Desde hace meses se denunció, con nombres y apellidos, que la administración pública en Guerrero estaba infestada de narcopolíticos, corrupción e impunidad. Sin embargo, autoridades de los tres niveles y partidos políticos callaron, protegieron e incluso promovieron a los señalados. Todo desembocó en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, uno de los episodios más brutales en la guerra que México padece. A despecho de discursos y propuestas populistas, el grado de infestación criminal que vive ese estado ha aumentado.

CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- La desaparición y probable asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa exhibe el nuevo nivel de impunidad, corrupción y violencia que se vive en el estado, donde la delincuencia controla grandes territorios y es protegida por autoridades de los tres niveles.

En diciembre de 2013, Proceso dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, y cuatro meses después, a principios de abril, el alcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, fue detenido por agentes federales en Iguala. Actualmente está preso por sus presuntos nexos con el grupo delictivo La Familia.

Álvarez forma parte de la corriente política Grupo Guerrero, dirigida por David Jiménez Rumbo y por el actual presidente estatal del PRD, Carlos Reyes Torres. Éste y su hermano Crescencio, alcalde de La Unión, fueron acusados –por Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios– de tener relaciones con el crimen organizado.

Pese a ello, la clase política local calló, cerró filas y las autoridades fueron omisas ante los señalamientos públicos y evidencias contra ése y otros alcaldes, además de legisladores locales como el presidente del Congreso de Guerrero, el perredista Bernardo Ortega Jiménez…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1980 de la revista Proceso, actualmente en circulación.