Dar más, para pagar menos. El Gobierno sostiene que el rescate de las autopistas de peaje en quiebra es un «mal menor» y más barato para el contribuyente que la liquidación. Por tanto, asumen ya que tendrá que ofrecer algo más a los acreedores para cerrar un acuerdo, según aseguran a EL MUNDO fuentes de la negociación.

La situación del sector de autopistas de peaje -símbolo de la España de la burbuja- es tan endiablada que provoca la paradoja de que la mejor opción, la del rescate es, como mínimo, arriesgada para el contribuyente al hacerse cargo de un sector inviable hasta ahora. La peor, el cierre, es un serio coste y aumento del déficit.

«El Gobierno está transmitiendo ya, por ahora informalmente, que está dispuesto a mejorar la remuneración que ofrece por la deuda pendiente del sector, que es clave para la solución y evitar la liquidación», aseguran las citadas fuentes.

Los propios ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Fomento, Ana Pastor, manifestaron ayer públicamente que la negociación continúa con el fin de evitar el cierre de las autopistas quebradas tras la resolución judicial desvelada ayer por EL MUNDO. Ésta rechaza la propuesta de rescate gubernamental tal y como está planteada y aboca a todas las autopistas en quiebra a liquidación.

De momento, el primer paso del Ministerio de Fomento es recurrir la resolución y ganar tiempo. Incluso en el caso de que el recurso fuera rechazado, en el Ministerio consideraban subsanables los elementos del plan de rescate del Gobierno rechazados por el juez de modo que no haya que liquidar ni la AP-36 juzgada, ni el resto. «Aún hay margen para evitar la liquidación y encontrar una solución pactada», aseguraron ayer fuentes de Fomento.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, mantiene como solución que los dueños de las autopistas en quiebra entreguen todas ellas al Estado y que los acreedores acepten una quita del 50% de la deuda pendiente. La empresa pública de autopistas tomaría el control y asumiría una deuda de unos 2.300 millones con bancos y constructoras.

Pastor lleva más de un año negociando y el principal escollo es que los acreedores quieren por la deuda no perdonada -que se convertiría en un bono estatal- una remuneración mayor que la que ofrece el Gobierno. Pastor ha puesto hasta ahora sobre la mesa remunerar esa deuda al 1% en 30 años, mientras que el sector reclama al menos el tipo de interés que ofrece el Tesoro a ese plazo, actualmente más de doble, el 2,3%.

El problema para el Gobierno es que la resolución judicial fuerza a una negociación contrarreloj.«Esto acelera todos los plazos», señalan en constructoras afectadas, que admiten que aún es posible evitar, pese al juez, la liquidación y la temible Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Esto significa que al ser las autopistas de titularidad del Estado, si éstas quiebran y entran en liquidación, el Estado debe responder con un mínimo de 4.500 millones para las nueve concesionarias en litigio, aunque en Fomento estiman que sería mayor.

De Guindos afirmó ayer en Radio Nacional que se buscará «el mal menor» y que «la solución sea la que menos coste suponga al contribuyente», asumiendo que alguno tendrá. Pastor declaró en Espejo Público en Antena 3 que «la propuesta del Gobierno es para que los contribuyentes paguen cero euros». Por eso, además de la quita del 50%, no paga nada a los accionistas por las autopistas ni quiere retribuir la deuda pendiente más de lo que le cuesta al Estado.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, subrayó el pasado día 15 en este diario que acreedores, constructoras y accionistas pierden en el rescate más de 4.000 millones y criticó que «el límite máximo del tipo de interés para el pago de la deuda aplazada fijado por el Gobierno en el 1% implica una quita real efectiva cercana al 80%», en vez del 50% formalmente previsto.