El gobierno en funciones de Rajoy ya se ve investido con el apoyo pasivo del PSOE y acaba de anunciar la creación de 400.000 empleos para 2017. Es el viejo truco. Está pensando en cómo recortar 15.000 millones de euros del gasto público y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo e intenta suavizar el ajuste recurriendo de nuevo a las mentiras piadosas. Es evidente que si llega a aplicar ese recorte del gasto y de la inversión se destruiría mucho empleo.

Para alertar de ello, se acaba de publicar una Declaración titulada: 'En defensa de la dignidad de los pueblos, rechacemos las amenazas, chantajes e injerencias del Eurogrupo y la Comisión Europea'. En ella se denuncia la servidumbre del gobierno del Estado –y el silencio de los que miran para otro lado- ante las instituciones europeas que pretenden imponer un duro ajuste a España bajo la amenaza de congelar los fondos estructurales anuales, que significaría una pérdida de 1.100 millones de euros. Para no hacerlo, exigen cumplir el objetivo impuesto a España de déficit público del 3,1% en 2017 (2,2% en 2018), debiendo concretar a Bruselas cómo lo hace a mediados de octubre.

Llama la atención sobre la doble vara de medir que utiliza la Unión Europea (UE). Así, se perdonaron las sanciones a Francia y a Alemania por el incumplimiento de los criterios de Maastricht y de los objetivos de déficit y deuda del Pacto de estabilidad de forma reiterada. Mientras, se castiga con terrible dureza a Grecia y se amenaza con hacerlo en España y Portugal.

La Declaración se dirige a la ciudadanía, a las organizaciones políticas, cívicas y sociales, para rebelarse contra las políticas fracasadas de austeridad y a luchar contra el “diktat” insultante, irracional e injusto que imponen las instituciones de la UE. Muchos somos conscientes del desastre social y del aumento de la desigualdad que provocan, así como del riesgo de profundizar la crisis económica y la crisis política. Debería servir de aviso la creciente deslegitimación de las instituciones de representación y gobierno en los estados que componen la UE, y el creciente y transversal euroescepticismo hacia el mismo proyecto de la Unión Europea. Pero si no escuchan la indignación de la ciudadanía, subestimando las consecuencias del brexit de Reino Unido y el rechazo a las políticas neoliberales, el proyecto de Unión Europea estará definitivamente muerto.

Esta llamada a la movilización está en línea con la realizada el 15 de Octubre contra el CETA y el TTIP, y la próxima del 3 de diciembre contra el pago de la deuda convocada por las Marchas de la Dignidad. También se interpela a las representaciones parlamentarias para que no legitimen con su participación y firma acuerdos que traicionan los intereses y soberanía de los pueblos del estado español. Por último, plantean la derogación del artículo 135 de la Constitución española para recuperar la soberanía popular.

Hay 141 personas como primeros firmantes de la declaración. Entre otros la suscriben Julio Anguita, Miguel Candel, Juan Ramón Capella, José Luis Centella, David Fernández, Ferrán Gallego, Salvador López Arnal, Jordi Mir, Juan Carlos Monedero, Manolo Monereo, Pedro Montes, Arcadi Oliveras, David Fernández y el que escribe este artículo *.

La oportunidad de la declaración es situar encima de la mesa las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos y ciudadanas y a la soberanía del país. Aquellas que deberían de ser prioritarias en la agenda política. Y que el centro de debate político no sea cómo se va a permitir seguir en el poder al gobierno de Europa más vasallo, antisocial y tolerante con la corrupción política.

(*) Las adhesiones a la declaración pueden hacerse llegar por correo: dignidad.nochantaje.ce@gmail.com