En los últimos años he publicado en este mismo espacio tres notas, las cuales sostenían que sin el apoyo activo de los padres la revolución educativa que el Gobierno desea llevar a cabo habría de quedar tan solo en una expresión de deseos.

La última de ellas, titulada "Basta con modificar un artículo para mejorar la educación", planteaba, al igual que las anteriores, una idea simple, pero que requería de gran valentía política para ser impulsada: "Con modificar el artículo 97 de la ley 26206 de educación nacional se generarían las condiciones para que una verdadera revolución educativa sea exigida por los mismos padres de los niños y jóvenes afectados por la tragedia educativa que hoy vive nuestro país. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo sin el cual no es posible enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo".

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri ha sorprendido gratamente a quien esto escribe al hacer pública la intención del Gobierno de modificar dicho artículo: "Para poder involucrarnos (los padres), tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. La única manera de mejorar es partir de la verdad, de un diagnóstico verdadero, transparente, público, a disposición de todos".

Veamos el tema en mayor detalle. El artículo 97 establece: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia".

Al impedirse la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la central inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en el colegio al cual concurren.

¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y los docentes, pero no así de las instituciones educativas. No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de los padres. Es necesario que ellos admitan la realidad y reaccionen. Con dicho fin, las evaluaciones educativas son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de su conocimiento. Muchos padres tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la que reciben sus hijos, en el colegio al cual concurren, es adecuada.

Restringir el acceso a los resultados de evaluaciones educativas obligaba a creer ciegamente en la capacidad y la buena fe de aquellos encargados, circunstancialmente, de dirigir la política del sector. ¿No es esto más costoso que la posibilidad de cualquier estigmatización? La realidad educativa que vive nuestro país es prueba fehaciente de ello.

El camino más largo comienza por el primer paso. Hace pocos días el Gobierno lo ha dado, al anunciar la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la iniciativa por la cual quienes reciben planes sociales deberán retomar sus estudios, ya sean primarios o secundarios, como requisito para recibir el subsidio.

El presidente Mauricio Macri ha dado otro paso de tanta o mayor relevancia. La modificación de tan solo un artículo de la ley de educación nacional como la que propone Macri generará las condiciones ideales para lanzar una verdadera revolución educativa, pues serán los mismos padres quienes la demandarán.

Por primera vez, en muchos años, un gobierno ha comenzado a transitar el camino que puede, de continuarse, revertir la realidad educativa que sufre nuestro país y que atenta, fundamentalmente, contra aquellos niños de familias más desfavorecidas. Ojalá estos primeros pasos sean el anticipo de otros por venir.

El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación y vicerrector de la Universidad del CEMA.