El pasado martes, en vísperas de que la Audiencia Nacional lanzase la operación Lezo para detener al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a otras 11 personas dentro de una redada contra la corrupción en el Canal de Isabel II, se produjo una situación insólita en la Fiscalía Anticorrupción.

Ignacio González alabó la afinidad con el PP del nuevo jefe de Anticorrupción en un pinchazo telefónico

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Según ha adelantado la cadena Ser, el recién nombrado fiscal jefe de esta unidad especial, Manuel Moix, intentó frenar varios de los registros previstos por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que coordinaba el operativo y dos miembros de Anticorrupción pidieron a su superior que esas órdenes verbales las entregase por escrito. Con el papel en la mano, los miembros del ministerio público invocaron entonces el artículo 27 de su estatuto, que les faculta, si no están de acuerdo con el mandato de un superior, a someterlo a votación dentro de la junta de fiscales.

La mayoría se decantó por no acatar las instrucciones del fiscal jefe de Anticorrupción y durante la mañana del miércoles se llevaron a cabo los arrestos siguiendo el plan fijado por la Audiencia Nacional. De los primeros en caer fue el expresidente madrileño, Ignacio González, en su chalé de la exclusiva urbanización de Aravaca, al oeste de Madrid, donde reside. El sucesor de Esperanza Aguirre fue arrestado por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Igual que su hermano, Pablo, vinculado a una empresa a la que el Canal de Isabel II, bajo la presidencia de Ignacio González, entregó la concesión del campo de golf, en pleno barrio de Chamberí. Y como Edmundo Rodríguez Sobrino, la mano derecha del exmandatario madrileño, en la división latinoamericana de la empresa pública. Rodríguez, a la vez consejero de La Razón, es el responsable de algunas operaciones ruinosas para el Canal como la compra de una sociedad brasileña por 21 millones de euros, que unos meses después valía cinco.

La "organización criminal" que según los investigadores integran González y los otros 11 detenidos, está acusada de los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

A pesar de la resistencia del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que en conversación con la cadena SER ha calificado como normal su modo de proceder del pasado lunes, los registros siguieron el criterio fijado por el magistrado Eloy Velasco y los fiscales especializados de Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez. Según ha desvelado la SER tras hablar con Moix, éste contó con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció "muy bien" la decisión.

Están programadas más de 30 inspecciones en organismos públicos -la sede del Canal de Isabel II fue examinada ayer durante horas en busca de pistas sobre el supuesto desfalco-, empresas y domicilios particulares. Perros de la Guardia Civil estuvieron rastreando este miércoles durante horas la lujosa finca de González por si escondía fajos de billetes, que según el sumario podría esconder el expresidente de Madrid. Los agentes irrumpieron además en la sede de la empresa de subastas de la esposa de González, Lourdes Cavero, que también es objeto de la investigación.

Gracias a la decisión de la junta de fiscales de Anticorrupción de invocar su autonomía, la operación Lezo sigue el calendario previsto y aún se puede prolongar durante una segunda jornada para recabar información en papel y soportes informáticos para incorporar al sumario.

El intento de Moix de paralizar algunos de los registros de la Operación Lezo es la primera gran polémica en la que se ve envuelto desde que fue elegido el pasado febrero por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza para dirigir Anticorrupción. Mucho antes de su nombramiento, muy contestado por una parte de la carrera, Moix ya había protagonizado actuaciones controvertidas desde su puesto de Fiscal Jefe de Madrid. Lo fueron su empeño en pedir el archivo del llamado caso de los espías, una trama de seguimientos efectuados en la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre que finalmente llegará a juicio, o su decisión de no acusar a la expresidenta regional en su incidente de tráfico en la Gran Vía cuando hizo caso omiso de las instrucciones de los guardias de movilidad y huyó con su coche derribando la moto de uno de los agentes.

En la primera gran redada contra la corrupción de su mandato, Moix ha optado por intentar limitar algunas acciones de la investigación que afecta al núcleo del aguirrismo y confirma así los temores de un sector de la fiscalía sobre los relevos en las jefaturas del pasado mes de febrero.

Un chivatazo sobre las escuchas

La resistencia del nuevo fiscal jefe de Anticorrupción a autorizar los registros no fue el único obstáculo que se encontró el caso. Quienes formaron parte de la Operación Lezo, iniciada en 2015 por una denuncia ante el ministerio público, están convencidos de que González recibió un chivatazo de un miembro del Gobierno alertándole de que la Justicia le seguía los pasos.

En las escuchas de la Guardia Civil uno de los imputados asegura durante una charla telefónica que un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy, al que no identifica, alertó a González de que su teléfono estaba pinchado. Otros de los investigados también dieron señales de que estaban al tanto de la investigación y cambiaron sus hábitos en las charlas telefónicas.