Los controles obligatorios a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos europeos, cuando crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) comenzarán este viernes, con la entrada en vigor de las nuevas normas que modifican el código de fronteras del espacio Schengen.

Los cambios fueron propuestos tras los atentados de París en 2015 y, tras dos años de debate, recibieron el visto bueno de la UE a principios de marzo. La obligación se aplicará a todas las fronteras externas, por tierra, mar y aire, tanto cuando las personas salgan como cuando entren en la Unión.

Los estados miembros ya debían someter a controles sistemáticos a los nacionales de terceros países, con comprobaciones en las bases de datos correspondientes. Pero la legislación hasta ahora vigente no permitía que esas verificaciones se aplicaran a las personas que disfrutan de libertad de movimiento bajo la legislación europea y tampoco contemplaba los controles de salida.

La propuesta inicial la presentó la Comisión Europea (CE), en respuesta al aumento de la amenaza terrorista en la Unión. Los datos de todos los ciudadanos se contrastarán con los que figuran, por ejemplo, en las bases de datos del Sistema de Información Schengen o las de Interpol sobre documentos extraviados y robados. Los controles se llevarán a cabo en respeto de las normas de protección de datos y la legislación europea sobre derechos fundamentales, según la CE.

La regulación prevé alguna excepción en el caso de que esas consultas sistemáticas para las personas que disfrutan del derecho a la libre circulación pueda llevar a un impacto desproporcionado en el flujo del tráfico en la frontera por tierra y por mar. Esto podría ocurrir en el caso de Gibraltar.

Para estos supuestos concretos "las normas prevén que los Estados miembros puedan decidir llevar a cabo solo controles selectivos en las bases de datos en algunas fronteras terrestres y marítimas, siempre que una evaluación de riesgo demuestre que ello disminuye el nivel de seguridad", recordaron fuentes comunitarias.

Los controles sistemáticos permitirán también a las autoridades asegurar que todo el que acceda a la Unión no amenaza la política pública, la seguridad interna o la salud general.