"Piensa sin prejuicios. Porque nunca sabes cuándo tu mente puede jugarte una mala pasada”, dice uno de los carteles electorales del PP. Los populares mantienen que se han extendido falsos mitos sobre la gestión de Mariano Rajoy y utilizan su web para tratar de desmontarlos mediante vídeos y un apartado llamado “Cumpplimos” en el que aseguran haber ejecutado el 92,8% de su programa de 2011. Pero las cifras y su propio programa para el 20-D muestran que en muchas de esas afirmaciones hay trampa. Estas son algunas de ellas.

¿Empleo de calidad? “Con Rajoy se han creado un millón de puestos de trabajo en los dos últimos años. ¿Pero realmente es un empleo de calidad o solo se está creando empleo precario?”, se oye en uno de los vídeos de la web del PP. Ellos mismos se responden: “En 2011, con el PSOE, la contratación indefinida se reducía a un ritmo del 29,5% anual. Con el PP crecen a una tasa interanual del 14,2%. Siete de cada diez trabajadores asalariados tienen contrato indefinido”.

La realidad es que hoy hay medio millón menos de contratos indefinidos a jornada completa que hace cuatro años, según los datos de la Seguridad Social. Rajoy termina la legislatura con una cifra de parados inferior a la que encontró cuando llegó: 4,3 millones frente a 4,8 —con una diferencia importante: entonces España estaba en plena recesión y ahora crece al 3,4%—, pero la caída del paro se debe, exclusivamente, a la caída de la población activa (los que se han ido, los que han dejado de buscar un puesto laboral).

En los últimos años, la precariedad también ha aliviado la situación del mercado laboral. El 91,8% de los nuevos contratos en noviembre son temporales y entre los fijos, el 34,6% son a tiempo parcial. También los sueldos han bajado. El salario medio declarado a Hacienda por las empresas ha caído a 18.420 euros anuales, el nivel más bajo desde 2007.

Las pensiones contributivas han subido unos dos euros

Desahucios. El Gobierno ha reducido los desahucios, ha aumentado la protección al deudor hipotecario y fomentado la vivienda social, asegura el PP. En cuanto a la protección al deudor hipotecario, el Ejecutivo de Rajoy ha recibido esta legislatura tres varapalos del Tribunal de Justicia de la UE por lo contrario. El primero llegó en marzo de 2013, el último, el pasado octubre. En 2014 hubo 68.091 desahucios —de distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas—. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año el número de lanzamientos practicados aumentó un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior y en el segundo trimestre de 2015 se redujo, pero solo hubo 10 menos. Amnistía Internacional ha denunciado que España destina solo un 1,1% de viviendas a fines sociales frente a Reino Unido (18%), Austria (23%) u Holanda (32%). Tres de cada diez viviendas vacías en Europa están radicadas en España.

Dependencia. El PP también presenta como promesa cumplida el haber garantizado “una cartera de servicios básica y común para todas las personas dependientes, así como para garantizar la calidad y la equidad de las prestaciones y servicios”. Los datos del Ministerio de Sanidad precisan que en estos momentos 779.373 dependientes reciben alguna ayuda estatal y otros 400.000 están en lista de espera. La legislatura de Rajoy acumula un recorte de 2.000 millones para los dependientes, según calcula la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que emplea cifras oficiales.

Corrupción. “Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas”, prometía el PP en su programa de 2011. En su programa de 2015 han vuelto a incluir este punto, lo que prueba que nunca se llevó a cabo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó en septiembre del año pasado la condena contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral y daño moral a Ana María Garrido, una de las denunciantes de la trama Gürtel y ahora testigo en la investigación. Garrido había denunciado al Ayuntamiento por considerar que se le estaba impidiendo realizar su trabajo en represalia por haber testificado en 2010 contra cargos del PP implicados en el escándalo.

Lucha contra el fraude. En su programa de 2011, el PP prometía potenciar “las funciones de investigación en profundidad concentrando las actuaciones en los grandes focos de fraude fiscal”.El Gobierno de Rajoy aprobó nada más alcanzar el poder una amnistía fiscal que permitía a los defraudadores regularizar su dinero tributando a un tipo casi diez veces inferior al que les hubiera correspondido. Su plan inicial era recaudar 2.500 millones, pero se quedó en la mitad. El exvicepresidente Rodrigo Rato fue uno de los que se acogió a esa amnistía fiscal.

Inspectores de Hacienda manifestaron su malestar porque las alertas del ministro Cristóbal Montoro de actuar contra los titulares de las tarjetas black de Bankia permitieron que algunos se adelantaran y regularizaran.

La dirección de la Agencia Tributaria destituyó en noviembre de 2013 de forma "fulminante" a una inspectora de Hacienda de la oficina técnica de grandes contribuyentes que rechazó un recurso de la multinacional cementera Cemex contra una sanción de 456 millones de euros por artificios fiscales. Como consecuencia del relevo de esta inspectora dimitió el jefe de dependencia de grandes contribuyentes y un mes después, el director del departamento de inspección financiera y tributaria por diferencias con la dirección general.

El Gobierno obtuvo en 2014 una cifra récord de recaudación contra el fraude: 12,318 millones de euros, pero ha reducido los medios para luchar contra él. La plantilla de la Agencia Tributaria tiene casi 1.900 trabajadores menos que en 2011.

El rescate a la banca. ¿Por qué se salvó a los bancos y no a las personas?, se autopregunta el PP en uno de sus vídeos de campaña. Su explicación es la siguiente: "En 2012, al Gobierno de Rajoy no le quedó otro remedio que solicitar una línea de liquidez a los socios europeos. Los resultados son palpables. Se han protegido los ahorros y se ha minimizado el coste para el contribuyente”.

De 56.181 millones de rescate a la banca apenas se han recuperado 1.884

El Banco de España contradice esa idea. Sus balances muestran que la inyección a la banca se ha elevado a 56.181 millones y apenas se han recuperado 1.884. El presidente del FROB, Fernando Restoy, estima que jamás se recuperarán unos 40.000 millones.

Abuso del decreto-ley. En su programa de 2011, y es uno de los aspectos que el PP presume de haber cumplido, aseguraron que recuperarían “el sentido constitucional del decreto-ley", esto es, limitar su uso a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad". Los decretos leyes son sometidos a votación a los 30 días de ser promulgados, sin posibilidad de presentar enmiendas, frente a la tramitación legislativa habitual, que suele requerir como mínimo unos seis meses.

La realidad es que el Gobierno de Rajoy ha batido el récord de legislar por decreto: 73 decretos-ley hasta el pasado agosto (frente a un total de 143 proyectos de ley). En cifras absolutas el primer Ejecutivo de Aznar le superó en número de decretos —85— , pero en aquella legislatura aprobó más proyectos de ley -173-. De hecho, hasta el Tribunal Constitucional ha dado un tirón de orejas al Ejecutivo popular por este motivo, al corregir en una sentencia dos apartados de una norma aprobada hace un año por el Consejo de Ministros. El recurso, interpuesto por el PSOE y apoyado por Izquierda Plural y UPyD, pedía la anulación del decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. En la norma se había incluido desde la regulación de los drones, la normativa sobre empresas de trabajo temporal y agencias de colocación, hasta la reforma del Registro Civil para que asumieran su gestión los registradores mercantiles.

Inmigración. En su programa, el PP aseguraba: “Garantizaremos siempre el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas con independencia de su situación legal o administrativa”.

La realidad es que el PP utilizó la situación administrativa de los inmigrantes para recortarles derechos. El Gobierno retiró en 2012 la tarjeta sanitaria a los sin papeles y amenazó con multas a las comunidades autónomas que se negaron a hacerlo. El pasado abril, el Ejecutivo admitió que había sido un error y anunció que devolvía la asistencia a los inmigrantes irregulares, aunque no la tarjeta sanitaria.

Además, el Gobierno incluyó en la Ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y aprobada en solitario por el PP en diciembre de 2011, una disposición que permite a la policía rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla, las llamadas “devoluciones en caliente”, sin comprobar si son solicitantes de asilo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha alertado en numerosas ocasiones -la última el pasado 23 de noviembre- al Gobierno de que esas “devoluciones sumarias y colectivas están prohibidas por la legislación internacional”. El Gobierno ha rechazado la petición del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de derogar esa disposición.

Lucha contra el dopaje. El PP introdujo en su programa electoral de 2011 la promesa de “reforzar la lucha contra el dopaje”. Pero los populares incluyeron en sus listas de Madrid a la atleta Marta Domínguez pese a que estaba pendiente de la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su nombre se retiró in extremis, seis horas antes del cierre legal de las listas, porque la exatleta llamó para comunicar que la sentencia sobre su caso de dopaje se había adelantado y podía inculparla en vísperas de la campaña, como así fue. Pese a todo, ya conocida la sentencia condenatoria, Rajoy declaró en La Cope que si no había sido incluida en las listas había sido porque “ella lo pidió”. “Marta Domínguez le ha dado muchísimas alegrías al deporte español. Es una mujer con mucho temperamento, mucha fuerza y yo no voy a entrar el detalle de la sanción porque no me lo sé. ¿Y entonces qué pasa con los rusos? España ha hecho un enorme esfuerzo en la lucha contra el doping. ¿Nos miran mal? A otros se les puede mirar mucho peor”, dijo.