El gobierno mexicano ha dejado en manos de la sociedad civil su respuesta al flujo de refugiados. Esto ha dado lugar a niveles sorprendentemente distintos de asistencia y protección a refugiados en el país.

02 Abril 2019

Desde octubre de 2018, México ha visto el desplazamiento de miles de personas centroamericanas hacia la frontera con Estados Unidos. Hombres, mujeres con niños y hasta familias viajan juntos en las “caravanas de migrantes” para protegerse de asaltos, secuestros y extorsiones en las rutas migratorias. Provenientes sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala, están huyendo de la pobreza, la inestabilidad política, la corrupción y la impunidad, los problemas medioambientales, así como la violencia generalizada. La mayoría espera poder ingresar a Estados Unidos, destino tradicional de muchos migrantes centroamericanos. Sin embargo, la administración Trump los califica como “invasores” y ha buscado desalentar los cruces fronterizos mediante el uso de gas lacrimógeno, el despliegue de tropas y la instalación de cercas de alambre de púas. A quienes han querido entregarse a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para solicitar asilo, se les ha negado la permanencia en ese país mientras se procesan sus casos. Según la política “Quédate en México”, también conocida eufemísticamente como “Protocolos de Protección al Migrante”, las personas migrantes están obligadas a esperar, en condiciones precarias e inseguras, en lugares como Tijuana y Ciudad Juárez. En las ciudades fronterizas mexicanas será más difícil satisfacer sus necesidades humanitarias y darles una adecuada representación legal. La situación en la frontera ha generado amplias y justificadas críticas, muchas de ellas dirigidas a la administración Trump. Pero lo que se ha descuidado en el tema de los refugiados es la respuesta de México.

La asistencia humanitaria y la protección de derechos humanos para migrantes indocumentados y refugiados han sido proporcionadas, desde hace muchos años, por organizaciones de la sociedad civil. Una iniciativa reciente, y poco convencional, es el Proyecto Habesha, con sede en Aguascalientes. Fundado por un trabajador humanitario mexicano en el apogeo del conflicto sirio, el proyecto persigue tres objetivos: traer a jóvenes refugiados sirios a México para permitirles terminar su educación universitaria y darles las habilidades para contribuir a la paz y la reconstrucción en Siria; promover el diálogo intercultural; y fomentar una cultura filantrópica en México. Desde 2015, el programa ha admitido a 17 de las 30 personas que espera admitir, en su mayoría hombres, ya que por razones culturales es difícil para mujeres del Medio Oriente viajar y vivir independientemente.

Los refugiados acogidos por Habesha tienen hasta un año para aprender español, y posteriormente estudian una licenciatura o un posgrado. La iniciativa es pequeña en tamaño y alcance, pues le ha resultado difícil recaudar suficientes donaciones ciudadanas para los viajes y la manutención de los estudiantes. Por su propia naturaleza, el proyecto tendrá un impacto limitado en la sociedad mexicana y en la situación más amplia de los refugiados. Por ejemplo, la inclusión en el programa no conlleva la obligación de regresar a Siria, una vez que sea seguro hacerlo, y corre el riesgo de ayudar a drenar el país de su fuerza laboral educada. Sin embargo, el Proyecto Habesha es simbólicamente importante, ya que aboga por el empoderamiento de los refugiados a través de la educación y por la solidaridad transfronteriza.

Con su énfasis en una actitud de bienvenida hacia los extraños en necesidad, Habesha busca conectar con la supuesta tradición humanitaria de México, a menudo evocada en narrativas oficiales y populares sobre México como refugio de migrantes y refugiados. Si bien en diferentes momentos el país ha abierto sus puertas a los extranjeros, ha sido más acogedor para unos que para otros. La recepción de refugiados del régimen fascista español y de las dictaduras sudamericanas, entre ellos destacados artistas e intelectuales, le permitió a México posicionarse a nivel internacional como un país demócrata y progresista. En los años ochenta, el país fue un refugio más bien involuntario para las personas que huyeron de las guerras civiles centroamericanas. Pero su trato a migrantes indocumentados y refugiados en el siglo XXI suscita dudas sobre la tradición humanitaria de México. Para contener la migración irregular hacia Estados Unidos, México ha estado implementando una política migratoria enfocada en la detección, la detención y la deportación de migrantes indocumentados. En los centros de detención migratoria las personas dificilmente tienen acceso a representación legal y a información sobre sus derechos, incluido el derecho a solicitar refugio o asilo.

Los integrantes de las caravanas migrantes han podido tramitar visas humanitarias que les permiten permanecer legalmente en el país hasta por un año y buscar trabajo. Sin embargo, el sistema de asilo mexicano es defectuoso. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no cuenta con suficiente personal y fondos, y el procesamiento de las peticiones de asilo es lento e inconsistente. En la mayoría de las solicitudes procesadas, el reconocimiento de la condición de refugiado es negado. Es llamativo que desde 2017 la COMAR tiene un altísimo número de trámites pendientes, es decir, no niega el reconocimiento pero tampoco lo otorga. No está claro si el enorme rezago se debe a la limitada capacidad institucional o también a una renuencia de otorgar la condición de refugiado cuando los motivos que sostienen las solicitudes van más allá de los referidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político afirma que los refugiados deberán recibir las mayores facilidades posibles para obtener acceso a salud, educación y trabajo. Sin embargo, no reconoce que el Estado deberá crear programas de asistencia o destinar subsidios a los refugiados. En la práctica, el escaso apoyo que existe es proporcionado por organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones buscan llenar el vacío institucional, ofreciendo alojamiento, asesoría jurídica gratuita y ayuda psicosocial, a veces con apoyo del ACNUR. Programas como el Proyecto Habesha incluso brindan servicios más integrales para los pocos privilegiados. Las iniciativas de la sociedad civil son valiosas y, no importa cuán modestas sean, son importantes para los beneficiarios.

Pero en lugar de inspirar al gobierno a replicar y ampliar estos proyectos, la labor de la sociedad civil puede tener el efecto contrario. Al darse cuenta que las organizaciones ejercen funciones que le corresponden al gobierno, éste carece de los incentivos para asumir sus responsabilidades. Aplaude la labor de la sociedad civil, y en el caso del Proyecto Habesha, facilita las visas para los estudiantes refugiados sirios. Pero hasta el momento no da señales de querer crear programas estatales de asistencia o de dotar a las instituciones correspondientes con los debidos recursos. Las organizaciones de la sociedad civil disponen de recursos y capacidades demasiado limitadas dada la magnitud de la situación de los refugiados. Por consiguiente, es indispensable que el gobierno mexicano tome más en serio sus obligaciones internacionales y articule, junto con Estados Unidos y los países de donde provienen refugiados, una respuesta coordinada a las necesidades de asistencia y protección de este grupo.