Aquí no hay democracia desde la II República. Aquí lo que hay es un Régimen monárquico post-franquista cada vez más al descubierto en su funcionamiento autoritario y corrupto

Algunos dirigentes “mediáticos” de la izquierda española han expresado su pesadumbre porque la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo haya sido favorable a la banca y contraria al conjunto social, en un evidente ejercicio de servidumbre al poder financiero, con expresiones del tipo: “se debilita la democracia”. Esa reflexión supone partir del hecho de que el Estado español es una democracia; y eso, a nuestro entender y al de una cada vez mayor parte de la sociedad, es una falsedad.

Aquí no hay democracia desde la II República. Aquí lo que hay es un Régimen monárquico post-franquista cada vez más al descubierto en sus vergüenzas y su funcionamiento autoritario y corrupto. Que este engendro, cada vez más impresentable, se debilite y deslegitime ante la sociedad es lo mejor que nos puede pasar, porque eso abre precisamente el camino a que se pongan en marcha plenamente las consultas republicanas, que son “el inicio del inicio” de un auténtico proceso constituyente democrático, el que se hurtó en la Transición; y que nos permita construir aquel sistema sociopolítico que, en base al derecho a decidir de los Pueblos y de la sociedad en general, sirva a los intereses de la mayoría. Un sistema que sea útil para construir un proyecto de futuro digno y democrático, con el aprovechamiento de todas las potencialidades que tenemos las naciones bajo la jurisdicción del Estado español, hoy totalmente coartadas. Y ello en el formato que libremente se decida y que, a nuestro entender, encontraría en una unión o confederación de repúblicas un marco adecuado.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo dictada ayer es de suma gravedad, pero no viene más que a sumarse a otras de similares características y con la ausencia de los criterios más elementales que deberían de caracterizar al órgano supremo de la Administración de Justicia. Pero esta, es obvio, está tan corrompida como el estamento político, como la institución monárquica o como los medios de comunicación al servicio del Régimen del 78, con unos discursos formalmente distintos, pero que responden en su globalidad, con una división del trabajo según los diferentes sectores sociales a los que van dirigidos, a la defensa estratégica del Régimen del 78 y del Sistema al que este representa.

El Tribunal Supremo tiene una cruzada liberticida contra el Pueblo catalán; igual papel jugó la Audiencia Nacional contra el Pueblo Vasco. La última expresión de esta cuestión ha sido la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la no existencia de un juicio justo e imparcial para Arnaldo Otegi y sus compañer@s en el caso Bateragune. ¿Alguien pensaba que el resto de la sociedad española se iba a librar de la beligerancia impuesta por la condición de mercenarios del poder, de la mayoría del Tribunal Supremo y en general de la Administración de Justicia?

En el año 2009, aunque después fue declarada legal por el Tribunal Constitucional, la candidatura Iniciativa Internacionalista – La Solidaridad entre los Pueblos, impulsada por IzCa conjuntamente con otras organizaciones, fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, con argumentos que provocaban y provocan sonrojo ajeno.

El Régimen del 78 impregna a todas sus instituciones de pura mierda. Cuanto antes acabemos con él, antes estaremos en condiciones de proclamar nuestra libertad y de empezar a construir nuestro futuro. Con el Régimen del 78 solo construiremos el futuro de la banca, de esa familia llena de tarados apellidada Borbón y del conjunto de mercenarios que lo defienden desde sus instituciones, entre ellos la administración de Justicia.Solo la movilización y la lucha nos servirán para acabar con esto; pero no cualquier movilización, sólo aquellas democráticamente construidas, y no en una conversación entre dos autoproclamados “lideres”; y por supuesto, aquellas políticamente bien orientadas.Izquierda Castellana

Castilla, a 7 de noviembre de 2018