Washington, D.C.—Contrario a los que anticiparon una “verdadera mina de oro”, los recién liberados 2,800 documentos secretos sobre la investigación del asesinato de John F. Kennedy, no contienen ninguna bomba informativa que ayude a corroborar oficialmente el contubernio entre los gobiernos priistas de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luís Echeverría con la CIA. A última hora, Mike Pompeo, director de la famosa agencia de espionaje, convenció a Donald Trump–quien por ley tenía como fecha perentoria liberarlos el jueves 26 de octubre–, mantener en reserva 90 por ciento del acervo de 30,000 documentos por consideraciones de “seguridad nacional”.

Jefferson Morley, autor de la biografía de Winston Scott, el legendario jefe de la estación de la CIA en México de 1956 a 1969, me dijo que la CIA se opuso a su divulgación, entre otros motivos, para proteger uno de los operativos secretos más ambiciosos de su historia: el reclutamiento de la élite política mexicana. En Our Man in Mexico (Nuestro Hombre en México, Tauros 2011), Morley dice que López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría fueron reclutados, con pago de por medio, por Scott, según consta en documentos obtenidos por el autor para su libro. Estos no revelan los montos que les pagaban, pero se deduce que eran excesivos, a decir por las quejas al interior de la agencia.

Las leyes de transparencia estadounidenses generalmente prohíben la difusión de material secreto que aluda a personas vivas. En vista de que todos los reclutas de Scott han muerto, con la excepción de Echeverría, cabe concluir que el propósito de la CIA es blindar al individuo que ordenó la masacre de Tlatelolco y darlos a conocer sólo después de su muerte. “Tengo la certeza de que el nombre de Echeverría está en los documentos que están siendo negados por esa razón”, me dijo Morley, quien posee una lista de títulos de una parte del acervo bajo reserva.

Los expedientes son potencialmente explosivos pues probarían más allá de toda duda que Echeverría sirvió a un gobierno extranjero a cambio de un beneficio (pago) cuando fue subsecretario y secretario de Gobernación. Bajo la Constitución, eso se llama traición a la patria. Morley considera que el argumento que esgrimió la CIA ante Trump invocando la seguridad nacional es falso. “La estrecha relación entre la CIA y las presidencias mexicanas de entonces, es muy delicada porque puede tener implicaciones para las relaciones hoy en día. De saberse, el presidente mexicano [Enrique Peña Nieto] tendría que pronunciarse y dañaría las relaciones”, me dijo Morley.

Morley no sabe si el gobierno de Peña fue consultado, aunque no lo descarta. “No me sorprendería si la CIA o el Departamento de Estado hubieran preguntado a sus contrapartes si tendrían problema en que se publicaran. Es posible”.

Otra razón para frenar su divulgación, según Morley, puede estar relacionada a los métodos de espionaje de la CIA. Pese a que han transcurrido más de seis décadas, la CIA pudo negarse a que se conocieran el lugar donde ubicaban cámaras secretas de vigilancia, aparatos de intercepción telefónica y hasta los nombres de los colaboradores que ayudaron a espiar al consulado de Cuba y a la embajada de la URSS. De no haber sido por la subordinación de López Mateos, quien dio luz verde a la CIA para echar andar el masivo operativo de espionaje contra Cuba y la URSS, la CIA jamás se hubiera enterado de la presencia de Lee Harvey Oswald en las sedes diplomáticas de esos países semanas antes del asesinato de Kennedy.

Morley dice tener la certeza de que los documentos censurados por la CIA contienen información sobre los informantes de Litempo, nombre en código del operativo de reclutamiento de la agencia, y la relación con la presidencia de México. Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nassar Haro, los torturadores irredentos de la sangrienta guerra sucia, también fueron parte de Litempo. “Sabemos que los records no desclasificados tienen muchas referencias a esas relaciones”.

Cabe concluir que la cacareada desclasificación de la semana pasada fue mucho humo y poco fuego no solo en lo que respecta a México sino también al asesinato de JFK. Ha sido gracias al trabajo de Morley que sabemos de Litempo y de cómo la estación de la CIA en México solapó en sus despachos a Washington a los verdaderos autores de la masacre de Tlatelolco para proteger su connivencia con el gobierno de Díaz Ordaz. Los documentos obtenidos por Morley–los que pueden consultarse en línea en los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington–ofrecen una ventana a la perversa historia de intrigas y componendas entre las élites de Estados Unidos y México, pero es una historia incompleta y fragmentada porque seis décadas después la CIA insiste en mantenerla en secreto.

RUSIAGATE TOCA A SINALOA

Resulta que Mercury Public Affairs, la firma contratada por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa, al son de 25,000 dólares mensuales, está enredada en la explosiva investigación en torno a la presunta colusión entre los rusos y la campaña presidencial de Donald Trump. Contratada por Sinaloa para dar “asesoría estratégica” sobre “asuntos internacionales, abogacía, publicidad y cabildeo”, Mercury es la compañía identificada como “A” en el encausamiento criminal contra Paul Madafort, ex jefe de la campaña de Trump. Según la acusación, los pagos que Madafort hizo a Mercury son parte de los millones de dólares que el operador político lavó en paraísos fiscales para ocultar su procedencia vinculada a Rusia. A ver si a Quirino Ordaz no le sale el tiro por la culata por andar empleando servicios mercenarios que no por caros son menos cuestionables y cuestionados.

Twitter: @DoliaEstevez