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Otro organismo internacional representativo de los intereses del capital se suma al carro de quienes piden recortar todavía más el derecho a la jubilación y privatizarlo al gusto de la banca, como también han hecho estos días el FMI y la Unión Europea. No vaya a ser que la organización y la lucha social como la de las mareas y plataformas agrupadas en la Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones, sigan obligando a hacer concesiones a los partidos comprometidos con el Pacto de Toledo.

La OCDE entra también en el debate sobre el sistema de pensiones. En su nuevo informe sobre España, hecho público este jueves, la organización de los países más industrializados se une a las voces que reclaman un endurecimiento de las condiciones para obtener una prestación pública por jubilación.

Ante la “presión” sobre las cuentas públicas que va a producir el paulatino envejecimiento de la población, se muestran partidarios de ampliar el tiempo a tener en cuenta en el cálculo de la prestación hasta toda la vida laboral, exigir más años para cobrar la pensión íntegra y elevar la edad de retiro más allá de los 67 años. También insisten en facilitar la compatibilidad entre pensión y salario, sin penalizaciones para los jubilados que sigan trabajando.

Las recomendaciones tributarias pasan por trasladar parte de la carga impositiva al IVA y los impuestos medioambientales, mientras que se inclinan por reducir, por ejemplo, las cotizaciones para los indefinidos con los sueldos más bajos –lejos de los planes del Gobierno, que se inclinan por elevar las cuotas máximas-.

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