La falta de preparación de Pablo Llarena y su inexperiencia como magistrado del Tribunal Supremo estarían detrás de los continuos errores en la investigación de la causa del Procés, que ha provocado la crisis política más grave en toda la historia de nuestra democracia reciente.

Según una biografía suya que parece consentida, Pablo Llarena ejerció como abogado de 1986 a 1988, a pesar de lo cual ingresó en la carrera judicial muy poco después en 1989, con lo que si descontamos el tiempo de permanencia en la escuela judicial su preparación se limitó a unos muy pocos meses.

Esa situación choca frontalmente con la situación actual, donde la media de preparación de las oposiciones a judicaturas es de 4’5 años, a los que hay que sumar 2 años más en la escuela judicial, con lo que el total se sitúa alrededor de los 7 años de media hasta el momento de ingreso en la carrera judicial.

La ley de integración en la carrera judicial de 1981 fue el germen de un fraude que se arrastró durante los años siguientes en el proceso de convocatorias para acceder a la escuela judicial, que provocó en la práctica que durante unos años se creara un sistema “mixto” de acceso a la judicatura donde una parte de los aspirantes seguía disfrutando de las ventajas de las oposiciones de jueces de distrito – antiguos jueces municipales y comarcales-, con un sistema de selección mucho menos rígido, con menos temario y con mucho menos tiempo de preparación. Era el nacimiento del “clan de los comarcales”, que años después monopolizaría durante una década el nombramiento de los altos cargos judiciales.

Desde la década de los cincuenta la oposición única a jueces y fiscales era la más dura de todas las que existían en España en ese momento, con un programa de estudios que llegó a incluir más de 600 temas que exigían a los opositores un promedio de preparación de casi diez años de su vida. Esta circunstancia unida al hecho de que las convocatorias se publicaban cada tres o cuatro años eran el motivo de que con la llegada del estado democrático sólo hubiera en España 1.500 jueces de carrera, cuando se estimaba que la garantía de los derechos fundamentales precisaba de al menos 5.000.

La ley de integración en la carrera judicial, que se publicó en diciembre de 1981, tenía como misión hacer efectivo el principio de unidad del poder judicial consagrado en la Constitución, permitiendo la integración de los jueces de Distrito – los antiguos jueces municipales y comarcales – en la misma carrera judicial a la que ya pertenecían los jueces de 1ª instancia e instrucción, considerados de mayor categoría por su mejor preparación.

Para hacer efectiva esa integración se estableció un sistema complicado de “injerto” donde, a pesar del principio de unidad, se siguió dividiendo a los jueces en dos grados llamados “de ascenso”, reservado para los jueces que habían entrado por la oposición más difícil y que pasarían inmediatamente después a la condición de Magistrado, y el grado “de ingreso” reservado para los jueces de Distrito, que con el tiempo podían pasar luego también al grado “de ascenso”.

Esta ordenación de los jueces que hacía el texto la Ley de integración, atendiendo a la mayor preparación de unos jueces respecto de otros, se difuminó por el contenido de las disposiciones transitorias de la misma Ley que consideraron sin embargo como transitorias las oposiciones más difíciles y no las más fáciles, hasta que la nueva ley orgánica del poder judicial de 1985 acabó con la diferencia en grados de los jueces, suprimiendo la distinción entre ascenso e ingreso.

De esa época transitoria del sistema mixto era por ejemplo la promoción de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,

Concepción Espejel, que se presentó a las oposiciones a juez de Distrito convocadas por el Consejo General del Poder Judicial y publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 15 de octubre de 1981, oposiciones que aprobó con el puesto 35 de un total de 80 aprobados. En esas mismas oposiciones encontramos a nombres tan conocidos como el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que ocupó el lugar 29, y el sobrino del Cardenal Rouco Varela denunciado por corrupción y actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco Rodriguez, que ocupó el número 50. Todos ellos dedicaron a la preparación de sus oposiciones poco más de un año.

También de esa época transitoria era la promoción del actual presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, que se incorporó en la carrera judicial en el año 1984 como juez de ingreso en un juzgado de Distrito para pedir seguidamente la excedencia, y del ex conseller de justicia de la Comunidad Valenciana, ex vocal del CGPJ y actual Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa Torner, alguno de cuyos hermanos sería investigado después por su participación en la “operación mordida” sobre el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte de la sociedad B2B, que era la central de compras dependiente de Ribera Salud —empresa responsable de cuatro departamentos sanitarios de gestión privada en la Comunidad Valenciana—, a firmas proveedoras de productos sanitarios.

La LOPJ de 1985 suprimió la distinción de jueces de ingreso y término unificando el sistema de oposiciones para hacerlas más fáciles. La nueva ley orgánica suavizó aún más el temario de los jueces de Distrito y suprimió además los ejercicios orales que pasaron a ser escritos para facilitar el mayor número de convocatorias, llegándose a publicar hasta tres en un mismo año. En ese nuevo escenario los opositores conseguían ya acceder a la escuela judicial con unos pocos meses de preparación, sin llegar al año. De esa forma se llegó a alcanzar la planta de los 5.000 jueces en solo diez años, la llamada “década ominosa” de la judicatura que terminó con las oposiciones del año 1993, cuando se restauraron los ejercicios orales que se prolongarían durante 2 años a los que sumaría el año de escuela judicial.

A la “década ominosa” pertenece Pablo Llarena Conde, que según una biografía suya que parece consentida ejerció como abogado de 1986 a 1988 a pesar de lo cual ingresó en la carrera judicial muy poco después en 1989, con lo que si descontamos el tiempo de permanencia en la escuela judicial su preparación se limitó a unos muy pocos meses. Su falta de preparación y su inexperiencia como magistrado del Tribunal Supremo estarían detrás de los continuos errores en la investigación de la causa del procés, que ha provocado la crisis política más grave en toda la historia de nuestra democracia reciente.