No fue una tarea fácil. Cavallo, como todos sus compañeros y jefes, vivió el final de la dictadura y el regreso a la democracia con relativa tranquilidad. La buena vida se le acabó en agosto de 2000, cuando fue detenido en México a raíz de un pedido de extradición que había formulado el juez Baltasar Garzón, quien por entonces investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen argentino (1976-1983).

En marzo de 2003 fue enviado a Madrid, tal como reclamaba el magistrado de la Audiencia Nacional. Seis meses después, su padre, Oscar Antonio Cavallo, se dirigió por carta al Rey Juan Carlos para implorarle que hiciera gestiones a favor de su hijo. La misiva tiene una extensión de cinco páginas está fechada el 20 de septiembre de 2003 en Punta Alta, una ciudad del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires en la que vivía y vive la familia del genocida. Según ha podido comprobar Público, en la parte superior lleva el sello de la Casa Real, con la indicación de que había sido oficialmente registrada el 10 de octubre de 2003 con el número de entrada 12.804.

En esa nota, Oscar Antonio Cavallo definía a su hijo como un “soldado” o “miembro activo de las Fuerzas Armadas Argentinas durante los años de la lucha antiterrorista” en ese país. “Usted como estadista sabrá entender y su pueblo sabrá comprender que lo pasado en mi país en ese período no fue culpa de un hombre. Fue un proceso derivado de políticas instauradas para la región desde usinas instaladas en Centro América”, apuntaba.

Siguiendo esa teoría, el padre del militar preso en España aseguraba que Argentina había vivido una “cruenta guerra”, motivada por “grupos terroristas insurgentes”. “Mi hijo participó de esa guerra que no buscó, lo hizo con lealtad y honestidad cumpliendo órdenes superiores en defensa de la Constitución y las leyes de nuestro país y del bien común”, subrayaba. Tal como se reitera en distintos tramos de esta carta, el objetivo de Cavallo (padre) era persuadir al Rey de que los terribles crímenes cometidos por la dictadura estaban encuadrados en la denominada “lucha contra el terrorismo” y, por tanto, jamás podían ser juzgados como actos de lesa humanidad, tal como defendía Garzón.

Tras describir la situación de su hijo, el autor de esta carta se deshizo en elogios hacia el modelo de impunidad que se había instaurado a este lado del Atlántico tras el final de la dictadura franquista. “Su Excelencia, permítame recordarle que su país, España, ha sufrido las consecuencias de una cruenta y cruel guerra civil –apuntó-. Pero una vez terminada la misma supieron, con inteligencia y patriotismo, superar las secuelas que una lucha entre hermanos deja”. A continuación, el padre de Cavallo escribió otra contundente frase que resaltó a propósito en negrita. “Soberanamente dictaron las leyes que consideraron oportunas y que les permitiera volver a vivir en armonía, dejando atrás ese pasado oscuro de la historia. Nadie pudo osar interferir en sus actos soberanos. Tampoco ustedes lo hubieran permitido”, remarcó.

En ese contexto, Oscar Antonio Cavallo tuvo otro guiño hacia la situación en España: “Su Excelencia, es claro (sic) que el terrorismo fue malo antes, es malo hoy y será malo siempre, por lo que su accionar debe ser combatido en resguardo de las instituciones democráticas, como lo hacen en este momento dentro de sus propias fronteras”, aludiendo a la lucha antiterrorista contra ETA.

Situación “desmadrada”

Por todo ello, el familiar del genocida solicitaba “humildemente” la “intervención” del Rey a favor de su hijo para superar “esta desmadrada situación”. En concreto, le pedía al monarca que adoptase “aquellas decisiones políticas que permitan que ese ciudadano argentino regrese a su país”. “Su Excelencia, usted sabrá perdonar si la presente con cumple con los requisitos formales que corresponden, pero como comprenderá para mí el caso trasciende lo protocolar para instalarse en lo humano”, escribió al final de su nota.

A modo de “posdata”, Oscar Antonio Cavallo informaba al Rey que tenía previsto estar en Madrid entre el 21 y el 29 de septiembre de 2003. “Seguramente el señor que le entregue la presente conocerá mi lugar de alojamiento”, advertía, lo que abre dudas sobre quién fue la personas que consiguió hacer llegar esta misiva a Juan Carlos I y cuál era su capacidad de influencia. Lo que sí queda claro es que no se trató de una nota enviada por correo postal, sino que alguien se encargó de entregarla de manera personal.

Gestiones ante Justicia

Tras recibir esta carta, la Casa Real evitó desecharla o simplemente archivarla. Por el contrario, la institución monárquica decidió enviarla al ministerio de Justicia, por entonces a cargo de José María Michavila (PP). Tres meses después, el 22 de diciembre de 2003, la Dirección General de Política Legislativa y Cooperación Internacional de dicho ministerio trasladó la nota de Oscar Antonio Cavallo al juzgado de Garzón “para su conocimiento y a los efectos oportunos”. Así consta en un oficio que lleva como asunto “extradición de Ricardo Miguel Cavallo” y que está firmado por de la subdirectora general adjunta, Isabel Vevia Romero.

Este pedido no tuvo efecto sobre la situación del militar argentino, que permaneció preso en España hasta el 30 de marzo de 2008, cuando fue enviado a Argentina para que le juzgaran por sus crímenes. La condena a cadena perpetua que acaba de dictarse esta semana podría ser el epílogo de esta historia. “Día negro”, escribió su padre el pasado miércoles en las redes sociales, poco después de conocer la condena recibida por su hijo. En su perfil de Facebook abundan los mensajes a favor de los militares condenados por secuestros y asesinatos durante la dictadura militar. Entre otras imágenes, hay una que utilizó para saludar a sus amigos en las Navidades de 2016. Se le ve a él y a su hijo. Junto a ambas fotos escribió una frase bíblica: “Bienaventurados los perseguidos”. Del perdón o la justicia no hay ni una sola palabra.