Un informe secreto de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fechado en 1983, revela cómo la dictadura militar espió durante años a los estudiantes en sus propios colegios, informó este jueves la agencia alemana Dpa.

"Iván Salinas organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las 'marchas del hambre', realizadas en el centro de Santiago", señala uno de los 30 mil archivos secretos que el órgano represor enviaba al Ministerio de Educación de aquella época.

Salinas, quien al salir de su liceo siguió trabajando en su pastoral, figura en los archivos junto a los nombres de decenas de otros jóvenes como Diego Meza o Víctor Osorio, actual presidente del partido Izquierda Cristiana (IC).

"Impacta lo que sucedió esos años y los civiles de la derecha que apoyaron esto deben responder", dijo hoy Osorio a Dpa al conocer los archivos.

Estas operaciones, que abarcaron colegios religiosos, públicos y privados como la Alianza Francesa en 1988, fueron acompañadas por el despido masivo de profesores que pedían democracia y la capacitación de los funcionarios de Educación en guerra psicológica.

Las fichas con antecedentes políticos de menores y docentes elaboradas por la CNI llegaron de esta forma a las oficinas de los ministros, con las cartas firmadas por los delatores, en su mayoría profesores y apoderados que escribían directo a Pinochet.

La propia esposa del general, Lucía Hiriart, participó en este circuito de vigilancia, alertando por escrito en 1988 de la supuesta simpatía socialista del funcionario ministerial Humberto Vera. "Fue nombrado directamente por la Presidencia", la tranquilizó en respuesta el ministro de Educación de la época, Juan Antonio Guzmán.

Pero no todo fue represión en el intento por controlar el malestar de estudiantes y profesores. Según los documentos secretos en poder de Dpa, Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen, esfuerzo para el que contó con el apoyo de la policía secreta y de civiles, entre ellos el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado Patricio Melero.

El esfuerzo por levantar un estudiantado leal fue apoyado además con el adoctrinamiento de los hijos de las autoridades y de los propios funcionarios, como consta en diversos oficios secretos. Los hijos de ministros, viceministros y altos funcionarios recibieron cursos periódicos sobre "Seguridad Nacional" y "Doctrinas Totalitarias", entre otros.

Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores agruparon fuerzas en torno a organizaciones como la AEM, el COEM, la ASEC y la FESES, en medio de una represión cuya primera víctima fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros en 1984.

Todas estas operaciones fueron finalmente parte de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación y la policía secreta, la CNI.

El Ministerio de Educación, de hecho, tenía asignadas tareas en el llamado "Plan de Guerra del Frente Interno", las que coordinó a través de su Oficina de Seguridad.

Las comunicaciones con la CNI, responsable de cientos de asesinatos y miles de torturas, fueron diarias y muchos de esos documentos fueron quemados, aunque quedaron las actas de incineración, firmadas por los propios ministros.

Entre 1975 y 1990, por orden escrita de Pinochet, acreditada en sucesivos oficios, la policía secreta quedó además a cargo de supervisar toda contratación en el Estado, incluida la de profesores.

En ese marco, ningún docente pudo realizar clases en liceos públicos sin previamente ser investigado en secreto por la CNI, la que informaba los resultados de las pesquisas directamente a los ministros.

El control sobre el magisterio fue total y el propio Ministerio del Interior pidió a veces el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores, a través del viceministro del Interior, el hoy diputado Alberto Cardemil de Renovación Nacional.

Todas estas operaciones ocurrieron en paralelo a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio, como alentó un oficio secreto del 26 de marzo de 1986.

De hecho, hoy en Chile sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.

Las universidades públicas también son pagadas en miles de dólares anuales, producto heredado por la democracias de la intervención de la dictadura en su estructura y sistema de financiamiento.

En 2006 primero y luego desde 2011 a la fecha, cientos de miles de estudiantes y colegios salieron a marchar exigiendo educación gratuita y de calidad, tema central en el debate político actual, cuyo telón de fondo son los comicios presidenciales de noviembre.