Fuera formas y debido proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender la presunción de inocente –no de culpable–, no sólo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sino a todos aquellos que hubieran colaborado con él, a fin de realizar una purga dentro de su gobierno. “No se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, dijo el Presidente. “Para afuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas”. Como sucede normalmente con él, escala las cosas. Inicialmente, dijo que García Luna tenía derecho a un juicio y que era presunto culpable al que le tenían que probar las acusaciones de corrupción. Después ya lo señaló culpable, y más adelante barrió con quienes trabajaron bajo él.

La prensa publicó los nombres de varios de ellos, y parecía, hasta el domingo, que su destino sería la destitución. Habría sido una violación a sus derechos humanos, aunque el Presidente de cualquier manera los vulneró al establecer que habían sido partícipes de actos de corrupción. Al Presidente le gana el rencor y no se contiene. Su hábitat es la tensión y la confrontación. El lunes, sin embargo, rectificó. No cesará a nadie relacionado con García Luna. Pero una vez que abrió el tema del pasado en las áreas de seguridad, hay una persona que podría ser de su interés, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Su nombre fue señalado por el periodista Ciro Gómez Leyva, el viernes, como colaborador del exsecretario, y le respondió Rodríguez Bucio, al escribir el sábado en Twitter: “Agradeceré mucho al Sr. @CiroGomezL verificar la información que dio anoche en su programa televisivo. Jamás en mi tiempo de servicios he tenido que reportar sobre mi trabajo al Sr. Genaro García Luna”.

El general Rodríguez Bucio sí colaboró con García Luna, quien lo tuvo bajo su mando varios años desde 1994, cuando nació el llamado GAT, un esfuerzo de coordinación institucional que se integró tras una serie de atentados, que se consideraron “terroristas” en ese momento, en instalaciones estratégicas del país que buscaban colocar bombas en plantas de Pemex, hidroeléctricas, presas y telecomunicaciones. Su creación se debió a la falta de un organismo que concentrara atribuciones y capacidades, que por instrucciones del presidente Carlos Salinas recayó en el Cisen.

Bajo el paraguas del Cisen se incorporaron miembros de otras dependencias, de la Procuraduría General de la República, del gobierno del entonces Distrito Federal, del gobierno del Estado de México, y de las secretarías de la Defensa y la Marina. Se nombraron “enlaces”, incluidas las entidades, porque fue donde más actos de tipo terrorista se habían registrado, así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más adelante se incorporaron al GAT “enlaces” de los gobiernos de Chiapas, Guerrero e Hidalgo.

El GAT tenía reuniones de balance operativo cada semana y estratégicas cada mes, y fue precursor de los grupos de coordinación estatales, llamadas hoy Mesas de Seguridad. El mando lo tenía el Cisen, cuyo director general era Jorge Tello Peón, y el director de Protección, actualmente almirante, era Wilfrido Robledo. Se crearon niveles de mando ejecutivo y operativo, y este último coordinó todas las acciones hasta que el GAT cambió de dependencia durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando pasó a la naciente Policía Federal Preventiva, cuyo primer comandante fue Robledo, abajo del, para entonces, subsecretario de Seguridad Pública, Tello Peón.

Rodríguez Bucio dice en su biografía que llegó al Cisen en 1994, pero omitió que fue como parte del GAT, con la responsabilidad operativa de los elementos de la Secretaría de la Defensa. Aunque el comandante de la Guardia Nacional le reportaba al general Javier del Real Magallanes, y este a su vez al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes, recibía instrucciones dentro del GAT del responsable operativo, Genaro García Luna. El general también fue parte del traslado del Cisen a la Policía Federal Preventiva, bajo el mismo mando.

La creación del GAT se dio en el contexto del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo como respaldo militar en sus primeros días las acciones del PROCUP –más tarde EPR– de un poderoso coche bomba en Plaza Universidad y el intento de tirar torres eléctricas que abastecían de energía a la Ciudad de México. Pero la preocupación no eran sólo los movimientos armados, sino la posibilidad que grupos terroristas aprovecharan el contexto de agitación social. En el GAT se determinó que para acompañar las tareas de inteligencia y contrainteligencia, se haría seguimiento a políticos para determinar si tenían contacto con guerrillas o terroristas.

Ese trabajo de seguimiento permitió descubrir que varios perredistas tenían vínculos con el EZLN y el PROCUP, pero no más allá. El seguimiento se dividió entre los políticos más prominentes de la época, a quienes se les asignaban elementos con experiencia. Había otros políticos en la segunda línea que también eran de interés. Uno fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le asignaron un elemento de baja experiencia. Ese hombre fue Rodríguez Bucio, el primer “espía” que trabajó como sombra del entonces líder político en Tabasco.

La información obtenida por Rodríguez Bucio nunca mostró a López Obrador como una amenaza para el Estado mexicano, y tampoco se utilizaron sus datos personales durante sus campañas presidenciales. López Obrador siempre ha criticado al Cisen, y se ha quejado que lo espió, y paradójicamente, en Rodríguez Bucio se resumen sus dos anatemas: fue quien lo “espió”, y trabajó con García Luna. Ya no lo despedirán por esto último, pero debe explicaciones sobre su rol en el culiacanazo y aclarar por qué mintió en su biografía –razones suficientes para que lo cesaran.