La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. A esta conclusión llegaron Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos el pasado mes de septiembre cuando presentaron el dictamen sobre la comisión de investigación de la deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión.

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Tras el decreto del juzgado contencioso-administrativo número 9 de Madrid declarando la nulidad del acuerdo plenario para constituir la comisión, el consistorio ha vuelto a empezar desde cero. La resolución, del 13 de diciembre, estimó la nulidad de esta comisión al considerarla no conforme a derecho, avalando así al recurso interpuesto por el PP. Entonces, el consistorio acordó fragmentar la comisión por temas para que fuera viable y la comisión de investigación por la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre durante el Gobierno de Ana Botella se ha constituido este martes, tras ser aprobada en Pleno el pasado 31 de enero.

En la nueva comisión participará por primera vez el Partido Popular. En la anterior se negaron a hacerlo por considerar que era una "causa general" contra ellos. La presidencia de la comisión ha recaído por unanimidad en la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. El vicepresidente será el socialista Ramón Silva. Los conservadores acusaron a los socialistas de "vetarles" para presidir esta comisión a lo que Mercedes González contestó que no puede dirigir la comisión a quien se investiga su propia gestión.

En la comisión están representados cuatro miembros del PP -José Luis Martínez Almeida, Paloma García Romero, Ana Román y Orlando Chacón-; cuatro de Ahora Madrid -Rita Maestre, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras-; dos del PSOE -Ramón Silva y Mercedes González- y una de Ciudadanos -Silvia Saavedra.

Lo que está en el aire ahora es saber cómo será la comisión. Se plantean varios escenarios: que se repita por completo, que se convalide parte de la anterior o que se dé por buena la ya celebrada. El PP ha solicitado un plazo de diez días naturales para poder estudiar la documentación, una petición que ha sido afeada por Ahora Madrid que considera que la única motivación del grupo municipal popular es "dilatar el proceso". La próxima junta de portavoces está prevista para el 7 de marzo.

Los plantones que se podrían volver a repetir

Poner luz a uno de los episodios más criticados de la gestión de la anterior alcaldesa es el objetivo que se busca con la comisión de investigación. La celebrada entre junio y septiembre de 2016 tuvo pocas respuestas y aún mayores ausencias: una gran parte de los convocados ni siquiera asistieron.

La lista de quienes plantaron a la comisión fue notable. No quiso asistir la exalcaldesa de Madrid y máxima responsable de la gestión, Ana Botella. Tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS. Ni el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Ni Ana Gomendio López, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid. Ni los concejales del PP, Pablo Cavero y Borja Carabante. Ni el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen, entre otros cargos del PP.

"Si insisten en llamar a declarar a alguien, por parte de Ahora Madrid se planteará convocar a todos los que no asistieron a la anterior", aseguran fuentes del ejecutivo municipal.

El dictamen de la anterior comisión

El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según determinó la Cámara de Cuentas en su informe. Desde el Consistorio lo cuantificaron en alrededor de 160 millones de euros. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellos mismos", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC) la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos coincidieron en que esta venta de vivienda social fue una operación de "despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora" y que las "grandes dannificadas" fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 43%. Ha sido el caso de Arantxa Mejías, portavoz de afectados, que tras participar en la Comisión, recibió una orden de desahucio por parte de Fidere, la filial española de Brackstorm encargada de la gestión de la vivienda, a pesar de estar al corriente de los pagos. Mejías expuso como portavoz las dificultades a las que se enfrentan las familias y las irregularidades en el proceso. Finalmente, el Ayuntamiento arregló su situación.

Otra de las conclusiones que del dictamen se basó en que la Comunidad de Madrid, que en el momento de la operación presidía Ignacio González, fue "colaboradora necesaria". La presidenta de la Comisión, Marta Higueras, aseguró en la presentación de conclusiones finales del dictamen que ratificaron los tres grupos municipales, que la Comunidad de Madrid no solo no veló por el cumplimiento de la ley si no que "permitió el expolio".