Se cumplen seis meses de la firma que el líder regional del PSOE, Emiliano García-Page, y el de Podemos, José García Molina, rubricaron el 29 de junio ante notario, tras un mes de negociaciones, para que la formación morada apoyara la investidura del socialista como presidente de Castilla-La Mancha. Desde entonces, la Junta ha puesto en marcha algunas de las medidas contempladas en ese texto, la mayoría de ellas también recogidas en su programa electoral, mientras otras esperan su próximo desarrollo para el año 2016, conforme a los plazos que también se establecieron en el anexo del acuerdo. Podemos desde entonces ha mantenido su papel de oposición, llegando incluso a votar en las Cortes algunas propuestas del PP, pero también ha presentado junto al PSOE, con el que ha habido tensiones puntuales, procedimientos sociales de emergencia.

Precisamente, es en esta materia donde los plazos eran más apurados en virtud del acuerdo que firmaron García-Page y García Molina. La agilización y cobro de todos los procesos pendientes de ayudas de emergencia social era el primer punto del texto, junto con la aplicación del Ingreso Mínimo de Solidaridad, reduciendo el tiempo entre la solicitud y la concesión. A este respecto, la nueva Consejería de Bienestar Social (desagregada de Sanidad) amplió en 1,5 millones de euros las ayudas de este tipo para el año 2015. La previsión es que también para 2016 se amplíen estas cuantías.

Desde Podemos pusieron especial acento en la ejecución de un Plan de Rescate Habitacional, que PSOE incluyó igualmente en sus compromisos electorales. El intento de frenar los desahucios en Castilla-La Mancha tomó cuerpo en octubre con la creación las denominadas 'Oficinas Antidesahucios' y del Programa de Intermediación Hipotecaria con aquellas personas en dificultades económicas y con la previa intervención de los servicios sociales.

Sobre esta cuestión, en el acuerdo firmado se establecía también que la Administración Pública, en caso de desalojos forzosos, buscaría una solución, bien mediante una alternativa habitacional o mediante la negociación y acuerdo entre las partes, “garantizando a las personas afectadas una vivienda en condiciones adecuadas, no pudiendo superar en ningún caso el importe del alquiler el 30% del ingreso familiar”.

También en el terreno social, uno de los compromisos más importantes fue la elaboración de un Plan Regional contra la Pobreza Energética, con carácter inmediato. Las primeras medidas a este respecto (ayudas para el pago de suministro que cubrieran el periodo invernal, entre otras) se anunciaron en noviembre y recibieron luz verde en el último Consejo de Gobierno. No obstante, la ampliación de ese plan regional aún tendrá que esperar, ya que la previsión de la Junta es que pueda aprobarse a lo largo de 2016 y que contemple convenios más amplios acordados con las empresas eléctricas.

Siguiendo en el terreno social, el acuerdo de investidura establece la derogación del decreto de 2013 que regula el reconocimiento de la situación de dependencia y también el posterior sobre el catálogo de prestaciones. La opción del Gobierno castellano-manchego ha sido la aprobación de un nuevo decreto sobre esta segunda cuestión, que amplía la cobertura por dependencia, a la espera de la segunda regulación del procedimiento que se apruebe en 2016.

Con carácter más general, pero también con plazo inmediato, se incluyó en el acuerdo una auditoría para aclarar las cuentas públicas. Los datos fueron hechos públicos en las Cortes castellano-manchegas, pero en este punto ambos partidos se comprometían también a crear un nuevo órgano de fiscalización externo (Cámara de Cuentas) que reemplazara a la extinta Sindicatura de Cuentas, junto con una Ley de Auditoría Pública de Castilla-La Mancha, en la que se regularan los mecanismos de participación ciudadana. El plazo para esta medida era noviembre de 2015 y la norma ya fue anunciada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, pero todavía no ha llegado a presentarse.

García-Page y García Molina firmaron igualmente la paralización de los planes de privatización de la administración pública y la creación de un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados. Esta iniciativa después se plasmó en uno de los tres “grandes pactos” que el presidente anunció para la legislatura: el referido a la sanidad y la educación, además de en otras medidas concretas como la reversión de las privatizaciones en los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Almansa y Manzanares. Aún queda por determinar cómo se abordará el proceso de las obras del nuevo Hospital de Toledo, con externalizaciones previstas según lo firmado por el Gobierno anterior, aunque desde la Junta se ha garantizado la gestión pública del nuevo centro.

Muy relacionado con ese pacto social se encuentra la recuperación del empleo público en sanidad y educación. Ambos partidos pactaron negociar con los sindicatos este extremo para recuperar de forma paulatina el empleo público destruido por las “privatizaciones injustificadas”. En el acuerdo se incluyó que durante el primer año de Gobierno se realizaría la contratación de 1.000 nuevos profesionales y la reducción de periodos lectivos de docencia, entre otras cuestiones. Esto último aun es una asignatura pendiente de Educación (el objetivo es que es realice el año que viene). En cuanto al empleo público, el anuncio para 2016 es la convocatoria de 1.710 plazas en 2016 dentro del Plan de Impulso a los Servicios Públicos: 750 en educación, 660 en el SESCAM, 200 para la Administración General del Estado (AGE) y un centenar en personal laboral.

En cuestiones sanitarias, el “acceso universal e igualitario” a los servicios sanitarios que contempla el acuerdo no se ha cumplido en todos sus términos. La Junta ha pedido formalmente al Gobierno central que retire el decreto 16/12 de ‘exclusión’ sanitaria a inmigrantes sin papeles, pero no ha aprobado la tarjeta sanitaria para los mismos, una cuestión que sigue en estudio. El avance en este sentido ha sido aprobar que los pacientes inmigrantes sin papeles paguen el 40 por ciento del coste de los fármacos en la región, en lugar del cien por cien del mismo.

Uno de los temas en los que más incidió Podemos como 'líneas rojas' del acuerdo fue la transparencia en las instituciones. Actualmente, el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno ya ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno y está pendiente de su tramitación en las Cortes. Caso similar se produce en la reforma del Estatuto de Automomía y la modificación de la Ley Electoral castellano-manchega que acordaron ambos partidos y cuya intención es también incluir al PP. Las últimas noticias a este respecto es que comiencen a celebrarse los primeros contactos parlamentarios en el próximo periodo de sesiones, dentro del plazo que marca el acuerdo.

Pese al grado de cumplimiento de algunos de los acuerdos, hay otros que han quedado en suspenso debido al retraso en la aprobación de los Presupuestos regionales para 2016, decisión que la Junta adoptó por la necesidad de hacer unas cuentas en “base cero” tras la gestión del PP. Esto ha provocado que aun no se hayan materializado medidas del acuerdo PSOE-Podemos como la necesidad de dar prioridad en el presupuesto a la asignación de recursos para afrontar la pobreza infantil y en especial la malnutrición infantil.

Sí que se han adoptado medidas de apertura de comedores escolares en colaboración con los ayuntamientos y con los centros escolares, tanto en verano como en Navidad, pero incluso estas decisiones no han sido suficientes para Podemos, que ha urgido a la necesidad de destinar una partida presupuestaria a esta cuestión.

La reforma tributaria autonómica también tendrá que esperar a la aprobación de los Presupuestos. El texto firmado recoge un mejor reparto de la carga tributaria mediante el principio de solidaridad, con concreciones como la reducción del mínimo exento en el Impuesto sobre el patrimonio, la supresión de las bonificaciones regresivas en el tramo autonómico del IRPF; y bonificaciones a las rentas medias y bajas en el Impuesto de sucesiones.