Después de cinco años y varios giros inesperados, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluido el grueso del ‘caso Gürtel’ con 45 imputados, la mitad de ellos del PP. En el auto, el magistrado da especial relevancia a uno de los presuntos responsables: el extesorero del PP, Luis Bárcenas, único en la causa que se encuentra actualmente en prisión preventiva. Por un lado, recibió dinero y regalos a cambios de conseguir contratos a la trama del empresario Francisco Correa, y por el otro aprovechó que el partido para el que trabajaba tenía una “estructura opaca a la Hacienda Pública o doble contabilidad” para sacar parte del dinero que escondían para su propio beneficio.

Aunque la pieza conocida como “papeles de Bárcenas” sigue su propio curso y todavía quedan informes por recibir, Ruz centra parte del auto en explicar cómo actuaba el PP recibiendo donaciones ilegales y contabilizándolas en una ‘caja B’. Los responsables de ejecutar esa forma de actuar eran Bárcenas como gerente y Álvaro Lapuerta como tesorero. “Luis Bárcenas habría incorporado a su patrimonio recursos del Partido Popular cuya administración tenía encomendada como gerente junto con el tesorero. En particular, los fondos de los que se habría apoderado y que ascenderían a, como mínimo, 299.650 euros procederían de una contabilidad paralela o ‘Caja B’ del PP presuntamente gestionada por ambos imputados”, recoge la resolución.

Para Ruz, que basa parte de su auto en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, “esta estructura opaca se nutriría, con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.

Considera indiciariamente acreditado que en 2001 y 2003 Bárcenas, con el consentimiento de Lapuerta, “prevaliéndose de su cargo en la formación política y aprovechándose al efecto de la notoria opacidad que ofrecía la doble estructura contable creada por el PP” habría detraído de su ‘Caja B’ al menos 150.050 euros que habría ingresado en una de sus cuentas suizas.

“Supuestos destinatarios” en los papeles de Bárcenas

Para justificar esas salidas de dinero a sus cuentas particulares y que los donantes daban para el partido, y no para él, la manera de ocultarlo a los ojos de la formación eran justificando la salida de esos fondos en la contabilidad paralela con “mendaces entregas a supuestos destinatarios”.

Así, Ruz está señalando que por lo menos parte de la contabilidad manuscrita por Bárcenas no refleja la realidad sino que falseó entregas para su propio beneficio. Utilizando el mismo mecanismo, en 2005 sacó 149.000 euros a nombre de su mujer, Rosalía Iglesias, también imputada, que lo simularon con la compra de acciones de Libertad Digital, que vendieron al poco tiempo pero dejando de ingresar a la caja del partido el dinero sustraído. “Con el fin de dotar a esos fondos de una apariencia lícita, Rosalía Iglesias, de acuerdo con lo convenido con su cónyuge, habría consignado mendazmente en su declaración de IRPF del año 2005, modalidad individual, los 149.600 euros supuestamente detraídos de la ‘Caja B’ del PP como rentas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales distintos de inmuebles o acciones”.

Para desviar ese dinero, Bárcenas abrió cuentas en dos bancos, en las cuales hasta 2005 constaba él como titular. En esa fecha y tras un cambio de normativa de Suiza, y con el objeto de conseguir un ahorro fiscal ilícito eludiendo el abono en España, cambió la titularidad de las cuentas, poniéndolas a nombre de la fundación panameña Sinequanon.

Fotografía de archivo del extesorero del PP Luis Bárcenas. (EFE)

Al año siguiente abrió otra a nombre de su mujer y en 2009, a raíz de que saltara el ‘caso Gürtel’ y comenzara a salir su nombre, sustituyó las anteriores por otra nuevas, bajo nombres de diversas sociedades, “con la presunta finalidad de encubrir la titularidad y origen de los fondos depositados en Suiza y de evitar su eventual bloqueo y embargo por las autoridades españolas”.

Desvió 8 millones de euros para ocultarlos de la Justicia

Hasta 2009, Bárcenas no registró prácticamente ningún movimiento de salida de esas cuentas pero al saltar el ‘caso Gürtel’ desvió hasta 8 millones de euros a otros paraísos fiscales, con la finalidad de “tratar de desvincular dichas rentas de su verdadero origen y titular y conseguir aflorarlas bajo una aparente cobertura lícita”, explica Ruz. Para alcanzar ese objetivo, Bárcenas habría sido presuntamente auxiliado por, entre otros, Iván Yáñez, Ángel Sanchís y el hijo de éste.

Entre otros detalles, el magistrado explica que el extesorero y su mujer intentaron engañar a distintos órganos jurisdiccionales en lo que se refiere al delito fiscal presuntamente cometido en 2006. Con la posible colaboración de otras personas, habrían elaborado distintos documentos “presuntamente mendaces” que presentaron en esta causa. “Los imputados habrían pretendido así, sin lograr su propósito, inducir a error a los órganos jurisdiccionales y conseguir el archivo de las presentes diligencias en lo que se refiere al posible delito fiscal por el concepto de IRPF de 2006”.

El núcleo duro de Gürtel

El auto de Ruz desgrana más de una década de corrupción y tejemanejes llevados a cabo entre el empresario Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, varios alcaldes madrileños, principalmente el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda –exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato-, el de Majadahonda, Guillermo Ortega –los dos fuera de su cargo-, y la ayuda de Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino.

Ruz quiere llevar a juicio a 45 imputados de la trama Gürtel

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Tras el análisis de todas las pruebas obtenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) durante los cinco años de investigación, el magistrado concluye que durante al menos los años 2000 a 2007, Bárcenas y Merino con la puntual colaboración de Sepúlveda, habrían convenido con Crespo y Correa “prevalerse de la autoridad e influencia que aquellos tenían sobre distintos cargos públicos de la formación política a la que pertenecían, fundamentalmente de la Comunidad de Castilla y León, para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de la confianza de Correa a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo”.

Bárcenas y Merino habrían acordado igualmente percibir la correspondiente comisión por su labor de intermediación en estos casos, comisión que distribuiría Correa con la ayuda de Crespo y José Luis Izquierdo, todos ellos imputados. Esta retribución se entregaría bien en efectivo bien, en el caso de Luis Bárcenas, en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados a través de presuntas facturas ficticias.

Aparte de todo el entramado montado en torno a Correa y varios municipios del PP, Bárcenas, desde al menos el año 2000, habría desarrollado otras actividades dirigidas igualmente a enriquecerse de modo ilícito mediante el cobro de comisiones derivadas de distintas labores de intermediación en el ámbito de la contratación pública y “mediante la apropiación de fondos del PP, cuya administración tenía encomendada como gerente nacional”.

El PP será citado a declarar

A lo largo del auto de 131 folios, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 hace un análisis de cómo trabajó la trama Correa en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. En la resolución, Ruz advierte que el PP pudo beneficiarse de las actividades de dos de sus alcaldes, el de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y por tanto deberá personarse en la causa como partícipe a título lucrativo.

Esto significa que en el momento del juicio, un represente de la formación será citado a declarar para que explique qué dinero pudo obtener por los contratos a la trama Correa. Si la Sala lo estima probado, tendrá que devolver la cantidad disfrutada que fue obtenida de manera ilícita. El juez estima que estos exalcaldes pudieron haber generado con su actuación un “ilícito beneficio para la formación política” en al menos las sumas de 111.864,32 euros y 125.000 euros respectivamente.

Madrid y Castilla y León, las CCAA de Gürtel

En la Comunidad Autónoma Castilla y León, entre los años 2002 y 2003, Correa –actualmente en libertad tras estar cerca de tres años en prisión preventiva- intermedió junto con otros imputados en la adjudicación de distintas obras a las entidades Teconsa y Sufi, “sociedades éstas que fueron, junto con Constructora Hispánica, las principales beneficiarias de la irregular mediación de Correa”. En estas actividades habrían tenido participación, entre otros, Bárcenas, Merino y Sepúlveda.

El exconsejero madrileño Alberto López Viejo, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

En cuanto a la Comunidad de Madrid, Correa, quien hasta la aparición de Bárcenas fue el principal imputado, desarrolló su actividad en distintos municipios -Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares- así como en relación con determinadas consejerías de la propia Comunidad Autónoma de Madrid.

La vinculación de la comunidad madrileña con el grupo habría comenzado con motivo de la incorporación de Alberto López Viejo como viceconsejero con Esperanza Aguirre. En esa etapa habría obtenido durante al menos los años 2004 a 2008 numerosas adjudicaciones para la realización de actos institucionales en contraprestación a las gratificaciones eventualmente entregadas a aquel y, en el año 2006, al viceconsejero de Inmigración y Cooperación, Carlos Clemente.

Majadahonda

En el caso de de Majadahonda, no solo gestionó la obtención de adjudicaciones públicas para determinadas empresas, sino que puso a disposición de su alcalde, Guillermo Ortega, y de los también imputados Juan José Moreno Alonso, José Luis Peñas –este último fue quien grabó durante casi dos años a los implicados y entregó las cintas a la Justicia, aunque Ruz le ha mantenido como imputado- y Carmen Rodríguez sus sociedades, fundamentalmente Special Events para, mediante la simulación de operaciones con el Ayuntamiento y entidades públicas de esa localidad, detraer fondos del mismo, tanto para sí como para los cargos públicos implicados y para el propio Partido Popular.

Ayuntamiento de Madrid

Por lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, se habría visto perjudicado por la organización de Correa en relación con la adjudicación del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en diez zonas de la ciudad de Madrid. Ello por cuanto al menos una zona se habría adjudicado a la entidad Sufi a cambio de la correspondiente comisión a Alberto López Viejo, en esa fecha concejal de Limpieza y Desarrollo Medioambiental de Madrid.

Pozuelo de Alarcón

Respecto al municipio de Pozuelo de Alarcón, durante los años 2003 a 2005 la trama de Correa habría actuado de común acuerdo con, entre otros, su alcalde Jesús Sepúlveda, obteniendo adjudicaciones indiciariamente irregulares, a cambio de la correspondiente comisión, tanto para sus empresas como para Constructora Hispánica, administrada por Alfonso García Pozuelo. Por otra parte, de acuerdo con lo actuado, con anterioridad a ser nombrado alcalde de Pozuelo de Alarcón, el exmarido de Ana Mato habría recibido desde al menos diciembre de 1999 importantes gratificaciones en consideración particular a su cargo de senador.

Boadilla del Monte

En lo que respecta al municipio de Boadilla del Monte, al menos durante los años 2002 a 2009 el grupo de Correa habría actuado en connivencia con, entre otros, el entonces alcalde, Arturo González Panero, con César Tomás Martín Morales, José Galeote Rodríguez y Alfonso Bosch Tejedor obteniendo adjudicaciones indiciariamente ilícitas para sus empresas y para otras entidades a cambio de comisiones que se distribuirían entre todos ellos”. Ruz destaca los elevados perjuicios ocasionados a sus entidades públicas, la adjudicación, por parte de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla del Monte, de los derechos de superficie sobre unas parcelas en la que, de acuerdo con todos los indicios, habrían participado a través de distintas sociedades Martín Morales y Bosch Tejedor y el también imputado José Ramón Blanco Balín.

Arganda del Rey

Respecto al municipio de Arganda del Rey, durante los años 2003 a 2009 la trama se habría puesto de acuerdo con su alcalde, Ginés López, y el consejero delegado de la Empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, Benjamín Martín Vasco, para obtener importantes adjudicaciones públicas tanto para las empresas vinculadas a Francisco Correa como para terceros ajenos al mismo. Siendo la operación más relevante llevada a cabo la enajenación de un lote de fincas del patrimonio municipal en pago de la cual los imputados Amando Mayo, Fernando Martín y Manuel Salinas habrían abonado una comisión de, al menos, 25 millones de euros que se habría ingresado en sendas cuentas que Correa tenía en entidades de Suiza y Mónaco.

Alcalá de Henares

Finalmente, por lo que respecta al municipio de Alcalá de Henares, en esta localidad se investiga la posible adjudicación irregular un contrato a Constructora Hispánica por intermediación de Correa, quien habría cobrado en el año 2004 por esta gestión 29.300 euros en efectivo opaco a la Hacienda Pública.

Más allá de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, Correa también obtuvo adjudicaciones públicas para sus sociedades mediante la entrega de dádivas a los funcionarios intervinientes en aquéllas, tanto de la sociedad Turismo y Actividades Recreativas de Estepona SL – Ricardo Galeote Quecedo- como de la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), José María Gavari Guijarro y Ángel Luis López de la Mota.