“Si te quedas en el rancho te vamos a volver a hacer lo mismo. A la otra ya no te van a soltar. Si te quedas ahí nos vamos a comer a tu niña viva”, cuenta Rosa (nombre ficticio) de 61 años, indígena tepehuana, originaria de Durango. Hace 4 años tuvo que huir del rancho en el que vivía a la ciudad con sus dos hijos, después de ser retenida cuando intentaba pagar el rescate de su hijo mayor al que ya no volvió a ver y por el que entregó 500.000 pesos a un grupo perteneciente a ‘Los Zetas’.

Como ella, más de 300.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus lugares de origen por la violencia generalizada en México. Los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado durante periodos prolongados, la proliferación de grupos delictivos, las luchas entre cárteles por las rutas de distribución de droga, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad en los municipios han sido las principales causa del desplazamiento interno.

Solo entre 2016 y enero de 2017 al menos 21.031 personas como mínimo, tuvieron que huir de sus estados de origen, abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida. Amenazados bien por el crimen organizado o por los operativos de seguridad del Ejército y la Marina, estas más de 20.000 personas forman parte de una lista que no ha parado de crecer desde que comenzara la guerra contra el narco en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Los desplazados forzados son la cara invisible de un éxodo que se produce en al menos 12 de los 32 estados del país y que de manera compleja recogen las estadísticas y los medios de comunicación. En ocasiones la movilización se produce en masa, con el desplazamiento de familias enteras que abandonan sus municipios o comunidades, sin embargo, en otros casos, la huida se lleva a cabo de manera individual. Periodistas, activistas, estudiantes, médicos, profesionistas y empresarios medios son los más amenazados.

“Por ejemplo, en 2015, en Sinaloa se registraron desplazamientos masivos por el actuar del Ejército en busca del Chapo Guzmán y sus familiares” dice Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (CMDPDH).

Según el último informe de esta comisión, 310.527 personas como mínimo, son desplazadas forzadas desde 2009. Solo en el último año, se registraron 29 episodios de desplazamientos internos masivos a nivel nacional. Durante el último año, Michoacán fue el mayor expulsor de población de todo el país. Al menos unas 10.000 personas abandonaron la región de la ‘Tierra caliente’ en 2016. Le siguen Sinaloa con 4.200 personas, Chihuahua donde se desplazaron 4.700 y Guerrero, que expulsó a 1.600 y que registró el mayor número de desplazamientos en comunidades. Entre los estados más conflictivos también se encuentran Veracruz, Durango, Tamaulipas y Chiapas con movilizaciones internas.

En al menos el 25% de los desplazamientos masivos contabilizados, la población obligada a salir de su territorio era de origen indígena, en su mayoría mujeres. “Madres que se vieron obligadas a huir para proteger su vida y la de los suyos. Este grupo vulnerable suele estar formado además por niños y ancianos”, señala Brenda Pérez.

Desde la CMDPDH denuncian que no existan organizaciones de la sociedad civil, autoridades o medios de comunicación que den un seguimiento a los desplazados en México. “Es fundamental que haya un reconocimiento del problema para que se puedan generar políticas públicas y que se creen programas a nivel nacional de atención a la población desplazada. Pero para ello hay que hacer primero un diagnostico. Que se identifiquen los territorios de salida y de llegada y cuáles son las características y las necesidades que tiene este sector poblacional para que se cree una ley general de desplazamiento en el país”, apunta Brenda Pérez.