El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia del pasado 11 de abril para informar de las novedades del estado de alarma. BORJA PUIG DE BELLACASA / SPANIS / EFE

Los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior han reportado desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta el pasado viernes 291 “eventos de desinformación” o ciberbulos de relevancia, según confirman a EL PAÍS fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. Se trata de mensajes falsos difundidos en internet y las redes sociales que van desde teorías conspiratorias hasta narrativas que buscan perjudicar la imagen del Gobierno. La Policía analiza si se han usado bots [cuentas para la difusión masiva automatizada] para su propagación y con qué objetivo.

El dispositivo organizado por Interior para hacerlos frente es “similar” al que se montó para combatir los ciberbulos y los ataques informáticos en las dos últimas campañas electorales, las del 28 de abril y el 10 de noviembre del año pasado. Entonces, la Secretaría de Estado de Seguridad elaboró un protocolo que seguía las recomendaciones de la UE y en el que se hacía hincapié en las medidas a aplicar cuando se detectase una posible campaña de desinformación. Entonces, el objetivo era contrarrestar la información falsa que buscase cambiar el sentido del voto o perjudicar a algún partido. En ese caso, los expertos de Interior debían informar del incidente “a la mayor brevedad para su oportuna valoración y para la toma de decisiones correspondientes” al Departamento de Seguridad Nacional (DSN), parte de la estructura de Presidencia.

La lucha contra los ciberbulos también ha sido trasladada a los ciudadanos por la Policía. El pasado 5 de abril, el comisario José García Molina aseguraba que las unidades contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional rastreaban “continuamente” las redes sociales para detectar noticias falsas y desmentirlas a través de sus perfiles policiales. También destacaba la reciente creación de una guía con “recomendaciones sencillas” dirigida a los ciudadanos para ayudarles a identificarlas y, de este modo, evitar que las compartieran. El alto mando policial aseguró que entonces ya se había detectado la creación de “más de un millón y medio de cuentas en redes sociales” con el único objetivo de “manipular o crear contenido spam” relacionada con la covid-19. El pasado 15 de marzo, tras decretarse el estado de alarma, la Policía Nacional ya dictó una orden interna en la que encargaba a unidades especializadas en ciberseguridad la detección de posibles “elementos hacktivistas que pudieran intentar desestabilizar el país mediante el desarrollo de campañas”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado abría el pasado martes unas diligencias para investigar la posible existencia de un grupo criminal detrás de la campaña de bulos puesta en marcha en las redes sociales contra el Gobierno español. El ministerio público lo hacía tras recibir una denuncia del grupo parlamentario de Unidas Podemos por la difusión masiva de mensajes contra el Ejecutivo en el que se incluían imágenes con ataúdes y cadáveres en bolsas cuyos autores situaban falsamente en España, cuando en realidad habían sido tomadas en Italia y Ecuador. La coalición pedía actuar contra los responsables de ambos mensajes —uno de ellos atribuido por la formación a un usuario del entorno de Vox— por la supuesta comisión de los delitos de simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal. Unos días antes, el grupo ya había formalizado una denuncia por un hecho similar, en este caso contra un policía en activo y un empleado municipal de un ayuntamiento onubense que difundieron un falso vídeo sobre material sanitario. Fuentes de Unidas Podemos aseguraron ayer a EL PAÍS que ultiman una ampliación de esta última denuncia en la que detallan nuevos hechos relacionados con la difusión delictiva de ciberbulos.

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