«El Gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del Gobierno y opositores políticos», concluye el documento, que se presentará este miércoles en Washington y que fue adelantado a la prensa.

El informe, de 73 páginas titulado «Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela», documenta 88 casos sobre al menos 314 personas, muchas de las cuales describieron haber sufrido graves violaciones de derechos humanos en Caracas y 13 estados entre abril y septiembre de 2017.

«Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales. También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del Gobierno», indica el informe.



«Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana», subraya.

El informe se basa en entrevistas realizadas a más de 120 personas, incluidas víctimas y sus familiares, abogados afiliados a Foro Penal que asistieron pro-bono a víctimas en audiencias judiciales y profesionales médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones.

También se evaluaron «las evidencias disponibles que corroboraban los testimonios, incluidas fotografías, grabaciones de vídeo, informes médicos y sentencias judiciales, y se consultaron informes y declaraciones oficiales».

«Los abusos perversos y generalizados contra opositores del Gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles», dijo José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch.

«No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas», agregó, según la nota de prensa de la organización.



Antes de la publicación del informe, HRW y Foro Penal compartieron sus conclusiones con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha promovido unas audiencias públicas en la organización para determinar si hay base para denunciar a Maduro ante el tribunal de La Haya.

«Los gobiernos comprometidos con solucionar la crisis venezolana deberían enviarles (a las autoridades venezolanas) un mensaje claro: si el Gobierno venezolano no demuestra tener la capacidad o voluntad para que los miembros de las fuerzas de seguridad respondan penalmente en Venezuela por los abusos que cometen, entonces la comunidad internacional promoverá que se haga justicia en el extranjero«, pidió Vivanco.

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