Cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció su plan de protección a periodistas, aseguró que el gobierno federal como los gobiernos estatales “haremos valer la justicia y la libertad de expresión”. Paradójicamente, el mayor número de agresiones contra periodistas en México proviene de servidores públicos.

De acuerdo con el informe estadístico emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob), con motivo de 265 casos de periodistas que se han integrado al Mecanismo de Protección, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, 98 funcionarios públicos fueron “probables agresores” de periodistas, contra 84 casos en los que los ataques provinieron de “particulares” y 83 de “desconocidos”.

El informe de Segob indica, además, que este patrón se repite en los casos de ataques contra defensores de derechos humanos: en 79 casos, las agresiones provinieron de servidores públicos, contra 76 ataques de desconocidos y 65 de particulares.

Aún así, el titular de la administración pública federal afirmó : “Lucharé hasta el último día mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo”, por lo cual, el segundo punto de su plan de acción en defensa de los periodistas será establecer un “Esquema Nacional de Coordinación·, cuyo objetivo será ·coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos·.

¿Plan reeditado?

En el anuncio del pasado miércoles, el presidente presentó como primer punto del plan, el “fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Esta promesa; sin embargo, no es un compromiso nuevo, sino que ya había sido formulado desde principios de mayo, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que, para este año, el presidente no había contemplado recursos para la operación del mecanismo, en su proyecto de presupuesto de egresos.

Desde el 16 de abril pasado, la CNDH hizo público que, en la actualidad, el Mecanismo opera con recursos remanentes de 2016, lo cual fue confirmado una semana después por la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas, del Congreso de la Unión, la cual exhortó a la Secretaría de Hacienda a otorgar al menos 80 millones de pesos para este fin.

Sólo después de que la CNDH y el Congreso de la Unión reportaron esta omisión, el presidente se comprometió a consolidar y otorgar recursos para que el Mecanismo pueda operar en 2017, promesa formulada durante un encuentro con delegados de la organización internacional denominada Comité para la Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), sostenido el pasado 4 de mayo. Once días después, los periodistas Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados.

Tres sentencias para 126 asesinatos de periodistas: CNDH

Según información divulgada por la CNDH, entre el año 2000 y la actualidad, al menos 126 periodistas han sido asesinados en México. En ese mismo lapso, sólo han sido emitidas tres sentencias relacionadas con esos crímenes.

Esta situación de impunidad es tan grave que, el pasado 16 de mayo, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señaló a las autoridades mexicanas que “la investigación, persecución y sentencia para los perpetradores sería la mejor prevención para que no se repita” la violencia.

Un día después, al presentar su plan de protección a periodistas, el presidente Peña Nieto se comprometió a “fortalecer” la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión”, para lo cual, anunció acciones que, de por sí, deberían darse, tales como: “revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso”, “coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los periodistas”, “apoyo a las entidades en la creación de unidades o ministerios públicos especializados en libertad de expresión”, y “creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas”.

Cabe destacar que durante el acto en el que este plan de protección a periodistas fue anunciado, fotorreporteros que daban cobertura exigieron al presidente, a gritos, “¡Justicia!” y “!No más discursos!”.

405 solicitudes aceptadas

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob ha rechazado 84 solicitudes de incorporación al Mecanismo; en contraste le ha dado entrada a 405 solicitudes.

En todos los casos se elaboró una evaluación por parte de la Unidad de Riesgo del Mecanismo, conformada por un grupo de especialistas capacitados por la organización Freedom House. “Cuando se determina que no hay elementos para dictar las medidas se rechaza la solicitud”, dijo el subsecretario de los derechos humanos de la Segob, Roberto Campa, en entrevista con Animal Político.

Para que la solicitud resulte negativa influyen una serie de factores relacionados con la falta de cumplimiento a los requisitos señalados en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, como pudiera ser que el solicitante no ejerza el periodismo o la defensa de los derechos humanos, según informaron las autoridades consultadas.

Sin embargo, se han presentado casos en los que la evaluación de riesgo resulta negativa “porque la autoridad no observa un riesgo en la integridad física de la persona o cuando se trata de hostigamiento judicial por parte de políticos”, dijo Leopoldo Maldonado, abogado de ARTICLE 19, organización que brinda apoyo legal a periodistas y medios de comunicación ante el Mecanismo.

“Cuando se han presentado casos de hostigamiento judicial, como son las demandas de políticos contra periodistas, la Unidad de Riesgo considera que no es necesario otorgar medidas porque no ven un factor de riesgo físico. Lo mismo sucede con amenazas vertidas en redes sociales; lo que nosotros hemos dicho es que este tipo de actos son un inhibidor para el trabajo de los periodistas y deben tener cabida en el Mecanismo”.

Una vez que la evaluación de riesgo concluye, ésta se presenta ante la Junta de Gobierno del Mecanismo y ahí se ponen en votación de sus integrantes, entre los que se encuentran cuatro representantes del gobierno, dos defensores, dos periodistas, todos con voz y voto, así como invitados permanentes, con voz pero sin voto, entre ellos un representante de la Oficina en México de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según el “Informe estadístico de marzo 2017” del Mecanismo, elaborado por la Segob, sólo durante el año pasado se negaron 17 solicitudes: 10 de periodistas y 7 de defensores y defensoras de derechos humanos.

Desde la óptica de las autoridades, el actual rezago en la protección a periodistas y defensores que solicitan su inclusión en el Mecanismo demuestra un “avance”, ya que representa un “descenso de 50% en el número de solicitudes que no han sido aceptadas, con respecto a los primeros años” de funcionamiento de este protocolo de actuación, tal como señala otro informe de Gobernación, titulado “Avances y retos 2012-2016”.