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Hay un agujero de información en torno al dinero del Ministerio de Defensa. Ha existido desde hace 20 años, pero la densidad del descontrol ha aflorado en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. No ha ocurrido por un brote repentino de transparencia por parte del Ejecutivo del PP, sino porque una sentencia del Tribunal Constitucional declaró irregular el sistema de compra de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) que se lleva aplicando desde hace 20 años. Como resultado, para reflejar un despilfarro escondido, Cospedal ha tenido que aumentar un 32% el gasto de su departamento. Un porcentaje que servirá para pagar parte de una deuda astronómica de más de 30.000 millones tras la cual se ocultan sobrecostes, deficiencias de gestión y extraños movimientos a favor de las empresas de armas. Así lo señaló un informe del Tribunal de Cuentas después de analizar sólo seis de los PEAS, pero hay 18 más y se sabe muy poco de ellos.

Partiendo de esta miga de pan arrojada por el Tribunal de Cuentas, Unidos Podemos defendió el 25 de abril una proposición no de ley en la Comisión de Defensa en la que pedía una auditoría que revise todos los programas. La investigación se remontaría a la época de Aznar. La iniciativa fue rechazada. No recibió el apoyo de PSOE ni de Ciudadanos. Los de Rivera acusaron a Podemos de querer acabar con la industria militar. El PSOE, que fue quien presentó la denuncia al Constitucional (junto a IU y UPyD), se quejó de la ausencia de información e hizo suyas las conclusiones del Tribunal de Cuentas. “Defendemos absolutamente la transparencia”, dijo la diputada Miriam Alconchel antes de calificar como “demagogia” el planeamiento de una auditoría que, inevitablemente, pretendía indagar también en los años de la Administración de Zapatero. “El problema es que el PSOE gobernó este país y no se preocupó de ordenar el presupuesto de Defensa de manera correcta”, opina Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos que presentó la proposición. En su turno, el PP se alzó de hombros y dijo que no había nada que no estuviera ya auditado y lanzó la caña al PSOE: sólo votarían a favor si se aceptaba una enmienda de los socialistas.

Ahora, tras la sentencia del TC, la partida oficial de Cospedal se ha catapultado: de 5.734 millones a 7.558 millones de euros para pagar una parte de la deuda

El cajón de los PEAS ofrece unas condiciones óptimas para practicar irregularidades tranquilamente y sin sobresaltos. Pere Ortega, presidente del Centre Delàs, una asociación que vigila la actividad de Defensa y apuesta por una sociedad desarmada, considera imprescindible la auditoría y critica la falta de información: “Los programas están llenos de anomalías y de perversiones”. Estos programas se establecieron en la primera época de José María Aznar. Desde el principio se plantearon de forma que no quedaran reflejados en los presupuestos. Se instaló un sistema de financiación mediante créditos extraordinarios sin obligación de recibir la aprobación del Parlamento. El presupuesto militar se elevó en la sombra. Por eso, ahora, tras la sentencia del TC, la partida oficial de Cospedal se ha catapultado: de 5.734 millones a 7.558 millones de euros para pagar una parte de la deuda. “Los programas han ido creciendo en número y cuantía”, explica Ortega. Gran parte de ellos se financiaron mediante créditos a coste cero del Ministerio de Industria, con lo que, además de disimular el desembolso militar, se lucía inversión en I+D. El Gobierno se ha cuidado de que el cambio no le desajuste el déficit: no imputará esta deuda con el argumento de que se debe incluir cuando se recibe el material y no cuando se paga.

Los excesos de financiación han sido brutales. Sólo los seis proyectos de la época del ministro Pedro Morenés sumaron 3.300 millones de euros en sobrecostes. Según detalla Pere Ortega, se debe a dos razones. Primero, porque muchos de los componentes para fabricar aviones o carros de combate no se contemplaron desde el principio; o segundo, porque se han cometido errores. Un ejemplo: se fabricó un modernísimo submarino s-80 que no flotaba y hubo que dedicar tres años más a retocarlo. El otro motivo de los sobrecostes es el retraso de las entregas debido los altos precios y a la carencia recursos para hacer frente a los pagos. Esto supone acumular intereses de demora que disparan la factura.

El caso de los buques BAM, en cambio, muestra que en ocasiones, si el retraso en la entrega correspondía al fabricante, el Gobierno actuaba con indulgencia. Navantia debería haber sufrido penalizaciones por valor de 31,7 millones, pero como advirtió el informe del Tribunal de Cuentas, se paralizaron “sin causa justificada los procedimientos para exigirlas”.

Un sector demasiado delicado, habitado por corrientes oscuras, en el que se mueven miles de millones de euros de dinero público sin apenas vigilancia

A este desorden se suma otra circunstancia que convierte el mundo de los PEAS en un escenario acogedor para las irregularidades. Los contratos se adjudican sin publicidad. Para ello se amparan en el artículo 182.c de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se trata de un dedazo legal que hace mucho más necesaria la vigilancia. “Puede haber muchas cuestiones que se deberían investigar. El tema del armamento es uno de los más controvertidos de la industria y el comercio mundial, está lleno de perversiones como las comisiones indebidas. Por tanto, sería lógico que fueran auditados”, indica Ortega.

Un sector demasiado delicado, habitado por corrientes oscuras, en el que se mueven miles de millones de euros de dinero público sin apenas vigilancia. Para cerrar la ronda de riesgos, además, la política del personal dedicado a la gestión (la última barrera entre el Estado y el producto) también hace agua. Antes de la reestructuración de Defensa de 2014, existía un problema de inoperancia que “impedía un seguimiento y un control adecuado”, según el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, después de la remodelación, se mantuvo la disfuncionalidad. En ninguna de las oficinas de programa dedicada a los PEAS se encuentra completa la dotación de personal. Además, se trata de un personal sometido a una alta rotación con lo que la especialización y el rigor en las tareas se convierten en una misión difícil. La proposición no de ley de UP exigía trabajadores que desempeñen sus funciones en estos programas de manera estable.

El diputado Juan Antonio Delgado lamenta la escasa utilidad de parte del material que ha hipotecado al Ministerio de Defensa: “Muchas cosas de las que se han comprado ni las usamos ni las vamos a utilizar por falta de recursos. Poner en marcha un avión y mantenerlo es un dineral y al final no se usan. Antes de comprar armamento hay que ver qué, cómo y para qué”. El para qué… 235 carros de combate Leopard diseñados para invasiones terrestres que no pueden ser transportados por ninguno de nuestros aviones. A no ser que invadamos Portugal, en compras como esta sólo ha ganado la industria armamentística.