Comunicado de Anticapitalistas Madrid sobre la Operación Distrito Castellana Norte

La recién anunciada “Operación Chamartín” supone un boquete en la credibilidad del proyecto de Ahora Madrid. Un proyecto que decía venir a acabar con la especulación y con la cultura del “pelotazo”. Desde Anticapitalistas tenemos claro que gobierne quien gobierne no vamos a aplaudir pelotazos y exigimos que Ahora Madrid sea fiel al mandato popular recogido en el Programa con el que se concurrió a las elecciones municipales del 2015 y que decía literalmente:

“Impulsar la paralización de la ‘Operación Chamartín’: Auditar los diferentes acuerdos que se hayan firmado con entidades públicas y/o privadas. Promover un proceso participativo abierto a distintas organizaciones representativas de la ciudad y profesionales del urbanismo, ecología y transportes, para generar propuestas en torno a los problemas y posibles soluciones sobre el desarrollo de la zona norte del Paseo de la Castellana y todas las zonas aledañas afectadas por el proyecto”.

El acuerdo para poner en marcha la Operación Chamartín ha sido presentado como el único acuerdo viable entre los diferentes actores en juego (Ayuntamiento, Gobierno central y BBVA). También como la única posibilidad para poner fin a una Operación que, desde su génesis, ha provocado enormes controversias. Y es que azarosa cuanto menos ha sido la historia de esta operación financiera. Hagamos un poco de memoria. Corría el año 1993 cuando Josep Borrell, siendo Ministro de Fomento, y Joaquín Leguina, como Presidente de la CAM, sacaban a concurso la remodelación y mejora de la estación de Chamartín. Una obra que se financiaría con las plusvalías que generarían los aprovechamientos urbanísticos del terreno. La concesionaria de los derechos edificatorios de Adif estaba participada al 75% por el BBVA (antigua Argentaria). En realidad, nunca le cuadraron los números al BBVA y a la Constructora San José (hasta hace poco en quiebra y hoy revivida gracias a esta Operación, tal y como muestra su fulgurante subida en bolsa). Esto significó que durante estos más de veinte años, los inversores han dedicado gran parte de sus esfuerzos a reclamar más suelo a las administraciones pasando de los originarios 180.000 m2 a los más de 3 millones de metros cuadrados de suelo de la actualidad y de los 0,6 a los 3,2 de edificabilidad. Había que meter más madera a la operación para que salieran las plusvalías. En el 2002 el Ayuntamiento de Madrid duplicó la edificabilidad y aceptó que se computaran los suelos ocupados por vías del tren y carreteras para incrementar de forma artificial los aprovechamientos de la actuación. Es ya en 2015 cuando el PP y las instituciones gobernadas por Ana Botella e Ignacio González firman un Convenio Urbanístico con Fomento y pretenden sacar adelante un Plan Parcial para dejarlo atado y bien atado. Sin embargo, el resultado de las elecciones de mayo de 2015 parecían impedirlo.

Y llegamos a Julio de 2017. Ahora nos encontramos con la paradoja que el Ayuntamiento que paró el último pelotazo de Botella y González, rescata el Convenio del 2015 con el poco convincente maquillaje cosmético de los “criterios de sostenibilidad” y la “vivienda pública” en porcentajes por cierto bastante modestos (Sólo un 20% de las 11.000 viviendas). No podemos perder de vista que nos encontramos ante un nuevo rescate a la banca en forma de pelotazo urbanístico con suelo público, en este caso hasta un 82%, cuyo propietario mayoritario es ADIF. Lamentablemente, las presiones han surtido efecto sobre un equipo de gobierno que se muestra acomplejado ante las continuas acusaciones de frenar la inversión y la creación de empleo. Una política, en definitiva, pusilánime frente al capital finaciero.

¿Qué debería haber hecho una corporación valiente? Poner por delante los intereses generales y defender ante el Ministerio de Fomento la rescisión de la concesión y expulsar a DCN-BBVA de la operación para llevar a cabo, en último término, una gestión pública del desarrollo que no estuviera subordinada a la especulación inmobiliaria.

El Norte de Madrid no debe seguir la estela de la “City” de Londres abriendo la puerta a un espacio para el oscuro y antidemocrático mundo de las finanzas. No es eso lo que demandan los movimientos vecinales de la zona y del conjunto de la ciudad. Desde hace años, el tejido asociativo vecinal de Madrid viene exigiendo actuaciones urbanas equilibradas con los barrios del entorno que promuevan un desarrollo equilibrado, sostenible y justo a la ciudad combinando suelos industriales, vivienda pública y nuevos equipamientos con el objetivo de paliar el desequilibrio social y funcional de Madrid.

El contenido que se ha anunciado estos días para la Operación Chamartín es claramente decepcionante, síntoma de una forma de gobernar dispuesta a escuchar más a los poderes financieros que a los movimientos sociales. Un proyecto que, en definitiva, se aleja sustancialmente de los objetivos que el propio movimiento municipalista se auto-impuso para Madrid: construir otro modelo de ciudad alejado del modelo de la especulación y el negocio para unos pocos.

Pero la historia de la Operación Chamartín no se ha cerrado. Esta nueva fase que se abre con este “acuerdo” no parece la estación final de esta operación. Son ya varios los movimientos ecologistas y vecinales que han mostrado su rechazo a las líneas maestras contempladas en el nuevo plan. Estamos convencidas que la movilización social puede poner freno a esta senda equivocada y hará valer el programa con el que Ahora Madrid se presentó y ganó el ayuntamiento.

Madrid no se vende.

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