“Nosotros, para distraer la atención, estamos enmierdando”. El autor de tan poéticas palabras es Juan Santana, jefe de prensa del ministro de Industria en funciones y presidente del Partido Popular de Canarias. Las pronunció ante una docena de periodistas que esperaban a José Manuel Soria el pasado día 14 de marzo ante el colegio Heidelberg, de Las Palmas de Gran Canaria, a donde acudía para instruir a los estudiantes sobre política. Manda trillos. Santana comentaba la estrategia que está siguiendo su jefe con la magistrada en servicios especiales y diputada de Podemos Victoria Rosell, a la que Soria, a través de Eligio Hernández, ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo tras retirarla de los juzgados de la Plaza de Castilla y añadirle unas cuantas ocurrencias del ex fiscal general (y dos huevos duros). Querella, por contarlo todo, que fue rotundamente descalificada por la Fiscalía del alto tribunal español por falta de legitimidad del querellante y ausencia de pruebas. Santana pidió a los periodistas que preguntaran a Soria por diversos temas, entre otros el desbloqueo del IGTE, a lo que sólo se prestó una periodista de Radio Nacional de España. En esas declaraciones, el ministro en funciones retó a la diputada de Podemos a que renunciara a su aforamiento, lo que complementó días después con una ampliación de querella aportando más recortes de prensa, en concreto, una información de El Mundo conteniendo una declaración que se acababa de producir ante el juez Salvador Alba, sustituto temporal de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8. En esa noticia se daba cuenta del extraño interrogatorio que Alba hizo a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, incurso en un proceso por presunto fraude fiscal, pero que fue exclusivamente dedicado a este periodista y a la empresa editora del periódico Canarias Ahora. La Provincia ha tenido el detalle de publicar este domingo, a lo largo de cinco páginas, la declaración (casi) completa de Ramírez en la que hizo referencia a varios contratos (que luego aportó al juzgado) suscritos entre algunas de sus empresas y dos que en el pasado explotaron este periódico y la emisora Canarias Ahora Radio. Lejos de afirmar como hizo El Mundo falsamente que continuamos manteniendo relaciones empresariales con empresas de Ramírez, La Provincia tradujo aquella comparecencia judicial con un titular muy llamativo a cuatro columnas en primera página: “Grandes empresarios prestaron dinero a las empresas de la pareja de Rosell”. Cualquiera que se haya tomado la molestia de leerse las cinco páginas que nos dedicó el periódico de Editorial Prensa Ibérica, últimamente entregado a todas las causas sorianas, llega a la terrible conclusión de que Ramírez no habla en ningún momento de “grandes empresarios”, ni desde luego que esos préstamos fueran dirigidos a la persona física Carlos Sosa. Pero como el periodista no desplegó el deber de contraste, ni se preocupó en pedir a la misma fuente que le facilitó la declaración los cuatro contratos que explicó Ramírez, los lectores se han tenido que quedar con unas interpretaciones bastante pintorescas.

Cuatro contratos entre 2003 y 2008

Porque si el periodista Manuel Reyes se hubiera preocupado por completar su información habría descubierto que los cuatro contratos de préstamo a cuenta de participaciones se suscribieron los años 2003, 2005, 2007 y 2008. Ninguno de ellos tiene como parte a la que desde 2009 explota este periódico, Clan de Medios, Comunicación y Marketing, SLU, que solo tiene un accionista, este periodista. También se hubiera percatado, para desmoronamiento de sus tesis, de que una de esas empresas, Virtual Press, lleva casi una década liquidada, y la otra, Canarias Ahora Radio, está sin actividad desde antes de 2010. Si hubiera hecho la menor tarea de verificación habría descubierto que en durante los años en que se firmaron esos contratos (2003 a 2008), este periodista no era la pareja de la señora Rosell, lo que desgraciadamente para él le hubiera impedido poner su nombre en el titular. En ninguna de esas dos empresas este periodista tuvo participaciones societarias, aunque sí era uno de sus administradores y como tal firmé tres de esos cuatro contratos. Tampoco resalta el señor Reyes que desde 2008 hasta la fecha no existe ni un solo contrato de préstamo, compra de acciones o publicidad entre las empresas del señor Ramírez y este periódico. Tan sólo existe un contrato por el que la empresa Ralons se ocupa de la limpieza de nuestras oficinas por un importe mensual de 700 euros, una relación que desde luego no tiene mucha pinta de condicionar la labor jurisdiccional de ningún juez, entre otras cosas porque ese importe es satisfecho mes a mes.

Los ruinosos negocios

En ningún momento de su declaración, Ramírez dice al juez Alba y a la fiscala Ríos quiénes fueron los empresarios que emplearon similares contratos para financiar a las empresas que en aquellos años editaban el periódico Canarias Ahora y gestionaban la emisora Canarias Ahora Radio. Pero el periodista se permite concluir que eran “grandes empresarios”, lo que parece tener la clara intencionalidad de vincularnos con inmensas fortunas capaces de sostener nuestros “ruinosos negocios” (sic) que tampoco aparecen como tales en la declaración judicial. Sí dice Ramírez que todos los medios de comunicación son deficitarios, “los grandes y los pequeños”, lo que conduciría a incluir también a los de Prensa Ibérica, cosa que no vamos a hacer nosotros. “La operación es sencilla aunque complicada de entender”, arranca la crónica del periodista Reyes, que no parece explicarse cómo es posible que haya empresarios que puedan, por ejemplo, pagar fuertes sumas de dinero cada vez que la empresa para la que trabaja organiza un foro en el hotel Santa Catalina. ¿O es que los grandes empresarios sólo se pueden permitir apoyar económicamente a medios poderosos con rumbosas cuentas de resultados y periodistas de tan primer nivel? Le hubiera bastado hacer una llamada de contraste para comprender mejor lo que le parece “complicado de entender desde la ortodoxia de la rentabilidad económica”. Eso sí, la escasa ortodoxia del interrogatorio a Ramírez también es destacada por el periodista: que en una causa por fraude fiscal de una empresa se interrogue a su titular sobre sus relaciones con una empresa periodística con el fin de encontrar algún modo de enlazar con la jueza Rosell queda absolutamente patente en la transcripción ofrecida por La Provincia. Máxime cuando se realiza después de severos varapalos administrativos, disciplinarios y penales en torno a este berrinche alentado por el ministro en funciones José Manuel Soria. Y máxime cuando la fiscala Evangelina Ríos, del equipo médico habitual de Guillermo García-Panasco, pregunta si la contabilidad de la empresa de Ramírez la conocía la jueza Rosell. Una pregunta más que capciosa teniendo en cuenta que Ríos la tiene en su poder desde 2013, un año antes de que presentara in extremis, a escasas horas de la prescripción, la querella contra el empresario. Salvo que, como es fama, esa contabilidad, tres veces presentada ante el juzgado se le haya traspapelado por entre los pliegues de sus obsesiones preprocesales de carácter disciplinario.

¿Y los papeles de Panamá? Permanezcan atentos a sus pantallas.