Un proceso con contradicciones pero en marcha, que amenaza con abrir un inmenso boquete bajo la línea de flotación del sistema surgido de la llamada transición

El filósofo Griego Zenón de Elea (490-430 a.C.) ha pasado a la historia del pensamiento con una famosa paradoja según la cual, en una carrera entre Aquiles y una tortuga, en la que comenzara ésta desde una posición más adelantada, el héroe de Troya jamás alcanzaría al quelonio ya que primero debería recorrer la mitad de la distancia entre éstos, luego la mitad de la distancia restante, y así sucesivamente de un modo infinitesimal. Aquiles, según este peculiar razonamiento, cada vez estaría más cerca de la tortuga, pero nunca la atraparía.

El aluvión de declaraciones y valoraciones sobre el anunciado referéndum de Catalunya previsto para el próximo 1 de octubre pone de manifiesto que, con sus correspondientes matices, todas las opciones políticas institucionales y algunas autodefinidas como alternativas tienen al sabio de Elea como referente de cabecera.

A nadie sorprende que las marcas políticas que se han sucedido en el gobierno estatal en estos 40 años de postfranquismo exhiban su fidelidad a los pactos de la transición apelando a la “ilegalidad” del proceso catalán por ser contrario a una Constitución que señala la indisoluble unidad del Estado como uno de los pilares fundamentales del sistema, adaptación formal del “atado y bien atado” que escribió el dictador en su testamento político.

Así, señalan que quien pretenda la separación habrá de instar una improbable reforma constitucional que permita un encaje de sus pretensiones y, en el caso del PSOE, proponen sustituir el proceso soberanista por una inserción en la Carta Magna sobre la pluralidad de naciones que componen el Estado español, a condición por supuesto de que dicha declaración no lleve aparejada el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

De este modo Aquiles (el pueblo Catalán, por ejemplo) jamás superaría a la tortuga de la unidad estatal.

Pero es aún más patético comprobar como el ciudadanismo de izquierdas y sus convergencias gobernantes hoy en importantes ciudades (Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cadiz…), tras un reconocimiento cosmético del derecho a decidir, niegan su ejercicio práctico en Catalunya apelando también a la ilegalidad del proceso. Tal argumento pone de manifiesto, en el mejor de los casos, el idealismo propio de las ideas burguesas emanadas de la ilustración, al considerar que todo es posible en un estado formalmente de derecho. Siendo mal pensados, tal argumento tan solo pretendería enmascarar el alineamiento de tales fuerzas “progresistas” con los intereses del imperialismo estatal y europeo, para cuyos planes de acumulación y explotación capitalista interesa mantener el marco estatal tal cual está ahora (lo que no ocurrió por ejemplo en la ex Yugoslavia, hace 25 años).

Incluso la mayoría de las siglas políticas que mantienen un referente teórico marxista objetan al proceso catalán apelando a que éste contribuye a dividir a la clase trabajadora, deslizando además la idea de que está dirigido por la burguesía.

El sabio de Elea dirige más mentes que las que podrían suponerse a primera vista, 2.500 años después.

Por el contrario, la tradición emancipadora del marxismo entendió históricamente que lo que dividía a la clase obrera era la opresión nacional, de tal modo que solo el reconocimiento cabal del derecho a la autodeterminación (es decir, a la secesión), podría contribuir a que aflorara como principal la contradicción de clase, entre personas explotadoras y explotadas, uniendo a las gentes trabajadoras de los distintos países en un proyecto emancipador y solidario en el plano social.

Confundir unidad con uniformidad es una deformación del pensamiento que ha contribuido a que fuerzas teóricamente marxistas de las nacionalidades opresoras se hayan alineado en ocasiones con sus burguesías imperialistas y colonialistas frente a movimientos emancipadores. El caso de Argelia es un claro ejemplo de dichas posiciones. En el Informe del II Congreso Interfederal Comunista de África del Norte (24 de septiembre de 1922), adscrito al Partido Comunista Francés, se señala textualmente “lo que caracteriza a la población indígena es su ignorancia” y concluye que “la emancipación de las poblaciones indígenas de Argelia solo podrá ser el resultado de una revolución en Francia”.

Para el podemismo y sus satélites, cuyo discurso político no se basa en la impugnación del sistema sino en su regeneración, los acontecimientos que se está desarrollando en Catalunya suponen un riesgo para esa segunda transición que propugnan para terminar de lavar la cara al sistema conservando en lo sustancial tanto el sistema capitalista como el papel del Estado español en la división internacional del trabajo, como potencia imperialista de segundo orden. Desempeñan por tanto un claro papel de apagafuegos que les permitiría obtener la credibilidad que aún les falta, a los ojos de la oligarquía, para demostrar pueden ser unos gestores eficaces de sus intereses.

Más triste aún es asistir a la repetición del cliché de la unidad obrera cuando las organizaciones que argumentan en ese sentido parecen ignorar que, desgraciadamente, no existe hoy por hoy, a nivel estatal, ningún proyecto en curso para la emancipación de la clase trabajadora capaz de acabar con el capitalismo.

Oponer a un proceso con contradicciones pero en marcha, que además amenaza con abrir un inmenso boquete bajo la línea de flotación del sistema surgido de la llamada transición, un difuso llamamiento a que nos sentemos en el sofá esperando pacientemente que nuestros “representantes” en las instituciones solucionen nuestros problemas, mientras nos consolamos disfrutando de los éxitos deportivos de nuestros colores, solo se explica o bien merced a un acusado cretinismo o como una demostración práctica de que quienes así proponen no tienen realmente voluntad transformadora, en el sentido radical del término.

Respecto a la participación, o conducción si se me apura, del proceso por parte de sectores de la burguesía catalana, este es un dato que debe analizarse con rigor. Por un lado, la oligarquía catalana (Gas Natural, Caixabank…) ya se ha posicionado alineándose sin ambages con el conjunto de la burguesía españolista. Icluso la organización que agrupa a la patronal catalana: Foment del Treball, conocida históricamente por haber recurrido al pistolerismo para eliminar físicamente a líderes obreros en los años 20 del siglo pasado, se ha declarado fiel a la unidad estatal, por ser más positiva para sus negocios.

Por otra parte, no parece muy coherente que, a fin de evitar coincidir con un sector de la burguesía catalana, se termine apoyando a la oligarquía estatal que no solo nos explota, desahucia y privatiza nuestros servicios, sino que lo hace también a nuestras hermanas de clase de otros países del mundo.

Es evidente que hemos de aspirar a que la clase trabajadora tenga una política independiente de la burguesía, más allá de las posiciones que coyunturalmente adoptemos respecto a las contradicciones que tengan, en un momento determinado, distintos sectores de dicha clase. Para ello, es preciso construir referentes revolucionarios, que transformen el malestar en acción consciente y organizada, pero esa necesidad no debe impedirnos analizar la realidad sin apriorismos y, en ese sentido, es un dato a valorar que en el proceso catalán están actuando fuerzas como la CUP que, con todas las dudas que pueda generar, son la expresión de decenas de miles de personas trabajadoras.

En el momento de escribir estas líneas ignoro si la consulta se llegará finalmente a celebrar o si el Gobierno estatal intervendrá Catalunya, con lo que puede llevar aparejada de enfrentamiento y represión, que me aventuro a anunciar que no se ejercerá mayoritariamente contra la burguesía. De ocurrir de ese modo, la clase trabajadora y demás sectores populares de Catalunya requerirán de toda nuestra solidaridad. Hasta entonces, tanto por razones de principios como por cuanto pueda suponer de cuestionamiento del tinglado de la transición, yo al menos apoyo el derecho del pueblo catalán, así como del resto de naciones oprimidas por el Estado español, a decidir libremente sus destinos.

Francisco García Cediel