Parecen medidas aisladas. Generan fuertes discusiones en cada uno de los ámbitos afectados ya que resultan reñidas con el sentido común, tanto que muchos piensan que son errores que se resolverán. Pero cuando se observa todo el conjunto se vuelve evidente que todas confluyen en blindar un tipo de agropecuaria muy intensiva, basada en grandes empresas y subordinada a la globalización. Para ello se van anulando, poco a poco, el acceso a la información y los controles sociales, sanitarios y ambientales, mientras se conceden ventajas económicas. Al frente del blindaje está el Ministerio de Ganadería y Agricultura. La novedad es que ya no se lo disimula.

Veamos algunas de esas medidas. Por un lado está el otorgamiento de beneficios sobre todo económicos, como zonas francas o asistencias financieras cuantiosas (como el tren para UMP-2). Incluso está la creación de nuevos mercados, como resulta de la nueva ley de riego (tales como empresas que venderán ese tipo de servicios). Muchas de estas medidas son conocidas y están bajo discusión pública.

Pero por otro lado, es menos conocido que está en marcha el encadenamiento de un recorte de evaluaciones y controles que tienen serias consecuencias, especialmente sobre la salud y el ambiente. Se anularon las evaluaciones territoriales regionales que podían abarcar varios departamentos, y que tenían enorme potencial para ponderar el avance de la soja o la forestación, o de megaproyectos como UPM-2. La ley de presupuesto de 2015 anuló. Eso resultó en caer en permisos “express”, como la primera habilitación a UPM-2 en Durazno otorgada en el récord de dos meses.

Como el gobierno apuesta a monocultivos, forestación y una nueva planta de celulosa para hacer crecer la economía, se mantendrán e incluso aumentarán, los reclamos por sus impactos, y en especial por el deterioro del agua. Entonces se pasó a recortar y debilitar controles, limitar el acceso a la información, y generar embrollos en la gestión.

Así, en la propuesta del gobierno para reglamentar la ley de riego se acepta que las grandes obras pueden ser objeto de evaluaciones de impacto ambiental. Pero a la vez se indica que independientemente de su resultado, de todos modos se podrán aprobar los proyectos. Esto es escandaloso y muestra las intenciones: las evaluaciones de impacto ambiental se pueden hacer pero no pueden obstaculizar a las inversiones. De esa manera se desploma su objetivo esencial, que es salvaguardar a la ciudadanía y la naturaleza de daños inmanejables o irreparables.

Al mismo tiempo, el MGAP impone el llamado decreto “mordaza”, por el cual los estudios e informes sobre la calidad del agua requieren el permiso ministerial. Para dejarlo en claro, sea un científico, un productor rural o un vecino deberían tramitar autorizaciones del MGAP para estudiar el agua de su paraje y para informar a sus vecinos. Con esto se imponen controles en los estudios y la información pública y se genera el enorme riesgo de que persista la contaminación de nuestras aguas sin poder saberlo. Y ya no se disimula: se pide a los productores rurales que no hablen en público sobre la contaminación por glifosato, como le exige el MGAP a los apicultores.

Paralelamente, avanzamos en un embrollo normativo e institucional. El gobierno crea una secretaría presidencial en ambiente y agua, con el propósito de coordinar la protección ambiental y las necesidades productivas. Es una figura que no tiene respaldo constitucional, está fuera del control parlamentario y debilita al Ministerio del Ambiente. Hasta ahora no ha logrado ningún balance sino que sirvió para reforzar el sesgo anti-ambiental del MGAP, ya que fue la que defendió el escandaloso borrador de reglamento de la ley de riego.

Justamente, en esa propuesta de decreto sobre el riego asoma otro embrollo. En ella se plantea crear “planes de manejo y uso de suelos y aguas”. Aunque existen los conocidos planes para los suelos, no los hay para suelos y aguas a la vez. La idea puede ser muy buena, pero si se hace en serio merecería una ley específica y detallada. En cambio, todo eso se presenta en un decreto sobre otro tema, se lo hace telegráficamente y con varios problemas conceptuales y legales. Por ello no puede descartarse que se termine en otra medida que se empantane en la práctica.

Y el embrollo se completa con una serie de declaraciones de jerarcas del MGAP tales como comparar a controvertidos agroquímicos con aspirinas para minimizar sus potenciales peligros o asumir que la crisis de contaminación se soluciona básicamente con cursos y manuales.

De este modo, lo que algunos consideran medidas aisladas, a veces errores o desprolijidades, en realidad se encadenan y todo apunta a un desmantelamiento de los controles y exigencias ambientales y territoriales. Se condiciona la información sobre la situación ambiental, se empantana la gestión y todo se cubre con discursos de autoelogio desde el MGAP. No hay una ausencia política sino que ésta tiene otro sentido: blindar una agropecuaria intensiva y transnacionalizada, callando sobre muchos impactos en el ambiente y la salud, y dejando crecer los riesgos sociales y económicos.