A días de cumplirse un mes de las denuncias por abusos sexuales agravados contra el senador José Alperovich​, la causa judicial espera en un limbo peligroso: dos jueces se declararon incompetentes y nadie, por ahora, se anima a investigarlo.

Para su continuidad, al menos en los tribunales porteños, se espera una definición de la Cámara de Apelaciones de la Capital.

La secuencia no es novedosa. Al contrario, demorar causas con idas y vueltas y con chicanas procesales es un clásico en los tribunales. Los abogados lo llaman embarrar la cancha, y aunque no es una materia en la Facultad, es una estrategia con especialistas, una extendida tradición y éxitos resonantes.

La situación de la denuncia presentada por la sobrina de 29 años de Alperovich, que trabajó junto a él en la campaña a la gobernación, se resume así: el juez porteño Osvaldo Rappa se declaró incompetente con el argumento de que los abusos habían sido en Tucumán y que los posibles testigos viven en esa provincia, y unos días después, el juez tucumano Maggio no quiso ser menos y declaró su incompetencia con argumentos similares, salvo que cambió Tucumán por Buenos Aires como lugar del delito. Fue más allá: sugirió a Rappa que eleve el expediente a la Corte​ para que decida quién debe hacerse cargo.



Lo que se dice, pegarle bien de punta y lo más lejos posible para no complicarse.

Concediendo a los argumentos técnicos, lo cierto es que la causa contra el ex gobernador tucumano, un hombre que mantiene influencia y poder en la provincia, es un fierro caliente que nadie parece dispuesto a agarrar.

¿Incomprensible? No tanto, si se atiende a las noticias que en estos días llegan desde tribunales y cárceles federales.

Cualquiera podría pensar que la cautela de los magistrados armoniza con los cambios de energía que se advierten en la Justicia, y con el regreso de funcionarios procesados, con la vicepresidenta​ a la cabeza, al Poder Ejecutivo nacional y de la provincia de Buenos Aires.

La pregunta es, ¿con cuánta convicción pueden avanzar los jueces de Buenos Aires, Tucumán o cualquier provincia, en investigaciones contra líderes políticos, si lo que ven es una grosera marcha atrás en causas plagadas de pruebas? ¿Qué pensarán cuando escuchan a De Vido, con reciente prisión domiciliaria, pedir al presidente “actuar” con los jueces y responder “al fuego con fuego”?

Está claro que no es lo mismo una causa por corrupción en la obra pública que otra por abuso sexual agravado. De hecho, la reacción de los senadores frente a la acusación contra Alperovich fue contundente.

Presionado por sus colegas, el tucumano debió pedir licencia, que fue aprobada con rapidez en la Cámara Alta.

Pero no es diferente la influencia o el temor que un dirigente político poderoso puede ejercer sobre los jueces de su provincia. En ese sentido las conductas son asimilables.

¿Es descabellado pensar entonces que la afirmación destemplada de Cristina Kirchner a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 en Comodoro Py, “Preguntas van a tener que responder ustedes”, haya hecho eco en los oídos sensibles de diferentes magistrados del país que llevan causas que involucran a dirigentes políticos, por variadas que sean?

No se trata de señalar a la Vicepresidenta por la parálisis de la causa contra el senador. No es eso. Pero sí marcar que el apriete a la Justicia puede no distinguir acusaciones, y debilitar tanto al que juzga a corruptos como a acusados de violación.