Los fiscales Anticorrupción han alcanzado un acuerdo de conformidad con los nueve empresarios a los que acusa en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia, que comenzará el 13 de marzo y que sienta en el banquillo a la cúpula nombrada por Francisco Camps. Los empresarios admiten que financiaron de forma ilegal al PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008 (incluidos varios actos de Rajoy en Valencia) a cambio de atenuar sus penas.

Son seis empresarios nuevos, más Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons, los tres que ya alcanzaron un pacto con la Fiscalía.

Al reconocer como cierto el escrito de la Fiscalía, admiten que abonaron 1.2 millones de euros de forma irregular por servicios electorales que el PP adjudicaba a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel. Para ello, emitían facturas falsas con las que pagaban a Orange Market por trabajos inexistentes. Supuestamente, el PP valenciano pagó desde su caja b otros 2.2 millones a la trama por los eventos de las elecciones bajo sospecha.

Estas empresas que contrataban con la Generalitat valenciana, al financiar de forma ilegal los comicios del PP, se aseguraban las contrataciones con la administración pública.

Confiesan para atenuar su condena en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia que sentará en la Audiencia Nacional a la cúpula de Camps este mes de marzo. Los principales responsables son el exvicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, a quienes la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel. También se sentarán en el banquillo los excargos del PP David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez. Los empresarios están citados este viernes en la Fiscalía para rubricar el acuerdo, según fuentes de Anticorrupción.

Los seis empresarios acusados que también admiten ahora los hechos son Gabriel Alberto Batalla, Enrique Gimeno, Antonio Pons, Tomás Martínez Berna, y Rafael Martínez Berna, además de Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino, también acusado en la pieza de la visita del Papa a Valencia.

El décimo empresario que se sentará en el banquillo, José Enrique Fresquet, no ha sido acusado por la Fiscalía y por ello el Ministerio Público no ha entablado negociaciones con él para alcanzar un acuerdo de conformidad.

Ese acuerdo se produce en condiciones similares a las ya firmadas por otros tres empresarios arrepentidos —Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá— en el mismo procedimiento, con reducciones de las penas de cárcel, y sustitución en algún caso de la misma por multas.