Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.

Foto: Mikel Oibar y Laura Tarraga

Los conflictos en Oriente Medio han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado, donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000 sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el punto más caliente de esta crisis.

La Unión Europea (UE), lejos de ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en este operativo.

Esta estrategia ‘antimafia’ quedó expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea (CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.

Industria militar

Pese a las medidas tomadas y al incremento en el presupuesto utilizado para este fin, han desaparecido unas 10.000 personas en el Mediterráneo en los tres últimos años, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, lo que

demuestra que la respuesta de las instituciones europeas ante la crisis migratoria sólo tiene un beneficiario: la industria armamentística y de defensa.

Según el informe Guerras de frontera, realizado por el Transnational Institute, el mercado de la seguridad fronteriza está en pleno auge. El dinero que mueve, según el informe, se estima en unos 15.000 millones de euros en 2015, y se prevé que aumente hasta superar los 29.000 millones de euros anuales en 2022. Asimismo, la financiación de la UE para seguridad en las fronteras supondrá 4.500 millones de euros entre 2004 y 2020, con un notable crecimiento en los dos últimos años.

Este presupuesto, utilizado para la política europea de seguridad fronteriza, está dominado por grandes empresas de la industria armamentística. Todas ellas han expandido o creado divisiones comerciales dedicadas a las seguridad y la defensa, identificando este mercado y su potencial como uno de “los principales impulsores del aumento de pedidos e ingresos”, tal y como afirma el gigante de armas italiano Finmeccanica. El lobby armamentístico es uno de los más potentes y de los que más invierten en influenciar las políticas y las decisiones tomadas en Bruselas en materia de defensa y control migratorio de las fronteras europeas.

Esta presión y el cambio en las políticas de defensa de la UE han dado como resultado cuantiosos beneficios para esta industria mediante la concesión de contratos públicos para gestionar la defensa de las fronteras. Entre las empresas beneficiadas se encuentran varias españolas que han sacado gran tajada de los contratos del Frontex y del Gobierno de España.

“Europa se está deshumanizando. Las políticas europeas de migración y asilo están puramente centradas en el blindaje y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano el respeto a los derechos humanos y a las vidas humanas. La Unión Europea debe dar un giro radical al enfoque de estas políticas y poner en el centro de las mismas a las personas y sus derechos. Si esto no ocurre, miles de personas seguirán perdiendo sus vidas en el intento de obtener protección en un país seguro”, afirma Nuria Díaz, responsable de comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En el año 2016, el presupuesto total para políticas de asilo ha sido de 75 millones de euros, unas migajas en comparación con el presupuesto de las empresas privadas de seguridad.

Frontex

El 15 de diciembre de 2015 se anunció la creación de una nueva fuerza policial fronteriza que absorbería al Frontex, la agencia encargada hasta ahora de coordinar la seguridad en las fronteras de Europa, con la intención de garantizar una gestión rigurosa y compartida de los límites exteriores de Europa. La CE demuestra su apuesta en este proyecto con el incremento del presupuesto destinado a este organismo en los últimos años. Desde 2011, el Frontex tiene presupuesto y capacidad para adquirir sus propios equipamientos, lo que le ha dado una mayor independencia a la hora de contratar a empresas privadas para la gestión de las fronteras o para la adquisición de material. Los fondos destinados a la agencia se han incrementado un 67,3% en un solo año, al pasar de los 142,6 millones de euros con los que contó en 2015 a los 238,7 millones presupuestados para 2016. El incremento es aún más significativo –un 6.388% en 11 años– si lo comparamos con los 6,3 millones de presupuesto anual con los que el Frontex arrancaba en 2005.

Las principales empresas que se benefician de los contratos licitados del Frontex son las mismas empresas armamentísticas y de defensa que siguen manteniendo un lucroso beneficio con la venta de armas a Oriente Medio y el norte de África, de donde provienen la mayoría de los refugiados que llegan a nuestras fronteras. Empresas como Finmeccanica, Thales y Airbus, actores destacados del negocio de la seguridad en la UE, son también tres de las cuatro principales comerciantes de armas europeas. El grupo Safran y la española Indra también se encuentran en las primeras posiciones de ambos ránkings.

Según el instituto de investigación SIPRI, las exportaciones globales de armas a Oriente Medio aumentaron un 61% entre 2006-2010 y 2011-2015. En 2015, Arabia Saudí fue el mayor importador de armas del mundo junto con Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Qatar, Argelia, Israel y Turquía. En la década de 2005 a 2014, los Estados miembro de la UE otorgaron a las empresas armamentísticas euro­peas licencias de exportación de armas a Oriente Medio y al norte de África por valor de más de 82.000 millones de euros.

En España existe una próspera industria de armamento y defensa encabezada por la polémica empresa Indra, seguida por otras tecnológicas que ofrecen soluciones informáticas o sistemas de comunicación y detección de embarcaciones. Todas ellas han sacado gran tajada del presupuesto del Frontex.

Indra

Tal y como indica la propia empresa, “Indra es una compañía de referencia en el mercado mundial de la defensa y seguridad que participa en los programas de defensa europeos y españoles más avanzados. Sus sistemas de defensa aérea protegen, dentro del mando de la OTAN, el flanco sudoeste del continente europeo”. Durante 2015, la multinacional ingresó 540 millones de euros relacionados con la defensa, un 19% de sus ingresos totales. La compañía española ha sido una de las grandes beneficiadas por las licitaciones del Frontex.

En 2015, Indra, conformando una unión temporal de empresas que ella lideraba, obtuvo el “contrato marco para los bienes de servicios de vigilancia aérea y soporte experto”, por valor de 10 millones de euros. El objetivo de este contrato es desarrollar el equipo técnico de Frontex en los vuelos de vigilancia marítima y de tierra “informando de objetos y eventos de interés al centro de coordinación del Frontex”. En abril de 2015 obtuvo un nuevo contrato de menor importe como parte del programa Copérnico para la mejora de la vigilancia de las fronteras mediante comunicaciones por satélite, por valor de 48.179 euros.



Además, la empresa tecnológica ha sido una de las principales beneficiarias de los proyectos de I+D financiados por la UE. Con estos programas se financia con fondos públicos el desarrollo de proyectos en tecnología de defensa. Indra obtuvo 8.106.544 euros para siete proyectos de I+D desde 2002.

A la vez que se beneficia de licitaciones y concesiones provenientes de la CE, Indra tiene presencia en torno a las mismas instituciones que deciden el gasto en defensa y control fronterizo. Según lo declarado en el registro de transparencia no obligatorio de los grupos de presión de la UE, la empresa española ha gastado cerca de un millón y medio de euros en los últimos años en intentar influir sobre las políticas de defensa de nuestras fronteras.

GMV y ATOS

GMV Aerospace and Defence SAU, una empresa española con sede en la localidad madrileña de Tres Cantos dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas y especializada en defensa y seguridad, es otra de las grandes beneficiadas por contratos de la agencia europea. En 2012 fue adjudicataria de un contrato de dos millones de euros para el desarrollo y mantenimiento de Eurosur, una red de comunicación que, según la Comisión Europea, “permitirá a los Estados miembros estar mejor equipados para prevenir, detectar y combatir la inmigración ilegal”. En 2014 consiguió otro contrato de más de un millón de euros para el mantenimiento de esa misma red. Asimismo, entre los años 2011 y 2012, tan sólo en vigilancia de fronteras, se hizo con contratos por valor de casi un millón y medio de euros para sistemas de vigilancia.

La propia página web de la empresa indica que “en el año 2013 el Parlamento Europeo finalmente aprobó la legislación para el Eurosur, asumiendo el sistema desarrollado por GMV para Frontex y estableciendo las bases legales para la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el Frontex (…). Todo ello ayudará a salvar las vidas de las personas que entran en la Unión Europea de manera ilegal, especialmente a través del Mediterráneo”.

En 2013, en el marco de esa misma red, consiguió contratos por casi 12 millones de euros, lo que no ha impedido que en 2015 volvieran a obtener otro nuevo contrato de mantenimiento por algo más de dos millones de euros y otro de 243.000 euros para el desarrollo de nuevo software.

La facturación de la empresa en 2015 ha sido de 125,4 millones de euros, lo que nos da una idea de los enormes ingresos que los sistemas de defensa de fronteras suponen para GMV. En total, la empresa española ha obtenido contratos públicos del Frontex por valor de más de 19 millones de euros.

La división española de la multinacional tecnológica francesa ATOS también se ha beneficiado de los contratos de Frontex. La empresa fue la encargada de desarrollar, por valor de 578.378 euros, el Sistema de Posicionamiento de Frontex, un sistema único, automatizado e integrado para seguir activos desplegados en operaciones conjuntas.

Frontera sur

La defensa de la frontera sur de España también ha sido un gran nicho de mercado para muchas de estas empresas. Levantar vallas que impidan la entrada de migrantes, sistemas informáticos para la vigilancia o la venta de helicópteros de control fronterizo han sido algunos de los servicios por los que muchas compañías han hecho caja a costa de las arcas públicas y de la política de control fronterizo del Gobierno de España.

Entre 2007 y 2012, el Gobierno español gastó en control fron­terizo más de 155 millones de euros



Entre la Jefatura de la Guardia Civil y la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial repartieron contratos por valor de 6.340.000 euros para la “adquisición de material para prevenir los pasos fronterizos en España”. El grueso de estas adjudicaciones se las llevaron los astilleros asturianos Gondan SA y Auxiliar Naval del Principado SA para la construcción de buques. Aunque también se pueden encontrar contratos que, a pesar de ser de menor monto, llaman la atención, como el concedido a Prosescan SAU por valor de 72.500 euros para la adquisición de un equipo de detección de latidos para la Guardia Civil de Granada. Otro contrato adjudicado a la empresa Saborit Internacional concedió más de 50.000 euros por la adquisición de cámaras térmicas portátiles para Algeciras, Almería y Granada.

Entre 2007 y 2012, el Gobierno español gastó en control fron­terizo más de 155 millones de euros, que repartió en contratos a empresas en su mayoría privadas. Algunas de las que sacaron una mayor tajada de estas licitaciones son las mismas que aparecen en las licitaciones del Frontex.

En el mismo periodo, Indra se llevó contratos por valor de más de 34 millones en gran medida por la instalación y mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). El SIVE es un sistema que ayuda a identificar embarcaciones y sus tripulantes. Fue creado inicialmente por la empresa española Amper, y mejorado por ATOS, que creó la primera Unidad Móvil. Indra es una de sus grandes comercializadoras.

Además de estos contratos, Indra y la consultora tecnológica Amper obtuvieron en 2012 otros por valor de más de 13 millones de euros para la adquisición e instalación de sistemas de vigilancia por sensores para las costas españolas. Amper, por su lado, se adjudicó contratos para suplir con este tipo de materiales por valor de 22,6 millones.

Pero la empresa que más ha ganado en el mercado español de la defensa de las fronteras es Airbus. Entre Eurocopter España (helicópteros) y EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus Military) facturó más de 252 millones entre 2009 y 2012. De esta cantidad, la filial dedicada a la fabricación de helicópteros ha sido la que ha obtenido un mayor beneficio de las arcas públicas, ya que firmó contratos por valor de 186 millones entre 2009 y 2012 para la venta y mantenimiento de 23 helicópteros usados para el control fronterizo.

En 2014 ganó un concurso por más de tres millones y medio de euros sólo para repuestos de helicópteros. Asimismo, consiguió 11.850.000 euros por el mantenimiento del software de las máquinas. Finalmente, se llevó casi tres millones por el mantenimiento de helicópteros.

En cuanto a EADS CASA, hoy integrado en Airbus, vendió dos aviones dedicados al control fronterizo para la Guardia Civil por 50 millones. A esa cantidad se le han sumado otros 15 millones de euros hasta 2012 en mantenimiento y equipamiento de tierra. Ese mismo año consiguió un millón de euros para el mantenimiento de helicópteros construidos por ella misma.

ATOS ha sido otra de las grandes beneficiadas de las políticas de seguridad de nuestras fronteras. En 2011 y 2012, la empresa se adjudicó varios contratos por valor de 24 millones de euros. El grueso de estas licitaciones corresponde a dos contratos que sumaban cerca de 21 millones de euros para implementar y mantener el sistema SIVE. Entre 2014 y 2015, la empresa obtuvo casi diez millones de euros, de los cuales ocho han sido gastados en SIVE y casi dos en otros sistemas de vigilancia, como equipamiento para buques.

Las vallas

La valla que separa Ceuta de Marruecos fue construida en 2005 por Dragados, del grupo ACS, quien obtuvo la licitación de la construcción por casi cinco millones de euros. Entre ese año y 2009 ingresó otros 13 millones por el mantenimiento y reparación de la misma.

A partir de 2010, es la empresa constructora y de servicios Ferrovial Agroman quien se hace cargo del mantenimiento y reparación de la valla, así como de las mejoras –en las que se incluye el incremento de altura de ésta–, ingresando hasta 2014 cerca de ocho millones de euros.

En el caso de la valla de Melilla, Indra ingresa entre 2005 y 2006 casi 21 millones de euros por la construcción e instalación de 7.600 metros de valla fronteriza. Entre 2007 y 2009 cobra a las arcas públicas 6,3 millones de euros por el mantenimiento y reparación de la valla. Y en 2011 se asocia temporalmente con la empresa Sallen para la realización de estas tareas de mantenimiento por valor de casi cuatro millones de euros.

Por el mantenimiento y limpieza de la valla de Melilla, la empresa de servicios Eulen se llevó casi cinco millones de euros en 2014. Además, ganó en 2015 la gestión de la limpieza del puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, por casi 300.000 euros.

Concertinas de la Marca España

European Security Fencing, del grupo Mora Salazar, que alardea de ser la mayor empresa de venta de este tipo de alambre con cuchillas de toda Europa, se adjudicó la instalación de las concertinas en las dos vallas españolas. Sus cuchillas se han instalado en las vallas de Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos o Turquía, todo un orgullo de la ‘Marca España’. Para la valla de Melilla, la empresa instaló concertinas por valor de 700.000 euros. Para la de Ceuta fueron 405.000 euros.

El lucro de los vuelos de la vergüenza

Air Europa y Swiftair han ganado el concurso de los vuelos de deportación de migrantes reiteradamente. En 2012 ingresaron casi 12 millones de euros de manera negociada. Y en 2015 obtuvieron otros 12 millones, aunque esta vez de manera pública. Las compañías cobran entre 8.750 y 20.300 euros por vuelo, dependiendo de su capacidad, además de entre 1.500 y 2.750 euros por hora en tierra. En 2016 han obtenido por estos vuelos unos 660.000 euros al mes. En total, estas empresas han ganado 36 millones de euros de dinero público para realizar los vuelos de la vergüenza.