Podemos ha denunciado este miércoles que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, “se ha aliado” con el magistrado Salvador Alba para intentar evitar que la formación morada ejerza como acusación particular en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el juez que maquinó contra la exdiputada Victoria Rosell.

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A través de un informe fechado el pasado 27 de marzo, la Fiscalía se ha adherido al recurso de apelación presentado por Alba contra el auto de Margarita Varona, magistrada instructora del TSJC, que admitió la personación de Podemos como acusación popular y le exigió una fianza de 3.000 euros que el partido político depositó en la cuenta del tribunal.

Podemos recuerda que Garrido ya se opuso en diciembre de 2016 a que la formación tuviera la consideración de perjudicada por las actuaciones de Alba contra su entonces diputada Rosell. La Fiscalía entendió en ese momento que debía exigirse fianza a Podemos “en la cuantía que la magistrada (Margarita Varona) estime conveniente y ajustada”. El representante del Ministerio Público no puso ninguna pega al poder presentado por Podemos -otorgado por su gerente, el letrado José María Calvente- en favor de la letrada y de la procuradora personadas ante el TSJC.

Posteriormente, Alba recurrió el auto de la instructora y alegó que el gerente de Podemos no tenía poderes suficientes, ya que, según el juez investigado, debía ser el Consejo Ciudadano Estatal el encargado de hacerlo y, por otro lado, que la fianza era inferior a la que en otro procedimiento se pidió a José Manuel Soria, exministro de Industria, Energía y Turismo, para ejercer la acción popular contra Rosell, de 12.000 euros.

Para Podemos, resulta “sorprendente” que el Ministerio Fiscal se adhiera a estas alegaciones del imputado “para poner obstáculos a la acusación popular” y que para ello “se alinee con el investigado en contra del auto judicial”.

Podemos incide en que es el notario quien ha considerado suficiente el poder del gerente de la formación, José María Calvente, para poder otorgar un segundo poder, en este caso para un proceso concreto en Canarias, las diligencias previas 10/2016 del TSJC contra el magistrado Salvador Alba, “y así lo hace constar en su escritura notarial”.

“Puede que en otras ocasiones se haya visto que un imputado se estudie los estatutos del partido político y decida quién cree que es el órgano que puede subapoderar. Pero es inaudito que un fiscal superior de una Comunidad Autónoma acoja esa alegación. Un apoderado puede delegar su poder, si está dentro de sus facultades”, remarca la formación morada en un comunicado.

Para Podemos, Garrido ha quedado “retratado” con esa actuación al “tratar de poner trabas” a otra acusación, de modo que el fiscal “pueda monopolizar y así reducir o desvirtuar a su gusto” la acusación contra Alba, y con la fianza. La formación recuerda que en un principio pidió la fianza que la instructora estimase adecuada y después de que la magistrada impusiera 3.000 euros, “la habitual para estos casos”, y después del recurso de Alba, el fiscal “cambia de criterio y ya no le parece bien la cuantía que estime la magistrada, y pasa a abogar por la cantidad de 12.000 euros pretendidos por el investigado Alba para que Podemos no le pueda acusar”.

“Tal anómala variación de la posición procesal del fiscal Garrido, que viene a redundar en la línea defensiva del juez Alba, encaja en la conocida táctica de aparentemente no desactivar la investigación y persecución de los delitos, pero sí hacerlo de modo indirecto, apoyando alegaciones de exigencias de exorbitantes requisitos o artificiosos tecnicismos, frustrando la exigencia de las responsabilidades penales o en definitiva el justo castigo de los culpables”, destaca Podemos, que considera esta situación “muy preocupante” en cuanto a “la exigencia del principio de imparcialidad que debe imperar en las actuaciones del Ministerio Fiscal, máxime cuando en todo el escándalo de la maquinación del juez Alba contra Victoria Rosell, la imagen de la Fiscalía en Canarias desde el principio ha quedado en entredicho ante los profesionales de la justicia y ante la opinión pública”.