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Hacienda continúa implacable su campaña de inspección a los jugadores de fútbol profesional y a personajes del mundo de la imagen y el espectáculo. Una mina de ingresos adicionales para el ministerio de Cristóbal Montoro que parece no tener fin. El último en sumarse a la lista de requeridos a pagar es el defensa del Barça Gerard Piqué, a quien los inspectores han presentado un acta de reclamación definitiva de 2,45 millones de euros, que incluyen una sanción simbólica de casi 9.000 euros, y que corresponden a los años 2007, 2008, 2009 y 2010. La ejecución de esa reclamación, sin embargo, está suspendida pues el jugador ha firmado en disconformidad, es decir que no acepta el criterio de la Agencia Tributaria, y ha decidido litigar en los tribunales contra el pago que se le reclama.



Justamente lo contrario de lo que ha ocurrido con el exbarcelonista, y excolchonero, David Villa, actualmente en las filas del New York City, y que ha aceptado, para enojo de gran parte de sus excompañeros del fútbol español, las actas presentadas por la Agencia Tributaria, en su caso por 2,43 millones de euros, correspondientes a los años 2009 y 2010. El enfado se explica por el hecho de que su aceptación del acta debilita los argumentos de los que rechazan el criterio de Hacienda. Villa ha pagado todo lo que le reclamaba la Agencia Tributaria y el caso ha quedado completamente cerrado. En ninguno de estos casos el asunto ha llegado a los tribunales, pues la inspección considera que se trata de diferencias de interpretación de la normativa, pero no existe ánimo de defraudar al fisco.



Una situación similar a la de Iker Casillas , el portero del Real Madrid, que también aceptó las actas de la inspección y pagó dos millones de euros y ha cerrado así su contencioso con Hacienda. Otras inspecciones están aún en marcha y sin cerrar y afectan a otros jugadores, especialmente del Barça y del Real Madrid.



Sí que están en los juzgados otros casos, como el del exblaugrana Samuel Eto'o, que acaba de fichar por el Sampdoria de Italia, a quien la Agencia Tributaria denunció en verano del 2012 por posibles delitos fiscales por un importe total de 3,87 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2006 a 2009.



El gran caso es el referido a Leo Messi , aunque las cifras que se manejan sean en esta ocasión de otra galaxia. El argentino afincado en Barcelona pagó durante el pasado año 53 millones de euros, a los que hay que sumar otros tres de sanción, para ponerse al día con la Hacienda española. Pese a ello, y al reconocimiento formal del incumplimiento de la normativa realizado por el jugador, no ha sido aún posible que la Agencia Tributaria acepte desimputarlo, como sí hizo incluso la Fiscalía, en la causa que se sigue en un juzgado de la población barcelonesa de Gavà. Una situación que Messi y su entorno consideran un inexplicable agravio comparativo y que explica gran parte de las dubitativas declaraciones del jugador sobre su continuidad en el fútbol español.



Las reclamaciones contra Piqué, Villa o Casillas se deben a que la Agencia Tributaria ha decidido introducir un nuevo criterio en su análisis de los derechos de imagen de los jugadores. En el año 1996, tras una dura campaña de inspecciones y largas negociaciones entre los clubs de fútbol, Hacienda y los partidos políticos, se acordó que los deportistas profesionales podían recibir de las entidades en las que prestaban sus servicios hasta un 15% del total en forma de derechos de imagen. Los jugadores recibían este dinero a través de una sociedad, pagando a Hacienda un máximo del 28%, que podía ser menor en función de las deducciones que pudieran justificar. Una gran ventaja respecto al tipo que se habría pagado si se considerase IRPF normal, como el del resto de los contribuyentes, establecido en el 52% o el 56% en el caso de autonomías como la de Catalunya. (Desde el 1 de enero pasado estos tipos máximos son del 47% y del 49% en Catalunya).



En el 2006, se aprobó un nuevo régimen fiscal que regula determinadas operaciones entre lo que se denomina sociedades vinculadas que regula y obliga a establecer precios de mercado entre las sociedades y sus propietarios. La Agencia Tributaria considera que este cambio afecta a la regulación establecida para los derechos de imagen de los jugadores, que ya no podrían cederse sin coste a una sociedad que no demuestre tener una actividad efectiva relacionada con su gestión. Aplicado a las inspecciones actuales significa que el 15% declarado como derechos de imagen que los jugadores han recibido de los clubs se considera IRPF.