Después de muchos años sin que Estados Uidos designara un embajador en Buenos Aires, en 1993, Bill Clinton envio a James Cheek, quien en su primera declaración a los medios argentinos manifestó que además de ser apasionado del futbol e hincha de San Lorenzo, su misión era que Argentina desarrollara dos nuevas aéreas de negocios: la de ensayos clínicos de medicamentos para la Big Pharma y la de cultivos transgénicas de Monsanto. En 1996 el Secretario de Agricultura de Menem, Felipe Solá, autorizó la introducción de semillas de soja transgénicas resistentes a glifosato de Monsanto y en estos 24 años se consolidó un modelo de agronegocio que extendió el monocultivo, concentró la producción en menos manos, extendió el desmonte, intrusó territorio de pueblos originarios y campesinos a los que expulsó y elevó el consumo nacional de agrotóxicos a nivel de récord mundial.

La cantidad de litros de agrotóxicos que se aplican en todo el país ha aumentando sin cesar a pesar de que Monsanto aseguraba que su consumo se reducía con sus semillas. Según las Cámaras de empresas de agrotóxicos, en 1990 se aplicaron 38 millones de litros en todo el país que en 2018 eran más de 500 millones de litros. Si bien aumentó la superficie cultivada en poco más de 50% (de 20 millones de hectareas a 32 millones), el aumento del consumo de agrotóxicos es mayor al 1000%, y esto ocurrió porque este modelo de producción es dependiente de químicos, porque tanto las malezas como los insectos se adaptan o acostumbran a los agrotóxicos con que los atacan y al cabo de pocos años ya no sufren daño ante su fumigación. En esa situación la respuesta del agronegocio es aumentar la dosis del agrotóxico y/o mezclarlo con otras moléculas similares, como se observa en el actual control de malezas que en 1996 utilizaba 3 litros de glifosato por hectarea por año y ahora están fumigando con 12 litros en esas mismas hectáreas, pero mezclado con 2 litros de 2.4D por año, dicamba y otros herbicidas. Este aumento continuo del consumo de agrotóxicos beneficia indudablemente a las empresas multinacionales de agrotóxicos que cada año facturan más (arriba de los 3.000 millones de dolares) y se convirtieron en actores esenciales de este modelo.

El problema es que esta enorme cantidad de agrotóxicos se acumula en nuestro ambiente, moléculas que persisten activas por mucho tiempo. El glifosato dura más de 60 días activo y son tan intensas sus fumigaciones que los médicos de pueblos fumigados lo midieron en alta concentración en el agua de lluvia de cinco pueblos cordobeses (porque estaba en el aire que se respira), se detecta también en todos los ríos de la zona centro y norte del país e incluso el INTA lo recoge del agua subterránea y de la red domiciliaria bonaerense, y esta contaminación crece año a año.

Exposición a agrotóxicos

La contaminación del ambiente pone en contacto directo a la población de esos lugares con los agrotóxicos, es decir que las personas están ahora expuestas a estas sustancias y en riesgo de que afecten su salud. A nivel nacional la carga de exposición a agrotóxicos es de 11,9 litros por persona y por año, pero es mucho mayor para aquellos que viven en las zonas agrícolas. En la zona sojera la exposición de los habitantes de pueblos como Monte Maíz es de 121 litros por persona para todos los agrotóxicos y de 80 litros para el glifosato.

El riesgo de estas poblaciones de sufrir cánceres, malformaciones congénitas, muerte al nacer, abortos espontáneos, hipertensión del embarazo, hipotiroidismo, asma, trastornos del espectro autista y bajo rendimiento escolar en niños, enfermedades neurológicas degenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y depresión, es varias veces mayor que en la población en general y se verifica en los estudios realizados por la ciencia digna. Los médicos de los pueblos fumigados vemos a diario cómo nuestras poblaciones se afectan por esta exposición, cómo miles de escuelas rurales son fumigadas con los niños y maestras adentro y reconocemos que son agrotóxicos y no fitosanitarios y debería hacerse todos los esfuerzos para disminuir su contacto con las personas.

Además de esta exposición ambiental-residencial, los agrotóxicos utilizados en múltiples cultivos contaminan los alimentos (frutas, verduras, legumbres, pan, azúcar, vinos, cervezas, lácteos, etc.), como se verifica en estudios del propio SENASA, generando un riesgo de daño a la salud inaceptable desde el punto de vista médico.

Mentir y contaminar con Buenas Prácticas Agrícolas

La única respuesta del agronegocio y el gobierno nacional ha sido proponer un programa de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que solo busca mejorar la percepción de la población sobre las masivas fumigaciones mientras legitima fumigar escuelas y pequeñas ciudades sin ninguna protección y no considera disminuir las cargas de utilización de agrovenenos. Las BPA son de imposible aplicación cuando los volúmenes de utilización son tan elevados como los que se aplican en Argentina por lo que en realidad son un enunciado mentiroso.

Es responsabilidad del Estado y sus instituciones tomar el problema con la gravedad que tiene y solucionarlo desde las políticas públicas. El consumo continuo y elevado de agrotóxicos es un problema que debe ser considerado como prioritario en la agenda del Estado y la sociedad. Aplicar 500 millones de litros por año en nuestro territorio tiene consecuencias ambientales y sanitarias ineludibles que solo pueden ignorarse o invisibilizarse por el intenso lobby de las empresas agrotóxicas multinacionales sobre los medios de comunicación y la política.

Cultivos sin agrotóxicos

Es posible cultivar sin venenos y la demanda de productos libres de pesticidas crece en todo el mundo y en nuestro país y su valor tiene un costo mayor del 10% generalmente. Por ejemplo, EE.UU. es el mayor importador de maíz y soja orgánica porque su producción es muy inferior a su demanda de granos y oleaginosas libres de venenos químicos, demanda que todos los años queda sin satifacer por falta mundial de oferta. Argentina es el segundo productor orgánico del mundo después de Australia. Por lo menos 10% de la superficie cultivada en el país es de cultivos sin agrotóxicos, porque hay decenas de miles de hectáreas sin certificar en manos de productores familiares con experiencias agroecológicas. Es posible cultivar sin agrotóxicos y avanzar en una Transición Agroecológica con beneficio para la salud colectiva, para el ambiente, para los consumidores y mantener o incluso aumentar los beneficios económicos y sociales. La Red Nacional de Municipios Agroecologicos (RENAMA) hoy tiene más de 85.000 hectáreas cultivadas sin una gota de agrotóxicos en las zonas de resguardo periurbano de 14 pueblos bonaerenses y entrerrianos con muy buenos rendimientos y incluso la FAO de las Naciones Unidas promueve la agroecología e insta a abandonar los cultivos industriales con agrotóxicos.

Y no es un problema técnico ni agronómico que no se pueda producir sin agrotóxicos, es un problema político porque el modelo agrícola extractivista actual está sustentado en la alianza de la burguesía agroindustrial argentina (expresada en la Mesa de Enlace) con las multinacionales de los agrotóxicos y de la exportación de granos con la cual se asocian en forma más o menos traumática los gobiernos de turno, tratando de atrapar con las retenciones parte de la renta agrícola a cambio de ignorar las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

Política de reducción de uso

La contaminación con agrotóxicos es un problema mundial y muchos Estados la asumen como una amenaza. Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, lanzó en 2008 su Plan ECOPHYTO destinado a disminuir el uso y la contaminación con phytofarmacéuticos (agrotóxicos), plan que se viene consolidando y su meta actual es disminuir en un 50% el volumen de agrotóxicos que consume en país para 2025 y desde 2021 prohibir totalmente el cancerígeno glifosato. Bélgica y Países Bajos tienen programas similares y más avanzados aún, incluso Dinamarca está cerca de declarar a toda su agricultura como orgánica (libre de agrotóxicos). Francia consume 60 millones de litros anuales de agrotóxicos mientras que Argentina aplica en su territorio más de 500 millones. Somos el país con mayor consumo de agrotóxicos por habitante del mundo, un triste récord que se renueva superando sus marcas cada año.

Desde comienzo de la década del 2000 un nuevo movimiento social surgió en el interior del interior argentino, cientos de grupos de vecinos dañados en su salud colectiva por los agrotóxicos en cientos de pueblos reclaman por sus derechos vulnerados con una consigna que los unifica: Paren de fumigar. Reclaman a productores agrícolas también sumamente afectados por los agrotóxicos, pero enceguecidos por las enormes y rápidas ganancias que los cultivos tóxicos les generan. Estos movimientos lograron que se dicten más de 400 ordenanzas municipales que impiden fumigar cerca de las localidades y otras medidas de protección, ganaron decenas de amparos judiciales con los mismos resultados, enjuiciaron penalmente a sojeros y a aviadores e incluso impidieron que Monsanto instale una gigantesca fábrica en la cercanías de Córdoba, lucha que significó que desde entonces ninguna multinacional de agrovenenos puede instalar una nueva fabrica en ningún lugar del país. Allí donde los gobiernos son más cercanos, donde los intendentes y concejales son conocidos y se los cruza en la calle, allí se logra ponerle un límite, insuficiente, pero el límite que se puede conseguir localmente al uso indiscriminado de agrotóxicos y disminuir en alguna medida la exposición de la población a los mismos.

La Asociación Brasileña de Salud Colectiva y la Sociedad de Pediatría Brasileña están proponiendo una ley para una Política Nacional de Reducción de Uso de Agrotóxicos en ese país. Inspirados en los brasileños y con el ejemplo de los europeos se generó una propuesta de política de reducción de uso de agrotóxicos hasta su eliminación total (http://reduas.com.ar/plan-nacional-de-reduccion-de-uso-de-agrotoxicos/). Organizaciones médicas como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA), la Federación Argentina de Medicina Familiar, de los maestros de las escuelas fumigadas como la Red Federal de Docentes por la Vida y de los agrónomos que realizan agroecología intensiva como la RENAMA, juntos con muchas organizaciones de fumigados, de la soberanía alimentaria, campesinas y ecologistas realizaron esta propuesta al nuevo gobierno que tiene como punto medular que el Estado reconozca que la contaminación nacional creciente con agrotóxicos es un problema y la necesidad de enfrentarlo para detenerlo.

Esta propuesta instrumental de política de Reducción del Uso de Agrotóxicos cuenta con dos herramientas principales: un Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos que promoverá y estimulará la adhesión de los productores a bajar radicalmente la utilización de agrotóxicos a través de estímulos impositivos y crediticios, principalmente descenso de retenciones a quien adhiera y aumento a los que persisten en una agricultura tóxica. Y un Programa Nacional de Estímulo a la Agroecología, para que a medida que vaya disminuyendo la utilización de agrotóxicos se mantengan los rindes con prácticas agroecológicas en un proceso de transición, que incluya ganadería. Este programa estará sostenido por el INTA y las Facultades de Agronomía de las Universidades Nacionales que dejarán de ser promotoras casi exclusivas de la agricultura tóxica.

Estos dos programas serian complementarios y simultáneos y buscarán la adhesión voluntaria de los agricultores, pero estarán complementados por una Normativa Nacional de Restricción de Uso de Agrotóxicos cerca de zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, etc., obligatoria para todos. Además, esta politica contaría con metas de cumplimiento periódico como la francesa, no sería solo una declaración de buenas intenciones.

Los promotores de esta propuesta buscaron lograr una reunión con AF o sus asesores desde el mes de septiembre en forma infructuosa. El candidato a Presidente sí recibió a la Mesa de Enlace sojera, que reclamó que bajaran las retenciones para aumentar su renta. Proponen un plan para cambiar el modelo de agricultura sin que el país pierda plata, pero rompiendo la alianza que sostiene un modelo de concentración de tierras, de riquezas, de contaminación y perjuicio sanitario. Este plan no solo es una propuesta, es una necesidad para sostener los derechos a la vida y al ambiente sano de los argentinos.

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