La Cámara de Cuentas de Madrid ha asestado un nuevo varapalo a la gestión del PP en el Ayuntamiento de la capital. Esta vez a propósito del contrato que el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón suscribió con la sociedad mixta Calle 30 para gestionar la M30 y sus túneles junto a dos grandes constructoras, Ferrovial y Dragados (del Grupo ACS), hasta 2040.

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El dictamen del organismo fiscalizador -cuyo informe preliminar obra en poder de eldiario.es- concluye que aquel megacontrato para el mantenimiento de una obra que consumió 5.000 millones de euros en su día se ha convertido en otro pozo sin fondo para las arcas municipales. Y en el capítulo de recomendaciones aconseja al Gobierno municipal revertir la concesión para volver a la gestión pública de la obra o al menos "revisar el modelo para adecuar el coste de oportunidad y miniminar el impacto sobre el erario municipal y, consecuentemente, sobre los ciudadanos".

Se sabía que Calle 30, una sociedad mixta donde el Ayuntamiento tiene el 80% de las acciones, ha abonado a las constructoras privadas 502,299 millones de euros desde 2004 para mantener la infraestructura, porque así lo contó el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el pasado noviembre. Pero ahora la Cámara de Cuentas revela que el contrato adjudicado a las dos constructoras (agrupadas en la sociedad Emesa, propiedad del 20% de Calle 30) estableció un sistema de pagos pensado para garantizar a Ferrovial y Dragados un beneficio del 7,053% de lo que invirtieron tanto en capital como en préstamos.

El informe, pendiente de alegaciones que debe formular el Gobierno municipal que preside Manuela Carmena, muy crítico con este modelo de gestión, defiende que la remuneración establecida en el contrato sellado por el Ayuntamiento y la sociedad mixta en 2004 "no está calculada en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio, sino en la rentabilidad del socio privado [ambas constructoras] que se establece en un 7,053% de la suma de aportación de capital y el préstamo aportado por dicho socio privado".

La lista de reproches de la Cámara de Cuentas a la gestión del equipo de Gallardón en esta obra no se para ahí: subraya que siete de los contratos de servicios y suministros que se sellaron entonces "carecen de un estudio económico que permite conocer adecuadamente cómo se ha calculado el presupuesto de licitación y qué circunstancias o condiciones de la prestación contempla y verificar si es adecuado al mercado". Y que todas las empresas adjudicatarias de los contratos de ejecución de obras están vinculadas con EMESA, la sociedad que agrupa a las constructoras y propietaria del 20% de Calle 30.

Un préstamo al 5,5% hasta 2025

La Cámara de Cuentas tampoco encuentra justificación para que la sociedad mixta Calle 30 mantenga un préstamo sellado en 2005 con su socio privado por 125 millones de euros a un interés del 5,5% (muy por encima del actual precio de mercado) y que vence en 2025. Y recomienda amortizarlo, retomando la tesis defendida también por la Intervención del Ayuntamiento, que ya consideró antieconómica.

El organismo fiscalizador recuerda además "la discrepancia" que ya había puesto de manifiesto el Gobierno de Carmena sobre quién debe asumir el gasto por suministro eléctrico, ya que los distintos contratos establecen obligaciones contradictorias. De una parte, el convenio de colaboración público-privada que dio origen a la privatización, y el modelo de equilibrio económico determinan que la factura de la luz de la M30 -más de cinco millones de euros anuales- debe abonarla la sociedad Calle30 (y que por tanto el 80% corresponde al Ayuntamiento) mientras que varias cláusulas relativas al contrato de conservación señalan que son "responsabilidad del adjudicatario, Emesa". Es decir, que quien debe pagar la factura eléctrica son las constructoras.

El conflicto no es baladí porque de momento lo está abonando el Gobierno municipal que ya lleva gastados desde 2005 casi 50 millones de euros. Y el reloj seguirá corriendo hasta 2040.