Se acerca el 8 de marzo y la actual ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas-Podemos) propone una ley que, solapadamente, cuestiona la eficiencia de la gestión anterior de la actual vicepresidenta Carmen Calvo (PSOE). Igualdad fue, ya durante las negociaciones frustradas para la investidura de Sánchez, uno de los puntos que había bloqueado el acuerdo.

Ahora, el problema se suscitó cuando la cartera de Justicia revisó el proyecto y encontró que había dificultades técnicas para que pudiera aprobarse. Montero interpretó esto como un obstáculo para que la ley pudiera presentarse en el Día Internacional de las Mujeres y su ministerio perdiera la oportunidad de obtener gran publicidad con la iniciativa. Más allá de los fundamentos técnico-jurídicos que hubiere, la sospecha de la ministra podemita se deriva de la afinidad entre Calvo y el ministro de Justicia, también del PSOE.

Más allá de los rifirrafes en la coalición gobernante, lo que resta por preguntarse es si las leyes y la Justicia del estado capitalista y patriarcal pueden ejercer el resguardo de nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra integridad y nuestras vidas.

Desde La Moncloa, intentaron zanjar la crisis con un comunicado oficial que señala: "La ley de libertad sexual tiene un consenso total en el Gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad ante el 8 de Marzo". El contenido de la ley, en términos generales, ya se encontraba explícito en el acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y Unidas-Podemos, donde decía: “En el marco de esta ley reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, ‘Solo sí es sí”.

Sin embargo, los ánimos ya estaban suficientemente alterados y Pablo Iglesias dobló la apuesta, yendo solapadamente contra el ministro de Justicia: “Las discrepancias se resuelven a puerta cerrada. A las mujeres en este país se les han puesto muchísimas excusas, históricamente han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado”. Claro que quien había hecho públicas las discrepancias había sido la ministra de Igualdad, de su propia formación y su pareja.

Puntos controversiales

Según trascendidos, el texto presentado por Irene Montero incurría en una “invasión” de competencias de otros ministerios o incluso, de cuestiones que están en manos de las autonomías; establecía definiciones que no se corresponden con otras aprobadas anteriormente y o se establecía que los juzgados de violencia contra las mujeres fueran los que asumieran los casos de violencia sexual y esto no es compartido por la Justicia.

Entre los cuestionamientos de Justicia se encuentran, también, que la norma no contempla los mecanismos suficientes para “asegurar su aplicación” y que se produce una excesiva homogeneización de las conductas que se penalizan.

Montero precisó en rueda de prensa que lo más importante de esta ley es el foco en el consentimiento, como “una expresión explícita de la mujer, no necesariamente verbal”, es decir, la manifestación libre de la voluntad de participar en el acto sexual, expresada por la mujer “por actos exteriores, concluyentes e inequívocos.

Más allá de los rifirrafes en la coalición gobernante, lo que resta por preguntarse es si las leyes y la Justicia del estado capitalista y patriarcal pueden ejercer el resguardo de nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra integridad y nuestras vidas. Pero eso no se discute en las altas esferas de gobierno, donde lo más importante es ver quién se luce en la vitrina violeta y consigue capitalizar (y neutralizar), en su propio beneficio, un movimiento que en los últimos años emergió con fuerza en el Estado español y en el mundo.