Jaime Palomera fue una de las personas que los últimos meses en Barcelona se topó, de forma inesperada, con un aumento del 30% en su alquiler. Este antropólogo de profesión recibió en febrero un burofax que le alertaba de que en abril se acababa su contrato después de tres años y que el nuevo acuerdo con la propiedad debía pasar de 800 a 1.100 euros.

Nace el Sindicato de Inquilinos en Barcelona para luchar por unos alquileres dignos

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Palomera vive en Sant Antoni, barrio en el que los precios han crecido un 12% desde 2014. Él ha tenido que aceptar los 1.100 euros mensuales, pero hace unos meses decidió unirse a la aventura de la creación del Sindicato de inquilinos de Barcelona . Ahora es uno de sus portavoces, y celebra el proceso de micromecenazgo que ha hecho sobrepasado las expectativas del colectivo: 36.000 euros.

Palomera y su pareja entraron a vivir en su piso hace tres años, cuando ya estaba en marcha la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del PP, que hizo pasar la duración mínima de los contratos de cinco a tres años. Como él, en Barcelona habrá 44.000 inquilinos que verán finalizar su alquiler entre este año y 2019. El Sindicato pretende hacer frente a esta problemática y a otras que atañen a los inquilinos, un tercio de los residentes en Barcelona.

¿Qué justifica el nacimiento del Sindicato de Inquilinos?

El Sindicato surge a partir de constatar que estamos inmersos en una burbuja en el ámbito del alquiler. Las dinámicas especulativas de la propiedad se han trasladado al parque de vivienda del alquiler. Básicamente, el Estado ha utilizado todas sus herramientas para facilitar que las dinámicas especulativas se trasladaran; en 2012 dio el poder a las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y en 2013 precarizó el alquiler promoviendo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que facilita la rotación de alquileres y el crecimiento de los precios.

Más de 44.000 inquilinos se verán afectados por la LAU en Barcelona los próximos meses. ¿Explica esto el éxito en la recaudación del proceso de micromecenazgo?proceso de micromecenazgo

La campaña nos permite constatar que somos miles de personas las que están afectadas y preocupadas por la burbuja especulativa, esto explicaría la respuesta masiva de personas y entidades de Barcelona y más allá, sí. Quiero destacar que, de las aportaciones al crowdfunding, un 80% eran de vecinos y un 20% de entidades. En resumen, estamos alrededor de 900 personas afiliadas, en poco más de cuatro meses. Hay un deseo fuerte de tener una organización sólida para defendernos ante los lobbies de la propiedad.

¿Qué harán con ese dinero?

Tener una estructura sólida. Nos dotaremos de una serie de servicios jurídicos y técnicos, una primera defensa que evite abusos. También podremos consolidar una estructura técnica para liberar tiempo para construir la organización; con esto lo que tendremos es una base que nos permitirá hacer acciones concretas en alianza con otros movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Seremos un frente común ante los lobbies de la propiedad.

¿Como se organiza toda la gente que comenta?

Estamos en fase de construcción, por lo que habrá un poco de ensayo y error. Por un lado, en otoño convocaremos una primera asamblea de afiliados, pero debemos determinar cómo lo haremos, de qué manera. Debemos hacer un primer encuentro para empezar a marcar agenda de forma colectiva. Al mismo tiempo, toda la financiación recogida con el crowdfunding no sólo será un servicio para los afiliados de tipo individual sino también servirá para fomentar una estructura que ayude a la asesoría colectiva. Debemos escalar y redimensionar.

No quieren ser sólo una oficina donde asesorar jurídicamente.

La propuesta del Sindicato es híbrida, por un lado espacios asamblearios y de asesoría colectiva y por otro, una estructura con afiliados, que pagan una cuota y a cambio tienen un servicio de asesoría jurídica y técnica, que debe permitir resolver casos muy concretos. Pero siempre debe haber una forma de funcionar que contribuya al empoderamiento colectivo, porque aunque el problema del alquiler se viva de forma individual, siempre es colectivo.

¿El Sindicato tiene la obligación de aglutinar los movimientos por la vivienda que han nacido en Barcelona en los últimos años?

Sí, y el hecho que estén naciendo asambleas de barrio y espacios de asesoría colectiva es un motivo de ilusión. Da significado a lo que se viene diciendo desde hace tiempo: allí donde hay inquilinos afectados debe haber organización. El gran reto es cómo podemos producir alianzas para hacer un frente común que transforme las reglas de juego. Nos estamos organizando escalera a escalera, bloque a bloque, calle a calle. Hay acciones que prefiguran un marco donde el derecho a la vivienda esté amparado socialmente.

A nivel estatal han insistido en la necesidad de derogar la LAU, pero a nivel de ciudad, ¿hay margen de maniobra?

La tarea de una organización como el Sindicato debe ser la de presionar en todos los niveles de gobierno. Incluso instancias europeas. En el caso de Barcelona se han puesto esfuerzos por parte del Ayuntamiento para transformar y empujar medidas que aseguren el derecho a la vivienda, aún así se han hecho patentes las limitaciones de la acción municipal. No son sólo cuestiones de competencias; si no hay redes de municipios presionando, de forma aislada se tienen muchos límites. Pero también hay asignaturas pendientes: seguimos esperando el censo de viviendas vacías, y ver cuántos pisos están en manos de pequeños propietarios y cuántos de la banca o de grandes tenedores. Para poder incidir, necesitamos información, por eso es de aplaudir el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, pero esperamos que mínimamente haya bases de datos bien trabajadas para conocer el problema y atacarlo.

¿De dónde viene el problema del alquiler en la ciudad, más allá del incremento del turismo?

El turismo es parte del problema, pero la raíz es el modelo inmobiliario financiero. Es la base de la economía: estrategias especulativas, basadas en expectativas de revalorización. Un caso concreto: Montgat, hay un aumento de precios más alto que el de Barcelona y no está súper masificada por el turismo, pero ha sufrido incrementos desproporcionados, por lo que la relación entre precios de alquiler y renta familiar e ingresos medios está disparada.

Estas subidas desproporcionadas, que pueden doblar el precio del alquiler, ¿se pueden combatir?

La legislación no pone límite: tú puedes incrementar el precio un 250% y el inquilino está en una posición estructural débil, porque la ley es muy poco garantista con el vecindario, con los barrios. Por eso es importante el índice de precios. En otras ciudades hay unos índices que no permiten estos incrementos.

¿Puede mencionar las ciudades?

París, Berlín... En Alemania hay hasta 200 ciudades con índices de precios.

La Generalidad elaboró uno de esos índices.

Absolutamente insuficiente, una oportunidad perdida. Es un índice de mercado: un conjunto de fianzas y una media. El índice de referencia debe incluir la renta familiar de un barrio o el paro. Este sería un índice de referencia de tipo social. Además, para terminar, es básicamente una herramienta informativa. No es de obligado cumplimiento.

¿Cómo funcionan entonces en otras ciudades los índices?

Quien supera en Alemania el índice un 10% es penalizado fiscalmente. En Alemania funciona muy bien, mejor que en Francia. En Berlín, incluso hay zonas de interés donde no puedes superar el índice, directamente. La historia nos demuestra que si el índice no es de obligado cumplimiento, no tiene ningún tipo de validez.

Con el incremento de precios de alquiler, vuelve a planear la opción de la compra de la propiedad. ¿Es una solución?

Nosotros sólo podemos estar convencidos de que el alquiler es una opción que ha venido para quedarse y que irá en aumento. Entendemos que lo que nos toca hacer ahora es garantizar que no sea una opción de vida permanentemente precaria. Debemos construir proyectos de vida digna para las personas que vivimos de alquiler, un tercio de la población de Barcelona. Los poderes harán lo posible para que la mayoría nos veamos abocados a la compra de vivienda, el modelo de la propiedad. Harán lo posible para que nos endeudamos. El Sindicato viene a decir que vivir de alquiler es una realidad para mucha gente y, además, es una forma de acceder a la vivienda que puede garantizar mejor el derecho a la misma.

¿Han conseguido victorias otros sindicatos de inquilinos?

Los hay que tienen una tradición de un centenar de años, que tienen acción contra el abuso y capacidad de intervención en los marcos que regulan vivienda. En Alemania son fuertes como cualquier otro actor institucional.

A nivel estatal, ¿están habiendo movimientos similares?

En Madrid, en Sant Cugat... En Gran Canaria, donde hay un primer Sindicato, que nació antes que en Barcelona y Madrid. El reto, de nuevo, serán las alianzas para una organización de base territorial muy amplia. Nosotros nos veíamos de alcance metropolitano pero podremos tener alcance estatal.

¿La huelga de alquileres sigue siendo una opción?

Necesitamos potencia numérica para hablar de tutela de derechos, tener la fuerza para decir 'hasta aquí pagamos'. Hace tiempo que hablamos de alquileres justos, alquileres estables, de larga duración, asequibles. Si no los garantizan los poderes públicos, lo tenemos que hacer nosotros. Y lo haremos. Según Naciones Unidas, un alquiler no debe sobrepasar el 30% de renta familiar: debemos poder decir 'hasta aquí', y tenemos que ser miles.