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Concretamente, pone de relieve que las manifestaciones espontáneas no deben ser consideradas ilegales y advierte a las autoridades de que no deben “esgrimir la obligatoriedad de la notificación previa a la celebración de la manifestación” para obstaculizarla ni “imponer sanciones penales ni de sanciones administrativas consistentes en multas” a los organizadores o participantes.

Amnistía Internacional ha valorado la situación por la que pasa Cataluña como un escenario de “alta tensión” y ha pedido a los responsables estatales y autonómicos que cumplan la obligación de “respetar y garantizar los derechos humanos”, entre los que destaca particularmente la libertad de expresión.

“Estos derechos deben ser protegidos en todo momento, y cualquier restricción sobre ellos, debe ser impuesta solo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, o los derechos de otros”, subraya la organización en un comunicado.