Una aportación procedente de los sueldos del alcalde Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (ZeC), y de otros cuatro ediles de la candidatura de confluencia ha permitido financiar la exhumación de los cuerpos de diez víctimas de los sublevados en la guerra civil en el pueblo zaragozano de Pómer.

Las exhumaciones, impulsadas por la asociación memorialista Arico y las familias de las víctimas y cuyo trabajo previo había sido financiado gracias a una ayuda de la DPZ (Diputación Provincial de Zaragoza), estaban previstas para el día 13 de noviembre e iban a contar con una subvención del Gobierno de Aragón. Sin embargo, un problema administrativo hizo que no pudieran llevarse a cabo.

“La ayuda estaba concedida, pero el mismo día 13, cuando llegamos al pueblo, nos comunicaron que había que justificar los gastos en esas mismas fechas, y eso nos resultaba imposible porque no habíamos comenzado las exhumaciones”, explica Miguel Ángel Capape, presidente de la entidad memorialista Arico (Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido).

“Estamos comprometidos, pero no con palabras sino con hechos”

“Tuvimos que renunciar a la ayuda”, anota, con la que iban a llevar a cabo la documentación de las fosas y la recuperación de los cuerpos. De hecho, habían aplazado los trabajos en espera del dinero de la comunidad tras decidir que, una vez localizados, no podían volver a ser enterrados antes de acometer la siguiente fase. “Eso es algo muy doloroso para las familias”, explica.

En esa situación, optaron por promover una recogida de fondos, en la que “la respuesta ha sido muy buena”. De hecho, fue superior a las expectativas, ya que permitirá financiar también el estudio antropológico de los cuerpos y la extracción de muestras de ADN para cruzarla con los familiares e identificar cada uno de los restos.

Las aportaciones, tal y como explica Capapé en su perfil de Facebook, alcanzaron los 18.820 euros, a los que han de sumar algunas más llegadas en los últimos días. Eso permitió financiar la totalidad de los trabajos, además de devolver a los familiares de las víctimas los 5.000 que habían adelantado. “Esa era una de las condiciones”, señala.

Los trabajos se reanudarán el año que viene para tratar de localizar los enterramientos de los once represaliados por los sublevados que no han sido hallados. ARICO

Entre los donantes, que incluyen a particulares y a entidades como Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) y Amical Mathausen, se encuentran el alcalde Santisteve (3.400 euros), la vicealcaldesa Luisa Broto (1.100) y los concejales Teresa Artigas (1.100), Elena Giner (1.100) y Fernando Rivarés (1.500).

Suman 8.200, procedentes, en todos los casos, del sobrante de los tres salarios mínimos interprofesionales (2.122,80) que reciben como salario mensual, y que dedican desde el inicio de la legislatura a asociaciones, movimientos sociales y causas como ‘Los 10 de Zaragoza’. “Eso permite dar respuesta desde lo público a iniciativas que se quedan fuera del circuito de las subvenciones”, explican fuentes de ZeC.

“Estamos comprometidos con la recuperación de la memoria histórica, pero no con palabras sino con hechos”, explica Santisteve, que anota que en este caso “hemos decidido apostar por cubrir la subvención que le habían denegado a Arico. "Creemos que es de justicia contribuir a la reparación de estos hechos y, sobre todo, que pueda ser esclarecida la forma en la que murieron” las víctimas, prosigue el alcalde.

Once víctimas por localizar

Sin embargo, las exhumaciones en Pómer, un pequeño pueblo de la comarca del Aranda que en invierno queda prácticamente deshabitado, no han finalizado con las realizadas estas semanas. “El año que viene volveremos a buscar en el cementerio”, explica Capapé.

La búsqueda sigue abierta porque quedan al menos once víctimas de los sublevados por localizar. “Hay documentadas tres sacas en las que fueron asesinados cuatro, seis y once vecinos, pero solo hemos encontrado dos fosas con cuatro y seis. Hicimos más sondeos pero sin éxito”, señala.

Los trabajos se reanudarán el año que viene para tratar de localizar los enterramientos de los once represaliados por los sublevados que no han sido hallados. ARICO

Los vecindarios de Pómer, Aranda y Jarque, en todos los cuales habían vencido en febrero las candidaturas del Frente Popular, fueron objeto de una brutal represión en el verano y el otoño de 1936, después de que parte de sus vecinos asaltaran, el 22 de julio, el cuartel de la Guardia Civil de la tercera de esas localidades para armase y con la intención de liberar a otras poblaciones cercanas.

Sin embargo, esa misma tarde eran expulsados de Jarque por un fuerte contingente del instituto armado apoyado por falangistas, ante lo que parte de los republicanos, principalmente los de esa población, optó por irse a la sierra mientras otros decidían regresar a sus casas de Pómer y Aranda, en las que los sublevados entrarían poco después.

Tres sacas, 21 vecinos

En el caso de Pómer, la represión de los sublevados se llevaría por delante en las semanas siguientes a 21 de sus apenas 450 vecinos. El 5 de agosto eran fusilados en las tapias de su cementerio cinco de ellos y otro de Aranda que se había refugiado en casa de unos parientes, acusados todos de haber participado en los enfrentamientos de los primeros días de la Guerra Civil. Un mes después, el 7 de setiembre, eran asesinados en Aranda de Moncayo otros cuatro vecinos, entre ellos Cipriano Muñoz, dirigente provincial del PCE y teniente de alcalde de Pómer, junto con Pedro y Victoriano Lezcano y Jonás Horno. Y dos días después, el 9, comenzaba la tercera saca, en la que murieron otros once vecinos.

En principio, explica Capapé, todo apunta a que la fosa de seis cuerpos se correspondería con el enterramiento de las víctimas de la primera de esas ejecuciones. Sin embargo, hasta que no dispongan de las pruebas de ADN no podrán determinar si los cuatro cadáveres hallados en otra corresponden a los cuatro vecinos fusilados por los facciosos en Aranda de Moncayo o a una parte de los once que murieron a manos de los sublevados unos días después.

