MÉXICO, D.F. (Proceso).- Si bien la corrupción y la impunidad son parte del día a día en México, no por ello deben dejar de denunciarse. Prácticas ilegales como éstas, empero, palidecen ante el cúmulo de gravísimas irregularidades que, hoy por hoy, convierten al Metro en una bomba de tiempo, lo que de hecho millones de usuarios pueden fácilmente intuir. No hablo en sentido figurado, sino literal, más aún cuando la información que expondré enseguida la obtuve de documentos oficiales, así como de testimonios de varios trabajadores de ese sistema de transporte, quienes, además, me acompañaron en un recorrido por diversas estaciones e instalaciones, lo que me permitió observar de manera directa insuficiencias y corroborar sus dichos. Veamos.

Primero. Hace tres años se hizo una consulta para subir el precio del boleto del Metro de dos a tres pesos a cambio de seguridad. Los consultados estuvieron de acuerdo y, aunque desde el 2010 cuesta tres pesos el ingreso, la seguridad no ha mejorado. Está previsto que cada estación cuente con dos escaleras eléctricas y una fija. El problema es que buena parte de las escaleras eléctricas no funcionan en virtud de las cargas de energía mal distribuidas. En caso de un siniestro, los pasajeros pueden quedar atrapados en su intento de salir. La Línea 12 –que es concesionada– estuvo planeada y licitada para contar con 24 estaciones, pero casualmente se entregaron sólo 20, es un caso de corrupción clarísimo que la sociedad desconoce. Por esa razón, en dicha línea los transbordos son larguísimos. El más prolongado es el de la estación Atlalilco, donde el pasajero que pretende transbordar debe caminar un kilómetro, y si bien existen bandas transportadoras, casi nunca sirven.

Asimismo, el Metro, integrado por 12 líneas, cuenta con una red de fugas de seguridad en perjuicio de los millones de usuarios. El punto nodal es que la seguridad del Metro no tiene como propósito proteger a los pasajeros, sino evitar daños a las instalaciones. Los 10 “binomios” o detectores de metales comprados, además de ser adquiridos por invitación restringida, no funcionan, como todo pasajero lo puede constatar.

Segundo. Los baños en el Metro –que son un negocio por ser concesiones– no tienen ningún mecanismo de seguridad, por lo que cualquier aspirante a terrorista podría fácilmente colocar una bomba. Los miembros del denominado Agrupamiento 70, integrado por la Policía Bancaria, la Auxiliar y la Fuerza de Reacción que se encarga de la seguridad del patrimonio del Metro, sólo están ubicados en los torniquetes y eventualmente en los andenes con el único fin de dosificar usuarios cuando hay retrasos en los trenes o en los momentos de mayor afluencia para separar las secciones de mujeres y niños. Este agrupamiento carece de armas largas, detectores de metales y, lo más importante, de la instrucción de cuidar a las personas, que son la razón de un servicio público pagado con los recursos de la comunidad. En la nómina del Agrupamiento 70, que depende de la Gerencia de Seguridad Institucional, aparecen casi 3 mil elementos, de los cuales más de 30% son “aviadores”, “comisionados” o similares.

Además de los propios eventuales ataques externos al Metro y a sus pasajeros, las “zapatas” que cada tren tiene y que son balatas de madera recubiertas de líquido no flamable para frenar en cada estación, tienen problemas por su volumen y falta de mantenimiento; en consecuencia, se encienden con facilidad, ante lo cual el operador de cabina las “apaga” con su extinguidor y sigue su trayecto, pudiendo generar un incendio de terribles consecuencias. Cada año se reportan más de mil extintores robados de las cabinas, por lo cual no todas disponen de uno.

El Metro tiene en su haber 3 mil 700 cámaras de monitoreo, de las cuales sirven sólo una parte mínima por fallas de los servidores encargados de sincronizarlas, además de que su memoria abarca cuando mucho siete días y tienen una gran cantidad de puntos ciegos, lo que impide que cumplan su cometido. El Puesto Central de Monitoreo registra ausencia y, sobre todo, falta de capacitación de los monitoristas.

Tercero. En lo que se llama “seguridad líquida”, existen a lo largo del Metro diversas cisternas e hidrantes para contener un eventual incendio. Lo cierto es que las cisternas están al 20 o 30% de su capacidad y los hidrantes tienen mangueras en mal estado o no existen. Eso hace que en el mejor de los casos no haya presión en el agua expulsada. La falta de agua de las cisternas es porque de ahí se alimentan los negocios que están en diversas estaciones –también concesionados–, con lo que cocinan, lavan, etcétera, aunque, por cierto, esos negocios están prohibidos por la ley.

En la estación 7, la más profunda del Metro, existe lo que se denomina “seguridad seca”, que consiste en un sistema que se alimenta de las pipas de los bomberos que proveen de agua desde la superficie para inyectarla a través de la tubería del Metro para combatir un incendio. Aquí el problema es que no hay tubería porque está tapada por falta de mantenimiento o sólo está prevista en el plano y no se construyó. Sobra decir que las mangueras de los bomberos carecen de la extensión necesaria para llegar hasta la estación. De esta suerte, en un incendio podrían morir cientos de personas.

Sigamos. En el Conjunto Delicias (Delicias número 67) se localizan tanto el Puesto Central de Monitoreo como el Centro Estratégico de Operaciones, el que se encarga de que funcione el Metro. Junto a estas neurálgicas áreas se ubica la fuente de energía del Metro. Se trata de un transformador que genera 750 mil watts. El gravísimo problema es que este transformador tiene 40 años sin mantenimiento de fondo. Los trabajadores del Metro se cooperan para comprar partes mínimas del mismo con el fin de que no explote. De explotar, no sólo podría privar de la vida a niños que están al lado, en la guardería de los trabajadores del Metro, sino a personas de varias manzanas a la redonda.

Es urgente que Federico Doring, Armando Tonatiuh González, Jesús Sesma y Antonio Padierna promuevan la creación de una comisión especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con expertos para realizar una auditoría técnica del Metro que afronte la corrupción y la impunidad. La integridad personal de miles de mexicanos que el Gobierno del Distrito Federal ha ignorado por hacer negocios personales no merece menos.

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