Por pedido del sector informático - empresarios y académicos- al gobierno provincial, el gobernador Alfredo Cornejo decidió vetar la ley Nº 9082 sobre la creación del Consejo de Profesionales de Ciencias Informáticas.

Según establecía esta ley, aprobada hace tan solo días en la Legislatura provincial, sólo podían ejercer las profesiones quienes hayan obtenido títulos universitarios aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación, relacionados con informática, sistemas o computación; y aquellos profesionales que hayan obtenido los títulos universitarios mencionados, expedidos por universidades extranjeras, revalidados por autoridad competente.

El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, indicó que el gobernador decidió vetar la ley de la creación del Consejo tras la reunión mantenida la semana pasada, - después de la sanción de la ley-, con todas las cámaras del sector, y universidades, que expusieron sus argumentos y posteriormente fueron evaluados.

"El gobernador consideró que más allá de muchos argumentos más de índole legal, como es la indefinición de las Ciencias informáticas, es una actividad que no reconoce frontera y es muy difícil exigir un domicilio legal, pero lo más importante de este sector es que tiene un potencial muy grande y por ese motivo hemos impulsado desde esta gestión gubernamental, toda una serie de medidas que se puede resumir en el Polo Tic, recientemente inaugurado que alberga muchas empresas del medio, y el bono fiscal 1 que tuvo un capítulo y un cupo especial para todo el sector Tics, al cual queremos promover, que tiene una gran necesidad de mano de obra con las condiciones adecuadas en la provincia, y de ninguna forma limitaremos el desarrollo de la economía del conocimiento", destacó Nieri.

El subsecretario de Comercio e Industria, Guillermo Cruz resaltó que este sector recibe fuertes inversiones extranjeras y nacionales y Mendoza se plantea como un polo de desarrollo muy importante. En los próximos años se pueden generar entre 10 mil y 20 mil puestos nuevos en la provincia. "Este tipo de normativa dificultaba estas actividades ya que las mismas se desarrollan a través de idóneos y no siempre de profesionales", destacaron desde el Gobierno.

De hecho, la Cámara de Informáticos Unidos de Mendoza, indicó que los dos únicos órganos colegiados similares a cuya creación propende la ley en análisis (Córdoba y Buenos Aires), se encuentran transitando hacia su desaparición institucional por distintas razones, tales como la falta absoluta de representación del sector provocada por la baja matriculación de potenciales socios y por consiguiente la imposibilidad económica de generar acciones beneficiosas para sus integrantes, por lo que la colegiación no resulta compatible con la dinámica y realidad del sector.

Hay que resaltar lo expuesto en e<strong>l informe de la Sociedad Argentina de Informática</strong> (SADIO) en su informe de larga data (octubre de 2003) rechaza la matriculación obligatoria para el ejercicio de la actividad informática, por considerar que resulta limitativa de la actividad, cuyo pronóstico es de creación de 400.000 puestos de trabajo en miras al año 2030, partiendo de los 110.000 actuales, de los cuales Mendoza obtendría el 5%, vale decir, 20.000 puestos de trabajo más.

La colegiación puede resultar útil en aspectos de capacitación e incentivos para el crecimiento profesional, sin embargo la norma legal provincial no es el instrumento adecuado para ello. De acuerdo con el Plan Estratégico Federal RED SSI 2018-2030 que define como "una carrera por el talento", que no es más que ocupar todos los recursos disponibles generando los "talentos necesarios en costos aceptables que permitan mantener el ritmo de crecimiento que impone la nueva era del conocimiento".

Claves del veto

Además el veto a la ley provincial contempla varios aspectos tales como: indefinición de la profesión de Ciencias Informáticas; transversalidad de la actividad; obligatoriedad de matriculación; requerimientos diferentes para idénticas tareas; imposibilidad de identificación sobre las diferentes matriculaciones y sus incumbencias y las necesidades de matriculación.

Respecto a la indefinición de las profesiones de Ciencias Informáticas, en el artículo 1 de dicha ley "no identifica qué son las ciencias informáticas y por lo tanto no se puede regular algo que no está definido", indicaron desde el Ejecutivo.

En lo que se refiere a la obligatoriedad de la matriculación, "se exhibe un error en los artículos 3 y 4 de la ley porque ninguna de las actividades reguladas impide el ejercicio libre de la profesión", agregaron, como así también que la excepción de los empleados del gobierno provincial y municipal de la obligatoriedad de la matrícula, "se establece un antecedente de discrecionalidad y carece de lógica".

En la ley se identifican 5 categorías de matriculación y muchas de ellas "contradictorias entre sí y no se especifica a qué matrícula corresponde cada tipo de regulación", dijeron.

Hay que destacar que si se pretende regular algunas de las actividades deberían optar por matricularse para actuar en determinado caso pero no la obligación de la matriculación como requisito. En otras jurisdicciones nacionales e internacionales, prácticamente no existen las regulaciones planteadas en esta ley provincial.