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MADRID// Esperanza Aguirre fue contratada por Seeliger y Conde para asesorar sobre un sector donde incrementó el presupuesto en 400 millones de euros sus últimos días al frente de la Comunidad de Madrid. El 25 de julio de 2012, sólo dos meses antes de abandonar el puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid, Aguirre aumentó de manera considerable la partida del plan de acción contra la discapacidad, una de las áreas de los servicios sociales que más han visto cómo la gestión pasaba a manos privadas. «A pesar de que vivimos tiempos muy difíciles, con este plan realizamos uno de los esfuerzos presupuestarios más importantes que se han realizado hasta ahora a las personas con discapacidad. Nuestro compromiso está más vivo que nunca», declaró la entonces presidenta.

El 14 de enero de 2013, cuando fichó por Seeliger y Conde, la nota de prensa de la empresa de cazatalentos explicó que «una parte importante de su trabajo de asesoramiento se centrará en las acciones que desarrolla la Fundación Seeliger y Conde, concebida en favor de la inserción laboral de personas con discapacidad».

El plan presentado por la Comunidad de Madrid fue muy criticado por la oposición debido a que no fue posible consultar la memoria económica de dicho proyecto. UPyD ni siquiera asistió a la presentación por la absoluta falta de transparencia de la Consejería de Asuntos Sociales. El entonces portavoz de la formación magenta en la comisión encargada del seguimiento, Alberto Reyero, declaró a EFE que el gobierno de Esperanza Aguirre «se ha negado, en reiteradas ocasiones, a entregar una copia, a pesar de estar aprobado desde dos meses antes de la presentación».

Uno de los ejes fundamentales del plan fue el impulso a la promoción de la contratación de personas con discapacidad. La partida referente a la integración laboral de personas con discapacidad en los presupuestos en 2013 fue dotada con 28 millones de euros. Además, en el plan se establecían subvenciones para la contratación que podían oscilar entre los 3.907 € y los 10.000€.

El aumento presupuestario de la Comunidad de Madrid en los días previos a la marcha de Aguirre no implicó una mejora en la atención a las personas con discapacidad, sino un aumento de la partida destinada a la privatización de los servicios sociales en la atención a estos ciudadanos. Desde algunas asociaciones, se quejaron del plan porque «en la Comunidad de Madrid han desaparecido los programas de empleo para personas con discapacidad».

Un año después de que Aguirre dejara la presidencia, y ya trabajando para Seeliger y Conde en el asesoramiento de inserción laboral a los discapacitados, se aprobó el acuerdo marco de atención a personas con discapacidad, con el plan de Aguirre todavía vigente. Los sindicatos alertaron de que se trataba de una privatización de la gestión de los centros de atención a la discapacidad y que supondría un importante deterioro de la calidad. Según Tino Patón (UGT), el acuerdo marco suponía «un desembarco de grupos de interés» en un sector en el que el ánimo de lucro no debe primar sobre la calidad asistencial a un colectivo tan vulnerable.

Beneficiarios del plan de discapacidad. (El negocio de la responsabilidad social corporativa)

El incremento presupuestario de la Comunidad de Madrid en el sector ha venido aparejado a la privatización de servicios sociales y otros servicios generales secundarios, como los de lavandería. Una de las empresas beneficiarias de este desvío de dinero público a la gestión privada con mayor nivel de negocio en el sector es Flisa, parte de Fundosa, y de la Fundación Once. Una empresa que sufrió uno de los mayores conflictos colectivos de los últimos años en el sector sanitario en Madrid por el intento de reducir los salarios en un 43% .

La Fundación ONCE (Fundosa) es, junto a la Fundación Seeliger y Conde, la que controla casi en exclusiva el negocio de la responsabilidad social corporativa en lo que respecta a empleabilidad de discapacitados. Ambas organizaciones crearon en noviembre de 2012 la fundación Bequal, que es la encargada de otorgar unos sellos de capacitación que muestran el compromiso de las empresas con la integración laboral.

Además, las dos fundaciones se han unido en otros proyectos, como Be On Diversity, que tienen como objetivo declarado fomentar la inclusión de discapacitados en el mercado laboral, pero que sirven a las empresas como un elemento de marketing para posicionar a las corporaciones en un buen lugar de cara a la opinión pública. Un anuncio de la Fundación Bequal dirigido a las empresas que quieran conseguir el sello de aprobación incide en lo importante que es para el consumidor, y por tanto la empresa, obtener el sello que certifique su compromiso con la empleabilidad de los discapacitados.

El furor privatizador de los últimos días de Esperanza Aguirre

Los últimos días de Esperanza Aguirre al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid estuvieron marcados por las privatizaciones de servicios y la liquidación de patrimonio de los madrileños, todo quedó atado y bien atado en los días previos a su dimisión, incluido el control de la Fundación Caja Madrid. Los días de julio en los que Aguirre ingresó cinco millones de euros en un cheque en su cuenta,según revelaba este viernes eldiario.es, se produjeron movimientos muy significativos en este sentido.

El 18 de julio de 2012, Aguirre aumentó el presupuesto para las clínicas privadas en un 25%. La presidenta de la Comunidad de Madrid destinó 130 millones de euros más de los que estaban previstos en los conciertos sanitarios presupuestados en 2011. El Gobierno regional había incluido que el presupuesto en conciertos sanitarios privados era de 513 millones de euros, pero dos meses antes de dejar la Comunidad de Madrid, aumentó el gasto hasta los 643 millones. Sólo una semana antes, el ejecutivo de Aguirre había puesto a la venta 45 edificios de propiedad pública, algunos con un importante valor arquitectónico, con rebajas de hasta el 30% sobre su valor de tasación.

La liquidación de Telemadrid también sufrió un fuerte avance justo antes de que la lideresa “abandonara” la primera línea política. En agosto de 2012, Aguirre propuso un plan de ajuste para la televisión pública de 25 millones de euros, entre las medidas se incluía el ERE que finalmente se llevó a cabo tras su salida.