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En la España derruida por la crisis económica ha germinado la mala hierba de la ultraderecha. Hasta hace unas semanas éramos uno de los pocos países de la Unión Europea que podía presumir de no tener al fascismo en sus instituciones parlamentarias, pero ha sido en Andalucía, en la tartessa y turdetana, en la Bética romana, en la visigoda y bizantina, en la almorávide y la almohade, en esta tierra que siempre fue de paso, de llegadas pero sobre todo de despedidas, donde el discurso identitario de la patria y la bandera ha calado entre un segmento de la población.

Son más guapos, son más jóvenes y han cambiado la parafernalia militar por el traje y la corbata, pero detrás de esta carcasa de aparente normalidad se esconden las mismas ideas reaccionarias que desangraron Europa durante la primera mitad del siglo XX. El odio al diferente es uno de los ejes centrales de su discurso y la xenofobia el remedio para todos los males de una población receptiva a los mensajes populistas.

La ultraderecha no es una opción política válida y sus actores no deben ser tratados como tal. El blanqueamiento informativo que durante meses han disfrutado los diferentes grupos surgidos como respuesta al llamamiento a la unidad nacional ha sido fundamental para el resurgir de aquellos que llevaban 40 años dormitando cómodamente en las anchas tragaderas del Partido Popular.

Los medios de comunicación, pero también las redes sociales; el trumpismo maquinado por Steve Bannon ha resultado ser igual de efectivo en EE.UU, Italia, Brasil y España. En la época de las noticias falsas que corren como la pólvora por los mentideros de internet, es más necesario que nunca el compromiso de la prensa, la que mantiene los principios irrenunciables de este oficio, con la verdad y contra el sectarismo, especialmente cuando la difamación recae sobre un colectivo tan silenciado como el de los migrantes.

Estos son algunos de los bulos más habituales relacionados con la inmigración; sus mentiras frente a la verdad.

“Hay demasiados inmigrantes”

Falso. Según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en España residen 4.719.418 extranjeros, lo que supone un 10,1% del total de la población. La mayor parte son extra comunitarios, un 59,5%, frente al 37,7% de los foráneos procedentes de la Unión. Los marroquíes (769.050), rumanos (673.017) y británicos (240.934) son los extranjeros con mayor presencia.

A pesar de que las cifras no mienten, un estudio realizado por Amnistía Internacional asegura que el porcentaje de la población extranjera percibida por los nativos supera el 20%. Esta distorsión se debe a la mayor presencia de migrantes en los transportes públicos o en espacios de ocio gratuito, debido a su menor poder adquisitivo, y también al foco de los medios de comunicación, en cuyo relato los extranjeros solo tienen cabida cuando protagonizan algún hecho luctuoso.

El tratamiento informativo es una de las tareas pendientes para acabar con los estigmas que desembocan en brotes de racismo o en la irrupción de partidos abiertamente xenófobos, máxime cuando la inmigración no es uno de los grandes problemas para los españoles. Según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) apenas un 8,9% lo incluyen entre sus tres principales preocupaciones, muy por detrás del 58,5% del paro o el 31,3% de los partidos políticos.

Lejos de las proclamas alarmistas, España no solo no tiene una gran masa de población extranjera sino que necesitará que los flujos migratorios aumenten. Los estudios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el FMI (Fondo Monetario Internacional), indican que necesitaremos superar la barrera de los 5 millones de afuereños para mantener en funcionamiento los engranajes del estado del bienestar.

“Los inmigrantes nos quitan el trabajo”

Falso. En octubre de 2018, la tasa de desempleo en España se situó en el 14,8%, frente al 23% que soporta la población extranjera (llegó al 39% en los años más duros de la crisis), de los cuales solo el 11% está cobrando algún tipo de prestación. Es más, son los migrantes los que más sufren las consecuencias de la falta de ocupación, debido a la ausencia de redes familiares, la menor protección social y las dificultades para renovar la documentación, motivos que empujaron a cientos de miles de ellos a abandonar el país.

Además, la población inmigrante asume labores poco deseables para los nacionales, especialmente en el terreno de los cuidados y sobre todo en el caso de las mujeres. Amnistía Internacional estima que el 80% de las cuidadoras internas son de origen extranjero y la gran mayoría trabaja en condiciones leoninas, con sueldos bajos, jornadas interminables, sin contrato y, por tanto, sin alta en la Seguridad Social.

Cabe recordar que la población extranjera fue esencial para el crecimiento económico durante los años de bonanza. En el periodo comprendido entre 2001 y 2006 aportaron el equivalente al 30% del PIB, particularmente en sectores estratégicos como la construcción y el turismo.

“Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales y colapsan la sanidad”

Falso. Para desmontar este bulo hemos contactado con la organización Andalucía Acoge, quienes aseguran que las personas solicitantes de protección internacional “reciben un apoyo inicial, de acuerdo a la exigencia de los tratados internacionales firmados por España, que consiste en una serie de recursos de acogida básicos durante un máximo de dos años”. Por contra, las personas en situación irregular “no tienen acceso a ayudas directas, salvo muy contadas ocasiones, por motivos humanitarios y muy limitadas en el tiempo”, mientras que aquellos que ostentan la tarjeta de residencia disponen de “las mismas ayudas a las que acceden todas aquellas personas que tienen unas condiciones particulares socioeconómicas, no por su condición de migrantes”.

En cifras concretas, apenas un 16% de los usuarios de los servicios sociales son extranjeros, a pesar de que 2.010.634 personas no nacidas en España están afiliadas a la Seguridad Social, según datos del Ministerio del Interior hechos públicos en octubre de 2018. Además, los foráneos suponen menos de un 1% de los beneficiarios de las pensiones.

En cuanto a los servicios sanitarios, la estimación de gasto público en sanidad empleado en el colectivo inmigrante es del 6,5% del total. Los extranjeros acuden un 7% menos al médico de cabecera que los nacionales y el 20% no ha visitado a una doctora en el último año, frente al 14% de los nacidos en España. Los enfermos crónicos son en un 61% españoles, por el 39% inmigrante, una diferencia que también se mantiene en el coste farmacéutico, donde los primeros concurren en un gasto en torno a los 374 euros por persona, mientras que los segundos no superan los 74 euros.

“La mayoría de los crímenes machistas son perpetrados por inmigrantes”

Falso. Esta, que ha sido uno de los late motiv de la campaña del partido ultraderechista Vox en Andalucía, es una de las mentiras que más ha contribuido al estigma de la población inmigrante.

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, el 63% de los crímenes relacionados con la violencia de género son perpetrados por españoles, frente al 37% en las que se aglutinan todas las nacionalidades restantes.

Por otro lado, tal y como aseguran desde Andalucía Acoge, las mujeres migrantes “se encuentran con más dificultades para salir de una situación de violencia, así como para acceder a los recursos legales y psicosociales que existen para este tipo de circunstancias”. Por tanto, en este ámbito, como en tantos otros, sufren una doble opresión; por su condición de género y por su pasaporte.

“Los inmigrantes vienen a delinquir”

Falso. No hay ningún estudio que avale la relación entre inmigración y delincuencia. De hecho, España es uno de los países donde más se ha incrementado el flujo migratorio en los últimos años y, sin embargo, es el tercer país con la menor tasa de criminalidad de Europa. Por contra, los países nórdicos, que apenas han experimentado la llegada de migrantes, están a la cabeza, con 147 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en el caso de Suecia o las 79 de Dinamarca.

Con respecto a la población reclusa, en enero de 2017, 17.112 extranjeros estaban cumpliendo condenas en cárceles españolas, lo que supone un 0,34% de la población inmigrante y un 24% del total de los encarcelados. Además, un tercio de los reclusos extranjeros no residía en España en el momento de cometer el delito, es decir, eran turistas o personas en tránsito. Sin embargo, según el CIS, un 17,1% de los españoles asocia inmigración a delincuencia y esto se debe, de nuevo, al tratamiento sesgado de los medios de comunicación y a la falta de convivencia con personas de otros países. Diversos estudios confirman que el trato habitual con comunidades extranjeras reduce por sí mismo la delincuencia percibida en los barrios.

“Los inmigrantes no pagan impuestos”

Falso. “Cualquier residente en nuestro país está sometido a la misma normativa tributaria con independencia de su nacionalidad”, asegura José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que añade: “Si un residente extranjero realiza una actividad económica como autónomo tendrá que pagar sus cuotas, llevar su contabilidad y los registros de facturas emitidas y recibidas, así como realizar los pagos fraccionados y la declaración del IRPF, sea de la nacionalidad que sea”.

Este bulo está especialmente focalizado en la población china, debido a la proliferación que en los últimos años han vivido los negocios regentados por esta comunidad, pero no existe ninguna excepción tributaria. Mollinedo afirma que la leyenda urbana comenzó a expandirse a partir del Convenio entre España y China firmado en 1990 con el objetivo de evitar la doble imposición, a pesar de que en su artículo 7 “establece con claridad que los beneficios de una empresa en España solamente pueden someterse a imposición en España, a no ser que la empresa realice su actividad en China por medio de un establecimiento permanente situado en él”.

Relacionados con este rumor son habituales los comentarios que acusan al empresariado chino de no cumplir con los horarios estipulados por ley, pero la realidad es que la libertad horaria es cada vez más común en España y su regulación depende de cada comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, según datos de la Consejería de Empleo, los establecimientos pueden abrir un máximo de 90 horas semanas y 10 festivos al año, salvo las llamadas “tiendas de conveniencia”: locales con una superficie de entre 300 y 500 metros cuadrados, con gran variedad de productos y localizadas en zonas de especial relevancia turística, que tendrán que estar abiertas durante al menos 18 horas diarias.

La mayoría de los ciudadanos chinos que llegan a España lo hacen con la intención de abrir un negocio, por lo que la tasa de paro entre esta comunidad es prácticamente inexistente, como también lo son, por ende, las prestaciones por desempleo.

Frente a las mentiras de los propagandistas del odio; la vieja estrategia de la verdad.

Frente al racismo y la xenofobia; integración y diversidad.

Frente a los que conciben la bandera como un arma arrojadiza y la nación como una propiedad privada; el respeto innegociable a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, independientemente de su lugar de procedencia.

Frente a los bulos; Arthur Schopenhauer : “La cantidad de rumores inútiles que un hombre puede soportar es inversamente proporcional a su inteligencia”.