Cambios de la LUC al proceso penal pueden generar “más impunidad” El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que los cambios al proceso penal propuestos en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) obtendrían los resultados contrarios a los buscados, generando mayor impunidad.

Actualizado: 21 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

Los cambios que plantea el proyecto de Ley de Urgente Consideración al proceso abreviado, que permite que un imputado puede asumir su culpabilidad antes de llegar a juicio y de esa forma obtener una pena hasta un tercio menor, harían que el mecanismo solo se pudiera aplicar en uno de cada cuatro casos. Hoy casi un 96% de los casos que obtienen sentencia lo hacen por esta vía.

El fiscal de Corte definió al proceso abreviado como “una formidable máquina de picar carne”, en referencia a su capacidad de persecución penal.

“El proceso abreviado es un mecanismo que desagota el sistema pero además es un instrumento formidable de persecución penal. Uruguay debe ser el único país del mundo donde se cuestiona el proceso abreviado por benigno. En términos general es cuestionado a nivel internacional por poco garantista pero no desde el lado de la efectividad”, explicó Díaz en No toquen nada.

El fiscal afirmó que con la aplicación de este mecanismo se logró aumentar las imputaciones y las sentencias.

“El cuestionamiento que se le hace al proceso abreviado es que la pena puede ser inferior a la que se obtendría en un juicio oral. Eso parte de una base equivocada. El abreviado implica una condena inmediata, asegura la condena. El juicio oral es una alternativa en la que podría obtener la sentencia de condena o no por la sencilla razón de que tengo que llevar a los testigos, a la víctima, al perito, al policía, los elementos materiales… es decir, tengo que hacer un esfuerzo e implica un riesgo de perder el juicio”, afirmó Díaz.

En 2019 hubo 450 juicios orales. Si, por ejemplo, las rapiñas llegaran a juicio oral implicarían 2.000 juicios más. Según Díaz, con la limitación al proceso abreviado propuesta en el proyecto de Ley de Urgente Consideración, habría entre 8.000 y 9.000 juicios al año.

“Ahí lo que va a terminar pasando es que los juicios que hoy se fijan para dentro de 15 o 20 días, un mes o dos meses, se van a empezar a fijar para dos o tres años”, dijo Díaz. Esto tendría dos consecuencias. “En primer lugar que el imputado va a estar en libertad porque es muy difícil sostener la preventiva ese tiempo. ¿Y la víctima, el testigo se van a acordar? ¿Van a tener interés en ir a declarar dentro de tres años sobre lo que efectivamente pasó? La consecuencia puede terminar siendo que tengamos más impunidad en lugar de menos impunidad”, señaló.