Algunas jurisdicciones en el litoral argentino amenazan con nuevos tributos. No solo lo afirman las investigaciones locales, sino también varios estudios internacionales. Por ejemplo el Paying Taxes 2018 que releva los datos de 190 países, ubica a la Argentina como el segundo en su indigno ranking de naciones con mayores tasas totales de impuestos y contribuciones, superando solamente a la isla de Comoros en el sudeste africano. El mismo reporte calcula que se necesitan más de 300 horas para abonar todos los impuestos, lo que equivale a unos 40 días hábiles. Estos números son solo una muestra del disparate en el que se ha convertido el sistema.

El retorcido e intrincado esquema que han montado los diferentes gobiernos a lo largo de la historia parece imposible de desanudar. Probablemente sus autores intelectuales lo han diseñado de ese modo deliberadamente. Lo cierto es que, aunque resulte absolutamente incomprensible, este modelo tiene muchos defensores y hasta fanáticos. Es que quienes viven de lo que financian otros jamás se opondrán a que la gente pague cada vez mas. Muchos de esos entusiastas no generan riqueza alguna ni conviven a diario con esa intolerable sensación de ahogo que se deriva del costo que debe soportar solo quien ha decidido no vivir de las arcas públicas y asumir el gigantesco riesgo de emprender un negocio apostando por el porvenir.

Es increíble que todavía no se comprenda la relación inversa que existe entre la presión impositiva y la generación de empleo genuino. Demasiada gente sigue creyendo que solo se trata de fenómenos aislados. Lo insólito es que esa voracidad fiscal no solo permanece, sino que crece año a año, con creativas variantes que reinventan conceptos, modifican los criterios vigentes, cambian las alícuotas pero siempre hacia arriba. De esta ridícula carrera no solo participa el Gobierno Nacional de turno, sino que también lo hacen –cada vez con más potencia y convicción– los gobiernos provinciales como los municipales en el litoral argentino. Esta región ha caído en la misma trampa y lamentablemente no es la excepción a la regla.

Al desmadre general se han sumado casi todos. No solo lo han hecho con los impuestos más tradicionales, sino que se han esmerado y mucho, dando nacimiento a extravagantes tasas, siempre bajo la consigna de alimentar con una mayor cantidad de recursos disponibles para la acción gubernamental. Argumentos siempre habrá, y si no están a la mano, solo se trata de apelar un poco al infaltable ingenio local, que para estos menesteres nunca está ausente y así se podrá justificar casi cualquier nuevo gravamen.

La dinámica habitual consiste en individualizar con suficiente claridad un segmento de víctimas que pueda ser significativamente esquilmado, y luego de estudiado el caso en profundidad, se avanza con el embate puntual. Este ha sido el método de rutina durante décadas. Cuando escasean los fondos públicos, por cualquier motivo, solo hay que hurgar buscando alternativas y los impuestos serán entonces el mejor plan a instrumentar.

En ciertas ocasiones los gobiernos recurren a la emisión de dinero artificial, o en el caso de las provincias y municipios, a la inmensa gama de opciones de endeudamiento, que invariablemente terminan pagándose nuevamente con tributos, ya que esa modalidad solo posterga su nocivo efecto. En el actual contexto político y económico, y ante la corporativa resistencia de la clase política a una reducción considerable del gasto estatal en todos los niveles, algunos evalúan meter mano al sistema tributario y analizan mutaciones solo con la pretensión de incrementar la recaudación local.

Asoman varios de estos intentos en distintas provincias del nordeste, y esa insaciable actitud de recaudar se manifiesta especialmente con más fuerza aún en algunos municipios que, al no poder nivelar sus cuentas, examinan la grilla de posibilidades buscando por donde embolsar dinero. Finalmente todos los caminos son muy parecidos: saquear a los mismos de siempre, cazando en el zoológico, apretar mucho más las clavijas a los ya despojados o buscar nuevos damnificados a quienes poder desplumar.

El sistema no solo es despiadadamente perverso y tremendamente cruel, sino que cuenta con el irresponsable aval de una sociedad que no logra comprender que estas políticas de altísima carga impositiva solo traen más problemas que soluciones y exterminan cualquier iniciativa productiva. La mayoría de los dirigentes políticos sigue pensando que puede exprimir a todos eternamente sin visualizar las inexorables consecuencias de su absurda postura que solo genera menos oportunidades para los ciudadanos. No logran ver que quien encara un proyecto empresarial siempre tiene la chance de desistir de su idea, de cerrar su negocio, mudarse a otra ciudad o achicarse hasta su mínima expresión. El que gobierna solo recaudará algo en el corto plazo, pero irremediablemente percibirá lo mismo que antes o menos inclusive, destruyendo adicionalmente todo a su paso.

Una actitud verdaderamente revolucionaria pasaría por disminuir cargas y eliminar las descabelladas regulaciones que impiden un círculo virtuoso de mayor inversión productiva, empleo sustentable y legítimo desarrollo. Si los números gubernamentales no cierran, va siendo tiempo de mayor austeridad, de sensatez a la hora de administrar la cosa pública y de suprimir el despilfarro crónico e inercial sobre el que nadie quiere trabajar.