No hay duda de que tanto el sistema de educación como el de sanidad pública han sido dos de los principales aportes de los gobiernos de Felipe González a la estructuración de un Estado de bienestar en España inexistente durante la etapa de la dictadura.

Estos dos pilares han sufrido durante la crisis una reducción presupuestaria por parte de los gobiernos del PP, que siempre han desarrollado --como también lo ha hecho la derecha catalana, especialmente en lo referente a la sanidad-- no sólo un recorte, sino políticas de privatización y transferencias de gestión al sector privado. Todo ello ha supuesto un retroceso en un ya de por sí endeble Estado del bienestar.

En la actualidad, podemos observar cómo el discurso ideológico de las derechas se basa en una serie de consignas que lo único que pretenden es presentar un envoltorio liberal que oculta nuevos ataques a los servicios públicos. Hemos visto los acuerdos tripartitos de las derechas en las comunidades autónomas donde han alcanzado el poder político, y cómo lo que proponen para el conjunto del país se basa en una serie de conceptos falsos que es preciso denunciar.

La derecha habla de “los gobiernos de la libertad” basados en dos conceptos que, sumados, demuestran en el fondo su falsedad y su concepción clasista de la sociedad. Son “la bajada generalizada de impuestos” y “dar a los ciudadanos la libertad de elección de centro sanitario y educativo”. En realidad lo que proponen es rebajar los presupuestos públicos, reduciendo los ingresos y, por tanto, y de forma ineludible, disminuir el gasto en los servicios públicos. Y que cada uno en función de sus ingresos pueda acudir a centros educativos y sanitarios privados de mejor o peor calidad en función de su poder adquisitivo. Cabe decir que esta propuesta claramente neoliberal pretende a la vez favorecer grandes intereses financieros y empresariales en el caso de la sanidad, e ideológicos, eclesiales y empresariales en el ámbito de la educación.

Comentemos por separado los dos campos. En lo referente a la sanidad, es evidente que la sanidad pública española goza de un prestigio reconocido y una profesionalidad ejemplar de su personal, que ha conseguido hasta el momento paliar en lo posible las restricciones presupuestarias. Sólo entre 2009 y 2013, la sanidad pública sufrió un recorte de 9.000 millones de euros. Se debe constatar que en 2016 el gasto en sanidad era de más de 100.000 millones de euros, de ellos, un 71% a cargo de las Administraciones Públicas (AAPP), y un 29% de gastos privados. Esta situación hace menos de 10 años era de un 76% a cargo de las administraciones, y un 24% de gasto privado.

Ello es fruto de la política de recortes en la sanidad pública, a la vez que los seguros privados se lanzaban a captar usuarios, favorecidos por las cada día mayores “listas de espera”. Especialmente en comunidades como Cataluña, donde hay usuarios que deben aguardar 160 días para operaciones menos graves: cabe decir que en otras comunidades con políticas de menos recortes la media no llega a los 50 días. Así, los asegurados con pólizas privadas han pasado de ser poco más de 9 millones en 2014 a 11,5 millones en 2017. Eso sí, los seguros privados buscan personas sanas y excluyen otras como enfermos crónicos renales, con hepatitis C o que padezcan cáncer.

La sanidad pública invirtió en gasto sanitario en 2015 un 6,2% del PIB, muy por debajo del 7,2% de la media de las UE, y 0,6% menos que en 2009. Esto es debido a las políticas de la derecha española, más interesada en los negocios de las empresas sanitarias y aseguradoras-bancarias que en el servicio al ciudadano. Y esto podría haber sido aún peor si en comunidades como Madrid no hubieran tenido que retroceder ante el empuje y la acción de la Marea Blanca.

En el campo de la educación la situación es más compleja. Desde el inicio, la enseñanza pública ha tenido que competir con la privada y la concertada, esta última financiada de forma pública ante la incapacidad de poder financiar en su momento una educación únicamente pública. Esta situación conlleva la coexistencia de modelos que comporta en muchos casos el clasismo en la enseñanza. Esta situación ha ido a peor con la aparición de las universidades privadas. Los conciertos educativos suponen un 18% del gasto público en enseñanza no universitaria.

Debemos reseñar que el gasto público en educación en España estaba situado después de los recortes en el 4% del PIB en 2016, frente al 4,7% de la media de la UE (cabe decir que en el año 2011 la inversión era del 4,8%). Es el sexto país con menor inversión educativa de la UE, muy lejos de Dinamarca (7%), Suecia (6,5%), Finlandia (6,2%) o Portugal (6%). Reseñable el caso de Portugal, y la prioridad dada a la inversión pública en educación, con excelentes resultados y con la eliminación de las subvenciones a la concertada.

Deberíamos resaltar un hecho poco conocido, y es que el país reconocido por tener el mejor modelo de excelencia educativa, Finlandia, tiene un sistema totalmente público. Esta es una mala señal para aquellos que pretenden plantear la supremacía de la gestión privada sobre la pública.

Se debería defender, publicitar y resaltar de forma constante que detrás de los alegatos de las diversas derechas en defensa de la libertad de elección de centros tanto educativos como sanitarios, así como su defensa de la rebaja de impuestos, no es más que la defensa de la desigualdad social y el recorte de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

El gasto público global bajó en nuestro país del 45,6 del PIB en 2013 al 41,3 en 2018. España es, especialmente después de la crisis, uno de los países con mayor desigualdad, debido fundamentalmente a que los ajustes se han hecho mediante la reducción del gasto público, lo que ha afectado de forma negativa al conjunto de la ciudadanía. El problema aquí no está en la reducción del gasto público, sino en su deficiencia de ingresos y en la baja presión fiscal.

España tuvo un gasto público en 2017 del 41% del PIB, cuando la media europea fue del 45,8%. Pero en el capítulo de recaudación fiscal somos el quinto país de la zona euro con menor recaudación fiscal. La media de recaudación fiscal europea se sitúa en el 46,3 del PIB, mientras que en nuestro país es un 7,4% inferior, un 38,9% del PIB, lo cual significa unos 80.000 millones menos de recaudación anual. Todo ello repercute directamente en el gasto en los servicios públicos esenciales entre otros aspectos negativos.

Nuestro país no precisa menos impuestos, al contrario. Necesita una reforma a fondo que permita un sistema más progresivo que el actual, y que actúe a su vez sobre las lacras de la economía sumergida, la elusión y evasión fiscales.

Es preciso dar una fuerte batalla ideológica frente a una derecha que plantea unas propuestas que no permitirían hacer progresar económica y socialmente a España, a la vez que alcanzar una vía de mayor igualdad social.

Lamentablemente, parece que nuestras izquierdas políticas tienen hoy en día unas prioridades mayores que las de cerrar el paso a las derechas, y que les resulte más estimulante pelearse entre ellas. Lo cual es un reflejo de su incapacidad para estar a la altura de las necesidades de la sociedad.