La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el macrosumario del caso Púnica, según confirmaron fuentes judiciales. El ministerio público pide que ambas expolíticas declaren como investigadas en la pieza separada sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2003 y 2011, una de las 16 ramas en que se divide la causa. El partido de Pablo Casado se limitó a expresar su respeto a las decisiones judiciales y a recordar la presunción de inocencia de sus exdirigentes.

El verano vuelve a ser un época complicada para el PP en los tribunales. La Fiscalía presentó ayer al juez García-Castellón un informe en el que le solicita la reordenación del caso Púnica, la trama corrupta encabezada por el exconsejero madrileño Francisco Granados. Esta gigantesca causa, que acumula más de un centenar de imputados, empezó a investigarse en 2014 y debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020. El escrito, de 75 páginas, propone reducir de 16 a 11 el número de piezas que componen el macrosumario para facilitar su enjuiciamiento.

Sin embargo, la carga de profundidad del dictamen no está en el replanteamiento de las diferentes ramas de la causa. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden al magistrado que en la pieza número 9, sobre el supuesto desvío de fondos para gastos del PP de la Comunidad de Madrid, cite como imputadas a las expresidentas regionales y antiguas líderes del partido Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

La Fiscalía también solicita al magistrado instructor la declaración como investigado de Javier Monzón, presidente de la compañía Indra entre 1993 y 2015, y actual presidente no ejecutivo de PRISA, empresa editora de EL PAÍS. La petición del ministerio público tiene que ver con la supuesta entrega de fondos por parte de Indra para las campañas de Aguirre en 2007 y 2011. Las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden asimismo la imputación de otros dos directivos de Indra, cuyos nombres no trascendieron, y de la propia compañía como persona jurídica, siempre según fuentes judiciales. El pasado junio, la Guardia Civil remitió a García-Castellón un informe en el que los investigadores señalaban que la empresa Indra abonó supuestamente 566.497 euros a una firma de formación, que a su vez los transfirió a la consultora Swat SL, que asesoró al PP madrileño en temas de estrategia y comunicación política para las campañas electorales de 2007 y 2011.

Contratos millonarios

El pasado marzo, la Guardia Civil remitió un informe al juez en el que por primera vez implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campañas electorales para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011. En ellas, la política conservadora encadenó tres mayorías absolutas, la primera de ellas tras el escándalo del tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que impidió la investidura del socialista Rafael Simancas y obligó a repetir las elecciones.

En aquel escrito, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Estas compañías de marketing, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, recibieron contratos por valor de 7,4 millones de euros.

Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modificó varias leyes autonómicas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, imputado en el otro gran macrosumario madrileño, el caso Lezo y cuya declaración por la caja b también ha sido solicitada por la Fiscalía.

Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que participó Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. También intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario argentino. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.

Lamela confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

La presunta financiación irregular del PP abarca también a los comicios autonómicos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logró la mayor victoria de su carrera política, el PP gastó en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del límite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y que supuestamente se nutría de fondos aportados por Granados e Ignacio González.

La expresidenta madrileña, mentora política de la futura presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado hasta ahora mantenerse siempre al margen de los escándalos que han protagonizado sus colaboradores más inmediatos. Aunque la corrupción ha acabado por convertirse en uno de los signos definitorios de sus mandatos, Aguirre ha esquivado siempre las consecuencias judiciales y ha negado en todo momento haber participado en actos ilegales.

En el caso de Cristina Cifuentes, presidenta regional entre junio de 2015 y abril de 2018, la investigación se centra en las supuestas irregularidades para la adjudicación, en 2009, de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. La investigación trata de aclarar si la adjudicación, en la que Cifuentes participó en su condición de vicepresidenta del Parlamento, fue presuntamente amañada a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido, camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación del PP regional y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.