La Fiscalía dispone de nuevos datos sobre la presunta trama de los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid para desviar fondos públicos a sus campañas electorales mediante la adjudicación irregular de contratos millonarios a la multinacional tecnológica Indra. Dos funcionarios de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM), el ente público de la Aadministración autonómica en el que se concentra esta rama del caso Púnica, acaban de remitir un escrito a los fiscales anticorrupción asignados a este procedimiento para comunicar que han detectado pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros por trabajos que no aparecen.

Las sospechan se centran en dos lotes (1 y 3) concedidos al gigante español de las comunicaciones en septiembre de 2010, por un valor total de partida de 15.286.183 euros, para el supuesto “mantenimiento de aplicaciones” de varias consejerías, denominado CMMA3. Por un lado, los dos funcionarios advierten de que este megacontrato, licitado con Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño, ya suponía de inicio un incremento de gasto del 35,2% con respecto al importe de la adjudicación precedente para el mismo servicio de 'software' (CMMA2).

Pero los dos empleados de ICM han hallado otras anomalías tras analizar al detalle ambos lotes. En su denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, aseguran que algunos de los trabajos pagados con dinero público nunca fueron entregados por Indra. “En el sistema de seguimiento del contrato, no se han encontrado anexados los entregables, tampoco se indica información sobre el archivado de los mismos en repositorios corporativos, ni sobre la instalación en los entornos de trabajo y producción corporativos”. Es decir, que no hay constancia de que efectivamente se ejecutaran. En otros apartados, únicamente se ha encontrado un rastro parcial del trabajo que en teoría debió realizarse.

Los funcionarios de la agencia madrileña ponen el acento en otro detalle que les ha llevado a cuestionar la legalidad del proceso. Sobre el papel, esos encargos se efectuaron en un periodo muy corto de tiempo y utilizando una cifra intensiva de mano de obra (hasta 61 personas a la vez para un proyecto de una duración de mes y medio). A juicio de los denunciantes, se trataría de un escenario ilógico, “difícilmente gestionable”, en el que habría sido difícil dar cumplimiento al contrato.

El foco se centra en expedientes que sumarían 2.584.645 euros. Sin embargo, según los funcionarios de ICM, Indra ni siquiera tendría que haberse llevado los lotes 1 y 3 del contrato CMMA3. La compañía ganó un concurso previo del año 2009 “para la contratación de los servicios para la puesta en marcha y funcionamiento de una oficina técnica de apoyo informático para el desarrollo de los cuadros de mando territoriales (CMT) de la Comunidad de Madrid”. La licitación ascendía a 605.773 euros más IVA, pero fue prorrogada y modificada al alza en otros 522.648 euros para ejecutar precisamente unos trabajos relacionados con los lotes del CMMA3.

Sede de Indra en Madrid. (Indra)

Los funcionarios de ICM han detectado ahora que el encargo de la oficina técnica especificaba en su cláusula 3 que la empresa que resultara “adjudicataria del presente contrato se compromete a no concurrir a ninguna licitación o suscribir contrato alguno cuya supervisión y control sea objeto del presente contrato y esté directamente relacionado con el mismo”. Es decir, que Indra nunca debió resultar vencedora de los lotes 1 y 3 concedidos en 2010 por 15.286.183 euros, según recoge el escrito en poder de Anticorrupción.

La relación de ICM con Indra es clave en la investigación del caso Púnica. El instructor del procedimiento, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, considera acreditado de forma indiciaria que, entre 2007 y 2013, los diferentes gobiernos populares de la Comunidad de Madrid concedieron adjudicaciones infladas a Indra para generar una bolsa de dinero opaco que la multinacional desviaba luego hacia la caja B del PP a través de la red societaria de un empresario del mundo de la educación, Óscar Sánchez Moyano. Los investigadores sostienen que, por esta vía, Génova habría conseguido dos millones de euros extra no declarados para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008. Las licitaciones denunciadas ahora por dos funcionarios de ICM podrían hasta duplicar esa cifra.

El pasado septiembre, el juez acordó la imputación de Aguirre por “fraguar” un plan destinado a inyectar dinero público en la contabilidad de su partido mediante diferentes artimañas, entre ellas, las adjudicaciones a Indra. Por el contrario, el magistrado acaba de archivar la acusación, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, contra el presidente de la cotizada hasta enero de 2015, Javier Monzón, al concluir que varios subordinados han descartado que estuviera al tanto de estas presuntas prácticas corruptas y que, además, tomó medidas para tratar de evitar desviaciones como esas en la conducta de altos cargos de la compañía.