Los secuestros y las torturas de más de 80 personas que, durante la última dictadura, tuvieron como escenario el centro clandestino la Brigada de San Justo comenzaron a ser juzgados ayer en La Plata. Por esos crímenes de lesa humanidad, los jueces subrogantes que integran el Tribunal Oral Federal 1 de ese distrito juzgarán a unos 20 represores, entre los que figuran el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, varios integrantes de esa fuerza y del Ejército, así como al interventor del Ejecutivo provincial Jaime Smart y a quien fue su secretario de Gobierno, Juan María Torino.

El juicio que empezó ayer rompió una racha de casi tres años de parate en La Plata en cuanto a debates orales y públicos por delitos de lesa humanidad que tuvieran como eje central el funcionamiento, las víctimas y los responsables de un centro clandestino. El último, del que resultaron condenados a penas de 25 años de cárcel integrantes de la Armada y de Prefectura como integrantes de la Fuerza de Tareas número 5, terminó en octubre de 2015, casi un mes antes de que Macri fuera elegido presidente.

Varios espectadores de la audiencia de ayer coincidieron en que “las cosas cambiaron” y que el ambiente de la primera audiencia del juicio sobre una nueva entrega de la megacausa que se conoce como “Circuito Camps” fue “raro”.

Por la TV

Tras la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Brigada de San Justo durante la última dictadura, la Fiscalía acusa a dos ex jefes militares Rodolfo Godoy y Héctor Gamen; al entonces ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y a su secretario Juan María Torino, para quien éste es su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad. Del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército son seis los acusados, todos ya condenados por los crímenes del centro clandestino La Cacha. También deberán responder cuatro altos mandos, cuatro guardias y un médico de la Brigada de San Justo, además de Etchecolatz.

De esos 20 acusados, solo uno asistió a la sala de audiencias del Poder Judicial de La Plata, ubicada en 8 y 50. El resto la miró por videoconferencia. Algunos de ellos, como el propio Etchecolatz, lo hicieron desde la cárcel de Ezeiza. La mayoría, en cambio, desde la sucursal judicial más cercana. Son los que están excarcelados, como Torino, que recibió su excarcelación una semana antes de comenzar el primer juicio oral en su contra y ayer escuchó los cargos en su contra desde Comodoro Py. Es el primer juicio que se desarrolla en La Plata en el que el tribunal les da permiso a los acusados para faltar.

Algunas querellas han discutido, incluso, la decisión, sin éxito. Los abogados Delfina Patiño, Liliana Molinari y Alberto Palacio solicitaron que se revea ya que “la comparecencia (de los acusados) a las audiencias es fundamental para su desarrollo así como para que se produzcan ciertas medidas procesales”. Plantearon, además, que los acusados deben presentarse “ante las víctimas y sus familiares para cumplir con el fin reparatorio” que tiene el debate oral como proceso.

Los jueces rechazaron todo y se ampararon en la acordada 1/12 de la Cámara de Casación Penal para justificar el beneficio: respondieron que el permiso otorgado a los represores tiene por fin “garantizar la seguridad de acusados y víctimas (...) así como optimizar la puntualidad y celeridad en el inicio de las audiencias”.

Volver a casa

El regreso a la sala de audiencias del Poder Judicial también marca un cambio respecto de cómo se desarrolló durante sus primeros años el proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad de la última dictadura. En La Plata, con el objetivo de aportar autonomía al proceso, desde los primeros tiempos aquellos juicios contaron con una sala de teatro para llevar a cabo los debates. En aquella sala ubicada en calle 4 entre 51 y 53 se oyeron sentencias históricas, como la que condenó por primera vez a Etchecolatz. “La infraestructura ya no está, no hay recursos”, apuntó la abogada querellante Guadalupe Godoy. Al no haber recursos para alquilar esa sala, los juicios ahora “deben compartir cronograma con otras causas”, añadió. Tal es uno de los motivos por los que el TOF 1 programó una audiencia por semana para desarrollar el debate sobre los hechos de San Justo.

La mudanza, además, planteó una limitación espacial para el público. Dos micros con militantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que llegaron a La Plata desde La Matanza para la audiencia de ayer no pudieron ingresar a la sala, controlada por la Policía Bonaerense.

La brigada

Al lado de la Comisaría 1ª de La Matanza, en San Justo, se ubicaba la Brigada cuyos calabozos y algunas habitaciones fueron utilizadas para secuestros y torturas de, se calcula, 101 personas. En el debate se repasarán los casos de algo más de 80 –28 de ellas continúan desaparecidas– y tres casos de apropiación de menores, entre los que se encuentra el de Paula Logares, nieta de Elsa Pavón, y María Victoria Moyano Artigas, quien recuperó su identidad décadas después gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.