Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, acaba de negar que en nuestras fuerzas de seguridad del Estado existan las cloacas y esa especie de unidad secreta y clandestina al margen de la ley y de la autoridad judicial denominada ‘policía patriótica’. Sin embargo, todo lo que se sabe sobre el espionaje a partidos políticos y las últimas revelaciones del caso Dina –el robo del teléfono móvil de una asesora de Pablo Iglesias–, van en sentido totalmente opuesto a lo que dice el ministro.

Marlaska da por hecho que nuestra policía es íntegramente democrática y que incluso se han tomado medidas de refuerzo para evitar que “casos aislados” como el del comisario José Manuel Villarejo vuelvan a repetirse. Eso sí, no dice qué medidas concretas ha adoptado el Ministerio del Interior para que elementos incontrolados, policías corruptos y mercenarios a sueldo con intereses y negocios particulares se estén dedicando a espiar y a chantajear a líderes políticos, con el consiguiente descrédito y daño irreparable para nuestra democracia.

Mientras el ministro lo niega todo, algunas fuentes insinúan que el caso Villarejo podría ser solo la punta del iceberg de algo mucho mayor: un nutrido y organizado grupo de agentes de todas las escalas policiales que como ‘policía patriótica’ se estarían dedicando, desde hace años, a tales turbias actividades. Hay quien dice que ese ‘grupo salvaje’ podría estar formado por varias decenas de policías, incluso hasta un centenar. Un auténtico cuerpo de élite destinado a la guerra sucia que tras los GAL parecía definitivamente desterrada de nuestro país.

De confirmarse tal información nos encontraríamos sin duda ante un problema gravísimo, ya que no estaríamos hablando de unas cuantas manzanas podridas, sino de grupúsculos formados por miembros de la Policía Nacional encargados en cuerpo y alma a tareas abominables de desprestigio, espionaje y contrainformación. Así se explicaría la Operación Kitchen −una misión secreta diseñada y ejecutada por alguien en las altas esferas para sustraer información al extesorero del PP Luis Bárcenas− y también el robo del teléfono móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, un material sensible que está siendo analizado por el juez de la Audiencia Nacional García-Castellón. Mal haría Marlaska en tratar de capear el temporal, en restarle importancia al affaire o en mirar para otro lado, mientras la mugre sigue saliendo de las cloacas. De ahí que no quepa otra opción más que abrir las ventanas, sacar los dosieres de los archivos secretos, si es que existen, y arrojar luz y taquígrafos sobre toda esta turbia trama.

Pero con ser grave que en nuestro país y en el año 2019 haya policías que trabajen por encargo para urdir montajes, fabricar pruebas falsas y destruir carreras políticas −que era lo que pretendían hacer con Pablo Iglesias−, tan preocupante o más es que pueda haber periodistas en nómina de los mercenarios de las cloacas. De haber existido esa relación mercantil entre reporteros y policías corruptos, esa transferencia de información, sobornos y comisiones entre unos y otros, nuestra democracia habría sufrido un daño irreparable. En un Estado de Derecho el cuarto poder de la prensa debe ser independiente, libre y limpio en sus prácticas informativas, ya que de lo contrario estaríamos hablando de un periodismo al servicio de la corrupción.

“Si hay periodistas que conspiran para perseguir a Pablo Iglesias eso es delito y hay que perseguirlo, pero si llega una información sobre él la obligación del periodista es publicarla. Criminalizar a los periodistas que se limitan a hacer su labor es injusto y atenta contra la esencia del periodismo. Otra cosa es si hubo una confabulación para perjudicar al político”, ha asegurado en La Sexta el reportero Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo.

En ese punto, Pablo Iglesias ha advertido que dentro de la trama criminal contra Podemos hay una “pata mediática” comandada por algunos rostros famosos de nuestra prensa nacional. “¿Quién daba las órdenes, había una vicepresidenta del Gobierno dando las órdenes, había un presidente del Gobierno dando las órdenes o actuaban por su cuenta esos policías? ¿Se creen que la gente es idiota y que la gente no lo sabe? Y la tercera pata de esa trama criminal, la pata mediática. Algunos de repente se han olvidado de decir los nombres propios y dicen ‘ciertos medios’, ‘ciertos periodistas’. ¿Acaso se creen que la gente no sabe lo que significa Eduardo Inda y lo que significa OK Diario?”, ha llegado a asegurar Iglesias durante un mitin de partido. El líder de la formación morada ha ido aún más lejos en sus acusaciones: “Hay que responder a algunas preguntas: ¿Por qué el Ministerio de Industria financiaba OK Diario? ¿Por qué? ¿Por qué cuando pedimos en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Villarejo el Partido Socialista unió sus votos a los del Partido Popular y a los de Ciudadanos para impedir que Villarejo fuera al Congreso? ¿Por qué? La gente sabe la respuesta”.

A Iglesias le consta que existen las cloacas del Estado, y asegura que Marlaska “utiliza eufemismos” para no poner al país ante una realidad demasiado dura. Según el secretario general de Podemos, no puede aportar más datos porque sobre el caso “hay secreto de sumario”, pero añade que “quien fabrica pruebas falsas es para que se las publiquen”. Incluso afirma que las cloacas no son cosa del Gobierno del PP, sino que los agentes corruptos siguen trabajando con el Gobierno de Pedro Sánchez. Marlaska tiene trabajo: aclarar un embrollo nefasto, facilitar toda la información de que disponga el ministerio sobre la ‘policía patriótica’ y afrontar la realidad por dura que sea.