Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 8 de julio de 2012, p. 15

Es jueves 5 de julio y son las 8 de la mañana. Mis hijos, de nueve y 11 años, saltan a mi cama y piden desayunar entre besos y apapachos. Están de vacaciones. Les he prometido que iremos a un restaurante. Nos preparamos para salir y nos encaminamos a la puerta.

De pronto, Vicky, mi asistente, aparece con el rostro pálido y me dice al oído: Hay muchos policías afuera, los acabo de ver por la ventana. Están entrando a la casa . Me asomo por la ventana del jardín y efectivamente hay tres policías encapuchados con armas largas. Voy al pasillo y veo a otros tantos y más gente en la puerta de la cochera. Están subiéndose y han entrado también a la terraza.

Empiezan a golpear con fuerza la puerta principal. ¿Quién es?, les digo. ¿Qué quieren? Me contesta una mujer: Abra la puerta. Somos del juzgado 15 oral familiar. Traemos un instructivo . Es el juzgado donde casualmente cayeron mis dos asuntos familiares por convivencia y alimentos en mi largo proceso de divorcio.

Le pido a Vicky que se lleve a los niños. Están aterrorizados. Lloran. Me meto al vestidor y le llamo a mi abogada Queeney Rose Osorio Fernández y me dice que no abra. Hablo con Consuelo Morales, directora de Ciudadanos de Derechos Humanos (Cadhac): Los policías han rodeado mi casa . ¿Qué hiciste?, me pregunta. Ayer denuncié por corrupción a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León . Y me contesta: Claro. Te van a detener. ¿Pero por qué?... Yo no he hecho nada”. Ella contesta: Esta es una reacción a tu acción. No te preocupes. Mando a la abogada .

En ese momento escucho ruidos en la terraza. Han reventado los candados y están intentando romper las cerraduras de las puertas de acero. No las pueden tirar. Le llamo a mi colega, el periodista César Valdez, uno de los compañeros que un día antes me acompañaron ante el Consejo de la Judicatura para presentar la denuncia contra la juez.

En ese momento escucho que entran a la casa. Quieren romper la puerta de mi habitación a patadas: No rompan la puerta , les grito. Abro y veo a la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija, titular del juzgado 15 oral en materia familiar. Está acompañada de policías encapuchados con armas largas con uniforme de Fuerza Civil, la policía estatal de Nuevo León. Su secretaria, Ana Cristina Sepúlveda Martínez, que en su momento me solicitó dinero para agilizar mi expediente , la acompaña. También están otros dos secretarios de su juzgado, uno de ellos lleva una cámara de video y está grabando la acción. Les grito: ¿Cómo se atreven a entrar a mi casa? ¿Con qué derecho? ¿Dónde está la orden de cateo, de detención? Usted, es una juez corrupta. Ayer la denuncié ante el Consejo de la Judicatura. Es una protectora de agresores. Reincidente. Usted ya fue denunciada ante la ONU. Ustedes dos son unas corruptas”.

La juez dice con tono de enfado: Señora, está detenida por una falta administrativa. ¿Dónde están sus hijos? Nos los vamos a llevar . Antes de que me detengan, alcanzo a decirle: Está bien, lléveme, pero a mis hijos nadie se los lleva. No los toquen .

Me sacan de mi casa policías con armas largas. De pronto veo a lo lejos a mi ex marido Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España y ex director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, conferencista y especialista en violencia de género . Tiene una sonrisa de satisfacción. ¿Qué está haciendo aquí?, pienso. ¿Cómo es posible? Lo denuncié por violencia familiar ante la agencia de Justicia Familiar de la procuraduría y el Copavide (Centro de Orientación, Protección y Apoyo a las Víctimas del Delito). De hecho, el Ministerio Público autorizó una orden de restricción. Se supone que no debe acercarse a nosotros, es un hombre violento. Está acompañado por sus abogados del despacho de Manuel Alí Jezzini Martínez, ex director de averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y ahora defensor de narcos del cártel de Sinaloa, entre otros ilustres clientes.

La mujer policía que me conduce a la calle me hace daño en el brazo. Al salir, veo que va llegando María del Mar Álvarez, amiga y abogada de derechos humanos de Cadhac. Ella fue secuestrada por la misma juez cuando era directora de Alternativas Pacíficas.