En principio, es importante definir qué engloba este término.

“Una asamblea constituyente o asamblea nacional constituyente, es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional”.

Se trata de un texto del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en 2013 elaboró el diagnóstico de los desafíos que enfrentaba Chile, con una constitución hecha a la medida del militarismo, pero que pronto empezó a quedarle demasiado ajustada a la población tras el fin de la dictadura.

Al ser creada en 1980, el organismo mundial advertía hace 6 años atrás, que las dificultades socioeconómicas chilenas iban en franco crecimiento, como la actividad económica, pero con una distribución no equitativa.

“Esta Constitución ha sido objeto de constante debate y cuestionamiento desde el momento en que fuera aprobada en 1980 por un plebiscito organizado por el régimen militar. Por otra parte, e independientemente de su legitimidad de origen, diversos actores políticos y sociales concuerdan que la actual carta fundamental ya no proporciona un marco normativo adecuado para los desafíos sociales, económicos y políticos que enfrenta la sociedad chilena hoy”

Parece un texto futurista, advirtiendo a un Estado, que hoy se ha visto inmerso en una profunda crisis desde el pasado 18 de octubre.

Quienes participan en procesos constituyentes y vigencia de una AC

Los procesos constituyentes tienen dos vías principales:

1- Vía poder legislativo, que es el que elabora el nuevo texto constitucional y lo aprueba. Pueden participar los parlamentarios en su totalidad (Brasil 1988, El Salvador 1992, Corea 1987) o conformarse una comisión especial de parlamentarios abocada a su redacción. Los países que lo han hecho bajo este último procedimiento, son: Bolivia en 1994, Nicaragua 1995, Angola 2010, Croacia 2000, Grecia 1975, Polonia 1997, República Checa 1993.

2- Vía Asamblea Constituyente, con ciudadanos representativos de toda la población, electos por sufragio popular y que son los que elaboran el nuevo texto de la constitución. “En el último tiempo, la tendencia ha sido que los textos constitucionales decididos y aprobados por asambleas constituyentes han sido ratificados por la ciudadanía a través de un referéndum”.

Es el camino más largo, según lo plantea el texto de Naciones Unidas, porque previamente se necesita una consulta para decidir quienes son sus integrantes y, más tarde, otro para aprobar el texto. Sin embargo, el proceso tiene el aval de la población, en tiempos de cambio.

Una vez que hayan elaborado su trabajo y la constitución entre en vigencia, previa aprobación, su elección queda sin efecto y a cargo del poder legislativo constituido en la última elección.

Siempre existe la posibilidad, si la sociedad está preparada para esto, que intervenga en el proceso una “Comisión de Notables” que se encargue del proceso constituyente, es decir, abogados u otros profesionales expertos en derecho constitucional o ciencias sociales, incluso representantes de poderes del Estado.

¿Cómo se gesta un nuevo texto constitucional vía AC?

Uno de los caminos planteados para llegar a un producto constitucional a la medida de todos, tiene que ver con los mecanismos consultivos o deliberativos.

Estos pueden incluir “mesas redondas de discusión de temas constitucionales, la realización de asambleas territoriales o foros nacionales para discutir el texto constitucional, consultas ciudadanas y también la elaboración de informes y/u observaciones por parte de diferentes organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos, e incluso instituciones gubernamentales respecto al contenido del nuevo texto constitucional que son enviadas a la asamblea constitucional, al comité de expertos o al congreso, cuando corresponda, para su consideración”.

Otro de los puntos plantea Educación Cívica por parte del gobierno a los diferentes sectores sociales que demandan una constitución, de acuerdo al nivel de confianza que generen las autoridades.

En el segundo periodo de Michelle Bachelet, se anunció un proceso de formación cívica, con miras a un cambio constitucional. Un spot gubernamental de la època, circulaba por diversas plataformas para ejemplificarlo.

Los tiempos para ver frutos de una nueva constitución, en cualquier sociedad que se plantee, han sido estimados entre 4 meses y un año y medio, según el reporte del PNUD.

Chile, entre los países que hace 27 años no cambian su constitución

Si se quiere dar una mirada más amplia a los procesos constituyentes mundiales, es necesario destacar que entre 1947 y 2015, se han llevado a cabo 95 procesos concretos.

¿Quienes estuvieron a cargo?: vía comisión de expertos, 36%. Por medio de una Asamblea Constituyente, un 26%.

Pero el PNUD ofrece un dato interesante: “En América Latina, casi la mitad de los 28 cambios constitucionales realizados a partir de 1947 han sido a través de una Asamblea Constituyente (46%)”

No obstante, en los últimos 27 años, en Sudamérica, son pocos los países que han hecho cambio de su constitución por medio de Asamblea Constituyente.

Fue en la década de los 90 que los han llevado a cabo países como Colombia (1991), Venezuela (1999 y 2017), Ecuador (2008), Bolivia (2009), independientemente de sus circunstancias políticas, como las venezolanas.

El ejemplo colombiano, tiene que ver con la profunda crisis social que estallo en la referida época, impulsado por estudiantes y magisterio, que demandaban cambio de la carta magna. De hecho, en época de elecciones parlamentarias, depositaron una papeleta extra en las urnas con la frase “Asamblea Constituyente”. Fue así como, con 2 millones de papeletas contadas en esa ocasión, lograron renovar su constitución de 1886.

El caso venezolano, de 1999, tiene un matiz diferente al de la AC de hace 2 años, impulsada por Maduro.

Casi a inicios del nuevo milenio, la crisis social, con protestas de calle que demandaban cambios sustanciales en favor de la población, obligó a la clase política a aceptar los cambios.

En este caso, como en el colombiano, la Corte Suprema de Justicia jugó un rol fundamental a la hora de que se avalara el proceso.

En abril de 1999 se realizó un referéndum que contenía dos preguntas: una, sobre la aprobación o no de la creación de una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución, y la segunda sobre la aprobación o no de las bases propuestas por el Ejecutivo para la convocatoria.

La primera pregunta obtuvo 87,9% de aval y la segunda un 81,9%. El porcentaje de abstención fue de 62,1%

Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia, son los otros dos presidentes que en esos mandatos presidieron una AC entre 2007 y 2009.

Correa, asume funciones y plantea su idea pero la oposición política se opuso, fue entonces que el Tribunal Supremo Electoral, declaró ilegítima la elección de por lo menos 57 legisladores, que eran los que se oponían a la nueva carta magna.

En 2008, el mandatario recibe el aval ciudadano vía referéndum para hacer el cambio, para lo cual fue necesaria la elección de 130 asambleístas que trabajaron en 10 mesas con los siguientes temas:

1. Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales

2. Organización, Participación Social y Ciudadana

3. Estructura e Instituciones del Estado

4. Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias

5. Recursos Naturales y Biodiversidad

6. Trabajo, Producción e Inclusión Social

7. Mesa de Régimen de Desarrollo

8. Justicia y Lucha contra la Corrupción

9. Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración

10. Legislación y Fiscalización

Bolivia vivió su propio proceso a la llegada al poder de Evo Morales.

En 2009, el entonces nuevo mandatario, impulsó el cambio de la constitución de su país, fundamentado en el descontento por las desigualdades. La “Guerra del Agua”, en el año 2000, y la “Guerra del Gas” de 2003, correspondieron a manifestaciones populares masivas (integradas por pueblos indígenas y sectores sociales urbanos y rurales) contrarias a la exclusión sistemática de los pueblos originarios, el creciente empobrecimiento del país”, asegura Naciones Unidas en su informe.

El primer paso de Evo fue convocar a la AC pero no tenía respaldo de la oposición. Sin embargo, dialogó con ésta, hasta conseguir en pocas semanas su apoyo. Fue así como fue conformada por 255 asambleístas votados por la población, los cuales dieron un nuevo texto constitucional en el lapso de un año. 90% del electorado participó de la consulta. El nuevo texto constitucional recibió una aprobación del 61%.

Entre los logros de la gestión del líder aymara: más del 80% de la población apoyó que el límite máximo de propiedad fuera de 5.000 hectáreas. La Constitución fue promulgada en febrero de 2009.

Casi una década después del último ejemplo, Chile atraviesa una crisis grave y compleja, pero los modelos similares que han sido mencionados en esta nota, dan una idea de un proceso que no surge de la noche a la mañana, sino, que tienen una profunda sinergia entre todos los sectores sociales, para lograr cambios sustanciales como los evidenciados en otras latitudes.