Reportajes

“En Chile no existen las playas privadas”, dijo una y otra vez durante la semana pasada el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, a raíz de la controversia que se generó luego que se viralizara un video en el que un grupo de mujeres que descansaba en las orillas del Lago Ranco fueran increpadas por el dueño del terreno que deslinda con la playa.

Se trataba del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, quien argumentó que dicho espacio correspondía a su propiedad, por lo que solicitó que dejaran el lugar. “He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento, es mi jardín. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera… ustedes se me van, o si no voy a llegar a sacarlas yo, de manera no tan pacífica”, dijo. Días después el propio Ward señaló que efectivamente el espacio en cuestión era un bien de uso público.

Si bien las palabras del secretario de Estado van en línea con la legislación chilena, en el sentido de que no se puede negar el acceso a las orillas del mar, lagos o ríos, sí existen mecanismos para que privados -sin fines productivos- puedan acceder al uso de esos espacios y hacerse de una especie de “playa privada” a través de una concesión marítima.

Así lo hizo el propio Presidente Sebastián Piñera, quien tiene a su disposición más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, Región de La Araucanía. Tramitación que inició -y que sorteó los pasos claves para lograr un resultado positivo- durante su primer gobierno.

El visto bueno de los subordinados

El 19 de abril de 2011, a poco más de un año de iniciar su primer periodo en La Moneda, Piñera presentó una solicitud de concesión marítima en el “Sector Renahue Km. 2.4, Lago Caburgua” con el objeto de “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

Además, en el “anteproyecto valorizado de la obras” (ver documento más abajo), se argumenta que “las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”. Y si bien en la petición se lee de manera textual que se había ocupado de forma “ilegal” el espacio desde 2001, según un informe técnico las primeras construcciones se habrían instalado de forma irregular ya en 1990.

Solicitud concesión. by on Scribd

Entre quienes estudiaron la solicitud del Presidente se cuenta la Capitanía de Puerto Villarrica, autoridad marítima que evacuó dos informes técnicos que aprobaron la petición, y que contaron con la opinión de la gobernación marítima y la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar). Todo, bajo la coordinación de Departamento de Asuntos Marítimos dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Ambos informes, determinantes para el proceso de solicitud, fueron emitidos el 24 de junio y el 8 de julio de 2011, mientras Piñera era Presidente y el actual senador RN, Andrés Allamand, ejercía como ministro de Defensa.

Informe técnico by on Scribd

Informe Técnico 2 by on Scribd

En el proceso, también se requirió del visto bueno de autoridades locales. Uno que dio su venia fue el en ese entonces Seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Ernst Rendel, quien incluso otorgó el permiso antes que Piñera realizara la solicitud oficial de concesión, el 26 de enero de 2011.

Así mismo lo hizo el por esos días director regional de Turismo, Sebastián Álvarez, quien emitió su voto favorable el 3 de enero de 2011.

Con dichos antecedentes, a los que se suman la tasación del SII, la concesión marítima solicitada por Piñera ya estaba en condiciones de ser aprobada. Sin embargo, el decreto supremo solo fue emitido en junio de 2017, durante el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, documento al cual El Dínamo accedió a través de Ley de Transparencia.

Decreto by on Scribd

La “playa privada” de Piñera

En total, el espacio entregado al Presidente estipula 879,61 m2 de playa, considerando 13 sectores en los que se incluye la cancha de tenis, el quincho y las diferentes construcciones instaladas entre las aguas mínimas y máximas que, en relación a la variación del nivel del lago, determina cuál el límite entre la propiedad privada y la de uso público.

Dicho mapa descriptivo sobre los límites de la propiedad del Presidente fue ingresado al portal de concesiones marítimas el 16 de marzo de 2011, poco antes de oficializar la solicitud.









Imágenes de las instalaciones de la casa de descanso de Piñera también fueron ingresadas por esa vía:

¿Concesión para fines particulares?

A juicio de Mario Gonzalez, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y parte del equipo que elaboró la Ley de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, “muchos aprovechan la falta de una reglamentación detallada respecto a los bienes nacionales de uso público”, junto con indicar que “la ministra de Defensa dicta el decreto, la resolución, pero una concesión de este tipo se demora aproximadamente para un particular cualquiera, dos años a tres años. Tengo mi duda si el procedimiento en sí fue en su gobierno. Y si fue breve, resulta extraño que sea breve. Lo que pudo haber pasado es que se hayan fijado las aguas máximas durante su gobierno y eso es delicado. Todos los funcionarios que participan de eso obviamente son funcionarios públicos. Y ese límite es el que fija cuánto es tu propiedad y cuánto es parte de un bien de uso público. Ahí yo veo una cosa compleja. El tema de la concesión posterior lo dictó el gobierno siguiente, pero cuanto ya tienes fijado el límite entre aguas máximas y mínimas, eso es lo que determina mi propiedad”.

“Lo que resulta complejo es pensar que si yo tengo una concesión otorgada impide que alguien pueda ingresar a ese sector de playa, no lo impide. Lo que impide es que yo use la cancha de tenis, el quincho o lo que tenga ahí”, agrega.

Por otro lado, señala: “¿Qué es lo raro acá? que quienes normalmente piden este tipo de concesiones son empresarios para instalar un hotel, los pescadores con el fin de instalar algo para guardar los motores de sus embarcaciones, algún tipo de restaurante… es para fines productivos. No es para mi uso particular, es para un proyecto. El uso recreativo es posible, sí. Pero es más común que sea para uso productivo”.

“Se podría decir que el Presidente tiene un playa privada mediante el mecanismo de una concesión marítima. Aquí se pone en cuestión la aprobación de una concesión para fines particulares. Y si bien no está limitado en la ley, es muy poco común este caso. La ley está puesta en otra lógica, en la de uso productivo. Y cuando se habla de uso recreativo también es productivo; de turismo, no es para uso personal. Es para algo que yo pueda cobrar entrada, por ejemplo”.

Patricio Herman, presidente de las fundación Defendamos Ciudad, tiene una mirada más crítica: “Aquí alguien le otorgó al Presidente una concesión para que use a sus anchas un bien nacional de uso público. Eso es un abuso de poder, nada más que eso. Las concesiones son para explotaciones comerciales, no para usos privados. Además, por muchos años estuvo ocupando de forma ilegal este espacio y para salir de eso lo regulariza a través de una concesión. Pero estas no son para disfrutar del lago con traje de baño. El Estado concesiona autopistas, hospitales, cárceles… actividades mercantiles, no para pasarla bien en la orilla de los lagos”.