EnglishLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá solicitó este lunes al Tribunal Electoral del país levantar el fuero político del expresidente de la nación Ricardo Martinelli (2009-2014), para juzgarlo por supuestos delitos contra la administración pública.

Por ser el máximo dirigente del partido opositor Cambio Democrático (CD), Martinelli goza de inmunidad. Asimismo, por su cargo como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), solo el máximo tribunal puede procesar su caso.

Este martes, el abogado del expresidente, Rogelio Cruz, fue notificado de la solicitud por parte del TE, pero alegó que la notificación debe ser entregada personalmente a Martinelli para que presente su defensa.

El empresario y político se encuentra fuera del país desde el 28 de enero, cuando por unanimidad los integrantes de la CSJ admitieron «el conocimiento de la causa penal» en su contra, por supuestas irregularidades cometidas en las compras de alimentos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una oficina para la atención de situaciones de emergencia.

Ese mismo día Martinelli viajó a Guatemala para asistir a una reunión en la sede del Parlacen, y desde entonces se desconoce su ubicación.

Los dos exdirectores del PAN, Giacomo Tamburrelli (2009-2012) y Rafael Guardia Jaén (2012-2014) han declarado en indagatorias del Ministerio Público que Martinelli daba las órdenes de aprobación de millonarios contratos de compra de alimentos que ahora son investigados por sobreprecios y pagos por extorsión.

Tamburrelli tiene una medida cautelar de casa por cárcel desde diciembre, tras enfrentar cargos por presunto peculado y contra la administración pública en el caso de un pago de US$45 millones por comida deshidratada para planteles escolares.

Por los mismos delitos, Guardia Jaén fue arrestado en noviembre de 2014 y permanece detenido en la cárcel El Renacer, cerca de Ciudad de Panamá.

Se acumulan las acusaciones

A los señalamientos de estos dos exfuncionarios se sumó el miércoles pasado la del exministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu (2009-2012), quien aseguró que el expresidente conocía todos los detalles de las compras con sobrecostos.

Papadimitriu acudió a la Procuraduría de la Nación con una carta que compartió en Twitter en la cual, asegura, Martinelli le solicita que proceda a aprobar las peticiones que mandaba Tamburrelli.

@rmartinelli Ven a Panama y te la enseño y podemos hacer una prueba de caligrafía. pic.twitter.com/gA79sU65WL — Jimmy Papadimitriu (@JDPapadimitriu) March 10, 2015

Martinelli respondió una hora después.

Esa NO es mi firma. No tiene fecha y habla del Fis no del PAN. Este sr es capaz de todo . Justicia selectiva? Falso pic.twitter.com/aYEP7zrvlA — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) March 10, 2015

El exministro entregó copia del documento en la Procuraduría después de que un abogado de Martinelli, Sidney Sittón, lo denunciara ante esa instancia por la comisión de delitos contra la administración pública. Sittón alega que Papadimitriu posee de forma ilegal US$300 millones depositados en el principado de Andorra, y solicitó en su intervención una asistencia judicial de ese Estado.

Papadimitriu asegura que Martinelli estaría detrás de la acusación de Sittón como venganza por el apoyo que dio a la campaña electoral de Juan Carlos Varela, actual presidente de la República, y máximo oponente del expresidente, quien también atribuye las declaraciones en su contra a una persecución política.

Annette Planells, coordinadora de la organización Movimiento Independiente (Movin) por Panamá —dedicada a la contraloría y exigencia al poder público—, descarta el alegato de persecución que eleva Martinelli. «De los nueve magistrados de la CSJ, cinco fueron nombrados por el propio Martinelli», recuerda.

Además del caso del PAN, el 7 de marzo, tres juezas de la ciudad de Nápoles, Italia, confirmaron que Martinelli extorsionó e intimidó a una empresa de ese país para que financiara la construcción de un hospital pediátrico en Panamá. El proceso abre la posibilidad de un enjuiciamiento al político panameño en Italia.

Alarma por niveles de corrupción

En septiembre de 2014, el nuevo director del PAN, Rafael Stanziola, reveló la magnitud de las cifras que manejaba ese organismo. Dijo que entre enero de 2010 y julio de 2014 las compras del PAN alcanzaron $1.200 millones, y que no hay registro detallado del uso de dicho presupuesto, a pesar de que la ley indica que la institución solo debe emitir gasto en casos de emergencia.

Stanziola aseguró que solo en 2013, en la víspera de las elecciones, se gastó un tercio de todo lo sufragado por el PAN en cuatro años y medio. $14 millones se dedicaron a la compra de juguetes, sin que la orden de compra especificara datos como la distribución de lo adquirido.

Annette Planells explica que se abusó de la facilidad de extracción de fondos del PAN, debido a que contempla procedimientos más sencillos a los de una compra normal por el carácter de «emergencia».

La activista indicó a PanAm Post que la situación de la institución se sospechaba mientras duró el gobierno de Martinelli, pero que el asombro colectivo provino al revelarse el tamaño de los fondos. «A Guardia Jaén ya se le incautaron más de $18 millones y 19 apartamentos. Estamos hablando de un director de segundo nivel, ni siquiera de un ministro de alto perfil», expresa la activista.

Recuerda que no es la primera vez que se investiga a un expresidente en Panamá, pero sí la primera vez que se juzgaría a uno en la CSJ. Ante la posibilidad, considera que debe hacerse un juicio «en derecho» para que haya confianza en una eventual condena.

Panamá se ubicó el puesto 94 de los 175 países analizados por Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción 2014. Siendo uno la calificación de mayor corrupción, y 100 la de menor, el país obtuvo un puntaje de 37. El promedio regional americano fue de 45 puntos, con Venezuela y Haití en el foso (19 puntos).

Pinchazos telefónicos también pesan

El 19 de febrero, la CSJ agrupó en un solo caso las siete querellas penales individuales en contra del expresidente Ricardo Martinelli por un escándalo de escuchas ilegales. De acuerdo con la denuncia del actual director del Consejo de Seguridad panameño, en 2010 el gobierno compró equipos de alta tecnología para tales actividades (hoy desaparecidos), por un costo de $13,5 millones sufragados por el mismo organismos cuestionado: el PAN.

La Fiscalía acusa a Martinelli por delito contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, el cual tiene pena de tres a cinco años de prisión por su condición de funcionario público. Gustavo Pérez, y Alejandro Garuz, exsecretarios del Consejo de Seguridad, enfrentan desde prisión los mismos cargos.

Hasta febrero, Martinelli acumulaba 14 querellas y denuncias penales, y ocho expedientes en trámite en la CSJ, todos bajo investigación.