El Banco de México intenta evitar el descalabro de la segunda economía latinoamericana. En una serie de medidas sin precedentes, el banco central ha anunciado este martes la inyección de 750.000 millones de pesos, unos 30.000 millones de dólares al cambio de hoy, que suponen un 3,3% del PIB. El objetivo principal de esta operación de salvamento es facilitar el acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas, en peligro de quiebra por la suspensión de actividades provocada por el coronavirus. Se trata de una facultad, la de prestamista de último recurso, que la institución no había utilizado hasta ahora, según los analistas consultados. De esta forma, el banco central pretende dar aire a millones de empresarios ante el pasmo de la Secretaría de Hacienda, que no ha presentado un plan de emergencia contundente para la crisis económica que se avecina.

La institución toma esta decisión excepcional en un contexto excepcional. El FMI y la Cepal auguran una reducción superior al 6% del PIB para este año, una de las peores caídas de la región. Además, tres agencias redujeron recientemente la calificación de la deuda soberana y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Para la petrolera, dos agencias la redujeron a bono basura con el consecuente incremento en los intereses para endeudarse. El Banco apunta al impacto negativo de la pandemia sobre los mercados financieros, así como a la “abrupta caída” de los precios de petróleo, para justificar la reducción de 50 puntos en la tasa de interés hasta llegar al 6% y el despliegue de las “medidas adicionales” que la acompañan.

Dentro de la lista, destaca la ampliación del alcance de un mecanismo de liquidez dirigido a bancos y la creación de una ventanilla para el intercambio de títulos de deuda por valores gubernamentales. Sin embargo, la medida de mayor peso va dirigida a facilitar el acceso a crédito a pequeñas y medianas empresas. El Banco apoyará con 250.000 millones de pesos, 10.000 millones de dólares, a bancos de desarrollo y comerciales que busquen aliviar a este sector de la economía, el más vulnerable al choque provocado por la suspensión de actividades no esenciales.

La economista Valeria Moy apunta a que este apoyo supone un “respiro” para la economía ante un respuesta gubernamental que, al igual que muchos otros analistas, considera insuficiente para abordar el tamaño del problema. “Va en la buena dirección, aunque es terreno desconocido”, señala la directora del centro de análisis México, ¿cómo vamos? “El Banco nunca había utilizado esta facultad de prestamista que yo recuerde. La Reserva Federal de EE UU está haciendo lo mismo”.

Este apoyo se da en paralelo a la principal apuesta del Gobierno mexicano para la reactivación económica - la entrega de unos tres millones de créditos de 25.000 pesos cada uno a empresas tanto del sector formal como informal-. La medida de política monetaria anunciada este martes puede llegar a complementar este punto de la agenda del Ejecutivo, aunque existen diferencias sustanciales entre uno y otro programa. A diferencia del apoyo gubernamental, los recursos del Banco de México excluyen a las empresas informales y su distribución pasa por las instituciones bancarias, quienes decidirán la cuantía de los préstamos y las condiciones para acceder a los mismos.

Para el economista José Luis de la Cruz, la pregunta es si a las compañías les interesará contratar crédito en un momento de tanta incertidumbre sobre la duración de la contingencia. “Es positivo pero creo que, de inicio, las empresas que se van a poder beneficiar son aquellas con una expectativa positiva una vez pase la parte más fuerte de la contingencia”, apunta. “Algunas podrían ver que la situación de la economía no va a ser tan favorable en el resto del año como para poder manejar el pago de deuda más los intereses”.

En ese sentido, el éxito de la estrategia de inyección de liquidez del Banco de México puede depender de la acción del Gobierno, hasta ahora muy reticente a aliviar la carga tributaria de las empresas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado condonaciones, reducciones o diferimientos de impuestos. Las medidas fiscales adoptadas por el Ejecutivo suponen menos del 1% del PIB, según el FMI, un porcentaje muy inferior al peso de los paquetes de estímulo de la mayoría de grandes economías latinoamericanas.

Frente a esta reticencia, De la Cruz señala que se necesitaría una política fiscal “en la misma dirección” que la monetaria y abrir la puerta a diferimientos de impuestos para animar a las empresas a pedir préstamos. “O, si no hay esa política fiscal, al menos una política de directrices con el sector bancario para rebajar los requerimientos de acceso a crédito”, apunta. “Para asegurarse que estos recursos del Banco de México llegan realmente a la economía”.

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