El Gobierno del Estado mexicano de Puebla (centro del país) ha emprendido la instalación de una noria – la más grande de América Latina- en medio de la polémica por la forma opaca y clandestina con la que el proyecto se ha concebido. La rueda ha sido pagada con dinero público de una región del país que ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza, con el 61% de su población en esas condiciones, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Además, toda la información relacionada con su instalación y administración ha sido ocultada de los ojos de los ciudadanos.

En medio del paisaje suburbio de la ciudad de Puebla (distante a 137 kilómetros de la capital mexicana) y al lado de un centro comercial se ha montado la estructura de la noria de 80 metros de diámetro, que según las autoridades servirá para animar la llegada de turistas a esa ciudad. La controversia comenzó por el precio que el Gobierno estatal ha pagado por la atracción: 15 millones de dólares sólo por la rueda y otro tanto igual por la construcción de un parque que albergue la estructura. Al saber de su compra, algunos miembros del Congreso local y ciudadanos cuestionaron que se destinara dinero público en la adquisición de esta atracción.

El anuncio de la compra no lo hizo el Gobierno de Puebla sino la compañía alemana Maurer German Wheels que entonces promocionaba la venta de la rueda transportable más grande del mundo, la R8XL. Una estructura itinerante con 54 góndolas con capacidad para ocho personas en cada una y cuatro cabinas adicionales, denominadas VIP, donde pueden viajar seis personas. El Gobierno poblano justificó la compra bajo el argumento de que se adquirió para celebrar el 5 de mayo –una famosa batalla que ocurrió en Puebla y en la que México derrotó a Francia durante la invasión de 1862- y que para atraer a los turistas iba a ser instalada en el centro de la ciudad. Puebla es el séptimo Estado en México en ocupación hotelera y se caracteriza por recibir turistas nacionales atraídos principalmente por la historia colonial de su ciudad capital, que tiene un millón y medio de habitantes.

La rueda ha sido pagada con dinero público de una región que ocupa el cuarto lugar nacional en pobreza

El Gobierno local se limitó a informar en febrero que 30 millones de dólares del presupuesto para transporte cubrirían el costo de la rueda, sin presentar a los legisladores locales el proyecto. “Esta rueda no puede ser, por un lado hay municipios que parecen del primer mundo y por otro hay zonas de alta marginación. Las acciones de Gobierno siempre deben ir enfocadas a equilibrar el desarrollo, no a polarizarlo”, señala Ernesto Leyva, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo grupo parlamentario se ha opuesto a la instalación de la noria. Leyva es representante de Acatlán de Osorio, la región mixteca al sur del Estado de Puebla, una de las mayores zonas expulsoras de inmigrantes de México hacia Estados Unidos. Allí, asegura, existen áreas donde la población padece pobreza extrema y en el que proyectos de construcción de caminos están aún pendientes por falta de financiación.

Las dudas sobre la pertinencia de adquirir la rueda, las han acentuado la opacidad y la carencia de información pública por parte del Gobierno estatal, asegura Lilia Vélez, presidenta en Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI). Desde enero, Vélez ha hecho solicitudes de información a la administración local para conocer el impacto que el proyecto tendrá en el turismo local, así como para saber a detalle el gasto hecho en la atracción. Tras seis meses no ha obtenido una respuesta que despeje sus dudas por parte del Gobierno de Rafael Moreno Valle, un ex priista, ligado a Elba Esther Gordillo, que llegó al poder respaldado por el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista de la Revolución Democrática (PRD).

La información sobre el costo de la rueda y el contrato de compra han sido clasificados como reservados durante siete años, y los estudios sobre el impacto turístico no existen. “Si todo está bien, no tendrían por qué ocultarlo”, comenta Vélez, “si van invertir tanto dinero en algo que de primera impresión es superfluo o poco importante, deben tener un argumento muy sólido en por qué vale la pena invertir ese dinero en eso y no en otra cosa como salud, educación, o el combate a la pobreza”.

Fernando Crisanto, portavoz del Gobierno estatal, confirmó a EL PAÍS que la información sobre la noria está reservada. Tras la petición de este diario de una entrevista con los encargados del proyecto, comunicó que ningún funcionario local puede hacer declaraciones sobre los detalles de la rueda y que el Gobernador Moreno Valle, la inaugurará el 22 de julio. A la polémica se ha sumado la asignación de la administración de la rueda a la empresa AyPP Constructores, una compañía creada en 2010, año en el que Moreno Valle asumió el cargo, y a la que el Gobierno local le ha asignado cuantiosos contratos en los últimos tres años. El desconocimiento sobre el futuro de la rueda es total, las autoridades tampoco han explicado por qué esta empresa fue elegida para operar la noria, ni el destino de las ganancias que la atracción generará en los próximos años.

El costo y el contrato de compra de la noria han sido clasificados como reservados por siete años



Las respuestas a las solicitudes de información de ciudadanos y periodistas dicen que la divulgación del proyecto “puede causar daño o perjuicio al interés del Estado y poner en riesgo su realización, o lesionar los intereses públicos o colectivos”. Sin embargo, no se explica cuál puede ser este daño. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señala que los casos de ocultamiento de información por parte de los gobiernos estatales en México son frecuentes. En el caso de Puebla, la ley local de Transparencia, por ejemplo, carece de la prueba de daño, una figura que obligaría a la administración a explicar por qué desvelar la información sobre la noria representa un riesgo. “Un asunto que debería ser de trámite, incluso de orgullo en términos de la inversión pública, se convierte en un asunto que tiene un velo de sospecha y de incertidumbre que va deteriorando la confianza en las instituciones públicas. Como estrategia, sin duda, es mejor hacer pública la información desde el principio”, comenta Bohórquez a este diario.

Tras un debate de varios meses sobre la instalación de la noria, que no pudo ser montada en el centro turístico de la ciudad por ser un área cultural protegida, se designó su construcción en la zona de Angelópolis, una franja al poniente de la ciudad en disputa territorial entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. El Gobierno fue pragmático y pidió permiso para instalar la rueda en los dos Ayuntamientos. “Pareciera más una cuestión de capricho, una frivolidad, una ocurrencia, cuando en ninguno de los instrumentos de planeación del Estado estaban considerados estos recursos”, opina el concejal del Ayuntamiento de Puebla, David Méndez, quien se ha opuesto a este proyecto al observar que comenzaba como un plan poco claro y transparente.

La prensa local anuncia ya que la entrada a la noria costará unos 7,5 dólares, alrededor de dos días de salario mínimo en México. Un precio por debajo de los 28 dólares que el London Eye, la rueda en el corazón de Londres, cobra por un viaje de 30 minutos, pero alto para una región que no goza de un imán turístico como el de la capital británica. Por la noche, cientos de luces ya iluminan la noria que se ve a varios kilómetros de distancia y desde varios puntos de una ciudad que no se distingue por la altura de sus edificios. La rueda avanza lentamente durante las pruebas para su próxima apertura. Su brillante iluminación, sin embrago, contrasta con la oscuridad con la que el proyecto ha sido concebido.