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Una Comisión de la Verdad es lo mínimo que merecen las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista; lo mínimo que merecen los ciudadanos de una democracia. No obstante, se trata de una reivindicación resignada, una vía que supone asumir que nunca se hará justicia efectiva (porque no implica consecuencias penales) y conformarse con conocer cómo se las compuso una dictadura fascista para convertir España en el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Aun así, nada garantiza que esta alternativa vaya a ponerse en práctica. Partidos que se autodenominan demócratas zancadillean cada paso adelante y desoyen las llamadas al orden de los organismos internacionales. Han pasado cuarenta años y los crímenes de Franco continúan blindados.

Hay movimientos positivos. El PSOE registró una proposición no de ley en febrero para resucitar la Ley de Memoria Histórica que murió de inanición cuando el PP entró al Gobierno y decidió no dedicarle un solo euro: el pasado hay que olvidarlo (a no ser que se trate de repatriar los restos de la División Azul o de mantener bien vigoroso el Valle de los Caídos). Entre las exigencias de la iniciativa socialista figura la creación de una Comisión de la Verdad que respete las recomendaciones de la ONU. El senador socialista Francesc Antich ha propuesto (en mayo de 2015 y en marzo de 2017) conformar este órgano de investigación en la Cámara Baja y el PP ha arrollado la petición con su mayoría absoluta. En Andalucía, Podemos puso como condición para sumarse a la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza la conformación de una Comisión de la Verdad. El proyecto prosperó sorteando la resistencia de PP y Ciudadanos, que se suma al europeísmo selectivo de la vieja derecha. Fue un avance importante que, sin embargo, podría haberse emprendido en cualquier año de las últimas tres décadas en que el PSOE ha acaparado el poder de la Junta.

Para resarcir de forma sustancial la deuda histórica no sería suficiente con la acción autonómica, debe constituirse a nivel estatal. Según Jorge Rodríguez Rodríguez, experto en derecho de transición y autor del libro El derecho a la verdad en la justicia de transición española,“debe ser el Estado el que la impulse porque es imprescindible que los funcionarios se impliquen en los trabajos sobre todo para acceder a los archivos públicos: sería impensable una Comisión sin acceso total a documentos con el fin de saber cuál fue la actuación del Ejército o de la Iglesia católica”. Rodríguez explica por qué las víctimas, hoy día, deben resignarse a este tipo de instrumento meramente informativo: “Los jueces no pueden condenar penalmente a los implicados, la Ley de Amnistía lo impide”.

Ante la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, los jueces se ven obligados a rechazar y archivar las peticiones de justicia y reparación de las víctimas

En consecuencia, se toma un atajo: un juicio se divide en dos partes, instrucción y fase oral, en la segunda se dictan condenas, por lo tanto, la solución es “adulterar” el proceso penal y ejecutar sólo la instrucción. “Investigamos, llamamos a los presuntos perpetradores, les tomamos declaración como si fueran testigos e interrogamos también a las víctimas. Es la única manera de que cuenten lo sucedido, y eso ya es una reparación”, señala Rodríguez. El resultado sería un relato fiel del sistema de torturas, persecución y asesinato del fascismo español.

Ante la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, los jueces se ven obligados a rechazar y archivar las peticiones de justicia y reparación de las víctimas. A partir de esta ley se ha construido un tapón utilísimo para quienes se niegan a investigar el pasado. La Ley de Amnistía ofrece un emblema de sonoridad democrática, un monumento intocable bajo el que muchos políticos pueden esconder fácilmente la permisividad (o el apoyo) moral hacia la dictadura. El diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos defendió una proposición no de ley en la Comisión de Justicia para desarmar este Alcázar jurídico. Se posicionó con pragmatismo y rehuyó la confrontación simbólica: “No hay que luchar contra un elemento mítico”, dijo. En vez de plantear una derogación, abogó por modificar el texto para “remover los obstáculos” que impiden aplicar los derechos humanos en su plenitud. Se añadía una excepción a la norma: los delitos de “torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad” quedaban excluidos del perdón. PP, Ciudadanos y PSOE rechazaron la iniciativa.

Cuesta comprender el funambulismo de los socialistas en este terreno. Han abierto camino en muchos casos, como con la ley de 2007, pero siempre con una determinación desinflada. En la exposición de motivos de la PNL de febrero para reactivar la Ley de Memoria Histórica, pretenden apropiarse, a través de una lectura partidista, del proceso histórico de ‘revisión’ del franquismo. Dice el texto: “… no fue hasta 2007 que nuestro Estado democrático alcanzó la madurez suficiente para aprobar” la ley de memoria histórica. “Es falso que la sociedad no estuviera madura. El PSOE no es nadie para decirle a la sociedad española y a las víctimas del franquismo cuándo pueden reclamar sus derechos; lo que hace es lavarse las manos por cómo gestionaron ellos y el PCE la transición”, critica Jorge Rodríguez, y añade que ya tras la muerte de Franco “una de las principales reivindicaciones no eran los juicios penales, sino que se reconociera desde el poder público vigente lo que sucedió”.

En Latinoamérica se han desarrollado más de una decena de comisiones de la verdad, pero también Canadá hizo lo propio, al igual que Sudáfrica o Túnez tras la Revolución de los Jazmines

Jaime Ruiz Reig, presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, recuerda que “para este tipo de delitos de lesa humanidad no es posible aplicar amnistías”. “Fue una ley preconstitucional”, sigue, “favoreció las elecciones y que se firmara la Constitución, pero luego no ha debido condicionar el desarrollo del marco democrático”. Desde la ONU el relator especial Pablo de Greiff criticó en su informe de 2014 los vacíos en materia de verdad y justicia de nuestro país: “… no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”, anotaba.

La plataforma liderada por Ruiz Reig aglutina a decenas de agrupaciones en defensa de la memoria histórica. Se constituyó para esquivar el bloqueo de la opción penal contra los verdugos: “Entendimos que, al no ser una vía jurídica, la Comisión no tendría cortapisas, que no habría ningún elemento que pudiera objetar su aplicación más allá de la voluntad política”. Pero era precisamente la falta de voluntad lo que se ocultaba tras el argumento legalista. Cuando en 2015 se propuso la creación de este organismo en el Senado, el senador del PP Alejandro Muñoz Alonso se escudó en argumentos inconsistentes: “La verdad es cosa de los historiadores, no de los parlamentarios ni de los políticos”. Indicó, como motivo para rechazar la proposición, que se trataba de un tipo de órgano que ha existido en América, pero no en Europa. Con esa posición de superioridad moral intentaba reducir el derecho a la verdad a una mera ocurrencia exótica. En Latinoamérica se han desarrollado más de una decena de comisiones de la verdad, pero también Canadá hizo lo propio, al igual que Sudáfrica o Túnez tras la Revolución de los Jazmines.

La negativa a su creación se enraíza también, cuenta Ruiz Reig, en que “se han visto estas herramientas como elementos para sociedades que acaban de salir de un conflicto”. En parte, es cierto. Un ejemplo es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, que analizó los veinte años de terrorismo de Sendero Luminoso, sin obviar los excesos represivos de las fuerzas del Estado contra los civiles. La violencia finalizó en 2000. En 2003 ya estaba listo el informe final. En España, han transcurrido 40 años. La postergación de la reparación de las víctimas maquillada con el argumento de la reconciliación y de la estabilidad fue alimentando, bajo manga, el siguiente motivo para negarse a investigar: han pasado cuatro décadas, ya no tiene sentido. Una pinza discursiva autoenvolvente que mantiene la impunidad del Franquismo.

Es básico que las nuevas generaciones tengan una formación adecuada a lo que sucedió para que se eduquen en la convivencia democrática y en la defensa de las libertades

Sin embargo, la Comisión es hoy más posible que nunca por la actual correlación de fuerzas, por el juego de pesos y contrapesos, sobre todo, en la margen progresista del hemiciclo, donde se compite cada día por la hegemonía política y espiritual de la izquierda. Desde la plataforma abogan por seguir las recomendaciones de la ONU cuando llegue el momento de constituir el órgano. “Hace falta independencia y reconocimiento constitucional. Debe componerse de forma que participen personalidades relevantes en el campo del derecho, la medicina forense, la arqueología, la historia; todo lo que aporte conocimiento sobre los hechos, los autores…”, enumera Ruiz Reig. Al final, se emitirían unas recomendaciones destinadas al poder judicial, al legislativo, al sistema sanitario, al sistema educativo... “Es básico que las nuevas generaciones tengan una formación adecuada a lo que sucedió para que se eduquen en la convivencia democrática y en la defensa de las libertades”, concluye.

El Estado tendrá que reconocer de manera exhaustiva las violaciones de los derechos humanos. Eso es lo último, lo irrenunciable. En estos días, con motivo del desarme de ETA, se afirma que la democracia no habrá ganado del todo la batalla si no se aclaran los asesinatos y se determinan los autores materiales. Se defiende la verdad como condición para la dignidad de las víctimas. Se exige también que ETA pida perdón, es decir, que acepte la narrativa del Estado que se resume en que ‘ETA’ (de 829 a 858 asesinatos) y ‘derechos humanos’ son conceptos excluyentes. Con esa claridad de criterio, no se entendería que se rechazaran las demandas de las víctimas o que las esquivaran. En cambio, durante la Transición, como recuerda Jorge Rodríguez, se hablaba de ceder en lo accesorio para acordar en lo fundamental: “Por accesorio entendieron las reivindicaciones de las víctimas”. Si se tomara una decisión así con respecto a las víctimas del terrorismo, el escándalo haría tambalearse al país. Sin embargo, la distancia entre Franquismo (de 100.000 a 350.000 asesinatos) y derechos humanos siempre se ha tratado de dulcificar y relativizar. Nunca hubo una ruptura: la represión franquista sigue afectándonos en forma de relato falseado.