Ya está listo el plan técnico, con aumentos para usinas, industrias, autos a GNC y hogares. Aranguren quiere que rija desde el 1º de marzo. El eje Frigerio-Peña, tras las paritarias. | infografía: A.I.

El Gobierno ya definió el trazo grueso del aumento de las tarifas de gas previsto, en principio, para el 1° de marzo. Los nuevos cuadros tarifarios contemplan una suba promedio cercana al 250%, según indicaron a PERFIL fuentes empresariales y allegados al Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren. Sin embargo, el viernes empezó a circular una versión que encendió la alarma en todas las compañías del sector: la línea política del Gobierno encabezada por Rogelio Frigerio habría sugerido diferir el alza de tarifas hasta después de la negociación paritaria con los principales sindicatos.

En el plano técnico, la recomposición de los esquemas tarifarios está muy avanzada. Tal como sucedió hace dos semanas con el negocio eléctrico, primero se actualizarán los precios mayoristas que reciben los productores del fluido. Para algunos usuarios, los valores en boca de pozo, tal como se conoce en la jerga al importe que cobran las petroleras –con YPF, la francesa Total, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Petrobras a la cabeza–, se duplicarán. Las generadoras de electricidad pasarán a pagar US$ 5,20 por millón de BTU (unidad de medida), un 100% más que ahora (US$ 2,66). Las industrias deberán afrontar un aumento de entre un 20 y 30%: abonarán, en promedio, alrededor de US$ 5 por millón de BTU contra una media actual de entre US$ 3,90 y 4,30. En tanto que para los consumidores de GNC el precio previsto es de US$ 3,50, un 40% más alto que el vigente de US$ 2,481, lo que anticipa un eventual conflicto con el sindicato de taxistas por el incremento de sus costos operativos.

El aumento para el segmento residencial es el nudo gordiano de lo que viene en materia de precios. Una vez que se publiquen los nuevos importes, las distribuidoras –entre los que figuran Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi– comenzarán a abonar a los productores un promedio de US$ 4,70 por millón de BTU; un 123% más que ahora (US$ 2,098). Eso implica que los hogares de consumos más bajos de gas –empadronados como R1 y R2–, que hoy pagan un precio que oscila entre los US$ 0,607 y los US$ 1,34, abonarán un precio cercano a los US$ 3. Mientras el aumento para la categoría R3 –que hoy ya llega a pagar hasta US$ 5,15, en el mismo nivel que un industrial– no se prevén grandes modificaciones.

Resta saber si el Enargas, el ente regulador del sector, ordenará su aplicación a partir del 1° de marzo o finalmente postergará su entrada en vigencia para descomprimir el escenario político hasta pasar las paritarias. “Está casi todo listo a la espera de la decisión final de Presidencia”, indicó el presidente de una gasífera.

La idea fuerza del Gobierno es recomponer el precio interno del gas para que los petroleras incrementen sus inversiones en la exploración de nuevas reservas. Se optará por alinear el mercado doméstico con los valores de importación: como resultado del derrumbe internacional del petróleo, que hoy navega apenas por arriba de los US$ 30, el gas que se compra a Bolivia se paga US$ 3,90 y el GNL que se importa por barco se consigue en torno a los US$ 5,50 (con el barril a US$ 110 llegó a pagarse US$ 17). Por eso, Aranguren dio marcha atrás con su idea inicial de establecer un precio único para el gas en boca de pozo de US$ 5,80, tal como se pensaba hasta hace un mes.

Aguas abajo del negocio de la producción, el segundo paso es recomponer la rentabilidad de los segmentos de transporte y distribución de gas. Para TGN y TGS, que se reparten el transporte del fluido en el Norte y Sur del país respectivamente, se bosquejaron nuevos cuadros tarifarios que contemplan aumentos de entre un 100% y un 300% según el tipo de usuario. Para el segmento de distribución, la suba oscilará entre un 100% y un 140%. Con esos números en la mano, los privados calculan un incremento final en la factura de gas que promediará entre un 200% y un 300%.

La estrategia del Ejecutivo es de dos pinzas: por un lado, apunta a recomponer la rentabilidad de los productores para incentivar la perforación de pozos en yacimientos gasíferos más pequeños y que requieren otra tecnología –como el tight y shale gas–, a fin de reducir las millonarias importaciones del fluido. En forma complementaria, el mandato fiscal pregona una reducción de los subsidios que inyecta el Estado en el sistema gasífero. Como las tarifas que paga la demanda no alcanzan a cubrir los costos del sistema, la mayoría del gas importado –en 2015 se gastaron US$ 3.600 millones para traer GNL y gas de Bolivia– se eroga mediante transferencias directas del Tesoro canalizadas a través de Enarsa. Aranguren cree que ese modelo está perimido. Por lo que a futuro los usuarios terminarán pagando tarifas para solventar esas operaciones.

Por Nicolás Gandini | Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diario Perfil.