Los peritajes médicos de “El Pato”, “El Hereje y “El Jona”, los presuntos autores materiales de asesinar y quemar a los 43 normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, están tachados. No se lee si fueron torturados o no

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– El expediente sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), publicado ayer por la Procuraduría General de la República (PGR), está tachado y borrado. Pero aún así, los 85 tomos y 13 anexos que contienen más de 54 mil fojas revelan la brutalidad con la que se construyó la “verdad histórica” que presentó el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam.

Si bien la PGR cuidó y tachó nombres de testigos, peritajes médicos y hasta los agentes del ministerio público involucrados, se encargó de publicar el nombre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, a quien los supuestos autores materiales del asesinato señalan como un miembro de la banda contraria “Los Rojos” y a quien habrían dado muerte esa noche.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República omitió los resultados de los dictámenes de integridad física que se realizaron el 28 de octubre del 2014 a Patricio Reyes Landa alias “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona” , Agustín García Reyes “El Chereje” y a Darío Morales Sánchez, los principales inculpados en las confesiones de donde se sostiene la “verdad histórica”.

Los resultados de la exploración física y los hallazgos están borrados con marcador negro en el expediente que se hizo público y es imposible conocer si presentaron lesiones graves o no.

Al menos uno de sus protagonistas, los autores materiales del supuesto asesinato y quema de los jóvenes en el basurero de Cocula aquella madrugada del 27 de septiembre de 2014, da cuenta de que fue torturado al ser detenido por agentes de la Policía Federal.

“Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear. Me subieron al vehículo, me vendaron ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices echándome agua, y toques dentro de la boca y los testículos. Me pusieron una bolsa en la cabeza para no respirar”, declara Patricio Reyes Landa alias “El Pato” en una ampliación de declaración que data del 3 de noviembre de 2014 y contenida en el Tomo 3.

El presunto autor material confeso indica que los policías federales le ordenaron que si le preguntaban por los golpes, dijera que se había caído de “la barda”. Si no lo hacía de esa forma se “iban a desquitar con mi esposa y mis hijas y a mí me iban a hacer pedazos y echar en una bolsa”.

Después de esa aclaración, el imputado prosigue y declara la “verdad histórica” de Murillo Karam, a la cual están dedicados los primeros 12 tomos de la averiguación previa, en donde hasta ese punto, no existe una sola declaración de los padres de las víctimas.

El primer tomo está dedicado a la versión del basurero de Cocula, basada en la declaración de los presuntos autores materiales. Según declaró Murillo Karam en noviembre del año pasado: “Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”.

En mayo los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.

“En el caso de los detenidos, del penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain, uno de los expertos.

Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso podían impactar negativamente a la investigación.

Mario Patrón Sánchez, director Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), reveló a SinEmbargo en mayo de este año los nombres que no dieron a conocer los expertos y aseguró que las tres declaraciones en donde se basa la “verdad histórica” Murillo Karam, para sustentar que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula y luego desechados en el Río San Juan, fueron torturados para inculparse.

“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura, empieza a poner un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR [Procuraduría General de la República], parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’, de ahí despunta todo el caso de la PGR, su teoría del caso se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, dijo en esa ocasión.

Patrón precisó que de comprobarse que fueron torturados la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.

“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso, sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, dijo.

Patrón Sánchez indicó que el expediente de Ayotzinapa está plagado de confesiones. Su primera línea de investigación, se sustentó en dos confesiones y al final, se cayó.

“Está vinculada con las fosas de Cerro Viejo, donde dos personas que dicen ser de Guerreros Unidos afirman que ellos participaron en comprar la gasolina, en la ejecución de los estudiantes y que fueron a enterrarlos. Luego se corroboró que no eran los estudiantes con las pruebas de ADN. Esa es la incertidumbre que hay en la investigación”, dijo hace unos meses en entrevista.

PGR PUBLICA CÓMO ASESINARON A 4 ESTUDIANTES

La PGR no tachó la declaración de Jonathan Osorio Cortés “El Jona”, firmada el 28 de octubre de 2014, en donde involucra a uno de los 43 desaparecidos con la banda delictiva “Los Rojos”.

Con su puño y letra, “El Jona” asegura que Cutberto Ortiz Ramos alias “El Cochiloco”, dirigía a los estudiantes de primer grado esa noche del 26 de septiembre y que fue acusado por sus compañeros de ser un infiltrado y de estar de acuerdo con el “director de la Normal” para trabajar para el grupo delictivo contrario a “Guerreros Unidos”.

Según “El Jona” el estudiante fue delatado por el normalista de nombre Jorge Luis González Parral.

La PGR publica la foto de Adán Abrahan de la Cruz, a quien “El Jona” identifica y asegura que llegó muerto al basurero de Cocula con una herida de bala en la cabeza.

“El Jona” también identifica a Miguel Ángel Hernández Martínez quien le habría reclamado al “Cochiloco” el estar a punto de morir esa noche: “tú tienes la culpa de que nosotros estemos ahí. Eso fue lo que le dijo, después de que Jorge Luis González Parral lo puso”, escribe en la tarjeta con la foto del joven.

La PGR también exhibe la foto del jovencito Jorge Luis González Parral, a quien de acuerdo con “El Jona” uno de los sicarios asesinó con un tiro en la cabeza frente a “El Cochiloco”, para amenazarlo de que si no cooperaba, eso sería “lo que le pasaría”.

En el expediente aparece la fotografía de Israel Jacinto Lugardo a quien “El Jona” identifica como uno de los “últimos que murió”.

“Sólo recuerdo que decía que era estudiante y que el Cochiloco les decía a todos los de primero, que tenían que estar rasurados, casi pelones”, escribe Osorio Cortés.







El pasado 8 de octubre, el abogado de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la publicación del expediente sobre el caso anunciada por la dependencia federal ponía en riesgo a las víctimas y a los estudiantes sobrevivientes que dieron sus testimonios.

“Es de interés general para todo el pueblo de México lo que ahí esta ocurriendo, pero creo que compromete la seguridad de las víctimas, de los testigos, de los estudiantes que han brindado un testimonio que resulta fundamental en la investigación”, dijo a la agencia de noticias Efe el abogado.

En su opinión, se debió discutir con las víctimas cuáles son las partes del expediente que se tienen que hacer públicas porque “publicar todo de manera indiscriminada puede tener algunas afectaciones para las víctimas y sobre todo para los testigos”.

Este domingo, la PGR difundió el informe en cumplimiento al compromiso hecho por la titular de la dependencia, Arely Gómez González, ante legisladores durante su comparecencia en el Senado de la República la semana pasada.

En un comunicado, la PGR informó que la publicación del expediente se hizo con el objetivo de garantizar, de mejor manera, el derecho ciudadano de acceso a la información y en apego al eje prioritario de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Su elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100 servidores públicos y la información clasificada fue verificada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior con el fin de garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.

La totalidad de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF y en caso que se requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, el interesado puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.