Amnistía Internacional ha solicitado que se retiren los cargos de terrorismo contra los ocho jóvenes acusados de agredir y amenazar a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua. Y se ha reafirmado en su petición tras asistir como observador al juicio que se celebró en la Audiencia Nacional hasta el pasado viernes. «Es un hecho grave y las personas agredidas merecen justicia. Pero no es terrorismo», explica Esteban Beltrán, director de la organización que envió a la vista a dos representantes precisamente por cuestionar las garantías del proceso.

Durante el juicio ha quedado acreditado, en su opinión, que no se cumple ninguna de las tres condiciones que establece la Organización de Naciones Unidas (ONU) para considerar determinadas acciones como actos terroristas: «la intencionalidad de causar muerte o graves daños físicos, intimidar o atemorizar a la población, u obligar a un gobierno o una organización internacional a hacer algo». Por ello, asegura Beltrán en declaraciones a eldiario.es, «l os cargos nunca debían haber sido considerado terrorismo». Pero precisamente esa consideración es la que ha hecho que las peticiones de penas para los jóvenes oscilen entre los 12 y los 62 años de cárcel, y que tres de los acusados –Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz– lleven en prisión provisional desde hace más de 500 días.

A juicio de Amnistía Internacional, han existido varios elementos de «preocupación» que son los que han motivado su presencia en el juicio en calidad de observadores. «Uno de esos elementos es que en España se está aplicando una legislación que amplía de forma desproporcionada el concepto de terrorismo», explica Beltrán. El caso de los acusados de Alsasua es, así, «ejemplificador de la ambigua legislación antiterrorista, que habla por ejemplo de alterar la paz pública y nadie sabe lo que es exactamente». Es esa normativa plasmada en el Código Penal y modificada por el PP la que «puede hacer que un acto grave, que tiene que ver con una disputa en un bar, se convierta en un atentado prácticamente en colaboración con banda armada».

La prisión provisional

A Amnistía Internacional también le preocupa que «tres de los acusados lleven más de un año y medio en prisión», ya que considera que «la detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional» y debe estar dirigida a «evitar el riesgo fuga» y un «peligro en la población». En este caso lamentan, además, «que no haya habido una revisión periódica» de esa prisión provisional en la que se encuentran Unamuno, Ramírez de Alda y Arnanz.

Al reivindicar la «garantía de un juicio justo», Amnistía Internacional estaba asimismo preocupada por el hecho de que el tribunal presidido por Concepción Espejel no hubiera aceptado «pruebas y testigos» presentados por parte de la defensa de los acusados. Entre otras, el vídeo grabado por uno de los encausados, Iñaki Abad, que finalmente sí fue admitido por la sala, y que desmonta la versión de uno de los guardias civiles agredidos, a quien se le puede ver con una camisa blanca impoluta, si bien él dijo durante el juicio que, como consecuencia de la agresión, la prensa presentaba numerosas marcas de patadas.

Así, a pesar de que al final sí se admitieron algunas de esas pruebas, Beltrán explica que la organización que dirige quiere esperar a la sentencia para realizar una valoración más precisa acerca de las garantías con las que se celebró el juicio, y sobre la proporcionalidad que se aplicará en el caso de que el fallo sea condenatorio.

Ante la disolución de ETA, anunciada la semana pasada, Beltrán ha explicado que desde Amnistía Internacional están promulgando la puesta en marcha de una «agenda común de derechos humanos» entre Euskadi, Navarra y la administración central. Dentro de ese plan considera imprescindible una modificación legislativa que impida en el futuro una atribución de delitos terroristas como la que se les ha realizado a los acusados de Alsasua. El suyo, asegura, «es un ejemplo de que hay que cambiar la legislación antiterrorista por ambigua, por imprecisa y por injusta».

La supuesta relación con el terrorismo

A lo largo del juicio, la Fiscalía argumentó la vinculación de los hechos con el terrorismo en un informe de inteligencia elaborado por la Guardia Civil en el que se relaciona a los acusados con el movimiento Alde Hemendik que busca la salida de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, al considerar que esa era una estrategia de ETA. En concreto, la acusación se basó en un único documento incautado en un gaztetxe(casa de la juventud) de Olazti en 2000 que constituía un «manual práctico» de esa estrategia. La que según el Ministerio Público habrían seguido los jóvenes encausados al agredir supuestamente a dos guardias civiles y sus parejas a altas horas de la madrugada.

Los acusados han negado reiteradamente su participación en el ataque, han rechazado formar parte de ningún movimiento político y han asegurado no tener ninguna animadversión hacia la Guardia Civil, una versión ratificada por los testigos presenciales que declararon durante el juicio. Pero las víctimas sí identificaron a los encausados como los autores de la agresión, aseguraron haber recibido una paliza y describieron un clima de «miedo» y de «odio» hacia los guardias civiles en la localidad navarra que habría sido el germen del ataque.

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