Si es cierto que todo el mundo tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez, el president de la Generalitat lleva una semana instalado en el púlpito. Quim Torra ocupa un cargo que no quería y ese fue ya su primer sacrificio, pero desde que lo ostenta no ha hecho más que denostar la institución. Quien más debería respetarla es quien más la está perjudicando.

Ni la prisión injusta de sus compañeros, ni las mentiras y exageraciones que se han escuchado en el Supremo, ni la amenaza de una derecha que circula sin frenos pueden ser excusa para tener un país paralizado y cada día más sonrojado por polémicas como la de las pancartas y lazos en las instituciones.

Tal vez la argucia de quitar y poner pancartas en el Palau de la Generalitat para acabar reivindicando la libertad de expresión incluso se convierta en un tanto jurídico a favor de Torra. Pero, mientras los minutos de tertulias se ocupan con debates sobre pancartas, recursos y discursos, cada vez se pone más al límite el sentido del ridículo.

En la reunión del martes, varios consellers le transmitieron al president su incomodidad por esta situación y ya algunos defendieron que había que quitar los lazos y no abrir un nuevo frente judicial. Ada Colau lo retiró de madrugada y solo Gabriel Rufián la llamó cobarde. Lo dijo cuando en algunos departamentos de ERC ya hacía días que no había símbolos amarillos. Y el primero en sacarlos este viernes fue el departamento de Vicepresidència. Los republicanos dejaron así claro que no estaban por la labor de seguir alimentando esa polémica.

Si el presidente de la Generalitat quería desobedecer podía haberlo hecho desde el primer día. Si quería cumplir la ley, podía haberlo explicado también el primer día. Pero ha optado por la peor de las soluciones, la que no entienden ni una parte de sus electores ni el resto de votantes, sean o no independentistas. El cortoplacismo de Torra es munición para Ciudadanos, para quienes la llegada de Cayetana Álvarez de Toledo (aunque sea solo para venir a ratos) no ha sido una buena noticia.

El independentismo prometió un Govern "efectivo". Es cierto que algunos departamentos como el de Educación han demostrado una capacidad de gestión más que correcta, pero los que pueden presumir del trabajo hecho son una excepción. Para ser efectivo, un gobierno debe tener un presupuesto que se lo permita. Catalunya lleva dos legislaturas sin aprobar unas cuentas y aunque en cualquier país esto es sinónimo de fracaso, aquí parece que deba aceptarse como normal.

Pero no es normal. No es normal que el Govern vaya acumulando bajas para ir engrosando listas electorales. Tampoco es normal que, diario de sesiones en mano, el principal partido de la oposición sea el que más habla del procés en el Parlament. La injusticia de la que son víctimas los presos independentistas no puede justificarlo todo. Incluso por respeto a ellos, Catalunya necesita otro gobierno.