En la sentencia que hizo pública el CJF se establece que los militares fueron obligados y presionados a declarar en la manera como refirieron, sin que el Juez tomara en consideración el principio de contradicción que impera en el procedimiento, y que ante su presencia reconocieron haber firmado sus entrevistas siendo notoriamente evidente su retractación al recordar incluso el número de pregunta con el cual describen los hechos y, en su caso, la imputación hacia el sargento.

ADEMÁS El sargento que disparó a presunto huachicolero en Palmarito llevará proceso por homicidio calificado

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Los cuatro soldados que declararon como testigos contra el sargento José Isidro Gómez Hernández, presunto asesino de un civil en Palmarito, Puebla, fueron presionados por para retractarse de sus declaraciones en la primera audiencia de vinculación a proceso, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El CJF dio a conocer este jueves la versión pública de la resolución del Magistrado titular del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, que vinculó a proceso al militar relacionado con los hechos ocurridos en Palmarito el pasado 3 de mayo, que fueron captados en un video y en el que se observa al uniformado disparar a quemarropa contra un civil tirado en el suelo.

Se trata de un documento que contiene declaraciones de los involucrados y los testigos, así como el argumento del juez que en primera instancia decidió dejar en libertad al militar, desechando varios elementos, como el de la necesidad de entender que los efectivos estaban en alerta máxima y que se justifica la utilización de los armamentos con que cuenta.

El Consejo de la Judicatura resaltó que en la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Unitario, que revocó el fallo y ordenó la vinculación a proceso, se menciona que el Juez de Control de Puebla que en prima instancia liberó a Gómez Hernández violó el principio de igualdad entre las partes porque “indiscutiblemente dio preferencia” a las pruebas aportadas por la defensa del acusado.

En la primera audiencia, los militares dijeron que sí ubicaban al sargento en el operativo de la noche del 3 de mayo en Palmarito y que ellos sí se reconocían en el video que filmó la ejecución.

Posteriormente, el 7 de junio, uno de los militares se retractó: “No me reconozco en ningún video y si lo dije es porque fue muy insistente el Ministerio Público, inclusive se encaró conmigo y me intimidó de cierta forma, me dijo que aquí me iba a tener y aquí me tiene. “Leí mi declaración y la firmé porque tuve que hacerlo, pero quiero precisar que en esa no aseguro nada porque tuve que hacerlo, quiero precisar que en ese momento no aseguro nada de lo que estoy diciendo”, declaró uno de los militares ante el juez de control”, según la declaración que dio a conocer el CJF.

La Procuraduría General de la República (PGR) justificó en su escrito de agravios ante el Tribunal que los militares probablemente se retractaron ante el juez por una cuestión de “disciplina” militar.

“Al ser miembros del Ejército nacional implica que los mismos están sometidos a una disciplina jerárquica, lo que implica respeto, subordinación y obediencia a los grados superiores y que en caso de desobedecer dicho código de conducta, sus superiores están facultados para reprenderlos. “Situación que en el caso en concreto es de obligada observancia en atención a que el imputado es de una jerarquía superior a la mayoría de los testigos, lo que implicaría de manera indirecta, cuando menos, un respeto hacía su grado y más aún el hecho de que la defensa del imputado esté conformada completamente por oficiales del Ejército Mexicano, implica que los testigos de manera directa o indirecta podrían haberse sentido obligados o conminados a no contravenir lo manifestado por dichos sujetos”, dijo la PGR.

Uno de los militares narró en su primer testimonio que él estaba muy cerca del vehículo gris de los huachicoleros en posición de rodilla en tierra, y que se percató que había un cadáver después de que le dieron la indicación de cubrirse ante un posible tiroteo.

“No sé cuánto tiempo pasó, hasta que un compañero me tocó la espalda y me dijo ‘cúbrete, cúbrete, porque se escuchan muchos disparos en ráfagas todavía’, entonces cuando él me hizo esa pregunta (sic) yo levanté la cara y vi una persona robusta en un charco de sangre, entonces levanté más la mirada y vi al sargento con el rompe flamas hacia el cielo, aproximadamente unos dos metros de la persona que estaba en el charco de sangre […] Yo en ningún momento vi que el sargento accionara su arma”, declaró entonces.

En su testimonio, otro soldado se desdijo: “En ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mi y al escuchar el disparo inmediatamente volteo para ver de dónde provenía el disparo, incluso pensé que nos estaban disparando otros porque yo, hasta por impulso levanto el pie derecho y en esos momentos veo al sargento que le disparó al civil antes mencionado que estaba boca abajo, sin percatarme en qué parte del cuerpo lo había impactado la bala”. La declaración agrega que el soldado volteó “porque me espantó el estruendo y en ese momento me doy cuenta que el sargento José estaba a una distancia aproximada de 50 centímetros del cuerpos del civil, con el arma de fuego […] en ese momento me dirijo hacia donde estaba el sargento para preguntarle por qué lo había hecho, es decir por qué había disparado en contra del civil, pero al verme me dijo ‘¿Tú qué? Pinche soldado'”.

En la sentencia que hizo pública el CJF se establece que los militares fueron obligados y presionados a declarar en la manera como refirieron, sin que el Juez tomara en consideración el principio de contradicción que impera en el procedimiento, y que ante su presencia reconocieron haber firmado sus entrevistas siendo notoriamente evidente su retractación al recordar incluso el número de pregunta con el cual describen los hechos y, en su caso, la imputación hacia el sargento.

El Pavín es primo de Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, identificado como el líder de la banda que se dedica al robo de combustible en esa región

Un tribunal mexicano ordenó hoy el inicio de un juicio por homicidio agravado contra un soldado acusado de asesinar a un detenido después de un enfrentamiento que se suscitó durante una operación contra el robo de combustible, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El pasado 3 de mayo, militares y presuntos delincuentes se enfrentaron en Palmarito, con un saldo de 10 muertos, cuatro de ellos soldados, de acuerdo con las autoridades.

Un video reproducido por diversos medios mostró el momento en que al parecer un militar disparó a un civil ya sometido, presumiblemente después del operativo contra robo de combustible en esa localidad.

El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró el 11 de mayo que se investigarían los hechos de Palmarito.

“Yo creo que habrá un hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades, y eso es lo que ya ha señalado abiertamente la Procuraduría General de la República y la propia Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo Peña Nieto a periodistas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó a su vez el 10 de mayo que ya investigaba el enfrentamiento de militares con los presuntos ladrones de combustible.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, aseguró el 25 de mayo que las Fuerzas Armadas mexicanas “están fuera de control”, y pidió al Gobierno una investigación imparcial sobre la supuesta “ejecución extrajudicial” de un civil a manos del Ejército en Palmarito.

De acuerdo con Guevara-Rosas, el vídeo de los hechos “muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las Fuerzas Armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública”.

-Con información de EFE.