La existencia de un Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona queda lejos de las competencias municipales, y así lo reconocía Barcelona en Comú en su programa electoral, pero también insistieron en que su objetivo era el cierre. Ahora han encontrado una vía, al menos temporal, para hacerlo: el Ayuntamiento ha emitido una orden de cese de actividad del CIE por falta de licencia e incumplimiento de la normativa de seguridad que será comunicada este jueves.

Según han informado fuentes municipales a Catalunya Plural, el Ministerio del Interior interpuso alegaciones a un expediente abierto por el distrito de Sants-Montjuïc –donde se encuentra el CIE– el pasado mes de abril, pero éstas han sido rechazadas. El centro dispone de una licencia solicitada en 1992 para hacer una comisaría, pero, según el Ayuntamiento, esta licencia no se corresponde con la actividad actual de centro de internamiento. En esta situación el consistorio añade el incumplimiento de la normativa de Seguridad y Prevención de Incendios constatada por los Bomberos de Barcelona.

El CIE de la Zona Franca se puso en marcha en agosto de 2006, para reemplazar el que había en La Verneda. El cambio sacó el CIE de la ciudad y lo llevó entre polígonos en la Zona Franca. La oposición al CIE ya se expresó en ese momento, pero creció especialmente a partir de 2012 , tras la muerte de Idrissa Diallo , un joven guineano de 21 años, que algunos internos denunciaron que había pedido asistencia médica sin tener respuesta.

En el último año, tanto el Parlament de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona han reclamado al gobierno del Estado el cierre del centro, con posicionamientos conjuntos de todos los grupos excepto el PP y Ciutadans.

Pendientes de la reapertura

Actualmente el CIE de la Zona Franca se encuentra vacío. Cerró el pasado octubre para llevar a cabo unas reformas ordenadas judicialmente desde 2014. El Ministerio anunció que se reabriría hace un mes en plena campaña electoral, pero finalmente pospuso la fecha alegando razones técnicas.

Ahora, si el Ministerio mantiene su voluntad de reabrir el centro se abre un conflicto competencial y el Ayuntamiento de Barcelona asegura que se tomarían "las medidas de ejecución forzosa previstas en la ley, como la interposición de multas coercitivas o la orden de precinto de la instalación".