El sistema público de pensiones es, sin duda, el mayor logro de nuestro sistema de bienestar, junto a la sanidad y la dependencia, por lo que cualquier circunstancia que pueda debilitarlo o, simplemente, fagocitarlo, tendrá una dura contestación social.

Durante los años 80 y 90 las pensiones fueron un arma arrojadiza entre los grandes partidos, con escenas y vídeos denigrantes para el sentido común. La firma del Pacto de Toledo entre todas las fuerzas políticas fue un bálsamo mientras el sistema estaba en equilibrio o incluso con superávit. En estos años, las sucesivas reformas implantadas por el PSOE y el PP solo tenían un objetivo, tácito o explícito, reducir la factura de las pensiones, vía reducción de la pensión media o endureciendo acceso a la misma. Todo ello adolecía de una verdadera visión de largo plazo, ya que los principales retos para un sistema de reparto como el nuestro estaban ya sobre la mesa, mientras se sacaba pecho por engordar la hucha de las pensiones, como Zapatero, mientras que ahora se echa en cara el mismo expresidente la herencia recibida en materia de empleo.

Esta lucha partidista y absurda ha permitido que ahora ya desde Bruselas se legisle sobre el futuro de nuestras pensiones, máxime cuando nuestras desviaciones de déficit se explican de forma significativa por el desfase en el sistema de pensiones. De hecho, este año 2016, el déficit alcanzará los 19.000 mill€, coincidiendo con el agotamiento inmediato del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, dejando a los pensionistas al albur del Parlamento ya que, en el futuro, el sistema deberá ser complementado vía impuestos. Esta realidad ya era aventurada por algunos economistas y respondido de forma contundente por las huestes del establishment asegurando que las pensiones están aseguradas de por vida, ya que así lo dicta la Carta Magna, aunque vistos los incumplimientos de la misma, no deberíamos estar tan seguros de la viabilidad del sistema.

La realidad demográfica, laboral, impositiva y estructura social explican prácticamente la mayor parte de la varianza del déficit de la Seguridad Social, aunque algunos factores sean contradictorios. Por un lado, el aspecto demográfico nos indica que la sociedad envejece de forma alarmante y que la tasa de sustitución se reduce conforme la población pensionista alcanza niveles críticos en relación al número de nuevos entrantes en el mercado laboral. Aquí el discurso de cierta parte de la izquierda pone de manifiesto que el problema demográfico es irrelevante teniendo tanta población joven ociosa sin trabajar. Una parte de este análisis es cierto, pero ello sólo tendría impacto en el corto plazo, incluso aunque el paro juvenil fuese mínimo, la demografía nos engulliría como país y nos abocaría a un mercado laboral ínfimo y un crecimiento potencial tendente a cero. Las últimas proyecciones del INE, que siempre hay que poner en cuarentena, nos avanzan que en 50 años España perderá más de 5,4 millones de habitantes y un porcentaje muy relevante serán hogares con una sola persona. Esta pérdida de población se dejará notar especialmente en las Comunidades Autónomas más rurales, como las dos Castillas, Asturias o Galicia.

En este contexto, una reducción de la población, que, en algunos sitios emblemáticos como Madrid, ya ha comenzado, provocaría una reducción del PIB notable, salvo que la productividad pudiese compensar dicho proceso de despoblación. Por tanto, a largo plazo, salvo que se produzca un cambio drástico en la composición de la población, tenderemos a tener crecimientos del PIB muy bajo o incluso negativo. La política de natalidad ha sido otro aspecto descuidado por todas las administraciones, tanto de derechas, como de izquierdas, algo que en Francia han solucionado de forma estructural vía gasto público. No hay que olvidar que la tasa de fecundidad en España sigue entre las más bajas del mundo, con 1,33 hijos por mujer en edad fértil, con un ligero repunte a largo plazo hasta 1,36 según el INE para 2031. Este descenso se ha producido, no sólo por la ausencia de políticas que favorezcan la natalidad, como son los salarios dignos, vivienda asequible, cierta estabilidad laboral y horarios de trabajo razonables, amén de ayudas públicas específicas, sino por el descenso de las mujeres en edad fértil, que se reducirían un 16,6% en los próximos 15 años.

Si a todo esto, unimos una estructura productiva que tiende a reducir la inversión a largo plazo y el empleo, tenemos en perspectiva un desempleo crónico de más del 40% de la población mayor de 50 años en los próximos años. Estas cifras contrastan con la ocurrencia del Gobierno para que trabajen los jubilados y puedan compaginar su pensión al 100%. ¿Para quién está pensada esta medida? Básicamente para profesiones liberales, abogados y autónomos de alta cualificación que en ningún caso van a solucionar el problema estructural de las pensiones. No hay que olvidar que desde 2013, apenas un 0,3% de trabajadores han optado por compaginar pensión y empleo, la gran parte abogados.

Con estas premisas, ¿qué soluciones se plantean desde el poder económico y académico? La mayor parte de las soluciones propuestas por PSOE y PP van en la dirección de reducir la pensión media: alargar la edad de jubilación, introducción del factor de estabilidad, eliminación del IPC como fórmula de revalorización y alargamiento de la vida laboral para tener acceso a la pensión completa. Los resultados hasta ahora son muy pobres y han empeorado la situación, básicamente por una reducción drástica de los ingresos por cotizante, gracias a las diversas Reformas Laborales. Sin una mayor empleabilidad, mayor crecimiento de la productividad y elevación de salarios, no sólo por un aumento del empleo, el sistema público de pensiones quebrará y tras el agotamiento del Fondo de Reserva tendremos que sacar parte de los gastos de los Presupuestos Generales del Estado.

Nos quedaría el recurso a la fiscalidad específica, ya que, a corto y medio plazo, los salarios y el empleo no van a crecer lo suficiente para equilibrar el sistema, como ya ha reconocido el Gobierno en su comunicación a Bruselas. La valentía política se pondrá a prueba en la próxima legislatura ya que habrá que tomar decisiones drásticas, porque si no se pondrá en peligro el sistema. No basta con sacar del sistema las pensiones de viudedad o las de orfandad o el complemento a mínimos. El problema real es conseguir una financiación estable mediante contribuciones especiales como pasa en Francia, aunque allí tienen menos problemas demográficos. En un contexto de paro masivo a largo plazo, con salarios bajos estructurales y crecimientos de productividad cercanos a cero y con caída de la población a largo plazo, sólo un sistema fiscal muy progresivo y elevada capacidad de recaudación podrá sostener un sistema que ha llegado al punto crítico, como algunos dijimos hace ya mucho tiempo.

Por supuesto que siempre nos quedará el modelo chileno de pensiones de capitalización puro, pero no creo que a nadie se le ocurra copiar el sistema implementado por Piñera. En una población en la que un 90% de la población ocupada apenas tiene capacidad de ahorro y con un porcentaje cada vez más grande de personas que tendrán que vivir de una renta universal, las pensiones privadas no tienen futuro en España. Los resultados de los fondos de pensiones avalan la aversión al riesgo de gran parte de la población española. Bruselas y los grandes fondos norteamericanos tendrán que esperar a la hora de apropiarse del escaso ahorro español, especialmente el de las rentas medias y bajas.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.