El aumento de población jubilada y la caída de la natalidad exigen cada vez más al modelo actual de pensiones, que traslada la presión a quienes lo financian: trabajadores y empresas. En veinte años, habrá dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años.

Una mayor esperanza de vida, la caída de la natalidad y la destrucción de empleo durante la última crisis económica han dejado al descubierto las debilidades del modelo español de pensiones, en el que las cotizaciones de la población empleada financian la pensión mensual de los jubilados o de quienes se encuentra en situación de incapacidad o viudedad. El sistema, de reparto, se basa en la solidaridad intergeneracional (no guarda en una cuenta individual las aportaciones de cada trabajador) y en teoría es autosuficiente para costear las pensiones de quienes hayan cotizado al menos 15 años durante su vida laboral.

Sobre ese diseño, la solvencia depende del equilibrio entre los ingresos generados por la población en edad laboral y el gasto en prestaciones, un engranaje en el que la demografía es clave. Desde 2011, los números no salen: las cotizaciones no cubren el pago de las pensiones. La factura crece mes a mes por el aumento del número de jubilados, que además tienen derecho a una cuantía media cada vez más alta: los presupuestos generales del Estado destinan ya cuatro de cada diez euros a esta partida, según las últimas cuentas aprobadas en 2018.

Una medida del envejecimiento de una sociedad es la cantidad de personas en edad de jubilación en relación a otros grupos de la población. Un análisis del Deutsche Bank (a partir de datos de la ONU) conocido en febrero anunciaba que, por primera vez, en el mundo hay más habitantes mayores de 65 años que niños menores de cinco.

El dato, que puede causar alarma, encierra distintas realidades como la caída de la mortalidad infantil -nacidos que sobreviven más de cinco años-, sobre todo en las regiones con ingresos más bajos, o las mejoras sociales y económicas que han supuesto un aumento de la calidad y del tiempo de vida.

El 74% de las mujeres desean al menos dos hijos Casi la mitad (47,28%) de las mujeres entre 18 y 55 años residentes en España desearían tener al menos dos hijos y otro 26,34% tres o más, según los datos de la Encuesta de Fecundidad de 2018 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada esta semana. El porcentaje total es muy similar al de hombres (70%). De los 2,5 millones de mujeres que ya son madres y querrían tener más hijos, el 44% cita razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral como los motivos más importantes, los mismos que alegan otras 947.000 que todavía no han tenido descendencia.

Al igual que el resto de países desarrollados, España envejece, pero el proceso será más intenso. Mientras que en la mayoría de economías similares a la española la generación del baby boom (nacida entre 1946-65) ya ha comenzado su retiro, aquí el estallido de nacimientos arrancó una década más tarde y alcanzó su punto álgido a mediados de los setenta, por lo que los efectos se notarán a partir de 2025-27. Además, la tasa de fecundidad es de 1,31 hijos nacidos vivos por mujer (llega a 1,7 en las extranjeras residentes en España), una de las más bajas del mundo y lejos del 2,1 de reemplazo generacional necesario para no perder población (sin incluir la inmigración).

Hace medio siglo que en España el número de mayores de 64 años superó al de menores de cinco. Hoy, hay casi una persona en edad de jubilación por cada menor de 20 años. En un país en el que las defunciones ya superan al número de nacimientos, en el que la esperanza de vida al nacer es de 83 años (ha crecido una década desde 1975) y de 21 años una vez alcanzados los 65, la demografía exige cada vez más al sistema de pensiones, que traslada la presión a quienes lo financian: trabajadores y empresas.

La tasa de dependencia (relación entre la población de más de 64 años y la que está en edad laboral) es ahora de 29 mayores por cada 100 habitantes con edad para trabajar, un punto por debajo de la media europea. Si se mantiene el modelo actual, la proporción rozará o superará el 1:2 en 2040, según las proyecciones del INE y de Eurostat, el dato más elevado de la Unión Europea tras Grecia, Italia, Lituania y Portugal.

Pensionistas: muchos votos y poca abstención

Un vistazo a la pirámide de población revela los incentivos para que en el debate político sobre el futuro de las pensiones se imponga una visión cortoplacista, en la que prima el rédito electoral, frente a medidas que supongan una reforma en profundidad del modelo. La población de más edad tiene cada vez más peso en el censo y los partidos parecen tenerlo muy presente.

Uno de cada cuatro españoles de los casi 35 millones llamados a votar el 28-A ya ha cumplido 65 años y otro 16%, tiene entre 55 y 64. En total, un 41% del censo se encuentra en edad de jubilación o se aproxima a ella.

En el otro extremo, el grupo de menores de 34 años, que solo supone el 20% del cuerpo electoral. No solo son menos, si no que además son los más abstencionistas. En los últimos comicios, en 2016, casi tres de cada diez ciudadanos por debajo de 25 años habría decidido quedarse en casa, según los datos del estudio poselectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una proporción que desciende con la edad hasta reducirse más de la mitad entre los más mayores.

Votantes tradicionales del bipartidismo, los mayores de 65 años representaron el 40% de quienes votaron al PP y casi un tercio del electorado socialista en 2016, siempre según el CIS. En cambio, para Unidos Podemos y Ciudadanos, los mayores solo supusieron uno de cada diez votos.

Así, no es extraño que entre las propuestas de las principales formaciones primen aquellas que abogan por revalorizar las pensiones junto al IPC o incluso financiarlas mediante la creación de nuevos impuestos, como mencionó en Bruselas la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, esta misma semana. Solo Vox ha planteado un modelo mixto público-privado, pero que no afectaría a quienes tengan más de 45 años.

¿Qué es el Fondo de Reserva de las pensiones? Desplegable El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido de forma popular como hucha de las pensiones, nació con el objetivo de ahorrar en los años de bonanza ante futuras necesidades del sistema. Financiado con los superávits de las cotizaciones y la rentabilidad de la inversión de una parte en deuda pública, apenas quedan 5.000 millones de euros de los más de 82.500 que han entrado en la caja, en su mayoría provenientes de los excedentes del periodo 2000-2008. Entre los ingresos, faltarían los superávits de 2008 y 2009, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó de ingresar, en total 12.690 millones que se dedicaron a prestaciones de desempleo. Tras la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, ante la insuficiencia de recursos, su Gobierno decidió hacer uso de la hucha para afrontar las pagas extraordinarias de los pensionistas. Con el fin de no agotar el fondo, pidió dos préstamos al Tesoro. Con Pedro Sánchez, en la línea de su predecesor, se han retirado otros 3.000 millones de la hucha para el pago de la extra de diciembre del año pasado y se ha solicitado otro préstamo. Solo del periodo 2017-19, la Seguridad Social ya acumula 37.582 millones de deuda con el Estado.