El once de marzo de 2016 se dio inicio a la carpeta de investigación a raíz de una denuncia anónima presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que viven en la casa hogar Ciudad de los Niños, Asociación Civil y desvío de fondo por parte de los encargados.

Según testimonios de los niños y funcionarios que obran en el expediente, es evidente que los menores acogidos han sufrido violencia física, sexual y sicológica que pone en riesgo su integridad, por lo que la juez federal pide que sean reubicados los internos de dicha asociación.

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Ciudad de México/León, Gto., 11 de julio (SinEmbargo/ZonaFranca).- Una denuncia anónima y la resolución de un amparo han puesto en evidencia graves violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes albergados en la Ciudad de los Niños en Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, las cuales han ocurrido con complicidades de autoridades e instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y el Registro Civil. El lugar de acogida ha recibido amplio respaldo de funcionarios y políticos en el estado y nivel federal.

La resolución del juicio de amparo indirecto con número 475/2016-VIII emitida por la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, puso al descubierto la situación que podrían vivir más de cien niños y niñas albergados en las cincos sedes de la Ciudad de los Niños en Salamanca. Según testimonios de los niños y funcionarios que obran en el expediente, es evidente que los menores acogidos han sufrido violencia física, sexual y sicológica que pone en riesgo su integridad, por lo que la juez federal pide que sean reubicados los internos de dicha asociación.

La juzgadora establece que han existido omisiones de las autoridades que han propiciado los posibles abusos. También, en su resolución, pide indagar al Ministerio Público si los apoyos recibidos por la organización a lo largo de los años, tantos de gobiernos como de particulares, han sido utilizados en la mejora de los centros o si hay desvío de fondos.

DENUNCIA ANÓNIMA

El once de marzo de 2016 se dio inicio a la carpeta de investigación a raíz de una denuncia anónima presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que viven en la casa hogar Ciudad de los Niños, Asociación Civil y desvío de fondo por parte de los encargados.

Sin embargo fue hasta que el DIF realizó una visita al centro y tuvo conocimiento de que una monja quemó en una estufa las manos de una niña de siete años por haber robado una plastilina, que se aperturó la carpeta de investigación 13682/2016. El sacerdote responsable de los albergues, Pedro Gutiérrez Farías, promovió un amparo en representación de la niña ante la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, el 15 de julio de 2016, para evitar que saliera de la Ciudad de los niños, lugar en el que tenía dos años viviendo.

La juez federal sentenció la improcedencia de la medida, pero además hizo una serie de observaciones que además de proteger a la menor, pide que se atiendan a los otros cien chicos, pues “no es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca”. También hizo serios señalamientos a autoridades como el DIF por sus omisiones.

La sentencia fue recurrida y será un Tribunal Colegiado quien la confirme u ordene reponer el procedimiento. Anteriormente ya se habían presentado denuncias, sin que hubiera ninguna personas sancionada ni cambiaran las condiciones de los menores ahí internados.

La niña se encuentra en una casa hogar distinta, bajo la custodia y cuidado a cargo de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes.

GOLPES, ABUSO SEXUAL Y HAMBRE

Según testimonios que se encuentran en el expediente, varios niños y niñas que presentaban huellas de maltrato, dijeron que los golpeaban con un palo y que la monja les había dicho que no lo dijeran porque les iban a cerrar la casa y no iban a tener a dónde ir, pues algunos niños fueron abandonados, otros son menores de edad a los que sus familiares los han internado por falta de recursos.

El expediente cuenta con el relato de un joven que llegó a Ciudad de los niños cuando era un bebé y posteriormente lo mandaron a Ciudad Juvenil, “desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, nos hincaban sobre un palo y nos golpeaban, a mí en varias ocasiones Martín me golpeó tanto que tengo varias cicatrices en el cuerpo a causa de sus golpizas y no sólo a mí sino a mujeres y niños también. Recuerdo que en una ocasión hasta a un compañero le quemaron las plantas de los pies; nos encerraban por días en un cuartito de un metro de alto que se encuentra en los dormitorios de hombres, y había veces que metían a varios jóvenes ahí, algunos duraban una semana y sin comer”.

El joven señala que el padre tenía conocimiento de esto, ya que él también llegó a golpearlos, “también sé que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después salían corriendo y no querían decir nada. Un día Martín me comenzó a golpear con un palo en la cabeza tan fuerte que comencé a sangrar por lo que salí corriendo, me lanzó una piedra a la cabeza y me caí, después me levantó a puros golpes y yo sangraba aún más de mi herida en la cabeza, me subieron a un carro Martín y otro señor del cual no recuerdo bien su nombre y me llevaron rumbo a Morelia y ahí me dejaron solo”. Los jóvenes declararon que Martín Bermúdez era el encargado del mariachi, coro y banda y quien los reprendía, los chicos lo llaman “El Castigador”.

Otro chico que salió de la asociación dijo un día iba caminando con un amigo por la calle cuando pasó Martín en el carro, se bajó y comenzó a agredir a su amigo, sacó un arma y realizó varios disparos, el amigo se fue a la Ciudad de México porque Martín lo amenazó.

Pero no son los únicos testimonios, en el oficio 225/UNIME/2016, agentes de Policía Ministerial de la Unidad de Investigación Ministerial Especializada, informan que maestros de la escuela Caudillos de la Revolución declararon que “en los albergues Ciudad de los Niños, Ciudad Juvenil y Ciudad Infantil, han sido violentados los jóvenes que ahí habitan, lo cual les consta en virtud de que son vecinos del lugar y escuchan llantos y gritos de los menores”.

Una vecina de Ciudad Juvenil declaró ante instancias policiales que “en una ocasión, recuerdo que eran los meses de frío, encontré tirado en los barbechos a un niño golpeado al que llevé a mi casa y ahí estuvo por mucho tiempo, ese niño nos platicó de todos los golpes y maltratos físicos a los que los somete tanto el Padre Pedro como el encargado, Martín Bermúdez Armenta, y a uno le dicen Beto”. La mujer relata que en su casa ha dado albergue a alrededor de 7 a 8 muchachos los cuales salen por malos tratos y golpes muy fuertes, “y yo en diversas ocasiones le he reclamado al Padre y a Martín que porqué golpean y maltratan a los niños y me dicen que no me meta en lo que no me importa”.

El joven rescatado quien también testifica, dice que él llegó a los 5 años, “siempre que me castigaban en viernes y los castigos variaban dependiendo de la falta cometida, en la oficina del Padre atrás de una virgencita tiene una tabla y con ese el Padre Pedro me llegó a golpear en mis piernas y brazos, el encargado, Martín Bermúdez Armenta, en ocasiones a mí y a otros niños nos metían a un cuartito pequeño, en esos lugares nos encerraban sin comer y hubo quienes se quedaron más de una semana. En una ocasión Martín me corrió del orfanato golpeándome y me amenazaba con una pistola. Un día cuando yo tenía 15 años Martín comenzó a golpearme mucho porque me salí a una fiesta y no le llevé comida por lo que fue tanto lo que me golpeó, que me dejó tirado en un arroyo en el cerro y fue cuando una señora de la comunidad me recogió y curó mis lesiones”.

Algunos menores dicen que Martín les pide que se duerman sin ropa, otros aseguran haberlo visto muy tomado, otro más señala que al interior de las casas los internos fuman tabaco o marihuana o toman cerveza.

Una chica de diez años declaró que el padre, “mi papi, me hace cosquillas en las rodillas me las aprieta, o me da una nalgada, no me gusta que me dé nalgadas porque a veces sí me las da fuerte, aunque ya me acostumbré, pero no le he dicho que no me gusta, el padre a todos nos da nalgadas, también a las grandes.”

Otra jovencita de 13 años cuenta que un día jugó al papá y a la mamá, “yo era la mamá y un amigo, era el papá”. Y explica que se juega moviendo su pelvis hacia adelante y hacia atrás, dice que las madres no saben que juegan papá y a la mamá, “pero el papi Pedro sí sabe, porque él también juega, y a mí no me gusta jugar a eso”.

Un joven de 17 años cuenta que él rechazó al inicio los tocamientos del padre Pedro, el sacerdote le dijo “aquí se va hacer lo que yo quiera”, inmediatamente comenzó a ser golpeado por Martín, por varios días. Nunca volvió a rechazar al clérigo. Hay otros testimonios que aseguran que al menos ocho niñas resultaron embarazadas y “desaparecían”, sin que se conociera su destino.

Los mayores aseguran haber visto comida en la alacena, mientras que ellos sólo comían frijoles viejos; los integrantes de las agrupaciones musicales dicen que todas las presentaciones las cobran, pero ellos no ven ningún beneficio.

NO NOS TRATAN MAL, SOLO NOS PEGAN

Algunos de los internos tienen tan normalizada la violencia que aseguran que no se dan los malos tratos, “sólo que hay castigos como pegarles con un palo, dejarlos hincados por mucho tiempo cuando llegan tarde a misa y una ocasión escuché que a un compañero porque se quería escapar lo metieron a un cuarto oscuro que está en un dormitorio y lo dejaron sin comer, pero yo no vi nada, sólo escuché.”

Un niño de seis años dice que disfruta estar en el albergue, “aquí sí nos gritan, pero solo cuando nos portamos mal, no nos pegan, tampoco nadie platica con nosotros de cómo nos sentimos, si tristes o contentos, nadie nos abraza, ni nada así bonito, solo entre nuestros amiguillos, pero tengo pocos y sí me gusta estar aquí, además pues ni tengo a donde más me pueda ir, así que me gusta, porque podemos jugar.”

Por su parte, un adolescente de 13 años más sincero, dice a los funcionarios: “la verdad la casa, aquí siempre está bien sucia, solo nos pusieron a limpiar todo porque ustedes iban a venir y para que vieran bien, porque sí limpiábamos, cuando supo la madre que ustedes iban a venir, desde el viernes nos avisaron, nos empezaron a dormir en el cuarto de juegos para que no ensuciáramos las camas y ustedes vieran todo limpio y en orden. Hay familiares que nos dejan algo de dinero, pero la madre Hortensia luego luego nos las quita, ella es bien abusiva. A mí sí me gusta estar aquí porque pues es lo que tengo, porque la Madre Hortensia nos dijo que no dijéramos lo que aquí pasa en verdad, porque ustedes iban a cerrar la casa, y que luego pensáramos en que a dónde nos iban a mandar”.

PADRES OBLIGADOS A CEDER DERECHOS SOBRE SUS HIJOS

Los padres son obligados a firmar un documento donde la persona donde cede “la custodia y patria potestad para siempre jamás a favor del presbítero encargado del lugar” y el sacerdote “expresa su deseo de apoyar, respetar y aceptar la custodia y patria potestad para siempre jamás del menor”.

En la sentencia se pueden leer varios testimonios, como el correspondiente los expedientes 146/08-S y 114/09-B de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se refiere a una queja en contra de personal del DIF en Salamanca. En 2008 una mujer acudió a pedir apoyo porque no le permitían ver a su hijo, sin embargo, le indicaron que Pedro Gutiérrez Farías, “estaba muy fuerte y que si ella iba en contra de él iban a bloquear cualquier trámite y afectar incluso sus oficinas”.

La denunciante narró que no tenía tiempo para cuidar a su hijo, así que su compadre le recomendó que lo internara en Ciudad de los Niños; a donde llevó a su niño a finales de diciembre de 2006, un año después regresó a buscarlo, pero el personal de la casa hogar se negó a dejarlos a solas y después de esa visita le impidieron verlo nuevamente. Regresó el cuatro de febrero de 2008 a recoger a su hijo pero el personal de la institución le negó su entrega, pues le informaron que como madre había perdido sus derechos sobre el menor al haber firmado un convenio, en el que renunció a su patria potestad y custodia.

En el DIF le dijeron que tenían conocimiento de la manera de operar de la casa hogar y que el conveFnio que firmó al dejar a su hijo tenía pleno valor jurídico y que ya no podía hacer nada al respecto para recuperar al pequeño. Una persona del área de servicio social del DIF solicitó a la casa hogar que no le me permitiera el acceso a sus instalaciones para ver a su hijo. En julio de 2008 el menor fue entregado, en el expediente no se explica cómo se dio el proceso.

Los padres también renuncian al beneficio de visitar a sus hijos, sólo pueden verlos por quince minutos cada seis meses y siempre en presencia de una persona del albergue, según lo que se estipula en el reglamento interno.

NIÑOS QUE DESCONOCEN SU IDENTIDAD

Al menos ciento treinta y cuatro niños y niñas perdieron sus apellidos, pues en el Registro Civil se los sustituyeron por los del sacerdote y el de la monja Hortensia Jiménez Cruz. Incluso entre los testimonios, se encuentra el de una chica que dice no recordar cómo se llamaba antes de ingresar a la casa hogar, el número y nombre de sus hermanos, ni siquiera el nombre de su madre.

En la sentencia, la juez Macías dice que aunque hay casos en los que se podría desconocer el nombre y paradero de los padres, no se aprecia alguna medida tendente a investigar el paradero de los mismos.

DEPENDENCIA CONOCÍAN ANOMALÍAS

Según consta en el oficio SDIFEG/DG/236/2016 del DIF Guanajuato, hay diversas irregularidades al interior de la casa hogar, los funcionarios que visitaron los recintos señalan que no les permitieron ingresar, “únicamente pudimos llegar al patio central de la Asociación desde el cual nos señalaba a lo lejos cuales eran las áreas de dormitorios y cocina”. También declararon haber visto a una chica con un golpe en la mano, la traía hinchada y con un moretón, la niña dijo que otros chicos del albergue le había lanzado una piedra y que no había sido llevada al doctor. Los funcionarios dice que la joven tenía “retraso del desarrollo probablemente con daño orgánico”.

En cuanto a la visita a la Ciudad de los Jóvenes, se informa que cuenta con 80 dormitorios individuales, cada chico tiene su cuarto, el cual consta de una plancha de cemento y una colchoneta, que hace las veces de cama; los baños, la cocina y cuartos están en pésimas condiciones y sucios, el gimnasio está abandonado y no se le da uso; además no cuenta con agua. El reporte indica que el albergue no tiene “oficinas administrativas, enfermería, trabajo social entre otras y en el momento que acudimos no había alguna persona encargada de supervisar.”

Durante la supervisión a la Ciudad infantil se detectó mal olor debido a que el lugar está muy sucio, las niñas y niños se encuentran muy descuidados, con “golpes en diversas partes del cuerpo, desnutridos y en muy malas condiciones de higiene”. Menores entrevistados señalan que la madre Xóchitl es quien les pega con el cinturón y les da pellizcos.

En el mismo sentido se dio la revisión que realizó la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a fines de julio de 2014: encontraron evidencia de maltrato físico en una menor; falta de cumplimiento de los requisitos administrativos de funcionamiento, carecían de servicios de atención nutricional y trabajo social, falta de aseo y mantenimiento en todas las áreas, equipo e instalaciones, mobiliario deteriorado y en mal estado, instalación eléctrica expuesta, manejo inadecuado de alimentos, existencia de fauna nociva, falta de puertas de acceso a sanitarios y área de regaderas.

La Secretaría de Educación de Guanajuato también recibió información de anomalías, Juana Delgado Rincón, Supervisora Escolar de la Zona 179 del Sector de Primarias 19, presentó una queja ante PDHEG (Procuraduría de Derechos Humanos), pues una alumna “comentó que el 8 de mayo de 2009, la madre la había golpeado con un palo en el brazo izquierdo y en los glúteos”, la monja María García Guzmán aceptó que le pegó a la niña “porque la niña no quería hacer sumas”.

En un dictamen pericial realizado por un perito médico legista de la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) se señaló que la niña presentaba lesiones en el brazo y glúteos, entonces la madre María negó las acusaciones y dijo “que el escrito en el cual aceptó su culpa lo realizó debido a la presión de los padres de familia”.

A finales de agosto de dos mil nueve, el Subprocurador de los Derechos Humanos en la Zona Sur decretó la no admisión de la queja por falta de materia, pues María García presta sus servicios en la casa hogar la cual es una institución de carácter civil y, por lo tanto, no es servidora pública.

CIUDAD DE LOS NIÑOS SALAMANCA, UNA ASOCIACIÓN CON IRREGULARIDADES

La Asociación Civil Ciudad de los niños Salamanca A.C. se conformó, según el acta 2574 el 19 de abril de 1978, con escritura pública 7145 del 18 de mayo del año 2015, los integrantes de la directiva de la Asociación Civil son: Pedro Gutiérrez Farías, Reverenda Madre Hortensia Jiménez Cruz, reverenda madre Xóchitl Chávez Sánchez, reverenda madre Esmeralda De Jesús Suárez Bertury, Sr. Leandro Martín Bermúdez Armenta, Sr. Mauricio Rafael Ruiz Martínez, Marco Antonio Ruiz Martínez y Ramiro Cortez Muñoz.

En su declaración ante el ministerio público, el padre Pedro explica que Ciudad de los niños de mancera, opera desde 1977, Ciudad infantil desde 1996 y Ciudad juvenil desde el 4 de agosto 2004. Según las declaraciones de una colaboradora del padre Pedro, el sacerdote tiene seis asociaciones en domicilios diferentes, tres en Salamanca, una en Moroleón, una en Irapuato y una en Morelia. De las tres últimas no informó el sacerdote en su declaración.

El clérigo indica que en dichos espacios se fomenta el desarrollo de “actividades, sociales, culturales y deportivas”, que se reciben “niños y niñas desamparados para brindarles la oportunidad de desarrollarse en un ambiente familiar, dándoles una educación integral, que va desde el apoyo moral, sicológico, espiritual y educativo para forjar buenos cristianos y ciudadanos, para que se integren a la sociedad”.

En el expediente también se explica que Ciudad de los Niños Salamanca, Asociación Civil, ha recibido apoyo económico en diversas ocasiones, en el periodo de dos mil cinco a dos mil quince, tan sólo de dependencias federales, recibió 624 mil 825 pesos entre 2009 y 2012.

En ciudad Infantil hay 38 niños y niñas desde lactancia hasta término de la primaria. En la ciudad de los niños, hay 49 mujeres de primaria hasta la universidad y niños de primaria. En la ciudad juvenil, hay 19 jóvenes de secundaria hasta universidad.

El personal que labora está integrado por sacerdotes, religiosas, seminaristas y voluntarias, ninguno de ellos con la preparación adecuada para atender a chicos en situación de vulnerabilidad.

La A.C. no cuenta con certificado de registro y funcionamiento expedido por el Consejo Estatal de Asistencia Social, ni certificación de registro y funcionamiento de protección civil, ni dictamen de idoneidad expedida por la Procuraduría Social, ni está inscrita en el Patrón de Organizaciones de Asistencia Social. Tampoco cuenta con la certificación de calidad de los servicios de asistencia social que ofrecen a la población, por parte del Sistema Nacional y para el Desarrollo Integral de la Familia, ni con registro en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social.

Los espacios no han recibido visitas del Sistema Estatal de Asistencia Social para verificar su adecuado funcionamiento.

NIEGA ABUSO EL PADRE PEDRO

En su declaración, el padre Pedro dice que ningún menor o joven, que está bajo la protección de la asociación ha reportado o denunciado algún tipo de abuso sexual o agresión física acontecido al interior del centro.

El sacerdote reconoce que se han recibido visitas del Ministerio Público, pero que “nunca he recibido alguna notificación por escrito o verbal de que algún asunto haya procedido, así como tampoco se nos han proporcionado números de expedientes”.

En el reglamento interno de las “ciudades” se establece en el artículo 36 que:

Cualquier interno que cometa infracciones a todas las indicaciones integradas en este reglamento, será acreedor a sanciones verbales de manera inicial, de tener reincidencia, será acreedor a sanciones que requieran un poco de sacrificio por parte de los infractores, que le hagan pensar en las consecuencias de sus actos, estas sanciones serán a propuesta y aplicadas solo por la Dirección.

LA SENTENCIA PROTEGE A LOS MENORES DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS

La juez Karla María Macías Lovera explicó que la decisión en torno a este juicio de amparo, “puede repercutir en el resto de las personas que están bajo el cuidado de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca, pues existe un riesgo de reincidencia en la posible violencia que sufren las personas que viven en las casa hogar”.

Observa que la asociación no tiene algún programa o que realice gestión alguna para la inclusión de las personas que tienen discapacidad y que están bajo su resguardo, por lo que considera que no es benéfico para los menores permanecer viviendo en los centros de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca y pide que sean reubicados con sus familias o en centros con mejores condiciones.

A la juez federal le preocupa “que no cuentan con los permisos, autorizaciones ni registros necesarios para su funcionamiento, los cuales, como se precisó, resultan idóneos para garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de los centros en beneficio de sus residentes”.

Destaca que en el hospicio se realizaron tratos inhumanos y degradantes, como encierro en un cuarto obscuro sin comida ni agua para beber, pues atenta contra los derechos mínimos de cualquier persona, en el caso de los menores de edad, son vulnerables y con este tipo de conductas se afecta gravemente su dignidad humana.

Macías encuentra que los niños, niñas y jóvenes se les ha transgredido los derechos a la identidad; a vivir en familia; el acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la salud, a la intimidad, a una vida digna y al acceso a la justicia.

Señala como responsables a las autoridades, como al DIF Guanajuato que le correspondía la localización y reunificación de la familia de los menores, realizar revisiones periódicas a las casas de asistencia social, con lo cual se podría haber evitado la violación a los derechos humanos en la casa hogar.

A esto se suma que “ha transcurrido más de un año y dos meses en que se inició la carpeta de investigación, sin que se tenga constancia de que el fiscal responsable hubiera resuelto en definitiva la investigación”. Por lo que pide al Ministerio Público que investigue “los hechos de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional”.

Solicita que se investigue si los Oficiales del Registro Civil que permitieron registrar a Pedro Gutiérrez Farías, ostentándose como papá de 134 personas, pudieran tener alguna participación o responsabilidad penal en la probable comisión del delito y que también se investiguen los nombres de los padres de los infantes.

Pide que el fiscal dicte de inmediato medidas de protección a favor de todos y cada uno de los menores que viven en las casas hogar y dejarlos a disposición de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.

También pide que se indague si hay funcionarios públicos o cualquier otra persona, involucrados de alguna manera en el funcionamiento de los centros de asistencia social a cargo de Pedro Gutiérrez Farías, o bien, si existe alguna red de corrupción que haya permitido continuar operando las casas de asistencia social a pesar de las acusaciones en contra de la asociación civil.

Solicita que se investigue el desvío de fondos por lo que debe indagar en cuentas bancarias de la institución y encargados, cuentas bancarias vinculadas con ellos, investigar si los recursos que ha recibido de programas de asistencia social efectivamente han sido utilizados en la mejora y mantenimiento de los centros de asistencia social.

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