Pere Aragonès (izquierda) y Gabriel Rufián, este jueves en el consejo nacional de ERC. En vídeo, así es el pacto entre PSOE y ERC. CARLES RIBAS | ATLAS

Esquerra facilitará la investidura de Pedro Sánchez al abstenerse en la segunda votación del debate que comienza este sábado. El consejo nacional del partido ha aprobado la vía defendida por la dirección que encabeza Pere Aragonès. Una amplísima mayoría de los asistentes (solo hubo tres votos en contra de un total de 203) se mostró a favor de que los 13 diputados en Madrid faciliten la puesta en marcha del Gobierno a cambio del compromiso del PSOE de crear una mesa de diálogo sobre Cataluña. El texto del acuerdo establece que se tratará de un foro “con libertad de contenidos”, que habrá de comenzar en el plazo de 15 días desde la formación del Ejecutivo y cuyos acuerdos se validarán, “en su caso”, en una consulta a la ciudadanía. La presencia de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat no será indispensable. El texto evita referirse expresamente a la Constitución, aunque especifica que los posibles acuerdos tendrán que ajustarse al “marco del sistema jurídico-político”.

El texto del acuerdo, que tanto Aragonès como los negociadores con los socialistas han explicado extensamente a los consejeros nacionales de ERC, recoge los principales planteamientos de los republicanos desde el 28 de noviembre, cuando comenzaron las conversaciones con el PSOE. En primer lugar, logra dejar por escrito que para el PSOE la situación en Cataluña es un “conflicto político”.

También se acota la mesa de diálogo en la que se sentarán ambos Gobiernos. La presencia tanto del presidente ahora en funciones, Pedro Sánchez, o del president, Quim Torra, no está contemplada de antemano, pues el texto establece que participen “comisiones paritarias” y que cada parte decida sus integrantes. Con todo, Aragonès, en su intervención, invitó a Torra a participar e ir a defender juntos la celebración de un referéndum de independencia, un punto que Sánchez siempre ha dicho que no atenderá.

Los republicanos también querían que fuera un foro al margen de otros ya existentes como la Comisión Bilateral, establecida por el Estatut. Sin embargo, para garantizar que los acuerdos de la nueva mesa tengan algún recorrido legal, el pacto prevé que la nueva mesa se coordine con otros “espacios de diálogo constitucionales”, como la propia bilateral o la mesa de partidos que creó Torra pero que solo se ha reunido una vez. El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos también deja la puerta abierta a que haya más foros “bilaterales” entre Gobierno y autonomías para tratar asuntos específicos.

Las reuniones entre el Gobierno y la Generalitat también tendrán un calendario fijo. La primera, según el documento refrendado por ERC, será “en el plazo de 15 días desde la formación de Gobierno en España”. En esa cita se fijarán los plazos para nuevos encuentros. Tampoco habrá temas vedados: “Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña”, dice el texto. El único límite será “el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Y también hace una salvedad para intentar garantizar que, sea cual sea la propuesta, el debate no nazca muerto. “Se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”, agrega el documento. El texto no cita en ningún momento la Constitución.

Uno de los puntos más espinosos era el de los mecanismos de cumplimiento. No hay rastro de la posibilidad de que haya un relator que haga de parte independiente en las reuniones entre el Gobierno y la Generalitat. Se trata de un detalle que en el pasado hizo volar por los aires el intento de acercamiento tras la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa. El texto sí se refiere a la posibilidad de una consulta a la ciudadanía catalana sobre “las medidas en que se materialicen los acuerdos”, en caso de haberlos. Esta validación democrática se hará “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico”. Esa redacción es tan abierta que permite que ambas partes puedan modular su alcance.

Aragonès defendió el acuerdo como un paso necesario en la idea de los republicanos de mantener en alto la bandera del diálogo, aunque aceptó que pueda tener costes electorales para su formación. “No se pierde nada por esta vía [del diálogo]; no hemos dejado de hacer nada y no renunciamos a nada. Hemos abierto un nuevo camino para que el Estado haga política”, defendió ayer el coordinador nacional de ERC. La reunión se celebró en la sede del partido, en la calle barcelonesa de Calabria, y quedó patente la sintonía de la militancia con la vía que desde la cárcel propone Oriol Junqueras y ejecuta la dirección que pilota Aragonès. La propuesta fue avalada por 196 consejeros nacionales, hubo tres noes y cuatro abstenciones.

El coordinador nacional de Esquerra también aprovechó para expresar sus dudas sobre la relación con el PSOE y para reafirmar que su compromiso no es con la gobernabilidad de España, sino con el futuro de Cataluña. “Este diálogo que abrimos no es para una transferencia más o menos, o un mejor tramo de impuesto autonómico, sino sobre un conflicto político”, explicó Aragonès, que cree que, “por primera vez en 40 años”, no habrá una “negociación vacía” con el Gobierno central.

Las negociaciones para desembarrancar la investidura duraron poco más de un mes y tras una campaña electoral en la que ambas formaciones se atacaban día tras día. Oficialmente se celebraron tres reuniones (dos en Madrid y una en Barcelona), pero hubo muchas otras discretas y contacto permanente al más alto nivel. Los socialistas rompieron el hielo en el primer encuentro, cuando decidieron enmendar sus pronunciamientos anteriores, que hablaban de un problema de convivencia en Cataluña. Pasaron a describirlo como de “naturaleza política”.

ERC se sentó a la mesa después de una consulta a la militancia, que mostró la sintonía entre el plan de la cúpula del partido —con el liderazgo de Junqueras desde prisión y la intendencia de Aragonès— y las bases. Y resistió las críticas de los sectores más duros del independentismo, que consideraban la negociación una traición.

También hubo momentos de tensión en los que la negociación pareció naufragar. El hecho de que Sánchez diera por cerrado el acuerdo enfadó a los republicanos. ERC puso en el congelador las negociaciones a la espera de conocer el escrito de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Junqueras, pero la realidad mostró que las conversaciones continuaban. El PSC y los comunes se mostraron ayer satisfechos por la decisión de los republicanos.

La abstención de ERC permitirá la formación del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. PSOE y Podemos han pactado la derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley de seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza) y fuerte subida del salario mínimo. La sesión de investidura comenzará el sábado, día 4, y continuará el domingo 5, se interrumpirá el 6 y se reanudará el 7. Desde la primera votación de investidura del domingo, que previsiblemente será fallida al no obtener el candidato la mayoría absoluta, deben transcurrir 48 horas para la siguiente, en la que ya solo se requieren más votos a favor que en contra.

Ese será el momento en el que nazca el Gobierno de Sánchez, que de inmediato prometerá ante el Rey cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sin dilaciones para formar su Gabinete, que ya está ultimado, el presidente hará pública la composición del Consejo de Ministros, con asientos para socialistas, independientes de la órbita del PSOE y miembros de Unidas Podemos. Es muy probable que el primer Consejo de Ministros se celebre el viernes 10 de enero, según apuntan interlocutores gubernamentales.