Carlos Escaño (@Soligato)

Gobiernos de toda Europa están convirtiendo la solidaridad en delito. Esa misma Unión Europea, que recogía como valores fundamentales el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos, está hostigando y procesando a gente por ayudar a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y por actos tan simples como proporcionar ropa de abrigo, ofrecer refugio y salvar vidas en el mar.

La esencia misma de los derechos humanos se encuentra amenazada por unas prácticas orientadas a señalar, sancionar y llevar a juicio a personas y organizaciones que intentan ayudar a quienes más lo necesitan.

Así lo hemos denunciado en un nuevo informe de Amnistía Internacional Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa que analiza, entre otras cosas, como desde agosto de 2017 las autoridades italianas han retenido en múltiples ocasiones barcos de ONG, con la consiguiente reducción de número de buques disponibles para operaciones de salvamento, incluso a pesar de que el índice de muertes en el mar aumentó en 2018 y 2019.

En Suiza se ha procesado y condenado a varias personas simplemente por proporcionar refugio a extranjeros o ayudarles a acceder a los mecanismos de protección. Mientras, el guía francés de montaña Pierre Mumber fue llevado a juicio por cargos de "facilitar la entrada irregular" en Francia a raíz de haber ofrecido té caliente y ropa de abrigo a cuatro solicitantes de asilo de África Occidental.

En Croacia, las ONG ¿Eres de Siria? y Centro de Estudios para la Paz han sufrido hostigamiento, intimación y procesamiento por "ayuda a la inmigración irregular" como consecuencia de haber documentado y denunciado casos de personas devueltas sumariamente y con fuerza excesiva por la policía en las fronteras con Bosnia y Herzegovina y Serbia.

En Malta, se está procesando por terrorismo y otros cargos a tres adolescentes solicitantes de asilo que osaron hacer frente al intento ilegal de un capitán de buque de llevarlos, junto con más de 100 personas que también habían sido rescatadas, de regreso a Libia, donde corrían un riesgo real de sufrir abusos de derechos humanos.

Sarah Mardini y Seán Binder, pasaron meses en prisión provisional tras ser detenidos por las autoridades griegas por ayudar a personas refugiadas a llegar a la isla griega de Lesbos. Están todavía en espera de juicio por cargos infundados como facilitar la entrada irregular y espionaje, pero podrían enfrentarse a 25 años de prisión por ayudar a supervivientes. "Incluso sabiendo que mi vida podría trastocarse totalmente como consecuencia de lo que hicimos, puedo asegurar que haría exactamente lo mismo", asevera Sara.

Tampoco España queda fuera de estas políticas. Las autoridades españolas han hecho uso indebido de normas administrativas para restringir las operaciones de salvamento de barcos de ONG, a las que han amenazado con multas de hasta 901.000 euros.

Y es que, aunque es complicado porque existen muchos casos invisibilizado lo cierto es que algunas organizaciones hablan de que entre 2015 y 2018 se investigó o se abrieron procesos contra 158 personas por ayudar a la entrada o a la estancia irregulares de personas extranjeras en un Estado de la UE, y las actuaciones penales afectaron a 16 ONG.

Continúa la Fortaleza Europa

En unos días en los que estamos viendo cómo se suceden las atrocidades en las fronteras terrestres y marítimas de Turquía con la Unión Europea, en las que nuevamente se está usando a la gente que solicita asilo como peones en un juego político letal, es más que nunca necesario recordar por qué los Estados están fallando a quienes huyen de la guerra y la persecución.

Hay quienes quieren consolidar la idea de una Europa Fortaleza que ya no solo mira a otro lado mientras que las muertes en el Mediterráneo siguen ocurriendo, sino que además hacen uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

Pero quienes se enfrentan, sin miedo a las represalias, a unas políticas inhumanas y criminalizadoras son los primeros que aseguran que nunca van a cejar en su empeño de ayudar a quien lo necesita. "Hicimos leyes para la igualdad y para la libertad. Pero parece que en Francia se nos ha olvidado la fraternidad", aseguraba Martine Landry, observadora de Amnistía Internacional Francia en la frontera franco-italiana de las violaciones de derechos humanos que sufren las personas refugiadas en esa zona y que ahora se enfrenta a cinco años de cárcel por ayudar a dos menores migrantes.

Para acabar con esta situación, los gobiernos y las instituciones de la UE deben de tomar las medidas apropiadas que garanticen la plena implementación en Europa de la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos a fin de proporcionar un espacio seguro y propicio a quienes defienden esos derechos.

Tanto el gobierno español como el resto de gobiernos de la Unión Europea deben reconocer públicamente el papel y la contribución de los y las defensoras de los derechos humanos y la legitimidad de sus actividades, incluida su participación en los esfuerzos de salvamento y rescate.

Y las autoridades españolas deben retirar la amenaza de sanciones a ONGs que hacen labor de salvamento y rescate y permitirles operar sin restricciones indebidas así como impulsar un sistema justo y eficiente de cuotas en la distribución de las personas solicitantes de asilo entre todos los países de la Unión Europea.

Abrir rutas legales y seguras es una reclamación que lleva años movilizando a la ciudadanía, y los Estados deben responder de una vez. El 65% de la población española lo apoya. También sabemos que un 70% de la población española es partidaria de que el Gobierno acoja a los barcos con inmigrantes a bordo que hayan sido rechazados por otros países.

A pesar de que hay líderes políticos que insisten en repetir como una mantra mensajes demonizadores contra las personas migrantes y refugiadas responsabilizándolas de los problemas de la gente, a pesar de que muchos medios de comunicación amplifican estos mensajes falsos sin molestarse a cuestionarlos, aún hoy somos una clara mayoría quienes, reconociéndonos como seres humanos, vemos el mundo desde el prisma de la solidaridad y la humanidad.

Si la solidaridad es asumir que formamos parte de un todo que hay que cuidar, y que ese todo es el mundo en el que vivimos, no podemos permitir que la ayuda sea criminalizada. Porque si esto ocurre, entonces estaremos negando lo mejor de cada una de nosotras.

Si queremos que haya esperanza en un mundo mejor, debemos unirnos y defender a quienes defienden los derechos humanos. Si la solidaridad es la ternura de los pueblos, sin ella no habrá Europa que valga.

Carlos Escaño es campaigner de Amnistía Internacional España