El pasado 14 de octubre, Nepomuceno Moreno, un hombre de 56 años, interrumpió el diálogo que el presidente Felipe Calderón sostenía con Javier Sicilia y otros dirigentes del Movimiento por la Paz, para denunciar que su vida se hallaba amenazada, a raíz de la lucha que libraba por la presentación de su hijo, un joven desaparecido por policías estatales de Sonora a mediados de 2010.

Las amenazas, señaló el hombre de cabello cano, vinieron luego de “denunciar a las autoridades del estado de Sonora y ahorita tengo a soldados fuera de la casa (resguardándola)… Tengo pruebas de que ellos (los policías estatales) secuestraron a mi hijo y a otros tres compañeros más.”

El presidente lo escuchaba atento e, incluso, le pidió repetir de quiénes sospechaba. Nepomuceno Moreno reiteró: “Fueron los policías del estado, tengo pruebas y hay videos, que me tienen ocultos… aparte, el gobierno del estado no me ha atendido para nada.”

“Muy bien –le respondió Calderón, alzando la carpeta que el hombre entrado en años le acababa de entregar, y que contenía la denuncia de la desaparición de su hijo y de las amenazas posteriores–, yo lo veo.”

El hombre se despidió del presidente, volvió hasta su lugar, en el área dispuesta en el Castillo de Chapultepec para los invitados al diálogo. Su semblante era de satisfacción.

Ayer, sin embargo, mes y medio después de haber recibido la oferta presidencial de atender su caso, Nepomuceno fue asesinado de cinco tiros calibre 40, por desconocidos que lo interceptaron en pleno centro de la capital sonorense.

Desde el principio…

Durante la madrugada del 1 de julio de 2010, Jorge Mario, hijo de Nepomuceno, fue secuestrado en algún punto de la carretera que va de Guaymas a Obregón, en Sonora, luego de que varios hombres armados lo persiguieran junto a otros dos amigos.

Los secuestradores, que se identificaron como policías estatales y municipales cuando trabaron contacto telefónico con Nepomuceno, le exigieron 30 mil pesos para recuperar a su hijo.

Luego de que la transacción se concretó, dos amigos de Jorge Mario acudieron a un punto marcado por los plagiarios, para recoger al joven, sin embargo, también fueron secuestrados.

De los cinco jóvenes, uno fue hallado muerto pocas horas después, otro fue liberado en los días posteriores, con dos dedos mutilados y diversas fracturas, mientras que los otros tres, incluido Jorge Mario, permanecen en calidad de desaparecidos.

A partir de ese día, Nepomuceno emprendió protestas públicas en Hermosillo, para exigir la presentación con vida de su hijo, así como para denunciar la participación de policías sonorenses en su desaparición (así como la complicidad de agentes de la Procuraduría estatal, que sustrajeron del expediente el video de la tienda de conveniencia en la que Jorge Mario fue alcanzado por sus captores), lucha que libró en soledad durante los primeros diez meses y, a partir de mayo de 2011, como parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Emilio Álvarez Icaza se toma unos segundos para contener las lágrimas y luego, con voz apagada, narra: “Nepomuceno estuvo desde el principio con el Movimiento por la Paz… él marchó de Cuernavaca al DF (en mayo, protesta a la que estaban convocadas todas las víctimas de la violencia en México); participó luego en las Caravanas del Consuelo (en junio y septiembre), y también en los diálogos de Chapultepec.”

Así, de acuacultor y comerciante de mariscos, Nepomuceno se convirtió en integrante de la coordinación del Movimiento por la Paz; además, en los meses siguientes emprendió una campaña para exigir audiencia al gobernador del estado, Guillermo Padrés, petición a la que se sumaron decenas de ciudadanos, a través de un formulario automático montado en internet.

Padrés nunca lo recibió, aunque la PGR sí emprendió una indagatoria que, hace poco más de 40 días, llevó al arraigo de tres presuntos sicarios implicados en el secuestro de su hijo.

La directiva del Movimiento por la Paz realizaba ayer su reunión semanal en la colonia Del Valle, cuando recibió la noticia del asesinato. Sólo faltaba Javier Sicilia, presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Entre lágrimas, la veintena de víctimas de la violencia rindió un minuto de aplausos en homenaje a Nepomuceno y luego se trasladó a las oficinas del gobierno de Sonora en el DF, en la colonia Polanco, donde, encabezados por Emilio Álvarez Icaza, exigieron esclarecer la desaparición de Jorge Mario, el asesinato de su padre, así como brindar protección a sus deudos, particularmente durante el velorio y entierro del activista, cuyos restos serán depositados en su municipio natal, Santa Ana.

“Hace 15 días vino a la Ciudad de México –recordó Melchor Flores, otro padre cuyo hijo fue desaparecido por policías, en su caso de Nuevo León–, me habló para pedirme que lo viniera a saludar, era mi compañero de Caravana… había venido para afinar la denuncia contra los arraigados, presentó ahora una denuncia por homicidio, porque hay elementos para pensar que su hijo fue asesinado por esas personas…”

–¿Te comentó en ese momento sobre alguna amenaza reciente? –se pregunta a Melchor.

–Sí… desde hacía algunos meses nos informó de estas amenazas, el mes pasado le pidió al gobierno del estado que tomara medidas precautorias, pero no hicieron nada. Sólo el Ejército puso una escolta afuera de su casa, pero cuidaban la casa… no a él”.

Y es que, subrayó más tarde Álvarez Icaza, “esa era una medida insuficiente: cuando Nepomuceno salía de su casa, nadie lo protegía, los soldados se quedaban cuidando la vivienda, como si a la casa la pudieran matar”.

Fue así como ayer, a las 12:35 horas, aproximadamente, Nepomuceno fue abatido cuando doblaba la esquina de Reforma y Paliza, en el centro de Hermosillo, a bordo de su camioneta particular.

Víctimas criminalizadas

Tras el asesinato de ayer, José Larrinaga, vocero de la Procuraduría de Justicia de Sonora, intenta salir al paso de las preguntas formuladas por la prensa local, aunque se resiste a llamar a la víctima por su nombre: “Esta persona –dice el funcionario sonorense, en referencia a Nepomuceno–, había purgado condena por delitos de portación de arma de fuego, estuvo involucrado en una balacera… tiene aproximadamente un año y medio que salió de la cárcel.”

Con esta información, el vocero de la Procurduría sonorense intenta salir al paso de los cuestionamientos que la prensa local le plantea, sobre la falta de protección al anciano, que en octubre había solicitado protección al gobierno estatal, ante las amenazas anónimas que recibía.

El funcionario de la Procuraduría omite señalar, sin embargo, que la balacera en la que pretendió involucrarse a Nepomuceno ocurrió hace siete años, y tampoco menciona que en 2009 recuperó la libertad porque un juez consideró que no existían pruebas en su contra.

Absurdo…

La muerte de Nepomuceno es, de hecho, la más reciente de una serie de lo que él mismo calificó en vida como “represalias del gobierno de Sonora”, por denunciar la participación de funcionarios en el ataque a su hijo y amigos.

A partir de sus protestas por la desaparición de Jorge Mario, su segundo hijo fue acusado de robo y encarcelado, mientras que su otra hija, empleada de la administración estatal, fue despedida.

En contraste, un día antes del asesinato de Nepomuceno, la Presidencia de la República emitió un comunicado para refutar la petición que un grupo de ciudadanos formulara a la Corte Penal Internacional, el pasado viernes, para investigar la posible responsabilidad del Estado mexicano en la proliferación de la violencia generalizada.

“Es absurdo –señaló el documento elaborado por la oficina de Calderón– siquiera tratar de equiparar lo que un gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad.”

El caso del Estado mexicano, subrayó la Presidencia, es distinto, ya que “tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.

Cabe recordar que Nepomuceno es el segundo miembro de la coordinación del Movimiento por la Paz que es asesinado (el primero fue el michoacano Pedro Leyva, baleado en octubre).

“Y además –remata Emilio Álvarez Icaza–, su caso es muy similar al de Maricela Escobedo, asesinada por exigir justicia para su hija, muerta en Chihuahua, y por denunciar la complicidad de las autoridades en el crimen.”