El Gobierno chileno ha suscrito el TPP y el Congreso iniciará un debate para su eventual rechazo o aprobación. Los parlamentarios no tendrán una tarea fácil al evaluar un complejo tratado que contiene 30 capítulos y varios anexos que suman casi mil páginas. Lo que este artículo propone es que, si se llega a aprobar el TPP, ello no puede ser sin aprobar tres protocolos de acuerdo, entre los cuales el más importante es realizar las reformas institucionales que doten al país de un sólida capacidad para impulsar políticas de desarrollo productivo y políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Desde que conocimos vía internet los textos iniciales de las negociaciones, bastante parece haber cambiado. No hay que olvidar que el canciller Heraldo Muñoz dijo que hasta hace seis meses no estaba en condiciones de suscribir el TPP, pero que ahora sí porque el texto mejoró sustantivamente desde la perspectiva de Chile. Por ello se hace indispensable que el Gobierno y parlamentarios acuerden darse los tiempos y plazos adecuados para un debate parlamentario democrático, informado y abierto a la sociedad.

Ahora bien, debiera haber poco espacio para la apología porque, a diferencia del pasado, los beneficios netos del TPP serán probablemente mucho más pequeños que los que se esperaban hace 10 años con el TLC con Estados Unidos y con Europa. Y aun cuando habrá beneficios en materias agrícolas, no hay que olvidar que el ministro de Agricultura dijo que la gran oportunidad estaba en China, país que no está incluido en el TPP. Tampoco cabe subvalorar los costos sociales, especialmente para los más pobres y los pequeños empresarios: ¿podrán estos ser abordados adecuadamente cuando se aprueben las modificaciones legales que implementen el TPP?

Del mismo modo, hay que evitar el catastrofismo, porque para Chile la mayor parte de las disposiciones del TPP no son algo nuevo y la verdad es que ambos tratados no establecen restricciones explícitas a las políticas públicas en materia macroeconómica, en materia tributaria y fiscal, en regulación o en materia de desarrollo productivo. Las limitaciones provienen mucho más de la herencia directa e indirecta del modelo neoliberal establecido en tiempos de la dictadura y, sobre todo, por la influencia del pensamiento conservador y el lobby empresarial en el Congreso.

El protocolo que acompañe la aprobación del TPP podría ser la oportunidad histórica para impulsar un nuevo conjunto de políticas de desarrollo productivo sostenible (o políticas industriales verdes), articulado al desarrollo de la ciencia y la innovación. Este es el único camino para que el país aproveche el TPP y la red de tratados de libre comercio que ha suscrito.

En este contexto, mucho depende de cómo este Gobierno y el Congreso aprueben el TPP. Si la discusión se limita a su mera aprobación, el debate se polarizará estérilmente. Es inevitable que unos se dediquen a defender el libre comercio y el libre mercado, mientras que los opositores cuestionarán ese tratado no tanto porque empeora el TLC con Estados Unidos sino porque reproduce las falencias y deficiencias que ven en el modelo chileno de desarrollo en Chile. A los primeros se sumarán los “realistas” que dirán que “Chile no puede quedar aislado” y a los segundos se sumarán los críticos y los escépticos.

Pero existe otro camino.

Si se confirma el diagnóstico de que el TPP no es la panacea ni tampoco genera grandes daños respecto al statu quo logrado, la primera pregunta que cabe hacerse es cómo minimizar los daños. En efecto, los parlamentarios deben tener cabal conciencia de que la batalla no se libra solo al aprobar el tratado, se juega en la legislación de implementación que puede tomar años en concretarse y que estará rodeada de intensas batallas políticas y de mucho lobby. En este sentido, todo tratado es un “contrato incompleto” lleno de vacíos y silencios. En consecuencia, el Gobierno y el Congreso debieran concordar en una serie de criterios orientadores de la legislación que implementará el TPP en Chile. La experiencia 2003-2007 con la legislación de propiedad intelectual pos-TLC, evidencia que existe un significativo espacio de interpretación que a veces puede gustar o no gustar a países como Estados Unidos.

La segunda pregunta es si el desarrollo sostenible e inclusivo se alcanzará solo mediante el TPP combinado con el libre mercado. La historia de nuestro país y de los países desarrollados dice taxativamente que no. Desde que se aprobaron los TLC, la matriz exportadora de Chile no se diversificó y las tasas de crecimiento y productividad representan actualmente la mitad de las exhibidas en los años 90. La verdad es que los TLC no impidieron que Chile se encuentre hoy entrabado por la “trampa del ingreso medio” y es evidente que el TPP –con su escaso impacto– tampoco será una tabla de salvación. Todo depende crucialmente del reforzamiento estructural de las políticas públicas para el desarrollo.

Por ello es que aprobar el TPP sin concordar un paquete de políticas complementarias, es lo mismo que aprobar un camino de libre comercio y libre mercado reproduciendo las falencias neoliberales de que adolece nuestro modelo de desarrollo. Será lo mismo que decir que debemos seguir haciendo más de lo mismo. Por este camino es inevitable que pasaremos de la trampa del ingreso medio a una nueva frustración del desarrollo, tal como la describió Aníbal Pinto hace 60 años.

Otro camino sería si el Gobierno y el Congreso negocian un protocolo de acuerdo complementario que establezca una agenda de desarrollo sostenible. Ya hubo antecedentes de ello en el 2003, cuando el Congreso aprobó el TLC con EE.UU. con un protocolo de acuerdo orientado a beneficiar pymes y regiones. Sin embargo, esta vez el acuerdo Gobierno-Congreso debiera ir mucho más allá que destinar algunos recursos para calmar los ánimos.

Por ello es que el protocolo que acompañe la aprobación del TPP podría ser la oportunidad histórica para impulsar un nuevo conjunto de políticas de desarrollo productivo sostenible (o políticas industriales verdes), articulado al desarrollo de la ciencia y la innovación. Este es el único camino para que el país aproveche el TPP y la red de tratados de libre comercio que ha suscrito. Es el único camino para diversificar nuestra matriz exportadora, para participar en cadenas globales de valor, para impulsar nuevas industrias basadas en el conocimiento y la alta tecnología. En suma, el camino para salir de la trampa del ingreso medio.

Por ello, si el Congreso decidiese aprobar el TPP, debería aprobar un paquete complementario con tres tipos de iniciativas clave.

Primero, un protocolo de acuerdo que oriente los cambios legislativos que introducirán las disposiciones del TPP en nuestro ordenamiento jurídico, de tal forma que no afecte e incluso mejore el acceso de la población a medicamentos con precios convenientes, al acceso de los pequeños agricultores a semillas y agroquímicos, así como la capacidad del país para impulsar con máxima autonomía políticas macroeconómicas, regulatorias y de desarrollo sostenible. Es un protocolo de acuerdo que servirá de orientación e introducirá certidumbre jurídica.

Segundo, un conjunto de iniciativas orientadas a potenciar la capacidad de Chile en materia de políticas públicas de desarrollo sostenible y en materia regulatoria. En particular, me refiero a promover la banca de desarrollo; reducir el quórum necesario para constituir empresas públicas; potenciar los roles del Banco Estado y de la Corfo como instituciones de fomento transversal junto con la consolidación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Asimismo, deben potenciarse los roles de fomento y regulación de los ministerios de Economía, Energía, Minería y Agricultura, incluyendo otras iniciativas similares.

Y, finalmente, un compromiso histórico para incrementar –de manera progresiva pero sustantiva– el presupuesto destinado a ciencia, tecnología, innovación y políticas públicas orientadas al fomento de las regiones, las pymes y el emprendimiento. Chile debe seguir el camino de Australia, Canadá, Finlandia y Dinamarca, que cuando tenían el mismo PIB per cápita de Chile hoy, invertían el doble en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB.