¡Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 29 Octubre, 2015 14:38 pm | Tiempo de lectura: 3 minutos Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 29 Octubre, 2015 14:38 pm | Tiempo de lectura: 3 minutos

La dirección de este organismo clave para la protección de los derechos de los ciudadanos está vacante. Su capacidad de acción se redujo de manera significativa y no puede iniciar juicios como prevé la ley.

El domingo último, al anunciar las medidas sobre el recuento de votos, Alejandro Tullio, director nacional electoral, invitó al defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, a explicar la experiencia de los defensores que supervisaron el proceso. No estuvo presente, sin embargo, el órgano que representa a los ciudadanos a nivel nacional: la Defensoría del Pueblo de la Nación y que tiene rango constitucional desde la reforma de 1994.

Según explicó el equipo de prensa de ese organismo a Chequeado, se debió a que cada Defensoría supervisó en su distrito y por una cuestión relacionada con jurisdicciones era complejo para la Defensoría nacional participar. Sin embargo, el hecho recuerda que hace más de seis años que este organismo se encuentra sin dirección.

En abril de 2009 Eduardo Mondino renunció al cargo de titular de Defensor del Pueblo de la Nación y todavía no fue reemplazado, lo cual significó que la actividad de la Defensoría se reduzca a niveles mínimos.

La Defensoría es el organismo que tiene que representar a los ciudadanos frente al Estado y a privados que prestan servicios públicos. Es un órgano autónomo, que depende del Congreso y la designación de su director está en manos de una Comisión Bicameral. Tiene entre sus facultades iniciar juicios y puede exigir documentación y realizar inspecciones, entre otras.

Gracias a estas facultades, la Defensoría intervino en el pasado en causas contra el Estado. En 2008, por ejemplo, lo hizo en la causa por la contaminación de la Cuenca Matanza- Riachuelo, y en 2007 demandó al Estado nacional y a la provincia de Chaco por las condiciones de vida de la comunidad Toba.

En 2009, cuando quedó sin director asumió el Defensor Adjunto, Anselmo Sella. Pero su mandato venció, a fines de 2013, y la Comisión Bicameral a cargo de la Defensoría dispuso que fuese el secretario general, Carlos Guillermo Haquim, quien quedase al frente. El problema es que al tratarse de un empleado administrativo no puede ejercer todas las funciones del Defensor. Por ejemplo: no puede iniciar juicios.

El trabajo de la Defensoría desde entonces se redujo significativamente. En un informe realizado por varias organizaciones civiles, se señala por ejemplo la poca actividad luego de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y 676 resultaron heridas. “La Defensoría no tuvo un rol proactivo, limitando su actuación al seguimiento de causas iniciadas con anterioridad al accidente mencionado, y a un pedido de informe en el marco de una de ellas”. En 2005, en cambio, la Defensoría había iniciado tres causas por el funcionamiento de los trenes.

El informe, que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2014, demuestra la baja de actividad del organismo:

–Entre 2005 y 2009, período en el que hubo un Defensor Titular, la Defensoría participó en 52 juicios (inició 26 causas judiciales y se requirió su participación en otras 26).

–Entre 2010 y 2013, período en el que estuvo a cargo el Defensor Adjunto, participó en cuatro causas judiciales, de las cuales sólo inició una.

–En 2014, año en el que asumió el secretario general, no se registró actividad en sede judicial.

Algo similar ocurre con las resoluciones, que consisten en recomendaciones a organismos públicos o particulares y decisiones referidas a la organización interna. De las estadísticas surge que entre 2005 y 2009 se registró un aumento de las resoluciones mientras que a partir de 2010 comenzaron a disminuir.

–En 2009 se emitieron 147 resoluciones.

–En 2010 se redujeron a 109.

–En 2011 se incrementaron a 131.

–En 2012 se emitieron 72.

–En 2013 fueron 58.

–En 2014 solamente 18.

Al no poder iniciar causas, se limitan las acciones que puede llevar a cabo el organismo: “Si, por ejemplo, surge la necesidad de iniciar un juicio para obtener un medicamento urgente para un niño, o si se está produciendo un daño irremediable al medio ambiente, o si se violan los derechos de una persona con discapacidad, el empleado que está a cargo de la Defensoría no está legitimado para iniciar una causa judicial. Esa situación también conlleva un perjuicio de alto impacto social: tampoco puede iniciar las acciones de incidencia colectivas previstas en el artículo 43 de la Constitución”, describe el periodista Daniel Malnatti, en una presentación como “amicus curiae” -una presentación de un tercero frente al tribunal para apoyar a una de las posturas- en una causa iniciada por las ONGs en contra de la Cámara de Diputados por no cumplir con la obligación de nombrarlo.

La comisión a cargo de nombrar al Defensor es la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que hoy tiene mayoría oficialista (siete de los 13 miembros). Esta tiene que elegir entre uno y tres candidatos, que luego deben ser aprobados por dos tercios de cada Cámara.

“Hay un problema tanto del oficialismo, que no propone y tiene mayoría en la Comisión, como de la oposición, que tampoco manifiesta una preocupación para designar al Defensor”, explicó Celeste Leonardi, coordinadora del área de Justicia de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Y agregó que si bien “circularon los nombres de Daniel Filmus y Juan Manuel Abal Medina como posibles candidatos, no se los propuso formalmente. Desde 2009 que no se propone ni se vota a un candidato”.

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