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El gabinete presidencial se ajustó a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y los 28 integrantes del primer equipo presidencial hicieron pública su declaración patrimonial, fiscal y de probable conflicto de interés.

Al cierre de esta edición, sólo eran dos altos funcionarios, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero —quien tiene un carácter autónomo—, y el director del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), general Audomaro Martínez —que no forma parte del gabinete legal y ampliado—, cuya información no había sido actualizada en el portal Declaranet, puesto que sólo se contaba con datos patrimoniales hasta 2003.

A unas horas de que venciera el plazo que dio el titular del Ejecutivo federal (el último minuto de ayer), hasta la medianoche de ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó difundir de manera “parcial” sus bienes, sin detallar sus inversiones, cuentas bancarias, otro tipo de valores y el saldo. La funcionaria también declaró no tener ningún posible conflicto de Interés.

La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y encargada de la política interna del país reportó ingresos mensuales por 120 mil 583 pesos, además de “otros ingresos” sin especificar, por 228 mil 78 pesos (pensión como ministra), es decir, mensualmente percibe 348 mil 661 pesos.

Dijo poseer un terreno rústico con una superficie de 380 mil metros cuadrados, por el cual en 1992 pagó 90 millones de “viejos pesos”; así como un departamento de 318 metros cuadrados, por el cual desembolsó 2 millones 711 mil 961 pesos, en 2004. No incluyó los bienes a nombres de su cónyuge, dependientes económicos u otros.

Cuenta con tres cuentas bancarias, dos fondos de inversión y “otros”, de las cuales no especificó los montos, además de que no reportó ningún adeudo a su nombre.

El pasado martes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, para que presentaran sus declaraciones de bienes completas (patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés), pero sobre todo para que las hicieran públicas o no trabajarían en su gobierno.

“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno”.

La primera vez que el Jefe del Ejecutivo puso el tema de las declaraciones patrimoniales sobre la mesa fue el pasado 3 de enero, cuando el Presidente advirtió su equipo de trabajo que aquellos que mantuvieran ocultos sus bienes no podrían trabajar en su gobierno: “Por cuestiones de índole moral, todos debemos dar a conocer los bienes y el que no los dé a conocer, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.

En tanto, el nuevo fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su declaración patrimonial de inicio y de conclusión del cargo durante el tiempo que fungió como encargado de despacho de la entonces PGR, del 1 de diciembre de 2018 al 17 de enero de 2019.

En ambas declaraciones el funcionario federal se opuso a dar a conocer sus bienes patrimoniales y probable conflicto de interés.

En el caso del general Audomaro Martínez Zapata, hasta las 00:00 no había subido su declaración de inicio de gestión como titular de la Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, no ha hecho pública su declaración de posible conflicto de interés, pero sí sus datos patrimoniales.

El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, mantuvo su decisión de no querer hacer pública su declaración de posible conflicto de interés, a pesar de que fue director de Fundación Azteca, vinculada con Banco Azteca, empresa que participará en los programas sociales del gobierno federal.

En el caso de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, fue hasta ayer a las 20:00 horas cuando presentó su declaración patrimonial de inicio de gestión.

El funcionario reportó que gana mensualmente 149 mil 16 pesos como servidor público y que adquirió por medio de un crédito un automóvil Honda modelo 2017, el 21 de febrero de ese año.

El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas indicó que cuenta con dos tarjetas de crédito y que compró, sin detallar el costo, muebles y accesorios para su casa, de la cual no proporcionó datos.

Mientras que la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Ortiz Mena, rectificó su postura e hizo pública su declaración patrimonial y su posible conflicto de interés.

González Ortiz Mena indicó que sus ingresos mensuales suman 135 mil pesos, de los cuales 105 corresponden a su salario como secretaria y el resto por otras actividades profesionales, además de que cuenta con un auto Ibiza 2015, por el que pagó de contado 85 mil pesos el 19 de mayo de 2016.

En su declaración de posible conflicto de interés, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que es asociada de Acajungla, ubicada en Palenque, Chiapas, y de la que es fundadora. En su página de internet, Acajungla, A.C, dice ser una asociación civil no gubernamental, sin fines de lucro y que opera en el ecoparque Aluxes.