Arianna Giménez Beltrán

15/05/2019

Hablamos con Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y alcaldesa de Barcelona, a pocos días de las elecciones municipales en las que compite por repetir mandato. Lo hace encabezando de nuevo la lista de Barcelona en Comú (BeC), partido político que nació como plataforma ciudadana y que en once meses tumbó al stablishment barcelonés.

Es imposible pensar nuestro pasado reciente sin la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Poco cabía esperar que su primera acción en el Vendrell (Tarragona), hace casi una década y más parecida por tamaño a una reunión de vecindario, iniciaría la lista de los más de 2.000 desahucios parados por la ciudadanía organizada en España. Ese día de noviembre, en el que esperar a la comitiva judicial se hacía más insoportable si cabe por un calor atípico, su en aquel momento portavoz Ada Colau pasaba desapercibida. Hasta que le preguntabas por lo que ya era una realidad: burbuja inmobiliaria, especulación bancaria, deuda, familias en la calle…Entonces, respondía de una tacada, casi sin respirar, evidenciando una trama especulativa y señalando a los responsables en cinco minutos.

Hoy hace lo mismo quizás con un tono modulado tras cuatro años de Alcaldía a sus espaldas. Durante este tiempo, la institución ha plantado cara a las compañías eléctricas, ha abierto un centro LGTBI pionero en Europa o ha blindado parte de la vivienda pública dentro del sector privado. Aún así, la sala donde esperamos a la alcaldesa para hacer la entrevista muestra lo mucho que aún queda por hacer dentro de las instituciones: paredes y techo están forrados de imágenes que vanaglorian el genocidio perpetuado en América Latina por Cristóbal Colón. La agenda de Ada Colau está calculada al milímetro y nos atiende durante la media hora que tiene antes de salir volando a la entrega de los premios feministas Maria Aurèlia Capmany.

¿Quién manda en Barcelona?

[Ríe] Diría que en esto no he tenido muchas sorpresas. El Ayuntamiento manda y hemos podido impulsar una agenda de cambio porque gente como nosotros ha llegado a una posición de poder donde nunca había llegado. Esta diferencia se ve. Hemos hecho muchas cosas que no se habían hecho en 40 años, como obligar al sector privado de vivienda a tener un 30 por ciento de vivienda asequible en las nuevas promociones o un operador energético municipal, enfrentándonos al oligopolio energético. Por tanto mandamos, ¿no? Ahora, también sabemos que no somos los únicos [ríe de nuevo]. Sí que hay una disputa por el poder. Hay los poderes electos, democráticos, transparentes, como el nuestro porque la gente nos ha votado y hemos llegado a un gobierno en minoría, hecho que también hace que no podamos hacer todo lo que quisiéramos. Después hay otros poderes fácticos que, efectivamente, tienen mucho poder. El financiero, el inmobiliario, el mediático…Hay una disputa con ellos, que ya sabíamos que existían. No somos ingenuos.

Se dice que el poder corrompe. Después de cuatro años en primera línea, ¿has corrido este riesgo?

Te diría no, por quien somos nosotros: no conocíamos a nadie de los poderes fácticos que siempre han mandado. El problema es lo que se ha conocido como “capitalismo de amiguetes”, donde hay unas élites políticas, financieras y mediáticas que tienen un entramado de relación. En sí mismo esto no es delictivo porque es una relación de amistad, de proximidad, que a veces puede generar cosas positivas y propuestas de ciudad buenas. Si esta relación se instala como un hecho consumado y se impone a otros hechos como es la elección democrática de poderes electos sí se pueden generar disfunciones. Nosotros, que no formábamos parte de esta élite, lo hemos constatado. Si hubiéramos querido quizás nos hubieran aceptado, pero no lo hemos ni querido ni probado. Gobernamos para todos y hemos mantenido relaciones con todo el mundo, no somos sectarios, pero marcando las distancias. Cada uno en su papel, con transparencia y con una agenda pública como no se había hecho nunca y donde todo el mundo puede ver con quién me he reunido. Hemos hecho que los presupuestos sean transparentes, un código ético que impide las puertas giratorias, un buzón donde denunciar irregularidades…No sólo hemos venido a ocupar el lugar de otros defendiendo que gestionamos mejor y que no somos corruptos, sino a cambiar las reglas del juego. Entonces, ¿el poder en sí mismo corrompe? No, ni mucho menos; pero según cómo las personas lo ocupan y se relacionan con otros poderes es más fácil que surja la corrupción.

Los últimos 8 de marzo han sido una demostración histórica de la fuerza y la capacidad de organización de los diferentes feminismos. Sin embargo, hay mujeres que aún no se sienten cómodas en el marco de la huelga feminista. Así lo expresaba Míriam Hatibi en la jornada ‘Ciberviolències y participación política de las mujeres‘. Otros colectivos, como Afroféminas también apuntan en esta dirección. ¿Hay que hacer autocrítica desde el feminismo blanco?

Esto es tan cierto hoy, como hace diez o veinte años. No es algo nuevo que descubrimos ahora. Han habido muchas interpelaciones de los feminismos plurales: desde el colectivo LGTBI, las mujeres migradas múltiples…Ya son muchas las voces que, incluso desde el feminismo blanco, lo cuestionan. Desde Judith Butler o Donna Haraway, se está problematizando y criticando el eurocentrismo de la mujer blanca que, desde un lugar de superioridad y de un cierto confort y tranquilidad, alecciona sobre qué es y qué no es ser una mujer liberada. La diversidad del colectivo de mujeres y del colectivo feminista es una realidad desde hace décadas, otra cosa es que no haya sido reconocida ni oficializada. No es un tema que surja de las últimas huelgas, aunque cada vez quizás es más amplio, más generalizado y colectivizado.

Otro debate que divide al feminismo es la creación del sindicato OTRAS. Tras apoyarlo, recibiste fuertes críticas del Gobierno de Pedro Sánchez y de otros sectores. Incluso, se te acusó de promover la prostitución. ¿Es necesario un sindicato que permita a las trabajadoras sexuales organizarse?

Yo no tengo que decir lo que es necesario. Lo que tengo que hacer es no callar a ninguna mujer. La polémica no fue con otros sectores, fue con el Partido Socialista (PSOE) que en esto siempre ha tenido un paternalismo que, sinceramente, me parece antifeminista. A mí no me gusta la prostitución y estoy totalmente en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer. El PSOE se llena mucho la boca, pero somos el primer Ayuntamiento en Barcelona que ha hecho una unidad contra la trata de mujeres acompañando a más de 100 para dejarla con seguridad. De la retórica hemos pasado a los hechos. El PSOE dice que está en contra de la prostitución y de la trata, mezcla fenómenos que no son siempre literalmente lo mismo y, además, a efectos prácticos no ha hecho nada en contra. Lo que sí hace sistemáticamente es negar la voz de una parte de las mujeres y eso es en lo que estamos radicalmente en contra. A mí puede no gustarme la prostitución, pero lo que no haré nunca es ser una arrogante que le niega la voz a una mujer que la ejerce. En este sentido, si las mujeres que la están ejerciendo se quieren organizar en un sindicato quién caray soy yo para negarles este derecho y negarles la voz. Más allá de la opinión que cada uno tenga sobre la prostitución, lo que nunca debemos hacer es callar a una mujer y negarle derechos. Todo debe partir de los derechos y de la mujer como sujeto, por tanto, cada uno desde su ámbito se reivindica y se organiza. Y a partir de ahí, cuando tenga un mínimo de garantía de igualdad de derechos y de oportunidades podremos discutir quizás sobre la prostitución.

Poner los cuidados en el centro ha sido uno de tus objetivos durante este mandato. Aparte del mercado de cuidados regulado, está el no regulado formado básicamente por mujeres migrantes sin papeles que, en muchos casos, se encargan de los cuidados que hacíamos las mujeres españolas antes de emanciparnos. Hace tiempo que denuncian todo tipo de agresiones. ¿Cómo debemos coresponsabilizarnos las mujeres blancas para detener esta vulneración de derechos?

Debemos hacerlo en todos los niveles posibles, empezando por la Ley de Extranjería que es cómplice directa de esta explotación estructural. En la medida en que no se te reconocen los derechos de ciudadanía eres carne de cañón para que te exploten y precaricen. Dicho esto, creo que en general todas las mujeres deben corresponsabilizarse. Por ejemplo, no ser cómplices y no tener personas trabajando en el hogar, mujeres normalmente, sin contrato y sin derechos. Por lo tanto, predicar con el ejemplo de entrada y promover que todas nosotras impulsemos relaciones de igualdad y de reconocimiento de todas estas tareas, más allá del marco legal.

Desde que estás en la Alcaldía tu compromiso con las personas refugiadas se ha hecho patente en diferentes ocasiones. Incluso viajaste a Italia para pedir la liberación del barco de Proactiva Open Arms que ha estado anclado en el puerto de Barcelona entre enero y abril de este año. En contraposición, vemos que el Ayuntamiento ha aprobado un dispositivo de seguridad permanente contra la presencia de manteros en uno de los intercambiadores principales del centro de la ciudad de Barcelona. ¿Cómo explicas esta contradicción?

En las grandes ciudades se concentran y evidencian las grandes contradicciones del capitalismo, que van más allá del ámbito municipal. No sólo hablamos de inmigración y de venta ilegal irregular, que no es sólo top manta, también el trabajo sexual, las grandes desigualdades, el turismo o el cambio climático. Hecho el contexto, en el caso de la inmigración la contradicción está en unas leyes estatales y europeas que no decidimos nosotros y con las que estamos claramente en contra. Denunciamos la Ley de Extranjería que nos parece racista y queremos cambiarla y no podemos, pero luego sus efectos se concentran en nuestra ciudad. Hay un colectivo de personas que al negarle el derecho de ciudadanía tienen que buscarse la vida de múltiples maneras y algunas lo hacen con el top manta. Nosotros lo hemos denunciado ya que estas personas son sujetos de derecho y tienen derecho de ciudadanía. Pero claro, lo que no puede hacer la Guardia Urbana [policía de Barcelona] es dejar de gestionar el espacio público. Si hay un problema de seguridad en Plaza Cataluña porque el intercambiador está lleno de gente, se debe hacer un operativo para garantizar que se pueda intervenir. Estamos obligados a que la policía cumpla la legalidad y, por tanto, si se produce una actividad ilegal en la calle, sea ésta o cualquier otra, la policía tiene que actuar. Aún así, hemos dado la instrucción de que se gestione como una cuestión de espacio público, no como una cuestión penal. A su vez, hemos ampliado todo lo que depende de nosotros generando alternativas para generar derechos, como el documento de vecindad para las personas migrantes. Hemos emprendido acciones judiciales y explorado todas las vías posibles para cerrar el Centro de Internamiento para Extranjeros, aunque no tenemos competencias. Están los planes de ocupación que han permitido regularizar la situación de 100 personas que estaban en la venta ambulante o el acompañamiento en la creación de una cooperativa que ayude a regularizar parte del colectivo y empoderar, visibilizar y situar la problemática en otro ámbito que no sea el penal y el de la venta ambulante ilegal. Aunque esto solo se soluciona si resolvemos el problema de origen que es la Ley de Extranjería.

En relación al espacio público, a escasos metros de este intercambiador una compañía telefónica instaló durante el Mobile World Congress 2019 una carpa gigante que ocupaba buena parte del exterior de la plaza.

Pero lo hizo legalmente. Tenían todos los papeles para hacerlo.

Has afirmado que la PAH fue una revolución por qué permitió creer a la gente que se podía hacer tambalear lo que se creía intocable. ¿Es posible empoderar así a la gente desde las instituciones o esto que queda relegado a los movimientos sociales?

Desde las instituciones se puede ser un actor más de este empoderamiento. No creo en el paternalismo que delega en la institución lo que tiene que hacer la ciudadanía. Lo dijimos antes, durante y después de ganar las elecciones: hemos ganado, pero para que las cosas cambien hay muchos poderes que hacen presión y hace falta una ciudadanía organizada y crítica, al margen de la institución, que fije objetivos, haga propuestas y pida rendición de cuentas. Esto siempre es necesario. La institución, aunque gobiernen los nuestros entre comillas, no sustituye a una ciudadanía organizada en democracia. Históricamente ha sido así y sigue siendo así. Hoy creo que lo hemos demostrado. Hay muchas propuestas que las hemos hecho porque había una ciudadanía organizada alrededor. La multiconsulta del agua, por ejemplo, que fue bloqueada por la oposición y por AGBAR que gastó millones de euros en publicidad institucional y querellas contra nosotros y presionó a la oposición para bloquearla. Lo hicieron en un primer momento, pero como no teníamos relaciones de dependencia con nadie lo denunciamos públicamente. Hubo presión social y la consulta se aprobó. No ha sido fácil. Son grietas que no se habrían abierto nunca, pero que la combinación de la presión ciudadana y una voluntad dentro de la institución de escuchar a la ciudadanía organizada abren caminos que hasta ahora no se habían explorado. Y de aquí a todo lo que queramos.

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