La noche aún no se despereza y el zócalo de la Ciudad de México permanece vacío y en un silencio nada habitual para uno de los puntos más bulliciosos y concurridos de la ya de por sí ruidosa capital mexicana.

Todavía no dan las siete de la mañana. Pero a un costado de la plancha capitalina, por la que lentamente y entre sonorosos bostezos comienza a desplegarse el personal de la brigada de limpieza de la alcaldía Cuauhtémoc, un grupo de unas setenta personas rompe a gritos el sueño profundo en el que se halla inmersa la ciudad, para protestar por los despidos de empleados de confianza que, desde el viernes pasado, realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Somos SAT, somos SAT, somos SAT…” –gritan, mientras despliegan coloridas pancartas de protesta frente a la majestuosa puerta del Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su ya habitual conferencia mañanera ante los medios de comunicación.

Lucero Robles Guzmán, es una de las empleadas del SAT despedidas. Ella trabajaba en la unidad de la Torre Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, aunque junto a ella vienen otros empleados de las delegaciones de la agencia tributaria en Veracruz, Guanajuato, y Guerrero, que también fueron despedidos de manera injustificada, según denuncian, y sin recibir como compensación lo que les responde por ley.

“Estamos viviendo una situación muy injusta”, comienza a narrar Robles Guzmán, que está rodeada de pancartas de sus compañeros que rezan: ‘No a las renuncias obligatorias’, ‘Andrés, para ti feliz Navidad, para nosotros, tu plan de austeridad’, y ‘Empleados de confianza no es alta burocracia’.

“Nadie nos avisó de esta situación. Llegué a mi trabajo el miércoles pasado, como cualquier otro día. Y entonces, me habló mi jefe, me encerró en una habitación con tres abogados, y me dijo: aquí tienes tu renuncia, fírmala”.

Lucero, que subraya que no es una alta funcionaria –dice que cobra 11 mil pesos mensuales en el área de enlace del SAT-, se negó a firmar ningún documento, porque, además, denuncia que la presionaron para que aceptara la renuncia voluntaria, sin poder acceder a las prestaciones que les corresponden por ley en caso de despido.

“Me negué a firmar lo que me pedían –dice rotunda-. Pero al día siguiente me presenté a mi puesto de trabajo, y ya no me permitieron la entrada a las instalaciones del SAT”.

El testimonio de Lucero es muy parecido al de otros manifestantes. Por ejemplo, José Alberto Guillén Jiménez, empleado de la delegación del SAT en la Avenida Hidalgo, muy cerca del Palacio de Bellas Artes, narra que después de 29 años de servicio como trabajador de confianza, también lo presionaron para que firmara su renuncia.

El miércoles pasado, antes de partir a su casa tras la jornada laboral, José Alberto cuenta que recibió la llamada de su jefe inmediato, y que éste le pidió sin darle mayor detalle que acudiera presto a una sala de juntas, donde ya lo esperaba un equipo de abogados del SAT.

“Me dijeron que, derivado del recorte presupuestal, y de la orden de López Obrador de ajustar gastos, mi plaza ya había quedado sin sustento, y que solo tenía dos opciones: firmar de inmediato mi renuncia, o bien firmar un oficio en el que se me informaba del cese de mis funciones. Si me negaba a firmar, entonces me advirtieron que me levantarían un acta administrativa”.

José Alberto analizó el documento de la renuncia que le pusieron delante los abogados, y asegura que lo rechazó de inmediato: “el documento ya venía preparado por los abogados. Decía que yo renunciaba a mi plaza de confianza porque así convenía a mis intereses, y pues eso no es cierto. Por eso me negué a firmarlo y acepté el oficio del cese de mis funciones”.

No obstante, según el testimonio del exempleado, la firma del cese de funciones lo ha dejado, por ahora, sin trabajo y también sin acceso a ningún tipo de compensación de ley.

“No me han dado mi liquidación. Incluso, me dijeron que, si no firmaba la renuncia, no me pagarían esta quincena”, recalca José Alberto, quien denuncia “una fuerte presión psicológica”.

“Te intimidan encerrándote en una habitación con tres abogados, sin previo aviso, y sin saber nada, para que firmes lo que ellos quieren”, insiste.

Jorge Cortés, que llevaba 18 años como empleado de confianza del SAT en la alcaldía Cuauthémoc, corrobora el mismo modus operandi en su despido.

“Me dijeron que tenía de dos sopas: o renuncia voluntaria, o cese. Pero si te niegas, te encierran en una habitación con los abogados y no te dejan salir de ahí hasta que firmes una de las dos opciones”, señala Cortés, que era jefe de departamento en el SAT, con “un sueldo normal”, aunque no precisa cuánto.

“Muchos aquí (en la protesta), somos jefes de departamento, o enlaces, que ganan entre 4 mil y 17 mil pesos. Son puestos normales, que no tienen salarios onerosos. Hay mucha gente que gana mucho más que nosotros y que, sin embargo, ahí siguen”, añade el exempleado.

Se revisará caso por caso: López Obrador

Mientras transcurre la protesta en las inmediaciones del Palacio Nacional, al interior del inmueble los periodistas cuestionan al presidente López Obrador por los despidos de personal de confianza en el SAT.

Durante la conferencia, el presidente inicia diciendo que los trabajadores inconformes tienen el derecho constitucional de manifestarse, y que comprende sus quejas porque se están llevando a cabo cambios. Por lo que promete que su gobierno analizará la situación para que no se cometan injusticias.

“Algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno. Vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza”, asegura, para, a continuación, prometer que se revisará caso por caso, “porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que, además, gana muy poco”.

“Lo que estamos buscando –añade- es hacer el ajuste arriba, en los altos funcionarios públicos, no en los trabajadores de base, no en los que ganan muy poco. Eso se va a revisar”.

Por su parte, el pasado 21 de diciembre, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, recalcó que ningún trabajador de base del gobierno federal ha sido despedido, solo personal de confianza y eventuales, cuyas labores no son imprescindibles.

Mientras que el SAT, informó en un comunicado que se están haciendo reajustes en sus unidades administrativas, en especial en áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar en la calidad de los servicios, ni en los procesos recaudatorios.

“No somos rateros ni corruptos”

A la par de las palabras del presidente ayer lunes, una comitiva de diez manifestantes accede al Palacio junto a Leticia Ramírez, de la oficina de atención ciudadana de López Obrador.

Allí, le entregan al nuevo gobierno otro pliego de peticiones –el primero se lo entregaron el viernes pasado-, y salen del recinto histórico con las promesas de que el documento llegará a manos del presidente, y que en las próximas horas les tendrán una respuesta.

Entre las peticiones, dos son las principales: que reinstalen a los empleados de confianza despedidos de manera injustificada, o bien, que se les liquide y compense conforme a la ley.

“Lo mínimo que esperamos es que se nos dé un trato justo, y nuestra compensación por ley. Que no se nos quiera obligar a firmar una renuncia injusta, y que no se nos dé un trato humillante después de tantos años de trabajo al servicio del SAT”, expone Elizabeth Montalvo, quien llevaba 23 años trabajando en la agencia tributaria, en el área de Tecnologías de la Información, cuando también el miércoles pasado se le pidió que recogiera todas sus pertenencias y se marchara, porque su relación laboral ya había terminado.

“Si el gobierno no nos va a reinstalar, al menos que nos dé un trato justo –pide por su parte Erick, de la delegación SAT Sur, de Iguala, Guerrero-. Porque somos trabajadores, no rateros, ni corruptos. Y lo que está haciendo este nuevo gobierno con nosotros no se vale”.

José Alberto Guillén dice no muy convencido que aún tiene la esperanza de que todo esto se trate de otro “error” del gobierno, como el que admitió la semana pasada el propio López Obrador sobre el recorte presupuestal a la UNAM.

Sin embargo, advierte que, de seguir adelante los despidos en el SAT, tomará acciones legales para defenderse.

“Ojalá que esto también sea un error. Pero si no, interpondremos una demanda de amparo, para ver si en los tribunales podemos lograr que nos indemnicen lo que nos corresponde según la ley”, concluye José Alberto.