La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias (NC) ha acordado por unanimidad que el diputado de la formación nacionalista en el Congreso, Pedro Quevedo, se abstenga en la votación de los objetivos de déficit y deuda pública para el trienio 2018-2020, que incluyen el techo de gasto del año que viene, propuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La Ejecutiva de Coalición Canaria confirma que apoyará este martes el techo de gasto

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La decisión de NC deja al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sin el voto 176 que apuntala la mayoría. Sin embargo, seguirá contando previsiblemente con más votos a favor que en contra en la votación que tendrá lugar este martes en la Cámara, gracias al apoyo de Coalición Canaria (CC), Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y el PNV, aunque este último partido aún no ha decidido su posición.

El presidente de NC, Román Rodríguez, dijo ser "plenamente consciente" de que la postura del partido resulta determinante y sostuvo que la formación nacionalista ha sido coherente al mantener la decisión de abstenerse, al igual que lo hizo el pasado año.

Rodriguez explicó este lunes, en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, que cada voto de NC responde a los intereses del Archipiélago y recordó su negativa a la privatización de la estiba y al tratado de libre comercio con Canadá y su acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional y las cuentas del Estado.

A pesar de haber sido determinante para la aprobación de los Presupuestos del presente ejercicio, Rodríguez afirma que NC "nunca" ha estado a favor del ajuste fiscal que impuso la Comisión Europea por la vía de la reducción del gasto, ni de las políticas de austeridad ejercidas durante los últimos cinco años.

"Frente a esto no hay alternativa, solo hay parálisis, por lo tanto ejercemos responsablemente de nuevo nuestras funciones", afirmó. Sin embargo, la abstención tampoco cierra la puerta a la aprobación del techo de gasto, como sí haría un voto contrario.

Al respecto, Quevedo aseveró que NC apoyaría un cambio de Gobierno en España, pero la imposibilidad de que eso suceda - como a su juicio demostró la pasada moción de censura - hace que "no tengamos ninguna razón para bloquear un proceso que puede generar beneficios para Canarias".

"Reconocemos mejoras"

Rodríguez valoró que Montoro haya presentado mejoras en su propuesta, como el aumento del gasto público en 1.500 millones de euros.

En una reciente reunión en La Moncloa con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, NC solicitó un aumento de la financiación a las comunidades autónomas en 1.000 millones en 2018 y 2019. También sugirió flexibilizar la regla de gasto para posibilitar que las corporaciones locales y las regiones "cumplidoras" pudieran destinar parte del superávit a financiar sus competencias.

"Este es un asunto no conquistado, pero sí se ha subido en más de 1.000 millones la financiación de las comunidades y el gasto público aumenta por primera vez", apostilló.

Insistió en que "mantenemos la misma posición, aunque nos hicieron caso aumentando la financiación de las comunidades autónomas y se han comprometido a reinterpretar la regla de gasto, para que el superávit de corporaciones locales y comunidades autónomas pueda ser destinado a sus competencias. Esto no está resuelto, pero hay un compromiso de estudio por parte del Gobierno España, para poder posibilitar este tema".

"Nada", sentenció, podría haber cambiado la intención de voto de Nueva Canarias por uno positivo. Motivo por el que consideró innecesarias las presiones ejercidas desde Podemos, que amenazó con expulsarles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al respecto, manifestó que "rechazamos de manera rotunda las amenazas o sugerencias de ninguna otra fuerza política, incluida Podemos. No aceptamos, por parte de nadie, ninguna orden o amenaza de las posiciones políticas de nuestro partido".

El presidente de NC aseguró que durante las negociaciones en Moncloa aprovechó para exponer la necesidad de abaratar el transporte de viajeros entre las Islas y la Península, a través de la declaración de servicio público. Rodríguez señala que la necesidad de establecer unos precios máximos se encuentra en el acuerdo suscrito con el Partido Popular (PP), por lo que confía en que entren en vigor el próximo año.