El país perdería otra posición si se aplican las medidas que propone el Gobierno.

El sistema tributario español tiene un gran problema: recauda relativamente poco, en comparación con el resto de los países avanzados, pero, al mismo tiempo, es uno de los menos competitivos fiscalmente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). O, lo que es lo mismo, es de los más gravosos para el contribuyente, de acuerdo con un estudio publicado por la Tax Foundation y divulgado por el Foro Regulación Inteligente.

En concreto, España es el noveno país de la OCDE que más castiga al contribuyente, por delante de Francia, Italia, Polonia, Portugal, Chile, Israel, Grecia y México. Y la mala noticia es que si el año que viene se aplicaran las medidas propuestas por el Ejecutivo, el país caería un puesto más en el ránking, situándose entre Grecia y México. A la cabeza de la clasificación se encuadran, por el contrario, Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Luxemburgo y Suiza.

El informe analiza el impacto de la fiscalidad sobre el contribuyente por tipos de impuestos: el IRPF, Sociedades, el consumo, las rentas internacionales y la propiedad, siendo éste último apartado el más castigado en España. De hecho, este apartado, que incluye tanto el IBI como Patrimonio o los impuestos a la compraventa de viviendas, se encuentra entre los cinco menos competitivos del mundo, junto con Francia, Suiza, Italia y Polonia.

Por el contrario, España no se sitúa tan mal en el resto de los indicadores. En materia de impuestos al consumo, por ejemplo, queda en decimoquinta posición de los 35 países que integran la lista, mientras que se sitúa en el puesto número 18 en cuanto al impuesto sobre la renta, en el número 19 en cuanto al tratamiento de los ingresos internacionales y en el número 26 en lo que respecta al Impuesto de Sociedades, en un dato que en los últimos años se ha visto favorecido por la rebaja de la tributación pero lastrado por los cambios normativos referidos a los pagos fraccionados, entre otros.

Por estos y otros motivos, la competitividad fiscal de España se ha ido deteriorando progresivamente durante los últimos años, debido a la subida de impuestos y a la mayor complejidad de las reglas fiscales. Así, España perdió un puesto entre 2016 y 2017 y ha caído una posición adicional en este último ejercicio. Y esto supone un lastre para la atracción de capitales, la inversión y el crecimiento económico.

Freno al crecimiento

Esta baja puntuación no se debe únicamente a la elevada tributación de algunos conceptos, ya que el informe señala que "los sistemas impositivos mal estructurados imponen costes adicionales en forma de distorsiones varias en la toma de decisiones por parte de los agentes económicos". Esto es, quizá lo que haya penalizado a España no sea tanto el tipo impositivo o la recaudación de cada uno de sus impuestos (con los que ingresa menos que la media europea, en general) como la complejidad de la fiscalidad o los distintos casos establecidos en la normativa.

Por ello, la Tax Foundation recomienda mejorar la competitividad fiscal también por estas vertientes, porque "el precio que pagan los países es notable, puesto que trabajadores, inversores y empresarios favorecerán a aquellas jurisdicciones que les brinden un marco tributario más atractivo". En cambio, "un código fiscal bien diseñado permite un cumplimiento más sencillo y apuntala el desarrollo económico, permitiendo que la recaudación se genere de forma más eficiente", subraya el texto.

Durante el último año se han producido numerosos cambios en el ránking de la fiscalidad, comenzando por Bélgica (que escala seis posiciones, hasta el puesto número 19, debido a la sustancial rebaja del Impuesto de Sociedades) y Estados Unidos (que pasa del puesto 28 al 24, gracias al mejor tratamiento de las rentas corporativas generadas en el extranjero). Por su parte, Japón y Dinamarca pierden tres puestos.