El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una moratoria en los despidos durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus. De esta manera se aborda legislativamente la imposibilidad de hacer despidos objetivos "por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción" asociadas al Covid-19. La medida desarrollada desde el ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz sigue los pasos de otros países como Italia y recoge las reivindicaciones realizadas por los sindicatos. A partir de ahora las empresas no podrán realizar despidos objetivos por cualquier motivo derivado del Covid-19, además, los contratos temporales que se suspendan en los próximos días se prorrogarán de forma automática. Estas medidas no serán retroactivas y no afectarán a todos los despidos ya realizados.

El Gobierno prohíbe los despidos económicos por la crisis del coronavirus

"Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria, no puede usarse el Covid 19 como excusa" para despedir, ha explicado Díaz. La prohibición de los despidos objetivos como consecuencia del coronavirus es la medida más extrema de las que estaban reclamando los sindicatos en los últimos días. El objetivo de esta medida es intentar que los ajustes de plantilla se canalicen a Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs). De esta forma, no se pierden estos puestos de trabajo, sino que se suspenden, o se reducen las jornadas temporalmente, hasta que las empresas vuelvan a operar con normalidad. "No se puede despedir sencillamente porque hemos arbitrado un mecanismo adicional, con muchísimos recursos públicos, para acudir a los ERTEs", ha remarcado la ministra.

La avalancha de ERTE desborda a las CCAA y empiezan a aprobarse sin supervisión Javier G. Jorrín Las comunidades autónomas han registrado más de 160.000 solicitudes de ERTE que afectan ya a más de medio millón de trabajadores, un volumen imposible de gestionar

A partir de hoy, cualquier despido relacionado con el Covid-19 tendrá que ser revisado por un juez, quien podrá calificarlo de nulo y, por lo tanto, la empresa tendrá que readmitir al trabajador con una compensación, o improcedente, y tendrá que recibir la indemnización de 33 días por año trabajado. Con esta medida, el Gobierno pretende frenar la cantidad de despidos que se están produciendo desde hace dos semanas.

Abordamos la imposibilidad de hacer despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción

Muchas empresas rechazaron la opción del ERTE porque esos puestos de trabajo quedan blindados durante los seis meses posteriores a la crisis, de modo que ya no tendrían opción de reducir sus plantillas si la situación económica no remonta. Para evitar estas dificultades legales, muchas empresas optaron directamente por eliminar puestos de trabajo. La Seguridad Social publicará la semana que viene los datos de bajas de cotizantes del mes de marzo, pero los sindicatos ya han alertado que se acercarán al millón de despidos.

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Además, el Gobierno también ha aprobado la renovación automática de los contratos temporales que se extingan durante las semanas que dure la alarma sanitaria. Trabajo ha decretado que todos esos contratos se ampliarán automáticamente. Además, en el caso de que haya contratos temporales suspendidos por un ERTE no se contabilizarán los días de suspensión, de modo que a la vuelta, se retomará el contrato con la vigencia que le quedaba inicialmente. Con esta medida, pretende evitar que se pierdan los más de cuatro millones de empleos temporales que existen en España.

Perseguirá la picaresca

El Ministerio de Trabajo también ha aprobado medidas para agilizar los ERTEs, aunque estas no están destinadas a resolver el cuello de botella generado en las comunidades autónomas, sino a acelerar el cobro de la prestación por parte de los trabajadores y garantizar que todos los afectados tengan su prestación el 10 de abril. A partir de ahora, la empresa comunicará la solicitud del ERTE al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y este tramitará el pago de la prestación a los trabajadores. Para ello, la empresa facilitará los datos de los trabajadores afectados, incluido su número de cuenta para hacerle la transferencia. Esto significa que el asalariado beneficiario no tendrá que realizar ningún trámite burocrático para cobrar el seguro por desempleo. El objetivo es que todos ellos cobren lo antes posible la prestación.

La rigidez de Hacienda aboca a autónomos y pymes a pedir créditos para pagar impuestos Javier G. Jorrín El Gobierno rechaza conceder una moratoria general y no responde a las cartas que envían los afectados. Advierten de que muchos no llegarán a tiempo por problemas económicos o logísticos

Esta medida de flexibilización de los ERTEs no servirá de ayuda a las comunidades autónomas, que ya habían alertado al Ministerio de Trabajo de la imposibilidad de asumir la avalancha de ERTEs presentados por las empresas. Solo la Comunidad de Madrid ha registrado ya 32.000 expedientes temporales, los cuales afectan a 175.000 trabajadores. El volumen es tan elevado que algunos expedientes se estaban colando sin supervisión porque superaban el periodo de cinco días de silencio positivo que fijó el Gobierno.

Aunque no ha aprobado medidas para ayudar a las CCAA en la gestión de los ERTEs, Díaz ha avisado que la Inspección de Trabajo está ya funcionando para supervisar que todos estos expedientes se ajustan a la legalidad, esto es, que realmente existan causas económicas o legales que lastren la actividad y que estos empleados realmente no están trabajando. Díaz ha alertado de que si la Inspección detecta ERTEs irregulares, "las empresas tendrán que responder hasta el último céntimo, incluido lo percibido por el trabajador por el desempleo".

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La ministra también ha aprobado que durante este periodo de alarma sanitaria no restará el periodo que tengan de prestación los desempleados. Esto es, lo que se conoce como 'contador a cero', que ya se aprobó para el caso de los ERTE y que ahora se extiende a todo tipo de prestación por desempleo. Eso significa que, mientras dure esta crisis del coronavirus, todo beneficiario no consumirá el paro que haya acumulado durante su tiempo de cotización.

Por otra parte, la contratación pública para hacer frente al Covid-19 se hará por la vía de urgencia. Se establecen además medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis sanitaria, particularmente con el exterior.