A raíz de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus y la consecuente decisión del Estado nacional de otorgar a través de la ANSeS un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por única vez de $ 10.000, un colectivo que nuclea a varias organizaciones sociales cercanas al kirchnerismo comenzó a circular la idea de implementar una renta básica universal como una "solución imprescindible" para contener los efectos nocivos de la recesión económica que se ve venir a causa de la cuarentena decretada.

Algunas ideas que hasta hace poco parecían descabelladas, reaparecen en escena con mayor vigor. Tanto así que el propio presidente Alberto Fernández ha reiterado en diversas ocasiones que espera que "la humanidad aprenda y salga mejor de esta crisis", dejando atrás "gestos miserables de los últimos años" al "abandonar a muchos pueblos al olvido y la marginación".

Dos precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos (Bernie Sanders y Andrew Yang) han sugerido la necesidad de transferir de u$s 1000 a u$s 2000 a familias con magros ingresos. La semana pasada, Brasil aprobó el pago de 600 reales mensuales (algo así como $ 7500) por tres meses a los cerca de 60 millones de trabajadores informales. España busca avanzar en igual sentido mientras dure el parate económico por el virus, y también es una idea que vuelve a estar sobre el tapete, debido a la crisis sanitaria, en el vecino Paraguay.

Presión sobre las fortunas

La propuesta lanzada desde el "Movimiento Argentino por el Ingreso Ciudano - Eclosionar" consiste en una transferencia económica por parte del Estado a todos los habitantes a fin de otorgar "un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución". Algunas vertientes considera que es compatible con cualquier otro subsidio estatal, e incluso con ingresos comprobables por debajo de un monto que se considere indispensable para vivir.

La propuesta no se queda allí: el colectivo esboza un mecanismo de recaudación que pone la mirada sobre los mayores productores de riqueza, en sintonía con el paquete de proyectos que elabora el diputado Máximo Kirchner para gravar los mayores patrimonios.

Según detallan en su plataforma, que estuvo sometida a debate durante el año pasado en la Legislatura porteña con auspicio de diputados del Frente de Todos, la renta universal supone "aumentar los impuestos a los sectores de mayor poder económico", "reestructurar el sistema impositivo para disponer una estructura tributaria progresiva", e instaurar mecanismos para evitar la evasión de impuestos.

También hablan de establecer restricciones a la "fuga de capitales" y concentrar la administración de actividades claves de la economía como la alimentación, la vivienda, la movilidad, la salud y la educación. Como corolario, rechazan el pago de la deuda externa.

El Cronista consultó con fuentes de la ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social, que evitaron oficialmente dar comentarios al respecto. Algunos dirigentes, sin embargo, se mostraron a favor.

Rafael Klejzer, director nacional de Comercialización y Abastecimiento Popular en la órbita de Desarrollo Social, y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el "sindicato" de los informales, reclamó una discusión seria al respecto de una renta básica para todos los mayores de 18 años. "Yo lo banco, pero este tema debemos tratarlo en consejo y con todas las orgas", comentó, a título personal, el también jefe del Movimiento Popular La Dignidad.