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La enseñanza especial que reciben jóvenes con alguna discapacidad en más de 300 planteles federales de educación media superior está en riesgo de desaparecer por el plan de austeridad del gobierno federal.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), un programa piloto que nació hace 10 años, no es reconocido como un proyecto oficial y hasta ahora no ha sido considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se indica que en esta modalidad educativa hay 27 mil 878 estudiantes . En el documento se detalla que 46% de los alumnos padece una discapacidad intelectual; 16%, una motriz; 14%, una auditiva; 10%, una visual, y 2%, sicosocial.

La Subsecretaría de Educación Media Superior reconoce que debe tener al menos 670 millones de pesos, pero por ahora sólo dispone de 34 millones.

Si bien las políticas económicas de esta administración federal han puesto en duda la continuidad del programa, la falta de presupuesto ha sido un problema constante que impide mejorar la calidad educativa para las personas discapacitadas.



Los académicos del CAED no son reconocidos por Educación Pública como profesores, sino como “prestadores de servicios” o “asesores”.



Como una medida para que el programa subsistiera, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo que recortar a 97 asesores educativos de los mil 182 que tenía.

Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, acepta que actualmente no se cuenta con los recursos económicos para darle continuidad a los CAED.

“No tenemos suficiencia para poder financiar el programa durante todo el año. Ya hemos hecho el planteamiento a Hacienda para ver la posibilidad de que se reconsidere lo que nos dieron como techo presupuestal, que es muy limitado para resolver el tema.

“Nuestro propósito es defender los CAED, porque uno de los grandes proyectos del Presidente es atender la inclusión de niños con estas condiciones”, dice.

A pesar de que no se aseguró el financiamiento para la educación inclusiva, Arroyo Ortiz indica que el objetivo de esta administración es regularizar el programa y que sea reconocido por la SEP.

“Es urgente replantear el servicio de atención a alumnos con alguna discapacidad para cubrir el principio de inclusión”, concluye.

Condiciones precarias

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL al CAED No. 2 Lic. Jesús Reyes Heroles se apreciaron las problemáticas que alumnos y académicos enfrentan: pocos salones de clase, escasez de mobiliario, ausencia de personal especializado, falta de material de trabajo, así como libros que no están adaptados a las necesidades de los estudiantes.

De 9:00 a 15:00 horas, los alumnos acuden a ese instituto para cursar los 22 módulos que deben superar para graduarse. Son tres aulas y un salón de cómputo donde los jóvenes toman sus clases.

En un mismo salón puede haber hasta tres maestros dando clases diversas a personas con problemas de audición, habla, visión o con déficit intelectual y otras discapacidades.

Académicos de la institución —quienes no son reconocidos por la SEP como profesores, sino como “prestadores de servicios” o “asesores”— reclaman que comparten salones y pizarrones, además de que pasan meses sin que les den materiales básicos, como plumones.

Carolina Avilés, asesora del CAED No. 2, asegura que pese a estas necesidades “somos de las instituciones más privilegiadas, porque otros planteles están peor”.

Informa sobre los obstáculos a los que se enfrentan: “Somos considerados ‘figuras solidarias’ que prestamos nuestro servicio. No tenemos prestaciones de ley y los pagos se retrasan entre dos y seis meses. La SEP viola la Ley Federal del Trabajo flagrantemente porque cumplimos con los requisitos para ser considerados trabajadores”.

Huyen del bullying

Adriana Navarro tiene una discapacidad intelectual. Erik Alexander padece el síndrome de Asperger. Fernanda Marahí ha estado en una silla de ruedas por nueve años. Johan vive con retraso mental. Todos tienen una cosa en común: son alumnos del CAED porque quieren concluir su bachillerato y una carrera profesional.

Los alumnos de este programa especial no tienen límite de edad, pueden tener desde 15, 30 o más años. Otra de sus características es que huyeron de las escuelas regulares porque eran víctimas de bullying.

Adriana Navarro, quien padece una discapacidad intelectual, indica que en la primaria “siempre estaba sola, a nadie le agradaba. En aquel momento empezaba el programa de Teletón y me hacían burla diciéndome que yo era una ‘niña Teletón’ (...) Nunca encontré la manera de hacerles ver que yo también soy un ser humano que siente”.

Una experiencia parecida atravesó Erik Alexander. Él ha estado dos años en un CAED por su síndrome de Asperger y sobre su paso en escuelas comenta: “Siempre me discriminaban, me llamaban gordo y me llegaron a pegar. También hacía mis trabajos y los maestros no me los querían firmar”.

Respecto a la posible eliminación del programa, el joven opina: “el gobierno quiere tirar los CAED y no piensa que hay futuras generaciones que los necesitarán. Esta no es sólo una escuela, conoces a gente que te apoya y te diviertes”.