A veces uno tiene la impresión de que todo le pasa, de que nadie sobre la faz de la tierra tiene tan mala suerte. Pero la realidad es luego diferente: no somos tan especiales, ni siquiera a la hora de ingeniar soluciones. A las ciudades les pasa lo mismo. Las circunstancias de Madrid y Barcelona –su tamaño real, su verdadero número de habitantes, su extensión sobre el mapa– son mucho más dispares de lo que se acostumbra a pensar. Pero una y otra comparten muchos males y retos. En estos párrafos se explican algunos de ellos, y también las diferentes estrategias adoptadas por sus respectivos ayuntamientos, por Manuela Carmena y Ada Colau, por dos mujeres que se auparon en el hartazgo ciudadano para conquistar sendas alcaldías.

Top manta Ni la policía ni las cooperativas lo frenan

La venta ambulante irregular en la vía pública se está disparando en Madrid y Barcelona. La llegada del buen tiempo y de los turistas agrava la situación en las dos ciudades y también revela los problemas de las administraciones para encarar este problema. Las asociaciones de comerciantes se sienten muy perjudicadas y denuncian crecientes pérdidas económicas. Pero las estrategias de los respectivos gobiernos municipales son diferentes. El Ayuntamiento dirigido por la alcaldesa Manuela Carmena pone el acento en la presión policial. El número de actuaciones de los agentes en el 2017 se incrementó un 42% respecto al año anterior. Ello está desencadenando tensiones tanto entre los concejales de su equipo como en las propias calles. La muerte hace unas semanas de un mantero senegalés en el barrio de Lavapiés provocó graves enfrentamientos entre miembros de este colectivo y los agentes e hizo saltar las alarmas en el Ayuntamiento. A pesar de la presión policial, la presencia de manteros en rincones tan concurridos como la Gran Vía, Sol, Preciados o Carretas no mengua. Días atrás, representantes municipales se reunieron con la asociación de senegaleses para concretar nuevas medidas, medidas que también podrían abrir una puerta hacia su reinserción sociolaboral del modo que trata de hacer Barcelona.

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau lleva todo el mandato tratando de subrayar que el top manta es un reflejo de un problema más complicado, un destello de las injusticias que llenan el Mediterráneo de africanos dispuestos a todo por entrar en Europa. Pero las cooperativas de manteros y los planes de ocupación elaborados por los comunes apenas mejoraron la situación de un centenar, y no se notaron en los subterráneos de la plaza Catalunya, en el paseo Joan de Borbó, en la Rambla... Aquí tampoco desciende el número de inmigrantes sin papeles que se ven abocados a la venta ambulante irregular. Impera la impunidad. Las relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el tejido comercial de la ciudad no dejan de degradarse.

Narcopisos Trapos rojos del Raval a Vallecas

La venta de drogas en pisos ocupados es una consecuencia de la crisis presente en Madrid y Barcelona. Los años más duros dejaron tras de sí un reguero de desahucios y pisos vacíos. Los traficantes se dieron cuenta de la escasa atención que muchas entidades financieras prestan a sus nuevas propiedades, descubrieron que muchas veces ni siquiera denuncian las ocupaciones, que los narcopisos facilitan mucho el menudeo de estupefacientes. Esta tormenta perfecta se desató primero en el barcelonés barrio del Raval y luego en el de San Diego, en Vallecas.

Hoy la lacra de los narcopisos se extiende por ambas ciudades. Es un problema globalizado. En Barcelona cruzaron la Rambla y se instalaron en el barrio Gòtic. En Madrid llegaron al centro, al barrio de Lavapiés. En estos momentos, centenares de trapos rojos penden de muchas fachadas de Madrid y Barcelona. Es una de las protestas ciudadanas más llamativas. La idea nació en la calle de En Roig. En ese lado del Raval, los narcos empleaban este código para advertir a sus clientes de que no les quedaba nada. La protesta de los trapos rojos muy pronto se extendió por Vallecas. La proliferación de narcopisos también reavivó el tejido asociativo de estos barrios y los puso en contacto. El intercambio de experiencias vecinales es cada día más frecuente.

Las caceroladas contra los narcopisos del Raval, como la de esta fotografía, también tienen lugar en Madrid (David Airob)

Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pusieron en marcha planes de choque parecidos. Tratan de mejorar la limpieza y la iluminación de las calles, así como de incrementar la dedicación de sus respectivas policías. Además, el Consistorio de Madrid apuesta por la instalación de cámaras de seguridad y por la creación de un cuerpo de vigilantes nocturnos. El gobierno de Carmena pretende así impedir que los narcos lleven a cabo nuevas ocupaciones. En Barcelona tratan de convencer a los propietarios de pisos vacíos de que los pongan en alquiler. Pero ni uno ni otro atajan el problema. El gobierno de Colau insiste en que la lucha contra el tráfico de drogas corresponde a la policía autonómica y que la administración local apenas tiene competencias en materia de vivienda. De todas formas, hace pocas semanas, la alcaldesa se reunió con docenas de vecinos para tranquilizarlos y asegurarles que asumirá personalmente la gestión del problema.

Carriles bici Pedaleando contra la contaminación

Los gobiernos de Carmena y Colau están resueltos a atajar los altos niveles de contaminación atmosférica de Madrid y Barcelona. Esta lucha supone replantear la movilidad urbana. Ambos tratan de hacer ver que la apuesta por la bicicleta es una cuestión de salud pública. Los planes de Barcelona se encuentran más avanzados, y la transformación que suponen en muchos barrios es ya una realidad, muchas veces conflictiva.

Meses atrás, el gobierno de Manuela Carmena aprobó una revisión del plan de movilidad ciclista aprobado en el 2008. El nuevo plan prevé construir 430 kilómetros de nuevos itinerarios antes del 2025. Ya se han habilitado 32. Además, el plan de Carmena prevé reducir las aceras bici. Hasta la llegada de Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid imperaba la idea de que coches y bicicletas no podían convivir en los mismos carriles. Al inicio de este mandato, Barcelona sumaba un total de 116 kilómetros de carriles bici, y la previsión municipal es que este año se alcancen los 233.

Las aspiraciones de Colau eran más ambiciosas. Su primer objetivo era que este número se triplicara este mandato. En todo caso, Colau y los suyos consideran un éxito que ahora el 89% de los barceloneses tenga un carril bici a menos de 300 metros de su domicilio. Este despliegue, sin embargo, también está encontrando la oposición de muchos vecinos que consideran que la apuesta por la bici está generando más problemas de contaminación y de tráfico que los que se suponía que solucionaría, que muchos de los nuevos carriles bici se implantan de un modo precipitado, sin considerar su parecer.

Vivienda Burbujas que no conocen límites

El acceso a la vivienda es uno de los problemas más graves de madrileños y barceloneses. Alquilar un piso en estas ciudades es una odisea. Que la duración de los contratos se redujera a tres años angustia a miles de ciudadanos. Las revisiones suponen unos encarecimientos inasumibles para muchos. A pesar de los discursos que les condujeron a la alcaldía, los gobiernos de Carmena y Colau se muestran incapaces de revertir las dinámicas de mercado. En realidad, cualquier cambio relevante requerirá de varios mandatos. Los lastres acumulados en el pasado no se soltarán de un día para otro. El porcentaje de vivienda pública continúa siendo insignificante. Las administraciones locales no tienen suficientes herramientas normativas para solucionarlo. Ambas alcaldesas prometieron 4.000 nuevos pisos públicos, pero dificilmente estarán terminados al concluir el mandato.

Según el último informe de Fotocasa, desde el 2015, el precio medio del alquiler en los 21 distritos de la capital de España subió un 13,5%. Y el tirón del centro, donde el incremento es de un 30%, donde una de cada cinco viviendas se ofrece para usos turísticos, no es el único responsable. Barrios como Ciudad Lineal, Tetuán y Arganzuela subieron un 20%. Hace dos semanas, el pleno pidió al Estado que permita al Ayuntamiento establecer un recargo de hasta el 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) en aquellas viviendas permanentemente vacías. El objetivo es que los propietarios las pongan en alquiler y así moderar los precios.

En Barcelona, los precios del alquiler se incrementan año tras año al tiempo que crece la demanda y se reduce la oferta. El año pasado, la renta media se situó en los 876 euros mensuales, un 9,3% más que en el 2016. Ya está cerca de superar la barrera psicológica de los 900 euros. En el 2013 era de 681 euros. Ya lo hizo en el tercer trimestre del año pasado. La presión que el gobierno de Colau trata de aplicar sobre los grandes propietarios tampoco generó ningún punto de inflexión. Además, los primeros resultados del censo de viviendas vacías que está elaborando el Ayuntamiento revelan que los pisos deshabitados no son tantos como pensaban los comunes.

Hartos (o no) de los turistas

Una de cada cinco viviendas del madrileño barrio de Sol es ofrecida al turista a través de plataformas digitales. En estas calles un piso de 25 m2 puede alquilarse a mil euros al mes. Mientras tomas una caña en un garito de Lavapiés puedes leer un montón de panfletos que alertan de la creciente gentrificación. Y en Madrid está arrancando ahora un debate sobre la presencia de terrazas en la vía pública, y ya comienzan los tiras y aflojas entre restauradores, vecinos y Consistorio. Pero la tensión no tiene nada que ver con la vivida estos años en Barcelona.

El Ayuntamiento de Madrid recibe a los visitantes con los brazos abiertos (Dani Duch)

En Madrid las instituciones reciben al turista con los brazos abiertos. Allí no se respira el hartazgo ante los turistas tan habitual en Barcelona. En Madrid no se plantean restringir la apertura de hoteles con la severidad de Barcelona. Y es que allí, en una urbe mucho más extensa, donde la meseta se expande y ni el mar ni las montañas aprietan, el aire corre mucho más fluido. La sensación de saturación es muy inferior.