La polémica sobre el encuentro del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, no afectará de momento al servicio de escolta que desde hace años protege al político actualmente imputado en tres causas. Así lo han confirmado a Vozpópuli varias fuentes policiales consultadas, que destacan que el que fuera presidente de Bankia y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) conservará la "cápsula" de cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía y un vehículo oficial que le protegen en dos turnos. Como ayer justificó el propio ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la reunión en su despacho, su condición de antiguo número 2 del Ejecutivo y las recientes amenazas recibidas por las redes sociales (habló de más de 400 tuits) son motivos suficientes para que la mantenga pese a su situación judicial. En la última legislatura, Interior ha reducido el número de personas protegidas con cargo al erario de cerca de medio millar a sólo 164. Rato es uno de éstos últimos.

El nivel de protección del que disfruta el expresidente de Bankia es similar al que tienen Rubalcaba, Fernández de la Vega o Acebes, según fuentes policiales

Según fuentes policiales, el dispositivo de seguridad dispuesto por Interior para proteger al exbanquero es similar al que disfrutan otros exmiembros del Gobierno anteriores como Alfredo Pérez Rubalcaba, María Teresa Fernández de la Vega o Ángel Acebes. Una cápsula formado por tres escoltas y un jefe de 'cápsula' que trabajan de dos en dos en sendos turnos de trabajo. En total, cuatro agentes que le acompañan también en sus desplazamientos por España, como Asturias o Mallorca, donde ha sido fotografiado en las últimas semanas en bañador. No obstante, en algunos casos Interior ha elevado el dispositivo a otras personalidades hasta los ocho funcionarios policiales (seis escoltas, un oficial y un subinspector). "Depende de muchos factores, entre ellos del tiempo que haya pasado desde que la personalidad protegida dejó sus responsabilidades de Gobierno [en el caso de Rato más de diez años]", apuntan las fuentes policiales, que también añaden que el escoltado puede prescindir de este servicio. "Algunos lo han hecho, pero él nunca ha comunicado dicha intención", añaden.

La reducción de escoltas que inició el Ministerio del Interior a comienzos de Legislatura, en buena parte alentada por el fin de la actividad de ETA, vino acompañada entonces de polémica ya que algunas de las personas a las que se les retiró protestaron. Del cerca del medio millar que contaban con servicio de seguridad a cargo de la Policía se pasó a 164 de la actualidad. Como norma general, se decidió mantener la seguridad de los anteriores presidentes del Gobierno, los vicepresidentes y los que ocuparan las carteras de Interior y Defensa, así como de aquellos ministros que acabaran de dejar sus cargos. Así, por ejemplo, el pasado mes de septiembre se retiró a los últimos integrantes de los gabinetes de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, se eliminó para la inmensa mayoría de jueces y fiscales, incluidos los de la Audiencia Nacional. Ello provocó que las asociaciones mayoritarias de ambos colectivos criticaron la decisión por considerarla "radicalmente inadecuada" y pidieron que se les mantuviera la protección al mantenerse el riesgo por el yihadismo y la delincuencia organizada.

Fuentes policiales reconocen que esto ha provocado situaciones paradójicas. "Por ejemplo, con el propio Rato. El presunto delincuente tiene protección mientras que el juez que le investiga, Fernando Andreu, no", destacan. Además, recalcan que las escoltas "ni pueden ni deben ser vitalicias", y recuerdan que el protocolo por el que se decide quién debe ser protegido y con cuántos policiales fija desde que se redactó hace años la obligación de revisar la conveniencia o no de éstas cada seis meses. "Los servicios de protección asignados a cualquier persona se mantendrán en tanto persistan los riesgos que motivaron su inicio y serán objeto de revisión semestral en cuanto a la posible variación de los niveles de riesgo y la correspondiente adaptación de los niveles de protección, o retirada del servicio, en su caso", se lee en dicho documento, titulado 'Normas generales para la evaluación del riesgo y asignación de protección de personalidades'.

Tipo, fuente, credibilidad, capacidad y motivación de la amenaza

Dicho documento, al que ha tenido acceso este diario, fija cinco baremos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de riesgo y, por tanto, el tipo de protección estática y dinámica que recibirá la posibilidad. En concreto, habla de "tipo de amenaza", "fuente de la amenaza", "credibilidad de la amenaza", "capacidad del sujeto amenazante" y "motivación de la amenaza". A cada una de las cuales los evaluadores policiales deberán adjudicar una puntuación de 0 a 4. "La media aritmética de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los diferentes conceptos anteriores indicará el correspondiente nivel de riesgo", recoge textualmente el documento.

Policías critican la paradoja de que Rato tenga escolta y que al juez Andreu, que le investiga en el caso Bankia y de las tarjetas black, se le haya retirado hace tiempo

Así, si ésta es igual o superior a 3 se considerará "riesgo máximo", por lo que la personalidad contará con protección dinámica y estática "permanente". Si es igual o superior a 2, pero inferior a 3, el riesgo es calificado de "alto", y la protección será permanente en dinámica y temporal en la estática. Si va de 1 a 2, el nivel es "medio", y ambas protecciones serán "temporales". Si es inferior a 1, Interior considera que el riesgo es "bajo" y "no se prestará protección específica", aunque en estos casos deja la puerta abierta a que "por razones excepcionales la comisión podrá ordenar que se preste algún tipo de protección temporal". En cuanto al número de efectivos, el protocolo lo deja "a criterio del cuerpo policial que presta la protección teniendo en cuenta el cargo que ostenta o nivel de riesgo de la persona a proteger".

El documento también deja en manos de la Comisión que asigna los servicios la capacidad para ordenar "la retirada del servicio de protección cuando la persona protegida haga un uso inadecuado del mismo o disminuya o anule el sentido de su establecimiento". Una situación que, en su momento, Interior denunció que se daba en el caso del ex juez Baltasar Garzón, a quien redujo la escolta a un agente y le eliminó el vehículo blindado. Fuentes policiales consultadas aseguran que los abusos por parte de las personalidades protegidas han sido habituales. "Para algunos altos cargos, los policías son criados a su servicio que les traen y les llevan en coche, como si fueran un chófer", señalan estas fuentes.