Una de las grandes promesas de Mauricio Macri durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada hace un año fue la de realizar las obras de infraestructura que el país necesita para resolver problemas como la enorme sobrecarga de las carreteras del país, las inundaciones y la falta de vivienda y de servicios básicos, entre los que están la red de agua potable o desagües, de los que carecen cientos de miles de argentinos. Además de cumplir con los compromisos de su campaña y reducir el déficit de Argentina en materia de infraestructuras, la puesta en marcha de esas obras será uno de los factores clave para reactivar la economía en 2017.

Las obras viales son necesarias tanto para bajar los costes de logística de la producción de las provincias del interior como para reducir la inseguridad de las carreteras. En 2014, los muertos en accidentes de tráfico en Argentina fueron 7.613 (la cifra en España fue de 1.680), según datos de la ONG argentina Luchemos por la Vida. El Plan Vial Federal del Gobierno de Macri para el periodo 2016-2019 tiene el objetivo de construir 2.800 kilómetros de autopistas, 4.000 kilómetros de “rutas seguras” y 13.000 kilómetros de asfaltado.

“Nunca se estuvieron construyendo tantos kilómetros de autopista al mismo tiempo. A un año de haber asumido el Gobierno estamos construyendo 1.000 kilómetros. Esto es una tercera parte de lo que vamos a hacer a lo largo de estos cuatro años, que a su vez es el doble de lo que se hizo en los últimos 65 años”, afirma el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. En esa cartera informan de que el consumo de asfalto del mes pasado fue el mayor valor mensual de los últimos cinco años, y que eso es producto del nivel de ejecución de obra pública que se está llevando a cabo en materia de infraestructura vial y pistas aeroportuarias.

Este año hubo inauguraciones de obras en los aeropuertos de Río Gallegos, Córdoba, Tucumán y Mendoza (donde se demolió y reconstruyó totalmente la pista); y están en marcha los proyectos para los de la Ciudad de Buenos Aires (Aeroparque), Comodoro Rivadavia, Puerto Iguazú, Chapelco, Trelew y Ezeiza (el aeropuerto internacional más importante del país, en las afueras de la capital), donde se está reconstruyendo una pista secundaria de 3.000 metros. Las obras forman parte de un plan de renovación que lleva adelante el Estado junto a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 para la modernización de 19 pistas del país, con una inversión total de 18.000 millones de pesos (1.080 millones de euros) hasta 2019.

Salidas al mundo

Para los puertos marítimos y fluviales, por donde sale el 90% de las exportaciones del país, los proyectos alcanzan los 2.400 millones de dólares y serán financiados en gran medida por empresas privadas del sector. El Gobierno quiere potenciar los puertos de Rosario (Santa Fe), La Plata y Necochea (Buenos Aires), Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia (Chubut), Ushuaia (Tierra del Fuego) y de la Ciudad de Buenos Aires. Los más avanzados son los de Puerto Madryn y Ushuaia, donde las licitaciones han finalizado o está previsto que finalicen en un mes. Otra obra anunciada es la construcción desde cero de un puerto en Itá Ibaté (Corrientes), que se prevé que mueva 450.000 toneladas anuales.

La reactivación del sistema ferroviario de cargas es un eje fundamental del plan Belgrano, un conjunto de políticas de transporte e infraestructura que se propone saldar la “deuda histórica” con las provincias del norte, las más pobres. Para lo que dure el actual mandato de Macri está proyectada la renovación de 1.600 kilómetros de vías, que atraviesan las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. Además, se incorporarán 1.000 nuevos vagones y 30 locomotoras. La inversión prevista es de unos 2.470 millones de dólares, que se cubrirán en gran medida gracias a un acuerdo comercial firmado con la compañía estatal de ingeniería CMEC.

Parte del plan Belgrano es también el proyecto para llevar agua potable a 428.000 habitantes de las provincias de Jujuy, Chaco, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes y Catamarca entre los años 2017 y 2019. Las obras hídricas de “defensa ante inundaciones” que fueron licitadas y puestas en marcha este año alcanzan los 250 millones de dólares. La más importante es la de la cuenca del río Salado en la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto de 110 millones.

Entre los proyectos de la cartera de Energía que comanda el expresidente de Shell en Argentina Juan José Aranguren, destacan por su presupuesto dos represas hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz, con un coste de 1.250 millones de dólares para el año próximo que provendrán de créditos chinos; y otra represa en Mendoza, para la que se solicita un crédito de 7.000 millones.

Algunos referentes de los principales partidos de la oposición y del sindicalismo afirman que las obras del Gobierno no han avanzado lo suficiente durante 2016. El exministro de Economía Roberto Lavagna se lo atribuye a un posible “desconocimiento de cómo funciona el aparato del Estado”. Pero afirma que el compromiso “seguramente se podrá cumplir” en 2017 y que eso será uno de los principales factores de crecimiento del año próximo.

Planes en marcha

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirma que el ritmo de ejecución de las obras se aceleró en los últimos cuatro meses, y añade que ese menor ritmo de la primera etapa se debió a los problemas que arrastraba el sector desde el año pasado. “El Gobierno anterior dejó de pagar los contratos durante el segundo semestre y tuvimos un fin de año muy complicado en 2015. Además de la falta de pago, los contratos habían sufrido una gran inflación con actualizaciones de precios que no reflejaban la realidad de los costos de las obras”, explica Weiss. El referente de las empresas de la construcción asegura que los pagos comenzaron a regularizarse en febrero y que hoy casi todos los contratos están al día. “El actual Gobierno tuvo que sentarse a mirar todos los papeles, poner al día los pagos e implementar un nuevo sistema de actualización de precios que diera sentido económico a esos proyectos. En los últimos meses los contratos están en un ritmo de ejecución normal”, afirma.

“En 2016 la actividad del sector sufrió una caída del 12% y una caída similar en el empleo, pero las perspectivas son buenas para el año que viene. Esperamos un ritmo a pleno de la ejecución de las obras públicas y tenemos la expectativa de que la política de blanqueo de divisas que implementó este año el Gobierno inyecte dólares que dinamicen la obra privada”, añade Weiss.