MADRID.- Los actuales miembros del Congreso de los Diputados tienen una dedicación a la actividad parlamentaria y legislativa que dista mucho de la exclusividad que se le presupone a esta actividad política, una de las de mayor consideración en el ámbito institucional en tanto que es resultado de la voluntad popular.



Cerca del 80% de los diputados que conforman la actual Cámara baja, surgida tras las elecciones generales celebradas en noviembre del año 2011, dedican parte de su tiempo a una segunda actividad o perciben ingresos –trienios– por encontrarse en excedencia por servicios especiales. Apenas un 20% de los parlamentarios confesaron al inicio de la actual legislatura que no tenían ninguna otra actividad, por lo que tan solo reciben el salario asignado a la condición de diputado nacional.



Así se desprende de los diferentes dictámenes elaborados por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es la instancia encargada de dar el visto bueno a la compatibilidad de las actividades ajenas a la meramente legislativa que, de forma expresa, están obligados a declarar los diputados una vez toman posesión de su escaño. Estos dictámenes, con sus autorizaciones, deben ser aprobados por el pleno de la cámara, es decir, por el conjunto de diputados que han presentado sus solicitudes para compatibilizar segundas actividades.



El régimen de actividades incompatibles con la condición de miembro del Congreso de los Diputados –también del Senado– queda establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en su capítulo II, desde el artículo 155 hasta el artículo 160.



Básicamente, un diputado puede tener otras actividades, incluso institucional como alcalde o concejal, siempre que no perciba otros ingresos públicos. En el caso de actividades en el sector privado, sin ninguna limitación, la prohibición estriba en que no haya relación económica con el sector público ni se haga alarde de la condición de parlamentario para realizar ese trabajo.



En base a esos principios, de una evidente amplia permisibilidad, la inmensa mayoría de los actuales diputados –también senadores– solicitan a la citada comisión que se les permita compatibilizar o percibir ingresos ajenos a su actividad de parlamentarios. Casi un centenar de diputados perciben mensualmente los trienios correspondientes a las nóminas de puestos de trabajo de funcionarios o asimilados de los que se encuentran en excedencia por servicios especiales, como es la condición de parlamentario nacional.



Pero es que los diferentes dictámenes de la comisión del Estatuto de los Diputados, con su correspondiente aprobación por parte del pleno, han autorizado actividades de lo más diversas, muchas de ellas con la percepción de cantidades de dinero. En cualquier caso, el diputado autorizado a ejercer una segunda actividad retribuida no está obligado a presentar una justificación de su segundo trabajo en ningún momento, ni siquiera al final de la legislatura o cuando abandona el acta de diputado. En consecuencia, es imposible conocer qué ingresos ha percibido por ello y quiénes han sido los pagadores.



Así, en el actual hemiciclo se sientan 26 diputados que tienen permiso para administrar empresas, algunas de su propiedad, y tomar decisiones sobre su actividad. Salvo dos, todos son del grupo parlamentario popular. Alrededor de medio centenar de escaños están ocupados por abogados -hay tres médicos– que ejercen como tales al margen de la condición de parlamentario. Entre ellos se encuentra Vicente Martínez-Pujalte y su consultora Sirga XXI que sigue con autorización desde anteriores legislaturas.



Hay que resaltar que estos datos se conocen a partir de la legislatura pasada, la segunda de la administración Zapatero. Ahora, en la página web del Congreso de los Diputados, en el apartado "órganos", se puede acceder a la comisión del Estatuto de los Diputados, y en la reseña de "iniciativas" aparecen todas los dictámenes emitidos y aprobados con todas las compatibilidades autorizadas a las peticiones formuladas por los diputados.



Otra segunda actividad que resulta atractiva para los actuales parlamentarios es la de la docencia ocasional, y retribuida, que se permite siempre mientras no suponga un menoscabo a la dedicación plena a la actividad parlamentaria, según se explica en las autorizaciones. Hay unos 40 profesores en el hemiciclo, prácticamente todos de nivel universitario o cursos de especialización en centros de educación superior, generalmente todos privados.



Un apartado no menor es la dedicación de sus señorías a la actividad de las fundaciones, aunque en la mayoría de los casos se especifica que es desinteresada, esto es sin percibir una remuneración previa. Hay fundaciones de todo tipo, unas vinculadas a los partidos a los que pertenecen y un buen número al ámbito privado, que ocupan a alrededor de 35 parlamentarios. Otros 22 diputados solicitan compatibilizar puestos de carácter orgánico en sus respectivas formaciones políticas.



En la relación de diputados aparecen hasta 73 alcaldes y concejales de otros tantos municipios, de tamaño muy diverso. Al inicio de la legislatura los había de casi todos los colores políticos pero los parlamentarios socialistas han ido renunciando a estos puestos a medida que pasaban los meses.



Los integrantes del grupo socialista son, en este tramo final de la legislatura, quienes menos segundas actividades tienen. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, proclamó a finales del pasado año su política de dedicación exclusiva que ha hecho que no pocos correligionarios hayan ido abandonando otras actividades. El propio Sánchez dejó de dar clases en una universidad privada en Madrid.



Con todo, la palma de segundas actividades se la lleva un concepto muy amplio pero que tiene muchos seguidores entre quienes se dedican a la actividad parlamentaria: la dedicación, más o menos ocasional, a la creación literaria, conferencias, tertulias, participación en programas de medios de comunicación, publicación de artículos y libros, con sus correspondientes derechos de autor o retribuciones puntuales por esas actividades.



A este tipo de segunda actividad se apuntan hasta casi un centenar de parlamentarios –un 30%-. En las percepciones dinerarias autorizadas se encuentran casos peculiares. Así, el diputado del PP por Córdoba Federico Cabello de Alba tiene permiso para percibir los ingresos que le comporta la posesión de la medalla al Mérito Policial, con distintivo rojo, una condecoración que está pensionada.



La diputada del PP Eva Durán, por el contrario, ha renunciado a cobrar el sueldo como diputada y prefiere percibir su salario como concejala del ayuntamiento de la capital de España. Otro diputado del PP, Miguel Ángel Cortés, ocupa toda una página del diario oficial de las Cortes Generales a la hora de describir las fundaciones, nacionales y extranjeras, a las que pertenece, la mayoría de ellas dedicadas al mundo del arte.



La paradoja de esta situación se concentra en un hecho llamativo. De los siete miembros de la comisión del Estatuto del Diputado -uno por grupo parlamentario– cinco de ellos solicitaron al inicio de la legislatura varias autorizaciones para sí mismos, empezando por su presidente, el popular Aurelio Romero Girón, que se pidió ejercer como abogado, una actividad que ya en 2010 le reportó 2.000 euros brutos. El representante socialista, que también tuvo permiso para ejercer como abogado retiró esa actividad en noviembre siguiendo la consigna de Sánchez.

