"Inhumano". Así califica Nuria el proceder del Gobierno con su familia. Hace tres años, esta española y su marido, argentino, trajeron a la madre de éste a España gracias a un permiso de residencia por ser familiar de un ciudadano comunitario. Cuando llegó la anciana, que ahora tiene 86 años, la Seguridad Social le negó la tarjeta sanitaria porque considera que debería haber venido con un seguro privado, algo que no le exigieron para darle los papeles. La familia recurrió la negativa, como han hecho con éxito otros afectados en Cataluña, Castilla y León y Madrid, pero antes de recibir una respuesta llegó otra comunicación de la Administración: el Gobierno les notificaba que ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de la anciana por carecer de cobertura sanitaria. Lo mismo le ha ocurrido a Santos Blasina Rodriguez Solorzano, hondureña de 81 años.

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"Más que una cuestión de dinero, es de derechos humanos, de justicia. Lo que está pasando es inhumano. Que vayan a expulsar a una persona de 86 años, que tiene a toda su familia aquí...", cuenta al otro lado del teléfono Nuria (que prefiere guardar su verdadero nombre y el de su suegra en el anonimato).

Su familia vive con temor desde que en mayo recogieron la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid –a la que ha tenido acceso eldiario.es–, entregada por dos policías en la casa donde reside la anciana. "Menos mal que Estela (nombre ficticio) estaba dormida y la cogió uno de sus nietos", dice Nuria. De momento, no le han contado nada a la mujer para que no se ponga nerviosa: "Su hijo está preocupadísimo y sus nietos también. Es muy duro vivir día a día con esa incertidumbre".

Recurrieron la notificación, gracias al asesoramiento de Médicos del Mundo, y este mes han recibido la resolución del Gobierno en la que reitera su postura: Estela no tiene derecho a la tarjeta de residencia –que está expedida hasta diciembre de 2017– por no tener un seguro médico.

Santos Blasina Rodriguez Solorzano aún se encuentra en el primer paso, "en la primera notificación", cuentan en el colectivo Yo Sí, Sanidad Universal. Este martes, su hija y miembros de la plataforma en contra de la reforma sanitaria del Gobierno de 2012 –que retiró la tarjeta sanitara a 800.000 personas de un día para otro– entregarán una demanda a la Seguridad Social para luchar por el derecho a la sanidad pública de la mujer, enferma de Parkinson.

Debido a la reforma sanitaria, el Ejecutivo entiende que estas personas, que no han cotizado antes en España, no tienen derecho a la sanidad pública porque no pueden suponer "una carga" para el Estado.

Gorka Vellé, abogado y voluntario en Médicos del Mundo se ocupa del caso de Estela y defendió también al padre de Annie, que ya ha ganado un juicio a la Administración. Otras familias en Barcelona y Castilla y León también obtuvieron sentencias que reconocían el derecho a la atención pública de los ancianos. La justicia hasta el momento ha considerado que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia.

Sin opción a la sanidad privada

Una de las claves, además, de la desprotección a la que se ven expuestas los ancianos radica en que la mayoría de aseguradoras no aceptan a las personas mayores entre sus clientes porque no son rentables. Y el Gobierno quiere expulsarlas porque no contratan una privada: algo casi imposible. "Entendemos que la obligación de seguro médico, en personas que no se lo pueden permitir y a las que las aseguradores no cubren, vulnera el derecho de estas personas a la reagrupación", indica Gorka Vellé.

Nuria estuvo mirando con su pareja las opciones que tenían en varias entidades privadas: "Ninguna aceptaba, excepto Sanitas que nos dijo que antes no lo hacían pero que desde un tiempo a esta parte sí. Les pregunté si recibían muchas llamadas como las de mi suegra y me dijeron que sí". El precio: "Unos 4.000 euros al año". Estela lleva tres años, con los problemas habituales de la edad ("de huesos, algunas pérdidas de memoria y sus pastillas"), en los que solo la atienden algunos amigos de su hijo, que son médicos. "Por suerte", indica su nuera.

En Yo Sí, Sanidad Universal recuerdan que la ley (real decreto 1192/2012, de 3 de agosto) contempla que "las personas con permiso de residencia y pocos ingresos tienen derecho a la tarjeta como asegurados", apunta Cristina Castañeda. Tras varias sentencias desfavorables a la Administración, el Gobierno ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de estas dos mujeres.

eldiario.es ha preguntado a la Delegación del Gobierno en Madrid cuántos expedientes se están revisando por este motivo pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Para el especialista en Derecho de Extranjería, Francisco Solans, la Administración "está abusando de la figura de la extinción". Solans indica que, aunque se tratara de un error al haber otorgado los permisos, "es muy discutible que se extingan las tarjetas de residencia. La Administración puede revocar una sanción o una multa, pero cuando su acto es declarativo de derechos, que reconoce derechos a una persona, no lo puede revocar así como así según marca la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas", indica.

En Médicos del Mundo y Yo Sí coinciden en el efecto de esta medida: el miedo. "Nos da la impresión de que la medida es casi más de amenaza. Como ha habido sentencias a favor de las personas a las que han negado las tarjetas sanitarias, van directamente al origen", indica Gorka Vellé.

Nuria puede hablar del miedo. Es lo que ve a diario en su casa, al mirar a su pareja. Temor a que un día vuelva a sonar el timbre y sea la Policía para llevarse a Estela. "No tiene a nadie en Argentina". De momento, han presentado un recurso de alzada. "Queremos luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir que la ley sea justa, más humana, y que nadie tenga que pasar por esta situación tan difícil", concluye Nuria.