Lo sucedido en Chile, en el caso en el que el hijo y la nuera de la presidenta, Michele Bachelet, solicitaron y recibieron un préstamo en un banco del vecino país para adquirir terrenos que después vendieron a mucho mayor valor, dejó también una enseñanza para nuestro país, en razón de que pueden hacerse comparaciones, por la manera de reaccionar de parte de los funcionarios.

En el caso conocido como “Nueragate”, el hijo de la jefa del Estado, Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, obtuvieron un préstamo de 10 millones de dólares en el Banco de Chile, dinero que utilizaron para adquirir un terreno en las cercanías de la capital, fraccionarlo y venderlo, obteniendo así una jugosa ganancia.

Al conocerse el hecho, tomó intervención la Fiscalía de la región de O'Higgins, al sur de Santiago, que comenzó una investigación por posible tráfico de influencias y el uso de información privilegiada.

Pero lo importante se relaciona también con la reacción que se produjo en el plano político. Sebastián Dávalos renunció de inmediato al cargo que ocupaba como titular de la Secretaría Sociocultural del Gobierno y posteriormente hizo lo propio con su afiliación al Partido Socialista.

La presidenta de Chile pidió disculpas por lo sucedido e instruyó de inmediato a sus ministros para que prepararan un proyecto de ley, junto a otras iniciativas, para establecer un seguimiento sobre normas relacionadas entre la política y el dinero.

Nadie desde el oficialismo salió a denunciar algún tipo de maniobra destituyente ni a señalar que estaba en juego el futuro de la democracia, a pesar de que el gobierno y Bachelet tuvieron que aceptar que el hecho le generó el peor índice de aprobación desde que regresó al poder y que tuviera que posponer los ajustes ministeriales que estaba preparando para aplicar en los próximos días.

Frente a ese panorama, cabría realizar una comparación con lo que sucede en la Argentina. En nuestro país han surgido serias dudas sobre la adquisición de los terrenos y la construcción de los hoteles de la familia Kirchner en El Calafate; los acuerdos suscriptos con empresas del Estado -especialmente Aerolíneas Argentinas- para la ocupación de plazas en esos establecimientos hoteleros; la ocupación también de la casi totalidad de las plazas por parte de un empresario, amigo personal de la familia y llamativamente ganador de la gran mayoría de las licitaciones que se producen en Santa Cruz, entre otros casos denunciados en los últimos años.

Difícilmente la señora Presidenta de la Nación vaya a pedir disculpas por lo señalado, porque no lo ha hecho hasta ahora, pero lo que resulta inadmisible es la reacción del grupo de allegados y aduladores que rodean a la jefa del Estado.

El actual jefe de Gabinete dijo en su momento que “en ningún país del mundo se juzga a la Presidenta”, mientras la propia Cristina Fernández asegura que hay una Corporación Judicial, (que después se transformó en Partido Judicial) detrás de las investigaciones, cada vez que se habla del tema.

Se considera que el tratamiento de los casos a través de la prensa constituyen actitudes destituyentes y hasta se denosta y se critica con extrema dureza (a través de solicitadas que pagamos todos los argentinos) a un fiscal que pidió una investigación por el caso AMIA y que no tiene posibilidades de responder porque está muerto.

Resultaría saludable, para bien del país, que tanto la señora presidenta como el grupo que la rodea, miren hacia los costados y observen la manera de reaccionar de parte de sus pares americanas.

Dilma Rousseff echó de inmediato a funcionarios de Petrobras involucrados en un escándalo financiero, mientras que en la Argentina el Vicepresidente está procesado en dos causas y se mantiene en el cargo. En Chile, Bachelet dio otro ejemplo y aún así es criticada. En la Argentina nada de eso ha ocurrido y, por el contrario, quien hable de alguno de esos temas, seguramente, para el oficialismo, está detrás de un golpe blando.