Abogados del Estado en excedencia asesoran a fondos extranjeros en 12 de los 20 arbitrajes planteados contra España por los recortes a las renovables. Se trata de una pugna legal confidencial en la que los contribuyentes españoles se juegan miles de millones. Estos altos funcionarios no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden reingresar en la Administración. La participación de abogados del Estado contra el Estado genera malestar en un sector de la Abogacía.

Hace unas semanas, un canterano del Madrid, Álvaro Morata, eliminó con sus dos goles al Real Madrid de la Liga de Campeones. El caso es recordado por un abogado del Estado que, como la mayoría de los consultados, pide el anonimato: “A mí me gustaría marcar goles para el Madrid, pero si me ficha el Bayern tengo que marcar para ellos”.

España disputa su particular Champions judicial contra canteranos. Abogados del Estado que tras años en la Administración pasan al sector privado, donde son apreciados y remunerados por sus conocimientos de derecho público. El fenómeno no es nuevo, ya que un 40% de los 650 abogados del Estado está en excedencia. Pero los recortes a las renovables que se suceden desde 2010 con Gobiernos de PSOE y PP para limitar la factura eléctrica —el año pasado los consumidores pagaron 6.500 millones en primas— han dado una vuelta de tuerca.

Los fondos internacionales que habían invertido en España atraídos por una rentabilidad garantizada han planteado arbitrajes internacionales contra el país. Lo hacen al amparo de la Carta de la Energía, un tratado de 1991 para garantizar las inversiones internacionales en el sector. España es el país con más recursos en contra por vulnerar el tratado.

Un 40% de los 650 abogados del Estado está en excedencia

El despacho que más casos lleva es Allen & Overy. La gestión principal está en Londres y su socio en España especializado en arbitrajes es Antonio Vázquez-Guillén. “Antonio es socio responsable del departamento de Contencioso/Arbitrajes de Allen & Overy Madrid. Es abogado del Estado desde 1997”, comienza la web del despacho, que no ha querido hablar para esta información por la confidencialidad de los procesos.

Abu Dabi, BNP y RWE

Vázquez-Guillén, en excedencia desde 2005, fue abogado del Estado en Galicia. Allí se partió la cara por el Estado y viajó por medio mundo en el caso del Prestige. Ahora colabora en las reclamaciones de, entre otros, 15 inversores fotovoltaicos que reclaman 600 millones; el fondo soberano de Abu Dabi, que invirtió en termosolar en Sevilla; los fondos RREEF y Antin, de Deutsche Bank y BNP; la eléctrica alemana RWE y a SWM, firma pública de Múnich.

El bufete americano Latham & Watkins lleva tres arbitrajes. Entre ellos, los de la empresa española Isolux, que ha alegado que sus inversiones estaban hechas a través de Luxemburgo. En Madrid lo lleva el abogado del Estado en excedencia Antonio Morales, hasta 2006 secretario del Consejo de Seguridad Nuclear.

Están detrás de 12 arbitrajes internacionales en disputa por miles de millones de euros

Otra española, Abengoa, también demandó a España alegando que sus termosolares eran propiedad de otro vehículo en Luxemburgo. La estrategia la diseñó José Fernando Cerro Redondo, abogado del Estado en excedencia. Era jefe de los servicios jurídicos de Abengoa y hoy está en FCC.

Clifford Chance defiende a la alemana Steag y el jefe de arbitrajes en España es José Antonio Caínzos, abogado del Estado en excedencia desde hace 21 años. “He servido con mucho orgullo al Estado y ha sido una etapa importantísima en mi vida. Me encantaría no tener que estar en esta situación, prefiero estar mil veces peleando con otra empresa que contra el Estado”, explica. Caínzos destaca que "el arbitraje se ha convertido en una tendencia global, especialmente importante en países desarrollados. Cada vez más empresas recurren a esta fórmula alternativa de resolución de conflictos dada la complejidad de sus casos o el volumen de los mismos". Caínzos, que es presidente del Club Español del Arbitraje, es un firme defensor de este método para solventar disputas empresariales.

Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados del Estado, defiende a sus compañeros excedentes: “La excedencia es así. De toda la vida y ocurre en todos los cuerpos”.

No cree que se pueda limitar, porque “se acabaría el cuerpo de abogados del Estado”. Uno de los excedentes defiende la situación: “En los arbitrajes hay buenos abogados porque hay mucho dinero en juego. Y resulta que entre los buenos hay abogados del Estado”. Bal admite que hay miembros del cuerpo que pueden verlo dudoso, “pero depende de cada uno”. El despacho de Bal, abogado del Estado jefe de lo Penal es mucho menos lujoso que los de colegas en excedencia que multiplican su sueldo.

Bajo la condición del anonimato, hay profesionales del sector críticos con esta situación. Esgrimen que no es lo mismo que un abogado del Estado defienda a un expropiado contra el Ministerio de Fomento —algo que la mayoría comprende— que defender a un fondo soberano extranjero en una reclamación de cientos de millones contra el Reino de España y en Nueva York. Uno dice que rechazó llevar uno de estos arbitrajes. Lo mismo hizo el despacho Uría Menéndez al considerar que en plena crisis no podía ir contra España por un recorte que beneficiaba a los consumidores, según fuentes del despacho [una portavoz se niega a comentarlo].

Los abogados del Estado defienden que están muy bien formados y que en la Administración apenas hay incentivos. Al superar la dura oposición entran con un nivel 28 (cobrando unos 80.000 euros) y lo más que pueden ascender es a nivel 30.

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