L

os sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en toda la nación, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportaciones. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatoriana, como crisis de la gobernabilidad, debemos remontarnos seis años atrás. En 2013 hablamos del fin del consenso lulista , como consecuencia de la oleada de movilizaciones conocidas como Junio 2013 , que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresista en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).