El jueves 1 de marzo tendrá vigencia un nuevo impuesto en el país, que grava a las petroleras por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y se cobrará con la venta de combustibles líquidos.

DEsde esa fecha, de cada litro de nafta vendido $ 6,28 quedará en para el Estado Nacional en concepto de impuestos internos: $ 0,412 por gravar al CO2 y $ 6,726 por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), a lo que se le descontará el 12% de corte de biocombustibles, que no están alcanzados. En el gasoil, los valores quedarán en $ 4,16 por litro ($ 0,473 y $ 4,148, respectivamente; se le resta el 10% de corte de biocombustibles).

Se trata de una transitoria disminución en la presión tributaria de $ 0,66 por litro en la nafta y el gasoil premium, y de $ 0,03 en el gasoil común, mientras que habrá un alza de $ 0,19 por litro en la nafta premium. A eso se le suma el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros.

Las empresas, con YPF a la cabeza (tiene el 55% de participación de mercado), están más que disgustadas. Entienden que el ala económica del Gobierno las responsabiliza de ser culpables del recalentamiento de la inflación con sus aumentos ya periódicos, pero no se sienta a discutir para atenuar las consecuencias. «Siempre nos apuntan en las malas», lamentan.

En la segunda mitad de enero YPF movió los precios de las naftas un 4,5%, mientras que a principios de este mes los volvió a subir un 3,5%. Por la devaluación y la suba del petróleo crudo a nivel mundial, desde las elecciones legislativas hace apenas cuatro meses, el ajuste fue de un 26%, mayor a la inflación acumulada en el último año.

La relación entre YPF y el Gobierno se deterioró en las últimas semanas, después de que desde Casa Rosada le cerraran la puerta al presidente de la petrolera estatal, Miguel Gutiérrez, de negociar una baja en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), que representa por sí solo casi el 30% del precio de las naftas.

La propuesta del ex JP Morgan y Telefónica fue que el Poder Ejecutivo habilite excepcionalmente una baja de 10% en el ITC, para lo cual está facultado sin pasar antes por el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Hacienda comentaron que «todavía no se definió» qué se va a hacer, pero las primeras evaluaciones daban cuenta de que era preferible pagar el costo político de no impulsar una baja en los combustibles a soportar el costo fiscal de la caída en la recaudación. Algunas estimaciones rondaban los u$s 100 millones de pérdida en la caja, si había luz verde.

Según pudo saber El Cronista, los cambios impositivos no influirán en los precios finales, al menos durante los primeros días del mes que viene, con un cuadro incierto para adelante. La actualización del ITC será trimestral, de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor, lo cual configurará un panorama insólito: la inflación, que en parte se debe al incremento de los combustibles, empujará cada tres meses otra suba de combustibles, lo que a su vez generará más inflación.

«El Gobierno no puede manejar todavía la inflación y por eso hay cortocircuitos con las petroleras. El problema no es que suba el petróleo en el mundo, sino que la baja de la inflación no es automática, aunque se le va a ganar», confió una voz del sector. «El tributo al CO2 es un cargo más que va a encarecer los combustibles», agregó.

Un informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina (Cecha) relevó que de los $ 24,39 por litro de nafta súper que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires, $ 5,69 es por ITC (23,3% sobre precio final). Junto a Tasa Hídrica, IVA, Ingresos Brutos, y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, los tributos componen el 41% del precio final, a lo que se le agrega el flete, el precio de compra y el margen que se queda el expendedor, que es de apenas $ 2,41 por litro vendido, un 9,9% sobre el total.

Fuente: El Cronista