Prohíbe al Gobierno andaluz del PP y Cs que salga a los mercados a financiarse y le impone un plan de ajuste por incumplimientos cometidos por el ejecutivo de Susana Díaz

El Gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez ha asestado un duro golpe a la Junta de Andalucía, donde gobiernan en coalición el Partido Popular y Ciudadanos. El Ministerio de Hacienda acaba de enviar una carta, en poder de EL MUNDO, a la Consejería andaluza de Hacienda, en la que le niega la posibilidad de acudir a los mercados a financiarse y le impone un plan de recortes, todo ello amparándose en un incumplimiento del anterior ejecutivo andaluz de la socialista Susana Díaz.

El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, calificó de «intervención financiera» la decisión del ejecutivo de Sánchez, al que acusó de tomar una medida «absolutamente discrecional y de carácter político», pues la Ley de Estabilidad Financiera no le obliga a adoptar semejante iniciativa sobre las cuentas andaluzas.

Para «intervenir financieramente» a Andalucía, el Gobierno del PSOE en funciones alega que la comunidad ha incumplido «el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio de 2018», dice la carta fechada el 5 de diciembre que firma Diego Martínez López, secretario general de Financiación Autonómica y Local, un subordinado de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero.

Precisamente, las fuentes de la Junta consultadas se quejaron de que «se da la paradoja» de que el Gobierno central utiliza como argumento para imponer un plan de recortes y bloquear la salida al mercado «el desequilibrio en las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por María Jesús Montero», en su etapa como consejera andaluza de Hacienda, y «ejecutadas al 100% por el anterior gobierno del PSOE».

El revés del Gobierno central se produce justo cuando la Junta acaba de aprobar en el Parlamento andaluz el pasado jueves sus presupuestos para el año 2020 con el objetivo del déficit cero. Andalucía ha sido la primera comunidad del país en sacar adelante sus cuentas para el próximo año, que ascienden a 38.540 millones de euros, un 5,4% más que las vigentes. Desde que comenzó la legislatura, el nuevo gobierno andaluz se marcó el objetivo de normalizar la «grave situación presupuestaria» de la Junta «heredada» de la gestión de María Jesús Montero, pues el anterior ejecutivo del PSOE no había aprobado presupuestos para 2019, como habría sido su obligación. Por ello, la legislatura del nuevo Gobierno del PP y Cs comenzó con los presupuestos prorrogados de 2018, que han sido los únicos de entre todas las comunidades que incumplen el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y la regla de gasto.

Recortes

Ahora, el Ministerio que dirige en funciones María Jesús Montero advierte en su carta a la Junta que Andalucía «no reúne los requisitos para adherirse al compartimento Facilidad Financiera en 2020, por lo que le corresponderá, en su caso, adherirse al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2020». Por ello, la comunidad andaluza «deberá presentar un plan de ajuste» que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública y que sea «consistente con su plan económico-financiero».

Esta iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez llena de «incertidumbre» a la comunidad andaluza, podría provocar «recortes en materias sensibles como sanidad y educación» y que se diera marcha atrás a las medidas en materia fiscal que se están implantando, dijo la Junta. Con esta «intervención financiera», se bloquea el «exitoso proceso de salida al mercado financiero que se ha consolidado en 2019 y tenía previsto continuar en 2020», denunció la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo.

Para el Gobierno andaluz la decisión del Ministerio de Hacienda es «discrecional» porque la norma no establece de forma taxativa que si un año se incumple la cifra de déficit automáticamente queda cancelada la salida a mercados. De hecho, Andalucía no ha recibido comunicación alguna del Tesoro en ese sentido. Una decisión de este calibre «no solo perjudica a Andalucía, sino al rating de España como emisor, lo cual es un problema añadido al clima de inseguridad que genera un Gobierno en funciones desde el pasado abril», apostilló Hacienda.

Además, para la Junta, la vía elegida por el Gobierno en funciones -a través de una carta enviada por un subordinado de Montero- «se salta todas las reglas de la normalidad institucional». «No ha sido ni Pedro Sánchez, ni la ministra de Hacienda, que es la que mejor conoce la calidad del trabajo que se ha hecho este año, porque lo han hecho buenos funcionarios y empleados públicos de la Junta que han estado muchos años a su servicio, ni la Secretaria de Estado quienes han comunicado tan grave y drástica medida», dijo Hacienda.

Para comunicar la «intervención» de la comunidad andaluza y la necesitad de acometer «recortes» ha sido un secretario general del Ministerio quien ha enviado una misiva de apenas un folio y medio al secretario general de Hacienda de la Junta. «El Gobierno andaluz paga su lealtad institucional con la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando como argumento la fracasada gestión financiera heredada del Gobierno de Susana Díaz», subrayó la Junta.