La cifra es la que maneja el senado estadounidense, uno de los involucrados en el visado de la transacción. El monto estaría dentro de la Ley de Presupuesto de 2020 que entrará a tercer trámite en la Cámara baja. Diputados de la comisión de Defensa declinaron referirse al caso en particular, también la subsecretaría de Defensa, quienes encabezan la adquisición.

La primera señal la dio el diputado socialista Fidel Espinoza durante la sesión de la Cámara baja del 9 de octubre, 10 días antes de que Chile despertara. Lo que los había convocado entonces era analizar la crisis climática y la declaración de Estado de Emergencia Climática hecha por el gobierno y los mismos parlamentarios. Pero en la ocasión, llegado su momento de hablar, Espinoza aludió a las prioridades en las diferencias de gastos:

“Chile está comprando en varios millones de dólares dos fragatas que tienen 26 años de uso. ¡Fragatas en millones de dólares! Esos millones de dólares podrían ser invertidos en las localidades y en nuestra gente para enfrentar los problemas de abastecimiento de agua”, fue la frase con la que concluyó su discurso.

La referencia apuntaba a lo que se conoció en 27 de septiembre, cuando comenzaba a asomar en la opinión pública el desglose de la Ley de Presupuesto para el año 2020. En particular, el ítem de la Armada precisaba que dispondrán de $2.474 millones (US$3,4 millones, según indicó un medio nacional) para el proyecto Puente IV, el que contemplaba la adquisición de dos fragatas que reemplazarán a las naves “Prat” y “Latorre”, de 1986 y 1991, dos de las ocho más antiguas que posee la fuerza marítima.

Pero el dinero no era exclusivamente para la compra misma de las naves, sino para las “capacitaciones, entrenamientos, traslados, estadías y regresos de las tripulaciones chilenas que viajarán a buscarlas al extranjero”.

Según datos del senado de los Estados Unidos, lo correspondiente a las naves, además de los gastos logísticos, alcanzaría los US$1.400 millones.

La transacción y adquisición de las fragatas en un momento estuvo congelada. Y si bien la Defensa Nacional no rinde cuentas en el Congreso, es por esta última institución que pasa la aprobación o el rechazo del presupuesto que les corresponde. “No están los tiempos como para hacer que no ha pasado nada. El país conoce el problema sobre la compra de fragatas holandesas de hace algunos años”, explica el presidente de la comisión de Defensa, el diputado Jorge Brito: “cuando la armada dijo que iba a fabricar unas fragatas, luego dijo que iba a comprar unas usadas y a refaccionarlas en Chile, y luego se dijo que se iba a comprar y reparar en el extranjero. Finalmente se hizo esto último y salió mal”, agrega.

La diputada Maya Fernández y el diputado Jaime Tohá, también miembros de la comisión, en una conversación bilateral coincidieron que en estos momentos la compra de material bélico no debiese ser una prioridad.

El dinero hacia el arribo

No hay claridad de la fecha exacta en que comenzaron los primeros guiños a la compra de las fragatas (desde la subsecretaría de Defensa, quienes en conjunto con la Armada gestionan la compra, fueron enfáticos en el mutismo del subsecretario Cristián de la Maza, quien llegó a ser vicealmirante de la Armada, para este y/o cualquier otro tema que tuviera relación directa con las adquisiciones de este tipo). Pero sí hay precisión que entre junio y julio, las transacciones quedaron estancadas.

En esa misma fecha en la Cámara baja se presentó y discutió un proyecto de ley que creaba “un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional” (del boletín 7678-02). A modo de antecedentes, se expuso que más del 70% del financiamiento de la Defensa Nacional se proviene de la Ley de Presupuesto; que en la actualidad, y dada la independencia de las mismas instituciones, existe una “dificultad de transparencia en la asignación de recursos y complejidad en el control externo de las inversiones”; y finalmente, que existe “consenso en cambiar el financiamiento de las capacidades estratégicas” de la Defensa.

En la misma línea, se comprometió la presentación de un proyecto de ley que regula las compras de “capacidades estratégicas” (referido a “material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento”). Según la evaluación del mismo diputado Brito, parte de los motivos era que “en defensa se venía gastando de manera desbordada para que uniformados dieran mal uso o robaran plata del Estado”.

“No digo que el proceso de esta compra se va a detener a raíz del despertar de Chile; ocurre que los mismos presupuestos de todas las instituciones se van a tener que ajustar”, concluye el parlamentario de Revolución Democrática.

El diputado socialista Manuel Monsalve estuvo en la discusión presupuestaria por su rol en la comisión de Hacienda. Desde su visión, entiende que el contexto actual «invita a mirar o a decir por qué se financian las demandas sociales con recursos de las Fuerzas Armadas», pero en esa línea, y teniendo de antecedente el acuerdo sobre la nueva forma de financiamiento de Defensa, «haría una diferencia en la discusión: la compra de armamentos o equipamientos tiene que ser rigurosa desde la transparencia y lo técnico, porque conocemos lo que ha pasado con Carabineros y las Fuerzas Armadas; pero no soy partidario de reemplazar la discusión con reasignaciones o recortes de programas para financiar otros. Los únicos a los que protege son a quienes quieren pasar la crisis sin tocar nada: las soluciones para los temas de pensiones, de salud, de educación, tienen que venir de los impuestos a los súper ricos; todo tiene que ver con la redistribución de la riqueza».

El senador independiente Pedro Araya, miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara (que despachó para tercer trámite el Presupuesto de 2020), es más desafiante: «Hay que ver lo que dice el gobierno (respecto a la compra): si efectivamente querría destinar el presupuesto a materias sociales, sería contradictorio efectuar este gasto, porque también señalaron que quieren hacer recortes».

«Vamos a tener que escuchar la explicación de si es necesario seguir adelante o se puede postergar. Hay que revisar los argumentos, ver el fin de las fragatas, considerando las emergencias (naturales) que sufre el país. En el norte sabemos que tenemos problemas, en la frontera particularmente. Tampoco podemos dejar sin equipo las defensas del agua. Es un tema sensible en el que otros temas pueden verse implicado», sentencia el parlamentario.

La última palabra de si se compra o no, dependerá del Presidente Sebastián Piñera y en conjunto con lo que se resuelva en relación a la misma Ley de Presupuesto.

El gasto final

Las fragatas de clase Adelaide HMAS (seis en total) se construyeron entre 1978 y 1992, con piezas de orígenes estadounidense y australiano. Las dos en las que Chile tiene particular interés son las llamadas “Melbourne” y “Newcastle”, que comenzaron sus servicios en 1992 y 1993, respectivamente. Este año, la Real Armada Australiana las dio de baja.

Según una fuente ligada a la misma adquisición, la gestión de compra sigue su curso, luego del congelamiento que, según explica, fue producto de la burocracia. También precisa que hay interés de Chile en completar la compra, como del gobierno australiano de venderla.

Respecto al precio de mil 400 millones de dólares, la misma fuente (cercana a la subsecretaría) aclaró que corresponde al caso de compra de unas fragatas nuevas, no de aquellas que tienen casi 30 años de uso. En los hechos, los precios que se discuten son de menos de la décima parte indicada por el senado estadounidense. Es decir, rondaría los US$140 mil. No obstante esto, el diputado Brito precisó que no podía referirse a esta compra en particular; la diputada Maya Fernández desconocía el gasto en detalle; y desde la subsecretaría de Defensa declinaron entregar mayor información.

Que la misma compra sea parte del la plataforma de comunicación de la subsecretaría de Asuntos Legislativos norteamericano, responde al origen conjunto de las fragatas: cualquier transacción se le considera como parte de la “ley de control de exportación de armas” de ese país.