4 mineros llevan encerrados desde el 13 de junio en el Pozo Antonio Del Valle, en la montaña leonesa.

El Gobierno y Europa abandonan el sector a su suerte.

Javier F. Ferrero @SrPotatus y María Dacal @MforMarla

Dani, Sócrates, Elías y Álvaro habitan desde el pasado 13 de junio entre galerías, raíles y vagones, acompañados del característico goteo de la mina que ejerce una vez más de banda sonora en sus vidas. Decidieron volver al Pozo Antonio del Valle, en la localidad de Ciñera de Gordón, la mina de la montaña leonesa en la que han trabajado durante gran parte de su vida, para reclamar las ayudas para llevar a cabo el cierre ordenado de las explotaciones de interior de la empresa Hullera Vasco Leonesa, S.A. (HVL). El día 28, hace un par de días, iniciaron una huelga de hambre por la desesperación ante la falta de atención prestada por lo medios de comunicación y el Gobierno.

La situación de estos cuatro mineros del carbón es fiel reflejo del estado del sector en las últimas décadas y se resume fácilmente en una palabra: Lucha. La lucha por un trabajo que durante más de 100 años fue el motor económico de la zona, la lucha por evitar el abandono de sus pueblos y la marcha de sus gentes y la lucha por unos derechos que consideran que les están arrebatando.

Una desmantelación silenciosa, la muerte programada de un sector incómodo.

“Se ha dejado morir poco a poco el sector”, comenta Manuel Zapico, prejubilado forzoso después de trabajar 23 años en el pozo Antonio del Valle, y continúa: “El problema es que ninguna empresa compraba el carbón de aquí. Las empresas eléctricas son dueñas y hacen lo que les da la gana. Y no comprar aquí el carbón, acabó con el sector.” El número de trabajadores traducido en cifras nos lleva a unos datos que reflejan el precario estado del sector. En 1990 la minería del carbón empleaba a 45.000 personas en más de 200 empresas. En 2013, no llegaban a los 4.900 en 14 compañías. “La empresa en la que yo estaba, HVL, había hecho una nueva mina con una inversión de 60 o 70 mil millones de las antiguas pesetas. Me imagino que en esa inversión estaría la ganancia también. Pero ella era una empresa y estaba para tener ganancias”, comenta Manuel.

La crisis económica, usada como excusa en otros sectores, es también aplicable a este ya que el recorte de las ayudas públicas pasó de 300 millones de euros en el 2011 a 85 en el 2013, más de un 65% en solo 2 años. A esta abismal caída de las ayudas a la minería del carbón hay que sumarle que el 31 de diciembre de 2015 finalizó la obligación que el Real Decreto imponía a las empresas eléctricas a consumir un cupo determinado de carbón nacional. El gobierno no creó ningún otro mecanismo de protección al considerar que se trataba de algo que corresponde al próximo gobierno, dejando desamparado a un sector ya tocado en lo económico y responsabilizando directamente a la burocracia y a la situación política nacional de su estado actual.

La puntilla final a la situación de desamparo total es la decisión de la Unión Europea de acabar con las ayudas a la producción de carbón el 1 de enero del 2019 junto con la obligación de Bruselas de que todas las empresas mineras devuelvan en 2018 las ayudas públicas concedidas desde el año 2011. La factura de ayudas a devolver asciende a más de 460 millones de euros. Las minas a cielo abierto todavía podrían ser rentables si se empieza a comprar el material, según expertos en el sector. No como las minas de interior, donde la devolución de las ayudas se va a convertir en la condena para los yacimientos que logren llegar a 2018.

“Todo se cierra, la gente se va y los pueblos se mueren”

Según los sindicatos, el cierre de las minas eliminaría actualmente unos 75.000 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos). No es una cifra importante dentro de las estadísticas globales de paro en nuestro país, aunque sí lo es si tenemos en cuenta que se acaba con bolsas de población concretas.

“Se siguen haciendo inversiones en polideportivos, aceras, parques, etc. y no se ha invertido en industrializar, que era para lo que venían las ayudas. El problema es que no hay gente en los municipios afectados. Se han marchado. Los negocios, los colegios… Todo se cierra, la gente se va y los pueblos se mueren. Ese es el mayor problema.”, explica Manuel Zapico. En los últimos 15 años los municipios con yacimientos mineros perdieron 52.000 habitantes alcanzando en algunos casos el 50% de la población. Esto hace que de manera indirecta todos los sectores económicos de la zona se vean afectados. “A partir de 1998 empezaron las primeras ayudas y prejubilaciones. En el caso de mi empresa, por ejemplo, en 1998 éramos aproximadamente 1700 trabajadores y se sacaba 1 millón de toneladas. A partir de ese año, se fue reduciendo el número de trabajadores, hasta hace 3 años, que éramos sobre setecientos. Y las ayudas seguían siendo las mismas y la producción también. Para seguir produciendo lo mismo se cubría con cielo abierto y con mejora de la técnica. Pero aún así, seguía siendo no rentable.”, continúa explicando Manuel. Negocios sin clientes, puertas atrancadas y carteles con “se vende” escrito en ellos, proporciona la desoladora imagen de unos pueblos otrora rebosantes de vida y de futuro.

4 vidas a 250 metros de profundidad

“Simplemente piden un cierre ordenado de la empresa, en 36 meses. La empresa está actualmente en administración concursal. Dicen que no hay dinero para llevar a cabo el cierre ordenado y todo está parado. El 31 de julio se acabó.”, indica Manuel Zapico sobre los 4 mineros encerrados en el pozo Antonio del Valle. Él los conocía, trabajó varios años con ellos y siente como suya su lucha. Hay muchos como ellos que asumieron su suerte, ellos no. “Hay gente que entra en las ayudas del gobierno, pero hay trabajadores, como estos cuatro y muchos otros, que se quedaron en un limbo. Para menores de una edad, hay una indemnización. Y para mayores, la prejubilación. Pero hay muchos trabajadores que se quedaron sin nada”, concluye Manuel, con un halo de tristeza en sus palabras.

Ya no luchan porque siga abierta la mina, ese tiempo pasó. Solo luchan por tener un cierre digno. El 31 de julio, sus contratos se extinguen, como todo el sector, que parece que ya no interesa a nadie, solo a sus gentes.

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