La fiscal federal Paloma Ochoa pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que la causa conocida como Sueños Compartidos, avance hacia el juicio oral y público. En una primera parte había pedido que los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el subsecretario de dicha área Abel Fatala, vayan a juicio. Ahora, incluyó en el pedido a Hebe de Bonafini pese a que había pedido una serie de medidas "para completar la instrucción a su respecto", el juez indicó que la instrucción había concluido y por ello, pidió que la titular de Madres de Plaza de Mayo igual vaya a juicio.

El año pasado, el juez federal Martínez de Giorgi procesó a Bonafini y una veintena de involucrados en la causa "Sueños Compartidos", al encontrarlos responsables del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de “partícipes necesarios, en relación a los financiamientos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo.

En mayo de este año, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun confirmaron esos procesamientos y decidieron revocar la falta de mérito que se había dictado sobre Julio De Vido, quien sumó otro procesamiento por defraudación.

Para la Justicia, Bonafini "conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ella misma había instituido". Por ello la procesó como partícipe del delito y a los hermanos Schoklender como los autores del mismo.

Por ello, se indicó que la titular de Madres "al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación".

La defraudación atribuida a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alcanzaría los 206 millones de pesos, de acuerdo con la investigación iniciada tras una publicación de Clarín a mediados de 2011 y que inicialmente condujo el cuestionado juez Norberto Oyarbide, quien finalmente terminó apartado de la causa.

En este contexto, la fiscal Paloma Ochoa ya había pedido al juez que avance con la elevación a juicio oral del expediente. Y ahora incluyó también a Bonafini después que el juez Martínez De Giorgi le indicara que debía incluir a la titular de Madres en el requerimiento de elevación, pese a que la representante del ministerio Público Fiscal considerara que aún debían realizarse algunas medidas.

"El hecho que los nombrados no hayan señalado a los hermanos Schoklender como quienes les impartían las órdenes de cobrar cheques emitidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma", sostuvo el juez.

Así, la fiscal Ochoa reiteró que las medidas “resultan fundamentales para clarificar la posible intervención de” Bonafini, e impulsó el requerimiento para enviarla a juicio “a fin de no dilatar el avance del proceso”.

Hebe se encuentra imputada como partícipe de forma secundaria en la defraudación a la administración pública por los fondos que recibió la Fundación para la construcción de viviendas sociales. La titular de Madres está acusada de avalar el accionar de los hermanos Schoklender en cuanto al desvío de los fondos públicos hacia otros fines fuera de la construcción de viviendas sociales.

Durante la instrucción se determinó que los hermanos Schoklender utilizaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su condición de apoderados de su Fundación, en "connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado".

Al respecto, Ochoa indicó que Sergio Schoklender "organizó un mecanismo para que las obras apuntadas, sean adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que él era apoderado".

En tal sentido, el requerimiento indica que para lograr el "éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas, la Fundación Madres de Plaza de Mayo y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación".

La Auditoría General de la Nación había detectado que 206.438.454,05 pesos no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, que fueron desviados de su destino original. La Fundación manejó un total de 748.719.414 de pesos. Es decir, "fue sustraído el 23,54% de la financiación total otorgada", según dictaminó la fiscal.

En su momento, el juez sostuvo que pudo "recrear parcialmente el circuito que han seguido los fondos enviados" por el gobierno kirchnerista a la Fundación para la construcción de viviendas y que "fueron ilegítimamente apartados de su objetivo".

El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados (los imputados) y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique", sostuvo la justicia. Y se señaló a 19 firmas encabezadas por Meldorek y Antártica.

En la causa también fueron confirmadas las acusaciones por lavado de dinero a otras trece personas relacionadas con las "cuevas" utilizadas para cambiar los cheques que recibía la Fundación del Estado. Entre ellos se encuentran Alejandro Gotkin, José Fernando Caparrós Gómez, Gustavo Serventich y Guillermo Greppi. También para estos trece procesados los embargos llegaron a los 250 millones de pesos.