El presidente Rajoy proclamaba la semana pasada, ante un nutrido grupo de empresarios, que la crisis era ya historia y que estas navidades serán las primeras de la recuperación económica. De este presidente no podemos esperar grandes cosas, pero sí debemos exigirle que trate con respeto a la ciudadanía y que sus palabras o acciones políticas no ofendan a nadie.

Un presidente del Gobierno con un mínimo de dignidad no puede hablar así cuando España es el país en que más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis de entre los que forman parte de las economías desarrolladas. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 publicado por la Organización Internacional del Trabajo, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión Europea y el gigante norteamericano. Y concluye que el desempleo es la principal causa de la ampliación de la desigualdad.

Otro informe de la OCDE muestra que en España es donde han crecido más las desigualdades: en 2011, la renta media del 10% de la población con más ingresos era 14 veces mayor que el promedio del 10% con menos recursos, cuando en 2007 eran 8,4 veces.

España es el país en que más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis entre las economías desarrolladas

Un presidente de Gobierno sensato y sensible no puede obviar que en España hay unos cinco millones de personas en exclusión severa y 728.300 hogares donde no entra ningún dinero (según Cáritas y el INE). Mientras, al otro lado de la brecha, crecen los millonarios. Según Credit Suisse, este año aumentaron un 24%. Existen 465.000 personas que declaran un patrimonio en España de al menos un millón de dólares (unos 800.000 euros).

Un presidente de gobierno no puede dar la espalda a las personas más vulnerables. Unicef desvela en su informe bianual La infancia en España 2014 que el 23,3% de las familias con uno o dos hijos viven en situación de pobreza, una tasa que se dispara al 46,9% entre las familias formadas por dos adultos y tres o más pequeños. El aumento del número de menores en riesgo no se ha traducido, sin embargo, en una mayor inversión pública en combatirlo. En cambio, el gasto ha caído casi un 15% (6.370 millones de euros) desde 2010.

En España hay unos cinco millones de personas en exclusión severa y 728.300 hogares donde no entra ningún dinero

Podría seguir con más ejemplos que demuestran lo estúpidas que fueron las palabras de Rajoy. Se refugia en las frías cifras macroeconómicas para dar un mensaje de recuperación dirigido a las élites empresariales y a su amiga Merkel, olvidando a las personas que estas navidades solo notaran el desamparo a que les somete el gobierno. Muchos hogares no podrán abrir la calefacción ya que no tienen dinero para pagarla. El 13% de la población catalana vive en la pobreza energética, mientras el beneficio de las cinco empresas eléctricas más importantes ha sido, durante el 2013, de más de 7.500 millones de euros.

Rajoy y también Mas rechazan a aquellas personas que ponen sobre la mesa los datos antes mencionados. Les llaman catastrofistas, pájaros de mal agüero o poco patriotas. Dicen que no hay otra salida que los recortes y el empobrecimiento general, pero cada vez se oyen más voces que presentan alternativas factibles y deseadas.

Un ejemplo es el estudio que han publicado los economistas Arcarons, Raventós y Torrens (Sin Permiso, diciembre 2013) centrado en Catalunya (para el conjunto de España, Sin Permiso, diciembre 2014) que permitiría aplicar y financiar una Renta Básica Universal (RBU) de 7.968 euros anuales (indicador de la renta de suficiencia), para la ciudadanía mayor de 18 años, y de una quinta parte de esta cantidad para los menores de esa edad. Esta RBU está por encima del umbral de la pobreza, no está sujeta a la imposición del IRPF, sustituye toda prestación pública monetaria de cantidad inferior y el modelo deberá financiar lo que ya se financia actualmente (sanidad, educación, servicios sociales…) y además la RBU.

Dicen que no hay otra salida que los recortes y el empobrecimiento general, pero cada vez se oyen más voces que presentan alternativas factibles y deseadas

Con esta propuesta, la reforma perjudicaría a un 10%-15% de la población más rica. En otras palabras, se produciría una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de los últimos años. Evidentemente también sería necesario mantener una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal. Con este modelo se garantizaría la existencia material de toda la población y se mitigaría la pobreza. Combinada con una política de reparto del trabajo se conseguiría una drástica reducción del desempleo.

Este estudio nos demuestra que la RBU es factible económicamente y que para implantarla solo hace falta voluntad política, voluntad de la que adolecen los gobiernos de España y Cataluña.

Un presidente del Gobierno que se comporta, con los más vulnerables de manera ofensiva, irrespetuosa, indigna, insensata e insensible debería estar avergonzado.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.