La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, provocó inmediato y cerrado rechazo del Gobierno y los parlamentarios oficialistas, que dirigieron sus críticas a la Concertación, que durante sus 20 años en el poder "no hizo nada para evitar el asquerosos lucro en las universidades", según lo calificó el miércoles la ministra UDI Evelyn Matthei.

Entre los ex ministros concertacionistas la explicación repetida es que en esa época había otras prioridades y que no existía información suficiente, aunque reconocen que se pudo hacer más. De hecho, sólo Martín Zilic asegura haber intentado, en 2006, abordar seriamente el tema del lucro en la educación superior.

El primero de los ministros de Educación tras el regreso a la democracia, el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, en 1990, envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que dejó la dictadura, pero durante una década no se movió de la Comisión de Educación de la Cámara, por el rechazo de la derecha.

Su sucesor en el Mineduc, Jorge Arrate, señala que del "lucro" propiamente tal en la educación superior, poco y nada se hablaba en esa época, ya que recién se comenzaban a desarrollar estos proyectos educativos particulares.

"Se sabía poco. Era una información todavía insuficiente, porque era un modelo que estaba recién en marcha, no había tantas universidades como ahora y nadie, absolutamente nadie, planteaba este tema", dice Arrate.

A la luz de los actuales hechos, el ex candidato presidencial cree que "en algún momento alguien en la Concertación debió haber dicho: 'Mire, yo tengo la sospecha de que aquí las universidades privadas están lucrando y, por lo tanto, emplazo a que se generen los mecanismos para fiscalizarlas'".

En dicho escenario "si la derecha no hubiera dado su acuerdo -como era lo más probable- (se debió) denunciar a la derecha, lo que no hizo la Concertación, y es su gran debilidad política histórica", considera.

"Se pudo hacer más"

A Lagos y Arrate les siguieron Ernesto Schiefelbein, Sergio Molina y José Pablo Arellano en el Gobierno de Frei, y luego Mariana Aylwin, Sergio Bitar y Marigen Hornkohl en la administración de Ricardo Lagos.

Desde Estados Unidos, el ex senador Bitar, titular del Mineduc entre el 2003 y el 2005, apuntó a que en ese tiempo eran otros los temas prioritarios en la cartera: la reforma constitucional que garantizaba como un derecho gratuito la educación media, la subvención preferencial, la evaluación docente y la construcción de escuelas.

De sociedades espejo, retiro de utilidades de las universidades privadas mediante empresas inmobiliarias de los mismos dueños no se hablaba, aunque –según reconoce- se pudo haber hecho algo más para fiscalizar.

Sobre el lucro "no hubo denuncias, sólo hubo denuncias ahora, en este Gobierno". Además, "no había nadie de los que estaban en el Gobierno en ese tiempo vinculados a la propiedad de una universidad, como ocurre con este Gobierno, de manera que no era un tema donde tuviéramos toda la información ni era la principal materias que debíamos abordar", admite.

"Se pudo haber fiscalizado, claro, siempre se pudo haber hecho mejor", pero "no se debe estar justificando una falta de hoy por un fenómeno de 10 años (atrás) que tenía otra magnitud completamente distinta, y donde había otras prioridades", insistió, declarándose a favor de la acusación constitucional a Beyer, tema que divide a su propio partido.

Sergio Bitar rechazó las críticas del Gobierno a las administraciones pasadas. (Foto: UPI)

Tema silenciado

En el Gobierno de Michelle Bachelet, cuando estalló la Revolución Pingüina y ya se hacia conocida la triangulación de dineros desde las universidades privadas, ya estaban en su apogeo planteles como la Universidad del Desarrollo, presidida hoy por el ex ministro de la dictadura Hernán Büchi, y de donde el ministro Joaquín Lavín después retiró su inversión cuando asumió en el Gobierno del Presidente Piñera.

El año 2007 la periodista María Olivia Monckeberg, Premio Nacional de Periodismo, publicó el libro "El negocio de las universidades en Chile", en el que describió las redes de poder que existían entre las distintas autoridades y empresarios y el negocio de la educación. El trabajo de investigación, según la autora, fue ignorado por la clase política.

"El libro 'El negocio de las universidades' es de 2007. Vio la luz en esa época, pero no lo tomaron demasiado en cuenta los niveles políticos y muchos medios de comunicación lo silenciaron, pero en los ambientes universitarios, tanto académicos como de estudiantes, sí se ha conocido bastante", cuenta a Cooperativa.

"De hecho, con todas las movilizaciones estudiantiles nuevamente estuvo en la palestra, y con lo que ha ocurrido ha quedado más de manifiesto que lo que estaba allí algunos han considerado que era como anticipación. Sin embargo, hubo desconocimiento de mucha gente", advierte.

El ex ministro Martín Zilic. (Foto: UPI)

"Había que cumplir la ley"

Los primeros esfuerzos por enfrentar el lucro ilegal en las universidades se realizaron en el Gobierno de Bachelet, pero al menos dos ministros quedaron en el camino, aun por razones distintas.

El único ex ministro que dice haber abordado el tema es Martín Zilic, quien estuvo sólo entre marzo y junio en el cargo, ya que cayó en medio de la "revolución pingüina".

"Yo me reuní personalmente con todos los rectores de las universidades privadas y les planteé este tema: que había que trasparentar el sistema de educación superior y ponerse en el marco de la ley", afirma a Cooperativa.

"Si las universidades dicen que son sin fines de lucro tenían que ser sin fines de lucro", planteó en ese momento, explica. No obstante, "yo estuve cuatro meses en el Ministerio. Luego me fui y no sé lo que pasó después".

Tras Zilic asumió Yasna Provoste, destituida el año 2008 por una acusación constitucional, en un trabajo de fiscalización de la Alianza por Chile, pero que no estaba movida por la falta de fiscalización en esta materia, sino por un desorden en el pago de las subvenciones escolares. O sea, no sólo ex ministros de la Concertación no fiscalizaron; los diputados de la Alianza tampoco lo hicieron.

Vino después Mónica Jiménez de la Jara y, ya con el Gobierno de Piñera, los ministros Joaquín Lavín, Felipe Bulnes y Harald Beyer. Los dos primeros no pudieron con la revolución estudiantil que dejó instalado definitivamente el tema del lucro, mientras el tercero enfrenta ahora una acusación constitucional por no fiscalizar, habiendo recibido antecedentes para ello, y con varios de sus colegas relacionados con universidades.

Gobierno se coordina con diputados

En relación con la actual contingencia, el Gobierno evaluó en la víspera, junto a parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, la acusación constitucional contra Beyer.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, liderado por el ministro Cristián Larroulet, ha sido el encargado de analizar la acusación, que fue presentada por las bancadas de la Concertación e independientes.

Pasadas las 16:00 horas llegaron al Palacio de La Moneda el diputado RN Cristián Monckeberg y el jefe de la bancada gremialista, Gustavo Hasbún. En el interior de la Segpres los esperaban el presidente de la comisión que evaluará la acusación contra Beyer, el diputado Cristián Letelier, además del diputado RN Leopoldo Pérez.

El objetivo fue revisar los argumentos del libelo acusatorio y obtener mayor información al respecto de lo que puede ocurrir en el Congreso. Así lo informó el diputado gremialista, Gustavo Hasbún.

"Tuvimos una reunión de coordinación para evaluar la acusación constitucional y que eso nos permitiera tener una mayor información acerca de la situación que se está viviendo y, también, tener una coordinación entre los parlamentarios de la bancada con el Gobierno en esta materia", explicó Hasbún.

"En general se tocaron varios temas, relacionados con el marco regulatorio, la Constitución, los plazos, el objetivo y trabajo de la comisión... Yo diría que fue un trabajo mucho más técnico que político", aseguró el ex alcalde de Estación Central.