29 de Enero de 2019

Como parte de la política de austeridad del gobierno federal y su leal mayoría en el Congreso, el Presupuesto de Egresos de la Federación incluyó un descuento en la partida correspondiente a dos organismos autónomos, el INE y el Inegi.

Al primero, le rasuraron 950 millones de pesos; al segundo, 500 millones.

Ambos institutos advirtieron que el recorte a su presupuesto dificultaría sus tareas. El INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte; el Inegi, sin descartar la posibilidad de hacer lo mismo, anunció que deberá dejar de aplicar 14 estudios que publica regularmente y que sirven para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones de política monetaria, entre ellos, el Censo Agropecuario y las encuestas nacionales de Gasto en los Hogares y sobre la Confianza del Consumidor.

Ayer, la Coparmex se pronunció sobre estos recortes, advirtiendo que podrían poner en entredicho “la operación efectiva de las instituciones autónomas y el cumplimiento de su mandato”.

Sin embargo, hay algo aún más grave: paralelamente a esta restricción presupuestal, el gobierno federal anunció su intención de complacer a los maestros de la CNTE que están bloqueando, desde hace 14 días, las vías férreas en el estado de Michoacán –afectando el transporte de insumos y productos terminados de muchas industrias en el centro y norte del país–, mediante el otorgamiento de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales entre 2014 y 2018.

Dichas plazas habían dejado de asignarse con la entrada en vigor de la Reforma Educativa –la cual dispuso su otorgamiento vía concurso–, pero ahora el gobierno federal propone que los “maestros democráticos” vuelvan a las andadas con esta exigencia, que en el pasado se convirtió en un jugoso ingreso para el gremio, pues cada una de esas plazas paga una cuota sindical.

Crear esas plazas elevaría la nómina en 780 millones de pesos al año, pues desde 2014 han egresado de las ocho escuelas normales de Michoacán –ubicadas en Morelia, Tiripetío, Cherán y Arteaga– unos cinco mil alumnos, que pasarían a tener un sueldo de 13 mil pesos mensuales.

Es decir, los profesores de la CNTE han logrado más con sus actos de presión –el más notorio es el bloqueo de las vías del tren– que los especialistas y organizaciones que han alegado que el recorte a los organismos autónomos atenta contra la democracia y la divulgación de información de interés público.

Se privilegia, pues, a cinco mil aspirantes a maestros sobre 127 millones de mexicanos. Eso es inaceptable.

Los 780 millones de pesos que se erogarían para crear esas plazas –producto del chantaje– representan 82% de lo que se quiere recortar al INE y 156% de lo rasurado al Inegi.

La pregunta ineludible es por qué quiere el gobierno federal beneficiar a una minoría –rapaz, esa sí, además de chantajista– por encima de decenas de miles que podrían perder sus empleos si los actos de presión de la CNTE y otras “organizaciones sociales” se vuelven regulares, afectando a la economía.

Y también, por qué son más importantes las pretensiones de los profesores disidentes que las razones de organismos autónomos que han probado su capacidad de organizar elecciones con un enorme grado de certeza –tan es así que Morena ganó los comicios de 2018– y dotar a ciudadanos y autoridades de información estadística confiable para tomar decisiones.

Por desgracia, la respuesta parece ser que el gobierno federal tiene una alianza política con grupos de presión como la CNTE, a la que prometió la derogación de la Reforma Educativa, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido hasta ahora con el envío al Congreso de la Unión de una iniciativa que se discutirá en el periodo ordinario de sesiones que se inaugura en febrero.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador llamó a la CNTE a ser razonable en sus exigencias –además de las plazas, pretende que se le paguen cinco mil millones de pesos por presuntos adeudos– y dijo que no se dejaría chantajear.

Yo no sé de qué otra manera se puede llamar lo que hacen los maestros con el bloqueo de las vías.

Pero ellos no tienen que preocuparse. El Ejecutivo también dijo que no mandaría a la fuerza pública a desalojarlos porque no cree en la “represión”.

Mientras se siga confundiendo aplicar la ley con reprimir, las “organizaciones sociales” saben que tienen la puerta abierta para hacerse de recursos públicos que, inevitablemente, se comerán los ahorros que el gobierno dice querer hacer.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.