El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, serán juzgados este próximo lunes por el Tribunal de Cuentas del Estado por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado.

En esta vista, que se celebrará a las once de la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, se tratarán de determinar las posibilidades responsabilidades derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón.

El contrato obligaba al Consistorio de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

Fianza de medio millón

El Tribunal de Cuentas ya ha impuesto una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno -también investigados en esta causa-- por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas con este contrato.

El mismo lunes, aunque a las siete de la tarde, el colectivo contra la corrupción Adi se concentrará frente a los locales alquilados a través de este controvertido contrato, ubicados en la calle San Antonio de Vitoria, para denunciar el "trato de favor" que Maroto y Alonso dieron al empresario Gonzalo Antón.

Este colectivo, además, estudia la posibilidad de trasladar este asunto a la vía penal para tratar de esclarecer lo ocurrido, al margen de las conclusiones a las que pueda llevar la causa abierta en el Tribunal de Cuentas.