Las puertas giratorias implican comportamientos ilegales generalizados.

En política la expresión puerta giratoria se refiere a una conducta que está tipificada como delito en varios países como Francia, Canadá y Japón, y aunque en España esta conducta no esté tipificada como delito, esto no quiere decir que no se trate de comportamientos ilegales generalizados. Vamos a analizar estos comportamientos ilegales que conlleva la práctica de las puertas giratorias.

Cuando hablamos de puertas giratorias en un contexto político, estamos hablando de altos cargos públicos que al terminar su mandato se van al sector privado donde ocupan, en muchos de los casos, puestos privilegiados en empresas, las cuales ofrecen generosas remuneraciones económicas que no se corresponden con el tiempo de trabajo ofrecido. Por ejemplo, con frecuencia el trabajo se reduce a unas pocas reuniones al año sin ni siquiera tener experiencia en el sector que se supone que los ex-políticos tienen que asesorar. Tal es el caso de Arsenio Fernández de Mesa, ex-director general de la Guardia Civil que, sin experiencia ni estudios en el sector energético, se le incorporó como consejero en el REE con un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. Estos sospechosos privilegios al ocupar cargos en el sector privado, suelen ser consecuencia de los favores que han hecho los altos cargos públicos en el ejercicio de sus funciones al sector privado que, en pago, ofrece generosas ofertas para ocupar entre sus cargos directivos. Lo más grave de estas conductas es que, en muchas ocasiones, suponen un grave perjuicio de lo público en beneficio de los intereses privados de los que los políticos corruptos pasan a formar parte.

Delitos :

Administración desleal: Este delito está tipificado en el artículo 252 del Código Penal, y se refiere a delitos contra el patrimonio al administrar bienes ajenos causando perjuicio a sus propietarios. En el caso de las puertas giratorias se han dado casos de vender empresas públicas rentables como, por ejemplo, Endesa, que su proceso de privatización supuso un expolio a los ciudadanos que financiaron mediante la tarifa eléctrica las inversiones que hicieron de Endesa una gran empresa rentable. El expolio se inició con el gobierno del PSOE de Felipe González y se culminó con el gobierno del PP de Aznar. Curiosamente ambos, Aznar y González, terminaron en los consejos de administración de empresas eléctricas, al igual que otros muchos cargos del PP y del PSOE. Tráfico de influencias: Se trata de delitos por los que prevaleciéndose de un alto cargo se influye en la administración para sacar beneficio. Las actividades de los lobbies influyendo a la administración para beneficio propio en perjuicio de lo público, se suelen realizar por medio de políticos que pertenecen a un lobby, y estas actividades se podrían encuadrar dentro del delito tipificado como tráfico de influencias. En España el lobby por excelencia es el Opus Dei, y la práctica de las puertas giratorias se lleva realizando desde los tiempos de Franco, especialmente por parte de ministros opusinos que después pasaron a ser banqueros como, por ejemplo, López Bravo, López de Letona, Oriol, etc. que pasaron al Banesto. Mariano Navarro Rubio que de ministro de Hacienda pasó a gobernar el Banco de España para, más tarde, ser condenado e indultado por el escándalo Matesa, etc. Malversación: Es un delito que tiene que ver con la sustracción o uso indebido de un patrimonio. En el caso de las puertas giratorias se trata de políticos que tienen a su cargo la custodia de un patrimonio público, y que lo malvenden para ser después recompensados. Ejemplos de malversación son la venta de empresas públicas rentables, regalar dinero público a bancos, las inmatriculaciones de la Iglesia que mediante la opusina ley de Aznar de 1998 se permitió el expolio de lo público sin control de los bienes expoliados y los beneficios derivados de estos, etc. Prevaricación: Se trata de un delito cometido por funcionarios o cargos públicos que en el ejercicio de sus funciones actúan a sabiendas de forma arbitraria incumpliendo su deber. Alta traición: Supone cometer un acto de extrema deslealtad hacia un país, en este caso malvender los bienes públicos o regalarlos a intereses extranjeros. Por ejemplo, malvender empresas públicas rentables a capital extranjero, o regalar inmensas cantidades de propiedades públicas a la Iglesia Católica que, en definitiva, sus bienes están a disposición de la potencia extranjera llamada Vaticano. En mi opinión, se atenta contra la soberanía y seguridad del Estado. Cohecho: Consiste en el ofrecimiento, pago o promesa de una ventaja económica por realizar un acto en el ejercicio del cargo.

No descarto la posibilidad de que las puertas giratorias puedan recoger más conductas tipificadas en el Código Penal español, pero ya con los delitos expuestos, sería suficiente motivo para procesar a los responsables del expolio de los bienes públicos y, en mi opinión, no solo eso, sino que además se podría exigir la devolución de los bienes expoliados y procesar a los receptores de estos bienes públicos por ser coautores de estos delitos o cooperadores necesarios según el caso.

Aunque las puertas giratorias pueden suponer un conjunto de comportamientos ilegales, los cuales serían motivo suficiente para una persecución de oficio por parte del Ministerio Público en defensa de la legalidad, habría también que pensar en las consecuencias drásticas que han supuesto para la sociedad. Por ejemplo, sobrecargándo injustamente a tantas familias españolas al aumentar las tarífas eléctricas varias veces al año hasta alcanzar los precios más altos de la UE. La alevosía está en las ganancias multimillonarias que estas eléctricas han conseguido gracias a ensañarse con la población española. Pero hay consecuencias de la corrupción mucho peores para la población como los desahucios gracias a la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, las muertes por falta de asistencia médica, etc.

Todos los abusos recogidos en la práctica de las puertas giratorias se permiten gracias a la corrupción del Tribunal Supremo, competente para conocer de los delitos de los presidentes de gobierno y sus ministros que, por acción u omisión, permanece impasible ante tantas ilegalidades que asolan el país con terribles consecuencias económicas para la población. Estas son las consecuencias de que políticos reputadamente corruptos designen a dedo a los componentes del Consejo General del Poder Judicial.