La reunión de la subcomision para un pacto de Estado sobre Violencia de Genero. Foto: Jaime Villanueva. Vídeo: ATLAS

En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han sido asesinados. Los maltratadores han dejado también 16 huérfanos de menos de 18 años. Los datos son peores que hace un año y clamaban por un acuerdo político que implique a todas las administraciones públicas y a la sociedad. Los grupos políticos han dejado de un lado sus diferencias para consensuar el primer gran acuerdo político de la legislatura: 200 medidas que estarán dotadas con 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. El pacto alcanzado después de seis meses de trabajo y 66 comparecencias de expertos, contempla medidas para prevenir la violencia machista desde el colegio, ampliar la protección y cambiar los criterios de acreditación de las víctimas para incluir a aquellas que aún no han interpuesto denuncia y garantizar su seguridad y la de sus hijos. Otorga también una prestación durante seis meses para que puedan comenzar su nueva vida.

El artículo primero del pacto es uno de los temas que más ha costado cerrar, porque en él se recogen cuestiones conceptuales que condicionan el pacto, como la definición de la violencia de género, que grupos como Podemos han intentado extender sin éxito más allá del ambito de las parejas o exparejas y a todo tipo de violencias contra las mujeres. De acuerdo al conocido como Convenio de Estambul y que España ratificó en 2014, se considerará violencia contra la mujer la que implique daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. El pacto recoge también medidas proteger a las víctimas de trata y de matrimonios forzados.

Una de las medidas más demandadas que introduce el pacto es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos contribuyan a detectar a posibles víctimas cuando se produzcan los primeros abusos, como se hace ya en la Comunidad Valenciana.

Los grupos acuerdan también modificar la ley de régimen local para que los Ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género. Se crean además unidades de apoyo local interdisciplinares para acompañar, ayudar y proteger a las víctimas de manera permanente.

Desde el punto de vista penal, se plantea también suprimir la atenuante de confesión en delitos de violencia de género. Se perfeccionará además la tipificación de los delitos en el ámbito digital, de forma que, entre otras, las injurias y calumnias no se consideren solo delito leve.

Malestar con el PP en el último tramo del pacto Algunos partidos manifestaron su malestar antes de comenzar ayer la reunión de la subcomisión del Congreso. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dio por cerrado el pacto, pese a que quedaban temas pendientes para este lunes. El jueves se filtró, además, la oferta del PP de financiar el pacto con 1.000 millones de euros y algunas de las medidas acordadas. Todos los grupos han mantenido el silencio durante los trabajos para no dañar la negociación. La responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes, acusó al Gobierno de "utilizar de manera partidista" el pacto cuando aún quedaban "unos cuantos flecos por cerrar". La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, también instó al PP a no hacer "un uso espúreo e interesado" del acuerdo, según declaraciones recogidas por Efe, y la diputada de Compromís Marta Sorlí criticó las "declaraciones y filtraciones totalmente inadecuadas". "Cuando alguien lee o escucha o ve parte de los contenidos, da por hecho que el pacto está cerrado", argumentó Javier Maroto, diputado del PP.

Prevenir y atajar la violencia contra la mujer a través de la educación es otra de las prioridades del pacto. Con este objetivo, se reforzará y ampliará en todos los niveles educativos el fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con niños y varones adolescentes y se dará formación al profesorado.

Otro de los puntos que más debate ha generado en las sesiones de la subcomisión, no por falta de acuerdo, sino por la dificultad de abordarlo, es el derecho de dispensa de la obligación de declarar en un juicio de la víctima de violencia. El texto acuerda "evitar los espacios de impunidad" que se derivan de la legislación actual, pero falta detallar cómo. Lo que buscan los partidos es evitar el sobreseimiento de las causas cuando la víctima decide no declarar, en la mayoría de los casos por miedo a su maltratador, y garantizar, sin contravenir el derecho, la seguridad de las mujeres.

Los hijos de menores de víctimas de violencia contarán con apoyo psicólogo y pedagógico. Los huérfanos tendrán derecho a pensiones inmediatas y quien tenga su guardia y custodia tendrá prioridad para acceder a viviendas de protección.

El documento que han acordado los grupos políticos será sometido a debate y votación en la Igualdad del Congreso este viernes 28 de julio. Los grupos, algunos de los cuales creen que los acuerdos alcanzados no son suficientes, podrán presentar votos particulares con las medidas que no han logrado consenso y que ya no entrarán en el texto. A partir del lunes, el Gobierno tiene dos meses para sentarse para consensuar con las administraciones públicas, especialmente las autonómicas y locales, que deberán poner en marcha muchas de las iniciativas acordadas. El Ejecutivo contará también con cuatro meses para iniciar la tramitación de las medidas legislativas acordadas aunque hay disposiciones que ya puede poner en marcha.

Los grupos han acordado también crear una comisión en el Congreso para hacer un seguimiento del cumplimiento del pacto.