Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz de la Senadora Cristina Díaz Salazar, propuso hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general, como parte de la documentación de nuevo ingreso y también de reinscripción a preparatorias y universidades en todo el país.

La medida pretende detectar si alguno de los alumnos presenta adicción a drogas o algún tipo de trastorno alimenticio, para que sea canalizado a un área de salud correspondiente. Sin embargo, defensores de derechos humanos consideran que –tal como está redactada– esta iniciativa sería un mecanismo velado de “criminalización” a los estudiantes que den positivo en los exámenes médicos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó que esta propuesta violaría los derechos humanos de los jóvenes, tales como el de la privacidad y la protección de sus datos personales.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, llamó la atención a tres puntos de la iniciativa priista que generan preocupación entre los defensores de derechos humanos.

“Violentaría el derecho a la intimidad que tienen adolescentes y jóvenes; no coloca el foco en un política real de prevención y de protección para toda la población, y no se traducirá en una política efectiva contra el consumo de drogas, porque queda limitado a un ámbito escolarizado, cuando sabemos que existe un porcentaje muy alto jóvenes que no tienen acceso a la educación”, precisó.

La iniciativa no especifica qué autoridad será responsable de salvaguardar los datos personales, cómo se procesará la información obtenida o qué candados se incluirán para evitar su exposición pública.

En este sentido, el director de Educación Futura, Rubén Álvarez Mendiola, expuso que la iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y de Salud contiene profundos rasgos discriminatorios que no van al fondo del problema, que es atender de forma efectiva la adicción entre la juventud.

“Más que un rasgo autoritario, esta iniciativa muestra un profundo desconocimiento del PRI sobre una de las problemáticas de las cuales el Estado mexicano mismo es responsable, que es el olvido institucional para los jóvenes”, afirmó el especialista.

La propuesta, explicó, va más en el sentido de criminalizar o castigar la adicción, y no en el de presentar alternativas viables para reducir el consumo de estupefacientes entre la juventud.

LA INICIATIVA ANTIDOPING

La iniciativa presentada por la legisladora priista fue turnada para su análisis a las comisiones de Educación, Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos del Senado de la República y pretende reformas a las leyes General de Educación, General de Salud y General de Cultura Física y Deporte, con el objeto de combatir las adicciones y los trastornos alimenticios.

Además propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la de Salud, establezcan los reglamentos y reglas de operación, para que jóvenes de 17 a 24 años entreguen anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general, al momento de inscribirse o reinscribirse a una escuela de nivel medio superior o superior, “con el fin de que si alguno de los alumnos presenta algún tipo de trastorno o adicción sea canalizado al área de salud correspondiente”.

La iniciativa también plantea que las escuelas deberán construir un mecanismo de reacondicionamiento físico en cooperación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para apoyar a la rehabilitación de jóvenes por medio del deporte.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la población de 18 a 34 años tiene la prevalencía más alta de consumo de drogas, la cual fue de 2.8 por ciento.

Entre adolescentes de 12 a 17 años, el consumo de mariguana es más alto, con 1.3 por ciento; le sigue cocaína con 0.4 por ciento, y los inhalables con 0.3 puntos porcentuales.

Pero la propuesta no se centra en el consumo de drogas, pretende que tanto padres de familia como instituciones escolares puedan ayudar a combatir la anemia, obesidad y otros trastornos alimenticios.

Detalla que –según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012–, 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años de edad presentan sobrepeso u obesidad. En otras palabras, uno de cada 5 adolescentes presenta sobrepeso y uno de cada 10 llega a la obesidad.

LAS CRÍTICAS

La principal crítica que hacen defensores de derechos humanos a la iniciativa priista radica en que podría criminalizar a los estudiantes, sin ofrecer alternativas de educación y orientación reales sobre el consumo de drogas.

En general, las leyes que se redactan de forma ambigua no logran ningún resultado, por lo que señalaron que la propuesta necesita establecer responsabilidades de servidores públicos, planes y plazos para determinar qué se pretende obtener, así como desarrollar programas que sean incluyentes a toda la juventud, y no sólo a los que tienen oportunidad de ir a la escuela.

“Cuando estamos hablando de consumo de sustancias tenemos que partir primero de políticas de salud, más que de acciones que tiendan a criminalizar. Ya hay una experiencia larga en México y América Latina de que estas medidas resultan ser contraproducentes”, detalló Juan Martín Pérez, director de Redim.

Más allá de que la invasión a la privacidad y la intimidad son violatorios de los derechos humanos, medidas similares que han implementado gobiernos estatales, como el “Operativo mochila” o el “Operativo escuela segura” han demostrados que no solamente son inapropiadas sino que tienen un efecto contraproducente entre la niñez y la adolescencia.

Por ejemplo, se detectó que este tipo de operativos, que se pusieron de moda en el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, desencadenaron acciones de discriminación sin resolver de fondo el problema de adicción a las drogas.

“Por ejemplo, se ha encontrado preservativos en las mochilas de niñas, niños y adolescentes y esto ha sido motivo de discriminación y presión por parte de las autoridades escolares”, detalló el director de Redim.

En este sentido, el Director de Educación Futura, Rubén Álvarez, detectó como parte fundamental de cualquier iniciativa que pretenda ir al fondo de la adicción entre la juventud debe contemplar verdaderas alternativas de rehabilitación para los jóvenes, más enfocadas a la educación, el deporte y la orientación familiar, que en la criminalización de la adicción.

Otra de las críticas gira en el sentido de que la propuesta se enfoca en el consumo de drogas ilegales y deja de lado las drogas legales –y que a la larga resultan más peligrosas– como el alcohol.

Asimismo, el director de Redim lamentó que la iniciativa pretenda solucionar un grave problema nacional con una visión efectista y electorera, como lo es ubicar a la recreación y el deporte como eje de tratamiento de rehabilitación.

“No se debe pensar que el deporte ayuda a la rehabilitación. Esa es una visión muy vieja, de los años 70 y ha demostrado que con sólo hacer deporte, los hicos no dejan de consumir. Incluso, como nota de color, la mayor promoción de alcohol se da en los ámbitos deportivos, porque las compañías de bebidas alcohólicas [cerveceras] promocionan sus productos en la liga de primera división de fútbol, por ejemplo”, sostuvo Juan Martín Pérez.

SOLUCIONES QUE EL PRI NO DA

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, con referencia al programa sectorial de salud (2007-2012), expuso que el gobierno federal había invertido alrededor de 6 mil millones de pesos para la construcción de 335 centros de atención en los tres niveles de gobierno.

La misma encuesta señaló que el 64.1 por ciento de los hombres y el 70 por ciento de mujeres de entre 12 y 17 años respondieron haber estado expuesto a algún tipo de programa de prevención. Agregó que el aumento de la cobertura preventiva podría haber ayudado a contener el crecimiento del consumo en este sector de la población.

Sin embargo, desde entonces a la fecha la constante es que el gobierno ha dejado de invertir en tratamientos contra las adicciones. Por lo que Redim recomendó ir en sentido contrario.

“Es necesario hacer más inversión en prevención, en nuestro país se gasta mucho dinero en el combate a las drogas pero no se está haciendo una inversión proporcional en la prevención”, indicó su director, Juan Martín Pérez.

Para el defensor de los derechos de la niñez, es indispensable hacer una revisión de fondo sobre los programas para prevenir adicciones que se han realizado y eliminar aquellos que no funcionan.

También se debe ubicar el problema en el ámbito de la salud y no sólo en la criminalización de los usuarios.

“Lo que sí tenemos evidencia internacional que sí funciona, son las acciones que colocan el derecho a la salud, más allá del consumo de sustancias; segundo, no criminalizar el consumo de sustancias ni criminalizar a los usuarios, sino entenderlos como un problema de salud pública”, aseveró Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia.