Son las ocho de la mañana. En la solitaria calle de Roger, en Barcelona, se concentran grupos de personas que reparten panfletos y llevan pancartas con ilustraciones de nonatos y rosarios colgados al cuello. Se autodenominan 'rescatadores' y se encuentran cada semana en la Clínica Ginecológica de Santos (CGS) y otros centros de toda España para emprender su tarea antiabortista.

Las pacientes acuden a la CGS para hacerse revisiones, procedimientos quirúrgicos o interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). La localización de la clínica parece pensada para cuidar la intimidad de quien acude: muy cerca de la estación de metro de Badal, en el barrio de Sants, pero en una calle poco transitada.

Sin embargo, cada viernes y sábado, esa intimidad es vulnerada por un grupo de manifestantes que, con pancartas, panfletos y rosarios, se concentran enfrente y en los alrededores de la clínica. Para llegar hasta el local, una planta baja, hay que pasar entre las personas allí congregadas.

Interceptan a los peatones y preguntan si se dirigen a la clínica. Después, les entregan uno de los panfletos. Si la persona se detiene, proceden a describir lo que llaman "abortorio", donde se produce "el asesinato indiscriminado de bebés".

Los grupos –en su mayoría mujeres, migrantes o locales, con algún hombre que las acompaña– han reducido sus apariciones a dos días semanales porque han descubierto que son los días que se programan las IVE en esta clínica, que sufre estas manifestaciones desde 2009. El personal de la CGS denuncia las maneras violentas e intimidatorias de estos grupos antiabortistas.

"Hay muchas mujeres que vienen nerviosas, no necesitan que nadie las aborde acusándolas de ser asesinas. Nosotros tampoco nos merecemos que nos acosen al entrar y salir del local, cuando ven que somos personal", nos explica una de las doctoras.

Las pacientes que llegan lo hacen por iniciativa propia o bien derivadas por la sanidad pública, ya que la CGS forma parte de la red de clínicas acreditadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

En este segundo caso, el coste de la intervención es asumido por la sanidad catalana, siempre que se encuadre dentro de los límites de actuación legales de acuerdo con la ley de plazos actual, que marca la semana 22 de gestación como el umbral máximo para practicar una IVE.

Dentro de este margen, el procedimiento varía en función de la semana de embarazo. Entre otras opciones, puede ser farmacológico o consistir en una intervención ambulatoria.

El equipo de profesionales de la clínica explica que estos grupos tienen derecho a expresar su desacuerdo ideológico con las IVE. Sin embargo, se quejan de que esto "no debería significar que puedan increpar a las trabajadoras o molestar a las pacientes. Es una situación muy incómoda y agresiva".

En particular, les preocupan las informaciones que facilitan a las mujeres. En muchos casos, dicen, son médicamente falsas, sobre todo las relacionadas con los períodos de gestación y las posibles consecuencias del aborto.

Las profesionales han alertado a la policía local y a los Mossos y también han contactado con el Ayuntamiento de Barcelona. Los servicios de prensa del consistorio barcelonés, contactados por la Directa, aseguran que están trabajando por la defensa del derecho al aborto impulsando un grupo de trabajo específico. En el caso concreto de la Clínica Ginecológica de Santos, están "valorando las opciones jurídicas".

De momento, explican que los informes que han recibido "no son positivos porque hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, han valorado que prevalece el derecho a la libertad de expresión".

¿Rescatadores o acosadoras?

Durante las visitas realizadas en diferentes semanas, la Directa ha comprobado que detienen a la gente indiscriminadamente. Cada persona que se acerca recibe los mismos argumentos, sea una periodista, una peatón o un paciente que se dispone a hacerse una prueba.

Mientras algunas de las congregadas se ocupan de los diálogos, el resto de gente está ante el local, rezando el rosario y sosteniendo pancartas con lemas contra el aborto. Aseguran que también hacen acto de presencia en otros "abortorios".

Las antiabortistas, por una parte, acusan a las clínicas de ser empresas que se lucran del asesinato de no-natos. Afirman que se saltan todos los protocolos establecidos por el marco legal, una acusación que incluiría no respetar el margen de tres días entre el inicio del procedimiento y la IVE o no mostrar las ecografías a las gestantes.

La médico que nos recibe refuta estas afirmaciones: "En primer lugar, en muchos casos, los tres días deberían empezar a contar a partir del momento que la mujer acude a la Seguridad Social a pedir una IVE. La cita que tienen con nosotros no es inmediata, por tanto, el margen de tiempo ya se cumple".

También explica que, cuando hacen la primera visita, informan a las pacientes de que tienen que dejar este periodo como tiempo mínimo hasta la próxima cita. En caso de que las mujeres no quieran esperar –por los motivos que sea–, añade que están obligadas a pedir que hagan una visita in situ con las profesionales de psiquiatría del centro, que harán una evaluación para determinar si se puede dar el consentimiento médico a esta IVE. Si es así, entonces proceden a la intervención, de acuerdo con los horarios disponibles.

El personal de la clínica muestra a la Directa el circuito de ingreso ambulatorio, los quirófanos donde se hacen las IVE y las pruebas y las salas de espera y de recuperación para cuando ha terminado la intervención.

La actividad médica se concentra los viernes y los sábados para garantizar el reposo durante el fin de semana y evitar complicaciones. Pasados ​​quince días, las pacientes tienen una cita de revisión para garantizar que todo ha ido bien.

En la CGS, como el resto de clínicas, tienen muy presente el caso del doctor Morín, condenado a prisión durante dieciocho meses por llevar a cabo once abortos ilegales. Por ello, aseguran que cada escalón del procedimiento conlleva permisos, documentación y consentimientos firmados. "La IVE deja un camino muy marcado, que se ha de seguir, para saber si ha habido ninguna irregularidad", afirman.

En defensa de las adopciones ilegales

Los 'rescatadores' acusan de homicida a quien decide abortar. Se compadecen de las jóvenes que acuden a las clínicas porque las describen como chicas destrozadas, con vidas muy duras de violencia, abandono, falta de recursos económicos, problemas por su situación legal, sufrimiento emocional y psicológico.

Todas estas situaciones, a su juicio, no justifican una IVE: "No puedes solucionar un problema haciendo algo que está mal, como es abortar", afirman.

Partiendo de la premisa de que se es persona desde el momento de la concepción, añaden que debería prevalecer "el derecho de la persona por delante del de la madre". "¿A que si a ti tu madre te dijera que como eres eres mía te puedo cortar un brazo, no se lo permitirías? Pues aquí pasa igual, pero la criatura no puede oponer resistencia", argumenta uno de los hombres presentes. "Las madres se confieren un derecho sobre el que tienen dentro que no es suyo. Porque son personas diferentes. Y, después, las que han decidido abortar salen destrozadas", asegura.

Como alternativa, ofrecen asistencia médica, ayudas, cestas con donativos y asesoramiento a las madres que decidan tener la valentía de abrazar a su hijo no-nato. Lo que más publicitan es un espacio de asesoramiento situado en Badalona, ​​llamado Hogar de María. Allí ofrecen productos de primera necesidad, consejo o talleres para las madres y los niños. Según cuentan, también ayudan a encontrar trabajo y vivienda o pisos de acogida. Además, disponen de médicos afines que hacen pruebas gratuitas.

"Todo antes de que matar a una persona", sentencia. En dos ocasiones nos indica la posibilidad de dar la criatura en adopción. Cuando se le plantea la reticencia a dejar la criatura recién nacida en manos del sistema de adopciones estatal, aleccionan explicando que no hay que pasar por estos trámites: "Puedes tener y darlo en adopción. Mucha gente lo acogería y lo querría", nos cuenta. "Si tú decides entregarlo y la familia lo empadrona como suyo, ¿quién debe decir a aquella familia que el hijo no es suyo?", afirma. Ante las dudas de si habría garantías de que esto asegurara un buen cuidado hacia el niño, nos contesta: "¿Serías mejor persona matándolo? ¿Cuál es la solución? Matarlo antes de que nazca?".

Otras clínicas, como EMECE, situada en la calle Anglí, también reciben visitas de antiabortistas. La Directa ha contactado, pero declinaron ofrecer información al respecto.

Las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, del año 2014, indican que se llevaron a cabo 94.796 interrupciones voluntarias del embarazo. Era el tercer periodo en el que las cifras descendían y es el número más bajo de los últimos diez años.