Chile ha comenzado a dar pasos sustantivos en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. Después de una década de discusión legislativa de diferentes proyectos, el Congreso aprobó este miércoles el Acuerdo de Unión Civil (AUC), que por primera vez reconoce las uniones de las parejas de igual y distinto sexo que conviven sin estar casadas. Bandera de lucha de los movimientos de la diversidad sexual, la iniciativa se transformará en ley de la República y en unos seis meses estará vigente para que los ciudadanos puedan optar por este nuevo tipo de uniones. "Nos permite reconocer las distintas formas de familia que hay en nuestro país y protegerlas a todas. Estamos sentando las bases para construir el Chile de todos: un país que no discrimina", ha señalado el portavoz del Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, Álvaro Elizalde.

La nueva normativa crea un nuevo estado civil —el de convivientes— y beneficiará a cerca de dos millones de parejas con o sin hijos que viven juntas sin estar casadas y que hasta la actualidad no tenían posibilidad de regular su régimen patrimonial, de salud, previsional y de herencias. La iniciativa ha sido emblemática porque por primera vez el Estado reconoce y protege las uniones homosexuales, considerando formalmente que son una familia. "Hoy nosotros pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico", ha indicado el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, una de las organizaciones que ha pedido la equidad de derechos.

El proyecto de ley fue impulsado por el Gobierno de derecha del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), su aprobación fue un compromiso de campaña de Bachelet, que se autoimpuso la meta de llevarlo a cabo durante el primer año de su nueva Administración, y finalmente la iniciativa fue apoyada en el Parlamento por sectores políticos diversos. Considerado un país tradicional con una fuerte influencia de la Iglesia católica —en 2004 tuvo su primera ley de divorcio y todavía el aborto es castigado—, Chile logró aprobar el Acuerdo de unión civil en buena parte gracias a la concienciación social que realizaron los movimientos defensores de los derechos de las minorías sexuales. A través de su cuenta de Twitter, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) recordaba que hubo 35 marchas, 72 protestas, 20 campañas, seis proyectos de ley y 11 años de espera antes de la aprobación.

La norma crea un nuevo estado civil —el de convivientes— y beneficiará a dos millones de parejas

"Hoy se ha dado un paso histórico para lo no discriminación y para el avance de los derechos humanos, cerrándose un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad y, por cierto, abriéndose nuevas páginas y desafíos", ha señalado Rolando Jiménez, dirigente histórico del Movilh, que dedicó la aprobación del proyecto a las víctimas de la homofobia y a los cientos de chilenos heterosexuales que durante décadas fueron discriminados en Chile por el hecho de no estar casados y vivir bajo el mismo techo.

La lucha ahora está centrada en avanzar hacia un matrimonio igualitario: "Esto no echa por tierra la lucha por una legislación de matrimonio para todos, una larga aspiración de nuestra comunidad y a la que le imprimiremos fuerza durante 2015. Las instituciones del Estado no pueden estar vetadas para una persona por su orientación sexual", ha señalado Larraín, de la Fundación Iguales.

El Acuerdo de Unión Civil mejorará las condiciones jurídicas y sociales de dos personas de igual o distinto sexo que, con o sin hijos, vivan bajo un mismo techo y que hasta ahora en Chile se encontraban en un absoluto vacío legal. Será una alternativa al matrimonio y podrá ser usado por los ciudadanos que, por distintas razones, no puedan o no quieran casarse. Uno de los convivientes podrá hacerse cargo del otro en el sistema de salud y de previsión social, decidir sobre los bienes de ambos en caso de enfermedad o muerte y aspirar a la custodia y tutoría de los hijos si los padres biológicos fallecen.

El Movilh y el Registro Civil realizarán el próximo 14 de febrero ceremonias simbólicas para informar del procedimiento de estas uniones vinculantes que se comenzarán a efectuar en Chile entre julio y agosto próximos.