El diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, acusó al Gobierno de nepotismo. Aseguró que un tercio de los ministros de Estado y casi la mitad de los subsecretarios tuvo alguno de sus padres, hermanos, cónyuges o hijos prestando servicios a la administración pública entre 2015 y 2016.

De los 23 ministros del actual Gabinete, al menos 8 han tenido a algún familiar directo trabajando o prestando servicios en alguna repartición publica entre esos años 2015 y 2016, aseguró a Radio Bío Bío el congresista.

Según un informe- que elaboró el congresista- dos de los hijos del actual titular de Justicia, Jaime Campos, trabajan en el aparato estatal, Juan Antonio y José Manuel Campos.

El primero se desempeña como profesional de la División de Prospectiva Política Energética de la dotación a contrata de la Subsecretaría de Energía. Mientras el segundo como asistente del departamento Regulatorio de la Direcon. Ambos con sueldos superiores al millón y medio de pesos.

Asimismo, el hijo del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, Sebastián Antonio Gómez, trabaja en la Subsecretaría de Bienes Nacionales como asistente jurídico con una remuneración de más de 2 millones de pesos.

Ambos casos fueron corroborados por este medio. Junto con ellos también figuran en el informe familiares de la titular de Vivienda, el ministro de Agricultura, entre otros.

Además, de los subsecretarios al menos 15 tendrían a algún familiar directo trabajando o prestando servicios en alguna repartición pública. Entre ellos, la subsecretaria de Turismo, de Economía, el subsecretario de Hacienda, entre otros.

Monckeberg en conversación con Radio Bío Bío acusó nepotismo y dijo que se está utilizando al Estado como un botín particular.

Revisa el informe completo

Proyecto de ley

Debido a lo anterior, el diputado Monckeberg ingresará este martes un proyecto que incorpora a la actual Ley 19.880 exigencias en los procedimientos para prevenir el favorecimiento ilícito de parientes de autoridades en los actos de la administración del Estado.

Propone “una modificación legal que obligue a todos los funcionarios públicos intervinientes en un procedimiento administrativo a expresar y dejar constancia escrita en los actos y resoluciones correspondientes, del hecho de tener conocimiento de los parentescos que vinculan a eventuales contratantes, adjudicatarios o beneficiarios, en cualquier calidad ya sea como personas naturales o jurídicas, con las autoridades que se señalan”.

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