Los problemas de acceso a la vivienda aquejan a buena parte de los uruguayos y así lo demuestran encuestas recientes que determinan que está en el centro de la atención de quienes necesitan una solución habitacional. Esto llevó a que sectores del Frente Amplio presentaran varias iniciativas parlamentaria para paliar este déficit.





Uno de los problemas que se quiere solucionar tiene que ver con los créditos para viviendas entregados por el Banco Hipotecario antes de 2007, para los cuales se tomaba como referencia para el ajuste de la deuda la unidad reajustable (se ajusta por el Índice Medio de Salarios).





En 2013 se brindó la opción de cambiar aquellas deudas que se venían ajustando por UR a unidades indexadas (por inflación), dado que la primera sube por encima de la segunda. Sin embargo, como requerimiento para ese pasaje se debía hacer un nuevo título de propiedad del inmueble, lo que derivaba en un costo que podía rondar los US$ 4.000, por lo que mucha gente no pudo realizar el cambio.





Para el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo, esto implica que, 10 años después, el que no pudo realizar el cambio y ya venía con una cuota en UR hoy paga casi el doble de cuota hipotecaria en una idéntica situación con respecto a quien sí realizó el pasaje a UI. La intención es también pasar todas aquellas deudas que hoy figuran en UR a UI, dado que el Índice Medio de Salarios aumenta por encima de la inflación.





A su vez, luego de la crisis de 2002, el BHU determinó que muchas de las cuentas morosas o incobrables pasaran a la Agencia Nacional de Vivienda , que brindó beneficios para que esos deudores pudieran pagar, mientras que los que se mantuvieron como buenos pagadores permanecieron en la cartera del BHU y, a diferencia de los que fueron trasladados a la ANV, no obtuvieron condonación de multas o de intereses por atrasos.





Carballo presentó un proyecto que busca corregir esta situación y está a estudio de la bancada oficialista.

La propuesta se suma a otras dos impulsadas por el Frente Amplio que buscan promover soluciones habitacionales: un sistema de subsidios a la demanda habitacional y una ley de regulación impulsada por el diputado comunista Gerardo Núñez.





La propuesta de Carballo plantea eliminar los "colgamentos" (cuando hay atrasos se amortigua la deuda pasándola para más adelante), multas, moras, intereses y recargos que se hayan generado por este "sobreprecio" que los deudores vienen pagando en unidades reajustables hace 10 años. "Lo que busca es que a partir del 2017 se paguen entre $ 5.000 y $ 6.000 menos de cuota de lo que se viene pagando", afirmó el legislador.









Subsidios

Por otra parte, el proyecto de Sistema de Subsidios a la Demanda Habitacional ya fue aprobado en Diputados, instancia en la que actores de todos los partidos políticos argumentaron a favor del proyecto. El mismo plantea transformar en ley la reglamentación que ya lleva adelante desde el año 2007 el Ministerio de Vivienda con un cambio de criterio en lo legal. Según el director de Vivienda, Salvador Schelotto, en el pasado los subsidios eran otorgados independientemente de quien fuera el destinatario, con enfoque en el financiamiento de la vivienda como objetivo.





En cambio, la política que se viene manejando en estos últimos diez años apunta a atender la necesidad del tipo de vivienda al que se accede en relación a como está compuesto el núcleo familiar.





"El término 'vivienda adecuada' está definido en la ley Nacional de Vivienda y es la que se asigna al núcleo familiar en función de la composición del número de integrantes y del sexo de los hijos, que determina la cantidad de dormitorios. Quiere decir que no se apoyará el subsidio para cualquier vivienda, sino en la que sea adecuada a la familia a la cual sea destinada", argumentó Schelotto en su comparecencia en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores.





El proyecto establece también subsidios "al pago de alquileres de viviendas de propiedad privada, arrendadas por familias cuyas características se establezcan en los Planes Quinquenales de Vivienda". Incluso, a partir de aprobada la ley, un estudiante del interior podrá acceder al programa de garantías de alquileres que tiene el Ministerio de Vivienda. "Una de las ventajas importantes que representa el programa de alquileres es que permite que una pareja o una persona sola pueda acceder a una solución satisfactoria de vivienda", explicó Schelotto.





Ocho de cada diez uruguayos cree que el mercado inmobiliario es caro, y más de la mitad de los encuestados piensa que los precios de las viviendas serán cada vez más altos, según un reciente sondeo que realizó Mercado Libre Uruguay.





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Propuesta para topear precios de alquileres

Hace más de un año, el diputado Núñez del Partido Comunista presentó un proyecto de ley que pretende topear el precio de alquileres para viviendas construidas antes de 1968 y las que se ampararon en la ley de Vivienda de Interés Social. Esta propuesta está sujeta a cambios, ya que aún no cuenta con la aprobación de la comisión de Vivienda.

Según información que maneja el legislador, bajo este régimen se han construido alrededor de 5.000 viviendas, 5.000 más se están construyendo y se proyectan la misma cantidad. Basado en un informe del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Núñez asegura que de las 5.000 construidas, fueron topeados los precios de menos de 300.

"El objetivo central del beneficio que era incentivar el acceso concreto a la vivienda a un sector de trabajadores que no tuviera una capacidad importante de ahorro no se está cumpliendo. Entonces, lo que queremos plantear es que si yo te doy este beneficio (por las empresas), jugá en este escenario de regularización de precios", afirmó. La ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social otorga como beneficio la exoneración durante 10 años del Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (alquileres), y exceptúa del pago del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales en el momento de la compra, mientras que a las empresas se las exonera del IVA compras.

Núñez dijo a El Observador que estas exoneraciones desde 2012 hasta el día de hoy equivalen a aproximadamente US$ 800 millones. El proyecto además propone que "el precio de los contratos de arrendamiento con destino casa-habitación no podrá superar anualmente el 4% del valor catastral del inmueble", aunque Núñez aseguró que esa cifra puede ser flexible.

"A pesar de que aumentó la oferta y también la demanda, crecieron los precios. Hoy se alquila alrededor del 21% de la oferta habitacional y va a aumentar porque el ahorro y la posibilidad de compra se ven difíciles por la nueva realidad del mercado de trabajo y las reglas de juego del mercado inmobiliario", aseguró Núñez.





O cupantes sin permiso, propietarios y gastos

Según el informe Situación de la Vivienda en Uruguay, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el 7% de los hogares en el país presentan formas de tenencia de la vivienda no seguras, lo que implica que son ocupantes sin permiso o propietarios de la vivienda pero no del terreno. En el censo de 2011, el número es de aproximadamente 1%.

Por otro lado, los propietarios que aún están pagando por su vivienda destinan en promedio el 12,5% de sus ingresos al pago de la cuota de compra. Los ingresos destinados al pago de la cuota de la vivienda se duplica para los hogares inquilinos, para quienes en promedio la cuota de alquiler representa el 22,1% de sus ingresos, según el Mides.





Según el censo llevado adelante en el año 2011, en Uruguay había en ese entonces 1.163.748 hogares. De esa cantidad, 59% eran propietarios, 19% inquilinos y 21% ocupantes en relación de dependencia. Según el Mides, viene cayendo la proporción de hogares propietarios en favor aumento de los inquilinos.