El representante del cuerpo de técnicos y especialistas en tributación pasa revista a los últimos escándalos financieros que han afectado al país - Se calcula que más de 144.000 millones de euros procedentes de España están en paraísos fiscales

Del ministro Soria a Mario Conde. De Panamá a Liechtenstein, con estación intermedia en Jersey y una cantidad de subtramas y nombres que está a punto de convertir los desvelos de la formación de Gobierno en un asunto secundario, cuando no subsidiario en su resolución final. En plena tormenta de revelaciones, José María Mollinedo se sumerge en la tela de araña y saca las tablas de la ley. Un estilo que, con las cuentas por delante, ha convertido a Gestha en una molestia permanente, tan necesaria como urgida de más medios para frenar la ola de corrupción.

Sociedades secretas, testaferros, cuentas opacas. ¿Qué es lo que hace de España un país tan propenso al trampeo y al fraude? ¿El famoso gen de la picaresca? ¿O es sólo una coincidencia temporal?

No creo que se haya producido un aumento de este tipo de prácticas. Obviamente, es ésa la sensación, pero quizá se deba más al grado de conocimiento público que a un incremento real. Además, son casos que vienen de muy atrás, que se han ido gestando con el tiempo. La búsqueda de paraísos fiscales, por ejemplo, se ha consolidado en los últimos veinte años como mecanismo fraudulento para evitar la tributación. Y, por desgracia, en ocasiones, bastante eficaz. Si alguien pretendiera blanquear bienes generados en España en cuentas españolas sería fácilmente detectable; pero, si en lugar de eso, opta por sociedades surgidas en países en los que cuesta advertir quiénes son sus titulares, la investigación, obviamente, se complica.

Algunos afectados por el escándalo de los Papeles de Panamá, como Bertín Osborne, se defienden alegando que contar con una sociedad en otro país no es, por sí mismo, motivo de ilegalidad. ¿Dónde está el límite?

Las declaraciones del Bertín Osborne son, en ese sentido, bastante imprecisas. Una persona que reside fuera de España puede, y con toda legitimidad, abrir una cuenta en otro país. Es decir, si vives y trabajas en Miami, aunque Panamá no esté precisamente al lado, puede entenderse la operación. Ahora bien, si te trasladas de nuevo a España y los bienes que generas lo haces también aquí la justificación se vuelve mucho más endeble. El no declararlos y mantenerlos bajo secreto bancario y en otro lugar podría inducir a pensar que existe realmente una estrategia deliberada para evadir impuestos.

La cantidad de casos que han salido a la luz indican que la ley, en cuanto a mecanismo disuasorio, no funciona. ¿Habría que apostar por endurecer la legislación?

No es tanto una cuestión normativa como de medios para su ejecución. En este punto coinciden todas las evaluaciones internacionales; las medidas en España son sobresalientes, lo que faltan son recursos para garantizar su cumplimiento. Es pura aritmética: con una plantilla más adecuada en la Agencia Tributaria y en la policía especializada se logarían investigar más casos. España, en proporción a su tamaño, trabaja con la mitad de efectivos que la media de los países que forman parte de la OCDE. Con estas circunstancias, no es de extrañar que el nivel de economía sumergida sea justamente el doble. Por otro lado, el 80 por ciento de los técnicos se dedica a rastrear a los pequeños autónomos y contribuyentes y sólo el 20 por ciento restante se ocupa de las multinacionales y de las grandes rentas. Si sumas todas las variables, estamos hablando, sin duda, de un terreno penosamente abonado para la corrupción.

Aunque criticados en todos los foros internacionales, los paraísos fiscales siguen existiendo. ¿Se ha actuado con excesiva lenidad?

Diría, más bien, que concurren, en este asunto, grandes dosis de cinismo. Desde la reunión el G20 de 2009, se viene hablando sistemáticamente de la necesidad de acabar con los paraísos fiscales. Se han producido avances, especialmente en materia jurídica, pero el problema sigue existiendo. La capacidad de fiscalización actual depende de los acuerdos entre países. Y tiene, obviamente, muchas limitaciones. La más significativa, que no se admiten peticiones de información genérica, únicamente de cuentas determinadas, de manera que sigue siendo imposible preguntar por una persona física o jurídica y recibir a cambio todos los datos de sus movimientos económicos. En el mejor de los casos, lo único que se obtiene es la documentación relativa a un expediente concreto. Por ejemplo, la filtración de un banco, como la lista Falciani, o la de los Papeles de Panamá, que se circunscribe en exclusiva a un despacho de abogados y no, en ningún caso, a todo lo que se puede llegar a mover en Panamá.

Deduzco, entonces, que el número de defraudadores y la cantidad defraudada es, como se esperaba, muchísimo mayor.

Lo que ha salido hasta ahora, tanto en Panamá, como en el conjunto de los paraísos fiscales está lejos de ser, incluso, la punta del iceberg. Es difícil, con tanta opacidad, atreverse a dar una cifra. Una de las aproximaciones más recurrentes es la del informe de Gabriel Zucman, que calcula que el volumen de capital depositado por los españoles en paraísos fiscales asciende en conjunto a 144.000 millones de euros. No es una magnitud menor.

España se trastabilla, pero continúa avanzando por la puerta de atrás, con buena parte de su PIB en negro. ¿La estructura está hecha para delinquir?

Existen, ciertamente, diferentes posibilidades ilegales, e, incluso, legales, para soslayar la tributación. A las amparadas por la ley antes se las consideraba ingeniería fiscal y ahora prácticas agresivas, lo que denota un cambio de actitud. La OCDE está considerando el problema, aunque todavía falta avanzar en cuestiones tan esenciales como fijar la base imponible común del impuesto de sociedades. El abanico de opciones es amplio, y comprende desde las SICAV a la creación, cada vez más común, de sociedades patrimoniales. En muchos casos, con el propósito, casi al límite de la legalidad, de pagar impuestos por las ganancias de la sociedad, que es más barato, en lugar de por el IRPF. Recientemente se ha apreciado esta práctica con personas muy mediáticas: Aznar, Mascherano o Messi.

En lo relativo al expresidente, ¿percibe una conducta punible y de mala fe?

Lo que sabemos, hasta ahora, del caso, es que Aznar, junto a Ana Botella, creó una sociedad, Famaztella, para la gestión de su obra literaria. Para comprender bien la naturaleza del desajuste hay que pensar que una sociedad de este tipo no absorbe todas las obligaciones tributarias; al socio le corresponde una parte alta de las ganancias, y éstas tienen que ser tributadas por el IRPF como rendimiento profesional individual. En Famaztella, se da además que se han incluido bienes personalísimos como los obtenidos por conferencias. No hay empresas dedicadas a dar conferencias, no cabe la posibilidad de que constituyan ingresos que puedan facturarse a través de una sociedad. A falta de conocer a fondo el expediente, Aznar podría haber suscitado un déficit de tributación en su declaración de la renta correspondiente a dos años. Es decir, podría haber pagado menos de lo que debía. Y habría que estudiar si no lo ha hecho también en declaraciones precedentes, porque esto no prescribe.

Usted siempre ha sostenido que Monedero, a pesar del revuelo público, nunca ha incurrido en un delito fiscal por su declaración.

Y lo sigo pensando. De lo contrario, se hubiera acudido a la Fiscalía. Monedero, a diferencia de Urdangarin, que constituyó un entramado con datos no verificables,cometió una infracción administrativa, pero lo subsanó al presentar una declaración complementaria y veraz. De hecho, para corregirlo, pasó a tributar todos los ingresos por el IRPF y no por la sociedad. Si se demuestra que algunos contratos fueron firmados a nombre de la sociedad y no del suyo propio, habría, incluso, que devolverle dinero.

¿Qué similitudes y diferencias hay entre ambos casos?

Los dos son muy parecidos, y, en la medida que lo son, se alejan mucho del recorrido de Urdangarin y su empresa Aizoon. La diferencia es que en Aznar concurren las conferencias, que son ingresos personales y no societarios, y en Monedero, no. Eso, y el nivel de crítica y de atención de los medios, que, pese a todas las coincidencias, está siendo inexplicablemente mucho menor en lo que se refiere al expresidente del Gobierno.

Su organización ha sido muy crítica con la tendencia del ministro Montoro a comentar en público la relación fiscal de empresas y particulares. ¿Hasta qué punto se está extralimitando?

El ministro ha jugado en esta legislatura al límite de la ley de confidencialidad. Y lo ha hecho, además, no sólo en lugares públicos, sino en la tribuna del Congreso, donde muchas veces ha aludido, y con palabras amenazantes, por no usar un una expresión más grave, a la situación fiscal de sus adversarios. Este tipo de comportamientos no nos parecen apropiados: el ministro debe dar ejemplo y eso implica no hablar de los problemas con Hacienda de los actores o medios que son críticos con su gestión. Y, mucho menos, el hacer operaciones televisadas. En esta legislatura se han visto requerimientos más propios de la lucha contra el tráfico de estupefacientes que de la investigación contra el fraude, que normalmente es más discreta: sin chalecos ni cámaras.

Un roce muy sonado fue el del informe sobre donaciones de particulares y la posible financiación ilegal del PP.

Es que fue bastante escandaloso. Para evitar que saliera en la prensa, se optó por remitir el informe al director del gabinete, que llegó a comparar las donaciones irregulares con la financiación de Cáritas. Todo esto sugiere estupor. Un ministro de Hacienda tiene que tener información sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria, pero, en ningún caso, disponer de acceso a los datos de los contribuyentes. Y a Montoro se le ha visto sospechosamente bien informado.

Los Papeles de Panamá le han costado el cargo al ministro Soria. ¿Cómo valora su actuación?

El ministro dio, desde primera hora, explicaciones contradictorias y zigzagueantes. Su versión de los hechos fue cambiando en función de lo que iba publicando la prensa. Si finalmente comparece en el Congreso, deberá aportar una información más sólida, porque, de momento, lo que sabemos es negó datos que luego ha tenido que admitir.