El Ministerio del Interior se querelló por la presunta compra y venta de un fusil ruso AK-47, sin invocar la Ley Seguridad Interior del Estado.

La acción judicial presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fue por tenencia de arma o elemento prohibido y tenencia de municiones, en contra los dos imputados que se mantienen en prisión preventiva por este caso.

Es decir, Matías Ugalde (comprador) y Joaquín Valdés (vendedor).

En el escrito, el Gobierno argumenta que “resulta claro que nos encontramos ante un hecho gravísimo, toda vez que estamos ante un delito con altas penas asignadas y que, indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”.

Previamente, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, había explicado que como la investigación está bajo reserva, no cuentan con los suficientes antecedentes, pero afirmó que si efectivamente existe tráfico de armas, se querellarán invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Posteriormente, el ministro (s) del Interior, Juan Francisco Galli, aseguró que solicitaron información al Ministerio Público, pero dicha entidad les señaló que el secreto de la investigación expira el próximo 20 de marzo. Por esa razón, dijo que recién en esa fecha analizarán eventuales acciones desde La Moneda.