El Tribunal Supremo ha confirmado que Arnaldo Otegi seguirá inhabilitado para ser elegido como cargo público hasta el 28 de febrero de 2021. La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por el líder abertzale contra el auto de la Audiencia Nacional que, en enero de este año, rechazó realizar una nueva liquidación de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo que se le impuso por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.

Por ese delito, Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación, pero el Supremo redujo a seis años y medio la pena de prisión. Según sostuvo la Audiencia en enero pasado y ha ratificado ahora el Supremo, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público no habrá sido cumplida hasta febrero de 2021.

El primer argumento del alto tribunal contra el recurso de Otegi se basa en que el exportavoz de Batasuna pidió una nueva liquidación de su pena de inhabilitación cuando la liquidación de la condena de cárcel, que no había recurrido, ya era firme. Además, según el Supremo, aunque entrara en el fondo del asunto, tampoco podría estimarse el recurso ya que Otegi fue condenado por delito de terrorismo por el alto tribunal el 7 de mayo de 2012 y esta condena impuso como pena principal, la inhabilitación para cargo público. Y según la sentencia dictada ahora por el Supremo, de acuerdo al artículo 6.2.b de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, “los condenados por delito de terrorismo cuando la pena impuesta sea de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio o la de inhabilitación absoluta o especial para el empleo de cargo público, son inelegibles”.