27/04/2017 -

VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada por Foro de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.

Al ser preguntada sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: "Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Alaya con respecto a estas declaraciones, primero pensó que se hablaba de mover fiscales, sobre lo que dijo que, "no se puede utilizar a los fiscales como lacayos", a lo que añadió que "no pueden existir cosas como las que hemos visto con un ministro del Interior".

Críticas a la Fiscalía

Si hubo alguna institución contra la que la juez Alaya apuntó durante su disertación, sin duda fue contra la Fiscalía. Con respecto a los fiscales Anticorrupción aseguró que "no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido", dijo en clara referencia al caso de los ERE. Explicó que "el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación". "El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción".

Y añadió que "los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción".

En referencia a la posibilidad de que sean los representantes del Ministerio Público los que lleven la instrucción, actualmente en manos de los jueces, la juez estrella andaluza sostiene que "conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado".

Pero los dardos contra sus compañeros no finalizaron ahí. La juez aseveró que "si se revocan las causas (audiencias provinciales) es porque el fiscal se implica poco". O con respecto a la Ley de Plazos, seis meses para causas simples y 18 para complejas, Alaya aseguró que "se limitan los plazos, pero se le dan las llaves al Ministerio Fiscal que no se mojan en las investigaciones judiciales y se mantienen al margen", en referencia a que son ellos los que deben solicitar las prórrogas.

Por ello, la juez ahora apartada de los ERE por las continuas discusiones con la magistrada titular del juzgado que lleva esta causa, explica dice que "es necesario que el pueblo se involucre (acusación popular), porque nos podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno".

Asociaciones, partidos y medios

Tampoco sus propios compañeros magistrados se libraron de las críticas de Alaya, que explicó que aunque respeta, y mucho, a las asociaciones judiciales, no está asociada porque no está de acuerdo con el sistema.

Alaya tuvo balas para todos. En referencia a los partidos políticos, la juez andaluza afirmó que "tras el 15M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia". Pero la juez, famosa por los ERE de Andalucía, traslada es pacto de no agresión a su tierra, de la que afirma que PP y PSOE vienen a decir: "no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos".

Los medios de comunicación no salieron mejor parados que la Fiscalía o los partidos políticos. Según Alaya, "los medios de comunicación están a favor del poder". "Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales", añadió.

Soluciones

Las soluciones a todos los problemas que acucian a la Justicia para ella son: Un consejo General del Poder Judicial elegido por jueces; que la elección del fiscal general del Estado garantice su independencia; autonomía presupuestaria; un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que "ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo", según manifestó.