Misión Verdad. | 25 Mayo 2019

Son abundantes las evidencias que exponen la infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en los asuntos internos de la región latinoamericana en forma de golpes de Estado y promoción de guerras civiles.

Sus operaciones en Venezuela han venido modificándose en el tiempo. De ser en los 60 una base no declarada para planificar sus actividades encubiertas en el resto del continente, a ser actualmente el centro geopolítico que define la prevalencia o no de los Estados Unidos como poder hegemónico en la región latinoamericana.

Miraflores en la cuarta: centro de operaciones para agentes extranjeros

En el marco de la guerra fría y la lucha contra el comunismo, las operaciones secretas de este organismo se centraron en aislar al gobierno cubano y frenar cualquier intento progresista de tomar otros países que amenazaran el control del hemisferio. Así, se estrenaron exitosamente con el golpe de Estado al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala.

Tom Polgar, jefe de departamento de inteligencia exterior de la división latinoamericana durante el periodo del 65 al 67, relata que "una vez que un gobierno amistoso se instalaba en el poder, el jefe de la base de la CIA tenía cinco caminos para mantener la influencia de Estados Unidos sobre los líderes extranjeros".

Ofrecerles el servicio de inteligencia exterior (con reportes semanales amañados de lo que ocurría en el mundo), entregarle dinero a funcionarios colocados en puestos claves dentro de las instituciones públicas y penetrar en los movimientos políticos de izquierda y guerrillas para realizar operaciones de contrainsurgencia, eran parte de esas vías implementadas con el objetivo de que el gobierno receptor adoptara las medidas apropiadas para neutralizar cualquier grupo en el interior del país que fuese amenaza desde la perspectiva de los Estados Unidos.

El principal objetivo de las misiones encubiertas fue posibilitar el ambiente estable de la "democracia representativa", con la alternabilidad de mandatarios que colaboraran abiertamente con los intereses de Estados Unidos en la región. No solo por sus cuantiosos recursos energéticos, sino por el papel diplomático que jugaría el país en función de retraer procesos que se acercaran al modelo soviético.

Desde Rómulo Betancourt hasta Rafael Caldera, los gobernantes de turno en Venezuela le dieron prerrogativas estratégicas a la agencia a cambio de financiamiento.

De hecho, la Doctrina Betancourt, aplicada por el mismo fundador de Acción Democrática para impulsar la expulsión de Cuba de la OEA, justifica los nexos que tenía con la dinastía Rokefeller y con personajes como Allen Dulles, primer director de la CIA, e impulsor diplomático en su momento de una resolución en la OEA que declarara al comunismo como incompatible con los principios del organismo.

Más adelante, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela tendría nuevamente un rol activo en las misiones de la CIA en el continente sudamericano. La "Operación Cóndor" que buscaba derrocar gobiernos de izquierda del cono sur, utilizaron a ciudadanos venezolanos como agentes de apoyo.

Las acciones de inteligencia de los Estados Unidos crecieron con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y la instauración de la democracia puntofijista. Así como lo refiere Bolgar, los años 60, 70 y 80, fueron escenario de colaboraciones entre la CIA y el organismo de inteligencia venezolano DIGEPOL (anteriormente DISIP, hoy SEBIN) que resultaron en el reclutamiento y adiestramiento del personal por el ejército estadounidense.

Una figura ejemplar de la conformación de este siniestro brazo represor de los gobiernos socialdemócratas fue Henry López Sisco, comisario de la DIGEPOL, que en la década de los 60 ingresó en la base militar de Fort Bragg (Carolina del Norte) donde recibió entrenamiento en el Centro de Guerras Psicológicas, que después le serviría para perpetrar las masacres de Cantaura y el Amparo.

Igualmente, se recurrió a la agencia local de inteligencia como refugio para reclutas que cumplían con tareas relacionadas a la contención del comunismo en la región, caso Luis Posada Carriles, cubano fugado de la isla al ejecutar una operación terrorista en un avión de pasajeros -Cubana de Aviación- que cobró la vida de 73 personas en 1976. Posada Carriles se convirtió en un alto funcionario de la DISIP en Venezuela.

La conclusión sencilla del funcionamiento de las operaciones encubiertas en Venezuela durante la última mitad del siglo pasado, es que la alianza de un "gobierno amistoso" con las políticas extranjeras de los Estados Unidos permitió que la injerencia de la CIA se expandiera con holgura en todas las capas de la política nacional.

La llegada de Chávez estrena las ONG en Venezuela

El desplazamiento del poder de la burguesía criolla con el ascenso de Chávez, fue una pérdida estratégica de un amplio espacio operativo con el que contaba las oficinas de la Agencia Central de Inteligencia. A partir de allí, la Embajada de los Estados Unidos en Caracas se convirtió en el centro de operaciones mientras que se refinaron los modos de infiltración, dándole paso a las ONG y a los medios de comunicación, en un intento de hacer indetectable la transgresión disfrazada de "actos civiles".

La profunda red trazada por la CIA dentro de la política doméstica para captar perfiles compatibles con los requerimientos operativos de la agencia, era convenientemente desplegada en eventos que desestabilizaban al gobierno de Hugo Chávez.

A parte del hecho comprobado de que la embajada norteamericana, bajo el mando de Charles S. Shapiro, participó en el golpe de Estado de 2002; la CIA, a través de figuras legales promotoras de la democracia occidental, se encargó de financiar a más de 300 organizaciones no estatales que tenían la tarea de forzar el cambio de régimen en el país.

Es el caso de la NED (Fondo Nacional para la Democracia) y la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional), estructuras independientes que blanquean el ingreso de financiamiento a la oposición venezolana agrupada en partidos políticos, organizaciones y medios de comunicación.

La USAID entregó por lo menos 15 millones de dólares a organizaciones de la "sociedad civil" venezolana. La NED, asignó una media de 2 millones de dólares por año, siguiendo los informes publicados hasta el 2012. El dinero fue destinado a ONG como Súmate, regida por María Corina Machado, la cual se encargaría de recoger las firmas para solicitar un referéndum revocatorio, ganado por el chavismo en 2004.

También alcanzó para formar a la que unos años más tardes serían dirigentes de los partidos antichavistas de Primero Justicia y Voluntad Popular. Parte el dinero fue destinado a entrenar a figuras del sector universitario como potenciales agentes insurreccionales en la incursión al golpe suave de 2007, con la imagen de la "rebelión estudiantil" como cubierta civil.

El Centro de Acción y Estrategias No Violentas Aplicadas (CANVAS) financiado por la NED, asesoró a estos grupos disidentes de oposición entre los que se hallaba Juan Guaidó, lejos de saber el personaje que le tocara interpretar tiempo después en favor de sus financistas.

Por su parte, los medios corporativos, que en sus altas esferas funcionan como reclutas de la agencia de inteligencia estadounidense (recordar la Operación Sinsajo), se caldearon con el ensayo del golpe de 2002 para volverse rigurosos en la rutina de montar campañas de propaganda contra el gobierno para acusarlo de "régimen dictatorial", vincularlo con casos de narcotráfico y terrorismo, abultando el expediente bajo el cual se ha justificado la desestabilización en los últimos años.

De este modo, durante los primeros años del chavismo se encapsuló el esquema de operaciones de la CIA para derrocar al gobierno, en supuestas "promociones de democracia" y "protección de los derechos humanos", promovidas por el antichavismo en nuevas organizaciones políticas "independientes".

La CIA con Nicolás, pierde las formas

Las revolución de color de 2017 ejecutadas por la alianza opositora agrupada en la MUD, fueron el momento en el que salieron a relucir con mayor fuerza los factores irregulares y paramilitares que se venían incubando en grupos civiles con ayuda de la CIA. Sin embargo, el desastre político de esta operación fue punto de corte en la forma de operar de la agencia.

En los años recientes, el financiamiento de grupos irregulares ha tenido cada vez más salida a medida que las acciones tipo "primavera árabe" fueron desgastándose. Además, el relato en los medios de que el país padece una "crisis humanitaria" asfaltó el camino para infestar la opinión pública con la idea de que es necesaria una intervención extranjera.

Mientras que en el frente multilateral a los Estados Unidos le cuesta forzar el consenso de los países de América Latina para que ignoren el respeto a la autodeterminación de Venezuela y apoyen una intervención militar, en el frente irregular los servicios de inteligencia venezolanos han desmantelado varios intentos mercenarios en esta vía.

Los más recientes involucran a la captura del ex militar Oswaldo Valentín García Palomo, quién planificaba un golpe de Estado para febrero de este año, un enfoque distinto al de la última operación de un agente extranjero, Joshua Holt, encontrado en Ciudad Caribia durante un operativo de los cuerpos de seguridad venezolanos, que dejaron vergonzosamente expuesta la agenda encubierta de los Estados Unidos.

García Palomo, ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, detenido reveló en su confesión que para las actividades golpistas no ejecutadas (Operación Constitución en 2018 y el intento de febrero 2019) contaba con el apoyo de la CIA y de los gobiernos de Colombia, Brasil y Chile.

Además dijo en su confesión que la agencia estadounidense lo contactó a través del general retirado Antonio Rivero, activista del partido Voluntad Popular y agente de la CIA, según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El militar desertor también menciona a Julio Borges, que desde 2015 conspira en favor de opciones magnicidas o golpistas para sacar del gobierno de Nicolás Maduro.

La desarticulación adelantada de esta red que tenía un año preparando el golpe, permitió conocer la amplia extensión de la misma, pues los contactos de García Palomo incluían a ex militares como Juan Carlos Caguaripano, autor de la toma del Fuerte Paramacay en 2017, y a la célula terrorista de Óscar Pérez.

Por añadidura, le restó fuerza a la fracasada Operación Libertad que Guaidó convocó el mes pasado. La falta de apoyo al llamado a desconocer al Estado y las acciones de inteligencia que previamente realizaron los organismos de seguridad, hicieron del 30A un día sin pena ni gloria para los los Estados Unidos.

El presidente Nicolás Maduro afirmó, luego del golpe fallido del 30A, que el general Cristopher Figuera había sido captado por la CIA para llevar a cabo la intentona golpista posterior a la extracción de Leopoldo López.

Con respecto al frente económico de las agresiones a Venezuela, no hay que dejar de mencionar el dato aportado por el antes director de la CIA y ahora secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quién reveló a principios de 2018 que la agencia era responsable de algunas de las sanciones emitidas contra el Estado venezolano.

El presidente Donald Trump tenía interés en los informes que hablaban sobre Venezuela, en especial para saber "cómo estaba relacionado" el gobierno de Maduro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana además de asuntos financieros como "sobre quién tenía el dinero, los acreedores de deuda, los tiempos de pago".

Así, Pompeo admitió que la segunda o tercera batería de sanciones eran resultado de las recomendaciones de la CIA. Otra medida de asfixia que integra el cerco financiero es deliberadamente reconocida por el brazo de inteligencia estadounidense.

En ese sentido, los nuevos e intensificados ataques irregulares contra el país en los últimos dos años de gobierno de Nicolás Maduro, desde el intento de magnicidio al Presidente hasta el golpe fallido del 30 de abril, revelan dos aspectos diferentes en el historial de agresiones injerencistas por parte de Washington.

De manera progresiva, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos le ha quitado vocería a la dirigencia local para poner a sus funcionarios de la Casa Blanca a mover aleatoriamente las fichas de sanciones económicas y acciones de fuerza irregular, trasladando responsabilidades operativas a países del Grupo de Lima, especialmente a Colombia.

En el trayecto han optado por ahorrarse el tiempo de encubrir sus actos, lo que ineludiblemente coloca al adversario en ventaja, al poder predecir sus próximos movimientos.