No es la primera vez, ni será la última, que un funcionario público resulta implicado en un caso de corrupción o tráfico de influencias. Menos en Venezuela. Si algo define al chavismo es la corrupción. Ese es su modo de vida. Basta recordar un espantoso caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), cuando aparecieron cien mil toneladas de alimentos podridos y toda la dirigencia chavista, en bloque, impidió que se investigara y castigara a los responsables. Visto desde este presente de hambre y precariedad, resulta todavía más criminal. En el fondo, el chavismo goza de un récord incómodo: la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, es la revolución más corrupta de la historia.

Que unos diputados de partidos de oposición sean unos charlatanes profesionales que, por debajo de su retórica contra el régimen de Maduro, hayan hecho tratos y sean sospechosos de haber recibido dinero para limpiar los ilícitos oficiales, es tan indignante y criminal como que unos banqueros ganen enormes fortunas ayudando y enseñando a los jerarcas del chavismo a lavar todo lo que han robado del tesoro público o que algunos empresarios, hijos de la burguesía caraqueña, se hayan vuelto multimillonarios estafando al país. Todo forma parte de una misma realidad, de un país sin ley y sin instituciones. Hablar de un Estado fallido es hablar de una sociedad que solo funciona a través de la corrupción.

Nada puede defender a estos diputados opositores de la sanción que merecen y del escarnio público. Su caso, lamentablemente, también alimentará las diatribas intestinas entre los diferentes sectores políticos y seguirá sumando puntos en la abultada desesperanza nacional. Es un combustible más en la explosiva dinámica de escaramuza interna en la que vive la dirigencia de la oposición. El futuro de la democracia no puede quedar suspendido entre los iluminados que han hecho del radicalismo su zona de confort, los extremistas que nunca hacen política y, por eso mismo, siempre tienen la razón; o los oportunistas que entienden la negociación como una transacción y la política como una operación comercial.

El general Alberto Müller Rojas, jefe del comando electoral de Hugo Chávez en los comicios de 1998, señaló en una oportunidad que su trabajo había sido “fácil”. El triunfo —decía— se produjo “más por la gran cantidad de errores políticos que cometieron sus adversarios que por la calidad de nuestra campaña electoral, que fue relativamente desordenada”. Casi veinte años después, lo único que parece haber cambiado es el chavismo. Ya no improvisan. Dos décadas como gobierno han mejorado su falta de escrúpulos y su manejo perverso del poder. La oposición, sin embargo, sigue encontrándose con una piedra eterna, sigue tropezándose consigo misma.

Según las proyecciones de la ONU, para finales de este año la migración venezolana alcanzará la cifra de cinco millones de personas. De esta manera también migra la esperanza. Y la oposición también tiene una responsabilidad en todo esto. Su dirigencia no puede seguir repitiendo los mismos errores. Los chavistas seguirán jugando sus mismas cartas. Se mantienen en el poder gracias a la violencia mientras pretenden inventar una oposición “oficial”, a su medida. Pero internacionalmente están heridos, necesitan eliminar las sanciones económicas que los mantienen cercados. Esto parece ser lo único que podría empujarlos hacia una transición, obligarlos a aceptar unas elecciones libres y transparentes. Pero del otro lado, es imprescindible que haya una oposición unida y articulada, honesta y con altura política. El 2019 pasó y se está yendo como otra gran oportunidad perdida para los venezolanos. Lo que está en disputa no es ya el triunfo de un bloque sobre otro sino la existencia de todos. Por ahora, Venezuela solo es un país en vía de extinción.

Alberto Barrera Tyszka es escritor. Su libro más reciente es la novela Mujeres que matan.