Lluís Llach, en la presentación de los miembros de Juntos por el Sí. ALBERT GARCIA | EPV

La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de transitoriedad jurídica que está pendiente de aprobación en el Parlament y que pretende romper con el sistema legal español. Así lo asegura Lluís Llach, diputado de la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí), en varias conferencias públicas celebradas en los últimos tres meses. “En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios”, dijo Llach en una charla organizada por Òmnium Cultural el pasado marzo en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Llach, cantautor y uno de los 11 diputados de JxSí que no está adscrito a ningún partido, ha sido presidente de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del Parlament y tiene un papel relevante en la acción de divulgación de los objetivos de JxSí. En aquel acto de Sant Sadurní, Llach destacó que la ley de transitoriedad “es la ley más importante. El día que la aprobemos, se producirá una sacudida, incluso si la aplicamos parcialmente, que es lo que ahora estamos discutiendo”. La ley de transitoriedad jurídica está previsto que se apruebe durante este verano en una votación exprés en el Parlament, paso previo a la convocatoria del referéndum unilateral. Pocos diputados de JxSí y la CUP, y ningún grupo de la oposición, han podido consultar el proyecto ley. Altos cargos del Gobierno catalán, del PDeCAT y ERC han explicado públicamente que el momento más difícil del proceso de independencia será la aprobación de esta ley, que supondrá la ruptura con la normativa legal vigente.

Los líderes del independentismo han hecho hincapié en la necesidad de movilizar a su base social para dar apoyo al Parlament y al gobierno ante posibles inhabilitaciones por parte de la justicia. El presidente del PDeCAT, Artur Mas, aseguró en febrero en un acto de la ANC: “Debemos tener un esquema de movilización organizada que ponga muy difícil al Estado impedir el referéndum o que sea enorme el coste que tenga que pagar para impedirlo”. Mas añadió: “Precintar locales [electorales del referéndum] no es tan fácil; de la misma forma que se precintan, se desprecintan”. Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y diputada de JxSí, advirtió también en febrero de que “llega el momento de la gran desobediencia, total, la de la ley de transitoriedad jurídica”.

Llach añade más luz en sus conferencias, en este caso sobre la presión que se aplicará a los funcionarios que no acepten la unilateralidad: “Lo que prevé la ley de transitoriedad jurídica es que a partir de ese momento, en todo aquello que concierne al desarrollo hacia la independencia, las leyes que deben seguirse serán las catalanas. Por lo tanto, los funcionarios deberán obedecer estas leyes. El día que haya una ley hecha por el Parlamento de Cataluña, tiene que ser obedecida si no será sancionada (sic) por todos los funcionarios, sean los que sean. Y en cualquier caso, los funcionarios deberán preguntarse 'y si no obedezco esta ley catalana, ostras, ¿qué pasará?".

“El nuevo Estado pedirá responsabilidades”

Llach ya transmitió un mensaje similar en otra reunión con simpatizantes de la ANC convocada a finales de enero en Barcelona. Aquel encuentro se celebró cinco días después de la renuncia del exsenador Santiago Vidal por revelar supuestos planes ilegales y secretos del gobierno catalán. Llach dijo entonces, sobre los empleados públicos, que “el día que haya la ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella, será sancionado”. El diputado de JxSí añadió: “Cuando nos dicen 'es que hay un ayuntamiento...' El día que haya esta ley, este ayuntamiento, este funcionario o este mosso puede ser sancionado. Cada uno ha de valorar las posibilidades de sanción. Existe la posibilidad que nosotros alcancemos la independencia, y por lo tanto la gente deberá pensarse muy seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan en serio, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en vigor, aquel que no responda a la legalidad catalana podrá ser sancionado por el Estado catalán”.

Llach ha insistido en numerosas conferencias que el Departamento de Economía está listo para sancionar a los contribuyentes en caso de incumplir con sus obligaciones fiscales: “La declaración de independencia la haríamos en el mes de septiembre, y nuestras primeras declaraciones de renta serán en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña, sea sancionado. Nada más que esto. El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y los funcionarios verá qué hace y responsabilizarse de sus actos. Pero es un tema que [al Departamento de Economía] no preocupa demasiado. Es como si lo tuvieran muy solucionado, yo no puedo explicar nada pero cuando preguntas, solo te dicen que vamos un poco cortos de tiempo”.

Fuentes oficiales de la Generalitat consultadas por EL PAÍS no desmienten a Llach pero aseguran que “el gobierno ya ha dejado claro que se garantizará en todo momento la seguridad jurídica del proceso mediante los marcos legales que impulse el parlamento. En consecuencia, ningún funcionario será expuesto en ningún momento a ningún tipo de riesgo. El proceso catalán es fundamentalmente político y por lo tanto todas las responsabilidades y decisiones se sitúan exclusivamente en el ámbito político”. Las mismas fuentes indican que “la ley de transitoriedad jurídica la hace el Parlament y por lo tanto no le corresponde al gobierno hace valoraciones”.