Venezuela es víctima de una tragedia económica como la que escasos países han vivido en el mundo entero, pero dentro de poco, va a experimentar un completo deslave humanitario. Una cosa es habitar en un país que padece la peor hiperinflación en la historia latinoamericana contemporánea, pero otra muy diferente es que esa misma población ahora tenga que sufrir simultáneamente el descalabro de servicios públicos básicos como electricidad, agua y transporte.

Durante los últimos cinco años, Venezuela ha vivido la destrucción de la mitad de su economía. En lo que queda de este año, como resultado de un terco esfuerzo antidemocrático por parte de un régimen que busca aferrarse al poder a cualquier costo social —y bloquear así el cambio político que demanda pacíficamente más del 82% de la nación—, la economía puede perder casi una tercera parte adicional de su ya débil actividad restante.

El declive de la otrora orgullosa industria petrolera es pasmoso. Como resultado de la incompetencia gerencial, la corrupción, la falta de inversión, unas duras sanciones impuestas por Estados Unidos y el deterioro de la infraestructura eléctrica, una mermada producción de crudo que apenas rasguñaba más de 1,2 millones de barriles diarios para finales del 2018, se encuentra en estos momentos por debajo de los 800.000 barriles diarios. Hoy México y Colombia producen más petróleo que Venezuela, que hace dos décadas atrás, era uno de los principales competidores de Arabia Saudí. En diciembre pasado, según estudios de varias universidades nacionales, más del 60% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema; pero en el próximo semestre estas mismas cifras pueden sobrepasar fácilmente el 75% de la población. Este colapso ha convertido a Venezuela en una nación en fuga, en el que se han marchado más de 3,5 millones de personas; pero en cuestión de semanas la presión migratoria sobre Colombia, Brasil y el Caribe entrará inevitablemente en una espiral aún más dolorosa.

Cualquier sistema político, indistintamente de su naturaleza, crujiría frente a un desastre socioeconómico de esta magnitud.

El régimen de Maduro ha logrado plantarse reprimiendo, bloqueando la realización de un referéndum revocatorio, declarando en desacato al poder legislativo, extendiendo falsas negociaciones, ilegalizando partidos políticos, violando la Constitución para convocar írritamente una Constituyente y también manipulando las instituciones para inhabilitar candidatos y simular eventos electorales, entre ellas, los comicios presidenciales. La última ola de protestas que se inició el 10 de enero de 2019, liderada por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, fecha en la que Maduro pretendía dar inicio a un segundo periodo constitucional sin contar con la necesaria legitimidad de origen, es sin duda el esfuerzo de mayor escala por precipitar una transición política en el país.

Tres meses más tarde —a pesar que a Juan Guaidó lo han llegado a reconocer como presidente encargado más de 60 países del planeta y cuenta con niveles de popularidad de más del 61%—, Maduro continúa en el palacio presidencial de Miraflores con apenas 14 puntos de aprobación. De modo que la única pregunta relevante para el caso venezolano es: ¿por qué no se termina de iniciar un proceso de transición democrática para restaurar la Constitución?

Venezuela en muchos sentidos apunta a la vanguardia de los nuevos tipos de autoritarismo globales que han probado ser extremadamente resistentes. Estos regímenes de nuevo cuño están construidos sobre dos pilares fundamentales: partido hegemónico y control militar. Esta combinación hace que estos sistemas sean mucho más inmunes a las crisis económicas y sociales. Son mucho más complejos de desmontar. El tema electoral es manipulado desde el plano partidista a través de un diseño hegemónico apoyado sobre el control institucional del Estado; y también del condicionamiento social del voto por medio del uso a gran escala del clientelismo político y la corrupción. No obstante, cuando la manipulación institucional de ese rostro electoral falla, estos sistemas también tienen una alta capacidad de represión tanto formal como para-estatal. En función de estas diferencias, las transiciones se vuelven más complejas que aquellas en sistemas estrictamente dictatoriales como las que vivieron los chilenos, argentinos o brasileños en el siglo pasado. Es mejor mirar a Egipto, Zimbabue, Argelia, Nicaragua, Rusia y Turquía, países con algunos de los cuales Caracas ha establecido potentes alianzas, entre las que también destacan sistemas totalitarios más antiguos como China, Irán y Cuba. Los críticos que le exigen rapidez a la oposición venezolana en el desmantelamiento de este entramado no pueden obviar esta realidad. Es un gran error caer en la trampa de la exigencia del tiempo (si no es rápido no funciona) y aceptar más bien que las rutas para lograr la transición pueden ser muy variadas; pero que dadas esas restricciones el proceso tiene ineludiblemente que incorporar a los principales factores internos de un sistema que es inherentemente inercial y resistente.

Aun así, ¿por qué no se ha iniciado la transición democrática? Las razones no tienen que ver con la falta de condiciones objetivas económicas ni sociales y mucho menos por la ausencia de suficientes presiones internacionales ni populares: la causa quizá estribe en que todavía no hay una alternativa transicional que sea lo suficientemente apetecible para aquellos factores internos que la puedan precipitar. Aún no existe en el caso venezolano una oferta pública que sea altamente atractiva para todos los actores relevantes que sostienen a la coalición dominante en el poder, incluyendo a los militares, que los induzca a aceptar los beneficios de un cambio político. Esa oferta pública, que debe ser el principal trabajo político de la Asamblea Nacional, tiene que cubrir una oferta institucional en lo militar (la amnistía es insuficiente), en lo transicional (no solo jurídico sino sobre todo en lo político para que sea lo suficientemente inclusivo y que impida que haya una cacería de brujas) y también electoral (que blinde la ruta comicial y le garantice espacios a los chavistas para que no sean barridos). Es indudable que su implementación no depende de la Asamblea Nacional, y mucho menos de Guaidó, pero para hacerla creíble —y para hacerla menos incierta—, es necesario dibujarla.

En esa implementación, los militares van a actuar corporativamente pues controlan el sector petrolero, minero y alimentario además de todo el comercio ilegal. Sus rentas pueden fácilmente representar más del 10% del PIB. Es ilusorio pensar que los militares simplemente se van a quebrar internamente a través de un golpe de estado para favorecer a la oposición o inmolarse por la revolución sin proteger primero colegiadamente sus intereses. También es ilusorio que los militares vayan a apoyar incondicionalmente a Maduro pues su supervivencia corporativa también podría estar en juego ante la magnitud del colapso económico y social. Hasta ahora los militares no han actuado como a la oposición le hubiese gustado pero tampoco han hecho todo lo que a Maduro le hubiese servido. Si actúan muy rápido le podrían dar demasiado poder a unos grupos en los que desconfían y, si actúan muy tarde, la anarquía que supone el creciente poder de grupos irregulares sobre el territorio así como el deterioro de la infraestructura, podría terminar de arroparlos.

La estrategia de Maduro es resistir en el poder. Hasta ahora ha mostrado disposición y capacidad para hacerlo. Actúa como un típico revolucionario latinoamericano. Sin embargo, en este momento Maduro aún si sobrevive no garantiza gobernabilidad, ni acceso a financiamiento para estabilizar la economía, ni capacidad para atender la crisis de servicios básicos y mucho menos la posibilidad de convencer a los Estados Unidos que remuevan las sanciones internacionales. Estas limitaciones son un problema muy serio tanto para los militares, que se mantienen leales pero muy inquietos ante un futuro que promete un desmembramiento del orden estatal y una disminución exponencial de sus rentas, como para los mismos chavistas, que aun siendo la principal minoría política del país, ven la transformación de su proyecto en una simple apuesta a ciegas por el poder. Es por ello que el proceso de cambio político, aún si se retrasa, es irreversible. El régimen difícilmente pueda volver a donde estaba hace meses atrás, mucho menos ahora con la profundización de la crisis eléctrica y los problemas de suministro de agua en todo el territorio nacional.

Por otro lado, Guaidó es un fenómeno político de masas, lo cual es sorprendente tanto por lo vertiginoso como por los pocos medios independientes existentes; la Asamblea Nacional está fortalecida y reconocida internacionalmente como la única institución legítima por lo que cualquier salida pasa por ella; y a pesar de la migración y de las penurias económicas, la gente se mantiene movilizada ante una demanda de cambio que es prácticamente infinita. Estas fortalezas no las tiene la oposición democrática ni en Egipto ni en Turquía ni en Rusia. Tampoco en Nicaragua.

Transcurridos tres meses desde los eventos posteriores al 10 de enero de 2019, cada vez resulta más claro que lo único que puede estabilizar y relanzar a Venezuela son unas elecciones justas y libres. No hay otra salida. Pero es prácticamente imposible llegar a ese objetivo sin una negociación que genere una transición política con plenas garantías democráticas para todos, incluyendo incluso a aquellos que controlan el poder. En Venezuela, ya no hay rutas exprés para producir esa transición porque no hay imposiciones unilaterales. De modo que la transición no es posible decretarla, sino que es necesario acordarla políticamente a través de mecanismos de negociación que muy probablemente sean secretos. Cualquier otra opción, que no sea concertar políticamente un cambio radical del modelo existente, es condenar al país a la profundización de un mayor caos económico y social, lo cual va a conllevar a repercusiones migratorias aún más grandes en el resto de América Latina. Las distintas fuerzas del país, por más que desconfíen el uno del otro, no tienen ninguna otra posibilidad sino comenzar a cooperar para producir un escenario de este tipo. Tan solo de esta manera, Venezuela puede llegar a superar la miseria y la oscuridad en la que se encuentra tristemente sumergida. La transición está cerca pero requiere de mucha astucia y olfato político para ser construida.

Michael Penfold es profesor titular del IESA e investigador global del Wilson Center.