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El Estado español destinó en el año 2017 un 16,6% de su Producto Interior Bruto a gastos sociales, cifra que supone 2,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea, que en ese año se situó en el 18,8% del PIB, y muy lejos de las cifras de Finlandia —24,9%—, Francia —24,3%—, Italia —20,9%—, Grecia —19,4%— e, incluso, de Portugal —17,4%—, según muestras los últimos datos de Eurostat.

La partida de gastos sociales, que incluye el sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo y los servicios sociales, ha ido bajando en los tres últimos años en España, pasando del 17,1% del PIB en 2015 al 16,6% en 2017, 0,4 puntos porcentuales menos, a pesar de la Comisión Europea alertó el pasado año a España de los altos niveles de desigualdad y pobreza que este país, criticando su política social “inconsistente”.

Dentro de la partida de gasto social, el dinero destinado a combatir la exclusión social presenta números aún más bajos. En 2017, según Eurostat, España destinó tan solo un 0,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a esta tarea, misma cifra que en 2015 y 2016.

El porcentaje de riqueza destinado a exclusión social en España es la tercera parte del porcentaje del PIB que se destina de media en los países de la Unión Europea —0,9% del PIB— y menos de la cuarta y quinta parte del gasto destinado en Suecia —1,3%— y Reino Unido —1,6%— respectivamente, o de Grecia —0,8%—. Los únicos países de los 28 que conforman la Unión Europea que destinan menos porcentaje del PIB que España a combatir la exclusión social son Estonia, Croacia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Eslovaquia.



Otra de las partidas incluidas en gasto social en la que España destaca por su mínimo aporte es la de ayuda a las familias e infancia, a la que España mantuvo el 0,7 destinado también en 2015 y 2016. La cifra supone menos de la mitad del 1,7% del PIB de media aportado en la Unión Europea, y Grecia y Suiza son los únicos países con cifras por debajo de la española, con un 0,6% y un 0,5% respectivamente.

El Salto