Entonces Sebastián Piñera era candidato y el diagnóstico era éste: “Nuestra matriz de energía primaria es abastecida en un 44 % por derivados del petróleo crudo, en un 10 % por gas natural, otro 17 % por carbón, un 8 % por hidroelectricidad, un 20 % por leña, y un 1 % en otros combustibles como biogás y otras fuentes renovables”.

El texto era parte del capítulo “energía para un desarrollo sustentable” del programa de gobierno de Sebastián Piñera, que frente a este escenario planteaba una aspiración: impulsar las energías renovables para lograr un 20 % de la matriz en base a energías renovables no convencionales (ERNC) a 2020.

La intención acortaba un plazo que ya está escrito en la Ley 20.257, que establecía un porcentaje obligatorio de 10 % de ERNC para el año 2024 en la matriz eléctrica del país. Sin embargo, ha pasado el tiempo y el punto verde que fue aplaudido por expertos y ambientalistas se transformó, al final, en una promesa presidencial con eternos puntos suspensivos.

A dos años de lo escrito en el programa de gobierno, el codo del ministro de Energía, Jorge Bunster, barrió con la promesa. En septiembre del año pasado, explicó que la decisión de quitar respaldo al proyecto de ley se debía a que el Ejecutivo no quería establecer obligaciones que pudieren complicar el desarrollo futuro del sistema eléctrico. En declaraciones recogidas por La Tercera en el marco del Encuentro del Sistema de Integración Eléctrica Andina —que reúne a importantes autoridades energéticas de la región— Bunster se encargó de acotar la promesa de campaña: “El Presidente Piñera dijo que él iba a impulsar estudios que permitieren llegar a niveles más altos de participación de la eficiencia energética. El Presidente nunca planteó una obligación de hacerlo. Por lo tanto, lo que hicimos en esa Comisión no es un cambio en las metas, simplemente hicimos ver las dificultades que tenía poner una meta que fuese obligatoria”.

La disminución de la proyección que estimaba un 20 % de ERNC ha indignado a quienes vieron con buenos ojos el compromiso de mejorar la calidad energética de Chile, donde predominan los combustibles fósiles. Y muchos de ellos concuerdan en que la lápida del Ejecutivo, ya estaba clara en el Congreso antes de las declaraciones de Bunster.

Dilatar

El compromiso que ya estaba escrito fue repetido por el Presidente Sebastián Piñera en su mensaje a la nación el 21 de mayo de 2010; sin embargo, no se envió ninguna ley al respecto para tramitación en el Congreso. A fines de ese mismo año un grupo transversal de senadores presentó una moción para alcanzar el 20 % de ERNC en 2020. “El Ejecutivo no la apoyó sino que empezó un proceso para dilatar la iniciativa pidiendo plazo para estudiarla, creando y disolviendo varias comisiones técnicas para avanzar en una indicación sustitutiva, la cual nunca redactó”, afirma Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) dice que en el sector no pueden asegurar si ha existido presión o lobby por parte de los generadores convencionales, pero sí asegura que es un “hecho que en diferentes instancias hemos visto presentaciones de generadores convencionales en que muestran precios de la ERNC que distan mucho de ser los precios reales, que hoy compiten favorablemente con el gas y el carbón. Nos llama especialmente la atención la campaña de HidroAysén, que pareciera querer justificarse a base de desacreditar las ERNC”.

Finalmente y cansados de esperar al gobierno, los senadores José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Cantero, Jaime Orpis y las senadoras Isabel Allende y Ximena Rincón ingresaron una nueva propuesta legislativa de consenso, la que fue aprobada de forma unánime por el senado en enero de 2012 e ingresada a tramitación en la cámara de diputados durante el mismo mes. Esta ley, además de establecer una meta de 20 % de ERNC al año 2020, incluye precios estabilizados, licitaciones, certificados ERNC y comercialización de estos certificados.

A fines de 2011 los senadores redactaron una indicación sustitutiva y la ley llegó a la Cámara ese mismo mes. “Sin embargo, por solicitud del Ejecutivo, el diputado Felipe Ward, presidente de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, no la puso en discusión, hasta que en el mes de mayo un grupo de parlamentarios, liderados por los diputados Latorre y Espinosa exigieron y lograron unánimemente que se iniciara la discusión del proyecto de Ley”, explica Sara Larraín. La activista también señala que para bloquear la decisión del poder legislativo, el gobierno ingresó el 3 de mayo a fin de que se discutiera en esa misma comisión, un proyecto de ley para acelerar la obtención de concesiones de centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y líneas de distribución por parte de las empresas eléctricas; proyecto al cual el Ejecutivo le puso urgencia.

“Este mecanismo de urgencia y suma urgencia ha sido rebatido por los legisladores, quienes condicionaron avanzar en su revisión siempre y cuando se discutiera también en forma paralela en el proyecto 20/20. Sin embargo, esto no se ha cumplido”, asegura Larraín.

Con todo, Sara Larraín no es la única que da cuenta de la maniobra del gobierno. El diputado Luis Lemus (PS) asegura que el gobierno ha bloqueado la discusión de este proyecto “poniendo suma urgencia dos proyectos de ley: uno de concesiones eléctricas en la Cámara de Diputados y otro de carretera eléctrica, que es prácticamente el mismo en el Senado”. Lemus suma otra opinión: “De esta manera resulta clara su intención de dar facilidades a los grandes proyectos actualmente cuestionados, como HidroAysén o Punta Alcalde, en desmedro de aquellos que aumentarían el porcentaje de energías renovables no convencionales que componen nuestra matriz energética. Eso nos parece de la mayor gravedad”.

El diputado Juan Carlos Latorre (DC) también estima que la maniobra ha sido obvia, pero advierte: “Si el gobierno piensa que va a sacar adelante los proyectos de carretera y concesiones sin garantizar las aprobación de 20/20 se equivoca rotundamente”.

El diputado Lemus cree que el gobierno ha cedido al lobby de las generadoras convencionales y a los conflictos de interés de los miembros de su gabinete. “No es ningún misterio el anterior empleo del actual ministro de Energía. El problema es que mantener una visión de corto plazo y seguir recurriendo a carbón y petróleo para generar energía, sólo porque es relativamente más barato es pan para hoy y hambre para mañana”.

Lemus se refiere a la polémica que se levantó al momento que asumió Bunster ya que pasó 19 años en el cargo de gerente general de Copec y al momento de ocupar este cargo público tenía $ 273 millones de pesos en acciones en la empresa del grupo Angelini y en Enersis, de las que se desprendió al momento de convertirse en titular del ministerio.

Punto verde

Solamente por poner un ejemplo: si Alemania genera el 20 % de su energía con ERNC, esa cifra en Chile llega apenas al 4,86 %, según datos entregados en septiembre por el Centro de Energías Renovables (CER), un comité técnico dependiente de la Corfo.

En mayo del año 2011, un informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) señalaba que las energías renovables no convencionales ya son económicamente competitivas en Chile. Esa era una de las principales conclusiones del informe encargado por el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) que encomendó evaluar los costos comparativos de una amplia gama de tecnologías de generación en el sector eléctrico chileno.

El experto en energías renovables de la Universidad de Chile, Roberto Román, señala que es posible alcanzar un 20 % de ERNC a 2020; el tema es ir fijando metas razonables. “Se puede partir abordando el tema de como incorporar ERNC variable en el SING y la parte norte del SIC. Es sencillo llegar hasta los 750 MW a bajo costo adicional. Además en el SING ya hay proyecto CSP de 360 MW. Como es con acumulación en sales y con energía de respaldo, es unidad 100 % despachable. Igual de confiable que una central a carbón, pero sin contaminación y sin gasto de combustible”.

Igualmente Román menciona como un paso importante echar a andar la Ley de Net Metering. “En un plazo razonable (5 a 8 años) se puede agregar de 500 a 1000 MW nominales en los techos de las casas”, comenta respecto a esta ley que regula el pago de las tarifas eléctricas de generadores residenciales. Es decir, que quienes generan su propia energía –a través de sistemas solares– pueden inyectarlo al sistema y la diferencia se les puede descontar de la boleta de consumo. Otro de los pasos que menciona Román es acelerar la entrada a la geotermia. “Esta fuente nos asegura energía base, operación complementaria con las ERNC variables y gastos de operación cercanos a cero. Y, lo más importante, esto significará menores costos para los usuarios. Pero también menores ganancias para las antiguas grandes generadoras. Y obviamente eso no les gusta”, enfatiza Román.

El costo

Es justamente el fantasma de que los chilenos pagarán mucho más por la electricidad el argumento más utilizado por quienes apoyan la disminución de la proyección del gobierno. El año pasado, la prensa publicó un estudio que estimaba que la meta de 20 % para energía renovable costará US$ 1.200 millones anuales a los consumidores. El estudio fue realizado entre los años 2009 y 2011 por el economista y académico de la Universidad de los Andes Alexander Galetovic y el ingeniero Cristián Muñoz. El análisis fue financiado por Aes Gener.

“El sistema diseñado a inicios de los años '80 se rige por el criterio de maximizar la utilidad privada. El regulador no ha intervenido para nada. Esta lógica ha llevado a que el inversionista privado busque maximizar su utilidad al máximo. Significa inversión mínima, usar tecnologías lo menos riesgosas posibles para ellos y traspasarles los mayores costos a los usuarios”, subraya Román y lanza otra frase: “La energía eléctrica es cara en Chile porque el modelo de maximización de ganancias privadas así lo asegura”.

Carlos Finat, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) dice que en el sector no pueden asegurar si ha existido presión o lobby por parte de los generadores convencionales, pero sí asegura que es un “hecho que en diferentes instancias hemos visto presentaciones de generadores convencionales en que muestran precios de la ERNC que distan mucho de ser los precios reales, que hoy compiten favorablemente con el gas y el carbón. Nos llama especialmente la atención la campaña de HidroAysén, que pareciera querer justificarse a base de desacreditar las ERNC”.

“Respecto a que si es más caro, debo decir que no estamos convencidos de eso. Nos gustaría ver un estudio que valorice las externalidades negativas de hoy y a futuro de las otras energías. El business as usual siempre suena más fácil, como poner una gran planta de carbón”, comenta Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

Las generadoras en cambio tienen otra mirada respecto a la situación. Desde la Asociación Gremial de Generadoras de Chile A.G (creada en abril de 2011 y compuesta por Colbún, SN Power Chile, AES Gener, PacificHydro Chile, GDF Suez y Endesa Chile) señalan que el país posee una matriz de generación altamente renovable. “Cumplir con el 20/20 significa instalar adicionalmente en los próximos 8 años más de 4.000 MW de ERNC —la cantidad dependerá del factor de planta de los proyectos que se instalen—. Más del 90 % de los proyectos ingresados a evaluación ambiental son de bajo factor de planta —eólicas y solares fotovoltaicas—. Por ejemplo, una central eólica sólo opera en promedio un 20 % del tiempo. Esta cantidad de MW adicionales, además de la inversión necesaria en tecnología de generación, requiere una relevante inversión en transmisión y en respaldos (térmicos) para una operación segura y de calidad (abastecer de energía cuando no haya viento o de noche sin luz solar). Esto último encarece considerablemente para todo el sistema el desarrollo con este tipo de alternativas de generación. Chile tiene un potencial renovable que puede y debe ser aprovechado de manera competitiva sin generar sobrecostos ni la introducción de distorsiones que terminan encareciendo la producción de energía”, opina René Muga, Gerente General de Generadoras de Chile A.G.

Para las generadoras el escenario actual basta, ya que según dicen la ley que impone una meta de 10 % al 2024 es un desafío alcanzable. “Además es muy cercano al nivel de penetración mundial proyectado para este tipo de tecnologías por la Agencia Internacional de Tecnología. Si a ello le sumamos la capacidad hidroeléctrica del país, más del 50 % de la generación sería renovable en circunstancias hidrológicas normales”, indica Muga.

Sin embargo, para quienes asumen que Chile debería tener un camino abierto hacia las energías limpias mucho más expedito, el argumento de las generadoras no convence. Sara Larraín insiste en que las generadoras prefieren las condiciones actuales de ERNC básicamente porque “afectaría su negocio, el que por años han mantenido sobre la base de un monopolio vertical y horizontal en el tema de la generación, la transmisión y la distribución eléctrica… Por otra parte, las utilidades eléctricas solo están normadas en el tema de la distribución, que es un 10 %, pero en el tema generación, aumenta a más del 100 %, lo que resulta en que cada kw hora que a ellos les sale 48 pesos, al cliente final se le vende a 110”.

Desde el Ministerio de Energía señalaron que éste es un tema que actualmente está en discusión en el Congreso y ese será el escenario donde se abordará.