Las farmacias de la Comunidad Valenciana han anunciado un cierre patronal indefinido a partir del próximo lunes debido a la "crítica situación" en la que se encuentran ante los impagos de la Generalitat, que adeuda a los 2.400 establecimientos las recetas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. A razón de unos 120 millones de euros mensuales, son 480 millones de euros, unos 200.000 por botica.

"Estamos en una situación de emergencia", ha afirmado este miércoles Teresa Guardiola, la presidenta del Colegio de Farmacia de Valencia, que ha indicado que si el Gobierno valenciano no les paga, al margen de la protesta, las boticas tendrían que cerrar en quince días "porque no pueden aguantar".

Mientras Guardiola realizaba estas declaraciones, al mediodía, recibió una llamada de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para reunirse con ella por la tarde y abordar la cuestión. Fuentes del colegio de farmacéuticos valenciano indicaron a última hora del día que el encuentro había sido satisfactorio y que ofrecerían los detalles el jueves.

La situación de las farmacias es "de angustia, ya que muchas de ellas han agotado su financiación bancaria y la de la propia distribución [las empresas proveedoras de medicamentos]", destaca la entidad colegial en un comunicado. El colegio calcula que más de 70 farmacias de toda la Comunidad Valenciana se encuentran en concurso de acreedores.

Ante la situación límite de falta de pago, "unas boticas han adelantado las vacaciones a la espera de que la Generalitat se ponga al corriente de los ingresos; otras, en cambio, afrontan embargos ante la imposibilidad de pagar a proveedores, nóminas o alquileres".

Además, "los almacenes de distribución se encuentran también en una situación preocupante, ya que al no poderles pagar las oficinas de farmacias, no pueden seguir distribuyendo medicamentos con normalidad".

Los farmacéuticos valencianos mantienen un conflicto abierto con la Generalitat a cuenta de los impagos que dura ya seis meses. El pasado mes de diciembre anunciaron un cierre patronal de tres días que, finalmente se quedaron en dos después de que el Gobierno valenciano hiciera un pago de 60 millones de euros.

En febrero hubo una nueva amenaza de paro que se desconvocó tras llegar a un acuerdo sobre las condiciones de cobro de la deuda con el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar. Un nuevo incumplimiento del Ejecutivo de Alberto Fabra acabó en un nuevo cierre los pasados días 7 y 8 de junio. Ahora, la amenaza es de una protesta indefinida.