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Un rey emérito, una "amiga entrañable", un comisario, un empresario, los servicios secretos, la filtración de unos audios en forma de entrevista guionazada, el papel de un periodismo nutrido desde las cloacas del Estado, el chantaje, la amenaza... La cinta tiene todos los ingredientes para una superproducción sobre mafias y gánsters. Pero no, esto no es el cine, sino un país que se llama España y sobre el que los efectos de la detonación controlada de una bomba nuclear pueden hacer tambalear otra vez los cimientos de una democracia imperfecta. El debate no va de Monarquía o República, sino de decencia o desvergüneza, de ejemplaridad o corrupción y de ética o inmoralidad en la vida pública. Hablamos, claro, del "caso Juan Carlos I" y del recorrido que pueda tener en los tribunales de Justicia el relato de una falsa princesa alemana de nombre Corinna y apellido impronunciable sobre las andanzas del padre de Felipe VI durante sus años como jefe del Estado. Más le valdría a la Casa del Rey y al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez diseñar un relato institucional que vaya más allá del elocuente silencio con que han despachado el asunto esta semana Sálvense todas las distancias que se quieran, pero la respuesta coral de aquellos que creen hacer un favor a la Corona suena a lo mismo que dijeron los populares sobre la Gürtel -"no es una trama del PP, sino contra el PP"-, y al final acabó en una sentencia condenatoria y con Rajoy fuera de La Moncloa. Más le valdría a la Casa del Rey y al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez diseñar un relato institucional que vaya más allá del elocuente silencio con que han despachado el asunto esta semana, si no quieren que las confesiones de Corinna causen al reinado de Felipe VI el mismo daño que la falta de transparencia y la malentendida lealtad de los poderes político y empresarial provocaron al reinado de Juan Carlos I. Las correrías contadas con todo lujo de detalle en una conversación entre la "amiga entrañable" del monarca y el comisario Villarejo -hoy en prisión tras ser investigado por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales- en este caso van desde el cobro de comisiones ilegales, la posesión de cuentas en Suiza o la utilización de testaferros para ocultar dinero en paraísos fiscales.

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Da igual lo que lean o escuchen, lo que realmente se dirime estos días es si Juan Carlos I puede o no ser investigado por fraude fiscal y blanqueo, y no quiénes o por qué intereses espurios han filtrado las explosivas cintas o si detrás de ellas hay una operación diseñada para acabar con la Monarquía, como tratan de apuntar quienes pretenden mantener sobre Felipe VI el mismo anillo protector que blindó a su padre frente a cualquier investigación o crítica. De momento, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pidieron este jueves a la Agencia Tributaria (AEAT) que inicie una investigación a las personas implicadas en las supuestas conversaciones en las que Corinna dice que el rey emérito, Juan Carlos I, la usó como testaferro, demostrando así que no existen "escudos fiscales" para proteger a la familia del rey. Y no es poco teniendo en cuenta de dónde venimos, que es de un pacto no escrito entre financieros, empresariaos, editores, políticos y servicios secretos para proteger a la Corona. La publicación de las cintas ha hecho saltar las alarmas, y no sólo en la Zarzuela, sino también en el Gobierno, ya que en ellas se acusa al director del CNI, Felix Sanz Roldán, de amenazar a Corinna y custodiar no sólo los secretos del Estado, sino también los enigmas comerciales y personales del Rey emérito.

CHRISTOPHE SIMON via Getty Images El general Félix Sanz Roldán.