Los socios del Gobierno socialcomunista, PSOE y Podemos, han rechazado este martes una Proposición No de Ley de Ciudadanos para reforzar los protocolos ante casos de abusos o explotación sexual como los ocurridos en los centros de Mallorca, dependientes del Consell socialista. La iniciativa incorpora una enmienda en la que se insta a crear una comisión de investigación en el Congreso.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, ha considerado incomprensible que «se obstaculice investigar estas cuestiones» y ha aseverado que «esto no es un ajuste de cuentas entre partidos».

La iniciativa insta al Ejecutivo a promover el establecimiento de protocolos -de prevención, detección y actuación- o la revisión, en colaboración con las comunidades autónomas, de los ya existentes para «asegurar la eficacia de su respuesta ante estas situaciones».

También propone «impulsar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para esclarecer los casos de abuso, agresión y explotación sexual» de las menores tuteladas residentes en centros dependientes del Consell de Mallorca y para «asegurar la detección y puesta a disposición de la justicia de los presuntos responsables».

Asimismo, recoge la necesidad de que el Gobierno apruebe y presente ante el Congreso una Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

«Desgastar al Gobierno»

«Les vale cualquier tema para desgastar al Gobierno», ha criticado en su intervención el representante socialista, Pere Joan Pons.

El diputado ha acusado a Ciudadanos y PP de «intentar sembrar dudas» sobre el «compromiso» del PSOE con la infancia pese a que los socialistas han descartado dimisiones y también votaron en contra, la pasada semana, de una comisión de investigación en el Parlamen balear.

Pons ha considerado «obsceno» que se «utilice este asunto» y ha llegado a reclamar «seriedad y respeto» a los diputados. «No creo que ser el centro de batallas por intereses partidistas sea útil» para las menores ni las instituciones «que están trabajando», ha valorado.

Asimismo, ha considerado que el hecho de que se incorpore una comisión de investigación «obliga a votar en contra» porque «el asunto ya está judicializado». «Votaremos en contra para proteger a los menores», ha concluido.

Desde Podemos, la diputada Mar García Puig ha acusado a la oposición de «convertir los hechos en una lucha partidista». «Son sucesos gravísimos que deben investigarse caiga quien caiga pero siempre con rigor y cuidado», ha opinado. En este contexto, ha considerado que la comisión de investigación «vulnera las competencias de las comunidades autónomas» y ha defendido la creación del comité de expertos que se habilitará en el Consell de Mallorca, a la medida de PSOE y Podemos. García ha aprovechado su intervención para arremeter contra el «demencial pin parental» de Vox.

La situación de las menores tuteladas en Baleares ya se planteó la pasada semana en el Congreso, ya que PP y Vox preguntaron al vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, sobre la actuación del Gobierno en este caso. Iglesias acusó a los partidos de «descojonarse» en sus intervenciones mientras hablaba de «niñas prostituidas» y llegó a calificar de «indignos» y «repugnantes» a los grupos de la oposición por plantear una comisión de investigación.

Desde el PP, Marga Prohens ha reclamado dimisiones porque «los responsables de estas menores lo eran en 2016 cuando los técnicos afirman que empezaron a denunciar estos casos».

Prohens ha criticado que la ministra Montero «compareció ayer durante más de cinco horas y media y no tuvo valor de referirse a las menores de Baleares».

«Voten a favor de esta proposición y demuestren que a las menores tuteladas no las quieren calladas, ocultas», ha espetado la diputada. «Mientras sigan siendo cómplices de quienes ocultan esos hechos no nos van a callar. Se llama democracia o jarabe democrático, como prefieran. Ustedes han votado a favor de sus partidos. Esto les acompañará toda la legislatura», ha aseverado. Los ‘populares’ han solicitado además una ley contra la trata y reforzar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por su parte, Vox ha pedido más inspecciones y que se corrija la suspensión de la tutela sin intervención judicial. La formación de Abascal solicita además esclarecer casos similares en otras comunidades autónomas.