El Estado español no coopera, no investiga y, lo que es peor, “obstaculiza” las investigaciones abiertas en terceros países (como Argentina) sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Este es el gran titular del informe elaborado por Amnistía InternacionalEl tiempo pasa, la impunidad permanece, en el que se insta al Tribunal Supremo a rectificar el fallo del 27 de febrero de 2012, en el que se condenó al juez Baltasar Garzón por prevaricación al abrir una causa contra el franquismo, y a la Fiscalía que actúe de oficio para investigar los crímenes de la dictadura y que colabore con los tribunales extranjeros.

El autor del informe, Ignacio Jovtis, se expresa de forma contundente: a su juicio, el Poder Judicial archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas, la Fiscalía no colabora con la justicia argentina —que ha requerido información para abrir una causa contra el franquismo en ese país— y el Gobierno incumple sus obligaciones internacionales y "ha obstaculizado" que las víctimas presten declaración en ese proceso.

"En España está garantizada la impunidad" de los crímenes cometidos por el dictador Franco, lamenta el director de AI España, Esteban Beltrán, para quien España "está haciendo un intento vano de pasar página sin leerla", se aleja así de la tendencia mundial "a buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas" y es un caso "no típico" porque no hay "voluntad política" de investigar.

Amnistía Internacional también critica que el Poder Legislativo haya confirmado la Ley de Amnistía y no haya ratificado la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, dejando en una situación de indefensión a las víctimas.