El Movimiento Ética Socialista pidió que se aclare si en el caso de delitos calificados como «ordinarios» se aplica el artículo 200 de la Carta Magna, que considera al alto tribunal como única autoridad que puede ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, la detención y enjuiciamiento de un diputado.

«Le estamos preguntando a la Sala Constitucional si para esta situación es aplicable el mismo procedimiento del encabezado del artículo 200, ya que no es ni en el ejercicio de las funciones ni un delito político», aseguró a periodistas uno de los miembros de este movimiento, Francisco Artigas.

El artículo 200 de la Constitución prevé que los diputados «gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo». En caso de flagrancia, la ley prevé que la autoridad «pondrá bajo custodia en su residencia» al legislador y «se comunicará el hecho al Tribunal Supremo de Justicia».

La Asamblea Nacional está conformada por una mayoría opositora de 109 diputados, perteneciente a la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y otros 54 parlamentarios de los distintos partidos oficialistas.

«Hemos visto muchos diputados en abuso de poder cometiendo delitos que pudiéramos calificar de ordinarios», afirmó Artigas, quien agregó que esos delitos pudieran ser de «homicidio», «delito contra la cosa pública» o «traición a la patria».

El Movimiento Ética Socialista aseveró que esta acción está dirigida a «evitar el abuso de poder de los diputados» y a proteger «el derecho de acceso a la Justicia» de los ciudadanos.

Esta solicitud se hace luego de que distintos sectores afectos al gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo diputados oficialistas, hayan solicitado a la Fiscalía investigaciones a diputados opositores por «traición a la patria».