Rafael Silva Martínez

Lo llevamos viviendo desde hace meses. Casi diariamente. La bronca en el Congreso arrecia. Abundan las palabras gruesas. No existe debate. Debate real, debate de ideas, debate de altura. Ya no se trata de ideología, sino de una simple altura que dignifique la propia utilidad del Parlamento como tal (Congreso y Senado), y deje de convertirlo en una jaula de grillos. De grillos que se insultan, que vociferan, y que no bajan la guardia del verbo fuerte, de la palabra gruesa, de la expresión grosera. Esto sólo contribuye cada vez más a la creciente desafección hacia la política y los políticos, que desde hace varios años se sitúan en la escala de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, según las famosas encuestas del CIS (y de otras estadísticas de opinión pública). Ya no existe prácticamente debate. Es un fenómeno que no es nuevo, ya que tal declive en el perverso uso de la palabra por parte de sus señorías viene ocurriendo desde la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Hasta el “¡Váyase señor González!” de José María Aznar a Felipe González nos parece toda una pretensión de señorial altanería comparado con las alocuciones, gesticulaciones y verborrea que diariamente nos brindan nuestros aguerridos parlamentarios.

El último episodio (que ha causado una seria reprimenda a la Cámara por parte de la Presidenta Ana Pastor) ha ocurrido durante la Sesión de Control al Gobierno del miércoles 21, tras un durísimo enfrentamiento entre el portavoz de ERC Gabriel Rufián y el Ministro de Exteriores, Josep Borrell. La Presidenta expulsó de la Cámara al diputado catalán, al que le siguió todo su grupo, e incluso Borrell aseguraba que durante su marcha fuera del hemiciclo, uno de dichos diputados llegó a escupirle. La tensión se masca en el ambiente. Se crea una sensación de hostilidad que no permite un debate sano, desde que estos hechos empiezan a ocurrir. Pero no debemos olvidar que un Parlamento también es un fiel reflejo de la sociedad a la que pertenece. Y resulta obvio afirmar que vivimos tiempos donde nuestra sociedad está, por decirlo suavemente, un poquito alterada. Los hechos sucedidos en Cataluña, la Moción de Censura al Gobierno anterior y la polémica propuesta de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos son los principales hitos que han marcado el enrarecimiento del ambiente político y social que desgraciadamente vivimos. A todo ello se ha unido un acuerdo presupuestario del Gobierno actual del PSOE con el grupo confederal de Unidos Podemos y sus confluencias, que ha sentado como una patada en las tripas a la derecha más recalcitrante. Esta derecha que no soporta perder el poder, pues considera que son ellos los que por el “bien de España” deben gobernar, asestó un duro golpe cuando comenzó a denominar “golpistas” a los grupos independentistas catalanes que habían promovido los actos del 1-O y siguientes. Las primeras veces dicha barbaridad fue ignorada, pero cuando te acusan de semejante injuria 217 veces, por parte de PP y Ciudadanos, ya la cosa llega a su límite. Y entonces, el Grupo de ERC en el Congreso, capitaneado por Joan Tardá, avisó de que ellos contestarían llamando “fascistas” a los que les llamaran “golpistas”. Y con razón.

Los únicos golpistas que ha habido en España durante el pasado siglo XX fueron un tal Franco y un tal Tejero. El primero se levantó en armas con un Golpe de Estado y desató una furibunda guerra que duró tres años, más una posterior dictadura de casi 40 de extraordinaria dureza, represión y castigo para los vencidos. El segundo secuestró a los diputados del Congreso un 23 de Febrero de 1981, durante varias horas, y todavía quedan las huellas de los disparos en el techo del hemiciclo (que por cierto fue señalado por Gabriel Rufián en su contestación ante la acusación de “golpistas” a los de su formación política). Esos han sido los golpistas. En Cataluña durante los últimos años lo que ha existido es una deriva soberanista e independentista protagonizada por unos grupos políticos que si bien no han actuado ateniéndose a criterios estrictamente democráticos, han sido tratados por el Estado Español y sus poderes de una forma cruel y represiva. Éstos no son golpistas, ni pueden ser acusados del delito de “rebelión” por el que aboga la Fiscalía, simplemente porque siempre han sido movimientos pacíficos. Cuando se satanizan determinadas ideas, cuando se persiguen las aspiraciones pacíficas y democráticas de determinados grupos políticos, traspasamos esa línea que separa lo que debe ser un debate serio, justo, profundo y sereno, para pasar a ser un coro de gallinas cluecas que intentan disfrazarlo todo con la pincelada gruesa. Etiquetar, insultar, faltar a la verdad de los hechos de esa forma, nunca es bueno para una democracia que pretenda serlo.

El debate de ideas en las Cortes Generales es una cuestión fundamental. Pero ha de ser un debate democrático, es decir, no sólo han de poder escucharse todas las voces en igualdad de condiciones y oportunidades, sino que deben poderse explicar los contenidos, razonamientos, posturas y conclusiones que los parlamentarios expongan. Y todo ello ha de hacerse sin rasgamientos de vestiduras, sin aspavientos, sin explosivos gestos, sin insultos, sin gruesas expresiones. Pero sobre todo, hay que decir algo, y hay que decir algo que se entienda. Nuestras Cortes Generales no están ya en esta dinámica. Están en la dinámica de la interrupción, del jaleo, del discurso vacuo, del insulto permanente, y de la expresión fácil. Están, en una palabra, por no debatir. Cuando un Parlamento deja de debatir pierde su sustancia, su función elemental. Porque el debate sereno, profundo y sosegado, casi como en una novela (con las tres partes clásicas de planteamiento, nudo y desenlace) es fundamental a la hora de enfrentar ideas, modelos y conceptos, a la hora de expresar preferencias, a la hora de calar el discurso, tanto en los demás parlamentarios, como en el resto de la ciudadanía. No vamos en este sentido por buen camino. Si nuestro Parlamento continúa por esta senda de descrédito permanente, de bulla constante, de enfrentamiento seco, puro y duro, del uso de la expresión fácil y de la palabra gruesa, de la descalificación generalizada, del insulto al adversario y del jaleo masivo, todo ello contribuirá aún más al profundo descrédito de nuestra clase política, lo cual tendrá su manifestación en el comportamiento y en el criterio mayoritario de la ciudadanía. En resumidas cuentas, no tenemos políticos de altura en nuestro Parlamento, salvo como siempre las excepciones de rigor. A este ritmo, nos queda poco tiempo para contemplar cómo sus señorías se pelean a puñetazo limpio en el Congreso, como ya ha ocurrido en el Parlamento de Ucrania o en el italiano, entre otros. Al tiempo.

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