Una de las propuestas anunciadas por el ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador en materia educativa es crear 100 universidades públicas en el país durante su mandato. Aunque no se ha detallado la estrategia, en ningún país en Latinoamérica se ha logrado algo parecido.

Durante los 14 años de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, se crearon 14 universidades federales; en Argentina hubieron 20 más y en Venezuela 30 planteles entre 1999 y 2016. Tal vez sólo en la India podría pensarse un crecimiento así, y sería “a un costo altísimo”, asegura Alma Maldonado, doctora en Educación Superior e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).

De hecho, la idea de crear más universidades es algo que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha buscado en los últimos años, a través del Programa de Escuelas Universitarias. En febrero de 2016 arrancaron operaciones ocho planteles en el país, y en marzo pasado fueron inauguradas cuatro escuelas más en Veracruz.

Su sostenimiento, según han reportado Raquel Sosa, coordinadora de proyecto de Morena, es a través de las donaciones de integrantes del partido. Pero hasta el momento no ha habido una evaluación de su funcionamiento.

El ingreso a la educación superior ha sido un reto permanente en el país, pues hasta 2016 sólo 17% de las personas de entre 25 a 64 años de edad en México había cursado la educación superior, la proporción más baja entre los países de la OCDE.

Hasta el ciclo 2016, la tasa de escolaridad en educación superior fue de 32.1%, de acuerdo con el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Es decir, sólo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad lo está haciendo.

Esto es menor a la cobertura registrada en Cuba, donde hasta 2015 la cobertura ascendía a 95%; Puerto Rico, 86%; Venezuela, 78%; o Argentina con 71%, de acuerdo con la investigación “La educación superior en México”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Para Alma Maldonado, sin embargo, el problema no se soluciona sólo con más planteles, sino con replantearse la forma de ingreso, porque el modelo actual le da mayores oportunidades a quienes han tenido mejores condiciones económicas y sociales, y rezaga a quienes de por sí se encuentran en situaciones vulnerables.

“No estás solucionando los problemas de equidad creando solamente más instituciones porque tenemos una saturación de la demanda de la educación superior en ciertas universidades. Es decir, la UNAM, y el porcentaje de acceso y rechazados es un escándalo. Sí se han creado otro tipo de instituciones (tecnológicas, politécnicas), pero cuyo acceso no ha generado el interés de los estudiantes”, advierte Maldonado.

Para afrontar el problema de la cobertura en educación superior, insiste la investigadora, se debe discutir primero la inequidad que existe en el propio sistema, porque al sólo incrementar el número de planteles se está “estratificando más el mismo sistema”.

Por eso es que, dice, un estudiante de clase media que egresó de una preparatoria privada, bilingüe, que vive en un contexto familiar con incentivos intelectuales y sociales, “tiene todas las ventajas para entrar a la UNAM, o al IPN o a la UAM, frente a un chico que venga de una condición exactamente opuesta”.

Por ejemplo, de acuerdo con estadísticas sobre el perfil socioeconómico de los estudiantes que ingresaron a alguna carrera de la UNAM en 2016, sólo 2.17% de hijos de campesinos lograron un espacio. Los hijos de directivos o funcionarios sumaron 2.37%, y el grueso de estudiantes son hijos de empleados, con 28.8%.

“Este punto no se está discutiendo y tendría que ser el punto esencial en un gobierno de izquierda”, dice Maldonado, quien también es profesora de la UNAM.

Lo que debería revisarse es el proceso de selección. La opción del sorteo quita la carga al estudiante, de que si no logra un lugar se sienta fracasado, pero el debate está en por qué descartar el mérito académico.

Una alternativa podría ser “poner a competir a iguales con iguales. Es decir, tener sistema de cuotas socioeconómicas donde, por ejemplo, estudiantes indígenas tendrán equis número de lugares, y ellos van a competir entre ellos y entrarán los mejores. Pero no se puede poner a competir a un estudiante mixe con estudiantes de preparatorias privadas de Coyoacán”.

Sobre el tema, los investigadores Emilio Blanco, Patricio Solís, Héctor Robles escribieron el libro Caminos desiguales. Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes de la Ciudad de México, donde confirmaron que el acceso a la educación superior es restringida y el estrato económico tiene incidencia.

“Tan solo 9.5% de los jóvenes provenientes del estrato muy bajo lograron acceder a los estudios superiores, fracción que se incrementa a 24.4% en el estrato bajo, 36.3% en el medio, y 57.9% en el alto. Estas brechas reflejan en parte las desventajas acumuladas hasta antes del ingreso a la educación media superior”, advierten los investigadores.

Incluso, esta desigualdad comienza desde la educación media superior, donde el futuro a la universidad puede estar determinado por el plantel en el que el estudiante fue aceptado.

Muchos jóvenes de estratos socioeconómicos medios y bajos que aspiran a realizar estudios universitarios en la Ciudad de México ya saben: “el examen de ingreso al bachillerato es un punto de quiebre en sus aspiraciones, que pone en juego no solo a qué tipo de escuela se ingresa, sino también las oportunidades de aspirar a la universidad y de asistir a una universidad pública como la UNAM”.

Por eso, dice el investigador Emilio Blanco en sus conclusiones, que “la transición a la educación media superior, con sus mecanismos institucionalizados de ingreso y su segmentación institucional es un caso que ilustra de manera idónea el modo en que las brechas socioeconómicas y el diseño institucional interactúan para exacerbar la desigualdad social en las trayectorias educativas”.