España ha cambiado mucho en las últimas décadas. El norte, antaño el motor más potente del país y líder en niveles de renta ha dejado paso al Mediterráneo como foco de crecimiento. El fracaso de la transición industrial, su debilidad para el turismo, etc., muchas son las causas que explican su situación actual. Sus problemas, sin embargo, se concretan en dos, que son uno en realidad: la despoblación y el envejecimiento. Los jóvenes emigran buscando un trabajo y los mayores envejecen en pueblos y ciudades cada vez menos dinámicas.

El escenario para todas estas regiones sería mucho peor si no existiesen las transferencias directas derivadas de la protección social, esto es, pensiones y seguro de desempleo. Los datos de Contabilidad Regional publicados por el INE esta semana muestran que la renta de de estas regiones se habría hundido sin las pensiones. Así se deriva de la comparativa entre el PIB per cápita, esto es, lo que produce una región, y su renta bruta, esto es, el dinero del que disponen las familias.

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Este gráfico explica perfectamente esta situación. En él están representadas las diferentes comunidades autónomas en función de su PIB y su RDB per cápita en comparación con la media nacional. El 100 equivale a la media nacional, cualquier dato superior es que esa región tiene un PIB o una RDB superior a la media y por debajo, inferior.

Lo bueno de utilizar estas dos variables (PIB per cápita y Renta Disponible Bruta per cápita) es que la diferencia entre las dos responde básicamente al pago de impuestos y la percepción de transferencias directas, principalmente pensiones. Es por eso que son los dos mejores indicadores para analizar esta situación, porque muestra que unas regiones financian a otras a través de transferencias directas. Es importante tener en cuenta que la inversión productiva genera PIB, por lo que se contabilizaría en ambas estadísticas, de modo que no influye en este estudio.

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La línea de regresión del gráfico indica el nivel de renta disponible que le correspondería a cada región en función de su PIB. De ahí que los puntos por encima representen a comunidades que tienen mayor renta de la que les correspondería por su nivel de producción. Todos ellos se corresponden con comunidades del norte: Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra y Galicia. El resto de regiones, especialmente el arco mediterráneo y el centro, contribuyen con sus impuestos a financiar al norte, de modo que tienen una renta disponible inferior a la que les correspondería por su nivel de producción.

Como es obvio, estos datos coinciden perfectamente con las regiones más envejecidas. Todas ellas tienen más de un 20% de su población por encima de los 65 años y en los casos de Asturias, Castilla y León y Galicia, casi alcanzan el 25%. Con tal volumen de jubilados, es normal que la renta disponible de estas regiones esté inflada gracias a las pensiones. En otras palabras: reciben lo que no producen gracias a las transferencias automáticas desde otras regiones. De hecho, la subida de las pensiones aprobada en 2018 ha supuesto un importante estímulo para estas regiones envejecidas, ya que han visto aumentada su renta disponible.

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Hay otro factor importante y es que la pensión media en estas regiones es elevada. Es así por dos motivos, el primero, que su renta fue durante décadas superior a la del resto de España, de ahí que el cálculo de la pensión fuese superior. El segundo es que en muchos casos se utilizaron las pensiones como política de subsidios hacia las regiones que se desindustrializaban. Esto explica que País Vasco y Asturias sean las dos comunidades en las que la pensión media (contributiva) sea más alta, superando los 1.130 euros en ambos casos. Pero Cantabria, Navarra y Aragón también están por encima del conjunto de España en pensión media.

Transferencias contra la crisis

En este punto conviene señalar que las transferencias automáticas no solo responden a la solidaridad de la sociedad; también son el mejor instrumento para evitar crisis asimétricas dentro de los países. Este mecanismo permite que fluya el dinero de las regiones en mejor situación a las que lo están menos (en especial en momentos de crisis) sin que sean necesarios acuerdos políticos, que siempre entorpecen las inversiones regionales. La eurozona carece de este tipo de transferencias automáticas y esto ha sido siempre un lastre para la cohesión interna y la lucha contra las crisis.

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Todas estas comunidades del norte tienen un gran déficit en la Seguridad Social: las cotizaciones de sus trabajadores no son suficientes para financiar sus pensiones (eso sin contabilizar el resto de gastos del sistema). El caso más escandaloso es el de Asturias, ya que ni siquiera genera ingresos para abonar la mitad del gasto. En el año 2017 destinó 4.433 millones al pago de las pensiones contributivas y, por el contrario, apenas recaudó 2.078 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.

Su caso es paradigmático, ya que los antiguos mineros disfrutan de las pensiones más altas de España pese a haber contribuido muy pocos años. Era la fórmula para compensar el riesgo físico de su profesión y que ha derivado en un gran desequilibrio financiero para sus cuentas. Los antiguos mineros son hoy pensionistas que perciben prestaciones muy generosas, pero ya no quedan mineros para cotizar por ellos.

En el resto del norte, la situación no es mucho mejor. En Cantabria, Castilla y León y Galicia, los ingresos por cotizaciones son menos del 70% del gasto en pensiones contributivas. En el extremo opuesto se sitúan Madrid, Canarias y Baleares que generan más dinero del que perciben en pensiones, de modo que financian a la Seguridad Social.

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En muchas de estas regiones del norte, esta situación es el fracaso de las políticas de reconversión que se limitaron a subsidiar a los obreros y mineros que perdían sus empleos. Las jubilaciones y prejubilaciones fueron una vía para calmar las protestas sociales. De esta forma, los distintos gobiernos se aseguraban el mantenimiento de una renta para los asalariados cuyo puesto de trabajo se destruía, dejando sin posibilidades a los más jóvenes, que tuvieron que emigrar.

El resultado de estas políticas es una ‘muerte dulce’: se logró la paz social pero se hizo a base de rentas que desaparecerán en las próximas décadas. A medida que esas generaciones de obreros vayan muriendo, las transferencias de dinero hacia estas regiones en forma de pensiones se irán apagando. Este es el mayor peligro económico que afronta el norte de España para la próxima generación. Por el momento el consumo se sostiene sobre las pensiones, pero ¿qué pasará cuando esta renta ya no exista?