El Gobierno cayó este viernes de rodillas. Fundido, exhausto, sudoroso y totalmente desmoralizado. Incrédulo después de no haber podido arrancar a los independentistas el compromiso de que retiren las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Desde que el lunes ERC anunció su presentación lo han intentado casi todo. Cedieron en la exigencia de crear una mesa de partidos con representes del ámbito nacional, como pedía la Generalitat, y de que en ella participara un mediador,. Un relator, preferían llamarlo. Llegaron tan lejos que el PSOE se levantó como nunca ante estas concesiones y PP y Ciudadanos convocaron una manifestación este domingo en Madriden contra del Gobierno. Pedro Sánchez asumió el desgaste con la esperanza de que convencería a los separatistas de que le tramitaran los presupuestos y poder así tramitar la legislatura. Y la respuesta fue que el PDeCAT registró esta mañana su enmienda a la totalidad. Se acabó el juego. El Gobierno abandonó la partida con la esperanza de desconcertar a los independentistas y forzar que reconsideren su postura.

La vicepresidenta Carmen Calvo anunció en rueda de prensa que el Gobierno ha hecho todo lo posible para encontrar una salida política al encaje de Cataluña en España pero que la Generalitat "no acepta" su oferta. La justificación, explicó, es que reclama hablar del derecho de autodeterminación y el Ejecutivo "no asume el planteamiento de un referéndum". "Nunca", subrayó Calvo. "El Gobierno tiene el deber de mantener el orden constitucional".

Para dar fe de esta posición el Ejecutivo distribuyó entre los medios de comunicación un documento de tres páginas Bases para el diálogo, donde se plasman blanco sobre negro los límites de la negociación. En él se ratifica la apuesta por la figura del relator -un verdadero intermediario y no un simple notario- y por una mesa de partidos en la que el Gobierno por fin reconoce que participarán partidos de ámbito estatal. La Generalitat quería a toda costa que estuviese Podemos.

El problema insalvable, según defendió la vicepresidenta, es el referéndum. El Gobierno admite que el Govern planteó esta reclamación desde el principio pero "desde el principio se le dijo que no". Y, entonces, ¿por qué el Ejecutivo rompe ahora las conversaciones? La pregunta concita varias respuestas. Pero la más clara la ofreció este viernes el número dos de la Generalitat, Pere Aragonès, y la portavoz Elsa Artadi, en una comparecencia a primera hora de la tarde, en la que revelaron que el Gobierno les había pedido "que se retiraran las enmiendas a la totalidad o que no se presentaran". Esta declaración echa al traste una de las máximas que, contra viento y marea, ha defendido el Ejecutivo durante esta semana: Que la aprobación de las cuentas no tiene nada que ver con el diálogo en Cataluña.

La negativa a renunciar a las enmiendas ha forzado al presidente a este último movimiento que se completó este viernes pero que empezó a dibujarse el jueves por la noche. Desde luego, el hecho de que perseveraran en el veto a los presupuestos parece el elemento más importante de la ruptura pero más factores pueden haber influido. Entre ellos la creciente inquietud social ante las cesiones del Gobierno.

La aceptación del mediador levantó una polvareda de críticas en el PSOE, que inició Emiliano García-Page y culminó el propio Felipe González. La vicepresidenta admitía este desgaste: "En situaciones complicadas la ayuda sirve de mucho". Y a ello se ha sumado que la oposición se ha echado a la calle en contra del Ejecutivo. Hasta el socialista Manuel Valls, ex primer ministro francés y candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, ha anunciado su asistencia a la manifestación de mañana.

La decisión del Gobierno de romper las conversaciones con los independentistas deja la legislatura en el aire. Quedan cinco días para que el Congreso vote la tramitación de los presupuestos y el Gobierno no tiene los votos necesarios para hacerlo. ERC y PDeCAT podrían aún rectificar, retirar sus enmiendas y respaldar al Ejecutivo para tumbar los vetos de PP y Ciudadanos.

Puede pasar pero la sensación que transmitió la vicepresidenta y Moncloa en general es que la legislatura ha llegado al final. Como ha dicho públicamente el presidente, recordó Calvo, "necesariamente se acorta". La gran decisión de Sánchez ahora es cuándo convoca. Si lo hace ya por el fracaso de los presupuestos, si opta por coincidir las generales con las europeas, autonómicas y municipales de mayo -pese a que transmitió en sus conversaciones con los barones que no habría superdomingo- o intenta aguantar hasta el otoño. El debate que se abre ahora en el PSOE es si la convocatoria debe ser automática, si se tumban las cuentas, o pueden ganar unos meses de margen.

Se resolverá, según fuentes socialistas, en los próximos días. En el Gobierno aún se confía en salvar la situación: "Vamos a ver como se cuecen los independentistas de aquí al miércoles".

Van a tener que explicar a los ciudadanos porque no aceptan tramitar unos presupuestos que son buenos para Cataluña y por qué "rechazan una oferta de diálogo que es razonable". Es la última bala. El presidente ha confiado en todo momento que los independentistas cederían y le permitirían la tramitación de las cuentas. Por eso se reunió en el Palacio de Pedralbes con Quim Torra, transigió con la mini cumbre y con un comunicado donde se eliminó, por exigencia de la Generalitat, las referencias a la Constitución. Pensó que así lo apoyarían y volvió a pensarlo esta semana al aceptar un mediador. Pero nunca tuvo garantías de ello. Y sigue sin tenerlas.