Tres de los cuatro testigos que declararon en el caso de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, murieron y un cuarto está en calidad de desaparecido desde el noviembre de 2016.

Ramiro Higuera Martínez, Edgardo López Munguía y Casimiro Mora Vázquez, quienes son testigos en la indagatoria 67/2017, fallecieron en distintas circunstancias, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) consultada por Animal Político.

En tanto, Aurelio Parras Bustos, el cuarto testigo, desapareció el 2 de noviembre de 2016. Todos los hechos sucedieron en Ciudad Victoria.

Las declaraciones de estos cuatro personajes, forman parte de las pruebas presentadas por la PGJ en la averiguación contra el exgobernador. Todas fueron tomadas el 19 de noviembre de 2013, de acuerdo con documentos a los que Animal Político tuvo acceso.

¿Quiénes eran?

La información oficial que se tiene de los cuatro testigos, es que en el caso de Ramiro Higuera Martínez se suicidó.

Higuera se desempeñaba como secretario particular del entonces tesorero de Tamaulipas, Miguel González Salum. Según la versión de la PGJ, el 12 de mayo de 2014, a las 10:40 horas, Higuera accionó un arma de fuego dentro del baño de la oficina de la Secretaría de Finanzas (SF) en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.

El hombre de 48 años fue trasladado al hospital general aún con vida, pero finalmente falleció, informó el gobierno de Tamaulipas.

El 12 de junio de 2016, el cuerpo del contador público Casimiro Mora Vázquez fue encontrado envuelto en una cobija. Por su muerte el gobierno tamaulipeco no emitió comunicación del hallazgo.

Sin embargo, el 15 de junio de 2016, el portal Breitbart Texas publicó que el hombre fue secuestrado y tras un intento de rescate los captores huyeron para después asesinarlo. Casimiro Mora era un personaje cercano al tesorero del exgobernador Eugenio Hernández.

Dos meses después, el 16 de agosto de 2016, la PGJ informó que hombres armados secuestraron al director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, Edgardo López Munguía. Los captores le dispararon en la pierna para llevárselo. Al día siguiente del secuestro del funcionario de 40 años de edad, policías estatales montaron un operativo para rescatarlo, pero finalmente lo encontraron muerto en la habitación de un hotel.

Al día siguiente, el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó de la captura de los presuntos responsables del secuestro y homicidio del funcionario, quienes fueron presentados ante el ministerio público.

En el caso de Aurelio Parras Bustos no hay mucha información oficial sobre su vínculo con el exgobernador Hernández o exfuncionarios de su administración, sin embargo, el 2 de noviembre de 2016 se reportó en redes sociales su desaparición.

De acuerdo con el mensaje difundido en la página de Facebook “Situación de Riesgo”, Parras “fue visto por última vez cerca de Liverpool, viste playera color negra con pantalón de mezclilla color azul. Desapareció el día lunes a las 6:00 pm”, expone un mensaje.

Al cierre de esta edición, el gobierno de Tamaulipas no emitió un pronunciamiento por la muerte de 3 de los testigos y la desaparición del cuarto atestiguante en el caso del exgobernador.

Estrategia de la defensa: desacreditar las firmas de testigos

Ayer jueves 12 de octubre, el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, dictó auto de formal prisión contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores. A media mañana, el victorense acompañado de su equipo de cinco abogados de la firma Collado & Asociados escuchó la valoración de las pruebas.

Hernández Flores es acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción lo imputa de comprar, por medio de un prestanombres, un terreno de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira. El predio fue adquirido a un costo menor y pertenece al patrimonio del Estado.

Además, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) buscan ejecutar órdenes de aprehensión contra el empresario constructor Fernando Cano Martínez; el exgobernador Tomas Yarrington; el exsecretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado; y los miembros del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos vendidos, Héctor Suverza Ramírez y Delia del Carmen Berlanga.

La audiencia se realizó en el juzgado segundo penal, ubicado dentro del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital tamaulipeca. A la cita judicial para desahogar las pruebas del expediente 67/2017, acudieron mujeres y hombres que se manifestaron a favor del político priista.

El principal abogado del priista, Jorge Olvera Reyes, presentó un conjunto de pruebas que buscan desacreditar las declaraciones de los cuatro testigos, tomadas el 19 de noviembre de 2013, que imputan a Eugenio Hernández.

La defensa aportó un peritaje grafológico de las firmas de los testigos. El perito concluyó “las firmas debitadas atribuidas a…que aparecen en declaraciones testimoniales que obran en autos del presente expediente no pertenecen al puño y letra y sistema nervioso central de los ciudadanos…y por lo tanto son firmas falsas, ya que pertenecen a persona diversa”.

Los abogados señalaron anomalías en los documentos de la declaración de Aureliano Parras Bustos -la misma que el perito considera con firmas falsas-. Olvera Reyes explicó que a los testigos se les advirtió que en caso de mentir se les sancionaría de acuerdo con el artículo 256 e impondría una multa de cien a trescientos veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

La unidad de medida y actualización es un concepto que en 2013 no existía en la justicia mexicana, según las pruebas aportadas por la defensa. “Tenga presenta su Señoría que la desinfección del salario mínimo en el Código Penal de Tamaulipas fue hasta el 21 de diciembre del año 2016”, afirmó el equipo de Eugenio Hernández.

Buscan amparo contra nuevas órdenes de captura

Al terminar la audiencia, el abogado Antonio Collado Mocelo expresó que la defensa ya promovió un nuevo amparo contra nuevas órdenes de captura, derivadas de 14 investigaciones que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

“Se demostraron ante el juez dichas anomalías y con todo y eso el juez y los fiscales determinaron otorgar el auto de formal prisión por un delito de lavado de dinero que no existe”, comentó Collazo Mozelo.

El equipo de abogados dijo que promoverán denunciarán penalmente el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, y los fiscales por “torcer la ley para ejecutar venganza política”. Además, presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Antonio Collado explicó que la extradición del político a causa de la ficha roja de la Interpol no procede, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) evaluó las pruebas y determinó no ejercer acción penal.