CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal desplazó a Acapulco a cientos de policías estatales, así como a su grupo de choque conformado por ‘narcotaxistas’ de esta capital, para contener la marcha anunciada por normalistas y miembros del magisterio disidente, quienes demandan la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la masacre en Iguala.

En tanto, diputados locales convocaron a las 23:00 horas a sesión extraordinaria en la sede del Congreso estatal, donde se acordó el desafuero del alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien sigue reportado como prófugo.

Por la tarde, trascendió que el depuesto edil habría sido detenido durante un operativo realizado por la Marina en un rancho ubicado en el municipio de Amacuzac, Morelos.

Mientras que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) tomaron seis alcaldías más, con lo que suman ocho los inmuebles en su poder de los 81 ayuntamientos que conforman la entidad.

Los docentes también se dirigieron a las casetas de la Autopista del Sol, ubicadas en Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta, donde flanquearon el paso a automovilistas, previa cooperación, e impidieron el tránsito a vehículos militares y policiacos que circulaban por esa vía.

Esta situación provocó que autoridades municipales ordenaran el desalojo de los ayuntamientos y el gobernador Aguirre hiciera un llamado a los manifestantes a no afectar derechos de terceros en sus protestas.

Desde temprano, burócratas de Iguala, Eduardo Neri y Tixtla comenzaron a sacar documentación, equipo de cómputo y diversos artículos de los inmuebles por temor a que normalistas y miembros del magisterio disidente causen destrozos, como ocurrió el lunes pasado en la sede del gobierno estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo.

Hasta el momento, los profesores tienen tomados los ayuntamientos de Chilpancingo, Huamuxtitlán, Apango, Olinalá, San Luis Acatlán, Copalillo, Tlapa y Atenango del Río, informaron dirigentes del magisterio disidente.

Por su parte, cerca de las 12:40, los cetegistas tomaron tres casetas de la Autopista del Sol y, en el punto ubicado en el poblado de Palo Blanco, localizado a 10 kilómetros al sur de la capital de la entidad, los profesores detuvieron a un militar y un agente de Gobernación estatal que realizaban labores de seguimiento al movimiento social.

Uno de los informantes fue identificado como el cabo Antonio Reyes, adscrito a la sección segunda (Inteligencia Militar), de la 35 Zona Militar, y Miguel Guillén, empleado de la Secretaría de Gobierno estatal; ambos se desplazaban en motocicletas que fueron quemadas por los manifestantes sobre la autopista.

Poco después, los maestros trasladaron a las “orejas” al Zócalo de esta capital, donde se mantiene el plantón del magisterio disidente. Tras retenerlos unas horas, fueron entregados a autoridades ministeriales bajo la observación de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad.

En tanto que el grupo de choque conformado por transportistas ligados a la delincuencia organizada que operan en este capital, que mantienen resguardada la sede del gobierno estatal, fueron desplazados al puerto de Acapulco.

Ello con el propósito de encarar a los manifestantes que anunciaron una marcha en el balneario, informó un transportista.

Al respecto, dijo que el gobierno de Aguirre está pagando 500 pesos a cada chofer para resguardar edificios gubernamentales y evitar “actos vandálicos” de manifestantes.

Ayer, Apro dio a conocer que el gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron el miércoles pasado a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.

“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, confirmó un chofer a Apro.

Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis operados por el narco en las principales ciudades de la entidad.

Este es el contexto que se vive en la entidad donde la sociedad está polarizada frente al caso Ayotzinapa, que exhibió los vínculos de autoridades con bandas del crimen organizado.