Los Mensua forman parte de una familia de arquitectos de Rocafort muy afables con un único problema: su hija María despreciaba la sociedad y lo manifestaba siempre que podía

Los Mensua forman parte de una familia de arquitectos de Rocafort muy afables con un único problema: su hija María despreciaba la sociedad y lo manifestaba siempre que podía. La joven madre acusada del homicidio de sus dos hijos se había convertido en una oveja negra en un entorno socioeconómico pudiente.

En la cabeza de María Gombau Mensua sólo rondaban ideas radicales contra el sistema consumista occidental y críticas centradas en lo que ella consideraba una deriva política que sólo podría acabar con una revolución contra los poderes establecidos. Sus vehementes comentarios, que vertía ante sus allegados, describían España con un poder político, económico y judicial absolutamente corrupto. Esta obsesión mezclada con su TMG (trastorno mental grave con brotes de esquizofrenia) sin la medicación adecuada convertía a María en una inadaptada en un mundo que despreciaba.

Una forma de pensar que pronto encontró su media naranja antisistema en Gabriel Salvador Carvajal Aguilera, un belga con ascendencia mexicana que quería vivir al margen del poder establecido con tendencias naturistas y alternativas. Una comunión de ideas extremas, consumo de porros y hongos alucinógenos que nadie creía que podría a acabar con la vida de sus dos hijos de tres años y medio, y cinco meses.

Viajes por Europa

Ambos, nacidos en 1991 y tras realizar varios viajes por ciudades españolas y Europa, optaron por establecerse en Godella -localidad vecina a la residencia de la familia materna que se ubicaba entre Rocafort y Massarrojos-, muy cerca de Valencia. El matrimonio buscó una casa para okupar entre los chalés abandonados de la zona como consecuencia de la crisis del ladrillo.

Un chalé, semiderruido y con un espacio abierto a los campos de maleza, sirvió para darles cobijo. Una desolada casa erigida en una sola planta sin agua sin luz e insalubre porque acumulaba escombros y basura. A pesar de las pésimas condiciones, a principios de 2017, la pareja instaló columpios y muebles improvisados de jardín para que el pequeño Amiel tuviera una zona de esparcimiento.

La decisión de María y Gabriel incomodó a Noemí -madre de ella- que intentó convencerles para que vivieran con ella en el pueblo. La abuela materna quería que Amiel creciera sin carencias y ofreció incluso una habitación en su vivienda hasta que pudieran alquilar un piso cuando lograran su primer sueldo, según detallan fuentes próximas a la familia.

Sin embargo, todos los intentos de Noemí por encauzar a su hija y a su pareja para que adoptaran una vida que no perjudicara a su nieto fueron en vano. María utilizaba como argumento sus principios políticos y antisistema. Esgrimía que su hijo viviría mejor fuera del entorno civilizado y urbano que imponía unas normas sociales que, como padres y tutores del menor, rechazaban.

La preocupación de la familia por el pequeño llegó a tal extremo que exigieron que el niño fuera escolarizado. Una petición a la que accedió el matrimonio y como, tanto María y su hijo, estaban empadronados en Rocafort, Amiel pudo ir al colegio público de la localidad vecina a su vivienda.

Por un lado, la familia residía en Godella (en una casa okupada) y, por otro, el pequeño iba a un colegio de Rocafort por la insistencia de los ascendientes maternos que en muchas ocasiones iba a recogerle.

Amiel se integró en el entorno escolar sin problemas, como confirman padres de otros compañeros. En el colectivo docente advierten de que sus tres años de edad no permitían evidenciar ningún trauma o desviación familiar y que su conducta era normal. Aunque la dimensión de la tragedia ha provocado que el CEIP San Sebastián ya haya recibido la asistencia de psicólogos de la Generalitat Valenciana.

Impuntual

Gabriel realizaba trabajos esporádicos en la zona y últimamente ayudaba en la cocina el bar Saladá. A pesar de su talante tímido y silencioso se enzarzaba en discusiones sobre la forma de realizar las tareas, pero nunca era indisciplinado. El principal motivo por el que a mediados de febrero fue despedido se debe a su impuntualidad, porque llegaba tarde y cuando se le necesitaba no había forma de localizarlo, según compañeros.

María se inscribió en la Bolsa de Empleo Social del Ayuntamiento de Rocafort y superó una prueba teórica -tipo test- con una puntuación de 10. Después de la selección fue contratada como peón de limpieza viaria durante un periodo de tres meses -del 22 de diciembre de 2017 al 21 marzo de 2018- y desempeñó su labor con diligencia. Fue entonces cuando se quedó embarazada de su hija Rachel.

Trabajos sociales

Durante ese tiempo la madre de los pequeños asesinados recordó que había sido condenada a una pena de un año y siete meses de prisión por unos altercados de protesta política junto a las Cortes Valencianas el 9 de junio de 2011, pero la cambio por labores sociales. Por esa época, aseguró que había cumplido parcialmente la pena en Rubielos de Mora, población de Teruel, y que tenía intención de acabar con los trabajos que debía realizar para la comunidad. En la propia Agencia de Lectura del Ayuntamiento de Rocafort completó su condena por la tardes para poder compatibilizar sus quehaceres laborales.

María pidió información en el Ayuntamiento sobre los servicios y recursos sociales disponibles, como las ayudas de emergencia municipales, pero nunca llegó a cursar ninguna ayuda.

A finales de 2018 el matrimonio solicitó empadronarse en Godella, ya que su residencia se encontraba en esta población, pero su situación se encontraba en un vacío legal porque la vivienda donde habitaban no era de su propiedad.

Según un comunicado del Ayuntamiento de Godella, el pasado 11 de marzo dos patrullas se desplazaron al domicilio de María y Gabriel, tras una llamada familiar, y comprobaron que tanto los progenitores como los menores se encontraban en buenas condiciones. Dos días después, el Teléfono del Menor alertaba de los problemas del matrimonio y desde los servicios municipales de Godella se coordinaba un dispositivo con la Policía Local, el centro de salud y el colegio al que acudía el pequeño Amiel para recabar información. El día 14 los agentes volvieron al domicilio porque los niños no estaban con los padres, se inició una búsqueda y, finalmente, la madre se derrumbó e indicó que estaban muertos y enterrados. Los cuerpos mostraban signos evidentes de que habían sido golpeados.