Los resultados electorales del 20D nos llevan a un posible escenario de gobierno de coalición, lo que significa una novedad en la política estatal de las últimas décadas, y que de ser aprovechada nos dará una excelente oportunidad para profundizar en nuestros hábitos y usos democráticos. Sobre un fondo de enorme ruido mediático, presiones de importantes grupos y actitudes 'preelectorales' de casi todos los partidos, vemos como sus líderes van asumiendo la vía del diálogo y limando aquellas propuestas programáticas menos aceptables para sus aliados potenciales. Dos temas están hoy en todas las mesas de negociación, la composición y el programa de un futuro gobierno. Hasta ahora, las opciones más escuchadas son un gobierno del PP y PSOE con apoyo de C's, o la del PSOE, PODEMOS e IU que necesitaría el apoyo de C's y/o de los partidos nacionalistas. La presión ciudadana para formar gobierno es grande, ya que pocos son los que desean nuevas elecciones, y muchos los que quieren que afrontemos cuanto antes nuestros problemas.

En estos momentos, es Pedro Sánchez quien ha recibido el encargo del Jefe del Estado para formar gobierno, y se encuentra en una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas. El documento programa que el PSOE hizo público el ocho de febrero define los trazos gruesos de sus futuras políticas de gobierno, haciendo una clara alusión a que el PP no puede formar parte de su proyecto. En este contexto Sánchez tendrá que recabar los apoyos necesarios para que la aritmética parlamentaria le permita gobernar.

Tomemos pues, el documento citado como punto de partida para valorar si sus propuestas son una base adecuada para resolver los problemas que nos afectan, y en particular para subsanar el retroceso que ha sufrido la I+D+i en estos seis últimos años por las reducciones drásticas de financiación –un 34% desde 2009- y la ausencia de un proyecto político en temas de investigación. Decimos esto, al constatar a lo largo de ese periodo un escaso desarrollo de la Ley de la Ciencia, la constitución mediante Real Decreto de la Agencia Estatal de Investigación al final de la legislatura sin ningún tipo de consenso, partidas presupuestarias asociadas a la I+D+i que no se han gastado, desmantelamiento de centros y grupos de investigación consolidados, incumplimiento de los compromisos internacionales, retraso en las convocatorias y resolución de proyectos –por ejemplo el programa de financiación de las plataformas tecnológicas para 2016-, aumento de la precarización laboral –expulsión de la bolsa de trabajo del CSIC durante cuatro meses para justificar que el trabajador no ha tenido una relación laboral continuada-, un fuerte envejecimiento de la plantilla y un aumento de la inseguridad profesional que hace que nuestros científicos tengan que emigrar. Ante esta situación se repiten las demandas, muchas de ellas históricas, de los colectivos vinculados a la I+D+i y que están bien documentadas en multitud de foros:

- Pacto de Estado por la Ciencia. Actualización y desarrollo de la Ley de la Ciencia (14/2011) a partir de una Comisión Parlamentaria de I+D+i, que dote a los programas de I+D+i de una planificación temporal independiente de las legislaturas, asegurando la financiación correspondiente en planes plurianuales.

- Reorganización política de la I+D+i. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación. Desarrollo de una Agencia Estatal de Investigación independiente. Reestructuración de la red pública de I+D+i (OPIs –CSIC, etc.-, Universidades).

- Aumento de la financiación de tal manera que nos aproximemos al porcentaje del PIB que invierten las principales economías europeas en un periodo no superior a dos lustros. Conexión con los programas europeos, sin desatender las necesidades del país. Apoyo a las I+D+i de las empresas e impulsar la transferencia tecnológica con la I+D+i de OPIs y Universidades. Aumento del retorno socio-económico en la I+D+i pública mediante evaluaciones por resultados.

- Optimización y transparencia en la gestión de la I+D+i. Reducción de la carga administrativa de gestión de proyectos. Coordinación de convocatorias. Publicidad de los resultados de los programas. Cumplimiento de los compromisos adquiridos.

- Renovación e incremento de los recursos humanos. Fin de la precariedad laboral y plan de estabilización de las actuales plantillas. Planificación del incremento de plantillas. Ofertas de plazas y procesos de selección transparentes. Conexión y retorno con la I+D+i exiliada. Incorporación de profesionales externos.

Esperamos que el PSOE se haga eco de las opiniones de los colectivos afectados y aporte mejoras sustanciales en las próximas versiones de su documento programa, o de estar más avanzado del que corresponda al futuro gobierno de coalición. A modo de ejemplo, queremos indicar que el Pacto de Estado aludido en su programa de gobierno no puede ser una declaración de mínimos, ya que todos los partidos han asumido en campaña la importancia estratégica de las actividades de I+D+i. Estamos de acuerdo en mejorar la gobernanza de la I+D+i, pero hay que definir más claramente el papel del Consejo para la Ciencia y la Innovación, sus funciones, su composición, nivel de independencia, el nombramiento de sus miembros y que tipo de control parlamentario se va poner en marcha. Habrá que aclarar que implica la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación en su intento de aproximarla al European Research Council. El impulso de la inversión pública en I+D+i no solo debe de reflejar un objetivo como hace la propuesta, el 3% del PIB sin determinar plazos; sería necesario que estableciera el incremento anual presupuestario, su nivel de blindaje y ligarlo a un retorno social evaluable que justifique el esfuerzo de financiación en la crisis actual. La renovación de los recursos humanos no se resuelve dando un número, anunciando la convocatoria de 10.000 plazas en cuatro años a modo de reclamo preelectoral. Habrá que fijar objetivos, tipos de personal a contratar, criterios de distribución, continuidad profesional o dicho de otra manera, carrera profesional asociada, programas de atracción de talento con condiciones profesionales competitivas –análogos a los programas ICREA o Ikerbasque- y transparencia en los métodos de selección, entre otros.

Cualquier documento que se elabore en el futuro abordando los problemas de la I+D+i por los partidos que participen de un Pacto de Estado por la Ciencia deberá pronunciarse en cuestiones estratégicas como la justificación y orientación de la I+D+i pública, y también, definirse en la mayoría de las demandas del sector que hemos señalado anteriormente. Desde aquí queremos insistir en algunas cuestiones que nos parecen realmente importantes. ¿Por qué el gobierno de coalición no recupera el Ministerio de Ciencia e Innovación que puso en marcha el gobierno de Zapatero en el periodo 2008-11? ¿Por qué no ligar el incremento del presupuesto a las acciones que se puedan desarrollar y a objetivos? No solo se necesitan más recursos, pues en época de escasez presupuestaria es más importante gestionarlos eficientemente. ¿Por qué no se plantea la elaboración de un Plan Estratégico (a corto, medio y largo plazo) que nos permita desarrollar nuestra industria nacional basada en propiedad industrial y ciencia-tecnología propias? ¿Cómo permeará la I+D+i pública en nuestras empresas innovadoras? ¿Potenciaremos polos de I+D+i artificiales de acuerdo a presiones políticas locales como se ha dado en el pasado o programas basados en las áreas industriales más dinámicas que necesiten desarrollar su propia I+D+i? ¿Cómo se establecerán políticas públicas para que florezcan grupos y empresas en las áreas que nos parezcan estratégicas? ¿Qué relación estableceremos entre la I+D+i que potenciemos y un nuevo modelo productivo más sostenible?

Deseamos que estas notas contribuyan al debate sobre la mejora y transformación de nuestra I+D+i, con el fin de que nuestra Ciencia se constituya en un elemento fundamental de desarrollo social y económico de la sociedad que la financia.

* Firmado por: Eduardo Enciso (Profesor/Investigador de la Facultad de Químicas de la UCM), Francisco del Monte (Investigador del ICMM (CSIC)), Tomás Junquera (Doctor en Ciencias Físicas, PYME tecnológica), Ismael Martel (Profesor/Investigador de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UHU), Ernesto Caballero-Garrido (Doctor en Bioquímica, Departamento de Neurocirugía, Universidad de Nuevo Méjico), José Manuel López (Ingeniero Informático, PYME tecnológica), Gemma Heras (Ingeniera de Sistemas de Telecomunicaciones, ICV (CSIC)), Joan Pere Enciso (Profesor/Investigador de la Facultad de Derecho y Económicas de la UdL), Juan Manuel Zaragoza (Doctor/Investigador en Humanidades).