Yossul Urdaneta fue al supermercado el pasado fin de semana. Pretendía comprar verduras y fue un insulto lo que encontró.

En un primer intento entró a un local ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, al norte de Maracaibo. No pudo comprar nada. Lo mismo le pasó al día siguiente en un supermercado de un Centro Comercial. La gerencia de ambos establecimientos no le permitió llevarse los productos que requería porque no pudo activar la captahuella dispuesta en las cajas. Y es que Yossul nació sin brazos, así lo certifica un carnet emitido por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). En su cédula de identidad también se especifica su condición.

Los encargados de los locales le explicaron que debía solicitar en la Intendencia de Maracaibo un documento que constatara su impedimento físico. En este organismo fue atendida y se le entregó una constancia que explicaba que sus brazos habían sido amputados. Ella se sintió irrespetada porque su discapacidad es de nacimiento.

“No me vendieron comida porque no tengo brazos. No saben ni cómo tratarnos. Es lo que más me molesta”, dijo la joven de 26 años, quien toda su vida ha podido hacer cosas como todos. Sus pies no solo los usa para caminar, con ellos escribe, se acomoda el cabello y maneja su Instagram.

La joven tiene una discapacidad musculo esquelética cardiovascular y asegura que esto no le impide hacer nada. “Me considero una persona valiente y por eso este reclamo. No voy a permitir que una autorización me diga que no tengo brazos”.

Su dificultad física es evidente y no hay manera en que pueda activar una captahuella, por eso su documento de identidad, además de mostrar sus datos, explica su condición.

Esta es la primera vez que no logra comprar alimentos a causa del sistema biométrico. En su denuncia fue muy firme. “No siento rabia porque no me hayan vendido la comida, es la injusticia. Creo que deberían sancionarlos pero por la falta de solidaridad”.

El sistema biométrico para la compra de productos regulados en los mercados públicos se inició en abril del año pasado. En agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó su instalación en todos los comercios, incluyendo los privados, como parte de la lucha al contrabando.

Desde la puesta en marcha de este sistema cientos de irregularidades se han detectado. Personas de la tercera edad han denunciado que sus huellas dactilares no son detectadas por las máquinas, probablemente los sensores no logran captar las agotadas pieles de los abuelos.

El caso de Yossul es muy distinto. Ella no tiene huellas que colocar y eso no le molesta. No pide que en su próxima visita a los comercios le vendan las cuatro compotas que quería. Con un sonrisa, solo pide respeto para las personas con una dificultad mayor que lidiar con una máquina o una normativa que no deja espacio para la sensatez.