Uber envió mails a los 4000 choferes que le prestan servicio recomendándoles que “regularicen su situación ante la AFIP”. La misiva apunta a que la empresa que terceriza los pagos a los conductores (no es UBER, sino una firma local de pagos) comenzará a retenerles el impuesto correspondiente. La intención es que los conductores independientes estén inscriptos en el monotributo, puesto que varios de ellos facturarían entre 5000 y 8000 pesos por semana. Y no quieren sumar más contraptiempos a su larga lista desde que desembarcaron en la Argentina.

Así, según pudo saber La Nación, Uber intenta mejorar su puntuación frente a un abanico de exigencias del Estado que obvió en un primer momento, y que hoy le están cercando los caminos de su negocio, impidiendo a los usuarios el pago con tarjetas de crédito, por ejemplo.

Uber y el gobierno porteño no volvieron a sentarse en una mesa de diálogo. La Ciudad lanzó BA Taxi para hacerlo un guiño a los competidores de Uber, pero en realidad, a Uber esa competencia le importa poco o nada. Sí, en cambio, hoy pesa sobre sus espaldas la decisión de funcionar por fuera de las normativas del transporte de pasajeros. La Justicia, en algunos casos, le dio la razón al gobierno: le prohibió a la empresa pagos electrónicos, le recortó pasajeros y, de alguna manera, le restringió el margen de ganancias.

Uber, que aún no volvió a tocarle el timbre al jefe de gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta, prepara una contraofensiva: quiere aterrizar en otros lugares del país, donde no deba afrontar tantos requerimientos legales, para mostrar cómo la gente elige su servicio, por precio y calidad.

Pero lo que más le interesa es la ciudad de Buenos Aires. Conquistar ese mercado. Un potencial mercado que al principio lo vió muy a su favor, pero que, por ahora, sin ajustarse a las exigencias normativas, le resulta esquivo.