El fiscal Alberto Nisman carecía de "autorización para la tenencia de armas" y su "portación", y tampoco la poseía su colaborador Diego Lagomarsino, el técnico informático que le proveyó la pistola Bersa calibre 22 que le causó la muerte al funcionario del Ministerio Público.

Así lo revelaron hoy fuentes judiciales, sobre la base de un informe del RENAR incorporado a la investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein.Nisman "no poseía autorización para la tenencia de armas, atento que no se encontraba inscripto como legítimo usuario en ninguna de las categorías" establecidas por el RENAR, explica la información.

Sí, en cambio, era dueño de una "pistola semiautomática Bersa calibre 22" que fue hallada la semana anterior en la baulera de la casa de su madre, y tuvo un revólver marca Rossi calibre 38, que transfirió a otra persona a mediados de junio de 2009, dijeron las fuentes.Nisman había reempadronado la pistola calibre 22 en octubre de 1993 y desde entonces no había renovado la documentación.

En cuanto a Lagomarsino, también carecía de autorización para la tenencia de armas pues tiene "su condición de legítimo usuario vencida al 1ro. de abril de 2007".En los registros del RENAR efectivamente figura como titular de la pistola Bersa, fabricada en 1962, que es el arma que causó la muerte de Nisman, se añadió.

Para el próximo lunes está previsto el inicio de la junta médica entre los peritos oficiales y los de la querella de Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman que actúa en la causa en representación de las dos hijas menores de edad que tuvo con el fiscal.

El objetivo de la junta es que los expertos lleguen a una conclusión sobre la muerte de Nisman luego de las diferencias entre los peritos oficiales y los de la querella.Mientras los oficiales entendieron que Nisman se habría suicidado, los de la querella descartaron esa posibilidad y concluyeron que el fiscal fue asesinado

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini rechazó un pedido de Arroyo Salgado de incluir puntos de pericia en la junta médica.La magistrada no hizo lugar al planteo al explicar que la junta no es una pericia, sino un estudio sobre las conclusiones de los informes médicos que ya se realizaron.