Pues sí, yo también tengo una opinión sobre las rastas, sobre la lactancia de las diputadas, sobre el préstamo de senadores propios para formar grupos ajenos. Pero no voy a expresarla aquí, porque tengo poco espacio para hablar de las cosas importantes. Habrán ustedes leído, sin duda, que el fiscal del caso de las tarjetas black ha pedido cuatro años y medio de cárcel para Rato, seis años para Blesa. Lo que seguramente no sabrán, porque los medios apenas han prestado atención a este caso, es que las penas que acabo de citar son muy inferiores a las que otro fiscal pide para ocho trabajadores de la fábrica de Airbus en Getafe por participar en un piquete en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de Zapatero. Por ejercer su derecho a la huelga —recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU—, cada trabajador de Airbus afronta una pena de ocho años y tres meses.

En aplicación del artículo 315.3 del nuevo Código Penal, el mismo que nos ha devuelto a la barbarie de la cadena perpetua, la Fiscalía ni siquiera se molesta en individualizar las responsabilidades de los acusados. Piden para todos ellos, en bloque, el doble de la pena de cárcel que le habrá costado a Rodrigo Rato saquear Bankia, una entidad que se rescató con más de 22.400 millones de euros de dinero público, del suyo y del mío. Mediten un instante sobre esto, juzguen el ataque a su propia dignidad que supone la criminalización del derecho a la huelga, valoren la agresión que la petición del fiscal proyecta sobre las condiciones de trabajo de los españoles y, luego, si les quedan ganas, sigan hablando de las rastas.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.