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Durante estas últimas semanas hemos escuchado a los portavoces del PSOE repetir de forma reiterada tres ideas con relación a la formación de gobierno. La primera, que un posible acuerdo de gobierno con Unidas Podemos debe construirse –como no puede ser de otra forma– sobre la base de un programa pactado. La segunda idea insiste en que el punto de llegada de la negociación con los morados debe ser la formación de un gobierno exclusivamente integrado por socialistas –y quizá algún independiente, o algún ministro sin perfil político–. Una tercera idea se blande además a modo de amenaza: si Unidas Podemos no cede, iremos nuevamente a elecciones.

El conocido economista Peter Drucker decía, sin embargo, que lo más importante en una negociación no es escuchar lo que se dice, sino lo que no se dice.

En este sentido, el reciente documento presentado por el PSOE para la negociación –remitido primero a los medios de comunicación, y sólo después a Unidas Podemos– resulta revelador sobre lo que no se dice. Afirmar que quieres negociar y presentar a continuación propuestas que son un evidente paso atrás respecto de acuerdos anteriores no parece un punto de partida sensato para empezar a trabajar. Es decepcionante.

El PSOE y Unidas Podemos ya acordamos hace casi un año, con motivo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una serie de medidas que constituyen un punto de partida sólido sobre el que construir un acuerdo de legislatura. Lo razonable sería por tanto avanzar a partir de lo ya acordado, y no dar pasos atrás. Sin embargo, parte de las medidas ya pactadas –muy relevantes para la mayoría de la población– han desaparecido de la propuesta socialista.

En aquel acuerdo de Presupuestos Generales, el PSOE y Unidas Podemos pactamos regular y fijar un techo a la subida abusiva de los precios del alquiler en determinadas zonas, tal y como ya se hace en París, Berlín o Nueva York. Esa propuesta ha desaparecido. Ha desaparecido igualmente el pacto para acabar con la sobrerretribución del oligopolio eléctrico, que infla artificialmente la factura eléctrica de empresas y hogares. Y han desaparecido también el compromiso de incrementar un 1% el Impuesto de Patrimonio para fortunas de más de 10 millones de euros, la posibilidad de controlar fiscalmente a las SICAV y las SOCIMI –para evitar que estas entidades se conviertan en pantallas de elusión fiscal–, así como el acuerdo para reformar el bono social eléctrico y terminar con la pobreza energética. Además, el pacto para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral se esfuma, y pasa en el nuevo documento a tener una fórmula mucho más imprecisa, con la desaparición de cuestiones tan relevantes como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la no caducidad del convenio colectivo.

En realidad, todo parece indicar que el documento presentado por el PSOE tiene truco: nos vuelve a poner en la casilla de salida de hace un año para que, después de una supuesta negociación, lleguemos al mismo punto en el que ya estábamos con el acuerdo de Presupuestos Generales. ¿Hace falta invertir un verano en transitar el mismo camino? ¿No se siente obligado el PSOE por un acuerdo ya firmado?

Esta forma de proceder revela la voluntad del PSOE por volver a la situación en la que se encontraba justo después de la moción de censura, con un ejecutivo monocolor que no esté “atado” y que pueda gobernar desde una lógica de geometría variable. Sin embargo, no es posible dar marcha atrás a las agujas del reloj: el periodo de la moción de censura encontró límites evidentes, y ahora es necesario ir más allá. Debemos construir verdaderos acuerdos de legislatura que garanticen un apoyo social y político más estable.

La obsesión del PSOE por tener “las manos libres” y desprenderse de los compromisos ya adquiridos con Unidas Podemos carece de sentido si su voluntad es empujar una legislatura de carácter nítidamente progresista. Quizá se entiende mejor si, por el contrario, su voluntad es la de acabar pactando con Ciudadanos o con el Partido Popular reformas clave que este país necesita (como pensiones, fiscalidad o mercado de trabajo).

Evidentemente, esto le daría un sentido completamente diferente a la legislatura, y convendría que se explicitase: ¿realmente Pedro Sánchez, que se “podemizó” en la campaña electoral con el programa más progresista que ha tenido el PSOE en las últimas décadas, quiere ahora diseñar las grandes reformas que necesita el país de la mano de Ciudadanos o el PP? Si esta es la apuesta de legislatura que tiene Sánchez en mente, difícilmente se le puede pedir a Unidas Podemos que regale hoy la investidura para quedarse el día después fuera de las reformas que han de pactarse en nuestro país.

El 28 de abril España se movilizó para votar cambio y frenar a las tres derechas: aunque entre las tres acumulan más votos y escaños que el PSOE, la suma de votos y escaños en la izquierda es mayor. Por eso, el acuerdo nítidamente progresista se impone como la salida no sólo más estable, sino también con mayor respaldo social.

Buena parte de la ciudadanía progresista no ve dilema alguno donde Pedro Sánchez sí lo ve: ¿por qué enfrentar el acuerdo programático con los nombramientos de gobierno? De acuerdo a los recientes datos del CIS, un 26,4% de los ciudadanos quiere que Podemos entre en el Ejecutivo (frente al 20,2% que prefiere que Sánchez gobierne en solitario). La ciudadanía entiende que un acuerdo programático es, en el fondo, un pactum de contrahendo, una suerte de contrato imperfecto según el cual las dos partes se comprometen a (re)negociar en el futuro –de forma leal, pero continua– las materias previamente pactadas. Por decirlo lisa y llanamente: estar en la sala de operaciones del gobierno es quizá la mejor forma de garantizar que ese pactum de contrahendo se desarrolla de forma equilibrada, y por tanto se cumplen los acuerdos programáticos previamente alcanzados. Los acuerdos de coalición que PSOE y Unidas Podemos están alcanzando en la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias o Navarra evidencian la sensatez de esa vía.

¿Sánchez quiere que salga adelante la investidura en julio o no? ¿Quiere una legislatura inequívocamente progresista o no? Si las respuestas son afirmativas, seamos entonces honestos y realistas: hagámonos cargo de las responsabilidades que tenemos y pongámonos a trabajar. Desterremos las ensoñaciones –Sánchez no va a tener los votos de la izquierda para después gobernar con la derecha–, y empecemos a negociar de una vez. Construyamos las complicidades y alcancemos los acuerdos programáticos necesarios para que un verdadero gobierno de coalición –en proporción a los resultados electorales y sin vetos previos– pueda funcionar. El tiempo apremia, sentémonos ya.

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Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos y profesor de la UAM.