Los reportes de la Organización de las Naciones Unidas intitulados “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” y “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, presentados recientemente, vuelven a incomodar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ambos coinciden con las versiones esbozadas anteriormente por los forenses argentinos y los especialistas del GIEI y no sólo desmontan la llamada “verdad histórica” en la que se parapeta la PGR, sino que también hablan de la tortura a la que fueron sometidas las víctimas.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En vísperas de cumplirse 42 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, un informe de la representación en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) puso en evidencia la fabricación de la “verdad histórica” prácticamente al mismo tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR) daba oxígeno a la versión oficial con la presentación de Erick Uzziel “N”, alias La Rana, un personaje señalado de participar en la ejecución y calcinación de los normalistas en el basurero de Cocula.

El miércoles 14, Jan Jarab, encargado de la oficina de la ONU-DH, dio cumplimiento al anuncio hecho por el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad al Hussein, en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de dar a conocer “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

El personal de la ONU-DH tuvo acceso a 63 de 129 de los procesados por el caso Ayotzinapa. En algunos casos el contacto fue personal, en otros sólo se revisaron sus expedientes judiciales y los reportes médicos. La conclusión fue que en 51 hay sospechas de maltrato a los detenidos y en 34 elementos existe la convicción de que los detenidos fueron torturados.

El texto incluye declaraciones con nombres y apellidos de los procesados, rendidas ante el Ministerio Público federal y ante el Poder Judicial, en las cuales describieron los métodos de tortura utilizados por agentes aprehensores pertenecientes a la Policía Federal, la Secretaría de Marina y la Policía Federal Ministerial, que en los momentos de su detención estaba bajo las órdenes de Tomás Zerón de Lucio.

El caso extremo fue el de Emmanuel Alejandro Blas Patiño –presuntamente detenido junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas el 27 de octubre de 2014–, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de Marina que habrían participado en su detención”.

El informe advierte que, aun cuando las víctimas denunciaron esos actos de tortura y a los perpetradores, hasta ahora ninguno de éstos ha sido sancionado.

El documento abunda sobre el affaire del río San Juan y las actuaciones irregulares de Zerón de Lucio el 28 de octubre de 2014, reveladas en abril de 2016 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y de cómo el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) intentó involucrar a personal de ONU-DH y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el evento.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2159, ya en circulación