Este miércoles 14 de septiembre comienza en el Parlamento Europeo el debate sobre el Estado de la Unión, uno de los momentos estelares de esta cámara durante el cual sus miembros pueden interrogar a la Comisión acerca de sus líneas políticas y ‘ayudar’ (que no codecidir) en la fijación de la futura dirección de la UE. En este debate hay temas fundamentales, Brexit, refugiados, terrorismo, pero las miradas y el mar de fondo que sacuden la UE están en buena medida enfocados en próximas reuniones, en las que el protagonismo lo tienen la Comisión y el Consejo.

En concreto, los días 22 y 23 de septiembre tendrá lugar en Bratislava una reunión informal del Consejo de Ministros de Comercio de los Estados miembros de la EU. El orden del día está centrado en tres temas: TTIP, CETA y los instrumentos de defensa comercial, pero sin duda la cuestión que más revuelo y atención está despertando es el debate sobre el futuro del CETA, el acuerdo que la Unión Europea ha negociado con Canadá.

No es para menos, el calendario obliga, porque la cumbre entre la UE y el país norteamericano del 27 de octubre está fijada como el gran día para la firma del acuerdo, y queda mucho camino por recorrer. Los defensores “del libre comercio”, como les gusta presentarse a los liberales y conservadores, deben asegurar a contrarreloj el apoyo de la familia socialdemócrata europea para que el acuerdo llegue a buen puerto y no se atore en el barrizal en el que se ha visto sumido el TTIP. De hecho, en estos momentos, es posible afirmar que mientras en EE.UU. ha comenzado una particular ofensiva para “salvar el TTIP”, las élites económicas europeas, los conservadores y liberales han empezado su particular cruzada para “salvar el CETA”, y la misma se está desarrollando en distintos escenarios.

Los defensores del tratado están rehuyendo la entrada en el debate concreto para mantenerse en el plano de la discusión sobre argumentos banales

El Parlamento Europeo se ha convertido, afortunadamente, en el primer terreno de batalla y en concreto la comisión de Comercio Internacional, la ya famosa INTA, se reunía de nuevo para tratar el tema el día 31 de agosto. Esta vez ya no deberían haberse esgrimido argumentos vagos respecto del texto del CETA, que lleva dos meses publicado en todas las lenguas oficiales de la UE. Al contrario, en esta ocasión era posible descender a lo concreto, hablar de los porcentajes arancelarios que se reducen y cómo va a afectar esto a la agricultura europea, de los servicios que ambas partes han accedido a desregular y de su impacto en nuestros servicios públicos o en la regulación de algunas actividades profesionales, de los desmesurados poderes del Comité Mixto del CETA que lo convertirá en un acuerdo vivo tras su aprobación --lo que implica que podrá evolucionar en el futuro sin que nadie controle hacia dónde va--, del fin del principio de precaución o de la bienvenida a la carne clorada en nuestras casas si se aprueba el acuerdo.

Pero esto no sucedió, los defensores del tratado están rehuyendo la entrada en el debate concreto para mantenerse en el plano de la discusión sobre argumentos banales. Entre los eurodiputados conservadores el preferido es el del “buen hermano canadiense”, manteniendo que “los aliados canadienses son nuestros amigos y comparten nuestros valores”; en cambio, los liberales sacan pecho del flamante presidente Trudeau (otro liberal) para sostener el grado de “progresismo” del CETA, sin un solo argumento concreto que lo demuestre. Frente a ellos, dos mujeres, Anne-Marie Mineur y María Arena, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) y del grupo socialdemócrata, respectivamente. Sus argumentos son, en cambio, de fondo. Ambas han criticado la inconsistencia jurídica y democrática de la aplicación provisional de todo o de parte del CETA, la incompatibilidad de parte del acuerdo con el derecho de la UE o el discurso vacío de los supuestos beneficios económicos del acuerdo que no sólo no están probados sino que se han desmentido en diversos informes. La contestación que reciben es propia del nivel de los que tienen enfrente: las llaman ignorantes y populistas. Ambas saben que les toca dar la batalla pero su papel en esta cruzada es bien distinto.

Por aritmética parlamentaria, la postura del grupo socialdemócrata europeo es clave para el futuro de los acuerdos de comercio e inversión

Mientras que el GUE/NGL (donde se incluyen Izquierda Unida y Podemos), al igual que otros grupos como los Verdes, tienen una postura firme respecto de estos tratados de nueva generación, la posición de los socialdemócratas es bastante más compleja y está plagada de contradicciones y ambivalencias. De hecho la postura de María Arena es muy minoritaria.

La aritmética parlamentaria sitúa per se al grupo de los socialistas y demócratas en la delicada postura de ser la clave para el futuro de los acuerdos de comercio e inversión. Y no hay nada claro. Muchos eurodiputados socialistas todavía utilizan la dicotomía bueno/malo para apoyar o rechazar el CETA (y Canadá) frente al TTIP (EE.UU.), lo que se nota especialmente entre el SPD alemán y el PS francés. En cambio, otras eurodiputadas, como la socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, se han desgañitado por media UE y toda España cantando las virtudes del TTIP (y del CETA). A ella, como a otros diputados socialdemócratas que se subieron rápidamente al carro del apoyo al TTIP, los últimos bandazos de los distintos partidos que componen su grupo europeo les han pillado de traspié. Se ha escrito mucho acerca de las razones que han llevado a destacados socialdemócratas (en Francia o en Alemania) a dar por muerto o moribundo el TTIP y todos los análisis críticos apuntan a que la razón fundamental de este giro repentino es la misión que comentábamos antes: “Salvar el CETA”. Aquí también entra en juego la negativa a aparecer como una fuerza política que rechaza la postura de la Comisión Europea y el temor al peor calificativo que se puede recibir dentro de las filas socialdemócratas (eurófobo). Todo ello hace que muchos diputados socialistas busquen cualquier salida para poder votar a favor de este acuerdo con Canadá y jurar a la vez que han mantenido la defensa de sus líneas rojas, que ahora mismo están un tanto desdibujadas. Para esto parecen dispuestos no sólo a dar por muerto -- ya veremos-- el TTIP sino incluso a añadir contenidos al acuerdo con Canadá, algo que jurídicamente parece descabellado en este punto del proceso de adopción del tratado, cuya negociación, recordamos, se cerró en 2014.

En este juego del gato y el ratón también han entrado los sindicatos cercanos a los socialdemócratas. En concreto, parece que entre los sindicatos alemanes próximos al SPD y la confederación canadiense de sindicatos (CLC) se está negociando un protocolo que les permitiría poder votar a favor salvando el honor de la familia. El hecho de que Sigmar Gabriel haya verbalizado su “oposición” al TTIP y que él mismo provenga del poderoso sindicato del metal alemán IG-Metal es una pista de por dónde van los tiros. De hecho, entender la posición sindical respecto de estos tratados requiere de un pausado ejercicio. En primer lugar, es importante saber que la postura de la mayoría de los sindicatos contra el CETA, TTIP y/o TISA se fragua en las organizaciones que están más preocupadas por los efectos de los laudos de los tribunales de arbitraje sobre la privatización de los servicios públicos. Más allá de estos sindicatos, y sin querer generalizar, es posible afirmar que una parte de los sindicatos de la industria mantiene una postura más tibia, similar a la de la mayoría de políticos socialdemócratas. En este sentido, incluso desde sedes sindicales se ha llegado a defender las oportunidades que el comercio internacional y el fomento de la inversión pueden significar para la industria, los posibles (que no probados) efectos cuantitativos a nivel de empleo y por ende un potencial (ridículo) crecimiento en afiliación e influencia. Las contrapartidas en forma de privatizaciones, reducción de derechos sociales, de protección ambiental, etc., son criticadas, pero se acepta la posibilidad de que en el interior de estos tratados se coloquen “salvaguardas” para minimizar los daños colaterales y mantener el supuesto crecimiento económico.

Es posible afirmar que una parte de los sindicatos de la industria mantiene una postura tibia, similar a la de la mayoría de políticos socialdemócratas

Esta postura no sólo peca de falta de conocimiento del contenido del CETA sino también de una visión estrecha de los objetivos y cometidos del movimiento obrero. Ya se cuentan por decenas los informes que afirman que el CETA ni va a producir grandes avances en cuanto al crecimiento económico (Canadá es un mercado muy pequeño y las ganancias por rebajas de aranceles serán pocas) ni va a atraer una gran inversión extranjera hacia Europa (y al revés ya existe) ni va a permitir que las pymes europeas se enriquezcan porque a quienes va a beneficiar fundamentalmente es a las grandes empresas. Lo que sí que está claro en cambio es que el contenido del CETA permite la desregulación de sectores clave, la apertura de la contratación pública con la limitación de las posibilidades de insertar cláusulas sociales y de protección ambiental, el establecimiento de mecanismos dirigidos a subvertir los procedimientos de decisión democráticos y la discriminación entre empresas extranjeras y nacionales por la imposición de los mecanismos de arbitraje, entre otras muchas consecuencias que incluyen la entrada posible de Organismos Genéticamente Modificados no permitidos en la actualidad o la adopción de procedimientos menos saludables en el procesado de los alimentos. Ciertamente, la creación de empleo (si fuera probable) es un digno objetivo para que lo defiendan los sindicatos pero no parece sostenible frente a todo lo demás, especialmente cuando, por añadidura, no va a producirse. Como colofón debe afirmarse que, por mucha cláusula social que se integre, ninguna es lo suficientemente potente para impedir unas consecuencias que están integradas en el ADN del acuerdo.

En todo caso, ahora mismo el peso recae en la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Para evitar una confrontación con amigos de toda la vida como el SPD y, a cambio de alguna mejora en otras políticas en el marco laboral (como es la revisión en ciernes de la directiva de desplazamiento de trabajadores, muy importante para países del norte de Europa y que está provocando una confrontación con los países del Este que pone de manifiesto las enormes diferencias de concepto existentes respecto de los derechos laborales en la UE), la Confederación parece dispuesta a dar su brazo a torcer y apoyar el CETA si se respetan una serie de líneas rojas, que evidentemente no sólo no se respetan, sino que son pisoteadas. El problema es la profundidad del análisis que se haga del texto. Por ejemplo, si se pide la exclusión total de servicios públicos y se lee el texto sin mirar los anexos o sólo se lee el capítulo de servicios sin atender al capítulo de inversiones podría parecer que existe una exclusión, pero lo cierto es que no, que sólo hay una reserva parcial que deja fuera un amplio conjunto de servicios que hoy consideramos como públicos.

Nuestro nivel de protección de los derechos laborales debería de estar bastante por encima de las normas de la OIT

Como decíamos, en la estrategia de “Salvar al CETA” y según las últimas noticias, todo parece indicar que en ese Protocolo anexo al CETA que se está negociando se incluiría un compromiso de Canadá para ratificar alguno de los convenios de la OIT fundamentales que todavía no ha asumido. Pecata minuta, todo sea dicho, puesto que teóricamente nuestro nivel de protección de los derechos laborales debería estar bastante por encima de las normas de la Organización Mundial del Trabajo. De nuevo un ejemplo, Canadá no ha ratificado el Convenio 98 sobre sindicación y negociación colectiva ni el 81 sobre inspección de trabajo, y estos son probablemente los objetivos que plantea la CES. Angola los ha ratificado, Burkina Faso y Bangladesh, también. No es necesario decir más.

¿Nos vamos a contentar con esto?

Si finalmente los socialistas se alinean con la derecha para aprobar, aunque sea “provisionalmente”, el CETA van a dejar en la estacada a las mayorías sociales de la UE y van a dar la espalda a la movilización más importante a nivel transnacional que hemos visto desde el movimiento antiglobalización. Ya nos han demostrado que no fueron capaces de plantar cara a las llamadas políticas de austeridad, que aceptaron la juridificación de los principios neoliberales de la estabilidad presupuestaria y que no les ha temblado la mano a la hora de modificar en ese sentido constituciones o intervenir países para imponer reformas suicidas. Pero tienen la oportunidad de redimir alguno de sus errores. No está escrito en ningún lado que rechazar la política comercial de la Unión Europea tal y como existe hoy sea un crimen o sea “antieuropeo”. Al contrario, si hay algo que choca de frente con la consecución de una Europa democrática, social, inclusiva y solidaria son estos tratados y la Lex Mercatoria que impulsan.