En un hecho sin precedentes, el Congreso mexicano ha recibido una avalancha de pronunciamientos pidiendo detener la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La CNDH; la CIDH; el representante en México de ONU-DH; el Alto Comisionado de DH-ONU; tres ex relatores especiales de la ONU; los rectores de la UNAM, Ibero y UdG; los directores del CIDE y del IIJ-UNAM; WOLA; Action by Christians for the Abolition of Torture; CELS; CEJIL; Conectas Direitos Humanos; la Fundación para el Debido Proceso; el Robert F. Kennedy Human Rights; la World Organisation Against Torture; la Provincia mexicana de la Compañía de Jesús; la Conferencia del Episcopado mexicano (conformada por los Obispos de México); un alud de académicos de la UNAM, el CIDE, el ITAM, la Ibero y otras universidades; las Comisiones de Derechos Humanos de la CDMX, Aguascalientes, Veracruz, Nuevo León, Yucatán, Jalisco y Baja California; la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; más de 250 organizaciones y 200 individuos que conforman los colectivos de #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaqueSirva; el Inai; los galardonados de la Medalla Belisario Domínguez y del Premio Nacional en Derechos Humanos, entre otros, se han expresado -de una forma u otra- en contra de la aprobación de esta ley.

En un documento enviado al Senado, el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala 14 puntos de preocupación sobre la Ley. Entre estos se encuentran: la ambigüedad de conceptos –no se establece con claridad qué es Seguridad Interior-, la ausencia de controles y de transparencia, y el uso indebido de las Fuerzas Armadas. Este último punto ha sido negado por algunos legisladores que insisten en que las críticas provienen de una mala lectura de la ley que en realidad no faculta a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. ¿Dónde está la confusión?

El mes pasado, durante la inauguración del cuartel de la policía militar y unidad habitacional en Coahuila, el presidente Peña Nieto dijo: “Hace falta un marco jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública. Un marco que con absoluta claridad defina medios y los alcances del respaldo subsidiario que hoy brindan las fuerzas armadas en diversos estados y municipios. Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad.” El Presidente lo tiene claro, se trata de regular las tareas de seguridad pública que el ejército realiza hoy en el país. El problema es que la Constitución expresamente lo prohíbe. La ley habla de “identificar, prevenir, atender, reducir y contener” amenazas a la “Seguridad Interior” para darle la vuelta a la Constitución, porque no tienen mayoría para cambiarla.

La Ley, además, habilita a las fuerzas armadas para realizar estas tareas en una lógica muy ajena a la de la seguridad pública. En lugar de prever mecanismos de revisión, transparencia y rendición de cuentas, crea un marco de opacidad y secrecía, sin controles externos y con absoluta discrecionalidad. Es decir, los soldados y marinos podrán detenernos, investigarnos, intervenir nuestras comunicaciones y exigir nuestros datos a instituciones como el INE o el Seguro Social. Todo esto para prevenir algo que no está claramente definido.

En su discurso, el Presidente afirmó: “En esta administración hemos fortalecido la presencia de nuestras fuerzas armadas en el noreste del país (…) 5 años atrás en Coahuila había mil 800 soldados y hoy contamos con más de 6 mil en esta entidad.” La realidad es que durante años se han abandonado a las policías y optado por fortalecer a las Fuerzas Armadas. En los hechos, esta ley cancela la construcción de instituciones civiles eficaces y opta por un modelo militar que ha tenido resultados deplorables. Lo hace a costa de la Constitución, la transparencia, las libertades y los derechos de los ciudadanos.

División de Estudios Jurídicos CIDE. @cataperezcorrea