La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado el ingreso en prisión de los nueve exconsejeros del Gobierno catalán por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras. De los nueve ex miembros del Govern que ingresarán en prisión solamente el exresponsable de Empresa Santiago Vila podrá salir de la cárcel una vez abone 50.000 euros de fianza que le ha impuesto la jueza. Todos los demás ingresarán en prisión de forma incondicional.

A la hora de justificar el encarcelamiento, la jueza apela al riesgo de fuga de los investigados y cita para ello el traslado a Bélgica del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, que no han acudido este jueves a declarar a la Audiencia Nacional pese a que estaban citados. También alude al riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva de los acusados. Lamela ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía después de escuchar a los investigados. La mayoría de ellos sólo han contestado a sus abogados.

Sólo Santiago Vila aceptó contestar a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira. Vila, que ha sido citado a declarar por los mismos hechos que el resto -incluidos en una querella presentada esta semana por la Fiscalía General del Estado- dimitió de su cargo antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado viernes. En concreto los consejeros que ingresarán en prisión incondicional las próximas horas son: Oriol Junqueras (vicepresident), Meritxell Borràs (Gobernación), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

Hasta 50 años de cárcel

Carmen Lamela cifra en hasta 50 años de cárcel el tiempo que los investigados podrían permanecer en prisión: "Los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 años de prisión por el de sedición y ocho años de prisión por el de malversación". Lo argumenta en que la actuación de todos ellos "fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia".

Carmen Lamela basa la gravedad de los actos de los acusados en que "para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado ocupando al efecto carreteras, calles, o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso".

El auto cita episodios como el asedio sufrido por los guardias civiles que acudieron a realizar el registro en le Consejería de Economía el 20 de septiembre o lo sucedido el 1 de octubre durante el referéndum ilegal. En ese punto, la jueza hace hincapié en lo avanzado por EL ESPAÑOL este míércoles: los Mossos d'Esquadra "llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional alertando a los congregados en los colegios de que las citadas Fuerzas del Orden se dirigían hacia determinados lugares".

Lamela se detiene en destacar que los consejeros de Presidencia y de Interior, Turull y Forn, accedieron a sus cargos en el Govern hace pocos meses, pero añade que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista se llevaron a cabo". Respecto a Joaquim Forn, exconseller de Interior, cita sus declaraciones en un medio de comunicación en las que anunció que los Mossos permitirían votar el 1-O. También alude a la responsabilidad concreta de la consejera de Gobernación Meritxell Borràs quien, según la magistrada, "adoptó las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum".

Documento EnfoCAT

La magistrada también tiene en cuenta el documento denominado EnfoCAT. Según expone, este documento incluye "todos los pasos ejecutados por el Gobierno de la Generalitat durante más de dos años incluida la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)". "En ese documento se diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio (...) derivando si fuese necesario y como último recurso un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado a generar inestabilidad política y económica".

En la descripción de estos planes la jueza asegura que "la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia".

Según el Ministerio del Interior, todos los detenidos serán ubicados en dos cárceles. Los hombres serán trasladados a la prisión de Estremera y las mujeres al centro penitenciario de Alcalá Meco. Ambas cárceles se encuentran en la Comunidad de Madrid. El Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido ha decidido juntar a todos los presos para facilitar el trabajo de sus defensas.

Además, añade que el centro de Estremera "es el más moderno y dispone de un sistema de videoconferencia que también puede ser de utilidad". Entre los argumentos tenidos en cuenta por Interior, también se ha valorado evitar cargar de más presión a la cárcel de Soto del Real y sus funcionarios. Este es el lugar al que acuden la mayoría de los encarcelados que pasan por la Audiencia Nacional y por tanto los más mediáticos.