La empresa constructora Sylma solicitó 65 millones de pesos, como medida de reparación del daño, al ciudadano Leonardo García vinculado a proceso por el delito de difamación luego de que denunciara a medios de comunicación una serie de presuntas irregularidades cometidas por la citada compañía.

De acuerdo con la denuncia presentada por Silvia Rico Moreno, dueña de Sylma, las publicaciones en las que presuntamente se les acusa de fraude le provocaron pérdidas millonarias a su empresa, por lo que están solicitando como medida de reparación del daño el pago de 65 millones de pesos.

Para Jesús Alberto Guerrero, abogado de Leonardo García, el tener que comprobar que su cliente no afectó a la empresa con sus declaraciones es un acto de criminalización a la libertad de expresión, por lo que dijo, “no vamos a legitimar esta acción, porque sencillamente no podemos tener pruebas de que Leonardo ejerció un derecho, acto que no es punible”.

“Los 65 millones de pesos se volverían una deuda para Leonardo, pero no podrían privarlo de la libertad”, pues “si lo hicieran, sería como criminalizar la pobreza”, aseguró Guerrero, ante la posibilidad de que la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Sissi Anette Rodríguez, falle contra el acusado.

En espera de segunda audiencia

En conferencia de prensa, el abogado de Leonardo García anunció que la próxima audiencia sobre el caso se celebrará el próximo 17 de mayo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por lo que espera que en esta audiencia, la jueza a cargo del caso falle en favor de su cliente, ya que, en su opinión, la dueña de Sylma no aportó pruebas para sustentar la presunta comisión de difamación, por haber dado entrevistas a medios de comunicación locales sobre supuestas irregularidades en la construcción de un fraccionamiento en Hidalgo.

“El Ministerio Público dice que tiene pruebas para acreditar que cumplen con premisas claras para probar que hubo difamación; sin embargo, de acuerdo con la imputación hecha por Silvia Rico Moreno… el ciudadano tuvo comunicación con el medio El Independiente entre noviembre y diciembre de 2016, a efecto de que se publicara que hubo un fraude por parte de la empresa, pero eso no es una prueba, porque es algo ambiguo”, dijo.

Explicó que con esta expresión no se acreditan los hechos de la forma en la que se señala en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige que se compruebe “la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar”.

Guerrero recordó que la demanda contra Leonardo García se dio luego de que éste declarara ante el diario El Independiente de Hidalgo que se sentía defraudado por Sylma, constructora de la casa donde habitaba, pues presentaba fallas que generaban inundaciones durante la temporada de lluvias, además de que señaló el probable conflicto de interés que existía entre la dueña de la empresa y su hermano, el exsubsecretario de obras en Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno.

“Me siento defraudado” fue la frase por la cual el pasado 11 de enero de 2018 se desplegó un operativo de nueve policías y tres patrullas desde Hidalgo al Estado de México, para detener a Leonardo, sin presentar una orden de aprehensión en su contra”, acusó.

Guerrero adelantó que, en caso de que se declare culpable a Leonardo García, recurrirán a una apelación, y darán seguimiento a la queja que presentó en febrero pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A pesar de que instancias internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se han pronunciado a favor de que se deroguen los llamados “delitos contra el honor”, en México, en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán, Yucatán e Hidalgo todavía se persigue penalmente la difamación.

Otros delitos contra el honor castigados en el país son el “halconeo”, que se persigue penalmente en 22 estados; los ataques a la autoridad e instituciones están penalizados en 23 estados, mientras en seis estados se considera punible la elaboración de “memes”, bajo la figura de “falsificación o alteración de documento o similar tecnológico”.