Son más de 4 mil barrios populares, asentamientos de emergencia, villas. Viven en ellos 3,5 millones de personas (unas 850 mil familias) que no tienen acceso a agua corriente, a red cloacal, y el 70 por ciento tampoco acceso formal a la energía eléctrica. La Cámara de Diputados se encaminó esta madrugada a dar un paso hacia la urbanización de estos barrios, con la aprobación unánime de un proyecto de ley que propone la expropiación de tierras y regularización de los títulos de propiedad.

El conteo finalizó con 194 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

La iniciativa fue presentada por el oficialismo, con las firmas de los jefes de bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, el macrista Nicolás Massot y la cívica Elisa Carrió. Pero aún con críticas, contó con amplio apoyo de la oposición: el kirchnerismo, el peronismo federal, el massismo y el Movimiento Evita (de mucho predicamento en los barrios), entre otros. A mediados de mayo, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió el proyecto en el debate de comisiones, ante lo que consideró una “deuda histórica con las personas y las familias” que viven en esos barrios, y para empezar a dar soluciones

Urbanización Villa Rodrigo Bueno en Costanera Sur. Foto: Luciano Thieberger.

El proyecto alcanza a los barrios y asentamientos identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un total de 4.228 asentamientos, en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país. El relevamiento se hizo a lo largo de 2016 y 2017. Juan Grabois, de la CTEP, quien apoyó la iniciativa fervientemente, destacó el rol de los vecinos y militantes de las organizaciones sociales en el relevamiento.

El proyecto suspende en todos esos barrios ahora inscriptos en el Renabap, los desalojos por dos años y permite la regularización dominial de esas viviendas en favor de las familias que las habitan. Para la integración “sociourbana” declara de utilidad pública y sujetos a expropiación las tierras donde se asientan esos barrios. También faculta al Ministerio de Desarrollo Social a implementar con las provincias y los municipios proyectos para esa integración. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende del Ejecutivo, queda facultada para llevar adelante las expropiaciones que corresponda hacer.

Villa 31 en Retiro. Foto Maxi Failla

El reconocimiento de la titularidad o escritura sobre el terreno o la vivienda que habitan esas familias fue destacado durante el debate como un paso central para empezar a terminar con la precariedad, y dar acceso a infraestructura y servicios básicos. En el extenso trabajo de dos años que se hizo desde la cartera de Desarrollo Social se estableció que el 55% de los barrios populares son anteriores al año 2000. Sólo el 16% de sus habitantes, que vive en condiciones extremas en muchos casos, tiene trabajo en blanco (el 22% está en negro); el 34% busca trabajo, un 38% sólo estudia y el 24% no estudia ni busca trabajo. la población es joven: el 40% tiene menos de 29 años.

Leonardo Grosso, jefe del bloque del Evita, también resaltó el rol de las organizaciones sociales en el relevamiento. “Esta ley que busca expropiar las tierras es un logro de las organizaciones sociales que relevaron 4.300 barrios en todo el país”, aseguró. Aunque apoyaron la media sanción, tuvo duras críticas hacia el Gobierno: “Peleamos por esta ley pero no estamos felices porque no alcanza, la situación económica en los barrios es insoportable y por culpa de la gestión de este Gobierno”.