Foto Página|12

Las familias de Teresa Rodríguez, de Aníbal Verón, de los caídos el 19 y 20 de diciembre de 2001, de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán, de Mariano Ferreyra, de los pobladores qom de Formosa, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y de tantas personas asesinadas en las últimas décadas por las fuerzas represivas del Estado (o por actores amparados por ellas), todavía esperan que esas mismas fuerzas digan la verdad sobre esos crímenes brutales. Y en muchos casos, la espera es también por que todos los responsables sean juzgados y condenados.

En cada proceso judicial abierto por esos y otros casos hubo una regla inviolable: las conducciones de esas fuerzas siempre respetaron el espíritu de cuerpo y los pactos de silencio, evitando cualquier colaboración con las familias de las víctimas, con la verdad y la justicia; protegiendo a sus miembros y garantizando -en lo que de ellas dependiera- la impunidad.

Cada vez que asume un nuevo gobierno, quien se coloca al frente del Ministerio de Seguridad presenta un “plan” con el que conducirá a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el caso de Sabina Frederic, elegida por Alberto Fernández para el cargo, desde su asunción marcó una fuerte distancia discursiva y simbólica con su antecesora Patricia Bullrich.

No hacía falta mucho esfuerzo, claro. Con derogar el puñado de protocolos fascistoides pergeñados por su antecesora y con manifestarse en contra de las ejecuciones sumarias (doctrina Chocobar), de la justificación ciega de las torturas y de la apología de la criminalización de la protesta social, a Frederic le alcanza y sobra para dejar en claro que ella no es Bullrich.

Pero lo más complicado es pasar de las palabras a los hechos. Y eso no se logra solo con “buenas intenciones”. Tampoco con cursos de derechos humanos a policías, gendarmes y prefectos. Y menos aún sentando en una misma mesa a jerarcas de instituciones cuya razón de ser es la protección de los bienes de las clases dominantes y la represión a los sectores populares, junto a dirigentes de organizaciones integradas por, precisamente, parte de los sectores populares.

Represores y reprimidos

El martes 28 de enero la ministra Fredric reunió en el SUM de la sede central de Gendarmería (en el barrio porteño de Retiro) a los jefes y subjefes de las cuatro fuerzas federales con un grupo de dirigentes de organizaciones como CTEP, MTE, CCC, Barrios de Pie, Octubres, Martín Fierro y una parte recientemente alejada del Frente Popular Darío Santillán (vaya paradoja, el nombre de uno de los caídos por las balas del Estado).

Un hecho que podría catalogarse de “histórico”. Aunque vale aclarar que las organizaciones presentes tienen múltiples vínculos con el Gobierno, aportando incluso funcionarios en puestos relevantes, lo que en los hechos le quita todo carácter “multisectorial” al cónclave.

“Se trata de generar canales de diálogo”, explicaría luego Frederic al diario oficialista Página|12. Y agregaría que “el país se encuentra en una situación de emergencia donde debemos colaborar todos, sabiendo que nosotros tenemos la responsabilidad política de la conducción. El objetivo es generar dispositivos que permitan resolver situaciones antes de que escalen. El uso de la fuerza pública debe ser la última opción”.

Junto a ella, el jefe de Prefectura Mario Farinón diría que estaba gratamente sorprendido por encontrarse a conversar con quienes en las manifestaciones se encontraban “en posiciones diferentes. La sociedad hoy demanda un esfuerzo y debemos trabajar en equipo”, se animó el uniformado. Y hasta llegó al extremo de afirmar que “a nadie le gusta reprimir, eso es lo más duro que a uno le puede tocar. Si se pudiera elegir, creo que ninguna persona en su sano juicio elegiría reprimir”, tiró al aire antes de reivindicarse “católico y apostólico”.

Según Página|12, una “alta fuente de Gendarmería” (de la que curiosamente no se dice el nombre) afirmó que “cada vez que hubo posibilidad de diálogo las cosas funcionaron, sin llegar a la violencia”. La misma voz verde oliva agregó, casi en un lapsus de mea culpa, que ellos son “una herramienta del Estado en el uso de la violencia, dirigida por la justicia o el poder político. Cuando es mal usada, ocurren situaciones lamentables”, lanzó casi con tufillo a obediencia debida.

En un sutil intento de "asociar" a los dirigentes de las organizaciones sociales a futuras acciones represivas, el jefe de Prefectura Farinón aseguró que “ahora hay un nexo, los representantes de los movimientos tienen los teléfonos de los jefes de cada fuerza para el momento que lo necesiten”.

Botón de muestra

En la reunión, al menos hasta donde se hizo público, nadie mencionó que Farinón (una voz cantante del cónclave) tiene bastante experiencia en criminalización de la protesta y represión a los que luchan. De hecho es uno de los jefes de Prefectura que conoce al detalle los pormenores del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi (cerca de Bariloche).

El caso Nahuel tuvo resonancia nacional, no solo porque se produjo el mismo día en que eran sepultados los restos de Santiago Maldonado (tras ser hallados en el Río Chubut luego de 78 días desaparecido), sino porque ambas muertes son emblemas de una misma política represiva por parte de la gestión de Patricia Bullrich contra la comunidad mapuche en la Patagonia.

En marzo de 2017 Bullrich nombró al prefecto general Farinón al frente de la Jefatura Regional Viedma, desde donde controlaría las zonas Lacustre, Comahue, Mar Argentino Sur y Mar Argentino Norte. En el acto de inauguración de esa flamante sede (que era trasladada desde Bahía Blanca), Bullrich dijo que el Gobierno de Mauricio Macri era un gobierno “de diálogo, de paz y tranquilidad” y que ella estaba segura de que “es mejor el diálogo que el conflicto, mejor el trabajo que el enfrentamiento”. Farinón, lógicamente, aplaudía.

Por esos meses, la criminalización de los mapuches iba en aumento y ya se habían producido duros hechos represivos por parte de las fuerzas provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro con colaboración y apoyo de las huestes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por caso, en la zona donde el 1º de agosto de desaparecería Maldonado la Policía de Chubut con la Gendarmería ya habían reprimido a balazos, torturado y detenidos a mujeres, hombres y menores que defendían sus territorios ancestrales.

Es un hecho inobjetable que el hoy jefe de la Prefectura tuvo desde el primer momento total conocimiento de las alternativas del crimen de Rafa Nahuel, participando de todas las comunicaciones internas de Bullrich y sus funcionarios para diagramar y ejecutar la estrategia de defensa de los prefectos asesinos. Obviamente nunca hizo declaraciones públicas y mantuvo al pie de la letra el libreto oficial.

Tan obediente fue Farinón, que en octubre de 2018 la ministra lo premió con el cargo de Director de la Región Sur de Prefectura con sede en Sierra Grande. Su función sería la del “ordenamiento administrativo” de la fuerza sobre una jurisdicción que abarca desde Mar del Plata hasta Ushuaia, incluyendo obviamente Bariloche y Villa Mascardi. “Mi área de actuación es la más amplia, pero la de mayor conflictividad social”, dijo en ese momento Farinón a Radio Nacional. Nahuel llevaba muerto casi un año y la trama institucional de encubrimiento a sus asesinos se desplegaba a pleno.

Es toda la institución

Obviamente el caso de Farinón no es aislado. Todos los nuevos jefes de las fuerzas federales nombrados por Frederic tienen sus prontuarios. Creer que el comisario general de la Policía Federal Juan Carlos Hernández o que el comandante general de Gendarmería Andrés Severino salieron de un repollo es una ingenuidad. Todos ellos son jerarcas de fuerzas que aún mantienen sus pactos de silencio sobre los crímenes de la dictadura y las represiones (con sus muertos y heridos) de la “democracia” que las tuvieron como protagonistas.

Quienes hoy están a cargo de las políticas de “seguridad” manejan un discurso según el cual todo se reduce a un cambio en la conducción de las fuerzas. Como si solo se tratara de un giro cultural, obviando (u olvidando) que en la propia constitución, formación, capacitación y dinámica esas instituciones llevan la marca de la represión, la criminalización de la protesta y de la juventud pobre. Todo para garantizar la sobrevida de un sistema basado en la apropiación de riquezas por parte de una minoría frente a mayorías que no tienen más que sus manos, piernas y cabezas para vender en el mercado de trabajo.

Ni siquiera durante los momentos de mayor “progresismo” político, como el período kirchnerista de los años de “vacas gordas”, las policías provinciales y las fuerzas federales dejaron de pegar, gasear y disparar contra la población trabajadora que salía a luchar y reclamar en las calles.

No hay que olvidar que bajo el ropaje de los derechos humanos, en sus primeros años la gestión kirchnerista decía que el Estado no reprimía pero en los hechos delegaba la represión en las bravas policías de los feudos provinciales o en patotas al servicio de terratenientes o burócratas sindicales. Y que en las postrimerías de esa experiencia de Gobierno, el militar carapintada Sergio Berni (hoy al frente de la Bonaerense) mandó a Gendarmería y Prefectura a dar palos sin asco a obreros y desocupados que protestaban frente al deterioro de sus condiciones de existencia.

Los relevamientos de Correpi, de la Comisión Provincial por la Memoria e incluso de organismos defensores de los derechos humanos muy ligados al kirchnerismo, demuestran que, lejos de ser un período en el que no hubo violencia estatal contra el pueblo trabajador ni criminalización de la protesta social, la etapa previa al macrismo también tuvo sus "hitos" represivos y sus altísimos índices de gatillo fácil, de torturas en lugares de encierro y decenas de caídos en manifestaciones sociales.

Es lamentable que dirigentes que dicen representar a organizaciones populares se sienten a conversar y a negociar con los representantes máximos del brazo armado del Estado capitalista. Como si la historia reciente de la Argentina no diera suficientes razones para negarse a ser parte de un circo perverso donde los garrotes se regalan como golosinas.

El 9 de enero, cuando la ministra Frederic le tomó juramento a Farinón como Prefecto Nacional Naval, dijo ante un importante número de uniformados: “El principal capital de esta fuerza es el capital humano; ustedes son lo más importante que tiene la Prefectura y esta gestión va a estar muy comprometida en contribuir a que presten su servicio en las mejores condiciones”. Farinón y muchos otros cómplices de crímenes como el del Rafael Nahuel aplaudieron contentos. El pacto de silencio, puede continuar.