A Graciela Fernández Meijide las palabras Conadep y Memoria no le son indiferentes. Merecen un respeto y una preservación especial. Por eso, le resulta escandaloso que la Comisión Provincial de la Memoria, creada para esclarecer violaciones de la dictadura, haya sido convertida por orden del juez Alejo Ramos Padilla en un tribunal que investiga a periodistas por su trabajo en democracia. El organismo que dirige Adolfo Pérez Esquivel presentó esta semana un escrito de 200 páginas a pedido del magistrado de Dolores en el que señala que de las comunicaciones del falso abogado Marcelo D'Alessio “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” con periodistas y medios de comunicación. En un hecho inédito, les apunta con nombre y apellido a un puñado de profesionales: Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Nicolás Wiñazki, entre otros.

Para Meijide, integrante de la Conadep de los años '80, es inaceptable. “Lo primero que hay que hacer -dice- es ir a buscar el origen de la Comisión Provincial de la Memoria. La CPM se creó cuando se acabaron la posibilidades de ir a la Justicia por temas del terrorismo de Estado, después de los indultos y demás. Hubo varias idas y venidas. Estela de Carlotto se separó porque se querían tocar temas que no fueran estrictamente relacionados con la dictadura. Pero desde 2005 se ocupa de los hechos que tienen que ver con la memoria: violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero lo que no puedo entender es cuáles son los poderes científicos y jurídicos que le atribuye el juez Ramos Padilla a un organismo que está conformado por gente que no tiene ninguna de esas especialidades. Y cuyo presidente es el profesor de bellas artes Adolfo Pérez Esquivel. Tiene un Premio Nobel de la Paz por su trabajo de denuncia durante la dictadura. Hasta ahí es meritorio. Pero, ¿qué tiene que ver eso con convertirse en un órgano consultor para un juez que investiga a periodistas porque ejercen su trabajo profesionalmente?”

-Venimos de la polémica por una Conadep para periodistas, ¿no es esto acaso una continuidad o algo que se enlaza a esa idea?

-Antes de que suceda, ya se había advertido que era improcedente convocar a la CPM, pero hay que leer todo esto en el contexto de elecciones que vivimos. Esto encaja como una controversia en la previa de las elecciones. Es un cachivache. Y es grave porque planea sobre todos ustedes, sobre el trabajo de los periodistas, una especie de amenaza. Algún fiscal, algún funcionario judicial va a tener que salir a plantear que esto es una barbaridad.

- ¿Lo lee como una persecución?

- Desde luego, apenas me enteré de esta noticia, lo primero que pensé es qué hacía la Conadep con las denuncias. Nosotros teníamos la lista de personas cuyas familias o amigos denunciaban su desaparición, teníamos la lista de los acusados por esas desapariciones, que eran militares o efectivos de las Fuerzas de Seguridad. Y además sumábamos el testimonio o los testimonios de una personas que hubieran pasado por centros de detención. Decían a mí me torturó fulano de tal, yo vi, esto o lo otro. Pero no lo tomábamos como una verdad. No. Lo poníamos en el armado del expediente y establecíamos que hubiera por lo menos tres testimonios que apuntalaran la denuncia. Así íbamos a la Justicia. Y aún así, cuando el Poder Ejecutivo en un momento tenía que elevar al senado los ascensos de jefes militares nos mandaba el listado y nos preguntaba si alguno de ellos estaba implicado en denuncia alguna. Teníamos todo documentado. Pero nunca decíamos que tal o cual eran culpables. Eso era un tema de otra instancia, que recibía la información y luego procedía. Había abogados, expertos, era un método responsable.

-La CPM prácticamente emite una sentencia, sugiere dar por probado un espionaje.

- Es una locura. Hasta donde yo sé esa comisión no citó a nadie de los nombrados, prescindió de sus testimonios y por sobre todo no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. Y ya sobre los hechos, no hay que dejar de decir que un periodista de investigación pregunta responsablemente a las fuentes a las que tiene acceso, chequea cómo son los hechos y el público después elige si cree o no. Se está persiguiendo una mecánica de trabajo lícita y honesta.

-¿Pero por qué se le da potestad para investigar casi judicialmente a un organismo que no tiene esa potestad?

-Es un disparate. Hay una irresponsabilidad absoluta en la falta de toma de testimonios y en la emisión de una opinión basada en lo ideológico y en el prejuicio. Si querían hacerlo con seriedad, suponiendo que tuvieran la potestad para hacerlo, por lo menos hubieran llamado los nombrados. Decir: estimados, cómo fue esto que dicen sobre ustedes. Pero nada de eso pasó.

-Y entonces, ¿qué piensa que pasará?

- Alguien saldrá a plantear que esto es una barbaridad. Dirá algo el juez, apelarán y finalmente la instancia superior demostrará si es permeable o no a las influencias políticas. En ese sentido es clave lo que suceda el 27 de octubre. Porque esto está atado también a la cuestión electoral. Mientras tanto, la cuestión es que ustedes los periodistas sigan teniendo el coraje de investigar y de exigir la autonomía de poderes, sin caer en la autocensura. Porque finalmente eso es lo que un sector está buscando: que los periodistas dejen de informar.