El calor no perdona en este paralelo tropical. Ni siquiera cuando alguna nube se despista y se contonea sobre estos campos del centro de República Dominicana. Bajo la sombra, el bochorno continúa extrayendo gotas de sudor. La ropa se humedece y ni el sol implacable ni la brisa de algodón que a veces se palpa consiguen secarla. En La Española, isla caribeña dividida en dos países, la caña de azúcar ocupa campos enteros de verde clorofila. Pronto serán cortados y almacenados para convertirse en un producto refinado que endulce los cafés o en ron, bebida alcohólica con denominación de origen.

A las poblaciones rurales repartidas entre hectáreas cañeras se les llama bateyes, plural de ‘batey’ y procedente de ‘batú’, un nombre taíno de un juego que se practicaba en estos asentamientos. Sus moradores suelen ser agricultores autóctonos o inmigrantes haitianos que permanecen de forma ilegal a cambio de un duro régimen de trabajo. Gracias a esta actividad obtienen techo y comida, a menudo ausente en su lugar de nacimiento. Sus jornadas duran cerca de las doce horas, sus viviendas recuerdan a los barracones de invernadero almeriense y sus libertades quedan reducidas a los pocos kilómetros de ida y vuelta que recorren a diario.

Un trabajador haitiano en un batey (J. Arcenillas)

Se les puede ver entre rutas de arena como las que hay en los alrededores de San Pedro de Macorís, a 76 kilómetros al este de Santo Domingo. Aquí se plantan las principales cosechas azucareras del país. Comunidades como Jocumel o Cabeza de Toro concentran a los encargados de la recolecta. Azada en mano y botas de lluvia, grupos de unas diez personas, amplia mayoría haitiana, peinan la zona. Silba el aire a cada brazada, que troncha la caña y forma un mechón trigueño en el paisaje. Uno de ellos es Merisonne Clue, de 44 años y con más de dos décadas de estancia en República Dominicana. “Siempre he trabajado en el campo. He intentado conseguir los papeles de la gobernación, pero ni a los que llevamos mucho tiempo nos es fácil”, explica con un castellano aún oxidado.

Gana unos 3.500 pesos por semana (64 euros). Justo para cubrir las necesidades más básicas. “Me gustaría volver a Haití, pero de paseo”, dice a su lado Francisco Luis García, descendiente de haitianos nacido en República Dominicana que, sin “problemas de expulsión”, prefiere no arriesgarse a tantear otros sectores laborales ni otros lugares de residencia con mayor presencia policial. “Aquí estoy bien, aunque a algunos no les gusta que estemos. La vida es mucho mejor que allí y nunca me he sentido rechazado”, defiende.

Uno de los trabajadores haitianos de San Pedro de Macorí. (J. Arcenillas)

Lleva razón: las diferencias entre países son abismales, a pesar de compartir un espacio insular de menos de 77.000 kilómetros cuadrados (una séptima parte de España). Haití es el país más pobre del continente mientras República Dominicana ha encadenado años de desarrollo económico (según el Banco Mundial, entre 2012 y 2014 su Producto Interior Bruto creció hasta un 7,6%). Uno convive con más del 80% de sus habitantes bajo el umbral de pobreza y sometido al protectorado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace 25 años. El otro se ha convertido incluso en receptor de inmigrantes de otras nacionalidades (como la venezolana) y la vida, hasta con un elevado índice de desigualdad, se percibe tranquila y plagada –en comparación- de bienes de consumo. Sus 376 kilómetros de frontera conforman, sin embargo, una cicatriz entre dos mundos: es pasar, por poner más ejemplos, de una esperanza de vida de 63 años en el caso haitiano a una de 78 en el dominicano. O de gozar de un 40% de masa forestal en este último a pelear por el 5% que no ha quedado devastado.

Factores que tocaron suelo con el trágico terremoto de 2010 (que, con epicentro a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, y una magnitud de 7,3 grados en la escala Ritcher, acabó con la vida de 316.000 personas, hirió a 350.000 y provocó 1,5 millones de desplazados) y se han vuelto a agravar con el huracán Matthew el pasado año (que causó más de 800 muertes, 30.000 hogares destruidos y una epidemia de cólera). De ahí que el trasiego de un lado a otro sea inevitable. Sin importar las condiciones que les esperan. Ni los riesgos. De los 524.000 extranjeros en el país, el 87,3% viene de Haití.

Detalle de las manos de un cortador de caña. (J. Arcenillas)

“Hubo 13.479 deportaciones en 2016. Y un decreto de 2007 desnacionalizó a los dominicanos de segunda y tercera generación descendientes de haitianos, cometiendo un genocidio civil que afecto, según la ONU, a 210.000 personas”, apunta Pedro Cano, coordinador en República Dominicana del Servicio Jesuita de Migración, desde su casa fronteriza. “Haití tiene un problema de pobreza histórico-cultural que provoca una desafección con sus vecinos y hace que los marcadores del Índice de Desarrollo Humano no generen resultados reconfortantes desde hace décadas”, sentencia. “Se mira distinto al que viene para desempeñar un trabajo formal y al que no. Claro que somos clasistas y racistas. Además de los papeles, miramos el color de la piel”, agrega Rosana Murillo, encargada de comunicación de la oenegé Alianza.

Por eso, estos haitianos que no aparecen en ningún registro oficial muestran con cierta honra y resignación las marcas de este empleo con eco de otras épocas. Mientras unos se apoyan en un fardo de cañas, otros se calzan unos guantes para cargar los vagones que esperan en un raíl utilizado sólo para el transporte de este producto: no hay más líneas de tren en toda la isla. Resisten hasta cinco toneladas y funcionan una vez al día. Eusebio Mota, supervisor desde hace dos años de una de las plantaciones, asegura frente a un apeadero que las jornadas no superan las ocho horas, de siete de la mañana a tres de la tarde. También calcula su plantilla, de unos 300 trabajadores, y omite responder a si hay o no contrato firmado. En realidad, nadie se atreve a dar datos de este tipo.

Un trabajador descansa sobre cañas ya cortadas. (J. Arcenillas)

Ni siquiera Lico Edmond, de 50 años, que cuenta cómo el citado temblor de 2010 destrozó su casa y le obligó a marcharse. “Me tuve que buscar una vida nueva, pero en algún momento podré volver. Allí está toda mi familia”, expresa. Cuando haya trabajo, añade. Cuando se den las circunstancias adecuadas, como llegar a los 20.000 pesos mensuales (unos 364 euros) que acumula aquí “si trabaja duro” o tener una sociedad algo más estable. A pesar de que, como analiza el economista Miguel Ceara Hatton, de 62 años, República Dominicana tampoco es la panacea. “El crecimiento macroeconómico dominicano no genera trabajo. Hay un 15,5% de tasa de desempleo y los que vienen no computan, porque suelen desempeñar labores informales”, sintetiza este especialista en desarrollo. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística en 2012, el 91,8% de inmigrantes haitianos no contaba con seguro de salud.

Y puede que sea el motivo por el que ninguno de los haitianos que deambulan entre bateyes este mediodía quiera dar señales de cansancio. A pesar del calor tropical que entorpece los pasos. O de las picaduras que sufren entre juncos. O de los cortes en brazos y piernas que se imprimen en su piel debido al filo de las hojas. Contra esto último hay una solución: la quema de la planta. Lo que provoca que algunas noches se vean nubes de humo en el horizonte. Son las señales de estos trabajadores indocumentados, que pretenden facilitar la cosecha, estirando su actividad hasta la madrugada y ensuciando de tizne sus camisas.