El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público. La sentencia indica que Torra desobedeció "sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad" la decisión de la Junta Electoral Central de retirar de los edificios públicos toda la simbología independentista, como el cartel con un lazo amarillo a favor de los presos condenados por sedición por el Tribunal Supremo, que colgaba del Palau de la Generalitat, en las elecciones del pasado 28 de abril.

De esta forma, Torra se convierte en el primer presidente de la Generalitat condenado durante el ejercicio del cargo. Durante la celebración del juicio ante el TSJC el pasado noviembre, el dirigente aseguró a preguntas de su abogado que "no cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo la desobedecí, era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos".

Por eso la sentencia del TSJC indica que "en definitiva, el mandato emanado de los sucesivos Acuerdos de la Junta Electoral Central es elocuente, expresivo y claramente revelador de lo que debía llevar a cabo el MHP de la Generalitat, imponiendo a su destinatario un inexcusable deber de acatamiento y sujeción al mismo en todos sus extremos". Además añade que "asistimos al pronunciamiento de una orden que emana de una autoridad administrativa con competencia para ello, que, de manera clara y terminante conmina al destinatario de esa orden a actuar de una determinada manera".

El tribunal detalla que Torra "no sólo no ordenó la retirada en las fachadas de los edificios dependientes de la Generalitat de los lazos amarillos y de las banderas 'esteladas' en el plazo establecido, sino que llegó a decidir (o consentir), en algunos casos, su sustitución por otros lazos, blancos y cruzados por una raya roja. No cabe duda, pues, de que, además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, asistimos a una voluntad consciente y a una disposición anímica inequívoca de contravención". En este sentido, añaden que el comportamiento del presidente ante la orden "revela una negativa abierta y franca al cumplimiento de lo allí resuelto" y recuerdan que el propio condenado "lo admitió de forma explícita" en el juicio.

"Alarde público"

Para imponer la pena, el tribunal recuerda "la recalcitrante y reiterada actitud desobediente, y su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente en, al menos, dos acuerdos (de 11 y de 18 de marzo) firmes y ejecutivos ambos. Atendido además el alarde público del hecho desobediente, estimamos adecuada y proporcional a la intensidad del injusto (gravedad de la lesión para el interés protegido, habida cuenta del relieve del cargo que ostenta el autor) la pena de multa".

El TSJC también alude a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas para refutar el argumento de Torra sobre "la libertad de expresión como eje y pilar de sus decisiones". "Como ya dejamos sentado al comienzo de esta sentencia, el único objeto de debate en estos autos ha sido, a la vista de todo lo analizado, la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad", señala el Alto Tribunal catalán.

"Nada ampara, pues, la desobediencia en que incurrió el MHP de la Generalitat; ninguna circunstancia que pudiera tener encaje" en la normativa establecida, pese a los argumentos de Torra de que había consultado varios asesores jurídicos del Govern así como al Síndic de Greuges. Por eso el TSJC detalla que "no eran pocos los elementos de reflexión con los que contaba el MHP de la Generalitat para la valoración de lo oportuno del acatamiento de los mandatos de la JEC, fundamentos facilitados no sólo por parte de la Junta, que motiva y razona el mandato, sino, y sobre todo, por parte de los propios Servicios Jurídicos de la Generalitat y del propio Sindic de Greuges, sin que, a pesar de ello, el MHP atendiera la orden de la JEC cuando pudo hacerlo".

Además, el TSJC recuerda que la Junta Electoral respondió a Torra sobre "lo que representan los lazos amarillos o las banderas 'esteladas'" al indicarle que son un "símbolo legítimo que pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero que, al menos durante los periodos electorales" no lo pueden "hacer los poderes públicos, ya que éstos deben mantener una rigurosa neutralidad política".