El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la participación de Josué Farela Pacheco, hijo del presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela, como coordinador de los Servidores de la Nación, viole el Estado laico.

En la conferencia matutina, defendió que los ministros de culto pueden trabajar en el gobierno, siempre y cuando no utilicen cargos para propaganda religiosa.

“Mientras no hagan una función que tenga que ver con lo religioso, pues no tiene por qué afectar el Estado Laico. Se puede trabajar en el gobierno teniendo o no religión, o siendo de cualquier religión, católico o evangélico de cualquier denominación o librepensador o agnóstico o ateo”, argumentó.

El lunes, El Sol de México reveló que a través de la Secretaría del Bienestar, Josué Farela gana un salario mensual de más 51 mil pesos netos como uno de los 260 coordinadores de servidores de la nación.

Mientras que los pastores Rafael Moreno y Roberto Vital, y otros dos miembros de Confraternice, Josué Israel Serrano y Enrique Arnol Valadez, ingresan poco más de 8 mil pesos por censar a beneficiarios.

López Obrador aseguró que en su gobierno “existe una separación muy clara entre lo eclesiástico” y el poder público, pero eso no es sinónimo de impedir la libertad de creencias religiosas o imponer una religión desde el gobierno.

“Existe una separación muy clara entre lo eclesiástico, entre lo religioso y lo cívico. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, expresó.

Señaló que esa misma recomendación se le debe hacer a los partidos políticos y aplicarse en el plano económico, porque el gobierno ya no puede responder a intereses de la élite empresarial.

Afirmó que no se permitirá la mezcla de lo cívico con lo religioso, pero son los mismos evangelistas de Confraternice, quienes ayudarán a repartir y estudiar la Cartilla Moral en sus más de siete mil centros eclesiásticos.

Rechazó que los servidores de la nación actúen como promotores de Morena o de líderes políticos, pues serían despedidos y juzgados por fraude electoral.