XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- En 130 días del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez han ocurrido más de 600 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. Un promedio de 4.6 privaciones de la vida por día.

La mayoría de los asesinatos han sido atribuidos a la guerra entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sus rivales de Zetas Vieja Escuela, Sangre Nueva Grupo Zeta, Grupo Sombra y una nueva organización surgida en la capital del estado, autodenominada Cártel del Siglo.

Aunado a ello, el asesinato del activista y acompañante de colectivos de desaparecidos, Abiram Hernández ocurrida el 30 de marzo en el interior de su domicilio en la capital del estado, vino a recrudecer las protestas de la sociedad civil.

El miércoles 10, durante la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) de la Universidad Veracruzana, medio centenar de estudiantes de Sociología y amigos de Abiram colgaron lonas en el recinto ferial con la leyenda: “Alto a la violencia. Estado fascista, que matas activistas”.

En dos semanas, tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como la FGE a cargo del abogado panista Jorge Winckler han guardado silencio sobre el asesinato de Hernández, de quien solo se sabe fue privado de la vida con un “objeto contundente”, sin herida de bala, ni antecedentes de amenazas de por medio. Algunos periódicos locales compararon el asesinato de Abiram Hernández con el homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, ocurrido el 28 de abril del 2012 en Xalapa, crimen que ocurrió hace casi 7 años –durante el sexenio del priista, Javier Duarte- y continua impune.

Tan solo en la estadística delincuencial del 1 al 7 de abril, en Veracruz hubo 43 privaciones de la vida, siete secuestros, 112 robos de vehículos, 142 robos a comercio, entre otros delitos.

“Nos vamos a morir muchos”

En enero del 2019, con apenas mes y medio en el cargo, el gobernador, Cuitláhuac García utilizó los foros de la Guardia Nacional para sincerarse con diputados federales, senadores y con representantes del Gobierno Federal para admitir que la situación de violencia y el crimen organizado rebasaban las capacidades del estado que gobernará hasta diciembre del 2024.

“La realidad es que somos zona de trasiego de droga y no tenemos capacidad operativa para combatir al narcotráfico”, admitió en las audiencias públicas realizadas en San Lázaro.

García Jiménez desglosó que en Veracruz hay “operando” seis cárteles del narcotráfico. Aunque no los menciono por su nombre, se refería al Cártel de Jalisco Nueva Generación –que abarca el 70 por ciento del territorio veracruzano compuesto por 212 municipios-, los Zetas –que tienen su bastión en el sur de la entidad-, Sangre Nueva Grupo Zeta (comandando por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bukanas) cuya zona de influencia abarca la región montañosa de Veracruz y algunos municipios de Puebla, Grupo Sombra –órgano delincuencial escisión del Cártel del Golfo- que tiene presencia en la Huasteca al norte de la entidad, Cártel del Noreste con pequeñas células en el norte de la entidad y el recientemente autonombrado Cártel del Siglo que opera en Xalapa y municipios conurbados.

“No tenemos esa capacidad, por eso recurrimos a quienes si tienen la capacidad de combatir, disuadir e inhibir a esos grupos delictivos, Veracruz, como estado (sic), está en el paso de la droga, operan seis cárteles, todos con un poderío que superan a la policía”, declaró el gobernador.

Y lo demostraron. A mediados de marzo pasado, cuando durante cuatro días el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dio un “coletazo violento” al quemar vehículos y tráileres en la carretera Córdoba-Veracruz-, en la Cuenca del Papaloapan y en la región de Los Tuxtlas.

Los actos vandálicos y que sembraron terror en la población, obedecieron –según explicó el CJNG en diversas narcomantas dejadas en varias ciudades- a la supuesta ejecución extrajudicial de tres de sus miembros en Misantla y el decomiso de dos de sus propiedades en Veracruz. Una de ellas, el rancho y campamento “La Chincheta” ubicada en el municipio de Tierra Blanca.

El operativo –con selfies y sesión de fotos incluidas- estuvo encabezado por el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez, y el director general de la Fuerza Civil (FC), Jorge Luis Pescador Tirado. El golpe de autoridad del gobierno morenista fue tomado como afrenta por la organización delincuencial quien procedió a atacar las comandancias policíacas de Tierra Blanca y de Jaltipán.

En las mantas que colocó en puntos céntricos del puerto de Veracruz y Boca del Río –entre otros puntos- el mensaje de la organización delincuencial fue elocuente: “Pónganse bien vergas, porque nos vamos a morir muchos”.

En su extenso mensaje, distribuido en lonas, el CJNG acusa a la Secretaría de Seguridad Pública de haberles “matado de forma cobarde” a tres de sus integrantes quienes -según la organización delictiva- se habrían entregado a las fuerzas policiacas en el municipio de Misantla en el transcurso de la semana.

Para este reportaje sobre la violencia en Veracruz y el flagelo de la delincuencia organizada se buscó en cinco ocasiones al titular de la SSP, Gutiérrez Maldonado a través de su vocero, Fernando Javier Contreras –exfuncionario de la Comisión Nacional Forestal- sin embargo, durante tres semanas, este prometía “agendarla la semana entrante”. Al cierre de esta edición, ya ni siquiera contestaba el teléfono.

En el caso de Winckler Ortiz, este agarró de tradición tener rueda de prensa los lunes con reporteros en sus oficinas, en donde solo responde cuestionamientos a modo, o que le sirvan para “golpetear políticamente” la imagen del gobierno morenista. En varias ocasiones ha evadido los cuestionamientos de Proceso y en el mejor de los casos pide al reportero solicitar la información vía transparencia.

“Las cárceles están llenas de jóvenes”: López Obrador

En su visita a Veracruz realizada el pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la violencia en la entidad y en el país se “desató” por la “desintegraron las familias”.

“Los jóvenes se fueron criando sin tutela. Vamos a atender las causas que originaron la violencia”, dijo en Tuxpán.

Un día antes, en Poza Rica, López Obrador lamentó que las cárceles del país “estén llenas de jóvenes”.

Para combatir la violencia y el reclutamiento de jóvenes en el sicariato, López Obrador comprometió la entrega de becas de capacitación para jóvenes sin empleo de 3 mil 500 mensuales, pero también las becas para estudiantes de universidad y preparatoria. En esa misma tesitura, el gobernador, Cuitláhuac García se “congratuló” que las becas Benito Juárez van a alejar a los jóvenes de “la inseguridad” –dijo- y a “mantenerlos cerca de las aulas”.

Para el “blindaje” de Veracruz y la contención de la delincuencia organizada y las bandas del fueron común, la Federación estaría por enviar tres mil elementos para cuidar puntos estratégicos del norte y sur de la entidad, confió Hugo Gutiérrez a secretarios de despacho y a dirigentes de cámaras empresariales: “Él está consciente de lo que pasa en el estado, de tropa nos va a mandar a tres mil elementos. Amlo quiere mucho a Veracruz”, dijo.