El Senado aprobó ayer una ley que garantiza la gratuidad de las universidades públicas y excluye la posibilidad de implementar exámenes que restrinjan el ingreso. La norma también flexibiliza los requisitos para mantenerse como alumno regular y establece que el Estado no podrá disminuir sus aportes a las universidades públicas.

El proyecto fue impulsado por la diputada Adriana Puiggrós (FPV). Ya había logrado media sanción en 2013 en Diputados y el miércoles a la noche fue aprobado en Senadores, con el apoyo de la UCR, el Peronismo Federal y el bloque Progresistas, y con el rechazo del PRO, que también había votado en contra en la Cámara Baja.

La nueva norma modifica la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, de 1995. Uno de los principales cambios es la incorporación del artículo 2 bis, que explicita que las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas y decreta “la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa”.

Pocas universidades públicas cobran aranceles optativos, como la Untref (hasta 2011, también la de Córdoba). La ley cierra la posibilidad de hacerlo a futuro. Según pudo saber Clarín, hoy sólo es habitual que las instituciones públicas cobren por las carreras de grado que dictan en modalidad virtual o a distancia, así como en los posgrados y en los “trayectos complementarios” que ofrecen a los egresados de institutos terciarios privados que quieren completar su licenciatura en una universidad estatal.

Además, a partir de ahora cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. Hasta ahora los estudiantes debían aprobar como mínimo una materia por año y en algunos casos dos. Solo las universidades de más de 50 mil alumnos (apenas 7 de un total de 53 instituciones) podían establecer sus propios criterios. Ahora todas podrán hacerlo.

Otro punto clave es que se define el acceso como “libre e irrestricto” y se cierra la puerta al examen de ingreso, un mecanismo que en la práctica algunas universidades implementan bajo la modalidad de cursos de nivelación, como en el emblemático caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, cuyos bochazos masivos son noticia cada año.

Algunos expertos rechazaron la nueva ley, con el argumento de que interfiere con la autonomía universitaria y establece medidas “demagógicas”. “Cada universidad ha construido modos de garantizar la inclusión con calidad, definiendo formas diversas y creativas de acceder a la universidad a partir de claros problemas de formación en el nivel secundario, atendiendo a diferentes perfiles de alumnos en diferentes condiciones. Lo que se ha aprobado echa por tierra esa diversidad, uniformando una riqueza de experiencias institucionales muy valiosas”, afirma Mónica Marquina, especialista en política universitaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

“La decisión ignora los problemas del nivel secundario, dándoles una solución uniformadora, un tanto demagógica e irresponsable –dice Marquina–. Está más que demostrado que el ingreso irrestricto per se no asegura democratización de la universidad, y los problemas se trasladan al futuro”.

Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella, ilustra: “La universidad gratuita es sobreutilizada por los sectores socioeconómicos más ricos. El 50% de los jóvenes del quintil más rico de la sociedad asisten a la universidad, contra solo el 10% del quintil más pobre”. Y agrega: “El ingreso irrestricto se presenta como un sistema igualitario, pero no lo es tanto. Los alumnos universitarios de los sectores más pobres tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios antes de graduarse que los de los sectores más ricos. Entonces, el sistema es democrático –y hasta por ahí nomás– en el ingreso, pero selectivo en el egreso”.