El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, un informe ampliatorio sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de contratación de los servicios de preparación de los stands de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la feria de turismo Fitur del año 2004. Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, solicitó ese informe después de que la UDEF concluyese que en los citados concursos se falsificaron fechas de documentos para justificar la adjudicación, como ya informó Vozpópuli.

Los hechos coinciden en el tiempo con la primera etapa de la senadora popularMaría José García-Pelayo como alcaldesa de la localidad en un gobierno de coalición con el PSA de Pedro Pacheco. García-Pelayo, actual regidora, aspira a repetir en el cargo en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo.

Las supuestas irregularidades salpican a la alcaldesa y senadora del PP

El informe se centra en sus 70 páginas en analizar y evaluar los expedientes de contratación realizados con el fin de verificar que en su tramitación se ha cumplido con lo dispuesto en las normas reguladoras.

En sus conclusiones, la IGAE considera acreditado que el personal de las distintas empresas del Grupo FCS (Francisco Correa Sánchez, presunto cabecilla de la trama Gürtel,) inició gestiones, realizó contrataciones y efectuó distintos pagos a proveedores de servicios para la ejecución del estand de Jerez en Fitur 2004 y los eventos relacionados "con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de dichos servicios".

Concretamente, se adjudicaron contratos por importe de 355.391,93 euros a empresas vinculadas a la trama corrupta a cambio de la planificación del Ayuntamiento en estos actos, los contenidos del estand, la publicidad, la celebración del Día de Jerez y el acto en la plaza Mayor. También se abordaron, en dos reuniones mantenidas en noviembre de 2013 y en las que participaron personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez, los presupuestos, los procedimientos de contratación administrativa a emplear, el reparto de las gestiones necesarias para la ejecución de los mismos y "el papel de intermediación de Isidro Cuberos", consejero propuesto por el PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando lideraba el PP andaluz. Señala que Cuberos cobró por sus gestiones la cantidad de 53.355,22 euros.

"Apariencia de legalidad"

Los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos en los contratos suscritos, "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos" y "transcurrido casi un mes después de su finalización", concluye la IGAE. "Personal del Ayuntamiento confeccionó los diferentes documentos administrativos y estableció los procedimientos de contratación necesarios para dar al expediente una apariencia de legalidad", detalla el organismo dependiente de Hacienda.

En consecuencia, concluye que los expedientes mencionados fueron adjudicados por el IPDC "al margen de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública".