El fiscal Sergio Moya soltó hoy una bomba de racimo, en entrevista exclusiva con Radio Bio Bio. Denunció a su superior jerárquico, Emiliano Arias, por delitos contra la probidad e intentar proteger al gobierno de Sebastián Piñera, tratando de rebajar la condena, en el marco del caso Caval, al síndico Herman Chadwick, pariente del ministro del Interior, Andrés Chadwick. No fue todo. Indicó que Arias intentó evitar la formalización del ministro de la Corte rancagüina Emilio Elgueta. Además de lo anterior, que el abogado UDI del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, pero en su calidad de litigante particular, se reunió con Arias y él, en el marco de la investigación por malversación por varios miles de millones de pesos que enfrenta el alcalde de la Sexta Región, Eduardo Soto. En dicho encuentro, el fiscal regional le habría indicado que debía tener un trato preferencial con el profesional. A raíz de estos hechos, que Moya puso en conocimiento del fiscal Nacional Jorge Abbott, la causa le fue quitada a Emiliano Arias y enviada al Ministerio Público Sur. Producto de las indagatorias llevadas adelante por Moya, también se descubrió un hecho relevante en materia de relaciones políticas que podrían haber influido en la corrupción de los jueces de Rancagua. Es así: Elgueta fue compañero de universidad del ex ministro de Justicia, el PRSD José Antonio Gómez, quien además tuvo influencia en el nombramiento de una serie de magistrados y notarios. No es todo. Gómez vive en un condominio en La Reina, donde hay cuatro casas. En una vive él. En otra su hijo. Otra pertenece a la expresidenta Michelle Bachelet y otra al matrimonio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon. Guinda de la torta: Gómez y Elgueta, son masones.

El fiscal Sergio Moya, abrió una investigación por el delito de tráfico de influencias en contra del fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, como también ocultamiento de antecedentes y obstrucción a la investigación. Eso sin contar la existencia de una decisión de Arias, respecto de una arista del caso Caval, donde fue condenado el exsíndico Herman Chadwick Larraín, para proteger al actual gobierno de Sebastián Piñera. En medio de todo está la UDI, la oposición y también la Masonería.

La información, entregada por el propio Moya en exclusiva a Radio Bío Bío, se conoce a un día de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, resolviera quitarle la indagatoria a Emiliano Arias y enviarla al Ministerio Público Metropolitano Sur.

Escuche la entrevista íntegra

La decisión del perseguidor penal se enmarca dentro de la indagatoria de la corrupción judicial en el Poder Judicial rancagüino, en particular con la demora -por parte de Arias- en pedir la formalización del ministro del tribunal de alzada de la Sexta Región, Emilio Elgueta.

Según el perseguidor, Arias bloqueó en varias oportunidades dicha solicitud para formularle cargos al magistrado, pero atendido lo irregular de la situación, desobedeció e hizo la petición al tribunal de garantía correspondiente. Por esto Elgueta será imputado el próximo 26 de abril por ilícitos contra la probidad.

“Yo solicité en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no.Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)”, dijo Moya.

El perseguidor agregó que hace pocas semana, Elgueta, en una entrevista concedida a El Mercurio, indicó la existencia de una “serie de presiones respecto de él, en torno al nombramiento del fiscal Arias”.

“He estado indagando eso y hay antecedentes que hay que profundizar”, agregó Moya.

La denuncia que Moya presentó ante Abbott, incluyó además el caso Caval, ya que la sala donde se resolvían medidas cautelares era integrada, entre otros jueces de Rancagua investigador por corrupción, por el propio Elgueta. De hecho, es la misma que le otorgó el sobreseimiento definitivo a Sebastián Dávalos Bachelet y le concedió permiso a Natalia Compagnon, mientras era investigada y estaba formalizada, para salir de país a tomar vacaciones

El vínculo no es casualidad. Elgueta fue compañero de universidad del ex ministro de Justicia, el PRSD José Antonio Gómez, quien además tuvo influencia en el nombramiento de una serie de magistrados y notarios.

No es todo. Gómez vive en un condominio en La Reina, donde hay cuatro casas, Una pertenece a este último, otra a su hijo; una tercera es de la expresidenta Michelle Bachelet y otra del matrimonio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnón.

Guinda de la tora: Gómez y Elgueta pertenecen a la Masonería, de la cual este último fue expulsado hace un par de semanas.

Imagen del gobierno

Al respecto, Moya reconoció que el caso Caval fue una causa “sumamente compleja”. Indicó que en dicho proceso, Arias solo tuvo una intervención. Esta última fue negociar con los abogados Ciro Colombara y Rodrigo Piergentili, quienes patrocinaban al síndico Herman Chadwick.

El acuerdo de juicio abreviado, implicaría que Chadwick enfrentaría solo una sanción de 818 días. La propuesta llegó en diciembre de 2017 al Juzgado de Garantía de Rancagua, siendo rechazada de plano, gracias a la intervención de la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien criticó duramente los argumentos vertidos por Arias. Ello atendido a que la pena no se condecía con los delitos cometidos.

En la oportunidad se ordenó la realización de un juicio oral, aunque posteriormente, en un juicio abreviado, se logró que Chadwick recibiera una pena de tres años en libertad vigilada, 200 millones de multa y la inhabilitación de 8 años para ejercer su cargo de síndico, en marzo de 2018.

“Lo que se me indicó en ese momento, es que había que terminar esa arista (…) es que la presencia de este personaje y un eventual juicio oral, podía traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno. En esa oportunidad el fiscal Arias intenta realizar un procedimiento abreviado (en diciembre de 2017, ad portas de la elección), pero más que eso, el defecto fundamental es que las penas que solicitó el fiscal regional(…) estaban fuera del marco legal, penas que no daban para la estructura de los tipos penales y las penas establecidas por la ley. Le estaban dando penas mucho más bajas. Estos son parte de los hechos que denuncié a la fiscalía nacional”, relató Moya.

Vea la audiencia

Lo anterior, dijo Moya, podría constituir una eventual “obstrucción a la investigación”.

Otro hecho denunciado por Moya, dice relación con la reciente formalización del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI) por malversación de caudales públicos.

De acuerdo a la versión de Moya, Emiliano Arias también tardó más de lo normal en adoptar la decisión.

Moya agregó haber recibido recibió una serie de instrucciones que serán parte de la investigación, que involucran al actual abogado del Ministerio del Interior, militante de la UDI, pero en su rol de litigante particular, Luis Hermosilla. Eso, además de una llamativa orden de Arias, para devolver celulares y computadores incautados a Soto, sin explicación.

“Se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla y se me da la instrucción del fiscal regional de que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado. Cuestión que me llamó mucho la atención. Luego de aquella reunión que la encontré impropia, pero no constitutiva de ninguna infracción, ya que no me sentí presionado, yo procedí a solicitar autorización judicial para incautar los computadores, los teléfonos e instrumento electrónicos del alcalde, se me dio la instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies”, continuó Moya.

Según el fiscal Moya, decidió no cumplir la orden de Arias, ya que se trataba de un caso por malversación de 3.500 millones de pesos y ese caso, “surgieron elementos muy delicados que puse en conocimiento del fiscal nacional”.

Suma y sigue

Debo hacerme responsable, de que hay una cuarta (denuncia), adelantó Moya a Radio Bío Bío.

Sucede que desde el OS-7 de Carabineros de Puerto Montt, llegó en la que se indicaba que una serie de antecedentes habían sido extraídos de la base de datos de la Fiscalía de Rancagua, llegando a manos de un particular. Moya indagó cómo ocurrió el hecho y estableció que la orden para sacar del sistema informático los datos, fue dada por el fiscal Arias. Cuando esos datos llegaron a manos de este último, se indicó, nunca fueron enviados a la Fiscalía Nacional.

Respecto de este punto, el la máxima autoridad del Ministerio Público deberá nombrar a un regional para indagar este hecho, atendido el cargo que ostenta Arias.

Consultado si Arias debiera renunciar a su cargo, Moya indicó: “Esa es una decisión que debe tomar él. No voy pautear a nadie. Tengo los hechos absolutamente respaldados”.

El caso de Chadwick

Uno de los elementos que están detrás de las sospechas sobre el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, es su actuación en favor del síndico de quiebras Herman Chadwick.

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-ohiggins/2019/04/19/sacan-a-arias-de-investigacion-contra-jueces-de-rancagua-y-caso-pasa-a-la-fiscalia-metropolitana-sur.shtml

Este último fue condenado a tres años de libertad vigilada en marzo de 2018, por haber obtenido “ventajas” en su rol de síndico, en torno a la venta de los terrenos de la familia Weisner, los mismos que posteriormente vendió Caval, a través de Natalia Compagnón y -esposa de Sebastián Dávalos- junto a su socio Álvaro Valero por más de 9.500 millones de pesos. Eso sin contar que Chadwick le pagó 415 millones a Juan Díaz, un asesor inmobiliario y operador político de la UDI, por sus gestiones con esas tierras.

El golpe del CDE

Sin embargo, antes de la condena, el escenario era completamente distinto. De acuerdo a los antecedentes que constan en la carpeta de investigación, en diciembre de 2017 Arias negoció con el abogado Rodrigo Piergentili y Ciro Colombara, patrocinantes de Chadwick, para evitar un juicio oral. A cambio, el exsíndico cumpliría una condena de 818 días , pero sin pasar un día en la cárcel.

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/12/04/caso-caval-consejo-de-defensa-pide-11-anos-de-carcel-para-sindico-herman-chadwick.shtml

El acuerdo, permitido por la ley, llegó al tribunal de garantía de Rancagua el 4 de diciembre de 2017 para su refrendación.

Durante los alegatos, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz, cuestionó duramente los argumentos esgrimidos por Arias en estrado e indicó que la pena propuesta por la fiscalía, no se avenía con la gravedad de los delitos.

Horvitz solicitó 11 años de prisión efectiva. y el juzgado estimó que atendido el tipo de ilícito y sus alcances, debía resolverse en un juicio oral. En todo caso, en marzo de 2018 Chadwick enfrentó un juicio abreviado, siendo fue condenado a 3 años de libertad vigilada, ocho años de inhabilitación de su cargo y 200 millones en multa.

En enero de 2019, la familia Weisner presentó una demanda contra Chadwick por 7 mil millones de pesos., la que está en curso.