Por: Esteban García-Peña Valenzuela (@TheSighthound)

La mañana del 18 de mayo de 2018, durante el efervescente proceso electoral de ese mismo año, diversos medios impresos y digitales difundieron noticias sobre el hallazgo de una veintena de manatíes muertos en Tabasco, particularmente en los municipios de Centla, Jonuta, Centro, Paraíso, Balancán y Macuspana, éste último, cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El manatí es una especie en peligro de extinción que habita diversas zonas lagunares y costeras del Golfo de México, Caribe, Centroamérica, Las Antillas y la costa Nororiental de Sudamérica.

Hacia mediados de octubre de mismo año, ya se había registrado un total de 78 ejemplares de manatíes muertos y miles de peces que habían corrido con la misma suerte yacían flotando en los diversos cuerpos de agua que conforman el sistema lagunar del estado. De nueva cuenta, el edén se convertiría en escenario de otro desastre ambiental.

Considerado como edén en una canción popular, a lo largo del siglo pasado, Tabasco vivió el auge y decadencia de la fiebre del plátano durante las primeras décadas del siglo XX; el perverso Plan Nacional de Desmontes para el desarrollo agropecuario en los años 40 y 50 (sí, el gobierno fomentó y subsidió el desmonte de bosques y selvas para la agricultura); el implacable proceso de ganaderización entre 1960 y 1980 que erosionó y contaminó el suelo del estado; el auge petrolero que contaminó y modificó los flujos hidrológicos de los sistemas lagunares y más recientemente, la tecnificación e impulso de la agroindustria para el cultivo de frutales y muy especialmente, de palma de aceite.

Hoy, según estimaciones del INEGI y de la CONABIO, Tabasco sólo conserva entre un 3% y un 5% de su cobertura de vegetación natural y ha perdido más del 50% de sus especies terrestres y acuáticas.

Si a esto sumamos la frecuente invasión en áreas naturales protegidas; la contaminación por fuentes urbanas e industriales; la deforestación, que aporta millones de toneladas de materia orgánica desde Chiapas, a través de los ríos Grijalva y Usumacinta hacia las planicies, lagunas y costas de Tabasco, así como la introducción de especies exóticas de peces, como la Tilapia y el Pez Diablo, podremos entender la emergencia ambiental que vive el estado tabasqueño.

En agosto de 2018, ante la incertidumbre por la muerte de los manatíes y habiendo recibido una muy anticipada estafeta, el gobierno federal electo, la PROFEPA organizaciones civiles, grupos de académicos y expertos, y el gobierno tabasqueño encabezado en ese momento por Arturo Núñez, emprendieron la búsqueda de las posibles causas del deceso de los manatíes.

Los estudios preliminares arrojaron resultados sobre patógenos o sustancias nocivas en los cuerpos lagunares, lo que llevó a muchos a fijar su mirada en PEMEX como principal responsable. Sin embargo, se determinó que las condiciones ambientales, climáticas y un excesivo aporte de materia orgánica, fertilizantes y agroquímicos sobre los cuerpos de agua, generaron el florecimiento de microalgas verde-azules, conocidas como “cianobacterias” que, en su proceso de crecimiento y fotosíntesis producen fuertes toxinas que afectan el funcionamiento del sistema nervioso (neurotoxinas) y del hígado (hepatotoxinas).

También conocidas como “cianotoxinas”, causan serios efectos negativos sobre la salud, incluso la muerte de los organismos que entran en contacto con éstos. Las necropsias realizadas en cadáveres de manatíes revelaron daños a nivel de hígado y sistema nervioso, evidenciando así la intoxicación y muerte por cianotoxinas, al igual que la muerte masiva de peces en el sistema lagunar.

Pero el problema no termina ahí. Durante el mismo mes de agosto, diversos medios informativos locales y nacionales difundieron el incremento de personas afectadas por enfermedades gastrointestinales crónicas y severas erupciones cutáneas en las mismas localidades.

Aquí es importante señalar que una parte de la población del estado habita en sistemas lagunares, de los que obtienen el agua, recursos, alimentos y diversos medios para poder subsistir cotidianamente como es el caso de la pesca. De esta manera, se expone constantemente a los contaminantes presentes en el sistema acuático, por lo que no parece descabellado pensar que también pueda resultar afectada por las cianotoxinas.

Hoy, a casi dos meses de haber entrado en funciones el nuevo gobierno federal, poco o nada se ha hecho para atender esta contingencia, más allá de la adquisición de equipamiento y reactivos para la identificación de cianotoxinas que la PROFEPA donó a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismos que se mantienen sin uso por falta de entrenamiento especializado. Dadas las condiciones socioambientales de la región, el fenómeno podría repetirse constantemente.

La gravedad ambiental, sanitaria y alimentaria obliga una atención efectiva, multisectorial y multifactorial del caso. Lo menos que se espera del gobierno de México es que las y los responsables estén a la altura de este y otros retos.

A la SEMARNAT a cargo de Josefa González Blanco Ortiz Mena (quien es vecina de “La Chingada”, la quinta que tiene AMLO en Palenque, Chiapas) corresponde la restauración ecológica del sistema lagunar y la rehabilitación de las poblaciones de manatíes, así como monitorear y asegurar la calidad y abasto de agua para consumo humano.

La SADER, con Víctor Villalobos Arámbula a la cabeza, deberá asegurar la sanidad, inocuidad y sustentabilidad de la pesca en la zona, así como el uso adecuado de agroquímicos y fertilizantes.

La Secretaría de Salud, con Jorge Alcocer Varela a la cabeza, debe asegurar establecer los protocolos y medidas sanitarias para evitar enfermedades, epidemias y mortalidad por el contacto con agua o alimentos contaminados.

Y a la Secretaría de Bienestar, a cargo de María Luisa Albores, tiene que garantizar el desarrollo, capacidad y bienestar de las comunidades que habitan en las zonas afectadas.

Insisto, deberán estar a la altura, pues no querrán perder el control o hacer el ridículo en el mismísimo edén, la tierra del presidente.

* Esteban García-Peña Valenzuela es director de campañas en pesquerías en Oceana México, la organización internacional más influyente centrada en la conservación de los océanos, la protección, restauración de los mares del mundo y en cambios de política pública para aumentar la biodiversidad y la abundancia de la vida marina.