Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Cervantes renunció en medio de la controversia por su potencial nominación como Fiscal General.

El procurador general de México, Raúl Cervantes, renunció este lunes a su cargo, a menos de un año de su nombramiento y en medio de una controversia por su potencial nominación para la primera fiscalía autónoma del país.

En una lluvia de tuits, Cervantes explicó que presentó su dimisión de forma "irrevocable" ante el Senado para facilitar la "transición a nuevo esquema institucional que asegure, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad".

El Congreso de México aprobó hace más de tres años una reforma constitucional en la que establecía que, a más tardar para 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) se transformaría en Fiscalía General.

Para la renovación institucional, se estipuló, además, el nombramiento de un fiscal general que permanecería nueve años en el cargo y sus funciones y nombramiento serían autónomos, a diferencia de como ocurre ahora, que la Procuraduría está supeditada al partido gobernante.

Alberto Najar, periodista de BBC Mundo en México, explica que desde su designación como procurador el 25 de octubre de 2016, Cervantes estuvo envuelto en la polémica ante la posibilidad de que se convirtiera en el primer Fiscal General.

No obstante, en los tuits publicados este lunes, el abogado constitucionalista aseguró que su figura y sus supuestas aspiraciones fueron utilizadas por políticos y diputados como un pretexto para no avanzar en la aprobación de leyes que permitan la renovación.

"Espero que (las) Cámaras (de diputados y senadores) tengan altura de miras y aprueben en breve las leyes que aseguren una Fiscalía (General) y Fiscalías eficaces, autónomas e independientes en todas las entidades", afirmó.

Qué funciones tendrá el fiscal general

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Cervantes fue abogado del PRI.

Najar explica que la de fiscal general es una figura que no existe en México y que, legalmente, se encargará de sancionar no solo la delincuencia organizada, sino que también tendría participación en conflictos electorales.

De acuerdo con la ley aprobada, quien ocupe la fiscalía debe ser una persona independiente y ajena a los círculos de poder.

De ahí la controversia por la potencial nominación de Cervantes, quien es militante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que incluso fue abogado.

Además es familiar de quien fuera el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un persona muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto.´

Oposición

Para impedir que Cervantes fuera designado fiscal general, los partidos de oposición formaron bloques legislativos en la Cámara de Diputados y el Senado.

Organizaciones civiles también rechazaron y la oposición incluyó una campaña en redes sociales con etiquetas como #Fiscalcarnal y #Fiscaliaquesirva,.

Ante las crecientes protestas el PRI aseguró que no pretendía imponer a Cervantes.

El partido gobernante dijo entonces que el presidente Enrique Peña Nieto propuso eliminar un artículo del decreto para crear la fiscalía donde se señalaba que quien fuera procurador en el momento de constituirse la Fiscalía sería automáticamente el nuevo responsable del organismo.