Un paso al costado: la renuncia a la candidatura a primer diputado por la provincia de Buenos Aires por el frente Cambiemos. Ésa es la decisión ética que se espera de Fernando Niembro por estas horas en que se lo investiga por haber facturado al gobierno porteño alrededor de 20 millones de pesos a través de una empresa que fue de su propiedad hasta hace muy poco tiempo, cuando se desvinculó, según dijo, porque avizoraba un futuro personal en la política.

La razón es ética, de fondo, pero también de forma. Cualquier dirigente político con un mínimo de sensibilidad y honradez sabe que no alcanza con que sus actividades sean legales -que en el caso de esa denuncia contra Niembro, podrían llegar a serlo-, sino que el comportamiento que acompaña la defensa de esa supuesta legalidad debe ser prudente, justo, apegado a la verdad.

La cadena de errores cometidas por Niembro y por el propio gobierno de la ciudad a partir de esta denuncia, primero política y después penal, no puede ser obviada.

Decimos que ha sido una denuncia política, pues no pasa inadvertida la oportunidad y el ardor judicial con que el oficialismo a nivel nacional y local se ha embanderado detrás de ella, incluso sin saber si las contrataciones respetan las normas en vigor, y cuando entre las filas del propio kirchnerismo se cuentan de a decenas los procesos por corrupción abiertos a sus funcionarios.

Y representa también una denuncia penal con ribetes políticos, sin dudas. Quien la presentó es el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, un funcionario de extrema confianza de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Gonella no ha movido un dedo para denunciar la causa Hotesur, que involucra a la familia presidencial, y ha hecho lo imposible para favorecer al pseudoempresario Lázaro Báez, de vínculos más que estrechos con los Kirchner. La causa penal contra Niembro, contra el vicejefe de Gabinete porteño y jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, y contra otros tres funcionarios de la ciudad, recayó en el juzgado federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, el juez que ha demostrado una lentitud más que pasmosa cuando el denunciado es el gobierno nacional.

Sin embargo, no es la inusitada celeridad del avance del espectro político-judicial kirchnerista contra dirigentes de la oposición en plena campaña electoral, ya harto conocida, la que nos ocupa en este caso, sino las lagunas de memoria y flojedad de papeles con las que el propio Niembro y el gobierno porteño se han venido manifestando en torno de este caso.

En sucesivas declaraciones periodísticas, Niembro dice no recordar el año en que fundó la productora La Usina, junto con su entonces socio, Atilio Meza; no termina de convencer sobre por qué no siendo encuestador le prestaba ese servicio en forma tercerizada a la ciudad ni cómo hacía para encarar toda la tarea desde una empresa sin empleados, y no logra explicar si las contrataciones directas de las que fue beneficiario se hicieron conforme leyes y decretos que efectivamente permiten realizarlas sin licitación hasta los dos millones de pesos por cada acto.

Tampoco se entiende cómo fue que el gobierno de la ciudad contrató a La Usina si, como se sostiene desde la Procelac, fue el propio Banco Ciudad el que había alertado a las autoridades locales, mediante Reportes de Operaciones Sospechosas, sobre movimientos de divisas sin justificar el origen de los fondos de parte de la empresa de Niembro, cuando éste aún la integraba y, después, con quien ahora es su ex socio.

¿No le han provocado ningún tipo de escozor a las autoridades porteñas esos antecedentes a la hora de elegir a Niembro como cabeza de lista de candidatos a diputado por la provincia de Buenos Aires? ¿No siente el propio Niembro, no tan sólo ahora, sino en el momento en que le ofrecieron ser candidato, que no debía aceptarlo por su vinculación comercial con la Ciudad?

¿Cómo creerle a Niembro cuando dice que se desvinculó de la empresa porque avizoraba para para sí un posible futuro político, siendo que nunca dejó de estar vinculado con ese sector? No sólo milita en el peronismo desde hace muchos años, sino que fue secretario de Prensa y Difusión durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los gestores, junto con dirigentes como Diego Santilli y Cristian Ritondo, para que el peronismo apoyara al actual jefe de gobierno en su salto de Boca Juniors a la política.

La denuncia del kirchnerismo en este caso, que deberá probar finalmente la Justicia, ha sido el disparador de la situación. Niembro debería haber tenido mayor agudeza en su sensibilidad política y no haber llegado tan lejos. Parece no haberla heredado de su padre, Paulino, quien fue un hombre de primera línea del peronismo, padrino gremial y político de Augusto Vandor, presidente del bloque de diputados del peronismo y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital.

Si es que Niembro aún no lo percibe, Macri y la alianza Cambiemos, con la que el líder de Pro espera poder llegar a la Presidencia en los próximos comicios, debería reclamarle que resigne su candidatura. Si el mensaje de esa alianza es precisamente producir un cambio, seguir adelante con la postulación de Niembro va en sentido contrario.