En el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital de tercer nivel, hay salas sin un solo paciente, como una de Hospitalización de Ortopedia Pediátrica. Ahí las cuatro camas están vacías y en el piso se acumulan, casi ya como en bodega, mesas de servicio, lámparas, sillas de ruedas.

A las salas vacías se suman las paredes agrietadas por todas partes de la institución. Son los efectos del sismo de 2017, que aquí siguen sin poder repararse. Los techos tienen goteras, en áreas cruciales como el banco de sangre y los laboratorios de rayos x. Hay baños fuera de servicio y zonas con escaso alumbrado por falta de focos. El mobiliario está viejo, y roto.

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Del Instituto Nacional de Rehabilitación, pacientes y personal tienen quejas de todo tipo: médicos que envían a sus pacientes a comprar con un proveedor específico, espacios comerciales dentro del hospital que se adjudican directo, mobiliario viejo, falta de insumos y materiales, equipos que no funcionan, cobros excesivos a pacientes, corrupción en el sindicato y hasta fallas estructurales en el edificio.

Todas estas irregularidades, afirma el personal, vienen arrastrándose de años atrás, hasta 10, desde los últimos del sexenio de Felipe Calderón.

Si un paciente requiere una cirugía aquí en Rehabilitación tiene que pagar entre 30 mil y 50 mil pesos en material, que incluye desde batas desechables y guantes hasta instrumentos para traumatología: clavos, tornillos; además de la cuota de recuperación que son unos 5 mil pesos.

Esto, pese a que solo en 2019, el Instituto Nacional de Rehabilitación tuvo un presupuesto de casi 1,400 millones de pesos.

Animal Político solicitó a la Secretaría de Salud una entrevista con el director, José Clemente Ibarra Ponce de León, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

“En el material que piden está el negocio de los médicos, unos tienen casas comerciales a través de sus familiares, otros reciben beneficios por mandarles clientes”, denuncian en entrevista una decena de empleados de esta institución.

Un usuario del INR, a quien llamaremos Fernando, cuenta que le pidieron algo que se llama Placas en 8, para colocárselas a su hijo de 12 años.

“Le está creciendo más una pierna que la otra, necesita una cirugía para colocarle estas placas, pero me pidieron que las comprara en una casa comercial en específico y cada una, mi hijo necesita dos, cuesta 7 mil 500 pesos. No tengo ese dinero, le pregunté al médico si puedo buscar otro proveedor a ver si está más barato y me dijo que no, que mejor reprogramaban la cirugía para asegurar la calidad del material”.

Ese tipo de exigencias y de cobros ha vaciado la mitad de las camas. “Los pacientes no pueden pagar todo lo que se les exige adquirir y por eso hay áreas de hospitalización ya sin uso”, dice una de las enfermeras.

Animal Político lo pudo comprobar. En un recorrido de más de cuatro horas por Rehabilitación, realizado con el apoyo del personal de diversas áreas, desde mantenimiento hasta médicas.

Una de las trabajadoras sociales cuenta que hay una lista de 240 pacientes para reconstrucción articular. “Y solo se están haciendo unas cuatro cirugías a la semana porque la mayoría de esas personas no tiene para pagar todo lo que se les pide adquirir, más la cuota del hospital”.

Además, los pacientes no tienen la garantía de que el material que compran se usa con ellos. “Reusan cosas que solo se deben utilizar una vez, como las puntas de rasurador, que son para darle forma a las rodillas. Esas cuestan unos 7 mil pesos. Se las piden al paciente y las nuevas quien sabe qué les hacen, porque usan unas viejas, que nada más esterilizan”, asegura una de las terapistas.

Hay también mucha renta de equipos que antes eran propiedad de la institución y se los llevaron, dice una enfermera. Hay dentro del hospital hasta un estacionamiento público y lo que se cobra nadie sabe dónde para, hay una cafetería, un banco dentro del hospital, esos espacios no se licitan, se adjudican directo, denuncia casi a coro el grupo de trabajadores.

“Esto lleva más de una década y ha sido peor en los últimos años”, señala una enfermera.

La dirección del Instituto ha estado en manos de una familia. El actual director, que está por cumplir cinco años en el cargo, es José Clemente Ibarra Ponce de León. Antes de él estuvo en ese mismo cargo su padre, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, quien se quedó en la dirección durante una década.

El personal denuncia que el director actual aparentemente se eligió en una votación, pero hubo coacción, incluso despidos de quienes se oponían a que asumiera el cargo.

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Esto un día va a tronar

Los problemas estructurales del instituto incluyen también los físicos, hay incluso muros donde se aprecian separaciones. “Protección Civil vino a revisar el edificio después del sismo de 2017 y dijo que no había peligro, pero sí hay muchas grietas y todo truena muy feo cuando tiembla”, afirma un empleado de mantenimiento.

Las goteras son otro problema. En el Banco de Sangre de la institución hay al menos tres grandes, que ya causan desprendimiento del yeso. Las hay también en la zona de Rayos X, incluso en una sala donde se encuentran equipos que, de acuerdo a lo dicho por el personal, cuestan entre 500 mil y un millón y medio de pesos.

En esa área hay además un problema de iluminación. La mitad de las lámparas no sirve. En la zona de vestidores, donde los pacientes deben cambiar su ropa por batas, ningún foco funciona. “Yo ya lo he reportado, pero me dijeron que así está bien, que si está oscuro los pacientes menos se pueden ver unos a otros”, dice uno de los técnicos.

En Audiología, pese a que a muchos pacientes se les complica subir escalones o usan silla de ruedas, no hay rampas para entrar a las cabinas de estudios, lo que hay es una especie de escalón alto de metal. “Hemos tenido que cargar a los pacientes con todo y silla para poderlos meter, con el riesgo de que se nos caigan o pase cualquier accidente”, cuenta una médica.

También denuncia que antes en esta zona tenían equipos de alta tecnología para el lavado de oídos. “Esos se los llevaron a otra área, a otorrino, y aquí nos trajeron otros que no sirven, son tan inservibles que los usamos sólo para poner las bolsas o las mochilas”.

En el Banco de Sangre hay un equipo igual, que solo sirve para poner bultos. “Hay dos mezcladoras donde se colocan las bolsas de sangre para separar el plasma, de esas solo una funciona, la otra lleva tiempo parada”, afirma una empleada de ese lugar.

El mobiliario de la mayor parte del Instituto está ya maltratado, desde las sillas de las salas de espera, hasta los sillones donde sientan a los pacientes para los estudios, pasando por los colchones de las camas de hospitalización.

“Muchos de los colchones tienen hasta 10 años, y las sillas están tan viejas y descuidadas que hemos tenido plagas de chinches, han tenido que venir a fumigar”, dice una enfermera.

En el cuarto de máquinas, el personal cuenta que la mitad de las bombas para llevar agua a los pisos no sirven. “Aun así hemos podido mantener el suministro, pero si se descomponen más, ya no vamos a poder”.

Las calderas tienen más de 20 años, y ya no funcionan bien. Los pacientes ya empieza a pagar por eso. A Rosa, una mujer con un padecimiento de columna, le habían indicado 10 sesiones de terapia en tanque, en una especie de piscina, de 100 pesos cada una, las pagó, pero nunca se las dieron. “Fuimos cuatro días seguidos varias personas y que no podían dárnoslas porque la caldera no funcionaba, mejor nos pasaron a otro tipo de terapia”.

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¿Y el sindicato de Rehabilitación?

El personal también denuncia presuntos actos de corrupción en el sindicato y de colusión con los directivos del Instituto. “No hay un mecanismo de escalafones, para ascender de puesto, no se publican convocatorias ni se hacen concursos, solo se designa a la persona que va a ascender y ya, es totalmente discrecional”, señala una de las dietistas.

En mantenimiento, por ejemplo, denuncia un integrante de ese equipo, debería haber 95 personas entre los dos turnos, mañana y tarde, pero “en realidad sólo nos presentamos a cubrir las funciones unas 30 personas”.

En realidad, el sindicato no cumple sus funciones, dicen también casi a coro los empleados. “Saben las condiciones precarias en las que estamos obligados a trabajar por toda la corrupción y el desabasto en el Instituto y no hacen nada. Yo no tengo ni abate lenguas para revisar a mis pacientes, si quiero usarlos debo comprarlas porque aquí ni eso nos proporcionan”, cuenta otra terapista.

Para cerrar, los empleados dicen: “no queremos que nos crean. Queremos que vengan a comprobar lo que estamos diciendo, que se investigue lo que pasa aquí. Queremos que vengan el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Ya los directivos se están preparando maquillando ciertas áreas, pero no vamos a permitir más mentiras”.