Si usted vive en Venezuela, seguramente estará familiarizado con el término “captahuella”. Una máquina captahuella es un aparato electrónico diseñado para analizar patrones biométricos. La biometría (del griego bios, “vida” y metron, “medida”) es el estudio automático para el reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos.

Los sistemas biométricos fueron introducidos en la vida privada de los venezolanos en general cuando se instalaron máquinas que reconocían la identidad de los votantes en el Referéndum Revocatorio Presidencial de 2004, tras la recomendación del ingeniero Félix Arroyo a Jorge Rodríguez cuando el primero estaba en el directorio del Consejo Nacional Electoral y el segundo presidía dicho organismo.

Hoy en día las máquinas capta huellas han sido utilizadas como instrumento de regulación coercitiva de la actividad comercial por parte del régimen castrochavista en Venezuela en sustitución de los grilletes y libretas de racionamiento aplicadas por sus mentores de esa isla antillana.

Como consecuencia del draconiano control de cambios, que restringe las libertades de los venezolanos en el acceso a las divisas, la irresponsable política fiscal/monetaria del régimen que gobierna la tierra de Páez, así como la implementación de un sistema de regulación de precios de una serie de bienes y servicios, que junto con una oleada de confiscaciones de empresas han destruido el aparato productivo del país, con las devastadoras consecuencias que se observan en el día a día de los venezolanos.

Para los venezolanos salir a hacer compras en el supermercado es una odisea, se enfrentan a regulaciones, hiperinflación, delincuencia, largas colas para la adquisición de productos tan básicos como el papel higiénico o toallas sanitarias, etc. Y la ya no tan reciente implementación de sistemas biométricos adaptados a los sistemas de facturación en las cajas registradoras de los negocios, que retrasa, complica y entorpece una sencilla actividad comercial, a la vez que le niega a los venezolanos una serie de garantías constitucionales.

El órgano del régimen encargado de poner a los venezolanos a imitar las largas filas de pan de la URSS llamado “Superintendencia de Costos y Precios Justos”, (que de justos no tienen nada, ya que ponen al empresario a perder su patrimonio) ha emitido una serie de edictos en los cuales se establece claramente que los comercios privados deben unir a sus sistemas de facturación la implementación de un sistema biométrico para buscar regular una actividad comercial que en Venezuela ha recibido el nombre de “bachaqueo”.

La palabra Bachaquero es un término que surge del Estado Zulia, Bachaquero es la capital del Municipio Valmore Rodríguez, entre Lagunilla y Mene Grande. El estado Zulia, uno de los más grandes y más poblados de Venezuela, es un estado fronterizo no ajeno a los conflictos propios de las turbias y tórpidas relaciones fronterizas de Colombia y Venezuela. El término “bachaqueo” surge de este municipio para darle nombre al contrabando de extracción, mediante el cual un grupo de individuos adquieren ciertos bienes a un precio determinado en Venezuela para cruzar la frontera con Colombia y luego revenderlos a un precio mucho mayor, o a la técnica de la procura de productos a precios regulados por el régimen venezolano para su reventa a precios mucho mayores.

Las autoridades venezolanas han buscado muchas formas de ponerle freno a esta práctica sin atacar la causa principal de este fenómeno, que es la fijación de precios máximos y mínimos en lugar de permitirle al mercado, la acción humana y el libre ejercicio de la actividad empresarial, que son los motores verdaderos de un sistema económico basado en la ley de oferta y demanda los que establezcan el precio de los bienes y servicios.

Recientemente una empresa de origen panameño de nombre HiSoft ha sido el encargado de suplir tecnología biométrica a negocios particulares con la finalidad de hacer cumplir los mandatos establecidos por el régimen venezolano en la procura de bienes y servicios de primera necesidad.

La empresa HiSoft aparece en los archivos de información fiscal de Venezuela sólo con esta corta información en los archivos de información de acceso público, como una empresa extranjera con sucursal en Venezuela.

Sin embargo HiSoft opera en Venezuela con el nombre de INVERSIONES INFO LINK SIGLO XXI, S.A., bajo el Registro de Información Fiscal RIF J308564320, y a pesar de que esta empresa según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) como inhabilitada para realizar negocios con el estado venezolano de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas, dicha empresa ha hecho negocios con PDVSA, Ministerio de Planificación y Finanzas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la Universidad Central de Venezuela, y la Gobernación del Estado Miranda entre otras.

Otra empresa vinculada con HiSoft en Venezuela aparece en el RNC con el nombre de NOVENCA VENEZUELA, C.A., bajo el Registro de Información Fiscal RIF J310066469, y tiene entre otros clientes a Smartmatic (empresa de la cual es socia comercial), el Consejo Nacional de Universidades y la Alcaldía de Chacao a quienes a ha provisto con diversos servicios.

Si revisamos los websites de Novenca encontraremos una empresa dedicada a proveer soluciones de seguridad, en el caso de HiSoft, nos topamos con una serie de cosas interesantes y controversiales si somos capaces de unir los puntos podemos hacer una serie de preguntas que quedan sin interlocutor.

-¿Cómo es que una empresa inhabilitada por el Registro Nacional de Contratistas, que no cumple con la Ley de Contrataciones Públicas publica en su website internacional ser la empresa encargada de la Digitalización del Archivo Histórico del Registro Civil Venezolano?

HiSoft entonces tiene la tarea de recuperar gran parte de lo que queda del Archivo Histórico del Registro Civil de Venezuela tras el incendio de la torre Este de Parque Central el 17 de octubre de 2004, en donde reposaba gran parte del Registro Electoral Permanente que convenientemente fue reducido a cenizas tras el mega fraude electoral del 15 de agosto de ese mismo año, también debemos recordar que Diosdado Cabello era el Ministro de Infraestructura en ese momento y la investigación de los hechos relacionados a ese incendio permanece un misterio.

Y así como recordamos estos hechos, es también importante destacar que el Registro Civil Venezolano está regentado por una empresa cubana de nombre Albet S.A., empresa adscrita a la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, cuyo contrato con el régimen le da la potestad a oficiales cubanos de administrar datos relacionados con la identidad de millones de venezolanos, una flagrante violación de los intereses de seguridad de un país en donde las preferencias de votación de los individuos afectan de forma significativa desde su capacidad de conseguir trabajo hasta vivienda.

Pero las actividades de esta empresa panameña no sólo se limitan a tener una oscura relación con las bases de datos que les provee el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior de Venezuela que tienen información confidencial de los ciudadanos venezolanos, sino que también han incurrido en automatizar junto con ALBET S.A. el registro civil.

-¿Cómo es que una empresa panameña trabaja junto con una empresa cubana para automatizar el sistema de registro civil de Venezuela?

-¿Por que los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela no han denunciado la clara vulnerabilidad e intromisión de países extranjeros en la seguridad y resguardo de los datos de identificación venezolanos? Estos no son hechos aislados, organizaciones no gubernamentales como VotoLimpio y EsData, para las cuales soy colaborador activo hemos denunciado la existencia de más de cinco millones de votantes inscritos en el registro electoral permanente que no tienen huella dactilar registrada ni firma y que en auditorías realizadas como parte de la campaña electoral de las múltiples elecciones que se llevan a cabo en Venezuela, los representantes de la oposición entierran su cabeza cual avestruces y no manifiestan ni denuncian estos hechos porque tienen claros conflictos de interés, ya que al tiempo que representan a la oposición ante el ministerio de elecciones de Venezuela, tienen contratos millonarios con el régimen, tal es el caso de Roberto Picón Herrera y Mario Torre, a quienes he denunciado públicamente en mi blog en entradas anteriores.

HiSoft entra en el negocio de la regulación de los alimentos

HiSoft desarrolló para la red de Supermercados estatales PDVAL, Mercal y Bicentenario un software junto con la máquina captahuellas llamado “Gestión Biométrica de Identidad”, como parte del plan estatal del “Sistema Nacional de Captahuellas para el Abastecimiento Seguro” se instalaron 20.000 máquinas; recientemente cinco cadenas privadas de supermercados (Plaza’s, Excélsior Gama, Luvebras, Unicasa y Makro) decidieron implementar esta tecnología, en una movida que inició la cadena de farmacias Farmatodo en la otra crisis a la que se enfrentan los venezolanos, la escasez de medicinas. Y aparentemente es época de buenos negocios y prosperidad para HiSoft ya que el costo de la implementación de esta tecnología será asumido por los empresarios privados, y el uso de este grillete digital será utilizado para la compra de cualquier producto.

Alguien se está lucrando con las penurias por las que tenemos que pasar los venezolanos para la procura de bienes y servicios de primera necesidad, y no es sólo el régimen venezolano sino también un grupo de empresarios venezolanos y extranjeros sin escrúpulos, ajenos y complemente desconectados de la realidad a la que nos enfrentamos los ciudadanos de la patria de Páez, quienes nos tenemos que ver enfrentados a hacer interminables colas para conseguir alimentos.

¿Quienes manejan los negocios de HiSoft en Venezuela?

El RNC reporta a Juan Sesto Casals, CI-V 11306570 como gerente general de la empresa Novenca, este empresario tiene vínculos con la empresa financiera Banvalor, que fue intervenida en 2011 durante la micro-crisis bancaria que ocurrió entre 2009-2011 que el régimen castrochavista se apuró en mitigar ya que buena parte de los involucrados en dicha controversia son personeros íntimamente relacionados al régimen chavista, esa perversa sociedad de cómplices compuesta por banqueros con procederes gangsteriles y la logia militar de los sucesores de Hugo Chávez. De dicha crisis, surge el infame, corrupto e ineficaz Banco Bicentenario.

La empresa financiera Banvalor tuvo en su directiva a un conocido personaje del mundo de las finanzas venezolanas de nombre Juan Domingo Cordero, quien fuera presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, uno de los directivos del desaparecido Banco Barinas, conocido como la “lavadora del narcotráfico” durante la crisis bancaria de 1994 y artífice en la adquisición hostil del canal Globovisión que llevó al notorio cambio de su línea editorial.

Juan Domingo Cordero parece tener vínculos con Juan Sesto Casals durante su paso por BanValor. Si unimos los puntos podremos notar que la boliburguesía corrupta bancaria está metida hasta el cuello en el multimillonario negocio de las máquinas captahuellas.