Dos mujeres de 28 y 24 años, que en 2008 gastaron 800 euros con una tarjeta robada, ingresarán el miércoles en prisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado sus condenas a dos años y cuatro meses por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental.

Ainhoa Valdés e Irene García, que entonces tenían 21 y 18 años, tienen de plazo hasta pasado mañana para entrar en la cárcel para cumplir la condena que les impuso el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid y ratificó la Audiencia Provincial, según ha confirmado a Efe su letrado.

Están acusadas de un delito continuado de estafa, por utilizar varias veces una tarjeta robada, y de falsedad en documento mercantil, por hacerlo usando documentación de otra persona.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2008, cuando según el relato de las jóvenes que entonces iban acompañadas por una menor de 16, se encontraron con un hombre que les ofreció una tarjeta de crédito para que comprasen lo que quisieran en El Corte Inglés. También les dio un DNI que correspondía a la titular de la tarjeta.

Aunque dudaron, acabaron cometiendo lo que consideraron una travesura: entraron en el centro comercial y gastaron poco más de 800 euros en media hora entre perfumes y aparatos tecnológicos como móviles.

A la salida del centro las tres fueron arrestadas, mientras que el hombre que les había dado la tarjeta huyó.

El Juzgado de lo Penal 23 de Madrid dictaminó en 2010 que ambas habían incurrido en los citados delitos y condenó a cada una a dos años y cuatro meses de prisión.

Las condenadas recurrieron la sentencia ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Tercera ratificó esa condena, han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Su defensa recurrió también, en dos ocasiones, el cumplimiento de la pena, pero la Audiencia Provincial no estimó estos recursos, según las fuentes, que han precisado que queda pendiente que el Ministerio de Justicia resuelva sobre un indulto solicitado por su abogado actual.

Este letrado, Juan Manuel López de la Casa, se hizo cargo del caso de estas dos mujeres el año pasado y, además de pedir la suspensión del ingreso en prisión para ambas, solicitó un indulto al Ministerio porque el primero "lo hicieron ellas, sin asistencia jurídica, y no estaba argumentado".

En el indulto presentado por el abogado, interpuesto en septiembre de 2014 y pendiente de resolución, argumenta que se trata de dos jóvenes que no tenían antecedentes policiales cuando ocurrieron los hechos, y que no han vuelto a delinquir.

Se trató de un hecho puntual y ambas están "plenamente reinsertadas" en la sociedad, trabajando, de manera que la función rehabilitadora de la cárcel "no tiene sentido", según el abogado, que ha destacado que Irene tiene un hijo de dos años y que Ainhoa ya ingresó en prisión por estos hechos, pero volvió a salir hasta que hubiese una condena firme.

El abogado ha subrayado, en declaraciones a Efe, que fue la menor de edad que acompañaba a las dos condenadas la que firmó los resguardos de las compras, y que ambas podrían haber cometido un delito de estafa, pero no continuada, ya que todas la compras se hicieron consecutivamente en un mismo centro comercial.

También incide en que Irene, que es la que tiene un hijo pequeño, acababa de cumplir los 18 años cuando cometió el delito.