Para entender la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela hay que ponerle lupa al problema. La decadencia del sistema se remonta a finales de la década de los noventa, cuando era inminente establecer un acuerdo institucional para el funcionamiento idóneo del servicio eléctrico que promoviera la inversión privada en el siglo venidero.

Así en 1999, con el fin de lograr dichas metas, se propuso ante el Congreso la Ley del Servicio Eléctrico, cuya finalidad era la liberación del sector, ya que el país atravesaba una caída de la inversión pública y de no permitirse que la administración privada tuviese mayor participación, el sector se sumergiría en un proceso de deterioro. El propio ex presidente Hugo Chávez admitió ante el Congreso que la caída de la inversión colocaba “al país frente a una verdadera emergencia energética”.

La ley, explica el exviceministro de Energía Eléctrica Víctor Poleo, contemplaba aspectos como el “valor agua y despacho económico, formación de precios de la electricidad en nodos de intercambio de la Red Troncal, competencia en generación, sinergias entre capitales públicos y privados y entre la Industria Petrolera Nacional y el Sector Eléctrico, criticidad en la producción de combustibles termoeléctricos”, entre otros elementos que satisfacían las necesidades del sector. Pero el chavismo nunca la aprobó.

Ya en 2001, el ingeniero y exdirector de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS), Miguel Lara Guarenas, recuerda que su ente, encargado de dirigir y coordinar la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), alertó al Ejecutivo que el país se dirigía hacia una “una situación de déficit del suministro eléctrico” debido a decisiones erradas tomadas por su gabinete. Y, aunque las advertencias fueron dadas a tiempo y se nombró una comisión encargada de planificar estrategias para combatir la emergencia, “nunca hubo la acción”.

Por el contrario, detalla Lara Guarenas, el Gobierno decidió suspender “la política de mantenimiento metódico de las centrales, comenzaron a quitar gente de los cargos y a poner gente que no era apta, abultaron la nómina con ingresos de familiares o políticos que no estaban capacitados para trabajar en el área y congelaron la tarifa eléctrica”.

El declive del sector comenzó a dar sus primeros pasos, un proceso que se fortalecía cada vez más con “los males” de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), pues la corrupción dentro de la estatal “por sobrefacturación de proyectos y dilación en concretarlos” generó que la ahora filial de Corpoelec tuviese una generación de energía de 1.215 MW, “es decir, un 33% de su capacidad acreditada (3.721 MW) ante el Sistema Interconectado Nacional”, añade Víctor Poleo. Asimismo, la estatal “administró 643 millones de dólares en 223 proyectos de transmisión (líneas y subestaciones) y, sin embargo, los proyectos finalmente ejecutados por Cadafe se corresponden con apenas 155 millones de dólares, es decir: un 24%”, indicó.

Entre las centrales mandadas a construir por Cadafe se halla la hidroeléctrica Fabricio Ojeda en La Vueltosa, ubicada en el estado Mérida, y con una inversión de 160,4 millones de dólares; la central Palavecino en Lara, cuyo presupuesto fue de 55 millones de dólares; y la termoeléctrica Pedro Camejo en Carabobo con un presupuesto de 107 millones de dólares.

No obstante, Cadafe no era la única compañía con irregularidades dentro de sus funciones. La Electrificación del Caroní (Edelca), una empresa tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana desde su creación en 1963, en el año 2005 por mandato presidencial acordó con el Consorcio OIV, conformado por la empresa brasilera Norberto Odebrecht S.A., la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler, que se iniciara la construcción de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, mejor conocida como represa de Tocoma en el bajo Caroní.

«Potencia energética mundial»

El 22 de septiembre de 2006, durante al poner la piedra de fundacional del Complejo Industrial Gran Mariscal Ayacucho (Cigma), el expresidente Hugo Chávez sentenció que Venezuela sería muy pronto una potencia energética mundial, un aspecto que se contemplaba en el Proyecto Nacional Simón Bolívar.

Con la consolidación del modelo socialista la nacionalización de la industria eléctrica fue un hecho. El Decreto-Ley N° 5.330, de 31 de julio de 2007, contentivo de Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico unificó bajo el nombre Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) a Edelca, Enelven, Enager, Cadafe, Enelco, Enelbar, Seneca, La EDC, Eleval, empresas que hasta entonces fungían como las encargadas de la producción, distribución y comercialización del servicio eléctrico en el país. Tres años más tarde, se estableció la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico reforzando así la nacionalización y centralización de todo el sector.

Ese mismo año, se aprobó la construcción del Parque Eólico Paraguaná, en el estado Falcón. La promesa de esta inversión garantizaba que “con la fuerza del viento alcanzará en una primera fase 20 MW, luego 100 MW”. El parque no fue más que la promesa de una red de energía que jamás llegó.

Sin embargo, las palabras de Chávez se las llevó el viento, y a solo un año de la nacionalización la crisis no tenía marcha atrás. Los apagones fueron un hecho. Hasta 2008, “1.248 proyectos de electrificación le han sido financiados a las Mesas de Energía”, reseña el portal digital Konzapata, pero ninguno de esos operaba con eficiencia.

Las plantas termoeléctricas comenzaron a disminuir su capacidad de generación de energía, se estableció la instauración de plantas de generación distribuida con una capacidad de 464,2 MW en 12 estados para evitar el déficit eléctrico, se invirtieron en la compra de más de 79 millones de bombillos ahorradores que serían instalados de forma gratuita, el Gobierno aseguró que el bajo nivel del Guri se debía a el fenómeno natural El Niño, y los apagones recurrentes en el interior llegaron a Caracas. Entonces, el Estado apeló por un supuesto “blindaje” que tenía como objetivo que el Complejo Generador Termocentro -ubicado en los Valles del Tuy- satisficiera la demanda caraqueña “con las dos plantas del Sitio de 540 MW cada una, más los 755 MW de la Raisa”, añade Konzapata, al tiempo que la Termoeléctrica de Guarenas, que cubriría el 75% de los municipios Plaza y Zamora (Estado Miranda) también aportaría a dicho blindaje.

En 2010, el Estado bajo el Decreto de Emergencia Eléctrica, adquirió por medio de la filial de PDVSA, Bariven,19 turbinas para generar 1.000 MW por 767 millones de dólares. Meses después, específicamente el 9 de julio, el ex ministro para la Energía Eléctrica Alí Rodríguez Araque aseguró que Venezuela había superado “la crisis eléctrica con la instalación de más de 1.200 MW».

La crisis nunca desapareció, empeoró.

La ruina definitiva del sistema

El Sistema Interconectado Nacional de Venezuela (SEN) fue desarrollado en 1964 y su objetivo es repartir la energía de las centrales hidro y termoeléctricas por medio de un sistema de transmisión de alto voltaje: 765 kV, 400 kV y 230 kV, indica el ingeniero Miguel Lara Guarenas. “Al llegar a esos grandes centros de transmisión comenzaban las redes de distribución que eran las empresas de electricidad que hacían el servicio de distribución y comercialización».

El programa, desde su inicio, concibe que las centrales hidroeléctricas del “Guri, Caruachi y Macagua -ubicadas en el bajo Caroní- debían suplir en promedio el 60% de la demanda y consumo de energía eléctrico a nivel nacional. Como complemento, Tacoa, Planta Centro, Ramos Laguna y las centrales térmicas de Los Llanos y Los Andes surtirían el 40% restante”, alega el ingeniero. Hoy la historia es distinta.

El país cuenta con 53 plantas termoeléctricas, nueve plantas hidroeléctricas y más de 50 subestaciones; pero la capacidad de energía que surten las centrales es insuficiente ante la demanda de los venezolanos. El histórico apagón del jueves 7 de marzo de 2019, que afectó durante casi 20 horas a 23 estados del país, se argumentó ocurrió por una falla en Guri, demostrando que las termoeléctricas no están generando electricidad.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica no entrega informes oficiales desde el año 2016, cuando presentó a la Asamblea Nacional la Memoria y Cuenta correspondiente al año 2015. La misma revela que los proyectos de la entidad no fueron culminados, no da información sobre las actividades de control ejercidas por el Ministerio, de sus políticas sectoriales ni del Plan Operativo Anual. Un análisis elaborado por Transparencia Venezuela manifiesta que la Memoria y Cuenta presenta “carencia de información explicativa del uso dado a los recursos financieros que no fueron ejecutados en su totalidad, hecho ocurrido en el 100% de los proyectos”.

Por su parte, Corpoelec mantiene publicado en su página web que entre los años 2013-2015 el parque de generación eléctrico de Venezuela tenía una capacidad instalada de 24.000 MW aproximadamente, siendo las hidroeléctricas las que surten el 62% del potencial eléctrico y las termoeléctricas un 35%. Se desconoce la oferta y demanda del sector al día de hoy.

Sin embargo, Miguel Lara Guarenas asegura que hay una capacidad instalada entre centrales térmicas e hidroeléctricas de más de 36.000 MW aproximadamente. El Parque Eólico Paraguaná no está operativo y por lo tanto la oferta eólicos en funcionamiento es de tan solo 15.000 MW.

La oferta del SEN, según el ingeniero Winston Caba, es entre 10 mil y 12 mil MW, con una demanda de la población de 14.000 MW. Poleo discrepa de estos números; para el exministro, 14 mil MW es la oferta del SEN actualmente, mientras que la demanda nacional se sitúa en 25 mil MW. Por su parte, Miguel Lara Guarenas insiste en que «la oferta del SEN es inferior a los 10.000 MW y la demanda del orden de los 10.500 MW». Ninguno de los ingenieros concuerda en números.

Los ingenieros insisten en que las fallas en el sistema se presentan por la errada gerencia de las inversiones en el sector.

Cabas advierte que las termoeléctricas operan con deficiencia debido a que no hay suministro de combustibles. “Pdvsa dejó de producir el combustible que se necesitan y en su defecto debió recurrir a los gasoductos”, y añade que para transportar estos gases se necesita una cantidad de gandolas que no están disponibles. “No hay gandolas ni carreteras en buen estado”.

Como consecuencia se está sobreexplotando la capacidad energética del Guri; embalse que el 29 de abril de 2016 alcanzó su cota mínima de 241.35 msnm, a sólo 1.35 metros del límite de funcionamiento de la Casa de Maquinas II (240 msnm).

“La poca energía que se produce está en el bajo Caroní. Eso hay que sacarlo a través de líneas de transmisión y no se le hace mantenimiento, pero además debieron haber sido sustituidas o ampliadas y no ocurrió. Se sobrepasa los límites de transmisión de esos cables y se presentan fallas” declara el presidente de la AVIEM, Winston Cabas.

“Ahora somos más dependientes de Guri, pero tampoco funciona bien”, acota Lara Guarenas. El ingeniero recuerda que el difunto Hugo Chávez prometió que Venezuela no dependería de las hidroeléctrica, y para ello se construirían una serie de centrales termoeléctricas que derrumbarían esta dependencia; pero “lo que instalaron no sirve y lo que estaba lo quitaron”.

Tocoma, la central hidroeléctrica de “gran envergadura” anunciada en 2002 y cuya construcción inició en 2005, tenía como objetivo generar 2.160 MW, es decir 70% de la producción nacional de electricidad para no sobreexplotar la Hidroeléctrica Simón Bolívar (como fue rebautizado el Guri, antes Raúl Leoni). En 2012, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, inauguró la primera unidad, pero solo se activó 205 MW; y en 2014 se “concluyó” el proyecto.

Cuatro años más tarde Tocoma no opera. Su presupuesto en un inicio tenía un costo de 3.000 millones de dólares, luego ascendió en 2013 a los 7.000 millones de dólares y por último se posicionó en 9.365 millones de dólares, de acuerdo con el actual jefe de la cartera, Luis Motta Domínguez. “Tocoma es el gran elefante rojo del sistema eléctrico nacional. No aporta ningún megavatio”, sentencia Cabas.

Lara Guarenas agrega que aunque Tocoma la pongan a funcionar, no habría manera de distribuir su energía a los sistemas de transmisión pues el “60% de la estructura está deteriorada. No se salva nada, no hay nada. Ni en las oficinas”.

El ingeniero condena que no se hicieran los mantenimientos requeridos a los equipos en el momento. Ahora las unidades se observan de manera “catastrófica” y no hay proveedores nacionales que vendan los repuestos y los internacionales, por las deudas que mantiene el Estado con ellos, cancelaron el servicio. “Si usted suma las horas de mantenimiento atrasado pasa de los 4millones de horas. Empiece a sumar maquina por máquina del sistema interconectado (…). Todo se debe a que no se le hace mantenimiento ni intervención oportuna”

Aunado a esto, Cabas agrega otro problema: “Se compraron maquinas termoeléctricas presuntamente usadas y se vendieron a Venezuela como nuevas”. Un guiso que electrocuta.

La Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el país de la Asamblea Nacional, se encargó de evaluar las condiciones del SEN. El informe arroja que durante la construcción de la planta termoeléctrica Picure, que forma parte del complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Derwick Associates -contratista encargada del proyecto- el Estado adquirió “turbinas a gas aeroderivativas (ciclo abierto) General Electric 2 LM 6000 + 2 LM2500 con 140 MW en total. Las unidades LM2500 eran usadas puestas a 0 horas”.

La Comisión solicitó a Derwick Associates una explicación, pero la empresa respondió que “no puede suministrar información contractual debido a los convenios de confidencialidad”. Sin embargo, Derwick indicó a la Asamblea Nacional “que el costo medio de sus obras eléctricas fue 1.17US$/MW, el cual se encuentra dentro de los rangos internacionales sin contar con el financiamiento que tuvo que realizar la empresa en cuanto que estuvieron hasta 4 años sin cobrar”.

La Asamblea Nacional considera como rasgo principal de la crisis el deterioro de “gran parte de la capacidad de generación de electricidad y de transporte de energía del sistema eléctrico para atender la demanda eléctrica de la población”. La Comisión también destaca que el Estado a pesar de haber gastado “más de 39 millardos US$ en la adquisición y compra de 14.000 MW en plantas térmicas de generación de electricidad, dinero equivalente a cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela en 2016, sólo se encuentran operativamente disponibles unos 4.000 MW, que perfectamente se pudieron haber instalado con una fracción de la inmensa cantidad de recursos destinados al sector eléctrico en la última década”.

La oscurana de Maracaibo

Los marabinos se sumergen en la penumbra desde hace más de un año, cuando en diciembre de 2017 una falla masiva dejó a oscuras a la región zuliana. Desde entonces, quienes hacen vida en Maracaibo saben que en cualquier momento se irá la luz. La falla ya no es casualidad, es rutina.

Maracaibo se apaga a diario y la razón es la desconexión que tiene con el sistema interconectado. El exdirector de la OPSIS, Miguel Lara Guarenas, expone que Zulia tiene una capacidad eléctrica instalada de 2.300 MW, y Maracaibo posee una demanda de 1.600 MW; pero no sirve porque “no funcionan ni 300 MW. Lo poco que funciona es en TermoZulia”.

El SEN tiene una interconexión que se hizo desde el bajo Caroní de 1.000 MW que llega a la costa oriental, directamente a las plantas de El Tablazo y Las Morochas, y ellas surten a la costa occidental del estado.

“Se hicieron las líneas de cruce aéreo de las torres instaladas en el lago. Todo ese sistema permitía llevar la mitad de la demanda, pero los cables se dejaron perder, se cambiaron los conductores y se perdió la capacidad de importación del Guri, su generación propia no funciona”, precisa Lara Guarenas.

La crisis eléctrica en Zulia ha generado que los habitantes pierdan equipos eléctricos, descomposición de comida, y hasta se denunció que la planta del Hotel Maruma explotó por exceso de uso. La Asamblea Nacional ha solicitado a Corpoelec indemnizar a los afectado.

Vencer a la crisis

El servicio eléctrico de Venezuela, considerados en el siglo XX el mejor servicio del país y referente en Latinoamérica, no volverá. Reconstruir el sistema tomará tiempo, la diáspora también se hizo presente en el sector: el personal cualificado emigró.

“Hay que poner a gente que tenga el conocimiento, experticia y ética para manejar recursos e ir resolviendo esos problemas. Habrá que ver las brechas de lo que se tiene y lo que se requiere, retomar el mantenimiento, dotar el sistema eléctrico de inventario y rescatar la infraestructura. La primera acción es poner a funcionar lo que se tiene y menos tiempo tarda. No vamos a tener lo que teníamos antes, pero podemos tener algo mejor”, añade Lara Guarenas, quien no descarta la idea de privatizar nuevamente el sistema.

Insiste que en las condiciones en las que se encuentra el SEN “el capital privado no hace mal. Darle a un privado la propiedad para tener recursos es viable y es una acción que hay que pensar”.

Víctor Poleo, en su análisis del Sector Eléctrico de Venezuela, concluye que se debe “reivindicar la entera Ley Eléctrica de 1999, rearmar la Electrificación del Caroní, con ayuda de naciones de tradición hidroeléctrica y con fabricantes occidentales de equipamiento hidroeléctrico y diseñar un fondo de capitalización para la reconstrucción del Sistema Eléctrico”.

A pesar de las opciones que puedan existir, los especialistas consultados los une un mismo criterio, para superar la crisis debe haber un cambio de Gobierno.

*Las fuentes fueron consultadas de manera independiente