jueves 25 octubre, 2018

El caso de los aportantes truchos de Cambiemos vuelve a entrar en zona de riesgo debido a un tecnicismo. El juez Carlos Alberto Vallefín, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, ordenó que el magistrado electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu, sea quien decida el futuro próximo de la única causa penal que queda en pie por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsedades ideológicas en la recaudación de la campaña oficialista en la provincia de Buenos Aires en 2017.

El juez Ziulu ya dijo que el caso debe ser investigado en su juzgado electoral y no en el fuero penal, tal como pidió el macrismo. De hecho, Ziulu solicitó a los jueces Ernesto Kleprak y Sebastián Casanello que se aparten de sus investigaciones penales y envíen los expedientes a su juzgado electoral. Por ende, la lógica de Ziulu indica que decidirá quedarse con el expediente penal, incorporarlo a su causa electoral y dar por terminada la investigación que tanto preocupa a Cambiemos.

Las consecuencias judiciales para los recaudadores de la campaña pueden ser muy distintas si el caso de los aportes falsos se investiga en el fuero penal o, por el contrario, en el electoral. En el primero, pueden ser acusado de delitos graves. En el segundo, de meras irregularidades. De allí surge la necesidad de Cambiemos de extinguir los expedientes penales. Ya lo consiguieron en los tribunales porteños, pero la puja se trasladó a territorio platense. La única causa penal que queda en pie por los aportantes truchos es la del juzgado federal número 3 de La Plata, a cargo de Kreplak. El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, corrió al juez Casanello de la otra investigación por presunto lavado en la recaudación de campaña y envió ese expediente al juez Ziulu. Ahora, con la decisión del camarista platense Vallefin, el destino de la investigación penal de Kreplak también está en manos de Ziulu.

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El tecnicismo. La causa de Kreplak llegó a la Cámara Federal platense luego de que el magistrado habilitara a la ex tesorera del PRO, María Fernanda Inza, a presentar un recurso de apelación: Inza pidió al juez Kreplak que se declare incompetente en su causa y envíe el caso al fuero electoral. El magistrado se opone a ese planteo, así que envió a la Cámara el escrito de la exfuncionaria para que sus superiores tomaran una decisión.

Sin embargo, el camarista Villafín consideró que ese recurso fue “mal concedido”, que nunca tendría que haberse elevado a la Cámara porque no está claro si Inza tiene legitimidad para realizar este planteo, y que además debe ser el juez electoral Ziulu el que decida si la causa penal continúa viva o no. Villafín también sostuvo que la Cámara sólo podrá intervenir una vez que Ziulu tome una decisión. Es decir que, eventualmente, el tribunal plantense podría pronunciarse por una posición u otra.

En la causa penal ya hay probados decenas de casos de personas que figuran aportando a la campaña 2017 y nunca lo hicieron. La mayoría de ellos son beneficiarios de planes sociales, utilizados para una supuesta maniobra de blanqueo de fondos de origen ilícito. La principal sospecha es que el dinero que financió la campaña proviene de empresas que tienen prohibido por ley contribuir a las campañas. Los responsables de la recaudación también están en la mira por presuntas falsedades ideológicas, ya que también trucharon fichas de afiliación al PRO.

Además, como reveló PERFIL, el juzgado de Kreplak encontró varias irregularidades en los movimientos bancarios de la cuenta corriente de Cambiemos Buenos Aires, con presuntos indicios de blanqueo de dinero. Uno de los movimientos que llamó la atención de la Justicia es que el 4 de octubre de 2017, poco más de un millón de pesos se introdujeron en las finanzas de la campaña mediante depósitos bancarios realizados en sólo dos cajeros automáticos, ubicados uno al lado del otro en la sucursal del Nación en avenida Alvear, a 150 metros de avenida Callao, en el barrio porteño de Recoleta.

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Estos 172 depósitos se realizaron en el rango de menos de dos horas pero figuran a nombre 24 supuestos aportantes, que iban a ser citados a declarar como testigos para explicar si realmente contribuyeron con dinero en la campaña y si declararon ante la AFIP esos aportes; o si por el contrario, sus casos son parte de la maniobra de aportantes falsos que ya se probaron.

Más indicios. El juzgado penal de La Plata también detectó más movimientos llamativos en otra sucursal del Nación: Plaza de Mayo, a metros de la Casa Rosada, a unos 60 kilómetros de la ciudad de La Plata, centro político del territorio bonaerense.

El 5 de octubre de 2017, al día siguiente de los depósitos vía cajero automático en Recoleta, se realizaron 25 depósitos de dinero a la campaña de la provincia de Buenos Aires. También fueron consecutivos, uno detrás del otro, y figuran a nombre de unas 10 personas, presuntos aportantes. Se trata de los depósitos identificados con los números de comprobantes que van del 10204 10252 (se contabilizan cada dos dígitos).

El magistrado pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal de Plaza de Mayo para intentar identificar quién o quiénes realizaron esos depósitos que luego aparecieron a nombre de supuestos aportantes en la rendición de cuentas de Cambiemos. No tiene esperanzas. Realizó la misma medida en la sucursal de avenida Alvear y el banco le contestó que sólo se guardan por dos meses. También solicitó los rangos de lo horarios en que se produjeron los depósitos.

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La suma que implican estos depósitos no es crucial: $154 mil pesos. Pero sí el mecanismo. Al seguir analizando los resúmenes de cuenta de Cambiemos Buenos Aires, surge que la cuenta corriente está a nombre de la alianza electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, cuyo domicilio está constituido en Diagonal 73, La Plata. Además, pertenece a la sucursal La Plata del Banco Nación, así consta en los documentos oficiales. Este punto pone sobre la mesa dos puntos clave en la discusión sobre si este caso debería investigarse sólo en el fuero electoral o efectivamente conlleva claros indicios de presunto lavado de dinero, que no sólo se ejecutó en territorio bonaerense sino también porteño.

En la campaña 2017, Cambiemos declaró aportes por más de $86,2 millones. El 96,6% de esos fondos se “aportó” en efectivo, lo que dificulta establecer su origen del dinero. Ahora, la Justicia también sabe que casi la totalidad de los aportes en efectivo luego se bancarizaron en la cuenta corriente. Sin embargo, no se bancarizó en La Plata, sino a metros de la sede del Gobierno nacional, en la sucursal Plaza de Mayo.

Según Cambiemos, los recaudadores de toda la provincia, desde el norte hasta el sur del conurbano bonaerense; desde la ciudad más al este hasta el extremo oeste de la provincia; desde la zona norte del interior bonaerense hasta bien al sur, todos, depositaron ese efectivo físicamente en la sucursal Plaza de Mayo. O tal vez trajeron los aportes en efectivo a Buenos Aires o algún encargado de la recaudación recolectó decenas millones de pesos localidad por localidad. La Justicia cree que estas posibilidades son poco probables y que la explicación más lógica que arroja la pista Plaza de Mayo es que el dinero en efectivo provino de un lugar muy cercano a la sucursal del Nación. Los depósitos de los aportes en efectivo que Cambiemos supuestamente recibió se hicieron en la cuenta corriente en distintos días: algunos figuran depositados el 14 de julio; otros 11, 12, 14, 19 y 21 de septiembre; otro tanto el 2 de octubre. Cada depósito correspondería a un aporte individual. Van de montos pequeños a 15.000, 18.000 o 20.000 pesos. Así figura en el resumen de aportes presentado por el oficialismo.