En las últimas cuatro semanas, 17 millones de personas en Estados Unidos han solicitado apoyo por desempleo. Nunca habían perdido su empleo tantas personas en ese país, desde que se miden estas solicitudes. El peor caso previo ocurrió en septiembre de 1982, con 2.69 millones de solicitudes en cuatro semanas. Lo de hoy es cinco veces superior. El 11% de los trabajadores en la economía más grande del mundo han perdido su espacio laboral.

En México, de acuerdo con los datos presentados hace unos días en una mañanera, que es la única fuente de información que tenemos más o menos oportuna, se han perdido 346 mil empleos en un lapso similar (del 13 de marzo al 6 de abril). Se trata de un fenómeno global, producto de la necesidad de frenar la actividad económica para impedir un mayor contagio del coronavirus. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo lo que hizo fue listar empresas que habían despedido personal, culpándolas por esa decisión que, como es evidente, no es por voluntad propia, sino resultado de un mercado que se derrumba.

Si lo que ha pasado en Estados Unidos se replica en México, hablamos de perder 2.3 millones de empleos en los próximos días. Eso equivale al 11% que referíamos en Estados Unidos. Si no ha sido así, es precisamente por miles de empresas que están tratando de cuidar a sus trabajadores. Justo esas empresas que la secretaria, que jamás ha trabajado, quiso desprestigiar en público, amparada por su jefe, el presidente López Obrador, que tampoco ha tenido jamás un empleo productivo, ni tiene la más remota idea de lo que significa ser empresario.

En todos los países del mundo se están implementando programas para impedir que la caída productiva sea tan grande que no pueda después remontarse. Los planes que han anunciado Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Chile, Perú, no son para reactivar la economía. Son para reducir la caída a un nivel manejable, que después permita esa reactivación, que hoy no puede aún plantearse.

Acá no. No sólo no hay programa alguno para impedir la pérdida de empleos, sino que no hubo tampoco ningún apoyo para posponer o prorratear el pago de impuestos y cuotas de seguridad social, que le diesen margen a las empresas para cuidar a su personal. El gobierno mexicano desea destruir al sector privado, según la ya famosa frase con que se refirió López Obrador a la crisis: “como anillo al dedo” le viene la oportunidad de destruir todo.

Al respecto, conviene no dejar de lado cómo se decretó la suspensión de actividades “no esenciales”, pero al darse cuenta de que eso incluía la producción de insumos para sus proyectos prioritarios (cemento, acero), se publicó un decreto exceptuando exclusivamente esa producción, dirigida a Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya o Transístmico. Este gobierno hace leyes a contentillo, para nombrar a leales en puestos a los que no tendrían acceso (como Paco Ignacio Taibo II) o para mantener sus absurdos proyectos. Peor aún, violan todo el derecho a la información, como lo hizo la Secretaría del Trabajo, para intentar culpar a los empresarios de la incompetencia del mismo gobierno.

Ayer, el ridículo de este gobierno alcanzó fama internacional, cuando Rocío Nahle intentó bloquear el acuerdo en la OPEP+, fingiendo que México puede producir más petróleo del que produce, para impedir un recorte. Recorte que, por cierto, permitiría reducir las pérdidas de Pemex, porque al precio actual perdemos por cada barril que producimos por encima de un millón al día. Pero no entienden eso, como no entienden nada.

El daño que este gobierno está produciendo al país es espectacular: destruyen empleos, destruyen al sector privado, destruyen la confianza en el exterior, destruyen la estabilidad política. Costará décadas recuperarnos.