En capítulos que la autora llama con humor “bandos”, aborda temas que van desde la historia militar y sus relaciones con la historia general del país hasta la “(in) justicia” militar, pasando por la educación de oficiales y clases, su régimen privilegiado de medicina y previsión y una mirada totalizadora hacia el futuro.

Punto muy importante es la visión que los militares tienen de sí mismos, que se materializa en un relato seudo histórico que poco tiene que ver con lo que han vivido los habitantes del país, incluso como consecuencia de acciones de los militares. El relato mítico no ha sido obra exclusiva de ellos.

Los más importantes historiadores de derecha han sostenido (y sostienen) que el ejército (primera institución armada de la República), que viene de los tiempos de la Colonia, está, por su origen, por sobre la Constitución y las leyes y es garante de valores inmarcesibles.

Carácter que impone a los militares un sello particularmente autoritario que ilustra una cita del sociólogo Jorge Larraín, que les imputa la atribución de “un rol central integrador, civilizador y de construcción nacional” como “depositarios de los valores permanentes de la nación” que deben cautelar, y que sin embargo, no tiene mayor sustento.

Se oculta, así, la realidad de un ejército oligárquico que participó en cuatro o cinco revoluciones en el siglo XIX que culminan en la guerra civil de 1891, en que el ejército apoyó a Balmaceda y al ser derrotado, fue prácticamente disuelto. Sin olvidar las masacres de obreros, trabajadores y campesinos hasta cerca de los años 30 del siglo pasado. También se ignora el golpe militar y la dictadura subsecuente.

Aislamiento del mundo civil

La especial condición de las fuerzas armadas permanentemente preparadas y alertas para un posible conflicto, exige de cada uno de sus integrantes condiciones síquicas y físicas que les permitan cumplir bien su misión.

Agrega:

“Esta especial condición ha convertido (a las poblaciones en que viven los uniformados) en verdaderos guetos militares al interior de la sociedad, en donde los uniformados y sus familias habitan con casi nula interacción y conocimiento del mundo civil. En este mundo se reconocen como iguales, con sus insignias y condecoraciones, diferenciándose de quienes no las llevan en la solapa del uniforme. Encerradas en sí mismas, las fuerzas armadas reafirman sus creencias y sus doctrinas, muy influidas aún por la oligarquía y la contrainsurgencia y celebrando sus simbólicas liturgias cargadas de honor y gloria”.

Con referencias a historiadores y cientistas sociales que reescriben la historia oficial, como Gabriel Salazar, Jorge Magasich, Sergio Grez y otros, Catalina Gaete cuestiona el relato histórico tradicional. Reproduce la opinión de Sergio Grez:

“Las fuerzas armadas son fuerzas armadas de clase, desde la formación en sus escuelas matrices que son escuelas separadas entre suboficiales y oficiales (…) Nunca hemos tenido fuerzas armadas de raigambre popular. No es que en algún momento de la historia las fuerzas armadas hayan cambiado de carácter, sino que siempre fueron así”, lo que le permite decir a la autora que “el matrimonio de las fuerzas armadas con las clases dominantes es innegable”.

Las fuerzas armadas están financiadas para sus adquisiciones de armamento por el diez por ciento de los ingresos provenientes de las ventas de Codelco. Tienen un equipamiento y una preparación que las coloca entre las primeras de América Latina. Si se consideran los gastos previsionales, están, a juicio de especialistas, inmediatamente a continuación de Brasil y Venezuela.

Educación clasista

En la educación que reciben los militares chilenos en las escuelas formativas impera la segregación. En primer lugar por el nivel económico.

En las escuelas matrices, los trámites de ingreso son engorrosos y discriminatorios. Cuestan además no menos de doscientos cincuenta mil pesos y se demoran más o menos un año. Esto también vale para la Escuela de Carabineros. Los que son aceptados deben pagar por su educación sumas equivalentes a las más altas de las universidades chilenas. Cada carrera, que dura cuatro años, cuesta no menos de diez millones de pesos. Además, hay otros gastos que abruman a las familias de clase media.

Los aspirantes a suboficiales de las tres ramas de las fuerzas armadas solo deben pagar ocho mil pesos por la postulación. En el proceso gastan 250 mil pesos en exámenes médicos y dentales. Por último, doce UF a título de cuota de incorporación. En total, son como 500 mil pesos lo que pagan los estudiantes de las escuelas de suboficiales. Instrucción, alimentos, alojamiento y salud durante los dos años que dura la carrera son gratuitos. No hay aranceles ni matrícula anual, ni deben abrir una cuenta corriente para descontar sus gastos personales.

Esta consideración que podría estimarse positiva, en el contexto discriminador tiene otro sentido. Lo destaca Catalina Gaete en estos términos:

“Quienes puedan pagar accederán a una licencia académica que corresponde a un grado universitario, mientras quienes no sean capaces de costear los millonarios aranceles, tendrán que optar a un grado técnico de nivel superior que, en términos generales, tienen menor valoración en el mercado, menor rentabilidad y expectativas de rentas más bajas. Así se perpetúa la segregación”.

Y más adelante:

“…la educación permanente de las tropas profesionales, cuadro permanente y gente de mar se otorga con la condición de hacer perpetua su condición de subalternos, pues obligados a optar por la gratuidad, han renunciado a toda posibilidad de ascender a los escalafones más altos (…) Adoctrinando gratuitamente a los pobres, las fuerzas armadas los convierten en eternos vasallos, para conformar, cual levas forzosas, esa masa servil a las órdenes de un aristócrata. Convertir a los pobres en cuadros siempre subordinados limita las posibilidades de insurrección. Los pobres nunca podrán ser generales y nuestras políticas de defensa lo aseguraron al valerse de un sistema económico que adolece de profundas desigualdades” (pags. 104, 105 y 106).

En las escuelas matrices se forma la mentalidad militar. En ellas el mundo mítico de los uniformes, condecoraciones y ceremonias se engarza con las tradiciones, banderas, insignias y denominaciones.

Como escribe Catalina Gaete refiriéndose a los cuarteles, academias y escuelas matrices:

“En éstos, los edificios construidos para la formación y la educación, las fuerzas armadas se han esmerado en volcar caudales simbólicos, traducidos en denominaciones, retratos y monumentos. Pero estas condecoraciones de los militares se hacen al margen, y muchas veces a espaldas, de la sociedad chilena. Ellos rinden honores a sus héroes, sin importar si lo son también de la patria toda”.

Es lo que ha ocurrido con el almirante José Toribio Merino que tiene una estatua y un barco con su nombre o con Pinochet, cuyo nombre se destaca en la principal biblioteca del ejército, y con Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, cuyo retrato se exhibe junto al de los otros oficiales que dirigieron la Academia de Guerra.

Previsión excepcional

Sin duda, el lado más privilegiado de la normativa que ampara a las fuerzas armadas (y Carabineros) es la previsión. Categóricamente, los uniformados, aprovechando la dictadura, se negaron a ingresar al sistema de las AFP. Y mantuvieron el sistema solidario de reparto.

Los requisitos para jubilar son mucho más favorables. Se exigen 38 años de servicios que, al contabilizarse hasta los años de estudios, hacen que la jubilación se consiga con poco más de 50 años.

En cambio, los afiliados a AFP jubilan con 65 años los hombres y 60 las mujeres. En la actualidad, el monto promedio de las pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional es de 680 mil pesos, muy por encima del promedio de pensiones del sistema de AFPs, y sin considerar que en ese último sistema un número muy apreciable de pensionados quedan por debajo del mínimo, que debe ser cubierto con aporte estatal.

Las características del sistema previsional de las fuerzas armadas, que cubre un número relativamente pequeño de cotizantes que deben en teoría financiar a un número muchas veces superior de jubilados y pensionadas, constituye un problema de envergadura para el Fisco. En la ley de presupuestos para 2013, el aporte fiscal a Capredena fue de más de 810 mil millones de pesos, suma equivalente a más o menos mil seiscientos cincuenta millones de dólares.

Hay todavía situaciones más privilegiadas, como las de las hijas solteras de altos oficiales, cuyos beneficios fueron reducidos fuertemente a fines del gobierno de Sebastián Piñera. Durante muchos años las hijas solteras de altos oficiales, cualquiera fuera su edad, tenían derecho a pensiones concordantes con la pensión del causante, lo que dio motivo a una constante burla de la ley.

Se simulaba soltería para mantener la pensión que en los hechos pasaba a ser vitalicia. Para cubrir las apariencias sociales se contraían matrimonios en el extranjero que no inscribían en Chile o, lisa y llanamente, se establecían sistemas de convivencia para no ser descubiertas. Esa situación ahora cambió hacia el futuro, con límite de edad a los 24 años, pero no afectó a las montepiadas de antes de la reforma, que suman varios miles.

Bienestar a todo evento

Los servicios de bienestar de militares y carabineros gestionan todo tipo de beneficios, de calidad y bajo costo. La atención médica y dental funcionan en forma separada. Becas de estudio, asistencia legal, mediación familiar, servicios recreativos, servicios financieros y hasta soluciones habitacionales se mantienen en el ámbito del Servicio de Bienestar.

De dicho servicio dependen la administración de casas y departamentos fiscales a disposición de la oficialidad y cuadro permanente, en las villas militares a través del país. El personal con beneficio habitacional debe pagar mensualmente el 5,5% del sueldo base.

Eso que parece razonable no lo es, porque el sueldo base es alrededor de la cuarta parte del total de ingresos que se perciben. Según la escala de remuneraciones, entregada por la Oficina de Transparencia del Estado Mayor Conjunto, el sueldo más alto de la oficialidad es de 680 mil 668 pesos, al que se suman bonificaciones, asignaciones por grado, alto mando, movilización, rancho, salud y sobresueldos, con lo que se enteran 3 millones 804 mil pesos.

De esta forma, la vivienda fiscal de un almirante o general de cualquiera de las tres ramas le significa un gasto de apenas 37 mil 436 pesos. Mientras, cabos y marineros, con un sueldo base de 151 mil 387 pesos, pagan 8 mil 326 pesos por el arriendo de la vivienda fiscal que ocupan.

Justicia ad hoc

La justicia militar es otra garantía para los uniformados. Especialmente para la oficialidad. En la práctica, esa justicia funciona para proteger a los militares que cometen delitos contra civiles o que son víctimas de delitos cometidos por civiles (que reciben penas agravadas).

La justicia militar funciona de acuerdo a la jefatura castrense de cuya autoridad dependen auditores, fiscales y simples abogados, que son funcionarios militares. En la Corte Marcial, cuya jurisdicción cubre al ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros y también en la Corte Marcial de la Armada, hay mayoría de militares o en caso de empate, resuelve el alto oficial que actúa como juez militar.

Cuando la Corte Suprema se aboca a una causa de la justicia militar la integra también el Auditor General de la respectiva rama. Los juicios militares no son públicos. Ni los tribunales militares son independientes o imparciales.

Durante la dictadura, la justicia militar aseguró impunidad a los servicios de seguridad. Después ha seguido protegiéndolos. Según el abogado Nelson Caucoto, “de 200 procesos que tuvo la justicia militar por desaparecidos y ejecutados, nunca resolvió un caso. Nunca dictó un procesamiento y la única condena que dictó alguna vez en una causa de desaparecidos, fue para dictar sentencia absolutoria para (Osvaldo) Romo Mena”.

Ahora y el futuro

“Lejos están los días cuando un grupo de oficiales jóvenes irrumpieron en el Congreso haciendo sonar sus sables, protestando por la postergación de la legislación social(1). Hoy los militares no se preocupan por esos asuntos. Por la educación de los niños y los jóvenes, por las listas de espera para el Auge, por la entrega de subsidios.

No los angustia la discusión del salario mínimo. Ni los proyectos que intentan reformar el sistema previsional; no los inquieta la injusticia social ni la concentración de la riqueza, porque ellos no conocen las desigualdades”, escribe Catalina Gaete.

Y concluye así su notable trabajo:

“El desafío democrático que en los últimos años ha expresado sus complejidades y urgencias, debe hacerse extensivo a los uniformados, integrándolos a la comunidad civil, a sus sueños y anhelos. Pero intervenir a las fuerzas armadas en sus estructuras y su cultura no puede hacerse sin el relato histórico de la nación.

La dictadura debe ser un antecedente que nos obligue a prevenir que un compatriota vuelva a transformarse en enemigo. Pues, como los militares seguirán teniendo las armas, del poder democrático dependerá que nunca vuelvan a ponerse en contra nuestra”.

Surge la pregunta: ¿Serán suficientes esas buenas intenciones?

(1) Referencia al llamado “ruido de sables” de la oficialidad joven que impuso la aprobación en pocos días de la legislación laboral.

Fuente: Clarín visto en RedDigital