



Se trata de una iniciativa firmada por la “Oficina de la República, a los 19 días del mes de febrero de 2019”, que pretende modificar el artículo 102, apartado B de la Constitución, aun cuando la actual CNDH ha demostrado profesionalismo, autonomía y eficacia en su labor.





Como sea, ya la CNDH opera con reducciones en el 14 por ciento de su presupuesto en los 24 programas que desarrolla, además de que la 4T cree necesaria su evolución a “Defensoría del Pueblo”, porque la CNDH ha tenido dependencia histórica al presidente de turno.





De ahí que el planteamiento de la iniciativa sea el siguiente.





“Se deroga: el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos contará con autonomía de gestión y presupuestaría, personalidad jurídica y patrimonios propios”.





Pero, el doctor Luis de la Barreda, el primer presidente de la Comisión de Derechos en el entonces Distrito Federal (1993-2001) observa el tema desde una óptica diferente a lo que plantea el documento firmado por la Oficina de la República, a los 19 días del mes de febrero de 2019: “De acuerdo a lo que hemos visto, pueden ser que la Defensoría del Pueblo solamente sea una comparsa del gobierno federal. ¿Cuál es el objetivo de desaparecer instituciones, como la CNDH, que han demostrado su valía?”.





Tampoco las tiene todas consigo otro expresidente de la Comisión en el DF, el actual senador independiente Emilio Álvarez Icaza, al entender que el asunto a discutir no es el nombre, sino las condiciones de trabajo, de política pública y fortaleza para atender a las víctimas.





Y, sí, es cierto que el canciller calmó las aguas al asegurar que este gobierno no piensa en reformas constitucionales en materia de derechos humanos, aunque también habló de “un cambio de régimen para la verdad y la justicia, y eso sí es un cambio”.





Es decir: algo se está moviendo alrededor de este asunto, porque de una oficina en Gobernación salió el documento que aboga por una Defensoría del Pueblo como nuevo órgano constitucional de protección de derechos humanos.





Tampoco deja de ser curioso que el nombre sea el mismo que existe en los regímenes socialistas de Venezuela y Nicaragua, donde no ha funcionado,

porque defiende más al gobierno que al pueblo y, por ejemplo, existen más de un centenar de presos de conciencia en ambos países.





Mientras, es preferible creerle más a Ebrard…





Que al documento.





El canciller Marcelo Ebrard tranquilizó las aguas al afirmar que el nuevo régimen no está pensando en reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, existe un documento con sello oficial que anuncia una “Defensoría del Pueblo” basada en el modelo venezolano.