Alfredo Serrano Mancilla

Doctor en Economía, Director CELAG

La palabra fraude en materia económica se viene pronunciando más asiduamente de lo que deseáramos. La estafa constituye a día de hoy un hábito demasiado común entre la casta –política y económica- que gobierna en España. La historia interminable de corrupción viene desde hace décadas, aunque en los últimos años, al calor del empobrecimiento económico y endeudamiento social de la mayoría, cada fraude conocido se ha sentido como una puñalada sin anestesia contra esta democracia con escasa capacidad de democratizar la economía. La lista es desgraciadamente interminable; en el 2008, el caso Palma Arena afectó a Jaume Matas al frente del gobierno del PP en Baleares; el caso Nóos involucró a la Casa Real; en el año 2009, se comenzó a investigar el caso Gürtel como trama corrupta ligada al PP; de ahí provino el caso Bárcenas; también se sucedió el llamado caso de los ERE de la Junta de Andalucía; la imputación por el caso Palau que implicó a Convergencia Democrática de Catalunya; otro hito en esta serie fue el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid por haber cargado gastos no declarados por valor de 15,2 millones de euros; otro es el caso Pujol como presunta corrupción; en el caso Pokémon se investigaron varias tramas de corrupción repartidas en distintas administraciones de Galicia, Asturias y Cataluña; la Operación Púnica ha implicado la detención del ex número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid; y lo último, lo aparecido en la lista Falciani, caso HSBC, acerca de los españoles que tienen 1.800 millones de euros escondidos en Suiza.

Es por todo ello fácil entender por qué el eurobarómetro realizado por la Comisión Europea asegure que el 63% en España considera que la corrupción les afecta en su vida diaria (frente a un 25% de media en la UE); el 95% afirma que la corrupción está generalizada en el país (frente al 76% de media en la UE); la corrupción y el fraude se situaron por primera vez como el principal problema para los españoles sólo por detrás del paro. España goza de un lamentable segundo puesto mundial como país en donde más aumenta la sensación de corrupción, de acuerdo a un informe de Transparencia Internacional en 2013; España es un país donde el 71% de sus ciudadanos considera que no sirve de nada denunciar la corrupción; a mitad del año 2014, en España, había más de 500 imputados y casi 1.700 causas abiertas, con un coste social estimado equivalente a 40.000 millones de euros.

En estos años, de insostenible cóctel de crisis con fraude, Podemos viene representando un nuevo sentido común mayoritario que no acepta más esta estafa democrática ni tolera esta suerte de ley del embudo que exige austeridad para la mayoría mientras que se permite que unos pocos sigan viviendo ilegalmente por encima de sus posibilidades. Podemos ha decidido abanderar esta demanda social con un programa de tolerancia cero frente a este metabolismo basado en la economía del fraude. Como el mismo Pablo Iglesias dice, ""no son manzanas podridas ni personas inmorales sino un entramado que pudre nuestras instituciones". La clave está en este punto: la economía del fraude no solo hace referencia al acto de robar ilegalmente por parte de unos pocos, sino que también ha de considerar otro tipo de engaños a la hora de explicar/falsificar la economía con el único objetivo de dotarse de ventajas y beneficios ilegítimos exclusivos para unos pocos, excluyendo a la mayoría.

El fariseísmo a la hora de defender/argüir sobre cualquier aspecto económico constituye precisamente la otra dimensión de esta economía del fraude que no ha de pasar inadvertido. En este sentido, el economista K. Galbraith, en su libro la Economía del fraude inocente (1984), sostiene que la economía no puede ser presentada como una ciencia ingenieril ni neutral, porque sencillamente es falso. La economía es una ciencia social, y como tal, ha de atender a los intereses de la sociedad. Si la sociedad decide que pagar la deuda social está más importante que cualquier otra deuda financiera, entonces, la economía deberá buscar los mecanismos rigurosos para ello; si esa misma sociedad considera que el riesgo de exclusión de pobreza es más prioritario que la prima de riesgo, entonces, los economistas deberán buscar como respetar ese mandato social. Hacer lo contrario es acabar timando a la ciudadanía, y es por eso que Podemos recurre en su primera línea del programa económico a una cuestión básica para luchar contra la economía del fraude: recuperar la economía al servicio del ciudadano. Así de fácil pero así de contra hegemónico en estos tiempos que corren en los que todavía esta economía del fraude tiene tanta supremacía a pesar de sus fallidos diagnósticos y sus fracasadas recetas.

Para hacer efectiva la lucha contra esa economía del fraude es preciso conocer cuáles son las artimañas y subterfugios usadas comúnmente a la hora de convencer o de crear terror si llegara otra iniciativa política. Son muchos los ejemplos que demuestran como esta economía del fraude nos engaña: 1) se procura instalar una economía del miedo si llega Podemos pero por el contrario han sido estos años pasados cuando en España se ha fugado más capital (343.000 millones de euros hasta octubre 2012; 2) se crítica la falta de pragmatismo de Podemos cuando la economía actual padece un extraño pragmatismo caracterizado por un desempleo juvenil mayor al 50% o una tasa de pobreza del 27,3%; 3) se exige más austeridad aunque son estos gobernantes los responsables de un notable despilfarrado improductivo en la historia económica española; 4) se presume de haber salido de la crisis solo porque el patrimonio de los más ricos ha seguido creciendo en el año 2014 un 12% más mientras que la pobreza y desigualdad aumenta; 5) se dedican a apelar a la ciencia y tecnología a pesar que en los años anteriores el gasto general destinado a sufragar estas actividades representó un 1,39% del PIB (del que lo público representa solo el 0,79%); 6) alardean de mercados de libre competencia habiendo contribuido a crear mercados concentrados en el sector eléctrico, telecomunicaciones, bancario, donde son muy pocas empresas las que controlan casi todo (seis bancos aglutinan ya casi el 80% del negocio; tres principales operadores de telefonía controlan más del 90% del mercado del móvil); 7) se vanaglorian de la marca España aunque esto significa que las grandes empresas invierten en el exterior el doble de lo que lo hacen en España; 8) defienden que vuelve las inversiones en España cuando la verdad es que son los fondos de capital de riesgo aquellos que duplican su inversión en España (tan solo en el primer trimestre del 2014 se han cerrado más de 100 operaciones por 618 millones de euros, frente a los 310 de los primeros tres meses de 2013).

Así es como la economía del fraude continúa con su campaña de acoso y derribo contra Podemos porque sabe que es la única fuerza política que de verdad va a buscar respuesta a lo que el pueblo pregunta. Podemos ha sabido conectar de otra forma con la sociedad cambiando esta economía del fraude por otra economía de la verdad; no prometiendo lo que no se puede pero sí presentándose con la obligación de poner la economía al derecho, de procurar reapropiarse de la soberanía, de centrarse en aquello que es la economía real, de reestructurar el pago de la deuda, de hacer que paguen impuestos los que más tienen, de anteponer el derecho a la electricidad al beneficio exagerado empresarial de las empresas eléctricas, de garantizar para todos la seguridad jurídica para educación, vivienda y sanidad. El programa económico de Podemos se presenta como superador de ese enfoque reduccionista de los economistas ensimismados que no logran escuchar a la ciudadanía, o lo que es lo mismo, presenta una propuesta económica que pretende terminar con la idea de unos gobernantes que plantean una economía para un país distinto al que viven los gobernados; se trata de sincerar la economía oficial a la economía real, esto es, una economía sin fraude.