Un proyecto "innecesario y faraónico" que los más suspicaces califican de regalo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al empresario Florentino Pérez. Una instalación que antes de ser aprobada en 2008 ya empleaba técnicas obsoletas. Muchas son las incógnitas, sospechas e indignaciones que levanta el caso Castor, el quinto y más grande depósito de gas natural de España, hoy paralizado por la alarma social que originaron los 500 terremotos de 2012 y 2013. Estas son las claves de un fracaso técnico y político cuyas consecuencias, si la Justicia no lo remedia, pagaremos todos los españoles durante los próximos 30 años en nuestra factura del gas.

¿Qué es el proyecto Castor?

El proyecto Castor es una instalación paralizada que pretendía ser el mayor depósito de gas natural de España, situado frente a Vinaroz (Castellón) y el delta del Ebro. Su objetivo estratégico era garantizar el suministro de gas natural en todo el país en caso de escasez, puntas de consumo o cese de las importaciones. Fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y puesto en marcha en 2012, pero no pudo seguir adelante por los movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón y Tarragona. Tras el proyecto está la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, del empresario Florentino Pérez, y en un 30% por la canadiense CLP.

Costa de Vinaroz, con la plataforma petrolífera reconvertida en depósito de gas natural al fondo. (EFE)

¿Cuánto costó?

Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, un 89,54% por encima del coste inicial previsto. En 2013, según el Ministerio de Energía, los costes se habían disparado hasta los 1.700 millones.

¿Cómo funcionaría?

Castor aprovecha un antiguo pozo petrolífero ubicado a 21 kilómetros de la línea de costa de Vinaroz y a 1.750 metros de profundidad. El depósito artificial tiene capacidad para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema español durante 50 días, es decir, 1.900 millones de metros cúbicos. Para ello, se necesitan seis meses de funcionamiento.

El proceso consiste en tomar gas natural de la red básica de gasoductos —las tuberías por las que se transporta el gas—, comprimirlo más e inyectarlo en el almacenamiento a más de 1.000 metros de profundidad a través de pozos.

¿Por qué está paralizado?

La plataforma dejó de funcionar en la fase previa de la explotación por los terremotos que estaba provocando en la zona. Un año después, en 2014, un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluyó que existía una "relación directa" entre los más de 500 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. El estudio, además, reveló la existencia de una falla no cartografiada en la zona (falla bautizada como Castor), y aseguró que no se tuvo en cuenta el informe de "impacto de sismicidad inducida" para determinar la peligrosidad del proyecto. En un reciente informe, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) rechazó que la falla Castor fuera la causante de los terremotos, afirmando que estos se originaron por "la desestabilización y el estrés" de la gran falla de Amposta.

Fuentes del propio departamento de José Manuel Soria admitían en privado en 2013 que se trataba de un proyecto “innecesario y faraónico” que nunca debió contemplarse en la planificación energética. Una reflexión que apunta a que pasará tiempo —y se necesitará mucha voluntad política— para reactivarlo.

¿Cuál es la situación actual?

La instalación está en desuso desde septiembre de 2013, cuando la inyección de "gas colchón", paso previo al inicio de las operaciones, dio origen a los terremotos y congeló el proyecto. A principios de este mes de mayo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró que no desmantelarán de momento la plataforma porque la situación es "estable" y que habrá que realizar un estudio para decidir su futuro. "Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad", explicó.

Imagen de una de las manifestaciones de vecinos afectados por los seísmos en la costa de Castellón. (EFE)

¿Se reabrirá en el futuro?

El almacén, según adelantó el ministro Álvaro Nadal, no reabrirá. La puntilla al proyecto la ha dado el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que en su recién concluido informe sostiene, como ya señalaron sendos estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional, que la inyección de gas en la platafoma originó los terremotos de 2013 y recomienda su cierre. Sin embargo, el MIT echa un cable a Florentino Pérez y al propio Ministerio de Energía al concluir que era imposible prever el desastre. Una valoración que cae como una losa sobre la aspiración de distintas plataformas ciudadanas que exigen a ACS la devolución de los 1.350 millones que recibió como indemnización tras el desastre. O sobre la misma Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca), que sigue batallando contra los responsables del proyecto por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos.

¿Quién pagará la factura?

La concesión otorgada por el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, incluía una controvertida cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Gobierno ya abonó 1.350 millones de euros a ACS en 2014, que se suman a otros 110 millones pagados anteriormente. A eso hay que añadir otros 295,6 millones en concepto de 'derechos retributivos' por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. Total: 1.755 millones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es taxativa: la factura del desastre se socializará entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731 millones de euros. Cifra a la que se llega añadiendo un 4,27% anual de intereses del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. Lo que implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los usuarios españoles, "ya de por sí de los que más pagan de Europa", subraya la OCU.



El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz tiene a su vez una investigación abierta sobre una veintena de directivos de la concesionaria Escal UGS y técnicos de la Administración para determinar si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto gasístico.