El 19 de agosto de 1977 comenzó el infierno para Martha Camacho Loaiza. Fue arrestada en Culiacán, Sinaloa, por militares de la Secretaría de la Defensa e integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Estaba embarazada y era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo político militar que operó en México en los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. La mujer fue torturada durante 49 días. Junto a ella, en las instalaciones de la 9ª zona militar, se encontraba su esposo, José Manuel Alapizco. Fue ejecutado. A ella le obligaron a presenciarlo. El cuerpo nunca apareció.

Martha Camacho es la presidente de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. Hoy el Estado le pedirá perdón en una ceremonia que se oficiará en el Centro Cultural Tlatelolco, el mismo lugar en el que cientos de estudiantes fueron reprimidos en 1968.

La disculpa la pronunciará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Está previsto que al acto acuda también el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas.

Se trata de la primera ocasión en la que una víctima de la época conocida como la “guerra sucia”, que se alargó entre los años 60 y 70, recibirá una petición de perdón oficial del Estado.

Martha cree que es un paso, aunque considera que hay mucho por hacer.

“Hay que hacer extensiva la disculpa a todos los familiares que andamos en esta lucha. Que sientan que no es la justicia para Martha, sino para un periodo mal llamado guerra sucia”, afirma, en entrevista con Animal Político. En su opinión, “guerra sucia” no sirve para dimensionar todo lo que el Estado hizo con movimientos como la Liga Comunista 23 de septiembre. “Es una etapa de crímenes de Estado contra jóvenes que querían cambiar las cosas”, afirma.

“Es una herida abierta pero que aprendes a vivir con ella”, dice la sobreviviente. Vivir con las secuelas de la tortura. Seguir adelante sabiendo que los perpetradores siguen impunes, tranquilos, sin que nadie les señale.

Hoy, cuando el Gobierno le pida disculpas, Martha dice que quiere dar la palabra a los militares. “No únicamente en el pasado lejano, sino en el inmediato, son quienes más denuncias tienen por violaciones a los derechos humanos. No puedo olvidar que las peores torturas y el sufrimiento sucedió dentro de la 9 zona militar en Sinaloa”, dice.

También recuerda a las madres que no podrán estar en Ciudad de México. Cree que el gobierno debería llevar estas iniciativas a los estados. “Hay gente con más de 90 años que lleva más de 40 en la lucha y que no puede venir por su edad”.

Para ella, el acto de hoy es un punto y seguido. “Lejos de dar por terminada la lucha, empieza otra más fuerte. Es un pequeño claro que se abre y que se tiene que hacer más grande porque casos como el mío hay muchos. Echemos un vistazo al archivo general de la nación. No soy la única víctima. Somos miles. Esperamos que los procesos lleguen a buen término, que veamos que haya gente consignada”, asegura.

Animal Político quiso conocer la opinión de la secretaría de Gobernación pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Larga búsqueda y olvido de las instituciones

Martha Camacho Loaiza lleva toda una vida buscando justicia. Fue arrestada y torturada cuando estaba embarazada. Su hijo nació en cautiverio y le amenazaron con ejecutarlo. Su marido, José Manuel Alapizco, fue asesinado. No fue el único. Hay cientos, miles de víctimas de una época oscura que los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenaron al olvido.

“Fue liberada en octubre de 1977. Desde entonces comenzó una lucha que, entre otros objetivos, tenía señalar la responsabilidad del estado”, dice Leopoldo Martínez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La organización acompañó a la víctima durante las últimas dos décadas. Un largo período en el que los intentos por lograr verdad, justicia y reparación se encontraron con los portazos de las instituciones.

Martha recuerda la frustración que le generó los obstáculos impuestos por las diferentes administraciones.

Por ejemplo, cuando llegó al poder Vicente Fox y creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. “Un nombre muy largo, pero de nulo alcance”, se queja. “No hubo sentenciados, no nos cumplieron los objetivos que pensábamos que podían cumplir, expectativas se vinieron abajo”, afirma. En principio, el objetivo era esclarecer la represión sistemática durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Pero, según denuncia la sobreviviente, no se logró nada.

Quizás uno de los jarros de agua fría más dolorosos fue cuando la Procuraduría General de la República le dijo que no podría haber acción penal por el caso de su esposo asesinado. Argumentaba, en 2013, que el caso había prescrito. “El Centro Pro y yo no aceptamos. Logramos que una juez dijese que estos actos, estas graves violaciones, fuesen tipificadas como crímenes de lesa humanidad”.

En 2015, otro juez determinó que debían investigarse tanto la ejecución como las torturas. El caso sigue abierto.

En paralelo, la mujer tuvo acceso al Archivo General de la Nación. Buceó entre los documentos y halló su ficha policial. Y la de su esposo. Y la de muchos compañeros que fueron ejecutados. Todavía espera ver la documentación que guardan los secretos de la Cisen y de la Sedena. “Cajas y más cajas” que todavía no han sido clasificadas.

“El reconocimiento es una partecita de la verdad, pero no es toda. Se tiene que saber quiénes fueron los perpetradores”, dice Leopoldo Martínez.

El perdón a la antigua militante de la Liga Comunista 23 de septiembre viene en un contexto de polémica vinculada a las siglas del exguerrilla. El historiador Pedro Salmerón presentó su renuncia el sábado como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Se cumplían 49 años de la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, que perdió la vida cuando miembros del grupo armado trataban de secuestrarlo. Salmerón habló de “valientes” en referencia a los militantes comunistas. La institución emitió un comunicado asegurando que no había querido hacer “apología de la violencia”.

Camacho Loaiza, sin embargo, reivindica el papel de aquellos jóvenes. “Se quedo corto. No solo eran valientes. También eran inteligentes, humanos, estudiosos. Y, principalmente, lo que se buscaba era un México mejor, donde no hubiera desigualdad, corrupción, violaciones a los derechos humanos”, dice.

Ella, no obstante, cambió el activismo de las calles por los libros. “Seguimos en la lucha. Le apostamos a que la concientización de los jóvenes tiene que ser a través del estudio”, afirma.

Recuerda cómo sus compañeros fueron calificados de “inadaptados”, de “enfermos”, de “delincuentes”. Y muestra su enfado al ver cómo se mantienen calles con el nombre de mandatarios como Echeverría Álvarez. “Si siguen, deberían añadir la palabra genocida antes del nombre”, dice.

Martha Camacho Loaiza recibirá hoy el perdón del Estado pero quienes le torturaron y quienes mataron a su esposo ante sus ojos siguen impunes. Ese es un reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La sobreviviente cree que el nuevo ejecutivo es una esperanza. “El gobierno de Amlo tiene alguna gente que son personas que vienen de una trayectoria de lucha. Le vamos a apostar a que esto tiene que continuar. Es el inicio del camino hacia la verdad. Si no, fácilmente se olvida. Obviamente, estamos esperando el castigo a los culpables, porque esto va a sentar las medidas de no repetición”, afirma.

El camino de la justicia todavía es largo.

“Una cosa es que me pidan una disculpa y otra que conceda el perdón. No voy a olvidar”, afirma.