La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, y su marido, el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, suman ya trece casos de irregularidades urbanísticas con otras dos nuevas obras irregulares encontradas por este diario en lofts de Madrid en 2003 y 2005. Uno está en un bajo de calle Zabaleta 29, en el distrito de Chamartín, y otros dos, en Lazaga 12, en Tetuán. En ambos hizo las obras sin licencia, se abrieron expedientes disciplinarios y acabaron en órdenes de demolición, que en un caso incluso desoyó.

En Zabaleta 29, como en casos anteriores publicados por EL PAÍS, y según la información que consta en el expediente municipal al que ha tenido acceso este periódico, hizo la obra sin la licencia correspondiente, porque le fue denegada. Además desoyó las órdenes de paralización e incluso de demolición del Ayuntamiento. En este caso hay una novedad: Monasterio se valió de una empresa llamada Luxury Rentals SL, que hasta ahora no había aparecido en las informaciones sobre sus operaciones inmobiliarias. Es una firma en la que cuenta como socia con una conocida empresaria de Marbella, Sandra García-Sanjuán, organizadora del festival Starlite. Contactada por este diario, ha preferido no hacer declaraciones: "No tengo nada que comentar". “Yo no llevaba el detalle”, se ha limitado a decir.

Por su parte, Monasterio respondió ayer a este periódico a través de un portavoz: “Niega la autenticidad de dichas informaciones y ofrecerá las explicaciones pertinentes cuando presente las alegaciones correspondientes en el Colegio de Arquitectos”. Se refiere a la investigación abierta en esta entidad por presunto intrusismo profesional, tras ejercer sin título entre 2002 y 2009. Monasterio tenía hasta esta semana para responder a esas acusaciones.

La obra de Zabaleta fue en un local comercial para el que Monasterio solicitó en marzo de 2005 una licencia para “rehabilitación de acondicionamiento de carácter puntual con cambio de uso de local comercial a vivienda”. Al igual que en otros casos, el Ayuntamiento le requirió que aportara documentación para poder valorar la petición, pero finalmente denegó la solicitud, en julio ordenó paralizar las obras y abrió un expediente disciplinario por la construcción de una entreplanta no autorizada en el local. El 4 de noviembre de 2005 el Ayuntamiento ya hizo un requerimiento “para que en el plazo de un mes proceda a la demolición de las obras realizadas (…) consistentes en construcción de entreplanta, reponiendo la finca al estado anterior a su ejecución”. Como Monasterio seguía sin cumplir la orden, en 2007 se iniciaron los trámites para la ejecución subsidiaria del derribo. Eso ocurre cuando el propio Ayuntamiento acomete la demolición ante la pasividad del interesado, y luego le cobra el coste.

La actual líder del Vox presentó sus alegaciones, pero en noviembre de 2007 la jefa del departamento de disciplina urbanística cerró el asunto argumentando que “las mismas no pueden acogerse, toda vez que, se ha realizado obras de ampliación y no están amparadas por licencia alguna”. De este modo, el Ayuntamiento ordenó definitivamente la demolición y hasta pidió el presupuesto a una empresa constructora. Pero lo extraño del caso es que, por alguna razón, el trámite se paró y nunca llegó a acometerse. Luego la ilegalidad prescribió a los cinco años. Ahora mismo, según el registro de la propiedad, sigue siendo un local comercial. En el buzón que corresponde al inmueble aún se ve la pegatina de Luxury Rentals, aunque ya fue vendido a un particular. En los portales inmobiliarios digitales ha aparecido a la venta descrito indistintamente como oficina y como vivienda.

Orden de demolición

El matrimonio fue especialmente prolífico en el barrio de Tetuán durante la década de los 2000. En el número 12 de Lazaga, una calle estrecha de edificios antiguos, el estudio Monasterio y Asociados reformó dos locales a pie de calle. Revisando la documentación del expediente del inmueble (106/2003/07175) se ve claramente la forma de operar de la pareja, una forma de hacer y entender los negocios muchas veces repetido. A nombre del propietario, Monasterio solicita una licencia de obras de rehabilitación “de acondicionamiento puntual”. La Junta de Distrito de Tetuán, el 28 de abril de 2003, notificó al dueño que el local se encontraba “fuera de la ordenación relativa”, por lo que no autorizaba las obras. A tenor de las resoluciones siguientes, se desoyeron los requerimientos del Ayuntamiento.

En 2004, el jefe del departamento jurídico de la Junta de Tetuán mandó demoler las obras que hasta ese momento se habían realizado en un plazo de ocho días. En caso de desobediencia, advertía el documento oficial, los responsables podrían ser sancionados y los servicios técnicos municipales se encargarían de llevar a cabo la demolición. La orden fue acatada, según certificó luego una inspección.

Era recurrente que algo así les pasara, les sucedió incluso en sus propias viviendas. Espinosa de los Monteros fue sancionado en firme en 2010 por hacer una obra ilegal en una de sus casas, en Fuente del Berro, un proyecto que Rocío Monasterio llevó a cabo sin licencia y burlando una orden de paralización. El matrimonio vendió poco después el chalé, sin avisar al comprador que sobre la vivienda pesaba una orden de demolición del sótano. Todavía hasta hace unos meses, el productor de cine David Naranjo, continuaba en litigio con el Ayuntamiento. Finalmente, unos trabajadores municipales tirarán la obra irregular. Le costará 22.000 euros al productor.

Después de lo que fue otra larga disputa de un cliente del estudio Monasterio con la administración, los locales en Lazaga siguen operativos a día de hoy como oficinas. En uno hay instalada una agencia de publicidad, y en el otro, la mitad del espacio la ocupa la misma agencia y el estudio de un fotógrafo profesional.