Las iniciativas que están en debate con la pretensión de regular las encuestas relacionadas con temas electorales implican sanciones que van desde las multas económicas hasta la prisión.





Si bien es un tema que todavía no ha ingresado en el debate del sistema político, existen dos proyectos de ley que ya fueron presentados al Parlamento y, ahora, se suma una iniciativa presentada por la Cámara Uruguaya de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay. En el mundo existen diversas formas de regulación y en Uruguay se aplica lo que se conoce como el "modelo estadounidense" que no establece ningún tipo de regulación, salvo la veda electoral. Pero los errores en las últimas elecciones llevaron a que las empresas encuestadoras comenzaran a revisar sus métodos y que la posibilidad de regular y legislar sobre el tema vuelva a estar en el tapete.





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Si bien Uruguay tiene prestigio internacional respecto a sus encuestadoras –según coinciden expertos en el tema–, existen algunas visiones que entienden que regular puede aportar a la "transparencia" de la profesión y a contribuir a una mejor democracia.





A menos de dos años de las elecciones nacionales, el debate está sobre la mesa.





Contra la estafa

Uno de los primeros que quiso regular las encuestas fue el diputado colorado Fernando Amado quien, a fines de 2016, presentó un proyecto que pena con dos meses de prisión a tres años de penitenciaria "a quien manifestase haber realizado un estudio profesional de opinión pública –encuesta– , sin haber realizado actos materiales y profesionales alguno para obtener la medición de la opinión pública", según dice el proyecto. El diputado colorado decidió presentar un proyecto porque entiende que aparecieron "encuestas que desean marcar agenda y generar opinión pública". Amado considera que eso puede ser una "estafa" a la ciudadanía . En la exposición de motivos del proyecto, el diputado aclara que el objetivo no es regular a las encuestadoras ni a los profesionales, sino que pretende "penalizar la actividad de fraude, la mentira y el engaño". "¿Cómo puede ser que una persona sin empresa, sin personal, sin empresas contratadas, sin estructura de naturaleza alguna haga una encuesta a nivel nacional y departamental y que esta luego sea utilizada como insumo para establecer agenda?", se pregunta. Las sanciones se aplicarían, en caso de que el proyecto obtenga respaldo, tanto a la persona que realizó la encuesta como a aquel que pagó para que se realizara.





Registro de encuestas

Uno de los principales impulsores de la regulación en este rubro es Daniel Mordecki, consultor y docente universitario, quien apunta a la "transparencia" para "mejorar la democracia". Su proyecto, presentado al presidente de la Cámara de Diputado, José Carlos Mahía (Frente Amplio), pretende establecer reglas de juego claras para las encuestas electorales que son difundidas en los medios de comunicación. La iniciativa establece que los encuestadores deberán registrar la encuesta en la web de la Corte Electoral donde tendrán que aclarar, entre otras cosas, la población objeto, la metodología, el detalle completo de todas las preguntas, establecer una ficha técnica para la difusión pública y, en caso de que la financiación incluya agrupaciones políticas, dejar constancia de ello. "Las encuestas de opinión tienen una incidencia significativa en la vida política", se advierte en el proyecto. La Corte Electoral será la encargada de fiscalizar si se cumple o no la ley y, en caso de que no se cumpla, las sanciones caerán sobre la encuestadora y el medio que la difunda. Las multas van desde 100.000 unidades indexadas ($ 380.000) y un mes de prohibición en difución de encuestas, hasta 2 millones de UI (unos $ 7,5 millones) y la prohibición perpetua. El proyecto establece que la información de la encuestadora debe estar publicada en la web.





Comisión de notables

La Cámara Uruguaya de Empresas de Investigación Social y de Mercado del Uruguay ya ha avanzado con una autorregulación de su trabajo. Se trata de un protocolo de actuación que implica que cualquier consultora que difunda una encuesta en medios masivos de comunicación deberá obligatoriamente difundir la ficha técnica con datos como el tamaño muestral, el método de selección de los entrevistados, la formulación exacta de las preguntas, el universo representado por la muestra, el margen de error y el financiamiento. Sin embargo, esta autoregulación no le permite aplicar sanciones –extremo al que pretenden llegar– y, además, quedan por fuera aquellas empresas que no pertenecen a la cámara. "Una ley nos puede dar algún apoyo" para regular aún más el trabajo de las encuestadoras dijo Francisco Rodríguez, vicepresidente de la cámara. Si bien la organización no presentó un proyecto concreto, estableció algunos parámetros que implicarían crear una "comisión de notables" que tengan la capacidad de fiscalizar el tema. Según dijo Rodríguez, el proyecto debería definir qué es una encuesta. "La investigación electoral tiene un impacto público. Es información que trasciende quién la hace y quién la paga", agregó. Este proyecto también se limitaría a las encuestas que tengan que ver con elecciones.