







Dos policías de Chimalhuacán, Estado de México, recibieron hoy una sentencia de 55 años de prisión tras ser declarados culpables de haber violado a una adolescente de 17 años. Además de las décadas que pasarán en la cárcel, pagarán dos multas por 167 mil y 73 mil pesos, respectivamente.

Los hechos ocurrieron en 2016, cuando los policías municipales Erick Marvin Sánchez Santiago y Javith García Guadarrama detuvieron arbitrariamente a una adolescente de 17 años, la subieron a su patrulla y ahí la agredieron sexualmente. Después de violarla, la amenazaron para que no denunciara lo sucedido.

Sin embargo, la adolescente comunicó el atroz hecho a sus familiares y de ahí se levantó una denuncia penal en contra de los dos policías de Chimalhuacán. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó en un comunicado de prensa lo siguiente:

“Las investigaciones realizadas por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México permitieron establecer que el día 16 de mayo de ese año, los ahora sentenciados subieron por la fuerza a la víctima a una patrulla con número económico 336, luego la trasladaron a las inmediaciones de un mercado del municipio de Chimalhuacán, en donde la agredieron sexualmente, la amenazaron para que no contara lo ocurrido y después la abandonaron en la vía pública”.

Un juez del Estado de México determinó que Erick Marvin Sánchez Santiago y Javith García Guadarrama fueron culpables del delito de violación. Los 55 años de sentencia, sin embargo, parecen poco tiempo cuando se considera que en Chimalhuacán no es un hecho aislado que la violencia sexual sea ejercida por las mismas autoridades.

En febrero del 2013, tres policías de Chimalhuacán violaron a una adolescente de 15 años. A su novio, de 16 años de edad, lo asesinaron. Uno de estos policías, Pedro Luis Becerril Ríos, fue sentenciado a 65 años de prisión. Sin embargo, el Estado fue exonerado del caso aunque se trata de policías en activo.

De aquel caso, la abogada que llevaba el caso declaró los siguiente:

“[El Juez] Se negó a dictar medidas de reparación integral para las víctimas y no garantizó la no repetición, pese a que hubo graves violaciones a derechos humanos”, declaró Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). (Vía: Animal Político)

La duda es la siguiente: ¿qué está haciendo integralmente la autoridad en el Estado de México para que esta clase de agresiones sexuales por parte de funcionarios no vuelvan a ocurrir? Es meritorio reconocer que por esta ocasión el sistema legal cumplió su cometido, funcionó, pero una golondrina no hace verano.