Por Noroeste, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo/Noroeste).– El negocio de los magnates Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero en Culiacán y Mazatlán se explica con la fórmula siguiente: mínima inversión a cambio de contratos millonarios con el Gobierno de Sinaloa.

Mientras que el Ejecutivo estatal, encabezado por Mario López Valdez, asegura que no hay recursos públicos para construir y operar los nuevos hospitales generales de Culiacán y Mazatlán, para los dos primeros proyectos bajo el esquema de colaboración público privado en Sinaloa, las desarrolladoras Prodemex y GIA, que ganaron los fallos de las licitaciones públicas, tampoco usarán el dinero de sus cuentas bancarias para invertirlo en infraestructura pública.

Ambas empresas cercanas al salinismo solicitarán empréstitos por miles de millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), una banca pública que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo saldo e intereses serán pagados con el erario, un compromiso financiero que se heredará a los cuatro próximos gobernadores.

Los hospitales se pondrán en marcha con recursos de la banca pública y se pagarán con dinero público.

APORTACIÓN DISPAR

El 9 de mayo, Servicios de Salud adjudicó el proyecto de sustitución del Hospital General de Culiacán, “Dr. Bernardo J. Gastélum”, al consorcio conformado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y Desarrolladora en Infraestructura en Salud, PROAN, subsidiarias pertenecientes a Prodemex, del concurso EA-925006998-N53-2013.

Esta desarrolladora es propiedad del magnate del ramo de la construcción, salud, medios de comunicación y deportivo, Olegario Vázquez Raña, quien tiene una relación cercana con el Presidente Enrique Peña Nieto y con el ex Gobernador de Sinaloa, el priista Francisco Labastida Ochoa.

El consorcio prevé invertir inicialmente mil 982 millones 711 mil 977 pesos en la construcción, equipamiento y contratación de seguros, según la propuesta económica que presentó y con la cual ganó el fallo emitido por Servicios de Salud, y que el diario Noroeste obtuvo bajo el amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

Dicho monto de inversión inicial será cubierto por la siguiente mezcla de recursos público privados: Banobras aportará mil 586 millones 124 mil 604 pesos, que representan 80 por ciento del total, y la empresa de Vázquez Raña destinará 396 millones 587 mil 373 pesos, que significa el 20 por ciento restante.

A cambio, Prodemex pidió al Gobierno de Sinaloa un contrato por 8 mil 156 millones 146 mil 622 pesos, por construir y operar la unidad médica durante 25 años, que es el periodo de vigencia del contrato.

En el proyecto de sustitución del nosocomio con colaboración pública-privada, el capital privado inicial representa apenas el 5 por ciento del monto total del contrato.

En tanto, el capital y los intereses del préstamo que sumarán 3 mil 19 millones 545 mil 360 pesos serán cubiertos, incluso desde el pago anual de 347 millones de pesos, por parte del Gobierno del Estado, durante 20 años.

Según el archivo en excel titulado “Modelo Hospital de Culiacán”, que deriva de la propuesta económica de la empresa, en la pestaña “ER Operación” –que detalla el estado de resultados de operación–, el consorcio de Prodemex tendrá una utilidad neta mil 530 millones 933 mil 639 pesos.

MISMO PATRÓN EN HGM

El proyecto del nuevo nosocomio de Mazatlán, “Dr. Martiniano Carvajal”, repite la fórmula. Servicios de Salud adjudicó el fallo de la licitación pública, EA-925006998-N54-2013, a favor de la constructora GIA+A.

Hipólito Gerard Rivero es dueño de GIA. El empresario es cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Esta constructora suscribió contratos de prestación de servicios públicos privados con el Estado de México, durante la administración de Peña Nieto en esa entidad.

Para el caso de Mazatlán, invertirá inicialmente mil 492 millones 288 mil 481 pesos en construcción, equipamiento y otros gastos más, para poner en marcha la unidad médica.

Para cubrir dicha inversión, solicitará un crédito con Banobras por mil 116 millones 216 mil 361 pesos, lo que representa el 80 por ciento de la cantidad total, y el porcentaje máximo de financiamiento que otorga la banca pública. La empresa salinista aportará 376 millones 072 mil 120 pesos, traducido en un 20 por ciento.

GIA cobra por sus servicios al Gobierno estatal 239 millones de pesos anuales, por lo que el monto total del contrato propuesto asciende a 5 mil 674 millones 449 mil 315 pesos, en 25 años.

Por el crédito, pagará 2 mil 939 millones 970 mil 357 pesos, los cuales serán saldados con la contraprestación plurianual que cubrirá el Gobierno de Sinaloa.

Los 376 millones 72 mil 120 pesos que invertirá GIA con recursos propios representa el 7 por ciento del monto total del contrato suscrito.

Aun cuando en ambos proyectos, la inversión con capital privado es mínima respecto a los recursos que proveerá el Gobierno de Sinaloa y la banca pública, López Valdez ha solicitado al Congreso del Estado otorgar otra partida presupuestal adicional: el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, supuestamente para reducir la tasa de interés del crédito que soliciten los empresarios ligados al salinismo a Banobras.

PARTIDAS ESCONDIDAS

El Gobierno de Sinaloa ha mantenido escondido dos rubros presupuestales que estarán a su cargo, además del pago por el servicio de los hospitales. Son dos conceptos que no cubren las desarrolladoras en los contratos de colaboración público privado: la nómina de los doctores y otro personal; y los materiales y suministros para la intervención y atención de los pacientes.

En el análisis de viabilidad del proyecto en relación a la sustitución de los hospitales generales, que entregó Servicios de Salud de Sinaloa al Congreso local, no se incluyó dicha información, a pesar de que forma parte del expediente integrado en 2013.

De acuerdo con el oficio SS/DS/589/2013 que envió Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario de Salud, a Armando Villarreal Ibarra, Secretario de Administración y Finanzas, obtenido vía Infomex, se afirma que el organismo tiene suficiencia presupuestal por los próximos 25 años para impulsar los proyectos mencionados.

El documento revela la programación de las dos partidas ocultas. En 2015, se proyectó destinar 387 millones de pesos para cubrir los servicios personales, y 79 millones 8 mil 782 pesos para el pago a proveedores de suministros y materiales.

Los montos de estas dos partidas van en ascenso cada año. De 2015 a 2040, Servicios de Salud tiene programado destinar 33 mil 517 millones 18 mil 342 pesos para cubrirlas: 24 mil 477 millones 365 mil 255 pesos, en nómina, y 9 mil 39 millones 656 mil 87 pesos, a proveedores.

Así, el costo real por sustituir ambas unidades médicas ascenderá a 47 mil 347 millones 614 mil 279 pesos, según las proyecciones que elaboró Servicios de Salud, y que se detallan en los documentos consultados.

Dicha cifra es casi similar a la propuesta, que fue revocada, del proyecto del tren de alta velocidad México Querétaro, por 50 mil millones de pesos, que había presentado el consorcio ganador conformado por China Railway Construction Corporation, CSR Corporation Limited, GHP Infraestructura Mexicana, Constructora Teya, GIA y Prodemex, éstas dos últimas constructoras son las que consiguieron los contratos de hospitales aquí.

Noroeste solicitó una entrevista a Manuel Antonio Coronado Lepro, delegado de Banobras en Sinaloa, pero se negó, y justificó que la oficina central ubicada en la Ciudad de México, podría ofrecer información.

En tanto, Echeverría Aispuro rechazó, en diversas ocasiones, ofrecer una entrevista a fondo sobre el tema.

Como si se tratara de la herencia que deja un padre a su hijo, el Gobierno de Mario López Valdez pretende proteger el futuro de los empresarios salinistas Olegario Vázquez Raña e Hipólito Gerard Rivero.

Con la modificación de los decretos 976 y 977, gestiona en el Congreso del Estado la concesión de un “seguro” que no se oferta en el mercado: habilitar una partida millonaria más del Erario, a favor de Prodemex y GIA, las empresas que desarrollarán los proyectos de sustitución de los hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, los primeros bajo el esquema de colaboración público privado en la entidad.

Con lo que el Gobierno de Sinaloa hipotecaría los recursos que actualmente inyecta a los programas sociales, incluyendo los pagos de los trabajadores jubilados y pensionados que prestaron sus servicios a los sinaloenses.

ERARIO ABIERTO

Desde la concepción de los nuevos hospitales en 2013, el Estado abrió, sin límite ni restricción, el presupuesto que maneja el Sistema de Salud y lo puso a disposición del sector privado.

Con los decretos 976 y 977 que dan origen a los proyectos, las constructoras obtienen la facultad para reclamar y usar todos ingresos que perciba el organismo Servicios de Salud, así como aquellos autogenerados por los hospitales, durante la vigencia de los contratos a lo largo de 25 años.

Tan sólo el próximo año, las unidades médicas recibirían por ingresos totales recursos por mil 077 millones de pesos, de acuerdo con el proyecto de análisis para la sustitución de los nosocomios, que Ernesto Echeverría Aispuro, Secretario de Salud, envió a Armando Villarreal Ibarra, Secretario de Administración y Finanzas, y que Noroeste obtuvo mediante la Ley estatal de Acceso a la Información Pública del Estado.

Los empresarios salinistas tendrán derecho a recibir los beneficios generados por los rubros que manejan los hospitales: el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Nivel 7 (atención médica privada), farmacias, convenios con instituciones, servicios comerciales y médicos, seguro médico Siglo XXI y gastos catastróficos, detalla el documento.

Los montos van en incremento cada año. Según la proyección elaborada por la dependencia, de 2015 a 2039 que es el periodo programado de operación bajo el esquema de contrato de colaboración público privado, los ingresos sumarían 51 mil 528 millones 38 mil 98 pesos.

Estas cantidades millonarias anuales no fueron suficientes. Y ahora Malova solicitó más dinero público, después de que los fallos de las licitaciones públicas se adjudicaron a Prodemex y GIA.

El mismo proyecto de análisis para la sustitución de los nosocomios, que avaló Echeverría Aispuro en octubre de 2013, aseguraba que el organismo contaba con el presupuesto suficiente para garantizar su viabilidad.

“Esta dependencia a mi cargo cuenta con el presupuesto necesario para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven y la contratación de dichas unidades bajo el esquema de asociación público privada”, afirma el documento que presenta la rúbrica del funcionario.

Sin embargo, el Gobernador cambió de parecer, justo después de que los empresarios salinistas ganaron los dos proyectos.

El 30 de julio, envió la iniciativa de reforma a los decretos 976 y 977, con carácter de preferente, en la que solicita la afectación de hasta el 25 por ciento del monto del Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas, un fondo federal destinado a cubrir programas sociales y el pago de deuda pública.

“Lo único que están pidiendo es que garanticemos su pago”, dijo López Valdez el 29 de octubre, en el festejo del Día del Médico, cuando exhortó al Congreso del Estado atender la iniciativa.

El argumento radica en que el FAFEF servirá como garantía frente a los créditos que solicitarán las empresas al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, en caso de que el Estado incumpla con el pago de 586 millones de pesos anuales por la contratación de ambos servicios.

Pero la Carta de Intención de Financiamiento emitida por la banca pública contradice la versión oficial. El documento no condiciona la entrega del fondo federal como garantía, ni instruye al Gobierno del Estado a proveer algún recurso adicional a favor de las empresas, a cambio del financiamiento.

“La autorización y/o otorgamiento del financiamiento estará condicionado a que: a) el mecanismo a través del cual se haga la asignación y el depósito de la totalidad de las partidas presupuestales para el pago de la contraprestación en el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía, sea a satisfacción de Banobras”, menciona el documento, sin especificar más.

Además, la iniciativa del Gobernador no se limita a la entrega de las garantías, sino que también habilita el recurso del FAFEF como una partida adicional del presupuesto del Estado, de la cual el desarrollador podrá recibir pagos.

La propuesta legislativa enviada así lo precisa, el fondo se utilizará como fuente de pago o garantía, otra inyección más de recursos a las constructoras.

“(Que se afecte) aquellos derechos e ingresos que lo sustituyan y/o complemente total o parcialmente, como fuente de pago o garantía de las obligaciones de pago a favor del desarrollador derivadas del contrato de colaboración público privado que se autoriza”, plantea el artículo segundo del documento legislativo, enviado en julio.

El tema ahora es discutido por los diputados. De aprobarse, el Gobierno pondría prácticamente todos los recursos del Sistema de Salud a disposición de Vázquez Raña y Gerard Rivero.

LA HIPOTECA

Los préstamos que prevén solicitar a Banobras, Prodemex por mil 586 millones 124 mil 604 pesos y GIA por mil 116 millones 216 mil 361 pesos, se pagarán con recursos del Gobierno estatal, de acuerdo con las propuestas económicas que presentaron las mismas empresas a Servicios de Salud durante los procesos de licitaciones públicas, y que Noroeste obtuvo una copia vía Sistema Infomex.

Y en caso de que el Estado incumpla, la banca pública tomaría posesión hasta del 25 por ciento del monto del FAFEF, un compromiso ineludible que será inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalla el Artículo Cuarto de la iniciativa mencionada.

En 2013, el fondo federal percibió 800 millones 282 mil pesos que se destinaron así: 153 millones 96 mil pesos a Desarrollo Social, y 304 millones 517 mil pesos a programas de jubilados y pensionados.

Y los 342 millones 668 mil pesos restantes se utilizaron para el pago de la deuda pública, incluyendo la amortización e intereses, según datos obtenidos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y que puede ser consultado en el siguiente enlace; http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=110&Itemid=2539

Mientras que este año alcanzó 860 millones 407 mil 783 pesos, según la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.

Este fondo federal funcionaría como el “seguro” de Vázquez Raña y Gerard Rivero, que evitaría alguna afectación a sus finanzas y a sus historiales crediticios ante cualquier decisión que tomen los próximos cuatro gobernadores.

Al conceder este beneficio, el Estado estaría hipotecando más de 200 millones de pesos cada año, que tendría un impacto sobre los programas sociales.

“(Si esa cantidad) se mantuviera inamovible por 25 años, los particulares estarán asegurando ingresos por 5 mil 375 millones de pesos más”, estimó el Diputado perredista Ramón Lucas Lizárraga, en septiembre.

OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA

(El precio de la medalla)

Olegario Vázquez Raña es un empresario experimentado. Desde 1986, ha creado una fortuna que crece, de rama en rama, dentro de la economía nacional: construcción, turismo, salud, deportes y medios de comunicación.

Y con la reforma en telecomunicaciones, intenta incursionar al negocio de la televisión, según publicó la revista Forbes México, en marzo.

“Para Olegario Vázquez Raña, presidente de GEA (Grupo Empresarial Ángeles), ganar alguna de las licitaciones para las dos nuevas cadenas de televisión nacional se mantiene como una opción”, afirma la publicación.

Pero, quizás, lo que más pesa en su currículum es su cercana relación con el Presidente Enrique Peña Nieto, con el Diputado federal Manlio Fabio Beltrones y también con el Gobernador Mario López Valdez. En resumen, con la cúpula política.

Incluso, en noviembre de 2010, la Academia Nacional, una asociación presidida por el mismo Vázquez Raña, el ex Senador Francisco Labastida y el jurista José Elías Romero, entregaron una medalla a López Valdez y lo condecoraron con la Gran Orden de la Reforma al Mérito Político.

En los últimos seis años, quien participó en cuatro Juegos Olímpicos y en cinco campeonatos del mundo en Tiro Deportivo, ha logrado contratos millonarios a través del esquema de asociaciones público privado, asegurando ingresos para sus empresas por las próximas dos décadas. A pesar de que algunas de sus obras se opaca por registrar anomalías.

Hoy, Culiacán está bajo la mira del magnate, con la beta de un nuevo negocio: la construcción, operación y mantenimiento del Hospital General de Culiacán.

Y aun cuando lo respalda una fortuna, el empresario no quiere correr riesgos, y puso condiciones a Malova: garantizar su inversión y poner como aval los recursos federales por al menos 220 millones de pesos anuales.

EL PRIVILEGIO

Durante la administración de Peña Nieto, como Gobernador del Estado de México, Prodemex fue una de las constructoras privilegiadas, que ganó varias obras bajo la modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios, un esquema de inversión pública y privada.

En 2009, la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México suscribió un “contrato pps” para construir el Puente vehicular en las avenidas Prolongación Madero y James Watt, en Cuautitlán.

“La obra tendrá un costo de 828.3 millones de pesos e implica servicio, mantenimiento y conservación que requiera el puente para cubrir sus necesidades operativas durante 25 años. Esto implicaría para el Estado de México, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, un pago anual de 34.4 millones de pesos”, informó el Gobierno del Edomex mediante un boletín, en junio de ese año.

La Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Mexicana fungió como testigo social del proceso de licitación pública. En su informe final, observó tres irregularidades: se estableció un precio tope para la obra; falta de claridad y congruencia en la mecánica para elegir la propuesta ganadora; además, los auditores ciudadanos no tuvieron acceso a las propuestas presentadas por las empresas, hasta después del fallo, meses más tarde.

Por lo que, no avaló el procedimiento realizado por el Gobierno peñista.

“…No es posible para TM determinar si el resultado de la licitación se dio en cumplimiento estricto de lo establecido en base, ya que TM no tuvo elementos suficientes que le permitieran llegar a esa conclusión”, concluye el informe publicado en abril de 2011.

Cuatro años después del anuncio, el periódico El Universal del Estado de México publicó que la obra no fue concluida, aunque no informó los motivos que lo originaron.

“…Quedó pendiente el puente de la avenida James Watt, obra que supuestamente iniciaría en abril del 2010 y que cruzaría el Emisor Poniente y las vías del ferrocarril, aunque en febrero pasado (de 2012) les informaron que la estructura quedó cancelada y sólo se realizará la rehabilitación de la avenida”, se denunció en mayo de 2012.

LOS CONTRATOS PEÑISTAS

Siete meses antes de que Peña Nieto renunciara a la Gubernatura para buscar la Presidencia de la República, otorgó otro “contrato pps” al dueño del Grupo Empresarial Ángeles, por 20 años.

El 24 de febrero de 2011, el Gobierno mexiquense anunció la contratación de la empresa Conservadora de Carreteras S. A. de C. V., que generará a Prodemex ingresos por 9 mil 800 millones de pesos.

“La Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, a través de Miguel Ángel Vega Vargas, director general de la Junta de Caminos y la empresa mexiquense Conservadores de Carreteras S. A. de C. V., subsidiaria de Prodemex, firmaron el contrato de prestación de servicios de conservación de carreteras y vialidades, mediante el cual, dará conservación integral a 39 vialidades y 31 carreteras…”, informó en un comunicado.

“(Es) una fuerte inversión inicial de 2 mil 150 millones de pesos en el primer año de vida del proyecto, para estandarizar los niveles de servicios de carreteras y vialidades, y posteriormente, aplicará 3 mil 500 millones de pesos para su conservación oportuna en los próximos 20 años”.

Mientras que el periódico Excélsior, propiedad del empresario, agregó más información.

“El cierre del contrato generará ingresos para Prodemex de 9 mil 880 millones de pesos en los próximos 20 años que es la duración del convenio”.

En 2009, también obtuvo el contrato para crear el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, por 7 mil 38 millones de pesos, que manejará hasta 2034.

De acuerdo con el sitio web www.prodemex.com, la empresa ha construído los hospitales Angeles de Lindavista, Puebla, Interlomas, Acoxpa y Villahermosa; hoteles de la cadena Camino Real; el Desvío Ferroviario en el Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán; el Cefereso de Papantla… y más.

Por obtener éstos contratos, a Vázquez Raña lo acusan de privilegios por su cercana relación con el ahora Presidente de México.

“Otro empresario consentido es Olegario Vázquez Raña, quien a través de su constructora Prodemex ­–dice Chavarría– hizo la avenida Las Torres… por esta sola avenida, los mexiquenses le estamos pagando a Olegario 250 millones de pesos anuales durante 20 años”, expuso Arturo Chavarría Sánchez, entonces presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, en el reportaje “Corrupción: El Edomex, ejemplo a seguir”, publicado por la revista Proceso, en octubre de 2012.

NEGOCIO EN PUERTA

Ahora, el empresario de origen español quiere expandir sus negocios en Sinaloa. En mayo pasado compitió contra 12 empresas para obtener el contrato para construir, operar y mantener el Hospital General de Culiacán, por 25 años.

De acuerdo con la licitación EA-925006998-N53-2013 –que puede ser consultada en compranet.gob.mx–, las empresas del magnate, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y Desarrolladora en Infraestructura en Salud PROAN recibirán 347 millones de pesos anuales del Gobierno de Sinaloa.

En los 23 años y medio que recibirán dicho pago, el también dueño del equipo de futbol Club Querétaro obtendrá ingresos por 8 mil 154 millones de pesos, más los montos adicionales que genere el índice inflacionario.

Para garantizar estos ingresos al dueño de las cadenas de hoteles Camino Real, López Valdez cabildea con los diputados para asegurar el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, aún cuando esto implique el riesgo de recortar el presupuesto de programas sociales, pago de pensiones y jubilaciones, y deuda pública.

Malova le abrió la puerta al magnate para la creación de un nuevo negocio, ahora dependerá de los legisladores poner algún “candado”.

HIPÓLITO GERARD RIVERO

(Lo persiguen las acusaciones)

Aun cuando el Gobernador Mario López Valdez endeudó al Estado, con autorización del Congreso, por 20 años, con 2 mil 600 millones de pesos para infraestructura productiva, la cartera contiene todavía proyectos sin concretar.

En el listado de pendientes aparece el Parque Temático “Más Culiacán” que contaría con cuatro pabellones: Más Campeón, Más Artista, Más Productivo y Más Héroe, informó el Gobierno del Estado, en mayo, mediante un boletín. A la fecha, sigue en construcción.

Para esta obra, se contrató a la Constructora y Edificadora GIA+A S. A. de C. V., cuyo director General es Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el fallo de la licitación pública LO-9525004998-N18-2012, se le pagarían 133 millones 520 mil 561 pesos por la obra.

“…los trabajos los deberá iniciar el 10 de enero de 2013 y concluirlos a más tardar el 15 de diciembre del 2013”, estipula el contrato original.

Pero el proyecto continúa inconcluso, en obra negra. En mayo, López Valdez visitó el cascarón del edificio y ahí prometió que este mes quedaría concluido, además, anunció que su costo se duplicaría.

“Este parque, en el que se invierten más de 315 millones de pesos, cambiará los paradigmas en la formación de niños y jóvenes…”, expone el comunicado.

A pesar del incumplimiento, el mismo mes del recorrido, el Gobierno de Sinaloa falló a su favor y adjudicó la construcción y operación que la obra que sustituirá al Hospital General de Mazatlán, para el cual erogará 239 millones de pesos anualmente, por 23 años y medio.

LA VISITA DE RAÚL SALINAS

Seis meses antes de que el Congreso del Estado aprobara la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado, el 12 de abril de 2012, Raúl Salinas de Gortari, el “hermano incómodo”, visitó el despacho de López Valdez.

“Nada de política”, respondió cuando Noroeste le preguntó el motivo de su reunión fugaz con el mandatario estatal y el Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

Ocho meses después, el Gobierno del Estado contrató a GIA+A para la construcción del Parque Temático “Más Culiacán”.

Al año siguiente, en noviembre visitó Mazatlán, y participó en la Novena Asamblea Convención Nacional de Contadores Públicos.

“Estoy trabajando, como lo pueden ver, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, tengo seis nietos y eso me ha ocupado bastante”, dijo Raúl Salinas.

En mayo, la empresa de Gerard Rivero obtuvo, otro contrato más, por un monto significativo: 239 millones de pesos cada año, por edificar y mantener en operación el nuevo Hospital General de ese puerto.

LAS ANOMALÍAS

En agosto de 2009, bajo el nuevo concepto de contrato de proyectos de prestación de servicios, el Gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, concedió a GIA+A la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca y una unidad de apoyo.

Según el contrato original, el costo se dispararía hasta 6 mil 703 millones 567.4 mil pesos hasta 2023, informó el Gobierno del Edomex.

Y aunque el hospital fue entregado, no funciona en su totalidad, denunciaron medios de comunicación.

“El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, uno de los más modernos del país, está considerado un ‘elefante blanco’, pues su infraestructura ‘está siendo aprovechada, subutilizada’, desde hace 15 meses por la Secretaría de Salud, ya que no ha asignado personal para que se cubran más de mil 500 plazas requeridas.

Actualmente sólo funciona un piso de los cuatros niveles y la capacidad de respuesta en servicios está entre un 15 y 20 por ciento”, publicó La Jornada en julio pasado.

“No tenemos recursos humanos suficientes y por tanto es difícil responder a las necesidades de la población”, dijo Fabián Infante Valdez, secretario general de la sección 103 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SS.

“…Bajo el amparo de la administración de Enrique Peña Nieto, por cada uno de esos inmuebles se pagaron 8 mil millones de pesos, cuando el costo real es de unos mil millones de pesos”, publicó El Universal, en mayo de 2011.

Otro ejemplo de ineficiencia sucedió al sur del Continente Americano, en Chile.

CIPER, Centro de Investigación Periodística, dirigido por la prestigiada periodista Mónica González, publicó que la sociedad solicitó “congelar” la concesión otorgada a la empresa de Gerard Rivero y su socio Samuel Levy quien dirige la constructora Cosal, e impedir que funcionara el Hospital Salvador que manejaban.

“…La reacción más dura fue la de los funcionarios del Salvador que realizaron un paro de 28 días, dejaron de atender 10 mil consultadas y suspendieron cerca de mil cirugías programadas durante julio para exigir que se anule el contrato de concesión por 15 años ya adjudicado al consorcio de Cosal, GIA+A y Assignia. Pero deshacer el acuerdo podría costar al fisco un centenar de millones de dólares sólo para compensar al consorcio…”, exhibe el reportaje titulado “El oscuro historial mexicano de las empresas concesionarias del Hospital del Salvador”.