La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela. El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

or Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación. El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Francisco Granados. (Ilustración: Raúl Arias)

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.

La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

El juez acusa al PP en un auto secreto de pagar en B las campañas de 2007, 2008 y 2011

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución.