El Gobierno avanza en un acuerdo con China para importar miles de casas prefabricadas que serán destinadas a viviendas sociales y para gente de bajos recursos y por hasta 1.000 millones de dólares. La negociación, que incluye los plazos de financiación, se da ahora en ese país de oriente y a un mes de la visita de Estado que hará Mauricio Macri al presidente Xi Jinping. De este lado del planeta, ya hay preocupación en el sector.

La propuesta nació del país asiático en diciembre y en estos momentos una comitiva de avanzada en cabeza del subsecretario de Vivienda y Urbanismo y titular del Procrear, Iván Kerr, le está dando continuidad. Por lo que pudo saber este diario de parte del Gobierno "en esta segunda etapa de relación bilateral el eje será el tema de la vivienda" aunque aclararon que no se llegará a firmar el acuerdo entre los presidentes para la visita de mayo.

Las mismas fuentes subrayaron que "no serán casas que salen de un contenedor y se instalan" sino que "tendrán entre un 50 y un 60 por ciento de componente local y 100 por ciento mano de obra argentina". Refieren, como ejemplo, a que el cemento y los hierros que van entre los bloques prefabricados serán de industria nacional. Además, aseguraron que "los modelos que se pidan construir serán en base a las necesidades argentinas". Por su parte, los chinos brindarán el gerenciamiento y la financiación. Se prevé la instalación de una empresa en el país que podría ser Sany ya que tiene presencia en América Latina.

Justamente el empresariado local hace cuentas y habla del financiamiento: "Es real que hay un déficit habitacional y avanzar con esto traería soluciones rápidas a costa de la producción nacional y de tener casas de muy mala calidad". Se preguntan: "¿Con qué carga impositiva llegarán esas prefabricadas? ¿Con el 52% de impuestos que tenemos nosotros localmente? Además, consideran que "si pagaran ese porcentaje por derechos aduaneros tampoco podríamos competir porque no tenemos capacidad para financiarlo".

A propósito de costos: desde el Gobierno informan que una vivienda social cuesta $ 1.300.000; es decir algo más que 82.000 dólares. Otro empresario local consultado consideró que la construcción artesanal tiene un valor estimado de 1.200 dólares el metro cuadrado mientras que en las prefabricadas locales "sale 780 dólares" a la par que consideró que "las chinas saldrían lo mismo pero tendrán muy mala calidad".

Ambos consideraron que la mano de obra no se vería afectada porque se puede emplear a la misma cantidad de gente ya que sólo cambiaría la cantidad producida: "Con un millón de trabajadores hacemos 100.000 casas artesanales y con el mismo personal hacemos 200.000 casas industriales".

Sin embargo, no comparte esa visión Víctor Grosi, titular del SITRAIC, sindicato de constructores de izquierda: "No compartimos esta medida que el Gobierno usará electoralmente para dar soluciones habitacionales de dudosa calidad afectando la mano de obra local".

Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, también se mostró crítico ante Clarín, aunque desde el Gobierno aseguraron tener conversado este tema con él: "Provocará un impacto negativo en la generación de puestos de trabajo ya que la construcción es lo que más mano de obra intensiva genera". Agregó que sus "trabajadores están altamente calificados para este tipo de construcciones" y Consideró al plan del Gobierno "incongruente con el anuncio de construir 100.000 viviendas".