En una decisión que podría condicionar la política crediticia del Banco Nación (BNA) y restarle financiamiento al gobierno de Mauricio Macri, el directorio del mayor banco del país aprobó un pedido de financiamiento del Tesoro de unos $ 22.000 millones, que ahora deberá ser aprobado por el Banco Central (BCRA).

Según fuentes al tanto de la reunión del directorio, el Tesoro pretende que el BNA le gire $ 6.000 millones computando el límite del 30% de los depósitos del sector público y le suscriba letras a dos años por otros $ 16.000 millones utilizando el límite del total de los depósitos del sector público más el 50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC).

El pedido de financiamiento se cursa en base a la resolución 76 emitida por el BCRA, de marzo de 2009, que reglamenta el proceso para el otorgamiento de asistencia crediticia al sector público no financiero y que exige la previa autorización del BCRA para esos desembolsos.

Tras haber logrado el quórum el viernes 20 de noviembre y en una álgida reunión de directorio del BNA, los siete asistentes -entre ellos, Delfina Rossi, que renunció esta semana- aprobaron el pedido de financiamiento del Ministerio de Economía, y ahora la decisión estaría en manos del BCRA para que autorice el pago.

Según se explicó, no había unanimidad de criterios en el directorio para aprobar el pedido, ya que a pesar de ser legal es contraria a los intereses del macrismo, pero finalmente la decisión se tomó con el consentimiento de todos. Ahora existe cierta urgencia para que el directorio del BCRA también lo apruebe.

La reglamentación del BCRA permite al BNA emitir letras hasta el total de los depósitos y el 50% de la RPC para financiar gastos de capital y amortización de deudas. Habitualmente, el BNA transfiere fondos respetando el tope del 30% de los depósitos del sector público. Ambos límites son concurrentes.

Según datos del balance al 31 de agosto pasado, el BNA tenía prestados $ 45.249 millones al sector público. Los desembolsos se incrementan a medida que se elevan los depósitos.

Todos los bancos cuentan con límites legales de financiamiento al sector público. El Central emitió esa norma en 2009, debido a que el BNA recibe los depósitos de ese sector y aumentar su exposición al Estado no implicaría un riesgo adicional respecto del resto del sistema financiero.

Pero esta decisión del directorio es entendida dentro del propio BNA y del BCRA como una forma de condicionar a la próxima administración.

"El BNA se queda sin una cantidad importante de pesos para gestionar su fin, que es promocionar el crédito regional y fomentar la producción. Por el otro lado, una de las formas del nuevo gobierno de hacerse de recursos sería con este artilugio, pero ahora no podrá hacerlo porque los límites están ocupados", interpretaron en la entidad bancaria.

Tras haber aprobado una ampliación presupuestaria de $ 133.272 millones, anteayer la Presidenta dispuso, a través del decreto 2635, el fin del descuento del 15% de la masa de recursos coparticipables a las provincias para financiar a la Anses acatando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada, en el que fija ese beneficio para Córdoba, Santa Fe y San Luis.

El Tesoro ya estaba urgido de financiamiento, al haber elevado el déficit fiscal del 7,5% del PBI en los primeros diez meses del año. Y se prevé que deje una herencia aún más pesada.

Según un informe de la Consultora Ledesma, "la desaceleración nominal será mucho más marcada para los ingresos genuinos, que para el gasto primario del sector público nacional no financiero. Esta situación se verá agravada por el impacto del DNU 2635/15 sobre la distribución de recursos tributarios entre nación y provincias en el caso de los datos fiscales de diciembre". Estima un déficit financiero real del 8,7% del PBI.