Cientos de personas cantando ‘Benedicto, X, V palito’ y decenas de policías de la unidad antidisturbios repartiendo ostias. La manifestación laica del 18 de agosto de 2011 se recuerda como una comunión perfecta que costó 50 millones de euros. También se recuerda por las confrontaciones entre los asistentes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y los manifestantes que acudieron a la convocatoria laica ese día, bajo el lema ‘De mis impuestos al Papa, 0’, que criticaba el coste del evento del Papa y las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica.

Mañana, martes 19 de enero de 2016, casi cuatro años y medio después, siete de las ocho personas detenidas durante la convocatoria laica serán juzgadas por atentado a la autoridad, enfrentándose a penas un año y cuatro meses de prisión en el caso de al menos una de las personas encausadas. Será la primera parte de un juicio que continuará el 26 de enero y que se celebrará en la Audiencia Provincial, en calle Julián Camarillo, 11.

“No hubo atentado a la autoridad, hubo abuso de poder”, afirma Flavia, una de las encausadas, a Diagonal. “Es verdad que había un ambiente bastante tenso, pero la policía, en vez de salvaguardar que la manifestación, que estaba comunicada y autorizada, hizo que se juntara con las juventudes de la JMJ, fagotizando el escenario de confrontación”, continúa. Planeaba la “sensación de que planearon encerrarnos en mitad del recorrido y pegarnos”, explicaba Pablo Soto, ahora concejal en el Ayuntamiento de Madrid y una de las personas que acudió a la manifestación, a Diagonal pocos días después de los hechos. Incluso le gritaron “que salgas de aquí, puto maricón” cuando, después de que la policía le empujara, les indicó que estaba cojo y se podía caer.

Desde Redes Cristianas también se quejaron de que “la policía no facilitó las garantías para poder discurrir por el recorrido pactado”, subrayando el colapso producido en Sol, cuando la manifestación se encontró con los peregrinos convocados por sms.

Flavia detalla que, cuando la policía comenzó a desalojar Sol, ella ya se estaba yendo, pero la policía la interceptó. “Iba con una pintura enrollada y vinieron cuatro policías de la UIP y empezaron a darnos patadas. Yo sólo me di la vuelta y le dije a uno de los policías que no tenían derecho a tratarme de esa manera. Entonces me agarró, me torció el brazo y de ahí nos llevaron a la furgoneta y a Moratalaz”. “Hay imágenes que muestran que no hubo agresión y también la actitud previa de la policía, que agredió a varios manifestantes que se estaban retirando de la plaza”, añade Erlantz Ibarrondo, abogado de Flavia.

A partir de ahí, el trato a los detenidos fue incluso peor. Las ocho personas arrestadas pasaron dos noches en la comisaría de Moratalaz. “El trato en comisaría fue el más degradante que he vivido”, afirma Flavia. “Nos desnudaron en un cuarto, a solas con una policía, y nos obligaron a arrodillarnos para ver si llevábamos algo dentro”. La policía tuvo a las ocho personas detenidas sentadas en sillas mirando a la pared durante cerca de cinco horas mientras fichaban sus pertenencias. Uno a uno los fueron pasando a una habitación con banderas de ultra sur donde tres policías tapados con pasamontañas les leyeron sus derechos, según explican algunos de los detenidos. A dos de ellos, de otras nacionalidades, les amenazaron con expulsarlas del país.

45 horas después de la detención, fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla, donde fueron puestos en libertad con cargos. “En general, el trato fue humillante y vejatorio. Lo hacen con total impunidad convencidos de que es eso lo que te mereces”, señala Flavia, quien apunta también que durante varios meses tuvieron que ir a firmar, cada quince días al juzgado.