La ofensiva que lanzaron las entidades más representativas del comercio en el país contra el costo que les transfieren las administradoras de pago tendrá hoy un hito: podrán presentar su reclamo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El encuentro, al que fue convocada la Mesa Ejecutiva de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), está pautado para las 11 con un ingrediente extra: hasta allí llegarán convocados por el titular de la CNDC, Esteban Greco, para transmitirle en persona los planteos que le hicieran al respecto hace dos semanas al ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Ocurre que lo que expusieron aquel día coincide con los lineamientos de una investigación que desde abril abrió la CNDC sobreabuso de posición dominante en el mercado de las tarjetas de crédito y por la que ya citaron a representantes de distintas cadenas comerciales para que expongan al respecto.

Comercios versus tarjetas: una pelea por 7800 millones al año Archivo

La pelea, para ponerla en números, es por algo así como unos 7800 millones de pesos al año. No es precisamente una bicoca…

La cifra surge de una estimación realizada días atrás por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), otra de las entidades representativas del comercio muy activa en estos reclamos. Desde allí calcularon que en 2015, se registraron ventas minoristas en comercios de calles, avenidas y shopping estimadas en $ 802.800 millones: y estimaron que 35% de realizaron en efectivo, 20% con tarjetas de débito y 45% con tarjetas de crédito.

Tomando en cuenta las comisiones que las tarjetas y administradoras de sistema de pago le cobran a los comercios (3%+IVA por pagos cursados con tarjetas de crédito y 1,5%+IVA por las realizadas con débito) los comercios le transfirieron a las administradoras de pagos sólo en concepto de comisiones unos $ 13.200 millones aproximadamente.

La enorme transferencia tiene bases en el diferencial de costos que el sistema de pagos local muestra respecto de resto de la región. “En Perú se paga una comisión por venta con tarjeta de crédito del 1.5%, en Brasil 1,3% y en España e Italia menos del 1%, por lo que el 3% que se abona en Argentina resulta el doble de la comisión promedio del continente", denuncian CAME y la CAC.

El pedido de los representantes del comercio es que esas comisiones, que son legales (están en el máximo de lo permitido por la legislación actual), bajen al menos a la mitad en las transacciones con tarjetas de crédito y directamente se reduzcan a 0% en el caso de las tarjetas de débito. “No hay motivo para que cobren por eso, porque para que una transacción con débito sea posible el cliente tiene que tener fondos en esa cuenta… no hay riesgo alguno del que se estén cubriendo”, dijo a LA NACION Mario Grinman, secretario de la CAC y uno de los miembros de la organización que llevará a Greco el estudio que al respecto realizó esa organización.

"Además, si las transferencias bancarias por un importe menor a $ 50.000 son obligatoriamente gratuitas y, siendo una operación cancelada con tarjeta de débito la transferencia del importe de una cuenta bancaria a otra, o sea el equivalente a una transferencia, las ventas con este tipo de tarjetas deberían ser gratuitas", insiste.

Grinman pone el foco en el papel que Visa y sus empresas asociadas juega en el sistema de pagos local. Lo hace convencido que, de la posición dominante que tiene en el mercado ese holding propiedad de los bancos, derivan varios de las ineficiencias transferidas al comercio, las que adquieren mayor relevancia en épocas de ventas flojas o recesión como la actual.

“El 70% de las ventas por tarjeta de crédito se realizan con Visa (Prisma S.A.). El 60% de las terminales electrónicas son provistas por Prisma S.A. El 60% del procesamiento de pagos se realiza por Prisma S.A. El 80% de las facturas electrónicas se pagan por Pagomiscuentas.com que también es de Prisma. Y el 65% de las tarjetas de crédito y el 60% de las tarjetas de débito son Visa. En otros países cada banco emite sus propias tarjetas y así la oferta es más competitiva, no hay un solo procesador por marca, como sucede aquí donde te entregan el paquetito ya cerrado y lo tomás o no”, denuncia.

La campaña de las entidades comerciales ya pasó por el Banco Central (BCRA), pero la administración que encabeza Federico Sturzenegger no es afecta a las regulaciones o los topes (apuestan a que una modernización en el sistema de pago fomentará la reducción de costos) lo que los llevó a apuntar cañones sobre el resto de los entes reguladores y hasta los legisladores para intentar, en todo caso, una modificación de la ley 25.065, más conocida como ley de tarjetas.

El argumento más seductor que lograron la CAC y la CAME (entre otras) para embarcar al Gobierno en esta cruzada deriva del impacto que esta eficientización de costos en el sistema de pagos podría tener sobre los precios y hasta la competitividad de la producción local, dos puntos de alta sensibilidad, como es fácil adivinar.