Si se fijan, en la mayoría de los discursos políticos contra la corrupción se puede detectar un lapsus freudiano, una traición inconsciente, que echa por tierra todas las promesas que se hacen.

Suele repetirse en esos discursos, para afirmar la determinación que se tiene en la lucha contra la corrupción, que se van a abrir las ventanas de las instituciones que se gobiernan, pero lo que nunca se dice es que van a levantar las alfombras, que sería el símil más ajustado a la suciedad que se esconde. A Susana Díaz le sucede lo mismo. Cuando tomó posesión por primera vez de la presidencia de la Junta de Andalucía, en septiembre de 2013, prometió “gobernar con las ventanas abiertas” y esa misma expresión la ha venido repitiendo desde entonces hasta la actualidad, sólo que ahora lo hace con el matiz de un hecho consumado: “Yo abrí las ventanas y aunque esto me ha costado disgustos, esa es mi obligación”. Ocurre, sin embargo, que en las últimas semanas ha ido creciendo en el entorno de la presidenta andaluza un cúmulo de sospechas y denuncias que la devuelven al lapsus freudiano: ¿Qué se oculta bajo las alfombras de su despacho?

La suciedad principal que se esconde, a decir de la oposición andaluza, es la referente a los controvertidos cursos de formación. Sostiene el PP que desde que se creó en el Parlamento andaluz la comisión de investigación de los cursos de formación, en septiembre del año pasado, se ha solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno andaluz que aporte a esa comisión 25 expedientes para analizarlos. De los cientos y cientos de expedientes, la oposición ha señalado con el dedo esos 25 porque considera que pueden demostrar de forma palpable el fraude cometido con esas ayudas que investiga desde hace años la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía. ¿Y qué reparo puede tener Susana Díaz en mostrarlos, si se trata de decisiones de gobiernos anteriores a ella, que afecta a otros presidentes?

La clave está, piensa la oposición, en uno de esos 25 expedientes, el que afecta a su marido, José María Moriche, que se benefició de uno de los cursos

La clave está, piensa la oposición, en uno solo de esos 25 expedientes, en concreto el que tiene como referencia 98/2009/J/217, porque es el que afecta a su marido, José María Moriche, que se benefició de uno de esos cursos de formación. Lo llamativo es que el Gobierno andaluz ha enviado diversa documentación a esa comisión de investigación para que se vaya analizando, pero cada vez que llega algún envío, siempre falta lo mismo, esos 25 expedientes. “¿Por qué no mandan ya esta documentación?, ¿intentan ocultar alguna información comprometedora para el Gobierno de Susana Díaz?, ¿están ‘arreglando’ los expedientes antes de enviarlos al Parlamento?”, se preguntan los miembros del PP que forman parte de esa comisión. Además del expediente que afecta al marido de Susana Díaz, la oposición sospecha que se ocultan también numerosas ayudas destinadas a casas del pueblo y al entramado de empresas del exconsejero Ángel Ojeda.

Esos 25 expedientes, en cualquier caso, son solo una gota de agua en la inmensidad de los cursos de formación, un escándalo que, a medida que se avanza, parece crecer más y más y que sigue generando una enorme tensión interna en la Junta. Sólo hay que fijarse en el cargo de Interventor General de la Junta de Andalucía, que se ha convertido en un puesto de alto riesgo. Desde que se destaparon los primeros escándalos de los ERE, han dimitido tres interventores generales, el último hace un par de semanas. “Motivos personales”, suele alegarse, pero la realidad es bien distinta porque en el entramado de ayudas y subvenciones que concede la Junta de Andalucía, la que acaba viéndose comprometido es la propia Intervención General, en su papel de velar por la transparencia y legalidad de las cuentas públicas. En el último informe que realizó sobre los cursos de formación el interventor general que dimitió a principios de febrero, se cifraba en 3.015 millones de euros las cantidad pendiente de justificar en relación a los programas de subvenciones para los cursos de formación entre los años 2005 y 2013.

El exinterventor Manuel Gómez, imputado en los ERE. Le sucedieron Rocío Marcos y Adolfo García. Ambos abandonaron el cargo. (EFE)

Ahora, tanto el interventor general dimisionario como otros interventores de la Junta de Andalucía deberán declarar en la comisión de investigación y su testimonio puede ser determinante para aclarar la responsabilidad política del Gobierno socialista andaluz. El problema para los interventores es que saben, por experiencia propia, que son ellos mismos los que pueden acabar salpicados por las irregularidades de la Junta de Andalucía, porque fue eso lo que le ocurrió al primer interventor general que dimitió, Manuel Gómez, que al final el Gobierno andaluz acabó descargando sobre él la responsabilidad de lo sucedido en el fraude de los ERE.

Es, en esencia, lo mismo que ocurre en otro escándalo que se investiga en un juzgado de Sevilla y que afecta de lleno al Gobierno de Susana Díaz, porque lo denunciado se produjo con ella en la presidencia de la Junta: el supuesto amaño de un millonario contrato del plan Infoca a una empresa próxima al PSOE. Un funcionario fue el que denunció lo ocurrido en el juzgado y la reacción de la Junta de Andalucía fue suspenderlo de empleo y sueldo. Pero el caso sigue adelante en los tribunales, con Ecologistas en Acción personado en la causa, y hace unos días trascendió un informe de la Unidad Adscrita de Policía Judicial, remitido al Juzgado de instrucción 8 de Sevilla que lleva el asunto, en el que se confirma que existen “indicios sólidos” de amaño entre empresas en la adjudicación del concurso de aeronaves del plan Infoca 2015-2018 por importe de 93 millones de euros.

Ahora, al conocerse la noticia de las represalias contra ese funcionario, es la oposición la que acusa a Susana Díaz de mantener los mismos vicios que dice combatir. Porque, en el fondo, lo que revelaría este último escándalo de los helicópteros es que en la Junta de Andalucía, también con Susana Díaz, se siguen ocultando corruptelas bajo la alfombra; que lo que sigue imperando es la norma que, de forma tan grotesca, se conoció en otro escándalo sonado, el caso Invercaria: “Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización”, le dijeron a un funcionario que se oponía a certificar el amaño de expedientes. Una ‘ética para la corrupción’, en fin, que no se la lleva el aire ni cuando se abren de par en par las ventanas. Porque está bajo las alfombras.