Luis Bárcenas señala a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal como responsables últimos de la financiación ilegal del PP. El extesorero de la formación ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra su procesamiento por las cuentas B en el que apunta directamente a los secretarios generales y presidentes del partido como administradores y representantes legales de la organización.

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"Los administradores o legales representantes del Partido Popular son aquellos en los que el Congreso Nacional del Partido Popular otorga los poderes generales y habilitaciones especiales con carácter indistinto y solidario, con las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del Partido y para la comparecencia con plenas facultades ante todos los organismos de la Administración Pública", reza el escrito presentado por la defensa de Bárcenas.

De acuerdo a los estatutos del PP, esos responsables legales son los miembros de la cúpula del partido, es decir, los secretarios generales y presidentes de la organización. En las fechas en las que Álvaro Lapuerta y Bárcenas registraron las entradas y salidas de dinero en la contabilidad B del PP (1990-2008) esos cargos estuvieron ocupados por Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal. Además, la presidencia estuvo en manos de José María Aznar y Rajoy.

"Nuestro patrocinado no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política", añade el recurso interpuesto por el abogado de Bárcenas en contra del auto del juez Pablo Ruz que imputa al gerente y los extesoreros del PP por no haber declarado las donaciones del ejercicio correspondiente a 2008 (el único de los papeles no prescrito). A Bárcenas y Lapuerta se les imputa también un delito de apropiación indebida, por lo que el juez considera que el segundo se quedó con parte de ese dinero negro gracias a la colaboración del primero.

En su escrito, la defensa del extesorero del PP sostiene que "no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria", es decir, que no intervino en el supuesto fraude a las arcas públicas por no declarar el dinero que manejaba en la caja B.

"Los criterios jurídico tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del Gerente y Tesorero", zanja el recurso.