NUEVO LEÓN, Monterrey.- Con el voto en contra de la bancada de Morena, el Congreso de Nuevo León aprobó ampliar el concepto de “legítima defensa”, para que sea inimputable y considerado inocente quien lesione o prive de la vida en defensa de su integridad, su familia o patrimonio, ya no sólo en su domicilio como establecía el Código Penal, sino también en su negocio o lugar de trabajo.

La propuesta que fue promovida por el PAN, obtuvo el voto a favor de 28 legisladores del blanquiazul, PRI, PT, MC, PVEM y Panal, mientras rechazaron el dictamen los siete diputados de Morena y Claudia Tapia que tras renunciar a dicho partido formó la fracción Independiente Progresista.

La iniciativa aprobada el martes por la noche, modificó el artículo 17 del Código Penal del Estado, para ampliar los alcances de la legítima defensa que los ciudadanos tenían para proteger su integridad, familia y patrimonio en su domicilio, a los comercios y sitios de trabajo, a fin de que no se les procese por lesiones u homicidio cuando se demuestre que actuaron en defensa propia.



El coordinador de la fracción panista, Carlos de la Fuente, argumentó que la aprobación de la reforma obedece a un reclamo ciudadano, pues no es justo que por defender su negocio o lugar de trabajo, ante un robo o agresión, vaya a dar a la cárcel.

Es un acto elemental de justicia, si evitamos que los ciudadanos vayan a la cárcel simplemente por defenderse, dijo el líder de la bancada blanquiazul.

En tanto la diputada Claudia Caballero (PAN), que presentó la iniciativa de en febrero pasado, agregó que la modificación al Código Penal da la certeza jurídica a los nuevoleoneses de que pueden tener tranquilidad, cuando actúan para el debido cuidado de su vida, la de sus seres queridos, de sus bienes, u objetos respecto a los cuales tengan una obligación de resguardo o de defensa.

A su vez, Luis Armando Torres, diputado de Morena, al argumentar su voto en contra al señalar que la ampliación de la legítima defensa favorece y exacerba la violencia, además de que no es acorde al derecho a la seguridad que el Estado debe tutelar.

“Me genera honda preocupación que se han ampliado los alcances de violencia, al poner en manos de la ciudadanía una responsabilidad que compete garantizar a las fuerzas de seguridad pública”, expuso Torres y agregó que se confunde a la ciudadanía, al hacer creer que la legitima defensa “es un permiso para matar”.

Puntualizó que en cualquier hecho relacionado con el tema, se van a deslindar responsabilidades, y sencillamente en caso de que no se cuenten con los permisos de portación de armas, no procede la legítima defensa. Por lo anterior llamó a construir de modo colectivo la paz duradera y digna, con medidas de fondo para la reconstrucción del tejido social, haciendo a un lado medidas populistas, violentas y reaccionarias como ésta promovida por el PAN.

El 29 de mayo de 2017, la anterior legislatura local, aprobó una iniciativa de reforma al mismo artículo 17 del Código Penal, presentada por el panista Marcos Mendoza, donde se ampliaron los supuestos de la legítima defensa.

Con ello se declaraba inimputable a la persona “que lesione o privare de la vida a un intruso que sea sorprendido en su hogar, donde se encuentra su familia, aunque no sea su hogar habitual, en un local donde tenga bienes, o donde haya bienes ajenos que tenga la obligación legal de defender, siempre que el intruso ejerza violencia sobre las personas o las cosas que se hallen en tales sitios”.

El Código Penal establecía antes de esa modificación que obtendría el beneficio de la legítima defensa “el que causare daño a un extraño”. Con la reforma agregó: "Igual presunción, salvo prueba en contrario, favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro”.

Ya con la ampliación de la legítima defensa de mayo de 2017, la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) señalaba su preocupación debido a que “los particulares no cuentan con la preparación necesaria sobre el uso adecuado de la fuerza, ni el entrenamiento para distinguir cuándo utilizar o dejar de utilizar un arma, y podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros”.

Este tipo de medidas, expuso Cadhac, demuestran incapacidad de las autoridades para Mientras la Canaco de Monterrey argumentaba que “las armas debe traerlas la policía, no podemos llegar a la Ley del Oeste donde cada quien se defendía”.