No se sabe quién es peor. Si David Batista, acusado de asesinar a su ex pareja quemándola viva, que ahora pide una prestación por las quemaduras que sufrió al cometer semejante barbaridad, o los servicios sociales del Centro Penitenciario Tenerife II que son los que están tramitando la concesión de dicha ayuda. Los expertos muestran su perplejidad al calificar la petición de “incongruente” por cuanto se beneficiaría de una acción de la que supuestamente es responsable.

Todo comenzó en 2015 en Santa Cruz de La Palma cuando David Batista roció con gasolina a su pareja sentimental, Laura González, en la tienda donde trabajaba, y, después prendió con un mechero. La mujer sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo y, por supuesto, falleció. Con anterioridad, se defendió sacudiéndose las llamas que acabaron por alcanzar al agresor, el cual sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo. Una mujer que se encontraba presente en el lugar de los hechos fue la que llamó a emergencias. Una ambulancia trasladó a los dos quemados. Por Laura poco se pudo hacer. Murió durante su traslado al hospital. David, con heridas de menor entidad, acabó en el hospital insular de La Palma, y, posteriormente, en la unidad de quemados de la Residencia Virgen del Rocío de Sevilla. Allí, los médicos consiguieron sanarlo aunque le quedaron secuelas.

Unas secuelas de las que, ahora, a pesar de haber sido el responsable de todo el drama que está viviendo, intenta paliar mediante una ayuda pública que, por supuesto en caso de ser concedida, pagaremos todos.

Paralelamente a ello, esta semana se ha celebrado el juicio por este asunto en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Precisamente durante la vista oral, se ha sabido que las quemaduras sufridas por Batista ni siquiera fueron producidas por Laura, sino por la mujer que se encontraba en la tienda quien, en un acto valeroso, no dudó en agarrar el brazo de Batista cuando le tiraba la gasolina por encima a Laura, y de ahí que parte del combustible cayera sobre él. La deflagración al encender el mechero hizo el resto.

La fiscal del caso pide 42 años de prisión para Batista. 25 años por asesinato agravado por la relación de parentesco. 15 años más por un delito de incendio con peligro para la vida e integridad de las personas, y dos más por un delito continuado de amenazas.

Durante su intervención para exponer sus conclusiones provisionales, la fiscal calificó el asesinato de “cruel y despiadado”. Y, además, con alevosía que quedaría probada con el centenar de mensajes que Batista habría enviado a la mujer en el mes anterior al ataque y en el que, incluso, se hace referencia al fuego. Y, además, el Ministerio Público considera la existencia de alevosía porque acusado arrinconó contra una pared a la víctima para evitar que tuviera escapatoria. Sobre el incendio y el peligro existente para otros, se detalló que había un total de cuatro personas en el establecimiento, una de ellas una niña de 7 años, y un total de 23 repartidas por todo el edificio.

Las acusaciones particulares se han sumado a las peticiones de la fiscal que, además, considera probado que el acusado compró un bidón conteniendo casi diez litros de gasolina para cometer tan terrible acto.

Pero lo más terrible ahora, ya no es eso. Lo inconcebible es que David Batista se permita el lujo de pedir la ayuda pública. Y que los servicios sociales de la cárcel donde está recluso le apoyen y dediquen medios y esfuerzos para paliar las secuelas de una tarea de la que él fue el primer responsable.