Imagine por un momento la siguiente escena. Un amigo le avisa muy temprano por la mañana que, en un mercado a media hora o incluso una hora de su casa, están vendiendo masa para tortillas. Hace meses que hay escasez de maíz, así que usted no duda y se da su viaje en metro o en autobús. Después de que le marquen con un número en el brazo y haga una cola de dos horas, usted conseguirá llevarse a casa el equivalente para abastecer a su familia por una semana. En la diligencia tuvo suerte y, además, consiguió tres litros de leche descremada y una botella de aceite vegetal. Este futuro distópico para el mexicano es el día a día de los venezolanos. Desde hace un año y medio aproximadamente es una odisea conseguir harina de maíz para hacer arepas, el equivalente de las tortillas.

Hay un modo sencillo de estudiar la economía de los pueblos a través de su lenguaje y de las expresiones que usan a lo largo del tiempo. En los años setenta, con el auge petrolero, cuando la “Venezuela Saudita”, se decía aquella de “está barato, dame dos”, que daba a entender la bonanza económica que se vivía en el país, tanto que —al menos una parte de la población—, se podía permitir el derroche y comprar dos lavadoras, por ejemplo. En los últimos tiempos no era extraño ver en los supermercados venezolanos carteles advirtiendo: “sólo dos por persona”. Y no se refiere a menaje del hogar, sino a productos básicos como la mencionada harina de maíz, pasta dentífrica o jabón.

Como las condiciones han cambiado, la frase anterior convive con otra nueva: “no hay”. De la noche a la mañana, muchos insumos han desaparecido de los anaqueles. Si en Venezuela se hiciera una gala al estilo de los Oscar, el homenaje a aquellos productos que ya no se encuentran entre nosotros, sería extenso: champú, leche condensada, aceite de maíz, aceite y repuestos para el coche, leche o café. Hay otros que desaparecen y, por suerte, aparecen al tiempo. Es el caso del papel higiénico. Hubo unos meses en los que la situación era crítica. El ansiado y necesitado producto no se encontraba en ningún sitio y se empezó a hacer uso de servilletas, toallas húmedas o, directamente, agua. Ocurría en la intimidad de la casa, pero también si se iba a un restaurante, al cine y en las grandes superficies en las que, de paso, a veces no hay ni siquiera agua para lavarse las manos.

Fue tan aguda la carestía que se registraron varios casos de personas que fueron robadas luego de haber conseguido este producto. También se han dado robos de harina de maíz. “Salía de hacer mi cola en el mercado de El Marqués. Había harina PAN (la marca más conocida de harina precocida) y dejaban llevar cuatro por persona. Al salir, un motorizado jaló la bolsa y se la llevó. Unos mototaxistas de ahí lo siguieron, pero nada. Se fue con mi harina”, explica la señora Cecilia.

Otro caso es el de los desodorantes. Hace ya unos meses desapareció el de aerosol. Luego se convirtió en misión imposible encontrar el de roll-on. El único que había era “Mum bolita”, un producto al que el venezolano tiene profundo rechazo, al parecer porque “no funciona” y deja mucha marca en la ropa. Si se hace una búsqueda en Twitter pueden encontrarse numerosos chistes al respecto. Incluso, un periódico nacional emitió en su versión web una columna en la que el autor interpelaba al presidente Nicolás Maduro sobre si él usaba esta marca.

También se convirtió en misión imposible encontrar productos para los bebés. Desde pañales, cremas a leche de fórmula. De esta necesidad nació la cuenta @mamiencontro, creada por Dayimar Ayala, periodista del Diario 2001. Nos dice que esta iniciativa surgió porque le tocó “la difícil tarea de ser mamá en esta Venezuela, con escasez y con un vacío informativo de las cosas que necesitaba para mi bebé”. Al ver que su necesidad era compartida por muchas madres, ideó esta herramienta “fácil y manejable para todo el mundo y donde se informa qué hay y dónde”. La cuenta ha tenido mucha receptividad porque “el desabastecimiento es agudo y los padres están en constante búsqueda para alguien que no atiende de escasez”. Además de un canal de información es una cadena de solidaridad, ya que se alimenta de tuits de otros padres.

Algo que se ha convertido usual ver en las redes es anuncios del estilo “se busca con urgencia…” seguido de un medicamento. O “he buscado en cinco farmacias y no encuentro”… Antibacterianos, para la tensión, el hígado, albúmina humana, anticonceptivos orales —que se usan para el tratamiento de la endometriosis o en caso de quistes ováricos, por ejemplo—, tratamientos para el asma o anticonvulsionantes. También es frecuente cadenas de pin o mensajes entre amigos para buscar el necesitado remedio.

El pasado 26 de agosto, desde el Hospital Universitario de Caracas, se informaba que el plan quirúrgico del centro quedaba suspendido por falta de neostigmina, un anestésico, y que sólo se atenderían urgencias. El médico oncólogo al cargo, José Manuel Olivares, explicó que en todo el país hay más de 50 mil pacientes a la espera de ser operados y que, además, hay un déficit de fármacos para aplicar quimioterapia de un 50%.

La Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela emitió un comunicado en el que se señala que la situación de salud que se vive en el país “no tiene precedentes” y ha afectado no sólo a los pacientes de emergencias, sino a otros crónicos, como aquellos que padecen cardiopatías o pacientes de VIH, que no encuentran retrovirales. Apuntan que hay falta absoluta de “un total de 35 mil rubros”, que incluyen materiales tan cotidianos en un hospital como gasas, suturas, soluciones fisiológicas o inyectadoras; y otros más especializados como repuestos para equipos de laparoscopia. Y piden declarar con carácter urgente la “emergencia sanitaria y humanitaria”.

El gobierno aún no se ha pronunciado sobre la pretendida crisis del sistema de salud. Aunque durante los disturbios que se produjeron en el país entre el 12 de febrero y mayo, el ministro de Salud, Francisco Armada, dijo que había falta de algunos insumos médicos por la guerra económica y “debido a las guarimbas” (barricadas) que había en el país a modo de protesta. También por esas fechas Maduro aseguró que las guarimbas “habían hecho mucho daño al abastecimiento del país”. Paradójicamente, también dijo que estas protestas eran “insignificantes”.

En febrero, antes del inicio de los disturbios, el presidente Nicolás Maduro dijo que un 40% de los alimentos que se importan en el país —a precios subsidiados— se venden en Colombia por “mafias de contrabandistas” y que esto generaba desabastecimiento. Al parecer, tanto repercute este contrabando que el Índice de Escasez que publica el Banco Central de Venezuela se situó en enero en un 26.2%. El vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, apuntó que el de marzo se situó en un 26.9%. Desde entonces no se ha vuelto publicar el dato.

A inicios del mes de agosto Maduro anunció el Plan de Choque Contra el Contrabando, que contempla el cierre de la frontera con Colombia, de más de dos mil 200 kilómetros. Para este efectivo especial se han enviado más de 17 mil soldados y 12 mil agentes policiales. Los resultados se han visto por televisión. En varias emisiones especiales se han mostrado camiones —paticularmente en la zona de San Antonio, del estado andino del Táchira con Cúcuta, del departamento Norte de Santander de Colombia— que han interceptados y que llevaban en su interior desde aceite vegetal, mayonesa, harina de maíz o pasta de dientes. Alrededor de 700 personas han sido detenidas.

El presidente dijo que, en una semana, “el abastecimiento ha subido en un 6.5% en todo el país”. Al día siguiente del anuncio, en un abasto Bicentenario —de propiedad estatal— en Caracas, seguía sin haber pollo y harina para las arepas, sin contar productos de higiene, absolutamente desaparecidos de los anaqueles.

Otra medida anunciada es el sistema biométrico, más conocido como la “captahuella”, que implica la instalación en todos los supermercados públicos y privados de unas máquinas similares a las que se usan para votar y por las que habría que pasar la huella dactilar para saber quién compró y qué y así, explicaban desde el gobierno, garantizar el abastecimiento frente al acaparamiento y el contrabando. Aún no hay fecha concreta para aplicarlo, pero en los últimos días pareciera que el gobierno se lo pensó cuando, de ser una medida obligatoria para todos, se anunció que sería “de carácter voluntario”.

Desde los partidos de oposición se ha criticado enérgicamente esta medida pues, dicen, es una “tarjeta de racionamiento a la cubana”. Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, dijo que “voluntaria o no, la captahuella es inconstitucional” y que su aplicación “sería comunismo”, a su entender porque cada quien “tiene derecho a decidir cuándo y dónde compra carne, pollo o harina, eso es un derecho constitucional que está vigente, a menos que el gobierno suspenda las garantías”.

Mientras, el último índice de inflación que se publicó, el de mayo, apuntaba la cifra de 60%. Actualmente, se desconoce el dato oficial. El salario mínimo subió en el mismo mes, situándose en cuatro mil 251 bolívares, pero la canasta básica familiar, que contempla rubros como la alimentación, alquiler y servicios, ronda los 22 mil bolívares, según cifras de agosto del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas). Es decir, se necesitan 5.17 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Para hacerse una idea de la situación económica, bastaría explicar que con el billete de mayor denominación, el de 100 bolívares, se puede comprar un poco menos de un kilo de tomates. También, que este mismo billete, en el extranjero, serviría para comprar algo que valga un dólar.

A pesar de todo lo descrito, la gente en Venezuela “resuelve”, como se dice popularmente. La señora Yajaira vive en Petare, el barrio más grande de Latinoamérica, situado al este de Caracas. Ella trabaja desde casa haciendo comidas que luego reparte a domicilio. Además de este pequeño negocio informal, que es su método de subsistencia, tiene que buscar la comida para sus tres hijos. “Si no encuentro harina de maíz, no hago arepa. Hay yuca, papa, avena… Hay muchas cosas y yo no voy a dejar de desayunar porque no encuentre algo. Todo se puede sustituir”, cuenta dentro de un abasto de la red estatal de Mercal.

Aun así, tiene que abastecerse para preparar a diario los platos de su sustento. Cuenta que, normalmente, a las cicno de la mañana llegan los camiones cargados y que la gente hace cola desde esa hora. Ella no. “Yo no estoy para darme de golpes con la gente y estar de plantón durante tantas horas”, dice. Su técnica pasa por hacer recorrido en varios supermercados. Pero también, reconoce otros métodos: “tengo una red de contactos que me avisa de cuándo y dónde llegan cosas”. Como ella, muchos venezolanos tejen sus redes, más o menos lícitas, para que en las casas parezca que en los mercados no falta de nada. O acuden a los buhoneros, vendedores de la calle que, en ocasiones, tienen los productos que el resto se quiebra por encontrar en los supermercados. Aunque, eso sí, a un precio mucho más caro del original. Por ejemplo, un desodorante regulado que cuesta 15 bolívares, se consigue en la calle a 50.

Al pisar uno de esos malls gigantes que hay en Caracas, uno diría que no hay desabastecimiento, ni problemas económicos. Están llenos los fines de semana. Las ferias de comida, también. Aunque para pensar que todo es normal no habría que detallar las escaleras mecánicas paradas o, directamente, tapiadas —porque no hay repuestos para repararlas si se estropean—, los baños cerrados en algunas ocasiones y muchas tiendas con el cierre echado.

Tampoco habría motivos para pensar que pasa algo al salir a la calle. Si uno es hábil, “anda pilas” y, si tiene suerte, no le robarán en el autobús de regreso a casa, en la calle, en el mismo supermercado, dentro del cine o, incluso, yendo a misa. Si respeta el toque de queda no declarado que asola la ciudad a partir de las ocho o nueve de la noche, puede que no sea una de las probables 400 víctimas que hay en Caracas al mes —no se publican cifras oficiales desde 2004—, a manos de lo que se denomina “hampa común”. En 2014 se llegó a la cifra, extraoficial, de 24 mil 763 muertes en todo el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

Ante el panorama, los que pueden, que suelen ser aquellos con estudios universitarios, se van del país. Y ahí vienen otras colas. Aquellas interminables para terminar todo el papeleo en infinidad de ministerios, embajadas y bancos, estos últimos para que aprueben el cupo Cadivi, dólares preferenciales que el gobierno asigna según el país al que se vaya y, si es a estudiar, depende de qué. Y la cola para conseguir pasaje de avión, si se consigue, porque las aerolíneas han suspendido vuelos o han bajado la frecuencia y reducido el número de asientos debido, dicen, a una deuda contraída por el gobierno que aún no se ha saldado.

En el plano político, una encuesta de Hinterlaces dice que la popularidad de Maduro cayó un 18% en los últimos nueve meses, un bajón que la oposición no ha capitalizado. Enfrentada entre aquellos que apoyaron “La Salida”, una opción cortoplacista y que llevó al país a meses de protestas —liderados por Leopoldo López, preso; María Corina Machado y Antonio Ledezma—; y los que abogaban por una solución electoralista y de espera, como Henrique Capriles, la Mesa de la Unidad se presenta como “un saco de gatos” sin acuerdo ni concierto. Y sin apoyo ciudadano. El miércoles 28 de agosto convocaron un cacerolazo para protestar contra el gobierno y la captahuella. A la hora acordada, en Caracas, apenas se escuchaban los grillos. Una reprimenda que da a entender lo alejados que están los políticos del pueblo, que se divide la mente en pensar dónde y qué podrá comprar, si le alcanzará el salario para fin de mes y si no lo atracarán o matarán en la siguiente esquina.

Alicia Hernández

Periodista.