De noche, y en una sesión extraordinaria, concejales de la ciudad santafecina de Rafaela votaron a favor de la ordenanza "Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer”, que intenta oponerse la interrupción del embarazo, incluso en los casos legales, como es el de niñas violadas. Una decena de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y defensa de la salud de las mujeres, sacó un comunicado de repudio.

"El proyecto desconoce nuestro ordenamiento jurídico de manera flagrante. Desde 1921, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina en casos de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de embarazo producto de violación. En el fallo “F., A. L.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en estos casos y que el Estado (a nivel Nacional, Provincial y Municipal) tiene la obligación de garantizarlo. Así, afirmó no solo que garantizar el acceso al aborto en los casos previstos en el Código Penal es respetuoso de nuestro ordenamiento jurídico sino que, por el contrario, el Estado (y sus funcionarios/as) incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo", dice el comunicado que lleva las firmas de ELA, CEDES, REDAAS, CELS, CDD, Mujeres X Mujeres, Amnistía Internacional Argentina, FUNDEPS e INSGENAR.

"La iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento de las normas que rigen tanto a nivel nacional como internacional. También supone ignorar de manera evidente el principio republicano de gobierno y la jerarquía normativa que de él se desprende. Las provincias o los municipios no pueden modificar los códigos penales y civiles como tampoco pueden dictar normas en clara oposición a los mismos", sigue el comunicado.

El proyecto no fue presentado por un legislador, sino que es una iniciativa popular. En el texto, ellos mismos lo explican: "La iniciativa popular es un mecanismo de la democracia semi-directa que tiene por objeto facilitar el involucramiento de los ciudadanos en las cuestiones de la comunidad y recrear el necesario pacto de confianza entre estos y sus gobernantes". Y recuerdan que el 9 de abril de 2015, el Consejo Municipal de Rafaela declaró a la ciudad “PROVIDA” y “PROFAMILIA”.

Entre los objetivos, puede leerse: "Satisfacer la necesidad de elaborar una política pública de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer, como sujetos de derechos que gozan de la dignidad de seres humanos y que, por tanto, deben ser objeto de un cuidado especial por parte de nuestro Municipio", y "lograr la tutela de los derechos de los cuales son titulares las personas señaladas en el punto precedente, para evitar que las circunstancias difíciles que puedan presentarse luego del embarazo, pongan en peligro sus vidas y su salud".

El proyecto propone el "acompañamiento a la mujer embarazada desde distintos aspectos (médico, psicológico, económico, cultural, laboral, entre otros), ampliando así la posibilidad de que esta ayuda facilite el período gestacional hasta llegar al momento del alumbramiento y de los primeros años de vida del menor".

Explican que apuntan a los embarazos en situación de vulnerabilidad, y entre ellos incluyen a "aquél en que se tome conocimiento de que el embarazo es producto de una violación" y también "aquél en que se vea perjudicada la salud de la madre". También explicitan el concepto niño por nacer: "todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento... Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros".

También explican que "en el marco del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por nacer, se brindará asistencia a las mujeres y los niños por nacer en situación de vulnerabilidad, reconociendo que el aborto, es incompatible con el referido sistema y que no constituye una solución para la mujer".

En su comunicado, las organizaciones no gubernamentales aseguran que el municipio de Rafaela "no solo no puede prohibir el acceso a los abortos contemplados en nuestras leyes sino que tampoco podría incluir requisitos médico-burocráticos para acceder a la práctica, que operan como barreras de acceso". También aclaran que la provincia de Santa Fe adhirió al protocolo nacional a través de la Resolución N°612/2012: "Por lo tanto, de avanzar esta iniciativa, el municipio de Rafaela no solo desconocería el ordenamiento jurídico nacional en materia de acceso a abortos legales sino también el provincial".

Entonces, para qué sirve esta ordenanza: "La intención es generar confusión e incertidumbre en la población y los equipos médicos. Como no conocen la pirámide jurídica, unos pueden creer que no tienen derecho a hacer un aborto y otras que no tienen derecho a reclamar. Así la gente empieza a dudar. Pero nadie puede negarse a hacer un aborto legal porque lo que rige es el Código Penal para todo el país", explicó a este diario Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.​​​ Y agregó: "Sería bueno que el intendente de Rafaela vete esta ordenanza para evitar esta confusión".

Y finalizan: "Si bien proyectos como el presentado en Rafaela carecen de todo valor jurídico, repudiamos la posibilidad de que los poderes del Estado convaliden el uso de estas estrategias por parte de grupos de oposición a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estas estrategias, que buscan generar confusión en la población y restringir el ámbito de libertad de las mujeres, no deben prosperar".

A comienzos de noviembre, el peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales presentó en Tucumán un proyecto similar, que fue aprobado por 29 de los 49 legisladores. Ante la ola de repudios, el proyecto fue frenado.