Igual que en un estadio de futbol, un grupo de diputadas del PRI lanzaron gritos a un legislador rival en plena sesión el pasado viernes 10 de noviembre.

“¡Quiere llorar!, “fuera” y “eeh puto”, fueron algunos de los abucheos hacia Ariel Juárez, diputado de Morena quien desde la tribuna llamó corrupto a César Camacho Quiroz, coordinador del grupo parlamentario del PRI, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Algunas de esas diputadas que sonrientes gritaron en varias ocasiones el grito que de acuerdo a Conapred “reproduce prejuicios y estereotipos negativos”, además de ser una “expresión de desprecio, de rechazo” son integrantes de las comisiones encargadas de trabajar en pro de los derechos humanos, la juventud y la equidad de género.

La diputada Arlet Mólgora Glover de Quintana Roo es integrante de la Comisión de Alerta de Género; Sara Latife Ruiz Chávez, legisladora por Quintana Roo, es integrante de la comisión de Derechos Humanos.

Rocío Montoya Díaz, del Estado de México es parte de la comisión de Salud y la diputada Jasmine Bugarín Rodríguez por Nayarit pertenece a las de Juventud y Fomento de los programas sociales para los adultos mayores.

Himelda Félix Niebla, legisladora por Sinaloa y otra de las identificadas por el diario Reforma como participante en los gritos es integrante de la comisión de Justicia.

Este domingo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) pidió a las y los legisladores que eviten reproducir prejuicios negativos con el grito de “eeeh puto”, pues es una calificación negativa que estigmatiza pues homologa la condición homosexual con cobardía.

“El sentido con el que se da este grito colectivo en los estadios no es inocuo; refleja la homofobia, el machismo y la misoginia que privan aún en nuestra sociedad. Por eso resulta doblemente gravoso que este grito homofóbico se traslade del estadio al Congreso de la Unión, espacio público por excelencia de un sistema democrático que, por tanto, está llamado a guardar la máxima aspiración incluyente”.

El Conapred señala que las servidoras públicas tienen la obligación de no aumentar la vulnerabilidad de los grupos o personas que se encuentran en situación de discriminación, por ello “resulta aún más preocupante cuando quienes los utilizan son personas servidoras públicas, y aún es más grave cuando lo hacen las y los legisladores federales”.