La buena: las 31 entidades del país recibieron mil 255 millones de pesos etiquetados para elevar la calidad educativa en preescolares, primarias y secundarias durante 2014. La mala: los gobiernos estatales lo gastaron todo, pero no se sabe en qué.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los estados gastaron 92% de los recursos (mil 170 millones de pesos) sin presentar documentación comprobatoria. Sólo entregaron facturas de 8% de los recursos, pero por gastos como compra de vales de gasolina, artículos deportivos; pago a asesores y organización de eventos.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2014, los gobiernos estatales deberán entregar la documentación fiscal que compruebe que los recursos realmente se ocuparon en educación, o de lo contrario, deberán regresar el dinero a la Tesorería de la Federación.

Estos recursos fueron etiquetados para el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, cuya finalidad es apoyar a las entidades federativas, y las 229 mil escuelas del país, y personal docente para que mejoraran el logro educativo de los alumnos de educación básica, sobre todo en lectura, escritura y matemáticas.

Los gobiernos estatales debían distribuir el dinero entre las secretarías de Educación y estas a su vez, invertir en las escuelas para que generaran materiales educativos complementarios, recursos y estrategias; para el apoyo para el desarrollo curricular; instrumentación de una segunda lengua (inglés) en escuelas públicas de educación básica y crear esquemas de financiamiento de proyectos locales.

Hasta el momento no se sabe si alguno de estos aspectos se haya aplicado. Si bien las cuentas bancarias ya estaban vacías, hasta el 31 de diciembre de 2014, los gobiernos no entregaron documentos que comprobaran en qué lo gastaron.

Tamaulipas, gobernado por Egidio Torre Cantú, y cuyo secretario de Educación es Diódoro Guerra, fue la entidad con el mayor monto recibido: 159 millones 349 mil pesos. Sólo comprobó el gasto de 29 millones (23% del total), por lo que no se sabe dónde están 129 millones de pesos.

Aunque recibió el mayor monto, la entidad no tiene el sistema educativo más grande, pues sólo hay 5 mil 600 escuelas de educación básica, la mitad que Puebla y una tercera parte de las que hay en el Estado de México, uno de los estados con mayor población en el país.

En Aguascalientes, la administración del gobernador Carlos Lozano Torre recibió 116 millones de pesos, pero no comprobó ni un peso. Ahí, sólo hay mil 700 escuelas de preescolar, primaria y secundaria.

De las 31 entidades, sólo ocho mostraron comprobación del gasto por 80 millones de pesos, pero se trata sólo de una mínima parte de los recursos que recibieron. Por ejemplo, Baja California recibió 21 millones de pesos y comprobó el gasto de 318 mil pesos (1.8%). Coahuila gastó 51 millones de pesos, pero sólo entregó facturas por 5 millones de pesos (11%). En tanto, Sonora recibió 46 millones de pesos y sólo comprobó 7 millones de pesos (15%).

Por lo tanto, la Auditoría concluyó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de mil ciento setenta millones de pesos por la falta de documentación comprobatoria que demuestre que el gasto se erogó para el cumplimiento del programa presupuestario”.

La SEP y su responsabilidad

Lo que permitió que los estados recibieran el dinero y no reportaran en qué lo gastaban tiene que ver con las “omisiones” de la Secretaría de Educación Pública e, incluso, con el propio diseño de las reglas de operación del programa, publicadas por la dependencia el 28 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con la Auditoría, en las reglas de operación “no se establece un mecanismo para constatar que los importes reportados en los informes de avance físico-financieros se soporten en los comprobantes fiscales que amparen el ejercicio del gasto en el periodo correspondiente”.

Tampoco se obliga a los estados a cumplir un plazo para que las secretarías de Finanzas de los estados transfieran los recursos a las secretarías de Educación, ni para emitir recibos de comprobación.

Por ello, entre las irregularidades encontradas está que la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí recibió recursos del programa por 22 millones de pesos, pero los transfirió a su similar de educación hasta enero de 2015. Además, de los recursos entregados por la SEP en diciembre de 2014 a las secretarías de finanzas de Chihuahua y Durango por 4 millones de pesos; de Guanajuato por 7 millones y de Puebla por 6millones de pesos, no se identificó que éstas las hubieran entregado a sus similares de educación.

Aunque el programa obliga a los beneficiados a entregar reportes de los avances financieros cada tres meses, “la falta de controles implementados por la SEB propició que incumpliera con su obligación”.

Por ejemplo, Jalisco, Morelos, Querétaro y Tabasco entregaron los informes entre 20 y 84 días hábiles posteriores a la fecha establecida en la normativa. Chihuahua, Durango, Nayarit, Puebla y Quintana Roo no los proporcionaron. Y de las 20 entidades federativas restantes, la SEP no acreditó su recepción en tiempo, ya que no proporcionó los oficios con los que los recibió. Sólo Aguascalientes y Querétaro fueron entregaron los estados de cuenta bancarios relativos al periodo de manera adjunta al informe trimestral.

Por lo tanto, la Auditoría inició una promoción de responsabilidades ante el Órgano Interno de Control de la SEP para que investigue y, en su caso, “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no vigilaron el cumplimiento de las autoridades educativas locales”.