Un paso más en la contratación irregular de la concejal de Ciudadanos en Logroño, María Luisa Alonso. Según el auto al que ha tenido acceso Rioja2, el juez llamará a declarar a María Luisa Alonso y Julián San Martín, a los que se oirá en calidad de "investigados".

Pero además, el grupo municipal de Ciudadanos en Logroño deberá aportar, tal y como exige el escrito del juzgado, "el contrato laboral realizado a la concejal María Luisa Alonso a cargo del grupo municipal y justificante de los pagos de salarios a cargo de la asignación realizada al grupo parlamentario, así como el alta a la Seguridad Social de dicho contrato y movimientos bancarios de todos los pagos relacionados con esta contratación".

Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño deberá facilitar "la copia normativa que fue entregada a los portavoces de cada grupo municipal en la que se hacía constar la prohibición de usar los fondos asignados a los grupos parlamentarios para la contratación de personal y se indique a qué persona concreta de Ciudadanos se entregó dicha normativa".

Asimismo, según el escrito del Juzgado número 2 de Logroño, el Consistorio también deberá aportar "el justificante de las cantidades devueltas por el grupo municipal de Ciudadanos por la contratación indebida de María Luisa Alonso".

El pasado mes de enero, uno de los miembros de la Junta Directiva Regional del Partido, cesado el pasado mes de mayo. Enrique Echezarra decidió dar un paso más al acusar a María Luisa Alonso y a Julián San Martín, de un presunto delito de malversación de fondos públicos. De hecho, en su escrito de acusación solicitaba una pena de "cuatro años de cárcel y diez años de inhabilitación especial para el cargo o empleo público y para el ejercicio de sufragio pasivo".

La denuncia, a la que también tuvo acceso Rioja2 en exclusiva Rioja2, planteaba un relato de los hechos recordando que el pasado mes de abril de 2016, Rioja2 desveló la contratación irregular de la concejal María Luisa Alonso como auxiliar administrativo a cargo del Grupo Municipal de Ciudadanos, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Bases del Régimen Local.