Los servicios de transportación privada por medio de un app como Uber, Lyft y otros ya tienen el camino libre para iniciar operaciones en Puerto Rico.

Por medio del “Reglamento Sobre Los Servicios de Empresas de Red de Transporte” (ERT) emitido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el gobierno de Puerto Rico viabiliza el que las empresas antes mencionadas y otras similares provean de forma legal una alternativa tanto al vehículo privado como a los taxis.

Una ERT (conocida en inglés como “Transportation Network Companies“) es una empresa que provee los medios tecnológicos para que personas puedan contratar servicios de transportación. Para utilizar los servicios de una ERT, sólo se necesita instalar un app compatible con teléfonos inteligentes como el iPhone, es mediante este app que un consumidor solicita, coordina y paga por dichos servicios. Uber, Lyft, y Wingz son algunos ejemplos de compañías de este tipo.

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El término fue acuñado por la Comisión de Utilidades Públicas de California en 2013 para describir (y de esa forma regular) dicho servicio. Esto sucedió como consecuencia de la oposición por parte del gremio de taxistas de ese estado, quienes se opusieron a que las ERT se les colocara en la categoría de limosinas y también a que se creara una nueva categoría sólo para ERT.

Transporte de un pasajero de un lugar a otro, previamente seleccionado y acordado entre el pasajero y el conductor a través de una Red Digital o aplicación móvil — Definición oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas de los servicios de una ERT Transporte de un pasajero de un lugar a otro, previamente seleccionado y acordado entre el pasajero y el conductor a través de una Red Digital o aplicación móvil

En Puerto Rico, el Senador Antonio Fas-Alzamora radicó a principios de 2015 el proyecto 1209, con el cual se buscaba frenar el inicio de estas empresas en Puerto Rico. Luego de ser sometida a votación, la mayoría parlamentaria derrotó dicho proyecto y pidió que este fuese revisado, según reportó el medio especializado en negocios News Is My Business. Al momento se desconoce el estatus del mismo.

Se espera que sea solo cuestión de días para que Uber, que ya de por sí había realizado en el pasado esfuerzos para conocer el interés en Puerto Rico acerca de su servicio, haga algún pronunciamiento oficial en cuanto a su interés por iniciar formalmente operaciones en la isla.

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El reglamento se pone en práctica gracias a las disposiciones que concede al Secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el “Plan de Reorganización Número 6 de 1971”, el cual fue promulgado por la Ley Número 113 del 21 de junio de 1968, según enmendada.

Es esta ley la que faculta al Departamento el que pueda reglamentar el Artículo 407 del Código Político de Puerto Rico, el 3 L.P.R.A. sección 412, la Ley Número 148 del 3 de agosto de 2008 (“Ley para Transferir la Competencia de la Planificación y Regulación de la Transportación Colectiva Provista por los Vehículos Públicos de la Comisión de Servicio Público al Departamento” (según enmendada) acorde a las disposiciones de la 3 L.P.R.A. sección 2101 et seq., y finalmente la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988 (según enmendada), conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del E.L.A.”.

Próximamente publicaremos una entrevista con un oficial de Uber en reacción a la publicación de este reglamento.

UNA NUEVA CATEGORÍA

El reglamento crea una nueva categoría de vehículo de motor, descrita como “vehículo público de menor cabida”, y aplica específica y únicamente cuando un vehículo personal es utilizado para prestar servicios de ERT. En específico, este tipo de vehículo es “todo vehículo de motor público que se dedique a la transportación de pasajeros y equipaje en modo incidental al transporte de estos, mediante paga, con una cabida no mayor de veinticuatro (24) pasajeros”, según lo establece el reglamento.

De igual forma, esta categoría queda excluida de la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público y de la Compañía de Turismo, entidades reguladoras de los servicios de taxi y limusinas, respectivamente. Específicamente, el artículo 7 del reglamento deja claro que “las ERTs y los Conductores ERT no son operadores bajo la Ley de Transportación Turística ni bajo la Ley de Servicio Público”.

Por otra parte, el reglamento establece qué requisitos, términos y condiciones deberán de cumplir las ERT que operen en Puerto Rico. Uno de estos es la suma de US$5,000, a ser pagada anualmente.

Finalmente, se establece por el DTOP que cada conductor de ERT deberá cumplir con tener una póliza de seguro de automóvil con límites de por lo menos $50,000 por muerte y lesiones corporales por persona, $100,000 por muerte y lesiones corporales por accidente y $25,000 por daño a la propiedad por accidente. Además, se incluye una cláusula en la que se establece una política de cero tolerancia con respecto al uso y consumo de drogas ilícitas y alcohol.