La Justicia y la AFIP pusieron al descubierto una organización que se dedicaba a vender favores fiscales a unas 5000 empresas y gremios a cambio de un porcentaje del dinero que supuestamente se ahorraba el contribuyente.

Entre los investigados se cuentan un ex funcionario de la AFIP que aparece en el video de La Rosadita donde uno de los hijos de Lázaro Báez está contando millones de dólares en la financiera que usaban para lavar dinero.

Este ex funcionario era el jefe de la organización y se encuentra prófugo.

Además, la Justicia allanó a los clientes que supuestamente usaron los servicios de esta banda, entre los que se hallan el gremio de los camioneros, que dirige Hugo Moyano.

La causa fue motorizada por la AFIP a partir de una investigación que comenzó en 2014 en Salta, donde un ex rugbier le ofreció a un empresario disminuir sus deudas fiscales. Tras un período en que el caso quedó paralizado con la anterior gestión, con el cambio de gobierno se reactivó y llegó al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Con los datos de la AFIP más los que reunió el juzgado se realizaron ayer 200 operativos con auxilio de la Gendarmería Nacional.

Fuentes de la AFIP dijeron a LA NACION que se hicieron intervenciones telefónicas que probaron que la banda ofertaba diversos servicios a los contribuyentes.

Ofrecían tres líneas de negocios:

Les proponían hacer desaparecer deudas fiscales previsionales o impositivas, lo que en la práctica es imposible. "Una deuda no se puede borrar del sistema", dijeron en la AFIP.

Ofrecían facturas electrónicas apócrifas para simular gastos.

Ofrecían DJAI, declaraciones juradas anticipadas de importación, un mecanismo que se usó durante el kirchnerismo para permitir que las empresas importaran. Era la secretaría de Guillermo Moreno la que autorizaba legalmente las declaraciones. Y se sospecha de la connivencia de ex funcionarios para entregarlas ilegalmente.

La banda cobraba por ejemplo un 30 por ciento del monto de la deuda que supuestamente hacía desaparecer o un 6 por ciento del valor de los contenedores que pretendían ingresar. En todos los casos los montos eran millonarios.

Entre los usuarios de estas facturas hay algunos sindicatos, pero los clientes de la banda son más de 5000, dijeron fuentes de la AFIP a LA NACION.

El operativo en la sede de Camioneros incluyó decenas de gendarmes y personal del organismo impositivo, y estaba vinculado con la investigación por asociación ilícita y evasión fiscal.