El Tribunal Constitucional español no puede juzgar a los políticos soberanistas ni desactivar las leyes que han impulsado el procés de independencia catalán, toda vez que en esas causas se dirimen cuestiones reguladas por la UE y, por tanto, quedan bajo competencia comunitaria. Este es el pilar sobre el que se basará la estrategia jurídica preparada por un equipo multidisciplinar contratado por ERC para defender el encaje del procés en el ordenamiento jurídico de la UE.

El objetivo último es que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que decida si la autodeterminación es un derecho contemplado en la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión. En el documento de 45 páginas que detalla dicha estrategia, al que ha tenido acceso este medio, se razona que la Carta recoge como derechos conceptos abiertos como "dignidad humana", lo que para los soberanistas "implica que, tal y como ocurre en la jurisprudencia comparada, se abre el catálogo a figuras que no están contenidas explícitamente".

No obstante, el núcleo de la argumentación se centra en las competencias cedidas por España a la UE que ha vaciado de contenido la Constitución. El equipo jurídico independentista defiende que "no se pueden otorgar poderes o reconocer derechos a un estado en una constitución si estos no se poseen o se han cedido a terceros". De esta forma, interpretan que numerosos artículos de la Carta Magna son ahora "decorativos", puesto que la UE ha legislado sobre ellos, y sus disposiciones siempre prevalecen sobre las leyes nacionales. "Muchos de los procedimientos que el Gobierno español ha interpuesto ante el TC debería haberlos puesto ante el TJUE, porque el TC no tiene ya esta soberanía", opina en una entrevista con Público el coordinador del equipo, el abogado Josep Jover.

Libertad de expresión y cohesión territorial

Siempre a juicio del equipo jurídico contratado por ERC, esto habría ocurrido en varios aspectos que atañen al procés. Así sucedería con la libertad de expresión, recogida en la citada Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión y sobre la que se fundamentaría el derecho a convocar la consulta del 1 de octubre. Pero la pérdida de soberanía española llegaría también a aspectos como la cohesión territorial, una competencia compartida con la UE regulada en varias directivas y reglamentos de las instituciones comunitarias.

La reglamentación europea no contempla la posibilidad de que una parte de un Estado miembro se independice, pero según apunta el documento con la estrategia jurídica soberanista, la UE determina que en cuestiones de soberanía compartida "los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya". Jover abunda que "hay, por ejemplo, una Carta sobre cómo se ha de desarrollar la autonomía de las regiones. Lógicamente la UE no ha legislado diciendo que los catalanes se puedan independizar, pero legislar lo ha legislado". Por ello, concluyen los independentistas, cualquier conflicto sobre si esa regulación alcanza o no la autodeterminación debe dirimirse en el TJUE.



"España sólo es soberana del resto que queda. La aplicación del famoso artículo 155 o de la Ley de Seguridad Nacional quedaría limitada a aquellos sectores donde el Estado Español tiene la soberanía, no donde ya la hubiese cedido o compartido con la Unión Europea", señala el documento, y enfatiza: "El Estado central no puede llevar este asunto ante su Constitucional. Ya no tiene la soberanía sobre esa materia. Ha de formular un contencioso administrativo con el potestativo reenvío prejudicial al TJUE. Esto vaciaría de contenido más de la mitad de las impugnaciones del Estado frente al TC de las leyes autonómicas".



El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durante el debate sobre la Ley de Transitoriedad en el Parlament, este jueves. PAU BARRENA / AFP

Una Constitución inalterada, un sistema constitucional “transformado”



Si bien el equipo jurídico contratado por ERC señala que la Constitución de 1978 se caracteriza por su rigidez, ya que "carece de mecanismos fáciles" que permitan modificarla y "su estructura interna es, pues, la propia de las constituciones impuestas"; defiende que la Carta Magna ha cambiado profundamente desde su entrada en vigor, debido a las constantes cesiones de soberanía ante la UE. Algo que la propia Constitución prevé en su artículo 93.

"La Constitución española actual no es la misma que la que fue aprobada inicialmente en 1978. Su contenido y su eficacia normativa se han visto enormemente alterados por el derecho europeo", argumenta el texto. "Sin embargo", continúan los juristas soberanistas, "el sistema constitucional se ha transformado de forma sustantiva en un proceso de mutación continuada que se ha ido produciendo mediante las sucesivas leyes orgánicas".

Cabe recordar que Catalunya votó masivamente a favor de la Constitución del 78. En todas sus provincias el sí superó el 90% (la media nacional fue del 88%) y la participación superó la media nacional. Catalunya y Andalucía fueron las comunidades que mostraron un mayor apoyo a la Carta Magna.

Un manual para defender el procés

El texto al que ha tenido acceso Público se constituye como un manual para encajar el procés en el ordenamiento jurídico comunitario, así como ofrecer un apoyo a las defensas de los políticos que han sido imputados o inhabilitados por impulsarlo. "No nos han contratado para defender a Carme Forcadell", explica Josep Jover, "sino para diseñar las herramientas jurídicas a nivel comunitario para que las defensas puedan usarlas".

Al equipo jurídico soberanista pertenecen Verónica Luque, abogada de Bilbao experta en libertad de expresión; José Giménez Alcover, abogado de Barcelona experto en Derecho Comunitario; María José Gracia Becerril, especialista en normativa comunitaria y secretaria de Gelida; Carles Sánchez Ruiz, ex-subdirector general de la Policía de Terrassa; Sheila Hernández, matemática de Barcelona; Natalia Escánez Comino, abogada experta en derecho civil internacional de Ripollet, Carmen Moliné Jorques, abogada especialista en derecho comunitario de Barcelona; Jordi Pursals García, capitán de Policía jubilado y ex profesor de Derechos Humanos y deontología en la Academia de Policía de Sant Celoni; Josep Soteras Robert, activista cultural de Barcelona; C.J. Ribalta, abogada especialista en Derecho Comunitario de Madrid; Alejandro Benito Otero, historiador y regidor de Sant Adrià del Besòs; Inyaki Galve Murillo, doctor en Químicas y activista de Barcelona; Jordi Morató-Aragonés Pàmies, abogado administrativo y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; Josep Mula i Faja, especialista en comunicación; David Companyon, ex secretario de la Mesa del Parlament; todos ellos coordinados por Josep Jover.