Jesús López-Medel *

La Constitución de 1978 fue impulsada desde el centro-derecha (UCD), el centro-izquierda (PSOE) y la izquierda (PC) junto a los nacionalistas catalanes. Mientras, la derecha cercana al franquismo no la apoyó (salvo Fraga, ponente activo). Era esa Alianza Popular de los años setenta a la que se incorporaron tanto Aznar como Rajoy, cuyos fervores democrático y constitucional, como la AP entonces, no era una de sus características precisamente.

Con el tiempo y el poder, le cogieron gusto a la Constitución y acabaron apropiándosela. Recuérdese el concepto de “patriotismo constitucional” al que apelaba Aznar ya presidente para sanear su antigua falta de querencia a esta norma y de cuya manifestación hay varios testimonios escritos en el Diario de La Rioja. Creo que Aznar era, sobre todo, un nacionalista español, vinculado al primer término al denominado bando “nacional” de la guerra civil.

Incorporado a la más primeriza AP, Mariano Rajoy se incluye en este grupo como conservador nato. Lo suyo era y es conservar. Si se hubieran conservado las Leyes Fundamentales de Franco, no le habría pasado nada. Se habría dedicado igualmente a la política. Tras la democracia, pues a cambiar. Haría sin traumas un tránsito hasta que se acercó a la Constitución y ahora, como buen conservador, solo quiere mantenerla tal cual. Ni necesidad de quitarle el polvo. De lo necrosado o podrido, ni tocarlo.

Y resulta que el uno y otro, los dos líderes de la derecha se apropiaron de la Constitución que era de todos o casi todos. Tras esa apropiación, han llevado a cabo numerosas violaciones, produciendo una mutación constitucional, una reinterpretación regresiva y en algunos casos contraria manifiestamente a su esencia.

Una manifestación de ello es cómo están rediseñando el marco institucional basado en la separación y equilibrio de poderes. Sobre esto, ha de partirse de la proclamación de la forma política del Estado español cuando se dice que es “la monarquía parlamentaria” (artículo 1.3).

Ello tiene reflejo en la expresión de que “Las Cortes Generales representan al pueblo español (artículo 66). Y son sus miembros, concretamente los diputados del Congreso, los que eligen al presidente del gobierno y son ellos quienes pueden cesarle mediante la moción de censura".

Veamos cual ha sido la consideración de Mariano Rajoy y su gobierno hacia el Parlamento en tres fases.

En primer lugar durante los cuatro años de legislatura, se ha batido el record de uso y abuso de los decretos leyes. Corresponde a las Cámaras la aprobación de las normas jurídicas y solo excepcionalmente puede utilizarse este mecanismo en casos de necesidad que ha de tener dos características: extraordinaria y urgente.

Supone que estas normas se aprueban en un solo día, el viernes, por el Consejo de Ministros, muchas veces de improviso y obviando así informes preceptivos previos. Solo a posteriori pero con la ley ya publicada y en vigor hay un debate breve en el Congreso a los solos efectos de su convalidación. La apelación, muchas veces injustificada con la excusa de la crisis económica, ha dado lugar al dato de este Ejecutivo ha aprobado 73 decretos leyes sobre un total de 143 proyectos de ley. El mayor en la historia reciente.

En segunda manifestación de desprecio del gobierno al Parlamento se produce durante el larguísimo e inaudito periodo de interinidad del Ejecutivo. Un año en una situación anómala. Es la Ley de Gobierno de 1997 la que trata del gobierno en funciones imponiéndole una serie de límites. Pues bien desde las instancias de Moncloa se ha pretendido extender esta interinidad legal al propio Parlamento.

Sin embargo, ni los Reglamentos de las Cámaras ni ninguna ley establece límite alguno a las Cortes por el hecho de no haber gobierno. Pese a ello, se ha constreñido de modo notable la actividad del Parlamento pues el Gobierno se negó a ser sujeto a control a pesar de que esta, la de controlar al gobierno, es una función esencial, más aún en un sistema parlamentario. Durante ese larguísimo año el Consejo de Ministros aprobó acuerdos por un gasto de 3.414 millones y aprobó 49 Decretos todo ello sin poder ser controlado pese a que según la ley, su actividad debe quedar limitada “al despacho de los asuntos ordinarios”.

La tercera fase donde puede observarse la escasa consideración del Gobierno hacia el Parlamento, se manifiesta, tras la investidura, en el veto a que se tramiten proposiciones de ley de los grupos. Hay un precepto constitucional, el 136. 6 que señala que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá a conformidad del gobierno para su tramitación”. Esto está contenido a propósito de la ley presupuestaria anual pero no con carácter general. En todo caso es algo que no se había utilizado nunca con el fin de evitar, tal y como está sucediendo, tramitar una iniciativa legislativa de otro grupo político o incluso de las provenientes de Parlamentos autonómicos.

Pues bien, hasta principios de mes, el gobierno Rajoy ha utilizado este veto aplicándolo a 16 leyes sociales en 50 días. A veces la oposición ha utilizado la treta de introducir una disposición que demora su entrada en vigor al siguiente ejercicio presupuestario, pero ni con esas. Ya tenemos otro conflicto entre instituciones que habrá de dirimir el Tribunal Constitucional pero poco hay que hacer tal y como es de sumiso al PP que ha propuesto la mayoría de sus miembros.

A aquellos que repiten como un mantra eso de “partidos constitucionales”, poniéndose a la cabeza y que con su actuación están despreciando al Parlamento, no hacen sino revelar que verdaderamente no creen en la Constitución.

(*) Jesús López-Medel es abogado del Estado.