En rueda de prensa, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el PSUV «rechaza absolutamente y en todas sus partes» el informe de derechos humanos que el pasado 5 de julio presentó Naciones Unidas y sostuvo que ese documento «lo define un señor que se llama Elliot Abrams».

En ese sentido, convocó a los movimientos sociales afines a una marcha este sábado 13 de julio «para que el mundo sepa que nosotros rechazamos ese informe», así como a «enviar las cartas, hacer lo que tengamos que hacer».

Cabello dijo que en el reporte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, «hay una gran cantidad de cosas que no están debidamente probadas» y aseguró que no podrán comprobarse porque «no existen, porque no se dieron».

En el documento presentado por Bachelet se denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

El escrito se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Según el también presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Bachelet «ha emitido una opinión personal» y la acusó de haber gobernado en Chile durante «ocho años con la misma constitución de un dictador».

Cabello afirmó que aunque sabían que el resultado del informe sería negativo, le permitieron a la expresidenta visitar Venezuela porque de negarle el ingreso «quizás era peor».

En este sentido, esgrimió que «ese informe no lo hace ella» y que Bachelet «lo que hace es de manera irresponsable firmarlo, pero ese informe es realizado, hecho, redactado por el imperialismo norteamericano».

Cabello consideró que el objetivo del informe, que resume en 83 puntos una serie de violaciones a los derechos humanos y ofrece recomendaciones para subsanar la situación, es «colocar a Venezuela en una situación desventajosa en el tema de los derechos humanos».

Como ejemplo del respeto a los derechos humanos, informó que hay «140 funcionarios del Estado sancionados» por la justicia venezolana por casos relacionados con la violación de derechos fundamentales.