Este año, el solsticio no marcará solamente la llegada del invierno. Para un grupo de argentinos, mañana será también el día de la "liberación de impuestos", es decir, cuando dejarán de trabajar sólo para pagar sus obligaciones tributarias de cualquier nivel del Estado, nacional, provincial y municipal.

Según un estudio elaborado por un grupo de economistas, si se considera el monto total percibido en un año por quien tiene un salario neto mensual promedio de $ 7494, lo que esa persona cobra entre el 1° de enero y el 21 de junio será equivalente a lo que pagará en el año en impuestos y cargas sociales descontadas del salario. Quienes tienen ingresos más elevados cruzarán esa frontera en los días posteriores y hasta fines de julio.

Los cálculos fueron realizados por los economistas Nadin Argañaraz, Sofia Devalle y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En las conclusiones se destaca que en los últimos años, a causa de una creciente presión fiscal sobre quienes pagan impuestos, la cantidad de días trabajados para pagar impuestos va en aumento.

Este año, la cuenta revela que para liberar los ingresos hacen falta 172 días en el ejemplo mencionado, y 184 días (se cumplirán el 3 de julio) si se analiza el caso de quien gana por mes $ 16.239. Para un sueldo neto de $ 24.420, la liberación llegará el 17 de julio (198 días), en tanto que si el ingreso es de $ 36.912, serán 205 los días trabajados para compensar los requerimientos fiscales. Ese plazo se cumplirá el 24 de julio.

El estudio del Iaraf compara esas fechas con salarios de similar poder adquisitivo en 2011 y 2012. Para ello, a los montos considerados para el primer año se le adicionaron subas. Para 2013 se sumó un incremento de 24 por ciento. De esta manera, se llegó a cifras comparables teniendo en cuenta el efecto de la inflación, un factor que, por otro lado, explica parte de la mayor presión tributaria sobre la sociedad.

Medida como porcentaje del ingreso percibido por una familia, y siempre incluyendo el costo laboral, la carga tributaria total se ubica este año entre 47,2 y 56,2 por ciento. En el ejemplo del salario de $ 7494, los impuestos de pago directo (que son las cargas laborales y Ganancias) se llevan el 32,5%, en tanto que los indirectos (incluidos en el precio de los productos consumidos) se quedan con el 13,2% del dinero implicado en el contrato laboral, que incluye el salario bruto y las cargas que paga el empleador.

¿Qué es lo que explica el incremento de la carga en los últimos años? Son varias las causas y cada una tiene un peso diferente, según el nivel de ingresos. De lo que se trata, por lo menos en el estudio del Iaraf, es de estimar la presión tributaria legal, es decir, la que efectivamente pesa sobre lo que perciben los ciudadanos que cumplen con todas sus obligaciones. Es un concepto diferente al de presión tributaria efectiva -más conocida-, que mide la recaudación como porcentaje del producto bruto del país y que no tiene en cuenta un factor que en el caso de la Argentina es de peso, como la evasión de impuestos.

Los casos considerados por el centro de estudios corresponden a familias integradas por un matrimonio y dos hijos; eso es un parámetro para el ejercicio que implica estimar los impuestos atados a su consumo de bienes y servicios.

En el nivel más bajo de los ingresos que se tuvieron en cuenta, el día de liberación se incrementa un día respecto del año pasado. Eso ocurrió, principalmente, por subas en impuestos provinciales y municipales, como el inmobiliario. Ya en otros tramos salariales gana peso la insuficiente actualización del esquema para tributar Ganancias (tanto de la suba del menor salario imponible como de las deducciones posibles) y la falta de adecuación del monto del patrimonio a partir del cual se paga Bienes Personales.

En los tramos de sueldos más altos, la cantidad de tiempo "dedicado" al Estado se elevó entre 10 y 13 días.

En todos los casos se consideran los aportes personales y las contribuciones patronales que surgen de las relaciones laborales, y los impuestos sobre ganancias y bienes personales. También las cargas indirectas como el IVA e impuestos internos y específicos sobre determinados consumos. Y se sumaron además los tributos provinciales (ingresos brutos, inmobiliario, automotor) y municipales que, en muchos casos, han tenido subas significativas en los últimos años, de la mano de un incremento de las estructuras locales y del personal contratado.

Destino de los recursos

El indicador del día de liberación sólo considera el peso de las cargas para las personas, pero no analiza qué hace el Estado con esos recursos, es decir, cuál es la calidad del gasto en cuanto a dar servicios a los habitantes del país. En el caso de las cargas sociales, sí hay prestaciones específicas a cambio, como el servicio de una obra social o el pago futuro de la jubilación, que, según la fórmula de cálculo, otorga haberes de alrededor de 60% del último salario.

Al analizar ese componente en particular, los economistas del Iaraf admiten el debate existente respecto de si los pagos con destino a la seguridad social deben ser o no considerados como impuestos. El informe adopta las conclusiones de estudios que les dan tal carácter a esas cargas, por tratarse de dinero que los trabajadores deben hacer de manera obligatoria y bajo una regulación. Además, se considera que, si bien se determinan promesas de pago a futuro, el Estado tiene atribuciones para modificar las condiciones de acceso a los beneficios o las fórmulas de cálculo del haber.

Inflación, distorsiones y gasto, en la mira

La inflación y una suba del gasto público que no se condice con una mejora en la calidad de los servicios del Estado son dos de los factores que algunos economistas ponen en la mira, entre los que motivan el aumento de la presión fiscal sobre los ciudadanos. Otro aspecto al que se presta atención es el alza de la recaudación por tributos que son considerados distorsivos, por ejemplo, porque afectan los costos de la producción.

"El aumento fortísimo de la presión tributaria tiene como contracara la inflación y los ajustes insuficientes en los límites para pagar impuestos como bienes personales y ganancias", señaló Marina Dal Poggeto, directora del estudio Bein & Asociados. Y agregó que si bien el esquema actual es más progresivo que el de los 90, hay una falta de objetivos de cómo se distribuye lo que se recauda. "Es bastante discutible si hay un gasto eficiente y homogéneo, que sirva para tender a igualar las oportunidades en la población", analizó.

Para el economista Nicolás Dujovne, el gasto público, hoy del 47% del PBI, es mucho más alto que el de Alemania o los países nórdicos, y así, resulta muy elevado para un país en vías de desarrollo. El problema, agregó, es cómo se financia. "Acá hay impuesto inflacionario, que es dañino, y hay impuestos distorsivos", dijo. En particular, señaló los tributos que pesan sobre las exportaciones y las altas tasas de IVA y cargas salariales.

Por su parte, Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, puntualizó que de los 10 puntos de aumento de la presión tributaria sobre el PBI que hubo en los últimos años, 2,8 puntos responden a las retenciones, 2,5 al mayor empleo y el crecimiento de los salarios –reflejo de mayor actividad– y otros dos puntos al impuesto al cheque. Desestimó así el efecto que, en el total de la recaudación, pueda tener la desactualización de Ganancias.