Con las elecciones autonómicas y municipales ya en el recuerdo, la investigación que llevó en precampaña a la detención de Rodrigo Rato se ha convertido en otro caso más de fraude fiscal. Así lo expresa el juez del caso, Alfonso Serrano-Arnal, en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Por ahora no hay indicios de blanqueo de capitales, ni de alzamiento de bienes, los delitos que creía haber encontrado el departamento de Cristóbal Montoro y que sirvieron al Ministerio de Hacienda para pedir a la Fiscalía que solicitara autorización judicial el arresto y los registros el 16 de abril pasado.

El informe del Banco de España muestra a Rato el camino a prisión por su responsabilidad en la crisis

Saber más

“De lo ahora investigado, el único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la hacienda pública”, asegura Serrano-Arnal dos meses y medio después de la detención del exvicepresidente. El juez responde así al recurso de reforma presentado por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) contra la decisión del instructor de no admitir su personación como acusación popular.

Pero Serrano-Arnal va más allá. Lo que distingue el caso Rato de cualquier otro de fraude fiscal es la “significación social y, por ello, mediática, del denunciado”, dice en su auto. “Resulta a todas luces insuficiente como motivo y fundamento que lleve a este instructor a admitir dicha personación”, añade el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Y añade: que exista acusación popular en otros casos similares no provoca, "per se, efectos desvirtuadores en esta causa".

Hacienda comenzó a investigar a Rato a raíz de que el exvicepresidente se acogiera a la amnistía fiscal de 2012. Han pasado tres años de aquello y diez semanas de su detención, que incluyó la introducción del sospechoso en el coche de Vigilancia Aduanera con la mano del funcionario en su nuca. “Por ahora", ningún indicio encontrado vincula a Rato "con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción”, abunda Serrano-Arnal como argumento para rechazar la personación de Adade como acusación popular, presente con esa naturelaza en casos tan relevantes como 'Gürtel' y la financiación irregular del PP.

Con su decisión, el juez permite que el Gobierno siga, en última instancia, controlando el proceso que arrancó con el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Serrano-Arnal afirma que el presunto fraude es a la Hacienda Pública y ésta ya está representada a través de la Abogacía del Estado. A esta, en el lado de la acusación hay que sumar a la Fiscalía Anticorrupción, con dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción se hizo con el caso porque así lo reclamó después de haberlo despreciado dos meses antes, al considerar inmadura la investigación de Hacienda. De hecho, la afirmación del juez de que por ahora no hay más que indicios de fraude fiscal se apoya en las conclusiones a las que hasta ahora ha llegado la Fiscalía especializada.

Momentos después de que trascendiera la detención de Rato, el Gobierno lanzó un mensaje de firmeza contra el delito sea quien sea el presunto responsable. A cinco semanas de las elecciones autonómicas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá salía a los pasillos del Congreso a sentenciar que "la ley es igual para todos" y advertir de que el Ejecutivo sería "implacable". El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, fue interpelado por la petición del PSOE para que el Gobierno publicara la lista de acogidos a la amnistía fiscal de Montoro. "Lo importante no es quién dé esa información, sino que rápidamente y de forma muy ágil, el Gobierno ha actuado con la diligencia necesaria en estos casos", respondió .

A falta del informe de Guardia Civil

Cabe señalar que la conclusión que ofrece Serrano-Arnal no tiene en cuenta las eventuales conclusiones a las que llegue la Guardia Civil, que todavía trabaja en el encargo del juez. Una de las primeras decisiones de Anticorrupción cuando logró que el caso pasara de la Fiscalía de Madrid a las suyas fue solicitar al magistrado la implicación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación, concretamente en perseguir el rastro del blanqueo de capitales en el extranjero. Según fuentes de las pesquisas, la UCO no ha tenido acceso aún a la documentación de los registros practicados en domicilio y despacho profesional de Rato.

La referencia que hace el juez en su auto a la “significación mediática” de Rato choca con los argumentos que utilizó la fiscala general, Consuelo Madrigal, para quitarle el caso a la Fiscalía de Madrid en favor de Anticorrupción. Precisamente, Madrigal aludió a tal relevancia social como motivo para poner el caso en manos de la Fiscalía especializada. Ahora, Serrano-Arnal resta importancia a este hecho y viene a decir que, si no fuera por eso, se trataría de un fraude fiscal más. En concreto, Madrigal señaló en un escrito la a "especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados" para entregarle el caso a Anticorrupción.

Asimismo, la fiscala general se posicionó en favor de Anticorrupción porque esta es la Fiscalía que ejerce la acusación en el caso Bankia. Serrano-Arnal quiso desprenderse del caso y enviarlo a la Audiencia Nacional por la posible conexidad de la investigación de Hacienda y la instrucción que el juez Fernando Andreu sigue desde 2012 sobre la salida a bolsa de la entidad rescatada. La sospecha era que el alzamiento de bienes de Rato tendría como fin escamotear a la justicia los bienes y fondos con los que el exvicepresidente debe afrontar las elevadas fianzas del caso Bankia. La Audiencia de Madrid descartó esa conexión y obligó al juez a instruir el caso.

Dicho alzamiento de bienes residiría en las donaciones que el expresidente de Bankia realizó a sus tres hijos en 2013 por 2,6 millones de euros. Según Hacienda y la Fiscalía de Madrid, Rato querría desprenderse del dinero para, una vez concluido el caso Bankia, recuperarlo a través de una sociedad radicada en Gibraltar.

Anticorrupción descarta, indiciariamente, tal maniobra porque el Banco de Sabadell ya había avalado a Rato para abonar los 3 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil que le había sido impuesta en el caso de las tarjetas black. En cuanto a la pieza central del caso Bankia, la entidad se había adelantado, junto a su matriz, a Rato y los otros tres imputados para no ser embargada. La fianza de 800 millones debía ser aportada de forma solidaria. Si Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú no hubieran respondido, la Audiencia Nacional habría tenido en Bankia el único imputado capaz de responder a tamaña cantidad y habría podido embargar, por ejemplo su sede. Para evitarlo, y en el último momento, Bankia puso los 800 millones. La Sala de lo Penal rebajó después la fianza a 34 millones, de los que se han hecho cargo las aseguradoras que cubrieron la salida a bolsa de Bankia.

En el momento de su arresto, el juez de guardia bloqueó los fondos de Rato, pero Serrano-Arnal decretó el levantamiento de la medida siempre que Rato abone 18 millones de euros de fianza, medida adoptada a propuesta de Anticorrupción.