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Trabajo obliga a sus inspectores a perseguir el fraude de los parados y no de los empleadores

Por E.B.

viernes 28 de noviembre de 2014 , 00:00h

Fátima Báñez, ministra de Empleo La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) denuncia que se criminaliza a los desempleados con prestación en lugar de combatir la explotación laboral. La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) denuncia que se criminaliza a los desempleados con prestación en lugar de combatir la explotación laboral.

La Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT) ha hecho público un informe, que publica en su web, en el que denuncia que la Inspección se está centrando en “controlar” a los desempleados con prestación “y no en sus empleadores, empresarios que se aprovechan de esa necesidad”.



Explica este colectivo que “la actuación de la Inspección de Trabajo, en esta situación de precarización de las condiciones de trabajo y vulneración de la regulación laboral, debería haberse centrado en combatir la explotación laboral en todas sus formas, y efectuar actuaciones específicas en materia de contratación a tiempo parcial, excesos de jornada, excesos de horas extraordinarias y verificación del cobro de los salarios debidos y su correcta cotización a la Seguridad Social”.



Pero se quejan de que “sin embargo ha sucedido todo lo contrario”, denunciando que “bajo la óptica de la criminalización de los desempleados y extranjeros en situación irregular, se han dedicado los mayores esfuerzos a efectuar controles de empleo”.



Haciendo hincapié en que “todo ello se realiza en el marco de la denominada “lucha contra la economía irregular”, que pone el acento en los trabajadores perceptores (y en clara situación de necesidad) y no en sus empleadores, empresarios que se aprovechan de esa necesidad”.



Destacan igualmente que "la estigmatización de los perceptores de prestaciones se efectúa cuando más baja es la tasa de protección” y recuerdan que “según los datos de la EPA, en el tercer trimestre de este año menos de uno de cada tres parados perciben prestaciones. Hay un 30% de parados protegidos frente al 70% que carecen de protección”.



Sesgo ideológico



Además, critican con el “el sesgo dado a la lucha contra la economía irregular” se está “desatendiendo los otros aspectos de la misma (falta de cotización y de retribución de horas trabajadas tanto en los contratos parciales como en la prolongación ilegal de la jornada) además de las consecuencias que tiene sobre los propios trabajadores y sobre el conjunto del mercado laboral, supone despreciar la mayor parte del fraude que se realiza a la Seguridad Social”.



Lo que demostraría, a juicio de estos inspectores que “no son, por tanto, unos motivos económicos ni de adecuación al ordenamiento jurídico general lo que ha hecho al gobierno marcar estos objetivos, sino más bien un sesgo ideológico desatendiendo los graves incumplimientos de los empleadores”.



Fraude mínimo detectado



UPIT subraya a pesar de estas directrices de controlar a los desempleados el fraude detectado es menor e informan que “respecto a las actuaciones llevadas a cabo en economía irregular por cada 100 inspecciones se han detectado 2,32 trabajadores percibiendo indebidamente prestaciones de Seguridad Social”.



Y hacen hincapié en que estas infracciones están muy por debajo del fraude más importante en materia de seguridad social, la falta de alta de trabajadores que no perciben prestaciones (el número de trabajadores sin dar de alta, por cada 100 inspecciones en 2013, fue 13,67) incumplimiento únicamente de los empresarios, que llega a 76.674 trabajadores en el año 2013, es decir, 5,89 veces superior al fraude detectado en la percepción indebida de prestaciones.



Apunando que a pesar del incremento del 76,45 % en las inspecciones a trabajadores, el incremento de las infracciones a los trabajadores es sólo del 23,67 %, pasando de 9.452 infracciones a 11.689. Estas infracciones suponen el 0,4% de la media anual de beneficiarios de prestaciones durante 2013.



Por todo ello, la UPIT considera necesario explicar a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país cómo está configurado el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a qué se han dedicado los funcionarios que lo integran, cuyo número, a fecha del informe, únicamente son 1878 (entre inspectores y subinspectores) muy lejos de los estándares europeos en la materia.