2011 fue un año de despertares globales. En diversos países surgieron nuevos movimientos sociales, protestas, indignaciones colectivas, proyectos políticos con el objetivo de representar los intereses de la mayoría. Se logró rasgar el mátrix discursivo en el debate público, introduciendo cuestiones hasta entonces invisibilizadas, relacionadas con los problemas principales de la gente: precariedad, desigualdad, estafas institucionalizadas, abusos, desposesión de las clases medias en beneficio de una minoría.

La reacción del poder ante la indignación social llegó en forma de recortes de libertades y represión. El pasado año se registró un récord en la cantidad de países que experimentaron una disminución de sus derechos y libertades, y entre ellos hay numerosas democracias. España no se queda corta. En los últimos años no se habían sufrido tantos retrocesos en países llamados democráticos.

Porque, ¿cómo puede lograr el statu quo mantenerse como tal en una democracia que permita gobernar a quienes buscan un cambio real? La vía puesta en práctica ha sido la de aplicar recortes de los derechos y libertades para impedir que la democracia eleve y expanda las voces del sentido común.

La excusa para adoptar tales medidas represivas es vieja: en nombre de la seguridad se multa a manifestantes, se encarcela a activistas, se criminaliza la libertad de expresión, se sanciona a periodistas, se estigmatiza y persigue a quienes elevan su voz en defensa de los derechos humanos y de una vida digna para todos. Se adoptan castigos que tienen un carácter disuasorio, que pretenden desanimar a otros a manifestarse, a escribir, a convocar. Incluso se busca la muerte civil de representantes políticos y sociales.

En España la llamada Ley Mordaza es una de las representaciones de estos recortes. Pero no la única. Junto a ella la doble reforma del Código Penal -incluido el pacto antiterrorista de PP y PSOE- o la Ley de Enjuiciamiento Criminal limitan notablemente las libertades. La arbitrariedad e impunidad existentes se deben también a un control insuficiente de las prácticas policiales, que origina comportamientos autoritarios y procesos selectivos injustos a la hora de imponer multas. Esto es más grave en el contexto de la Ley Mordaza, que permite que sea un funcionario y no la justicia el que sancione.

Ante todo ello la reforma de las leyes mencionadas que vulneran derechos es una necesidad. Lo demuestran semanalmente casos que parecen más propios de contextos antidemocráticos, como la multa a la periodista Cristina Fallarás en una manifestación contra los asesinatos de periodistas en México; las multas a manifestantes LGTBI en Murcia hace tan solo unos días, ampliadas también a un diputado de Podemos; las sanciones a personas que protestan contra los desahucios; la criminalización y denuncias contra artistas como Abel Azcona, los llamados titiriteros, el compositor César Strawberry, el rapero Valtonyc y tantos otros.

Llama la atención el doble rasero de quienes defienden la libertad de expresión de la revista francesa Charlie Hebdo mientras claman contra la libertad de expresión dentro del Estado español.

La Ley Mordaza es incompatible con un contexto plenamente democrático. Como escribió en un editorial el diario The New York Times, nada sospechoso de antisistema, “la nueva Ley Mordaza española es un retroceso preocupante a los oscuros días del régimen franquista.”

Su reforma no tiene que suponer un retroceso a la ley anterior, la Ley Corcuera de la patada en la puerta que tantos derechos vulneró, sino un avance en la aplicación de los derechos humanos y las libertades, elaborando normativas propias de una democracia real. Es posible compaginar seguridad ciudadana con derechos civiles. Y mientras tanto, es posible desafiar la persecución y los castigos que se están aplicando contra la libertad de expresión.

Lejos de dejarnos condicionar por la represión, sabemos que afrontar una multa de forma individual nos llena de riesgos, soledad y vulnerabilidad. Pero hacerlo de forma colectiva nos protege, nos une, nos empodera.

Las advertencias sobre la Ley Mordaza por parte de multitud de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos son claras. Y por tanto, los partidos políticos que dicen representar los intereses de la mayoría social no tienen más remedio que trabajar en esa dirección.

En cuanto a nosotros, la gente de a pie, mientras conquistamos unas leyes compatibles con derechos civiles básicos, sabemos que el silencio no es la mejor opción para defender el libre ejercicio del periodismo, de la protesta, de la expresión. Que resistir colectivamente es de por sí una pequeña victoria.