En enero de este año, la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), a través del Instituto de Protección Ambiental (IPA), implantaría un Centro de Verificación Vehicular para que sus socios, el mismo gobierno del estado y los particulares en general puedan, de forma voluntaria, verificar las emisiones de sus vehículos.

¿Por qué, un ente privado, al cual nadie lo obliga, decide emprender un proyecto de esta naturaleza? ¿Por qué promover, de forma voluntaria, una medida ampliamente rechazada por el sector gubernamental?

Cuando se hizo el anuncio se aludió al porcentaje de emisiones que tienen origen en fuentes móviles (45%), dato que tiene origen en los inventarios que el mismo gobierno estatal ha desarrollado. Por cierto, un valor que varía desde el cuarenta y tantos por ciento hasta el sesenta y tantos por ciento, dependiendo del inventario que se consulte.

¿Hay algún estudio independiente que apunte en la misma dirección? Sí, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó, en 2010, los resultados del “Estudio de Emisiones y Actividad Vehicular en el Área Metropolitana de Monterrey” (https://bit.ly/2LaTx0P) ¿Qué decía el estudio? Palabras más, palabras menos, afirma que la flota es vieja, que hay muchos carros viejos procedentes de Estados Unidos, que los taxis contaminan más que los vehículos particulares y que “los resultados muestran la necesidad de establecer un control de las emisiones de los vehículos en circulación, especialmente aquellos con antigüedad mayor a 10 años y sin tecnología de control de emisiones, pero sin excluir a los vehículos más recientes”.

Bueno, resulta que este año, por ahí del mes de abril, el Instituto de Protección Ambiental, con el Tecnológico de Monterrey, hizo un estudio similar, que responde a las mismas preguntas y concluye cosas similares, pero con algunos agravantes, por ejemplo: los autos son más viejos y hay más vehículos usados, procedentes del extranjero.

El nuevo estudio agregó una pregunta y una respuesta. La pregunta: ¿cuántos vehículos reprobarían la norma de emisiones procedentes de los escapes de los vehículos; es decir, la NOM041 de Semarnat? La respuesta: 54.5% excede límites de emisión de contaminantes en general, el 53.7% lo hace en hidrocarburos y el 15.4% por monóxido de carbono. Muerte lenta.

¿Qué hacer con estos datos y los previos? Se puede ir adelante con una consecuencia lógica y montar un programa de inspección y mantenimiento o un programa de verificación vehicular; pero también se puede seguir con la dinámica de los últimos años y defender la “economía” de los conductores e impedir que se

cobre por un procedimiento de esta naturaleza, al fin y al cabo, respirando lo que se respira tarde que temprano conductores y no conductores irán muriendo lentamente. Eso sí, sin tener que pagar un solo peso por la inspección o verificación vehicular.

Hay otras posibilidades para reducir las emisiones, que no tienen que ver con el gasto de los propietarios de automóviles: invertir menos en vialidades, invertir más en transporte público y medios no motorizados o que los gobiernos locales carguen con el costo de los programas de inspección o verificación.

Si se sabe que las emisiones con origen en fuentes móviles, su vehículo y el mío, son significativos y sus efectos graves, la disyuntiva es realmente simple: seguimos contaminando o buscamos reducir esos contaminantes. Muerte lenta o la oportunidad de una vida más saludable.