La última partida entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy expira mañana a las 10 horas. El intervalo que se han otorgado los dos presidentes estos días sólo habrá servido para cargarse de razones de cara a convencer a los suyos de las decisiones que tomarán en breve. El presidente de la Generalitat considera que ya ha hecho el máximo gesto al que podía llegar para propiciar la apertura de un diálogo con el Gobierno central y que ha consistido en un anuncio retórico de declaración de independencia acompañado de una petición de entrevista a Rajoy. Por su parte, en la Moncloa interpretan que se han comportado con suficiente generosidad y paciencia dando la oportunidad a Puigdemont de retractarse y, por tanto, de eludir la intervención de la autonomía catalana. A partir de mañana, si ningún imprevisto lo evita antes, entramos en otra fase del conflicto, más vi­rulenta.

La intención de Rajoy es clara. Iniciar los trámites para la activación del artículo 155 de la Constitución, el “botón nuclear”, en el sentido de su función disuasoria, que en este caso no ha servido de mucho. Pero el Gobierno del PP no acelerará los plazos. Se intentará dar tiempo a que la presión sobre Puigdemont por parte de los sectores más moderados del independentismo, así como de los empresarios que ya sufren las consecuencias nocivas de la inestabilidad política, hagan su efecto y acaben por convencer al president de que la única salida es la convocatoria de unas elecciones en Catalunya. Esas demandas son de calado, pero no es probable que Puigdemont sucumba. Para los líderes del independentismo, y en particular para el president, haber llegado tan lejos para acabar de forma abrupta con una simple y llana convocatoria de elecciones autonómicas sería una rendición en toda regla, así que se barajan otros escenarios.

La opción que ahora mismo está sobre la mesa –y que puede variar teniendo en cuenta la fluidez con la que discurren los acontecimientos en esta etapa del proceso soberanista– es esperar a que Rajoy anuncie con todas sus consecuencias la aplicación del artículo 155. Entonces, Puigdemont respondería con una declaración unilateral de independencia (DUI), pero no como la del martes pasado, sino que esta vez se proclamaría sin perífrasis retóricas ni sometida a suspensiones de ningún tipo. Sin embargo, tampoco llegaría a tener efectos prácticos inmediatos porque, a continuación, Puigdemont convocaría unas elecciones constituyentes. Algunos consellers presionan para que la DUI se vote, lo que implicaría penalmente a todos los diputados, pero no está decidido.

Con la aplicación del artículo 155, se activan protestas ‘gandhianas’ para “defender las instituciones”

Este es el escenario que ahora está sobre la mesa, aunque puede cambiar. Hace unos días se planteó también proclamar la DUI en una asamblea de cargos electos (alcaldes y diputados) fuera del Parlament, aunque la propuesta no convence a Puigdemont. La DUI y las elecciones constituyentes son, de hecho, la aplicación de la hoja de ruta con la que Junts pel Sí y la CUP iniciaron la legislatura. Esa decisión permitiría a Puigdemont presentarse de forma airosa ante el movimiento independentista, como el líder que ha culminado el mandato que le fue encomendado cuando sustituyó a Artur Mas, pero también permitiría convocar elecciones. Aunque Puigdemont se viera sometido después a un proceso penal por su declaración de independencia, la situación política se desbloquearía con la llamada a las urnas.

En septiembre de 2015 las elecciones catalanas fueron presentadas por el independentismo como plebiscitarias. Habría que ver si el Gobierno de ­Rajoy asumiría como unas autonómicas lo que Puigdemont presentaría como unas elecciones constituyentes, con la promesa intrínseca de que el nuevo Parlament surgido de las urnas tendría como encomienda principal en caso de mayoría soberanista la elaboración de una constitución catalana.

Mientras, el equipo de Rajoy trabaja desde hace días en su ejecución y sería una intervención de la Generalitat sin ambages. Pero como el artículo 155 es territorio ignoto, está en cuestión si permitiría arrebatar al presidente de la Generalitat las competencias para convocar elecciones.

De hecho, si el president Puigdemont opta por seguir esta vía, puede producirse un solapamiento entre la convocatoria electoral y la aplicación del 155. Este último paso, a su vez, reactivaría las movilizaciones en la calle. La prisión provisional ­dictada para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ya suscitó ayer una muestra del poder de convocatoria de esas dos organizaciones, pero los planes que se han diseñado ­durante los últimos meses por parte del “Estado Mayor del proceso” ­incluyen una fase de mayor

in­tensidad de las protestas.



Activada la operación para intervenir la autonomía catalana, el independentismo se movilizará para “defender las instituciones”. La idea que se estudia es la de una protesta ‘gandhiana’, es decir, de resistencia pasiva, que podría centrarse en “proteger” los edificios simbólicos del autogobierno catalán y que, dependiendo de la reacción del Gobierno central, algunos vaticinan que podría dar lugar a ­escenas similares a las del 1 de octubre.

En declaraciones anteriores a su encarcelamiento, Jordi Sànchez ya insistió en la necesidad de mantener una “movilización permanente”, pero sobre todo en que ésta se desarrolle sin violencia. Es una de las máximas preocupaciones de los líderes del independentismo, empezando por el president Puigdemont. Las simpatías internacionales que se haya podido atraer el movimiento han surgido gracias a su carácter masivo y pacífico. Si eso se rompe, el independentismo perdería la baza de la imagen exterior.

A las 10 horas de mañana expira un plazo, pero en realidad no hace más que empezar una nueva fase del conflicto, que todo indica que no va precisamente a remitir en las próximas semanas.