La juez Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido una euroorden de detención de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos. Junto al expresident de la Generalitat están en Bélgica los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura). Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

La juez Carmen Lamela afirma que Puigdemont aprovechó su cargo al frente del Govern para "llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña" junto a otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas. “Para ello promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento constitucional”.

La juez ha redactado diez autos, dos por cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.

La magistrada describe cómo, a pesar de la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident “continuó impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de diputados, no de votos”. Toda una batería de argumentos que vuelve a poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el papel que debería jugar cada uno de los actores”.

Según insiste el auto, Puigdemont era “conocedor de la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de Cataluña para convocar un referendum”. “Pese a lo que insistió públicamente en mantener la convocatoria del referéndum como primer paso del llamado 'proceso de desconexión' del Estado español”, apostilla Carmen Lamela, que recalca que los pronunciamientos del Constitucional le fueron notificados “personalmente” y “reiterados de forma clara y sin fisuras”.

Prisión sin fianza

En uno de los autos, la juez ordena la “busca y captura” nacional e internacional de Puigdemont, así como su ingreso en prisión sin fianza. La magistrada motiva la decisión por el hecho de que el expresidente se encuentra “en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio”. La juez deniega la petición de Puigdemont y de los otro cuatro consejeros instalados en Bélgica de declarar por videoconferencia. “Ninguno de ellos explica los motivos que le asisten”. Ese derecho, recuerda, está previsto para residentes en el extranjero, no para quien “se fuga y se refugia en un Estado miembro para no estar a disposición de los tribunales”.

La juez destaca los hechos presuntamente delictivos de Puigdemont y le atribuye el liderazgo del proceso para organizar el referéndum y proclamar la independencia. Al frente del “gobierno regional de Cataluña”, Puigdemont, las instituciones y las entidades soberanistas “unieron sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión” de Cataluña. Todos ellos “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”. Como presidente y “más alta representación de la comunidad autónoma”, incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional y “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal”. El expresidente, agrega Carmen Lamela, “promovió actos, manifestaciones y proclamas”.

Frente a ese papel predominante de Puigdemont, la magistrada destaca en sus escritos que los consellers en busca y captura "contribuyeron" supuestamente a cometer toda esta batería de delitos.

Los cinco exmiembros del Govern estaban citados a declarar este jueves y viernes ante la Audiencia Nacional pero desde Bruselas el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, adelantó que no acudirían ante la Justicia. Sí lo hicieron Junqueras y otros ocho exconsellers y terminaron su jornada en la cárcel de Estremera (los varones) y Alcalá Meco (las mujeres), y solo uno de ellos, Santi Vila, con la posibilidad de volver a casa si paga una fianza de 50.000 euros.

La juez ha aceptado la petición del ministerio público, que señalaba en su escrito que es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado “reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”.

De Puigdemont, el fiscal señalaba que "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

La fiscalía belga aseguró este jueves que en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla, según las fuentes consultadas. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.

El proceso, según Bekaert, "llevará un tiempo". La orden de detención "tiene que ser traducida y luego tramitada por la Policía federal, en el parquet federal (Fiscalía) en nuestro país [por Bélgica]. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción", indicó el abogado.