El Ministerio de Justicia acusó anoche a LA NACION y a uno de sus periodistas, Hugo Alconada Mon, de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

Así lo hizo horas después de que este diario revelara en su edición de ayer que la Inspección General de Justicia (IGJ) protegía a Hotesur, la sociedad anónima con la que la familia Kirchner controla el hotel Alto Calafate.

A través de un comunicado, el Ministerio sostuvo que ese artículo careció "de rigor periodístico" y mostró "la mala fe en el accionar" del diario y del periodista, quien reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", como también que presentó su declaración jurada de actualización de datos fuera de término.

Según detalló el Ministerio, que lidera Julio Alak, la sociedad presidencial presentó su declaración jurada el 27 de abril de 2012 -LA NACION publicó que fue un día después, y así consta en el registro informático de la propia IGJ-, y que fue "intimada el 17 de abril de 2013 mediante carta documento a la presentación de los estados contables, el pago de las tasas adeudadas y a inscribir las autoridades vigentes".

En efecto, esa información faltante, que la IGJ reconoció al señalar que debió intimarla -aunque lo hizo con un año de demora, ya que tenía 10 días para hacerlo según la normativa vigente-, es la que expuso LA NACION ayer, al indicar que su último directorio se designó en 2008 y que adeuda presentar los balances de 2011 y 2012.

Contradicciones oficiales

El Ministerio también remarcó que el análisis de esas declaraciones "y su correspondiente intimación, en caso de que correspondiese, comenzó a realizarse en el mes de junio de 2012". Según indicó, "por expresas instrucciones" del entonces titular de la IGJ, Norberto Berner.

Eso es incorrecto, según verificó LA NACION. Según consta en la revista digital N° 6 de la propia IGJ, para febrero de 2012 ya se habían recibido "más de 43.000 presentaciones de declaración jurada de datos de sociedades, asociaciones y fundaciones", en tanto que "otras 39.000 enviaron el aplicativo electrónico".

De ese mismo boletín oficial de la propia IGJ surge también que para febrero de 2012 -cuatro meses antes del supuesto inicio de las intimaciones ordenadas por Berner- "ya se habían multado 626 entidades por falsedad en la declaración presentada". Lo fueron de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 de la resolución general 2/2011, no la número 1 de ese año, como indicó la cartera ministerial.

A continuación, el Ministerio sostuvo que, más de ocho meses después de ser intimada en abril, "el trámite correspondiente a Hotesur SA se encuentra bajo análisis del Departamento de Fiscalización de Sociedades Comerciales, a efectos de establecer si ha dado debido cumplimiento a la intimación referida. En igual situación se encuentran más de 12.000 sociedades".

Desde el Ministerio también indicaron que la alusión de LA NACION al incumplimiento de la normativa antilavado de la IGJ "configura otro dato adulterado de la nota". Según argumentó, porque la resolución que así lo dispone "entró en vigencia el 1° de marzo de 2012 y sólo resulta exigible para las inscripciones de autoridades que ingresen al organismo con posterioridad".

Ése es, en rigor, el caso de Hotesur, que no inscribe a sus autoridades desde que celebró la asamblea ordinaria de noviembre de 2008. De hecho, cuando la sociedad presente su nuevo directorio, deberá cumplir con la normativa antilavado. Si no, no podrá inscribirse.

Según el comunicado, "resulta manifiestamente falso el supuesto «cajoneo» al que alude con absoluta irresponsabilidad el señor Alconada Mon". Y acusó que "esta nueva maniobra de desprestigio de un organismo que acaba de cumplir 120 años de vida", en alusión a la IGJ, "se inscribe en el marco de un proceso sistemático que llevan adelante el diario NACION y el referido periodista, con numerosas notas plagadas de datos falsos que a esta altura no pueden sino considerarse como maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

En el comunicado, por último, el Ministerio no aludió al "cepo" que se armó para proteger al vicepresidente Amado Boudou y que la Justicia ordenó levantar el 3 de julio pasado, pero que continúa vigente.