Honduras suele ocupar un lugar discreto en los medios de comunicación y en nuestro imaginario. Poco nos llega de este pequeño país más allá de hechos tan lamentables como el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, el desastre del huracán Mitch o la proliferación de las maras. En este artículo trataré de exponer por qué el fraude es previo a la jornada electoral, y se sustenta en las condiciones de pobreza estructural, el secuestro institucional y la enorme impunidad.



En los últimos meses he viajado dos veces a Honduras. En la primera, en septiembre de 2017, encabecé la misión de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo para supervisar los proyectos de cooperación de la UE, entre los que cabe destacar el trabajo de presión política, de apoyo técnico, y presupuestario, para el desarrollo de instituciones independientes; o la elaboración de un Código para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Proyectos que, aunque no son objeto de este artículo, merecen un reconocimiento y todo el apoyo para que continúen —cosa que no puedo decir de otros programas europeos de cooperación en otras partes del mundo—. Esta misión me permitió conocer —parcialmente— la realidad del país, profundamente agrietado por las lacras de la corrupción, la violencia endémica y la pobreza extrema. Además, es una región muy vulnerable al cambio climático, por su posición geográfica y sus frágiles infraestructuras. Por si esto fuera poco, se estima que el 70% de la droga que llega a EE UU lo hace a través del Caribe hondureño. Este dato da cuenta de los intereses en juego en un país de poco más de ocho millones de habitantes.



Sólo existen plazas públicas escolares para el 30% de los niños y niñas, más del 12% de la población es analfabeta. La protección social es casi inexistente y el 63% de su gente vive por debajo del umbral de la pobreza

Los datos sobre niveles de pobreza y violencia son escalofriantes. Cada dieciocho horas una mujer es asesinada. Más del 90% de los crímenes quedan impunes, pero en el caso de los feminicidios, esta cifra aumenta hasta el 97%. Sólo existen plazas públicas escolares para el 30% de los niños y niñas hodureñas y más del 12% de la población es analfabeta. La protección social es casi inexistente (seguridad social, pensiones, dependencia) y el 23% de los menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. En Honduras, el 63% de su gente vive por debajo del umbral de la pobreza (datos de la ONU, Banco Mundial, INE Honduras). Estas cifras no se deben a fenómenos casuales, sino que son el resultado de años de políticas infames de una élite económica y terrateniente que va a seguir cuatro años más expoliando a su pueblo. Al que evidentemente ni aman, ni respetan, ni valoran.



Un defensor de derechos humanos hondureño me contaba entonces que el Gobierno de Juan Orlando era muy astuto, ya que sabía encajar las críticas y recomendaciones de organismos como la ONU o la UE, de forma que había desarrollado leyes para luchar contra la corrupción, contra la violación sistemática de DDHH, contra la impunidad o en defensa de las minorías. Pero nada cambia, porque nada se llega a implementar. Se presupuesta poco y se dota de mínimos recursos humanos. Un lavado de cara hacia dentro y hacia afuera, nula voluntad política. Inexistente amor por su propio país.



UN PAÍS DE MAQUILAS Y CALL-CENTERS

El Tribunal Supremo Electoral también está presidido y formado por exdiputados del partido del Gobierno. En un escenario así lo raro sería que nadie tuviera sospechas de fraude

En conversaciones con miembros del Gobierno —ya en clara actitud preelectoral—, tuve la sensación de estar hablando con administradores de empresa, de empresa depredadora, donde la realidad vital y las condiciones de los trabajadores son ignoradas o asumidas como una situación ‘a la que están acostumbrados’. Los planes del Gobierno de Juan Orlando, presunto ganador de los últimos comicios, eran y son seguir convirtiendo a su pueblo en mano de obra esclava, barata, desarmada por la ausencia de derechos, dócil por la enorme impunidad. Pretenden crear seiscientos mil puestos de trabajo en maquilas de textil y call-centers. Un planazo. Salarios de miseria, condiciones laborales ínfimas, mano de obra no especializada y cero impuestos para los inversores. Un regalo para los mercados internacionales de buitres, siempre en busca de los nidos vacíos de derechos sociales y laborales, agujeros negros para los DD HH. Una sangría para las arcas del Estado. El Gobierno no quiere quedarse atrás en esta competición a la baja en la que el ‘libre’ mercado está abocando a la ciudadanía de países en desarrollo a la esclavitud moderna y a la depredación masiva de sus recursos naturales.

Con Juan Orlando al frente, el nivel de cooptación de las esferas de poder en Honduras ha alcanzado niveles alarmantes. Ha conseguido hacerse con el poder judicial mediante el secuestro del Tribunal Constitucional, que le permitió presentarse a la reelección —a pesar de que la Constitución lo prohibe expresamente—, alegando que la propia Constitución violaba sus derechos políticos. Todo un malabarismo jurídico, y una prueba más de la profunda quiebra del Estado de Derecho que sufre este país. El Tribunal Supremo Electoral también está presidido y formado por exdiputados del partido del Gobierno. En un escenario así lo raro sería que nadie tuviera sospechas de fraude.

Ariel Sosa La militarización de las calles de Honduras experimento un grado más con la declaración del Estado de excepción.

UNAS ELECCIONES DISEÑADAS PARA GANAR

Ya en el año 2015, la UE hizo recomendaciones al Gobierno acerca del proceso electoral, muchas de las cuales cayeron en saco roto

En este contexto, el pasado 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones presidenciales. Este proceso electoral era una prueba de fuego para el Gobierno, que, conocedor de la nula confianza que las instituciones despiertan en la población —y en especial el Tribunal Supremo Electoral—, invitó encarecidamente a organizaciones internacionales (como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea) a observar las elecciones.En estos comicios se estrenó un sistema para la recogida de datos en tiempo real y su inmediata publicación. El proceso de votación, largo y engorroso, estaba centrado en asegurar la limpieza del voto: que nadie votara más de una vez, y que en la urna no entrasen votos ilegítimos. Un esfuerzo económico y técnico con el que Juan Orlando quería demostrar(se) que iba a ganar las elecciones sin necesidad de hacer trampas en la recogida y conteo de votos. Quería que el mundo fuera testigo de su limpia victoria. Y esto lo podía hacer porque lo tenía todo atado y bien atado. O eso creía. Porque la noche de las elecciones, ante los primeros datos que daban como gananadora a la oposición —con el 57% escrutado— puso en marcha el plan B, paralizando el conteo y la publicación de actas, y dando lugar a una delirante situación de crisis, desinformación e inestabilidad que llega hasta el día de hoy, con más de treinta muertos en las protestas ciudadanas sobre las espaldas del gobierno.

Más allá de si hubo fraude o no en el conteo, y aunque es un tema crucial, son otras variables sociales y del sistema electoral, por sí solas, las que determinan que estas elecciones no hayan sido ni limpias, ni libres ni democráticas.

Ya en el año 2015, la UE hizo recomendaciones al Gobierno acerca del proceso electoral, muchas de las cuales cayeron en saco roto. El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la UE (en adelante, MOE) así lo indicaba, haciendo hincapié en cuestiones clave para considerar unas elecciones libres y democráticas. La mayoría de esas claves eran fácilmente observables el día de las elecciones, aunque sólo me detendré en aquellas que me llamaron especialmente la atención. Cuestiones que, siendo legales en éste y otros lugares, pueden condicionar, y así lo hacen, el sentido del voto, dirigiendo artificialmente los resultados de una consulta. La gente no ha votado libremente.



A pesar de que la ‘jornada’ de reflexión dura cinco días —el llamado silencio electoral—, durante el día de votación está permitido que los partidos levanten tenderetes a las puertas de los colegios electorales, con sus banderas, camisetas y carteles. También está permitido que los partidos acarreen votantes desde sus casas a los colegios electorales. Coches plagados de banderas que van puerta por puerta comprobando que la gente ha votado. Si no es así, los llevarán a votar. Y es imposible que escondan si han votado o no, ya que el último paso del proceso de votación es marcar el dedo meñique con tinta resistente, como medida para evitar que una persona vote más de una vez. Pero también es una fórmula magistral para que nadie pueda escapar al control de las redes de militantes de los principales partidos. Hernández se vanagloriaba de la capacidad de su partido —el Partido Nacional— para llegar a barrios, pueblos y colonias a lo largo y ancho de todo el país, y asegurar de este modo una alta participación.



La MOE también ha constatado, durante más de un mes de observación, la enorme desigualdad en cuanto a recursos, como la aparición de los candidatos en los medios de comunicación, públicos y privados, o el gasto en campaña. Todo ello en un clima de alarmante impunidad y ausencia de libertad de expresión. No es baladí que el Código de protección de Defensores de Derechos Humanos también incluya a periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Son los gremios más amenazados porque preguntan, hablan, investigan y en algunos casos, incluso juzgan y condenan. Son la constante amenaza al statu quo de las élites.



EL SISTEMA ELECTORAL, EN MANOS DE LOS GRANDES PARTIDOS

La constatación del engaño se hace evidente cuando las personas acreditadas en la todas las mesas que observamos no recordaban el nombre de su supuesto partido, y tenían que leer la tarjeta que llevan colgada del cuello para decirnos a qué partido representaban

Hay muchas formas de dirigir y controlar el voto, y la MOE ha sido testigo de una amplia variedad de ellas. Yo misma presencié el interminable acarreo de votantes y su acompañamiento hasta las mesas, he visto cómo una anciana indígena preguntaba a su acompañante en qué candidato tenía que hacer la marca, y cómo el acompañante le señalaba con el dedo justo antes de volver su mirada hacia nosotros —que íbamos claramente identificados— con total soberbia. Los grandes partidos, especialmente los que se han repartido el poder mediante un bipartidismo férreo (Partido Nacional y Partido Liberal), han tejido mallas de redes militantes y clientelares con capacidad para comprar voluntades hasta en la última aldea del país. Comprar voluntades sale muy barato si mantienes al pueblo empobrecido. Si pasan hambre, es más fácil aún. La MOE tiene pruebas fehacientes de la compra de votos. A veces se ofrece dinero, y otras lo que se da a cambio es comida: harina, azúcar, maíz…productos básicos. ¿Cuál es el precio del voto de alguien que lucha por la mera supervivencia?

En las elecciones hondureñas tiene lugar un curioso fenómeno electoral: los partidos bonsáis. Partidos fantasma creados ad hoc por los grandes partidos para acceder a ciertos privilegios en el proceso electoral. A diferencia de la mayoría de países, aquí las mesas de votación no están gestionadas por ciudadanos elegidos de forma aleatoria, sino que son los partidos quienes tienen las acreditaciones para gestionarlas. Según la ley hondureña, los partidos que no obtienen representación deben desaparecer tras las elecciones y por tanto no pueden optar a acreditaciones en las siguientes. Pero debido a la cooptación del poder judicial los tribunales los resucitaron, permitiendo así que estuvieran presentes en la gestión de las mesas.



La constatación del engaño se hace evidente cuando las personas acreditadas en la todas las mesas que observamos no recordaban el nombre de su supuesto partido, y tenían que leer la tarjeta que llevan colgada del cuello para decirnos a qué partido representaban. La realidad es que el 80% de las personas que asistían las mesas pertenecían al omnipresente Partido Nacional. La estafa se confirma cuando en el recuento de los votos, estos partidos bonsái no obtienen ni un sólo voto, es decir, que no les han votado ni sus propios apoderados.



UN PUEBLO VALIENTE, A PESAR DE TODO

Sobre la autora Lola Sánchez Caldentey es eurodiputada de Podemos y ha formado parte de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras.



Como miembro de la Misión de Observación Electoral de la UE en Honduras he sido testigo de la lucha admirable de un pueblo maltratado que ha hecho todo lo que estaba en su mano por quitarse de encima a quienes no creen en él. A veces en silencio, a escondidas, esforzándose por ocultar su voto y sus preferencias. Se han enfrentado al poder que coopta los tribunales, incluyendo el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Supremo Electoral; al enorme poder oligárquico que ocupa todos los espacios públicos y privados, incluidos los medios de comunicación. Muchas personas se juegan la vida por los derechos más fundamentales. Muchas la pierden. Y en estos casos nadie lo paga.Tras el 26 de noviembre se ha hablado mucho sobre el posible fraude en el recuento de los votos. No es de extrañar dada la influencia de Juan Orlando y su partido en el Tribunal Superior Electoral. La discusión se ha centrado en si un árbol estaba torcido o no, y hemos dejado de ver el bosque: los déficits democráticos y sociales del periodo preelectoral y del proceso electoral que tanto yo como los miembros de la MOE hemos podido constatar son tan graves, en mi opinión, que se puede afirmar que las elecciones han sido un fraude en su conjunto.Es lamentable que la determinación que el pueblo hondureño demostró este 26 de noviembre se esté pagando con sufrimiento, represión y muertes. También lo es el silencio de la comunidad internacional. Honduras merece un proceso electoral justo en el que poder expresar su voluntad con libertad, y que le dé la oportunidad de cambiar el rumbo de desigualdades y miseria al que su oligarquía le está condenando.