Beltrán Gutiérrez, a su salida de la Audiencia Nacional. Álvaro García Vídeo: ATLAS

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.

El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.

Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".

Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.

El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.

Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.

Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.

El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.

El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.

No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.

El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.

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