Puigdemont: “Podemos garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya que el 1 de octubre votaremos”. / JULIO CARBÓ / ATLAS VÍDEO

Doble puesta de largo por lo civil del referéndum del 1-O. Junts pel Sí ha organizado una doble sesión, en el auditorio del Parlament, con la CUP, por la mañana, y en el Teatre Nacional de Catalunya, con el Govern, por la tarde, para dar detalles de la ley que ampara la consulta y de las garantías democráticas que la adornan. Por decirlo de alguna manera, porque dudas solventadas, pocas. A saber, se sigue sin saber de dónde sacará el Govern ese censo milagroso. Del boceto de iniciativa legislativa (no se ha entrado en el registro para evitar la reacción del Estado) destaca que el referéndum no solo será vinculante, sino que tendrá inmediatas consecuencias.

El Día de la Independencia catalana, si llega, será el propio 1 de octubre, o el 2 o, como mucho, el 3. La ley prevé que, si gana el 'no'en la consulta se convoquen, de manera inmediata, nuevas elecciones autonómicas. Y si vence el 'sí', según ha explicado la diputada anticapitalista Gabriela Serra (la CUP es coautora del texto), la proclamación de la independencia catalana en un plazo máximo de 48 horas desde el escrutinio.

Por la tarde, en el TNC, palabras del 'president'Puigdemont y del 'vice'Junqueras. Carles Puigdemont ha advertido de que "las amenazas a políticos, funcionarios y empresas no paralizarán a las personas. La gente hará posible la victoria". Y entre esta gente, los votantes del 'no', de los que Puigdemont se arrogó su representación frente a un Mariano Rajoy que no les permite ejercer el derecho a voto. Según el 'president', el 1-O no habrá "un choque de trenes", sino que "el tren del estatus quo se quedará en vía muerta", incluso si vence el 'no', porque nada será igual, gane la opción que gane.

En el día después de la crisis abierta por Jordi Baiget, ya 'exconseller', Puigdemont ha dicho entender "los temores", pero a su vez ha afirmado que esos miedos no pueden hace "desertar de la democracia" porque el "precio a pagar es más alto y lo sufrirán los próximas generaciones"

A todo esto, entre un acto y el otro, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, recordó a navegantes que "por tierra, mar y aire, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se encuentran donde haya que proteger los valores de la democracia y de la Constitución, pero también la integridad y soberanía" de España. "Al Estado le bastan 24 horas para recurrir la ley y obtener su paralización", avisó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

PALABRA DE LEY

El texto de la iniciativa incluye un preámbulo que ejecuta lo que en las semanas precedentes se señalaba como 'un acto de soberanía' que permite desconectarse del ordenamiento jurídico español. Es decir, como Catalunya "es un sujeto político soberano", algo ya dicho y votado (y recurrido por el Tribunal Constitucional) varias veces en el Parlament, se presenta este texto para amparar el referéndum. Lo que emana del texto es que esta ley sustituye a cualquier otra española con la que entre en contradicción en cuanto a la posibilidad de preparar y realizar un referèndum.

Según Marta Rovira (ERC), la ley se acoge a los derechos fundamentales presentes en todos los tratados internacionales. Esta mención no es baladí. Es obvio que el TC hará caso omiso a tal relación entre derechos fundamentales y ejercicio de la autodeterminación, pero es que los jefes del independentismo se preparan para la batalla legal que se puede abrir, en unos meses, en la arena de la justicia internacional.

Se trata, por ejemplo, del artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la propia ONU. "Estos tratados forman parte del ámbito jurídico español, por cuanto España los ha firmado", aseguró Rovira en el auditorio del Parlament, ante los diputados de su coalición, los de la CUP, los de Podem (que no los de Catalunya Sí que es Pot) y el no adscrito, y solitario, Germà Gordó.

LA SINDICATURA ELECTORAL

La ley del referéndum prevé también la creación de la Sindicatura Electoral (SEC), una central, de cinco miembros, y cuatro provinciales, de tres miembros, todos ellos elegidos por mayoría absoluta por el Parlament. Este ente, "externo e independiente del Govern", es la copia de la Junta Electoral Central española que vela por la neutralidad y el pluralismo de las contiendas electorales. Será la SEC la que maneje el censo que le facilitará el Ejecutivo catalán, una lista que no requerirá, a diferencia del 9-N, de autorización o inscripción previa de los ciudadanos.

La SEC también realizará el sorteo de los miembros de las mesas. Todos los ciudadanos pueden ser llamados a presidir o ejercer una vocalía en unas de las 8.500 mesas. La ley señala que "los ayuntamientos pondrán en manos de la Sindicatura los locales necesarios" para llevar a cabo el referéndum. Y si no fuera así, "el Govern podrá habilitar los locales" precisos para dar cumplimiento a las necesidades de las secciones electorales.

OBSERVADORES INTERNACIONALES

La SEC también acreditará un equipo de observadores internacionales que hará el seguimiento de todo el proceso y asistirá a todos los actos y preparativos que se celebren.

El boceto de propuesta legislativo no incluye, como ya era sabido, ningún mínimo de participación, por aquello de que fijar un mínimo para dar validez al referéndum sería una invitación a los partidarios del 'no' a boicotear con su abstención la consulta. En este punto, el independentismo catalán sí abraza las recomendaciones de la llamada Comisión de Venecia.