Hoy, como consecuencia de las políticas de austeridad promovidas durante todos estos años de la Gran Recesión por parte de las instituciones europeas -el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo- (influenciadas todas ellas por el gobierno de la canciller Merkel en Alemania, así como por el Fondo Monetario Internacional), la Eurozona está en una situación más que preocupante. Está en medio de una deflación (consecuencia también de las políticas de austeridad), habiendo alcanzado un desempleo del 12%, cifra muy elevada para la mayoría de países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE).

Frente a esta situación de recesión hay dos posibles soluciones. Una sería revertir las políticas de austeridad, iniciando unas políticas de estímulo económico y crecimiento de la demanda doméstica (mediante el incremento de los salarios y del gasto público). Esta alternativa, que sería la más lógica y razonable (y que beneficiaría más al bienestar de las clases populares), cuenta con la clara y contundente oposición el gobierno alemán, presidido por la canciller Merkel. En realidad, desde que se iniciaron las políticas de austeridad con la aplicación de la famosa Agenda 2010, diseñada y aprobada por el gobierno del canciller alemán Schröder (que para más inri era dirigente de un gobierno socialdemócrata), las políticas encaminadas a estimular la demanda doméstica fueron claramente marginadas en la UE. Un caso claro de marginación fue lo que le ocurrió al que era Ministro de Finanzas del gobierno Schröder, el economista Oskar Lafontaine, que favorecía el aumento de los salarios y del gasto público como manera de estimular la demanda doméstica y así salir de la crisis. Lafontaine tuvo que abandonar el gobierno primero, y el partido después, creando un nuevo partido, Die Link.

Esta alternativa fue, pues, desechada, y en su lugar se promovió estimular la economía a través de las exportaciones. Este ha sido el pensamiento dominante en el establishment financiero a los dos lados del Atlántico Norte, y debido a su desmesurada influencia, en las instituciones políticas. Según este pensamiento, el aumento de las exportaciones será lo que recuperará la economía. Y es así como aparece el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE. El aumento del comercio era y continúa siendo la propuesta neoliberal para salir de la crisis. Y de ahí surge el énfasis en la necesidad de aumentar la competitividad, lo cual, para el establishment europeo, quiere decir, en lenguaje plano, bajar los salarios, diluir la protección social y eliminar las intervenciones públicas que se han desarrollado para proteger a la ciudadanía, bien como trabajadores, como consumidores o como residentes expuestos a sustancias nocivas en sus barrios y hogares. Este es el objetivo del Tratado de Libre Comercio, tratado que, de hecho, tiene muy poco que ver con el libre comercio. En realidad, los aranceles y otros factores que pueden dificultar la movilidad del comercio entre los países a los dos lados del Atlántico Norte, prácticamente han desaparecido y son ya inexistentes.

¿Cuál es el objetivo y propósito de tal Tratado?

No es, pues, el libre comercio lo que motiva el establecimiento de los tratados que llevan tal nombre. Su propósito es debilitar al mundo del trabajo (bajada de salarios) y eliminar la protección que la ciudadanía ha venido adquiriendo históricamente, a base de sus movilizaciones y presiones sobre el Estado. El objetivo de estos tratados –como ha ocurrido con el tratado entre Canadá, EEUU y México, el NAFTA- ha sido desmantelar estas regulaciones e intervenciones –en las áreas de protección del trabajador, consumidor y/o residente-, algo que el mundo empresarial ha intentado, sin poder conseguirlo, dentro de cada país.

La nueva estrategia es establecer un nivel de autoridad por encima de los Estados que pueda imponerles el deseo de las grandes empresas transnacionales. Y ahí está la raíz del problema. Todos estos tratados tienen como máxima autoridad a un tribunal supranacional que tiene potestad sobre los Estados (tribunal que, por cierto, está bajo la influencia de las grandes empresas transnacionales que tienen mayor influencia sobre los Estados de mayor peso económico mundial), forzándolos a debilitar o eliminar aquellas medidas y leyes protectoras de la ciudadanía. De esta manera, una empresa privada puede llevar a un Estado al tribunal supranacional bajo el argumento de que aquella regulación o ley le discrimina y dificulta el desarrollo de su actividad económica.

Pero existe otra razón para oponerse a tales tratados además del desmantelamiento de la legislación laboral, ambiental y de defensa del consumidor. Y es que el debilitamiento del mundo del trabajo que se deriva de las medidas previstas en estos tratados conlleva la disminución de los salarios y del gasto público social, con lo cual la demanda doméstica baja todavía más, causando así el enlentecimiento del crecimiento económico (que puede incluso suponer un descenso anual del crecimiento del PIB de hasta 2 puntos). Y es ahí donde la supuesta solución neoliberal se convierte también en auténtico problema económico. Y esto apenas lo verá en los medios.

Una última observación. El discurso oficial de los promotores de tal tratado es la necesidad de incrementar la relación comercial entre los dos lados del Atlántico Norte, aumentando así la relación entre los dos continentes. No debería, en sí, ser un proyecto contraproducente para el bienestar de las poblaciones a los dos lados del Atlántico. En principio, parecería, pues, un tratado conveniente, e incluso necesario, ya que podría estimular la actividad económica a los dos lados del Atlántico. Ahora bien, este no es el propósito de tales tratados por mucho que sus promotores lo presenten de esta manera. Como he indicado, no hay en este momento ninguna dificultad para que se realice tal intercambio. Los aranceles, como he indicado antes, ya casi no existen. Tales tratados tienen poco de libre y de comercio. El tratado tiene como objetivo incrementar le poder de las grandes empresas transnacionales a costa de las pequeñas empresas y, sobre todo, a costa de los estándares y normas establecidas para proteger la salud, calidad de vida y bienestar de las poblaciones. Así ha ocurrido en gran parte de los tratados que han tenido el mismo título, y así ocurrirá con tal tratado si este se aprobara.