Las propuestas para tener una Ley de Seguridad Interior que fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año en el Congreso —una del senador del PAN, Roberto Gil Zuarth; y otra del diputado del PRI, César Camacho, respectivamente— detallan el proceso a seguir para que las fuerzas armadas se unan a tareas civiles de seguridad como recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones.

También se incluye la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones, además específica que las acciones por la seguridad interior incluirán desde la lucha al crimen organizado hasta el combate a la corrupción y al cambio climático.

Ambas iniciativas mencionan que el Ejecutivo Federal podrá emitir en cualquier momento el decreto para que los militares inicien acciones para salvaguardar la seguridad interior, pero la actividad militar también podría iniciar tras una solicitud del poder Legislativo Federal y Estatal o de autoridades locales como alcaldes y gobernadores.

“La seguridad interior, como vertiente de la seguridad nacional, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea)”, cita la propuesta del líder de los diputados priistas, César Camacho.

En términos de esa ley, se define amenazas a la seguridad interior a los actos violentos que atenten contra bienes jurídicos de la nación, fenómenos que pongan en peligro a la sociedad, la estabilidad, seguridad o la paz pública en el territorio nacional.

La iniciativa que se presentó en el Senado no dista mucho de esa definición, pues también señala el uso de las fuerzas armadas cuando estén en riesgo las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, cuando ocurra un acto que impida la prestación de un servicio de seguridad o la ejecución de un programa de apoyo por parte de cualquier autoridad.

En términos de la iniciativa de ley presentada por el senador del PAN, Roberto Gil, las fuerzas armadas en comisión para preservar la seguridad interior estarían a cargo de “salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos que determinen las leyes”.

Pero también recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito, participar con el Ministerio Público en la persecución de delitos, en la detención de personas, en el aseguramiento de bienes y cumplir órdenes de aprehensión y otros mandatos ministeriales y jurisdiccionales.

No sólo eso. El proyecto del senador Roberto Gil señala que las fuerzas armadas podrían intervenir comunicaciones privadas, extraer información, utilizar datos de geolocalización y de datos conservados en sistemas informáticos como “técnicas especiales de investigación en materia de seguridad interior”.

Las coincidencias

Las dos iniciativas coinciden en la necesidad de establecer puestos de inspección en los puntos en riesgo en los que haya presencia de las fuerzas armadas, revisar vehículos y personas, retener individuos o catear domicilios.

La propuesta del PAN señala: “En los protocolos y directivas del uso legítimo de la fuerza deberán preverse en forma gradual la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal y la fuerza letal como distintos niveles de coacción, privilegiando en todo momento el empleo de los dos primeros niveles”.

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Otras actuaciones que se normalizan son: recabar datos generales y en su caso entrevista, de manera voluntaria, a las personas que pudieren aportar algún elemento para la investigación; recolectar, procesar, diseminar y explotar información para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior.

La iniciativa del priista César Camacho indica que: “A partir de la expedición del Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su atención, se considerarán como de Seguridad Interior”. Ese Acuerdo puede tomarse ya sea para combatir al crimen organizado, corrupción, terrorismo, “deficiencia en la profesionalización de cuerpos de seguridad” o incluso para combatir al cambio climático.

Una discusión en puerta

La posible discusión de una iniciativa de Ley de Seguridad Interior llegó al debate público después de que este viernes el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pidió un marco jurídico que regule la actuación de los militares en tareas de seguridad pública.

El general incluso dijo que la falta de un marco legal provoca que los soldados piensen “si le entran a seguir enfrentando a estos grupos (del crimen organizado) con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos”.

La petición del titular de la Sedena se vincula con lo que establecen las iniciativas a Ley de Seguridad Interior que señalan y regulan cómo hacer uso de la fuerza cuando haya militares a cargo de la seguridad pública.

La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto también fue en ese sentido, pues dijo que las fuerzas armadas carecen de un margen jurídico que los respalde cuando su misión es preservar la seguridad interior del país.

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A decir del priista César Camacho la discusión sobre esta Ley de Seguridad Interior se dará en el Congreso en enero próximo y descartó, como propusieron legisladores del PRD y del PAN, que se apruebe antes del 24 de diciembre de este año.

Organizaciones civiles rechazaron este domingo las dos iniciativas y se opusieron a la normalización de la actuación del Ejército en las calles; los militares cumplen diez años a cargo de labores de seguridad pública después de que el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas combatir a grupos criminales.

Según cifras oficiales, en el arranque del sexenio de Peña Nieto el Ejército tenía bases de operaciones para apoyar tareas de seguridad pública en 19 estados. En 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades, el equivalente a 75 % del territorio nacional.

Aquí puedes ver las dos iniciativas:

La del senador del PAN, Roberto Gil.

La del diputado del PRI, César Camacho.