Acción por la desinversión en Sudáfrica. FOTO: Jennifer Bruce/350Africa

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MADRID // El pasado 15 de mayo, mientras en España se celebraba el aniversario del 15-M, en 45 países se cerraban diez días de movilizaciones contra la inversión en combustibles fósiles. Casi 300 eventos reunieron a miles de personas, apoyando una de las estrategias con más fuerza del movimiento climático internacional: presionar a fondos de inversión, bancos y fondos públicos para que retiren el apoyo financiero a las compañías petroleras, gasísticas y de carbón.

El movimiento por la desinversión nació en 2012 en varios campus estadounidenses, en los que grupos estudiantiles exigían a las universidades que cortaran sus lazos con empresas como Exxon, Shell o BP. La estrategia buscaba convertir estas inversiones en “socialmente inaceptables”, siguiendo una táctica ya probada durante otras protestas internacionales. Esta misma idea se utilizó con éxito contra el apartheid en Sudáfrica, y también está en marcha contra el estado de Israel. Sin embargo, esta vez la campaña ha llegado más allá de los círculos activistas, adquiriendo una dimensión financiera global.

Riesgos financieros

Las instituciones que se han comprometido ya a desinvertir al menos parte de sus activos controlan, en total, más de 5 billones de dólares. Alrededor de la mitad de esa cifra se ha sumado a la campaña durante 2016, de acuerdo con un informe de la consultora financiera estadounidense Arabella Advisors. Según el mismo documento, ya son 688 instituciones, y casi 60.000 inversores individuales en 76 países los que han aceptado retirar al menos parte de su fondos de empresas de combustibles fósiles.

Las universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, con las que comenzó el movimiento, aportan el 54% de los fondos retirados. Incluso el Fondo de los Hermanos Rockefeller, fundadores de la industria petrolera moderna, desinvirtió en 2014. Steven Heintz, presidente del fondo, aludió a razones financieras, afirmando que el propio John D. Rockefeller hubiese aprobado el movimiento “como inversor astuto que era”.

Ryan Strode, director de Arabella, y uno de los autores del estudio, confirmó a La Marea que los riesgos financieros derivados de la inversión en combustibles fósiles cada vez pesan más a la hora de distribuir los activos de los fondos y empresas: “Al principio eran sobre todo universidades, iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro, que desinvertían por motivos éticos. Ahora vemos cada vez más fondos de pensiones, aseguradoras y otros grandes inversores comprometiéndose, como resultado de una conciencia de los riesgos financieros que supone invertir en combustibles fósiles”.

En el futuro, según Strode, podrían existir incluso restricciones legales relacionadas con la obligación fiduciaria (la obligación de gestores de fondos de invertir siguiendo unos principios de prudencia cuando el capital invertido pertenece a otros). Sin embargo, afirmó que dichas interpretaciones “aún se están desarrollando”.

Hoda Baraka, portavoz de la plataforma ecologista 350.org, explicó a La Marea que el objetivo de la campaña “no es la bancarrota financiera de la industria de los combustibles fósiles, sino su derrota política”. Baraka se mostró optimista acerca del ritmo de la campaña, pero afirmó que el ritmo de desinversiones debe aún acelerarse para evitar que los efectos negativos del cambio climático sigan multiplicándose: “Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Los impactos del cambio climático se están desarrollando a un ritmo cada vez más rápido y necesitamos evitar que haya nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles”.

Fondos de pensiones

A nivel internacional, los fondos de pensiones están tomando la delantera al retirar al menos parte de su capital de las industrias causantes del cambio climático. Tras la firma del Acuerdo de París en 2015, se espera que los gobiernos incrementen los impuestos sobre la energía procedente de petróleo, gas y carbón, e instauren barreras económicas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Análisis Financiero y Económico de la Energía (con base en Cleveland, Estados Unidos), afirmó recientemente, en declaraciones al diario económico Financial Times, que “las acciones de petróleo y gas han sido uno de los principales pilares de los fondos de pensiones durante décadas, pero eso está cambiando”. Sanzillo añadió que “cualquier fondo que no esté debatiendo de forma interna su exposición a los combustibles fósiles, no está cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias”.

Los planes de pensiones privados españoles, ajenos a la desinversión

En España, el movimiento por la desinversión aún no se ha desarrollado al nivel de otros países, ni en la calle ni en las bolsas. A pesar de ello, la ley prohíbe al fondo de pensiones soberano del Estado (la hucha de las pensiones) invertir en deuda o acciones de empresas privadas, por lo que, indirectamente, no tiene ninguna participación en combustibles fósiles. La hucha de las pensiones tan sólo puede adquirir deuda pública del Estado.

En cuanto a los planes de pensiones privados españoles, ninguno de entre que más dinero tienen a su cargo confirmó haber movido ficha en cuanto a la desinversión. VidaCaixa, que gestiona cuatro de los ocho mayores fondos, no ha considerado todavía un cambio en este sentido. Una portavoz de la compañía confirmó a La Marea que la institución catalana se ciñe a los Principios de Inversión Responsable, una iniciativa privada apoyada por las Naciones Unidas, que no ha emitido, por el momento, ninguna recomendación al respecto.

Los planes de pensiones gestionados por BBVA, Ibercaja y Fonditel (el fondo de los empleados de Telefónica) también confirmaron que no tienen ninguna política de empresa que les impida adquirir activos de combustibles fósiles.

El Grupo Santander rechazó informar sobre los posibles cambios en sus carteras, y Bankia no respondió a las preguntas de este medio.

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