El coronavirus ya ha alcanzado a más de 20.000 personas en nuestro país. Las cifras aumentan de forma exponencial cada día, por lo que adoptar medidas extraordinarias para que la sanidad no se colapse, los contagiados puedan ser tratados con todas las garantías y la curva se invierta es una cuestión capital.

Una pandemia global que se ha convertido en un quebradero de cabeza para todas las administraciones públicas que, de forma coordinada, están llamadas a prestar servicio y ponerse de acuerdo para contener el contagio. Las continuas apelaciones a la responsabilidad individual son el primer paso, pero organizar grandes operativos sanitarios para que los aplausos ciudadanos de cada tarde a las 20 horas no sean en vano es el segundo de los objetivos.

Medidas excepcionales para contener una situación extraordinaria. Una crisis que pone a prueba el sistema. La decretación del estado de alarma puso en manos del Gobierno central y de su Comité Técnico de Gestión (encabezado por el presidente y los cuatro ministerios con competencias delegadas -Sanidad, Interior, Defensa y Transportes-) el control total de los servicios esenciales. Sin embargo, tal y como advierten los plenipotenciarios de la situación, la responsabilidad de los gobiernos autonómicos es imprescindible para salvaguardar los intereses de la nación, golpeada por una situación anómala, sin precedentes.

No obstante, esta llamada a la unión sigue sin dar frutos en ciertas regiones. España es uno de los países más descentralizados del mundo, por lo que pasar de un sistema prácticamente federal a acatar las decisiones de un mando único no está siendo sencillo. Especialmente para aquellos que han decidido hacer política de esta alerta sanitaria, atacando sin vehemencia al Ejecutivo tratando de sacar rédito electoral de la situación.

Si bien el Gobierno mantiene una posición tranquila, sin entrar al trapo de los ataques fratricidas que recibe, son muchos los colectivos que se han cansado de callar. Enfermeros, sindicatos y usuarios recuerdan al PP sus continuos ataques a la sanidad pública. La falta de inversión, los despidos o el refuerzo de la privada son algunas de las quejas naturales.

Pero más allá de cuestiones pasadas, el momento presente también despierta ciertas sombras en la gestión. Es el caso de Madrid y Andalucía. Mientras los populares reclaman mascarillas para sí constantemente, acusando a Pedro Sánchez de bloquear los recursos necesarios en las fronteras, mantienen centros hospitalarios sin abrir sus puertas con una crisis que colapsa los servicios sin control.

En la Comunidad de Madrid, como hemos advertido en ElPlural.com, una torre hospitalaria sigue sin abrir sus puertas pese a que Isabel Díaz Ayuso insista en negarlo. Se trata de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, ubicado en San Sebastián de los Reyes (norte de Madrid). Un espacio de más de 3.600 metros cuadrados que permanece cerrado y sin actividad desde 2008, año en el que se construyó el centro.

La presidenta ha alegado que “está en obras”, justificando su inoperancia afirmando que “no está preparada para atender pacientes”. Se le olvida que su propia formación prometió a finales de 2018 que las obras empezarían en 2019 para prestar servicio con la mayor celeridad posible.

Lo mismo sucede en Andalucía. Concretamente es en Málaga, provincia más afectada por el Covid-19 de la región, donde la Junta de Andalucía sigue sin proveer servicios en el Hospital de Estepona. Un complejo de 14.300 metros cuadrados que costó 15 millones de euros a las arcas municipales.

Esta anómala situación ha sido denunciada por José Luis Ruiz Espejo, secretario provincial del PSOE, que ha instado a Moreno Bonilla a tomar las riendas de la situación y utilizar este centro abriendo rápidamente sus puertas: “En estas circunstancias, no tiene ningún sentido que un hospital permanezca cerrado”.