El futuro judicial del ex president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont se complica y, en esta ocasión, por un investigación sin relación alguna con el procés independentista. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona remitió este jueves al Tribunal Supremo una exposición razonada donde enumeró los indicios de criminalidad contra el prófugo por las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de Aguas de Girona, Agissa, cuando Puigdemont era alcalde de dicha localidad.

La juez de Gerona pidió a la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena que abra una nueva causa penal contra el ex president al entender que Puigdemont pudo cometer delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental cuando estableció un canon extraordinario de 3,7 millones de euros para el servicio municipal del agua y a través del mismo adquirió una colección de obras de arte a los herederos de Santos Torroella.

Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, si la Sala de Admisión del Alto Tribunal decide admitir a trámite la exposición razonada de la juez de Gerona, Puigdemont podrá ser reclamado a Bélgica por delitos ligados a la corrupción que, según el propio sistema de euroórdenes, implicaría la entrega inmediata del ex presidente catalán a España sin que fuera necesario cumplir el requisito de doble tipificación para cumplimentar la entrega.

Previamente, el Alto Tribunal tendría que ampliar el suplicatorio remitido por el juez Pablo Llarena al Parlamento Europeo o remitir uno nuevo a la Eurocámara para que se suspendiera la inmunidad del europarlamentario.

Las distintas fuentes consultadas explican que en el supuesto de que Puigdemont fuera investigado por el Supremo por el fraude de Aguas de Girona, al no solicitarse su entrega por "delitos políticos", como puede considerarse la rebelión o la sedición, sería "más difícil" que los países de la Unión Europea rechazaran cumplimentar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

"Ideó un artificio"

Sin embargo, aunque Puigdemont fuera entregado a España por la causa de Aguas de Girona, sería complicado que el Supremo pudiera juzgarlo por el 1-O, ya que el artículo 27 de la euroorden establece el principio de especialidad que recoge que "la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad por una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado su entrega".

En la exposición razonada remitida al Supremo se explica que, con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont, se diseñó "una operación para ocultar" que la colección de arte adquirida por el Ayuntamiento de Gerona a los herederos de Santos Torroella se realizó a costa de las cantidades recibidas como consecuencia del establecimiento del llamado "canon inicial" en la concesión del servicio público del agua.

Según la juez Elena Román, bajo el mandato municipal de Puigdemont "se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de Gobierno que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por once concejales en el Pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua".

Tanto la instructora como la Fiscalía Anticorrupción sospechan que "se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo".

El 6 de febrero de 2014, Puigdemont, como alcalde de Gerona, suscribió los denominados "Acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Gerona".

La juez ha remitido estos indicios al Alto Tribunal a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tras llevar más de dos años tratando de determinar si existían indicios de delito contra el líder independentista.

Al Supremo por europarlamentario

Fuentes jurídicas explican a este periódico que, en un primer momento, la exposición razonada contra Puigdemont se envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al tener entonces el huido la condición de aforado ante dicho órgano como diputado autonómico.

Al renunciar el prófugo a la misma tras ser elegido miembro del Parlamento Europeo, el TSJC devolvió la exposición razonada a la juez de Gerona y entonces la Fiscalía instó a Román a enviar los indicios contra el ex presidente catalán al Tribunal Supremo, al considerarlo el órgano competente para investigar al ex molt honorable.

Las fuentes consultadas explican que antes de adoptar decisión alguna sobre abrir o no la causa penal, se dará traslado a la Fiscalía que encabeza la ex ministra Dolores Delgado para que informe sobre la admisión de la citada exposición razonada.

Actualmente, el juez Llarena está a la espera de que el Parlamento Europeo conceda el suplicatorio en la causa del 1-O contra el ex presidente catalán y suspenda su inmunidad como europarlamentario para poder reclamarlo a Bélgica por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.