Las inundaciones que sufrió Tabasco a finales en 2011 dejaron 250 mil damnificados y aunque el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) entregó apoyos para atender la emergencia, la administración del exgobernador Andrés Granier -preso actualmente por lavado de dinero y defraudación fiscal- desvió 215 millones de estos recursos al pago de adeudos y servicios de su Gobierno -como telefonía, electricidad y vales de despensa- y nunca llegaron a su principal objetivo: ayudar a las personas que perdieron su patrimonio.

El desvío de los fondos se dio el 24 de diciembre de 2012, una semana antes de que Granier concluyera su mandato, de acuerdo con la evidencia recogida en la Cuenta Pública 2012, entregada la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Congreso de la Unión. Pero las observaciones son más: el Gobierno de Tabasco aplazó la construcción de obras prioritarias y nunca las concluyó, prometió fondos que nunca se aportaron o cuyo gasto no ha sido comprobado.

El año pasado, una vez que iniciaron las acciones penales que llevaron a Granier a prisión, Gobernación anunció que revisaría cómo se usaron los recursos del Fondo durante la administración del mandatario priísta, ante los señalamientos de un presunto mal manejo. Pero los resultados de esta investigación no se han dado a conocer.

Los 215 millones desviados fueron entregados por el FONDEN a una cuenta bancaria del Estado. Pero una semana antes de que Granier dejara el Gobierno, fueron transferidos a otras cuentas del Gobierno sin autorización del Comité Técnico que opera el Fideicomiso.

El Gobierno del Estado de Tabasco destinó los recursos para el pago de servicios de diferentes dependencias estatales, como son: servicio telefónico, adquisición de vales de despensa, comisiones financieras, servicio de traslado de valores y fondos, energía eléctrica, alquiler de equipos y muebles, mantenimiento y reparación de equipo de transporte, gastos de orden social, adquisición de material de limpieza, servicios de consultoría y asesoría, pago de auditoría, entre otros”, advierte la Cuenta Pública.

Otra observación de la ASF es que desde el 7 de diciembre de 2010, se entregaron a Tabasco 63.9 millones de pesos para ejecutar 14 obras prioritarias para hacer frente a las inundaciones. Sin embargo, el Comité Técnico autorizó que se concluyeran hasta 564 días después del plazo original y, aún así, no se terminaron.

La auditoría apunta: “ A 2 años de la evaluación de los daños ocurridos en 2011, el Gobierno del Estado de Tabasco no realizó las obras concertadas con sustento en el convenio de coordinación suscrito con la Federación, lo que ha ocasionando un impacto negativo en la población afectada”.

Más allá de las cifras, el mal manejo de los recursos ha dejado sus consecuencias sociales en Tabasco y sus huellas. De acuerdo con la Auditoría, se puede ver en que las obras necesarias no se realizaron con la inmediatez que se requería para hacer frente a un desastre natural ni se garantizó la seguridad de la población, lo que impactó “negativamente a la sociedad civil que resultó afectada por los desastres naturales ocasionados en el Estado de Tabasco”.

Otra observación hecha por la ASF es que el Gobierno de Granier nunca aportó los 48.6 millones de pesos que había comprometido al FONDEN y además canceló la realización de 40 obras y 679 acciones para los cuáles el Gobierno federal aportó 56 millones. Y aunque los recursos no se usaron para lo que fueron destinados, el Gobierno de Tabasco tampoco los reembolsó al Fondo.

El Comité Técnico del FONDEN en Tabasco tampoco ha logrado comprobar cómo y en qué se usaron poco más de 62 millones de pesos que fueron transferidos al Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco.

El mal manejo de los recursos para realizar obras de mitigación y ayudar a los habitantes afectados por los fenómenos naturales, también involucra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la delegación en Tabasco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de acuerdo con la ASF.