Hay destinos en la Policía donde los agentes suelen quedarse. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) quizá sea uno, al menos para el agente 78.777 por quien desde 2007 pasan las informaciones más delicadas que maneja ese equipo policial, sobre todo en el periodo en el que el comisario José Luis Olivera la dirigía. Y gracias a esos informes puede establecerse una clara línea entre los intereses de los clientes del entonces comisario en activo José Manuel Villarejo, las "notas informativas" que este elabora y hace llegar a 'Oli' -como le denomina en las grabaciones de Tándem- o a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y los testigos o hallazgos del agente en los casos Astapa, Gürtel y Pujol.

Aunque Olivera aún no ha sido llamado a declarar a la causa Tándem, en la pieza de la Operación Kitchen toda esta actividad de la UDEF también está bajo investigación. El campanazo fueron las grabaciones de la reunión entre la secretaria general del Partido Popular en 2009, María Dolores de Cospedal; su marido, el empresario Ignacio López del Hierro -que la UDEF no ha podido determinar si es el mismo 'López Hierro' de los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas-, y el comisario José Manuel Villarejo en la sede de Génova, 13. Ahí le piden al policía ayuda para tapar la causa Gürtel y, presuntamente, fue entonces y no en 2013 cuando se pone en marcha la primera fase de la Operación Kitchen.



Precisamente el agente 78.777, como ha podido saber Público, es el autor del principal informe de la causa Gürtel: el que logró identificar a L.B. como Luis Bárcenas partiendo de la contabilidad de Francisco Correa y dirigió los ojos a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid en ese momento, como presunto receptor de una comisión por firmar la recalificación de unos terrenos en Arganda del Rey a favor de la constructora Martinsa, de Fernando Martín, y que, según publicaron algunos medios citando filtraciones policiales, sería el origen de la compra del ático de Estepona.

La primera fase de la operación Kitchen

Público ya había desvelado que en abril de 2007, el agente 78.777 había elaborado los 14 primeros informes de la causa Astapa, que tiene como origen la declaración de unos testigos que aparecen de la nada como el entonces concejal socialista y luego alcalde de Estepona (Málaga) Diego Valádez y del presunto testaferro del comisario Villarejo en dicha localidad, Juan Carlos Escribano Cárcel. Según un abogado de esta causa: "Como policía este agente es una joya, porque para hacer los 14 primeros informes de Astapa hay que saber de Derecho Adminstrativo, Mercantil, Urbanístico, Penal... y él sabe de todo". También es quien en 2012 tomará declaración a los testigos con los que se inicia el caso Pujol y que cobraron de los fondos reservados, según la investigación de la Audiencia Nacional, Javier de la Rosa y Victoria Álvarez.



Lo más destacado es que tanto en el caso de Estepona como en el de los Pujol los testigos habían pasado por el despacho del entramado societario del comisario Villarejo que ahora se investiga en Tándem por blanqueo de capitales y que se sitúa en la plata 9 de Torre Picasso, dentro de las oficinas del banco francés Societé Generalé, presidido por Donato González, gran amigo de dos clientes de Villarejo como aparece en la causa Púnica o en la de la doctora Elisa Pinto: el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y el ex consejero de OHL, Javier López Madrid. Todos asiduos a la policía paralela creada por Villarejo y para la que el comisario se servía también de una pata mediática, con Eduardo Inda y Manuel Cerdán como receptores asiduos de las fake news o a 'los chantajillos'.

Última página del informe que dio origen a la causa Gürtel y que va firmado por el agente 78.777.

En los meses de enero a marzo de 2009, poco antes de la reunión registrada entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo - "que no significa que no hubiera algunas antes entre algunos de ellos, por ejemplo López del Hierro era asesor de Societé Generale, donde también trabajó Francisco Granados, y donde Villarejo tenía la sede de sus empresas", explica a Público una fuente-, el jefe de sección con carné profesional 78.777 hizo dos hallazgos trascendentales para Villarejo y algunos de sus clientes, amigos o allegados: identificó a Luis Bárcenas como L.B en la contabilidad incautada en el registro de Francisco Correa y apuntó a una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid), que durante años señaló a Ignacio González y a inversiones de este y otros cargos como Benjamín Martín Vasco o Ricardo Galeote en el ya citado municipio de Estepona.

Extracto del informe que dio origen a la causa Gürtel y que está firmado por el jefe de sección 78.777

Este informe fue el primer escollo que tuvieron que superar los populares tras la marcha de Aznar y la estrategia cayó en manos de Federico Trillo y del propio Luis Bárcenas, que se encargó de establecer contactos con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que llevó el caso, una vez Baltasar Garzón tuvo que inhibirse por la aparición de diputados y senadores. Se podría denominar, según algunos investigadores de la época que pasaron por le UDEF, como "la primera fase de la Operación Kitchen".

La corrupción de Granados que la UDEF no investigó

Las fuentes consultadas por Público señalan que "en estos dos casos el interés en señalar a Bárcenas y González, más allá de acabar con la corrupción y que realmente tuvieran que ver en lo que se les atribuye, responde a desencuentros y toma de posiciones dentro del propio partido". Así, Luis Bárcenas no era precisamente del agrado de la recién estrenada secretaria general del Partido Popular, que ascendía meteóricamente a las alturas nacionales de la calle Génova, 13 tras salir de las filas del gobierno madrileño.

María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. EFE

En Madrid, Cospedal había sido la consejera de Transportes que puso en marcha el tren de Navalcarnero, por el que a la cuenta del amigo del comisario Villarejo, el empresario Adrián de la Joya, le llegaron 1,4 millones de euros que debía haber recibido presuntamente Ignacio González de la constructora OHL, pagado por su ex consejero Javier López Madrid. Todo esto que la UDEF nunca vislumbró en sus informes aunque pasara delante del comisario de confianza, José Manuel Villarejo, es lo que la Audiencia Nacional investiga hoy en la causa Lezo gracias al trabajo de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente esta comisión de Navalcarnero que no llegó al PP de Madrid ni tampoco al PP nacional, creó una gran discusión en el despacho del presidente del PP, según diversas fuentes. Allí el todavía tesorero Álvaro Lapuerta se habría quejado ante Mariano Rajoy que los dineros de algunas constructoras, como la de su amigo desde el franquismo Juan Miguel Villar Mir, no estaban llegando a la caja B del PP. Apoyándole estaba Luis Bárcenas -según contó el propio tesorero a este periódico ante testigos- y por otro Esperanza Aguirre y sus hombres de Madrid, Francisco Granados e Ignacio González. Poco después de este desencuentro en el despacho de Rajoy surgió otro caso, el del espionaje en la Comunidad de Madrid a Alfredo Prada, a la senadora y amiga de Lapuerta, a Manuel Cobo... y que algunos afectados achacan también a esta trastienda: "las cajas B de Madrid y la del partido a nivel nacional".

Imagen de archivo de Alfredo Prada (detrás de Esperanza Aguirre) junto a Francisco Granados (imputado en Púnica) y Alberto López Viejo (imputado en Gürtel), en la Asamblea de Madrid.

Cospedal había sustituido en la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid a Francisco Granados, que había pasado a formar parte de la cohorte de vicepresidentes de Esperanza Aguirre. Este, empleado de Societé Generale hasta que las filas del PP le llamaron, fue otro de los que se salvó de los informes de la UDEF elaborados por el agente 78.777, a pesar de que el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas también suministro grabaciones que hubieran servido para abrir lo que ahora conocemos como causa Púnica, tal y como desveló Público en el verano de 2015.