Según el informe, la empresa quiere anunciarlo en esa fecha para no interferir en el período electoral "firme" que comenzará luego.

El contrato suscrito deja a ambas partes con las manos libres em caso de que no se llegase a un acuerdo en las condiciones de la inversión.

En el gobierno, en tanto, siguen trabajando para cumplir con los plazos comprometidos para el comienzo de las obras de la planta, pero también para llevar adelante un proyecto conexo de gran importancia: el Ferrocarril Central.

En ese sentido, fuentes políticas dijeron que la intención es que las obras ferroviarias comiencen en el mes de junio. El consorcio Vía Central (Sacyr, Saceem, Berkes) presentó su plan de financiamiento. La obra costará 1.000 millones de dólares.

Para la Administración Vázquez -señala el Observador- hay "señales positivas" respecto a que UPM dará el sí a la segunda planta de pasta de celulosa.

DERECHO DE HUELGA

Pese al interés de la empresa por evitar ser tema político, los pormenores de la negociación con el gobierno han sido criticados por la oposición esta semana.

El precandidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, recordó la condición de UPM para invertir 4.000 millones de dólares es la limitación de las ocupaciones en los lugares de trabajo, algo que el PIT-CNT ya anunció que no aceptará.

Ante un auditorio conformado por empresarios, Lacalle Pou aseguró que el presidente no se animará a firmar el decreto que elimine esta herramienta que extiende el derecho de huelga.

El diario El País resalta una frase de su alocución: "¿Cuál es la película que estoy viendo? Que van a dejar una sola cosa (...) Es la derogación del decreto que permite las ocupaciones. Y yo creo que la lapicera del doctor Vázquez no va a tomar una hoja para firmar eso. ¡Nosotros sí la vamos a firmar, no para UPM, sino para todas las empresas!", señaló.

En la mayoría de los casos, la justicia apoya a las empresas ante la presentación de recursos amparo, dado que hay legislación vigente que protege la propiedad de los medios de producción.

Pero estas decisiones dependen de cada juez, caso a caso. UPM exige un decreto para asegurar la restricción, algo que el PIT-CNT ya anunció que no aceptará.

El comentario de Lacalle Pou sobre UPM y el derecho de huelga se produce en momentos en el que el gremio de MontevideoGas pretende tomar control obrero ante el anuncio de la empresa Petrobrás -socia mayoritaria- de enviar 25% de la plantilla al seguro de paro.

En la víspera, el juez en lo Civil Hugo Rundie hizo lugar a una acción de amparo presentada por la empresa y prohibió al sindicato la ocupación de la planta.