Gisela Raquel Mota Ocampo, de 33 años, hizo el discurso de su vida el 1 de enero de 2016. Desde luego, fue su mejor intervención pública del año. Tan buena que fue la única y la última. Enfundada en un llamativo vestido rojo y tocado con un chal amarillo, un amarillo y rojo que más parecía la bandera de España que el atuendo de la nueva alcaldesa de un pueblo de México, la joven política prometió en su toma de posesión mano firme contra los corruptos e implantar en su municipio el imperio de la ley.

La regente de Temixco, una ciudad de unos 100.000 habitantes situada a poco más de 100 kilómetros de México DF, militante del PRD (Partido Revolucionario Democrático), de centro izquierda, estuvo tan convincente que al día siguiente fue asesinada por Los Rojos, un grupo criminal al servicio del narcotráfico, acostumbrado a campar a su aire sin otros límites que los que marcan bandas criminales rivales. Desde luego, no la de una simple alcaldesa, por muy valiente que fuera. Gisela tomó posesión el pasado 1 de enero y menos de 24 horas después, a las 7 de la mañana del 2, fue acribillada en su domicilio por cinco sicarios. Dos de estos fueron posteriormente abatidos por la Policía. De los tres detenidos, uno tenía 17 años y el otro, 18.

Una noticia común

El asesinato de un alcalde en México es una noticia relativamente común. Según la estadística de la Asociación de Autoridades Locales de México, entre 2006 y 2015 han sido matados a balazos 71 alcaldes, así como cientos de servidores públicos. Todos ellos, impregnados por una voluntad poco saludable para la supervivencia en este país, cual es no dejarse arredrar por bandas de narcotraficantes.

Sin embargo, pese a la violencia que asuela México, el asesinato de Gisela se ha convertido en noticia de primera página en la prensa nacional, incluso en la internacional. Los analistas coinciden en que la acción criminal va más allá del mero asesinato de una alcaldesa con gran futuro político. Fue diputada federal por el PRD con menos de 30 años. Por el discurso que pronunció en su toma de posesión de Temixco, ciudad famosa por sus baños termales así como por el descontrol de la ley, Mota Ocampo eligió el plomo a la plata.

Ésta es la disyuntiva que plantean las bandas asesinas a muchos alcaldes mexicanos: o te llenas el bolsillo con nuestra plata, ayudándonos, o te llenamos el cuerpo de plomo. “Háganme la vuelta, porque este hombre, o mujer, se tienen que matar”. Así es como, con cierto eufemismo, se encargan los asesinatos por aquí, en un lenguaje heredado del colombiano Pablo Escobar. Y sólo cuestan unos miles de euros.

Un aviso de las mafias

La muerte a balazos de Gisela más parece un aviso de las mafias de narcotraficantes contra la política de Mando Único Policial que se intenta implantar en Morelos, Estado al que pertenece Temixco. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, uno de los líderes nacionales del PRD, inició hace unos años un plan “subversivo” contra el narcotráfico y las bandas criminales. Consiste en quitar el poder de la seguridad al alcalde y a la policía municipal, fácilmente domeñables con dinero y amenazas, y responsabilizar del orden público y de la lucha criminal a la policía estatal. Lo que se bautizó como Mando Único.

Graco Ramírez contrató para llevar a cabo este plan de seguridad a Alberto Capella, un policía precedido por la fama al limpiar de criminales, en gran medida, la ciudad conflictiva de Tijuana. El asesinato de Gisela es un duro golpe para los otros 32 alcaldes de grandes municipios de Morelos, que en estos días están decidiendo si suscriben su adhesión al Mando Único o mantienen a sus policías locales, un foco de corrupción y de impunidad para criminales.

La presión contra los alcaldes, sin apenas medios y que se juegan la vida por casi nada (los honrados, claro), recuerda a la situación vivida en España en los 90 y principios de 2000, cuando la organización terrorista ETA asesinó a numerosos concejales de PP y del PSOE, con único propósito: imponer su ley con el miedo para hacer renunciar de sus ideales a quienes defendían la españolidad del País Vasco.

Así como sucedió en el País Vasco, el silencio y mirar hacia otro lado se han convertido en un razonable salvoconducto para sobrevivir a la acción criminal de las bandas de narcotraficantes en México. Graco Ramírez, líder del movimiento estudiantil en 1968 que finalizócon el asesinato de 300 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, entiende que con los asesinos no se puede negociar nada, tal y como el presidente José María Aznar y su ministro de Interior, Mayor Oreja, hicieron con ETA entre 1996 y 2004.

Pero, claro, Aznar contó con la ayuda imprescindible de Francia y de Estados Unidos para golpear de cerca y en su guarida a ETA. En México, por el contrario, cada uno de los 32 estados de la federación actúa a su manera en materia de seguridad; en algunos casos en connivencia con los mismos asesinos, o haciendo la vista gorda. Estados Unidos, además, es el gran mercado de la droga exportada por los carteles mexicanos, convertidos en estados dentro de los Estados Unidos Mexicanos.

“Ayer estuve cenando en casa de un amigo, muy cerca del lugar donde asesinaron a la alcaldesa. Por supuesto, no hablamos del tema”, me decía anoche una vecina de Temixco. “Al lado de donde cenamos, vive el hermano de un conocido narcotraficante; parece buen guate, aunque en su garaje guarda un parque automovilístico de lujo. Nadie sabe de dónde sale; bueno, sí... ¿Pero qué vas a sacar denunciando algo que las autoridades saben y nada hacen. Mejor, callar y vivir”, añadía.