“Sí, su señoría, acepto los hechos en materia de la acusación fiscal”. La frase, pronunciada por el ex senador Jovino Novoa desde el estrado en una de las salas del Centro de Justicia el pasado 27 de noviembre, marca un antes y un después en la carrera e imagen política del tres veces presidente de la UDI. Con ella reconoció los delitos de facilitador de boletas y facturas falsas y el delito tributario de declaración falsa de impuestos en el caso Penta.

La sentencia que debe enfrentar el coronel de la UDI por estos delitos, obtenida luego de acordar con la Fiscalía un juicio abreviado, no incluye cárcel y fue confirmada este jueves por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que esta rechazara el recurso de nulidad presentado por el querellante Ciudadano Inteligente. La fundación buscaba conseguir que la condena fuera anulada para, de esa forma, llevar a Novoa a un juicio oral. El fallo confirma la pena remitida de 3 años y la multa de poco más $7.5 millones para el coronel gremialista.

En opinión de algunas fuentes del Ministerio Público, la sentencia lograda por el acuerdo entre Novoa y la Fiscalía deja una “vara muy baja”, que va a marcar el futuro de los otros actores políticos involucrados en la trama del financiamiento irregular de la actividad.

Las mismas fuentes señalan que “están bajando el techo muchísimo, están dejando las penas muy bajas. Tenían uno de los imputados con la mayor cantidad de delitos, que era Jovino Novoa, con apenas 3 años, que es poco. Esto fija un estándar”. Y agregan que en los otros casos, SQM y Corpesca, si los fiscales quieren subir las penas tendrán un problema, ya que “¿cómo explican a la gente que enfrenta menos delitos que Novoa que se busca una pena mayor? Y en SQM no hay nadie como Novoa, que llevaba boletas de todo el mundo, todo un talonario”.

Al respecto, el abogado de Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, manifiesta que “efectivamente la vara que ha dejado el Ministerio Público es bastante baja en el sentido que todos los imputados van a exigir el mismo trato por parte del Ministerio Público en casos similares, no solamente referidos al tema Penta, sino a todos los imputados que tengan delitos tributarios. Hace dos semanas tuvimos un caso en Antofagasta donde, en un caso tributario mucho más sencillo, al imputado se le aplicó una pena de 3 años y 1 día y 540 días. Y era un caso exactamente del mismo tipo penal, también de carácter reiterado, pero se aplicó una pena mucho más severa. Por lo tanto, el criterio que estableció la Fiscalía significa que todos los delitos tributarios de ahora para adelante van a poder ser sancionados solamente hasta 3 años de presidio menor en su grado medio y se le va a tener que reconocer a todos la atenuante de reparación celosa si pagan los impuestos, de colaboración sustancial si aceptan el procedimiento abreviado”.

Otro abogado de la plaza opina algo similar y califica la condena de Novoa como un “traje a la medida”, ya que de haber incluido un día más (para que fueran 3 años y 1 día en vez de 3 años) hubiese quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos. Parece que para la clase política aplica este criterio, pero no para el resto de la gallada. Es lo que vamos a ver en el futuro, con todos los personajes que faltan. Es un tema de clase, en los casos de la elite el Ministerio Público siempre va a poner la posibilidad de negociar un abreviado. No hay que olvidar que, desde el punto de vista procesal penal, es el Ministerio Público el que tiene el poder de ajustar la prenda, ya que él se sienta a negociar. Por eso es impresentable la condena de Novoa. Además, sienta precedentes, criterios y jurisprudencia”, agrega este profesional.

Las críticas anteriores son rechazadas, sin embargo, por una fuente de Fiscalía que ha conocido de cerca los casos de platas políticas. Según este actor, la condena del caso Novoa es “alta” si se considera que por $15 millones de fraude se lograron 3 años de presidio remitido. “Muestren una condena mayor por delitos tributarios ¿Hace un año alguien pensó que se iba a condenar a Novoa?”, pregunta. No son pocos los que creen, al interior de la Fiscalía, que el escaso avance en la causa SQM es lo que “realmente ensucia” la gestión del organismo. En ese caso “solo hay imputados menores formalizados” y es donde está “todo denunciado por el SII desde abril, todos los boleteros y a todas las sociedades”, señalan fuentes internas, por lo que la Fiscalía no necesitaría nada más para que la indagatoria avance a mayor velocidad.

En la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en mayo de 2015, Novoa –formalizado el 22 de junio por la Fiscalía– fue acusado de los delitos tributarios de declaración maliciosamente falsa o incompleta de impuestos (artículo 97 Nº 4, inciso primero del Código Tributario), y emisión de boletas y facturas falsas (artículo 97 Nº 4, inciso final del Código Tributario), así como infracción al artículo 64 de la Ley de Donaciones (16.271), en carácter de reiterados.

Fuentes ligadas al caso señalan que “el único que lo superaba en delitos era Pablo Wagner, que tenía lavado de activos y cohecho. De acuerdo al criterio que hace la Fiscalía, de retirar cargos para poder negociar y regalarles atenuantes a los imputados, claro, cualquier caso por muy grave que sea hoy día es negociable".

Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera, enfrenta una querella del SII, presentada el 9 de enero de 2015, por facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta. La Fiscalía, en tanto, lo formalizó por el delito de cohecho y lavado de activos.

Los demás políticos formalizados en el caso Penta, entre los que se cuentan Iván Moreira, Felipe de Mussy, Alberto Cardemil y Pablo Zalaquett, enfrentan querellas por delitos tributarios por emisión de boletas y facturas falsas (artículo 97 Nº 4, inciso final del Código Tributario) y en algunos casos por infracción a la Ley de Donaciones.

Otro abogado de la plaza opina algo similar y califica la condena de Novoa como un “traje a la medida”, ya que de haber incluido un día más (para que fueran 3 años y 1 día en vez de 3 años) hubiese quedado inhabilitado para ejercer cargos públicos. Parece que para la clase política aplica este criterio, pero no para el resto de la gallada. Es lo que vamos a ver en el futuro, con todos los personajes que faltan. Es un tema de clase, en los casos de la elite el Ministerio Público siempre va a poner la posibilidad de negociar un abreviado. No hay que olvidar que, desde el punto de vista procesal penal, es el Ministerio Público el que tiene el poder de ajustar la prenda, ya que él se sienta a negociar. Por eso es impresentable la condena de Novoa. Además, sienta precedentes, criterios y jurisprudencia”, agrega este profesional.

Los otros políticos formalizados en aristas SQM y Corpesca

En la arista SQM y sus distintas filiales, varios son los políticos que ya enfrentan querellas. La minera y sus distintas filiales han rectificado más de US$ 14 millones ante el SII, lo que significa que reconocieron que se trató de pagos irregulares, y las cifras de un reportaje elaborado por este medio identificó aportes con nombre, apellido y pertenencia política por US$6.3 millones.

Uno de los actores que aparece entre la generosa billetera de SQM es Claudio Eguiluz, consejero regional del Bío Bío por RN y ex vicepresidente del partido. La Fiscalía lo acusa de haberse adosado más de $570 millones mediante boletas falsas emitidas tanto por él como por sus colaboradores.

Eguiluz fue formalizado el 14 de noviembre pasado y se le imputan los delitos del 97 N°4, incisos primero y final (declaración de impuestos maliciosamente falsa y emisión de boletas y/o facturas falsas). En aquella audiencia, además de las 25 boletas falsas por $125 millones y por “servicios inexistentes”, se le adjudicó el haber facilitado 17 boletas falsas entre 2012 y 2013 por un total $340 millones. Ambos antecedentes sumados, además de ayudar a reducir la base imponible de SQM, según expuso la Fiscalía, habrían causado un perjuicio fiscal de $179 millones.

La defensa de Eguiluz peleó cada una de las medidas cautelares que la Fiscalía pedía en su contra y ganó, por lo que el ex vicepresidente de RN quedó con firma mensual y arraigo nacional.

Hacia fines del año pasado, quedó en evidencia que Marco Enríquez-Ominami también estaba enredado con SQM, en la amplia trama sobre los millones que la minera destinó de forma irregular al financiamiento de la política. En su caso el vínculo se dio a través de su mano derecha, el ex secretario general de su partido, Cristián Warner.

El 22 de septiembre el SII presentó la dilatada querella en contra de Cristián Warner –entre otros representantes legales de sociedades que allegaron recursos a campañas políticas– ante el Octavo Juzgado de Garantía. En concreto, Warner está querellado por delitos de facilitación de boletas y/o facturas falsas (Artículo 97 N° 4). El ex jefe de campaña de MEO emitió, según la querella del SII, 34 facturas a SQM Salar, entre marzo de 2011 y diciembre de 2013, por $362 millones 600 mil.

A esto se suma el vínculo entre ME-O y la minera controlada indirectamente por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, lo que quedó en evidencia con la publicación de un correo del 27 de diciembre de 2010 entre Warner y Katherine Bischof, secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, donde se refiere al “proyecto de ME-O”

También está el caso del ex embajador de Chile en la República Checa, Marcelo Rozas, quien surge como el nombre clave en la participación de la DC en la trama SQM, ya que mantiene una estrecha relación con Ponce Lerou. Rozas lo ayudó en los 90 a entender el proceso político de la transición, pero también tuvo un rol clave en las asesorías verbales de los hijos del presidente de la DC, Jorge Pizarro, y también en los trabajos que realizaron para la minera los hijos del diputado DC Roberto León .

En total, Rozas recibió por su cuenta más de $398 millones; quien fuera su cónyuge, Michelle Raymond Larraín, otros $135 millones; y el hijo de ambos, Daniel, recibió $137 millones adicionales, con lo que la cifra final de la familia Rozas asciende a los $640 millones provenientes de la minera. Los tres son parte de la denuncia penal por presuntas boletas falsas que presentó el SII el 24 de marzo pasado y se les adjudican delitos tributarios reiterados por facilitar documentación tributaria falsa que permitió a SQM “registrar como gasto en su contabilidad” boletas de honorarios falsas (incluyendo las de otros 70 contribuyentes), por un monto superior a $ 1.360 millones entre 2006 y 2014.

En tanto, en el caso Corpesca, el senador Jaime Orpis (UDI), que aún no ha sido formalizado, enfrenta una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por cohecho y malversación de caudales públicos, en donde se le acusa de “abogar” por intereses de pesqueras en el Congreso.

Días antes, el Ministerio Público solicitó el desafuero del parlamentario, para que pueda ser juzgado por tres delitos: lavado de activos, fraude al fisco y cohecho, por los $264 millones entregados por la empresa de los Angelini entre 2009 y 2013, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas ligadas al senador. El desafuero del congresista será decidido por La Corte de Apelaciones de Santiago.