Sorprendió la decisión de las nuevas autoridades federales de continuar con las obras de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco este pasado domingo.

La ya característica incertidumbre sobre los cursos de acción que seguirá el gobierno de López Obrador respecto a sus promesas de campaña contribuyó a que muchos incluso pensaran que se había dado marcha atrás a la decisión de cancelar la obra.

No es así. La decisión de cancelar la obra sigue firme. A lo que se enfrenta el nuevo gobierno ahora es a los costos financieros y económicos de primer y segundo orden de su decisión. En ese entendido, la prioridad es evitar cometer un default técnico: esto es, que el prestatario incumpla con alguna o varias provisiones del acuerdo del préstamo aún cuando no suspenda los pagos.

En el caso de los bonos verdes conocidos como MexCAT, acrónimo de Mexico City Airport Trust ó Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, la provisión central del acuerdo es que el objetivo de los recursos es construir el aeropuerto proyectado en Texcoco. Si el gobierno decidiera cancelar la aplicación proyectada de esos recursos ó utilizarlos para otros fines –Santa Lucía-, inmediatamente se expondría al default técnico vía demanda judicial.

Las consecuencias de un evento como éste se expandirían al total de las emisiones de deuda del Gobierno Federal y sus paraestatales, al ser éste el principal actor participante del fideicomiso. Tal cual como si usted dejara de pagar una tarjeta de las varias que posee: se levanta una alerta inmediatamente en el sistema por la cual solicitar nuevos créditos con cualquier otro intermediario le sería más caro o incluso denegado.

Así, los bonos de PEMEX, CFE, los CETES y los bonos de deuda del Gobierno sufrirían inmediatamente de un encarecimiento en los réditos solicitados por los prestamistas para justificar el riesgo adicional además del retiro de liquidez definitiva de esos mercados por fondos institucionales cuyo perfil les impide invertir en títulos más allá de cierto nivel de riesgo.

Las rebajas de los perfiles de deuda e incluso calificaciones se vendrían en cascada. La posición financiera del nuevo gobierno se vería severamente mermada, a la vez de la estabilidad de las variables macroeconómicas y por ende la evolución de la economía: crecimiento, empleo, inflación.

Ante este escenario, la estrategia central del nuevo gobierno es tratar de que los tenedores de los bonos acepten cambiar las provisiones de los acuerdos de las varias emisiones de MexCATs. La oferta de recompra publicada esta semana ofrece un premium de alrededor de 15% sobre los último precios comerciados el viernes anterior, e incluso ofrece un pago por consentimiento temprano equivalente al 5% por cada 1,000 USD.1

El tema ahora es, entonces, si aceptarán los tenedores el cambio en los llamados indentures –condiciones- de los bonos. Y no parece que vaya a ser el caso, al menos tan fácilmente.

la estrategia central del nuevo gobierno es tratar de que los tenedores de los bonos acepten cambiar las provisiones de los acuerdos de las varias emisiones de MexCATs

La primera señal la dieron hace algunos días un número de tenedores importantes que se agruparon en el llamado MexCAT Ad Hoc Bondholder Group. Este grupo, que incluiría nombres como BlackRock y Sura, representa más del 20% del total del monto total en circulación y tiene como finalidad expresa la defensa por vía legal de sus intereses.2

Una importante segunda señal en contra la dio hoy lunes mismo la firma de análisis CreditSights, donde recomienda a los tenedores de bonos no aceptar los términos del nuevo gobierno. Al no hacerlo, refieren, se asegurarían de tener un lugar en la mesa de negociación. Y aunque recomienda aprovechar la oferta de recompra para reducir exposición al riesgo, estiman que los flujos futuros del TUA bastan para garantizar el pago de los compromisos adquiridos. En otras palabras, no es necesario apresurarse y correr hacia la salida de emergencia.3

Una tercera señal será el éxito o fracaso de esta oferta de recompra: una recuperación menor al monto ofertado será interpretado inequívocamente como que los inversionistas no están de acuerdo en cambiar las condiciones de lo acordado tan fácilmente. Incluso si se logra recomprar el 100% del monto ofertado, otra señal será el precio promedio pagado en la subasta: a mayor nivel, menor el interés en acceder.

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Esta problemática, por tanto, no se presenta de fácil ni pronta solución para la nueva administración federal, que se verá prácticamente forzada a continuar los trabajos en Texcoco en tanto no logre un acuerdo con los tenedores de los bonos. A la vez, éstos saben que tienen la sartén por el mango: son conscientes de que el Gobierno no puede permitirse el default técnico, y por ello están en buena posición para imponer condiciones.

Así las cosas, escapar del callejón sin salida financiera en que se metió el Gobierno de López Obrador con la cancelación del NAICM amenaza con salirle desmesuradamente caro al país. De un modo u otro.