La decisión de no usar el avión presidencial y haberlo enviado a un hangar en California le costó a los mexicanos alrededor de 617.5 millones de pesos, no 30 millones como reconocen en la 4T.

Es el resultado de la suma de los gastos de financiamiento, guardia y custodia, pero sobre todo por la pérdida de valor del Boeing 787 Dreamliner conocido como José María Morelos.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Defensa, que comanda Crescencio Sandoval, con 4.8 por ciento más de inversión para operación del avión, se hubiera dispuesto de una aeronave segura.

Un aparato seguro para el traslado de Andrés Manuel López Obrador y su comitiva a las giras que realiza por el país, en las que la aeronave es capaz de operar.

A este análisis habría que sumarle lo que el gobierno gasta actualmente en compra de boletos en aerolíneas comerciales y algunos intangibles, como tener al presidente sujeto a horarios.

Itinerarios de las aerolíneas comerciales, amén de la seguridad de los ciudadanos que comparten la aeronave con él en este tipo de operaciones, la conectividad con su gabinete, etcétera.

El Dreamliner fue comprado en el año 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón. Tocó a José Antonio Meade como secretario de Hacienda supervisar la operación de adquisición.

El entonces gobierno se montó en las negociaciones que Aeroméxico, de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, realizaba con la Boeing para ampliar su propia flota.

Paradójicamente Calderón no lo utilizó: el TP-01 empezó a surcar los cielos hasta 2016, en la administración de Enrique Peña Nieto, presidente que sí le daría un uso pleno a la moderna aeronave.

El avión se compró sin interiores en 128 millones de dólares y acondicionarlo para un jefe de Estado implicó un desembolso de otros 90 millones. Es decir, terminó costando 218 millones de dólares.

En pesos el José María Morelos significó una erogación de 2 mil 900 millones, cifra que se escaló hasta 4 mil 557 millones por el costo total de su financiamiento, vía Banobras.

A diciembre de 2019 se había pagado un total de mil 833 millones de pesos, incluyendo intereses. Faltan 2 mil 724 millones más de aquí a 2027, que es cuando termina el arrendamiento.

Al arribar a la Presidencia la 4T solicitó un nuevo avalúo a la ONU que arrojó un valor ya depreciado de aproximadamente 130 millones de dólares, o 2 mil 470 millones de pesos.

Ilustraciones de Nelly Vega

Los datos que ahora manejan las huestes de Sandoval, son que el costo del financiamiento del Dreamliner es de 5 mil 400 millones de pesos, de los que dicen que se han ejercido 2 mil 128 millones.

Según sus números, en este 2020 se tendrían que pagar 446 millones de pesos, en 2021 unos 445 millones, en 2022 otros 443 millones y entre 2023 y 2027 un total de mil 936 millones.

Obviamente la 4T no va pagar nada, pues ninguna de esas métricas están etiquetadas. Banobras, que ahora dirige Jorge Mendoza, terminará rematándolo.

EL PROCESO QUE va viento en popa es la venta de AHMSA, que dirige Luis Zamudio. Fue en la última semana de septiembre pasado cuando informamos que Techint, de Paolo Rocca, había arrancado un segundo intento para quedarse con la acerera de Monclova. El primero fue en 2005. Alonso Ancira y Xavier Autrey contrataron entonces a Vector, de Alfonso Romo, como agente financiero. Catorce años después es Jeffries el banco de inversión. Le puedo adelantar que la intención es cerrar la compra a mediados de febrero. Aunque hay otros interesados, la más adelantada es la controladora de Ternium.

Y SI LE decíamos que AHMSA podía ser la primera empresa mexicana que cambie de manos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya puede ir apuntando a Interjet como la segunda gran operación de negocios que se dará bajo el sello de la cuarta transformación. Las huestes de Miguel Alemán Velasco empezaron a explorar no tanto una desinversión, sino una fusión. Le informo que el asesor es ADS, la banca de inversión de Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer. No pierda de vista al último. Es hermano del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

AEROMÉXICO NEGOCIA CON el sindicato de pilotos modificar una cláusula del contrato colectivo de su filial regional Connect, para traer aviones de más de 99 asientos. Le decía hace unos días que la estrategia de su socio Delta Airlines es dar la batalla en el mercado doméstico con aviones de más capacidad, sobre todo ahora que Volaris, la de Enrique Beltranena, tomó ventaja. El equipo de Andrés Conesa va a sustituir su flota de Embraer y no se descarta voltear a ver los Airbus A220, para 126 personas, si es que Boeing no soluciona el caso del 737 Max. Este y el 737 NG tienen capacidad para 145.

EL IMSS, ISSSTE y Hacienda están convocando a laboratorios que poseen medicamentos de patente. Tras la primera tanda de compras consolidadas, que solo abarcó 63 por ciento de lo presupuestado, los fármacos innovadores vienen en una segunda tanda. Son para VIH, cáncer, hepatitis C, artritis reumatoide, diabetes y escleorosis múltiple. Estamos hablando de otras 120 claves por un valor de unos 15 mil millones de pesos. De los emplazados apunte a Novartis de Ana Longoria, Roché de Andrés Bruzual, MSD de Christian Holmer, Abbvie de John Guerrero, Amgen de Martín Cao, entre otros.

A PROPÓSITO DE medicinas, fueron 900 millones de pesos los que pagó el ISSSTE en diciembre a Maypo. Prácticamente el último día hábil del año pasado los pupilos de Luis Antonio Ramírez sacaron la chequera y liquidaron al distribuidor de Carlos Arenas todo lo que debían de 2018 y buena parte de 2019. Quedó solo un remanente de 400 millones. Otros que también vieron la luz, aunque les siguen debiendo una fortuna, fueron a los de Fármacos Especializados. A los muchachos de Francisco Pérez Fayad les pagaron alrededor de otros 600 millones. A ambos grupos los vetó López Obrador.

JOSÉ LUIS QUINTANA, flamante coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, se hizo de la vista gorda en la modificación de las bases de la licitación internacional LA-050GYR006-E564-2019, para la compra de consumibles en la delegación Puebla. Y fue a tal grado para que coincidieran con la marca Brother que ofertó el distribuidor Todo en Toner. Pero el mayor absurdo es que la delegación a cargo de José de Jesús González puntualizó que no era necesario entregar equipos nuevos para 2020, aunque los precios de la empresa ganadora estén por encima de los de mercado.

AL FINAL GOBERNACIÓN, que encabeza Olga Sánchez Cordero, mató el deseo de la CIRT, que lidera José Luis Rodríguez, de reducir los tiempos oficiales. ¿Se acuerda que en noviembre, en la última comida con los radiodifusores el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a estudiar esa vieja petición del gremio? La idea era recortarlos 40 por ciento. La respuesta fue “no”. Todo se queda como está. Los concesionarios ceden 48 minutos diarios, o sea: mil 600, entre públicos y privados, que equivalen a 76 mil 800 minutos por día. Estamos hablando de mil 280 horas diarias.