El diputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, impulsa una iniciativa para integrar como sujetos obligados del derecho de acceso a la información a los partidos políticos y sindicatos

El diputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán, impulsa una iniciativa para integrar como sujetos obligados del derecho de acceso a la información a los partidos políticos -incluidos sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión- y a los sindicatos, al ser entidades que reciben recursos públicos. En la pasada reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, el PRI votó en contra de incluir la rendición de cuentas de los sindicatos. Con esta reforma Constitucional, publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria, Belaunzarán propone que los sujetos obligados sean también los partidos políticos y los mismos sindicatos. El diputado Belaunzarán sostiene que los sindicatos y los partidos políticos, junto con sus grupos parlamentarios, se rigen bajo un singular y anacrónico principio de la secrecía y se mantienen en un nicho de opacidad absoluta. "Operan al margen de las disposiciones constitucionales", advierte, y sostiene que son blancos fáciles para la corrupción por esa condición. Actualmente los sujetos obligados son el Poder Ejecutivo Federal, la administración pública federal y la Procuraduría General de la República, el Poder Legislativo federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; también son sujetos obligados los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, las universidades autónomas y los tribunales administrativos federales. El proyecto reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y plantea diversas modificaciones para que tanto los sindicatos como los partidos políticos y los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión se conviertan en sujetos obligados de la ley y por lo tanto se rijan por el principio de transparencia. Propone que los trabajadores asociados en sindicatos tengan la posibilidad de solicitar en todo momento a los dirigentes la información sobre el estado que guarda la administración de los bienes y recursos patrimonio del sindicato y sólo en caso de incumplimiento, los trabajadores puedan interponer un recurso ante el Instituto a fin de que éste garantice que su derecho sea ejercido. Además plantea reformar la naturaleza de la ley para ampliar el espectro de su aplicación en todos los tres niveles de gobierno, esto con el fin de que deje de ser una ley federal y obtenga el carácter de ley general. También propone reformar las facultades del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos para fortalecerlo de tal forma que sea este instituto y no los sujetos obligados quien tenga la facultad de reservar como confidencial la información porque sin ésta responsabilidad, el ejercicio del instituto se vuelve débil e insulso, además impide que se garantice el principio de máxima publicidad. Actualmente los sujetos obligados son los que cuentan con el poder de decidir qué información dan a conocer y qué información mantienen en secrecía y eso representa un retroceso al espíritu de la reforma constitucional de 2007 que nos otorgó el derecho fundamental a la información, por eso propongo reformarlo. "Los sujetos obligados que contempla la Ley vigente son insuficientes para cumplir con el mandato constitucional que establece que se debe publicar la información completa y actualizada sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. "El manejo de los recursos públicos se rige por el principio de transparencia, sin embargo, aún existen diversas entidades que pese a que manejan recursos públicos se rigen bajo un singular y anacrónico principio de la secrecía y se mantienen en un nicho de opacidad absoluta; tal es el caso de los sindicatos y los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, que operan al margen de las disposiciones constitucionales basados en el argumento de no ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Esto no solo vulnera el derecho fundamental a la información, también plantea el riesgo de que al interior de estas entidades penetre la corrupción porque al operar sin controles, no existen garantías de que los recursos se ejerzan correctamente", dice la iniciativa. Belaunzarán refiere que si bien los partidos políticos no son sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia, éstos cumplen parcialmente con la obligación de rendir cuentas y de entregar un informe sobre el uso y destino de los recursos públicos que reciben para el ejercicio de sus actividades, solo que no lo hacen conforme a los procedimientos del IFAI, sino que lo ejercen a través de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). "Sin embargo, la información con que cuenta el IFE y sus procedimientos de publicidad no son suficientes para satisfacer plenamente las solicitudes de información de los ciudadanos, por eso es necesario que sin menoscabo de las responsabilidades que tienen los partidos con el IFE, deben convertirse también en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia". Afirma que los sindicatos son organizaciones de trabajadores conformadas libremente, persiguen objetivos para el beneficio e interés común, se rigen con las normas que aprueban colectivamente y reciben recursos públicos. "Por lo tanto, estas organizaciones no pueden autodefinirse como simples asociaciones de particulares que deban gozar de un cerco de impunidad, deben respetar el derecho a la información". El diputado del PRD señala que si bien la rendición de cuentas de los dirigentes de las organizaciones sindicales debe efectuarse hacia sus representados por conducto de sus procedimientos internos, "la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos que reciben sí debe ponerse a disposición de todos los ciudadanos, porque finalmente se trata de recursos provenientes del erario público; los sindicatos reciben recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes y por tanto los ciudadanos tienen derecho a corroborar que se haga buen uso de estos recursos". Adicionalmente, es necesario cumplir con el mandato constitucional que establece el derecho a la información de los ciudadanos, así como la obligación de publicitar el uso de los recursos públicos.