Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo y, por lo tanto, suponen un lastre para la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, el mal estado de la caja de la Seguridad Social, que está en números rojos, no permite mucho margen de maniobra para bajar las citadas cotizaciones, que representan un promedio del 34,5% de los ingresos tributarios en España.

Así lo indican los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que sitúan a España en el top ten de países de la OCDE que más penalizan fiscalmente el empleo. En concreto, la media de los países desarrollados es del 26,1%, muy lejos del 34,5% contabilizado en España.

Lidera la lista Eslovaquia, con un 43,8%, seguido de República Checa (43,2%) y Japón. Holanda ocupa el tercer lugar con un 40,8%. Por su parte Alemania registra un 38,1% y Francia un 37,2%.

La OCDE ha pedido a España en varias ocasiones que reduzca la presión sobre las cotizaciones sociales, especialmente en un mercado laboral que tiene una tasa de paro superior al 20% de la población activa. Según el organismo la elevada carga de este impuesto sobre el empleo contribuye al empleo sumergido.

La institución ha reconocido que la última reforma laboral ha servido para flexibilizar un mercado que era demasiado rígido, medida que se ha sumado a la rebaja de las cotizaciones sociales para la contratación indefinida y los salarios bajos.