Uruguay's President-elect Luis Lacalle Pou speaks during the announcement of his incoming cabinet in Montevideo, Uruguay December 16, 2019. REUTERS/Mariana Greif

Uruguay busca proyectar una imagen atractiva para los migrantes de la región, en una época de grandes movimientos de población principalmente por la crisis política, económica y social en Venezuela.

“Yo creo que (Uruguay) tiene una divina oportunidad para radicar familias. Uruguay siempre ha sido un país de brazos abiertos para países que están expulsando a su gente, básicamente venezolanos, cubanos y de otros lugares de América Latina”, afirmó el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien iniciará su gobierno el próximo 1 de marzo.

El cambio de bandera política, tras 15 años de gobiernos de izquierda en Uruguay, no significará un cierre de puertas para los migrantes, según adelantó el líder del Partido Nacional, quien venció al oficialista Daniel Martínez.

“Estamos seguros que Uruguay se convertirá en un país no solo para invertir, sino para que vengan familias extranjeras”, sostuvo Lacalle Pou, en declaraciones realizadas en enero. Según explicó, Uruguay no solo busca atraer a refugiados y personas que escapan de las crisis en sus países, sino también a aquellos que buscan mejores condiciones de vida. "(Es) un lugar para que la gente que no está pasando mal diga que aquí es un lugar donde se respeta la inversión, donde pueden traer a sus familias, donde hay certeza jurídica”, expresó.

Simpatizantes de Luis Lacalle Pou, en Montevideo (AFP)

En ese sentido, confirmó que cuando asuma como presidente lanzará un paquete de medidas orientadas a flexibilizar más las normas para obtener residencia en el país.

Las cuestiones demográficas sean una preocupación para el gobierno entrante, ya que Uruguay es el segundo país con más bajo crecimiento poblacional en América Latina, únicamente superando a Cuba. En ese sentido, y para poder aumentar los sectores de población económicamente activa, también había invitado a empresarios argentinos, bajo la promesa de flexibilizar regulaciones económicas y financieras, con el objetivo de atraer a unos 100.000 ciudadanos del país vecino.

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