“El coronavirus se ceba con los mayores”. Esta frase se podía leer en cierto programa de La Sexta a las 13h un día entre semana de la semana después de instaurar el estado de alarma en España. Y enseguida empezamos a ver que quien se cebaba con los mayores eran los medios sensacionalistas y los empresarios sin escrúpulos, que en su dinámica siguen haciendo el agosto con las necesidades de dependencia que tiene el país. “Ancianos conviviendo con cadáveres” decía en otra noticia La Ser, que en el cuerpo de la noticia no aportaba otra fuente que alguien del Ejército. “Más de 50 muertos ya en una residencia de las Rozas”, decían a bombo y platillo la pasada semana todos los medios, invitando a hablar a trabajadores que llevan sin pisar la residencia desde el día 14 de marzo. Televisiones como Tele5, Cuatro o Antena3 que poco eco se hacían de las soluciones que pedían la plantilla, como era más material y cubrir las bajas, y sí mucho de las cifras sin contexto (y sin contrastar) que arrojaban.

Al final, resulta que el caso de esa situación dantesca de “ancianos conviviendo con cadáveres” en muchos puntos del Estado ─como decían las “fuentes”─ ha sido archivado por la Fiscalía del General del Estado, dejándolo en manos de las fiscalías autonómicas, explicando que en muchos casos las funerarias habían tardado hasta 24 horas en recoger los cuerpos por la saturación, que ni policía ni guardia civil habían registrado ninguna denuncia por negligencia. Se podría esperar infinito a saber qué dirá el Ministerio de Defensa del cuestionable acto de expresarse así contra toda irresponsabilidad con los propios ancianos, sus familias y todo el personal que día tras día se desvive en las residencias por cuidarles.

En este negocio el “todo vale” para lograr beneficios económicos ha reinado por encima del bien de los mayores

Un personal que lleva muchos años lidiando con una Administración, la de las Comunidades Autónomas, que año tras año les aprieta más y privatiza cada vez más servicios. Las condiciones con las cual se conciertan plazas en centros privados o se dan licencias han sido tan laxas estos últimos años, que no sorprende ver que la mayoría de los ancianos fallecidos por covid19 han sido en estos centros. Falta de espacios y personal médico, sobre todo, pero también de personal auxiliar, temporalidad que estabiliza el centro y hasta recortes en la comida. Un negocio en el que hasta ahora el “todo vale” para lograr beneficios económicos ha reinado por encima del bien de los mayores, ya que muchos se encontraban en una situación tan desesperada que o aceptaban ese centro o no tenían ninguna otra alternativa habitacional o de cuidados.

Privatizaciones, dejadez y otros intereses

Negocio y sensacionalismo. Cuando se hablaba de más de 50 muertos en una residencia de Las Rozas, el centro 100% público Reina Sofía, poco interés había en explicar que es el centro más grande de la Comunidad de Madrid, que hay más de 500 residentes y que muchas de esas muertes no se sabían aún si se debía al covid19. Tampoco en explicar que la situación de desbordamiento ha venido dado por un porcentaje de baja de la plantilla del 50% en su pico más alto, por el retraso de cubrir esas bajas, por la falta de EPIs y por la declinación de hospitales como Puerta de Hierro a trasladar a los enfermos más graves.

Por suerte, esta residencia cumple con los criterios de atención médica constante y con una clínica que ha permitido que el número oficial de fallecimiento sea de 51 en todo el mes. Desde el servicio de Enfermería de la residencia también confirman que esta misma semana se harán 250 test a los residentes y que está empezando a llegar nuevas trabajadoras para cubrir las bajas.

Un mensaje de tranquilidad y confianza que contrasta mucho con el efecto que tuvo las cartas a familiares que empezó a mandar la Comunidad de Madrid el pasado jueves. En ellos decía que si el residente no mostraba síntomas, podrían llevárselo al domicilio familiar sin perder su derecho a plaza. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba tan mal la situación? ¿Se garantizaría la asistencia sanitarias de las otras patologías que tengan los mayores? ¿Hasta qué punto era seguro que salieran del centro personas sin saber si estaban contagiadas o no? Desde la Coordinadora de Residencias 5+1 son tajantes: “En Cataluña te dejan, pero sin hacer tests a residentes ni a los familiares, un disparate porque se pueden dar contagios en las dos direcciones”. No sabemos si la guerra entre Ciudadanos y Partido Popular por esta Consejería tendrá que ver, pero nada de esto beneficia a los residentes de los centros.

Sin datos no hay medidas efectivas

Esta falta de conocimiento en cuanto a las maniobras que han ido afectando en las residencias viene de la poca información que tiene la Comunidad de Madrid de sus centros y de los privados. El Ministerio de Sanidad en uno de los últimos BOE publicados ─el 3 de abril─ obliga a informar de afectados, fallecidos y mucho más tanto en residencias, centros de menores y asistenciales antes del 8 de abril. Después, tendrán que actualizar los datos cada martes y viernes. Una medida que hace pensar cómo funcionan las diferentes consejerías autonómicas.

Mucho me temo que no habrá un análisis preciso de cómo la privatización de los centros ha hecho que sean “cerca de 3.000” ya las muertes

En ese mismo BOE, el Gobierno ofrece las instalaciones y trabajadores del Imserso, indica que el personal dispensado de su trabajo debe reincorporarse (como los liberados sindicales), que la prioridad debe ser la “identificación e investigación epidemiológica” con pruebas y que las autoridades pueden intervenir en los centros para garantizar que funcionen correctamente. De ahí los traslados entre centros, la desinfección efectuada incluso por agricultores y lo que la Comunidad de Madrid llamó intensificación del control sobre las residencias. Los inspectores ahora hacen control diario y ya se han supervisado 285 residencias solo en Madrid. ¿Esto no debería ser lo normal?



¿Y ahora qué? Seguiremos viendo datos ─más a partir del día 8─, estimaciones de fallecidos por covid19 (porque no hay un control preciso de ello), casos de ocultación en centros, repuntes en la curva y llamadas de auxilio desde sanitarios y auxiliares de los cuidados. Seguiremos comprobando la preocupación de las plantillas, de los familiares, de los propios residentes. Seguiremos viendo como uno y otro sacan pecho de cómo están reaccionando ahora en las residencias. Pero mucho me temo que no se verán ni responsabilidades, ni un análisis preciso de cómo la privatización de los centros ha hecho que sean “cerca de 3.000” ya las muertes, ni habrá un debate sobre cómo mejorar los controles reales y la gestión de estos centros. Ni sobre cómo recompensar a quienes se han estado jugando su salud por 900 euros brutos al mes, ni quienes llevan un mes sin ver a sus hijos por no exponerles al salir de su trabajo en las residencias, ni a quienes llevan decenas de llamadas hechas a familiares preocupados y ven en cada baja como parte de su familia se rompe. Por todos ellos, también se sale a los balcones y pronto a las calles.