Rompió la baraja. La proclama del majorJosep Lluís Trapero ante el Tribunal Supremo ha sido una noticia trascendental. La más decisiva de todas las generadas por la Generalitat de Cataluña desde la cabalgata soberanista iniciada hace algo más de un lustro.

Eso es así por varias razones. La más individualizada parte de su declaración de que la cúpula de la policía autonómica había trazado un plan —documentado— para detener al president Carles Puigdemont y a todos sus consellers. Al Govern en pleno.

Atención, no solo de que se había puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para emprender esa acción excepcional. Sino de que tenía su dispositivo ultimado desde dos días antes de la efímera declaración de independencia (del 27-O de 2017). Era de facto una propuesta, a la espera de recibir la oportuna luz verde judicial.

Y proponía detenerles porque les habían “emplazado” sin éxito a acatar el mandato judicial de cancelar el referéndum ilegal, cumpliendo así con el ordenamiento constitucional. Y se negaron. “Ustedes hagan lo que deban hacer” (cumplir), concedió el president —explicó Trapero—, pero el Govern persistirá en su aventura para seguir el supuesto “mandato del pueblo”, como relató el comisario Manel Castellví.

Así que, objetivamente, el hoy fugitivo de Waterloo veía invertido su rol en el santoral del procés: quedaba descabalgado de la categoría de héroe a la de presunto delincuente. Algo que, incómodo para muchos, habrá afectado al imaginario colectivo de los soberanistas capaces de repensar las cosas. Que los hay, aunque no sepamos cuántos son. Y por tanto, tampoco el alcance del impacto político (y electoral) de este trastrueque.

Los menos reflexivos objetan en las redes que ni eso ni nada vale nada, porque se trata de la confesión de un traidor, o de un simple poli. Será así para algunos tuiteros que ejercitan poco el raciocinio.

Pero no para la abrumadora mayoría de la ciudadanía catalana, que había elevado a Trapero a la calidad de mito apenas semanas antes del levantisco otoño. Tanto gracias al comportamiento de los Mossos cuando los atentados terroristas del 17-A, cuanto por su empática comunicación. La auctoritas de Trapero cotizó —y cotiza— por encima de la potestas de Puigdemont, no digamos de la escuálida figura política de su vicario Quim Torra.

La consecuencia más sustanciosa, más importante y más esencial de la campanada del major y de lo que hemos dado en llamar (suave) rebelión de los Mossos frente al Govern es categórica. Consiste en la ruptura, o al menos la severa erosión, del relato secesionista, que hasta ahora campaba casi indemne. Pues en su descripción los consejeros encargados de la cosa eran “irresponsables”, porque quisieron olvidar que el día del referéndum “necesariamente iba a haber conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana”, una probable “escalada de violencia”.

La ‘auctoritas’ del comisario cotizaba y cotiza por encima de la ‘potestas’ del ‘president’ fugitivo y de Quim Torra

Es decir, que el Govern no capitaneaba un movimiento pacífico, legalista y de gentes abandonadas por la democracia española, sino una aventura que pasaba en primer término por enviar a los más fieles al matadero de los enfrentamientos violentos. Como así se verificó el propio 1-O cuando el valiente fugitivo lanzó un llamamiento oficial a que los ciudadanos acudiesen a votar. Sabiendo que les despellejarían, como de forma abusiva sucedió en varios colegios. A cargo de algunas unidades policiales estatales. Que no de España.

De modo que en el alegato del major y en su defensa del orden estatutario frente a los levantiscos; de la Generalitat frente a sus gobernantes y de Cataluña frente a los desvaríos, se leía, en filigrana pero diáfanamente, un relato alternativo, catalanista y constitucional. “Les dijimos que el cuerpo de los Mossos no iba a quebrar la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos su proyecto independentista”, concluyó.

Quedó así frente a frente —aunque fuese desconocida por la población— la defensa de la legalidad democrática multigobernanza frente a la facciosa operación iniciada con las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre. Relato opuesto a la patraña de que el Estado español de 1978 —que tanto contribuyeron los catalanes a levantar— se hubiese revuelto contra Cataluña y fuese ahora su enemigo, por más que algún Gobierno se empeñara en aparentarlo.

Puro catalanismo integrador —y celoso de sus competencias— y no el secesionismo egoísta de la Lega y del Brexit. Tan integrador, y por tanto creíble, que lo formula, en modo técnico-profesional, un servidor del orden de ascendencia inmigrante y exponente de la cultura-fusión mayoritaria de la actual nación catalana. Y ello, independientemente de si acertó o erró en el diseño de su dispositivo operativo para el 1-O, que no es esta, ahora, la cuestión.

Hay un tercer impacto adicional de dicha campanada. La disrupción de las estrategias de los procesados que han elegido un estilo de defensa política y no jurídica. Anclada en que solo obedecían una legalidad internacional (falseada) y catalana (inexistente fuera del Estatut), y en que no cometieron ni delito ni desliz, por lo que este es un juicio injusto, propio de una autocracia que persigue a los catalanes.

Ocurre que en la historia de los juicios en verdad políticos que inspiran esas líneas de defensa (Oriol Junqueras y Raül Romeva merecerían, ojalá, planteamientos más sensatos), el héroe, sea Émile Zola en el caso Dreyfus o Fidel Castro, ocupa todo el espacio ante acusadores y jueces.

Su táctica es “abandonar” el “terreno del derecho puro”, es “sustituir la defensa por el ataque y el tribunal por la calle”, resumió el abogado Jacques Vergès en su libro Estrategia judicial en los procesos políticos (Anagrama, Barcelona, 1970), que acaba de plagiar uno de los defensores. El drama para esta estrategia llega cuando el favor de la calle se lo disputa un Trapero.

Su proclama constitucionalista queda como la mejor noticia del ‘procés’ y como referencia del catalanismo integrador

La ventaja de Castro fue que no tuvo en la sala a antiguos adláteres que desmocharan su argumentario. El líder cubano pudo despreciar que le condenasen pues “la Historia me absolverá”, porque ni el régimen de Fulgencio Batista era democrático, como lo es el Estado español, ni nadie a su lado pudo pues argüir que su propia historieta, no la Historia, le dejaría en el mal lugar de quienes acosan a la mayoría.

La lectura que de la campanada Trapero han hecho los medios soberanistas menos impulsivos ha sido hábil: al subrayar que certificó que los Mossos no obedecerían la locura del Govern, quebraría la acusación de rebelión, pues este no contaría con la fuerza armada de 17.000 policías.

Es hábil, pero poco coherente para quienes han negado ab initio toda credibilidad a este proceso. Y para quienes hayan leído bien la acusación fiscal. Que otea la existencia de rebelión en un concierto de “tres pilares básicos”: el parlamentario, el gubernamental y el de las entidades que organizaban la “movilización popular”. Y solo, “por otra parte”, en el “uso” de los Mossos que, “llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales”.

Si desean cimentar mejor su rechazo a la presencia del delito de rebelión disponen de una vía más feraz: evidenciar que el alcance de los episodios violentos no cumplimentaría el requisito de idoneidad que hiciera creíble, o viable, su triunfo.

Mientras tanto, el modo y el objetivo de aquel levantamiento de una parte del Estado (la Generalitat de Cataluña) contra el Estado en su conjunto (la democracia española) han sido argumentalmente desacreditados por un aparato clave de la propia Generalitat, su cuerpo policial.

Precisamente, el organismo especializado en la defensa de la ley mediante el uso legítimo de la fuerza. Se cumple así un sabio refrán. Nada mejor que un clavo para arrancar otro clavo.

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