“Ya mata a ese perro. Mátalo”.

Don Elpidio Jiménez apunta con el dedo índice hacia un pedazo de tierra que está a unos cuantos pasos de la entrada de su pequeño rancho, y con voz trémula cuenta que ahí exactamente un policía estatal lo tiró al suelo de “un revés” en la cara.

Han pasado ya casi tres años de aquel 5 de abril de 2017 en Arantepacua, una comunidad ubicada en la Meseta Purépecha de Michoacán, de apenas 2 mil 700 habitantes.

Pero Elpidio, que tiene el rostro curtido y cuarteado por el sol rudo del campo, se mueve de un lado para otro agitado por la adrenalina que aún le traen los recuerdos que brotan en su memoria.

Ahí, apunta ahora con el brazo extendido en dirección a la barda de bloques que separa de la calle su pedazo de rancho, el primero que hay nada más entrar a Arantepacua, las bombas de humo caían silbando y dibujando densas cortinas que hacían irrespirable el aire de la tarde.

Y un poco más allá, camina en silencio unos pasos en dirección al este, donde un caballo pasta solitario a unos cien metros de distancia, donde yacía muerto por un disparo Francisco Jiménez, su hermano.

Ese día era miércoles, a las 14:50 horas. En apariencia, cuenta el campesino, un día como otro: mercado. Bullicio. Niños correteando. Y el tlap tlap de las pezuñas de los bueyes atravesando las calles estrechas del pueblo cargados de frutas y hortalizas.

De pronto, alguien agita las campanas desde la torre de la iglesia.

Minutos antes del estruendo metálico de las campanas, un grupo de entre 15 y 20 comuneros de Arantepacua había levantado una barricada en la carretera de acceso a la localidad, donde retuvieron algunos vehículos y unidades de transporte.

La protesta y la barricada se debían a que un día antes una comitiva de 38 comuneros fue a Morelia, la capital del estado. Allí se reunieron con el gobierno estatal para tratar de solucionar un conflicto añejo por la disputa de unos terrenos de cultivo con Capacuaro, el pueblo vecino.

Pero no hubo ningún acuerdo, y en el camino de vuelta a Arantepacua los comuneros fueron detenidos acusados de secuestrar al chofer del autobús que los llevó a Morelia, y trasladados a prisión.

En represalia a la protesta de los comuneros, ese 5 de abril las campanas de la iglesia alertaban que una marabunta de 300 policías estatales a bordo de patrullas, camionetas, y camiones, había entrado al pueblo para aplastar la barricada.

La Secretaría de Seguridad Pública michoacana explicó un día después de los hechos que la mayoría de elementos, unos 200 policías antimotines, iban “desarmados” y que los policías solo respondieron a la agresión, presuntamente, de 250 comuneros que les aventaban piedras y cohetones.

Pero Valentín Jiménez, testigo de los hechos, asegura que en aquel día en la barricada solo había 15 comuneros y que lo que se vivió en el pueblo fue “un operativo de guerra”.

“No venían a dialogar, venían a matarnos”, sentencia Valentín.

“Las balas llovían por todos lados”, añade Xóchitl Madrigal, una señora menuda de gesto severo, que junto a su esposo Elpidio, su nuera, y su nieto de apenas un año, también fue sacada a rastras y a golpes de su casa que, literalmente, fue barrida por un vendaval de policías, según consta en videos publicados por medios de comunicación estatales.

Precisamente, Valentín narra lo que recuerda de ese día a unos cien metros campo arriba de donde está el camino que da acceso al pueblo.

Entre la tierra cenagosa de un campo de papas hay un pequeño altar hecho con maderas donde reposa una pequeña corona funeraria. Aquí, dice taciturno el comunero, murió Luis Gustavo Hernández Cohenete, de apenas 17 años.

Nadie sabe muy bien explicar qué hacía ahí el joven. Valentín opina que, como el resto de los hombres, mujeres, y también niños, Gustavo trató de refugiarse del operativo echándose al monte, pero no tuvo tiempo de avanzar hasta el refugio de los árboles.

Lo que sí se sabe es que, según se aprecia también en videos publicados por medios en internet, la policía estatal se comunica entre sí para avisarse por radio de que “ya cayó el de rojo”. El de rojo era Gustavo, que murió fulminado de un disparo a varios cientos de metros de distancia, presuntamente realizado por un francotirador de la policía.

“No respetaron niños, niñas, mujeres embarazadas, ni a señores ya mayores que no podían correr para esconderse”, denuncia Valentín, que observa en silencio el altar que se agita ante una ráfaga de aire.

Uno de esos señores de la tercera edad era Elpidio. En las imágenes que también difundieron las autoridades policiacas de Michoacán se aprecia que varios policías fueron heridos por los pobladores que, presumiblemente, trataban de repeler el operativo, aunque tampoco hay certeza sobre este punto porque la fiscalía michoacana, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han concluido investigación alguna a casi tres años del suceso.

El caso, dice Elpidio, es que la tomaron con él por los policías heridos.

“Cuando entraron a mi casa yo levanté las manos. Me dijeron: híncate ahí, perro. Luego, me dieron un chingadazo en la cabeza y dos policías me sacaron arrastrándome afuera, donde había hartas patrullas”.

Ya en la batea del vehículo, el hombre cuenta que vio muchos cuerpos tirados bocabajo y con las manos amarradas a la espalda.

Entre esos cuerpos, reconoció el de su hijo. Entonces, dice que fue cuando escuchó que un policía le decía a otro: “Ya mata a ese perro”.

Elpidio cerró los ojos y sintió como si una alimaña le hubiera mordido en el brazo derecho y exhaló un grito seco. Pero la sangre no llegó a brotar; fue un balazo de goma, que vino acompañado de varios impactos más repartidos por la espalda y el abdomen.

A pesar de los ‘balazos’, Elpidio respiró aliviado cuando se percató que su hijo y el resto de los heridos que estaban a su lado también respiraban y estaban vivos.

“Nosotros sí tuvimos suerte”, murmura el hombre que se toca el sombrero blanco que lo protege de ese mismo sol que lo abrasó durante las horas que estuvo tirado en la batea hasta que terminó el operativo.

Una suerte, lamenta con los ojos entrecerrados mirando hacia el lugar donde pasta un caballo, que no tuvo su hermano Francisco Jiménez. Ni tampoco el joven Gustavo. Ni Santiago Crisanto Luna, ni José Carlos Jiménez Crisóstomo.

Las cuatro víctimas que dejó el operativo policiaco que marcaron para siempre la vida de un pueblo que, desde ese día, tomó una decisión tajante: expulsar del pueblo a los partidos políticos y conformar ellos mismos su propio gobierno comunitario.

Fuera partidos políticos

Los sucesos del 5 de abril de 2017 ya son parte de la vida de Arantepacua. Se aprecia hasta en los detalles más simples de su vida cotidiana: en las instalaciones del antiguo ayuntamiento, hoy consejo comunal, unas placas de bronce recuerdan los rostros y los nombres de los “caídos”.

En el pequeño zócalo que hay junto a la iglesia y una escuela, los niños corretean pistola de juguete en mano gritando ‘5 de abril, ni perdón ni olvido’.

Y en las paredes de las calles, donde antes había anuncios de candidatos del PRI y del PAN, ahora los murales piden ‘Rebeldía, Libertad, y Fuera los partidos políticos’.

Sobre el tema de los partidos, basta con dar un paseo por las calles para encontrar posturas y explicaciones muy similares.

Y la explicación es sencilla: Y, como los representantes del Gobierno son los partidos políticos, la decisión fue expulsarlos junto a la policía que pertenece al ayuntamiento de Nahuatzen, la cabecera municipal.

“Una forma de hacer justicia es ejercer nuestro derecho de autodeterminación como pueblos indígenas y expulsar a todos los partidos de la comunidad”, plantea Simón Jiménez Morales, exconsejero de Bienes Comunales de Arantepacua.

Celia Morales Maldonado, viuda del comunero Francisco Jiménez muerto el 5 de abril, apunta que la autodeterminación basada en sus usos y costumbres indígenas es también un mensaje rechazo hacia la clase política mexicana y su incapacidad para mejorar un municipio donde, según datos oficiales del Coneval, 8 de cada 10 personas viven en situación de pobreza.

“Ya no queremos partidos políticos aquí, porque solo unas cuantas personas se benefician en el pueblo, y los demás que no somos del partido, o que no nos gusta la política, no nos toca nada”, critica Celia.

“Los partidos nada más nos tienen en cuenta como pueblos indígenas cuando se acerca una elección para pedirnos el voto -apunta por su parte la comunera Teresa Prado Estrada, tía del joven Luis Gustavo-. El resto del tiempo no somos nada para ellos, no existimos”.

Por eso, ahora, las calles del pueblo las vigila la ronda comunal ‘Kuaricha’, un grupo de policías purépechas de la comunidad. Mientras que, desde diciembre de 2017, quienes ocupan el antiguo ayuntamiento es un consejo comunal integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres, donde la estructura de gobierno es horizontal. Es decir, no hay un alcalde o una figura por encima del resto, sino que es la asamblea de comuneros la máxima autoridad.

Esta decisión de autogobernarse sin partidos -aunque la comunidad aun depende de los recursos que la Federación le entrega a través del municipio de Nahuatzén- fue también reconocida en marzo de 2018 por una sentencia del Tribunal Electoral del estado de Michoacán.

En el caso de Arantepacua, el proceso de autodeterminación fue más rápido y ágil que en Comachuén, Sevina, y la cabecera Nahuatzén, las otras tres comunidades purépechas de Michoacán que expulsaron a los partidos y que en la actualidad enfrentan múltiples trabas para poder ejercer ese derecho.

Entre esas trabas, una Misión Civil de Observación integrada por organizaciones, como Serapaz, la Red Solidaria por los Derechos Humanos, y el Centro Pro, entre otras, expusieron en un informe que estas comunidades en resistencia son atacadas mediante el ‘ahorcamiento’ presupuestal por parte del municipio, la persecución política y el hostigamiento hacia quienes integran los consejos comunitarios, y la criminalización de estas comunidades.

Pero, en Arantepacua, a pesar de que la autoridad electoral michoacana reconoció y respaldó su proceso de autodeterminación sin partidos políticos, continúa habiendo un gran pendiente: el acceso a la justicia.

Sin respuestas

Debajo de la sombra que ofrece el pórtico de la casa comunal, que está decorado con un colorido mural de la bandera purépecha con el emblema ‘Juchari Uinapekua’ –‘Nuestra Fuerza’- y con un corazón llameante rodeado de cuatro mariposas en recuerdo de las víctimas del 5 de abril, la señora Cecilia Morales, que perdió en el operativo a su esposo, un carpintero de 64 años, resume lo que buena parte del pueblo exige a las autoridades michoacanas: quieren respuestas.

Quieren saber quién en el gobierno estatal ordenó el operativo. Quién firmó la orden y por qué. Y, sobre todo, quieren saber quiénes mataron a sus hijos, hermanos, sobrinos y vecinos, y que los encarcelen.

“El Gobierno dice que no sabe nada. Pero no creo que un buen día a la policía se le ocurriera venir a Arantepacua a matar personas, ¿no? Tuvo que haber una orden escrita, alguien que los mandó”, dice Cecilia.

“Hoy no sabemos aún por qué los policías dispararon contra un joven de 17 años (Luis Gustavo) que lo único que traía en el morral era un libro. A lo mejor para el gobierno un libro es un arma mortal”, añade con ironía la señora Xóchitl Madrigal.

Mientras que la comunera Teresa Prado señala que, a pesar de las denuncias que interpusieron ante la fiscalía estatal, las respuestas no llegan. Por no llegar, incluso, asegura que aún no llegan las actas de defunción de las víctimas del operativo policiaco, por lo que, al menos oficialmente, no hay nada qué investigar.

“Nos han atendido, sí, pero es una burla. En lugar de atendernos, se burlaban de nosotros. Nos decían que no había delito que perseguir porque, si no había cuerpo, no había delito”, señala Teresa.

Ana Gómez, colaboradora en el área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria que lleva un año acompañando el caso de Arantepacua, explica en entrevista que, si bien el expediente de la CNDH consta de 32 tomos, la investigación no se hizo ni con la diligencia debida, ni en un plazo razonable, puesto que ya pasaron casi tres años de los sucesos.

“Por ejemplo -detalla Gómez-, no se resguardaron los lugares de los hechos, no se hicieron autopsias, las entrevistas se realizaron muy tarde y con cero perspectivas de derechos humanos, y eso impactó mucho en la información que pudieron recabar”.

En cuanto a la investigación de la fiscalía michoacana, Gómez lamenta que éstas “tampoco han avanzado”.

“Las carpetas están abiertas, pero nada más”, subraya Gómez, ante la desesperación de todo un pueblo que, el pasado miércoles 19 de febrero, exigieron resultados a los representantes de la CNDH que participaron en una reunión en la casa comunal de Arantepacua.

“Tenemos testigos de cómo entraron los policías, tenemos fotografías y videos, ¿qué más necesita la CNDH? ¿Acaso quieren que pase más tiempo y que nos olvidemos? -se cuestiona la comunera Teresa Prado tras el encuentro con los funcionarios de derechos humanos.

“Si es así, deben saber que nunca vamos a dejar de exigir justicia -se responde así misma con una sentencia-. Porque lo que vivimos aquí fue una masacre y nunca lo vamos a olvidar”.

Animal Político buscó a la Procuraduría para solicitar una entrevista sobre el operativo policiaco en Arantepacua el 5 de abril de 2017, pero al momento de publicar este reportaje no ofreció respuesta.