Por Antulio Rosales

El chavismo se planteó desde sus inicios ser un proyecto contestatario a las jerarquías sociales arraigadas en Venezuela. Se planteó como un proyecto emancipador. Poco a poco, pasó de tener una agenda social redencionista, nacional y ‘bolivariana’ para convertirse en socialista, con un Estado abarcador y rector de la vida social. Visto así, siempre tuvo una relación incómoda con la academia, con sus estructuras, y con la construcción de conocimiento.

Las universidades autónomas le opusieron desde el principio. De ellas venían, sin embargo, un grupo no menor de los principales exponentes de la izquierda civil y radical. Esos exponentes han formado parte de la élite gobernante hasta ahora, cuando han empezado a ser purgados de ella. En muchas ocasiones escuché en pasillos gubernamentales, incluso en instituciones dedicadas a la construcción de conocimiento, frases lapidarias contra el ‘academicismo’. Hubo siempre una tirria profunda contra la intelectualidad, por parecer desconectada, elitesca y contraria a las mayorías necesitadas de la población. Producir conocimiento era plausible siempre que estuviera al servicio de la sociedad. Pocas veces ha quedado claro bajo cuáles parámetros se debe producir un conocimiento acorde con estas premisas. En muchos casos, el resultado ha sido la proliferación de propaganda vacía y discursos rimbombantes que adornan la acción gubernamental.

Así parece nacer el proyecto de Ley que transforma el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en otra cosa. El proyecto se sustenta en el deseo de ‘socializar la ciencia’, habla de ‘democratizar’, de producir ciencia ‘al servicio del pueblo, la liberación y soberanía de la patria’. Queda implícito entonces que lo contrario es la regla: en el IVIC hoy se produce otro tipo de ciencia, una ciencia quizás burguesa y al servicio de intereses de la anti-patria. No está claro de dónde sale el diagnóstico, quien lo elaboró y bajo cuales criterios. Peor aún, las y los investigadores propios del IVIC desconocen el proyecto y el diagnóstico, con ellos no se ha discutido.

La ciencia básica parece desdeñable. Algo así como una ciencia aplicada emerge como preferible; una ciencia al servicio de la comunidad o regida por la misma comunidad. Después de reducir al mínimo el trabajo de las universidades por la vía de los hechos administrativos (aniquilación financiera), es la oportunidad de la ciencia básica, aquella incomprensible y elitesca que no parece estar al servicio de la patria. Bien, la ciencia básica es importante incluso para aquellos que no la comprenden (no comprendemos), ella es piedra angular de casi cualquier forma de innovación en toda sociedad. Es básica, tan básica como necesaria.

Esto no implica que la academia es dueña de todas las verdades. En lo absoluto, simplemente está, o debe estar, en búsqueda de algunas verdades parciales que siempre pueden y deben ser superadas. Ese es su trabajo y es necesario, lo necesita el pueblo pobre, la clase media, los burgueses, los bachaqueros, los revolucionarios y los burócratas. Querer encausarla, torcerla y ponerla al servicio de un grupo, sea éste corporativo, financiero o burocrático, es sencillamente atroz. Democratizar la ciencia sin entrar en discusión con quienes la realizan día a día es un irrespeto que responde a un imperativo de control que solo llevará al deterioro. ¿Que la ciencia y los científicos deben rendir cuentas? No hay duda. Más publicaciones, mejor uso de los recursos públicos, más producción, más conferencias, más diversidad en los temas, en las metodologías y aproximaciones a la realidad, eso siempre se debe discutir, es lo más sano y además lo mejor para la ciencia y la sociedad misma. ¿Que las instituciones deben ser más democráticas y empoderar a sus trabajadores, quienes han de ser respetados y protegidos más allá de sus jerarquías? Sin duda.

Decretar la socialización de la ciencia por una ley sin discusión, no parece encaminado en esa dirección. Al contrario, busca la supremacía de las prioridades que una burocracia en nombre la sociedad impone sobre quienes ejercen la labor científica. La creatividad, la curiosidad y la innovación, la búsqueda de nuevas respuestas a igualmente nuevas preguntas no pueden decretarse en función de un plan de gobierno.