Las casas de apuestas se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Al calor de la crisis estos establecimiento han crecido exponencialmente en todo el Estado, lo que ha supuesto un repunte de la ludopatía tal y como ha alertado la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.

Además, estos salones de juego se concentran en los barrios obreros y populares, siendo mucho más abundantes en aquellos lugares en los que la renta se encuentra por debajo de la media municipal, mientras que su presencia se reduce hasta casi desaparecer en aquellos distritos cuya renta es más elevada. Una muestra de esta cruda realidad la tenemos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde se concentran 10 de estas casas de apuestas en tan solo un radio de 250 metros.

Acabar con esta lacra es una de las demandas más sentidas en los barrios populares, que han sido testigos de importantes protestas organizadas desde los movimientos vecinales en contra de las casas de apuestas.

Una de las razones por las que se justificó la entrada de Unidas Podemos en un gobierno con el PSOE fue precisamente para regular los efectos más nocivos de un problema que está generando graves consecuencias entre la clase obrera y que afecta especialmente a la juventud.

A Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España (PCE), se le proporcionó un ministerio ad hoc –el recién creado Ministerio de Consumo– para hacer frente a esta problemática y lucirse en uno de los aspectos en los que él y su partido habían hecho más campaña.

Hay que decir que a pesar de las expectativas que se habían generado sobre el hecho de tener un “ministro comunista” contra las casas de apuestas, lo cierto es que las acciones que planteaba el nuevo gobierno no pasaban de un marco regulador, nunca abolicionista. Así, el acuerdo de gobierno PSOE-UP hablaba de “controlar la extensión de las casas de apuestas”. Muy lejos de la pretensión de acabar con el 90% de las casas de apuestas online y presenciales en un plazo de dos años que figuraba en el programa de Unidas Podemos para el 10N.

La decepción que vendría ya empezaba a intuirse cuando hace unas semanas el ministro Garzón apuntó que hablaría con todo el mundo, incluidas las operadoras y empresas de las casas de apuestas que "puedan estar de acuerdo con un marco regulatorio". "No serán medidas que se adopten de forma unilateral", puntualizó. Hablar con todo el mundo de verdad es acercarse al tejido social de los barrios y asambleas y escuchar sus demandas, no las exigencias de la patronal parasitaria del juego.

Finalmente, Garzón anunció el martes las medidas que se van a adoptar desde el gobierno “progresista” que inmediatamente han generado indignación por lo limitado de su alcance, incluso dadas las bajas expectativas de partida.

Una de estas medidas será limitar a 100€ los bonos promocionales que utilizan estos negocios para atraer y enganchar a nuevos usuarios. Un dinero envenenado que sigue siendo más que suficiente entre los jóvenes carentes de ingresos de los barrios deprimidos, principales víctimas del negocio del juego, pero que Garzón ha considerado que su ministerio debe ”respetar el mecanismo legítimo de herramientas de cada operador”.

La otra medida es una limitación del horario de anuncios de apuestas que no es tal, pues permite a estos negocios anunciarse a partir de las 20:00 horas durante los encuentros deportivos en horario de máxima audiencia.

Las reformas de Garzón son tan de miseria que las restricciones al juego ni siquiera se equiparan a las del tabaco y el alcohol, como vienen pidiendo desde hace tiempo colectivos barriales, diversos expertos y hasta el Defensor del pueblo. Una absoluta vergüenza.

Vuelve a comprobarse como este Gobierno se limita a realizar medidas para maquillar la triste realidad de miles de personas que sufren el abuso del capital, pero en este caso no hay maquillaje suficiente para tapar semejante bajada de pantalones ante la patronal del juego. Toda la retórica del “ministro comunista” se va por el desagüe cuando se comprueba el verdadero carácter de este gobierno neoliberal que primero mira por los beneficios de la patronal, protege la continuidad del régimen monárquico y defiende los intereses del imperialismo español mientras sube las vallas en Ceuta y Melilla.

Hace falta una izquierda que este junto a la clase trabajadora y la juventud y no al servicio de los beneficios de las grandes empresas que apuestan con nuestra miseria. Una izquierda que no se conforme con reformas ridículas que no cuestionan los marcos de este sistema, sino que plantee una salida en favor de las mayorías sociales y la clase trabajadora.