20-05-2019 23:31

El gobierno de Enrique Peña Nieto, autonombrado para “mover a México”, inició sus tareas con una pesada herencia social: de cada cien mexicanos nacidos con padres dentro del veinte por ciento de la población con mayores desventajas socioeconómicas, 70 permanecían en la pobreza.

Seis años después, esta desastrosa cifra se haría más grave, pues 74 de cada cien jóvenes de una nueva generación en condiciones semejantes no pueden superar la pobreza, de acuerdo al Informe sobre Movilidad Social 2019, Hacia la Igualdad Regional de Oportunidades, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En términos de movilidad social, la pasada administración ‘cumplió’ su palabra, trasladando a los mexicanos más necesitados de avance en la calidad de sus vidas de una posición socioeconómica a otra diferente. En reversa. Esta es la situación que a su vez le es heredada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual, si no quiere repetir la historia, bien podría aprender de la más reciente.

Para empezar, es importante reconocer las diferencias regionales. Mientras en los estados de la franja fronteriza del norte del país 46 por ciento de los más pobres logran escapar, de una generación a otra, de su situación de pobreza, en el sur del país esta cifra apenas alcanza el 14%.

Quienes nacen en hogares pobres en el norte, tienen una probabilidad más de tres veces mayor de superar este origen respecto a quienes nacen en el sur.

Claramente las políticas públicas deben dar un trato preferencial a la población que tiene menores posibilidades de avance mediante una política de desarrollo regional que concentre el gasto público y las reducciones de impuestos en las zonas donde dicha población se encuentra. Sin embargo, hay medidas de carácter general que favorecerían la igualdad regional de oportunidades.

Una primera política igualadora de oportunidades es la construcción de un sistema nacional de salud con cobertura universal y con servicios unificados. Al respecto, aún es poco clara la propuesta de la actual administración mediante el denominado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, la cual parece aumentar piezas al sistema en lugar de hacerlo converger a uno con financiamiento, operadores y administración coordinados para dar la misma atención a todos los mexicanos, sin importar su estatus laboral.

Una segunda política para la igualdad de oportunidades es la de ofrecer una educación gratuita, de la mayor calidad posible, para todos los mexicanos, sin importar dónde se encuentren, desde las edades más tempranas hasta el nivel universitario. Más allá de los cambios constitucionales en materia de educativa, no se conoce propuesta específica alguna para hacer realidad la educación inicial (antes del nivel preescolar) y elevar la pertinencia y efectividad la enseñanza en las escuelas.

Una tercera política igualadora de oportunidades es la de ligar la seguridad social a las personas, en vez de a los puestos de trabajo, de forma que cuando éstas se tengan que ajustar a los inevitables cambios en el mercado laboral, producidos por la tecnología y otros factores, conserven sus derechos sociales intactos, desde el cuidado a su salud hasta su pensión. Nuevamente, el gobierno actual aún no define reformas laborales en este sentido.

Es prematuro afirmar que AMLO va a continuar el retroceso en la movilidad social observada en el país. Esto no sólo se debe a que ha pasado poco tiempo, sino también a que aún no hay definiciones claras en elementos claves que pueden impulsarla. Es como si aún tuviera puesto el freno de mano sobre las políticas públicas. Hasta que lo quite, no sabremos en qué dirección habremos de movernos.

Twitter: @equidistar