Las Marchas de la Dignidad regresan este 25 de febrero a las calles de 14 ciudades para defender el sistema público de pensiones “atacado por los poderes políticos y económicos”. Como anticipo de la gran marcha que partirá desde todos los lugares del estado para culminar en Madrid el próximo 27 de mayo, los convocantes alzarán su voz este sábado para exigir medidas como la garantización de las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado o el establecimiento de una paga mínima de 1.080 euros al mes con una revalorización que la proteja de la inflación. “Si ha habido 60.000 millones para rescatar a la banca y casi 5.000 para las autopistas, también hay dinero para rescatar a las personas y garantizar las pensiones”, ha señalado a cuartopoder.es el portavoz de la coordinadora de las Marchas de la Dignidad Ginés Fernández.

En total, once comunidades autónomas alzarán la voz contra “el ataque brutal a las pensiones por parte de los poderes económicos en una campaña que pretende desinformar a la ciudadanía”, ha indicado Fernández. Bajo el lema “las pensiones son un derecho, no un negocio”, se han unido a la convocatoria de este sábado A Coruña, Alicante, Barcelona, Ciudad Real, Elche, Figueres, León, Madrid, Murcia, Pamplona, Valencia, Gijón, Valladolid y Zaragoza, mientras que los andaluces saldrán a la calle en Sevilla el próximo 28 de febrero. En la capital, la manifestación partirá desde Atocha a las 18.30, pasará por la plaza Jacinto Benavente y culminará en la Puerta del Sol.

Las Marchas regresan para defender el derecho de todos a una pensión digna después de polémicas declaraciones de altos cargos públicos como las del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que la semana pasada propuso el retraso de la edad de jubilación por encima de los 67 años y la contratación de planes de pensiones privados. “Dicen que el sistema no tiene dinero y recordamos a la gente que si no hay dinero en las arcas de la Seguridad Social es por las reformas laborales – tanto la del PSOE en 2011 como la del PP en 2013 – , que han derivado en contratos precarios, a media jornada y con cotizaciones bajas. También el pago de la deuda y el cumplimiento del objetivo del déficit llevan a recortes en lo público y afectan al sistema de pensiones”, ha indicado Fernández.

Las Marchas de la Dignidad exigen que las pensiones estén garantizadas en los Presupuestos Generales del Estado, que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros mensuales por 14 pagas y su revalorización automática anual, así como la derogación de las reformas laborales. En un comunicado denuncian “el robo de la llamada hucha de las pensiones por el saqueo del Gobierno para invertirla en su propia deuda pública”. La situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que “las pensiones de los mayores son el último recurso de las familias sin ingresos”, explican desde la organización.

Por su parte, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones apoya la convocatoria de las Marchas y denuncia “la falsa salida de la crisis que difunde el Gobierno del PP, con contratos precarios a jóvenes y salarios de subsistencia, que provocan un aumento continuo del déficit de la Seguridad Social”. En este sentido, el portavoz de la coordinadora en Madrid, Leopoldo Pelayo, destaca que el problema de las pensiones es “la falta de voluntad política” porque la realidad es que en España “las pensiones tienen un presupuesto inferior a la media europea”.

Las soluciones para garantizar las pensiones, según defiende, pasan por perseguir la economía sumergida, la evasión fiscal y la corrupción, además de por unas reformas administrativas-económicas como aumentar la base mínima y máxima de cotización o incrementar el salario mínimo. Los pensionistas se unen a las reivindicaciones de la Marea Blanca (Sanidad) o la Marea Verde (Educación) porque entienden que tienen un objetivo común: luchar por unos presupuestos económicos sin recortes y devolver a estos sectores los derechos arrebatados durante la crisis.

Bajo el grito “pan, trabajo, techo y dignidad”, las Marchas de la Dignidad también clamarán el 25 y el 28 de febrero por sus demandas habituales como el “no” al pago de la deuda y al cumplimiento de los objetivos del déficit impuestos por la UE y el FMI; el rechazo a los tratados internacionales como el recién aprobado CETA, el TISA y el TTIP, así como la derogación de las Leyes Mordaza. La coordinadora, que se manifestó por última vez el pasado 3 de diciembre en Madrid, aglutina a centenares de colectivos, sindicatos alternativos como CGT y CNT, o partidos políticos entre los que se encuentra Izquierda Unida (IU).

(*) María F. Sánchez es periodista.