Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno garantizará "los derechos de todos en Cataluña desde la firmeza, la moderación y la unidad", tras reunirse este miércoles con los principales líderes de la oposición. En una comparecencia en La Moncloa, el presidente en funciones ha exigido a los dirigentes secesionistas una condena tajante y contundente de cualquier acto de violencia. Y ha advertido: "Vamos a modular la respuesta en función de la actitud y las decisiones de los líderes independentistas". Sánchez ha exigido a Quim Torra, president de la Generalitat, y a todo su Ejecutivo, que condenen la violencia "sin excusas", pero ha hecho un llamamiento a la calma frente a las peticiones de la oposición para que aplique ya el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional: "Nos quieren exaltados y divididos, nos deben encontrar firmes, serenos y unidos. No vamos a sobreactuar".

El presidente en funciones ha asegurado que el Gobierno central garantizará el derecho a manifestarse de todos los que quieran hacerlo pacíficamente contra la sentencia del Supremo, pero actuará para mantener el orden frente a "grupos violentos perfectamente organizados".

Tras las reuniones, Sánchez ha insistido en que todos los partidos deben estar unidos. "Nos deben encontrar como exige la gravedad del momento: firmes, serenos y unidos". La comparecencia coincidía con los primeros incidentes en la manifestación en Barcelona por segunda noche consecutiva. "Estoy convencido de que vamos a superar estos episodios de violencia. Y no les quepa ninguna duda de que más pronto que tarde se restablecerá la convivencia en Cataluña", ha sentenciado el presidente en funciones después de explicar que el comité de coordinación que ha creado con representantes de varios ministerios para seguir la situación "está en alerta permanente desde el fin de semana".

Sánchez ha iniciado la comparecencia agradeciendo la coordinación de Mossos, Policía Nacional y los agentes de la Guardia Civil. "Gracias por su labor frente a los extremistas", ha dicho. El presidente ha defendido el derecho de los ciudadanos a manifestarse de forma pacífica, pero ha condenado los altercados del martes. "No voy a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia".

Por su parte, horas antes, los líderes del PP, Ciudadanos y Podemos mostraron sus diferencias sobre cómo afrontar la crisis en Cataluña. Pablo Casado pide al Gobierno que envíe un requerimiento a Quim Torra, es decir, que dé el paso previo para aplicar el 155. Albert Rivera reclama al Ejecutivo que cese al president y “blinde” Cataluña con policías y guardias civiles. Pablo Iglesias rechaza esas medidas y apuesta por “la vía del diálogo”. El Gobierno no descarta “ningún escenario”.

Sánchez decidió convocar este miércoles en La Moncloa a los líderes de los principales “partidos de la oposición”, según la descripción del Ejecutivo, para abordar la crisis abierta en Cataluña tras la sentencia del procés que ha condenado a sus líderes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. El lunes ya había hablado con ellos por teléfono. La conclusión, tras los tres encuentros, ha sido la misma: “El Gobierno no descarta ningún escenario para actuar en Cataluña, todo está previsto y actuará, si es preciso, desde la firmeza y la proporcionalidad”.

Fuentes del PP señalan que cuando vieron que les convocaba por separado entendieron que no se trataba de discutir sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña y aseguran que Casado “salió del encuentro con Sánchez más preocupado que cuando entró”. El presidente popular acusó al líder del Ejecutivo de “imprevisión” — “está sobrepasado”, dijo— y pidió que envíe un requerimiento al presidente de la Generalitat “para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales y cese las actuaciones gravemente contrarias al interés general de España”. Ese requerimiento es el paso previo para la aplicación del artículo 155 en Cataluña y contiene las mismas expresiones del que Mariano Rajoy envió a Carles Puigdemont en octubre de 2017 antes de intervenir la comunidad autónoma. “La Generalitat se ha declarado en rebeldía”, insistió Casado en La Moncloa.

En plena precampaña electoral, el líder popular aseguró: “El PP está preparado para garantizar la seguridad, la prosperidad y la convivencia en Cataluña cuando los españoles nos requieran para ello”. “Somos el único partido que tenemos la experiencia en afrontar ese tipo de desafíos [el PSOE y Ciudadanos apoyaron al Gobierno del PP en 2017 en la aplicación del 155]”. Desde la sala de la portavocía del Gobierno, Casado hizo otra alusión más al periodo electoral, asegurando que si ahora no se tomaban las medidas necesarias, el PP lo hará “después del 10 de noviembre”. “No nos va a temblar el pulso en Cataluña”. El líder popular también sugirió que de la experiencia anterior se imponía hacer una reflexión sobre la extensión de la aplicación del 155, en tiempo y competencias afectadas. El Constitucional, en todo caso, ya ha dicho que esa es la última bala del Estado de derecho y que no puede aplicarse de forma indefinida.

Como hizo la noche anterior, Casado urgió a Sánchez a aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional en la comunidad, que obliga a los mandos policiales autonómicos a coordinar todas sus acciones con el Gobierno central. “No podemos tener esta incertidumbre, sobre todo porque hay agentes de la Policía Nacional, de los Mossos y de la Guardia Civil que han estado trabajando en jornadas de 18 horas poniendo en riesgo sus vidas y una veintena de ellos han tenido que ser atendidos por heridas de grupos muy violentos”, dijo. Finalmente, el líder del PP, pidió a la Fiscalía que actúe contra los CDR (comités de defensa de la república) y el grupo Tsunami Democràtic por los estragos que están causando en Cataluña e instó a Sánchez a romper los acuerdos del PSOE en 40 municipios y en la Diputación de Barcelona con las formaciones políticas cuyos líderes acaban de ser condenados por sedición.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que estuvo algo menos de una hora reunido con Sánchez, reclamó al Gobierno que apueste “por la vía del diálogo y la desinflamación en Cataluña”. “En el momento en el que la colaboración de los Mossos, Guardia Civil y la Policía Nacional se lleva a cabo en una situación de normalidad institucional, no hay justificación para aplicar la Ley de Seguridad Nacional”, defendió Iglesias. El líder de Unidas Podemos pide al PSOE que aclare si está en la línea “del diálogo” o en “el camino del PP y Ciudadanos”, en alusión al 155, que para Iglesias supone una forma de “cuestionar la voluntad popular de los ciudadanos de un territorio”.

La brecha entre el PSOE y Unidas Podemos se ha ensanchado en los últimos días tras conocerse la sentencia del procés. “Es miope pensar que el Derecho Penal sirva para resolver lo que no han podido hacer los dirigentes políticos”, insistió Iglesias. La formación que preside no descarta el indulto a los condenados.

“155 sin complejos”

El último en acudir a la convocatoria de Sánchez fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que por la mañana había celebrado un acto en Barcelona. Tras reunirse con el presidente en funciones, el presidente de Cs aseguró en La Moncloa que urge “cesar al pirómano”, en alusión a Quim Torra, para apagar el incendio y el “tsunami de violencia en Cataluña”. “Apliquemos el 155 de verdad, con serenidad, con temple, pero sin complejos”, declaró Rivera, que también se situó durante su intervención en el día posterior a las elecciones y prometió activar el artículo 155 si es “presidente” después del 10 de noviembre.

El líder de Ciudadanos urgió al Gobierno a “blindar” Cataluña enviando todos los agentes de la Policía y la Guardia Civil “que hagan falta y opinó que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que solicita Casado, “es insuficiente”. “La ley está bien, pero lo que yo quiero es quitar a Torra, que está cortando carreteras”. Rivera también anunció la convocatoria de una concentración el domingo bajo el lema "Basta ya, justicia y convivencia".

Santiago Abascal, de Vox, que no fue convocado a la ronda de reuniones de Sánchez, no considera suficiente ni la Ley de Seguridad Nacional, ni el artículo 155 de la Constitución, y reclama directamente la declaración del estado de excepción en Cataluña; es decir, la suspensión de las libertades fundamentales en la comunidad autónoma. No se aplica desde el franquismo.