El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió en su campaña electoral sacar al Ejército de las calles, tras 12 años en que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto decidieron afrontar la crisis de seguridad y el combate al crimen organizado echando mano de las Fuerzas Armadas. “El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar... Tenemos que ir regresando al Ejército en la medida que se va profesionalizando la policía. Ese es mi plan, creo que nos va a llevar seis meses ir regresando al Ejército para que sea la nueva Policía Federal la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública”. La promesa quedó en el olvido. Lo que el presidente plantea hoy es una Guardia Nacional militarizada, y exige al Congreso que le dé al Ejército facultades para actuar en labores de seguridad pública. Todo lo cual amenaza con graves consecuencias que resulta necesario analizar con detalle.

El presidente no solo no regresó el Ejército a los cuarteles, sino que los metió al Palacio Nacional. Está gobernando con ellos como no lo había hecho ningún presidente mexicano, desde que el general Manuel Ávila Camacho, el último de los militares revolucionarios en ocupar la silla presidencial, entregara en 1952 el gobierno a un civil: Miguel Alemán. El Ejército mexicano tuvo desde entonces un trato respetuoso, gozó de fueros y autonomía interna. Ahora, López Obrador los ha acercado al dinero como no lo había hecho nunca ninguno de sus antecesores.

Las Fuerzas Armadas gozan de una gran confianza entre los mexicanos. De acuerdo con la casa encuestadora GEA/ISA, que mide trimestralmente el pulso político del país, 41% de los ciudadanos confía en el Ejército, solo superado por las universidades, con un 57%, pero muy por encima de las policías, que tienen un 11%, los bancos, un 9% y al final los medios de comunicación, con un 8%. Esto habla más de la crisis de credibilidad de las instituciones que de las virtudes de las Fuerzas Armadas; su alta credibilidad no significa que sean impolutas, mucho menos que no haya en su historia casos de corrupción.

La vinculación de elementos del Ejército mexicano con el tráfico de drogas es tema tan conocido como antiguo en la historia. Quizá el más famoso sea el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien siendo el zar antidrogas, jefe del entonces llamado Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue acusado por la Procuraduría General de la República de proteger y recibir sobornos de Amado Carrillo, el famoso señor de los cielos, principal traficante de cocaína en los años noventa.

El general Gutiérrez Rebollo fue sentenciado a 40 años de prisión acusado de recibir sobornos y obstruir a la justicia y murió en prisión en el año 2013. Otro caso fue el de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y el teniente coronel Isidro de Jesús Hernández, quienes fueron acusados en 2012 de proteger a los hermanos Beltrán Leyva; salieron libres meses después por falta de pruebas porque la Procuraduría no presentó las pruebas en su contra.

Un año antes ocho militares de rangos medios –tenientes y subtenientes– fueron acusados de proteger a los Zetas; la sentencia en 2017 fue de 26 años de prisión, que purgan en una cárcel de Veracruz. El semanario Zeta documentó la compra de voluntades de autoridades militares en 2016 por parte del cartel de Sinaloa. Estos son solo algunos de los casos más sonados, pero la lista es tan larga como la de cualquier otra institución del país.

La compra de armamento ha sido también una fuente de corrupción en el Ejército. Nada que sorprenda, sucede en muchos ejércitos del mundo: en los últimos años se han denunciado casos en Chile, Brasil, Polonia y Grecia, por citar solo algunos. En México, la compra de armas se hace sin transparencia alguna, es el propio Ejército quien luego las revende a las policías estatales y municipales sin que se rinda cuenta de ello. Las cifras no cuadran y hay al menos 20.000 armas cuyo destino no está claro, según documentó el sitio Animal Político apenas en octubre.

La diferencia con otros gobiernos anteriores es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo pretende darles un gran poder al entregarles la Guardia Nacional, aún en proceso de aprobación, sino también grandes negocios. Les aumentó el presupuesto un 14.8%, de 81.000 a 93.000 millones de pesos, lo cual se explicaría por la controvertida injerencia de las Fuerzas Armadas en la creación de la guardia nacional. Solo para darnos una idea, el primer año de su gobierno, Felipe Calderón incrementó el presupuesto de Sedena un 6.2% y Peña Nieto, en su primer año, un 9% (el mayor incremento se da en el segundo año de Felipe Calderón, cuando se aumentó el salario base de los militares).

Pero el verdadero dinero está en los negocios que les ha dado el presidente: el desarrollo inmobiliario de los terrenos de la armería de Santa Fe, cuya utilidad, cálculos a grosso modo pues aún no hay proyectos ejecutivos, sería de miles de millones de pesos; la contratación de choferes y la conducción de las pipas para traslado de combustible; la construcción y más recientemente la operación del aeropuerto internacional en lo que hoy es la base militar de aviación de Santa Lucía (ubicada 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México) que, en sus cálculos optimistas, operaría más vuelos que el actual aeropuerto de la Ciudad de México por lo que sus ingresos podrían rondar en los 15.000 millones de pesos anuales.

Todos los gobiernos quieren tener a las Fuerzas Armadas de su lado y el Ejército mexicano ha sabido ser institucional y también hacer que se le reconozca por ello. Es cierto que pocos países de América Latina pueden presumir de no haber tenido un golpe militar o al menos una intentona de golpe militar en los últimos ochenta años. México, felizmente, ha estado exento de ello. La pregunta entonces es: ¿qué quiere López Obrador del Ejército y qué quiere el Ejército de López Obrador?; ¿por qué quien más los criticó a lo largo de tres campañas presidenciales ha resultado finalmente ser el presidente más cercano a las Fuerzas Armadas?

Hay dos hipótesis que podemos vislumbrar respecto al cambio de comportamiento del presidente. La primera es que una parte del Ejército convenció al presidente de que la única manera de mantenerse firme en el poder es gobernando con ellos. Hay que recordar que en la selección del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Sandoval, el presidente optó por alguien relativamente joven y que no pertenecía, como solía suceder en administraciones anteriores, al primer círculo del secretario saliente.

La otra es que López Obrador crea que la mejor manera de controlar a las Fuerzas Armadas es teniéndolas cerca y dándoles negocios, con lo que les aumenta el costo de optar por cualquier otro camino. La lealtad al presidente será mayor si está bien recompensada. Además, pero no separado de esto último, el que el Ejército sea proveedor le evita al presidente esa terrible monserga que es licitar compras y hacer concursos para realizar de obras, algo que López Obrador considera inútil para alguien que dice, textual, tener “la conciencia tranquila”. Los usó para comprar de forma directa las pipas para el transporte de gasolina en Estados Unidos y los usará para no tener que licitar las obras del aeropuerto en Santa Lucía.

Las consecuencias de este juego perverso pueden ser incalculables. La Guardia Nacional es el caso más evidente y más estudiado por los expertos, esos que el presidente desdeña por no ser pueblo: el costo en derechos humanos de una policía militarizada será enorme y el supuesto proceso de transición hacia el mando civil, incierto.

Pero la gran corrupción que amenaza con venir de un Ejército metido en negocios inmobiliarios y de construcción será de otra escala. Nada tiene que ver con la mayor o menor calidad moral de las Fuerzas Armadas sino con la falta de vigilancia y la ausencia de transparencia en los procesos. Si la compra de armamento, vehículos y otros pertrechos militares ronda los 10.000 millones de pesos al año, los flujos por el manejo de la Guardia Nacional, la construcción y operación del aeropuerto y los negocios inmobiliarios en Santa Fe cambiarán radicalmente el tamaño de los intereses en el Ejército.

Hay además un tema sumamente delicado y sobre el que habrá que llamar la atención: los aeropuertos se han convertido en un importante punto de ingreso al país de drogas de alto valor (cocaína, heroína, cristal). Los tres aeropuertos con mayor tráfico son los de Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México. Tener un aeropuerto en manos de militares hará que ninguna otra fuerza se convierta en contrapeso o vigilante de lo que ahí suceda. Hoy por hoy la tensión entre las autoridades de aduanas y la Policía Federal permite un cierto contrapeso. Por supuesto que podemos presumir corrupción y colusión entre ambas instituciones para dejar pasar droga, pero no dejan de ser dos instituciones que se vigilan y responden a cabezas distintas. El problema no es que el Ejército sea más o menos corrupto que otras fuerzas, sino que por sus características es la institución menos transparente y vigilada. Ser la autoridad que opera el aeropuerto y al mismo tiempo la Guardia Nacional elimina cualquier contrapeso.

La corrupción no es un problema de buenas conciencias sino de falta de contrapesos y esquemas de control. ¿Quién gana con un Ejército con mayores intereses económicos y por lo tanto mayores posibilidades de corrupción? Solo aquel que tenga la información y pueda usarla para hacerlos comer de su mano: el presidente.