CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva en las demandas de amparo promovidas para frenar la contratación de más deuda pública al gobierno de Chihuahua y con ello dejó abierta la posibilidad al gobierno de César Duarte de bursatilizar remanentes de ingresos carreteros por seis mil millones de pesos.

El fallo obedeció a “temas de forma, no de fondo” pues el juez consideró que no está demostrado el interés legítimo de los demandantes, dijo a El Diario de Chihuahua Jesús Manuel Soledad, abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC (DILE), brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, agrupación que dirige Claudio X. González.

Dijo que el juez argumentó “en caso de otorgarse la suspensión, como hay recursos considerados para nómina, se pondría en jaque a los empleados”.

Sin embargo, la resolución del juez no desecha las demandas de amparo interpuestas. Lo que sí es que permitirá al gobierno de César Duarte seguir el trámite de contratación de créditos, procedimiento que se detuvo tras el otorgamiento de la suspensión provisional de amparo el 1 de agosto.

Dicho recurso fue promovido por el DILE con el propósito de paralizar la autorización que dio el Poder Legislativo el 6 de julio pasado al gobierno estatal para contratar una nueva deuda.

El decreto del Congreso local estipula: “se autoriza al Ejecutivo del Estado, para llevar a cabo la monetización de los recursos, presentes y futuros, que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua, SA de CV”.

DILE promovió dos juicios bajo la figura de “interés legítimo” para demandar la protección de la justicia federal contra actos del Congreso y del gobierno del estado y argumentó que la contratación de más créditos es anticonstitucional, de acuerdo con el artículo 117 que prohíbe a las entidades contratar financiamientos los últimos tres meses de gobierno.

El juicio de amparo continuará con la siguiente etapa del proceso: la realización de la audiencia constitucional, programada para el 5 de septiembre. A partir de esa audiencia el juez analizará el fondo de la demanda y desahogará las pruebas presentadas, según explicó el abogado Jesús Manuel Soledad.

“Según el Consejo de la Judicatura Federal, el promedio para que se resuelva un juicio de amparo es de seis meses aunque puede tardar más”, comentó.

No obstante reconoció que la resolución del juez, de negar la suspensión definitiva, favorece al gobierno estatal porque debido a los tiempos del juicio ya no se podrá frenar la contratación del crédito en la gestión de Duarte Jáquez como era el propósito.

El abogado de DILE dijo que respetan la decisión del juez y que analizarán la resolución y la posibilidad de presentar un recurso en contra del fallo.