sábado 14 abril, 2018

El fiscal federal Juan Pedro Zoni había solicitado al juez Ariel Lijo las primeras medidas para investigar al ex estudio jurídico del diputado oficialista Pablo Tonelli y su rol en el caso Correo Argentino SA, una empresa de la familia Macri. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes de la causa. Las medidas fueron pedidas al juzgado entre fines de febrero y principios de marzo. El viernes 6 de abril, Zoni fue desplazado de la fiscalía y ya no podrá actuar en la causa.

¿Cuál es la hipótesis judicial? Que algunos abogados ligados al Grupo Macri podrían haber comprado las deudas a distintos acreedores de la compañía para poder tener una mayoría a la hora de llegar a un acuerdo y torcer a favor de Correo en la negociación, aceptando lo que la deudora quiera pagar. Eso podría implicar una defraudación y la Justicia cree que los intereses del Estado estarían en juego.

Según consta en el expediente, cuando Correo presentó la última propuesta, este grupo de acreedores dieron su conformidad. Pero el acuerdo nunca pudo cerrarse porque la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, dictaminó que era perjudicial para el Estado. El acuerdo se cayó, el presidente Mauricio Macri ordenó empezar de cero y desde entonces el pago de la deuda sigue pendiente.

La empresa de los Macri, que está en concurso de acreedores desde hace 17 años, tiene 708 acreedores. El Estado es uno de los principales. Pero hay otro grupo de 354 acreedores privados que en los últimos años habrían vendido sus acreencias a terceros que en el expediente están representados a través de 14 abogados. De esta manera, las deudas que debían cobrar distintas empresas e individuos pasaron a estar en manos de estos 14 abogados.

Doce están directamente relacionados con Correo, como reveló PERFIL en febrero. Entre esos 12 abogados que parecen estar tanto de un lado como de otro en la negociación hay letrados del Estudio Tonelli, que al mismo tiempo representa a la empresa de los Macri. Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del Estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. El estudio, dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos, representa a Correo desde hace años. Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011. Antes era director titular. Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo, según consta en la causa.

No es el único estudio en esta misma situación. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del Estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores.

En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º “F”). Otros dos están vinculados al Estudio Kleidermacher y otros tres, al Estudio Tonelli.

Zoni solicitó al juez del caso que analizara las declaraciones juradas de Tonelli, su información patrimonial y la información contable de su estudio jurídico. El diputado asegura que ya no está vinculado al estudio. PERFIL intentó comunicarse con los abogados de Correo, pero no tuvo respuesta.

Otras medidas en una causa sensible

Investigar al Estudio Tonelli no es la única medida que había pedido el fiscal Zoni en los últimos meses. También estaba digitalizando los libros contables de las empresas Socma y Sideco Americana, emblemas del Grupo Macri, para determinar si había más indicios del supuesto vaciamiento de fondos de Correo hacia estas compañías. En el fuero Comercial, los apoderados de Correo habían sido autorizados por la jueza Martha Cirulli a retirar fondos de las cuentas congeladas de Correo –que deben ser resguardados para el eventual pago a los acreedores– para el pago de alquileres de US$ 18 mil mensuales y de cocheras a otras empresas del Grupo Macri, según denunció la fiscal Boquin. Detectó también el pago de cargas sociales para gerentes de otras compañías del holding y gastos para una módica fiesta de fin de año, como reveló este medio.

Además, en base a un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Zoni había pedido investigar seis encuentros entre el presidente Macri y funcionarios que llevaban adelante las negociaciones en el concurso del Correo, como contó La Nación.