Suponen un coste total de 164.868 euros al mes, casi dos millones al año, y son sólo cuatro menos que los que sufragan en otras once comunidades juntas

En el sitio web que refleja el rastro de las cuentas de Podemos ha habido movimientos que permiten realizar una aseveración: el número de trabajadores pagados por el Grupo Parlamentario andaluz de la formación morada, integrado por una quincena de diputados, se ha elevado de 47 a 73, es decir, ha aumentado en 26 personas. Una cifra que supone un coste de 164.868,29 euros al mes y que superaría los 146.324,69 para gastos de personal que la Mesa de la Cámara aprobó para ese partido en 2015, aunque a ellos se hilvanaban los 119.311,02 euros que recibió para su funcionamiento. Multiplicado por doce meses, el importe a abonar para sostener ese listado durante un año es de 1.978.419,48.

LA RAZÓN ya informó a principios de mayo de que el Grupo Parlamentario cuya Portavocía ejerce de forma habitual la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, y preside la diputada María del Carmen Lizárraga, contaba con un rosario de asesores y otros empleados. Fuentes de la formación de Pablo Iglesias confirmaron que «funcionan así» y que con el dinero de la Cámara con el que se nutren financiaban también ocho sedes, una por capital de provincia, que consideran «oficinas parlamentarias». Ahora, la actualización de la web que engrasa el partido eleva a 47 los hombres en nómina y a 26 mujeres. A once de ellos se les atribuye un sueldo bruto mensual superior al de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –fijado para este año por el Ministerio de Empleo en 655,20 euros al mes–, que se autoimpusieron los parlamentarios regionales «podemitas» –lo que, según la marca para este ejercicio supondría una cuantía retributiva aproximada de 1.965 euros al mes–.

El perfil de los más de 70 asalariados, la mayoría a jornada completa, es muy variado. Incluye a 31 administrativos y un auxiliar de esa categoría, seis periodistas más un responsable de comunicación, un técnico de comunicación política y un responsable de redes sociales; un asesor jurídico, otro económico, un analista de acción institucional y dos socio-políticos; 13 enlaces con la sociedad civil y con diversas áreas estatales de la formación como las de análisis político, organización, redes, acción institucional, participación y con la Secretaría Política nacional o el equipo legal, entre otras. A ellos se suman un técnico informático, una responsable de acción institucional y otra de contabilidad y finanzas. Además figuran un informático, un técnico presupuestario, cuatro responsables de las oficinas parlamentarias de Cádiz, Jaén, Sevilla y Málaga; otros cuatro empleados que ocupan puestos ligados a las relaciones sociales y un último vinculado a la acción institucional.

En el mismo espacio de internet –https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/parlamento-europeo/– se puede comprobar que los 73 trabajadores cuyos gastos soporta el Grupo Parlamentario andaluz, son sólo cuatro menos de los 77 que sufragan en conjunto once de otras comunidades. En concreto los de Aragón, Canarias –incluidos los asesores de los grupos políticos de los cabildos de Tenerife y de Fuerteventura–, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. Éstos cuentan con 12, siete, dos, cinco, cuatro, tres, tres, 26, cuatro, dos y nueve, respectivamente. El total de empleados a sueldo sufragado por los doce grupos «podemitas» en las distintas cámaras autonómicas se eleva hasta los 150, con lo que el andaluz acumula casi la mitad del global, el 48,6 por ciento de esos costes laborales, de acuerdo con los datos facilitados por la propia formación en la red de redes.

En esa web, con la que Podemos pretende demostrar que su transparencia es real y no un eslogan como ocurre con otros partidos, también consta que se han cargado al Grupo Parlamentario regional gastos por valor de 14.466,15 euros destinados a contratar servicios de profesionales independientes externos. De hecho, se puede acceder a facturas de abogados, asesoría inmobiliaria o de una marca de servidores y de gestión y almacén de datos.

Fuentes de Podemos insisten en que son los «únicos» que detallan «en abierto» en qué emplean los fondos públicos que les corresponden gracias a su Grupo en la Cámara y en que les gustaría saber «en qué utilizan su dinero el resto». Las urnas decidieron que al suyo se unan en Andalucía los de otros cuatro partidos, PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (C’s) e IU, a los que reclaman más transparencia.