@CdelCastilloM



MADRID.- Podemos y sus confluencias, Ciudadanos, ERC, Compromís e IU se han comprometido con la Plataforma por la Honestidad para trabajar conjuntamente para incluir en los programas electorales para el 26-J una ley de protección al denunciante de corrupción basada en el anteproyecto presentado por esta asociación. Éste recoge medidas de protección a los denunciantes inspirada en las que amparan a las mujeres víctimas de violencia de género, pero el anticipado final de la legislatura ha impedido desarrollarlo.



"Sufrimos acoso laboral, perdemos nuestro puesto de trabajo, tenemos que enfrentarnos a muchos procesos judiciales, por lo que denunciamos y por las denuncias que sufrimos como represalia, y pagarlos de nuestro bolsillo... Nos vemos sumidos en una precariedad enorme", ha explicado este miércoles frente al Congreso de los Diputados Luis Gonzalo Segura, ex teniendo del Ejército de Tierra y miembro de la Plataforma, formada por ciudadanos anónimos que se han solidarizado con los denunciantes de corrupción.

"El PP no nos ha recibido. El PSOE sí lo ha hecho, ha dado muy buenas palabras, pero no se ha comprometido a nada concreto. Lo entiendo, con los EREs de Andalucía y toda la corrupción en la que están metidos, es normal que no quieran proteger a los denunciantes"

El ex militar ha expuesto que, en contraste con los citados partidos, que se han comprometido en el apoyo a los denunciantes, han estado las dos formaciones mayoritarias en el Hemiciclo. "Por otro lado han estado el PP, que no nos ha recibido, y el PSOE, que lo que ha hecho es recibirnos, dar muy buenas palabras, pero que no se ha comprometido a nada concreto ni ha venido aquí a hacerse una foto de compromiso. Aunque lo entiendo, con los EREs de Andalucía y toda la corrupción en la que están metidos, es normal que no quieran proteger a los denunciantes", ha ironizado.



Segura ha escenificado en el Congreso, junto a la también miembro de la Plataforma por la Honestidad Ana Garrido —una de las principales testigos del juicio del caso Gürtel y denunciante del brazo madrileño de la trama— y varios diputados el compromiso con la protección de los denunciantes. "Se trata de que los ciudadanos puedan denunciar sin sufrir toda esta serie de consecuencias terriblemente negativas", ha continuado el ex militar, que se vio inmerso en 17 procesos legales disciplinarios con el Ejército tras decidir destapar la corrupción de la que había sido testigo. Dichos procesos se saldaron con su expulsión del cuerpo y 149 días de encierro en centros disciplinarios, medida de privación de libertad que los mandos militares pueden decretar sin la intervención de un juez.



La diputada de IU Sol Sánchez, presente este miércoles en el acto de apoyo a los testigos de corrupción, ha calificado de "demencial" que "en un país asolado por la corrupción, las personas que la han denunciado vean comprometida su vida personal y destruida su vida laboral", adelantando el compromiso de su partido para incluir la ley en su programa para el 26-J. Responsabilidad a la que se ha sumado Compromís, que a través del diputado Enric Bataller ha manifestado que "es importante que haya una garantía de anonimato y confidencialidad para los denunciantes, así como una asistencia psicológica y médica, y jurídica gratuita".

El testigo de corrupción, como la víctima de violencia de género

"Todos tenemos conciencia de lo importante que es combatir la corrupción, pero sin embargo parece que no hay un compromiso firme con las personas que valientemente ponen en jaque su propia trayectoria profesional y su vida al denunciarla, nadie les protege", ha manifestado Sol Sánchez. Como solución, la Plataforma por la Honestidad pide en el anteproyecto de ley de protección al denunciante que se garantice la confidencialidad y el anonimato de los testigos de corrupción, su asistencia psicológica y médica, se les ofrezca asistencia jurídica gratuita y se blinde su puesto de trabajo.



"Se trata de que los ciudadanos puedan denunciar la corrupción sin sufrir toda esta serie de consecuencias terriblemente negativas"​

"Sería exactamente igual que para la violencia de género", ha afirmado Segura ante los medios, explicando que cuando un juez determinara que hay verosimilitud en una denuncia de corrupción de cualquier ciudadano, se pondría en marcha un protocolo que impidiera su persecución laboral, protegería su identidad y cubriría los gastos de los juicios derivados de las denuncias.



Cabe recalcar que dichos procesos legales son numerosos. En el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel, ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde trabajaba antes de denunciar, por "infidelidad en la custodia de documentos", además de por su alcalde, Antonio González Terol (PP), que considera que Garrido ha atentado contra su derecho al honor en sus declaraciones ante los medios de comunicación explicando la corrupción de la que fue testigo en el municipio. Un municipio que la propia Fiscalía Anticorrupción considera que el PP utilizó para desviar fondos públicos en su beneficio.

