Bajo el mal llamado “derecho al olvido”, se podría solicitar la supresión de información de interés público por una presunta protección de datos personales.

La iniciativa pretende castigar a intermediarios como plataformas digitales o medios en línea si incumplen con las solicitudes de remoción.

Permitir que particulares puedan eliminar información de interés público es inconstitucional y podría tener implicaciones globales.



El 24 de enero de 2020, el senador Ricardo Monreal calificó como tema prioritario de la agenda legislativa del Senado de la República su iniciativa sobre “derecho al olvido en plataformas digitales”. El texto, que pretende reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), representa una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en línea.

La propuesta contempla la eliminación y supresión de contenidos –textos, comentarios, interacciones, imágenes, vídeos, entre otros– en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores y demás medios digitales, a nivel nacional e internacional, bajo la posibilidad de “cancelar de manera inmediata y definitiva” datos personales a solicitud del titular. Esto atenta gravemente contra la libertad de expresión al facultar la supresión de información de interés público, mediante una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales; en concreto, del derecho de cancelación.

Bajo esta óptica, por ejemplo, un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción podría apelar a la eliminación de una nota periodística, bajo el argumento de que su delito ya prescribió o porque ha cumplido su condena. Esto es contrario al derecho de las personas a mantenerse informadas, permitiendo el borrado de información que, si bien puede ser incómoda para un individuo, debe ser preservada por considerarse de interés público.

El texto, además, pretende sancionar a intermediarios cuando se nieguen a cumplir con las solicitudes de remoción de contenidos. Lejos de “ejercer justicia” en contra de las grandes empresas tecnológicas, la iniciativa pretende limitar el abanico de opciones de acceso a la información, presionando a las compañías a remover enlaces a páginas web en un buscador o a impedir que las personas puedan consultar comentarios o publicaciones en redes sociales.

Asimismo, la importación del mal llamado “derecho al olvido” a la legislación mexicana es un despropósito, ya que dicha medida es incompatible con el marco normativo, jurisdiccional y cultural del país. La iniciativa pasa por alto las diferencias entre el sistema europeo y el interamericano en materia de libertad de expresión, especialmente en un contexto donde la corrupción y el abuso de poder buscan silenciar las voces críticas.

De este modo, la iniciativa de Monreal abre la puerta a la censura al considerar que la información puede dejar de ser relevante o tener caducidad, situación sin precedentes en el sistema de justicia interamericano y mexicano. Permitir que los particulares tengan la facultad de suprimir definitivamente información en línea no solo es inconstitucional, sino que representaría una violación a la libertad de expresión y acceso a la información con implicaciones globales.

Ante los riesgos que implica esta iniciativa, desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales hacemos un llamado a las y los legisladores para que no aprueben el proyecto de reforma, entendiendo que la preservación de la memoria histórica es indispensable para la vida democrática del país y que el acceso a la información de interés público no puede supeditarse a los intereses privados.

Imagen de opensource.com (CC BY-SA 2.0)