D esde hace un mes y medio los académicos de tiempo completo del país venimos presenciando, con incredulidad y angustia, cómo las medidas de “austeridad republicana” del gobierno federal afectan directamente nuestra capacidad para desarrollar nuestro trabajo, nuestros ingresos y nuestra salud. Al mismo tiempo, observamos con preocupación cómo —ante la expresión del malestar por nuestra afectación laboral— el discurso público nos ha ubicado del lado de los “privilegiados” de la sociedad, copartícipes del derroche y la corrupción que imperan en el servicio público, inclusive cuestionando la clase de “servicio” que brindamos.

Ciertamente, a nadie le gusta que le bajen el sueldo. Y, desde luego, los académicos no tenemos por qué estar eximidos de una política que busca reorientar el gasto público hacia sectores sociales hasta ahora desprotegidos; a fin de cuentas, somos servidores públicos. Sin embargo, las medidas que se aplicaron de manera homogénea a todo el sector público afectan a los académicos de manera particular y tienen consecuencias graves. En este texto me interesa ilustrar cuáles son las particularidades de los servidores públicos de la categoría “de investigación científica y desarrollo tecnológico” (así definidos en el Presupuesto Federal de Egresos 2019) que han hecho que la lógica de la austeridad nos afecte más de lo que parece.

Ilustración: Víctor Solís

E n el momento de escribir estas líneas aún no está claro hasta qué punto nos van a afectar las medidas de “austeridad republicana”. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y varias disposiciones de la Secretaría de Hacienda han recortado el gasto público destinado a ciencia y tecnología y dictado medidas directas de reducción a nuestros ingresos: cobro de impuestos a los montos de nuestras becas y compensaciones, cancelación de las pólizas de seguros de gastos médicos mayores (SGMM), recortes en viáticos y en compra de equipo de laboratorio, además de suspender nuevas contrataciones y prohibir la contratación de pesonal por honorarios. Algunas de estas medidas aún son objeto de negociación —cada institución académica del país tiene condiciones diferentes y márgenes de autonomía distintos— y hay numerosos amparos en curso a la Ley Federal de Remuneraciones. Sin embargo, se ha generado una gran desazón entre toda la comunidad académica, por no hablar de afectaciones inmediatas debidas a la cancelación del seguro médico a investigadores que estaban en medio de tratamientos para enfermedades graves, tenían cirugías programadas o quedaron desprotegidos en mitad de sus estancias sabáticas en el extranjero.

Es necesario aclarar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no nos afecta porque nuestros ingresos superen los 108 mil mensuales (difícilmente un académico gana eso), sino porque limita nuestras prestaciones. La ley considera que todas las prestaciones que no son parte del salario básico, incluyendo las becas, bonos y estímulos, forman parte de las remuneraciones, para luego establecer:

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria y otro concepto (art. 6, fracción III).

En todas las instituciones públicas de investigación o docencia a nivel superior, ya sea universidades, centros públicos de investigación (dentro o fuera del sistema Conacyt) u organismos de investigación descentralizados o desconcentrados del gobierno federal, hay programas específicos de compensación a sus trabajadores por concepto de productividad académica. Las instituciones pagaban directamente a la Secretaría de Hacienda el impuesto sobre la renta (ISR) por las compensaciones como una prestación laboral indirecta; a partir de ahora, de acuerdo con la ley, el ISR deberá ser descontado a cada trabajador. Además, la citada iniciativa de Ley de Austeridad Republicana plantea reducir o eventualmente cancelar dichas prestaciones. El problema es que, en nuestro gremio, las becas y estímulos constituyen de un 20% a un 60% del salario de un académico, por lo que, en términos efectivos, la transferencia del ISR a cada individuo implica una reducción de sus ingresos mensuales que puede ir del 10% al 25%. Si además este individuo desea mantener la póliza de SGMM que antes le pagaba su institución, deberá destinar unos cinco mil pesos mensuales, aproximadamente.

El panorama es desalentador si se considera que hay otros recortes en rubros indispensables para el desarrollo del trabajo, como el monto de los viáticos, compra de equipo de laboratorio y los fondos de investigación concursables de Conacyt. Es muy común que los académicos financien de su propio bolsillo aspectos de su investigación y viajes de trabajo, lo que a partir de ahora se dificultará.

Sin duda el elevado monto de las compensaciones que recibimos los académicos frente al salario base es una irregularidad administrativa. También el SGMM es una anomalía en un país que cuenta con un sistema de salud para los servidores públicos y para cuyo pago a todos nos descuentan cada quincena. Corregir estas dos anormalidades es deseable, pero hacerlo de golpe, cargándole la cuenta al empleado público y sin ningún periodo de transición, significa conculcar sus derechos laborales y humanos (lo que afecta a unos más que a otros, dependiendo de edad, categoría en el sistema de becas, situación personal e institución de adscripción). Más aún cuando la medida viene envuelta en un lenguaje de privilegios que hace tan difícil defendernos en el espacio público.

Pero ¿cómo es que llegamos hasta este punto? ¿Cómo es que las becas y estímulos a la productividad se convirtieron en un exceso que ahora hay que limitar? ¿Y cómo es que el seguro médico privado se volvió una prestación a la que es tan difícil renunciar? La respuesta a estas preguntas está en las características específicas de la profesión académica y en la forma como se la ha ido perfilando desde la década de 1980.

E l proyecto de Ley de Austeridad Republicana presentado por diputados de Morena a la LXIV Legislatura el 11 de septiembre pasado señala que “la austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos […] En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza, ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios”.1

¿De dónde salieron nuestros bonos de productividad? Desde luego, no nos los “agenciamos” nosotros, ni los inventaron nuestros centros de investigación. Fueron una creación de la propia Secretaría de Hacienda en las décadas de 1980 y 1990 para reducir nóminas y pensiones, paliar la caída de los salarios provocada por la crisis de la “década perdida” y frenar la fuga de cerebros. Resultaba relativamente sencillo incrementar los ingresos mensuales de los académicos con un mecanismo de compensaciones individuales diferenciadas, sujetas a disponibilidad presupuestal, vinculadas directamente a su productividad y no asimilables a su pensión jubilatoria.2 Así, en 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (sistema de compensaciones ajenas al sueldo institucional y que no genera ISR) y poco después cada institución de investigación y educación superior empezó a diseñar sus programas internos de bonos y estímulos; al mismo tiempo, algunas de ellas introdujeron la prestación del SGMM para sus académicos de alto nivel para hacer más atractivos sus puestos de trabajo ante un sistema de salud pública muy deteriorado por la crisis (y como una manera indirecta de subsidiar la salud pública). Se trataba de soluciones transitorias para paliar el problema laboral pero que, al paso del tiempo, se quedaron.3 Con los años, el monto de las becas se incrementó y se expandió al ritmo del crecimiento del aparato científico pero, a diferencia de lo que ocurrió en otros ámbitos del servicio público, el monto del salario base real disminuyó.4

En nuestros días se pueden observar dos consecuencias importantes de ese sistema de compensaciones:

1. La consolidación de una cultura de la evaluación académica como mecanismo de rendición de cuentas, vinculada directamente a los ingresos económicos. Éstos se elevan en función del número de nuestras publicaciones de calidad (las formas de medir la “calidad” son constantemente cuestionadas), estudiantes graduados y visibilidad internacional. Las becas se pueden perder o se puede descender de categoría si no mantenemos un ritmo de trabajo acorde con nuestro nivel; es decir, no tenemos derechos laborales sobre el ingreso que percibimos por concepto de tales compensaciones.

2. El envejecimiento de la planta académica y la consecuente falta de renovación generacional. Aunque los ingresos de los académicos se volvieron competitivos, la perspectiva jubilatoria siempre fue un problema. No sólo porque al jubilarse se pierden todas las compensaciones distintas al salario base (conscientes de eso, la mayoría ha destinado una gran parte de su ingreso a financiarse su propia jubilación), sino sobre todo por la pérdida automática del SGMM que casi todos tienen contratado por vía del SNI (pagado por ellos mismos) o como una prestación laboral de sus instituciones. Un estudio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y de la UAM indica que cuatro de cada cinco investigadores se jubilarían si pudieran conservar dicha prestación.5 Debido a que en el envejecimiento aumentan las enfermedades graves, el SGMM es muy utilizado por los académicos de más de 60, 70 y 80 años que aún laboran, para quienes el saturado y desfinanciado ISSSTE no es una opción.

L a carrera académica es la más especializada que existe, implica muchos años de inversión y —a diferencia de otras en el sector público— se inicia mucho más tarde: los periodos de estudio y formación que van del ingreso a la universidad a la obtención de una plaza —licenciatura, maestría, doctorado, estancias posdoctorales— son de 10 a 18 años o más, periodo en que, a menudo, vivimos de becas no gravables y no pensionables, algunos en el extranjero y tenemos poca capacidad de ahorro. Mientras que los investigadores de mayor edad fueron formándose a lo largo de su vida laboral, otros empezaron a cotizar al ISSSTE o al IMSS relativamente tarde y, al entrar en el régimen de cuenta individual, se jubilarán con menos del 30% del sueldo base, por lo que tienen pocos años para construir su jubilación, comprar vivienda y criar hijos. Los más jóvenes (35-40) que tienen la fortuna de ocupar una cátedra Conacyt, son los más desprotegidos, pues están clasificados como trabajadores de confianza de Conacyt, no tienen derechos laborales en la institución donde trabajan y tampoco están cotizando a un sistema público de pensiones.

Ante ese panorama, la pérdida del 10% al 30% de nuestras percepciones augura perspectivas de migración a las universidades privadas, multichambismo y fuga de cerebros al extranjero. Pero más alla del golpe al bolsillo inmediato, se vislumbran cambios en la cultura académica que construimos en los últimos 30 años.

Los académicos nos habituamos a la cultura de la evaluación atada a los ingresos e introyectamos el discurso de la “excelencia” en función del rigor de las evaluaciones individuales que, en la práctica, nos obligan a tener proyectos de investigación vigentes, publicar, interactuar con nuestros pares en otros países y formar estudiantes. Aunque ha habido voces críticas a la lógica que nos ubicó en esa situación incómoda entre lo laboral y lo intelectual, esta forma de operar efectivamente transformó la manera como se hace investigación científica en México. Al castigar las becas de productividad ¿se desincentivará nuestro trabajo? ¿Cambiarán los esquemas de evaluación institucional o simplemente competiremos con menos alicientes? ¿Se convertirá la productividad individual tan sólo en un criterio cualitativo relevante al momento de conseguir trabajo? ¿Llevará eso a la movilidad laboral interinstitucional? ¿Estamos ante el inicio del fin de una cultura de la evaluación académica? Si la tendencia fuera hacia el desmantelamiento de la lógica meritocrática individualista y la consolidación de nuestros derechos laborales, tendríamos que ver otras medidas encaminadas a crear un régimen justo de sueldos base y jubilaciones, pero no las vemos. Se castiga a los “beneficiarios” del sistema de compensaciones ideado por los gobiernos neoliberales pero no se trastocan las bases del sistema neoliberal mismo.

Para imaginar las respuestas a esas preguntas se hace imprescindible no sólo replantear la pregunta sobre qué clase de empleados públicos —pagados por fondos públicos— somos los académicos, sino qué tipo de servicio público —es decir, al pueblo— brindamos. Esa discusión está hasta ahora ausente de la arena política.

Eugenia Roldán Vera

Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav.

1 Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5111-II, martes 11 de septiembre de 2018. Tomada de: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180911-II.html

2 Buendía, A., García, S., Grediaga, R., Landesman, M., Rodríguez-Gómez, R., Rondero, N., Rueda, M. y Vera, V. et al., “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la evaluación del trabajo académico”, nexos, 5 de julio de 2017. Recuperado el 14 de enero de 2019, de: https://educacion.nexos.com.mx/?p=588

3 Pilloni Martínez, Lorena (2018), “¿Y si al hablar de evaluación académica también hablamos de trabajo?”, Amelica: Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global. Recuperado el 14 de enero de 2019 de: http://www.amelica.org/index.php/2018/11/20/y-si-al-hablar-de-evaluacion-academica-tambien-hablamos-de-trbajo/

4 Ordorika, I. “El mercado en la academia”, n Ordorika, I. (coord.), La academia en jaque: perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México, UNAM, Miguel Ángel Porrúa, México, 2004, pp. 35-74.

5 Bensusán, G., Ahumada, I. y Inclán, D., “Estudio sociológico sobre las perspectivas de jubilación de los miembros del SIN”, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, México, 2013. Recuperado el 14 de enero de 2019, de http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/sni_informe_final.pdf