Hace cinco años que el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina Kirchner por la firma del Pacto de Entendimiento con Irán. El caso se investigó y el 5 de marzo de 2018 el juez Claudio Bonadio la envió a juicio oral. Pero a pesar de que pasaron dos años de su elevación, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que tiene asignado el juicio sigue sin ponerle fecha de inicio.

El retraso, dicen en la Justicia, se debe a problemas de recursos. El TOF 8 le pidió hace un año más personal a la Corte Suprema de Justicia para avanzar pero aún no tuvieron respuestas. En la Corte señalan que con el nuevo sistema de poder, todos los pedidos deben pasar por las vocalías de los cinco jueves y que hubo retrasos por cuestiones administrativas. “Está en punto muerto”, dicen desde el Máximo Tribunal.

Un pedido reiterado para contar con más personas para evaluar el expediente es la principal traba para terminar de definir una fecha de inicio de las audiencias. El TOF 8 integrado por los jueces José Michelini, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado tiene a cargo el caso y pidió ante la Corte que se les proporcionen contratos para sumar personal al trabajo sobre la documentación del expediente.

El TOF 8 es uno de los cuatro tribunales de Comodoro Py que cuenta con sus tres integrantes, sólo que en el caso de la causa por la firma de Memorándum de Entendimiento con Irán se designó como tercer juez a Daniel Obligado (presidente el TOF 5), ya que la magistrada Sabrina Namer fue recusada por haber sido fiscal del caso AMIA y el otro integrante, Nicolás Toselli, se excusó de intervenir por sus lazos familiares con el ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, ofrecido como testigo en el juicio.

Cuando el Tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y a parte de su ex gabinete como Carlos Zannini (actual Procurador del Tesoro), Oscar Parrilli (actual senador), Juan Martín Mena (actual secretario de Justicia) -entre otros-, tuvo radicado el expediente, se solicitó ante el Máximo Tribunal dos personas más por juez y un grupo más para conformar un equipo exclusivo para el caso.

“Se trata de una causa voluminosa, con una gran cantidad de documentación que es imposible de proveer si no se cuenta con personal”, explicó una fuente de la investigación a Clarín. Asimismo, aseguraron que, al ser uno de los Tribunales más nuevos, no cuenta con una gran nómina de personal, lo que también dificulta “avanzar en esta instancia para llegar al inicio del juicio”.

La etapa en la que la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo y los abogados de los once acusados presentan testigos y pruebas complementarias ya concluyó. Los jueces del TOF deben evaluar toda la documentación, los pedidos formulados y decidir qué otras medidas se impulsarán y la lista de testigos que aceptará. Será entonces cuando el Tribunal estará en condiciones de fijar fecha de inicio del juicio.

Sin embargo, desde el TOF 8 señalaron que la tarea propia del análisis de la documentación como también los pedidos de las partes y de la fiscalía, se encuentra retrasada por “la falta de personal” y a la espera de que la Corte responda al pedido elevado y reiterado en varias oportunidades. “La causa cuenta con una gran cantidad de información clasificada que no puede abrirse a cualquier persona, por eso se pidió que se asignen dos contratos por juez y otros más para conformar un equipo que sólo se dedique a este caso”, explicaron. En total se pidieron unos nueve contratos que quedarían afectados a la causa que tiene como principal acusada a la actual vicepresidenta de la Nación.

En la Corte, el pedido del Tribunal transitó un fallido recorrido. Después de la firma del presidente Carlos Roseknkrantz pasó a la vicepresidencia, a cargo de Elena Highton de Nolasco, pero cuando debía circular por las tres vocalías restantes detectaron que tenía la carátula mal confeccionada. Por ello, se tuvo que corregir e iniciar el procedimiento nuevamente. “Está en punto muerto el pedido”, señalaron fuentes del Máximo Tribunal.

A este ritmo, en Comodoro Py estiman que el avance seguirá siendo muy pausado lo que podría retrasar el inicio del juicio por la denuncia que cinco años atrás formuló Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.

La acusación contra CFK

El 7 de diciembre de 2017 fue el juez Claudio Bonadio el que pidió el desafuero y prisión preventiva de la ex Presidenta. En aquel momento, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, todo vinculado al pacto con Irán como supuesto beneficio para los acusados del atentado de la AMIA. Según la justicia, la ex Presidenta y sus funcionarios diseñaron un "plan criminal" para "dotar de impunidad" a los iraníes responsabilizados de la voladura de la mutual judía.

Catorce días después, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el pedido de prisión preventiva y el procesamiento pero dejó de lado la acusación por Traición a la Patria. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah determinaron que los delitos que recaían sobre los imputados eran: estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

Quedó firme entonces que el Pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA, “pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. Así, se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

En tal sentido los jueces explicaron en su resolución, que se estableció un cuadro “indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos” contra Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge A. Khalil, Luis A. D´Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

Se dio la razón a Bonadio que planteó que cada uno según su aporte específico, “se involucró” en el armado del Memorándum, las negociaciones que lo rodearon, las reuniones establecidas algunas con carácter de “ocultas y otras públicas”. La Justicia concluyó que hubo un grupo cerrado que conoció los pormenores de la maniobra, “guiada por el ocultamiento, el secreto y la omisión de los canales regulares de actuación”.

JPE