El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, intentó limitar el alcance de la investigación en torno a Ignacio González. Moix cuestionó algunas de las decisiones adoptadas por los fiscales del caso referidas a los registros que había que realizar y a qué hechos debían incluirse dentro de la investigación.

Las objeciones del fiscal jefe se centraban en cuatro puntos de la investigación. Según informaron fuentes del Ministerio Público, los fiscales del caso -Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez- no asumieron el criterio de su superior en dos de esos asuntos e hicieron uso de la facultad que les concede el Estatuto del Ministerio Fiscal para someter esas órdenes a una Junta de Fiscales.

Según fuentes fiscales, una de las discrepancias versaba sobre la calificación jurídica de los hechos delictivos. Otra, sobre la necesidad de realizar registros -que no afectaban a González ni a los detenidos- vinculado a unos hechos del año 2001. El motivo para la oposición del fiscal jefe era que en esas fechas los investigados no estaban en la Comunidad o en trabajos relacionados con el Canal. Por entonces el presidente de la Comunidad era Alberto Ruiz-Gallardón, bajo cuyo mandato se creó la sociedad Canal Extensia, que inició en Colombia la expansión del Canal de Isabel II en América.

Los fiscales encargado de la operación Lezo se acogieron al artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que dice que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

El asunto fue estudiado por todos los fiscales de Anticorrupción, que respaldaron de forma abrumadora las tesis de sus dos compañeros. Finalmente, el fiscal jefe recién llegado optó por no imponer su criterio -podría haberlo hecho porque el parecer del Consejo no le vincula- y aceptó la totalidad de las diligencias propuestas manteniendo así la investigación en los limites defendidos por los fiscales del caso.

Tras difundirse lo sucedido en la Junta, la Fiscalía General del Estado ha emitido una nota en la que afirma que "es falso" que Moix "haya intentado obstaculizar la investigación" y que es "igualmente incierto, en concreto, que se intentara paralizar la investigación en lo referido al ex Presidente de la Comunidad de Madrid Sr. González". Y añade que "las puntuales discrepancias técnico-jurídicas" se resolvieron conforme al Estatuto Fiscal, "en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las Fiscalías".

Manuel Moix accedió a la jefatura de Anticorrupción el pasado mes de febrero en sustitución de Antonio Salinas. Fue él el propuesto por el fiscal general, José Manuel Maza, frente a otros seis candidatos que sí tenían experiencia en Anticorrupción. Precisamente en una de las intervenciones telefónicas de la operación Lezo aparece una mención a la designación de Moix por parte de Ignacio González en una conversación con el ex ministro popular Eduardo Zaplana. En ella, González se muestra muy optimista en el caso de que Moix fuera el elegido. El ex presidente madrileño conocía a Moix por su cargo de fiscal jefe de Madrid.

La existencia de esa conversación fue puesta en conocimiento del fiscal general, según fuentes del Ministerio Público. En una reunión preparatoria sobre los nombramientos, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales explicó a Maza las noticias que les habían llegado al respecto. Otras fuentes fiscales añaden que la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción -y candidata al nombramiento- hasta la llegada de Moix, Belén Suárez, también comunicó esa circunstancia al fiscal general.

C's pide la comparecencia "urgente" de Catalá

La actuación del fiscal jefe de Anticorrupción ha desatado las primeras reacciones políticas. Ciudadanos va a pedir la comparecencia "urgente" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso, para dar explicaciones. "Los ministros y el Gobierno acumulan ya demasiadas sospechas de control sobre los fiscales", ha sentenciado Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, antes de su intervención en la IV Cumbre Político-Empresarial, informa Raúl Piña.

La formación naranja, tras las últimas noticias sobre casos de corrupción en el PP, apuesta por no rebajar su presión al partido en materia de regeneración y mantiene un discurso firme, blandiendo este aspecto como eje central de su argumentación. "Queremos saber si el ministro, en lugar de repartir Justicia, está dando instrucciones para que no investiguen los fiscales. Queremos una Fiscalía independiente".

Ciudadanos considera que en los últimos meses, el Gobierno y en concreto el ministro de Justicia, "acumulan demasiadas sospechas de control y de chivatazos. Es de una gravedad extrema e impropio de un sistema democrático". La formación también ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para que, al igual que Catalá, explique los criterios mantenidos por el fiscal jefe Anticorrupción "en importantes casos de corrupción política que han generado una gran alarma social".

Además, el Grupo Socialista en el Congreso registrará esta misma mañana en la Cámara la petición de comparecencia de Catalá, del titular de Interior, Juan Ignacio Zoido; y de José Manuel Maza, para, según fuentes socialistas, que aclaren las "maniobras realizadas para obstaculizar la investigación de la corrupción en el Partido Popular", informa Marisa Cruz.

Unidos Podemos pide reprobar a Catalá

Por su parte, Unidos Podemos aumenta la presión en la depuración de responsabilidades por la intromisión de la cúpula de la Fiscalía en la operación Lezo. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias ha anunciado que impulsará la reprobación del ministro de Justicia mientras que ha exigido el cese del fiscal jefe de Anticorrupción, informa Álvaro Carvajal.

Estas dos medidas forman parte de la batería de iniciativas parlamentarias que quiere poner en marcha Unidos Podemos, según ha explicado el diputado Alberto Garzón. El líder de IU ha justificado que el ministro Catalá es "el máximo responsable en términos políticos de lo que está sucediendo" en España. Respecto a Manuel Moix, ha reclamado que su marcha del cargo de fiscal jefe de Anticorrupción no puede esperar "un minuto más". "El fiscal que se supone que debe combatir la corrupción maniobró para que no se conociese la información de la corrupción del PP porque tenía una relación estrechísima con los dirigentes del PP de Madrid y del conjunto del Estado".

Asimismo, tal y como piden otros grupos del Congreso, Unidos Podemos reclama la comparecencia en sede parlamentaria de Catalá y de Moix para dar explicaciones. Esta mañana Pablo Iglesias ha afirmado que "la trama" esta en "decadencia" y que la mejor prueba de ello es que "se están matando entre ellos".