Las informaciones de determinados medios de comunicación contra el proceso independentista en Cataluña no partieron del Ministerio del Interior, o al menos no con el conocimiento del anterior ministro; tampoco se emplearon recursos públicos para obtenerlas; y Jorge Fernández Díaz nunca conspiró para perjudicar a sus rivales políticos. Cualquiera que afirme lo contrario a partir de ahora tendrá enfrente un auto del Tribunal Supremo en el que se establece que no hay siquiera indicios para abrir una investigación.

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La inadmisión a trámite de la querella presentada por la antigua CiU y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias entierra casi por completo la posibilidad de que las maniobras policiales contra el proceso independentista en Cataluña, reproducidas posteriormente y de forma parcial contra Podemos, sean aclaradas en los tribunales.

Cinco jueces de la Sala de lo Penal lo han acordado por unanimidad. Para ello contaron con un informe de la Fiscalía del Alto Tribunal en el que se afirma que las conversaciones entre Fernández Díaz y el anterior jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, reveladas por publico.es cuatro días antes de las elecciones del 26-J, son “un intercambio de información” amparado por la Ley.

Un total de 18 líneas dedicó el Ministerio Público, el órgano dedicado a perseguir los delitos, a oponerse a la querella contra el exministro del Interior y De Alfonso.

Fernández Díaz abandonó el Ministerio del Interior con una supuesta investigación abierta sobre quién realizó la grabación en su despacho. A lo máximo que llegaron sus responsables fue a concluir que la grabación podría haber salido del propio departamento, coincidiendo con lo que cualquiera podría deducir de su simple escucha. Esto equivale a decir que funcionarios públicos grabaron al ministro del Interior en su despacho y a no decir nada sobre si Fernández Díaz lo sabía.

Todo lo que mereció esa investigación inconclusa fue una filtración de su resultado a algunos medios de comunicación. Al frente de las pesquisas se puso a uno de los máximos colaboradores del ministro del Interior. A las dos semanas se jubiló.

Así las cosas solo quedan flancos menores para conocer la verdad de la guerra sucia de Interior contra la oposición política. Por una parte, la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, impulsada por el PSOE y respaldada por el resto de la oposición. Los socialistas apremiaron recientemente al Congreso para que arranque una comisión que se aprobó el 27 de septiembre.

La grabación ilegal

En los tribunales, queda una pieza separada del caso Nicolás, donde han aflorado testimonios que admiten la existencia de la Operación Cataluña. También en ese caso la Fiscalía se opone a seguir adelante con el argumento de que trasciende el objeto de la investigación.

La investigación se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que investiga la grabación ilegal realizada a varios policías y dos agentes del CNI mientras mantenían una reunión del caso del Pequeño Nicolás, en octubre de 2014. Por ahora, están imputados el comisario jubilado José Manuel Villarejo, su esposa, que dirige una web, y un extrabajador de la misma.

Los policías encargados de la investigación elaboraron un informe en el que señalan a la cúpula policial de Fernández Díaz como presunta encubridora y colaboradora del delito y exponían los vínculos del anterior número dos del Ministerio, Francisco Martínez, con el comisario imputado y otros también señalados.

En el transcurso de la investigación, el comisario Villarejo ha admitido haber participado en investigaciones prospectivas contra políticos catalanes favorables al proceso soberanista. Su declaración en el juzgado dio pie al bautizo de las maniobras policiales como Operación Cataluña.

El comisario también ha mostrado su disposición a colaborar en una investigación en un juzgado de Andorra contra antiguos compañeros en dicho operativo y ahora enemigos, entre ellos el jefe de la investigación que le señala a él como el autor intelectual de la grabación ilegal en el caso del Pequeño Nicolás.

El propio auto del Supremo señala que el archivo podría reconsiderarse si la causa contra los tres periodistas que firmaron la información en El Mundo sobre la supuesta cuenta de Trias arrojara nuevos datos y “fueran puestos en conocimiento” del Alto Tribunal.

La resolución que cierra la posibilidad a que el Supremo investigue tiene como ponente al magistrado Andrés Martínez Arrieta. La apoyan otro cuatro jueces del Alto Tribunal: el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena; Miguel Colmenero; Andrés Palomo y Ana María Ferrer. Ninguno de ellos ha optado por la posibilidad de emitir un voto particular en el que mostrar su disconformidad.