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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo.- Los organismos nacional y del Distrito Federal de Derechos Humanos chocaron ayer por el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien propone libertad inmediata para la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, al argumentar anomalías en su aprehensión en 2005.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que ante la propuesta del ministro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —cuya Primera Sala analizará el caso el 21 de marzo— debe ponderar el derecho a la justicia de las víctimas de plagio.

“Se trata de un tema de ponderación de derechos. El primero es una violación procedimental y por otra parte está la comisión de un delito que lastimó a un grupo de víctimas”, expuso el ombudsman nacional.

Plascencia advirtió que de aprobarse la propuesta del ministro Zaldívar se sentaría un precedente histórico que abriría el camino para que otras personas recurran a esta estrategia de defensa para conseguir su liberación.

Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, el proyecto es “atinado”.

“No está en juicio la culpabilidad o no de la señora Cassez.

Está en juicio el sistema penal mexicano, la manera en que se llevó adelante el proceso penal, eso es lo que tenemos que atender”, afirmó.

Caso Cassez confronta a dos ombudsman

Los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal polarizan sus opiniones sobre qué tan grave es una falla en el procedimiento penal como para dejar en libertad a una mujer acusada por secuestro y sentenciada a 60 años de prisión

La CNDH pide no olvidar el derecho de las víctimas

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que ante la propuesta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de liberar a la francesa Florence Cassez, se debe ponderar el derecho a la justicia de las víctimas que la acusan de secuestro, delito por el cual fue sentenciada a 60 años de prisión.

“Sin duda que en este asunto pudieron haberse dado algunos abusos o violaciones por parte de la autoridad; sin embargo, es fundamental tomar en cuenta la posición de las víctimas y su reclamo de justicia.

“Se trata de un tema de ponderación de derechos, el primero es una violación procedimental y, por otra parte, está la comisión de un delito que lastimó a un grupo de víctimas”, argumentó Plascencia Villanueva.

El ombudsman nacional aseguró a Excélsior que la resolución de este caso por parte de la SCJN será muy importante para analizar la manera en cómo se está impartiendo justicia en el país, pero sobre todo cómo se está tratando de abatir la impunidad.

“Recordemos que estamos hablando de uno de los delitos que más lastiman a la sociedad en general, el secuestro, y estamos también hablando de un reclamo de las víctimas de éste, de que se les haga justicia, de que no exista impunidad.

“Pero, particularmente, que la ley se aplique en los términos correspondientes, de tal manera que sería deseable que se pondere con mucho cuidado entre el derecho de las víctimas y, por otra parte, también que las fallas en los trámites o en los procedimientos puedan ser corregidas o enmendadas, aunque siempre buscando ayudar a quien es víctima del delito”, insistió el titular de la CNDH.

Plascencia Villanueva advirtió que de aprobarse la propuesta del ministro Zaldívar se sentaría un precedente histórico, ante el hecho de que una persona acusada de secuestro podría obtener su libertad por fallas de procedimiento.

Lo anterior abriría al camino para que criminales recurrieran a esta estrategia de defensa para obtener la libertad, en agravio de la sociedad.

“Es un proyecto que podría cambiar la dinámica de la justicia en este país y le daría una gran alternativa a quienes enfrentan procesos penales o averiguaciones previas para poder salir de prisión, a propósito de fallas en el procedimiento”, alegó.

“En el ámbito internacional hay estándares muy claros que exigen la reposición del procedimiento; esto es que lo que se hizo de manera inadecuada pueda corregirse.

“Que si alguien no tuvo la oportunidad de defenderse, se pueda defender, pero evidentemente tomar otro tipo de decisiones creo que sí es un mensaje que colocaría a la sociedad en general y a las instituciones ante una encrucijada muy seria”, acotó.

En este contexto, Plascencia reiteró que la tarea del organismo que encabeza es siempre estar del lado de quienes son víctimas del delito.

También aseguró que la lucha de la CNDH es la constante búsqueda por abatir la impunidad, evitando que los delitos que se cometen, particularmente los más graves, queden sin las sanciones establecida por la ley.

CDHDF considera que la francesa es víctima del Estado

Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), consideró que la violación de los derechos consulares y las deficiencias en el proceso penal hacia la francesa Florence Cassez fortalecen la postura del ministro Arturo Zaldívar, quien la considera una víctima y ve necesaria su liberación.

“Fue un proceso que se corrompió. En este caso, ella es una víctima del sistema; entonces, no es que se dejen de lado las víctimas (de secuestro).

“Yo creo que hay que evitar caer en un discurso maniqueo y hay que centrar la atención sobre lo que es el problema real: el proceso penal mexicano.

“No está en juicio la culpabilidad o no de la señora Cassez. Lo que está en juicio es el sistema penal mexicano, la manera en que se llevó adelante el proceso penal, eso es lo que tenemos que atender”, señaló.

El ombudsman capitalino consideró que el desamparo en que quedan las víctimas originales del delito, al convertir a la mujer de origen francés en otra de ellas, es responsabilidad del Estado.

“Un proceso que no es claro, que tiene todos estos vicios, está en condiciones de producir nuevas víctimas, y no sólo no va a resolver la problemática de las originales, sino que producirá nuevas, ahora, víctimas del Estado y del proceso penal. No son cosas menores”, expuso.

Enfatizó, en entrevista con Excélsior, la gravedad en que incurrieron las autoridades al ser omisas en el respeto a los derechos consulares de la acusada, los cuales México ha promovido ante la situación que padecen muchos connacionales juzgados sin este derecho en otros países, que le fueron negados a Cassez tras su detención.

“Parece un contrasentido que en algunos casos hagamos valer el derecho consular cuando nos toca a nosotros y pensemos que es una nimiedad o que no tiene mayor relevancia cuando hablamos de extranjeros en nuestro país; ese es un argumento fuerte”, apuntó.

Advirtió que las irregularidades cometidas en el proceso impiden saber en estos momentos si efectivamente la señora es culpable o no y, por lo tanto, conforme al marco legal mexicano, y específicamente el derecho penal, se tiene que aplicar el principio de presunción de inocencia.

Pidió esperar a que el amparo, aún en revisión, se resuelva y, a partir del pronunciamiento final de la Primera Sala de la SJCN, reflexionar sobre las deficiencias del sistema y las consecuencias de un mal desempeño.

“Si la decisión confirma la ponencia del ministro Zaldívar, creo que se habrá generado un avance muy importante en términos de la posibilidad de revisar acciones que, como he dicho, desafortunadamente son común denominador en muchos otros procesos; y yo creo que el resultado que pueda tener esa decisión va a beneficiar en el mediano y largo plazo al país.”

En caso contrario, se deberá seguir trabajando para que sucesos como éstos no se repitan, porque si el proceso está viciado, la certeza no se cumple, y sin ésta, tampoco hay justicia.

“Tratar de invocar un planteamiento de justicia a partir de sólo las víctimas nos llevaría a una situación de considerar que no importan los medios sino lo que importa es finalmente castigar a personas, aunque no tengamos la certeza de que son las responsables.”

Causa polémica

Carlos Navarrete: “Si los ministros de la Corte deciden que la señora debe quedar en libertad, deberemos respetar escrupulosamente tal decisión.”

Alejandro González Alcocer: “Habría que analizar si las violaciones cometidas durante su arresto son tan graves como para anular el proceso en su contra.”

Juan Marcos Gutiérrez: “También están las víctimas, los hechos acreditados y muchos elementos que sirvieron a los juzgadores para tomar esa determinación.”

Carlos Alberto Pérez: “Filtrarlo (el proyecto) es dar la visión de un ministro, no de la Corte, eso enrarece el ambiente.”

Francisco Rojas: “Espero que lo hagan muy bien, porque la justicia en México, para variar, está en entredicho.”

Guadalupe Acosta Naranjo: “Es lamentable que muchos expedientes se pierdan, como en este caso, por falta de trabajo eficaz y certero.”

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