Ligia Canto tiene 63 años. Los últimos doce los ha pasado en una lucha que aún no termina y que le arrebató la vida a su hija Emma Gabriela, quien fue asesinada en la puerta de su casa por órdenes de su exesposo, Martín Medina Sonda, socio de José Manuel Sainz Pineda, tesorero del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier.

“A veces lloro, reniego, insulto, miento madres, me peleo con dios le pido perdón, pero tengo que seguir porque aunque después de la sentencia uno diga ‘gracias, Dios’, los asesinos todavía tienen recursos”, dice Ligia.

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Durante la conversación telefónica, habla con voz entrecortada a momentos, pero luego recupera la entereza no sólo para continuar la entrevista, sino para estar en pie después de que ella y su familia enfrentaron fabricación de delitos, el feminicidio de Emma, lo tortuosos juicios en contra de los asesinos y el autor intelectual y ahora por la guardia y custodia de sus tres nietos de 11, 13 y 15 años de edad que sigue en proceso.

Ligia se convirtió en una abogada adicional a los cinco que llevaron el caso de su hija. Ni siquiera se permitió un periodo de duelo, de llorar por haber perdido a Emma. “Tienes que hacer a un lado tu dolor y abocarte en ser más frío y más práctico. Estábamos ante un escenario donde no sólo teníamos que ver a los niños, sino el proceso judicial. Nos volvimos policías toda la familia para poder investigar”.

Aunque lograron que los responsables fueran sentenciados apenas el año pasado, la guerra continúa, pero “¿sabes cuál es mi mayor temor? No durarles a mis nietos, no dejarlos protegidos lo suficiente como para que toda esta gente que les ha hecho daño se les acerque, porque él, Martín Medina, es la persona que más ha torturado a estos niños.

Pero me ayuda el aprender a dar gracias a Dios, primero por haberme permitido ser madre de alguien tan valiente como Emma, caminar con ella en esta lucha y ser testigo de que ella y los niños se volvieran a reencontrar, contemplar la felicidad de los niños y ella”.

Ligia se refiere a uno de los procesos más difíciles que ambas enfrentaron en 2012, cuando Emma, después de sufrir violencia por parte de su esposo en Tabasco, decidió separarse de él e irse a vivir a Mérida con sus tres niños.

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Pero un día, él llegó con una camioneta y un chofer diciéndole que se la daba para que “sus hijos no anduvieran en transporte público. Luego te la pongo a tu nombre”. Aún así, en varias ocasiones ella le devolvió el vehículo, pero él se negaba a recibirlo.

Tiempo después supieron que en Tabasco iniciaba un procedimiento judicial en su contra por el presunto delito de “retención ilegal de bienes” por el uso de la camioneta, a partir de una denuncia interpuesta por una de las empresas de las que Martín Medina era socio.

Las notificaciones se giraban en Tabasco, aunque ella vivía en Mérida, por lo que un día, policías ministeriales armados la detuvieron enfrente de sus hijos para que enfrentara un juicio y, aunque el delito no ameritaba prisión preventiva, el juez determinó que, al vivir en otro estado, existía riesgo de fuga, por lo que fue recluida en un penal.

Se estaban enfrentando no sólo a Martín Medina, sino a sus relaciones políticas con la administración de Granier y, por lo tanto, al sistema. “Había peso político, no jurídico en el caso”, dice Ligia.

En mayo de 2012, cuando empezaban las campañas políticas para gobernador, Ligia decidió ir a los mítines de los candidatos de todos los partidos. “Me iba con mis carteles a pedir justicia, dando vueltas alrededor de la gente para que vieran los carteles y gritando a todo pulmón.

Además recordó que Martín Medina había sido detenido en 2007 con 8 millones de pesos en efectivo en una camioneta. “Eso llamó la atención de la gente, de la prensa, y así tuvimos contacto con candidatos. Hasta en los debates tocaron el tema. Fue tan evidente de fabricación de delitos que la fiscalía se desistió de acusar a mi hija”, meses después de su detención.

Parecía que la guerra estaba ganada, por eso Ligia nunca dejó el activismo, incluso se unió a la protesta por el caso de Yakiri Rubio, la joven que en legítima defensa asesinó al hombre que la violó e intentaba matarla en la Ciudad de México.

El juez Santiago Ávila Negrón dictó auto de formal prisión en contra de Yakiri por homicidio calificado y se trataba del mismo juez que también giró una orden de aprehensión en contra de Emma Gabriela por el delito de abuso de confianza a la par del proceso que se llevaba en Tabasco. Eso abría la posibilidad de ser trasladada a Santa Martha Acatitla, lo que se convirtió en un arma de amenaza. Por eso, dice Ligia, se sumó a la familia de Yakiri en su protesta.

Pero en ese periodo, Ligia fue detenida por la presunta falsificación de documentos oficiales y clonación de tarjetas bancarias en Guadalajara, por lo que fue trasladada al penal de Puente Grande al tratarse de un delito federal. Estuvo 10 días, y fue liberada debido a que los supuestos denunciantes no existían, habían falsificado las identificaciones creando identidades falsas.

Una abogada más en la investigación de Feminicidio

Tras investigaciones sobre desvío de recursos en la administración del exgobernador Granier, él como su extesorero Manuel Sainz Pineda, y Martín Medina terminaron en prisión. Éste último fue sentenciado a 12 años de pena por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita en 2016.

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Meses después, pese a una serie de intentos por no conceder el divorcio a Emma Gabriela, le notifican en la cárcel que por fin habían quedado divorciados. Según supieron años después, ahí comenzó el plan para el asesinato de Emma.

El 27 de marzo de 2017, Emma fue atacada por un hombre quien la degolló al abrir la puerta de su casa. Eso hizo un antes y un después en la vida de toda la familia.

“La mayor parte de la familia, de las amistades se alejaron por miedo. Y tú, aunque tu corazón te dice ellos te necesitan (sus nietos), había que buscar la forma que otros lo arropen, sus tíos, tías, para nosotros estar en la Fiscalía y hacer una investigación de forma paralela con los abogados”.

Así empezó su participación casi como una abogada más para revisar los 40 tomos de todos los procesos judiciales en los que estuvo involucrada su hija y su familia. Sólo en el juicio familiar por el divorcio había 120 amparos. “Con los abogados nos sentábamos a trabajar desde las 8 de la mañana y nos daban las 3 de la mañana revisando papeles”.

“Fue terrible revisar expedientes y volver a recordar lo que pasamos juntas, todas y cada una de las pruebas que sirvieron para amarrar la culpabilidad de Martín y no quede ninguna duda razonable de su participación”, dice Ligia.

Su rutina comenzaba a las 5 de la mañana cuando despertaba. Iba a casa de su otra hija donde vivían los tres pequeños para despertarlos, vestirlos, darles desayuno y llevarlos a la escuela. Después se iba a la Fiscalía. “Había gente que no tiene claro lo que es un proceso judicial, que esto tiene un tiempo y límite para conseguir y acceder a la justicia, me decían, ‘por qué estás tanto tiempo ahí’.

Gracias a esas investigaciones detectaron un factor clave: las empresas de Martín Medina mencionadas entre los procesos previos. Los abogados pidieron los estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y así encontraron una transferencia de 100 mil pesos a uno de los autores materiales. Eso pudo ligar la participación intelectual del exesposo.

En el proceso tuvo que aguantar que uno de los abogados a quien había pagado 50 mil pesos para revisar el expediente, “se pasó al otro lado” y defendió al empresario. También durante el juicio, escuchar de los autores materiales, cómo planearon el feminicidio de Emma. “Pero yo tuve que dejar mi cabeza fría para seguir”.

En septiembre de 2019, Medina fue condenado a 45 años de prisión por el feminicidio de Emma Gabriela, pero ya ha interpuesto amparos para apelar la sentencia. Además, junto a sus padres mantiene abierto un proceso judicial para pelear la guardia y custodia de sus tres hijos.

Ahora, además de continuar el proceso de la apelación y pagar a los abogados, también tiene que costear los peritajes psicológicos, de trabajo social para los niños y el resto de la familia como parte del proceso de custodia.

Ligia fue trabajadora administrativa del ISSSTE durante 35 años. Ya jubilada, destina toda su pensión y la de su esposo al pago de abogados y la manutención de sus nietos. Sus otros cuatro hijos también cooperan, pero a sus posibilidades porque también tienen sus propias familias.

Además, cada uno a tenido que cargar con el rechazo social. Cuando el hijo mayor va a buscar trabajo lo primero que le preguntan es si es ‘hermano de Emma’, y enseguida lo rechazan. “A veces entro yo a algún lugar siento como cambia el ambiente, se vuelve un entorno hostil, como diciendo ya llegó la revoltosa”, dice Ligia, quien a cada momento de la conversación insiste en que está en pie y seguirá luchando.

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