DIVERSAS FUENTES CONSULTADAS.

GESCARTERA FUE CREADA EN 1992 COMO SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS.

EL CASO GESCARTERA FUE UN ESCÁNDALO FINANCIERO OCURRIDO EN ESPAÑA EN 2001, QUE EXPLOTÓ CUANDO EL PP ESTABA EN EL GOBIERNO. EN EL QUE DESAPARECIERON UNOS 20.000 MILLONES DE PESETAS (MÁS DE 120 MILLONES DE EUROS) Y QUE REGISTRÓ MÁS DE 2000 AFECTADOS, INCLUYENDO MUTUALIDADES PÚBLICAS, FUNDACIONES, ONG, CONGREGACIONES RELIGIOSAS, Y EMPRESAS PÚBLICAS.

LAS REVELACIONES RELACIONADAS CON ESTE ESCÁNDALO SALPICARON A LOS NEGOCIOS FAMILIARES DEL MINISTRO RATO Y PUSIERON DE MANIFIESTO LA ACTUACIÓN POCO ORTODOXA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, QUE DEPENDIA DEL MINISTRO MONTORO.

LA HISTORIA DEL ESCÁNDALO FINANCIERO DE GESCARTERA

En el verano de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores Gescartera Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos 100 millones de euros. El caso cobró dimensión política desde el primer momento, ya que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, es hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse la estafa.

Enrique Giménez-Reyna – un protegido y promocionado por el Presidente Aznar- y la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, del círculo de amistadas de la mujer del presidente del Gobierno, Ana Botella.

Además, la imagen de la CNMV resultó perjudicada con el escándalo, ya que Gescartera había sido investigada en varias ocasiones sin que se detectara ningún fraude y varios cargos del supervisor, como la presidenta, Pilar Valiente, y el vicepresidente, Luis Ramallo, tuvieron relaciones con los directivos de la agencia de valores que iban más allá de lo estrictamente profesional. En septiembre de ese año Pilar Valiente dimitió.

Gescartera Dinero fue creada por Antonio Camacho y su padre, José, como una sociedad gestora de carteras en 1992. En febrero de 2001 se transformó de sociedad de valores (entidades que pueden operar en las bolsas de valores por cuanta propia y ajena) en agencia de valores, empresas que negocian sólo por cuenta de sus clientes, pueden actuar como depositarias de valores y gestionar carteras de clientes.

El 90 por ciento de la agencia de valores pertenecía al grupo Gescartera Holding 2000, constituido el 28 de julio de 1998 y controlado por Antonio Rafael Camacho y la Fundación ONCE, que tenía una participación del 10 por ciento.

Unos 2.000 clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, perdieron el dinero que habían confiado a Gescartera. De entre los afectados destaca el gran número de órdenes religiosas e instituciones ligadas a la Iglesia, treinta en total, y el volumen de los depósitos, 1.885 millones de pesetas, sin contar una inversión de 1.000 millones de pesetas del Arzobispado de Valladolid, retirada en 1999.

Otros clientes importantes eran la Mutualidad de la Policía (1.500 millones), Construcciones Rico (800 millones), Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil (400 millones), Fundación ONCE (540 millones), Agustinas Misioneras de la provincia de San Agustín (465 millones), Fundación Caldeiro (248 millones), Manos Unidas (50 millones), San Pablo-CEU (20 millones), los obispados y arzobispados de Valladolid, Burgos, Palencia, Astorga y Tui-Vigo (con cantidades que oscilan entre 1 y 50 millones).

Estos son los hechos más relevantes relacionados con el caso Gescartera:

1993 La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multa con 128 millones de pesetas a Bolsa Consulting, una sociedad creada por Antonio Camacho y su padre en 1991.

16 de abril de 1999. La CNMV decide no intervenir Gescartera, que estaba siendo investigada desde diciembre de 1998 para aclarar un descuadre en las cuentas de unos 30 millones de euros.

13 de julio de 2000. La CNMV multa a Gescartera y a sus directivos. Ese mismo día cerró la inspección y aprobó su conversión en agencia de valores con la entrada de la ONCE en su accionariado.

El año clave: 2001

14 de junio. La CNMV interviene Gescartera.

16 de julio. Los interventores detectan un agujero patrimonial de 80 millones de euros (cifra que posteriormente se elevó a unos 100 millones).

17 de julio. Antonio Camacho, apoderado y principal accionista de la agencia, ingresa en prisión sin fianza.

20 de julio. Dimite el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.

27 de julio. Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, reconoce que intervino desde su despacho de notario como fedatario en algunos documentos de Gescartera. Una semana después reconoce haber recibido regalos por valor de más 12.000 euros de Camacho.

10 de agosto. La CNMV reconoce que Valiente mantuvo dos encuentros con los dirigentes de Gescartera “a petición del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna”.

29 de agosto. El vicepresidente de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el director general de la Fundación ONCE, José Manuel Pichel, dimiten tras conocerse que ocultaron a la entidad una inversión de más de tres millones de euros en Gescartera.

7 de septiembre. Se constituye una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso.

17 de septiembre. Aparece un dietario de 1999 propiedad de Pilar Giménez-Reyna en el que hace referencia a supuestas intervenciones de Pilar Valiente a favor de la agencia, a inversiones de “dinero B” de la Iglesia y a la ayuda de su hermano Enrique en el conflicto abierto con la CNMV.

19 de septiembre. Valiente dimite al frente de la CNMV y la juez Palacios ordena el ingreso en prisión sin fianza de Pilar Giménez-Reyna.

27 de septiembre. José María Ruiz de la Serna, apoderado de Gescartera, afirma en la Audiencia que el dinero de los clientes podría estar en el extranjero y que Camacho era el responsable de las inversiones.

15 de noviembre. El Congreso aprueba, con los votos de PP, CiU y CC y en medio de una gran bronca, el dictamen de la Comisión que exime al Gobierno de responsabilidades políticas.

Un año después…

22 de febrero. La juez deja en libertad bajo fianza de 180.000 euros a Pilar Giménez-Reyna porque no participó en la salida de fondos de Gescartera.

Y en 2003…

9 de abril. La juez decreta la libertad bajo fianza de 3 y 1,5 millones de euros para Antonio Camacho y Aníbal Sardón, los dos únicos implicados que permanecían en prisión.

2004

11 de febrero. Los peritos del Banco de España consideran que no existe relación entre las cuentas de Gescartera y las cuentas secretas del HSBC y constatan que utilizaba irregularmente las cuentas de sus clientes.

1 de julio. Teresa Palacios finaliza la instrucción del caso y desestima la imputación de los ex presidentes de la CNMV, Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, así como del ex vicepresidente de esta institución, Luis Ramallo.

2 de julio. Antonio Camacho sale de prisión.

16 de julio. La juez Teresa Palacios acusa de presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en documento público a Antonio Camacho y Pilar Jiménez Reyna y otras doce personas.

2005: Acto de apertura del juicio oral

6 de mayo. Teresa Palacios dicta el acto de apertura del juicio oral del caso Gescartera.

En 2007 comienza el juicio oral

17 de septiembre. La Audiencia Nacional comienza el juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera.

3 de diciembre. La Fiscalía pide once años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, el número dos de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón. A su vez reclama ocho años para la ex presidenta de la sociedad de inversión, Pilar Giménez Reyna, y los consejeros Francisco Javier Sierra de la Flor y Miguel Ángel Vicente González.

18 de diciembre. El caso Gescartera queda visto para sentencia después de tres meses y cuarenta sesiones de juicio oral.

Se publica la sentencia

27 de marzo de 2008. La Audiencia Nacional hace pública la sentencia del caso Gescartera: condena a Camacho a un total de 11 años de prisión, ocho años por el delito de apropiación indebida y tres por falsedad documental.

Las claves del caso Gescartera

¿Qué era y a qué se dedicaba Gescartera? Era una sociedad que prestaba servicios de asesoramiento y gestión en materias jurídica, fiscal, económica, financiera, contable, laboral y de administración de fincas. Fue creada en 1992 como sociedad de valores y en 2001 se transformó en agencia de valores. Ese mismo verano se descubrió lo que en verdad era: un chiringuito que le costó 50 millones de euros a 4.000 grandes y pequeños inversores.

¿Cómo funcionaba Gescartera? La agencia se dedicaba a captar inversores, lo que no resultaba difícil por los buenos contactos de sus directivos. En teoría, los fondos captados eran invertidos, pero en realidad se iban esfumando mediante el pago de comisiones y por custodia del dinero de las supuestas operaciones en bolsa.

¿Cómo se destapó el pastel? Desde diciembre de 1998 Hacienda investigaba a Gescartera por un descuadre en sus cuentas de 30 millones de euros. El 14 de junio de 2000, la CNMV interviene Gescartera y un mes después detectan un agujero de 80 millones de euros.

¿Quién es Antonio Camacho? Era el apoderado y máximo accionista de Gescartera, cerebro del fraude y ahora, el que mayor condena ha recibido (11 años, por apropiación indebida y falsedad documental). Conseguía inversores gracias a una red de contactos, en la que había políticos, financieros, militares y hasta obispos. Es el máximo responsable de la apropiación indebida de 50 millones de euros que no se sabe adónde han ido. De al menos parte de ese dinero daban cuenta los lujosos hábitos de Camacho, aficionado a Armani, BMW o Jaguar.

¿Quién son los otros condenados? Pilar Jiménez-Reyna (tres años y medio) era la presidenta de Gescartera; José María Ruiz de la Serna (diez años y medio) era el número dos de la agencia; Aníbal Sardón (nueve años) era propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios, vinculada a Gescartera; Francisco Javier Sierra de la Flor (seis años y medio) era el subdirector general de la agencia; también han sido condenados a tres años dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.

¿Por qué han condenado a La Caixa y Caja Madrid? El Tribunal las considera responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los perjuicios a causados a los inversores de Gescartera. Se les condena a pagar 89,99 millones de euros, pero ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo.

¿Qué políticos dimitieron? El alto rango político de los contactos de Camacho dió sentido a la apertura de una comisión parlamentaria de investigación. Salpicados de lleno por el escándalo, dimitieron Enrique Jiménez-Reyna, Secretario de Estado de Hacienda y hermano de la presidenta de Gescartera; y Pilar Valiente, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Enrique Jiménez-Reyna, exculpado en el proceso penal, dimitió cuando se supo que antes de que se produjera la intervención de Gescartera contactó con Camacho a petición de su hermana.

¿Quiénes invertían en Gescartera? En las manos de Camacho, pusieron su dinero 4.000 afectados, de los que la mitad recuperaron su dinero. El Gobierno puso a disposición de ellos una caja que salía del fondo de garantía, pero sólo para cuantías inferiores a 20.000euros.

¿En qué consiste la estafa? Según la Fiscalía, “los acusados crearon o desarrollaron una actividad claramente dirigida a lucrarse, defraudando a sus clientes con el fin de hacer suyo el dinero o valores entregados por aquellos”. Para ello se simulaban operaciones de compra y venta de acciones con una documentación contable paralela que reflejaba operaciones que no existían.

¿Hay implicaciones políticas? El escándalo estalló bajo el gobierno del PP. Hubo una comisión parlamentaria de investigación, que se cerró sin encontrar responsabilidades políticas gracias a los votos del propio grupo popular, Coalición Canaria (CC) y Convergencia i Unió (CIU). Además, la presidenta de Gescartera y una de las principales imputadas , Pilar Giménez Reyna, es hermana de de Enrique Giménez Reyna, quien por aquel entonces era secretario de Estado de Hacienda y que dimitió días después. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, aseguró hoy que el caso Gescartera no tuvo “absolutamente nada que ver con la acción” del por entonces Gobierno de José María Aznar.

¿Hubo más polémicas? El escándalo tuvo ciertas operaciones colaterales que no han sido aclaradas. Así, por ejemplo, entre los inversores estaba el Arzobispado de Valladolid, que sacó todo su dinero de la Gescartera días antes de que se destapase el caso. Una inversión de 1.000 millones de pesetas.

Las inversiones de la Iglesia

En la lista de clientes de Gescartera destacan las organizaciones religiosas. En total, suman más de treinta inversores entre arzobispados, obispados, diócesis, órdenes religiosas, congregaciones, parroquias y fundaciones de inspiración religiosa, con un desembolso de al menos 2.500 millones de pesetas. En la lista de inversores intervenida a la agencia de Antonio Camacho figuran algunas instituciones religiosas entre sus mayores clientes, como las Agustinas Misioneras de la Provincia de San Agustín, la Fundación Caldeiro y el Instituto Español de Misiones Extranjeras.

Cuando el ‘caso Gescartera’ saltó a los medios de comunicación, el Arzobispado de Valladolid aparecía como el titular de una inversión en la agencia de Antonio Camacho que llamaba la atención por su cuantía, superior a los mil millones de pesetas. Más tarde, la Cadena SER desveló que el Arzobispado había sido avisado a tiempo de los peligros que se cernían sobre Gescartera, lo que le permitió recuperar su dinero antes de la intervención. Una información privilegiada de la que no dispusieron otros inversores. Sin embargo, la comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de David Vives, ex director de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desveló un papel mucho más relevante del ecónomo del Arzobispado en la estafa de Gescartera.

Según el testimonio de David Vives, “el Arzobispado de Valladolid colaboraba con Gescartera en intentar engañar a la comisión”. El ecónomo del Arzobispado prestó su conformidad a saldos suyos distintos, que Antonio Camacho, el dueño de Gescartera, le presentó sucesivamente y que eran contradictorios.

El Arzobispado cobró finalmente más de 1.000 millones, lo que sugiere que sí los había depositado, y que la primera declaración de saldo entregada a la CNMV (sólo 30 millones de pesetas) era falsa.

LOS 11 PRINCIPALES ESCÁNDALOS FINANCIEROS DESDE LA TRANSICIÓN

1. Caso Fidecaya

Fidecaya, entidad de ahorro creada en 1952, originó uno de los escándalos más sonados de la Transición: fue intervenida en 1980, con 250.000 afectados y unos 100 millones de euros depositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

2. Expropiación de Rumasa

Rumasa era un holding de empresas español propiedad del empresario José María Ruiz Mateos, su fundador. Rumasa fue expropiada por el gobierno español del PSOE el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983.

El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, y facturaba unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

3. Caso KIO

El gran fondo estatal kuwaití presentó suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

4. Caso Roldán

El caso Roldán salió a la luz en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, quien estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior.

Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones de pesetas al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

5. Caso Urralburu

El presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991. Ambos tuvieron que dimitir de sus cargos y terminaron en prisión.

6. Caso Ibercorp: la caída de Mariano Rubio

Desde 1992 a 1995 estuvo en candelero una irregular operación especulativa que arrastró a la entonces denominada ‘beautiful people’, formada por adinerados financieros. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, apareció involucrado en aquellos manejos, lo que provocó su dimisión y posterior entrada en prisión.

7. Caso Filesa

Fue un escándalo de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse.

Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. De él derivó el “Caso Ave”, de cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

8. Estafa filatélica: Afinsa y Fórum Filatélico

El 9 de mayo de 2006, tuvo lugar la intervención gubernamental de Afinsa y Fórum Filatélico, las dos mayores compañías de filatelia del país, por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal. Con toda evidencia, se trataba de una estafa del tipo piramidal. 460.000 afectados han perdido sus ahorros como consecuencia de la intervención.

9. Caso Gescartera

Gescartera, una agencia de valores propiedad de Antonio Camacho, estafó unos 100 millones de euros a sus 2.000 clientes, entre ellos una treintena de órdenes e instituciones ligadas la iglesia. Fue intervenida en el verano de 2001 por la CNMV y originó una agria polémica política que provocó, incluso, la dimisión de la entonces presidenta del organismo supervisor, Pilar Valiente.

10. Caso Gürtel

Una trama de traficantes de influencias dirigida por Francisco Correa ha corrompido a numerosos políticos municipales y autonómicos del PP en Madrid y en Valencia. La investigación permanece actualmente en los juzgados.

11. Fraude de las preferentes en España

En España las entidades bancarias ofrecieron las acciones preferentes a los inversores -particulares- dando a entender que se trataba de renta fija cuando no lo era. En la mayoría de los casos los inversores eran particulares inexpertos que creyeron que era una inversión segura -la seguridad es una característica fundamental de la renta fija-. Por lo demás, la rentabilidad ofrecida era algo mayor que la de muchos productos de renta fija, pero en ningún caso suficiente para justificar asumir riesgos que son propios de valores de renta variable que, si bien tienen a veces un alto riesgo, ofrecen a cambio la posibilidad de muy altas rentabilidades.

El desconocimiento de los inversores sobre las condiciones de su contratación así como la imposibilidad de rescate del dinero invertido ha llevado a algunos observadores económicos a considerar esta práctica una verdadera estafa bancaria, encubierta perpetrada por las entidades financieras, dando lugar a numerosas protestas y reclamaciones judiciales ante la falta de protección legal de los ciudadanos.

(Miércoles, 20 de marzo de 2013)

España: Casi 100 banqueros imputados por escándalos financieros

Ya hay 88 imputados en casos vinculados a la banca. Les investigan por salidas a bolsa fallidas, pensiones millonarias, apropiación indebida y créditos e inversiones irregulares. Aunque, de momento, ninguno ha pasado por la cárcel.

Prensa

De los rascacielos y las cenas de gala a la Audiencia Nacional y a las preguntas de los fiscales. La crisis financiera ha provocado que casi cien banqueros que estuvieron al frente de las entidades durante el boom económico cambien su hábitat natural. Estos profesionales comparecen actualmente en los tribunales como imputados en escándalos financieros.

En los últimos meses los tribunales han puesto a trabajar la maquinaria judicial para investigar a nueve entidades financieras. Los jueces ya han admitido a trámite querellas contra Bankia, CAM, NCG Banco, Caja Madrid, Caixa Penedès, CCM, Banca Cívica, Caja Navarra y Banco de Valencia. Y la lista podría engordar en los próximos meses.

Entre los imputados hay nombres ilustres, como Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de Aznar, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia; Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid entre 1999 y 2010;Ángel Acebes, exministro del Interior en el Gobierno de Aznar y exconsejero de Banco Financiero y de Ahorros (BFA); y JoséLuis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja.

Tomado de http://www.kaosenlared.net