Marisa Kohan Revsin

“¿Cerró bien las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?”. Esto le espetó una jueza del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vitoria a una víctima que había ido a prestar declaración. Ocurrió en febrero de 2016. El día anterior ella había denunciado a su pareja por violarla, y solicitaba una orden de alejamiento para él.

Estos hechos fueron denunciados ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que casi un año y medio después de esta escena archivó definitivamente el caso sin imponer ninguna sanción. De sus siete miembros, seis votaron en contra y sólo uno a favor de que se sancionara a esta jueza. El voto positivo lo puso entonces Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de dicha institución.

Cuando en 2019 el juez Francisco Javier Martínez Derqui saltó a los medios por llamar “bicho” e “hija de puta” a una mujer que denunció a su pareja por violencia de género, el resultado fue el mismo. El órgano de los jueces estimó que no había motivos para una sanción. Ni siquiera para apartarlo del juzgado especializado en violencia contra la mujer en donde es titular. El CGPJ entiende que puede seguir instruyendo casos de violencia de género. En la grabación del juzgado se podía escuchar, también, cómo con sorna el juez se mofaba: “Verás el disgusto que se va a llevar cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”.

Desestimadas por este órgano acabaron también las distintas denuncias contra el juez Ricardo González, que emitió el voto particular en la primera sentencia de ‘La Manada’, el que veía “jolgorio” y “regocijo” donde el Tribunal Supremo estimó meses más tarde que se trató de una violación en toda regla.

Tampoco tuvo suerte I.L.T., una mujer víctima de violencia de género cuyo exmarido, condenado por maltratarla, nunca llegó a entrar en prisión, y que en febrero de 2018 presentó una queja ante este mismo organismo para que investigara la conducta de la jueza de un juzgado de violencia de género. El CGPJ no sólo desechó la petición (que realizaron conjuntamente una decena de organizaciones feministas que la arroparon), sino que el caso terminó en el Tribunal Supremo, que en una curiosa sentencia amparó a la jueza ante las “presiones” que sufría por parte de la víctima. Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron en este caso el corporativismo y la injusticia de las actuaciones del Supremo y del máximo órgano del gobierno de los jueces.

Estos cuatro ejemplos no son casos aislados. En una reciente entrevista con Público, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, reconocía que el CGPJ no tenía capacidad suficiente para realizar investigaciones de oficio y que desde que ella estaba en el cargo (2014) no hubo ningún expediente que acabara en sanción.

Si este es el resultado con casos tan llamativos y que tuvieron tanta repercusión social y mediática, ¿cuántos cientos o miles habrá en la penumbra de un sistema judicial que no es capaz de mirarse a sí mismo para evaluar o reconocer que en muchas ocasiones la justicia deja de serlo porque funciona mal? ¿Cómo es posible que tengamos instituciones tan pagadas de sí mismas que no sean capaces de aceptar que cuando los engranajes no funcionan y no se aceitan, lo que producen es violencia institucional?

En una entrevista para esta publicación, Soledad Murillo, hasta hace muy poco secretaria de Estado de Igualdad, resalta que entre las modificaciones pendientes en el sistema de justicia está la necesidad de poder contar con “un Consejo General del Poder Judicial que pueda indagar, sancionar o apercibir a quienes emitan sentencias que resulten lesivas para las mujeres. El CGPJ tiene esa capacidad y debería usarla. ¿Para qué está si no se utiliza?”, se pregunta. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas en cuanto a la prevención y tratamiento de la violencia de género, no cabe duda. Pero siguen existiendo muchas brechas por cerrar y, tal como resaltan muchas de las expertas que contribuyen en esta publicación, la crisis supuso un largo paréntesis que paralizó el discurso, frenó las medidas de cambio y significó una parálisis de la que recién ahora parece que nos vamos recuperando.

A lo largo de los últimos años, en nuestro quehacer periodístico en relación a las víctimas de violencias machistas, nos hemos topado con una infinidad de historias. Todas especiales. Ninguna idéntica. Pero en ellas, las mujeres sufrían patrones de discriminación, de violación de derechos y de desamparo institucional en los que se descubrían pautas de respuesta por parte del sistema de justicia.

Hemos conocido innumerables casos de mujeres que denuncian los abusos sexuales que sufren sus hijos e hijas a manos de sus parejas y a quienes en los años siguientes (se calcula que los procesos judiciales duran de media tres años) les acaban arrancando las custodias de sus hijos. Porque no es que las pierdan. Se las quitan. Lo mismo le ocurre a infinidad de mujeres que denuncian la violencia de género.

Hemos escuchado testimonios de mujeres que, a pesar de denunciar la violencia que viven y de alertar sobre la necesidad de proteger a sus hijos e hijas, acaban interpelando a jueces, a fiscales, a policías, qué hicieron mal para que no las oyeran, para que no las creyeran.

“Yo me he encontrado con una jueza de violencia de género insensible y poco respetuosa con la persona que tenía delante. He sentido que solo era un número más”, afirma Itziar Prats, a quien su expareja asesinó a sus dos hijas en Castellón en 2018 después de que hubiera pedido ayuda y protección. En un artículo de su puño y letra, esta madre da una lección de dignidad y de entereza, recomendando cambios imprescindibles, con ese conocimiento que sólo da el haberse dejado la vida en el sistema de justicia.

Hemos visto cómo la irrupción del Síndrome de Alienación Parental en los juzgados (a pesar de que esté expresamente desaconsejado por el CGPJ), supone un terremoto de tal magnitud en la credibilidad de mujeres y menores, que en lugar de protegerlos los vuelve más vulnerables a su paso por el sistema de justicia.

Hemos relatado una y otra vez las historias de menores que se ven obligados a ver a su maltratador o abusador sexual en un punto de encuentro familiar y cómo se ordenan cambios de custodia a favor de estos cuando las madres no consiguen obligar a sus hijos a ver a quien en lugar de protegerlos los maltrata.

“El Punto de Encuentro se convirtió así en una herramienta legal que permitía a Fernando perpetuar el maltrato”, relata Patricia Fernández en un desgarrador testimonio. Una joven que entre los seis y los 16 años vivió lo que califica como un infierno judicial.

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de esta casuística tan extendida (muchísimas madres aseguran aguantar lo indecible para no entrar en un sistema de justicia que acabará quitándoles la custodia de sus hijos) no dispongamos aún de estadísticas y del conocimiento necesarios que permitan atisbar la magnitud del problema para atajarlo.

La persistencia de estereotipos y prejuicios hacia las mujeres se encuentra sin duda en la base de estas discriminaciones que atraviesan la sociedad y el sistema de justicia como un bisturí imperceptible. El mito de la mujer malvada, de la bruja, nos acompaña desde la cuna, desde antes de nacer.

La formación de jueces y juezas (y otros operadores judiciales) en perspectiva de género sigue siendo inexistente. El CGPJ ha implantado un cursillo obligatorio para todos los jueces que quieran entrar en una especialidad, pero tal como denuncian algunas expertas, eso no garantiza el reciclaje de los que ahora están en los juzgados ni en los tribunales superiores que sientan jurisprudencia. A este paso se tardará décadas en tener un cuerpo de jueces formados.

Tal y como propone Gloria Poyatos en un artículo retador para esta publicación, tal vez no solo hay que incluir la perspectiva de género en las facultades de Derecho, además hay que dar valor curricular a la inteligencia emocional vinculada a los cuidados. Esta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias afirma que “podría haberse agilizado el camino hacia la igualdad real desde la justicia si, al igual que se ha hecho en otros países, se hubiese optado por implementar tal formación desde la cúspide, esto es, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional”.

Esta publicación repasa, también, la necesidad de modificar o poner en marcha legislaciones específicas que intenten combatir la discriminación contra las mujeres. Una de ellas es la modificación de los delitos relacionados con la libertad sexual en el Código Penal. Eliminar la distinción de abuso y agresión sexual es un clamor entre gran parte de la sociedad y la mayoría de expertos juristas. Pero no sólo. También es preciso buscar fórmulas por las que todas las violencias contra la mujer por el hecho de serlo, sean consideradas violencias de género, tal como ocurre ya en legislaciones de otros países y como lo exigen los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres ratificados por España, que en su gran mayoría se han incumplido.

“Hemos tenido un Estado que no cumplía su propio Derecho”, asegura en una entrevista la recién nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell. “Suena gravísimo pero es así”. Y afirma que “volveremos a ser un ejemplo para Europa y para el mundo en la lucha por la igualdad”.

En estas páginas se acallan las voces de las periodistas. Esta publicación está pensada para que sólo hablen los expertos, principalmente mujeres. Las que conocen desde dentro el sistema de Justicia porque son parte de él y las que lo conocen porque a lo largo de su vida han tenido que hacerse expertas a la fuerza.

Concebimos este número como un ejercicio de reflexión, con aportaciones retadoras en muchos casos, pero siempre con la mirada puesta en proponer formas de repensar la Justicia, las leyes, la vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. Un ejercicio de reflexión colectivo que debería contribuir a un amplio debate ahora que existen las condiciones para acometer cambios largamente esperados y necesitados. Ahora que existe la voluntad política. Ahora que parece que el objetivo es poner a las personas en el centro de una vez por todas.