Aduce que la recaudación subió menos que la inflación, que dispara la mejora a los estatales. Quiere rediscutir los acuerdos. Propone 25% para septiembre y 30% para octubre, muy por debajo de lo que mostraría la aplicación de la mejora por impacto de precios. Los gremios deliberan. El municipio no analiza cambios

Por Alfredo Flury – [email protected]

El Gobierno provincial admitió ayer que no podrá afrontar en tiempo y forma la aplicación de la claúsula gatillo sobre los salarios de los empleados públicos. En ese marco, propuso a los gremios redebatir el esquema de ajuste que, en cualquier caso, será inferior a la inflación acumulada hasta ahora y en los meses siguientes hasta fin de año. Los sindicatos del sector público discutirán el tema en los próximos días.

La posibilidad de revisar los acuerdos, anticipada el 31 de agosto pasado por Comercio y Justicia, finalmente se adelantó.

Es que los convenios salariales firmados a comienzos de año estipulaban la aplicación de la gatillo pero, en paralelo, incluían una claúsula de revisión en caso de que la recaudación no evolucionara en la misma línea que la inflación y, por consiguiente, de los aumentos salariales.

En principio, en el análisis se tomaría en cuenta la evolución de la recaudación consolidada a lo largo del año, esto es ingresos propios más envíos nacionales. Con ese criterio, los aumentos salariales aún se ubican por debajo del crecimiento de la recaudación.

Sin embargo, el criterio de modificó.

Ayer, la Provincia indicó que si se toma en cuenta la evolución interanual de los recursos propios, la recaudación sube por debajo de la inflación.

Concretamente, mediante un comunicado, el Gobierno provincial convocó a los gremios “a fin de analizar las posibles alternativas de aplicación de los restantes incrementos salariales hasta el final del año”.

“Según las estimaciones de inflación a septiembre de 2018 realizadas por distintos especialistas (o sectores), el aumento acumulado de los precios al consumidor en los últimos 12 meses se encuentra en el orden del 40 por ciento. Por su parte y conforme los datos registrados hasta la fecha, la recaudación provincial de septiembre registra un incremento de tan sólo 29,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior”, dice el comunicado, y concluye en que “se encuentran dadas las condiciones de revisión previstas en los acuerdos salariales firmados con las asociaciones gremiales representativas del personal del sector público vigentes para el corriente año”.

Allí entran a tallar los criterios respecto a cuál es la recaudación a considerar, si la propia o la consolidada (incluídos ingresos nacionales) y, en paralelo, si es el acumulado 2018 o la comparación interanual de septiembre respecto al año pasado.

Sin dudas, la Provincia tomó esta última alternativa, la única que le es funcional para activar la revisión de la claúsula gatillo.

Alternativas en análisis

Por lo pronto, la decisión de convocar a los gremios surgió a raíz de un incumplimiento de la aplicación de la mejora por inflación.

Es que esta semana la Provincia debía liquidar los sueldos de septiembre con la mejora producto de la inflación de agosto, desembolso que efectivamente concretó.

Sin embargo, no pagó el retroactivo de agosto, que es de 3,34 por ciento conforme la inflación que midió la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia.

La contrapropuesta que ayer circuló en las conversaciones entre la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, y los referentes de los principales gremios, entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), consiste en pagar con los haberes de septiembre un aumento de 25 por ciento (esta semana liquidó con un alza acumulada de 23,87 por ciento).

Esa suba incluye el retroactivo adeudado de agosto más un extra de 1,13 por ciento de septiembre.

En tanto, con los haberes de octubre, pagar un acumulado de 30 por ciento.

Desde allí y hasta cerrar el año, revisar la situación en función de la evolución de la inflación y de los ingresos provinciales.

“Nosotros queremos que se pague conforme las actas firmadas”, admitió a Comercio y Justicia el titular del SEP, José Pihén.

Sin embargo, dijo que el tema está en discusión y que se aguarda una nueva reunión, por ahora sin fecha.

En tanto, la UEPC también apuntó en la misma línea, aunque admitió que el tema recién se pondrá en debate el viernes en el plenario convocado por el gremio, mientras que la semana próxima se resolverá en asamblea general, luego de las discusiones de base y por departamento.

En cualquier caso, está claro que se pagará menos que si se aplica el gatillo.

Si bien aún no se conoce la inflación de septiembre, suponiendo que fuere de 5 por ciento (algunas mediciones advierten incluso de que sería superior), el acumulado anual llegará a 30,06 por ciento en los primeros nueve meses del año. Sin embargo, la Provincia propone pagar 25 por ciento en septiembre. De esta forma, los haberes de los estatales quedarían cinco puntos por debajo de la inflación.

En tanto, si en octubre la suba de precios fuere de 4 por ciento (tallará fuertemente el alza generalizada de tarifas, además del impacto del dólar), la inflación acumulada en 2018 llegaría a 35,26 por ciento, 5,26 puntos porcentuales por encima del 30 por ciento que propone pagar el Gobierno provincial.

Asimismo, la inflación interanual con septiembre incluido será de 40,3 por ciento si se proyecta 5 por ciento para el noveno mes del año.

Cada punto porcentual de aumento a los estatales equivale a unos 500 millones de pesos extra al año para la Provincia. Hasta junio inclusive, las erogaciones salariales informadas por el Gobierno habían llegado a 34.206,7 millones de pesos.

El gasto salarial representó, hasta el 30 de junio pasado, 42,4 por ciento del total de erogaciones hasta la fecha, de acuerdo con la Ejecución Presupuestaria al primer semestre.

Se trata de un gasto ciertamente ineslático cuya dinámica fue creciendo de manera sustancial y por encima de la evolución de los ingresos, al menos en los últimos tres meses.

Una recaudación que claramente aumenta por debajo de la inflación y un gasto que ajusta por precios suponía que, más temprano que tarde, el Gobierno pusiera en revisión el tema, que ahora promete un nuevo potencial frente de conflicto con los gremios estatales.

El debate se produce con una economía en recesión y un horizonte complejo para todo el sector público.

El tema salarial será uno de los frentes claves de cara a 2019, más aún con el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) por parte de la Nación.