Partido gobernante impide la reelección de un magistrado y crea confrontación

SAN JOSÉ.— De “noviembre negro” a “democracia en dictadura” y de “golpe de Estado técnico” a “Estado de facto” o de “días oscuros” a “ultraje a la justicia”, la colección de términos es abundante pero está lejos de ser una reseña histórica de los regímenes dictatoriales que, por décadas, gobernaron en América Latina y el Caribe. El recuento de frases es la narración de lo ocurrido en los últimos días en la peor crisis institucional de años recientes en Costa Rica, el país con la más antigua tradición de estabilidad democrática del área, sin ejército ni fraude electoral y guerra civil desde 1948 ni intento de asonada castrense a partir de 1949. El conflicto se desató el pasado 15 de noviembre, cuando el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) y bancadas minoritarias opositoras reunieron 38 de 57 votos para que la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) de este país rechazara reelegir a Fernando Cruz como magistrado de la Sala Constitucional, y advirtieron a la Corte Suprema de Justicia de que la revocatoria fue una “llamada de atención” al Poder Judicial por sus presuntos excesos. En un caso denunciado por partidos opositores como maniobra de fuerzas del PLN para tomar control del Poder Judicial, acallarlo, intimidarlo y disponer de una Corte complaciente y supeditar las decisiones judiciales a los vaivenes de la política partidista, Cruz se convirtió en el primer magistrado que dejó de ser reelecto en 63 años de vigencia de la actual Constitución política. “Este ha sido un noviembre negro para la historia del país, donde se ha visto opacada la democracia de Costa Rica”, denunció la magistrada Magda Pereira Villalobos, de la Sala Tercera de la Corte. Es un “golpe a la democracia” que “atenta contra la división de poderes”, recalcó. “Son días oscuros para nuestra democracia”, aseguró el magistrado Rolando Vega, de la Sala Segunda. El Consejo Superior del Poder Judicial se pronunció por “no aceptar presiones ni amenazas por parte de ningún órgano político, que atente contra la independencia judicial”. Sectores de la oposición atribuyeron la “no reelección” a una represalia contra Cruz por rechazar medidas impulsadas desde 2006 por el PLN al detectar vicios inconstitucionales en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, en obras de explotación minera o en políticas tributarias. Por supuestos errores en la votación legislativa, la separación de Cruz quedó suspendida por un nuevo fallo judicial pero el lío persiste. En medio de creciente tensión política todavía sin solución, el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, acusó a la Asamblea de ejecutar “un golpe de Estado técnico” y de romper “el orden constitucional”, por la vía que utilizó para rechazar la reelección, y recordó que “la independencia de los jueces es la base de la institucionalidad”. El choque de poderes se agravó luego de que el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, aseveró que la “no reelección” fue un “ultraje a la justicia”. La maniobra “fue producida por las mismas fuerzas oscuras que han cohonestado este triste episodio de nuestra historia”, agregó Mora ante la cúpula del Poder Judicial y al instar a la presidenta costarricense Laura Chinchilla y a la Asamblea a “que sepan rectificar este gravísimo error, porque lejos de reivindicar el Parlamento, están enterrando la patria”. En declaraciones al diario La Nación, de esta ciudad, Chinchilla negó que haya un desquite del oficialismo hacia Cruz. “No creo que sea una situación de sacarse un clavo”, explicó. La crisis prosigue a la espera de un encuentro de los presidentes de los supremos poderes.