La juez Mercedes Alaya abre un nuevo frente a la Junta de Andalucía: los consorcios de empleo. La declaración del que fuera director general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, Carlos Cañavate, ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciar una nueva línea de investigación que afecta a estos entes públicos que reciben ayudas millonarias del Gobierno autónomo. El alto cargo, que fue cesado en noviembre por "motivos personales", aseguró el pasado mes de julio a los agentes que cuando asumió su puesto se encontró con 950 millones de euros en partidas de formación sin justificar y que una parte importante de ellas correspondía a dichos consorcios. La Operaciòn Barrado recientemente desarrollada por la magistrada y en la que fueron detenidos trece de altos cargos de la Junta, ya actuó contra dos de estos organismos y detuvo a tres de sus responsables.

La UCO ya ha detenido a responsables de dos consorcios, investiga a otros dos y no descarta extender las pesquisas a los otros diez existentes

Según figura en el sumario de esta causa, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Cañavate declaró como testigo ante la UCO el 4 de julio de 2014. Entonces aseguró que al asumir su cargo en octubre de 2013, ya bajo la presidencia de Susana Díaz, se escandalizó al descubrir el descontrol en la justificación de las partidas para formación de la Junta, un fraude que en una primera revisión cifró en 950 millones de euros. Según detalló a los agentes, entre 2007 y 2011 había llegado a Andalucía una enorme cantidad de dinero procedente de Europa para cursos de parados. Su volumen era tan alto que la Consejería decidió comenzar a emitir resoluciones de "exceptuación", es decir, eximir a los beneficiarios de las mismas de justificar el destino del dinero que recibían, una de las condiciones que se exigían hasta entonces si querían seguir concurriendo a convocatorias para recibir estas ayudas

Esta práctica, prevista por la Ley 3/2004 en su artículo 32.2, estaba pensada sólo para casos excepcionales, pero se convirtió en la norma habitual a partir de 2008, según el testimonio de Cañavate. La declaración del alto cargo de la Junta llevó a la Guardia Civil a asegurar en un informe incorporado al sumario de la Operación Barrado que "todos estos factores pudieron haber provocado que varios beneficiarios, a sabiendas de que las justificaciones de las subvenciones efectivamente no se estaban revisando, hubieran aprovechado esta falta de medios de control para utilizar las cantidades recibidas en gastos que nada tenían que ver con la finalidad para los que se otorgaron, pudiendo estar entre ellos varios consorcios de formación".

Catorce consorcios bajo sospecha

De esta manera, a finales del año pasado, poco después del cese de Cañavate, la UCO abrió una nueva línea de investigación y puso bajo su lupa a los 14 consorcios de empleo que la Junta había ido creando a partir de 1991 en las ocho provincias andaluzas. De momento, los agentes han centrado las pesquisas en cuatro de ellas, pero en uno de sus atestados plantean a la juez Alaya ampliarlas al resto en los próximos meses. Por ahora, la Guardia Civil investiga al Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS), en Mijas (Málaga); el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTJ), en San Fernando (Cádiz); el Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (FORMAN), de Málaga; y el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (FORMADES), en Almonte (Huelva). "El inicio de las investigaciones por estos cuatro entes no es óbice para la posible ampliación de las indagaciones a otros consorcios en lo sucesivo", concluye el atestado.

El consorcio de Almonte (Huelva) detinó parte de los fondos a comprar barajas, cuelgabolsos, equipaciones de fútbol, cava y contratar a familiares de su gerente

En Mijas y en Almonte, la Guardia Civil ya detuvo a tres personas el pasado mes de marzo en la primera fase de la Operación Barrado. Entonces, los agentes arrestaron a trece altos cargos de la Junta por las ayudas repartidas a empresas que impartían cursos de formación y aprovecharon el dispositivo para dar los primeros pasos en la nueva línea de investigación. Lo hicieron con CIOMIJAS y FORMADES por ser donde las pesquisas iban más avanzadas gracias, precisamente, a las declaraciones de Cañavate. En su informe, la UCO recogte que fue el ahora exalto cargo de la Junta quien los señaló "al considerar que una de las bolsas de fraude que pudiera haber en la formación estaba en la subcontratación, declarando que había dejado de conceder subvenciones a estos consorcios porque inmediatamente después de recibir la misma daban traslado del montante a una Unión Temporal de Empresas (U.T.E.)", según consta en el sumario.

En el caso de FORMADES, los agentes detuvieron a Ana María Orihuela, antigua concejal socialista en la localidad onubense de Almonte. Orihuela estuvo al frente de dicho ente entre 2005 y 2012 en un periodo en el que acumuló numerosas polémicas, entre ellas la del supuesto desvió de más de 6.555 euros de fondos para la formación para adquirir caramelos y regalos para la cabalgata de Reyes en la que ella desfiló como Melchor. No es el único 'pufo' que cree haber detectado la Guardfia Civil. De hecho, en sus atestados se recoge un agujero de 1,7 millones de euros no justificados, entre los que se incluyen la compra de barajas de carta, cuelgabolsos, equipaciones de fútbol y cava, la adquisición de pienso para caballos al doble de su valor de mercado y la contratación de un hijo y dos sobrinos suyos a cargo de los fondos que se debían destinar a la formación.