El pasado día 28 de mayo se celebró un evento multitudinario en la Puerta del Sol, en torno a la regulación integral del cannabis, que contó con la participaron de diputados autonómicos y estatales de casi todo el arco parlamentario. Una plaza abarrotada de gente disfrutando de un evento lúdico-festivo no exento de reivindicación política; conciertos, Djs y discursos en un ambiente festivo atravesado por la temática del cannabis, en donde se habló de sostenibilidad, de feminismo, participación y democracia real.

Mientras que el contexto internacional gira hacia distintas formas de regulación, Canadá se suma en 2018, el gobierno del PP camina en la dirección contraria restringiendo todavía más las libertades. Gracias a su ley mordaza, el uso o tenencia pública de cannabis es castigado con multas de entre 600 y 10.000 euros. En 2016 se pusieron 346 multas al día, o lo que es lo mismo, un total de 126.115 multas a lo largo del año.

En nuestro país ya hay una mayoría social, un 52% en 2014, que está de acuerdo con legalizar el cannabis para uso recreativo en adultos, y una mayoría todavía más grande que apoya su regulación para uso medicinal. Sin embargo, cuando se destaca que su regulación puede ayudar al cambio de modelo productivo, hay quien no puede evitar ridiculizarlo. Pensemos en tomates, no es lo mismo, claro, pero su tratamiento puede ayudar a concebirlo mejor. Plantas tomates para comértelos, o intercambiarlos con otra persona, o para regalarle a un amigo, ahora bien, si quiere venderlos necesitas pasar unos criterios de salud pública y estar sujeto a una regulación fiscal, laboral…

Podemos preguntarnos, ¿en qué puede ayudar el cannabis a la economía? En España no conocemos estudios en profundidad sobre su posible impacto en el empleo y el PIB, o al menos yo no lo conozco, lo cual no es razón para desechar la idea sino para prestarle más atención. Lo que sí sabemos es que cuando se ha regularizado en otros lugares los resultados han sido generalmente satisfactorios. Desde que el estado de Colorado reguló su venta recreativa no han dejado de sumarse más estados, el último ha sido California. En Colorado se ha reducido la criminalidad, han aumentado los ingresos públicos para destinarlos a la escuela pública y la sanidad, pero no ha aumentado el consumo, tampoco entre menores.

En EEUU la marihuana ya ha creado entre 165.000 a 230.000 empleos y esperan que vaya en aumento en los próximos años. Miremos a nuestro alrededor, en Portugal por ejemplo, donde se está debatiendo su regularización en el Parlamento, entre otros motivos, porque tienen un clima privilegiado y cuentan con extensión libre de terreno. En España, según el Ministerio de Sanidad, más del 9% de la población ha consumido cannabis en el último año, eso son casi 4 millones y medio de personas. La cifra aumenta al 30% del total de la población cuando se trata de haberlo probado a lo largo de su vida; más de 14 millones. Existen varias ferias especializadas como el Spannabis, que acoge alrededor de 30.000 visitantes y más de 1.200 asociaciones cannábicas y otras tantas tiendas relacionadas con la temática. Desde la asociación Regulación responsable, estiman que de regularse el cannabis, el Estado recaudaría entre impuestos y facturación, como mínimo más de 1.000 millones de euros. A esto habría que sumarle el ahorro que se gana por el gasto en operaciones policiales y judiciales y los ingresos que se derivan por su uso terapéutico. Esto solo contabilizando la realidad existente, la punta de un iceberg de un potencial mucho mayor. Si al consumo directo le añadimos, cosmética, textil, investigación, exportación, turismo, cursos en la Universidad como ya sucede en California o en Colombia, las posibilidades se multiplican.

El Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), formado por expertos de distintas disciplinas va a entregar una propuesta a los partidos en el Congreso de los diputados, que contempla un modelo similar al del trato que tiene el tabaco y el alcohol. Ahora bien, si queremos que el cannabis aporte su semilla a cambiar el modelo productivo, es necesario establecer claros criterios de regulación que impulsen la economía local y social, que faciliten las cooperativas y el desarrollo del tejido rural, que incluyan la sensibilidad territorial, así como rigurosos requisitos laborales y ambientales. De no ser así, de convertirse en una industria pasto de inversores extranjeros y constructoras nacionales, de convertirse en un modelo más donde poder reproducir el modelo especulativo, no tiene sentido; al menos para la mayoría.