Mauro Berchi además de lector del diario y especialista de Big Data e Inteligencia Artificial es Licenciado en Comunicación Social y Periodista.





La semana pasada todos los medios reflejaron en sus portadas cierto escozor por el “ciberpatrullaje” que la ministra de seguridad Sabina Frederic explicó a los diputados en videoconferencia.

En efecto, y en un escenario de permanentes avances del Estado sobre las libertades individuales, Frederic no tuvo empacho en afirmar que las fuerzas de seguridad hacen “social listening” -espionaje en redes sociales- para “detectar el humor social y prevenir diversas situaciones” entre las que se supone, está la comisión de delitos.

Lo impreciso de sus definiciones resulta alarmante, incluso porque en la videoconferencia citada la ministra agregó que las fuerzas de seguridad usan ciertos programas informáticos que cruzan variables como hashtags con palabras clave de búsqueda, y tendencias, para tener el panorama digital de ese “humor social”.

Y el carácter preventivo de este “ciberpatrullaje” es, en materia penal, siempre muy dudoso y nada recomendable en democracia cuando se trata de delitos cuya posible comisión tenga lugar en el plano de la expresión. Al respecto, es recomendable revisar la doctrina de la real malicia y transpolar al caso de las redes sociales.

Sintetizando, la jurisprudencia internacional ya se ha manifestado con claridad acerca de que cuando hay que elegir entre la posible o probable comisión de un delito en el ejercicio del derecho de libertad de prensa (que aquí bien cabe en casos de expresiones en redes sociales, por lo novedoso de su naturaleza) y la comisión de delitos como calumnias o injurias, (en los que se incurriría con las fake news, por caso) prima la garantía del ejercicio del derecho humano a la información -recibirla, producirla y expresarla en sentido amplio- y, una vez cometido el delito, es posible actuar sobre el hecho.

Mauro Berchi.

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Más aún, la doctrina citada ahonda en proteger este derecho básico, al punto de que se entiende que, en caso de detectar un delito contra el honor como los consignados arriba, para castigar al responsable hay que probar que hubo culpa grave o dolo.

Es decir, las cortes internacionales y la jurisprudencia nacional entienden que, si alguien comete un delito al propalar información inexacta por simple error, eso no es condenable en los términos del Código Penal. En una palabra: es preferible que nos equivoquemos y dañemos el honor de alguien expresándonos con libertad, antes que la censura.

Pues bien, la antropóloga Sabina Frederic desconoce todo esto. Ignora, incluso, que la Justicia no puede actuar en flagrancia en materia de delitos cometidos en el plano de la expresión. También eso está claro en los fallos al respecto, por lo que se afirma que una acción preventiva no tiene sentido, como sí ocurre frente a la posible comisión de otros delitos, por caso, un eventual homicidio, o un robo a mano armada.

Lo que sí parece comprender Frederic es que, en esta situación de pánico, el gobierno tiene carta blanca para hacer inteligencia con información que está disponible como nunca antes, en el plano digital. Los expertos en privacidad y ciberseguridad acuñaron, para describir esto, el acrónimo OSINT: Open Source Intelligence, o inteligencia de fuentes abiertas, o públicas.

Los gobiernos, tanto como las empresas, hoy disponen de fotos, nombres propios, fechas, y millones de datos abiertos, que permiten un perfilado bastante robusto de cada quien, sólo tomando la información que los mismos usuarios publican en redes sociales. Pero ningún ser humano sería capaz de hacer trazabilidad de esa información de forma que resultara valiosa.





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Allí hace falta algo de Big Data, es decir, software que cruce datos, clasifique y agrupe, como para que el acopio tenga sentido y permita realizar inferencia estadística, reconocer patrones y comprender el universo humano sobre el que se actúa.

En ese momento, cuando toma proporciones masivas, el juego de investigar o espiar a alguien -stalkear, en la jerga social media- se vuelve peligroso, más si está en manos del Estado. Las técnicas de OSINT hoy se encuentran en una zona gris del debate y la regulación sobre la privacidad, pero no hay dudas de que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, aun siendo la máxima normativa al respecto, es insuficiente.

De hecho, no hace falta retroceder hasta el escándalo de Cambridge Analytica para entenderlo. Hace dos meses, se conoció que diversas empresas e, incluso, organismos públicos y fuerzas de seguridad perfilan personas en Facebook, a pesar del esfuerzo de Marc Zuckerberg por mejorar sus condiciones de privacidad.

La clave es que esa técnica de OSINT se asienta sobre una grosera vulneración de la privacidad de los usuarios, básicamente de dos maneras: a) no saben qué hace Facebook con la información que comparten, y tampoco con la que no pretenden compartir; b) tampoco tienen noción de en qué medida Facebook permite cruzar información con bases de datos personales y externas a la red, que cualquier entidad puede usar para diseñar un target, sin importar cómo la obtuvo.

En la imagen que acompaña este informe se puede ver que, gracias al cambio en las condiciones de privacidad que Zuckerberg anunció en febrero, al celebrarse el día de la privacidad, un usuario de Facebook pudo saber qué entidades usaron bases de datos personales para incorporarlo al público objetivo de sus campañas publicitarias o vaya uno a saber qué.

Allí, en la última hilera de logotipos, aparece el de la policía de la Ciudad de Buenos Aires como anunciante de la red, mientras que, en otros perfiles, el Gobierno porteño también figura. Esto demuestra que ciertos organismos públicos, incluyendo fuerzas de seguridad, suben a Facebook listas de nombres propios, o teléfonos, o correos electrónicos.

Un usuario de Facebook descubrió que la policía porteña usó sus datos para encontrarlo en la red.







Luego, la red asocia esos datos con perfiles dentro de la plataforma, y devuelve un target preciso, que se analiza con métricas diversas de acuerdo con el comportamiento dentro y fuera de Facebook. Ingeniería social potente, cuyos objetivos probablemente superen el marketing.

En definitiva, en su alocución frente a los diputados, Frederic descubrió la punta del iceberg. Su intención de censura y control de la comunicación pertenece a la izquierda stalinista tanto como al fascismo peronista.

Basta bucear un poco, nada más, para detectar el desconcierto, la impericia de algunos ministros, y el poco apego a los valores democráticos de quienes no son, claramente, ni un gobierno de científicos, ni de expertos en derecho a la información, ni uno muy amigo de las libertades individuales.