En su camino hacia la presidencia, Andrés Manuel López Obrador reconoció los problemas más grandes de nuestro país: pobreza, desigualdad, violencia, corrupción e impunidad. Los unió bajo una misma esperanza de cambio. Recorrió México, desde la sangrante Ciudad Juárez hasta los pueblos del sur que se pierden entre la selva y la pobreza, para predicar y transmitir ese mensaje. Tras años de discursos, Andrés reunió a 30 millones de mexicanos alrededor de una sola fogata: Morena y sus aliados. Con esa confianza, aprovechándose de algunas reglas electorales y comprando a unos cuantos diputados del PVEM y del PRI, también obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, hoy utiliza el púlpito presidencial y a sus legisladores para un sueño completamente diferente: transformar a Morena en un partido hegemónico (según la definición de Giovanni Sartori). Ya no será un simple partido con una mayoría legítima y democrática que compite en el sistema político, como todavía es hoy en día, sino un partido que controla al sistema político para ganar elección tras elección a través de reglas a modo y la autoimposición; uno que no permite votaciones libres y competitivas, sino dirigidas y monopolizadas; que busca controlar a las autoridades que organizan y a las que validan las elecciones; que autoriza – es decir, que controla – la existencia de otros partidos sólo en tanto sean partidos de segunda sin posibilidades reales de ganar.

Y así, comienza a degenerar el sueño de esperanza en una pesadilla de control político y expansión sin límites del partido en el poder.

El camino hacia la hegemonía se construye por dos vías: (i) la expansión del control social de Morena, la construcción de una clientela electoral y otras estrategias electorales; y (ii) la eliminación de los contrapesos del ejecutivo y la centralización del poder en el presidente y su partido.

Ilustración: Estelí Meza

i. La captura electoral

¿Primero los pobres? No. A los pobres no se les saca de la pobreza: se les soborna para obtener su voto a cambio de migajas. Los morenistas no implementarán políticas para eliminar la desigualdad estructural, impuestos progresivos sobre la renta o programas transversales para cubrir necesidades básicas y generar oportunidades para los grupos más vulnerables. En lugar de ello, el nuevo gobierno prefiere comprar votantes mediante transferencias directas de dinero. En el caso de las transferencias a jóvenes y adultos mayores, lo harán con la ayuda de Salinas Pliego y Banco Azteca, que recibieron el contrato para manejar más de 99 mil millones de pesos en tan sólo un año, sin licitación y violando todas las leyes en la materia. Mediante estrategias similares, el “Gran Benefactor” busca obtener el voto de aproximadamente el 50.3% del padrón electoral.

Por otro lado, el Censo del Bienestar es implementado por Morena para hacer propaganda y recopilar los datos que servirán para identificar, contactar y operar a sus redes clientelares. Los 20 mil jóvenes censores, vestidos con el rojo amarronado característico del partido, recorren colonias enteras para llamar a la puerta de millones de hogares. En su visita ofrecen y promocionan las políticas sociales del presidente Andrés Manuel, recopilan la información que será utilizada por el gobierno —en una clara invasión de las facultades del INEGI—, hacen propaganda y promueven la imagen personal del titular del ejecutivo.

Sumado a ello, la imagen del Estado es sustituida por la imagen de Morena, en plena violación del artículo 134 constitucional. Los símbolos del partido están en todos lados —panfletos, spots, redes sociales— y el presidente aparece todos los días en la pantalla y en el radio de millones de mexicanos. Así, se constituye no sólo una campaña electoral permanente con la que ningún partido puede competir, sino que AMLO controla el mayor espacio de poder mediático en la historia de nuestro país: casi dos horas diarias para que Andrés diga su verdad, sus hechos, sus virtudes; para que construya un mundo alternativo a la realidad; para que ataque a la prensa y silencie los datos, para describir el México que le conviene: incitador del drama diario; creador de amigos y enemigos del pueblo.

Por último, en las semanas pasadas el presidente ha impulsado la figura de revocación de mandato concurrente con las elecciones intermedias de 2021, para así poder hacer campaña junto a los candidatos de su partido —aunque actualmente esté prohibido— y darles un impulso de popularidad con la ayuda del gobierno federal. La reforma fue aprobada ya en la Cámara de Diputados y está ahora en mano de los senadores.

ii. Destruir las autonomías y reconcentrar el poder

Después de 4 meses de gobierno, los constantes ataques a la prensa, a la sociedad civil, al poder judicial, a los gobernadores de oposición, a los órganos constitucionales autónomos y a las universidades públicas, así como a cualquier crítico del gobierno, desde políticos de oposición hasta activistas indígenas —como el reciente caso de Samir Flores, asesinado por oponerse a la termoeléctrica en Morelos—, revelan una actuación sistemática, una idea global: la cruzada para desmantelar y conquistar los espacios de poder que aún escapan del dominio de Morena.

La supuesta guerra contra la corrupción funciona como un disfraz para cubrir la persecución contra los enemigos políticos del presidente con todo el arsenal institucional del Estado. Una muestra clara de esto es que a más de 100 días de iniciada su gestión, el gobierno de AMLO no ha presentado una política nacional para combatir la corrupción, a pesar de ser el tema medular de su campaña.

Con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, AMLO ha enfrentado a dos órganos constitucionales autónomos (OCAs): la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Jana Palacios, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. La UIF se blande contra los enemigos del presidente, al denunciar a los responsables de crear y financiar la serie documental El Populismo en América Latina —supuesta campaña sucia contra AMLO—.

Además, con la mayoría en el Senado, las y los morenistas introducen a perfiles con claros conflictos de intereses para nombramientos de contrapesos institucionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y amenazan con enjuiciar políticamente a quienes no se alineen, como hicieron con el ministro Pérez Dayán. Por si fuera poco, en las últimas semanas se han filtrado documentos que indican que dentro del Poder Judicial de la Federación se está dando órdenes a jueces y magistrados para que no critiquen al presidente o, incluso, para que decidan en favor de él en los litigios de los que conozcan. Por otro lado, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados puede debilitar y disminuir a los órganos que incomodan al presidente, al recortar su presupuesto e impedir que cumplan sus funciones. Así, este año el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido serios recortes presupuestales, mientras que el INEGI tuvo que cancelar 14 encuestas necesarias para diseñar y evaluar nuestras políticas públicas por falta de recursos.

Treinta millones de personas votaron por un proyecto de democracia, honestidad y pacificación, no por el sueño de control político del presidente. La consolidación de un nuevo partido hegemónico significaría un retroceso al régimen autoritario del siglo pasado. En este nuevo régimen, las y los mexicanos debemos defender la división de poderes, la democracia y la pluralidad que, aunque imperfectas, se han logrado construir en las últimas décadas.

Miguel Alfonso Meza

Litiga en el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) que forma parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.