Incluir el derecho a la sedación siempre que esté bien indicada y no quepa la objeción de conciencia y la acreditación específica para los sanitarios son las principales reivindicaciones de la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) para la nueva ley del final de la vida.

Lo han exigido este martes en una rueda de prensa, en la que han explicado la necesidad urgente de tramitación de una ley de cuidados paliativos. Consideran que ahora, cuando los grupos parlamentarios han presentado proyectos de ley en este ámbito, es una "oportunidad decisiva".

En 2011, la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos aprobaron ante la ausencia de una ley estatal una guía clínica para que los médicos españoles apliquen la sedación –la rebaja del nivel de conciencia con fármacos para evitar el sufrimiento– como una "práctica de uso cotidiano" para pacientes con síntomas y que no respondan al tratamiento siempre que hayan dado su consentimiento.

Cada año en España 225.000 pacientes necesitan atención paliativa, de los que se estima que 50.000 requieren cuidados avanzados y no los reciben, una situación que los lleva a morir con sufrimiento evitable.

La sedación como derecho es la principal petición de los médicos, siempre que esté correctamente indicada y donde no quepa la objeción de conciencia. "Se ha dicho siempre que la sedación mata y no es cierto. Tampoco se debe confundir con eutanasia", ha advertido el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Atención al Final de la Vida de la OMC, Marcos Gómez, ha explicado que hay cerca de 20.000 españoles que "sufren intensamente" con síntomas imposibles de tratar y cuya solución sería la sedación paliativa, sin embargo, hay médicos que no se la administran.

Las universidades no cumplen con la formación

La segunda de sus exigencias para la ley es la formación específica en cuidados paliativos para los sanitarios y la acreditación oficial de los profesionales, dado que su carencia provoca que no se garantice que el médico atienda correctamente a este tipo de pacientes.

En este sentido, Gómez ha criticado que, a pesar de que el Plan Bolonia exige entre sus requisitos asignaturas universitarias en este campo, "ninguna universidad pública española lo cumple"."Vamos mal si -los estudiantes- no aprenden cómo atender a un paciente en el final de su vida", ha añadido.

Solamente tres universidades privadas ofrecen este tipo de formación: la de Navarra, la católica de Valencia y la Internacional de Cataluña. Creen que la formación en cuidados paliativos en los estudios de grado es clave para el desarrollo futuro de esta atención, así como la disponibilidad de equipos específicos.

En tercer lugar, la OMC y Secpal piden que la nueva norma facilite la obtención de permisos laborales para permitir el cuidado del paciente en situación de final de su vida, así como hacer efectiva la tramitación urgente de la dependencia y la concesión de las ayudas sociales pertinentes.

El expresidente de la Secpal Álvaro Gándara ha indicado que tramitar la dependencia a una persona puede demorarse más de un año y son ciudadanos que necesitan una vía urgente, por lo que pide que se incluya este aspecto en la nueva ley.

"Los recortes han hecho mucho daño"

Los expertos han coincidido en que, para que todo esto sea posible, es necesaria una dotación presupuestaria mayor en cuidados paliativos, "la asignatura pendiente". "Los recortes en Sanidad nos han hecho mucho daño", ha dicho Gándara, para añadir que si España es el número uno en trasplantes es porque se le ha dotado de más dinero y espera que se haga lo mismo con los cuidados paliativos.

España ocupa el puesto número veintitrés del mundo en cuidados paliativos y en Europa se sitúa en el número catorce, ha recordado Gómez, quien ha señalado que "hacen falta más recursos y estar mejor capacitados" para situarse mejor.

También han criticado la desigualdad que existe en la prestación de esta atención médica según la comunidad autónoma, dentro de cada una de ellas e incluso la diferencia que existe si se trata de un adulto o un niño. Por ello, han reclamado que se regule y se iguale en todos los casos.

Los representantes de estos colectivos médicos piden que no se demore más la tramitación de esta ley del final de la vida, que beneficiaría cada año a un millón de personas, entre pacientes y familiares directos, en un momento de "especial sufrimiento".