El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, instruyó a sus legisladores para que aceleren el tratamiento de un nuevo proyecto de reurbanización para la Villa 31, cuyo eje principal pasa por redefinir las zonificaciones a fin de permitir construcciones donde hoy no existe habilitación y permitir el traspaso de estos terrenos de manos de sus actuales ocupantes al mercado inmobiliario.

Junto con medidas tendientes a la reurbanización e integración del barrio al resto del ejido urbano, el texto que busca someterse a votación este jueves habilita a los vecinos beneficiarios de una vivienda y a las organizacionales sociales a desprenderse del lote cuando cancelen el valor total de la hipoteca constituida sobre el inmueble.

La norma en discusión permitirá que los beneficiarios cedan su propiedad a un tercero y avala, en esa primera escritura traslativa de dominio, que se borre el destino exclusivo para vivienda si el comprador le paga al Gobierno porteño tres veces el valor de la hipoteca por adelantado "en concepto de carga a favor del proceso de reurbanización".

La interpretación de las organizaciones sociales barriales y de la misma oposición es que el Ejecutivo busca recuperar a través del sector privado el dinero que perderá en los próximos diez años por las hipotecas de las viviendas sociales, cuyo valor está expresado en pesos.

Mirá también Cepal: en 2020 cerraría el 20% de las empresas de la región por la crisis Así lo pronosticó el organismo en su informe de perspectivas que elabora anualmente junto con la OCDE, el CAF y la Comisión Europea. La pobreza subiría 4,4% y se destruirían 8,5 millones de puestos de trabajo, además de una caída del PBI de al menos 9%.

Las tierras de la ex Villa 31, ubicadas en Retiro, son las que más capacidad de crecimiento en valor por metro cuadrado tendrán en los próximos años, si acaso se concreta exitosamente su integración.

Una de las calles internas de la Villa 31

En favor del mercado inmobiliario

Un miembro del oficialismo (Vamos Juntos) dijo a El Cronista que la ley "pretende dar una variedad de usos a las tierras para favorecer la integración al resto de la ciudad", a la vez que reconoció que la venta de viviendas es "el fuerte" de la norma en discusión.

El abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de la Ciudad, interpretó por el contrario que este proyecto "tiene un norte muy claro, y es transformar un proceso de integración social y urbana de un barrio popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario".

"La tierra pública se transformará en tierra con destino a vivienda social cuando pase a propiedad de las familias que viven en el barrio, para luego transformarse en tierra para la especulación inmobiliaria cuando los futuros compradores paguen tres hipotecas y queden liberados de todo cargo social", analizó Baldiviezo.

Atentos a esta lectura, desde la oposición se levantaron contra el proyecto y, por primera vez, el Bloque Peronista, el sector del PJ no alineado con el kirchnerismo, votará contra el texto propuesto.

"Una ley que buscar resolver un conflicto de más de 40 años, el oficialismo la quiere aprobar con apenas diez días de debate. Es una falta de respeto a los vecinos que se le dé un tratamiento exprés", opinó el legislador Santiago Roberto, quien también pidió que se asegure la imposibilidad de realizar desalojos forzosos.

El texto por votarse, además de tener un trámite exprés, genera desconfianza en tanto crea un "Consejo Consultivo para la Gestión Participativa del Proceso de Re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica" con asistencia de los consejeros barriales, pero no les otorga ninguna potestad vinculante a sus sugerencias.