La rectora de la UV, Sara Ladrón, alertó por “una serie de contradicciones en los dichos” del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues dijo que aunque ha recibido cartas del mandatario, que incluso han sido públicas, en donde sí hay avances en el reconocimiento de los adeudos y también se señalan propuestas claras y puntuales para el pago, en medios de comunicación Duarte habla de otros montos de la deuda. “Un día nos escriben y se comprometen y otro día se desdicen de ese compromiso, por eso es nuestra preocupación”, denunció.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, informó hoy que la deuda que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa tiene con la Institución se incrementó en lo que va de este 2016 en más de 256.5 millones de pesos. E informó que la administración estatal únicamente ha depositado a la Casa de Estudios 40 millones de pesos que corresponden a la aportación del Gobierno federal.

En una conferencia de prensa, ofrecida esta mañana, la rectora Sara Ladrón precisó que la deuda que el Gobierno de Veracruz tiene con la UV creció de 2 mil 076 millones de pesos a 2 mil 332 millones 549 mil 307 al día de hoy. El incremento a la deuda se debe, agregó, a que la administración que encabeza Duarte de Ochoa no ha entregado a la institución la aportación correspondiente al presupuesto estatal para el 2016.

“Por qué ha crecido, porque en el año 2016 no hemos recibido ni un peso del presupuesto estatal”, denunció Ladrón de Guevara.

Además, aseveró, que la deuda que “claramente” ha reconocido el Gobernador Javier Duarte, de 452 millones, corresponden al presupuesto federal entregado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz (Sefiplan), pero que no llegó a las cuentas de la Universidad. De esa deuda, precisó la rectora, restan 412 millones, ya que el día de ayer fueron depositados 40 millones de pesos. Este pago se hizo de acuerdo al calendario al calendario de pagos que se acordó entre la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la UV y la Sefiplan.

“Sin embargo, no hemos recibido una calendarización para el presupuesto estatal pendiente. Desde luego existe el calendario convenido para 2016 […] éste no se ha dado en todo el año. Estamos en marzo y no se ha recibido parte de este subsidio estatal”, alertó Ladrón de Guevara.

La rectora alertó además sobre “una serie de contradicciones en los dichos del señor Gobernador”, pues dijo que aunque ha recibido cartas del mandatario, que incluso han sido públicas, en donde sí hay reconocimiento de los adeudos y se señalan propuestas claras y puntuales para el pago, en medios de comunicación, el mandatario habla de otros montos de la deuda.

“Un día nos escriben y se comprometen y otro día se desdicen de ese compromiso, por eso es nuestra preocupación”, alertó.

Sara Ladrón puso de ejemplo una carta que el Gobernador Duarte le envió el 25 de febrero donde reconoció el adeudo de los impuestos retenidos a los salarios de los trabajadores del Instituto del 2014 y 2015, pasivo que suman de mil millones de pesos, la mitad de lo reclamado por la Institución. Sin embargo en una entrevista del 10 de marzo, Duarte afirmó que sólo pagaría a la Institución 450 millones de pesos, con lo que sólo reconoció el adeudo federal.

“[En la entrevista Duarte] Vuelve al dicho de que los convenios son a voluntad y a capacidad financiera. Cuando que en sus escritos ya había reconocido ese compromiso con los convenios. Entonces por eso hablamos de las contradicciones que hemos reconocido en la información que se va dando”, criticó Ladrón.

Por su parte, Gerardo García Ricardo, titular de la Dirección General de Recursos Financieros, detalló que el Gobierno estatal debe a la UV recursos financieros extraordinarios desde el año 2008 y hasta el 2015, contenidos en Gacetas y Diarios Oficiales al igual que convenios suscritos entre los gobiernos estatal, federal y la Institución.

Señaló que el presupuesto estatal designado para 2016 es de 2 mil 293 millones de pesos de los cuales no se han depositado las ministraciones correspondientes a enero y febrero. Del total de ese monto, corresponden mensualmente 190 millones de pesos y de éstos, 80 millones son para cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que tampoco se han solventado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el gobierno veracruzano.

Alberto Islas Reyes, abogado general de la institución, informó sobre las denuncias interpuestas por la deuda, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el Ministerio Público Federal han brindado su apoyo para compilar los estados financieros y la auditoría de los recursos financieros que no han sido entregados.

Señaló también que al juicio de amparo que promovido por la disminución del presupuesto destinado a la UV, se han sumado alumnos y académicos, quienes también han presentado recursos. “Estamos en un proceso de acumulación, ya son diez juicios de amparo en trámite”, señaló.

MARCHARON 50 MIL EN DEFENSA DE LA UV

Por otra parte, la rectora Sara Ladrón informó que la megamarcha en defensa de la Universidad Veracruzana realizada el día de ayer, convocó a 51 mil 200 asistentes en todo el estado. Detalló que en Xalapa hubo 20 mil participantes, en Veracruz 10 mil, en Poza Rica 7 mil, en Tuxpan 2 mil, en Coatzacoalcos 4 mil 200, en Minatitlán mil, en Acayucan 500, en Orizaba 5 mil y en Córdoba mil 500.

“Gracias a todos los participantes de la marcha, a todos y cada uno; en Xalapa enfrentamos condiciones climáticas adversas pero esto no redujo el entusiasmo. Quiero agradecer, también, a los asistentes en las regiones; reconozco el compromiso y el entusiasmo expresado en estas manifestaciones en la vía pública. Fue un honor encabezar este mandato del Consejo Universitario General”, destacó.

Señaló que con la movilización se dio cumplimiento con el mandato del Consejo Universitario General.

Además, informó que el Consejo Universitario General votó y aprobó que durante las campañas electorales que se avecinan no habrá ninguna manifestación pública por parte de la Universidad Veracruzana, ya que “no queremos que la defensa de nuestros derechos sea vista como parte de un interés partidista”, sin embargo, aclaró, que “esto no significa terminar con las gestiones” para exigir el pago de la deuda.