La Asociación de Ingenieros de Alimentos del Uruguay (Aialu) elaboró un informe en el que cuestiona varios aspectos del proyecto sobre etiquetado que prepara el Poder Ejecutivo. A su vez, la industria de alimentos pidió una reunión al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, con el fin de plantear que se postergue el decreto dijeron fuentes del sector a El Observador.

El texto, al que sólo le falta la firma del presidente Tabaré Vázquez, propone marcar con un octógono negro con letras blancas en su parte frontal a aquellos alimentos procesados que superen ciertos niveles de azúcares, grasas, grasas saturadas y sal, en relación a la cantidad de calorías en términos absolutos del producto.





En la asociación argumentan que si bien comparten la preocupación de las autoridades por el incremento de la obesidad y la incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación , cualquier tipo de política pública que se implemente debe estar sustentada en evidencia científica.





"El documento tiene algunos errores conceptuales que no se basan en lo que la ciencia ha comprobado. Si bien el proyecto de decreto vincula correctamente el consumo de ciertos nutrientes perjudiciales con la obesidad y enfermedades crónicas, da a entender que dicha relación es exclusiva de los alimentos procesados. El organismo no tiene forma de diferenciar si esos nutrientes provienen de un alimento procesado o de uno sin procesar; el perjuicio es el mismo", señala el informe.





En esta línea, la secretaria de Aialu, Alejandra Medrano, explicó que es igualmente perjudicial el azúcar de la miel que está presente de por sí en el producto (80%, y que no estará etiquetado) que el de una mermelada (que ronda el 60% y estará etiquetada). Señaló que la norma excluye los alimentos que, por su naturaleza, ya tienen esos nutrientes, pero incluye a aquellos en los que el ingrediente es agregado durante el proceso.





Señaló además que algunas enfermedades que preocupan al gobierno no son exclusivamente provocadas por la alimentación, ya que inciden factores relacionados al creciente sedentarismo de la población.





La asociación también cuestiona la eficacia del modelo que el gobierno quiere aplicar para cumplir con los objetivos planteados. En este sentido, se señala que el decreto no estimula la reformulación de productos, fundamentalmente porque se establece en base calórica en lugar de en relación al peso (gramos), como se hizo en Chile. "Un fabricante podría, con objeto de eliminar una etiqueta de exceso en sodio o azúcar, usar la estrategia de incorporar calorías al alimento, lo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista nutricional", dice el documento.





Según explicó Medrano, eso puede provocar que cuando un fabricante intente mejorar un alimento, disminuyendo la grasa y la calorías en general, se le aplique etiquetas porque la proporción de los otros nutrientes aumentaran en proporción a las calorías totales (al bajar en azúcar, aumenta la proporción de grasa).





Otra de las preocupaciones que plantean los ingenieros refiere a la respuesta del consumidor. Aunque se reconoce que el sistema es bien valorado e influirá en la decisión de compra y de consumo de la población, según encuestas que se han hecho, "el sistema propuesto ignora las ventajas nutricionales que suponen muchos alimentos y eso puede generar que, al cambiar un producto por otro sin etiqueta, se pierdan aportes de micronutrientes".





"Un niño puede dejar de tomar, por efecto de la etiqueta en azúcar, un jugo de naranja levemente azucarado y comenzar a tomar en su desayuno una bebida edulcorada artificialmente. Aunque esta bebida no tendría etiquetas, no le aportaría desde el punto de vista nutricional y de ciertas vitaminas lo mismo que la anterior bebida", explicó Medrano.



