En 2001 el Gobierno empezó a temer que se produjera una oleada de apagones. La demanda eléctrica de aquella España que presumía de su milagro económico crecía con fuerza mientras que la capacidad de producirla llevaba estancada desde mediados de los ochenta.

Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares- la de Trillo, en Guadalajara-, hasta ese principio de siglo la potencia instalada del sector eléctrico patrio se había mantenido prácticamente sin cambios. Los conatos de apagón amenazaban con ser reales y el Gobierno –el segundo comandado por Aznar- estaba dispuesto a garantizar que el milagro económico no se quedara a oscuras.

Aupadas por unas previsiones oficiales que auguraban que la demanda eléctrica crecería con verdadera robustez (unas previsiones que a la postre se demostraron exageradas, como tantas otras), las compañías eléctricas se lanzaron a poblar la geografía española con decenas de nuevas plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural para generar electricidad. El consumo futuro parecía garantizado y nadie dudaba de que las inversiones millonarias emprendidas por los grandes grupos energéticos estuvieran más justificadas. Un proceso, o toda una época, que se relatan al detalle en el libro El Informe Frankenstein, del periodista Iñaki de las Heras.

Compensar a las eléctricas por el futuro que no fue

Las previsiones del Gobierno, apenas unas líneas maestras sin memoria económica ni cálculos serios –según se quejan ahora las eléctricas a toro pasado-, avalaban la necesidad de que en España se construyeran casi una setentena de nuevas centrales de gas con una potencia de unos 25.000 nuevos megavatios, lo que en la práctica implicaba elevar un 50% la potencia instalada de todo el sector eléctrico de la época. Y se construyeron.

A partir de 2002 se construyeron casi 70 centrales de gas. La crisis y el boom de renovables las dejó casi sin uso

Pero ese futuro esplendoroso que les esperaba a todas esas centrales que quemaban gas natural se torció. Por un lado, porque a su construcción le siguió el boom de nuevas instalaciones de energías renovables que promovieron los Gobiernos de Zapatero y achicó así las posibilidades de utilización prioritaria de las centrales de ciclo combinado. Por otro, porque el inicio de la crisis económica esperaba a la vuelta de la esquina y las proyecciones que auguraban que la demanda eléctrica se dispararía se fueron al traste por completo (e incluso ahora con la recuperación, esa demanda eléctrica sigue estancada).

Las compañías eléctricas invirtieron más de 13.100 millones de euros en llenar España de centrales de gas basándose en las proyecciones gubernamentales. Pero se encontraron con que las nuevas instalaciones ni por asomo iban a alcanzar el nivel de producción para el que fueron diseñadas. En 2007 el Gobierno creó un nuevo incentivo, una especie de compensación, para rescarcir a esas centrales y a otras en una situación similar en plena crisis y por el auge de las renovables.

El entonces Ministerio de Industria empezó a pagar a esas centrales de gas, algunas de las de carbón y también un puñado de hidroeléctricas de bombeo una suerte de ayuda por estar siempre disponibles. Como las energías renovables producen electricidad de manera intermitente, y dependen de que haya viento, sol o agua, el Gobierno empezó a compensar hace una década a las tecnologías que sí están siempre disponibles para atender picos de demanda.

Un ‘por si acaso’ de 700 millones

Un pago por ese respaldo, un pago por la seguridad de que siempre habrá posibilidad de producir electricidad suficiente gracias a que hay centrales que pueden activarse siempre que se quieran. Una disponibilidad permanente que, por otro lado, el Gobierno sospecha que no siempre se cumple, como parece que sucedió el pasado enero cuando el precio de la electricidad se disparó.

Plantas de gas, carbón e hidroeléctricas reciben ayudas por estar disponibles si hacen falta

Esa ayuda a la disponibilidad de determinadas centrales se sumaba a las compensaciones que el Gobierno ya llevaba repartiendo desde 1997 como incentivos a las inversiones realizadas en nuevas instalaciones de generación. Unas y otras ayudas –a la inversión y a la disponibilidad- integran los denominados pagos por capacidad, una partida que sufragan todos los consumidores con su recibo de la luz, y que cada año supone unos 700 millones de euros de sobrecoste.

Según varias fuentes del sector consultadas por El Independiente, cada año acaban cobrando esas ayudas en torno a un centenar de centrales eléctricas (las 67 que queman gas, algunas de carbón y algunas hidroeléctricas de bombeo). Y se trata de estimaciones del sector porque el Gobierno no hace público ese dato y no identifica qué instalaciones perciben las ayudas y en qué cantidades cada una.

Agujero entre lo que se paga y lo que se cobra

A pesar de que los consumidores paguen más de 700 millones a través del recibo de la luz para compensar ese por si acaso, las compañías que gestionan estas centrales (Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa, Viesgo…) acaban cobrando poco más de la mitad de ese importe. Y el resto se está utilizando para financiar otras desviaciones de gasto del sistema o, según denuncian fuentes empresariales, para engordar el actual superávit eléctrico del que presume el Gobierno.

El Gobierno estableció en la orden de peajes del sistema eléctrico de este año que los usuarios pagaran con el recibo 725 millones de euros para financiar los pagos por capacidad, pero los costes reales previstos eran de 390 millones. Así que los consumidores pagaremos 355 millones de más que irán a parar a la cuenta del sistema eléctrico.

Los consumidores pagan más de 700 millones al año con su recibo de luz. Las eléctricas cobran poco más de la mitad

En 2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de 722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417 millones de euros. Los desfases anuales se arrastran desde hace cuatro años. Entre 2014 y 2017, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 3.600 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán unos 1.870 millones de euros.

Una situación que se ha convertido en otro motivo de choque entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el marco de la gran batalla sobre quién debe fijar la cuantía de los peajes del sistema eléctrico. Ante la situación de saldo positivo para las cuentas del sistema también en 2017, el supervisor abroncó en su último informe al Ministerio.

“Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema”, advirtió la CNMC. “Esta Sala insiste en la necesidad de establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente”. Esto es, que se fijen unos criterios técnicos y objetivos para determinar la cuantía que pagan los consumidores y que no se deje a la discrecionalidad del Ministerio.

Centrales infrautilizadas

El parón de la demanda eléctrica y el diseño del mercado mayorista de la electricidad (que hace que nucleares y renovables entren de manera prioritaria para cubrir la demanda de cada momento) hacen que tanto las centrales de gas natural como las de carbón –sobre todo las primeras- estén claramente infrautilizadas.

El desfase millonario entre lo que pagamos y lo que reciben las centrales sirve, según denuncian las empresas, para engordar el superávit eléctrico

Según datos de Red Eléctrica, el gestor de las líneas de alta tensión, los ciclos combinados funcionaron el año pasado sólo un 13% de las horas posibles y las plantas de carbón lo hicieron a un 48% de su capacidad total. Esto implica que algunas de estas centrales no volcaron ni un solo kilovatio a la red en todo el año. Una situación que se ha repetido durante años, con más de una decena de plantas funcionando cero horas, y que con la actual estructura de mercado parece improbable que la situación vaya a reconducirse.

España cuenta actualmente con una potencia instalada total de casi 105.300 megavatios (de los que 24.948 son de gas y 10.004 de carbón). Y nunca ha hecho falta a la vez siquiera la mitad de toda esa potencia. El récord histórico de punta de demanda se alcanzó en diciembre de 2007, cuando las empresas y los hogares del país hicieron uso de 45.450 MW. El máximo alcanzado el año pasado se quedó en 40.489 MW.

Las eléctricas han intentado cerrar o hibernar algunas centrales de gas, y el Gobierno no se lo ha permitido

Ante este escenario de infrautilización, las eléctricas han intentado cerrar algunas de estas centrales, pero se han topado con la negativa del Gobierno, que les ha impedido clausurarlas escudándose en que siguen siendo necesarias para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Y aunque el Ejecutivo sí se ha planteado durante años permitir la hibernación de algunas centrales de gas, a la postre no lo ha autorizado. «El Gobierno nos obliga a mantener abiertas unas centrales que apenas se utilizan. No nos deja cerrarlas. Es normal que nos compense de alguna manera por obligarnos a tenerlas listas», explican fuentes de una compañía eléctrica. «Pero es que con los pagos por capacidad no se cubren siquiera los costes de mantener abiertas las plantas».

Es tal interés del Ministerio de Energía, ahora comandado por Álvaro Nadal, por mantener todas las centrales hoy operativas que desde el Ejecutivo se reconoce estar buscando vías legales para poder intervenir centrales de carbón (también nucleares) si las eléctricas pretenden cerrarlas. Endesa y Gas Natural Fenosa han confirmado su intención de cerrar varias centrales de carbón antes de 2020 porque no serían rentables realizando las enormes inversiones que exige cumplir los requisitos de emisiones que exige Bruselas.

Nadal defiende las ayudas

El ministro Álvaro Nadal ha defendido en varias ocasiones la necesidad de mantener estas ayudas para garantizar la seguridad de suministro, sobre todo en el caso de un país como España que tiene pocas interconexiones con otros países.

El Gobierno subraya que, dado que las energías renovables pueden sufrir un parón de producción (por no haber suficiente viento, suficiente sol o suficiente agua), hace falta que haya plantas que sean capaces de funcionar en cualquier momento. Es el caso de las centrales térmicas, que pueden activarse cuando es necesario y es por ello que se reconocen esas ayudas para compensar a las eléctricas tenerlas disponibles aunque generalmente sin producir.

La Comisión Europea analiza si los pagos son en realidad ayudas de estado encubiertas

No obstante, el Ministerio de Energía se ha mostrado dispuesto a emprender una reforma de los pagos para reducir su cuantía. “Hay que hacer una revisión profunda del sistema de pagos por capacidad. Necesitamos darle una gran vuelta para que sea más razonable.”, apuntaban hace unos meses fuentes del departamento que dirige Nadal. “El gran problema es que son demasiadas plantas”.

La Comisión Europea, tras realizar un análisis en profundidad de los mecanismos de compensación al sector eléctrico implantados en once países comunitarios, cuestiona este tipo de subvenciones. Y tiene a España en el punto de mira por tratarse de uno de los estados miembro en que son más cuantiosas.

Bruselas seguirá estudiando estos mecanismos para determinar si pueden tratarse de ayudas de estado concedidas a las compañías eléctricas. Lo hará, además, por la denuncia presentada por la Plataforma por un nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDAMA) ante Comisión Europea para que estos pagos sean considerados ayudas públicas ilegales, lo que obligaría a las compañías eléctricas a devolver todo lo recibido a las arcas públicas.