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La sede de los juzgados de la Audiencia Nacional es un búnker en pleno centro de Madrid. En la plaza Villa de París se puede ver una pequeña construcción acristalada que da acceso a las salas de vistas, donde se juzga a narcotraficantes, terroristas yihadistas, de la banda terrorista ETA, los macrocasos de corrupción y a una serie de ciudadanos que escriben chistes, barbaridades e insultos al destinatario equivocado. Esta semana se han sucedido seis juicios por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales. Ha sido lo único juzgado esta semana, a excepción del juicio contra Mohamed Said Mohamed, detenido en 2014 en Melilla acusado de adoctrinar y entrenar a una célula terrorista.

El lunes se celebraba el primer juicio por enaltecimiento, a la misma hora que el de Mohamed Said. Los periodistas, el público y los acusados entramos a la vez por el estricto control de seguridad que hay que pasar, y que te hace tomar consciencia de la peligrosidad de algunos reos. Hay que bajar dos plantas. Un pasillo largo de suelo blanco amarmolado distribuye la sala de vistas. Una atmósfera de tensión y silencio que se rompe por el ruido de las pisadas con suelas de goma sobre las baldosas. Luz blanca, aspecto industrial, gelidez arquitectónica y cabezas agachadas en la sala de espera.

Alfredo Remírez Marañon, el acusado del día por enaltecimiento del terrorismo, habla conmigo y me pide que pregunte cualquier duda a su abogado, también me agradece estar ahí para contarlo. Su abogado es Kepa Mantzisidor, un hombre con experiencia en la defensa de este tipo de delitos, y que además fue una de las 16 personas detenidas en la Operación Mate que la Guardia Civil llevó a cabo contra un colectivo de abogados por integración en organización terrorista.

Remírez conoce lo que es estar en la Audiencia Nacional por un caso similar. En 2009 ya fue condenado a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Quizás por eso se le nota tranquilo, aunque sea solo una pose para aliviar la pesadumbre, que sí es más visible en sus dos acompañantes. La Fiscalía le pedía dos años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta. Por eso, y con los antecedentes previos, llegaron al juicio con una conformidad con la fiscalía.

«¡Audiencia Pública!», exclama el secretario judicial. Ese es el aviso destinado a las visitas para poder acceder al tribunal. Entramos a la sala de vistas. Un grupo de estudiantes se une a los dos acompañantes del encausado y a un periodista. Frente a nosotros, el fiscal Carlos Bautista y el juez Fernando Grande Marlaska. Comienza la lectura de las acusaciones y al juez se le ve con ganas de despacharlo rápido.

Es vox populi entre los compañeros de prensa que trabajan con asiduidad en la Audiencia Nacional el hartazgo que esta avalancha de juicios por comentarios en redes sociales provoca entre los magistrados. Las partes han llegado a un acuerdo, lo que se conoce como juicio por conformidad. El fiscal Carlos Bautista acepta rebajar la pena a un año y seis meses de prisión y retirar la calificación de delito continuado y la petición de libertad vigilada a cambio de que el acusado reconozca los hechos y acepte la pena impuesta. Visto para sentencia, dice Grande Marlaska. Todos nos vamos de la sala. Han sido 5 minutos. Que pase el siguiente.

Y el siguiente fue el martes. Un joven de Iruña que a la salida reconocía con la cabeza baja que había dicho muchas barbaridades pero que no entendía cómo podía estar allí. Algunos de los comentarios que le llevaron a la Audiencia Nacional no dejaban lugar a la interpretación: «Al Olentzero le pido la cabeza del Rey”, o «Policías heridos no, que sean muertos”. Consciente de que la situación no tenía buen color, aceptó en un juicio por conformidad también dirimido por Grande Marlaska una pena de dos años de cárcel que quedaba en suspenso si no reincidía. A la salida, la tensión se desató, una chica que le acompañaba llora y el acusado la abraza y la tranquiliza. Todo se ha acabado. Se vuelven a casa.

Miércoles, el juicio por enaltecimiento del día estaba fijado para las 10 de la mañana. Se retrasa porque el abogado entra y sale de la sala de vistas. Habla dentro con la fiscal, y dentro con su acusado varias veces. Parece que se fragua otro juicio por conformidad. El juez Jaime Martínez Lázaro preside el tribunal. Pero no hay conformidad. El acusado es Jesús María Llastra, con antecedentes por violencia de género, al que se le imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo por comentarios ofensivos contra Manuel Broseta, catedrático asesinado por ETA en 1992.

La fiscal acordó reducir la pena impuesta a 1 año de prisión por el arrepentimiento mostrado. El acusado leyó una carta que envió a la familia Broseta y a la asociación de víctimas del terrorismo, y aludió a una situación personal muy delicada y a estar sometido a un tratamiento de opiáceos que le hacía ir “contra el mundo”. El acusado aseguró en repetidas ocasiones su arrepentimiento y que el hecho de que ahora esté trabajando le permitiría reponer el daño provocado. Los denunciantes, la familia de Manuel Broseta, no acudieron a testificar. Visto para sentencia.

Ya es jueves, hoy tenemos tres. Jordi Clará y Xabier Zelaia alcanzaron sendos acuerdo de conformidad para aceptar una condena de un año de cárcel por hacer chistes sobre Irene Villa en el caso de Clará, y comentarios alabando a ETA en el de Zelaia. La misma pena por hacerlo en serio que en broma. No importa.

Arkaitz Terón, abogado juzgado por hacer chistes sobre Carrero Blanco, no llegó a ningún acuerdo. Fue uno de los detenidos por la Operación Araña, la acción de la Guardia Civil en 2014 que acabó con 19 detenidos destinada a cribar las redes sociales con palabras clave como “Argala” o “Carrero” para ejemplarizar y dar una lección política a tuiteros.

Los pactos con la Fiscalía han sido mayoritarios esta semana. Las condenas libran a los acusados de la cárcel, liberan de trabajo a los jueces y dan argumentos a la Fiscalía y el Gobierno para seguir persiguiendo este tipo de hechos.

La semana que viene solo se juzga un caso de enaltecimiento en redes sociales. Demasiados condenados por delitos de terrorismo que no son terroristas banalizan el execrable delito que hace años golpeaba con dureza nuestro país. Comentarios bárbaros e imprudentes, descerebrados o desalmados, fruto de la inmadurez, a veces con una marcada crítica social o de una ideología no tolerada, bromas, mofas y chistes hirientes o certeros, respetables o censurables. Todos diferentes, algunos inexcusables, solo palabras.