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Catorce altos cargos salen por la puerta giratoria en 2015

Violeta Muñoz x vmunozelboletincom/6/6/16 Más artículos de este autor Por

martes 12 de enero de 2016 , 00:00h

Portal de Transparencia El exsubsecretario de la Presidencia Jaime Renovales ocupa la presidencia de hasta seis filiales del Grupo Santander. El exsubsecretario de la Presidencia Jaime Renovales ocupa la presidencia de hasta seis filiales del Grupo Santander.

Las últimas actualizaciones de compatibilidad para altos cargos han dejado en catorce los nombres del Gobierno y de la Administración General del Estado que en 2015 han sido autorizados para trabajar en la empresa privada antes de los dos años de margen que marca la ley. Las decisiones de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ejecutivo, se publican en el Portal de la Transparencia, que recoge las autorizaciones vigentes para regular la transición de lo público a la empresa privada, un fenómeno que ha recogido numerosos ejemplos de lo que se conoce por “puertas giratorias”.



El subsecretario de la Presidencia hasta junio, Jaime Pérez Renovales, fue autorizado a trabajar para Banco Santander a principios de verano. Según las últimas actualizaciones del Portal de la Transparencia, Renovales ha asentado su actividad privada en la segunda mitad del año: ha conseguido permiso para presidir los consejos de cinco compañías distintas, todas ellas propiedad del Grupo Santander.



Tras la familia Botín, un segundo banco se hizo con un alto cargo en 2015: el Sabadell fichó a la exconsejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ana Isabel Fernández. Desde el mes de diciembre es también miembro de dos consejos de administración dentro de la aseguradora Mapfre.



Otra de las salidas más recientes es la del exdelegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, detenido hace medio año por la Udef e imputado por supuestas irregularidades en adjudicaciones a empresas durante su etapa como conseller de Gobernación. Una semana antes de acabar el año fue autorizado para el “ejercicio libre de la abogacía por cuenta propia”.



También pasa de la cúspide de la administración a la abogacía, aunque por cuenta ajena en este caso, Pablo Landecho, exdirector general del Consorcio Valencia 2007. Landecho también fue director de gabinete de Francisco Camps, expresidente valenciano, y dimitió de su cargo en el Valencia 2007 tras las pasadas elecciones autonómicas en la región. Con una deuda que alcanzó los 400 millones de euros, la entidad pública creada para la promoción de Valencia como sede de la 32º Copa América de vela sigue sin director general a día de hoy.



La tercera salida más reciente es la de Pedro García Navarro, que pasa de ser director de la autoridad portuaria de Huelva a dirigir una plataforma del sector: la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias.



El año que concluye ha sido el del paso a la actividad privada de nombres tan relevantes como Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro de justicia y exmiembro del Consejo Consultivo de Madrid, o del exfiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que pasó al despacho de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad después de su cese.



Gallardón era el cargo que más autorizaciones había conseguido hasta ser superado por los seis puestos que hoy ocupa Renovales. No obstante, el exministro de Justicia fue autorizado para desempeñar tres trabajos: como profesor ayudante en la Universidad Internacional de La Rioja, como colaborador en la consultora especializada en conferencias Thinking Heads y facultado para ejercer la abogacía.



Otro permiso sonado para dar el salto a lo privado fue el del expresidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, que se marcha al bufete internacional Herbert Smith Freehills. No obstante, desde marzo de 2015, el que fuera responsable de buena parte de la caída de audiencia de TVE estaba ya en nómina de la consultora Everis.



Según dicta la ley que regula los conflictos de intereses, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no pueden desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas "relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado". Es decir, si dictaron resoluciones en relación con esas empresas o si intervinieron en sesiones de órganos colegiados en los que se adoptaron esas resoluciones. Estas catorce puertas giratorias se suman a las 12 que el portal de la transparencia publicó en 2014.