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La falta de independencia judicial en España llega a la ONU

Por E.B.

miércoles 26 de noviembre de 2014 , 00:00h

Sede de la ONU Tres asociaciones de jueces y una ONG de defensa de los derechos civiles piden a Naciones Unidas que frene los ataques del Gobierno. Tres asociaciones de jueces y una ONG de defensa de los derechos civiles piden a Naciones Unidas que frene los ataques del Gobierno.

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain, se han dirigido por carta a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, informándole de diversas iniciativas del Gobierno español que, en palabras de estas organizaciones, “están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.



Los jueces denuncian la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político y piden que la ONU que se dirija al Gobierno español para pedirle explicaciones así como que realice una visita a España para analizar las trabas a la independencia judicial que existen en nuestro país.



Medida excepcional



Según explican las citadas asociaciones judiciales -que representan juntas a la mayoría de jueces y magistrados asociados en España- “se trata de la primera iniciativa de estas características que se presenta ante la ONU y se ha acordado plantearla ante la gravedad de la situación”.



La carta, según explican los denunciantes, se refiere, en primer lugar, a la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, que se impuso con el apoyo único del partido en el Gobierno y con la oposición de todas las asociaciones judiciales, y que conllevó el nombramiento de sus integrantes por parte de los principales partidos políticos. “Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes”, subrayan los remitentes de la carta.



Asimismo, se denuncia que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase de Anteproyecto, pueda suponer más mermas en la independencia de jueces y magistrados. Las asociaciones explican que con la nueva organización territorial que quiere establecerse, los presidentes de los órganos provinciales serán impuestos por el Consejo General del Poder Judicial (dependiente del poder político), lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que estos presidentes tendrán competencia precisamente para modificar la composición de los tribunales para la investigación de casos de corrupción.



También se critica la prohibición a la libertad de expresión que pretende imponerse a jueces y magistrados “por el hecho de ser molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse”. La nueva ley también introduciría la obligación de someterse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual impide “que los jueces puedan obrar según su propio criterio jurídico” y constituye por tanto “una amenaza a la independencia del poder judicial”.



Las organizaciones denuncian igualmente la falta de recursos asignados a los órganos judiciales para investigar los casos de corrupción, resaltando que España se encuentra a la cola de Europa en número de jueces por habitante y en inversión en justicia. “Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios”, se apunta en la carta.



Presión política



Las organizaciones ponen énfasis finalmente en la presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción, a través de descalificaciones vertidas en medios de comunicación por autoridades y miembros del ejecutivo.



Estas descalificaciones, al pretender que los jueces y magistrados cambien el sentido de sus investigaciones y actuaciones, suponen un claro ataque a su independencia. A esto se le añade el hecho de que “quienes están señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios […] por parte del Consejo General del Poder Judicial”, habida cuenta de la estrecha relación de este órgano con el poder político.



Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones judiciales firmantes ha manifestado que “ante la quiebra de la separación de poderes en nuestro país, resulta necesaria la intervención de la ONU” y recuerda que “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de que el Estado de Derecho funcionará correctamente en beneficio de la ciudadanía”.



Por su parte Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain, ha puesto de manifiesto que “cuando desde el poder político se ataca a la independencia judicial, se menoscaba la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas” y apunta que “la falta de recursos obstaculiza que se investiguen y juzguen debidamente las violaciones de derechos humanos”; todo esto provoca, en sus palabras “que la ciudadanía quede en una situación de desamparo”.