Una llamada a su teléfono celular lo despierta. Es de madrugada. Es su madre, quien angustiada le pide que salga a la calle. Al mismo tiempo, de la oscuridad emerge un grupo de encapuchados. Comienzan a golpearlo y lo suben a una camioneta.

Otros sujetos entran a su domicilio para robar dinero en efectivo y aparatos electrónicos, entre ellos una mujer en busca de algo y que apunta con un arma larga a una niña de cuatro años.

La escena podría interpretarse como un secuestro, un” levantón”. Pero no. Así son los “métodos de inteligencia” que utiliza la Policía Estatal a cargo de Ardelio Vargas Fosado, el mismo que fuera titular de la AFI y la Policía Federal, el que se encargaría de los mega operativos contra la delincuencia organizada hasta que fue despedido por Genaro García Luna en los inicios de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Los encapuchados son Policías Estatales Preventivos a quienes Vargas Fosado les encargó resolver asaltos, homicidios, narcomenudeo, etcétera. En lugar de enfrentar a la delincuencia, sobre ellos recaen denuncias por robo, extorsión, detenciones ilegales, y quejas en la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHE), mismas que se mantienen archivadas.

El hombre se llama Alberto J. Fue detenido el 21 de septiembre de 2011, según la versión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), enviada a los medios de comunicación. Ese día cayó junto con sus cómplices cuando planeaban robar un domicilio y sin más confesaron sus delitos.

Su familia denunció ante la prensa los abusos de la policía. Como represalia, fue ingresado al dormitorio “L”, el más peligroso del Centro de Reinserción Social, donde se ubica a los sentenciados por delitos como delincuencia organizada, secuestro, homicidio.

Casi un año después Alberto J. fue absuelto por el juez de distrito, quien ordenó su liberación inmediata luego de evaluar el caso y descubrir todas las irregularidades del caso.

El detenido y sus familiares no quisieron volver a tener contacto con los medios de comunicación por temor a las represalias.

Vargas Fosado justifica las detenciones ilegales con el argumento: “Yo soy policía, yo los detengo y ellos saben lo que hacen, yo no soy Ministerio Público”.

Al igual que quien ahora es su rival, García Luna, Vargas Fosado ha hecho de los medios de comunicación el mecanismo perfecto para hacer pasar violaciones a derechos humanos por acciones contra la delincuencia, que le han valido felicitaciones públicas por parte del gobernador poblano Rafael Moreno Valle, aliado político de Elba Esther Gordillo.

Y es que todas las detenciones irregulares del denominado Grupo de Estrategia, como se hizo desde la administración de Mario Marín Torres, son boletinadas por el Gabinete de Comunicación Estratégica de la SSP y la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a cargo de Cristina Ortiz Pérez.

Es el equipo al que perteneció un ex agente de la Policía Metropolitana, que fue detenido por el delito de robo de vehículo el 26 de noviembre de 2010.

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Para Eduardo Almeida, representante del Nodo de Derechos Humanos, los actos represivos y las detenciones arbitrarias representa el estilo de trabajo de Vargas Fosado, por el cual diversas organizaciones sociales lo denunciaron incluso desde que se anunció que sería nombrado Secretario de Seguridad Pública en la entidad.

Vargas Fosado, dice el activista, no ha logrado reducir los índices de violencia en el estado, mientras que las violaciones a derechos humanos y la represión va en aumento. Además, dice, no existe un contrapeso para Vargas Fosado, pues la Comisión de Derechos Humanos local se ha caracterizado por privilegiar los intereses del gobernador.

La administración del ombudsman poblano, Adolfo López Badillo, se ha caracterizado por ser la más inactiva de la historia de esa Comisión, pues en un año las recomendaciones se redujeron en 50 por ciento.

PERPETUAR LA ILEGALIDAD

Ardelio Vargas, diputado federal con licencia, perpetuó los abusos policíacos cometidos por supuestos grupos de elite creados desde la década de los noventa, durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, de los que se han escrito historias de muerte y corrupción.

Agentes de corporaciones del Distrito Federal y el Estado de México fueron reclutados en corporaciones policiacas poblanas siempre de la mano de Adolfo Karam Beltrán (actual diputado suplente electo del PRI), quien llegó a Puebla protegido por el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña de México, Antonio Chedraui.

Esos agentes han estado vinculados a actividades delictivas en Puebla y el Distrito Federal, como se evidenció el 18 de mayo pasado cuando la Procuraduría General de Justicia del DF suspendió y sometió a una investigación a su director de Investigación, Fernando de Anda Ríos, tras la detención y consignación de seis de sus elementos acusados de extorsión a comerciantes.

Esas mismas operaciones, y sus consecuentes denuncias, fueron por las que su hermano, Francisco de Anda Ríos, comandante de la extinta Policía Metropolitana, huyó de Puebla cuando dos de sus agentes y dos “madrinas” fueron detenidos minutos después de robar un vehículo el 26 de noviembre de 2010.

En los pasillos policíacos poblanos se rumoraba que él y sus hermanos eran “madrinas” (informante de la policía con vínculos en la delincuencia) de Policías Federales y del Distrito Federal.

La versión se confirmó en marzo de 2011, cuando otro de los hermanos, Raúl, fue asesinado por un comando en la colonia La Gigantera de Tonalá, Jalisco, junto con el comandante de la AFI, Juan Rafael Villalobos.

El acta 391/2011 de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco reveló que 15 disparos le arrebataron la vida y fue identificado y entregado a su hermano Arturo, quien negó que su hermano fuera “madrina”, tal y como se difundió en medios locales.

Arturo también estuvo en Puebla. Llegó en abril de 2010 para apoyar a Francisco, luego de que le fracturaron una pierna durante un “operativo” en el que pretendían extorsionar a un grupo delictivo.

PGJ, MANCUERNA PERFECTA

Ardelio Vargas Fosado encontró respaldo en la Procuraduría General de Justicia a cargo de Víctor Carrancá Borget –famoso ex subprocurador de Procesos Penales de la PJGDF y a quien le tocó trabajar en el caso del asesinato del conductor de televisión Paco Stanley–.

Como prueba, basta recordar que la dependencia le dio validez a la detención ilegal de tres personas a quienes se les intentó responsabilizar por el doble homicidio de dos mujeres en la colonia La Paz.

Los detenidos fueron torturados en las instalaciones de la SSP para que se incriminaran los homicidios, el Ministerio Público de la PGJ aceptó las supuestas pruebas.

Un testigo “de oídas” fue suficiente para solicitar y obtener un arraigo por 15 días para uno y 30 días para otros dos; sin embargo, no lograron acreditar su participación en los homicidios.

Y es que el equipo de Vargas Fosado intentó resolver el crimen, pese a que no es su función. Sus uniformados obtuvieron una pista: al homicida le dicen “El Beto” y se esconde en “La 22” (zona del centro de la ciudad con mayores índices delictivos y abandonada históricamente por las autoridades estatales y municipales).

Las sospechas contra el grupo crecieron tras la detención de 10 personas, a quienes vinculaban con una veintena de robos a casa habitación, entre ellos un joven apodado “El Beto”.

La SSP difundió un video: en 1:47 minutos, Roberto S. “El Beto” o “Betín” da cuenta parcial de sus golpes:

“Me lleve el de San Martín, me tocaron como unos 20 ahí. Una ocasión abrimos un carro, también, ahí, había 40 mil pesos. También uno de unos camiones, toda la 11 Sur, ahí fueron como 40 o 70” (…) uno camiones ahí en Amozoc, un Oxxo en la 18 y la Diagonal”.

El interrogatorio, sin la presencia de un abogado, parece transcurrir en la madrugada, el joven de 24 años se mueve de un lado a otro y bosteza mientras relata que es comerciante y que se dedica al robo desde hace cuatro años.

Oficialmente nunca se ha mencionado su participación en el homicidio de una mujer que fue quemada viva en el fraccionamiento Rancho Colorado, ocurrido el 19 de marzo de 2010; sin embargo, existen indicios de su participación.

Y es que 10 de marzo de 2011, la PGJ dio a conocer la detención de Carlos S., “El Bertín”, como uno de los participantes en el homicidio, quien para evitar la acción de la justicia se hacía llamar Roberto S.

Carlos S. pasó un año en prisión hasta que su abogado logró demostrar su identidad y fue puesto en inmediata libertad, pues la Policía Ministerial cometió un error y detuvo al hermano del presunto responsable.

Pese a la confesión y los antecedentes, extrañamente los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal argumentando que al momento de la detención se les encontró marihuana y armas de fuego, sin informar a las autoridades locales encargadas de investigar homicidios y robos.

Junto al “Beto” fue detenido otro de sus cómplices y ocho personas que sólo eran familiares y amistades.

Una de las mujeres que fueron detenidas presentó una denuncia por violación y tortura contra el grupo de Inteligencia de Vargas fosado, la cual sigue archivada en la Procuraduría General de Justicia estatal.

Luego de un arraigo de 30 días de aprehensión, la PGR informó que se les dictó orden de aprehensión, pero una semana después todos recuperaron su libertad.

ESTADO CONTRA MUNICIPIO

Mientras continúan los abusos de las corporaciones policíacas y los delitos del fuero común son cada vez más violentos, los poblanos se encuentran en medio de la disputa entre el gobernador, Rafael Moreno Valle, y el alcalde capitalino, Eduardo Rivera Pérez.

Provenientes de grupos diferentes al interior del PAN, Moreno Valle ha dedicado parte de sus acciones para cobrarle agravios a Rivera Pérez quien trató de frenar la candidatura del ahora gobernador.

En los primeros días de su administración, el gobernador Moreno Valle cobró venganza retirando a 2 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado adscritos al municipio.

Los agentes estaban “prestados” al municipio desde 1999, por el entonces gobernador Melquiades Morales Flores (proyecto del que participó Moreno Valle), para que Mario Marín Torres cumpliera su compromiso de campaña de crear la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La presencia de la Policía Estatal sólo dejó como saldo actos de represión contra comerciantes, que derivaron en recomendaciones ante la CDHE por uso excesivo de la fuerza.

Mientras tanto, el primer año de gobierno de Rafael Moreno Valle se convirtió en el más violento en la entidad desde 2005, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer hace unas semanas.

Una muestra de la violencia con la que actúa la delincuencia en Puebla fue el asesinato del Secretario de Finanzas del PRI y ex director regional del Banco IXE, Antonio Haces D´Artigues, quien recibió dos disparos en la cara y uno en el tórax durante, según la versión oficial, un robo.