“De acuerdo a lo que se regula a propósito del desafuero, efectivamente él sigue recibiendo la dieta parlamentaria”. Con estas palabras las fiscal Ximena Chong explicó que a pesar de que Jaime Orpis está desaforado y no cumplirá con su trabajo parlamentario -pues la jueza Daniela Guerrero del Cuarto Juzgado de Garantía decretó este lunes arresto domiciliario total y arraigo nacional en el marco del caso Corpesca-, seguirá recibiendo su sueldo como legislador.

Sin asistir a las sesiones de salas y a las respectivas comisiones a las que pertenece, Orpis recibirá el dinero, pues así lo estipula la ley.

Hoy un senador recibe aproximadamente 19 millones de pesos, incluidas dieta y asignación parlamentaria y, según explicaron en el Congreso, solo una parte de esta última sería descontada al legislador.

Cabe recordar que el pasado 26 de junio el entonces presidente de la Cámara Altra, Patricio Walker, explicaba, tras el desafuero del independiente Carlos Bianchi, que “habida consideración de que se suspende la labor legislativa del parlamentario, propuse en la última sesión de régimen interno que para todos los casos de desafuero se suspenda el pago de las asignaciones parlamentarias relacionadas con el traslado de los senadores al Congreso Nacional, pasajes aéreos, viáticos y otro tipo de asignaciones de esta naturaleza. Es la primera vez que se adopta esta decisión en el Senado, en la lógica de elevar los estándares de probidad y transparencia que hemos planteado para este año”, dijo Walker, medida que finalmente fue aprobada.

Walker explicó entonces que, respecto del pago de la dieta el Senado, no tenía facultades para suspenderla, pues no estaba regido por la Constitución. En ese entonces, explicaba que los parlamentarios podían seguir cumpliendo parte de sus funciones en las respectivas circunscripciones atendiendo las demandas de la ciudadanía, pero hoy el caso de Orpis es particular, porque no podría siquiera cumplir con el “trabajo en terreno” que también forma parte de su labor.

El pago de las remuneraciones para los parlamentarios desaforados está asegurada por el Artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso que distingue entre la labor legislativa y la de representación.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados mantiene esta medida al desaforado diputado Rosauro Martínez (RN) –por una causa de Derechos Humanos–, a quien se le suspendieron los pagos por concepto de traslados, viáticos, asesorías externas y gastos de publicidad, pero sí recibe íntegro el sueldo bruto mensual de aproximadamente $6,5 millones.