Una suspensión provisional de amparo fue lo único que hizo cambiar la decisión del director de la escuela pública en Nuevo Laredo

Mabel, una estudiante de una secundaria pública de Nuevo Laredo (Tamaulipas), estuvo a punto de ser expulsada de la escuela por salirse de clases. O por irse de pinta, como se dice de forma coloquial en México. El director de la escuela estaba convencido de que las faltas de esta joven de 14 años eran suficientes para dejarla temporalmente sin educación. Pero la madre, Claudia Berenice Sosa García, pidió ayuda legal al considerar que la decisión era injusta. La semana pasada, un juez federal les otorgó una suspensión de amparo que ordenaba el regreso inmediato a clases de Mabel.

Raymundo Ramos es el defensor de Derechos Humanos que ha atendido el caso desde el 20 de septiembre, cuando la joven fue expulsada de la Secundaria Federal número 7 General Emiliano Zapata. Él explica a Verne, vía telefónica, que la decisión del director no se apegaba al reglamento escolar y que él y la madre de Mabel debieron recurrir a un juzgado después de agotar otras vías de negociación con el director de la escuela, Estuardo Ramírez.

Los problemas comenzaron cuando el director encontró a la joven y a otros alumnos en los pasillos de la escuela en horario de clases, relata la madre en entrevista con Verne. Eso ameritó que Mabel fuera suspendida por tres días, pero ella prefirió no contarlo en casa. "Al día siguiente yo la dejé en la escuela como todo los días, pero como estaba suspendida se fue a una cafetería que está a cuatro calles", explica Sosa. Los empleados del local reportaron a la estudiante con las autoridades escolares.

"Eso hizo enfurecer al director. Le dijo que estaba expulsada y no se tomó la molestia de informar a su mamá", cuenta el defensor de Derechos Humanos. Claudia Berenice Sosa se presentó al día siguiente en la escuela a intentar abogar por su hija, pero el funcionario le comunicó que había tomado una decisión irrevocable. "Fue déspota y grosero: me dijo que ya no quería a mi hija ahí porque no tenía valores y que yo no se los inculcaba", describe la mamá de la joven.

Por esa razón, Sosa pidió el apoyo de Raymundo Ramos, activista y fundador de la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El activista Raymundo Ramos, el abogado de su organización Martín Alvarado y la madre de Mabel. Cortesía

Él también intento razonar con Ramírez. Argumentó que Mabel no tenía reportes anteriores de mala conducta ni malas calificaciones, y que sus faltas ameritaban una sanción menos drástica que la expulsión. "Le comenté que estaba actuando de manera arbitraria y que al ser un funcionario público debía velar por el interés superior de la menor", recuerda Ramos. Pero el director mantuvo su postura: "Me dijo que él estaba muy cerca de su jubilación y que no le importaba si era despedido de su trabajo".

Ramos y Sosa pidieron la intervención a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas, pero no tuvo ningún efecto. Presentaron entonces una queja ante la Comsión Estatal de Derechos Humanos, que emitió una medida cautelar para reincoporar a Mabel a clases. El director de la secundaria tampoco aceptó esta recomendación del organismo, como queda constatado en el siguiente oficio.

"Solo nos faltaba recurrir a la justicia federal. Promovimos un amparo con carácter de urgente porque la decisión del director fue arbitraria y violatoria del derecho a la educación", dice Ramos. El Juzgado Tercero de Distrito de Tamaulipas estuvo de acuerdo. Mediante la suspensión de amparo ordenó al director permitir la entrada de Mabel a la escuela y entregar un informe de lo sucedido ante el juez. En caso de negarse nuevamente, el funcionario podía ser arrestado, explica el activista.

Parte de la suspensión de amparo otorgada por un Juzgado de Distrito

Mabel regresó a su escuela el pasado jueves. Su mamá reporta que una de sus maestras ha querido tomar represalias contra la estudiante mediante la intimidación. Ramos está enterado de la situación y afirma que sigue observando de cerca el caso. Si las presiones a la estudiante continúan, la organización civil analizará la posibilidad de presentar una demanda penal en contra del servidor público.

El defensor de Derechos Humanos considera que, antes de sancionar a los niños o adolescentes por un acto de indisciplina, es necesario orientarlos y buscar atención especializada para mejorar su conducta. En su opinión, el director debió haber recurrido a un psicólogo escolar que escuchara a la joven. "Cuando uno expulsa a un estudiante con problemas no está resolviendo el problema, sino que crea un problema adicional", dice.

Para Ramos, el caso de Mabel crea un precedente nacional a favor de los menores que puedan ver afectados sus derechos fundamentales por parte de un funcionario de la educación.

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