013 al administrador de Gamadortiz. Ahora es su propio hermano Juan Arnaiz.



Valle del Duero tiene en su accionariado a otra firma, Valle de Antoranz, en cuyo consejo han estado el empresario Jesús Arranz Acinas (adjudicatario de la obra del ya famoso bulevar de Gamonal, en Burgos, proyecto paralizado por el movimiento vecinal) y Juan Arnaiz Eguren, hermano de Leopoldo.