En abril, los controladores de Penta y el ex subsecretario Pablo Wagner llegaron a un acuerdo con el Fiscal Regional Manuel Guerra, un acuerdo que permite eliminar el delito de soborno para los primeros y recalificar el ilícito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito para el segundo.

De esta forma los imputados podrán acceder a un procedimiento abreviado sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso.

El lunes de la semana pasada Guerra se reunió con Julián López, defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y los abogados representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII), según señala La Tercera.

El motivo del encuentro era establecer la multa que los controladores van a pagar al fisco. Para el 3 de julio está agendado el juicio abreviado por presuntos delitos tributarios, que habrían cometido entre 2009 y 2014, ligados al financiamiento irregular de campañas políticas.

Finalmente, los funcionarios del Departamento de Defensa Judicial Penal del SII establecieron que el perjuicio fiscal que dejaron los controladores del holding asciende a cerca de $ 1.700 millones, y definieron que esa será la suma que ambos imputados deberán pagar como multa para concretar el juicio abreviado, es decir, un 100% de lo defraudado.