La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables quieren convertir la presentación de la denuncia contra Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, por presunta prevaricación en todo un acto de movilización social y ciudadana contra la obsesiva política antirrenovable practicada por el Gobierno de Rajoy durante toda la legislatura.

Según las fuentes consultadas, además de las miles de firmas individuales que apoyarán la denuncia que se presentará el próximo martes ante la Fiscalía Anticorrupción, los promotores dan por hecho el apoyo de grandes instituciones, partidos políticos, organizaciones sociales y de consumidores, universidades, centros de investigación, patronales renovables, algunos gobiernos autonómicos e importantes ayuntamientos cuyos nuevos alcaldes se han mostrado reiteradamente a favor de las energías verdes.

Entre ellos se encuentran Ada Colau y Manuela Carmena, futuras responsables de los dos mayores ayuntamientos de España, Barcelona y Madrid. Tanto Barcelona en Comú como Ahora Madrid, en línea con su alma mater, Podemos, son manifiestamente favorables al desarrollo de las energías renovables y el autoconsumo en España en general, y en las grandes urbes en particular.

La denuncia se presentará el próximo martes en Anticorrupción apoyada por todos los partidos que han ganado importantes cuotas de poder tras el 24-M

Fuentes del entorno de los promotores de la denuncia dan por hecho el apoyo de las dos líderes emergentes a la iniciativa para que el actual Gobierno, por boca del 'número dos' del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, comparezca ante Anticorrupción para explicar con qué informes y metodología redactó las normativas para recortar en 3.000 millones de euros los ingresos a las instalaciones renovables.

Y si legisló a sabiendas de que las normas que llevó al BOE eran injustas y no estaban técnicamente justificadas.

La denuncia, redactada bajo el asesoramiento jurídico del despacho especializado Holtrop, acusa de "prevaricación" a Nadal por "utilizar su poder para legislar de forma incorrecta y arbitraria" contra el sector renovable, "a sabiendas" de que el Real Decreto y la Orden eran contrarias a los criterios técnicos de los expertos y "sólo buscaba unos objetivos concretos", recortar sí o sí esos 3.000 millones para arreglar el desaguisado del déficit de tarifa en 2014.

No hay metodología detrás del hachazo renovable, según los denunciantes, que además acusan a Nadal, y por extensión a todo su equipo y a su superior, el ministro canario, de manipular los informes encargados a las consultoras, que fueron elegidas a dedo sin concurso público.

Plataforma y Fundación confían en conseguir un mayor apoyo político y social que el que recabaron al pedir en Anticorrupción la reapertura de la investigación por los CTC

Roland Berger presentó hasta tres informes (los dos primeros fueron rechazados por Industria por no justificar el ajuste predefinido, según el sector) y Boston Consulting fue expulsada del proceso por no someterse a las indicaciones ministeriales.

Con estos mimbres, Plataforma y Fundación se presentarán el próximo martes en la sede de Anticorrupción para presentar la denuncia. Y en la foto no sólo estarán los máximos responsables de estas organizaciones. También habrá líderes de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Ciudadanos, Podemos, Compromís, Equo y previsiblemente el PSOE, así como el apoyo explícito de los equipos de Colau y Carmena y de otros ayuntamientos.

Los promotores confían en superar el apoyo social y político recibido para reclamar a Anticorrupción que reabriera la investigación sobre los 3.400 millones de euros de costes de transición a la competencia (CTC) que las principales eléctricas cobraron de más entre 1998 y 2006 y cuya devolución debería haber sido reclamada por el Gobierno.

A esta iniciativa, promovida por la Plataforma, se adhirieron 143.000 firmas ciudadanas y líderes políticos de todas las formaciones emergentes que ahora con el respaldo del vuelco electoral del 24 de mayo van a ganar importantes cuotas de poder en gobierno autonómicos y municipios.