Exhumación de una fosa común

COMPARTIR share

MADRID // Cero euros. Es la cantidad que dedican los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que se han presentado este martes, a la Ley de Memoria Histórica. En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy eliminó la partida destinada, fundamentalmente, a la financiación de exhumaciones de víctimas del franquismo. Desde entonces, el Ejecutivo del PP no ha destinado ni un céntimo al desarrollo de esta ley, aprobada por el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Pocos meses después de que entrase en vigor, Rajoy —entonces en la oposición— ya dejó clara cuál era su postura. «Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos», afirmó en una entrevista concedida al diario 20 minutos. «Entonces, ¿no tiene derecho una familia a recuperar los restos del abuelo que está en una cuneta y…?», repreguntó a Rajoy el periodista Arsenio Escolar. «Si sabe dónde… Pero mire, yo creo que en el año 78 dijimos: ‘Miremos hacia el futuro‘. Hagámoslo», replicó el dirigente popular.

Con Rajoy ya instalado en Moncloa, el Gobierno del PP eliminó las ayudas a las víctimas del franquismo, que ascendían a algo más de seis millones de euros en 2011. En apenas dos años, la ley se quedó sin presupuesto. «Los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones», declaró por aquel entonces el actual portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una tertulia televisiva. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció a Hernando por un delito de injurias graves, y la fiscalía archivó la querlla al no encontrar «elementos suficientes para ejercer acciones penales o civiles».

Hace pocas semanas, Hernando criticó de nuevo a las víctimas de la dictadura franquista, al asegurar que «esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos». Y otra vez la ARMH se dirigió a la fiscalía, al considerar que estas palabras podrían incumplir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente «fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada».