CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las familias de dos estudiantes fallecidos por el sismo del pasado 19 de septiembre en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Ciudad de México, interpusieron hoy dos denuncias penales por el presunto delito de “homicidio por dolo eventual” contra quien resulte responsable.

Las familias de los estudiantes Juan Carlos Álvarez Díaz-González y de Edgar Michel Anzano González, ambos de 19 años, interpusieron sus respectivas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX).

Ambos estudiantes fallecieron debido a que les cayeron encima cuatro puentes superpuestos, los cuales descansaban sobre endebles soportes de apenas 15 centímetros de longitud y que, además, ya habían resultado dañados por el sismo anterior, el del 7 de septiembre, sin que las autoridades del Tecnológico hicieran nada.

El abogado de ambas familias, Gabriel Regino, dijo al salir de la procuraduría capitalina, tan pronto interpuso las denuncias:

“Estamos ante un homicidio. En presencia de lo que, para algunos sectores, se denomina técnicamente homicidio por dolo eventual. Pero ya será la autoridad judicial la que determine”, dijo.

Regino aseguró que el sismo del 7 de septiembre ya había provocado “afectaciones estructurales” en esos cuatro puentes superpuestos, los cuales unían a dos edificios escolares, Aulas II y Aulas III, y aun así las autoridades del Tec no hicieron nada para evitar el peligro.

“Las autoridades no tomaron medidas de protección civil, no tomaron providencias como acordonamiento, evacuación o suspensión de labores”, agregó.

Sobre los estragos que provocó el sismo del 7 de septiembre, el abogado indicó que los mismos estudiantes “tomaron fotografías de desprendimiento de material, cuarteaduras en los puentes y los edificios. Pero las autoridades del Tecnológico los instaron a que no hicieran públicas estas fotografías que se estaban ventilando a través de sus chats internos”.

Luego de señalar que estas y otras evidencias servirán como “material de prueba”, el abogado enfatizó que en el lapso de 12 días que va del sismo del 7 al del 19 de septiembre, las autoridades del Tecnológico no hicieron absolutamente nada. Afirmó:

“Estamos ante un caso de negligencia criminal. Es preocupante que durante 12 días no se haya hecho nada”.

Por lo pronto, el litigante indicó que le pedirán a la Procuraduría capitalina que cite a declarar al jefe de Seguridad del campus Ciudad de México del Tecnológico, así como a su vicerrector y al ingeniero que certificó la seguridad de esas instalaciones.

“Queremos que la autoridad investigue por qué las autoridades del Tecnológico de Monterrey dejaron de actuar como la ley se los exigía”, aclaró.

También aseguró que el Tecnológico de Monterrey “privilegió lo mercantil por encima de la protección civil”, al construir de manera “acelerada” los puentes y los edificios a fin de captar un mayor número de estudiantes.

A Gabriel Regino lo acompañaron el señor Juan Carlos Álvarez Blanco, padre del estudiante fallecido Juan Carlos Álvarez Díaz-González, quien comenzaba a estudiar la carrera de ingeniería industrial; y la señora Ofelia González Neri, madre del estudiante también fallecido Edgar Michel Anzano González, quien estudiaba ingeniería en sistemas computacionales.

Ambos padres aclararon que no buscan “ninguna indemnización económica”, pues lo único que los mueve, recalcaron, es “que se haga justicia y se castigue a los responsables”.

La semana pasada, el mismo Tecnológico de Monterrey dio a conocer un peritaje que le mandó realizar a esos puentes colapsados, el cual concluyó que las “ménsulas” que soportan los extremos de esos puentes medían apenas 15 centímetros de longitud, por lo cual “no fueron lo suficientemente largas” como para seguir sosteniéndolos con el movimiento provocado por el sismo del 19 de septiembre.

Con este peritaje, el abogado Gabriel Regino indica que el mismo Tecnológico está aceptando lo endeble y peligrosas que resultaban esas estructuras.

“Pero nosotros lo que principalmente estamos cuestionando es la negligencia criminal de las autoridades, el no haber actuado para salvaguardar la integridad de sus alumnos. Eso es lo más importante”, concluyó.