Hablar de crimen, por muy organizado que esté, ya no describe adecuadamente la realidad. En México se libra una guerra múltiple: cárteles de la droga contra la sociedad; entre sí, por el dominio del territorio; y, siempre, contra el Estado. Como ha dicho el presidente Calderón, son verdaderos atentados terroristas a lo que tiene que hacer frente el país. Y de que el Estado prevalezca contra el terror dependerá el futuro de la democracia en México.

La semana pasada un grupo de facinerosos irrumpió en un casino de Monterrey para prender fuego al local, ocasionando la muerte de 52 personas por asfixia, calcinación o pisoteadas cuando escapaban de las llamas. Pero incluso un atentado tan enloquecido y monstruoso tiene su explicación. El hecho de que no sea el primer establecimiento de ese género que sufre un atentado parecido apunta a una guerra entre narcos -hay cinco detenidos, sospechosos de pertenecer a los Zetas- que se atacan en sus presuntos intereses económicos, al tiempo que tratan de poner al Estado de rodillas creando una imagen de ingobernabilidad ante la opinión que le obligue a negociar un alto el fuego, al amparo del cual el narco seguiría disfrutando en la impunidad de tan criminal sinecura.

Felipe Calderón ha reaccionado acusando a Estados Unidos de extrema lenidad, virtual indiferencia, ante el problema. El presidente ha exigido, pero por enésima vez, que cese "la criminal venta de armas de alto poder" a los cárteles, así como que se combata sobre el propio terreno el inmenso negocio de la droga en las ciudades del gran vecino. El presidente norteamericano Barack Obama ha respondido con la comprensión y sentimiento de rigor, pero sin planteamientos concretos para combatir el mal.

El mandatario mexicano no debe, sin embargo, refugiarse en la responsabilidad ajena, por muy cierta que esta sea. La lucha ya no es únicamente del Estado mexicano, ni puede ser solución el envío de más agentes a Monterrey; la lucha es de la sociedad mexicana en su conjunto. Quien no denuncie, no actúe, no se oponga en la medida de sus posibilidades al cáncer del narcotráfico, estará por debajo de lo que en esta hora exige la nación. Y todo ello, encuadrado, potenciado, servido por unos poderes públicos que han de entender que pelean por la supervivencia de un México moderno, eficaz y democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de agosto de 2011