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El miércoles 24 de agosto fue un día histórico para Colombia. Por fin, después de más 50 años de guerra, de 220.000 muertos --el 81% de ellos, civiles--, de 25.000 desaparecidos sólo entre 1985 y 2012 y de casi seis millones de desplazados, el gobierno colombiano y las FARC anunciaban el tan ansiado acuerdo de paz definitivo. Para llegar hasta aquí, cuatro años de negociaciones. Por delante aún, la firma y la aprobación por parte de los colombianos, en un referéndum previsto para el próximo 2 de octubre.

Uno de los asuntos más complejos en las negociaciones de La Habana ha sido el de la justicia: cómo condenar a los culpables y reparar a las víctimas. Y en ese área es donde asesoró el jurista estadounidense Douglas Cassel. Especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, ya había apoyado en otros procesos de paz en Latinoamérica, como los de El Salvador y Guatemala en los noventa. También fue abogado de las víctimas de la matanza de Santo Domingo en la que la Fuerza Aérea colombiana asesinó a 17 personas en 1998. De “abogado de las FARC” y “enemigo del Estado” le tildó Álvaro Uribe al conocer su nombramiento como negociador del Gobierno de la mano de Juan Manuel Santos, su sucesor en la presidencia de Colombia.

“Nunca he sido abogado de las FARC, era abogado de las víctimas”, aclara cuando esta cuestión sale en la conversación. Esta polémica y otras son abordadas con calma, en un español pausado y melodioso, plagado de modismos y entonaciones colombianas, pero también chilenas, costarricenses o salvadoreñas. “Depende de dónde haya estado recientemente”, bromea.

CTXT conversó con Cassel en Madrid, donde participó en unas jornadas sobre fronteras y derechos humanos. Era a finales de marzo, y acababa de quedar atrás la primera fecha prevista para la firma del acuerdo, el 23 de marzo de 2016. Aún así, este abogado cuya vocación por los derechos humanos “tal vez” nació en su año como estudiante en la España franquista, en 1964, según confiesa entre risas, se mostraba confiado y optimista. Y los hechos le han dado la razón.

Cuando, en septiembre de 2015, se conoció el acuerdo provisional, algunas ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se mostraron críticas con lo consensuado en materia de justicia. Cassel no rechaza las críticas. Reconoce incluso que lo pactado es más laxo en cuanto a penas y sanciones que la justicia ordinaria, pero defiende que el objetivo principal era lograr la paz.

“Si alguien me muestra otro acuerdo, más punitivo, que logra la paz, con mucho gusto, pero no creo. Esto fue lo mejor que pudimos sacar de las FARC”, defiende para insistir en que en el acuerdo “responde fuertemente a los derechos y deseos de las víctimas”. Víctimas que, según la experiencia en distintos países, “quieren conocer la verdad, que los responsables reconozcan sus responsabilidades, que no se repitan las atrocidades y reparación”.

¿Cómo llega un profesor norteamericano al proceso de negociación entre el Estado colombiano y las FARC?

Primero, se necesitaba a alguien que maneje español. Y además, que conociera el derecho internacional en materia de derechos humanos. Yo doy clases y escribo artículos sobre la materia. Y por último, Bernie Aronson, el enviado especial de Obama para el proceso de paz, me conoce. Le he dado apoyo jurídico en varios casos sobre derechos humanos. Me llamó y me preguntó si le podía ayudar en esto. Visité Colombia a principios de 2015 como consultor. Realicé esas consultas y regresé a mi universidad en Estados Unidos, y pensé "¡ya he terminado!". Durante mi trabajo, conocí al presidente Santos. Y en mayo, Santos me llamó y me dijo que los plenipotenciarios no habían logrado avances en justicia. Que se había decidido crear un grupito de abogados, tres de cada lado, para buscar una salida aceptable para las dos partes.

¿Y qué ocurrió luego?

Durante dos meses no pasó nada. Hubo dificultades con el proceso de paz. Las FARC levantaron el cese del alto el fuego unilateral. Hubo muertes de soldados y guerrilleros... Bajo mucha presión internacional, los dos lados se sentaron a la mesa en julio. Para el 23 de septiembre logramos un acuerdo muy provisional. Llegué a casa pensando que ya estaba listo, pero a los días los dos lados expresaron públicamente su desacuerdo sobre lo alcanzado. Entonces, regresamos a la mesa los seis, aclaramos las ambigüedades que habían causado problemas y se proclamó el acuerdo sobre justicia el 15 de diciembre en La Habana. Así fue cómo me metí en el proceso de paz. No sé por qué el presidente Santo pidió a un gringo que participara. Además, mi nombramiento fue muy controvertido porque fui abogado de las víctimas de la masacre de Santo Domingo.

Douglas Cassel, durante una entrevista con CTXT en Madrid

Precisamente, el expresidente Álvaro Uribe montó en cólera cuando fue usted nombrado.

Cuando Aronson me preguntó si me interesaba participar, escribí un memorándum, que sabía que iba a llegar al presidente Santos y a otros ministros, advirtiendo de que había sido abogado de las víctimas en contra de las Fuerzas Aéreas de Colombia. Fue muy afortunado hacerlo. Cuando fui nombrado, salió Uribe diciendo que yo era enemigo del Estado colombiano, que era abogado de las FARC... También salió el exjefe de las Fuerzas Aéreas en el momento de la masacre. Todo es falso. Nunca he sido enemigo del Estado colombiano, soy amigo de los derechos humanos. Nunca he sido abogado de las FARC, era abogado de las víctimas. Esa tormenta, tormentilla, pasó rápido. La revista Semana publicó un artículo sobre las negociaciones e 'irónicamente’ contaba que el acusado de ser abogado de las FARC era el más duro con ellas. Además, los militares del equipo del Gobierno, que al principio no querían ni hablar conmigo, rápidamente se dieron cuenta de que yo, siendo abogado de derechos humanos, era el que más empujaba más por una justicia fuerte en contra de cualquier violador de los derechos humanos, fuese de las FARC o de los militares.

Esas acusaciones tal vez respondían a un clima de mucha tensión y rechazo de la población hacia las FARC. ¿En qué medida ésta va a poder aceptar a la guerrilla como un actor legítimo, como un actor político?

El ataque contra mi persona no tenía nada que ver conmigo. Era parte del ataque de los uribistas contra el proceso de paz. Buscaban cualquier forma de atacar a la legitimidad del proceso de paz. Pero las encuestas de apoyo público al proceso de paz y al presidente Santos subieron mucho después del anuncio del acuerdo provisional del 23 de septiembre. Además, la prueba estuvo en las elecciones [regionales] de octubre, cuando Uribe sufrió la peor derrota de su historia política. Todo el mundo entendió que los resultados de esas elecciones fueron un voto de confianza al proceso de paz. Soy muy optimista. Tras como mínimo 50 años de guerra, que han costado tanto al pueblo colombiano, creo que la opinión pública va a apoyar el proceso.

Una de las críticas que se hace al acuerdo en el apartado de justicia es que es más laxo en cuanto a penas y sanciones que la justicia ordinaria.

Sí, cierto, sin lugar a dudas, pero hay que tomar en cuenta que el objetivo principal es lograr la paz. Los comandantes de las FARC dijeron pública y privadamente a lo largo de meses y meses que no aceptaban la prisión, que no la iban a aceptar. Cuando entramos en las negociaciones, lo mismo. Nos decían si ustedes quieren hablar de prisión, adiós. Los comandantes regresan a la montaña. Porque en su criterio no han sido derrotados, lo cual es cierto. No han sido derrotados militarmente y si la opción es seguir con la lucha armada o ir a la prisión, siguen con la lucha armada. Todas sus actuaciones en las negociaciones fueron coherentes con esa postura. Así que cuando alguien dice que tiene que haber prisión, muy bien, si logras negociar prisión con algún comandante de las FARC, bienvenido, pero no se ha podido hacer.

¿Y entonces?

Se trata de evaluar el paquete de justicia transicional. Hay que comenzar con cuáles son los derechos de las víctimas y quiénes son las víctimas. Hay víctimas del pasado, si hay paz no habrá más víctimas. Si rechazamos la postura de las FARC e insistimos en prisión, no hay acuerdo de paz: hay más guerra y más víctimas. Cuando se habla de los derechos de las víctimas, no son solo las del pasado, también las del futuro. Segundo, cuáles son los derechos de las víctimas. De acuerdo con el derecho internacional y las experiencias de varias partes del mundo acerca de lo que desean las víctimas, lo primero es la verdad. Las víctimas quieren conocer: quién dio la orden de matar a mi esposo, quién lo hizo, por qué. ¿Qué más quieren? Que si hay responsables, estos acepten públicamente su responsabilidad. Tercero, que no haya repetición. Cuarto, que haya reparación, en varias formas. Y quieren algo de justicia.

¿Y qué hay en el acuerdo de esto?

Dice que quienes digan la verdad y acepten públicamente su responsabilidad, podrán recibir dos formas de sanciones. Primero tendrán que participar en reparaciones directas a las víctimas o las comunidades de víctimas durante un plazo de cinco a ocho años, para crímenes graves. Construir escuelas, puentes, actividades desmineras, etcétera. Y mientras hacen esto, tienen que someterse a restricciones efectivas de la libertad, ordenadas por el tribunal para la paz: dónde pueden vivir, dónde pueden ir...

¿Y si no dicen la verdad o se detecta que están mintiendo o si no aceptan cumplir con sus responsabilidades personales?

Vas a juicio, con pena de prisión de entre 15 y 20 años. ¿Por qué aceptó esto las FARC? Porque dicen “vamos a contar la verdad y aceptar responsabilidades. Hemos tomado una decisión política, como organización, y queremos comenzar con la pizarra limpia en la vida política. Vamos a hacer una declaración colectiva de reconocimiento de los crímenes que cometimos. Y además vamos a dar los nombres de quiénes fueron los responsables”. Están contentos con la prisión para quienes no acepten decir la verdad y su responsabilidad. Porque ellos afirman que van a hacerlo. Esto, por un lado, es una forma de justicia. Y por otro, da un gran incentivo a los culpables para decir la verdad y aceptar su responsabilidad y así dar reparación moral a las víctimas. Y esto se da en el marco de un acuerdo de paz con desarme, lo que ayuda mucho a la no repetición en el futuro. Este paquete de justicia transicional responde fuertemente a los derechos y deseos de las víctimas. ¿Es perfecto? No. ¿Es lo que el gobierno había propuesto desde un inicio? No. ¿Es lo que yo propongo desde un inicio? No. Pero, ¿es lo que se ha logrado en el acuerdo entre las FARC y el gobierno? Sí. Y si alguien me muestra otro acuerdo, más punitivo, que logra la paz, con mucho gusto, pero no creo. Esto fue lo más que pudimos sacar de las FARC.

¿Qué sucede con los militares y miembros del Estado que hayan cometido crímenes?

Ellos también tienen la misma opción. A diferencia de las FARC que, va a someterse a esto como organización, las Fuerzas Armadas no. Pero cualquier militar que quiera participar, puede hacerlo en los mismos términos. La diferencia es que los cinco u ocho años de restricción de libertad y reparación a las víctimas no serán en una finca reconstruyendo un puente u otras cosas, sino en una prisión militar. Si dicen la verdad y aceptan su responsabilidad. Si no, entre 15 y 20 años. Ahora bien, su participación en este sistema es voluntaria. ¿Qué pasa si no lo hacen? Quedan en manos de la justicia ordinaria, ante tribunales civiles. Mucho va a depender de la eficacia en el futuro de la justicia civil ordinaria. Vamos a ver cuántos optan por justicia transicional en el sistema colectivo y cuántos por la ordinaria.

¿Y no hay un reconocimiento por parte del Estado de las violaciones de derechos humanos cometidas en estos 60 años?

Los reconocimientos serán individuales, bajo el sistema de justicia transicional. La Corte Interamericana ya ha fallado una decena de casos de masacres colombianas y normalmente ésta ordena un acto público de aceptación de responsabilidades por parte de altos oficiales del Estado. Probablemente, se hayan hecho ya varias aceptaciones de responsabilidad. Más allá de eso, no sé qué va a hacer el presidente Santos, tiene que manejar de manera muy cuidadosa el proceso de paz. Si él comienza mañana a pedir perdón por todos los pecados del gobierno colombiano a lo largo de las décadas, esto será utilizado por los uribistas que le acusarán de ser abogado de las FARC, etcétera, etcétera.

Douglas Cassel, durante una entrevista con CTXT en Madrid

¿La no existencia de una justicia punitiva no corre el riesgo de instalar una cierta cultura de la impunidad?

No hay impunidad. Por ejemplo en Sudáfrica el acuerdo fue si tú dices la verdad, recibes amnistía. En Colombia no es esa la oferta. ¿Qué significa impunidad? Que no hay pena. En este caso, no hay pena de prisión, pero imaginen que yo les digo que tienen que pasar entre cinco y ocho años en algún lugar del que no pueden salir, bajo orden judicial, y que tienen que trabajar en lo que la corte les diga... ¿eso no es un castigo?

El negociador español Enrique Santiago afirmaba en una entrevista en este medio que “España había dado la espalda al proceso de paz en Colombia”.

Desconozco el rol de España en el proceso colombiano. No puedo desmentirlo, pero tampoco estar de acuerdo con él. Simplemente, no lo sé. A veces, hay Estados que tienen un rol público y otros que tienen uno menos conocido.

¿Hay lecciones que puede aprender el gobierno español de Colombia para abordar el fin de ETA?

No creo que haya un modelo único de justicia transicional para todos los Estados, depende de su historia. Por ejemplo, en España no ha habido justicia transicional para las atrocidades del régimen franquista. Pero no me siento en condiciones de denunciar o criticar porque no se hiciera lo que ahora se considera normal en transiciones. Los primeros años después de Franco fueron muy precarios para la democracia. Hoy en día es muy difícil que el derecho internacional acepte que en una situación de violaciones graves de derechos humanos no se cumplan las normas internacionales: verdad, reconocimiento y aceptación de responsabilidad, reparación, justicia y no repetición. España debe de reflexionar mucho acerca de en qué medida se han satisfecho hasta ahora estos criterios para el fin de ETA, por los dos lados. Y reflexionar sobre cuál sería la mejor manera para satisfacer esas normas internacionales. En Colombia se está haciendo de una manera por unos motivos. En España no creo que se den estos. Por tanto, la solución en España probablemente también deba de ser diferente. ¿Cuál es? Esa es una cuestión para los españoles.

Tras la firma del acuerdo, viene la fase de ponerlo en marcha, ¿cómo se logra eso? Usted participó en los de El Salvador y Guatemala, que no se cumplieron del todo.

En El Salvador se cumplieron en gran medida, pero hubo un vacío muy importante. El acuerdo de desarme fue muy exitoso, nunca más hubo combates. También fue muy exitosa la parte política y judicial. Ya ha habido dos presidentes del FMLN. También se contemplaba, sin embargo, la creación de espacios de diálogo para estudiar reformas socioeconómicas, para abordar la pobreza y la desigualdad. Esto no se cumplió. ¿Y qué pasa? Hay más muertes ahora que durante la mayoría de los años de la guerra. Se ha pasado de una tragedia, la de la guerra civil de los ochenta, a otra tragedia, la violencia socioeconómica actual. Eso se ve también en Guatemala, donde se incumplieron las reformas económicas, y en Honduras, donde nunca hubo un acuerdo formal.

¿Y cómo lo ve en Colombia?

Creo que los colombianos y el gobierno entienden que si es difícil llegar a un acuerdo, más lo es aún llevarlo a la práctica. El que Colombia tenga el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la UE y de EE.UU. es importante. Pero, ¿será fácil? No. Todavía hay bandas armadas, a las que las FARC llama paramilitares y el gobierno bandas criminales. Se les llame como se quiera, la realidad es que hay bandas de asesinos muy activas todavía hoy en Colombia y que han matado a muchos defensores de derechos humanos. Entonces, ¿cómo desarmar a las FARC y evitar el genocidio político que ya ocurrió hace 25 años con el último desarme, cuando al menos 2.000 militantes de la Unión Patriótica, incluido su candidato presidencial, fueron asesinados? Es absolutamente crucial planificar medidas de seguridad para que se dé una reinserción pacífica en la vida política y electoral. Y eso no será fácil mientras haya tantos asesinos en el país y mientras el gobierno, al parecer, no sea capaz de proteger a los defensores de derechos humanos.

¿Y qué pasa con aquellos condicionantes socioeconómicos que motivaron el conflicto? ¿Cómo evitar que se dé algo similar a lo que sucede en El Salvador, por ejemplo?

Colombia no es para nada como El Salvador, como el triángulo del norte. Es un país de desarrollo medio. No son comparables las situaciones. Los medios para la justicia social y económica existen en Colombia, lo que nunca sucedió en El Salvador. Ahora bien, existe también la cuestión de la desigualdad, de la exclusión. Y también, la de los casi seis millones de desplazados y su situación socioeconómica. Es muy importante que, más allá de los acuerdos, el gobierno tome mayores medidas en el futuro para promover la justicia, o la estabilidad, socioeconómica. Si eres rico y no quieres medidas contra la pobreza y la desigualdad por justicia, debes favorecerlas por lo menos por razones de estabilidad.