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El ‘decretazo digital’ ya tiene beneficiario: Telefónica ha sido contratada por el Ministerio del Interior para gestionar la interceptación de las comunicaciones electrónicas de la ciudadanía.

Telefónica será la encargada de poner a punto el sistema integral para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas que será utilizado por el Ministerio del Interior. El departamento liderado por el ex magistrado a la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, acaba de adjudicar de nuevo el contrato a la filial de soluciones tecnológicas de la operadora en España por un valor de 45 millones de euros.

Todo arrancaba el pasado mes de febrero. El ministerio inició los primeros trámites administrativos de esta adjudicación con una memoria justificativa de este contrato. Unos meses después, en junio, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez autorizó la ejecución de contrato por un valor estimado de 75 millones de euros. Era el pistoletazo del proceso que terminó la pasada semana.

España es gastarà 45 milions d'euros en interceptar les comunicacions dels telèfons mòbils dels ciutadans. Notícies que passen desapercebudes però que quan la poses al costat del "decretazo digital" s'entenen moltes coses. pic.twitter.com/QoBOFPqncK — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) December 3, 2019

El procedimiento elegido ha sido el de la negociación sin publicidad. Es decir, no se trata de un concurso público, sino que es Interior quien llama a diferentes compañías del sector para que presenten ofertas para pujar por el contrato público. Se invitó a otras cuatro compañías además de Telefónica, según reza en la resolución de la adjudicación consultada por La Información: Indra, Excem Grupo 1971, el grupo de I+D en ciberseguridad Dars Telecom (en manos del grupo Datatronics) y la división de consultoría del gigante estadounidense BAE Systems. Varias de ellas han sido contratistas del propio Interior en diferentes adjudicaciones en el pasado.

Ninguna de ellas presentó oferta… menos Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, la tercera gran filial de la operadora en España junto a la de móviles y la corporativa. Y ha sido, por ende, adjudicataria del contrato, del que ya lo era en el pasado. En total, el precio total es de 54,5 millones de euros: 45 millones más 9,45 en concepto de IVA. La duración del mismo es de tres años prorrogables con otros dos adicionales.

Este presupuesto es, básicamente, el tope que había fijado el propio ministerio. Esta oferta fue analizada en la mesa de contratación a mediados del mes de octubre. Y en ella se advertía: «No es posible mejorar nuestra propuesta presentada el pasado 14 de octubre, ratificando nuestra propuesta inicial».

Las tripas del sistema

El sistema que deberá poner a punto la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete permitirá, según queda reflejado en la documentación oficial, cumplir con los requerimientos establecidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de las órdenes relativas a las intervenciones legales de comunicaciones electrónicas y la conservación de los datos «con las suficientes garantías de operatividad, seguridad y validez jurídica».

A esto suma también la necesidad de unificar la gestión de soportes, mantenimientos, nuevas adquisiciones y renovaciones de la infraestructura que soporte estas intervenciones legales, además de potenciar los mecanismos de control de la plataforma para la optimización de recursos.

Entre los requisitos técnicos que cumple la operadora, según Interior, se encuentra una solución de movilidad que permitirá realizar la localización, bloqueo y borrado del contenido de equipos de manera remota. Asimismo el contrato con Telefónica incluye herramientas para visualizar el estado de las redes sociales y el contenido de las comunicaciones, así como también para acceder a la información proveniente de fuentes abiertas.

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