Matar al mensajero. Con esta frase se puede definir la actuación que siguió el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), al multar con 650.000 euros a una empresa dedicada al transporte de señal de televisión por los contenidos que emitía el canal de uno de los clientes que contrató sus servicios. Los miembros del Consejo fueron incapaces de encontrar a los dueños de esta cadena, por lo que sancionaron al intermediario. Eso ha llevado a Ingest, la entidad afectada, a interponer una querella criminal contra este organismo, al considerar que sus miembros han prevaricado y se han extralimitado en sus funciones.

Las multas están dirigidas a una empresa que, cabe recordar, propinó un duro golpe a la Generalidad –que controla el Consejo-, cuando consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declarara ilegal la adjudicación de 37 licencias para emitir en TDT a otros tantos ayuntamientos de la comunidad autónoma. La decisión fue recurrida por la propia Generalidad ante el Tribunal Supremo, aunque éste volvió a dar la razón a Ingest.

El CAC ha interpuesto nueve multas contra Ingest por un valor de 650.000 euros

En la querella, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la entidad deja claro que su cometido es el de proveer a las televisiones del servicio de difusión de señal de telecomunicaciones; y que en ningún caso tiene competencias sobre los programas que emiten. “El Consejo del Audiovisual de Cataluña sabe perfectamente quien es Ingest y a qué se dedica. Pero esto forma parte de una operación de acoso y derribo contra una empresa que, por denunciar actuaciones ilegales de la Generalidad, ha sufrido una persecución en esta región”, denuncian fuentes de la empresa.

Los motivos de la sanción del CAC

El origen de esta denuncia se encuentra en la emisión de contenido esotérico en un horario prohibido (entre las 07.00 y las 22.00 horas) por parte de un canal de televisión, sin licencia, al que Ingest proveía servicio técnico. Al tomar conciencia de este hecho, el CAC inició una investigación para tratar de encontrar a sus responsables, aunque no lo consiguió.

Solicitó entonces la colaboración de la empresa que ha presentado la querella para localizarlos, pero ésta se negó a prestársela, pues “no estaba obligada legalmente a ello y los contratos de confidencialidad que firmó con sus clientes se lo impedían”, afirman las mismas informantes de esta entidad.

El CAC amenazó con multar a Onda Cero, la Cadena SER y la COPE por no emitir la publicidad ilegal del 9-N

Ante esta situación, el Consejo Audiovisual de Cataluña decidió sancionar a la empresa de telecomunicaciones, “aunque ni siquiera está claro que este órgano tenga competencias para multar a compañías que no pertenezcan al sector de los medios de comunicación audiovisuales”, recuerdan fuentes jurídicas. Hasta el momento, han sido nueve los castigos que el CAC le ha impuesto, por un importe total de 650.000 euros.

Esta situación ha llevado a Ingest a querellarse contra todos los miembros de este organismo, al considerar que han cometido nueve delitos de prevaricación administrativa por dictar varias resoluciones contra esta entidad abusando de sus prerrogativas administrativas y a sabiendas de que no tiene responsabilidad alguna en materia audiovisual.

Otras sanciones polémicas del CAC

Esta actuación del CAC no es la única que ha levantado polémica en los últimos meses, pues el pasado noviembre fue duramente criticada su decisión de abrir un expediente sancionador a Cadena SER, Onda Cero y COPE por no emitir las cuñas radiofónicas sobre la consulta del 9-N que la Generalidad les había remitido. Estos mensajes fueron prohibidos por el Tribunal Constitucional tan sólo unas horas después de que estas emisoras las recibieran.

En este caso, las sanciones han ido dirigidas a Infraestructuras y Gestión 2002 (Ingest), una empresa que consiguió que la justicia declarara ilegal el reparto de 37 licencias para emitir en la TDT en Cataluña. Desde la compañía, sospechan que las sanciones del CAC son un intento de “hacerles desaparecer” de Cataluña, puesto que en los últimos años han pugnado porque el reparto de licencias de televisión se hiciera “conforme a la ley” en esta comunidad autónoma, y no a partir de los intereses del partido del gobierno.