El Colegio de Abogados de Madrid ha rechazado enérgicamente dar amparo a Gonzalo Boye, el letrado que coordina la defensa de Carles Puigdemont en la causa del procés. Boye había solicitado amparo al ICAM después de ser acusado de manipular la demanda de Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la que se tergiversó la traducción de unas declaraciones realizadas por el juez a la prensa.

El mismo día, el decano de la institución José María Alonso salió en defensa de Llarena y de «la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado». Tras ello, Boye había reclamado que el ICAM no era competente para resolver su petición de amparo y había deslizado que podría incurrir en prevaricación si lo hacía. En su lugar, había pedido que el Colegio se abstuviera y remitiera el tema al Consejo General de la Abogacía Española.

Ahora, la Junta de Gobierno del Colegio de Letrados de Madrid rechaza amparar al abogado de Puigdemont y sostiene que «el amparo colegial opera en aquellos casos en los que el juzgado o tribunal ante el que desarrolla su actividad el abogado es el que coarta o menoscaba dichos principios rectores de su actuación profesional, no estando determinada aquí en qué faceta del ejercicio profesional el letrado Boye ha podido verse impedido, perturbado, inquietado, o dónde radica el supuesto ataque a su independencia y libertad profesionales».

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De esta forma, el ICAM no ha hecho caso de las advertencias de Gonzalo Boye y ha rechazado darle amparo «por unanimidad y sin reservas», al entender que «no concurren hechos que hipotéticamente pudieran justificar su concesión».

Así lo asegura el Colegio en una resolución de 12 puntos, en la que también condena «las presuntas amenazas, injurias, eventuales calumnias y, en general, los mensajes ofensivos de los que ha sido objeto en las últimas semanas en las redes sociales». De igual modo, rechaza el «lenguaje lacerante, grosero, insultante, desafortunado o descalificador respecto del letrado Boye».

También dice el ICAM que no hay «motivo alguno» para abstenerse en este asunto y acusa al abogado de realizar una «construcción artificial y voluntarista de causas genéricas de abstención y con proyección per saltum, esto es, obviando así y al mismo tiempo al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid».

«La competencia del Colegio de Abogados queda delimitada exclusivamente a la salvaguarda de la libertad y la independencia en el ejercicio profesional, íntegras e imperturbadas aquí, más aún cuando el letrado Sr. Boye no concreta en qué se traduce la hipotética perturbación, menoscabo de su libertad o coerción en su independencia en la defensa de los intereses que tiene confiados y que en todo caso derivaría de actuaciones o decisiones de una autoridad, juzgado o tribunal», subraya la Junta de Gobierno.

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