XALAPA, Ver. (apro).-A cinco meses de que concluya su polémico mandato constitucional, el priista Javier Duarte de Ochoa, con el apoyo de la bancada priista y partidos satélites en el Congreso local, intenta una serie de argucias legales para blindar su salida sexenal y de paso maniatar al próximo gobernador del estado, su acérrimo rival y expriista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Primero, intenta que el Fiscal Anticorrupción sea el exdiputado local priista y cercano de él, Francisco Portilla Bonilla. Para ello presiona a legisladores de los partidos satélites a fin de obtener la mayoría calificada de 34 votos de 50 posibles.

Además, Duarte de Ochoa apuntala a Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido en el ámbito político como “mapache electoral”, como próximo comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Este martes, la secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura de Veracruz arrancó las entrevistas con los ocho aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para integrar el Dictamen con el nombre de quien sería propuesto al Pleno para su consideración.

Sin embargo, desde la semana pasada, los propios diputados priistas confiaron a la prensa que el gobernador Duarte ya sugirió que ese lugar será para el exlegislador priista y oriundo de Córdoba –ciudad natal de Duarte de Ochoa-, Francisco Portilla.

En el fino entramado para matizar conflictos políticos y de señalización tras su salida, el gobierno de Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33º constitucional (fracción XLII) para facultar al Congreso la designación (con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados) del contralor general, a propuesta del titular del poder ejecutivo, esto antes que concluya el sexenio.

Al respecto, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata fustigó que resulta evidente que Javier Duarte intenta dejarle al nuevo gobierno un funcionario con poder suficiente para obstaculizarle su labor y que responderá a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad.

“Más que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un Contralor “heredado” en realidad podría constituir un bastión de amenaza permanente para disuadir los intentos de procesar penalmente a Javier Duarte y todos los que han sido señalados por corrupción.

“Queda en evidencia también la intención de permitirle al gobernador Duarte, a como dé lugar, designar al funcionario que requiere para esos fines, porque si el Congreso rechaza al que propuso, tendrá el privilegio de enviar tantas propuestas como desee, hasta lograr que se lo aprueben”, afirma Barcelata.

Aunado a ello, acusan diputados del PAN, Javier Duarte quien durante el sexenio “regateó” y “promovió” la asfixia financiera de la Universidad Veracruzana (UV) acumulando pasivos por dos mil millones de pesos, ahora que ya se va envía al Congreso local una iniciativa de ley para dotar del 4% de la Ley de Ingresos anual a la casa de estudios, es decir, un promedio de cuatro mil millones de pesos por ejercicio presupuestal.

En el paquete de iniciativas de ley y de fin de sexenio, Duarte de Ochoa publicó un decreto en la Gaceta Oficial del Estado para promover una basificación masiva del aparato burocrático del estado, haciendo hincapié en los empleados de confianza del aparato gubernamental, quienes normalmente son trabajadores sexenales que llegan “apadrinados” por el gobernante en turno.

“Se hará justicia laboral a miles de personas que cada seis años viven en la incertidumbre de perder su trabajo”, justifica el documento del aparato gubernamental.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares emprendió una recia campaña en medios de comunicación para fustigar este paquete de iniciativas, pues asegura que Duarte de Ochoa quiere “blindar” las posibles responsabilidades penales en materia de desvió de recursos, tráfico de influencias y daño patrimonial por miles de millones de pesos.

En el Congreso Local, los diputados del PAN, Julen Rementería y Ana Cristina Ledezma han reprochado que estás acciones son en aras de “maniatar” y quitar operatividad al nuevo gobierno de Yunes Linares.

En el Congreso local, el próximo jueves continuará de forma álgida, el debate para nombrar al próximo Fiscal Anticorrupción, el cual saldrá de una terna propuesta por el mandatario Javier Duarte y aprobado por mayoría calificada de los diputados locales.