



El caso de la diputada Lucero Sánchez “es un circo” en tiempo electoral: abogados





El caso de Lucero Sánchez es mediático y avanza en función de los tiempos políticos, electorales y mediáticos, no con criterios jurídicos, afirman los abogados Francisco Verdugo Fierro y Rosalba Alarcón Ramírez, quienes forman parte del equipo defensor de la legisladora.

“A río revuelto, ganancias de pescadores”, expresaron al señalar que por lo pronto ya se logró desbaratar una alianza de partidos para que cada quien postule candidato por su cuenta y auguraron que la PGR buscará mediáticamente llevar el caso al menos hasta junio, mes de los comicios locales.

“Todo esto es un circo”, expresan.

Cuestionan cuál es el interés por desaforar a Lucero Sánchez y abrir todo un aparato jurídico y administrativo para someterla a un delito menor.

De acuerdo con el expediente en sus manos, la diputada de Cosalá fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el uso indebido de documentos, un delito que dentro del Código Penal Federal no tiene pena, enfatizan los abogados.

Es absurdo, señalaron, que la PGR solicite se quite el fuero a la diputada Lucero Sánchez para poder procesarla por un delito que no tiene pena. Explicaron que en el caso que procediera el desafuero contra la legisladora y se pretendiera adjudicarle el delito, no se impondría ninguna penalidad porque ya existe jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia en este tipo de casos.

Los litigantes explicaron que es un delito vacío que no tiene pena, y que si bien existe en el catálogo de delitos en el código penal, no está determinada la pena.

“Si un delito no tiene penalidad, prácticamente no es delito”.

El juicio de procedencia de la PGR, añadieron, buscaría entonces someter al ridículo y al escarnio público a la diputada Lucero Sánchez.

Explican que mediáticamente la PGR ha expuesto la versión que a Lucero Sánchez se le acusa de falsificación de documentos, que sí tiene penalidad. Si se pretende ahora acusarla por falsificación de documentos, advierten, la PGR tendría que iniciar otro expediente, pedir su presentación, reunir otras evidencias, iniciar por completo otro procedimiento.

Si la PGR presentó la solicitud ante el Congreso de la Unión como falsificación de documentos como el delito que se le imputa a la legisladora, estaría cometiendo un abuso de autoridad, porque, enfatizan, el expediente inicial es por uso indebido de documentos. A la fecha ni Lucero Sánchez ni los abogados han tenido acceso al expediente enviado ante el poder legislativo, ya que los documentos se remiten a la parte inculpada hasta cuando se inicia un procedimiento formal, como parte del juicio de procedencia.

Cuestionaron que ante un delito menor, sin pena, como es el uso indebido de documentos, el Estado haya hecho un caso mediático que coincide con los tiempos electorales.

A pesar de que solo aparece como indiciada en el expediente, en el que se le acusa de uso indebido de documentos, la Policía Federal Preventiva inició una indagatoria sobre las cuentas bancarias de Lucero Sánchez y las de su familia. Con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria han conocido los movimientos de sus cuentas de Banamex, Bancoppel y Volaris, sin haber encontrado a la fecha ninguna evidencia, ya que los únicos depósitos encontrados son los realizados por el Congreso del Estado, y lo transferidos, por un monto de cinco mil pesos, por la familia paterna del hijo mayor.

Han violado su privacidad, señalaron los abogados ya que en el uso indebido de documentos no tendría razón investigar sus bienes, pero explicaron que la PGR ha tratado de acreditar a su defendida el delito de delincuencia organizada, por lo que ha emprendido una búsqueda de cuentas, bienes y propiedades, pero encontró que solamente tiene dos inmuebles, uno localizado en Aguaruto, el cual ya fue vendido, pero falta el trámite de escrituración al nuevo propietario, y una casa habitación que usa la legisladora como el domicilio particular de su familia.

En el expediente por delincuencia organizada, Lucero Sánchez López aparece solamente en calidad de testigo, cuyas declaraciones fueron ilegales, ya que se tomaron sin citatorio previo, cuando fue retenida por un delito diferente, denuncian los abogados.

Reiteran que el caso de Lucero Sánchez ha sido aprovechado mediáticamente. Cuestionan por ejemplo que el caso inició jurídicamente el 21 de abril de 2015, cuando el director del Penal del Altiplano presentó una denuncia por el ingreso de una persona de confianza del sexo femenino a visitar a Joaquín Guzmán Loera, usando documentos falsos, y fue ratificada el 11 de mayo de 2015, sin embargo, la denuncia se realizó siete meses después del ingreso, ya que la visita con documentación falsa fue registrada el 4 de septiembre de 2014.

Al argumentar la inocencia de la legisladora, exponen que la evidencia más sólida que han visto que tiene la PGR es la fotografía que se tomó en la garita de acceso a la persona del sexo femenino en la visita del 4 de septiembre de 2014. En el expediente, señalaron, hay documentos clasificados a los que no les han permitido acceso, lo cual es violatorio de los derechos humanos.

“Todo está siendo administrado y sacado a la luz en el momento que ellos consideran pertinente”, señalan.

Los abogados no dudan que el desafuero de Lucero Sánchez se considere procedente a pesar que se tengan en la mano la documentación, porque la mayoría son diputados del PRI, y en el PAN ya se dieron órdenes de que así voten.

Advirtieron que como equipo legal se irán hasta las últimas consecuencias por el daño moral y psicológico que su clienta y sus hijos están recibiendo.

“Al final de cuentas las legislaturas se van, llegan otras, y otro que cargue con el paquete. Todo está siendo manejado políticamente, y a lo mejor sea puro votar y levantar el dedo”, expresan los abogados.