Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, dio a conocer los 50 puntos que instruyó cumplir a los próximos funcionarios de su gobierno, y que implican trabajar de lunes a sábado cuando menos ocho horas diarias; no tener más de cinco asesores; no viajar al extranjero; salvo casos excepcionales; no remodelar sus oficinas a todo lujo y no tener guardaespaldas.

El sueldo máximo anual en el gobierno federal para altos funcionarios sería de 500,000 pesos, es decir, 41,000 pesos mensuales.

Los 50 planteamientos de austeridad que aplicará López Obrador a partir del 1 de diciembre cuando tome posesión, implican reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno y cancelar todos los fideicomisos públicos. “Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”.

El documento menciona que la Fiscalía General de la República “contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Respecto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, menciona que “garantizará que las elecciones sean limpias y libres, prevendrá, investigará y sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes públicos para favorecer a partidos o candidatos y perseguirá cualquier tipo de fraude electoral, tendrá imparcialidad y será un instrumento básico de la sociedad para la construcción de una auténtica democracia”.

En el caso de la Fiscalía Anticorrupción asegura que “no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad (…) actuará con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares, un buen juez por la casa empieza”.

Cabe destacar que López Obrador leyó este documento el pasado miércoles en su reunión con senadores y diputados federales electos; así como los próximos coordinadores federales en los estados, alcaldes y diputados locales de Morena, PT y PES.

Los lineamientos para el gobierno lopezobradorista refiere que todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos, y “será publicada y transparentada en todos los casos”.

Establece que no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios; no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno; no habrá más de cinco asesores por Secretaría en el gobierno federal, y sólo los Secretarios de Estado contarán con secretarios particulares.

Refiere que no habrá bonos para los funcionarios; los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable, se suprimirá toda partida para gastos médicos privados y de Seguro de Separación Individualizada.

No se viajará al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable. Menciona que sólo los involucrados en tareas de seguridad contarán con guardaespaldas.

“Todos los programas y estructuras publicados: oficialías mayores, oficinas de prensa, oficinas de publicaciones, defensorías jurídicas, oficinas de compras, contralorías internas, delegaciones y otras, las funciones o programas correspondientes se centralizarán en una sola unidad o coordinación”, menciona.

El punto 21 menciona que, con todas estas medidas, se “reducirá con esto un 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación respectivo”.

Reitera que el presidente de la República se bajará el sueldo a la mitad, y se reducirá a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de 1 millón de pesos anuales, tal recorte se aplicará de manera progresiva y proporcional, el monto ahorrado deberá ser equivalente al 50% del gasto actual. Es decir, que el sueldo máximo sería de 500,000 pesos anuales (41,666 pesos mensuales).

“Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno Federal, se conservará únicamente los vehículos aéreos destinados a la seguridad de protección civil y las ambulancias aéreas”.

Establece que los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares, y los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.

“No se podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad ni ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas”, refiere.

Además, los lineamientos de trabajo de López Obrador para el gobierno federal implican prohibir a los funcionarios de hacienda, de comunicaciones, de energía y de otras áreas, “que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública”.

Añade que ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello.

“Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o estacionarse en lugares prohibidos”, refiere.

Apunta que no se adquirirá ninguna mercancía de la que haya existencia suficiente en los almacenes públicos, y no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.

Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios, y las policías y los militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.

“El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional y se ocupará de tareas de protección y vigilancia de espacios públicos instalaciones estratégicas y en la seguridad de los mexicanos”, refiere.

Sobre la residencia oficial de Los Pinos, reitera que pasará a formar parte del bosque de Chapultepec y se convertirá en espacio para el arte y la cultura.

“Desaparecerán las partidas para vestuarios o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente a sus colaboradores cercanos y a familiares”.

Establece que se cancelará toda labor de espionaje y de intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas.

“El sistema de inteligencia del gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la seguridad nacional”.

También se pronuncia por eliminarán gastos innecesarios de oficinas y generar ahorrar electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.

Respecto a las compras del gobierno se harán de forma consolidada, mediante convocatoria con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“No habrá partida en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica del soborno, los llamados “moches”, refiere.

Menciona que ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5,000 pesos; y no se autorizará la contratación de despachos, ni de asesores o consultores externos para elaborar proyectos de ley.

“En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción”.

Finalmente, el punto 50 refiere que “Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentísmo o la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública, en caso de anomalías que afecten al interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión y a Tribunales Nacionales e Internacionales, siempre conducidos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraría, ni habrá confiscación o expropiación de bienes”.

"Plan 50, AMLO"

Reforma para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción. Suspensión de todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos. Reformar la ley para considerar delitos graves: tráfico de influencia; corrupción; asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública; robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. La Fiscalía General contará con absoluta autonomía, no recibirá consigna de la Presidencia de la República. La Fepade garantizará que las elecciones sean limpias y libres; evitará el uso del presupuesto para favorecer a partidos o candidatos. La Fiscalía Anticorrupción no permitirá en ninguna circunstancia que prevalezca la impunidad; podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de sus familiares cercanos. El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente No habrá adquisiciones de vehículos nuevos. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno. No habrá más de cinco asesores por Secretaría de Estado. Solo tendrán secretarios particulares los secretarios del Gabinete. No habrá bonos. Se limitarán los gastos de viáticos. Se cancelarán gastos médicos privados. No habrá Seguro de Separación Individualizada. No habrá viajes al extranjero sin autorización del secretario. Serán cancelados los Fideicomisos y cualquier instrumento para ocultar fondos. Ningún funcionario contará con guardaespaldas, salvo aquellos encargados de la seguridad pública. Centralización de oficialías mayores, oficinas de prensa, oficinas de publicaciones, defensorías jurídicas, oficinas de compras, contralorías internas y delegaciones. Prevé reducir 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación. Reducción del sueldo en las actuales plazas que perciben más de un 1 de pesos anuales. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados. Cancelación de pensiones a ex presidentes de la República. Prohíbe a funcionarios uso de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares. Se prohíbe la contratación de familiares. Ordena a empleados de confianza laborar de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias. Prohíbe trabajar en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas. Plantea reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno federal. Funcionarios de hacienda, comunicaciones, energía tendrán prohibir asistir a fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas. Prohíbe emplear a funcionarios en domicilios particulares. Ningún funcionario podrá, a su paso, cerrar calles o detener el tráfico. No se adquirirá mercancía con existencia suficiente en almacenes. No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo. Sólo contarán con choferes, secretarios y los Subsecretarios. Policías y los militares no estarán al servicio de funcionarios o particulares. Incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los Pinos formarán parte del Bosque de Chapultepec. Desaparecerán las partidas para vestuario del presidente, sus colaboradores cercanos y familiares. Prohíbe el espionaje y de intervención telefónica. Ordena el cuidado de los bienes de las oficinas públicas. Instruye a generar ahorraros en electricidad, agua, telefonía fija, telefonía móvil, internet, gasolinas. Ordena trato amable en las oficinas públicas. Las compras públicas se harán bajo observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. Los contratos de obras públicas se llevarán a cabo mediante licitación pública. Pide a legisladores no recibir “moches”. Prohíbe a funcionarios recibir regalos con valor superior a 5,000 pesos. No se autorizará la contratación de despachos, consultores externos para elaborar proyectos de los servidores públicos. En las contrataciones internacionales se dará preferencia a empresas de países cuyos gobiernos castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción. Revisión de contratos actuales con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentísmo o la corrupción.

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