Nota del editor: Esta nota fue actualizada para agregar nueva información, ya que los funcionarios mencionados aseguran que no han cobrado ningún salario. Hasta el momento, Pemex no ha proporcionado información oficial al respecto.

El 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tres funcionarios de Petróleos Mexicanos presuntamente involucrados en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra serían removidos de sus cargos porque “no podía tolerar nada relacionado con corrupción”. Tres meses después, los directivos mantienen sus cargos, hasta el 11 de abril, cuando fueron oficialmente suspendidos.

Según el portal de transparencia donde se consignan los pagos a todos los funcionarios del gobierno, se les mantuvo en la nómina, pero ellos sostienen que no han cobrado salario y que ellos mismos solicitaron su separación del cargo sin goce de sueldo.

Los tres funcionarios son Miguel Ángel Lozada Aguilar, titular de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Incluso, Héctor Salgado Castro siguió operando, como consta en el oficio que le envió al subdirector de Aseguramiento Tecnológico el 4 de abril pasado para solicitarle “información para definir estrategia de manejo y comercialización campo Ixachi”, según se explica en el documento obtenido por Animal Político.

Los tres directivos de Petróleos Mexicanos aparecen como funcionarios en activo que recibieron salario por más de 100 mil pesos hasta la quincena pasada, del 16 al 31 de marzo, según se informa en el portal del gobierno Federal “Nómina Transparente”, donde se puede consultar el sueldo de todos los empleados de la Administración Pública Federal.

Esto, sin embargo, contrasta con su versión, según la cual no han recibido salario, a petición de ellos mismos. Se solicitó a Pemex un comprobante de la suspensión de pagos, pero no hubo respuesta.

El pasado 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la separación de la administración pública de los tres funcionarios tras comprobar que habían firmado convenios entre Pemex y universidades del sureste cuyos recursos terminaron desviados en empresas fantasma y, pese a ello, habían sido ratificados en su administración, como reveló Animal Político el 22 de enero.

“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, dijo.

Incluso en la conferencia del 15 de febrero, el Presidente reafirmó que ya no estaban en la empresa y el director de Pemex, Octavio Romero, matizó que había sido separado del cargo sin goce de sueldo.

Para comprobar que los funcionarios efectivamente habían salido de la empresa, Animal Político solicitó vía transparencia a Pemex la documentación donde se informar al área de personal y nóminas la suspensión de pagos; las actas de entrega recepción de las oficinas, de las computadoras personales y los oficios donde el titular solicitara la separación.

En todos los casos, la única prueba que Pemex central y Pemex-PEP entregaron a cada petición fueron los oficios de cada directivo donde solicita su separación del cargo sin goce de sueldo.

También se solicitaron los oficios donde se nombraran a los sustitutos de los funcionarios, pero en todos los casos la respuesta es que debido al permiso de separación no había nuevos nombramientos. De hecho, los tres seguían apareciendo en la página del Consejo de Administración de Pemex hasta marzo pasado y fue hasta el 11 de abril cuando fueron separados del cargo.

Además, en el caso de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) al ser una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), una parte medular de la empresa, el director de Pemex, Octavio Romero, debe nombrar al director e informar la decisión en sesión del Consejo de Administración de Pemex, pero no ha ocurrido.

Los tres directivos firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra entre 2012 y 2013, cuando ocupaban cargos menores a los que consiguieron en la actual administración, según se documentó en la investigación periodística.

Sin embargo, en las primeras indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, la titular, Irma Eréndira Sandoval, informó que el número era mayor: habían firmado 25 convenios –entre 2012 y 2018– por un monto de 7 mil 667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios.

Funcionarios pidieron su remoción

Los tres funcionarios públicos solicitaron la separación de sus respectivos cargos el 1 de febrero de 2019, un día después del anuncio del Presidente, “con la finalidad de que en ese lapso se desahoguen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades por los hechos presuntamente irregulares que ha señalado la Secretaría de la Función Pública” en su contra.

En los oficios, obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, los funcionarios pidieron al titular de Pemex, Octavio Romero, “permiso de ausencia sin goce de sueldo” como un derecho establecido en el artículo 70 del reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Pemex. Es decir, los funcionarios se separaron del cargo voluntariamente y no por orden o petición del director.

Dicho permiso concluyó a final de marzo, por lo que el 10 de abril, Lozada Aguilar fue notificado que Pemex “ha determinado suspender temporalmente la relación laboral que actualmente tienen con Pemex-PEP”, según el oficio firmado por Franco Veites Palavicini Pesquera, subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal.

Esto, con el objeto de permitir “el adecuado desahogo de las investigaciones que se están llevando a cabo por la Secretaría de la Función Pública por su posible participación en los hechos relacionados con la suscripción de diversos convenios realizados por Pemex-PEP con diversas universidades entre 2012 y 2018”.

Abogados especialistas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos explicaron a Animal Político que la suspensión temporal no es un despido. Es decir, continúan siendo funcionarios públicos puesto que aún no se resuelve la investigación en su contra.

Pero, durante la suspensión, no cobrarán su salario, ni podrán ejercer su trabajo como una medida precautoria, para evitar, por ejemplo, que oculten o destruyan documentación o información que los comprometa.

Esto significa que apenas hasta el 11 de abril, cuando se hace efectivo el anuncio, dejarían de percibir su sueldo, es decir, dos meses después de la supuesta separación anunciada por el Presidente.

Una vez que concluya la investigación, en caso de que resulten responsables de los hechos que se les imputan, la dependencia despide a los funcionarios y, además, no les paga el salario equivalente al tiempo que estuvieron suspendidos.

Por el contrario, si son absueltos de toda responsabilidad, la dependencia está obligada a reincorporarlos en sus puestos, restituirle todos sus derechos, y, además, a pagarle el salario que no recibieron durante el periodo que duró la suspensión temporal.

La figura de la suspensión temporal de empleo en el sector público está incluida en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establece que la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno de la dependencia (en este caso Pemex), o el titular del área de responsabilidades, pueden ordenar que se investigue a funcionarios por mal uso de la función pública, o por presuntos actos de corrupción.

Y que, previa o posteriormente al citatorio al funcionario investigado, pueden determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, sin que ello lo prejuzgue como culpable.

La suspensión temporal, refiere la Ley, cesará cuando así lo resuelva la Función Pública, y cuando se dicte una resolución sobre la investigación.