El magistrado que instruye la causa por las agresiones de la ultraderecha contra los manifestantes que participaban en la marcha a favor del valenciano convocada por la “Comissió 9 d'Octubre” entiende que la Policía Nacional no puede dar por concluido su trabajo, porque considera “que aún quedan muchos agresores por identificar”.



En este sentido, el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos Segarra, ha emitido una providencia en la que ordena que se oficie a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Valencia para que identifique plenamente a un investigado y lo localice, así como a otros muchos individuos que participaron en los hechos y que no constan en el atestado policial.

Según esto, hasta la fecha solo han sido detenidos 13 individuos identificados por la Policía, pero del análisis de los documentos gráficos –fotografías y vídeos– aportados por las víctimas en sus denuncias y por la Unió de Periodistes Valencians, entidad profesional que reúne a la mayoría de la profesión periodística valenciana, queda patente que son muchos más los agresores fácilmente identificables intervinientes que los detenidos.

Muchos agresores, pocos detenidos

Los denunciantes y los testigos presentes en los hechos estiman que solo se ha identificado y detenido a uno de cada cuatro participantes en los ataques, sin contar a los instigadores que acosaron reiteradamente a los manifestantes, y tampoco figuran aquellos que bloquearon el acceso al Parterre donde debía terminar la manifestación, con los tradicionales parlamentos de los convocantes, ante la estatua ecuestre del rey Jaime I.

Resulta evidente para la Policía, y así lo constata en su atestado, que la mayoría de los agresores estaban vinculados a los Yomus, los ultras del València CF, que llegaron en formación para romper la manifestación legal, y lo hicieron en un número cercano a los 150, según las estimaciones de los denunciantes. Las imágenes no dejan lugar a dudas de que los ultras actuaron como una masa coordinada, y no solo en los lugares captados por los medios de comunicación, sino también en otros puntos donde al mismo tiempo actuaban otros grupúsculos cometiendo agresiones.

Dada la vinculación de los ultras del València Club de Fútbol investigados y su exposición en los medios de comunicación, el club anunció esta semana que había retirado el pase a dos de ellos, concretamente al líder de los Yomus, Vicente Estruch, y al dimitido presidente de la Curva Nord, Javier Cervera. Aunque otros siete investigados hasta la fecha están relacionados con este grupo ultra, el club todavía no ha anunciado las mismas medidas para ellos.

Igualmente, el magistrado reclama en su providencia una mayor implicación de las fuerzas de seguridad del Estado para identificar a todos los que participaron en los hechos denunciados; no solo en las agresiones, sino también a todos aquellos quienes con su participación han cometido delitos contra los derechos fundamentales, desórdenes públicos y daños al mobiliario urbano.

Esta es una petición también de los abogados de las acusaciones, que entienden que “falta una investigación más determinante sobre los instigadores de la contramanifestación y que en parte están identificados, pero la Policía se ha limitado a detener a los que simple y llanamente habían sido cazados en plena acción por los periodistas”.

El juez ordena la comparecencia del jefe policial operativo



Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha ordenado la comparecencia en el juzgado, en calidad de testigo, del jefe del operativo de la Policía Nacional que intervino el día de los hechos, para responder a muchas cuestiones que planean en el ambiente, principalmente las relativas a la actuación de las UIP durante los momentos previos al arranque de la manifestación, la tensión generada y las agresiones a los participantes en la manifestación autorizada con motivo de la Diada del País Valencià.

Sobre este asunto, las acusaciones también tienen muchas preguntas a plantear al responsable del operativo policial y que están en boca de la opinión pública, entre ellas porque la Policía Nacional no tomó ninguna filiación de los contramanifestantes, ni tan siquiera de aquellos que los medios de comunicación grabaron siendo placados por agentes de modo reiterado para evitar que agredieran a los participantes en la marcha legal. No obstante, la comparecencia del mando policial no tiene fijada fecha todavía.

Igualmente, según ha podido saber Público, se ha remitido un oficio desde el juzgado instructor al Ayuntamiento de Valencia, por medio de la Unidad de Enlace de Policía Local, “a fin de que remitan copia de los vídeos que pudieran haber captado las cámaras de seguridad de tráfico en fecha 9 de octubre de 2017 en la plaza de San Agustín de Valencia y la Avenida del Oeste entre las 17:00 y las 19:00 horas”, los puntos calientes donde se produjeron la mayoría de las agresiones.

Los detenidos e investigados hasta la fecha:



Juan Manuel Bustos Vázquez, Vicente Javier Estruch Cortes, Néstor Franco Castelló, Vicente Rincón Carrasco, Javier Cervera sales, Florín Robert Drus, Faustino Ortiz Pérez, Blai Bresó Benet, Francisco Javier Micó Estellés, Víctor Manuel Ramos Calvo, Gustavo José Soriano Felíu, Vicente Igual Gutiérrez y Rubén Año Año.

