El pasado mes de julio, la empresa Valoriza Servicios a la Dependencia, filial de la constructora Sacyr, obtuvo una adjudicación del Ayuntamiento de Madrid para atender a unos 16.000 mayores residentes en la capital durante tres años, prorrogables otros tres, a cambio de 308 millones de euros. Inmediatamente, Valoriza subrogó los contratos de los 2.500 trabajadores que hasta aquel momento prestaban ese mismo servicio a través de otra empresa distinta.

Y les dio de alta donde solía hacerlo con todos los empleados en la Comunidad de Madrid de esta filial especializada en atención social, que no es en la ciudad de Madrid, sino a 37 kilómetros de allí, en Galapagar. De ese modo, la afiliación a la Seguridad Social en la localidad serrana —es decir, el número de empleos activos— creció durante aquel mes de julio en 2.459, una cifra casi exacta a la de los contratos subrogados por Valoriza, teniendo en cuenta las fluctuaciones lógicas que pudieron haber provocado el resto de empresas y comercios del lugar.

Con esta explicación de la empresa queda despejado un enigma estadístico que tenía despistados al Ayuntamiento, a los empresarios del pueblo e, incluso, a los trabajadores de la oficina de empleo más cercana (la de Collado Villaba), y sobre el que la Seguridad Social ha preferido no comentar nada. Sin embargo, una vez resuelto el quién y el cómo, queda todavía el porqué para terminar de aclararlo del todo: ¿por qué Valoriza da de alta en Galapagar a sus empleados?

Toda empresa está obligada a tener, al menos, una cuenta de cotización en cada provincia en la que esté presente, con su código correspondiente, para “su identificación” y el “control de sus obligaciones en el respectivo Régimen del Sistema de la Seguridad Social”, según los manuales de apoyo del Ministerio de Empleo. Y muchas compañías grandes, aunque den de alta a empleados que trabajan en diferentes puntos de la región, lo hacen usando para cada filial una sola de esas cuentas, explican fuentes de los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal. Es una cuestión de pura simplificación burocrática.

Una portavoz de Sacyr asegura que ese es el caso de Valoriza Servicios a la Dependencia. En 2010 fijaron en Galapagar el domicilio de su actividad económica porque allí tenían sus principales contratos: el primer centro de asistencia a domicilio de la Comunidad de Madrid y la adjudicación por parte del Ayuntamiento de ese mismo servicio para los vecinos del pueblo (contrata que hoy todavía está en vigor). “Durante todos estos años hemos mantenido esta situación con normalidad, hasta que con la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid subrogamos, de conformidad con el convenio colectivo de aplicación, una plantilla de unos 2.500 trabajadores”, explica la empresa por correo electrónico.

Fachada de Sacyr en el Paseo de la Castellana de Madrid. VÍCTOR SÁINZ

Así, con ese enorme empujón del mes de julio, sumado a otros empleados de Valoriza que pudieron seguir engrosando, gota a gota, las cifras, y al producto de la actividad empresarial normal en estos tiempos de lenta recuperación económica, el número de afiliados adscritos al municipio de Galapagar creció durante 2016 en 2.875, un 52%, hasta alcanzar los 8.339 en el mes de diciembre.

Pero aquello fue solo una burbuja y ahora está a punto de explotar. La empresa Valoriza asegura que trasladó el pasado 7 de febrero la afiliación de sus empleados a la capital. Argumenta que, como su plantilla es cada vez mayor, los trámites se han ido haciendo más complicados de gestionar en la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social de Collado Villalba, la que le corresponde a las empresas de Galapagar. “Se producían algunas demoras en la gestión”, explican.

Y no solo han trasladado a los 2.500 trabajadores que prestan servicios para el Ayuntamiento de Manuela Carmena, sino a todos los empleados que la firma tiene en toda la Comunidad de Madrid. Sacyr no ha respondido cuántas personas forman en total esa plantilla, pero su marcha supondrá sin duda un buen roto en la estadística de afiliaciones en Galapagar. Un agujero cuyo tamaño podrá comprobarse en unos días, cuando se publiquen las cifras del mes de febrero.

En el lado contrario, aunque probablemente diluida por unas dimensiones inmensamente mayores, esos empleos supondrán al menos una pequeña alegría en los datos de la ciudad de Madrid, cuyo Ayuntamiento ha sido criticado —recientemente lo hizo la presidenta regional Cristina Cifuentes— porque la ciudad está registrando un ritmo de creación de empleo menor al de conjunto de la región.

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