Otras fuentes dijeron que Merlano ingresó a Venezuela de manera ilegal, delito que le será imputado en las próximas 48 horas ante un tribunal del Zulia. Además, en su residencia hallaron múltiples objetos usados por Merlano para camuflarse como, por ejemplo, pelucas, extensiones de cabello y, al menos, cinco documentos de identidad. También fueron requisados siete teléfonos celulares y un portátil.

La ficha de Interpol dice que la excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia mediante sentencia emitida el 12-9-2019 a la pena de 60 meses de prisión como autora responsable del delito “concierto para delinquir agravado, coautora de los delitos de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo y tenencia de armas y municiones”. El documento refiere que la exfuncionaria hacía parte de una estructura criminal dedicada a la compra de votos.

La exsenadora intentó sobornar a los funcionarios de la Faes para que no se la llevaran detenida. Al parecer, les ofreció una suma en dólares, pero éstos ya tenían instrucciones precisas de capturar a la mujer. Incluso ella los hizo pasar al apartamento y les habló de los altibajos que ha tenido en su quehacer político. Los funcionarios oyeron atentamente la exposición de la mujer y luego le explicaron los delitos a los que se expone en el sistema judicial venezolano. “Eso que usted nos está planteando es un delito de colusión”, le respondió uno de los funcionarios.

Previamente, Carlos García, jefe de la Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Zulia, había negado la captura por parte de su cuerpo armado.

Hasta el momento, no se sabe qué mecanismo de extradición podrá ser utilizado para traerla al país, toda vez que tras la captura de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, en Venezuela, el Gobierno de Colombia señaló que no podía realizar la solicitud de extradición debido “al deterioro” de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.