Trate de imaginar por un segundo la extraordinaria magnitud de la siguiente cifra: 5,838 miles de millones de pesos. O, como dirían los sudamericanos siguiendo a los franceses, 5,838 millardos. O, si a usted le gusta emplear el concepto de billones (en el sentido mexicano del término), alrededor de 5.84 billones de pesos. Es decir, 5.84 millones de millones de pesos, ni más ni menos. Esa fue, le comento ahora, la cifra aprobada en diciembre de 2018 por la Cámara de Diputados para ser erogada por el gobierno federal en 2019.

Ahora trate también de imaginar que usted es el secretario de Hacienda de nuestro país y que, por instrucciones de, digamos, la oficina de la Presidencia, le informan de improviso que hay que recortar 58 mil millones de pesos del presupuesto. A bote pronto, quizás usted pensaría entonces lo siguiente: ¡qué fácil, eso representa apenas el 1% del total! Y bien sé, quizás seguiría usted pensando, que ese porcentaje se puede fácilmente ahorrar en las adquisiciones públicas, dado que todos sabemos que en los sexenios anteriores se pedían moches no solo del 10% (los llamados diezmos), sino hasta del 20 ó 30%.

Lo de los moches es eminentemente cierto, pero, me temo, eso no le serviría de mucho para el recorte. Permítame detallar en lo que resta de esta columna el porqué. Para empezar, de aquel monto exorbitante debería usted sustraer lo que se conoce como el gasto no programable. Es decir, el gasto que no puede tocarse porque ya está comprometido de antemano. Esto incluye las estimaciones del costo financiero anual de la deuda del gobierno federal, los adeudos fiscales de años anteriores y, de manera aún más importante, las participaciones federales para los estados y los municipios mandatadas por la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados, estos tres rubros intocables fueron estimados que representaban alrededor de 1,691 mil millones de pesos para 2019.

Para continuar, usted debería también considerar el gasto irremediable y creciente del pago de pensiones, el gasto de los otros dos poderes, el gasto de los organismos autónomos, los subsidios a las entidades paraestales, y las aportaciones mandatadas por ley a los estados y municipios. Estas últimas incluyen desde las aportaciones a los estados para los servicios de educación y salud, ambas muy costosas e importantes, hasta varios fondos sectoriales para los municipios. La suma de todas esas partidas, sería mi deber comentarle, fue estimada en el PEF como del orden de 3,026 mil millones de pesos. Puesto de otra manera, de la suma exorbitante inicial ya solo le quedarían disponibles alrededor de 1121 mil millones de pesos.

Pero no cante victoria, de esa cantidad tendría que sustraer el monto que se requiere para los programas prioritarios de este gobierno, el gasto para la educación media superior y superior, el gasto para los servicios de salud federales y el gasto requerido por las dependencias del sector de seguridad. Esto representaba originalmente en el PEF alrededor de 664 mil millones de pesos, aunque ahora es mayor, debido a algunos programas sociales extras y a la creación de la Guardia Nacional. Además a ese monto también habría que agregar la cantidad de 147 mil millones de pesos, que es el gasto mínimo requerido para que todas las otras dependencias hagan sus tareas, incluyendo la inversión pública básica (carreteras, infraestructura hidráulica, etc.).

Ya nada más le quedarían 310 mil millones de pesos, justo la cantidad destinada en el PEF para el pago de servicios personales. ¿Podría sacar de allí los 58 mil millones de pesos? Sería muy riesgoso, pues la gran mayoría de los sueldos y salarios son para trabajadores que ya tienen base, o para funcionarios públicos indispensables (médicos, por ejemplo).

Profesor titular del Tecnológico de

Monterrey