GINEBRA (apro).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU encargado de examinar el cumplimiento de México del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuestionó al gobierno de la 4T sobre la independencia del Poder Judicial a la luz de las recientes reformas constitucionales y a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora por causas aún desconocidas.

“Hay informes que se pueden considerar preocupantes sobre la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, siendo desconocidos los motivos de su renuncia”, lanzó el experto de Portugal José Manuel Santos Pais en el segundo día de la sustentación del informe de México liderado por la subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos Martha Delgado.

De igual forma el experto preguntó sobre la destitución de Jorge Camero Ocampo, Magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México acusado de corrupción y el cambio de adscripción por el Consejo de la Judicatura del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales, Luis Vega lo que automáticamente le excluye como presidente de esta asociación.

Además, “el senado participa en el nombramiento de ministros para la Corte Suprema de Justicia en el Consejo de la Judicatura’’, y observó que la mayoría de sus miembros son escogidos por el presidente del senado’’, por lo que solicitó informes sobre este particular.

Santos Pais criticó que desde el día de ayer ha pedido varios informes sobre cuestiones precisas con respecto al Poder Judicial y que no se le han ofrecido respuestas sobre las reformas constitucionales en curso “y mucho menos la forma como se están haciendo“.

Al responder Delgado explicó “en cuanto a la renuncia del ministro de la Corte (Medina Mora), les comento que este es un asunto en proceso y no se puede especular en este momento por lo que les vamos a enviar la información inmediatamente en que estemos posibilitados de hacerla pública’’.

“Es un asunto en proceso actual’’, remarcó la subsecretaria.

Sobre los otros cuestionamientos precisos que hizo Santos Pais con respecto a Jorge Camero Ocampo, Magistrado del Primer Circuito en la Ciudad de México encargado de revisar las suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía y quien fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de manera indefinida por estar ligado a presuntos actos de corrupción, Arturo Bárcena director general de derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la medida.

Justificó que Camero, “no fue sancionado sino fue suspendido como una medida cautelar respecto de una investigación por actos de corrupción”.

“La postura del ministro Zaldívar ha sido que esa investigación iba a hacerse con total respeto a la presunción de inocencia del magistrado de tal manera que la suspensión no prejuzga sobre su responsabilidad, sino que es simplemente una medida cautelar’’, recalcó.

En cuanto al magistrado Luis Vega, “no tengo información de que fue readscrito, pero un cambio de adscripción no significa en ningún caso que deje de ser magistrado y por tanto entiendo que eso no le afecta para seguir siendo representante de una asociación”.

Detalló que “el Consejo de la Judicatura Federal y el presidente del Consejo de Ministros Arturo Zaldívar tienen una postura muy importante en relación con cambios a la estructura del poder judicial”.

“No sólo se están haciendo cambios de adscripción, sino que también se está ratificando a jueces y magistrados que hacen bien su trabajo’’, argumentó.

Preguntas sin responder

El día de ayer Santos Pais preguntó, sin obtener ninguna respuesta al respecto, sobre la nueva reforma constitucional aprobada por el Congreso enviada al Senado, que rebajaría el sueldo de funcionarios públicos para que nadie gane más que el presidente de la República a pesar de la prohibición constitucional que establece la irreductibilidad de magistrados y jueces.

“Las líneas directrices del Poder Judicial de Naciones Unidas y las directrices del papel de los fiscales establece condiciones para la reducción de salarios de magistrados y los casos que ha habido recientemente en otros países han ocurrido en casos de crisis financieras comprobadas internacionalmente por organismos financieros internacionales’’, argumentó.

Preguntó sobre iniciativas de ley para restructurar el Poder Judicial imponiendo, entre otras cosas, medidas como la rotación obligatoria de jueces y magistrados cada tres a seis años “lo que parece atentar contra la estabilidad laboral judicial, además de imponer exámenes como el polígrafo, exámenes toxicológicos y una propuesta de nombramientos de la Corte Suprema por elección popular’’.

Además, a su modo de ver “la ley de austeridad republicana recientemente aprobada eliminaría derechos sociales de manera regresiva, lo que podría implicar la violación del principio de la protección de la confianza en su actuación’’.

En este sentido, quiso saber “si con las reformas legales para reducir los salarios en el poder judicial sería posible acusar a los funcionarios judiciales que reciban mayor salario que el presidente por el delito de corrupción u otro similar sin derecho a excarcelación’’.

“Me gustaría saber si se han llevado a cabo consultas efectivas ‘de buena fe’ con el Poder Judicial y otros actores involucrados, asociaciones judiciales, entidades académicas, respecto de estas reformas y cuál es el procedimiento actual para las nominaciones de jueces y fiscales y para cambios de adscripción y procesos disciplinarios de jueces y magistrados’’.

El experto criticó que desde hace un año, “tanto el ejecutivo como desde la bancada oficialista en el Congreso se ataca verbalmente al Poder Judicial y a sus funcionarios con acusaciones generalizadas de corrupción, mafia, exhibición de nombres de jueces que toman decisiones contrarias a los intereses del gobierno y se ha señalado un ambiente de descalificación y polarización sostenida que afecta el ejercicio libre e independiente de la procuración de justicia’’.

“Se habla también de un ‘cartel de amparistas’, designando a los jueces que recurren muy legítimamente al recursos de amparo’’, dijo el experto quien pidió comentarios de la delegación al respecto que nunca llegaron.

Finalmente, habló sobre el problema de la Ley Preventiva Oficiosa “que parece violar, entre otros, la independencia judicial, de los derechos de defensa y del debido proceso, porque no permite a los jueces ofrecer medidas alternativas a la prisión preventiva’’.

El experto del Comité se quejó “porque no creo que haya recibido respuestas a lo que he planteado’’.

A pesar de no haber contestado para plena satisfacción de los 18 expertos, el gobierno de México tiene 48 horas para enviar por escrito respuestas al Comité de Derechos Humanos de la ONU que no hayan sido abordadas durante la sustentación del informe que tuvo lugar en la sede del ACNUDH en Ginebra, Suiza.