Con los términos en los que está planteada la reforma, los titulares de inmuebles tendrán más fácil recuperar la posesión de sus bienes cuando hayan sido ocupados. «Conviene articular los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerlas, o titulares o gestores de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social», dice la exposición de motivos de la proposición de ley.

La iniciativa inicial dejaba fuera a los fondos buitre, a los que se ha incorporado en la ponencia que ha dirigido el PP, pese a ser una propuesta del PDeCAT.

Ese procedimiento se podrá llevar a cabo sin la garantía de que las personas que ocupaban la vivienda sean reubicadas en otro lugar en caso de vulnerabilidad. El texto se limita a establecer que, en caso de que sean identificados, «se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación».

Además, la modificación de la ley permite que la demanda de recuperación de la vivienda no se dirija a nadie en concreto. «Podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo la notificación», señala el texto acordado que, en principio, se remitirá en esos términos al Senado para su aprobación definitiva salvo que este martes se acepten in extremis enmiendas de los otros grupos.

¿Quién apoya al PDeCAT?

Los demandados «exclusivamente» podrán oponerse si demuestran «la existencia de título suficiente para poseer la vivienda» o argumentando «la falta de título» por parte del demandante. Si la titularidad de los habitantes no queda acreditada, «el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda» sin que haya posibilidad de recurrir la decisión.

El PDeCAT asegura contar con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV e incluso de los socialistas. Sin embargo, solo PP y PNV lo reconocen. En Ciudadanos, que han exigido incluso juicios rápidos para estos casos y que plantearon en las enmiendas de la ley mordaza que la policía pudiera entrar, registrar e identificar a los ocupantes, aseguran que no están «en ningún acuerdo» y que decidirán su posición según se produzca el debate.

El PSOE, que se opuso a la toma en consideración de la proposición de ley, trató de enmendar sin éxito el texto de la ponencia. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge que se han incorporado «modificaciones» aportadas por el PSOE.

Los socialistas, sin embargo, aseguran que no secundarán la propuesta y aún no han decidido si el sentido de su voto será un ‘no’ o una abstención. No obstante, no han manifestado su oposición a la redacción de la ponencia.

Fuentes socialistas explican que, por una parte, comparten el espíritu de que los propietarios puedan recuperar sus posesiones y, por otra, denuncian la falta de «garantías» que reclamaban en sus enmiendas, que no han sido aceptadas en la negociación. El PSOE reclamaba que hubiera posibilidad de tener una audiencia con las partes y una solución habitacional para las personas a las que se expulsa, según fuentes oficiales del Grupo Socialista.

Unidos Podemos rechaza completamente el texto que se ha negociado –es el único grupo que lo manifiesta en la ponencia– y denuncia que se trata de un «procedimiento sumario» que deja a las personas «sin derecho de defensa», según declara el diputado Rafael Mayoral, que denuncia igualmente que no se garantice una solución habitacional tal y como ha sostenido Naciones Unidas.

Mayoral carga contra los redactores por establecer como única fórmula para evitar el desahucio que se acredite la titularidad. «Da igual que la vivienda lleve 50 años abandonada», dice a modo de ejemplo. Además, afea que se trata de una ponencia de PDeCAT que ha dirigido de facto el PP, que se ha encargado de redactar la exposición de motivos, según explica el parlamentario del grupo confederal.

En esa exposición de motivos se relata el «considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial» para los que se han llevado a cabo «planes de actuación para atender tales situaciones». «De forma casi simultánea, y en la mayor parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa», reza el texto.

«Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas», denuncia la exposición de motivos de la reforma legislativa. La ausencia de medidas contra esas mafias de las que habla el texto es uno de los reproches de los grupos que rechazan la propuesta. ERC, que se opuso a la admisión a trámite de la iniciativa del PDeCAT pese al debate que suscitó en el seno del grupo la propuesta, no ha participado activamente en la Comisión de Justicia que ha abordado estos trabajos, según fuentes parlamentarias.