El martes pasado, el gobierno presentó un informe sobre los avances en la formación y despliegue de la Guardia Nacional.

El documento está repleto de datos sorpresivos. Uno salta a la vista: hay muchos menos guardias nacionales que lo informado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo hasta hace pocos días. El 8 de agosto, en una conferencia mañanera, señaló que “ahora se tienen ya desplegados cerca de 80 mil elementos en todo el país”.

Pues resulta que no: según el reporte dado a conocer por la propia Guardia Nacional, la corporación contaba al 13 de agosto con 56,191 elementos distribuidos en 150 coordinaciones territoriales. Pero la sorpresa mayor viene cuando se analiza el despliegue por estado. A primera vista, no hay ninguna lógica aparente en la distribución territorial de la Guardia. A segunda vista, tampoco.

Medido por elementos por mil habitantes, el estado con más presencia relativa de la Guardia Nacional es Zacatecas, seguido de Quintana Roo y Oaxaca. En el fondo de la tabla, se ubica Baja California, precedido por Aguascalientes y Veracruz. Hay más guardias nacionales, tanto en términos absolutos como relativos, en Querétaro que en Sonora.

Pero, además, las diferencias son mayúsculas. A nivel nacional, hay 0.44 guardias nacionales por 1,000 habitantes. En Zacatecas, hay casi uno por mil habitantes. En Baja California, el despliegue es de 0.21 elementos por mil habitantes.

El contraste también es notable en términos de cobertura territorial. En la Ciudad de México, hay un guardia nacional por cada 0.5 kilómetros cuadrados. En Chihuahua, cada guardia nacional tendría que cubrir hipotéticamente 155 kilómetros cuadrados. En Nuevo León, la superficie a cubrir por cada elemento es tres veces mayor que en Puebla.





Si el cruce se hace con indicadores delictivos, tampoco aparece una lógica muy obvia. De los diez estados con mayor presencia relativa de la Guardia Nacional (elementos por mil habitantes), sólo cuatro están entre las diez entidades con mayor tasa de homicidio en 2018, según datos del Inegi. Baja California, el estado con la segunda mayor tasa de homicidio del país, tiene el menor número relativo de guardias nacionales. Guanajuato, el estado con el mayor número absoluto de homicidios en 2018, está en el lugar 22 en términos de presencia relativa de la GN.

Algo similar sucede si se hace el contraste con la tasa de victimización, medida a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe). De los diez estados con la mayor tasa de victimización en la Envipe 2018, sólo uno está entre los diez con mayor presencia relativa de la Guardia Nacional. Y ese uno, el Estado de México, es un caso anómalo ya que, previsiblemente, se incluyen allí en las cifras de despliegue a los elementos que están recibiendo capacitación en las bases militares de Santa Lucía y San Miguel de los Jagüeyes.

Entonces, si el criterio no es la población ni el territorio ni la incidencia delictiva, ¿qué puede haber determinado el despliegue inicial de la GN? ¿Alguna lógica política? No parece ser el caso: de los diez estados con mayor presencia relativa de la GN, no hay uno solo gobernado por Morena.

¿Cuál es en consecuencia la solución del enigma? No sé, pero va una hipótesis: no hubo más criterio que la presencia previa de tropas, equipos e instalaciones militares en las diferentes entidades federativas. Es decir, la GN se está construyendo desde la inercia institucional y no en base a un planteamiento estratégico. Si esa teoría es correcta, hay motivos para preocuparse.







