El lunes 24 de noviembre fue un día agitado para los abogados y funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Estaban trabajando a toda máquina para preparar la apelación a un fallo importante.

Sólo tres días antes, el viernes 21, el juez Mario Carroza había condenado a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea por el delito de torturas contra el general Alberto Bachelet. El padre de la Presidenta falleció en marzo de 1974 de un ataque cardíaco provocado, según el informe forense preparado por el Servicio Médico Legal en junio de 2012, por los maltratos físicos y psicológicos sufridos en la Academia de Guerra Aérea. Los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.

“Siendo crímenes de lesa humanidad, no puede ser que reciban penas tan bajas”, afirma un abogado que ha trabajado para el Programa de Derechos Humanos (PDH). “No es una condena suficiente para asegurar que esto no vuelva a ocurrir, no son penas que tengan un efecto de disuadir conductas similares en el futuro”.

Fue esa lógica la que impulsó al PDH ese día lunes a preparar la apelación. Y en lo mismo estaban los abogados de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), que fue la primera organización en levantar judicialmente este y cientos de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero ese lunes agitado muy pronto se convirtió en un lunes negro cuando Francisco Ugás, el secretario ejecutivo del PDH, recibió un llamado telefónico desde La Moneda, distante a sólo 200 metros al otro lado de la Plaza de la Constitución. Lo que escuchó paralizó a su equipo. “Les dijeron que debían alinearse con los deseos de la familia Bachelet de no apelar al fallo del juez Carroza y de no seguir adelante con este caso”, cuenta un abogado que supo de esta instrucción del Ejecutivo. Según fuentes al tanto de este episodio, quien hizo ese llamado desde el Palacio de Gobierno fue Mahmud Aleuy, el poderoso subsecretario del Interior. Algunos aseguran que también Ana Lya Uriarte, la silenciosa pero influyente jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, tomó el teléfono para transmitir el mismo mensaje: la familia Bachelet no quiere que el Programa apele a las condenas dictadas por Carroza.

“La decepción para el equipo del Programa fue mayúscula”, afirma un funcionario de Gobierno que estuvo al tanto de los pormenores. Sin embargo, el equipo del PDH no estaba dispuesto a aceptar esa instrucción sin dar al menos una buena batalla.

Operación Salvataje

Varios de los directivos que trabajan en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ingresaron a esa dependencia durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Y lo hicieron vía concurso de la Alta Dirección Pública, ya que la derecha no contaba con las redes o la experiencia en el campo de la defensa legal de los derechos humanos.

El hecho de que la familia Bachelet haya tratado de presionar para no apelar al fallo de Carroza y que, hasta ahora, el reporte que justifica levantar el secreto de los 50 años haya sido ignorado o postergado por La Moneda, parecen ser indicios de que Michelle Bachelet se siente bastante incómoda a la hora utilizar su investidura para avanzar en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.

Por eso, muchos creyeron que este equipo tenía sus días contados cuando Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría asumieron en marzo de 2014. Pero sucedió todo lo contrario. Curiosamente fueron las agrupaciones de derechos humanos las que más presionaron por la continuidad de este equipo. Y la razón era sencilla: estos abogados, la mayoría jóvenes y sin militancia política, habían avanzado mucho más en las causas y se tomaban mucho más en serio su trabajo, que la mayoría de los abogados socialistas o del PPD que habían trabajado anteriormente en esta división. Eso, al menos, es lo que afirman varios miembros y abogados de esas agrupaciones.

En vez de aceptar las instrucciones de La Moneda, el Programa decidió hacer un esfuerzo por convencer a los inquilinos del Palacio de echar marcha atrás. Y para ello enrolaron, según aseguran varias fuentes que han estado al tanto de este episodio, a Isidro Solís, el abogado y confidente de la familia Bachelet. En una operación que duró 48 horas, el también ex ministro de Justicia en el primer Gobierno de Michelle Bachelet logró convencer a la madre de ésta, Ángela Jeria, de que había que separar las aguas. Un tema eran las emociones y convicciones de la familia Bachelet, pero otro muy distinto la obligación institucional y judicial de proseguir en casos de derechos humanos.

Finalmente, la Presidencia dio luz verde para que ese programa del Ministerio del Interior apelará el fallo del juez Carroza. Consultado respecto a este episodio, Francisco Ugás no quiso profundizar en el tema y sólo comentó: “A nosotros la Presidenta siempre nos ha apoyado institucionalmente y ella misma ha dicho que el programa no le tiene que pedir permiso a nadie para participar en las distintas causas”.

Actualmente, la apelación del PDH y de la AFEP, presentada en diciembre de 2014, está estancada en la Corte de Apelaciones. El 5 de mayo el abogado de Edgar Ceballos Jones presentó un informe psiquiátrico que asegura que el coronel en retiro sufre de una “demencia claramente severa”. Según el escrito presentado al tribunal por Jorge Balmaceda Morales, el abogado de Ceballos Jones, la existencia de una demencia conlleva que “este paciente está exento de responsabilidad penal y califica con mayor razón para inimputabilidad”. Se trata, por cierto, de un argumento médico-legal que se ha usado en muchos casos de uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos, y fue también la estrategia usada en su momento por la defensa de Augusto Pinochet.

Este caso ilustra la manera, muchas veces ambivalente, en la que Michelle Bachelet ha encarado algunos temas de derechos humanos desde que accedió por primera vez a la Presidencia en 2006. Pero no es el único.

50 años de Secreto

Sobre el escritorio del flamante ministro del Interior Jorge Burgos descansa un documento que podría revelar secretos incómodos de la dictadura: los nombres de los uniformados y civiles que fueron señalados como torturadores en los testimonios que casi 40.000 chilenos dieron ante la Comisión Valech durante la década de 2000.

Actualmente, estos nombres no podrán ser conocidos y divulgados durante 50 años.

El programa de Gobierno que Bachelet presentó en su campaña presidencial, apenas dedica unos pocos párrafos al tema de derechos humanos. Respecto a las violaciones perpetradas durante la dictadura sólo existe una línea: “Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los derechos humanos que tienen un período de 50 años para poder ser conocidos y revisados”.

De esta solitaria frase se colgaron los abogados del PDH para hacer una propuesta audaz: dar a conocer los archivos de la Comisión Valech para que se conozcan los nombres de los torturadores mencionados por las víctimas.

Hoy en día esos testimonios permanecen bajo la custodia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin que siquiera los jueces puedan acceder a ellos. Esto no sólo constituye una “impunidad institucionalizada”, sino que incluso podría configurar una “denegación de justicia”, según abogados familiarizados con estos temas. “Hay que salir del secretismo que ha imperado en nuestro país”, dice un funcionario del Ministerio del Interior. “Tenemos que hacer pública esta información, porque en estos temas Chile ya está cayendo en falta en el sistema judicial internacional”.

Como nuestro país está suscrito al sistema interamericano de derechos humanos, el Estado chileno está obligado a investigar, sancionar, reparar y garantizar la no reiteración de los delitos. “Pero el pacto de silencio entre los militares todavía existe”, afirma un abogado que trabajó varios años en el Gobierno viendo estos temas. “Nuestras autoridades deberían hacer un llamado público y claro para romperlo, pero no se ha hecho todavía porque falta voluntad política”.

En diciembre de 2014 el Programa de Derechos Humanos evacuó un informe de más de 20 páginas a la Subsecretaría del Interior, argumentando desde el punto de vista legal la necesidad de hacer públicas las informaciones de las dos comisiones Valech, pero resguardando el derecho a intimidad de aquellas víctimas que no quisieran dar a conocer sus experiencias. La mayoría de estas últimas son personas de regiones rurales que, hasta el día de hoy, les ven diariamente la cara a sus torturadores en los pueblos y villas en los que viven, y que aún sienten temor de que lo vivido podría volver a suceder. Hay casos aún más dramáticos, como mujeres que reconocieron que sus hijos fueron fruto de violaciones perpetradas por uniformados, pero que nunca les contaron que sus padres biológicos fueron los victimarios. Aun así, se trata de pocos casos dentro del universo de casi 40.000 testimonios. La propuesta del PDH es hacer un llamado para que, dentro de un plazo razonable, por ejemplo entre seis y nueve meses, aquellas personas que no quisieran revelar sus testimonios no sean incluidas en la liberación de la información.

El informe todavía está dando vueltas en La Moneda. Pasadas varias semanas, la Subsecretaría elaboró una minuta sobre la base del reporte del PDH que posteriormente se envió al ministro del Interior. “Después no se supo nada más”, afirma un funcionario que trabaja en el Palacio presidencial. “Pero en parte es entendible, ya que Peñalillo estaba obviamente más preocupado por otros temas”.

Han pasado casi seis meses desde que el informe que justifica levantar el secreto de los 50 años llegara a La Moneda. Pero aún nadie se ha pronunciado al respecto. En las últimos jornadas, un asesor del ministro Burgos, Nicolás Díaz, pidió más antecedentes a la Subsecretaría. “Aunque suene paradójico, no descarto que con Burgos se avance en este tema”,

No es lo mismo que piensan en otras instancias del Gobierno. “Levantar el secreto de los 50 años pone al Gobierno en un zapato chino”, cree otro funcionario que también está al tanto de este tema. “Entregar los nombres de los torturadores, eso nunca va a ocurrir con Burgos, y tampoco con Bachelet”, dice el funcionario de La Moneda.

Mientras tanto, el informe sigue acumulando polvo.

Por cierto, no son pocos los que creen que en su momento la Comisión Valech elaboró una lista con los torturadores mencionados en los testimonios de las víctimas. En una ocasión, Francisco Papas Fritas, un artista conocido por su activismo político, le mencionó medio en broma a un periodista que quería robarse esa lista para darla a conocer en alguna performance artística. Sin embargo, esa lista no existe. De hecho, una vez que la comisión recibía los testimonios recolectados en terreno, una mesa de editores se encargaba de borrar los nombres de los torturadores para preparar el reporte final de la Comisión Valech.

Así es que, aunque finalmente se levante el secreto de los 50 años, habrá que bucear entre decenas de miles de testimonios para dar con esos nombres.

Indecisión Familiar

El hecho de que la familia Bachelet haya tratado de presionar para no apelar al fallo de Carroza y que, hasta ahora, el reporte que justifica levantar el secreto de los 50 años haya sido ignorado o postergado por La Moneda, parecen ser indicios de que Michelle Bachelet se siente bastante incómoda a la hora utilizar su investidura para avanzar en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos.

Ello parece más evidente en la investigación respecto a la muerte de su padre. De hecho, fue la AFEP la que inició la querella en la causa de Alberto Bachelet en noviembre de 2010. Poco después se sumó el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, entonces bajo el mando de Rodrigo Hinzpeter, y sólo al final, casi a regañadientes, se incorporó la familia Bachelet.

Antes de interponer la demanda, los abogados de la AFEP sondearon a Ángela Jeria para ver si la familia se quería sumar a la querella. También lo hicieron varios ex oficiales de la FACH, que al igual que el general Bachelet habían sido torturados por sus propios compañeros de armas. “Esperamos y no pasó nada, presentamos la querella pensando que entonces sí habría una reacción de la familia Bachelet y tampoco pasó nada; simplemente no hubo colaboración, no hubo interés”, afirma David Osorio, abogado de la AFEP. “Nunca hubo disposición, y parece ser una constante de la señora Jeria: una indiferencia absoluta respecto a este caso”.

Lo que incomoda a la familia Bachelet, y en especial a la madre de la Mandataria, es el hecho de que esa demanda haya involucrado al ex comandante en jefe de la FACH Fernando Matthei. En septiembre de 2012 y en julio de 2013, los abogados de la AFEP pidieron procesar a Matthei, ya que había sido el director de la Academia de Guerra Aérea durante varias semanas en las que el general Bachelet fue torturado en los sótanos de esa institución. Según la AFEP, existían antecedentes que acreditaban que Matthei estaba al tanto de las torturas que se cometían en los subterráneos de la academia.

Sin embargo, el ex miembro de la Junta Militar siempre alegó que no tuvo control sobre lo que pasaba en esos calabozos, ya que recién había retornado de una misión de varios años en la delegación diplomática chilena en Inglaterra. Además, al ser nombrado director de la academia se había generado el extraño caso de que, siendo él el jefe de esa unidad, su grado militar era inferior a los encargados operativos de ésta, que eran los que supervisaban las torturas a sus camaradas de la FACH que eran considerados simpatizantes del Gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende.

Además, también hay un aspecto emocional que explica la renuencia de la familia presidencial en seguir adelante con este caso. Las familias Bachelet y Matthei se conocen desde fines de los años 50, cuando compartieron en la villa militar que la FACH tenía en la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta, como relataron las periodistas Nancy Castillo y Rocío Montes en Hijas de General – La historia que cruza a Bachelet y Matthei (Catalonia, 2013). En ese libro se cuenta, entre otras cosas, cómo Fernando Matthei ayudó a Michelle Bachelet y Ángela Jeria a retornar a Chile en 1979, pese a que no figuraban en las listas de exiliados con permiso para volver. Ambas mujeres habían pasado los años anteriores viviendo en Alemania Oriental y al volver a Chile participaron activamente en movimientos contra la dictadura en la década de 1980.

Sin embargo, su cercanía con la “familia militar” nunca se perdió del todo, ni siquiera en esa época. De hecho, Michelle Bachelet se ha referido en más de una ocasión a Matthei como “el tío Fernando”. Tal vez por eso en agosto de 2012 la madre de la actual Mandataria salió en defensa del ex socio de Pinochet en la Junta Militar. “Siempre el general Matthei ha sido amigo nuestro, lo estimo mucho y yo tengo la certeza de que él no estuvo en la Academia de Guerra en el tiempo en que mi marido estuvo ahí”, declaró en esa oportunidad. Esas palabras le valieron el envío de flores y agradecimientos por parte de Fernando Matthei y de su hija Evelyn, que un año después se enfrentaría a Michelle Bachelet en las presidenciales de 2013. Y, ciertamente, esas palabras posiblemente facilitaron el camino para que el juez Carroza desestimara procesar al uniformado.

La biografía de Michelle Bachelet muestra cómo una mujer que se crió y perteneció a la familia militar se distanció de ella debido a la muerte de su padre, su propia detención en el centro de tortura y exterminio Villa Grimaldi y sus años en el exilio. Pero transcurridos 20 años desde estos hechos, la socialista se volvió a acercar lentamente al mundo militar.

Tras su estrepitosa derrota en la campaña por la alcaldía de Las Condes en 1996 –donde sólo obtuvo 2,35% de los votos, lo que ni siquiera fue suficiente para ser concejal– Bachelet cursó un diplomado en estrategia militar en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe). Obtuvo el primer lugar de su promoción, donde más de la mitad de los estudiantes eran militares. Al año siguiente, en 1997, cursó estudios sobre defensa continental en el Colegio Interamericano de Defensa, en el Fuerte Lesley J. McNair, en Washington.

A su regreso de Estados Unidos en 1998, trabajó durante unos 12 meses como asesora en el Ministerio de Defensa. No se trataba de asesorías externas, sino que ella formaba parte del Comité de Asesores del ministro Edmundo Pérez Yoma. Bachelet estaba a cargo de ver el tema de la sanidad militar, en concreto cómo mejorar el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. Pero como además venía con los pergaminos de sus estudios en Washington, también formó parte del equipo político-estratégico del Ministerio. Sin embargo, no estuvo involucrada en el caso Pinochet, que se produjo tras la detención del ex dictador en Londres en octubre de 1998, según funcionarios que trabajaron en esa época en esa cartera.

En enero de 2002, el Presidente Lagos la nombró ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en la historia chilena en asumir ese cargo. “Pese a ser mujer y además socialista, los militares la querían mucho, la respetaban mucho”, recuerda un funcionario del Gobierno de Lagos. “Muchos pensábamos en esa época que eso de ‘la familia militar’ era un constructo, pero no, Bachelet era de la casa, los uniformados de verdad sentían que ella era parte de su familia”.

La imagen de la ministra Bachelet arriba de un tanque durante las inundaciones que afectaron a Santiago en el invierno de 2002 fue el punto de partida de un ascenso que, finalmente, la llevaría a La Moneda en 2006.

“Varios dicen que gracias al Ejército soy Presidenta de Chile, puesto que salimos con un tanque durante las inundaciones”, recordó la propia Bachelet en febrero de 2010 al ser condecorada por el general Óscar Izurieta, el comandante en jefe de esa institución castrense, que en 1970 y 1975 realizó cursos de especialización en la notoria Escuela de las Américas.

Un historial débil

En su discurso del 21 de mayo de este año, Bachelet apenas habló de derechos humanos. Se limitó a señalar en una frase que ese tema se iba a incorporar en el futuro currículum de educación cívica, una asignatura que fue eliminada a fines de los años 90.

Tampoco mencionó en su discurso la huelga de hambre de los ex presos políticos que se mantuvo durante unos 40 días. Durante esas semanas la Presidenta no hizo ninguna declaración ni pronunciamiento al respecto. Y eso que entre los huelguistas se encontraba un compañero de prisión de su padre, Óscar Silva Vidal, y una compañera de celda de la propia Mandataria en Villa Grimaldi, María Alicia Farfán. Ambos le pidieron a la Presidenta pronunciarse e involucrarse para encontrar una solución. Pero Bachelet simplemente ignoró esas peticiones y toda la huelga de hambre, y se limitó a dejar el tema en manos de funcionarios de segundo orden.

Lo cierto es que, cuando se examina más de cerca el historial de políticas públicas de Bachelet en el tema de violaciones a los derechos humanos, emerge un cuadro que no le es tan favorable. “Bachelet no ha tenido una política de empujar por los temas de derechos humanos”, afirma un conspicuo abogado que fue miembro de la Mesa de Diálogo a fines de los años 90 y también de las comisiones Valech en los 2000. “Siempre prefiere cuidar mucho sus relaciones con las Fuerzas Armadas”.

De hecho, en privado muchos abogados de derechos humanos ventilan su frustración respecto a la tibia actitud de la Presidenta. Afirman que, dado su pasado personal y también su cercanía con el mundo militar, podría ser una líder enérgica en estos temas, no sólo en Chile, sino que en América Latina. No obstante, opta por la cautela.

“Ella no quiere abusar de su posición de autoridad y también de víctima”, asegura un alto funcionario del Ministerio del Interior que la conoce en persona. Lo mismo piensa una persona que la conoció en los años 90. “Creo que tiene una suerte de reticencia o pudor en ocupar su investidura, tal vez siente que sería privatizar o familiarizar el tema de los derechos humanos”, asegura.

En efecto, Bachelet parece sentirse muy incómoda cuando su vivencia personal se mezcla con las políticas de Estado en materia de derechos humanos. Si bien tanto ella como su madre declararon ante la Comisión Rettig a inicios de los años 90, cuando Bachelet aún no tenía figuración política, no sucedió lo mismo con la Comisión Valech. Según abogados que participaron de esta, se le insistió en que declarara en calidad de ex prisionera política, pero ella no quiso. El Presidente Lagos, en cambio, sí prestó testimonio.

Muchos piensan que Bachelet ha hecho demasiado poco en avanzar las causas de derechos humanos. “En su calidad de víctima, ella es un símbolo en este tema, pero en su calidad de miembro de la llamada familia militar también es un freno”, sostiene un ex funcionario. “Ella puede ser un ícono-tapón”.

De hecho, de todos los gobiernos democráticos desde 1990, los dos de Bachelet han sido los menos ambiciosos en el tema de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

El Gobierno de Patricio Aylwin constituyó la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, cuyo informe publicado en marzo de 1991 dio por primera vez públicamente cuenta de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. En 1992, su administración creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la que funcionó hasta 1996, cuando ya era Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

A fines de los años 90, tras la detención de Pinochet en Londres, se creó la Mesa de Diálogo, cuyo objetivo era saber el paradero de cientos de detenidos desaparecidos. Esta instancia funcionó al final del Gobierno de Frei e inicios del mandato de Lagos, pero sus resultados fueron magros. En 2003, Lagos creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que operó hasta 2004. El Informe Valech acreditó la existencia de 28.459 víctimas.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha sido, hasta ahora, la mayor iniciativa de Bachelet. La Presidenta anunció su creación en el discurso del 21 de mayo de 2007, aunque la idea de constituirla nació originalmente de las recomendaciones que hizo la Comisión Rettig y de las políticas de construir memoriales impulsadas durante la administración de Lagos. Por cierto, expertos en derechos humanos aseguran que su mismo nombre ya muestra un anacronismo en estos temas. En Argentina, por ejemplo, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han financiado y apoyado activamente proyectos de este tipo, pero bajo un prisma distinto. En ese país se habla de centros de investigación de la memoria histórica, en el entendido que las violaciones cometidas durante la última dictadura pueden ser objeto de investigación continua y no un asunto de museos. Algo similar se aplica en Colombia y Honduras.

Y hacia el final de su primer mandato, en diciembre de 2009, Bachelet impulsó la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, otra idea que había sido incubada en gobiernos anteriores. Junto con la ley que creó al INDH, también se incluyó lo que, hasta ahora, ha sido la última comisión de verdad: la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Conocida como Comisión Valech II, la idea de reabrir esa instancia para recabar nuevos antecedentes sobre víctimas que no hayan sido reconocidas anteriormente, fue impulsada con fuerza por senadores socialistas en 2008 y no fue una iniciativa original de La Moneda. Esta comisión, que operó durante el Gobierno de Piñera, logró calificar 9.795 víctimas adicionales de prisión política y tortura.

Por último, la futura Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia fue una iniciativa planteada en 2012 por Piñera y aprobada en enero de 2014 por el Senado. Esta institución aún no se ha conformado, ya que el Gobierno de Bachelet ha pedido algunas modificaciones. Por cierto, la decisión de crear esta Subsecretaría corresponde en parte a que Chile se tiene que adaptar al sistema interamericano al que está suscrito y su institucionalidad en materias de derechos humanos está atrasada. Un ejemplo claro de ello es que el Código Penal chileno todavía no tipifica el delito de torturas; en vez de ello habla de “tormentos y apremios ilegítimos”. Y eso que el país suscribió la Convención Internacional Contra la Tortura que entró en vigencia en 2009. “Estamos cayendo en falta en la comunidad internacional”, afirma un abogado que trabaja en estos temas. “Antes Chile era visto como un ejemplo, en especial por las Comisiones Rettig y Valech, pero hoy estamos atrasados”.

Una buena oportunidad para retomar la iniciativa es levantar el secreto de los 50 años que pesa sobre el Informe Valech. Actualmente sólo el Informe Rettig y, en casos muy especiales, algunos testimonios del Informe Valech II, sirven como antecedentes para los tribunales.

Ahora el ministro Burgos tiene la palabra. Y, claro, la decisión política final estará en manos de Michelle Bachelet. ¿Dónde estarán, esta vez, sus lealtades? ¿Con las víctimas de la dictadura o con la ‘familia militar’?

*Este artículo se basa en una serie de documentos judiciales y de Gobierno, y casi una docena de entrevistas a abogados, funcionarios gubernamentales y personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Casi todos los entrevistados pidieron no ser citados con su nombre.

** Por Víctor Herrero A., periodista, autor del libro de investigación Agustín Edwards Eastman, una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio.