La diputada Victoria Rosell y el juez Salvador Alba (a la izquierda), al término de la segunda jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en julio.

El magistrado canario Salvador Alba ha sido condenado a una pena de seis años y medio de prisión por prevaricación, cohecho y falsedad documental por realizar maniobras judiciales para perjudicar a su colega y diputada de Podemos Victoria Rosell y favorecer, de paso, al exlíder autonómico del PP y exministro José Manuel Soria. Alba se concertó de manera ilegal en 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que este aportara documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell y alimentaron una causa en el Supremo contra ella.

Salvador Alba, magistrado de la Audiencia de Las Palmas, se unió este martes a la nómina de jueces españoles condenados por dictar resoluciones injustas a sabiendas para beneficiarse ellos mismos o favorecer a terceros. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó a seis años y medio de prisión por aprovechar su poder como magistrado para perjudicar a su colega Victoria Rosell, después de que esta se acogiera a una excedencia en noviembre de 2015 para presentarse a las elecciones al Congreso de diciembre de ese año en las listas de Podemos.

No es frecuente que se haga justicia pero a veces ocurre. Intentaron destruir a la magistrada Rosell por presentarse a las elecciones con Podemos. Hoy las cloacas pierden a uno de los suyoshttps://t.co/vBVLV7oVE4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) September 10, 2019

Las maniobras de Alba lograron dar vuelo a una querella —posteriormente archivada— que el expresidente canario y exministro de Industria, José Manuel Soria, había interpuesto contra Rosell en el Tribunal Supremo. Tras ser investigada por el alto tribunal, Rosell se vio obligada a dejar, en abril de 2016, la Diputación Permanente del Congreso, en la fallida XI Legislatura, y renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales del 26 de junio de ese año.

Salvador Alba se incorporó el 3 de noviembre de 2015 al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que hasta entonces ocupaba Rosell y que había quedado provisionalmente vacante tras la entrada de esta en política. El magistrado solicitó expresamente por escrito al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, en el que Rosell instruía desde 2014 una causa muy especial, la que afectaba por delitos fiscales al empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente de Las Palmas CF.

Nada más llegar al juzgado, y sin haberse preocupado del estado de los asuntos que se instruían allí, Alba citó a Ramírez como imputado y solicitó la contabilidad de sus empresas, lo que daba a entender que reactivaba la causa por delito fiscal contra el magnate canario. Sin embargo, pronto se demostró que el interés era otro: el 7 de marzo de 2016, Alba contactó con un abogado de la causa y le manifestó su deseo de conseguir contratos que vincularan a la pareja de la juez Rosell, el periodista Carlos Sosa, con las mercantiles de Ramírez. También le expuso que quería entrevistarse personalmente con el empresario al que mantenía como imputado.

Una cita “intolerable”

Este encuentro se celebró el 16 de marzo —miércoles santo— de 2016 en el despacho del magistrado, en la Audiencia de Las Palmas. Ramírez entró discretamente en el edificio judicial en coche a través del garaje con su abogado, que lo acompañó hasta la puerta del juez Alba. En la reunión, que la sentencia tacha de “intolerable” e “impropia en forma y fondo”, el magistrado le expuso a Ramírez que le convenía ayudarle a demostrar que Rosell, la anterior instructora de su caso, no era una juez imparcial. Y que la forma de demostrarlo era declarando que mantenía relaciones comerciales con Carlos Sosa, la pareja de Rosell, y aportando los documentos que lo demostraran.

Según la sentencia, a cambio de este servicio, el juez Alba se comprometía —cosa que finalmente no llegó a hacer— a declarar la nulidad de las actuaciones por la supuesta falta de imparcialidad de Rosell o incluso a fallar sobre el fondo de caso a favor de los intereses de Ramírez. Mediante este acuerdo, afirma el tribunal, Salvador Alba “conseguía información lesiva para la imagen pública” de Rosell, lo que servía a su vez para “incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo” por el exministro Soria contra Rosell, lo que así sucedió.

En el encuentro, el magistrado convino con el poderoso empresario imputado la forma en la que tenía que hacer la declaración y aportar los documentos contra Rosell. Lo que ignoraba el juez Alba era que Ramírez grabó de manera subrepticia toda la conversación con él. Los archivos de audio, validados por el Tribunal Superior, han sido fundamentales para apuntalar la condena.

El 18 de marzo —viernes santo—, Alba dictó una resolución para citar, esta vez de manera oficial, a Ramírez, que le entregó la documentación acordada. Una semana después, El Mundo publicaba que el empresario Ramírez había prestado dinero a Carlos Sosa mientras su pareja, Victoria Rosell, lo investigaba. Y tres días después, el ministro Soria usaba esta información para ampliar la querella contra la ya diputada de Podemos, que fue admitida el 25 de abril. La sentencia afirma que el caso ha causado “un relevante perjuicio” a la consideración “personal, profesional y social” de Rosell y condena a Alba a indemnizarle con 80.000 euros.