La historia de un mexicano juzgado en España por ser un denunciante de corrupción

Sevilla, 13 de enero de 2014, cuatro de la tarde. Roberto Macías, su mujer y su hijo de pocos años descansan en su casa como cualquier día normal. Como cualquier familia normal. Súbitamente, se escuchan ruidos en la escalera. Muchas personas corren. Se acercan. Pronto están junto a la puerta y comienzan a aporrearla. Y gritan. Roberto, confuso, no comprende nada. "Abra, Policía Nacional", gritan las voces. "Tenemos una orden de entrada en su casa", apostillan para hacer entrar en razón a una familia que si no ha abierto la puerta todavía es porque no comprende absolutamente nada. Abren. Los policías comienzan a entrar en la vivienda. El pequeño llora, la mujer no comprende nada, Roberto está en 'shock'. El dispositivo es propio de la detención de una banda criminal o un narcotraficante. O algo peor. Efectivamente, en España Roberto es como el peor de los delincuentes, es sospechoso de ser un denunciante de corrupción o alertador.

"La situación fue horrible", recuerda Roberto, "los vecinos sobresaltados. Todo fue increíble. El registro duró unas dos horas y media y tardé más de una semana en volver a ordenar mi casa después del operativo organizado". Fue la mujer de Roberto la que preguntó a qué se debía aquel operativo, la respuesta tardaron en encajarla: "No entendía por qué UGT [el sindicato Unión General de Trabajadores] pretendía cazar y amordazar a los filtradores en lugar de ir a por los responsables [de la corrupción]. Incluso muchos de ellos seguían o siguen trabajando en la actualidad. Es un momento terrible en mi vida, porque por primera vez tengo un choque con la Policía".

Roberto nació el 9 de febrero de 1980 en Zapotlán, un municipio al sur de Jalisco (México). Mientras estudiaba la carrera de derecho fue seleccionado para ir Sevilla con motivo de un intercambio de estudiantes. Allí se enamora de su actual mujer y madre de dos hijos. En el año 2006 comenzó a trabajar en el sindicato UGT como secretario de Federico Fresneda (imputado en un caso de facturas falsas), tesorero del sindicato. Poco después, en septiembre de 2006, su destino, aunque por entonces él lo desconocía, queda sellado para siempre al incorporarse al departamento de compras de UGT.

En este departamento, siempre según Roberto, trabajaba a diario con las prácticas corruptas. Por ejemplo, "se encarga a un proveedor 10.000 DVD a 1 euro cada uno, total 10.000 euros, pero se le solicita [al proveedor] una factura de 30.000 euros, quedando la diferencia al sindicato".

En el año 2012, todo estalla por los aires con el despido de 28 trabajadores del sindicato, paradójicamente, aplicando los términos más duros de la criticada por ellos reforma laboral del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: veinte días por año trabajado a doce mensualidades. Poco después, despiden a otros 150 trabajadores, y el 28 noviembre de 2012, el despedido es Roberto. "Finaliza mi relación laboral con UGT y ese mismo día en Durban (Sudáfrica), se encontraba el secretario general de UGT [Andalucía], Manuel Pastrana, utilizando la 'visa oro' del sindicato en un restaurante especialista en mariscos y gasta más de 800 euros. Es una inmoralidad. En Sevilla nos estaban sacrificando, la gente pasándolo mal y el secretario general en Sudáfrica de mariscada".

En marzo de 2013, como consecuencia de los despidos, comienza el goteo de informaciones en los medios sobre las malas prácticas en UGT, lo que genera la dimisión de Manuel Pastrana por los escándalos. Poco después "se sabe en los medios de comunicación que todos los miembros de la ejecutiva recibían un sobresueldo de 900 euros". La filtración es obra de Anonymous, pero "UGT me culpa a mí", cuenta Roberto.

Luis Gonzalo Segura "Lo peor del asunto es que si Roberto fuera inocente, no merecería haber vivido este calvario, pero si fuera 'culpable', lo que hubiera merecido hubiera sido la felicitación y la protección de toda la sociedad. De momento, España es diferente. Muy diferente del resto de Europa."

Es entonces cuando el sindicato le acusa de revelación de secretos por la filtración de trece documentos en distintos medios de comunicación y cuando su casa se inunda de policías. "Por tanto, UGT no niega las acusaciones, sino todo lo contrario, las ratifica", sostiene.

Casi como si de la famosa obra de Kafka se tratara, 'El proceso', la misma noche en la que la casa de Roberto es registrada por la Policía Nacional, recibe una llamada de otro cuerpo policial: "Me llama la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] para entrevistarse conmigo y que les explicara las principales vías de financiación del sindicato, porque estaba en marcha la Operación Cirene".

España, una contrariedad en sí misma, estaba registrándole como si fuera un delincuente a las cuatro de la tarde y a las once de la noche le estaba solicitando su colaboración para conseguir desentrañar la corrupción en UGT de Andalucía. Al día siguiente, Roberto pasó casi seis horas testificando de forma minuciosa de todo cuanto conocía.

Para Roberto, la denuncia no solo tiene un fin vengativo, como ocurre en muchos otros casos con los denunciantes de corrupción, sino que forma parte de una estrategia: "Soy testigo de la acusación, por lo que UGT pretende anular mi testimonio. Si consiguieran demostrar que existió una filtración, lo que conseguirían sería inhabilitar las pruebas, al considerar que las mismas se han conseguido de forma ilícita".

Como hemos comentado, Roberto es mexicano, aunque su país se ha negado sistemáticamente a apoyarle. De hecho, "en marzo de 2017, México fue condenado a otorgar la atención y la protección consular por mi situación de vulnerabilidad, pero, lejos de cumplirlo, interponen un recurso para evitar tener que apoyarme y defenderme". No hizo lo mismo cuando se detuvo a Humberto Moreira, acusado de pertenecer a la banda de los Zetas, pues según una investigación del diario El País, le apoyó como nunca antes había sucedido.

A pesar de todo lo que ha sufrido, Roberto solo lamenta el daño causado a su familia. "Me arrepiento por las enormes dificultades económicas que he hecho pasar a mis esposa y a mis hijos. Por haberlos privado de cosas tan básicas como ir al cine o festejar un cumpleaños o quedarnos sin vacaciones durante cinco años. En mi casa nos ha faltado de comer. Cuando mi hija era pequeña, no tenía dinero ni para comprarle una lata de leche. Me arrepiento del sufrimiento causado a mi familia y no creo que me lo pueda perdonar jamás".

Después de lo relatado, queda claro que España es uno de los países europeos que mayor desamparo ofrece a los denunciantes de corrupción. Ello se debe a que no cuenta con medidas de protección para los alertadores o denunciantes, pues el proyecto de ley anticorrupción ha quedado empantanado desde hace dos años por la inacción de los partidos políticos.

En la actualidad, Roberto no ha vuelto a encontrar un trabajo estable por el 'estigma' que le acompaña y está "pendiente de juicio oral en el Juzgado de lo Penal n.º 15 de Sevilla". En el proceso, "UGT solicita cuatro años de prisión y 60.000 euros en concepto de reparación del daño moral, y el fiscal, tres años de prisión y 60.000 euros en concepto de reparación del daño moral", aunque "la Audiencia Provincial de Sevilla ha desmontado la acusación de UGT, porque tres de los documentos son posteriores a mi despido y el resto son facturas cuya publicación no se puede considerar amparada por la revelación de secretos".

Lo peor del asunto es que si Roberto fuera inocente, no merecería haber vivido este calvario, pero si fuera 'culpable', lo que hubiera merecido hubiera sido la felicitación y la protección de toda la sociedad. De momento, España es diferente. Muy diferente del resto de Europa.