Dos millones de trámites paralizados deja la huelga del Registro Civil. La cifra habla por sí sola: es un organismo clave para la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero en la última década han transitado por allí ocho directores y una sucesión de escándalos de corrupción, ineficiencia y licitaciones anuladas que han consolidado su crisis, al alero de una casta de mandos medios sin pergaminos técnicos pero con buenas redes políticas. En ese clima irrumpe el cogobierno de la dirigencia gremial cuyas demandas mantienen en vilo al gobierno en la antesala de la negociación con los empleados fiscales (ANEF).

La escandalosa destitución del ex director Guillermo Arenas en marzo de 2008 generó un terremoto cuyas réplicas aún se sienten en el Registro Civil. Tras su salida –gatillada por una serie de ilícitos en la licitación de la plataforma tecnológica a la empresa de informática Tata–, siete directores han intentado tomar las riendas del servicio, pero ninguno ha durado más de dos años y medio en el cargo.

Contando a Arenas, quien asumió en abril de 2006, son cuatro los directores que en los últimos ocho años han sido defenestrados. La última cabeza en rodar fue la de Teresa Alanis Zuleta, quien había sido ratificada como directora por la Presidenta Michelle Bachelet solo dos meses antes de que el gobierno pidiera su renuncia. Alanis fue destituida en medio de la paralización que mantienen los funcionarios del Registro Civil hace ya 35 días, dejando a millones de ciudadanos imposibilitados de realizar trámites, varios de ellos tan delicados como cobrar sueldos, inscribir a un hijo o conseguir un trabajo.

Funcionarios del registro, e incluso autoridades de gobierno, reconocen que ha sido una década traumática para el servicio, marcada por una prolongada ausencia de liderazgo y por sucesivos escándalos de corrupción, irregularidades y malos manejos. En ese clima de inestabilidad y desgobierno lo único que ha perdurado es una casta de mandos medios, a los que muchos profesionales y funcionarios del Registro Civil llaman “los intocables”. En su mayoría no tienen la capacidad técnica para la delicada labor que se les asigna, han llegado allí por sus redes políticas (principalmente PR y PPD), y sea cual sea el error que cometan saben que no serán despedidos.

En medio de los embates, emerge un lapidario diagnóstico entre quienes fueron consultados para este reportaje: tras el terremoto que provocó la salida de Arenas, no ha habido reconstrucción en el Registro Civil. Que la institución “quedó debilitada”, que “no hay autoridad interna”, que “la que gobierna es más bien la inestabilidad”, es el murmullo que se ha enquistado en las oficinas y pasillos de Catedral 1772, donde se ubica parte del alto mando.

Una prueba de ello es que, actualmente, de los 25 administrativos que conforman la dirección del Registro Civil –desde el director nacional, pasando por los subdirectores de área, hasta las cabezas regionales–, al menos 17 ocupan su puesto en calidad de subrogantes o de manera transitoria y provisional (TP). No es un fenómeno nuevo. Desde la destitución de Arenas, han sido solo cuatro los directores nacionales que han ejercido el cargo como titulares. Algunos hablan derechamente de “desgobierno”.

La inestabilidad crónica que se ha instalado en la primera y segunda línea de mando de la institución, ha tenido su contracara en el vertiginoso aumento del poder de la asociación gremial de los funcionarios. La Anercich (Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil), según distintas versiones recogidas por CIPER, se empoderó a tal punto que terminó “cogobernando” la entidad pública. Para muchos, ahí radica el éxito del prolongado paro cuyo término hoy es aún incierto.

Todos los consultados coinciden: la Anercich desde hace años no tiene contrapeso. Y es en ese escenario en el que irrumpe Nelly Díaz, la presidenta del sindicato, cuyas redes de influencia incluye a altos mandos de la institución. Funcionarios del servicio reconocieron a CIPER que el gremio logró un poder interno impensado gracias a los vacíos de autoridad y al débil liderazgo de los directores nacionales.

Hasta la salida de Teresa Alanis, Nelly Díaz influía en varias decisiones de importancia, como nombramientos de jefes intermedios, ascensos y ha sido clave para evitar despidos si los afectados –independiente de su eficiencia- eran leales a la dirigencia. “No hay ninguna jefatura que le haga el peso a la Anercich. El único era Guillermo Arenas, pero en esa época la Nelly no era presidenta y ella le tenía cierta admiración”, fue el comentario recogido entre trabajadores.

Por eso, ningún funcionario se sorprendió cuando Nelly Díaz interpeló al recientemente designado director (TP) del Registro Civil, Luis Acevedo Quintanilla, tratándolo de “tirano”. “Desconozco dónde está la persona que pusieron, que no reconocemos como director nacional”, dijo a los medios de comunicación a cuatro días de que Acevedo fuera designado.

Desde la otra vereda, el gobierno ha hecho hincapié en la ilegalidad e inconstitucionalidad de la paralización. También ha hecho ver que las remuneraciones de los funcionarios del Registro Civil han aumentado cerca de 50% en términos reales respecto de 2007.

En medio de la negociación en curso de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), cuyo petitorio incluye un reajuste salarial del 8% nominal (con un costo fiscal cercano a los US$ 2.200 millones) y bajo el efecto del bono de término de conflicto por $6.3 millones que el Banco del Estado entregó a cada trabajador a principios de septiembre (casi $60 mil millones en total), el gobierno enfrenta una semana decisiva en busca de un acuerdo que permita ponerle término a la paralización.

De concretarse, será solo un alivio. Porque quedará pendiente un tema tanto o más urgente, cuyo desenlace levanta una interrogante aún mayor: ¿Será capaz la nueva administración de cimentar la reconstrucción institucional de un servicio clave para los ciudadanos?

SE CIERNE LA TORMENTA

El paro que estalló en el Registro Civil el 29 de septiembre, se selló más de un año antes. Fue el 17 de julio del 2014, en la ceremonia del 130 aniversario del Registro Civil, presidida por el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez (PR). El ambiente de celebración fue propicio para que Nelly Díaz, sentada en primera fila y a unos metros de Gómez, pudiera manifestarle al secretario de Estado el interés del gremio por seguir mejorando los servicios a la comunidad y que, al mismo tiempo, eso se reflejara en el bolsillo de los funcionarios. Dicen que el ministro –sin indicar plazos ni montos– le expresó a la presidenta de la Anercich su buena disposición y le expresó que uno de los caminos sería asociarlo a incrementos de ingresos del propio registro por la venta de certificados y documentos.

En agosto de 2014 Gómez y el gremio firmaron un protocolo que dio por resueltos los temas económicos pendientes tras la negociación con el gobierno de Piñera (luego de un paro de 17 días hábiles) y se estableció que “los temas planteados a las actuales autoridades del ministerio serán abordados de manera conjunta y en un proceso de diálogo a mediano plazo” (ver protocolo de acuerdo).

Gómez no quería conflictos en los servicios que estaban bajo su dependencia, comentaron sus cercanos a CIPER. De hecho, no hizo cambios inmediatos ni en Gendarmería ni en el Sename, dos instituciones bajo severo cuestionamiento.

La expectativa había quedado sembrada con los gestos de julio y agosto, reconocen en el gobierno. Y se multiplicó cuando en el segundo semestre del año pasado la directora “transitoria”, Teresa Alanis, se sentó con el gremio a diseñar una fórmula a la que colocaron montos tentativos de dineros. Pero había un detalle: Alanis lo hizo sin realizar las consultas indispensables con el Ministerio de Justicia, aseguran desde esa cartera.

Cuando en mayo de este año se produjo el cambio de gabinete de la Presidenta Bachelet y José Antonio Gómez partió al Ministerio de Defensa, en Justicia –recién instalada la ministra Javiera Blanco– comenzaron conversaciones con Nelly Díaz, que se prolongaron hasta agosto.

El empoderado gremio pedía un bono que se pagara a contar de enero de 2016, pero el ministerio buscaba a toda costa “estirar” las conversaciones, sin cazarse los dedos con una fecha ni con montos. Ese tiempo permitió explorar una fórmula consistente en incrementar el bono anual que se les paga en cuotas a los funcionarios a partir de un “índice de satisfacción neta”, si al menos se cumple el 70% de las metas de atención a los usuarios. Ese bono asciende a $ 1 millón 20 mil pesos, pagadero en ocho cuotas.

LA RENUENCIA DE HACIENDA

En agosto la ministra Blanco firmó un protocolo que ratificó la búsqueda de un entendimiento entre el Ministerio de Justicia y la Anercich, pero nuevamente sin fijar plazos, montos ni mecanismos específicos. En paralelo se elaboraron documentos técnicos con las distintas alternativas, bajo el entendido que eran sólo borradores y no acuerdos.

Fue entonces (agosto 2015) que Nelly Díaz aumentó la presión sobre el gobierno. Pidió que en la mesa de conversaciones estuviera el Ministerio de Hacienda para garantizar la probación de las futuras platas. Pero Hacienda era renuente a sentarse con el gremio y esgrimió un argumento poderoso: “Acabamos de darle atención al Registro Civil y otra vez vienen con un petitorio”. Se referían a que en 2014 la administración Bachelet tuvo que disponer los dineros comprometidos por el gobierno de Piñera para los empleados de la entidad, tras el largo paro de 2013.

Adicionalmente, el clima económico del país había cambiado: la caída del precio del cobre y la disminución del crecimiento a rangos entre 2% y 2,5% anual, sólo comparables al periodo de la llamada “crisis asiática” de fines de los ‘90 y comienzos de los 2000, impusieron un freno a las expectativas. En ese contexto, para el gobierno, lo que ocurra con el Registro Civil marcará las inminentes negociaciones con los gremios de empleados públicos por el reajuste anual.

Pese a los reparos, Hacienda participó en las dos reuniones “tripartitas” –con Justicia y la Anercich– que se realizaron entre fines de agosto y septiembre. En la última se produjo el quiebre con el gremio. De partida, el representante de Hacienda llegó con más de una hora de atraso y solo después de urgentes llamadas a alto nivel. Entonces, Nelly Díaz pidió una definición: ¿había o no voluntad política para llegar a un acuerdo? Y Hacienda respondió que no era posible “amarrar” nada antes de la discusión del reajuste del sector público, por lo que era conveniente “congelar” la mesa de conversaciones hasta diciembre.

Después de eso el gremio del Registro Civil tomó la decisión de ir al paro.

¿FUNCIONARIOS PRIVILEGIADOS?

Los funcionarios del Registro Civil han salido a coro a negar que el promedio de sus remuneraciones sea de $1.023.000 al mes, como expresó hace dos semanas el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. En el gobierno recalcan que es un promedio, por lo que hay empleados que ganan menos y otros más. Para ese cálculo se tomaron desde los ingresos más altos –jefaturas y profesionales que en algunos casos superan los $3 millones– hasta el personal auxiliar, que bordea los $500 mil. También se incluyó la totalidad de los ingresos percibidos y no sólo el sueldo base. Así, las asignaciones y bonos que se pagan –y que son varias- fueron prorrateadas para obtener dicho promedio mensual.

Los números del gobierno –que no han sido negados por el gremio– arrojan que desde 2008 hasta 2014 el Estado ha subido el gasto en remuneraciones para los empleados del Registro Civil hasta totalizar $ 8.138 millones más que hace ocho años, para un servicio que tiene 2.931 funcionarios de planta, contrata y honorarios (67% son mujeres y el 66% administrativos). El aumento de remuneraciones representa un 50% real comparado con 2007.

Algunos de esos incrementos fueron obtenidos vía paro, como en el 2013, y otros en negociaciones donde la sangre no llegó al río, como en 2008. Y las herramientas para las mejorías han sido básicamente dos: subir al personal de grado y entregar bonos. Así sucedió en 2008, tras el mejoramiento general de grado para 2.700 funcionarios, lo que significó un costo de $1.990 millones anuales; en 2009 con la implementación del “bono de satisfacción a usuarios” para 3.182 funcionarios con un costo anual de $3.341 millones; en 2010 con el “encasillamiento” de la planta directiva que benefició a 74 funcionarios; y con el mejoramiento de grados a partir de 2011 para cerca de 2.800 funcionarios con un costo cercano a los $2.800 millones anuales.

En el gobierno reconocen que durante años el Registro Civil estuvo en el rango inferior de los salarios del sector público, pero aseguran que hoy, gracias a los sucesivos aumentos, el promedio de remuneraciones es mejor que en el Sename y que en el Servicio Médico Legal, por ejemplo.

NEGOCIACION FRUSTRADA

La semana pasada el Ministerio de Justicia y la Anercich volvieron a sentarse. La oferta del gobierno apunta al mejoramiento de remuneraciones por la vía del “indicador de satisfacción del usuario”, agregando a éste nuevas variables de cumplimiento de metas. A ello se agregaba un suculento premio: garantizar a cada trabajador un piso de $1.500.000 anual, un 50% más del monto actual. Eso sí, pagadero a contar del 2017.

Nelly Díaz habría estado de acuerdo con el monto, pero no con el plazo, exigiendo adelantarlo. Entonces la contrapropuesta gubernamental fue que se pagara a contar de octubre de 2016, considerando el siguiente “timming“: Justicia y el gremio negocian en noviembre de 2015 todos los detalles del acuerdo; en diciembre se suma Hacienda y en marzo de 2016 se envía el proyecto de ley, ya que esta modificación del bono requiere la aprobación del Congreso.

Nelly Díaz habría dado el sí, pero sorpresivamente horas después cambió de opinión, planteó que el millón 500 mil pesos era poco y propuso una nueva asignación, distinta al indicador de satisfacción. La respuesta fue inmediata: no se van a crear nuevos bonos y menos después de lo ocurrido con la negociación del Banco del Estado.

Trabajadores del Registro Civil aseguraron a CIPER que desconocen los detalles de esas tratativas, pero negaron que la presidenta de la Anercich hubiera propuesto en las asambleas un nuevo bono. “En una ocasión alguien gritó ¡bono de fin de conflicto! y ella le contestó que eso no estaba sobre la mesa”, recordaron los funcionarios.

En el gobierno estiman que la presidenta del gremio no respeta los códigos de las negociaciones, su gestión es muy individual y prefiere manejarse con un discurso asambleísta-populista, que admiten, es desconcertante y complica las negociaciones.

En ese escenario el viernes pasado se retomó la negociación. El gobierno puso una nueva propuesta sobre la mesa con una nueva fórmula para calcular el bono de satisfacción al usuario, ahora de manera escalonada: va desde el 60% de cumplimiento hasta el 95%, cifra con la que los funcionarios podrían alcanzar los $1.500.000 anual.

En los pasillos de Justicia reconocen que con este conflicto quedó en evidencia cuánto “pena” al país la indefinición sobre una fórmula legal para institucionalizar las negociaciones con los empleados públicos. La Constitución nacida en dictadura les prohíbe ir a huelga, amarre que ningún gobierno democrático ha buscado modificar.

SILLA CALIENTE

Una de las primeras bajas del paro fue la de Teresa Alanis Zuleta. La ingeniero civil industrial alcanzó a ocupar el cargo casi un año (como transitoria y provisional, salvo sus últimos dos meses). Su paso como directora del Registro Civil fue breve, aunque no tanto como para marcar el récord en un servicio donde el sillón del mandamás pareciera ser presa de una maldición.

En 10 años –desde 2006 hasta ahora– son ocho personas las que han llegado a ese sitial, pero el que más duró fue por dos años y el que menos, apenas seis meses.

Muchos funcionarios coinciden en que el último director al que se le reconoció autoridad fue el abogado Guillermo Arenas (PPD), quien asumió en el primer gobierno de Bachelet. “Su palabra era ley y lo que decía se hacía”, contaron algunos a CIPER. Su trato de puertas abiertas hacia los empleados y el importante mejoramiento económico que obtuvo para ellos consolidó su ascendiente.

Prueba de su arrastre entre funcionarios, es que a solo días de que Arenas y cuatro de sus subdirectores fueran relevados de sus funciones luego de que CIPER revelara corruptos manejos en la licitación de la nueva plataforma tecnológica del Registro (ver reportaje de CIPER), un grupo de cerca de 500 trabajadores se manifestaron frente a las dependencias del registro y anunciaron un paro de actividades en señal de apoyo al defenestrado director.

“Su gestión será recordada, porque se la jugó por los 2.800 funcionarios. Él fue sin duda uno más de nosotros”, dijo entonces a la prensa un dirigente de la Anercich, que incluso calificó de “indigno” el modo en que Arenas salió de la institución, alegando que con ello se vulneraba el principio de presunción de inocencia. Pero las pruebas eran contundentes. En septiembre de 2012, en juicio abreviado los tribunales condenaron a tres años de pena remitida al ex director del Registro Civil por el delito de fraude al Fisco reiterado.

En reemplazo de Arenas fue nombrado el asesor del servicio, Luis Fuentes, quien soportó los embates de la Anercich, que en octubre de ese año pidió su renuncia.

En marzo de 2009, la Presidenta Bachelet designó por concurso de Alta Dirección Pública a un nuevo director, Christian Behm, quien inauguró las jefaturas más “técnicas”, por la vía del sistema de servicio civil. Pero un nuevo escándalo volvió a remecer al registro. La empresa Indra se había adjudicado la licitación para el sistema de pasaportes y cédulas de identidad por US$ 385 millones. A poco andar –en diciembre de 2010– se conoció que no había cumplido con el requisito clave de entregar dentro del plazo la boleta de garantía. El entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes (hoy el Agente de Chile en La Haya por la demanda de Bolivia), le pidió la renuncia a Behm mientras la licitación finalmente se adjudicó a la empresa francesa Morpho.

Tras el terremoto del 27 de febrero, asumió como subrogante el subdirector administrativo, Roberto Medina, hasta que en junio de 2011, Piñera designó por Alta Dirección a Rodrigo Durán, a quien le correspondió la puesta en marcha del sistema de los nuevos pasaportes y carnets. Nuevamente graves fallas en el sistema –incluso la pérdida de 400 documentos– más el largo paro de octubre de 2013, le costaron su salida. Como directora subrogante asumió la subdirectora jurídica Claudia Gallardo, quien prosiguió en el cargo en los primeros meses del nuevo gobierno de Bachelet, en calidad de transitoria y provisional (TP).

Tanto en el gremio como en el gobierno cuentan que Gallardo, para no tener conflictos con el sindicato, aceptó recibir opiniones del gremio sobre los nombramientos de algunas jefaturas, aunque tiempo después terminó chocando con Nelly Díaz.

En agosto de 2014, el gobierno decidió la terna para la dirección del Registro Civil, pero el nombre de Gallardo no se incluyó, por lo que ella –molesta– renunció de inmediato, siendo ocupado el sillón por la entonces directora regional de Los Lagos, Teresa Alanis, también en carácter de “transitoria”. En agosto de este año Alanis fue confirmada por Bachelet como titular del servicio, pero duró escasos dos meses. El 22 de octubre el gobierno le pidió la renuncia por su falta de liderazgo para hacer frente al paro. Los testimonios recogidos por CIPER muestran que, al igual que Gallardo, prefería aceptar las presiones del gremio para evitar conflictos.

Ahora, al frente de la entidad quedó el abogado Luis Acevedo (DC) un experto en negociaciones complejas y que, al igual que Guillermo Arenas, proviene de la jefatura de la Caja de Crédito Prendario ( más conocida como la “Tía Rica”). Para dar una señal, ya cambió por personas de su confianza a los subdirectores de Finanzas, Operaciones, Informática y a la directora regional Metropolitana, todos ellos considerados cercanos a la poderosa presidenta del gremio, Nelly Díaz.

COMENZAR DESDE CERO

La rotación de directores –y forzosamente con ello de algunos subdirectores y jefes del Registro Civil– ha sido un constante dolor de cabeza para muchos funcionarios. El vacío de poder instalado en el Registro Civil no solo ha abierto la puerta para que la Anercich consolide un inusitado poder al interior de la institución. Ha redundado también en el estancamiento del servicio.

–La mayoría de los proyectos no alcanza a concretarse. Muchas veces las propuestas están listas y llega un nuevo director, subdirector o jefe y desecha todo. Ya casi es normal que debamos comenzar desde cero muchas cosas y así nada avanza –señala con resignación un profesional con larga trayectoria del Registro Civil.

Un claro ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en la Subdirección de Estudios y Desarrollo, departamento clave encargado de adquirir, administrar y mantener las plataformas computacionales del servicio, además de velar por la actualización, conservación y seguridad de toda la información del Registro Civil. Todos ellos temas estratégicos, porque allí se almacena toda la información más sensible de los ciudadanos del país, lo que no solo demanda urgencia, también continuidad. “En la última década han pasado entre ocho y diez subdirectores de Estudios y Desarrollo”, reconoce un funcionario. Actualmente el departamento es liderado por el ingeniero civil en informática Mauricio Godoy Cisternas, quien se integró hace casi un mes al servicio en calidad de subdirector transitorio y provisional.

La lógica de rotación excesiva enquistada en la cúpula administrativa del Registro Civil, y detonada por escándalos de corrupción, irregularidades, ineficiencia y falta de dirección, ha ido retrasando decisiones clave para la modernización del servicio. Una de las más críticas involucra a la plataforma informática del Registro Civil, manejada desde 1993 por la empresa Adexus. El contrato original que regulaba ese servicio expiró en 2003 y ha sido renovado en sucesivas oportunidades tras una serie de fallidas licitaciones (incluida la que costó la cabeza de Guillermo Arenas).

“Es un milagro que los servidores sigan funcionando. Allí están contenidas parte de las bases de datos del registro y, por ejemplo, la sala donde está la plataforma no se encuentra a la temperatura adecuada y está en permanente riesgo”, señala una funcionaria que acusa además, que a su llegada cada subdirector del área ha propuesto una nueva modalidad de licitación, desechando lo que sus predecesores dejaron encaminado:

-El penúltimo subdirector desechó el diseño completo para la licitación de la plataforma, y separó en 17 lotes la estructura para posibilitar una compra y no hacer licitación –afirmó una funcionaria que si bien aprueba el paro, no cree que éste vaya a resolver las ineficiencias que se arrastran por más de una década.

La inestabilidad crónica en la alta dirección del Registro Civil ha posibilitado que en la línea de mandos medios se haya enquistado una “casta de intocables”, de baja capacidad técnica, protegida por redes y contactos políticos dentro y fuera del servicio.

–Hay gente que debió salir de este servicio hace años, pero pasan los directores y ellos continúan. Muchos de ellos hacen gala de sus contactos a nivel político para validarse y también para disfrazar su ineptitud. El servicio pide a gritos gente técnica y capacitada para enfrentar grandes desafíos que con personal de baja calificación técnica resultan imposibles de abordar ­–acusa un profesional del registro.

Otro funcionario señala que es normal ver a algunos jefes de unidad “sin zapatos y con los pies arriba del escritorio sin hacer nada durante el día u otros que salen en sus horas de trabajo a hacer clases o trámites personales y luego cobran horas extra”.

“¿Cómo avanzamos así?”, se preguntan muchos. “Con un director cuya capacidad técnica y de liderazgo que sea reconocida y respetada por los casi tres mil funcionarios”, responden algunos trabajadores del Registro Civil. Y en seguida agregan otros: “Y que de una vez por todas los ineficientes se vayan”.

EL VAIVEN DE DIRECTORES