De acuerdo con un documento obtenido a través de Transparencia por The Wall Street Journal, Gerardo Ruiz Esparza se reunió en dos ocasiones, en junio y julio de 2015, con el dueño de Grupo Higa, para monitorear el progreso en los trabajos de remodelación del hangar Presidencial. Sin embargo, una fuente con conocimiento a esos encuentros, el funcionario federal habría abordado con Juan Armando Hinojosa otros temas, como la investigación en curso sobre el financiamiento de las casas de Angélica Rivera y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, se reunió en dos ocasiones en 2015 con Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, mientras el Gobierno de Enrique Peña Nieta investigaba la “casa blanca” de la Primera Dama.

De acuerdo con un documento obtenido a través de Transparencia por el diario The Wall Street Journal, Ruiz Esparza se reunió con Hinojosa Cantú en junio y julio de 2015 en la Ciudad de México, cuando la investigación en torno a posibles actos de corrupción seguía en curso.

El encargado de la SCT fue también ex Secretario de obras del Estado de México y ex funcionario de OHL. Ruiz Esparza ha estado vinculado al escándalo de la filial de la firma española en México. De acuerdo con audios que fueron filtrado en septiembre del año pasado, Ruiz Esparza habría asesorado al ex director de OHL México, Pablo Wallentin, en su disputa con la empresa Infraiber.

En una nota publicada hoy, el Wall Street Journal detalla que el propósito de las reuniones, declarado en los documentos, era el de monitorear el progreso en los trabajos de remodelación del hangar Presidencial en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, una fuente con conocimiento de esas reuniones, dijo al diario estadounidense que el funcionario federal y Juan Armando Hinojosa abordaron también otros temas, como la investigación oficial en curso de la compra de la vivienda de Angélica Rivera Hurtado y de la del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

La indagatoria de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Virgilio Andrade Martínez, se inició meses antes de esas reuniones y finalizó en agosto de 2015, con la conclusión de que no había evidencia de malas conductas en la adquisición de los inmuebles.

Por otra parte, un portavoz del titular de la SCT dijo al medio que se trató de reuniones de trabajo a las que asistieron también otros funcionarios, sin embargo, no hizo comentarios sobre si Ruiz Esparza e Hinojosa Cantú abordaron otros temas.

En 2014 se dio a conocer que Angélica Rivera había comprado a crédito una casa propiedad de Hinojosa Cantú. Posteriormente, se exhibió que también Luis Videgaray había adquirido a crédito una residencia al empresario.

El Wall Street Journal recuerda que Grupo Higa y otras tres empresas de Hinojosa, antes y después de financiar las casas, han recibido contratos estatales por alrededor de 1.2 millones de dólares, cuando Enrique Peña Nieto era aún Gobernador del Estado de México, entre 2005 y 2011, y durante su actual administración en el Gobierno federal.

Hinojosa también se ha visto beneficiado con un contrato de Banobras, otorgado cuando Luis Videgaray presidía el consejo de administración. Sin embargo, el actual titular de la Secretaria de Hacienda ha negado estar involucrado.

De acuerdo con datos oficiales, las empresas de Armando Hinojosa han obtenido al menos 22 contratos del Gobierno federal desde que Peña Nieto tomó posesión como Presidente de México en diciembre de 2012.

Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, como Secretario de Transporte en el Estado de México, aprobó a Hinojosa una concesión de una carretera por 244 millones de dólares. Mientras, Banobras de la entidad financió a Hinojosa para construir la carretera.

En septiembre de 2015 se dieron a conocer audios donde se exhibía al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una conversación con Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Institucionales de Obrascón Huarte Lain (OHL) México, en la que afinaban la estrategia que la empresa de capital español debería seguir en su disputa con Infraiber respecto a los contratos para contabilizar el aforo en las autopistas del Estado de México.

En una de las grabaciones fechadas el 7 de abril del presente año y difundida el 7 de septiembre del año pasado, el funcionario comentó a Wallentin: “Infraiber no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado [de México], porque no hay nada que le haya dado un derecho a Infraiber, porque no se firmó con OHL ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

De acuerdo con la información que acompañó a los audios, la conversación entre Ruiz Esparza y el representante de OHL en México ocurrió un día después de que Juan Miguel Villar Mir, presidente de la firma, se reuniera en la Residencia Oficial de Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto. También habrían estado presentes Ruiz Esparza y José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México.

En la lista de funcionarios mexicanos involucrados en los audios de OHL México están los titulares de las Secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena (quien renunció y meses después fue colocado en otra dependencia) y Gerardo Ruiz Esparza, y la ex Consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza y algunos magistrados; así como, en ese entonces, el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y el aún directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, ambos designados por el Presidente Enrique Peña Nieto.

HIGA Y OHL: LAS CONTRATISTAS FAVORITAS

Grupo Higa y OHL México son, entre el conjunto de entidades privadas que tienen convenios con dinero público, sobre las que podría caer la mayor crítica política, moral y hasta penal, una vez que concluya el sexenio peñista. Ambas sobreviven en un mar de sospechas de corrupción, litigios y alegatos sociales por haberse expandido al amparo de la presente Administración federal. Pero ninguna se ha rendido.

Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, según arrojó un ejercicio de SinEmbargo, basado en más de mil solicitudes de información a los sistemas de Transparencia en las 32 entidades federativas.

No hay obra que OHL México o Grupo Higa hayan levantado que no implique problemas.

Ahí está la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, en el Estado de México, que implicó el desalojo de los habitantes de la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en abril pasado.

Ahí están, también en la tierra mexiquense, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, concesiones para OHL-México. La información de ambas está bajo reserva y sobre la primera pesa una auditoría por parte del Gobierno del Estado.

Se trata de construcciones controvertidas, pero en las que el dinero no hace falta. OHL México suma 47,121 millones de pesos por las siguientes obras: Viaducto Bicentenario (10 mil 071 millones de pesos), Circuito Exterior Mexiquense (24 mil 921 millones de pesos), Autopista Urbana Norte (9 mil 522 millones de pesos) y la Supervía Poetas (2 mil 607 millones de pesos).

Por su parte, Grupo Higa tiene una suma de 23 mil 600 con el MIB en Puebla (recibirá a lo largo de 23 años, más de 7 mil millones de pesos) y por el Acueducto Monterrey VI en Nuevo León (unos 9 mil 400 millones de pesos de los 7 mil millones de pesos comprometidos para el consorcio formado por Ingenieros Civiles y Asociados, Productos y Estructuras de Concreto, Desarrollos Rogar y Concretos y Obra Civil del Pacífico) y la autopista Toluca-Naucalpan (7 mil 200 millones de pesos).