¿Y es viable?", preguntó en estos días María Eugenia Vidal. Hablaba con su equipo de colaboradores sobre Cresta Roja, que quebró el año pasado luego de sucesivos y millonarios intentos de rescate por parte del Estado durante una década. Le contestaron que sí, que el principal inconveniente del frigorífico había sido el sobredimensionamiento al que llegó después de las asistencias del gobierno venezolano, pero que bien manejado podría salir adelante. Cresta Roja tiene todavía unos 2500 empleados que reciben subsidios de reprogramación productiva (Repro) y se ha convertido, junto con la planta bonaerense de Sancor -otra de las empresas comprometidas tras la caída de los acuerdos con Venezuela-, en una de las obsesiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Son situaciones que, a un año de las elecciones, emergen como el gran test para el proyecto de Macri y alarman en Cambiemos tanto o más que la inseguridad. Todo es más arduo en medio de la caída en la actividad. Vidal ha empezado hace varias semanas un trabajo de coordinación territorial con intendentes de distritos de industrias en problemas: focos que pueden incubar crisis políticas. Las alertas son viejas, pero resurgieron hace dos semanas, con rumores de protestas o acciones sociales programadas para noviembre y no ya desde comisarías desleales, como se había insinuado a mitad de año en algunos distritos, sino directamente desde organizaciones sociales.

Son perturbaciones que no sólo tiene Vidal. Después de aquella marcha a Plaza de Mayo por el día de San Cayetano, el papa Francisco dio advertencias similares a interlocutores de confianza. Bergoglio suele hacerlo mediante el trazado de un contraste: Macri no valora lo suficiente el vínculo con esos núcleos militantes, dice, algo que sí cultiva personalmente la gobernadora a través de la relación con dirigentes como Emilio Pérsico y Fernando Navarro. "No lo politicen", fue el pedido que, sin éxito, hizo la Iglesia a los organizadores del 7 de agosto.

Es cierto que a Macri no lo ayuda la debilidad con que nació la CGT unificada. Tanto o más reacios que él a corrientes radicalizadas, los sindicalistas acaban de abrir esta semana un canal de diálogo con dirigentes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Ese acuerdo tácito e histórico terminó de neutralizar el beneficio que, una vez conformado el triunvirato Schmid-Acuña-Daer, suponía para el Gobierno interactuar sólo con una CGT corporativa y agradecida del pago de la deuda a las obras sociales. La tregua duró un mes y medio. Contratiempos típicos de recesión: la izquierda es, a diferencia del peronismo, impredecible.

El Gobierno ha decidido tomar recaudos. El miércoles, por ejemplo, funcionarios bonaerenses se reunieron para tratar la situación de las empresas más expuestas del distrito. Una duda que persiste: si las ramas más díscolas de los gremios aceptarán a los compradores de Cresta Roja. Un día antes, en un encuentro de dos horas en la Casa Rosada, se había tratado el escenario fabril en general. Estaban Mario Quintana, coordinador del gabinete económico; el ministro Francisco Cabrera y Martín Etchegoyen, secretario de Industria, entre otros, y recibieron a Vidal y a parte de su equipo con una exposición que el secretario Lucio Castro, autor del Plan Productivo Nacional, hizo en detalle sobre el capítulo bonaerense de ese informe.

La estrategia es conjunta porque del desenlace en la provincia dependen la elección del año próximo y, por lo tanto, el proyecto macrista entero. Vidal la aplica con dedicación peronista, cara a cara con cada dirigente, un método que describe con definiciones obvias, pero que habría que leer entre líneas. Por ejemplo: "Nosotros preferimos la gestión a la imagen". Es entendible: ella no necesita trabajar su lado comunicacional porque su valoración en la opinión pública sigue alta, y eso lo saben también los intendentes con quienes se reúne, incluidos los kirchneristas.

La provincia es una concatenación de múltiples urgencias. Tanto, que algunas de ellas llegan a imponerse a veces sobre la pulcritud institucional. No hay tiempo, dicen en La Plata, ni siquiera para objeciones por esos presuntos sobrecostos en la compra de alimentos que preferiría estar atendiendo Gabriel Castelli, viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Castelli es un licenciado en administración de empresas con vasta trayectoria en firmas como Loma Negra, el banco chino ICBC, Farmacity y Caritas, y llegó al Gobierno por su buena relación con Quintana. Esas compras, que alimentan a unas 120.000 personas, llegaron a estar interrumpidas durante dos meses por sospechas en los precios y alentaron el malestar de algunos líderes sociales, que atribuyeron las demoras a lo que definen despectivamente como "ceocracia". La política esperaba a los ejecutivos con estas ironías: en la provincia, el asistencialismo debe ser just in time.

Se explica entonces que el Gobierno haya elegido también postergar el ajuste fiscal. En el Ministerio de Hacienda se conformarán con que ese rojo quede licuado en el mediano plazo por el crecimiento de la economía. "La peor política económica es aquella que no se puede aplicar", suele recomendar Javier González Fraga, uno de los economistas de Cambiemos, y esa lógica parece haber cundido también en el establishment pese a la impaciencia por el atraso cambiario. En la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, eligieron polemizar públicamente por el acercamiento a China sólo con el embajador en ese país, Diego Guelar. Los planteos públicos quedarán para más adelante, probablemente si este experimento de gobierno no peronista llega a fracasar en las próximas elecciones. La mejor prueba es que Paolo Rocca, líder de Techint, la empresa más vehemente en el rechazo a aceptar a China como socio, sigue definiendo como muy buena la relación con Macri, con quien habló poco antes de que éste viajara a la reunión del G-20. Y hasta José Urtubey, el industrial más crítico en público, pareció colaborar con el Gobierno cuando contestó con sarcasmo a la propuesta de Massa para suspender por 120 días las importaciones: "Basta de cepos". Es verdad que, en ese caso, la dificultad de la ley parecía más de sentido común: dos terceras partes de lo que entra son insumos que la industria necesita para producir.

Esa enorme diferencia que los empresarios, hombres por definición abocados al mundo de lo concreto, tienen con un legislador o un político en campaña los emparenta también de algún modo al funcionario público. Es el mismo motivo que lleva a Vidal a preguntar sobre las posibilidades reales de Cresta Roja en la era posbolivariana: la viabilidad merece atención cuando compromete el propio presupuesto.