El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes obligar a los promotores privados a destinar el 30% de techo de las nuevas edificaciones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. Estos pisos podrán ser de venta o de alquiler, siempre a precio asequible, y el consistorio tendrá derecho preferente para adquirirlas a través del tanteo y retracto.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz ha señalado que con estos cambios el 75% de la población de Barcelona tendrán cada año acceso a unas 350 viviendas con alquileres alrededor de los 510 euros y a pisos de compra por 130.000 euros. Las modificaciones del Plan General Metropolitano que lo harán posible han salido adelante con un apoyo amplio.

La norma, que permite obtener más vivienda asequible en suelo urbano consolidado, se ha aprobado con los votos a favor de BComú, PDeCAT, ERC, PSC, CUP y los dos concejales no adscritos, la abstención de Cs y el voto en contra de los tres concejales del PP. Por otro lado, la ampliación del derecho de tanteo y retracto municipal sobre toda la ciudad se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos, excepto el PP.

Tras el debate, la alcaldesa Ada Colau, manifiestamente emocionada, ha felicitado a las entidades promotoras de la iniciativa y ha dado las gracias a los grupos políticos municipales por la "valentía" de haber propiciado este "cambio de paradigma" con el que la vivienda deja de ser vista como una mercancía para ser contemplada como un derecho. Colau ha pedido a las fuerzas políticas mantener esta mayoría para ampliar la reserva a toda el Área Metropolitana de Barcelona y para que Congreso apruebe la reforma la ley del alquiler.

Las entidades celebran la aprobación

La Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya ha celebrado la aprobación de la medida, que toma como referencia normativas similares que se aplican en París o Nueva York. Esta fórmula para obtener vivienda a precio social en áreas céntricas se desarrolla “desde la colaboración y la corresponsabilidad, con el sector privado”, han destacado las entidades sociales, que ven en esta medida “un paso adelante para ampliar el parque de pisos sociales en Barcelona”.

Para las oenegés, esta medida también “garantiza el derecho a una vivienda digna y asequible a personas en riesgo o situación de exclusión residencial” y espera que su aprobación en Barcelona sirva para fomentar iniciativas similares en toda Catalunya. La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, ha instado a las diferentes administraciones a “hacer un frente común para intensificar la colaboración en políticas de vivienda y trabajar para alcanzar el reto más urgente que es, precisamente, el de aumentar el parque de vivienda social en Catalunya, claramente insuficiente”.

Actualmente, el parque de vivienda social es de un 2%, frente al 15% de media europea, lo que indica que, para alcanzar estos estándares europeos, la oferta debería aumentar en unas 230.000 viviendas. Para ello, la Mesa del Tercer Sector ha propuesto la creación de un fondo de inversión social; el acceso a las viviendas vacías en manos de entidades financieras; el refuerzo del sistema de ayudas al alquiler y también a las entidades sociales; revertir la desprotección del arrendatario a la ley de arrendamientos urbanos (LAU), o la creación de un sistema de ayudas a la rehabilitación para las viviendas adquiridas por las entidades sociales.

El Tercer Sector también ha insistido en la necesidad de recuperar, lo antes posible, la ley 24/2015 y las medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Estas leyes sociales, suspendidas por el Tribunal Constitucional, prohíben ejecutar un desahucio sin ofrecer antes un alquiler social y recogen la posibilidad de sancionar a los grandes tenedores de vivienda. Actualmente, las entidades sociales catalanas gestionan 1.800 viviendas sociales, pero requieren 800 más de manera inminente para dar respuesta a las urgencias que atienden.