El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, se reunieron el pasado miércoles por la mañana en el Palacio de la Moncloa. La cita, que no figuraba en las agendas públicas de ninguno de los dos líderes, se prolongó durante varias horas y tenía como objetivo, según ha confirmado eldiario.es, desatascar las complicadas negociaciones entre el PSOE y el grupo confederal para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019 y otras medidas, como la reforma del mercado del alquiler o la reforma del mercado eléctrico.

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La cita entre Sánchez e Iglesias se produjo el miércoles por la mañana en plena crisis política tras aceptar el Ejecutivo la presencia de un relator en la mesa de partidos y con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la sala de prensa de La Moncloa para explicar la decisión del Ejecutivo en el marco de las negociaciones en Catalunya. Mientras distintos barones socialistas -desde Emiliano García Page a Javier Lambán- salían a criticar a su secretario general por el diálogo con los independentistas y Ciudadanos y PP emprendían una carrera para convocar manifestaciones en Madrid con el objetivo de "echar a Sánchez", el presidente abordaba con su socio prioritario cómo desbloquear los asuntos pendientes y allanar así el camino para aprobar las cuentas que en todo caso no podrán salir adelante sin el voto de los partidos independentistas. A última hora de este jueves, el PDeCAT anunció que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos que solo se retirará si el Gobierno concreta su oferta del relator en la mesa de partidos para dialogar cobre Catalunya.

"Había mucho de qué hablar", señalan fuentes socialistas conocedoras de la reunión de Sánchez e Iglesias y aseguran que fue "todo bien" en la conversación entre ambos líderes. El encuentro entre Sánchez e Iglesias se empezó a gestar ante el desencuentro de Unidos Podemos con el Gobierno por la falta de algunos aspectos presupuestarios pactados que no figuraban en las cuentas públicas así como por el decreto del alquiler, que no recogía una limitación para los precios. Esa negociación se ha retomado y fue abordada al más alto nivel por los dos líderes.

Sánchez e Iglesias firmaron el pasado 11 de octubre un acuerdo programático que incluía la subida del SMI, la actualización de las pensiones según el IPC, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la regulación de la publicidad de las casas de apuestas o la derogación de la reforma laboral del PP, entre otras medidas.

Muchas de ellas debían tener su reflejo en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Pero el articulado que el Ministerio de Hacienda ha llevado al Congreso de los Diputados, cuya primera gran prueba se producirá con el debate de totalidad de la semana que viene, no acaba de convencer a Unidos Podemos.

Tampoco algunos de los reales decretos que ha aprobado el Consejo de Ministros para convertir en leyes el acuerdo de octubre. El grupo de Pablo Iglesias tumbó el que aumentaba la duración de los contratos de alquiler al no incluir una fórmula para que los ayuntamientos puedan limitar la subida de los precios. Los socialistas, por su parte, sostienen que optaron por llevar vía decreto los aspectos más "urgentes" y que contaban con mayor apoyo de las demás fuerzas necesarias para salir adelante. La idea del PSOE es que la regulación de los precios se estableciera en otro decreto o bien en una enmienda en este que se va a tramitar como Proyecto de Ley.

Unidos Podemos sí decidió in extremis aprobar el decreto de las pensiones, después de negociar la revalorización de las de incapacidad permanente que deben recoger los Presupuestos Generales.

Reunión a la tercera

Antes de la cita de este miércoles, Sánchez e Iglesias habían hecho varios intentos para reunirse. En las últimas semanas, tuvieron que suspender al menos dos citas ya agendadas. La primera fue el jueves 17 de enero. El anuncio unilateral de Íñigo Errejón de sumarse a la plataforma electoral de Manuela Carmena y la consiguiente tormenta interna en Podemos frustró ese encuentro.

La siguiente fecha en la que Iglesias y Sánchez pretendían reunirse fue el 25 de enero, según las fuentes consultadas. Ese viernes, Podemos sufrió otra sacudida con la dimisión del secretario general en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, por sus diferencias con su jefe de filas al afrontar la crisis provocada por Errejón.

"Entendemos que estos días estén ocupados en solucionar las diferencias internas, pero seguimos hablando con fluidez en el Congreso y no ha influido en la relación y el trabajo común de los grupos", señalaron entonces fuentes socialistas preguntadas por la marcha de las relaciones tras las cancelaciones de los encuentros de Sánchez e Iglesias.

Sánchez e Iglesias ya habían cerrado mano a mano los últimos flecos del acuerdo presupuestario el pasado otoño. En sus conversaciones desbloquearon, por ejemplo, la subida del SMI. Mientras en el PSOE apostaban por un salario mínimo de 800 euros, Unidos Podemos puso su línea roja en los 900. Finalmente, lo sacó adelante el Gobierno a través de un real decreto que recoge lo acordado con Unidos Podemos.

Esas negociaciones directas entre el presidente y el líder de Unidos Podemos, que ha hecho un parón en su baja de paternidad para verse con Sánchez en Moncloa, se han recuperado ahora que la legislatura pende de un hilo, con un ambiente político muy crispado, los presupuestos están en el aire y las tres derechas tratando de forzar la convocatoria de elecciones.

Iglesias excusó su ausencia en el Consejo Ciudadano de Podemos precisamente por la necesidad de cuidados de sus hijos. El secretario general de la formación anunció su participación telefónica "en la medida en que las tareas" que suponían su permiso de paternidad se "lo permitan".

PP, Ciudadanos y Vox salen a la calle

La reunión para cerrar un bloque mínimo de 152 diputados favorables a los Presupuestos coincidió con el momento álgido de la "crisis" –en palabras de un alto cargo de Moncloa– desatada por el reconocimiento de Carmen Calvo de que el Gobierno ha aceptado que un "relator" coordine la mesa de partidos que está negociando con la Generalitat en la búsqueda de una salida para Catalunya.

El giro del Gobierno, que según reconocen fuentes de Moncloa estuvo mal gestionado, desató a la derecha, que acusó a Sánchez de "ceder", "humillarse" y "rendirse" frente a los independentistas. PP y Ciudadanos convocaron una manifestación para este domingo en Madrid a la que rápidamente se sumó la extrema derecha de Vox. Pablo Casado acusó al presidente de ser "el mayor traidor contra la continuidad histórica de la democracia española". "Hay que parar a Sánchez en las calles", dijo Albert Rivera. "Hay que echar a este Gobierno traidor que está preso de los golpistas", defendió Santiago Abascal.

Pero los dardos contra Sánchez no llegan solo desde la derecha sino que también se produjo fuego amigo. Barones y dirigentes socialistas se levantaron contra la decisión de admitir una suerte de mediador en las negociaciones sobre Catalunya. Emiliano García-Page se declaró "perplejo" y requirió la convocatoria del Consejo de Política Federal del PSOE, donde participan todos los barones. Javier Lambán insinuó que el presidente estaba cayendo en el "chantaje" de los independentistas. Otros dirigentes consideraban que esa posición supone hacer sucumbir al estado de derecho y, sobre todo, cunde la preocupación por la factura electoral que pueda tener la posición de los socialistas respecto a Catalunya.

Ferraz trata de aplacar las críticas internas

Ferraz llamó a capítulo a las federaciones. El responsable de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, llamó a García-Page y le aseguró que no iba a convocar al órgano territorial. También se puso en contacto con otros líderes autonómicos para trasladarles el "argumentario" elaborado la dirección sobre las gestiones en Catalunya.

Desde entonces, el tono ha bajado en las filas socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, a quien Carmen Calvo acusó de hablar sin estar informado, reconoció este jueves que tras precisar el Gobierno del relator afectaría exclusivamente a la mesa de partidos catalanes y no a la relación institucional entre el Ejecutivo y la Generalitat "ha quedado algo más desbrozado el asunto". El aragonés Javier Lambán, a quien en el momento de redactar esta información no se había contactado desde Ferraz, ha mantenido sus reticencias sobre la mesa de partidos, pero ha culpado a los independentistas: "Sánchez sigue confundido, en su buena fe, por unos independentistas que son congénitamente desleales y mentirosos".

"Hubo 24 primeras horas de crisis, un lío, pero las opiniones se han relajado", señalan desde Moncloa, que consideran que se han magnificado los "acontecimientos" . "Es una mesa de partidos. ¿Cuántas se han constituido? No tiene sentido el follón que se ha armado", concluyen esas fuentes.