El próximo miércoles 1 de noviembre saldrá a la venta el libro “No estoy de acuerdo” (Das Kapital Ediciones) en la Feria Internacional del Libro de Santiago, primer trabajo del licenciado en Comunicación Publicitaria Bruno Córdova, quien desmenuza la forma que adquiere el discurso político para esconder las coordenadas ideológicas, dando una serie de ejemplos de la política local que permiten revelar la retórica oculta en el circuito político.

A través de sus páginas, el libro se convierte en una “guía para desinstalar el consenso y reemplazarlo por el mutuo conocimiento“, a medio punto entre el ensayo y la investigación, que tiene dos objetivos. El primero: analizar críticamente el pobre nivel del enfrentamiento de ideas y del debate en Chile, como consecuencia de la democracia de los acuerdos.

El segundo: proponer una alternativa para generar mejores condiciones para el enfrentamiento de ideas que reconozcan a adversarios diferentes al pensamiento dominante, generando mayor pluralismo y mejor reconocimiento entre las partes en controversia: «el mutuo reconocimiento».

Este libro parte de una premisa. “En Chile, existe un consenso forzado que impide el mutuo reconocimiento entre partes adversarias, particularmente, entre ideas dominantes e ideas desafiantes”. ¿Por qué es un «consenso forzado»? Es el tipo de preguntas que Córdova busca responder.

“No estoy de acuerdo es un libro multifocal, pero no carente de tesis. Abre preguntas, desmenuza tensiones y ofrece salidas. Es un texto que golpea”, dice el guionista Pablo Paredes, ex secretario general de Revolución Democrática, en el prólogo del libro.

El cientista político Cristóbal Bellolio agrega: “Es una obra esperanzadora para quienes creemos que –independientemente de nuestras legítimas diferencias sobre el rumbo que deben tomar los futuros

gobiernos– es posible encontrar un lenguaje común para reparar las confianzas destruidas”.

Acá dejamos un adelanto del libro:

“La Teletón (no) somos todos”

Cada fin de año, salvo en las elecciones generales de cada cuatro años, empieza la campaña de la Teletón, espectáculo televisivo de variedades que tiene como objetivo la recaudación de fondos para la rehabilitación de personas con discapacidades motoras.

La Teletón llega antecedida por una gran campaña de decenas de marcas patrocinadoras del evento («cómprelas, así puede ayudar») a través de todos los medios de comunicación, con particular énfasis en la televisión, cuyos canales abiertos de alcance nacional se alían en una transmisión conjunta del evento por espacio de casi treinta horas.

El discurso oficial de la Teletón invita a «todos» los chilenos a participar de un momento en el año en el cual todos los canales transmiten el mismo programa y en el cual todos los medios vuelcan su atención.

Un ejemplo. Al inicio de la edición de 2016, se narró el caso de José Pedro Ugarte, de un año de edad, quien nació sin su mano izquierda. Tras el breve reportaje con su vivencia, la familia fue entrevistada. Su abuelo, el popular locutor radial Pablo Aguilera destacaba la relevancia de la Teletón como obra, asegurando que «[la Teletón] es la unión de todos los chilenos, sin diferencias de ningún tipo».

Aguilera afirma explícitamente una creencia que se ha arraigado tras 38 años de campaña televisiva de forma transversal. Sin embargo, Chile carece de lo que el filósofo argentino Ignacio Lewkowicz denominó las «instituciones de lo común»; con ello, «cada islote de experiencia vuelca sobre los términos [en disputa] su conjunto de supuestos y estrategias».

De esta forma, Chile es un país donde la práctica enseña que los mismos derechos no aplican de la misma forma para las mismas personas, donde (sin ir más lejos) las cárceles están estratificadas según el tipo de delito perpetrado o la clase social de los concurrentes. Para qué decir la educación escolar o la atención en salud: también están ambas estratificada según clases sociales, pues los tipos de escuelas o los tipos de establecimientos de salud varían en calidad y en atención según los recursos que el pagador disponga.

Como los derechos no están garantizados explícitamente, porque no se acceden a las mismas garantías derivadas de esos mismos derechos, la Teletón (una organización no gubernamental, de beneficencia) reproduce desde la sociedad civil un ideal de derechos que el Estado históricamente no ha podido llevar a cabo. Todo esto, arropado por la unanimidad de los medios de comunicación y la casi total unanimidad de las principales figuras de la televisión de alcance nacional. Sin embargo, la apelación universalista de la Teletón puede ser un llamado, pero por ningún motivo puede ser un imperativo.

Hablar de «unidad nacional» resulta una amenaza a la condición pluralista de la democracia. ¿Por qué? Porque, como propone el historiador italiano Loris Zanatta en su obra El populismo, esta unidad defiende un ideal holístico, es decir, una pulsión hacia la unanimidad, semejante a la de la religión de Estado, que excluye la discusión de otras visiones. La Teletón se convierte así en un populismo ectópico del Estado, en una creencia de religión laica. Como lo explica Zanatta.

«El populismo encarna, en la época de las masas, la antigua cosmovisión religiosa según la cual el orden terrenal refleja el orden divino y es esenchialmente armónico. De ahí sus típicas características: por un lado, es inclusivo y brinda bienes esenciales, como el sentido de identidad y de destino colectivo; por el otro, es intolerante del pluralismo y tiene pulsión totalitaria, al someter al individuo al todo. Así lo han entendido siempre las religiones monoteístas, que han sostenido las reacciones populistas contra la modernización liberal pensando que restablecerían la unidad perdida entre el hombre y Dios».

El fundador de la Teletón, Mario Kreutzberger, Don Francisco, considera benigna la «oportunidad de unión» que otorga al Teletón; «le hace bien a Chile». Si bien admite la posibilidad de la diferencia de opiniones entre las personas («eso no quita las diferencias, las diferencias se van a mantener»), Kreutzberger manifiesta una aprensión hacia la tendencia antagónica de la política actual y reivindica la necesidad de acercamientos y entendimientos entre adversarios, en un ambiente que considera polarizado. Pero está equivocado.

El enfrentamiento entre adversarios es una condición necesaria para obtener una democracia efectivamente plural. Como lo explica Chantal Mouffe, «el pensamiento auténticamente político solo puede producirse si previamente se reconoce que en él subyacen ineludiblemente una división de pareceres y un potencial antagonismo. Esta premisa es básica para la formulación de una política democrática y significa admitir la existencia de conflictos que no se pueden solucionar de manera racional».

Y el ideal de «unidad nacional» es precisamente la negación de todo aquello, puesto que establece un principio de consenso que surge a partir de las creencias arraigadas y de las ideas dominantes. Si bien la «unidad» puede sonar amable, el ideal unificador atenta contra el pluralismo democrático, puesto que pone en entredicho dos cosas esenciales:

* La posibilidad de la controversia en sí misma: es decir, el simple derecho de no estar de acuerdo, el simple derecho de que algo nos parezca digno de controvertir y que podamos tener la capacidad de expresarlo.

* La posibilidad de que cualquier controversia pueda entrar a concurso: esto significa el derecho de poder proponer una visión alternativa sobre aquello que nos parezca controvertible dentro del espacio público.

Esta enunciación puede consistir en el mero diagnóstico de lo cuestionable o bien puede tratarse del planteamiento de una solución. Sea como fuere, esta posibilidad, en tanto que visión alternativa, tiene total dignidad de entrar a concurso en el espacio público con el fin de buscar las adhesiones que le permitan generar una masa crítica.

Para peor, términos como «unidad nacional» solo pueden ser atendibles en situaciones excepcionalísimas, por cuanto la «unidad nacional», en un sentido político, es una invocación propia de Estados en tiempos de guerra. En tales casos, se suspenden libertades civiles y de asociación, bajo el imperio de un estado de excepción frente a una amenaza externa de máxima gravedad.

La misma crítica se puede hacer a la forma alternativa como se le llama corrientemente a la Teletón, «la cruzada solidaria». ¿Qué es una «cruzada»? Es un término bélico que determina una lucha en nombre de una fe, una fe que busca ser implantada con exclusión de otras. Nuevamente, como con el concepto de «unidad nacional», se expulsa el disenso a través del discurso oficial.

Pues bien, ¿necesita la Teletón recurrir a un término de guerra y a conceptos propios de un estado de excepción en tiempos de paz y de democracia? No. ¿Necesita la Teletón un imperativo de unidad nacional? Tampoco. En tiempos de paz, y si buscamos procurar una democracia pluralista, no corresponden estos tipos de fundamentos comunicacionales.

Por el contrario, como acto de su propia transparencia, la Teletón debería habilitar el cuestionamiento de si es adecuado que una fundación se apropie del tratamiento de una patología, por encima de la responsabilidad del Estado en la materia (mismo Estado que subvenciona a la fundación a través del Fondo Nacional de Salud, Fonasa).

El cuidado, atención y rehabilitación de las personas con discapacidades motoras son materias que deberían ser resueltas a través de políticas públicas, cuestiones de las cuales deben encargarse los gobiernos de suyo. Antes de que la Teletón se encargue de ello, debería haber un Estado actante preocupado de los problemas de las personas con discapacidades motoras. En consecuencia, debería haber un plan de gobierno para solucionarlo desde el Estado, como política de Estado. Así, la Teletón funciona como una visión alternativa al Estado, pero no como un sustituto de las obligaciones del Estado.

¿Por qué? Porque un derecho a la salud en serio obliga al Estado a cumplir con las necesidades especiales de personas con discapacidad motora. Y ese cuidado no puede quedar delegado ciegamente a un ente ajeno, externalizado. Le corresponde al Estado esa tarea, con su presupuesto y su propia infraestructura.

Porque, independientemente de la calidad de sus gestiones del Estado en las materias que correspondan, las políticas públicas no pueden ser sustituidas por entes privados y/u organizaciones no gubernamentales. Esencialmente, por una razón de soberanía. ¿Por qué? Porque para una oenegé como la Teletón, la persona es un stakeholder, es decir, una parte involucrada; mientras tanto, para el Estado, la persona es un shareholder, es decir, posee una parte del Estado.

Como stakeholder, su opinión es relativa: quizá la Teletón reconozca al individuo como parte involucrada en todo el proceso, lo encueste, atienda a sus reclamos, pero usted no corta ni pincha. Como shareholder, por su parte, el individuo es un agente de decisión reconocido, puesto que usted es ciudadano: puede elegir qué tipos de políticas públicas desea, puede discutirlas, puede votar autoridades que promuevan determinada forma de ver la discapacidad (en lugar de otras).

Bajo la lógica de stakeholders, la Teletón elige transparentar su información financiera y lo hace de forma voluntaria, pudiendo no hacerlo o relativizándolo cuanto más pudiera, favoreciendo la asimetría de información. Si el trabajo de la Teletón fuera materia efectiva de política pública, la rehabilitación de la discapacidad motora estaría obligada a ser transparentada por medio de la presentación de un recurso ante el Consejo para la Transparencia o bien ante la Contraloría General de la República.

En la primera lógica, la organización tiene el poder sobre la persona; en la segunda, la persona tiene el poder sobre la organización. En la primera lógica, la persona tiene autoridad como sujeto de derecho, que cumple con sus obligaciones como tal y a cambio puede exigir su potestad de intervenir; en la segunda, la persona aporta, pero no opina. En la primera lógica, la persona es consumidora; en la segunda lógica, la persona es ciudadana.

Sin embargo, pareciera que el Estado asumiese que no es necesario establecer por sí mismo políticas públicas de rehabilitación de la discapacidad motora y decide descansar en la Teletón por una cuestión marcaria, llegando al punto de ver a Metro (empresa estatal) ofreciendo su marca al servicio de la «cruzada», a través del enmascaramiento de sus señalizaciones con el imagotipo de la Teletón. Esto obedece a un repertorio argumental preventivo. Pensaré en preguntas hipotéticas: «¿Para qué competirle a la Teletón?», «¿se han puesto a pensar lo feo que se vería que el Estado desafiara la labor de la Teletón?».

Esta cuestión activa involuntariamente la convicción antiestatal. Lo explicaré con una pregunta de lugar común: «¿Te cachái que la Teletón sea administrada por el Estado?». Ese repertorio argumental desprecia al Estado y lo considera un ente negligente de antemano. En consecuencia, puede resultar conveniente apostarle a perdedor al Estado cuando las personas son bombardeadas con noticias acerca de un Estado precarizado, escaso de recursos para llevar a cabo la construcción de hospitales, o de un Estado al que se le ha vuelto difícil poder juntar los recursos para la gratuidad universitaria universal.

El desdén hacia el rol del Estado también se grafica en la supuesta convicción de que el-sector-privado-lo-hace-mejor. Y ese planteamiento es defendido por quienes desconfían del Estado como piso común, embobados por una aparente funcionalidad del Estado subsidiario. No obstante, esta idea suele ignorar dos efectos colaterales de aquella funcionalidad.

Primero, que el argumento de la funcionalidad precariza al Estado. La obligación de hacer rendir las cuentas públicas lleva al Estado a abaratar costos y a pujar siempre por las opciones más económicas en la mayoría de los ítems posibles, eso que el ensayista inglés Owen Jones denomina «la carrera hacia los mínimos». Dicha carrera termina llevando al Estado a pretender armar banquetes gourmet con alimentos de marcas blancas.

Por eso, la calidad entre la opción (sic) estatal y la alternativa privada no puede resultar comparable. Segundo, la funcionalidad del Estado subsidiario tiende a balcanizar a la comunidad, por cuanto la separa entre grupos de quienes pueden acceder monetariamente a formas de servicios públicos de calidad creciente. Con ello, la dignidad de las personas se convierte en una dignidad nivelada: quien pueda acceder a mejores privilegios, será un mejor ciudadano.

Si el Estado se pauperiza por cuestiones presupuestarias, habrá que cuestionarse si es necesario que el Estado deba escatimar recursos en nombre de una mal entendida «responsabilidad fiscal», de una «carrera hacia los mínimos» que lleva al Estado a externalizar el cumplimiento de los derechos que debe asegurar desde su propia entidad.

Por eso, la Teletón no puede ser de todos. Primero, porque no es su obligación. La ley no le exige cubrir todas las prestaciones de todas las personas con discapacidad motora de todo el país. Al contrario, hace lo que puede con el presupuesto que tiene y hace lo que quiere, con las restricciones que la misma organización delimita: tiene un presupuesto dado por la recaudación de los donativos dados por el Estado, las personas jurídicas y las personales naturales; además, cubre un tramo de edad que llega, dependiendo del caso, entre los 20 y los 24 años25. Más allá de esa edad, queda a discreción de la fundación atender o no el caso. De nuevo, no es su obligación otorgar una prestación universal más allá de los 20 o los 24 años. Nada ni nadie se lo exige. Tampoco tiene por qué.

Segundo, porque la opción preferente la tiene el Estado, pues la corresponde a éste consolidar progresivamente un derecho a la salud. El Estado, en lugar de descansar en el apoyo financiero a la fundación, debería levantar por iniciativa propia una política pública de acceso universal al cuidado, protección y rehabilitación de las personas con discapacidades motoras: una política pública que considere aspectos de salud física, mental y de aseguramiento de derechos, con el objetivo de que las personas discapacitadas puedan insertarse en los procesos educacionales o laborales.

Tercero, la Teletón no puede ser de todos porque la «unidad nacional» es un concepto peligroso. Como lo dije anteriormente, un concepto semejante solo puede definir un populismo ectópico del Estado y una creencia de religión laica.

La «unidad nacional» suspende el debate y censura el disenso. La «unidad nacional» es un término para tiempos de guerra, cuando la amenaza externa obliga a priorizar las discusiones. La «unidad nacional» nos quita la soberanía de nosotros mismos.

Encima, dicha «unidad» puede ser engañosa. La unanimidad aparente de las personas en torno a la Teletón existe por una cuestión de costumbre. ¿Qué pasaría si los ejecutivos de los canales de televisión permitieran a los trabajadores de cada estación votar por adherir a la transmisión de 30 horas continuas de la maratón televisiva?

Quizá el sí sería abrumador, pero la pregunta no se hace. ¿Qué pasaría si los rostros de televisión pudieran expresar abiertamente una idea diferente al apoyo incondicional hacia la Teletón? Posiblemente, podríamos tener cuestionamientos mediáticos entre figuras en favor y en contra de la Teletón; personas en favor y en contra de la situación subsidiaria de nuestro Estado. Esto no existe porque la unanimidad supuesta desencadena una espiral del silencio que anula la posibilidad de crítica.

¿Qué pasaría si algún sindicato de trabajadores de alguna de las empresas que adhieren a la Teletón anuncia que sus miembros no colaborarán a la campaña porque consideran simplemente que es una tarea que debería ser obligación del Estado cubrir por sí misma? Posiblemente, veríamos un cuestionamiento político al interior de las empresas que no podría ser amenazado con el despido porque esa pura amenaza implicaría un acto de discriminación a la ideología.

La Teletón es solo una forma de ayuda. No es la única. Tampoco debería serlo. Pueden existir otras campañas (como las Jornadas Magallánicas, en el extremo sur de Chile), pero también el Estado debe asumir el rol que le compete en tanto que debe asegurar progresivamente un derecho a la salud.

Por eso, la Teletón no tiene por qué ser de «todos» nosotros. Puede existir como organización, pero su campaña debe hablar de sus propios méritos, de su calidad en la atención médica, en su rigor en la rehabilitación de personas con discapacidad motora de 0 hasta los 20 o 24 años. Para defender su causa, la Teletón debe hablar de sí misma, pero por ningún motivo debe incorporarnos a todos los chilenos a una «cruzada» de la cual siempre podemos tener el derecho de discrepar.