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Los seis luchadores antifranquistas que se han querellado contra Benjamín Solsona, junto a su abogado, miembros de la plataforma de la querella argentina y la diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo. M. Á. Montesinos

“No lo sabemos si lo conseguiremos, pero si no lo intentamos no lo lograremos nunca“. Cuarenta y siete años después, José Gálvez, busca justicia y reparación por los 19 días de torturas que sufrió en la Jefatura de Policía de Valencia a cargo del entonces Jefe de la Brigada Político Social (BPS), Benjamín Solsona Cortés. Gálvez, que entonces estudiaba Economía en la Universitat de València (UV) fue uno de los 30 opositores al franquismo detenidos entre el 23 de abril y el 1 de marzo de 1971.

José, Juan José, Vicent, Luis, Pedro y Manuel, que aquel fatídico 23 de abril de 1971 eran militantes comunistas en la clandestinidad, firman las seis querellas que se han presentado esta mañana en los juzgados de València contra Solsona, que hoy cuenta con 87 años y es el único que queda con vida de los cinco policías que apalizaron a los detenidos en los calabozos de la comisaría de la gran vía Fernándo el Católico. Solsona pasó de ser policía de Franco a jefe de la policía en Bilbao, ya en Democracia, y luego fue destinado a Mallorca hasta que se jubiló.

Diecinueve días de torturas en Jefatura

“Vinieron al piso de estudiantes en el que vivía en la madrugada del 23 de abril y me llevaron a la comisaría”, cuenta Gálvez. “Al ser estudiantes nos libramos de la cama eléctrica, pero no de la rueda”, revive. En ella los agentes se turnaban para darles golpes. “Cuando me llevaron al calabozo, tenía el estómago negro de tantos palos que me habían dado”, añade. Su relato es el testimonio vivo del manual de torturas de la policía franquista: “También nos hacían el pato o hacernos andar en cuclillas con las muñecas encadenadas por debajo de las rodillas, y la bañera, en le que te ahogaban metiéndote la cabeza en el agua”.

Gálvez aún tiene presente el “sadismo real” de Solsona, “a quien sus compañeros lo tenían que parar para que no se le fuera la mano con nosotros”. El abogado que representa a los seis querellados, Guillermo Noguera, ha detallado que en cada una de las demandas se pide al Ministerio del Interior que localice a Solsona y le notifique la denuncia.

El ex jefe de la BPS de València es una de las 19 personas contra quien en 2014 la jueza argentina María Servini lanzó una orden de búsqueda y captura internacional a través de Interpol por crímenes del franquismo. La justicia Argentina quiere juzgar a Solsona por las torturas a los 30 detenidos en abril de 1971, pues algunos de los seis querellantes de hoy ya testificaron en la llamada querella argentina. A este respecto, Noguera ha señalado que este próximo 10 de diciembre “más de 560 víctimas del franquismo del País Valenciano se sumarán a la querella argentina” en un acto en la embajada de Argentina en Madrid.

Entonces, el Gobierno de España del PP descartó realizar ninguna acción contra los acusados por Argentina al asegurar que la Ley de Amnistía de 1977 les eximiría de cualquier responsabilidad. Además, alegaron desde el Ejecutivo, los presuntos delitos “estarían prescritos”.

Estas seis primeras querellas que se presentan ante los tribunales valencianos por torturas durante el franquismo, lo más probable es que sigan el mismo camino del archivo judicional que todas las diligencias que se han abierto en la última década en la Comunitat Valenciana cada vez que se ha abierto una fosa común con opositores a la dictadura ejecutados extrajudicialmente, como es el caso de los Ocho de Benagéber. Tres guerrilleros y cinco trabajadores de las obras del embalse fueron torturados y asesinados entre el 26 y 27 de marzo de 1947 por las fuerzas franquistas por colaborar con el maquis. Las diligencias judiciales que se abrieron tras exhumar los restos enterrados en dos fosas fueron archivadas al estar los hechos prescritos por la Ley de Amnistía de 1977.

Noguera presenta a Solsona como el “Billy el niño valenciano”, en alusión al sobrenombre del exinspector de la BPS en Madrid, Juan Antonio González Pacheco, uno de los torturadores más célebres de la policía franquista que queda con vida y a quien también Servini ha reclamado a España su extradición. Solsona, al igual que González Pacheco, según el letrado “disfrutaba con sadismo de las torturas”.

“La Ley de Amnistía no se puede aplicar”

Este abogado considera que los delitos por los que piden que se juzgue al expolicía franquista “son de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben”. “La Ley de Amnistía es una ley de punto y final que no se puede aplicar como ya se ha dictaminado en Argentina, Chile y Camboya, pues contradice todos los tratados internacionales suscritos por España”, subraya.

Si las seis querellas presentadas hoy las archivan los tribunales valencianos, el letrado de los seis luchadores antifranquistas y la plataforma de la querella argentina han anunciado que llevarán el caso hasta la justicia europea.

La Vanguardia