El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se reunió esta mañana con el secretario general, Marcelo Abdala, para definir una postura con respecto al control obrero que están realizando los trabajadores agremiados de MontevideoGas.

"Es una decisión táctica que los compañeros valoraron. La perspectiva del PIT-CNT siempre es buscar en los momentos de conflicto, al margen de la cuestión judicial, porque nosotros en eso no intervenimos, pero en los momentos de conflicto, cuando hay amenazas de despidos, hay que abrir o buscar abrir todas las puertas de diálogo y negociación que nos permitan resolverlo. Es de alguna manera la obligación solidaria del movimiento sindical. Hasta ahí llegamos nosotros. Vamos a ver qué se puede hacer. Estamos tratando de promover encuentros y reuniones que puedan arrojar una perspectiva considerable por la parte trabajadora", dijo Abdala luego de la reunión.

"Preferimos no abrir opinión (sobre la desobediencia a una orden judicial), porque son cuestiones de carácter técnico, imagino que los compañeros tendrán sus abogados para valorar los temas. Nosotros nos referimos a encontrar caminos de solución y de diálogo", agregó.

La central obrera dijo que han insistido en que "haya reuniones" para conversar y que pueda llegarse a acuerdos. "Prefiero no hacer referencia a la decisión táctica que tomaron los compañeros sino al problema de fondo. Tenemos una actitud solidaria con la pretensión y la lucha de los trabajadores de defender el servicio público de gas natural y el trabajo", concluyó.

Luego, en un comunicado, el PIT-CNT remarcó su solidaridad con los trabajadores del gas y respalda "la lucha" del sindicato "en defensa del servicio público de la distribución del gas natural y la defensa de los puestos de trabajo". "Planteamos nuestra enorme duda sobre la pertinencia que la Justicia civil laude en conflictos colectivos de trabajo", señala el texto.

Previamente, Fernando Pereira había hablado con El Observador sobre el conflicto y dijo que la empresa "cerró mucho" a los trabajadores, que decidieron tomar esta medida. Además, se refirió al hecho de que la Justicia civil esté laudando en conflictos sindicales. "Es una lógica muy perversa", continuó. "Tomar una medida preventiva parece una cosa muy atropellada. En algún momento lo tendremos que conversar con la Justicia", dijo Pereira a El Observador.

La empresa MontevideoGas está bajo control obrero de sus trabajadores desde las seis de la mañana de este jueves, pese a que la Justicia el miércoles dio lugar al recurso de amparo interpuesto por el Grupo MontevideoGas Petrobras SA contra la medida, que venía siendo anunciada por los trabajadores.

El sindicato permite el ingreso de trabajadores para que desempeñen sus tareas, salvo para las que tengan que manejar dinero. La gerencia no puede entrar en la empresa.

En principio no se ve afectada la distribución de gas.

En diálogo con El Observador, el sindicalista Alejandro Acosta dijo que intentarán dialogar con las autoridades cuando lleguen a desalojarlos para evitar que los saquen, y luego harán una asamblea para decidir qué hacer. Legisladores de Comisión de Trabajo del Parlamento irán a la planta este mediodía.

El fallo del juez Hugo Rundie establecía que la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas debía “abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero”. El magistrado expresó que tomar el control obrero de la empresa vulnera varios derechos reconocidos en la Constitución, como el de la libertad en su sentido genérico, propiedad, derechos a ejercer la industria y comercio, y libertad de empresa o de iniciativa económica, según informó Subrayado.

El sindicato había expresado en un comunicado que la decisión de tomar control de la planta respondía a la reestructura que Petrobras —propietaria de MontevideoGas y Conecta— presentó en el ámbito tripartito: una reducción de 37 puestos de trabajo, "inicialmente", lo que representa el 25% de la plantilla laboral actual de MontevideoGas, incluyendo la exigencia de que 10 puestos sean eliminados antes del 30 de abril o los 20 trabajadores que están en el seguro de paro no serían reintegrados.

La decisión de Petrobras responde a los números negativos del negocio, que suma pérdidas por US$ 116 millones, según informó O Globo esta semana. Otro aspecto clave está vinculado a la construcción fallida de la planta regasificadora en el país, que se valoraba como una fuente confiable y competitiva de acceso a materia prima. Este proyecto era clave para desarrollar el negocio, captar más clientes y alcanzar un punto de equilibrio.

Desde hace años Petrobras sostiene que el negocio del gas en el país soporta condiciones adversas para su desarrollo que son ajenas al control de las compañías. Eso por las restricciones en el envío de gas natural desde Argentina y su elevado precio respecto su cotización en el mercado internacional. Según el medio brasileño, entre 2005 y 20015 el precio del producto se multiplicó por ocho.