El Gobierno español aboga por que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés) se firme cuanto antes y comience a aplicarse de forma amplia hasta que lo apruebe el Congreso, posición que contrasta con los límites que exigen otros países.

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El CETA ha entrado en su recta final. El texto está desde este viernes en manos de los lingüistas que tienen que hacer las últimas correcciones con vistas a su firma, que Bruselas quiere llevar a cabo en la Cumbre Unión Europea-Canadá del 27 de octubre. En cuanto esté rubricado y el Parlamento Europeo dé luz verde, empezará a aplicarse de forma provisional hasta que lo ratifiquen las cámaras nacionales de los Veintiocho, condición indispensable para que entre oficialmente en vigor.

Ningún país se opone a la aplicación provisional del acuerdo, que podría prolongarse durante años, pero la mayoría tiene dudas sobre el alcance de la misma, especialmente en lo que se refiere al capítulo de protección a los inversores y acceso a los mercados. Así se recoge en los documentos de la última reunión de trabajo entre Comisión y estados, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

España, junto con Portugal, ha pedido explícitamente que se incluyan las provisiones sobre el acceso al mercado de inversiones, que regulan las posibilidades de las empresas europeas en Canadá y viceversa. La Comisión Europea apoya esta postura y ha advertido de que no hacerlo podría desalentar las inversiones canadienses en la UE. Sobre todo, subraya, el país norteamericano podría hacer lo propio y limitar la entrada de compañías europeas en su mercado.

Pero el punto más polémico es la parte de protección a los inversores, que contempla el criticado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés). El ICS permite que los inversores extranjeros lleven a los Estados ante un tribunal específico, al margen de la justicia ordinaria, si creen que alguna de sus decisiones les perjudican.

Diez países (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y Eslovenia) se oponen, con mayores o menores reticencias, a que este sistema se incluya desde la aplicación provisional. España, por su parte, no ha solicitado expresamente que se incluya pero tampoco ha manifestado reserva alguna.

Francia, Austria y Bulgaria temen que sea difícil separar este apartado del de acceso a los mercados, ya que forman parte del mismo capítulo. Ambos son de interés crucial para las empresas.

Protección a los inversores

El Sistema de Tribunales de Inversores es uno de los caballos de batalla de las numerosas ONG que rechazan el CETA y denuncian que es la antesala del TTIP que se negocia con Estados Unidos. Para Ecologistas en Acción, el ICS aumenta el riesgo de que los estados afronten demandas millonarias por proponer medidas de interés público. “Es una herramienta poderosa en manos de los inversores para impedir cambios en las regulaciones que busquen proteger la salud pública, el medio ambiente o mejorar las condiciones de las personas”, dice su portavoz, Tom Kucharz.

Su inclusión en la aplicación provisional podría dar pie a que surjan conflictos entre Estados y empresas incluso antes de que el Tratado haya sido ratificado por los parlamentos nacionales: el acuerdo podría revertirse pero los juicios seguirían abiertos.

España quiere firmar en octubre

Dada la división entre los Veintiocho, la CE ya da por hecho que la protección de los inversores quedará fuera de la aplicación provisional, aunque el alcance de la misma aún está por decidir. Bruselas tenía previsto que se negociase una vez firmado el Tratado pero varios países han pedido que se aclare antes, con lo que es posible que el tema tenga que dirimirse en un Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores a finales de verano o principios del otoño, según los documentos consultados.

Algunos Estados han advertido de que ahora mismo no pueden garantizar que lo rubricarán. Es el caso de Bélgica, donde el Parlamento de la región de Valonia ha anunciado que vetará el acuerdo, o de Rumanía, que denuncia que Canadá exija a sus ciudadanos un visado que no necesitan el resto de europeos.

El Gobierno español en funciones, sin embargo, ha defendido que el acuerdo se firme en octubre pese a que un mes después del 26J sigue sin haber Ejecutivo.

“Es muy preocupante que el Gobierno en funciones defienda la firma y aplicación provisional de un tratado que tendrá consecuencias amplias y muy negativas más allá de la presente legislatura sin haberlo debatido en el Congreso y el Senado”, denuncia Ecologistas en Acción.