El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El Juzgado Decimoprimero de Distrito en la ciudad de Chihuahua determinó que también existe desacato por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cámara de Diputados, al no hacer la adecuación presupuestaria para devolverle a las estancias infantiles el apoyo económico que recibían por parte del Gobierno federal.

El abogado Cargos Vargas, quien encabeza el proceso legal a favor de las guarderías, dijo que luego de esta resolución se dará inicio a las denuncias penales en contra de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, con penalidades que van de tres a nueve años por cada una de las 176 estancias en el estado, con lo cual tendría que pagar o iría a la cárcel.

López Obrador y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, podrían ser citados por el juzgado por los desacatos al ordenamiento del juez, destacó el abogado Cargos Vargas, quien encabeza el proceso legal a favor de las guarderías.

“Ya los incumplimientos de la Secretaría de Bienestar están mezclando a otro poder, como es el Legislativo”, mencionó.

Indicó que en un período aproximado de un mes y medio se espera que se realice la primera audiencia penal de imputación.

Hasta el momento son 80 desacatos los que ha determinado el Juzgado de los 176 amparos interpuestos por las estancias infantiles en toda la entidad, afectadas por el retiro del apoyo.

Vargas dijo que el proceso legal es por 176 estancias en Chihuahua, entidad que fue punta de lanza para que se replicara el modelo de amparos en al menos 20 estados, por lo que la Secretaría de Bienestar estaría enfrentando la justicia por los casos en todo el país.

“Por eso es que, detonando las audiencias penales en uno de ellos, va a traer por consecuencia que se pague en todos, porque la pena de prisión es de tres a nueve años por cada incumplimiento y nada más aquí en Chihuahua son 176”, mencionó el abogado.

Detalló que el presupuesto de 4 mil millones que se tenía para este rubro se bajó a 2 mil millones en todo el país, por lo que el juez de Distrito determinó que la Cámara de Diputados y el presidente de la república deben hacer las adecuaciones para suministrar el recurso a las estancias tal y como se hacía el año pasado, es decir, de 950 pesos por niño.

“Este año lo habían bajado a 800 pesos por cada niño, pero el juez determinó que debe ser de 950 y de acuerdo al censo que se tenía en 2018, que se verificara correctamente, no que se anduviera con los censos fantasmas que hicieron en la Secretaría de Bienestar”.

Dijo que Bienestar informó a los juzgados de distrito que no podía cumplir con la suspensión hasta que la Cámara de Diputados le diera más presupuesto, porque tuvieron que despedir al 70 por ciento de su plantilla laboral y no tienen capacidad para realizar las supervisiones que implicaba otorgar ese recurso.

“Entonces ahorita estamos en espera de que la Cámara haga la adecuación presupuestal para que la Secretaría de Bienestar no ponga ningún pretexto y cuente con los recursos necesarios para ya repartir el dinero a las partes de manera directa”, mencionó.

El abogado consideró que la responsable de este incumplimiento a la orden del juez es la subsecretaria de esta dependencia federal, Ariadna Montiel, al malinformar tanto a López Obrador como a Albores, sin embargo la responsabilidad penal recae sobre Albores.

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