En los días previos a la elección presidencial, afuera del edificio en Polanco donde cumplía Elba Esther Gordillo su prisión domiciliaria, maestros y políticos se formaban para verla. No era fácil entrar al edificio, y se requería una cita previa para que agentes de la Policía Federal que vigilaba la entrada del inmueble y la del departamento de la maestra, dieran el acceso. Nadie que no fuera residente o que estuviera en la lista de la Policía Federal cruzaba la puerta del edificio para tomar el elevador de servicio –el principal estaba clausurado por los agentes- hasta la entrada trasera de su departamento. Las condiciones carcelarias habían cambiado sustancialmente en su casa, pero una jaula sigue siendo una jaula aunque sea de oro.

La maestra nunca perdió su agilidad mental, y al llegar a su prisión domiciliaria encontró en el ejercicio diario e intenso una forma de distraerse y cuidarse. Hace años ansiaba ser puesta en libertad y hace escaso un mes estaba segura que esa cita estaba por concretarse. Pero aquél viernes de julio pasó sin que recuperara su libertad. La pregunta seguía siendo la misma: ¿dejaría el presidente Enrique Peña Nieto de pelear en tribunales para que mediante argucias legales se siguiera manteniéndola en la cárcel? Las últimas 48 horas antes de su exoneración, la expectativa de su liberación estaba dentro de una olla de presión e incertidumbre.

Su caso nunca fue sólido y desde el principio la PGR se valió de mentiras para ir armando un expediente lleno de hoyos por todos lados, con un ejercicio de propaganda para anidar la idea de culpabilidad.

Elba Esther Gordillo era una presa política del presidente Enrique Peña Nieto. El 19 de enero de 2015, en este mismo espacio, se hizo esa argumentación. “Una revisión del expediente muestra un alto número de fallas, omisiones y errores tan grandes, que son grotescos”, se apuntó en aquella columna. “La maestra… debía estar en libertad. Pero su caso parece obedecer más razones políticas que jurídicas. “Pronto se empezaron a ver las debilidades del caso. Por ejemplo, el pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el ministerio público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación…

“El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no (tenía) sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedente ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no (presentó) ninguna denuncia contra la maestra.

“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no (existió) la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda… La querella que señala el acuerdo del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se (precisaba) su cargo. Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

“¿Cuál (era) el problema? Que la averiguación previa (tenía) fecha del 13 de febrero de 2013. Es decir, el ministerio público federal dio entrada a una denuncia suscrita por un alto funcionario que, en el momento en que presentó la querella, no tenía su personalidad y representatividad legal acreditada. A partir de esa querella, el ministerio público federal ordenó una serie de diligencias, peticiones oficiales al gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y oficios a diferentes áreas del gobierno federal para que aportaran información que respaldara el caso, en la mayor irregularidad e ilegalidad del caso”.

Aquella columna concluía que “si la libertad de Gordillo dependiera de la ley, seguramente estaría libre”. Eran demasiadas las evidencias de las irregularidades que hizo el gobierno federal para llevarla y mantenerla en la cárcel. Pero eso no importaba. Era un caso político, donde finalmente Peña Nieto admitió la derrota, como un acto pragmático, no magnánimo, para ser él quien facilitara su libertad y asumir los costos de este fracaso, al ordenar a la PGR que dejara de utilizar triquiñuelas en tribunales. La alternativa era que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con apego a la ley, se desistiera de la acusación. Mejor corregir él uno de los grandes absurdos de su administración, a que le corrigieran la acción a su gobierno, desaseada de principio a fin. La maestra guardará silencio hasta el 20 de agosto. Pero por lo pronto, empacó, salió de México y empezó a recuperar su vida.

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