El escándalo trepó hasta llegar a la Justicia: el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, citó para hoy a declaración testimonial al autor de esta nota para pedirle precisiones sobre la resolución interna y otras aristas del caso y abrió una investigación de oficio que promete destino de juicio oral sumarísimo. En la política, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, evitó pronunciarse cuando fue consultada por las denuncias y el candidato a sucederla por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo que la acusación “es de una gravedad increíble”.

El 23 de septiembre este diario publicó por primera vez que el Gobierno preparaba un plan de largo alcance para implementar un bono de $5.000 a desocupados sin otros ingresos. Desde entonces a diario se sucedieron las novedades: la resolución 1177 firmada por el secretario Fernando Prémoli, subalterno del ministro Dante Sica, apartó un presupuesto máximo de 650 millones de pesos para ese destino, con un universo estimado de 114 mil beneficiarios.

En paralelo, en varios distritos hubo intendentes peronistas que se quejaron de que sus competidores de Juntos por el Cambio ofrecían este pago sin pasar por los mecanismos institucionales locales. También se produjo el caso inverso: dirigentes del Frente de Todos denunciaron que jefes comunales de Juntos por el Cambio como el de Pilar, Nicolás Ducoté, el de La Plata, Julio Garro o el de Morón, Ramiro Tagliaferro, hacían campaña con la promesa de bonos. Respecto de Ducoté, incluso, la jueza electoral María Servini de Cubría le ordenó cesar esas actividades.

Francisco Ratto, concejal y candidato a intendente de San Antonio de Areco por la oposición al actual jefe comunal, Francisco Durañona, confirmó en diálogo con una radio local que desde el Ministerio de Producción y Trabajo había sido contactado para “buscar” posibles subsidiados en el municipio y que a partir de esa tarea inscribió a 200 personas con un presupuesto total de un millón de pesos. Una y otra vez el entrevistador le preguntó por qué se encargaba de una labor que debería realizar el Ejecutivo nacional o local a través de áreas específicas a lo cual sólo atinó a responder que como concejal y dirigente estaba en condiciones de hacerlo.

Además de Areco hubo reportes similares de los intendentes peronistas de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, y del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, entre otros. Aunque las denuncias se pusieron en común en foros de intendentes peronistas hasta la semana pasada no había sido presentada una imputación judicial.

El trámite interno en Producción y Trabajo tuvo un primer antecedente que este diario pudo localizar el 25 de septiembre, como consta en una nota de ese día de la Secretaría de Atención Ciudadana y Servicios Federales, a cargo de Tomás Aramburu, quien se dirige a Fernando Prémoli para pedirle la implementación del subsidio. El 2 de octubre el director de Promoción del Empleo, Julián Pascual, informa que la Dirección de Administración y Control Presupuestario hizo saber que era factible ponerlo en marcha mediante “la Partida 5.1.4” denominada “Ayudas Sociales a Personas” de Producción y Trabajo. Ese mismo día Prémoli lo trasladó a Asuntos Jurídicos que da el aval legal, y al día siguiente firmó la resolución 1177.

En los registros internos de la cartera a cargo de Sica figura una proyección de un total de 114 mil subsidios para desplegar en todo el país. En las planillas este diario constató una primera tanda de 105 mil bonos pedidos, de los cuales la ANSES rechazó 25 mil tras señalar que los potenciales beneficiarios no podían percibirlo por estar contemplado en alguna de las incompatibilidades: contar con un ingreso por un plan social, una jubilación o pensión o un programa para desempleados o de entrenamiento laboral.

La altísima proporción de bonos rechazados fue explicada por técnicos de la cartera laboral como propia del apuro y la desprolijidad desplegados por los funcionarios en la implementación contrarreloj del plan antes de las elecciones. Y, sobre todo, porque en muchos casos el pedido partió de punteros políticos sin contar con los resortes de información oficial de un organismo público.

La mitad de los 80 mil que efectivamente fueron liquidados por Producción y Trabajo corresponde a la provincia de Buenos Aires. Entre las localidades más involucradas estuvieron Lomas de Zamora, con 11.705 planes; Florencio Varela, con 5.992 y Pilar, 5.601. Entre las restantes provincias la que recibió más subsidios fue Santa fe, con 7.800, seguida por Chaco, 4.900 (casi todos en Resistencia); Córdoba, 4.094; Ciudad de Buenos Aires, 1.481; Jujuy, 693, y Mendoza, 519.

El viernes pasado, y casi tres semanas después de la primera nota publicada por este diario, desde la cartera que preside Sica se contactaron con Ámbito Financiero para brindar una explicación aunque con la salvedad de que no sería oficial y que sólo sería transmitida bajo la modalidad “off the record”, es decir sin asignación de un portavoz como fuente. El argumento central fue que la resolución 1177 activó un plan preexistente en el área de Empleo y no implicó la creación de un nuevo plan, por lo que en teoría no era obligatorio que fuese publicado en el Boletín Oficial.

En ese sentido, un vocero dijo que el mismo mecanismo se había utilizado años atrás para asistir a pobladores de la provincia de Corrientes afectados por una inundación. No existen publicaciones periodísticas que dieran cuenta de una atención de esas características llevada adelante por Jorge Triaca, quien por entonces cumplía funciones como ministro de Trabajo. Más allá de ese punto, el funcionario consultado tampoco supo explicar cuál había sido el método para lograr que fuesen ubicados más de 100 mil beneficiarios del bono en tiempo récord sin hacer publicidad alguna del plan y sin darlo a conocer mediante canales institucionales en ninguno de los casos.