La escalada represiva desatada contra la libertad de expresión ha llegado a la redacción de Izquierda Diario. Nuestra compañera Verónica Landa, miembro de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y de la juvenil Contracorriente, así como periodista de este diario, ha sido citada a declarar el próximo 2 de julio en calidad de investigada por el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona.

El denunciante es el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, quien se ha querellado contra ella por un delito de calumnias a raíz de una nota publicada en abril de 2017.

En dicho artículo, nuestra compañera hacía un repaso por diferentes casos de torturas, malos tratos o muertes bajo custodia policial que terminaron en indultos, absoluciones o sobreseimientos. Una nota incómoda para los aparatos policiales y el Estado, en tanto y cuanto ponía de relieve la impunidad reinante con que quedan saldados casos como éstos, así como las continuidades entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de la democracia del 78 con las de la dictadura.

Entre diversos casos, se daba cuenta también de la muerte de un detenido en 1974 a manos de quien hoy ocupa el mayor puesto de mando de este cuerpo policial en Catalunya y uno de los responsables de su actuación el 1-O. Un caso que fue sobreseído por el juez –recordemos un juez de la dictadura- a pesar de reconocer que el entonces subinspector Trapote había efectuado a corta distancia un disparo y por la espalda que acabo con la vida de José Luis Herrero Ruíz.

Desde la redacción de Izquierda Diario consideramos esta querella como un ataque a nuestro diario de conjunto y a la más elemental libertad de prensa. Los hechos de los que informaba fueron reconocidos en sentencia judicial firme y están recogidos en innumerables medios periodísticos –desde El Periódico de Catalunya, hasta el Confidencial, pasando por El País- y libros de historiadores -como el de reciente publicación “Vides truncades” del profesor de historia de la UAB David Ballester-.

Por otro lado, considerar y denunciar que el resultado del proceso judicial es parte de una práctica de impunidad sobre este tipo de casos –tal y como denuncian organismos como Amnistía Internacional-, es parte de un ejercicio básico de la libertad de expresión y opinión.

Consideramos que la Policía Nacional, por medio de su jefe superior en Catalunya, quiere imponernos una mordaza para evitar que sigamos hablando y denunciando casos como éstos. Un ataque que es parte de la cruzada general contra la libertad de expresión y prensa del Régimen del 78, que viene creciendo exponencialmente y extendiéndose por todo el Estado a partir de las medidas excepcionales para tratar de aplastar al movimiento independentista catalán.

Casos como el de Valtonyc, Hasel o Boro son solo la punta del iceberg de una ofensiva que, haciendo uso de la Ley Mordaza, la Fiscalía y una Judicatura que viene actuando como el agente directo de este curso reaccionario, nos quiere callados, quietos y obedientes.

Particularmente esta querella es parte de las muchas que se vienen interponiendo en defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad para blindarlos de cualquier cuestionamiento.

Hay activistas, vecinos y regidores investigados por haber participado en concentraciones pacíficas para denunciar las cargas policiales del 1-O o incluso por haber desplegado un cartel en un balcón exigiendo la retirada de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegada en Catalunya desde septiembre. El director y subdirector de El Jueves han sido también imputados por un chiste sobre dicho despliegue. O el caso del regidor de Sant Joan de Vilatorrada que fue acusado de “delito de odio” por haber posado con una nariz de payaso junto a un guardia civil en los registros del 20S , que es quizá uno de los más paradigmáticos.

Pretender que no se pueda criticar la actuación policial y que no se hable de hechos del pasado de agentes en activo y con un alto cargo de responsabilidad en la actualidad, es parte de este intento de blindaje que ningún medio de comunicación puede aceptar.

Desde nuestra redacción venimos cubriendo y dando todo el apoyo a los múltiples casos de represión, persecución y ataques a la libertad de expresión que se vienen dando. Hoy nos ha tocado directamente, con esta querella, a una de nuestras compañeras.

Nos disponemos a poner en marcha una fuerte campaña democrática, en coordinación y con la más amplia unidad de acción con el resto de casos, contra esta querella y por el archivo de la misma.

No dejaremos que este ataque nos silencie o censure, no nos sumaremos al silencio que ha reinado de forma generalizada en las últimas décadas y que ha tratado de ocultar las hondas raíces del actual régimen con la dictadura franquista en la que se formaron muchos de sus políticos, jueces y policías.