Acompañado de su consentidor secretario de Educación Pública, el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dará dinero a las familias para que éstas se encarguen del mantenimiento de las escuelas de sus hijos.

Sin entrar en demasiados detalles, el mandatario dijo que en cada plantel se habrán de organizar comités familiares (calcula que en total serán 300 mil), y estos recibirán los recursos económicos para construir aulas, dotar de mobiliario o reparar lo que haga falta en las escuelas.

Con esa disposición, López Obrador demuestra que es consistente en su objetivo de eliminar al gobierno. No quiere intermediaros, recalcó. Por lo que de manera trimestral o semestral, desde la Tesorería de la Federación fluirá dinero al pueblo para escuelas.

Y como nadie mejor que una madre o un padre a la hora de saber las necesidades de los hijos en materia de infraestructura “esto va a ayudar mucho, porque es mejorar la educación desde abajo y con la gente”, según dijo el Presidente. Así, el país comenzará una larga marcha de construcción y/o reparación de la infraestructura escolar de México. Ya estoy escuchando el canto nacional: ai-jó, ai-jó, ai-jó a trabajar...

Sólo que México no es una caricatura donde un dibujante con buenas intenciones decide sin límites que las historias tengan un final feliz.

La infraestructura escolar del país es un desastre. Décadas de malas políticas y corrupción han dado por resultado que, para sorpresa de nadie, demasiados niños y jóvenes mexicanos intenten aprender en las peores condiciones posibles.

Para ilustrar esta situación, retomo el recomendable artículo de Marco Fernández, experto en temas educativos que en 2015 publicaba, a partir de datos de México Evalúa, que una cuarta parte de los planteles de preescolar a secundaria no tiene baños, 31 por ciento carece de agua corriente, 46 por ciento –sí, casi la mitad– no tiene drenaje y en una de cada diez escuelas no hay luz. “Las cifras pueden ser aún más dramáticas”, apunta Fernández, si se considera que en 2013 faltó levantar el censo en un importante número de escuelas de Oaxaca, además de planteles que no fueron censados en Chiapas y Michoacán, todas estas entidades con problemas importantes de marginación”. (Aquí el artículo: https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/los-bonos-de-infraestructura-educativa-y-la-necesidad-de-esta-vez-si-gastar-bien-en-educacion/).

Marco Fernández publicó ese artículo luego de que el gobierno (es un decir) de Peña Nieto anunciara que lanzaría unos bonos educativos para dar más presupuesto a la reparación, mantenimiento o reconstrucción de escuelas.

Cuatro años después, el Presidente no quiere que haya un órgano rector (la SEP), que defina políticas para dejar de ser un país de la OCDE que, al mismo tiempo, condena a buena parte de sus escolapios a estudiar en lugares sin baños, agua corriente o drenaje. Junto a la porquería, pues.

López Obrador sabe que muchos le dan la razón cuando fustiga a los gobiernos del pasado, ya sea por corruptos, ya sea por inútiles, ya sea por ambas cosas.

El tiradero heredado en materia escolar está a la vista. Pero la receta de AMLO no garantiza, de ninguna manera, que los padres de familia lo harán mejor (o menos pior, como dicen en mi pueblo) que el gobierno.

Hay múltiples factores, todos ellos ajenos a la sabiduría del pueblo, que atentan en contra del éxito de la medida que pretende el tabasqueño.

Al eliminar a ese intermediario que odia, al gobierno, el Presidente condena a los padres de familia a una maraña de problemáticas de pronóstico reservado.

Dejemos fuera de esos retos al asambleísmo que en un parpadeo puede acabar en una torre de Babel. Demos por bueno, entonces, que padres y madres se pondrán fácilmente de acuerdo en cómo disponer de los recursos que les enviarán desde el Centro Histórico de la capital. Llegado el recurso, los comités familiares se enfrentarán a problemas logísticos (por ejemplo: en unas comunidades abundan los proveedores, en otras o hay pocos o no hay cerca), administrativos (quién ejecuta qué para que las obras no se vayan por caminos inesperados, o cómo se resuelven imprevistos), legales (quién se hace responsable de que todo se gaste y compruebe adecuadamente, quién responde si la obra no queda bien o si resulta en daños a terceros, incluidos niños, si sale más cara, si queda inacabada), etcétera.

Para eso, entre otras cosas, es que se inventó el gobierno: para no condenar a la población a berenjenales. Los ciudadanos tienen obligaciones –cumplir la ley, pagar impuestos– y tienen derechos, entre ellos a la educación, y el ente obligado a hacer posible el ejercicio de esos derechos es el gobierno, que debería planear y ejecutar lo necesario para que los niños puedan aprender en condiciones óptimas.

Madres y padres, por supuesto, pueden y deben participar. Ellos mandan y para empezar, a ellos toca la vigilancia del mantenimiento escolar. Y el gobierno debe obedecer, hacer y rendir cuentas.

Pero AMLO no quiere eso. No quiere trabajar para los ciudadanos. Quiere que cada quién se las apañe según sus entendederas. Quiere quitarse de encima la tarea burocrática de gobernar: deshacerse del “elefante reumático” que, con todos sus defectos, hoy nos hace todavía un país medio presentable en el mundo.

No más gobierno. De ahí los recortes, los despidos, los tijeretazos de Raquel a los programas gubernamentales que se inventaron antes del 1 de diciembre, la austeridad tonta.

Ni en eso López Obrador es de izquierda. Nada de hacer un gobierno potente para que construya la infraestructura que el pueblo necesite. Nada. Al pueblo, dinero. ¿Y al gobierno? Al diablo con el gobierno.