La adjudicación del suministro de helicópteros, bajo sospecha

Medio Ambiente expedientó al empleado que denunció ante el juez las irregularidades en el concurso de medio aéreos

El procedimiento sancionador lo impulsó el jefe de Contratación imputado en la causa

Dos meses de suspensión de funciones, sin empleo ni sueldo. Ése es el castigo que impuso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al funcionario que denunció meses antes el supuesto amaño del concurso de suministros aéreos del Plan Infoca en el que el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ha visto indicios de delito.

J.G.D. -las iniciales del funcionario- fue expedientado y sancionado, oficialmente, por cometer dos faltas graves según el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administración General del Estado: desobediencia a los superiores y falta de rendimiento.

Así consta en la resolución dictada por el viceconsejero de Medio Ambiente, José Luis Hernández, el 15 de octubre del año pasado y a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía. Unos meses antes, en junio, este funcionario había presentado la primera versión de la denuncia que ha destapado las supuestas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de un contrato por un importe de 70 millones de euros por parte de su propia consejería.

El promotor de la denuncia, el superior al que habría desobedecido J.G.D., fue Antonio Martínez López, el jefe del servicio de Contratación y, al por ahora, el único imputado (investigado según la nueva terminología legal) por las supuestas irregularidades en el concurso de los helicópteros.

El jefe de Contratación de Medio Ambiente -que tuvo que declarar esta pasada semana ante la juez María de los Reyes Flores- fue el que denunció a su subordinado y el que le acusó de haber incumplido «en varias ocasiones» sus instrucciones, al tiempo que le habría faltado al respeto.

Precisamente, en la denuncia que interpuso en los juzgados, J.G.D. relataba cómo su jefe de servicio le había ordenado formar parte, pese a sus reticencias, de la mesa de contratación que decidió la adjudicación del macrocontrato del Infoca.

Tras un periodo de tramitación, el expediente se resolvió en octubre y únicamente por dos de las siete faltas de las que le llegó a acusar su jefe.

En concreto, fue sancionado por incumplir órdenes como la eliminación de carpetas personales del sistema informático y por su «disconformidad» con el reparto de tareas.

A resultas de este expediente, el funcionario ha pasado los dos últimos meses sin trabajar y sin cobrar el sueldo. Sólo recientemente, según fuentes del caso, se ha reincorporado a su puesto.

Se da la circunstancia, además, de que J.G.D. también se dirigió a los juzgados en el mes de abril para denunciar algunas de las circunstancias sospechosas, a su juicio, en torno al concurso minero de Aznalcóllar, por aquel entonces bajo investigación judicial y con el que este empleado público tuvo contacto en su anterior destino, la Delegación de Innovación.

La denuncia

«Ya antes de que se celebraran las mesas del expediente una jefa de sección me comentó que en ese contrato en concreto existía fraude [..]»; «Ella había tenido que asistir a la mesa de contratación del contrato de 2013-2014 y decía que estaba amañado». Los entrecomillados forman parte de la denuncia que J.G.D. presentó en los juzgados de Sevilla en la que daba cuenta de las irregularidades que se habrían cometido en el macro concurso de la Junta de Andalucía para la contratación de los medios aéreos del Plan Infoca.

De acuerdo con el funcionario, Medio Ambiente se habría saltado la Ley de Contratos del Sector Público al no dar traslado a la Agencia Andaluza de la Competencia del hecho de que en cada uno de los cinco lotes sólo se había presentado una única empresa. Y, además, por el total del presupuesto base de licitación.

Esta circunstancia avivó las sospechas que ya tenía el funcionario después de que una jefa de sección del Servicio de Contratación de la Secretaría General Técnica de la consejería le advirtiese de las irregularidades.

Esa misma jefa de sección le reiteró, cuenta el denunciante, al poco tiempo que la mesa de contratación «estaba amañada».

De hecho, el jefe de servicio de Contratación, prosigue, fue el que se negó a acudir a la Agencia de la Competencia «bajo su responsabilidad» y asegurando que lo estudiaría cuando el procedimiento de adjudicación estuviese más avanzado.

A esta irregularidad suma otra más, que los pliegos de cláusulas administrativas fueron modificados sin el preceptivo informe de los servicios jurídicos.

Relata que estos pliegos se cambiaron con respecto a los modelos que sí cuentan con el visto bueno del Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia. Aunque, apostilla, esto no sucedió sólo en el caso del concurso de contratación de los helicópteros del Infoca, sino que era una práctica habitual en la Consejería de Medio Ambiente, al menos desde octubre de 2014.

Buena parte de estas sospechas las ha hecho suyas la Policía Nacional, que ha visto también irregularidades y un posible pacto entre las empresas que se adjudicaron los cinco lotes en los que se dividió el contrato.

Una de ellas, Faasa, aparece a ojos de los investigadores como la principal beneficiada, aunque fuentes de estas empresa han negado de forma categórica cualquier trato de favor o irregularidad en el concurso.

Estas fuentes destacaron que fueron cuatro las empresas adjudicatarias -y no sólo Faasa- y que la misma especialización del mercado hace que sean muy pocas las compañías que reúnen todos los requisitos para poder optar a estos concursos. Faasa, dijeron las fuentes, no tiene además lazos con el resto de las adjudicatarias.