Con la bandera de la transparencia, Cristina Fernández de Kirchner está a punto de enterrar una de las pocas herramientas disponibles en Argentina para luchar contra la corrupción de manera eficaz.

Me refiero a la obligación para el presidente, ministros, secretarios y otros integrantes del Poder Ejecutivo de presentar, una vez al año, una declaración jurada de bienes, los propios y de los cónyuges.

De aquí en más, gracias a la Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos, que el Congreso se apresta a sancionar, muchos menos datos serán públicos.

Bastará que la Presidenta y sus colaboradores difundan por Internet formularios idénticos a los que cada año presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -pero- "con excepción del anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas en la presentación".

El cambio significa un retroceso drástico.

Los formularios que desde el año 2000 atesora la Oficina Anticorrupción -accesibles para cualquier ciudadano mediante un trámite sencillo- ofrecen muchos datos.

Al consultarlos se pude saber si los inmuebles declarados son terrenos, departamentos o casas; la fecha de la compra; si fueron adquiridos con ahorros, créditos o por herencia; la ubicación de los mismos, los metros cuadrados y la valuación fiscal. También consignan la participación en sociedades, la actividad que desarrolla y el porcentaje de acciones que ostenta, además de ingresos anuales y antecedentes laborales. El rubro de las cuentas bancarias discrimina depósitos a plazo fijo, moneda de origen, deudas, títulos y una serie de asuntos que ofrecen un panorama detallado de la situación patrimonial de los funcionarios obligados.

El proyecto de ley que Fernández de Kirchner envió al Congreso no precisa cuál formulario de la AFIP va a sustituir al de la Oficina Anticorrupción. Podría ser el 711, de impuestos a las ganancias, o el 762, de bienes personales, o ambos. En cualquier caso, sólo ofrecen cifras sin ningún tipo de explicación adicional.

En un lugar del listado completo de propiedades que la Presidenta estaba obligada a entregar (ver por ejemplo su declaración del 2011, en un trabajo de investigación del diario La Nación) obtendremos el valor fiscal total de todos ellos juntos, o el patrimonio neto total calculado para una fecha determinada.

Es decir, presentará un número global en lugar del listado con 12 departamentos, 6 casas, 6 terrenos, 4 locales y las sociedades que controlan hoteles de lujo en El Calafate, un conjunto de activos de la familia presidencial valuados en el 2012 en 89 millones 300 mil pesos.

Con suerte, si la reglamentación se inclinara por exigir la difusión del formulario 711, sabremos cuánto pagan de impuestos los funcionarios. De sus parejas ya nada sabremos, con lo cual tampoco serán públicos los bienes de la sociedad conyugal, sino tan sólo la parte que le corresponde a quien ejerce la función pública.

La transparencia de ciertos datos resulta más imprescindible en Argentina que en otros países con mejores prácticas éticas, porque ninguna norma prohibe aquí la actividad comercial en simultáneo con desempeño de un cargo en el Estado. En otros países, los presidentes deben depositar el manejo de sus finanzas privadas en un tercero mediante la figura del fideicomiso ciego, que les impide saber en qué están invertidos sus ahorros.

De esa manera, prevenien el uso de información privilegiada en beneficio propio (como por ejemplo comprar dólares antes de una devaluación) o los conflictos de interés (por acaso pavimentar una calle, mejorar un aeropuerto o realizar cualquier otra obra que aumente la cotización de un bien propio).

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder en el año 2003, el matrimonio incrementó su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción de 7 millones a 82 millones de pesos. Un incremento notable para cualquiera, pero mucho más para una pareja dedicada a la función más demandante de tiempo que pueda ofrecer la política.

Gracias a la información disponible, los periodistas que tuvieron la voluntad de indagar un poco más descubrieron que una parte importante de los ingresos de la pareja provenían del alquiler de uno de sus hoteles, Los Sauces, a un precio muy conveniente, al empresario Juan Carlos Relats. Además de alquilar el hotel del matrimonio Krichner, Relats explota concesiones del Estado. De un lado paga, del otro cobra.

Otro ejemplo: en los formularios de la OA, el vicepresidente Amado Boudou debió informar sobre las sociedades comerciales que comparte con José Núñez Carmona, su amigo de la infancia y nexo con Alejandro Vanderbroele, la cara más visible de un grupo que gracias a las facilidades que le otorgaron la AFIP y el ministerio de Economía casi se queda con la imprenta de billetes ex Ciccone.

De aquí en más, ninguno de estos datos serán de acceso público, y lo más cínico del caso es que desde el Gobierno y en el kirchnerismo todo, el retroceso se plantea ante la opinión pública como un supuesto avance en materia de transparencia.

¿Qué pasó? Una ley, la 25.188, cumplió con una exigencia de la Constitución del año 1994 al sancionar un régimen de ética pública, que sin embargo nunca se instrumentó de manera cabal en los tres poderes del Estado. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial pusieron en marcha los organismos de control y publicidad de las declaraciones juradas, como sí hizo el Poder Ejecutivo al crear en el año 2000 la Oficina Anticorrupción.

Tanto los jueces como los legisladores, salvo contadas excepciones, impidieron a lo largo de todos estos años y con trabas burocráticas la publicidad de sus declaraciones de bienes, mientas que a los formularios de los integrantes del Poder Ejecutivo se accede hace más de una década sin dificultad, después de llenar una solicitud online y al cabo de 72 horas se retiran las copias en la sede de la Oficina Anticorrupción.

Ahora, en el paquete de leyes de la así llamada democratización de la justicia, Fernández de Kirchner coló un proyecto que obliga a los tres poderes de la misma manera, bajo un mismo régimen, a publicitar en Internet sus declaraciones juradas. Pequeño detalle: los formularios ya no serán los de antes. Si pretendía de verdad promover la transparencia, era cuestión de hacer cumplir la ley 25.188 de manera cabal.

Con la nueva normativa, los funcionarios del Poder Ejecutivo podrán esconder un montón de datos que hoy en día sí están obligados a revelar y la información que aporten los demás poderes también van a resultar insuficiente para detectar casos de corrupción.

Sin recurrir a la manipulación burda no hay manera de presentar el cambio que se viene como un progreso.