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Reportaje principal del dossier sobre el tratado de libre comercio publicado en el número de febrero de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual

Los dirigentes políticos en Washington, Bruselas y otras capitales europeas tienen un pollo. Es un pollo pequeño pero está causando grandes dolores de cabeza a los negociadores y defensores de crear una gran área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés, TTIP. En concreto, se trata de un pollo desinfectado con clorina para su consumo, una práctica habitual en EEUU. Con el TTIP se podría llegar a permitir la venta de este tipo de producto en Europa, donde actualmente está prohibido. En Alemania este aspecto, casi anecdótico con respecto a la inmensa materia sobre la que están negociando Bruselas y Washington, ha provocado un revuelo público considerable, acaparando grandes titulares y debates. Se topa con el rechazo mayoritario del ciudadano-consumidor teutón, que está dudando de los supuestos beneficios del TTIP en general. Y como cualquier movilización social funciona mejor si tiene como bandera un símbolo gráfico, pues allí está el pollo de clorina.

Este 2 de febrero, los técnicos de la UE y de EEUU inician una nueva ronda de negociaciones sobre el TTIP en Bruselas. Es la octava desde que comenzó el proceso en julio de 2013. Durante años, estos funcionarios de la Comisión Europea y de la Oficina de Comercio de la Casa Blanca se han reunido de forma discreta sin dar cuenta al público de sus propuestas y argumentos. Pero la situación ha cambiado de forma notable en los últimos meses. Ante la creciente presión de la sociedad civil, activistas y partidos políticos, algunos de ellos con responsabilidad de gobierno, la Comisión Europea se vio obligada a principios de enero a hacer pública, por primera vez, una serie de documentos hasta entonces clasificados y a aclarar su posicionamiento respecto a los asuntos de los que se habla en el marco del TTIP. No son papeles demasiado relevantes. Más interesante resultan las afirmaciones y compromisos de la CE sobre los diferentes temas. “Es muy importante que todo el mundo pueda ver y comprender lo que estamos proponiendo para el TTIP e, igualmente importante, lo que no proponemos”, dijo la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, que tomó posesión del cargo con la nueva Comisión liderada por Jean-Claude Juncker en noviembre. Un año y medio después del comienzo de las negociaciones, Bruselas lanza lo que llama “una iniciativa de transparencia” y promete “negociar el TTIP de la manera más abierta posible”.

Los estadounidenses arrancaron de sus colegas europeos el compromiso de que los protocolos de las negociaciones fueran material clasificado durante 30 años. Y, precisamente, ha sido la opacidad del proceso la que ha puesto en alerta a movimientos civiles a ambos lados del Atlántico. Las pocas filtraciones de documentos internos confirman las sospechas de que se está negociando a espaldas de la ciudadanía, algo que beneficiaría sobre todo a las grandes empresas. La idea de que EEUU y Europa se pusieran de acuerdo para abrir aún más sus respectivas economías al otro viene del siglo pasado. En 2013, el presidente estadounidense Barack Obama y el entonces jefe de la CE, José Manuel Barroso, dieron finalmente el pistoletazo de salida para un proceso que aspira a crear el mayor espacio de libre comercio del mundo, con más de 800 millones de ciudadanos y las economías más avanzadas del planeta. Se pretende acabar con las barreras existentes, como los aranceles, aunque estos ya están en un nivel muy bajo si se compara con las relaciones con otros países. Por ejemplo, EEUU aplica una tarifa del 2,5% a los coches importados desde Europa, mientras la UE cobra un 10% para los vehículos que llegan desde América.

El verdadero objetivo del TTIP, sin embargo, es nivelar las diferentes normas y reglas para los productos y servicios. Los estándares difieren bastante, por ejemplo para la producción de alimentos. En EEUU está extendido el cultivo de transgénicos, al que se oponen los europeos. También existen criterios diferentes para la fabricación de parachoques y sillas de niños en los coches. Además, el TTIP pretende abrir los servicios para las empresas de ambos lados, al eliminar políticas de la administración pública que dan preferencia a proveedores locales en los concursos. En fin, el objetivo es crear un mercado común con las mismas condiciones para todos, lo que en la jerga económica en inglés se conoce como level playing field.

En principio, suena razonable. No obstante, para los críticos con este tratado –ecologistas, sindicatos y grupos de protección del consumidor– existe un gran peligro de que los dos equipos de negociadores acaben encontrándose en el denominador común más bajo, es decir, que se impongan mutuamente las regulaciones, normas y estándares más laxos de cada uno de ellos. Según estos colectivos, Europa podría acabar abriendo la puerta no sólo al pollo de clorina o los productos transgénicos, sino que se podrían rebajar también otros logros en derechos laborales o protección del medio ambiente. EEUU, por ejemplo, quiere acabar con la resistencia de los gobiernos europeos a la controvertida fracturación hidráulica, el famoso fracking, para extraer gas y petróleo a riesgo de contaminar el suelo y el agua e incluso provocar movimientos sísmicos. También se teme que el TTIP abra la puerta a más privatizaciones de servicios públicos y, a la vez, cierre definitivamente la posibilidad de renacionalizarlos en el futuro.

Diputados sin información

Sobre el impacto económico de un área de libre comercio hay una guerra de estudios y cifras. Un informe independiente encargado por la Comisión al Centre for Economic Policy Research, un instituto de investigación de Londres, habla de que el TTIP podría añadir medio punto anual al crecimiento del PIB europeo, ya que las exportaciones a EEUU se incrementarían un 28%. En el mejor de los casos, según los expertos de Londres, una familia de cuatro miembros verá aumentada su renta disponible en 548 euros al año. En EEUU llegaría incluso a 655 euros. Por el contrario, otros estudios prevén la pérdida de millones de empleos porque la mayor competencia beneficiaría sobre todo a las multinacionales y haría mella en el tejido de la pequeña y mediana empresa. No deja de ser especulación, ya que todo depende de qué medidas entrarán finalmente en el acuerdo y cuáles no.

En junio de 2013, el entonces presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y el presidente de EEUU, Barack Obama, decidieron impulsar el TTIP.

Los dirigentes de la UE y los propios negociadores, por supuesto, no comparten las críticas y preocupaciones por los presumibles efectos nocivos del tratado. El jefe del equipo europeo, el español Ignacio García Bercero, tilda de alarmistas a los activistas y sindicatos que advierten de que fomentará más desregulación y privatización. “La UE no hará ningún compromiso en relación a los servicios públicos de sanidad, educación o servicios sociales”, asegura la CE en la documentación sobre el TTIP.

Pero los responsables de las negociaciones del TTIP han contribuido a despertar y alimentar los recelos. Aunque se han reunido con grupos de activistas y otros miembros de la sociedad civil, la inmensa mayoría de los contactos a puerta cerrada fueron con representantes de la industria, las finanzas y otros sectores del poderoso lobby empresarial. Los diputados del Parlamento Europeo, que deben ser consultados a lo largo del proceso, se han quejado de la escasa información que reciben. “Yo soy miembro de la comisión de Comercio Internacional y doy fe de que la opacidad es indignante”, comenta la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez, por correo. “Sólo ciertos diputados, los coordinadores de los grupos en esta comisión, que son siete, han podido acceder a la sala de lectura o reading room, donde se les muestran algunos documentos de las negociaciones. A esta sala no pueden entrar con lápiz, papel, móvil o cámara de fotos, y lo que leen debe permanecer oculto”, agrega.

La lucha contra la opacidad de las negociaciones ha sido el principal caballo de batalla de las organizaciones que contestan el TTIP. La presión aumentó mucho el año pasado con cientos de manifestaciones, actos de protesta y otras iniciativas para romper el muro de silencio de la Comisión. Con la recientemente inaugurada “iniciativa de transparencia” de Bruselas, este movimiento celebra un primer éxito. “Nuestra protesta surte efecto. Nuestras demandas y advertencias han despertado un debate vivo sobre el TTIP y CETA (el tratado de libre comercio con Canadá), y hemos obligado a muchos políticos que hasta ahora no se han preocupado por el tema a definirse”, resumen en Stop-TTIP, una campaña que reúne a unas 300 organizaciones de toda Europa. En la primavera de 2014 lanzaron una petición internacional que consiguió un millón de firmas –40.000 en España–, para presentar una iniciativa ciudadana europea que inste a la Comisión a abrir un debate público sobre el TTIP. A pesar de cumplir con las exigencias establecidas, Bruselas se negó a aceptar la iniciativa.

Pero la presión fue a más, especialmente después de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Sobre todo de los verdes europeos y los partidos de izquierda, que no dejaban de exigir al nuevo equipo de Juncker más transparencia y debate. Con éxito. Además de prometer la publicación de documentos, la CE lanzó una consulta ciudadana sobre el TTIP, lo cual dejó a los socios estadounidenses algo desconcertados. “Es difícil evaluar la influencia real de las acciones de lobby de la sociedad civil pero definitivamente tienen un efecto”, reza un informe del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), el gran lobby estadounidense en este campo. “La prueba es la decisión de la Comisión de lanzar una consulta pública de tres meses sobre la propuesta de crear un mecanismo de arbitraje entre Estados e inversores después de una campaña en contra”, concluye.

Efectivamente, el resultado de las 150.000 respuestas de los ciudadanos a la consulta es que existe un “enorme escepticismo” entre la ciudadanía sobre aspectos del TTIP, en particular el mencionado mecanismo de arbitraje, como reconocen en Bruselas. Es el aspecto más espinoso de todo el tratado, el que más rechazo genera y el que tiene el potencial de acabar con todo el proyecto. La cláusula sobre Solución de Controversias entre Inversores y Estados, más conocida por sus siglas en inglés, ISDS, es un requerimiento imprescindible de Washington. Este mecanismo prevé fijar por ley que los inversores extranjeros puedan llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje si consideran que su gobierno ha tomado decisiones que perjudican sus intereses. Originalmente, se trataba de condiciones impuestas por los países ricos a las naciones en desarrollo para evitar que una empresa pudiera verse perjudicada por decisiones como una nacionalización de los activos. Pero muchos inversores se han aprovechado de estos mecanismos para reclamar compensación porque los gobiernos elevaron el salario mínimo o introdujeron normas medioambientales más estrictas.

Ya existe un tribunal de arbitraje, el Ciadi, que depende del Banco Mundial en Washington y es reconocido por la gran mayoría de países miembros de la ONU. El Estado español, por ejemplo, está acumulando demandas de inversores extranjeros por el recorte de las subvenciones a las energías renovables. Pero, con el TTIP, este proceso sería vinculante y los demandantes podrían acudir a otros tribunales de arbitraje de carácter puramente privado. Normalmente, las dos partes del litigio, el Estado y el inversor, nombran cada una a un miembro del panel y se ponen de acuerdo para elegir un tercero. Los tres juristas que dirimen el contencioso suelen ser abogados comerciales de despachos privados en vez de jueces. La falta de transparencia es otra crítica de estos mecanismos. Los defensores del ISDS y el lobby empresarial alegan que los inversores deben tener garantías que les protejan de decisiones arbitrarias en su perjuicio y destacan que estas cláusulas existen ya en otros tratados como el mencionado CETA con Canadá, que aún no ha entrado en vigor. La ONG Traidcraft quita hierro a este argumento y pone el ejemplo de Brasil, que se opuso a firmar cláusulas de este tipo, sin que se haya resentido la inversión extranjera en el gigante suramericano.

Reparos entre los socios de Merkel

Pero lo más controvertido es que el ISDS socavaría la soberanía de los Estados y sus sistemas de Justicia. Y mucha gente no quiere aceptar esto. “Digo muy claramente: no necesitamos los tribunales de arbitraje”, afirmó el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en junio. “La posición del Gobierno federal en este punto es firme y así se lo hemos transmitido a la Comisión”, dijo el dirigente socialdemócrata. Su partido, el SPD, tiene un papel clave para el futuro del TTIP, ya que forma gobierno junto con los democristianos de la canciller Angela Merkel, que está muy preocupada con que el tratado llegue a buen puerto. En un congreso del año pasado, las bases socialdemócratas votaron una moción en contra del ISDS. Con eso pusieron en aprietos a su presidente Sigmar Gabriel, quien, como vicecanciller y ministro de Economía, es el responsable de temas de comercio en la gran coalición. Gabriel no comparte muchos de los reparos de sus compañeros de partido y está a favor de llegar a un acuerdo con EEUU, aunque en otros términos. Para vencer la resistencia a los tribunales de arbitraje, el líder de los socialdemócratas alemanes está pensando en crear un tipo de corte internacional para el comercio, con jueces que provienen de los sistemas de Justicia nacionales y con todas las garantías de transparencia para la sociedad.

Incluso en la CDU de Merkel empiezan a surgir dudas sobre el TTIP. “No debe haber recortes en los derechos laborales. Hay que preservar los servicios públicos y garantizar la seguridad alimentaria”, dijo al diario financiero Handelsblatt el vicepresidente de la CDA, una corriente dentro del partido que representa los intereses de los trabajadores, Christan Bäumler. Asimismo, está en contra del ISDS. El rechazo al mecanismo de arbitraje se ha manifestado también en los parlamentos de Francia y Holanda, que han aprobado sendas mociones en su contra. Y el ministro de Comercio francés, Matthias Fekl, declaró en noviembre que París no firmará un tratado que incluya el ISDS. “Tenemos que preservar el derecho del Estado para establecer y aplicar sus propios estándares, mantener la imparcialidad del sistema de Justicia y permitir al pueblo de Francia y del resto del mundo reafirmar sus valores”, dijo el ministro socialista.

Protesta contra el TTIP.

La comisaria Malmström ha entendido el mensaje y comprende que debe actuar para vencer los recelos. Con este objetivo, ya está preparando un “ISDS reformado”, según consta en el memorándum de un eurodiputado que participó en una de las exclusivas reuniones de consulta con la responsable europea de Comercio. En ese encuentro, Malmström también dio a entender que prefiere posponer la firma de CETA para no entorpecer las negociaciones del TTIP. Y es que el tratado de libre comercio con Canadá, que ya está aprobado, aunque todavía no ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, contiene la polémica cláusula ISDS, que tanto rechazo despierta en Alemania, Francia, Holanda y otros países. “El ISDS es la piedra en el zapato del TTIP”, comenta Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción de la campaña contra el tratado en España.

El mecanismo de arbitraje es uno de los elementos más importantes del proyecto, pero también es muy complejo. Como suele ocurrir, son los aspectos más simples y cercanos a la vida diaria los que consiguen levantar las pasiones del gran público. En Alemania, al pollo de clorina se ha sumado recientemente la popular salchicha Nuremberg como casus belli de los detractores del TTIP. El detonante fueron unos comentarios del ministro de Agricultura, Christian Schmidt, a la vuelta de una visita a Washington, donde, según cuenta la revista Der Spiegel, fue testigo del tremendo enfado de los colegas estadounidense sobre la actitud de los europeos en las negociaciones. “Si queremos aprovechar las oportunidades del comercio libre con el enorme mercado norteamericano, no podremos seguir protegiendo cada salchicha y cada queso como una especialidad”, dijo a principios de enero el político de la CSU, los socios en Baviera de la CDU de Merkel.

Schmidt se refiere a los cientos de productos en Europa que gozan de una denominación de origen, como el jamón ibérico y el de Parma, el queso roquefort, el Idiazábal, el whisky escocés y prácticamente todos los vinos y licores. Un Rioja tiene que ser de Rioja y una salchicha Nuremberg tiene que ser de Nuremberg, aunque gran parte de la carne provenga de un cerdo polaco. En EEUU, al contrario, cualquiera puede producir un jamón de Parma y en California hacen vino de Oporto. Los comentarios de Schmidt provocaron una gran convulsión popular. Ante la opinión pública adversa y, aparentemente, un tirón de orejas de la propia Merkel, el ministro tuvo que rectificar. “Conmigo no va a haber salchichas Nuremberg de Kentucky”, prometió el dirigente bávaro. Asunto zanjado.

Frente al vivo, a veces algo histérico, debate público sobre el TTIP en Alemania, en España el tema apenas existe en la agenda de los grandes medios y los principales partidos políticos. “Ha habido un gran silencio en la prensa mayoritaria. TVE no ha sacado nada. Sólo los medios alternativos han informado de ello. Ahora empieza a haber un poquito más”, resume Rico, de Ecologistas en Acción. “Entre los políticos apenas hay debate, sólo después de las europeas empezaron a hablar del TTIP en Podemos e IU, quizás arrastrados por sus compañeros europeos. El PP y el PSOE prestan un apoyo sin fisuras y además han intentado que el tema no traspase a la esfera pública. En el PSOE comienza a haber movimiento. Sus eurodiputados empiezan a hacerle más caso y son críticos con el ISDS. Antes no se enteraban bien”, afirma el organizador de la campaña contra el tratado. Los socialistas dicen estar a favor, en principio, de crear un área transatlántica de libre comercio, pero no firmarán “cualquier acuerdo”. Los sindicatos mayoritarios apoyan la campaña, apunta Rico, “pero todavía no han movilizado a sus bases”, a diferencia de CGT y CNT.

En el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy el mutismo es total. La Marea ha intentado sin éxito saber la opinión del Ministerio de Economía. En la Secretaría de Estado de Comercio alegaron problemas de agenda y remitieron a una explicación del TTIP en la página web del ministerio. Allí se hace un resumen de los principales pilares del asunto, pero se omiten todos los puntos polémicos, como el ISDS o la discusión sobre las denominaciones de origen, a pesar de que afectan a muchos productores españoles. Resulta extraño que Rajoy y sus ministros apenas hayan hablado del TTIP en público cuando en la web de Economía se asegura que “este acuerdo es la máxima prioridad en política comercial para España por las oportunidades que brindará y por su importancia estratégica”. Entre estas oportunidades figura la perspectiva de abrir el mercado para la licitación de servicios públicos y obras a nivel local y regional, como la gestión del agua, el transporte o la recogida de basura, a ambos lados del charco. “Dada la fortaleza de nuestras empresas en el sector de la construcción y las concesiones, un objetivo esencial es lograr una mejora sustancial en el acceso recíproco a las compras públicas a todos los niveles de gobierno”, reza el documento. Efectivamente, grandes empresas como ACS, Sacyr o Acciona se beneficiarían de la eliminación de políticas que dan prioridad a empresas locales, como el “Buy America”. Por supuesto, lo mismo valdría para las multinacionales norteamericanas en el mercado europeo.

“Este gobierno es muy pro EEUU y muy pro comercio libre”, comenta Fernando Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano en Madrid, “pero también quiere ser un aliado fiel de la Alemania de Merkel y no le pondría problemas sobre la mesa”. Rico, de Ecologistas, cree que “Rajoy no quiere debates sobre este tema en lo que queda de legislatura”. Para evitar que en la sociedad española se discuta sobre las ventajas e inconvenientes del tratado, el PP ha contado con la complicidad del PSOE y otros partidos, al menos hasta ahora. En mayo pasado, el Congreso de los Diputados rechazó una moción presentada por Izquierda Plural para que hubiese un referéndum sobre el texto final del TTIP en España, con los votos de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV.

Precisamente, la participación de los ciudadanos y las instituciones democráticas en la eventual ratificación del TTIP es otro frente de batalla. La idea original de la Comisión era que bastara con la aprobación por el Consejo Europeo, el máximo órgano de la UE donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros, y del Parlamento Europeo. Este plan se basa en el concepto de que se trata de un acuerdo puramente comercial, y la UE ha asumido competencia exclusiva en esta materia. Sin embargo, muchos juristas y políticos consideran que finalmente saldrá un “acuerdo mixto”. Es decir, que contendrá aspectos que entran en el ámbito de competencias de los Estados y, por ende, deberá ser aprobado también por las autoridades nacionales. En algunos países como Irlanda eso acarrearía automáticamente un referéndum. En otros también se plantea esta posibilidad.

La rebeldía de la Eurocámara

El antecesor de Malmström, el belga Karel De Gucht, maniobró el año pasado para evitar que el TTIP necesitara pasar por un largo, espinoso e incierto proceso de ratificación en los 28 países de la Unión. En opinión de los críticos, la comisaria sueca no ha abandonado esta idea. Pero lo tiene difícil. El ministro de Justicia alemán, Maas, y otros dirigentes europeos, insisten en que cualquier acuerdo debe contar con la aprobación de los parlamentos nacionales. “Necesitamos una legitimación democrática amplia”, dijo. Pero incluso si la Comisión se sale con la suya, y el TTIP sólo fuera votado en el Parlamento Europeo, no tiene asegurado el visto bueno. La Eurocámara ha empezado a dar muestras de rebeldía. En julio de 2012, el Parlamento rechazó el acuerdo multilateral contra la falsificación (ACTA) que habían negociado la Comisión, EEUU y otros países como Australia, prácticamente con la misma opacidad que el TTIP. El tratado que pretendía combatir la piratería planteaba grandes dudas acerca de la protección de datos de los usuarios. Este asunto ahora vuelve a estar sobre la mesa a través del TTIP.

Los defensores del tratado, con Malmström al frente, han comprendido ahora que necesitan ganar la batalla de la opinión pública. En Bruselas creen que fue un error dejar el campo libre a los detractores que han podido desarrollar sus campañas sin contestación. Para convencer a los ciudadanos de los beneficios de crear un área común con EEUU, además del supuesto impacto económico positivo, se recurre a argumentos geoestratégicos. Merkel aprovechó la asistencia a la cumbre del G-20 en Australia en noviembre para dar un espaldarazo al TTIP y pedir que se aceleren las negociaciones. “Un viaje a esta región nos enseña que el mundo no se queda esperándonos”, afirmó la canciller. “Debemos tener cuidado para no quedarnos detrás”. Según esta argumentación, si Europa y EEUU consiguen ponerse de acuerdo podrán marcar los estándares y normas para el resto del mundo. De lo contrario, serán las naciones emergentes, con China a la cabeza, las que marcarán las reglas de juego.

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente de EEUU, Barack Obama, durante la cumbre del G-20 en Australia el año pasado. BUNDESREGIERUNG

Los defensores del TTIP en Europa alegan que, si fracasan las negociaciones, EEUU miraría hacía el otro lado, hacia Asia. El proceso paralelo para crear un gran área de libre comercio del Pacífico, el TPP, está mucho más avanzado. Este argumento no convence a todos. “Los americanos que quieren comprar un BMW o un Mercedes seguirían haciéndolo. Seguro que no se comprarían un coche chino sólo porque exista un acuerdo de libre comercio entre EEUU y China”, afirmó el diputado socialdemócrata alemán Sascha Raabe a Der Spiegel.

En una economía globalizada, los países industrializados, con altos estándares medioambientales y derechos laborales, compiten con otros en el mundo en desarrollo, donde las condiciones laborales son a menudo penosas y el respeto a la naturaleza deja mucho que desear. Estos defectos son el precio que pagan países como China, Bangladesh o India para atraer la inversión extranjera que les permite superar el subdesarrollo. “Si en Europa estamos tan orgullosos de nuestros logros en derechos laborales, derechos humanos y protección del medio ambiente, deberíamos tener interés en que otros nos sigan. Y qué mejor manera que empezar por el primo norteamericano”, opina Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano.

También en Washington son muy conscientes de la función geoestratégica del TTIP, que va más allá de lo puramente económico. “El comercio es la expresión de nuestro liderazgo diplomático y estratégico en el mundo. El país más fuerte que existe hoy en el mundo aprovecha el comercio, junto con medios diplomáticos y militares convencionales, para conseguir sus principales objetivos estratégicos”, dijo el subsecretario de Estado para el Comercio de EEUU, Stefan M. Selig, en una conferencia en Washington en noviembre.

Al igual que en Europa, al otro lado también está creciendo el rechazo al TTIP en la sociedad civil y en la política. La campaña europea se coordina con organizaciones estadounidenses que movilizan la calle, como Public Citizen. Los argumentos se parecen. Muchos ciudadanos norteamericanos también temen que el acuerdo de libre comercio abra la puerta para que las multinacionales europeas se aprovechen del mercado en detrimento de las medianas empresas locales. Lo que más preocupa es la posible desregulación de los servicios financieros. En este aspecto, es EEUU quien tiene reglas mucho más estrictas que la UE. Tras la crisis financiera, que originó en Wall Street, la administración Obama ha ido mucho más allá en limitar los poderes de los grandes bancos para la especulación que provocó el colapso. Nuevas leyes, como el acta Dodd-Frank, han introducido una regulación más rigurosa que en Europa. Lógicamente, las instituciones financieras de Wall Street ahora ven en el TTIP una gran oportunidad para librarse de estas ataduras si ambas partes se ponen de acuerdo sobre la base de las normas europeas, mucho más laxas. Los bancos de este lado del Atlántico, obviamente, tampoco quieren que con el tratado se introduzcan las reformas de Obama en el Viejo Continente. No cuesta mucho imaginarse la presión del lobby combinado del sector financiero de ambos bloques sobre los negociadores.

En el Capitolio de Washington se está movilizando la resistencia al TTIP. La senadora por Massachusetts, Elisabeth Warren, del ala progresista de los demócratas, lidera las voces críticas en el Congreso. Junto con otros parlamentarios, tanto senadores como de la Cámara de Representantes, ha enviado varias cartas a la Casa Blanca para advertir del peligro de rebajar la regulación financiera de Wall Street. En este sentido, también están en contra de que el tratado incluya la cláusula ISDS para los mecanismos de arbitraje. Temen que bancos europeos podrían demandar a Washington por los daños que provocan las reformas de Obama en los balances de sus sucursales en Nueva York. “Incluir estas cláusulas en el TTIP podría exponer a los contribuyentes americanos a pérdidas de miles de millones de dólares y disuadir al Gobierno de introducir normas financieras que afecten a bancos extranjeros. La consecuencia sería quitarle a nuestros reguladores los medios para prevenir la próxima crisis”, reza una carta al Departamento de Comercio, firmada por Warren, a la que algunos observadores barajan como candidata presidencial de los demócratas, y otros parlamentarios. Como suele ocurrir en el sistema político estadounidense, donde la representación es directa y los senadores y diputados a menudo se debe más a los votantes en sus Estados que a la disciplina de partido, la oposición al ISDS y otros aspectos del TTIP reúne a demócratas progresistas como Warren y a algunos republicanos, aunque la mayoría de la oposición conservadora, muy pro comercio libre, está en línea con Obama respecto a este asunto. No sorprende, pues, que los negociadores europeos y estadounidenses hayan excluido los dos temas más controvertidos, el ISDS y los servicios financieros, de las próximas rondas y que las dejen para el final.

Las elecciones de mayo

Con tantos frentes abiertos como le han salido al TTIP en los últimos meses, no sorprende que el proceso negociador esté estancado. “No creo que haya nada acordado todavía”, comenta Steinberg, del Instituto Elcano. Incluso el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, el lituano Vytenis Andriukaitis, admitió a principios de año que las conversaciones apenas avanzan, mientras Bruselas y los líderes europeos buscan la fórmula para superar las diferencias sobre la eventual ratificación del tratado y su legitimación democrática. “Debemos tomar en serio las preocupaciones de la gente”, dijo Andriukaitis. El plan original era cerrar un pacto a finales de 2014. Ahora el objetivo es llegar a algún tipo de acuerdo a finales de este año. El tiempo corre en contra de los funcionarios de Washington y Bruselas, porque se da por hecho que en 2016 se paralizará todo por la larga campaña de las elecciones presidenciales en EEUU, en noviembre de ese año. Todo el mundo, también los negociadores del TTIP, estarán entonces a la espera de saber quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca. “Intentarán pactar un acuerdo de mínimos para poder seguir negociando más adelante”, afirma Steinberg. De lo contrario, el plan de crear un área de libre comercio transatlántico estaría muerto, por lo menos durante una generación.

Los detractores del tratado han cogido confianza. Ahora quieren acelerar y ampliar la campaña para que el TTIP acabe en el desguace. Para el próximo 18 de abril se están organizando grandes manifestaciones y otros actos a ambos lados del Atlántico con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina. El activista Rico es optimista y cree que el debate sobre el tratado finalmente también llegará a ocupar el lugar que se merece en la agenda pública en España. “Hay un trabajo muy activo de los movimientos y colectivos que están en esto”, afirma este ecologista. “Decimos a la gente que no hace falta cambiar su lucha. Si estás en la Marea Verde, por ejemplo, sigue allí, pero habla del TTIP en tus manifestaciones ya que tendría un impacto importante en la educación pública”, añade. Los organizadores de la campaña contra el tratado ven una gran oportunidad en las elecciones municipales y autonómicas de mayo para meter el asunto en la agenda. Porque muchos aspectos del tratado afectan directamente a los ayuntamientos, como la pretendida liberalización de los concursos de prestaciones y servicios públicos. “Ahora mismo es posible parar el TTIP”, asegura Rico. Pararlo o no, sería un logro importante si los dirigentes políticos cumpliesen su palabra y realmente escucharan lo que los ciudadanos europeos opinan sobre el pollo de clorina.