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Los alicantinos en marzo, los extremeños en mayo y de nuevo en Bilbao. Las movilizaciones de pensionistas han marcado todo el año y ahora continúan, de cara al próximo cierre del documento de recomendaciones para la reforma de las pensiones, a cargo de los grupos parlamentarios que conforman la Comisión del Pacto de Toledo.

“La única forma de que nuestras pensiones no pierdan poder adquisitivo es revalorizándolas con el IPC real y no con fórmulas mixtas que nadie entiende salvo quienes las idean”, defiendes desde la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Desde este colectivo, en el que convergen 250 plataformas de todo el Estado, han anunciado una serie de movilizaciones que tuvieron inicio ayer, 10 de septiembre, entre las que se cuenta el envío de cartas a los diputados en lsa que reclaman que estos apoyen la recomendación de subir las pensiones «siempre y para siempre indexadas como mínimo al IPC».

“De aplicarse de nuevo esta fórmula ‘magistral’ estaríamos otra vez ante un engaño mayúsculo, muy parecido al del tristemente famoso 0,25”. La coordinadora se refiere a uno de los puntos en cuestión en las recomendaciones para la reforma de las pensiones: la introducción de otros factores —además del troncal, IPC— como el PIB o los salarios, para minimizar subidas en las pensiones más altas en tiempos de crisis: una medida propuesta por Partido Popular, Ciudadanos, PDeCat y PNV.

Entre los años 2012 y 2017, la subida anual de las pensiones se limitó a, 0,25%, el mínimo marcado por la ley, cifras muy por debajo de las subidas del IPC, por lo que se tradujo en una pérdida constante de poder adquisitivo. La rebaja en las pensiones partía de la reforma realizada por el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2012, que sustituía el IPC como índice para calcularlas por el Índice de Revalorización —que garantiza una subida mínima del 0,25% y máxima del IPC más 0,5%- y el Factor de Sostenibilidad.

En marzo, un acuerdo entre PP y PNV —para que este último partido apoyara los Presupuestos Generales del Estado— echaba por tierra la reforma del Ejecutivo de Rajoy, marcando un incremento del 1,6% para 2018 y 2019, retrasando la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.

El Salto