El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la demanda por el ‘estado de sitio’ decretado en Madrid el día de la toma de posesión de Felipe VI

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Ochenta años después de que miles de bombas lanzadas por la aviación nazi destruyeran Guernika, el abogado vallisoletano José Alberto Blanco recibía una comunicación del Tribunal Europea de Derechos Humanos por la que se admitía la demanda de la Coordinadora 25 S contra el ‘estado de sitio’ decretado en Madrid con motivo de la toma de posesión de Felipe VI.

El anuncio fue realizado por Luis Ocampo que, en nombre de la Coordinadora 25 S, continuó con la denuncia articulada por Doris Benegas y que tras su fallecimiento concretó el abogado José Alberto Blanco Rodríguez, presidente del Ateneo Republicano de Valladolid. Ocampo dio la buena nueva ayer durante la presentación en Segovia del libro ‘Doris Benegas. Una luchadora del pueblo’. Los asistentes recibieron con aplausos la noticia, de la que hoy se hace eco en exclusiva últimoCero.

El comunicado de admisión de la demanda por el alto Tribunal Europeo, con el número 15491/17 tiene fecha de 13 de abril, víspera de la proclamación de la II República, llega tras haber tenido un recorrido desestimatorio en todas las instancias judiciales españolas durante los dos últimos años.

En esencia la base de la denuncia radica en el ‘estado de sitio’ -«no declarado oficialmente pero sí funcional. La delegada del Gobierno en Madrid era entonces Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad; la que nos quieren presentar como azote de la corrupción», en palabras de Luis Ocampo- a que fue sometida la ciudad de Madrid antes y después del 19 de junio de 2016, día de la toma de posesión de Felipe VI. Según los datos del Ministerio del Interior: 4.300 policias nacionales y 2.672 guardias civiles tomaron la ciudad.

La Coordinadora 25 S convocó una concentración en la Puerta del Sol que fue reprimida. Hubo detenciones, identificaciones y numerosos incidentes al actuar los agentes contra los ciudadanos por el simple hecho de llevar un pin, un broche, una pegatina, una escarapela con los colores rojo, amarillo y morado. Ya no digamos si lo que se pretendía exhibir era una bandera tricolor como hizo ese día, en el corazón de Madrid, Doris Benegas que logró burlar los controles policiales y enarbolar la enseña republicana al grito de ‘No pasaran’.

Conviene recordar que el relevo en la monarquía, consumado el 19 de junio de 2014 con una sesión conjunta de las Cortes, había estado precedido de la abdicación de Juan Carlos I, acosado por todo tipo de escándalos: desde el cobro de comisiones (la misma corrupción de la que tanto se habla hoy) a otras más frívolas, como la accidentada cacería de elefantes en Botsuana, donde se rompió una cadera, acompañado de su amiga Corina zu Sayn-Wiitgenstein, otra comisionista internacional. Fue el fin de un reinado de 39 años. Juan Carlos I, que sigue como rey emérito, juró su cargo en las Cortes franquistas el 22 de noviembre de 1975.

Origen de la demanda

El asunto comenzó mediante querella formulada contra Cristina Cifuentes Cuencas, Delegada del Gobierno en Madrid; Alfonso Fernández Diez, Jefe Superior de Policía Nacional,e Ignacio Cosidó Gutiérrez, Director General de la Policía, por los hechos ocurridos desde la abdicación de Juan Carlos y la coronación de Felipe, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción núm. 52 de Madrid, que tras diversos avatares, dictó auto de sobreseimiento y archivo provisional el 1 de septiembre del 2015, habiendo recurrido en apelación dicho auto ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 5ª que desestimó el recurso.

Contra los autos de archivo se formuló recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que no lo admitió a trámite por no apreciar especial relevancia constitucional. Y frente a las anteriores resoluciones se formuló demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lo que se denuncia es la incautación de banderas y símbolos republicanos por parte del estado, conculcando los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, impidiendo el ejercicio del derecho de libertad de expresión, de opinión y de manifestación.