Hace algunas semanas conocimos un curioso caso de procrastinación en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta es una central de 40 megavatios situada en el Pirineo aragonés que actualmente está en manos de Endesa; y a causa de la actuación del Ministerio parece que seguirá estándolo, al menos durante un tiempo.

El periodo de concesión de la central finalizó, tras 75 años, en 2007 y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) comenzó un tiempo después el proceso de reversión de dicha concesión. Sin embargo, al Ministerio se le han pasado los 18 meses de plazo reglamentario para resolver el expediente de extinción del derecho de aprovechamiento hidroeléctrico. Cuál es el motivo de que se haya agotado el plazo para adoptar una resolución (la reversión de la concesión) que contaba con el informe favorable de la Abogacía del Estado, beneficiaría a la ciudadanía y solo perjudicaría a Endesa es una pregunta que únicamente el Ministerio puede responder. Ahora la CHE ha tenido que reiniciar el proceso.

Frente a la conducta del Ministerio, la propuesta de PODEMOS consiste en no renovar ninguna concesión hidroeléctrica de explotación privada que caduque en España.

Las razones que hacen deseable que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por instituciones públicas son variadas. En primer lugar, no hay duda de que es económicamente rentable para el conjunto de los españoles. Las centrales hidroeléctricas fueron construidas en su mayoría hace décadas, cuando la generación de electricidad estaba regulada, y en algunos casos incluyendo inversión pública. En definitiva, sus costes de inversión han sido recuperados de sobra. Así, la liberalización del sistema eléctrico de 1997 instauró un nuevo marco en el que estas centrales se convertían en fabulosas máquinas de hacer dinero para las empresas que las gestionan: la combinación de los bajos costes variables de las hidroeléctricas con el diseño marginalista del mercado eléctrico (que remunera en cada momento a todas las centrales de generación al precio de la más cara) y con los altos precios de la electricidad alcanzados en este producen unos beneficios difícilmente defendibles, conocidos como “beneficios caídos del cielo” (esta misma expresión se aplica para los beneficios de las centrales nucleares, por motivos similares). Podemos hacer un cálculo directo de estos beneficios; al fin y al cabo, la CHE consiguió en 2013 que la central de El Pueyo dejase de depender de Endesa para ser gestionada por la Administración. Se puede comparar, por ejemplo, lo que a la Administración le cuesta ahora generar cada megavatio-hora en El Pueyo con el precio del megavatio-hora en el mercado eléctrico: el resultado de la comparación es que el segundo es nada menos que entre cuatro y cinco veces el primero.

Los beneficios caídos del cielo se logran gracias al uso de un bien público, como es el agua, para fines privados. Pero por si fuera poco, hay constancia de que las grandes eléctricas (que tienen centrales de diversas tecnologías) utilizan el agua embalsada para especular, reservándola con el objetivo de manipular el mercado de modo que el precio por megavatio-hora que cobran todas sus centrales sea más alto. Un informe de noviembre de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionando a Iberdrola con 25 millones de euros por sus prácticas de finales de 2013 lo deja claro.

Y aquí llegamos a la segunda razón por la que creemos aconsejable que las centrales hidroeléctricas sean gestionadas por la Administración. Más allá de consideraciones económicas, en el modelo energético hacia el que nos queremos dirigir el uso del agua para la producción de electricidad no puede estar subordinado al coste de oportunidad en el mercado eléctrico. El papel que la tecnología hidroeléctrica deberá tener en un futuro sistema eléctrico 100 % renovable (y en el proceso que nos lleve hasta él) será extraordinariamente importante desde el punto de vista técnico. La hidroeléctrica de embalse (y todavía más la de bombeo), debido a su capacidad para regular la producción, será fundamental en el apoyo a tecnologías renovables intermitentes como la eólica o la solar fotovoltaica. Parece difícil conciliar esta función primordial con la maximización de los beneficios producidos por el uso del agua embalsada en el mercado eléctrico.

Iván Calvo y Marta Victoria, Secretaría de Economía de PODEMOS