El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha comunicado este viernes que la senadora alavesa del partido Elvira García, conocida como ‘Viruka’, no sólo acumulaba una deuda de 5.000 euros con el Gobierno vasco por las mensualidades de un piso de alquiler social en Vitoria al que ni siquiera tenía derecho por su nivel de renta, sino que acumulaba una importante deuda con el partido. “No entregaba el excedente del salario público al partido”, ha manifestado Martínez, que ha recordado que la formación morada limita a tres veces el SMI el máximo que pueden percibir los cargos institucionales y que el resto sirve para financiar al 50% los gastos de Podemos y la Fundación Impulsa.

Podemos Euskadi, casi un mes después de que se conociera que la sociedad pública de Vivienda de Euskadi Alokabide pretendía desahuciar a la senadora por los impagos reiterados (de casi dos años) y por no cumplir los requisitos para acceder a un alquiler social, ha confirmado ahora que las explicaciones ofrecidas por la parlamentaria, que incluía un supuesto caso de violencia de género que el Gobierno vasco nunca confirmó, eran “inconsistentes”. Martínez ha exigido tanto pública como internamente a García que abandone la Cámara alta.

Ella, sin embargo, ha explicado en la Cadena Ser que sólo dejará el partido, ya que tiene intención de continuar como senadora en el Grupo Mixto, donde además percibirá el sueldo íntegro sin necesidad de entregar nada al partido. Es la misma decisión que adoptó en su momento la fallecida Rita Barberá en el PP tras su implicación en casos de corrupción en Valencia.

Las circunstancias que rodean a García se conocieron a principios de febrero, aunque internamente algunos sectores críticos en Álava ya habían denunciado irregularidades, según han explicado a este periódico. La senadora, elegida en diciembre de 2015 y de nuevo en junio de 2016 –fue la más votada en la provincia y logró los mejores resultados en toda España-, ocupaba un piso protegido de Alokabide. Llevaba más de 20 mensualidades sin pagar los 200 euros de arrendamiento (además de otras derramas de la comunidad de vecinos) y, además, no había comunicado en ningún momento sus nuevas condiciones económicas, que superaban con creces el límite de 25.000 euros anuales de renta máxima fijado en Euskadi para acceder a los alquileres sociales. Miembros de Podemos vinculados a Stop Desahucios denunciaron públicamente la actitud de la política.

Sólo esta semana García ha alcanzado un acuerdo con Alokabide por el cual ha saldado su deuda (en un solo pago) y ha evitado el desahucio a cambio de devolver la vivienda a la que no tiene derecho, como adelantó eldiarionorte.es. Mientras, el partido en Euskadi ha entregado a la dirección de Pablo Iglesias un informe en el que constata las graves infracciones de García al código ético y en el que plantea su expulsión del partido y del Senado.

Martínez ha explicado que el expediente no sólo recoge la polémica en torno a la vivienda de García, sino que apunta a que la senadora no entregó al partido la parte del sueldo público recogida en la normativa interna. La electa alavesa tenía derecho a tres SMI, como el común de los cargos de Podemos, a un complemento por ser madre de dos niños y a otra prima de 850 euros que la formación contempla para los senadores de fuera de Madrid, ayuda diseñada para costear el alojamiento y la manutención en la capital. Sin embargo, también se había quedado con el resto de sus ingresos hasta sumar 5.800 euros mensuales, que incluían un plus por ser presidenta de una comisión parlamentaria.

Martínez no ha precisado cantidades ni durante cuánto tiempo García fue morosa y, en privado, el partido reconoce un cierto descontrol contable en este sentido. Sin embargo, sí ha explicado que explorarán fórmulas para recuperar ese dinero y que “trabajarán” para “que esto no se vuelva a repetir”.