Con Telefónica hemos topado. Más o menos esa es la conclusión que se extrae después de que el Grupo Parlamentario del Partido Popular haya introducido una moción en el Senado mediante la que se insta al Gobierno para que interceda a favor de la operadora que preside César Alierta en su pulso con la CNMC. El partido en el poder hace suyas todas las reivindicaciones de la empresa heredera del antiguo monopolio y pide que el regulador rectifique las conclusiones del análisis del mercado mayorista de banda ancha, que ahora está en fase de consulta pública.

El planteamiento de las autoridades de Competencia supone el punto de partida para que Telefónica comparta su infraestructura con el resto de competidores en un intento por asegurar una oferta múltiple para los usuarios. El documento elaborado por la Dirección de Telecomunicaciones del organismo regulador establece la obligación de Telefónica de abrir su red de fibra óptica en todo el territorio nacional salvo en los nueve municipios donde la compañía ha realizado ya un mayor despliegue de sus inversiones. Las localidades que quedan a salvo del proyecto son Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada y Móstoles.

Ni que decir tiene que la multinacional española ha reaccionado con toda su artillería corporativa en contra del proyecto, que, en lógica contrapartida, ha sido saludado con el natural alborozo por parte de los principales operadores alternativos que actúan en el mercado español de las ‘telecos’; Vodafone y Orange especialmente. Lo más extraño ahora es la intromisión del Gobierno en un debate que no ha hecho más que empezar por cuanto que la propuesta inicial todavía no ha culminado la fase de alegaciones y aún tiene que ser refrendada, en su caso, por el consejo de la propia CNMC.

Sea como fuere, Telefónica se ha puesto en guardia y ha anunciado abiertamente que va a recortar, de forma cautelar, hasta un 35% de sus planes de fibra óptica durante este año, lo que reducirá en dos millones el número de hogares a los que estaba previsto la llegada de banda ancha ultrarrápida en 2015. Entre las capitales que serán ‘represaliadas’ figuran incluso algunas de las que habían quedado fuera del afán regulatorio de la CNMC, como las propias Madrid y Barcelona, además de Málaga y Sevilla.

Inversiones de 800 millones en el alero

Está claro que la llamada operadora incumbente ha levantado el hacha de guerra contra el supervisor mayor del Reino con un alegato de defensa que no ha tardado en llegar a instancias superiores. Los responsables de la política económica saben cómo se las gasta Telefónica y no quieren soliviantar a una empresa que es determinante para garantizar el círculo virtuoso de las grandes inversiones en el mercado de las telecomunicaciones. En España, de momento y por desgracia, la competencia no se entiende como un sinónimo de progreso, y menos después de la gran recesión que ha vivido el país durante los últimos siete años.

Quizá por eso la moción firmada por José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, no remienda de viejo a la hora de asumir en primera persona las amenazas de Telefónica si la CNMC se sale con la suya. El grupo parlamentario alerta sobre la reducción de hasta 800 millones de euros en la cifra de inversiones presupuestada este año por Telefónica en España. La espiral de consecuencias indeseadas incluye también la destrucción de puestos de trabajo, que afectará “no sólo a los 30.000 empleos que en la actualidad trabajan en Telefónica, sino también a los 10.000 indirectos que genera el despliegue de la fibra óptica”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, José María Marín. (EFE)

Bajo estas premisas, el Senado reclama al Gobierno que dé traslado de la moción a la CNMC para que contribuya a crear un marco jurídico que proporcione certidumbre y seguridad jurídica de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones aprobada el pasado mes de mayo. El ‘tirón de orejas’ se sustenta de manera específica en la necesidad de que el organismo regulador sepa “valorar adecuadamente y sopesar el conjunto de objetivos que persigue la ley y que van más allá del fomento de la competencia efectiva de los mercados”.

En concreto se pide a la CNMC que vele por el desarrollo de la economía y el empleo digital, promoviendo el sector de las telecomunicaciones y los nuevos servicios que permiten las redes ultrarrápidas e impulsando la cohesión social y territorial mediante la mejora y extensión de dicha infraestructura. Dentro de su responsabilidad reglamentaria, el PP recuerda también al organismo supervisor la necesidad de fomentar la inversión eficiente, incluyendo cuando proceda la competencia y teniendo también en consideración los riesgos en que incurren las empresas inversoras.

Como corolario para que no haya dudas de la posición oficial del partido en el Gobierno, la moción requiere a la CNMC para que analice “los efectos desfavorables que se desprenderían para el sector, para el empleo y para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital como consecuencia de la modificación de la actual regulación para la banda ancha fija”. En suma, una advertencia en toda regla para que José María Marín Quemada y la tropa de defensores de la competencia regresen a los ‘cuarteles de invierno’ antes de tocarle un solo cabello al imperio telefónico.