El Ejecutivo de Rajoy considera que es la única respuesta que merece la completa batería de preguntas sobre comunicación que el coordinador federal de IU le dirigió en febrero, que incluye conocer si el Gobierno ve necesario “abordar la regulación de conflictos de interés que se dan en los medios de comunicación privados pero que afectan radicalmente al debate democrático en nuestro país”.

El Gobierno del PP ha remitido un lacónica respuesta de dos líneas y un enlace a la web de La Moncloa, más concretamente a su ‘Plan 2018 de Publicidad y Comunicación Institucional’, como única contestación a la completa batería de preguntas que Alberto Garzón, le dirigió el pasado 19 de febrero. El coordinador federal y portavoz parlamentario de IU instaba al Ejecutivo en esta iniciativa a explicar de forma detallada cómo piensa hacer frente a la “proliferación de noticias falsas o manipuladas en medios de comunicación y redes sociales, un fenómeno recientemente conocido por su expresión en inglés ‘fake news’”, dada su “preocupación” demostrada en los últimos meses por esta cuestión.

Los responsables de Moncloa eluden así de forma flagrante su obligación de responder adecuadamente por escrito las cuestiones que le plantea el máximo responsable de IU. En concreto, la respuesta se quita de encima la detallada iniciativa parlamentaria y señala simplemente que ‘en relación con la pregunta planteada por Su Señoría, se informa que la información relativa a publicidad institucional se encuentra disponible a través del siguiente enlace:

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Paginas/PlanesEInform….

Ni rastro de datos u opinión alguna sobre las ‘fake news’.

Garzón advertía el Gobierno en su iniciativa que “tener acceso a una información veraz y rigurosa es una precondición para el buen debate político. La ausencia de este tipo de información deteriora dramáticamente la calidad de la democracia y amenaza no sólo la seguridad del país, como afirma el Gobierno, sino también el bienestar de las familias trabajadoras”.

Exponía también que “en muchos casos en los medios de comunicación se producen conflictos de interés entre el de informar verazmente por parte de la redacción y los intereses de las empresas privadas que financian a esos medios de comunicación a través de la publicidad”.

A su juicio, “dada la asimétrica relación que existe en esos casos, es probable que mucha información esencial para el buen debate político quede ausente, manipulada o directamente inventada”.

Por ello, Garzón interrogaba directamente al Ejecutivo sobre si “¿ha elaborado algún informe sobre el conflicto de interés existente en los medios de comunicación en relación a las grandes empresas que financian esos mismos medios? ¿Tiene alguna estimación de la cantidad de dinero que se mueve en el negocio de la publicidad privada en los medios de comunicación? ¿Qué cantidad proviene de empresas privadas que operan en sectores como la Sanidad, la Educación o la Energía?”

“En caso contrario -planteaba también-, ¿piensa el Gobierno elaborar ese informe y comunicarlo a la sociedad en aras de la transparencia?”

El coordinador federal de Izquierda Unida reclamó al Ejecutivo de Rajoy que respondiera si “¿entiende que sería necesario abordar la regulación de estos conflictos de interés que se dan en los medios de comunicación privados pero que afectan radicalmente al debate democrático en nuestro país?”

Para que quedara claro también el alcance público de este asunto, las cuestiones planteadas incluían conocer “¿cuál es la cantidad, detallada, que el Gobierno destina a publicidad institucional en medios de comunicación privados en España?” y si “¿considera que existe un conflicto de interés también aquí cuando el Gobierno es responsable de una parte notable de los ingresos de los medios de comunicación privados?”

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