ELECCIONES. Los partidos políticos en contienda electoral reciben estrictamente dinero privado que los exponen a recibir recursos indebidos. Especialistas plantean combinar ambas.

Para los especialistas Gerardo Távara, de Transparencia; y Percy Medina, de Idea Internacional, el anuncio del presidente Martín Vizcarra de someter a referéndum el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales ha puesto en debate la problemática sobre el dinero ilícito o de dudosa procedencia en la política.

Actualmente, las contiendas electorales son subvencionadas exclusivamente con dinero privado, aunque los partidos reciben dinero de manera indirecta en la franja electoral.

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Con la reforma del Congreso, que dispone que las organizaciones políticas rindan sus gastos al final del proceso electoral, se ha abierto las puertas -según Gerardo Távara- al dinero ilegal o de dudosa procedencia a la política.

DEBATE ABIERTO

En ese sentido, Távara considera importante la posibilidad de que los partidos cuenten con cierto financiamiento público directo, pero bajo condiciones muy estrictas. Con esta medida, el dinero de fuentes privadas disminuiría y, por cierto, el proveniente de fuentes ilegales también.

Según Percy Medina, la tendencia en el mundo es a una combinación entre ambos financiamientos y, de la misma manera que Távara, considera que si cierta parte de las campañas son costeadas por el Estado "se expondría menos a los partidos políticos a la posibilidad de recibir recursos indebidos".

CONDICIONES

Sin embargo, Távara considera fundamental condicionar este apoyo económico a exigencias como la estricta rendición de cuentas en tiempo real a la ONPE, el compromiso de justificar sus gastos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que los candidatos estén libres de antecedentes penales y de investigaciones fiscales por determinados delitos; y sanciones políticas y penales para aquellos partidos que malversen estos fondos. Además, que se establezca un tope de este financiamiento público directo.

A LA ESPERA

Para Távara y Medina, si bien este anuncio del presidente Vizcarra tiene que plasmarse en una norma que pase por referéndum, habrá que esperar la propuesta concreta del Ejecutivo. No obstante, Medina no descartó que pueda existir un acuerdo básico, más detallado y coherente, entre las diferentes bancadas del Congreso, y que se traduzca en un proyecto de ley que sea expuesto a consulta popular.

Y es que la regulación del financiamiento es un tema complejo que pasa por definir las fuentes permitidas, los mecanismos de transparencia por parte de los partidos, el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y sanciones efectivas para quienes vulneren la ley.

Explicó que la actual Ley de Partidos Políticos establece el financiamiento público y privado para las organizaciones políticas, pero no especifica cuando se trata de campañas electorales. Sin embargo, el financiamiento de estas se norman con los artículos referidos al financiamiento privado y al de las fuentes de financiamiento prohibidas, tales como las entidades del Estado, confesiones religiosas, partidos y agencias de gobiernos extranjeros, con sus excepciones.