Acto celebrado ayer por militantes falangistas en el Valle de los Caídos con motivo del 20-N, aniversario de las muertes de Franco y Primo de Rivera.

El Gobierno está dispuesto a inhumar los restos de Franco en El Pardo junto a los de su esposa, Carmen Polo, si finalmente la familia del dictador no se aviene, llegado el momento, a hacerse cargo de los mismos con la condición de que no sean trasladados a la cripta de la catedral de La Almudena de Madrid.

En medios gubernamentales descartan que la exhumación pueda llevarse a cabo con nocturnidad y en secreto. Apuntan que la fecha y todos los detalles de la operación deben ser comunicados con suficiente antelación a la familia, que debe estar presente para recoger los restos. Si renuncian a ello expresamente o no confirman con nitidez su voluntad en los plazos adecuados, entonces será el Gobierno el que asuma las riendas de la posterior inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio en El Pardo.

El Ejecutivo ha emprendido ya la última fase del procedimiento administrativo para la exhumación del cadáver, aunque admite que la resolución del mismo no será rápida. Francisco Franco, según los cálculos del Gobierno, saldrá del Valle de los Caídos entrado 2019, previsiblemente en el primer trimestre si no hay ninguna complicación legal.

En Moncloa dan por hecho que la Iglesia colaborará en la etapa final, y ahora la más polémica, para evitar que los familiares del dictador quieran, algo que «no han comunicado aún oficialmente», trasladar los restos a La Almudena, en el centro de Madrid, junto al Palacio Real. El Gobierno admite que la cooperación de la Iglesia es «imprescindible» por cuanto es ella, tal y como se recoge en los Acuerdos España-Santa Sede, la que tiene jurisdicción sobre los lugares de culto y, en caso de enfrentamiento, no podría hacerse valer sobre los citados acuerdos, que tienen rango de tratado internacional, una ley ordinaria como la de Memoria Histórica.

No obstante, sí servirá esta ley que ahora, pese a los sucesivos retrasos, se tramita en el Congreso, para ofrecer a la Iglesia la justificación sobre la cual argumentar la negativa a que el dictador repose finalmente junto a su hija en la tumba que la familia Franco tiene en propiedad en la cripta de la catedral madrileña.

La Ley de Memoria Histórica proporcionaría «el bien superior» -garantizar la seguridad y el debido respeto al templo en el que no pueden producirse actos de enaltecimiento al artífice de una dictadura- al que puede acogerse la Conferencia Episcopal para evitar el enterramiento, aducen desde el Gobierno.

No esperan en el Ejecutivo problemas respecto al proyecto técnico de exhumación que debe remitirse al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y en el que ahora domina una candidatura de izquierdas. Este trámite se prevé que sea rápido.

No así, o al menos esto es lo que contempla el Gobierno, el despacho del informe preceptivo, pero no vinculante, que deben elaborar los expertos de Sanidad Mortuoria dependientes de la Comunidad de Madrid. Para evacuar este informe existe un plazo de 30 días a partir de la fecha en la que sea solicitado. En Moncloa dan por hecho que este plazo se agotará hasta el final. Una vez cumplido este trámite, debe abrirse un nuevo plazo de 10 días para que la familia y los afectados -la comunidad benedictina del Valle de los Caídos- presenten alegaciones y, si lo consideran oportuno, recursos. Si este fuera el caso, la exhumación se retrasaría aún más, quizá bastante más.

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