Washington (Enviado especial). Las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) están siguiendo con cautela y mucha prudencia las primeras semanas de Alberto Fernández en la Casa Rosada. Tienen una larga lista de cuestiones “bajo la lupa”, pero por el momento aceptan que la decisión de las empresas, en su conjunto, es sumarse a una suerte de “luna de miel colaborativa”, es decir, no tomar posiciones de alto perfil ante diversos temas que los preocupan puntualmente. Pero sus ejecutivos, en reserva, aceptan que algunas señales y también decisiones concretas, generan al menos “preocupación”, como le dijo a un grupo de periodistas, en Washington DC, un miembro de la AmCham.

En la larga lista de temas que preocupan, de la que se habló en el párrafo anterior aparecen: el aún desconocido proyecto de ley de hidrocarburos; el proyecto de ley que reemplazará a la suspendida y en breve modificada Ley del conocimiento: la imposibilidad de girar dividendos a las casas matrices de firmas extranjeras; la ley de góndolas aprobada la semana pasada en el Senado; las recientes dificultades que está observando la low cost Jet Smart para continuar con las operaciones de Norwegian y la posibilidad de que se frenen préstamos por 1.000 millones de dólares con destino a las energías renovables y no convencionales que ya asignó la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) la institución financiera de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Son casos puntuales, como se ve, que exceden al reclamo más o menos general de avanzar con las denominadas “reformas estructurales”.

Aunque la AmCham nació para representar intereses de empresas de los Estados Unidos, hoy tienen en su padrón societario muchas compañías argentinas. En total, son 608 empresas afiliadas, pero menos de la mitad tienen casa matriz en los EE.UU:, y en conjunto representan el 19% del PBI Argentino. Este peso económico es lo que les hace preguntarse, y cuestionar en cierta forma, la representatividad de las cámaras empresariales que interactúan con el Gobierno. No casualmente, un directivo de AmCham señala que la UIA representa apenas el 7% del PBI.

La mención a la UIA no fue inocente. En AmCham miran con reparos la intención de constituir, por ley, el Pacto Económico Social, motorizado por el Gobierno y una parte del sector empresario. “¿Es realmente representativo del sector productivo el sector convocado por el Gobierno?”, se preguntan.

Más allá de esas diferencias, en la AmCham consideran que se hace imperioso avanzar sobre reformas estructurales que permitan salir del estancamiento económico.

Y mencionan, desde ya y previsiblemente, la educación, la inversión, la infraestructura física, los derechos de propiedad, la diversificación y apertura económica, la integración a la economía global, el acceso al crédito, la lucha contra la corrupción y el incentivo a los emprendedores.

En todas esas asignaturas las señales vistas hasta ahora -y no solo en este Gobierno, desde ya- son preocupantes, dicen en la AmCham. De hecho, perciben decisiones en sentido contrario, como lo que ocurrió con la ley del conocimiento, la administración del comercio exterior, la desconfianza en avanzar en acuerdos comerciales, y las medidas para suspender la inscripción de empresas mediante la ley que permitían la creación de Sociedad por Acciones Simplificada.

En cualquier caso, y como todo el mundo en estos días, esperan que la resolución de la cuestión “deuda” le despeje el panorama.