



Me voy a concentrar aquí en el análisis de la decisión de algunos países de retirar embajadores en Caracas como mecanismo de presión, protesta y desconocimiento del gobierno de Maduro, quien es acusado de ilegítimo en su ejecución de la democracia y ahora ilegítimo de origen a partir del diez de enero.





No es difícil entender los argumentos esgrimidos para esa decisión. Se plantea que el sistema de gobierno venezolano no cumple las condiciones básicas de la democracia liberal. Los derechos están restringidos, hay presos y exiliados políticos, partidos proscritos, instituciones colonizadas, un sistema electoral sesgado, los medios están coaptados, censurados o autocensurados y el país está imbuido en la crisis más severa de su era republicana y una parte de la población es expulsada por esa crisis, que se convierte en uno de los fenómenos migratorios más impactantes de la historia latinoamericana.





Dejo claro, entonces, que los argumentos utilizados para retirar embajadores son claros y conocidos, pero la pregunta relevante es si esa decisión es eficiente. En mi opinión, la respuesta es no.





Tomemos el caso específico de Colombia, aunque podría tomar cualquier otro. ¿A quién perjudica más que no esté en Venezuela el embajador de Colombia? ¿Al gobierno de Maduro o a los dos millones de colombianos que todavía hacen vida en Venezuela y que pierden la conexión directa y el seguimiento presencial de sus problemas en medio de una crisis de esta magnitud? ¿El gobierno de Maduro que, con embajador o sin él, está aislado y sancionado o el gobierno colombiano, que pierde su capacidad de tener diplomáticos de máximo nivel en Caracas, siguiendo cara a cara los acontecimientos políticos y económicos de este país, reuniéndose con los políticos opositores locales, los empresarios, los académicos, los analistas y sus connacionales en Venezuela, quienes pueden ayudarle a seguir, entender y contribuir a solucionar los problemas que tienen y que tendrán un impacto fundamental en la vida política y económica colombiana? ¿Al gobierno de Maduro o al millón de venezolanos que se estima migraron y viven en Colombia?





Entendemos que un gobierno podría argumentar que esta es un posición ética y que no puede tener embajador en un país signado por la ausencia de democracia y validar con esto a un gobierno ilegítimo? Siendo entonces consistente, debemos suponer que ese país tampoco tendrá embajadores en Rusia, ni Cuba, ni en las dictaduras africanas, que adolecen del mismo mal. Revisen ustedes la lista de embajadores en esos países y se sorprenderán. ¿Quiere decir que esos países reconocen como democrático al gobierno de Cuba, de Rusia y de la mitad de África? No, porque eso no tiene nada que ver con la decisión estratégica de mantener embajadores en esos países, operando para resolver lo que haya que resolver.





Si yo tuviera en mis manos la decisión de qué hacer con los embajadores de todo el mundo frente al diez de enero, iría exactamente a contracorriente. Dejaría o enviaría a Caracas a los mejores diplomáticos de carrera, como un mensaje claro sobre la decisión firme del mundo de estar atentos a lo que aquí pasa, de estar dispuestos a ayudar a los violados en sus derechos y de apoyar los procesos de transformación que el país pide a gritos. Eso es lo que haría, pero yo sólo puedo opinar; así que tranquilos, troles, que soy inocuo.





luisvleon@gmail.com

La decisión de mantener relaciones diplomáticas con otros países es soberana de cada Estado, por lo tanto, la respuesta a la pregunta planteada no pretende cuestionar ese derecho y respeto las decisiones estratégicas de cada país. Pero eso no limita el nuestro a analizar esas decisiones que tienen impacto en nuestras vidas.