37.485 personas. De ese tamaño es la crisis de los desaparecidos en México. "Y seguramente el número es más grande", ha admitido este martes el secretario de Gobernación (ministro del Interior) Alfonso Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP). El intento más ambicioso para encontrar a quienes fueron retenidos sin dejar ningún rastro, para poner cara a miles y miles de expedientes, para dar respuesta definitiva y justicia a los denunciantes se produce cinco años después del caso Heavens, cuatro años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, seis meses después de que tres estudiantes de cine en Jalisco fueran secuestrados y disueltos en ácido. Y dos meses antes de que concluya el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

"Después de meses y meses de vigencia de la ley, a 50 días de que se vaya este Gobierno, quieren hacer un acto de simulación, como que están haciendo cosas para atender el problema de las desapariciones", critica en entrevista Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. "No se resuelve el problema de fondo, no se han definido los protocolos nacionales ni los acuerdos con los Estados ni los recursos para hacerlo", agrega Encinas: "Llega demasiado tarde".

"Es un paso fundamental para la búsqueda de personas, pese a que hubo retrasos importantes", señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una de la organizaciones civiles que participó en la creación del SNBP. El nuevo sistema se desprende de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, que fue aprobada en la Cámara de Diputados en agosto del año pasado y que creó una fiscalía especializada y una comisión nacional de búsqueda que depende del Ejecutivo. Pasar del papel a los hechos tomó más de un año, principalmente por problemas de presupuesto, explica Rivas. "Dotar de recursos es fundamental para dar justicia a las víctimas, el Estado tiene que asumir su liderazgo y su responsabilidad en este problema", agrega.

El antiguo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas tenía problemas técnicos considerables como casos duplicados, datos incompletos y denuncias que no eran contadas. La nueva base de datos pretende sustituir eventualmente al viejo sistema y es la primera que unifica la identidad digital de los desaparecidos: nombres, fecha de nacimiento y la clave de población. El objetivo es pasar de la contabilidad deficiente de las desapariciones a tener herramientas para encontrarlos. Esas herramientas surgen de los registros forenses estatales y de los datos recabados por las autoridades electorales, que en México incluyen las huellas dactilares de prácticamente toda la ciudadanía que tiene 18 años o más.

Sistema Nacional de Búsqueda coordinará con autoridades federales y estatales el acceso a toda información relevante para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas, así como para la investigación y sanción de los delitos en la materia. — CNDH en México (@CNDH) 9 de octubre de 2018

El cruce de datos indica el punto de partida y el tamaño del problema. De los más de 37.000 desaparecidos hay 26.000 casos en los que se conoce su identidad digital y solo se cuenta con fotografías y huellas dactilares de alrededor de 16.000, según datos oficiales. El Estado ya ha confirmado de forma preliminar quiénes son las víctimas de 340 denuncias. "Es la primera vez que esta cifra de identificaciones se logra a nivel federal, en el país no había un registro de coincidencias", ha apuntado Navarrete. Es poco menos del 1% de los casos. Y se repiten antiguos errores al dar los anuncios: sin que lo confirmen los peritos forenses y sin avisar a las familias antes que a los medios.

La continuidad de las medidas y el resarcimiento de los rezagos cobran una relevancia particular en medio de la transición en México. Solo seis Estados de las 32 entidades del país han creado sus comisiones locales de búsqueda y 11 no han puesto en operación las unidades estatales de atención a víctimas, alerta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. "Nosotros vamos a tener que reinstalar todo el sistema a partir del 1 de diciembre, en 50 días no van a cumplir todo lo que está en la ley", adelanta Encinas. El próximo subsecretario de Derechos Humanos ha asegurado que para el Gobierno entrante será prioritario esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa con una comisión de investigación para la justicia y la verdad. La apuesta, dice Encinas, es crear un precedente a partir de la resolución del caso Ayotzinapa para el resto de los casos.

La urgencia se agudiza a la luz de la ola de violencia que se ha extendido por México desde el inicio de la llamada guerra contra el narco en 2006: violaciones de derechos humanos, matanzas, fosas comunes. "El Estado no está cumpliendo con su obligación", ha reclamado durante el acto Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. "Los avances en búsqueda y localización de personas desaparecidas son producto del trabajo incesante que realizan miles de familias, sus aportaciones y los colectivos de la sociedad civil", ha añadido. "Hay una exigencia legítima y un dolor legítimo para conocer la verdad", ha dicho Navarrete Prida tras reconocer que el esfuerzo tardó en ser una realidad: "Sabemos que hay mucho por hacer, pero este es el camino".