El PSOE y Ciudadanos han propuesto endurecer el régimen de excedencias en la función pública y la idea suscita preocupación en varios cuerpos de altos funcionarios, como los abogados del Estado.

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El programa electoral con el que los socialistas concurrieron a las pasadas elecciones generales abogaba por “elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se pierde la condición” de funcionario. Asimismo, se inclinaba por “estudiar también la pertinencia de aplicar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular”.

El documento pactado el mes pasado por los socialistas y Ciudadanos para intentar formar Gobierno también va en esa línea. Propone “elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria por interés particular y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación a cuyo término se pierda la condición de funcionario”. También promete “incorporar un régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades durante los primeros dos años de la excedencia voluntaria por interés particular”.

"Puertas giratorias"

“La idea es luchar contra estas puertas giratorias de las que se habla menos y de las que se benefician abogados del Estado, ‘tecos’ [técnicos comerciales y economistas del Estado], diplomáticos… No nos oponemos a que haya derecho a la excedencia, pero tiene que haber un límite”, explican fuentes del PSOE.

La asociación que representa a los altos funcionarios es la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). Su recién elegido presidente, el inspector de Hacienda Jordi Solé, advierte de que “todo lo que vaya en contra de los derechos de los funcionarios, por así decirlo, gratis, es inaceptable e inadecuado”. Aunque subraya que “la experiencia dice que una cosa es el programa electoral y otra gobernar”, Solé insiste en que, para muchos altos funcionarios, el coste de entrada en el cuerpo “corre a cargo del opositor”, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, donde es el Estado quien financia la preparación.

Fedeca, cuyo nuevo presidente todavía no se ha reunido con los grupos parlamentarios, aglutina a 47 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de cuerpos superiores de distintas carreras profesionales, entre los que están los abogados del Estado, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales del Estado, economistas, ingenieros, arquitectos, diplomáticos, inspectores de la Seguridad Social e inspectores de Trabajo.

Los primeros en levantar la voz han sido los abogados del Estado, una élite funcionarial acostumbrada a dar el paso al sector privado tras acogerse a una excedencia voluntaria, que son una pieza muy codiciada por las empresas del Ibex, por ejemplo. En 2012 (último dato disponible), un 38% de los 657 abogados del Estado estaba en excedencia voluntaria.

En el último número de su revista, correspondiente a febrero, la asociación que representa al 92% de los funcionarios de este cuerpo (jubilados, en activo, en excedencia y en situación de servicios especiales) ya advirtió de que “lo más preocupante” de la propuesta de los socialistas es "la posibilidad de perder la condición de funcionario si no se reingresa al servicio activo en un número de años. Preocupante y paradójico si tenemos en cuenta que fue este mismo partido, en el Gobierno, quien en su día modificó este sistema eliminando el plazo máximo de reincorporación” a través del Estatuto del Empleado Público de 2007, impulsado por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.

La asociación señala que su presidente hasta el pasado 11 de marzo, Edmundo Bal (que ha sido sustituido por Fernando Bertrán tras cumplir dos mandatos en el puesto), se reunió recientemente con el propio Sevilla, actual responsable de Administraciones Públicas del PSOE, “quien se comprometió a negociar un acuerdo sobre la materia, caso de llegar al Gobierno”.

Un abogado del Estado que pidió la excedencia y luego se reincorporó al servicio activo recuerda que en este cuerpo la descapitalización es secular “porque el sector privado nos quiere” y considera “un despropósito” la propuesta del PSOE. “Ahora hay compañeros en grandes bufetes a los que están prejubilando y están volviendo al servicio activo, donde trabajan como el que más”.

“No puede ser que pases cinco años en la Administración pública, vayas a un bufete y ganes muchísimo dinero y vuelvas cuando te quedan cinco años para jubilarte y cotizar al máximo”, replican desde el PSOE.

Inspectores a favor

Sin embargo, la propuesta de PSOE y C's sí convence a los inspectores de Hacienda, cuya asociación, la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), forma parte de Fedeca. “Nos gustan estas medidas de endurecimiento del acceso al ámbito privado”, dice el presidente de IHE, José Luis Groba, que deja claro que se refiere únicamente a este cuerpo y recuerda que, una vez aprobada la oposición, los aspirantes a inspectores pasan un año en la Escuela de Hacienda Pública “donde nos formamos cobrando y con profesores de altísimo nivel e instalaciones que no son gratis”.

“No puede ser que no devolvamos los frutos logrados de esa inversión”, dice Groba, que recuerda que aproximadamente el 20% de los inspectores de Hacienda (unos 400 sobre una plantilla de unos 2.200 efectivos) están en situación de excedencia y subraya que las salidas al sector privado pueden “romper con la planificación de personal de la Administración”. Groba critica que muchos de los que pasan muchos años en la excedencia regresan al puesto para jubilarse cotizando el máximo. “Hay que evitar que esto sea un retiro dorado”, resume. Cabe recordar que el diputado y número 2 de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Francisco de la Torre, fue secretario general de IHE.

El documento pactado entre los socialistas y Ciudadanos matiza que la propuesta no va dirigida a funcionarios en cargos públicos en la Administración o como diputados. No se aplicaría a altos funcionarios en situación de servicios especiales por haber dado el salto a la política, como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el comisario europeo y exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, o la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, todos ellos abogados del Estado.

También son abogados del Estado personas históricamente vinculadas al PP como el expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, que lleva años en excedencia dedicado a sus negocios privados. En el caso de los inspectores de Hacienda, son funcionarios en excedencia de este cuerpo el expresidente del Gobierno José María Aznar y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, por citar los dos ejemplos más conocidos. La exministra socialista Magdalena Álvarez, también inspectora de Hacienda, estuvo en la excedencia pero volvió al servicio activo y actualmente está destinada en la delegación especial de la Agencia Tributaria en Madrid.