Finalmente el proyecto de ley que el gobierno porteño confeccionó para hacerse cargo del subte fue presentado ayer en la Legislatura y cristalizó la mayoría de los rumores que corrieron durante su apurada confección. Posibles aumentos en los boletos, creación de nuevos impuestos para financiar el funcionamiento de la red, limitación al accionar de los metrodelegados e incluso una potencial quita de concesión a Metrovías son los puntos más relevantes que plantea el escrito, elaborado contrarreloj por un círculo muy reducido del PRO, luego del esperado anuncio de Mauricio Macri.

LA NACION accedió al proyecto de ley, que comenzaría a ser abordado en la Legislatura a fines de esta semana, y repasa los puntos más destacados de los 81 artículos.

Servicio esencial

Desde el comienzo, el proyecto define al subte como "un servicio público esencial". De ello se desprende la necesidad de garantizar un servicio mínimo incluso durante los reclamos gremiales. "En caso de conflictos colectivos que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos, los cuales no podrán ser inferiores al noventa por ciento (90%) de los servicios regulares en horas pico y al sesenta por ciento (60%) de los servicios regulares en horas valle" consigna el proyecto en el artículo 19.

Este punto fue inmediatamente repudiado por los trabajadores de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp). El secretario general, Roberto Pianelli, tildó de "ilegal" este artículo y sostuvo que "limitar el derecho a huelga es limitar un derecho humano".

"El servicio del subte es importante y trascendente, nadie puede negarlo, pero no es un servicio esencial en un sentido técnico, como lo usa la Organización Internacional del Trabajo [OIT], porque hay otros medios alternativos para desplazarse", señaló al respecto el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada.

La discusión se da luego de un año marcado por las huelgas, que incluyó el paro más largo de la historia, y en medio de las negociaciones paritarias entre los metrodelegados y Metrovías.

Otro conflicto con los trabajadores está asegurado en el artículo 34°, que intenta rever la jornada laboral de los trabajadores, que en su mayoría cumplen un régimen de seis horas. "La jornada de trabajo del personal (…) será definida por la Autoridad de Aplicación [Sbase] considerando si las tareas a desarrollar, en cada caso, son o no insalubres", consigna el proyecto.

Nuevas multas

También en sintonía con la definición de servicio esencial, el proyecto de ley contempla sanciones para "la obstaculización o interferencia de la operación del servicio". El escrito prevé multas de entre $1600 y $16.000 para quien "cause alarma en cualquiera de las instalaciones y de hasta $166.000 para aquel que "impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del servicio público esencial".

Además, el artículo 24 establece una multa de entre $83 y $1660 para quien "eludiere el pago de la tarifa del servicio". Es decir, habrá multas para aquellos que decidan "saltar" los molinetes.

El financiamiento de la red

Otro punto clave del proyecto es la forma en que se van a financiar los 1054 millones de pesos anuales que se necesitan para mantener en funcionamiento la red. El proyecto liderado por el diputado de Pro Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, establece la conformación de un Fondo del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA.

Este "Fondo Subte" estará conformado por las tarifas a usuarios, pero también por una serie de impuestos en los siguientes ítems:

Combustibles: $0.40 por litro en las naftas y Gas Oil Premium; $0.30 por litro en las naftas Súper; $0.15 por metro cúbico de GNC.

Peajes: un 10 por ciento del valor de la tarifa de peaje, libre de tributos.

Patentes: los autos de entre $150.000 y $200.000 destinarán el 18.19% de su patente al Fondo Subte; hasta $300.000, un 26,27% y aquellos que cuesten más de $300.000 destinarán un 32,73%.

Por estos puntos y ni bien conocido el proyecto, ya hubo fuertes cruces entre algunos funcionarios nacionales y porteños. Mientras desde el kirchnerismo denuncian una inconstitucionalidad manifiesta en la implementación de impuestos a los combustibles, y aseguraron que se trata de un impuesto distorsivo y regresivo, desde la Ciudad aseguran tener las facultades necesarias para llevar adelante medidas de este tipo.

Estatal o privado

Por último, el proyecto del PRO declara "en emergencia por el término de cinco (5) años la prestación del Servicio Subte y declara a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) como autoridad de aplicación de la ley.

Durante los años de emergencia, Sbase tendrá, entre otras, la capacidad de "fijar las tarifas y los cuadros tarifarios, sin necesidad de convocar a audiencia pública".

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que la operación y el mantenimiento del servicio sea prestado "por el Poder Ejecutivo en sí", es decir, estatizado, o "a través de otras personas jurídicas de derecho privado (…) mediante el procedimiento de licitación o concurso público nacional o internacional". Eso no sólo plantea la posibilidad de una quita de concesión a Metrovías, sino que abre la puerta a empresas extranjeras, como Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), encargada de la auditoría que, según el jefe de gobierno Mauricio Macri, culminó en la decisión de hacerse cargo del subte.