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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo.- Oficiales mexicanos fueron informados permanentemente por agentes de procuración de justicia de Estados Unidos de que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en inglés) llevó a cabo operaciones como la de Rápido y Furioso que tenía como objetivo permitir la compra y el paso de armas de la Unión Americana a México para después poder presentar un caso contra las grandes organizaciones de traficantes de armas, según la embajada estadunidense en México.

Por medio de un comunicado señaló que: “Oficiales de procuración de justicia estadunidenses mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones en Estados Unidos”.

De acuerdo con el documento, los agentes estadunidenses mantuvieron informadas a sus contrapartes mexicanas hasta el pasado 25 de enero cuando se detuvo a 19 de 20 personas acusadas de tráfico de armas.

Esta información se contradice con lo que expuso el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 5 de marzo donde señalaba que iba a “solicitar información detallada sobre este asunto (Operación Rápido y Furioso) a las autoridades estadunidenses”.

La cancillería, incluso, manifestó que seguiría con interés las investigaciones de la BATF como las del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estos hechos, pero en ningún momento señaló que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de esos hechos.

Fue el agente Dodson de la BATF, quien en una entrevista con la cadena estadunidense CBS dio a conocer la semana pasada que existía una operación que permitía la venta de armas con el objetivo aparente de rastrear a los compradores en México Rápido y Furioso).

En cadena nacional dijo que cuando él cuestionó a sus jefes en el sentido de que las armas que estaban permitiendo que pasaran a México causarían muertes le respondieron “para hacer un omelet tienes que romper algunos huevos”.

Al analizar las estadísticas de muertes en México Dodson empezó a ver que había una correlación entre las fechas en las que se inició el operativo de Rápido y Furioso con el incremento del número de muertes en nuestro país, pero sus jefes ignoraron este hecho.

Paradójicamente el gobierno estadunidense descubrió que el arma con la que fue asesinado el agente Jaime Zapata de la Agencia de Aduanas y Migración (ICE) fue una de las que entraron a México gracias a la operación Rápido y Furioso.

A pesar de esto, en su comunicado de ayer, la embajada de Estados Unidos planteó que Rápido y Furioso fue una de muchas operaciones prioritarias contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes en los Estados Unidos”.

La lógica y la racionalidad del operativo está siendo cuestionado por el senador republicano Charles Grassley y otros políticos estadunidenses. Tanto el procurador Eric Holder como la secretaria de Estado, Janet Napolitano han sido cuestionados por el Senado en diferentes audiencias.

Cabe destacar que la funcionaria aseguró que desconocía la operación.

Cuando ayer en el Senado se le preguntó a Holder si la operación Rápido y Furioso era “un uso correcto de la operación Gunruner” de rastreo de armas, él respondió que la misión de la ATF es detener el flujo de armas hacia México y hacia las personas que no están autorizadas para poseer armas en la unión americana.

Holder fue muy claro al expresar que “dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable” al usar el término “caminen” se refería a que no era correcto que los agentes de la ATF permitieran que ciudadanos estadounidenses fueran contratados por traficantes de armas para adquirir armamento y después dejar que lo pasaran ilegalmente a México.

Y especificó: “las armas son un caso muy diferente que las drogas o el dinero cuando estamos tratando de rastrearlos. No es aceptable. No podemos tener una situación en que se permite que las armas caminen. Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.

PGR niega conocimiento del programa

La Procuraduría General de la República (PGR) dijo ayer a nombre del gobierno federal que no se autorizan en territorio mexicano operaciones encubiertas que atenten contra la seguridad nacional, luego de que la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, hubiera permitido el ingreso al país de al menos dos mil armas a través del fallido operativo denominado Rápido y Furioso (Fast and Furious).

En un comunicado, la dependencia federal precisó que el gobierno de México seguirá este proceso con especial atención y ha solicitado formalmente información detallada al gobierno de Estados Unidos

Afirmó que “la PGR ha ofrecido el apoyo que pudiera ser necesario a fin de que se esclarezcan plenamente los hechos y, en su caso, se sancione cabalmente a quienes hubieran cometido irregularidades.

“Desde que se tuvo conocimiento de las afirmaciones expuestas en medios, la PGR inició la investigación correspondiente para esclarecer delitos que eventualmente se pudieran haber cometido en territorio mexicano”.

La institución indica que la decisión del Departamento de Justicia y la propia ATF de iniciar una investigación sobre este caso refleja la voluntad de asegurar el apego a las leyes de ambos países y a los principios de cooperación mutuamente acordados, sin embargo como parte del intenso intercambio de información que sostiene con el Departamento de Justicia tienen que seguir fomentando el contacto frecuente sobre diversos casos específicos contra traficantes de armas.

Desahogo de diligencias

La PGR sostiene que “en casos asociados a este operativo, la coordinación sostenida fue para el desahogo de diligencias, sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a sus interrogatorios.

“El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico controlado de armas a territorio mexicano.”

La dependencia encabezada por Arturo Chávez Chavez, indica que Eric Holder, procurador general de Justicia de Estados Unidos ha señalado que el objetivo de las acciones contra traficantes siempre es evitar que las armas lleguen a México y no sería aceptable que fueran traficadas mientras se les da seguimiento.

“Tras consultas sostenidas con diversas dependencias estadunidenses, y como se refleja en las declaraciones de dicho funcionario estadunidense, se entiende que Estados Unidos no autorizó el trasiego intencional y controlado de armas a territorio nacional como parte de este operativo.

“El gobierno de México no ha dado ni dará su autorización tácita o expresa, bajo ninguna circunstancia, para que ello ocurra.

“El gobierno de México ratifica su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral para evitar y detener el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, siempre sobre la base de la responsabilidad compartida, la confianza y el respeto mutuo”, afirma el documento.

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