En Bolivia se rompió el orden constitucional cuando las Fuerzas Armadas le recomendaron a Evo Morales que renunciara a la Presidencia. Con el último respaldo que tenía para aferrarse al poder, Morales dimitió y junto con él las tres personas que seguían en la línea de sucesión, provocando un vacío de poder que aún no se llena, y una crisis política que camina a la anarquía. El arbitraje de las Fuerzas Armadas fue el colofón de semanas de protestas tras unas elecciones consideradas fraudulentas, donde Morales utilizó recursos tramposos para ganarlas, sentando en Bolivia, en muchos sentidos, un precedente preocupante para América Latina.

Sus opositores se fueron a las calles, y se enfrentaron violentamente a la Policía durante semanas. Previamente, el Tribunal Electoral, controlado por Morales, incumplió con la función legal que le correspondía y avaló el fraude. Como la Cámara de Diputados y el Senado estaban en manos de incondicionales del presidente, tampoco existieron los contrapesos para impedir sus abusos. La falta de equilibrios exacerbó a la sociedad y aumentó la polarización. La inexistencia de instituciones que sirvieran de equilibrio para contribuir a una salida política y constitucional al problema, obligaron a la ominosa intervención de las Fuerzas Armadas.

Los observadores bolivianos han subrayado que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general William Kaliman, que “recomendó” a Morales renunciar, mantenía una relación excepcional con él. Morales los había colmado de privilegios, dinero y les encomendó responsabilidades que habían estado en el ámbito civil, como en el área de la aviación y programas sociales. Los militares eran parte de la gobernabilidad del presidente Morales, a quienes había cooptado política y económicamente.

Durante la mayor parte de la crisis, que explotó el 20 de octubre, cuando la oposición rechazó los resultados electorales, se mantuvieron neutrales y pasivos. En una primera explicación del cambio de actitud, se puede conjeturar que Morales estaba derrotado antes de dimitir, que se comprobó cuando al anunciar nuevas elecciones para detener la crisis, el conflicto se agudizó. Al presidente no le quedaba más recurso que apoyarse en las Fuerzas Armadas para sofocar la rebelión, lo que en un análisis de costo-beneficio, por la reacción del general Kaliman, era más alto intervenir para sofocar la rebelión que deslindarse de Morales. No querían un baño de sangre. Morales dimitió ante el riesgo que pudiera haber causado aferrarse a la Presidencia.

Su caída fue posible porque el país se había roto. Las instituciones estaban anuladas como intermediarias al haberse puesto al servicio de Morales. Dos días después de la elección, líderes políticos, de la sociedad civil y sindicatos convocaron a una huelga general. Los organismos internacionales regionales también mostraron su precariedad, incapaces de poder actuar. Cuatro días después de la cuestionada elección, la Organización de los Estados Americanos recomendó una segunda vuelta, que denunció Morales como un intento golpista. El Tribunal Electoral reconfirmó la victoria de Morales, quien ya había declarado que su victoria y la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, se debían a la voluntad de los bolivianos. El domingo, la oficialista Central Obrera Boliviana, que durante los casi tres lustros de Morales en el poder fue la cabeza de una coalición de sindicatos, organizaciones vecinales y pueblos indígenas que se agrupaban dentro del Movimiento al Socialismo, el partido del gobierno, rompió con él.

Morales utilizó los recursos de la democracia para minar la democracia. En 2017, una Suprema Corte subordinada a él abolió los términos para mandatos constitucionales, permitiéndole ir por una nueva reelección. La libertad de expresión sufrió regresiones y utilizó los tribunales para hostigar y controlar a periodistas independientes. Su discurso polar fue alejando a las clases medias, donde el Comité Cívico de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, uno de los dos motores de la rebelión, fue ganando apoyo e influencia. Morales canceló proyectos de coinversión con el sector privado y dejó de recibir recursos para inyectarlos en la economía, cuyo mensaje negativo se acentuó por la creciente intervención del gobierno en la economía y la amenaza de nacionalización de los activos empresariales.

Un país partido, con una ruptura del orden constitucional originada por una violación de las leyes electorales, que está en el origen del conflicto y en el colofón del derrocamiento de Morales, es una derrota de la democracia. El andamiaje se ha mostrado como era, débil y disfuncional, mantenido por un gobierno autoritario. Le falló el cálculo y la sensibilidad política a Morales, al no ver la descomposición acelerada que la imposición para un nuevo mandato presidencial había provocado.

Este error debilitó sus alianzas, y aferrarse a un nuevo mandato presidencial, cegado por su ambición de poder, le impidió notar que se estaba quedando solo. La Central Obrera Boliviana no actuó como contrapeso de los sindicatos que convocaron la huelga general, y la Policía lo fue abandonando en los últimos días al pasarse al lado de la oposición. No encontró el respaldo político de sus vecinos, con la posición extrema del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se sumó temprano a la petición de una segunda vuelta.

La caída de Morales aporta lecciones para muchos, como aquellos que apuestan por el aniquilamiento de las instituciones, o de quienes, estando al frente de las instituciones, se vuelven subordinados de los presidentes. Los equilibrios son importantes y los contrapesos son fundamentales, particularmente cuando los líderes se ciegan por su poder y respaldo popular, pensando que con sólo gobernar a una parte del país, es suficiente. Bolivia, con la agudización de sus contradicciones y el colapso de la alianza en el poder ante un repudio encendido, es un buen espejo para reflexionar y evitar caminar por el mismo sendero que recorrió Evo Morales, que fue el de la polarización y la desunión.