La Cámpora y varias espadas kirchneristas impulsan un peligroso proyecto, incompatible con nuestro sistema republicano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2019

Poco tiempo antes de cumplirse un cuarto de siglo desde la sanción de la reforma constitucional, la expresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora han dejado trascender su idea de modificar otra vez nuestra Constitución, con el propósito de dejar atrás el principio de división de poderes y de limitar libertades esenciales. Un proyecto inviable que, por donde se lo mire, se da de bruces con nuestro sistema republicano.

Una de las voceras de esta iniciativa fue Diana Conti . Se trata de la misma referente del kirchnerismo que alguna vez abogó por una "Cristina eterna", a través de la posibilidad de una reelección presidencial indefinida, propia de los países más retrógrados y autoritarios. Conti había propuesto reformar el Poder Judicial para que se "subordine" a la "voluntad popular" y también avanzar hacia una Constitución similar a la de 1949, sancionada durante la primera presidencia de Juan Perón por una convención que se excedió claramente en sus atribuciones, y posteriormente derogada.

La idea de Conti no sorprende, por cuanto parece orientada a ejercer presión sobre el Poder Judicial, en momentos en que un enorme número de exfuncionarios kirchneristas están siendo investigados por escandalosos hechos de corrupción . Lo que subyace en el proyecto cristinista no pasa por otro lado que por liberar a la Constitución de cualquier rémora liberal, por colonizar la Justicia y restringir la libertad de prensa con el remanido pretexto de que debe terminarse con los "medios hegemónicos".

No es una novedad que muchos procesos de reforma constitucional sean el producto de un pecado original por el cual se busca transformar intereses personales en cuestiones de interés general. De hecho, la reforma de 1994, de la que el próximo 24 de agosto se cumplirán 25 años, fue gestada inicialmente con el único propósito de permitir la reelección de una persona y fue facilitada por otro líder político que aspiraba a recuperar protagonismo.

Desde este diario, criticamos editorialmente esa reforma, por cuanto siempre sostuvimos que, antes de pensar en reformarla, la Constitución debía ser acatada. No opaca esto la buena voluntad de legisladores y convencionales que, entre 1993 y 1994, tejieron largos y trabajosos acuerdos, con sus mejores intenciones. Se llegó así a la sanción de la ley declarativa de la necesidad de la reforma y a la convocatoria a la Convención Reformadora.

Pero el proceso iniciado con ese espíritu conciliador se encontró más adelante con falencias, que no fueron fruto del sistema institucional instaurado, sino de la vocación de algunos de nuestros gobernantes de pretender avanzar contra los límites al poder que la propia Constitución establece. La primera se observó durante la segunda presidencia de Menem , cuando este intentó una segunda reelección consecutiva, en violación a lo establecido en la reforma, aunque mereció el repudio de figuras de su propio partido, entre ellas, Duhalde, quien amenazó con impulsar un plebiscito sobre esa aspiración menemista, echando por tierra el intento reeleccionista. La segunda falencia se produjo durante la presidencia de De la Rúa, cuando el oficialismo resultó derrotado por el justicialismo en los comicios de mitad de mandato, y el entonces jefe del Estado no quiso adoptar un gobierno de coalición con un jefe de Gabinete acordado con el partido vencedor; se llegó así a la crisis de la convertibilidad, que no pudo ser manejada por el políticamente debilitado presidente de la Nación. Cuando la debacle socioeconómica de 2001 y 2002 comenzaba a ser superada, ocurrió la tercera y más grave violación al programa de la reforma de 1994, ejecutada por Néstor Kirchner y su esposa, al regresar a un hiperpresidencialismo que la nueva Constitución intentaba dejar sin efecto, y volver a la grieta política e ideológica de los años 70.

Durante la última etapa de los 12 años de gobiernos kirchneristas, su facción más izquierdista, La Cámpora, comenzó a postular una nueva reforma constitucional, que tenía por fin inmediato tratar de permitir la re-reelección de la entonces presidenta Kirchner, así como limitar derechos fundamentales, como las libertades de comercio y de prensa, en el camino que viene recorriendo Venezuela. Ahora, esa agrupación y otros dirigentes del riñón kirchnerista vuelven a pregonar una reforma constitucional sin definir claramente sus objetivos globales, pero cuestionando implícitamente la división de poderes y otras instituciones claves, como la doble vuelta para la elección presidencial.

Ni a La Cámpora ni a la expresidenta les interesa una política de conciliación nacional ni acuerdos para encaminar al país en la senda del progreso, fortalecer la integración y el multilateralismo comercial, o la inversión extranjera. Tampoco les interesa afianzar una dinámica de fortalecimiento federal, como ha ocurrido en los últimos años, y que permite contar con muchas provincias en mejores condiciones económicas que el Estado nacional.

Las trasnochadas y aviesas intenciones de una nueva Constitución, que cuestione el republicanismo de 1853/60 y el espíritu conciliador de los acuerdos de 1993/94, deberían tropezar con un Congreso nacional en donde ni La Cámpora ni la expresidenta estarán cerca de contar -aun obteniendo un buen resultado electoral este año- con el número de legisladores requerido para lograr los dos tercios del total de miembros de las dos cámaras y declarar la necesidad de otra reforma.

Puede concluirse, entonces, que estamos ante una propuesta destinada a alimentar y ensanchar las grietas sociales, dinamitando puentes que permitan ir cerrándolas mediante un desarrollo económico basado en los consensos. En otras palabras, ante una nueva muestra del espíritu sectario y autoritario que anida en dirigentes que aún le deben demasiadas explicaciones a la Justicia y que solo buscan comprar impunidad.

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