Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, en la calle Malabia al 900, en el barrio porteño de Villa Crespo. El remisero Claudio Romano recibió nueve balazos por agentes de la Policía de la Ciudad. Los primeros disparos lo tiraron al asfalto, cuando estaba agonizando intenta incorporarse y uno de los policías lo patea y le vuelve a disparar, provocándole la muerte.

Una cámara de seguridad captó toda la escena de lo ocurrido. Las imágenes son elocuentes, muestran a Romano bajando de su automóvil para dirigirse a un patrullero que estaba estacionado. Cuando se acerca le disparan y luego lo rematan en el piso.

Según el relato policial, Romano habría herido a Ramón Pérez, el policía que estaba al volante. Sobre esto Lucía, la esposa del remisero asesinado, sostuvo: “cuando hay un caso de gatillo fácil, la policía siempre trata de ensuciar a la víctima”.

El agente que conducía el patrullero, fue trasladado a un penal. Mientras que las dos mujeres policías involucradas en el operativo criminal, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, porque tienen hijos, lo que indica las ventajas de la impunidad de la gozan los uniformados. Las cárceles de mujeres están pobladas de madres, la gran mayoría por delitos menores, algo que no es tenido en cuenta a la hora de encerrarlas.

Lucía, además, denunció las contradicciones en que cayeron los agentes de la Policía de la Ciudad cuando declararon ante la justicia. Como ejemplo relató que “dos dijeron que Claudio no hablaba en el piso y uno dijo que sí. Está todo lleno de contradicciones”.

Sobre su marido dijo “era una persona normal que trabajaba y que tenía planes para esa misma tarde”.

Para María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, lo que ocurrió no fue un exceso de policial, sino un crimen. “Supongamos que, en la hipótesis más favorable para los policías, Romano tuvo un ataque o estaba intoxicado o cualquier otra cosa y decidió atacarlos ¿la única posibilidad que tuvieron era ocho tiros y rematarlo con otro mientras estaba tirado y neutralizado en el piso?”, planteó a Página/12.

Sobre el “móvil” del crimen, Verdú fue contundente, “lo que ocurrió antes es importante pero no es determinante a la hora de analizar la responsabilidad penal de los policías”, sintetizó. “Eran tres policías ¿y no tuvieron otro recurso que meterle nueve tiros?”.

Además, Verdú planteó dudas acerca de por qué la víctima tenía el arma blanca (con la que supuestamente atacó a los policías) en la mano izquierda siendo diestro, y confirmó que el hombre recibió nueve impactos de bala pero se encontraron siete vainas. “Es difícil establecer la cronología de los disparos en la autopsia porque fueron en un período muy breve”, dijo y afirmó que “un informe pericial hecho sobre fotogramas de los videos advierte que después de la patada hubo un fogonazo del arma del chofer (Pérez), mientras Romano estaba tendido en el suelo con ocho disparos encima y el arma (blanca) tirada en la calle”, relató ante distintos medios.

María del Carmen Verdú fue concluyente, “esto no es un exceso policial, es un homicidio calificado. La persona estaba absolutamente incapacitada y la remataron con un tiro en el pecho”, dijo y subrayó que esto ocurre “porque existe Resolución 956/18 firmado de Patricia Bullrich” que habilita a disparar antes de preguntar. Si bien esta norma rige para las fuerzas federales y no necesariamente para la Policía de la Ciudad, a la hora de aplicarla “está claro que entre las fuerzas de seguridad no hay ninguna grieta”.

Este terrible crimen, vuelve a desmentir al jefe de Gobierno Porteño. Horacio Rodríguez Larreta, que defendió la “doctrina Chocobar”, aseguró que nunca recibió una denuncia de “gatillo fácil" cometida por la Policía de la Ciudad, creada el 1° de enero de 2017.

Te puede interesar: Las mentiras de Rodríguez Larreta y la Policía de la Ciudad