Las finanzas avanzan sobre los sistemas de protección social. Lo hacen con fondos de pensiones, seguros privados de salud, préstamos educativos, etc. Pero también con micro-créditos para los pobres.

El mercado de micro-créditos se expande con variadas promesas: 1) baja los niveles de pobreza por ingresos; 2) promueve el espíritu “emprendedor” de los carenciados; 3) alimenta la autoestima y el esfuerzo personal de los deudores; 4) elimina los mercados informales de crédito; 5) cuando se dirigen a las mujeres, que son mejores pagadoras que los hombres, se presentan como instrumentos para empoderarlas en el hogar. Esta retórica busca juntar principios que parecían antagónicos: filantropía con negocios, caridad con emprendimiento individual, renta financiera con inclusión social.

La experiencia internacional y local no convalida estas pretensiones y demuestra que los verdaderos beneficiarios en este mercado son los prestamistas que logran incorporar una cartera masiva de clientes que, pese a sus magros ingresos, registran altas tasas de repago debido a diversos mecanismos de control económico y social. En muy pocos casos los deudores alcanzan los logros prometidos más allá de circunstanciales mejoras en sus ingresos vinculadas a emprendimientos más colectivos que individuales.

Una variante son los micro-créditos operados desde el Estado, como parece ser el programa anunciado por la ANSES para beneficiarios de la Asignación por Hijo y de pensiones no contributivas. En este caso el propio Estado garantiza el pago porque lo deduce de los beneficios sociales que paga regularmente con programas de transferencias de ingresos a las personas. Así, en lugar de aumentar los beneficios o ampliar estos programas, con los micro-créditos se transforma a los ciudadanos en deudores y a los beneficios sociales en “garantías colaterales de pago” de préstamos. Mientras aumentan los ingresos corrientes de hoy, se reducen los beneficios que se cobrarían en el futuro.

Lo que se presenta como una política social en la práctica es una colocación financiera; de hecho, los préstamos son parte de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Así se activa un mecanismo de transferencia de ingresos al interior de la propia clase trabajadora: los recursos acumulados con aportes, contribuciones e impuestos pagados por quienes están formalmente empleados, se “invierten” para extraer rentabilidad financiera de los grupos laborales más precarios y de bajos ingresos.

En síntesis, en lugar de pagar la abultada “deuda social” distribuyendo más y mejores beneficios pagados con impuestos progresivos (por ejemplo, garantizando un ingreso ciudadano universal e incondicional), el Estado argentino promueve el endeudamiento ciudadano.

Esta supuesta “inclusión financiera” es un eufemismo que oculta el sostenido movimiento desde un Estado de Bienestar que buscaba proteger colectivamente a la población de los riesgos propios de la división del trabajo, hacia un Estado endeudado y que endeuda a la ciudadanía para que busque salidas individuales a sus necesidades humanas.

Rubén M. Lo Vuolo es economista. Director académico del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Política Pública (CIEPP)