La incidencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en la inseguridad, las fallas en su implantación y el poder de los fiscales a la hora de investigar los delitos ha sido parte de la discusión durante la campaña electoral, y desde la oposición había consenso en torno a la necesidad de realizar ajustes el nuevo sistema acusatorio.

En el programa del Partido Nacional "Lo que nos une", por ejemplo, estaban incluidas tres menciones al proceso penal vigente desde noviembre de 2017. En el punto 94, se planteaba limitar el uso de una de las figuras jurídicas más importantes introducidas para la nueva norma: los procesos abreviados, que consisten en acuerdos entre el fiscal y el imputado por los cuales los delincuentes obtiene una pena más benévola a cambio de admitir la culpabilidad.

Los blancos proponían entonces que esos pactos solo pudieran hacerse cuando los delitos en cuestión tuvieran pena mínima de prisión. Es decir, que solo se pudieran negociar las penas de delitos menos graves, excluyendo aquellos que son inexcarcelables por tener una pena mínima mayor a dos años de cárcel.

Leonardo Carreño

Sin embargo, en el acuerdo programático "Compromiso por el país" que el martes 4 de noviembre firmaron los líderes de los partidos de la oposición que integrarán la eventual coalición multicolor en el caso de que Luis Lacalle Pou obtenga la Presidencia, no quedó ninguna mención a la necesidad de cambiar el sistema.

Previamente a la consolidación del acuerdo que firmaron los blancos con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el de la Gante, uno de los excandidatos que más insistió en introducir cambios al CPP fue Guido Manini Ríos. El excomandante en jefe del Ejército se refrió en más de una oportunidad a la necesaria "reforma de la Justicia" como parte de los principales puntos a negociar para conformar la coalición.

El general retirado ha insistido durante la campaña con sus críticas contra la presunta falta de independencia del Poder Judicial y la supuesta falta de "separación de poderes que establece la Constitución de la República", que a su juicio no existe desde que funciona el CPP.

Leonardo Carreño

Entrevistado el 24 de octubre por el semanario La Mañana –perteneciente a la familia del militar– Manini Ríos había dicho que pretendía revisar "todo lo que ha derivado de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, de la pérdida de protagonismo del Poder Judicial que pasó a la Fiscalía, con un súper poder que adquiere el fiscal General que no contempla el espíritu de la letra de la Constitución de la República".

Por eso es que el exjefe castrense –a quien el fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar por no denunciar en la Justicia la confesión realizada por José Nino Gavazzo, si el Parlamento vota el desafuero del senador electo– dijo a ese medio que "hay que impulsar una ley que cambie esta realidad y garantice la separación de poderes", e incluso acusó a Morosoli de manejarse en su caso con una "discrecionalidad" que le permite el sistema vigente.

Sin embargo, el militar dijo luego que no iba a imponer condiciones para firmar el acuerdo con los restantes partidos.

Finalmente, en el documento programático no se incorporó los planteos de Manini Ríos, así como tampoco los que propuso el Partido Colorado en esa materia, que planteaba incluir que se "revisara" el nuevo sistema y se hicieran los ajustes pertinentes, según dijeron fuentes políticas a El Observador.

En el texto final quedó únicamente un punto dentro del capítulo 6 dedicado a la seguridad, en el que se plantea “fortalecer el vínculo y coordinación entre la policía, la fiscalía y la justicia penal” y se propone llevar adelante en el próximo período una “reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas”.

Diego Vila

Por otra parte, si el nuevo Parlamento –que sesionará a partir del 15 de febrero– finalmente decide emprender reformas legislativas al nuevo proceso, contará con la opinión contrario del fiscal de Corte, Jorge Díaz, la principal figura que impulsó la sustitución del anterior sistema inquisitivo, y quien más ha defendido el código actual. Díaz ha resaltado atributos como la transparencia –al ser los juicios orales y públicos, al que pueden acceder los medios y la sociedad–, y la mayor ecuanimidad, ya que ya no son los jueces quienes investigan y juzgan, sino los fiscales los encargados de indagar y acusar.

Díaz se mantendrá en el cargo hasta abril de 2022, ya que el cargo del fiscal de Corte se desempeña por diez años o hasta cumplir los 70 años. La ley 19.334, que creó a la Fiscalía como servicio descentralizado, establece en su artículo 2° que el fiscal de Corte "no podrá ser reelecto sin que medien cinco años entre un período y otro".