Un confidente entregó una caja fuerte que compromete al director general de Infraestructures

Los más de 9.000 correos del tesorero de CDC establecen reuniones con los empresarios del 3%

Un informante de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha entregado esta semana a los investigadores del caso Petrum una caja fuerte con documentos que comprometen al Govern en las supuestas comisiones del 3%.

La caja estaba en manos de un colaborador de Josep Antoni Rosell, director general de infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos el pasado miércoles. Fue el propio alto cargo del Govern quien entregó la caja fuerte a una persona de confianza para que la ocultara. El registro del miércoles en las oficinas del ente gestor de obras públicas -Infraestructures.cat- empujó al informante a entregar «voluntariamente» la documentación, según fuentes conocedoras del caso.

El contenido al completo de la caja fuerte todavía está siendo analizado por la Fiscalía Anticorrupción. Lo conocido hasta ayer por los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, no obstante, les llevó ya a pedir al juez que decretara prisión sin fianza para Rosell. Josep_Bosch Mitjavila, titular del juzgado de Instrucción número 1 de El_Vendrell (Tarragona), determinó finalmente que fuera puesto en libertad con cargos y se le retirara el pasaporte para evitar que salga de España.

Fuentes del caso aseguraron a este diario que, hasta que se conozca el contenido total de los archivos y su relación con la supuesta trama de las comisiones del 3%, el mero hecho de que el alto cargo del Govern tratara de esconder la caja de seguridad abre la puerta a acusarle de ocultación de pruebas.

La entrega de los archivos de Rosell a la Guardia Civil no fue el único fruto inesperado que obtuvieron los investigadores del caso Petrum a raíz de los 20 registros y 11 detenciones que se hicieron el miércoles. Varias personas aprovecharon el despliegue para sumarse de forma voluntaria e incorporar nuevas denuncias.

Es el caso concreto de un cargo técnico intermedio de Infraestructures.cat, quien aprovechó la entrada de los policías en el edificio situado en la calle Vergós, en el distrito de Sarrià, para denunciar el amaño en la adjudicación de concursos de la Generalitat a empresas señaladas por sus superiores.

El trabajador, con años de experiencia en la gestión de obras públicas, se dirigió directamente a dos de los agentes de la Guardia Civil que realizaban el registro del ente. Ante ellos desgranó cómo se realizaban modificaciones técnicas dictadas, entre otros altos cargos, por el propio Josep Antoni Rosell.

En su declaración ante los agentes, el técnico admitió haber recibido «instrucciones» para modificar criterios de valoración en concursos públicos vinculados con canalizaciones. De esta forma, según explicitó, se «facilita» que ofertas presentadas por empresas concretas obtengan adjudicaciones en juego. Una forma de actuar que atribuyó a dos de sus supervisores. Entre ellos el director general de Infraestructures.

El papel del tesorero de CDC, Andreu Viloca, en la supuesta trama entre empresarios y la formación nacionalista es el otro gran eje sobre el que se sustenta el 'caso Petrum'. Anticorrupción considera demostrado que el administrador del partido era quien establecía reuniones con los empresarios de la construcción. En ellas era cuando, supuestamente, reclamaba las mordidas por el 3% de las adjudicaciones de obra pública de las que se beneficiaban las constructoras. Los pagos se realizaban a través de donaciones legales que se inyectaban en la Fundació CatDem, de la cual también es administrador Andreu Viloca.

Las fechas y los motivos de las citas entre el tesorero y los directivos de Tec 4, Rogasa, Oproler, Urbaser, Grup Soler y Copisa están plasmadas entre los más de 9.000 correos electrónicos que la Guardia Civil encontró en el ordenador del tesorero durante el primer registro que se hizo en la sede central de CDC, el 28 de agosto. El cruce de datos entre las fechas en las que se cerraron las reuniones -algunas de ellas celebradas en la sede de CatDem- y las adjudicaciones que lograron algunas de las empresas son las que motivaron, parcialmente, que se llevaran a cabo las detenciones del pasado miércoles.

El supuesto papel de Viloca como mediador en el pago de las comisiones entre las empresas, la Fundació CatDem y CDC es, precisamente, el que le convierte en el único de los 12 detenidos que permanece en prisión sin fianza, acusado de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Su antecesor en el cargo, Daniel Osàcar, fue ayer puesto en libertad con cargos después de ser llevado por la Guardia Civil ante el juez Bosch. Con problemas de salud debido a su avanzada edad, 84 años, Osàcar no fue arrestado hasta ayer por la mañana en su domicilio. Desde ahí acudió directamente hasta el juzgado de El Vendrell donde, como el resto de detenidos, se negó a declarar a la espera de que se levante el secreto de sumario del caso. Osàcar se encuentra ya imputado en el Caso Palau acusado de haber mediado para que la constructora Ferrovial inyectara fondos irregulares en CDC a través de falsas donaciones al Palau de la Música. Su imputación en la causa fue, precisamente, la que llevó al partido a apartarle del cargo en 2010. Ese año asumió la administración del partido el ahora encarcelado Viloca.

El juez decretó también para Osàcar la retirada del pasaporte. Una medida que se aplicó al resto de implicados en el caso, a excepción del empresario Sergio Lerma, para quien se dictó una fianza de 50.000 euros. Todos deben presentarse en el juzgado una vez al mes.