Nick Buxton

Atribuirle el cambio climático al capitalismo no es precisamente el pensamiento predominante, pero también ha dejado de ser un tabú. La escritora y activista canadiense Naomi Klein ha contribuido a popularizar las razones, pero ahora esta idea está teniendo eco en círculos menos habituales. En agosto de 2018, un grupo de científicos finlandeses contratados por el secretario general de Naciones Unidas advirtió de que el actual sistema económico no puede afrontar las múltiples crisis sociales y ecológicas que se están desarrollando. A comienzos de este año, el vicepresidente de la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, admitió que ante el cambio climático “tenemos que cambiar el capitalismo. Eso es lo que realmente está en juego”.

Es, sin duda, un avance positivo que cada vez más personas relacionen nuestro sistema económico con la destrucción ecológica. Se presta mucha menos atención, sin embargo, a los vínculos entre los aspectos medioambientales y el militarismo y la seguridad. Es una omisión sorprendente dado el poder que detentan los militares y la forma espectacular en que dicho poder ha aumentado en las últimas décadas. Si tenemos en cuenta que el cambio climático va a aumentar de forma radical la inestabilidad y la inseguridad, analizar el papel de los militares en un mundo afectado por el cambio climático adquiere aún mayor relevancia.

Porque mientras los políticos han demostrado ser incapaces de tomar las decisiones necesarias para detener el agravamiento del cambio climático, no han tenido dificultades en encontrar financiación para exigencias de “seguridad”. El gasto militar mundial ascendió a 1,74 billones de dólares (1,53 billones de euros) en 2017, equivalente a 230 dólares por cada habitante de la Tierra –y casi el doble de lo que se ha invertido desde el final de la Guerra Fría–. Los sucesos del 11 de septiembre en particular alimentaron una guerra universal contra el “terror” y una oleada de gastos militares prácticamente ilimitada. Y a medida que los gobiernos gastaban más, a su vez reforzaban el poder e influencia de las corporaciones militares (como Lockheed Martin en EE. UU. e Indra en España) que ahora ayudan a proyectar y redactar políticas en materia de seguridad en todo el mundo, lo cual les reporta mayores beneficios.

Naomi Klein ha llamado la atención sobre el “caso épico del momento histórico inoportuno” de la revolución neoliberal mundial que ha alcanzado una lugar dominante justo cuando necesitábamos una regulación corporativa y una transición planificada hacia economías con bajas emisiones de carbono. Yo diría que un caso igualmente importante de momento inoportuno ha sido el descomunal crecimiento del complejo militar-defensivo-industrial justo cuando las repercusiones del cambio climático se han hecho cada vez más evidentes. Esto llevará con casi toda seguridad a que, en respuesta al cambio climático, los militares adquieran un papel aún más significativo –con consecuencias para todos nosotros–.

El puño escondido

Para comprender el poder de los militares hoy en día, es importante trascender los presupuestos en constante aumento y las guerras interminables (como la guerra en Afganistán, que lleva ya 17 años) para ver el consenso creado de que, para mantenernos a salvo, necesitamos cada vez más “seguridad” en todas partes. Hoy en día, las grandes empresas del sector armamentístico no solo venden armas, sino diversas soluciones en materia de “seguridad”, desde cámaras de videovigilancia en barrios urbanos a bases de datos biométricos para el almacenamiento de huellas dactilares y hasta sistemas de radares de alta tecnología en fronteras cada vez más militarizadas. Este mercado ha crecido de una forma desmesurada: un cálculo modesto sugiere que, en 2022, la industria de la seguridad nacional mundial valdrá 418.000 millones de dólares.

Algunos de los nuevos gigantes de la seguridad participan de forma perversa tanto en la creación de inseguridad como en la provisión de soluciones a la misma. Un informe elaborado por el Transnational Institute en 2016, mostraba que tres de los fabricantes de armas europeos más importantes que venden al norte de África y Oriente Medio –Finmecannica, Thales y Airbus– también son algunos de los principales adjudicatarios de los contratos para militarizar las fronteras de la UE. En otras palabras, se benefician por partida doble –primero de alimentar las guerras que generan refugiados y después de proporcionar la tecnología e infraestructuras que impiden a los refugiados encontrar un lugar seguro–.

Por lo tanto, es artificial definir el militarismo como algo relacionado únicamente con las guerras en el extranjero, pues también concierne a las respuestas cada vez más militarizadas en el ámbito nacional –aquellas en un principio dirigidas a las comunidades marginadas (musulmanes, inmigrantes), después a los activistas, después a los trabajadores que prestan asistencia humanitaria y, en última instancia, a todo el mundo–. Esta militarización (y la correspondiente criminalización) avanza cada día en todo el mundo. En el Reino Unido, por ejemplo, un programa de vigilancia a gran escala señaló, en 2015, a 4.000 personas como extremistas potenciales, de los cuales, más de una tercera parte eran niños. En EE.UU., los manifestantes tanto de Black Lives Matter como de Standing Rock se han tenido que enfrentar a vehículos blindados a prueba de minas, así como a drones. En Honduras, más de 120 personas fueron asesinadas, entre 2010 y 2016, a manos de grupos paramilitares por oponerse a la explotación maderera, la minería y las represas.

El influyente abogado neoliberal y comentarista estadounidense Thomas Friedman explicó las razones de esta respuesta militarizada–y de un modo bastante más honesto de lo que cabría esperar–: “La mano invisible del mercado no puede funcionar sin un puño escondido. McDonald’s no puede prosperar sin McDonnell Douglas, el diseñador del F-15. Y el puño escondido que mantiene el mundo a salvo para que las tecnologías de Silicon Valley prosperen se llama el Ejército, las Fuerzas Aéreas, la Armada y los Marines de EE.UU.”. Dicho de otro modo, el capitalismo y el militarismo (en particular el imperialismo de EE.UU.) no son dos fuerzas paralelas, sino que están inextricablemente entrelazadas.

Lo que Friedman no señala, sin embargo, es que el puño escondido no solo está ahí fuera, en el “mundo”, sino que también está en casa.

La conexión entre el ejército y el petróleo

Los estrechos vínculos entre el capitalismo y el militarismo se pueden observar en el propio funcionamiento del ejército de EE.UU.. Hoy en día, desplegar la mayoría de los efectivos militares exige ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, lo que significa que el Pentágono es el principal organismo consumidor de petróleo. Tan solo uno de sus aviones, el B-52 Stratocruiser, consume aproximadamente 12.620 litros a la hora, más o menos la misma cantidad de combustible que usa el conductor de un coche medio en siete años. A pesar de la enorme “huella” de carbono que dejan, en los países industrializados la contribución del sector militar ni siquiera se evalúa adecuadamente y está exento del Acuerdo de París estipulado por Naciones Unidas. Por supuesto, si sus emisiones fueran debidamente contabilizadas, estaríamos aún más lejos de cumplir el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de dos grados centígrados.

El papel que desempeñan las fuerzas armadas es aún más significativo si se tiene en cuenta para lo que son movilizadas –en particular la vasta infraestructura militar de EE.UU., formada por más de 800 bases con sus flotas navales y aéreas–. Está claro que se despliegan principalmente en regiones ricas en petróleo y recursos y cerca de rutas estratégicas de transporte marítimo que mantienen en funcionamiento nuestra economía globalizada. Y este enfoque no es un caso aislado de EE.UU.. El grupo de investigación Oil Change International calcula que hasta la mitad de todas guerras entre estados que ha habido desde 1973 han sido por el petróleo.

La violencia policial contra las poblaciones a menudo también está relacionada con la protección para hacer frente a la resistencia que se ofrece ante proyectos de combustibles fósiles, industrias e infraestructuras. Constatamos, una y otra vez, que los activistas medioambientalesse enfrentan a la violencia cuando desafían a las industrias extractivas. La organización de derechos humanos Global Witness observó en 2015 que cada semana son asesinadas tres personas por defender sus tierras, bosques y ríos en su lucha contra de las industrias extractivas.

Una confluencia catastrófica

El puño escondido del capitalismo no es un fenómeno nuevo –el poder económico siempre ha empleado la violencia para protegerse–, pero en las últimas décadas también se ha acelerado. Tras el 11 de septiembre, sin duda se produjo un impulso que legitimó un aumento descomunal del gasto militar y la violencia estatal. Sin embargo, también es probable que una crisis ecológica más generalizada haya avivado la respuesta militar.

El estudio del Centro de Resiliencia de Estocolmo muestra que existen nueve procesos ecológicos fundamentales que regulan la estabilidad y resiliencia de la tierra de la que dependemos. La humanidad ya ha traspasado los límites relativos a la pérdida de la diversidad biológica y a los cambios en los ciclos de los nutrientes (nitrógeno y fósforo), y está en una situación peligrosa en lo que respecta al cambio climático y al uso de la tierra.

Respaldado por una “carrera a la baja” corporativa -en la que las multinacionales buscan constantemente eliminar normas y costes que limiten los beneficios–, señala en particular a las industrias extractivas que chocan contra nuestros límites ecológicos y se establecen en los últimos territorios sin explotar. La gente se ve obligada a resistir, no solo para evitar la contaminación o la corrupción, sino para poder sobrevivir. Su firme resistencia se ha topado con una represión severa.

La “declaración de guerra” de Canadá contra sus naciones originarias

Hechos recientes ocurridos en Canadá nos muestran esta realidad de cerca. En 2013, la empresa energética Kinder Morgan anunció que construiría un oleoducto desde Alberta hasta la Columbia Británica directamente a través de una zona sensible desde el punto de vista medioambiental y a través de los territorios de más de 100 “Naciones Originarias”. El anuncio provocó una enorme oposición, hasta el punto de que la empresa finalmente anunció que abandonaba el proyecto debido a “riesgos legales”. Sin embargo, en lugar de retractarse de un proyecto petrolífero tóxico, el estado dobló su apuesta y en la práctica acabó nacionalizando el oleoducto.

Un caso judicial de agosto de 2018 declaró en favor de los manifestantes –donde se señalaba la falta de consultas constitucionales con la Naciones Originarias y la ausencia de un análisis medioambiental sobre el aumento del tráfico de petroleros en el mar de Salish. Es una demora importante, pero está claro que es poco probable que el estado canadiense, dominado por los intereses petroleros, se eche atrás –y, en última instancia, utilizará la fuerza para imponer el proyecto. Tal y como se ha hecho en innumerables proyectos de extracción de combustibles fósiles por todo el mundo.

Y los que se han enfrentado a la violencia creen que no les queda más remedio que resistir. Tal y como observó Kanahus Manuel, de Secwepemc Nation en Canadá: “Todo emana de la tierra. Si se destruye la tierra, nos destruimos a nosotros”. Es comprensible, por lo tanto, que ella, junto con una coalición de organizadores indígenas, calificara las acciones del gobierno canadiense de “declaración de guerra”. Kanahus prosigue: “Lo creemos literalmente. Llamarán a los militares. Es la pauta nacional emplear la criminalización, la acción civil y otras sanciones para reprimir la resistencia indígena a estas políticas mediante la aplicación del peso de la ley y el uso de las fuerzas policiales contra los individuos y comunidades indígenas”.

Una adaptación militarizada

A medida que los efectos del cambio climático se agravan cada vez más, es probable que aumente esta tendencia hacia una respuesta militarizada. Puede que Trump no crea en el cambio climático, pero su ejército sí, y ya está haciendo planes para abordar sus consecuencias. La velocidad del deshielo en el Ártico llevó este año a la Marina de EE.UU. a anunciar que está revisando su estrategia en la región con un probable aumento de buques armados y tropas. En mayo de 2018, Australia se sumó a la Unión Europea y EE.UU. para declarar el cambio climático una amenaza para la “seguridad” y advertir de los peligros de “la migración, la inestabilidad interna o los movimientos insurgentes dentro de los Estados… el terrorismo o los conflictos transfronterizos”, que necesitarían “gran variedad de respuestas en materia de Defensa”.

Cuando los ejércitos y las fuerzas de seguridad son las instituciones más fuertes y mejor financiadas de nuestra sociedad, no podemos sorprendernos de que se conviertan en las instituciones predeterminadas para afrontar los efectos del cambio climático.

Las respuestas mayoritarias de los Estados de EE.UU. y la UE a los refugiados es uno de los augurios más perturbadores de lo que podría parecerse a una adaptación climática militarizada. La respuesta predeterminada de las naciones ricas industrializadas a los refugiados no ha sido mostrar solidaridad o compasión, sino que, cada vez con más frecuencia, se hace todo lo posible por mantener a los refugiados fuera –ya sea militarizando las fronteras, apoyando a dictadores, manteniendo a los refugiados en campos de concentración o forzando a la gente a hacer viajes tan peligrosos que miles de personas mueren en el intento–. Es una abominable demostración de crueldad que, sin embargo, se está convirtiendo en la triste norma. Cuando sabemos que los efectos del cambio climático solo será un factor añadido a la presión para emigrar, el futuro se prevé funesto.

La verdad es que hemos normalizado la violencia por parte de los Estados. Ya no vemos las cámaras de videovigilancia en nuestras calles, las vallas de alambre de espino en nuestras fronteras, los blindajes de la policía, los refugiados en los campamentos porque ya no es algo inusual. Esta normalización significa que hay un creciente peligro de que las soluciones de defensa ante el cambio climático no sean solo esta respuesta predeterminada, sino que además sean prácticamente imperceptibles.

Romper con los parámetros de referencia

Deshacer este consenso en favor de la seguridad en vez de la solidaridad no será tarea fácil. Una herramienta que podría ayudar es el concepto de “cambiar los parámetros de referencia” puesto que puede ayudarnos a entender este proceso y puede darnos alguna pista de cómo deberíamos empezar a forjar otra vía. El ecologista Daniel Pauly se inventó este término para referirse a la forma en que los científicos especializados en pesca establecerían sus “normas” para mantener los caladeros en buen estado teniendo en cuenta el estado de agotamiento en que se los encontraron en lugar del estado intacto en que se hallaban originalmente. La mayoría de los científicos ya no recordaban los mares repletos de grandes peces porque habían aceptado el mar devastado como lo normal.

Sin embargo, en el mundo de la pesca, se ha dado respuesta a esto mediante el establecimiento de reservas marinas. Si se hace de la forma debida y se protege de las embarcaciones de arrastre (en lugar de los pescadores a pequeña escala), puede derivar en una recuperación espectacular de la fauna y hábitats marinos. Y lo que es más importante, sacan a la luz los peligros de la sobreexplotación de los mares y la posibilidad de adoptar un enfoque distinto.

Necesitamos un enfoque similar respecto a la seguridad –mediante la creación de ejemplos de enfoques alternativos a la militarización en el ámbito local y estatal–. Necesitamos demostrar que militarizando nuestra respuesta a los asuntos sociales y ecológicos, como el cambio climático, únicamente se agravará el impacto sobre los más vulnerables. Pero también necesitamos discutir y movilizarnos en contra de esta militarización de la sociedad en cualquiera de sus formas y demostrar la posibilidad de adoptar un enfoque distinto. Esto puede hacerse de muchas formas, desde sencillos planes de adaptación climática que prioricen la solidaridad en lugar de la seguridad –como los impulsados por el movimiento de las Comunidades en Transición– hasta la red de ciudades que ofrecen asilo a los refugiados –y hasta los manifestantes de Black Lives Matter que exigen que la policía rinda cuentas en EE.UU.–. Todos estos esfuerzos pueden empezar a ralentizar el imparable avance hacia la militarización de nuestro planeta. Los defensores del clima han empezado a frenar la maquinaria de los combustibles fósiles, y lo que necesitamos ahora es empezar a echar arenilla en los engranajes del complejo militar-industrial-defensivo.

Nick Buxton es asesor de comunicaciones y colabora como redactor y coordinador de las comunidades de aprendizaje digital del TNI.

Traducción de Paloma Farré

Fuente: https://ctxt.es/es/20181024/Politic...