Ani, hija de María José, asesinada en Fuencarral el 17 de marzo de 2014 (Elvira Megías /Portodas.lamarea.com)

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Este es el quinto artículo de una serie dedicada a contar en profundidad la situación de los y las menores en entornos de violencia machista. Puedes leer los anteriores en #PorTodas:

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La falta de protocolos claros y de un seguimiento preceptivo e igual para todas las familias en las que se produce un asesinato por violencia machista genera “desigual atención y por tanto acceso a derechos diferente en función de la persona que atiende, de cada profesional que tramite el expediente”, afirma Consuelo Cebolla, coordinadora y asesora jurídica de Asociación Alanna.

En cuanto a prestaciones e indemnizaciones, por ejemplo, “no existe claridad al respecto, ni suficiente información y formación especializada hasta el punto que, en nuestra experiencia como asociación de atención a víctimas vemos que no se informa en muchas ocasiones de las ayudas de emergencia que existen en forma de pagos únicos, de la complementación de la renta valenciana cuando se está cobrando la Renta Activa de Inserción (RAI), que es a lo que se suele optar en la mayor parte de las veces, o del derecho a un pago cuando, por ejemplo, se cambia de domicilio”. Todo ello, añade Cebolla, “envuelto en un pack difícil de descifrar y desconocido por la mayoría, incluso para algunos supuestos profesionales”.

“No existen, de ninguna manera, suficientes medios ni suficientes recursos, y sobre todo falta mucha formación de los profesionales que deben atender en este caso a menores: si necesita atención psicológica, no es suficiente un psicólogo o psicóloga que lo atienda, sino que ese profesional debe estar especializado en violencia de género”, apunta la coordinadora de Alanna. Ahora los recursos aún se verán más mermados con el reciente anuncio de aplazamiento de la transferencia anual de recursos a las comunidades autónomas para el cumplimiento del pacto estatal contra la violencia de género, con motivo de la crisis del #Coronavirus.

Consuelo Cebolla explica que el problema fundamental respecto a la atención integral a víctimas “no es tanto que no esté contemplado legislativamente, sino que en la práctica no se aplica. Los pocos recursos que existen no se aprovechan de la manera adecuada”.

El otro foco de quejas se dirige al sistema judicial. “Este ha tenido que afrontar un problema sociológico de tal magnitud que se ve superado en gran medida a la hora de tramitar procedimientos judiciales que requerirían más medios materiales y humanos. En muchos juzgados los asuntos de violencia de género se ven de manera superficial, hay mucha prisa por zanjar los asuntos, lo que ocasiona que se investigue y juzgue sólo una parte de lo ocurrido, normalmente el último hecho denunciado” afirma la jurista experta en violencia de género y atención a víctimas, Pilar Gil Cabedo.

La escuela debe reconocerse como agente activa de cambio social

Algunas de las consecuencias de la violencia machista sobre los niños, niñas y adolescentes trasladan el foco de atención al sistema educativo. La respuesta de cada menor puede ser diferente y “dependerá, entre otros, de sus rasgos de personalidad, pero es común que en situaciones de violencia en el entorno familiar encontremos bajo rendimiento escolar o conductas disruptivas con sus iguales, que en ocasiones pueden tender a la violencia más que a empatizar”, explica la psicóloga infantil Nerea Martínez. Con todo “también hay niños y niñas que son capaces de estrategias de afrontamiento más introspectivas o de separar los ámbitos familiar y escolar y que en el colegio les vaya bien”, añade.

El equipo de atención psicológica a menores del sistema público valenciano identifica como consecuencias de la violencia de género en la vida escolar «bajo rendimiento, quejas somáticas que se manifiestan en expresiones de no querer ir al colegio por dolores de barriga, estrés, rabia, baja tolerancia a la frustración y, una de las más comunes: deseos de quedarse en casa con la madre para que no le pase nada, adoptando así un rol de cuidadores».

La experta en coeducación, Charo Altable, explica que «las conductas violentas se aprenden, y una parte importante de los casos de niños o adolescentes agresivos tienen detrás una situación de violencia de la que son o han sido víctimas. Y los centros educativos no lo suelen afrontar tanto desde la atención emocional, la escucha y el apoyo empático como mediante fórmulas punitivas que revictimizan».

Hemos de exigir para los centros educativos suficientes recursos, entre ellos la formación del profesorado, porque “son clave en la detección de casos, en identificar conductas infantiles cuyo origen es la existencia de violencia de género y abrir una primera puerta de ayuda a las mujeres y menores que están siendo víctimas”, considera la especialista de Alanna, Nerea Martínez.

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