El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU entiende que la prisión preventiva de Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa es “arbitraria” y pide al Gobierno español su libertad “inmediata”, siguiendo el mismo criterio que ya expresó a finales de mayo en el caso de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Según recoge el nuevo informe de 17 páginas, el grupo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para corregir la situación de los presos y lo haga “sin dilación” dejándolos en libertad “inmediatamente”. Además, también solicita que se les conceda “el derecho efectivo a una indemnización y otros tipos de reparación”.

El texto resulta contundente contra la detención de los líderes independentistas al considerarla “arbitraria” por vulnerar los artículos 2, 9 a 11 y 18 a 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son los artículos que regulan los derechos al juicio justo, a la presunción de inocencia, a la libertad de expresión o la participación política, entre otros. Asimismo, el informe también exige responsabilidades al Gobierno y le insta a llevar a cabo una “investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad” de los cuatro dirigentes independentistas y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

El informe pide al Gobierno una “investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación de libertad” de los cuatro dirigentes independentistas y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”

Los miembros del Grupo de Trabajo dan así la razón a las defensas en la inmensa mayoría de sus posiciones y asumen que los líderes independentistas no han sido juzgados por un tribunal imparcial ni han contado con el tiempo suficiente para defenderse. En este punto, el informe cita que las declaraciones en las que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se atribuía haber “descabezado” el movimiento independentista y el posterior encarcelamiento de los dirigentes “generan una situación que afecta la percepción de falta de imparcialidad del tribunal para cualquier observador razonable”.

Entre otras opiniones, el informe también entiende que la aplicación de la prisión preventiva ha sido excesiva y cita la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein sobre la euroorden contra Puigdemont para sustentar que no ve violencia necesaria para sustentar el delito de rebelión que se les imputa. Como corresponde a este tipo de organismos, el grupo de trabajo pide al Gobierno de Pedro Sánchez que le informe de si ha tenido en cuenta su dictamen y ha liberado a Forn, Romeva, Rull y Bassa, si se les ha reparado el daño, si se han investigado “la violación de derechos” contra ellos e incluso si se han llevado a cabo “enmiendas legislativas” para aplicar la opinión del grupo.

El informe sigue la misma línea del que ya tuvo lugar en el caso de Junqueras y los Jordis. En su momento, el abogado británico Ben Emmerson anunció la resolución del grupo de trabajo y se dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que valorara el documento como se merece. “Si lo ignora tendrá que afrontar un gran rechazo internacional”, dijo en su momento.

En cambio, el Gobierno hizo todo lo contrario y no solo censuró el informe sino que incluso puso en duda la imparcialidad del grupo, al vincular a dos de sus miembros con el abogado Emmerson. El Gobierno, vía el ministro de Exteriores Josep Borrell, envió una queja formal a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, y además pidió una “revisión del texto” por lo que denominó “falta de rigor” y “desconocimiento” del caso.

Es el segundo informe del mismo grupo de estas características; tras el primero, Borrell elevó una protesta a Naciones Unidas cuestionando la imparcialidad de sus miembros

Objetivos y miembros

El Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias, que se situó en el centro de la polémica por el primer informe, es un mecanismo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige la alta comisionada Bachelet. Fue creado en 1991 y está formado por cinco expertos: el mexicano José Guevara Bermúdez (presidente), la australiana Leigh Toomey (vicepresidenta), la letona Elina Steinerte, el surcoreano Seong-Phil Hong (Corea del Sur) y Sètondji Adjovi, de Benin. Precisamente el ministerio de Exteriores puso en duda su imparcialidad al relacionar personalmente a los miembros Guevara y Hong con el letrado británico.

Según los estatutos, su principal misión es “investigar casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o de forma inconsistente con los estándares internacionales fijados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos legales internacionales”. Una vez detectado o recibida la denuncia sobre un caso de detención “arbitraria”, los cinco expertos trabajan con información recibida de gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, individuos afectados, sus familias y abogados.

¿Hay presos políticos en España?