Concentración en la plaza de la Gavidia, en Sevilla, donde cada mes se reúnen familiares de víctimas del franquismo.

COMPARTIR share

El documento presentado por el PSOE con el título Propuesta abierta para un Programa Común Progresista, con el objetivo declarado de establecer un punto de partida para una legislatura estable en la que se desarrollen políticas públicas garantistas en derechos, deja las siguientes reflexiones con relación a las medidas contenidas respecto a la recuperación de la memoria democrática y el reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo.

1. Las propuestas sobre memoria se encuentran ubicadas en el bloque «Feminismo, lucha contra la desigualdad social y calidad democrática», dentro del apartado «Calidad democrática y garantía de derechos y libertades de la ciudadanía», bajo el título de «Memoria democrática». Son tres medidas de las 370 que se proponen en el documento.

2. Lo primero que llama la atención es que de las tres medidas tan solo una se refiere propiamente a las víctimas del franquismo (la número 234), mientras que las dos restantes (235 y 236) lo hacen a las víctimas del terrorismo (véanse las pp. 47-48 del documento). De entrada, se aprecia un grave error conceptual, como es el de ubicar a las víctimas del terrorismo en el mismo conjunto que las del franquismo; ambos colectivos bajo la rúbrica de «Memoria democrática».

Hay que insistir que no toda política relativa a víctimas de graves violaciones de derechos humanos es una política de memoria. La lectura de Walter Benjamin resuelve esta confusión. La memoria es el ejercicio de sacar a la luz aquello que permaneció en el olvido. Aquellas historias (sufrimientos, injusticias y violaciones de derechos) que no pasaron a las páginas de los libros de Historia. Y este no es el caso de las víctimas del terrorismo en España, que con toda justicia cuentan con políticas públicas de reparación que –aunque mejorables– superan los estándares internacionales de protección a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Pero sí es el caso de las de las víctimas del franquismo, que son las necesitadas de políticas públicas de memoria, dado que todavía permanecen en el olvido institucional –y los victimarios y sus crímenes, en la impunidad más absoluta–, sin ser reconocidas ni reparadas por el Estado español.

3. En este documento, la filosofía y retórica de la memoria se utiliza para el tratamiento de las víctimas del terrorismo. En las dos medidas correspondientes a este colectivo se utilizan los conceptos de «memoria, dignidad, justicia y verdad», así como se reivindica «la memoria colectiva de las víctimas como una referencia ética esencial de nuestra sociedad democrática». Ninguno de estos conceptos se utiliza en la única medida que propiamente se refiere a las víctimas del franquismo: estas no parecen ser merecedoras, a diferencia de las del otro colectivo, de tales referencias. Al margen de la discriminación que este trato diferente supone para las víctimas de la represión de la dictadura –discriminación que produce una indeseable ‘revictimización’–, se pone de manifiesto una vez más el déficit de origen que las políticas de memoria tienen en el Estado español: su dependencia con relación a las del terrorismo.

4. Las víctimas del franquismo merecen, pues, una de las 370 medidas. En ella se propone el desarrollo de actuaciones de «reconocimiento y las víctimas de la guerra civil y la dictadura», señalando cinco de ellas: 1) declaración de dos días de recuerdo: el 31 de octubre para todas las víctimas del franquismo, y el 8 de mayo para las del exilio; 2) retirada de la simbología franquista del espacio público (medida ya recogida en la vigente ley de memoria histórica de 2007); 3) prohibición de la exaltación del franquismo en lugares de acceso público; 4) culminación del proceso de exhumación del dictador (hoy en manos del tribunal Supremo), junto con la «resignificación» del Valle de Cuelgamuros (sin señalar en qué sentido o con qué objetivos); y 5) retirada de las condecoraciones vinculadas a actuaciones realizadas en la dictadura.

5. Al margen de que la concisión sea debida en todo documento de este tenor, lo cierto es que con similar número de palabras se podían haber recogido medidas de forma más clara y directa, no tan abstracta y genérica. En primer lugar, el impulso para la aprobación de una ley integral de memoria democrática y víctimas del franquismo, que dote de soporte legislativo a las políticas públicas que se desarrollen para garantizar –esta sí– la memoria democrática, tanto en su dimensión individual (derechos de las víctimas) como colectiva (incorporación y reivindicación de los valores republicanos en el estatuto de nuestra ciudadanía). Sin la legitimidad y obligatoriedad que implica el mandato legal para la actuación de los poderes públicos, nos queda tan solo el impulso que las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias, quieran darle a la memoria.

En segundo término, es muy elocuente el silencio del documento con relación a la cuestión de las exhumaciones, sobre lo que no se indica nada. Por tanto, no se asume el compromiso, tan demandado por víctimas y asociaciones, de que estas se lleven a cabo por los poderes públicos. Tampoco se recoge la cuestión de la también demandada nulidad de las sentencias franquistas, lo que hace pensar que tampoco se pretende avanzar en vía legislativa hacia ella. De la misma forma se echa en falta una mínima referencia a políticas culturales y educativas de memoria, pese a que sí se propone la creación de un Centro para la Memoria de las Víctimas… del Terrorismo. Entonces, ¿concisión o falta de avances en este sentido?

6. Asimismo, la enorme distancia entre lo contenido en el documento y las reivindicaciones de víctimas y movimiento memorialista hace dudar sobre la utilidad de la reunión mantenida por los responsables socialistas con representantes de aquellas el pasado 26 de agosto. Cualquiera que conozca mínimamente la dinámica del movimiento memorialista en España sabe de la seriedad de su trabajo y de la solidez de sus propuestas, con sus particularidades y diferencias. Pero sus propuestas distan mucho de verse adecuadamente relejadas en el documento en cuestión. Esperemos que esta distancia no se haya sentido también en otros ámbitos como educación, sanidad o vivienda, porque de ser así dice poco que quienes pergeñaron esta estrategia (¿electoral o de gobierno?) de reuniones con organizaciones y movimientos sociales.

7. Pero, al margen del carácter coyuntural que pueda tener este documento, lo que resulta más preocupante es la deriva que el PSOE está teniendo en esta materia en relativamente poco tiempo. Ha pasado de presentar en el Congreso en diciembre de 2017 una proposición de ley de reforma de la ley de memoria histórica, donde se recogían las propuestas básicas del movimiento memorialista con bastante fidelidad (una proposición que decayó con el fin de la pasada legislatura en el mes de abril); a presentar en julio, casi estrenando esta legislatura, una proposición de ley de memoria histórica y democrática, de la que ya se han descolgado medidas tan importantes como la búsqueda judicial de las víctimas de desapariciones forzadas; hasta terminar en este documento con las limitaciones ya señaladas. Es cierto que estos tres documentos responden a momentos políticos bien distintos. Que en el primer momento el PSOE estuviera en la oposición, en el segundo en el Gobierno (en funciones), y en este tercero en una complicada situación cuasi electoral explica, pero en ningún caso justifica, esta disparidad de criterios. Una disparidad que tiene una nota común: siempre juega en contra de los derechos de las víctimas. Ni estas ni la sociedad española progresista a la que el PSOE apela en este documento pueden esperar más.