Francisco Rodríguez Landeta, ingeniero comercial de la U. Católica, de 33 años, es el hombre de moda del Gobierno. El jefe de la División de Gobierno Digital lanzó hace pocos días la aplicación CoronaApp, tecnología que permite a cada persona reportar y controlar sus síntomas y “activar digitalmente su cuarentena", para que el Gobierno pueda hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia.

Rodríguez, militante Evópoli y hombre de confianza de Blumel, pertenece al grupo de jóvenes profesionales conocidos como "los chicos" de Cristián Larroulet. El principal apoyo de Rodríguez en el segundo piso de La Moneda, además de Blumel, es el de Rafael Ariztía, uno de los asesores principales de Lorroulet, el defensor del modelo neoliberal al interior de Palacio.

Antes de que estuviera de moda, sin embargo, Rodríguez estuvo en el ojo del huracán, con su cargo pendiendo de un hilo, luego que desde la propia Secretaría General de la Presidencia (Segpres) se abriera un sumario en su contra por "adecuar" las bases de una licitación pública "a la medida" de un oferente en particular.

La compleja trama, que se maneja con absoluta reserva en la Secretaría General de la Presidencia y de la cual el equipo de asesores del segundo piso tiene pleno conocimiento, se desencadenó justo una semana antes del estallido social, cuando el fiscal de la Segpres, Matías Cox, abrió un sumario contra Rodríguez por una serie de hechos, que podrían constituir infracciones, en relación con la licitación pública para la actualización de la plataforma de datos abiertos, DataChile. Esta plataforma, cuya empresa responsable es DataWheel Chile Spa, es liderada por el científico chileno y profesor del MIT, César Hidalgo.

Originalmente la "Plataforma tecnológica interactiva para la visualización de datos abiertos para estimular la competitividad en Chile", fue una iniciativa Corfo aprobada el 2016 y que tenía como contraparte a la Direcon.

En 2018, a través de una "carta compromiso", la Segpres –en calidad de mandante– se hace cargo de DataChile y, con ello, también "las mantenciones operativas y actualizaciones básicas de la plataforma". Los costos asociados a esta etapa, establecidos por convenio marco, debían ser asumidos por la Segpres y DataWheel Chile Spa.

Hasta ahí todo bien. El problema surgió cuando, dentro de las mantenciones, se añadió la necesidad de incorporar el levantamiento de información de usuarios y el uso de licencias, que tienen costos adicionales. Como ambas cosas no estaban explícitas en el convenio de transferencia, se inició un proceso de licitación pública, para lo cual se comenzó a trabajar en las bases de licitación.

Como es de conocimiento público, la construcción de las bases de una licitación son reservadas y en ningún caso pueden participar en su elaboración las empresas externas que luego se presenten en calidad de oferentes. Eso, sin embargo, fue precisamente lo que ocurrió y que derivó en el sumario que se ha mantenido bajo reserva.

De acuerdo a las pruebas que se encuentran en poder del fiscal Cox, Francisco Rodríguez, en su calidad de jefe de la División de Gobierno Digital, envió el 8 de octubre de 2019, a las 7:16 p.m., un correo electrónico a Catalina Gobantes, del equipo de César Hidalgo, donde le afirma lo siguiente: "Actualizaremos el documento original de bases de la licitación, para incorporar elementos adicionales que hayan emergido a raíz de nuestra conversación, que César resume bien en correo anterior".

Con posterioridad a este correo, el propio César Hidalgo envió, el 10 de octubre, otro a Francisco Rodríguez en respuesta a todas sus consultas.