Los tentáculos del director del máster regalado a Cristina Cifuentes en la Comunitat Valenciana llegaron al extinto Gobierno de Francisco Camps, pasaron por la Universitat de València y envuelven a la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde trabaja su pareja y discípula la catedrática Rosario Tur. Según la documentación en poder de eldiario.es, Enrique Álvarez Conde y la PDI funcionaria Tur -con quien este medio ha intentado contactar, sin éxito- han controlado en los últimos años la contratación de profesores asociados y personal docente de refuerzo en el área de Derecho Constitucional de la universidad pública ilicitana.

Así, en los tribunales que se han constituido para contratar profesores asociados o personal de refuerzo a tiempo completo, han estado presentes tanto Tur como Álvarez Conde. De hecho, es llamativa la presencia del director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos en todos los procesos de selección pese a que en la Comunitat Valenciana hay otras tres universidades públicas con potentes departamentos de Constitucional.

Por ejemplo, el 13 de junio de 2016 se convocó un tribunal para la selección de un ayudante a tiempo completo para investigación en el departamento de Derecho Constitucional de la UMH. En el tribunal estuvo Rosario Tur como vocal primera y Enrique Álvarez Conde como vocal segundo. Los otros tres miembros del tribunal pertenecían a la universidad ilicitana pero de otros departamentos de Derecho.

El 17 de febrero de 2014, se convocó otro tribunal, en este caso para la selección de un profesor asociado a tiempo parcial. En aquella ocasión, la secretaria fue Rosario Tur y el vocal primero Enrique Álvarez Conde.

El propio Álvarez Conde formó también parte del tribunal que evaluó la cátedra de Rosario Tur en el departamento de Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. El director del máster de Cifuentes fue vocal de esta evaluación, de la que se tenía que haber abstenido por tener amistad manifiesta -en este caso relación sentimental-. Por este motivo la Universidad Miguel Hernández estudia la posibilidad de retirarle la cátedra a Tur.

Para la configuración del tribunal de selección de personal para el área de Constitucional es necesaria e imprescindible la participación de Tur, al ser la única profesora PDI funcionaria en el departamento. Además, es preceptiva también la presencia de, como mínimo, otro profesor o profesora funcionario experto en Constitucional, según el artículo 19 del Reglamento de Régimen General del Personal Docente e Investigador de la Universidad Miguel Hernández. En el caso de este área de la UMH, siempre es Álvarez Conde el invitado, quien pese a ser externo la ley le ampara para participar en estos procesos.

Por su parte, los otros tres profesores no son de la materia de Constitucional, por lo que el peso de los dos únicos expertos para controlar personal es fundamental.

Además, según fuentes consultadas por el diario.es, el control de Tur y Álvarez Conde no es solo por su presencia y voto en el tribunal. El director del máster de Cifuentes recomendaba a otros catedráticos de otras universidades que no enviaran a sus discípulos a participar en los procesos de la Miguel Hernández porque es "su territorio".

El departamento de derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández es muy pequeño, solo cuenta con tres profesoras titulares, pero no por ello fue un impedimento para que el propio expresidente de la Generalitat Francisco Camps, se eligiera sacarse el doctorado en esta universidad. Rosario Tur fue la secretaria del tribunal que evaluó su trabajo, acusado de plagio aunque la denuncia no fue aceptada por la propia universidad tras abrir una investigación.

Como contó este diario, el Gobierno de Camps y las instituciones de la Generalitat tuvieron también una gran relación con Álvarez Conde. El conseller Juan Cotino pagó 30.000 euros por un seminario y el Consell Jurídic Consultiu le encargó su obra magna de 5.000 páginas Comentarios a la Constitución Europea, publicada en 2004.

Álvarez Conde también ha sido un habitual en la Universitat de València, donde obtuvo la cátedra en Derecho Constitucional en 1987. Conferencias, ponencias y seminarios. También llegó a asesorar en alguna ley valenciana, incluida la de Participación impulsada por Rafael Blasco, el exconseller de Solidaridad en prisión por el saqueo de las ayudas a la cooperación valenciana.