Alfredo Rodríguez Dávila es presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo es dueño y director de la empresa Corsa Transportes, dedicada al traslado de mercancías en vehículos pesados, incluyendo de doble remolque.

En las semanas próximas, los legisladores debatirán la prohibición o regulación de los camiones de doble remolque y Rodríguez Dávila será uno de los encargados del cabildeo con los empresarios, participará en los foros de consulta y si la iniciativa llega al pleno de la Cámara de Diputados, votará.

En entrevista con Animal Político asegura que su voto “será igual de válido que el de cualquier otro diputado” y su posición como parte de la industria y al mismo tiempo como un legislador que definirá una nueva normatividad, no supone un conflicto de interés.

El debate sobre la pertinencia de los camiones doble remolque en las carreteras mexicanas surgió nuevamente debido a accidentes provocados por este tipo de vehículos en el último mes y que han dejado muertos y heridos. Diputados y senadores han presentado iniciativas para prohibir la circulación de dichos automotores y el próximo 19 de octubre iniciará un foro de análisis sobre el tema.

El diputado Rodríguez Dávila ha recibido a los empresarios transportistas, pero no estuvo en la reunión con los ciudadanos que impulsan la prohibición. Como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados será un actor activo en las discusiones, pero cualquier decisión, dice, “será por consenso”.

El diputado panista ha llevado su carrera política y empresarial a la par. En 1999 fue coordinador en las precampañas del PAN a la presidencia municipal de Monterrey y ha sido legislador local y federal; desde 1996 es propietario y dirige la empresa Corsa Transportes, establecida en Nuevo León, de donde es originario.

Según la página de internet de la empresa de carga, da “servicio en plataformas y equipo especializado como Step Decks y Double Drops”, con lo cual cumplen las necesidades de los clientes para el “traslado de mercancía tanto con exceso de dimensiones como en carga Legal”.

La empresa opera en México, Estados Unidos y Canadá con “250 remolques propios y 90 tractocamiones” y entre sus clientes están las siderúrgicas Deacero, Ternium y Villacero; la empresa proveedora de autopartes automotrices, Metalsa; Prolamsa, dedicada a la fabricación de productos laminados, y Prolec, fabricante de generadores eléctricos, entre otras.

Corsa Transportes forma parte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), organizaciones involucradas en el debate sobre los camiones de doble remolque.

– ¿Ve un conflicto de interés en esto?

– El conflicto de interés sería inverso. Porque si se eliminan los doble remolques habría más trabajo para los transportistas. La perspectiva que se pudiera tener es estar apoyando que se eliminaran porque se necesitarían el doble de camiones pero estamos aquí con el interés de hacer lo mejor para el país.

– ¿Es posible estar en ambas líneas y en este caso, en algo que se va a legislar?

– Todos los que participan liderando comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados normalmente deben tener un conocimiento amplio de lo que se está planteando. ¿Quién preside las comisiones de salud? Los doctores; en la de educación, maestros; en medio ambiente, especialistas. Es una práctica en todo el mundo, no solamente en esta cámara y esta comisión. Si hablamos de una reforma electoral o transparencia podríamos llegar al ridículo de que nadie puede llegar a legislar porque todo mundo vota.

Con este argumento, descartó retirarse del debate que se intensificará en los próximos días en ambas cámaras.

En tanto, el diputado panista Jorge López, secretario de la comisión de Transporte y autor de la iniciativa para prohibir el doble remolque en la Cámara de Diputados, asegura que Rodríguez Dávila debe continuar en la discusión y darle “un voto de confianza”.

Aunque tenga actividades privadas, el legislador debe privilegiar el interés social. “Si en la actividad legislativa de día a día se acredita que los legisladores estamos defendiendo el interés de los ciudadanos, no vería ningún conflicto de interés. A las pruebas nos debemos remitir y yo daría un voto de confianza respecto a esta y otras iniciativas”, afirma López.

¿Conflicto de interés?

Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que en este caso, el diputado debería “excusarse” del proceso legislativo y privilegiar el interés público.

“El conflicto de interés no es un acto irregular, pero es una situación de riesgo, por eso se trata de evitar. No queremos que haya conflicto de interés porque normalmente cuando lo hay, lo que pasa después es un acto de corrupción”, asegura en entrevista.

Kaiser, integrante de la International Anti Corruption Academy, considera que “la salida más adecuada en este caso sería que el diputado no participara en la discusión porque si se privilegia en un sentido o en otro, la decisión quedará manchada y se trata de proteger a las instituciones”.

El IMCO fue una de las organizaciones que impulsó la Ley 3de3 que buscaba que todos los funcionarios públicos difundieran su declaración patrimonial, fiscal y de interés, para que la ciudadanía conociera sobre los bienes que poseen, los impuestos que pagan y las actividades adicionales a la labor pública que realizan.

El julio próximo entrará en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé la figura de conflicto de interés y, en casos como este, existirá una comisión que analice la situación y determine si un funcionario público debe participar o excusarse de algún proceso donde persista un conflicto de intereses y pueda derivar en un acto de corrupción.

Por lo pronto, ninguna legislación obligaría a algún funcionario de abstenerse de participar en procesos donde converjan sus intereses particulares y públicos.