Menem lo hizo: el veterano ex presidente consiguió que a la luz del día o discretamente, una porción mayoritaria de la política tradicional saliera en su defensa.

El peronismo institucional –gobernadores y senadores-, algunos curtidos caudillos radicales y hasta el kirchnerismo, haciéndose el distraído, pidieron por Menem cuando la Cámara Nacional Electoral determinó que no podía ser candidato a la reelección en el Senado por estar condenado a siete años de prisión en el caso del tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Se trata de un episodio ocurrido hace 22 años, cuando el riojano transitaba su primera presidencia, y recién tuvo sentencia definitiva en 2013.

El peronismo en el Senado, con la palabra proscripción en los labios, reaccionó el mismo lunes cuando se conoció el fallo de los camaristas electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía.

Cada camarista tiene sus vinculaciones personales: con los peronistas uno, con los radicales el otro.

Sobre ellos hubo operación directa intentando torcer el fallo. Pero los operadores de la corporación política esta vez chocaron contra una pared.

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, encabezó la movida pública junto a Miguel Pichetto, quien se habría sumado sin euforia sino haciendo un cálculo preciso de la relación de fuerzas en su bloque sobre este tema.

La presentación judicial en La Rioja contra la candidatura de Menem había sido promovida por Cambiemos y por Izquierda al Frente.

El Gobierno celebró la decisión de los camaristas electorales. El peronismo desalineado apoyó la inhabilitación a través de Florencio Randazzo y de Felipe Solá, primer candidato a diputado con Sergio Massa.

Y en el juego entre bambalinas los kirchneristas alentaron el movimiento en favor de Menem.

Fue una actitud en defensa propia. Si queda consolidado que un condenado con sentencia firme no puede ser candidato, la zanahoria de Cristina regresando al poder en 2019 se queda sin burro para tentarse con ella.

La ex Presidenta tiene ya tres procesamientos, con acusaciones como asociación ilícita, lavado de dinero y fraude al Estado. En poco tiempo podrían pedir su indagatoria por la denuncia del fiscal Alberto Nisman de encubrimiento a iraníes en el caso AMIA. Sobrevuela el delito de traición a la Patria.

Ese criterio de autoprotección vale para toda la corporación política.

Antes que nadie lo entienden los gobernadores actuales o sus antecesores, varios de los cuales tienen hoy bancas en el Congreso.

Todo el que administra queda sujeto a la revisión administrativa y judicial de sus actos.

El que anduvo por la banquina sabe que sólo si conserva poder podrá mantenerse al margen de pesquisas incómodas.

Mejor que la Justicia diga entonces que un condenado puede presentar candidatura, porque si el candidato llega al Congreso automáticamente lo amparan los fueros que impiden su detención.

Tan simple como comprarse un seguro de libertad ambulatoria. Si no, pregúntenle a Julio De Vido. O al propio Menem.

En esta batalla por la libertad personal y no por el honor, los cruzados perdieron en la Cámara Electoral pero ya trasladaron su presión a la Corte Suprema, que debe decidir sobre el recurso extraordinario presentado por el riojano.

Los abogados de Menem son jugadores de grandes ligas: Carlos Corach y Rodolfo Barra, arquitectos del dispositivo que dominó los años ’90.

En la Corte dicen que con ellos no habló nadie. ¿Será nadie, o nadie oficialmente? El recurso de Menem irá a la procuradora Alejandra Gils Carbó, para que opine antes de que el tribunal pronuncie su palabra, última e inapelable.

En los severos claustros del Palacio de Tribunales aseguran que los supremos Juan Carlos Maqueda y Elena Highton tendrían oídos amables para el reclamo de Menem y la corporación política.

Se apoyarían en el criterio tradicional de la ley, que dice que solamente el Congreso puede discutir la validez del título de sus integrantes.

En cambio los nuevos supremos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, podrían orientarse hacia la posición similar de la Cámara Nacional Electoral.

La definición, oh sorpresa, quedaría así una vez más en manos de Ricardo Lorenzetti.

Ricardo Lorenzetti. (Pedro Lázaro Fernández)

El presidente de la Corte, un enamorado de los equilibrios, quizás contemple entonces la curiosa situación en que se encuentra frente a los gobernadores peronistas.

Por un lado, los jefes provinciales les mandan el mensaje protector para Menem, y en extensión para ellos mismos.

Pero esos mismos mandatarios esperan que la Corte los salve del pedido planteado por María Eugenia Vidal, con sólido fundamento, para que Buenos Aires recupere la descomunal millonada de pesos que cada año se distribuye entre las provincias y que en realidad proviene del Fondo del Conurbano, formado por el 10% de la recaudación total del Impuesto a las Ganancias. Estas ocasiones potencialmente salomónicas le encantan a Lorenzetti.

La inhibida candidatura de Menem no será tratada por la Corte antes de las PASO del domingo.

Pero en el tribunal ya avisan que si hay fallo favorable al ex presidente antes de la primera semana de setiembre, que es cuando se oficializan las candidaturas para la elección de octubre, el hombre podrá presentarse buscando mantener su banca de senador. Así son las cosas.