La jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado citar a declarar como investigados (antes llamados imputados) por un presunto delito de sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a una de sus subordinadas este viernes debido a su posible responsabilidad en el asedio al que fueron sometidos los guardias civiles que el pasado día 20 se vieron cercados por 40.000 personas mientras realizaban un registro en dependencias de la Consejería de Economía.

Trapero declarará por sedición en la Audiencia Nacional

Lamela, que una semana después de los hechos declaró la competencia de la Audiencia Nacional y abrió diligencias para investigar la posible sedición, ha resuelto también llamar a declarar como investigados a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la Guardia Civil atribuye el papel de haber dado órdenes a la muchedumbre que durante 18 horas impidió salir del edificio de la Secretaría de Hacienda a la comisión judicial que supervisaba el registro y a los agentes que lo llevaron a cabo por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

De acuerdo con el atestado, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, Sánchez y Cuixart controlaron la concentración multitudinaria que sitió a la letrada de la Administración de Justicia y a los agentes de la Guardia Civil. Durante la protesta, que se saldó con tres coches del Instituto Armado destrozados y los agentes asediados durante horas por la muchedumbre, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart se “erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines”, señala el atestado.

Fuentes de la investigación han señalado que, de acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Lamela ha acordado citar a los cuatro primeros investigados tras recibir una ampliación de ese inicial atestado solicitada por ella a la Guardia Civil.

El primer atestado, especialmente centrado en la intendente Teresa Laplana, mencionaba a Trapero en un revelador episodio: durante una de sus entrevistas con la secretaria judicial y los oficiales de la Benemérita a cargo de la operación, el 'negociador' Jordi Sánchez utilizó su móvil para llamar al mayor de los Mossos. El atestado ampliado menciona que el juez de instrucción tuvo que telefonear a Trapero para que tomará medidas que permitieran la salida de la letrada del Juzgado y de los agentes.

Las citaciones se han señalado para finales de esta semana en condición de investigados, por lo que deberán acudir asistidos de letrado. En el caso de Trapero y la intendente, la instructora de la Audiencia Nacional trata de determinar si con sus acciones o con sus omisiones cooperaron o facilitaron la comisión del delito de sedición, castigado con prisión de hasta 15 años en el caso de que sea perpetrado por autoridades. El Código Penal castiga como sedición a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad (...) el legítimo ejercicio de sus funciones o (...) de las resoluciones administrativas o judiciales".

Faltas muy graves

La actuación de la Policía Autónoma catalana ha sido muy controvertida no sólo durante el episodio del registro sino también el propio 1-O. Fuentes próximas a la investigación aseguran que los Mossos, a las órdenes de Trapero, podrían haber incurrido el pasado domingo en varias faltas muy graves tipificadas en la Ley de Policía de la Generalitat, entre las que destacan las de insubordinación hacia las autoridades y el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución.

Trapero es uno de los grandes señalados tras la celebración del referéndum ilegal del pasado domingo. La actuación de los Mossos d'Esquadra ha sido criticada por la Policía Nacional y Guardia Civil, que los acusan de connivencia con los organizadores de la consulta celebrada pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

Las desavenencias entre Mossos y el resto de las fuerzas policiales desembocaron el propio 1-O en una visita de Trapero a la juez Mercedes Armas, ante la que se quejó por la virulencia de las cargas. El mayor de los Mossos sostuvo ante la magistrada que la Policía autonómica estaba cumpliendo lo que Armas había pedido para el control de los centros de votación. Ella le contestó: "Yo no les he pedido nada. Les he dado una orden. Ahora vuelva a su trabajo, cúmplanla, y ya hablaremos".