Por: Claudia Torres

El pasado 12 de octubre, el diputado Víctor Hugo Romo anunció el inicio de una serie de sesiones públicas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCM) para discutir la posible regulación del trabajo sexual. A propósito de esta discusión, aprovecho para hablar sobre política y derecho en el contexto de la prostitución.

Primero: política. En general, en el ámbito global, hay dos grupos feministas que intentan avanzar sus propios esquemas de regulación de la prostitución. Por un lado, están las feministas neo-reglamentaristas y los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, quienes consideran que la prostitución voluntaria debe ser regulada como trabajo. Dentro de este grupo, hay distintas posturas sobre qué controles puede imponer el Estado sobre el ejercicio de la prostitución. Y es que estos controles pueden ir desde el registro de trabajadoras sexuales o la certificación de éstas, hasta la vigilancia médica obligatoria. En general, la ideología subyacente en esta postura es liberal: pretende un balance entre los derechos de las trabajadoras y los de la sociedad.

Por otro lado, están las feministas abolicionistas –a cuyo grupo se han sumado, con más o menos legitimidad, grupos cristianos conservadores. Para este grupo, la prostitución necesariamente entraña explotación y una violación de derechos humanos. Por ello, arguye este grupo, el Estado debe abolir la práctica. En este sentido, las abolicionistas apoyan un rango de medidas cuyo fin último es erradicar la prostitución: criminalizar al cliente y los terceros que obtienen beneficio económico de la prostitución; aumentar las penas en los delitos de explotación sexual y trata de personas; o incluso –en su vertiente más prohibitiva y estatista– criminalizar a las prostitutas. En términos generales, la ideología detrás de esta postura es materialista. La desigualdad de género es fundacional y, en ese sentido, inescapable.

Típicamente, quienes participan en los debates sobre prostitución no explicitan sus posturas políticas y sesgos ideológicos. Tampoco mencionan que sus argumentos no son verdades, sino eso: posturas. En el contexto de un régimen político democrático, la racionalidad y el progresismo del proceso de creación de normas vienen –creo– de (1) articular los fines que éstas buscan y (2) explicitar las razones para desear estos fines. Basarse simplemente en la tradición, los derechos humanos en abstracto o las tendencias en otros países para crear normas y políticas deja el fundamento de nuestros juicios morales en el dominio de la inconciencia. Ser escépticos ante las verdades que supuestamente subyacen en distintos esquemas de regulación abre la posibilidad de reconsiderar deliberadamente el valor útil de las distintas propuestas. El escepticismo moral es el primer paso hacia un mejor diseño de normas y políticas públicas en materia de prostitución, al menos para el aquí y el ahora. Nada más pretencioso. A la luz de nuevas voces y necesidades, la puerta debe estar abierta a la reconsideración.

¿Y que hay con perpetuar el statu quo? Las desigualdades de género que dan lugar a la prostitución, dirían algunas feministas, son estructurales. Al regular la prostitución, el Estado –a través de sus normas y políticas– legitima y refuerza esas desigualdades. Como han señalado algunos teóricos post-estructuralistas, las estructuras de desigualdad no son cosas que preexisten a la acción social. Una pequeña desviación en nuestras interacciones diarias tiene la capacidad de alterar las estructuras. Estas deviaciones pueden ser fomentadas o inspiradas a través de muchos mecanismos, incluyendo la regulación por parte del Estado. Si nos abrimos a la posibilidad de que las personas jueguen con –y paulatinamente resignifiquen– las estructuras cotidianas, ampliaremos enorme y productivamente la gama de herramientas de cambio social.

Segundo: el derecho. Como señalan Janet Halley y otras autoras, el actual feminismo de la gobernanza (i.e., el feminismo más popular e institucionalizado y que describí arriba como el dúo neo-reglamentarismo/abolicionismo) generalmente omite el análisis pragmático y distributivo de las consecuencias de los regímenes legales. Es decir, por lo general, los grupos feministas hemos mantenido las discusiones legislativas en el ámbito abstracto del deber ser –la moral (que ya describí arriba). Hemos hecho esto a expensas del análisis sobre cómo opera, de hecho, el derecho.

La socióloga Elizabeth Bernstein explica qué pasa cuando dejamos de prestar atención a los efectos de la reforma legal. Bernstein trata los regímenes de Estocolmo y Ámsterdam: dos ciudades tomadas como modelo de reforma regulatoria. En Estocolmo, la adopción del modelo de criminalización de la demanda se justificó en la equidad de género. No obstante, Bernstein encuentra que, tras la reforma, la prostitución se sumergió en el ámbito privado y de la clandestinidad. Según algunos entrevistados, la reforma no podía haber generado efectos más distintos de lo esperado: ésta había incentivado la migración de mujeres al interior de Estocolmo y, dado el nuevo carácter clandestino del mercado, había aumentado la trata de personas.

Por su parte, en Ámsterdam, se puso en marcha la legalización de la prostitución en burdeles, así como la administración de estos establecimientos. La lógica era convertir el mercado negro en uno regulado. Los resultados fueron los siguientes. Los precios de los servicios sexuales cayeron, lo que llevó a quienes no podían cumplir con los costos de la regulación (casi siempre migrantes) a migrar a países donde la prostitución estaba desregulada y era mejor pagada. Simultáneamente, quienes sí absorbieron los costos de operación (típicamente, trabajadoras nativas y grandes empresarios), centralizaron el mercado.

Tanto en el caso de Estocolmo como el de Ámsterdam, las reformas terminaron afectando los intereses de quienes prometieron proteger: las mujeres –particularmente, migrantes. Aún hoy, muchas personas siguen propugnando estos esquemas de regulación como si fueran inequívocos e indisputables. No lo son. Las deficiencias de estos y otros regímenes se hacen evidentes al analizar sus efectos. En los casos que describí, al menos algunos de los efectos adversos generados por las reformas eran previsibles. Empero, los daños colaterales de las reformas no se analizaron suficiente, no se explicitaron o no se tomaron en serio –ni antes ni después de la reforma.

La obliteración de estos daños podría ser producto de la fantasía de que las prescripciones legales se reflejan automáticamente, y tal cual, en el mundo social. Sin embargo, el realismo jurídico (norteamericano) apunta a que esto es imposible. Las normas jurídicas y las políticas públicas operan en una imbricada red de prácticas sociales, normas preexistentes y estructuras de mercado. De creerle a los realistas, tendríamos que identificar –en cada intento de creación de normas y políticas públicas– los contextos de operación de las normas, considerarlos en nuestros cálculos costo-beneficio y, más importantemente, monitorear los efectos de las reformas legales. También supone transparencia respecto de los costos que van a enfrentar distintos actores sociales.

Considero que la ALCM debe hacer un ejercicio de realismo jurídico, consecuencialismo y auto-crítica. ¿Por dónde empezar? Hasta ahora, la ALCM lo ha hecho bien: participar a distintos grupos –entre ellos, las trabajadoras sexuales– de la elaboración de la reforma legal.

* Claudia Torres es integrante del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE y candidata a Doctora en Derecho (SJD) en la Universidad de Harvard.

* La versión amplia de este texto fue publicada en el blog de la Revista Nexos y está disponible aquí.

Convocatoria a las Sesiones de Parlamento Abierto sobre regulación del trabajo sexual, del diputado Víctor Hugo Romo a Claudia Torres (octubre 14, 2016) (en archivo con la autora). Las audiencias se llevarán a cabo el 19 y 26 de octubre, así como el 9 y el 16 de noviembre en el edificio legislativo ubicado en Gante #15, Colonia Centro. Respectivamente, los temas a abordar son trabajo sexual, trata de personas, discriminación y política de salud en relación con la prostitución.

Ver Prabha Kotiswaran, Burn unto Brothels: Toward a Legal Ethnography of Sex Work in an Indian Red-Light Area, 33(3) Law & Social Inquiry 579 (2008): 581 (describiendo las dos posturas del feminismo que participan en los debates sobre prostitución).

Ver, por ejemplo, Teresa Ulloa, Formas veladas de legalizar la prostitución, CIMAC Noticias, octubre 4, 2016.

Un ejemplo en el ámbito de la sociología del derecho está en Patricia Ewick y Susan Silbey, The Common Place of Law: Stories From Everyday Life (The University of Chicago Press, 1998) (citando a Stuart Henry acerca de las estructuras como propiedad emergente)

Janet Halley et al., From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism, 29 Harvard Journal of Law and Gender 335 (2006): 361, 368.

Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Inthimacy, Authenticity and the Comerce of Sex (The University of Chicago Press, 2007), 142 y ss.

Por ejemplo, ver Robert Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly Noncoercive State, 38 Political Science Quart. 470 (1923); Karl Llewellyn, Some Realism About Realism –Responding to Dean Pound, 44 Harvard Law Review 1222 (1931).