La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) reportó como viviendas dañadas por los sismos de septiembre del año pasado 44 mil casas que tienen la misma dirección, y dejó fuera del censo de damnificados a más de 8 millones de personas, a pesar de que éstas viven en municipios que fueron declarados oficialmente como zona de desastre.



Además, la dependencia presentó inconsistencias en el número de viviendas censadas con daños, y en los reportes de entrega de recursos para atender a los damnificados.



Estas son algunas de las principales irregularidades vinculadas a la reconstrucción de viviendas por los terremotos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su segundo informe de la Cuenta Pública 2017, y que el nuevo auditor, David Colmenares, presentó ayer ante la Cámara de Diputados.



En el informe, la ASF denuncia que las bases de datos de la Sedatu, que incluyen el censo de los beneficiarios por los daños de los sismos, presentan “inconsistencias” graves, como la existencia de datos duplicados.



Por ejemplo, en la base de viviendas dañadas que la Sedatu entregó al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para que éste liberara los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), la Auditoría detectó que 44 mil 506 viviendas reportadas con daños por los sismos se encuentran ubicadas en la misma dirección; es decir, que todas tienen las mismas coordenadas y están en una sola ubicación.



La ASF denunció que a otras 13 mil 347 viviendas se les otorgó el mismo número de folio de afectadas, lo que para el órgano fiscalizador, “evidenció la ausencia de información confiable para contar con un padrón de beneficiarios”.



La Auditoría también detectó un “baile de cifras” en cuanto a las viviendas dañadas por los dos temblores de septiembre y los recursos entregados.



Por un lado, la Sedatu reportó al Bansefi 172 mil viviendas afectadas en su diagnóstico definitivo de daños, mientras que los 10 subcomités de Evaluación de Daños que se instalaron para la atención de 401 municipios afectados, reportaron 75 mil 945 casas afectadas, un 126 % menos.



En cuanto a los montos entregados por daños, la ASF señala que tras analizar 11 actas de reportes que le entregó la Sedatu, documentó 9 mil 442 millones de pesos por daños ocasionados por los temblores en viviendas, cifra que difiere en 688 millones 991 mil pesos respecto de los 10 mil 131 millones que la Sedatu reportó en su diagnóstico definitivo de daños.



Sobre este punto, la Auditoría denunció que “se desconoce el parámetro para calcular el monto total de daños ocasionados”.

El extraño caso de Santiago Miltepec

Como parte de las inconsistencias en el reporte de afectaciones, la ASF destaca como ejemplo el caso de Santiago Miltepec, en Oaxaca.



De acuerdo con datos del Inegi, este poblado contaba en 2015 con apenas 114 viviendas habitadas por 393 personas. Sin embargo, en el padrón de viviendas dañadas que la Sedatu entregó a la ASF, la dependencia que dirige Rosario Robles asegura que levantó información de 1, 603 viviendas habitadas por 6 mil 412 personas, “sin que se acreditaran las causas de dichas inconsistencias”.



Esta cifra indicaría que entre 2015 y 2017, cuando tuvieron lugar los sismos, las viviendas en esa pequeña localidad aumentaron 1,306 %, que la población se incrementó en 1,531 %, y que el 100 % de las viviendas de Santiago Miltepec tuvo daños por los temblores.



Todo esto llevó a la ASF a concluir que la Sedatu “no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable para programar y priorizar los apoyos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas de la población afectada por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017”.

Dejan fueran del censo de daños a 8 millones de personas

Por otra parte, la Auditoría refiere en su informe que tras los temblores, 720 municipios en nueve entidades de la República, más la Ciudad de México, fueron enlistados como zonas de desastre natural y de emergencia extraordinaria, por lo que eran susceptibles de evaluación de daños en las viviendas, y de acceder a alguna de las ayudas gubernamentales.



Sin embargo, la Sedatu solo levantó información de posibles viviendas dañadas en 370 municipios y siete delegaciones de la capital, lo que representó una cobertura de apenas el 52.4 % de los 720 municipios y delegaciones declarados como zona de desastre.



¿Qué implicó esto? Que 343 municipios con declaratoria de emergencia se quedaron fuera del censo de damnificados, lo que, a su vez, se traduce en que 2 millones 451 mil 407 viviendas, en las que habitaban más de 8 millones de personas, fueron excluidas del diagnóstico de los daños “sin que la Sedatu explicara las causas”.



“La Sedatu no las consideró (a 8 millones 750 mil 407 personas) para elaborar el censo y padrón de beneficiarios, lo que impidió contar con información confiable para programar y priorizar la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas afectadas”, recalca la ASF.



En cuanto al personal que realizó el levantamiento de información de viviendas dañadas, la Sedatu no aportó documentación a la Auditoría que acredite el número de personas que participaron en las brigadas de recolecta de datos, ni la información de quiénes llevaron a cabo la verificación de los daños sufridos en las viviendas.



La Sedatu, por su parte, alegó en respuesta a la ASF que en el país “no se tiene un equipo de brigadistas que se encargue, cuando se requiere, de levantar la información para conocer los saldos de los daños que resultan de la ocurrencia de sismos de magnitudes similares a las del 7 y 19 de septiembre de 2017”.



Por estas inconsistencias, la ASF realizó en total 9 observaciones a la Sedatu, que, a su vez, generaron 26 recomendaciones al desempeño de la dependencia en el tema de reconstrucción de viviendas ocasionadas por sismos.



Aquí puedes leer el informe completo de la ASF.