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PP y PSOE negocian ya el reparto de magistrados del Constitucional. Hay que elegir los cuatro del Senado y el próximo 13 de enero acaba el plazo para la presentación de candidaturas. Los parlamentos autonómicos deben enviar sus propuestas y, por eso, se prevé que, a lo largo de esta semana, se concreten. Un baile de nombres, que siempre genera polémica. Más ahora que, entre ellos, hay que renovar al presidente Francisco Pérez de los Cobos y a la vicepresidenta, Adela Asúa.

Por eso mismo, ambas formaciones políticas llevan hablando desde hace días. Barajan la posibilidad de adjudicarse los puestos a medias. Con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, al PP le corresponden dos magistrados y si se buscara un reparto equitativo habría que dar uno sólo al PSOE, dejando el otro para el resto de grupos. Lo que ocurre es que los magistrados se eligen por mayoría de tres quintos (eso son 159 senadores) y PP y PSOE suman, entre los dos, más de 200. De modo que realmente pueden hacer lo que quieran y si lo cerrasen así, dejarían al resto fuera reforzando el bipartidismo.

En cualquier caso, el Tribunal seguirá en manos conservadoras. La idea es que los progresistas mantengan sus fuerzas. No vaya a ser que entre alguien elegido por Podemos o ERC y que, con su voto particular, genere cierta distorsión porque aún hay varios recursos pendientes y, sobre todo, se mantiene vivo el desafío independentista de Cataluña.

Y es que el Constitucional está moviendo todos los resortes jurídicos para frenar a los soberanistas catalanes. Ha acordado por unanimidad la suspensión de las resoluciones aprobadas por el Parlament para celebrar un referéndum. Además, ha advertido a sus cargos y a los de la Generalitat, que pueden incurrir en un delito si toman iniciativas sobre la consulta. Sin olvidar que también ha declarado la «nulidad» de las tres ponencias que impulsaron JxSí y la CUP para ‘las leyes de desconexión’.

Gran coalición

Además, en todo este tema, hay un transfondo político importante. El PP tiene continuos gestos con el PSOE y este podría ser uno más. Rajoy quiere que sea su socio prioritario. Desea una gran coalición desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y, ahora, de facto, la intenta alcanzar cada semana.

De ese modo se cerró con el PSOE el techo de gasto y, a cambio, los socialistas lograron que se fijara el defícit autonómico en el 0,6%. Además de colgarse la medalla de la subida del salario mínimo un 8%, el mayor incremento en 30 años. Ahora, además, también se ha pactado prohibir por ley los cortes de luz por pobreza energética. Y ahí está el acercamiento en violencia de género, educación… De este modo, el PSOE puede colgarse el cartel de ‘oposición útil’ y el PP el de ‘capacidad de diálogo’.

Y es que la orden que ha dado Rajoy a los suyos es «acordar con los socialistas y aguantar a los de Ciudadanos«. Los populares recuerdan que el pacto con la formación de Albert Rivera es sólo de investidura. Nada más. Y señalan que con él Rajoy no tiene química. Mientras que sí hay buena sintonía con Javier Fernández. Es más el presidente de la gestora socialista y también de Asturias, ha logrado sacar las cuentas de su Comunidad adelante con los votos el PP. La idea es ir «mejorando relaciones» con el fin de que, llegado el momento, los socialistas se replanteen su postura ante los Presupuestos.

Agencias/Prensa