El magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo ha citado para el próximo 8 de febrero a las 10.30 horas al exalcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y actualmente diputado socialista en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones para interrogarle por presunta malversación de fondos públicos en la causa que investiga irregularidades en la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

El Tribunal Supremo abrió causa contra el parlamentario el pasado mes de noviembre en atención a la exposición razonada que le había remitido el juzgado mixto número 2 de la citada localidad sevillana tras hallar «indicios de criminalidad» en la actuación del diputado con respecto a la citada sociedad municipal.

En aquella exposición razonada, formalizada el pasado 31 de mayo, el juez instructor de Sevilla resume los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, «reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes».

Se trataba de «gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas».

El juez instructor señalaba además que las pesquisas habían puesto de relieve indicios sobre un viaje a Puerto Rico en el que habrían participado el que fuera gerente de ACM, José Luis Díaz, y la entonces teniente de alcalde y miembro del consejo de administración de ACM Miriam Burgos, «además de sus respectivas parejas». El viaje, según los investigadores, «se justificó contablemente como una imputación de la sociedad Grafisur», cuyo administrador habría admitido «la falsedad de la mencionada factura».

Mencionaba además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM, por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por «Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos».

Así, en su exposición razonada, el juez instructor desgranaba toda una serie de «supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública», incluyendo prácticas «irregularidades» con proveedores y clientes, «tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado».

«Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones», opina el juez instructor, que atisba una «intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas», dada «la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social» de ACM.

Según el juez, tal «modificación, aleatoria e indeterminada del objeto social», acometida con Gutiérrez Limones como presidente de la junta general de ACM al ostentar la Alcaldía, «pudo amparar toda la actuación fraudulenta e infringe la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local».

Recordaba el juez, además, que «el interventor (municipal) dejó clara la actitud totalmente obstruccionista del alcalde y de los responsables de los órganos de gobierno local y de ACM, para que se llevara a cabo el control contable y financiero de dicha entidad». «Hasta en seis ocasiones por escrito, y en más ocasiones verbalmente, se le comunicó a Gutiérrez Limones y a los concejales más próximos al mismo la necesidad de dotar con más medios personales y materiales su puesto con la finalidad de controlar las cuentas de ACM», rememora el juez, según el cual «Limones hizo caso omiso de la solicitud».

«De todas estas actuaciones era conocer directo Gutiérrez Limones no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública», razonaba el juez, que dado que «aparece clara la existencia de indicios de criminalidad en una persona aforada», proponía al Supremo que asumiese «la competencia en relación a la persona aforada y a los no aforados, por no poder llevarse el procedimiento de manera separada».

Agencias.-

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