MÉXICO, D.F. (apro).- El Gobierno del Distrito Federal deberá pagar 93 millones 944 mil pesos de indemnización a la empresa promotora Internacional Santa Fe por daños y perjuicios ocasionados con la expropiación del predio El Encino, el mismo que detonó el desafuero del entonces gobernante capitalino, Andrés Manuel López Obrador, en 2004.

El juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito fijó un plazo de 24 horas para que el gobierno de Miguel Ángel Mancera cubra la indemnización correspondiente a los afectados.

“Requiérase al jefe de gobierno del Distrito Federal para que en 24 horas remita las constancias que acrediten haber acatado la presente resolución”, en el entendido de que las autoridades capitalinas no podrán argumentar insolvencia para pagar la indemnización, dice la resolución del juzgador.

En caso de que el GDF no liquide la suma fijada en las 24 horas establecidas, el monto se incrementará cada día que transcurra sin cumplir con la resolución judicial.

El gobierno capitalino está en posibilidad de impugnar el fallo judicial y llevar su asunto de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2011 resolvió que el predio no podía ser devuelto, debido a que provocaría daños a los habitantes de 10 colonias, al impedir la conclusión de las avenida Vasco de Quiroga y Carlos Graef, en la zona de Santa Fe.

Apenas en octubre pasado, después de 11 años de litigio judicial por el caso de El Encino, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inauguró la prolongación de las avenidas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga, que fueron el motivo de la expropiación del predio en Santa Fe hace 13 años.

Luego de un recorrido por esas vialidades, Ebrard destacó que la obra permitirá conectar la zona de corporativos con lo que será el nuevo campus Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como a un hospital particular.

“Es un caso clásico de contraposición del interés privado en contra del interés general. En pocas palabras, se buscaba impedir que se pudiera construir esta vialidad por intereses muy específicos, económicos en particular.

“Dio pie, como ustedes recordarán, a todo un proceso legal que se usó como pretexto en contra de mi antecesor, el licenciado López Obrador, para destituirlo e instaurar incluso un juicio político”, refirió en esa ocasión.

Por su parte, la entonces Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, destacó que el proceso judicial que fue resuelto el año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor del GDF sentó un precedente, porque originó la modificación a la Ley de Expropiación que protege en mayor medida el interés público sobre el interés privado en el caso de construcción de vialidades.

“Creo que El Encino ya rindió sus frutos, porque gracias a él se provocó una reforma a la Ley de Expropiación, que nos permitió tener otro esquema jurídico para la Línea 12 del Metro, para la Supervía, para muchas carreteras del país”, puntualizó.

El predio en cuestión fue expropiado en noviembre del 2000, cuando la jefatura de Gobierno del DF estaba en manos de Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto.