Dos organizaciones criminales habrían operado al interior de Carabineros en el caso del millonario fraude, según la descripción que la Fiscalía entregó a los tribunales de garantía.

Esta segunda estructura delictiva habría usado un mecanismo para desviar dinero con desahucios y pensiones que serían ilegales, arista en la que profundizan los investigadores.

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“En un cita en Borderío un grupo de oficiales me invitaron a almorzar. Randy Maldonado me dijo que yo los estaba cagando con plata y que estaba haciendo documentos por mi cuenta, les expliqué que no era así, me paré y me fui””.

Esta es parte de la versión entregada en la investigación por el indagado y excontratado por resolución (CPR) en Carabineros, José Inapaimilla.

El relato de este quiebre fue ratificado por el imputado Juan Carlos Cereceda, quien dijo que participó en ese almuerzo: “… que a Inapaimilla lo increparon y encararon porque estaba sacando la plata de otra forma, con unos desahucios, le dijeron que la cortara y él se paró y se fue”.

Estas piezas de investigación, que dan cuenta del quiebre entre los imputados, y que fueron publicadas por Radio Bío Bío, son claves para la Fiscalía que estableció que Inapaimilla operaba desplegando otro sistema o mecanismo defraudatorio en la institución, al margen de la ya conocida y presunta organización criminal que habría generado el megafraude en Carabineros en el departamento de Finanzas de Intendencia.

A este imputado en particular se le atribuye un rol principal en la segunda estructura criminal, que definió y oficializó ayer en los tribunales de garantía el fiscal jefe de Macul-Peñalolén, Miguel Ángel Orellana.

El acusador detalló que las dos organizaciones criminales tenían estructuras, objetivos y métodos distintos. Incluso, se gestó un delito nuevo en esta arista, falsificación y uso de instrumento público que se le atribuye a Inapaimilla. De coimputados figuran Mario Yercovich y Miguel y Julia Bettiz, entre otros.

A casi un año de la investigación que inició el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, en que las primeras imputaciones se realizaron en marzo del presente, se estudia una reformaliación respecto de parte del centenar de imputados en esta causa. Ello porque los hechos y sobre todos los montos se agravan y aumentan explicó el acusador.

En esta causa, Campos está a la espera de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, fijada para el 10 de octubre, fecha en que espera que se congelen, por medio de una cautelar real, los desahucios de 20 imputados.