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Desde que Argentina entró en una nueva cesación de pagos de su deuda, a finales de julio, muchos han puesto su mirada en el país para ver cuáles son las consecuencias de este default.

Pese a la advertencia de algunos analistas de que la suspensión de pagos impactará en el crecimiento económico, la inflación y la pérdida de empleos en el país, lo cierto es que, a un mes de ese evento, las repercusiones han sido leves y muy distantes de la crisis que estalló tras el último default de 2001.

En cambio, quienes sí han padecido los efectos inmediatos de la batalla judicial entre Argentina y los llamados "fondos buitre" son los bancos y agentes de pago que parecieran haber quedado atrapados en el fuego cruzado entre las partes.

A finales de agosto, el gobierno argentino ordenó revocar la autorización del Bank of New York-Mellon (BoNY) para operar en el país.

Derechos de autor de la imagen Other Image caption El J.P. Morgan, Euroclear y Clearstream también quedaron "atrapados" en la disputa por la deuda argentina. (foto: AFP)

El BoNY es el agente de pago que venía usando Argentina para cumplir con el 92,4% de sus bonistas que accedieron a canjear su deuda en 2005 y 2010.

En junio, el banco había decidido acatar la orden del juez de Nueva York Thomas Griesa y congeló US$539 millones que Argentina había girado para pagar los vencimientos de sus bonos Discount.

Según el fallo de Griesa, nadie podía cobrar hasta que los fondos de inversión que demandaron a Argentina (conocidos como holdouts) también recibieran el pago del 100% de sus bonos, como reclaman.

De esa forma, Argentina fue declarada en incumplimiento con todos sus acreedores.

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"El jamón del medio"

Pocas semanas después, llegó la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de prohibir las operaciones del BoNY en el país.

Pero no fue el único perjuicio que sufrió el banco. El mismo día que perdió su licencia en Argentina, también fue demandado por un grupo de fondos de inversión en Londres, liderados por el multimillonario George Soros.

Los demandantes son dueños de bonos reestructurados bajo legislación europea, que protestan por haber quedado supeditados a un fallo de la justicia estadounidense.

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"Los bancos quedaron como el jamón del medio, están en una encrucijada", le dijo a BBC Mundo el expresidente del BCRA Mario Blejer, quien afirmó no haber escuchado en el pasado de una situación similar.

También el ex secretario de Finanzas de Argentina Daniel Marx consideró el caso "inédito" y dijo que las entidades financieras "están recibiendo los efectos colaterales" de la batalla judicial entre Argentina y los holdouts.

No es sólo el BoNY el afectado. Argentina emitió diversos bonos bajo legislación estadounidense, europea, argentina y japonesa, y los diferentes agentes de pago en cada uno de estos lugares también atraviesan el mismo dilema.

El Citibank, agente de pago de los bonos bajo legislación argentina, advirtió a la Justicia de EE.UU. que podría llegar a perder su negocio en ese país si el juez Griesa mantiene sus restricciones.

Según el banco, el fallo del magistrado pone a su filial en Argentina en "una posición insostenible y extremadamente peligrosa, que podría conducir a consecuencias tan graves como la pérdida de la licencia bancaria de Citibank Argentina y su toma por parte de la República".

También JP Morgan, Euroclear y Clearstream pidieron a Griesa que aclare los alcances de su fallo.

El magistrado les había permitido pagar "por única vez" a sus bonistas en agosto, pero las entidades quieren saber qué ocurrirá cuando llegue el próximo vencimiento de deuda argentina, el 30 de septiembre.

Contradicciones

Según el abogado Henry Weisburg, experto en deuda soberana del estudio estadounidense Shearman & Sterling, los agentes de pago están siendo sometidos a obligaciones contradictorias.

"Por un lado tienen la obligación de pagarle a sus clientes, pero por otro lado tienen que cumplir con la ley", afirmó.

Por un lado (los bancos) tienen la obligación de pagarle a sus clientes, pero por otro lado tienen que cumplir con la ley Henry Weisburg, abogado de Shearman & Sterling

Sin embargo, Weisburg consideró que es común que los bancos queden "en el medio" cuando hay demandas que involucran a sus clientes.

"Es parte de su negocio", afirmó a BBC Mundo.

No obstante, consideró "inusual" que un banco pierda su licencia para operar como consecuencia de estos pleitos.

Quienes no se compadecieron de las entidades bancarias fueron los fondos que ganaron la demanda contra Argentina, y que reclaman que el país les pague más de US$1.500 millones.

En un escrito, los representantes del fondo Aurelius (uno de los principales demandantes) acusaron al Citibank de "no tener las manos limpias" y sostuvieron que "si (el Citibank) se queda sin licencia para operar en la Argentina es su responsabilidad" por haber elegido "hacer negocios" con quienes "no respetan la ley".

¿Qué pasará ahora?

Todo dependerá de lo que anuncie Griesa, quien convocó a las partes a una nueva audiencia en su juzgado, el 10 de septiembre, donde se espera que aborde la situación de los bancos.

En tanto, la Corte de Apelaciones de NY fijó para el 18 de este mes una "audiencia urgente" para decidir sobre el pedido del Citibank de permitir que pague los bonos de deuda en dólares en Argentina.

Derechos de autor de la imagen Other Image caption El juez Griesa llamó a una nueva audiencia para el 10 de septiembre, (foto: AP)

Pero mientras estos bancos definen el camino a seguir, la agrupación que los nuclea ya aprobó una serie de modificaciones que buscan evitar que una situación similar se repita en el futuro.

La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) anunció el 29 de agosto cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores no pueda bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana, tal como ocurrió en el caso argentino.

Allí, los "fondos buitre" representan menos del 0,5% del total de bonistas, pero sin embargo lograron llevar al país al default.

Mientras tanto, en Argentina el Senado le dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el gobierno para cambiar la sede de pago de sus bonos, y así evitar la jurisdicción estadounidense, norma que –de ser sancionada en los próximos días– podría abrir una nueva serie de batallas legales.