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El salón de sesiones del IFE registraba una actividad inusual. Asesores abarrotaban los espacios.

José Luis Rebollo, representante legal —ante el instituto— de Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial, encabezaba al equipo de abogados que maniobraría en favor de eximir al PRI de responsabilidad en el caso Monex.

En 11 cajas arrinconadas yacía el expediente del caso.

Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización lidió con su resolución. Por su lugar desfilaron Lorenzo Córdova, María Marván, Alfredo Figueroa y Benito Nacif. Ellos querían sanción y lo expresaban con manotazos al aire.

La discusión comenzó.

Camerino Márquez del PRD pidió investigar al PRI por lavar dinero, y provocó un debate.

El consejero Marco Baños lanzó un comentario: “Al representante le encanta decir que tengo interés en defender a un partido [el PRI]”.

Márquez reviró: “Es pública y notoria su preferencia política”.

La posición de María Marván fortaleció la postura de elevar la sanción en contra del PRI.

El hecho prendió focos rojos en los priístas.

Sergio García Ramírez, quien se convirtió en el fiel de la balanza, permaneció de pie. En el momento de la votación salió al baño.

Leonardo Valdés no fijó posición y votó en contra de sancionar al PRI; Macarita Elizondo también.

La votación se empató y García Ramírez regresó a la mesa. Ofreció resolver el empate y no excusarse —como lo prometió para evitar conflicto de interés— a menos que sus compañeros lo impidieran. Nadie lo hizo.

Se dio una nueva votación. Un asesor del PRI cruzó el salón y accionó su teléfono para reportar: el tricolor se había salvado de una multa.