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El Gobierno hace recaer sobre los trabajadores (a través de un IRPF cada vez menos progresivo) y sobre el consumo (IVA, impuestos especiales…) la recaudación fiscal prevista para 2017.

Mientras las empresas pagaban por Impuesto de Sociedades un 22% en 2007, este año el Estado sólo recaudará el 12% por ese impuesto sobre los beneficios patronales. Sus beneficios, en cambio, han crecido en relación a aquel año en un 2’5% .

Sin embargo, Hacienda prevé ingresar en 2017 por el IRPF un 7,45% más que hace diez años (del 75% casi el 83%), cuando en 2007 había 2,2 millones más de trabajadores ocupados.

Si a ello le sumamos, además, las enormes deducciones fiscales a las grandes empresas y las principales fortunas del país (bonificaciones del Impuesto de Sociedades, imposición privilegiada de las SICAV, bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, entre otras), junto al fraude fiscal mediante el desvío de fondos a paraísos fiscales (y las correspondientes amnistías fiscales posteriores en los pocos casos en que son perseguidos y descubiertos), se llega a la conclusión de que el Gobierno hace recaer sobre los trabajadores (a través de un IRPF cada vez menos progresivo) y sobre el consumo (IVA, impuestos especiales…) la recaudación fiscal prevista para 2017.

Por tanto, el tradicional papel redistributivo del Estado, haciendo pagar a quien más tiene para destinarlo a gasto social, se invierte con las políticas neoliberales, haciendo crecer la concentración de la riqueza en cada vez menos gente y aumentando la desigualdad social hasta extremos escandalosamente insoportables, llegando a datos en 2016 como que tres personas (Amancio y Sandra Ortega de Inditex y Juan Roig de Mercadona) concentren tanta riqueza como 14 millones de personas, que el 10% de los ciudadanos más ricos acumulen el 56% de la riqueza de todo el país o que mientras la riqueza de los tres más ricos ha crecido en un 30%, la del 30% más pobre se haya visto reducida en una tercera parte en la última década.