El nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, defraudó a Hacienda 218.322 euros empleando una sociedad para cobrar lo que recibía por participar en El programa de Ana Rosa de Telecinco. El fraude detectado por la Agencia Tributaria y ratificado en mayo del año pasado por la Justicia corresponde a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. En total, Hacienda reclamó a Huerta 366.000 euros por el fraude.

El ministro empleó un sistema que llegó a estar muy extendido en varios sectores profesionales, entre ellos el de la comunicación: crear una sociedad cuyo único fin era recibir los fondos pagados al periodista, permitiendo así tributar por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, siempre más gravoso. En este caso, la sociedad creada a tal efecto por Huerta en 2006 fue Almaximo Profesionales de la Imagen SL. Esta sociedad pagaba sólo una parte "mínima" de lo recibido al entonces periodista y únicamente por esa cantidad éste pagaba IRPF. Además, cargaba unos gastos injustificados a la sociedad, al no estar relacionados realmente con su actividad. Hace unos años Hacienda comenzó a perseguir ese tipo de sistema, exigiendo que todo lo recibido por la sociedad estuviera sometido a IRPF.

Hacienda inspeccionó a Huerta y consideró que había cometido tres infracciones tributarias leves. Le presentó dos liquidaciones provisionales, una por el ejercicio de 2006 (de 54.363,10 euros) y otra correspondiente a los otros dos ejercicios (163.959,65 euros), por un total de 218.322,75 euros. Sumando los intereses de demora, la cifra reclamada por Hacienda a Huerta fue de 256.788,47 euros.

La Agencia Tributaria también le impuso dos multas por un montante total de 109.161,38 euros (27.181,55 euros por el primer ejercicio inspeccionado y de 81.979,83 por la segunda inspección). Así pues, la suma completa de lo reclamado por Hacienda al ministro en concepto de cuota defraudada, intereses y multas se elevó a 365.939,85 euros.

El periodista no aceptó la tesis de Hacienda y recurrió la decisión. Su recurso fue rechazado por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid y en última instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJ dictó en mayo del año pasado dos sentencias -de las que ha informado inicialmente El Confidencial- que daban la razón a la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda.

"Aunque es legítimo la interposición de sociedades profesionales, no lo es la creación de sociedades con la única finalidad de eludir parte de la carga fiscal sin aportar nada a la actividad que realiza el único socio, que las ha constituido y que las administra", afirma en una de sentencias la Sección Quinta del TSJ. "Se trata de una sociedad que no añade valor a los servicios y de la que se podía haber prescindido y tiene por objetivo eludir los tipos impositivos del IRPF", afirma en otra. Entre las dos sentencias también se imponen a Huerta unas costas procesales de hasta 4.000 euros.