Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La maniobra delictiva contra la Dirección General Impositiva (DGI) utilizando empresas falsas y facturas "truchas" que se desbarató el año pasado, ya lleva un total de 321 liquidaciones de impuestos a contribuyentes que significaron hasta ahora una recaudación de $ 2.338 millones —unos US$ 81,6 millones al dólar promedio de 2017— incluyendo multas y recargos.

La red de evasión era liderada por dos personas (ya procesadas con prisión) que creaban "sociedades de papel" y luego vendían a otras empresas las facturas para registrar compras inexistentes y evadir impuestos. El subdirector de Rentas, Álvaro Romano, calificó lo ocurrido como "la maniobra defraudatoria más grande de la historia".

Según información que la DGI proporcionó a El País, aún se encuentran en curso 82 inspecciones vinculadas a esta causa, que probablemente incrementen "significativamente" el monto de la recaudación total, indicó una fuente.

El fisco identificó a más de 200 empresas que tenían algún grado de implicancia en la estafa y las investigó para determinar si cometieron ilícitos o no.

En 2014 fue que se descubrieron los primeros indicios de la maniobra delictiva y en diciembre de 2015 se formalizó la denuncia contra dos escribanos por su actuación en la creación de "sociedades de papel" utilizadas para evadir. En abril del año siguiente se amplió la denuncia y se identificaron a los dos responsable de la estafa.

En busca de las pruebas sobre las prácticas fraudulentas en 2016 la DGI realizó cuatro allanamientos, investigó a varias imprentas, y denunció a otro escribano y a distribuidores por las "facturas truchas".

Así realizó una nueva ampliación de la denuncia en diciembre de ese año y en marzo de 2017 la Justicia dictó cinco procesamientos: dos fueron con prisión para los ideólogos de la maniobra (que poseían antecedentes penales) por "la comisión en calidad de autores de un delito continuado de defraudación tributaria", y otros tres sin prisión por igual delito —uno por usar facturas de empresas inexistentes en su negocio, otro por oficiar de intermediario en la provisión de esas facturas, y un tercero como cómplice al actuar como gestor de los ideólogos y ser testaferro en más de 300 sociedades—.

El auto de procesamiento de la Justicia del Crimen Organizado explicaba el modus operandi de la estafa: para el trámite de creación de las sociedades "se utilizaba permanentemente testaferros", y "generalmente eran personas de escasos recursos económicos, lo que los volvía claramente insolventes".

Esa práctica resulta similar a la utilizada en la estafa con las afiliaciones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que saltó a la luz también el año pasado y culminó con 33 procesados. En dicho caso la maniobra consistía en hacer pasar por empleados de empresas falsas a personas insolventes a las que pagaban una pequeña suma de dinero, y los responsables cobraban una comisión de las mutualistas por la afiliación.

Una fuente de DGI aclaró ayer que pese a las similitudes en la operativa, el modo en que se desbarató la estafa y los posteriores controles fueron diferentes, ya que el caso de las "facturas truchas" se descubrió por la propia investigación del fisco y luego fueron indagados un número importante de contribuyentes. "Hicimos un trabajo de hormiga durante años para recabar las pruebas", dijo.

Señaló que desde 2014 la DGI se encontró "en mejores condiciones para detectar el uso de facturas fraudulentas" ya que el año anterior comenzó a recibir los recibos de compra de las 15.000 empresas de mayor tamaño del país. "Con esa y otra información se construyen indicadores de riesgo de evasión, tanto del contribuyente como de sus proveedores" para tener mayor precisión en los controles, indicó la fuente.

También destacó que al conocer el modus operandi de este tipo de redes delictivas se pueden "tomar precauciones". Una de ellas, es la aplicación de una "matriz de riesgo en el momento de la inscripción" de una empresa ante DGI, y que si existe un "riesgo alto no se autoriza la emisión de facturas de forma automática".

El auto de procesamiento de la Justicia detallaba que la megaestafa incluía tres modalidades de defraudación con las sociedades creadas. En una el contribuyente "utiliza una sociedad creada por los indagados por cierto lapso, generalmente dos años, luego utilizaba otra entidad similar y así sucesivamente; existía apariencia de formalidad, no se identifica a los verdaderos dueños, no se ubica a la empresa ya que los domicilios generalmente son inexistentes, el contribuyente no paga, lo que en principio no tiene consecuencias".

Otra modalidad consistía en que "el contribuyente compra una factura aislada y la usa para documentar sus ventas (bienes o servicios)" y no tributa por dicho negocio. Mientras que la tercera era la adquisición de una factura "para inventar compras que no se hicieron y pagar menos impuestos".

El director de Rentas, Joaquín Serra, había declarado a El País que la indagatoria comenzó luego que "en distintos procedimientos de control se encontraron facturas que daban la impresión de no corresponder a la prestación de un servicio o entrega de un bien". Eso llevó a investigar mediante el cruzamiento de datos "si eso mismo no estaba ocurriendo en otras situaciones", y se constató que existía "una maniobra generalizada" de defraudación.