Instalaciones del Hospital Universitario de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. / MIGUEL LORENZO

Tras casi dos décadas de explotación privada, el próximo 1 de abril el Hospital de la Ribera de Alzira (Valencia) pasará a ser de gestión directa por el sistema público de la Generalitat, que inicia así un proceso de reversión de las concesiones sanitarias con el que fue y ha sido emblema del modelo mixto.

Al ser el primer contrato firmado, ha sido el primero que se ha acabado y se ha decidido no prorrogarlo. "Nos habían intentado hacer creer que las privatizaciones eran para siempre pero estamos demostrando que no es así y que con voluntad política se pueden revertir", explica a EL PERIÓDICO Carmen Montón, 'consellera' de Sanitat, que subraya que es la primera vez que se realiza en España.

Un mal inicio marcó el camino

Atendiendo a una reivindicación histórica de la comarca, Eduardo Zaplana, expresidente popular de la Generalitat, decidió abrir un hospital en su capital pero que fuera de gestión privada. En teoría, para ahorrar. Tras un concurso se le adjudicó a Ribera Salud pero tres años después de su inauguración en 1999 la empresa perdía dinero y la Generalitat decidió rescatarla, comprándole por 43 millones el edificio y añadiendo otros 26 por lucro cesante. Además, ganó de nuevo un concurso que aumentaba sustancialmente el dinero por habitante e incluía los centros de atención primaria. Desde entonces no ha habido pérdidas.

Javier Palau, gerente del área de salud de La Ribera y de este hospital, asegura que todo se debió a "un mal cálculo por motivos políticos" sobre el tiempo de la concesión, así como que la inexperiencia llevó a no incluir la atención primaria por lo que la concesión "nació herida de muerte". "Por eso se hizo un 'reset'. Hubo unos pagos que luego fueron devueltos como canon de uso del hospital y al final hubo un balance de unos dos o tres millones a favor de la Administración", asegura.

Ese rescate inicial y el hecho de que se asociara "a un modelo del PP" ha sido, según Palau, "un lastre" para que no se haya implantado en otros sitios pese a que afirma que el modelo funciona. "Se dice que es privatizado pero es público que lo que se privatiza es la gestión, que es algo muy normal en otros países avanzados", recalca. Aunque recuerda que en Madrid el plan lo tumbaron los tribunales.

Una decisión ideológica y un informe polémico

Las dos partes coinciden en una cosa, la reversión es ideológica, aunque varía el barniz de la palabra. "Se trata de un compromiso electoral y del ‘Pacte del Botànic’ [acuerdo suscrito el 2015 entre el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Compromís y Podemos para acceder al Gobierno valenciano]. Es la materialización de las palabras en los hechos, no nos debería sorprender que se cumplan las palabras. Es ideología desde el punto de vista de defender la sanidad pública como garante de derechos y de que la gestión directa da más calidad y garantiza la sostenibilidad del sistema", señala Montón.

Palau reconoce que desde el principio "el nuevo gobierno dijo que éste no era su modelo" pero remarca que "hay muchos datos que demuestran que funciona". Desde la 'conselleria' se encargó una auditoría del Hospital de Manises, también en concesión, como guía para evaluar el modelo. "El informe asegura que los resultados en salud, listas de espera y accesibilidad están por encima de la media y que el ahorro es de hasta un 25%", destaca Palau. Añade que el estudio lo impulsó una figura pública, el Síndic de comptes, pero que se "desechó porque no interesaba".

La 'conselleria'se mostró crítica con los baremos usados y Montón recalca que "se dice es que es mas rentable pero lo es para la empresa, simplemente porque los trabajadores reciben menos pero lo que paga la Administración es tarifa plana por ciudadano".

La experiencia de los usuarios

Asensi García, miembro de la Plataforma per la Sanitat Pública de La Ribera, se muestra satisfecho porque los partidos del Botànic hayan cumplido su promesa y explica que en estas dos décadas el grado de satisfacción de los ciudadanos ha estado impulsado por el hecho de que antes no había hospital. "Nosotros nos constituimos en un primer momento para reclamar el hospital y volvimos a activarnos hace unos años para pedir que fuera de gestión publica porque estamos convencidos de que es la mejor garantía de cumplir criterios de equidad y pensamos que favorece una gestión más eficaz y transparente", señala.

Otro argumento de los usuarios de zonas con hospitales en concesión es que en el caso de que las cosas no funcionen bien no pueden cambiar con su voto a los responsables. Palau asegura que "no hay una patente de corso para 15 ó 20 años". "En el despacho contiguo al mío tengo un comisionado de la 'conselleria' que vela por que el servicio sea el pactado, hay comisiones mixtas para mejorar y estamos sometidos igual a las directrices de la 'conselleria', no vamos por libre", sostiene.

El día después

Para la plataforma, la clave de que ahora mejore la atención es que "los beneficios redunden en mejorar el servicio, que se aumenten los profesionales, para poder reducir aspectos como las listas de espera". "Nosotros esperamos que desde el 1 de abril se note para mejor. En los presupuestos del 2018 ya hay un incremento de plantilla y una inversión de unos ocho millones para atención primaría y tecnología" avanza Montón. En la Comunitat Valenciana hay otras cuatro concesiones. Tras esta reversión, llegará la del Hospital de Dénia, pero en este caso ha sido la concesionaria la que ha pedido llegar a un acuerdo.