Uno de los momentos de mayor esperanza del primer mandato de Juan Manuel Santos fue la firma de La Ley de restitución de tierras y reparación de victimas (Ley 1478 de 2011) con Banki Moon, el Secretario General de las Naciones Unidas en marzo del 2011. Esta firma, con bombos y platillos en el Patio de armas del Palacio de Nariño inauguraba una nueva era del conflicto colombiano: las víctimas tendrían la palabra.

Sus reclamaciones serían no solo tenidas en cuenta sino que le Estado se comprometía a construir las herramientas institucionales para responder. Se creó entonces la Unidad de Victimas, desde entonces en cabeza de Paula Gaviria, y posteriormente la Unidad de Tierras dirigida desde sus comienzos por Ricardo Sabogal, encargado de afrontar la implementación

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La Unidad de tierras ha logrado retornar 100 mil hectáreas de las más cuatro millones que se comprometió a regresarle antes de 2021 a sus verdaderos dueños. Campesinos que fueron desplazados por el rigor del conflicto y el fuego cruzado de todos los actores en guerra. Otras cifras presentadas por la fundación Forjando Futuros indican que de las 360.000 solicitudes de restitución esperadas, sólo se han presentado 73.12 de las cuales sólo un 2% han sido resueltas por los jueces. El atasco, ha estado en la coordinación institucional dado que el 84% de las solicitudes están represadas por “microfocalización”, un trámite relacionado con la seguridad que debe garantizar la fuerza pública en las zonas donde se va a restituir el predio despojado.

El procedimiento de restitución es engorroso y ha resultado conflictivo a la hora de su implementación por cuenta de las limitaciones institucionales y por tanto los resultados no han sido lo esperados. Pero no es esta radiografía la que hizo prender las alarmas.

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Fue la voz de una campesina del Cauca quien a través de una tutela llamó la atención de la Corte Constitucional sobre la realidad de la implementación de la Ley.

A sus setenta años María Clementina Jacanamijoy Juajivioy, desesperada con las demoras alzó su voz a través de una tutela que llegó a la Corte Constitucional. Nunca se dio por vencida y apeló a su condición étnica y a su edad, argumentando que no podía esperar hasta el 2021, el plazo límite que tiene la Unidad de tierras para responderlo. Para entonces estaría muerte.

Desde 2013 Doña María Clementina había iniciado el trámite de restitución siguiendo juiciosamente todo el recorrido planteado por la ley. Su parcela estaba en la vereda de San Joaquín en el Municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo y tuvo que dejarla acosada por las balas cruzadas de paramilitares y guerrilleros.

Su solicitud se hundió por el tema de la micro focalización, el requisito de la Unidad de Tierras para activar el proceso de la restitución que consiste en garantizar que la zona sea segura y proteger así la vida de los reclamantes. Este obstáculo, totalmente ajeno a las urgencias de doña María Clementina, fue tumbado de un plumazo por la Corte Constitucional.

Su caso fue una oportunidad para que la Corte valorara en conjunto todo el proceso de restitución de tierras que involucra al gobierno nacional; a la fuerza pública; a los jueces especiales de restitución y a las entidades de orden territorial. La radiografía de la Corte, con el apoyo de organizaciones como Forjando Futuros; la Universidad de Rosario; el observatorio de restitución de tierras de la Universidad de los Andes; la Universidad Javeriana, la ONG de Justicia y la Comisión Colombiana de Juristas, no arrojó los mejores resultados y permitió identificar las trabas pero también las eventuales desidias burocráticas.

Dispuestos a solucionar la afujía de doña María Clementina y muchos más reclamantes; desesperanzados en los campos de Colombia, tres magistradas, María Victoria Calle, Myriam Ávila y Martha Sáchica, le pusieron un ultimátum a Ricardo Sabogal, el director de Unidad de Tierras por su responsabilidad técnica y al Presidente Santos por su competencia política. En seis meses el gobierno deberá presentar un plan estratégico que asegure la efectiva implementación de la Ley de en todos los territorios donde haya reclamantes y no solo donde se den “garantías de seguridad” según sus esquemas de microfocalización.

Sin embargo la Corte reconoció algunos avances de parte del gobierno y la Unidad de Restitución de Tierras. La ´´Estrategia 20-15´´, puesta en marcha desde el pasado mes de abril, tiene buenas intenciones pero es corta en su alcance. Aunque el presidente Santos dijo que con dicha estrategia se realizará un barrido a 400 municipios priorizando casos en la costa norte y el centro del país, esta no cumple con los estándares requeridos por la Corte ya que solo apunta a determinadas zonas del país y no al 100% de reclamantes y de zonas con la problemática del despojo.

Además del llamado de atención y del ultimátum, la Corte falló a favor de María Clementina Jacanamijoy y revocó los fallos de primera y segunda instancia que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, habían decidido fallar en su contra por tratarse de un caso particular que llamaba a acciones conjuntas del Estado para ser resuelto.

Así las cosas, una humilde mujer del Cauca a sus setenta años logró, con el respaldo de la Corte Constitucional sacudir los cimientos institucionales de una herramienta creada para responder a solicitudes de reclamación de tierras de manera eficaz y rápida y no al rimo de la burocracia central que olvida, con frecuencia la dramática realidad de quienes batallan por recuperar sus tierras, su historia, sus raíces y su cultura en las regiones apartadas de Colombia.