Por Alexandra Jiménez

Durante los últimos años en México, al igual que en varios países de Latinoamérica, la inversión extranjera en minas ha ido en aumento. Basada en el actual modelo de desarrollo, la minería es actualmente el megaproyecto de mayor impacto territorial, ambiental y social. Como consecuencia, la industria minera extractivista es violatoria de muchos de los derechos fundamentales de las poblaciones, como son el derecho a la consulta, a un medio ambiente sano, a la tierra y el territorio, al agua, a la salud y a la vida.

Frente a las acciones de los gobiernos latinoamericanos que privilegian las concesiones y beneficios para las compañías mineras, nacionales o trasnacionales, en vez de cumplir con su deber de respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos de la gente, existen voces de defensa y resistencia que demandan a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones y de los derechos suscritos en leyes nacionales y tratados internacionales.

Bajo el lema “Sí a la vida, no a la minería”, del 17 al 20 de enero se realizó el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, teniendo como sede la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, ubicado en la Sierra Juárez, Oaxaca, que gracias a su fuerte tejido social, organización político-comunitaria y acciones estratégicas, ha logrado crear alternativas y frenar los proyectos impuestos que amenazan la vida en su territorio.

En este encuentro se compartieron experiencias sobre la situación de la minería en Mesoamérica, región donde los bienes comunes han sido altamente explotados y sometidos al precio que dicte el mercado. También se habló de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Minería, de la generación de estrategias de defensa y de las alternativas que nacen desde los pueblos para el buen vivir. Algunos de los temas centrales fueron las afectaciones a la salud, el impacto ambiental, así como la importancia de la articulación y del marco legal para emprender acciones jurídicas de defensa nacionales e internacionales.

El evento contó con una presencia amplia y diversa, teniendo como asistentes y ponentes a personas y organizaciones procedentes de 12 países, Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y España. Asimismo, con la presencia de más de 80 organizaciones sociales y redes, 50 comunidades, autoridades municipales y agrarias, investigadores, estudiantes y medios de comunicación. Los estados de la República Mexicana presentes fueron 13: Estado de México, Chiapas, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Distrito Federal, Guadalajara, Veracruz, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, todos marcados por la presencia de proyectos mineros en diversas fases. En total, cerca de 480 asistentes pidieron la cancelación de proyectos mineros que afectan la vida en la región mesoamericana.

El cálculo de los conflictos ocasionados por proyectos mineros en América Latina es de más de 120. De ellos, Perú es el país donde más hay, con 27 conflictos. Le sigue Colombia con 16, y México con 15. En México, a partir de la reforma a la Ley Minera en 1992, las inversiones extranjeras, sobre todo las canadienses, han aumentado en concesiones de exploración y explotación a lo largo del territorio. Actualmente 30 por ciento del territorio nacional está concesionado, y la tendencia va en aumento.

Para garantizar el derecho a la tierra y el territorio, es necesario hacer efectivo el derecho a la consulta, que los gobiernos de todos los niveles consideren las necesidades y modos de vida de las poblaciones, y que desde los saberes de los pueblos, del respeto a los bosques, a los ríos, montes, cultura y cosmovisión, sigan construyéndose alternativas de defensa de los derechos humanos ante el modelo extractivo minero.