La política es una de las más estrictas de este gobierno en su batalla por detener la migración y un revés en una historia de décadas de normas de asilo humanitarias. Es probable que afecte a cientos de miles de migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. A eritreos y cameruneses que escapan de la violencia política. A nicaragüenses y venezolanos que buscan evadir la represión.

Y al grupo más numeroso: hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que huyen del doble azote de la pobreza y las pandillas.

“Esto se lleva toda la esperanza”, dijo Eddie Leonardo Cáliz, de 34 años, quien abandonó San Pedro Sula (Honduras) con su esposa y dos hijos hace tres meses para tratar de escapar de la violencia de las pandillas, y se encontraba en un albergue del sur de México. Con medidas como esta, dijo, el gobierno de Trump los “está privando de la oportunidad de estar seguros”.

La nueva regla, que fue autorizada para entrar en vigor mientras se resuelven las impugnaciones legales, es consistente con la postura de hostilidad y rechazo del gobierno de Trump hacia quienes buscan protección en Estados Unidos.

Ya sea al separar a las familias de migrantes, al limitar drásticamente el número de solicitudes de asilo que se aceptan por día o al devolver a México a quienes ingresaron a Estados Unidos para que esperen su audiencia en el país vecino, el gobierno ha mostrado una determinación obstinada en el propósito de desalentar la migración.