Una historia mínima de turbiedad máxima. Un pago irregular a una consultora del PRO camuflado en contratos personales con sus dueños; inserción de lobistas en oficinas estatales; abuso del cargo y de resquicios legales para ocultar la información; selectividad extrema a la hora de responder a la prensa: solo a afines.

La historia es mínima porque no involucra a millones de dólares escondidos en una offshore o una concesión a dedo por miles de millones. Se trata de un contrato por casi un millón de pesos anuales a consultores cautivos del oficialismo.

La turbiedad es máxima porque quien llevó a cabo artilugios extendidos en el tiempo para fraguar un vínculo irregular es la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.

LOS HECHOS. Alonso contrató para la Oficina Anticorrupción (OA) a la consultora Consuasor por 82.500 pesos mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes.

Esa tarea fue llevada a cabo al menos durante todo 2017 y avanzado 2018 por personal de la consultora prohijada por el PRO, que no figuraba en los registros de la OA. Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de 44.000 y 38.500 pesos, respectivamente, lo que anualizado suma 990.000 pesos.

Facundo Sosa Liprandi.

Alejandro Giúdice.

Sin embargo, quienes llevaban a cabo las tareas excedían a la dupla contratada. Por ejemplo, la coordinadora de Comunicaciones de Consuasor, Belén Alcacer, no figuró entre los abonados por la OA pese a que ejercía funciones como responsable de prensa de Alonso, según documentos obtenidos por Letra P.

Ante un anticipo de esta información publicada en enero por este periodista en Página 12, luego de meses de tratar de ocultar los hechos, Alonso decidió dar de baja a los contratos de los dueños de Consuasor. En simultáneo, la consultora dio de baja su página web y se evaporó de la vida pública.

Los nombres de Sosa Liprandi y Giúdice son viejos conocidos del oficialismo, al punto de que recibieron contratos similares a los extendidos por Alonso en media docena de organismos públicos. Como mínimo, los ubicuos Sosa Liprandi y Giuidice acumularon remuneraciones en los ministerios de Justicia, Trabajo, Medio Ambiente, Defensa, del Gobierno de Salta y de la oficina del senador Federico Pinedo, el principal vínculo de ambos.

Es decir: en enero pasado, mientras Alonso decía estar investigando el abuso laboral de Triaca a su empleada Sandra Heredia, tenía sentado a su mesa chica a Sosa Liprandi, quien a su vez oficiaba como asesor personal del ministro de Trabajo.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado.

Los consultores -que, al igual que Alonso, no respondieron a los insistentes llamados de Letra P- conformaron la SRL Consuasor el 28 de diciembre de 2015, 18 días después de la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia, según el registro del boletín oficial. En ese mismo mes comenzaron a llover los contratos con oficinas estatales.

Antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno, Consuasor había trabajado para el bloque del PRO en la Cámara de Diputados (de la mano de Pinedo) y, más tarde, para el partido.

El tercer integrante de la Consuasor informal previa a diciembre de 2015 era Juan Gabriel Gentile, otrora mano derecha del hoy senador. En tanto subsecretario de Comunicación Pública hasta su fallecimiento en 2017, Gentile no formó parte de la SRL inscripta en 2015 ni recibió contratos personales.

Gentile, Sosa Liprandi y Giúdice se conocieron en la Universidad Católica y conformaron la consultora en 2005. Por esos cruces insondables de la política, Sosa Liprandi también prestó funciones para el PAMI durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

SECRETARÍA DE OCULTAMIENTO. La responsable de Transparencia, Alonso, intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas en el equipo de Macri.

Mediante una nota fechada el 11 de abril pasado y firmada por la Dirección de Gestión Documental del Ministerio Justicia, la OA procuró negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Giúdice porque podría afectar “la protección de datos personales”. Es decir, a sabiendas de que se trataba de una contratación irregular, Alonso apeló a un recurso absurdo, a contramano de las más elementales prácticas de transparencia, para tratar de bloquear la información. Solo logró demorarla varias semanas.

Un mes y medio antes, la oficina de Alonso había intentado otra estratagema. A raíz de la nota en Página 12, que daba cuenta del vínculo irregular con la consultora, Letra P presentó un pedido de acceso a la información pública para dilucidar detalles del contrato: montos, tareas detalladas, extensión.

Tras tomarse más de un mes para revisar archivos, Alonso informó el 2 de marzo que no tenía en sus registros pagos realizados a Consuasor. Ante un nuevo recurso, dos meses más tarde, el 7 de mayo, llegaría la confirmación de que los contratados eran en realidad los dueños de la firma, Sosa Liprandi y Giúdice, por los montos detallados más arriba.

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GESTIÓN DE INTERESES. Para ser claros. Alonso supo tempranamente -en diciembre de 2017- que este periodista estaba requiriendo información sobre los motivos del pago a una consultora para relacionarse con los medios, cuando los organismos públicos cuentan con personal y contratos específicos para realizar tareas de prensa. La información recabada daba cuenta de que el personal fijo y contratado por la OA había sido desplazado por Sosa Liprandi y su gente.

El caso era más grave de lo que parecía, porque Consuasor ofrecía servicios de lobby para empresas, según su propio sitio web (“gestionamos los intereses de nuestros clientes ante gobiernos”, “ayudamos a generar consenso para sus proyectos”, “brindamos información sensible sobre decisiones relevantes de gobiernos”). El artículo 13 de la ley de Ética Pública -que debería guiar el trabajo de Alonso- prohíbe el ejercicio de la función pública a quien patrocine, asesore o preste servicios a un proveedor del Estado.

Como Alonso no responde consultas periodísticas que la incomodan, aunque sean elementales como en este caso, hubo que apelar a solicitudes formales de acceso a la información.

La práctica de dilación es flagrante. Al borde o más allá del plazo de tres semanas para responder, la funcionaria presenta por norma un pedido de prórroga por otros quince días, hasta que finalmente llega la respuesta, en general escueta y, si es posible, engañosa.

A enero pasado, Sosa Liprandi gozaba del contrato con Anticorrupción; era asesor personal del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, vía la Universidad de La Matanza (40.000 pesos); cobraba de la oficina de Pinedo en la categoría A-2 (entre 50.000 y 70.000 pesos); y del Gobierno de Salta (30.000 pesos). Hasta febrero de 2017, también había cosechado regalías del Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto a Giúdice, cobraba de Anticorrupción y hasta pocos meses antes había recibido, a través de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, 45.000 pesos como asesor técnico para el Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa.

Lo detallado es el piso de contrataciones que se pudo dilucidar en medio de la maraña estatal.

Al quedar expuestos por la publicación en Página 12, Alonso y Triaca dieron de baja a los contratos de Sosa Liprandi y Giúdice.

Quien les tendió una mano fue Pinedo, histórico vínculo de los integrantes de Consuasor (en su caso, los contratados no se limitaron a sus dueños sino también a otros “de Consuasor”, como sabe todo el mundo en su despacho) con el PRO. El contrato de Sosa Liprandi con el Senado fue dado de baja y transformado en dos servicios de locación por 35.000 pesos, uno para él y otro para Giúdice, que no figuran en el listado de personal informado por la web de la Cámara alta, confirmó la oficina de Pinedo tras varios días de no responder consultas.