El Parlament de Catalunya aprobó los presupuestos de 2017 el pasado 22 de marzo con los votos de Junts pel Sí y la CUP, pero las cifras que aparecían en el proyecto presentado por el Govern solo eran un ejercicio de ilusionismo. La investigación sobre el referéndum independentista del 1-O y la creación de las llamadas estructuras de Estado, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha permitido descubrir que el Ejecutivo de Carles Puigdemont desvió fondos de partidas presupuestarias para financiar la construcción de una nueva hacienda catalana y asegurarse la celebración de la consulta. Parte del dinero salió de los fondos que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat tendría que haber destinado a políticas activas de empleo, inclusión social, refugiados o inmigración, entre otros capítulos.

El hallazgo apuntala la imputación por malversación de caudales públicos de la veintena de los altos cargos del Govern involucrados en el proceso secesionista. La pista más valiosa llegó a la Policía Nacional el 21 de julio en un correo anónimo que advirtió de que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), un organismo público de la Generalitat, estaba inmerso en un proyecto de “alto secreto” junto a un nuevo proveedor, la empresa DXC Technology, especializada en la gestión de servidores para alojar sistemas de información. “Recientemente, el CTTI ha solicitado a DXC un número considerable de servidores (más de 100) para un nuevo proyecto denominado internamente como Taulat”, reveló la denuncia ciudadana. La sede central del Departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familia se encuentra precisamente en el Paseo de Taulat de Barcelona.

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El informante aseguró que esa consejería del Govern era la destinataria de ese proyecto y, por tanto, la responsable de afrontar el coste de los trabajos. En el CTTI, además de atribuirle la máxima confidencialidad, se abordó como el asunto “más prioritario de todos los asignados a DXC”, más incluso que otros solicitados por el Departamento de Presidencia. Y la fecha límite en la que debían estar en funcionamiento esos servidores era a principios de septiembre, con margen suficiente para probarlos ante del referéndum del 1 de octubre. Fuentes cercanas a la investigación afirman a El Confidencial que pesquisas posteriores han logrado acreditar que la llamada operación Taulat tenía efectivamente como último objetivo la creación de una Hacienda catalana que permitieran a la Generalitat ser autosuficiente el día después de declarar la independencia.

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Una segunda denuncia anónima enviada a la Policía incidió en la implicación del Departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familia en otro presunto desvío de fondos públicos. En este caso, el aviso alertaba de que en las oficinas de la Agencia de Protección Social del Paseo de Taulat se estaba realizando un “software con referencia al 1 de octubre” y estaban utilizando “presupuesto de otros gastos de prestaciones para contratar personal que ese fin [sic]”. Es decir, que los recursos de esa cartera del Gobierno estaban siendo usados para un fin distinto al validado por el Parlament.

Las averiguaciones motivaron que Trabajo, Bienestar Social y Familia fuera una de las consejerías registradas por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en la llamada operación Anubis. Uno de los 14 arrestados en el dispositivo fue David Franco, gestor de proyectos del CTTI adscrito precisamente al Departamento de Trabajo. Las intervenciones telefónicas a las que fue sometido desde julio revelaron que estuvo implicado en la creación de la Hacienda catalana y en el diseño de la plataforma para registrar a los voluntarios del referéndum del 1-O. Las gestiones alcanzaron un ritmo frenético a medida que se acercaba la fecha de la consulta. En esas conversaciones también intervino activamente Josep Ginesta, número dos del Departamento. La número uno, Dolors Bassa, voló este lunes con Puigdemont y otros cuatro consejeros a Bruselas en busca de asilo.

La malversación del Departamento de Trabajo no sería un caso aislado. De hecho, de los infomes policiales se desprenden desvíos sistemáticos en los presupuestos de la Generalitat para costear el montaje de la administración paralela y la celebración de la consulta. En algunos casos, como en la campaña de publicidad para el voto exterior, se utilizaron contratos marco para camuflar gastos prohibidos por el Tribunal Constitucional. También ocurrió con las adjudicaciones del CTTI a multinacionales tecnológicas. Las pesquisas subrayan el papel que jugaron IBM y T-Systems, que presuntamente habrían cooperado con la Generalitat para eludir el control de la Justicia. Según el sumario, aprovecharon la flexibilidad de adjudicaciones bajo demanda para colar sistemas informáticos y aplicaciones para el Estado propio.

La verdadera prioridad de Puigdemont era la operación Taulat. “Uno de los órganos cuyo desarrollo la Generalitat considera imprescindible para garantizar la Transición Nacional y la constitución de un Estado propio es la Agencia Tributaria Catalana, que en realidad se enmarca dentro de un ámbito mucho más ambicioso que es el diseño de una auténtica Administración Tributaria que ejerza absolutamente todas las competencias de un estado independiente”, señala el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Guardia Civil en un informe con fecha del 18 de septiembre que también está incluido en la causa. Bajo el paraguas de ese organismo debía quedar una maraña de instituciones perfectamente engrasada para el momento de la ruptura con Madrid. “En el diseño de esa estructura se configuran nuevos órganos como el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Tributarios, la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional y una unidad específica de fraude fiscal y profundiza en la composición del Servicio Catalán de Gestión de Ingresos integrado por la Agencia Tributaria Catalana, la Agencia Catalana de Recaudación de Ingresos, la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas y la Agencia Catalana de Propiedad Inmobiliaria”, concluye el informe de la Guardia Civil.

El Govern buscó referentes para lograr su propósito. El máximo responsable de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluis Salvadó, mano de derecha de Oriol Junqueras, tenía en su despacho una “copia del Boletín Oficial de Navarra” del año 2006, número 141. La Guardia Civil halló el documento en la operación Anubis. No era casual que Salvadó tuviera esa edición del boletín navarro. En ella salió publicada la Ley Foral 12/2006 del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, el organismo que necesitaba Cataluña para poder tener una Hacienda propia.