Pese a que algunas cumplen ya más de 10 años, las redes sociales siguen arrojando inexplicables paradojas. Unos se quejan de que insultar y amenazar es fácil y sale gratis. Otros arguyen que algunos chistes o comentarios irónicos se han convertido en delito. En algunas ocasiones, las dos cosas son ciertas. Pero 2017 deja una lección para todos: ni Twitter ni Facebook son un bar y las palabras vertidas pueden tener consecuencias. Con todo lo que eso significa. La libertad de expresión se ha visto limitada por el Código Penal y va mucho más allá de la red. Tuiteros, músicos o humoristas han sido procesados por esta causa.

“Es verdad que en las redes sociales se pueden cometer delitos, pero no todo es delito”, explica Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Una de las primeras polémicas del año fue la sentencia que condenaba a la de la tuitera Cassandra a un año de prisión por sus chistes sobre el presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco. El tribunal consideró que los 13 tuits suponían una humillación a las víctimas del terrorismo. La sentencia descontextualiza totalmente al personaje público, olvidando que fue un dirigente de la dictadura y poniéndole al nivel de otras víctimas.

La memoria de la Audiencia Nacional de 2016 ya alertaba de que en ese año se multiplicaron los procesos por el artículo 578 del Código Penal: “De los 87 juicios celebrados 38 han sido por enaltecimiento del terrorismo y de ellos la mayoría, 34, han sido cometidos en las redes sociales”.

El documento también advierte de un cambio en el perfil del acusado. Si en su origen se trataba de personas que ponían pegatinas en las paredes o hacían pintadas, hoy son aquellas que cuelgan sus frases en Twitter. 35 de estos juicios tenían como referencia a ETA, que lleva más de siete años sin matar, mientras tres eran por yihadismo.

La condena de Cassandra no fue un hecho aislado. A veces, el castigo a estos delitos tiene nombre propio: ‘Operación araña’, que se ha dividido en cuatro fases y se ha saldado con más de 70 detenidos, entre los que se encuentran algunos tan mediáticos como César Strawberry, cantante del grupo Def Con Dos, al que le cayó un año de cárcel, aunque no entrará en prisión.

Los que si dormirán en el penal, si su recurso no tiene éxito, serán los raperos de ‘La insurgencia’ por letras que la Audiencia Nacional considera que enaltecen a los Grapo y la lucha armada. Aunque, en este caso, hubo un voto particular. Jueces para la Democracia valora esta sentencia como “una noticia triste para la libertad de expresión”. Hay una cara B de estos procesos: la autocensura que acaban provocando: “Hay un efecto de desaliento en el resto de la población. Estas condenas pueden provocar esto en personas que estén tentadas a dejar de recurrir al humor negro” explica el portavoz de la asociación.

Una restricción de la libertad

Estas sentencias se engloban dentro de la llamada jurisprudencia mordaza, en referencia a la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. Sus consecuencias y los procesos antes mencionados hacen que las fuentes consultadas enmarquen todas estas actuaciones en un contexto de restricción.

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“El caso español es muy peculiar. El terrorismo se ha utilizado siempre como comodín. Al grupo Soziedad Alkoholika le hicieron la vida imposible durante años”, explica Héctor Fouce, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que recuerda que “no existe el derecho a no ser ofendido", en referencia a uno de los textos del profesor de Derecho Penal Rafael Alcácer. La democracia consiste en tolerar y ser tolerado”. Fouce hizo su tesis sobre la Movida madrileña, un contexto radicalmente distinto al actual, donde el objetivo de las películas y las canciones era, precisamente, provocar y deshacerse de la imagen en blanco y negro del franquismo. “Incluso, los que no eran de izquierdas sentían la obligación de abrir la mano. Se podía discutir de casi todo”. Hoy ver a un grupo punk como las Vulpes cantando 'Me gusta ser una zorra’ en la televisión pública, como ocurrió en 1983, es prácticamente imposible.

Cada generación tiene sus fantasmas y con ellos lidia. El poder los usa para el control social. Si en los 80 era el franquismo, Fouce ve ahora delitos como el enaltecimiento, que ha dejado tantos muertos en la historia reciente, la excusa para coartar la libertad de creación y expresión: “Cuando la máquina democrática funciona, las cosas son suaves. Pero si los que están en el poder no tienen legitimidad, echan mano de otros recursos. Cuando no pueden imponer su razón política, lo que queda es la represión”.

Los humoristas, en pie de guerra

En los últimos meses, el humor también se ha judicializado. Eduard Biosca, de RAC-1, fue imputado hace unas semanas por injurias al bromear llamando “ratas” a los agentes de policía desplazados a Cataluña en octubre, según publicó Eldiario.es. El actor Toni Albà también tendrá que declarar por un escatológico juego de palabras que tiene a la jueza Carmen Lamela como protagonista.

Pero si hay una publicación acostumbrada a las tensiones con el poder es El Jueves. En 2007 ya sufrieron la censura después de que la Audiencia Nacional secuestrara una portada en la que aparecía el entonces príncipe Felipe y su esposa manteniendo sexo. 10 años después, el director de la revista, Guillermo Martínez-Vela, ha sido imputado por injurias por una viñeta satírica en la que se decía que "la continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Catalunya". "Es una noticia falsa en una lección sobre noticias falsas. Ya hasta la ficción puede ser delito", defiende el dibujante de la publicación Don Julio, que también pertenece a la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM).

No solo se ha restringido esta libertad de expresión y creación, sino que también hay una transigencia mayor del público, que ya no se escandaliza: "Somos más tolerantes con la censura. Antes esto era un escándalo", argumenta Don Julio tras recordar que, en casos así, el foco también se ha desplazado. Mientras antes la población identificaba estos cortapisas como un error del poder, ahora se pone el foco en el humorista, en su intención, en el tono o en a quién ha ofendido. No es solo porque cada vez sean más frecuentes las imputaciones o condenas, también por una sobresaturación de información en los medios que no permite analizar las consecuencias con profundidad. "Había un tiempo donde la gente podía reflexionar sobre los temas, tenía tiempo de sopesar las noticias. Ahora hay un bombardeo sistemático de información. Para cuando se están quejando de una cosa ya tienes que quejarte de otra nueva", reflexiona el dibujante sobre cómo la inmediatez afecta a la capacidad crítica.

En el último mes, los viñetistas están en pie de guerra en las redes contra la censura, no solo juidicial, sino también política y económica a la que se somete a aquellos que se atreven a cruzar la línea. El hashtag en el que vuelcan su indignación es #HumorAmenazado, una etiqueta llena de genialidad al servicio de la libertad de expresión. La plataforma No Somos Delito ha trabajado incluso en 10 mandamientos para proteger los derechos que quedaron dañados con la Ley Mordaza.