MADRID.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya -el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas- ha detectado irregularidades en la facturación de Ciudadanos relativa a los gastos de personal del ejercicio de 2012 de los partidos con representación en el Parlament. Se trata de varias facturas de dos sociedades pertenecientes a dos altos cargos del partido que habrían cobrado del grupo parlamentario naranja a través de sus empresas.



Según adelantó el diario La Razón, el informe de la Sindicatura reza así: "Se han localizado facturas de dos sociedades con un administrador único a nombre de dos miembros del partido. La facturación de enero a septiembre fue de 34.200 euros en concepto de asesoría y consultoría en el ámbito de la organización interna del partido, y de 22.624 euros en concepto de Secretaría general".



Esos dos miembros del partido, según ha desvelado Infolibre, son, además, altos cargos de la formación que cuentan con toda la confianza del presidente, Albert Rivera. Son el secretario general de Ciudadanos, Matías Alonso, y el vicesecretario general, José Manuel Villegas que es además, el director de la campaña electoral.

Sin embargo, tanto fuentes del partido como el propio líder del mismo y candidato a la Presidencia se han apresurado a quitar hierro al asunto. "No existe ningún problema con esas facturas", señalaron al citado diario desde C's. "En aquel entonces no ocupaban un cargo en la formación, eran autónomos, por lo que esos pagos son perfectamente legales", especificó Rivera poco después en Al Rojo Vivo. Asimismo, los naranjas han asegurado que "no se han vuelto a producir" contrataciones similiares que puedan levantar sospechas acerca de su compromiso con la limpieza y transparencia en política.



No obstante, no es la primera vez que Ciudadanos se enfrenta a acusaciones parecidas que hacen tambalear su discurso de "cambio". Ya en 2008 recibió un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas nacional, que le acusó, precisamente, de poco transparentes por no haber presentado a tiempo su rendición de cuentas. Poco después, en 2010, cometieron ese mismo "error" con la Sindicatura catalana, que denunció "falta de información" de nuevo en 2012 y 2013 respecto a las subvenciones, donaciones y créditos.



"Las aportaciones de personas físicas y jurídicas por 4.500 euros de la formación Ciudadanos corresponden a donaciones a la campaña electoral que no se han ingresado en la cuenta electoral, tal y como establece el art. 126 de la LOREG, sino que se han ingresado en efectivo a la caja. La formación ha facilitado a la Sindicatura una relación de las personas que han hecho estas aportaciones, pero no queda suficientemente acreditado el origen de los fondos", reza -por ejemplo- el Informe de la Sindicatura sobre las Elecciones al Parlament de Catalunya de 2012.



Ya en 2015, la revista Contexto (CTXT) desveló recientemente irregularidades en otro tipo de cuentas: las publicadas por la propia formación en la web de Ciudadanos que presentan desvíos -entre otras cuestiones- de hasta el 182,08% en el apartado de ingresos privados. Ello se debe a que mientras en las cuentas de la partida de prestación de servicios aparecen 1.317.520 euros, en la liquidación presupuestaria sólo se justifican 467.075, 56, por lo que la diferencia asciende a más de 800.000 euros.



¿La respuesta del partido a esta publicación? "Ese dinero es un traspaso del grupo parlamentario catalán al partido en concepto de asesoría que no se presupuestó y que figura a la vez como gasto e ingreso", intentó explicar, precisamente, Villegas a CTXT, alegando que para el Tribunal de Cuentas es legal. Y, pese a reconocer que las auditorías interna de C's y la transparencia de la formación es "mejorable", rechazó la idea de que sea una empresa externa quien se ocupe del análisis de sus cuentas. "La ley no permite que auditoras externas examinen las cuentas de los partidos", zanjó Villegas a la revista usando, además, el mismo argumento que Cristina Cifuentes le expuso a Ignacio Aguado en Madrid cuando anunció el retraso en la auditoría externa del Gobierno de la Comunidad: simplemente, no se puede si no lo autoriza antes el Tribunal de Cuentas -en el caso del partido- o la Cámara de Cuentas autonómica -en el del Ejecutivo madrileño-.

