Victoria Portas

Portavoz de Coespe

La Directora del F.M.I. Christine Lagarde, advierte a España que para llevar a cabo la revalorización al IPC se tendrán que llevar a cabo reformas estructurales como aumentar la cotización mínima de autónomos, elevar la contribución social para los asalariados que más ganan, además de aumentar la edad de jubilación (incluso más que a los 67 años), en consonancia con la evolución de la esperanza de vida. Y además señalan que las previsiones de recaudación por la subida de los impuestos debe ser “prudente”, y terminan dicho informe con que “con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes”.

Por ello La Coordinadora Estatal se ve en la obligación de aclarar determinados puntos tanto al FMI como al total del arco parlamentario que rige la política en nuestro país.

Todos coincidimos en que nuestro sistema necesita de una reforma integral, e integral supone una nueva reforma de Seguridad social acompañada de una reforma fiscal y una reforma laboral para que la sostenibilidad del mismo no se vea entredicha; pero para nada coincidimos en los medios.

La pérdida de cotizaciones, no ha venido de la mano de Pymes y autónomos, ha venido de las grandes sociedades y del gobierno de turno que maquilló y sigue maquillando “estimulo a la contratación” conbonificaciones en las cotizaciones empresariales.En 2016 la Seguridad Social dejó de ingresar 2.100 millones por reducciones directas de cotizaciones y en el 2015 fueron 2.600 millones, que no fueron compensadas por el Estado a las arcas de la Seguridad Social.

Para que esto se pueda recuperar es imprescindible la Derogación de la Reforma Laboral del 2012 y un Aumento de los tipos de cotización, de los trabajadores con salarios más altos (actualmente 4.7%) y un destope de las bases de cotización máxima, y el aumento de cotización de los empresarios (28.3%), empezando por la desaparición de las bonificaciones, tarifas planas en contratos de formación y aprendizaje, e incluso se podrían imponer una escala móvil en función de la facturación, valor añadido de la empresa, no sólo en materia de accidentes de trabajo sino también en materia de desempleo, vejez, invalidez etc. Ya que cada punto adicional de cotización daría una recaudación adicional de 0.3 puntos de PIB.

Por otro lado, el FMI pide prudencia en la subida de impuestos a los que más tienen, si la presión fiscal de España (suma de impuestos directos e indirectos en porcentaje del PIB) es del 33,1%, y países como Dinamarca es 48,2%; esa diferencia es el margen que España tiene para subir los impuestos a las rentas más altas. Según un informe de la OCDE “las grandes multinacionales en España pagan unos impuestos que corresponden al 6% de su resultado contable, cuando el tipo nominal para las sociedades se sitúa, tras la reforma del 2015 en un teórico 28%, las grandes empresas se ahorran, gracias a la ingeniería fiscal, unos 7.226 millones de euros al año”,y la reforma fiscal del 2015 además conllevó una bajada de impuestos, que lejos de reducir estas diferencias las aumentó.

Y esto se constata con un informe del Sindicato de técnicos de Hacienda Gestha que dice que los grandes defraudadores son las Grandes empresas y grandes patrimonios con un 72% sobre el total del fraude fiscal en éste país, económicamente corresponde a 42.711 mill. de euros en el 2010.

Alertan, que con incrementos pronunciados del salario mínimo interprofesional se pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes. Dicha devaluación salarial se llevó a cabo por la Reforma Laboral del 2012 para promover la contratación, pero el efecto real que produjo fue la temporalidad fraudulenta y despidos masivos injustificados, trabajos precarios, salarios mínimos que cotizan lo mínimo y con ello las mayores caídas en las cotizaciones; no subir el Salario Mínimo solo beneficia a las grandes empresas ya que lo que consiguen es el abaratamiento de la mano de obra y reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social. Necesitamos un aumento de los salario reales para aumentar las bases y los tipos de cotización, medidas de aumento de empleo estable supondrían aumento de afiliados, aumento de contribuciones y liberación de recursos del SEPE por descenso en el paro.

Y nuevamente nos hablan de la esperanza de vida como un lastre para la sociedad, en vez de reconocerlo como un logro. Cabría indicar que el baby-boom llegará a la jubilación en torno al 2023/2025 y que lo hará de forma escalonada pues no podrán acceder todos a la vez a la jubilación, se prevé que le año con más número de pensionados será en el año 2044 y que a partir del 2050 ya se prevé un descenso de esa tasa en un 20%, suponiendo una subida en el gasto de pensiones en un 9.1% de PIB para 2050 o 11.1 % ( en el peor caso por EUROSTAT), actualmente se encuentra más menos en el 6.8 % PIB, del todo perfectamente asumible por el gobierno español. Teniendo en cuenta además que ese mismo intervalo de tiempo la tasa de desempleo bajará pues habrá menos mano de obra debido a la baja tasa de nacimientos, nos encontramos que el 15% de cotizaciones que se dedica a desempleo actualmente, se podría trasladar a Seguridad Social y que la mitad de dichas cotizaciones podrían suponer un punto del PIB.

Si además retiramos de forma inmediata las bonificaciones a planes de pensiones privados e incentivamos las Cotizaciones complementarias dentro del sistema de Seguridad Social,que complementaría la pensión del beneficiario al margen del sistema de reparto, pero siempre con la gestión del sistema público, consiguiendo así reforzar los recursos del propio sistema, que en este momento se escapa a manos privadas y que las pensiones subirían sus cuantíasno necesitando ya complementos a mínimos.

Señores del FMI, ésta ciudadanía no va a permitir más política de austeridad que pagan siempre los mismos, ésta ciudadanía conoce las soluciones del Sistema y no pasa porque el Gobierno de turno se quede con los brazos cruzados.

El verdadero agujero está en la fiscalidad del país y la precariedad laboral de las reformas vigentes. Atacar por ahí proporcionará a todo el Estado recursos suficientes para cumplir el mandato constitucional que proclama que nuestro Estado es un “estado social, democrático y de derecho”.

Pues pónganse manos a la obra, ya que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.

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