“El peligro de colapso era inminente. Y no por nuestra culpa”, alerta un ejecutivo del sector eólico español. Tras años de parón casi total, el sector de las renovables vuelve a acelerar en España. Pero tras la euforia, las compañías se están encontrando con los problemas de un boom que ha de ejecutarse a contrarreloj.

El anterior Gobierno organizó subastas para nuevos proyectos de energías limpias con más de 8.000 megavatios (MW) de potencia, de los que más de la mitad serán parques eólicos repartidos por media España y que tienen que estar funcionando en marzo de 2020. En apenas año y medio se van a instalar plantas eólicas con una capacidad de 4.600 MW, cuando en los tres años anteriores apenas se habían puesto en marcha 70 MW en todo el país.

Una auténtica revolución para una industria que, pese a los plazos, ha conseguido garantizarse la producción y suministro de los equipos y que, sin embargo, ha encontrado como gran obstáculo para cumplir los plazos un factor totalmente ajeno al sector. “El problema era llevar los equipos de las fábricas a los parques. Uno de los grandes escollos era la normativa que regula el transporte por carretera de los equipos, el control del tráfico”, subraya el directivo.

Y es que las dimensiones colosales de las turbinas eólicas obligan a realizar delicados traslados que implican estrictos controles de seguridad. Las palas de los aerogeneradores miden entre 40 y 70 metros de largo, así que su transporte por carretera requiere dispositivos de seguridad específicos, y su programación y la frecuencia se estaban viendo condicionadas por la disponibilidad de agentes de la Guardia Civil para realizar los viajes.

Durante los traslados de las palas de los molinos, los convoyes ocupan los carriles del sentido contrario periódicamente para sortear curvas, atraviesan el centro de las rotondas, circulan a velocidades reducidas… y por tanto requieren de servicios de seguridad específica para señalizar las maniobras especiales y avisar del peligro al resto de conductores.

Hasta ahora, la normativa vigente exigía que todos los transportes especiales con vehículos que portaran mercancías de más de 40 metros de largo, ocuparan más de 5 metros de ancho u circularan necesariamente a una velocidad inferior a la mitad de la media permitida en la vía tenían que ir escoltados por patrullas de la Guardia Civil. Todos.

LM Wind Power (del grupo GE) produce en su factoría de Castellón la mayor pala que se fabrica en España, de 73,5 metros de largo. En octubre de 2017 realizó el primer transporte de la colosal aspa tras un año proyectando el recorrido hasta el último detalle. Los 45 kilómetros entre la planta y el puerto de Castellón se recorrieron en tres horas y media [ver vídeo].

En todo momento acompañaron al convoy seis agentes en moto y tres vehículos policiales, para un solo viaje. Para recorridos más largos, las patrullas se van relevando a lo largo del trayecto y la coordinación se complica cuando los convoyes atraviesan Cataluña o País Vasco e intervienen sus policías autonómicas.

En los últimos años, desde la propia Guardia Civil ya se venía alertando de la sobrecarga de trabajo por las escoltas exigidas y la falta de recursos para atender todas las peticiones. Y las grandes constructoras de infraestructuras (que también transportan por carretera de grandes componentes) y las empresas eólicas habían mantenido reuniones con varios de los ministerios implicados para reclamar un cambio en la normativa que evitara el cuello de botella en que se estaba convirtiendo para su actividad la obligación de presencia de patrullas de la Benemérita en los traslados.

El boom de construcción de parques eólicos ha empujado al Gobierno a acelerar el cambio de la normativa. Y es que para alcanzar esos 4.600 MW de potencia eólica adjudicados hará falta plantar unos 1.600 aerogeneradores (a razón de entre 2 y 3 MW por cada turbina) por todo el país. Y eso implica el transporte de tres palas por cada aerogenerador y en algunos casos también de la torre que soporta la turbina.

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En total, en apenas año y medio se esperan más de 5.000 traslados de maquinaria, según las estimaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Y a estos hay que sumarle el transporte de los equipos que salen de las factorías españolas pero tienen como destino otros países (normalmente trasladadas a puertos nacionales para viajar en barco desde allí). “Sólo se libran de la escolta policial obligatoria los trayectos regulares, pero es que casi todos lo son, con varios viajes programados por semana en una misma ruta”, dicen fuentes del sector eólico.

Más de 5.000 traslados para 8.000 guardias civiles destinados a todas las labores de control viario. “La carga de trabajo era inasumible. Ya estaba generando malestar en los agentes”, apuntan fuentes internas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. “Probablemente, los transportes especiales del sector eólico han sido la gota que colmaba el vaso”.

La Dirección General de Tráfico ha modificado la instrucción que regula los transportes especiales y, desde el pasado 1 de noviembre, se permite que los trayectos regulares -con al menos una frecuencia de un viaje por semana- las compañías contraten servicios privados de autoescolta. Hasta el pasado noviembre, la seguridad privada para el transporte especial de grandes dimensiones sólo se permitía para recorridos inferiores a 30 kilómetros

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Con la nueva normativa, las empresas siguen teniendo que contar con la autorización especial de la Dirección General de Tráfico para utilizar escolta privada y la administración también puede exigir la presencia de agentes de la Guardia Civil para puntos concretos del recorrido de especial dificultad o en que la seguridad pueda verse especialmente comprometida. “En sólo tres meses de nueva regulación se nota claramente que la carga de trabajo es menor y las labores de escolta detraen muchos menos efectivos para otros operativos”, apuntan desde la Guardia Civil.

“Es una ventaja para el sector eólico no depender en muchos de los transportes de los recursos de Tráfico”, apuntan desde Siemens Gamesa, uno de los mayores fabricantes de aerogeneradores del país y que la próxima semana realizará sus primeros transportes con auto-escolta desde su factoría en Navarra. “Con el repunte de actividad de 2019 en el sector eólico, la nueva regulación evita sobrecargar recursos de la Administración, que iban a ser insuficientes para atender el fuerte incremento de transporte especial”.