Un hombre intenta abrir un establecimiento entre una montaña de basura en una calle de Madrid sin determinar.

La empresa estatal Tragsa asumirá el sábado por la mañana, si no media antes acuerdo entre concesionarias y sindicatos, el cumplimiento de los servicios mínimos de limpieza de calles y jardines. El jueves, en el décimo día de huelga, el Ayuntamiento de Madrid se reunió con la dirección de Tragsa para preparar el operativo, que se rubricará mediante convenio con el Ministerio de Agricultura, de quien depende la empresa.

El decreto de servicios mínimos dictado por el Ayuntamiento para la huelga establecía una serie de prestaciones y estimaba un número de trabajadores (alrededor del 40%) para hacerlas cumplir. Según fuentes municipales, la labor de Tragsa será asegurar esas prestaciones, y no tanto que se cumpla ese 40% de trabajadores en la calle.

Sindicatos y contratas se reúnen a su vez este viernes, a 24 horas de que finalice el ultimátum de la alcaldesa, Ana Botella (PP), para que se garantice el cumplimiento de los servicios mínimos (durante la huelga, han sido del 70% de lo pactado). Y a un día también de que se cumpla el plazo legal para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza a 1.134 trabajadores.

La hora límite fijada por el Ayuntamiento son las cinco de la tarde. Si no media acuerdo antes, trasladará a la fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de las empresas, y firmará el convenio con Tragsa para que sus empleados se encarguen de complementar el servicio desde la mañana del sábado.

Las concesionarias negaron que informaran al Ayuntamiento del ERE en sus ofertas, tal como deslizó un día antes su portavoz. Pero evitaron aclarar, sin embargo, si informaron, como estaban obligadas a hacer, del número de trabajadores que iban a mantener, y, por tanto, indirectamente, de a cuántos iban a echar.

Las empresas (OHL, Sacyr, Ferrovial y FCC) calcularon los daños sufridos hasta ayer en 454.469 euros, que, sumados a los 496.000 euros detallados el miércoles por el Ayuntamiento (que espera poder trasladar también a las empresas), elevan la factura del conflicto a un millón. En cuanto a los responsables de actos vandálicos, se ha identificado a 249 posibles implicados, y se ha detenido a 18 personas, que en su mayoría no son barrenderos o jardineros, según fuentes policiales.

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