Hacienda reconoce el peligro de evasión, fraude y blanqueo de capitales del bitcoin o moneda virtual y global por Internet. Según el ministro Cristóbal Montoro, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude “está vigilando la evolución de este producto” y de otros medios de pago por Internet, aunque de momento “tienen un carácter incipiente y un uso muy restringido en nuestro país”.

En una respuesta parlamentaria escrita al portavoz socialista en materia fiscal, Pedro Saura, el ministro considera que para luchar contra el fraude del pago con bitcoin es suficiente la normativa que en la actualidad limita el efectivo a un importe máximo de 2.500 euros o su contravalor en momeada extranjera. En el caso de que la inspección detectase el incumplimiento de esa prohibición, la sanción alcanza al 25% del importe satisfecho en efectivo, recuerda.

Montoro añade que si las autoridades monetarias y financieras considerasen –de momento lo descartan-- que el bitcoin es un medio electrónico concebido para ser utilizado como medio de pago al portador, estaría sujeto a esa limitación aplicable a los pagos en efectivo. Y por otra parte estima que la ley antiblanqueo de 28 de abril de 2010 basta y sobra para combatir el lavado de dinero procedente del narcotráfico y de otras actividades criminales, incluida la venta de patrimonio cultural, así como la financiación del terrorismo.

Más allá de esa respuesta formal, las autoridades españolas no ocultan su preocupación por la aparición y expansión de nuevas divisas electrónicas globales que como los bitcoins cumplen el mismo papel que el euro o el dólar y sirven para intercambiar bienes y servicios directamente entre las personas, sin necesidad de intermediarios, sin control de los estados ni de las autoridades monetarias y preservando la identidad al hacer negocios.

En teoría los bitcoins permiten actuar con libertad en todo el planeta sin pasar por las llamadas instituciones financieras. Se pueden cambiar bitcoins a euros y otras divisas como cualquier moneda. En teoría, un sofisticado sistema criptográfico impide que se puedan falsificar o duplicar. En teoría también, el dinero pertenece íntegramente al propietario, sin que nadie pueda intervenir o congelar su cuenta.

Pero en la práctica las cosas cambian porque no hay tribunales de justicia a los que apelar en caso de estafa, fraude o derrumbe del valor de la divisa virtual. Tampoco hay un regulador que controle el intercambio, pues se trata de dinero no regulado, aunque ya las autoridades japonesas están en ello y se disponen a controlar este mercado.

Según el economista Martín Zúñiga, el principal varapalo a esta divisa virtual, nacida hace cinco años como abrigo de la crisis financiera, ha sido la quiebra de la firma japonesa Mt. Gox, considerada la mayor plataforma informática de bitcoins. Su desaparición, argumentando un ataque informático y un robo de bitcoins equivalentes a 308 millones de dólares de unos 127.000 usuarios supuso una debacle para el club de una moneda virtual que iba alcanzando crecientes cotas de aceptación en todo el mundo.

A Mt. Gox le siguió la plataforma virtual canadiense Flexcoin, que cerró alegando también otro robo digital de 896 bitcoins, valorados en 600.000 dólares o 437.000 euros. El impacto de estos y otros episodios con características de estafa ha hecho que el dinero, el elemento más miedoso del mundo, huya del invento y el valor del bitcoin, que llegó a ser de 1.200 dólares (873 euros) haya caído, según los expertos, un 90%, a 123 dólares (89 euros).

Estos baches del recorrido ofrecen un margen cierto de actuación a los gobiernos y autoridades monetarias, pero no significan pérdida de vitalidad del mercado monetario alternativo, ya aceptado en España por letrados y operadores y, como se pudo ver en Barcelona durante el Mobile World Congress, con cajeros automáticos de bitcoins al servicio del nuevo club monetario global sin control ni regulación estatal. De momento, las plataformas chinas siguen ganando adeptos y llevan ya la voz cantante y sonante.