Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Hoy miércoles, Layda Negrete hablaría ante expertos de seguridad de todo el mundo sobre la justicia mexicana. Pero en vez de eso, deberá enfrentar su propia defensa: La quieren condenar por “daño moral”, junto con su esposo, por haber realizado Presunto Culpable, el documental que mostró cómo a un ciudadano inocente puede caerle todo el peso de la justicia hasta aplastarlo, y condenarlo sin deber nada.

Layda llevaría a los más altos tribunales del mundo una problemática de alto impacto: detectó que las encuestas del INEGI no reflejan la realidad sobre la justicia nacional porque las preguntas sobre victimización, que fueron incluidas en el cuestionario de 2012, acabaron siendo rasuradas, manipuladas o simplemente se hicieron sesgadas.

Una tarde, antes de la audiencia en el juzgado 17 en Niños Héroes, Distrito Federal, el matrimonio estaba en un café de la colonia Condesa picando gajos de toronja un vaso de plástico cuando recordaron que llevaban dos años desde que las autoridades del Tribunal de Justicia local se enfadaron por la producción del documental. Ella recordó una máxima que existe entre abogado, que dice: “Nunca hagas enojar al juez”.

El caso vino a cuento porque acababan de mandar un oficio para que les dejen grabar sus audiencias, pues desde que empezó el pleito legal fueron obligados a deshacerse de sus cámaras dentro de las salas de justicia. No pueden grabar nada sobre su proceso. Aseguran que los mismos vicios que se cometieron en el caso de Antonio Zuñiga, protagonista de Presunto Culpable, son los que ahora enfrentan.

Esa tarde sonó el celular de su esposo. Roberto Hernández, quien afronta el caso con sentido del humor, se levantó de la mesa para tomar la llamada. Al quedarse sola unos minutos, Layda comenzó a flaquear. Dijo que admiraba mucho “la valentía a Toño porque el día de la sentencia le preguntaron: ‘¿En verdad quieres que haya cámaras este día tan importante para ti? Podemos hacer enojar al juez’. Toño contestó: ‘Por tener miedo estoy aquí’. Dijo que sí y cuando el juez lo declaró culpable, él volteó a mirarnos y levantó el dedo gordo de la mano en señal de: ‘Tenemos la historia de principio a fin’. Quizá no reparó en el momento, pero luego dio vuelta y se quebró”.

Fue cuando toda la tensión almacenada y reprimida escapó con sollozos en Layda. Hacía tiempo que no lloraba. Por eso, al volver a la mesa y ver a su mujer secándose las lagrimas, Roberto preguntó extrañado y con cierto tono de broma que qué le habían hecho a su mujer en ese instante, cuando la dejó sola.

LA CARRERA

Estos abogados llevan 12 años estudiando juntos la justicia mexicana. Tienen dos niñas de 11 y nueve años, que han tenido que ser cuidadas por la abuela o las tías. Estudian un doctorado en la Universidad de California, pero los últimos meses de la carrera se ha visto atropellada: han tenido que quedarse en México por los citatorios repentinos del Tribunal Superior de Justicia del DF.

Un amigo le ofreció a Hernández un dirección en un organismo de derechos humanos, pero él, aunque todavía no sabía cómo, declinó a la propuesta porque estaba empeñado en hacer un film que desnudara la irracionalidad en la impartición de justicia y cómo se llenan las cárceles en la Ciudad de México. Nunca pensó que el suplició lo vivirían en carne propia, más adelante, su esposa y él.

Ahora están sentados en el banquillo de acusados, como presuntos culpables, por el mismo sistema de justicia que denunciaron. Este miércoles llegará un testigo que los demandó a carearse frente a frente por utilizar su imagen en el documental sin autorización.

La misma demanda derivó en otras 16 emitidas en juzgados contra Hernández y Negrete, a quienes el Policía Judicial exige casi 3 mil millones de pesos para reparación del daño.

Con la liberación de Antonio Zuñiga del Reclusorio Oriente a raíz de Presunto Culpable, José Manuel Ortega, el policía judicial que fue evidenciado en el documental demandó a los productores.

Édgar Elías Azar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ya habló sobre el caso. Dijo que los jueces “no están solos”. Y respaldó el trabajo que en los últimos seis años realizó el juez Héctor Palomares en el juzgado 26 penal, quien sentenció a Zuñiga siendo que era inocente.

“Cuestionamientos los vamos a tener. Se presenta una película editada, mutilada, manipulada. Esta película no corresponde a la realidad”, dijo durante una conferencia el día que justificó por qué ratificaron al impartidor de justicia que aparece en la cinta. La firme determinación ocurrió después de una reunión del Comité de Ética del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó esa vez que Presunto culpable pudo ser filmada porque las audiencias son públicas. Pero ahora que Negrete y Hernández enfrentan la suya no ha ocurrido así: les han negado el acceso de las cámaras y de acuerdo con los productores aunque el proceso apenas se está desahogando el trato que reciben por parte de la juez es de culpables.

La juez Ivonne Jauffred dijo que “manipularon a su manera” la impartición de justicia.

–¿Y por qué no podemos grabar las audiencias? –cuestionó Negrete.

–Porque es la costumbre.

En los interrogatorios, los abogados también han sido cautelosos.

–¿Usted participó en Presunto Culpable?

–¿Qué significa participar? –respondió Negrete.

–¿No es abogada? Se está haciendo guaje.

–Le pido respeto, por favor.

También a Hernández le ha tocado su parte.

–Usted pidió permiso para grabar las audiencias de Zuñiga con fines académicos.

–De pedagogía pública.

–Pues se excedieron.

Así es como se han conducido las audiencias, de acuerdo con la versión dada a conocer por los mismos productores.

LA DEMANDA

Hernández afirma que el documental continúa poniendo espejos al sistema de justicia mexicano. Los procesos llevan a cabo mediante métodos precarios, “casi medievales”.

“En las audiencias aún se siguen tomando dictado, mecanografiados, cuando en otros países eso ya no se usa”.

Si bien su juicio no se trata de justicia penal sino civil, tanto Negrete como Hernández y todos los que participaron en la distribución y exhibición del documental –como Cinépolis, Cinemex, Televisa, entre otros– son demandados por el policía judicial, el testigo y la familia del difunto.

El argumento es que utilizaron sin autorización su imagen y que ello ha afectado su honor y su reputación.

Cuando se estrenó el film, todo parecía ir bien. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos le otorgó el premio Emmy como el mejor trabajo de investigación periodística del año, hasta que apareció la juez federal Blanca Lobo, quien otorgó un amparo a favor de Víctor Reyes Bravo para que la cinta dejara de exhibirse porque su imagen aparecía sin autorización.

“Ese fue el primer intento de censura”, recordó Roberto Hernández, y a partir de allí comenzaron a aparecer una serie de demandas de otras personas que aparecían en la película, acusándolos de daño moral.

“Hasta el judicial nos demandó porque alguien lo vio en un restaurante y dijo ‘ese es el judicial de Presunto Culpable’. El señor pide 600 millones para reparar el daño”, dijo Hernández, quien parece gozar de un magnetismo especial para los casos de justicia.

Hace unos días caminaba por Bellas Artes cuando vio como un par de policías forcejeaba con un hombre en los jardines para llevárselo al Ministerio Público. Sacó su teléfono y empezó a grabar, pero otro policía fue por él y le dijo:

–¿No sabe que está prohibido grabar?

–No sabía que estaba prohibido grabar.

Lo mismo le ha pasado en otros países por los que ha viajado: en Suiza y en Alemania ha grabado casos y hasta ha entrado a los juzgados para registrar la historia, pero aquí, esa vez, lo querían remitir al Ministerio Público supuestamente por molestar a la autoridad.

Hoy, los dos abogados darán la cara una vez más por su “atrevimiento”. Deberán comparecer, en lo que parece ser una secuela cinematográfica de Presunto Culpable.