Hace cinco años, Fomento anunció que la concesión de los 373,8 kilómetros de carretera adjudicada hace casi medio siglo a Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) no se renovaría. Declaraciones como las de Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, en una visita a Cantabria en julio de 2016, dejaron claro lo que ello significaba: "Yo acostumbro a decir lo mismo hace dos años, hace un año, hace seis meses, hace un mes y hoy aquí en Santander y es que esas autopistas serán libres de peaje", dijo.

Pero en una respuesta parlamentaria a siete diputados socialistas, fechada el 23 de febrero de este año, el Ejecutivo se muestra mucho más ambiguo: "El Gobierno no tiene actualmente previsto proceder a la prórroga del contrato concesional de la autopista AP-7 Tarragona-Valencia-Alicante cuando finalice el plazo de concesión. La previsión es que, cuando llegue a su término, revierta a la Administración General del Estado, que decidirá la forma de explotación de la autopista".

Una portavoz del Ministerio de Fomento señala que en estos momentos el Gobierno no descarta ninguna opción. Ni siquiera que una vez haya revertido al Estado se vuelva a licitar la concesión. "Las posibilidades son muchísimas", indica.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, era partidario de que la decisión sobre qué hacer con la AP-7 y las otras autopistas cuyas concesiones vencen dentro del próximo año y medio, la AP-1 entre Burgos y Álava y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, se hubieran adoptado en el marco de un acuerdo nacional de infraestructuras a través del consenso con las principales fuerzas políticas por tratarse de cuestiones que exceden de una legislatura y suponen "una decisión estratégica de país", afirma la portavoz. Hoy, un acuerdo de tal naturaleza parece muy lejano, admiten en Fomento.

Una concesión que se ha alargado

La concesión de la AP-7 entre Tarragona y Alicante expiraba en 2006. Pero en 1996 el Gobierno de José María Aznar, como el actual también del PP, la prorrogó hasta 2019 a cambio de una reducción de las tarifas de entre el 30% y el 40%. La infraestructura fue inaugurada una década después de que el Banco Mundial subrayara su importancia en su informe sobre la reconstrucción económica de España de 1962: "La única carretera de nueva construcción necesaria en un futuro próximo es la autopista de la costa Este, que se extendería desde la frontera francesa a Murcia, atravesando las zonas de mayor densidad de tráfico y donde este aumenta con mayor rapidez", señalaba el punto 99 del memorándum.

La intensidad media de la autopista explotada por Aumar, ahora integrada en el Grupo Abertis, ha pasado en una década de cerca de 27.000 vehículos diarios a 17.000 a causa de la crisis y la construcción de alternativas gratuitas.

Las Cortes Valencianas aprobaron hace unos días, con la única abstención del PP, pedir al Gobierno que la AP-7 sea gratuita a partir del año que viene, la misma postura que defiende la Generalitat. "El peaje de una carretera que está más que amortizada tiene consecuencias en la movilidad de los residentes y provoca una pérdida de competitividad de las empresas, la industria, las cooperativas y el sector turístico frente a otras comunidades con vías rápidas gratuitas", afirma también el diputado socialista en el Congreso por Alicante Herick Campos.

Los hoteleros quieren peajes

La Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) pronostica, en cambio, que la supresión del peaje provocaría la "densificación del tráfico" y una pérdida de calidad en la única vía de acceso rápido por carretera a la costa de Alicante. Una autopista muy utilizada, asegura su presidente Antoni Mayor, por turistas franceses, suizos, belgas, holandeses y hasta británicos que viajan desde sus países en coche y autobús. La gratuidad también dificultaría la llegada de quienes vuelan al aeropuerto de Alicante y viajan desde allí por carretera hasta los destinos de playa, mantiene Mayor. "La AP-7 se llenaría de camiones. Pasaría como entre Elche y Murcia, donde los accidentes provocan continuamente retenciones de 30 kilómetros". Hosbec es partidario de que se concedan "abonos anuales" gratuitos a los residentes de las comarcas más afectadas por los peajes, La Marina Alta y La Marina Baixa, cuyas capitales son respectivamente Dénia y Benidorm, y que el resto siga pagando.

El secretario autonómico de Obras Públicas y catedrático de Geografía Humana, Josep Vicent Boira, discrepa. "La falta de otras infraestructuras aparte de la autopista no puede condenar a esta carretera a ser de pago eternamente. La solución pasa por hacer nuevas infraestructuras, sobre todo ferroviarias, y complementar las que existen".