El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el impuesto sobre las bebidas azucaradas de la Generalitat. El tributo, aprobado en 2017, ha recaudado cerca de 80 millones de euros desde su inicio.

En la sentencia, conocida este jueves y al que ha tenido acceso Vozpópuli, los jueces estiman el recurso contencioso administrativo planteado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED); la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES); la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados (ASEDAS); la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB); y la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración y Asociación Promarca (Promarca).

El TSJC "anula de pleno derecho" este impuesto, según señala la sentencia e impone a la Generalitat el pago de las costas de este procedimiento. La anulación del impuesto se debe a que la Generalitat no cumplió con sus propios requisitos establecidos en la ley para realizar su tramitación.

Según los denunciantes, había "existencia de circunstancias relevantes en la tramitación del impuesto que revelan una falta de justificación y precipitación de una medida que hacía necesaria una adecuada acreditación de su proporcionalidad y carácter no discriminatorio" e indicaban: "La omisión de trámites relevantes en la tramitación del decreto como son los de participación ciudadana y de consulta pública, así como la no inclusión del Decreto en el Plan Anual Normativo".

También apuntaban a la "existencia de vicios de constitucionalidad" como la vulneración de los límites de las competencias tributarias de la CCAA al producirse una superposición entre el Impuesto sobre las Bebidas Azucaradas Envasadas y el IVA; la inconstitucionalidad del impuesto por producir efectos extraterritoriales fuera de la Comunidad Autónoma vulnerando la unidad de mercado; y los límites de la justicia tributaria por su arbitrariedad, discriminación y falta de seguridad jurídica. También es contraria al derecho comunitario al ser una barrera cuantitativa a la importación y una medida restrictiva de la libertad de establecimiento.

Para los jueces del Alto Tribunal catalán "se ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas que aparecen expresamente exigidos en la tramitación".

"La administración demandada pretende escudar su actuación en la innecesidad de tales trámites o en el hecho que la Comisión Jurídica Asesora tansolo aprecia un déficit de motivación respecto de la omisión de los mismos, lo que a su juicio avalaría la intrascendencia del defecto apreciado", señala la sentencia. Sin embargo, el TSJC apunta que "la omisión de tales trámites ha existidos y no nos encontramos ante una insuficiente motivación respecto de la omisión, sino que la motivación alegada se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir de los trámites". Por esta razón estima el recurso y declara la nulidad del mismo. De esta forma, no ve necesario entrar a valorar los siguientes puntos del recurso presentado por estas asociaciones.