Hoy fuimos notificados de la resolución dictada por el Juez Lleral, en la cual ordenó la destrucción de audios y registros producto de la intervención ordenada sobre el teléfono de Sergio Maldonado (entre otras personas), una medida dispuesta por el Juez Otranto con la anuencia de la Fiscal Ávila.

Adjuntamos la resolución completa en el anexo al comunicado.

Cuando ya pensamos que era imposible agravar la situación de nuestra familia, se produce esta revelación que no hace más que confirmar que fuimos y somos objeto de una persecución, que incluso podría llegar a constituir delitos.

Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa.

Nos hemos visto obligados a impulsar una investigación parcial, lenta e ineficaz y somos objeto de desviaciones maliciosas, de una persecución ilegal y perversa, que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho.

No tenemos nada que ocultar y no van a intimidarnos con provocaciones ni persecuciones.