Cualquier persona creería que su información está asegurada por el hecho de contar con una contraseña o patrón de desbloqueo en su teléfono o smartphone, pero nada menos alejado de la realidad. La cruda verdad es que el gobierno mexicano puede, y seguramente lo ha hecho, intervenir tu línea telefónica sin tu conocimiento ni consentimiento.

Lo que es peor, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que toda información que se envíe y se reciba desde un teléfono debe respaldarse por hasta dos años por parte de las empresas de telefonía para posible consulta del gobierno. Esto incluye llamadas, mensajes de texto, archivos enviados y recibidos, fecha, hora y duración de cada llamada hecha o recibida, buzón de voz, geolocalización del teléfono, así como nombre y domicilio de toda persona que cuente con una línea telefónica.

Durante los últimos siete años, el gobierno mexicano ha intervenido 1,167 líneas telefónicas sin conocimiento de los usuarios

De acuerdo con un reciente reportaje, durante los últimos siete años la Procuraduría General de la República (PGR) ha intervenido la línea telefónica de un ciudadano para escuchar sus conversaciones, y por ende, violando su privacidad. En total, jueces federales han otorgado a la PGR 1,167 autorizaciones para vulnerar líneas telefónicas de ciudadanos mexicanos anónimos.

Y jamás te enterarás

Esta situación es por si sola llamativa y aterradora a su manera, pero lo que resulta el colmo es que las personas que han visto afectada su privacidad jamás se enterarán. Esto se debe a que no es necesaria una orden judicial sino que basta con un oficio firmado por jefes policíacos y procuradores de justicia, entes facultados para solicitar la información, para que la información sea entregada por los proveedores del servicio.

Aún peor, se sabe que jefes policíacos de 25 estados del país han reprobado los exámenes de control y confianza, por lo que cabe la posibilidad de que tengan participación en actividades ilícitas, y aún así, están facultados para acceder a información sensible sin obligación a notificar al ciudadano.

Aún con el panorama negativo, hay entidades como R3DMX que están luchando por incluir una reforma en la ley que obligue a las autoridades a avisar a los usuarios sobre la intervención a sus líneas, se trata del Derecho a la Notificación. Sin embargo, como es de esperarse se trata de una tarea difícil, pero Fernando García, director de R3DMX, confía en que se logrará.

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