“El beneficio a los contribuyentes será un beneficio a largo plazo que busca asegurar que nuestro sistema migratorio atraiga a gente para que se nos una como ciudadanos, primero como residentes permanentes, que sí es capaz de sostenerse por sí sola, que no vaya a depender de los sistemas de bienestar, sobre todo en esta época en que el Estado de bienestar es tan costoso y extenso”, dijo Cuccinelli.

Con la nueva regulación, el bienestar financiero de los migrantes que estén en Estados Unidos de manera legal, con visas temporales, será revisado más minuciosamente cuando soliciten la green card. Los funcionarios migratorios considerarán la edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estado financiero y educación de los inmigrantes. Y se les dará un amplio margen para determinar si un inmigrante posiblemente vaya a necesitar recursos públicos, para negarle la residencia y hasta ordenar su deportación.

Los funcionarios indicaron que el programa no aplicará para quienes ya tengan green cards, para refugiados o para solicitantes de asilo; tampoco en casos de mujeres embarazadas ni de niños. Los abogados en materia migratoria advirtieron que muchos migrantes, incluso los que no se verían afectados por la regla, posiblemente desistan de pedir la asistencia pública que necesiten solo por el temor a represalias de las autoridades migratorias.

“Esta noticia es un nuevo y cruel paso que convierte en un arma a programas originalmente pensados para ayudar a la gente; en vez de eso, los vuelve una manera de separar familias y de enviarles a migrantes y a las comunidades de personas de color un mensaje claro: ‘No son bienvenidos’”, dijo Marielene Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

“Tendrá un impacto humanitario terrible, que forzará a muchas familias a abandonar sistemas de cuidado médico y nutrición críticos. El daño resultante tendrá efectos por varias décadas”, agregó.