Tras cumplirse setenta años desde que Europa fuera liberada del fascismo, hoy volvemos a oír unas voces que ya creíamos olvidadas. Los movimientos de extrema derecha están en auge en gran parte del continente y han conseguido desplazar a los partidos tradicionales a posiciones cada vez más próximas a las suyas, introduciendo elementos de xenofobia y otras formas de intolerancia en el debate público.

Es el caso de Hungría, donde el primer ministro, Viktor Orban (cuyo partido, Fidesz, pertenece a la misma familia política europea que el Partido Popular), ha recibido numerosas críticas por su complicidad con el clima de antisemitismo existente en el país, o por haber anunciado que en las próximas semanas mandará a la ciudadanía un cuestionario con 12 preguntas sobre inmigración en el que incluirá cuestiones como: "¿Estás de acuerdo en que los inmigrantes ponen en peligro los puestos de trabajo y la calidad de vida en Hungría?", o "¿crees que hay una conexión entre la inmigración, las políticas migratorias de Bruselas, y el auge del terrorismo?"

Orban cruzó una línea roja la semana pasada cuando anunció que planeaba reintroducir el debate sobre la pena de muerte en Hungría, que quedó abolida en el conjunto de la Unión Europea a través de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por este mismo motivo, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha mandado una carta a Claude Moraes, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE), solicitando un debate en dicho organismo sobre la manera de proceder si esto ocurriera, y si la permanencia del país en la Unión Europea sería posible si se adoptara una normativa de este tipo.

Este debate se celebra este jueves y desde la izquierda defenderemos que, a pesar de que no es la primera vez que un Estado miembro incumple la legislación de manera flagrante, esperamos que se tomen acciones, y que estas sean acordes al nivel de infracción de las normas. La pena capital es un vestigio del pasado, una práctica que vulnera cualquier derecho humano y no tiene cabida en la Unión Europea ni en ningún otro lugar.

El Gobierno de Hungría ha escandalizado incluso a sus propios compañeros de grupo, pero no es el único Gobierno de la derecha que va a ser cuestionado por sus prácticas contrarias a los derechos consagrados en los tratados de la Unión. A petición de Izquierda Unida y de la Izquierda Unitaria Europea está previsto que a finales de este mes comparezca el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans –que también es el responsable de Estado de Derecho y derechos fundamentales–, para hablar de la situación en el Estado español por la Ley Mordaza y la reforma del Código Penal.

El Estado español será así, tras Hungría, el segundo caso en el que la legislación específica de un Estado miembro sea sometida a escrutinio por ser sospechosa de incumplir derechos fundamentales.

Y es que la manera en la que el Estado trata, por ejemplo, a las personas presas, las que están bajo su custodia, no es una cuestión baladí en el marco del cumplimiento de los derechos humanos. Recientemente, la comisaria de Justicia, Vera Jourová, nos daba la razón tras nuestras denuncias sobre el incumplimiento de directivas europeas en el Estado español relativas a los derechos de información o de interpretación de las personas detenidas. Ahora el Estado, a través de la reforma del Código Penal, trae la cadena perpetua de vuelta a nuestra legislación.

La idea del encarcelamiento de por vida rompe con la idea de la privación de libertad con la reinserción como objetivo e introduce en la Justicia la idea de la venganza. Intentar contentar al electorado más conservador convirtiendo la Justicia en represalia es claramente una consecuencia de esa competición en la que los grandes partidos tradicionales han entrado con las fuerzas de extrema derecha en auge, y es una decisión que han tomado los ejecutivos tanto de Orban como de Rajoy.