El cierre del espacio aéreo español que sumió al país en 43 días de estado de alarma, a finales de 2010, no fue por falta de controladores, sino por «una decisión política de quien tenía competencia para ello». Lo dice un juez de instrucción de Santiago de Compostela, que no duda en señalar a la empresa pública Aena como la culpable de cerrar el cielo de España para evitar que circulasen aviones.

José Antonio Vázquez Taín, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago e instructor de la investigación del caos aéreo que bloqueó los aeropuertos españoles durante 24 horas -del 3 y 4 de diciembre de 2010-, deja claro en un auto dictado el pasado 8 de enero, al que tuvo acceso este diario, que el cierre «no es atribuible ni directa ni indirectamente» a los controladores. Es más, alega que el hecho se produjo «como fruto de una decisión adoptada unilateralmente por quien tenía competencia para ello». Los controladores «se limitaron a cumplir una norma que fijaba el número máximo de horas que podían trabajar», según consta en el auto de Vázquez Taín, instructor también de la investigación del accidente del Alvia, que costó la vida a 79 personas el pasado 24 de julio.

El magistrado alega que 'sólo caben responsabilidades' de las autoridades

En palabras del juez, «sólo caben responsabilidades políticas», ya que Aena «impone el rate 0 [prohibido el tráfico aéreo], pese a que contaba con varios aeropuertos en pleno funcionamiento».

Los hechos se produjeron bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Blanco como ministro de Fomento, Juan Ignacio Lema como presidente de Aena y Carmen Librero, actual secretaria general de transportes de España, como directora general de Navegación Aérea y responsable del control aéreo del país.

Pese a las denuncias de Aena y del Gobierno contra los controladores, acusándoles de haber abandonado su puesto de trabajo, el juez deja constancia de que «ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo ni tenían un plan para cerrar el espacio aéreo». Es más, elige un símil literario para advertir de que «ni el propio Maquiavelo en su magnífico El Príncipe es capaz de imaginar un plan tan barroco para conseguir un fin».

Aena llegó a incluir a un fallecido en el cuadrante de Santiago

Lo que sí consideró Vázquez Taín fue la existencia de «un plan coordinado de defensa de derechos» por parte de los trabajadores de las torres, «al menos en lo concerniente al aeropuerto de Santiago de Compostela». Y es que fue aquí donde se inició la presunta huelga encubierta, que después se expandió al resto de torres y centros de control aéreos.

El juez justificó así el hecho de que los controladores que no estaban trabajando era porque habían cumplido el máximo de horas laborales decretadas por ley para el año. En este sentido, el magistrado destaca «la falta de previsión de la empresa», ya que las ausencias podrían «haber sido contrarrestadas de forma fácil por la empresa variando las hojas de cuadrante».

En cuanto a los cuadrantes, el auto deja constancia de que Aena incluyó «sin rubor alguno» a enfermos y controladores con permiso, entre otros. Es más, el juez asegura que «llegó a incluir supuestamente a un fallecido» en el cuadrante de Santiago.

La situación descrita llevó al juez a considerar, incluso, que una de las sentencias presentadas por Aena «está basada en hechos irreales». Vázquez Taín decidió archivar la causa de manera definitiva, por no ser los hechos constitutivos de delito, en relación al comportamiento que adoptaron los controladores aéreos.