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El hábito de la tortura en los cuartelillos, comisarias y cárceles dista mucho de ser un mal recuerdo del franquismo o la transición. Al contrario, y teniendo en cuenta que los vicios de la dictadura se han prolongado con maquillaje democrático hasta la actualidad, durante los mandatos de los dos últimos presidentes del gobierno (Zapatero, del PSOE, y Rajoy, del PP) ha habido cerca de 8000 denuncias, la mayoría, a pesar de los toques de atención dados a España por la Unión Europea, tratados con desdén y despreocupación por las autoridades y los jueces del régimen. Y todo ello sin contar los casos que no se denuncian por el miedo a las fuerzas de seguridad-represión del estado.

El “Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en el estado español en 2015”, publicado en junio de 2016 por la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT). que se hace público consecutivamente desde hace 12 años, recopila casos de tortura, malos tratos y muerte bajo custodia en el estado español.

Durante 2015 se recogen un total de 128 “situaciones” de torturas o malos tratos, en las que resultaron afectadas 232 personas. Si se contabilizan desde 2004, el número de “situaciones” se eleva a 3.261, con 7.812 personas afectadas. Sin embargo, los autores subrayan que el documento no recoge todos los episodios de torturas y tratos vejatorios en 2015, ni siquiera el conjunto de las denuncias presentadas ante los tribunales. En cuanto a las características de las personas que denunciaron maltratos o torturas en 2015, el informe resalta que muchas de ellas formaban parte de movimientos sociales (89), 50 eran migrantes; 37, personas presas; 19, menores de edad y 58 denunciaron agresiones por otros motivos (comisión de pequeños delitos contra la propiedad o la salud pública, durante identificaciones rutinarias en la calle o tras acudir a una comisaría para denunciar que fueron objeto de un delito). Una persona puede adscribirse a más de una categoría (por ejemplo menor-migrante), por lo que el número de personas computadas en este apartado (253) supera a las recogidas en el informe (232). Respecto a la tipología de funcionarios, el que acumula mayor número de denuncias es la Policía Nacional (67), seguido de la Ertzaintza (47), Prisiones (37), policías locales (36),

Guardia Civil (34), Mossos d’Esquadra (5), Centros de menores (3), y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (3).

¿Cuál es la actuación de los tribunales españoles frente a las torturas, lesiones, delitos contra la integridad y/o malos tratos? La CPDT da cuenta de 95 sentencias durante 2015 (no se trata de todas las dictadas), de las que 43 se saldaron con una condena y 52 con la absolución. Añade el informe que 227 funcionarios tuvieron que comparecer en juicio, como acusados, ante los tribunales (el 44%, policías locales; el 33%, policías nacionales y el 17% guardias civiles). Los agentes de la policía local fueron quienes sumaron mayor número de condenas (31), seguidos por la guardia civil (18), la policía nacional (15) y los funcionarios de prisiones (3). Por otro lado, resultaron absueltos de los procesos judiciales 68 policías locales, 58 policías nacionales y 22 agentes de la guardia civil. La mayor parte de las sentencias condenatorias se correspondió con una falta de lesiones. Pero más allá del análisis cuantitativo, la CPDT destaca el “miedo existente a denunciar las agresiones sufridas por agentes públicos”. Ello se debe a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del estado realicen contradenuncias, por ejemplo, por supuesto atentado o resistencia. De hecho, muchas de las personas que denunciaron torturas y llegaron a juicio -34 de un total de las 95 que recoge el informe, un 38%- fueron denunciadas, primero, y acusadas, después, por la fiscalía como supuestos responsables de resistencia o atentado.