A pesar de las rectificaciones de impuestos del Grupo Angelini y del cúmulo de testimonios judiciales que acreditan que sus empresas le pagaron a sociedades y personas vinculadas a políticos por trabajos no realizados, el SII aún no presenta una acción judicial para formalizarlos. Aún así, la Fiscalía sigue investigando al holding, el segundo principal financista ilegal de la política después de SQM. Entre los beneficiados está la precampaña de Bachelet, estudios de abogados vinculados a Alberto Espina (RN) y Felipe Harboe (PPD), militantes DC, una sociedad de RN y una red del PRI, entre otros.

El Grupo Angelini es bueno para encabezar rankings. Desde hace décadas forma parte del top ten de los grupos empresariales chilenos más ricos. La cuantía de sus inversiones en las industrias forestal, energética y pesquera lo mantienen anclado desde hace años como uno de los pesos pesados a la hora de sumar influencias.

De allí que no sea extraño que el holding de los Angelini esté a la cabeza de otro ranking: el de las grandes empresas que han financiado ilegalmente la política. Durante 2015 el holding debió rectificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) pagos emitidos por cinco de sus empresas: Copec, Arauco, Corpesca, Siemel y Cruz del Sur (hasta junio de 2013, cuando la vendió al Grupo Security). Según publicó Revista Qué Pasa, solo Copec y Arauco rectificaron $1.500 millones, mientras que Corpesca sumó otros $260 millones. Información recabada por CIPER agrega otros $370 millones rectificados por Siemel y $120 millones de Cruz del Sur. En total, más de $2.250 millones en aportes irregulares a la política.

Los pagos realizados por el Grupo Angelini siguieron la tónica de Soquimich: repartir a distintos sectores políticos. En los datos recopilados por CIPER aparecen aportes a a las campañas presidenciales de Michelle Bachelet y Marco Enríquez Ominami; a dirigentes de la UDI, a una sociedad ligada a Renovación Nacional, a militantes DC, a un asesor de un senador PPD, y a una red de boleteros que utilizó boletas falsas para financiar el PRI.

A pesar de lo abultado de la cifra ($2.250 millones), que los ubica solo por debajo de SQM entre quienes más dinero irregular entregaron, hoy solo una de las empresas del holding enfrenta una querella del SII: Corpesca, la empresa pesquera del grupo que es investigada hace más de un año por delito tributario y eventual soborno, en el que están involucrados el desaforado senador Jaime Orpis (quien renunció a la UDI) y la ex diputada Marta Isasi (ver reportaje de CIPER).

Recién a fines de 2015, el SII le solicitó a las otras empresas de los Angelini el detalle de su contabilidad para revisar los pagos irregulares, tal como publicó La Tercera. Pero por ahora, no hay acciones legales del SII aunque esos pagos sí están siendo investigados por el Ministerio Público. Tampoco ha sido posible conocer el detalle de los dineros rectificados por Copec y Arauco, las dos empresas que ostentan la mayor cantidad de correcciones tributarias del holding. En un procedimiento inédito, el SII no envió a la Fiscalía el listado con esos pagos rectificados, una información que el Ministerio Público sí ha recibido cuando ha requerido el detalle de otras empresas indagadas.

Información recabada por CIPER da cuenta del millonario aporte hecho por Copec, Arauco y Cruz del Sur a sociedades ligadas a la precampaña presidencial de Michelle Bachelet (más de $360 millones), una hebra de la indagatoria que vuelve a poner en el foco al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y a sus más cercanos colaboradores, como Harold Correa, quien también integra la G 90 del PPD.

En una rectificación hasta ahora desconocida realizada por Siemel –una de las empresas inversoras del Grupo Angelini- aparecen nuevos pagos a una sociedad donde participa el senador Alberto Espina (RN), y otra relacionada con la cónyuge del diputado Gabriel Silber (DC), Cristina Orellana. Estos nombres se suman a otros dirigentes políticos que aparecen como sospechosos de recibir las platas políticas de los Angelini: Felipe Harboe (PPD), varios dirigentes del PRI, miembros del grupo de boleteros organizado por “Titi” Valdivielso, la estrecha asesora de Pablo Longueira, y una sociedad perteneciente a Pedro Yaconi, recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei, y cercano colaborador del ex presidente.

EL CAPITULO BACHELET

La primera rectificación realizada por dos empresas del Grupo Angelini -Copec y Celulosa Arauco- fue enviada por el SII a la Fiscalía sin el listado de los pagos corregidos. Es decir, en el expediente judicial de la investigación no aparecían los beneficiados con los aportes irregulares realizados por ambas firmas.

Fue el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien dejó en evidencia esa anomalía al declarar ante la fiscal Carmen Gloria Segura el 1 de septiembre de 2015: “Nosotros le entregamos al SII un listado resumen con el detalle de RUT de las empresas o personas cuyos gastos se rectificaron por cada año tributario, documento que no veo en la rectificación que usted me muestra”.

A pesar del “extravío” de ese listado, CIPER pudo reconstruir parte de los pagos rectificados por Copec y Arauco. Entre ambas empresas aparecen aportes para Asesorías y Negocios (AyN), la empresa creada por Giorgio Martelli para financiar la precampaña presidencial de Michelle Bachelet, tarea que tuvo entre sus responsables al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. AyN recibió pagos irregulares de tres empresas de los Angelini: Copec, Arauco y Cruz del Sur, firma que hasta junio de 2013 fue propiedad del grupo.

Según información sistematizada por CIPER, Copec entregó $57 millones a Asesorías y Negocios entre enero de 2012 y enero de 2013; Celulosa Arauco aportó con otros $151 millones a través de ocho facturas entre enero de 2012 y marzo de 2013; mientras que el 29 de noviembre de 2012 Cruz del Sur pagó a AyN una factura por $10 millones. En total, Copec, Arauco y Cruz del Sur le entregaron $218 millones a Asesorías y Negocios.

Según declaró Giorgio Martelli ante el Ministerio Público, fue el ex presidente de Endesa y Enersis, Jorge Rosenblut, quien hizo el puente para que el Grupo Angelini entregara recursos: Rosenblut “me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el Grupo Angelini. Guzmán estableció la distribución de financiamiento entre las empresas del grupo y me indicó los montos de cada empresa de un monto general que se había pactado entre Guzmán y Rosenblut”.

Cuando declaró Jorge Rosenblut, aseguró que “en uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del Grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a (Giorgio) Martelli telefónicamente”.

Rosenblut había realizado la misma gestión con Patricio Contesse, entonces gerente general de Soquimich, gracias a lo cual AyN recibió otros $245 millones desde la filial SQM Salar.

José Tomás Guzmán Dumas, el hombre que acordó con Rosenblut el aporte a la precampaña de Bachelet, fue la mano derecha de Anacleto Angelini, el fundador del grupo fallecido en 2007 (ver reportaje de CIPER “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet”)

Desde 1991 Guzmán fue parte del directorio de Arauco, de donde se retiró a fines de diciembre de 2015. Meses más tarde también abandonó el directorio de Corpesca. El abogado de 86 años se mantiene en la vicepresidencia de Copec. Hasta ahora, la Fiscalía no ha podido confrontar la versión de Martelli ya que Guzmán retrasó su testimonio (presentó un informe médico que advertía de antecedentes de párkinson, diabetes y osteoporosis, lo que le imposibilitaría acudir a un interrogatorio), aunque luego asistió el 22 de septiembre de 2015, pero optó por guardar silencio.

Cuando en junio de 2013 el Grupo Angelini vendió Cruz del Sur al Security, solo un alto funcionario siguió trabajando en la compañía: Rodrigo Guzmán Leyton, quien era gerente de Administración y Finanzas de Cruz del Sur, cargo que mantuvo cuando esta cambió de dueño. En las dos declaraciones que prestó ante los fiscales (4 y 10 de septiembre de 2015) apuntó a José Tomás Guzmán como el único responsable de los pagos cuestionados:

“Nunca supe a qué correspondían estos pagos, más que una asesoría al directorio. En todas estas facturas la solicitud de pago y quien envía la factura para que se pague es don José Tomás Guzmán Dumas (…) Tal como consta en los documentos que se me exhiben, la factura Nº 105 de diciembre de 2011, dice en forma manuscrita un visto bueno de la presidencia, es decir José Tomás Guzmán y además una tarjeta del presidente José Tomás Guzmán. Esa era la forma que tenía él de mandar la factura, autorizar y solicitar el pago”.

El ejecutivo de Cruz del Sur autorizó a la Fiscalía a que accediera a dos cuentas de correo electrónico que utilizó mientras la compañía estuvo en poder de los Angelini (entre octubre de 2012 y el 31 de mayo de 2013). No fue posible. Los detectives mandatados para esa diligencia informaron que el archivo que contenía esa información fue destruido en octubre de 2015 por orden de la unidad de servicios tecnológicos de Security. Esa diligencia deja en evidencia que la Fiscalía sigue indagando los pagos irregulares de las empresas de Angelini, a pesar de no existir ninguna querella del SII al respecto.

HAROLDS & JOHNS & BILLS QUESTIONED

La cadena de contactos que permitió que el Grupo Angelini financiara de forma ilegal la política no se detuvo en Asesorías y Negocios. Fue el controlador de esa sociedad, Giorgio Martelli, quien en su declaración del 4 de junio de 2015, abrió otra compuerta: “Quiero precisar respecto a mi relación con José Tomás Guzmán, en representación del Grupo Angelini, que este me solicitó los servicios de un estudio jurídico. Le presenté al estudio Harolds & Johns, llevándole un papel de referencia y me solicitó que fuera intermediario, para lo cual me solicitó diversos informes en derecho, que yo conversé con ambas partes (José Tomás Guzmán y Álex Matute). Álex Matute me entregó los informes en derecho requeridos, y yo se los hice llegar a José Tomás Guzmán, los pagos se hicieron a través mío, mediante cheques que yo entregué a Harolds & Johns”.

Fue así que se abrió la investigación judicial a Harolds & Johns Business and Law, constituida en febrero de 2007 por Harold Correa y Alex Matute Johns. Desde entonces, ambos se han dedicado a representar en Chile a empresas extranjeras en licitaciones de distintos organismos públicos.

El testimonio de Martelli fue corroborado ante la justicia por el contador general de Copec, Ricardo Vargas Bernal, quien entregó más antecedentes de los dineros que la empresa entregó y rectificó a Harolds & Johns: “Creo que fueron dos facturas, no recuerdo quien puso la ‘mosca’ en esas facturas, pero debe ser uno de los tres gerentes de la empresa, no recuerdo montos y las razones las tiene el gerente de finanzas”. El ejecutivo de Copec agregó: “Yo nunca vi a Alex Matute ni a Harold Correa en la empresa Copec, ni nunca vi un informe de ellos. Cuando revisamos la contabilidad (para hacer la rectificación tributaria) yo pensé que era un estudio de abogados extranjeros”.

Aunque Vargas no lo recordaba, CIPER sí halló la información. Son dos facturas por $16 millones cada una emitidas por Harolds & Johns a Copec el 6 y 25 de marzo de 2013, cuando los pagos a Asesorías y Negocios habían cesado. Cruz del Sur fue más generosa, a través de cuatro facturas entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012, le entregó $110 millones a Harolds & Johns. En total, entre Copec y Cruz del Sur el Grupo Angelini pagó $142 millones a la sociedad de Harold Correa y Álex Matute.

Las gestiones de Martelli ante José Tomás Guzmán se produjeron mientras se desarrollaba la precampaña de Bachelet. La contabilidad de AyN dio cuenta de que esa empresa de papel financió el trabajo político del grupo que allanó el camino para el regreso de la actual Presidenta desde Nueva York. Entre quienes recibieron pagos de esa sociedad se cuentan el ex director del SII, Michael Jorratt; la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, María Estela Ortíz; la prima de la mandataria, Alicia Galdames Jeria y otras personas que fueron pagadas por AyN durante la precampaña. Entre los beneficiados también figura el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Peñailillo recibió cuatro pagos de AyN entre enero y mayo de 2012 por un total de $16 millones. Cuando declaró ante los fiscales, Peñailillo afirmó que, con posterioridad a mayo de 2012, trabajó para Harolds & Johns (“creo que por más de un año”). En su declaración del 17 de junio de 2015 señaló que firmó un contrato con la empresa de Correa y Matute, pero no informó sobre los honorarios recibidos. En otra declaración, el 7 de agosto de 2015, descartó que elaborara informes para justificar los pagos: “Participaba en reuniones con Álex y Harold en este estudio que tiene varios años y obviamente discutíamos sobre el desarrollo de la empresa. En relación a mis funciones están mencionadas en el contrato de trabajo que traeré a la Fiscalía, a través de mi abogado”. El año pasado Álex Matute también reconoció el vínculo laboral indicando que fue una asesoría “muy bien valorada” por sus clientes.

El 27 de agosto de 2015 Harold Correa acudió a la Fiscalía como imputado y guardó silencio. Lo mismo hizo su socio, Álex Matute, quien fue citado el 25 de agosto de 2015. En paralelo, el Ministerio Público le ordenó a la PDI el 4 de agosto solicitar en la oficina de Harold & Johns en Santiago (José Miguel de la Barra), la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014. No hubo resultados.

En noviembre de 2015, el abogado de Harolds & Johns, Marcelo Torres, le pidió a Alejandro Alzerreca (gerente general de Seguros Vida Security, empresa que en 2013 compró Cruz del Sur al Grupo Angelini) que autorizara el levantamiento de la confidencialidad. Una vez que ello ocurriera, sus representados declararían ante los fiscales y presentarían los trabajos que supuestamente justificaron el pago de $110 millones desde Cruz del Sur. Hasta hoy no hay novedades.

Contactados por CIPER, ni Harold Correa ni Álex Matute quisieron referirse a este tema. Fuentes de esa oficina señalaron que el abogado Marcelo Torres se juntó con un representante del Grupo Angelini, el que le habría manifestado la intención de reconocer que los trabajos que justificaron los pagos desde Cruz del Sur y Copec estaban respaldados por informes.

Desde julio de 2014, Álex Matute es fiscal de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Después de abandonar el Ministerio de Educación a mediados del año pasado, Harold Correa solo aparece como director suplente de la Fundación por la Democracia (PPD).

PAGOS RELACIONADOS AL SENADOR HARBOE

Si se cruzan los datos de las correcciones tributarias de las empresas de los Angelini, aparecen pagos que se repiten. Es lo que sucede con Asesorías e Inversiones Arrieta, propiedad del abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha sido asesor del senador Felipe Harboe (PPD) y de su esposa, Katia Trusich,mientras fue subsecretaria de Economía. La sociedad de Arrieta recibió $12 millones de Corpesca y otros $40 millones de Copec y Arauco, empresas que le cancelaron $20 millones cada una en marzo de 2013. En total, Raúl Arrieta acumula $52 millones bajo investigación del Ministerio Público.

Según el entorno del senador Harboe, la principal asesoría de Arrieta fue en materias relacionadas con la protección de datos personales, un proyecto de ley que tenia a cargo la esposa de Harboe, Katia Trusich, mientras era subsecretaria de Economía del actual gobierno (hasta enero de 2016). En esa función, Trusich también contrató a Arrieta como su asesor.

Cuando el 21 de agosto de 2015 Arrieta fue citado a la Fiscalía, optó por guardar silencio: “No cuento con autorización de mis clientes que sindican las facturas 102, emitida a Celulosa Arauco; y 100, emitida a Copec, que me releven de mi secreto profesional”. El abogado no accedió a levantar su secreto bancario, ni a entregar la contabilidad de su sociedad y tampoco accedió a la revisión de sus correos electrónicos.

El vínculo de Arrieta con el senador Harboe va más allá de las asesorías: durante la campaña senatorial de 2013 el entonces candidato PPD arrendó tres sedes en la Región del Bío Bío a Asesorías e Inversiones Arrieta por un total de casi $9 millones.

Una investigación de CIPER detectó otro vínculo del matrimonio Harboe-Trusich con el Grupo Angelini: la sociedad Bioambar Spa, una filial de la Pesquera Iquique-Guanaye, propiedad de los Angelini. Katia Trusich participa de Bioambar a través de Alpha Omega. Consultada por CIPER, la entonces subsecretaria de Economía aseguró que no participa en Bioambar de forma directa y que esa inversión la hizo en 2010 para apoyar una investigación en nutracéuticos. Trusich agregó: “A la fecha, esta empresa no ha tenido movimientos de tipo comercial y tampoco registra utilidades” (ver reportaje de CIPER).

OTROS PAGOS SIN RESPALDO

Arauco también corrigió los $30 millones que en abril de 2012 pagó a Cristián Warner Comunicaciones, la empresa de quien fuera la mano derecha de Marco Enríquez Ominami, que hoy es investigado por la Fiscalía por otros pagos de SQM que no tienen respaldo. Lo mismo ocurre con la corrección que hizo Copec a los pagos a otra sociedad ya investigada por recibir platas políticas ilegales desde Penta: Asesorías e Inversiones La Manada, ligada a Pablo Zalaquett (UDI).

El contador general de Copec, Ricardo Vargas, mencionó en su declaración el 1 de septiembre pasado, que también se rectificaron algunos pagos a C2P la consultora del yerno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pedro Yaconi, quienes investigado por facturas emitidas a Aguas Andinas y SQM. Yaconi fue miembro del comité de financiamiento de la fallida candidatura presidencial de Frei en 2009.

Respecto de los pagos a Yaconi, Ricardo Vargas aseguró: “Hay una situación excepcional en los gastos rectificados, y se trata de dos o tres facturas que rectificamos, fue un contrato de estudio de carbón que hizo C2P, y en ese caso gente de la Gerencia de Estudio dijo que ese trabajo se hizo pero que se perdieron los informes”. Según La Tercera, los pagos de Copec a C2P alcanzaron los $50 millones.

En esa misma declaración el contador de Copec se refirió a otros pagos vía boletas falsas a personas del entorno de Pablo Longueira: Nicolás Guíñez Ramírez y Patricio Lazcano Silva. CIPER ya había informado de las boletas emitidas a Copec por estas personas (ver reportaje). En su declaración, Vargas también nombró a Cristóbal Aninat y Compañía Consultores, propiedad de quien fuera coordinador del comando presidencial de Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Bachelet entre 2006 y 2010.

En el verano pasado La Tercera dio cuenta de otra rectificación de Copec ante el SII. Ella incluyó más de $150 millones pagados entre 2009 y 2014 a Asesorías Técnicas (Asetec), sociedad de Renovación Nacional, según declaró su secretario general Mario Desbordes, y que también es indagada por recibir en el mismo periodo $137 millones rectificados por SQM. Desbordes aseguró al matutino que fue llamado a declarar por el SII y que haría llegar la documentación que respaldaría la prestación de servicios a esas dos empresas.

SIEMEL Y SU VÍNCULO CON ESPINA Y SILBER

Inversiones Siemel es uno de los brazos inversores del Grupo Angelini. A través de esta empresa el holding controla varios proyectos inmobiliarios, agrícolas y financieros. Es dueña de la marca de jugos naturales Guallarauco y posee un 12% de los hoteles Atton. La primera rectificación de Siemel fue el 12 de mayo de 2015 y allí incluyó pagos ilegales a la política por $296 millones. El 2 de septiembre de 2015, Siemel volvió a rectificar. Según había adelantado a la Fiscalía el contador general de la empresa, Freddy Barrera, la nueva rectificatoria sería solo de boletas y por más de $300 millones. Sin embargo, el listado de pagos que Siemel incluyó llega solo a los $82 millones.

Entre los pagos corregidos por Siemel sobre los cuales se puede establecer una línea de continuidad entre las dos rectificaciones, están los que beneficiaron a dos sociedades relacionadas al senador Alberto Espina (RN).

En la corrección tributaria presentada en abril, Siemel señaló no tener respaldo para justificar cuatro pagos por un total de $68,2 millones al estudio Zepeda & Compañía (entre noviembre de 2010 y agosto de 2013). Alberto Espina participó junto al abogado Carlos Zepeda en la creación de ese estudio jurídico que quedó registrado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1993.

Al correr de los años los miembros del bufete cambiaron, pero el senador Espina se mantuvo allí hasta el 9 de julio de 2013, cuando en la Notaría de Iván Torrealba en Santiago estampó su salida del staff: vendió el 10% de sus derechos a Inversiones y Rentas Tongoy, propiedad de Zepeda. Las facturas del estudio que Siemel rectificó (todas por $18,7 millones) fueron emitidas el 3 de noviembre de 2010, el 10 de junio de 2011, el 3 de abril de 2012 y el 12 de marzo de 2013, cuatro meses antes de que el senador se retirara de ese bufete.

A fines de ese 2013 el senador Alberto Espina ingresó a otro estudio de abogados a través de su sociedad familiar Inversiones y Rentas El Peral (posee el 50% de sus acciones, su esposa María Elena Donoso Peña el 47% y cada uno de sus tres hijos un 1%). Según registro de la Notaría de Cosme Gomila, el 20 de diciembre de 2013 esta sociedad pagó $700 mil para adquirir el 10% de Cisternas & Compañía Abogados, Asesorías y Consultorías, bufete controlado por Gonzalo Cisternas Sobarzo.

Este nuevo staff de abogados -donde participa Espina- aparece en la segunda rectificación presentada por Inversiones Siemel en septiembre pasado. Allí figura el pago de $18,7 millones sin registro contable a Cisternas & Compañía, realizado el 12 de mayo de 2014. El monto es el mismo que Siemel pagó cuatro veces entre 2010 y 2013 al estudio donde participaba Espina y el ya fallecido abogado Carlos Zepeda.

El equipo del parlamentario comentó a CIPER que el senador no podía contestar preguntas, pero aseguraron que no tiene ningún tipo de participación administrativa en Cisternas & Compañía. Una declaración jurada de intereses que Espina registró en la Notaría de Cosme Gomila el 28 de diciembre de 2013, le otorgó un mandato a Gonzalo Cisternas para que administre sus intereses en la sociedad. Un fideicomiso.

Consultado por CIPER, Gonzalo Cisternas descartó que el pago de Inversiones Siemel haya sido un aporte al senador Espina: “Se trata de un servicio profesional que efectivamente se encargó por empresas del Grupo Angelini, que efectivamente yo realicé, y que están bajo el amparo del secreto profesional. No sé por qué ellos rectificaron. Me imagino que pensaron que ese trabajo no cumplía con los requisitos legales para ser un gasto necesario para producir la renta”.

Desmenuzando las dos rectificaciones de Siemel se puede trazar otra línea de continuidad entre quienes aparecen recibiendo esos dineros. En la rectificación de abril destaca el Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana, sociedad que recibió $84 millones entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, con pagos mensuales de $3 millones. Según explicaron desde ese think tank, en ese tiempo era dirigido por Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC), quien utilizó una línea de financiamiento desde empresas. Desde enero de 2014, aseguraron, se cortó la llave de los dineros empresariales.

Si bien Democracia y Comunidad no aparece en la segunda rectificación de Siemel (septiembre), sí figura Asesorías y Servicios e Inversiones Vichuquén, la que recibió la misma cuota mensual que la firma de los Angelini le pagada a Democracia y Comunidad: $3 millones entre enero y octubre de 2014 (en total $30 millones). Los pagos a Vichuquén comenzaron justo cuando Democracia y Comunidad dejó de percibir aportes desde Inversiones Siemel. El único accionista de esta sociedad es el hermano de Cristina Orellana, Víctor Antonio Orellana Quezada, quien la constituyó poco antes de comenzar a recibir los pagos desde Siemel: el 19 de noviembre de 2013.

Contactada por CIPER, Cristina Orellana aseguró que ella no maneja información sobre las relaciones que su hermano, quien es empresario, tiene con las empresas. Descartó que se trate de platas políticas y solicitó que sean las empresas las que aclaren las rectificaciones tributarias que realizan.

No es la primera vez que Cristina Orellana aparece vinculada a pagos irregulares a la política. En diciembre de 2015, CIPER reveló que Inversiones Caburga, del Grupo Said, corrigió ante el SII un pago por $16,6 millones a Orellana en 2013. En esa ocasión, la actual directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señaló: “Me imagino que Inversiones Caburga rectificó porque estoy casada con un diputado. Yo trabajo, a mí Gabriel no me mantiene. Tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa. No le puedo dar más datos. Trabajé varios meses y fue un solo pago. Yo creo que pagamos justos por pecadores”.

El otro pago que se repite en las dos rectificaciones que hizo Siemel en 2015, es a Eugenio San Martín(DC), quien fue director del Sename y que el 17 de enero de 2014 recibió de la firma de los Angelini $6,6 millones. Ya en la primera rectificación de Siemel apareció otro pago a San Martín por otros $6,6 millones (3 de mayo de 2013).

LA CAJA DE PANDORA DE SIEMEL

La primera rectificación de Siemel incluyó a otras personas ligadas a la Democracia Cristiana. Es el caso de la abogada Carolina Tello Rojas, quien emitió una boleta por $7 millones el 1 de julio de 2011. Desde 2014, Tello asesora al diputado por Aysén, Iván Fuentes (independiente). Consultada por CIPER, declinó referirse a este asunto.

Otras fuentes consultadas aseguraron que ella formaba parte de una red de boleteros que creció en la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana al final del primer gobierno de Bachelet, cuando el Seremi era Antonio Saavedra Veas (DC), quien ha sido miembro del tribunal supremo de ese partido. Saavedra afirmó a CIPER que no tiene ninguna relación con esa red de boleteros.

Saavedra Veas aparece en los registros de la Cámara de Diputados como asesor externo de la bancada DC al menos hasta el primer semestre de 2014 y también registra pagos por asesorías al diputado Gabriel Silber (DC)y al ahora ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio (DC). Saavedra fue uno de los asesores legislativos detectados por CIPER que cumplían un doble rol al asesorar bancadas de forma externa y, al mismo tiempo, prestar asesorías individuales a parlamentarios (a través de su Consultora Antonio Saavedra Veas EIRL), lo que está prohibido (ver reportaje). Antonio Saavedra es jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas del Registro Civil.

Asesoría Jurídica Dalmacia aparece también en la rectificación de mayo de Inversiones Siemel, con $6 millones pagados en agosto de 2013. El principal accionista de Dalmacia es el ex diputado Zarko Luksic (DC), quien aseguró a La Tercera que él sí realizó una asesoría jurídica a Siemel.

La rectificación de mayo de 2015 también corrigió pagos por $7,7 millones a Eduardo Montalva Pérez, quien fuera encargado territorial del senador Iván Moreira (UDI).

La primera rectificación de Siemel ante el SII arroja misterios. Uno de ellos es el rol que juegan en esta trama distintas empresas de León Hugo Correa Rueda, las que aparecen con $89 millones corregidos (Inmobiliaria Correa y Compañía, Inmobiliaria e Inversiones Correa y Farms Chile). Consultado por CIPER, el empresario inmobiliario señaló: “Ningún pago ha tenido un fin político. A mí no me gusta la política, nunca he pertenecido a un partido y nunca lo haré. Son informes que se remitieron por conceptos de tasación de nuestra inmobiliaria. Habría que preguntarle a la empresa Siemel por qué rectificó estos pagos” (revise el listado con ambas rectificaciones de Siemel).

LOS MILLONES QUE RECIBIÓ EL PRI

Los últimos dos pagos rectificados por Inversiones Siemel en mayo de 2015 corresponden a personas ligadas al Partido Regionalista Independiente (PRI), fundado por el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar luego de quebrar con la DC: Julieta Cruz Figueroa (ex intendenta de Atacama), con $5,5 millones en octubre de 2010, y Eduardo Salas Cerda, con otros $5,5 millones en noviembre del mismo año.

Pero el financiamiento ilegal que proporcionó el Grupo Angelini al PRI no solo provino de Inversiones Siemel. Así se desprende al desmenuzar el listado completo de las rectificaciones que hicieron ante el SII las empresas del grupo. Copec realizó cinco pagos entre 2012 y 2013 a Marcelo Peñaloza Villalobos,por un total de $27 millones. Otros $21,5 millones le giró Arauco al mismo Peñaloza en igual periodo. Además de las boletas falsas que Peñaloza emitió a Copec y Arauco, hubo otras dos para SQM, empresa que aportó más de $350 millones ilegales al PRI.

Marcelo Peñaloza está casado con la hija de Humberto de la Maza, quien fuera presidente del PRI hasta fines de 2015, y en su declaración judicial reconoció que las boletas por esos $48,5 millones eran falsas. El 17 de agosto de 2015, Peñaloza contó en la Fiscalía:

“Un día en la oficina de Adolfo Zaldívar en calle Miraflores (Santiago), Zaldívar me dice si le podía emitir unas boletas y que después me daba el detalle. Como yo tenía confianza con él le dije que bueno. Posteriormente él mismo o su secretaria Gilda Schiaffino me daba el detalle de los montos y glosas (…) Me pidió en total 11 boletas”.

En la emisión de boletas falsas para financiar al PRI, Peñaloza involucró a parte de su familia. El 17 de agosto de 2015, su hermana Marcia Peñaloza Villalobos reconoció ante la Fiscalía la emisión de cinco boletas falsas que le solicitó su hermano: cuatro a SQM y una a Copec, esta última por $5,5 millones (noviembre de 2013).

Lo mismo ocurrió con la ingeniero comercial María Fernanda Correa Lasa, sobrina política de Humberto de la Maza, quien reconoció ante los fiscales que su tío le solicitó seis boletas falsas para SQM y una que emitió para Arauco (por $5 millones en enero de 2013). Su hermana, Carola Correa Lasa, también prestó boletas falsas para financiar al PRI. María Fernanda Correa trabajó junto a Humberto de la Maza -entre 2012 y 2014- en las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales del PRI.

En su segunda declaración (19 de enero de 2016), María Fernanda Correa entregó un dato clave sobre lo que motivó a los Angelini a financiar el PRI: “Después que falleció Adolfo Zaldívar el contacto con las empresas Celulosa Arauco, Copec y SQM, desapareció. Humberto de la Maza no tenía el contacto con las empresas. Después del fallecimiento de Zaldívar el partido se financió con la plata del Servel y no sé de donde más”.

A pesar de los datos acumulados, la Fiscalía solo formalizó a boleteros vinculados al PRI por las boletas falsas emitidas a Soquimich. Ninguna mención se hizo de los dineros irregulares que empresas del Grupo Angelini cancelaron. Luego de la formalización (2 de diciembre de 2015), Humberto de la Maza, acusado de ser el controlador de la red ilícita, debió cumplir arresto domiciliario nocturno. La ex intendenta de Atacama, Julieta Cruz, quedó con firma mensual y arraigo nacional; los hermanos Marcelo y Marcia Peñaloza con firma quincenal y arraigo nacional, mientras que las hermanas María Fernanda y Carola Correa Lasa solo con firma quincenal.

Si bien Humberto de la Maza fue reemplazado por Alejandra Bravo en la presidencia del PRI, otro de los boleteros, Eduardo Salas Cerda, continúa como secretario general y Gilda Schiaffino sigue siendo la tesorera del partido, a pesar de los testimonios judiciales que la apuntan como la persona que muchas veces acompañó a los boleteros a cobrar los vales vista de Copec, Arauco y SQM por sus boletas falsas.

Otro miembro de la red de boleteros que se utilizó en el PRI para financiarse ilegalmente, es Patricio Purcell, quien ya fue denunciado por el SII el 2 de abril de 2015, por los dineros irregulares que recibió de SQM. Según Qué Pasa, Purcell también tiene dineros rectificados por Arauco.