En 2015, Monsanto gastó al menos 4,3 millones de dólares en presionar al Gobierno de Estados Unidos para que legislara de forma beneficiosa a sus productos. En la Unión Europea, la corporación de la agroindustria gastó al menos 1,8 millones de euros. Pero, ¿en qué consisten las distintas estrategias que pone en marcha el gigante de los transgénicos para conseguir lo que quiere?

Corporate Europe ha desgranado en un informe titulado Monsanto lobbying: an attack on us, our planet and democracy cómo son las técnicas de presión de esta compañía.

“El ‘lobbying’ de Monsanto, en gran medida tiene lugar a través de asociaciones de lobbies organizadas a nivel global, regional o nacional”, explica el informe de Corporate Europe. Monsanto participa en grupos dedicados, principalmente, a la química, pesticidas, biotecnología y semillas, que coordinan sus actividades de presión y mensajes en pro de unos intereses comunes.

Entre otros, Monsanto forma parte de Croplife International, que auna los sectores de biotecnología y pesticidas y en cuya lista de miembros figuran las grandes compañías del agronegocio –Monsanto, Bayer, BASF, Dow/Dupont, Syngenta, etc– y asociaciones regionales de biotecnología y pesticidas. En la Unión Europea, está presente en la European Seed Association (ESA), el European Crop Protection Association (ECPA) y EuropaBio.

Los intereses de Monsanto también son defendidos por las asociaciones del sector químico. En Estados Unidos, a través de la American Chemistry Council (ACC). En la Unión Europea, con la European Chemistry Industry Council (CEFIC) el mayor grupo de presión en la Unión, con cerca de 135 personas en plantilla.

El informe de Corporate Europe señala que los gastos en lobby de Monsanto fueron de al menos 4,3 millones de dólares sólo en Estados Unidos en 2015, de los que más de 860.000 dólares van dirigidos a la Biotechnology Industry Organization (BIO) y cerca de 880.000 dólares se dividen entre CropLife International y CropLife America. También cifra en 662.000 dólares las donaciones de Monsanto en campañas electorales, de la que la mayor parte fueron para candidatos republicanos de Estados con plantaciones de soja y maíz.

En la Unión Europea, Corporate Europe cifra en 1,8 millones de euros el monto destinado por Monsanto para hacer lobby, pero advierten que esa cifra es sólo una parte, ya que no incluye los salarios de abogados que contrate la multinacional, ni los estudios pagados a determinados científicos ni las campañas de relaciones públicas.

Las herramientas para hacer presión

Las puertas giratorias son usuales en todos los países, pero aún más en Estados Unidos. Según el estudio de Corporate Europe, citando datos del Centro de Responsabilidad Política, más de la mitad de los lobistas de CropLife en el curso 2013/2014 habían tenido previamente cargos en el gobierno.

En el caso concreto de Monsanto, 37 de sus 48 lobistas en el curso 2015/2016 trabajaron antes para el gobierno. El informe cita como caso emblemático a Michael Taylor, que ha pasado de estar pagado por la corporación a tener un cargo en el gobierno hasta cuatro veces. Tras su paso por la US Food and Drug Administration (FDA) pasó a ser abogado de la corporación. Volvió a la FDA en 1991 y después al Departamento de Agricultura de EStados Unidos, donde tomaba decisiones en torno a la regulñación de los transgénicos. Volvió a la plantilla de Monsanto en 2000, y la Administración Obama, diez años después, le volvió a fichar como asesor del FDA.

Otra herramienta, cuando la corporación no consigue lo que quiere, es impulsar una alternativa amistosa con la industria. Fue lo que pasó en 2007, cuando Obama prometió el etiquetado de los alimentos transgénicos. Monsanto forzó la aprobación en 2016 de una ley federal en el que la información sobre transgénicos en las etiquetas iría camuflada como un código de barras.

Utilizar al propio gobierno como lobbysta es otra acción habitual de Monsanto. Documentos hechos públicos por Wikileaks mostraban en 2013 cómo el Gobierno de Estados Unidos fue particularmente activo defendiendo internacionalmente los intereses de Monsanto. Los documentos probaban que las embajadas estadounidenses en Argentina, Alemania o España, entre otros países, promocionaron los productos de esta compañía.

Otra de las herramientas es utilizar a lobbystas no reconocidos como tales. En 1995, Monsanto contrató a la compañía Schuttelaar and Partners, del activista ambiental Marcel Schttelaar, que difundió el mensaje de que el uso de los pesticidas RoundupReady, de la firma Monsanto, provocarían una reducción del uso de pesticidas en general.

También la celebración de eventos, como el ‘GM food Tasting’, al que fueron invitados miembros del Parlamento Europeo en 2010 y la creación de plataformas de apoyo a sus productos, como las creadas en África para promocionar los transgénicos, muchas de ellas financiadas por la Bill and Melinda Gates Foundation, que a su vez posee acciones en Monsanto.

Monsanto también ha apostado por pagar a determinados científicos para difundir su mensaje. El informe de Corporate Europe señala los contratos de la empresa con científicos de diferentes universidades de Estados Unidos.

Por último, Corporate Europe cita el TTIP y el CETA como las “armas definitivas”, en cuya confección están participando grupos de lobbystas de la agroindustria, entre otros.