Finalmente tomó forma. Mañana se presentará el proyecto de ley de gestión de intereses en la Cámara de Diputados. Es decir, la fórmula para regular las acciones de lobby ante los organismos del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial).

Hasta ahora, la actividad sólo estaba controlada por el decreto 1172 de acceso a la información pública que obliga al Ejecutivo al registro de audiencias de sus funcionarios.

La iniciativa comenzó a gestarse hace nueve meses y tuvo varias idas y venidas. El puntapié inicial se produjo en el salón federal del Centro Cultural Kirchner. Las ventanas abiertas tenían vista a la Casa Rosada y la temperatura primaveral no dejaba en evidencia el ahorro energético propuesto en las dependencias públicas por parte del presidente Mauricio Macri . Allí, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, fue quien encabezó la reunión con el anzuelo de la elaboración de una ley de gestión de intereses. También estuvo Marina Carbajal, subsecretaria para la reforma institucional.

Las dos horas del debate no tuvieron desperdicio. Menos cuando a uno de los presentes se le ocurrió la propuesta de generar el registro argentino de lobbistas. Es decir, una especie de listado entre los que serían "matriculados" y los que no. La propuesta fue rápidamente descartada.

Desde entonces hubo infinidad de encuentros: talleres, audiencias, responsables de asuntos externos a favor, otros en contra, consejos, cámaras y demás hasta llegar al objeto del proyecto que mañana aterrizará en el Congreso de la Nación.

"Regular la actividad y publicidad de la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional", señala como fundamental el artículo uno del proyecto al que LA NACION tuvo acceso en exclusiva. La etapa inicial, y tal vez una de las más complejas, fue definir qué se entiende por gestión de intereses. "Es la actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones... a favor de un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental", describe la iniciativa.

Allí entra en juego también el rol del gestor de intereses (toda persona que ejerza de manera habitual u ocasional esa tarea) y el sujeto obligado (funcionarios o empleados signados por la ley). El objetivo principal, según enumera el proyecto que cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo, es publicitar las audiencias en pos de una mayor integridad y transparencia; generar igualdad de trato para todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia y tener el acceso a la información relativa a los actos de gobierno para el control ciudadano. Es decir, quitar el velo a las reuniones secretas con información detallada sobre su contenido.

¿Cuáles son las decisiones sobre las que recae la gestión de lobby? Muchas y diversas. Expedientes administrativos en curso y resueltos, la elaboración de un anteproyecto, proyecto de ley o cualquier otra norma que pueda ser sensible a lobby, los procedimientos de contratación de bienes y servicios, la elaboración e implementación de políticas públicas y el procedimiento para otorgar el acuerdo senatorial.

La iniciativa se aplicará tanto en el Poder Legislativo (diputados y senadores, funcionarios de ambas cámaras y auditores generales) como en el Poder Ejecutivo (presidente, vicepresidente, Jefatura de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales, entre otros), los entes reguladores, los empleados que representen al Estado como miembros del órgano de administración y también en el ámbito judicial y ministerio público a los jueces, secretarios y demás funcionarios.

En caso de convertirse en ley, el registro de audiencias obligará a los funcionarios a resumir el lugar, la fecha, la hora, el nombre de quienes solicitaron el encuentro y quiénes asistieron; pero, sobre todo, una síntesis del contenido a modo de registro de lo charlado y los principales objetivos de ese encuentro.

A partir de ese momento comenzará a gestarse también la idea de igualdad de trato. Es decir, que los sujetos obligados deberán mantener igualdad respecto de los solicitantes de audiencias sobre una misma materia. Se equipara en este caso a una ONG que busca oponerse a un proyecto con una multinacional que intenta impulsarlo. "Se los pone en igualdad de condiciones", grafica uno de los mentores.

Las sanciones para quienes incumplan estarán atadas a la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal, y las autoridades de aplicación recibirán denuncias de cualquier persona en caso de incumplimiento. Cada autoridad de aplicación podrá dictar normas reglamentarias, aclaratorias o complementarias.

Gustavo Castagnino, presidente de DirComs -la asociación que agrupa a 150 responsables de comunicaciones de las empresas más influyentes del país-, comenta: "Estamos de acuerdo con cualquier proyecto que promueva la transparencia, pero no con iniciativas que terminen burocratizando de más nuestra actividad".

Entre los DirComs debatieron durante el último año la posible regulación de la actividad y llegaron a la conclusión de que en casos como los de Perú, Chile o México, donde se buscaron normas muy restrictivas, luego terminan siendo inaplicables.

Fernando Cinalli, socio de S+R y director de IDEA, cree que es "un gran avance institucional tener un proyecto de gestión de intereses del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación", y añade: "Es también el primer eslabón de un trípode indisoluble compuesto también por la regulación de conflicto de intereses y el financiamiento de la política".

A nivel nacional existen 910 entidades gremiales empresarias entre cámaras (797) y asociaciones (113). Desde el punto de vista legal, las cámaras son consideradas asociaciones civiles, al igual que las fundaciones, y no tienen un límite en la cantidad de cámaras destinadas a una misma industria. Un mundo atomizado que ahora tendrá una nueva vara.