La respuesta, como podréis imaginar, es no. A pesar de que el censo electoral de residentes en el exterior no para de aumentar –más de un 45% desde el inicio de la crisis según datos del INE–, la desinformación para los 1,8 millones de electores emigrantes sobre cómo ejercer nuestro derecho a voto es constante. En las anteriores elecciones europeas nos enteramos por casualidad del cierre del censo CERA, el correspondiente a los españoles residentes permanentes en el extranjero, a raíz del cierre de censo en España para los inmigrantes comunitarios. Ésta fue una de las causas principales de que la participación electoral de los emigrantes se quedara en un ínfimo y antidemocrático 1,84 %, según una encuesta de Marea Granate.

Este año, una vez más, la historia se repite: solo tras sucesivas llamadas a la Oficina del Censo Electoral y correos al INE hemos podido confirmar que los "movimientos no notificados" de residentes en el exterior antes del 31 de diciembre quedarán fuera del censo de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Es decir, que quien no esté inscrito en el consulado antes de fin de año no podrá votar. Casi seis meses antes de la cita electoral y, nuevamente, sin aviso oficial alguno.

Esta ausencia flagrante de información no nos sorprende, ya que se trata de una traba más de las muchas que nos impone la Administración para ejercer nuestro derecho a voto. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (acordada por el PSOE, PP y CIU en 2011) eliminó el derecho a votar en las elecciones municipales para los españoles que residen permanentemente en el exterior e introdujo el voto rogado, una nueva modalidad de sufragio que obliga al potencial votante a "rogar" su derecho a voto en cada proceso electoral.

Las excusas para modificar la LOREG, injustificable en términos políticos y legales, fueron las supuestas irregularidades en el voto migrante. Dichas irregularidades siempre tuvieron su origen en un funcionamiento deficiente de la Administración. Curiosamente siguen ocurriendo tras la reforma, y esta vez vienen además acompañadas de una cantidad ingente de abstenciones forzadas. Tras el cambio de la ley electoral, todos los votos "robados" cuentan como abstenciones, lo cual perpetúa y redunda en beneficio del bipartidismo que "cocinó" la reforma.

Son muchas las dificultades que nos estamos encontrando para poder votar: informaciones contradictorias en los consulados, impedimentos en las altas y bajas consulares o la imposibilidad de inscribirse a distancia para quienes no pueden desplazarse. Aunque la legislación dice que el censo se cierra con anterioridad a la convocatoria de elecciones e incluso recoge el momento exacto del cierre, parece que consulados y Ministerio prefieren obviarlo cuando se trata de nuestro voto, y recibimos con perplejidad respuestas oficiales como que "las elecciones no se han convocado aún" o que "de dónde nos hemos sacado la fecha del 31 de diciembre".

Además, observamos con impotencia cómo la Administración no ofrece soluciones –ni interés en que las haya– para las personas ya atrapadas en estos problemas burocráticos, a pesar de nuestras presiones. Desde Marea Granate intentamos aconsejarles a sabiendas de que para algunos será prácticamente imposible que voten. De hecho, el resto, incluso estando correctamente inscritos, quedamos a merced de unos plazos absurdos y un proceso impuesto que probablemente dejará sin votar a más de un 95% de nosotros, en torno a 1,8 millones de abstenciones. Acordaos de nosotros cuando salgan resultados.

¿Dejadez institucional? Sí, y a todos los niveles. Al desconocimiento de la legislación y el proceso por parte de los Consulados se suma una Junta Electoral Central que ha silenciado las múltiples reclamaciones de las anteriores elecciones, o una Administración que eluye responsabilidades de los reembolsos de los envíos de correos certificados de nuestros votos (sí, somos los únicos ciudadanos que pagamos por votar, y en ocasiones sumas considerables).

¿Miedo a un voto de castigo? Muchísimo. Se estima que más de 700.000 personas hemos abandonado forzadamente el país en los últimos años, en un éxodo masivo que no deja de aumentar. Una población que le sobra al Gobierno, a la que se ha echado del país y que ve eliminados sus derechos más básicos. Una población que seguramente será extremadamente crítica en las próximas elecciones.

Ante esta situación de silenciamiento político expreso al que se nos somete, tanto por la falta de información como por el proceso electoral impuesto, hemos lanzado una campaña informativa para intentar que nadie se quede sin votar. Porque somos muchos y muchas, queremos (y tenemos derecho a) seguir contando. Pese a todos los impedimentos, no conseguirán callarnos. Seguiremos denunciando que el voto rogado es un voto robado.