El pasado 20 de diciembre de 2018, bajo el cargo de “sedición impropia”, el Segundo Juzgado Militar condenó a cinco años de reclusión militar en su grado máximo al capitán Rafael Harvey Valdés, el mismo uniformado que ha denunciado diversos hechos de corrupción al interior del Ejército. Esto, luego de que una investigación iniciada en la justicia castrense en septiembre de 2015 concluyera que Harvey indujo a desertar a 13 soldados que efectuaban su servicio militar en el Regimiento de Artillería N°1, quienes, al momento de dejar la institución, argumentaron haber sufrido cobros indebidos, malos tratos y amenazas por parte de superiores. Tal como detalla la resolución judicial, a la que The Clinic accedió en forma exclusiva “en efecto, días antes, a los soldados se les hizo un cobro indebido en la Unidad por elementos de abrigo, razón por la cual, tras enterarse de ello, el Comandante de la Tercera Batería, Capitán Harvey, les manifestó en una reunión efectuada el día 18 de agosto pasadas las 23:00 horas, que podían denunciar los hechos ante la Fiscalía Militar”. El documento, firmado por el juez Santiago Parra Zúñiga, agrega que “el Capitán Harvey, al indicarles que con desertar nada ocurriría aparte de sólo firmas mensuales sin mayores consecuencias y sin privación de libertad, y que estaban en su derecho de irse del Regimiento, con ello sólo contribuyó a formar en los Soldados la convicción de que podían abandonar el Regimiento sin mayores problemas, lo que implicó una inducción o incitación a cometer las deserciones”. En este sentido, cabe consignar que el delito de sedición impropia, según la normativa, castiga a quien induzca “a cualquier alboroto o desorden, de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, o hiciere llegar a conocimiento de las tropas especies destinadas a causarles disgusto o tibieza en el servicio”. Esta normativa, que hasta hace poco también podía aplicarse a civiles, se usó en los años 90 para perseguir a periodistas que denunciaban casos de corrupción en la institución castrense. Se argumentaba, igual que en este caso, que el hacer críticas o entregar información sobre conductas indebidas del mando, producía “tibieza” en las tropas hacia sus superiores y, por lo tanto, horadaba la disciplina militar.Los hechos que originaron la investigación sucedieron el 22 de abril de 2015, cuando, según el relato de los soldados, el capitán Álvaro Recabal Cervantes reunió a los 38 uniformados que hacía pocas semanas habían ingresado a hacer su servicio militar en el Regimiento Tacna, en la comuna de San Bernardo, para informarles que, por orden del mayor Rodrigo Manríquez Lerou, cada uno debía pagar $3.000 para costear la vestimenta que utilizarían (un par de guantes, un gorro y una coipa), además de $1.400 por los parches que debían coser en su uniforme. Esto, a pesar de que el Ejército provee de forma gratuita esos implementos, con cargo a recursos del Estado. -Pelao que no paga, no sale franco-, les dijo Recabal, según la denuncia que presentó la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago en representación de los soldados. Los conscriptos reunieron $167.200, que fueron recolectados por el cabo Francisco Almuna Poblete, a nombre de sus superiores. Luego de esta situación, que reconoce como irregular la propia investigación castrense, los soldados acusan que comenzaron a sufrir apremios ilegítimos, como golpes en el cuello, en la cabeza y cachetazos, por parte del cabo Almuna y otros superiores. En la misma línea, aseguraron que la teniente Macarena Cabrera Cantellano, que también trabajaba con el Regimiento Tacna, los “aporreaba”, es decir, los obligaba a realizar ejercicios físicos excesivos, poniendo en peligro la integridad de sus ejecutantes. Uno de ellos era el “trípode”, que consistía en permanecer con la cabeza apoyada en el suelo y con las piernas abiertas durante largo rato, lo que resentía la columna de los soldados. Además, acusaron que la teniente Cabrera los insultaba permanentemente, o bien, los trataba de un modo despectivo al tildarlos de “pelados pencas” cuando no soportaban los aporreos. El 10 de julio de 2015, el capitán Rafael Harvey envió un reclamo por estos hechos al Comandante en Jefe de la II División Motorizada, Lázaro Schafik Nazal, a cargo de varios regimientos a lo largo de Chile, entre ellos, el Nº1 de Artillería Tacna, explicando la situación del extraño cobro de los implementos, e informó que el mayor Manríquez y el coronel Marcelo Masalleras Viola -máxima autoridad del regimiento- conocían la situación, pues él mismo se las había informado. Diez días después, el 20 de julio de 2015, Harvey fue pasado a Escalafón de Complemento, y posteriormente, le informaron que no seguiría desempeñando sus funciones en la Tercera Batería de Combate. El 19 de agosto de 2015, cerca de las once de la noche, Harvey reunió a los soldados para despedirse de ellos y contarles que su partida se debía a un “encuadramiento”. Además, les informó que su cargo sería tomado por la Teniente Cabrera, lo que despertó inquietud en los conscriptos. De esta manera, según la declaración de Enrique Salkeld Meza, uno de los soldados presente, varios de sus compañeros expresaron que si ella tomaba el puesto preferían desertar y abandonar el Regimiento. “Entonces, mi capitán Harvey nos separó y nos preguntó que quiénes queríamos irnos del Regimiento, explicándonos que había estado averiguando sobre qué pasaría al no regresar de franco, comentado, además, que no pasaría nada y que no caeríamos a la cárcel (…) Luego nos comentó que podíamos ir a la Fiscalía Militar para decir lo que estaba pasando, respecto de la Teniente Cabrera y la estafa”, dijo Salkeld. Antes de finalizar su declaración, el mismo soldado detalló otros maltratos recibidos y contó cómo se les informó quién reemplazaría a Harvey: “Quiero denunciar también que desde que fui a campaña a Linares, llegamos y la teniente Cabrera le ordena a mi teniente Loyola que nos aporreara y nos sacara la mierda, a lo que él obedeció y nos dio un aplique de flexiones de piernas y brazos con el fusil, terminé mal, demasiado cansado, con mucho dolor (…) Luego cuando retornamos al Regimiento, nos formaron y nos dieron a conocer que mi teniente Macarena Cabrera sería nuestra Comandante de la Batería, estando formado el teniente Loyola dijo: “Se acabaron los permisos especiales, se acabaron los francos, se vienen sólo guardia y les van a sacar la chucha”. El viernes 21 de agosto del 2015, los 38 soldados de la Tercera Batería del regimiento salieron de franco. Tenían el fin de semana libre y debían regresar el domingo 23 en la noche. Sin embargo, trece de ellos no lo hicieron, sumándose a cuatro conscriptos que habían abandonado el regimiento antes, un día después de que Harvey se despidiera.En noviembre de 2018, Harvey había advertido en medios de prensa que su eventual condena sería una represalia por las constantes denuncias que ha efectuado en contra de la “red de protección a la corrupción” que existiría al interior de la entidad. Sin ir más lejos, una acción interpuesta por Harvey ante la Corte de Apelaciones, motivada por la “denegación arbitraria” de su ascenso, produjo que el Ejército reconociera ante la Justicia que ascendió a uniformados mientras mantenían causas abiertas por fraude al fisco, argumentando falta de información al respecto. Anteriormente, Harvey emprendió una serie de reclamos que apuntaban a la falta de protección con que cuentan los efectivos que denuncian actos de corrupción en las filas de la institución. Así, por ejemplo, se lo hizo saber a la Junta de Apelaciones de Oficiales Jefes y Superiores, cuando envió un informe en el que indicaba que sus pares “no asumen el riesgo de denunciar por conducto regular, actitud del todo entendible al ver las consecuencias que tienen los militares que denuncien algún hecho de corrupción”, según un extracto citado por La Tercera . En la misma línea, expuso que en 2015 fue el “único oficial dejado sin ascender”, que fue pasado al escalafón de Complemento, y que en 2016 fue pasado a retiro. Cabe consignar que para efectos de su condena, a Harvey se le abonarán los 22 días que permaneció privado de libertad durante 2015, cuando fue derivado a prisión preventiva por la misma causa. Además, deberá cumplir la “pena accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos (…), y a la pena accesoria militar de separación de servicio”.