El presidente Tabaré Vázquez no podía hacer otra cosa que descabezar el Ministerio de Defensa -aún con lo doloroso de la situación por la salud del ministro, que está gravemente enfermo- y a la cúpula del Ejército. ¿Pero alcanzó con eso?

Los ministros son fusibles. Están para saltar en el momento justo de forma de blindar al presidente. Pero en este caso no solo el ministro, el subsecretario y los generales que participaron del Tribunal de Honor del Ejército y del Tribunal de Alzada son los responsables.

Sin dudas que Vázquez también lo es porque es de él la firma en el documento que homologó el fallo en base a las actas en las que José Gavazzo reconocía haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.

Además, el secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma, ¿no está para atajar esos penales? ¿Le lleva a firmar al presidente documentos que no saben lo que dicen?

Es lógico que el ministro -y ante la enfermedad de él, sobre todo el subsecretario- son los primeros responsables. Y por eso renunciaron.

Pero Toma, como secretario de la Presidencia, debió cubrirle mejor las espaldas al presidente.

Pero esta historia de los militares tiene dos versiones. Vázquez, según lo que dijo el presidente del Frente Amplio Javier Miranda en el secretariado del FA ayer y ratificó luego la vicepresidenta Lucía Topolansky en la reunión de bancada de la noche, no leyó esas actas y se enteró de la real dimensión del problema el sábado con la publicación de El Observador. Si la versión de Miranda y Topolansky es la correcta, el presidente también debería asumir su responsabilidad y pedir disculpas públicamente por no cumplir con su deber, ya sea por omisión propia o de su equipo. Hasta ahora mantuvo silencio y evitó exponerse a los periodistas.

Sin embargo la segunda versión, que publicó en un confuso comunicado la Presidencia ayer, da a entender que Vázquez el 12 de marzo -cuando homologó el fallo y destituyó al comandante Guido Manini Ríos- también instruyó al Ministerio de Defensa a presentar todo el expediente a la Fiscalía. Según esa versión, Vázquez también queda mal parado porque designó como comandante en sustitución de Manini Ríos a José González, integrante del Tribunal de Honor. ¿Lo hizo sin saber que había cumplido esa función?

Pero sea una versión correcta o la otra, hay al menos tres conclusiones evidentes:

1- Desde la muerte del exministro Eleuterio Fernández Huidobro, el gobierno quedó con un desconocimiento brutal del ambiente militar que lo lleva a cometer un error tras otro.

Vázquez no tuvo en todo este tiempo a nadie que le cuide las espaldas en asuntos militares. Tanto es así que hace un mes estuvo a punto de ascender a general a un oficial que luego -por advertencias desde el ámbito social- se enteró que es el yerno de Gavazzo. Tuvo que echar marcha atrás.

El estado de salud delicado del ministro Jorge Menéndez complicó aún más la situación, pero la falla del presidente en todo caso estuvo en no aceptar la renuncia cuando el dirigente socialista se la presentó alegando razones de salud.

2- El presidente aparece ausente en muchos aspectos del gobierno. Este episodio agrava esta imagen. Aún en la versión más favorable para Vázquez (la que dice que el 12 de marzo pidió a Defensa presentar el caso en Fiscalía), fue una investigación periodística la que arrojó luz sobre el asunto. ¿Si El Observador no publicaba, primero el sábado la investigación de Leonardo Haberkorn y luego domingo y lunes la información de que el gobierno tenía acceso a esas actas, el desenlace era el mismo?

Si Vázquez quería denunciar el episodio, dada la gravedad y la magnitud de lo que decían las actas, ¿por qué dejó pasar tres semanas sin reclamar a Defensa que lo ejecutara? ¿Nadie de su entorno le recordó que podía explotar esa bomba en algún momento? Y en cualquier caso, ¿no consideró que la población -y en particular los familiares de los desaparecidos- debía saber de esta confesión?

3- El presidente tiene las espaldas mal cubiertas y no solo en Defensa. Es la segunda vez en el año que a Vázquez le hacen firmar un documento oficial que no correspondía. El 7 de enero Presidencia emitió un decreto con la firma de Vázquez y el ministro de Industria Guillermo Moncecchi que expropia unos padrones en la quinta sección de Durazno para un proyecto de UTE que el propio Poder Ejecutivo ya había decidido suspender. Moncecchi aclaró luego que la firma de ese decreto fue un “error”. Ahí también está la responsabilidad de Toma.

Por suerte hay periodistas poniendo luz no solo sobre la actualidad sino sobre el pasado reciente, en un contexto en el que parece ser que a todas las demás instituciones les cuesta tanto hacerlo.