Sin grandes aspavientos, el 19 de julio se cerró provisionalmente una de las mayores impugnaciones al llamado régimen del 78 planteada por el 15M –quizá la única oposición real al Gobierno en el último lustro–: la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula directiva de Caja Madrid por la estafa que se habría producido en la concesión de hipotecas entre 2003 y 2009.

En esa fecha, la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó la querella presentada por el Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ) contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y otros altos cargos de la entidad por la concesión de hipotecas sobrevaloradas, sin plenas garantías de su devolución, en una práctica habitual en aquellos años en la mayoría de entidades financieras.

La Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía y los abogados defensores de los querellados, no apreció indicios de delito por la sobretasación en los préstamos hipotecarios, al considerar que los 100 expedientes aportados como prueba no representaban una práctica sistemática respecto del conjunto de los préstamos concedidos. El auto esgrime que no ha lugar a "admitir a trámite la querella por falta de tipicidad penal de su contenido" y se justifica por el hecho de que "lo que es difícil de probar se convierte en un delito imposible".

Para el TCJ, esta argumentación "es paupérrima y alarmante, impropia de una alta institución", explica a Diagonal José Luis Noriega, integrante de este colectivo surgido en 2012 de las asambleas celebradas durante el primer aniversario del 15M. "Reconoce que se han cometido 'excesos', pero no que esos excesos han tenido consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad", indica.

El TCJ va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar el archivo definitivo de esta causa. "Si no se admite, se cerraría la puerta a juzgar a los directivos de Caja Madrid", reconoce Noriega.

Supondría, también, no investigar ni pedir cuentas a todo el sistema financiero, cuya gestión, ejemplificada en Caja Madrid, llevó a un rescate que ha trasladado al conjunto de la ciudadanía la obligación de pago. "Se podría llegar a demostrar que el 50% de la deuda pública es ilegal, no ilegítima sino ilegal, por lo que no habría que devolverla", vaticina Noriega.

El TCJ denuncia también que aún no se ha realizado oficialmente ningún tipo de investigación ni auditoría sobre las "causas reales del sobreendeudamiento que llevaron a la quiebra técnica de las entidades bancarias y su posterior rescate por medio de un incremento brutal de la deuda pública".

Hipotecas imposibles de devolver

El 30 de marzo de este año el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió la querella presentada por el TCJ contra los responsables de Caja Madrid por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. La demanda se basaba en la práctica de la sobretasación, por la que los préstamos hipotecarios concedidos llegaban a suponer el 130% del valor de compraventa de la vivienda.

El TCJ consideraba que los directivos de Caja Madrid orquestaron y tramaron la concesión de una "cantidad desorbitada de créditos hipotecarios por importe de 53.208 millones de euros, según la inspección del Banco de España de 20 de julio de 2009".

Esos créditos superaban en un 156% el precio de compraventa. En los años 2006 y 2007, según el informe del TCJ, el importe de las hipotecas concedidas por Caja Madrid fue superior en el 99% de los casos a la tasación realizada.

El círculo se cerraba con un dato muy relevante: la empresa encargada de elaborar las tasaciones, TasaMadrid, pertenecía al grupo Caja Madrid.

Los querellantes apuntaban que ésta valoraba los inmuebles por encima de su precio para justificar la práctica de conceder hipotecas superiores al cien por cien de su valor. Indicaban también que se concedían estos créditos a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o contratos de sólo uno o dos años de antigüedad.

La admisión a trámite de la querella por parte del juez instructor José de la Mata encontró la oposición de la Fiscalía, que alegó que la sobretasación era una práctica generalizada, algo que precisamente denunciaba el TCJ, y que no tenía relevancia penal.

En el auto de admisión, sin embargo, De la Mata explicaba que procedía investigar esas conductas ya que derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, justificarían la mayor mora de Caja Madrid comparada con el resto de las entidades. Para el juez instructor, de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, en tanto que esos hechos "habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad".

El TCJ lo cifró en 186.000 millones de euros en créditos concedidos por la entidad, de los que casi 53.208 millones correspondían a préstamos hipotecarios objeto de su investigación, iniciada en el verano de 2012 con la recopilación y análisis de expedientes de personas afectadas que llevaron a los 100 informes probatorios presentados en la demanda.