El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) analizará la subida del 0,25% de las pensiones en España que ha aprobado en los últimos cinco años el Gobierno de Rajoy. El tribunal ha admitido a trámite la demanda interpuesta por los abogados de Colectivo Ronda en representación de Domiciano Sandoval, activista y portavoz de la Marea Pensionista, contra la decisión de España desvincular la revisión anual de las pensiones de la evolución del IPC mediante la aplicación del índice de revalorización aprobado por el Ejecutivo en su reforma de 2013.

"El 0,25 es una mierda": miles de pensionistas se concentran contra la reforma de las pensiones del Gobierno

Saber más

El colectivo de abogados ha informado este martes de la admisión a trámite del TEDH y ha destacado que "según datos facilitados por la propia Curia Europea, sólo el 5% de las demandas elevadas frente al Tribunal de Estrasburgo denunciando vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos son admitidas a trámite y terminan siendo resueltas por el TEDH".

En el documento de la admisión a trámite, el secretario del Tribunal comunica que "el caso será sometido a examen del tribunal tan pronto como sea posible". Desde el colectivo subrayan a este medio que son optimistas con los plazos para obtener una respuesta de Estrasburgo dada la rapidez, poco habitual, con la que han admitido a trámite la demanda.

La denuncia de Dominiano Sandoval, dirigida por Colectivo Ronda, se basa en la vulneración por parte del Estado español "tanto del convenio 102 de la OIT –firmado y ratificado por España– como, de forma más específica, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea", explican los abogados. Según defiende, la normativa establece "de forma inequívoca" la obligación por parte de los estados de garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida, algo que no garantiza el índice de revalorización (IRP).

Este índice, uno de los elementos clave de la reforma unilateral del sistema de pensiones pòr parte del Gobierno en 2013, implica una subida mínima garantizada de las pensiones del 0,25% cuando el sistema es deficitario, como en la actualidad. El 0,25% ha sacado a la calle a cientos de miles de pensionistas en el último mes, que exigen unas "pensiones dignas" y la revalorización ligada a la subida de los precios. Este 2017, los pensionistas perdieron poder adquisitivo ante un aumento del IPC del 1,2%.

Desde Colectivo Ronda recuerdan también que el pasado 30 de noviembre de 2012 entró en en vigor el RDLey 28/2012, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, "que imponía por primera vez una revalorización de las pensiones de jubilación en un porcentaje inferior al del IPC". La desvinculación quedó luego confirmada en la reforma de 2013, que "pasaba a supeditar la revalorización anual de las pensiones al resultado de una compleja y opaca formula constituida por un denso entramado de variables macroeconómicas que en ningún caso contemplan la obligación por parte del gobierno de proteger los pensionistas frente a una eventual pérdida de poder adquisitivo", denuncian los abogados.

Un comunicado del colectivo incluye las declaraciones de Domiciano Sandoval de rechazo a las últimas medidas del Gobierno a través de los Presupuestos, que mantienen la revalorización del 0,25% aunque recogen subidas mayores para las pensiones mínimas y de menor cuantía: "La tendencia es al agravamiento de este escenario. Una tendencia que no revertirá con promesas demagógicas de subidas exiguas a colectivos de pensionistas especialmente desfavorecidos, sino aplicando un sistema que tenga como objetivo prioritario la defensa de nuestro poder adquisitivo y garantías de pensiones dignas y suficientes, no parches tendenciosos e interesados".

Para Miguel Arenas, abogado de Colectivo Ronda responsable de la dirección jurídica de la demanda, "preservar el poder adquisitivo de los pensionistas no es cuestión de voluntad política, es una obligación legal. Por supuesto, también una obligación moral, pero por encima de todo, una obligación legal. España no está respetando la legislación comunitaria y está violentando los derechos de sus pensionistas".