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En el comedor, junto a un cuantioso fajo de facturas abrochadas con un clip –recibos del gas, la luz, el agua o el teléfono– se amontonan los tiques de la compra. Cantidades que Carmen, de 76 años, reúne con exactitud en una libreta y suma, resta, divide... No por afición a las fracciones, sino estrujando su pensión; la paga familiar más estable. Desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los dos hijos de esta jubilada del sector industrial entran y salen del mercado laboral, razón por la cual todos viven bajo el mismo techo dependientes de igual haber. En el peor julio para el empleo durante toda la crisis entraba en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud que modificó la participación de la prestación farmacéutica ampliando el copago ya existente. Desde entonces, aunque necesite reponer medicinas antes, Carmen solo acude al médico a comienzos de mes.

Su retribución está por encima de la media de jubilación, situada, a enero de este año, en 1054 euros al mes. La media del sistema, que incluye las pensiones por incapacidad o viudedad, es más baja, 913. Con todo, a Carmen le cuesta pagar el 10% de sus medicamentos, hasta un límite mensual de 18 euros, como establece la nueva norma. Las cargas hacen mella. “Estirando bien cada euro, ese dinero me valdría para comer cinco días”, asegura. Recientemente, la revista británica Heart, del grupo British Medical Journal, publicó un trabajo acometido por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), dependiente de la Comunidad Valenciana, que estudia los efectos del copago sobre la adherencia –o cumplimiento– al tratamiento esencial en pacientes con patologías cardíacas. La observación concluye un efecto negativo inmediato en los pensionistas a quienes se prescribió medicación de mayor coste.

“Como las recetas caducan a los diez días, solo voy al médico si sé que podré pagarlas”, arguye Carmen, cuando su mirada baja recorre la cenefa del suelo. “No he abandonado las medicinas para la tensión ocular o los problemas respiratorios, pero es cierto que, por épocas, si las cajas se terminaban a mediados de mes, me saltaba dosis hasta llegar el día uno, cobrar y poder pagarlas”. La investigación de Fisabio aborda estos paréntesis examinando el cumplimiento de los tratamientos en cuatro medicamentos diferentes para combatir el síndrome coronario agudo, en relación a tres grupos de población distintos: activos de rentas bajas (hasta 18.000 euros), activos de rentas medio-altas (más de 18.000 euros) y jubilados. Estos dos últimos sectores, afectados por el cambio en política sanitaria, modificaron sus pautas por motivos económicos tras julio de 2012.

Casi cinco años después de la puesta en marcha del real decreto-ley, el gobierno no ha cuantificado el ahorro que supondría

“El copago tiene como objetivo reducir el consumo innecesario de fármacos, pero estamos viendo que también puede afectar al consumo necesario, como se deduce del estudio”, advierte Juan Oliva, economista de la Salud, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y una de las firmas del ensayo. “Se trata de pacientes infartados, de alto riesgo, crónicos, y un deterioro de la continuidad en su tratamiento es muy peligroso”, prosigue. Mediante la técnica de diferencias en diferencias, el instituto valenciano compara el seguimiento del fármaco que un mismo grupo realiza 18 meses antes del copago y 18 meses después.

La investigación, confeccionada sobre una cohorte de más de 10.500 pacientes, evaluados desde el alta hospitalaria –en el periodo de 2009 a 2011– hasta diciembre de 2013, muestra evidencia de interrupciones del tratamiento en los dos medicamentos más caros: un 7% de los jubilados usuarios de estatinas; el 8% en el caso de quienes toman IECA. La adherencia a estatinas también empeoró en los activos de rentas medio-altas, reduciéndose un 8%. El consumo de los otros dos fármacos, más baratos, no experimentó cambio alguno. “No puede ser que las medicinas que debes tomar hasta que San Pedro te abra las puertas valgan lo mismo que las demás”, zozobra Carmen. Todos los medicamentos crónicos no están incluidos en la lista del Ministerio de Sanidad para el pago máximo de cuatro euros por receta.

La ampliación del copago es una decisión política enmarcada en los paquetes de ajuste fiscal aplicados por el gobierno durante la crisis

La población de salarios bajos se queda fuera del estudio. Para ellos, las condiciones no variaron con la norma de 2012: costean, invariablemente, el 40% de sus medicamentos. “Es fundamental que la población en edad de trabajar también tenga techo mensual del gasto farmacológico en función de la renta, si no queremos contribuir a su empobrecimiento”, defiende Oliva. En nuestro país, el 30% de los trabajadores cobra menos de mil euros netos al mes, según datos del último Decil de Salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta reforma sanitaria no corrige la tesitura anterior de los más vulnerables y, al tiempo, ataca sus resortes familiares.

En la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE con datos de 2014, los jubilados presentan el porcentaje de riesgo de pobreza más bajo, un 10%, frente al 15% de los activos y el 45% de los parados. En consonancia, la Encuesta Financiera de las Familias, publicada por el Banco de España, termina de perfilar la brecha generacional y señala que la renta de los hogares jóvenes –cuyo cabeza de familia cuenta con menos de 35 años– descendió un 22% entre 2011 y 2014. Por contraste, en el caso de los jubilados, aumentó un 11%. “Somos el colchón de nuestros hijos”, dice Carmen. Su casa es un vivo ejemplo de ello, como afirma. Desde ese octavo piso en Villaverde, al sur de Madrid, las ventanas de aluminio ofrecen un paisaje de solares y bloques apelotonados.

Casi cinco años después de la puesta en marcha del real decreto-ley, el gobierno no ha cuantificado el ahorro que supondría. A pesar de todo, el trabajo con sello de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria apunta en una dirección clara. El primer año y medio se generó un efecto escalón; la caída del consumo. Más tarde, tras un cierto periodo de adaptación, las pautas describieron una tendencia progresiva a recuperar los valores iniciales. “Incluso desde un punto de vista de contracción del gasto”, anota Oliva, “el copago no es la panacea. Tiene efectos limitados en el tiempo”. Así lo evidencia también la evolución del gasto público farmacéutico. Tras una bajada del 12%, cuando se puso en marcha la reforma, no ha dejado de aumentar, hasta sumar 83 millones de euros a los datos de 2013.

Lo más importante es que el gobierno central derogue el Real Decreto-ley 16/2012, porque afecta gravemente a los usuarios

La ampliación del copago es una decisión política enmarcada en los paquetes de ajuste fiscal aplicados por el gobierno durante la crisis. Sin embargo, “el mejor copago sería aquel que no contribuyera a recaudar”, defiende Oliva. Precisamente, porque lograra reducir la utilización del sistema sanitario ante problemas triviales, sin disminuir su uso en casos necesarios. Con prudencia –“las evidencias científicas aún son parciales”– indica el peligro de generar un efecto de compensación: al mermar el consumo de fármacos extendidos con receta, podrían aumentan las hospitalizaciones.

“Yo no me quejo de la pensión que tengo, la gané después de toda una vida pegada a la cadena de montaje, apretando tuercas, como quien dice”, sostiene Carmen. “El problema”, continúa, “es que mi familia se descalabró y ahora me necesitan”. Sus hijos volvían a los cuartos que habitaron en la adolescencia. Los tres necesitaron asistencia psicológica para superar la culpabilidad y desazón del retorno. Ante la extensión de situaciones límite provocadas por la crisis, en diciembre de 2015 la Generalitat Valenciana articuló subvenciones propias que suprimían el copago sanitario.

Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, explica, en declaraciones a este medio: “Nos encontramos con que el registro informático de la receta revelaba que el 30% de los pensionistas no iniciaba nunca el tratamiento prescrito. De los que comenzaban, un 16% lo abandonaba después. En el caso de la diversidad funcional, los números eran aún más alarmantes: el 43% jamás empezaba con la medicación recomendada por el facultativo y el 17% la aparcaba más tarde”. Tomaron medidas que paliaran los efectos del copago.

Inicialmente, el gobierno lo anuló para aquellos dos grupos más perjudicados: mayores y personas con minusvalías superiores al 65%. Se beneficiaron más de 915.000 personas. Como resultado, la tasa de abandono registrada en enfermedades incurables –diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión– cayó un 32%, según la Consellería. Después, la Comunidad Valenciana aumentó para este año el presupuesto en cinco millones de euros, un 12%. Abrió una nueva vía para la atención a la salud de los más pequeños que otorga ayudas a los chavales adscritos a tarjetas sanitarias cuyo titular tenga una renta inferior a 18.000 euros. Favorece, también, a hijos de inmigrantes en situación irregular. “Lo más importante es que el gobierno central derogue el Real Decreto-ley 16/2012, porque afecta gravemente a los usuarios”, añade Montón.

Carmen baja con vacilación y cojera las escaleras para despedirse en el rellano. “Es la artrosis de la rodilla, que me mata”, dice frunciendo el ceño. Admite que la controversia sobre el copago se le escapa y, al momento, recuerda unas palabras: “Hace años, un médico de mi centro dijo que yo tenía derecho a la salud”, recuerda. “No se me olvida. Me agarro a ello todos los días”.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.