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El Tribunal de Cuentas cuantificó el total de dinero público comprometido en 251.563 millones de euros, equivalente a la cuarta parte de lo que genera la economía española.

El Banco de España ha publicado esta semana su informe anual en el que estima el coste de las ayudas públicas a la banca. Este documento, con datos correspondientes al 31 de diciembre de 2016, eleva las ayudas en forma de capital otorgadas por el FROB (organismo del Estado) a 54.353 millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 3.873 millones, lo que supone el 7,1%. Para que nos hagamos una idea de esta cantidad, desde 2010 hasta 2015 se han recortado 78.000 millones de euros en educación, sanidad, vivienda, desempleo, cultura e investigación.

La institución estima que se espera recuperar un total de 14.275 millones de euros. Sin embargo, hace apenas un año, el FROB fijaba esta cifra en 16.000 millones, lo que demuestra que las expectativas son aún peores, y no sabemos cuánto más pueden empeorar. Tampoco debemos olvidar que las ayudas a la banca no solo han tenido la forma de capital, por lo que el dinero público comprometido ha sido muy superior al de las cantidades citadas.

De hecho, recientemente el Tribunal de Cuentas cuantificó el volumen total de dinero público que hemos comprometido todos los ciudadanos: 251.563 millones de euros, una cantidad astronómica equivalente a la cuarta parte de lo que genera la economía española en un año. Esta cantidad incluye no solo las aportaciones de capital (dinero entregado a la banca con la intención de que sea permanente), sino también los avales (respaldo de lo público en caso de que las cosas se le pongan feas a la banca), garantías por la compra de entidades y determinados créditos extraordinarios en algunos procesos de reestructuración. Si bien parte de ese dinero ha sido devuelto y no supondrá pérdidas, llama la atención que ninguna otra empresa privada haya recibido un trato similar.

A todo ello, además, habría que sumarle dos tipos de ayuda pública que oficialmente no son consideradas tales: protección de todos los depósitos bancarios hasta el valor de 100.000 euros y las inyecciones de liquidez, tanto estatales como europeas. Ambos mecanismos son claras ayudas públicas, porque si el Estado no se comprometiera a respaldar con dinero público los depósitos bancarios, la gente temería por sus ahorros y las entidades bancarias habrían sufrido ya hace tiempo importantes retiradas de dinero. Lo mismo ocurre con las inyecciones públicas de liquidez: si no fuese por ese fácil y recurrente acceso a la liquidez otorgada por organismos públicos, todas las entidades habrían tenido que echar el cierre. La cuantificación de todas estas ayudas supera con creces el billón y medio de euros.

Según datos de Eurostat, en 2015 España era el tercer Estado de toda la Unión Europea con más volumen de garantías en vigor, concedidas al sector financiero como porcentaje sobre el PIB (12,45%), solo superada por Irlanda y Grecia (13,3% y 24,3%, respectivamente). Y según un informe del Banco Central Europeo con datos disponibles hasta 2015, solo cinco países de la Eurozona registraban hasta entonces un coste superior al del rescate bancario español: Irlanda (26,7% del PIB), Grecia (12,7%), Eslovenia (10,9%), Chipre (10,6%) y Portugal (6,8%) frente al 4,9% de España. Tenemos el dudoso honor de haber experimentado el rescate bancario más costoso de las mayores economías de la zona euro.

Pero es que, además, no es correcto ni riguroso utilizar expresiones como “rescate a la banca”. No se ha rescatado a toda la banca, ni mucho menos. Se ha rescatado solo a sus propietarios, que no es lo mismo. Porque 1 de cada 3 trabajadores de las entidades bancarias han sido despedidos desde 2008 (77.253 empleados de rango medio y bajo); ellos formaban parte de la banca y no han recibido ningún tipo de ayuda pública. Tampoco las ayudas han beneficiado por igual a todos los componentes del sector financiero: el año pasado, 133 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros cada uno de ellos. Curiosa forma de premiar a aquellos que han provocado agujeros de capital en sus negocios y que han tenido que ser rescatados.

Y basta ya de culpar únicamente a las cajas de ahorro o pensar que son las únicas que han recibido ayudas. El agujero del sector bancario se debe a una masiva concentración del negocio en la construcción y en la promoción inmobiliaria a partir de un elevadísimo endeudamiento proveniente de bancos extranjeros. La burbuja inmobiliaria explotó para todo el mundo, no solo para las cajas. En términos generales, las cajas no estaban en peor situación que los bancos, pero el Gobierno decidió liquidar las primeras y entregárselas mayoritariamente a los segundos, para lo cual utilizó ayudas públicas de todo tipo. Fue una decisión política, no técnica. Estas ayudas acabaron en el seno de los bancos, ergo los bancos fueron ayudados.

Si a mí me dan una ayuda de 1.000 euros pero luego mi monedero acaba en las manos de otra persona, ¿quién se beneficia realmente de la ayuda? Además, ¿qué es eso de decir que las cajas de ahorros eran una forma de banca pública? Desde 1988 las cajas se rigieron por el ordenamiento jurídico privado, de forma que su gestión no se diferenció mucho de la de los bancos. Suponían una fórmula jurídica muy particular pero estaban mucho más lejos de ser banca pública que banca privada.

Un rescate justo y mucho más eficaz y eficiente tendría que haber comenzado por hacer pagar los platos rotos a los verdaderos responsables (los propietarios, accionistas, gerentes y acreedores) que son los que de verdad se beneficiaron cuando las cosas iban bien; y solo si no hubiese sido suficiente para evitar el colapso del sistema bancario, el Estado tendría que haber hecho irrupción con sus ayudas, pero luego haber aprovechado para regular y controlar las entidades ayudadas y asegurar así que su actividad redundase en beneficio de la mayoría social y no solo de unos pocos como ocurre actualmente.

Porque ojo con pensar que recuperar el dinero utilizado es una buena noticia. La mayor parte del dinero recuperado lo ha sido por vender partes de entidades nacionalizadas, lo que quiere decir que el Estado compró algo en ruinas, dedicó mucho tiempo, esfuerzos y recursos en levantarlo de nuevo, y luego se deshizo de él. Es decir, que se ha utilizado dinero público para sanear unos balances deteriorados y ahora que está todo limpito se vende de nuevo al mejor postor, en vez de utilizarlo en beneficio público. Se han socializado las pérdidas y privatizado las ganancias. Como siempre.

https://www.lamarea.com/2017/09/15/la-gran-estafa-del-rescate-la-banca/