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En víspera de Navidad, el ballet y la orquesta de la Ópera de París se reunieron frente al Palais Garnier y representaron extractos de El lago de los cisnes bajo inmensas pancartas de huelga. Unos días antes, los músicos de la Ópera de Lyon esperaron a que se levantara el telón para leer, frente al teatro lleno, un comunicado en apoyo a la huelga general y anunciar la anulación del concierto. Y mientras en toda Francia los trabajadores de la cultura, del sector educativo, de servicios sanitarios y de emergencia, del sistema ferroviario y de los transportes metropolitanos están en las calles, junto a los sindicatos, en la huelga más importante de los últimos veinticinco años, y se anuncian nuevas jornadas de movilización masiva, y el gobierno de Macron quema todos los cartuchos para derribar uno de los sistemas de pensiones más justos del mundo, los huelguistas en París señalan a su verdadero adversario y acaban de rebautizar el Ministerio de Economía y Finanzas como “Ministerio de lobbies financieros”.

No es sólo una disputa francesa. Podemos encontrar imágenes complementarias en el nuevo gobierno de la coalición progresista en España anunciando su primera medida, la actualización de las pensiones al IPC; o incluso en la Plaza Dignidad (antes Plaza Italia) en Santiago de Chile, llena de ciudadanos contra el fraude neoliberal –contra un sistema de pensiones privado que después de cuatro décadas sólo pensiona en promedio con un 38% del salario, 28% para las mujeres– y recibiendo el nuevo año con las canciones de Inti Illimani y Quilapayún.

Como una bestia acorralada

Más que un decálogo de medidas económicas, el neoliberalismo es un aparato ideológico tan corrosivo y antipopular que sólo puede iniciar su marcha aceitado por la violencia, o al menos por una gran ruptura social, como la crisis de 2008. Y una vez que irrumpe en el poder, que legaliza y blinda el supremacismo del capital y la industria financiera por encima de cualquier consideración sobre los derechos y la dignidad humana, defiende su posición como una bestia acorralada.

Es un rasgo llamativo del proyecto neoliberal: su agresividad innata. Agresividad mediática y cultural, agresividad en las ramas del poder público, agresividad en las calles con las armas a su disposición. No hay timidez ni pasos atrás, sino una permanente huida hacia adelante.

Eso explica la escalada de la violencia policial en Francia en los últimos diez años –desde que los halcones neoliberales empezaron su avanzada– con la complicidad y el aliento de los medios de comunicación. Luego de algunos años de incredulidad y melancolía popular, la irrupción y persistencia de los Gilets jaunes se ha saldado con mutilaciones en serie y más de dos mil heridos, según el recuento del periodista David Dufresne. Y esa agresividad innata explica también que ante la huelga más importante de la historia reciente en Francia (estos días vemos la convergencia de los Gilets jaunes y los huelguistas contra la reforma a las pensiones) Macron afirme, con fingida sonrisa de asesor bancario, que seguirá con la reforma, que no podrá detenerse, y que sólo puede ofrecer esa suerte de esquirolaje generacional: aplicar las medidas “progresivamente”; es decir, que los trabajadores de hoy se contenten con salvar su pellejo y sacrifiquen a los trabajadores de mañana.

El consenso de las oligarquías latinoamericanas

La relación entre neoliberalismo y violencia es incluso más explícita en Latinoamérica. El paradigma impulsado por Thatcher y Reagan se impuso en Chile a sangre y fuego por el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet. Desde entonces Chile ha sido la gran vitrina propagandística del neoliberalismo, pero también el cristal que permite ver su engranaje interno. Es históricamente irrefutable: en el ADN del “neoliberalismo real” están el autoritarismo, la represión y el terrorismo de Estado.

Y las oligarquías latinoamericanas encontraron en esa máquina ideológica la expresión de todos sus deseos. Las diferencias puntuales son menos significativas que el consenso de las privatizaciones, el despido de funcionarios, la precarización del mundo del trabajo y las reformas fiscales regresivas. Y si hay que defenderlo con los tanques en las calles, pues se hace. Ahí está el ejemplo de Chile, con la brutalidad de los carabineros rememorando en la segunda década del siglo XXI los años de dictadura (un dato elocuente: Carabineros y Fuerzas Armadas tienen, a diferencia de todos los chilenos, un régimen pensional público y garantizado). Ahí están las protestas masivas contra el regreso del FMI al Ecuador y el “paquetazo” (la contrarreforma) de Lenin Moreno; ahí está el golpe de Estado evangélico y racista contra Evo Morales en Bolivia. Y ahí está la creciente movilización social en Colombia ante la desigualdad y las políticas neoliberales mientras el poder establecido –legal e ilegal– criminaliza la protesta y continúa la masacre cotidiana de líderes sociales.

Las pensiones no son sólo un negocio potencial para la industria financiera. Las pensiones públicas son un pilar del pacto social, un poderoso símbolo que delimita el sentido mismo de la convivencia

Colombia sirve para ilustrar este consenso neoliberal de las oligarquías latinoamericanas. La historia es así: en 1990, en un evento en Lima convocado por el entonces candidato presidencial Mario Vargas Llosa, Juan Manuel Santos –miembro de un linaje bicentenario de expresidentes y magnates– quedó deslumbrado ante las palabras de José Piñera, exministro de Pinochet, hermano de Sebastián Piñera y creador del sistema privado de pensiones chileno implantado una década antes. Santos regresó a Colombia con el pulso acelerado a hablarle al presidente electo César Gaviria sobre la conveniencia de copiar en Colombia el modelo chileno que –en sus propias palabras– estaba “dinamizando el mercado nacional de capitales”. Fue tal el entusiasmo de Santos, que tres meses después Piñera llegó a Bogotá, dio una conferencia pública sobre el ejemplo chileno, recibió el aplauso unánime de la prensa, la élite política y empresarial, y luego se encerró durante cinco horas con el nuevo presidente y su equipo económico. Era justo lo que estaban buscando. Tres años después, y junto a una batería de medidas neoliberales, se aprobó la Ley 100 que liberalizó el modelo de sanidad y pensional en Colombia. Su ponente principal fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez.

Así, la privatización parcial de las pensiones que se realizó en Colombia hace veinticinco años –que hoy también colapsa puesto que anuló un derecho y convirtió la seguridad social en una ficha más en la ruleta del sector financiero– tiene la sangre de Pinochet, sus gurús neoliberales, y de los principales voceros políticos de las dos facciones del poder establecido en Colombia: la oligarquía centralista y financiera, y la oligarquía periférica y de carácter feudal, aliados desde entonces en un fundamentalismo neoliberal que, podemos afirmar, ha causado más muertos que el conflicto armado.

Derrumbando mitos

Con la explosión del descontento popular chileno frente al neoliberalismo las redacciones de los grandes medios se pusieron en alerta. El “gran ejemplo”, el horizonte de acción neoliberal, el mito repetido hasta el hartazgo por los gurús de las privatizaciones se estaba derrumbando. ¿Cómo seguir con la cantinela del milagro chileno mientras las multitudes ocupaban las plazas contra el endeudamiento masivo, la concentración de la riqueza, el poder político de las élites, el alza de tarifas en los servicios públicos y un sistema pensional de ahorro individual obligatorio que –para volver al eufemismo tecnocrático de Santos– sólo sirve para dinamizar el mercado nacional de capitales? El argumentario de emergencia causó risa: infiltrados bolivarianos, complot del Kremlin, una súbita e injustificada histeria colectiva. En un audio filtrado, Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera (la nostalgia monárquica de distintos países aún dice “primera dama”), ilustró bien la burbuja clasista y racista en la que viven las oligarquías latinoamericanas: con tono de alarma y sincera incredulidad dijo que las protestas en Chile eran “como una invasión alienígena”.

Pero en lugar de cuestionar las causas del descontento popular y meter en cuarentena las tesis de los Chicago Boys, el ejército mediático y político del neoliberalismo huye hacia adelante. Y en su huida –su avanzada– el gran objetivo son los sistemas públicos de pensiones que aún sobreviven. ¿Por qué? La hipótesis es esta: las pensiones no son sólo un inmenso botín, un negocio potencial y muy lucrativo para la industria financiera. Las pensiones públicas son también, por definición, un pilar del pacto social en un proyecto democrático, un poderoso símbolo que delimita el sentido mismo de la convivencia, la última y más importante trinchera política en defensa de algo incluso más importante que un futuro digno: un presente compartido.

De senectute politica

El helenista español Pedro Olalla ha escrito una apasionada reflexión sobre la vejez: De senectute politica. Carta sin respuesta a Cicerón (Acantilado, 2018). Con amplias referencias a la Antigüedad griega y romana, con la mirada puesta en las sociedades actuales y la usurpación del proyecto democrático –de la palabra democracia–, Olalla entabla una conversación con Marco Tulio Cicerón y su obra Cato Maior de senectute, una de las más antiguas y notables defensas de la vejez como un capítulo valioso de la experiencia humana. Entonces, tal como ahora, abundaban los elogios a la juventud. Pero Cicerón, acaso para consolarse, sintiendo la doble vulnerabilidad de su edad y posición social, vio la necesidad de escribir una obra –en palabras de Olalla– “no porque la vejez sea buena”, sino “para que la vejez sea buena”.

Siguiendo, pues, a Cicerón, Olalla nos alerta contra el prejuicio y la estigmatización, cómo ese error habitual de atribuir una serie de vicios de la personalidad a la vejez (que vuelve a la gente huraña, irascible, retrógrada), cuando en realidad son defectos de algunas personas, un carácter que siempre han traído consigo. Cuestiona, también, los descalificativos habituales a quienes, después de determinada edad, no renuncian al erotismo, como si se tratara de algo indigno para sus años y que debieron haber superado hace tiempo, cuando lo realmente indigno es negarles a otros –negarnos a nosotros mismos– “una de las más profundas y complejas pulsiones de la vida”. Y con el tono cálido de quien le escribe a un amigo nos dice que la virtud no riñe con la edad, que es justo distinguir senectud de decrepitud y que “envejecer bien no es, en el fondo, un acto de renuncia, sino de voluntad”.

Por todos lados encontramos las mil y una variaciones del mismo mensaje: que el envejecimiento es una calamidad personal y la vejez es una calamidad social

De manera que lo realmente nocivo es todo prejuicio sobre la vejez, toda condena anquilosada en el imaginario colectivo, no sólo porque deslegitima a buena parte de la población e impulsa su exclusión, sino porque nos cierra las puertas a vivir ese periodo, esa tercera edad, como un desafío digno y lleno de posibilidades. Y si envejecer bien nos compete a todos, tal cosa es absurda si la entendemos como un ejercicio individual, y no como lo que realmente es: un empeño compartido. Dice Olalla:

Tú has dejado claro en tu obra, al hablarnos de que las dificultades de la vejez no provienen tanto de la edad como del carácter y de la actitud vital de las personas, que envejecer es, en un alto grado, un empeño ético; y yo deseo ahora que reflexionemos sobre si el hecho de que nuestra sociedad esté o no organizada y facultada para posibilitar ese empeño no hace del envejecer, también, un propósito político.

Una población sin autoestima

Si el desprecio a la vejez y su confusión con la decrepitud era ya un lugar común hace dos mil años, hoy es, además, peligroso, porque refuerza la lógica antihumanista del capital. Cuando nos dicen que aquel que no es productivo es una carga para la sociedad, cuando repiten el sofisma de que la curva demográfica –la proporción de viejos en la población– es una amenaza para la economía, cuando se tolera que después de décadas de contribuir y existir en sociedad haya ancianos en la precariedad o al filo de la miseria en realidad nos dicen que ya hay otra lógica, otro criterio rigiendo la sociedad, y que el centro de la cuestión ya no es ni será la dignidad humana.

Por eso, porque refuerza la lógica del capital, es que su mismo aparato ideológico impulsa la exclusión, la condena, la estigmatización cultural de la vejez. Por todos lados encontramos las mil y una variaciones del mismo mensaje: que el envejecimiento es una calamidad personal y la vejez es una calamidad social. La consecuencia es un creciente desprecio a la vida, y con ello no sólo están dinamitando las bases de la convivencia, sino ante todo la capacidad de acción colectiva.

Por eso buscan derribar los sistemas públicos de pensiones, el andamiaje institucional que contribuye a garantizar las condiciones materiales de una vejez digna. Y por eso me parece tan pertinente el libro de Pedro Olalla. Hay que decirlo aunque suene obvio: la batalla institucional es un reflejo focalizado de la batalla cultural. Y el afán neoliberal por destruir cualquier proyecto de dignidad y justicia para los ciudadanos de mayor edad no es otra cosa que un esfuerzo por someter al conjunto de la sociedad. Olalla se refiere acá a la población mayor, pero sigue siendo cierto cuando se aplica a todas las edades:

Nada conviene más a un orden egoísta como el que hoy rige el mundo (...) que una población sin autoestima, con consciencia de culpa y dispuesta a aceptar, como algo inevitable, el trato deficiente que recibe.

Pero ¿a qué edad somos viejos?

Casi al principio de su libro, Pedro Olalla cuenta que varios pensadores griegos dividían la vida humana en tramos de siete años –el número sagrado de Apolo–, y que “el punto más crítico del tránsito entre ellos es el cierre de noveno tramo, que por eso conocen como gran climaterio”. Era una generalización numérica forjada más por la estética que por la biología, pero no deja de ser curioso que ese umbral –nueve veces siete– sea más o menos el mismo que establecemos en las sociedades de hoy para señalar, si no la vejez, al menos el término razonable de la vida laboral: los sesenta y tres años.

Pero los tiempos humanos son mucho más complejos. No es el número de vueltas alrededor del sol, sino una larga serie de circunstancias personales y sobre todo sociales las que determinan el inicio de la vejez, la pérdida progresiva de determinadas facultades, la entrada a un nuevo capítulo en el pacto social. Por tanto, el término razonable de la vida laboral no puede ser el mismo para todos.

Un sistema de pensiones que no establezca distintas edades de jubilación con relación al oficio (su riesgo, sus condiciones, sus exigencias físicas y mentales) es, de entrada, un sistema injusto. Eso es lo que desea implementar Macron en Francia: en lugar de los cuarenta y dos regímenes distintos del sistema pensional actual –resultado de luchas sociales y de consensos históricos– y que incentivan la movilidad social –pues tienen en cuenta, tanto en el sector público como privado, los mejores años laborales– el proyecto de reforma a las pensiones establece un único sistema por puntos que iguala por lo bajo, acaba con todo espíritu de justicia, toda condición específica y, con un tramposo discurso de igualdad, está diseñado para disminuir las cotizaciones sociales de las grandes empresas y aumentar sus beneficios mientras apunta a normalizar la incertidumbre y la precariedad en el mundo del trabajo.

La longevidad está determinada por la clase, lo que implica que la mayoría de los trabajadores no vivirá tanto como quienes perciben rentas más altas

Buena parte de sus argumentos son un lugar común en muchos países. Buscan uniformizar la edad de pensión, pero también aumentarla, y para ello se basan en falacias e interpretaciones amañadas de la estadística, como el aumento de la esperanza de vida. Lo explica bien el profesor Vicenç Navarro: el aumento de la esperanza de vida no significa que los viejos vivan más, sino que los jóvenes y niños mueren menos (Catón el Viejo, el político del siglo II a.C. que Cicerón elige como personaje para su diálogo, vivió hasta los ochenta y cinco años). También ignoran, a propósito, que la longevidad está determinada por la clase, lo que implica que la mayoría de los trabajadores no vivirá tanto como quienes perciben rentas más altas, y que, en los regímenes pensionales financiados por las cotizaciones del trabajo, el problema no es el envejecimiento de la población (el aumento del número de pensionistas) sino la precarización del mundo del trabajo que, desde luego, ellos mismos impulsan.

Pero, en todo caso, el debate económico es posterior y menos determinante que el debate ético y político. Si no podemos vivir con dignidad los últimos años de nuestra vida, ¿entonces cuándo? Si la riqueza acumulada no sirve para garantizar un bienestar mínimo a la población de mayor edad, entonces ¿para qué la riqueza? ¿Qué sentido tiene la convivencia? Y, sobre todo: ¿quiénes son los voceros de la supuesta insostenibilidad de las pensiones públicas y qué garantías de bienestar material tienen ellos en su propio futuro? La violencia evidente del libreto neoliberal, su brutalidad, su desprecio a lo humano no debe hacernos caer en el error de asimilarlo a algo impersonal, una suerte de virus que nos condena a todos por igual. No: detrás hay gente calculando beneficios, una clase, nombres propios.

La biografía colectiva

Envejecer bien, envejecer con dignidad es, en cualquier sociedad, un proyecto al mismo tiempo individual y compartido. Nos compete y depende de todos. Y si hay un alto propósito político es aspirar a este buen envejecimiento, a ese diálogo con las transformaciones del cuerpo y la consciencia, pero también suscribir y fortalecer un pacto social que lo permita, lo estimule y sepa aprovechar sus frutos. En últimas, esto no se trata de cuidar más a determinado rango de edades, sino de reconocer su potencial –su conocimiento acumulado, su nueva relación con el tiempo– para contribuir al bienestar común. Y en esa búsqueda de un buen envejecimiento y una buena relación con la vejez nos enriquecemos todos. Lo dice mejor Pedro Olalla:

Pues se me figura, Marco, que no basta para una buena vida ser buen autor de la biografía propia, sino también ser coautor, y bueno, de la biografía colectiva.

Por todo esto, las pensiones son protagonistas en la batalla material y simbólica frente al neoliberalismo. No es fortuito que en las movilizaciones sociales de los últimos años en España nadie haya estado tan organizado y determinado como los pensionistas. No es poco significativo que la gran vitrina propagandística del neoliberalismo haya sido inaugurada por una dictadura sangrienta, y que el pueblo chileno esté hoy en las calles, determinado contra la violencia económica que se parapeta en la violencia política, mientras la gran prensa se desespera por ocultar el desmoronamiento de un mito. Y no es un dato menor que las movilizaciones más importantes en Francia de los últimos veinticinco años (y que aún pueden seguir creciendo, transformarse, expresar un malestar más amplio) sean, precisamente, contra la voracidad de la industria financiera y contra el cinismo de sus portavoces que salen a decir, con fingida sonrisa, que no hay riqueza suficiente, que llegó la hora de aceptar la obsolescencia programada de seres humanos, que los derechos sociales son cosa del pasado y que las injusticias de toda una vida ya no tendrán siquiera el consuelo de una vejez serena.

En la defensa de los sistemas públicos de pensiones nos jugamos algo más que una cuota de los presupuestos: hablamos de la consciencia de nuestra propia vida; de la resistencia vital a un modelo depredador, que normaliza el egoísmo y nos empuja al abismo; hablamos de nuestra integridad ética y política.

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Iván Olano Duque es escritor. Premio de ensayo “Miguel de Unamuno” por su libro El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo (Devenir, 2019).