La Iglesia católica presenta el proceso canónico como un arma idónea y estricta para actuar contra los abusos sexuales sobre menores, pero la experiencia de algunas víctimas que han pasado por ello es muy distinta. Además de que el máximo castigo es la expulsión del estado clerical, lo describen como un procedimiento opaco, distinto en cada caso y que cada obispo lleva como le parece, del que llegan a saber muy poco y en el que al final también se sienten engañados. Cuanto termina no tienen ni un papel, aunque tendrían derecho a ello. El sacerdote acusado puede recurrir la decisión, pero a la víctima se le ponen trabas. Y lo normal es que no reciban una compensación económica. Es más, el dinero se puede convertir en un arma de presión. Primero, para que las víctimas guarden silencio y, después, para echarles en cara que solo buscaban un beneficio económico.

El caso de Javier Paz es un buen ejemplo. En marzo de 2011 denunció en el Obispado de Salamanca abusos de un cura, Isidro López Santos, cuando era párroco de la iglesia de San Julián, entre 1982 y 1992, desde que tenía 10 años a los 20. En las dependencias de la parroquia y en el campamento que organizaba en verano. Como primera reacción el obispo, Carlos López, jubiló poco después al acusado, aunque se le hizo un homenaje de despedida. A la víctima le dijeron que se abría una investigación y un proceso canónico, pero pasaban los meses sin que ocurriera nada y la desconfianza le llevó a grabar las conversaciones. Además, entretanto el cura acusado, tras ser apartado, prestaba ayuda en otra parroquia de la ciudad, San Mateo-La Anunciación, según le reconocieron.

En esas grabaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el obispo, Carlos López, que sigue en el cargo, reconoce el derecho de la víctima a una compensación económica, que debe ser decidida en el proceso. Alimenta en varias charlas la esperanza de que es factible. Aunque al mismo tiempo le hace ver que solo es posible si el asunto se mantiene secreto: “Si presentas una petición de compensación de daños el tribunal lo estudiará (…) Si tú quieres ir por otra vía tienes la vía expedita, pero me temo que no vas a conseguir nada. Civilmente no vas a conseguir nada. Sí, que la sociedad se entere, vale”.

Una de las exigencias de Javier Paz desde el principio, relata, era una condena pública del sacerdote, para que salieran otros posibles casos a la luz y evitar hipotéticos daños futuros. De hecho, insistió en que de todos modos él iba a hacer público el caso. Finalmente, el obispo le planteó que la única forma de acceder a una indemnización era solicitarla por escrito: “Si tú quieres compensación económica preséntala por escrito. Tiene que constar todo por escrito. Preséntalo, lo pides y ya veremos”. Hay un diálogo más tenso en el que la víctima muestra su escepticismo:

-Un castigo y una pena exigen una reparación también de los daños, y ustedes no me van a pagar en la vida, y eso usted lo sabe.

-La reparación de los daños es un principio que está en el derecho penal y en el derecho penal canónico. Por tanto, se puede considerar, claro, lo que pasa es que son siempre reparaciones simbólicas, porque ¿cómo se cuantifica eso? En el derecho penal y civil hay una serie de tasaciones, el derecho canónico no es un código que esté tan desarrollado.

Según el relato de Javier Paz, al final aceptó firmar un escrito que le prepararon en el Obispado y del que no le dieron copia. "Me tendieron una trampa, no era una oferta, lo disfrazaron para que pareciera una petición mía", asegura. Era una solicitud en la que pedía una compensación, una cifra que pactaron en 300.000 euros, más el pago mensual de una especie de pensión de 1.500 euros de por vida. Pero había más, afirma Paz: una cláusula de silencio en la que se comprometía a mantener en secreto el acuerdo y a no emprender acciones legales contra el acusado ni contra el Obispado. Pero luego nunca volvió a saber nada.

Al cabo de unos meses llamó para tener noticias del proceso canónico y entonces el tono de sus interlocutores cambió radicalmente. “El obispo me dijo que, en base a mi solicitud, habían desestimado mi caso, porque entendían que lo había hecho todo por dinero desde el principio, y que con ese papel estaba claro, así que anulaban todo lo que habían hecho”, recuerda. Fue la última vez que hablaron. Javier Paz ha reclamado sin éxito la documentación de su caso o al menos la sentencia. Afirma que entregó las grabaciones en el Obispado para que tuvieran constancia de las conversaciones que habían mantenido.

Habían pasado dos años desde su denuncia, sin ningún resultado, y Javier Paz decidió divulgar el caso en la prensa. Asegura que hay más casos como el suyo, víctimas del mismo sacerdote de Salamanca, que aún no han salido a la luz. También presentó una denuncia en los tribunales, aunque estaba prescrito, como gesto simbólico. Fue en abril de 2014. Solo entonces, a los tres meses, la diócesis anunció que la Congregación de la Doctrina de la Fe, tras un proceso penal canónico, condenaba al cura con la prohibición de ejercer su ministerio. “Estoy convencido de que en realidad durante dos años me engañaron diciendo que había un proceso abierto pero era mentira, y no hay manera de saberlo porque no me dan ninguna documentación”, afirma Paz.

Contactado por este periódico, el vicario de la diócesis, Florentino Gutiérrez, no ha querido dar su versión sobre los detalles del caso ni hacer declaraciones y se ha limitado a decir que "ya está resuelto”. "Que este señor diga lo que quiera", replicó. Preguntado sobre si han recibido denuncias de otros casos, respondió: "No lo sé, y si lo supiera no lo diría, sería en el juzgado". Eludió comentar la observación de que ningún juez le va a llamar por casos que estén prescritos. Concluyó con una queja: “Ya está bien, dejadnos en paz, con este asunto la prensa tiene una obsesión sexual”.

El caso de dos víctimas de León

Hay otras dos víctimas que cuentan experiencias similares, cada una con sus matices. A Javier, que denunció en 2014 los abusos que había sufrido en el seminario menor de La Bañeza (León) en una carta escrita al Papa, el vicario judicial le ofreció durante un encuentro 50.000 euros, pero nunca le informaron de que podía solicitar una compensación económica. De modo que, tras la sentencia, y ante sus quejas por la ausencia de indemnización, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, alegó que tenía que haberlo pedido por escrito durante el proceso y que ya no se podía hacer nada. Él también decidió grabar las conversaciones, ante la actitud que percibía en el obispado, y EL PAÍS ha tenido acceso a ellas. Javier también muestra su perplejidad por cómo transcurrían las reuniones con el vicario judicial y el obispo. Empezaban como charlas informales y nunca sabía cuándo estaba declarando o cuando era una conversación privada. “En la primera reunión el vicario me dijo que se llevarían a cabo tres procesos: el castigo al sacerdote, el castigo a los encubridores y la reparación. Han hecho lo que han querido y como han querido”, explica la víctima.

Su declaración escrita en el juicio, según cuenta, la hicieron los notarios del obispado y en algunas partes redactaron lo que les pareció, especialmente en el apartado de la reparación. Por otro lado, nunca supo lo que manifestó el sacerdote en sus declaraciones, por lo que no sabe si en su relato de los hechos mintió o dijo la verdad. Hace dos semanas solicitó a la diócesis los documentos de su proceso y el obispado alegó que no podía hacerlo y que esa competencia la tenía la Congregación de la Doctrina de Fe en Roma.

Emiliano Álvarez, que sufrió abusos en 1976 en La Bañeza por otro sacerdote y también lo denunció en 2017 en la diócesis de Astorga, sí firmó un papel. Pero tampoco le dieron copia. El obispo y el vicario fueron los mismos, Juan Antonio Menéndez y Julio Alonso. Asegura que dijeron que debía mantenerlo en secreto, pues de lo contrario se paralizaría el proceso eclesiástico. Su caso aún sigue abierto y a la espera de una resolución. “Me grabaron en vídeo mis declaraciones y me obligaron a apagar el móvil para que no pudiera grabar nada. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ellos”, dice Álvarez.

Juan Antonio Menéndez es el obispo que la Conferencia Episcopal acaba de poner al frente de una nueva comisión reservada para combatir la pederastia en la Iglesia católica española. La semana pasada, en una entrevista en la Cope, acusó a Javier, de La Bañeza, de airear su caso por no ceder a sus pretensiones: “La víctima quiso entrevistarse conmigo y me pidió 300.000 euros fuera del proceso como resarcimiento. Yo le dije que eso no podía hacerlo fuera del procedimiento. Y entonces anunció que haría público el caso”. "En vez de atendernos nos atacan. Esta entrevista es el ejemplo. Me remito a los hechos, no las palabras", replica Javier.

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Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es