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os obispos mexicanos están jugando con fuego. Están estirando la liga con riesgo de romper la frágil línea de estabilidad social que soporta el país. Están provocando socialmente bajo una atmósfera de tensión en la que el presidente Enrique Peña Nieto parece estar rebasado. Los numerosos frentes de conflicto, sus errores y el bajísimo nivel de aprobación ciudadana propician una percepción de zozobra presidencial que puede incidir en la gobernabilidad. Los obispos lo saben, perciben la debilidad. Su larga experiencia política les permite calibrar la oportunidad para hacer avanzar su agenda. Ahora ven la ocasión propicia para empuñar sus principios morales y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, pasando por encima de un gobierno agobiado.

Los principios históricos de separación entre la Iglesia y el Estado, así como la laicidad mexicana, son puestos a prueba en el momento en que los obispos transitan de la libertad de expresión, críticas contenidas en Desde la Fe, a la movilización política externada en el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del 12 de agosto en curso. Ahí los obispos mexicanos no sólo apoyan las marchas convocadas por el Frente Nacional por la Familia, sino que legitiman a la ultraderecha católica yunquista. Liberan del cautiverio a la bestia de la ultraderecha católica intransigente, homofóbica y fascista. El consejo permanente de la CEM, que había guardado moderación, reitera su rechazo al matrimonio igualitario por ser parte de un conjunto de propuestas legislativas que tendrán consecuencias en un profundo cambio antropológico . Este posicionamiento episcopal contra la llamada ideología de género no sólo fortalece la causa del cardenal Norberto Rivera, sino expone al país a la confrontación cultural y física de grupos antagónicos.

Es importante recordar que la laicidad no es una ideología ni una postura política anticlerical: es una herramienta jurídica que propicia la convivencia serena entre diferentes confesiones sin importar su tamaño. El Estado laico garantiza la libertad de los que creen y de los que no creen bajo un marco normativo de equidad. Por ello, la laicidad fortalece la paz y la democracia en un país como México, heterogéneo y diverso. Hay que subrayarlo: la laicidad ha permitido la paz con una historia marcada por agudos conflictos entre lo religioso y el poder. Llama la atención que ante el discurso de odio del cardenal Norberto Rivera, ahora respaldado por la CEM, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno han reculado. César Camacho ha declarado que la iniciativa enviada por el propio presidente Peña no ha sido considerada prioritaria, postura avalada por los senadores priístas. Por ello, dicha iniciativa ha pasado a la congeladora.

En ese sentido, el posicionamiento de Gobernación, en voz del subsecretario Humberto Roque Villanueva con un tono de moderación extrema, sostiene que los obispos mexicanos, al convocar las marchas, no violan la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, porque aún no se ha concretado la reforma. Enfatiza la laicidad en la libertad religiosa; sin embargo, relega la equidad y la libertad de convicciones éticas contenidas en la pasada reforma al artículo 24 constitucional. Sobre el discurso de odio de varios prelados católicos, Roque Villanueva los canaliza al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución loable comprometida con la inclusión social, los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano, pero que carece de dientes suficientes para contener el discurso homofóbico del conservadurismo católico. No se trata de que el gobierno reprima ni mucho menos inhiba el sistema de libertades; sin embargo, es de reprochar que se presente tan tibio y evasivo políticamente y, sobre todo, con una cuestionable lectura jurídica de la laicidad mexicana sesgada en la libertad religiosa.