El aborto genera discusiones cada vez más fuertes en la Argentina. El derecho, a través de un fallo de la Corte Suprema, y la Iglesia, con una nueva instrucción impartida por el papa Francisco, han demostrado que los tiempos y las agendas se actualizan y cambian.

Recientemente, la relatora especial de la ONU estuvo en Buenos Aires y planteó sus reparos porque hay irregularidades en los protocolos vigentes de aborto no punible.

Consultado sobre el tema por Infobae, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró: "Ese es un debate que tiene que ver con la vida parlamentaria; no hay un proyecto en el Gobierno para modificar la normativa; eso también tiene que ver con la libertad de conciencia y no está en agenda avanzar en ese sentido".

El artículo 86 del Código Penal es breve pero lo dice todo: "El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si: 1º) se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

La restricción es clara y coloca a la Argentina en el grupo de países en los que la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo considerada como un crimen. Sin embargo, la experiencia indica que la penalización no inhibe este tipo de práctica: año tras año, miles de mujeres se someten a intervenciones clandestinas en las que literalmente se juegan la vida.

El aborto inseguro –realizado en condiciones insalubres- sigue siendo la principal causa de muerte materna en el país: se estima que se realizan unos 500.000 ilegales por año y, según estadísticas del Ministerio de Salud, mueren más de 100 mujeres por año.