Mientras el país se prepara para la firma de la paz, en el Magdalena Medio temen que se esté creando una nueva guerra.

Las amenazas

En lo que va del año en esta región, que agrupa a 32 municipios de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, suroriente de Antioquia y occidente de Boyacá, la Defensoría del Pueblo ya ha emitido 10 informes de riesgo inminente y alertas tempranas porque los panfletos con amenazas, los asesinatos selectivos y el tráfico de drogas se han intensificado.

Aunque en este primer semestre no ha aumentado el número de asesinatos frente a 2015, las amenazas sí. Van 39 amenazas individuales y 17 colectivas en la región, según el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Eso tiene a la gente asustada. No quieren salir de noche ni tener desconocidos en sus calles, lo que ha obligado a las alcaldías a extremar las medidas de seguridad e incluso promover marchas en contra de la intimidación.

Las alarmas se han encendido porque aún cuando allí siempre ha habido guerrillas y bandas, el Eln ha aumentado el reclutamiento de menores y las bandas criminales han comenzado a 'decretar' toques de queda y a amenazar a defensores de derechos humanos.

En Cimitarra o Puerto Boyacá, las amenazas ya se han concretado. Desde cuando rodaron un panfleto y cadenas en whatsapp con mensajes intimidantes entre la gente del municipio boyacense, en febrero, empezaron a haber muertos. El saldo hasta junio iba en once.

En el comunicado, que no iba firmado, señalaban que los próximos asesinatos hacían parte de una “limpieza social”. Sin embargo, para líderes sociales de Puerto Boyacá esas muertes son resultado de la disputa de bandas criminales en su territorio porque los muertos han sido en su mayoría jóvenes consumidores o vendedores de droga.

"Están sacando la droga con un sello para identificar quién está con ellos y quién no. Por eso mataron a un muchacho y se lo dejaron escrito en una nota, que lo mataban porque el sello no correspondía al de la banda de ellos", dijo una de las fuentes de ese municipio.

Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz, la banda criminal que predomina en esta región es las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga. Pero en ese municipio, según dos fuentes que hablaron con La Silla, un reducto de los ‘Botalones’, el grupo paramilitar que mandaba allí hace diez años, estaría disputándose el control del territorio.

A ese enrarecido ambiente en Puerto Boyacá, se suma el hecho de que ciudadanos también han hecho circular su propio panfleto en el que anunciaron que si las autoridades no actúan, ellos mismos se van a organizar para “defendernos con un brazo armado si estos delincuentes siguen asesinando a nuestros niños”.

En ese mismo comunicado hablan indirectamente de Arnubio Triana alias ‘Botalón’ (excomandante paramilitar de la zona que recientemente quedó en libertad tras pagar su condena) y lo acusan de hacer “acuerdos con oficinas de cobros y otros grupos” que serían los responsables de los homicidios.

En ese cruce, hubo un tercer panfleto, esta vez supuestamente firmado por alias ‘Botalón’, en el que aclaraba que él no había tenido nada que ver con las muertes.

Mientras los panfletos iban y venían, también se conocieron denuncias de llamadas extorsivas y amenazas a comerciantes del municipio.

Según el alcalde, Óscar Fernando Botero Alzate, las autoridades identificaron que las llamadas provenían de una cárcel, y no dio más detalles. En cuanto a los asesinatos indicó que se habían capturado a dos sicarios, pero aclaró que no tiene confirmado si pertenecen a bandas criminales.

Según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, las amenazas han ocasionado desplazamientos en San Pablo, Santa Rosa del Sur y Barrancabermeja.

Precisamente en Barranca se presentó el caso más reciente de amenaza colectiva. A finales de julio, un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia empezó a circular en redes sociales.

Este comunicado alegaba que el presidente Juan Manuel Santos "se arrodilla ante los bandidos terroristas narcoguerrilleros de las Farc-Ep" y declaraba a los "colaboradores políticos y sociales" de esta guerrilla y a las estructuras urbanas del ELN objetivo militar. Además, amenazó a los habitantes de ese municipio que se se atrevieran a protestar: “no queremos ver que los habitantes de Barrancabermeja participen de marchas, paros, bloqueos, entre otras formas de protesta social”.

Aunque un día después de que circulara el panfleto salió otro en el que ese grupo armado ilegal afirmaba que no tenía nada que ver con el primero, está latente la zozobra, según tres defensores de derechos humanos barranqueños con los que hablamos. Más porque, según el comunicado, los asesinatos selectivos iniciarán en septiembre.

“La confusión que crearon con esos dos panfletos seguidos, es mucha. No saber sino hasta septiembre si es real o no y peor, tener que enterarse a través de muertos. Eso es sembrar terror”, dijo uno de los defensores de derechos humanos de los que les llegó el panfleto a través de Facebook.

Sumada a esa amenaza colectiva están las que tienen nombre propio. El caso más sonado ha sido el de Iván Madero, director de Credhos, a quien una semana antes de que circulara el panfleto lo amenazaron con llamadas intimidantes y un mensaje de texto en el que le pedían que dejara la ciudad.

Como en Puerto Boyacá, las cifras oficiales indican que los homicidios han disminuido en Barrancabermeja, pero las amenazas han aumentado. Solo de enero a junio Credhos, que es solo una de las decenas de organizaciones de acompañamiento a víctimas que funcionan en ese municipio, ha ayudado a 15 personas a salir del puerto.



“Esto aquí siempre ha existido. Lo que pasa es que es como por oleadas. Aparece y desaparece de acuerdo a la coyuntura del momento”, le dijo un líder de víctimas del Magdalena Medio santandereano a La Silla.

El control del tráfico de drogas

Las 14 fuentes con las que La Silla habló para hacer esta historia aseguraron que detrás de la estela de amenazas que se estaba viviendo en esa subregión, está la disputa del territorio entre bandas criminales para el control del tráfico de drogas.

Desde 2013, defensores de derechos humanos en Barrancabermeja han denunciado el resurgimiento de estructuras paramilitares en las comunas de la ciudad, donde establecen normas de convivencia y ejercen el control político y militar con un fin netamente económico: el tráfico de drogas.

La posición de dos líderes sociales con los que hablamos es que las estructuras que allí accionan no son de microtráfico sino de narcotráfico (ya que la región les puede dar salida hacia la Costa Caribe o hacia la frontera con Venezuela) pero que al verse cortas con la salida de la droga, han optado por venderla en la región.

“El consumo de drogas en el Magdalena Medio se ha disparado. A través de testimonios que hemos recogido, de muchachos que se quieren salir o que están amenazados por otra banda, es evidente que la vinculación de jóvenes a las bandas criminales no empieza por otro lado sino por el consumo”, dijo un defensor de derechos humanos de la región.

Sobre las razones por la que las disputas se han agudizado, hay varias explicaciones.

Mientras que para unos se trata de que bandas criminales están tratando de apoderarse de los espacios que están dejando libres las Farc con su repliegue, otros aseguran que es una manera de presionar a la gente para que no apoye el proceso de paz en vista de que dentro de los acuerdos de La Habana está el combate al paramilitarismo.

Es así como en Morales, en el sur de Bolívar, donde el ELN controla la parte alta y las bandas la parte baja, la población teme quedar en medio del fuego cruzado desde que circulan rumores de que la guerrilla bajará a “poner orden”.

A mediados de julio, fueron asesinados dos jóvenes y se registró una balacera en un bar que dejó tres heridos graves. El enfrentamiento fue atribuído a bandas criminales por el manejo del tráfico de drogas y ocasionó que la Alcaldía decretara toque de queda para menores, prohibiera los parrilleros en las motos y la circulación de vehículos de carga y cilindros de gas en la noche.

Al tráfico de drogas se suma la minería ilegal. Aunque ésta predomina en el Sur de Bolívar, la semana pasada Credhos reportó una posible explotación minera entre Sabana de Torres y Lebrija, municipios santandereanos.

Según la Corporación, campesinos de tres veredas de esos municipios denunciaron que un grupo de cerca de 15 uniformados identificados con brazaletes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los reunieron y les informaron que “llegaban para quedarse, que ahora ese era su territorio”.

La distante paz

En medio de ese panorama, dos defensores de derechos humanos coincidieron en que el aterrizaje de los acuerdos de La Habana en el Magdalena Medio tiene tantas trabas que con las medidas iniciales de posconflicto ya hay enormes dificultades.

Por ejemplo en el Sur de Bolívar, la Unidad de Restitución de Tierras no ha restituido tierras porque no hay condiciones de seguridad para atender las 1.200 reclamaciones que existen.

El director de Credhos, Iván Madero, también ha denunciado que la política de atención a los desplazados no funciona. “Nosotros sumamos más casos de desplazamiento que la Unidad de Víctimas porque ellos no cuentan los que salen de la región sino los que entran. En lo que va del año ellos han contado un caso en Barrancabermeja y nosotros quince”.

Y otro de los puntos en los que coinciden líderes sociales y defensores de derechos humanos frente a la oleada de amenazas es que el Estado está ignorando las implicaciones de la expansión de las bandas criminales en el Magdalena Medio.

“Es que desde la institucionalidad creen que ya estamos viviendo la paz y como ya estamos viviendo en paz lo que está pasando no es grave, es delincuencia común", dijo una de las fuentes que ha sido amenazada. "El temor más grande es que se ignore la realidad de esta región y que las bandas controlen todo al punto de quitarle el espacio al posconflicto".