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l año 2013 se inicia con un nuevo esfuerzo del PRI de siempre para cancelar nuestros derechos fundamentales. El pasado jueves, Francisco Arroyo Vieyra, diputado priísta y presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que busca dar muerte prematura a la histórica reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Solamente una voz ciudadana clara y articulada puede detener este nuevo lance autoritario.

Uno de los elementos más importantes de la reforma de derechos humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 fue la plena incorporación de los tratados internacionales al sistema jurídico mexicano. Hoy el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución reza: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia .

En otras palabras, nuestros derechos fundamentales ya no se agotan con lo que señala la Carta Magna, sino que también incluyen al mismo nivel a todos los derechos humanos incluidos en los tratados firmados por el Estado mexicano. Así, se conforma un nuevo bloque de constitucionalidad que incluye un abanico mucho más amplio de derechos. Hoy los juzgadores no pueden pretextar que tal o cual derecho no estuviera plenamente reconocido por la Constitución mexicana, sino que siempre deben favorecer la protección más amplia a las personas (principio pro persona) por medio de la interpretación conforme con todos los ordenamientos nacionales e internacionales aplicables.

Pero al nuevo PRI solamente le interesa la participación extranjera en algunos temas y no en otros. Quieren extender una lujosa alfombra roja para que empresas trasnacionales como Exxon-Mobil y Halliburton vengan a ayudarnos a saquear el petróleo nacional. Pero de repente sacan sus credenciales supuestamente nacionalistas cuando se trata de la plena vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el país.