“Los hechos ocurridos en la localidad navarra que se saldaron con lesiones leves han sido castigados con penas de hasta trece años de cárcel, mientras que, simultáneamente, otros casos parecidos se han saldado con condenas que no implican ni siquiera el ingreso en prisión”, afirmaron los parlamentarios en su carta.

Los eurodiputados recordaron en su carta remitida al Ejecutivo comunitario que su vicepresidente, Frans Timmermans, aseguró en septiembre de 2017 que estaba “siguiendo el caso de cerca”, aunque recordó que la sentencia depende del sistema judicial español, que “debe ajustarse a la Carta Europa de Derechos Humanos”.

En este sentido, el propio Timmermans destacó la importancia de “respetar el derecho a un juicio justo” y recordó que la última Directiva europea sobre terrorismo “facilita una serie de reglas para definir a terroristas y ataques relacionadas con el terrorismo”.

Los eurodiputados recordaron que el juez no incluyó en su sentencia el delito de terrorismo, uno de los que había solicitado la Fiscalía, pero que hay tres cuestiones “llamativas” que habrían propiciado “la extremada dureza de las penas”.