Denuncian que hay 45 mil detenidos en cárceles que tienen cupo solo para 21 mil

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hoy que en la provincia de Buenos Aires hay 45 mil personas detenidas en cárceles y comisarías donde hay cupo sólo para 21 mil. Además sostuvo que en las sedes policiales dos de cada tres personas duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.

Ante este panorama, la CPM reiteró en un comunicado su "preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención" de las personas detenidas en comisarías bonaerenses y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que "no convalide estas graves violaciones de derechos humanos".

Además, la comisión agregó en forma de repudio las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien aseguró que prefiere que los delincuentes "estén adentro, aunque estén apretados", ya que con esos dichos "naturalizó la violencia del Estado y avaló la comisión permanente de delitos en los que incurre".

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Sin ir más lejos, en la actualidad existen 457 comisarías de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. "Sin embargo, 129 alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema", señaló.

En el informe criticaron al Ministerio de Seguridad bonaerense por "desobedecer de manera reiterada las pocas sentencias" para clausurar centros de detención que no se encuentren en condiciones.

"Al mes de abril la provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos", aseguró la CPM.

A su vez, agregaron que "dos de cada tres personas alojadas en comisarías duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones".

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Por último, la CPM aseguró que "el sistema de encierro está colapsado; la vulneración de derechos es sistemática y se producen muertes evitables cada día. Además, criticó que las políticas punitivistas fueron "la única respuesta del Estado para atender los problemas de seguridad".

El informe concluyó que "estas políticas encarcelan masivamente a los pobres pero no atacan las redes del delito organizado y no resuleve el problema de la inseguridad".