La presentación del informe Chilcot, que analiza el papel que jugó Reino Unido en la guerra de Irak, ha supuesto una concatenación de reveses a la gestión de Tony Blair en el conflicto, y por extensión a todos los integrantes de la famosa foto del trío de las Azores, con el presidente estadounidense George W. Bush y el español José María Aznar. La presentación del Informe Chilcot ha sido demoledora. De principio a fin, las conclusiones del informe desgranan las justificaciones, estrategias y consecuencias, revelando un despropósito tras otro que ha tenido “consecuencias” negativas hasta “el día de hoy”.

El demoledor informe ha precipitado las declaraciones del ex premier británico, que poco después de conocer su contenido, ha asumido “toda la responsabilidad” por cualquier error cometido “sin excepción ni excusas” aunque ha matizado que tomó la decisión de “buena fe” y para el “mejor interés” de su país.

De entrada, “el Reino Unido se unió a la invasión de Irak antes de que las opciones pacíficas se agotaran”, ha sostenido John Chilcot, antiguo funcionario del ministerio británico para Irlanda del Norte, encargado de la revisión de unos 150.000 documentos, muchos de ellos confidenciales.

Chilcot, en base a las conclusiones del informe, ha plasmado cómo la invasión de Irak fue impulsada y llevado a cabo con un planteamiento “totalmente inadecuado” y con unas bases legales “lejos de ser satisfactorias”.

Además, se tomó la decisión en función de ideas equivocadas, como la errónea creencia de que el régimen de Sadam Husein contaba con armas de destrucción masiva, una amenaza “con una certeza injustificada” y en base a informes de inteligencia que no fueron contrastados. Así, esta amenaza no sería “inminente”, tal y como se justificó en su día. “Está claro ahora que la política sobre Iraq se hizo sobre la base de un inteligencia defectuosa (…) Esta no se cuestionó y debió hacerse”, ha aseverado el funcionario.

Y si la preparación y la invasión en sí estuvieron plagadas de errores, el apartado de consecuencias no es ni mucho menos mejor. Según la investigación, Tony Blair fue advertido de que una intervención militar “incrementaría la amenaza de Al Qaeda en Reino Unido”, algo que quedó contrastado con los atentados de Londres del 7 de julio de 2005 en Londres. La investigación concluye que las consecuencias de la guerra fueron subestimadas a pesar de que había “advertencias explícitas”.

“Estaré contigo pase lo que pase”

Entre los datos revelados, el informe revela que Tony Blair prometió en 2002 al entonces presidente de EEUU, George Bush, apoyó incondicional para invadir Irak. “Estaré contigo pase lo que pase”, escribió Blair a Bush el 28 de julio de 2002, ocho meses antes de que el 20 de marzo de 2003 empezara la guerra. Aunque Blair ofreció su respaldo en esa fecha, el informe descarta que hubiera “un pacto de sangre” entre ambos mandatarios.

En el memorando donde le ofrece apoyo incondicional, Blair recomienda al expresidente republicano conseguir una resolución de las Naciones Unidas autorizando la acción armada, lo que finalmente no consiguió. “Estaré contigo pase lo que pase –dice el ex primer ministro–. Pero este es el momento de evaluar directamente las dificultades. La planificación y la estrategia de todo esto son difíciles. Esto no es Kosovo. Esto no es Afganistán. Ni siquiera es la Guerra del Golfo”.

En ese documento, Blair, que gobernó entre 1997 y 2007, admite que no está seguro de poder conseguir respaldo en el Reino Unido para el plan de Bush de atacar a Husein por cualquier medio, ni siquiera en su propio Gobierno. “Si ganamos rápido, todo el mundo será nuestro amigo. Si no ganamos y no se han implicado antes, empezarán las recriminaciones”, alerta el dirigente británico a su colega estadounidense.

“La opinión pública en Estados Unidos está simplemente en otro planeta respecto a la opinión pública en Europa o en el mundo árabe”, prosigue Blair. “Ahora mismo en el Reino Unido, no puedo estar seguro de contar con el apoyo del Parlamento, del partido, del público o incluso de algunos de mis ministros”, concluye.

Un informe largamente esperado

Los familiares de los soldados británicos muertos en la guerra de Irak estudiarán medidas legales contra las personas que autorizaron la invasión, dijeron hoy en una rueda de prensa. Roger Bacon, cuyo hijo falleció en el conflicto, precisó que los parientes de las víctimas “se reservan el derecho” de recurrir a los tribunales contra “las partes implicadas” en la polémica decisión de invadir el país árabe.

Cientos de miles de iraquíes y 179 soldados británicos perdieron la vida en el conflicto, declarado sin autorización de las Naciones Unidas con el objetivo de derrocar al presidente iraquí, Sadam Husein, que supuestamente tenía armas de destrucción masiva.

El colectivo de familiares dijo que apenas había tenido tiempo de leer el documento, de 12 volúmenes y 2,6 millones de palabras, pero aclaró que, una vez analice el detalle con sus abogados, se planteará medidas legales “si son viables”.

Durante la rueda de prensa, la hermana de uno de los militares fallecidos exclamó entre lágrimas que “hay un solo terrorista en el mundo, y su nombre es Tony Blair”.

El papel de Blair, en la mira

Los críticos con la contienda, como la llamada Coalición Parad la Guerra (formada por organizaciones no gubernamentales y políticos para denunciar la intervención militar en Irak), habían pedido esclarecer la decisión de Blair de invadir el país árabe.

Más de 150 testigos han prestado declaración, entre ellos Blair y políticos que estuvieron entonces en el poder, como el exministro laborista de Asuntos Exteriores Jack Straw y el antiguo titular de Defensa Geoff Hoon, además de militares.

Al dar luz verde a esta investigación, Gordon Brown esperaba que durase dos años, pero su complejidad y la necesidad de preservar información secreta han retrasado su publicación. Según los medios, se espera que Tony Blair sea muy criticado, si bien no se le acusará de haber violado ninguna ley puesto que la investigación no fue abierta con el objetivo de establecer la legalidad de las medidas tomadas antes y durante el conflicto.

Se calcula que el coste de esta investigación ha sido de diez millones de libras (unos 11,8 millones de euros). Los familiares de los militares fallecidos confían en que este informe ayude a iniciar un proceso legal contra los responsables de meter al Reino Unido en el conflicto.