Según el Instituto Nacional de Estadística, 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de exclusión social porque carecen de ingresos o porque los que perciben son insuficientes para atender las necesidades básicas. El último informe de Cáritas confirma ese desastre, añade que la situación es particularmente dramática en algunas regiones, a la cabeza de ellas en Andalucía, y pide un salario social que costaría 2.000 millones para atender con urgencia los casos más desesperados. A la luz de esas y de otras muchas cifras que abundan en la misma dirección, está claro que la pobreza y la fractura social constituyen el mayor problema económico, social y hasta moral de este país. Y, sin embargo, el asunto aparece sólo tangencialmente en la campaña electoral en curso.

En más de un programa de los partidos concurrentes figuran medidas destinadas a paliar esos problemas. En el de Podemos-IU de manera más amplia y precisa que en ningún otro. Este viernes el PSOE ha concretado sus propuestas. Pero en el debate electoral al que asistimos día tras día, no pocas veces con espanto, la pobreza que asola a amplios estratos de la población española es la gran ausente. Se hace como si no existiera. El PP da un paso más y promete que en un par de años bajará los impuestos si gobierna. Es decir, confirma por adelantado que el Estado dispondrá de menos dinero para hacer frente a la emergencia social. Cuando el gasto en ese capítulo no ha dejado de descender desde que Mariano Rajoy está en La Moncloa. Y si no que se lo pregunten a los parados que no perciben subsidio alguno. Que ya están muy cerca de ser la mitad del total, buena parte de ellos de larga duración.

La desfachatez de la derecha resulta agravada por la noticia reciente de que en 2015 disminuyó la recaudación fiscal. Como era de esperar, dadas las rebajas de impuestos decididas por el gobierno y por la plena vigencia, sin recorte alguno, de las muchas exenciones y subvenciones fiscales que están vigor en nuestro país, no pocas de ellas totalmente injustificables. Pero con todo y con eso, tales cuestiones no están en la primera línea del debate político.

Tales olvidos no pueden ser casuales. Más bien hay que pensar que son decisiones de los estrategas electorales. Pero, ¿por qué dejar de lado la pobreza y la fractura social si todas las encuestas, y particularmente las del CIS, indican que una mayoría abrumadora de españoles es consciente del problema? Sólo cabe una explicación: que esos estrategas, o cuando menos los de los grandes partidos, consideran que mucha gente cree que por muy grave que sea, y aunque incluso ella misma lo padezca directa o indirectamente, ese problema no tiene solución política. Algo así como que la pobreza es una plaga que nos cae del cielo y que no hay más remedio que convivir con ella, cada uno apañándoselas como pueda, hasta que un día ese mismo cielo decida acabar con ella.

Tal fatalismo, imposible de cuantificar a la luz de los datos disponibles, pero que seguramente no es pequeño, cuadra muy bien con las actitudes de buena parte de los españoles hacia la acción política y hacia la democracia misma. Que se caracteriza por un distanciamiento hacia las mismas, como si no fueran asuntos que en los que también ellos deben implicarse. Ese rasgo nos ha diferenciado siempre de los países de mayor tradición democrática. Cuarenta años de franquismo no pasaron en balde. Y la baja participación en la política por parte de la mayoría de la ciudadanía durante los años del asentamiento y desarrollo de la nueva democracia no propició un cambio sustancial en ese capítulo.

La situación se ha modificado en los últimos años. El 15-M es la más clara expresión de ello. Pero los electorados que siguen vinculados a los partidos tradicionales siguen siendo proclives a no pedir más a sus dirigentes en estos asuntos, sobre todo si existe el riesgo de que una acción decidida contra la pobreza puede afectar a sus intereses individuales, por vía de mayores impuestos o de un recorte de los beneficios del Estado social que ellos perciben.

Los electores del PP se conforman cuando Mariano Rajoy les dice que la pobreza se reducirá con más crecimiento económico. Cuando las cifras confirman que eso es totalmente falso: el ingreso medio anual por hogar y por persona cayó un 0,1 % en 2015, un año en el que el PIB creció un 3 %. La pobreza y la desigualdad son males que vienen de antes y que la crisis ha enquistado en la estructura social y económica y que los salarios de miseria que hoy percibe cerca de un tercio de la población laboral no van a resolver. Hace falta una acción política específica y de gran envergadura para hacerles frente. Pero esa necesidad no aparece en el debate electoral de estos días.

El otro argumento que se esgrime para disuadir a quienes, como Podemos-IU, piden iniciativas muy firmes en esa dirección es que la política económica de la UE, no va a permitir alegrías en esa dirección. Es pronto aún para valorar si ese impedimento, que sin duda ha existido desde 2010, va a ser redimensionado en un futuro como consecuencia de la crisis profunda que padece la UE y que puede agravarse mucho si los británicos deciden abandonarla ese 23 de junio: una posibilidad que los sondeos han vuelto a consolidar en los últimos días.

Lo que sí se debe hacer ahora mismo es proponer una política contra la pobreza por la que habrá que luchar también en Bruselas. Y lo de que ya se sabe cómo le fue a Grecia por intentar algo parecido no vale. Porque las condiciones españolas son sustancialmente distintas de las de ese país. Porque España tiene margen para esa negociación. Y porque no hay más remedio que dar esa batalla.