Cuando el pasado 26 de abril la Cadena SER avanzó que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quería apartar de la ‘operación Lezo’ a Carlos Yáñez, el fiscal que ha llevado la investigación junto a Carmen García desde hace 18 meses, el propio Manuel Moix lo negó de forma tajante. Aseguró que había sido Yáñez quien había pedido su traslado a Granada, y que nunca había sido su intención apartarle del caso. Prueba de ello, sostuvo Manuel Moix en una nota oficial, era que “recientemente” había pedido al Fiscal General del Estado la renovación de Yáñez.

Sin embargo, un documento inédito prueba que el Fiscal jefe Anticorrupción miente. Se trata de un decreto firmado por el propio Moix a la finalización de la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 18 de abril, víspera de la operación contra el entramado supuestamente liderado por Ignacio González.

En el decreto, Manuel Moix, exime a Carlos Yáñez y Carmen García de las “responsabilidades” en que puedan incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de ejecutar la operación, “ante la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.

Se da la circunstancia además de que Moix aseguró que solo Carlos Yáñez había pedido su relevo, en un intento de trasladar la decisión al afectado. Pero el decreto revela que la intención del fiscal jefe era cambiar a los dos fiscales. Tanto a Yáñez como a Carmen García, que juntos, ese mismo 18 de abril, habían propiciado una rebelión de la junta de fiscales al oponerse a su intento de impedir uno de los registros de la operación contra González.

La Fiscalía Anticorrupción emitió después una nota en la que manipula la realidad. Para justificarse y negar la información de la SER, Moix afirmó que había pedido “recientemente” la renovación de Carlos Yáñez en su cargo en Madrid. Y es cierto que la solicitó, pero eso sucedió semanas antes de que el 18 de abril tanto Yáñez como García se opusieran a sus órdenes y le plantearan batalla en la junta de fiscales, al invocar el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público.

El decreto de Moix también confirma que el fiscal jefe pretendía evitar el registro a la sede del Canal Isabel II, en lo relativo a la adquisición de la empresa pública Inassa en 2001; y que el fiscal jefe consiguió que los fiscales del caso se abstuvieran “de exponer en el informe” a presentar ante el juez, “sus valoraciones acerca de la presunta existencia de una organización criminal”. Finalmente, el juez Eloy Velasco acabó acusando al entramado de este delito.