El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado un nuevo incidente institucional a cuenta de la policía autonómica de Cataluña, a raíz de una intervención para impedir que los autodenominados Comités de Defensa de la República se enfrentaran con manifestantes del partido ultraderechista Vox, quienes paradójicamente pretendían mostrar su apoyo a una Constitución algunos de cuyos valores desprecian. Como en otras ocasiones, el president Torra ha tomado partido por los CDR antes que por las fuerzas policiales a sus órdenes, reclamando del consejero de Interior, Miquel Buch, la sanción de los agentes que impidieron los disturbios cumpliendo las órdenes de sus superiores jerárquicos, hasta llegar al mando político.

Con esta decisión, el president Torra no solo ha vuelto a romper las relaciones que imperan en la cadena de mando de un cuerpo armado en un sistema democrático, sino que, además, ha seguido despreciando la responsabilidad política a la que se atienen los líderes que únicamente son tributarios de las urnas, sin el añadido de ningún designio mesiánico ni la voluntad de ningún caudillo. Si el president Torra estima que los Mossos no actuaron como debían para garantizar el orden público, su obligación es cesar al consejero Buch, no exigirle miserable venganza sobre quienes están obligados por deontología profesional y compromiso ciudadano a poner en riesgo su integridad. Desautorizarlos como ha hecho Torra, y como ha tolerado el consejero Buch al no dimitir ante los requerimientos del jefe del Ejecutivo del que forma parte, es dejar a los agentes indefensos ante unas bandas de disciplina paramilitar que, proclamando defender una república que no existe, intentan amedrentar a cualquiera que desmienta su quimera de una Cataluña monolítica, sean ciudadanos de cualquier convicción o miembros de las fuerzas policiales.

Las exigencias de venganza del president Torra contra los Mossos arrojan dudas sobre el verdadero objetivo en materia de orden público que persiguen las fuerzas políticas que participan en el Ejecutivo catalán. En su mano estaba no haber autorizado la concentración de un partido como Vox si, a su criterio, acarreaba un grave riesgo de disturbios. Si la autorizaron, y si, además, ahora pretenden vengarse de los mossos que impidieron que ese riesgo se materializara, la monstruosa posibilidad de que la Generalitat y su presidente estén consintiendo un enfrentamiento civil se convierte en algo más que una sospecha. Cuando el president, su consejero de Interior, además de la consejera Artadi, censuran a los mossos que impidieron que dos formaciones extremistas llegaran a las manos, ¿están queriendo decir que ellos son partidarios de que hubieran llegado? ¿Será esa también la actitud que adopten ante las movilizaciones que han anunciado los mismos extremistas para el día 21, coincidiendo con un Consejo de Ministros en Barcelona?

El president Torra denomina momentum a la creación de un nivel de crispación que resulte insoportable para los ciudadanos de Cataluña, de manera que se resignen a la imposición del programa de independencia que persigue la Generalitat. El intento de alcanzar ese momentum por la vía de gestos en los que la pretendida solemnidad es inseparable del ridículo, como ayunar en rueda para solidarizarse con los dirigentes independentistas en huelga de hambre, es una cosa. Otra distinta es hacerlo vengándose de los mossos que han impedido un episodio de enfrentamiento civil en Cataluña. En un caso, Torra y quienes le siguen en sus extravagancias solo pueden concitar vergüenza ajena; en el otro, la más enérgica condena.

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