“Hay que ser realistas, una gran parte de las compañías que han trasladado su sede social fuera de Catalunya en las últimas semanas no volverán, pese a que todas ellas afirman que su marcha es temporal”, asegura el presidente de una de las grandes corporaciones que en esto días inquietos ya ha puesto en marcha la mudanza. Paradójicamente, pronóstico diferente al expresado en Washington por Luis de Guindos, el ministro de Economía, que afirmó confiar en que las empresas volverán pronto a Catalunya.

Pero el revés empresarial al procés, completamente inesperado para los dirigentes independentistas, amenaza con superar la coyuntura para dar a luz un nuevo modelo de relación económica entre Catalunya y el resto del Estado, con la primera teniendo un papel más subordinado en el caso de que esas sedes perdidas ya no vuelvan.

La opinión de ese alto ejecutivo, compartida por otros en posición parecida, parte de considerar que la crisis política en Catalunya no admite una solución rápida en ninguno de los hipotéticos escenarios que se dibujan en el horizonte. La convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas, la alternativa preferida por las organizaciones empresariales más importantes, permitirá lanzar la pelota hacia delante pero dejará sin despejar las principales incógnitas. Y una vez celebrados, los comicios dibujarán un complejo mapa parlamentario que alargará la inestabilidad.

Independencia de Catalunya Responsables de las empresas trasladadas creen que es muy posible que ya no vuelvan

Quedan, en opinión de la élite económica, largos meses de incertidumbre por delante. Pocas serán las empresas que se aventuren a desandar el camino de salida ya recorrido. Pese a la frivolidad con la que se está intentando despachar el asunto, no se puede estar yendo y viniendo de un domicilio, social o fiscal, a otro según vaya girando la coyuntura política.

¿Presagia la estampida empresarial de estas semanas un golpe profundo y permanente a la economía catalana?.

La movilización corporativa de estos días ha puesto de manifiesto una realidad que la fría lectura estadística sobre comercio exterior de los últimos tiempos ha nublado. Pese al indiscutible crecimiento de las exportaciones, el mercado de referencia para las empresas catalanas más relevantes sigue siendo el español. Su primer mercado, en muchos casos.

Por dimensión demográfica y económica, ciertamente. Pero no solo. Algunas de las grandes corporaciones han expandido sus actividades en el mundo y una parte muy relevante de sus beneficios proceden de esa actividad exterior. Pero tanto en términos de representación política como de influencia, esas grandes compañías siguen considerando el Estado español como su marco de referencia.

Mientras el contencioso de Catalunya con el Estado no tensa las relaciones entre territorios, los grandes bancos y empresas catalanas pueden aspirar a comerciar en todo el territorio con tranquilidad, e incluso se pueden aventurar a realizar propuestas de cambio en el modelo económico. Pero cuando las diferencias de perspectiva se manifiestan como un conflicto de comunidades y el fantasma del castigo comercial sale a pasear, la tensión resulta insoportable.

Así precisamente comenzó la presión sobre los dos grandes bancos catalanes, Caixabank y Sabadell, el sector más sensible a una posible pérdida de confianza. Esto explica también que aunque muchas de las que han decidido cambiar de sede siguen pensando que no hay posibilidades de independencia de Catalunya y que, por lo tanto, la salida de la Unión Europea no será una realidad –este sigue siendo el análisis central de los mercados y los analistas internacionales– hayan optado por enviar un mensaje claro a su principal mercado consumidor. Y, obviamente, a los reguladores y centros de poder. Tras vivir con el temor a pisar huevos, la presión les ha obligado a decidir.

El impacto en la opinión pública de esos traslados es comparable al desconcierto que ha generado entre los dirigentes del Govern de la Generalitat y de las formaciones independentistas. Algunos creyeron que las quejas privadas de los grandes empresarios, su inquietud por la evolución de la situación política era conocida por todos, nunca se convertiría en decisiones públicas de relevancia. Ahora que estas se han plasmado, siguen sin formular aún una lectura creíble sobre lo ocurrido y sus consecuencias. Lo viven con alarma, en caso contrario sería aún más preocupante, pero no permiten que la sociedad tome consciencia del asunto.

Las empresas afectadas no podrán ser creíbles ante inversores, mercados, clientes y trabajadores si convierten su sede social en un simple apartado de correos, por no mencionar a las que ya han anunciado que además trasladarán su sede fiscal. Una migración de los cuarteles generales de valiosas compañías –muy grandes, medianas y pequeñas– está en marcha.

El llamado “efecto sede” ha sido un argumento empleado durante años para explicar gráficamente parte de las ventajas estratégicas, fiscales y económicas de Madrid como capital del Estado. No parece razonable que cuando ese fenómeno adopta proporciones de tsunami, se cierre con displicencia el expediente. La globalización y la centralización económica empujan a favor de la agrupación en las grandes plazas económicas.

Desde las organizaciones sindicales a los más importantes proveedores de productos y servicios saben la enorme diferencia que existe entre negociar directamente con los centros de decisión y hacerlo a distancia.