La información sobre el pedido del gobierno argentino al Homeland Security de los EE.UU. no solo es verdad sino que hace unas horas Washington comunicó a los tuiteros que apoyan al fiscal José María Campagnoli que se cerró la investigación en su contra porque se trata de opiniones políticas y no temas penales.

La fiscal contravencional Daniela Dupuy, la abogada Daniel Portino Gonzalez, fuentes judiciales y el secretario letrado de Campagnoli, Ignacio Rodríguez Varela (Ver @ignacioRodrigu1) confirmaron el cierre de esa inusual investigación impulsada por el gobierno argentino y ahora que pretende desmentir el canciller Héctor Timerman.

La nota de este periodista publicada en el diario en papel que reveló el caso explica paso a paso cómo se gestó la investigación y dice que "seguramente hizo el pedido la Cancillería" y que fuentes judiciales afirmaron que "allí se abrió una investigación".

El intento de desmentida de Timerman (Ver aparte) habla de una "campaña" como si el pedido del gobierno argentino no existiera y él no fuera parte de la misma administración que puso en marcha este mecanismo de cooperación internacional -preparado para investigar la pedofilia- no hubiese existido.

Las fuentes precisaron hoy que el pedido se hizo a nivel técnico entre la Policía Federal -que depende del ministerio de Seguridad- y el Homeland Security (el ministerio del Interior de los EE.UU.). Timerman dice que la nota está "basada en datos falsos o directamente inventados" cuando la nota está basada en un documento (Ver facsímil) que el Homeland Security mandó a la empresa Twitter en San Francisco y ésta a los tuiteros críticos investigados en una causa contravencional.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de la fiscal Cristina Caamaño -quien coadyuba en la fiscalía donde está suspendido Campagnoli- por "hostigamiento" contra los tuiteros que apoyan al fiscal suspendido que fue el primero en investigar la ruta del dinero K y al empresario Lázaro Báez. Esta contravencion tiene una pena máxima de 5 días de arresto y mil pesos. La fiscal contravencional Daniel Dupuy hizo luego un pedido a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, que depende del ministerio de Seguridad, y desde aquí se cursó el pedido de cooperación internacional al Homeland Security.

El documento del Homeland Security -el ministerio que creó el ex presidente George Bush hijo tras el atentado terrorista contra las Torres Gemelas del 2001- hizo entonces el pedido a Twitter de los datos personales de los tuiteros. Dos de ellos, la semana pasada, pidieron a la embajada de EE.UU. en Buenos Aires que cerrara la investigación por tratarse de opiniones a favor de Campagnoli y no un delito. Y así se lo comunicaron hoy a los tuiteros investigados.

La abogada Portino destacó que tanto la fiscal como el Homeland Security y la embajada norteamericana "actuaron de buena fe", ante un pedido inusual enviado por el gobierno argentino.



