La pretensión de establecer la doble indemnización para evitar los despidos y la decisión de Mauricio Macri de evitarlo con un veto han abierto un debate en el que se cruzan varias contradicciones. La más evidente se refiere a los efectos de la regulación del Estado en el mercado laboral, lo que cobija otro problema: el grado de competitividad que debe adquirir la economía. Pero también está en tela de juicio la consistencia del liderazgo de Macri. Y la interna peronista, organizada en torno a una cuestión que para esa fuerza es constitutiva: el trabajo. Sobre esa controversia se recorta otro fenómeno: el lugar que ocupan Cristina Kirchner y Sergio Massa en el juego de poder. La insinúa una incógnita mayor: ¿hasta dónde está dispuesto a avanzar Macri con su liberalización económica?

Una de las dimensiones del conflicto refiere a la autoridad presidencial. Macri se negó a montar lo que su ministro Jorge Triaca denominó un "cepo al empleo". La comparación es adecuada. Así como el cepo cambiario quiso evitar la salida de dólares, pero terminó impidiendo su ingreso, el cepo laboral será más eficiente en bloquear la creación de nuevos puestos de trabajo que en proteger los que ya existen. No se necesita ser un genio de la economía para advertir que es una falsa solución. Hasta Cristina Kirchner se dio cuenta en 2010, cuando la rechazó ante los sindicalistas.

Al prometer un veto, Macri emitió una señal clarísima: no está dispuesto a negociar las condiciones que, según él, son indispensables para promover la inversión. De modo que en esta materia no apareció el Macri new age que se ufana de corregir los errores que comete. Aquí existiría una certeza, sobre la cual el Presidente quiere discutir el futuro de la economía.

Macri fijó este criterio económico desde una posición de debilidad. Estaba en desventaja en medio de una batalla relevante. La izquierda, y en especial el kirchnerismo, había comenzado a dominar la interpretación de lo que está sucediendo. La exoneración de miles de ñoquis de última hora designados por la administración anterior fue presentada como una ola de despidos en el sector privado. El pico de desempleo desataría una convulsión social. Cuando la legión de expertos en comunicación del Gobierno lo advirtió, el malentendido ya se había consolidado.

Los datos describen, sin embargo, otra escena. Triaca consignó ayer en Diputados que los procedimientos de crisis a los que acuden las empresas, que en 2002 habían sido 1016, en la recesión de 2008-2009 fueron 140, sumaron 36 en 2015 y, en lo que va del año, son 14. Por su parte, el economista Nicolás Dujovne observó que la devaluación de Axel Kicillof de enero de 2014 destruyó muchos más puestos de trabajo que la del último diciembre. Según datos de la Anses para el sector privado, entre mayo y enero de 2014 se perdieron 76.488 empleos, mientras que entre febrero y diciembre del año pasado se perdieron 19.938.

Para Cristina Kirchner los números siguen siendo irrelevantes. Ella sigue siendo una maestra del "relato". Sólo que ahora dirige su arte a caracterizar la gestión de su sucesor. El mes pasado la ex presidenta recorrió el PJ alertando que, dado que la situación social es insoportable, "esto termina mal". El vaticinio se inscribe en una visión más amplia. Ella suele explicar que no modificó su receta económica no porque ignorara los desequilibrios, sino porque las inversiones nunca llegarían y el precio de las commodities tampoco se recuperaría. Sobre la base de estos pronósticos, convoca a obstruir al oficialismo. Aunque las justificaciones pueden ser excusas: la señora de Kirchner reitera a cada rato que "nuestro negocio es, como siempre vio Néstor, polarizar con Macri".

El reingreso de la ex presidenta a la escena motivó algunos errores de interpretación. Evaluar su capacidad por la cantidad de gobernadores, legisladores o intendentes que le responden supone un cálculo incompleto. Cristina Kirchner demostró que, aun muy menguada en su poder institucional, sigue condicionando la agenda de su grupo. A partir de una narración económica desprovista de base empírica, logró influir sobre el discurso de todo el peronismo. Su construcción argumental se reduce a términos muy simples: quien colabora con Macri colabora con un ajuste despiadado. La presentación carece de sorpresa. Es un regreso a la señora de Kirchner que, como opositora de Fernando de la Rúa, denunciaba a los legisladores peronistas que entregaban a sus representados en la hoguera de la flexibilización laboral. Ella y sus feligreses de La Cámpora estarían encantados de detectar que las convergencias actuales, igual que las del año 2000, pueden ser dinamitadas con el escándalo de una coima. Intentaron con los ridículos sándwiches de Diego Bossio. Pero tuvieron sabor a poco.

La habilidad de Cristina Kirchner para -con escasos recursos humanos- condicionar a su tribu, equivalente sólo a la de Elisa Carrió en el otro extremo, quedó demostrada en pocos días. Miguel Pichetto propuso establecer la doble indemnización. Y, lo que resulta mucho más llamativo, Sergio Massa se sumó.

La adhesión de Massa es significativa porque hoy es el dirigente más importante del universo peronista. Y porque, desde esa altura, se propone conducir una renovación. Por eso su liderazgo está determinado por el modo en que resuelve una incógnita crucial: qué estrategia ofrece para la modernización de la economía. O, puesto en otros términos, cómo se define frente a la batería de conceptos y recetas que caracterizaron al populismo kirchnerista. Y a un fenómeno decisivo: la Argentina tiene, con Malasia, Luxemburgo y Turquía, uno de los sistemas laborales más rígidos del mundo. Francia también, pero lo está discutiendo en estas horas.

A contraluz de este desafío queda más claro que Massa cayó en una trampa: como guiado por un reflejo condicionado frente a la señora de Kirchner, aceptó una solución desacertada para un problema importantísimo, en especial en el campo peronista. Como Massa sabe bien, si el país llegara a entrar en una crisis de empleo, la doble indemnización no protege a los ocupados, sino que levanta una barrera frente a los desocupados. El malentendido es todavía mayor si se acepta que esa crisis laboral aún no ha sido demostrada.

Además de este reto estructural, Massa se encontró con tensiones imprevistas. Graciela Camaño debió aplicar su infinita paciencia a contener a las distintas facciones de la bancada renovadora, donde los sindicalistas se muestran irreductibles. El sector mayoritario del Frente aprobó un dictamen en el que el cerrojo laboral de 180 días intenta disimularse con referencias al primer empleo y a las pymes. Es una de las cuatro posiciones que se discutirán hoy en el recinto. El Frente para la Victoria, los justicialistas de Bossio y los sindicalistas de Massa ratificarán el proyecto del Senado. Cambiemos lo rechazará. Y la izquierda pedirá que se prohíban los despidos por dos años. Las dos versiones del PJ contaban anoche con no más de 108 votos. Para aprobar la doble indemnización necesitan del massismo. Anoche parecía difícil que hoy la oposición consiguiera el quórum. Lo más probable es que se convoque a una sesión para el miércoles que viene, en la que se trate el problema del empleo y la devolución del IVA.

Macri habló con Massa el viernes pasado, pero no logró persuadirlo. Durante el fin de semana lanzó una ofensiva para aislarlo. Massa quedó enfrentado al gran empresariado, donde tiene amigos y benefactores. Pero Macri aspira a más: impedir que la jugada legislativa del Frente Renovador cuente con un remate sindical. Sencillo: el Gobierno negocia con el gremialismo que el veto al cepo del empleo no dispare un paro general.

La negociación está en curso. En los gremios consideran el inesperado flujo de dinero a las obras sociales que administra José Luis Lingeri, "Mr. Cloro"; el plan de obras al que se invitó a la Uocra de Gerardo Martínez; el programa de turismo nacional que se acordó con Luis Barrionuevo, entre otras atracciones. También se evalúan algunas causas judiciales que podrían reactivarse: sobre todo las que afectan al marítimo Omar Suárez o al camionero Hugo Moyano.

Macri fijó un punto de partida que alarmó a los sindicalistas. En la reunión de emergencia del lunes pasado se mostró durísimo. Explicó que la supuesta ola de despidos es un problema ocasional de algunos sectores. Admitió que la construcción está afectada. Pero hostigó al metalúrgico Antonio Caló "¿Cuántos trabajadores tenés?". "430.000", contestó Caló. "¿Y cuántos despidos?". Respuesta: "3000". Macri: "¿A eso le llamás ola de desempleo?".

Macri propuso después un marco general: "No me interesa que la doble indemnización sea sólo por 180 días. Si es por un solo día, también la vetaría, porque es una señal equivocada para los que vienen a invertir. Así que decidan si van a acompañar o van a poner palos en la rueda. Fíjense cómo apuestan porque ya tuve una experiencia en Boca: comencé con el obstáculo de todos, con Maradona a la cabeza. Y terminé triunfando". La arenga ayudó a varios gremialistas a despejar una duda: si el Presidente debe ser clasificado en el casillero de Menem o de De la Rúa.

La firmeza de Macri frente al problema del empleo habilita un nuevo interrogante: ¿hasta dónde irá con esa lógica? La premisa de que el Estado no debe sacrificar con subsidios la competitividad de la economía podría proyectarse al campo empresarial. Muchos de los industriales que firmaron el documento del Gobierno repudiando la doble indemnización se cortarían la mano antes de condenar otro tipo de subvención. Por ejemplo: la generosísima exención impositiva de que disfrutan las empresas radicadas en Ushuaia o en Río Grande, lideradas por el importador Rubén Cherñajovsky, está destinada a mantener una ilusión. Es un caso interesante: Nicolás Caputo, gran productor de celulares, tiene parte de su fortuna asentada en ese régimen que su ex socio, el Presidente, suele llamar "el curro de Tierra del Fuego".