La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles cuatro recursos extraordinarios interpuestos contra su fallo de fines del año pasado, en el que había revocado los sobreseimientos de los imputados en la causa que investiga la adquisición irregular de las tierras del Lago Escondido por parte del empresario inglés Charles Lewis.

Si bien el hecho denunciado en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA, ex-FIA) se habría consumado en los años 1996 y 1997, la representación del Ministerio Público Fiscal entendió que el sobreseimiento era prematuro y que la existencia de funcionarios públicos como imputados de la maniobra había suspendido el plazo de prescripción, por lo que la acción penal aún estaba vigente. Además, las tierras continúan en manos extranjeras, por lo que la vulneración legal se mantiene incólume. Los argumentos fueron compartidos por la Cámara Federal de Casación Penal -que revocó los sobreseimientos dictados oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones- y ahora hizo lo propio al rechazar los recursos extraordinarios presentados contra esa misma resolución.

Los hechos que dieron origen a la investigación habrían ocurrido entre los años 1996 y 1997, oportunidad en la que, en contra de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a proteger la soberanía y la integridad de la Nación Argentina, se logró que cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile en el Sur de nuestro país, ricas en recursos y bellezas naturales, pasen a manos inglesas -concretamente del Sr. Charles Lewis-. En efecto, en la denuncia de la PIA se indica que las citadas transferencias de tierras autorizadas por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad eran contrarias a lo dispuesto en la Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44, puesto que por su ubicación estratégica no correspondía que pasen a manos de extranjeros. Para lograrlo, se realizaron maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, pero en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros.

Es por ello que en la causa están imputados, y en algunos casos también indagados, los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Rio Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR properties, Lago Corp, Hidden Lake y el Sr. Charles Lewis.

La Procuraduría explicó que resulta decisivo comprender que se trató de un hecho de revelación tardía, justamente porque ésta es la característica de los casos de corrupción que funda el imperativo convencional de establecer plazos de prescripción amplios para este tipo de hechos, y por tanto la simple invocación de que se ha violado el plazo razonable no puede prosperar. Al tiempo que también se destacó que la existencia de funcionarios públicos que hasta el año 2012 han desempeñado cargos públicos ha suspendido el plazo de prescripción y por tanto aún sigue vigente la posibilidad de continuar con la acción penal incoada contra los imputados. Esto último toma mayor relevancia por la gravedad de los hechos e intereses nacionales en juego, razón por la que se han solicitado embargos con el objeto de obtener la revocación de las ventas realizadas y recuperar los terrenos vendidos en violación a normas que protegen los intereses de la República Argentina.

De esta manera, una vez más, al rechazar la Cámara Federal de Casación Penal los recursos extraordinarios con remisión a los argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la investigación y sus medidas cautelares vuelven a tomar vigor y los imputados sometidos a proceso.