La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó nuevamente dar a conocer los informes sobre uso de la fuerza en los enfrentamientos que ha sostenido en contra de presuntos delincuentes del 2006 a la fecha, pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) le había ordenado buscar y transparentar esos datos.

¿La razón? La dependencia militar argumenta que dichos informes no existen.

Lo anterior, aun cuando el INAI había subrayado que la elaboración de estos informes es una obligación legal, de acuerdo con diversas normas y directrices, y a que la propia Sedena los ha presentado ante la CNDH en casos de graves violaciones a derechos humanos.

La negativa a transparentar estos datos ocurre justo en el contexto en el que el gobierno federal ha determinado que sea la Sedena quien capacite y adiestre a los elementos de la Guardia Nacional, en temas como el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. De hecho, el mando de la nueva fuerza de seguridad estará a cargo de un militar en proceso de retiro.

En marzo pasado el pleno del INAI había revocado, de forma unánime, la respuesta inicial de la Defensa Nacional, en la que se negaba a proporcionar una serie de informes y datos solicitados por la organización Artículo 19 y el CIDE. Entre esos datos se encontraba la versión pública de informes de uso de la fuerza y de informes policiales homologados, en hechos donde el Ejército ha sostenido enfrentamientos.

El proyecto de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena subrayó, entre otras cosas, que elaborar los informes es una obligación establecida tanto en el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación a las Tres Fuerzas Armadas, así como en las Directrices que regulan el Uso de la Fuerza. Se trata de informes que, incluso, han sido expuestos por la CNDH en recomendaciones dirigidas al Ejército por graves violaciones a derechos humanos.

El INAI también concluyó que la Sedena, aun sin ser una fuerza policial, sí está facultada para elaborar informes policiales homologados en hechos delictivos donde sus elementos son los primeros en presentarse, por lo que también debería informar de ello.

En respuesta a esta instrucción del Instituto, la dependencia proporcionó a la solicitante un nuevo oficio firmado por el Estado Mayor y del que Animal Político tiene copia. En dicho oficio argumenta, nuevamente, que lo que le solicitaron no existe.

“Se hace de su conocimiento que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, no se localizó ningún documento respecto a informes de uso de la fuerza o cualquier expresión documental que haya elaborado esta Secretaría como primer respondiente, con motivo de las agresiones en contra del personal militar por parte de la delincuencia organizada”, señaló la dependencia.

Este no fue el único dato que la dependencia negó. En otra solicitud en la que el INAI había ordenado al Ejército dar a conocer datos sobre policías abatidos y detenidos en el contexto de enfrentamientos y agresiones a personal militar, la Sedena tampoco proporcionó los datos.

En el documento de dicha respuesta, la dependencia militar sostiene que extendió la búsqueda de esos datos a las 46 zonas militares y no encontró estadística o referencia alguna. Esto pese a que como lo evidenció la solicitante, y lo ratificó el INAI, en distintos momentos la Defensa ha hecho referencia pública a detenciones de policías por parte de militares.

Animal Político publicó que en los últimos doce años la Defensa ha sostenido más de 4 mil 500 enfrentamientos con civiles en el país. Hasta 2014 y como resultado de dichos combates, 3 mil 907 civiles presuntamente armados habían perdido la vida junto con 17 más que no tenían nada que ver, pero murieron en fuego cruzado. De los últimos tres años la Sedena ha rechazado dar a conocer el saldo.

Advierten opacidad y contradicción

Sara Velázquez Moreno, abogada y asistente de investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) – una de las instituciones que junto con Artículo 19 ha promovido estas solicitudes – lamentó la posición de la Sedena respecto a no transparentar datos pese a la orden del INAI, aunque dijo que era previsible dada la “opacidad” que ha exhibido en este tema el Ejército en los últimos años.

“No nos sorprende porque esperábamos que continuaran con la opacidad en la información aun cuando hay obligación normativa de generar estos datos, y de que hay incluso evidencia pública de que esa información existe”, dijo la abogada en entrevista.

Velázquez recordó que hay expedientes de CNDH donde la Sedena ha presentado informes de actuación y también ha emitido comunicados donde hace referencia a datos de los cuales sí tiene registro, pero que aun así se niega a informar.

Consideró preocupante y contradictorio que, en el marco de la firma del convenio entre el gobierno federal y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para colaborar en la formación de la Guardia Nacional, se considere a la Sedena como la institución apta para conformar una nueva fuerza que lo que requiere son indicadores transparentes.

“Bachelet señaló la importancia de construcción de indicadores y transparencia, y eso es totalmente contradictorio con la actitud de opacidad de la Sedena”, dijo.

Pese a las negativas de la Defensa para proporcionar información, Velázquez Moreno dijo que continuarán exigiendo los datos hasta agotar los recursos disponibles, y llevarán el caso incluso ante instancias judiciales de ser necesario.

Por lo pronto señaló que ya se inconformaron de esta nueva respuesta ante el INAI, el cual tiene la facultad de imponer sanciones económicas a los funcionarios que no cumplan con resoluciones que son inatacables.

“Veremos qué postura toma el INAI ante lo que nosotros consideramos que es un claro incumplimiento de lo resuelto por los comisionados. Y dependiendo de esa respuesta podríamos incluso interponer una demanda de amparo”, señaló Velázquez Moreno.

Índice de letalidad y otros pendientes

Otro dato que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a proporcionar es el del número de civiles muertos y lesionados en enfrentamientos con el Ejército, en los últimos años.

Animal Político publicó que la Sedena dejó de transparentar desde 2014 las bajas civiles, política de opacidad que se mantiene aún en el actual sexenio. Lo anterior pese a que el propio secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijo en los foros de la Guardia Nacional que en 2018 cerca de 700 civiles habían muerto en esos enfrentamientos.

Artículo 19 y el CIDE también presentaron una solicitud en la que requieren esta información detallada. Tras la negativa de la Sedena a proporcionar estos datos promovieron un recurso de revisión, lo que derivó en la decisión del INAI de revocar dicha respuesta y ordenarle a la dependencia que busque y presente esta estadística.

De acuerdo con Velázquez Moreno, el próximo 11 de abril vence el plazo para que la Defensa Nacional dé a conocer esta información. Adelantó que de persistir la opacidad en el tema seguirán la misma estrategia que en las otras solicitudes, por lo que tampoco descartan presentar una demanda de amparo de ser necesario.

La abogada reveló a su vez que la Defensa tampoco quiso proporcionar la información que se le requirió sobre el lugar de origen de los elementos que tiene a su cargo, solicitud que actualmente está bajo revisión del INAI.