Las próximas administraciones de Quintana Roo y Veracruz, advierte el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, tendrán poco margen para seguir endeudándose. ¿La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aprobada por el Congreso de la Unión limitará el incremento de la deuda de los estados que renovarán gobiernos tras las elecciones de junio?

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– De los 13 estados donde habrá elecciones el próximo 5 de junio, la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua son los más endeudados de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En siete de ellos, más de la mitad de la población ocupada laboró en el sector informal al cierre de 2015, en tres de las entidades creció el porcentaje de pobreza y pobreza extrema al término de 2014 y, salvo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ninguno de sus actuales gobernadores han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de interés.

De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la SHCP, la deuda de todos los estados sumó 536 mil 269 millones de pesos en 2015, 70 por ciento más que la alcanzada en 2010 [314 mil 664 millones de pesos], año en que comenzaron a operar la mayoría de los gobiernos estatales que serán renovados en las urnas el próximo 5 de junio.

Endeudarse en el presente, expone el documento “Deuda Pública” de la organización México Evalúa, implica que en el futuro se tendrá que reducir el gasto o aumentar los ingresos.

Tomando en cuenta sólo a los 13 estados que celebrarán comicios y a la Ciudad de México, donde también habrá elecciones para el llamado Constituyente, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destaca que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó en un mensaje semanal que a pesar de estos incrementos “en muchos casos, los recursos no se han visto reflejados en impulsar la mejora en la calidad de vida de la población”.

Por ello, el organismo cúpula del empresariado en México consideró fundamental que haya una corrección de los próximos gobiernos estatales, ya que ante la caída en los precios del petróleo las transferencias a los estados desde la Federación se contraerán en los próximos dos años.

Durante el primer bimestre de este año, Hacienda dio 118 mil 814 millones de pesos en aportaciones a entidades federativas. Tanto estados como municipios son altamente dependientes de éstas ya que “apenas generan el 16 por ciento de sus ingresos”, documenta el sector empresarial.

Una opción para que los estados no dependan tanto de estas transferencias, considera Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, es mejorar el cobro de algunos impuestos como el predial, ya que actualmente es ineficiente y no tiene una cobranza efectiva: los valores de las propiedades no están actualizados y no hay mecanismos efectivos para presionar u obligar a pagarlo, dice.

¿LEY PARA LIMITAR DEUDA DE ESTADOS?

En marzo pasado, el Congreso aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), bajo la cual gobernarán las próximas administraciones. De acuerdo con dos especialistas, la Ley pone un límite para el nivel de endeudamiento y genera mayor transparencia, pero “se queda corta” en sanciones y, si se hubiera realizado antes, los gobiernos salientes ya no podrían contratar deuda a corto plazo en sus últimos tres meses de administración.

Entre las medidas para controlar la contratación de deuda, la ley implementa un sistema de alertas para su medición y crea el Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. Esto exige a los estados con niveles insostenibles de deuda reportarlo a sus respectivos congresos y pedir autorizaciones para poder seguir accediendo a créditos, expone Guadarrama, del IMCO. Es un contrapeso por parte del Poder Legislativo.

Mariana Campos destaca que marca límites para que la deuda se utilice para inversiones productivas y regulariza los ingresos excedentes –los que los estados reciben posterior a la aprobación de sus presupuestos– para que un porcentaje importante de ellos sea destinado al pago de la deuda que tienen.

Sin embargo, el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO asegura que se deben incorporar “mecanismos de sanción específicos por el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera”. Para los funcionarios públicos “se queda corta” porque no existe un catálogo de tipos de sanciones ya sea administrativa o penal. “Solo remite a las mismas leyes de responsabilidad de los servidores públicos que hemos visto que no funcionan bastante bien”, expone.

Manuel Guadarrama enfatiza que si la ley hubiera llegado antes de las elecciones, al no ser publicada aún, hay una oportunidad perdida: existe una medida que prohibe que se contrate deuda de corto plazo en los últimos tres meses de administración.

VERACRUZ Y OAXACA: POBREZA Y ESTADO FALLIDO



De los 13 estados en proceso electoral destacan Veracruz y Oaxaca, que tienen focos rojos en la generación de empleos formales, el porcentaje de trabajadores en la informalidad y las miles de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

“Veracruz es un Estado fallido donde campea la corrupción y evidentemente ninguna política pública está funcionando. […] Es un estado donde no va haber soluciones frente a la pobreza mientras sigan esos niveles de corrupción”, expone Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?, la entidad, lejos de alcanzar los 18 mil 675 nuevos empleos formales que tiene como meta, dejó de crear 4 mil 287 empleos durante el primer trimestre de 2016. En contraste, durante los últimos tres meses del año pasado, el 61 por ciento de los veracruzanos laboró en el sector informal, es decir, sin acceso a seguridad social.

El CCE ha reiterado mediante sus mensajes semanales que la creación de empleos formales abate la pobreza y la desigualdad de “una manera permanente en el tiempo”. El organismo ha estimado que aunque en los tres últimos años se ha logrado crear casi un millón 900 mil empleos formales, el país necesita mantener un ritmo de más de un millón de plazas por año para impulsar el crecimiento.

En cinco estados que renuevan gubernatura, destacó el sector empresarial, creció la pobreza extrema durante las administraciones salientes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz ocupa el segundo lugar al reportar un incremento de 14.3 por ciento en 2012 a 17.2 por ciento en 2014 –mil 370 personas–. El porcentaje en pobreza también aumentó de 52.6 a 58 por ciento [4 mil 634 personas].

México, ¿Cómo Vamos? también pone en semáforo rojo a Oaxaca. En el primer trimestre de 2016 sólo generó 57 empleos formales frente a los 9 mil 650 necesarios. Su tasa de informalidad se ubica en un 72.9 por ciento de la población que labora en el estado sureño.

Entre los 13 estados en proceso electoral, revelan datos del Coneval, Oaxaca ocupa el primer lugar en personas en mayor pobreza al registrar un aumento de 61.9 por ciento en 2012 a 66.8 por ciento en 2014 [2 mil 662 personas]. En cuanto a pobreza extrema, de igual manera subió de 23.3 a 28.3 por ciento –1 mil 130 personas.

Oaxaca es un estado que históricamente reporta grandes índices de pobreza, expone Rogelio Gómez, por la condición rural e indígena, así como las condiciones geográficas propias. “Es una pena. Fue un Gobierno que ofreció un cambio, en teoría tenía un compromiso con un programa basado en enfoque de derechos, y no hubo ninguna iniciativa serie ni sólida para enfrentar la pobreza”, asegura.

Sin embargo, Veracruz y Oaxaca no son los únicos. Al considerar los 13 estados donde saldrán a votar el próximo 5 de junio, en siete de ellos más de la mitad de la población ocupada laboró en el sector informal durante el cuarto trimestre de 2015. Es el caso de Durango [50 por ciento], Hidalgo [67.9 por ciento] Oaxaca [72.9 por ciento], Puebla [68.5 por ciento], Tlaxcala [67.2 por ciento], Veracruz [61 por ciento] y Zacatecas [54.2 por ciento], de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?

En cuanto a generación de empleos, Puebla, Durango y Tlaxcala también están en rojos: Puebla, de los 15 mil 125 puestos que debería generar, creó 6 mil 555 empleos durante el primer trimestre de 2016.

Durango creo 2 mil 424 trabajos frente a la meta de 3 mil 600, y en el caso de Tlaxcala, de los 3 mil 075 necesarios, hubo mil 228 puestos nuevos en los tres primeros meses de este año.

Veracruz, Oaxaca e Hidalgo mostraron un crecimiento en los rubros de pobreza y pobreza extrema, ambos indicadores reportaron un alza con datos de 2014 del Coneval.

En cinco estados actualmente en campañas electorales creció la pobreza extrema de 2012 a 2014: Baja California [de 3.2 a 3.1 por ciento], Chihuahua [de 3.8 a 5.4 por ciento], Hidalgo [10 de 12.3 por ciento], Oaxaca [23.3 a 28.3 por ciento], y Veracruz [14.3 a 17.2 por ciento]. En cuanto al porcentaje de personas en pobreza, incrementó en cinco entidades en proceso electoral: Hidalgo [de 52.8 a 54.3 por ciento], Oaxaca [61.9 a 66.8 por ciento], Sinaloa [36.3 a 39.4 por ciento], Tlaxcala [de 57.9 a 58.9 por ciento] y Veracruz [52.6 a 58 por ciento].

De acuerdo con el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los próximos gobiernos deben implementar una inclusión económica para que los productores puedan recibir los beneficios de proyectos de inversión y romper la proliferación de programas sin sustento básico o enfoques clientelares. Es necesario, afirma, construir un sistema integrado de protección social; que haya pocos programas sociales, pero con mucha cobertura.

LEY 3 DE 3: LOS QUE SE VAN



Sólo 12 gobernadores han cumplido con el ejercicio de transparencia denominado Ley 3 de 3: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Pero ninguno de los administradores de los 12 estados donde se pasará la estafeta ha reportado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

Un Gobernador que ya va de salida ve mucho menos costo político en no presentarlo, explica la investigadora Alexandra Zapata, del IMCO. Los que más sienten la exigencia ciudadana son los candidatos que están compitiendo por los votos.

No publicar los bienes que posee durante su administración, sus intereses y su pago de impuestos “es una muestra muy clara de su falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, su falta de sensibilidad con la exigencia de la ciudadanía y con el nivel de hartazgo por la corrupción. Es un funcionario desconectado de la realidad del país”, asegura Zapata.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde también habrá elecciones, ha presentado recientemente su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

En cuanto a las declaraciones de los candidatos, Alexandra Zapata destaca que el perredista José Antonio Estefan Garfías, aspirante en Oaxaca, declaró públicamente que no presentaría su declaración 3 de 3 a menos que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo estableciera como una obligación. Pero cuando sus contrincantes del PRI y del PT lo presentaron, publicó su declaración. “Es obvio la presión política que están viviendo”, concluye.

Hasta hoy, 20 candidatos a gobernar alguno de los estados ya subió su declaración. No obstante, ningún candidato a la gubernatura para Tamaulipas y Baja California lo ha hecho.