El Consejo General del IFE, que ya había exonerado en una primera fase al PRI por el Monexgate, acaba de dejarlo libre de culpa por completo al decidir que los millones de pesos de las tarjetas repartidas para las elecciones presidenciales del año pasado no se destinaron a la compra y coacción del voto. Pero detrás del entramado en el cual se quiere hacer perdedizo el origen y destino de aquel dinero aparece una sorpresa: no sólo Monex emitió plásticos para esos comicios, también lo hizo Bancomer.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una investigación encabezada por el consejero electoral Alfredo Figueroa sacó a la luz datos para apuntalar la acusación de que el PRI recurrió a la triangulación ilícita para hacer perdedizo el origen y destino de los millones de pesos usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y exhiben también “falta de competencia” e “incongruencia” de la Unidad de Fiscalización del IFE para indagar el llamado Monexgate.

Lo anterior viene a sumarse al hecho de que, el pasado 23 de enero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al partido que llevó a Peña Nieto a la Presidencia.

La investigación de Figueroa fue motivo de un amplio debate en la sesión del IFE del pasado 26 de septiembre; pese a ello, los medios se limitaron a consignar que se exculpaba al PRI de la “compra y coacción” del voto a través de la madeja bancaria y mercantil del Monexgate y que se aprobó un recurso “oficioso” para indagar a Bancomer. No más.

Sin embargo los resultados del escudriñamiento a los casi ocho mil destinatarios de los monederos Monex que realizó la Comisión de Quejas y Denuncias, encabezada por Figueroa, reveló que Alfredo Cristalinas Kaulitz, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE “se negó” a investigar un cuarto banco –Bancomer– el cual aparece en la trama financiera del PRI pese a contar con elementos suficientes para hacerlo”.

Lo más grave, dice Figueroa a Proceso, “se descubrió que los 70 millones de pesos que aceptó el PRI manipular mediante los monederos no fueron para ‘el pago de estructura electoral’, como justificó ante la autoridad electoral, versión aceptada sin investigar”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1927 de la revista Proceso, actualmente en circulación.