Emilio Basavilbaso.

Por Gabriel Morini El fuero Contencioso Administrativo Federal -los tribunales clave en los que la Casa Rosada descansa en asuntos sensibles para la gobernabilidad- dej ó librado a su suerte el compromiso oficial para el stand by con el FMI para liquidar paulatinamente las acciones en poder del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El sutil movimiento en una causa puso en alerta al Gobierno, que creía tener un antídoto ante eventuales medidas cautelares que intentaran bloquear la utilización de los activos, uno de los puntos acordados para el desembolso de fondos por parte del organismo multilateral. El juzgado Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailan, se declaró "incompetente" para tratar una cautelar que pretendía que se declare la "inalterabilidad" del fondo y ordenó remitir la investigación al fuero de la Seguridad Social, tribunales con los que el Poder Ejecutivo no tiene la mejor sintonía. Ya existe un antecedente que preocupa al oficialismo: en 2016 se habían pronunciado porque se impidiera fondear el pago de la Reparación Histórica con el paquete de acciones de empresas que posee el FGS, cuyos activos trepan a u$s46 mil millones.



ó librado a su suerte el compromiso oficial para el stand by con el FMI para liquidar paulatinamente las acciones en poder del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El sutil movimiento en una causa puso en alerta al Gobierno, que creía tener un antídoto ante eventuales medidas cautelares que intentaran bloquear la utilización de los activos, uno de los puntos acordados para el desembolso de fondos por parte del organismo multilateral. El juzgado Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailan, se declaró "incompetente" para tratar una cautelar que pretendía que se declare la "inalterabilidad" del fondo y ordenó remitir la investigación al fuero de la Seguridad Social, tribunales con los que el Poder Ejecutivo no tiene la mejor sintonía. Ya existe un antecedente que preocupa al oficialismo: en 2016 se habían pronunciado porque se impidiera fondear el pago de la Reparación Histórica con el paquete de acciones de empresas que posee el FGS, cuyos activos trepan a u$s46 mil millones.

Ámbito Financiero había señalado que por la vía de la Seguridad Social se asomaba un "caso testigo" impulsado por el abogado y exfuncionario de ANSES, Miguel Ángel Fernández Pastor, para que se declare inconstitucional parte de la Reparación Histórica, y también objetaba el uso del FGS para el pago de las sentencias homologadas que contenía el articulado de la norma. Ahora, y a raíz del acuerdo con el FMI y el contenido del Memorándum de Entendimiento Técnico, Leonardo Pérez Esquivel había demandado al organismo que conduce Emilio Basavilbaso con el objetivo de que se dicte una cautelar que "decrete la prohibición de innovar" sobre el FGS para "evitar un proceso de descapitalización o liquidación total o parcial de dicho fondo". Es decir, que la administración de Mauricio Macri no pueda vender ningún activo. Todo lo contrario de lo que señala el compromiso del Gobierno argentino ante el FMI para "amortizar" (a través de la venta de acciones) el FGS para financiar el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que es básicamente el sistema de Seguridad Social. Las propias empresas cuyas acciones fueron estatizadas dentro de las carteras de las AFJP por Cristina de Kirchner, aguardaban esa venta ante la posibilidad de recompra y de deshacerse de los directores estatales. En la página 22 del Memorandum firmado con Christina Lagarde se reafirmaba la intención de consumir el FGS computado como "ingresos" un límite contable de hasta $30.000 millones anuales o un equivalente al 0,4% del PBI.



