El Gobierno mintió al asegurar que la seguridad de la embajada española en Kabul (Afganistán) era suficiente ante un ataque yihadista. Y lo hizo después de que dos agentes españoles murieran el 11 de diciembre de 2015 a manos de terroristas del Estado Islámico cuando atentaron contra las instalaciones diplomáticas.

En un informe emitido el 2 de junio de 2016, seis meses después del atentado, los responsables del Ministerio del Interior mantienen que la seguridad de las embajadas españolas en zonas de conflicto son "siempre muy elevadas e intensas" y que la de Kabul lo era "si cabe, mucho más".

Informe enviado por el responsable de Seguridad de la embajada.

Sin embargo, los informes confidenciales elaborados por el equipo de seguridad de la embajada (pertenecientes a la Policía Nacional) a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dice todo lo contrario: que las instalaciones dependientes de Exteriores carecían de "unos parámetros mínimos de seguridad" dada su ubicación y que eran necesarias y "urgentes" varias reformas para garantizar el trabajo de los funcionarios. Nunca se realizaron.

Medidas urgentes

El primer informe crítico sobre la seguridad de la embajada llegó el 23 de agosto de 2014, año y medio antes del atentado. El recién llegado J.A.S, jefe de Seguridad de la embajada (del Cuerpo Nacional de Policía), firma una nota informativa donde pone en conocimiento de sus superiores las deficiencias evidentes de la embajada. "Sin buscar las condiciones ideales, solo se pretende hacer un poco más difícil lo que otros pudiera ver fácil", explicaba el oficial de policía en clara referencia a un ataque terrorista.

"Las zonas más vulnerables a un posible asalto, intrusión y ataque son las entradas de acceso peatonal y los accesos con vehículos en puerta 2 y 3", explica el documento, que acertó de lleno. El 11 de diciembre los terroristas empotraron un coche suicida cargado de explosivos contra la puerta número 2 de la embajada.

Un año y medio antes, el jefe de Seguridad reclamaba de forma "urgente" un sistema de doble puerta para frenar estos ataques. Nunca se instaló. "Deja un agujero insalvable a la intrusión cada vez que se produce una apertura en parte", refleja el documento. El día del ataque, la fuerza del artefacto tumbó la única puerta y parte del muro aledaño, permitiendo la entrara de insurgentes.

El jefe de Seguridad pidió que las quejas se elevaran a Exteriores.

El informe elaborado por el oficial de Policía refleja incluso que cualquier persona puede colarse en la embajada simplemente accediendo a la zona de control: "Hay que cerrar o taponar el acceso que hay desde la habitación de la exclusa al cuarto de generadores. Esta puerta en la actualidad permitía a un extraño acceder a la Embajada sin ni siquiera atravesar la segunda puerta de la exclusa".

El documento pide "levantar un muro perimetral" de un mínimo de "tres o cuatro metros" en el perímetro de la embajada, accionamiento eléctrico para las puertas número 2 y 3, colocación de un sistema de megafonía o el cambio de las garitas utilizadas por el servicio de seguridad exterior, contratado a una empresa local. El escrito de la propia empresa refleja que las garitas están "con paredes frágiles y los techos hundidos", según el documento al que ha tenido acceso también EL ESPAÑOL.

La alarma no funcionó

Un año después de este primer documento y seis meses antes del atentado, el jefe de Seguridad de la embajada realizó un nuevo informe, esta vez a petición de Oriol Solá Pardell, jefe de Misión, para entregárselo directamente al embajador.

Una de las peticiones enviadas por el jefe de Seguridad de la embajada.

El documento refleja textualmente que "todo lo incluido en dicho informe es plenamente válido y de aplicación al día de la fecha". Es decir, que las reformas solicitadas con urgencia no se habían realizado, con excepción de la colocación de dos "garitas" exteriores para reemplazar las "casetas" existentes. Y eso que cinco meses antes, la embajada sufrió una amenaza de atentado que confinó a todo su personal en la habitación de seguridad instalada en la embajada.

El nuevo informe de Seguridad solicita la instalación de maceteros en "el espacio que falta comprometido entre la puerta dos y tres" y la instalación de un generador eléctrico que se inicie de manera automática. "En cuanto al corte de fluido eléctrico, muy frecuente en la embajada, insistir en que deberían de accionarse los generadores de manera automática y no por activación manual como se hace en la actualidad, para no exponer al policía fuera de las zonas de protección en caso de sabotaje o ataque".

El día del atentado, la alarma no sonó. Y no lo hizo, según los documentos oficiales, porque el ataque dejó sin electricidad la embajada. Ningún policía pudo ir a activar los generadores, y tampoco existen imágenes de las cámaras de seguridad del recinto durante el ataque. Sin electricidad tampoco funcionaron. Así, ni los agentes ni los miembros de las fuerzas especiales de EEUU y Noruega que terminaron con el ataque pudieron saber nunca de forma remota la localización de los insurgente.

Además, el oficial al mando del dispositivo de seguridad solicita en su escrito de agosto de 2015 la instalación de tres cámaras de seguridad tipo "domo", es decir, con visión periférica, en la azotea de cada uno de los edificios. Fue allí, en los tejados, donde los talibanes se apostaron desde el primer momento para utilizar como cebo a uno de los policías, tendido en el patio, e intentar abatir a todo aquel que acudiera en su ayuda.

La herida del Yak42

El atentado a la embajada española en Kabul -en el que fallecieron dos agentes- es el segundo gran suceso relacionado con Afganistán que ha terminado en los tribunales. El primero fue el vuelo del Yak42, el avión que trasladaba hasta España a 62 militares que retornaban de Afganistán. Todos fallecieron en el accidente y este jueves, tras un informe del Consejo de Estado señalando la responsabilidad de Defensa en el suceso, el ex ministro del ramo en aquellas fechas, Federico Trillo, pidió su cese como embajador en Londres.

En el caso del ataque a la embajada, las familias de los fallecidos han pedido a la Audiencia Nacional que investigue también la responsabilidad del Estado en su fallecimiento. Por el momento, la querella, admitida a trámite, va dirigida contra el embajador, Emilio Pérez de Agreda, y a su número dos, Oriól Solá, al que iban dirigidos estos informes.