Y en ese sentido, en este caso la evolución del dólar es el elemento más determinante. Desde el 28 de febrero, cuando se decidió el último incremento al público, el dólar pasó de $40,14 a $43,01 al cierre de ayer, lo que significa un alza del 7,1%. Si no hubiera presiones políticas y sin la cautela que impone la caída del consumo, las petroleras trasladarían esa devaluación al precio de salida de refinería sin impuestos, lo que en un litro de nafta super de YPF significa un alza de más del 4% al público, que llegaría al 5% sumando $0,4268 del impuesto. Falta saber todavía el nivel del dólar el último día de esta semana y los aumentos en los biocombustibles que están a cargo de la Secretaría de Energía. Por ahora del lado de la cotización internacional del petróleo no surgen presiones, porque el crudo de referencia en el mercado local se ubica entre u$s66 y u$s67, casi igual que a fines de febrero.

El mismo 1 de abril empezarán a regir las nuevas tarifas de gas, que va a reconocer a las petroleras que producen este hidrocarburo un tipo de cambio de $41,97 por lo que vendan hasta el 30 de septiembre. Esa cotización es un 11,3% más alta que la considerada en las tarifas vigentes ahora, pero para las productoras significa un precio del dólar menor al de ayer y al que puede esperarse a medida que se acerquen las elecciones, lo que puede acentuar el mal humor de estas empresas con el Gobierno.

Se presume que para cubrirse de esa situación, las petroleras ofrecieron gas a las distribuidoras a un precio superior a u$s7 por el 30% del producto que faltaba contratar para el invierno, después de la subasta que organizó el Gobierno en febrero.

Lo que todavía no se puede precisar es si el ENARGAS convalidara ese precio para el gas contratado en el último mes. Porque en caso de que lo haga el aumento en las tarifas del público será mayor al 30% con que el gobierno viene insistiendo. Además, el ENARGAS y el Gobierno deben definir si mantienen el índice de precios mayoristas (IPIM) para el ajuste de los ingresos de transportistas y distribuidoras. El acumulado del semestre septiembre-febrero fue del 38,5%.

En octubre pasado el Gobierno resolvió cambiar el método de ajuste pero la medida fue cuestionada por las empresas que se reservaron el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales. En audiencia pública, pidieron que se les reconozca lo que se les restó en octubre. Si esto se acepta, los márgenes de transporte y distribución deberían aumentar un 48%, y la meta de contener el aumento final en 30% sería incumplible.