Castilla-La Mancha es una de las regiones donde los animales domésticos están más desprotegidos. La normativa vigente data de hace más de un cuarto de siglo y contempla sanciones que aún están en pesetas y que van de tan solo 1.000 pesetas (6 euros actuales) por maltratar a un animal o no alimentarlo debidamente, a únicamente un millón de pesetas (6.000 euros actuales) por matarlo. El último estudio de la Fundación Affinity lo dejó claro: esta región tiene, además con mucha diferencia, las sanciones más bajas de todo el país.

El Gobierno de esta comunidad ya inició en el año 2009 las primeras conversaciones para actualizar esta ley, que contó con un borrador en 2011. No se llegó a tramitar porque ese año cambió el signo político del Gobierno y comenzó la legislatura del PP. Ganó María Dolores de Cospedal con mayoría absoluta y este tema no se abordó en esos cuatro años. Ahora, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha retomado ese borrador, que aumenta el de hace cinco años y con el que la región quiere situarse "en la vanguardia" de los derechos de los animales.

Según ha explicado Martínez Arroyo a eldiarioclm.es, la intención primera es aumentar considerablemente todas las sanciones e incluso cambiar la categorización existente entre leves, graves y muy graves. En el texto se encuentra la posibilidad de que las agresiones o el abandono, consideradas ahora en segundo término, pasen a ser sancionadas al máximo. De hecho, en infracciones muy graves, donde se incluye matar y envenenar animales, el máximo vigente de 6.000 euros se multiplicaría por diez, hasta los 60.000 euros.

Se trata de una cifra de partida que busca complementar a los delitos de maltrato animal que ya están contemplados en el Código Penal, y en los que se incluiría el caso del gato pateado en Cuenca o la reciente muerte de unos cachorros a botellazos en Puertollano. Es una normativa referida a los animales domésticos y en los que no entrarían los festejos taurinos (actualmente se excluyen de las infracciones por utilizar animales en espectáculos crueles), la actividad cinegética, de gran importancia económica en la región y que la Junta considera compatible con esta norma, y la producción ganadera, regulada a nivel europeo.

Toda la propuesta de la reforma de la Ley de Protección Animal de Castilla-La Mancha de 1990 está basada en las denominadas ‘Cinco Libertades del Bienestar Animal’ elaboradas en el Reino Unido y que contemplan: esta libres de hambre y sed, estar libres de incomodidad, estar libres de dolor, lesiones y enfermedades, libres para expresar un comportamiento normal, y libres de miedo y de la angustia. Entre las propuestas más novedosas se encuentra prohibir la utilización de animales salvajes en los circos. Sería dar rango autonómico a medidas ya impulsadas por muchos municipios de todo el país, como ha sido el caso de Albacete en Castilla-La Mancha. Al incluirlo en la nueva Ley, se obligaría a todos los ayuntamientos a acatarlo.

El borrador también incluye la regulación de la cría y venta de animales, que no lo había estado hasta ahora. Es decir, todos deberán estar registrados por lo que se prohibirían prácticas muy extendidas como la venta de animales por Internet. La filosofía en este punto está en la línea de lo que plantean las organizaciones animalistas: hay animales en adopción a los que se debe dar prioridad sobre la venta. Se trataría de una medida complicada ya que afectaría a los negocios de venta, pero desde el Gobierno regional lo consideran compatible.

La apuesta por la adopción de animales se complementa con la prohibición del sacrificio en las protectoras, salvo en casos de enfermedad. En esta cuestión, el objetivo es consensuarlo de manera que afecte lo menos posible a los ayuntamientos, titulares en la mayoría de los casos de los centros de acogida. Enlazado también con el ámbito local se incorpora la creación de colonias felinas para controlar la población de gatos, sustituyendo el sacrificio por la esterilización, y promoviendo además la salud pública. Estas dos medidas son las únicas que supondrían coste adicional.

Otras novedades importantes son que en caso de embargo de una empresa, los animales no puedan ser objeto del mismo, no siendo considerados bien material sino ser vivo; además de realizar una mención expresa a la zoofilia y prácticas sexuales animales, cuya prohibición está recogida en el Código Penal pero no en la ley de 1990.

Finalmente, la intención de la Junta con la actualización de esta ley es también prohibir el tiro al pichón, realizado en Castilla-La Mancha como actividad deportiva. Hay algunas asociaciones y ferias de pueblos que siguen realizando una tira al año, pero se trata de una práctica que ni siquiera apoya la Federación de Caza y que se puede sustituir por unas hélices que se asemejan al pichón, que copian su vuelo y que son igual de predecibles para el tirador. En el borrador se incorporan asimismo actualizaciones sobre la prohibición de peleas de animales, mutilaciones y exposición de animales en escaparates.

Este borrador se remitirá desde el próximo lunes a todas las partes interesadas y afectadas para iniciar un proceso de consultas previas antes de convertirse en anteproyecto y remitirlo al Consejo de Gobierno y posteriormente a las Cortes. Se trata de una normativa para su aprobación a medio plazo y debido a su carácter “rupturista”, desde el Gobierno regional consideran que la interlocución será muy importante, conscientes de que la mentalidad en el “compromiso social” con los animales se ha transformado ampliamente en los últimos años, según el consejero Martínez Arroyo.