En estos días, los grandes empresarios y sus economistas suelen repetir con majadería que el magro crecimiento es responsabilidad de reformas desestabilizadoras en la educación, el sistema impositivo y eventualmente en el ámbito laboral. Sin embargo, no asumen su propia responsabilidad.

El modelo productivo que se ha impuesto en el país no sirve a todos los chilenos. Entrega cuantiosas rentas a unas pocas familias, pero genera escaso empleo y bajos salarios, sobreexplota la naturaleza y compromete el futuro de las generaciones venideras.

Los países que fundamentan su actividad económica en los recursos naturales pueden crecer, pero no desarrollarse. Presentan serios desequilibrios económicos, regionales y sociales, muestran inestables ingresos de exportación, dependiente de los ciclos de precios internacionales y no realizan mayores esfuerzos de innovación y transformación productiva, como consecuencia de la consolidación de una mentalidad rentista.

Junto con la transformación neoliberal del modelo económico se destruyó gran parte de la fuerza laboral del país, así como su experticia productiva. Los trabajadores, en su gran mayoría, fueron transformados en simples comerciantes de lo que producen otros países, o en prestadores de servicios para asegurar las exportaciones de materias primas. Por ello, es hoy tan difícil incorporar nuevos procesos y tecnologías modernas a la matriz productiva nacional.

La política económica, existente en Chile, reproduce el modelo rentista. El Estado prescindente no favorece la diversificación productiva. Ejemplo paradigmático fue el caso INTEL. En la segunda mitad de los noventa, sus ejecutivos quisieron instalar la producción de componentes de computadoras en nuestro país; y, la consulta a las autoridades económicas de la época tuvo una respuesta de antología: el Estado es neutral y no otorga ningún beneficio a algún sector específico; es el mercado el que decide la instalación de las empresas. Curioso, pues no sucedió lo mismo con el sector forestal, cuyos empresarios han recibido un generoso subsidio desde 1974.

En este dogmático caminar se ha acentuado el abismo productivo en nuestra economía: de una parte, un sector de punta moderno, que produce y exporta recursos naturales, acompañado de un extenso sector financiero; de otra, una decadente industria de bienes, con baja productividad, aislada de los mercados ante la imposibilidad de competir en el actual mundo globalizado.

En estos días, los grandes empresarios y sus economistas suelen repetir con majadería que el magro crecimiento es responsabilidad de reformas desestabilizadoras en la educación, el sistema impositivo y eventualmente en el ámbito laboral. Sin embargo, no asumen su propia responsabilidad. Ellos controlan el mercado y sin embargo persisten en la producción y exportación de recursos naturales, cuyos precios internacionales tienden a la baja y no por culpa del Gobierno, sino por la disminución de la demanda china y europea. Siguen apostando a la renta fácil, sin mayor riesgo, antes que involucrarse en actividades que agreguen valor a los bienes y servicios.

Por otra parte, al persistir en exportar recursos naturales esos empresarios no aprovechan las ventajas de acceso negociadas en los acuerdos de libre comercio para aquellos productos con mayor valor agregado. Por tanto, están desperdiciando oportunidades de diversificación de la canasta exportadora, y se cierran las puertas a nuevos negocios y mejores empleos.

Es preciso optar por otro camino productivo, que sea el fundamento material para el desarrollo económico de Chile. Será más duro invertir en innovar, procesar, diversificar; pero, ello obligará a los empresarios a trabajar más, y terminar con la comodidad de las rentas. Bueno para ellos; mejor para el país.

Comprometerse en este propósito exige al Estado otra política económica. Una política activa, con un régimen impositivo que encarezca la producción de recursos naturales, que regule más estrictamente al sector financiero, y que entregue incentivos a los agentes económicos en nuevos campos productivos. Al mismo tiempo, esa política tiene que garantizar una efectiva competencia en los mercados, terminar con los monopolios y facilitar el accionar de las Pymes con iniciativas de fomento y créditos baratos.

En segundo lugar, se requiere un decidido impulso a la inversión en ciencia y tecnología, demasiado insuficiente en nuestro país, acompañado con la instalación de centros tecnológicos que apoyen el desarrollo de clusters en las zonas minera, maderera, pesquera y agrícola, en las distintas regiones del país.

En tercer lugar, un nuevo proyecto productivo precisa mejorar radicalmente la calidad de la educación formal y la capacitación de los trabajadores. Nuevas tecnologías, máquinas y procesos exigen profesionales y trabajadores con formación más sofisticada. Ello resultará en mayor productividad, más calidad en el empleo y mejores salarios. En cuarto lugar, habrá que terminar con la retórica sobre las Pymes y mejorar su competitividad, mediante crédito barato, fomento efectivo y acceso a mercados.

Al final de cuentas, si deseamos que se haga realidad el desarrollo del país es preciso un nuevo proyecto productivo, capaz de diseminar los frutos del crecimiento entre grandes y pequeños empresarios, entre trabajadores y dueños del capital. Y que, al mismo tiempo, favorezca la innovación, la inversión en ciencia y tecnología, estimule la generación de una nueva fuerza laboral, con una permanente capacitación de trabajadores y profesionales.