Empecemos por el final, que puede ser el principio. Veamos de qué se trata. Empecemos a entrever “en qué y para qué” podría llegar a ser la Justicia. Construyamos en primer lugar un marco conceptual, incluso un escenario, de esa “Otra Justicia”.

Valga esto como obligada introducción, de aviso si se quiere. Liberémonos de entrada de ataduras heredadas de otros momentos. Ya veremos después ( desde donde estamos, con la Justicia que tenemos y caracterizándola en primer lugar) algunas medidas posibles. Que el pragmatismo sin embargo, quizás necesario, no nos impida contemplar el horizonte de la reinvención, ese sí que realmente es imprescindible.

La Justicia habría de ser un servicio útil. No lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado.

No basta con modificaciones parciales. Hay que revisar el concepto: lo que debe ser la Justicia. En tanto que no se replantee, como algo distinto, las reformas parciales, aun bien intencionadas, dirigidas a esa utilidad, acaban siendo fagocitadas y deformadas por los valores, usos e intereses de la inercial cultura judicial.

HAY QUE REINVENTAR LA JUSTICIA. De Zeus a Hermes

El Profesor belga de filosofía del derecho François d’Ost sostiene que es necesario cambiar el modelo actual de la Justicia. La justicia se concibe como una línea vertical y autoritaria, que él identifica con Zeus-Júpiter. Hay que apostar en su lugar por el de una línea horizontal, de intermediación o comunicación que, en contraposición, él identifica con Hermes o Marte. Esto es, con los dioses del comercio y la comunicación.

Podemos concebir esa nueva justicia diferente como un gran proceso de intercomunicación social. Los jueces no sólo aplican las leyes sino que tienen en cuenta los efectos que estas van a producir. Por eso, incorporan a los agentes sociales que pueden completar primero esa evaluación y equilibrar después los efectos de aplicación de la norma.

Imaginemos escenarios diferentes, salas de reuniones, en lugar de salas de audiencias con estrados, rituales e indescriptible jerga. Imaginemos jueces y profesionales diversos, sin disfraz que se codean, y trabajan en conjunto, con los propios interesados, para la resolución de los procesos. Se suscitan diálogos entre unos y otros, en lugar de los secos e indiciáticos ritos procesales a los que se nos acostumbra.

Sí, en ese nuevo escenario, los jueces dirigen ese proceso de intermediación y configuran también la resolución final, pero no lo hacen desde arriba, desde la columna sino desde el círculo, que nos iguala y complementa.

La justicia que ahora se conoce como justicia restaurativa va en esa dirección. No obstante, la nueva visión de la Justicia va más allá. Está enraizada en lo social, hecha entre todos, y tejida con estrategias de mediación. Incorporar a los agentes sociales en los procesos constituiría sin duda la novedad. Eso no significa en modo alguno abdicar de su obligación de castigar o sancionar las conductas que pueden resultar inadmisibles, pero lo hace de otra forma.

Cuando la justicia se concibe como un instrumento de intercomunicación social para la resolución de los conflictos, los castigos deben contar con la aceptación que exige, por encima de todo, su utilidad social.

La nueva Justicia ha de Individualizar el castigo, buscar las causas y las motivaciones del hecho que se reprocha. Trata de que el reproche, la sanción y/o el castigo, sean esencialmente útiles tanto para la sociedad como para el castigado. Útil para lograr que el sujeto del delito modifique la conducta que se le reprocha. Útil para que la sociedad se identifique con los valores sociales que provocan el rechazo al acto ilícito. Útil también para que la sociedad conozca porque se producen esos actos y aborde como evitarlos. Y finalmente útil también para diseñar las formas en las que habrá que reparar el daño que ha podido causar el acto ilícito de que se trate, haya victimas individualizables o se trate de victimas difusas.

Así, por ejemplo, la sociedad española está en este momento indignada ante la constatación de la falta de honestidad de su clase política. La sociedad necesita saber quiénes, cómo y por qué han sido o siguen siendo deshonestos.

Ese derecho a la verdad tiene difícil encaje en la justicia tradicional y además condiciona no solo el acierto en el reproche sino la adecuada individualización final del castigo.

Ante interminables procesos de gran calado social, sentencias recientes concluyen con meros “no ha resultado probado”. Incertidumbres justificadas en la técnica procesal, que resultan difíciles de comprender socialmente. Por ejemplo, en la Sentencia del caso Fabra se dice: “No ha habido delito de trafico de influencias, porque de las pruebas celebradas solo se ha aclarado una actividad de “recomendación” que, aun sin ser ética, no es delictiva”. “Ha habido delito fiscal , continúa la Sentencia, por no haber declarado el acusado y su esposa la percepción de cantidades importantes de dinero, pero, como estas no se sabe por qué les fueron entregadas, se les absuelve del delito de cohecho”.

Casi nadie lee las sentencias, como mucho se lee un mini resumen. Si se leyeran esa incapacidad de saber realmente lo que ha sucedido, se entendería como una prueba de impunidad. Muchos dirían: “¿Tendrían que haber llamado a la prensa para hacer entrega de esas cantidades para que quedara constancia pública de la entrega?”

Una justicia útil tiene que poder ofrecer la verdad del suceso. Hoy día la justicia penal no aporta la verdad real de los sucesos (jurídicamente decimos la verdad material) solo lo que se llama la verdad formal, que no es otra cosa que el resultado de la aplicación de una serie de normas técnicas en el enjuiciamiento.

HERMES REQUIERE NUEVAS LEYES, …y hechas de otra manera

La reinvención de la justicia empieza por una manera diferente de entender las leyes. No solo hay que reenfocar la actividad jurisdiccional en clave de utilidad social, sino que además hay que replantearse profundamente el papel de la norma en la sociedad. Analizar si las normas, tal como las conocemos hoy día, son el instrumento más idóneo para modificar las conductas sociales. En todo caso, hay que estudiar detenidamente cómo y qué clase de normas pueden y deben ser útiles para mejorar la Justicia, y en último término la convivencia social.

La forma en la que se regulan los derechos y los deberes es determinante. El acierto en su regulación, tanto en la forma como en el contenido, es definitivo. De ahí la importancia y necesidad de reinventar, también, la elaboración de las normas.

“El Legislativo” es uno de los tres poderes del Estado. Está sin embargo desdibujado en la conciencia crítica social. Cuando suceden acontecimientos que generan indignación social se descubren cantidad de leyes absurdas y/o injustas, en las que los aplicadores de la justicia (los jueces) tienden a escudarse para justificar tremendas y cuestionables decisiones judiciales. Se genera así un ping-pong de reproches que alimenta titulares pero que, sin saber por qué, no logra trasmitir la necesidad de plantear y profundizar ante la gran cuestión: cómo y para qué nos hacen las leyes nuestros diputados.

Reinventar la manera de hacer las leyes también implica ampliar y socializar el Legislativo. La sociedad presenta una gran complejidad y encierra en sí misma un gran potencial. No puede limitarse a trabajar solo, con y entre los diputados. El Parlamento tiene que abrirse. Tiene que ser crisol del debate sobre el diagnóstico y la solución normativa de aquellos problemas que a los ciudadanos les inquieten. La tecnología permite hoy que los ciudadanos interactúen con el Parlamento, mandando datos, experiencias y opiniones sobre la actividad normativa y, por supuesto, participando también en la elaboración de las normas. Es incomprensible esa desconfianza a las iniciativas legislativas de los ciudadanos. También es incomprensible que los diputados puedan sentirse satisfechos en el contexto de un Parlamento también cuajado, como la Justicia, de comportamientos decimonónicos.

Un legislativo diferente, implicado en la sociedad, debe sobre todo evaluar la norma y asumir su incidencia social. No puede legislar solo en papel y para el papel. La norma no puede ser más que un elemento en la solución de un conflicto. Quizás necesaria, nunca resulta suficiente. Su incidencia y utilidad siempre dependerán de la interactuación social.

Si un Parlamento decide normas por las que se facilitan (o incluso pretendan disminuirse) los desahucios, deberá estudiar sus consecuencias, saber cuántas personas, previsiblemente, se quedaran sin vivienda, qué efectos provocarán esos desalojos y, sobre todo, qué va a pasar con los desahuciados, cuándo y dónde se les podrá realojar.

Ese legislar solo en papel, y para el papel, explica que una ley como la de Enjuiciamiento Civil, aprobada en el año 2.000, llegue a establecer lo que debe hacer el juzgado que desahucia con los bienes materiales -ropas muebles, etc.- de los desahuciados y no diga ni una palabra sobre qué habría que hacer con la familia que se la deja en la calle.

Y MIENTRAS TANTO, AÚN CON ZEUS, HAY MEJORAS POSIBLES

La reinvención de la justicia será consecuencia de procesos de reflexión necesarios pero forzosamente lentos. Por eso considero conveniente, mientras que estos procesos vayan dando su fruto, analizar también lo que se considera que son los grandes males de nuestra Justicia actual. Ante ellos propongo pautas e iniciativas que mejorarían el diagnostico actual y que podrían propiciar y generar cambios futuros hacia Hermes. Valga su enunciado como mecanismo de propiciar el debate.

1. La justicia es oscura, burocrática y displicente…

En alguna medida, todas las encuestas que se han hecho, y que se siguen haciendo, coinciden en que la Justicia no ofrece una imagen de servicio a la ciudadanía. La justicia decimonónica, que el franquismo aceptó, no se ha modificado sensiblemente durante el periodo democrático.

Otros países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda o Dinamarca no manifiestan el nivel de oscuridad burocrática y displicencia respecto a la gente, que sin embargo presenta nuestra Justicia. El franquismo, entre otros infortunios, nos legó el asilamiento institucional y así nuestra democracia ha entrado poco, y tarde, en la democratización de las instituciones judiciales.

Las reformas que se han producido en la Justicia durante la democracia, aunque incorporaron los derechos y libertades de los que carecíamos, no han entrado en analizar la oscuridad, la burocracia y el alejamiento del ciudadano, que caracterizan nuestra Justicia. ¿Quizás parecían características intrínsecas de toda Justicia, inevitables por tanto, o es que no se ha dado importancia a su alcance, de cara a conseguir una Justicia útil y al servicio del ciudadano? .

Planteemos de entrada algunas categóricas afirmaciones sintomáticas: no es aceptable hoy día que un ciudadano no pueda acudir directamente ante un Juez. Tampoco que la jerga con la que la Justicia se expresa resulte incomprensible.

En torno al principio de este siglo, una coordinadora social de colectivos relacionadas con la Justicia redactamos un Decálogo de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Lo hacíamos con la esperanza no solo de que se convirtiera en ley, sino que se insertara en los articulados de todas las otras leyes atenidas. El 16 de abril de 2002 el Pleno del Congreso de los Diputados hizo un gesto, ciertamente descomprometido. Asumió parte del contenido de ese Decálogo y aprobó, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, una Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. No obstante, se trataba de una Proposición no de Ley, cuyo escaso alcance es conocido. No es de extrañar que, salvo algunos carteles, pegados en las paredes de las dependencias judiciales que concedieron en su exposición pública, no haya tenido trascendencia alguna y absolutamente ninguna eficacia.

Nunca nadie explicó por qué no se aprobó como un texto legislativo ni lo que es más importante, por qué no se implementó dicho texto en todas las leyes procesales, sancionando su incumplimiento. La Carta tendría que convertirse efectivamente en ley y, consecuentemente, sancionar de manera oportuna y ejemplarizante su no aplicación. Hacerlo ya constituiría un paso, seguramente significativo, hacia el cambio.

La burocratización y la oscuridad de Justicia tienen mucho que ver con la terquedad de seguir utilizando la escritura como única forma de comunicación con los ciudadanos.

Sin duda la escritura significó a lo largo de la historia la única manera de constatación posible de la actividad de los tribunales. Pero a su vez también la hacía inaccesible, y en todo caso distante, a una población esencialmente analfabeta. Conviene recordar que el escribano (origen de los actuales Secretarios Judiciales) era quien escribía las decisiones de los jueces, muchos de los cuales no sabían escribir. A la vez que garantía, la escritura suponía un encarecimiento y una fuente de ingresos. Resulta divertido constatar como precisamente, una vez que se inventó la máquina de escribir, fuera en la Administración de Justicia en el último lugar de la Administración Pública donde se autorizó su uso. Eso sí, señalando de forma muy precisa el número de líneas que debía contener cada folio, para no perjudicar así una actividad económica que se tarifaba por folio escrito.

Muchas cuestiones se entremezclan cuando se cuestiona la escritura, como ha de hacerse hoy inevitablemente, aunque sea ante la sorpresa, cuando no ante el rechazo expreso de tantos. Escritura y procedimientos van ligados. Cuando los medios, con su muestra de desconocimiento, señalan con lógica exclamación, que un proceso cuenta con miles, o millones de folios, no sabe que la inmensa mayoría de esos “folios” son meras comunicaciones entre las partes, tan absolutamente estereotipadas como inútiles, reflejo tan solo de una inercia burocrática que nadie se ha parado, en serio, a reconsiderar.

Hoy día la constatación audiovisual hace innecesaria la escritura como algo ineludible.

Si queremos de una vez por todas acabar con la burocracia de la Justicia es completamente imprescindible acabar con la escritura como único método de relación entre los jueces y los ciudadanos, así como de su constatación.

Los procesos judiciales tienen que discurrir como diálogos bilaterales, con unos principios claros que permitan su correcto desarrollo, pero sin menudencia de normas procedimentales que traben la necesaria comunicación. No hay que confundir garantías con enredo, tantas veces convertido en trapacería procesal.

Las decisiones judiciales pueden, y deben, expresarse de palabra. Ya contamos con tecnología suficiente para grabarlos, y en su caso procesarlos por escrito, aunque ello no fuera siempre necesario. Aun sin transcripción escrita, pueden catalogarse a disposición de quien tenga necesidad de utilizarlos.

Sobre la exigencia de escribir, que hoy tanto lastra la labor decisoria de los jueces, habría mucho que decir. Los jueces, como colectivo, es posible que escriban al año más que escritores y periodistas en la cultura imperante de los “140 caracteres”. Incluso se llega a valorar las sentencias “al peso”, como los informes de las consultoras, por su número de folios, más que por su contenido. La decisión, el fallo y su porqué, es lo que, con precisión y meticulosidad, han de redactar los jueces. Es su tarea específica, su trascendente y diferencial encomienda social. En la redacción de otras componentes de las sentencias, en la transcripción de referentes y antecedentes jurisprudenciales, e incluso en la plasmación de las posiciones de las partes, sin menoscabo de su importancia, podrían muy bien contribuir los oficiales de los juzgados y tribunales. La elaboración de las sentencias podría, y debería ser un trabajo en equipo, controlado pero no necesariamente realizado directamente por los jueces. Esta propuesta lleva a otra, de más calado, que es la de la organización de la oficina judicial y, en últimos término, a la consideración de la gestión de la Justicia, la gran asignatura pendiente.

2. La sempiterna lentitud de la Justicia

La tardanza siempre ha caracterizado la Justicia. Tiende a considerarse un intrínseco “atributo” de tan excelsa actividad. Pareciera incluso otorgarle respetabilidad. En cualquier caso, la Justicia en democracia requiere tiempo, detenimiento. Solo la justicia de las dictaduras puede ser fulminante. Los mayores aún recordamos con horror aquellos juicios sumarísimos del franquismo, en que en menos de 48 horas se dictaba sentencia y esta se ejecutaba, aun siendo de muerte.

La justicia exige su tiempo. Por eso, su tramitación en tiempo razonable nunca puede recortar derechos de los intervinientes ni deshumanizar su práctica. Hay tribunales que son mucho más rápidos que otros. La simple medida estadística de los tiempos puede encerrar prácticas muy diversas. Algunos pueden ser rápidos a cuenta de no celebrar audiencias, limitar pruebas, recortar los informes de los abogados y/o de “cortar y pegar” resoluciones tipo. Otros pueden tardar más al realizar prácticas distintas, que exigen, además de esfuerzo, algún tiempo más. No es tanto el tiempo sino el talante, el modo en que se aborden los procesos, lo que cuenta. Y ello, no olvidando lo que puede resultar más relevante, que es la organización, la eficacia en la gestión de la justicia, como en cualquier otra actividad económico-administrativa. ¿Cuánto debe tardar un proceso judicial? La respuesta directa, conocedora del entramado judicial, resulta evidente: depende, depende de muchos factores y circunstancias. Sin embargo, la respuesta obvia, por más que formal, sería: lo que establezcan las leyes. Puede parecer mentira, pero eso no es así.

En su regulación, los procesos judiciales están todos ellos llenos de cortos y repetidos plazos para cada uno de sus pequeños trámites. Los juzgados y tribunales los incumplen sistemáticamente. Esos plazos están concebidos sin pies ni cabeza por unos legisladores que parecieran responder a clamores mediáticos en ausencia de conocimiento preciso de la realidad del entramado judicial. En primer lugar, los plazos parecen estar establecidos, con generalidad, como si en cada juzgado o tribunal solo existiera un único proceso. Los plazos, incluso perentorios, de días, solo se aplican de hecho a los interesados y sus abogados, a quienes les sobrevienen implacables consecuencias si no los respetan. No así para los propios órganos judiciales, que, “ya se sabe”, no pueden cumplirlos. Incluso hay una coletilla de estilo para reconocerlo y eludir cualquier responsabilidad que se incorpora a las sentencias. “La carga de trabajo ha impedido el cumplimiento de los plazos”.

El único plazo que los juzgados y tribunales observan es el de la prisión preventiva. No en vano, la ley ha incorporado la inmediata libertad para el preso, una vez transcurrido el plazo máximo permitido

La jurisprudencia solo considera incumplimiento de los plazos y la indebida duración del proceso para aplicar la atenuante que disminuye la pena para los condenados, cuando su duración haya sido extraordinariamente larga. Ni que decir tiene que, seguramente no por casualidad, de ello se benefician los condenados en los larguísimos procesos de corrupción…

Así, a pesar de las machaconas y recurrentes prescripciones de plazos que imagina e impone el poder legislativo, estos no se aplican. Solo muestra que ese legislativo, como antes decíamos, solo trabaja “con y para el papel”.

Frente a ello, la única posición sensata, acorde con la realidad, es que el plazo debe ser el razonable. Sin duda parece una definición indeterminada. Lo que muestra es la imposibilidad e inadecuación de establecer plazos, de forma indiscriminada y con carácter general. Tienen que estar sujetos a condicionantes y, en primer lugar, a la evaluación que el propio juez responsable haga, en cuanto aborde el caso, de lo que, habida cuenta de sus características, y a la luz de su experiencia, el proceso puede durar.

Este termino- el plazo razonable- es el que emplea el Pacto Europeo de Derechos Humanos

Hablemos por tanto de plazos razonables.

¿Cuál es el plazo razonable para resolver una investigación compleja, celebrar el juicio e imponer la sentencia?

Todos los procedimientos judiciales deberían incorporar un cronograma. Cuestión esta impensable hoy por hoy, cuando resulta extraño, casi subversivo, exigir algo tan obvio como un índice. Los expedientes de los procesos judiciales, desde los pequeños hasta los de gran envergadura, de millares de folios, no tienen nunca un índice. Sin duda parecerá inaudito, pero es así.

Mencionando esa ausencia, tan grave y que hace tan difícil el manejo de los legajos judiciales, adelanto ya lo esencial: la enorme tardanza de la Justicia se debe a su ausencia absoluta de organización. Ello queda de manifiesto si a posteriori y de forma detallada se hace un cronograma del proceso. Allí se ve enseguida en qué se ha empleado el tiempo,… cambios de jueces (en los que el recién llegado no tiene un índice siquiera del legajo), cambios de personal, resoluciones meramente adjetivas sin valor alguno, repeticiones sin limite, sistemas absurdos para solicitar las pruebas, convocatorias irracionales,… ¡todo ello en un mundo digitalizado! Lamentablemente, la informatización de la justicia no ha hecho sino informatizar el siglo XIX.

La organización judicial no tiene una cabeza; más bien no tiene ni pies ni cabeza. En un juzgado o tribunal todos mandan un poco y nadie manda del todo nada. Un juzgado cualquiera depende de tres Administraciones diferentes, con competencias entrecruzadas, Por supuesto, nadie sabe lo que hoy día es el abc en una organización bien gestionada. Ni siquiera ello se considera como problema, primer paso necesario para resolverlo. Es imprescindible formar gestores judiciales.

En muchos sistemas judiciales los gestores judiciales tienen una enorme relevancia social. La necesidad de incorporar la gestión judicial comenzó hace ya muchos años en el mundo anglosajón. ¿Cómo es posible que hoy día no haya en ninguna universidad española enseñanzas en gestión de la organización y los procesos judiciales? ¿Como es posible que no hayamos aun considerado, ni diseñando por tanto, un cuerpo de altos gestores de la Justicia, bien preparados en las técnicas de gestión?

Una buena concepción organizativa debería establecer a priori protocolos de duración de acuerdo con las características generales de los procesos. No obstante, debería a su vez contemplar la conveniencia de otorgar, pero también de exigir, al juez la prerrogativa de autoimponerse un plazo, tras haber entrado a considerar el caso concreto. La pretensión actual de pretender que la instrucción estándar sea de 6 meses, no puede considerarse más que una nueva simpleza dirigida a los medios.

3. La justicia es independiente pero no tanto.

A pesar de que efectivamente la sociedad española percibe la justicia como muy presionada por el poder político, lo cierto es que esto no es exactamente así, sobre todo si se compara con muchos sistemas judiciales en el mundo en los que el nivel de independencia es infinitamente menor que el de la justicia española.

Los jueces españoles son independientes, los procedimientos que se les atribuyen lo son por sorteos informáticos aleatorios muy difícilmente manipulables y, aunque pueda caber algún tipo de irregularidad de adscripción a través de las guardias judiciales de unos u otros jueces instructores, podemos decir que el nivel de intervención del poder político o económico en el reparto de asuntos tiene poca trascendencia .

Sin embargo, tenemos que admitir que la enorme politización, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía del Estado, significa efectivamente una importante intromisión en la independencia judicial.

Desgraciadamente, el Parlamento español no ha nombrado a los vocales del Consejo del Poder Judicial por sus trayectorias profesionales. Lo ha hecho por criterios de partido, cada uno mirando al suyo y recelando de los del otro. Ni siquiera las mayorías cualificadas aseguran otra aproximación. Así, la aplicación de las importantísimas competencias del Consejo para nombrar a los cargos en la carrera judicial (los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces sustitutos de los altos tribunales) están efectivamente politizadas, al estilo de los nombramientos que se hacen en el seno de los partidos políticos o para elegir los cargos de sus gobiernos. Se prima la lealtad frente a la competencia.

El Consejo no puede privar sin más a un juez del asunto que está tramitando. Ello constituye indiscutiblemente una garantía. Es lo que la ciencia política integra en la independencia judicial. No obstante, sí puede sancionar ante una falta muy grave, que puede llegar a impedir efectivamente que un juez pueda continuar la tramitación de un determinado asunto.

Y lo que es más grave, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores ( cuyos miembros son designados por el Consejo del Poder Judicial, con la consiguiente intoxicación partidaria) son quienes deciden las querellas que pueden prosperar contra jueces y magistrados. El resultado es conocido. No es una hipótesis. Lo hemos vivido en casos señalados: el del Juez Baltasar Garzón y, más recientemente, en el del Juez Elpidio Silva.

Pero además, con mayor amplitud, mientras que la Justicia no sea autónoma económicamente, no se podrá hablar de una verdadera independencia judicial. Ahora, todos los medios dependen de las diferentes Administraciones, en definitiva del Poder Ejecutivo.. El Consejo General del Poder Judicial ni siquiera tiene competencia para pagar los sueldos de “sus” jueces. El lamento sistemático de los profesionales de la Justicia, pidiendo más y más medios, tiene que ver en última instancia con la falta de capacidad auto organizativa. En todo caso, la rentabilización económica de los recursos que se dedican a la Justicia no está dirigida a propiciar su independencia. Sin duda, la Justicia carece de recursos técnicos y económicos imprescindibles, pero también presenta un enorme despilfarro, entre otras causas motivado por la confluencia de competencias, y no siempre coincidencia de intereses, entre los distintos niveles del Ejecutivo que la administra. Ello nada tiene que ver con una verdadera independencia.

Hace ya muchos años, cuando era Juez de Vigilancia Penitenciaria, dicte una resolución que gustó poco a quien entonces era el Director General de Instituciones Penitenciarias. El Ministerio de Justicia, en respuesta a una petición mía, había dotado anteriormente a mi juzgado de una asistente social. Al día siguiente de conocer mi resolución, me retiró a la asistenta social. ¿Una vendetta personal intrascendente o todo un síntoma?

No tener independencia económica provoca esas incidencias.

El Consejo General del Poder Judicial debe asumir todas las competencias en materia de Justicia. El presupuesto económico de la Justicia debe ser discutido anualmente entre los tres poderes, propuesto por el Consejo, recogido en la propuesta del Ejecutivo y aprobado finalmente por las Cortes. La administración de los recursos personales y materiales deben ser de exclusiva responsabilidad del Consejo, rindiendo cuentas a posteriori. El Consejo debe tener una composición autonómica y sus vocales deben ser elegidos en el seno de sus parlamentos autonómicos, pero con sistemas de interactuación ciudadana.

4. La deshumanización de la Justicia

Constantemente llegan al conocimiento de la opinión pública casos en los que el comportamiento judicial parece evidenciar una falta de sensibilidad social. Esta, en muchos casos, tiende a ampararse sin embargo en un cumplimiento estricto de la norma escrita. Esta puede estar trasnochada. Ocurre en ocasiones. Más allá de ello, se achaca a los magistrados, y con razón, un déficit de contextualización personal y social en la aplicación de la ley.

Los magistrados reciben una formación exclusivamente jurídica que produce profesionales poco preparados para resolver conflictos humanos con acierto y eficacia.

Resulta imprescindible que los jueces y magistrados tengan perfiles personales idóneos para la tarea que tienen que realizar y que manejen bien habilidades imprescindibles para la gestión humanizada de los asuntos que se les presentan.

En Francia, en el 2005, se llevó a cabo una encuesta parlamentaria como consecuencia del disgusto social provocado por lo que se llamó el caso de los pederastas de Outreau, en el que estuvieron mas de 3 años en prisión personas inocentes como consecuencia de una torpe instrucción judicial.

La Escuela Nacional de la Magistratura francesa, a partir de ese momento, cambio su línea de actuación. Resulta interesante escuchar las reflexiones de su director en el 2011:

« Une importante réforme de l’ENM a été initiée en 2007. Elle a notamment pour objectifs de moderniser le concours et de l’adapter à l’exigence de qualité du recrutement, de mieux prendre en compte à tous les stades de la formation la dimension humaine du métier de magistrat .Pour les concours, de nouvelles épreuves sont destinées à évaluer les compétences personnelles des candidats……. Concernant la formation, l’accent est mis sur l’acquisition des compétences fondamentales du magistrat, telles l’éthique et la déontologie, la technique d’entretien, la psychologie, plutôt que sur une approche uniquement technicienne »

( En 2007 comenzó una importante reforma de L’ENEM. Sus objetivos fueron modernizar la oposición y adaptarla a las exigencias de calidad en el reclutamiento , teniendo en cuenta en todas las fases de la formación la dimensión humana de la profesión de juez. En la oposición hemos diseñado nuevas pruebas para evaluar las competencias personales de los candidatos … En lo que se refiere a la formación, hemos puesto el acento en la adquisición de competencias fundamentales para los jueces, como la ética, la deontología , las técnicas de entrevistas o la sicología mas que en conocimientos meramente técnicos …)

Ante esa reflexión no cabe sino decir: imitémosles. Hagamos que nuestra escuela se parezca a la suya.

5. Un Legislativo para el papel, que solo busca la noticia

No hay Justicia adecuada sin organización, sin jueces preparados ni sin leyes que persigan esa justicia.

¿Cómo se hacen las leyes? ¿Por qué se deciden? ¿Cómo se redactan? ¿Qué se pretende conseguir con ellas?

Hoy día la elaboración de las leyes es sobre todo un instrumento de comunicación del que se sirven los gobiernos para conseguir aceptación del electorado y asegurar su mantenimiento. Ello todavía es más evidente cuando se redactan “en caliente”, ante una supuesta alarma social, como siempre, alimentada por los medios. En todo caso, y aun sin responder a ese esquema extremo, se hacen interesadamente, de acuerdo a ese patrón.

Suelen tener un propósito real algunos tipos de leyes meramente “autoritativas”; es decir, aquellas cuyo objetivo es solo acabar con algún tipo de prohibición. Esto es lo que sucedió por ejemplo con la autorización del matrimonio homosexual.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los gobiernos que proponen las normas no buscan una modificación real de la sociedad, ni la resolución o atenuación de algún problema o comportamiento social, sino principalmente los réditos del anuncio mismo de la medida legislativa. Si su propósito fuera efectivamente modificar la realidad, antes que nada se estudiaría y analizaría esa realidad social, en la que se quiere aplicar la norma. También entonces se valorarían detalladamente los efectos que han producido anteriores normas, algo que no solo no se hace sino que puede expresamente esquivarse, si ello justifica, por errónea que sea, la promulgación de una nueva ley o sobre todo la modificación de otra anterior.

Los réditos mediáticos parecen interesantes para los gobiernos. Las leyes no cuestan nada o muy poco y generan muchos titulares y trasmiten la apariencia de “hacer muchas cosas

Así, la elaboración de leyes resulta en sí misma interesante para los gobiernos que las proponen. No es necesario hacer nada para constatar el efecto que puedan producir. El sistema no exige seguimiento alguno respecto al acierto legislativo. Además, cuando las leyes estén finalmente implantadas presumiblemente será otro el gobierno en el poder.

Se me ocurre un ejemplo esclarecedor. En España tenemos uno de los índices más altos en prisionización. Sin embargo, y como todo el mundo comenta con sorpresa al saber esto, el nivel delincuencial es bajo y de poca gravedad.

El diagnóstico es sencillo. En otros países europeos, con nivel delincuencial más alto, el índice de prisionización es más bajo porque existe un importante sistema de medidas alternativas a la prisión.

El Código Penal de 1995 introdujo, aunque tímidamente, medidas alternativas a la prisión, entre las que figuraban el arresto de fin de semana y los trabajos en beneficio de la comunidad. Pues bien, y sin que se hubieran implantado adecuadamente dichas nuevas medidas, en sucesivas reformas posteriores del Código Penal se han ido derogando o se han reducido de una manera importante.

Es un supuesto interesante para el estudio de la irracionalidad del Legislativo. En la Exposición de Motivos de la reforma del Código Penal del 2003 se deroga la pena alternativa de arresto de fin de semana con esta frase: “Se suprime la pena de arresto de fin de semana, cuya aplicación práctica no ha sido satisfactoria”. En la reforma del Código Penal del 2010 se restringe sensiblemente la medida de trabajos en beneficio de la comunidad, sin explicación alguna clara. ¿Qué significa eso de que su aplicación práctica no ha sido satisfactoria? ¿Por qué se restringe la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

Ni una palabra sobre el objetivo que se quiso conseguir cuando se implantaron esas medidas alternativas en el 1995, ni por qué su balance de aplicación se tilda de “insatisfactorio”. Ni una estadística sobre su utilización. Se cambia y punto. Es desde luego un ejemplo apasionante, pues quienes hemos vivido de cerca todo este barullo sabemos bien el comportamiento de estas medidas alternativas y de los fallos que ha habido en su diseño legislativo (se le dio la competencia de su gestión a la propia Dirección de Instituciones Penitenciarias) y aplicación que en absoluto comprometían ni el concepto ni su propósito. Todo ello naturalmente sin perder de vista que ni tan siquiera hemos definido qué significa un nivel satisfactorio de la pena privativa de libertad.

¿Alguien ha establecido en qué consiste la eficacia de las penas que se imponen en el Código Penal?¿En qué consiste la eficacia de la pena de cárcel?¿Qué resultado esperamos de las penas de cárcel?

Seamos sinceros, ni siquiera nos hemos puesto a estudiarlo en serio.

¡Que importante seria crear un departamento en el Congreso en el que se hiciera el seguimiento del cumplimiento de las normas que se fueran aprobando!. Un organismo que analizara si el índice de incumplimiento de la norma era consecuencia de la propia naturaleza de la norma, o si, por el contrario, se debía a una inadecuada implementación.