Desde el primer día de enero al último de julio, 7658 extranjeros comenzaron a tramitar su residencia en Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores proyecta un año récord en inmigración. La Cancillería todavía no se arriesga a definirlo como una nueva ola migratoria, pero reconoce que ha habido un impacto en la inmigración . Y el gobierno tiene una política de puertas abiertas: en los últimos cuatro años Cancillería solo rechazó 24 solicitudes de más de 34.800 tramitadas. El director general para Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño, considera que todavía se deben hacer ajustes en cuanto a la atención de las personas que solicitan vivir en el país y cree que con ese nuevo fenómeno es preciso evaluar una reforma constitucional para que quienes inmigran puedan ser ciudadanos naturales, algo que por ahora les está impedido y los priva de ciertos derechos.





¿Para la Cancillería es posible hablar de una nueva ola migratoria?

Es un fenómeno que viene persistiendo desde hace tres, cuatro años. Si miramos las cifras a nivel general, tenemos que el aumento de las personas que eligen venir a vivir a Uruguay es notorio. Hace diez años atrás se daban 3500 residencias por año y ahora se dan 12 mil. Quizá a nivel cuantitativo no es un número grande, pero para Uruguay es mucho porque es un impacto fuerte en cuanto a gente que elige venir a vivir.





¿Cómo se comportó este fenómeno en el primer semestre de 2018? ¿A migrantes de qué países se les otorga residencia con más frecuencia?

Nosotros hacemos una media del 2014 a ahora, que fue cuando empezamos, y la nacionalidad que más requiere la residencia es la argentina. Sin embargo, este año los que más están solicitando residencia son los venezolanos, que ya han pasado tanto a los brasileños como a los argentinos. Al 31 de julio tramitamos 7658 residencias, con un promedio de 1094 residencias por mes, cuando en el período anterior teníamos 767 por mes. Nosotros hicimos una proyección y creemos que solo con las residencias Mercosur vamos a llegar a 13 mil, cuando el año pasado llegamos a 13 mil en total.





¿Qué implica ese aumento para el funcionamiento de la Cancillería? ¿Cómo se adaptan a que las solicitudes siguen en ascenso?

El Ministerio de Relaciones Exteriores invirtió en recursos humanos pero también diversificó el tema del trámite. Este trámite de residencia se puede hacer desde Buenos Aires, Asunción, todos los consulados en Brasil, Caracas, Lima. El inicio del trámite se puede hacer desde afuera.

"Hay que hacer un profundo examen de todos los organismos sobre determinados fenómenos que puedan ser contraproducentes para el residente, como no poder concursar en un organismo público"

Es decir que una persona en, por ejemplo, Venezuela que está pensando en venir a Uruguay ya puede iniciar el trámite.

Puede hacer dos cosas: agendarse por la web o en el consulado (en ese caso en Caracas). Una vez que sale el trámite de residencia, se viene a Uruguay. Eso se puede hacer desde 2014 con la ley 19.954. Empezamos primero a hacerlo en la Cancillería y lo fuimos extendiendo a las oficinas consulares. Vamos a seguir implementándolo en otras oficinas consulares porque nosotros tenemos también muchos extranjeros familiares de uruguayos y eso se vincula muchas veces al retorno.





¿En qué cambió que la residencia se pueda hacer desde el exterior?

Mejoró la planificación. Uruguay apuesta a una migración regular, ordenada y segura. Para lograr hacer eso hay que informar bien y darle la posibilidad a la gente cuando elige venir que tenga muchas garantías. Lo que nosotros entendemos es que una persona que elige venir no se puede ver envuelta en un problema burocrático durante mucho tiempo, porque eso le lleva a no integrarse ni ser incluido rápidamente. Esto es una política de Estado y de gobierno . Documentar es una seguridad también para el Estado porque los índices de informalismo bajan, a igual que la explotación laboral y la trata de personas también.





¿La rapidez en el trámite entonces apunta a garantizar mejor ciertos derechos?

La legislación dice que se tiene que tratar al migrante de la misma manera que al uruguayo sin importar la parte de regularización migratoria, pero si tenés un documento uruguayo tenés mucha más inclusión para poder estar en un trabajo, tener servicio de salud, anotar a un niño a la escuela. Esos son elementos muy importantes porque uno mira otras políticas migratorias del mundo y te retacean el documento o no te lo dan, o los trámites de residencia son caros. Uruguay está a la vanguardia. De todos modos esto es dinámico y hay un montón de aspectos que hay que trabajar, como la diversidad y la aceptación al migrante.





¿Qué rol puede cumplir la Cancillería en esos aspectos?

Es muy articuladora y reguladora y es la que tiene que negociar tratados bilaterales y multilaterales. En ese rol de articulador y coordinador, y como presidentes de la Junta Nacional de Migración , no puede hacer todo pero sí puede coordinar. Quien tiene que hacer todo el trabajo es el Estado en su conjunto y los organismos públicos. Participan varios ministerios y Presidencia pero también trabaja con la sociedad civil organizada. Cada organismo tiene que asumir su cuota parte de lo que le corresponde.





¿Cómo está Uruguay en cuanto al otorgamiento de residencias? ¿Está aceitado el sistema?

Hemos mejorado mucho, estamos muy bien pero cuando la tecnología nos ayude más vamos a estar mejor, porque esto es un tema dinámico.





¿Cuántas residencias siguen en proceso?

El 80% al 31 de julio están otorgadas. El 20% que nos falta otorgar es porque mucha gente viene con el certificado de antecedentes y que le falta confirmar la apostilla entonces se deja como observado hasta que el Consulado nos confirme que es veraz o que la persona nos traiga un documento que se pueda corroborar que es genuino. Ese puede ser uno de los motivos, pero igual al inicio del trámite nosotros otorgamos una cédula provisoria, o sea que esa persona no está indocumentada.





¿Hubo residencias rechazadas?

En cuatro años, se rechazaron 24 residencias.





¿Por qué es un número tan bajo?

Cuando uno se presenta a la Cancillería tiene que presentar el certificado de antecedentes del país de origen, el documento vigente y el certificado de antecedentes de los últimos cinco años donde residiste y ahí vemos que no se tenga ningún antecedentes penal. Pero además vemos en Interpol que no exista impedimento acceder a una residencia. Por lo general la gente que viene a vivir a Uruguay no tiene antecedentes. Puede haber gente que venga y luego se vaya a otro pero es un fenómeno de la migración actual. La movilidad ha aumentado y a nivel regional es circular.





¿Cuál es el tiempo promedio para obtener la residencia?

Si está todo bien, entre 30 días hábiles y 40 días comunes.

"Debemos atender más y mejor cada día a la gente. Tenemos que avanzar para ver si reducimos tiempos de atención"

¿Es un tiempo prudente?

Es lo que dice la ley. Si se cae el sistema y lo están arreglando y no puedo conceder residencias, la persona tiene un documento de identidad provisorio por un año. Nosotros hemos concedido residencia y se demoran en venir a buscarla porque tienen la provisoria, que le permite moverse como cualquier uruguayo.





¿Y de ahí a ser ciudadano?

Ahí son tres años para las personas con familia constituida en Uruguay y cinco para los que no la tienen, según la Constitución. En esos períodos se presentan en la Corte Electoral y deben esperar tres años para poder inscribirse en el Registro Cívico para poder recién hacer usufructo de sus derechos como ciudadanos, es decir al voto.





Es decir que en esta nueva ola migratoria no hay ejemplos de personas que tengan exactamente los mismos derechos que los uruguayos.

No porque no están en el tiempo legal estipulado. Hay gente que es residente y no se hace ciudadana porque no le interesa.





¿Qué extra tiene ser ciudadano?

Por ejemplo, el ser ciudadano legal habilita después de un tiempo a competir en un concurso público. Mirando para adelante, hay que hacer un profundo examen de todos los organismos sobre determinados fenómenos que puedan ser en el tiempo contraproducentes para el residente, como esto de no poder concursar en un organismo público. Me refiero además a que no existe la ciudadanía natural sino solo legal para quien quiere ser ciudadano uruguayo.





¿Un examen de la Constitución? ¿Se ha hablado a nivel de la Cancillería?

Es que va más allá de Cancillería. Personalmente opino que es bueno hacer un examen con respecto a la ciudadanía legal y natural. Ahí está la voz del legislador, de la Corte Electoral, es una discusión mucho más profunda. La Cancillería no tiene la competencia para opinar sobre este tema pero en un mundo globalizado, donde se apuesta a facilitar la circulación de personas y una elección del territorio hay que pensar cómo esa persona va adquiriendo derechos a través del tiempo. Los tiempos hay que verlos y evaluarlos. Por ejemplo, para poder acceder al ejercicio del voto un residente transformado en ciudadano tiene que esperar ocho años. Y en esto hay que desgarrarse de cualquier sector partidario, esto tiene que ser una discusión profunda del Estado, de la gente y de los organismos. En eso el aporte de la sociedad civil es fundamental.





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La Junta Nacional de Migración prevé los Consejos Consultivos. ¿Cómo funcionan y cuál es su rol?

La junta tiene el Consejo Consultivo Asesor que tiene el núcleo de red de apoyo al migrante que son más de una decena de asociaciones que se reúnen. A la Junta mandan tres delegados y está previsto que venga un delegado por el exterior. Ese relacionamiento es muy importante para hacer política pública porque sentado en un escritorio se quedaría corto. Es un ejercicio sano y democrático trabajar con la sociedad civil.





La Junta implica un trabajo conjunto de diferentes organismos. En otros ámbitos donde también se necesita el trabajo conjunto de diferentes organismos sucede que no todos cumplen con sus tareas como deberían. ¿Notan eso también en ese organismo?

Si lo comparo con otras políticas migratorias, Uruguay tiene la virtud de que no le cuesta coordinar entre diferentes organismos. Un documento firmado en 2015 sobre política migratoria apunta a trabajar en cuatro ejes: el de la inmigración, del uruguayo que retorna, de la emigración y de la retención. Se debe tratar de generar posibilidades para que las personas más capacitadas puedan ser retenidas en el país.





¿Uruguayos y extranjeros?

Sí, está basada en un elemento de poder retener en el país a las personas más formadas, pero por supuesto que también se trabaja para que cualquiera se quede. Lo que sucede es que hay un elemento nuevo que estamos viendo con el uruguayo y es que está empezando a aplicar la doble residencia. Es gente que se fue en el 2002 por ejemplo, volvió y ahora alterna su año tanto en un lado como en el otro. Puede que tenga doble nacionalidad o que haya conservado las dos residencias. Eso lo vemos y va creciendo. Es un fenómeno nuevo que debe ser estudiado. Ahí uno se pone a pensar que tiene que hacer políticas públicas referidas no solamente a lo territorial, a los que viven acá, sino a los que alternan el territorio con otros lugares. La Cancillería ha avanzado mucho en la atención al uruguayo que está en el exterior. Pasaporte de lectura mecánica, poder renovar la cédula a nivel Mercosur sin tener que venir a Uruguay. Hay que pensar al Uruguay más allá de las fronteras. Más como nación que sobrepasa los límites territoriales. Y eso es una política de Estado que debe tomarlo cualquier partido que hoy o mañana asuma.









¿Qué rol juega la Cancillería en el trámite que tienen que hacer los uruguayos que quieren tener la nacionalidad de otro país?

Hace ocho años, un uruguayo en el exterior no podía solicitar la partida de nacimiento, el pasaporte era a mano y el certificado de antecedentes lo tenía que pedir a través de un familiar. Hoy en día esas tres cosas que son muy importantes para pedir residencia o nacionalidad se hace como algo común o cotidiano dentro de lo que es la labor del cónsul.





Pero hay un tema de costos. Por ejemplo, apostillar no es barato.

En realidad la apostilla de Uruguay es de las más baratas. No nos olvidemos que son documentos que tienen que ir al exterior. Hay un decreto donde se fija el costo por Unidad Indexada cada año. Pero antes los documentos salían tres veces más caros. Hoy en día la apostilla ha reducido los costos, es como si fuera el importe de dos legalizaciones.





¿Qué desafío les implica la globalización como se está viviendo en pleno siglo XXI?

Atender más y mejor cada día a la gente. Tenemos que avanzar para ver si reducimos tiempo en la atención. Pero no es solo lo burocrático y administrativo. También tiene su foco en cómo logramos que la sociedad uruguaya pueda tener una visión mucha más global y plural del mundo. Uruguay va mucho más allá de las fronteras territoriales y tenemos que ser un país mucho más integrador e inclusivo. A esos países es a los que les va mejor.





¿Qué le está debiendo el Estado a los inmigrantes?

Me parece que lo que tenemos que ser como Estado y hay que lograr que la población lo internalice, es cómo capacitamos mejor a los funcionarios público. Tienen que saber de la normativa sobre migración, cualquiera sea el organismo en el que trabajen.