Así, en 2018 la mortandad de empresas argentinas se expandió 1.015%: fueron más de 10.300 las empresas que bajaron sus persianas, al punto que por cada hora transcurrida 15 argentinos fueron expulsados de sus puestos de trabajo. La mayoría de ellas (96%) fueron pymes y, el grueso, pymes industriales, porque la característica del modelo económico que rige en la Argentina, orientado a favorecer el interés del capital financiero (primordialmente extranjero), es la de ser un modelo antiproductivo y antiindustrial. Por eso, no sólo los trabajadores, los jubilados, los consumidores, las pymes fueron atacados por la política oficial. También vieron empeorar su situación los productores del sector primario de la economía. Y las grandes empresas de capital nacional, muchas de las cuales, sobre la destrucción del mercado interno, la demoledora inflación de costos impulsada por los tarifazos y la devaluación, y la irresponsable y unilateral apertura importadora, vieron estallar sus balances fruto del endeudamiento que el propio gobierno había estimulado y que, frente a las tasas astronómicas y la brutal devaluación (nuestra moneda se devaluó 100% el año pasado), se tornó insostenible. Es difícil en este punto no escuchar el eco de las palabras del juez Ramos Padilla en su presentación ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, cuando informó que muchos empresarios estaban denunciando haber sido extorsionados para desprenderse de sus empresas y entregarlas a capitales foráneos, en el marco de una causa donde se recogió documentación vinculada con la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno de Israel. Y en un mundo donde la economía global está marcada por el avance de la República Popular de China y la guerra declarada por los Estados Unidos, país donde asienta su “base de operaciones” el Imperialismo Internacional del Dinero, definición acuñada por el Papa Pío XI en 1931, en su encíclica “Quadragessimo Anno”, pieza constitutiva de la Doctrina Social de la Iglesia.

La suerte del aparato productivo nacional –su detonación- no podía escindirse del desenlace esperable para un programa económico cuyo bautismo fue la fuerte devaluación (de diciembre de 2015) y la quita de retenciones que dispararon los precios de manera impactante (2016 cerró con 41% de inflación, contra 27% de 2015, según datos del Instituto estadístico de la Ciudad de Buenos Aires), la dolarización y explosión de las tarifas de los servicios públicos que destruyó el presupuesto de las familias y la competitividad de las empresas, junto con una decidida política de recorte (real y en dólares) salarial y previsional, al compás de la fiebre importadora que nos costó la friolera de U$S 11.000 millones en déficit comercial. Políticas como la actual, que ya habían sido ensayadas en el pasado por Martínez de Hoz y Cavallo, en las experiencias más recientes, no pueden arrojar más resultados que el desplome del consumo, la demanda, la actividad y el empleo. Argentina -la economía real- va marcha atrás hace más de 3 años. Dejó de crecer para empezar a achicarse: tuvimos recesión en 2016, 2018 y vamos a tener recesión, también, en 2019. En sus primeros tres años Macri sumó 3,2 puntos porcentuales al desempleo y 8 puntos a la pobreza. Todo, mientras volvió a crecer la desigualdad, al punto que mientras la inflación acumuló 154% en el periodo, los que menos crecieron fueron los ingresos de los más pobres: apenas 54% (¡100 puntos menos que la inflación!). Como si nos separara una eternidad de aquel 2013 cuando Juan Carr (Red Solidaria) confirmaba que nuestro país estaba "a la vuelta de la esquina del hambre cero", hoy la indigencia y el hambre vuelven a pisar dolorosamente fuerte señalando, a su paso, además, la demanda más urgente que deberá atender el próximo gobierno de los argentinos a partir de diciembre.

Es que la suerte del capital nacional y del trabajo argentino, está atada. Cuando la política económica contribuye a la consolidación de un proyecto nacional de desarrollo esos dos sujetos estratégicos, que conjugados expanden la riqueza del país, son –deben ser- motores del crecimiento económico y la prosperidad nacional, con expansión salarial real, del consumo, de la inversión y el ahorro nacional volcado a fortalecerla y no a dolarizarse y ser succionado hacia el exterior debilitando el circuito productivo interno. Porque, al fin de cuentas, el latrocinio financiero que implica la extracción de riqueza doméstica desde el exterior (esencialmente por vía de la especulación y la fuga, y de la deuda) es la otra cara del genocidio productivo y social en una economía que, siendo rica, ha sido sometida reiteradas veces a la pobreza y la ignominia.

Salir del atolladero, o del infierno, al que nos condujo la política desplegada por Mauricio Macri requerirá recuperar grados crecientes de soberanía política y económica (alimentaria, energética, financiera, monetaria, cambiaria, comercial) y dosis no menores de audacia y convicción en la ejecución de la política económica, para restañar el daño social, restablecer la racionalidad de los precios de la economía (con énfasis en alimentos, medicamentos, servicios públicos, costos de la vivienda), garantizar un sendero de crecimiento real de los ingresos de los argentinos mejorando, al mismo tiempo, la distribución a la que es sensible tanto la reducción de la pobreza como el propio crecimiento de la actividad, promover un programa de desarrollo estratégico para la producción nacional que descanse en la robustez de un mercado interno bien abastecido y se articule con un enérgico impulso exportador alentado por el Estado, con el objetivo declarado de perseguir el pleno empleo de los argentinos y la elevación permanente de la calidad de vida, como grandes ordenadores del rumbo nacional.

(*) Economista y diputada nacional por Unidad Ciudadana