MÉXICO, DF (apro).- El Senado aprobó con 88 votos a favor y 7 en contra la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución que establece las condiciones en las que el Estado puede decretar la suspensión o restricción de garantías.

La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

De acuerdo con el dictamen, para suspender o restringir garantías, en todo el país o en una región determinada, se debe justificar la existencia de una “amenaza excepcional a la paz pública”.

De ser el caso, el presidente realizará la petición al Congreso y, de ser aprobada, procederá a declarar la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías.

El dictamen deberá fundamentarse, establecer la delimitación geográfica del territorio, los derechos y garantías que serán restringidos y los que quedarán suspendidos, así como la proporcionalidad entre las medidas y la gravedad de los hechos.

En todos los casos, la solicitud de desaparición de garantías se calificará como asunto de “urgente y obvia resolución” y el Congreso deberá resolver en un plazo máximo de 48 horas.

Después, deberá remitirse al Ejecutivo para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, además de medios impresos y electrónicos.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se notificará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la responsable de analizar la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo.

En caso de que resulte inconstitucional, la Corte ordenará el restablecimiento inmediato de las garantías e informará al Congreso y al presidente.

La Ley prevé que las acciones del Ejecutivo, durante la suspensión, podrán impugnarse a través del juicio de

amparo.

La nueva legislación faculta al Congreso a dar por terminada la situación de excepción y el Ejecutivo no podrá observar la decisión.