La dignidad se ha abierto paso en la legislatura ciénaga. Algunos han pretendido que se siguiera normalizando la corrupción en nuestro país pero hace tiempo que la ciudadanía ha pasado de pantalla: la impunidad no volverá a ser lo cotidiano en nuestra vida pública y política.

Durante las últimas semanas, hemos asistido a una ofensiva para intentar desprestigiar el instrumento más contundente del que disponen nuestros parlamentos para controlar al Ejecutivo. Y en estas, surgió una descomunal Irene Montero que sorprendió a todo el ejército de tertulianos, analistas y opinólogos de toda sensibilidad política.

El discurso de más de dos horas para presentar la moción de censura descolocó por completo al Partido Popular y dejó fuera de juego a Mariano Rajoy. La intervención de nuestra portavoz en el Congreso fue un repaso minucioso a toda la insostenible situación de corrupción en nuestras instituciones de gobierno, amenizado con un relato de país que servía de hilo conductor.

Uno de los mejores discursos que se han escuchado en sede parlamentaria y ante el cual Rajoy no pudo oponer ninguna respuesta de altura. La intervención precocinada no casaba con el tono ni el contenido del discurso de Montero. Sin embargo, la sorprendente primera intervención del presidente del Gobierno reveló dos cuestiones de máxima importancia:

(1) Rajoy, al tomar la palabra, elevó el perfil tanto de Irene Montero como del propio debate parlamentario sobre la moción de censura. De esta forma, la matriz erosiva de "circo, espectáculo" quedaba desactivada por el propio PP. Al ser el presidente el que interviene en tres ocasiones seguidas con Irene Montero, el debate dejaba de ser algo secundario para ser una preocupación de primer orden.

(2) Rajoy, al tomar la palabra, desautorizó a Cristina Cifuentes y la estrategia llevada a cabo por ésta en la Asamblea de Madrid. De esta forma, existía un reconocimiento implícito al triunfo cosechado por Podemos durante el transcurso del debate del pasado jueves 8 de junio.

El jueves pasado, Cifuentes se sentó en su escaño con una lección aprendida de la comisión de investigación: no transparentar el nerviosismo que estaba marcando todas y cada una de sus intervenciones desde que la UCO pidiera en dos informes su imputación en el marco de la operación Púnica. Un nerviosismo que dejaba entrever por primera vez una inseguridad en su posición de poder, un síntoma del que sabe que no ha sido siempre aquello que decía ser. Durante el transcurso del debate parlamentario, Cifuentes se escondió detrás de su teléfono móvil en una actitud burlona. Su sonrisa despreciativa se ha convertido en el símbolo del primer desafío que las fuerzas del cambio han opuesto al PP. A todos nos despertó el recuerdo de Aguirre: no sólo era el fondo, sino también las formas.

La superviviente Cifuentes –27 años en la Asamblea de Madrid– empieza a ser consciente del ocaso de su larga trayectoria al frente del PP de Comunidad de Madrid y de la emergencia de una alternativa capaz de asumir el reto de gobernar en favor de las mayorías.

Es importante poner de relieve que la Comunidad de Madrid ha sido un campo de pruebas para las políticas del expolio público del Partido Popular. Una joya de la corona donde el PP acumulaba su capital político –Madrid como símbolo de su modelo de España–, pero también y notablemente su capital económico –su modelo de saquear las arcas públicas, el dinero de todos, para un beneficio privado.

La 'parasitación' institucional de la Comunidad de Madrid fue la antesala de la 'parasitación' institucional del Estado. Las técnicas más sofisticadas para expropiar lo público y para presionar a la parte sana del Estado fueron testadas en nuestra Comunidad, para luego aplicarlas a gran escala en el gobierno del Estado.

Granados y González intervinieron desde la Comunidad de Madrid toda la estructura administrativa estatal. Desde el Gobierno de la región al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía Anticorrupción. El tronco y el epicentro del modelo de corrupción español se puso a prueba en la Comunidad de Madrid.

La privatización de la Sanidad jamás fue una apuesta estrictamente ideológica del PP, como tampoco lo fue su política de conciertos educativos. Ambas privatizaciones única y exclusivamente respondieron a la voracidad de los empresarios como Arturo Fernández de llevárselo crudo. Unos empresarios cuyo único sector de especialización económica era el propio Partido Popular de Madrid. Y unos políticos que, como Granados, se llevaban un millón de euros en mordidas por cada escuela concertada que se construía. Una región repartida entre las cúpulas de los empresarios amigos del PP y la propia cúpula del PP de Madrid.

Rajoy, por su lado, tendrá que ir a declarar a la Audiencia Nacional por la financiación ilegal de su partido. Absolutamente todos los resortes del declinante poder político del Gobierno de España están manchados por la corrupción. Normalizarlo es dañar nuestras instituciones. Normalizar esta forma de gobierno sería naturalizar a un estado depredador de lo público. Normalizar sería aceptar que en España puede romperse la separación de poderes y, por lo tanto, socavar los fundamentos del Estado de Derecho.

No existe ninguna situación equiparable a la que ocurre en España que pueda encontrarse en los países de nuestro entorno. No podemos imaginarnos que en Alemania, Portugal o Francia se permita que un presidente tenga que declarar ante los tribunales por la financiación ilegal de su partido y no ocurra absolutamente nada. Rajoy y el PP son un lastre para la imagen de España en Europa. No olvidemos que, por ejemplo, en Alemania se obligó a dimitir a su ministra de Educación Annette Schavan por el descubrimiento de que plagió su tesis doctoral. Aquellos que aman a su país ponen a la altura de su ciudadanía las exigencias en el buen gobierno de la nación.

Las dos mociones son dos mociones de futuro. Dos mociones de un país en marcha que no se resigna, que es valiente y que quiere un gobierno y unas instituciones a su altura. Dos mociones que han significado un grito de esperanza democrática en medio de un clima de cierre de filas en torno al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Hemos activado el cronómetro: cada vez queda menos para recuperar las instituciones de todos y para ponerlas al servicio de las mayorías sociales. Los dos triunfos en derrota –por la aritmética parlamentaria– de Rajoy y Cifuentes son la primera parada para la alternativa democrática. Vivimos el ocaso del reinado de la corrupción y empezamos a vislumbrar ya el nacimiento de un nuevo país democrático que se pone a sus espaldas la tarea de levantar todo aquello que derrumbaron.

Con 2019 y 2020 en el horizonte, a partir de esta moción toca dar certezas y garantías en un proyecto de país que desde el minuto 0 ya es capaz de cosechar victorias y progresos para el conjunto de las mayorías sociales. Nos queda por delante seguir sumando a más y más personas que creen sinceramente que un país mejor y más justo sigue siendo posible de construir entre todos y todas.