Lázaro Báez y otros doce colaboradores quedaron a un paso del juicio oral y público por lavado de activos. La causa de " la ruta del dinero K " sumó a su expediente un paso crucial: las querellas (todos organismos que dependen del Gobierno) dieron luz verde para pasar a la siguiente etapa, luego de considerar que un número de maniobras están probadas.

La Oficina Anticorrupción (OA) , la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP enviaron en los últimos días de enero extensos escritos al juez federal Sebastián Casanello para pedir la elevación a juicio. Este paso es clave porque, cinco meses atrás, dos de esos organismos se habían manifestado en contra de darlo porque consideraban que eso implicaría "fragmentar la causa" sin antes determinar la responsabilidad de Cristina Kirchner en la operatoria de Báez.

El empresario K, Lázaro Báez Santiago Filipuzzi - Archivo

La OA y la UIF presentaron nuevos escritos en los que advirtieron sobre este cambio de postura. Ambos organismos insistieron en que se trata de "una operatoria compleja que se inicia con dinero proveniente de la obra pública". De todas formas accedieron a enviar a juicio un tramo de la investigación. Casanello, que hace tiempo quiere dar por terminada una etapa de la instrucción, ya le envió el expediente al fiscal Guillermo Marijuan para que se pronuncie.

Los hechos que irán a juicio oral son los vinculados con la maniobra de lavado de dinero canalizada a través de la financiera SGI, la fuga de capitales y el reingreso de los fondos en forma de bonos de deuda. De todas formas, Casanello y Marijuan seguirán investigando un universo mucho más grande de operaciones. De hecho, ayer el juez y el fiscal viajaron a Uruguay y aún esperan múltiples exhortos.

Los actores principales de la maniobra, además de Lázaro Báez, son los protagonistas del video que registró el recuento de dólares en la financiera SGI. Sobre esa mesa había al menos US$ 5,1 millones, según un experto del Banco Central. Así, los otros procesados son Martín Báez (por haber custodiado los dólares), Daniel Pérez Gadín (a cargo de la financiera), su hijo Sebastián, César Gustavo Fernández y Fabián Rossi (como colaboradores) y Walter Zanzot (quien transportó el dinero en avión desde Santa Cruz).

Irían a juicio, además, Jorge Chueco, Claudio Bustos y Julio Enrique Mendoza, por participar del reingreso del dinero al país.

Los otros tres procesados son los personajes más antiguos de la trama: Leonardo Fariña , arrepentido en la causa, que realizó operaciones financieras y compraventas simuladas; Carlos Molinari, que habría participado con algunas de esas transacciones, y Federico Elaskar, primer dueño de SGI, colaboró con Báez entre 2009 y 2011, cuando el empresario adquirió la financiera. Uno de los dilemas de la causa, fogoneado por la defensa, fue la determinación del delito que antecedió al lavado. Según la AFIP, "hay acreditadas actividades delictivas previas", dado que existió un fraude tributario a través de facturación trucha perpetrado por Austral con usinas de Bahía Blanca.

La historia completa incluye un capítulo previo: la irregular asignación de obra pública al Grupo Austral, un hecho que se investiga en una causa separada, a cargo del juez Julián Ercolini.

Las querellas detallaron el paso a paso de la maniobra. El primer eslabón fue la generación de dinero negro a través de facturas apócrifas. Báez, en tanto, tomó el control de la financiera SGI: Elaskar cedió sus acciones de la financiera a la firma Sernote, propiedad de Chueco, quien luego la transfirió a la sociedad "vehículo" Helvétic Services Group . El mandamás de SGI era Pérez Gadín.

También quedó probado que la firma Top Air SA (cuyos accionistas son Austral y Zanzot) trasladó dinero desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de San Fernando y desde allí hacia SGI.

El siguiente paso fue la fuga de divisas al exterior. Según describió la UIF, "Báez utilizó servicios financieros para depositar los fondos en cuentas a nombre de sus hijos". La maniobra habría culminado con la repatriación de US$ 32,8 millones, con la adquisición de bonos de la deuda argentina en Suiza que luego se transfirieron a una cuenta de Helvétic Service Group en la Argentina. Éstos se vendieron y se libraron nueve cheques que fueron endosados en favor de Austral.