El Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) publicó a principios de enero la baja de la soldado Delia (nombre supuesto) por pérdida de condiciones psicofísicas. La mujer, de 38 años, tenía contrato con el Ejército del Aire hasta 2024, pero el ministerio cree que ya no cumple los requisitos para seguir siendo militar. Además, como su baja es “ajena a acto de servicio”, no tiene derecho a pensión o indemnización.

Delia ha sido despedida porque está de baja psicológica desde 2016. La junta médico militar la sometió a examen y dictaminó que sufre “trastorno de estrés postraumático”. La soldado no ha estado en la guerra ni ha sufrido ningún accidente. Su trauma lo sufrió en su oficina del cuartel de Alcantarilla (Murcia).

El informe de la junta médico militar admite que, “de probarse la denuncia presentada por la interesada y por la que se instruye un procedimiento por acoso sexual de un superior, podría establecerse una relación de causalidad de su patología con las vicisitudes del servicio”. Pero, de momento, esa relación no se reconoce, por lo que la militar ha sido despedida sin indemnización tras 10 años en filas.

El 22 de marzo de 2016, la soldado acudió a la comisaría de policía de Elche para denunciar a su jefe. Según su declaración, el calvario comenzó nada más llegar a la base. Cuando se presentó al entonces brigada (ahora subteniente) este le dijo: “A partir de ahora no soy ‘a la orden mi brigada’ sino ‘a la orden mi Federico” (nombre supuesto). Y le tocó la pierna. Delia se quedó sorprendida, preguntándose si aquello era normal “en la mili”. En los pasillos intentaba evitarlo y él le hacía comentarios humillantes.

Más de 15 veces al mes

En 2014, pese a sus protestas, la pusieron a las órdenes directas del brigada, en una oficina con tres militares más. Su jefe la retenía al final de la jornada alegando trabajo y, cuando se quedaban a solas, echaba el pestillo. Según la declaración de la soldado, él empezó tocándose el pantalón con el miembro erecto mientras repetía “mira cómo me pones”. Luego, se sacaba el pene y le pedía que le hiciera una felación, preguntándole cómo le hacía el amor su novio. “Me das asco”, le decía ella. Ocurría más de 15 veces al mes.

El brigada le prometía días libres o la amenazaba con malas calificaciones en sus informes personales, lo que suponía que no le renovarían el contrato.

El 14 de enero de 2016 le mandaron llevar al brigada al hospital de Cartagena. Preguntó por qué tenía que ser ella y el comandante le respondió que era una orden. Durante el trayecto, mientras ella conducía, él empezó a masturbarse e intentó tocarle los genitales. “¡Ojalá pase el helicóptero [de Tráfico] y te pille! Eres un cerdo”, le gritó. Al salir del hospital, el brigada le dijo que fueran a una casa que tenía cerca de Murcia para mantener relaciones sexuales. Ella no le dijo nada, ni le miró, siguió conduciendo hasta la base.

Nada más llegar, acudió al comandante y le contó todo lo que había pasado. El superior del brigada le dijo que no dudaba de su palabra, pero no activó el protocolo frente al acoso sexual. Cansada de que no le hicieran caso, el 4 de marzo se armó de valor: sacó el móvil y, mientras él se masturbaba ante de ella, le fotografió. “Estaba temblando”, declaró, “porque él se dio cuenta de que le había hecho la foto”.

Acudió al despacho del comandante y, sin mediar palabra, le mostró la imagen del móvil. Entonces sí se activó el protocolo disciplinario. Se abrió un expediente y acudió a la base un instructor, quien le aconsejó que no presentara denuncia.

Delia no le hizo caso. Su acosador estaba armado y temía por su integridad física. Era violento. Le había visto de mal humor: daba puñetazos y una vez arrojó una botella. Finalmente, ella se derrumbó. Los ataques de ansiedad y los problemas gástricos se hicieron más agudos y frecuentes. Se puso en tratamiento psiquiátrico.

La juez civil de Elche que instruyó la denuncia concluyó que el testimonio de ella cumplía los requisitos de “verosimilitud, credibilidad y ausencia de contradicción”, mientras que el brigada no dio “explicación racional de los hechos imputados ni de la fotografía obrante en las actuaciones, que reconoce como propia, y en la que se le ve con el pene erecto de cara a la denunciante”. Para la juez, resulta “difícilmente creíble su versión de que [la foto] se tomó sin que él se diera cuenta cuando se estaba cambiando de ropa”.

La instrucción del caso pasó a la justicia militar, que inicialmente intentó revocar la orden de alejamiento contra el brigada dictada por la juez civil, aunque luego rectificó. Tres años después de la denuncia, el caso sigue pendiente de juicio. Según un portavoz del Ejército del Aire, el brigada estuvo seis meses suspendido de destino y en 2017 pasó a la reserva por edad, con el sueldo correspondiente.