El argumento: “Algunos pocos sectores (concentrados y minoritarios) se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años”, señala uno de los considerandos.

El incremento no es sólo de 14 veces: la alícuota llega a equivaler a casi el 50% del valor del servicio prestado por una terminal: carga, descarga y removido de mercaderías.

Además, la medida cambia el criterio de la base imponible: reemplaza el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operadas en los puertos.

Así, cada tonelada embarcada tributará $93; la descargada $278, y la tonelada removida $46. Sólo se exceptúan las mercaderías en tránsito, arena y piedra y la pesca artesanal.

Universo afectado

El universo afectado por la iniciativa de Kicillof es casi total: contenedores y carga proyecto de Dock Sud y La Plata; granos, aspas de molinos eólicos y químicos en Quequén y Bahía Blanca; pesca de exportación en Mar del Plata; fertilizantes de Campana; productos siderúrgicos de San Nicolás, o los mismos autos de Zárate.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales pidieron audiencia urgente a los legisladores Maximiliano Abad, Agustín Máspoli, Gustavo Soos, Leandro Blanco y Lucas Fiorini, de las comisiones que tratarán el proyecto. Además, sendas copias se enviaron al ministro nacional de Transporte, Mario Meoni, y al titular de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Argumentan que el proyecto generará “asimetrías negativas” con otros puertos, como el de Buenos Aires, que tributa el 1% de Ingresos Brutos (contra el 4,5% proyectado).

Y advirtieron sobre una “imposición confiscatoria” que excede la capacidad contributiva del contribuyente.

Repercusiones

“El impacto es muy negativo y creemos que el proyecto es inconstitucional”, manifestó Martín Brindici, gerente general de la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

“En los puertos graneleros -continuó- la medida implica una suba de 1.400% del impuesto. En los puertos de contenedores, el impacto llega al 20% en la importación y 48% en la exportación”.

Por su parte, el presidente del Puerto La Plata, José María Dodds, destacó que “la asimetría va a ser tan grande con respecto al puerto de Buenos Aires que la carga no va a venir al puerto, afectando el desarrollo regional y las fuentes de trabajo de Berisso, Ensenada y La Plata”.

En tanto, el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Miguel Donadio, manifestó que esto “afectará fuertemente la competitividad y provocará una baja en la actividad. Es un golpe a la autonomía de los puertos”.

Alejandro Semmartin, presidente del Puerto de Dock Sud, indicó: “Se va a recaudar más, pero se va a perder el volumen de carga. En contenedores directamente se irán a Buenos Aires. Esperemos que revean la medida”.

Impacto

El embarque de una tonelada de cereales paga una tarifa de u$s3,50 y tributa hoy (al 3,5%) u$s0,123 de IIBB.

“Si se le suman los 93 pesos de la nueva norma (u$s1,60 si se toma el cambio a $58), el nuevo importe de IIBB sería de u$s1,723 por tonelada (el 49,98% del valor del servicio prestado) lo que arroja un aumento del 1.400,81%”, ilustraron.

En el caso de los contenedores, los incrementos llegan al 627% por contenedor de 20 pies de importación. Estos afectan principalmente los insumos para la industria nacional, ya que más del 80% de lo que se importa en contenedores son bienes de capital, partes y piezas.

La exportación -productos elaborados y de mayor valor agregado- también sufrirá el impacto promedio del 258% de aumento en IIBB.

En comparación con el puerto de Buenos Aires, una importación en Exolgan, TecPlata, Zárate, Euroamérica o en la terminal Patagonia Norte de Bahía Blanca, por ejemplo, pagará un 3.521% más de Impuesto a los Ingresos Brutos y hasta 2.061% más en una exportación.

“El proyecto bajo análisis resulta cuanto menos legislativamente insostenible, económicamente ruinoso e impositivamente inaceptable”, destacaron las cámaras.

Antecedente

“Si esto prospera, puede provocar movilizaciones en todos los puertos, como ya ocurrió en 2009”, contó Donadio.

Ese año, el gobernador Daniel Scioli remitió el proyecto de ley de Presupuesto 2010, y logró su sanción.

El dato llamativo es que el artículo 26 de aquella ley era exactamente igual al artículo 100 del proyecto de Kicillof: sólo se actualizan los montos fijos. Aquel año, la presión logró una nueva ley que suspendió los efectos del artículo 26.

Las necesidades de caja, y el malestar privado, vuelven a repetirse 10 años después.