Así será Madrid Nuevo Norte. EPV

Madrid Nuevo Norte, conocido como Operación Chamartín, verá la luz en el pleno municipal del próximo lunes 29 de julio después de 26 años de bloqueo. Los dos partidos en el nuevo gobierno de Madrid, PP y Cs, y el mayoritario Más Madrid, autor del proyecto desarrollado durante el mandato de Manuela Carmena, han asegurado sus votos a favor en la comisión de Urbanismo celebrada este miércoles. Los tres suman el 70% de los votos en las pasadas elecciones municipales. PSOE y Vox se reservan el sentido de su voto. [Fotogalería: Un plan Urbanístico con varios cambios en 26 años]

El proyecto se articula alrededor del soterramiento de las vías de la estación de Chamartín, que ahora suponen una frontera entre la plaza de Castilla y la Avenida de Burgos. Sobre una superficie de 2,65 millones de metros cuadrados que se extienden a lo largo de más de cinco kilómetros de longitud en dirección norte sur, desde los alrededores de la Plaza de Castilla hasta la proximidad del monte de El Pardo, se construirán 10.476 viviendas, 2.565 (24%) con algún tipo de protección, oficinas, comercios y zonas verdes en el entorno de la estación. El Ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros en toda la región y la creación de 241.700 nuevos empleos, de los que dos tercios repercutirán en el espacio metropolitano.

El desarrollo urbanístico, que algunos califican como el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, generó algunas de las mayores crisis en el gobierno de Ahora Madrid encabezado por Carmena. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y otras asociaciones inundaron el Ayuntamiento con más de 3.200 alegaciones. “Es una operación básicamente especulativa y desde sus orígenes está sometida a los designios de la constructora San José y del BBVA”, sostenía Quique Villalobos, presidente de la FRAVM. Detrás del proyecto está la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), participada por al 75,5% por el BBVA y al 24,5% por la constructora San José.

Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno municipal en 2015 paralizó la enésima reforma del proyecto urbanístico, que había desarrollado el equipo de Ana Botella.

Como ha explicado este miércoles en la comisión José Manuel Calvo, exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible y autor del proyecto, las modificaciones que plantearon a un proyecto "postergado durante 26 años" fueron fundamentalmente tres. La primera fue pasar de un modelo que se basaba en el vehículo privado a otro en el que se calcula que el 80% de los viajes se harán en transporte público. Para ello, se decidió que los edificios privados, que albergarán oficinas, comercios y hoteles, se instalarían cerca de la estación en lugar del entorno de la M-30, como estaba previsto.

24 años más hasta que esté terminado Obras desde finales de 2020 hasta 2037. El inicio de las obras de urbanización arrancará a finales de 2020 a lo que hay que sumar entre ocho y nueve años para la puesta en servicio de los suelos públicos y privados, que se espera que esté en 2028. Hay que sumar 24 años para que el desarrollo esté edificado completamente. Los cuatro ámbitos se abordarán por fases. La del Centro de Negocios será la de mayor duración. Las Tablas Oeste se terminará en 2033 y el ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos en 2037. Más del 60% del suelo para actividades económicas. Las actividades terciarias como oficinas, comercios, hoteles y restaurantes suman un 60,54% de edificabilidad, frente al 35,46% para viviendas. Se dedicarán además 1,3 millones de metros cuadrados a redes públicas de transporte, zonas verdes y equipamiento. Sobre las vías del tren hay proyectado un gran parque de 120.000 metros cuadrados. 7.300 millones de inversión. Las nuevas infraestructuras del ámbito requerirán una inversión estimada en 2.800 millones de euros. Las dotaciones y equipamientos públicos requerirán al menos 488,2 millones de euros de inversión y la construcción de las edificaciones necesitarán otros 4.022,7 millones.

La segunda modificación fue reducir la edificabilidad, extrayendo las vías del tren del cómputo, según ha explicado Calvo. De los 3,37 millones de metros cuadrados edificables previstos por Botella se pasaron a 2,65 millones.

El tercer cambio fue la apuesta por la vivienda pública. Se pasó del 10% mínimo que marca la ley al 20% y se estableció que el 10% de cesión de suelo que corresponde al Ayuntamiento se dedicase a vivienda, protegida y libre.

PSOE y Vox se reservan su voto

La operación ya tiene asegurada su aprobación con los votos de PP, Ciudadanos y Más Madrid, que suman 45 concejales, muy por encima de la mayoría absoluta, que se sitúa en 29.

La concejal socialista Mercedes González ha anunciado que su grupo municipal se reserva su posición política de cara al pleno. La edil ha lamentado que el Ayuntamiento haya puesto a disposición de la oposición el expediente con solo 48 horas de antelación antes de la comisión. Ha recordado además que su grupo presentó dos alegaciones para las que aún no tiene respuesta. La primera es crear un consorcio de gestión que sea un órgano público y la segunda, que la operación se amplíe a cinco ámbitos de los cuatro previstos ahora, "para que sea más manejable".

El edil de Vox Pedro Fernández ha manifestado que su partido está conforme con "los desarrollos urbanos como concepto" y cree que el proyecto que llega al pleno de la semana que viene está bien estructurado respecto a vivienda social y transporte ferroviario". Con todo, ha preferido reservar su voto también para el pleno, aunque ha señalado que son "en principio favorables a este desarrollo urbanístico".

La aprobación en el pleno iniciará el camino final de la operación, que será largo hasta que se empiecen a construir las primeras viviendas y rascacielos. Madrid Nuevo Norte, según el nuevo delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, "es mejorable y le queda mucho recorrido en cuanto a la tramitación de expedientes, y las firmas de los convenios con Adif [propietario del suelo de la estación y sus alrededores] y el promotor privado". "Será mejorado", ha asegurado el concejal. De momento, el próximo jueves dará el primer paso definitivo después de un cuarto de siglo.

El pleno del Ayuntamiento 29 de julio debatirá y votará la aprobación provisional de la Modificación del Plan General de Madrid para el proyecto. La aprobación definitiva vendrá de la Comunidad de Madrid, el organismo competente al tratarse de una modificación del Plan General vigente.

26 años de bloqueo 1993. Cimientos socialistas. La operación se gesta en 1991, con los socialistas Felipe González en el Gobierno central y Joaquín Leguina en la Comunidad y Agustín Rodríguez Sahagún en el Ayuntamiento (CDS). Sus primeros pasos llegan dos años después cuando el entonces ministro de Obras Públicas y Transporte, Josep Borrell, adjudicó el desarrollo a un consorcio liderado por el banco Argentaria (ahora integrado en el BBVA). El proyecto preveía cubrir las vías del tren y reformar la estación de Chamartín, y construir sobre 310.000 metros cuadrados propiedad de Renfe ocupados por vías y espacios muertos en el entorno de la estación. Ese año se constituye la entidad Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch), participada por Argentaria (72%) y la inmobiliaria San José (27,5%). 1997. La operación empieza a andar. La "prolongación de la Castellana e integración de las áreas ferroviarias de Chamartín y Fuencarral" se integra en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) y los tres gobiernos –central, regional y municipal– y Duch firman un convenio para crear el consorcio urbanístico "prolongación de la Castellana" y que se constituya el Consejo Rector. 1999. Luz verde al primer trámite. La Comunidad de Madrid y el Consejo Rector acuerdan modificar el PGOUM. 2000. Denuncia ante la justicia. Los antiguos propietarios de los terrenos, a quienes expropiaron a mediados del siglo XX para construir la estación de Chamartín, llevan la operación a los tribunales. Piden revertir la expropiación, porque el plan general cambia el uso del suelo que la justificó. 2002. La burocracia avanza. El Gobierno regional (con Alberto Ruiz-Gallardón, PP) aprueba la modificación urbanística de prolongación de la Castellana, pese a las reticencias iniciales del Ayuntamiento (con José María Álvarez del Manzano. 2008. Acuerdo entre administraciones. El Gobierno central (PSOE) y el local (PP), firman un convenio para la gestión y ejecución de la operación. 2009. Espaldarazo de la justicia. La Audiencia Nacional rechaza la demanda de las 1.100 familias expropiadas que pedían su reversión. El Ayuntamiento aprueba el plan parcial de prolongación de la Castellana. 2011. Fin aparente del periplo administrativo. El proyecto pasa por su último trámite en el Ayuntamiento antes de comenzar las obras. 2013. Un juez paraliza el plan. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anula parcialmente el plan urbanístico por permitir construir rascacielos de más de cuatro alturas. 2015. Acelerón y frenazo. Las tres administraciones reforman el proyecto bajo el nombre Distrito Castellana Norte (DCN), con una inversión prevista de 6.000 millones de euros. En febrero el Ayuntamiento aprueba el plan para urbanizar más de tres millones de metros cuadrados y en abril el Tribunal Supremo ordena al TJSM revocar la nulidad de algunos aspectos del proyecto. Tras las elecciones y el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento (Ahora Madrid) solicita revisar la edificabilidad y la reducción del coste de infraestructuras. 2016. Rebaja del proyecto y bloqueo. El Ayuntamiento plantea reducir a la mitad el área urbanizable (hasta 1,7 millones de metros cuadrados) y el número de viviendas a 4.600. En el pleno, junto al PSOE, rechazan la operación y Castellana Norte recurre la decisión. 2017. Borrón y cuenta nueva. El Tribunal Supremo confirma la sentencia que anula la Operación Chamartín de 2011, pero en julio el Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y DCN alcanzan un preacuerdo. 2018. Acuerdo definitivo. Fomento, el Ayuntamiento y Distrito Castellana Norte llegan a un cuerdo en abril. El proyecto, revisado, prevé construir 10.500 viviendas y construir sobre 2,66 millones de metros cuadrados. En septiembre comienzan de nuevo los trámites administrativos. 2019. El proyecto llega al pleno. El proyecto ha recibido más de 3.200 alegaciones. Después de estudiarlas, el gobierno de Manuela Carmena quería llevar el proyecto a la comisión del ramo en febrero o marzo para aprobarlo en el pleno municipal antes de las elecciones de mayo. Los plazos se alargaron y el último informe preceptivo, emitido por la Comunidad de Madrid, llegó al Ayuntamiento el 20 de mayo, seis días antes del 26-M. Carmena desistió entonces de elevarlo al pleno y finalmente llega en la primera sesión del nuevo mandato, el 29 de julio.

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