La ex Alcaldesa se agarró viajando por el mundo y condujo las finanzas de la capital potosina a la bancarrota. ¿Llegó la hora de pagar?

Por Patricia Ruiz

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo/Pulso).– El Juzgado Sexto de San Luis Potosí libró órdenes de aprehensión en contra de la ex Alcaldesa priista Victoria Labastida Aguirre y otros cuatro funcionarios de primer nivel.

Fuentes del gobierno estatal confirmaron la versión a Pulso de San Luis. Los otros cuatro funcionarios involucrados son el Tesorero de esa administración, Agustín Soberón Álvarez; el Secretario del Ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; Luis Miguel Ávalos Oyarvides, Regidor y Alcalde interino y la Contralora Interna municipal, Glafira Ruiz Leura.

“No es un tema de si se quiere o no, tienen que cumplir con la ley, estos no son temas que aparezcan de un día a otro y que tengan que ver con que se presente una nueva administración, son procesos que tienen una continuidad”, dijo el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

La información de la que se dispone indica que los delitos por los cuales se emitieron las órdenes de aprehensión son peculado y uso indebido de la función pública, entre otros.

Victoria Labastida Aguirre se agarró viajando por el mundo con dinero público y, cuando le reclamaron, llamó “pueblerinos” a los potosinos. Le advirtieron que su Tesorero tenía antecedentes de corrupción y dijo que se merecía una “segunda oportunidad”. Le anticiparon que su municipio iba hacia una catástrofe financiera, y apresuró el paso hacia el barranco: si en 2011 la Auditoría Superior de San Luis Potosí (ASE) encontró irregularidades en 25 millones, para 2012 las observaciones recaían sobre 234 millones de pesos.

Localmente se preguntaban por qué si la oposición, una parte del PRI, el gobierno local y el órgano de vigilancia la señalaban por desvíos, corrupción y dispendio, la ex Alcaldesa no estaba en prisión o siquiera demandada.

Pero su suerte, parece, terminó.

Tras investigar las irregularidades registradas en la administración 2009-2012, la Auditoría Superior del Estado detectó irregulares atribuidas a los cinco funcionarios por 464.8 millones de pesos, por lo que inició en abril de 2014 el proceso administrativo de responsabilidad ASE-AEL-PAR-29/12, a partir del cual, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios involucrados.

El caso casi no avanzó durante el recién finalizado gobierno de Fernando Toranzo Fernández, y no fue hasta que, ya iniciada la nueva administración estatal, la PGJE obtuvo del Poder Judicial del Estado las órdenes de aprehensión.

Actualmente, elementos de la Policía Ministerial buscan a los funcionarios para cumplimentarlas.

El mandatario estatal dijo que su obligación es cumplir con la ley para complementar la orden del juez, no obstante, deben cuidarse las garantías de las personas que se buscan.