El soterrado enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior de las últimas semanas tiene ya una declaración de guerra escrita. Aparece en el último párrafo de la nota que ha difundido este viernes la Fiscalía General del Estado, en el que se anuncia la apertura de una investigación para conocer el origen de las informaciones periodísticas que han obligado a adelantar la operación contra Manos Limpias y Ausbanc. En la nota se incluye una grave acusación: el fin de la filtración “no puede ser otro que el frustrar” el éxito de la investigación en favor de la "organización" investigada.

Aunque la nota no especifica hacia quién se dirigen esas sospechas, el contenido de las noticias publicadas sólo permite apuntar en una dirección, el Ministerio del Interior. El departamento de Jorge Fernández Díaz es el único que podía conocer los detalles de las pesquisas, además de los dos organismos que van a desarrollar la investigación del chivatazo y que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Santiago Pedraz. Desde el Ministerio Público, que impulsará la investigación, se apunta directamente al ámbito del Ministerio del Interior.

La investigación a la trama de extorsión que formaban presuntamente Manos Limpias y Ausbanc entraba en su recta final cuando el martes por la noche, la portada del diario Abc adelantaba los detalles de una investigación abierta contra Manos Limpias y a Ausbanc por extorsión. Quedaba una semana para que el juez ordenara los registros y las detenciones, pero las informaciones precipitaron el operativo, que se acordó para este viernes, según fuentes de las pesquisas que lamentan las 48 horas que han tenido los protagonistas para poder deshacerse de documentación relevante para el caso.

“Se han publicado en diversos medios de comunicación datos de la investigación cuya publicación ha perjudicado seriamente el propio desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las diligencias de investigación y aseguramiento” de pruebas, reconoce el comunicado de la Fiscalía General del Estado.

¿Por qué iba a querer alguien desde el Ministerio del Interior o la Policía perjudicar la investigación a Manos Limpias y Ausbanc? Fuentes de la investigación admiten que, por el momento, no cuentan con datos más allá de las deducciones que se pueden hacer sobre el origen de la información y su propósito. Para avanzar en sus sospechas, la Fiscalía propondrá una serie de diligencias al juez encaminadas a averiguar quién está detrás del suministro de información y que, en ningún caso, se dirigirán contra los periodistas, precisaron.

En lo que coinciden fuentes policiales y de la Audiencia Nacional es en situar como origen de este enfrentamiento en la polémica por el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), cuyo contenido despreció la Fiscalía del Tribunal Supremo cuando tuvo que pronunciarse sobre la querella de Manos Limpias que lo adjuntaba. El Tribunal Supremo asumió el criterio de la Fiscalía y rechazó la querella de Manos Limpias el miércoles pasado.

El contenido de ese informe comenzó a publicarse el 12 de enero de 2016, un día antes de que se conformaran las nuevas Cortes y existieran ya unas incipientes negociaciones para la formación de Gobierno.

El documento, sin firma, llegó a la UDEF tres días después, procedente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. La intención de Interior era que los agentes de la UDEF, como policía judicial, elaboraran a raíz de él un informe que presentar a la Fiscalía Anticorrupción. Pero los días pasaban y el informe de la UDEF no llegaba. En privado, fiscales de la lucha contra la corrupción no preveían nada positivo de un documento que iban conociendo por partes, según iban publicando su contenido varios medios de comunicación.

El ariete contra Podemos

El ariete contra PodemosY entones entró Manos Limpias. A finales de enero presentó una querella contra Podemos, la tercera por la supuesta financiación irregular del partido morado y una más con las que ha inundado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente para investigar a aforados. Pero esta incluía un hecho novedoso, un documento de 38 páginas en el que se advierte que es de “uso exclusivo policial” y que no es otro que el informe PISA.

Desde ese momento, la Policía no necesitaba presentar un informe propio ante la Fiscalía Anticorrupción y arriesgarse a que ésta despreciase su contenido y se negara a abrir diligencias. Gracias a Manos Limpias, el informe PISA llegaba a los tribunales sin que la UDEF se manchara con el papel remitido desde la DAO, donde eldiario.es publicó que se aloja un grupo de agentes destinados a investigar posibles delitos cometidos por miembros de la oposición política.

Pero en la tercera semana de febrero, la maniobra se torció de forma casi irremediable. La Fiscalía del Tribunal Supremo emitió su informe preceptivo solicitando el rechazo de la querella de Manos Limpias y calificando el informe PISA de “mera remisión de informaciones no autenticadas”. Fuentes policiales consultadas por eldiario.es admiten que el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo provocó una tormenta en los jefes policiales que habían diseñado la estrategia contra Podemos.

No había servido de nada que el jefe entonces de la UDEF, Manuel Vázquez, hubiera llamado a jueces y fiscales del Supremo para explicarles un informe policial que ni él, ni ningún otro policía, les había entregado, ante la sorpresa de los miembros del Tribunal Supremo, según reveló más tarde elespanol.com.

Pero Vázquez, y por ende la UDEF y el Ministerio del Interior, no cejaron y el comisario remitió el informe PISA al Tribunal de Cuentas, en una maniobra insólita que ha permitido alargar la vida del documento apócrifo varios meses, hasta que el órgano fiscalizador se pronuncie. Vázquez es hoy jefe superior en Galicia, su tierra natal, destino que perseguía desde hace años.

3 millones por la infanta

3 millones por la infantaLa Audiencia Nacional y la Policía habían comenzado a investigar a Manos Limpias y Ausbanc el 24 de febrero de 2015, como consecuencia de nueve demandas presentadas por varios empleados de banca y tres entidades. Las denuncias aseguraban que Ausbanc, presidida por Luis Pineda les estaba amenazando con acciones penales que emprendería Manos Limpias si no pagaban. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, y Pineda se conocen desde hace décadas, cuando de jóvenes militaban en la extrema derecha.

En marzo pasado, los abogados de la infanta Cristina informaron a la Policía de que Manos Limpias, organización que mantiene en solitario viva la acusación contra la hermana del rey, les había pedido 3 millones de euros por retirarse del caso y que su defendida no fuera finalmente juzgada. Según fuentes judiciales, Manos Limpias y Ausbanc se habían dirigido con el mismo ofrecimiento e idéntica cantidad al a La Caixa y al Banco de Sabadell. La Fiscalía imputa a los detenidos los delitos de estafa, organización criminal, extorsión, fraude de subvenciones, administración desleal y estudia la posibilidad de sumar el de blanqueo de capitales.

Otras fuentes de la Audiencia Nacional descartan por completo solicitar la suspensión de actividades para Manos Limpias, por lo que la organización podrá seguir ejerciendo la acusación en el proceso contra Cristina de Borbón, a través de la abogada Virginia López-Negrete, contra la que, al menos por el momento, no se dirige la citada investigación.

El frente de Granada

La nota de la Fiscalía General del Estado anunciando una investigación por la filtración de la operación contra Manos Limpias y Podemos es la segunda de alto voltaje que emite el órgano que dirige Consuelo Madrigal en menos de doce horas. El jueves por la tarde, la Fiscalía General advertía de que el registro y la detención del alcalde de Granada el día anterior no fue acordada por su delegación en Granada ya que “el estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”. El alcalde se aferró a esta nota para denunciar que es víctima de “un atropello político”.

La Fiscalía acusaba a la Policía de haberse excedido con Torres Hurtado y la reacción no tardó en llegar. Esa misma noche, la Policía emitió un comunicado en el que aseguraba que “todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley y la Constitución, velando escrupulosamente por los derechos de los detenidos, por el tiempo mínimo indispensable para la realización de las averiguaciones y trámites oportunos, y comunicándose a la autoridad judicial".

Fuentes policiales han corregido a la Fiscalía General y aseguran que el registro fue autorizado por el juez, en contra de lo que también sostenía la nota. Respecto a las detenciones recuerdan que es una práctica habitual para realizar los registros con garantías en presencia de los afectados. Torres Hurtado, por decisión policial, fue trasladado también en calidad de detenido a dependencias del Cuerpo para ser interrogado. Europa Press destacaba ayer en un teletipo el “malestar” en el seno de la UDEF con la reacción de la Fiscalía.