Abdelkader G. no sabe qué día son las fiestas patronales de la capital de Los Monegros (Sariñena, Huesca). Y eso, aunque lleva ya más de la mitad de su vida residiendo en España con ‘papeles’ y trabajando, le ha costado no obtener la nacionalidad española ya que, según el Registro Civil, el Ministerio de Justicia y la Audiencia Nacional, supone un indicio de su falta de integración social.

Abdelkader, que se gana la vida como peón agrícola y que en enero cumplirá 45 años, tiene permiso de residencia en España desde septiembre de 1995, hace ya casi 23. En diciembre de 2013 solicitó la nacionalidad, que le ha sido denegada en esas tres instancias ya que, según el funcionario del Registro Civil que le entrevistó, “no se halla suficientemente integrado” debido a que “entiende y habla el castellano con mucha dificultad, no tiene un conocimiento básico de la lengua española, y no conoce las fiestas de su localidad”.

Saber que en Sariñena se celebra San Antolín el 2 de septiembre tiene más peso que un documento de la comunidad autónoma

La Audiencia Nacional, ante la que recurrió esa decisión, mantiene la negativa pese a que más tarde aportó un certificado de conocimiento del castellano emitido por el Gobierno de Aragón. “La entrevista del juez tiene mayor valor probatorio”, señala el tribunal, que concluye que “no posee el grado de integración en la sociedad española que se precisa para adquirir la nacionalidad (…) sin que se puedan justificar las respuestas dadas exclusivamente en su escaso grado de alfabetización”.

Es decir, que, al menos en este caso, saber que en Sariñena se celebran San Antolín, el 2 de septiembre, y San isidro, el 15 de mayo, tiene más peso que un documento de la comunidad autónoma pese a tratarse de alguien procedente de un país donde predomina la religión musulmana y, también, aunque el propio tribunal admite que “el nivel de exigencia en cuanto al conocimiento de la lengua o de las instituciones españolas puede modularse en función del grado de instrucción del interesado y de las demás circunstancias que concurran”.



“En extranjería y asilo todo es arbitrariedad”

La situación de Abdelkader no supone un hecho aislado. Es un ejemplo más de la intensificación de las trabas para que los inmigrantes obtengan la nacionalidad en España y que, junto con el monumental atasco de las tramitaciones, ha provocado un desplome de las concesiones: de las 225.793 de 2013 a las 150.944 de 2016, según el INE (Instituto Nacional de Estadística) y pese al repunte registrado el último de esos años.

Las concesiones se han desplomado de 225.793 en 2013 a 150.944 de 2016

“En los asuntos de extranjería y de asilo es todo arbitrariedad, todo son trabas; y eso es un absurdo cuando hablamos de personas que trabajan, pagan sus impuestos y a menudo tienen hijos españoles”, sostiene Elena Vázquez, abogada de la ONG Red Acoge, para quien la restricción de las nacionalizaciones “es una forma de cerrar la frontera sur” de Europa.

Red Acoge está trabajando para intentar levantar unos de esos obstáculos, algo que, de conseguirlo, eximiría a una parte de los extranjeros que pretenden adquirir la nacionalidad española del examen ante el Instituto Cervantes que sustituyó a las entrevistas en el Registro Civil en octubre de 2015.



Justicia no responde a las solicitudes de exención del examen

El Ministerio de Justicia emitió un año después, tras detectar que la dificultad del temario y de las preguntas resultaba excesiva, una orden por la que eximía de las pruebas a los menores de edad y a las personas declaradas incapaces por los tribunales, establecía “actuaciones especiales (…) para las personas con discapacidad” y abría la puerta a la “dispensa” para quienes “no sepan leer ni escribir o tengan dificultades de aprendizaje” y para quienes hayan superado la ESO.

El ministerio no está respondiendo a las solicitudes de exención de extranjeros con dificultades de aprendizaje

En estos dos últimos casos, la Administración “resolverá motivadamente”. Sin embargo, según Red Acoge, el ministerio no está respondiendo a las solicitudes de exención que han ido presentando extranjeros con dificultades de aprendizaje.

“No hay un procedimiento reglado para que respondan, y no lo están haciendo”, explica Vázquez, que añade que “todavía no lo hemos judicializado porque es algo muy nuevo”.

Justicia “se dio cuenta de que no todo el mundo está capacitado para superar ese examen, que es otra traba, y que mucha gente se quedaba fuera por su dificultad”, explica la abogada, que llama la atención sobre las dificultades existentes para documentar las peticiones. “¿Cómo justificas que alguien tiene dificultades de aprendizaje? Es un concepto jurídico indeterminado”, señala. “No están contestando porque no saben qué decir. Es una técnica más dentro de la política de trabas a la inmigración”, añade.

