20 julio 2012. A diferencia de México, la obesidad en países de América Latina comienza e enfrentarse a través de leyes que establecen regulaciones claras dirigidas a modificar lo que los expertos llaman el “ambiente obesigénico”.

En México, en cambio, a pesar que se presentan los mayores índices de sobrepeso y obesidad de toda América Latina, se estableció un Acuerdo, un instrumento sin calidad de obligatoriedad ni sanciones.

En todos los países donde se han presentado estas iniciativas la reacción de las industrias ha sido similar: un combate frontal a las regulaciones.

Tanto el expresidente del senado chileno, Guido Girardi, promotor de la ley contra la obesidad, en ese país, como el diputado peruano Jaime Delgado, promotor de una ley similar en Perú, han recibido los ataques de las empresas, de sus asociaciones y de sus aliados en la prensa.

La batalla es muy similar a la que se ha dado con la industria del tabaco para regular su publicidad, al obligarla a establecer etiquetados que advirtieran de sus riesgos, imponiéndole impuestos a sus productos, etc. Sin embargo, la diferencia se encuentra en la dimensión y poder de las empresas procesadoras de alimentos y bebidas, desde Bimbo, Kellog’s, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Pepsico, etc., muy superior al de las tabacaleras.

En el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria de México se establecieron 10 objetivos, entre ellos: aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable; disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas; incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo, y mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.

A pesar de que los objetivos, en general, son correctos, su falta de obligatoriedad, de presupuesto para su cumplimiento y la ausencia de sanciones, ha significado que el Acuerdo sea un fracaso.

En Chile, desde el 12 de junio pasado, el Congreso expidió una ley contra la obesidad y sólo falta que el presidente la envíe a publicación.

Esta ley chilena establece que: el Ministerio de Salud determinará los niveles de calorías, azúcar, grasas y sal que serán considerados altos; los productos que contengan o superen estos niveles deberán rotular en sus etiquetas “altos en azúcar”, “altos en calorías”, “altos en sodio”; los alimentos así identificados no podrán venderse ni publicitarse en escuelas básicas y medias; la publicidad de estos productos estará prohibida a menores de 14 años; la venta de alimentos destinados a menores de 14 años no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales, regalos, concursos, juegos o cualquier elemento de atracción infantil.

En Costa Rica, el 12 de enero de 2012, se promulgó un decreto por parte de la Presidenta de la República, el ministro de Educación y la ministra de Salud, que establece el Reglamento para el Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda en los Centros Educativos Públicos. Se llama Soda a lo que en México llamamos Cooperativas.

A diferencia de México donde se establecieron unos lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas que deben ser vigilados por unos comités, inexistentes en la mayor parte de las escuelas, conformados con la participación de padres de familia, en Costa Rica lo que se aprobó fue una regulación de aplicación obligatoria.

En el caso de Brasil se han regulado los alimentos y bebidas en las escuelas, obligando a que el 30% provenga de los huertos locales, favoreciendo la salud y la economía local.

En julio de 2010, la Asociación Nacional de Vigilancia Sanitaria expidió una regulación para la publicidad de alimentos y bebidas que obligaba a que los productos tuvieran advertencias: los altos en grasas trans tendrían que advertir que con su consumo frecuente existe el riesgo de generar problemas cardiovasculares; con grasas saturadas altas advertir del riesgo de diabetes; con altas concentraciones de sodio el riesgo de presión alta y problemas del corazón, y con altos niveles de azúcar deberían advertir del riesgo de obesidad y caries.

Esta regulación está detenida por un recurso que interpuso la asociación de empresas de alimentos y bebidas procesadas de Brasil.

Las leyes y regulaciones contra la obesidad avanzan en América Latina, en naciones europeas, en asiáticas y africanas.

En México, nos quedamos con Acuerdos, con autorregulaciones, con compromisos voluntarios que mantienen el ambiente obesigénico.

En nuestro país, como lo señala la OCDE y Naciones Unidas, las regulaciones para combatir la obesidad han sido frenadas por la falta de voluntad de legisladores y funcionarios frente a los cabilderos de las empresas de alimentos y bebidas.

Mientras tanto, el sistema de salud pública se colapsa y la diabetes se asienta como la principal causa de amputaciones, ceguera y muerte en el país.

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Artículo de Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, publicado en SinEmbargo.mx > ir