El Ministerio de Educación y Formación Profesional no tiene intención de hacer públicos los informes encargados por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Alta Inspección Educativa para estudiar las denuncias sobre un posible adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña, pues considera que adolecen de "inexactitudes y falta de rigor". El equipo dirigido por Isabel Celaá no fue informado por el Gobierno del PP de la existencia de esos informes, que fueron hallados "hace solo unas semanas", según ha explicado este lunes el ministerio. "El anterior equipo de Méndez de Vigo no entregó dichos documentos ni habló de su existencia al nuevo equipo", ha explicado el nuevo Gobierno en un comunicado.

El Ejecutivo socialista responde así a la información publicada este lunes por El Mundo en la que se hacían públicos estos informes y se explicaba que la Alta Inspección habían entregado estos documentos al anterior Ejecutivo en febrero de este año. El ministerio indica en el comunicado que encontraron dos informes: uno sobre un estudio muestral de libros de texto en la etapa de Educación Secundaria, y una ampliación del mismo en la que se estudió también estos libros en Primaria y Bachillerato. En total se analizaron 127 libros de texto de todas estas etapas educativas de materias como Matemáticas, Geografía e Historia, Lengua Castellana o Literatura.

El departamento que dirige Celaá explica que los manuales se escogieron "sin especificar criterio alguno" y son solo "una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas". Según señala, "en numerosos casos, el texto contiene análisis contradictorios de un mismo libro, por lo que esto hace imposible llegar a conclusiones rigurosas". Además, apunta que el documento no especifica quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él y tampoco la metodología seguida, por lo que, a su juicio, no es posible elaborar un informe con esos "datos inexactos", a los que "se añaden erratas, errores conceptuales o de comprensión, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que le quitan cualquier rigor científico". "Dada la falta de rigor de los textos, el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el ministerio anterior, que fue quien los encargó", indica Educación.

El pasado 6 de septiembre, el Gobierno contestaba a una pregunta parlamentaria de PDeCAT sobre este tema —publicada en el Boletín de las Cortes de este lunes— recurriendo a las explicaciones dadas en su momento por el Ejecutivo del PP. "Se informa que desde el anterior Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se interpusieron tres requerimientos a la Administración catalana, además de diversas peticiones formales de información respecto a denuncias sobre adoctrinamientos de interesados, familias con miembros escolarizados en esta comunidad, recopiladas por la Alta Inspección", explicó entonces el Gobierno.

En esa respuesta parlamentaria, el actual Ejecutivo no se refiere en ningún momento al informe encargado por el anterior Gobierno sobre este tema. Además, explica al firmante de la pregunta, el diputado del PDeCAT Sergi Miquel, que la administración de Cataluña respondió a las solicitudes enviadas por el Ejecutivo, con base en los informes elaborados por sus inspectores de Educación, tras las actuaciones pertinentes. "Se ha dejado en manos del Poder Judicial aquellos hechos que ya estaban siendo objeto de investigación policial y judicial", concluye el texto.