Casi tres años después de la muerte de 15 personas en aguas fronterizas de Ceuta, la justicia ha concluido que la investigación fue archivada sin alcanzar «los grados de suficiencia y eficacia exigibles». La Audiencia Provincial de Cádiz exige agotar las pesquisas que aún no han sido realizadas, porque «nada excusa la dejadez al investigar cualquier hecho pero mucho menos cuando la vida de las personas se haya podido ver afectada por la actuación» de agentes, como los de la Guardia Civil, que dispararon pelotas de goma y botes de humo hacia el agua.

De esta forma, la Sección VI de la Audiencia Provincial de la que depende Ceuta recuerda que lo ocurrido el 6 de febrero de 2014 se trata de un «supuesto de un calado humano, social y jurídico grande» por el que «no debían escatimarse esfuerzos de cara a agotar las diligencias indagatorias».

Esta afirmación choca con algunas de las conclusiones esgrimidas por el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, responsable del archivo provisional de la causa, que sentenciaba que los inmigrantes «no eran personas en peligro en el mar» porque «asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche».

De esta forma, la Audiencia ha estudiado aquellas actuaciones en las que la jueza encargada del caso, María del Carmen Serván, no habría solicitado o acabado de recabar las pruebas necesarias para concluir con firmeza la falta de indicios que demostrasen la responsabilidad de los agentes imputados. Y ha localizado varias.

Sin declaraciones de testigos y supervivientes

La Audiencia alude al conformismo de la magistrada ceutí a la hora de descartar la búsqueda de testigos y supervivientes de la tragedia de Ceuta, que podrían dar información sobre lo ocurrido durante la madrugada de ese día.



El auto de revocación es contundente. «En la investigación no se ha intentado obtener toda la valiosa información que podrían ofrecer quienes, ajenos a las autoridades españolas, fueran testigos directos de lo ocurrido en la frontera del Tarajal», aseveran los magistrados.

Según la argumentación del auto, la inexistencia de diligencias para localizar a los posibles testigos se debe a que la magistrada Serván «ha confundido la pertinencia y utilidad de algunas diligencias» con el «convencimiento, fundado o no, de que serán imposibles de realizar». No obstante, la Audiencia rechaza que esta sea una excusa razonable, por lo que pide mayores esfuerzos a la hora de encontrar las voces de los migrantes supervivientes, que aún no han sido escuchadas por la justicia.

«Que no se cuente con una identificación fiable de los testigos no constituye obstáculo alguno. Lo importante es hacerlos oír y realizar los esfuerzos que sean posibles para lograrlo, se consiga o no finalmente», sentencia la sección.

Además, los magistrados añaden que la jueza basó la investigación»en enorme medida» en el informe de la ONG Caminando Fronteras en el que incluía una serie de informes médicos. La Audiencia considera que «no bastaba» con analizar concienzudamente ese documento ya que «no podía valorarse como si de pruebas a practicar en el juicio oral se tratase». Faltaban los testigos más haya de las autoridades españolas, faltaban los supervivientes: «La instrucción no se ha agotado en este punto», califica.

Informes forenses «con prisas innecesarias»

Entre las pruebas que, según la Audiencia, pudieron no realizarse «con eficacia y esfuerzo» se encuentran las autopsias de los cinco cuerpos hallados en aguas españolas.

El auto recuerda que la actuación del forense ha sido «muy criticada» por la acusación popular y destaca la falta de análisis específicos que podrían haber ayudado a demostrar los efectos provocados por el material antidisturbios sobre las víctimas, «como los toxicológicos e histopatológicos».

En esta línea, recuerda que la legislación obliga al forense a «emplear el tiempo que hubiera sido necesario para desentrañar todo lo que rodeaba las muertes, no debiendo actuarse con prisas innecesarias».

La Audiencia reconoce que ya es tarde para reparar este punto. «No existe forma de reparar el daño que se hubiera podido ocasionar en la instrucción por su posible mala praxis. Es notorio que los restos humanos se deterioran con el paso del tiempo y no parece que exista ya posibilidad de corregirlo y arrojar más luz sobre lo ocurrido», recuerda en el auto.

Del mismo modo recuerda el retraso de las autoridades españolas a la hora de recoger los cadáveres localizados, denunciado por Coordinadora de Barrios: «Distintas serán las consecuencias que pudieran derivarse de la violación de derechos fundamentales que todo ello pudiera haber generado».

Aún hay cuerpos sin identificar

El auto recuerda que el juzgado de instrucción de Ceuta archivó la causa cuando la policía judicial no había realizado la actuación necesaria para poner nombre y apellidos a los cuerpos de cuatro de las cinco personas halladas en Ceuta, cuyas familias continúan esperando una respuesta en sus países de origen. Posteriormente, detalla, la Guardia Civil ha notificado que dichos datos han sido remitidos a la Interpol y continúa el procedimiento de identificación.

Las ONG pedían la realización de «las gestiones oportunas para recabar las fotografías y fichas decadactilares de Larios Fotio y Ousmane Hassan», dos de las víctimas que el colectivo Caminando Frontera ha identificado pero cuyas tumbas continúan sin nombre.

La ayuda de Marruecos en la investigación

También recuerda que Marruecos aún no ha respondido a las comisiones rogatorias planteadas hasta en tres ocasiones para acceder a las autopsias de los cadáveres recuperados en su territorio.

«No cabe perder la esperanza, aunque sea lejana» de que conteste, apunta la Audiencia, que propone «la intervención del magistrado de enlace en Marruecos», quien puede que al menos «consiga que se dé una respuesta negativa expresa, lo que permitiría encauzar de una forma más correcta la tramitación del procedimiento», señala el auto.

http://www.eldiario.es/desalambre/justicia-concluye-dejadez-investigacion-Ceuta_0_600890918.html