No hay punto de comparación. La capacidad militar de Venezuela languidece ante una supuesta intervención de Estados Unidos, argumento tantas veces alertado por la vocería gubernamental y en 2018 refrescado por el fiscal designado por la constituyente chavista Tarek Wiliam Saab: “Denuncio que desde Colombia se esta planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, y la ocupación de sangre y fuego de un país pacifico como Venezuela”.

El gobierno colombiano, representado por el comandante de las Fuerzas Armadas, general Alberto Mejía, negó que desde su país haya un plan para invadir y bombardear a Venezuela. “Tenemos tantos problemas en nuestro país que estamos dedicados y focalizados. Solo nos interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano”, dijo el militar como respuesta oficial. La canciller Mariángela Holguín hizo lo propio.

No es algo nuevo. Cuando el presidente estadounidense Donald Trump dijo en agosto de 2017 que tal escenario no estaba descartado, a pesar de los desmentidos del Pentágono, se desataron los declarantes de las profecías autocumplidas. En cualquier caso, se trata de una clara violación a la soberanía venezolana que, de hacerse realidad, dejaría al régimen de Caracas sin posibilidades reales de resistencia, aunque no lo admita.

El 8 de noviembre de 2017, los países de la Unión Europea dieron su aprobación a la adopción de sanciones contra el gobierno venezolano. El contenido de las medidas incluye una prohibición de entregar armas a la nación. La medida tiene su impacto en la capacidad de defensa nacional. Buena parte del arsenal de la FAN es de fabricación europea, y necesita de proveedores para mantenerse. Es el caso de los tanques de fabricación francesa, por mencionar tan solo un ejemplo. No obstante, en la última década la adquisición de armas ha tenido como vendedores consentidos a Rusia y China. Y a la hora de la supuesta invasión el chavismo activaría hasta a los pescadores, como se vio durante los ejercicios militares de finales de agosto pasado. Peñeros contra destructores.

El expresidente Hugo Chávez inició hace una década una carrera armamentista que excusaba en la preparación para una supuesta invasión gringa. Entonces, la adquisición de equipos bélicos a países como Rusia y China, incluyendo aviones caza y cientos de miles de fusiles, despertó la alerta de la opinión pública y ONGs. Control Ciudadano registraba en 2008 que el país de Vladimir Putin “se convirtió en el principal proveedor de armas de Venezuela, que ya adquirió 53 helicópteros y 24 aviones Sukhoi 30 –uno se estrelló en septiembre de 2015–, además de 100.000 fusiles Kalashnikov, por un valor de casi 4.000 millones de dólares, en medio de una estrecha cooperación militar que contempla la futura realización de maniobras navales conjuntas en el Caribe”.

También se informaba sobre la adquisición de 24 aviones de combate chinos K-8. El primer lote de 18 llegó en 2010, y en 2016 arribaron otros nueve comprados en 2013. Las aeronaves sustituyeron a los VF-5 de fabricación norteamericana. La Fuerza Aérea, además, aún opera los viejos F-16 adquiridos en 1983 a Estados Unidos, de los cuales restan 21. El diario ABC de España informó en 2012 que apenas 12 de estos aparatos permanecían operativos en la Base Aérea Libertador, en Palo Negro, estado Aragua, luego de que la nación del fabricante prohibiera la venta de repuestos a Caracas en 2009.

Por otra parte, el 11 de mayo pasado, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, mostró ante el Senado de los Estados Unidos su preocupación por el incremento de los implementos para la guerra en el Ejército venezolano. Específicamente, mencionó los 9K338 Igla-S, que son unas baterías antiaéreas personales, también conocidas como “Manpads SA-24”. La FAN tiene 200 de esos equipos, adquiridos en la misma operación de 2008 junto a 2 mil misiles correspondientes, aunque la agencia Reuters dio cuenta de un informe militar confidencial del Ejército que confirma la existencia de 5 mil misiles para esos sistemas «muy populares entre grupos insurgentes alrededor del mundo por su portabilidad, efectividad y relativa facilidad de operación».

Exclusive: Venezuela holds 5,000 Russian surface-to-air MANPADS missiles https://t.co/GkMgYKsI0F pic.twitter.com/mLM5C7n2kT — Reuters Top News (@Reuters) May 22, 2017

Esos equipos forman parte del millonario intercambio entre Caracas y Moscú que también incluye decenas de misiles aire-aire, tierra-aire, sistemas blindados de defensa antiaérea, 92 tanques, 24 morteros y varios vehículos blindados. Al 16 de agosto de 2017, Venezuela ocupa el puesto 17 entre los países más importadores de armas del mundo en la última década, siendo 2013 el año de más compras, según el registro del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Esa base de datos cifra en 4 mil millones las compras venezolanas a la industria militar rusa, principal proveedor nacional seguido de China con 628 millones en ventas desde 2006. Es más, los gobiernos de Chávez y Maduro convirtieron al país en el quinto importador bélico de Rusia, que es el segundo exportador del globo, solo por detrás de India, China, Argelia y Vietnam.

Pero los impresionantes números, que hacen del país uno de los más armados de la región, no alcanzan para atemorizar al «imperio» norteamericano. Su poder de fuego es incomparable. Ya en 2015, Estados Unidos tenía 8.850 tanques de guerra, 3.680 aeronaves militares, 1.830 helicópteros de ataque y 72 submarinos nucleares. Desde el sur del continente, y en contraste, Venezuela alardeaba de sus 173 tanques, 98 aeronaves, 293 helicópteros y 2 submarinos, no nucleares. Son los datos del ISS Military Balance de ese año, citados por un informe de la firma Torino Capital distribuido el lunes 14 de agosto.

Los registros del observatorio Global Firepower en 2017 muestran una brecha aún mayor.

Venezuela es una potencia media de la región en capacidad de respuesta militar, con una capacidad relativa de combate. Son categorías que el general retirado Fernando Ochoa Antich conoce muy bien. Fue Ministro de Defensa durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y pone el acento en lo que obvian los discursos oficiales: “No hay ninguna posibilidad de resistencia. Si se da una invasión de Estados Unidos en el país no hay chance de enfrentar una situación de este orden y ocurriría muchas bajas humanas”.

Donald Trump anunció el viernes 11 de agosto de 2017 que Estados Unidos no descarta una opción militar, “si fuese necesario”, para restaurar la democracia y el orden en Venezuela. Una afirmación que echó por tierra lo que dijo cinco días antes el general H.R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, cuando despachó como improbable una acción bélica de su país o de naciones vecinas, durante una entrevista con la MSNBC. Dos días más tarde, vicepresidente Mike Pence advirtió, durante su visita a Colombia, que su país no aceptará “una dictadura” en Venezuela, pero se apartó de la opción militar. “El presidente tiene confianza en que, al trabajar con nuestros aliados en América latina, vamos a poder lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano», afirmó.

Ante el anuncio, Maduro convocó ejercicios militares cívicos de defensa integral armada en todo el territorio nacional para el 26 y 27 de agosto de ese año. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López reaccionó explicando que “el señor Trump se está metiendo con todo un pueblo y con ello estaría desestabilizando a toda América”, y apuntó que la acción sería un “acto loco y de supremo extremismo”.

Ochoa Antich ve con preocupación la ligereza con que se asumen las declaraciones del primer mandatario estadounidense. “¿Es esa una respuesta prudente? ¿Ese ejercicio puede significar un acto de presión para Estados Unidos? Sin duda que no. Es una grandísima irresponsabilidad. El ministro de Defensa debe hacer evaluación de fuego y de fuerza. No hay manera de hacer frente”, asegura el General retirado.

“No tiene ningún sentido mostrar dientes de nada. Es totalmente absurdo. No hay apresto, moral, para hacer esa defensa en Venezuela. No solo disponen de los medios y del conocimiento del terreno, que es algo muy importante, sino que se está gestando la disposición política y en Estados Unidos eso es vital”, asegura Javier Ignacio Mayorca, miembro del Observatorio Venezolano del Crímen Organizado.

La Ley Orgánica de la Fuerza Armada vigente desde 2010 establece un quinto componente armado en el país: la Milicia Bolivariana. Y, más allá, deja por sentado otras dos fuerzas complementarias, la Reserva Militar conformada por “todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad, que hayan cumplido con el servicio militar, o que voluntariamente se incorporen a las Unidades de Reserva o en los Cuerpos Combatientes”; y la Milicia Territorial que “está constituida por los ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de Defensa Integral de la Nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil”.

El exministro de la Defensa Ochoa Antich descarta la inclusión de civiles en las acciones de respuesta castrense. “Nuestra estructura militar no es tan eficiente para incrementar pie de fuerza. Hay rumores de que hay problemas y descontento entre las filas. El incremento del pie de fuerza es difícil por la situación económica actual”, suma Ochoa Antich.

El modus operandi

El factor sorpresa se perdió con el anuncio de Trump. Salió como un comentario provocado por un periodista, una respuesta sin mayores detalles. Sin embargo, se sabe que el ente ejecutor, una vez que el Congreso de Estados Unidos diese la luz verde, sería el Comando Sur, cuya sede se ubica en Miami. Es el organismo responsable de proveer planes de contingencia, operaciones y cooperación de seguridad en sus áreas designadas, que incluyen Centro y Sur América.

Pero no son tiempos de grandes invasiones. El también periodista Javier Ignacio Mayorca cree que, de activarse en realidad, la maniobra sería sencilla, quirúrgica incluso. “Lo primero que ocurre normalmente es un ataque aéreo para anular o neutralizar sistemas de radar, comunicación y de respuesta a ese ataque aéreo. También una posible entrada de tropas anfibias. Hay un sistema misilístico, puede ser también un ataque con drones o aviones no tripulados (para desactivarlo). La tecnología la tienen”. Además, sería rápida. Ni semanas, ni meses. En el supuesto de que Estados Unidos decida intervenir con tropas en Venezuela bastarían 72 horas para hacerse del control del territorio, según dijo el experto en seguridad nacional de EEUU Eric Vergara, en el programa Dígalo Aquí transmitido por El Venezolano TV, en Florida.

“Dado que no existe un conflicto militar en desarrollo en Venezuela ni una amenaza venezolana militar visible para el resto del mundo, parecería que la única opción bajo consideración debería ser una intervención militar directa”, asegura un informe de Torino Capital. La firma hace comparaciones con la “Operación Causa Justa” que Estados Unidos ejecutó en Panamá en 1989 para deponer y capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, para lo cual neutralizó a las Fuerzas de Defensa panameñas. Aquellas faenas se gestaron en un clima de inestabilidad política y social del istmo, al que le acompañaron acusaciones de tráfico de drogas directamente relacionadas con la administración del también general que retaba a la potencia del norte blandiendo machetes. Entonces, el gobierno de George H. Bush invadió la nación centroamericana, a pesar de no contar con apoyo internacional, ganándose una condena por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Casi treinta años después, las similitudes saltan a la vista al norte de América del Sur. El director de la CIA, Mike Pompeo, afirmó el 13 de agosto que en Venezuela existe presencia iraní y de células de Hezbolláh. No mostró pruebas, pero la invasión a Irak demostró que a Washington no le hacen falta. El riesgo para la región es evidente desde su lupa. A los supuestos coqueteos con el terrorismo, se suman las acusaciones de narcotráfico en el país, que se montaron en la palestra cuando el gobierno estadounidense impuso sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. Asimismo, dos sobrinos de la pareja presidencial de Miraflores permanecen encarcelados en Nueva York, condenados por narcotráfico.

Por otra parte, más de 20 venezolanos han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La lista incluye a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al propio Nicolás Maduro, por causas de drogas, relaciones con las FARC, violación de derechos humanos y, más recientemente, “por la organización y apoyo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)” que socava la democracia, a decir de la administración Trump.

Y por si fuera poco, el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo en abril pasado que la explosión migratoria de venezolanos, “que ya es un problema de la región”, se acompaña de flagelos como “crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas, incluso el tema del terrorismo”. A juicio del diputado, “Venezuela hoy es el foco de inestabilidad y degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina”.

Acción, reacción

Venezuela, aliado natural de Estados Unidos por su ubicación geográfica, se fue alejando de Norteamérica con la llegada de Hugo Chávez al poder. Desde entonces, el país se acercó a regímenes autoritarios y enfrentados con “los gringos”, como Cuba, Rusia, Irán y China. En 2015, el entonces presidente norteamericano Barack Obama firmó un decreto que cataloga al país como una “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses”. El documento fue ratificado antes de entregar el poder a su sucesor en enero de 2017.

Un informe especial de la agencia Reuters divulgado la primera semana de agosto de 2017, especifica que Nicolás Maduro está recurriendo fervientemente a su aliado Rusia en busca de dinero y créditos, que necesita para sobrevivir, ofreciéndole activos petroleros a cambio. Así, “Moscú está utilizando su posición como prestamista de último recurso para ganar más control sobre las reservas de crudo del país OPEP, las más grandes del planeta”. Para la internacionalista Elsa Cardozo no hay duda de que la interferencia del gobierno de Putin es un factor clave en la ecuación que activa las alarmas de la Casa Blanca: “Rusia pesa más que cualquier otro país, más que China. No me cabe duda de que sea una razón importante”.

Una intervención militar sería una respuesta sin duda atípica en el contexto actual. Cardozo, también doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indica que el efecto disuasivo de las declaraciones de Trump puede ser mayor del esperado y hasta suficiente. “Una opción es presionar para que se produzca un acuerdo, alguna fórmula de transición. Es paradójico, pero me parece que la amenaza en sí misma puede preocupar mucho a Maduro y su equipo, no solo por la posibilidad militar, sino por la manifestación de cuánto les importa”.