"Siempre he creído en el poder compensador de la escuela, pero se está perdiendo", comenta Esther Estebaranz, maestra de 58 años del colegio madrileño Bravo Murillo. "Estamos creando colegios gueto", añade Estefanía Martín, de 60 años y profesora del Camilo José Cela, en el que también dan clase las otras dos docentes presentes. Creen que los años "magníficos" en los que la pública elevó su nivel ya pasaron y que ahora se está clasificando a los niños en diferentes colegios en función de los ingresos de sus familias y de su clase social. "Trato de pelear contra eso cada día, pero siento que estoy frente a un muro", añade Estebaranz.

Los datos les dan la razón. En los últimos años, la Comisión Europea y la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la llamada segregación escolar —separación de los niños en diferentes escuelas según su perfil socioeconómico—, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país. Nueve de cada diez son públicos, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid.

La "falta de regulación" sobre la concertada y el pago de cuotas por parte de las familias son para estas cuatro profesoras dos de los puntos débiles del sistema. "El problema del colegio concertado es el segundo apellido: sostenido con fondos públicos. Tuvo sentido en los ochenta, cuando la escuela pública no podía asumir tanto alumno y el Estado no podía construir a esa velocidad, pero hoy ya no está justificado", analiza Estebaranz.

"La concertada es una trampa porque, en teoría, se rigen por las mismas normas que nosotros, pero en la práctica eso es mentira. Ellos eligen a su alumnado", indica Beatriz Flores, maestra de 41 años. Critican también la forma en la que los concertados escogen al profesorado: "No pasan los mismos controles que nosotros", "su contratación depende de quién les recomiende", "o de si son amigos del director", comentan. "Cobran menos", añade otra. Eso sí, tienen claro que ellas ganan en libertad de cátedra.

Sobre las propuestas de Educación que los partidos llevan en sus programas electorales, les preocupa la del PP de extender el modelo de escuela bilingüe en inglés —puesto en marcha en Madrid en 2004— a otras autonomías. "Están jugando con la opinión pública porque las familias no conocen las desventajas de ese sistema y están engañadas", apunta Flores. Critican que no se haya hecho una evaluación "seria" del modelo, de cómo influye en el rendimiento de los niños. Creen que explicar asignaturas como sociales y naturales en inglés no es pedagógico. "La polinización, la fotosíntesis… son procesos complejos que al final los niños no entienden bien y sus familias acaban comprando libros de texto en español para explicárselo en casa", asegura Mercedes Montava.

La religión copa parte del debate. No están de acuerdo con que los colegios tengan que ofrecerla de forma obligatoria cuando España es "un país aconfesional". "Tiene las mismas horas que música o plástica, materias que nos permiten trabajar la creatividad del alumno", denuncia Estefanía Martín. Celebran que, en su nuevo proyecto de ley educativa, el PSOE se "haya atrevido" a modificar la LOMCE para que la materia ya no compute en la media de selectividad (EVAU) para el acceso a la universidad, pero creen que hace falta "más valor" por parte de los partidos de izquierdas para sacar la religión del currículum académico.

Les cuesta cambiar de tema. "Es la primera vez que me preguntan sobre la radiografía de la escuela, es importante que nos escuchen", sostiene Estebaranz. Al residir en Madrid, sale a colación la vivienda. Sienten que les han arrebatado su ciudad, que en España las Administraciones "solo dan importancia al sector servicios" y por eso permiten la gentrificación de los barrios. Les preocupa su futuro, su jubilación y el precio de las residencias. No quieren depender de sus hijos y esperan que en unos años se regulen las viviendas cooperativas para la tercera edad, con atención sanitaria incluida. "Todo esto requiere que paguemos más impuestos, pero a ver qué candidato se atreve a anunciarlo", sostiene Estebaranz. Están hartas de que el foco político sea el procés de Cataluña, un tema que “está poniendo en jaque al Estado". "Pero ¿qué pasa con los demás? También estamos aquí, ¿han oído?", cierra Montava.