En días pasados se hicieron virales comentarios y publicaciones de odio, clasismo y racismo dirigidos a los beneficiarios de las nuevas becas Benito Juárez, un programa dirigido a todos los estudiantes de bachillerato en el país. Como analizo a continuación, no son novedosas (1) estas narrativas que estigmatizan a los receptores de programas sociales (sobretodo a aquellos en situación de pobreza o con ciertos rasgos raciales o de color de piel), pero nos obligan a, por un lado, reflexionar sobre el estigma que genera el planteamiento y la narrativa de muchos programas sociales, y por el otro, considerar el replanteamiento del enfoque de la política social en la 4T: ¿la redistribución que reciben los hogares más pobres es un derecho o es “asistencialismo que se le da a pobres merecedores”? (2)

“Fraude y despilfarro” de los beneficiarios de programas sociales

Hace casi medio siglo, Ronald Reagan criticó el mal uso de los programas sociales del Estado de Bienestar estadounidense, ejemplificado por la historia de la “Reina de los programas sociales” (3) (the welfare queen): una mujer que supuestamente vivía en Chicago y ˝se hacía rica” con el dinero de programas sociales, utilizando “80 nombres, 30 direcciones y 15 números telefónicos diferentes”, para así poder recibir múltiples veces diferentes programas sociales. ¿Les suena conocida la historia de criticar programas sociales de esta manera y proponer su cese?

Hoy en día es común encontrar en Estados Unidos encabezados en periódicos y medios de comunicación conservadores que estigmatizan a los beneficiarios de programas sociales criticando sus hábitos de consumo: ¡compran filete y langosta con los cupones de alimentos!. Es tan fuerte y actual dicho estigma (que se ha probado es totalmente falso), que un par de años atrás legisladores del partido republicano en Estados Unidos seguían promoviendo nuevas formas de “prohibir y evitar” el consumo de productos de lujo a los beneficiarios de estos programas sociales alimentarios.

Dicho estigma al consumo de los beneficiarios no es ajeno a México, que comparte en gran medida la narrativa meritocrática con su vecino del norte. Desde la discriminación a las personas beneficiarias del programa PROSPERA (hasta existe una página de facebook llamada “Lady PROSPERA”, y muchas otras con estigmas similares), a los titulares del Excélsior criticando a los estudiantes que reciben el programa Prepa Sí en la CDMX (vayan a leer los discriminantes comentarios en Facebook a dicha publicación) por, supuestamente, gastar dinero del programa en alcohol y cigarros: en la sociedad mexicana se sigue percibiendo con valoraciones negativas a quienes reciben dinero redistribuido por el gobierno.

De hecho, según investigaciones recientes, existe un doble estándar moral en cómo se juzgan los hábitos de consumo de las personas, de acuerdo al origen del dinero con el que se paga: mientras que el “consumo ético”, como productos orgánicos, es bien visto cuando se realiza por individuos de ingresos altos, es condenado cuando es realizado por hogares beneficiarios de programas sociales. Dado que parte de los ingresos de los beneficiarios se sostiene con transferencias que provienen de los contribuyentes (4), su consumo se somete a un escrutinio detallado y punitivo, condenando cualquier tipo compra de “artículos de lujo” o no “estrictamente esenciales para la subsistencia”. ¿De dónde proviene tal estigma?

“Los pobres no merecen nada más que vergüenza”

Aquí vale la pena traer a colación algunas ideas de un gran artículo titulado “las personas pobres merecen probar algo diferente a la vergüenza”, en el cual la narradora cuenta la vergüenza que sentía de la situación de pobreza de su familia cuando ella tenía cerca de 10 años, y “entendía perfectamente que dicha situación era culpa de su madre”. Un día, cuando su mamá les llevó un pastel como ocasión especial (un Boston Pie) a ella y su hermano, cuenta que se sentía furiosa contra su madre: “No quería ni una rebanada. No quería que mi mamá disfrutara de nuestra pobre existencia. Quería que ella se avergonzara y lo sintiera”. La autora reflexiona en retrospectiva:

“No me di cuenta de que todos los mensajes que me rodeaban y me decían que éramos pobres porque mi madre era una mala madre que no podía cuidarnos, no solo la envolvían a ella, sino que también le llenaban los pulmones y se asentaban en su corazón. Solo entendí lo que los expertos querían que viera, que era una mujer pobre que estaba malgastando lo que no merecía”.

Solo un testimonio así de crudo puede hacernos ver con tanta claridad algo tan obvio, pero tan naturalizado, que queda oculto en la aplastante narrativa meritocrática que domina la opinión pública: Cuando estigmatizamos el consumo de las personas en pobreza o de los beneficiarios de programas sociales, consumo que es cotidiano para una persona de clase media o alta, les negamos la oportunidad de vivir como seres humanos, merecedores de dignidad y respeto.

Como apuntan en redes sociales, pareciera que para la narrativa dominante, el problema no es la pobreza, sino el pobre. El pobre culpable. El pobre culpable que no lucha por sí mismo. El pobre culpable que no vive siempre avergonzado, que se atreve a intentar comportarse como los otros, los que no están en pobreza gracias al esfuerzo y mérito propio. El pobre culpable que no sabe pescar, que hay que enseñarle a hacerlo. Que no necesita autonomía, sino tutelaje. De cabo a rabo. Al final de cuentas, el pobre que es pobre porque quiere.

Depender del gobierno y vivir de los contribuyentes

Aunque parezca difícil de creer, hay personas fuera de la pobreza, que seriamente creen que ˝ser pobre es fantástico, porque puedes dejar de trabajar y vivir del gobierno, despilfarrando diariamente el dinero transferido, el dinero de los que pagan impuestos”. La noción de la cultura de dependencia es un mito común en Estados Unidos (como lo muestra esta columna en CNN) y en México (lean esta columna de Sarmiento, que dice como los programas sociales desincentivan la creación de riqueza y por eso se vuelven dependientes). Algo parecido sucede al creer que todos los beneficiarios de programas sociales, sin distinción, son clientelas inminentes (como esta columna de María Amparo Casar).

De hecho, una percepción generalizada en Estados Unidos, por ejemplo, es que si los programas sociales no exigen a los beneficiarios que estén empleados, las personas simplemente dejarán de trabajar. Por cierto, ya está demostrado que dicha percepción es falsa.

Por ejemplo, hay páginas de médicos que difunden que madres de familia beneficiarias de PROSPERA deciden tener más hijos, solo para aumentar su transferencia mensual (a pesar de que en promedio el monto de la transferencia era cercano a $7 pesos por persona). Una narrativa similar se visibilizó la semana pasada en redes sociales, cuando discriminaban a los nuevos beneficiarios de las #BecasAMLO: las críticas parecieran olvidar que la transferencia consiste en menos de $27 pesos diarios, los cuales pueden no ser suficientes para sostener ni siquiera los gastos de transporte y alimento en la escuela de los estudiantes.

Pero la narrativa estigmatizante es común en México. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, al menos 2 de cada 5 personas están de acuerdo en que “los pobres se esfuerzan poco para salir de su pobreza”. Además, 65% de la población está de acuerdo en que los programas de combate a la pobreza hacen a la gente dependiente del gobierno, y 57% cree que los incentiva a no trabajar (según la Encuesta Nacional de Pobreza de la UNAM).

Esforzarse para merecer

Los estigmas de la narrativa individualista y meritocrática sobre los beneficiarios de programas sociales no son extensivos a otros actores sociales que reciben, directa o indirectamente, transferencias del gobierno. ¿Cuándo han visto que se estigmatice, por ejemplo, a las personas que son acreedoras a subsidios gubernamentales, por ejemplo, al subsidio a la energía eléctrica, al agua, a la gasolina, o a impuestos como la tenencia?

Tampoco es común que se inspeccione y critique con cuidado el consumo de quienes reciben transferencias indirectas por deducciones fiscales, por ejemplo, a las colegiaturas y a los gastos médicos, a pesar de que los montos anuales sean inmensos frente a lo que reciben los beneficiarios de programas sociales para combatir la pobreza (5). Ni siquiera se estigmatiza a quienes tienen enfermedades crónico degenerativas “causadas por malos hábitos alimenticios”, que se atienden en el IMSS, y cuyo gasto en salud soportado por el gobierno aumenta desproporcionadamente.

Todos los ejemplos anteriores son casos de redistribución dirigida por el gobierno, “del presupuesto pagado con impuestos, a los particulares”. ¿Por qué solo son estigmatizados “algunos casos”? Y de hecho no son “algunos”, más bien, la pregunta correcta es: ¿Por qué solo son estigmatizados los pobres que reciben dicha redistribución?

Van al menos dos hipótesis para responder dicha pregunta. La primera es propuesta por Suzanne Mettler, y menciona que muchos ciudadanos son críticos a las transferencias directas, mientras que favorecen y aceptan más fácilmente lo que llama “políticas sumergidas” (submerged policies): aquellas transferencias indirectas que son menos visibles, tales como incentivos fiscales y subsidios. El rol de estas políticas sumergidas no es claro para los ciudadanos, que muchas veces no conocen bien su funcionamiento, y mucho menos su impacto reproductor de la desigualdad, de ahí que sean pocos los que se opongan a ellas, y que estigmaticen a sus beneficiarios.

La segunda hipótesis (6) es una explicación al estigma contenido en estas narrativas, debido a la falta de legitimidad y merecimiento que tienen los beneficiarios de los programas sociales: “no son legítimos merecedores de la ayuda de la sociedad”. Como mencioné antes, dicha narrativa asegura que “un pobre es culpable de su situación, al que hay que enseñarle a pescar, propenso a depender del gobierno sino se evita de alguna manera”. La consecuencia obvia es que estas personas no merecen ser beneficiarias de algún programa social.

Pero dentro de esa narrativa caben algunas excepciones. Puede que las personas en pobreza se conviertan en merecedoras, si hay algún asomo de “esfuerzo”, “iniciativa” o “mérito” de por medio. La evidencia es clara, tanto en lo que se ha encontrado en investigaciones relacionadas (7), como en los comentarios plasmados en redes sociales (de los cuáles muestro algunos a continuación).

Así, las muestras de “esfuerzo” se convierten en la moneda de cambio para que disminuya el estigma sobre los beneficiarios de programas sociales: buenas calificaciones, “emprendurismo”, ingenio, etc. Simplemente recordar uno de los comentarios en reacción al video que se hizo viral la semana pasada, titulado “Niño no tiene electricidad en su casa, así que estudia con luz de la calle”: “Ese niño merece ayuda del gobierno por que se le ven sus ganas de estudiar”. Al final de cuentas, para la percepción dominante, la situación de pobreza por causas estructurales no es suficientemente legítima para merecer justicia.

Política social basada en derechos

La narrativa estigmatizante antes descrita es sumamente dañina, ya que ignora el componente estructural de la riqueza y la pobreza, asume que siempre habrá alguien arriba y alguien abajo, merecedores y no merecedores, y legitima la desigualdad de oportunidades y de resultados. ¿Existe una salida a la trampa de la narrativa meritocrática?

Se puede pensar en, al menos, dos rutas de escape. La primera es partir de un enfoque de derechos en la política social, asociado a un fuerte empuje de los programas sociales universalistas (8). Fortalecer e incrementar la importancia de programas sin condicionamientos, como la renta básica universal. La lógica fundamental de los programas sociales debe ser que “las transferencias son un derecho”, así como prácticamente nadie ahora cuestiona los derechos civiles al voto universal de los ciudadanos. Como menciona Sepulveda, partir del enfoque de derechos implica:

“…exigir a los Estados que se aseguren de que el discurso político y las políticas se alejen del venenoso paradigma paternalista de “pobres merecedores vs no merecedores” y la conceptualización de los beneficios como ayudas o caridad, a una nueva visión donde todas las personas que viven en la pobreza son titulares de derechos (rights holders with entitlements)”.

La segunda, no excluyente de la anterior, implica deconstruir el mito de la meritocracia, pero no solo en cuanto a las percepciones, sino también en cuanto a su preferencia (9). Como menciona Litter en “Against Meritocracy”, acabar con el mito de la meritocracia en cuanto a las percepciones sesgadas de las personas, implica que las personas sean conscientes y perciban correctamente el alto nivel de desigualdad de oportunidades de las sociedades modernas (10). La problemática del paradigma de igualdad de oportunidades es que, una vez que fuera seguro que todos parten del mismo punto de arranque, las desigualdades consecuentes (desigualdades de resultados) serían legítimas.

Por eso, deconstruir el mito en cuanto a las “preferencias”, implica dejar de luchar por lograr una sociedad meritocrática, competitiva, suponiendo ganadores y perdedores según el esfuerzo y el “talento” de las personas, donde la desigualdad de resultados sería legítima en una situación de igualdad de oportunidades y, en cambio, buscar una sociedad basada en la cooperación y el igualitarismo.

* Máximo Ernesto Jaramillo Molina es candidato a doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara.

1 Desde antes de implementar el programa, ya había estigmatización alrededor del mismo.

2 Pueden leer aquí más sobre las diferencias que acarrera partir de un enfoque de derechos en la política social.

3 Por cierto, hoy en día se sabe que la historia era una completa exageración de un caso de fraude al sistema de bienestar en Estados Unidos, como lo cita por acá Krugman.

4 Con todas las críticas que están detrás de suponer que existe “población contribuyente” y “población no contribuyente”. La realidad es que toda la población paga impuestos en el país, solo que algunos pagan más impuestos directos y otros indirectos. Por ejemplo, la incidencia de los impuestos indirectos, como el I.V.A., fue de 6.3% del total de ingresos de las personas del decil I, mientras que la incidencia promedio nacional fue de 6% (ver tabla 3 de este artículo).

5 La redistribución regresiva del denominado “gasto fiscal” fue calculado, para algunos casos específicos, aquí (ver gráfica 1).

6 Que desarrollo en mi investigación de tesis doctoral.

7 Vale la pena revisar los siguientes estudios (acá, acá y acá) sobre factores que afectan las percepciones de merecimiento de los programas sociales.

8 Para una discusión amplia sobre los diferentes tipos de universalismo, ver “Perspectivas del universalismo en México”, coordinado por Enrique Valencia.

9 Para una diferenciación de las percepciones y preferencias sobre justicia distributiva, referente en específico a la meritocracia, ver aquí.

10 Acá un ejemplo de información que muestra como no la meritocracia es un mito, lejano de la realidad, en México.