MONTERREY, NL (apro).- Diputados de PAN y del PRI reventaron hoy el inicio del segundo periodo extraordinario, programado para revisar las cuentas públicas de los exgobernadores priistas Rodrigo Medina y Natividad González Parás, así como de la exalcaldesa panista en esta capital, Margarita Arellanes.

La sesión fue suspendida luego de que la fracción panista, encabezada por su coordinador Arturo Salinas, tomara la tribuna para demandar que fueran revisados de inicio los estados financieros de los funcionarios públicos de las pasadas administraciones.

Los panistas desplegaron una manta con el logotipo del PRI y la leyenda de “Culpable”, con la que acusaban a los priistas de oponerse a la auscultación de las cuentas cuestionadas.

El PRI, por su parte, pedía que se respetara el orden del día, pues se había pactado que, primero, los legisladores votaran la reestructuración de la deuda estatal.

Los priistas quisieron entonces desplegar una manta que denostaba a Daniel Carrillo, presidente del pleno, debido a una acusación que hay en la localidad que lo involucra como anterior secretario de Finanzas de San Nicolás, donde dejó adeudos fiscales que actualmente son cuestionados.

Sin embargo, los panistas impidieron la acción, lo que provocó algunos jaloneos con los rivales del PRI, quienes buscaban arrebatar las mantas.

El mismo Carrillo pidió a los panistas que dejaran la tribuna pero, ante la negativa, decretó un receso a fin de reinstalar las condiciones de seguridad en el recinto. Media hora después, al regresar, los priistas abandonaron la sesión en protesta por la intención de Acción Nacional de alterar el orden del día.

Así, por falta de quórum se dio por terminada la sesión, y no hubo revisión de cuentas polémicas ni debate sobre la reestructuración de 42 mil millones de pesos de deuda estatal.

En la primera sesión extraordinaria los diputados se pusieron de acuerdo y por unanimidad avalaron la ley de transparencia estatal que, entre sus puntos más relevantes, obligará a sindicatos, universidades, personas o empresas, a dar cuenta de los recursos públicos que les otorguen.

Con esta aprobación el estado homologa su legislación con la que ya opera a escala federal.