Veracruz.- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa desembolsó más de 13 mil millones de pesos por convenios con diferentes medios de comunicación a nivel estatal y nacional aseveró el Coordinador General de Comunicación Social, Elias Assad Danini.



Durante su comparecencia ante los legisladores locales el vocero del actual gobierno estatal señaló que dicha dependencia fue una de las más cuestionadas por presuntos desvíos de recursos públicos.



Añadió que es ofensiva la cantidad de recursos utilizados para promoción de la imagen de Javier Duarte pues consideró que estos debieron haber sido usados para otro tipo de proyectos como mejorar infraestructura educativa u hospitalaria.



Dijo que la CGDCS tenia una nula cultura en materia de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos por lo cual la revisión de las facturas de la anterior administración municipal fue sumamente difícil.



“Esta cifra en verdad ofende; tal vez con tanto número se pierde de vista su dimensión, por ello considero conveniente hacer el siguiente ejercicio: ¿qué se puede hacer con 13 mil millones de pesos?”, expresó.



Añadió que para el desvío de recursos se utilizaron “cuentas puente” que permitían que los medios de comunicación recibieran los pagos en ocaciones sin generar factura alguna, por lo cual no se descarta que la cantidad planteada pudiera incrementarse.



Aseveró que la dependencia a su cargo en ha presentado las denuncias correspondientes por estos desvíos de recursos en contra de al menos dos extitulares de la Coordinación de Comunicación Social.



Señaló a María Gina Domínguez Colío, quien actualmente se encuentra detenida y en proceso judicial y a Alberto Silva Ramos, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional.



“Se manejó de manera discrecional, incluso, se logró encriptar por muchísimos años, sobre todo los gastos financieros”, indicó el funcionario.



GANAN AMPARO CONTRA OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



Mientras tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que había sido interpuesto raíz del ocultamiento de información sobre los gastos en publicidad gubernamental entre los años del 2010 al 2013.



Duarte de Ochoa reservó dicha información desde el año 2013 bajo el argumento de que su difusión pondría en riesgo la estabilidad financiera de la entidad.



La SCJN consideró que reservar este tipo de datos atenta contra el derecho constitucional del acceso a la información.