Óscar Rodríguez

En la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, un grupo antibloqueos, esta vez encabezado por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), impidió que activistas y colonos bloquearan calles del municipio de Salina Cruz.

Los inconformes exigían el equipamiento de un centro de salud, suspender la construcción de una planta de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y celebrar una consulta ciudadana sobre un nuevo parque eólico.

Por ello, el Frente Defensor de los Derechos Ciudadanos, integrado por hombres dirigidos por el líder local de la confederación, Javier Córdova, advirtió que no tolerará más actos de desestabilización en perjuicio de terceros.

En contraparte, el titular de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, acusó que el gobierno federal formó grupos de choque con porros y matones a sueldo para enfrentar a los ciudadanos que, amparados en el derecho a la libre manifestación, denuncian incumplimientos y abusos de funcionarios.

Detalló que 40 golpeadores de la CTM atacaron con palos, piedras y armas de fuego a vecinos que bloqueaban calles para exigir la intervención de autoridades estatales y federales en diferentes problemáticas de la región.

Acusó que los implicados golpearon a niños y mujeres de la colonia Morelos, en el municipio Salina Cruz, y que resultaron heridos el presidente vecinal, Gabriel Márquez Jarquín, y Rafael Mayoral, integrante de la Coordinadora de Colonias Unidas, quienes fueron hospitalizados.

Beas Torres reprochó los hechos de violencia y exigió la intervención de organismos de derechos humanos para sancionar la creación de los grupos de choque priistas.

En tanto, en la ciudad de Oaxaca, empresarios y representes de diferentes organizaciones sociales llamaron a replicar la conformación de grupos antibloqueos, como en Bahías de Huatulco, para evitar que radicales continúen afectando la vida económica de la entidad.

El ex líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Escobar aplaudió la iniciativa a fin de hacer frente a las acciones de desestabilización ejercidas por profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que fueron replegados hace unas semanas cuando intentaron tomar el aeropuerto de ese destino de playa.

Escobar, quien enfrentó la crisis por la revuelta social de 2006, subrayó que las iniciativas contra el radicalismo de la CNTE fueron producto del hartazgo social y rechazo a las formas de presión que utilizan los docentes para alcanzar sus fines.

“A diferencia de 2006, hoy los ciudadanos están más conscientes de lo que ocurre, de los daños que están generado y están dispuestos a hacerles frente para que dejen de lastimar a Oaxaca y su vida económica”, dijo.

Escobar detalló que en la capital del estado hay intentos de crear grupos antibloqueo y que se realizan marchas “blancas” los fines de semana con el fin de concientizar a los ciudadanos.

El año pasado se reportaron, según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 3 mil manifestaciones callejeras entre tomas de carreteras, calles y oficinas públicas.

Por su parte, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó a la ciudadanía a la prudencia y a evitar confrontaciones con los que demandan solución a problemas sociales.

Sobre el desalojo de maestros en el aeropuerto de Huatulco, realizado por habitantes y prestadores de servicios turísticos, alertó que las acciones de ese tipo pueden derivar en enfrentamientos violentos.

Advirtió que los intentos de seguir ese ejemplo pueden polarizar aún más la ya dividida sociedad oaxaqueña y, en lugar de abonar a la reconstrucción del tejido social, aumentará el encono y la criminalización de la protesta social.

:CLAVES

DEMANDAS

Estudiantes y catedráticos de las seis subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Oaxaca bloquearon cuatro horas carreteras y accesos al Instituto Estatal de Educación Pública.

Los inconformes exigieron una mesa de negociación con el gobierno estatal, la liberación de los pagos retenidos y la entrega de fondos para mejorar sus instalaciones.

También pidieron una audiencia con el titular de Educación, Moisés Robles, con el fin de dar certeza jurídica a los docentes que perciben su salario por horas clase y tienen amenaza de despido.