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Los empresarios quieren “un contrato estable en su duración, que será indefinida, pero flexible en su finalización”. Es decir, que el trabajador no pueda recurrir el despido ante los tribunales y que el empresario no pague una indemnización por extinción improcedente del contrato, que ahora es de 33 días de salario por año de trabajo, hasta un máximo de dos años de salario.

Por lo tanto, la confederación empresarial reclama que todos los nuevos trabajadores con un contrato indefinido tengan esta fórmula «estable», con el siguiente régimen indemnizatorio en el despido: En primer lugar, «la necesidad de proceder a la extinción sólo será apreciada por el empresario». Esto significa suprimir de un plumazo cualquier posibilidad de que el despido individual pueda ser declarado como improcedente por un juez al no contemplarse ninguna de las actuales causas objetivas: económicas, productivas, organizativas y de producción.

La patronal no quiere que los jueces analicen la decisión de la empresa de proceder al despido, ni sus causas. Es más, en la propuesta de CEOE, el trabajador sólo podrá reclamar ante la extinción del contrato por las siguientes causas: «Por la vulneración de los derechos fundamentales». Es decir, y entre otras razones, por la raza, las creencias religiosas, políticas, hacer huelga o estar afiliado a un sindicato o un partido político. O bien, el trabajador podrá recurrir el despido «por el incumplimiento de los requisitos formales». Es decir, porque la empresa no ha enviado en plazo la comunicación escrita del despido, el preaviso del mismo y la puesta a disposición de la indemnización, o el impago de la misma» para el trabajador.

Por lo tanto, lo que la CEOE pretende es que los empresarios tengan ante si el despido libre si, salvo por estas causas que obviamente cubre la constitución.

El empresario no tendría que dar ninguna explicación ante nadie, ni ante los jueces, para despedir al trabajador, y la indemnización ya esta fijada de antemano en 20 días de salario por año, hasta una cuantía equivalente a un año.

Además, en su objetivo de que el despido sea rápido, sin problemas administrativos y barato, la patronal plantea al Gobierno que baste con los siguientes trámites: «Comunicación escrita al trabajador, con una antelación mínima de 15 días, cuando se realice después del primer año de vigencia», o bien, «con una antelación menor y proporcional a la duración de la relación laboral, si la extinción es dentro del primer año de estancia en la empresa».

Explicado de otra forma, los plazos para comunicar el despido que plantea CEOE son una prueba más del carácter fundamentalmente temporal, y no indefinido, que tiene la propuesta de los empresarios.

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