La ciudad de León, que el PAN convirtió en su bastión político durante al menos dos décadas, padece desde hace años de un fuerte incremento de la criminalidad, asociado a graves desequilibrios socioeconómicos. Sin embargo, la respuesta de los alcaldes –entre ellos la priista Bárbara Botello que gobernó de 2012 a 2015– ha sido desplegar más policías y aplicar el presupuesto de forma errática, mal planeada y opaca.

LEÓN, GTO.- Felipe y María de la Luz regresaban a su casa de una fiesta la noche del sábado 25 de marzo con su hijo Felipe, un adolescente de 16 años, y Juan Antonio, un sobrino. A unos metros del domicilio, un ataque armado dirigido al vehículo en el que iban los cuatro acabó con las vidas de Juan Antonio y de María de la Luz.

Los nombres de ambos están incluidos en estadísticas, notas periodísticas y datos oficiales entre las 100 personas asesinadas violentamente en León durante los tres primeros meses de 2017.

En los últimos cinco años, particularmente en los meses recientes, el narcomenudeo, la desigualdad económica y social, la especulación inmobiliaria y la violencia desatada por los grupos delictivos han acabado con la imagen de esta ciudad guanajuatense como bastión de la paz y el progreso, que se empeñaron en construir los gobiernos del Partido Acción Nacional desde 1989, cuando asumió la alcaldía Carlos Medina Plascencia.

La alternancia en el periodo 2012-2015, con la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez, fortaleció aún más la percepción de un incremento en la inseguridad. De hecho, aparte de las críticas de sus rivales políticos, ciudadanos organizados en grupos como el Frente Amplio Social y Ciudadanos Hartos la acusaron de debilitar las instancias de seguridad con numerosos relevos de sus titulares y despilfarro del presupuesto.

Y ahora, en la gestión del panista Héctor López Santillana (exsecretario de Desarrollo Económico estatal y gobernador interino durante la licencia de su correligionario Juan Manuel Oliva Ramírez en 2012), León encabeza ya la estadística estatal de homicidios dolosos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 154 y al año siguiente 193, lo que implicó un aumento de 25% y representa casi 20% de los asesinatos en el estado (mil 110).

Dicho incremento de la criminalidad tiene impacto nacional. El 7 de marzo último el secretario de Seguridad Pública municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó ante regidores de la Comisión de Seguridad que el año pasado la ciudad cerró en el lugar 13 de homicidios dolosos, pero subió al octavo al cierre del primer bimestre de 2017, con 68. Esta cifra triplica la de homicidios dolosos cometidos en enero y febrero de 2015 (22) y 2016 (21).

Después de que se dieron a conocer dichas estadísticas, en febrero último el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo a Proceso: “En los últimos años, quizás en los últimos meses, la demanda de drogas, como el crystal, ha crecido”. A eso le atribuyó el recrudecimiento de las pugnas entre bandas criminales en León y municipios vecinos, como San Francisco del Rincón.

La respuesta gubernamental fue reforzar la vigilancia en lugares estratégicos e incrementar las acciones de inteligencia, así como los operativos conjuntos con el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

Obstáculos a la vigilancia ciudadana

Entre junio de 2016 y febrero pasado las autoridades estatales anunciaron “acciones extraordinarias” para contrarrestar la embestida de la delincuencia, particularmente en León, Celaya, Irapuato y San Francisco del Rincón, pero algunas organizaciones civiles consideran que esa reacción­ es deficiente.

Una de ellas es el Observatorio Ciudadano de León (OCL), creado en el tramo final de la presidencia municipal del panista Ricardo Sheffield Padilla (2009-2012) para medir la inseguridad y calificar las acciones para combatirla. El organismo se declaró autónomo cuando Sheffield y su sucesora, Bárbara Botello, se negaron a destinarle fondos públicos.

Luis Alberto Ramos, empresario inmobiliario que preside el OCL, integrado por 25 consejeros, describe en entrevista con Proceso las dificultades para consolidar un esquema de colaboración ciudadana que revise tanto el gasto público como las políticas, los programas y la transparencia gubernamental:

“Con Sheffield se concretó el surgimiento de este observatorio. El acuerdo fue que nos proporcionaría capital semilla para insumos pero, aunque es dinero de nuestros impuestos, parece que si el gobierno da es para que hablemos bien de él. A Sheffield no le gustaba que lo cuestionáramos.”

En cuanto a la priista Botello, recuerda que en la campaña electoral “tomó mucha de nuestra información y atacó directamente. Ganó, y cuando le planteamos el trabajo, nos dijo que nada más le íbamos a pedir dinero y no quiso darnos información. Entonces decidimos continuar con nuestros propios recursos e incidir en un cambio gubernamental”.

En abril de 2015, durante el proceso electoral en el que triunfó Héctor López Santillana, éste asumió varios compromisos a solicitud del OCL, que le expuso cómo en sólo cinco años la Secretaría de Seguridad Pública municipal tuvo seis titulares, la dirección de la Policía Municipal cuatro y la de Prevención del Delito cinco.

Con base en sus propios diagnósticos, elaborados con encuestas, asesorías de expertos, datos oficiales y hemerográficos, los consejeros del OCL le explicaron al panista la necesidad de combatir la pobreza como parte sustantiva de la prevención del delito, lo mismo que la obligación de transparentar la información sobre los índices delictivos y el gasto presupuestal.

El OCL le presentó a López Santillana datos como éstos: en 2015 León era la tercera ciudad del país con más habitantes pobres (casi 350 mil); 19% de las 68 mil 825 viviendas particulares carecía de agua entubada; más de 60% de la población mayor de 15 años padecía rezago educativo, y 56% de jóvenes de entre 15 y 17 años no asistía a la escuela.

Según Luis Alberto Ramos, el observatorio ha insistido en trabajar con el gobierno del estado y el municipal, en primer lugar “para obligarlos a reconocer lo que pasa” y, en segundo, “para colaborar; somos críticos y constructivos: reconstruir México nos toca a todos”.

Con este objetivo, la organización elabora su Boletín Hemerográfico, en el que concentra y analiza la incidencia delictiva. A decir del empresario, en el OCL “podemos ubicar cuáles son las colonias más conflictivas, cuál es el daño a la persona, al patrimonio… El gobierno dice que no puede publicar la información porque alarma a la sociedad, pero si queremos prevenir es importante saber qué está pasando, dónde y por qué”.

En su número de diciembre de 2016, el observatorio informó que de enero a octubre de ese año la Secretaría de Seguridad Pública leonesa registró 2 mil 92 robos a comercios, 213 homicidios dolosos, 633 lesiones dolosas y 783 robos domiciliarios.

Además, un cruce de datos hemerográficos arrojó que, de los 163 delitos publicados en diciembre de 2016, en 88 se empleó algún tipo de arma, y a su vez en 68% de estos casos se trató de un arma de fuego. Para enero pasado, 90% de los delitos a mano armada implicaron el uso de pistolas o de rifles.

La dura realidad en este rubro se le impuso al alcalde López Santillana, quien no pudo sostener a los mandos policiacos. Ya fue relevado del cargo el director operativo de la Policía Municipal, Jorge Guillén Rico, quien ha enfrentado quejas ciudadanas por lesiones y fue señalado de proteger a un policía que presuntamente asesinó a un joven. En 2012 Guillén reprobó los exámenes de control y confianza, pero fue reincorporado en posiciones de mando por el secretario Luis Enrique Ramírez.

Los movimientos hechos por López Santillana no han sido bien recibidos del todo. La inclusión de Francisco Becerra, cuyo perfil es eminentemente político, en un área directiva de la Secretaría de Seguridad, levantó ámpulas. De trayectoria panista, Barrera carece de experiencia en materia de seguridad y operatividad policiaca. Sus cargos anteriores fueron delegado de la Profeco y secretario general del Comité Municipal del PAN.

A raíz de la inconformidad que se hizo patente al interior del propio ayuntamiento entre regidores de oposición, y afuera entre dirigentes empresariales, la Contraloría municipal inició una investigación para cotejar el perfil de Becerra con el requerido para su cargo de subsecretario.

Escudo roto

Entre 2012 y 2015 las cifras de homicidios en León se mantuvieron estables, pero en 2016 crecieron 25%. En el mapa delictivo elaborado por el OCL destacó en diciembre pasado el barrio de San Juan Bosco.

“Si tuviéramos una ciudad incluyente, que tuviera una economía sana… pero la situación es distinta. Por más que se le meta a la ‘reacción’ (policiaca) no se va a lograr nada si no hay programas sociales enfocados a recuperar la cohesión social. Los comités de vecinos se usan para hacer campañas; los programas, para operar políticamente”, critica Ramos.

Tampoco se fortalece la seguridad pública, añade, “si no se cuidan los recursos, si se ejercen mal… Se erogan 73 millones para prevención del delito, otros para hacer 161 comités vecinales, para patrullas. Se compran tres torres de videovigilancia… Pero a la hora de ver qué hereda una administración a la que sigue, resulta que no hay 700 patrullas, sino solamente 70 porque las demás están en el taller. Así no se puede”.

Esto sucedió con las torres de videovigilancia adquiridas en febrero de 2015, durante la gestión de Botello. Por ellas se pagaron, sin previa licitación, 12 millones de pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

Las torres nunca pudieron coordinarse con el Centro de Cómputo municipal (C4), aunque funcionaron ocho meses y después se desplomaron por fallas en las estructuras, según publicó en octubre de 2016 el diario am de León. Quedaron arrumbadas.

La prevención, principal apuesta del OCL, “fue descuidada en el gobierno de Sheffield, pero con Botello se desplomó. No hay una administración policial eficiente y eso es una de las mayores carencias, junto con la falta de programas sociales realistas”, comenta el presidente del observatorio, que junto a la Coparmex y el Centro Coordinador Empresarial impulsó la instalación de una mesa ciudadana en la que participarán también el alcalde y funcionarios de seguridad, tanto estatales como federales.

Para el OCL y otras organizaciones sociales, las principales acciones del sexenio del panista Miguel Márquez Márquez en materia de seguridad, que son los programas Impulso y Escudo –orientados a la recomposición social y a la vigilancia–, tampoco son efectivas:

“El programa Impulso no cumple. No hay claridad en el uso de los recursos, que se manejan para la política y las campañas –reitera Luis Alberto Ramos–… Podemos apostarle a recomponer (la sociedad), tenemos esa oportunidad si se aplica bien el presupuesto con programas que den resultados, si se empodera a la gente de las colonias que quiere participar. Si no, ya perdimos.”

Escudo arrancó hace casi tres años y no hay visos de que vaya a conseguir su meta de “blindar” la entidad contra la delincuencia organizada.

“Guanajuato es sinónimo de tranquilidad y todos queremos que así siga siendo. Desde hoy los caminos de Guanajuato serán más seguros”, dijo Márquez Márquez el 15 de abril de 2014, en el arranque oficial del programa.

Destinado a ser el emblema de esa administración, Escudo costó 2 mil 700 millones de pesos e implicó la adquisición de tecnología de avanzada para vigilancia y reacción rápida policiaca. El entonces mandatario prometió: “Evitaremos que los delincuentes encuentren oportunidades para eludir la acción de la justicia”.

Promesa fallida: apenas va comenzando 2017 y el reporte ciudadano Semáforo Delictivo ya coloca al estado en el primer lugar nacional en la tasa de ejecuciones.

Este reportaje se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.