The London P&I Club, la aseguradora británica que ha sido condenada en España a pagar una indemnización cercana a los 1.000 millones por el desastre del Prestige, se niega a reconocer las sentencias de los juzgados españoles y rechaza el pago impuesto.

El Tribunal Supremo comunicó ayer jueves sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil por la catástrofe del Prestige, ocurrida en noviembre de 2002, fijando indemnizaciones superiores a los 1.500 millones de euros. El Estado español es el primer afectado, además del Estado francés, la Xunta y numerosas empresas, particulares y ayuntamientos.

El Supremo ha aceptado con la sentencia comunicada el jueves la cantidad que estableció la Audiencia Provincial de A Coruña en auto de responsabilidad civil dictado el 15 de noviembre del pasado año. La sentencia del juzgado inundó de esperanza a los cientos de afectados por el vertido del buque que se hundió frente a las costas gallegas hace 16 años. Pero desde entonces no ha sido posible cobrar indemnización alguna.

"Nos preocupa el camino seguido por el juzgado español, que omite un convenio internacional", dice la aseguradora británica

El juzgado de A Coruña ya determinó el pasado año que el capitán del buque, Apostolos Ioannis Mangouras, y la entidad aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Associatión (conocida como The London P&I Club) tenían que hacerse cargo al menos del pago de una indemnización de 1.000 millones de dólares.

La compañía británica, con la que este diario se ha puesto en contacto sin recibir respuesta, únicamente había consignado en el juzgado gallego 22,7 millones de euros, cantidad que debía haber sido repartida entre los perjudicados. Y había recurrido la sentencia al Supremo. Pero el alto tribunal español, en su sentencia de ayer, no solo desestima el recurso interpuesto sino que además condena a The London P&I Club al pago de las costas procesales.

En su recurso, la aseguradora, defendida en España por el despacho Avante Legal, especializado en Derecho marítimo, presentó 24 motivos de casación al Supremo por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Arbitraje en Londres

Sin embargo, la aseguradora británica no reconoce la sentencia de los juzgados españoles y se resiste a pagar la indemnización requerida.

The London P&I Club indica en su Memoria del ejercicio pasado, a la que ha accedido este diario, que el Estado español ha sido condenado por el Prestige en Londres en otro contencioso judicial contra la empresa, y que por lo tanto, antes de nada, debería asumir esa sentencia.

The London P&I Club sostiene que la indemnización reclamada en España es muy superior a la estimada por la IMO

"De forma controvertida", cuenta la aseguradora, "se determinó que la empresa era directamente responsable de reclamaciones por daños por contaminación hasta el límite de 1.000 millones de dólares, a pesar de que el límite en virtud de la Convención de la CLCpresentada en los tribunales en 2003, fue significativamente menor". La Convención de la CLC es un tratado marítimo internacional admitido por la Organización Marítima Internacional (IMO, sus siglas en inglés) adoptado para garantizar compensaciones por contaminación causada por vertidos petroleros.

Aunque la Memoria del pasado ejercicio de The London P&I Club está publicada tras la sentencia del juzgado de A Coruña, y evidentemente antes de la sentencia del Supremo conocida ayer, la aseguradora ya preveía que la última decisión de la justicia española iría en su contra. "La sentencia [de la Audiencia Provincial de A Coruña] ha sido recurrida, pero anticipamos que el caso avanza hacia la ejecución de sentencia", señala la compañía británica.

"Para hacer cumplir la sentencia contra la empresa", advierte The London P&I Club, "los reclamantes estatales deben superar las sentencias anterioresobtenidas por la compañía en Londres contra los Estados españoles y franceses".

"La sentencia del juzgado gallego es incompatible con las obtenidas por la empresa en Inglaterra", dice la aseguradora

La aseguradora sostiene que España y Francia "se sometieron a la jurisdicción de los tribunales ingleses", en los que se determinó que cualquier reclamación de dinero que superara a la que había valorado la Convención de la CLC, debía solucionarse "mediante un arbitraje en Londres".

"La sentencia española es incompatible con las obtenidas por la empresa en Inglaterra y, por lo tanto, no se puede hacer cumplir en virtud de la legislación europea", concluye la aseguradora británica en la Memoria de 2017.

El 13 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige, de 245 metros de eslora y 40.000 toneladas brutas, botado en el año 1976, sufrió una rotura cuando navegaba cerca del cabo Fisterra; seis días después, el 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, tras ser remolcado con rumbo errático, el buque se partió y se hundió vertiendo en el mar la carga que llevaba, provocando el mayor desastre medioambiental ocurrido en España.