Las boletas de agua se encarecerán en un promedio de 26% desde el próximo 1° de mayo. Al menos, esa es la propuesta de recomposición tarifaria que realizará la empresa estatal Aysa, que se encarga de la provisión del servicio de agua y cloacas en Buenos Aires. La firma también aplicará una quita de subsidios a casi un 30% de sus clientes (más de un millón de hogares). En ese caso, el impacto en esos bolsillos será del 68%, aunque escalonado y desde julio.

Después del incremento de luz (diciembre y febrero), gas (diciembre y abril, cuyo detalle se conocerá en una audiencia pasado mañana), agua promete ser el último aumento de "regulados" hasta septiembre. Habrá una audiencia pública el próximo 15 de marzo. De allí saldrá una recomendación de aumento que irá al ente regulador.

De acuerdo con las proyecciones de Aysa, cada cliente pagará $ 416 mensuales promedio por el servicio de agua y cloacas. La tarifa mínima será de $ 260 para acceder a esas prestaciones. En el Boletín Oficial de hoy se publicará la disposición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos con esta propuesta tarifaria.

La quita de subsidios abarcará a casi un 30% de los clientes (un millón de hogares sobre 3,3 millones en el padrón) y ya fue aprobada por el ente regulador (Eras) para 2017. Aysa comenzará a implementarla desde julio de este año y les removerá un 6,25% de descuento sobre su tarifa actual durante cuatro bimestres. De todas formas, correrá para quienes ya paguen una tarifa más baja que el promedio.

El precio del suministro de agua y cloacas no es igual en todas partes: es más elevado en los barrios considerados "pudientes" (como los del cordón norte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano), mientras que cae en otras zonas del Gran Buenos Aires, donde la mayoría de los vecinos tiene menor poder adquisitivo. "Las tarifas de los que viven en Belgrano son diferentes a las de barrios del conurbano", graficó José Luis Inglese, presidente del directorio de Aysa.

Sin embargo, habrá reducción en los descuentos que reciben los clientes por zonas. Hoy existen subsidios -a través de descuentos- que alcanzan a todo un barrio, cuando en esa misma localidad quizás convivan personas de diferente poder adquisitivo. "Hay usuarios que pueden pagar una tarifa más alta y están recibiendo un subsidio que no necesitan", puntualizó Inglese.

Para los hogares que dejen de percibir subsidios y puedan justificar que los siguen necesitando, Aysa les abrirá la posibilidad de acceder a una tarifa social ($ 65 mensuales por servicio). Hay 270.000 hogares que cuentan con ese beneficio. Tras la recomposición y remoción de descuentos, ese número de beneficiarios podría subir hasta 400.000 o más, según estimaciones de la empresa.

Aysa está dejando de medir los consumos por los metros cuadrados de la propiedad que recibe el servicio. Está facturando por los metros cúbicos consumidos a través de la instalación de medidores. De todas formas, eso aplica para clientes residenciales en casas. Los que viven en propiedad horizontal no cuentan con esa posibilidad.

En 2016, los ingresos de Aysa alcanzaban para cubrir un 12% de sus gastos. Con las nuevas tarifas, y tras varios ajustes, la facturación permitirá solventar sus gastos operativos (cerca de US$ 1.000 millones), mientras que invertirá otros US$ 1.000 millones en nuevas obras a través de una ON, aportes del Poder Ejecutivo y créditos de organismos internacionales.

"Hay 300.000 usuarios (de localidades como Jose C. Paz, Moreno o Merlo) que se incorporaron a Aysa en 2017. Por sus ingresos, están en la misma franja del 1,1 millón de hogares que hoy recibe subsidios. Se creó una situación de inequidad, que vamos a tratar de equilibrar", dicen en Aysa para justificar el número. Aysa está bajo la órbita de Rogelio Frigerio, ministro del Interior.