El gremio de los judiciales, que lidera Julio Piumato, alineado con la oposición, le declaró la guerra a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Tras denunciar designaciones de empleados a dedo, mediante concursos poco transparentes, decretaron una huelga y convocaron a movilizarse para reclamar la renuncia de la funcionaria, gane quien gane las elecciones del domingo.

Piumato viene cuestionando la manera en que la Procuración hace designaciones de empleados y cubre las vacantes que se generaron con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que prevé la creación de más de 1700 cargos.

"Cualquiera sea el escenario político que quede configurado el domingo, los judiciales tenemos que ser claros en una cosa: los niveles de arbitrariedad que se viven en la Procuración General de la Nación no pueden continuar", dijo Piumato en un comunicado.

El gremio cuestionó "las designaciones con fines políticos, los concursos carentes de todo tipo de transparencia, las prácticas desleales frente a la organización sindical, los nombramientos y ascensos indiscriminados para militantes, amigos y familiares del poder".

Estas son las razones por las cuales convocaron para el 2 de diciembre una movilización a la Procuración General de la Nación, en la que dijeron que van a reclamar la renuncia de Gils Carbó "a viva voz para acabar con estos atropellos".

Gils Carbó fue designada por la presidenta Cristina Kirchner hace tres años y medio y su pliego tuvo acuerdo del Senado con la ayuda del radicalismo. Puede estar en el cargo hasta los 75 años, como los jueces de la Corte. Hay una fuerte presión opositora para que renuncie en caso de que Mauricio Macri gane el domingo. La funcionaría dijo que no piensa dejar el cargo.

Piumato denunció que desde hace dos semanas la Procuración General de la Nación dejó de publicar las resoluciones internas del organismo. "¡Es el colmo del oscurantismo!", se quejó el sindicalista.

Dijo que la negativa de publicación de las resoluciones está relacionada con "ocultar la arbitrariedad con la que se efectivizan cientos de cargos letrados y administrativos de paracaidistas venidos de la calle, mientras los judiciales siguen sufriendo la postergación injustificada en la carrera.

Piumato entendió que las nuevas facultades que la ley del Ministerio Público Fiscal asigna al procurador exigen que "se revisen la idoneidad y el compromiso democrático de los funcionarios que deben llevar adelante la investigación y persecución de los delitos en nuestro país".

"Por eso esta movilización debe ser el comienzo de una discusión sobre qué Justicia queremos los argentinos", enunció.