Diputados federales cabildearán con representantes de la Secretaría de Hacienda el rescate financiero de 10 universidades que atraviesan por una severa crisis financiera. Sin embargo, pedirán rendición de cuentas en la aplicación presupuestal debido a que cuatro de las instituciones participaron en el esquema de presunto desvío de recursos con dependencias federales.

Las universidades autónomas de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas necesitan 19 mil millones de pesos para solventar los pasivos que arrastran sobre todo por pensiones, prestaciones y hasta salarios de sus trabajadores.

Cuatro de ellas participaron en el presunto desvío de recursos con dependencias federales a través de convenios para hacer supuestos servicios que no se cumplieron porque terminaron en empresas fantasma, como lo documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.

Se trata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil 140 millones de pesos con la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco, que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre 2013 y 2015.

Este mecanismo de desvío fue alertado desde 2013 por la Auditoría Superior de la Federación, que en sus revisiones anuales detectó que universidades públicas subcontrataban a empresas que no cumplían con los servicios previstos. Aún así, diferentes instituciones de educación superior continuaron con esa práctica, pese a que el exauditor superior, Juan Manuel Portal, advertía que se trataba de un esquema que propiciaba corrupción.

Entre los implicados en La Estafa Maestra, las universidades son las únicas que no han dicho nada públicamente y no han sido llamadas a rendir cuentas por nadie, pese a que han sido denunciadas penalmente en 2015 y 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Por eso es que ahora que buscan recursos extra para superar la crisis financiera, los diputados propondrán requisitos para que las instituciones sean rescatadas y se aseguren de que no vuelva a repetirse el desvío de recursos públicos.

Tonatiuh Bravo, vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano y exrector de la Universidad de Guadalajara, aseguró que una posibilidad es que las universidades reglamenten sus procedimientos para que hagan pública la justificación para recibir una adjudicación directa por parte de alguna institución de gobierno.

“Las universidades que pasaron por estos problemas deben dar un salto y aprovechar la autonomía, y generar normas que permita blindar la transparencia universitaria frente a actos ilícitos de esta naturaleza”, dijo el diputado en entrevista.

La crisis y la corrupción

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos llegó a límite. Se encuentra en huelga desde el 20 de septiembre debido a que los más de 6 mil trabajadores demandan el pago de 640 millones de pesos de adeudos salariales, prestaciones y aguinaldos para este año, dijo en entrevista Mario Cortés, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos.

Cortés informó, además, que los pasivos están a tal grado que sólo el adeudo con el IMSS asciende a 160 millones de pesos; pero la crisis es tan severa que ya no se sostenía la operación de la institución, “ni siquiera había papel de baño o copias”.

La Universidad Autónoma de Morelos es una de las participantes en el presunto esquema de desvío de recursos públicos. Hizo cinco convenios en 2014 con la Sagarpa y la Sedesol para hacer servicios como distribuir medio millón de despensas en los 400 municipios más pobres del país o fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Esto, gracias a que la Ley de Adquisiciones permite una excepción para evadir licitaciones públicas. Permite a entidades de gobierno contratarse entre sí sin necesidad de hacer concurso, para evitar burocracias. Pero en este caso, 11 dependencias federales, como la Sedesol, Pemex o Banobras, hicieron convenios con universidades por servicios que eran ajenos a la labor educativa.

Además, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que los servicios no se hicieron, y Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción comprobaron que se utilizaron empresas fantasma y, por lo tanto, el dinero público desapareció.

En este mecanismo, cada actor ganaba un moche. Las universidades se quedaban con aproximadamente 10 y hasta 15% del dinero que recibían a través de los convenios, y el resto lo entregaban en subcontrataciones a las empresas, que iban pasando el dinero de una a otra, y cada una se quedaba con un porcentaje.

La Universidad de Morelos obtuvo 61 millones de pesos de moche gracias a estos convenios de 2014, pero aún así, para 2017 tenía un déficit de mil 320 millones de pesos. Cuando se entrevistó al entonces rector, Alejandro Vera, aseguró que aceptó los convenios precisamente debido a los problemas financieros de la institución.

“Es parte de lo que se tiene que hacer para poder sufragar una serie de cargas estructurales, particularmente prestaciones no reconocidas, pensiones y jubilaciones”, dijo en entrevista antes de concluir su periodo, en 2017.

Sin embargo, pese a que Gustavo Urquiza asumió la rectoría de la institución en noviembre de 2017, no se sabe si ha hecho una revisión exhaustiva de la administración financiera de Vera, misma que dejó a la institución en este punto de crisis.

Animal Político buscó durante cinco días una entrevista con el rector Urquiza, para preguntarle al respecto, pero no hubo respuesta.

Desde el año pasado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) acompañó el llamado de auxilio de las universidades en crisis a través de un documento en el que los 191 rectores solicitan la ayuda gubernamental para el rescate, pero nunca han hecho un pronunciamiento respecto a los posibles actos de corrupción entre sus agremiados.

Por eso, también se solicitó una entrevista con Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, respecto a las crisis financiera y la utilización de las universidades en un mecanismo de corrupción, pero tampoco hubo respuesta.

De acuerdo a la legislación, su autonomía les permite dirimir cualquier asunto al interior de la institución, pero en este caso ninguna comunidad universitaria ha hecho algo para pedir cuenta a los rectores de las ocho universidades implicadas en 2013 y 2014: las autónomas de Morelos, Estado de México, Tabasco y Del Carmen. El Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

En 2015 también estuvieron la Universidad Intercultural, Estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl, que incluso fueron denunciadas penalmente por la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, igual que la de Morelos y Edomex, en 2015.

El legislativo

El pasado 20 de septiembre, rectores de las universidades en crisis acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar su intervención ante la Secretaría de Hacienda, a fin de enfrentar las crisis financieras, y los legisladores respondieron con la aprobación de un punto de acuerdo para concretarlo.

Este lunes, en la reunión de la Junta de Coordinación Política, integrada por los coordinadores de todas las bancadas, abordarán el tema y probablemente establezcan la fecha del encuentro con Hacienda.

Sin embargo, en esta negociación también incluirán requisitos para que las universidades sean transparentes respecto a su presupuesto, aunque respetando su autonomía, confirmaron a Animal Político diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD.

Azael Santiago Chepi, diputado de Morena, aseguró que buscarán que la Secretaría de Hacienda libere recursos para las universidades, que incluso están en peligro de solventar sus gastos en los tres meses que restan del año, y además buscarán el aumento de recursos para 2019.

Pero también existe el “señalamiento” del presunto desvío de recursos públicos, por eso “seguramente se promovería una auditoría” para las universidades implicadas.

En tanto, Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano, advirtió que una posibilidad sería pedir a las universidades, en respeto de su autonomía, que “reglamenten” el procedimiento cuando reciban adjudicaciones directas para que “quede perfectamente transparente al interior de las universidades de por qué se está aceptando”.

En el espíritu de la ley de Adquisiciones, “la excepción es correcta” porque en muchos lugares no hay otras alternativas, porque “se trata de estimular que puedan generar alternativas, pero eso es muy distinto a que se vea como un estímulo a que desde las universidades se hagan operaciones de carácter ilícito”, advirtió Bravo.

Ricardo Gallardo, coordinador de diputados del PRD, aseguró que “la autonomía no se va a vulnerar al momento de rendir cuentas y es una obligación que lo hagan porque están ocupando recursos públicos”.

En tanto, en la Cámara de Senadores está pendiente de discusión un punto de acuerdo del senador Armando Guadiana de Morena, para que la Auditoría Superior de la Federación revise a todas las universidades del país respecto al ejercicio de su presupuesto de 2018.

Porque si bien las universidades son sujetos obligados por la Ley de Transparencia, y como entes auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la rendición de cuentas ha sido limitada.

“Los recursos de las entidades educativas tienen una cualidad en común, la opacidad con la que se aplica el financiamiento y consecuentemente se tiene una ineficaz rendición de cuentas, en el peor de los casos existe una nula información sobre las erogaciones realizadas”, advierte el diputado Guadiana en su punto de acuerdo.

Por eso también exhorta a la ANUIES a que, en el ámbito de su competencia, establezca mecanismos eficientes, el acceso a la información sobre la aplicación y destino de los recursos públicos de las universidades e institutos de Educación Superior del país.