La Secretaría de la Defensa Nacional gastó 369 millones de pesos en viáticos para viajes al extranjero de sus funcionarios durante 2017, pero no emitió ni un solo comprobante fiscal de esos recursos públicos, argumentando que la dependencia está exenta por ley.

De acuerdo con la Secretaría, los “lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicados en febrero de 2016, los exenta de comprobar los viáticos.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que su interpretación no es correcta, y no se permite la opacidad.

En la revisión número 107-GB respecto a la contratación de bienes y servicios por parte de la Sedena, la Auditoría señala que están exentos de la austeridad, pero “no así de la presentación de la comprobación de la aplicación del recurso, aunado a que en el caso de no comprobarlos, tendrán el carácter de ingresos gravables y se les deberá efectuar la retención del impuesto correspondiente”.

Por ello, la Auditoría emitió la “Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” número 2017-9-07100-15-0107-08-004 para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigue, y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Lo anterior, “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron exceptuar de comprobación los recursos erogados en el desempeño de comisiones y funciones oficiales prevista en el artículo 153 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuyo ejercicio se registró en la partida 37602 ‘Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales'”.

Los lineamientos que refiere la Sedena fueron firmados por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray con el objetivo de establecer las disposiciones y limitar el gasto en la asignación de viáticos nacionales e internacionales, pasajes, alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos, aplicables a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Efectivamente se establece que “quedan excluidas de la aplicación de este ordenamiento las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las instancias de seguridad nacional”, es decir, estarían exentas de las medidas de austeridad.

Sin embargo, en ninguno de los numerales ni especificaciones sobre el gasto se permite a la Sedena no comprobar el gasto en viáticos, como lo intentaron justificar la Sección de Ejercicio Presupuestal y la Unidad Ejecutora de Pagos de Oficinas Superiores de la Sedena en febrero pasado a la Auditoría.

Más irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación detectó un sobreprecio por 312 mil pesos en la contratación de servicios en una adjudicación directa para “la atribución, soporte y apoyo para ofertar y suministrar su tecnología en México” en junio de 2017, por un contrato de 901 mil pesos.

La empresa contratada tiene una subsidiaria en la Ciudad de México con R.F.C. ADG151112PP2, la cual brindó el servicio de mantenimiento y actualización al Sistema Satelital de Mandos Territoriales de la Sedena a finales del ejercicio 2016 y durante todo el ejercicio 2017.

Si embargo, dicha empresa subsidiaria no fue la que suministró los bienes a la Sedena, sino que los vendió a la empresa con R.F.C. API851021AJ8 a un monto de 464.4 miles de pesos, y esta última, posteriormente, los vendió a la Sedena en 777.1 miles de pesos, “lo cual ocasionó que se pagara un precio mayor de 312.7 miles de pesos con respecto al valor real de los bienes, antes del Impuesto al Valor Agregado”,

Esto, dice la Auditoría, representa un “probable daño a la Hacienda Pública Federal”.

La Auditoría también revisó 23 contratos y 10 pedidos por un importe de 56 millones 839 mil pesos para productos como alimento para animales, prendas de protección personal, artículos deportivos, herramientas menores, refacciones, entre otros.

Pero en 31 casos en los que existieron incumplimientos por atrasos en las entregas de los bienes y servicios, se detectó que se notificaron al área administradora del contrato hasta con 190 días naturales después de la fecha en que debió haberse realizado dicha notificación, “lo que contribuyó a que las penas convencionales no se aplicaran oportunamente”.

Dichos retrasos en el cumplimiento de entrega, según lo estipulado en los contratos, generó un “probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un millón 886 mil pesos “por la falta de aplicación de penas convencionales y por recursos pendientes de reintegrar a la Tesorería de la Federación por concepto de penalizaciones”, advirtió la Auditoría.