“Los bancos tienen barra libre en los juzgados para desahuciar y ahora la van a tener en la calle. Hasta ahora, solo la presión social de Stop Desahucios ha obligado a los bancos a negociar. Si nos quitan eso, ¿qué esperanza les queda a los ciudadanos que se quedan sin casa?”. La pregunta se la hace José María Erauskin, abogado de la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, tras entrar en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ‘ley mordaza’.

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La Ley, impuesta por el Gobierno central pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de organizaciones sociales, supondrá, según Stop Desahucios la creación de un "Estado policial". “¿Quién sale a protestar contra un desahucio si te pueden multar con 30.000 euros?”, se plantea Erauskin, quien estudia junto a los miembros de la plataforma cómo hacer frente a la nueva ley.

Las fuerzas de seguridad tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. En el caso de los desahucios, la Ley de Seguridad Ciudadana dificultará la acción de sus activistas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.

“Se está criminalizando por la vía del derecho una cuestión tan habitual en los últimos años como salir a la calle a parar un desahucio”, señala Erauskin. “A los bancos no les gusta que la plataforma se concentre frente a sus puertas o que la policía cargue contra las personas que se oponen a un desahucio que han propiciado ellos. Es una imagen que les daña. Y precisamente por eso, nuestras movilizaciones han conseguido que muchos directores de sucursales se presten a una renegociación que no deje a nadie en la calle. Ahora, no nos queda ni eso”.

La ley habla de “obstruir” la acción de la autoridad, pero ¿qué significa exactamente obstruir?. “¿Colocar una pancarta, gritar, a qué distancia hay que estar de la policía? En estos momentos, todo son dudas”, recalca el abogado de Stop Desahucios Gipuzkoa. Y como ejemplo, recuerda lo sucedido hace unas semanas frente a los juzgados de San Sebastián. “Se celebraba un juicio por una cláusula de IRPH y de manera espontánea se concentraron una veintena de personas al grito de ‘¡Sí se puede!’. La Ertzaintza se llevó a una persona detenida y le multó con 300 euros. ¿La acusación? Que no se había informado previamente de la concentración. Al día siguiente, en el mismo lugar más de 50 personas se concentraron para celebrar una boda gritando ‘¡Viva los novios!’. Y no pasó nada. ¿Qué tipo de justicia se está aplicando?”.