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Madrid, 25 de marzo de 2017.- Las Marchas de la Dignidad, grupo de más de 130 organizaciones sociales, vecinales, políticas y sindicales, han expulsado de su organización a la asociación de consumidores ADICAE. Esto se ha producido tras las noticias aparecidas en medios de comunicación, confirmadas por los sindicatos que forman parte de las Marchas de la Dignidad, sobre la vulneración de derechos laborales y sociales de los trabajadores de ADICAE.

ADICAE se había sumado a las Marchas de la Dignidad en varios territorios. Sin embargo esta organización, presidida desde hace más de 30 años por Manuel Pardos, lleva varios años vulnerando los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Tal y como han publicado ya algunos medios de comunicación ADICAE ha perdido en los últimos años al menos 20 juicios contra sus trabajadores y trabajadoras por diversos asuntos laborales. Además actualmente ADICAE mantiene al menos 17 litigios laborales en los juzgados de todo el Estado.

Según estos medios, y los sindicatos, ADICAE ha perdido al menos 14 juicios por despidos ilegales, 3 por modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, 2 por sanciones injustas –hasta por no saludar al presidente-, 3 por impedir la conciliación de la vida familiar y laboral de sus trabajadoras, etc. Estas sentencias perdidas se han repartido por los diferentes puntos del Estado donde ADICAE tiene oficinas: Comunidad Valenciana, Cantabria, Euskadi, Aragón, Asturies, Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia,…

Estos hechos desvirtúan la pose de azote de la banca del presidente de ADICAE, Manuel Pardos, que suele presentarse en público con presuntas posiciones de izquierdas y sociales cuando, en realidad, se comporta como un empresario capitalista y neoliberal más, firme defensor con sus hechos de los mandatos de la CEOE.

Desde las Marchas de la Dignidad consideramos que esta situación nunca debería haberse producido en una organización pretendidamente ‘social’. Así, las Marchas de la Dignidad no considerarán a ADICAE como una organización social mientras su actual Junta Directiva no respete los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores, los convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores en todo el Estado.