Corrupción política

El cheque de Rita Barberá

Rita Barberá, el animal político que se devoró a sí mismo

El Tribunal Supremo ha citado a declarar a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado al que ha correspondido la investigación, Cándido Conde-Pumpido , ha citado a la senadora para recibirle declaración en calidad de investigada el próximo 21 de noviembre a las 10.30 horas.

La investigación abierta a Barberá, elegida en las listas del PP pero hoy en el Grupo Mixto, deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En ese escrito, el juez exponía indicios de que la aforada habría participado en un presunto blanqueo de capitales, que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa. La Fiscalía apoyó la apertura de la investigación, que fue acordada por la Sala de lo Penal del Supremo y que recayó en el ex fiscal general del Estado Conde-Pumpido.

En el auto de apertura de la causa, el Supremo destacó que lo descrito por el juez del caso Imelsa podría suponer un delito de blanqueo de capitales, por lo que resultaba "imprescindible continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".

El objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Valencia es si, bajo la cobertura de unas aportaciones de 1.000 euros realizadas por personas vinculadas al Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y al mismo partido, se oculta el blanqueo de fondos opacos que estaban en poder de algún responsable del Grupo Popular. También se indaga sobre el origen del dinero supuestamente blanqueado.

"Judicialización de la política"

La resolución de Conde-Pumpido no sólo trata de la citación de Barberá. También se pronuncia sobre la presencia del PSOE comoacusación popular en la causa. El magistrado ha acordado imponer al partido una fianza de 3.000 euros, que considera asequible, para ejercer la acusación. Conde-Pumpido alerta además del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone la práctica, "que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario". A su juicio, esta práctica "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política".

El PSOE había pedido que no se le exigiese fianza, pero el magistrado la acuerda recordando que que tanto el Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 como la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, elaborados por gobiernos de signo político diferente, prohibían expresamente el ejercicio de la acción popular por los partidos políticos.

"Es cierto que estos proyectos no han alcanzado vigencia", señala el magistrado, "y que existe una cuestionable práctica judicial que admite, con carácter general, la personación de los Partidos Políticos como acusación popular en causas contra políticos de otros partidos. Pero ello no excluye que, aun admitiendo la personación, se adopten las necesarias cautelas, lo que no permite privilegiar este tipo de acusaciones e impide que se prescinda del señalamiento de la oportuna fianza".

La investigación

Según la exposición razonada del juez de Valencia que desembocó en la investigación del Supremo, en el curso de una investigación sobre determinadas irregularidades en la contratación pública en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación Provincial, así como en el de la empresa pública Imelsa y la dependiente de la Generalitat valenciana CIEGSA, se tuvo conocimiento de una conversación telefónica según la cual se habría realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, a cambio del que se habrían recibido, en efectivo, dos billetes de 500 euros.

En la conversación se hacía referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Barberá, pero sin hacer respecto a ella ninguna imputación concreta. Se inició entonces una investigación que reveló que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015. Barberá estaba entre ellas.

Se comprobó también que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se habían recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, cantidades en metálico o mediante traspaso de otras cuentas, por 10 de las personas investigadas. Esa operativa indicaba, según los investigadores, que los populares de Valencia pedían aportaciones en dinero legal que luego se restituía a los supuestos donantes con los fondos de dinero negro.