El botón de encendido se apretó por primera vez el pasado 8 de diciembre. Fue entonces cuando se ponía en marcha la central de carbón de última generación de Safi, en la costa atlántica Marruecos. La nueva planta térmica arrancaba tras cuatro años de trabajos de construcción y tras una inversión de unos 2.200 millones de euros, en un proyecto en el que han participado el gigante francés Engie, la japonesa Mitsui y el holding que articula las inversiones de la familia real marroquí, Nareva.

Marruecos está volcándose en la expansión de las renovables y las energías limpias son la apuesta a largo plazo. Pero ahora ha dado un impulso a su parque de generación eléctrica quemando carbón con la central de Safi, que tiene dos grupos de producción que suman una potencia de casi 1.400 megavatios (MW), más que cualquier central nuclear española y prácticamente empatando con la mayor de las plantas de carbón de España, la de As Pontes, en A Coruña.

Y esa central, que ha empezado a quemar carbón a unos 700 kilómetros al sur de las costas de Cádiz, consiguió en apenas unas semanas dar la vuelta a la tendencia histórica en la compraventa de electricidad entre España y Marruecos. Ambos países están unidos por una doble interconexión eléctrica (la única que conecta dos continentes en todo el mundo) y que sirve, tradicionalmente y de manera permanente, para que España exporte electricidad al vecino del sur para dar estabilidad a su sistema energético.

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Sin embargo, en diciembre ya se produjo un giro total. Por primera vez en años, España compró más electricidad a Marruecos que la que le vendió apenas tres semanas después del inicio de actividad de la nueva central de carbón. (A principios de 2018 ya se inauguró otro central de carbón en suelo marroquí, la de Jarada, con una potencia de 350 MW, pero ha sido la nueva gran planta de Safi la que hizo que se venciera la balanza.)

El sistema eléctrico español se convertía en importador neto porque las compañías eléctricas y los brókeres que participan en el mercado nacional habían optado por impulsar las compras de la electricidad barata procedente del otro lado del Estrecho. La puesta en marcha de la central de Safi era la razón principal de esos precios y de que la mayor producción marroquí pudiera exportar a España su excedente.

En diciembre el saldo importador de España fue pequeño, apenas 32 gigavatios hora (GWh), según los datos oficiales de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema patrio. Y esa situación tan poco habitual se ha mantenido desde entonces. En enero las importaciones de España se elevaron hasta casi los 122 GWh, en febrero escalaron hasta los 179 GWh. Y, a falta de que se cierren los datos oficiales, en marzo las compras de electricidad a Marruecos han superado los 212 GWh, según las estimaciones provisionales de REE.

Y van cuatro meses consecutivos rompiéndose la tendencia histórica. Sólo hicieron falta dos para que saltaran las alarmas en el sector eléctrico español y también en el Gobierno. Y es que el sistema eléctrico está más que habituado a los intercambios de electricidad internacionales por las conexiones con Francia, con Portugal, con Andorra… Pero la luz barata procedente de Marruecos ha levantado ampollas porque, según se alerta desde el propio sector, existe un claro peligro de competencia desleal.

Las plantas térmicas españoles, como todas las europeas, están obligadas a pagar por los derechos de emisión de CO2 para mantener su actividad. Se trata del gran instrumento comunitario para reducir los gases de efecto invernadero de varios sectores económicos, como el energético, el industrial o el transporte aéreo.

Y se trata de un requisito que dispara los costes de actividad de las centrales térmicas europeas y, con ello, el precio de la electricidad que producen, sobre todo en un momento en que la cotización de esos derechos de emisión se han triplicado en apenas un año. Sin embargo, Marruecos está fuera del sistema comunitario de derechos de emisión de CO2 y puede aprovecharse del lastre de sus rivales europeos para vender su electricidad a precios más competitivos.

“Las condiciones no son de igualdad entre las centrales españolas y las marroquíes”, se quejaba hace unas semanas Miguel Duvison, director de Operación de Red Eléctrica, en un encuentro con periodistas. “No puede continuar esta situación de competencia desleal. Hay que tomar medidas para corregir la desigualdad entre los que pagan derechos de emisión de CO2 y los que no”.

Fue la propia Red Eléctrica la que a principios de febrero puso en alerta al Gobierno del cambio de tendencia en las importaciones de electricidad procedentes de Marruecos y la que advirtió de que los diferentes costes que soportan las centrales de una orilla y otra del Estrecho amenazaban con asentar el giro en los intercambios de electricidad.

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La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya solicitó por carta a la Comisión Europea el pasado 19 de febrero -antes de que se avivara la polémica por las publicaciones de El Periódico de la Energía– que se pronunciara sobre cómo proteger las centrales españolas de esa eventual competencia desleal ejercida por las plantas marroquíes.

“A raíz de la entrada en funcionamiento de plantas de generación eléctrica a partir de carbón en Marruecos, las plantas españolas que queman combustible fósil se encuentran en una situación de posible desventaja en su competitividad ya que deben soportar los costes de emisiones de CO2 frente al precio cobrado por instalaciones extracomunitarios que no internalizan el coste de CO2”, advertía Ribera en la misiva remitida al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

La ministra solicitaba a la Comisión que se manifestara sobre el impacto de “beneficio sobrevenido de la electricidad marroquí para su exportación a España” y también, y ésta es una de las claves, sobre “la posibilidad de arbitrar algún mecanismo para la protección de la libre competencia y la preservación del medio ambiente”. Desde Bruselas se apunta que la situación se está analizando, pero sigue sin haber respuesta y no se ha facilitado esa opinión que se le pidió desde el Ministerio sobre el asunto y sobre cómo atajarlo.

Desde el sector eléctrico español se reconoce que el impacto real de las importaciones procedentes de Marruecos es muy limitado porque el volumen de electricidad es reducido. Pero las compañías reclaman, de momento sotto voce, que Bruselas busque vías para hacer que los países limítrofes con la UE participen también del sistema de derechos de emisión de CO2 para evitar distorsiones o, en su defecto, que se impongan tasas específicas a la electricidad de estos países para evitar la brecha de costes entre unos y otros.

El cambio de la tendencia tradicional en la compraventa de electricidad, y la polémica sobre los diferentes costes por el CO2 entre unas centrales y otras, llegan además en el momento en que ambos países acaban de firmar un acuerdo para impulsar una tercera interconexión eléctrica a través con el objetivo de tenerla lista en cinco años. El Gobierno también ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) un informe sobre el impacto de este futuro tercer cable sobre el precio de la electricidad en España y sobre la competencia en la generación eléctrica a un lado y otro del Estrecho.

La recién estrenada condición de España como importadora de electricidad marroquí también ha sido aprovechada por la oposición, singularmente por el PP, para atacar al Gobierno. Desde las filas populares se ha tratado de culpar al Ejecutivo de la paradoja de que se compre electricidad producida en Marruecos por centrales de carbón cuando en España se emprende ahora el proceso de cierre de las plantas de carbón y cuando se acaba de dar la puntilla a la minera del carbón. Unas críticas secundadas desde las comarcas mineras afectadas y desde las zonas en que se cerrarán el próximo año plantas térmicas.

Unas acusaciones que han valido algún enfrentamiento airado en las Cortes a cargo de la ministra Ribera, que denuncia la “demagogia” de vincular la compra de electricidad a Marruecos y el cierre de plantas y minas en España. Desde el Gobierno se subraya que la sentencia a las minas la dictó Bruselas hace años con el fin de las ayudas públicas en 2018 y que el cierre de centrales de carbón previsto para 2020 es decisión de las eléctricas para no hacer las inversiones que exigía cumplir los nuevos requisitos ambientales planteados por la UE. Y que ambas circunstancias nada tienen que ver con decisiones del actual Gobierno ni existe relación alguna con el incremento de las importaciones de electricidad marroquí.