El mes pasado, uno de los eventos más relevantes de la política nacional fue la modificación a la Constitución para el rediseño de la Guardia Nacional, que se consiguió tras largas semanas de deliberación en el Senado. Los desvelos fueron constantes y tanto los grupos parlamentarios de oposición como las y los senadores de Morena amanecieron el 19 de febrero anunciando un acuerdo que básicamente garantizaba, a pesar de los cinco años de prolongación de la milicia en las calles, la conformación de una Guardia Nacional de carácter civil que sería encabezada por una institución no militar y cuyos procesos de formación y reclutamiento estarían a cargo de personal civil.

Hubo quien ante la confirmación de un lustro como plazo para el retiro de militares como estrategas de la seguridad pública, decidió no celebrar que de lo perdido lo ganado significara gran cosa. Otros asumiendo lo perdido, insistimos en la urgencia de fortalecer a las policías como cuerpos de operación civil que responden a facultades del fuero común. Y con lo ganado se identificó la posibilidad de que, si en esos cinco años en las calles las fuerzas armadas continuaban cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el marco constitucional reformado para la Guardia Nacional otorgaba criterios aplicables también para ellos.

Hubo también quienes advirtieron que se dejaban vacíos para reforzar la militarización, y que podían ser mal interpretados en la regulación secundaria para hacer de la Guardia un cuerpo militar de pies a cabeza.

Lo que no hubo fue quien imaginara que, sin contar con regulación secundaria y a pesar de tener blindada la participación del grupo castrense durante casi todo el sexenio, se hiciera una propuesta de reclutamiento de integrantes de la Guardia Nacional que estuviera en manos de las fuerzas armadas. El anuncio se hizo sin ninguna consideración al texto constitucional que aprobó el Congreso. Lo que enciende alarmas de alerta cuando el Presidente advierte en sus conferencias de prensa que aún sigue contemplando la posibilidad de poner a la cabeza de la Guardia no a un militar en retiro, ni a un militar en licencia, sino a un militar en activo.

Además de este escenario que nos devuelve la frustración, la Secretaría de la Defensa ha decidido negar nuevamente información sobre los registros de civiles abatidos en los 495 enfrentamientos que tuvo de 2006 a 2018, solicitados por el CIDE. Cuando el PRI gobernaba con Enrique Peña Nieto, la Sedena negó 11 veces la información. Ahora el panorama le daba una oportunidad para rectificar, con la instrucción del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, pero el Ejército mantiene su postura de opacidad.

Pensamos que llegó el momento de dejar atrás la presentación de evidencia de la fallida estrategia de guerra contra el crimen, para iniciar una transformación de fondo con la Guardia como institución civil garante de la seguridad, pero parece que gobierno actual no está convencido. ¿Nos adelantamos cuando celebramos que la Guardia contaba con garantías constitucionales para que ser una institución civil? Nunca imaginamos que la disyuntiva del gobierno entre cumplir o no la Constitución nos daría la respuesta.

@maiteazuela