El senador Guido Girardi (PPD) anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley de glaciares, luego de que el Gobierno decidiera retirar la moción parlamentaria respaldada por la administración anterior, argumentando que “no otorgaba una eficaz protección”, según declaró la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos.

La secretaria de Estado explicó que “la protección jurídica de los glaciares” recaería en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya ley actualmente se discute en el Senado. Con esto, se cae un nuevo proyecto que busca proteger a las masas de hielo. Desde el año 2005, se han presentado cinco iniciativas sobre la materia, tres en la Cámara de Diputados y dos en el Senado.

Para Girardi, el retiro del proyecto por parte del Gobierno responde, fundamentalmente, a «presiones de sectores corporativos y del sector minero”. En este sentido, el senador planteó que “Chile va a tener que tomar una decisión. ¿Quiere tomar agua, quiere consumir alimentos o va a permitir que, en oposición a eso, se desarrollen proyectos que, lamentablemente, pasan por la intervención de los glaciares?”.

Respecto del contenido de la propuesta, se establece que los glaciares “son bienes nacionales de uso público que por su valor y función ambiental se encuentran protegidos con fines de conservación, son inapropiables por parte de las personas, ya sean éstas naturales o jurídicas, y dentro de estas últimas, sean de derecho público o privado, se encuentran excluidos al uso o aprovechamiento industrial”.

Al respecto, el parlamentario PPD fundamentó que el país “no tiene una institucionalidad ni una normativa adecuada para proteger a nuestros glaciares. Desde el punto de vista del Código Civil, los glaciares son bienes nacionales de uso público porque son agua, le pertenecen a la sociedad toda, pero nosotros necesitamos reafirmar ese concepto”.

El proyecto contiene además una serie de “actividades prohibidas” en los glaciares, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

Sobre este punto el parlamentario por Santiago Poniente precisó que “el proyecto establece restricciones para la intervención de los glaciares” y que “solo se podrían autorizar bajo estudios de impacto ambiental actividades turísticas y mineras”.

Para los infractores de ley, en tanto, se estipulan sanciones equivalentes al presidio menor en su grado mínimo a máximo y con multa de 100 a 1.000 UTM.

Revisa las declaraciones de Girardi sobre el proyecto de ley de glaciares