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Un policía youtuber con una navaja diciendo “que se preparen los menas”, un ultraderechista en un pleno municipal negando la violencia machista, una diputada delante de un centro de menores extranjeros denunciando las “manadas de menas”, esvásticas y amenazas pintadas en la fachada de espacios feministas y sindicatos.

El discurso de odio cada vez es más mediático; la impunidad de los discursos abiertamente de odio crece. El mes pasado, en mi barrio aparecieron a plena luz del día 30 nazis encapuchados al grito de “dónde están los rojos” en la plaza donde tenemos un centro vecinal y un mercadillo de libros.

La impotencia nos lleva a preguntarnos una y otra vez ¿no se puede denunciar todo esto en los juzgados?

Antes de denunciar, es importante saber que el discurso de odio no siempre es delito. Para que lo sea tiene que ser un discurso público y tener cierta relevancia para que pueda convertirse en violencia u odio organizado contra colectivos vulnerables. Esto último es importante: mostrar odio a alguien no es delito; puede llegar a serlo si se dirige contra a una persona o grupo que ha sufrido históricamente, o sufre en la actualidad, una situación de discriminación, opresión o vulnerabilidad, por ejemplo, minorías étnicas, migrantes o personas LGTBI. Este tipo de discurso busca naturalizar una estratificación social en la que existen personas de primera y personas de segunda y atentar contra el derecho fundamental a la igualdad.

Decir en un grupo de amigos “no me gustan los gais” o mofarse de ellos es diferente a gritar “maricones de mierda, iros de aquí” a una pareja gay en un lugar público. Lo primero está amparado por la libertad de expresión, lo segundo ha sido condenado como delito de odio.

El derecho penal es una herramienta que hay que usar con precaución y, en este tipo de asuntos, su uso ha de ir precedido de una reflexión política. Hay que tener en cuenta que el castigo penal es una herramienta limitativa de derechos que busca principalmente el castigo de los culpables y, muy secundariamente, la reparación del daño a las víctimas. Además, esta justicia penal está en manos de los mismos poderes públicos que mantienen a estos colectivos en una situación vulnerable.

Entonces, ¿qué hacemos con el discurso de odio?

Todos y todas andamos dándole vueltas a esta cuestión. Aquí dejo algunas reflexiones militantes desde los espacios políticos donde me organizo.

– Ganar el sentido común mayoritario. Quienes promueven estos discursos pretenden ganar apoyo de la opinión pública. Conectar con los enfados vitales de la población y orientarlos hacia su discurso de “no todos valemos y merecemos lo mismo”. Disputarles esa opinión pública debería ser un objetivo. Cuando pusieron el centro de menores extranjeros en mi barrio, en la asociación de vecinas “Macarena para Todas” hicimos una fiesta de bienvenida en un parque, dirigida a los vecinos, en la que intervinieron jóvenes extranjeros que pasaron por esa experiencia. Cuando llegó la diputada ultraderechista a hacer un mitin en la puerta del centro de menores, fueron las propias vecinas quienes, convencidas, se dirigieron a ellos y mantuvieron un “estos niños no dan ni un ruido”. El resultado electoral en mi barrio fue el peor de Sevilla para los ultras.

– Señalar las verdaderas causas de los malestares. Cuando alguien dice, por ejemplo, “los inmigrantes nos quitan el trabajo”, es necesario hacer el esfuerzo de señalar quiénes son los que de verdad nos quitan el trabajo. La campaña ‘La única minoría peligrosa son los ricos’ sería un buen ejemplo de este objetivo.

– En todo caso, si decidimos usar también las acciones penales, sería preferible usarlas como apoyo a las movilizaciones sociales. Por ejemplo, donde haya varios ataques a una sede de colectivos feministas, se responderá con movilizaciones, concentraciones, y seguramente actos públicos donde las feministas cuenten al barrio quiénes son y qué hacen. En ese contexto, una herramienta más podría ser la acción penal siempre supeditada y un pasito por detrás de la movilización social.

El discurso de odio lo frenamos en las instituciones, en las calles y con una buena estrategia colectiva en los tribunales.