Ángel María Villar vuelve a recurrir a la FIFA para intentar seguir al frente de la Federación Española de Fútbol (FEF). La amenaza de que el organismo que rige el fútbol mundial puede expulsar a la selección de la próxima Eurocopa o a los clubes españoles de las competiciones internacionales ha reaparecido en uno de los momentos más delicados de los 28 años que Villar lleva en el cargo.

Al borde la inhabilitación por los presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino Tenerife que pueden derivar en acusaciones de administración desleal, malversación de fondos y daños y perjuicios a terceros clubes, Villar ha iniciado su contragolpe en los juzgados de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. La FEF solicitó el 22 de enero la suspensión cautelar de la orden ministerial del 18 de diciembre que regula los procesos electorales de las federaciones. Villar alega injerencia gubernamental por parte del Consejo Superior de Deporte (CSD) que preside Miguel Cardenal.

Este recurso ya lo utilizó Villar en 2008 ante el secretario de Estado para el Deporte, el socialista Jaime Lissavetzky, que terminó cediendo ante la presión del presidente del fútbol español amparado por una FIFA más fuerte que la que ahora trata de recomponerse tras la sucesión de escándalos de corrupción que la han dejado descabezada. Lissavetzky le exigió celebrar las elecciones antes de los Juegos pero Villar logró retrasarlas hasta después de la Eurocopa, que ganó España.

Con esta maniobra, Villar no justifica los presuntos tratos de favor al Recreativo y al Marino. Hoy es el último día para que el CSD reciba la documentación que le ha requerido. Pero si Villar obtiene la cautelar podría volver a configurar la Asamblea General de la FEF, que elegirá al presidente del fútbol español, sin las horquillas que establece la orden ministerial respecto a los distintos estamentos (territoriales, clubes, jugadores, árbitros, entrenadores y fútbol-sala). Sobre esta cuestión se centra la demanda federativa, que también cuestiona los puntos relativos a la moción de censura y a la convocatoria de elecciones en el caso de la ausencia del presidente por inhabilitación, como puede ser el caso de Villar si no demuestra antes su inocencia.

En el escrito presentado en la Audiencia Nacional, los servicios jurídicos de la federación vuelven a invocar la vulneración de los estatutos de la FIFA y el reglamento electoral que esta aprobó en 2007. En la documentación también aparece la carta que por entonces el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, ahora inhabilitado durante ocho años por corrupción, envió a Lissavetzky, así como otros casos en los que los gobiernos de Grecia, Portugal, Polonia o Irán tuvieron que plegarse a las pretensiones de la FIFA.

Legislación nacional

Los perjuicios morales y económicos a la federación, a los clubes profesionales y amateurs, e incluso a los aficionados si la FIFA decide intervenir son expuestos en la propuesta de suspensión solicitada por la federación. El argumento, muy parecido al de 2008, ya fue derribado en una sentencia de la propia Audiencia Nacional en 2009 que decía: “Las federaciones quedarán sometidas a la normativa de aquellas organizaciones internacionales en las que se integren, pero sin desconocer que están, en todo caso sujetas al ordenamiento jurídico nacional, que no podrán infringir”.

El estatuto de la FIFA al que se acogió entonces y se acoge ahora Villar para argumentar la injerencia dice que “no se aplicarán las normas gubernamentales que regulen las elecciones a los órganos de gobierno de una asociación miembro de la FIFA”. La propia Audiencia le recordó que la Ley del Deporte autoriza al Ejecutivo a “dictar cuantas normas sean necesarias para regular los procesos electorales” e incluso que dicha ley data de 1992 y que por entonces no fue recurrida por Villar. En 2012, cuando apenas tuvo oposición y convocó elecciones por sorpresa tras una convocatoria de dudoso procedimiento al no estar registrada debidamente en el CSD, Villar tampoco recurrió la orden ministerial.

“El doble discurso de cuándo acogerse a lo que dice el Gobierno español o la FIFA es muy propio de Villar”, dice un empleado federativo. En el laudo publicado en su web por el TAS en el caso de los menores del Barcelona y por el que la federación fue sancionada con 400.000 francos suizos, luego rebajados, la federación justificó su actuación ante la FIFA en las estructuras del estado español que cedía las competencias a las federaciones autonómicas. Recientemente también ignoró los estatutos de la FIFA al haber recurrido el Racing ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) la sanción de pérdida de seis puntos y una multa de 602 euros por el impago al Panathinaikos de la cesión de Morris. Meses antes, sin el FIFAgate de por medio, Villar sí envió una carta al entonces ministro, Ignacio Wert, advirtiéndole de que la intervención del TAD en la sanción de pérdida de puntos que recayó sobre el Almería por el impago del fichaje de Jakobsen al Alborg le obligaba a informar a la FIFA, que podría tomar la decisión de expulsar a todo el fútbol español de las competiciones internacionales.

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