¿Por qué es importante este nuevo listado elaborado por el equipo del profesor Hernández Holgado?

Alejandro Pérez-Olivares, 28 de Marzo de 2018

Profesor de Historia Contemporánea de España en Sciences Po Lyon. Autor de la tesis doctoral ‘La Victoria bajo control. Ocupación, orden público y orden social del Madrid franquista (1936-1948)’. Ha coordinado, junto a Daniel Oviedo, el libro ‘Madrid, una ciudad en guerra (1936-1948)’.

«Ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence…». Las palabras del filósofo Walter Benjamin, que murió atrapado en la frontera de la España de Franco, planean en los últimos días sobre la polémica acerca del memorial que el Ayuntamiento de Madrid quiere edificar en memoria de los fusilados en el cementerio de la Almudena. Efectivamente, parece que la querella trata exclusivamente de muertos, de quiénes fueron los asesinos y cuántos los asesinados. Parece que, casi ochenta años después del final de la guerra, todavía es incómodo hablar de las formas en que el franquismo se impuso, generar un relato colectivo que nos intente liberar del legado traumático de la dictadura.

Todavía parece más confortable abonarse a un relato muy específico sobre el ciclo 1936-1939, el de «todos fueron culpables». Una suerte de locura colectiva, de delirio procedente de las más bajas pasiones, que nos sigue alcanzando como maldición inevitable. «Todos fueron culpables» parece significar, a veces, que todos podemos llegar a serlo. Un relato creado durante el franquismo, cuando la legitimidad del «18 de julio», de la Victoria y de sus muertos dejaba ya de ser operativa en una sociedad cada vez más dinámica, muy a pesar de la dictadura.

Casi ochenta años después del final de la guerra y más de cuarenta después del final de la dictadura de Franco (que cada cual ponga la fecha que prefiera, 1975, 1977 ó 1978), el fondo de la polémica retrata tanto nuestra sociedad actual como el relato que elaboramos de nuestro pasado traumático. ¿De qué formas nos relacionamos con lo que ocurrió después de esa guerra cada vez más lejana? ¿Qué sucedió a partir del 1 de abril de 1939, qué explicación otorgamos como sociedad a nuestro pasado dictatorial? ¿Deberíamos limitar esta cuestión a los muertos, a los asesinos y a los asesinados, cuando el debate habla más de nosotros que de ellos?

Los muertos de ayer

«Queda declarado el estado de guerra en la plaza y provincia de Madrid desde el momento de la publicación de este Bando. A nadie debe asustar la severidad del mismo. Todo ciudadano tiene en su mano que no le alcance sus castigos, y para ello no tiene más que cumplir rigurosamente sus disposiciones». Con estas palabras se declaró el estado de guerra en las calles de Madrid, la noche del 29 de marzo de 1939. Y junto con esas palabras, llegaron otras para hacerlas concretas. El edicto de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación lo expresó de forma clara: «El Caudillo de España –Franco- os trae, con la Patria y el pan, la justicia. Justicia serena, pero firme, que en el orden penal sabrá imponer a cada cual la sanción que haya merecido, sin que nada ni nadie pueda evitarlo». Quedaba inaugurada la ciudad ocupada en la que, como sabemos gracias a la investigación coordinada por Fernando Hernández Holgado, perdieron la vida 2.933 personas que no pudieron evitar la sanción que la dictadura consideró merecida.

Lo cierto es que las críticas que ha suscitado la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid han desdibujado las aportaciones del equipo de trabajo reunido en torno al profesor Hernández Holgado. Las conclusiones historiográficas a las que ha llegado aumentan en 270 personas las víctimas de la represión franquista en Madrid capital durante la inmediata posguerra. Una cuestión que en los próximos años será debatida e interpretada en foros académicos, sin duda, pero que debería ir más allá de ellos. Si el hallazgo de nuevas fuentes para interpretar el pasado siempre es una buena noticia, lo es más en un país que tiene una asignatura pendiente con la transparencia de sus archivos públicos.

¿Por qué es importante este nuevo listado elaborado por el equipo del profesor Hernández Holgado? Cabe preguntarse por qué conocemos el número de víctimas en la retaguardia republicana desde hace tanto tiempo, por qué podemos consultar sus nombres y apellidos, incluso sus fotografías, en numerosos estudios. Gran parte de ese instrumento pseudojurídico que se llamó Causa General se construyó a partir de las investigaciones instruidas por los propios tribunales republicanos. En cambio, reconstruir los perfiles cuantitativos de la represión franquista, que se extendió mucho más allá de 1939, ha sido el cometido de varias generaciones de historiadores. Un esfuerzo colectivo que, en el caso de Madrid, y debido también a las condiciones de acceso a la documentación, se ha topado con más silencios y estimaciones que datos certeros. ¿Cómo explicar que, a partir del Día de la Victoria, la violencia fue la norma?

No es una cuestión menor cuando aquel tiempo de excepción que fue el Madrid controlado por el autodenominado ‘ejército de Ocupación sigue operando en nuestro presente. ¿Por qué sigue generando tantas resistencias hablar de los mecanismos de imposición del franquismo? En perspectiva, el valor de actualizar las personas asesinadas entre 1939 y 1944 franquea las equiparaciones, las narrativas exculpatorias y las balanzas con las que solemos asomarnos al ciclo de guerra y posguerra que sustituyó violentamente una democracia liberal por una dictadura (que cada cual le ponga la etiqueta que prefiera, autoritaria, totalitaria o nacionalcatólica). Esas casi tres mil personas fueron ejecutadas mediante mecanismos formales, jurídicos, donde el Código de Justicia Militar se impuso sobre cualquier garantía civil. Sin apenas posibilidad de defensa, en juicios colectivos que, muchos de ellos, apenas duraban minutos. Un examen de las conductas pasadas que no diferenciaba entre los hechos probados y los hechos atribuidos y que se proyectó sobre el conjunto de la población de aquella ciudad ocupada. Las sentencias, cabe seguir recordándolo, aún no han sido declaradas ilegales por ninguna institución española, con la excepción de la Generalitat de Catalunya.

Mirar más allá de 1939 supone preguntarse por qué para el régimen franquista todas las personas eran culpables hasta que se demostrase lo contrario. Denunciar el funcionamiento de aquellos mecanismos supone dignificar los valores democráticos de hoy, reforzar las garantías que se supone deben guiar nuestro sistema de convivencia actual.

El espacio público de hoy

En esa ciudad ocupada militarmente que fue Madrid desde finales de marzo de 1939, reinaron tanto las rupturas como las continuidades con lo anterior, con aquella otra ciudad de retaguardia, capital de la resistencia republicana durante un tiempo, por donde se extendió la violencia contra las personas y contra la propiedad. La densidad de memorias presente sobre aquel contexto refleja la propia complejidad de aquel tiempo, y los relatos enfrentados sobre nuestro pasado revelan la existencia de una sociedad, aún hoy, traumatizada. La controversia trasciende la comparación cuantitativa de la violencia franquista y la violencia republicana, y el debate supera, afortunadamente, los marcos tradicionales de cualquier investigación académica.

En ese sentido, la propia polémica que ha generado la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid expresa la necesidad de seguir hablando hoy sobre este pasado incómodo que todavía nos interpela, a través del tiempo. Pero que la polémica trascienda los a menudo estrechos márgenes académicos no quiere decir que deba desarrollarse necesariamente a sus espaldas. Hace tiempo que algunos historiadores demostraron los problemas de utilizar la Causa General de forma acrítica: aun así, algunos discursos contrarios al memorial han asumido la versión franquista de los hechos y han hablado de más de 300 «chequistas» en el listado aportado por el equipo de trabajo. Una cuestión, sin duda, que habla más de nuestro presente que de aquellas personas que ya no están, víctimas o verdugos. Supone, desde luego, extender el relato oficial de la dictadura y apuntalar su «soberanía sobre el pasado» (la expresión es de Timothy Snyder) en la sociedad actual.

Cualquier régimen político proyecta sus valores sobre el espacio público. Así lo hizo el franquismo, a partir de 1939, al establecer de qué se podía hablar y de qué no, extendiendo el trauma de la guerra a las siguientes generaciones. Y en relación a los pasados traumáticos recientes, basta tan sólo una visita a los países de nuestro entorno para comprobar cómo se han elaborado relatos democráticos, con mayor o menor complejidad, a partir del legado de sus experiencias dictatoriales. A la altura de 2018, lo que no puede hacerse es negar la necesidad de revisar las herencias visibles del franquismo. Entre ellas sobresale una: el silencio. ¿Por qué la historia de la guerra civil y el franquismo sigue sin ocupar un lugar en nuestros museos? ¿Por qué el mal estado, muchas veces irreparable, de la documentación relativa a ese período? ¿Por qué la dificultad continuada para establecer un debate ciudadano sobre el significado de ese pasado en nuestro presente?

Entre las afirmaciones que pueden encontrarse en el informe redactado por el equipo de historiadores destaca una: seguramente nunca se podrá «llegar a precisar de manera exacta la cantidad de personas ejecutadas en Madrid capital durante el periodo 1939-1944». Tal fue el volumen de sentencias a muerte dictadas por la dictadura franquista. Pero quizá más importante que esa cifra, tan difícil de establecer, es cómo nos relacionamos con esa maquinaria de violencia institucionalizada.

El informe y el memorial no deberían ser una oportunidad para separar entre víctimas y verdugos, sino para reflexionar de forma colectiva sobre la distancia que nos debería separar del franquismo, de sus relatos e intenciones. Hace unas semanas el propio Hernández Holgado recordaba que los historiadores no podemos ser jueces sobre el pasado. Ojalá sepamos acompañar con pedagogía un más que necesario debate ciudadano, amplio y participativo. Porque la dictadura también venció durante cuarenta años al no permitir hablar a los vivos.

http://www.nuevatribuna.es/opinion/alejandro-perez-olivares/muertos-ayer-espacio-publico-hoy-acerca-memorial-cementerio-almudena/20180328000656150228.html