Francisco Correa, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia valenciano en febrero de 2017. En vídeo, la última resolución de la trama Gürtel. MÒNICA TORRES / ATLAS

La corrupción vuelve a golpear al PP. Solo tres semanas después de que se conociera la sentencia de la trama Gürtel, que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy; la Audiencia Nacional ha publicado este lunes la resolución sobre la rama valencia de la misma red, que considera probada la financiación ilegal del partido en la comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat. El juzgado ha condenado a 18 de los 20 acusados, a los que impone penas que oscilan desde los cuatro meses a los seis años y nueve meses de cárcel.

"El PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva", subraya el juez José María Vázquez Honrubia en su resolución, donde describe a lo largo de 137 páginas los mecanismos delictivos empleados por la red de corrupción. En ellas, destaca que el partido conservador utilizó a Orange Market, la filial valenciana del entramado empresarial de Francisco Correa, como una compañía "pantalla" para ocultar los gastos destinados para las citas con las urnas de 2007 y 2008. El magistrado no deja lugar a dudas al subrayar que existe "una inveracidad total" en la documentación enviada por los populares a los órganos fiscalizadores públicos.

El juzgado considera acreditado, por tanto, que la trama incurrió en delitos electorales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Y la sentencia condena a los principales miembros de la trama: a Francisco Correa, cabecilla de la red (cinco años y tres meses de prisión); a Álvaro Pérez, alias El Bigotes (seis años y nueve meses); a Pablo Crespo, ex secretario de Organización de los populares gallegos (cinco años); y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia (cuatro años). También, impone penas de un año y nueve meses a los nueve empresarios implicados, todas sustituibles por multas de hasta 154.000 euros, después de que reconocieran que pagaron comisiones para conseguir posteriormente contratos.

Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno de la Generalitat, ha resultado absuelto —al igual que el empresario José Enrique Fresquet, contra el que se retiró la acusación el primer día de juicio—. "No hay prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante que permita concluir que es autor de los delitos impuestos", escribe el juez sobre Rambla.

Según explica la resolución, Correa y sus colaboradores expandieron su negocio a Valencia entre los años 2003 y 2005 para tener acceso a determinados políticos y "conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos" de eventos organizados por el PP, la Administración autonómica y sus empresas públicas. El PP valenciano contrató entonces a Orange Market para las campañas electorales de 2007 y 2008. Pero, según la sentencia, estos operaron sin tener en cuenta la cuantía máxima prevista por la ley. Así que recurrieron a empresarios para saltarse la normativa a través de abonos en b, que después se compensaba con adjudicaciones. "Tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad", considera probado el juez, que habla de que se produjeron "sobornos en diferido": "Ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos".

"Magdalenas" y "galletas" Además de los testimonios de los principales implicados, el juzgado ha valorado como prueba la "ingente cantidad de información" recopilada por la Guardia Civil. El magistrado aplaude la labor de la UDEF por su "minuciosidad y laboriosidad de extraordinario mérito". Todo ello compone una "sólida" batería de pruebas, que incluye una ilustrativa conversación telefónica entre Crespo y Cándido Herrero, contable de Orange Market, el 3 de febrero de 2009. El primero le dijo al segundo: "Me llamaron de las 'galletas', mañana lo mandan. Y en esa misma fecha se extendieron tres cheques que el empresario Enrique Ortiz abonó a la empresa de Correa. Según los investigadores, era parte del lenguaje críptico que usaban: "galletas" eran las facturas, "biscotes" era dinero en metálico y Enrique Ortiz era el de las "magdalenas".

Costa jugó un papel fundamental en todo ello. Era "el hombre que está detrás inspirando y sosteniendo la acción", recalca el magistrado, que admite que su testimonio autoinculpatorio resulta fundamental para la causa. "La declaración, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal y que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", apunta la resolución, donde se señala que la trama dañó y puso en riesgo el "juego limpio electoral", así como "la neutralidad y objetividad del Estado".

Los nueve empresarios, que alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ya admitieron durante el juicio que pagaron mediante facturas falsas 1,2 millones de euros a Orange Market. Según los investigadores, solo en los comicios de 2008, el partido conservador llegó a pagar 2,03 millones con fondos de la caja b. Entre los servicios prestados por esta compañía, y no declarados, se encuentran la organización de decenas de actos —en varios de ellos participó el expresidente Camps y Mariano Rajoy—, y la intermediación en la contratación de anuncios electorales (buses, vallas, radio y prensa).

El juez admite cierta "desazón" y recupera una frase del "lenguaraz" El Bigotes durante el juicio, cuando dijo que "son todos los que están, pero no están todos los que son". Pero esta causa no acaba aquí. La Fiscalía General del Estado ya anunció el pasado enero que estudiaría investigar a Francisco Camps después de que los principales acusados lo señalaran como el creador y organizador de la financiación ilegal del partido en esta comunidad. "Delante de mí llamaban al presidente [Francisco Camps] y le decían: 'Oye, que está aquí Álvaro'. Y decía: 'Pues dadle el acto del domingo'. Y ya está, otro cacahuete al mono", afirmó durante la vista oral Álvaro Pérez, en referencia a que era Camps quien ordenaba contratar con Orange Market. Tras esta y otras declaraciones, el magistrado José de la Mata, que instruye la causa de Los papeles de Bárcenas, aceptó investigar las acusaciones vertidas contra el expresidente.

La sentencia publicada este lunes recuerda que varios condenados apuntan a Camps como pieza clave del entramado. De hecho, da "notable credibilidad" al testimonio de Costa, que señaló al expresidente durante la vista oral. También considera "muy ilustrativa" la escena relatada por Álvaro Pérez en la que Costa llama a Camps para "literalmente, pedirle instrucciones". "Pero es imposible jurídicamente emitir pronunciamiento alguno contra él, porque comparece como testigo", señala el magistrado Vázquez Honrubia, que habla de la "radical negativa de Camps a admitir cualquier conocimiento". "Nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", escribe el juez sobre el exdirigente del PP y sobre Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, que también compareció como testigo.