Publicidad

Los documentos secretos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F seguirán bajo llave. Y ello aunque el Congreso apruebe la desclasificación automática de las materias secretas en la que trabajan los grupos parlamentarios. Una proposición de ley impulsada por el PNV que propone que toda la documentación que tenga la clasificación de secreta desde hace más de 25 años salga ya a la luz. Solo aquella que hubiera sido considerada reservada, propone el PNV, podrá hacerlo diez años más tarde siempre y cuando cuente con la apropiada justificación. Apoyan esta redacción Podemos y los independentistas catalanes.

Esto permitiría que cuando se aprobara la reforma, este año previsiblemente, se conociera con todo detalle lo que sucedió el 23 de febrero de 1981. Pero también las materias consideradas reservadas de la dictadura franquista, la Transición, o gran parte de la lucha contra ETA. Sin embargo, tanto PP, el PSOE como Ciudadanos consideran aconsejable mantener protecciones adicionales para toda la documentación que actualmente tiene la consideración de secreta y han registrado enmiendas al texto vasco. El PP propone una liberación progresiva que permitiría conocer los secretos del 23-F en el año 2030. El PSOE, por su parte, aboga por establecer una única prórroga de diez años que empezaría a contar un año después de que se apruebe la reforma: hasta el ejercicio 2029 si el Congreso aprueba el texto este año. Ciudadanos va incluso más allá y propone que la desclasificación de las materias reservadas se aplace 16 años desde la aprobación de la reforma, hasta el año 2034, y que lo haga veinte años, hasta el ejercicio 2038, en el caso de documentación secreta.

PP y PSOE suman la mayoría suficiente para pactar la redacción final de la reforma de espaldas al grupo vasco y demás partidos, y aunque ambas formaciones insisten en que aún no han pactado «nada», su condición como partidos de Gobierno facilitará que puedan alcanzar un acuerdo, según fuentes parlamentarias. Y ello pese a que los sistemas propuestos son distintos. El PP propone que la información protegida antes de 1968 quede automáticamente desclasificada a los tres años de la entrada en vigor de la ley (previsiblemente en 2021), que la documentación guardada como secreta en 1968 vea la luz en 2023, y que a partir de ese ejercicio cada año se libere la documentación de dos años de manera correlativa. Esto es, en 2024 se haría pública la documentación protegida de 1969 y 1970, en 2025 la de 1971 y 1972 y así sucesivamente. Con este sistema se llegaría al ejercicio 2030 para la desclasificación de la materia correspondiente a 1981 y 1982, y se seguiría hacia adelante hasta el año 2048 cuando se conocerían los secretos de este año. Para la documentación secreta que no haya cumplido los 25 años de clasificación cuando se apruebe esta reforma, los tres partidos constitucionalistas prevén que cumpla este plazo de protección y luego reciba la guarda adicional que propone cada uno.

El resto del cuerpo de la ley se refiere al tratamiento de los nuevos secretos y no genera grandes diferencias entre los grupos. Todos coinciden en que el Consejo de Ministros debe ser el único órgano con capacidad para clasificar y secundan la propuesta vasca de que la desclasificación sea automática a los 25 años, y solo quepa una prórroga en casos excepcionales. Solo se separan las posturas en la duración de esa prórroga. PNV, PSOE, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que solo las materias reservadas podrán protegerse durante diez años más, mientras el PP quiere que esta protección adicional abarque otros 25 años.

La reforma se encuentra actualmente en el trámite de informe de la ponencia después del desbloqueo realizado por Ciudadanos la semana pasada al poner fin a las prórrogas de enmiendas. La previsión de los grupos políticos es que el texto definitivo sea aprobado en este periodo de sesiones que acaba en junio, a más tardar, antes de que finalice el año.