La polémica indicación que incluyó el Gobierno en la Agenda Corta Antidelincuencia que pretende sancionar con presidio las filtraciones de informaciones reservadas de causas judiciales, arriesgando a los culpables desde 61 a 540 días de cárcel, no ha pasado desapercibido para nadie.

A la carta que envió Amaro Gómez-Pablos a El Mercurio y los tuits que dedicó Mónica Rincón, en las últimas horas, ahora se sumó una columna de opinión en la versión impresa del The Clinic, donde Fernando Paulsen utilizó duros términos para referirse a la medida, relacionándola directamente con lo ocurrido con la prensa durante la Dictadura Militar.

“Se pretende reiterar la lógica de que, para que los tribunales hagan bien su pega, los periodistas tenemos que hacer mal la nuestra. Lo hacen amenazando en teoría a los funcionarios judiciales, pero basta leer el proyecto para darse cuenta que quien efectivamente es la víctima de la prohibición es quien publica y quien firma”, sostiene.

Luego, destaca la contradicción que existe entre quienes alabaron el periodismo independiente durante el Régimen Militar y ahora pretenden callarlo. “Los mismos que, en Dictadura, aplaudían cada acto del periodismo independiente de desafiar la censura, en democracia, cuando se supone que el libre flujo de información es más apreciado, recurren a las amenazas legales para evitar que se conozca lo que conviene mantener oculto”, publicó.

Pero no terminó ahí: “No es solo irracional y grosero lo que se pretende hacer. Además, es inútil”, para luego calificar la medida como “un retroceso estúpido”, ya que lo que se busca es prohibir “que se conozca lo que imputados y testigos declaran, hasta que pase el tiempo y poco importen esas declaraciones”.

“De mí, no esperen que acate en democracia lo que como periodista, junto a muchísimos colegas, no estuvimos dispuestos a acatar en Dictadura. Vergüenza de proyecto de ley. Vergüenza que tenga el patrocinio del ministerio de Justicia y de Interior. Les aviso hoy: Me cago en su prohibición”, concluye.