Ambos, tanto el diputado interpelante Pablo Abdala como el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reconocieron que la comparecencia a la Comisión Permanente del Parlamento para explicar el ajuste de las tarifas públicas que comenzó a regir este 1° de enero fue provechosa. Pero cuando se profundiza en las aristas de lo discutido, el ministro y el legislador nacionalista no pudieron ponerse de acuerdo.

Durante gran parte del debate que duró varias horas –del que también participó el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi-, el eje conceptual por el que discreparon fue el planteo realizado por el legislador sobre la suba de las tarifas públicas.

El gobierno defendió que ese incremento en los valores no se puede analizar en términos nominales y que desde 2005 las tarifas públicas disminuyeron en términos reales y evolucionaron muy por debajo del poder adquisitivo de los salarios. A tal punto, que se llegó a sostener durante el intercambio que Abdala manejaba “supuestos aumentos o disminuciones de tarifas sin ningún sentido real”.

Astori señaló que para ajustar los precios se toma en cuenta la estructura de cada empresa y se proyecta la variación esperada de los precios de cada variable.

Aunque el nacionalista admitió que el argumento esgrimido por el ministro era válido, se cuestionó si era suficiente. “¿Es eso fuente de legitimidad suficiente para la decisión que toma el gobierno? ¿Alcanza desde el punto de vista de la administración decir que si subo por debajo (de la inflación) estoy en mi derecho? ¿Si se está en condiciones de bajar y no bajamos, eso no es cuestionable?”, se preguntó.

Inflación y suba de tarifas

Sobre la relación inflación y suba de tarifas, el economista, Aldo Lema, manifestó que un análisis posible es mirar la evolución en términos reales, pero lo relevante es la comparación en lo que “serían las tarifas de eficiencia correspondiente a países con ingresos per cápita y estructura de costos parecidos”.

“La referencia de la canasta de bienes de consumo no necesariamente es adecuada, en tanto, los precios de los servicios públicos son los que deberían marcar la evolución de los precios independientemente de la inflación de bienes y servicios. Por supuesto, de todas formas, si existe inflación se va a reflejar en alzas nominales por la suba en los costos en algunos casos”, explicó Lema.

El profesional opinó que lo que Astori omite mencionar son esos elementos puntuales correspondientes a cada mercado. Ese componente sumado a tarifas por encima de lo de los grados de eficiencia, comentó Lema, implican un aporte significativo a Rentas Generales, pero de todas formas las rentabilidades de las empresas públicas medidas sobre los activos o patrimonio son muy pequeñas.

Por su parte, el socio de Deloitte, Pablo Rosselli, entiende que hay que diferenciar lo que implicar subir o ajustar las tarifas cada año, a si son o no caras.

El economista planteó en el programa En Perspectiva que habría que discutir si en realidad habría que bajarlas por una única vez para que tengan un valor razonable, “pero otra discusión es cómo se actualizan en un país que tiene una inflación relativamente alta”.

Rosselli apuntó que desde 2010 en términos reales Antel bajó 40% –aunque es una tendencia global en las telecomunicaciones–, el gasoil bajó 30%, la nafta 5% y la electricidad 15%. La excepción fue OSE con un aumento del 10% por un ajuste de 2017. En el caso de la importación de combustible, la Ursea calculó asumiendo costos logísticos e impuestos, que el precio del gasoil estuvo por encima 14% en 2018 (en años anteriores fue de 45%) y la nafta 11% más cara en la media anual. El sobrecosto al no importar combustible fue de US$ 290 millones durante 2018.

Consultado por El Observador, el director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Diego Aboal, consideró que el debate sobre ese tema debe ser sacado de la coyuntura de un ajuste de precios puntuales.

Aboal entiende que lo que se debe discutir es si las empresas públicas deben cumplir un rol de transferencias de recursos hacia el gobierno central, ya que los precios además de reflejar los costos, está indicando la necesidad de esas transferencias.

En relación a este punto, el docente e investigador del departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, Leandro Zipitría, dijo que el problema a resolver es cómo se controlarían empresas como UTE, OSE y Ancap.

Desde el punto de vista de Zipitría, hay un error en la comprensión del rol de las empresas públicas y de cómo funcionan en el marco de las reglas de juego que hay en Uruguay. A entender del profesional, al ser públicas, “son parte de los instrumentos que tiene el gobierno para resolver los problemas que tenga venido el caso”.

“En el marco institucional si necesitas caja y es políticamente inviable aprobar un aumento de impuestos vas a apelar a incrementar la recaudación vía tarifas públicas, que es parte de la institucionalidad macroeconómica. Mientras sean empresas públicas te van a servir para los dos intereses, como vehículo de desarrollo para el país”, afirmó.