A lo largo de su gestión Patricia Bullrich se ha encargado de defender activamente todo accionar de las fuerzas represivas. A fines de 2017 convirtió al policía Luis Chocobar en una suerte de “héroe”. Ese efectivo había asesinado por la espalda a un joven que huía luego de un robo.

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Fue, también, una defensora del accionar ilegal llevado a cabo por fuerzas federales como la Gendarmería y la Prefectura contra comunidades de los pueblos originarios. Dos son los hechos más recordados, porque terminaron con el asesinato del joven Rafael Nahuel y con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

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Ahora la ministra de Seguridad da un paso más y pretende “garantizar los derechos humanos” de los efectivos policiales y de las fuerzas federales. Es decir, pretende avanzar un paso más en garantizar la impunidad del accionar represivo.

Con una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial (234/2019), el gobierno nacional crea la “Unidad de Garantía de la Vigencia de los Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

El ente, dependiente de ese ministerio, se propone “lograr una acción reparadora a los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea por otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos”.

La ambigüedad del texto es evidente. Es claro que otros efectivos policiales podrían violar derechos humanos de sus subordinados. Los conocidos casos que muestran el maltrato hacia cadetes en las escuelas de Policía son solo un ejemplo. Pero ¿quiénes son los “ciudadanos” que podrían violentar los derechos humanos del personal policial? ¿En qué circunstancias?

El gobierno justifica esta resolución afirmando que "los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas". La afirmación no tiene sustento jurídico. En tanto "ciudadanos", los efectivos policiales están incluidos dentro de lo que alcanza al colectivo de conjunto.

Pero, además, la resolución es un absurdo jurídico. Los individuos aislados no pueden violar los derechos humanos. Eso solo puede ocurrir en el caso del accionar estatal. Solo el Estado puede violar los derechos humanos.

Resulta evidente que el único objetivo es crear un respaldo al accionar de las fuerzas represivas federales. Esto ocurre en un momento donde el Estado incrementa su utilización para enfrentar el descontento social ante el ajuste en curso.

Mientras avanza la crisis social como resultado del ajuste acordado entre el FMI, Cambiemos y el peronismo, la política del Estado nacional implica un fortalecimiento de las medidas represivas, así como una mayor búsqueda de impunidad para el accionar policial.