Alberto Ruiz-Gallardón dimitió el martes como ministro de Justicia y ha tardado solo 48 horas en tomar posesión de su nuevo destino profesional: el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en donde figura desde el jueves como nuevo consejero permanente junto al expresidente socialista Joaquín Leguina. El exministro se encargará ahora de elaborar dictámenes para el Gobierno de Ignacio González, el que fuera durante años uno de sus principales adversarios internos dentro del PP de Madrid junto con Esperanza Aguirre.

Gallardón se muda del Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, a la Gran Vía madrileña, en donde tiene su sede este órgano que depende al cien por cien del presupuesto regional y que preside Ignacio Astarloa, exdiputado del PP y secretario de Estado de Seguridad con Aznar durante los atentados del 11M. Y es que, tal y como admitió en la rueda de prensa en la que comunicó su dimisión por la frustrada reforma de la ley del aborto, lo único que le hacía ilusión a Gallardón ahora era la posibilidad de incorporarse a este organismo toda vez que, como fiscal y tras 30 años dedicados al PP y a la vida pública, tiene por delante un periodo de incompatibilidad de dos años para dedicarse al mundo del Derecho o a empresas privadas vinculadas con su última área de responsabilidad.

La puerta giratoria de Alberto Ruiz-Gallardón -que ha renunciado también a su escaño- no conduce, pues, a la empresa privada pero sí a otro cargo público remunerado como si fuera un consejero regional del Gobierno de Ignacio González: unos 8.500 euros brutos mensuales, 5.500 netos, por solo una reunión a la semana (normalmente, los miércoles). La otra expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, renunció en su día a este puesto cuando se reincorporó como funcionaria al Ministerio de Industria, desde donde dio el salto, después, a la empresa de cazatalentos catalana Seelinger y Conde, sin relación alguna con su actividad política.