Las organizaciones que componen las Marchas por la Dignidad han presentado en la mañana de este viernes una querella criminal contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y los jefes policiales responsables del operativo desplegado el 22 de marzo de 2014 durante la jornada de protesta que reunió en Madrid a centenares de miles de personas para exigir “Pan, trabajo, techo y dignidad”.

La movilización fue todo un éxito pero, tras discurrir pacíficamente, acabó con fuertes disturbios en los que decenas de policías y manifestantes resultaron heridos, con actuaciones policiales muy cuestionadas y un proceso plagado de irregularidades denunciadas incluso por los propios policías, que llegaron a convocar sus propias protestas para exigir respuestas a sus superiores y a la Delegación del Gobierno.

En la querella, presentada en los Juzgados de Plaza de Castilla, se acusa a los mandos policiales de delitos de lesiones, coacciones, amenazas, atentado contra el derecho de manifestación, falsedad documental y prevaricación. Los querellantes consideran estos delitos probados por las evidencias presentadas: numerosos vídeos y fotografías que han ido recavando a lo largo de este último año.

La querella criminal se ha presentado contra el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, así como contra el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; el jefe superior de Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez; el comisario de Seguridad Ciudadana de Madrid, Andrés Garrido; el jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), José Miguel Ruiz Iguzquiza; el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid, Germán Rodríguez Castiñeira; el inspector jefe de las UIP, Francisco González Pescador; y los jefes de los grupos Puma de las unidades antidisturbios que actuaron ese día en Madrid.

“Infiltrados policiales orquestados por los mandos policiales”

Los querellantes consideran que su objetivo es «exigir las responsabilidades pertinentes por la vulneración de los derechos y por los abusos cometidos». Y es que las Marchas de la Dignidad entienden que los disturbios fueron provocados por «infiltrados policiales orquestados por los mandos policiales».

Además, desde las Marchas han señalado que hubo «fallos y deficiencias» en el operativo policial diseñado para ese día. «Los mismos agentes así lo dijeron e incluso crearon un sindicatos de antidisturbios para denunciarlo, pero finalmente no lo hicieron», es más, posteriormente los agnetes que participaron en el operativo del 22M fueron condecorados por su actuación de ese día.

La querella está firmada por particulares y por colectivos y asociaciones, partidos y sindicatos, entre los que destaca IU, CUP, CGT, CNT, SAT, la Intersindical Valenciana, la Central Unitaria gallega de Trabajadores (CUT).