Alejandra Jacinto, portavoz de la ILP Vivienda Madrid

jueves 13 de abril de 2017 , 13:03h

El buen tiempo baña Madrid. El fin de semana está llegando y las vacaciones de Semana Santa están entrando de lleno. Un descanso muy necesario en una ciudad que no tiene frenos. Sin embargo, el pie del acelerador no se levanta en la sede de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Entienden que no hay tiempo para el descanso. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que han lanzado junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) “para que se regule y desarrolle de una vez por todas el derecho a la vivienda” en la región no entiende de pausas.

Así lo ve de necesario Alejandra Jacinto, portavoz de la ILP Vivienda Madrid, en esta entrevista con ElBoletín.com. Y es que dos elementos principales motivan la búsqueda de las 50.000 firmas necesarias para que la Asamblea de Madrid estudie esta “ley urgente”: la “realidad” en Madrid “con 18 desahucios diarios” y la “propia inacción de los poderes públicos de cumplir su mandato constitucional”. “Nos ha tocado a nosotras”, resume Jacinto, que ve que el “drama de los desahucios” no ha cambiado desde que hace seis años la PAH parase su primera ejecución hipotecaria en Madrid. Algo que se podría aplacar con esta ILP.

¿En qué consiste la ILP?

Es una ley urgente por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Es una iniciativa ciudadana que hemos elaborado la PAH, la FRAVM y la ALA que pasa por hacer una propuesta de ley integral para que se regule y desarrolle de una vez por todas el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, pero falta la aplicación efectiva del mismo. Esta ley busca hacerlo efectivo.

Hemos estructurado la ley en 4 grandes bloques:

Un primer bloque de acceso a la vivienda pública, acceso a la vivienda social. Tenemos un régimen de acceso ordinario y otro de emergencia. Además en el bloque de vivienda pública hay un apartado para tratar de democratizar y hacer más transparente la Agencia de la Vivienda Social, que es quien regula la adjudicación de las viviendas. A día de hoy hemos vivido en las plataformas la opacidad que tiene ese organismo.

Y como la vivienda pública es escasa, porque en el año 2013 el Gobierno del Partido Popular vendió a los fondos de inversión más de 5.000 viviendas, pues no tenemos vivienda pública suficiente y ahí entramos en el segundo bloque:

Es toda la parte de la vivienda privada en manos de entidades financieras, lo que hemos denominado grandes tenedores de vivienda. A nadie le sorprendería conocer datos como que en la Comunidad de Madrid hay 300.000 viviendas vacías en manos de las entidades financieras. Hemos utilizado la lógica que si necesitamos vivienda y no hay vivienda pública suficiente, ¿cómo podemos articular un mecanismo por el cual toda esa vivienda se ponga a disposición de forma temporal o de la forma que se requiera? Hemos determinado que tener una vivienda vacía es un uso antisocial de la propiedad privada y es así porque lo dice la Constitución Española en el artículo 33, donde se garantiza la propiedad privada -faltaría más- que está condicionada al fin social de la misma. Cuando las entidades financieras acaparan viviendas vacías de forma reiterada en el tiempo están incumpliendo ese fin social. Eso conlleva una sanción, no por el hecho de querer sancionar a las entidades sino para incentivar que pongan a disposición esas viviendas vacías, habiendo una emergencia habitacional como la que hay en Madrid con una media de 18 desahucios al día.

Ya entramos en un tercer bloque de protección al consumidor en esta materia. Actualmente no existe un mecanismo eficiente que consiga reparar el daño causado a los consumidores que acceden a una hipoteca o cualquier otro tipo de contrato de consumo. Con esta ley establecemos un mecanismo con la Agencia de Protección al Consumidor donde podamos denunciar este tipo de prácticas abusivas, sobre todo si son reiteradas, para que en ese caso el organismo ponga las sanciones necesarias. No sancionar por sancionar sino para evitar que las entidades financieras se sigan comportando de esta manera.

Y un último cuarto bloque donde una vivienda no es únicamente cuatro paredes. Entramos en materia de garantizar los suministros. Y lo que hacemos es establecer un mecanismo para que no se puedan producir cortes a las personas más vulnerables donde sea necesario un informe del trabajador social que ponga de manifiesto que si esta familia no puede hacer frente al pago de los suministros no es porque sea un jeta sino por su situación económica. En definitiva es una ley bastante completa.

¿Cómo va la recogida de firmas?

Estamos en ello, llevamos más de 25.000 en tres semanas. Tenemos de plazo hasta el 25 de mayo para recogerlas.

¿Os estáis encontrando problemas a la hora de llevar a cabo esta ILP?

Nos estamos enfrentando a todo tipo de dificultades: económicas, logísticas… Nos hemos puesto a hacer una ley a pulso entre colectivos y de forma autogestionada y nos encontramos con que la ley que regula cómo se hace una ILP está hecha con un montón de trampas y obstáculos que suponen una dificultad enorme para emprender este tipo de iniciativas. De hecho, vamos a iniciar una campaña de ‘crowdfunding’ para poder sufragar todos los gastos de imprimir los pliegos de firmas, la validación ante notario…

¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis en la legislación autonómica a la hora de hablar de vivienda? ¿Qué es lo que ha motivado la urgencia de la ILP?

Hay varias cuestiones. Todo parte de la propia inacción de los poderes públicos de cumplir su mandato constitucional de hacer leyes y como no lo han hecho los políticos nos ha tocado a nosotras, pero, partiendo de la inacción, de la ausencia de una ley de vivienda. Y es que actualmente no es que estemos modificando una ley que no existe sino que no hay una ley integral de derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Hay decretos, reglamentos de adjudicación de vivienda por parte de la Agencia de Vivienda Social, por parte de las Empresas Municipales de cada territorio, pero no hay una ley como tal que regule, garantice y comprenda todo el abanico que entendemos que está dentro del apartado de derecho a la vivienda.

Otro de los motivos es por la situación que vivimos; quizás en la prensa no resuene tanto el tema de los desahucios y parece que los desahucios han finalizado o que ya son en los menos casos, pero esa no es la realidad que estamos viviendo. En nuestras reuniones semanales estamos recibiendo cientos de miles de personas en la Comunidad de Madrid con ese tipo de problemas. La realidad son numerosos desahucios de manera forzosa. Estamos asumiendo en las asambleas más trabajo con familias en situación de verdadera emergencia. Pero ya no solo es porque siga habiendo desahucios, pese a que no salga tanto en las televisiones, sino también porque los jóvenes ya no podemos acceder a la vivienda porque los precios del alquiler son desorbitados, porque se ha vendido vivienda a los fondos buitres sin que haya pasado absolutamente nada... Entendemos que la situación hace necesaria esta ILP.

Lógicamente, también la composición del gobierno autonómico ha cambiado y podemos tener algo más de hueco para intentar una ILP de estas características.

La ILP busca cercar a fondos buitres y a los abusos de los bancos, ¿cómo se conseguiría?

Les tratamos de poner un poco de coto, ser un poco supervisores de esa carrera desenfrenada especulativa que llevan años y años en todo el Estado y en concreto en Madrid de forma muy evidente. Lo que hacemos para evitar que campen de esta manera tan descarada y basta es que si cometen este tipo de conductas antisociales pues se les pueda sancionar para que conseguir que frenen esas conductas y conseguir que no haya vivienda vacía.

Desde la ILP se ha denunciado que se hacen pronósticos alzados, con datos unilaterales y que no se ha tenido en cuenta las demandas ciudadanas, ¿la Comunidad de Madrid tiene un conocimiento real de la situación de la vivienda en la región?

No la conocen. Lo que venimos detectando, tras muchos años de reunirnos con diferentes administraciones, es que no tienen una claridad o no son conscientes del verdadero problema habitacional al que nos estamos enfrentando. A veces pienso que sí son conscientes y otras que no, pienso que también es cuestión de voluntad política. Muchas veces nos han facilitado datos las distintas administraciones que no nos cuadran, que no son los que vemos diariamente en las asambleas.

Por ponerte un ejemplo: ahora se está negociando la cesión de paquetes de viviendas privadas en manos de entidades financieras (Sareb, Bankia…) tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Madrid y se habla de paquetes de 100, 90 viviendas. No nos estamos enfrentando a un problema de 90 personas, estamos ante un problema generalizado, de jóvenes, de gente que no puede acceder al mercado del alquiler, al mercado hipotecario, de gente que ha sido expulsado del mercado hipotecario, que ha sido expulsado de la vivienda pública porque ha sido vendido a fondos buitres… La magnitud del problema creo que se les escapa. Ahí hemos tenido que decir cuál es la realidad del problema y estas son las soluciones que entendemos desde la experiencia práctica.

Según comentasteis tras la primera reunión con los grupos parlamentarios, PSOE y Podemos están dispuestos a apoyar la ILP cuando llegue a la Asamblea de Madrid; Ciudadanos la ha valorado positivamente, aunque, como ha hecho también el PP, muestran ciertas reticencias por temas competenciales que afectan a nivel estatal, ¿compráis este discurso que lanzan las dos formaciones?

Efectivamente, Podemos y PSOE han manifestado su compromiso a apoyar la admisión a trámite de la ILP que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Ciudadanos y PP han tenido ciertas reservas alegando el tema competencial. El tema competencia para nosotros es claro: la competencia autonómica en materia de vivienda es de la Comunidad de Madrid. Está cedida, por lo que entendemos que no hay ningún tipo de colisión en este tema. Pero es que aunque la hubiera, no pasa nada: a la par de esta iniciativa tenemos una iniciativa de manera estatal de la PAH. Es una propuesta de ley que contemple las modificaciones necesarias para legislar medidas básicas.

Entonces no habría excusas para no apoyarla…

Ya sea por abajo –a nivel autonómico- o por arriba, si están a favor del derecho a la vivienda de sus ciudadanos van a tener que aceptar esta ILP.

¿Sería lanzarse piedras a su propio tejado si el Partido Popular finalmente apoya esta ILP? Sería reconocer lagunas en materia de vivienda que sí recoge esta propuesta…

Creemos que los partidos que se digan demócratas y que se digan comprometidos con la Constitución deberían apoyar una iniciativa que desarrolla y garantiza un derecho fundamental. Pensamos que partidos como el PP pueden apoyar un texto como este porque es un texto en beneficio de toda la ciudadanía.

¿Existe el temor de que la ILP llegue a la Mesa de la Asamblea de Madrid y los grupos decidan tumbarla?

Creemos que una ley avalada con tantísimas firmas es difícil que un partido se atreva a ir en contra de lo que pide la gente. Sería retratarse demasiado y tendría un coste político demasiado alto para el partido que se opusiera o que tenga la llave para oponerse. Y así lo haríamos saber. En otros momentos lo hemos hecho saber y podríamos hacerlo igualmente. Vemos muy difícil que no se tome en consideración una iniciativa que parte de la gente y que no vincula, es decir, que tienes un debate y hay posibilidad de realizar enmiendas. En parte para eso está: para empezar a tener un debate serio en esta región.

¿Cuánto ha cambiado Madrid desde que la PAH parase su primer desahucio hace seis años teniendo en cuenta la llegada de nuevas formaciones e incluso que gobiernan como pasa en el Ayuntamiento de Madrid?

La realidad de los desahucios sigue siendo la misma: seguimos enfrentándonos a ejecuciones hipotecarias de todo tipo ya sea por impago de alquiler, por ocupaciones por precariedad, de todo tipo… Es cierto que en 2012 había un predominio de ejecuciones hipotecarias, pero el problema sigue siendo el mismo. Las cifras oficiales siguen siendo altísimas. Una barbaridad. Nos da un poco igual cuál es el tipo de ejecución, la realidad nos dice que la situación es la misma que en 2012. Si acaso la situación ahora es más difícil, más flagrante porque hay gente que ha pasado por varios desahucios con mayor crudeza.

Por ejemplo es muy típico encontrarnos en la asamblea una persona que ha vivido una ejecución hipotecaria, ha sido expulsado de la vivienda, le queda una deuda pendiente, luego ha intentado acceder a un alquiler en el mercado libre, ha estado unos meses, no ha podido pagar y al final ha acabado ocupando una vivienda de una entidad financiera y ahora se enfrenta a ese segundo desahucio. Es como todo más cruel. También las personas tienen mucha más información que en 2012, están más organizadas y los tribunales nos avalan cada vez más en toda esta lucha. Tenemos más herramientas para defendernos. Quizás por eso se evidencia menos en las televisiones porque conseguimos paralizar un desahucio antes de que llegue cien policías armados a desahuciar a un bebé como veíamos en imágenes de hace un año y medio, pero el drama sigue estando ahí y por eso es necesaria esta ILP.

Recientemente, el consejero de Vivienda, Pedro Rollán, celebraba que el número de viviendas libres terminadas se haya disparado un 9,7% en 2016 con respecto al año anterior, ¿se ven síntomas de la aparición de una nueva burbuja inmobiliaria?

Sí que se empieza a detectar un poco cómo en todos estos años las entidades financieras han estado guardando, atesorando, todos esos inmuebles para cuando vuelva a haber una oportunidad económica en el mercado de salir con esas viviendas pues poder volver a repetir y caer en el mismo error de hace unos años. Sí es cierto que empezamos a notar esta sensación. Entiendo que no hay tanto que celebrar sino ponerse más ponerse manos a la obra para cambiar de una vez por todas el paradigma que nos ha traído hasta aquí.