Elisa Beni | El Diario | 18/08/2018

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes, el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y, además, que en caso de que éste se pierda y sea condenado, se utilice el dinero de todos para pagar la indemnización, que sería simbólica, y hacer frente a las costas, que no lo serían tanto.

Ya saben, era esa demanda civil presentada por Puigdemont y los ex consellers Serret, Comin, Puig y Ponsatti de protección del honor por manifestaciones privadas realizadas por el magistrado en conferencias (patrocinadas por BMW, en FAES y en universidades de verano) en las que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por parte del juez que instruye su caso. Esa demanda civil que le partía la caja a Llarena y al resto del mundo y que el entonces juez decano de Madrid consideró que no debía ni de hacerle llegar. Esa demanda que ha seguido su curso legal y que mantiene su citación para septiembre. Lo que era una coña y una ocurrencia hace dos meses ha terminado poniendo en marcha mecanismos inauditos para el rescate de Llarena. Con el dinero de todos. Y ojo a eso. Porque lo que se sustancia en Bruselas -lugar de residencia de los demandantes- es si el magistrado Llarena, que en sus escritos judiciales considera presuntos autores de un delito de rebelión y malversación a los catalanes, ha cometido un ilícito civil al dar por hecho en manifestaciones privadas que lo han cometido. Se preguntarán ¿y qué tiene que ver el CGPJ y el Ministerio de Justicia y, sobre todo, nuestro dinero con lo lenguaraz que sea Llarena o lo que se le escape el subconsciente cuando va por ahí de gira? Pues eso mismo me pregunto yo y me parece que también Justicia debe de estudiar muy bien la situación antes de tomar una decisión que pudiera suponer una mala utilización de fondos públicos, ya que esto tiene un nombre muy feo. Ya saben.

Estábamos en que Llarena y los demás reían a mandíbula batiente hace dos meses la demanda y que éste desestimó rápidamente la recusación que se le hizo por considerar que tenía pleito con estas personas, lo cual es motivo legal para abandonar el caso. ¡A él no le interfería nada! Hace unos días, sin embargo, el juez presentó una petición de amparo ante el CGPJ al encontrarse perturbado en su independencia. ¿Y cómo puede uno no tener interés alguno y desestimar una recusación por un tema y semanas después afirmar que ese tema le perturba tanto que precisa amparo? Pues ya ven. Voy a intentar explicárselo. El imperturbable magistrado se ha dado cuenta de que el procedimiento civil belga sigue adelante y que podía optar por estar representado o en ausencia. Esto último no permite ninguna defensa así que ¿tenía que contratar un abogado y pagarlo de su bolsillo? Vaya faena. Además, pensándolo bien, incluso podía perder y aunque las indemnizaciones ascendieran a cinco euros, el pago de las costas incluyendo los honorarios de los abogados podía dispararse a un pico. Con el bolsillo propio amenazado, Llarena ha pedido sopitas. Estas sopitas no eran de fácil cocción. Me cuentan que el propio Lesmes afirmó en la Permanente que tuvo una conversación con la Abogada General del Estado para ver cómo se podía hacer que fuera la Abogacía la que se hiciera cargo de la situación. Esta le dijo que así, sin que se excitara la cuestión desde el Consejo, iba a ser más bien imposible. Así que, se pusieron a excitar y la excitación ha consistido en la utilización espuria de la figura del amparo que está pensada para preservar la independencia judicial respecto a otros poderes del Estado.

No acaban ahí las invenciones y las anomalías. De facto para conceder el amparo se vivió una sesión de alta tensión de la Comisión Permanente del CGPJ en la que no faltaron literalmente los gritos. Y es que la solicitud de amparo de Llarena no debería de haber sido ni siquiera tramitada. La ley recoge un plazo preclusivo de diez días para presentarlo desde el momento en que se produzca el hecho perturbador. Se ha llegado a rechazar la tramitación de peticiones de amparo por pasarse un día del plazo. Pues bien, la de Llarena se ha pasado no un día sino casi dos meses. Este motivo fue alegado por una de las vocales que se negaba siquiera a estudiar la petición al considerarlo ilegal. Nada importó al bulldozer Lesmes. Además, la petición de amparo conlleva un error conceptual dado que el mecanismo para garantizar la independencia poco tiene que ver con las acciones privadas de un magistrado y la posibilidad de que éstas le cuesten la pasta. Así que se habla de proteger frente a inmisiones del extranjero la indemnidad de la jurisdicción española cuando ningún riesgo sufre en un procedimiento personal, pero es que, además, eso no constituiría tampoco motivo de amparo. Lo cierto es que en la tumultuosa reunión llegó a resonar la frase: “A ver, que estamos hablando de dinero respecto de una persona que vive de su sueldo”. Así que se exige el rescate del magistrado Llarena y así se lo ha hecho llegar el CGPJ al Ministerio de Justicia.

La demanda civil presentada en Bélgica dice textualmente: “el juez Llarena ha cometido una falta AL MARGEN DE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL”. Ahora Lesmes ha decidido que, si el magistrado ha sido un bocazas, lo tenemos que pagar todos. El Ministerio ya ha dicho que la Abogacía del Estado no puede actuar y que, en todo caso, habría que contratar abogados. Ojo con esto. Ojo. Usar fondos públicos para pagar abogados en asuntos privados es algo no aceptable. De nombre feo.

No hay motivos para que los ciudadanos rescatemos a un magistrado bocazas. A ver cómo lo explican.