El Gobierno pretende limitar la instrucción de los sumarios judiciales a seis o 18 meses según la complejidad de los casos. Esa medida está incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el titular de Justicia, Rafael Catalá, tiene previsto presentar en el Consejo de Ministros de mañana.

El plazo de seis meses se contabilizará desde el inicio del sumario. Si la investigación es compleja, el plazo será de 18 meses, que podrá ser prolongado por igual plazo o por uno inferior, previa audiencia de las partes personadas en la causa. Solo de forma excepcional y con resolución motivada, y recurrible, podrá ampliarse el plazo máximo de 18 meses.

Esta propuesta de Justicia está sujeta a cambios en el Consejo de Ministros y posteriormente en su tramitación tras los informes preceptivos y en las Cortes cuando llegue a principios de 2015.

Si se aprueba esta norma, será la primera vez que se establezcan por ley tiempos máximos de instrucción. Lo más parecido es el límite de seis meses que tienen los fiscales para practicar sus diligencias antes de judicializarlas.

Esta idea estaba contenida en el borrador de Código Procesal Penal que elaboró el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apoyado en un informe de una comisión de expertos que encabezó Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La diferencia sustancial es que en aquel texto se cambiaba por completo el sistema procesal y, para agilizarlo, se otorgaba a los fiscales la potestad de instruir los casos, bajo el control de jueces de garantías. Ahora estas medidas se incluyen en una reforma parcial por falta de tiempo para tramitarla en lo que resta de legislatura.

Aquel texto que se abandonó en 2013, en el que se basa el anteproyecto que verá mañana el Gobierno, tasaba las causas por las que se podía considerar que una investigación es compleja y, por tanto, se podía pasar de seis a 18 meses. En concreto, que “recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de encausados o víctimas; exija la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis; implique la realización de actuaciones en el extranjero; precise de la revisión de la gestión de personas jurídicas privadas o públicas y que sea un delito de terrorismo”.

En el caso de las grandes investigaciones por corrupción, uno de los problemas es que las comisiones rogatorias superan esos plazos. Por ejemplo, así ha ocurrido con la investigación sobre Luis Bárcenas, extesorero del PP, en la que, además, los datos de Suiza se han demorado por recursos del encausado.

Otra de las novedades del texto será facilitar que los grandes casos puedan trocearse y evitar así los macroprocesos como, por ejemplo el de los ERE de Andalucía. Para ello, la norma no obligará a mantener la investigación sobre hechos que tengan conexidad entre sí. De esa forma, se obligará a lo que algunos jueces ya estaban haciendo por su cuenta, como en el caso del juez José Castro, instructor del caso Urdangarín, que lo dividió en hasta 26 piezas separadas.

El texto del Gobierno prevé solucionar una de las grandes carencias del proceso penal como es el vacío legal en la intervención de comunicaciones. Hace un mes, el Tribunal Constitucional anuló grabaciones de conversaciones de detenidos estando en comisaría, lo que afectó, entre otros, al caso de Asunta, la niña asesinada en Santiago. El anteproyecto permitirá esas escuchas como instrumento de investigación.

La falta de tiempo limita el alcance de los cambios que planeó Gallardón

La actual ley de Enjuiciamiento es tan antigua que no recoge la interceptación de comunicaciones por internet o de correos electrónicos. Por primera vez se regularán tomando como base el trabajo que hizo en 2013 Manuel Marchena, especialista en nuevas tecnologías, comunicaciones y derecho. Desde hace años está también pendiente tras varias condenas del tribunal europeo de derechos humanos la extensión de la doble instancia penal que ahora se establecerá.

Otra forma de quitar carga de trabajo a los tribunales será la desjudicialización de asuntos sin autor conocido. Por ejemplo, pequeños hurtos cuyas denuncias llegan a los juzgados y cuya denuncia no pasará ahora de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tendrán ahora en su mano esa desjudicialización.

La norma extenderá también los acuerdos de conformidad para asuntos de tráfico, reduciendo el trámite judicial, según el Gobierno.

Para la próxima semana el Gobierno prevé aprobar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También en este caso, se abandona la ambiciosa reforma promovida por Gallardón que, por ejemplo, pretendía por primera vez que tres jueces pudieran instruir un caso complejo.

La reforma legal será mucho más limitada entre otras cosas también por falta de tiempo para tramitarla. Las medidas tendrán que ver sobre todo con la organización de los juzgados.

Así, una de las medidas más polémicas que se estudian es la que afecta a las normas de reparto, de tal forma que procedimientos de juzgados con carga de trabajo superior a la establecida puedan pasar a otros parte del trabajo. El Gobierno cita como ejemplo que en Madrid los juzgados de violencia de género no tienen casi carga de trabajo, mientras que los de Majadahonda (Madrid) están desbordados. En ese caso, el juez decano podrá hacer que los de Madrid asuman esa sobrecarga. El riesgo es afectar al derecho al juez natural y predeterminado.

El Ejecutivo olvida la instrucción de los fiscales y reduce las macrocausas

Estos anteproyectos serán remitidos al Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para informe, con la idea de que vuelvan al Consejo de Ministros antes de fin de año. El Gobierno deberá agilizar los trámites, de forma que esas instituciones tendrán que emitir sus informes en menos de 15 días. Es decir, el hecho de que el Ejecutivo haya frenado más de un año estas reformas se traducirá en renunciar a una parte sustancial de ellas y, además, aprobarlas ahora de forma rápida. Las Cortes tendrán entre febrero y julio para tramitarlos, dado que el periodo de sesiones que se iniciará en septiembre de 2015 no será completo por la obligada disolución de las Cortes.

El Gobierno aparca la reducción de aforados

El Gobierno no prevé abordar la reducción del número de aforados, según fuentes del Ministerio de Justicia. Salvo cambio de opinión, el Ejecutivo renunciará a incluir esa modificación en la reforma de la Ley del Poder Judicial cuyo anteproyecto verá previsiblemente la próxima semana el Consejo de Ministros.

El pasado verano, el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón propuso en EL PAÍS una reforma completa para pasar de los 17.621 aforados actuales a 22: afectaba a jueces y fiscales (a través de la Ley del Poder Judicial), a ministros y parlamentarios (lo que implicaría modificar la Constitución) y a diputados autonómicos (con cambios en los Estatutos de autonomía). Lo confirmó de forma más limitada la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora esa idea ha sido desechada.

De hecho, no estaba en el catálogo de medidas mencionadas por Mariano Rajoy la pasada semana en el Pleno del Congreso, y el presidente respondió de forma genérica a Rosa Díez (UPyD) cuando se lo pidió.

Por otro lado, el Gobierno se inclina, en principio, por no modificar la consideración legal de los imputados, aunque no hay una decisión definitiva. El borrador de Código Penal Procesal que estudió Gallardón sustituía ese término por el de encausados, pero no es probable que esa fórmula esté en el anteproyecto que previsiblemente verá el Consejo de Ministros mañana, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Tampoco estará en esa reforma legal la dimisión obligatoria de cargos con procedimientos abiertos por corrupción. El Gobierno quiere que, en todo caso, sea la futura reforma del Reglamento del Congreso la que incluya la obligación de dejar el escaño cuando se abra juicio oral por corrupción. Esa reforma avanza tan despacio que hay dudas de su aprobación.

Se trataría de ampliar el artículo 21 del Reglamento, que ya señala que el diputado perderá la condición de tal “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Algunos grupos creen que debería establecerse un mecanismo de suspensión de los imputados; otros, como el PSOE, no ven sentido a limitarlo a delitos de corrupción y piden extenderlo a delitos graves.