La Universidad Benito Juárez de Villa del Carbón, en el Estado de México, una de las 100 creadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis porque sus estudiantes no están conformes con la educación que se les está dando y la manera en que se conduce la coordinadora de su carrera, Ingeniería en Procesos Agroalimentarios, al grado de que ya hubo deserciones.

Además, no encuentran eco a sus reclamos porque no hay autoridades en la universidad —ellos ni siquiera tienen credencial de estudiante ni les dieron un reglamento que puedan hacer valer— y aunque acudieron hasta las oficinas centrales en Michoacán del organismo que administra las escuelas, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), nadie les ha hecho caso.

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19 de los 25 alumnos que iniciaron hace un mes la carrera decidieron escribir una carta, de la que Animal Político posee copia, para exponer que son víctimas de malos tratos y una actitud despectiva hacia ellos y hacia el propio proyecto universitario por parte de la profesora Ángela Sánchez Martínez.

En la carta y en entrevistas, los estudiantes refieren que desde un principio les dijo que la universidad, que opera en la Casa de Cultura del Municipio, se había organizado de manera muy improvisada y que para ella no cubría con los requisitos para ser una ingeniería, sino más bien una carrera técnica. Además, que hay temas que reconoce no dominar e incluso a un alumno le ha señalado que sabe más que ella.

Cuentan que separó a los que son menores de edad y vienen saliendo de la preparatoria para hablar con los mayores y proponerles interactuar solo entre ellos, ya que no creía que los jóvenes terminaran la carrera, sino que se casarían o embarazarían antes, y que seguramente solo estaban ahí por la beca de 2 mil 400 pesos mensuales que el proyecto ofrece como beca (aunque no se los han pagado). O que ha hecho comentarios despectivos por el origen rural de la mayoría de los muchachos, haciendo distinciones si alguien viene de la ciudad.

También denuncian que les grita, usa groserías, les dice que no saben hacer las cosas, y que no estaba respetando el horario planteado al inicio de que tomaran dos materias por día, para así no tener que presentarse toda la semana con ellos, ya que ella no es de la comunidad, se ha quejado de que no le están pagando, y tiene otro trabajo como profesora en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, de la UNAM.

Otra inconformidad surgió porque casi les cancelan las prácticas que tienen un día a la semana, los viernes. Cuando se creó la escuela, la asociación del Tianguis Orgánico de Villa del Carbón se acercó a ofrecerles un terreno de 150 metros cuadrados para enseñar a los estudiantes a sembrar, cosechar y hasta comercializar sus productos en el mercado local.

Pero este acuerdo se había hecho con otro profesor que estaba coordinando el proyecto en un inicio y que ya no continuó, así que cuando Sánchez asumió la coordinación, les dijo que ya no se harían las prácticas porque no estaban en el plan original del Crefal. Finalmente accedió a mantenerlas y un miembro del tianguis funciona en los hechos como un profesor más, aunque sin retribución alguna, y los alumnos refieren que les enseña con más interés que los dos coordinadores que han tenido.

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Sin reglamento ni documentos oficiales, dieron de baja a dos alumnos

Según los estudiantes consultados, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, cuatro compañeros han abandonado la carrera por esta situación, incluyendo a una que fue entrevistada por Animal Político en su primer día de clases, el 26 de agosto.

El viernes pasado, otros dos alumnos fueron avisados de que estaban dados de baja por faltas, ya no se les permitió entrar al salón, pero tampoco se les dio algún tipo de notificación oficial.

Esto, a pesar de que ellos habían informado a sus profesoras que trabajan y habían solicitado comprensión si tenían que ausentarse por motivos laborales. Aun así, nunca se les dijo cuántas ausencias estaban permitidas, porque ni siquiera se les dio el reglamento de la escuela.

Es más: no cuentan con credencial de estudiante ni documento que pruebe su condición, más que el número de folio que recibieron al inscribirse y los correos electrónicos en los que les avisaron dónde y cuándo presentarse para empezar a estudiar.

Crefal abandona a estudiantes a su suerte

En el plantel de Villa del Carbón solo tienen tres maestras, una de las cuales, Sánchez, es la autoridad superior, ya que no hay directores de universidad u otra figura similar.

El único representante del gobierno federal que se presentó en el plantel fue Oswaldo Hernández Noguez, coordinador regional de programas sociales.

El 9 de septiembre, los estudiantes hablaron con él y les contaron sus inconformidades, que él prometió llevar ante el Crefal, y les escribió de puño y letra su correo electrónico para que le hicieran llegar la carta que redactaron. Se la mandaron con copia al único correo institucional que encontraron en internet del Crefal, ya que no sabían a quién más dirigirse. Sin embargo, Hernández nunca volvió a presentarse y nadie respondió.

Animal Político logró contactar a Hernández, pero negó tener conocimiento de los problemas en la universidad, repitió en varias ocasiones que no está “autorizado” para dar ninguna información, que había que dirigirse directamente al Crefal, y la llamada se cortó porque dijo ir en carretera.

Desesperados, una de las estudiantes fue la semana pasada hasta Pátzcuaro, Michoacán, a llevar personalmente la solicitud de sus compañeros de que la profesora Sánchez sea removida y exigir una respuesta. Pero ni eso bastó.

Según los testimonios, le dijeron que Hernández Noguez no tenía competencia en la universidad, pero que sí se habían enterado de los problemas “de oídas”.

La directora de vinculación, Leticia Vargas Salguero, le dijo a la joven que solo podía recibir su carta, pero no darle respuesta en ese momento. La estudiante logró que la recibiera el coordinador operativo, Leonardo Rodrigo Torres Escobar, quien se excusó con que él solo atendía casos más graves y no del área académica. Y que no podía cambiarse a una profesora porque estaban a medio ciclo.

Así que la estudiante regresó al Estado de México tan solo con un sello de “recibido” a la carta, pero sin ninguna solución.

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Represalias y silencio institucional

Después de esta movilización, el viernes pasado la coordinadora Sánchez citó a todos los alumnos para informarles que habría “cambios”. Testigos aseguran que con un tono intimidante, cuestionó a los alumnos sobre si todos habían firmado la carta, y les anunció que a partir de ahora el horario de clases sería de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde.

Originalmente, acababan a las 2, pero se les ofrecía una hora de “tutoría” personalizada, para quien quisiera quedarse a aclarar dudas o revisar sus avances de proyecto. Ahora, ya no tendrán esta posibilidad.

Algunos cuestionaron si esto era una especie de castigo, y la profesora contestó que era una “consecuencia”. También le preguntaron las bases pedagógicas de los horarios, sin obtener una justificación.

Los alumnos dados de baja han tratado de atender su caso llamando al Crefal, pero cuentan que solo les piden sus datos de contacto y no los atienden.

Animal Político confirmó que en los teléfonos del organismo, las operadoras piden en cada llamada el nombre, los dos apellidos, estado y municipio de residencia —sin ofrecer ningún aviso de privacidad sobre qué uso dan a esos datos—, después dicen que van a transferir la llamada, pero luego nadie contesta o se corta la línea.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que no atiende lo relacionado con las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, así que proporcionó el teléfono directo de la directora del Crefal, Raquel Sosa. Pero tras varios intentos, respondió un hombre que dijo llamarse Clemente Islas y ser del “área de atención”, que nuevamente solicitó datos de contacto y dijo que ellos se comunicarían.

En las páginas de internet de Crefal y de las Universidades no hay manera de saber siquiera dónde están ubicados los planteles, ya que solo enumera los municipios, pero no las direcciones. Tampoco hay información sobre quiénes son los profesores o coordinadores, o dónde se puede solicitar información; tampoco se especifica quiénes coordinan de manera global las 36 carreras ofertadas, y ni los propios estudiantes lo saben.