CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) acusó que los diputados cedieron ante intereses del gremio de maestros, en referencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al aprobar una iniciativa de reforma que a su parecer descarta las evaluaciones como un mecanismo confiable para impulsar la mejora en materia educativa.

"Este organismo autónomo reconoce el esfuerzo por consensuar diferentes visiones, pero resulta claro que se cedió ante intereses políticos y gremiales que buscan recuperar privilegios, por encima del interés supremo de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación con parámetros claros de mejora continua", señaló en un comunicado.

El INEE aseguró que hubo esfuerzo de los legisladores de oposición para mejorar la propuesta presentada el 12 de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque insistió en que es un "grave error" desaparecer la autonomía constitucional que actualmente tiene el instituto y que se aprobara un transitorio con el que considera que se abre la puerta a la venta de plazas.

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El INEE considera que con el dictamen de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales aprobado por la Cámara de Diputados México está dando un paso atrás, y podría dar inicio a una etapa de desmantelamiento de sus capacidades técnicas para diagnosticar, informar y acompañar procesos educativos y mejorarlos.

Señala que se mostró un desconocimiento intencional de las atribuciones y contribuciones que el INEE ha hecho en sus casi 17 años de existencia, comprobable, dice, a través de su vasta producción de estudios, evaluaciones e información estadística, públicamente disponible.

En el dictamen se especifica que la información elaborada o en posesión del INEE será patrimonio público y deberá estar en una plataforma digital para que pueda ser consultada por cualquiera persona.

El INEE, además, considera que la desaparición del organismo por uno sin autonomía constitucional es un grave error, pues permite garantizar mediciones y evaluaciones que producen información valida y confiable con independencia de la autoridad educativa.

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Al instituto le preocupa también la posibilidad que se abre, con el artículo decimosexto transitorio, de retornar a las prácticas del escalafón por la vía de comisiones paritarias entre sindicatos y autoridad, así como la asignación directa de plazas con criterios distintos al mérito, por lo que exhorta al Senado a revisar el alcance de dicho artículo para evitar que se abra la puerta a la venta de plazas vía la secrecía sindical.

El artículo en cuestión establece que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 de la Constitución Apartado B.