Alondra saca agua desde el lugar donde trabaja. Y aunque para algunos puede parecer extraña la sustracción, lo cierto es que se vio obligada a hacerlo. Desde luego que Alondra no es su nombre real, sino uno impuesto para proteger la identidad de la residente de Quintay, que efectivamente debe incurrir en esa práctica, pues al igual que sus poco más de mil vecinos no tiene acceso al líquido en su domicilio.

En ocasiones abre la llave en su casa y sale color café. O incolora, pero salada. Si bien no están claras las razones de la anomalía, los residentes viven una realidad completamente diferente a la que se disfruta en el complejo Santa Augusta, un lujoso paraíso ubicado a unos 10 minutos del pueblo que concentra más del 90% de los derechos de agua de la zona y que sirve de residencia de empresarios, figuras de la TV y de la política.

Allí hay condominios, piscinas, un spa y una hermosa cancha de golf, que cuenta con cuatro lagunas artificiales.

Si bien los ojos de los vecinos de la pequeña localidad están sobre el complejo turístico, también apuntan al Comité de Agua Potable Rural (APR), entidad encargada del suministro, y a la Seremi de Salud, organismo al que acusan de no entregar información respecto de qué están bebiendo.

Incluso, los residentes pagaron de su propio bolsillo un estudio que arrojó resultados preocupantes y ahora evalúan si realizan un plato único o un bingo para recuperar el dinero.

Bañarse con la boca cerrada

Los problemas se arrastran desde al menos 2016, cuando los vecinos vivieron episodios similares, pero la situación recrudeció en octubre de 2019 y hasta la actualidad no hay solución definitiva.

Ello ha obligado a que los residentes de Quintay deban tomar decisiones incómodas, o derechamente indignas. Por ejemplo, uno de ellos asegura que debe ducharse con la boca cerrada “porque si te entra agua corrís riesgo”, mientras otro vecino dice que con el agua de Quintay “salías más sucio” por lo que decidió comenzar a bañarse “por parte nomás”.

“Para lo que único que sirve es para el baño, no podía ni lavar la loza”, sostiene Nicolás Fuentealba.

“Te duchas y sales como salado, es como meterse al mar”, explica. “Y cuando sale turbia no te puedes meter de frentón, no hay caso”, se lamenta.

Nicolás cuenta que no aguantó la situación y se fue del pueblo después de que comenzara la emergencia. De todos modos, su pareja aún trabaja en el sector. Tiene un hotel y como familia han debido gastar demás -al igual que el resto de sus coterráneos- para comprar bidones de agua.

De placeres ni hablar: en la casa tenía piscina y “se eliminó”.

Aunque desde la Municipalidad de Casablanca -de la que pertenece Quintay- aclaran que los problemas en el suministro son intermitentes, los vecinos desconfían. No tienen certezas respecto a si el agua es potable o no, pese a que la turbiedad disminuye. Por ello, la mayoría opta por comprar agua embotellada.

“Tenemos temor hasta de bañarnos, está la desconfianza; me da lata sobre todo por los más pequeños”, cuenta otra residente del sector que bien pudo haberse beneficiado de lo ocurrido, pues tiene un minimarket donde vende el líquido y las ventas -afirma- van al alza.

Pero está lejos de sentirse favorecida con lo ocurrido. “Podría estar feliz de la vida, pero me pongo en el lugar de otras personas”, comenta.

Ella misma tiene que dejarse bidones de 20 litros. Ocupa uno al día para cocinar, lavar verduras y cepillarse los dientes, entre otras actividades cotidianas, excepto para el inodoro. Ahí se usa el agua de las cañerías, por la cual irrisoriamente siguen pagando para evitar multas.

El cargo fijo no perdona: 3.900 pesos para los residentes y 4.900 para las casas de veraneo. Algunos residentes señalan que han pagado hasta 26 mil pesos por un servicio que “sólo sirve para tirar la cadena del baño”.

¿Cómo pagamos el estudio?

¿Un bingo, plato único o rifa? Esa es la pregunta que ronda por estos días en la cabeza de Alejandra Porras, tesorera de la Junta de Vecinos de Quintay.

En medio de la falta de agua potable y ante la inacción de las autoridades que denunciaron mediante un recurso de protección, pidieron prestado dinero para ordenar un estudio que les aclarara finalmente qué estaban bebiendo. Quedaron preocupados, pues los resultados superaron en exceso los mínimos permisibles según la norma chilena.

Los cloruros llegaron a 1.407,38 miligramos por litro, siendo el máximo permitido de 400 mg/l. Algo similar ocurrió con otros compuestos según se lee en la acción legal presentada ante la Corte de Apelaciones, tras la toma de muestra que se realizó el 27 de diciembre de 2019, cuyos resultados se entregaron el 9 de enero pasado.

Mediante el recurso de protección presentado con la ayuda del abogado Gabriel Muñoz, los vecinos explicaron los riesgos de estos compuestos: Los efectos del consumo de cloruros en el organismo humano incluyen la generación de presión alta en las personas, provocación de enfermedades de origen cardiovascular y otros problemas asociados, como la generación de accidentes encefálicos vasculares. La ingestión excesiva de hierro puede provocar intoxicación, especialmente en menores, pudiendo llegar hasta la muerte. El manganeso, cuando supera la ingestión adecuada, puede implicar cuadros de neurotoxicidad, alteraciones motoras y cognitivas (manganismo), inclusive los síntomas y cuadros clínicos similares a la Enfermedad de Parkinson. Respecto de la ingesta de nitratos y nitritos según los índices presentados por las muestras analizadas en el laboratorio, debemos indicar que los riesgos para la salud son bastante graves. Entre ellos, el exceso de consumo en niños e infantes puede conducir a registrar enfermedades como la metahemoglobinemia, que es potencialmente devastadora.

Así las cosas, la Seremi de Salud de Valparaíso tomó sus propias muestras. Los resultados -asegura el titular de la cartera, Francisco Álvarez- fueron prácticamente los mismos: los cloruros, hierro y manganesio exceden la norma, además de la turbiedad.

“Aún sigue siendo no apta para el consumo humano”, reconoce la autoridad, pese a que la muestra bacteriológica arrojó negativo, por ende, no hay materia fecal.

“Queda descartado que algún asentamiento humano esté contaminado el agua”, precisa.

Consultado por los supuestos retrasos en el actuar del Gobierno, Álvarez lo refuta y dice que apenas recibieron la denuncia acudieron al APR para investigar a fondo la calidad del agua.

Precisamente el actuar de la Seremi motivó a que el diputado Andrés Celis oficiara a la entidad, para aclarar lo que ocurre con Santa Augusta y Quintay.

comillas “No es un tema baladí, sino de la mayor relevancia e importancia; por cuanto, el consumo de las aguas en comento, de ser susceptible de ser bebidas sin el tratamiento correspondiente, podrían afectar derechos fundamentales de la población, inclusive la vida, siendo entonces, una directa violación a sus Derechos Humanos, provocada por la acción de algunos y la omisión de otros”. - Extracto del oficio del diputado Celis

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre, quien se ha reunido en al menos dos oportunidades con los vecinos del sector, criticó la situación, al asegurar que “claramente la fiscalización ha estado al debe”.

“El problema de fondo es el modelo de privatización del agua que heredamos de la Constitución del 80, que heredamos del Código de Aguas del 81, y que llevamos 30 años y aun no podemos cambiar”, cuestionó el parlamentario la noche de este viernes durante una reunión con los afectados.

Como solución, las autoridades dispusieron tres estanques de agua potable en la plaza del pueblo, donde deben ir periódicamente a buscar el recurso.

“Hemos puesto ya a disposición un camión aljibe que puede ir las veces que sea necesario”, complementa Luz María Godoy de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Casablanca.

En tanto, el presidente del Comité del APR, René Barrios, respondió a los cuestionamientos por las deficiencias y aseguró que se han realizado mejoras por 35 millones de pesos.

Lo principal fue cambiar los filtros del sistema de extracción de agua, lo que eliminó la turbiedad, aunque la salinidad continúa.

Según explica, a medida que van sacando agua dulce avanza el agua salada en las napas. “El problema principal es que no ha llovido”, cuenta.

“La ley sobre derechos de agua no ha cambiado, ojalá con la nueva Constitución se cambie”, sentencia.

El mundo opuesto de Santa Augusta

Un hombre desconocido alza el club y se apresta a golpear la bola que descansa sobre el tee. Un jockey impide ver su rostro, mientras sus rodillas cubiertas por un pantalón amarillo pálido se flectan en la clásica posición de los golfistas que antecede el primer tiro. El cuadro se desarrolla en medio de un hermoso paisaje, pastos de un verde esplendoroso y el mar detrás.

La imagen corresponde al afiche con el que Santa Augusta promociona en Internet su cancha de golf. Cuenta con cuatro lagunas y -según algunos vecinos de Quintay que ahí trabajan- es regada constantemente.

Lo mismo ocurre con los jardines de los macrolotes dispuestos alrededor de la cancha, donde se construyeron lujosas casas y departamentos. Las primeras cuentan en su mayoría con una piscina, mientras que los segundos tienen una para cada condominio. Allí viven o veranean reconocidos empresarios, políticos y figuras de la TV.

El líquido ahí no sale turbio, ni tienen los mismos problemas que en el pueblo. Y no es casualidad: entre las inmobiliarias que ahí construyeron (y siguen construyendo) y la administración de Santa Augusta se concentra cerca del 90% de los derechos de agua de la zona.

La desigualdad causa molestia en los residentes del pueblo. “Me parece tan insólito e injusto que un metro cuadrado de pasto valga más que la vida de las personas que vivimos acá en Quintay”, dice una vecina afectada.

Si bien las diferencias son abismales, éstas son permitidas por la ley, puesto que los derechos de agua son vendidos a particulares, creando un negocio del recurso que se transa por varios millones de pesos.

Y en parte, asegura el presidente del APR de Quintay, se debe a la falta de recursos.

“Si tuviéramos plata haríamos las mismas inversiones (que tiene Santa Augusta)”, explica.

Respecto de las realidad disímiles que se viven en la zona, Eduardo Fuentes, conductor de televisión que tiene un departamento en Santa Augusta, aseguró que las “diferencias no deberían ser tolerables”.

“Me parecen absolutamente injustas y deben ser corregidas a la brevedad”, agregó respecto de la actual legislación chilena.

BioBioChile se contactó con la administración de Santa Augusta, desde donde declinaron emitir declaraciones al respecto.

También se conversó con Marcelo Hernández, histórico conductor de Cachureos. Luego de explicarle el tenor del presente reportaje la llamada se cortó y no volvió a contestar. Sólo alcanzó a decir: “Ya no vivo acá”.

“¿Lávame esta ropita?”

“Ellos tienen agua todos los días, lavadora… Se cocina bien, se puede lavar el auto (…) Se pueden hacer todas las cosas que nosotros adolecemos”, cuestiona en tanto otra de las perjudicadas que trabaja al interior de Santa Augusta.

“En el estero ya no corre nada de agua, pero a ellos les llega agua”, se queja la mujer, aunque reconoce que las lagunas de la cancha de golf han reducido su volumen producto de la sequía. De todos modos, cuando tienen eventos las llenan de agua, asevera.

Pese a las realidades diferentes entre las que vive, se siente afortunada, pues su jefa la deja llevar ropa para lavar dentro del condominio.

“De repente llevo agua del trabajo a la casa. A escondidas por supuesto, porque de repente no tengo las lucas”, confiesa Alondra, la mujer con la que comenzó este relato.

Una suerte similar ocurre con otro de los trabajadores de Santa Augusta. “¿Lávame esta ropita?”, le dice a sus “pololas”. Así se refiere a las mujeres que son cercanas y que se desempeñan como asesoras del hogar para no verse obligado a limpiarla en su casa, donde el agua ya le ha arruinado varias prendas. También sustrae agua del complejo turístico para beber.

“Está la cagá aquí (…) estamos tomando la última chupá del mate”, reclama.