El juzgado número 48 de Madrid ha empezado a destejer una compleja telaraña societaria. Ocho meses de investigación, una treintena de empresas y la sospecha de que el negocio de las viviendas protegidas en Madrid acabó en unas pocas manos que concertaron las grandes operaciones inmobiliarias puestas en marcha por administraciones del PP. El caso, de momento, se ha cobrado ya la imputación de dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid bajo gobiernos populares. Sin embargo, la acusación apunta más alto y señala a quienes cosieron los hilos de esa supuesta madeja, "la familia Aznar Botella".

De momento, el juez acaba de solicitar a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria (Hacienda) que investigue las conexiones entre los protagonistas de la operación que ya está judicializada, la venta de 2.935 pisos protegidos que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) adjudicó por 201 millones a la sociedad Azora y al fondo de inversión Goldman Sachs. Esa operación es la que fue denunciada por dos diputados socialistas, causa a la que se sumaron luego una asociación de afectados (inquilinos) y Asociación Corruptil, liderada por los abogados Lara Carrasco y José Mariano Benítez de Lugo, que han pedido nuevas diligencias que "demostrarán que existieron acuerdos entre tres fondos de inversión (Goldman, Blackstone y Cerberus) para adjudicarse cada uno las operaciones inmobiliarias de envergadura realizadas en Madrid por administraciones del PP".

El exdirector general de Vivienda de la Comunidad de Madrid Juan Van-Halen. (Ministerio de Fomento)

Hasta la fecha, el juez ha imputado a Juan Van-Halen Rodríguez, que ocupaba el cargo de director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid cuando el IVIMA diseñó esa venta, y a la exdirectora del IVIMA Ana Gomendio, que han desfilado también por la comisión de investigación que ha puesto en marcha la Asamblea de Madrid, donde asimismo ha comparecido Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda, cuya sicav, Bussola 99, también forma parte del entramado societario señalado por la acusación. Además, el juez ha citado a declarar como testigos a otras seis personas, todo ello, dice el magistrado, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse más adelante respecto al resto de testificales interesadas por la representación de la acusación popular Corruptil".

El juzgado deja las puertas abiertas a nuevas diligencias en una investigación que está llevando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que ha solicitado que sea la Fiscalía Anticorrupción quien lidere la instrucción. Estas diligencias tienen lugar tras la aportación por parte de la acusación de un extenso informe que analiza las relaciones entre los tres fondos y las tres grandes operaciones a las que hace referencia: los 2.935 pisos del IVIMA (Comunidad de Madrid) adjudicados a Azora-Goldman Sachs en octubre de 2013; la venta que la Empresa Municipal de la Vivienda (ayuntamiento) hizo bajo mandato de Ana Botella de 1.860 pisos a Blackstone en julio de 2013, y la concesión que Sareb (el 'banco malo' dependiente del Gobierno central) hizo a Cerberus de 52.000 préstamos procedentes de Bankia en septiembre.

La hipótesis que la acusación pretende demostrar tras la telaraña de relaciones societarias y personales es que "en las tres operaciones se encuentra la familia Aznar-Botella", una conclusión absolutamente “disparatada, cogida con pinzas”, señala un importante directivo de algunas de las empresas señaladas. “Los fondos tienen muchos accionistas. Todo se hizo profesional y honestamente. No hay nada oscuro ni entramados". Sin embargo, todavía está en manos del magistrado la decisión de ampliar el caso del IVIMA a las otras dos grandes operaciones inmobiliarias denunciadas. Las pesquisas que lleva a cabo ahora la ONIF o que en su defecto afronte la UDEF, en caso de que Anticorrupción asuma la causa, serán determinantes para que las sospechas de la acusación puedan cristalizar en una instrucción en firme.