La Fiscalía alemana ha solicitado este martes la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región del norte de Alemania por los cargos de rebelión y alteración del orden público. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein había resuelto hasta la fecha desestimar la posibilidad de extraditarlo por el cargo de rebelión y se limitó a solicitar más información sobre la acusación.

Al mismo tiempo, el tribunal de Schleswig-Holstein ha denegado la petición del fiscal general en la que solicitaba el ingreso en prisión de Puigdemont. Los jueces deniegan dicha petición al no advertir riesgo de fuga en el exjefe del Govern. La decisión se ha tomado a la luz de los nuevos datos enviados por España.

Los jueces deniegan la petición de prisión preventiva al no advertir riesgo de fuga en el exjefe del Govern

En el comunicado de prensa emitido por la Audiencia provincial se indica que la Fiscalía presentó una solicitud de extradición de Puigdemont tras haber recibido nueva información desde España, “en particular, videos proporcionados que muestran la violencia cometida contra las fuerzas policiales españolas”, de manera que “los disturbios tuvieron tal magnitud que el fiscal general asume” que el expresident también es extraditable bajo el cargo de rebelión.

Además, la Fiscalía sostiene que “de acuerdo con la legislación alemana”, el cargo se correspondería a la “responsabilidad penal por alta traición”, y “en cualquier caso también a la violación de la paz en un caso particularmente grave”. Por lo tanto, la Fiscalía sostiene que “puede existir que “todavía existe el riesgo de fuga”.

La decisión de la Fiscalía se produce después de que el pasado 15 de mayo interrogaran en Berlín a Puigdemont, en el marco del proceso de extradición que se sigue en su contra. Entonces, la la fiscal Wiebbke Höffelner alegó que se trataba de un “interrogatorio habitual en el que se ha dado la oportunidad al señor Puigdemont de presentar su versión sobre algunos hechos”. Por el contrario, rechazó que se tratara “de ningún encuentro especial, ni de nada que apunte a una decisión” sino que era “parte del proceso en curso”.

La Fiscalía defiende la extradición por rebelión de Puigdemont al considerar que hay una equivalencia “análoga” de los hechos con el comportamiento cargado a una persona perseguida por el delito de alta traición a la República Federal de Alemania

Puigdemont se encuentra en Berlín en libertad bajo fianza y pendiente de la solicitud de extradición presentada por la justicia española. Y hasta ahora la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein había resuelto desestimar la posibilidad de extraditarlo por el cargo de rebelión y se limitó a solicitar más información sobre la acusación de malversación de fondos.

La Audiencia estaba pendiente de que la Fiscalía alemana presentara una nueva petición con base en las informaciones recibidas de la justicia española.

En su informe, la Fiscalía defiende la extradición por rebelión de Puigdemont al considerar que hay una equivalencia “análoga” de los hechos con el comportamiento cargado a una persona perseguida por el delito de alta traición a la República Federal de Alemania. A este respecto, la Fiscalía recuerda que es necesario el “uso de la fuerza o de la amenaza” para afectar a “la existencia” de la República Federal y, aunque la violencia que se llevó a cabo el pasado 1-O no fue suficiente para lograr los objetivos, atribuyen a Puigdemont el rol de “iniciador”.

Se remiten al estudio de los archivos de vídeo proporcionados, que demuestran que “los disturbios en Catalunya llegaron a tal punto que se intentó forzar al Gobierno español” a asumir “las aspiraciones de los separatistas”

La Fiscalía también resalta la información proporcionada por las autoridades españolas para argumentar el delito de rebelión y reforzar el hecho de que sí hubo violencia. En particular, se remiten al estudio de los archivos de vídeo proporcionados, que demuestran que “los disturbios en Catalunya llegaron a tal punto que se intentó forzar al Gobierno español” a asumir “las aspiraciones de los separatistas”. Así, se adjunta una lista detallada de lesiones personales y daños a la propiedad que “dan una clara impresión de la intensidad de la violencia”.

En particular, la Fiscalía se refiere a dos vídeos, uno en que se puede ver una multitud de personas que conducen una urna de votación hacia un colegio a través de una rampa. Se observa a los guardias civiles tratar de acceder a un centro de votación por una rampa (Sant Joan de Vilatorrada), momento en que una pareja de Mossos forcejea con ellos en un claro intento impeditivo. Es una situación muy violenta y, posteriormente, la muchedumbre les impide subir y les hacen retroceder. Se escuchan gritos: ‘fora, no pasarán, hijos de puta, no valéis nada’”.

El Gobierno español hizo uso de la violencia “en última instancia” contra un “crimen corporativo” como es el “intento de traición a la integridad territorial del Estado” que se corresponde con el Código Penal alemán.

Pero la Fiscalía también pone como ejemplo una de las imágenes más vistas de aquella jornada, cuando “un funcionario de la Guardia Civil entra en un centro de votación a través de un cristal roto y, al hacerlo, una persona desde dentro le arroja una silla y lo derriba al suelo”.

Para curarse en salud, la Fiscalía alemana considera que todas estas imágenes y otras muestran el uso de la violencia en Catalunya con motivo del 1-O, que es muy diferente a lo sucedido en el Aeropuerto de Frankfurt en 1983, consideran, cuando hubo unas duras protestas contra la ampliación del aeropuerto Startbahn West y una sentencia decidió absolver al instigador de estas protestas. Primero por la extensión de las protestas, que en el caso de Catalunya se produjeron a lo largo de toda la región, algo que habría sido determinante para forzar al Gobierno español a aceptar las pretensiones independentistas. Pero también porque los 17.000 agentes de los Mossos no intervino y, como muestra otro vídeo, incluso se puso del lado de los manifestantes “promoviendo activamente” la causa.

El informe concluye que el Gobierno español hizo uso de la violencia “en última instancia” contra un “crimen corporativo” como es el “intento de traición a la integridad territorial del Estado” que se corresponde con el Código Penal alemán.