El proyecto ya está listo. El ministro de Justicia Germán Garavano se lo presentó la semana pasada al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y a representantes de Desarrollo Social, Educación y Seguridad para que lo examinaran antes de que Mauricio Macri lo enviara al Congreso. Pero eso no ocurrirá -al menos- hasta después de las elecciones generales de octubre, ya que el Gobierno se decidió a postergar el debate por la baja de la edad de imputabilidad "para que la oposición no lo politice" y evitar riesgos electorales. Esto a raíz del impacto que generó la difusión del caso de "El Polaquito", el chico de 12 años que dijo haber matado a un "transa" por no darle droga y que está acusado de haber robado un jardín de infantes y de cometer otros delitos en Lanús.

La decisión de aplazar el tratamiento del nuevo régimen de responsabilidad juvenil -en el Gobierno insisten en quitar la palabra "penal" para no herir susceptibilidades- tiene que ver con la estrategia oficial de analizar al máximo cada iniciativa de gestión para no cometer "errores no forzados". Por este tema, días atrás, hubo una expresa bajada de línea desde Jefatura de Gabinete a todos los ministerios: no hay margen para caer en una agenda negativa de la oposición. ¿Ejemplos? Desde fallidos como el que cometió Guillermo Badino, titular de Pensiones Asistenciales, que decidió avanzar con la quita de pensiones por discapacidad, sin dar aviso ni siquiera a su jefa, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley; hasta la designación de una directora de Movilidad en Bicicleta en tiempos que se reclama austeridad. "No hay que subestimar la sensibilidad social", fue la premisa que bajaron cerca de Marcos Peña.

En cuanto a la letra del proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano no hay mayores objeciones, más allá de algún contrapunto interno porque hay quienes piden penas más duras. En principio, se establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero con un sistema de escalas que prevé pena de prisión para esos chicos sólo cuando se trata de los delitos más graves, como homicidio, violación y secuestro. En tanto, a los 15 años, los jóvenes también deberán responder con la privación de la libertad ante robos con armas de fuego y secuestros.

La presentación hecha por Garavano y el subsecretario de Política Criminal Juan Benítez dejó conformes a Quintana y a su nuevo ladero, el lilito Fernando Sánchez. Y, aunque quedaron en revisar artículo por artículo, tampoco manifestaron diferencias el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Castelli, emisario de Stanley; el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos Guillermo Soares Gache, presente en representación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; y Juan Ignacio Mier, alfil del flamante ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. La misma devolución hicieron los diputados Luis Petri, Silvia Lospennato y Alejandra Martínez, quienes evaluaron cómo será recibido el proyecto en el Congreso.

Es que en Casa Rosada dudan de la posición que pueda adoptar el massismo en plena campaña y aseguran que la discusión del régimen juvenil puede ser utilizada por el kirchnerismo y sectores de izquierda para asociar al Presidente con la mano dura. En ese sentido, repasan la reacción de ambos espacios ante el desalojo de la planta de Pepsico, que terminó transformándose en otro flanco inesperado de conflicto y, también, como publicó Clarín días atrás, convenciendo al Gobierno de frenar anuncios de reforma laboral.

Aunque ya venía debatiéndose, la difusión y polémica que se desató tras la entrevista que le hicieron a El Polaquito en "Periodismo para Todos", el programa de Jorge Lanata en El Trece, terminó de disipar dudas. "Nosotros no cambiamos. Siempre dijimos que si había consenso se iba a enviar antes de las elecciones y que, si no, iba a ser el día después. El Régimen Juvenil es un tema demasiado importante y merece un tratamiento serio y sin influencia de oportunismos de campaña. Si no, podemos quedar en el medio de una contienda electoral, de ver quién es más punitivo y quién más garantista. No queremos que lo politicen", argumentaron.

El proyecto prevé un sistema de escalas. A los 14 años, los chicos serán imputables sólo por delitos de homicidio. Al cumplir 15 años, deberán responder ante casos de robo calificado, violación y secuestro. En todos los casos, se les podrá aplicar una pena de hasta 15 años de prisión. Para los mayores de 16 años, las penas serán similares a las de un adulto, salvo que se dejará explicitado que no podrán recibir la pena de cadena perpetua.

El Gobierno también quiere que el Estado dé respuesta ante casos de inimputabilidad de menores de 14, como es el de "El Polaquito": aunque seguirán siendo inimputables, se dispondrá la conformación de equipos interdisciplinarios, compuestos por médicos, asistentes sociales y psicólogos; que evaluarán la situación socioambiental de cada chico y trazarán programas de contención.

Institutos de menores con estándares de calidad: el proyecto establece que los lugares donde sean alojados los jóvenes deberán cumplir con varios requisitos, para evitar que se transformen, como ocurre hoy, en "universidades del delito". Contarán con módulos según edad, tipo de delito cometido y situación procesal. Y dispondrán de programas de educación y capacitación para inserción laboral.

La implementación de la ley arrancará un año después de sancionada. En ese período se capacitará a las partes que deberán aplicar el nuevo régimen y se acondicionará los centros de detención.