En febrero del 2009 se conocía en España una investigación iniciada por la denuncia de un ex concejal en el año 2007 por financiamiento ilegal (nombre un tanto eufemístico para referirnos a un complejo sistema de sobornos) del Partido Popular en España. El caso denominado Gürtel -por el apellido en alemán de uno de los involucrados- y luego una arista del denominado caso Bárcenas -por el apellido del Tesorero del PP-, acaba recientemente de concluir con duras sentencias condenatorias tras un extenso juicio oral que se prolongó por más de 13 meses, y ha provocado también la censura de Mariano Rajoy a la cabeza del gobierno.

Las estadísticas del caso son bastante impresionantes. Por de pronto, la extensión de la investigación, que abarcó más de 8 años, con más de un millón de fojas en su expediente, lapso en que se enviaron sobre 200 comisiones rogatorias a 25 países en busca de los dineros fruto del fraude. Sin duda, mucho tiempo. Pero es el que demora una investigación con dicho nivel de complejidad, con todos los recursos que la ley le franquea a las partes. La sentencia ha condenado a un total de 29 personas, incluyendo la condena del propio Partido Popular como persona jurídica a una multa de 245 mil euros al haberse beneficiado de la trama. Las condenas alcanzan los 351 años en su conjunto, siendo la pena más alta la de 51 años para el imputado principal.

El caso, por supuesto, estuvo permanentemente cuestionado por las máximas autoridades del Partido Popular, que es el partido más votado y el que actualmente gobernaba España. De hecho, cuando se destapó el caso en el año 2009, Mariano Rajoy declaraba: "El PP está en una situación de indefensión absoluta. La filtración del sumario es un atentado al Estado de derecho". Y agregó: "Esto no es una trama del PP como algunos pretenden. Esto es una trama contra el PP". Reclamos contra las filtraciones y alegar persecución de jueces e investigadores está en el manual de cómo los políticos se defienden en todo el mundo cuando son investigados. Ejemplos sobran aquí en Chile, en España, Brasil o Argentina. No importa de qué color político sea el investigado.

Los reclamos parecían surtir efectos. Baltazar Garzón, quien era el Juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso, fue apartado de éste y posteriormente expulsado del Poder Judicial. El Caso Bárcenas fue archivado por falta de evidencias. Pero las instituciones españolas tuvieron la fortaleza de sobreponerse y no se amilanaron. Los jueces de instrucción que reemplazaron a Garzón, muchos de ellos que no pasaban los 40 años, siguieron adelante con decisión. La causa fue reabierta. Alguna de sus aristas terminaron en absolución, como la de "Los Trajes". Pero, a pesar de todo, el caso siguió adelante.

La Fiscalía Anticorrupción continuó su trabajo con las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, que terminaron desenredando la trama y llevando a juicio. Para evitar las presiones, su jefe desaparecía de escena. El Tesorero del PP, ahora condenado a 33 años de cárcel, llamaba despectivamente a las fiscales "Las Niñas". No se enteraba de que eso probablemente las estimulaba a dar lo mejor de sí para llevar adelante el caso.

Rajoy debió cambiar su discurso. En el año 2014 declaraba: "Lamento profundamente la situación creada. En nombre del PP, quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos". Si bien penalmente no fue imputado, debió declarar como testigo en el juicio oral. La sentencia dada a conocer la semana pasada valora su testimonio en los siguientes términos: "No aparece como suficiente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido". Hace pocas horas, el Parlamento aprobó una petición de censura para destituirlo, poniendo fin así a su gobierno.

Frecuentemente se indica que en nuestro país la corrupción es un fenómeno acotado y que no alcanza las magnitudes al compararla con Brasil o España. Sin embargo, en los casos que se han descubierto en esos países, hasta ahora no se ha detectado que los abogados de las grandes empresas españolas o brasileñas hayan terminado redactando las leyes de pesca, de royalty o de medioambiente de sus respectivos países y que esas redacciones se hayan convertido en leyes de la República.

El caso Bárcenas nos ratifica que el financiamiento ilegal o delictual de la política es un fenómeno mundial. Hay países en que la Fiscalía y el Poder Judicial no han considerado al momento de hacer las acusaciones y dictar las sentencias las consecuencias políticas que ello pudiere acarrear. Tampoco la alteración de los quórums de las respectivas cámaras ni las posibles caídas de gobiernos. Sólo han considerado el mandato legal de combatir la corrupción, sea quien sea el que la cometa. Más importante que clasificar los países en más corruptos o menos corruptos, importa clasificarlos en países que persiguen severamente la corrupción y países que no. Es importante que Chile sea parte de los países que sancionan la corrupción severamente. No hacerlo es costoso económicamente y destruye las bases de la democracia. Es el momento de avanzar decididamente en esa dirección.