El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha declarado nula la orden de la Dirección General de Carreteras y Puertos de la Consejería de Obras Públicas de diciembre de 1988 que prorrogó la concesión obtenida en 1975 por el empresario Tomás Maestre para construir una dársena deportiva en La Manga, junto al puente de El Estacio, conocida como Puerto Mayor, que iba a ser el mayor puerto deportivo de la Región. Y para ello tiene en cuenta el daño ambiental que provoca esa infraestructura.

La resolución del Consejo Jurídico da vía a libre al Gobierno regional para que decida si da por prescrita la concesión o decide renovarla para que se termine el puerto iniciado en 2004, que fue paralizado en 2005 por orden judicial. El pasado verano volvieron las máquinas al puerto, pero la Comunidad paralizó los trabajos que realizaba. Esto significa que la Consejería de Fomento tiene luz verde para desmantelar las obras de Puerto Mayor.

Con este pronunciamiento del principal órgano consultivo de la Región, el Gobierno regional seguirá con sus planes para eliminar la obra. El siguiente paso será el inicio de otro expediente para declarar la caducidad de la concesión del año 1975. Todo apunta a que queda por delante un largo proceso administrativo y judicial, tan denso y polémico como el que se ha vivido en los últimos 42 años. Mientras tanto, las obras inconclusas de Puerto Mayor carecen de utilidad y seguirán dominando el paisaje de este enclave de La Manga.

El Consejo Jurídico considera que la resolución del año 1988 se dictó “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello”.

La resolución que autorizó a la empresa Puerto Mayor a ampliar el plazo de ejecución de ese puerto deportivo también modificó el proyecto para ampliar su capacidad con el fin de destinarlo a albergar embarcaciones de mayor eslora.

En octubre de 2003, bajo el mandato de Ramón Luis Valcárcel, se rehabilitó dicha concesión y se iniciaron las obras. Dos años después, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ y solicitó la paralización cautelar del proyecto argumentando que provocaba un considerable daño medioambiental a la zona, a lo cual accedió el alto tribunal.

La resolución de Puertos fue anulada después por el Consejo de Gobierno, pero la empresa obtuvo en 2004 una autorización tácita del Ejecutivo regional e inició las obras, que llevan casi doce años paralizadas.

En 2010, tras cinco años de proceso judicial, el TSJ ordenó a la Comunidad retrotraer todas las actuaciones al año 1988 para revisar de oficio la resolución de Puertos y resolver nuevamente si la prorroga o la da por prescrita, lo que supone la vuelta del proyecto a la casilla de salida de hace 28 años. La Consejería de Fomento inició el trámite el pasado verano, enviando una propuesta al Consejo Jurídico, que ha ratificado “la nulidad de pleno derecho de la resolución de 16 de diciembre de 1988» por «haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal”.