CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El perdón a la pena por el delito de delincuencia organizada a uno de los implicados en el caso que ha tocado al candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y podría aplicarse en caso de que Andrés Manuel López Obrador busque reducir la violencia, si gana las elecciones.

La figura del perdón es una forma alternativa de solución de controversias, establecido en las reformas constitucionales que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón para modificar el sistema de justicia penal, en 2008, y que entró en vigor hace dos años en todo el país.

Una de las modificaciones fue la del artículo 17 de la Constitución para que las leyes prevean “mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal” y aseguren “la reparación del daño”.

Los llamados criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios son dos de las figuras de ese nuevo sistema y fueron las que permitieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda llegar a un acuerdo con Luis Alberto López López, chofer de Manuel Barreiro, quien a través de una empresa fantasma le compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos.

Con los criterios de oportunidad, el Ministerio Público tiene la facultad de no ejercer la acción penal; es decir, no castigar el hecho o perdonar al delincuente siempre y cuando haya reparación del daño. Los acuerdos reparatorios se deben dar entre la víctima y el imputado, incluso en delitos culposos y patrimoniales.

En el caso, la UIF pactó el perdón con López López, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una modalidad del delito de delincuencia organizada.

El chofer de Barreiro firmó un acuerdo reparatorio y en razón de ello, le entregó la nave industrial a la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado viernes 20. De esa manera, a López López ya no se le aplicará ninguna pena por el delito que se le acusaba y que está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La bodega de Manhattan Master Plan, una empresa fantasma creada ex profeso, estaba a nombre del chofer porque así lo pidió Barreiro, el viejo conocido de Ricardo Anaya, pese a que el candidato presidencial intentó inicialmente desconocerlo.

Según Anaya, el caso ya está aclarado, como insistió en el primer debate presidencial, el domingo 22. Pero está lejos de eso.

El pasado miércoles 25, el diario digital El Español reveló que las autoridades europeas investigan la estructura financiera en Gibraltar y en paraísos fiscales para eventualmente obtener fondos para el candidato presidencial y expresidente del PAN.

Las operaciones también se habrían hecho en Canadá, donde se refugió Barreiro apenas se conoció el escándalo en México y en el que también está implicado el hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva, quien tiene intereses en Querétaro, como la sociedad Advance Real Estate, así como 14 compañías en España, según informó el corresponsal de Proceso en Madrid, Alejandro Gutiérrez.

Desde el 1 de marzo la PGR bloqueó y embargó las cuentas en México de Barreiro y de Olea Villanueva.