Reforma

Ciudad de México— Para combatir al crimen organizado, México cuenta con un sistema de leyes errático y disperso, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) criticó la proliferación de leyes generales, pues, dijo, han generado competencias particulares para la Federación en unas materias y diferenciadas para los estados en otras.

“De la experiencia en la Corte, un trabajo verdaderamente ingrato era estar pensando qué cosas se quedaron en la Federación en trata o en secuestro, y qué cosas le transmitió a los estados en trata o en secuestro”, indicó al participar en el Seminario Sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.

“Era absolutamente errático”.

Explicó, por ejemplo, que la ley general en materia de desaparición forzada fue creada por el Congreso de la Unión gracias a su facultad para legislar en materia penal, sin embargo, de ella se desprendió la ley que regula la declaración especial de ausencia, que es del orden civil.

La declaración especial de ausencia, que está pensada para generarle a una persona desaparecida un mundo jurídico como si estuviera presente, obliga a los patrones a pagar el salario de la víctima, lo que Cossío Díaz consideró que será fácilmente impugnable en un amparo local por ser impuesto desde la Federación.

“Hay un enorme desorden legislativo en la estructura general de la manera en que el Estado mexicano, muy errático, muy por etapas, ha ido construyendo este marco jurídico”, reflexionó.

En tanto, Renato Sales, excomisionado Nacional de Seguridad, criticó que actos como el homicidio o la desaparición de personas no estén contemplados como delitos que puede cometer el crimen organizado, por lo que los asesinatos en enfrentamientos entre bandas del narcotráfico no son investigados.

Mientras que la magistrada Taissia Cruz Parcero, del Octavo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, reprochó la dispersión de los delitos en más de 52 diferentes leyes.

“Es imposible que ningún Ministerio Público, ningún policía, tampoco ningún juez, va a encontrar que ‘esto que hizo una persona’ es una ‘conducta delictiva’ y le corresponde una pena”, aseguró.

“Es un caos, que se refleja en el fracaso del sistema de prevención del delito, de procuración de justicia y administración de justicia”.