Algunos puntos preocupantes del “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por MORENA” redactado por la Doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces.

La redacción del plan se ha realizado de manera absolutamente individual, sin contar con la opinión de la comunidad científica del país (investigadores, profesores, becarios, estudiantes, divulgadores).

El plan se centra excesivamente en los temas de interés político y profesional de la autora, que aún siendo legítimos no deberían llevar a la omisión de las demás disciplinas que conforman el panorama de la ciencia en México: física, química, matemáticas, geología, materiales, cómputo, telecomunicaciones, etc.

La idea de que existe una “ciencia occidental” fallida ante una “ciencia campesina” exitosa resulta de una visión filosófica que omite el hecho real de que las prácticas tradicionales indígenas son uno de los factores que han mantenido a los mexicanos de tradiciones indígenas en una situación de máxima vulnerabilidad en lo económico, lo social, lo educativo, lo sanitario y lo político, y parece señalar que las comunidades de origen indígena no deben beneficiarse de la ciencia y la tecnología que no les resultan “culturalmente aptos”.

La idea de que haya grupos “multisectoriales” no familiarizados con los detalles del trabajo científico y que puedan tener derecho de veto para cerrar líneas de investigación si juzgan que tales líneas son riesgosas o no se ajustan a los lineamientos políticos del documento representa abrir la puerta a la censura ideológica de la ciencia.

La mención genérica a respetar “los límites de la naturaleza” establece una frontera difusa y subjetiva que, como en el punto anterior, abre la puerta a que se retiren líneas de investigación por juzgarse que traspasan “los límites de la naturaleza”. Este concepto no tiene una definición objetiva y por tanto deja enormes espacios a una discrecionalidad que va a contrapelo de la necesidad de la investigación libre y abierta que necesita el país.

Al rechazar la distinción entre ciencia básica y ciencia aplicada y presentar una inédita “investigación orientada” cuyo solo nombre resulta preocupante, el plan se desarrolla única y exclusivamente sobre las líneas de la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico. La ciencia básica es la base de todas las aplicaciones, y nadie tiene la capacidad de prever si un desarrollo científico tendrá o no aplicaciones benéficas o siquiera útiles. Proponer una “investigación orientada” que se limite a aquello que la administración considera que será benéfico o útil abre la puerta a más limitaciones a las propuestas de investigación que puedan presentar los profesionales mexicanos.

Al proponer que se va a planear el desarrollo científico nacional a largo plazo orientando la ciencia nacional, por ejemplo a “la producción agroecológica de alimentos sanos, diversos, suficientes y aptos culturalmente” se prejuzga a la visión agroecológica (por otra parte no debidamente definida ni siquiera en los ordenamientos internacionales, enormemente dispares) como la línea a seguir, lo que excluye los desarrollos tecnológicos que pudieran ser considerados contrario a dicha “agroecología”, sin atención a sus posibles beneficios o conveniencia para el país, para los productores o para los consumidores. Esto excluye a México de los esfuerzos por emplear el conocimiento científico para el mejoramiento de cultivos en cuanto a uso de recursos, características nutricionales, rendimiento y seguridad.

El plan trasciende las funciones del CONACyT y lo extiende a espacios como la absorción del CONAPRED, la realización de tareas que corresponden a otras dependencias (salud, océanos, producción agropecuaria, migración) y la rectoría de numerosas actividades fuera de su ámbito natural de desarrollo científico. Esto, sin entrar a valorar su pertinencia al centralizar excesivamente tareas dispares y no propias de la institución, resulta amenazante para el exiguo presupuesto del CONACyT, aún si se consiguiera dedicar el 1% del PIB a la investigación científica, como proponen las instancias internacionales.

La ausencia en el plan de numerosas disciplinas de la ciencia se hace evidente con sus propuestas de un “Ecosistema Nacional Informático para el Cambio Social”, donde se pretende una enorme inversión en áreas muy concretas (atenuación de la marginación, recuperación del campo y producción agroecológica -nuevamente- de alimentos sanos, protección de los territorios y sus recursos, dinámicas migratorias, desaparición y “desaparición forzada” de personas) que siendo de enorme relevancia e importancia, resulta peligroso que se vuelvan el único enfoque y el único destino de los recursos del Consejo.

La idea de que la actividad científica se vea sometida a una vigilancia imprecisa por parte de “vigilantes sociales autónomos” supone la introducción de un nuevo elemento de supervisión que va más allá de la ética, el rigor y el manejo de recursos, y que puede enfocarse hacia el control político de los investigadores y de su trabajo, para que actúen de acuerdo a líneas ideológicas prejuzgadas que, de nuevo, van contra la necesidad de la investigación libre y del ejercicio de la curiosidad sin límites que permite al ser humano desprender conocimientos de los más diversos aspectos del universo.