La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó ayer un informe tan contundente como lapidario sobre las irregularidades cometidas en el programa de viviendas sociales Misión Sueños Compartidos , ejecutado por Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.

El documento desnuda no sólo la ruta del dinero, que derivó en desvíos millonarios de fondos públicos, sino también las responsabilidades que les caben al Ministerio de Planificación y a los mandatarios que recibieron las obras por falta de control.

El informe de la AGN, que los auditores oficialistas y opositores aprobaron ayer por unanimidad, pone la lupa tanto en la ejecución de las viviendas y su calidad técnica -sólo se terminaron 822 de las 4757 prometidas- como en el manejo de los fondos públicos destinados al programa, una inversión de casi 1300 millones de pesos.

Sobre este último punto surgen algunas perlitas. Por ejemplo, que hay 42 millones de pesos pagados por el Estado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que no figuran en su cuenta corriente bancaria; que se efectuaron pagos por 156 millones a personas jurídicas no relacionadas con la gestión de las obras y que los hermanos Sergio y Pablo Schoklender se firmaron cheques a su favor y a sus empresas vinculadas (Meldorek y Antártica Argentina) por montos millonarios.

"A través de la fundación se canalizaron fondos públicos por cifras siderales y no hubo ningún tipo de control por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que tenían la obligación de hacerlo", advirtió el presidente de la AGN, Leandro Despouy.

De hecho, el informe advierte que "se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control, por una suma de 225.000 pesos".

Responsabilidades

Las viviendas del programa Sueños Compartidos auditadas por la AGN son las emplazadas en Chaco ( cuando era gobernadorJorge Capitanich, hoy jefe de Gabinete), en los municipios bonaerenses de Tigre y Ezeiza (territorios de Sergio Massa y Alejandro Granados, respectivamente) y en la Capital (Mauricio Macri).

Un dato llamativo que se desprende del informe de la AGN es que en el 76,92% de los casos, el valor del metro cuadrado de las viviendas de Sueños Compartidos superó el costo del programa Techo Digno, que es el que ejecuta el Gobierno por medio de la Secretaría de Vivienda.

"Este informe demuestra que en cuestiones importantes como la vivienda no se puede improvisar ni hacer de cualquier manera, porque, si no, aparecen los aventureros que malversan los fondos públicos y frustran a la gente. Por eso es importante la tutela del Estado y que se ejecuten programas como el Procrear, que es lo que hay que hacer", enfatizó a LA NACION el auditor Oscar Lamberto, uno de los representantes del oficialismo.

El escándalo del programa Sueños Compartidos estalló en mayo de 2011 por las desavenencias entre Bonafini y Sergio Schoklender por el manejo de los fondos públicos. Estos recursos destinados a los planes de vivienda provenían del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, concretamente de la Subsecretaría de Vivienda, a cargo de Luis Bontempo, o de la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala.

El dinero era enviado a los distritos, ya sea municipios o provincias, que contrataban a la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo para realizar las obras, en general mediante un convenio, sin licitación previa.

Sobre este punto, la Auditoría fue por demás crítica ya que, a su juicio, la contratación directa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo "facilitó la elusión de las normas nacionales y provinciales que restringen la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos" y "afectó los principios de libertad e igualdad de concurrencia de oferentes, publicidad de los actos y transparencia en los procedimientos".

En otro párrafo del extenso informe, hizo referencia a la deuda que mantiene la Fundación con el personal que trabajó en las construcciones, que asciende a $ 146.9914.365, entre pago de haberes y aportes previsionales. Si bien la AFIP le otorgó a Bonafini un plan de facilidades de pago de 108 cuotas para regularizar la situación, ninguna cuota fue abonada, subrayó la AGN.

"Este informe demuestra que si la Auditoría no profundizaba esta investigación, pese a las enormes dificultades que tuvimos para conseguir la información, se corría el riesgo de que la causa judicial se paralizara. Sin dudas que toda esta documentación servirá para revitalizar la causa que hoy lleva el juez [Marcelo] Martínez de Giorgi", confió Despouy.

Los datos clave del documento

Muchas menos viviendas que las prometidas: se planificó construir cerca de 4800 viviendas; sólo se construyeron 822.

Precios altos: al comparar el costo de las unidades construidas por Sueños Compartidos, la AGN verificó que más del 75% habían costado más que las del programa Techo Digno.

Las organizaciones implicadas: la Fundación Madres de Plaza de Mayo canalizó fondos millonarios para las empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.