Este último dato coincide con las estadísticas del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016 que, en 2015, detectó que los hombres jóvenes (de 18 a 29 años) fueron “el grupo que más fue sujeto a proceso penal a nivel estatal”, el 26,47 por ciento del total de las personas sometidas a procesos penales.

“Lo que el informe documenta es una práctica institucional de los operadores de justicia que detienen con fines ilegítimos. Las autoridades no salvaguardan la seguridad ni la integridad personal. La policía inicia un proceso de criminalización que reproduce las desigualdades sociales sin tomar en consideración las relaciones de clase, género, etnia o cultura y está basado en una falsa igualdad”, explicó Reneaum Panszi.

En este sentido, ni siquiera las personas con discapacidad están a salvo de este tipo de prácticas, como revela el caso de José Adrián, un joven maya de 14 años que tiene dificultades auditivas y fue detenido en febrero de 2016. José salió de la escuela y caminaba por las calles de X-Can, una pequeña comunidad de Yucatán, cuando fue arrestado por la policía que, sin explicarle nada, lo trasladó hasta otra población donde fue torturado para que se incriminara. “Me tiraron, me pisotearon… me metieron en un calabozo”, dice el testimonio del joven que fue registrado en el documento.

Al final fue acusado del apedreamiento de una patrulla de policía, aunque no estuvo en el lugar de los hechos, y su familia tuvo que pagar la fianza y los daños ocasionados. A pesar de que se interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la fiscalía estatal, hasta ahora no hay avances en la investigación y nadie ha sido sancionado.

Un peligroso coctel de violaciones

El informe concluye que en México se conjugan una peligrosa mezcla de elementos: un débil sistema de justicia, cuerpos policiales mal preparados, leyes deficientes y una impunidad “casi absoluta”, lo que hace que los arrestos y las detenciones arbitrarias sean “una realidad cotidiana que abre la puerta a otras violaciones de derechos humanos persistentes en México, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”.

Pese a las dificultades y humillaciones del encierro, Guerrero ha continuado con su activismo y recientemente protagonizó una huelga de hambre para exigir mejoras en el penal. Además, continuó sus estudios de Filosofía y logró escribir —a mano, bajo la luz constante de un foco y mientras era vigilado por las cámaras— el libro Estado de excepción (2016).