Los bancos centrales son observatorios privilegiados para captar alteraciones relevantes en la actividad económica: disponen de mejores medios y mayor autonomía que los propios gobiernos. Su sensibilidad se concreta fundamentalmente en aquellos episodios que pueden alterar sus dos principales centros de atención, la estabilidad financiera y la de los precios.

La edición que acaba de concluir del encuentro anual que celebran en Jackson Hole ha girado en torno al impacto de la creciente concentración empresarial, al aumento del poder de mercado de las grandes empresas. Esto no ha impedido abordar ese otro problema más inmediato, las consecuencias del proteccionismo liderado por la Administración estadounidense. En ambos casos, las evidencias acerca del impacto sobre la inflación son claras.

Desde finales de los noventa ha tenido lugar, y no solo en EE UU, una creciente concentración empresarial, de reducción de la competencia, que se ha traducido en un aumento de los márgenes empresariales. Y esto ha coexistido con otros fenómenos no menos inquietantes: la reducción de la participación de las rentas salariales en el PIB, el descenso de la inversión y, consecuentemente, el de la productividad. La capacidad para fijar precios es cada vez mayor por un número cada vez menor de empresas, lo que además de dificultar el trabajo de los bancos centrales acentúa las desigualdades en la distribución de la renta y de la riqueza.

Las consecuencias de ese poder de mercado coexisten con las del proteccionismo, con la generación de impedimentos al libre comercio, que también ya empiezan a ser explicitas en los incrementos en los precios de algunos bienes, en particular en EE UU. La persistencia de ambas tendencias puede conformar el peor de los escenarios para un crecimiento estable y, en todo caso, suficientemente inclusivo.

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