Nuevo frente judicial abierto. En este caso a los responsables de lo que antes fue la Consejería de Empleo y hoy de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la gestión y cierre de las unidades territoriales de empleo, conocidas como Utdlt. Más concretamente, un juzgado de instrucción de Córdoba ha llamado a declarar en calidad de imputados al exresponsables de esa delegación, Antonio Fernández Ramírez, y al actual titular de la misma, José Ignacio Expósito. Junto a ellos, dos directores generales de la consejería. Pero hay más, puesto que no se descarta que también tengan que pasar por el juzgado los cargos municipales e institucionales que formaron parte de los patronatos de las Utdlt.

Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) -que denunció los hechos- el Fiscal Superior de Andalucía "ordenó seguir adelante con la investigación penal abierta por la denuncia de SAF", que solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades. El SAF ya explicó que el Fiscal Superior de Andalucía dictó un decreto de remisión que ordenaba continuar con la investigación en cada una de las provincias afectadas. Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012 el Servicio Andaluz de Empleo concedió ayudas por una valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios Utdlt de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba.

Además, en el informe previo de la Cámara de Cuentas se concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. "Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros". José Ignacio Expósito confirmó ayer que declarará como imputado, "una figura necesaria para defenderme", si bien concretó que no se le atribuye en principio ningún delito, ya que ese extremo dependerá de lo que dictamine el juez. Expósito recordó que cuando él llegó a la delegación provincial ya estaba acordada por los patronatos la disolución de las Utdlt y que sólo le tocó firmar esos acuerdos, con lo que quiso dejar claro de esta manera que el grueso de la investigación corresponde a un periodo en el que no estaba aún en Empleo. De hecho, en los años investigados el máximo responsable de la delegación era Antonio Fernández Ramírez, y el titular de la consejería Antonio Fernández -que ingresó en prisión por el caso de los ERE-.

Fernández Ramírez fue alcalde de Pozoblanco entre 1987 y 2004 y uno de los hombres fuertes del PSOE provincial, si bien tras su paso por la Junta no ha participado activamente en la política.