La seguridad de Ludys Pedraza, líder de restitución de tierras, fue retirada de forma ilegal. Suspendo tratar otro tema en esta columna hasta que su esquema de protección no se normalice.

A pesar de que su vida corre un riesgo crítico, una de las abogadas de restitución de tierras más amenazadas del país sufrió el pasado 28 de septiembre una reducción ilegal a su esquema de seguridad.



Ludys Pedraza representa a los propietarios originales de tierras donde hubo masacres y desplazamientos por parte de los paramilitares del Cesar y de La Guajira. Ludys Pedraza demostró que Glencore Xstrata (la subsidiaria en Colombia es Prodeco S.A.), una de las cinco compañías mineras más grandes del mundo y la empresa que explota más del 30% del carbón de Colombia, adquirió tierras de desplazados por el paramilitarismo.



La doctora Pedraza también demostró que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) medió entre los testaferros de los paramilitares y esta empresa multinacional, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para efectuar una transacción multimillonaria de tierras, que irían de los testaferros de los paras a la multinacional, y que pertenecían originalmente a campesinos desplazados de la parcelación de El Prado, en La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.



La Corte Suprema de Justicia ordenó el 19 de julio del 2012, en segunda instancia, la devolución de estas parcelas a sus propietarios originales. Ni el INCODER ni Glencore Xstrata han devuelto un solo centímetro cuadrado de tierra, ni un solo centavo, a los campesinos despojados. Al contrario, el INCODER elabora estrategias de dilación para no cumplir el fallo y Glencore Xstrata niega que sea propietaria de las tierras, a pesar de que las parcelas número 32, 33, 34, 35 y 36, según registros de julio del 2012, están a su nombre.



Ludys Pedraza sigue un caso similar por tierras que han sido adquiridas por Drummond, la compañía que explota la mayor cantidad de carbón en Colombia.



La defensa de Ludys Pedraza a las víctimas del conflicto armado colombiano es de una altísima peligrosidad. Aun así, su esquema de seguridad se redujo. Esto es ilegal.



Asumo que el doctor Andrés Villamizar, director de la Agencia Nacional de Protección, quien realiza un trabajo difícil en medio de un país que sigue en guerra, no está enterado de esta situación. Respetuosamente lo exhorto a que atienda la desprotección de Ludys Pedraza.



Afirmo que este cambio en su esquema de seguridad es ilegal (le quitaron un vehículo blindado y un guardaespaldas sin darle explicaciones) porque, según el auto 098 del 2013 de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, las mujeres desplazadas y defensoras de derechos de las desplazadas, por su condición de mujeres siempre están en condición extraordinaria de riesgo.



El numeral 4.2.3 del auto dice: “La presunción de riesgo extraordinario de género que la Sala establece a favor de las mujeres defensoras de derechos humanos debe concretarse en que, en los eventos en que ellas acudan a las autoridades para solicitar protección, la autoridad competente debe partir de que la solicitante, en efecto, se encuentra en riesgo extraordinario contra su vida, seguridad e integridad personal y tales riesgos se concretarían con actos de violencia de género”.



A pesar de esto, según me ha dicho Ludys Pedraza, su vehículo blindado y un guardaespaldas le fueron retirados para dárselos a un ex alcalde del departamento del Cesar.



Pero como si esto fuera poco, parece haber otra irregularidad.



El doctor Villamizar quizás recuerde cómo el año pasado Ludys Pedraza fue amenazada a causa de un programa que investigué para Especiales Pirry, sobre la ley de víctimas y restitución de tierras.



Ver amenazas aquí:



Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=JaDhcGfpiVg



Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=iMx4iCQrkQM



Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=6MgG7wiAhUg



Ver programa Especiales Pirry aquí: http://www.youtube.com/watch?v=l4XA4lgqJzo



A causa del peligro que enfrentaba Ludys Pedraza, la Agencia Nacional de Protección mejoró su esquema de seguridad en noviembre del año 2012. El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CEREM), compuesto por 14 delegados, se debe reunir para aprobar las mejoras y reducciones a los esquemas de seguridad.



El día de ayer Ludys Pedraza me dijo lo siguiente: “Nosotros contactamos a un vocero de víctimas que asiste al CEREM y dijo que nunca se reunieron con él”. Es decir, no se siguió el conducto regular para reducir el esquema de seguridad de Ludys Pedraza. ¿Cómo es posible que se violen los protocolos de protección de víctimas de esta forma? ¿Cómo pretende el país entrar a un proceso de restitución de tierras si los líderes ni siquiera cuentan con que el Estado seguirá sus propios protocolos?



Como señal de preocupación ante la situación de seguridad de Ludys Pedraza, por respeto hacia el derecho que en este país tienen las víctimas de tener una defensa legal competente, y por indignación ante la injusticia e irresponsabilidad que se ha cometido con una de las abogadas más valientes de este país, haré un gesto de solidaridad y protesta.



En esta columna no publicaré sobre un tema distinto a los detalles de las investigaciones que realiza Ludys Pedraza y al riesgo que ella corre, hasta que le sea restituido su esquema de seguridad, pues según la Corte Constitucional de Colombia es su derecho tenerlo. Una violación de este tipo nos concierne a todos los ciudadanos de este país.



Twitter: @santiagovillach