Macri y Cristina, en junio del año pasado, cuando inauguraron la ampliación de la Illia y se mostraron juntos en público por última vez LA NACION / Fabián Marelli - Archivo

A sólo 9 días de dejar el poder, Cristina Kirchner acató un reciente fallo de la Corte Suprema que obliga a la Nación a devolverle a las provincias fondos de la coparticipación. A través de un decreto, la Presidenta cedió casi $ 100.000 millones, monto que tendrá que resignar la administración de Mauricio Macri.

En apenas una semana, la jefa de Estado acató un fallo de la Corte que declaró inconstitucional una ley que les descontaba a las provincias el 15% de la coparticipación para financiar la Anses y, también, varios decretos por los que les retenía otro 1,9% en favor de la AFIP.

El máximo tribunal le dio el martes pasado la razón a Santa Fe, Córdoba y San Luis, jurisdicciones que presentaron demandas en 2006 contra el gobierno nacional. En ese momento gobernaba Néstor Kirchner y las detracciones las continuó haciendo la actual gestión. Cristina no sólo decidió acatar el fallo de la Corte, sino que accedió a devolverle los fondos al resto de las provincias.

"Dispónese el cese a la detracción del quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones", señala el decreto 2635/2015, que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

En uno de sus considerandos, expone: "La percepción del 15% de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la Anses proyectada para el año 2015, asciende a la suma de $ 98.182 millones sobre un total de $ 638.664 millones, representando un 15% de los recursos totales del organismo, poniéndose de manifiesto con lo expuesto la magnitud de la incidencia de los ingresos involucrados".

Ese es el monto que deberá resignar el próximo gobierno sólo por este año, además de que está obligado, por el fallo de la Corte, a devolver lo que retuvo desde el 2006 a Santa Fe, Córdoba y San Luis: unos $ 80.000 millones. El decreto dispone también cubrir esos montos que deja de percibir con fondos del Tesoro Nacional para no afectar el financiamiento de la Anses.

Argumentos y advertencias del kirchnerismo

El decreto firmado por el Gobierno expone varios argumentos y advertencias sobre el peso que tendrá la decisión en la próxima gestión, que será la de Macri. El presidente electo cuestionó días atrás el fallo, aunque lo consideró "razonable". La medida obligará a su gobierno a discutir un nuevo orden de coparticipación con las provincias.

La Administración Pública debe ajustar su conducta a los lineamientos doctrinarios establecidos por la Corte Suprema, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos

"La Administración Pública debe ajustar su conducta a los lineamientos doctrinarios establecidos por la Corte Suprema, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica con ellos, aún cuando no comparta su contenido, principio que se funda en la jerarquía del Tribunal", es uno de los argumento del Ejecutivo para acatar con rapidez el fallo del máximo tribunal. En los últimos años, Cristina Kirchner protagonizó una fuerte embestida contra el Poder Judicial y aún no acató el fallo que obliga al Gobierno a hacer público las cláusulas secretas del contrato con Chevron por el yacimiento Vaca Muerta.

Al entender que el fallo coloca desde lo jurídico "en situación de desigualdad al resto de las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, produciendo una palmaria inequidad entre los Estados Provinciales, contrario al más elemental principio de igualdad ante la justicia", el Gobierno resolvió extender los efectos del fallo al conjunto de las jurisdicciones para "evitar pleitos, gastos y la producción de intereses que compensen las demoras".

En la decisión que lleva la firma de la Presidenta y de todo el Gabinete nacional, y que rige desde hoy, el Ejecutivo advierte que la decisión del máximo tribunal de Justicia genera "un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social".

El fallo es razonable, el tema es que lo deberían haber sacado hace cinco o seis años, no dejar que se acumule

En ese sentido, señala que se verán afectados "los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos" por lo que estará condicionado "la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social".

En tanto, ordenó que la fuente de financiamiento del sistema previsional afectado por la suspensión de las retenciones a las provincias sea reemplazada por fondos de Rentas Generales del Tesoro Nacional.

"La sustitución del financiamiento previsto, manteniendo el nivel del recurso pero cambiando la fuente de financiamiento -que deberá tener en cuenta los montos que ingresaron por el concepto actual o el que lo sustituya- posibilitará que los índices de movilidad no se resientan ya que cada peso no detraído se reemplazará por otro proveniente de rentas generales del orden nacional", indica el decreto.