Mossos ayudan a guardias civiles a salir de una concentración de protesta ante la Conselleria d’Afers Exteriors. / FERRAN NADEU

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha reunido este mediodía a las 12.00 horas a los jefes de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para comunicarles que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, asume la coordinación de las tres fuerzas de seguridad para impedir la celebración del referèndum por la independencia previsto para el 1-O.

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El fiscal ha encargado que el Gabinete de Coordinación y Estudios del de la Secretaría de Estado de la Seguridad (Ministerio de Interior), que dirige el citado coronel Pérez de los Cobos, convoque "las reuniones" que sean necesarias entre los Mossos y las policías españolas para "requisar urnas", sobres electorales, manuales, propaganda y elementos informáticos destinados a la celebración de la consulta, órdenes recogidas en la instrucción 2/2017 del pasado 8 de septiembre. Romero de Tejada ha aclarado asimismo que este órgano estará bajo su "personal dirección".

Los Mossos no lo aceptan

En esta reunión, el 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, "ha expresado la voluntad" de la policía catalana de "no aceptar esta decisión", según ha explicado el conseller d'Interior, Joaquim Forn. El Govern, además, ha encargado también a sus asesores que den "respuesta jurídica" a una orden que interpretan como "una injerencia inaceptable".

Para las tareas de coordinación en Catalunya ya existe "la junta de seguridad", ha recordado Forn. Con este pretexto el Estado español lo que pretende es "intervenir" los Mossos de la misma manera que han hecho "con las finanzas". "Pedimos tranquilidad a todos los ciudadanos porque los Mossos no renunciarán a sus competencias", ha añadido.

¿Se debe hablar de desobediencia?

Fuentes judiciales consultadas por este diario matizan que, con esta negativa, el Govern todavía no ha desobedecido. Esta se haría efectiva el próximo lunes, durante la primera reunión de coordinación. Si en este encuentro, Trapero no se presentara, o no aceptara las órdenes del coronel Pérez de los Cobos, entonces la fiscalía sí podría acusarle de un delito de desobediencia. Un extremo que, de momento, no se contempla. Fuentes conocedoras de la conversación que han mantenido fiscal y jefes policiales este domingo, además, han subrayado a este diario que, a pesar de las declaraciones del conseller Forn, Trapero "en ningún momento se ha negado a incumplir las órdenes". Se dilucirá del todo durante la reunión de este lunes.

La orden de la fiscalía

El fiscal justifica la orden basándose en el artículo 46 de la Ley Orgánica 2/1986. Este dice que cuando las policías autonómicas "no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones" podrán recabar "el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Estas fuerzas "actuarán bajo el mando de sus Jefes naturales". El Govern entiende que este escenario no se ha dado en Catalunya. Por este motivo prepara un recurso jurídico para denunciarlo.

La Fiscalía ha tomado esta orden "a la vista de los últimos acontecimientos acaecidos", en alusión no explícita a episodios como el ocurrido frente a la Conselleria d'Economia, cuando los Mossos tardaron en actuar contra manifestantes independentistas que impedían la salida de la comitiva de 18 agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo una operación que se saldó con 14 detenciones de cargos públicos encargados de llevar a cabo la consulta. O del poco celo que hasta la fecha han demostrado los Mossos para cumplir con la misión de impedir el referèndum, una tarea que está liderando en solitario la Guarcia Civil.

El Ministerio desdramatiza la medida

Fuentes del Ministerio de Interior remarcan que "no se ha designado ningún mando porque el máximo responsable sigue siendo el fiscal. Tampoco se pretende substituir a los Mossos ni sustraer sus competencias. La medida se ha tomado ante la perspectiva que "continúen adelante los propósitos delictivos" de los organizadores de un referéndum que ha sido declarado ilegal.

El Ministerio de Interior lleva varias semanas trasladando agentes de CNP y GC hasta Catalunya. En total, unos 4.000. Con este refuerzo, ambos cuerpos españoles han aumentado su presencia en el territorio hasta los 10.000 policías. Los Mossos cuentan con más de 17.000 agentes.