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El 1 de julio de 2015 entró en vigor la llamadaLey de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley mordaza’. Uno de los objetivos evidentes de esa ley era amedrentar y castigar económicamente a lxs activistas que con sus acciones pacíficas se oponen a las políticas antisociales y represivas. Pues bien, 18 meses después de su puesta en marcha ya hay datos suficientes para valorar cuál ha sido el efecto, sólo en multas, de esa variante de la política represiva impuesta por el gobierno.

Y lo primero que llama la atención es que el Estado haya recaudado 10.196.817 de euros en 18 meses por multas en cumplimiento del artículo 36.6, que regula «la desobediencia o la resistencia a la autoridad» y «la negativa a identificarse» o la «alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Es especialmente significativo que en los últimos seis meses de 2015 se pusieran un total de 4.311 multas, mientras que en 2016, en el doble de tiempo, el número de multas se triplicara alcanzando las 12094.

Es especialmente significativo también el importante aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por «faltas de respeto y consideración» a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si en los últimos seis meses de 2015 se pusieron 3.130, por un valor de 469.203, en 2016 se interpusieron un total de 19.497, por un importe de 3.006.761 euros.