El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aprovechó la apertura de las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa de la provincia para anunciar un proyecto de ley tan inesperado como polémico: comandó una iniciativa en la que se obligará a los presos a trabajar mientras estén cumpliendo la condena.

"Esta ley que impulsamos apunta a revisar la vida dentro de los penales. Las cárceles necesitan orden, como hemos dicho de las otras áreas del Estado, y para eso necesitamos tener nuevos instrumentos para trabajar", afirmó el mandatario mendocino durante su exposición.

La apuesta de la gobernación refleja la dureza de la ley: se analiza incluso que los beneficios de los internos de salidas transitorias o reducciones de penas estén sujetos a ese mismo desempeño en el ámbito laboral.

"Se trata básicamente en la idea de que hay que evitar el ocio y preparar a los internos para su salida a la sociedad", advirtió el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Para las autoridades oficiales, la idea de mantener a los presos con responsabilidades laborales ayuda a aquellos detenidos con "buenos hábitos" a poder aprovechar el tiempo con responsabilidades y no verse "contaminados" por la mala vida de los más conflictivos.

"Queremos romper con el estado de inactividad. El preso va a trabajar, va a devolver a la sociedad lo que hizo. No hacemos más que reglamentar el artículo 23 de la Constitución, que dice que las cárceles serán para trabajo y moralización. No queremos más presos que estén sin hacer nada", aseguró el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

A raíz del anuncio de Cornejo, el debate se hizo presente en la misma Asamblea Legislativa. Y así, salió a la luz la confrontación entre la mano dura y el garantismo.

La senadora del FpV María José Ubaldini criticó con vehemencia la iniciativa y amparó su discurso en el artículo 110 de la ley de ejecución de pena 24.669, donde se indica que nunca se debe coaccionar al interno para que trabaje.

El propio Venier advirtió, respecto a ese punto, que el control de la ejecución de la pena es una facultad no delegada de la provincia a la Nación, por lo que la contradicción con la ley nacional no supondría un problema para llevar a cabo el proyecto de ley.

La respuesta a Ubaldini por parte del propio Cornejo no tardó en aparecer: "La jurisprudencia conocida como garantista hizo que hasta ahora la ley fuera el piso de los derechos para las personas privadas de libertad. Cada vez se les otorgó más y más ventajas, de manera que el trabajo dejó de ser una obligación y se convirtió en una mera opción".

Según indicaron los medios locales, la idea del gobierno mendocino es que los presos desempeñen tareas relacionadas a la reparación y confección de los mobiliarios estatales, a la cosecha en la granja del penal y hasta la posibilidad de trabajar en la chapería de automotores para una empresa privada.

Los secuestros y las torturas entre presos se convirtió en la última modalidad delictiva en la provincia

Una de las ideas principales del proyecto es encaminar la reinserción a la sociedad de los internos y bajar drásticamente los casos de reincidencia.

En la actualidad, las cárceles mendocinas albergan a unos 4.800 presos, de los cuales un 60 por ciento (casi tres mil) están cumpliendo una condena.

Precisamente, el proyecto de ley anunciado por Cornejo surgió después de unas semanas en que la violencia dentro de las cárceles mendocinas estuvo en primera plana: el secuestro extorsivo de presos por parte de otros presos se convirtió en una modalidad delictiva inédita rejas adentro.

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