La Cumbre del Clima se tenía que celebrar en Chile, pero España consiguió en tiempo récord convertirse en el nuevo anfitrión de la COP25. Sin embargo, el país ibérico no es tan diligente a la hora de transponer directivas europeas o cumplir objetivos. Los ecologistas recuerdan que España es uno de los países más incumplidores de la Unión Europea en materia de medioambiente y piden al Gobierno más ambición.

Según la Comisión Europea, España cerró 2018 con el dudoso honor de ser el país con más infracciones (32) en materia medioambiental, seguida de Grecia (23), Francia (19) e Italia (19), en diferentes fases. "La biodiversidad española es una de las más ricas de Europa, pero no estamos haciendo lo necesario en cuanto a transponer las directivas de la UE o aumentarle la ambición, siempre transponemos los mínimos", explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.

2019 comenzó con el anuncio de la Comisión de llevar a España al Tribunal por "no aplicar medidas de protección contra las inundaciones" en Canarias. Europa también está muy pendiente de Doñana o de las medidas que se toman para mejorar la calidad del aire. "A veces las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los más incumplidores", explica el ecologista.

Asuntos variados

En el boletín de noviembre, se anunciaban nuevos procedimientos en distintas fases. En un dictamen, la Comisión insta a España, junto a Bélgica, a adoptar programas nacionales de gestión de residuos radiactivos que cumplan las normas de la UE antes de dos meses si no quieren acabar en el tribunal.

La Comisión también pidió a nueve países la transposición completa a su legislación de la última versión de la Directiva sobre normas de seguridad básicas. Este documento contiene "normas básicas de seguridad para proteger a los trabajadores, a la población y a los pacientes contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes" o disposiciones sobre "la preparación y la respuesta ante emergencias" que se reforzaron tras el accidente nuclear de Fukushima.

También emitió un dictamen motivado contra España por no cumplir la legislación de la UE sobre aguas residuales urbanas en hasta 145 aglomeraciones. "Deberían haber cumplido sus obligaciones el 31 de diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 2000 o el 31 de diciembre de 2005. El 4 de octubre de 2017 se envió una carta de emplazamiento", explica el documento sobre el largo recorrido del incumplimiento.

Una historia de depredación

Segura atribuye estas llamadas de atención de la UE sobre políticas ambientales a varios factores históricos, que van desde la propia dictadura franquista hasta la falta de interlocución con las organizaciones ecologistas que han tenido los gobiernos españoles: "Nuestra historia pasada tiene un poso donde lo importante era el lucro, el individualismo y el desarrollo urbanístico, un verdadero destructor del territorio".

Gracias al trabajo de las organizaciones y al nuevo empuje del movimiento ecologista, Segura reconoce que hay más sensibilidad, especialmente, con respecto al cambio climático. Pero la problemática es muy amplia y va desde la calidad del aire, el agua o al urbanismo. Dentro de este repaso, Segura recuerda algunas "aberraciones" cometidas por las administraciones, como reformar la carretera M-501 sin hacer un estudio ambiental, error que fue subsanado en 2014, o el caso de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, que el Constitucional tumbó hace unas semanas.

Aprovechando la COP 25, los ecologistas le han vuelto a pedir más ambición al gobierno español: "Vamos demasiado lento para una urgencia ecosocial".