DIVISIóN DE SOBORNOS

De la expansión del aeropuerto de Tocumen, Odebrecht pagó unos $7.2 millones en coimas en 24 transacciones entre 2014 y 2015. Pese a que la empresa niega que estos pagos se hicieron para adjudicarse obras, se encontró que parte del pliego de licitación salía de la computadora de uno de sus ejecutivos.

Se trata de la quinta adenda al pliego de condiciones del proyecto, publicada en el portal Panamá Compra en 2012, y por la cual hay una denuncia, indicó la actual administración aeroportuaria.

Esta obra fue la cuarta, de un total de 10 adjudicadas a la empresa brasileña, de donde Odebrecht sacó más dinero para sobornos, de acuerdo con un análisis de más de 13 mil documentos del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) o departamento de sobornos.

Los documentos forman parte de una nueva filtración del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), a los que este medio tuvo acceso.

Hasta ahora, los cálculos del pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios panameños sobrepasan los $100 millones.

Además de los sobornos, se identificó la posible desviación de fondos de obras locales, por parte de Odebrecht, destinados al departamento de coimas, a través de la supuesta subcontratación de empresas que facturaban a Odebrecht obras que no habían hecho.

Entre estas figura la Compañía Internacional de Proyectos (Cipsa), que cobró millones por supuestos servicios al aeropuerto de Tocumen y el saneamiento de la bahía, al tiempo que le transfería fondos a Odebrecht.

Obras a la medida y con posible blanqueo de fondos

¿Qué tienen en común la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen, la ampliación y mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado de Panamá y el saneamiento de la bahía de Panamá que ejecuta o ha ejecutado Odebrecht?

Lo primero es que de estos proyectos, Odebrecht sacó dinero para pagar coimas; segundo, que aparentemente fueron licitaciones arregladas, y tercero, que empresas subsidiarias de la constructora le habrían facturado por obras que no hicieron a fin de desviar fondos a la caja 2 o Sector de Operaciones Estructuradas (SOE).

La información es el resultado del análisis de más de 13 mil documentos extraídos del sistema de comunicación de Odebrecht, conocido como Drousys, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y de cuya investigación forma parte La Prensa.





Tocumen, a la medida

Según un análisis de este medio, la cuarta obra de la que salieron más sobornos fue la ampliación del aeropuerto de Tocumen, con $7.2 millones, pagados en 24 transacciones entre 2014 y 2015.

Odebrecht nos aclaró que la mención de una obra en el Drousys no implica que sea en pago por su adjudicación o que los pagos hechos a personas identificadas con un alias sean ilícitos.

Ello, a pesar de que Odebrecht admitió en una declaración de culpabilidad que el SOE “funcionó como un departamento de sobornos”.

En el portal de Panamacompra.gob.pa hay documentos de la licitación de la nueva terminal de Tocumen indiciarios de que el acto público fue arreglado a favor de Odebrecht. Lo mismo declaró Marco Antonio Vasconcelos Cruz, exdirector de Odebrecht en República Dominicana, respecto al saneamiento de la bahía.

Las especificaciones del sistema de manejo de equipaje y cintas transportadoras se modificaron a solicitud de Odebrecht. En la adenda 5 del pliego de condiciones se hicieron estos cambios y, según fuentes cercanas a la ejecución de la obra, hay pruebas de que parte de los cambios los sugirió Odebrecht, que venció a China Harbour Engineering Company, tras ofertar $743 millones.

En las páginas 337, 338 y 339 de la adenda 5, las imágenes de la obra salieron de la computadora de Ricardo Giraldo, ejecutivo de Odebrecht, lo que se constituye en una falta grave, pues demuestra que su empresa contaba con información para elaborar su propuesta técnica y económica (ver facsímil).

Ni Giraldo –que ya no labora en Odebrecht– ni la empresa respondieron los mensajes de este medio, ni la actual administración aeroportuaria, que informó que hay una denuncia interpuesta.

La construcción de la nueva terminal se adjudicó en 2012, por $679 millones. Los costos adicionales sumaron $238 millones. De fondos de esta terminal, Odebrecht pagó sobornos a Aguia (águila), Feira (apodo de Joao Santana, estratega de campaña de José Domingo Arias), Alemao, Salario, Periquito y Cachaza. Aguia y Feira acumularon $2.2 millones a través de Deltora Enterprises Group.

Otros $350 mil fueron para Alemao, a través de Herzone Overseas Ltd, que según delatores, su beneficiario es el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima. El resto de los pagos del aeropuerto se dividieron entre Idaho Holdings Ltd., Metx Trading Corporation, Sarawak Corp. y ZB International Ltd., cuyos beneficiarios se desconocen.

Brazos ‘auxiliares’

En la ampliación del aeropuerto, Odebrecht movió millones de dólares a través de la subfacturación de la panameña Cipsa (Compañía Internacional de Proyectos, S.A.), parte de las “empresas auxiliares” de Odebrecht, según documentos del SOE.

También, en archivos borrados, figuran directrices relacionadas a esta obra, dirigidos a o redactados por Noshua, Vismark y Waterloo, todos operarios del SOE. Waterloo era Fernando Migliaccio, tesorero del SOE, en tanto que Noshua era el asistente de Marcos Grillo, alias Vismark, encargado de engrosar los fondos para los sobornos.

Desde el correo waterloo@drousys.com se dieron directrices para “Tocumen Airport Project”, el 21 de junio de 2013. Lo mismo que de Noshua, que describía otros pagos “ENC: Payment invoice CIPSA x PW 2014-PWT-001 Panama Tocumen Procurement USD 2,424,738.86” y “Another New Operation Panamá (Tocumen Airport)-USD 897,930” y “RES: Mais uma Operação: Panamá (Aeroporto Tocumen) USD 907,000”. Todos estos correos, de noviembre de 2014, fueron eliminados en enero de 2015 y solo quedaron unas pocas huellas.

Se intentó contactar a Juan Carlos Pino, exadministrador de Tocumen, S.A., pero no contestó.

Pino tiene una medida cautelar relacionada a otra investigación referente a contrataciones del aeropuerto.

Obras del aeropuerto

Este diario confirmó por fuentes vinculadas a la investigación que Cipsa es subsidiaria de Odebrecht. Su agente residente es la firma Nieto, Urriola y Asociados. Cipsa fue disuelta en mayo de 2015, la cual era presidida por Gelsys Nieto, que es, a su vez, representante de la mencionada firma. Cipsa tenía como directora a Yaritza Romero (también socia de la citada firma forense). Al llamar al número de contacto, respondieron de Geo Overseas Group, en cuya directiva figuran Romero y Walkyria Pittí, esposa del hoy exdirector de la Autoridad Marítima de Panamá Jorge Barakat. Romero fue asistente personal de Barakat, mientras que Nieto contestaba las comunicaciones de Odebrecht referentes a Cipsa desde su correo de Geo Overseas.

Se intentó contactarlas, pero dijeron que Cipsa fue disuelta y que nadie respondería, se les dejó mensajes con las preguntas, pero no atendieron. Quien sí lo hizo fue Pittí, que negó tener alguna vinculación, “nunca he prestado servicios legales ni he tenido relación comercial con las empresas mencionadas”, aseguró por correo, pero no dio una entrevista. Barakat guardó distancia y dijo: “no participo de esa sociedad [Geo Overseas]”. Geo Overseas ofrece soluciones legales, fiscales y administrativas.

En el Drousys se refleja que Cipsa facturó por acuerdos de servicios técnicos, estudios y diversas consultorías para obras de Odebrecht en múltiples países. Los pagos y directrices de Cipsa vienen de la mano de la española Eathisa Ingeniería y Servicios, y de la holandesa Convergence Capital Partners (CCP), para asesoramiento de los proyectos.Por ejemplo, para República Dominicana, para una termoplanta y en Perú, para la autopista Costa Verde, pero ni los coordinadores de los proyectos han oído algo de Cipsa ni de las otras.Pese a que Cipsa prestaba supuestos servicios a Odebrecht, estados bancarios en el Drousys revelan que esta empresa depositó, al menos, $5 millones a sociedades del SOE usadas para enviar fondos destinados al soborno, como Klienfield. Odebrecht no respondió a preguntas sobre los servicios que le brindó Cipsa.

Otras subcontratistas fueron TTG Asociados -un estudio jurídico mexicano- y Turcon ConsultingServices, de Holanda y DSC Workshop.

En otro caso, Vismark (alias de Marcos Grillo) ordenó pagar $3.6 millones a Cipsa por servicios al saneamiento de la bahía en 2013 (ver facsímil), pero el coordinador de este proyecto (de agosto de 2018 a julio de 2019), Roberto De León Plicet, negó que Cipsa y DSC Workshop brindaran servicio alguno o que estuvieran registradas como subcontratistas, y no encontró referencia de ello en el tiempo previo a su gestión.

Del proyecto saneamiento de la bahía se pagaron más de $700 mil en sobornos en 2014 y 2015 a los alias C. Pequeño, Salario y Tres Mosqueteros, a través de las offshore Dianthus Services Ltd., Idaho Holdings Ltd., y de Formatel Overseas Corp. y Sarawak Corp. El coordinador de este proyecto fue Juan Antonio Ducruet, actual viceministro de la Presidencia, quien dijo desconocer de algún pago ilegítimo. Señaló que él estuvo en el puesto hasta el proceso de licitación, en 2009, y los contratos se firmaron durante la gestión de Ricardo Martinelli (2009-2014).

En el proceso de adjudicación de la obra hubo una demanda por supuestamente infringir normativas de contrataciones públicas, pero no prosperó.

Por otra parte, del proyecto mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado de Panamá se pagaron $3 millones en sobornos en 14 transacciones en 2014. Su coordinadora, la exdirectora del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible Danna Harrick, investigada en este caso, está prófuga.

Ella sería beneficiaria de la sociedad Ralfim, Ltd., receptora de más de $3 millones, según delatores. Esta sociedad, según las planillas de pago en el Drousys, recibió $1.5 millones de este último proyecto, bajo el alias Yemanja. Para estas obras también se hicieron subfacturaciones por $1.9 millones a Eathisa y $1.8 millones para Cipsa.

(Con información de Mónica Almeida, del diario El Universo de Ecuador; Milagros Salazar, de Convoca en Perú; Alicia Ortega, de Noticias SIN, República Dominicana y Alex E. Hernández, de La Prensa, Panamá).