Hay una vieja idea que circula tanto en el debate público como en la academia argentina según la cual somos un país estatista, "estadocéntrico" se ha dicho desde el análisis político: a todos los problemas les encontramos solución creando un área de la administración para que ella se ocupe. ¿Es, como decía Tocqueville de los franceses de su tiempo, porque confiamos en los gobernantes antes que en nosotros mismos?

En verdad, no confiamos para nada en los gobiernos y sería más correcto decir que somos "politicocéntricos" más que estatistas: todo problema es ocasión de un conflicto, del que quienes gobiernan esperan poder sacar ventaja sobre sus competidores creando un nuevo séquito de dependientes, para seguir en funciones, y los opositores tratan de hacer lo mismo en su provecho, para promoverse y desplazarlos. Y el Estado entonces deja de ser un instrumento autónomo de gobierno, es ante todo la arena de esa lucha facciosa. Por eso tenemos un aparato estatal muy grande pero muy poco racional y eficiente, donde la lógica burocrática está bastante ausente, atravesado por disputas, fragmentado, en suma, muy politizado.

Este rasgo se agudizó sin duda en los años del kirchnerismo, que llevó a su máxima expresión la curiosa fórmula "gobernar es gastar y confrontar" e hizo un uso del Estado tan intenso en estos dos aspectos que terminó por dejarlo exhausto, desfinanciado y por completo sometido al faccionalismo. Aunque convengamos en que el tema tiene mucha historia y, por lo tanto, creer que va a ser fácil lidiar con él, que basta con correr a un grupo gobernante y reemplazarlo por otro sería un grave error.

Otra idea que está muy difundida es que el problema del Estado se origina en malas conductas de las elites. Porque son ellas, en particular las elites políticas, las que hacen un mal uso de aquel, sacan provecho para sí en vez de hacer servicio público; en suma, se comportan como una casta y no como representantes. Y para que algo cambie es preciso que haya una renovación y una reforma de las prácticas de la dirigencia antes incluso que empezar a discutir sobre nuevos diseños institucionales, cambios en la plantilla de personal, etc.

En parte esto es cierto, pero el fondo de la cuestión es mucho más complicado porque toda la sociedad tiene una idea y actitudes bastante poco "públicas" y más bien facciosas acerca del uso y de los beneficios que le corresponden o espera sacar del aparato estatal. De otra manera no habríamos llegado al extremo de tener casi la mitad de la población recibiendo por alguna ventanilla un cheque del erario público, no habríamos apoyado durante décadas gobiernos que reprodujeron y profundizaron el problema, y tolerado tener un Estado cada vez más caro y que produce bienes públicos de entre mala y pésima calidad.

Así que no conviene minimizar la cuota que a todos los argentinos nos toca. Ni pasar por alto la relación esquizofrénica con el sector público que nos lleva a exigirle nuestra cuota de beneficios, sin concederle ninguna auténtica autoridad, sin respetar sus leyes ni reglas escritas, debilitándolo todo el tiempo como autoridad pública merecedora de nuestra confianza.

La iniciativa oficial anunciada por Macri para controlar el gasto político, combatir el nepotismo y demás ¿es un paso en la dirección correcta para empezar a resolver estos problemas y encarar en serio la reforma de nuestro Estado?

En principio parece una idea oportuna y una buena forma de retomar la iniciativa después de varios barquinazos y bastante dilación en la materia, pero poco más que eso. No ataca las cuestiones estructurales. Ojalá le provea al Gobierno la legitimidad y el impulso para encarar gradualmente, como mandan nuestras circunstancias, algunas de las muchas otras cosas que hacen falta. Porque reformar y modernizar el Estado llevará años.

Pero para que opere como ese puntapié inicial, tanto el Ministerio de Modernización como el resto del Ejecutivo y la Presidencia deberían ser mucho más activos y claros en sus metas. Decir que esperan que su ejemplo sea imitado suena a mera expresión de deseos y autopromoción como "somos el modelo a seguir". Y para que lo sean en serio sería conveniente que se revisara, por ejemplo, cómo se realizan las designaciones de la administración nacional en cargos especialmente sensibles.

Para dar solo un ejemplo, ¿por qué no convocar a un concurso de antecedentes para poner al frente de la Oficina Anticorrupción a una persona que no sea del partido gobernante? Laura Alonso ha hecho un gran trabajo de normalización de ese organismo, que había sido destruido y abandonado por el kirchnerismo, y tal vez llegó la hora de completar ese esfuerzo convirtiéndolo en un ente autárquico y apartidario, un auténtico instituto de control de los gobiernos en funciones, no ex post cuando todo ya terminó y el mal está hecho.

¿Por qué no avanzar también en el combate del nepotismo y los favoritismos políticos en las capas intermedias de la gestión pública, donde están tanto o más extendidos que en las cúpulas de los ministerios y hacen incluso más daño porque tienden a eternizarse? Hay muchos terrenos donde el aparato administrativo es propiedad de familias o cofradías que llevan décadas haciendo de "lo público" un reducto de poder particular. Nada que envidiarles a los sindicatos.

¿No es hora de terminar con los contratos vía universidades nacionales y demás organismos ad hoc, por medio de los que se evaden controles, se confunden las escalas de remuneración y la asignación de responsabilidades? Cuando la "línea" no responde, lo que sucede demasiado seguido, la solución más fácil a la mano ha sido muchas veces sortearla con este tipo de mecanismos. Pero con ello se logra que responda aún menos y toda la administración se anarquice: tenemos empleados de planta que se rascan el lomo mientras miran con recelo por los honorarios que reciben a los que están de paso y trabajan y se esfuerzan durante un tiempo, porque son temporarios y tienen que hacer buena letra, pero al rato ya lo único que quieren es pasar a planta y hacer que la rueda siga girando sobre sí misma.

En principio la gestión de Macri es cierto que buscó desactivar estas prácticas, que el kirchnerismo había inflado exponencialmente; aunque con el tiempo parece que le encontró provecho para salir del paso en muchas áreas que no sabe muy bien cómo hacer que funcionen. El resultado esperable no es mejor que el de todas las demás gestiones previas que hicieron lo mismo.

Hay que reconocer que la oposición que salió a desmerecer los anuncios de Macri en parte tiene razón, aunque su actitud sea derrotista y reaccionaria: la situación en el Estado no va a mejorar porque haya algunos altos cargos prescindibles y unos cuantos parientes y entenados menos. Lo que hace falta es que se empiece a infundir un espíritu de servicio público de donde se lo fue borrando desde hace décadas y se lo reemplazó por patrimonialismo, partidismo y desidia. Y para lograrlo no va a alcanzar con un puntapié ni con dar el ejemplo, hacen falta reglas claras y de cumplimiento verificable. Y convencer a la sociedad de que vote por eso y no por seguir pujando para sacar una tajada más grande de un Estado cada vez más calamitoso.

Sociólogo, historiador y doctor en Filosofía