La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción descubrieron los pagos entre la documentación intervenida en la sede del partido y figuran en el sumario de la llamada operación Petrum, cuyo secreto levantó parcialmente este viernes el instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch.

Una de esas empresas es Aquagest Región de Murcia, concesionaria del servicio público de agua en varios municipios de esa comunidad autónoma. En los informes de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso El Confidencial, se detalla que esa mercantil realizó una primera donación a CDC por importe de 40.000 euros el 26 de octubre de 2012, solo cuatro semanas antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña de ese año, celebradas el 25 de noviembre. Y dos semanas después, el 5 de diciembre, la misma empresa efectuó un segundo pago a la formación de Artur Mas y Carles Puigdemont de otros 20.000 euros.

Una segunda mercantil de Alicante también realizó pagos a CDC, a pesar de que el partido tampoco tiene ninguna relación con esta provincia. Según los informes de la Guardia Civil, Aquagest Levante SA, con sede en la capital alicantina y concesionaria también de contratos para la gestión de agua, habría donado a los convergentes 21.500 euros el 28 de marzo de 2011; 20.000 euros el 23 de julio de 2012; y otros 40.000 euros el 26 de octubre de ese año, nuevamente, en plena campaña de las elecciones autonómicas, a las que CiU se presentó por primera vez con la independencia de Cataluña en su programa. La donación se canalizó a través de una de las entidades satélite de CDC, CatDem. Como ya han acreditado los investigadores, el dinero se movía luego a la caja B del partido mediante facturas falsas por servicios inexistentes.

"Resulta absolutamente sorprendente que Aquagest Región de Murcia y Aquagest Levante suministren donaciones, bien a partidos, bien a fundaciones vinculadas a los mismos, en Cataluña”, manifiestan los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil en uno de sus informes. A la aparición de esas empresas habría que sumar los pagos de una tercera mercantil con actividad también fuera de Cataluña. Se trata de Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento, que gestiona el servicio de agua en ayuntamientos de Zamora, Badajoz y Pontevedra, entre otras, y tiene sus oficinas centrales en Valladolid. En la contabilidad de CDC aparece al menos un ingreso de esta otra empresa por importe de 20.000 euros. Se realizó el 3 de mayo de 2012.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han concluido que esos pagos formarían parte de una “argucia” urdida por el accionista de esas mercantiles, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar), para “diseminar las donaciones” que realizaba a CDC para asegurarse proyectos y licitaciones en Cataluña. Los contratos se amañaban en la antigua sede de CDC en la calle Córcega de Barcelona, pero el dinero salía de los recibos del agua que pagaban los contribuyentes de Murcia, Alicante y otras provincias de España.

Entre la documentación hallada en el despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca, aparecieron mensajes de intermediación ante ayuntamientos gobernados por CDC para desbloquear concesiones y saldar deudas pendientes, a pesar de que, en teoría, solo era responsable de las finanzas de la formación. “Tales actuaciones podrían constituir un presunto delito de tráfico de influencias, pues se están solicitando favores a Andreu Viloca para que utilice sus contactos y ascendencia dentro de Convergència con el fin de ejercer presión sobre funcionarios públicos”, recoge otro de los informes incorporados a la causa.

A la aparición de esas empresas habría que sumar los pagos de una tercera mercantil con actividad en Zamora, Badajoz y Pontevedra

El interés por conseguir contratos en Cataluña también provocó que otras empresas de ámbito nacional contribuyeran a financiar las aspiraciones independentistas de CDC. Es el caso de ACS, que como publicó El Confidencial este sábado, utilizó su Fundación para realizar una aportación a CatDem de 60.000 euros en 2011. Las pesquisas han concluido que la constructora presidida por Florentino Pérez selló con esa donación un contrato para gestionar la basuras y la limpieza viaria de Olot (Gerona) durante ocho años por un importe de 19,7 millones de euros más IVA. Otra empresa con domicilio en Madrid, la constructora Oproler, está considerada por los investigadores una de las mayores donantes de la trama. Pero con esos pagos, Oproler se garantizó adjudicaciones de decenas de ayuntamientos y empresas públicas controladas por CDC.

Viloca no solo tenía documentos de concesiones de Agbar. Del sumario se desprende que el tesorero manejaba información sobre las licitaciones que sacaba a concurso la administración catalana antes incluso de que aparecieran publicadas en los boletines oficiales. La Guardia Civil encontró en su despacho una carta que la jefa del Departamento de Licitación de la empresa pública Gestión de Infraestructuras SA (GISA), María Eugenia Tudela, remitió a la dirección del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) para publicar los pliegos para la construcción de un centro médico en Mataró (Barcelona). “Sorprende y llama la atención conocer qué justificación lógica puede sustentar sobre cómo una comunicación que la jefa de Licitación de GISA dirige al DOGC puede estar en poder de Andreu Viloca Serrano, que no tiene relación conocida, cargo o trabajo ni con la mencionada empresa pública ni en el diario oficial”, señalan los investigadores.