Las distintas investigaciones han perseguido a Esperanza Aguirre durante años, pero ella ha salido siempre indemne. La histórica presidenta de la Comunidad de Madrid, bajo cuyos gobiernos se filtró la corrupción en todos los estamentos de la administración, había asistido desde la barrera a la imputación de sus colaboradores más cercanos. Eso sí, su nombre se escuchaba cada vez con más asiduidad en los pasillos y las salas de declaraciones de la Audiencia Nacional, y hasta quedaba escrito en algún informe policial, pero pasaban los años y Anticorrupción no daba el paso de pedir que declarase como imputada. Hasta este viernes.

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El pasado 26 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a Manuel García Castellón, el juez que instruye el caso Púnica, un informe en el que situaba por primera vez a Aguirre en una reunión de la trama de financiación ilegal. Ahora, las dos fiscales del caso –Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez– han presentado un escrito en el que reclaman que comparezca como imputada para dar explicaciones. Hacen la misma reclamación sobre Cristina Cifuentes, a quien la Guardia Civil también implicó en 2017 en el entramado de financiación ilegal del PP de Madrid.

El documento presentado este viernes tiene 75 páginas –de las que solo se conoce un breve extracto– y, entre otras cosas, pide al juez que reordene el caso Púnica una vez que se acerca el final de esta investigación. Las fiscales reclaman que cada rama del caso se agrupe en una pieza "que permitiría un enjuiciamiento independiente". En total, 11 piezas distintas.

"Desvío de fondos para pago de gastos del PP"

La número nueve es la que ahora amenaza a las dos expresidentas madrileñas y en la que ya estaba imputado Ignacio González. Según el escrito de las fiscales, esa pieza se centra en los "hechos concernientes al desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid". O lo que es lo mismo: el sistema que se instauró en el PP de Madrid para nutrir de dinero negro la caja B del partido con la que se pagaban los actos electorales del partido.

Los investigadores abrieron esta línea de investigación a raíz de las anotaciones encontradas en la agenda de Francisco Granados, exconsejero de Aguirre detenido en 2014. En sus hojas encontraron nombres de empresarios junto a cantidades. Él defendió que los números correspondían a asistentes a actos del PP. Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía creen que reflejan el flujo de dinero de empresarios hacía la caja B del PP.

A lo largo de estos años, la investigación ha profundizado en el entramado gracias a la documentación encontrada al propio Granados y a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Desde entonces se han sucedido los informes policiales que apuntan a sistema de pagos en B para sortear los límites que la ley impone a los partidos de cara a las campañas electorales.

Uno de los más duros se entregó en abril de 2017 al juez. En él, los agentes de la UCO acusaban al PP de Madrid de haber provocado "una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral". Las irregularidades detectadas en su financiación "atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político", sostenía la Guardia Civil. En definitiva, la investigación sostenía que Aguirre había acudido a los comicios saltándose las normas que sí respetaban el resto de partidos.

Aquel informe apuntaba en concreto a los comicios de 2007 y 2011, donde Aguirre barrió a sus contrincantes en la Comunidad de Madrid. Lo dijo ya Granados durante una de sus declaraciones como imputado: había una contabilidad oficial para los gastos del partido y otra en negro dedicada exclusivamente a pagar los actos de Aguirre.

El Gobierno regional al servicio del partido

La presidenta regional, que había llegado al poder en 2003 –en la campaña también se usó la caja B, según la UCO– gracias al 'Tamayazo', desplegó un control absoluto sobre instituciones, organismos autonómicos y empresas públicas. Las pesquisas revelan que parte de ese control se utilizó para poner esos resortes al servicio del partido.

Por ejemplo, el informe más reciente y que ha desembocado en la petición de la Fiscalía apunta a que el PP modificó la ley que regulaba la publicidad con el fin "de controlar desde la administración autonómica de la CAM los recursos destinados a la publicidad". Según la investigación, los empresarios pagaban los actos del PP de Madrid, y este les devolvía las cantidades desviando dinero de los contratos de publicidad de los grandes proyectos del Gobierno de Aguirre, como la construcción de hospitales.

Los agentes sitúan a Aguirre en las reuniones en las que se trató con los empresarios el sistema de pago. Fue uno de esos empresarios, Daniel Horacio Mercado, quien le contó a los agentes que la expresidenta acudió a algunos de esos encuentros. Mercado, publicista de referencia del PP que pasó a colaborar en las distintas causas en las que está imputado, se benefició de estos contratos irregulares recibiendo una suma que superaba los 7,4 millones de euros.

Fundescam, el "elemento nuclear"

En otro informe, la Guardia Civil detalló cómo se usaba Fundescam, una fundación creada por el PP de Madrid, para llenar la caja B. Era un "elemento nuclear de esta trama": recibía subvenciones de la Comunidad de Madrid y libraba "facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid", gracias a la colaboración de empresas amigas del partido.

Los empresarios también ingresaban dinero en Fundescam que se utilizaba también para financiar las campañas del PP. Esos empresarios recibían después adjudicaciones de organismos públicos controlados por el PP, como es el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. Y es ahí donde aparece Cristina Cifuentes, la otra expresidenta cuya imputación ha reclamado la Fiscalía.

Los informes de la UCO destacan que Cifuentes era al mismo tiempo patrona de Fundescam, miembro del comité electoral del PP de Madrid y responsable de algunas licitaciones de la Asamblea de Madrid. Los agentes creen que ella y el resto de miembros de la mesa de contratación que adjudicó el contrato de la cafetería a Arturo Fernández actuaron para "favorecer de manera preconcebida" al empresario.

La Guardia Civil reunió una serie de "elementos probatorios" y acusó a uno de los compañeros de la expresidenta en la mesa de contratación de desarrollar una "falsa argumentación" para favorecer al Grupo Cantoblanco, una estrategia de la que "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos –María Cristina Cifuentes y María Merino–; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada".

Ignacio González, ya imputado en este caso, completa la nómina de expresidentes madrileños implicados en la caja B del PP. Los indicios contra él surgieron de la investigación del caso Lezo. El juez descubrió que había heredado para la campaña de 2011 el sistema de financiación ilegal utilizado por Granados en 2007: el pago a través de facturas falsas de los gastos electorales abonados por los empresarios.

El juez que vio la conexión entre el sistema utilizado en ambas convocatorias electorales escribió en un auto a finales de 2017 que el PP había confeccionado una contabilidad "ad hoc" para ocultar el flujo de dinero procedente de "subvenciones, donantes, adjudicaciones" y "facturaciones de cobertura con empresas intermediarias". Ahora, ese mismo juez tendrá que decidir si accede a las imputaciones que le reclama la Fiscalía y pide directamente a Aguirre, a la persona que presuntamente se benefició de la caja B, que dé explicaciones en la Audiencia Nacional.