Lo puede decir más alto pero no más claro. La Comisión Europea asegura que el Reino de España “infringe sin ambigüedad” la política energética establecida en las directivas comunitarias sobre el mercado interior del gas y de la electricidad. El denominado tercer paquete energético data del año 2009, pero los sucesivos Gobiernos de Zapatero y de Rajoy se han hecho los remolones a la hora de incorporar al derecho español los principios básicos adoptados por Bruselas. La situación alcanza ahora su momento crítico con el dictamen motivado abierto contra nuestro país, en pleno debate político sobre el recibo de la luz.

La cuesta de enero se ha hecho especialmente empinada este año para los seis millones de españoles sujetos al llamado precio voluntario para el pequeño consumidor, el célebre PVPC que establece el grueso de la tarifa eléctrica a nivel doméstico en nuestro país. El Gobierno ha tratado de poner el carro delante de los bueyes para sacudirse las sandalias ante la eventual crispación social que genera toda subida repentina y brutal en el recibo de la luz. La actitud preventiva de Álvaro Nadal podía derivar en una excesiva sobreactuación, pero la verdad es que el ministro de Energía tiene motivos fundados para colocarse la venda antes de recibir el golpe.

La razón que explica la controversia política que ha polarizado estos días los debates parlamentarios sobre el mercado eléctrico tiene su origen en Bruselas y en el más soterrado, pero no menos trascendental, conflicto a que está abocado el nuevo responsable de la política energética española. En medio de todo el trajín, se ha constatado ahora que la Comisión Europea tiene abierto desde el pasado 29 de septiembre un dictamen motivado derivado de un procedimiento de infracción contra España, precisamente por la regulación singular con que se manejan en tierra patria los precios de la luz.

El Gobierno lleva dos meses en una discusión bizantina con Bruselas pero, de momento, se resiste a ceder la fijación de los precios de la luz a la CNMC

El documento remitido desde la capital europea supone un monumental tirón de orejas que ha tenido que asumir, por razones del cargo, el actual ministro de Energía. Nadal tomó posesión de su cartera el 4 de noviembre, y en menos de un mes estaba obligado a contestar el oficio de las autoridades comunitarias sobre una materia que puede convertirse en un ‘casus belli’ para España. El desencuentro reside en la exigencia de la Comisión Europea de que los precios de los peajes eléctricos sean transferidos a la CNMC, algo a lo que el Gobierno se resiste como verdadero gato panza arriba.

El ministro entiende que el organismo regulador, ahora en fase de reconversión por razones del guion político, dispone de funciones suficientes para determinar la metodología de las tarifas, pero eso no implica, según señaló Nadal en el Congreso de los Diputados la pasada semana, que su departamento tenga que ceder también el control efectivo sobre la fijación de los peajes eléctricos. Dichos costes representan el componente fijo que, impuestos aparte, se repercute luego al recibo de la luz, prácticamente la mitad de la factura, y constituyen un aspecto básico a la hora de definir la política energética.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. (EFE)

La Comisión Europa opina todo lo contrario, y su criterio no admite dudas a la vista del requerimiento enviado a España y al que ha tenido acceso El Confidencial: “La legislación española —advierte Bruselas— vulnera las competencias exclusivas concedidas por el derecho de la Unión a las autoridades regulatorias nacionales [ARN]”, que en nuestro país es la CNMC. Los funcionarios comunitarios subrayan a este respecto que toda la intervención del Gobierno está excluida de las directivas 72/2009 y 73/2009 del Parlamento y del Consejo Europeo.

La CE recuerda que los reguladores deben tener independencia total de cualquier interés público o privado, “incluida la implicación gubernamental”

El dictamen motivado de Bruselas afirma de manera categórica que “no existen disposiciones en las directivas que confíen a los gobiernos el cometido de establecer las cadenas de conexión y acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad y de gas ni a las instalaciones de gas natural licuado [GNL]”. Esta aclaración trata de evitar malas o interesadas interpretaciones, y sirve de fundamento para recordar la “total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la implicación gubernamental” que debe presidir las actuaciones del organismo regulador.

La Comisión Europea se esfuerza por enfatizar la soberanía que debe motivar las decisiones de la CNMC y advierte en su misiva al ministro Nadal de que “la experiencia ha indicado que la eficacia de los reguladores a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia respecto a los gobiernos, así como por la insuficiencia de los poderes y del margen de que gozan”. Las autoridades comunitarias concluyen al respecto con un mensaje lapidario en busca de buenos entendedores, y aseguran que “la independencia respecto a los gobiernos es un aspecto crucial del nuevo régimen de las ARN”.