BRUSELAS.– La Unión Europea continúa con su política de externalización de fronteras: el pasado martes aprobó un plan de acción que propone "incentivos positivos y negativos" en las relaciones con países de origen y tránsito de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo central desde Libia, para frenar la inmigración. Este proyecto tiene como objetivo principal frenar las llegadas e instaurar un sistema sólido de devolución y retorno para las personas que lleguen a Europa y que, considera la UE, son en su mayoría migrantes económicos. Las instituciones condicionarán las relaciones comerciales y la ayuda al desarrollo de estos países a su control migratorio. Un sistema muy similar al polémico acuerdo con Turquía firmado el pasado marzo. Un centenar de organizaciones han criticado la decisión.

"Soy consciente de que el acuerdo con Turquía resulta polémico para algunas organizaciones pero funciona", insistió Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo el pasado martes, tras la reunión de los 28 en Bruselas que aprobó una nueva hoja de ruta para gestionar la inmigración irregular. Un plan que la Comisión presentó hace un par de semanas y cuyo objetivo es poner fin a la ruta migratoria que atraviesa el Mediterráneo central. Para Médicos Sin Fronteras "el Consejo Europeo ha adoptado una decisión decepcionante convirtiendo el acuerdo UE Turquía en un modelo para su respuesta a los flujos de refugiados y migrantes hacia Europa", con las desastrosas consecuencias humanitarias que implica.

La declaración de los 28 y el Primer Ministro turco Ahmet Davutoğlu, estableció un sistema mediante el cuál Grecia puede enviar de vuelta a las personas que hayan alcanzado el país de forma ilegal desde Turquía. También implanta un sistema que permite la reubicación desde el país otomano de demandes de asilo sirios en Europa. Un sistema de facto discriminatorio por excluir el resto de nacionalidades. Poco más de 500 personas han sido reubicadas y 462 fueron devueltas a suelo turco. La UE ofrece además ayuda económica al país para la gestión y el mantenimiento de los campos para migrantes y refugiados, hasta seis mil millones de euros. A cambio el país que gobierna con mano de hierro Recep Tayyip Erdoğan se comprometió a frenar el flujo migratorio. Y así ha sido. Desde que entrara en vigor el acuerdo solo han llegado a Europa por esa vía 6859 personas. Solo en enero de este año, habían llegado más de sesenta mil.

La Unión Europea prometió también avanzar en el proceso de adhesión a la organización, algo que parece imposible en plena vorágine post-Brexit, y la liberalización de visados para los turcos. Este último proyecto también está estancado al negarse Erdoğan a modificar su ley antiterrorista, contraria a los estándares europeos de derechos humanos. Tampoco ha ayudado la tensión generada por el reconocimiento de Alemania del genocidio armenio. En plena crisis política entre las partes, la Comisión Europea ha anunciado que movilizará mil cuatrocientos millones de euros antes de fin de julio para apoyar a Turquía en las áreas de educación, sanidad, apoyo socio-económico e infraestructuras. La UE trata de comprar un poco de tiempo.

El cierre de la ruta del Mediterráneo central, objetivo de la UE

Ante la clausura de la vía del Egeo y la ruta de los Balcanes, en los últimos meses habían vuelto a multiplicarse las llegadas a través del Mediterráneo central. Barcos procedentes de Libia que realizan una ruta mucho más larga y peligrosa hasta las costas de Sicilia, en Italia. En lo que va de año, más de 70 mil personas han alcanzado Europa cruzando esta vía marítima, una cifra muy superior a la de las mismas fechas el pasado año. Además, la cifra de muertos o desaparecidos tratando de alcanzar tierra: solo en lo que va de 2016, ya son 2896; en todo 2015, fueron 3771. Precisamente para evitar estas muertes justifica la UE la nueva estrategia de su Agenda para la Migración. Sin embargo, el objetivo de la misma es frenar as estas personas antes de que inicien la ruta. No es una misión de rescate sino disuasoria.

La hoja de ruta que la Unión Europea propone consiste en utilizar lo que las instituciones definen como "incentivos positivos y negativos" para fomentar el control de los flujos migratorios por parte de países de origen y tránsito de los migrantes. Esos incentivos implican condicionar todas las políticas de comercio y cooperación al desarrollo a la disposición de los países en cuestión según su capacidad para controlar a los migrantes. Esto incluye, además de desarrollar programas que permitan a los ciudadanos en origen quedarse en sus países, mejorar las condiciones de los refugiados en países de tránsito (Jordania y Líbano), el control de fronteras de estos Estados. Aunque esta estrategia no es nueva. En noviembre de 2015, los líderes de la UE celebraron una cumbre en Malta con los países africanos de origen y tránsito y lanzaron un programa millonario de desarrollo en África para trabajar en las causas de la migración, pero también para mejorar los sistemas de control migratorio de estos países.

Otra de las claves de este plan es el trabajo en sistemas de retorno y readmisión de los migrantes irregulares. En este sentido, hay una diferencia fundamental con el acuerdo con Turquía que estaba incluida en la propuesta de la Comisión pero que no aparece en las conclusiones del Consejo del pasado 28 de junio: la creación de 'hot points' o centros de gestión de demandas de asilo o peticiones para viajar legalmente a Europa. Europa considera que la mayor parte migrantes que cruzan el Mediterráneo central son económicos, no demandantes de asilo. Aunque lo cierto es que la mayoría de los personas que alcanzan Italia por esta vía proceden de países como Eritrea, donde existe una de las dictaduras más cruentas de África; Nigeria, un a país asolado por el terrorismo de Boko Haram; Somalia, un Estado fallido en el que buena parte de la población está desplazada por las luchas tribales y el terrorismo yihadista de Al Shabab o Sudán, en conflicto constante con su vecino del sur y cuyo presidente está acusado de crímenes contra la humanidad. No parece tan evidente que todos aquellos que cruzan el Mediterráneo central lo hagan solo y exclusivamente por razones económicas. Los Estados miembros olvidan que mientras haya algo de lo que se vean forzados a huir, estas personas seguirán jugándose la vida para llegar a Europa y que no ofrecerles alternativas seguras, hace a las instituciones cómplices de los riesgos que toman al hacerlo.

Un centenar de organizaciones ha criticado duramente esta nueva agenda de migración de la Unión. Consideran que la ayuda al desarrollo debe tener como único objetivo luchar contra la pobreza y que además, el condicionamiento de esta inversión va en contra de los tratados de la UE. Estas organizaciones critican también que todas las políticas de la Unión tengan carácter disuasorio y no se hayan creado aún vías de llegada segura a Europa. Además, consideran inaceptable que la Unión Europea pida a otros países que se hagan cargo de decenas de miles de refugiados, cuando ellos son incapaces de reubicar unos pocos miles. Por otro lado creen que esta decisión tendrá consecuencias humanitarias terribles y no solo no pondrá fin al tráfico de personas sino que lo encarecerá y hará más peligrosa la ruta para los migrantes. "La UE, un proyecto construido sobre los escombros de una guerra devastadora, está a punto de embarcarse en un capítulo oscuro de su historia", sentencian.

(*) Beatriz Ríos es periodista.