La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insinuó ayer que Agbar ha influido en la decisión del Tribunal Supremo (TS) de avalar la adjudicación del servicio del agua en el área metropolitana de Barcelona a la empresa público-privada Aigües de Barcelona, controlada en un 70% por Agbar y en la que participan la propia Àrea Metropolitana de Barcelona (15%) y Criteria Caixa (15%). “Hay detalles que llaman la atención. En el Supremo la causa ha cambiado de sala tres veces, hasta llegar a la misma que tumbó (la causa de) las hipotecas porque ponía en peligro a las entidades financieras”, dijo Colau en una entrevista en RAC1.

La alcaldesa criticó la reciente sentencia del Supremo, que enmienda una anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y supone un revés para los planes de Colau de municipalizar la gestión del agua. Aún así, la alcaldesa aseguró que desde el Ayuntamiento seguirá trabajando en pro de la remunicipalización.

La alcaldesa afirmó que es extraño que el Supremo haya hecho una enmienda a la totalidad a la sentencia del TSJC

En la misma entrevista, la alcaldesa afirmó que es extraño que el Supremo haya hecho una enmienda a la totalidad a la sentencia del TSJC, asumiendo, a su juicio, “de forma acrítica las tesis de Agbar”. “No puedo hacer una afirmación categórica, pero no es sólo el agua. Son las hipotecas y otras causas del Supremo que generan perplejidad (...) Cada vez que hay causas mayores que afectan a grandes intereses económicos hay sentencias que van contra el sentido común”, afirmó Colau. Para argumentar sus recelos en relación con el Supremo, Colau dijo que existe “otro dato curioso: Agbar tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la formación de jueces en materia de agua”. Y aprovechó para expresar su convencimiento de que “hay un mal funcionamiento de la cúpula judicial, que requiere que se revise”.

Sus declaraciones tuvieron una respuesta inmediata del TSJC, que aclaró que el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar para la formación de jueces quedó “sin efecto” el 1 de enero del 2016.

En un comunicado, el TSJC explica que la Fundación y el CGPJ suscribieron un convenio de colaboración en formación en el 2011 –durante el anterior mandato del consejo–. Estaba previsto que el convenio se prorrogaría anualmente de forma automática “excepto que cualquiera de las partes manifestara su deseo en contra”. Así ocurrió el 29 de octubre del 2015, cuando la comisión permanente del CGPJ comunicó a la Fundación Agbar “su deseo de no prorrogar a partir del 1 de enero del 2016, por lo que el convenio quedó sin efecto.