CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque dejó de ser diputado federal desde enero pasado, cuando solicitó licencia, el perredista guerrerense Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez aún opera y controla hoy recursos y plazas en la Cámara de Diputados.



Señalado por su propio partido de ser el impulsor y protector de José Luis Abarca –el exedil de Iguala acusado de ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, el legislador de Nueva Izquierda que rompió con los Chuchos, aunque es hoy ya diputado local en su estado, se apoderó y convirtió al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) del Palacio Legislativo de San Lázaro en el centro de operaciones y de recursos para su tribu en Guerrero: la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC).



Con la aprobación de su excoordinador parlamentario, Miguel Alonso Raya, desde agosto pasado, De la Rosa, en su calidad de presidente del Comité del CESOP, despidió al director del Centro, al doctor Rafael Aréstegui Ruiz, y a 15 investigadores más, para colocar a su equipo de campaña que lo apoyó en Guerrero –mismo que presume sus fotos en Facebook– y de cuyos salarios una parte se va a CODUC.

Sin el grado académico de doctorado que exige la normatividad del CESOP, De la Rosa impuso a quien era su asesor de organizaciones campesinas de la CODUC, Edgardo Joaquín Valencia Fontes, como nuevo director general del CESOP, para darle un salario mensual de 162 mil 814 pesos. Más que el sueldo de un diputado.



Designó a Guadalupe Cárdenas Sánchez como director de Opinión Pública, quien recibe 103 mil 340 pesos al mes y a quien los exinvestigadores señalan como propietario de la empresa encuestadora Invesmark, encargada de hacer encuestas al CESOP, con lo que se incurre en un conflicto de interés.



Así mismo designó a Óscar Meléndez Chong como director de Desarrollo Regional, con 90 mil 10 pesos, aunque este sueldo es de una plaza de Asesor A. La asistente y colaboradora más cercana a De la Rosa, Guillermina Blas, fue designada como Investigadora B, sin contar con el grado de maestría que para ello se requiere.





Sin estudios superiores ni los grados que se exigen, también colocó a varios de sus colaboradores con plazas de Investigadores A, con sueldos de 61 mil 255 pesos al mes, y como investigadores B, con salarios de entre 38 mil y 40 mil pesos. Todos apoyados con las prestaciones que otorga la Cámara de Diputados, como Seguro de Separación Individualizada, Bono de Productividad y Vales de Despensa.



“En una actitud golpista y con el apoyo del excoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, de Nueva Izquierda, como hordas que son, pasaron por encima de la institución. Sin los grados académicos requeridos y sólo para dar una parte de sus salarios a la CODUC, se impusieron sus nombramientos y terminaron con la calidad y con la pluralidad del CESOP”, se lamenta el exdirector de ese Centro, el doctor Rafael Aréstegui Ruiz, quien aún aparece en el directorio como director –aunque no lo es desde agosto–.



“No nos aferramos al cargo, pero hay formas. El nuevo director no tiene un solo trabajo publicado ni tiene doctorado, mientras que despidieron a investigadores hasta con 27 libros publicados”.



El equipo de Aréstegui explicó que la carrera del nuevo director del CESOP, Edgardo Joaquín Valencia, fue meteórica, pues apenas ingresó en 2013 como Investigador A, y con el apoyo de Miguel Alonso Raya, lo convirtieron en director de Desarrollo Regional.