EL 15 de junio de 1977 se volvió a votar en libertad en nuestro país después de 40 años de dictadura y de una cruenta y dolorosa Guerra Civil. España era la última nación de la Europa occidental en comenzar a vivir en un régimen democrático. Desde 1977 hasta el actual 2020 hemos disfrutado de 43 años de democracia, con sus derechos y libertades, con el respeto a la pluralidad, con paz y sin violencia. Pero, ¿se ha podido disfrutar de esta democracia y sus consecuencias en todas las partes de España en estas más de cuatro décadas? Responder con rigor a esta pregunta me parece esencial para entender el problema del nacionalismo desde 1977.

Si tomamos la división territorial de las Comunidades Autónomas, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en 15 de las 17 se ha vivido en democracia, se han respetado los derechos humanos, ha habido paz y no violencia y se ha convivido sin problemas con el diferente, con el que piensa distinto. Así ha sucedido en Galicia, Asturias, Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Islas Canarias, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, La Rioja, Cantabria, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Sin embargo, en dos Comunidades Autónomas no se ha podido disfrutar de una plena vivencia democrática, no se han podido disfrutar de los derechos humanos, no ha habido paz y desde luego no se ha respetado al que piensa diferente. Lógicamente me refiero al País Vasco y a Cataluña. No vamos a entrar ahora en las diferencias entre ambas comunidades, pero sí nos vamos a centrar en lo que las une, que claramente es algo que no se da en las otras 15 regiones: el pensamiento nacionalista. El problema lógicamente no son los vascos o los catalanes, esto parece obvio, la raíz del problema, a mi entender, se encuentra en la esencia del pensamiento nacionalista. No es éste un artículo crítico con las personas, lo es con un concreto y específico tipo de pensamiento político que merece ser analizado a la luz de lo que hemos vivido en España.

No creo que sea casualidad que en Cataluña y País Vasco, y solamente allí, se hayan vulnerado los derechos fundamentales y libertades públicas, haya habido violencia en diferentes grados, se haya ahogado poco a poco el pluralismo –especialmente en el espacio público– e incluso se haya producido un importante exilio de decenas de miles de personas, constatable en el País Vasco –hay numerosos estudios al respecto– y presumible en los últimos dos años en Cataluña (más de 5.000 empresas cambiaron su sede fuera de Cataluña), lógicamente en menor cantidad. Yo lo denomino limpieza ideológica, que es el acoso social e institucional al diferente, en este caso al no nacionalista. Hay un Informe elaborado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa al respecto del adoctrinamiento en las escuelas catalanas.

La Constitución (expresión jurídica de nuestra vida en democracia y libertad) regula el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15), a la libertad ideológica (art. 16), a la libre circulación y residencia (art. 19), a la libertad de expresión (art. 20.1.a) y a la información y a la pluralidad en los medios públicos (20.1.d y 20.3), a la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales (art. 27.2), también el derecho al uso del castellano (art. 3.1). Los siete derechos apuntados son derechos reales, existentes y vitales para la vida en libertad de la personas. El derecho a la autodeterminación llevo años buscándolo en la Constitución y no lo encuentro, básicamente porque no existe. Se da la terrible paradoja de que el pensamiento nacionalista reclama, mejor, exige, un derecho que no existe en nuestra democracia, mientras que a los no nacionalistas que viven en las Comunidades Autónomas por ellos gobernadas les dificultan –y en muchos casos les niegan– el auténtico disfrute de parte y muchas veces todos los derechos fundamentales mencionados. Me parece importante saber quién fomenta la democracia real y quién no.

En el País Vasco han sido decenas de miles de personas las que en estos 43 años han tenido que abandonar su tierra y las que no han podido disfrutar de alguno o de todos los derechos fundamentales antes citados. Lamentablemente, en Cataluña, desde la famosa declaración de independencia del 1 de octubre de 2017, estamos iniciando una muy preocupante senda similar en la vulneración de alguno de estos derechos fundamentales. ¿Es casualidad que donde gobierna el nacionalismo se vulneren los derechos fundamentales de miles de personas no nacionalistas? ¿Es casualidad que solo en estas dos Comunidades Autónomas aparezca la violencia frente al que piensa diferente? ¿Por qué?

Quizá va siendo hora de que llamemos a cada cosa por su nombre: el pensamiento nacionalista tiene serios problemas con los sistemas democráticos, especialmente con el respeto a los derechos humanos del que piensa diferente. Esto me parece la esencia del problema. Veamos el contraste donde el nacionalismo no gobierna. No conozco en ninguna de las 15 Comunidades Autónomas antes citadas que a la gente que está o sale de la cárcel se le hagan homenajes o reconocimientos públicos, se tiene bastante claro que las leyes están para respetarlas y los que las incumplen, como en cualquier país normal del mundo, están entre rejas. Sin embargo, el pensamiento nacionalista no funciona así. Ellos, como expresamente dicen, están por encima de las leyes y los tribunales y denuncian que el Estado de derecho les persigue, que son víctimas y que hay que cuidar a los que están en las cárceles.

Un ejemplo. El pasado 11 de enero miles de personas en Bilbao y Baiona reclamaban un cambio en la política penitenciaria a favor, según el nacionalismo, de «la convivencia y la paz» (?). Organizaba el acto la red ciudadana SARE, que trabaja en favor de los «derechos de los presos vascos» (!) y los llamados artesanos de la paz (!!). El alcalde de Hendaia, Kotte Ecenarro, dijo que «la voluntad de paz de un país tiene que superar el espíritu de venganza» y que «mientras haya presos, no habrá un proceso de paz estable». La mentalidad de los independentistas es curiosa: todos los derechos, existentes o no, para el ejercicio del nacionalismo, incluidos los presos, pero ¿y los derechos para el que piensa diferente?, ¿se ha hecho algo por parte del nacionalismo para aclarar los asesinatos de los que lucharon por la libertad y la democracia en Euskadi, para que vuelvan los exiliados o para dar voz en la vida pública e institucional vasca, especialmente en los medios de comunicación públicos, a los no nacionalistas, al diferente?

No sé si alguien puede discutir que donde hay nacionalismo, tarde o temprano se vulneran los derechos de las personas que piensan distinto, el diferente se tiene que acabar yendo, especialmente si manifiesta su postura, y suele aparecer la violencia en diferentes grados. La ley y el Estado de derecho son muy molestos para el nacionalismo (no judicializar el conflicto, se dice) y en definitiva, no se generan espacios de libertad y convivencia, como en el resto de España, donde, casualidades de la vida, no hay nacionalismo.

El nacionalismo ha producido mucho dolor y sufrimiento en la Europa del siglo XX. En Alemania, Italia y en la antigua Yugoslavia, principalmente. Aquí lo hemos sufrido en el País Vasco y en Cataluña, sin que podamos olvidar el nacionalismo español (España, una grande y libre). El nacionalismo parte de un principio algo demencial, hace categoría existencial de algo tan accidental como el lugar en el que se nace. El pensamiento racionalista jamás compartiría este postulado, por eso el nacionalismo nace principalmente del pensamiento romántico de la Europa decimonónica, que es reacción emocional y sentimental al siglo de las luces del XVIII. Como dicen los nacionalistas, no se puede negar un sentimiento. La cuestión de fondo es que el sistema democrático, la libertad y los derechos humanos nacen del pensamiento racional-liberal, cuya piedra angular es el Estado de derecho y el respeto a la ley; no se hace política con los sentimientos. La diferencia o pluralidad es esencial en democracia, pero inadmisible para el nacionalismo, que quiere homogeneidad. El nacionalista siempre conjuga en primera persona: nosotros; el demócrata, en segunda persona, la democracia es la convivencia con el otro, el tú, el diferente, algo siempre más enriquecedor.

La solución al nacionalismo pasa por que los nacionalistas acepten las reglas del juego democrático, respeten los derechos humanos –especialmente los de los no nacionalistas, los diferentes– y la ley y los tribunales que los amparan. Si hacen esto, generarán espacios de libertad y convivencia; si no, sólo habrá espacios de imposición para el que piense distinto a ellos.

David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.