Un acontecimiento excepcional desde 1978 -la declaración de un presidente de un gobierno y un partido el pasado 26 de julio ante la Audiencia Nacional como testigo de un caso de corrupción- ha venido a revelar hasta qué punto ha llegado la investigación judicial sobre la corrupción sistémica que afecta a este régimen, pese a las constantes trabas que el PP ha ido poniendo por el camino.

Con todo, las reiteradas mentiras de Rajoy demostraron una vez más su persistente esfuerzo, como ocurrió en la Transición con los crímenes del franquismo, por dejar en el olvido la corrupción que se fue instalando en su partido a lo largo de las décadas pasadas, proporcionando enormes beneficios al bloque de poder que le sustenta y a sus propias campañas electorales.

Pese al esfuerzo desplegado, Rajoy no pudo ocultar el cinismo con que quiso aparentar su ignorancia de los gastos económicos de su partido, sus silencios a la hora de tener que explicar sus sms a Bárcenas, o la destrucción a martillazos de los discos duros en la sede del PP. Todo un cúmulo de mentiras que, con la ayuda del presidente del tribunal y de TVE, le permitieron salir adelante buscando el menor coste entre su propio electorado. Tiempo habrá para ver si será sometido a nuevas pruebas testificales en otros casos o si, por el contrario, la benevolencia de los jueces le eximirá de ese deber.

Casualmente, esa cita se producía pocos días después del dudoso suicidio de Miguel Blesa, viejo amigo de José María Aznar y conocido por su responsabilidad criminal como gran estafador durante su presidencia de Caja Madrid. Un suceso que se ha resuelto a una velocidad de vértigo y que viene a recordarnos que estamos en tiempos mafiosos en los que nunca se llegará a saber la verdad de lo ocurrido.

También, días antes comparecía ante una comisión parlamentaria el que fue presidente del Banco de España entre 2000 y 2006, Jaime Caruana. Éste, en una nueva exhibición de cinismo, volvería a negar cualquier responsabilidad por no haber hecho nada frente a la burbuja inmobiliaria durante su mandato, pese a las alertas que le llegaron de la propia inspección del banco.

La coincidencia en pocos días de estos hechos adversos para el PP se ha visto contrarrestada de nuevo por el recurso demagógico de Rajoy a la presentación de unos datos macroeconómicos de crecimiento y disminución del paro, especialmente en el sector de la hostelería y el turismo. Éstos no pueden esconder, sin embargo, el brutal aumento de la categoría de trabajadores empobrecidos, el encarecimiento de los alquileres o el constante deterioro de servicios clave como la sanidad y la educación. Por no mencionar el rescate de más de 4 mil millones de euros a autopistas en quiebra, o las nuevas recomendaciones hechas por el FMI de nuevas reformas laborales y contra el sistema público de pensiones.

Simultáneamente, comprobamos cómo la respuesta de Rajoy al anuncio del referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre en Catalunya continúa siendo la negativa a ofrecer cualquier propuesta alternativa mientras procede al desarrollo gradual de una estrategia de represión, con el apoyo del poder judicial y del Tribunal Constitucional, a medida que el Parlament catalán vaya aprobando sus propias leyes para la convocatoria formal de la consulta. Eso sí, todo esto ocurre una vez fracasada y desvelada la vía de la guerra sucia gracias a la amplia difusión (salvo en TVE) del documental Las cloacas de Interior sobre el escándalo de la operación Cataluña propiciada por el ministro Fernández Díaz.

Para completar este mes de julio no podríamos dejar pasar por alto la detención, entre otros, del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel Villar, acusado como principal responsable de una trama de corrupción que durante largos años se ha ido instalando en ese deporte rey. Queda así también afectado, una vez perdido, por fin, su estatus privilegiado ante los jueces, el mejor reclamo con que han contado hasta ahora el nacionalismo español y la Marca España. Ya veremos hasta dónde llega esta investigación porque es bien sabida la estrecha relación entre el mundo del fútbol y el de los grandes negocios inmobiliarios y de la construcción que se ha ido tejiendo a lo largo de décadas.

¿Crisis de gobernabilidad o crisis de régimen?

La sola mención a este conjunto de hechos recientes debería bastar para recordarnos que la crisis de régimen, pese al momento de relativa desmovilización y bloqueo institucional en que nos encontramos, sigue abierta. Porque esa crisis no es sólo de representación política: ésta es en realidad el resultado derivado del estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria y, con ella, del fin de un largo periodo del relativo y menguante pacto social en el que se había apoyado el régimen, ya inserto en la UE, para garantizar cierto grado de legitimación social, especialmente entre las autodenominadas clases medias. Mayo de 2010, con el giro austeritario de Rodríguez Zapatero, marcó ese punto de inflexión que encontraría su respuesta en el 15 de mayo de 2011 como catalizador de la indignación frente a la frustración de expectativas que entonces se cerraron.

Es cierto que desde entonces el 15M como ciclo de protesta llegó a su techo hace ya tiempo, pero la fractura social y la fractura política, agravadas con la creciente percepción del carácter sistémico de la corrupción que con aquél ya no pudo ocultarse, no han dejado de profundizarse durante todos estos años. Ambas tuvieron su reflejo en la crisis del bipartidismo imperfecto (incluida Convergència i Uniò), pese a que Unid@s Podemos no logró alcanzar el peso electoral suficiente para poder echar al PP y acabar con las políticas que durante largo tiempo ha compartido con el PSOE.

La fractura nacional-territorial que significa el apoyo de una mayoría de la sociedad catalana a un referéndum de autodeterminación va más lejos aún, ya que es la soberanía estatal española la que está en cuestión. Es aquí sin duda donde el régimen, basado en la unidad de España como dogma de la Inmaculada Constitución, se muestra incapaz de ofrecer una solución democrática y, por tanto, donde la ventana de oportunidad para abrir una grieta profunda en uno de sus pilares fundamentales se nos ofrece como la más inmediata.

Un triunfo del PP en esta prueba de fuerzas redundaría en un avance significativo, esta vez sí, hacia un cierre de su crisis mediante una recentralización y un mayor autoritarismo. Por eso, al margen de la oportunidad o no del momento elegido o de la afinidad o no con unas u otras fuerzas dentro del procés, la mayoría de las gentes que se consideren demócratas no pueden ser indiferentes o equidistantes entre un nacionalismo español excluyente presidido por Rajoy, por un lado, y una pluralidad de fuerzas sociales y políticas que reclaman poder decidir votando si quieren o no una República catalana, por otro. El miedo de la gran patronal catalana de Foment a esta prueba de fuerzas –acusando de forma conscientemente exagerada a los promotores del referéndum de promover un golpe de Estado jurídico– debería llamar a la reflexión a algunas gentes de izquierda que siguen insistiendo en que se trata de una iniciativa protagonizada por la burguesía catalana como excusapara no apoyarla.

Por toda esta conjunción de factores sería un error considerar que hemos pasado de una etapa de crisis de régimen a otra de simple crisis de gobernabilidad o de representación política. Lamentablemente, esto último es lo que parecen defender la nueva dirección del PSOE e incluso algunos sectores de Podemos, queriendo así dejar en segundo plano las necesarias respuestas programáticas a las fracturas antes mencionadas para limitarse simplemente a moverse dentro de los estrechos márgenes de este régimen y de la Unión Europea.

Podemos y el PSOE: entre Corbyn y Macron

En ese sentido parece ir el giro adoptado por la dirección de Podemos en Castilla-La Mancha, la cual ha pasado en un corto lapso de tiempo de su oposición inicial a los Presupuestos del gobierno regional a la disposición a formar parte del mismo en condiciones de minoría absoluta. Es cierto que la decisión ha sido ratificada en la consulta que mediante una pregunta trampa se ha hecho en esa Comunidad, pero eso no impide mostrar nuestra desconfianza frente a ese acuerdo y, sobre todo, ante la voluntad de la dirección estatal de Podemos de extender esta experiencia a otras Comunidades Autónomas e incluso a escala estatal .

Más allá de si este giro supone un cambio radical respecto a lo aprobado en Vistalegre II, el problema está en que esta opción táctica tiene unas implicaciones estratégicas graves. Porque, repetimos una vez más, si Podemos nació para echar a la casta, a la oligarquía (o, en su última versión, a la trama político-económica) que nos gobierna, no cabe pensar que esto sea posible bajo la hegemonía de un PSOE que, pese a la voluntad expresada por la mayoría de su militancia en las últimas primarias, no ha dejado de formar parte del régimen y, además, es presidido en Castilla-La Mancha por alguien estrechamente vinculado a la vieja élite corrupta de ese partido.

Esto no significa negar la necesidad de responder a la voluntad mayoritaria en la sociedad española de echar a Rajoy y a su partido de Moncloa y de las instituciones y, por tanto, el esfuerzo por construir una alternativa de gobierno. Pero no podemos obviar que eso sólo se podrá lograr con una relación de fuerzas superior a la actual, no sólo frente a la trama sino también ante un PSOE que no ha roto los lazos con ella. Es la nueva dirección de este partido la que tiene que elegir entre Corbyn y Macron: o sea, entre un giro efectivamente a la izquierda asumiendo un programa antiausteritario sin complejos y defensor del derecho de Catalunya a decidir su futuro y, por el contrario, una opción meramente modernizadora y, en el mejor de los casos, social-liberal y tímidamente federalista.

Buscar atajos institucionales en nombre de la urgencia de echar a Rajoy o de impedir gobernar al PP, como en el pasado ocurrió frente a los gobiernos de Aznar, conduciría a repetir experiencias frustradas viejas y recientes de gobiernos de coalición, como la vivida en Andalucía por Izquierda Unida. Mejor sería sacar lecciones del pasado –y del presente en algunos ayuntamientos emblemáticos- para no repetirlo como farsa. Mientras tanto, desde la centralidad que debería tener la participación en las luchas y conflictos que van a desarrollarse en esta nueva fase, hay fórmulas tácticas, como las adoptadas hasta ahora de apoyo a la investidura ante gobiernos autonómicos presididos por el PSOE, que permiten a Podemos conciliar la voluntad unitaria de echar al PP con la preservación de su firme disposición a ir más allá de una mera “regeneración” del régimen manteniendo el impulso destituyente y constituyente con el que nació Podemos. Ésa debería ser la mejor forma de prepararse política y organizativamente ante el nuevo ciclo electoral que se anuncia a partir de mayo de 2018 con voluntad efectiva de ganar en todos los terrenos.

Otro recorrido, el que conduciría a pasar en tan corto tiempo de la guerra relámpago a una mera disputa por la credibilidad como partido dispuesto a gestionar mejor las instituciones del régimen, correría el riesgo de conducir de la ilusión por el cambio a una frustración difícilmente reversible ante lo que acabaría siendo un recambio de élites. De darse ese tránsito, pronto veríamos también la conversión de Podemos en otro partido más del sistema, definitivamente burocratizado y profesionalizado.

Jaime Pastor es profesor de Ciencia Política de la UNED y editor de viento sur

Para una polémica más centrada en esta cuestión: Manolo Garí, “De la casta al gobernismo, de la cal viva al gobierno alternativo”, viento sur, 23/07/2017, www.vientosur.info/spip.php?article12838

(Visited 7 times, 1 visits today)