España pedirá hoy formalmente a la ONU que inhabilite a dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana condenaron la detención de los políticos catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por considerarla arbitraria.

El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunció esta petición, que afecta al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes independentistas.

El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunció la petición que afecta al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong

El diplomático argumentó que “hay un conflicto de intereses” entre esos expertos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en al menos dos causas.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han explicado a La Vanguardia que España transmitirá una nota verbal de protestas porque no se han respetado, según dicen, “las obligaciones procesales”, es decir, primero debe entregarse el informe al Estado y después de 48 horas a las dos partes. Un punto que desde Òmnium Cultural desmienten, ya que aseguran que el Ministerio recibió la comunicación el lunes 27 de mayo, dos días antes de ser remitido a la entidad cultural, que fue quien encargó al abogado Ben Emmerson que abriera el procedimiento.

Se solicitará a la ONU la revisión del informe y una investigación interna sobre un posible conflicto de incompatibilidad de los dos miembros del grupo de trabajo con el abogado Ben Emmerson

Por otro lado, se solicitará a Naciones Unidas la revisión del informe y, por último, se pedirá una investigación interna sobre un posible conflicto de incompatibilidad de los dos miembros del grupo de trabajo impugnados con Ben Emmerson, el abogado que representa a los tres líderes independentistas catalanes encarcelados, ya que habían trabajado juntos en el pasado.

Mientras el Gobierno pedía inhabilitar a los dos miembros del Grupo de Trabajo de la ONU, la consellera de Presidència y portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, comparecía en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu de este viernes en la que ha aprobado una serie de medidas encaminadas a impulsar todas las acciones legales y políticas para que el Estado cumpla con el dictamen.

Para ello, el president Torra ha remitido una carta al presidente Sánchez en la que le insta, a través de la acción de la Fiscalía General del Estado, a poner en libertad y reparar el daño a los políticos presos. Además, advierten de que “en caso de que no se atiendan estas peticiones, desde el Govern “nos comprometemos a denunciarlo en todos lados”.

El Govern ve “surrealista” cuestionar el dictamen de la ONU y exige por carta a Sánchez que lo acate

Al encontrarse con la respuesta por parte del Gobierno, Budó ha considerado “surrealista” que el Ejecutivo socialista cuestione al organismo pidiendo la dimisión de dos miembros “en lugar de afrontar la realidad”. La dirigente ha querido recordar al Ejecutivo qué es y cómo se elige el grupo de trabajo que reclamaba la libertad de Junqueras, Sànchez y Cuixart: “La Asamblea elige al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de este salen los grupos de trabajo que se nutren de expertos”, que “son personas de reconocida solvencia”, ha destacado. Por eso, la portavoz ha exigido al Gobierno central que “afronte la realidad de lo que dice el dictamen y deje de cuestionar a sus miembros”.

Budó ha insistido en que “Sánchez tiene la obligación de dar respuesta a lo que dice el grupo de trabajo”, que según ha dicho la consellera, “es vinculante” porque “si no contesta, esto no acaba aquí”, sino que tendrá “continuidad” en otro ámbitos. Aunque la dirigente no ha querido concretar el destino de las posibles acciones, que no ha querido circunscribir al ámbito judicial, ha avisado de que “esto seguirá teniendo recorrido” porque el dictamen lo reclama en el fondo que se le haga caso a él sino a los tratados que ha firmado el Estado español, ha interpretado. Entre los posibles destinos de las acciones del Govern, Budó ha citado el Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Exige al Gobierno central que “afronte la realidad de lo que dice el dictamen y deje de cuestionar a sus miembros”

En la carta de Torra a Sánchez, el president insiste en denunciar que se han vulnerado diversos artículos de la Declaración de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos y entre los siete puntos aprobados por el Ejecutivo catalán en el Consell Execitiu y que forman parte de la misiva, figuran: la solicitud a la Fiscalía General del Estado para que promueva la libertad “inmediata” de los dirigentes presos mencionados; la “indemnización y otros tipos de reparación” para ellos; a realizar una investigación “exhaustiva” de las circunstancias en torno a la privación “arbitraria” de la libertad de los presos políticos, e instan al presidente a difundir la comunicación del grupo de trabajo por todos los medios posibles.

¿Hay presos políticos en España?