"Leía el otro día el diario El Popular, y un abuelito, que es abogado quería regalarle 10 dólares a sus dos nietos, un abuelito medio amarrete, tendría que haber hecho un esfuerzo más". De esta manera, la ex Presidente Cristina Elisabet Kirchner "escrachó" por cadena nacional al jubilado marplatense Julio César Durán, quien había presentado una acción de amparo porque la AFIP le había impedido -en medio del cepo cambiario- comprar 10 dólares. La ex jefa de Estado tuvo información privilegiada que no podría haber sido suministrada de primera mano por otro organismo que no sea el que en ese momento era comandado por Ricardo Echegaray.

No fue el único caso en el que el gobierno anterior utilizó datos protegidos por el secreto fiscal para disciplinar a aquellos que cuestionaban la gestión kirchnerista. En junio de 2012, la ex Presidente Cristina Kirchner reprendió públicamente a Rodrigo Saldaña, uno de los socios de JT inmobiliaria, por no haber presentado declaraciones juradas. El escrache de la ex mandataria se produjo como reacción a las críticas que había manifestado el empresario unos días antes al diario Clarín por el parate en la compraventa de inmuebles. Pero las represalias no quedaron ahí, la AFIP de Echegaray inhabilitó a la empresa de bienes raíces bloqueándole la CUIT. La descomunal maquinaria de datos de la AFIP que puede llegar a investigar hasta 18 niveles las relaciones de los contribuyentes se usó para amedrentar a opositores. La actual administración descubrió que se había montado una especie de oficina de inteligencia paralela para espiar en forma ilegal a políticos de la oposición, jueces y periodistas.

Una vez más, la información para domesticar a aquellos a aquellos que se atrevían a cuestionar las políticas oficiales partió del organismo recaudador dirigido por Ricardo Echegaray, que se había transformado en una especie de torturador psicológico que "apretaba" a los díscolos al régimen de ese momento.

Ahora, jaqueado por numerosas causas judiciales, Echegaray está en la mira de la Justicia que puede convertirlo en el próximo funcionario de la era K que veremos con casco y chaleco en su derrotero a una unidad penal.

El juez del fuero Penal Económico Diego Amarante le prohibió la salida del país y lo citó a declarar para el próximo 19 de diciembre en una causa en la que lo investiga por contrabando agravado a raíz de una maniobra de cuando Echegaray era director general de la Aduana. El juez quiere saber por qué el ex funcionario permitió el ingreso al país de un auto de alta gama sin pagar impuestos alegando que era para un representante taiwanés pese a que ese país no tenía estatus diplomático.

Además, está imputado en la causa Ciccone 2, a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras el testimonio de Alejandro Vandenbroele en el marco del acuerdo en el que se comprometió a declarar como arrepentido. Otro magistrado con despacho en Comodoro Py, Sergio Torres procesó a Ricardo Echegaray por negociaciones incompatibles y defraudación en un expediente en el que se investiga el presunto pago de sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza de la AFIP. En esa licitación resultó beneficiada una empresa por un monto de más de 15 millones de pesos, el doble que lo que cotizó la compañía que venía realizando esa tarea desde 1981.

Hace menos de un mes la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de la AFIP por falso testimonio y violación de secretos en una causa iniciada por una denuncia de Alfonso Prat Gay. Echegaray usando información fiscal que le había facilitado el gobierno de Francia a la AFIP instruyó a dos ex funcionarios del ente recaudador para que denuncien al ex ministro de Hacienda, a quien acusaron de ser integrante de una asociación ilícita para evadir impuestos a través de una red de sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales para desviar fondos a cuentas en Suiza para ocultar la verdadera identidad de los dueños de ese dinero. Luego Prat Gay acreditó que la cuenta estaba declarada.

Echegaray también está acusado de favorecer a Ciccone para permitir el salvataje y la posterior compra de la fábrica de billetes por parte de The Old Fund, la empresa de Vandenbroele, sindicado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou.

No son las únicas acusaciones que pesan sobre Ricardo Echegaray. Está sospechado de haber permitido que OIL Combustibles, la compañía de Cristóbal López y Fabián de Sousa, tenga una deuda fiscal de 8.000 millones. Además, la AFIP lo acusó de ocultarle a la Justicia una deuda de 1700 millones de pesos de Lázaro Báez que permitió el sobreseimiento del empresario kirchnerista en una causa por evasión agravada.

Con la pluma del juez Martín Irurzun, la Cámara Federal estableció parámetros objetivos que deberán tener en cuenta los magistrados al momento de decidir si dictan la prisión preventiva o no a acusados de hechos de corrupción. Irurzun sostuvo que a la hora de examinar si existen riesgos procesales los jueces no sólo deben limitar el análisis al arraigo o al comportamiento formal de los imputados durante el proceso judicial sino que es "relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal".

Sobre la base de esta doctrina se ordenaron los arrestos de -entre otros- Julio De Vido, Roberto Baratta, el dictado de la prisión preventiva de la ex Presidente Cristina Elisabet Kirchner, y no existe ningún obstáculo para que pueda ser invocada también para la detención del ex hombre fuerte de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray.