El final de la feria judicial supuso la presentación en fila de varias demandas contra Vicentín, la empresa agroexportadora santafesina que a principios de diciembre se declaró con “estrés financiero”, mandó al default una deuda de 1.300 millones de dólares, dejó en vilo a un centenar de productores, corredores de granos y acopiadores, frenó sus actividades y puso en suspenso cuatro mil puestos de trabajo. Y destapó una maniobra fraudulenta con el Banco Nación por casi 20 mil millones de pesos, un 20 por ciento del patrimonio computable de la banca estatal, que arrinconó al anterior presidente de la entidad durante la gestión de Mauricio Macri, Javier González Fraga.

Las acciones judiciales fueron realizadas por diez compañías entre las que se destacan Corredora Pampeana, Bolatti, Bessone, Agro Giorgi y BLD, que presentaron medidas cautelares ante el fuero civil y comercial para cobrar sus acreencias. La última de estas empresas, BLD, es una agrofinanciera que anunció la cesación de pagos unos meses antes que Vicentín y generó un intenso revuelo a nivel regional. “El muerto se ríe del degollado”, ilustró durante la última sesión de la Cámara el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade. “BLD y Vicentín gozan de impunidad porque son el gran capital. El lavado de activos es un delito del que todos callan. La otra cara de la violencia que vive la Provincia en estos primeros días del 2020, es la impunidad del dinero”, agregó.

En su presentación judicial, la agrofinanciera que apeló a estrategias similares para huir del colapso con ganancias y sin costos, asegura que Vicentín incumplió un pago por 184 millones de pesos por granos que adquirió y nunca abonó. En las últimas jornadas se sumaron más de cinco empresas a la lista de demandantes.

El 15 de enero, la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario emitió un fallo en el que obligaba a la firma a abonar de inmediato 18 millones de pesos a la empresa de correacopio LBO por granos entregados y no pagados. Fue la primera medida judicial adversa para Vicentín. En el mediodía del 6 de febrero ingresó a los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra contra Vicentín. Fue emitido por la firma Gagliardo Agrícola Ganadera, que pertenece al mismo grupo de la constructora Obring y recayó en el Juzgado Civil y Comercial 14 a cargo de Marcelo Quaglia.

En la sesión extraordinaria de ese mismo día, Del Frade recordó que en 2013 la aduana de San Lorenzo acusó a Vicentín de “evasión, elusión impositiva y subfacturación de exportaciones” y solicitó que los delitos de lavado de activos sean tomados por la jurisdicción provincial de la justicia, “porque tienen sus efectos sobre la población de la provincia de Santa Fe”.

Al desencadenarse la crisis, Vicentín buscó una salida a través de mecanismos extrajudiciales para regularizar parte de las deudas que tiene en toda la cadena del agro. A mediados de enero, productores, acopiadores y corredores, se reunieron en la Bolsa de Comercio de Rosario y crearon el grupo de damnificados “Sumando cabezas”. La intención es alcanzar los 800 acreedores. La mayor cantidad de estos decidió no firmar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial que proponía un pago de un 20 por ciento para los reclamantes por deudas superiores a los 30 millones de dólares y el resto según un cronograma de financiamiento a lo largo de ocho años.

El volumen de la deuda hace imposible un panorama que evite la convocatoria de acreedores. El plan de pagos presentado el 24 de enero no conformó a nadie y la rueda continuó girando. Las plantas industriales están paralizadas y los trabajadores haciendo “guardia pasiva” ante la incertidumbre, como declaró Pablo Reguera, el titular del Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo. Hasta la presentación de la oferta se había aplicado una prórroga para retomar las actividades que se extendía hasta el 3 de febrero, pero los complejos industriales postergaron un mes más el comienzo. Desde el Directorio avisaron al personal que dichas medidas fueron adoptadas para “ganar tiempo” y negociar una salida de la crisis. En un comunicado difundido días atrás, las autoridades responsabilizan a los acreedores disconformes con la propuesta por la no apertura de las plantas industriales.

El gigantesco holding santafesino se debate entre la convocatoria de acreedores y el comienzo de un proceso de venta de los activos de la compañía. El futuro del resto de las unidades de negocios del grupo que encabeza la familia del ex presidente de la Bolsa de Comercio, Alberto Padoan, y que incluye el frigorífico Friar y Arsa, la empresa con la que compró el segmento de postres y yogures de SanCor, genera una gran perplejidad.

En relación a la deuda bancaria, el Nación contiene un 78 por ciento de la misma, con 18.500 millones de pesos. El resto se reparte entre el Provincia de Buenos Aires, con 1.600 millones; Hipotecario, 700 millones; Macro, 500 millones, y otras ocho entidades. El mecanismo se basó en la prefinanciación de exportaciones, mediante la cual la empresa recibía un adelanto en dólares que utilizaba para realizar sus operaciones hasta cobrarlas. Durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco Nación, Vicentín ampliaba los préstamos año tras año sin necesidad de devolverlos. Dejó de pagar en agosto, tras la derrota de Mauricio Macri en las PASO.

Versiones para un fraude

Apenas dos días antes de que Vicentín cantara el default, la empresa le vendió un 12,67 por ciento de sus acciones en Renova a su socia Glencore. De esta manera, el grupo suizo quedó como controlante de la empresa conjunta con el 66,67 por ciento de las acciones. Vicentín conserva el 33 por ciento de la empresa fundada en 2007 que produce harinas y aceite de soja en Timbúes y biodiesel en San Lorenzo. Tras el ataque de estrés financiero post derrota de Macri, una posibilidad que se meneó públicamente es que Vicentín ceda más activos a Glencore buscando evitar la convocatoria de acreedores mientras avanza el sumario iniciado por las actuales autoridades del Banco Nación contra el expresidente González Fraga.

Otra de las versiones que circuló tras conocerse el declive de Vicentín fue la de una posible compra por parte de Aceitera General Deheza, el grupo cordobés de la familia Urquía, con un peso significativo en la exportación agraria, cercanía con el gobierno de Alberto Fernández e intereses en el sector frigorífico. Sin embargo, no pasaron de ser simples posibilidades zarandeadas por la prensa.

Durante los últimos días, apareció un misterioso empresario egipcio que aseguraba contar con la espalda financiera para quedarse con la compañía incluyendo la actividad frigorífica y láctea. Se trata de Ibrahim Khalifa, vicepresidente de Burhan International Group, un personaje que desde hace un tiempo se pasea por los medios hablando sobre proyectos de inversión por 200 millones de dólares en las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza y Santiago del Estero. Aunque el grupo Burhan solo tiene una oficina comercial en la Argentina y no cuenta con activos ni empleados registrados, deuda bancaria o movimientos societarios.

El potencial desembarco de los empresarios egipcios se dio a conocer por intermedio del diario La Capital y luego de que circulara la hipótesis sobre la estatización de la empresa sustentada en las declaraciones del presidente Alberto Fernández durante una entrevista en C5N donde aclaró que se trata de “una firma muy importante” y que es necesario “preservar los puestos de trabajo”.

“Alberto Padoan –expuso Del Frade durante la sesión–, que durante muchos años integró la Comisión de Seguimiento de Política Fiscal en la Provincia de Santa Fe diciendo quién tenía que pagar impuestos, siendo titular de Vicentín tomó créditos del banco que representa los intereses de todas las familias santafesinas para defender los negocios de su empresa que comenzó en 1929, pero que tuvo su mayor desarrollo con la dictadura militar”.

Para el diputado provincial por el Frente Social y Popular, que propone la estatización “al estilo de lo hecho con YPF en 2012” como medio de cobro de la deuda con el Banco Nación y una garantía de continuidad laboral para “las 4 mil personas que en toda la Provincia dependen de esta empresa y que son a las que nadie toma en cuenta”, las versiones del grupo egipcio son “una operación de prensa surgida de alguno de los jefes de La Capital vinculado al interés de algún grupo local en quedarse con la empresa”.

El ejemplo proteccionista

Tras remarcar las diferencias de tratamiento entre la detención inmediata del recientemente liberado dirigente portuario, Herme Juárez, y la de Alberto Padoán, aun cuando se tratase de los mismos delitos, Del Frade definió que “lo de Vicentín es una muestra de cómo el gran capital se maneja en la Provincia de Santa Fe” y subrayó que es posible seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, Suecia e Italia, que realizaron estatizaciones parciales o totales de entidades bancarias y otras empresas endeudadas a partir de la crisis financiera internacional en 2008. De esta forma, en un mundo donde los países centrales afianzan las políticas proteccionistas, como la reciente concreción del Brexit y la decisión del Reino Unido de estatizar los ferrocarriles del norte de Inglaterra por deficiencias en el servicio prestado por una empresa alemana, esta medida tendría viabilidad política si se presentase un proyecto en el Congreso Nacional.

“No es una herramienta melancólica, es una herramienta de sentido común”, afirmó Del Frade, quien destaca que existen sectores del gobierno nacional que “expresaron voluntad política para llevar adelante esta propuesta”. Sin embargo, en el contexto de la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, no son muchos los que creen factible avanzar en la estatización más allá de las declamaciones. Desde fuentes internas a la empresa intentan operar por todos los canales a su alcance para que la situación tome el curso de un desprendimiento de activos entre privados.

El legislador provincial expresa que el año pasado Vicentín cerró con una facturación de 118 mil millones de pesos y que esa cifra podría pasar a tener una utilidad pública. Por otro lado, recuerda los favores recibidos por la empresa de parte del ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, al estatizar su deuda y entregarle el puerto “en la zona del departamento de San Lorenzo, lo que le permitió crecer exponencialmente”.

“Vicentín paga ganancias por el 2 por ciento de lo que dice que vende, mientras que un trabajador paga por todo”, manifiesta Del Frade, e indica que el Estado nacional podría intervenir en un sector estratégico donde operan actores multinacionales con capacidad de maniatar al gobierno. Por otro lado, el diputado presentó un pedido de informes en la Legislatura santafesina para saber “qué relación tuvo Vicentín con el gobierno de la provincia en los últimos cuatro años”.

Hacete amigo del juez

La historia de la empresa del norte santafesino que llegó a campeona y hoy se cae a pedazos se remonta a la década del ’20 con un acopio y un almacén de ramos generales en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. Algunos años más tarde, la empresa puso en marcha su primera planta desmotadora de algodón y una fábrica de aceite que obtenía de la molienda de las semillas de algodón, lino y maní. En 1966 incorpora a la molienda el proceso de extracción por solventes que le permitió aumentar los niveles de producción y favorecer el salto de calidad y capacidad para que la compañía se posicionara entre las más destacadas de la agroindustria nacional.

Actualmente, Vicentín es uno de los jugadores principales del negocio de la molienda de oleaginosas con una capacidad que supera las 30 mil toneladas diarias y una cartera diversificada que tiene como punto fuerte la planta de biodiesel que comparte en sociedad con la multinacional suiza Glencore. A pesar de que aluda a los “problemas de la economía local” como justificación de su estrés financiero, del total de lo que factura anualmente, el 85 por ciento corresponde a las exportaciones, un área de negocios en la que compite con los grandes actores del mercado como Cargill, ADM o Bunge. Es el mayor “crusher” de Argentina en términos de capacidad instalada, la mayor productora de biodiésel, integra la lista de las diez exportadoras más grandes y está entre los primeros cinco en su sector. A su vez, el grupo cuenta con dos terminales portuarias sobre el río Paraná por intermedio de las cuales canaliza sus exportaciones.

Además, la compañía integra la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino. El periodista Gustavo Castro reveló que entre 2017 y 2018, desde esa entidad se gestionaron subsidios millonarios para mantener rutas aéreas low cost en beneficio de MacAir S.A., propiedad de la familia Macri, y de su sucesora, Avian Líneas Aéreas S.A. En la comisión directiva de la Cámara aparecen dos representantes del holding santafesino: Dante Sartor de Friar S.A. y Verónica Vicentín de Vicentín S.A.I.C. En octubre pasado, el diario La Nación señaló a Vicentín Hnos. como el máximo aportante de Juntos por el Cambio con donaciones por 4.500.000 de pesos a través de Algodonera Avellaneda. El mismo monto habría aportado con Oleaginosa San Lorenzo S.A. y una cifra similar con Friar S.A. A principios de noviembre, el politólogo Andy Tow publicó en su cuenta de Twitter una lista de aportantes a la campaña de Juntos por el Cambio para las elecciones generales donde Vicentín ocupa un lugar con tres millones concedidos por intermedio de Friar S.A. El monto estimado de aportes al proselitismo preelectoral de Mauricio Macri alcanza los 16,5 millones de pesos.

Hubo bastante de agradecimiento en semejante generosidad: en los cuatro años que gobernó Mauricio Macri, Vicentín tuvo un crecimiento exponencial. Del puesto 19 en el ranking de empresas que más facturaban en 2015 alcanzó el sexto lugar en el 2018, incluso superando en su rubro a Cargill.

“Acá se ve cómo las reformas impositivas que nosotros hacemos le hacen cosquillas al gran capital. Ahora salen algunos a decir que hay que salvar a Vicentín. Es a la gente a la que hay que salvar. El Estado tiene que decidir si va a seguir o no beneficiando al gran capital que fue desaparecedor de personas y que lava dinero”, apuntó Del Frade, y recordó que en septiembre había denunciado que era falso el “estrés financiero” que Vicentín ya decía tener.

La magnitud del holding llegó a ser importantísima: abarca 16 empresas en la Argentina y varios en Paraguay y Brasil; cuenta con un frigorífico, una hilandería, un feedlot, producción de algodón, alimentos balanceados, agroquímicos y una planta de biodiesel. En eso se sostiene hoy su ambición de impunidad. Aunque la derrota de su amigo y referente político cambió absolutamente el panorama. Y es que a la gloria y el fracaso los separa una elección.

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