Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2018

La letra chica del gasto público está en la mira. No solo por la ambición del déficit cero, sino también por infinidad de inequidades que tienen identificadas el dúo Nicolás Dujovne , ministro de Hacienda, y Andrés Ibarra , vicejefe de Gabinete y también responsable de Modernización. Los rubros son de lo más diversos y permiten entender la contracara de la presión tributaria récord. Van desde cifras millonarias destinadas a un astillero que no produce en la provincia de Buenos Aires hasta cuestiones cualitativas que aún hoy se miden en australes. La lista es tan extensa como disímil.

La estimación nacional es que el Estado deja de percibir $346.000 millones anuales en concepto de impuestos que por una u otra razón no se cobran. Desde ya que hay exenciones impositivas imprescindibles para fomentar la inversión o para hacer más competitivas regiones o sectores con condiciones adversas.

Sin embargo, el recorrido muestra que eso no siempre ocurre. Por caso, el Poder Judicial , en el que todo el personal ingresado antes de 2017 no paga Ganancias. Esto representa $9500 millones anuales de impuestos que el Estado no percibe.

También figuran las mutuales, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro que no pagan impuestos y desde ya que de acuerdo con la misión pueden precisar de los aportes del Estado cuando se trata de cuestiones ligadas al bien común o a la investigación. Se estima que se dejan de percibir $15.000 millones por esta exención, pero cuando se mira la letra chica se incluye entre sus beneficiarios a grandes compañías de seguros y entidades financieras.

Fuente: LA NACION

La situación de la Iglesia Católica también formaba parte del eje tributario en análisis por el Gobierno, pero el viernes se anunció que aceptará el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, lo que implicará la renuncia a la asignación de $130 millones que recibe anualmente. La decisión fue comunicada en el cierre de la asamblea plenaria del Episcopado, que conduce el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar.

El debate por la ley de promoción económica de Tierra del Fuego, que incluye la liberación del IVA, la exención del impuesto a las ganancias y la exención de derechos de importación, representa un monto de $31.000 millones en juego y está latente. Pero existe una fuerte discusión política de cara a las próximas elecciones para ver cuál es el momento correcto para la discusión.

Otro de los números que se sigue de cerca es el de los distintos regímenes jubilatorios de privilegio y especiales, que, aunque solo alcanzan al 2,9% de las personas, concentran el 9% del gasto previsional con haberes medios que superan los $100.000.

Muchos de estos regímenes no se cubren con los aportes de sus trabajadores en actividad. Esto hace que, en gran parte de los casos, los trabajadores con las jubilaciones más bajas cubran con sus aportes las jubilaciones de unos pocos beneficiarios que reciben jubilaciones más altas.

En el Poder Judicial, por ejemplo, el promedio de jubilación supera los $100.000, once veces la jubilación media, y en el servicio exterior más de $150.000, más de dieciséis veces la media. Para jubilarse por el Poder Judicial solo hacen falta 15 años trabajados en ese régimen y este es otro de los puntos que se sigue de cerca en Hacienda.

Otro de los números que se sigue de cerca es el de los distintos regímenes jubilatorios de privilegio y especiales Fuente: Archivo

Aunque en menor escala, los adicionales por zona son otro de los puntos en la mira. Se trata de un suplemento remunerativo para el personal de Agroindustria que se instauró cuando los accesos a los centros urbanos del interior eran precarios. Por ejemplo, un empleado de Agroindustria en la ciudad de Mendoza cobra un suplemento del 45% comparado con un empleado de la ciudad de Buenos Aires (no hay diferencia si el empleado es local o trasladado). El costo de esa medida se estima en $150 millones al año para unas 900 personas.

Las particularidades del sector público aparecen también en el mundo de la cultura. Al punto de que el sistema de calificación de películas para ser exhibidas en salas de cine se creó en 1984. Los aranceles que tenían que pagar las distribuidoras de películas extranjeras quedaron congelados en valor de australes y después transformados a pesos en la convertibilidad. En el caso de las películas a ser transmitidas por las señales televisivas, el monto se fijó en 1996 por presentación mensual y tampoco sufrió modificaciones.

Los aranceles quedaron desvalorizados y hoy la recaudación por esa vía es irrisoria. El Incaa está trabajando para crear un nuevo Sistema de Calificación de Contenidos Audiovisuales (películas, series, videojuegos y plataformas de video on demand). En lo que va del año, recaudó solamente $250.000. Con la proyección de actualización, utilizando la fórmula a valor dólar en el momento de establecimiento del arancel, se proyecta recaudar cerca de $15 millones (600% más). Por ejemplo: una película extranjera que paga actualmente $362 pesos pasará a abonar alrededor de $14.000. Las películas nacionales que soliciten subsidio para la categoría de Audiencia Masiva y las películas pornográficas, hoy exentas, van a empezar a pagar.

El recorrido por la letra chica del gasto público llega también a las cocheras de la Biblioteca Nacional. En 1998 se adjudicaron concesiones por 25 años. Una se llama Parking Lot y paga hoy $16.000 por mes. No se hace cargo del ABL y la Biblioteca debe hoy $75 millones de ese impuesto. El tribunal tasó hace 5 meses que el canon debería ser de $350.000. La otra es Estacionamiento Austria y paga $19.000. El tribunal lo tasó en $265.000. Son 220 cocheras y hay un sumario iniciado.

Otro tema muy sensible es el que se está analizando en la Agencia Nacional de Discapacidad. Se trata del organismo encargado de administrar y pagar mensualmente a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Estas pensiones no son un programa ni un plan social: son un derecho establecido por ley que debe ser garantizado para quien corresponda.

La pensión no contributiva por invalidez laboral se otorga a la persona que tiene incapacidad laboral de un 76% o más, total o permanente, certificada por un médico, y vulnerabilidad social. En 2006, había unos 170.000 beneficiarios y actualmente existen más de 1.046.000 personas que cobran mensualmente este derecho, que tiene carácter vitalicio. De ese universo se encontraron irregularidades, incompatibilidades y hasta fraudes (que involucran a médicos inexistentes o a personas fallecidas, por ejemplo), pero se trata de una situación que prometen revisar caso por caso, algo muy complejo de implementar.

También hay crecientes denuncias por obleas vehiculares falsificadas. El "símbolo internacional de acceso" es un documento que identifica al vehículo en el que se traslada una persona con discapacidad y que la habilita a transitar y estacionar libremente en lugares exclusivos para personas con discapacidad.

En la ciudad de Buenos Aires circulan de lunes a viernes cerca de 1,6 millones de autos y la ciudad dispone de 364.000 espacios para estacionar en la vía pública y de 611.000 lugares entre cocheras privadas y comerciales. Se estima que más de 20.000 autos cuentan con obleas de discapacidad truchas, que constituyen un negocio ilegal para quienes las otorgan y una irregularidad que en los próximos días será noticia por la investigación en curso.

Por último, aparece un caso testigo de la provincia de Buenos Aires: el Astillero Río Santiago, que replica cuestiones que sucedían en el ámbito nacional, como Fabricaciones Militares. El astillero tiene más de 3000 empleados, con un sueldo promedio casi de $45.000. La producción es básicamente cero: no construyeron ningún barco desde 2008 y los delegados sindicales mantienen un plan de lucha por la baja en el presupuesto de cara a 2019. El costo de la empresa es de $3500 millones anuales y el último barco que empezaron fue por encargo de Venezuela en 2007. Los salarios incluían también un premio por productividad a pesar de no fabricar y hace dos décadas la mitad de sus ingresos provenían de los buques que hacía. Hoy es menos del 1%.

La lista de irregularidades se extiende aún más. Se calcula que el Estado deja de percibir $346.000 millones anuales por impuestos que por una u otra razón no se cobran, lo que equivale a cuatro veces lo que insume la Asignación Universal por Hijo. Son parte de la contracara de un país con presión tributaria récord. Ni más. Ni menos.

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