Íñigo Corral *

Cuando comenzó la Guerra Civil, los nacionales se hicieron muy rápido con el poder en Calatayud. Hay pocos restos documentales de lo que realmente pudo ocurrir allí las semanas que siguieron al 18 de julio de 1936. Como se suele decir, la primera víctima de una guerra es la verdad. Lo poco que se conoce proviene de la tradición oral. Cuentan los vecinos que a menos de 20 kilómetros, en un pueblo llamado Villarroya de Soria, vivieron los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, dos militantes del sindicato CNT y que ése fue precisamente su pecado para que fueran asesinados. Ahora, 80 años después, un juez ha autorizado la exhumación de los restos mortales de unos cadáveres que están en el Valle de los Caídos y que podrían corresponder a los de los dos hermanos. Sus familiares quieren saber si en verdad son los de Manuel y Antonio para darles una sepultura digna. No buscan nada más.

María Purificación Lapeña es nieta de Manuel y sobrina-nieta de Antonio. En su casa ha podido oír de primera mano las historias de sus antepasados. Su padre, que aún vive, les contó que al poco tiempo de que triunfara el alzamiento nacional en su pueblo, y con 14 años de edad, su padre (Manuel) les dijo: “Tranquilos, que no van a venir a buscarme porque no he hecho nada”. Puri, como la conocen sus familiares, explica que su intención a la hora de buscar los restos de su abuelo y de su tío abuelo no es buscar venganza: “¡Ya me contarás para qué sirve eso a estas alturas!” Su objetivo no sólo ha sido siempre el de honrar la memoria de Manuel y Antonio, sino también “que la gente conozca la historia de lo que es y de lo que ocurrió en el Valle de los Caídos”. Ahora que el juez le ha dado la razón, preguntará a su padre y a las nietas de Antonio el modo de entender qué supone darles una sepultura digna: “Entiendo que querrán que se les entierre en su pueblo, pero tendré que consultarlo”, admite.

Manuel, un veterinario viudo que trabajaba en varios pueblos de la zona, fue uno de los fundadores de la CNT en la zona de Calatayud, un sindicato que por aquel entonces gozaba de bastante predicamento en Aragón. “Era un hombre bueno que ayudaba a la gente hasta el punto de que aceptaba lo que le pudieran pagar”, afirma Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) y que está casado con María Purificación, una de las nietas de las víctimas. Lo que se sabe de aquel 27 de julio de 1936 es que la Guardia Civil pasó por la finca donde estaba Manuel y que le detuvieron. “Pasaron por el pueblo y un hijo intentó salir para seguirle pero le aconsejaron que no lo hiciera”, dice Capapé. Su viaje acabó en Calatayud. “Unos dicen que lo tuvieron expuesto varios días, bastante deteriorado, en el pueblo para que la gente lo viera, y lo último que se sabe de él es que le llevaron al barranco de La Bartolina donde lo asesinaron y lo enterraron el 14 de agosto en una fosa común”, recuerda el esposo de María Purificación aunque advirtiendo de que los hechos se conocen por “la tradición oral del pueblo”. Tenía 44 años.

Esos mismos testimonios son los que sostienen que la cifra de personas asesinadas en aquel lugar puede ascender a unas 500, aunque hay versiones menos creíbles que apuntan a que el número de muertos pudo llegar a los 2.000. Lo que nadie cuestiona es que ese barranco era el lugar de fusilamiento de gente de toda la Comarca de Calatayud, que en aquella época englobaba a otros partidos judiciales como Ateca, Daroca y La Almunia. El paraje ha sido desgastado por la acción natural de la erosión pero, sobre todo, debido principalmente a la mano del hombre que, de forma voluntaria o involuntaria, ha conseguido alterar la morfología del terreno. De hecho, en los últimos 50 años se ha movido tierra, se ha excavado e incluido ha servido durante años como vertedero municipal.

La historia de Antonio, cinco años menor que Manuel, es similar. Trabajaba como herrero y al tomar el pueblo los nacionales “se echó al monte”, como señala Capapé, por temor a posibles represalias dada su condición de militante del sindicato anarquista. “Sus familiares hicieron gestiones y le consiguieron un salvoconducto. Le aseguraron que no le iba a pasar nada, regresó al pueblo y se entregó”, rememora. Lo siguiente fue que ese mismo día, el 20 de octubre, “sin que pudiera enseñar a nadie su salvoconducto” le fusilaron en la tapia del cementerio municipal de Calatayud. Dice también la tradición oral que para no tener que regresar al interior del cementerio los cadáveres, los verdugos los arrojaban por encima de la tapia e iban a caer en una fosa que habían cavado previamente. Hasta hace poco años, en esa tapia se podían apreciar aún los agujeros de las balas que terminarían con tantas vidas.

De lo que sí hay constancia documental es de lo que ocurrió en 1959 con varios de los cadáveres que reposaban de forma anónima en aquel cementerio. Y es que para conmemorar el vigésimo aniversario de su victoria, el general Francisco Franco inauguró el Valle de los Caídos. El motivo era honrar a las víctimas de la Guerra Civil y ordenó el traslado de los restos de fallecidos, incluidos también los del bando republicano.

Tal y como consta en el Registro de Inhumaciones de la Abadía Benedictina del Valle, Manuel Lapeña figuraba con el número de expediente 3.746 y su hermano Antonio con el 3.745. Los restos mortales de ambos fueron inscritos dentro de un grupo de 81 persona de quienes no constaba el nombre y apellidos y fueron depositados en nueve columbarios de madera donde aparecían las inscripciones con el número de entrada y su lugar de procedencia. Capapé no tiene dudas de que con toda esta documentación, los restos de Manuel y Antonio “están en la cripta situada en la tercera planta, a la derecha del altar mayor”. Su teoría viene avalada, además, por la acreditación que hizo de tales circunstancias el 8 de abril de 2010 el Jefe de Negociado de Patrimonio en el Valle, Juan José de Prado Jiménez.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, José Manuel Delgado Seoane, entiende que existe una “alta probabilidad” de que los restos de los dos hermanos se encuentren en el Valle de los Caídos, porque tiene en cuenta que en los lugares donde fueron asesinados no se han hallado restos cadavéricos de Manuel y Antonio. Pese a que el juez ha dado la razón, el abogado de los familiares, Eduardo Ranz, recuerda que vio cerradas todas las puertas cuando acudió a la vía penal. Ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) atendió su demanda. Ahora, cuando ha apostado por la vía civil, ha visto recompensado su trabajo porque, además de ordenar la exhumación de los cadáveres, también se ha acordado que ambos tengan derecho a una “digna sepultura”. El siguiente paso es acudir a Patrimonio Nacional para que un plazo de 45 días hábiles designe a los científicos que tendrán que acreditar de forma fehaciente con las pruebas de ADN que los restos mortales que reposan en el Valle de los Caídos se corresponden con el de los dos vecinos de Villarroya de la Soria. “Para eso no hay plazos”, precisa Ranz.

Si el examen tuviera éxito, ya se habría cumplido el objetivo que se marcaron sus familiares y que era honrar la memoria de sus antepasados. Así, el Registro Civil deberá hacer constar que Manuel Lapeña Altabás “fundador de la CNT de Calatayud, desparecido en fecha de 27 de julio de 1936 y con acta de defunción en fecha de 14 de agosto de 1936, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina, enterrado en fosa común, sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”. Y con su hermano Antonio ocurrirá tres cuartos de lo mismo. Constará que: “Tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de 1936 y fue fusilado por las mismas el día 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, enterrándose los restos en fosa común”.

Pese al contenido del auto, Ranz no se muestra optimista de cara a que otras personas que persiguen esos mismos objetivos puedan ver recompensados sus esfuerzos. En su opinión se ha producido un conflicto “legislativo-judicial” porque en la reforma que introdujo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la Ley de Jurisdicción Voluntaria se derogaron los artículos que aludían a la “protocolización de información de perpetua memoria” y ello puede poner obstáculos a que otros familiares de víctimas del franquismo corran la misma suerte que María Purificación Lapeña.

(*) Íñigo Corral es periodista.