Este viernes, el Consejo de Ministros, probablemente, aborde cuál puede ser la solución al contencioso planteado por el nuevo gobierno de Castilla la Mancha que ha decidido oponerse a la construcción de un almacén de residuos nucleares en el pueblo de Villar de Cañas, (479 habitantes), en la provincia de Cuenca, uno de los pueblos más abandonados de la Mancha que vive, sobre todo de la agricultura.

Para Villar de Cañas, la construcción de ese almacén de residuos nucleares (ATC, por su nombre técnico: Almacén Temporal Centralizado) que ningún otro pueblo quiere, es como la llegada de los americanos a Villar del Río, que en la película de Luis García Berlanga, iban a regar la localidad de dinero y de riqueza. En la película de Berlanga la riqueza venia del célebre Plan Marshall, sufragado por los americanos. En la localidad conquense, es el Gobierno de España que se ha comprometido a una inversión de un millón de euros y a la creación de puestos de trabajo, en una comarca deprimida y, como Villar del Río, sumida en la pobreza.

En este caso, los Gobierno que iban a ser de Mr. Marshall eran los de la antigua presidenta Maria Dolores de Cospedal, que ha sido desplazada del poder por el socialista Emiliano Garcia Page, y el de Mariano Rajoy Brei, que corre el riesgo, en el próximo mes de diciembre de ser desalojado de la Moncloa. En estas circunstancias no se entiende que, en cuatro años, ni Cospedal, ni Rajoy Brei, hayan encontrado el suficiente consenso como para solucionar un problema que es grave y urgente: cuál va a ser el destino de los residuos nucleares de las plantas españolas, que están empezando a enviarse a Francia con un coste diario de 60.000 euros. Hasta el momento, se han abonado ya más de 200 millones de euros para el traslado de esos residuos a dos instalaciones al Norte y al Sur del país vecino.

España se ha comprometido a hacerse cargo de los deshechos y residuos cuando, por fin, se construya un almacén como los que ya existen en Reino Unido o Alemania. La fecha límite, en principio, era 2015 y ya se ha aplazado hasta 2017. Sólo entonces sabremos si España tiene que seguir pagando a un tercer país por el almacenaje de sus residuos o tiene resuelto el tema del almacén propio que, tal como están las cosas, pueda construirse en Villar de Cañas, sobre todo, tras la decisión del gobierno manchego de declarar la zona como zona de especial protección de aves (ZEPA), aprovechando que el lugar del cementerio está cerca de la laguna de El Hito. Desde esa declaración ambiental no puede construirse nada en esa zona, con lo que se plantea un claro conflicto con el gobierno central que intentará declarar a su vez el proyecto como de interés público de primer orden, con la posibilidad de que la Junta manchega recurra ante la Justicia la decisión y todo quede paralizado hasta una decisión judicial que puede llegar hasta Bruselas.

En torno a este contencioso que trasciende de esa anécdota de si es más importante la protección de las grullas que circunstancialmente puedan pasar por el entorno del cementerio nuclear, o el necesario cementerio nuclear en sí, y por encima de todo si Villar de Cañas es el lugar adecuado para la instalación de ese necesario almacén, a estas alturas, hay muchos misterios por resolver y preguntas por contestar. Y es en el Parlamento dónde esos misterios y esas preguntas, tienen que explicarse sin que quede ningún tipo de duda.

¿Es verdad que el lugar elegido no reúne las condiciones de seguridad de una obra que necesita un proyecto de ese tipo, al comprobarse que se trata de un terreno arcilloso y con gran cantidad de yeso, que requeriría de un caro revestimiento, no previsto en el proyecto inicial? ¿Es verdad que los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ocultaron a los consejeros en su votación final para autorizar el almacén, que los geólogos creían que el lugar no era el más adecuado para el silo nuclear? ¿Es cierto que esos mismos geólogos creen que Villar de Cañas es el lugar menos adecuado para la construcción del polémico almacén?¿Es cierto que la Junta de Castilla la Mancha sospecha de anormalidades en el plan urbanístico de Villar de Cañas, aprobado el pasado 17 de junio, cundo ya el gobierno de Castilla la Mancha estaba en funciones? ¿Qué responsabilidades tiene en todo este contencioso Francisco Gil-Ortega, alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla la Mancha que tuvo que dimitir de Presidente de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) tras ser acusado de “enriquecimiento ilícito” (gastos sin justificar)? ¿Hay algún tipo de anormalidad en las concesiones de las obras?

Al final, el almacén nuclear de Villar de Cañas va a necesitar de una película parecida a la que Berlanga hizo sobre Villar del Río... aquella de Pepe Isbert, Manolo Morán y Lolita Sevilla... en la que los americanos llegaban para hacer ricos a todos.