Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona. JULIáN ROJAS | vídeo: atlas

La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal. CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.

Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.

Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social. Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades. En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.

Ese mismo argumento expuso Banco Sabadell. Fuentes de la entidad añadieron que la decisión también obedeció a evitar una eventual doble imposición en caso de que se aplicara la ley de ruptura aprobada por el Parlament y la Generalitat exigiera a las empresas que abonaran impuestos estatales como el de Sociedades a la Hacienda catalana. Gas Natural Fenosa, otra de las primeras empresas en aprobar su traslado, todavía no ha movido su domicilio fiscal.

Poco impacto económico

Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos. Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.

Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros. El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.

El reguero de empresas que cambiaron su sede social siguió ayer. Otras dos empresas cotizadas decidieron en consejo de administración extraordinario cambiar su sede a Madrid. En concreto, lo hicieron la aseguradora Catalana Occidente y las filiales españolas del grupo de viajes online Edreams Odigeo, con sede en Luxemburgo, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También la multinacional química Indukern, la gestora de fondos EDM y la firma Sanantur anunciaron su marcha.