MADRID (apro).— El empresario Alonso Ancira rechazó ser extraditado a México, por considerar que es “un país que no tiene leyes” y tanto él como su defensa abundaron en el alegato de que es víctima de una “persecución política” por parte del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se consideró un “daño colateral” de la campaña en contra de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, por parte del actual mandatario mexicano, a quien calificó de “mitómano del tamaño de Hitler” y de ser “un sujeto que no está en su cordura”.

“El señor presidente (López Obrador) quiere ir sobre la administración anterior (de Peña Nieto)” y por eso es “un daño colateral”

El expresidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) compareció este martes en la vista de extradición a México que celebró la Sala de lo Penal Sección Primera de la Audiencia Nacional, que presidió la juez María Riera Ocariz, donde el caso quedó listo para resolución tras conocerse los alegatos del gobierno de México y de la defensa de Ancira. El fallo se conocerá en los próximos días.

El fiscal general de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, argumentó ante el tribunal que no ve objeción para que España conceda la extradición de Ancira a México.

Al responder a preguntas de su abogado Manuel Ollé –mismo que defendió a Humberto Moreira—, Ancira afirmó que la demanda por blanqueo de capitales está hecha “sin base sólida legal y causando un daño y deterioro que está a punto (de llevar a) la empresa a irse a la bancarrota”.

Aseguró que con el bloqueo inicial de 247 cuentas bancarias personales y de la compañía y estar acusado de blanqueo de capitales, es un daño severo a una compañía que cotiza en bolsa.

“El innombrable Lozoya”

Vestido con traje azul y corbata roja, el empresario aseguró que los hechos por el presunto delito de blanqueo de capitales, son “falsos” y que la acusación por la operación de compra-venta de la planta de AgroNitrogenados por Pemex, es una “acusación pueril”.

El llamado “rey del acero” aseguró que en esta orden de extradición se ha violado su “derecho al debido proceso”, a su “derecho de defensa” y a la “libertad personal”.

En su último derecho para dirigirse al tribunal, Ancira se refirió al caso de la señora Gilda Austin de Lozoya, “la mamá de este innombrable de Emilio Lozoya, una mujer con 75años de edad, que está detenida en su casa y todo porque su hijo le dio un cheque de 180 mil pesos. Yo creo que ahí estamos viendo la injusticia que hay en México con esta señora madre que está presa, por un delito que alcanzaba libertad bajo fianza, quiere decir que no hay justicia en México”.

Alonso Ancira fue detenido en mayo pasado en Palma de Mallorca y es reclamado por México en extradición por un delito de blanqueo de capitales por la compra-venta de una planta chatarra de Agronitrogenados. El caso comenzó con una denuncia de la petrolera mexicana Pemex por el sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de la planta de fertilizantes.

La defensa del reclamado presentó a la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, como perito en derecho extranjero, para presentar ante el tribunal el peritaje que elaboró sobre la prescripción de la acusación de la FGR que habría sido en diciembre de 2013 o en diciembre de 2016, de acuerdo con el estudio del artículo 107 del Código de Procedimientos Penales mexicano, y no el 15 de noviembre de 2022, como dice la fiscalía.

FGR: contra Ancira, indicios sólidos

La abogada española Helena Rubio, coadyuvante de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana en el procedimiento, argumentó ante el tribunal que la solicitud de extradición de Ancira, es por “unos hechos que revisten caracteres de blanqueo de capitales”.

En contra de los argumentos de la defensa de Ancira, la abogada sostuvo que México solo quiere que “un nacional de su país que ha cometido unos hechos o no, pero que son hechos que revisten caracteres de blanqueo de capitales, sea sometido en un Estado competente para resolver estos hechos”.

“Luego se verá si estos hechos podrán o no quedar acreditados en el procedimiento en México. lo único es que el señor Ancira se sujete al procedimiento mexicano”, alegó.

Explicó que los hechos “son claros”, porque “el señor Ancira no se limita a abonar al señor (Emilio) Lozoya tres millones 400 mil euros en un maletín y se los entrega en una gasolinera”. Lo que hace, prosigue, “es fraccionar el pago de estos 3.4 millones de euros, en cinco transferencias bancarias, de una sociedad asociada a AHMSA, diciendo tiene relaciones comerciales con Tochos Holdings (sociedad de Emilio Lozoya), que es la sociedad que recibe estas cinco transferencias”.

Te recomendamos: La DEA investiga a Alonso Ancira por presunto lavado de dinero

Sostuvo que el reclamado realiza “actuaciones” y “pone todos los medios” para hacer aparecer ese pago como lícito como si mantuviera “relaciones comerciales –que no mantiene— con Tochos Holdings, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y que luego “ese flujo monetario fue para comprar una bonita vivienda en México”, en Lomas de Bezares.

Asimismo, también argumentó que, para Ancira, México es un país “sin ley”, sin embargo, su defensa también presenta “una resolución (judicial) por la cual se desbloquean sus cuentas. Cómo puede ser (un país) sin ley para unas cosas y para otras no. Lo que pasa es que hay determinadas resoluciones judiciales que le gustan al señor Ancira y otras que no le gustan”.

Aseguró que la defensa buscó confundir al asegurar que la orden de aprehensión fue revocada, lo cual no es real, sino que para dejar sin efectos la ejecución de la orden de aprehensión, Ancira deberá entregar una fianza y presentarse a los tribunales mexicanos.

Por último consideró que algunas pruebas de la defensa, como unos tuits de López Obrador, “sin certificación notarial” y que “no cumplen los más mínimos requisitos”, son utilizados para “desacreditar a las autoridades mexicanas”.