En Colombia empezó todo, con el vídeo de las bolsas grabado a Ignacio González que avanzó en exclusiva la SER en 2009, y en Colombia dan por finalizado ahora los investigadores el grueso de la operación Lezo. Estas fuentes afirman que han descubierto y confiscado todo el patrimonio que el expresidente madrileño ha amasado producto de actividades supuestamente delictivas con el Canal Isabel II, la empresa pública que presidió en Madrid. Se trata de un total de 5,4 millones de dólares en metálico, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.

VÍDEO Las imágenes del espionaje a Ignacio González en Colombia

Revelar e incautar el botín, sostienen las mismas fuentes, ha resultado decisivo para permitir la libertad condicional del sospechoso, porque disminuye de forma considerable tanto el riesgo de destrucción o alteración de pruebas como sobre todo el riesgo de fuga, al asegurar sus bienes opacos, de los que no podrá disponer.

Un testigo clave

Tal y como avanzó la SER, en la averiguación de los hechos ha sido determinante el viaje practicado la semana pasada a Colombia por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y por el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, que entre otras pesquisas que permanecen bajo secreto de sumario, consiguieron tomar declaración a un testigo clave.

Este informador, que formaba parte del engranaje supuestamente corrupto, se derrumbó y no solo admitió y aportó pruebas de que Ignacio González estuvo siempre al mando de la polémica compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares.

LA DEFENSA González niega las acusaciones “Fuentes de la defensa muestran su perplejidad ante la noticia, desconfían de su contenido y aseguran que Ignacio González no tiene ningún testaferro, ni sociedades, ni cuentas bancarias, ni dinero, ni bienes inmuebles en el extranjero, ni personalmente ni a través de la titularidad fiduciaria de terceros. Además, recomiendan tener enorme cautela ante este tipo de informaciones, que emanan de una causa que se encuentra en secreto de actuaciones, por lo que las partes no pueden conocer lo realmente actuado, ni garantizar la fiabilidad de lo transmitido, ni corroborar su contenido. El hecho de que ese dato no se recoja en el Auto que acaba de ordenar la excarcelación de Ignacio González permite también dudar de su relevancia. Finalmente, llaman la atención respecto a que, en los dos años que se ha investigado en absoluto secreto a todas las personas relacionadas con esta operación, con seguimientos, interceptación de comunicaciones y grabación de conversaciones; y en los seis meses en que se ha analizado la ingente documentación obtenida en las entradas y registros de todos los domicilios de las personas investigadas, no ha aparecido nunca la menor referencia a esos supuestos bienes en el extranjero, que aparecen ahora sorprendentemente y por el momento sin posibilidad de contraste ni refutación. Por todo ello, Ignacio González sigue defendiendo su absoluta inocencia y está convencido de que así se demostrará una vez se levante el secreto de actuaciones”.

Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros, según las mismas fuentes.

Mientras que el dinero será puesto a disposición de la justicia española siguiendo los trámites habituales, Colombia considera que le corresponden parte de las propiedades porque las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.

Madrid era el "centro de decisión delictiva" y Sudamérica el "lugar de ejecución"

Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.

Los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad.

Estos países han sido Colombia, Brasil, Panamá y la República Dominicana. Los beneficios eran desviados a través del entramado societario opaco entre estos países y también a Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, donde otros inculpados como Edmundo Rodríguez guardaban parte de su patrimonio.

Los investigadores han conseguido confiscar a González los 5,4 millones de dólares en Colombia y otros 900.000 euros en Suiza que según la declaración de Edmundo Rodríguez Sobrino, son producto de una comisión por la venta de Emissao para el expresidente madrileño. González nunca llegó a disponer de esos 900.000 euros en Suiza ni dispondrá, porque también han sido bloqueados.