Anavel es una joven emprendedora venezolana que lleva nueve años residiendo de manera legal en España. Hace tres, decidió realizar ella misma los trámites para conseguir la nacionalidad española por residencia. Sin embargo, a pesar de que en la ley se establece que debe tener una resolución en un año, ella aún sigue esperando.

“Presenté la solicitud personalmente en el registro civil de Madrid. Allí, se quedaron con los originales de la documentación y, en principio, en un año, se puede llamar a un teléfono o contactar por Telegram, y ellos te dan la información referente a tu expediente”, explica sobre el proceso que ella realizó.

Pasado ese tiempo, Anavel llamaba cada tres meses para conocer el estado de su solicitud, pero solo le decían que “llevaban mucho retraso”. “Hace una semana llamé de nuevo y me dijeron que estaban trabajando en los expedientes de enero de 2016 y yo soy de febrero de ese año”, cuenta esperanzada.

El caso de Anavel no es el único: A fecha de 31 de marzo de 2019, había al menos 363.427 expedientes pendientes de resolver, a pesar de que las solicitudes han disminuido en 2018 un 14,9% respecto al año anterior, según muestran las cifras consultadas por RTVE.es en una petición al Portal de Transparencia a la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN).

En cuanto al número de concesiones y denegaciones han sufrido altibajos desde que entró en funcionamiento la Ley 19/2015, siendo en 2017 cuando se registró la cifra más baja: 22.582 concesiones y 4.346 denegaciones.

Nuevos procedimientos tecnológicos y falta de personal Hasta ahora, las autoridades han explicado que los retrasos en la tramitación de expedientes se deben a dificultades informáticas y la falta de personal. Según una notificación de Dirección General de los Registros y del Notariado, a comienzos de 2017 “se realizó la migración de la aplicación informática utilizada para la tramitación de los expedientes de nacionalidad a una nueva herramienta”, lo que conllevó un proceso tecnológico “complejo” que ralentizó el trabajo. En mayo de 2018, la subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil de la DGRN, Dña. María del Mar López Álvarez, en cambio hizo referencia a más motivos: “El atasco se quitaba si me dan hoy 30 funcionarios. Si me dan 30 funcionarios en seis meses no hay atasco”, aseguraba en su intervención en el 2º Congreso de Nacionalidad Española en Madrid, según refleja uno de los organizadores del evento, la Asociación de Inmigrantes sin fronteras, en una petición online que pedía el aumento de medios en este ámbito. Posteriormente, en noviembre de 2018, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, reconoció en declaraciones a Europa Press, que había un “atasco importantísimo” en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad española por residencia y que, estaban trabajando en un “plan de choque”.

Incertidumbre ante las elecciones y los presupuestos A pesar de estas declaraciones, el periodo de elecciones genera dudas entre los abogados y expertos en inmigración ya que se temen nuevos retrasos. “Ahora con las elecciones y la falta de presupuestos, probablemente lo tengan realmente complicado para ponerse más rápido con los expedientes”, lamenta Vicente Marín, abogado experto en inmigración de Granada, quien aclara que, en ocasiones, han tenido que llegar a poner recursos ante la Audiencia Nacional para activar el proceso y conseguir la tramitación de la nacionalidad. “Solo hay que poner procedimientos judiciales en los casos que sean razonablemente factibles de resolución positiva. Por el cliente, ya que conlleva un gasto importante, y por la administración, que a veces hace lo que puede con los recursos que tiene”, señala Marín. Otro abogado especialista en inmigración, Antonio Segura, cuenta desde su despacho en Barcelona, como hace unas semanas consiguieron la resolución de una persona que había comenzado a tramitar la nacionalidad en 2010. “Es vergonzoso que se tenga que recurrir a los procedimientos judiciales para agilizar el proceso. Cuando salió la ley estábamos muy ilusionados, pero, en muchos aspectos, se ha avanzado poco”, asegura.

Dificultades en otros procedimientos de extranjería Los retrasos y las dificultades para los extranjeros en España no radican únicamente en las solicitudes de nacionalidad, sino también en la petición de otros muchos trámites que son requeridos para trabajar o abrir una cuenta en el banco, pero que se realizan en las Oficinas de Extranjería provinciales y comisarías. En Barcelona, por ejemplo, Antonio Segura afirma que los problemas en estas oficinas vienen desde hace tiempo e instituciones como la Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona ha expresado, en diversas ocasiones, quejas sobre las disfunciones que, según opina Segura, “dejaban fuera de juego a miles de personas”. En el caso de María y Luis, que piden no utilizar sus nombres reales. Provienen de Asia y África, llevan cinco años viviendo y trabajando en Barcelona y recuerdan como “un reto” conseguir las citas para resolver sus trámites en Inmigración, algo que deben repetir ahora con su bebé. “Llevamos esperando siete meses para conseguir su Número de Identificación de Extranjero (NIE). No aparecen citas de comisaría e inmigración con frecuencia, es muy complicado para nosotros, y los precios de los abogados suben cada vez más”, asevera Luis. Hablaron con otras personas en su situación y uno de ellos le dio varios contactos de personas que aseguraban “vender citas”. “Es como un ‘mercado negro’; les proporcionas tu nombre y ellos se encargan del proceso”, explica María. Asegura que no sabe cómo las consiguen o si siguen el mismo proceso que un abogado, y que el pago, que ronda los 30 euros, se hace a través de aplicaciones móviles.

Esperar cinco horas de madrugada para conseguir una cita Los problemas en los trámites no son exclusivos de personas extracomunitarias, como Anavel, Luis y María, sino que a lo largo de los años también los han padecido algunas personas de la Unión Europea. Este fue el caso de Anna, una joven procedente de un país centroeuropeo que también prefiere mantenerse en el anonimato. Consiguió hace dos años un contrato con una empresa multinacional en Barcelona por lo que necesitaba un NIE, un número de la seguridad social y una cuenta bancaria en España. Ante el problema de conseguir citas para realizar este trámite, un conocido le dijo que podía acudir a una comisaría a las afueras de Barcelona donde a las 7 de la mañana repartían 15 números para ser atendidos ese mismo día. Anna acudió dos veces: la primera a las 05:00, pero no consiguió número; y la segunda, a las 02:00, en la que consiguió el número 13. Durante las cinco horas de espera, habló con el resto de personas en la fila y asegura que “la mayoría de ellos eran jóvenes trabajadores de la Unión Europea que estaban en una situación similar, algo impensable en una libre circulación de trabajadores como la que predica la UE”. Desde las oficinas de abogados también fue difícil conseguir las citas. “Hemos atravesado periodos muy malos, uno de prácticamente dos meses, en el que no hubo forma humana de conseguir cita para ningún trámite”, cuenta Antonio Segura, en referencia a los meses de junio y septiembre del año pasado.