A un año del arranque del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ninguna entidad ha logrado la conformación al cien por ciento del sistema local y de fiscalización.

Sólo 15 de las 32 entidades han armonizado los objetivos de la ley general con la legislación local, mientras que el resto lo ha hecho de manera parcial, de acuerdo con los resultados del “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, realizado por la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional.

Uno de los frenos es que los recursos económicos y humanos son insuficientes en todo el país, como ocurre con el sistema nacional, afirma en entrevista con Animal Político, Luis Pérez de Acha, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Además, el Congreso cerró el periodo de sesiones el 3o de abril pasado sin nombrar al fiscal anticorrupción, una de las figuras clave del sistema para investigar los posibles casos, y tampoco ratificó a los magistrados anticorrupción.

Incluso, el Consejo de Participación Ciudadana interpuso cuatro juicios de amparo ante tribunales colegiados por las omisiones en que han incurrido los estados: por no implementar los sistemas locales; por no ajustar la Ley General de Responsabilidades Administrativas; contra Congresos estatales por no proveer de recursos y en contra del Senado por no ratificar a los magistrados anticorrupción.

Aniversario sin festejo

En 2016, se expidieron y reformaron ocho leyes que harían funcionar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Las creadas fueron: la Ley General del SNA, de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Mientras que las reformadas fueron: la Ley de Contabilidad Gubernamental; la de Coordinación Fiscal; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Código Penal Federal.

El 19 de julio de 2017, entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción para la “prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos”.

Justamente con la idea de que existiera un mecanismo que involucrara a diferentes instancias de gobierno para evitar o en su caso, investigar y sancionar hechos de corrupción y que la responsabilidad para actuar no sólo recayera en la PGR y la Secretaría de la Función Pública.

Por ello el Sistema estaría integrado por cuatro instancias: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el comité Rector del SNA y los Sistemas locales. En el que participan desde la sociedad civil hasta el fiscal anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el INAI y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Sin embargo, al cumplirse un año de operación, los casos de corrupción destapados en los últimos meses no han sido materia para el Sistema Nacional Anticorrupción porque ni siquiera está integrado de manera completa. La falta de fiscal anticorrupción, incluso, ni siquiera ha permitido que entren en vigor las reformas al código penal.

Luis Pérez de Acha asegura que la PGR ha negado información del Comité de Participación Ciudadana sobre los casos de corrupción que han ocurrido en el último año, como el espionaje a activistas y periodistas a través del sistema Pegasus, los posibles sobornos a funcionarios mexicanos por la empresa brasileña Odebrech, el presunto desvío de recursos públicos en La Estafa Maestra y la muerte de dos personas en el socavón del paso exprés de Cuernavaca.

Por eso es que ni siquiera el Comité, una de las partes del SNA, ha podido dar seguimiento a dichos casos, sostiene el entrevistado.

Es un panorama de “contrastes”, porque “no podíamos avanzar en esos temas de corrupción o los resultados fueron pobres de cara a la sociedad civil”. Pero están construyendo alternativas, dice Pérez de Acha, como los amparos, aunque sea de mediano y largo plazo.

“La corrupción no se construyó de un día a otro y la reconstrucción que tenemos que hacer es larga. Encontramos alternativas, pero no se verán resultados hasta varios meses”, afirma.

Los retrasos locales

A la problemática Federal se suman los retrasos en los estados. Sólo Nayarit y Chiapas han avanzado más en la implementación de su sistema local anticorrupción, pero ninguna entidad en el país lo ha logrado de manera total.

El caso más grave fue Tlaxcala por el que el Consejo de Participación interpuso un amparo el 7 de agosto de 2017, toda vez que el Congreso estatal no había emitido ni siquiera su ley local anticorrupción. Aunque el caso avanzó ante tribunales, el Consejo solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción del caso y el 21 de junio de 2018, lo aceptó.

La armonización de los objetivos de la Ley general como los mecanismos de coordinación, emisión de políticas integrales, directrices para la generación de políticas, organización y funcionamiento del sistema, entre otras, sólo han sido aplicados de manera satisfactoria en las leyes locales de: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

El resto de entidades lo han hecho de manera parcial: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

Mientras que el aspecto de mayor retraso en la mayoría de entidades es en la conformación del sistema estatal de fiscalización, que debería estar integrado por la Auditoría local, la Secretaría de Control Interno Local y representación municipal.

En 20 estados ni siquiera han integrado el sistema de fiscalización. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Sólo seis entidades lo han logrado (Aguascalientes, Chiapas, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Veracruz).