El Gobierno vuelve a ponerse al servicio de las grandes empresas, cuando se pone en juego la continuidad de plantas industriales y cientos de empleos. Así acaba de ocurrir con el gigante estadounidense del aluminio y materiales ligeros Alcoa, que ha puesto contra las cuerdas al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria.

Su amenaza de despido colectivo en dos de sus plantas y el posible cierre de ellas ha obligado al ministro canario a diseñarles a la carta unos incentivos adicionales en los precios que pagan por la electricidad para sus procesos industriales.

La historia es de manual y su final previsible, máxime para un Gobierno como el actual, vapuleado por la persistente lacra del desempleo e inmerso ya en precampaña electoral. El Ejecutivo no puede permitirse un nuevo estallido social si Alcoa consuma su afrenta y ejecuta el despido colectivo de hasta 800 personas en sus fábricas de Avilés y La Coruña, debido a la pérdida de buena parte de los incentivos y descuentos que da el sistema eléctrico a los grandes consumidores de energía.

El mes pasado se celebró en Madrid la subasta para adjudicar los 2.000 megavatios (MW) que podrán acogerse en 2015 al llamado servicio de interrumpibilidad, un sistema por el que los grandes consumidores (siderúrgicas, papeleras, cementares, azulejeres, empresas químicas…) se benefician de un precio más bajo de la electricidad a cambio de recortar o interrumpir sus procesos industriales en caso de que haya picos de demanda de energía en el país.

La nueva subasta, de producirse, supondrá un coste adicional para el sistema, que con la primera se había ahorrado 200 millones de euros que no irían a engrosar el déficit de tarifa

El sistema no se ha usado desde 2009, ya que con la sobrecapacidad eléctrica del sistema español y la grave crisis económica, es casi imposible que se produzca un pico de demanda que ponga en riesgo la seguridad del suministro.

Así que ante esta situación de desuso de la interrumpibilidad y la aprobación de la reforma energética por la que Soria ha intentado acabar con el déficit de tarifa del sistema eléctrico, la subasta consiguió ahorrar a todos los consumidores españoles casi 200 millones de euros, con una reducción del 36% sobre los 550 millones de euros previstos.

Red Eléctrica (REE) adjudicó los 2.000 MW que considera necesarios para 2015 por un precio de 353 millones de euros, gracias al proceso de subasta a la baja. Y el mayor consumidor de España, Alcoa, se quedó sin un 30% de los MW bonificados a los que aspiraba, de forma que tanto la planta de Avilés como la de La Coruña no quedarán acogidas a las prebendas que les da el sistema de interrumpibilidad. Si consiguió llevarse tres de los cuatro bloques de MW por los que pujó para su fábrica de San Ciprián (Lugo).

La Xunta y el Principado no han tardado en llamar a Moncloa para que diseñe una subasta a la carta de Alcoa que evite un nuevo estallido social en Galicia y Asturias

El gigante estadounidense no tardó en sacar su artillería pesada y en sólo unos días presentó un duro plan de despidos para esas dos plantas, que según sus estudios, no serán viables sin los precios rebajados de la electricidad.

“La falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés (400 empleados) y La Coruña (395 empleados) no puedan producir aluminio a un precio competitivo”, advirtió la empresa a los sindicatos, en un mensaje-amenaza que iba más bien dirigido a los gobernantes.

La propia Alcoa marcaba al propio ministro Soria el camino de la solución, al mostrarse “abierta a estudiar las oportunidades y opciones concretas que se presenten, como la celebración de una segunda subasta”.

REE, Industria y la CNMC tendrán que justificar ahora la necesidad de nuevos MW interrumpibles cuando hace pocas semanas consideraron que el sistema requería 'sólo' 2.000 MW

Les faltó tiempo al Principado de Asturias y a la Xunta gallega para llamar a Moncloa y exigir una rápida solución. Toque de atención a Soria, que se ha mostrado abierto a convocar una segunda subasta, pese a que el sistema sólo necesita los 2.000 MW adjudicados, tal y como propuso REE y refrendaron el regulador CNMC y la propia Secretaría de Estado de Energia (SEE), dependiente de Industria.

"El ahorro de 200 millones de euros para el sistema eléctrico, que reduciría el déficit de tarifa en ese monto, está ahora en peligro porque un gran consumidor tiene la fuerza suficiente para que el Gobierno legisle a su favor", señala un experto del sector. Ahora, la patata caliente la tiene REE, que se verá obligada por el Ejecutivo a justificar otra subasta con MW adicionales. "Cómo van a justificar el operador del sistema y la Secretaría de Estado que son necesarios más MW interrumpibles cuando hace sólo unas semanas no eran necesarios", se pregunta este experto.

Desde 2009, los grandes consumidores eléctricos se han embolsado 2.500 millones de euros por un servicio que no se ha puesto en marcha ni una sola vez

El informe de la CNMC sobre la normativa de la primera adjudicación dejaba la puerta abierta a otra subasta adicional, pero convenientemente justificada y sin distorsionar el resultado de la primera: "Se considera adecuada la posibilidad de llevar a cabo subastas adicionales, previa resolución de la SEE. No obstante, dichas subastas deben ser de carácter extraordinario y debidamente justificadas de modo que se mantenga una cierta estabilidad y no se distorsione el resultado de la subasta principal", señaló el regulador.

Pero Alcoa ha dejado claro que si no hay otra subasta, en enero habrá despidos colectivos, así que el tiempo corre en contra del Gobierno y REE, que tendrán que diseñar la nueva puja en breve, con el sobrecoste que eso tendrá para el sistema.

Gracias a la reforma energética, el coste de la interrumpibilidad iba a pasar de los 677 millones de 2014 a los 353 de 2015, gracias al sistema de subasta, pero el coste se disparará, de nuevo, cuando se ponga en marcha la segunda puja. En total, desde 2009, los grandes industriales acogidos a este sistema se han embolsado 2.533 millones de euros por un servicio que no se ha usado ni una sola vez.