Ciudadanos ha expulsado a 27 ediles por incumplir sus normas y ha visto cómo otros seis dejaban sus siglas por voluntad propia y manteniendo el acta, según datos aportados por su departamento de organización. La formación de centro ha denunciado como tránsfugas a al menos 15 de esos 33 representantes, según fuentes consultadas que recordaron que hay otro concejal pendiente de suspensión. A poco más de un mes para las generales, la formación intenta que nada perturbe su marcha en las encuestas, que le dan un 21,5% de los votos.

Un total de 33 bajas 10 expulsiones en la Comunidad de Valencia. Nueve por pactar con Comprimís. Tres en Madrid y uno en Cataluña. A estas se añaden tres bajas por voluntad propia en Madrid y otras tantas en Cataluña. Una en Andalucía. Se puede sumar otra pendiente de expulsión. Dos en Castilla y León. Tres en Castilla-La Mancha. Uno en Aragón y otro en Canarias. Tres expulsiones en trámite entre Murcia (una) y Extremadura (dos, que se sumarían a otras dos ya firmes).

El partido de Albert Rivera, que nació como una fuerza estrictamente catalana, arrancó en enero un proceso de expansión nacional que hoy arroja un balance de 93 diputados autonómicos y más de 1.500 concejales. El partido creció a toda velocidad y digiere desde entonces la incorporación de miles de personas sin experiencia política previa, provenientes de partidos disueltos, o con varias siglas políticas a sus espaldas. En consecuencia, los dirigentes de Ciudadanos tratan de que en su partido no se reproduzcan las discrepancias internas de Podemos, donde más de 500 cargos firmaron una carta contra Pablo Iglesias.

“La expansión ha dado un resultado excelente. Con nuestra marca, sin coaliciones, nos hemos consolidado en toda España”, valoró Fran Hervías, secretario de Organización del partido de Albert Rivera. “Hay gente que se toma la política como una forma de vida, y que prefiere no dejar el acta y ganar 400 euros extra”, añadió sobre los expulsados. “Tenemos un código ético que marca las directrices”.

Las expulsiones, registradas en 16 provincias y 10 comunidades, dan cuenta de las líneas rojas de la Ejecutiva. Los candidatos de Ciudadanos deben firmar una carta ética y financiera, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se comprometen, entre otras cosas, a respetar los acuerdos de la dirección; a aceptar que se les investigue; y a no perjudicar con sus acciones la imagen del partido. Ese último aspecto ha sido el empleado para expulsar a la concejala de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, que se mudó a Estados Unidos y pidió que el Ayuntamiento le pagara un vuelo para asistir a los plenos, según el partido; al representante del cabildo de Tenerife, que criticó decisiones internas; o para iniciar los trámites que probablemente terminen en la baja de dos cargos en Mérida que han llegado a citarse en los tribunales por sus discrepancias.

Los efectos de la expansión del partido también se han dejado sentir en la confección de las listas para las elecciones generales. Hasta cuatro números uno que ganaron las primarias (los de León, Albacete, Guipúzcoa y Pontevedra) han tenido que ser reemplazados. Tres de ellos causaron baja por voluntad propia, y el cuarto, candidato por Albacete, fue apartado por no acreditar dos de las titulaciones de su currículo.