La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente al Gobierno mexicano para que modifique la estrategia de combate al crimen organizado, así como la unificación de políticas y leyes para mejorar la labor del Estado que permitan erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres.

La Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU emitió un reporte en el que detalla una serie de recomendaciones para que el Gobierno cumpla con la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos.

De acuerdo con el informe del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) este sector es el más vulnerado por la actual estrategia de seguridad pública que, en combinación con “la persistente impunidad y corrupción”, ha contribuido a que los patrones de violencia y discriminación de género se intensifiquen por parte las autoridades como por figuras no-gubernamentales.

El documento recomienda además capacitar a las fuerzas armadas y cuerpos policiacos en derechos humanos, particularmente los de las mujeres, y establecer un estricto código de conducta para asegurar el respeto de las garantías a este sector.

Entre las observaciones hechas por el CEDAW está la de unificar los códigos penales estatales y establecer en ellos la figura de feminicidio y desapariciones forzadas. Esto, a raíz de que en estados como Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, entidades en cuyas legislaciones la desaparición forzada no constituye un delito, han aumentado la comisión de dichos crímenes.

Asimismo, indica que los tres niveles de gobierno deben estandarizar los protocolos policiacos para la atención e investigación de asesinatos de mujeres y desapariciones forzadas, e instaurar nuevos, que permitan a las autoridades actuar eficazmente ante las denuncias de estos crímenes.

Esto, a raíz de que la desaparición de mujeres aumentó en estados como Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, entidades en cuyos códigos penales la desaparición forzada no constituye un delito.

Respecto a las desapariciones, el documento hace hincapié en la necesidad asignar recursos a nivel federal y estatal para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Trata de Personas, así como la de Protección a Víctimas.

Mención aparte merecen los señalamientos del reporte en materia laboral pues de acuerdo con el documento, tres de cada 10 mujeres en el país han padecido violencia y abuso o acoso sexual en sus centros de trabajo. Asimismo la CEDAW señala que el 56.6% de la población femenina trabajadora forma parte del sector informal de empleo y por tanto carece los beneficios de la seguridad social.

Lo anterior, señala el comité, debido a la falta de una reforma laboral que garantice igualdad de oportunidades en el mercado laboral así como por la ausencia de un órgano que monitoree y sancione las prácticas discriminatorias en el campo laboral así como la falta de protocolos de intervención para prevenir el acoso sexual tanto en el sector público como el privado.

La Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU firmado en 1979 y entró en vigor dos años después, en 1981. Por su parte, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres está conformado por 23 expertos en materia de equidad de género y para su elección, mediante sufragio secreto, se toma en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de diversas civilizaciones y sistemas jurídicos.

Aquí puedes consultar el documento completo (en inglés)

CEDAW-C-MEX-CO-7-8