Desde el fin de la dictadura, Chile ha sido un país admirado por su estabilidad, el orden, el crecimiento económico y el funcionamiento de sus instituciones. Las calificadoras de riesgo alababan el modelo chileno, los empresarios adulaban a los presidentes de la Concertación por la Democracia, la tecnocracia era solicitada a raudales para asesorar empresas y estados nacionales. La «imagen país» era sobresaliente en el circuito globalizado de las élites internacionales, así como entre los turistas que llegaban al país. Un orgullo nacional recorría el espíritu de los y las chilenas.

Desde hace al menos un quinquenio, la percepción parece haber cambiado. Algunos intelectuales y políticos, que pretenden lógicamente evitar la «depresión» generalizada, extreman los ejemplos y señalan que la crisis de crecimiento es mundial y que países como Brasil o Azerbaiyán poseen peores indicadores que Chile, además de señalar que la crisis política no es aguda como Siria o Irak, ni que la delincuencia está tan descontrolada como en México u Honduras. Recientemente el ex presidente Ricardo Lagos afirmó que «El año pasado (…) estábamos frente a una crisis política, pero no institucional. Las instituciones estaban funcionando, los fiscales acusando, los jueces fallando, el Parlamento funcionando… En consecuencia, la crisis era política, no institucional (…) la crisis ahora es institucional. No porque las instituciones hayan dejado de funcionar. Lo que pasa es que están perdiendo legitimidad. Y esto tiene que ver con la reacción de la ciudadanía ante la institución presidencial, ante el Parlamento, ante los jueces… Y no hablemos de los partidos políticos.»1

¿Qué ha ocurrido en Chile? ¿Cómo ha ingresado el país en este debate? ¿Con qué parámetros debe juzgarse y compararse la experiencia chilena?

Es posible esbozar una primera respuesta. La idea instalada en el sentido común según la cual Chile constituía un país moderno, en crecimiento constante, con una elite ejemplar por su visión y su coherencia, que lograba resolver sus conflictos sociales y políticos por cauces institucionales sólidos y a través de la «democracia de los consensos», ha entrado en crisis. Se podía estar o no de acuerdo respecto de la orientación de la modernización y la valoración de la elite y la forma de resolver los conflictos, pero los dos grandes bloques políticos tenían bien sujetas las riendas del país.

Este consenso representacional, tenía la base del crecimiento económico, un sistema democrático legitimado por la gesta plebiscitaria de 1988 y las mejoras en los indicadores sociales comparados con la época de la dictadura. Sin embargo, el relato dominante e instalado en el sentido común de las mayorías comenzó a resquebrajarse ante el empuje de la desigualdad social exacerbada (el 1% concentra el 30,5% del ingreso), la mercantilización de los bienes sociales en contextos de salarios reducidos (70% gana menos de US$ 635 líquidos) y de amplios endeudamientos (carga financiera por hogar más alta de la OCDE). Junto a ello, la elite religiosa sufrió los embates de las denuncias de pedofilia en medio de su oposición moralista al divorcio, al matrimonio homosexual y luego al aborto; los grandes empresarios quedaron al desnudo con la colusión de precios en los mercados de remedios, papel higiénico, pollos, navieras, farmacias y por las estafas financieras y corrupción a dirigentes políticos; la coalición gobernante y la oposición comenzaron a desfilar por tribunales y fiscalías, explicando la íntima relación entre financiamiento de políticos, empresas y proyectos de ley aprobados; la presidenta quedó bajo sospecha por los negocios de su hijo y las FFAA han sido descubiertas en los desfalcos y enriquecimientos de generales y Comandantes en Jefe que se apropiaban de los fondos de la Ley reservada del Cobre.

Las representaciones sociales colectivas hegemónicas permiten que un proyecto político económico de un sector social aparezca como un proyecto de país. Son esas representaciones las que sostienen el diario vivir «oscuro y gris» del trabajo mal pagado, sin que se desborde en queja o rebelión social; son aquellas las que mantienen la idea de comunidad a pesar de las diferencias. Los chilenos están evidenciado que sus formas de comprender la cotidianeidad no se explica con la idea del país que suponíamos tener. La realidad de la vida diaria no calza con el discurso oficial de las élites, su legitimidad se resquebraja y se comienza a abrir un espacio de movilizaciones sociales que cuestiona el extractivismo desregulado de la naturaleza. A la vez, se hace persistente la protesta por la mala y cara educación, por las restricciones a las libertades individuales (derechos sexuales y reproductivos, discriminación por orientación sexual, etc); se sostiene la resistencia mapuche por su reconocimiento como nación; persiste la molestia por la deficitaria salud pública ante una salud privada de alto precio. Y, recientemente, las indignas pensiones del sistema de capitalización individual controlado por empresas financieras, han lanzado a la calle a un millón de personas de heterogénea condición social y de edad, en todo el país.

Lo que era natural está siendo cuestionado. Lo que parecía sólido se está comenzando a disolver, pero no por la fuerza de la modernidad sino por la indignación social contra el abuso organizado. Ha sido la modernización de carácter ultra-neoliberal la que llevó a la construcción de una «imagen país» de oportunidades envidiables, que en la práctica las eran para la gran empresa desregulada y con bajos impuestos (y para las personas sin escrúpulos), en una especie de acumulación originaria para la etapa de financiarización de la economía.

En este contexto las elites no han tenido la visión de adecuarse a la crisis de su hegemonía y prefieren atrincherarse en defensa del modelo, aumentando la presión sobre el gobierno y los parlamentarios para evitar las reformas que demanda la ciudadanía. Por su parte la coalición de centro-izquierda en el gobierno frustró su proceso de reformas tanto por la red de intereses existente entre los viejos líderes con la vieja élite, por las presiones conservadoras en su seno que son transversales a todos sus partidos, como por la escasa convicción en apoyarse en los movimientos sociales para producirlas y porque los partidos de izquierda en la coalición no constituyeron una fuerza política que evitara el fracaso del proceso.

Las movilizaciones sociales por diversos derechos ciudadanos y por el reconocimiento de éstos se mantendrán, pues el consenso en las élites se ha resquebrajado. Pero los movimientos sociales, aún con débiles proyectos políticos emergentes, no han convergido como para incidir en la gestación de alternativas viables a ojo de los electores.

La próxima elección municipal de octubre de este año, puede ser un buen indicador del grado de deslegitimación que tiene el sistema político medida en la abstención, de la capacidad de las alternativas emergentes de conquistar representación electoral y también para observar la clásica distinción entre los partidarios de la derecha y la centro izquierda que parecen anidarse en un electorado cada vez más envejecido.