Un tercio de los miembros de la Cámara recibió informes de asesoría con párrafos extraídos de fuentes que no son citadas o que copian pasajes textuales de documentos en internet. CIPER analizó una muestra de los informes pagados entre 2014 y 2016, y detectó 107 documentos con esta irregularidad. En 18 de ellos todo el contenido fue plagiado. Entre los diputados con casos de plagio total están Claudia Nogueira (UDI), Roberto León (DC), Sergio Ojeda (DC) y Gustavo Hasbún (UDI). La misma Nogueira y Camila Vallejo (PC) encabezan la nómina con más plagio parcial: ambas con ocho informes.

Vea aquí la nómina completa de los 40 diputados que pagaron por informes con plagio.

Algunos de los millonarios informes que encargan los diputados a sus asesores externos tienen un nivel tan bajo que apenas podrían servir para aprobar un examen de educación media. Por ejemplo, el que pidió el diputado Ricardo Rincón (DC) en febrero de 2016. Se trata de un documento de siete páginas –incluida la portada–, donde toda la información está plagiada de monografías.com, una web que utilizan los escolares para hacer tareas. La asesora Paulina Gómez Barbosa recibió $2,2 millones por el esfuerzo que le significó copiar lo escrito por José Pérez, un estudiante de derecho de la Universidad Peruana de Las Américas.

Todos los meses los diputados reciben una asignación de $2,4 millones para costear informes que encargan a asesores externos –que no forman parte de su equipo permanente– y que les sirven de apoyo cuando el debate legislativo aborda temas que no dominan. En este caso, el diputado Rincón se gastó casi toda su asignación mensual en un informe que pudo haber bajado gratis de internet.

El informe recibido por Rincón no es una excepción a la regla. Durante meses CIPER revisó los documentos que han elaborado los asesores externos de los diputados entre 2014 y 2016. De ese universo se extrajo una muestra aleatoria de cerca de mil informes, tal como se hace en los procedimientos de auditoría que utiliza la Contraloría. En esa muestra se detectaron 107 informes con algún grado de plagio (18 de ellos con plagio total), los que fueron encargados por un total de 40 diputados, desde la UDI al PC. Debido a la fórmula aleatoria con la que se elaboró la muestra que se analizó para este reportaje, es altamente probable que existan casos aún no detectados.

Los resultados indican que al menos un tercio de los miembros de la Cámara ha pagado por informes que incluyen contenidos extraídos de fuentes que no se citan o que copian párrafos textuales de documentos que son públicos. Lo anterior demuestra que en la Cámara de Diputados los controles del gasto para este ítem son completamente inútiles.

En la muestra analizada figuran 12 diputados que pagaron por trabajos que están enteramente plagiados:

Gustavo Hasbún (UDI) : 3 informes.

(UDI) Claudia Nogueira (UDI) , Carlos Vilches (UDI, dejó la Cámara en 2014), Roberto León (DC) y Sergio Ojeda (DC) : 2 informes cada uno.

(UDI) (UDI, dejó la Cámara en 2014), (DC) (DC) Carlos Jarpa (PR), Javier Hernández (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD), Marta Isasi (Ind. de derecha, dejó la Cámara en 2014), Marcos Espinosa (PR) y Ricardo Rincón (DC): un informe cada uno.

11 diputados son los que presentan más de cuatro informes con párrafos copiados de fuentes que no son citadas:

Camila Vallejo (PC) y Claudia Nogueira (UDI) , ambas con 8 informes.

(PC) (UDI) Marcos Espinosa (PR) , Carlos Jarpa (PR) , Gustavo Hasbún (UDI) y Gabriel Silber (DC) , todos con seis informes.

(PR) (PR) (UDI) (DC) Osvaldo Andrade (PS) y Roberto León (DC) , los dos con cinco informes.

(PS) (DC) Andrea Molina (UDI), Sergio Ojeda (DC) y Fidel Espinoza (PS), los tres con cuatro informes.

En la mañana de este jueves 7 de septiembre CIPER comenzó a contactar a los diputados que pagaron la mayor cantidad de informes plagiados detectados por nuestra investigación. Poco después, en la sede del Congreso los jefes de bancada convocaron a reunión de comité para coordinar una respuesta corporativa ante la emergencia que significa que 40 parlamentarios aparezcan pagando informes con plagios.

El tema ya se había tornado inevitable tras las revelaciones publicadas por los equipos de investigación periodística de Radio Bio Bio, que dejó en evidencia las copias en informes pagados por el senador y presidenciable Alejandro Guillier, y de Ahora Noticias de Mega, que difundió un extenso reportaje sobre irregularidades en las asesorías externas encargadas por diputados.

Al mediodía del mismo jueves 7, la Cámara de Diputados emitió una declaración pública en la que evitó mencionar la palabra plagio y solo indicó que los fondos para asesorías externas son revisados por el Comité de Auditorías del Congreso Nacional:

“En la actualidad, conforme al plan aprobado, el Comité de Auditoría se encuentra analizando los informes de asesorías realizados hasta la fecha. Cualquier observación se resolverá conforme al ordenamiento vigente (…). Asimismo, la Cámara de Diputados está desarrollando un plan de control de los recursos asignados a cada parlamentario, velando por el correcto uso de los mismos”.

La labor de ese Comité de Auditoría y el supuesto plan de la Cámara para controlar los recursos asignados a los parlamentarios han resultado francamente inútiles, como lo demuestran los resultados del análisis efectuado por CIPER y el reporte de Ahora Noticias. Entre 2015 y 2016 el presupuesto de la Cámara para pagar asesorías externas sumó unos $3.550 millones. En el mismo periodo los informes pagados fueron unos 3.500. La muestra revisada para esta investigación periodística indica que la corporación desembolsó $169,6 millones en informes que presentan contenidos plagiados.

VALLEJO E ICAL

Los ocho informes pagados por la diputada Camila Vallejo (PC) que presentan plagio fueron elaborados en 2016 por el think tank del Partido Comunista: ICAL. Un noveno informe no pudo ser revisado al no estar disponible. Por esos nueve informes la Cámara pagó un total de $7 millones.

En el informe de ICAL correspondiente a noviembre de 2016, 59 de sus 75 páginas están plagiadas completamente. Entre los contenidos que se copian sin citar destaca un reportaje publicado en 2012 por The Clinic sobre la historia del asbesto en Chile. Se copian también documentos académicos y si bien se citan referencias, estas son erróneas y no corresponden al autor original de las mismas (vea aquí ese informe).

En otro documento de septiembre de 2016, la mitad de sus páginas están copiadas. La introducción fue obtenida íntegramente de una noticia publicada por la página web de la Radio Nuevo Mundo, y más adelante destaca el plagio de un estudio sobre el sistema educativo peruano, pero al que ICAL le borró toda referencia al país de origen, haciéndolo pasar por un estudio general sobre educación (revise aquí ese informe en detalle).

La diputada Camila Vallejo respondió el llamado de CIPER y cuando se le entregó el detalle de los informes copiados, anunció que pondría fin a su relación con ICAL:

–Estamos esperando los resultados de la auditoría de la Cámara respecto a estas asesorías, que deberían estar pronto, y si es como ustedes dicen, lo más probable es que haya sanciones. Yo estoy dispuesta a devolver el dinero de mi dieta parlamentaria si es necesario, independiente de que fue una falta al contrato por parte de ellos (ICAL). Ustedes se adelantaron a la auditoría y a la luz de los antecedentes que pudimos comprobar nos parece que lo correcto es terminar el contrato con ICAL.

La parlamentaria comunista calificó la situación como grave: “esto incluso puede mermar mi labor como parlamentaria al momento de legislar. Yo expresamente había pedido rigurosidad en los contenidos contratados con ICAL. No vamos a exigir que todo lo que se entrega sea de elaboración propia, pero lo mínimo es que si se ocupa información de otros se cite como corresponde. Yo apenas supe de esto en la mañana me puse en contacto con ellos y pedí explicaciones. Me dijeron que no era así, que no había plagio, pero a mí me parece que está claro. Por eso, independiente de lo que ellos quieran declarar ante la opinión pública, nosotros vamos a terminar el contrato”.

LOS INFORMES DE NOGUEIRA

Los ocho informes de la diputada Claudia Nogueira (UDI) que registran plagio fueron recibidos por la legisladora entre marzo de 2014 y noviembre de 2016. Los documentos fueron elaborados por distintos asesores. Dos de ellos aparecen firmados por Álvaro Lavín Aliaga, socio del esposo de la parlamentaria, el ex alcalde Gonzalo Cornejo, en el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos. Esa es una de las sociedades que emitió boletas que fueron rectificadas por Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini, porque sirvieron para financiar ilegalmente la política. Lavín Aliaga, además, fue el administrador municipal en Recoleta mientras Cornejo era el alcalde.

Los dos informes de Lavín Aliaga pagados en marzo y abril de 2014 ($720 mil por cada uno) son curiosos, tienen una extensión de una página y media y allí se presentan “minutas” de proyectos de ley, cuyos párrafos fueron copiados de los proyectos originales. Además se adjunta una breve descripción de reuniones a las que el asesor habría acompañado a Nogueira, aunque no hay ningún documento que compruebe esos trabajos.

Nogueira tiene además otros tres informes cuestionados, los que supuestamente fueron realizados por Lily Zúñiga en abril, mayo y junio de 2014. Pero que, según declaró Zúñiga ante la Fiscalía, se trató de asesorías fantasmas que justificaron desembolsos por $4,2 millones. La parlamentaria suma además informes con plagio parcial de la Fundación Jaime Guzmán y de Pablo Urquízar Muñoz.

Consultada respecto de los informes que registran plagio, la diputada señaló: “Eso es una asesoría, es conversar, es analizar, es revisar textos, tomar parte de los textos originales. No son informes en derecho, no hay robo de nada, el trabajo se hace desde la posición política que uno tiene y por eso los asesores tienen la misma afinidad política” (vea además la respuesta de algunos de los asesores que elaboraron los informes para la parlamentaria).

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por la Fiscalía luego de que se comprobara que desvió $28 millones destinados a asignaciones parlamentarias a una cuenta personal que posee con su marido (el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo). De ese entuerto solo logró zafar llegando a un acuerdo con el Ministerio Público que implicó la devolución del dinero.

LEÓN Y LAS ASESORÍAS DEL CELAC

Del grupo de diputados que conforman la muestra que CIPER analizó, hay uno que constituye un acápite aparte: Roberto León (DC). El congresista por Curicó pagó al menos cinco informes con plagio. Todos son de 2014 y fueron elaborados por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac).

El informe de julio de 2014 de Celac para el diputado León, por el que la Cámara pagó $2,1 millones, es una copia de principio a fin de un documento elaborado por Sergio Gómez publicado en 2002 por la Revista Austral de Ciencias Sociales, de la Universidad Austral (UACh), denominado “Organización campesina en Chile: reflexiones sobre su debilidad actual” (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

La misma situación se repite en agosto de 2014, cuando nuevamente León recibió un informe completamente plagiado. Otros $2,1 millones del erario público fueron a parar a la contabilidad de Celac por un documento copiado a la misma Revista Austral de Ciencias Sociales. Esta vez el afectado fue Darío Menanteau, quien entonces era profesor y director del Centro de Sociología Rural de la Universidad de Minnesota y académico de la UACh. Su artículo “Impactos socio-políticos de la globalización en América Latina” aparece tal cual en la asesoría enviada por Celac a León (revise aquí el informe de Celac y aquí el artículo original).

Los informes que Celac entregó al diputado León en junio y septiembre de 2014 también son plagiados. Un quinto informe, el de octubre de ese año contiene páginas copiadas desde otros documentos. Hasta el cierre de este reportaje, el diputado León no había respondido los requerimientos de CIPER para obtener su versión.

La situación judicial de León es especialmente delicada: está siendo investigado por cohecho y delitos tributarios en la indagatoria por los pagos irregulares de SQM, luego de que la Fiscalía detectara millonarios traspasos de recursos de la minera a su hijo y la existencia de “favores” de León al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse (vea reportaje de CIPER “Los hitos de la relación con SQM que comprometen al diputado Roberto León”).

DIPUTADOS SORPRENDIDOS

Seis son los informes que encargó el diputado Carlos Jarpa (PR) por los que la Cámara pagó un total de $13 millones. Los documentos son casi exclusivamente copias de textos disponibles gratuitamente en internet. Todos tienen una misma autora: Consuelo Ramírez EIRL.

Jarpa señaló que cuando revisa el trabajo de su asesora no puede saber cuáles son las fuentes que utilizó: “Solo veo el resultado y a mí me sirvió. Uno procesa la información no solo del informe, sino también conversando con el asesor, sobre todo en mi caso, porque tengo una limitación visual seria. El tema de fondo es la utilidad que los informes tienen para mí. El único error que podría haber es no saber de dónde venía la información”.

¿Y de quién es ese error?

– Eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no soy juez.

– ¿Le parece correcto que se paguen informes plagiados con recursos públicos con un valor superior a los $2 millones?

–No me corresponde a mí hacer ese juicio. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados.

Desde la oficina del diputado Marcos Espinosa (PR) se informó a CIPER que en mayo y junio de 2016 el parlamentario tomó conocimiento de presuntos plagios en tres informes de su asesor Pedro Zapata. Por lo mismo, en octubre pasado decidió cesarlo en sus funciones “hasta que una investigación aclare en profundidad si efectivamente esa adulteración es efectiva”.

Sobre los informes elaborados por la asesora Consuelo Ramírez (la misma asesora del diputado Jarpa), la oficina de Espinoza explicó: “Este es un trabajo especialmente importante toda vez que se trata de una recopilación de materias tratadas en las comisiones en las que se desempeña el diputado, otras en las que tiene especial interés, y el avance de los proyectos de ley de autoría propia”.

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) señaló a CIPER que no iba a comentar sus informes. Esto a pesar de que en su caso de los seis informes detectados con plagio, tres son copias textuales de otros documentos. En total, por estas seis asesorías la Cámara desembolsó $11,4 millones. En cinco de los seis informes el autor es César Patricio Ampuero Cortés, quien actualmente se desempeña como juez de policía local en Vitacura. En 2009 aparece ocupando el mismo cargo, pero en Estación Central, la comuna por la que Hasbún fue alcalde hasta 2008.

De los informes elaborados por Ampuero Cortés, tres son copias íntegras. Por ejemplo, el informe de junio de 2016 tiene seis carillas. Los primeros dos párrafos los copió y pegó de una noticia de El Mercurio, luego adjuntó párrafos textuales de un auto acordado de la Corte Suprema, de un proyecto de ley presentado por otros diputados, y a modo de conclusión copió un pronunciamiento de la Corte Suprema (revise aquí el informe de Ampuero Cortés para Hasbún).

Una fórmula similar se repite en los informes de julio y diciembre de 2016. En este último se copiaron 11 páginas de un proyecto de ley presentado por el gobierno para regular los servicios de Uber y Cabify, luego incorpora un análisis del mismo proyecto, pero que en realidad es una nota de El Mercurio y finalmente parafrasea una minuta de la Cámara sobre el proyecto (revise aquí el informe de Ampuero Cortés correspondiente a diciembre).

Otra asesoría encargada por Hasbún, de enero de 2016, lleva la firma de la empresa Visión Legislativa y Parlamentaria, por la que se pagaron $883 mil. El documento presenta un plagio parcial.

Uno de los socios de Visión Legislativa y Parlamentaria, Carlos Fairlie señaló a CIPER que las columnas escritas por el abogado Alejandro Leiva y que él utiliza para esos informes corresponden a material preparado por ese profesional para su estudio: “Él es un abogado pagado por mí y cuando él escribe en La Tercera lo hace pagado por mí”, sostuvo.

Este año la diputada Andrea Molina (UDI) comparte ruta con el diputado Hasbún en dos carreras: ambos intentan saltar de la Cámara al Senado y los dos aparecen entre los parlamentarios que pagaron informes plagiados. Claro que el caso de Molina es más escénico: ella recitó en el hemiciclo párrafos copiados.

Parte de la asesoría que Andrea Molina contrató con Francisca Navarro en 2016, consideraba elaborar los discursos e intervenciones de la parlamentaria. En al menos dos de ellos, CIPER identificó plagio a intervenciones de otros parlamentarios. Por ejemplo, el discurso incluido en el informe de asesoría de junio, incluye cinco líneas copiadas de la intervención de Cristina Girardi (PPD) en la sesión del 9 de marzo en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, que ambas parlamentarias integran (vea aquí el discurso y la intervención de Girardi).

El mismo informe de junio incluye otro discurso para Andrea Molina en que el autor copia cuatro párrafos completos de una intervención hecha en la sala por el senador Iván Moreira un mes antes (vea aquí el discurso y la intervención de Moreira). Contactada por CIPER, la diputada Molina señaló: “Es un error puntual de no haber puesto la fuente. No hay delito, ni uso indebido. Aquí no hay una empresa, ni una triangulación sino que el hecho de que mi abogada no citó la fuente y ella eso lo reconoce y por eso le pedí que fuera más rigurosa”.

En el caso del diputado Osvaldo Andrade (PS), cinco informes de su asesor Patricio Riveros Villegas revisados por CIPER mezclan plagio con reproducción textual de información gratuita publicada en Internet.

El diputado Andrade fue uno de los primeros que reaccionó cuando esta semana Radio Bío Bío reveló que el senador y candidato presidencial de su coalición, Alejandro Guillier, había comprado con dinero del Congreso cuatro informes copiados de internet a la sociedad Beltrán Asociados. “Tendrán que dar una buena explicación”, señaló Andrade en esa ocasión.

Consultado por CIPER, Andrade se mostró sorprendido y aseguró que “los informes me han servido mucho, así que desde el punto de vista de la idoneidad, estoy completamente conforme con ellos. Ahora, si hay algunos que no señalan fuentes, no cabe duda de que ahí se cometió un error”, precisó.

En un segundo contacto con CIPER, Andrade señaló que había conversado con su asesor y que descartaba que hubiese plagio en sus trabajos.

En el informe de abril de 2016, el asesor Riveros copió sin citar parte del análisis macrosectorial publicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) durante el mismo mes. Consultado por CIPER, Riveros argumentó que el texto es de su autoría, ya que trabaja en la ODEPA. Sin embargo, el autor que figura en el documento no es él, sino Alfonso José Traub Ramos (vea aquí el artículo de la ODEPA).

El resto de la asesoría, que consta de ocho páginas, y que costó más de $1,8 millón, está compuesto por información sobre distintos indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Banco Central. Esta información, a pesar de que está atribuida a la fuente, no es más que una copia textual de boletines que ambas instituciones suben a su página web y que son replicados por la prensa. El único contenido de elaboración propia son los dos párrafos de conclusiones al final del texto (vea aquí ese informe).

El diputado Sergio Ojeda (DC) figura con cuatro informes, casi todos íntegramente extraídos de trabajos académicos. Al igual que en el caso de su correligionario Roberto León, el proveedor es el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías (Celac). En la asesoría correspondiente a marzo de 2014, la Cámara desembolsó $916 mil por el informe solicitado por Ojeda. Las 19 páginas que lo componen están completamente copiadas del texto “El debate de lo público y lo privado en servicios sociales”, del profesor Manuel Medina Tornero (revise aquí el informe de Celac y aquí el texto original). Algo similar ocurre con otros informes de Celac para Ojeda, de agosto y septiembre de 2014. Un cuarto documento (abril de 2014) presenta 15 de sus 18 carillas copiadas.

Gabriel Silber es otro parlamentario falangista que pagó por cinco informes sacados de internet, entre marzo de 2014 y abril de 2015. Cuatro de ellos son del Centro de Estudios y Gestión Ambiental (Cegades), ligado a la DC, y uno de Antonio Saavedra Veas. En total, la Cámara gastó $5 millones en esos informes. A pesar de que CIPER contactó a la bancada de diputados de la DC para obtener la versión de los diputados Rincón, León, Ojeda y Silber, no hubo respuesta.

El actual presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), también aparece pagando informes con plagios. Espinoza registra cuatro documentos comprados al Instituto Igualdad por un total de $1,2 millones. En su caso de trata de copias parciales, pues los documentos contienen transcripciones de párrafos publicados en notas de prensa, en textos de la Universidad Alberto Hurtado y del académico Cristian Bellei. El diputado Espinoza no estuvo disponible para conversar con CIPER, pues se encuentra en Indonesia (vea aquí la declaración enviada a CIPER por el Instituto Igualdad).

El chequeo de los informes arrojó hallazgos sorprendentes, como la minuta pagada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) para que le informaran sobre proyectos de ley en materia de derechos humanos. En febrero de 2016 le pagó $777 mil a Cristián Gallardo, quien le entregó un documento de 12 páginas que contiene copias de párrafos sin ningún orden lógico de dos proyectos de ley (boletines N°9005-17 y N°8133-17). La única modificación que hace es omitir o cambiar la palabra “dictadura” cada vez que se menciona y agregar un párrafo propio con recomendaciones al final de cada proyecto.

Además de los parlamentarios mencionados en este reportaje, CIPER también halló informes plagiados de los siguientes diputados (la mayoría de ellos en ejercicio, aunque también hay algunos del periodo pasado que registraron informes plagiados a inicios de 2014): Aldo Cornejo (DC), Carlos Vilches (UDI), Christian Urízar (PS), Cristián Campos (PPD), Cristina Girardi (PPD), Daniella Cicardini (PS), Felipe de Mussy (UDI), Fernando Meza (PRSD), Fuad Chahín (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Iván Flores (DC), Javier Hernández (UDI), Jorge Sabag (DC), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Marco Antonio Nuñez (PPD), María José Hoffmann (UDI), Marta Isasi (Ind), Maya Fernández (PS), Miodrag Marinovic (Ind), Pablo Lorenzini (DC), Paulina Nuñez (RN), Pedro Araya (Ind DC), Pedro Pablo Álvarez Salamanca (UDI), Sergio Aguiló (Ind) y Vlado Mirosevic (PL).

LOS INFORMES INÚTILES Si bien no son técnicamente informes plagiados, pues señalan las fuentes desde las que se extrajo la información, CIPER halló varios documentos que a primera vista no parecen ser útiles para la labor parlamentaria. Los hay de todo tipo, algunos que solo son un par de hojas con recortes de los diarios y otros que buscan reforzar la presencia de los parlamentarios en las redes sociales. En el caso del diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI), encargó una asesoría a Guillermo Verbakel durante todo 2016 para que le manejara sus redes sociales. Su estilo es poco político: “La medida del amor, es amar sin medida”, es una de las frases que el asesor comparte a través del Facebook del parlamentario. “El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”, es otra idea-fuerza que el asesor viraliza en nombre de Van Rysselberghe gracias al dinero que la Cámara destina para las asesorías externas. El trabajo de este asesor, en todo caso, no se limita a las frases. También comparte videos del tipo “Bebé Leo ve por primera vez a su madre y su reacción es imperdible”. El estilo Buzzfeed de las redes del diputado le ha dado réditos: según los informes de su asesor, es el político con mayor cantidad de seguidores en Facebook, luego de la Presidenta Michelle Bachelet. Por 12 informes mensuales de ese tipo, el legislador pagó $15,7 millones en 2016. El diputado Fuad Chahín (DC) tiene varios informes cuya utilidad es cuestionable. CIPER encontró tres: uno de abril de 2016 firmado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, la que cobró $980 mil por un documento de dos páginas donde solo se enumeran supuestos trabajos realizados, pero de cuya ejecución no hay constancia. Del mismo estilo es el de mayo de 2016, elaborado por el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la DC, y que costó $1 millón: en dos páginas comunica que el asesor asistió a comisiones y coordinó el trabajo parlamentario. El informe de agosto de 2014, confeccionado por la Sociedad de Profesionales Jurisdicción, es un documento de cinco páginas donde se acumulan recortes de diarios. Se pagaron $3 millones por ese trabajo. Nicolás Monckeberg (RN) canceló $6,4 millones por cuatro informes elaborados por la Constructora e Inmobiliaria Manresa Chile entre septiembre y diciembre de 2016. Los documentos tienen entre dos y cuatro páginas en las que solo se anuncian minutas y oficios elaborados para el diputado, pero no se adjunta ninguna, por lo que es imposible saber si efectivamente se realizaron. Desde la oficina del parlamentario, indicaron que los informes fueron confeccionados por un asesor -que es socio de Manresa- que acompaña a Monckeberg permanentemente, por lo que insistieron en que todos los trabajos enumerados sí se efectuaron. A petición de Monckeberg, Manresa envió a CIPER copias de las minutas y oficios mencionados en los informes cancelados por la Cámara. La asesoría, agregaron en la oficina del diputado, cumplió con todos los requisitos que pide la corporación para visar su pago. No obstante, este caso es demostrativo de que los controles internos de la corporación son febles, pues los informes no fueron acompañados por documentos que acrediten que los trabajos se ejecutaron y se confía en la buena fe del asesor y del parlamentario. Monckeberg anunció que, en adelante, sus asesores adjuntarán a sus informes los comprobantes de que los trabajos se realizaron. El diputado Monckeberg también encargó una asesoría para medir su desempeño en redes sociales y diseñar un plan de trabajo para esa misma área en 2017, aunque no se trata de una labor de apoyo directo a la actividad legislativa. Ese informe se recibió en diciembre de 2016 y el parlamentario encomendó la labor al Grupo Electa, el que cobró $2,4 millones.

Este reportaje fue actualizado el viernes 8 de septiembre de 2017, a las 16.50.