Proyecto Castor

Marta Fernández | Viernes 22 de diciembre de 2017

El Gobierno defiende el pago de la indemnización de 1.350 millones a las empresas promotoras del proyecto del almacén de gas Castor, entre las que se encuentra el grupo ACS presidido por Florentino Pérez, pese a su anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC). El Ministerio de Energía asegura que la sentencia no declara “indebido” el pago realizado, sino que lo que cuestiona es el “vehículo normativo empleado”, un decreto ley, por lo que da a entender que no reclamará a las compañías, al menos de momento, el reingreso de la compensación ya abonada.

“No concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley”, sostiene en un comunicado.

En la sentencia, el TC considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. Estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona.

Fuentes de Energía han asegurado a EL BOLETÍN que “no se puede hacer una valoración” sobre la sentencia del TC tan rápido e insisten en que se estudiará en profundidad para adoptar las medidas oportunas. Reiteran que lo que cuestiona el Constitucional “no es el fondo sino la forma”.

“Dicha sentencia no declara la inconstitucionalidad total del texto del Real Decreto-ley 13/2014, sino que estima únicamente los recursos interpuestos sobre los artículos referidos a la solución financiera adoptada por un motivo formal”, asegura la cartera que dirige Álvaro Nadal, en la nota remitida a los medios, y añade que “el Tribunal Constitucional no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación, por considerar que, con referencia a los preceptos anulados, no se cumplían los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se exige para la aprobación de un Real Decreto-ley”.

El Gobierno abonó la indemnización hace tres años, a través del operador del mercado Enagás, a la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS. El coste se tradujo en una deuda del sistema gasista que superará los 4.700 millones una vez sumados los intereses, y que están pagando los consumidores en su recibo del gas.