Dos años sin Katia (18 años), Rocío (18), Cristina (18), Belén (17) y María Teresa (20). Las familias de las cinco adolescentes fallecidas en el pabellón municipal Madrid Arena celebrarán a las 23.00 horas de este viernes la segunda vigilia para recordarlas mientras esperan que la Justicia se pronuncie sobre los 16 acusados señalados por las muertes.

El encuentro se ha convocado, por segundo año, a las puertas del recinto multiusos donde sucedieron los hechos por los que las cinco chicas perdieron la vida la madrugada del 1 de noviembre de 2012. Bajo el lema "24 meses = 5 muertes, 0 responsables", las familias tienen previsto depositar velas y flores antes de proceder a la lectura de varios manifiestos en los que exigirán justicia y denunciarán la actitud de la Fiscalía durante el proceso.

Trámites pendientes

Desde aquella 'Thriller Music Park' han pasado 730 días en los que el juez instructor, Eduardo López- Palop, ha recabado pruebas e indicios para imputar a 16 personas. Entre ellos están el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores; los trabajadores de Seguriber y Kontrol 34, las empresas que debían ocuparse del control de seguridad y el aforo; los empleados de Madrid Espacios y Congresos, sociedad municipal titular del pabellón; los médicos contratados por Flores, Simón y Carlos Viñals; y el ex inspector jefe de la Policía Local de Madrid, Emilio Monteagudo, cuyos hombres permitieron un macrobotellón a las puertas del Arena.

Palop cerró la investigación el pasado 29 de agosto, pero aún debe resolver las peticiones de sobreseimiento presentadas por Madridec. Diviertt -la empresa de Flores- también recurrió en favor de dos de sus hombres, pero su escrito ha sido desestimado, según explican fuentes del proceso.

Además, aún está pendiente el peritaje de los terrenos rústicos que Flores presentó como aval para satisfacer la fianza adicional de 100.000 euros que le permitió eludir la prisión provisional tras abonar otros 200.000 euros. Las víctimas han solicitado que sean valorados por un experto independiente ya que creen que no cubre "ni de lejos" la cantidad establecida. Precisamente, la Audiencia Provincial ha ordenado al juez que vuelva a tomar declaración al promotor en relación a su patrimonio.

María José Siñeriz, abogada de la familia, estima que los trámites se alargarán hasta el primer trimestre de 2015, por lo que la Audiencia Provincial no abriría el juicio hasta dentro de cinco o seis meses.

Monteagudo, recolocado

Las víctimas han solicitado 20 años de prisión para Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave -según el juez, vendió 6.000 entradas más de las permitidas, provocando un exceso de aforo que fue determinante para que se produjese la avalancha humana mortal- y entre 3 y 4 años para el resto de los acusados. El Ministerio Público, en cambio, pide cuatro años para el empresario y entre 2 y 3 para el resto, amén de las indemnizaciones correspondientes.

"La actitud de la Fiscalía es incomprensible. Se han opuesto a las medidas cautelares y parece que están defendiendo a los que mataron a mi hija, como si fueran sus abogados", critica Isabel de la Fuente, madre de Cristina. Sin embargo, lo que peor llevan las familias es que Flores siga libre: "Su fianza no se ha comprobado. Eso es lo más indignante, que Cristina está muerta, que nos han destrozado la vida y que este señor está en la calle. Yo no endiento nada, pero no nos vamos a callar".

El empresario fue el único de los 16 acusados que pisó el calabozo. Respecto a los demás, tanto Emilio Monteagudo como Carlos Viñals continúan trabajando para el Ayuntamiento de Madrid. El primero fue destituido como jefe de la Policía Local tras su imputación, pero el Consistorio le acaba de designar responsable de la División de Relaciones Internacionales del cuerpo. El segundo, que formó parte del servicio médico la noche de autos, sigue ejerciendo como director de programa del Departamento de Salud Laboral de la Dirección General de Seguridad, es decir, un puesto de confianza.

Rafael Pastor, director de Operaciones de Madridec (ahora, Madrid Destino) y alcalde de Garganta de los Montes por el PP, permaneció en su puesto hasta el pasado mes de septiembre, cuando cesó para ser reubicado en otro puesto de la estructura municipal. Raúl Monterde, Juan José París, José Antonio Díaz y Roberto Mateos, todos miembros de Seguriber, fueron subrogados por Alerta y Control, la nueva contrata que se ocupa de la seguridad de los edificios multiusos municipales, como adelantó 20minutos.