Los diputados que componen la Comisión de Educación aprobaron por 7 votos contra 6, la iniciativa que castiga como delito penal el lucro en la educación escolar, en el marco de la reforma que impulsa el Gobierno.

La indicación fue presentada por parlamentarios de la Nueva Mayoría y respaldada por el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. En ella se establecen sanciones de 541 días hasta cinco años de presidio, en caso que se vulnere la ley que prohíbe el lucro.

La normativa al respecto señala que si un dueño de un colegio retira utilidades, deberá restituir dichos dineros, arriesgando multas o un proceso penal en el caso de que se detecte dolo, configurando un delito similar al de malversación.

La votación en particular del proyecto que pone fine al lucro, la selección y el copago tiene carácter de suma urgencia, por lo que deberá ser despachado este martes a la sala de la cámara baja.

Los diputados UDI, José Antonio Kast y Jaime Bellolio hicieron reserva de constitucionalidad de la medida aprobada por considerar que se aparta de las ideas matrices del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Votaron a favor:

Yasna Provoste (DC), Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Fidel Espinoza (PS), el presidente de la comisión, Mario Venegas (DC) y el diputado independiente Giorgio Jackson. Votaron en contra:

María José Hoffmann (UDI), José Antonio Kast (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Romilio Gutiérrez (UDI), Felipe Kast (E), además del diputado radical Alberto Robles.

Lucro en las ATE

Poco antes, con siete votos a favor y cuatro en contra, la comisión aprobó la indicación presentada por la diputada Yasna Provoste (DC) para prohibir el lucro en las Agencias de Asistencia Técnica Educativas (ATE).

La autora de la modificación, agradeció el apoyo transversal de los diputados de la Nueva Mayoría y de la bancada de independientes a la iniciativa que “busca garantizar que los recursos que el Estado entrega a los estudiantes más vulnerables a través de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) cumplan el propósito que es mejorar la calidad de los aprendizajes y no se queden allí enredados en el negocio, en el lucro”.

La parlamentaria aclaró que la indicación plantea “una justa remuneración para todos quienes realicen un trabajo efectivo. Estamos convencidos que las ATEs requieren mayores regulaciones pero tenemos que partir en la misma condición que el proyecto ha establecido para sostenedores que reciben financiamiento del Estado, cual es que se organicen como personas sin fines de lucro, la misma condición para las Asistencias Técnicas que se ocupan de la SEP”.