Nuevos problemas judiciales para Susana Díaz. José Luis Sánchez Teruel, secretario general del PSOE de Almería y uno de los principales avalistas de la presidenta de la Junta para que convoque elecciones de manera inmediata en Andalucía, está siendo investigado por la Guardia Civil en el caso Marismas, el fraude detectado por la Unión Europea en una subvención concedida en 2004 a la Junta de Andalucía que se eleva a 40 millones de euros, como adelantó El Confidencial. La OLAF (Oficina Antifraude de la Unión Europea) certifica la “ilegalidad” de la concesión de 20 millones de euros para acabar la obra en 2008.

El Instituto Armado ha pedido imputar a Sánchez, que quiso ser consejero del Gobierno de Díaz, por su implicación en su etapa de director general de Regadíos de la Junta de Andalucía para que la UTE formada por Befesa Medio Ambiente (del grupo Abengoa) y Construcciones Alpi consiguiera la adjudicación del proyecto complementario en las obras en el río Guadalquivir localizadas en cinco municipios de la provincia de Sevilla: Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca.

En una junta general de la comunidad de regantes, a la que asiste Sánchez Teruel, según el atestado de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla al que ha tenido acceso este diario, el dirigente del PSOE pide a este colectivo que solicite una subvención para acabar las obras, “de forma que no tuviera coste alguno para los comuneros”. Eso sí, existía una condición indispensable: que el proyecto lo ejecutara Befesa.

Estos hechos ocurrieron en agosto de 2008 y es allí, en las oficinas de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir (CRMG) donde Sánchez Teruel “propuso, presionó y amenazó, para decir que se aceptaba eso o se rompía la baraja”. El secretario general del PSOE de Almería lo niega en declaraciones a este diario: “No tengo ninguna noticia sobre el tema. Desde la consejería queríamos ayudar para cumplir el objetivo. Lo que intentaba era que se ejecutara la obra y decirles a los comuneros que si no se ponía en marcha habría que devolver el dinero de la Unión Europea”.

“Yo nunca he amenazado a nadie”

Sánchez Teruel se intenta desvincular del asunto. “Yo nunca he amenazado a nadie; tampoco me he reunido con los regantes, no me he sentado nunca con ellos”, explica el ex alto cargo de la Junta. Y, para intentar que no se le relacione con este polémico caso, precisa: “Las obras son de 2004 y yo estuve en la consejería entre 2008 y 2009”. Tanto la Guardia Civil como los testimonios de los regantes confirman que Sánchez Teruel participó en las reuniones.

Uno de los elementos destacables es la “activa participación” de funcionarios de la Junta de Andalucía, junto con el comité de evaluación, en la fase de análisis de ofertas. La Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura se excusó ante la OLAF que los empleados públicos contaban con una “función de supervisión”, pero no formaban parte de la mesa de contratación.

El Decreto 236/2001, de 7 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Regadíos y Estructuras recoge la obligación de contar con el inspector facultativo designado por la Junta de Andalucía en el procedimiento de contratación y adjudicación. El inspector tenía que estar nombrado por el servicio correspondiente del departamento de Agricultura. Este nombramiento se efectuó el 3 de diciembre de 2004. Sin embargo, en esa fecha ya se habían analizado las ofertas y se había obtenido la lista de los cinco mejores clasificados.

En el procedimiento de contratación participó activamente un segundo funcionario que luego redactó el informe sobre el procedimiento con fecha 30 de noviembre de 2004. “No consta que este segundo funcionario haya sido designado oficialmente como inspector facultativo para participar en el procedimiento de contratación. Tampoco consta el nombramiento de los dos funcionarios que participaron en la reunión de la mesa de contratación del 25 de abril de 2005, tras la anulación de la primera adjudicación”, destaca el informe de la OLAF.

Una “estrecha relación”

Los denunciantes señalan que durante la segunda adjudicación miembros de la mesa de contratación recibieron una llamada telefónica de la Junta de Andalucía “indicando qué oferta debía ser elegida”. La favorita era la UTE Befesa (del grupo Abengoa) y Alpi. El Confidencial se puso en contacto con la multinacional sevillana, que declinó hacer declaraciones sobre este asunto. Abengoa vendió Befesa en abril de 2003 por 1.075 millones de euros.

La denuncia, en un caso plagado de documentos, también señala la existencia de una empresa denominada Lema Obras Hidráulicas, que habría sido creada en marzo de 2008 por el entonces gerente de la comunidad de regantes, Jorge Liranzo Campos, que fue empleado de la UTE adjudicataria como jefe de la oficina técnica. Se prueba así la “estrecha relación existente” entre la adjudicataria y la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes, al contratar como gerente “a una persona que había participado activamente en la ejecución del proyecto como personal de la contratista”, destaca la OLAF.