A mediados de este año, el gobierno deberá presentar una nueva ley de Presupuesto y Rendición de Cuentas y los reclamos sindicales suelen tomar protagonismo. En ese marco, la central de trabajadores PIT-CNT elaboró un documento donde plantea distintas alternativas de financiamiento para cumplir con sus reclamos.

El Instituto Cuesta Duarte, el organismo asesor de la central en temas de coyuntura, propone aumentar la carga tributaria y no cumplir con el objetivo del Ministerio de Economía de llevar el déficit fiscal a 2,5% al final del período de gobierno para cumplir con los compromisos sociales asumidos por el gobierno. En esta Rendición de Cuentas es la última en la que se puede aumentar el gasto porque en 2019, año electoral, la Constitución lo prohíbe.

En un documento denominado El dilema presupuestal, al que accedió El Observador, el organismo asegura que para llegar al 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación en este período es necesario triplicar el aumento de gasto para este rubro en los próximos dos años. En los primeros tres años de gobierno, según el documento, el gasto en educación aumentó "a razón de poco más de 100 millones de dólares por año" por lo que sería necesario aumentar en US$ 300 millones en 2019 y 2020 para llegar a ese número.

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Según las proyecciones del Instituto Cuesta Duarte, en base a los números del gobierno sobre el crecimiento de la economía, el "aumento de gasto público inercial" sería del orden de los US$ 700 millones. Sin embargo, descontando los recursos destinados a reducir el déficit fiscal, ese dinero se reduciría a US$ 207 millones.

"Si sumáramos y quisiéramos cumplir con todo, nos queda un dilema presupuestal del orden de US$ 1.785 millones" para 2019 y 2020, dice el documento. Eso representa casi el 1,6% del PBI, según sus cálculos.

El Ministerio de Economía ya pidió al resto de los ministerios que todo aumento de gasto que propongan debe venir con su correspondiente financiación. "El espacio fiscal de esta Rendición de Cuentas tiene que ser igual a cero", dijo el ministro Danilo Astori a El Observador.

Entre los compromisos sociales, el PIT-CNT destaca el 6% para la educación, sumado a un 1% para Investigación y Desarrollo, igualación del gasto de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por persona al de las mutualistas, primera etapa del Sistema de Cuidados, mejora de las transferencias monetarias para los sectores más críticos, nivelación en una única asignación familiar, US$ 1.300 millones de vivienda incluidos en el compromiso de inversiones del Plan Quinquenal de Vivienda y salario vacacional para todos los trabajadores de la administración central y organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, servicios descentralizados, entes autónomos, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo)

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Para cumplir con esos compromisos la central plantea cuatro alternativas de financiamiento: aumentar impuestos, reducir el déficit fiscal en una menor proporción, revisar la exoneración de impuestos previstas en la ley de inversiones y en las zonas francas y redistribuir gastos.

Aumento de impuestos

"El país tiene margen para el aumento de la presión tributaria que es del 31% sobre el PBI (en Argentina es cerca del 34% y Brasil 37%) y además está muy mal distribuida, en especial en lo que se refiere al peso relativo de los impuestos al trabajo respecto al peso de los impuestos al capital", dice el documento que plantea tres cambios impositivos para aumentar la recaudación.

Aumentar el Impuesto al Patrimonio que, según el Instituto Cuesta Duarte, representa solo el 6% del total de impuestos y está previsto que eso se reduzca, es una de las opciones que plantea la central de trabajadores. "El impuesto tiene muy amplias exoneraciones cuyo valor equivale a más del 100% de lo que recauda", apunta el documento.

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Incrementar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) de 25% a 30% y evaluar las tasas de las rentas del capital (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas categoría 1) dándole progresividad al impuesto, son otras dos alternativas que plantean los trabajadores.

Además, también plantea "estudiar" que un porcentaje "menor de las reservas puedan ser destinadas para realizar inversiones por única vez" en áreas como la infraestructura.

Déficit fiscal

La central de trabajadores entiende que en caso de no plantearse de 2019 a 2020 reducir el déficit fiscal en un punto del producto (de 3,5% a 2,5%), los recursos adicionales serían de US$ 500 millones. También plantea una solución intermedia de reducir medio punto porcentual y disponer de US$ 250 millones.

El Ministerio de Economía fijó como objetivo reducir a 2,5% el déficit fiscal que en los últimos 12 meses cerrados a febrero se ubicó en 3,5%, según los datos del Banco Central.

Exoneraciones de impuestos

El Instituto Cuesta Duarte entiende que "es necesario abordar" la exoneración de impuestos previstas en la ley de inversiones y de zonas francas aunque "no tenga una incidencia inmediata en la coyuntura del dilema presupuestal puede influir en plazos más largos".

"El volumen de recursos que se pierde o renunciamos por estas exoneraciones al capital es aproximadamente de US$ 1.400 millones", agrega el documento.

Redistribución de gastos

Si bien la central de trabajadores plantea como una alternativa la redistribución de gastos para cumplir con los objetivos asumidos reconoce que "los espacios son escasos". El documento explica que los gastos presupuestales son muy rígidos pero, plantea, la redistribución puede ser una "opción complementaria".