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Publicada el 20/03/2015 a las 10:04 Actualizada el 20/03/2015 a las 13:05

El empresario coruñés Gerardo Crespo imputado en la operación Zeta, que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas de la Xunta,"No solo es amigo de Alberto Núñez Feijóo". "Esde Mariano Rajoy", sostuvo. Los tres han sido vistos con frecuencia compartiendo palco con otros amigos en la plaza de toros de Pontevedra.La policía sostiene que Lucas eraque después no se celebraban, todo ello a cambio de dinero que supuestamente le habría estado pagado Crespo."Fue apadrinado por familias de Pontevedra donde está Mariano Rajoy", apostilló el supuesto cabecilla de la trama a su salida a los juzgados tras el acto de conciliación previo a laque ha anunciado contra la conselleira de Traballo e Benestar por un supuesto delito de"Este señor se relaciona maravillosamente y luego de quien se hace amigo es de Núñez Feijóo, queañadió Crespo, que también explicó que decidió contactar con él "a través de las familias de Pontevedra", entre la que situó a la de Mariano Rajoy. "Lo ficho como empleado para mis empresas porque me parece"Él hace su trabajo, lo hace bien y con las bendiciones del presidente de la Xunta", precisó.Crespo ha anunciado un querella contra la conselleira de traballo de Feijóo porque desde que estalló el escándalo "claramentecuando ha dicho frases como que en nueve comunidades hemos engañado", señaló el empresario imputado, quien aprovechó para matizar que sus empresas sólo trabajaron en Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid y Canarias. Por otra parte, rechazó que no se hubiesen realizado los cursos y ha insistido en que, afirmar lo contrario, suponeAsimismo, insistió en que sus afirmaciones son "demostrables" y, para ello, se remitió a los datos de los alumnos, firmas de asistencia "y actas de inspección de los", añadió. Al respecto, recalcó que auditaban "todas las facturas" y que "es imposible hacer ningún curso falso en la comunidad autónoma de Galicia"."Son bastante rigurosos y siempre nos quejábamos de las inspecciones severas que recibíamos". No hace falta esperar a que el proceso de la operación Zeta termine para deducir que", dijo sobre las afirmaciones del titular del Ejecutivo gallego y la conselleira de Traballo.De ésta, aseguró que "está acusando su propia Consellería y a sus conselleiros –ha añadido sobre los antecesores de Mato en el cargo– de".l empresario volvió a arremeter contra el presidente de la Xunta, del que ha afirmado, en alusión a unas manifestaciones suyas en un medio de comunicación, que. "Cuando dice que ellos son los que nos mandan al fiscal, claramente miente porque esto nace cuando unas empleadas de Caype denuncian a la empresa en la Xunta y dos meses más tarde van a la Policía, que es la que empieza el proceso de investigación", resumió.Por su parte, su abogado, José Ramón Sierra, lamentó la ausencia de la conselleira en elMientras, tildó de "curioso" que los medios de comunicación "tengan el escrito antes que la parte conciliante", apostilló sobre el documento aportado en el acto de conciliación y en el que la conselleira se reafirma en sus manifestaciones sobre el empresario y niega haber vulnerado su honor.También precisó que la querella que tienen previsto presentar contra ella responde no solo a las manifestaciones realizadas por la conselleira en el Parlamento gallego, –en las que acusó al empresario de engañar a las administraciones públicas para obtener subvenciones– sino a otras. "No solo ha dicho que ha habido una investigación por parte de la Administración sobre los cursos, si no que en los medios de comunicación dijo que los cursos de formación no se realizaron ya que no existían en ninguna de las nueve comunidades", explicó.Por ello, precisó que ese será "el", añadió después de que este jueves, sin la presencia de la conselleira, pero sí de su representante legal, tuviese lugar el acto de conciliación previo a la misma.Al respecto, como su cliente, el letrado volvió a negar que fuese la actuación de la Xunta la que puso en marcha el procedimiento judicial contra su clienta, como sostienen desde el Ejecutivo gallego.