Alerta antifascista La hipócrita ley de concordia que la derecha pretende sacar adelante en el Parlamento de Andalucía, como consecuencia de su acuerdo de gobierno con VOX, no es más que un pretexto para humillar a las victimas del franquismo, dando de ese modo satisfacción al odio visceral que viene azuzando su socio de gobierno, […]

Alerta antifascista

La hipócrita ley de concordia que la derecha pretende sacar adelante en el Parlamento de Andalucía, como consecuencia de su acuerdo de gobierno con VOX, no es más que un pretexto para humillar a las victimas del franquismo, dando de ese modo satisfacción al odio visceral que viene azuzando su socio de gobierno, desde que desembarcó de su buque nodriza. Esta pretendida ley de concordia será, probablemente, una versión envenenada de lo que se denominó en la segunda mitad del siglo pasado reconciliación nacional, lo que aumentará el desconcierto y frustración de numerosos demócratas.

No sería necesario recordar, si viviésemos en un autentico Estado de derecho, que el PP es un partido fundado por un ministro de la dictadura franquista, que no tuvo ningún inconveniente en lanzar una campaña infame para justificar el Consejo de Guerra, condena y asesinato en 1963 de Julián Grimau, dirigente del Partido Comunista de España; un partido republicano que impulsaba, desde hacia años, la citada política de reconciliación nacional.

Por otro lado, VOX, socio de gobierno de la derecha franquista, se está configurado como una fuerza de ultraderecha sin complejos, con conexiones internacionales inquietantes, que ha hecho su entrada en el Parlamento de Andalucía con la intención malsana de destruirlo.

No es, pues, casual que el PP haya pactado un acuerdo de gobierno con una fuerza salida de sus propias entrañas, pues su afinidad nace de la voluntad de los poderes que sustentaron la dictadura, consolidados por el pacto de la transición. Es un acuerdo de gobierno que pone en peligro las libertades, en retroceso alarmante, y apunta directamente contra las mujeres y los derechos civiles.

¡Vivan las cadenas!

La llamada transición se produjo en una situación de terror que afectaba a amplias capas populares, producto de una dictadura sanguinaria que mantuvo secuestradas las libertades durante casi cuarenta años.

El tremendo trauma colectivo del pueblo español, provocado por el fallido golpe militar nacional-católico de 1936, que derivó en guerra y dictadura, unido a las amenazas y presiones constantes de las fuerzas armadas de Franco, y los crueles atentados de ETA que les daba alas, forzó una transición que dieron en llamar modélica.

En España no fue viable una autentica transición democrática, como sí lo fue en nuestro admirado Portugal de la Revolución de los Claveles, un venturoso 25 de Abril de 1974. En el periodo que va de 1976 a 1980 se produjeron en nuestro país más de 100 asesinatos de militantes de izquierda, en manifestaciones y atentados, mientras que en Portugal se produjeron cuatro víctimas mortales, además de un cierto número de heridos, como consecuencia de los disparos de agentes de la policía política contra manifestantes civiles.

La Verdad, Justicia y Reparación, exigibles al término de la dictadura, compensando a las victimas del franquismo, así como el enjuiciamiento y condena correspondiente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los sicarios de la dictadura, no se llevó a efecto. Todo quedó en suspenso como consecuencia de la mal llamada Ley de Amnistía, en realidad una ley de punto final.

Jamás el poder franquista, presente en las instituciones del Estado -como lo son una parte significativa de las Fuerzas Armadas, con el rey a la cabeza, Judicatura y Policía- escenificó un acto de arrepentimiento, tampoco de propósito de enmienda, es decir garantía de no repetición, pese a la gigantesca masacre perpetrada durante la dictadura, con más de 100.000 asesinatos que no prescriben. Por el contrario, el denominado Movimiento Vasco de Liberación (Aznar dixit) abandonó finalmente las armas tras cometer cerca de 900 asesinatos a lo largo de sus 50 años de existencia, disolviéndose finalmente y dando garantías razonables de no repetición.

El terror franquista no solo ha de ser condenado, sino recordado en un museo de lo horrores, quizá en sustitución del mausoleo del dictador y genocida Francisco Franco, que sigue aún presidiendo la Sierra de Madrid, coronado por una ciclópea cruz visible a más de una veintena de kilómetros. Resulta, por tanto, cuando menos curioso para cualquier observador imparcial, que un numeroso grupo de generales y almirantes, secundados por más de mil oficiales, algunos de ellos aún en la reserva, haga un enardecido enaltecimiento de Franco oponiéndose a una decisión del Gobierno de España, sin que actúe la Fiscalía General del Estado ni la Audiencia Nacional.

Mientras numerosas placas, monumentos y rotondas recuerdan a las victimas de ETA, que son generalmente escrupulosamente respetadas, escasas placas o monumentos honran la memoria de las víctimas del franquismo, que son además frecuentemente atacadas. Tampoco existe en España un símbolo equivalente al que representa en Francia el Musée de la Résistance nationale, además de infinidad de placas y monumentos, que, como ejemplar memoria democrática, jalonan la historia del país vecino.

El reciente acto de homenaje al exilio republicano organizado por el PSOE, celebrado en el Senado con vivas a la República, y magistralmente narrado por la escritora y periodista Enriqueta de la Cruz, es un hecho esperanzador.

La memoria de todas las victimas inocentes ha de ser respetada y honrada.

La Transición fue un trágala de la dictadura franquista. Los poderes económicos que la sustentaban, acumulando fortunas gigantescas a costa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, necesitaban integrarse urgentemente en la Comunidad Económica Europea, so pena de ver constreñidos sus intereses y alianzas económicas. Sabían que los gobiernos europeos no aceptarían en su seno una monarquía heredera de Franco, sin un adecentamiento previo de su fachada.

El gran desequilibrio de fuerzas a la muerte del dictador determinó el rumbo de la Transición. Unas, las republicanas, diezmadas y desarmadas. Otras, las monárquicas, detentando el poder económico y fáctico que le otorgaban las leyes de la dictadura. Todo bajo la atenta vigilancia de un ejército de ocupación, pues no otra cosa eran las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, al que daban soporte las leyes penales militares y demás leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, tribunal cuyas funciones absorbió la Audiencia Nacional, sin olvidar la tristemente célebre Brigada Político Social, que pasó a encuadrarse en la Policía Nacional.

El desenlace del proceso fue una Constitución cuyo núcleo blindado garantizó el famoso atado y bien atado, representado actualmente por el rey Felipe VI: Que nadie se llame a engaño, la Constitución prevalecerá, dijo amenazante días antes del apaleamiento inmisericorde del pueblo catalán.

Actualmente es imposible una reforma del núcleo duro de la Constitución sin el acuerdo de las fuerzas franquistas procedentes de la dictadura. En efecto, su reforma, prevista en el Art. 168 de la CE, constituye el famoso candado al que ha hecho mención el líder de Unidos Podemos, profesor Pablo Iglesias. Se trata de una barrera infranqueable para las fuerzas de progreso, que impide de facto cualquier intento de reforma democrática de calado, esencial para los intereses de las clases populares y de los pueblos.

Por el contrario, los artículos de la Constitución que proclaman derechos sociales -como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a una viviendas digna, a las pensiones- no están garantizados, constituyendo de hecho un señuelo sin materialización efectiva alguna; por el contrario, los privilegios franquistas del rey están especialmente protegidos por el citado candado, que imposibilita cualquier modificación, incluida la anulación de su famosa inviolabilidad.

La correlación actual de fuerzas parlamentarias entre el bloque democrático y el franquista está sesgada por unas leyes preconstitucionales, como lo es la injusta ley electoral, que favorece a las fuerzas conservadoras, y otras leyes directamente procedentes de la dictadura, no derogadas, como lo es la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, decretada por Franco, que reinstauró la monarquía.

El ¡vivan las cadenas! de la Constitución no ha soportado las contradiciones latentes en su seno, provocando una crisis de Estado gigantesca, que tan solo un gran pacto democrático para el inicio de un proceso constituyente en libertad, que no la hubo, podría paliar.

Una salida pactada entre las fuerzas democráticas

La República federal, o confederal, es el único marco constitucional viable frente a los evidentes síntomas de descomposición del reino de España, agravado por el empantanamiento del conflicto catalán. Su proclamación es la única oportunidad que nos queda antes de que se consume de forma irreversible la descomposición en ciernes, de consecuencias imprevisibles.

Por otro lado, es de desear que tanto el Estado español, como la Generalitat de Catalunya, reconozcan de facto el grave error estratégico del llamado choque de trenes, de resultado aún incierto para ambas partes. La única salida viable, después del estruendoso choque, es, obviamente, un pacto histórico que conduzca a una gran Convención republicana que establezca una hoja de ruta transitable.

Contribuyamos, pues, compañeras y compañeros, a aunar voluntades a fin de avanzar hacia la formación de un amplio gobierno democrático que, actuando a modo de gobierno provisional, incluya a representantes de las naciones históricas del Estado español, proclame la República y decrete una ley electoral justa, convocando a continuación elecciones a una Asamblea Nacional constituyente, respetuosa con los derechos sociales y de los pueblos, incluido el derecho a la independencia si así se pactase.

Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada, portavoz del colectivo de militares demócratas ANEMOI, presidente federal de UCR, antiguo miembro de la UMD.

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