El gobierno de Baja California, bajo la administración de Francisco “Kiko” Vega, solicitó 4 mil 215.86 millones de pesos en créditos a corto y largo plazo. No se sabe en qué se usó una parte de los recursos, y otra fue destinada a fines distintos a los acordados en su contratación, reveló un informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Además, los auditores encontraron “deficiencias” en la administración de cuatro fideicomisos por 419 millones de pesos y pagos en demasía a bancos por 14 millones de pesos, por lo que suma un total de 4,649.95 millones de pesos en posibles recuperaciones.

En una revisión a la Cuenta Pública del 2017 se encontró que el gobierno de Baja California fue uno de los que tuvo un mayor monto de recursos sin comprobar ante la ASF.

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Animal Político buscó a Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, por ser la dependencia encargada de la contratación de los créditos, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Miguel Ángel López, subsecretario de Planeación y Finanzas, dijo en entrevista que se entregó a las autoridades una comprobación por el uso y destino de 4,826 millones de pesos y que los resultados serán publicados en septiembre.

“Ya se comprobaron, y en las diversas reuniones que hemos tenido con los auditores en oficinas centrales de la ASF, nos han comentado que la información entregada por el momento cumple con todas las expectativas y condiciones y que muy probablemente estas sean solventadas”, comentó.

Los auditores alertaron que la entidad enfrenta altos niveles de endeudamiento, restringida calpacidad de pago, liquidez y suficiencia financiera, mientras que las calificacodaras Moodys de México y Fitch Ratings asignaron las calificaciones con perspectivas negativas.

Esto, señalaron, dificulta la obtención de resultados favorables al cierre de la administración –que termina en octubre próximo– y es necesario que se implementen “medidas financieras eficaces y extraordinarias”.

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Las irregularidades

-El gobierno del estado solicitó a los bancos Interacciones y HSBC –sin autorización del Congreso– ocho créditos a corto plazo por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir insuficiencia de liquidez. De ese total, no se comprobó el destino de 2 mil 507 millones 835 mil pesos.

El gobierno presentó información de transferencias, facturas, cheques y relaciones de pago pero no los contratos de prestación de bienes y servicios, las licitaciones o métodos de adjudicación y las pólizas contables.

Al respecto de la solicitud de créditos a corto plazo, el subsecretario de Finanzas aseguró que los recursos se utilizaron para solventar necesidades de liquidez y que el poder ejecutivo local puede contratarlos sin la autorización del congreso del Estado.

-Pese a obtener más recursos de los bancos, el saldo de los créditos –que se pagarían con esos recursos– solo disminuyó 117.1 millones de pesos para pasar de 2 mil 645.8 millones a 2 mil 528.7 millones de pesos para 2017.

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-El actual gobierno panista de la entidad pidió otros 15 créditos a largo plazo con Interacciones, Banamex y Scotiabank a largo plazo por un monto de mil 708 millones de pesos. Los recursos serían utilizados para la inversión pública productiva, como programas y adquisiciones, equipamiento y obra pública o acciones que beneficien a la sociedad.

Sin embargo, la mayoría de estos recursos se dispersaron en diferentes cuentas y se utilizaron para solventar el gasto corriente, reporta el documento oficial de la ASF.

“Estos recursos están destinados para inversión pública productiva, así se les envió en la comprobación del monto observado”, comentó en este sentido Miguel Ángel López.

-Los auditores encontraron además “deficiencias” en la administración de los cuatro fideicomisos constituidos para el pago de la deuda pública contratada a través de 23 créditos a largo plazo vigentes en 2017.

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La ASF señaló que hay un probable daño o perjuicio al erario por 419 millones de pesos. En la revisión de los remanentes devueltos al gobierno del estado por los fiduciarios NAFIN y Scotiabank, se observó que éstos no devolvieron 102.9 millones y 316.1 millones de pesos, respectivamente, en 2017.

Según el subsecretario de Finanzas, estas observaciones no proceden debido a que el saldo al 31 de diciembre se integra por la reserva constituida de acuerdo al contrato y por los montos de los créditos con vencimiento en los primeros diez días del mes de enero.

-De acuerdo con la Auditoría, al revisar los pagos de intereses a bancos en 2017, se observaron pagos en demasía por 14.6 millones de pesos a las instituciones financieras en 2017, de los créditos a largo plazo obtenidos con Santander, BBVA Bancomer, Scotiabank y Banamex, pues “no verificó la determinación de los intereses conforme a lo establecido en los contratos de financiamiento”.

Aquí, la ASF “no consideró la modificación de la calificación crediticia, lo que ocasionó incremento en las tasas”, dijo el funcionario.