Las condiciones eran prometedoras: 50 euros diarios por realizar trabajos agrícolas, alojamiento incluido y no era necesario tener ni formación ni experiencia previa. Incluso el viaje desde Lituania a España corría a cargo de esta red, que ofrecía a sus víctimas la posibilidad de pagar el trayecto una vez hubieran empezado a trabajar. Pero en realidad las condiciones eran otras, trabajaban sin descanso, el control era absoluto y la desobediencia se castigaba con agresiones físicas. Era el modus operandi de una organización criminal que el Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado en Córdoba y que captaba a sus víctimas en Lituania para explotarlos laboralmente en España. La operación se ha saldado con 12 detenidos.

La desobediencia se castigaba con agresiones físicas

Los agentes han arrestado a tres miembros de esta organización en Córdoba y nueve en Huelva, provincias donde actuaba la red. Entre los detenidos se encuentran los principales cabecillas de la trama, que, según fuentes de la investigación, llevaban asentados en España desde 2008. Además, la policía ha detectado a 10 víctimas, todas ellas, al igual que los arrestados, de origen lituano.

Una denuncia en la Comisaría Local de Benidorm alertó a los agentes. En ella dos de las 10 víctimas denunciaban haber sido traídas desde Lituania para ser explotadas laboralmente en Córdoba. Estos dos hombres lograron escaparse del piso donde residían y pusieron rumbo a Alicante, porque en Benidorm residía la amiga de uno de ellos, que les animó a denunciar. Llevaban cinco meses trabajando, siete días a la semana y con unas condiciones que nada tenían que ver con las promesas iniciales.

Las víctimas eran captadas en Lituania, en "zonas deprimidas económicamente", según fuentes policiales. Tenían entre 30 y 50 años, pocos recursos y escasa formación. Les prometían 50 euros diarios por trabajar en la recogida de aceitunas y otros productos agrícolas, pero la realidad era muy distinta. Vivían en pisos alquilados por la organización y dormían cuatro o cinco personas por cuarto. Cada día los miembros de la trama recogían en furgoneta a los empleados para llevarlos a trabajar a las diferentes fincas y los traían de regreso a casa al finalizar la jornada.

Trabajaban 10 horas diarias los siete días de la semana y recibían 30 euros semanales, lo justo para poder pagarse la comida. Además eran sometidos a un estricto control tanto en horario de trabajo como en su tiempo libre. No podían llegar a casa más tarde de las dos de la madrugada y tenían prohibido beber alcohol y organizar fiestas. Si incumplían estas normas el castigo era físico. Los miembros de la organización les propinaban puñetazos a los desobedientes delante del resto de compañeros, para que supieran qué les esperaba si no respetaban sus órdenes.

Los agentes iniciaron la investigación al conocer el relato de las víctimas, que les permitió averiguar las empresas presuntamente implicadas en los hechos.