Al hilo de la polémica surgida a raíz de la iniciativa del gobierno murciano de otorgar a los progenitores la prerrogativa de veto de conciencia a las actividades educativas complementarias que no sean de su agrado, lo que han denominado eufemísticamente como “pin parental”, se hace necesario no contribuir al esperpento entrando al trapo en un pseudodebate sobre a quién corresponde la “propiedad” de los hijos e hijas, si a las familias o al Estado; al mismo tiempo, es preciso saber entender la profundidad política de la estrategia puesta en marcha por la derecha radical.

En los periodos largos de estabilidad política, como el que representa el turno bipartidista hasta su quiebra en 2015, la disputa democrática se ordena dentro de un estrecho marco que contribuye a despolitizar, cuando no a anatemizar, múltiples aspectos de la vida social. Es lo que se conoce como “consensos básicos” que, con oscilaciones coyunturales, dejan al margen de la disputa partidista un amplio abanico de políticas (sanidad, educación, pensiones, seguridad, etc.) concebidas como el sustrato democrático “natural” e inalterable de la sociedad bien administrada.



En periodos políticos convulsos, como el que nos toca vivir, aquellos márgenes que delimitaban lo “posible” (y hasta lo “deseable”) saltan por los aires. Lo que se revela con ello, además del carácter excluyente de la idea de consenso entre élites

Estos consensos básicos responden a una concepción de la democracia que, asentada sobre el imaginario del pacto social de posguerra que dio lugar al surgimiento del Estado de Bienestar (en el caso de España, tenemos que remitirnos a la etapa transicional y al proceso de convergencia con el entorno europeo), ha evolucionado hasta convertirse en un mero procedimiento que garantiza “la alternancia en el poder sin que nos matemos”. Aunque Schumpeter diría que esto no es poco, conviene recordar que las apelaciones a la neutralidad de los poderes públicos olvidan que allí donde estos no se manifiestan e imponen democráticamente su ethos, acaba por imponerse la “verdad” del mercado.

Es por esta razón que, en periodos políticos convulsos, como el que nos toca vivir, aquellos márgenes que delimitaban lo “posible” (y hasta lo “deseable”) saltan por los aires. Lo que se revela con ello, además del carácter excluyente de la idea de consenso entre élites, es la resistencia que ejerce la democracia, como ideal político, a ser reducida a una serie de mecanismos supuestamente objetivos, tecnocráticos, que organizan la sociedad. La democracia es, por lo tanto, algo más, una sustancia elástica y en disputa entre aquellos que tratan de encerrarla dentro de un cajón y aquellos otros que quieren que fluya.

No es casual que la llegada al poder del primer gobierno de coalición de izquierdas desde la época de la II República haya deparado la ruptura del consenso básico sobre un tema tan sensible como la política educativa. Y lo hace, ni más ni menos, con una “reacción revolucionaria” (con resonancias thatcherianas) que contrapone el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos e hijas a lo que se denuncia como un adoctrinamiento de los menores en los colegios públicos. Frente al feminismo y a una sexualidad progre pervertida, la familia (en su acepción más arcaica) se acoge al derecho constitucional (art. 27.3.) “que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Una respuesta a la altura jurídico-política pasaría por desarrollar esa otra idea superior (Art. 27.2.) de que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Están en juego los Derechos Humanos, no es broma.



Asistimos a un intento por parte de la derecha radical de utilizar el marco constitucional desde su dimensión más restrictiva y autoritaria. Esta estrategia juega con lo que Stuart Hall identificó como un asalto de la derecha radical a los “universales ilustrados“ (libertad, derechos individuales, etc.)

La paradoja que se da es que, alterando los constreñidos márgenes constitucionales, la derecha radical está abriendo a la confrontación política esferas que, como la educativa, han formado parte durante décadas del acuerdo tácito sobre el que se levantó el Estado Social y Democrático de Derecho. No es una cuestión baladí, si pensamos que el consenso sobre y la despolitización de estas esferas de lo social han ido acompañadas, en los últimos tiempos, de un vaciamiento de contenido y precarización de los sistemas de protección social bajo la hegemónica razón neoliberal. Por lo tanto, el ataque descarnado de una derecha radicalizada nos impele a una defensa de lo público (y de lo común) que contribuya a su mejora cualitativa. El fanatismo del adversario dibuja de esta forma nuevas posibilidades de radicalización democrática.A lo que asistimos, entonces, es a un intento por parte de la derecha radical (Vox, pero también PP) de utilizar el marco constitucional desde su dimensión más restrictiva y autoritaria, algo que entronca con un determinado sentido común católico- reaccionario, tan presente a lo largo de nuestra historia y capaz de movilizar a grupos sociales muy amplios y cohesionados. Al mismo tiempo, esta estrategia juega con lo que Stuart Hall identificó como un asalto de la derecha radical a los “universales ilustrados“ (libertad, derechos individuales, etc.), aprovechando el supuesto ensimismamiento y la desarticulación de las izquierdas, obsesionadas con las políticas de identidad.

Por todo ello, no es suficiente oponer a esta reacción revolucionaria “simplemente la ley”, sino que va a ser indispensable estirar el texto constitucional desde su dimensión democrática, tan real como la otra, convertirlo en un programa de gobierno transformador. Con ello, el nuevo Gobierno y la sociedad civil progresista se sitúan ante el reto de poner en marcha un ambicioso impulso reformista que se apoye en la nueva mayoría social que, además, ha de construir. Ese es el sentido de la investidura de Pedro Sánchez y del acuerdo de coalición, resistir la reacción transformando el país y evitar, así, que el pequeño paso adelante en nuestra historia que representan acabe, como tantas veces, con dos zancadas hacia atrás.

