[email protected]

Será el mismo día en que arranque el ciclo escolar 2018-2019, el próximo 20 de agosto, cuando la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, rompa el silencio y dé su versión sobre su caso y la absolución por parte del primer Tribunal Unitario en Materia Penal.

Desde anoche duerme libre, en compañía de su familia, después de haber pasado cinco años, cinco meses y siete días en prisión, dijo su abogado Marco Antonio del Toro Carazo, la madrugada del miércoles, al leer un mensaje para dar a conocer el sobreseimiento del caso contra Gordillo.

“El próximo lunes 20 de agosto habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos”, leyó en una carta.

“La maestra ya está en familia”, agregó el abogado a las 01:40 horas de la madrugada, en la escalinata del edificio de departamentos de la calle de Galileo, en Polanco, lugar donde Gordillo Morales pasó los últimos casi ocho meses de su vida recluida en prisión domiciliaria.

Del Toro Carazo leyó el mensaje de la ex presidenta del sindicato más grande de América Latina. Sus primeras declaraciones en más de cinco años.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal (...) Esta etapa, que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”, leyó el abogado.

Anunció que el titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México sobreseyó las últimas dos acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada que había contra Gordillo, lo que la mantenía en prisión domiciliaria.

Ayer la Procuraduría General de la República también informó que la sentencia le fue notificada.

La decisión del unitario revocó en un recurso de apelación la decisión del juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en la que desechó el Incidente de Sobreseimiento promovido por la defensa de Elba Esther Gordillo con el argumento de que sólo el Ministerio Público Federal puede hacer una solicitud de ese tipo.

Los abogados de la ex lideresa sindical afirmaron que los recursos por los que su cliente había sido acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero no tenían un origen ilícito, debido a que provienen de las cuotas sindicales.

En el expediente, diversas declaraciones hacen referencia a que los depósitos por los que Gordillo fue acusada de desviar mil 978 millones de pesos eran legales y una práctica autorizada al interior del SNTE para efectuar diversos pagos.

Como consecuencia, el tribunal resolvió sobreseer el asunto por falta de elementos del tipo, es decir, que la conducta no encuadró en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La sentencia es definitiva y con las notificaciones a Gordillo Morales y a la PGR el asunto está totalmente concluido, por lo que el juez penal podrá ordenar el archivo del expediente.

El 26 de febrero de 2013, Gordillo Morales fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, procedente de San Diego, California.

Apenas en diciembre de 2012, la dirigente sindical dio una conferencia de prensa para fijar su postura por la reforma educativa que el Congreso aprobó, la cual contenía cambios a la Ley General de Educación, la creación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).

La postura de la lideresa sindical fue un rotundo “no” al componente más polémico de la reforma: la evaluación de desempeño.

“Si soy yo la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no, definitivamente no”, dijo.

Fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla; el 1 de marzo de 2013 fue trasladada al penal femenil de Tepepan, para ser atendida por sus padecimientos. Ahí permaneció hasta el 15 de diciembre de 2017, cuando se le concedió prisión domiciliaria.