Del 23F al 1-O: así condenaba el Supremo cuando los “rebeldes” lo eran por la unidad de España y el rey

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No por previsibles dejan de ser indignantes. Las peticiones de pena para los presos políticos catalanes encarcelados sin juicio desde hace un año demuestran que la orden del rey el 3 de octubre – el “a por ellos”- sigue vigente. Entre 16 y 25 años de cárcel para la mayoría del govern catalán encarcelado, la expresidenta del Parlament y los presidentes de ANC y Omnium.

El fundamento que ofrecen desde la Fiscalía, el bloque monárquico -PSOE, PP y Cs- y los grandes medios es que lo que se está juzgando es un golpe de Estado. Así tachan a las movilizaciones sociales y democráticas que se vivieron en Catalunya el otoño pasado. Dejan claro que vivimos en una democracia incuestionable: la constitución no se puede cuestionar, la monarquía tampoco y la unidad territorial y las relaciones entres sus pueblos más de lo mismo.

Pero si algo “desnuda al rey” en toda esta farsa jurídica es comparar este juicio, las peticiones de penas y las previsibles condenas ejemplarizantes, con el único antecedente de juicio a “rebeldes” de la democracia del 78: el juicio a los responsables del 23F.

Nadie negará que aquello sí fue un golpe de Estado en toda regla. Al final el rey no lo bendijo, aunque en su preparación estuvo metido hasta un par de semanas antes como desveló la nada sospechosa Pilar Urbano en uno de sus últimos trabajos. El golpe como tal fracasó. Pero no sus objetivos políticos: poner freno a la descentralización, es decir defender la “unidad de España”, y fortalecer la monarquía.

¿Como juzgaron y condenaron entonces a los responsables del golpe los jueces del Supremo? Primero habría que decir que la búsqueda de “responsables” se quedó en el nivel raso. Solo aquellos mandos militares muy directamente implicados en los sucesos llegaron al banquillo. De la convivencia de políticos de diferentes partidos, periodistas y otros ilustres apellidos nada se investigó. Es más, se prohibió investigar y publicar sobre el tema.

Llegaron a ser juzgadas 33 personas, 32 de ellos militares. Las penas contrastan enormemente con el caso catalán: tres de ellos fue absueltos, ocho fueron condenados a 1 años de prisión, cinco a 2, otros tantos a 3, dos a 5 años, otros dos a 6 años, uno a 8 años, dos a 10 y dos más a 12. Por lo tanto la mayoría de los golpistas juzgados por el 23F fueron condenados a penas muy inferiores que las que hoy se demandan para los dirigentes independentistas presos.

De estos 27 condenados solamente los que lo fueron a penas inferiores a los 2 años – más de la mitad de ellos- cumplieron íntegra la condena. El coronel Miguel Manchado, condenado a 8 años, salió de prisión a los 3, lo mismo el coronel José Ignacio San Martín, condenado a 10, o el general Luis Torres, condenado a 12 y que quedó en libertad a los 7 años, y así otros 6 más, incluídos todos los condenados a 5 años o más. Algunos como el capitán Vicente Gómez Iglesias, condenado a 6 años, sería indultado por Felipe González en 1984.

Por si esto fuera poco, la mayoría de los condenados fueron ascendiendo en la jerarquía castrense. Los golpistas del 23F dieron al Ejército español al menos dos nuevos capitanes, tres comandantes, tres tenientes coroneles y tres coroneles.

Sin embargo, es en el trato dado a los tres golpistas condenados a las penas más altas donde observamos el mayor contraste con el juicio que arranca en estos días en el Supremo. El teniente coronel Antonio Tejero fue condenado a 30 años y quedó en libertad a los 15 (si bien desde 1991 accedió al tercer grado). El general Milans de Bosch fue condenado con la misma pena pero fue puesto en libertad mucho antes, en 1991, solo cumplió 10 años. Pero el mejor parado fue el general Alfonso Armada, íntimo del monarca y exsecretario general de la Casa del Rey, condenado a 26 años pero indultado en 1988 por el gobierno del PSOE.

En aquel juicio del 23F se sentaba en el banquillo a una treintena de golpistas de manual. Aunque su plan ya no era el de la monarquía y el resto de los agentes del régimen, ellos eran “rebeldes” en defensa de la unidad de España y el rey. Por eso los trataron con guante de seda.

En el juicio que comienza en estos días contra el 1-O, el acusado es todo un movimiento democrático que cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo catalán y que puede seguir abriendo nuevas brechas en el Régimen del 78, como evidencia el aumento del cuestionamiento a la monarquía en todo el Estado. La consigna es otra: aplastar sin condiciones al enemigo y apuntalar por la vía represiva y autoritaria un régimen que hace aguas.

Que en Catalunya y el resto del Estado se organice y ponga en pié un fuerte movimiento democrático contra este juicio farsa, por la libertad de los presos políticos catalanes y el desprocesamiento de todos los encausados por el 1-O (más de 1.000 personas), es una tarea fundamental para ponerle freno a la deriva autoritaria y represiva con la que el Régimen del 78 quiere lograrse una sobrevida sobre nuestros derechos sociales y democráticos.

Izquierda Diario