El Estado español arrastra desde hace años un agujero financiero provocado por los programas de armamento del Ministerio de Defensa que ni el PP ni el PSOE se han atrevido a solucionar. Con los 10.000 millones de euros adicionales que el Consejo de Ministros aprobó, en octubre pasado, destinar a la compra de nuevo armamento, la llamada deuda de Defensa, también conocida como "hipoteca militar", se disparará hasta los 33.500 millones, un monto que tendrán que pagar todos los españoles de aquí a 2030.

Tanto PP como PSOE están en el germen de este agujero. Fue el Gobierno de José María Aznar el que comenzó a acumular esta deuda con la puesta en marcha, en 1997, de la compra de las fragatas F-100 y los "Eurofighter", proyecto este último aprobado por el anterior Gobierno de Felipe González.

La bola de nieve fue creciendo, gracias a que el gasto se costeaba con créditos a los programas de armamento financiados por el Ministerio de Industria, con lo que no se incurría en déficit al no contabilizarse como inversión. Industria adelanta el dinero y las empresas cobran al final del proyecto. El agujero fue creciendo hasta alcanzar los 30.000 millones de euros (casi el 3% del PIB), al estilo de como lo ha hecho, en menos años, el déficit de tarifa del sector eléctrico.

La deuda engordó sin freno con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios, que siguen sin tomar medidas para atajarlo. El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, dijo el año pasado que ya se habían pagado 6.000 millones y que la deuda de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) aún rondaba los 23.500 millones.

Montoro no se queja porque los créditos para armamento los financia Industria y no se contabilizan como inversión, con lo que no impactan en el déficit público

Pero en paralelo su jefe, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que durante años fue directivo de varias empresas del sector militar, sacó en 2014 adelante un nuevo aporte de 10.000 millones de euros para estos programas, de forma que los 33.500 millones de deuda no se pagarán hasta 2030, tal y como ha reconocido el propio Ministerio.

UPyD y los partidos de izquierda se echaron encima del Gobierno por relanzar los programas especiales de armamento, pero el PSOE, sabedor de que buena parte de la deuda se arrastra de la época de Zapatero (con José Bono en Defensa) y de que sus críticas al gasto se podrían volver en su contra en plena campaña electoral, ha preferido mantener un perfil bajo.

Diego López Garrido, portavoz de Defensa del PSOE, se ha unido tímidamente a UPyD e IU en su batalla contra los créditos extraordinarios, pero sin alzar una voz crítica como la que sí han desplegado los otros dos partidos de la oposición.

En los próximos 15 años, el erario público tendrá que costear los más de 30.000 millones de deuda que acumulan los programas especiales de armamento

La voz cantante la ha llevado Irene Lozano, diputada de UPyD, que ha denunciado públicamente y en varias ocasiones el desmadre presupuestario de los PEAS. Es una deuda que no afecta al déficit público y, por lo tanto, se sufraga lentamente y con cargo a créditos extraordinarios aprobados en verano, cuando luz y taquígrafos decaen por vacaciones.

El Gobierno ha concedido a Defensa créditos extraordinarios de 1.783 millones en 2012, 877 en 2013 y 884 en 2014 para tapar parte de este agujero que realmente sustentan las cuentas del Ministerio de Industria.

Y para este año, Argüelles ya ha avanzado que se pedirá entre 800 y 900 millones por la misma vía presupuestaria, decreto veraniego ad hoc.

Según los expertos consultados, quedan por delante unos 15 años en los que el erario público tendrá que ir sufragando, con cargo a los presupuestos ordinarios y especiales para Defensa, la "hipoteca militar sobre la que los dos grandes partidos no entran en batalla. Además, cuentan con la ventaja de que al ser créditos de I+D+i de Industria, no computan para el déficit público y Montoro no se queja".