Cada año siguen muriendo más de 25.000 personas por la contaminación del aire en España, lo que no admite ninguna dilación más.

El Gobierno debería presentar el lunes 5 de febrero medidas contundentes para luchar contra la contaminación del aire si quiere evitar que la Comisión Europea le lleve ante la justicia.

Cada año siguen muriendo más de 25.000 personas por esta causa en España, lo que no admite ninguna dilación más.

El propio Comisario Europeo de Medio Ambiente, Karmelu Vela, reconoce que «la contaminación atmosférica mata cada año a más de 400.000 europeos y hace sufrir innecesariamente a muchos más». Por eso la pasada semana Vela se reunió con los países que desde hace años incumplen sistemáticamente la legislación europea sobre calidad del aire, entre ellos España. Vela ha pedido a estos ministros que presenten antes del 5 de febrero una lista de acciones que garanticen el cumplimiento de la legislación sin más demoras. En caso contrario, la Comisión Europea irá adelante con el caso ante la justicia Europea.

Hasta ahora la protección de los ciudadanos no ha sido una prioridad para el Gobierno. De hecho, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha tratado de echar balones fuera, culpando a las grandes ciudades españolas de la mala calidad del aire en todo el Estado, la causa de más de 25.000 muertes en nuestro país.

Es cierto que las ciudades tienen un papel relevante y deberían tomar medidas más drásticas. Pero los efectos de la contaminación atmosférica son tan graves que debería ser tratado como un problema de emergencia de salud pública, una prioridad de Estado. Además, es la administración central quién tiene la llave para llevar a cabo gran parte de las medidas que podrían mejorar el problema, como las que siguen:

Una nueva política frente al diésel. El tráfico rodado es el responsable de las 3/4 partes de la contaminación en las grandes ciudades como Madrid. Y el 80 % de las emisiones más contaminantes son responsabilidad de los vehículos diésel. Sin embargo, el Estado continúa subvencionando este carburante. Políticas fiscales contundentes contra el diésel han conseguido muy buenos resultados en países como Holanda. Prioridad en los accesos a las grandes ciudades al transporte público, con carriles exclusivos para autobuses, en lugar de ampliación de las autovías de acceso, como se sigue haciendo en muchos lugares. Inversión en mejoras de transporte público en lugar de en planes PIVE. Cuando el transporte público se hace más atractivo y rápido se usa más. Por el contrario, inversiones en la compra de más vehículos no hacen más que animar a usar más el coche. Mayor inversión en trenes de cercanías y regionales. Estos trenes mueven dos millones de personas cada día, y podrían trasladar incluso más, pero necesitan de una mejora en las inversiones que acabe con los continuos problemas por falta de personal y mantenimiento. Un cambio del etiquetado de vehículos de la DGT: las etiquetas de la DGT son un instrumento que se puede utilizar en las ciudades para proponer restricciones a los vehículos más contaminantes. Sin embargo la DGT clasifica como C (la tercera menos contaminante) a vehículos diésel Euro 6, a pesar de que estos vehículos son, en un 85 %, tan contaminantes o más que vehículos fuera del sistema de etiquetado. Es una de las consecuencias del fraude conocido como ‘Dieselgate’. Una estrategia de calidad del aire ambiciosa. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó a finales del año pasado el Plan Aire II, una estrategia para la mejora de la calidad del aire que adolece de la firmeza que requiere un problema que causa tantas miles de muertes.

El Gobierno debe ser contundente. Así se lo reclama la Comisión Europea, dejando abierta la vía de la justicia y de la consecuente y abultada multa. Y así lo reclama una sociedad cada vez más preocupada por la calidad del aire que respira. Es un asunto tan grave que no admite más dejaciones.