El ex secretario de Obras Públicas José López aceptó ayer hablar por primera vez con un juez desde que está preso. Citado a indagatoria por Marcelo Martínez de Giorgi, negó cualquier responsabilidad en el desvío de los fondos que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.

López fue trasladado ayer a Comodoro Py bajo estrictas medidas de seguridad Alberto Raggio - DyN

Como secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, López está acusado de haber autorizado pagos multimillonarios para la construcción de viviendas sociales que fueron desviados dentro de una estructura que manejaron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación cuya líder es Hebe de Bonafini (citada para hoy).

Según López, él siempre cumplió con los pasos administrativos que preveía la ley y no era su secretaría sino las provincias y los municipios los que debían controlar que se hicieran las obras. Además, el ex funcionario afirmó que cuando los Schoklender dejaron la fundación (y se sospechaba ya que se habían quedado con dinero) él ordenó una auditoría a dos subsecretarios que trabajaban a sus órdenes: el de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Desarrollo Urbano y Vivienda, Luis Bontempo. "No advirtieron ningún desvío", declaró López.

Dijo además que en 2009 Fatala fue quien asumió el "seguimiento, control y aprobación de los certificados" de obras a pagarse. No obstante, López no acusó a nadie de irregularidad alguna. El eje central de su defensa fue que el gobierno nacional se limitaba a "financiar". No estaba en el día a día de las obras.

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López fue trasladado ayer, bien temprano, a los tribunales de Comodoro Py. Está mucho más flaco. Bajó 15 kilos, según sus propios cálculos. "Estaba tranquilo y muy estable", relató un funcionario que participó de la audiencia en la que se lo indagó. Toma medicamentos para la ansiedad y la presión, y en la cárcel está siendo atendido por un psicólogo.

No es la causa en la que declaró ayer aquella por la que está preso. Quien lo tiene detenido es el juez Daniel Rafecas, que lo procesó por enriquecimiento ilícito después de que López fue encontrado con 9 millones de dólares, la madrugada del 14 de junio, en el monasterio de General Rodríguez. En ese expediente, López se negó a declarar. Fue acusado de ser el dueño de esos millones cuyo origen no explicó y Rafecas, ante su silencio, lo procesó.

El lunes próximo volverá a ser indagado en ese caso. Ahora, acusado de ser el propietario en las sombras de una casa en Tigre. Originalmente, la audiencia estaba prevista para mañana, pero el juez la pospuso.

José Francisco López Fabián Marelli - Archivo

El lunes también está previsto que visite los tribunales de Comodoro Py el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que era el jefe de López, y será indagado, como él, por Martínez de Giorgi, en el causa de Sueños Compartidos.

La "hipótesis delictiva", según afirmó el juez cuando ordenó las indagatorias, indica que los Schoklender, "valiéndose del prestigio y de la trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado la fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas", organismo "dependiente del Ministerio de Planificación" de De Vido.

Para hoy está citada en esta causa Hebe de Bonafini. Es su segunda citación. La primera vez decidió no presentarse. "No voy a ir a declarar. Martínez de Giorgi, metete en el orto la declaración", dijo aquella vez. En los tribunales preveían que otra vez va a faltar. En ese caso, hoy mismo podría ser llevada a declarar por la fuerza pública. Hablar o no ante el juez es una opción que tienen los acusados, pero presentarse es obligatorio. Fuentes judiciales informaron que Bonafini no presentó abogado en la causa ni advirtió sobre motivo alguno para justificar su ausencia.

Martínez de Giorgi, al frente de esta causa desde hace cinco años, ordenó las indagatorias un día después de que López fue detenido en el monasterio de General Rodríguez. El juez dijo que finalmente tenía todos los informes para "reconstruir con claridad el camino recorrido por los fondos". La sospecha es que el monto desviado es de, al menos, 206.438.454 pesos.