17 de Abril de 2017

Las detenciones de Tomás Yarrington, en Italia, y este sábado la de Javier Duarte, en Guatemala, han cerrado una semana muy exitosa para la justicia mexicana y han abierto una oportunidad que no tendría que ser desdeñada para llegar al fondo en dos investigaciones que tienen diferentes trasfondos e implicaciones, pero que están marcadas, ambas, por abusos de poder y corrupción.

En el caso de Yarrington, ya lo hemos tratado ampliamente, lo que hay es una evidente relación del entonces gobernador de Tamaulipas con el crimen organizado, que se prolongó después de su mandato y que lo termina involucrando, incluso, con el asesinato del candidato priista Rodolfo Torre Cantú. Su caso recuerda, en mucho, al de Mario Villanueva en Quintana Roo.

En lo de Javier Duarte estamos, aparentemente, ante una larga serie de abusos en la utilización de los recursos públicos. Si bien ha habido una profunda penetración del crimen organizado en Veracruz y una manifiesta incapacidad para frenarlo, no parecería existir una colusión del gobernador con esos grupos criminales. Pero las denuncias sobre mal manejo de recursos públicos parecen ser interminables.

¿Por qué cayó Duarte después de casi 190 días de estar prófugo? Porque parecen habérsele agotado los tres principales instrumentos que tiene cualquier delincuente en fuga: se necesitan recursos, mucho dinero y de fácil acceso; se necesita protección en las áreas en donde se espera refugiar y se necesita un sistema eficiente de comunicaciones que se torna muy vulnerable cuando, como en el caso de Duarte, se tiene una familia con tres niños pequeños. Según la información a la que hemos tenido acceso, se sabía desde mucho tiempo atrás que Duarte estaba en Centroamérica, moviéndose entre Costa Rica y Guatemala. Incluso en varias ocasiones estuvo a punto de ser detenido y pudo escapar. Para eso se necesitaban recursos y protección. Los recursos, según la información que tenemos, se fueron acabando en la misma medida en que las autoridades federales y locales incautaban millones de dólares y se le cerraban accesos al mercado financiero con distintas identidades. La protección tiene que haber comenzado a escasear con el paso de los días, el desmantelamiento de la propia red de Duarte en Veracruz y, por ende, en los lugares donde pensaba refugiarse.

Las comunicaciones también lo perdieron: es lógico que un hombre que huyó acompañado de su esposa quisiera tener contacto con sus tres hijos pequeños. El movimiento que realizó la familia, con los niños viviendo con los abuelos en Chiapas, dio pistas sobre los movimientos de Duarte y su esposa Karime, que permitió localizarlos.

No sé si fue así exactamente, pero todo lo sucedido, el agotamiento de esos tres círculos de protección y la distancia familiar creo que pueden haber llevado, de una u otra forma, a una suerte de entrega o abandono del propio Duarte. No tiene ya mucho sentido seguir huyendo cuando el círculo se ha cerrado y no se puede romper. Llama la atención, por ejemplo, que el exgobernador, quizás el prófugo más conocido de México, no hubiera cambiado en absoluto su apariencia y que estuviera libremente deambulando por el hotel en un lugar tan turístico como Panajachel (es como si El Chapo Guzmán se hubiera escondido en el hotel más concurrido de Cancún), en los días de mayor ocupación. Era una cuestión de tiempo, más allá de la investigación que se realizaba, que alguien lo terminara identificando.

Independientemente de eso, hay que ser conscientes de que Duarte ha tenido muchos meses para preparar su defensa. Hay, como dijimos, innumerables denuncias en su contra, pero ahora vendrá el paso difícil de transformar estas en pruebas y acusaciones penales verificables. Con un punto que no es menor: no dudo que se pudieran haber malversado miles de millones de pesos como se ha dicho, pero, si es así, Duarte no pudo haberlo hecho solo.

Tiene que haber detrás suyo una estructura operativa que tiene, necesariamente, que trascender el marco de la política, incluyendo a muchos actores de distintas historias políticas, pero también a empresarios o gente de dinero. No estamos hablando de una acción solitaria y única, sino de una trama que se tejió durante años y funcionó a lo largo de toda una administración, o más. No funcionó sola ni fue responsabilidad de un solo hombre. Saber hasta dónde llegaba esa trama y cuáles son los verdaderos límites de la responsabilidad de cada uno de los involucrados resulta imprescindible para acabar con los círculos de impunidad que han caracterizado, durante mucho tiempo, estos delitos.

Si todo se resume a detener a un personaje y las tramas de corrupción no se desmontan ni se castiga a los principales implicados, estamos en realidad ante un escenario de impunidad. Eso es lo que se debe romper aprovechando la oportunidad que le brinda al Estado mexicano (más allá del gobierno federal o local) la investigación del caso Duarte.

Una última pregunta: ¿Por qué López Obrador sigue de alguna forma defendiendo a Javier Duarte, declarando que el exgobernador es sólo un chivo expiatorio?

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