"Una sola calificación a las declaraciones que de forma desinformada hace la oficina de la alta comisionado, absolutamente falso y carente de antecedentes, lo que manifiesta un desconocimiento de esta oficina de lo que está siendo la política responsable, migratoria en nuestro país".

Con estas palabras la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez respondió a los cuestionamientos realizados ayer por Birgit Gerstenberg -representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América del Sur- en la audiencia "Situación de los migrantes en Chile", del 172 periodo de sesiones de la CIDH.

La representante de la oficina liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, criticó la política migratoria del gobierno, acusando que las expulsiones "masivas" de extranjeros que se están realizando, manifestando, además, "su preocupación por las situaciones de discriminación y racismo a las que se enfrentan las personas extranjeras residentes en Chile y solicitantes de asilo".

Estas declaraciones no cayeron bien en el Gobierno, así Pérez indicó que "no existen las expulsiones colectivas en nuestro país, en nuestro Estado de derecho, lo que existen son expulsiones individuales luego de estar sometidos a un proceso que garantiza el derecho. Luego, no existe discriminación racista contra los afrodecendientes, toda vez que acabamos de aprobar una ley que los reconoce como tal".

Por esta razón, la vocera aseguró que "hacemos una invitación a la Alta Comisionada de DD.HH. y a su oficina a informarse, porque cosa curiosa, no como sucede con otros Estados, por primera vez no se le pide ningún antecedentes al Estado de Chile. Y en este minuto en la reunión que están en nuestro país ni siquiera se acercaron a nuestros representantes para recabar la información. Infórmense primero y luego, con antecedentes, manifiesten los juicios con responsabilidad".

Crisis en el Poder Judicial y en la Fiscalía

La vocera también respondió consultas relativas a la crisis que vive actualmente el Poder Judicial y el Ministerio Público, esto por las indagatorias de los jueces de Rancagua y el caso que afecta a los fiscales de O'Higgins, Emiliano Arias y Sergio Moya.

"Es súper preocupante lo que está pasando en Poder Judicial, en el Ministerio Público, es preocupante justamente por las confianzas. Enterarse de filtraciones todos los días no solamente es contrario a la ley, sino que provoca profundizar las desconfianzas con la ciudadanía", declaró.

"(Esperamos) Que pueda volver a existir un trato como corresponde a las investigaciones y que las personas que están siendo investigadas se defiendan en los canales correspondientes que es el poder judicial y no a través de la prensa, porque no es lo que corresponde", concluyó.