Por Burgos Dijital

Poco tiempo ha tardado la ley de protección a los funcionarios denunciantes en darle la razón a la Plataforma en defensa de lo Público, cuyos miembros denunciaban tras su aprobación, con los votos de PP y Cs, que se había retorcido de tal manera que se trataba de una nueva “Ley mordaza”.

Burgos Dijital ya informó en diversas ocasiones de una denuncia realizada por el colectivo “Viernes Negro” frente a la Inspección General de Servicios por las posibles irregularidades que dos funcionarios de la Delegación Territorial de Burgos estaban cometiendo. En concreto, el 5 de diciembre de 2014 fue registrada la denuncia en la que se argumentaba que un funcionario del Servicio Territorial de Hacienda, dedicado a la tramitación de la liquidación de impuestos, “captaba” clientes como abogado particular en la oficina pública, por lo que en muchos casos se convertía en apoderado, representante y funcionario tramitador en muchos de los expedientes, con lo que además de crear una red clientelar y de obtener información privilegiada , podría incluso llegar a influir en las pre-tasaciones a favor de sus representados.

Al parecer la conducta denunciada se remonta incluso a los años en los que Jaime Mateu Istúriz era Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, en la anterior legislatura senador y ahora diputado del Partido Popular.

Tras esta denuncia realizada a la Inspección, la misma solicitó pruebas documentales a los funcionarios que fueron aportadas el 6 de marzo de 2015. Desde entonces la Inspección no sólo no ha dado ninguna respuesta, sino que, según algunos funcionarios, actuó en el sentido de informar al denunciado para que éste fuera “más discreto”, por lo que parece evidente que la propia estructura política impuesta por el PP se ha dedicado hasta ahora a proteger al funcionario.

Todos estos hechos movieron a diversos miembros de Viernes Negro a realizar una denuncia fechada el 4 de diciembre de 2015 y dirigida a Juan Vicente Herrera para informarle y pedirle explicaciones sobre la inhibición del máximo órgano de control y supervisión de la Junta en este asunto. La respuesta fue el silencio cómplice, por lo que tres meses después se dirigieron al Procurador del Común, el cual la admitió a trámite y solicitó de nuevo pruebas documentales sobre dichas irregularidades.

Pues bien, el Procurador del común en una resolución no vinculante fechada el 22 de diciembre del ya año pasado, reconoce que, tras el examen de los hechos y la respuesta solicitada al funcionario aludido, pudiera haber irregularidades tanto en el régimen de compatibilidades como en el cumplimiento del horario de trabajo, por lo que “en el caso de que no se hayan llevado a cabo actuaciones por la Inspección General de Servicios sobre el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades por parte del funcionario mencionado en el escrito de queja, iniciar las actuaciones supervisoras oportunas, dando traslado al colectivo denunciante del resultado de las mismas”.

Es decir que “manda” a los funcionarios denunciantes a la casilla de salida dos años después, no sin antes reconocer que ni la Inspección le ha remitido el informe de conclusiones de la supuesta investigación realizada ni la Consejería de Economía y Hacienda le ha informado sobre el reconocimiento de compatibilidad o la apertura de actuaciones disciplinarias.

Conviene recordar que el ahora Inspector General de Servicios es Carlos Fernández, anteriormente Gerente del Hospital Clínico de Valladolid cuya gestión fue muy criticada por el espectacular ascenso en las listas de espera. Fue nombrado por el hombre fuerte del ejecutivo de Herrera Jose Antonio de Santiago Juárez, ahora Consejero de la Presidencia y jefe directo del Inspector, y por la Consejera de Hacienda Pilar del Olmo y por lo tanto máxima responsable de la gestión de los servicios territoriales de Hacienda. Todo muy bien atado para que el silencio siga siendo la respuesta.

Las peores sospechas realizadas por PLADEPU (Plataforma para la Defensa de lo Público) sobre la famosa ley de protección de la que tan sólo hace dos meses Luis Fuentes y Albert Rivera sacaban pecho se han hecho realidad, demostrando que la ley parece más bien una cortina de humo y que el partido de Cs está muy lejos de ser un partido regenerador y tan siquiera de ser un partido liberal, como les gusta autodenominarse.

Recordemos que las principales quejas realizadas por activistas de PLADEPU tenían que ver tanto con la ausencia de verdaderas medidas de protección como con la absoluta falta de independencia política del órgano designado como responsable en las investigaciones, la propia Inspección General de Servicios.

Tras consultar a diferentes miembros del colectivo Viernes negro, éstos apuntan que agotarán tanto las vías “oficiales” como las alternativas para que su esfuerzo no sea en vano, y ello a pesar de que alguno de los denunciantes nos ha revelado que ha recibido amenazas del denunciado en el centro de trabajo.