En el Ministerio de Salud Pública (MSP) molestó que en plena pandemia por el nuevo coronavirus, algunas mutualistas decidieran trasladar parte de los costos de los tests diagnósticos a sus socios.

Por eso, el gobierno puso el pie en el acelerador y efectivizó un llamado a interesados para brindar los diagnósticos, que serán costeados por el propio Estado, tal como transmitió hace dos semanas el propio presidente Luis Lacalle Pou a representantes de los prestadores. Fuentes de la Salud informaron a El País que en principio se financiarán 25.000 tests diagnósticos, pero que la cifra podría ser mayor en caso de requerirse más.



En el MSP explicaron a El País que la cifra es “ampliable” dado que se adjudicaron varios servicios, por ejemplo, diagnósticos “con y sin toma” e incluso testeos por “automac”; es decir, aquellos tests que son realizados a personas en el interior de sus vehículos.

La noticia fue transmitida el jueves pasado por las autoridades de Salud Pública a representantes de las mutualistas. En ese ámbito, también aprovecharon para manifestar su rechazo a que se trasladen los costos de los tests a los usuarios.



En el mutualismo aseguran que como consecuencia de la pandemia, tienen una pérdida económica que se ubica entre un 7% y un 10%, por ejemplo porque se venden muchos menos servicios.

El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado, dijo a El País que “no está permitido ni autorizado” trasladar los costos de los tests a los usuarios de la salud, dado que desde el gobierno ya se aseguró que los mismos serán financiados. Sin embargo, la preocupación de muchas instituciones médicas radica también en conocer quién asumirá los costos de todos los testeos realizados hasta el momento. Desde el MSP informaron ayer a El País que aún evalúan si reembolsarán a las instituciones que desde el 13 de marzo vienen asumiendo el costo de las pruebas.

Hoy en Montevideo, cuatro mutualistas son las que tienen capacidad para realizar los testeos por sí solas (Médica Uruguaya, Asociación Española, Cosem y Casmu), las demás instituciones compran servicios en alguna de éstas o los adquieren en laboratorios privados en plaza. En el caso de los hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), obtienen los tests del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República.

Diferencias

En el mutualismo existen matices sobre el proceder del gobierno con respecto a la política adoptada para financiar los tests ya practicados desde la confirmación de los primeros casos de COVID-19.



Algunas mutualistas entienden que las pautas del gobierno fueron bien claras -el Estado asumirá los costos de los testeos-, y por eso no cobran absolutamente nada a los pacientes; sin embargo, otras prefieren cobrar los tickets, al menos hasta confirmarse el anuncio. Este es el caso del Casmu, donde su Directiva decidió cobrar alrededor de $ 900 a los socios por hacer tests de urgencia y más de $ 2.000 por ir a domicilio, monto que comprende la contratación del personal, los atuendos de bioseguridad e incluso el traslado.

Su presidente, Raúl Rodríguez, explicó a El País que hasta no confirmarse la compra estatal, los usuarios abonarán “una partecita chiquita de lo que estamos invirtiendo para atenderlos”. Ayer al mediodía su Directiva recién había recibido la notificación de que existe una licitación para adquirir tests, explicó Rodríguez. Hoy analizarán qué hacer. Por día, la institución médica realiza 35 tests.



El 1° de abril el presidente Lacalle Pou resolvió incorporar los procedimientos diagnósticos para confirmar la COVID-19 en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS). Esto garantiza que sea el Estado el que financie los procedimientos.



En el decreto, al que accedió El País, se establece que “la incorporación del procedimiento regirá por el plazo de 90 días a partir de la fecha de publicación de la norma”. Según informaron fuentes políticas, esta semana se conocerán los nombres de los prestadores o laboratorios seleccionados en el llamado.



El gobierno también planifica una compra estatal para adquirir insumos médicos como equipos de protección, algo reclamado desde los gremios de la Salud. Mientras tanto, en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) reclaman que vuelva a sesionar la Junasa para definir varios de los criterios que involucran hoy a prestadores. Advierten que hasta ahora la Junasa poco se ha encargado de los temas que le competen.