Es lunes y son las 17.35 de una tarde de julio. La estación del subte C está punto de explotar y la marea de gente corre hacia las escaleras. En un rincón, donde la ola de pasajeros no atropella, tres policías se sumergen en un celular. Dos están de civil. La única uniformada es una mujer: rodean a un joven que pone cara un poco de ofuscado, porque está a punto de perder el tren, y otro poco de susto porque no sabe bien qué está pasando.

Esta escena se repite: el nuevo sistema de reconocimiento facial en las estaciones de subtes y, ahora, en las de ferrocarriles, de la ciudad de Buenos Aires, activó 1.227 alertas. Según datos oficiales, desde la implementación del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (el 25 de abril), se identificaron a 14 personas por día, en promedio.

De esa cifra, sólo el 18 por ciento quedó detenido. El resto fueron notificadas, no tenían requerimientos judiciales que implicaran una detención o padecieron un error del sistema o de la base de datos.

Se trató de 1001 casos en los que transeúntes fueron demorados por la Policía en las estaciones hasta constatar su situación con el juzgado interviniente. De ese universo, casi la mitad correspondieron a datos mal cargados en la base de datos.

“Del total, 10 estaban acusados de homicidio, 13 por delitos sexuales, 11 por causas vinculadas a drogas y 57 por robos y hurtos”, informaron en el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA.

Pero ¿qué pasa con el 82% restante?

Leandro Colombo Viñas (37) había ido al banco el 26 de junio y regresaba a la oficina a eso de las 15. Había leído un poco. Conocía el anuncio y sabía de la tecnología que aplican para identificar personas porque tiene una empresa de sistemas: los softwares son lo suyo.

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Lo detuvo, primero, un policía que le pidió el documento y empezó a cargar datos en uno de sus tres teléfonos celulares. “Me llamó la atención. Pensé que había dado un falso positivo y esperé tranquilo para irme lo más rápido posible, nunca se me pasó por la cabeza que hubiera una causa en mi contra. No recuerdo cuánto tiempo después llegó un segundo policía. Les preguntaba cosas, charlamos un poco mientras tanto", le contó a Leandro a Clarín.

"Le doy el documento y no le coincide el nombre ni el apellido con el número de DNI. Habla con la jefa de servicio, me pregunta si tengo otra documentación y le doy el registro. Hasta la credencial del club le entregué. Ahí me dicen que con mi número de DNI había una causa por robo agravado por uso de arma de fuego. Me llamó la atención porque era imposible, me empecé a preocupar un poco más cuando vi que tenía mi foto, la de mi documento. Siguió hablando hasta que su jefa le avisó que tenía que llamar al juzgado para que definan qué querían hacer conmigo y ahí pensé ‘listo, con los tiempos de la Justicia no me voy más’”, agregó.

Leandro Colombo Viñas fue demorado en una estación de subte mediante el sistema de reconocimiento facial. Foto: Fernando de la Orden.

Pasaron tres llamados al juzgado y más de tres horas. La rutina del día, perdida: “Pasada una hora y después de tres llamados al juzgado, fuimos a la comisaría, me tomaron las huellas y me sacaron fotos. Habré estado una hora más acreditando que yo era yo. Tres personas trabajando, tomándome los datos, una pérdida de recursos total. Quizá si toda esa gente hubiera estado en la estación se evitaban más robos, no sé. Después otra hora llenando actas para que quedara un registro y tuvimos que volver a buscar testigos. Se me hicieron las 18.30”, recordó el joven a quien no le entregaron ninguna constancia de esos trámites.

Para el ministerio de Seguridad de la Ciudad, el margen de error es mínimo. “Sólo el 4 % de los casos pueden tener un falso positivo, que quiere decir que el sistema se equivoca o confunde el rostro de una persona con el de otra”, aclaran. El software que entrecruza los registros de 46 mil prófugos con las imágenes de 300 cámaras que se van alternando en estaciones de subte y lugares transitados, tenía un margen de error cercano al 7%, según las previsiones de los técnicos, ahora dicen que se reduce cada vez más.

"Es algo parecido a pescar con red en el mar. Tenemos casos de personas demoradas 8 ó 10 horas por errores de ese tipo. Desde los datos mal cargados hasta causas por no presentarse como testigo en un juicio. Pero no hay otra manera que enviar oficios para aclarar, sino les va a volver a ocurrir en cualquier momento", comentó María del Carmen Verdú, de Correpi.

En los últimos días, la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que se implementará en las estaciones de ferrocarril. Ya funciona en Retiro, en dos semanas también se implementará en Constitución y Once y, en septiembre, en Chacarita. Estiman que por estos puntos se mueven 750 mil personas.

El alerta llega a la Policía porteña que derivará la información a la Federal, con jurisdicción en las estaciones.

Mientras en el mundo se debate la seguridad de datos y los riesgos de la identificación compulsiva de este sistema, en Buenos Aires la tecnología se topa con la burocracia.

La base de datos usada para nutrir el software de reconocimiento facial es de la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Allí son de acceso público todos los pedidos de captura de personas con requerimiento de la Justicia.

Pero, como le pasó a María Raquel Holway (54), fundadora de Alerta Vida, una ONG que -entre otras iniciativas- impulsa investigaciones contra la pedofilia y la trata de personas, la información está desactualizada.

El 10 de julio, "Rachel" regresaba con sus hijos de Mendoza. Bajaron en la terminal de Retiro y decidieron tomar el subte para llegar más rápido. Eran las ocho de la mañana y dos policías la "corrieron" adentro de un vagón.

María Raquel Holway (54), fundadora de Alerta Vida, fue demorada por el sistema de reconocimiento facial. Foto: Fernando de la Orden.

"Puse un pie en el vagón y me corrieron adentro del subte como si fuera Pablo Escobar. Los miré y dije: ¿Me están corriendo a mí? 'Listo, me armaron una causa', pensé", le contó la mujer a Clarín.

"Acababa de cruzarme todo el país, he presentado el DNI. Salí del país y no tuve ningún problema. En ese momento me avisan que tengo una captura internacional. Cuando me dicen el año, era de 2002, me di cuenta. Es una causa que me generó una denuncia de mi ex, un violento condenado, en la que me acusó de salir del país con mi hijo, cuando me escapaba de él. Me sobreseyeron cuando regresé a Argentina en 2004. Fueron presentados los oficios, ya estaba todo resuelto hace años", explicó Raquel.

Lo cierto es que la retuvieron alrededor de una hora hasta que el juzgado resolviera su situación. "Tuve que mandar otro oficio para que me saquen porque ahí mismo llamaron y les dijeron que yo no tenía ningún requerimiento por esa ni por otras causas. Mientras yo estaba ahí había otros dos en la misma situación. Había ocho policías rodeándonos", recordó.

El director del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, José Guerrero, explicó a Clarín que estos casos corresponden a la falta de actualización del Poder Judicial sobre los requerimientos. Aunque dijo "que se depura la base de datos a medida que surgen estas notificaciones", confirmó que deben presentarse oficios judiciales para eliminar los datos de las personas inocentes de esa base de datos y que en pocos minutos pueden ser removidos.