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Es, quizá, el mayor golpe ecológico y cultural que está ocurriendo en el centro del país. Y se continúa repitiendo y agravando todos los días, frente a la mirada pasiva de las autoridades, que no reaccionan ante la violación cotidiana de las leyes.



En el departamento Minas, en el oeste de la provincia, cada día se detonan docenas de explosivos que contribuyen a la destrucción y desaparición de pinturas y grabados que, en algunos casos, tienen miles de años de antigüedad y son parte del más valioso patrimonio histórico, arqueológico y cultural que conserva este sector del continente.



A metros de los aleros



Este diario recorrió el lugar hace pocos días y pudo ver cómo las empresas de extracción de granito están detonando explosivos y maniobrando maquinaria pesada apenas a dos o tres metros de los aleros y cuevas con pictografías, que no cuentan con protección alguna y ni siquiera están señalizadas.



Esos mismos muros de piedra, que sobrevivieron durante siglos a la acción del agua y el viento, han sufrido en estos últimos años el vandalismo de personas que escribieron sobre los dibujos milenarios, los rasparon con herramientas, hicieron fuego bajo los aleros o los utilizaron como baños.



Las pictografías de la zona incluyen figuras de animales como llamas, cóndores, ciervos, lagartos y ñandúes, la mayoría de las veces acompañadas con guardas y motivos geométricos.



Los arqueólogos, basándose en los hallazgos de puntas de flechas, raspadores o morteros en los alrededores de los aleros y bajo las cuevas, creen que fueron realizadas por grupos de diferentes épocas.



Algunas pictografías serían la evidencia de la presencia de pueblos de cazadores precerámicos, y otras, más nuevas, de los pueblos agroalfareros que encontraron los conquistadores españoles cuando llegaron a esta región del continente varios siglos después.



Cada día que pasa, este patrimonio se va deteriorando y desapareciendo. Según un relevamiento hecho en la década de 1970 por el arqueólogo Carlos Romero, en la zona existen 60 sitios con pinturas y grabados.



Hasta el día de hoy, la provincia de Córdoba jamás cartografió los lugares. En un relevamiento más reciente realizado en 2006 y 2007 por los antropólogos Alfonso Uribe y Soledad Ochoa, sólo se alcanzaron a detectar 43 aleros (con 450 figuras), de los cuales apenas 19 estaban registrados en la Agencia Córdoba Cultura. Esta zona arqueológica tiene una superficie aproximada de 21 kilómetros cuadrados.



Lugar descuidado



Hoy, la situación no sólo no ha mejorado, sino que sigue empeorando. El área de Patrimonio Cultural de la Provincia ni siquiera cuenta con un simple relevamiento vía GPS para saber cuántos son y dónde están los lugares que deberían haberse protegido desde hace décadas.



El encargado actual del área, Fernando Blanco, dijo que el Gobierno proyecta organizar un corredor cultural en el área y que, como parte de esa iniciativa, se apuntaría a revalorizar el patrimonio arqueológico.



La misma iniciativa había sido anunciada hace siete años, en 2007, pero no se llevó a cabo.



La responsabilidad por esta situación, junto con el área de Patrimonio, es de la Secretaría de Minería de la Provincia.



Esa secretaría está a cargo de Darío Luna, quien explicó a este diario que hace sólo seis meses que está al frente del área y que en este tiempo comenzaron un relevamiento en el que participa el antropólogo Uribe, “para llevar adelante la demarcación y el amojonamiento de las pictografías y obligar a todos los mineros a que realicen un trabajo georreferencial previo de los bienes arqueológicos de cada zona. La idea es que esto sea obligatorio”.



En ninguna de estas dos áreas de gobierno parecieron tener conocimiento de que existe una ley nacional y un decreto provincial que prohíben específicamente la continuidad de esa actividad extractiva junto al patrimonio arqueológico.



La necesidad de actuar sobre el lugar es urgente, ya que hace siete años, cuando Uribe y Ochoa hicieron su relevamiento, ya se encontraba en riesgo directo el 88 por ciento de los sitios arqueológicos de esa zona, porque se situaban en las proximidades de las explotaciones mineras.



Antes de que comenzara la extracción del granito, todos estos “sitios exhibían un grado de conservación aceptable”, dijo el dúo de antropólogos en su trabajo sobre las representaciones rupestres en el noroeste de Córdoba, publicado en el sitio Arqueoweb en 2008.



Habitantes de la zona de La Playa contaron a este diario que una de las cuevas con pictografías, que incluía el dibujo de una serpiente grande, fue usada para el estacionamiento de camionetas de empleados de una de las empresas mineras, hasta que un día cedió y se partió en pedazos. Durante varias horas este diario y algunos vecinos intentaron ubicar el lugar con los restos, pero fue imposible debido a que el trazado de las picadas y la orografía del lugar va cambiando según hacia dónde se desplacen las explotaciones.

La capital del granito gris

El pueblo de La Playa está ubicado a 235 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el departamento Minas. Se llega al lugar por un camino de tierra que nace en la ruta provincial 15, a la altura de la localidad La Higuera, y luego de atravesar la sierra de Guasapampa.

La Playa cuenta con unos 300 habitantes, incluyendo a los de las zonas rurales de los alrededores. No tiene electricidad, servicio de agua potable ni cobertura telefónica. La escuela primaria que tenía, cerró por falta de niños. La única actividad productiva que alberga el pueblo es la extracción de un tipo de granito, denominado gris mara. La jefa comunal de La Playa, Gregoria Salguero (Unión por Córdoba), es esposa de uno de los principales mineros del granito de la zona.

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Este granito de La Playa es común en las mesadas de baños y cocinas, los pisos y los revestimientos en hogares a lo largo de toda la Argentina.

Este conocido granito gris, es un tipo de roca llamada granodiorita, que es sobre la cual se han plasmado todas las manifestaciones de arte rupestre. La presencia de las pictografías no ha sido obstáculo para dinamitar la zona tratando de extraer los bloques de granito que luego son vendidos a dos fábricas de Villa de Soto, que los cortan en planchas y lustran para dejarlos tal como se pueden ver en cualquier ferretería o casa de venta de materiales de construcción.

Estos bloques son prismas rectangulares de aproximadamente tres metros de largo, por un metro de alto y un metro de ancho. El precio actual del metro cúbico, según dijeron a este diario dos dueños de canteras de la zona de La Playa, es de 3.000 pesos. Esto significa que por un bloque de granito, cada minero obtiene un promedio de 9.000 pesos.

Esos bloques se extraen cortando primero las piedras con explosivos, y luego usando barreños y piolines detonantes para darles su forma rectangular a los bloques de mayor magnitud que pueden servir para ser comercializados.

El problema es que desde hace años se realiza una explotación desordenada y sin controles de ningún estamento del gobierno. Por cada bloque que se extraer en condiciones y se comercializa, quedan muchos otros bloques que no alcanzan a llegar a la venta porque se destruyen en el proceso de extracción o porque, una vez recortados, presentan defectos por los cuales son rechazados por las fábricas.

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Si los bloques tienen vetas de óxido, o están manchados, son abandonados por los mineros, que saben que no obtendrán dinero por ellos. Este motivo ha provocado parte del desastre ambiental que se ve en la zona, donde hay cientos de miles de bloques desechados, que en algunos casos forman montañas de cientos de metros de largo en las zonas de las canteras.

En la red de caminos y picadas trazados por las empresas mineras, es posible andar kilómetros y kilómetros mientras a los costados se observan miles de bloques y restos de granito desechados que, si hubiera un plan de aprovechamiento secundario, podrían convertirse en bancos de plaza, empedrados, obras de arte y mobiliario urbano en centenares de ciudades y pueblos argentinos.

Daños y riesgos

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Además del daño arqueológico y cultural, es fácilmente apreciable el impacto ambiental y visual que aquí produce la minería. Lagunas florecidas cuando las explosiones rompieron napas subterráneas, flora arrasada, fauna desplazada, sierras que desaparecieron por la acción de los explosivos y montañas de desechos forman parte del paisaje en el que hoy se mueven palas mecánicas, camiones con acoplados y camionetas.

A la pérdida del patrimonio cultural y al daño ambiental, se suma además un peligro: como la mayoría de los mineros de estas canteras no cuentan con licencia para comprar explosivos ni para tener polvorines en la zona, para extraer granito están obligados a participar de un tráfico ilegal de explosivos que se hace en vehículos comunes. La Policía de la zona ya detectó varias camionetas en las que trasladaban los peligros explosivos, sin protección alguna, por la misma ruta nacional 38, principal corredor turístico del valle de Punilla.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 28/09/2014 en nuestra edición impresa.