Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, tiene claro cuál fue el testimonio que más lo impresionó de la situación de los menores bajo el cuidado del Estado de Chile: el de un exresidente de un centro de menores que le contó que se embadurnaba en sus propias heces para que los otros menores no lo violaran por las noches.

El abogado español vino en enero a Chile a visitar cuatro centros que se consideran bajo la tutela del Estado: los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha y Galvarino en Santiago; y los centros de Organismos Colaboradores (OCAS) Aldea Cardenal Silva Henríquez en Punta Tralca y Pequeño Cottolengo en Santiago. En el país, además, se reunió con trabajadores, autoridades y exinternos de los centros. Finalmente esta semana se conoció el duro informe del Comité de Derechos del Niño.

El martes desde el Sename llamaron a Radio Bío Bío en Valparaíso para quejarse por el titular de la nota publicada ese día (“Tras nuevo informe de la ONU: la promesa incumplida del Estado de cerrar Cread Playa Ancha”).

En la ocasión, aseguraron que no era una promesa incumplida porque nunca se había comprometido una fecha.

Por ello BioBioChile se contactó con la ONU y con el abogado con residencia en Valencia, quien en esta entrevista exclusiva confirmó que el Estado incumplió su promesa de cerrar el Cread de Playa Ancha en abril. Además, criticó duramente el actuar del Estado chileno, que poco ha hecho, dice, para garantizar los derechos de estos menores.

En el informe mencionan, entre otros datos, que el 48,4% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado han sufrido violencia física o piscológica. ¿Le sorprendió encontrarse con estas cifras?

—Lo primero es que todos los datos que hay en el informe son datos proporcionados por el propio Estado, por organismos oficiales. En segundo lugar, hay muchos NNA que se encuentran bien cuidados, pero un gran número de ellos está en una situación dramática. Y sobre todo la estructura del sistema no favorece el respeto de los niños, niñas y adolescentes. Por eso el informe habla de la responsabilidad del Estado: las violaciones no sólo son graves, sino que son sistemáticas. Es algo que se produce con generalidad y que se produce no por casualidad, sino que porque el propio sistema favorece que así se produzca.

¿Cuál fue su reflexión respecto a estos hechos?

—Lo principal es que esta situación era conocida desde hace tiempo por el Estado, a través de distintos informes de sus propios órganos, y que no ha hecho nada para cambiarla o lo que ha hecho es muy poco. En ese sentido es especialmente llamativo que un Estado, del que no tengo ninguna duda que es democrático y de derecho, se haya olvidado de un grupo de sus ciudadanos, se haya olvidado de tal vez los ciudadanos que se encuentran en la situación de mayor vulnerabilidad de todo Chile. Porque han llegado a esas residencias porque han sido vulnerados ya antes en sus derechos. Es bastante sorprendente que el Estado, que está obligado a protegerlos, en lugar de hacerlo haya seguido violando sus derechos y además sabiendo que eso se producía no haya cambiado esa situación.

En los centros del Sename se ha acusado de golpes de funcionarios a menores, que se aplican llaves para contenerlos, que se los sobremedica.

—La formación que tiene el personal de trato directo no es una formación especializada, tienen los estudios básicos, y muchos de ellos carecen de formación de psicología y para el trato de niños que vienen de situaciones durísimas, donde pueden haber sufrido abuso sexual, que han sufrido malos tratos, que han estado en entornos desestructurados y que llegan ahí y se encuentran con un personal que no está formado para recibirlos. Además es un personal que se encuentra especialmente estresado ya que muchos de ellos doblan o triplican su horario de trabajo para cubrir cuando hay una baja de algún compañero. Entonces es una persona que está en una situación de tensión, sin formación y con 24 horas seguidas de atención a niños que traen todos esos problemas… Yo no los justifico, esas personas son culpables y deben ser juzgadas por lo que han realizado. Pero sí digo que el sistema ha ayudado a que esas personas violen los derechos, y que también es culpable el que ha puesto a esas personas en esas condiciones.

Considerando la situación de los centros, ¿a qué número de niños por hogar debe intentar llegar Chile?

—Lo ideal es que no haya ningún niño en ninguna residencia, lo ideal es que los niños vivan en familia, ya sea la suya biológica; cuando ello no sea posible en la familia amplia, con los abuelos, con los tíos; y cuando ello no es posible en familias de acogida. Es cierto que para atención especializada en casos realmente graves es bueno que haya algún centro pequeño donde haya especialistas que puedan atender, por el menor tiempo posible, a niños y niñas que traen traumas especiales, para que lo antes posible se encuentren en las condiciones de ser desviados, ya sea para retornar a su familia biológica, para ir a la familia amplia o para ir a una familia de acogida. Todo lo que no sea un entorno familiar es una violación del derecho del niño a su desarrollo holístico. Por lo tanto todas las residencias deberían de no existir.

Después de haber conocido los casos, ¿qué es lo que más hay, torturas o maltratos?

—Es que la tortura es algo muy concreto jurídicamente hablando, y se conocen casos de torturas. Normalmente lo que hay más es malos tratos. Y hay inclemencia y hay una especial violación, que también se da en los OCAS, que duele especialmente que es que también hay violencia entre iguales. Es decir, también hay niños y niñas que ejercen violencia contra otros niños y niñas, y el personal no tiene recursos de capacitación para poder intervenir e incluso en ocasiones lo fomenta como un medio de contención, un medio de dominio sobre los otros niños. Y eso es terrible.

¿Hay alguno de esos testimonios, de personas que pasaron por esa situación, que recuerde especialmente?

—Una de las cosas que más me impresionó de toda mi visita a Chile fue una conversación con una persona egresada de un centro. Su experiencia es que cuando él llegó al centro oía cómo entre los más mayores se iban repartiendo a los que entraban: “Este será para mí, este será para ti”. Y él por las noches se embadurnaba en sus propias heces para no ser violado por otros niños. Hay que imaginarse el sufrimiento de esa persona para ser capaz de embadurnarse en sus propias heces al acostarse en la cama para dar asco y no ser violado. Y pensar que ese niño había sido sacado de su familia porque se consideraba que corría peligro en su familia y había sido llevado a un centro de protección. Es terrible pensar que el Estado, y cuando hablo del Estado hablo de la sociedad chilena, acepta que esa situación se dé y no piensa que son hijos suyos los que están en esos centros. Porque los niños y niñas que se encuentran en los centros residenciales se encuentran bajo la tutela del Estado, y por lo tanto el Estado ejerce de padre de esos niños y niñas. Son sus hijos los que están sufriendo esas violaciones y ante los que no ha reaccionado, ha estado permitiendo que eso suceda y eso es terrible.

Cread de Playa Ancha

Usted visitó cuatro centros, pero la única solicitud urgente fue cerrar el Cread de Playa Ancha. ¿Por qué?

—El mismo día de mi llegada a Ginebra desde Chile pedí al comité que solicitara, y así se acordó por unanimidad, que se cerrara con carácter inmediato el Cread de Playa Ancha. Lo que vi fue una estructura física que en sí misma es una violación de derechos. Me encontré con un centro donde había niños y niñas que estaban encerrados en pequeños recintos con llave (las llamadas casas) y que no podían salir si no estaba el encargado o la encargada para abrir la puerta. Eso en sí mismo es peligroso. Las condiciones materiales: los cristales estaban rotos, las duchas estaban arrancadas en varios de los locales, el andar entre esos hogares, de un lado a otro, era peligroso también, porque había unas especies de zanjas en las que si te caías te podías hacer mucho daño. Es decir, las condiciones materiales era lo más alejado a un hogar que uno pueda imaginarse y bastante cercano a una prisión.

¿No había forma de arreglar esa estructura?

—Aunque no era una prisión, es un lugar que debe de ser destruido, no se puede arreglar. Me encontré con que había varios trabajadores pintando las paredes e intentando arreglar la situación y es un centro que sólo por su propia estructura debe de desaparecer. Lo que vi sólo de infraestructura era malo, pero el propio diseño intelectual hace que sea imposible la rehabilitación de los niños que llegan ahí. Con 100 niños y niñas heterogéneos, con niños con discapacidades respecto a los que no había ningún tipo de medida especial, donde estaban mezclados niños y niñas con patologías y con problemas que traían muy diferentes. Por lo tanto también como idea, como concepción, el centro era lo contrario a lo que debe ser un centro para la recuperación, rehabilitación y reinserción de niños y niñas vulnerados en sus derechos.

Ustedes también aseguran que el Estado se comprometió a cerrarlo.

—El Estado aceptó la solicitud del comité en 48 horas, porque conocía esa situación, pero se ve que necesitaba que alguien se lo pidiera. Se respondió diciéndonos que estaba de acuerdo y que se comprometía a cerrarlo en tres meses, cosa que se cumplía en el mes de abril. Y no lo han cerrado. El problema es que el Comité de Derechos del Niño tiene la autoridad de realizar investigaciones y hacer recomendaciones sobre lo que hay que hacer, pero no tiene la potestad para obligarlo a hacerlo. Sólo tenemos la autoridad y desde esa autoridad le volvemos a decir al Estado que debe adoptar medidas urgentes para sacar a los niños y niñas que allí se encuentran.

¿Qué le parece que en su respuesta el Estado haya dicho que lo cerrará en enero de 2019?

—Yo visité también el centro de Galvarino en Santiago, donde murió Lissette Villa. Cuando yo lo visité sólo tenía 20 y algo niños, porque estaban en trabajos de reforma y sí encontraron otros centros para llevar a los niños mientras se terminaban las obras. ¿Y por qué no hacen lo mismo con el centro de Playa Ancha? Tienen que buscar dónde llevar esos niños y niñas, analizando cuál es la situación de cada uno de ellos, y sacar a esos niños de ahí porque lo niños no están bien allí. Porque en cada hora de cada día los niños que se encuentran ahí están viendo violados sus derechos por encontrarse en ese centro. Y cuando a uno le están vulnerando sus derechos no se puede esperar a que se desarrolle, como he leído yo en prensa, un plan piloto de acogimientos familiares en Valparaíso que se llevará a cabo en 2019. Yo creo que con tres meses hubiera sido suficiente para encontrar soluciones alternativas. Al comité le pareció razonable, pero no le parece que se esté hablando de un año desde que se comprometieron a cerrarlo.

Según trascendidos, el presidente Piñera se va a comprometer el domingo a cerrar el Cread de Playa Ancha en cuestión de días.

—Me alegraré. Ahora, lo importante también es que no se cierre en falso, es decir, que los niños y niñas que se encuentran en el centro de Playa Ancha tengan soluciones alternativas que sean respetuosas de sus derechos. Que no se les envíe a centros que no cumplan con los requisitos o se les devuelva a sus familias si sus familias no se encuentran en condiciones de poderlos volver a acoger.

Hace algunos meses se conoció un caso en que un compañero violó a otro y en que fue el mismo Estado el que los devolvió a ambos al Cread de Playa Ancha.

—Eso es una aberración. Cualquiera que tenga el más mínimo sentido común sabe que eso es una aberración.

Después de todo el análisis, ¿de qué forma cree que se debe proseguir para cambiar la situación de los centros?

—Es importante comprender que no todos los NNA que han estado en el sistema durante los últimos 40 años han sido violados en sus derechos. Muchos de ellos son niños y niñas, y ahora adultos, que han tenido un buen trato, y que hay centros en que los profesionales son excelentes. Lo que ocurre que depende de la voluntad de esas personas el hacerlo bien, y muchas veces luchando contra el propio sistema. De ahí la importancia de que lo que hay que cambiar es la estructura, hay que cambiar todo el sistema de protección. No se puede achacar sólo a las personas que han violado los derechos los hechos dramáticos vividos durante todos estos años. Hay que darse cuenta de que hay que cambiar toda la estructura y, en segundo lugar, los NNA que durante todos estos años han sido vulnerados sus derechos tienen derecho a ser reparados, porque el Estado ha violado sus derechos y tienen derecho a reparación y deben ser reparados. Así lo dice el informe del comité.

Se habla en el informe que se debe reparar a quienes han sido vulnerados en sus derechos bajo el cuidado del Estado, ¿de qué forma se debería hacer?

—Hablaba en primer lugar de poder contar lo que has vivido. Por otro lado tener una reparación psicológica, moral y de educación, porque muchos de ellos no han tenido siquiera educación, porque no les daban clases dentro de la residencia, porque no podían ir al colegio ordinario. Pero también hay que plantearse en muchos casos una reparación económica. Si hay un responsable ese responsable, que no es la persona que lo atendió, sino quien creó el sistema que lo atendió, debe de pagar por lo que ha hecho.