Por Dinorah Cantú

No voy a negarlo: escribo estas líneas con miedo. Si algo he aprendido en estos meses de enfrentar legalmente a dos Alcaldes chapulines es que hay políticos capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener un beneficio personal.

El sueño inició en marzo, cuando decidimos pasar de la resignación pasiva a la indignación activa ante la irresponsable decisión de Ivonne Álvarez y Fernando Larrazabal de abandonar a su suerte sus respectivas administraciones en Guadalupe y Monterrey, para buscar un nuevo puesto de elección popular.

La propuesta era intentar, mediante el amparo, que se nos protegiera nuestro derecho a ser representados y, por lo tanto, se les ordenara cumplir hasta su término con la obligación constitucional de desempeñar su cargo.

Aunque tanto Álvarez como Larrazabal consumaron sus caprichos, todavía nos quedan varias batallas legales pendientes en la arena nacional y en la internacional, pero a causa de éstas, dos ciudadanos están siendo amenazados con enfrentar un proceso penal absurdo, sin fundamento y, por si fuera poco, con cargo al erario del municipio de Monterrey.

A más de siete meses de haber presentado un escrito, en el que se aclaran los hechos de la demanda -que además ratificó ante el Juez correspondiente-, el jurídico del Municipio de Monterrey ahora argumenta que la firma es falsa, y busca sobreseer el juicio mediante el cual Eduardo Montemayor, ciudadano regiomontano, reclamó la separación definitiva del entonces Alcalde Larrazabal; esto además con la intención de fincar responsabilidad penal contra Montemayor y su abogado, Olmo Guerrero.

La pena que se le impone al delito que el Cabildo regio argumenta en su contra es de seis meses a cinco años de prisión, de acuerdo con el Artículo 243 del Código Penal Federal.

Como lo afirma el primer Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los y las defensoras de derechos humanos, la conducta del Municipio regio es clásica de un Estado represor que, sin fundamentos de prueba, busca amedrentar y hostigar a estos ciudadanos, quienes tendrán que asumir la carga psicológica y económica de afrontar la acusación penal.

En el mismo tenor, y como se dio a conocer en EL NORTE, el Ayuntamiento regio -también a cuenta del erario- interpuso quejas contra Sergio Javier Coss, Sergio Eduardo Alvarado y Eduardo López, Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, por supuestamente haberse excedido en sus facultades al solicitar acción penal en contra del desacato reiterado, y confeso, de los miembros de ese Ayuntamiento.

En todo caso, si alguien debiera de enfrentar un proceso de responsabilidad, serían los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes en menos de 24 horas, y sin considerar los derechos del quejoso (Montemayor), ordenaron anular el mandato del Cabildo que se hizo en cumplimiento de una orden judicial, para que Larrazabal regresara a cumplir con su obligación de permanecer en el cargo, a pesar de que, claramente, no tienen la facultad de dejar sin efectos de manera directa o indirecta una resolución definitiva e inatacable de un Tribunal Colegiado.

Frecuentemente regreso a los momentos en los que iniciamos la defensa en contra del chapulinazo y me parece increíble que lo que era un sueño se esté convirtiendo en una pesadilla, en la que se experimenta un poco de la represión que se vivía en el México que pensé que había quedado atrás.

No lo permitamos. La persecución orquestada por Larrazabal (esto lo afirmo, pues él es el único beneficiado) a través del área legal del Ayuntamiento de Monterrey, y financiada por nosotros, en contra de los ciudadanos que le exigieron cumplir con una obligación, y la persecución en contra de los Magistrados que en uso de sus facultades concedieron las suspensiones a favor de los quejosos -y en beneficio de la comunidad-, es inmoral, ilegal e inconstitucional.

Que no pase desapercibida. Que no nos dé igual. Que se acabe el tiempo de los gobernantes y sus caprichos, y en su lugar llegue el tiempo de las y los ciudadanos.

La autora cursa maestría en Administración y Políticas Públicas en la Wagner Graduate School of Public Service de la Universidad de Nueva York.

dinorah_cantu@hotmail.com

*Publicado el sábado 3 de Noviembre en las páginas editoriales del periódico EL NORTE.