El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el Partido Popular de Madrid aportó fondos de origen ilícito a su hermano mayor nacional para financiar la campaña de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Mariano Rajoy se presentó como cabeza de lista del PP. El magistrado, que acaba de levantar el secreto en la pieza separada del caso Púnica en la que investiga las finanzas de la formación regional, ha remitido la documentación que apuntala estas sospechas a su compañero José de la Mata, encargado de investigar la presunta caja B de Génova en la llamada causa de los 'papeles de Bárcenas'.

Según apuntan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la contribución que hizo el PP madrileño para costear los gastos de esos comicios, celebrados durante la etapa de Esperanza Aguirre, se acercó al millón de euros. Solo 'una ayuda' si se compara con la cuantía de la entrada de dinero negro que se destinó a las municipales de 2007 y 2011, las otras dos campañas bajo sospecha en esta parte de la investigación del entramado que presuntamente dirigía Francisco Granados. "Les echaron una mano en aquellos comicios", señalan las fuentes consultadas.

La pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular de los populares se centra en la actividad desplegada por el gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez, receptor de millones de euros en negro que destinó a tres procesos electorales. La mayor contribución se destinó a las elecciones de 2007. También existen pruebas que sustentan una financiación en B durante las autonómicas de 2003, pero el juez Velasco ha descartado investigar esta parte debido al tiempo transcurrido desde entonces y a que los presuntos delitos cometidos estarían prescritos.

Las sospechas se basan en anotaciones manuscritas del propio Gutiérrez y en la abundante documentación que se le incautó en varias tandas de registros. Como ya reveló El Confidencial, apuntan a que el encargado de las finanzas de la formación manejó “una contabilidad B de gastos electorales” que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. Los fondos salieron del desvío de subvenciones de la Administración, así como del cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. Estas donaciones no declaradas se camuflaban mediante pagos directos a las empresas que contrataba el PP para sus campañas.

Al menos tres empresas participaron de forma continuada —a lo largo de varios años— en esta dinámica ilegal, según ha podido saber este diario. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares, y en concreto en una de sus empresas, Over Marketing. Los investigadores sospechan que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas.

También forma parte del trío la agencia Carat, a la que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior; por último, una sociedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, Sintra Consultores, que, según la documentación incautada, canalizó al menos 600.000 euros en las elecciones de municipales y autonómicas de 2007. Entre las carpetas que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Tres responsables políticos

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido. Además del primero y evidente, el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, el magistrado también da importancia al papel del exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, con responsabilidades en la tesorería y gerencia del partido en Madrid.

Además, investiga la cooperación en la entrada de fondos ilegales de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña.

La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.