El mundo tiene el ojo puesto en Venezuela. En España uno dice “Táchira” y ya saben que es un estado fronterizo con Colombia donde las protestas han sido más fuertes en el último año. Todos saben quiénes son las piezas de ajedrez del tablero político. Todos creen saber al detalle cómo pasa la vida diaria de los venezolanos, tan diversos en su cotidianidad como los tonos de sus pieles. Pero ni siquiera los mismos venezolanos pueden saber qué pasa en su país acudiendo a los medios tradicionales, o no, al instante.

El día en que detuvieron al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ninguna televisión estatal dio la noticia al momento. De las nacionales privadas sólo una, Televen, hizo una breve conexión en directo para contar qué pasaba en el edificio de Chacao tomado por la Guardia Nacional Bolivariana. El medio tradicional cuya cualidad es la inmediatez, la radio, tampoco llegó a la cita. Sólo unas pocas localizadas en Caracas dieron la noticia. La gente acudió al que se ha convertido en el nuevo y mayor canal de información del país: Twitter.

“Hay censura y autocensura en los medios, hay presiones del gobierno, de la oposición, de grupos violentos, no hay acceso a la información y hay más de 430 normativas y disposiciones legales que restringen el acceso a los que llaman zonas de seguridad, que puede ser desde el palacio presidencial hasta un hospital”, denuncia Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) que desde hace unos años registra las agresiones a periodistas y el tratamiento de la información.

En 2014 hicieron un estudio con 225 periodistas. “Nos dio elementos que determinan que hay un tema de la censura en Venezuela muy instaurado”, dice. El punto de quiebre fue el 12 de febrero de 2014, cuando se inició una oleada de protestas y violencia en el país. “El día anterior, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) emite un comunicado en el que advierte que cualquier escena que instigara a la violencia o generara zozobra, iba a ser penalizada. Al día siguiente fueron las protestas. Las televisoras, radio y portales se restringieron de ejercer el periodismo tal y como estamos acostumbrados. Marca un punto de partida. Aquí no se hace periodismo en vivo, no existe”, critica.

Las leyes y disposiciones son un punto para el control. Otro es la decisión de sacar del aire al canal que incomode. Ocurrió a partir del 12 de febrero con el canal internacional NTN24. El presidente Nicolás Maduro decidió su salida del aire y las cableras lo acataron. “Hay desequilibrio entre órganos privados y los órganos regulatorios del Estado”, dice Balbi.

El inicio de este control empezó bien avanzado el gobierno de Chávez. La pionera en salir del aire fue una televisora. El anuncio se hizo un Día de los Inocentes de 2006. El presidente Hugo Chávez dijo que el 27 de mayo de 2007 se terminaba la concesión para Radio Caracas Televisión (RCTV) y que no la renovaría. Entra en los supuestos legales, pues el control del espacio radioeléctrico es una potestad del Estado, pero Chávez alegó un motivo político: la posición tomada por RCTV durante el golpe de Estado de 2002. Las protestas y manifestaciones de los trabajadores del canal no sirvieron de nada. Salió del aire el día previsto y su lugar lo tomó la señal de un nuevo canal estatal público, TVes.

En 2009 el ahora presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, era ministro de Obras Públicas y Vivienda y director de la Conatel, ente regulador, supervisor y controlador. En julio anunció que iban a “democratizar el espacio radioeléctrico […], que las frecuencias estén realmente en manos del pueblo y no de unas pocas familias”. Querían “recuperar” las concesiones de 86 AM, 154 FM, y 45 televisoras de VFH y UHF. En agosto, cumplió. A pesar de las protestas, se cerraron 32 emisoras de radio y dos televisoras.

En 2011, según el diario El Universal, Conatel cerró 27 radios más. En 2012 la aplanadora pasó por el estado Monagas. En 2013 fue el turno de Amazonas, con cuatro emisoras fuera del aire. En este estado fronterizo, informa IPYS, de las 12 emisoras que hay, la mitad son del gobierno. La otra mitad pone música cristiana o comercial. No hay programas de opinión o información equilibrados.

En los circuitos nacionales el equilibrio brilla por su ausencia. Si el conductor de un programa es de corte oficialista, rara vez se escuchará una voz de la oposición, en la mayor parte de los casos porque no se les invita a participar. Si el conductor es de corte opositor es posible que llame a voceros del gobierno, pero la mayoría de las veces no responden o declinan la invitación.

La muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia marcó un antes y un después en los medios venezolanos. Entre 2013 y 2014 se anunció la venta del canal de televisión Globovisión, la Cadena Capriles y el diario El Universal, todos de corriente opositora. A medida que han pasado los meses y sin saberse quiénes son los verdaderos dueños, la línea editorial ha cambiado. En ocasiones los titulares de portada de El Universal y Últimas Noticias, de la Cadena Capriles, han coincidido. En todos los medios comprados se intuye al inicio un breve equilibrio, para luego pasar al aquí no pasa nada o aquí pasa lo que dice el gobierno.

“Notamos que cuando cambia la propiedad de los medios, disminuyen las agresiones a los periodistas de dicho medio. Son mecanismos mucho más sofisticados lo que está pasando en Venezuela. La compra de medios es otro método de control. La compra deriva en cambio de línea editorial, en censura. Es mucho más sofisticado y se está empezando a copiar en Ecuador y Bolivia”, advierte Balbi.

Las empresas o las industrias farmacéuticas también son otra marca a la hora de coartar el acceso a la información. “Con el tema de las colas y el desabastecimiento se ve muy claro. El sector privado se une a esta ola de censurar y prohibir, que no se tomen fotos de las colas, por ejemplo. La censura se extendió en muchas capas de la sociedad. No se está reflejando lo que está pasando en el país”, cuenta la gerente del IPYS. De hecho, más de un periodista ha sido increpado por la gente de a pie, le han pedido el carné o han sido agredidos por hacer su trabajo.

En 2013, antes de las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro y Henrique Capriles se presentaban como candidatos, Guillermo Zuloaga, dueño de Globovisión, anunciaba la venta del canal. El Estado tenía 10 procedimientos legales abiertos en contra. Si prosperaban, la deuda a pagar era similar a 75% de los ingresos brutos anuales de un año. “Es inviable económica y jurídicamente”, dijo Zuloaga.

El cambio de manos se hizo tras las elecciones. “Zuloaga reconoció en una carta que habían hecho todo lo posible para que la oposición ganara. Tú no puedes hacer eso. No se puede caer en eso. Los medios tomaron posturas militantes y polarizadas”, denuncia Marianela Balbi. Tras la venta, se esperaba que el canal tomara una postura más equilibrada, que diera voz a la oposición y al gobierno.

Antes de la venta existían personas de la oposición vetadas en Globovisión, según las afinidades de Zuloaga. En esta nueva etapa esa lista creció. Los periodistas que salieron por decisión propia o que fueron despedidos desde 2013 hasta hoy cuentan que además existe una lista con palabras prohibidas en antena, como escasez, desabastecimiento o inflación.

Hay noticias que no existen para el canal. En la época de protestas en 2014 era común que, en los momentos de mayor represión en la calle, este canal emitiera un programa de cocina. Y voceros que tampoco sirven. “Observando el noticiero de Globovisión, vi que todas las notas tenían la imagen del vocero. Pusieron una noticia sobre Henrique Capriles, pero no se le veía a él en vivo hablando. Se ha minimizado esa fracción de la oposición”, comenta Balbi

La de Capriles es la opción menos radical, frente a María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, promotores de “La Salida”, iniciativa que en 2014 dio inicio a las protestas en el país, y ahora del “Pacto de Transición”. Pudiera ser que el gobierno quisiera resaltar el ala más extrema de la oposición.

Últimas Noticias, principal producto de la Cadena Capriles, era el periódico nacional de mayor tirada. Es el que leían por excelencia las clases populares por ser el que tenía más información de las comunidades y un lenguaje más cercano. Pero la Cadena la conforman muchos más productos, como El Mundo, diario de economía, o Líder, de deportes.

Se rumoreaba la venta de la Cadena, pero no se sabía nada claro. Al inicio se decía que el gobierno había comprado la empresa, pero al día de hoy se sigue sin saber quiénes son los dueños. El propietario, Miguel Ángel Capriles, estuvo hasta octubre de 2013, momento en el que entra David de Lima, ex gobernador de Anzoátegui, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido del gobierno.

Si Capriles era presidente, De Lima fungió como presidente editor, cargo en el que “velaría por lo que se iba publicando en el medio”, según le comentó a Víctor Amaya, hasta hace 15 días, coordinador de la Mesa de Tendencias, Artes y Espectáculos del ahora Grupo Últimas Noticias. “No quiso decir ni su porcentaje de acciones ni quiénes eran los dueños mayoritarios”.

El cambio de línea se hizo poco a poco. A los meses, entró Desireé Santos Amaral como asesora editorial, quien actualmente es diputada nacional por el PSUV. Si De Lima estaba pendiente de qué se decía, ella entraba a las reuniones de agenda y de cierre, donde se define qué se cubrirá y qué portada saldrá. El 12 de febrero, día de inicio de las protestas, “llega alterada a la redacción, denuncia que hay un golpe de Estado, que es un nuevo 11 de abril (de 2002), que ella ha visto todo”, cuenta Amaya. Tuvo un encontronazo con varios jefes, le dijeron que estaba tomando una posición y que aún no estaba claro lo que había pasado. “Pegó cuatro gritos y se fue. Nunca volvió a la redacción. Su cargo desaparece”.

Pero no las presiones. A partir del 12F, la Unidad Central de Investigación (UCI) es la que más sufre cambios y encontronazos. Tamoa Calzadilla, jefa de la UCI, renuncia. Las peleas sucesivas con el director, Díaz Rangel, motivaron su salida. Para el viejo profesor de periodismo las guarimbas eran manifestaciones violentas e ilegales, manejadas desde fuera y pagadas, un extremo que la UCI no pudo confirmar en uno de sus trabajos. De ahí la última pelea y la renuncia. Calzadilla fue la primera. De la antigua UCI no queda ni uno de sus siete miembros.

Salió David de Lima y entró Héctor Dávila, militante abierto del gobierno. Siguieron los despidos y las renuncias. Empezaron las órdenes de quitar las notas sobre Henrique Capriles del impreso y de la web. “A las cinco de la tarde —hora del cierre—, el periódico era muy distinto del que se publicaba al día siguiente”, dice Víctor Amaya.

Cuenta el periodista que cuando se nombra a Chúo Torrealba como secretario general de la Mesa de la Unidad (MUD, oposición), la sección de Política tenía la orden de que no apareciera ni su nombre ni su cargo, sino que se hablara de “el vocero de la MUD”. Se dejaron de cubrir las noticias de hospitales, la cobertura de los pacientes crónicos, de VIH o dializados que no encontraban su tratamiento. “El verbo más usado empezó a ser ‘garantiza’. Nos quedamos en el anuncio gubernamental, nada más”.

Víctor Amaya entró en la Cadena Capriles en julio de 2013. Vio desde el inicio el proceso del cambio de línea editorial, la censura y autocensura. Pero no dejó de hacer críticas. “Hacía señalamientos editoriales por los canales regulares. Como jefe de mesa tenía voz y voto en algunos casos sobre los manejos editoriales”. En su sección censuraron algunas notas, como una sobre la periodista de CNN y ex Miss Colombia Patricia Janiot, y otra del cantante José Luis Rodríguez El Puma, “porque nombraba a los chavistas”.

Amaya tenía una columna sobre música en El Mundo. En diciembre frenaron una de sus columnas y lo invitaron a “ponerse los guantes de seda, que fuera más sutil”. La columna salió la semana siguiente con pocos cambios. No hubo más incidentes hasta que, a la vuelta de Carnaval, lo llamaron a una reunión. Y lo despiden. “Me dicen que por una reducción de costos, que no era por tema profesional, que mi sección la iban a fusionar con otra. Pero en una reunión posterior entre recursos humanos y sindicato se les dice que a la sección que yo manejaba van a entrar uno o dos coordinadores ajustados a la línea editorial del periódico”.

Cuando finalmente firmó la “invitación a la renuncia”, como él la llama, a Amaya se le aconsejó no estar mucho tiempo en la redacción para que no lo sacara seguridad. “Creo que me botaron por ser incómodo, por la línea editorial, porque de los jefes yo era el único que todavía reclamaba abiertamente, a lo interno, ojo, por los canales regulares, ojo”.

El mismo proceso de rumores de venta, confirmación de la venta, anuncio de que no habrá cambio de línea editorial se vivió en 2014 con un decano de la prensa nacional: El Universal. Tras la venta está Epalisticia, una firma española creada un año antes pero que, según ellos mismos, no son los dueños, sino que actuaron en nombre de otras personas de las que aún se desconoce su identidad. El nuevo director es Jesús Abreu Anselmi, quien además representa a Tucan Petroleum Services de Venezuela, una empresa contratista del Estado.

“Me voy del periódico a las seis, no quiero saber nada de lo que pasa cuando cierro, para no pelear. Pero el diario es muy distinto al día siguiente”, comenta una periodista de la redacción que prefiere mantener el anonimato. Desde el cambio, 30 columnistas han sido despedidos, incluyendo a la caricaturista Rayma. Su último dibujo era sobre el estado de salud del país.

Pedro Pablo Peñalosa llevaba en El Universal 10 años. Era una firma muy reconocida en política. “En septiembre me ordenan que deje de firmar, luego me sacan de la sección política y me pasan a la web. Ocupaba un puesto y no hacía nada, porque al dejar de firmar y sacarme de cualquier fuente, a lo sumo editaba alguna nota”, dice. Empezó a notar los cambios hacia él nada más al saberse la compra. Tuvo problemas con algunas informaciones, otras veces le vetaron algunas fuentes o le cortaban el texto.

“El 30 de septiembre me reúno con Jesús Abreu Anselmi y empieza a hablarme de los cambios que tiene previstos para el periódico. Y va virando hasta que me dice que puede que yo no me sienta a gusto en este nuevo proyecto, me sugiere que me vaya. Unos días después me sugieren que no firme, para protegerme, nunca me dicen de qué o quién. Después la sugerencia se convierte en orden y dejo de firmar”, cuenta Peñalosa.

No le permitieron meter informaciones sobre los sectores críticos dentro del chavismo. Tampoco sacar una información en la que sectores de la oposición criticaban el papel del presidente de la Asamblea Nacional. “Miguel San Martín (jefe de Información de El Universal) me dijo que no podíamos meternos con Diosdado Cabello”.

La última víctima de la falta de papel, las presiones del gobierno y el problema económico es el diario Tal Cual, la tribuna del opositor Teodoro Petkoff. El 27 de febrero salió su último ejemplar diario y pasa a ser semanario. Debido a la falta de papel, El Nacional, así como otros periódicos del interior, tuvieron que reducir sus cuerpos.

“El lector está migrando a las redes. El nuevo periodismo, el independiente, en Venezuela no se hará en los medios, sino desde los portales web, con el hándicap de no llegarle a las grandes masas”, profetiza Marianela Balbi.

“La gente que leía El Universal o veía Globovisión ha migrado a portales como Prodavinci o El Estímulo. Hay una curaduría de medios entre la gente que genera opinión pública”, dice Balbi. El problema está en los sectores C, D, y E, de menores recursos económicos, con menor acceso a las nuevas tecnologías y menos herramientas para hacer esa curaduría informativa. “Hay una batería de medios públicos que llegan con una línea de mensaje pro gobierno, sin equilibrio. Hay regiones en las que no llegan sino medios oficiales. El venezolano, así, está desinformado”.

Sentarse a ver la tele, escuchar una radio de preferencia o leer el diario de siempre ya no basta. Al menos para el cuento completo de lo que pasa en Venezuela. En una sociedad polarizada por el devenir político, con el control del Estado de gran parte de los medios, de las divisas para que éstos compren papel periódico, las compras de empresas desconocidas, o los despidos sumarios y el bajo salario de los periodistas, que los hacen dependientes, el equilibrio informativo en Venezuela está lejos de ser.

Alicia Hernández

Periodista.