La ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no continuará su tramitación en el Congreso. Si no hay giros inesperados, el apoyo de PP y Ciudadanos al veto presentado el viernes pasado por el Gobierno tumbará las propuestas de la organización para una vivienda digna.

La Ley de Vivienda de la PAH llega al Congreso para regular el alquiler y frenar la pobreza energética

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De poco ha servido que la organización haya convocado concentraciones frente a distintas sedes de Ciudadanos para intentar que el partido naranja desistiera de votar junto al PP. Fuentes de la formación de Albert Rivera han adelantado a eldiario.es que "evidentemente no se van a oponer al veto, que es del Gobierno", tal y como acostumbran a hacer en estos casos.

La iniciativa frustrada es de la PAH, pero ha sido presentada a través de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. El PSOE, según fuentes de este grupo parlamentario, tiene previsto votar contra el veto, aunque su apoyo no será suficiente.

Esta proposición de ley es continuadora de la que presentó la plataforma en 2013. En aquella ocasión se trató de una iniciativa legislativa popular con 1,4 millones de votos en la que, en medio de una avalancha de desahucios, reclamaban la dación en pago retroactiva, una moratoria y alquileres sociales. Esa ley se tramitó y aprobó "descafeinada" por iniciativa del Gobierno, mientras la oposición le acusaba de actuar "al dictado de los intereses de los bancos".

Ahora, la PAH ha vuelto a la carga, con las mismas antiguas reivindicaciones y otras nuevas: el problema del alquiler no había explotado todavía en 2013, como lo ha hecho cinco años más tarde. Por eso, han añadido la propuesta de crear un parque público de alquiler en las 3,5 millones de casas vacías que calcula la plataforma.

Resumidamente, el texto recoge lo que llaman "las cinco de la PAH", cinco reclamaciones que la plataforma considera básicas para una ley de vivienda mínimamente digna: que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la pobreza energética.

"Esta ley debe ser debatida, no pretendemos que se apruebe tal cual está redactada, pero sí abrir un debate", explica Paco Morote, miembro de la PAH en la Región de Murcia y uno de los impulsores de la iniciativa. Afirma que la redacción de su propuesta se ha hecho "con participación de la gente afectada".

Según la PAH, precisamente para evitar el veto del Gobierno (que para ello alega cuestiones presupuestarias) diseñaron el texto de manera que "el rescate a la ciudadanía no procediese de las arcas públicas", sino de los "responsables de la emergencia habitacional": los bancos, que estarían forzados a parar los desahucios y conceder alquileres sociales, las suministradoras, "que ya no podrían cortar el agua, la luz y el gas a familias vulnerables" y los fondos buitre, que "ya no podrían imponer alquileres desorbitados".

Además, se añadió una cláusula que permitía retrasar las medidas que afectaran a los Presupuestos Generales del Estado al ejercicio siguiente. Pero a pesar de todas estas cautelas formales, salvo cambio de última hora, la propuesta, que llegó a ser admitida a trámite por la Mesa, no continuará su andadura parlamentaria. "Sabíamos que el PP carece de empatía hacia la gente que sufre, pero esperamos que Ciudadanos muestre que sí la tiene", asegura Morote. De lo contrario, considera, "sería un golpe fortísimo a la democracia".