Un comunicado de los empleados de la empresa Arsat, primero, y ayer un informe televisivo que dio a conocer un preacuerdo para el desarrollo del largamente demorado Arsat 3 entre la compañía argentina y la norteamericana Hugues Network Systems, de los Estados Unidos, despertaron una acalorada controversia en medios especializados y redes sociales.

Entre otras precisiones técnicas, la carta de intención establece que se crearía una nueva sociedad, llamada provisoriamente Newco, cuyo objetivo específico será desarrollar y operar el Arsat 3, y que por lo menos el 51% del paquete accionario de esta nueva empresa corresponderá a Hughes, que podrá definir la contratación de los gerentes y la política de la empresa.

Según este documento, el Arsat 3 se fabricaría en Invap, con la misma estructura de las misiones previas (Arsat 1, puesto en órbita en 2014, y Arsat 2, en 2015) a un costo solventado por la compañía argentina de 230 millones de dólares. Hughes aportaría el segmento terreno, con una inversión de 50 millones de dólares.

Hace algunos días, durante una entrevista realizada en el noticiero PM de LN+, Rodrigo de Loredo, actual presidente de Arsat, consideró que esta asociación es perfectamente lícita y afirmó que “de ninguna manera viola ley”.

“Así como hemos firmado contratos con Hughes, que son contratos confidenciales para empezar a estudiar las cargas útiles, hemos firmado con muchas empresas –dijo–. La verdad es que el gran desafío que tenemos es mostrarle al mundo entero que los argentinos podemos construir un satélite y podemos exportarlo, y [es positivo] que terceros interesados estén dispuestos a invertir en nuestro satélite con nuestro recurso humano y con nuestro producto nacional”.

Críticas

Sin embargo, al difundirse los detalles de la posible asociación surgieron también las críticas. “Están delegando atribuciones que están prohibidas en la Ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital –opinó Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y nexo entre Arsat y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante la última gestión–. Se decía que no se avanzaba con el Arsat 3 porque no había fondos, y finalmente se propone financiarlo con los mismos 230 millones de dólares que estaban previstos y los pondrá todos Arsat. Por otro lado, se aducía que la plataforma tecnológica utilizada en las misiones 1 y 2 estaba obsoleta, y el convenio dice explícitamente que para el Arsat 3 se va a seguir utilizando la misma. No se entiende porqué se le daría a una empresa extranjera todo el control de la banda ancha satelital en el espectro Ka. En 2015, la Argentina tenía el 20% del mercado. ¿No era razonable que el Estado se quedara con un segmento del espectro?”.

El objetivo de Newco será, precisamente, ofrecer servicio de banda Ka desde las posiciones orbitales de 81° Oeste o 72° Oeste (las dos asignadas a la Argentina) o en una nueva que el país ya estaba tramitando. Arsat deberá ocuparse de obtener la posición geoestacionaria del tercer satélite de comunicaciones y todas las autorizaciones legales, regulatorias y gubernamentales requeridas para brindar servicio de banda ancha satelital en la Argentina.

También para Guillermo Rus, ex vicepresidente de Arsat, “este acuerdo va en contra de la Ley 27.208 . Todo cambio en la constitución de Arsat debe ser aprobado por el Congreso. Nosotros no tenemos una industria espacial madura, como China o Estados Unidos, pero ni siquiera las potencias que pueden manejar todos los componentes se asocian con países extranjeros libremente, porque las economías y las industrias estratégicas no se extranjerizan así nomás. En virtud de este acuerdo, Arsat quedaría condicionada a los intereses de una empresa privada norteamericana. Es grave.”

El artículo 8° de la mencionada ley establece que “el capital social de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. Y el artículo 10° estipula que “Cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de las Telecomunicaciones, definidos en la ley 27.078 ‘Argentina Digital’, que pertenezcan o sean asignados a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, requerirá autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

Tanto Rus como Aliaga destacan que Arsat se había concebido no solo con el objetivo de dar servicios, sino también como una herramienta para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación made in Argentina.

Apertura

Pero no todos están de acuerdo con esta visión. Entre los que respaldan la apertura del espacio satelital a empresas extranjeras está José Antonio Sánchez Elía, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, cuyas declaraciones fueron citadas por Aliaga en un largo análisis sobre el tema publicado en Twitter. “Me resulta injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestra industria satelital –afirmó Sánchez Elía–. La Argentina necesita integrarse al mundo, nuestro pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible.” En los últimos 18 meses se autorizó la operación de 12 satélites de bandera extranjera en suelo local.

En un comunicado difundido en las últimas horas, la empresa satelital argentina destaca que “Arsat seguirá siendo propiedad del Estado Nacional. La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos. [La compañía] ha celebrado documentos comerciales con diversas compañías importantes en la industria de telecomunicaciones. La Carta de Intención es una herramienta usual en nuestra práctica, cuya finalidad es establecer una serie de lineamientos en el caso de que las partes celebren un acuerdo. Cualquier acuerdo posterior que se firme debe estar bajo el amparo y cumplimiento de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. (...) El objetivo final de esta carta de intención es que un tercer satélite construido por la industria nacional, reciba inversión directa para su confección. (...) Para dejarlo en claro, no hay ninguna participación de Hughes ni de ningún otro operador privado en la explotación de los activos de la empresa Arsat, sean sus satélites o su red de fibra, data center o infraestructura de televisión. Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con el impuestos de los argentinos. Por eso, Arsat-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados. Sería una muy buena noticia que se pudiera exportar nuestra producción satelital al mundo y que Hughes como cualquier otra empresa del sector, estén dispuesto a ello. Las posibles inversiones de empresas privadas en satélites argentinos, no hace más que afirmar el trabajo y confianza recibida por el sector espacial mundial y permite implementar nuevos satélites sin fondos del Tesoro nacional.”