Rafael Hernando y Pablo Casado, portavoces del PP. (Fotos EFE)

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará la próxima semana ante la Fiscalía General del Estado un informe sobre situaciones en las que las víctimas de la dictadura franquista han sido humilladas por cargos públicos del partido popular. En concreto las acusaciones se dirigen hacia el portavoz Hernando, el responsable de Comunicación Pablo Casado y el alcalde de Baralla, Manuel González Capón.Las declaraciones que la ARMH considera inaceptables son las de Rafael Hernando, que aseguró que algunas víctimas de la dictadura sólo se acordaban de sus padres cuando había subvenciones; de Pablo Casado, que menospreció públicamente las fosas en las que están 114.226 civiles desaparecidos por la represión franquista; y del alcalde popular de la localidad lucense de Baralla, que en un pleno aseguró que los asesinados por el franquismo se lo merecían.Se incluyen también en el informe las manifestaciones que el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha realizado a la Cadena Ser en las que aseguraba que las palabras de Rafael Hernando son desafortunadas pero “no son equiparables” con las agresiones a otras víctimas, según explica la ARMH, en referencia a Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid que hizo chistes de mal gusto en Twitter sobre el Holocausto y las víctimas de ETA, por los que, por cierto ha pedido perdón. "Cuando se comete un delito no basta con pedir perdón. Si la fiscalía considera que hay base jurídica suficiente para esa imputación, mi presunción es a favor de la fiscalía", ha dicho.La ARMH recuerda al ministro que "la desaparición de 114.226 hombres y mujeres por la represión de la dictadura franquista es equiparable a cualquier otro genocidio". Y continúan: "El ministro hablaba de que en el caso del nazismo existió una planificación, como si el ejercicio de la represión franquista no hubiera estado planificado”.Considera la asociación memorialista que “el 95% de esos desaparecidos lo fueron en los tres meses que siguieron al golpe de Estado del 18 de julio, en zonas donde no hubo guerra, y eso demuestra que alguien dio la orden de que comenzaran a desaparecer y alguien la detuvo”.Asimismo, la ARMH incluirá en el informe el hecho de que las víctimas del franquismo “sean obligadas por el Estado a sostener con su pago de impuestos la tumba del dictador Francisco Franco, una forma de humillación y maltrato para las miles de familias que todavía no han podido dar sepultura digna a un ser querido por falta de responsabilidad del Estado y de ningún Gobierno que desde la muerte del dictador Francisco Franco ha garantizado los derechos humanos”.