Un mes alcanzó a estar encerrado en su casa Jovino Novoa. Ayer la Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total que dictó el Octavo Juzgado de Garantía el pasado 6 de julio por su participación en el caso Penta. Ahora el coronel UDI solo tendrá que cumplir con dos cautelares: arraigo nacional y firma quincenal.

A Novoa se le imputan varios delitos: evasión del Impuesto a las donaciones, facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas y la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas.

La ausencia de los abogados del SII en la audiencia de ayer despertó sospechas sobre la actuación del servicio en este y otros casos de financiamiento ilegal de la política, como SQM y Corpesca.

Así lo explica uno de los querellantes, que prefiere guardar anonimato: “La ausencia del SII afectó en la medida, que fue un argumento que utilizó la defensa de Jovino Novoa para sostener su pretensión de que cambiaran las cautelares”.

“Esto podría ser indicio de que finalmente el SII va a desistir de la persecución penal en este ámbito, probablemente por presiones políticas que derivan de un acuerdo político para bajarle el tenor a esto”, señala una fuente involucrada.

Esas interpretaciones no son antojadizas. Desde que el ex director del servicio, Michel Jorratt, y el ex subdirector jurídico, Cristián Vargas, abandonaron sus cargos acusando presiones políticas desde La Moneda para frenar la investigación contra SQM, debido a que había figuras oficialistas involucradas, el órgano fiscalizador puso el freno en su accionar y las consecuencias han sido evidentes.

Incluso antes de la salida de Jorratt y Vargas se puso en marcha una operación para frenar la escandalera pública evitando que otras empresas que habrían financiado ilegalmente la política se vieran involucradas en la indagatoria de la Fiscalía. El 12 de marzo el SII hizo un llamado a las grandes empresas para que rectificaran los pagos irregulares que pudieran existir entre 2009 y 2014, y de esa forma dar una salida administrativa al problema y no ser indagadas por delito tributario.

Luego, en una circular emanada el 10 de junio –y con Jorratt y Vargas ya fuera del organismo–, se explicó que existiría un nuevo procedimiento para definir la presentación de acciones legales contra quienes pudieran haber incurrido en delitos tributarios. Ahora será un comité especial –formado por los subdirectores de Normativa, Jurídica y Fiscalización– el que evaluará caso a caso eventuales acciones. Esa política fue instruida por quien reemplazó a Jorratt, el actual director subrogante del Servicio, Juan Alberto Rojas. Este oficializó el triunfo de la llamada “doctrina Escobar”, la que pregona que la utilización de boletas falsas para financiar campañas se trata solo de una falta, la que puede subsanarse aplicando multas y dándole una salida administrativa al problema.

El 28 de julio el ruido generado por el actuar del servicio aumentó luego que el Octavo Juzgado de Garantía suspendiera la formalización al ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, en la causa SQM, por no existir querella o denuncia del SII en su contra. Al dirigente se lo acusa de recibir más de $400 millones de la minera no metálica, gastos que la propia empresa reconoció como sin respaldo.

Antes de la audiencia de ayer que levantó el arresto domiciliario de Jovino Novoa, el SII no se había ausentado nunca de una de estas instancias. “Da pie a que se levanten sospechas. Esto se debe enlazar a la negativa del SII de iniciar querella criminal por la arista SQM-Salar que a estas alturas es absolutamente inexplicable”, dice una de las fuentes que participan en la causa. A esto se suma que, según indicaron desde el SII, la ausencia se debe a un error del procurador, quien debía revisar el listado de causas y no lo hizo. Según indican varias fuentes, esto es algo que se puede hacer vía electrónica.

Ese mismo martes 28 la Asociación de Funcionarios y la Asociación de Fiscalizadores del servicio hicieron llegar una carta dirigida a los trabajadores del organismo donde manifestaron su preocupación por el “inmovilismo” de la entidad en la persecución penal de los delitos imputados en la causa SQM. Dos días después apareció la querella contra Eguiluz, pero por una parte menor de los delitos que le imputa la Fiscalía al dirigente de la centroderecha.

La ausencia del SII y la libertad de Novoa

Antes de la audiencia de ayer que levantó el arresto domiciliario de Jovino Novoa, el SII no se había ausentado nunca de una de estas instancias. “Da pie a que se levanten sospechas. Esto se debe enlazar a la negativa del SII de iniciar querella criminal por la arista SQM-Salar que a estas alturas es absolutamente inexplicable”, dice una de las fuentes que participan en la causa.

A esto se suma que, según indicaron desde el SII, la ausencia se debe a un error del procurador, quien debía revisar el listado de causas y no lo hizo. Según indican varias fuentes, esto es algo que se puede hacer vía electrónica.

Otras versiones apuntan a que esta era una audiencia pública e indican que la figura del procurador no es relevante para este tipo de casos. Además, agregan, que la fecha de la audiencia era conocida y que debía manejarla la subdirección jurídica del servicio, la que hoy es ocupada por Lucio Martínez, un funcionario de carrera que reemplazó a Cristián Vargas cuando este abandonó ese puesto por diferencias con cómo el SII enfrentaba los casos de corrupción política.

En esta línea, una fuente que conoce el funcionamiento del servicio señala que “es una causa tan importante que hay que mirarla todos los días, revisar siempre la tabla. Puede haber sido un error humano, pero en una causa tan importante hay que estar atento”.

Desde el SII descartan categóricamente que el hecho haya obedecido a alguna instrucción superior y confirmaron que el Subdirector Jurídico solicitó ayer a la Contraloría Interna del Servicio la instrucción de un sumario con el objetivo de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos.

En esa línea, descartan que la ausencia de sus abogados haya sido determinante en la resolución de la Corte de Apelaciones, ya que los antecedentes que dispone el SII en el caso son los mismos con los que cuenta el Ministerio Público, por lo que los argumentos que podría haber planteado en la audiencia son muy similares. En este sentido, dicen, resulta aventurado concluir que la presencia del SII hubiese hecho variar la decisión adoptada por el tribunal.

El misterio del correo

El 30 de julio, la defensa de Jovino Novoa pidió sustituir el arresto domiciliario total por firma quincenal y arraigo, lo que fue rechazado por el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Marcelo Rojas. El abogado del ex senador de la UDI, Matías Balmaceda, apeló el sábado 1 de agosto y la medida fue concedida por el magistrado Rojas y elevada a la Corte de Apelaciones.

Lo que corresponde en cualquier proceso de este tipo es el envío de un correo electrónico a todas las partes que intervienen en el caso Penta, notificando la decisión del Octavo Juzgado y avisando que la causa sería vista por la Corte de Apelaciones.

Al menos, dos abogados que son parte del caso aseguran no haber recibido dicho correo. “Si no lo hubiese recibido, el SII puede alegar la nulidad de la vista de la apelación por no haber sido válidamente emplazado”, sostiene uno de los profesionales que no fue notificado. Aunque no se puede obviar la falla del procurador del SII que no revisó la tabla diaria de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, como informó el propio Servicio. “Es peleable si el servicio alega que no le llegó”, afirma el abogado consultado.

Agrega que aunque se trata de un asunto procesal, revela que “el SII no se comporta con la diligencia debida en el control de las causas que tramita”.

Desde el SII no se respondió a El Mostrador si recibió o no el correo y si pedirá la nulidad de la apelación en caso de no haber ocurrido.

"Si el SII fue notificado por correo y tomó la decisión de no alegar es solamente por una decisión política institucional o del gobierno central”, plantea el abogado.

Dentro y fuera del Servicio ha habido numerosas críticas por la demora de presentación de querellas que permitirían seguir adelante con las causas por delitos tributarios que afectan a la Nueva Mayoría.

Matías Balmaceda, defensor de Jovino Novoa, entregó otra versión: aseguró que el martes 3 de agosto, a las 12:30 hrs., el Octavo Juzgado de Garantía envió un correo a las partes intervinientes –el SII, la Fiscalía y la defensa de Novoa– informando la decisión y que la causa sería vista por la Corte de Apelaciones. Asegura que no tenía que llegarles a todos los abogados de la causa, sino a los que participaron en la audiencia donde pidió sustituir las medidas cautelares del ex senador de la UDI.

Cree que se trató de un error del procurador del SII y que, para efectos de la defensa, la ausencia del Servicio en la audiencia no tuvo mayor implicancia en la decisión favorable de la Corte a su cliente. Dice que no lo usó como argumento y que solo dijo que le llamaba la atención que no se hubiera presentado el SII.

Uno que sí recibió el famoso correo fue el abogado querellante del PS, Enrique Aldunate, quien de todas formas afirma que tal notificación llegó tarde, pero que “obviamente para los abogados este tema es muy exigente y no tenemos excusas en estas situaciones. En el caso puntual de este hecho, la notificación de que se había concedido el recurso de apelación llegó en la tarde, y en un cálculo inicial uno podría haber pensado que se realizaría el día subsiguiente”.