Antes de asumir en agosto de 2014 como superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic supuestamente puso fin a la asesoría que prestaba a Banmédica para dotarla de un modelo anticorrupción. Pero el vínculo no se cortó, porque la asesoría siguió en manos de su empresa Agnic Consultores. Representante legal y administrador subrogante de esta sociedad es Omar Reyes, quien es dueño de Círculo Verde, empresa vinculada al fraude de La Polar y a las platas políticas ilegales del Grupo Angelini. Reyes es también socio de Roberto Carrasco, sindicado como el creador del fraude de los forward del Grupo Penta.

Fue a principios de julio de 2014 que la ingeniera comercial Tamara Agnic Martínez supo que sería la nueva superintendenta de Pensiones, después de haber ganado el concurso del Sistema de Alta Dirección Pública. En esos días, el Grupo Penta se estremecía ante la inminente acusación de fraude tributario que investigaba el Ministerio Público. De hecho, el 14 de julio era despedido el gerente de mayor confianza de los dueños del holding, Hugo Bravo, quien luego se convertiría en el testigo clave de los fiscales. Era el momento preciso para que Agnic cortara lazos con un cliente importante: Banmédica, uno de cuyos controladores es el Grupo Penta. No fue así.

En los días que le restaban antes de asumir el 1 de agosto su nuevo cargo, Tamara Agnic ordenó sus negocios personales como consultora privada. El 22 de julio cedió la administración de Agnic Consultores SpA a Inés Arlette Rojas Carrasco, quien al día siguiente asumiría el mismo rol en Inversiones Agnic SpA. El ingeniero comercial Omar Antonio Reyes Ríos sería su subrogante en ambas empresas, además de su representante legal. Agnic siguió siendo la única dueña de las dos sociedades.

Pero el traspaso de la administración de sus empresas no significó el cierre de sus negocios con Banmédica, controlada por los grupos Penta y Fernández León. Porque una vez que Agnic asumió como superintendenta, ese conglomerado de salud contrató a su consultora privada –Agnic Consultores– para continuar la misma función que ella hacía antes como persona natural: generar un modelo para que Banmédica respondiera a las nuevas exigencias que la ley de responsabilidad penal le impuso a las empresas para enfrentar delitos como el lavado de activos, cohecho o terrorismo.

El domicilio de Agnic Consultores está en Ricardo Lyon 222, oficina 703, la misma dirección donde funciona la sociedad Círculo Verde, la empresa del representante legal de Agnic Consultores: Omar Reyes, ex funcionario de Impuestos Internos. Tanto Reyes como Círculo Verde están asociados al fraude de La Polar, pues el experto tributario era el asesor contable de las sociedades personales de los ejecutivos de la multitienda y desde Círculo Verde se triangularon platas para ellos. A esto se agrega una última acusación que afecta a Círculo Verde: la Fiscalía la investiga por traspasos bajo sospecha de una filial del Grupo Angelini en la indagación del financiamiento ilegal de la política.

Entre las empresas que Omar Reyes Ríos ha creado, hay una sociedad que llama la atención: CDR Asesorías, en la que es socio con Tomás Roberto Carrasco Burgos, el experto tributario al que se le atribuye haber creado el sistema de forwards para que los dueños del Grupo Penta pudieran evadir impuestos y también un mecanismo que permitió rebajar la tasa imponible de las filiales de Banmédica, empresa a la que Carrasco estuvo ligado por décadas.

LA ASESORÍA DE AGNIC A BANMÉDICA

El trabajo de Tamara Agnic para Banmédica había comenzado en 2013. De acuerdo a la memoria de ese año de la empresa, en abril Agnic hizo una presentación ante el comité de directores, que entonces presidía Antonio Tuset e integraban Cristián Arnolds y Hugo Bravo López, el ex gerente de Penta que destaparía el escándalo del financiamiento ilegal de la política. Agnic era la “asesora externa en materias de implantación del Modelo de Prevención de Delitos asociados a la Ley N° 20.393”. Entre otras cosas, la asesoría buscaba establecer prácticas que evitaran la corrupción, el cohecho y el soborno, además de establecer protocolos para relacionarse con funcionarios públicos, un manual de prevención de delitos y fijar normas de donaciones políticas.

La memoria de Banmédica en 2014 confirma que la labor de Tamara Agnic continuó el año siguiente. En abril de 2014, Agnic hizo una nueva presentación sobre el avance de su trabajo y en agosto el comité de directores fue informado de su renuncia porque debía asumir en la Superintendencia de Pensiones. Si bien en ese momento Agnic dejó formalmente la asesoría como persona natural –el cargo de superintendenta habría sido incompatible–, puso en su reemplazo a su propia consultora.

Poco antes, el 29 de julio, había renunciado a dicho comité Hugo Bravo, ya acechado por la investigación del Ministerio Público que lo identificó en un rol central en la maquinaria de Penta para evadir impuestos y quien hoy se encuentra formalizado por lavado de activos, cohecho y delitos tributarios. En su lugar asumió el ex canciller Alfredo Moreno. Con su nueva integración, el comité de directores decidió reemplazar a Tamara Agnic por su consultora y aprobó “la cotización presentada por la empresa Agnic Consultores por un monto ascendente a $ 2,6 millones mensuales por un período aproximado de nueve meses, por el servicio de asesoría en materia de Implementación del Modelo Integral de Prevención de Delitos”.

La gerenta contralora de Banmédica, Carolina Célis, confirmó a CIPER que tras la renuncia de Agnic decidieron “continuar con el proceso de implementación del modelo de prevención del delito con una de sus socias, Arlette Rojas, quien durante dicho período de transición trabajó como parte de Agnic Consultores, pero luego se desvinculó de esa empresa y actualmente trabaja como consultora externa independiente”.

Banmédica no ha sido inmune al terremoto del Caso Penta. La investigación del Ministerio Público destapó serias irregularidades contables destinadas a evadir impuestos, según revelaron un reportaje y una entrevista publicados en revista Qué Pasa. Como consecuencia, el histórico presidente de la compañía, Carlos Kubick, debió renunciar en abril pasado, aunque sólo se reconoció el uso de un “procedimiento indebido en el pago de sus compensaciones anuales por desempeño y las de otros dos ejecutivos”. En total, Banmédica debió pagar al Servicio de Impuestos Internos (SII) más de $800 millones más reajustes, intereses y multas.

CÍRCULO VERDE

Antes de iniciar su trabajo como consultora privada, Tamara Agnic tuvo una larga carrera en el sector público, primero en la ex Superintendencia de Isapres y luego en el Ministerio de Hacienda. Pero fue en su rol como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF, del Ministerio de Hacienda), donde se hizo conocida públicamente y fue ahí también donde construyó la base de sus negocios privados.

En la UAF asumió en 2009, luego de ganar un concurso de Alta Dirección Pública, y su contrato terminaba en agosto de 2012. El gobierno de Sebastián Piñera ya había tomado la decisión de buscar un nuevo director, pero extendió de forma temporal su contrato hasta el 31 diciembre de ese año, mientras corría el concurso para designar a su sucesor. Días antes de que dicho contrato terminara, Agnic creó el 21 de diciembre de 2012 Inversiones Agnic SpA, con un capital de $5 millones y el nombre de fantasía “Agnic SpA”. Esta empresa es, a su vez, la única accionista de Agnic Consultores SpA, creada pocas semanas después, en enero de 2013.

No está claro exactamente en qué momento empezó a trabajar para Banmédica, pero ya en abril de 2013 la memoria consigna una reunión en que Tamara Agnic figura como asesora, justamente respecto al cumplimiento de la norma que se aprobó cuando ella era directora de la UAF y que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se trata de delitos de lavado de activos, terrorismo y soborno o cohecho de funcionarios públicos. Dicha norma permite a las empresas certificarse mediante un modelo de prevención del delito, que es la asesoría de Agnic a Banmédica.

Tras renunciar al contrato con Banmédica cuando asumió en la Superintendencia de Pensiones, sus empresas y la asesoría a ese conglomerado de salud quedaron a cargo de Arlette Rojas Carrasco, quien fue su subordinada en la UAF: Rojas se desempeñó como jefa del área de Administración y Finanzas cuando Tamara Agnic la dirigió.

El representante legal y administrador subrogante de Agnic Consultores es Omar Antonio Reyes Ríos, uno de los dos dueños de la empresa de asesoría tributaria y contable Círculo Verde. En 1998, Reyes, a través de Círculo Verde, creó CDR Asesorías S.A. con dos socios que han estado estrechamente vinculados a Banmédica. Uno de ellos es el ex diputado y ex subsecretario de Hacienda Julio Dittborn, a través de Asesorías y Publicaciones Tiempo Nuevo (originalmente formada con Joaquín Lavín), y el otro es Tomás Roberto Carrasco Burgos, por medio de Asesorías Siglo XXI (hoy Siglo Outsourcing). Carrasco fue bautizado como “El hombre de los forwards” por revista Qué Pasa, pues se le atribuye haber creado uno de los principales mecanismos por los cuales el Grupo Penta evadió impuestos.

Roberto Carrasco llegó a Banmédica en los ‘80, cuando era la Caja Bancaria de Pensiones, y ascendió hasta convertirse en su contralor a mediados de los ’90, cargo que dejó en 2009. Según Qué Pasa, ahí conoció a Dittborn, quien fue director entre 1988 y 1993. Desde ese rol, Carrasco habría ideado un sistema que le habría permitido a Banmédica rebajar su carga tributaria.

Los negocios de Roberto Carrasco crecieron al mismo tiempo que se desempeñaba como contralor de Banmédica, a la que paralelamente le prestaba servicios a través de sus sociedades personales. A tanto llegó la confianza en él depositada por los directivos de Banmédica, que llegó a asociarse con los hijos del presidente de la compañía, Carlos Kubick, y del director Héctor Concha. La experiencia tributaria de Carrasco también lo llevó a manejar la contabilidad de varios de los implicados en los ilícitos tributarios del Caso Penta, como el ex ministro Laurence Golborne (con quien tiene una sociedad en común, Santa Gabriela); y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Entre sus clientes figuran además: Joaquín Lavín, Juan Antonio Guzmán y Carlos Kubick.

Los lazos entre Siglo XXI y Banmédica eran tan fuertes, relató Qué Pasa, que en un momento se llevó a sus oficinas al equipo tributario de Saden, una de las filiales de Banmédica. A través de distintas sociedades, se detalla en ese mismo reportaje, Carrasco prestaba servicios ficticios que servían para rebajar la tasa imponible de las filiales de Banmédica, y por lo tanto pagar menos impuestos.

En los registros del SII, CDR Asesorías, la empresa de Carrasco, Dittborn y Reyes, aparece activa (aunque no ha timbrado facturas desde 2001) y no existen registros de su disolución. Y fue precisamente Omar Reyes, el socio del experto tributario que digitaba las transacciones ficticias que le permitían a Banmédica evadir impuestos, el hombre que Tamara Agnic dejó como representante legal y administrador subrogante de la empresa que ayudaría a Banmédica a garantizar la limpieza de sus operaciones.

No es todo. Al momento en que Tamara Agnic le delega a Reyes esa responsabilidad, ya era conocido el rol que jugó la empresa principal del nuevo representante legal de Agnic Consultores, Círculo Verde, en el escándalo de La Polar. Manejaba la contabilidad de Inversiones Alpha, la sociedad de los ex gerentes de La Polar que les permitió obtener más de $14 mil millones por la venta de acciones de la compañía antes de la debacle. Para comprar esas acciones, los ejecutivos recibieron un préstamo de Círculo Verde, que a su vez obtuvo el dinero de La Polar, actuando entonces como intermediario para ocultar la transferencia. Además, Reyes era una persona de confianza del ex gerente general de La Polar, Pablo Alcalde y sus ejecutivos, a quienes les manejaba la contabilidad de sus sociedades. Pese a ello, La Polar presentó a Círculo Verde como una empresa independiente que certificaría un acuerdo con el Sernac para regularizar las repactaciones unilaterales que habían hecho a cientos de clientes (ver reportaje de CIPER sobre Círculo Verde: La consultora que actuó como intermediaria de los dineros de La Polar para la sociedad de sus clientes).

El jueves 3 de septiembre, The Clinic publicó que ahora Círculo Verde es investigada por el Ministerio Público por supuestas triangulaciones de platas políticas ilegales del Grupo Angelini. Las declaraciones de sus empleados han revelado, además, que al menos la filial Siemel recibía boletas de empleados de Círculo Verde por servicios no prestados, los que eran pagados y el dinero devuelto a uno de sus directores (ver reportaje).

Según sus escrituras más recientes, Agnic Consultores comparte dirección con Círculo Verde en Ricardo Lyon 222, oficina 703. Al preguntar ahí por Agnic Consultores, responden que es la dirección fiscal y que allí solo trabaja el contador. Omar Reyes dijo a CIPER que la empresa ya no está funcionando, que él es su representante legal y que Andrea Antonia Lanau Rojas, quien asumió como administradora en reemplazo de Arlette Rojas en febrero pasado, tampoco sigue en ese cargo.

Al parecer Agnic Consultores nunca tuvo oficina propia y al menos durante un tiempo funcionó en la casa de Tamara Agnic. Tampoco se encuentra activa su página web www.agnicconsultores.cl, pero su página en Facebook la describe como “expertos en ética en los negocios, gobiernos corporativos y control de la corrupción para asesorar a su empresa”.

Además de la asesoría a Banmédica, Agnic Consultores realizaba trabajos para gobiernos de otros países sobre temas como corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

CIPER le solicitó a Tamara Agnic una entrevista para que ella entregara su versión sobre su relación con Omar Reyes y Banmédica, pero ella solo aceptó responder preguntas por escrito, condición que por línea editorial no fue aceptada.

AFPs DE PAPEL

En los últimos meses la superintendenta Tamara Agnic ha estado en el centro de un cuestionado proceso que culminó este martes 1 de septiembre, cuando autorizó la fusión de Provida y la AFP de papel Acquisition. Con la operación, la empresa Metlife, que en 2013 compró Provida al BBVA, conseguirá evitar el pago de $179 mil millones en impuestos.

Las críticas contra Agnic comenzaron en marzo pasado, cuando se supo que Principal, que en 2013 compró la AFP Cuprum al Grupo Penta, ahorraría $80 mil millones al fusionarla con Argentum, una AFP creada para la ocasión. Ambas operaciones buscaban aprovechar el llamado goodwill tributario que regía hasta el 31 de diciembre pasado y que permite recuperar, a través de amortización de impuestos, la diferencia entre el mayor precio pagado por una compañía y el valor contable de sus activos.

Los millonarios beneficios tributarios que obtuvieron Metlife y Principal han sido ampliamente cuestionados, al punto que motivaron la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Además, el senador Alejandro Navarro presentó una querella, que está siendo investigada por la Fiscalía Centro Norte.

La aprobación de la fusión creó un fuerte roce entre Agnic y la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, quien le envió un oficio pidiéndole que se abstuviera de aprobar nuevas operaciones de este tipo. En respuesta, Agnic ha dicho que la fusión de Cuprum y Argentum cumplió con todos los requisitos legales y por eso fue aprobada. Un criterio que volvió a aplicar este martes cuando autorizó la fusión entre Provida y Acquisition.

Ahora, el Servicio de Impuestos Internos se encuentra analizando con lupa la fusión de Cuprum y Argentum, de modo de verificar si desde el punto de vista legal se cumplieron los requisitos para aplicar el goodwill tributario.

De confirmarse que ambas operaciones se atienen a la ley, el Fisco dejaría de recibir cerca de US$375 millones en impuestos (calculado al dólar de hoy), en total. Para intentar recaudar un poco más del doble (entre US$700 millones y US$1.000 millones) en 2012 la administración de Sebastián Piñera impulsó una reforma tributaria con el objetivo de financiar una reforma educacional. De hecho, el actual gobierno calcula que el próximo año necesita entre US$300 millones y US$400 millones para poder cubrir los gastos de la gratuidad en la educación superior.