Un juez federal de México ordenó el miércoles la detención en un reclusorio de la Ciudad de México de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, por supuestos delitos relacionados al lavado de dinero y crimen organizado. Fue Collado quien llevó la demanda de divorcio del exmandatario con la actriz Angélica Rivera, que se concretó en mayo, y también participó en la defensa de Raúl Salinas —hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari—, tras ser vinculado en 1994 al homicidio de Francisco Ruiz Massieu, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La justicia mexicana investiga a Collado por supuestamente formar parte de un entramado ilícito que habría movido de forma oscura decenas de millones de pesos mexicanos, tanto a lo interno del país norteamericano como a través de transferencias en España y Andorra. Collado fue detenido la tarde del martes al salir de un restaurante en una zona exclusiva de la capital mexicana, en un operativo en el que participaron 20 agentes federales.

En la orden de aprehensión, emitida por el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, se afirma que Collado es socio mayoritario y hasta este miércoles presidente del Consejo de Administración de la empresa financiera Libertad Servicios Financieros, fundada en 1960 y dedicada a ofrecer créditos personales, refinanciamientos de deudas o servicios de empeño de objetos de valor. El documento judicial se hace eco de una denuncia interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el empresario Hugo Bustamante Figueroa, quien señala al abogado y a otras cuatro personas de haber comprado de forma irregular un edificio de seis plantas en Querétaro, ciudad localizada en el centro de México. Bustamante nombra en su acusación —sin dar pruebas concretas— como socios importantes de la financiera Libertad a los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari, junto a Francisco Domínguez, gobernador del Estado de Querétaro, y Mauricio Kuri, quien lidera el bloque del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado mexicano. "Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez Servién, Kuri, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros". Kuri admitió el miércoles que formó parte de la empresa por al rededor de siete meses, pero que renunció a su cargo como vocal del Consejo Administrativo.

Según la relación de hechos, Bustamante es propietario del 50% de las acciones de la Empresa Operadora de Inmuebles del Centro, que compró un lote de 3.800 metros cuadrados en Querétaro. En ese terreno se construyó el edificio de seis plantas valorado en 700 millones de pesos (unos 36 millones de dólares). En 2013 se realizó una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa a la que Bustamante alega que no fue invitado y en la que sus acciones fueron vendidas de forma irregular, además de otorgar poderes notariales para vender a un precio menor del real el edificio. El inmueble fue vendido por 173 millones de pesos —impuestos incluidos— a la empresa Libertad Servicios Financieros, del abogado Collado. Él puso como condición para la compra la entrega de 24 millones de pesos, que fueron transferidos a su cuenta. Otros 100 millones, según Bustamante, se destinaron a financiar la campaña de Domínguez por la gubernatura de Querétaro “a fin de obtener favores una vez electo”. El gobernador negó el miércoles las acusaciones y dijo que podría demandar Bustamante por difamación. “No voy a permitir que se ensucie mi nombre”, acotó.

El abogado Juan Collado junto al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Cuartoscuro

El empresario Bustamante, además, denunció la utilización de la empresa financiera ligada a Collado para realizar otro tipo de actividades ilícitas. “Como parte de las indagatorias e investigaciones que a título personal realicé, me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compraventa del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados”. Aunque no presenta pruebas concretas, las autoridades decidieron tomar en cuenta su denuncia. La Fiscalía tiene ahora seis meses para investigar al abogado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF decidió el miércoles congelar las cuentas y activos de Collado, mientras se ha girado orden de captura para otras cuatro personas supuestamente vinculadas a la trama. La empresa financiera Libertad anunció en un comunicado que el abogado renunció el miércoles a la presidencia de su Consejo Administrativo.

Collado, nombrado por la prensa mexicana como “el defensor del poder”, ha tenido entre sus clientes, además de Peña Nieto y Raúl Salinas, al líder del sector sindical petrolero Carlos Romero Deschamps; al empresario Carlos Ahumada, quien denunció corrupción entre funcionarios públicos durante la gestión como alcalde de Ciudad de México de Andrés Manuel López Obrador; el exprocurador Mario Ruiz Massieu y Mario Villanueva, exgobernador del Estado de Quintana Roo. Quien se jactaba de ser amigo de los poderosos ahora permanecerá preso hasta que concluya la investigación en su contra.