Fue a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, según informó el diario Página 12. El dictamen de la fiscalía afirma que el Estado habilitó a varias empresas -entre las que está Iecsa, propiedad del primo de Macri- a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos habían vencido.

El juez que deberá resolver sobre el caso es Sebastián Casanello. Se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más, osea el 21 de abril de 2017. En ese momento debió haberse llamado a una nueva licitación.

Iguacel emitió una resolución para extender los plazos, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.

La hipótesis de los denunciantes es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

El texto dice que por quince meses, "las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.