El decreto presidencial 683/18, que dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, carece de fundamentos racionales y responde a concepciones impulsadas desde el Pentágono estadounidense y su Comando Sur.

También encubre una agenda oculta, divulgada con entusiasmo por operadores de bajo nivel que repiten un guión ajeno que ni siquiera entienden. Es ilegal; no forma parte de una política razonada de Defensa Nacional; es inaplicable por falta de recursos; no constituye una respuesta racional al problema de las adicciones y su explotación comercial, que requieren otro enfoque; ha fracasado en todos los países donde se intentó, con gravosas consecuencias para la sociedad y para las propias Fuerzas Armadas; responde a un diagnóstico equivocado, ya que en la Argentina no existen organizaciones terroristas y constituye un peligro para la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

1. La doctrina de las nuevas amenazas, elaborada por el Pentágono para mejor controlar el espacio geográfico bajo jurisdicción de su Comando Sur, que llaman Hemisferio Occidental, fue impulsada aquí desde 2000 por el entonces ministro Ricardo López Murphy, quien mencionó como enemigos la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. En 2004 pude discutirlo en un programa de la televisión estadounidense con el responsable del Pentágono para nuestra región, Roger Pardo Maurer, y con el jefe del Comando Sur de entonces, general James T. Hill. Ambos agitaron además el fantasma del populismo radical en América Latina e intentaron confundirlo con el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que “amenazan la seguridad de los Estados Unidos” (no la nuestra). Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía “un sistema legal muy establecido, en el cual hay tareas explícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas, con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política”. Pero que en muchos países de Latinoamérica “existe una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, el de la policía, el de las Fuerzas Armadas”. Objeté que la única confusión surge de la presión del Comando Sur para que nuestros militares participen en tareas de seguridad interior y el entrenamiento que están brindando militares norteamericanos a policías de América Latina.

Tres lustros después, la Argentina es el último bastión acorralado por esta forma de ver el mundo. Al anunciar el decreto desde Campo de Mayo, Macrì dijo que los militares participarían en la seguridad interior. Pero de inmediato sus ministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad saturaron los medios con acusaciones a la oposición por haberle atribuido a Macrì precisamente lo que dijo, y el propio Presidente lo reiteró desde Sudáfrica. El ministro Aguad volvió a hacer gala de su desconocimiento de las cuestiones más elementales bajo su jurisdicción, al afirmar que la defensa hoy se ocupa de cibernética y no emplea tanques ni cañones. Le respondió el especialista en Defensa y ex embajador en la OEA Hernán Patiño Mayer, quien junto a la foto de un tanque estadounidense artillado preguntó: “¿Estarán transportando computadoras?”. No saben de lo que hablan porque los manejan con un teleprónter mental.

2. Un decreto es un instrumento de jerarquía inferior. En el ordenamiento institucional argentino hay una jerarquía de instrumentos que comienza por la Constitución y los tratados de derechos humanos que desde 1994 la integran, sigue por las leyes sancionadas por el Congreso, se continúa por los decretos del Poder Ejecutivo y luego las directivas y resoluciones presidenciales y/o ministeriales. Normas de jerarquía inferior como el decreto y las directivas no pueden modificar una ley, y menos tres como en este caso: las de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional, promulgadas por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988, Carlos Menem en 1992 y Fernando De la Rúa en 2001. Todas parten de un principio expresado con claridad en el artículo 4 de la primera de ellas: “Se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior”.

3. Lo que las leyes prohíben. Para que las Fuerzas Armadas puedan custodiar objetivos estratégicos como pretende pero no define el decreto de Macrì, antes deben ser declarados Zona Militar, también por el Congreso (artículo 30 de la ley 23.554 de Defensa Nacional). Y si debieran emplearse “elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior”, el Congreso deberá declarar el estado de sitio. Como se trataría de “una forma excepcional de empleo, que será desarrollada únicamente en situaciones de extrema gravedad, la misma no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas” (artículo 32 de la ley 24.059 de Seguridad Interior). Por lo tanto, no es cierto que Macrì sólo intente actualizar la política seguida por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que ataca un consenso básico de la democracia postdictatorial, aunque algunos de los partidos que lo sustentaron lleven demasiado tiempo durmiendo la siesta.

4. Ninguno de los documentos oficiales conocidos incluye definiciones atinentes al sistema de Defensa Nacional. Sólo hay argumentos referidos a la Seguridad Interior, que es el rol al que se intenta ceñir a las Fuerzas Armadas. Además de modificar el decreto 727 de 2006 que definía las agresiones externas, Macrì derogó por completo el decreto 1691, también de 2006, cuyo anexo sostenía que la misión principal de las Fuerzas Armadas debe ser “el principal criterio ordenador de todo su diseño de fuerzas, en tanto que toda misión subsidiaria del instrumento militar no deberá afectar las capacidades requeridas para el cumplimiento de aquella misión primaria y esencial”. Entre las subsidiarias mencionaba aquellas que para Macrì son principales: participación en operaciones multilaterales de Naciones Unidas; en operaciones de seguridad interior o en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos y en la construcción de un Sistema de Defensa Subregional.

La misma prioridad de la seguridad sobre la defensa se verifica en el presupuesto, que en el caso de las Fuerzas Armadas se consume casi íntegro en pagar sueldos. Hace pocos días Macrì debió desautorizar al ministro Aguad cuando anunció una escala salarial en la que un comisario superaba la remuneración de un oficial superior de las Fuerzas Armadas. El malestar que esto causó obligó a suspender el desfile y la cena de camaradería del 9 de julio.

Para fundamentar el cambio de misiones, la directiva estratégica militar que corre como anexo del decreto dice que la zona de paz sudamericana descarta hipótesis de conflicto tradicionales. Luego añade que esa paz está amenazada por Venezuela y por último cuestiona la injerencia externa en asuntos de otros países. Los principios de la lógica, como el de no contradicción, han sido suspendidos.

5. La separación entre Defensa y Seguridad no es un dogma. Surge de la experiencia histórica argentina, con los trágicos episodios de la última dictadura, y de lo sucedido en otros países de la región, como Colombia y México, cuyos gobiernos están tratando de desescalar la fracasada política de intervención militar. Como señaló el sábado 28 el precandidato presidencial justicialista Felipe Solá, el problema de la droga no se resuelve con militares. “Lo vemos en México, donde ha sido peor el remedio que la enfermedad: la espiral de violencia creció tanto como la violación de los derechos humanos”. Los mercados de drogas ilegales constituyen “una problemática crítica para nuestra sociedad, pero de ninguna manera las Fuerzas Armadas son una opción legal ni práctica para su abordaje y tratamiento”, escribió Solá en Clarín.

6. El riesgo de la escalada. El politólogo argentino de la Universidad de Maryland Ernesto Calvo, sostiene que “la enseñanza fundamental de estos dos años es que cada cambio realizado por el poder político, en el momento de ser incorporado como parte del statu quo, puede ser escalado. (…) Es este espíritu de los tiempos el que no me permite esperar que la reforma propuesta en el Decreto 683/2018 sea la última palabra que escuchemos sobre el tema. Este decreto, que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones militares dentro del territorio argentino, se constituye en un precedente sobre el cual se puede avanzar. Dice el ministro de Defensa, Oscar Aguad que, a diferencia de lo que anunció recientemente Mauricio Macri, ‘jamás se le ocurrió’ que las Fuerzas Armadas ‘patrullen ciudades o intervengan en conflictos sociales’. Sin embargo, esas nuevas tareas no tienen por qué ocurrírsele a Aguad. De esas transgresiones se puede ocupar Macri, la próxima ministra de Defensa o de Seguridad, quienes van a asumir sus cargos en un mundo donde el statu quo que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar actividades dentro del territorio ya está vigente. (…) El Gobierno acusa a la oposición de imaginar escenarios imposibles, de anticipar la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, de ver aumentos en el presupuesto militar e intervenciones desestabilizadoras para el orden democrático. Sin embargo, poco importa lo que piense este Gobierno sobre la sombra futura de sus decisiones. El nuevo statu quo impone una nueva realidad en la cual vivirá el próximo Presidente y su ministro de Defensa, en la cual ya existe un precedente que expande la de intervención de las Fuerzas Armadas. Ninguna política pública concluye cuando es implementada. Toda política pública es un punto de partida para la próxima política. Un precedente a ser citado y modificado por la próxima persona que se siente en la silla del ministro (…). ‘Estas exagerando’, dirán algunos, pero se equivocan. Si algo he aprendido (…) del mundo político en el que gobierna Trump, es que toda exageración es una oportunidad a ser explotada”. (http://elestadista.com.ar/?p=14852)

7. El control social. La denominada Guerra contra las Drogas fue declarada hace 48 años por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, con la ley de control y prevención del abuso de narcóticos, de 1970, y la directiva de la DEA de 1973 que declaró a las drogas como Enemigo Público Nº 1. El periodista Dan Baum publicó un cuarto de siglo después una evaluación devastadora de sus resultados en el libro Smoke and Mirrors: The War on Drugs and the Politics of Failure (Back Bay Books, 1997).

Smoke and Mirrors es una expresión idiomática que se refiere a un truco de los ilusionistas del siglo XVIII, que con un sistema de espejos mostraban una nube de humo flotando en el vacío.

El resto del título significa: “La guerra a la droga y la política del fracaso”. Durante su investigación, Baum consiguió entrevistar al principal consejero de Nixon en la adopción de esa política, John Ehrlichman. Condenado por su participación en el espionaje a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate a 18 meses de cárcel, al salir desapareció de Washington y encontró empleo en el interior. Cuando Baum lo encontró en 1994, Ehrlichman le dijo en forma muy directa que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos. Eso nos permitiría interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”.

En una nota anterior conté esta historia, pero en el apuro del cierre, en vez de Ehrlichman cité al otro asesor de Nixon condenado por Watergate, Richard Haldeman. Ese error sobre el apellido del asesor no afecta la exactitud del relato. La nota completa que Baum publicó en la revista Harpers puede leerse completa aquí: https://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/

En la Argentina esa política fue importada por el ministro de Bienestar Social José López Rega. Lo narré en mi libro Ezeiza, de 1985.

El accionista de la United Fruit Robert Hill, quien en 1954 había estado relacionado con la invasión a Guatemala y al derrocamiento de Jacobo Arbenz, fue el hombre “designado por el Departamento de Estado para penetrar la intimidad de Perón, cuando aún vivía en España. Además de López Rega, Hill tenía contacto con Milosz Bogetic, un ex coronel croata ustacha que colaboró con los ocupantes nazis de su país…(…) En 1973, cuando López se instaló cerca del poder en Buenos Aires, el departamento de Estado trasladó a Hill de España a la Argentina para continuar la relación. Una de sus primeras actividades fue la firma de un convenio con López para la represión del tráfico de drogas, cobertura que se comenzaba a utilizar por entonces para las operaciones políticas encubiertas. López reveló ante la prensa lo que debería haber guardado en reserva. En su discurso dijo que el combate contra las drogas formaba parte de un plan político, de lucha contra la subversión. Hill asintió en incómodo silencio. Con asistencia técnica y financiera de Estados Unidos comenzaba a organizarse la AAA, reedición del Plan Phoenix, aplicado en Vietnam para suprimir a 10.000 opositores”.

8. China se asoma. Para el gobierno de los Estados Unidos es muy claro que el adversario a controlar en esta parte del mundo es China. Pero cuatro décadas después los pretextos de Nixon y Ehrlichman se han diversificado y además de la droga alcanzan al terrorismo.

En febrero de este año el Pentágono publicó un documento explicativo de los requerimientos presupuestarios para la Defensa en el año fiscal 2019. Allí se afirma que “la principal preocupación para la seguridad nacional estadounidense no es el terrorismo sino la competencia con grandes potencias”, entre las que menciona a Rusia y China. El objetivo para el hemisferio occidental según la nomenclatura preferida en Washington y Miami para referirse a nuestra América es mantener un balance favorable de poder regional, lo mismo que en Europa, Medio Oriente y el Pacífico. En las 116 páginas del documento no hay una sola mención a drogas, narcotráfico o crimen organizado. Ni una. Con pocos días de diferencia, el actual jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, se refirió con cierto detalle a la Argentina y a Ecuador. Los esfuerzos del Comando Sur en Centro y Sudamérica y el Caribe procuran asegurar los accesos a Estados Unidos por el sur “y construir una red de seguridad regional. Debido a la economía de recursos del Comando de Combate dependemos de esta red para ayudar a mantener nuestra propia seguridad y defender nuestra Patria. Esta es la capa más importante de nuestra defensa adelantada”, comenzó.

Según el informe del almirante Tidd, “vemos una gran oportunidad de profundizar la colaboración con esos socios clave y con organismos multilaterales, así como revitalizar las asociaciones de seguridad mutuamente beneficiosas con la Argentina y Ecuador. Nuestras alianzas regionales son la piedra angular de nuestros esfuerzos para asegurar el núcleo central de todo lo que hacemos en el sur”. Tidd dijo que esta renovada relación proveía oportunidades de trabajo con la Argentina para la preparación de la cumbre del G-20 que se realizará en noviembre en Buenos Aires. El Comando Sur hará su aporte en las áreas de “lucha contra las armas de destrucción masiva, el combate al terrorismo, el fortalecimiento de las respuestas coordinadas entre distintas instituciones y la ampliación del intercambio de información”. En su edición del sábado 28 de julio, el New York Times publicó un artículo titulado “Desde una estación espacial en la Argentina, China expande su alcance sobre América Latina. Nuestro corresponsal fue al desierto de la Patagonia para examinar cómo China protege su nueva base, símbolo de su creciente influencia en la región”. El artículo cita a un profesor de Estudios Latinoamericanos en el Colegio de Guerra de Estados Unidos: “Beijing transformó la dinámica de la región, desde la agenda de sus líderes y empresarios hasta la estructura de sus economías, el contenido de sus políticas e incluso su dinámica de seguridad”. Para el autor de la nota, Ernesto Londoño, China se propone transformar a América Latina y moldear su futuro por varias generaciones, “a menudo en forma que socava directamente el poder político, económico y estratégico de Estados Unidos en la región”. Si bien menciona a los gobiernos populistas de las primeras décadas del siglo, el diario estadounidense destaca que aún los nuevos líderes derechistas “han adoptado sus políticas para satisfacer las demandas chinas” y cita al embajador argentino Diego Guelar, autor hace cinco años del libro La invasión silenciosa, el desembarco chino en Sudamérica. Según Guelar ya es un hecho consumado y ha dejado de ser silenciosa. El teniente coronel Christopher Logan, vocero del Pentágono dijo que los militares estadounidenses estaban evaluando las implicaciones (bélicas) de la estación china de monitoreo satelital en Neuquén. Este es el artículo completo: https://www.nytimes.com/2018/07/28/world/americas/china-latin-america.html

Habría que estar muy distraído para atribuir al azar que Estados Unidos haya elegido la misma provincia de Neuquén para instalar una base de apoyo humanitario ante catástrofes, que ha provocado movilizaciones de vecinos y grupos políticos que denuncian que esa es la cobertura para una instalación militar. Su emplazamiento es muy próximo a la ruta que conduce a Vaca Muerta, donde empresas estadounidenses fueron las primeras en asentarse.

9. La creación de un enemigo. La Argentina no figura en ninguno de los documentos que cada año compilan información sobre actos de terrorismo en el mundo, ya sea en los del gobierno de Estados Unidos o de los países europeos, ni en los que elaboran organizaciones privadas en distintos lugares del mundo. Tampoco tiene un rol destacado en los estudios sobre comercialización de sustancias narcóticas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. Pero tanto la estación espacial china como los mayores yacimientos hidrocarburíferos están asentados en una zona que diversas comunidades de origen mapuche reivindican como territorios ancestrales o sagrados. Esa es también la clave para interpretar la desmesurada denuncia que formuló en diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al anunciar la creación de un comando conjunto con las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén para combatir a la evanescente entidad que el gobierno denomina RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y de cuya mera existencia no hay pruebas convincentes. Bullrich señala que se trata de un “movimiento etnonacionalista violento que desde hace ocho años opera en territorio argentino”, cuyos activistas “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas”, con el propósito de “promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”. Esto explica además el despliegue de fuerzas de seguridad que hace ahora un año tomaron por asalto una de esas comunidades, en un episodio que concluyó con la muerte de Santiago Maldonado. El Congreso debería tomar la palabra antes de que sea tarde para impedir que la Argentina quede envuelta en un conflicto con todos los componentes de una tragedia, esta vez en medio de un conflicto global.