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Amnistía Internacional da la bienvenida a la decisión de la Procuraduría General de la República de México de admitir a trámite la denuncia presentada el pasado 15 de febrero por Ligia (Lily) Ceballos Franco.

La Procuraduría iniciará ahora una investigación para aclarar si se trata de un caso de desaparición forzada y para restablecer la verdadera identidad de Lily. El caso de Lily es un caso más de bebés robados que se produjeron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.

“México se convierte en el segundo país, después de Argentina, que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo, delitos como la desaparición forzada en la que se podrían enmarcar muchos de los casos de bebés robados”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

México se convierte en el segundo país que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante el franquismo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Hasta ahora, las investigaciones realizadas en España no han dado resultados y han descartado abordarlo como crímenes de derecho internacional, particularmente como desapariciones forzadas, al contrario de lo recomendado por diferentes organismos de Naciones Unidas como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o el Comité contra la Desaparición Forzada. Por su parte, en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”.

La justicia española ha abordado estos casos como delitos comunes (detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales) y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.

Además, cuando las investigaciones sobre este tipo de crímenes se realizan fuera de España, como es el caso de la justicia argentina, España no deja de obstaculizar dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos.

“Es una alegría inmensa. Después de la reunión con la Subprocuraduria de derechos humanos y la Subprocuraduria de asuntos jurídicos e internacionales tenía la confianza en que mi denuncia no iba a quedar en el olvido y ahora es una realidad. Esto no es contra mis padres adoptivos, quienes me dieron todo. Lo que me motiva es la búsqueda de justicia ante los crímenes perpetuados durante el régimen franquista», manifestó Lily.

“Ahora que México abre esta investigación, esperamos que profundicen hasta las últimas consecuencias. Y Amnistía Internacional pide al Estado español que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que pudieran emitir las autoridades mexicanas”, señaló Esteban Beltrán.

En cuanto a las investigaciones de bebés robados en general, Amnistía Internacional pide al Estado español que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y fortalezca los esfuerzos para buscar e identificar a quienes podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad; y para llevar a los responsables ante la justicia.

El caso de Ligia Ceballos Franco

Ligia Ceballos Franco es una mujer mexicana, registrada en su nacimiento, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, que pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

Según la información disponible, el día 3 de junio de 1968 una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la «Inclusa». En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como «supuestos».

Dos días después, esta niña fue bautizada e inscrita en el Registro Civil del Distrito de Congreso con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. En dicho Registro se hizo constar que María Diana nació el 29 de mayo de 1968. Poco más de un mes después, el 11 de julio de 1968, el presidente de la Diputación Provincial de Madrid, concedió el prohijamiento de la niña María Diana Ortiz Ramírez a los señores Nazario Ceballos Traconis y su esposa Ligia Graciela Franco Aguilar. El 19 de julio de 1968, María Diana fue entregada en prohijamiento de manera oficial.

Seis días después, el 25 de julio de 1968, Nazario Ceballos y Ligia Graciela Franco inscribieron en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) a Ligia Graciela Ceballos Franco como su hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que Lily había nacido el 29 de mayo de 1968 –el mismo día que nació María Diana-, a las 9 horas, en Mérida. Los papeles de María Diana se quemaron una vez pudo ser registrada en México con esa nueva identidad, tal y como habían recomendado a sus padres las autoridades españolas.

Más información: AI presenta en México el caso de un bebé robado durante el franquismo

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