El lunes 4 de mayo la subdirección jurídica del SII tenía lista la querella contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. La crisis estalló cuando Michel Jorrat la aplazó y se supo que “alguien” en el SII autorizó una condonación que benefició a Novoa por las mismas irregularidades por las que la Fiscalía pidió formalizarlo. La dilación de la querella y optar por la vía administrativa en vez de la judicial, son fruto de la presión de los ministros del Interior y de Hacienda para frenar las investigaciones. La crisis estalla cuando aparecen nuevas empresas bajo sospecha de haber financiado la política.

La semana que se cierra este viernes 8 de mayo ha sido una de las más duras para el gobierno. Hay quienes la comparan con la que vivió La Moneda a inicios de febrero, cuando se conoció el negocio inmobiliario en Machalí que involucra al hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y que lanzó al despeñadero la popularidad de la mandataria. La crisis política que terminó con la Presidenta anunciando la renuncia de todo el gabinete en horario prime televisivo y ante Don Francisco el miércoles 6, ayudó a mantener en segundo plano la verdadera guerrilla en las sombras que esa misma semana se había instalado en el gobierno y que se traspasó al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Un quiebre profundo se había producido entre quienes pujan por dejar en libertad de acción a Impuestos Internos y a la Fiscalía, para que investiguen el financiamiento ilícito de la política, y aquellos que han frenado las indagatorias para preservar a las autoridades y dirigentes políticos envueltos en las irregularidades.

Esta semana las escaramuzas comenzaron a filtrarse más allá de los ministerios del Interior y de Hacienda, además de las oficinas del SII y de la Fiscalía, donde tienen domicilio las principales figuras que se han enfrentado en este largo round. El ingrediente que hizo explotar la crisis tuvo lugar apenas 48 horas antes del anuncio del cambio de gabinete. Y ocurrió en el SII.

El lunes 4 altos funcionarios de Impuestos Internos detectaron una operación cuyo objetivo final era frenar las investigaciones que se desarrollan en el organismo tributario relacionadas con el financiamiento ilegal de la política: el 23 de marzo el SII había beneficiado a la sociedad comercial del ex senador Jovino Novoa (UDI), uno de los políticos implicados en la investigación judicial al Grupo Penta, con la condonación del 55% de sus “impuestos comprometidos”, es decir, aquellos que estaban bajo investigación por sospecha de fraude tributario.

La sociedad Inversiones y Mandatos, propiedad de Novoa, emitió seis facturas a diversas empresas del holding Penta, por un monto total de $25 millones, que están investigadas por haber enmascarado fondos destinados a campañas. Tras presentar ante el SII una rectificación de sus declaraciones tributarias, a la sociedad de Novoa se le aprobó la condonación. Pero se mantuvo en secreto.

Fue una pequeña nota de El Mercurio de este jueves 7 la primera alerta sobre el beneficio que recibió Novoa. Si bien señala que la condonación opera de manera automática cuando el trámite de rectificación se hace en línea, este procedimiento está permitido sólo si el contribuyente no tiene observaciones pendientes. Y en el sistema del SII el expediente de la sociedad de Novoa sí aparece con un aviso que indica que está bajo investigación. En la práctica, esa anotación es una alerta para que los fiscalizadores del SII no le aprueben beneficios. Por lo mismo, la condonación sólo pudo materializarse con la anuencia del subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón.

De acuerdo a la normativa del SII, y estando Jovino Novoa bajo investigación, el beneficio debió contar con el visto bueno del director del servicio, Michel Jorrat. Consultado por CIPER, Jorrat aseguró que él no tuvo conocimiento de la operación, por lo que se está investigando quién y por qué autorizó la condonación.

QUIEBRE EN EL SII

La condonación a Novoa no fue un mero trámite automático e intrascendente. Prueba de ello es que este lunes 4 la Subdirección Jurídica del SII, donde opera el equipo especial de Impuestos Internos que investiga los posibles fraudes tributarios relacionados con financiamiento político, tenía lista una ampliación de querella contra Jovino Novoa. Pero la acción judicial fue postergada por decisión del director Jorrat. Recién entonces el equipo del SII que investiga ilícitos asociados a campañas políticas supo que se había dado luz verde a una condonación para Novoa por las mismas irregularidades por las que pretendían llevarlo a juicio.

La ampliación de la querella del SII que involucraba a Novoa, también incluía a Giorgio Martelli, reconocido recaudador de dinero para las campañas de Eduardo Frei y Michelle Bachelet. Martelli es dueño de la sociedad que en 2012 recibió boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de una docena de otros funcionarios cercanos al jefe de gabinete y al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tal como lo informó una nota publicada por The Clinic. La sociedad de Martelli recibió dinero de la empresa SQM Salar, controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y se sospecha que sirvió como caja pagadora de un equipo que operó en la precampaña presidencial de Michelle Bachelet.

La idea de los funcionarios de la Subdirección Jurídica del SII era presentar la acción judicial contra Novoa y Martelli a principios de la semana del 4 de mayo, antes de que la Fiscalía hiciera lo suyo. Este jueves 7, cuando la querella contra Novoa y Martelli seguía en compás de espera en el SII, el fiscal nacional Sabas Chahuán ingresó al 8º Juzgado de Garantía una solicitud de audiencia para formalizar a Jovino Novoa por delitos tributarios y a otros cuatro políticos imputados: el senador Iván Moreira (UDI), el diputado Felipe de Mussy (UDI), el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) y el ex diputado Alberto Cardemil (RN). La audiencia quedó fijada para el 22 de junio.

La imagen de Impuestos Internos se ha visto afectada por ir a la cola del Ministerio Público en la investigación de SQM, lo que alimenta las sospechas de que estaría encubriendo a sectores oficialistas que recibieron fondos de la minera. Por esa razón, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, le pidió al director del servicio, Michel Jorrat, que autorizara la presentación de la ampliación de querella contra Novoa y Martelli antes de las 14:00 del jueves 7, la hora límite para ingresar los escritos al tribunal, y de esa forma no aparecer “empujados” por la Fiscalía.

Pasadas las 13:00 de ese día y al no tener respuesta, Vargas le envío un nuevo mensaje a Jorrat, indicándole que si no recibía instrucción en contrario procedería a presentar la acción judicial. Pese a que Jorrat había anunciado oficialmente que se inhabilitaría de actuar respecto a la empresa de Martelli, pues él mismo emitió boletas para esa sociedad, finalmente el director del SII decidió posponer la ampliación de querella. Jorrat pidió que antes de presentarla se citara a declarar al SII a Giorgio Martelli. En los hechos, eso significaba postergar al menos hasta la próxima semana la decisión de ingresar el escrito al tribunal. El subdirector Vargas no estuvo de acuerdo con esa determinación, pues a su juicio Martelli ya había entregado a Impuestos Internos –a través de sus abogados- la documentación contable necesaria, complementaria con la que antes había presentado SQM Salar, para fundamentar la acción legal.

En la institucionalidad del SII la facultad de iniciar acciones legales por ilícitos tributarios la tiene el director de la entidad, quien desde hace años la ha delegado en el subdirector jurídico. En vista de que las dilaciones en la presentación de las acciones judiciales contra Novoa y Martelli pueden acarrearle responsabilidades administrativas, pasado el mediodía del jueves 7 Vargas pidió formalmente a Jorrat que, si su decisión era postergar la ampliación de la querella, le revocara la delegación de la facultad de iniciar acciones legales. De esta forma, quedaría exclusivamente en manos del director la responsabilidad por su determinación. Ese mismo día, a sólo media hora de que se cumpliera el plazo de las 14:00 para ingresar la ampliación de la querella, Jorrat le comunicó a Vargas que aceptaba revocar la delegación. Y no presentó el escrito al tribunal.

A partir de ese momento el quiebre en la dirección del SII se hizo evidente. Por un lado, el equipo del subdirector jurídico presionando por la presentación inmediata de las querellas; y por el otro, Jorrat, quien decidió posponerlas. La indagación de CIPER confirmó que la actitud del director del SII obedecía a las presiones que recibió desde el Ministerio de Hacienda, del cual depende jerárquicamente.

El problema para Jorrat no era la acción contra Novoa, sino la dirigida contra Martelli. El director del SII había recibido instrucciones desde el Ministerio de Hacienda de retrasar la presentación del escrito hasta después del cambio de gabinete, cuando la Presidenta aún no le ponía fecha a la reestructuración de su equipo ministerial. La orden buscaba evitar que se siguiera debilitando la posición del ministro Peñailillo por su vínculo con Martelli.

Las presiones sobre Jorrat para retrasar la acción judicial fueron tan fuertes como las que soportó durante el verano, cuando el mismo ministro Peñailillo evidenció ante directivos del SII y del Ministerio Público su obsesión por que la investigación “no llegara hasta SQM”. Tanto para el ministro del Interior como para el de Hacienda era preciso frenar esa arista de la acción judicial, a sabiendas de que con ella se abriría la compuerta que vinculaba directamente con el financiamiento ilegal de la política a un grupo del oficialismo que ocupa cargos de poder en el gobierno, en el Parlamento y en los partidos.

Los roces que se produjeron en esos días entre el ministro del Interior y el director del SII fueron de tal nivel, que la relación entre ambos se fracturó irremediablemente. Cortado ese puente, los intereses de Peñailillo han sido representados ante el director del SII por la jefatura de Hacienda, con presiones de similar intensidad, pero sin llegar a las descalificaciones en las que incurrió Rodrigo Peñailillo.

Enfrentado a la presión que ejerció su equipo jurídico para que presentara la acción judicial contra Martelli este jueves 7, Jorrat se tomó 24 horas para reflexionar. En la mañana del viernes 8, Jorrat firmó la querella para presentarla al 8º Juzgado de Garantía. Pero el escrito nunca traspasó el umbral del tribunal. Jorrat afirmó a CIPER que el problema que se lo impidió fue que, al renunciar el subdirector Cristian Vargas a su facultad de iniciar acciones legales, ésta vuelve a manos del director del SII, pero previa publicación de la revocación en el Diario Oficial. Como ese trámite está pendiente, la querella firmada por Jorrat no tenía validez. El subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, confirmó a CIPER que había renunciado a su facultad.

A primera hora de este viernes 8 de mayo, Giorgio Martelli declaró ante el Departamento de Delitos Tributarios, dependiente de la Subdirección Jurídica del SII. Pero se acogió a su derecho a guardar silencio. El director del SII, Michel Jorrat, le confirmó a CIPER su decisión de presentar la querella, tanto en contra de Martelli como de Novoa, apenas sea publicada en el Diario Oficial la revocación de la facultad que ostentaba Vargas.

PRESIÓN DESDE HACIENDA

La condonación a favor de Jovino Novoa fue interpretada al interior del SII como una maniobra que intentó zanjar por la vía de los hechos consumados la disputa entre quienes desean frenar la investigación y aquellos que persisten en llevarla hasta el final. Los que buscan detener la indagatoria argumentan que el uso de boletas y facturas por servicios no prestados -el ardid que enmascaró el financiamiento de las campañas- no es un delito tributario, por lo que no corresponde llevarlo a tribunales y debe ser corregido por la vía administrativa. Esta última interpretación de la ley es, precisamente, la que se aplicó al aceptar la condonación que benefició a la empresa de Jovino Novoa.

El principal impulso a la tesis de corregir por la vía administrativa provino de las oficinas de los ministros Peñailillo y Arenas. La jefa de gabinete del titular de Hacienda, Andrea Palma, ha coordinado el grupo que promueve esta salida extrajudicial y que ha presionado a distintas autoridades –entre ellas, la del SII- para que adopten ese predicamento. El equipo, incluso, ordenó investigar el origen de las filtraciones a la prensa que alimentaron los reportajes que involucraron en los ilícitos del financiamiento de la política al ministro Peñailillo, al grupo de dirigentes que él instaló en cargos de importancia en distintos ministerios, a colaboradores del ministro Arenas, y a los hijos del nuevo presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, entre otras figuras del oficialismo.

En el grupo que coordina Andrea Palma también participa Alberto Cuevas, responsable de la política tributaria del Ministerio de Hacienda, quien periódicamente se reúne con el subdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. A las reuniones del grupo también ha concurrido el director del SII, Michel Jorrat, e inicialmente participó el abogado Samuel Donoso. Este último es defensor del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y fue quien elevó el caso Penta hasta el Tribunal Constitucional en un infructuoso intento de detener la indagatoria sobre la minera de Julio Ponce Lerou.

Samuel Donoso fue quien llevó ante el equipo que encabeza Andrea Palma un informe en derecho elaborado por el ex director del SII, Ricardo Escobar. El documento sostiene que no hay delito en el uso de boletas por trabajos no realizados que hayan servido para allegar recursos a la política. Es más, la tesis de Escobar es que todo lo que no está expresamente prohibido en la ley respecto del financiamiento de campañas y actividades políticas, estaría permitido (ver recuadro con los argumentos de Escobar).

Sobre la matriz del informe de Escobar se ha construido la línea de trabajo del grupo que coordina Andrea Palma. Para fortalecer la tesis, Alberto Cuevas solicitó nuevos informes jurídicos a otros abogados. Incluso, el grupo elaboró una minuta con esta base argumental, documento que no lleva el sello del Ministerio de Hacienda y que se hizo llegar a algunos parlamentarios preocupados por los alcances de la investigación del SII y el Ministerio Público.

Quienes insisten en que la justicia debe dirimir si hay o no delito, sostienen que el plan de contención desplegado por los ministros Peñailillo y Arenas es riesgoso: podría dar pie a acusaciones de obstrucción a la justicia o conflicto de interés, debido a que estarían usando prerrogativas de su cargo y recursos fiscales para detener una investigación que los afecta directamente o a sus colaboradores cercanos.

Al interior del SII, y tras sus duras disputas con Peñailillo, el director Michel Jorrat ha debido enfrentar un clima interno crispado por las desconfianzas. Uno de los puntos más álgidos ha sido el paulatino distanciamiento con el subdirector jurídico, Cristián Vargas, quien ha sido el más duro defensor de la vía judicial. En ese proceso de crisis, Jorrat ha sido asesorado por un pequeño círculo de confianza, conformado por su jefa de gabinete, Elena Amaya, el director de Grandes Contribuyentes, Bernardo Seaman, y el subdirector de Fiscalización, Víctor Villalón.

Son precisamente algunos de los integrantes de ese grupo de confianza de Jorrat los que despiertan las aprensiones de los fiscalizadores más antiguos del SII por la independencia que requiere su función. Una alerta que se vio reforzada el jueves 30 de abril cuando Víctor Villalón envió un mensaje a los directores regionales del SII que fue interpretado como la línea a seguir para sancionar administrativamente y no como un ilícito las irregularidades detectadas en boletas de contribuyentes relacionadas con organizaciones políticas.

El texto de Villalón contiene una crítica velada a las denuncias que la Subdirección Jurídica ha presentado a la Fiscalía, en las que pidió investigar a contribuyentes que emitieron boletas por trabajos que no tienen respaldo y que, al mismo tiempo, mantienen nexos con organizaciones vinculadas a partidos o dirigentes políticos. Ese es el caso de la nómina de 173 contribuyentes que emitieron facturas o boletas a SQM que se envío a la Fiscalía el 2 de abril pasado.

En su mensaje, Villalón pidió que los directores regionales revisen con sus equipos “aquellas situaciones en las cuales (los fiscalizadores) estarían rechazando gastos por el mero (hecho) de estar los contribuyentes asociados a personas o entidades, incluso sin fines de lucro, que a su vez poseen algún tipo de relación o vinculación con los derechos políticos que caracterizan a nuestro país”.

Otro indicio de que la posición de la jefatura del SII es evitar la investigación de platas relacionadas con organizaciones políticas, ocurrió cuando la Dirección de Grandes Contribuyentes dio curso a una rectificación realizada por SQM Salar. La repartición que dirige Bernardo Seaman aceptó revisar las declaraciones tributarias de la empresa, pero excluyó de ese examen los pagos que esa compañía hizo a las sociedades de Giorgio Martelli y de Cristián Warner, hombre de confianza de Marco Enríquez Ominami. De esta forma, el SII considera que no hay anomalías en los servicios que Martelli y Warner supuestamente prestaron a SQM Salar, lo que impide por ahora investigarlos. De hecho, las condiciones en que fue tramitada esa rectificación no se informaron al equipo del SII que pesquisa los posibles ilícitos tributarios de SQM Salar relacionados con financiamiento político.

Para dejar fuera de la rectificación a la sociedad de Martelli, la Dirección de Grandes Contribuyentes tuvo a la vista los informes de asesoría entregados por esa empresa a SQM Salar, con lo que validó los servicios prestados. Sin embargo, una investigación de The Clinic analizó los reportes de Martelli y concluyó que el contenido era copiado de publicaciones de diarios. Incluso, se descubrió que algunos contienen información sobre hechos que ocurrieron después de la fecha en la que supuestamente se realizaron los informes.

OTRA SOCIEDAD DE POLÍTICOS EN LA MIRA

La condonación a Jovino Novoa se produjo en la segunda quincena de marzo, justo antes de que comenzara a gestarse un acuerdo político amplio destinado a redactar un compromiso para mejorar la calidad de la política y explorar reformas al financiamiento de campañas. El acuerdo, firmado desde la UDI hasta el PC, fue impulsado desde La Moneda por el ministro Peñailillo y se especuló que podía convertirse en el germen de una negociación que taponeara las investigaciones. En los hechos, desde esos días se han sucedido las señales que obstaculizan el trabajo del equipo del SII que investiga posibles delitos tributarios vinculados a campañas electorales.

Las presiones desde el Ministerio del Interior y de Hacienda se agudizaron cuando, a comienzos de abril, la Subdirección Jurídica del SII presentó la denuncia contra ejecutivos de SQM que incluyó una nómina con decenas de contribuyentes que emitieron boletas a la minera y que están vinculados a partidos y candidatos. Las declaraciones que prestaron ante el SII los hijos del senador y presidente del PDC, Jorge Pizarro, quienes figuran en la nómina que acompañó esa denuncia, se mantuvieron bajo reserva por más de un mes. Los investigadores del SII sólo tuvieron acceso a ellas cuando ya se habían realizado las elecciones internas del PDC que ungieron a Pizarro como nuevo timonel del partido.

Los dichos de los hijos de Pizarro, respecto de que sus asesorías eran “verbales” y que se hacían en presencia de otro dirigente DC que recibió pagos de SQM, Marcelo Rozas, acrecentaron las sospechas de los investigadores del SII de que formaban parte de una maquinaria para financiar campañas.

Altos funcionarios de Impuestos Internos aseguran que la ofensiva desplegada desde Interior y Hacienda prácticamente ha paralizado todas las instancias del SII donde se desarrollan investigaciones que pueden afectar a figuras públicas connotadas. No sólo el equipo especial que indaga las boletas y facturas asociadas a campañas políticas se ha visto obstaculizado, lo mismo ocurre con las indagatorias relacionadas con las cuentas del banco HSBC (vea el reportaje de CIPER “De Luksic a Abumohor: Millonarios en la mira del SII por cuentas en el HSBC en Suiza”) y con el grupo que estaba pesquisando grandes empresas que han realizado contratos forwards similares a los detectados en Penta.

El quiebre en la jefatura del SII que ha congelado las investigaciones se ha producido justo cuando la indagación de CIPER indica que hay otras empresas y sociedades que debieran estar siendo investigadas a fondo por su posible vinculación con el financiamiento ilegal de la política. Una de ellas es Colectivo 9010 S.A., cuyos socios son Fernando Adolfo Galindo Fuentes, Loreto Cabrera Molina y Carolina Echeverría Moya, la que fue constituida el mismo año 2010 en que se creó Asesorías y Negocios, de propiedad de Giorgio Martelli.

Fernando Adolfo Galindo es jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, y es uno de los hombres de confianza del ministro Peñailillo. Es precisamente ese ministerio el que debe resolver los problemas pendientes por la licitación de la explotación del litio, donde tiene millonarios intereses SQM. Galindo es licenciado en Ciencias Jurídicas y es funcionario a contrata del Ministerio de Minería con un sueldo bruto de $4.187.479. En la última elección presidencial recibió pagos de SOMAE, la sociedad que administró la campaña de Michelle Bachelet, al menos en octubre y noviembre de 2013 por $1,8 millones mensuales.

La abogada Loreto Cabrera es la actual jefa de Recursos Humanos de la Subsecretaría del Interior. La tercera socia, Carolina Echeverría, ha sido recaudadora de dinero para campañas de Michelle Bachelet. La Presidenta la nominó para que ocupara el cargo de subsecretaria de las Fuerzas Armadas en marzo de 2014, pero tres días antes de asumir debió renunciar. Echeverría arrastraba un sumario desde que fue subsecretaria de Marina entre 2006 y 2010, por irregularidades en concesiones marítimas que solicitó la empresa franco-belga Suez Energy para su proyecto termoeléctrico Barrancones y en las que vio involucrado su marido (ver reportaje de CIPER).

A ello se agregó la querella que presentó el 7 de marzo de 2014 el abogado Roberto Celedón contra el padre de Carolina Echeverría, el coronel (r) Víctor Echeverría Lobos, a nombre de su esposa, Mercedes Bulnes, quien lo acusó de torturas e intento de violación cuando ella estuvo detenida en el Regimiento Buin, en 1973. Al día siguiente, Bachelet aceptó la renuncia de su ex recaudadora de fondos.

En la escritura de la constitución de Colectivo 9010, Carolina Echeverría figura sólo con su primer nombre: Sonia.

LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE

Lo que está pendiente en Impuestos Internos sobre el financiamiento ilegal de la política es contundente y delicado. Para empezar, están sobre la mesa de los investigadores del SII más de 1.500 boletas pagadas por Celulosa Arauco, del Grupo Angelini, algunas de las cuales tienen las mismas características de las que ya llevó a la justicia el Ministerio Público y que fueron pagadas por Penta y SQM. En una situación similar se encuentran Alsacia (la operadora del Transantiago) y Telefónica.

Que los fiscalizadores de Impuestos Internos puedan avanzar en la investigación sobre estas empresas dependerá de cómo decante la posición de Interior y de Hacienda tras el cambio de gabinete anunciado por la Presidenta y de la libertad de acción que el nuevo equipo político ministerial le dé al SII.

LA DOCTRINA ESCOBAR El ex director del Servicio de Impuestos Internos, el abogado Ricardo Escobar, ha sido el gran defensor de la tesis de que el financiamiento irregular de la política -a través de las fórmulas utilizadas por los controladores del Grupo Penta y SQM- no constituye delito. Escobar es socio del estudio Bofill & Escobar, que defiende al controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, y a varios de los ejecutivos de Penta. Obviamente, la tesis de Escobar resulta conveniente para los clientes de su estudio, pero en las últimas semanas ha sido abrazada también por importantes funcionarios de gobierno, para fundamentar la idea de que el Servicio de Impuestos Internos debiera abstenerse de querellarse en estos casos. Si bien el asunto puede ser debatible desde el punto de vista jurídico, la argumentación de Escobar se ubica en un extremo donde nada es delito. “Es una tinterillada”, dice un destacado abogado tributarista. CIPER tuvo acceso a una minuta que circula en el entorno de Ponce Lerou que resume los argumentos de Escobar: “El financiamiento de campañas políticas y otras actividades propias del derecho de asociación política es normalmente un gasto rechazado que debe pagar los impuestos correspondientes. Si ello no ocurre, debe rectificarse la declaración por el contribuyente o por el SII, y se deben pagar los impuestos y los recargos respectivos. La sanción es pecuniaria. No hay hoy un delito que sancione esa conducta, incluso si ha habido simulación para ocultar la donación y si esa acción ha sido reiterada”. Escobar invoca el derecho de asociación establecido en la Constitución para argumentar que, las únicas restricciones en el financiamiento ligado la libertad de asociación para realizar actividades políticas, son aquellas definidas por las leyes que regulan el gasto electoral y las donaciones a los partidos políticos. La primera, define a través de una lista taxativa qué es gasto electoral y, por lo tanto, lo que no está especificado explícitamente ahí no constituye gasto electoral. Como ejemplo de lo que es legal, porque no está incluido en la lista, cita el financiamiento a través de terceros de los gastos de un candidato que no puede trabajar mientras hace campaña. Además, sólo son considerados gastos electorales aquellos que tienen lugar en el periodo definido por la ley para hacer campañas políticas. “Nada impide financiar actividades políticas fuera del caso (período) del gasto electoral”, concluye. Desde el punto de vista tributario, Escobar sostiene que los gastos para financiar la política no son necesarios para generar renta y no pueden ser descontados de la base imponible del contribuyente, por lo tanto, corresponden a gastos que deben ser rechazados por el SII. Sin embargo, tanto si el contribuyente rectifica voluntariamente como si el SII lo descubre en falta, para Escobar sólo corresponde pagar reajustes, intereses y multa por atraso. Sólo constituiría ilícito si es que hay intención de defraudar y, como ejemplo, cita las facturas falsas de Publicam. Para el resto de los casos, insiste, basta con que las empresas rectifiquen su declaración de impuestos y paguen lo que deben. En cuanto a las empresas que recibieron boletas o facturas de servicios no realizados, Escobar insiste en que sólo se trata de una falta administrativa y no de un delito tributario. Para ello esgrime nuevamente que el financiamiento político a través de terceros está permitido por la ley de gasto electoral, por lo tanto, no puede ser considerado al mismo tiempo un delito tributario. Además, asegura que se trataría de una forma de simulación (financiamiento político disfrazado de servicio prestado) y que ésta fue despenalizada en la reforma tributaria de 2014 a través del artículo 4 ter del Código Tributario, que establece que la simulación es una forma de elusión y por lo tanto es un ilícito civil. Un abogado que trabajó en la redacción de la reforma tributaria descartó tajantemente la interpretación de Escobar, pues la inclusión del ilícito civil en la legislación no anula la conducta penal que sigue tipificada, sino que sólo le agrega una responsabilidad civil. El mismo jurista cree que es perfectamente posible configurar ilícitos penales -desde el punto de vista tributario- en la emisión de boletas falsas para financiar la política. Si bien cree que se trataría de un cambio en la doctrina tradicional del SII, lo que podría debilitar su posición ante un tribunal, la autoridad tributaria tiene la facultad de actuar penalmente invocando el artículo 97 número 4 del Código Tributario, que sanciona las declaraciones incompletas o maliciosamente falsas. Este artículo ya ha sido utilizado en las querellas presentadas contra el ex subsecretario Pablo Wagner y su cuñada Carolina de la Cerda, a quienes se imputa la utilización de boletas ideológicamente falsas y la devolución de impuestos injustificados. Además, Wagner no declaró los ingresos recibidos cobrados a través de su cuñada. Hasta ahora el asunto también ha originado un debate al interior del SII respecto de cómo interpretar la ley. El 10 de abril, el subdirector jurídico del servicio, Cristián Vargas, dijo al diario Pulso que si bien no necesariamente todos quienes entregaron documentación tributaria falsa cometieron ilícitos penales, “si se configura el delito de facilitación de facturas o boletas falsas para que la empresa cometa este delito, nosotros obviamente vamos a actuar ahí, vamos a ejercer las acciones legales que correspondan”. Cinco días después, Michel Jorrat dio una entrevista a El Mercurio que fue interpretada como una señal de tranquilidad para los políticos involucrados, al señalar que “la mayor parte” de quienes entregaron boletas no cumplirían con los requisitos para iniciar una acción penal. Con las empresas receptoras de las boletas, en cambio, fue implacable: “Evidentemente que cuando hay una boleta que fue rebajada como gasto, pero sin que exista una prestación de servicios asociados, eso no solo es gasto rechazado sino que además es delito. Y esa ha sido la interpretación histórica del Servicio. Si uno lee el Código Tributario claramente es delito. El que haya una boleta sin prestación de servicio, es lo mismo que una factura falsa. Solo hay gasto rechazado cuando el servicio se prestó, pero no es del giro, o la ley establece que no es rebajable como gasto”.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Una vez publicado este reportaje, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, se comunicó con CIPER y pidió que se dejara constancia que él nunca confirmó la versión que le entregó a CIPER el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, y que él solo se limitó a escucharla. Pero lo cierto es que no la desmintió.

NOTA DE LA REDACCIÓN II: Tras la publicación de este reportaje, tanto el Servicio de Impuestos Internos como el Ministerio de Hacienda difundieron declaraciones públicas en respuesta a la publicación de CIPER: vea aquí la declaración de Impuestos Internos y la declaración de Hacienda. El lunes 11 de mayo, el SII presentó una querella contra 12 personas, entre las que se cuentan Giorgio Martelli, Clara Bensán y Jovino Novoa: vea aquí el comunicado de Impuestos Internos que lo confirmó.