Durante la campaña, el presidente electo recibió en sus oficinas a Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI; y al jamaiquino Trevor Alleyne, representante del organismo en Argentina Crédito: Unidad Ciudadana

Pese a las diferencias de criterio de Fernández y el FMI, expuestas esta semana, los casos de renegociación de Ucrania y Uruguay mostraron ese patrón

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2019

Con o sin quita, y pese al contrapuntos de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana [el presidente electo dijo que no quería un ajuste], los expertos creen que una reestructuración de la deuda requerirá un apretón fiscal y reformas estructurales.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) retomó los casos de Ucrania y Uruguay, ambos con stand-by agreements (SBA) con el Fondo y con procesos de reestructuración de sus deudas en los últimos años.En ambos casos se eligió una política contractiva para obtener una mejora en las cuentas fiscales y se impulsaron cambios impositivos, institucionales y financieros, rememoraron Nadin Argañaraz, Bruno Panighel y Julián Illa. Pero estimaron que ambas economías "lograron recuperar rápidamente el sendero de crecimiento económico sostenido a los pocos meses de la reestructuración" de sus deudas.

El trabajo del Iaraf, en base a datos del Ministerio de Hacienda, estimó que la deuda pública bruta del país es actualmente de US$324.000 millones, de los que un 20% vencerá el año que viene y otro 62% en los próximos cuatro años. "Es un hecho que los vencimientos de deuda se encuentran relativamente concentrados en el corto plazo", indicó el informe. En 2020, la Argentina enfrentará vencimientos de deuda por concepto de capital e intereses por más de US$63.800 millones, aproximadamente 15% del PBI. Estos vencimientos están compuestos por US$14.800 millones de intereses y US$49.000 millones de capital.

Sin embargo, en la Secretaría de Finanzas aclararon ayer a LA NACION que la deuda con privados el año que viene -sumando a los organismos internacionales- está en torno de los US$29.000 millones, cifra que consideraron "manejable" si el país logra retornar a los mercados. El resto de la deuda es con el sector público (se descuenta que será refinanciada).

"La concentración de los vencimientos en el corto plazo se encuentra acentuada en el primer semestre de 2020, donde se hallan los vencimientos de las letras del Tesoro reperfiladas", indicaron en el Iaraf. Los vencimientos del primer semestre del año próximo alcanzan los US$44.700 millones (parte es deuda con el Estado), de los que las LETE y Lecap representan la tercera parte. "La Argentina debe tomar decisiones rápidas en materia de deuda para no cortar sus pagos y no perder aún más confianza", dijeron.

"Frenar pagos puede dar oxígeno en el corto plazo, pero para evitar futuras crisis y garantizar un ambiente económico más estable se necesita una mejora de las cuentas públicas para evitar el sobreendeudamiento", estimaron, y completaron: "El superávit primario evita que se siga tomando deuda para financiar gastos corrientes, y permite el pago genuino de los intereses. Es clave realizar las reformas que permitan darle sustentabilidad al pago de los compromisos externos".

Con relación al FMI y el acuerdo SBA por unos US$57.000 millones con la Argentina, los analistas estimaron que es probable que se convierta en un Programa de Facilidades Extendidas (EFF), que permitiría extender el pago de la deuda en un plazo de 4 a 10 años. Pero ese salto viene con un pedido de reformas.

El informe del Iaraf toma dos casos, el de Ucrania y el de Uruguay. El primero firmó un acuerdo SBA con el FMI por US$17.000 millones en abril de 2014.Pasó a un EFF con un desembolso inmediato de US$5000 millones. El acuerdo también incluyó una quita del principal (capital) de la deuda (de 20%) y algunas condiciones extra ligadas al PBI (cupones atados al crecimiento). Ucrania se comprometió a ejecutar reformas estructurales (impositivas y de eficiencia en el sector público, privatizaciones y cambios institucionales y de reglas de juego). Se apuntó a la disminución del ratio de deuda a PBI por debajo del 71% para 2020, y mantener las necesidades de financiamiento externas brutas en 10% del PBI promedio. Se logró un superávit fiscal de entre 1,5% y 3%.

En 2002, Uruguay recibió US$769 millones de ayuda del FMI en un SBA a 24 meses, aumentado luego en US$1500 millones. Esa reestructuración tuvo un ofrecimiento de dos modalidades: una de extensión que sólo modificaba el plazo (en general, cinco años) y mantenía capital, cupón y moneda original. Otra llamada "bono de referencia", que apuntaba a concentrar las series en pocos títulos con un vencimiento aún más largo pero más líquido.

La nueva presidencia se reunió en marzo de 2005 con el FMI a renegociar. El acuerdo final se centró en que el Estado uruguayo lograría un superávit primario de 3,5% del PBI ese mismo año, 3,7% en 2006 y 4% en 2007, lo que garantizaba el pago de los intereses. Además hubo reformas estructurales claves, aunque sin incluir privatizaciones. Se hizo una reforma tributaria, una del sistema previsional, y otra financiera que dotó de autonomía al Banco Central y traspasó la oficina de deuda al Ministerio de Economía.

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