La Subsecretaría de Interior se desvinculó del informe Big Data, conocido este fin de semana sobre las protestas ocurridas en Chile desde el 18 de octubre.

Tras las críticas, Interior remarcó que "el informe no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile, ni tampoco financiado con recursos públicos".

"Este análisis, que utiliza tecnología big data, fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de inteligencia (ANI), entidad que tiene la obligación de velar por la reserva de sus fuentes de información. Dicha institución, como corresponde, puso en conocimiento del Gobierno el mencionado documento", detalló en el comunicado.

La Subsecretaría añadió que "este estudio, que contempla información de fuentes abiertas, fue puesto a disposición de la Fiscalía Nacional para contribuir al análisis y para los fines que el organismo estimara pertinentes".

"Este tipo de estudios constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información. En este caso, se trata de información de contexto sobre lo ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre de 2019", finaliza La Moneda.

Comunicado de prensa pic.twitter.com/9XzU4Malka — Subsec. del Interior (@Sub_Interior) December 24, 2019

El documento de 112 páginas, entregado por la cartera de Interior a la Fiscalía, fue desarrollado con tecnología "extraordinariamente sofisticada" de Big Data y es parte de las supuestas pruebas que el Ejecutivo considera en su tesis de "influencia extranjera" en la crisis social.

Según el análisis, el 31 por ciento de los autores de mensajes de agitación está localizado fuera de Chile, y da cuenta que los jóvenes analizados "son aficionados al K-Pop" y consideran como principal influyente a la cantante Mon Laferte.

El informe ha sido bastante cuestionado y llevó a la ministra vocera, Karla Rubilar, a defender el documento, asegurando que "hay mucha influencia extranjera, que viene de otros servidores de países de afuera, que incentiva la violencia".

Este mismo lunes, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) anunció que iba a oficiar al Ministerio del Interior para aclarar cuánto gastó en el documento y que dé cuenta de quién o quiénes estuvieron a cargo de su elaboración.

El informe analizó el comportamiento de casi cinco millones de usuarios de redes sociales y 60 millones de comentarios entre el viernes 18 de octubre, el día en que comenzaron las manifestaciones sociales contra el Gobierno, y el 21 de noviembre de 2019.