Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización Impunidad Cero.

La investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra, además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más difícil verificar su correcta aplicación.

Por tanto, “mientras en la administración de los recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.

El análisis, que será presentado este martes 16 de octubre, recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para evitar la opacidad.

También urge a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, y particularmente la designación del fiscal especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.

Las irregularidades

La investigación seleccionó a cinco entidades gobernadas por distintos partidos, para evitar la interpretación de un posible sesgo político, y para resaltar que la malversación del presupuesto del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por parte de los estados; se trata de un programa que, solo en 2017, recibió 167 mil millones de pesos de presupuesto.

Chiapas es la entidad con el mayor monto de irregularidad, de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016.

Según la Auditoría, Chiapas manejó 948 millones de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras cuentas.

Además, dejó de aplicar recursos correspondientes al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores de febrero a diciembre 2016.

La entidad, gobernada por Manuel Velasco, tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016.

Michoacán fue la entidad con más irregularidades y por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. El estado, gobernado por Silvano Aureoles, no entregó documentos que comprobaran el gasto, “por lo que se refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa”.

Tampoco proporcionó evidencia de la formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359 contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.

A esto se suma que se detectaron pagos a personal que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.

En tanto, el Estado de México tuvo un manejo irregular por 820 millones de pesos debido a que la entidad, encabezada en 2016 por Eruviel Ávila, gastó el presupuesto “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal”, y tampoco pagó el ISR entre octubre y diciembre de 2016, según la Auditoría.

Baja California y Oaxaca utilizaron de manera irregular 155 millones y 175 millones de pesos, respectivamente, de acuerdo con las auditorías analizadas en 2016.

Oaxaca gastó el presupuesto del Seguro Popular “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria” de que se hubiera aplicado para los objetivos del programa. Tampoco comprobó las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud, pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.

En Baja California transfirieron los recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no proporcionó documentación que acreditara su destino ni su aplicación a los fines del programa.

La entidad renombró algunas de las percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del impuesto”. Y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.