“No es nada oficial”, aclaró Bolívar, que tiene un largo historial de idas y venidas entre los dos polos de la política venezolana. Pero el anuncio no parece un asunto menor. A su lado estaba la segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, en el poder), Blanca Eekhout, que escuchaba con atención todas las razones ofrecidas por Bolívar para avalar su propuesta. “La Asamblea Nacional ha usurpado funciones del Ejecutivo, ha traicionado a la patria cuando interviene en la política exterior [reservada al presidente]. Solicitamos, asimismo, que la derogatoria [del Parlamento] venga acompañada de la convocatoria a nuevas elecciones”, afirmó Bolívar.

El Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos y movimientos que apoyan al chavismo, se tomará una semana para discutir la propuesta y anunciará una decisión que supone un paso más en la crisis política de Venezuela.

Desde enero, cuando la oposición asumió el control del Parlamento por primera vez en 17 años de régimen chavista, el pugilato entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha dirimido en el Poder Judicial con decisiones favorables al Gobierno. El chavismo ha logrado así anular todas las iniciativas parlamentarias. A través del Supremo, el Gobierno comenzó por congelar la juramentación de tres diputados del Estado de Amazonas al poner en duda el resultado electoral.

Con esa decisión, la oposición no pudo lograr la mayoría calificada de escaños para intentar reformas de mayor calado. Con 109 diputados, el Parlamento ha intentado legislar para disputarle al chavismo su clientela política con resultados infructuosos. En los últimos meses, por ejemplo, el Supremo ha rechazado una propuesta para conferirle el título de propiedad a las personas premiadas con viviendas construidas por el Estado en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El máximo tribunal también ha vetado una ley que liberaría a los presos políticos. Una petición de disolución del Parlamento la resolvería asimismo el Supremo, controlado por el chavismo. El artículo 236 de la Constitución faculta al presidente para ello en los supuestos establecidos en la Carta Magna. El constitucionalista Gerardo Fernández afirma que el presidente podría tomar esa decisión después de tres votos de censura intentados contra el vicepresidente durante el mismo periodo. “Cualquier otra decisión representaría un golpe de Estado”, advierte.

La oposición, mientras tanto, ahonda en la otra vía abierta contra el chavismo con la petición de un referéndum revocatorio del mandato del presidente, Nicolás Maduro. Una consulta que avanza entre trabas ante el rechazo del Gobierno, que parece dispuesto a utilizar al Consejo Nacional Electoral, que controla, para impedir que se celebre este año. La opositora Mesa de la Unidad Democrática reclamó este martes ante el órgano electoral acelerar el proceso. En este tenso contexto intenta mediar para un diálogo entre ambas partes el grupo de expresidentes liderado por el exjefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición, sin embargo, se resiste a aceptar la mediación.