La imagen típica de la quiebra democrática es un general deponiendo, y substituyendo, a un presidente electo. Esa substitución solía implicar un cambio de gobierno pero, sobre todo, un cambio de régimen. El adjetivo clásico era militar: un golpe militar daba lugar a un régimen militar. Pero éste era un sobreentendido que no hacía falta reforzar: ¿de qué otro tipo podía ser un golpe? Eso cambió. Abundan ahora todo tipo de calificativos: golpe blando, suave, parlamentario, constitucional, judicial, electoral, de mercado, en cámara lenta, de la sociedad civil… Encontramos la palabra “golpe” aplicada a la renuncia de Raúl Alfonsín en 1989, a la destitución de Manuel Zelaya en 2009, al impeachment contra Dilma Rousseff en 2016 y a la intervención judicial sobre el congreso venezolano en 2017. Este estiramiento conceptual no debe ser naturalizado. Primero, porque transmite más confusión que información: los procesos que condujeron al poder a Augusto Pinochet y a Michel Temer fueron radicalmente diferentes, tanto en términos legales como en costo humano. Y segundo, porque acarrean distintas consecuencias: existen regulaciones internacionales que sancionan algunas interrupciones de mandato, pero no otras. Suena razonable imponer un embargo o suspender de una organización regional a un país gobernado por una junta militar, pero cobra menos sentido hacerlo con uno liderado por un vicepresidente constitucional. ¿Cómo fue que llegamos del concepto clásico de golpe a esta panoplia de subtipos disminuidos?

¿Cómo fue que llegamos del concepto clásico de golpe a esta panoplia de subtipos disminuidos?

Para determinarlo, realizamos una investigación que titulamos, parafraseando el texto clásico de David Collier y Steve Levitsky, “golpes con adjetivos”. En él observamos que, aunque los golpes de estado son cada vez más infrecuentes, son cada vez más mencionados. ¿A qué se debe este desfasaje entre lo que observamos y lo que nombramos? Logramos identificar tres causas. La primera es que, aunque los golpes son cada vez más infrecuentes, la inestabilidad política no lo es: en América Latina, varios presidentes vieron su mandato interrumpido en los últimos treinta años. Autores como Aníbal Pérez Liñán (2009) demostraron que las causas son distintas, y las consecuencias también: ahora, aunque los presidentes caigan, la democracia se mantiene. Sin embargo, la inercia lleva a usar la misma palabra que utilizábamos antes, como si Augusto Pinochet y Michel Temer encarnaran el mismo fenómeno. La segunda causa es lo que en psicología se llama “cambio conceptual inducido por la prevalencia” (Levari et al. 2018), un fenómeno que consiste en expandir la cobertura de un concepto cuando su ocurrencia se torna menos frecuente. Una forma más intuitiva de denominar a este fenómeno es inercia. La tercera causa es la instrumentación política: a quienes sufren la inestabilidad les sirve presentarse como víctimas de un golpe y no de su propia incompetencia o de un procedimiento constitucional como el juicio político. El contraste entre los “golpes” actuales y los golpes clásicos es tan evidente que hacen falta adjetivos para disimularlo.

¿A qué se debe este desfase entre lo que observamos y lo que nombramos? Primero, aunque los golpes son menos frecuentes, la inestabilidad política no lo es. Segundo, inercia. Tercero, quienes sufren la inestabilidad les sirve presentarse como víctimas de un golpe.

Un golpe clásico significaba la interrupción inconstitucional de un gobierno por parte de otro agente del estado. Los tres elementos constitutivos eran el blanco (el jefe de estado o gobierno), el perpetrador (que era otro agente estatal, generalmente los militares) y el procedimiento (que era secreto, rápido y, sobre todo, ilegal). En la actualidad, aunque las interrupciones de mandato siguen ocurriendo, es cada vez más infrecuente que contengan los tres elementos. En ausencia de uno de ellos, se multiplicaron los calificadores que, buscando justificar el uso de la palabra golpe, dejan en evidencia que no lo es tanto.

Interrupciones clásicas y golpes con adjetivos

Nosotros argumentamos que la proliferación de adjetivos confunde cuatro fenómenos diferentes, que se expresan gráficamente en la Figura adjunta. De la combinación de los tres elementos constitutivos clásicos emergen las siguientes posibilidades:

Si el perpetrador es un agente estatal, el blanco es el jefe de estado y su destitución es ilegal, estamos frente a un golpe de estado clásico. Los ejemplos típicos incluyen la substitución de Salvador Allende por Augusto Pinochet en 1973 y la de Isabel Perón por Jorge Videla en 1976. Si el jefe de estado es destituido ilegalmente pero el perpetrador no es un agente estatal, el acto sería una revolución. Sin embargo, los que prefieren estirar a entender usan “golpe de la sociedad civil”, “golpe electoral” o el más ubicuo “golpe de mercado”, que en el gráfico se designan “golpes con adjetivos del Tipo 1”. El golpe de mercado es citado como causa de la renuncia de Raúl Alfonsín en 1989, mientras Nicolás Maduro denunció un golpe electoral cuando perdió las elecciones legislativas en 2015. Si el perpetrador es un agente estatal y la destitución es ilegal pero el blanco no es el jefe de estado, presenciamos lo que se llama autogolpe. Esta palabra es engañosa, porque no se refiere a un golpe proferido contra uno mismo sino contra otro órgano de gobierno, como cuando el presidente cierra el congreso. Estos casos incluyen los llamados “golpes judiciales” y el “golpe en cámara lenta”, que nosotros denominamos “golpes con adjetivos del Tipo 2”. El autogolpe arquetípico es el de Alberto Fujimori en 1992, pero golpe judicial se aplica a casos como el de Venezuela cuando su corte resolvió, en 2017, retirarle las atribuciones legislativas al congreso. Si el perpetrador es un agente estatal y el blanco es el jefe de estado pero el procedimiento de la destitución es legal, se trata de un juicio político o, como le dicen en Estados Unidos y Brasil, impeachment. La controversia emerge porque, aunque el poder judicial ratifique el procedimiento, la víctima puede alegar parcialidad y cuestionar su legitimidad. Aquí surgen el “golpe blando”, el “golpe parlamentario” y el aún más paradójico “golpe constitucional”. Nosotros los llamamos “golpe con adjetivos del Tipo 3”. Las destituciones de Fernando Collor de Mello en 1992 y de Dilma Rousseff en 2016 han sido denunciadas por sus víctimas como golpes blandos o golpes parlamentarios, dado que no hubo utilización de fuerza militar pero sí anuencia judicial.

La claridad conceptual de académicos y analistas es más importante que nunca: porque sus definiciones pueden echar luz al problema o leña al fuego.

Los golpes con adjetivos se distinguen por la ausencia de uno (¡o más!) de los tres componentes clásicos del golpe de estado. El debate sobre si tal destitución fue golpe o no sigue encendiendo pasiones y, sin embargo, es cada vez menos relevante. Porque, últimamente, las democracias no quiebran cuando cae un gobierno electo sino cuando se mantiene en exceso, desmantelando los controles republicanos y esmerilando a la oposición.

Distinguir a un régimen democrático de uno autoritario es cada vez más difícil. Por eso, la claridad conceptual de académicos y analistas es más importante que nunca: porque sus definiciones pueden echar luz al problema o leña al fuego. El estiramiento conceptual y el abuso de adjetivos suma puntos en la lucha política, pero no ayuda a entender la realidad – y menos a mejorarla.

Este es un avance de los argumentos que serán publicados proximamente en el artículo “Coup with Adjectives: Conceptual Stretching or Innovation in Comparative Research?” en Political Studies.

Referencias

Collier, David and Steven Levitsky (1997) “Democracy with adjectives – Conceptual innovation in comparative research”, World Politics 49: 430-451.

Levari, David E., Daniel T. Gilbert, Timothy D. Wilson, Beau Sievers, David M. Amodio, and Thalia Wheatley (2018) “Prevalence-induced concept change in human judgment”, Science 360 (6396): 1465-1467.

Pérez Liñán, Aníbal (2009) Juicio político al presidente y la nueva estabilidad política en América Latina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.