El "relator" que el Gobierno y la Generalitat barajan para apuntalar el diálogo entre ambos ha soliviantado a los partidos de la derecha, que acusan a Pedro Sánchez de "traidor". Pero la figura del intermediario no es desconocida para el PP, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó emisarios para negociar con la Generalitat en, al menos, dos periodos: antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y después del referéndum en octubre 2017. Hasta una docena de personas han participado de una u otra forma en esas conversaciones.

PP, Ciudadanos y Vox llaman a los españoles a salir a la calle contra Sánchez por aceptar la figura de un relator en la mesa de partidos

Saber más

La primera vez que Rajoy echó mano de intermediarios fue en otoño de 2013, cuando Artur Mas y la mayoría del Parlament negociaban las fórmulas para celebrar la consulta que acabó convocándose para noviembre de ese año. El sociólogo de cabecera de la Moncloa, Pedro Arriola, y el expresidente del Parlament y responsable del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Joan Rigol, mantenían conversaciones secretas en nombre de Rajoy y Mas para reconducir la situación política y evitar un choque irreversible entre ambos gobiernos.

Una vez la situación escaló con la convocatoria efectiva del 9-N, a la pareja se sumó José Enrique Serrano, un fontanero socialista de la máxima confianza del entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. El enlace entre los tres hombres sirvió para debatir cuestiones cruciales, como las posibles salidas al proceso, las ofertas que el Gobierno podía realizar o avanzar los pasos que pretendía dar Mas.

La existencia de esos mediadores minimizó los daños mutuos durante la época más temprana del proceso soberanista y, de hecho, El Periódico reveló en las vísperas del 9-N que ese grupo era el responsable de que Mas hubiera acabado rebajando los efectos de la consulta y de que Rajoy la hubiera tolerado. Rigol reconoció haber actuado como mediador entre el Palau y la Moncloa para "suavizar el choque institucional".

La avalancha de mediadores de octubre de 2017

Rajoy volvió a utilizar la figura del intermediario para negociar con Carles Puigdemont en el otoño del referéndum, cuando el president amenazaba con declarar la independencia. El lehendakari Íñigo Urkullu, el cardenal Juan José Omella y el síndic de greuges (defensor del pueblo) Rafael Ribó fueron algunas de las figuras más prominentes que intercedieron entre Madrid y Barcelona para evitar el temido choque de trenes.

En el caso de Urkullu, su mediación fue reclamada por diferentes agentes en varios momentos. El propio Puigdemont reclamó a su homólogo vasco en junio que le ayudase a comunicarse con la Moncloa. Posteriormente lo harían un grupo de empresarios, que se reunieron con el lehendakari para trasladarle su preocupación y disponibilidad para evitar una declaración de independencia. Estos empresarios fueron al menos cuatro: Joaquim Coello, Emilio Cuatrecasas, Marian Puig y Juan José López Burniol.

El político vasco finalmente intermedió, con conversaciones a ambas bandas. Pero no estuvo solo. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, también hizo discretas gestiones entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat gracias a la confianza de importantes miembros de ambos ejecutivos, al igual que el síndic de greuges Rafael Ribó, que llevó mensajes entre Madrid y Barcelona.

Esta terna hizo de puente entre dos principales enlaces: el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el entonces conseller de Empresa, Santi Vila. A partir del discurso del rey Felipe VI, el trabajo de los intermediarios se intensificó, hasta el punto de avanzar en un borrador que diseñaba un esquema de negociación, cerrado el 4 de octubre. En vista de que los acontecimientos se precipitaban, finalmente Urkullu y Omella dejaron de intentar una negociación amplia y se centraron en evitar la declaración de independencia a cambio de paralizar el 155. El resto es historia conocida.