Paul Bekaert, el abogado flamenco que representa a Puigdemont en Bélgica. YVES HERMAN (Reuters) | EPV

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves a la juez Carmen Lamela que ordene la busca y captura nacional e internacional de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos. Junto al expresident de la Generalitat están en Bruselas los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

Según el ministerio público es un “hecho notorio y públicamente conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado “reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como “reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”.

Además de las órdenes de busca y captura y detención nacional e internacional, la fiscalía solicita a la juez que “practique las gestiones necesarias en atención a emitir sendas Órdenes Europeas de Detención dirigidas a las autoridades belgas”. La orden del juez pasará a Policía Nacional, que la trasladará a la policía belga. Cuando se ejecute en Bélgica, será un juez de ese país quien estudie su entrega a España.

La fiscalía belga ha asegurado que en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla, según las fuentes consultadas. La diplomacia española en Bélgica asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial. Los abogados de Puigdemont, en especial el belga Paul Bekaert, ha asegurado en los últimos días que intentará evitar la detención en caso de que se emita esa euroorden, informa Claudi Pérez.

Para los exconsellers que sí se han presentado en la Audiencia Nacional la fiscalía ha pedido prisión incondicional, excepto para Santi Villa, el único que ha colaborado con la Justicia y ha declarado ante la juez, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros con la que podría eludir la cárcel.

Antes de conocer la decisión de la Audiencia, Paul Bekaert, el abogado belga de Puigdemont afirmó esta mañana que intentaría evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursaba la orden para su detención. En declaraciones a la televisión holandesa HLN, Bekaert ha considerado que si lo detienen "lo convertirán en un mártir". El abogado ha afirmado que "parece que por ahora se quedará [en Bélgica, Puigdemont]. Doy por hecho que en los próximos días nos volveremos a reunir".

La detención no será inmediata

En cuanto a los próximos pasos, Bekaert ha señalado que "el juez español puede ordenar su detención. Puede emitir una orden de detención internacional y europea, y solicitar su extradición". "Eso llevará un tiempo, porque tal orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en el parquet federal (Fiscalía) en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción".

También esta mañana el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, recordó al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que como investigado tiene "el deber de comparecer" ante la Audiencia Nacional, que lo citó para este jueves junto al resto de su Govern por presunta rebelión, sedición y malversación. Antes de presidir una reunión de la comisión permanente del CGPJ, que excepcionalmente se ha celebrado en Barcelona, Lesmes también ha valorado que cuando un investigado no comparece a una citación judicial la "situación normal" es que se curse una orden de detención.

"Cuando no se comparece ante la citación de un juez, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, normalmente se cursa una orden de detención. Esa es la situación normal aquí, en Bélgica, Alemania,... Existe el deber de comparecer ante una citación judicial", ha insistido.

"Ha habido una querella por delitos graves, y lo que no puede ser es que se tarde semanas en realizar la citación de las personas querelladas. Esto es lo normal, que se les cite con carácter inmediato y que se tarde dos o tres días. No hay nada anormal", ha apuntado respecto a la premura en la admisión a trámite de las querellas y de la citación a los imputados.