A medida que avanza la aplicación de la LOMCE se generan más riesgos sobre el sistema educativo en España. Por ello, una gran representación de la comunidad educativa y muchos expertos y organizaciones sindicales, sociales y políticas han debatido y elaborado una serie de propuestas dirigidas a los partidos políticos que tendrán que negociar la formación del nuevo gobierno. El objetivo es evitar el negativo impacto de la ley en la exclusión de una parte del alumnado y el retroceso en la democracia en los centros educativos.

Corregir el fracaso escolar, recuperar la equidad y la democracia es la esencia de las medidas que se pide a los partidos para evitar más deterioros en la educación, antes de que se aborde la negociación de una nueva ley. La profesora de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, Carmen Rodríguez, de la permanente de colectivos que ha elaborado la propuesta, justifica la iniciativa con el siguiente razonamiento: “El documento de medidas urgentes persigue que no se pongan en marcha acciones que pueden ser irreversibles para muchos de nuestros alumnos y alumnas. Medidas como itinerarios, reválidas o subida de tasas en la Universidad significan desplegar mecanismos selectivos y excluyentes que conducen a la expulsión del alumnado de su derecho a la educación y al aumento del fracaso escolar.

Las propuestas se clasifican en tres bloques:

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros. Que se concretan en: evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos alumnos/as la posibilidad de cursar bachillerato; recuperar la diversificación curricular (prolongación del PEMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación; posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica y paralización la misma; eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings. En el campo de la universidad, se propone la supresión de las subidas de tasas universitarias (realizadas a partir de 2012), un aumento de la política de becas y la paralización del 3+2 en las universidades. 2. Restituir la democracia en los centros escolares. A través de la eliminación del modelo LOMCE de nombramiento de directores y directoras, y restituyendo las competencias de los consejos escolares. 3. Apuesta por la equidad. Supone: no más recortes en la escuela pública y en las universidades y revisión de los que se han hecho; no a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada; en tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada inmediata de los mismos a los centros que incumplan las exigencias establecidas; detener la privatización; paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios; apoyo a la universalización de la educación infantil pública y a la educación compensatoria; restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc. También se propone que la religión quede fuera del currículum y del horario escolar y, como medida urgente, que sea considerada no evaluable y sin valor académico. En relación al profesorado, se plantea frenar los recortes de plantilla y restituir sus condiciones laborales (recuperar ratios, horarios y condiciones de trabajo). Y una contratación justa del profesorado interino: reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral, incluido el pago de sus vacaciones, teniendo en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.

Carmen Rodríguez, que también es miembro del Foro de Sevilla, alerta del riesgo de que “el aumento de la privatización y la desigualdad entre los centros acaben con la educación como derecho social y la transformen en un derecho de mercado que será favorecida con la libertad de elección de centros”.

Los colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que apoyan el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación y respaldan esta declaración, son una garantía de conocimiento de lo que sucede en los centros y de equilibrio en sus propuestas para la mejora de la calidad educativa. Algunas de las firmantes son:

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Europa Laica, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Mareas por la educación pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado), Proyecto Roma y Stop Ley Wert/La educación que nos une, que incluye: Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat y Yo Estudié en la Pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Sindicato de Estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical, Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, y otros colectivos en representación del mundo de la educación.

Estas organizaciones quieren dejar claro que solo son medidas con carácter de urgencia para que entren en vigor el curso 2016/17 que comenzará en un mes. No son propuestas para reformar a la carrera la LOMCE con cuatro retoques. Luego tendrá que venir la elaboración de una nueva ley que sustituya la actual ley con la participación y el debate con toda la comunidad educativa. La LOMCE debe de ser derogada, tal y como se comprometieron la mayoría de los partidos políticos y pide la comunidad educativa, y ser sustituida por un marco legal con vocación de continuidad en el futuro. La profesora Rodríguez concluye que “una educación democrática siempre debe ser consecuencia de una acuerdo social y político que dará estabilidad al sistema educativo. Nuestro principal objetivo es derogar la LOMCE, pero para ello necesitamos tiempos de acción parlamentaria”. Ahora se trata de parar los destrozos.