Las empresas de transporte que operan en la provincia de Buenos Aires reclaman $1.300 millones de compensaciones tarifarias a Axel Kicillof. Las empresas nucleadas en varias cámaras empresarias avisan que les "resulta imposible cumplir con la totalidad de los servicios" y amenazan con la suspensión total del servicio.

Según expresaron a través de un comunicado, el gobierno de la provincia adeudada más del 65% de los ingresos totales de las empresas. De esta manera, aducen que "la operatividad de cada compañía se ve afectada seriamente". Según explicaron a LPO desde el sector, se trata de una deuda contraída por la nueva gestión.

El texto lleva las firmas de la Asociación Civil Transporte Automotor (Acta), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

En el gobierno de Kicillof, la postura de los transportistas no los sorprendió y la entienden como parte de una situación que se tiene que resolver con ayuda del gobierno nacional.

Fuentes de La Plata explican que en materia de transporte existen dos realidades diferenciadas: una es el interior y otra es la zona del AMBA. La semana pasada, Nación y Provincia firmaron una resolución por la cual la Rosada paga a las empresas $ 110 millones mensuales y la provincia $151 millones por mes en términos de subsidios. Esto dura hasta abril y hacia adelante no hay definiciones.

Pero el problema mayor el transporte del AMBA. Allí las cosas se complican a mediados de 2018 cuando Nación transfiere a la provincia los subsidios a las empresas de transporte. El año pasado se pagaron $ 27.000 millones y para este año se calcula unos $ 60 mil millones.

La presión de los transportistas a la provincia ocurre en medio de un pedido que el gobierno de Kicillof viene exponiendo en los medios. Desde La Plata aducen que los subsidios al transporte y la energía que hoy afronta el Estado provincial, deberán pasar a la órbita nacional porque las arcas de la provincia no están en condiciones de afrontar tales costos.

Esos gastos fueron transferidos a la provincia y Ciudad de Buenos Aires a mediados de 2018 a pedido de los gobernadores peronistas y en el marco de la discusión sobre quién pagaría el ajuste que implicaba un acuerdo con el FMI.

Por entonces, quien estuvo al frente del reclamo fue el gobernador de Córdoba, Juan Scharetti, quien elaboró un estudio en el que mostró que, a través de la SUBE, los porteños y bonaerenses reciben del Estado nacional el 96,4% del beneficio, mientras que el resto de las provincias recibe el 3,51%.

En esa discusión el bloque de los gobernadores proclamaba la necesidad de impulsar la transferencia de Aysa, Edesur y Edenor a la provincia y CABA. Más tarde, Schiaretti deslizó el tema de los subsidios al transporte como una manera de devolverle a Macri el peso del ajuste.

Simone viene argumentando que la administración anterior "literalmente le tiró (a la provincia) los subsidios por la cabeza, sin hacer un análisis ni un trabajo previo, lo que hizo el gobierno anterior, para mejorar un índice con el Fondo Monetario, fue decirle a la provincia: Páguenlo ustedes así nosotros no lo tenemos en nuestro balance contable".