Por Matías Longoni.-

“El lunes 12 de junio, a las 9, en los Tribunales Federales de Rosario, presentamos una denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri”, anunciaba hace unos días el diputado provincial por el Frente Social y Popular, el rosarino santafesino Carlos Del Frade. Y cumplió: esta mañana presentó el escrito judicial correspondiente. Acusa allí al presidente de haber modificado por decreto el funcionamiento del Senasa y la Anmat, para que la poderosa industria aceitera pueda exportar eludiendo ciretos controles.

No es moco de pavo la cuestión. Del Frade acusa a Macri de haber cometido “traición a la patria” según lo estipulado por el artículo 215 del código penal. Además asegura que la supuesta “privatización” de los servicios del Senasa representa una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.

La denuncia se sustenta en la Resolución 37/ 2017 del Senasa, firmada por su presidente, Jorge Dillón a fines de enero pasado. Allí se establece que todos los embarques de productos y subproductos de granos para exportación o reexportación deben ser sometidos al control fitosanitario y de calidad del Senasa, pero se exceptúa expresamente “de dicho control fitosanitario y de calidad, los aceites, harinas, pellets, expellers y tortas de cereales y oleaginosas, cuando no sea requerido por el país de destino. Sin perjuicio de ello, el usuario interviniente podrá solicitarlo en cualquiera de las operaciones mencionadas”.

Para Del Frade es algo grave. Por eso presentó ante la Justicia Federal un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad de la resolución 37/2017 del Senasa y solicitando que el Estado Nacional vuelva a controlar los puertos, para “evitar el negocio de privado a favor de las agroexportadoras y en defensa de la soberanía e integridad nacional”.

El 8 de febrero pasado, Del Frade presentó un proyecto de declaración según el cual “la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su preocupación por la tercerización de los servicios del Servicio Nacional de Sanidad Animal que no solamente afectan al estado nacional, sino también a los trabajadores del área que cumplen tareas en la geografía santafesina, como también constituye un potencial riesgo para la soberanía alimentaria de la población y una preocupación concreta sobre animales que entran y salen de los puertos radicados también en Santa Fe”.