El día de ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU entregó a la opinión pública un documento titulado 'Doble Injusticia: Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa'. Es una vergüenza.

Según el Alto Comisionado, “al menos 34 de esas personas (detenidas) habrían sufrido torturas”. Las formas de tortura detectadas por la ONU incluyen “golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura sicológica”. Se trata de un modus operandi de las autoridades en este caso: detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales; demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante el Ministerio Público de la PGR. Peor aún: “La Oficina encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego de que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía de Guerrero”.

El informe contiene 87 páginas. Se incluyen los nombres completos de los 34 torturados (33 hombres y una mujer), y se estipula la responsabilidad de la Policía Federal, de la Secretaría de Marina y de la PGR en los actos ocurridos. Pero es, sobre todo, la PGR la “mala de la película”, ya que el Alto Comisionado también la denuncia por haber llevado a cabo un “inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río y la falsa declaración del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan”.

El gobierno de Peña Nieto respondió que el informe de la ONU no incluye información nueva, y que se refiere a asuntos que aún permanecen bajo investigación, lo cual es falso. Sí contiene elementos nuevos, a saber, la conclusión del Alto Comisionado de la ONU (ya no el GIEI de la CIDH), de que 34 personas fueron torturadas principalmente por la Procuraduría.

Esta es la misma PGR que exoneró anteayer a César Duarte de buena parte de los delitos federales por los que se le investigaba. Es la PGR que filtró el video de Anaya y su equipo entregando una declaración en las oficinas de la misma, y la que guarda silencio ante una pregunta muy sencilla, a la que no puede responder: ¿Ricardo Anaya se encuentra bajo investigación o no? Es la misma PGR que supuestamente está buscando al empresario Manuel Barreiro, en Canadá o en otra parte. Que se cuide mi tocayo Barreiro Castañeda, no lo vayan a tratar igual los de la SEIDO que a los 34 de Iguala. ¿Alguien en su sano juicio le puede creer algo a esta PGR, después de leer este informe?

Es por eso que estudiosas como Ana Laura Magaloni han insistido en que no basta aprobar una ley creando un supuesto Sistema Nacional Anticorrupción, ni designar a sus principales integrantes, si el SNA está compuesto por las mismas instituciones. Con esta PGR no se puede hacer absolutamente nada; es necesario tirarla a la basura y construir otra cosa. No conozco a ningún exprocurador que en privado no diga lo mismo.

De allí la lógica y la necesidad de lo que muchos hemos propuesto desde hace años: una comisión de la verdad, que con la cooperación internacional de organismos como la ONU, la OEA, la OCDE, los gobiernos amigos, etcétera, investigue los actos de corrupción y de violación de derechos humanos, por lo menos de los últimos tres sexenios. Y es por eso que ni López Obrador ni Meade aceptan la propuesta: uno, para que no lo investiguen a él mismo; el otro, para poder mantener su ofrecimiento de indulto a EPN.