El aeropuerto de El Palomar​ volvió a sumar otra denuncia. Esta vez por presunto exceso en los límites de ruido admitido. La presentación judicial fue hecha ante la jueza Martina Forns y por los vecinos que ya litigan contra la existencia de la terminal en la Base Aérea.

En el reclamo nuevo, los denunciantes exigen la clausura del aeropuerto y el cese de vuelos comerciales. En paralelo, sigue vigente la medida cautelar que suspende las operaciones nocturnas.

"Los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población", dice a Clarín Lucas Marisi, el abogado que presentó uno de los amparos iniciales contra el aeropuerto y vuelve a la Justicia cada vez que detecta alguna supuesta irregularidad.

La última denuncia por exceso en los límites sonoros fue radicada el 17 de diciembre. Y forma parte de la causa que lleva la jueza federal contra el uso comercial de la base por parte de las low cost Flybondi, Jetsmart y cualquier otra línea aérea que quiera operar desde ahí en el futuro.

Según consta en la denuncia, los vecinos afirman que en los últimos informes de mediciones de ruido, las exautoridades macristas alteraron los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al informar a la Justicia que el máximo admitido por la OMS sería de 65 decibeles de día y 55 de noche.

"Los valores límites son 55 y 45 decibeles, respectivamente", señala Marisi y destaca que fue la misma jueza Forns la que en un fallo anterior había indicado que se siguieran las directrices relativas al ruido dadas por la OMS en 2018.

"Son más estrictas y fruto de los avances en las investigaciones científicas. Pero aún así, el gobierno anterior incumplió tanto los valores que da la OMS en 2018 como los que se utilizaban antes, según una reglamentación de 1999 del mismo organismo".

Hoy, en El Palomar, operan las aerolíneas low cost Flybondi y JetSmart. Los vecinos calculan que hay entre 40 y 50 movimientos diarios (despegues o aterrizajes). Para la denuncia judicial, tomaron el Informe Mensual de Avance Ambiental de Octubre. Hasta ese mes, el Estado estuvo obligado a presentar ese análisis.

"Encima que el informe lo entregaron el 10 de diciembre, en una casi burla a todos nosotros, ahora la jueza (por Forns) les suspendió la presentación de esos análisis mensuales hasta tanto la Corte devuelva el expediente principal", se queja Marisi, y sigue: "Esta suspensión es una locura porque van a pasar meses y meses en los que vamos a ignorar el daño ambiental y el impacto acústico".

"No hubo manipulación. Los parámetros de ruido relevados por los monitoreos técnicos presentados a la Justicia dan por debajo de los decibeles que exige la OACI, que es la autoridad aeronáutica a nivel mundial", dijeron fuentes vinculadas a la conducción anterior del Ministerio de Transporte, encabezada por Guillermo Dietrich, y agregaron: "Cerrar El Palomar implicaría dejar a 1.000 personas en la calle y cerrar un aeropuerto que existe hace 100 años. Además, hoy es el sexto aeropuerto con más pasajeros del país".

Respecto a la contaminación sonora, cuando el aeropuerto aún no había cumplido un año, la Universidad de Tres de Febrero había hecho un estudio de impacto, al que tuvo acceso exclusivo Clarín.

El informe había determinado que las actividades de aeronavegación en El Palomar producían molestia y preveían reclamos repetidos por parte de la comunidad. También marcaba que existirían problemas serios, a nivel ambiental y en la salud de quienes vivieran cerca, en caso de que se cuadruplicara la cantidad de vuelos. Entonces, las operaciones diarias eran 26 y correspondían a partidas y arribos de aviones comerciales.

SC