La Infanta Cristina se sitúa al borde de la imputación tras haber firmado de su puño y letra el contrato ficticio de alquiler de su palacete de Pedralbes a su sociedad instrumental Aizoon.

La investigación judicial del caso Urdangarin acaba de deparar una novedad de extraordinaria relevancia para el futuro procesal de la hija del Rey. La Agencia Tributaria ha aportado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el contrato original por el cual los duques de Palma hicieron creer al Fisco que tenían alquilada su residencia barcelonesa a su empresa patrimonial.

Esta nueva prueba, desvelada por EL MUNDO de la Tarde, confirma su implicación directa en la gestión de la trama y la sitúa en el epicentro del fraude fiscal y del blanqueo de capitales por el que el juez estudia llamarla a declarar.

El documento de autoalquiler alberga la rúbrica por duplicado de Cristina de Borbón como "arrendadora" y como "arrendataria" por lo que queda pulverizado el argumento esgrimido hasta la fecha por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia Agencia Tributaria encaminado a exonerarla en la trama vinculada al Instituto Nóos. Aquel por el cual ella «no era consciente» de lo que hacía pese a ser la propietaria al 50% de la entidad Aizoon, una empresa que tenía como única finalidad la emisión de facturas falsas para vaciar las arcas de la entidad «sin ánimo de lucro» que presidía Urdangarin y que fue utilizada por el matrimonio para costear sus gastos personales. Este argumento ha servido, entre otras cuestiones, para exculparla de los delitos fiscales cometidos por Aizoon en 2007 y 2008, que han sido atribuidos exclusivamente a su marido.

Este hallazgo tiene lugar cuando el juez José Castro estudia si llama a declarar a la hija del Rey o si, por el contrario, rechaza esta posibilidad. En esta ocasión, y tal y como le apuntó la Audiencia de Palma, el magistrado rastrea la participación de la hija del Rey en sendos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

El contrato fraudulento de alquiler fue utilizado por el matrimonio Urdangarin-Borbón para generar gastos ficticios y pagar menos impuestos ya que ni su residencia de la calle Elisenda de Pinós ha albergado despacho profesional alguno ni la entidad que comparten ha tenido actividad real desde su creación en 2003. Además les sirvió para desviarse fondos, concretamente 12.000 euros al año, procedentes de Aizoon, que a su vez habían sido colocados allí a través del Instituto Nóos. En el caso de la Infanta Cristina, llegó a percibir mediante esta treta 30.747 euros.

El referido documento está fechado en Barcelona el 20 de diciembre de 2005 y demuestra, de forma definitiva, la participación directa y consciente de Cristina de Borbón en el fraude fiscal investigado. Su importancia radica precisamente en las razones expuestas hasta el momento para orillarla en las pesquisas.