Un total de $177 millones serán destinados por el Gobierno nacional durante 2018 al sostenimiento de la religión católica para ayudar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo con el presupuesto nacional que fue aprobado por el Congreso. ¿Cómo evolucionó el apoyo del Estado a la Iglesia en los últimos años?

Como se explicó en esta nota, los recursos que gira el Gobierno nacional a esta religión responden a su obligación de sostener el culto católico, como está estipulado en el artículo segundo de la Constitución de la Nación. Y son transferencias que están reguladas a través de diferentes leyes. Una de ellas, la Ley 21.950, establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de los arzobispos y obispos, equivalente al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia, equivalente a $108 mil brutos. La Ley 22.162, por otra parte, obliga a subsidiar a los sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas, y la Ley 22.950, a seminaristas.

A pesar de que los fondos nacionales destinados a este culto crecieron todos los años desde 2015, si se considera la inflación que hubo en este período se registra una caída en términos reales. Mientras que al final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner se había ejecutado $238 millones, en 2017 -segundo año de gestión de Mauricio Macri- esa suma cayó a $215 millones en términos reales. Si bien el Presupuesto 2018 se encuentra en ejecución y Jefatura de Gabinete de Ministros podría ampliar el presupuesto, la suma estipulada para este año es un 20% menor a la del año anterior.

Hay otros recursos que el Estado otorga a instituciones religiosas, aunque con fines específicos. Por ejemplo, los fondos para refaccionar sus edificios y/o los subsidios a escuelas religiosas. Además, la Iglesia católica cuenta con ciertas exenciones impositivas, como el caso del impuesto a las Ganancias o el IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas.