El desalojo realizado en la comunidad de Xochicuautla, en el municipio de Lerma, se realizó dentro de la legalidad, consideró el gobierno del Estado de México, que se dijo “respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.

El gobierno de Eruviel Ávila dijo reconocer la resolución del juicio de amparo 771/3015, que interpuso Antonio Miguel Reyes Valdez, donde se refiere la suspensión definitiva de los trabajos en la comunidad de Xochicuautla, pero argumentó que hay poca claridad sobre la ubicación del terreno y que no se ha acreditado la titularidad del mismo que refiere el expediente.

“Respecto del Juicio de Amparo 771/2015, interpuesto por Antonio Miguel Reyes Valdez y otros, la autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial.

“Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción del terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, indicó el gobierno del Estado de México en un comunicado emitido este miércoles 13 de abril.

Por esa razón, el gobierno estatal señaló que el Sistema de Autopistas del Estado de México (Saascaem) da continuidad a los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, “atendiendo lo dispuesto en el Decreto de Expropiación publicado el 9 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación”.

“Incluso Saascaem hizo efectiva la expropiación el día 16 de julio de 2015, cuando se llevó a cabo la posesión y el deslinde de la superficie de 37-93-86 hectáreas de terrenos que pertenecieron a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción”, asegura el comunicado.

Sobre las versiones que indican que se van a demoler más viviendas en Xochicuautla, el gobierno de Estado de México señaló que sí existe esa posibilidad pero eso “se definirá una vez que se determinen los límites precisos del derecho de vía”.

El desalojo en Xochicuautla comenzó el lunes 11 de abril pasado, cuando policías estatales y maquinaria pesada ingresaron a la comunidad para continuar con los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto a cargo de una empresa filial de Grupo Higa.

Durante el desalojo, la maquinaria pesada derrumbó el campamento en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra.

Personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acudió a la zona el pasado martes 12 de abril, mientras que este miércoles diversas organizaciones sociales respaldaron el movimiento indígena otomí que busca preservar el bosque, zona considerada de paso para la autopista.