Son muchas las empresas y también las Administraciones Públicas en las que tanto las tabletas como los smartphones han entrado como una herramienta más de trabajo; dispositivos como el iPad forman parte del equipamiento de altos cargos de empresas, Administraciones Públicas y representantes de los ciudadanos como los Diputados de España o de México. La verdad es que el binomio tecnología-representantes públicos no siempre suele combinar bien y, a la hora de licitar una compra tecnológica, sus señorías suelen pagar demasiado por lo que solicitan y como ejemplo encontramos en España el de la web el Senado y su coste de casi 500.000 euros. En México, el Parlamento ha estado a punto de pagar 10 millones de dólares por una aplicación para los Diputados; una licitación pública que ha generado una gran polémica y, para demostrar lo exagerado de esta compra pública, unos desarrolladores construyeron una aplicación similar y la ofrecieron de manera gratuita.

Como comentaba al inicio, los Diputados de la Cámara de México disponen de un iPad que utilizan como herramienta de trabajo y, con la idea de potenciar esta herramienta, la Cámara tenía la intención de adquirir una aplicación con la que registrar las propuestas realizadas por los Diputados, distribuir información de prensa y medios, ofrecer las declaraciones de los congresistas y una serie de servicios de "inteligencia legislativa" que sirviesen de sistema de apoyo a la toma de decisiones de los Diputados.

¿El coste? La aplicación, el soporte y la explotación de los datos (unos datos que ya poseen en la Cámara) era de 10 millones de dólares en un plazo de 3 años. 10 millones de dólares, en los tiempos de austeridad y contención del gasto público en los que vivimos, es un gasto enorme aunque esté fraccionado en 3 anualidades y, además, cuando el adjudicatario del contrato es una empresa que está dirigida por 2 ex-Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el enfado ciudadano aún es más importante porque se puede considerar cierto conflicto de intereses.

Tras las protestas generales y la movilización en la red (con petición en Change.org incluída), la Cámara ha comunicado que el contrato de 115 millones de pesos se había rescindido y, por otro lado, la empresa que iba a ser adjudicataria del contrato se ha defendido alegando que el coste del contrato cubría más que el desarrollo de una aplicación, que por cierto ya tenían, se centraba en los servicios y el valor que aportaban a los datos a los que iban a acceder los Diputados.

Un proyecto que tiene un coste idéntico al sueldo de todo el personal del Congreso para un mes y medio, la verdad, debería meditarse mucho antes de ser lanzado y, sobre todo, verificar que se va a obtener un retorno con dicha inversión, en este caso, una mayor productividad de los Diputados. Sin embargo, las funciones que cubría este expediente ya venían siendo prestadas por diferentes unidades y servicios del propio organismo, por tanto, el valor relativo de la misma era relativamente bajo y el coste, básicamente, el equivalente a desarrollar Angry Birds alrededor de 75 veces.

Además de la petición en Change, una de las protestas más inteligentes y, en mi opinión, que dejan más claro el despropósito de este proyecto es la aplicación Diputados, una aplicación gratuita desarrollada por Arturo Jamaica en Brownie que ofrece a los diputados servicios de geolocalización, el orden del día de las sesiones, los resúmenes de las sesiones anteriores, las comisione existentes en la Cámara, las iniciativas presentadas o, desde el punto de vista personal de cada Diputado, acceso a su ficha con perfiles sociales o geolocalización para ver dónde se encuentra e, incluso, la posibilidad de contar con él por correo electrónico.

La aplicación utiliza datos públicos que se pueden explotar libremente y, por tanto, elimina la necesidad de una empresa intermedia que ofrezca algo que ya de por sí tienen los Diputados a su disposición.

De hecho, Codeando México organizó un concurso abierto para demostrarle a los Diputados que las especificaciones que pedían en su contrato se podían realizar mediante un proyecto en código abierto; una iniciativa en la que se han inscrito alrededor de 160 desarrolladores y que también pone sobre la mesa lo exagerado que es este contrato y que, por supuesto, la sociedad cada vez está más vigilante ante la buena o mala gestión que hagan los representantes públicos con los fondos que provienen de nuestros impuestos.

Si bien el sector público está sujeto a normas que imponen transparencia en los procesos de contratación, ejemplos como el de esta compra ya cancelada ponen de manifiesto que no siempre la gestión pública está bien alineada con la compra de tecnología y se siguen dando ejemplos de malas inversiones en proyectos que, realmente, no tienen un impacto directo en el ciudadano (que debería ser el foco de toda la inversión pública realizada).