Si a Jair Bolsonaro y a su gobierno les funciona la estrategia, poco o casi nada será público en Brasil dentro de dos años. Los planes presidenciales pasaron desde el primer momento a formar parte de la agenda del ministro de Economía, Paulo Guedes. Este, a su vez, delegó la misión en Salim Mattar, secretario especial de desestatalización y desinversión. Entre los tres privatizarán Brasil casi por completo de aquí a 2021.

Los movimientos no tardaron en comenzar. Periódicamente se van publicando los avances. Tras los cuatro primeros meses, el secretario Mattar informó de que ya se habían recaudado 12.000 millones de dólares en privatizaciones, concesiones y desinversiones. 9.600 millones de dólares correspondían a privatizaciones, 1.900 a concesiones y 600 a desinversiones. De las grandes empresas estatales brasileñas, tal y como ha repetido el presidente, solo se salvarán de la privatización el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal. Petrobras, buque insignia petrolífero, será una de las víctimas de la fiebre privatizadora. En la misma línea está el secretario Mattar, cuya teoría es que ninguna empresa estatal es eficiente: "Si es eficiente, no necesita monopolio, y si necesita monopolio es que no es eficiente".

Paulo Guedes, la gran apuesta de Bolsonaro en el ámbito económico –el presidente ha admitido en varias ocasiones que él de eso "no entiende"– siempre ha mantenido el discurso de la necesidad de disminuir el Estado y enflaquecer la estructura pública. Una muestra es su lucha contra el funcionariado. Las oposiciones a nivel nacional están bloqueados hasta nuevo aviso: "Según nuestras cuentas, el 40% de los funcionarios públicos se jubilarán en los próximos cinco años. No hay que despedir a nadie. Basta con desacelerar las incorporaciones".

Primero desinversión y luego privatización

eldiario.es ha entrado en contacto con el secretario Salim Mattar, de la secretaría especial de desestatalización y desinversión del Ministerio de Economía, que no ha respondido a la petición de entrevista. Tras la petición de información oficial, el equipo de Mattar ha enviado a eldiario.es los planes presentados en la novena reunión del Consejo del Programa de Colaboraciones de Inversiones (CPPI), el pasado 8 de mayo. En ellos se refleja la lista de conceptos que pasarán a manos privadas, de diversas formas. Actualmente ya hay 46 proyectos en marcha: once líneas férreas, once puertos, dos centrales eléctricas, una explotación petrolífera, cinco aeropuertos, ochos carreteras e incluso la Casa de la Moneda.

Para un futuro cercano quedan más líneas de transmisión eléctrica y concesiones de explotación de derechos de minas. En los próximos meses y también durante el próximo año la mayor parte de los movimientos serán desinversiones. La inmensa mayoría de las privatizaciones llegarán en 2021, para rematar tres años de trabajos.

Sumido el país en una grave crisis económica, el trío formado por Bolsonaro, Guedes y Mattar no tiene que buscar grandes argumentos para convencer a la población de que estas privatizaciones pueden traer beneficios. Todos los representantes políticos están contribuyendo al desgaste, degeneración y abandono del aparato público brasileño, que tampoco goza de una buena gestión de sus recursos –a pesar de la alta carga impositiva sobre una población que supera los 200 millones de habitantes–. Ante tal degradación, lejos de iniciar un estudio más complejo sobre la verdadera problemática, vender la solución de la iniciativa privada no le resulta difícil al nuevo Gobierno.

Este ansia de privatización federal está calando también en las administraciones estatales, y en ocasiones se enfrentan a obstáculos legales. Uno de los casos más comentados y más espinosos es el intento de privatizar los centros penitenciarios del estado de Río de Janeiro, tal y como sugiere el ministro Paulo Guedes a nivel nacional. Más de cuarenta organizaciones –entre ellas la Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, la Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Conectas Direitos Humanos, el Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro y Justiça Global– publicaron una "Nota Técnica Conjunta" sobre el proyecto de ley 190/2019, que autoriza las colaboraciones público-privadas para la construcción y administración de cárceles en el estado de Río.

Según estas instituciones, la medida violaría el artículo 144 de la Constitución Federal, la ley 11.079/2004 sobre colaboraciones público-privadas y la ley 13.190/2015, que altera la ley de ejecuciones penales. "La competencia para la gestión del sistema penitenciario es del Estado", señala el documento, "y el intento de privatizar las unidades no va a solucionar los desafíos y la crisis que atraviesa el sistema carcelario en este momento, pudiendo incluso agravar las condiciones de seguridad y dignidad de los presos y los trabajadores del sistema". Existe, además, otra irregularidad: "La violación del artículo 134 de la Constitución Federal, en lo referente a la competencia exclusiva de la Defensoría Pública para la prestación de asistencia jurídica".

También se ha unido a la tormenta de ideas privatizadoras uno de los ministros que más está dando que hablar desde que arrancó la legislatura, el de medio ambiente, Ricardo Salles, dispuesto a privatizar el monitoreo de la selva amazónica, actualmente articulado desde el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).