La presencia de grupos irregulares armados en Venezuela evidencia la estrecha relación del oficialismo con células terroristas, alianza que ha causado incontables muertes y saqueo del patrimonio nacional, además de actividades económicas ilícitas, dice un informe de Fundaredes.

El documento indica que por lo menos 5 agrupaciones armadas en el país, la mayoría disidentes de organizaciones terroristas colombianas, fueron responsables el año pasado de 1.068 desapariciones de personas directa o indirectamente involucradas con la guerrilla; de la ocupación de 214 escuelas para campos de entrenamiento; del reclutamiento de numerosos menores de edad para sus filas, y asesinatos de funcionarios de los cuerpos de seguridad nacionales por interferir en sus planes.

El Ejército de Liberación Nacional, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular de Liberación, Fuerzas Bolivarianas de Liberación y el Colectivo de Seguridad Fronteriza son grupos con armas de guerra que actúan en amplias zonas en la frontera con Colombia y Brasil.

Esos paramilitares operan en 10 estados venezolanos, sobre todo en Zulia, Apure y Táchira, en actividades relacionadas con el narcotráfico, explotación minera y otros negocios ilícitos desde hace más de 4 décadas.

En ese lapso, al menos 20 años se han dedicado a la actividad política y lucrativa en territorio venezolano mediante acuerdos con el oficialismo, que iniciaron con su reconocimiento por el presidente Hugo Chávez y permitidos en comunidades debido al soporte económico recibido, ante la ausencia del Estado en esas regiones.

Con “una interpretación marxista de la historia y la imagen deformada de la carrera de Simón Bolívar”, integrantes de la guerrilla se han involucrado en varios sectores del Estado, como la educación, que les permite la ocupación de espacios escolares en determinadas localidades. El informe destaca que al menos 75% de los estudiantes de una escuela son reclutados por esos grupos irregulares y ofrecen empleo en actividades ilícitas a los migrantes que circulan en sus territorios.

Fundaredes también denuncia la presencia de esas células terroristas en actividades electorales a través de la propaganda y la imposición del voto asistido en diversas ocasiones. Además, la ideología guerrillera se difunde a través de cinco emisoras radiales de frecuencia modulada en seis estados.

Esos grupos, señala el reporte, actúan conjuntamente con las fuerzas armadas nacionales y colectivos, y son contratados por el oficialismo para reprimir a venezolanos durante manifestaciones.

“Fachada de colectivos”

Los irregulares se han aliado con colectivos y militantes del oficialismo que ejecutan acciones violentas debido a la impunidad que les garantizan dirigentes aliados de Nicolás Maduro, que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Ambos grupos armados coinciden, por ejemplo, en el apoyo a Chávez por su “proyecto político castrocomunista”, como lo califica el catedrático José Manchillanda, y en el resguardo ejecutado por los militares venezolanos. Sus objetivos los han obligado a establecer delimitaciones territoriales, pero los choques debido a sus ambiciones han dado lugar a enfrentamientos, con tiroteos y venganzas que han sembrado la muerte.

También se les compara por el método que utilizan para obtener armas, favorecido por la limitación operativa y de suministros para algunos cuerpos de seguridad.

En la actualidad, los grupos armados tienen definidas sus áreas para producir y traficar drogas como cocaína y marihuana, la explotación minera en determinadas comunidades del sur del país y sus trochas y vías irregulares para hacer negocios en la frontera colombo-venezolana.

Todas sus acciones son amparadas por el oficialismo y las fuerzas armadas nacionales, que permiten la toma de los cuerpos militares para su ideologización. Esa táctica comunista es conocida como “Estado de cuartel”, destacó Manchillanda.

El informe en la Asamblea Nacional

Diputados a la Asamblea Nacional recibieron el informe que registra la actuación de los grupos armados. El Parlamento considera que esos reportes, principalmente de organizaciones no gubernamentales, han sido las fuentes principales para determinar lo que ocurre en el país.

Franklyn Duarte, presidente de la Subcomisión Parlamentaria de la Frontera, confirmó los datos del documento sobre las acciones terroristas en el estado Táchira y las actividades ilícitas perpetradas en la frontera con Colombia.

Señaló que colectivos venezolanos se han integrado a la disidencia de las FARC y que los militares venezolanos se mantienen sumisos ante esas operaciones por orden de generales del Ejército.

“Los constituyentes que participan en el órgano ilegítimo instaurado por el oficialismo son líderes de varios de estos grupos, los dirigen mientras residen cómodamente en Caracas y supervisan a los altos funcionarios del oficialismo para evitar acciones sospechosas”, señaló Duarte.

El representante de la Comisión de Política Exterior Williams Dávila denunció la actividad de aproximadamente 15.000 terroristas exclusivamente en las rutas que conectan el sur y el norte de la nación, mientras que otros agentes presionan a ciudadanos para que abandonen sus terrenos con el fin de ampliar los dominios de grupos armados.

Fundaredes aseguró que los registros y las denuncias han sido recibidos por organizaciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y la ONU.

El arco minero como actividad económica exponencial

La explotación de oro y coltán en las minas de los estados Bolívar y Amazonas se ha denunciado ante las autoridades del Estado desde hace años. El diputado Romel Guzamana se refirió al punto del informe de Fundaredes que destaca la explotación de la comunidad indígena como componente notorio de las acciones de grupos irregulares en el país.

Muertes de ciudadanos en el estado Bolívar las ejecutan agentes del ELN armados con fusiles. Estos paramilitares encabezan la extracción de minerales, que posteriormente llevan ilegalmente a las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y Bonaire). Este hecho obligó a numerosos integrantes de la comunidad pemón a huir debido a la persecución y la represión por esos terroristas.

Guzamana criticó que organismos internacionales como la ONU no hayan fijado posición frente a los ataques contra los ciudadanos del sur venezolano, sus derechos y su cultura.

“La guerrilla se oculta con cédulas venezolanas en nuestras tierras, reprimen y matan a nuestros indígenas para lucrarse a costa de nuestro patrimonio, pero la Asamblea Nacional tomará las medidas necesarias para revocarles su condición”, aseveró el representante de la región sur del país ante el Parlamento.

Plan País atacará el terrorismo

Duarte señaló que el Plan País, presentado por el presidente interino Juan Guaidó, atiende el problema de los grupos irregulares armados en la nación, y proyecta las medidas para erradicar las células terroristas.

“En primer lugar, debemos recuperar la institucionalidad de las fuerzas armadas nacionales, dignificar nuevamente al funcionario para que defienda la verdadera soberanía del país, y plantear con ellos los escenarios de acción en contra de estos grupos. Los militares nos han dado la información necesaria para identificar a los responsables y a las víctimas de estos terroristas”, aseguró el parlamentario.

Terrorismo del Medio Oriente en América Latina

A pesar de que no es destacado en el informe entregado por Fundaredes, células terroristas provenientes de Medio Oriente como el Hezbolá también se han establecido en territorio nacional.

Dávila señaló que se han instalado específicamente en Machiques. Denunció que estos grupos no tienen tan grande repercusión como la de los grupos armados colombianos, pero se mantienen operativos mediante adoctrinamiento a la comunidad wayúu.

“La denuncia se ha hecho desde hace aproximadamente una década en la comunidad internacional, pero no hemos recibido mayor respuesta. Sin embargo, está confirmada su operatividad en el país, que puede representar un peligro para los venezolanos”, señaló el parlamentario.