En estos días se discute en el Congreso una de las reformas estructurales más importantes de este gobierno, la ley que regula el traspaso de competencias a los próximos gobiernos regionales electos. Más allá de los avances importantes y trabas persistentes del proyecto, que sería largo detallar, llama la atención la ausencia del que es un aspecto medular de la descentralización: el control directo de los ciudadanos sobre sus representantes políticos. Una consecuencia mayor de esto es el riesgo de corrupción en un sistema que será más difícil de controlar centralizadamente.

La evidencia internacional de la relación entre descentralización y corrupción es aparentemente contradictoria, encontrándose casos en que es positiva o negativa. Pero la diferencia entre estas trayectorias es bastante clara, consiste en la presencia o ausencia de mecanismos efectivos de control ciudadano y en la mayor o menor libertad de prensa (Bosch, Espasa y Mora, 2012; Lessmann y Markwardt, 2010).

Así, cuando se protege a la prensa y a sus informantes, y cuando los medios están menos sujetos al control de grandes corporaciones, se observa una disminución de la corrupción al descentralizar. La prensa libre contribuye a formar una opinión pública fundada, que puede ejercer un control ciudadano eficaz mediante mecanismos como el referéndum para la revocación de mandato, apoyado en transparencia activa, con cuentas públicas exhaustivas, actualizadas y de libre acceso.

Lamentablemente, en Chile vamos en la dirección opuesta. El traspaso de competencias a las regiones está siendo diseñado para mantener una fuerte tutela del Presidente de la República sobre los gobernadores electos, mediante la revocación unilateral de las competencias otorgadas y un control de cuentas centralizado. La supervisión financiera es razonable, pero es improbable que una Contraloría ya sobrepasada y a la que le faltan muchos dientes, pueda fiscalizar adecuadamente un nuevo sistema mucho más complejo.

Otorgar autonomía parcial a las regiones, bajo tutela presidencial y control centralizado, implica un mayor riesgo de corrupción. En lo medular, descentralizar es empoderar a los habitantes de un territorio, devolviéndoles su derecho a fiscalizar directamente el actuar de sus representantes electos. Desconcentrar el poder puede reducir la corrupción, pero para esto es necesario distribuir las capacidades de control.

En este contexto, es preocupante que en las reformas de descentralización no existan iniciativas que promuevan el control directo de los electores sobre sus representantes, que puede ser un eficaz complemento de la supervisión central. Para colmo, iniciativas legales que limitan la capacidad investigativa de la prensa, como la "ley mordaza", junto al oligopolio de los medios de comunicación masiva, atentan contra la formación de una opinión pública bien fundada. Y sin información adecuada, de poco sirve empoderar a la ciudadanía.

En suma, otorgar autonomía parcial a las regiones, bajo tutela presidencial y control centralizado, implica un mayor riesgo de corrupción. En lo medular, descentralizar es empoderar a los habitantes de un territorio, devolviéndoles su derecho a fiscalizar directamente el actuar de sus representantes electos. Desconcentrar el poder puede reducir la corrupción, pero para esto es necesario distribuir las capacidades de control.