Tras una investigación de cinco meses iniciada con los cuadernos del chofer Oscar Centeno y alimentada por declaraciones, confesiones y medidas de prueba reflejadas en un expediente de 35 cuerpos, el juez Claudio Bonadio está ultimando los detalles del procesamiento de Cristina Kirchner por ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Como había hecho en diciembre con la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, Bonadio también pedirá el desafuero y la detención de la ex Presidenta.

Según el informe que divulgó el juez hace unas semanas, la investigación reveló “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.

El objetivo fue “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó Bonadio.

Hace veinte días, el fiscal Stornelli amplió el objeto de la investigación y delimitó que la maniobra delictiva se inició en 2003 y se prolongó hasta 2015. Además, en cuanto a la organización de la causa, a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores se generaron tres nuevos expedientes según las áreas en las que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte.​ Mientras la causa central de los cuadernos se encuentra al borde de los primeros procesamientos, el juez entendió que corresponde “profundizar la investigación respecto a estos sistemas”, para que no se entorpezca la causa central conocida como los “cuadernos de las coimas”.

En ese expediente principal, el magistrado determinó que “durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos-, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”, siempre según el informe sobre el avance de la investigación que Bonadio publicó en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: “Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)”.

La siguiente instancia y final era “derivar -el dinero- a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido”.

La descripción de Bonadio en aquel trabajo anticipa los términos del procesamiento que está a punto de firmar en las próximas horas.

El expediente, que cuenta con medio centenar de imputados, inició con 15 cuerpos y con el transcurso de los meses se duplicó con declaraciones, documentación y el resultado de decenas de medidas de prueba. En ese marco se realizaron 70 allanamientos -36 en la ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Misiones, 2 en Santa Cruz y 1 en Mendoza-, sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.