NdeR: [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | En el escenario de que deje la silla principal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ya no será el mismo. Cuando en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto lo llamó al Gobierno federal, poseía sólo un departamento de 149 metros cuadrados que pagó al contado en 2009, además de cuatro casas. Ahora es dueño de seis departamentos cuyo metraje promedio es de 200 metros cuadrados.

El hombre a cargo de la infraestructura del país en cuya carrera política se ha abierto un socavón después del hundimiento en el paso exprés Cuernavaca, a quien incluso un ex funcionario federal le demandó la renuncia, hizo su fortuna inmobiliaria a un ritmo de 1.6 pisos por año mientras ha integrado el Gobierno federal. Él mismo expone su patrimonio en la declaración patrimonial, el documento útil para observar si el crecimiento de la fortuna de los funcionarios ha sido congruente. ¿A quién se los compró? ¿Cuánto le costaron? ¿Pagó pesos o dólares? El Secretario dice que no quiere revelar esa información. Son los #DatosCerrados de Gerardo Ruiz Esparza.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Desde que se inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha vivido en carne propia las delicias que puede tener el “boom inmobiliario”. De 2013 a 2015, adquirió cinco departamentos; es decir, su patrimonio de bienes inmuebles creció a un ritmo de 1.6 viviendas por año. Se trata de construcciones que van de los 182 a los 219 metros cuadrados. Todas pagadas al contado por el hombre a cargo de la infraestructura del país.

En estos años en la Administración peñanietista, Ruiz Esparza vendió cuatro casas que pagó al contado en 1983, 2004, 2007, y 2010. Es decir, ha comprado y vendido propiedades. Y, como en juego de Monopoly, ha mantenido en la última década en su haber por lo menos cinco bienes inmuebles que se extienden en terrenos de 200 metros cuadrados.

El pasado 12 de julio, un socavón de ocho metros de diámetro se abrió en el paso exprés Cuernavaca. Se llevó dos vidas, la de un padre y un hijo. Ese boquete no se abrió sólo en la carretera, sino también en la vida política de Gerardo Ruiz Esparza, hombre cercano a Enrique Peña Nieto, desde que este gobernó el Estado de México (2005-2011).

Legisladores de todos los partidos de oposición y hasta Aristóteles Núñez, ex director del Sistema de Administración Tributaria, sostienen que el funcionario debe presentar su renuncia.

En el escenario de que deje la silla principal de la dependencia, Ruiz Esparza ya no será el mismo. Cuando en 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto lo llamó al Gobierno federal, poseía sólo un departamento de 149 metros cuadrados de construcción habitable que pagó al contado en 2009. Ahora es dueño de seis.

El propio Ruiz Esparza da cuenta de la compra de sus departamentos y la venta de sus casas en su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública, como lo ordena la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero lo que no declara el funcionario, es cuánto le costaron esos departamentos y a quién se los compró.

¿De dónde vino su fortuna inmobiliaria? Esos son los #DatosCerrados de Gerardo Ruiz Esparza, un miembro del equipo de Peña Nieto, vinculado con empresas constructoras inhabilitadas o señaladas de corrupción.

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RUIZ ESPARZA Y LAS EMPRESAS

El escándalo lo alcanzó en julio de 2015. Un audio, parte de una serie en YouTube que arrancó en mayo del mismo año, reveló que OHL intentó pagar la estancia de Gerardo Ruiz Esparza en un hotel de la compañía; pero el funcionario lo negó de inmediato en una conferencia de prensa.

No fue la única grabación. Otra difundió que la SCT habría adelantado información sobre una licitación carretera a OHL México y que la dependencia habría intercedido para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no las inspeccionara. También lo negó.

En contra del funcionario, en la Procuraduría General de la República obra una denuncia penal presentada por el abogado Paulo Diez Gargari por corrupción. Ruiz Esparza habría ampliado a discreción y en un acto ilegal el título de concesión de la autopista Amozoc-Perote por 30 años a la empresa GANA, subsidiaria de OHL México. De acuerdo con el abogado, Ruiz Esparza podría haber incurrido en uso indebido de atribuciones y malversación de fondos.

Con el escándalo de OHL a cuestas, Gerardo Ruiz Esparza tuvo que enfrentar el socavón. La SCT, bajo su cargo, otorgó el contrato para la obra “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca en el Estado de Morelos” a la empresa Epccor de Juan Diego, José Miguel e Ignacio Gutiérrez Sainz. Son los hijos de Juan Diego Gutiérrez Cortina, dueño de Gutsa, inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento en la autopista del Sol que conecta a la Ciudad de México con Acapulco, Guerrero.

Pese a la inhabilitación, en 2009, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le concedió la edificación de la Estela de Luz del bicentenario de la Independencia. No la entregó a tiempo y además, incurrió en sobre costos.

En realidad, Epccor –la firma de los hijos del dueño de Gutsa- jamás ha sido inhabilitada. Asociada por Construcciones Aldesem ganó el contrato para ampliar el libramiento de 14.5 kilómetros en Cuernavaca, Morelos, en la carretera México-Acapulco, al presentar la oferta más baja. Y en momentos en que la obra era uno de los pocos logros del Presidente Enrique Peña Nieto, el agujero de ocho metros de diámetro se abrió en el asfalto y se llevó dos vidas, las de Juan Mena padre y Juan Mena hijo que transitaban en un coche. Murieron asfixiados.

Gerardo Ruiz Esparza brindó una declaración al respecto: “La lluvia registrada durante los últimos días y la acumulación de basura provocaron el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca”.

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La declaración patrimonial es el medio que tienen los funcionarios públicos para presentar la fortuna. En esencia, su utilidad es que tanto la Función Pública como los ciudadanos valoren si el patrimonio de un funcionario ha evolucionado de manera congruente. Como dice Ernesto Gómez Magaña de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, se trata del primer eslabón del combate a la corrupción.

Una modificada Ley General de Responsabilidades Administrativas forma parte del andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción apenas puesto en marcha el 19 de julio pasado y, de ahora en adelante, los funcionarios mexicanos deben declarar bienes, intereses y obligaciones fiscales, la llamada 3de3. Pero será pública sólo si así lo decide el funcionario.

En 2016, decenas de Organizaciones no Gubernamentales intentaron darle máxima publicidad al documento con una iniciativa ante el Senado de la República. Pero no lo lograron. El Presidente de la República vetó el artículo 29 de dicha Ley para que los funcionarios mantuvieran en secreto sus bienes, intereses y obligaciones fiscales.

De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. El servidor público informa a los ciudadanos lo que quiere y si es que quiere. Alejandro González de la organización Gestión Social (Gesoc) evalúa que así, se perdió una oportunidad para avanzar en el ejercicio de la Transparencia gubernamental.

En esas condiciones, en su última declaración –la de mayo–, Gerardo Ruiz Esparza decidió declarar “parcialmente” sus datos patrimoniales. Asentó que no especificaría sus ingresos netos por actividad industrial, comercial, financiera y otros. Que no pondría el valor ni de las transacciones ni si están en pesos, dólares o euros los cinco departamentos que ha comprado al contado. Lo mismo indicó para los bienes muebles. También para los vehículos. Expuso también que no quería presentar inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores como tampoco los adeudos, el monto original ni el saldo.

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Al iniciar en la Función Pública federal, Gerardo Ruiz Esparza era dueño de cuatro casas que pagó al contado, un departamento y un terreno. Una de las casas declaradas estaba en un terreno de 402 metros cuadrados, otra en 490, otra en 266 y una más en 410. Mantuvo así su peculio inmobiliario en su segunda declaración también presentada en 2013.

Para 2014, Ruiz Esparza había añadido tres departamentos a su conjunto de viviendas. En 2015, vendió las casas de 490 y 402 metros cuadrados. En 2016 vendió las de 286 y 410. Este año, cuando es el protagonista de un escándalo que puede hacerlo dejar su cargo, Gerardo Ruiz Esparza es dueño de cinco departamentos con un metraje promedio de 200 metros cuadrados.