El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió ayer el apoyo de su jefa la Procuradora General de la Nación, Alejadra Gils Carbó, para armar un equipo de fiscales, comandado por él, para investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner por lavado de dinero en el caso Hotesur. Así, la causa que la Cámara Federal depositó en manos del juez Julián Ercolini será delegada a este grupo de fiscales, como lo sugirieron los camaristas de la Sala I, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Los camaristas habían mencionado que el fiscal Carlos Stornelli también integre el equipo, pero Pollicita no lo incluyó en su conversación con Gils Carbó. Sí, en cambio, evaluaron integrar al grupo a dos fiscales más, uno de instrucción y otro federal. Si algo tienen en común Stornelli y Pollicita es que ambos son hinchas fanáticos de Boca. Pero ahí se terminan sus coincidencias.

La Procuración -según dijeron fuentes de los tribunales- se comprometió a dar un lugar para que trabaje el equipo y a sumar a dos secretarios, dos prosecretarios, dos empleados y dos contadores.

Gils Carbó, a quien el Gobierno presiona para que renuncie a mediados de año por su afinidad con el kirchnerismo, se mostró flexible con estas sugerencias de apoyo.

El primer paso del fiscal será ponerse en contacto con la AFIP. Al mismo tiempo trabajar con las evidencias que encontró el juez Claudio Bonadio -el primero que tuvo el caso hasta que lo apartaron- en los allanamientos que realizó en las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur.

Paralemente, el juez Ercolini impulsará un peritaje, como el que pidió realizar Stornelli cuando tuvo el caso. Para eso estudia valerse de un equipo especial de peritos anticorrupción que prometió integrar el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en la apertura del año judicial.

Ercolini reunió en su juzgado por indicación de la Cámara, el caso Hotesur con la causa que lo atrajo: una vieja denuncia de 2008 de Elisa Carrió en la que acusó a Néstor Kirchner de montar un aparato de negocios públicos, favoreciendo con concesiones de juego, petroleras y obra pública a empresarios amigos y percibir retornos por esos negocios. Todo el gabinete de Kirchner está investigado, al igual que los empresarios amigos, incluido Lázaro Báez.

En Hotesur, Ercolini investiga los alquileres que le pagó Lázaro Báez a Cristina Kirchner por la ocupación -supuestamente fantasma- de habitaciones de los hoteles de la familia presidencial, La hipótesis es que esta práctica disimula una maniobra de lavado de dinero. Los camaristas dijeron también que la causa por lavado que mantiene preso a Lázaro Báez y que es investigada por el juez federal Sebastián Casanello no se vincula con Hotesur. Esta separación tan tajante no es compartida por el Gobierno, que ya pidió a través de la Oficina Anticorrupción que ambos casos se investiguen juntos. No tuvo éxito.

Sin embargo, la idea de mantenerlos separados puede que dure poco tiempo. Ercolini recibió ayer la declaración del director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que ratificó una denuncia contra Báez. Reveló que existía un circuito administrativo privilegiado para que Báez cobrara avances de las obras que le encargó el Gobierno.

Esta denuncia es la conclusión de una auditoría que Vialidad realizó sobre la obra pública encargda a Báez. Un adelanto de esta auditoría está en manos de Casanello.Cuando el juez incorpore la totalidad a la causa Báez, o Ercolini le pase las conclusiones de su investigación, la hipótesis del sobreprecio en la obra pública como el delito precedente de lavado que enfrenta Báez, tendrá mas asidero. De ahi a investigar a Cristina Kirchner, como quien decidió favorecer al empresario kirchnerista, hay un paso.

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