El Gobierno venezolano ha reconocido el grave problema de orden público que se vive en San Cristóbal, la capital del Estado Táchira, en la frontera con Colombia. El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, aseguró este miércoles que por obra de las protestas la ciudadanía está sometida a un virtual toque de queda. En respuesta, el Gobierno ha decidido suspender el porte de armas, militarizar con el Ejército todas las vías de acceso hacia esa población y enviar refuerzos de la Guardia Nacional Bolivariana para restablecer el orden público. Pero no contento con ello el presidente Nicolás Maduro amenazó con imponer un estado de excepción especial en la ciudad si con estas primeras decisiones no recuperan el control.

Esa declaración de Maduro es todo un hito en tres lustros de Gobierno chavista. Ni en la peor de sus circunstancias –que incluyen un breve golpe de Estado en 2002 y un paro de dos meses de Petróleos de Venezuela, la principal fuente de ingresos del Estado- su antecesor Hugo Chávez mencionó esa posibilidad. En el relato del chavismo la suspensión de garantías constitucionales recuerda la represión y coincide con las peores crisis de los Gobiernos de la democracia de partidos (1958-1998), sus enemigos históricos. Cuando en 1989 ocurrieron los disturbios luego bautizados como El Caracazo –masivas protestas y saqueos en la ciudad capital contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez tras la aplicación de las recetas económicas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional- el Ejecutivo de la época restringió la circulación e impuso un toque de queda a la población durante la noche del segundo día de disturbios. Para un Gobierno que se reivindica como izquierdista y defensor de los pobres la decisión de Maduro podría ser interpretada como una señal de debilidad nunca antes demostrada.

En todo caso, el gobernante venezolano elaboró un relato según el cual lo que ocurre en San Cristóbal sigue la lógica de las operaciones del paramilitarismo colombiano, que tendrían, siempre según su versión, al alcalde opositor de la localidad, Daniel Ceballos, como la cabeza de esa caótica situación denunciada. “El Táchira está siendo asediado desde Colombia”, detalló. El ministro del Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres agregó que la alcaldía de la ciudad desarrolla un plan subversivo. No se recoge la basura y ese material es utilizado para encender piras y cerrar vías. La situación hace pensar a Maduro que la oposición quiere convertir a la capital del Táchira “en la Bengasi de Venezuela”. “No lo vamos a permitir”, tronó. Nosotros defenderemos el Táchira con nuestra propia vida si es necesario”, expresó.

Después de lo que ha dicho Maduro, Ceballos publicó en su cuenta de Twitter: “Maduro y Vielma, nuestro pueblo despertó. Sus amenazas son la mejor demostración de nuestro avance. Estoy del lado correcto de la historia”.

San Cristóbal fue una de las primeras ciudades donde comenzaron las manifestaciones callejeras contra el Gobierno. Hace quince días el gobernador del Táchira, el oficialista José Gregorio Vielma Mora, soportó el asedio a la residencia de gobernadores, que sufrió destrozos de consideración causados por personas enardecidas. Por ese hecho fueron detenidos tres estudiantes y trasladados a una cárcel del estado Falcón, en el noroccidente del país. Esta decisión provocó el incremento de los disturbios en la región andina y en todo el país. Después de una semana fueron puestos en libertad condicional.

Mientras, en Caracas los choques entre la Policía Nacional Bolivariana y los manifestantes apostados en la plaza Francia, el bastión opositor, incrementaron su intensidad. La policía entró a por todas para echar a los revoltosos usando gases lacrimógenos y pateando las motocicletas que les servían de transporte. La cantidad de bombas arrojadas esparció un fuerte olor casi asfixiante en el casco central del municipio Chacao y en las urbanizaciones vecinas Bello Campo y La Castellana. La represión oficial fue rechazada por los vecinos. Algunos abrían la puerta de los edificios contiguos a la plaza a algunos manifestantes y hacían sonar las ollas.

Otras urbanizaciones como Caurimare, también un barrio de clase media, concentraron a 200 personas que reunieron neumáticos viejos y troncos de árboles para encender fogatas y gritar consignas contra el Gobierno. La autopista Prados del Este, que comunica con el sureste de la capital venezolana, fue cerrada hacia el final de la tarde de este miércoles por pequeños grupos. El tenor de las protestas es cada vez más amplio y desafiante.