Una cara poco visible de la inflación, aunque no menos descarnada, es la que se vive en los comedores comunitarios. Allí el impacto de la subas de precios en los alimentos, sumado a la mayor concurrencia de niños, adultos y ancianos que no logran alimentarse por sus propios medios, consiguen –cada vez menos– mitigar el flagelo de la pobreza.

Según la organización Barrios de Pie, “la demanda de asistencia alimentaria en nuestros centros comunitarios, en todas las provincias, ha crecido”, consignó en su último informe.

“Cada vez tenemos más chicos, y los chicos vienen con hambre. Repiten hasta tres veces de ración y en muchos casos han empezado a venir los padres también”, explica Lucrecia González coordinadora de esa organización barrial.

“Estamos preocupados porque venimos observando un agravamiento de la situación social y la negación del problema por parte de las autoridades” dice. Y agrega que “la negación de la pobreza parece ser ya una política de estado”.

Según el último informe del Observatorio de la Pobreza, dependiente del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) en febrero de 2014, tras la devaluación, la pobreza habría alcanzado al 33% de la población, esto es 13, 7 millones de personas, mientras que la indigencia es la situación hasta del 8.4% de los argentinos, es decir unas 3.5 millones de personas. Según esta organización, los diferentes intentos del Gobierno por detener la escalada de precios en general y de los alimentos en particular siguen sin producir los efectos buscados”.

Según el Indice Barrial de Precios (IBP), un relevamiento que se hace cada treinta días en 350 negocios de 20 distritos del conurbano bonaerense, arrojó en agosto un aumento promedio del 1,87% para los 50 productos básicos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Esto implica que, para una familia de cuatro personas pasó de costar $2.668,44 en julio a $27718,23 en agosto.

De acuerdo con estas estadísticas que relevan los mismos vecinos, en lo que va del año el aumento de esa canasta es de 19,02%, mientras que la variación interanual, llega al 38,62%.

Según Pablo Gallo, del CIPPES, “El Gobierno Nacional y los Provinciales y Municipales deberían redoblar sus esfuerzos respecto a su política social. Es imperioso contener esta grave situación social y evitar que siga agravándose, ya que existe el riesgo de volver a situaciones parecidas a las vividas previo a la hiperinflación de 1989 y de la crisis 2001/2002”, advirtió.

El problema es que en promedio, el Estado invierte unos seis pesos diarios por chico para darles de comer en los comedores comunitarios, cuando los nutricionistas aseguran que para garantizar una alimentación saludable hacen falta, como mínimo, unos $16.

En las provincias más pobres, el presupuesto que se destina es todavía más bajo: en Misiones o en el Chaco, no llegan a los $4. En Cordoba, es $ 4,20. Y la mayoría debe complementar sus recursos con aportes privados. El problema común a todos los comedores es que, básicamente se les paga tarde a los proveedores y se viene achicando el cupo de beneficiarios. Con lo cual, tienen que “hacer rendir” los insumos que tienen, empeorando la calidad de los alimentos.

Gallo cuenta que, en algunos casos, sólo se pueden conformar “merenderos”, donde los chicos asisten a la media tarde y, en muchos casos, piden llevarse una ración a sus casas”. Una coordinadora barrial de Salta confirmó: “ahora vienen más chicos a nuestros comedores. Hay pobreza y la inflación hace que a nadie le alcance para comer en su casa. Ya no nos alcanza con darles de comer a los chicos. Hoy los comedores se convirtieron en centros de contención”.