Pregunta evidente y lógica que desmonta la operación politicojudicial contra Puigdemont y los consellers exiliados y que, por extensión, se puede aplicar a los consellers y dirigentes de Òmnium y ANC procesados y/o encarcelados en el Estado Español. Con la justicia belga en la mano, no habría delitos de sedición y rebelión. Y es que la «democracia marca España», su constitución y legalidad son continuidad de un régimen que perseguía derechos como el de opinión, manifestación, expresión, autodeterminación, prensa…