La adjudicación de Aznalcóllar estuvo plagada de irregularidades con el fin de entregar la mina a la empresa Magtel, un grupo licitador con estrechos vínculos con la Junta de Andalucía. O al menos así lo constata la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, que en su informe remitido a los juzgados concluye que la empresa adjudicataria de la mina de Aznalcóllar “no debió superar la primera fase” del concurso.

Según se relata en el atestado judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli, la filial de Magtel, la sociedad Minorbis-Grupo México, no aportó ni la documentación requerida ni el contenido exigido en las bases del concurso. Para comenzar, la candidatura de Minorbis ni siquiera acreditó la capacidad de obrar de su socio extranjero Grupo México, un informe de certificación de sus actividades que normalmente elabora la Oficina Consular y que siempre se exige en las condiciones del concurso.

Pese a que los solicitantes deberían haber explicitado sus compromisos de inversión y plazos de ejecución, Minorbis tan sólo ofreció un Memorando de Entendimiento con los mexicanos en el que se hablaba de la “posible realización de una alianza” y de “continuar de buena fe con las pláticas y reuniones de trabajo no vinculantes”. O sea, que no se daba por hecho el compromiso de la minera mexicana.

En este sentido, la Policía subraya un párrafo extraído de ese principio de acuerdo: “GMéxico podrá darlo por terminado de manera anticipada en cualquier momento y sin responsabilidad mediante un simple aviso de terminación con cuando menos 10 días naturales de anticipación en caso de que, a su sola elección, determine que el proyecto no es viable económicamente”.

"No puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis", sostienen los agentes de la UDEF

Como recoge el informe policial, en el Memorando las dos partes simplemente se comprometen “a sus mejores esfuerzos para firmar a la mayor brevedad posible el convenio consorcial que regule detalladamente las obligaciones que corren a cargo de cada una de las partes”. O lo que es lo mismo, de todo esto no se puede colegir que la participación de la empresa mexicana estuviese garantizada.

Hasta tal punto era evidente que no existía el compromiso necesario de los mexicanos que la Mesa del concurso exigió una subsanación. Y Minorbis intentó enmendarlo con otro documento que seguía incluyendo expresiones como “el consorcio que en su caso lleguen a formar” o “en los términos del Memorándum de Entendimiento”. Por más que se le insistiese, el conglomerado minero mexicano no se comprometió ni a una inversión, ni a unos plazos de ejecución. Y eso mismo concluye la policía: “Nos encontramos ante una asociación embrionaria (…). No puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis”.

En consecuencia, la UDEF sostiene que Minorbis debía haber sido inadmitida tal y como estipulan las bases del concurso. De hecho, la Policía resalta que este criterio sí que se aplicó en cambio a otro candidato, Nyrstar, cuya propuesta fue rechazada.

Pero el listado de irregularidades no queda ahí. Los propios técnicos de la Junta consideraron que los nuevos documentos que aporta Minorbis al parecer podían haber sido escaneados y por lo tanto no se trataba de papeles originales y, por ende, certificados. De modo que la Mesa tuvo que resolver que el requisito sólo se había satisfecho de forma provisional y que Minorbis aún tenía que presentar una ratificación de los documentos.

Minorbis tampoco atiende criterios de solvencia como el seguro de responsabilidad profesional o un capital suscrito por valor del 30% de la inversión

Aunque la Comisión Técnica mantiene que esta exigencia se cumplió antes de la decisión de la Mesa, los agentes de la UDEF contestan que hasta el momento no han localizado ratificación alguna. Otro motivo más que debía haber supuesto la inadmisión de Minorbis.

Acto seguido, los investigadores refieren una serie de requisitos de solvencia que Minorbis tampoco atendió. En lugar de presentar un seguro de indemnización por riesgos profesionales, la adjudicataria contrató una póliza de responsabilidad civil general. En vez de ofrecer las cuentas anuales o un capital social suscrito por valor del 30% de la inversión, la filial de Magtel tan sólo adjuntó pantallazos de la página web del Grupo México. Sin embargo, a juicio de la UDEF, "no parece legítimo hacer uso de las cifras económicas de esta empresa puesto que su participación aún no es cierta".

Y cuando se trata de justificar trabajos similares, Minorbis simplemente señala las minas del Grupo México en América. Pero no demuestra que acumule experiencia operando con los mismos minerales o métodos de explotación, tal y como se establece en las bases.

En el capítulo medioambiental, pese a que el proyecto no podía albergar ningún tipo de depósito que pudiese producir un vertido contaminante, Minorbis contempla la construcción de varias balsas de escorrentías. Además, de acuerdo con las bases, el proyecto tampoco podía precisar agua fresca o verter aguas de contacto a dominio público, dos premisas que el plan de Minorbis también incumple según se desprende del atestado policial.

Pese a que el proyecto no podía albergar ningún tipo de depósito que pudiese producir un vertido contaminante, el plan de Minorbis contempla la construcción de varios

Respecto a la valoración de las inversiones, el comité evaluador tildó de más realista la de Minorbis. Y ello a pesar de que la empresa competidora, Emérita, prometió un desembolso que duplicaba el de Minorbis. Se mire por donde se mire, los números que hizo Emérita resultaban más rentables que los de Minorbis. Sin embargo, según señalan los investigadores, se les otorgó la misma puntuación aunque se tratase de cifras fácilmente comparables. A la hora de examinar las propuestas, la cosa alcanzó extremos tan ridículos como el de restar cuadrículas de mapa del proyecto de Minorbis para que su inversión saliese más alta por cuadrícula y, en consecuencia, mejor valorada.

Es más, la Policía cuestiona las cantidades que la empresa finalmente adjudicataria calculó para poner en marcha el proyecto: "Parece que el presupuesto de Minorbis está fuera de toda lógica según los costes del sector". Y a continuación menciona un claro ejemplo: la planta de procesamiento instalada por Matsa en 2014 costó unos 230 millones frente a los 87 millones que estima Minorbis. Por no hablar de que en la primera fase Minorbis consignó para esa planta entre 250 y 450 millones.

La UDEF pone en duda incluso la maquinaria o la cualificación de los técnicos de los que dispone Minorbis. En definitiva, el atestado policial remitido a la juez Patricia Fernández certifica una larga lista de irregularidades y manipulaciones que se aceptaron con tal de que Magtel se adjudicase la mina de Aználcollar. Un buen número de altos cargos de la Junta tendrá ahora que desfilar por los tribunales para arrojar algo de luz en lo que tiene todos los visos de un escándalo monumental.