Cuando discutíamos hace unos años la Ley de Medios, decíamos:

(En mi mundo ideal, el cableoperador sería sólo el dueño del hardware cableril y estaría obligado a alquilar el uso de esos cables a diversos proveedores de paquetes de canales compitiendo entre sí; no sé si es factible tecnológicamente).

Aparentemente, las nuevas regulaciones del gobierno implican aproximadamente eso: cualquier dueño de redes (“proveedores de servicios públicos”) puede dar contenidos; pero también tiene que estar dispuesto a ceder su red para que la usen terceros. En parte, como reflexionaba Lousteau el otro día respecto al kirchnerismo en general: “tiene segundas intenciones. Una parte de la sociedad mira las segundas intenciones y otra mira sólo las batallas…Puso el dedo sobre muchas cosas importantes, pero como ese dedo viene siempre sucio de otras intenciones, infecta lo que toca.” En este caso, obviamente, las sucias intenciones pueden ser perjudicar la situación competitiva de Cablevisión.

Anoche Lanata se quejaba por la obligación que tendrán los dueños de redes de proveer su servicio de transporte a terceros. Decía algo así como: “si cualquiera puede brindar contenidos sin poner la red, ¿qué incentivos va a haber para invertir en redes?”. La respuesta obvia es: el incentivo es que podés alquilar el uso de esas redes. Es más: quizás sería más razonable, para evitar conflictos de interés, que -como sostenía en el párrafo citado más arriba- el dueño de la red sea una empresa y los proveedores de contenidos sean otros. Claro que las tarifas de alquiler deberían regularse. Una red tiene características de “monopolio natural”, o al menos oligopolio: una vez que hay una construida, hay pocos incentivos para poner otra al lado. Librado a su propio arbitrio, el dueño de la red puede aprovechar su poder monopólico.

Fíjense lo que está haciendo Peña Nieto en México para el caso de una red de banda ancha: