México dedica el 6,2% del gasto de su PIB a educación, una cifra muy cercana al 6,3% que es el promedio entre una treintena de países de la OCDE, pero ocupa el último lugar en el informe Pisa en educación. El 93% del dinero destinado a la educación pública va a pagar salarios, pero el país no sabe exactamente cuántos profesores hay. Solo la mitad de los alumnos que entran a la primaria terminan el curso y siete de cada 10 adolescentes no entienden lo que leen o no saben multiplicar. El estado de la educación pública es una de las asignaturas pendientes más dolorosas del país hispanohablante más poblado del mundo.

“Tenemos un sistema educativo que ha entregado a los sindicatos el poder sobre el ingreso, la permanencia, los ascensos, los estímulos y las evaluaciones de los maestros”, explica por teléfono Alberto Serdán, coordinador de Activación Ciudadana de la Asociación civil Mexicanos Primero.

Si bien no hay un padrón actualizado del número de profesores que hay en México, la Secretaría de Educación calcula que en el país hay por lo menos 1,4 millones de maestros de enseñanza pública. Los trabajadores se dividen entre el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, dirigido hasta febrero de este año por la ahora presa Elba Esther Gordillo y que concentra por lo menos a un millón de agremiados) y de la fracción disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, separada desde 1979 del SNTE y que reúne al resto).

Desde el pasado 18 de agosto, miembros de la CNTE han protagonizado manifestaciones en la capital del país, que han desquiciado el de por sí caótico ritmo de la Ciudad de México. Los organizadores aseguran que al menos 100.000 maestros han participado en las movilizaciones. Los niños de los Estados del sureste del país donde la CNTE tiene más fuerza –Guerrero, Oaxaca y Michoacán– permanecen sin clases desde entonces.

Un profesor mexicano trabaja, en promedio, 800 horas al año durante 42 semanas, por encima del promedio de la OCDE (762 horas en 38 semanas). El 60,5% tiene un título universitario y el 23,3% provienen de escuelas de normalistas (formadoras de profesores). El nivel de especialización, no obstante, es bajo: solo el 8,9% ha cursado algún posgrado.

Aunque el 51% de los maestros son mujeres, solamente el 34,7% de las profesoras ocupa algún puesto directivo. Más de la mitad —un 52,6%— han dado clases desde, por lo menos, 15 años. Aunque México es el número 13 de 34 países revisados en el informe Pisa en cuanto a gasto educativo, ocupa el último lugar en inversión por alumno y es el quinto que paga peor sueldo a los profesores.

Serdán explica que, desde los años cuarenta, el 50% de las plazas de maestros en México son controladas por los sindicatos y su ascenso y permanencia, por un complejo sistema de puntos en que las actividades sindicales son mucho más premiadas que las académicas. “Los sindicatos manejan a su antojo y de acuerdo con el control político que les favorezca los puntos, plazas y sueldos de los profesores. Así ha sido y sigue siendo en muchos Estados de la república mexicana”. Afirma que la reforma educativa promovida por Enrique Peña Nieto y aprobada y ratificada esta semana en el Congreso mexicano es un paso “estructural” que no se había dado en décadas.

Un maestro en México, particularmente en los Estados más pobres del país, no solo se enfrenta a aulas sobrepobladas y un bajísimo salario (de hasta 3.000 pesos mensuales –224 dólares– en algunos Estados). También debe de defender su trabajo de acuerdo con las exigencias sindicales. “Pueden perder cualquier posibilidad de ascenso si hacen algo que los líderes sindicales juzguen como 'en contra del movimiento de los trabajadores'”. ¿Cómo qué? “Negarse a venir a una manifestación al Distrito Federal, por ejemplo, comenta Serdán. “Y en un país como el nuestro, con los altísimos niveles de pobreza que tenemos, si el único ingreso de una persona es el que tiene como maestro, no le queda otra más que obedecer”.

El salario inicial de un profesor en México ronda, en promedio, los 14.302 dólares al año, la mitad de la media de la OCDE (28.523 dólares). Las prestaciones varían de acuerdo con el Estado en el que trabaje y el sindicato al que pertenezca. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, un profesor puede recibir el pago por 478 días cada año entre salario, bono navideño, primas vacacionales y días festivos. Más del doble de los 200 días que marca el calendario escolar.

El férreo control que los sindicatos mantienen sobre la repartición de las plazas ha causado que los puestos de trabajo se hereden a familiares sin ningún tipo de vocación. “El salario de profesor se considera como algo seguro”, asegura Serdán. Hay personas que reciben un sueldo como maestro que no han pisado nunca un aula para impartir clases. “Los hay líderes sindicales, alcaldes, diputados, senadores y hasta gobernadores”, enumera. La situación es de tal nivel que el año pasado se difundió que uno de los líderes del cartel michoacano Los Caballeros Templarios, Servando Gómez La Tuta, recibe un salario de profesor pagado por el Gobierno federal. En el primer trimestre de 2010 cobró cerca de 51.000 pesos (unos 3.800 dólares).

El también investigador comenta que en los Estados más pobres del país, como son los tres en los que la CNTE concentra a la mayoría de sus afiliados, han descubierto lo que llaman como “escuelas embarazadas”, donde están empleados más profesores de los que realmente acuden a dar clases. Los que sí van al aula se enfrentan a un escenario poco amigable. La jornada escolar es corta (en algunos casos de solo cuatro horas y media), muchos tienen que cubrir dos turnos, no disponen de tiempo pagado para corregir tareas ni preparar clases y mucho menos para conversar con los padres de familia.

La reforma educativa ratificada el martes en el Senado, explica Serdán, toca dos rubros que son los que, a su juicio, afectan de lleno los intereses de las cúpulas sindicales. La ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) y la prohibición de que profesores que reciban un sueldo del Estado acepten otro trabajo.

La nueva legislación marca que los profesores deberán someterse cada cuatro años a una evaluación que, de suspender, podrán presentar en otras dos ocasiones. Si el maestro ingresó en una nueva plaza, a la tercera suspensión será separado de su trabajo. Si mantenía una plaza, seguirá cobrando su salario y prestaciones, pero no se le permitirá que siga impartiendo clases. “Este proceso puede durar hasta siete años”, subraya Serdán. También señala que todos los puestos vacantes, no solo los de nueva creación, deberán ser sometidos a un concurso de oposición. Hasta ahora el proceso era controlado por los sindicatos.

La reforma educativa forma parte del ambicioso programa de Gobierno que el presidente Enrique Peña Nieto se marcó al inicio de su gestión, el 1 de diciembre de 2012. Los cambios en la legislación, afirma Serdán, son significativos pero asegura que lo más importante, como ocurre con muchas de las leyes en México, será que se cumplan.

Pese a lo mastodóntico del sistema educativo mexicano (uno de los más numerosos de América Latina), es común encontrar testimonios de que, pese a la corrupción de los líderes sindicales, los bajos salarios, las aulas atestadas y la falta de incentivos y preparación, hay miles de profesores que acuden todos los días a su cita con los alumnos y cuyo esfuerzo queda en la memoria de estos. Ayer, el paro de la CNTE dejó a dos millones de niños sin clases, pero otros 28 millones acudieron a las aulas.