“Desde el Ministerio de Seguridad creemos, en consonancia con lo que nos ha pedido el presidente Alberto Fernández, que es necesario generar un debate serio y responsable sobre la regulación del autocultivo y consumo de cannabis”, ratificó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, a Página 12. “Ese debate requiere de la participación amplia y plural de los distintos actores y organizaciones que han venido trabajando en esta temática”.



Esos son los términos en los que el actual gobierno nacional abrirá el debate en torno a la marihuana. Regular el cannabis implica ir más allá de su despenalización (algo que solo evita los castigos penales a consumidores) y de su legalización (donde no se hace necesario garantizar el abastecimiento desde el Estado). Regular el cannabis implica llevar todos sus usos hacia la órbita de un Estado con capacidad de control: ensamblar una ingeniería institucional que garantice y custodie la producción, la distribución y el consumo de marihuana. Implica llevar el cannabis hacia el terreno de la salud pública.

“Lo central de una regulación del cannabis es quitar toda la actividad del mercado ilegal. Sin una regulación completa lo que hay es un mercado sujeto a la clandestinidad, donde lo que crece es el narcotráfico”, aseguró Facundo Rivadeneira, presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste y miembro del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, un espacio en el que confluyen más de cuarenta organizaciones civiles --en un arco que va desde los Derechos Humanos hasta la Política de Drogas-- cuya intención es generar un debate en torno al cannabis “con base en la evidencia científica y sin prejuicios morales”.

Sus investigaciones, que toman como ejemplos las regulaciones que ya funcionan en Uruguay, en Canadá y en una serie de estados norteamericanos, se proponen construir un marco legal en donde se respeten las libertades individuales, no se criminalicen las conductas asociadas al consumo y se democratice el acceso a la planta no solo a través de la producción estatal sino también de los clubes sociales y del autocultivo. Esos serán los principales ejes que llevarán hasta un posible debate abierto por el gobierno nacional.

“Nosotros trabajamos desde una perspectiva de reducción de daños. Esto significa entender que las sustancias existen, que hay usuarios que las consumen, sean buenas o sean malas, y que en un mercado clandestino, con una sociedad desinformada, la salud siempre se va ver más afectada”, explicó Rivadeneira. “Antes de pensar que las drogas pueden hacer mal, hay que entender que hay leyes que hacen peor”. En este sentido, el propio presidente Alberto Fernández aseguró en una entrevista en la AM 750 hace pocas semanas en torno al cannabis: “No podemos evitar que alguien quiera consumirlo. En el caso de Uruguay, como es el Estado el que lo vende, estás conociendo dónde está el problema y podés prevenirlo”.

En la Argentina, el entramado de leyes e incisos que operan sobre la planta de marihuana se transformaron en una maraña difícil de desenredar. La Ley de estupefacientes 23.737 --promulgada en 1989--, funciona a partir de una lógica punitivita, enfocándose siempre en el consumidor. En contraposición se abren el llamado “fallo Arriola” --que hace diez años declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal-- y la reciente Ley 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal, aunque terminó dejando afuera a la mayoría de las personas que utilizan cannabis de forma medicinal, centrándose en la epilepsia refractaria y sin garantizar el acceso a la planta. Un andamiaje legal que se tensiona en direcciones opuestas al interior de un país en el que la marihuana es el tercer psicoactivo más consumido --luego del alcohol y el tabaco-- y cultivar es un derecho constitucional.

“Hoy lo que tenemos es una labor policial que se centra en la detención de consumidores. Son miles de casos que luego la justicia mayoritariamente desestima. Eso implica la afectación a la vida de todas las personas detenidas y a la vez un gasto millonario del Estado”, aseguró a Página 12 Victoria Darraidou, referente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también forma parte del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. “Durante los últimos cuatro años hubo un aumento en la persecución de cultivos para consumo personal. Se atacó a personas que están sorteando el mercado ilegal para acceder al cannabis, en su mayoría familias que lo utilizan para una larga lista de enfermedades”.

A los pocos días de que la ministra Frederic expusiera las intenciones del gobierno nacional en torno a la regulación, algunas voces disidentes comenzaron a surgir desde las organizaciones sociales que hoy orbitan alrededor del Frente de Todos. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sentó su postura intentando poner el límite en la despenalización. “Nosotros no queremos que ningún pibe caiga en cana por tener un faso encima, en eso estamos de acuerdo, pero no es lo mismo un faso para un pibe que llega a las cinco de la tarde de la facultad que para uno que vive con hambre, sin agua, sin una ambulancia que entre en su barrio”, dijo a Página/12 Sebastián Sánchez, referente del MTE y coordinador de Vientos de Libertad, un dispositivo armado para intervenir en consumos problemáticos. “Por ahora vemos un debate que dan los intelectuales y la clase media, cuando lo que hay en el fondo es una relación muy dispar de los consumos. Entonces es necesario escuchar a todos los actores”.

El principal conflicto en relación a una regulación del cannabis está planteado alrededor de la diferencia entre el consumo “recreativo” y el “medicinal”. Para Sánchez, “el cannabis medicinal no tiene discusión. Si un pibe tiene epilepsia o cualquier enfermedad, y le hace bien, vamos para adelante. Hasta ahí estamos de acuerdo”. Ese espacio de consenso es el que se vio reflejado a nivel social en octubre pasado, cuando 56 mil personas se acercaron al predio de La Rural durante las tres jornadas que duró la Expocannabis, con una asistencia preponderante de adultos en busca de información sobre los usos medicinales de la planta. Para las organizaciones que integran el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, a diferencia de la postura esgrimida desde el MTE, todos los consumos de cannabis deben entrar en la esfera de la salud pública.

“Hay sobradas evidencias científicas de que la afectación del cannabis no es tan grave como se supone. Pero para nosotros no se trata de promover su uso si no de minimizar los riesgos, que haya un control estatal sobre lo que se está consumiendo y que la sociedad esté informada”, aseguró Darraidou sobre este punto del debate. “Por eso hablamos siempre de regular basándonos en una perspectiva de reducción de daños, que exista una ley que contemple un consumo informado, respetuoso y consciente del que decida hacerlo, siempre hablando de un uso adulto, y un acompañamiento para el que lo necesite. Se trata de que velemos por la salud pública y de que evitemos todos los daños que produce la ilegalidad. A partir de ahí, podemos pensar en un modelo que despenalice todas las sustancias incluidas en la Ley de Drogas, porque esa ley hoy funciona como excusa para llevar a cabo un control población, recayendo siempre sobre los consumidores y sobre los más vulnerados. Para nosotros, regular es transformar esa realidad”.

Los modelos de Uruguay y Canadá

Los múltiples factores que se disparan alrededor de la regulación del cannabis trazan un arco que se plantea como objetivo central dar una respuesta a la criminalización de la pobreza y enfocarse en la salud pública. Pero a partir de ahí se extiende hasta la construcción de una industria nacional en torno a la planta de marihuana. “En una situación de clandestinidad tenemos movimiento de dinero en negro que no pagan impuestos, fuga de divisas hacia los países productores, el gasto millonario del Estado en perseguir usuarios. Todo eso es dinero que se pierde”, explica Facundo Rivadeneira, presidente de la Asociación Civil Cogollos del Oeste. “En contraposición planteamos un modelo de regulación que paga impuestos, que genera una industria, empleos, desarrollo, investigaciones. Eso es lo que ya existe en Uruguay y Canadá”.

Sobre este punto, la cuestión de saber si es posible transpolar modelos que fueron creados para sociedades distintas de la argentina, también fue planteada dentro del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. “En Canadá hay cuarenta millones de habitantes y con Uruguay nos une la cultura. Pero no se trata de copiar si no de tomar de cada modelo lo que mejor nos funcione a nosotros”, dice Rivadeneira. “Lo que queremos es una regulación que prevenga, por ejemplo, situaciones como la publicidad desmedida, que fue lo que sucedió en Argentina con el alcohol. Al no estar regulado, hay zonas grises que después pueden generar consumos problemáticos. Lo que buscamos en última instancia es que como sociedad ganemos en derechos”.