El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a 60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no finalice el proceso.

El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles, Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de rositas.

Además es importante reseñar que el Tribunal de Cuentas no contempla todas las ayudas públicas que han recibido las entidades bancarias porque ni la financiación concesional que reciben del Banco Central Europeo, ni los créditos fiscales "blindados" por el Estado, ni la protección y aval a los depósitos bancarios figuran entre las ayudas contabilizadas por el organismo.

El resultado parcial del mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público deja muy claro al servicio de quién han estado los sucesivos gobiernos de este país. Desde el momento inicial, el proceso de salvamento fue ocultado al pueblo en su verdadera magnitud y aderezado con un cóctel de mentiras y falsedades que intentó convencer a los ciudadanos de que el sistema financiero español era el más sólido del mundo desarrollado. Los sucesivos gobiernos intentaron minimizar el gravísimo problema y limitarlo a una parte del sector, las cajas de ahorro, que aun siendo entidades bancarias privadas, tenían amplia participación de la sociedad en sus órganos de representación y dirección (partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales e impositores).

Por eso, cuando comenzaron a ser perceptibles los efectos de la quiebra de las entidades, en vez de reconocer el papel esencial que lo público tenía y tiene en la protección del ahorro que los ciudadanos tienen depositados en las entidades bancarias y en la necesidad de reconocer a la actividad bancaria como "servicio público", se optó por liquidar el sistema de cajas de ahorro nacionalizando parte del sistema para, después de saneado, privatizarlo de manera acelerada. Errónea e interesadamente se ha culpabilizado a parte del sistema (cajas de ahorro) eximiendo a la otra parte (bancos privados).

Es evidente que las cajas han mostrado una enorme debilidad ante las pérdidas sufridas por la desenfrenada expansión inmobiliaria a la que se lanzaron, pero su situación no era peor que la de las entidades bancarias privadas. Ni su morosidad era más elevada ni su gestión peor que la de los bancos, pero se enfrentaban a la situación sin posibilidades de captar capital para asumir los quebrantos y con enorme ansia por parte del resto del sector de acceder a la cuota que estas entidades tenían en créditos y depósitos. El resultado ha sido su eliminación que, ni ha resuelto el problema de fondo, ni ha evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la obra social, que había aportado un considerable dividendo al conjunto de la sociedad.

Todo ello habría sido imposible sin la necesaria colaboración de los reguladores que han cedido ante los propietarios de los grandes sectores estratégicos de la economía. No es algo que deba sorprendernos si descubrimos que quienes están o han estado al frente de las instituciones como el Banco Central Europeo o el Banco de España son bien los ministros de economía, que eran anteriormente miembros de los consejos de administración de la banca y las grandes empresas privadas, bien han sido empleados de la banca tras su labor de regulación.

Por todo esto es imprescindible poner en marcha una Comisión de Investigación que permita esclarecer lo ocurrido. Pero no va ser sencillo porque hay demasiado interés por parte de los poderes económicos, también dentro del PP y del PSOE, para que la gente no sea consciente de la magnitud del rescate del que se ha beneficiado el sector financiero, ya que este se ha llevado a cabo a costa del conjunto de la ciudadanía que sufre los costes del mismo. No quieren además que se conozcan los enormes volúmenes de ayudas públicas puestas al servicio de un proceso de concentración y oligopolización del negocio bancario. Y, sobre todo, no quieren que se conozca que el rescate realizado no ha resuelto los riesgos y amenazas que el sector supone para la sociedad. Yerran si piensan que cejaremos en nuestro empeño de que el pueblo sepa la verdad porque esa es la única forma en que evitaremos que el expolio pueda repetirse.