Tras las dudas generadas el miércoles, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aclarado que lo que se plantea no es considerar delito la convocatoria de manifestaciones pacíficas que deriven en violencia, sino tratar de agravar las penas para quien convoque actos violentos, evitando así altercados como los que se produjeron en Barcelona el día de la huelga general, que causaron destrozos por valor de medio millón de euros.

El ministro del Interior ha aclarado que se refieren a "aquellas personas que se organizan para actuar de forma vandálica y con técnicas de guerrilla urbana produciendo daños sobre las personas y las cosas y los bienes públicos y privados".

Fernández Díaz anunció el miércoles en el Congreso que se incluirá en el Código Penal como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" así como concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales, reformas en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

También ha querido aclarar el anuncio del vicesecretario de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, que ha asegurado que las nuevas medidas se aplicarán "con sentido común", al tiempo que ha querido transmitir "tranquilidad" a las redes sociales.

"Yo trasladaría mucha tranquilidad a las redes sociales pero no a aquellos que desde las redes sociales traten de inducir a actos violentos", ha manifestado Floriano en una entrevista en La Sexta, en la que ha reiterado que las nuevas medidas buscan castigar con mayor dureza únicamente las "acciones violentas".