El Partido Popular gastó 500.000 euros de fondos reservados entre 2013 y 2015, mientras estaba en el Gobierno, destinados a proteger a la formación de su 'caja B', espiando a Luis Bárcenas y destruyendo pruebas, según información calificada como secreta por el Ejecutivo.

Fue, según la información que publica la Cadena Ser, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz el encargado de este gasto, siendo Francisco Martínez, el número 2 e imputado, además de exsecretario de Estado de Seguridad, el encargado de disponer el dinero.

El gasto se produjo en el marco de la 'operación Kitchen', en la que la policía política junto al excomisario José Manuel Villarejo presuntamente espiaron a Bárcenas y trataron de hacerse con pruebas comprometedoras para dirigentes del PP con el objetivo de destruirlas.

Parte del dinero se empleó para sobornar al entonces chófer del extesorero del PP colocando cámaras en el domicilio y espiándole a él, su familia e incluso a la empleada del hogar.

El dinero también se usó para pagar al falso cura que amenazó con una pistola a la esposa y el hijo de Bárcenas itnentando conseguir pruebas.

El excomisario Eugenio Pino, así como varios agentes, eran los únicos que estaban al tanto de la operación. El resto de policías pensaban que estaban trabajando en colaboración con el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en la investigación de la causa.

El uso de fondos reservados está regulado en la ley 11/1995, que les atribute un "especial sistema de justificación y control" y especifica su uso para la "defensa y seguridad del Estado".