Algunos de los casos más polémicos han sido Castor, Palma Arena, La Manada, los presos catalanes, Altsasu o las condenas de tuiteros y raperos

“Jueces y tribunales están actuando de una manera absolutamente arbitraria, inconstitucional, partidaria y bajo control político del Gobierno”, critica Luis Blanco, de las Marchas de la Dignidad de Catalunya

Castor, Palma Arena, La Manada, los presos catalanes, Altsasu o las condenas de tuiteros y raperos. La actuación del sistema judicial en estos y otros tantos casos han venido defraudando a una parte importante de la ciudadanía y muchos colectivos ven dañados o amenazados sus derechos cívicos.

Al menos 70 organizaciones gritarán que “no hay Justicia” el próximo 15 de diciembre en una concentración frente al Tribunal Supremo en Madrid. Consideran que hay “una interpretación abusiva de la ley, una clara vulneración de los derechos sociales y políticos” que genera “indefensión en la ciudadanía” y “alarma social” por la creciente falta de confianza en la tarea el Poder Judicial.

La iniciativa surge de Clam per la Llibertat (Grito por la Libertad), una plataforma catalana que decidió organizarse el pasado mes de febrero contra “la criminalización tanto del soberanismo catalán como de otras organizaciones sindicales”, explica a Cuartopoder.es Nuria Camps, presidenta de dicho colectivo. Su objetivo no se queda en la protesta del día 15 de diciembre frente al Supremo, sino que quieren tejer “una red” con “colectivos represaliados” de todo el Estado para que puedan “levantar su voz”.

Para la protesta del 15D las diferentes organizaciones llegarán a la capital desde al menos 11 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Catalunya, Asturias, Aragón, Euskadi y Galicia. Impulsan la convocatoria las Marchas de la Dignidad a nivel estatal y otros colectivos como Asamblea Feminista, Madres contra la Represión y Ecologistas en Acción. Hay confirmados algunos sindicatos minoritarios como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) e Intersindical-CSC. De momento, han sumado su apoyo ERC, PDeCat, CUP y Crida Nacional y habrá más partidos políticos que se involucren a nivel estatal, aunque su adhesión se confirmará el próximo 11 de diciembre.

“Los jueces y los tribunales están actuando de una manera absolutamente arbitraria, inconstitucional, partidaria y bajo control político del Gobierno”, critica Luis Blanco, de las Marchas de la Dignidad de Catalunya. “La dureza e interpretación restrictiva de los derechos sociales, sindicales y políticos” que llevan a “la encarcelación de sindicalistas, políticos catalanes o raperos” se contrapone a “la flexibilidad con la que se juzgan los temas que incumben a los poderosos”, añade.

Un ejemplo sería ‘la doctrina Botín’ por la que el Tribunal Supremo permitió al banquero con el mismo nombre librarse de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito comercializadas por el Banco Santander.

Prácticas clientelares y anomalías

La concentración de este 15-D denunciará también “las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial” ya que “una reducida cúpula de magistrados son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial”. Según explica la organización, la división de poderes no existe porque el Poder Judicial todavía no ha roto con la época franquista. “La judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos”, advierten.

Además, desde “No hay justicia” se señala que el mal funcionamiento de la Justicia se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones en informes internacionales. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en cuatro informes consecutivos ha incluido “advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo” en España.

Feminismo e hipotecas

Desde la organización, también destacan que sentencias como La Manada ponen de manifiesto que “el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, sino que es una cuestión de dimensión social y política”. De igual manera, indican que la sentencia reciente sobre el impuesto hipotecario del Tribunal Supremo “pone en cuestión la neutralidad de la justicia española”.

“Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978″, resumen desde la organización. Llaman a la movilización delante del Tribunal Supremo para visibilizar “aún más” estos “fuertes déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo”.