Los usuarios de Movistar se unen a los de Euskaltel y puede que solo sea el principio. Hace unos meses conocimos que la operadora vasca fue obligada por un juzgado de Bilbao a dar información sobre sus clientes a una productora cinematográfica. Una información utilizada para enviar cartas solicitando una compensación económica a cambio de no ir a juicio. Ahora se abre un nuevo capítulo en este caso, pues el juzgado de lo mercantil nº9 de Madrid ha aceptado Diligencias Preliminares en relación a Movistar, permitiendo a la productora alemana Crystalis Entertainment enviar cartas a usuarios de varias ciudades de España.

Desde las redes sociales los usuarios han advertido de la llegada de estas cartas amenazantes y abogados como David Bravo, especializado en derecho informático y propiedad intelectual y David Maeztu, especializado en derecho y tecnología, han confirmado que estas cartas les están llegando a usuarios de ciudades como Madrid, Valladolid, Cádiz, Badajoz, Sevilla, Barcelona o Alicante.

Hasta 1.300 euros por evitar ir a juicio

El juzgado de Madrid ha obligado a Movistar a compartir información sobre los titulares relacionados con IPs que la productora tenía guardadas y relacionadas con ciertos proveedores, permitiendo así a la productora enviar cartas amenazadoras a estos usuarios pidiéndoles dinero a cambio de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Ya es oficial: las cartas a usuarios de redes P2P para evitar juicios por descargas mediante el pago de acuerdos extrajudiciales se han extendido de Bilbao a otras ciudades, como Madrid y Valladolid. Lo que quiere decir que ya le puede llegar a cualquiera en España. — David Bravo (@dbravo) September 13, 2019

En las distintas cartas, enviadas por el bufete de abogados Lucentum de Alicante, se pide una cantidad equivalente a 100 euros por cada "título ilícitamente compartido" y una cantidad fija de 300 euros en cuestión de "gastos de investigación y reclamación". Una fórmula que ha llegado a suponer hasta 1.300 euros en el caso de un usuario que supuestamente habría descargado diez veces un capítulo de una serie a través de Bittorrent.

En respuesta a @AEuskaltel

@davidmaeztu

y @dbravo

Aquí tenéis la carta que me ha llegado de Badajoz, con la compañía Movistar. Esto ya es imparable. pic.twitter.com/AmzHMzn5OA — Iñaki Martínez (@deth_mage) September 13, 2019

Según nos explica el abogado David Bravo: "En las cartas que a mí me han llegado, siempre es por la serie Ash vs. Evil Dead, pero no sé si será casualidad". En la carta se explica a los usuarios que tienen un mes para pagar o sino serán demandados. Una amenaza factible pues se han abierto las diligencias correspondientes, pese a que "estas no son ajustadas a derecho", según apunta David Maeztu.

Esta es la explicación que expone la carta para justificar la petición de dinero:

"Tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida. Pero, incluso en el caso de no haber realizado usted directamente la difusión de las obras, la Ley le considera responsable de la infracción, a todos los efectos, como cooperador.".

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El caso Euskaltel afectó a miles de internautas. Se desconoce por el momento el alcance de estas nuevas cartas. Pero la recomendación de los abogados es clara: no pagar. David Maeztu va más allá y explica que "a partir de la experiencia que hemos visto, esta gente no pone denuncias. No acaba demandando. Habrá que ver cómo se resuelven, pues están esperando una reacción de los primeros asuntos. Pero a nivel de costes con lo que piden, no sé si les compensaría. A nivel jurídico hay un montón de cosas que están haciendo mal y segundo porque no creo que haya un incentivo en demandar en todas partes. Pero bueno, tampoco sé cuál es su intención".

La recomendación de abogados como David Bravo y David Maeztu es no pagar y asociarse con otros afectados. Teniendo en cuenta que normalmente estas productoras no acaban interponiendo denuncias.

"En el caso de las películas de el País Vasco, algunas de las productoras demandantes ya han cerrado, pero se aceptaron en su momento. Una situación que entendemos genera indefensión", sigue Maeztu.

Coincide David Bravo, quien recomienda además "agruparse como en el caso Euskaltel. Ponerse en contacto con otros afectados y buscar asesoría jurídica conjunta". Será el juzgado de cada ciudad quien deberá decidir la resolución, pudiendo o bien actuar como el de Donosti (que exculpó de la infracción) o como el de Bilbao, que condenó a pagar 150 euros.

Sobre la decisión del juzgado de Madrid

"Ya sabíamos que se habían presentado estas solicitudes, porque cuando estuvimos con lo de el País Vasco ya se nos dijo que estaba pendiente en Madrid. Simplemente ahí han ido mucho más lento. Es posible que afecte a Movistar en este juzgado, pero a Vodafone y Orange en otros. Esto no termina aquí, es posible que escale a otras compañías", relata Maeztu.

"Yo creo que el problema es el haber admitido, el que se identifique a los usuarios. El juzgado de Madrid prejuzga, pues da un valor a la prueba de la IP que no debería", nos explica Bravo. Ante la reclamación de la productora, el juzgado de Madrid podría haber denegado el acceso a estos datos pero sin embargo ha considerado oportuno obligar al proveedor de servicios, en este caso Telefónica, a suministrar quién está detrás de la IP.

Desde el caso Promusicae y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2014, se abrió la posibilidad de solicitar la averiguación de la identidad tras una dirección IP mediante el mecanismo de las Diligencias Preliminares. Sin embargo, para hacerlo se establecieron una serie de requisitos.

"[...] mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas."

"Pese a que ha sido un juez el que ha admitido estas diligencias preliminares, no se ha hecho conforme a la ley ya que no se cumplen estos requisitos", nos explica Maeztu. "Se debe hacer de forma ponderada y no es el caso. Aquí no hablamos de una persona cuya IP está descargando 800 películas, sino que todo se basa en que un señor de Alemania ha detectado una IP compartiendo una obra concreta durante un segundo. Y eso es todo lo que se aporta".

La cuestión es que la ley exige para dar datos que no sean por usuarios particulares "teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas" no solo por una pic.twitter.com/ueMIuAcxC2 — David Maeztu (@davidmaeztu) September 13, 2019

No han trascendido detalles sobre la posición de Telefónica en este caso, pero aunque se hubiera opuesto no habría sido suficiente ya que están obligados a facilitarlos. "La Ley de Protección de Datos no aplica, ya que todo se hace a través del juzgado", expone Maeztu.

Se trata de la misma situación que le ocurrió a Euskaltel, quien tuvo que dar sus datos. En el caso de la operadora vasca, posteriormente al problema se decidió presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Qué puede pasar a partir de ahora

"Lo previsible es que con el resto de productoras minoritarias, puede que haya un avance de peticiones. No es difícil imaginar a alguna productora extranjera que encargue a un despacho de abogados de España y haya solicitudes masivas". La decisión del juzgado de Madrid llega después de un tiempo en que la productora lo haya reclamado, pero no se descarta que otros juzgados estén valorando acciones similares con otros proveedores, sean Telefónica, Orange, Vodafone o cualquier otro operador.

Estas nuevas cartas pueden ser solo el principio, puedes otros juzgados también podrían abrir Diligencias Preliminares con otros operadores y por tanto afectar a todavía más usuarios.

¿Cómo se paralizarían estas peticiones? Le preguntamos a Maeztu. "En el País Vasco la estrategia no es que no paguen los usuarios, es que la ley está mal porque no es compatible con la europea. Lo que planteamos es que haya una cuestión prejudicial y una cuestión de constitucionalidad, lo que nos abriría la puerta a poder pararlo".

En Genbeta | Una denuncia no puede obligarte a pagar por descargas P2P con tu IP como única prueba