Jair Bolsonaro, presidente de Brasil desde este martes, no ha tardado en mover sus fichas para gobernar un país que “tiene recursos minerales abundantes, tierras fértiles bendecidas por Dios”, según él mismo declaró en su discurso de toma de posesión. En la punta de lanza de su proyecto de gobierno se encuentra el medioambiente, más específicamente la selva amazónica y los pueblos que en ella habitan.

En su primer día de mandato, Bolsonaro decretó que la demarcación de tierras indígenas pase a ser responsabilidad del actual Ministerio de la Agricultura, dirigido por Tereza Cristina da Costa, antigua líder de la bancada ruralista que ejerce presión en la Cámara de Diputados para defender los intereses agrícolas y pecuarios. Da Costa, conocida también como “musa del veneno” por su apoyo a los pesticidas en la agricultura, despojará a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de su principal misión de identificación y delimitación del territorio de pueblos ancestrales que, en general, viven en sistemas de respeto y protección de la selva.

“Es el área más rica del mundo”, afirmó Bolsonaro en relación a la tierra indígena Raposa Serra do Sol ya demarcada y donde hay reservas de uranio y niobio, entre otros. “Se puede explotar de forma racional, dándole 'royalties' a los indios e integrándolos en la sociedad”, defendió el presidente. En el actual Gobierno, la protección de los recursos naturales de la selva estarán bajo la supervisión de Ricardo de Aquino Salles, antiguo integrante del grupo Sociedad Rural Brasileña, que defiende intereses del agronegocio, y actual ministro de Medio Ambiente. Salles, que se enfrenta a una acusación de fraude medioambiental para beneficiar a empresas durante su gestión como Secretario de Medio Ambiente de São Paulo, tendrá en sus manos las decisiones sobre la selva amazónica.

Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas, la Amazonia acoge una de las mayores biodiversidades del mundo y juega un papel clave en la regulación climática mundial. El 60% de esta selva está dentro de las fronteras brasileñas, pero 36 millones de hectáreas del total han sido taladas durante las últimas tres décadas, según los datos del proyecto MapBiomas. La Amazonia ha perdido una extensión del tamaño de Alemania como consecuencia de las actividades mineras, agrícolas y ganaderas principalmente. Este mismo proyecto muestra como el sector agropecuario se duplicó en estos treinta últimos años abriendo las venas a las mayor selva tropical terrestre.

“El sector agropecuario seguirá desempeñando un papel decisivo en perfecta armonía con la preservación del medio ambiente”, declaró Bolsonaro en su discurso de investidura. “De esta forma, todo el sector productivo tendrá un aumento de la eficiencia, con menos regulación y burocracia”, añadió. Las empresas e inversores interesados en este tipo de comercio se están frotando las manos desde que Bolsonaro se dibujó como un posible candidato a la presidencia brasileña. Entre agosto y octubre de este año, durante la polarizada campaña electoral, la deforestación de la Amazonia aumentó casi un 50% en relación al mismo periodo de 2017. Hasta entonces, las tasas de deforestación habían disminuido un 75%.

Jair Bolsonaro junto a su ministro de Defensa Fernando Azevedo e Silva, en Brasilia. (Reuters)

Cómo Lula redujo la deforestación un 75%

Tasso Azevedo coordinador de MapBiomas y del sistema de estimación de emisiones de gases invernadero (SEEG, por sus siglas en portugués) señala que el sector agropecuario es uno de los principales responsables no solo de la deforestación si no de la emisión de gases efecto invernadero que provocan el cambio climático. El agronegocio, responsable del 23,5% del PIB brasileño, generó el 71% de las actuales emisiones brasileñas en 2017, según este informe del SEEG.

Durante la campaña electoral, la deforestación aumentó casi un 50%

Azevedo fue uno de los coordinadores del Plan Nacional para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia (PPCDAm). Creada en 2004 cuando Marina Silva dirigía el Ministerio de Medio Ambiente durante el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2006) por el Partido de los Trabajadores (PT), esta fue una política decisiva en la protección medioambiental. Desde la puesta en marcha del PPCDAm hasta 2017, las tasas de deforestación disminuyeron un 75%, pasando de 27.700 km2 anuales deforestados para 6.900 km2.

“Durante el primer Gobierno de Lula, Brasil dio un paso decisivo para proteger la Amazonia. Fue en este momento en el que se sentaron las bases para el control de la deforestación”, explica Claudio Ángelo, autor de los libros “Calentamiento Global” y “La espiral de la muerte” y coordinador de comunicación del Observatorio del Clima. Sumada al PPCDAm, Lula estableció en diciembre de 2007 -primer año de su segundo mandato- un decreto presidencial para controlar la deforestación. La medida consistió en impedir a los propietarios de tierras con áreas deforestadas ilegalmente acceder a cualquier tipo de crédito rural como medida de presión. “Este fue el instrumento más eficaz ya adoptado por un Gobierno en Brasil para controlar deforestación”, considera Ángelo, que destaca que el mérito fue de la acción conjunta del Estado y no solo del PT.

Tras tres exitosos años, la deforestación volvió a aumentar en 2008 y el conflicto de intereses entre el Gobierno de Lula y el Ministerio de Medio Ambiente provocó la dimisión de la por entonces ministra Marina Silva, que desde aquel momento se convirtió en oposición política. “La visión desarrollista del PT se hizo más presente en este momento a través de una política de avance sobre la Amazonia con grandes hidroeléctricas, con obras de infraestructuras y con asociaciones entre el Gobierno y grandes empresas de la agropecuaria como la JBS (la mayor empresa de producción de carne de América Latina)”, explica Ángelo.

Las llamas avanzan en un bosque tropical durante una operación contra la tala ilegal en el estado de Amazonas, Brasil. (Reuters)

A finales del segundo Gobierno de Lula disminuyeron considerablemente las tasas de creación de Unidades de Conservación ambiental y de demarcación de Tierras Indígenas en la Amazonia, dos mecanismos que habían sido claves para garantizar los derechos socioambientales y evitar la ocupación y la tala ilegal. “Todos los casos de especulación y ocupación ilegal de tierras se producen para talar la selva y colocar pasto y ganado”, añade este investigador del Observatorio del Clima que apunta a una degradación más acentuada de las políticas medioambientales con la llegada de Dilma Rousseff a la presidencia en 2011.

Aunque en 2012 Brasil presentó su menor tasa de deforestación de la historia reciente, “Dilma solo recogió los frutos de lo que previamente había sido plantado”, aclara Ángelo, que considera que este fue un gobierno “completamente desarrollista y perjudicial para la Amazonia”. La selva perdió 41 millones de hectáreas después de que Dilma aprobase el nuevo Código Forestal en 2012. La medida redujo de 80% para 50% la proporción de tierra que debe ser reforestada en las propiedades rurales privadas en territorio amazónico, y amnistió toda la tala ilegal que había tenido lugar antes de 2008.

“Lo peor del código florestal es que no fue una política del PT. Fue una política resultado de la alianza entre el Gobierno y la bancada del agronegocio, que tomó más fuerza durante el mandato de Dilma”, alega Ángelo. La falta de apoyos del PT dentro del Congreso era tan profunda que desembocó en la destitución de la Presidenta del Gobierno en 2016. “Esta medida fue el resultado de la presión de ruralistas que nunca aceptaron la ley de conservación de la selva en áreas privadas porque no quieren asumir que sus tierras tengan alguna función social”, explica Ángelo.

El león del agronegocio despierta

“Lo que ni los ruralistas ni el Ministerio de Agricultura parecen haber entendido es que cuando se trata de proteger el medioambiente también se reducen impactos negativos sobre la agricultura y la ganadería”, explica Alice Thuault, directora adjunta del Instituto Centro de Vida (ICV), que actúa en la gobernanza ambiental y creación de políticas públicas desde el estado de Mato Grosso, principal escenario del sector agropecuario brasileño. Para Thuault, Marina Silva fue clave en la creación y aplicación de políticas socioambientales, “nunca un ministro de Medio Ambiente tuvo tanto poder de incidencia en los gobiernos recientes”. No obstante, “la estructura de control de la deforestación que conseguimos construir desde 2004 no es lo suficientemente fuerte para resistir cuando el león se despierta”, afirma Thuault en referencia al estudio que Greenpeace elaboró en 2007 para comparar el crecimiento de la actividad agropecuaria brasileña con los aumentos de la deforestación amazónica.

“Tanto el programa PPCDAm como las misiones de control del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), dos piezas claves en el control de la tala de la selva, han sufrido importantes reducciones de presupuesto y la situación puede empeorar con Bolsonaro”, declara Thuault. El actual presidente de Brasil ya afirmó que ni las reservas de protección ambiental, ni las tierras indígenas, ni las ONGs ni los órganos de control como el IBAMA, representarán un obstáculo para el desarrollo.

Thuault explica que existen alternativas de producción con menor impacto ambiental, como pueden ser los sistema agroforestales. “Combinando agricultura con la vegetación nativa, el agronegocio puede ganar dinero sin arrasar la selva. Pero la asistencia técnica y los créditos para implantar este modelo dependería del Ministerio de Agricultura”, declara la directora del ICV quien se muestra preocupada con las intenciones de la futura ministra Da Costa. “A pesar de los avances, nunca se consiguió transformar la matriz que provoca la deforestación. Lo que hubo fue un policiamiento y no un cambio de prácticas, ante la mínima señal de flexibilización la deforestación se multiplicará”, añade.