El enjuiciamiento y desalojo de siete personas que residían Los Palomares a las que se les imputó el delito de usurpación y hurto de energía y agua potable, el pasado jueves, volvió a movilizar a este complejo de viviendas, que desde finales de 2017 está en el foco de la política de seguridad pública, luego de que se descubriera que un grupo de narcotraficantes había expulsado a 110 personas de sus hogares en el lapso de un año. Es que, según adelantó el responsable de convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, las actuales acciones son apenas las primeras ejecutadas contra las personas que se "beneficiaron" del grupo criminal, y que se deberá esperar nuevas detenciones en el futuro.





Sin embargo, si bien estas personas fueron detenidas por residir en una de las viviendas que antes perteneció a una familia que fue expulsada por el grupo criminal, la decisión de UTE OSE de agregar una denuncia penal por utilizar los servicios de energía eléctrica y agua potable sin pagar por su uso, preocupó también a otros vecinos que sin estar relacionados a los narcos de la zona, también roban energía y agua, algo que ocurre en la mayoría de las unidades de Los Palomares.





¿Corren estos vecinos riesgo de ser denunciados? Desde UTE, aseguraron que el objetivo en los Palomares es "regularizar" a los vecinos, pero se presentará denuncia penal en aquellos casos en los que lo solicite la Presidencia del ente, algo que se hace en coordinación con el Ministerio del Interior específicamente en los casos en los que haya relaciones con la actividad criminal de la zona. En el mismo sentido, OSE también denunció solo a aquellas personas vinculadas al grupo criminal.





Según dijo a El Observador una fuente del área de Gestión de Irregularidades de OSE, a Los Palomares el ente "no podía entrar" debido a la situación de inseguridad, pero ahora, tras la acción del Ministerio del Interior, se está trabajando para regularizar a todos los vecinos.





Uno de los problemas que tiene el complejo de viviendas es que los contadores de agua que alguna vez estuvieron afuera, terminaron quedando dentro de las propiedades cuando los vecinos comenzaron a ampliar las construcciones. Además, algunos compraron más de una vivienda y las unificaron, por lo que no estaba claro cómo se dividía cada propiedad.





Tras el censo que se realizó en junio, tanto UTE como OSE recibieron información sobre cuántas familias residen en el lugar, y por lo tanto, cuántos servicios individuales habría que regularizar.





Desde OSE señalaron que en los próximos meses comenzarán las obras para cambiar la cañería de toda la red, que no ha sido refaccionada desde el año 1970, cuando Los Palomares fue construido. Asimismo, se colocará un contador en cada vivienda, agregaron desde el ente.





"Gasto indiscriminado"

En su argumentación para la imputación por hurto de energía y agua potable, la fiscal del caso, Mónica Ferrero, dijo que todos hicieron un "gasto indiscriminado" de estos servicios, a sabiendas de que no tendrían que pagarlo. En particular se centró en Mónica, la única imputada que fue a prisión, quien es considerada como una de las líderes de la banda de narcotraficantes Los Chingas, y quien se encontraba cumpliendo una pena de libertad vigilada por haber sido cómplice de extorsión al expulsar a vecinos de sus casas.





Esta mujer tenía un lavadero en su vivienda, con cuatro lavarropas. Además, tenía un tipo de conexión de UTE que si tuviera que pagarla tendría un costo "muy elevado". El monto estimado de lo hurtado, según UTE es de $ 25.000 más IVA por año, lo que asciende a $ 500.000, si se tiene en cuenta que en 12 años nunca pagó la tarifa. l