Lo que empezó como una protesta contra el paquetazo del FMI impuesto por el presidente Lenin Moreno se ha convertido en una insurrección nacional que plantea la cuestión de quién gobierna el país. La enorme movilización de masas ha obligado al gobierno a huir de la capital Quito, a cerrar la asamblea nacional y ha empezado a resquebrajar las fuerzas armadas. Para avanzar, el movimiento debe plantearse la cuestión del poder.

Esta semana, la segunda de la insurrección obrero – campesina, se ha saldado con 5 muertos (por lo menos) cientos de heridos y detenidos y una represión brutal, como se veía en Ecuador desde hace décadas, que no ha logrado detener el movimiento. Ni el estado de emergencia, ni el toque de queda, ni las mentiras de los medios, ni las falsas ofertas de negociación, ni el ejército en las calles. El gobierno de Lenin Moreno, con el respaldo de toda la oligarquía capitalista, del imperialismo de EEUU, de todos los gobiernos reaccionarios de la región, no ha podido aplastar el movimiento decidido de campesinos, indígenas, obreros y estudiantes.

El miércoles 9, una poderosa huelga general paralizaba el país. En Quito, la capital abandonada por el gobierno, una enorme marcha de entre 50 y 100.000 manifestantes se dirigía de nuevo al Palacio de Carondelet, abandonado a toda prisa el día anterior. Por unos breves momentos el movimiento tomó control de la también abandonada Asamblea Nacional, con la intención de instalar la Asamblea del Pueblo.

En Guayaquil, la oligarquía dirigida por la alcaldesa Viteri y su mentor Nebot, azuzaban una turba pequeño burguesa racista contra los “indios”.“Que se queden en el páramo” chillaba el empresario y banquero Nebot, dirigente socialcristiano, agitando el espectro de la “toma de la capital” por parte del movimiento indígena: “no merecen pisar el suelo de Guayaquil, vienen a destruir”. Pero su capacidad de movilización fue pequeña, apenas unos miles. Fueron necesarios gran cantidad de efectivos policiales y militares, además de camiones de obras públicas para cerrar el Puente de la Unidad Nacional que conecta la populosa Durán con Guayaquil para impedir el paso de miles de manifestantes contra el gobierno.

Dentro de la propia ciudad de Guayaquil también hubo manifestaciones contra el paquetazo, silenciadas por los medios cómplices. Y fue precisamente ahí dónde se produjo un incidente muy significativo. Un grupo de policías motorizados llegaron a la avenida 9 de octubre con intención de atacar a un reducido grupo de manifestantes antigubernamentales. Un grupo de soldados cortaba el paso de los manifestantes, pero ante la arremetida de los motorizados, los militares les protegieron enfrentándose a golpes a los policías.

Un incidente pequeño, pero que se suma a otros pequeños incidentes que indican que la insurrección popular por un lado y la brutal represión del estado están empezando a hacer mella entre los soldados rasos, que también son de extracción popular.

El mismo 9 de octubre, en Quito, el ejército y la policía se emplearon a fondo contra la enorme marcha pacífica que recorrió la capital. Gases lacrimógenos, golpes, vehículos blindados lanzados contra la multitud. La represión se cebaba por igual contra todos, mujeres y niños incluidos. Al final del día la policía lanzó gases lacrimógenos dentro del recinto de dos universidades en Quito donde duermen los indígenas que se han desplazado a la capital por decenas de miles. Hubo conatos de atacar el Ágora de la Casa de la Cultura el centro logístico y directivo del movimiento.

El saldo: 5 muertos. Uno de ellos, Inocencio Tucumbí, dirigente indígena de Cotopaxi, por impacto directo de un bote de gas en la cabeza. Tres jóvenes muertos al caerse de un puente en San Roque durante enfrentamientos cuerpo a cuerpo con la policía. Testigos presenciales afirman que la policía les empujó.

El gobierno, en realidad toda la clase dominante que se ha unido detrás del paquetazo y contra la insurrección, combinaba la represión más brutal con informaciones falsas acerca de una supuesta negociación, con mediación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica. En realidad están hablando con “dirigentes” sindicales e indígenas, de organizaciones que no representan a nadie y que no son las que dirigen el movimiento. El gobierno pretende comprar el movimiento con unas pocas migajas para “desarrollo”, con parte del dinero que se ahorra con la abolición del subsidio al combustible (1.300 millones de dólares). Una y otra vez la CONAIE ha desmentido la existencia de tales negociaciones.

El día 10, octavo de la insurrección, fue de rabia y de luto. Los medios y el gobierno seguían mintiendo, desinformando, presentando a los manifestantes como violentos. Cada vez más imágenes compartidas en redes sociales daban cuenta de la brutalidad policial del día anterior. Policías motorizados golpeando a dos mujeres indígenas que estaban tranquilamente en una esquina, a un jóven que ya estaba en el suelo, etc.

Miles se reunieron en una extraordinaria asamblea en el Ágora de la Casa de la Cultura en Quito para deliberar y tomar decisiones acerca de los pasos a dar. En el estrado ocho policías que habían estado patrullando el exterior del edificio y fueron desarmados por el movimiento. Los dirigentes locales del movimiento, uno tras otro, se dirigían a la asamblea reunida. Se anunció que había certeza de dos muertos en la jornada de la huelga nacional y que se había exigido a las autoridades la entrega de sus cuerpos.

El movimiento ya no solo pide y reivindica, empieza a tomar decisiones. Se dio instrucción a los medios allí presentes para que transmitieran la asamblea en vivo a todo el país, cosa que hicieron (parcialmente). Se guardaron dos minutos de silencio por los muertos y se obligó a los policías a quitarse los cascos y chalecos anti-balas en señal de respeto.

En un momento dado, llegó el rumor que la policía preparaba el asalto al Ágora con gases lacrimógenos. Los dirigentes que presidían la asamblea obligaron a los policías a llamar a sus superiores en el exterior y garantizar que no iban a entrar. Así fue.

Algunos propusieron marchar a la Asamblea Nacional para tomarla, con los policías al frente, desarmados, “para que sepan lo que es la represión”. El ambiente era de rabia y de mucha indignación. La consigna de “Fuera Moreno, fuera” estaba en todas las bocas y la repetía la asamblea al unísono. La dirección nacional de la CONAIE, que va un paso por detrás del ambiente general de las bases, todavía no la ha hecho suya de manera oficial, no aparece en ninguno de los comunicados.

Otro de los ejes de casi todas las intervenciones eran la exigencia a las fuerzas armadas a que dejaran de obedecer al gobierno. Un llamado claro a un derrocamiento del régimen. Se anunció también que otras tres gobernaciones provinciales habían pasado a manos del pueblo en la región amazónica. De allí iban llegando a Quito más columnas de miles de indígenas, para fortalecer el movimiento.

Finalmente, después de traer el féretro (a hombros de los policías y de dirigentes indígenas) de Inocencio Tucumbi en un pasillo de honor y de oficial una ceremonia en su memória, el movimiento marchó por la capital para entregar a los ahora ya 10 policías retenidos a las Naciones Unidas.

El día siguiente, 11 de octubre, nuevamente la insurrección obrero – campesina marchó hacia la Asamblea Nacional con el objetivo de tomarla. La marcha, de decenas de miles, era pacífica y llegó hasta el frente del edificio, fuertemente resguardado por policías y militares. Al cabo de un rato de tensa espera, algunos militares retrocedieron de sus posiciones. El movimiento hizo una pausa. Se organizó la comida, que también se ofreció a las fuerzas del orden. Hay una política clara y correcta de utilizar todas las oportunidades para confraternizar con sus bases.

A traición y sin previo aviso, la policía utilizó esa pausa para reagrupar fuerzas y lanzar una nueva oleada de represión con gases lacrimógenos y perdigones contra la multitud pacífica y desarmada que estaba comiendo en el parque del Arbolito. La multitud resistió, evacuando a los heridos, haciendo un pasillo para sacar a los más vulnerables, construyendo barricadas. Un escenario de auténtica guerra civil, guerra de clases.

Mientras, el cínico Moreno aparecía en televisión ofreciendo “diálogo”, que de nuevo fue rechazado rotundamente por la CONAIE en un duro comunicado. Las condiciones del movimiento son: derogación del decreto del combustible, cese de la ministra de gobernación y el ministro de defensa, responsables de la represión, antes de que haya ninguna negociación.

Pero incluso eso se queda corto. A lo que el movimiento aspira ahora es a derrocar a Moreno. “Quien se va de Quito, pierde su banquito” gritan en las calles. Incluso la idea de presionar a la Asamblea Nacional para que declare nuevas elecciones se contradice con las acciones prácticas del movimiento que trata de tomar el edificio de la Asamblea para instalar la Asamblea del Pueblo, es decir, un gobierno alternativo. La cuestión de quién gobierna el país se plantea claramente. Los ricos o los pobres, la oligarquía y el FMI o el pueblo trabajador, los capitalistas y banqueros o los obreros y campesinos.

En la práctica, la insurrección ecuatoriana controla ya gran parte de la capital (con excepción de los edificios oficiales abandonados), y varias provincias del interior. Se empieza a organizar, tiene su propia Guardia Indígena y toma decisiones en asamblea que luego se ponen en práctica.

La situación es insostenible desde el punto de vista de la burguesía y el imperialismo. Su poder pende de un hilo. De ahí el empeño en impedir la entrada de los manifestantes a la Asamblea Nacional. No es simplemente un edificio vacío (ya se barrunta trasladar su sede a Guayaquil), sino un símbolo del poder.

El levantamiento tiene en su favor el coraje, la decisión y el arrojo de miles, decenas de miles de jóvenes, obreros, campesinos, mujeres que se han batido en las calles contra Moreno y el FMI. Le falta todavía una comprensión clara de las tareas a las que se enfrenta y cómo llevarlas a cabo.

Es urgente proclamar la Asamblea del Pueblo como poder legítimo y extenderla por todo el país. Hay que desarrollarla como un auténtico organismo democrático de dirección del movimiento, con delegados elegidos en las barricadas, en los barrios populares, en las fábricas y universidades, en las comunidades indígenas. Los elementos de auto-defensa que ya existen hay que coordinarlos y desarrollarlos. La Guardia Indígena deben extenderse y organizar en sus files a miles. Ante la brutal represión de la policía y el ejército hay que organizar la defensa. Esto debe combinarse con la profundización del trabajo de confraternización con los soldados que ya empieza a dar resultados.

El momento es decisivo. La batalla por el poder está planteada, pero no se ha resuelto todavía. Si el movimiento no avanza con pasos decisivos, existe el riesgo de que el cansancio y la falta de perspectivas empiecen a hacer mella. En esas condiciones el gobierno puede usar la represión selectiva con concesiones cosméticas para debilitarlo todavía más.

Si se avanza con decisión y con objetivos claros, el derrocamiento del gobierno es totalmente posible. Se puede tomar el cielo por asalto. Ahora es el momento.