La propuesta de ley electoral presentada por el Partido Popular implicaría modificaciones en 1.693 ayuntamientos. A la espera de que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado los resultados definitivos del 24-M, más de 36 millones de personas experimentarían algún cambio en sus alcaldías.

De los 5.373 consistorios que podrían verse afectados, en casi el 70% ya gobierna con mayoría absoluta la formación con más votos. Estas alcaldías no se verían alteradas.

La distribución del poder municipal tras las últimas elecciones ha reavivado una iniciativa que el PP ya puso sobre la mesa el pasado verano, tras las elecciones europeas. El Grupo Popular en el Congreso registró la semana pasada una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que propone modificar la asignación de concejales. El texto pretende favorecer que gobierne con mayoría absoluta el partido con más votos en las urnas. Quedarían fuera los municipios de 250 o menos habitantes, donde existen listas abiertas.

Con el sistema actual, para alcanzar la mayoría absoluta de concejales un partido tiene que lograr alrededor del 40%-45 % de los votos. De aprobarse la proposición del PP, se podría gobernar en mayoría con más del 35% de los votos y una ventaja de cinco puntos sobre la lista que quede en segundo lugar. O incluso con el 30 % de los votos y una ventaja de 10 puntos sobre la siguiente candidatura. En cualquiera de los dos escenarios, la formación vencedora obtendría la mitad más uno de los ediles.

Si se aplicara la reforma sobre los resultados actuales, surgirían 915 nuevas mayorías absolutas: en 576 de los casos no habría un cambio de alcalde y gobernaría la lista más votada. La novedad es que podrían hacerlo en solitario, sin necesidad de pactos o negociaciones. El bastón de mando cambiaría de color en los 339 ayuntamientos restantes.

El Partido Popular, autor de la propuesta, sería el más beneficiado si las pasadas elecciones se hubiesen celebrado bajo la hipótesis de esta ley electoral. La formación de Mariano Rajoy conseguiría 200 alcaldías en las que hoy no gobierna, siempre con mayoría absoluta, lo que le permitiría sumar más de 3,6 millones de habitantes bajo su gestión. El gran perjudicado sería el PSOE, que se dejaría 99 ayuntamientos y vería mermado su poder municipal en dos millones y medio de personas. Formaciones como el PNV o CiU apenas sufrirían cambios.

El municipio toledano de Chozas de Canales, con menos de 4.000 vecinos y ahora con un alcalde popular, sería la mayor pérdida para el PP. Nada que ver con el tamaño de las alcaldías que hubiese ganado. A excepción de Pamplona, gobernada por Bildu y que pasaría a manos de Unión del Pueblo Navarro, el PP lograría las 35 ciudades de más de 20.000 habitantes que cambiarían de alcalde.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha expresado su rechazo a la reforma de los populares calificándola como una «ley electoral a la medida de sus miedos y de su incapacidad para llegar a acuerdos». El líder socialista no cierra la puerta a discutir la posibilidad de incluir una fórmula de doble vuelta, aunque aplaza el debate a la próxima legislatura.

La doble vuelta es la última novedad que propone el PP. Todos los municipios en los que la lista más votada no logre una mayoría absoluta dentro de los supuestos anteriores repetirían las elecciones, aunque sólo podrían participar aquellas candidaturas con al menos el 15 % de los votos en la primera vuelta.

Ése habría sido el escenario en Barcelona, donde sólo las listas encabezadas por Xavier Trias (CiU) y Ada Colau (Barcelona en Comú) alcanzaron el 15 % de apoyos el pasado 24 de mayo. Al final, los ciudadanos barceloneses habrían decidido el nombre de su alcalde en otra votación con ambos como únicas opciones.

Con el resultado actual, 778 municipios habrían celebrado una segunda vuelta. En ellos residen 21,5 millones de personas. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza, las cinco mayores ciudades del país, estarían entre las afectadas. Hoy, en ninguna de las cinco gobierna el PP.