A 10 años de la guerra contra el crimen

Luis Gabriel Rojas

Febrero 2017

A 10 años de que el presidente Felipe Calderón declarara el inicio de la guerra contra el crimen organizado, el consenso entre analistas y la opinión pública es que la estrategia ha fracasado con un alto costo en víctimas de la violencia. Ahora se reclama un cambio urgente de estrategia, lo cual obliga a que recurramos a otros imaginarios para poder construir una seguridad ciudadana sin guerra.

Durante los últimos años se han puesto sobre la mesa diversos diagnósticos y estrategias para enfrentar la violencia, casi todos diferentes versiones de la misma lógica que considera fundamental el uso de la coerción y el miedo para hacer cumplir la ley. Dentro de todas las explicaciones de la violencia, el planeamiento que más ha perturbado el sentido común ha sido la propuesta del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Más allá de los 6 puntos del propuesto pacto por la paz, el MPJD ha planteado que la solución al caos de la violencia es el amor. Esta propuesta ha propiciado un vehemente rechazo por todo el espectro ideológico.

De un extremo, se ha acusado al movimiento de anarquista por responsabilizar al Estado de la violencia e inseguridad, de totalitario por considerar que la ética tiene mayor autoridad que la ley, y de ingrato por exigir una disculpa pública al presidente que ha intentado defender a los mexicanos. Del otro extremo, se ha acusado a Javier Sicilia de vender el movimiento por preferir la conciliación a la confrontación y por no entender la lógica antagonista que constituye a los movimientos sociales. Asimismo, los liberales y progresistas han visto con preocupación lo que consideran un intento regresivo de reintroducción de valores cristianos a la esfera pública. Por otra parte, la opinión pública se ha mofado de lo que se considera una propuesta estúpida e irresponsable. ¿Acaso debo de recibir con flores a un criminal que amenaza mi vida?

Hoy que el fracaso de la estrategia contra la violencia es más evidente, vale la pena hacer un esfuerzo por comprender la viabilidad de la propuesta del MPJD. No voy a ofrecer aquí un argumento detallado, el cual he realizado en una investigación más amplia. Mi intención es contribuir a que esta propuesta se retome en el debate público. Esta no es una tarea fácil, ya que hay evidencia histórica que confirma que el Estado moderno depende de la acumulación de poder coercitivo para legitimar su soberanía e imponer la paz en un «estado de la naturaleza», donde el hombre es el lobo del hombre.

A diferencia de la explicación predominante de la violencia en México, el MPJD considera que la intensificación de la violencia obedece a un proceso de deshumanización en la manera en que interactuamos los mexicanos, misma que ha corrompido las instituciones que nos organizan. En particular, el MPJD ha denunciado la conformación de una jerarquía moral que distingue entre vidas que importan y vale la pena salvar, y aquellas que están mejor muertas que vivas. Así, medios de comunicación, autoridades y la opinión pública han contribuido a «invisibilizar» y justificar el asesinato de miles de personas por «andar en malos pasos». Además, esta moralidad ha promovido y justificado la marginación de grandes sectores de la población, a quienes se les ha negado oportunidades para su desarrollo humano. Ante la falta de oportunidades hay grupos que han tenido que trabajar primero en la informalidad, después en la ilegalidad y finalmente en el crimen para alcanzar las expectativas de éxito social. Pero no es solo la falta de oportunidades la que alienta el crimen y la violencia. Una cultura consumista estimula la corrupción y el barbarismo en servidores públicos y en otros sectores de la sociedad.

Así pues, el MPJD considera que la violencia se ha intensificado por nuestra apatía e indiferencia cómplice frente a los abusos y sufrimiento que viven nuestros connacionales. Somos responsables porque nos dejamos solos, unos a otros. Por esta razón, activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde han pedido perdón a los criminales, por una sociedad enferma que les ha negado la posibilidad de una cultura sobre la que podrían hacer florecer su desarrollo humano.

A pesar del rechazo con que ha sido recibido este enfoque, el diagnóstico del MPJD no es disparatado, coincide con la teoría criminológica de la anomia institucional que ha sido ampliamente analizada y probada empíricamente. Esta teoría considera que el crimen y la violencia se intensifican cuando estructuras económicas y sociales que generan exclusión social se combinan con instituciones que han sido penetradas por valores, actitudes y creencias que justifican el uso de cualquier medio para alcanzar las expectativas de éxito social que, por lo demás, promueve una sociedad excluyente.

Si aceptamos que la fuente de la violencia radica en prácticas, valores y sensibilidades que moldean la forma en que nos organizarnos, la pregunta es ¿cómo podemos modificar las mismas? Este planteamiento ha abierto un debate entre ética y ley. El enfoque predominante considera que las sensibilidades y la ética de las personas no importan en tanto que haya instituciones que hagan cumplir la ley. Sin embargo, para que esto sea posible es necesario un Estado con un poder coercitivo y un sistema punitivo suficientemente sólidos para infundir miedo y hacer creíble la amenaza de castigo a todos aquellos que intenten violar la ley. En contraste, el MPJD ha propuesto cultivar en servidores públicos, poderes fácticos y en la ciudadanía habilidades cívicas como la solidaridad, la empatía por el sufrimiento ajeno, la generosidad, la escucha, y el cuidado del otro.

Así pues, el movimiento ha recorrido el país para empoderar a las víctimas, dándoles voz y escucha. Las caravanas también han intentado sensibilizar a ciudadanos y criminales para que vean que todos los muertos son hijos de alguien, no piedras o cucarachas. Lo anterior, porque cuando pensamos que ciertas vidas valen menos que otras justificamos el asesinato y exclusión de miles. De igual forma, el MPJD ha mostrado que para reinstaurar la dignidad en el país es necesario tratar con dignidad a todos, incluyendo a adversarios y enemigos. Por ello, Sicilia ha besado a «los políticos corruptos» y rechazado la denigración de los mismos. Con estas y otras acciones se ha intentado despertar a una sociedad apática que no entiende la noción más elemental de comunidad ni es capaz de ver a otros como seres humanos. «Es por eso que en esta plaza no hay cien millones de personas tomadas de la mano para repudiar la muerte de 40 mil de nosotros». Más de 180 mil asesinatos después, seguimos sin tomarnos de las manos.

A diferencia de la lógica predominante de combate al crimen, el MPJD no intenta reprimir los impulsos criminales ni adormecer el dolor de las víctimas, sino motivar la participación activa de todos los ciudadanos en la transformación de las estructuras sociales, económicas, políticas y morales que instigan la violencia en México. Así pues, la efectividad del amor para reducir la violencia no depende de enviar flores a los criminales. Depende de que nos «rehumanizemos», de que recobremos el sentido de indignación frente al sufrimiento del otro. Depende de que construyamos una sociedad donde todas las vidas importen y de que tratemos con dignidad a las víctimas de la violencia y la exclusión social. Depende de que queramos entender qué ha tenido que suceder para que otros mexicanos hayan decidido dedicarse al negocio del terror y la muerte. Depende de que reconozcamos que nuestro bienestar individual está interconectado con el bienestar de otros. Si lo conseguimos, no es difícil imaginar que procuradores, ministerios públicos, policías y jueces brinden justicia efectiva y expedita a las víctimas sin necesidad de leyes más duras.

La propuesta del MPJD es impopular porque requiere mucho esfuerzo. ¿Quién quiere sentir como suyo el sufrimiento ajeno y tomar responsabilidad sobre la crueldad que hemos permitido como sociedad, para después comprometerse a una transformación personal y colectiva profunda? Pareciera que con esta propuesta se nos quiere imponer la construcción de una sociedad de héroes, y negarnos el derecho a ser personas ordinarias.

Todo este esfuerzo se puede evitar si creemos en la fantasía de que existe un arreglo institucional que nos permita ser individualistas, indiferentes y narcisistas, al tiempo que disfrutamos de paz y seguridad. Pero, como nos ha advertido Thomas Hobbes, el costo de esta fantasía implica ceder libertades al Leviatán y aceptar la posibilidad del autoritarismo. Esto es, por ejemplo, lo que diputados y senadores han propuesto en las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y la ley para reglamentar el Estado de excepción, las cuales están por aprobarse este año. Los políticos se han quedado sin imaginación, a pesar del fracaso de la estrategia militar, insisten en que la paz solo se puede alcanzar otorgando más facultades al ejército. Prometen que con un sistema punitivo sólido, usted no tendrá que preocuparse de las causas de la violencia, de los sentimientos morales, ni del dolor de las víctimas.

Es cierto que, como argumenta Hobbes en su célebre Leviatán, el terror es una emoción poderosa y persuasiva para controlar a los ciudadanos e imponer el imperio de la ley. Pero liberales desde Rousseau hasta Martha Nussbaum o William E. Connolly han explorado los sentimientos morales y en particular el amor como herramienta para construir paz y una comunidad de personas libres. Esta puede parecer una especulación teórica pero todos los integrantes del MPJD nos han mostrado que es una alternativa viable. Ellos y ellas que han sufrido en carne propia la violencia de los criminales, la criminalización de las autoridades, la indiferencia de la sociedad, y el dolor de la soledad, creen que la solución es amar. Hemos perdido 10 años diciendo que no podíamos desperdiciar recursos en estrategias de largo plazo y que había que privilegiar estrategias inmediatistas. Ya es tiempo de trabajar otras alternativas.

LUIS GABRIEL ROJAS es doctor por el Departamento de Gobierno de la University of Essex, Inglaterra. Es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con experiencia en análisis de políticas públicas y como asesor parlamentario. Sígalo en Twitter en @Gabel_castro.

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