El COVID-19 golpeó la puerta de la alcaidía 3 de Melchor Romero, donde están alojados los ocho imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa (18), ocurrido en enero pasado en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell​.

Según confirmó este domingo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), un suboficial mayor, de 46 años, que cumple funciones en esa institución carcelaria ubicada a 20 kilómetros del centro de La Plata, dio positivo en la prueba por coronavirus​ y permanece internado en el Hospital Italiano de La Plata.

Fuentes vinculadas con la defensa de los rugbiers detenidos en esa penitenciaría por el homicidio de Fernando dijeron a este diario que "no se analiza una presentación por pedido de prisión domiciliaria u otra medida de morigeración de la pena".

​ Es porque el fallo de Casación que resolvió la salida a sus domicilios de casi 1.000 presos en medio de la emergencia sanitaria no alcanza a los procesados ​​por delitos graves.

Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (19), Enzo Comelli (20), Ayrton Viollaz (20), Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20) y Lucas Pertossi (21) están en la alcaidía 3 de Melchor Romero desde el 14 de marzo, adonde los trasladaron desde Dolores.​ ​ Les imputan "homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía". Y ninguno de ellos tiene antecedentes sanitarios para se considerado "de riesgo" ante el coronavirus.

Los jóvenes de Zárate no cumplen los requisitos que prevé el fallo del 8 de abril del Tribunal de Casación Penal, que dispuso la alternativa de prisión en el sistema penitenciario de la Provincia.



El agente infectado en Romero es escribiente en el área de vigilancia, sin contacto con presos y, desde que presentó síntomas, el miércoles último, los 15 compañeros de la guardia fueron puestos en cuarentena, bajo el protocolo de aislamiento en sus domicilios por prevención, dijeron fuentes del SPB a Clarín. En la fuerza aclararon, además, que ese grupo que está confinado no ha presentado síntomas hasta el momento.

La sospecha de las autoridades penitenciarias es que el suboficial se habría contagiado de su pareja, quien es enfermera del hospital Gutiérrez de La Plata. En ese centro asistencial platense se confirmaron nueve casos esta semana.

Los responsables de la alcaidía departamental actuaron según el plan de contingencia de Salud ante del COVID-19, y tomaron la decisión de aislar a los integrantes de la guardia ante los primeros síntomas que presentó el suboficial mayor, informaron las fuentes.

Se trata del tercer caso positivo de coronavirus reportado ​en el SPB: los anteriores: un suboficial ayudante de la Unidad 21 de Campana y una cabo primero de la Unidad 22 de Lisandro Olmos. Ninguno de los dos, de acuerdo a los voceros, tenía contacto con detenidos.

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Los médicos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria realizaron charlas a los agentes para aportar información sobre prevención. El responsable del SPB, Xavier Areses, explicó que “ante la presencia de los síntomas nos pusimos en alerta y averiguamos con quiénes había estado en la guardia para aislarlos como nos indica el protocolo”.

Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno bonaerense impulsó medidas para evitar el ingreso del coronavirus en los centros de detención: nuevas medidas de bioseguridad, un protocolo de inmediata aplicación para los casos positivos y refuerzos en la provisión de barbijos y otros insumos sanitarios.

Además, por iniciativa de los propios detenidos, se suspendieron las visitas semanales de los familiares.

A partir de esa decisión, la Justicia habilitó el ingreso de celulares a las celdas, para facilitar el contacto y la comunicación. Fue a través de un fallo de Casación, que firmó el juez Víctor Violini.

Se estableció un reglamento para habilitar equipos y ya se permitió el ingreso de casi 5.000, según datos oficiales.