Los tiempos en los que el canciller Schröder arremetía contra la España de Aznar por incrementar el PIB a costa de Alemania -”es bonito crecer gracias al dinero alemán”, llegó a decir el germano en pleno maná de fondos europeos-, están llegando a su fin. Aunque las negociaciones están todavía muy verdes, lo cierto es que el Gobierno se prepara para un cambio transcendental. España dejará de ser muy pronto beneficiario neto de los fondos de cohesión de la Unión Europea. O lo que es lo mismo, pagará más dinero a la UE del que finalmente reciba.

El motivo tiene que ver con que la Comisión Europea ya ha reclamado incrementar las aportaciones de los Estados miembro (IVA, PIB y recursos tradicionales como los aranceles) para poder disponer de mayores recursos para sus políticas propias, pero también por la salida de un contribuyente neto como es el Reino Unido. Esto hará que algunas comunidades autónomas queden fuera del paraguas financiero que ahora ofrece la UE. En particular, aquellas que en los últimos años han podido converger más con Europa en términos de riqueza relativa.

Hay que tener en cuenta que la UE considera regiones menos desarrolladas a aquellas cuyo PIB per cápita sea inferior al 75% del PIB medio de los 27 países miembros. Esta es la situación actual de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. La dotación para todas las regiones europeas ascenderá entre 2014 y 2021 a 164.279 millones de euros, lo que da idea de su importancia.

Igualmente, se consideran regiones en transición aquellas cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75% y el 90% del PIB medio de la UE, mientras que, en este caso, la dotación pactada asciende a 31.677 millones de euros. Canarias, la Comunidad Valenciana o Castilla y León se encuentran dentro de esta clasificación. De cualquier manera, sumas ingentes que hoy están en el alero.

En el último sexenio, España ya ha sido contribuyente neto en dos ocasiones (en 2014 pagó 1.543 millones más de lo que ingresó y, en 2016, el saldo financiero negativo en términos de caja fue equivalente a 523 millones de euros), pero ambos ejercicios han sido la excepción y no la regla durante las últimas tres décadas. De hecho, si se cumplen las previsiones, España habrá ingresado en 2017 casi 826 millones de euros más de lo que reciba. Un excedente que se sitúa ya muy por debajo de los años 90 o de la primera década de este siglo, cuando se sobrepasaban los 5.000 millones de euros de saldo positivo cada anualidad.

Fuente: Analistas Financieros Internacionales.

Esos tiempos quedan ahora muy lejos, lo que explica que el Gobierno se conforme con que al final de las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 -el techo de gasto de la UE- España quede con un saldo entre ingresos y pagos lo más equilibrado posible. Todo indica que en el Consejo Europeo del próximo mes de febrero los jefes de Estado y de Gobierno romperán las hostilidades y España, si no hay cambios drásticos, tiene todas las de perder.

Más I+D+i, menos desarrollo regional

No en vano, Bruselas necesita cubrir los 10.000 millones de 'agujero' que le dejará el Reino Unido por dos vías. O aumentando las aportaciones nacionales o reduciendo el gasto en políticas de cohesión y desarrollo, toda vez que en el horizonte de la próxima década lo que se quiere es potenciar las políticas de conocimiento (I+D+i o cualificación profesional), frente a la cohesión regional. Y en este asunto, España no las tiene todas consigo frente a países como Polonia o Hungría, con niveles de riqueza relativa sensiblemente inferiores.

Fuente: Analistas Financieros Internacionales.

Hay que tener en cuenta que el contexto actual de las negociaciones es muy diferente al que existía en el vigente Marco Financiero Plurianual, pactado contrarreloj en febrero de 2013. Es decir, en plena crisis europea. En aquel momento, la recesión obligó a aplazar nuevamente la vieja idea de la Comisión Europea de elevar las aportaciones de los Estados hasta el 1,2% del PIB (hoy se sitúa en el 1%). Lo que pretende ahora la Comisión -no el Consejo ni el Parlamento- es dar preferencia a la utilización de instrumentos financieros (acceso a los mercados) frente a la generalización de las tradicionales subvenciones a la actividad.

Políticas migratorias

Ahora, por el contrario, y en un contexto de recuperación económica, no parece haber excusas para que la Comisión Europea no vea incrementados los recursos propios, que son los ingresos asignados en los presupuestos nacionales para que la UE pueda ejecutar sus políticas. Sobre todo, cuando existen nuevos retos, como el coste económico de las políticas migratorias, ausentes de forma relevante en las anteriores perspectivas financieras de largo plazo. La última palabra, en todo caso, dependerá del fuego cruzado entre la propia Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo.

De hecho, el actual marco presupuestario recogió una reducción del 3,4% en el techo de gasto de la Unión Europea, hasta el 1% de la Renta Nacional Bruta de la UE -equiparable al PIB-.

El hachazo será todavía más evidente si se tiene en cuenta que las políticas de cohesión representan la segunda partida en importancia (tras las subvenciones agrícolas) de la UE, lo que significa, lisa y llanamente, que el margen de maniobra para reconducir el presupuesto está precisamente ahí. Expresado en números, eso significa que si en el actual marco financiero plurianual se destinarán 366.791 millones a fondos estructurales y Fondo de Cohesión, un recorte del 10% significaría casi 37.000 millones de euros menos para distribuir, y España, que es el país más beneficiado en términos absolutos (aunque no relativos), es, lógicamente, quien más tiene que perder.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el Gobierno contabilizó que España recibiría 4.647 millones de euros procedentes de los fondos estructurales, y otros 177 millones a cargo del Fondo de Cohesión, de cuyo paraguas financiero saldrá con toda seguridad. Otros 5.635 millones habrán venido de la aplicación de la PAC (Política Agraria Común), más otros 1.010 millones destinados al desarrollo rural. Un reciente estudio de AFI estimó que desde 1986, fecha de la adhesión, España había recibido unos 81.000 millones de euros a cargo de las políticas de desarrollo regional. Ese maná es el que ahora está en peligro.