El Partido Popular ha presentado en el Congreso una propuesta para crear la Comisión que, aparentemente, desarrollaría el acuerdo alcanzado con el Partido Socialista para paliar los efectos del coronavirus. En realidad, se trata de una argucia con la que la principal fuerza de la oposición hace dos confesiones distintas en un único gesto: mientras que su intención de pactar es inexistente, la voluntad de acorralar al Gobierno es ilimitada. El intento de cubrir esta realidad con la hoja de parra de un documento de recomendaciones al término de una comisión que es de investigación, y no de negociación, demuestra que el hablar sin complejos del que se vanagloria el Partido Popular se limita al lenguaje bronco que emplean sus portavoces, no al que se necesitaría para explicar una estrategia tan poco edificante como la suya. Primero, que rechazan pactar, y, segundo, que buscan el fracaso del Gobierno sin importar el precio.

Esta actitud por parte de la principal fuerza conservadora no es, lamentablemente, nueva. Lo que sí es nuevo, por el contrario, es el hecho de que la renovación generacional ha convertido lo que parecía una actitud persistente en una esencia inalterable. Es decir, la constatación de que, ni entonces ni ahora, parecen existir límites ni políticos ni morales en la lucha por el poder. Escudarse para no pactar en los errores del Gobierno y en las idas y venidas de su presidente, Pedro Sánchez, no es una razón, sino una excusa. Y una excusa que, además, busca propiciar de manera ventajista aquello mismo que invoca, puesto que las posibilidades de que yerre un Gobierno con una mayoría inestable y con una rara propensión a decidir a la ligera se multiplican si se le somete a un acoso tan descomunal y tan feroz como el que padece desde el comienzo de la pandemia. Las críticas justas quedan sepultadas por la desproporción de las injustas, y la suma de unas y otras deja, a la espalda, un campo de ruinas y, al frente, un horizonte de pavor.

La espiral de sinrazón que propicia esta estrategia del Partido Popular, flanqueada, por un lado, por el nihilismo de Vox, y, por otro, por el independentismo fiel al president Torra, ha llevado a que el Gobierno sugiera que el pacto que propone es para que todos los grupos cierren filas con el programa de investidura. ¿Es que el presidente Sánchez y sus avezados estrategas no han tenido pruebas de la escasa voluntad de acuerdo de la oposición, y necesitan ponérselo todavía más fácil, de manera que sus excusas parezcan argumentos? ¿Qué espacio dejan entre unos y otros para la mayoría de ciudadanos comprometidos con unas convicciones políticas u otras, pero que, en circunstancias como estas, exigen cerrar filas por encima de ellas, primero, frente a la emergencia sanitaria, y, después, frente a la anunciada y fortísima crisis económica?

Una tímida oportunidad política parece abrirse paso desde algunas comunidades autónomas, donde el regreso de Ciudadanos, abandonando las quimeras de los sorpassos, ha facilitado los acuerdos amplios que requieren los tiempos y la vuelta a una limitadísima normalidad institucional, pero normalidad al fin y al cabo. Incluido en Cataluña, donde el Parlament podrá aprobar, por fin, unos Presupuestos, así sea con las prioridades anteriores a la crisis. El apoyo o la oposición a esta dinámica de acuerdo se ha convertido en la mejor prueba para discernir la estatura de los dirigentes políticos, como se ha podido comprobar con el rechazo destemplado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la mano tendida del socialista Ángel Gabilondo, y la actitud ejemplar del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El Congreso de los Diputados, mientras tanto, sigue a lo suyo: no discutir acerca de cómo alcanzar un acuerdo, sino de cómo responsabilizar a los demás del fracaso.

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