Los abogados de Puigdemont anunciaron a principios de febrero la presentación de la denuncia, el primer paso de una ofensiva internacional para denunciar la vulneración de sus derechos políticos y presionar al gobierno español. En concreto, la denuncia se presentó alegando que España ha incumplido dos convenios internacionales: el de Derechos civiles y políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras la admisión a trámite, como el Comité de la ONU deberá pronunciarse, un proceso para el que puede tardar entre uno y dos años. El estado español también dispone de un plazo para hacer alegaciones al caso.

Puigdemont presentó la denuncia en la ONU, y no a otra instancia como el Tribunal de Estrasburgo (TDHE) para que el marco de interpretación del organismo se basa en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación. La resolución final de la ONU vinculará formalmente España, porque es firmante del pacto y el protocolo adicional del organismo, pero el Comité no tiene capacidad de sanción si decide incumplir su pronunciamiento.