La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una coalición de ONG especializadas en este ámbito, ha dado un tirón de orejas a España por el "aumento de la represión" de activistas que defienden los derechos de los migrantes y el "uso excesivo de la fuerza" para dispersar protestas pacíficas.

Helena Maleno no ha sido la única: otros activistas señalados por defender a los migrantes

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Con motivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra hasta el 23 de marzo su trigésimo séptima sesión en Ginebra, la organización ha emitido una declaración pública dirigida a los relatores especiales de la ONU sobre la tortura y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Nils Melzer y Michel Forst, en los que expresa su preocupación por el estado de los derechos humanos en varios países, entre ellos España.

Así, la OMCT recuerda que las personas "no pueden perder su protección contra la tortura y los malos tratos" mientras participan en las protestas, recogiendo las denuncias incluidas en el informe de Melzer sobre el uso de la fuerza con fines extrajudiciales presentado el pasado julio a la Asamblea General. Y, añade la organización sin dar más detalles, "urge a esos Estados donde se ha documentado un uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas pacíficas, como la República Democrática del Congo, Togo, Sudán, España u Honduras, a que mantengan la prohibición de la tortura y lleven a cabo investigaciones rápidas y eficaces".

Sus críticas se unen a las vertidas por varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que denunció en su informe anual, publicado el pasado 22 de febrero, el "uso excesivo de la fuerza" contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad españolas durante las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña. "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona que perdió la visión de un ojo", recuerda la ONG.

Aumento de la represión de activistas

Además, la OMTC ha llamado la atención por la situación de quienes defienden los derechos de las personas migrantes en varios países, y en este caso vuelve a mencionar a España. "Estamos preocupados por el aumento de la represión y estigmatización de los defensores de los derechos de las personas en movimiento en varios países, como México, Grecia, España y Francia, así como por las leyes restrictivas que tienen un serio impacto en los esfuerzos de la sociedad civil, como por ejemplo en Hungría".

La labor de los activistas que denuncian las violaciones de derechos humanos la frontera sur española, ha sido puesta en entredicho en varias ocasiones. El último caso ha sido el de la defensora Helena Maleno, citada a declarar el pasado diciembre en un juzgado marroquí por sus llamadas a Salvamento Marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar. El juez aún tiene que decidir si abre juicio contra Maleno o cierra el caso.

El proceso judicial marroquí tiene su origen en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central). En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito de la investigación.

Decenas de ONG llevan años denunciado el "hostigamiento" y la "criminalización" de la labor de Maleno y también han recordado otros casos de activistas españoles señalados por su actividad, como las integrantes de la organización Harraga o José Palazón, de PRODEIN.

"Creciente tendencia a privar de libertad a migrantes"

Por otro lado, la OMTC se ha mostrado preocupada por la situación de los derechos de los migrantes en varios países y la "creciente tendencia de los Estados a recurrir a la privación de libertad" de estas personas "como práctica rutinaria u obligatoria". La organización apoya así las declaraciones del relator especial de la ONU sobre la tortura, que el pasado jueves presentó su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos.

Melzer concluyó entonces que ciertas políticas y prácticas que los gobiernos utilizan para desalentar o evitar la llegada de inmigrantes pueden ser consideradas torturas o malos tratos e indicó que medidas como el encarcelamiento sistemático y por tiempo indeterminado de personas, simplemente por su condición de migrantes, no tiene nada que ver con la protección de las fronteras y "puede representar una privación arbitraria de la libertad".