La irrupción de la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política por parte de privados provocó una severa crisis de recursos para los candidatos de las elecciones municipales 2016 y parlamentarias 2017. Cerrado el camino para seguir con la farsa de las boletas pagadas por grandes empresas, la mira de los partidos se posó sobre los fondos públicos concursables. Varios candidatos –de todos los sectores– crearon fundaciones o corporaciones sin fines de lucro para contar con estos recursos estatales. Uno de esos pozos de dinero es el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). CIPER accedió a testimonios de funcionarios relacionados con ese fondo, quienes indicaron que bajo el gobierno anterior varias ONG vinculadas a partidos y candidatos recibieron parte de los recursos destinados a combatir la delincuencia.

El FNSP es un fondo de $4 mil millones anuales que reparte la Subsecretaría de Prevención del Delito desde 2010 y que financia programas que ayuden a reducir la delincuencia, ejecutados por municipios, universidades, juntas de vecinos, ONG, fundaciones y corporaciones.

CIPER revisó los dineros entregados por el FNSP entre 2015 y 2017. A lo menos ocho entidades vinculadas directamente a partidos políticos o a candidatos en campaña –de la DC, PPD, PS, PC y RN– recibieron una parte significativa de esos recursos: $537,8 millones en total. La cifra es una fracción menor de la totalidad del fondo, pero se trata solo de aquellos casos en que se puede demostrar de manera documentada que las entidades receptoras tienen una relación directa con un partido o candidato. Las fuentes consultadas por CIPER aseguran que hay muchos casos que permanecen en la penumbra, pues sus vínculos con el mundo político son informales, por lo que la cifra total de recursos entregados a partidos y candidatos puede ser mucho más alta.

En la mayoría de los casos revisados por CIPER, las ONG que recibieron estos fondos del FNSP exhibieron documentos que acreditan que los programas financiados con esos dineros efectivamente se realizaron. Lo cuestionable es que estas iniciativas –pagadas con dinero público– se presentaron ante los ciudadanos como actividades respaldadas por un candidato o partido, fortaleciendo el despliegue territorial de esa opción política en épocas de campaña. En síntesis, estos proyectos del FNSP se utilizan como una fórmula de financiamiento estatal de la política que corre por fuera de los márgenes establecidos por el Servicio Electoral.

En medio del rechazo público ante las investigaciones que desde 2014 revelaron miles de millones entregados a políticos por Penta, SQM, Grupo Angelini, Endesa, Aguas Andinas, las pesqueras de Asipes y Ripley, entre otras empresas, debió ejecutarse una nueva legislación que restringió la entrega de recursos. Las campañas debieron apelar a la creatividad. Lo sabía Joanna Pérez Olea (DC), quien en 2017 se convirtió en diputada por el Distrito 21, en la Región del Biobío. Su campaña la desplegó con el soporte de la Corporación de Desarrollo Social Integral (Codesi), formada por militantes DC. En 2016 esa ONG se adjudicó $30,6 millones del Fondo Nacional de Seguridad Pública, para ejecutar un proyecto de alarmas comunitarias.

Cuando CIPER puso su lupa sobre las actividades de Codesi, se encontró con que los proyectos que ejecuta con recursos fiscales (también ha recibido dinero del Gobierno Regional del Biobío) los utiliza para impulsar campañas DC. En varios registros públicos aparece entregando alarmas comunitarias o implementando proyectos de seguridad en actos donde las figuras centrales son aspirantes a diputados, a consejeros regionales o a concejales DC. Joanna Pérez no solo fue uno de esos candidatos que participó en los eventos de Codesi. Describiendo un círculo perfecto, ella también fue la secretaria ejecutiva del Consejo Regional del Bíobío, entre 2004 y 2017, rol en el que le correspondió firmar los certificados para adjudicar los montos que el Gobierno Regional entregó a Codesi.

El rol de Codesi como plataforma de actividades de campaña, financiadas con recursos públicos, fue detectado por CIPER en medio de la revisión de todas las organizaciones beneficiadas con el Fondo Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2017. La metodología de esta investigación dejó fuera del escrutinio a municipios, universidades y juntas de vecinos, por la dificultad que conlleva indagar si los recursos adjudicados a esas entidades se usaron para fines políticos. La búsqueda se centró en las ONG con vínculos partidistas evidentes y, en esos casos, se rastreó la totalidad de los recursos públicos recibidos por ellas.

De hecho, aparecieron varias fundaciones o corporaciones recibiendo no solo recursos del FNSP, sino también millonarios fondos de otras reparticiones públicas. Son recursos fiscales que terminan solventando a organizaciones que se transforman en el brazo social y territorial de sus respectivos partidos.