Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- Si México quiere resolver el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, debe enfocarse en las recomendaciones de las otras 490 páginas del informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), dijo en entrevista con SinEmbargo el perito José Torero Cullen, que realizó el peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y que concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Mi informe son solamente 10 páginas de un documento de 500. Estamos pasando todo el tiempo discutiendo esas 10 páginas, ignorando las recomendaciones de las otras 490”, dijo y afirmó: “en el resto de las recomendaciones es donde van a encontrar más posibilidades de encontrar la verdad”.

Recomendaciones que hablan de investigar la omisión de un quinto autobús en el expediente de la PGR, que pudo ser el móvil que detonó la agresión a los estudiantes, al poder estar cargado con droga y dinero.

Investigar también la presencia de la Policía federal, ministerial y del Ejército durante los distintos momentos y escenarios del ataque y persecución a los cinco autobuses tomados por los muchachos.

El domingo, después de la presentación del informe del GIEI, la Procuradora Arely Gómez González dijo que la PGR estudiaría la incorporación del informe en la averiguación sobre la desaparición de los normalistas y anunció que se realizaría un nuevo peritaje “a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del mas alto nivel”.

José Torero Cullen indicó que la PGR pone en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y vuelca la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.

“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.

El perito prosiguió: “si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.

El perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.

Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.

La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.

“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.

QUE PGR INVESTIGUE RECOMENDACIONES

José Torero aseguró que al final del camino, lo único que revelará un nuevo peritaje, con expertos internacionales, será que al evaluar la hipótesis de la PGR y el informe de la dinámica del fuego, es que la “verdad histórica” nunca existió.

Pero en el proceso, la PGR debe investigar y tomar en serio el resto de las recomendaciones que realizó el GIEI en las 490 páginas restantes.

México podría perder “muchísimo tiempo”, valioso, en darle vueltas a lo ocurrido en el basurero de Cocula, indicó.

“Eso no implica que uno no pueda seguir avanzando en las otras recomendaciones. Una cosa no depende de la otra. La PGR está cuestionando el hecho de que nosotros descartamos su hipótesis, quieren resolver eso: lo ponemos a un lado, traemos expertos y resolvemos, pero eso no implica no evaluar el resto y seguir trabajando en resolver las demás cuestiones”, dijo.

Torero Cullen lamentó que en las primeras planas de los periódicos aparezca su nombre y su trabajo y no el autobús omitido en el expediente de la PGR.

“¿De qué estamos hablando?, ¿de un pedacito del informe o de todas las revelaciones? Muchas de ellas más importantes que los aspectos que yo trato en mi informe”, indicó.

El perito agregó que a nivel mundial sólo existen alrededor de 10 especialistas reconocidos que pueden tomar en sus manos la revisión y contraste de la hipótesis de la PGR sobre la “verdad histórica” y el trabajo realizado por él que echa abajo esa versión.

John deHaan (USA), John Lentini (USA), Dougal Drysdale (UK), Richard Roby (USA), James Quintiere (USA), Harri Kytomaa (USA), Frederick Mowrer (USA), Chris Foster (UK)

y James Lygate (UK) son esos peritos.

Cualquiera que tome el caso será serio, pues por la magnitud del caso estará poniendo en juego su reputación, indicó.

“Son los expertos mundiales en esta área, cualquier grupo de esas personas son el único tipo de gente capaces de analizar este caso”, afirmó.

REVELACIONES QUE DEBEN INVESTIGARSE

El informe del GIEI habla sobre un quinto autobús que desapareció de la escena y que nunca investigó la PGR como parte de su verdad histórica. También revela la existencia de un mensaje de texto que el normalista Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió a su madre la madrugada del 27 septiembre.

El informe dice que el teléfono celular de Cruz Mendoza registra una llamada a las 22:16 horas del 26 de septiembre desde una antena cercana al Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala de la Independencia, con coordenadas 18o19 ́44” N, 99o30 ́27” W, lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro 1531. Precisa que el normalista recibió un mensaje a las 22:23:20 horas.

Posteriormente, dice el documento, a las 01:16 horas del día 27 de septiembre, su madre recibió este mensaje: “mamá me puede poner una carga me urge”. De este mensaje no se tiene conocimiento de la coordenada, refiere el documento presentado por el GIEI de la CIDH.

“Después del 28 de septiembre al 20 de octubre diversas llamadas y mensajes entraron al celular de Jorge Aníbal. EL GIEI no ha podido determinar si hay razones técnicas que expliquen estos hechos, pero ha solicitado la investigación de estos mensajes, debido a que según las declaraciones de inculpados los teléfonos habrían sido destruidos inmediatamente”, refirió el Grupo de Expertos.

También existe un quinto autobús que omitido por Murillo Karam en el expediente, que liga a la Policía federal con el ataque.

El quinto camión en la escena de Iguala, los días 26 por la noche y en el amanecer del 27 de septiembre, encierra un misterio que quizás haya sido develado por el informe del grupo de expertos.

Hecho a un lado por la PGR, bajo el mando de Jesús Murillo Karam –quien lo omitió en el expediente–, el Estrella Roja con 14 normalistas fue vaciado a punta de balazos por la Policía Federal a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo. Y luego desapareció del informe oficial que se ha bautizado como “verdad histórica”. Después pudo haber reaparecido quemado, pero los expertos hablan de la posibilidad de que no sea el mismo.

Pero los eventos entorno a este camión, defendido con fuego –y que pudo contener droga o armas de los Guerreros Unidos– confirmaría que agentes de la Policía Federal participaron en la persecución de los normalistas.

Se omitió bajo el pretexto de que fue abandonado por los estudiantes inmediatamente después de sacarlo de la Central de Camiones de Iguala, porque “se pusieron nerviosos y pensaron que no servía”, de acuerdo con la declaración del chofer, misma que fue usada por la PGR para no consignarlo, a pesar de que era parte de la escena del crimen, como fue declarado por los normalistas sobrevivientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero y retomado en el informe del Grupo de Expertos.

En el informe independiente, los federales no sólo aparecen allí, al momento de bajar a los jóvenes. También en ataques posteriores y en una persecución que duró horas, entre el 26 y 27 de septiembre.

“Cuando estábamos en la salida ya hacia Chilpancingo, empezamos a ver que los autos se estaban deteniendo y se echaban de reversa por sentido contrario. Un carro nos hizo señas de que estaban disparando y el autobús se paró. Entonces llamé a A y me dijo: ‘Regrésate y ayúdame, están disparando’. Pero en ese tiempo llegan patrullas de federales detrás del autobús en que íbamos, y se pararon como 30 metros delante y empezaron a revisar los carros. Me bajé, y un policía me echó la luz y apuntar con el arma, por lo que nos bajamos todos: ‘muévanse, hagan una pendejada y..’ Nosotros también empezamos a gritar cualquier cosa, relata F”.

Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas mexicanos recomendaron luego de las revelaciones del informe iniciar de cero la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús Murillo Karam.

“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe.

La noche del crimen, los jóvenes fueron interceptados por la Policía Federal, encañonados para vaciar el camión, obligados a huir hacia los cerros y perseguidos a balazos durante varias horas, según consta en el informe de los expertos de la CIDH.

“Los testimonios de los sobrevivientes son consistentes entre sí, en que fueron obligados a bajar del bus, estando a unos 100 metros del autobús, Estrella Oro, y que huyeron a un cerro. Existen varias evidencias en el C-4 de llamadas sobre movimientos de jóvenes en dicha zona y la colonia Pajaritos y la colonia 24 de febrero que concuerdan totalmente con las declaraciones de nos normalistas y que fueron finalmente confirmadas ante la propia PGR en declaración nuevamente rendida en julio de 2015. Un testigo señalan que en ese escenario, a unos 100 metros del autobús, antes de donde se encontraba el autobús Estrella de Oro, fue detenido por una patrulla de la Policía Federal. Una declaración manuscrita en el expediente de otro testigo lo señala también. Estas circunstancias no se han investigado hasta ahora”, dice el informe.

El autobús Estrella Roja fue vaciado. Antes, en el mismo escenario, varios normalistas fueron bajados, golpeados. Este último transporte fue quemado y destrozado por policías municipales de Iguala. Cuando los ocupantes del autobús Estrella Roja fueron bajados a punta de pistola, los jóvenes escaparon hacia los cerros y una hora después bajaron hacia la carretera, donde fueron perseguidos a balazos. Eso dice el reporte.

Esa persecución duró varias horas. Ese grupo de 14 normalistas prácticamente fue cazado, sin éxito por la Policía.

Lograron escapar ocultándose en casas durante toda la noche.

Al presentar el autobús Estrella Roja que habría sido abandonado, los expertos del GIEI determinaron a través de un peritaje que podría no tratarse del mismo camión que fue tomado por los 14 estudiantes y que aparece en un video que lograron recuperar del momento en que salen los autobuses de la central camionera de Iguala.