El nuevo Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto convertir la participación ciudadana en una de las prioridades de su mandato. Uno de los principales proyectos de la Concejalía de Participación Ciudadana, dirigida por Pablo Soto, es la creación de un presupuesto participativo en la capital. Este mecanismo, que se ha implantado en cientos de ciudades de países como Brasil, Francia, Portugal o España, consiste en que una parte del presupuesto del Ayuntamiento se asigna a proyectos decididos directamente por la ciudadanía en asambleas populares.

Los presupuestos participativos suponen una oportunidad para acercar la gestión pública de la ciudad a sus habitantes y garantizar que el Ayuntamiento atiende a las necesidades más inmediatas de la ciudadanía. El plan del gobierno municipal de Manuela Carmena es un presupuesto participativo que incluya entre el 5 o el 15% del total. Aunque no parece demasiado, hay que tener en cuenta que más de las tres cuartas partes del gasto de un Ayuntamiento se dedica a la gestión (pago a proveedores, salarios, etcétera), por lo que en principio sólo es susceptible de gestión directa el presupuesto de inversión.

Pero el presupuesto participativo no sólo facilita la implicación directa del conjunto de la ciudadanía en la administración de la ciudad, sino que además fomenta la participación política de dos sectores infrarrepresentados en otras formas de acción política: las mujeres y las clases populares. Hace ya décadas que politólogos como Lester Milbrath demostraron que existe una correlación negativa entre la clase social y la participación política, es decir, que los ricos votan en mayor proporción que la clase trabajadora y también se implican más en otras formas de acción política (manifestaciones, recogidas de firmas, boicots...). Aunque hay excepciones, esta es la tendencia general. Por otro lado, las mujeres participan menos que los hombres en prácticamente todas las formas de acción política porque suelen tener menos tiempo libre y menos recursos económicos, ya que la mayoría se ven obligadas a asumir casi todas las tareas domésticas y de cuidados, aunque también tengan un empleo remunerado, y sufren en mayor medida la precariedad laboral. Además, en todas las sociedades siguen existiendo prejuicios sexistas que pretenden mantener a las mujeres apartadas de la vida política.

Los presupuestos participativos son una excepción a estas tendencias. En su análisis de varias ciudades que han implantado esta forma de participación en Europa, Yves Sintomer y Ernesto Ganuza llegan a la conclusión de que las mujeres están más representadas en las asambleas de presupuestos participativos que en los parlamentos. En las experiencias estudiadas por estos autores, entre un 30 y un 50 por ciento de los participantes eran mujeres, mientras que la media mundial de parlamentarias está en el 22 por ciento. En los emblemáticos presupuestos participativos de Porto Alegre, las mujeres participaban más que los hombres y las personas de clases populares más que las de clase media y alta. Además, cuanto más tiempo dura una experiencia participativa de este tipo, más protagonismo adquieren estos colectivos, tradicionalmente infrarrepresentados en otras formas de participación.

No obstante, el estudio del caso de Porto Alegre revela también que las personas de alto nivel educativo y socioeconómico ocupan con mayor frecuencia los puestos de delegados, es decir, los intermediarios entre las asambleas populares y el gobierno municipal, lo que incrementa su poder. Probablemente también existe una diferencia de género en este ámbito y hay más delegados que delegadas, ya que en todos lo espacios de poder la brecha de género suele ser más amplia en la parte alta de la jerarquía.

Por eso el presupuesto participativo de Madrid debería incluir mecanismos dirigidos a evitar que las mujeres y las personas de clase trabajadora se encuentren un techo de cristal que les impida implicarse en esta forma de participación al menos con la misma intensidad que el resto de la ciudadanía. Algunas medidas útiles serían establecer cuotas de género en la elección de los cargos intermedios que existan entre las asambleas y el Ayuntamiento, decidir los horarios de las reuniones teniendo en cuenta la menor disponibilidad de tiempo libre de las mujeres y las personas de clase trabajadora y cursos formativos que faciliten que cualquier persona pueda ser delegada de su asamblea, sea cual sea su nivel educativo. Además, si bien los medios telemáticos son una oportunidad para ampliar la participación, también pueden suponer una barrera para las personas de mayor edad, por lo que deben combinarse de forma equilibrada con encuentros presenciales.

Después de décadas de gobiernos municipales alejados de la ciudadanía, la implantación del presupuesto participativo en Madrid supondrá un cambio radical en la gestión de la capital. Pero además, si se toman las medidas necesarias para favorecer la participación igualitaria de toda la ciudadanía, con especial atención a las mujeres y a las clases populares, el presupuesto participativo de Madrid puede convertirse en un ejemplo para todos aquellos Ayuntamientos que se toman en serio el principio de mandar obedeciendo, dentro y fuera de nuestro país.