Nueva York, 8 Ago (Notimex).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que los gobiernos de América siguen negando a los pueblos indígenas sus derechos, pese a que deben garantizar que éstos se respeten y protejan.

“En toda América los gobiernos siguen discriminando a las poblaciones indígenas al negarles su derecho a participar en decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras para su supervivencia cultural”, asentó un informe difundido aquí.

Publicado un día antes de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en la ONU, el informe tiene la intención de resaltar los retos que enfrentan los pueblos originarios del mundo y, en especial, los de América Latina.

Apuntó que centrales hidroeléctricas, explotaciones mineras a cielo abierto, ductos y carreteras son algunos proyectos que los gobiernos siguen autorizando en territorios indígenas o sus proximidades sin tener consentimiento libre, previo e informado de estas comunidades.

La Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada en 2007 y ratificada por México, establece la obligación de los gobiernos de abordar las preocupaciones de los pueblos indígenas y tomar medidas para garantizar que se respeten y protejan.

El documento destacó además que son los propios pueblos indígenas los que deben determinar el impacto potencial de las medidas, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad y su historia de discriminación.

No obstante, “en toda América hay muchos ejemplos en los que esta consulta no se realiza o se lleva a cabo mediante un procedimiento particular e incoherente, violando con ello las normas internacionales de derechos humanos”, indicó AI.

Al referirse a la situación en México, el organismo pro derechos humanos señaló que el gobierno mantiene abiertas las actividades extractivas en la mayor parte del territorio del pueblo wixárika, pese a no contar con la aprobación de los afectados.

“Aunque el gobierno anunció recientemente la cancelación de algunas concesiones mineras en una pequeña zona de Wirikuta, muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio continúa abierto a las actividades extractivas”, indicó.

Asentó el organismo que los indígenas wixárikas se han quejado de que no han sido consultados sobre estos proyectos de extracción minera.

Concesiones otorgadas por el gobierno federal para actividades de exploración y explotación minera en Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí (centro), han trastocado herencia y tradiciones fundamentales para la cultura y la forma de vida wixárika, según los afectados.

Las peregrinaciones y ceremonias tradicionales de los wixárikas en Wirikuta están en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio, pese al anuncio en mayo pasado de que el gobierno federal crearía una reserva para protegerlo, enfatizó AI.

El documento destacó también los casos de indígenas en Ecuador afectados por nuevas prospecciones petroleras, los de la comunidad wiwa de Colombia en relación a la construcción de una presa y los de pueblos afrodescendientes que intentaron detener un proyecto minero.

Asimismo mencionó incidentes en la comunidad toba qom en Argentina, conflictos por la construcción de una carretera en territorio indígena en Bolivia, y disputas por la operación de la minera Goldcorp en comunidades originarias en Guatemala.