CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revivió la “versión histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al considerar que mínimo 19 personas habrían sido ejecutadas, calcinadas y sus restos “diseminados” en el Río San Juan.

“Para la CNDH, en ese lugar, el basurero (de Cocula), sí hubo un incendio y es contemporáneo por el cúmulo de evidencias” y el panel de seis expertos que analizaron el caso a petición de la PGR, sostuvo el presidente del organismo Luis Raúl González Pérez.

Con base en la revisión de los restos óseos rescatados del basurero de Cocula y de los contenidos en una bolsa supuestamente sacada del río San Juan, que se encuentran embalados en Servicios Periciales de la PGR, González Pérez dijo que había 38 huesos llamados petrosas, que tendrían que ser analizados para determinar sin son pares, “lo que significaría que pertenecían a 19 personas, o de no ser así podrían ser más” las víctimas calcinadas en el basurero de Cocula.

A tres días de que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de la República, González Pérez recomendó que las próximas autoridades “puedan mandar a hacer esos análisis (…) podría ser Innsbruck, que se corrobora que pertenecen a personas ajenas a los hechos o relacionadas con los hechos”.

El ómbudsman rechazó que la recomendación por la desaparición de los estudiantes valide las torturas denunciadas por los indiciados por la PGR y que fueron puestos en libertad “bajo reservas” por tribunales federales.

De igual manera, reconoció que la recomendación fue presentada a los padres y madres de los normalistas desaparecidos el lunes 26, y que tomaron la información “con recelo”.

En una larga sesión informativa de más de ocho horas, el equipo de la Oficina para el Caso Iguala de la CNDH describió su investigación, que culminó con más de 128 recomendaciones a 16 autoridades, empezando por el presidente Enrique Peña Nieto.

Al abundar sobre el contenido de la recomendación 15VG/2018, el responsable de la Oficina del Caso Iguala de la CNDH, José Larrieta Carrasco, puntualizó que para el organismo “no hay duda de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 está ampliamente explicado”, y que el método utilizado para desaparecer a los jóvenes está “perfectamente señalado por los perpetradores”.

De acuerdo con la investigación del organismo, de los más de 120 procesados, 72 interpusieron quejas por tortura y malos tratos, de los cuales sólo en ocho el organismo habría confirmado la tortura, atribuida a miembros de la Policía Federal, de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal Ministerial.

El resultado de la investigación de la CNDH contrasta con los indicios encontrados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que identificó 17 personas torturadas, en tanto que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ubicó a 34 presuntas víctimas.

Larrieta destacó que restaría indagar si la muerte de una persona fue resultado de tortura infringida por miembros de la Semar, como lo denunció la ONU-DH en su informe Doble Injusticia.

En su recomendación, la CNDH identificó 685 personas impactadas directamente por los hechos, pertenecientes a más de 200 núcleos familiares, que para el organismo tendrán que ser consideradas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para su reparación integral.