Franco Fuica (41) aterrizó en Chile el 8 de marzo. Venía llegando de una reunión en Haití a la que asistió como presidente de la asociación Organizando Trans Diversidades (OTD). Agotado y adolorido después de una escala de siete horas en Miami, cruzó la aduana y le midieron su temperatura. Todo en orden. Pero pasaron tres días y la fiebre le subió. No podía moverse del dolor de cabeza y comenzó la tos. "No tengo idea si tuve coronavirus y nunca lo voy a saber", comenta. "Los trans preferimos no ir al servicio público de salud, a no ser que ya no se podamos aguantar más. Es que nos tenemos que hacer la pregunta '¿Estoy dispuesto a arruinar mi salud por mi identidad?' Porque lamentablemente hay que elegir entre una y la otra", cuenta.

Tuvo los síntomas hasta el 23 de marzo, pero eligió no salir al consultorio de no ser estrictamente necesario. Opción que otras personas transgénero podrían estar tomando en ese momento, ya que según un estudio de Lambda Legal, la organización más antigua que aboga por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en Estados Unidos, el 70% de los encuestados declaró haber sufrido una experiencia de discriminación en centros de salud, lo que generó que evitaran asistir a consultas médicas.

Esa decisión de evitar los servicios de salud a toda costa también ha abierto la discusión en torno a otras problemáticas para las personas LGTBIQ+. Tanto para las personas trans que están en medio de un tratamiento hormonal para hacer su cambio de género como a quienes son miembros de la comunidad y portadores de VIH, luego de que se declarara la alerta sanitaria por Covid-19, sus tratamientos fueron interrumpidos y el acceso a los medicamentos ha sido difícil o derechamente imposible de conseguir.

Noam Vilches (23) inició un tratamiento de reasignación de sexo hace cuatro meses. Y cuenta que cuando se declaró la alerta sanitaria sintió que tuvo que elegir entre contagiarse de coronavirus o seguir con su tratamiento hormonal. Esta vez, eligió no exponerse al contagio, dejando de asistir al centro de salud donde se atiende.

Perdió la cuenta de las veces que ha llamado al Hospital San Juan de Dios para saber si recibirá la ampolla hormonal que le corresponde cada tres meses, desde que inició el procedimiento en un programa sin costos asociados de la institución. No ha tenido respuesta, solo derivaciones. La dosis debería inyectársela en abril. "El retraso va a significar que me va a volver a llegar la regla. Y probablemente tendré que empezar de nuevo el tratamiento desde un cuadro de angustia provocado por el desorden hormonal", cuenta.

El tema de interrumpir los tratamientos, no es menor. Si los pacientes no reciben la dosis hormonal, los cambios que verán serán netamente físicos en un principio, y dependerán de si el tratamiento que siguen es con testosterona o con estrógenos. El doctor Guillermo Mac Millan, urólogo pionero en posicionar el tema de las cirugías trans en el Hospital Van Buren de Valparaíso, explica que si bien el proceso de transición no se revierte totalmente al saltarse una dosis, sí se ve perjudicado. "El proceso no se perjudica totalmente al suspender el tratamiento, pero los malestares que generan son semejantes a los de la menopausia", explica. Cristóbal Mülchi, urólogo del equipo de Mac Millan, especifica que si el medicamento que falta es la testosterona inyectable, los efectos pueden percibirse más rápidamente. "Si se deja de recibir la dosis de hormona hay una disminución de la libido, de la energía y mucha fatigabilidad", explica el especialista.

Con el objetivo de detener la angustia que genera esta desinformación, desde la asociación Organizando Trans Diversidades dicen que de las trece instituciones de salud públicas con las que tienen convenio para el tratamiento hormonal, "solo el Hospital Sótero del Río nos respondió que seguirá entregando los medicamentos, el resto simplemente dijo que no", explica Leonel Catoni, encargado del área de salud de la OTD. Además, cuenta que los hospitales que no le han confirmado a la organización si seguirán con la entrega de hormonas son el Hospital Higueras, el Van Büren, La Serena, San Juan de Dios, Calvo Mackenna, El Carmen de Maipú, San Borja, Barros Luco, El Pino, Concepción, Osorno y Puerto Montt, mientras que no todos cuentan con el mismo tipo de prestaciones para tratamientos trans.

O sea, que el desabastecimiento de medicina para los pacientes podría ser crítico si las instituciones de salud no entregan información o no crean un sistema para "flexibilizar los programas y solucionar los problemas de entrega de medicamentos, ya que en este tema las personas solo les pueden reclamar directamente a ellas a través de la OIRS ", según explica Nelly Alvarado, jefa de la oficina de Género de la Subsecretaría de Salud Pública.

VIH prioritario, pero sin puesto en la fila

Manuel Jorquera, director de la ONG Vivo Positivo de pacientes inmunodeprimidos con VIH –declarados como población de alto riesgo si contraen coronavirus–, denuncia que "están cerrando los programas públicos para pacientes con VIH y dejaron de inscribir a los nuevos, lo cual es una condena si es que estamos en pandemia. No hay acceso a los medicamentos y el gobierno no ha entregado una solución focalizada en nosotros", explica. A diciembre del año pasado, 43 instituciones de salud confirmaron al Minsal que contaban con un programa de tratamiento para el VIH. Según el informe 2019 de ONUSIDA, 71 mil chilenos viven con VIH, de los cuales 45 mil reciben tratamiento. Además la patología es parte del GES, que le asegura a los pacientes atención y medicamentos en todas las etapas del VIH, incluso si aún no presentan deterioro del organismo en sus exámenes.

Durante el último trimestre de 2019, el Plan Nacional del Sida se enfocó principalmente en el desarrollo de exámenes rápidos y entrega gratuita de PrEP (medicamento para la prevención del Sida) en 9 hospitales públicos, pero este año, todo se hizo más complicado con la pandemia. A pesar de denuncias de cierres de los programas como los del Hospital San Juan y Carlos Van Büren en Valparaíso, no ha habido pronunciamiento por parte del Minsal.

A Julio César Ruiz le pasó que quedó sin información sobre su tratamiento. Es portador de VIH y vive en Chillán, comuna que, además, se encuentra bajo cuarentena total. "Hay una desinformación tremenda por parte de los centros de salud con respecto a las consultas y toma de exámenes", explica. Cuenta que uno de sus cercanos pudo conseguir sus medicamentos sin tener una hora en el CESFAM, pero que para lograrlo tuvo que ir hasta allá personalmente. Cuando lo hizo, obtuvo su receta, pero para eso tuvo que salir y arriesgarse. En cambio Julio César asegura que no puede salir "ni aunque tuviese salvoconducto, es muy peligroso para mí, y no sé si alguien me traerá los remedios a la casa".

Para quienes son VIH+ la exposición al Covid-19 es sumamente peligrosa ya que debido a su condición de inmunodeficiencia, su estado de salud podría empeorar rápidamente en caso de tener un virus en su cuerpo. Por eso acercarse a lugares con altas probabilidades de contagio como los centros médicos para hacer consultas, o tratar de gestionar la continuidad de sus tratamientos, es un peligro mayor. Alessia Injoque, presidenta de Fundación Iguales, agrega que por estas razones han decidido que su prioridad en este momento debe ser informarse y monitorear la entrega de los remedios. "Estamos contactando a las personas con VIH que estén en una situación de desabastecimiento o riesgo, y exigiendo a los hospitales que prorroguen las recetas de 1 a 2 meses". Hasta el momento, no ha habido respuestas oficiales de la autoridad sanitaria.

El gobierno emitió el día 8 de abril una normativa para suspender la "Garantía de Oportunidad" de las enfermedades del GES durante un mes y con prórroga indefinida si se mantienen las circunstancias de pandemia. Esto significa que los nuevos pacientes que ingresen al programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), ya no tendrán una fecha garantizada o un máximo de días para que puedan recibir por primera vez sus medicamentos después del diagnóstico de la enfermedad.

El documento especifica que enfermedades como el cáncer y la diabetes tipo 1 continuarán teniendo la seguridad de recibir sus remedios en una determinada cantidad de días después de que el médico haga la primera receta, pero no así el VIH, cuyos pacientes debiesen recibir sus insumos en un máximo de 7 días, según la Ley de Garantías Explícitas de la Salud. "Vamos a exigir una aclaración inmediata que diga si estos pacientes, que son de riesgo vital en tiempos de coronavirus, seguirán teniendo esta seguridad", comenta Alessia Injoque. "Porque de lo contrario, sus vidas estarán en doble peligro".