



El expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, afirmó que con la desaparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para crear la Defensoría del Pueblo, el Gobierno federal y Morena atentan contra el ombudsman en México, al convertirlo en una figura de persecución arbitraria, lo cual sería deplorable y además enciende las alarmas de estar a la merced de una dictadura.





“Son señales de alarma de una dictadura, porque son organismos que fortalecen la democracia; al ser debilitados o eliminados, se están destruyendo pilares democráticos y nos estamos acercando a un régimen autocrático”, apuntó.





▶ “Esto es una señal más, una prueba más de que estamos ante un Gobierno que está destruyendo organismos autónomos, y que no quieren ningún contrapeso, ni siquiera tener la molestia de que se le señalen sus abusos”, acotó.





Ayer ContraRéplica dio a conocer que la Defensoría del Pueblo tendría la facultad de canalizar al Ministerio Público y buscar por la vía penal a empresas y a servidores públicos que no acepten las recomendaciones, a lo que Luis de la Barreda aseguró que el riesgo es que la figura del ombudsman será utilizada para una persecución arbitraria.





Por lo que pidió a los legisladores de oposición a rechazar cualquier tipo de iniciativa encaminada a desmantelar ala CNDH, pues es una institución que ha arrojado buenos resultados, ya que ha emitido varias recomendaciones que evitaron abusos de poder.





“En Venezuela hay una Defensoría del Pueblo que es absolutamente incondicional con los actos del Gobierno al punto que, en algún momento, el hijo del Defensor del Pueblo en Venezuela públicamente en un video, le dijo a su padre que tenía que cumplir con su deber, que tenía que ser un verdadero ombudsman, lo cual nunca ha sido”, acotó.





Mientras que Olga Noriega, integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, aseguró que hay un grave riesgo en atentar contra los organismos autónomos pidió a que, si el Gobierno federal o Morena intentan modificar a la Comisión, contemplen realizar un parlamento abierto, a fin de mejorar el mecanismo.





Indicó que buscar penalizar a quienes no acaten las recomendaciones y sean llevados al Ministerio Público es una actitud “preocupante”.





“Que nos permitan hablar a todos, que haya un ejercicio de parlamento abierto, que nos dejen hablar, a la academia, sociedad civil, a los organismos de derechos humanos, defensores. Que se cambie lo que funcione mal, pero hay que defender nuestras instituciones. No así de un plumazo”, concluyó.

POR LAURA ARANA