La Aduana suele donar o rematar las mercaderías que secuestra cuando son perecederas, cuando nadie las reclama, o cuando hay una sentencia firme por contrabando. Pero en Córdoba ocurrió algo anormal, que el juez Ricardo Bustos Fierro acaba de condenar.

La Aduana allanó varias tiendas para niños, secuestrando más de 49.000 artículos, entre cunas, triciclos y cochecitos. La Justicia determinó que muchos de esos productos no habían sido contrabandeados. Y que otros no podían venderse por contener ftalato, un químico que puede ser nocivo.

Pero cuando los comerciantes fueron a recuperarlos, esos bienes ya no estaban. Antes de que termine el juicio, la Aduana los había donado a la Secretaría General de la Presidencia, de Oscar Parrilli. Y Parrilli, inesperado Papá Noel, repartió las mercancías –con ftalato o sin ftalato– entre punteros de todo el país. Los dueños se enteraron porque algunos de esos punteros aparecieron pidiendo reparaciones o repuestos.

Resultado: ahora el fisco deberá indemnizar a las empresas por la extravagante filantropía de Parrilli