Las conclusiones de la comisión de expertos sobre fracking le recomendaron al gobierno no avanzar con los proyectos de exploración en el Valle del Magdalena Medio, a menos que se cumplan una serie de pre-requisitos para minimizar sus impactos.

María Paula Rubiano

Periodista Blog El Río y El Espectador

– Entonces qué, lo que yo entendí es que no hay nada claro todavía

A la salida del auditorio principal de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, así resumió uno de los asistentes la presentación de las conclusiones del grupo interdisciplinario de especialistas independientes que convocó el presidente Iván Duque para hacerle recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la técnica de fracturamiento hidráulico de yacimientos en Colombia, más conocida como fracking.

Carlos Santiago Lozano, uno de los voceros del Movimiento Colombia libre de fracking, le da la razón. “La verdad creíamos que las conclusiones iban a ser mucho más blandas. Nos quedó un sinsabor, así podría resumirlo”.

Y es que desde que se anunciaron los nombres de los 13 expertos en disciplinas como geología, medio ambiente, hidrogeología, sismología, salud, regulación y política petrolera, entre otras, este movimiento expresó su preocupación por los posibles conflictos de intereses de algunos de sus miembros.

Natalia Salazar, una de las expertas contratadas, fue miembro de la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburo entre abril de 2009 y agosto de 2010, según su hoja de vida. Armando Zamora, otro de los integrantes, fue presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de 2003 a 2012, un período en el que la explotación petrolera se disparó en el país: Durante esos ocho años, se firmaron 391 contratos para exploración, producción y evaluación técnica de esta actividad. Es decir, cerca de 50 contratos cada año. Asimismo, Zamora trabajó para Carbocol y Exxomobil.

Aun con eso, para Santiago (y otros asistentes, como Brigitte Baptiste), la comisión fue clara en que antes de Colombia avance con proyectos pilotos de fracking en el Valle del Magdalena Medio –y antes de soñar con una eventual explotación comercial–, el país debe garantizar una serie de requisitos fundamentales que, el día de hoy, aún no se han cumplido.

Los requisitos podrían resumirse en falta de información y transparencia con la misma, una baja capacidad institucional para hacer cumplir las normativas y falta de aprobación por parte de las comunidades afectadas.

“Aunque la comisión lo presentó de una forma mucho más digerible para el gobierno, nosotros sentimos que nos dieron la razón en lo que venimos diciendo hace dos años: que este país todavía no está listo para hacer fracking”, explicó Santiago a la salida del evento.

Para llegar a estas conclusiones, la comisión realizó tres reuniones con comunidades del Magdalena Medio: una en San Martín (Cesar), otra en Puerto Wilches y una última en Barrancabermeja (Santander).

Más adelante, se reunió con miembros de los movimientos que han promovido que esta práctica no se apruebe en el país, y luego, con esos insumos, revisaron legislación y estudios académicos internacionales, así como informes de mejores prácticas, para contrastar con la legislación y capacidades del estado colombiano, así como con la realidad fiscal del país.

Información: poquita y a espaldas de la gente

Para entender los vacíos de información, cabe recordar que esta técnica, a diferencia de la explotación tradicional, requiere construir enormes tuberías cubiertas de concreto a grandes profundidades, en donde está la “roca madre” de los hidrocarburos. Para sacar el petróleo o gas de esa roca, hay que inyectar agua con un cóctel de químicos y compuestos, que fractura la roca (de ahí su nombre, fracturamiento hidráulico).

El gran riesgo es si el agua llegara a filtrarse de estas tuberías, o se hace una fractura en la roca madre que termine conectando el petróleo o gas con los acuíferos subterráneos. Para que esto no suceda, el país debería conocer con lupa estos acuíferos. Pero la realidad es otra: Marío García, uno de los miembros del informe señaló que a la fecha hay un desconocimiento del 85% de agua subterránea del Valle del Magdalena Medio. “Para conocer esos hidrosistemas necesitamos información amplia y de buena calidad”, dijo. Algo que, por ahora, no existe.

Además, señaló que hay poca información sobre ecosistemas acuáticos y terrestres y la biodiversidad en esta región del país. Reveló que, según la evidencia, los ecosistemas del Valle Medio Magdalena ya están amenazados por la explotación tradicional de hidrocarburos.

Asimismo, los expertos señalaron que en temas como la disposición final de las aguas contaminadas que se necesitan para llevar a cabo esta técnica, la legislación del país es pobre, y no contempla opciones como reutilizar esas aguas.

La regulación en materia de prevención de la sismicidad también está, en palabras de la comisión, “muy incompleta”.

Pero además de que la información es escasa, la comisión destacó que acceder a ella es prácticamente imposible para las comunidades y la ciudadanía. “La información no está articulada, no está integrada y no hay un análisis suficiente de la misma”, señaló la comisión. Por eso, para ellos es fundamental que se cumpla la ley de transparencia y acceso a la información pública antes de avanzar con los proyectos piloto.

“Las comunidades tienen derecho a saber la información. No deberían existir restricciones sobre el acceso a la misma”. Se mencionó la posibilidad de crear una especie de superintendencia de asuntos ambientales para que “la información sea accesible para las comunidades sin ningún tipo de perturbación”, señaló Carlos Alberto Vargas en la presentación.

Para la comisión, antes de darle luz verde a estos proyectos piloto, el estado debería publicar la información sobre el tipo de tecnologías que se van a usar, incluyendo el cóctel químico que se inyectará en estos primeros pozos. Además, necesita tener toda la información básica sobre ecosistemas terrestres y acuáticos, así como los impactos en la salud y economía de las comunidades.

Un estado de papel

Otra de las grandes conclusiones de la comisión fue que la capacidad de las instituciones encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas ambientales es muy pequeña. “Hay evidencia de que necesitamos un cambio en las estructura institucional para que haya verdadera gestión y control”, tanto a nivel nacional, departamental y local.

Y es que, como le reveló el director de la Anla a este medio hace unos días, esa entidad, que se encarga de todas las licencias ambientales del país –incluidas, eventualmente, las de fracking– tiene apenas 63 funcionarios de planta, y el resto, unas mil personas, son contratistas. “Es necesario un mecanismo de contratación que hagan de estas instituciones estables y capaces”, señalaron los expertos.

Natalia Salazar señaló que además es clave fortalecer la forma como se gastan los recursos de regalías, pues actualmente, los informes que revisaron les mostraron que el 60% de los proyectos por regalías están mal formulados. “Si no hay buenos proyectos, es muy difícil que la gente se beneficie de las regalías”, dijo. Para ello, se propuso diseñar una alianza de colaboración entre el gobierno, las universidades, las entidades territoriales y las comunidades para la formulación de proyectos de inversión.

El visto bueno comunitario

Una de las conclusiones sobre la que más énfasis se hizo fue que hoy el fracking no tiene “licencia social”. Es decir: que, de acuerdo con las conversaciones que sostuvieron con las comunidades, socialmente estos proyectos no serían sostenibles.

Por eso, la comisión hizo una propuesta que, según comentaron algunas fuentes, no le gustó mucho al gobierno: la idea de que durante los proyectos pilotos se gestione la licencia social para la exploración y explotación con técnica de fracking, un requisito que implica un crear mecanismos para que las comunidades participen de forma activa en la eventual aprobación de esta técnica en el país.

Esta licencia implicaría cosas como identificar y gestionar los pasivos ambientales generados por la industria, es decir, los residuos y efectos ambientales que ya ha tenido la explotación petrolera en estas comunidades.

Asimismo, implica definir mecanismos de participación comunitaria en caso de aprobar el fracking comercial, así como mecanismos de veeduría ciudadana.

Esta licencia se generaría de forma simultánea con los proyectos pilotos de investigación, cuya información debe compartirse, para la comisión, de forma clara y transparente.

¿Y entonces qué sigue?

La comisión le entregará el resumen ejecutivo de sus conclusiones al gobierno en dos semanas, según le contó uno de sus miembros a El Espectador. Lo que sí es claro es que, para la comisión, el país todavía no está listo para la fase de implementación de los proyectos piloto que, según sus recomendaciones, deberían durar como mínimo dos años.

Tras ese proyecto piloto, el Estado deberá hacer un análisis de los resultados y tomarse el tiempo para cumplir con cosas como unas “condiciones de desarrollo institucional para la gestión del desarrollo socioeconómico y la gestión de territorios sostenibles”. Es decir, contar con instituciones fuertes que hagan cumplir la norma.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dijo a la salida de la presentación que, al no haber leído el informe completo, todavía no puede afirmar nada respecto a la llegada de la técnica al país. Para algunos, como Carlos Santiago, si el gobierno sigue estas conclusiones el fracking no aterrizará en Colombia en este 2019. “Nos gusta el mensaje de fondo del informe”, comenta Santiago. “aquí no hay ninguna luz verde”.

*Nota del editor: En una versión inicial de este artículo se confundía a Carlos Alberto Vargas Medina, ex vicepresidente de transformación de Ecopetrol, con Carlos Alberto Vargas Jiménez, también geólogo experto en temas de explotación petrolera, y uno de los miembros de la comisión.

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