Un millón de firmas para conseguir que la Unión Europea legisle para favorecer el acceso a la vivienda. Es el objetivo que se ha marcado la Iniciativa Ciudadana Europea Housing for All, presentada hoy y de la que forman parte colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Attac, la plataforma feminista alemana 20000frauen, la International Alliance of Inhabitants, la plataforma europea de personas sin hogar Homeless in Europe (HOPE) o el sindicato alemán Younion.

La iniciativa ciudadana europea es una herramienta de participación política que permite proponer cambios legislativos a la Comisión Europea si se consigue un millón de firmas que la avalen —hasta ahora solo han prosperado cuatro—. Esta, cuyo registro se aprobó en marzo de 2019, tiene como finalidad incidir en el propio tratado fundacional de la Unión Europea, según explica Irene Escorihuela, una de las portavoces de la iniciativa en España. “La finalidad no es cambiar o aprobar una directiva, sino cambiar algunos de los artículos del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en cuanto al tema de gasto en vivienda y la regulación de los alquileres a nivel de competencia”, explica Escorihuela.

La activista señala que estos cambios están dirigidos a cinco demandas principales: que el gasto de vivienda no compute para el techo de gasto impuesto por el Tratado de Maastrich — “dicen que no pueden gastar más en vivienda porque Maastrich no les deja”, recuerda Escorihuela en referencia a las administraciones públicas—, que las administraciones públicas y asociaciones sin ánimo de lucro o de lucro limitado tengan acceso a créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones para poder hacer vivienda, que la vivienda social no se dirija solo a los colectivos más vulnerables —“en España no, ya que el límite de ingresos en, por ejemplo, Catalunya, es de 50.000 euros, pero en otros países sí se restringiendo el apoyo en vivienda a colectivos más vulnerables, y queremos que sea universal”, puntualiza la activista—. También se incluye que el Tratado de Funcionamiento contemple que haya una regulación común a nivel europeo en cuanto a alquileres de corta duración y, por último, que se elaboren estadísticas y datos a nivel europeo, ya que, hasta el momento, son muy escasos los datos relativos a vivienda en el marco de la Unión.

La campaña, que empieza hoy, 4 de abril, tendrá que recopilar hasta un millón de firmas en un mínimo de siete países de la Unión Europea en el plazo de un año, pero es ahora, de cara a las elecciones europeas de mayo, y también, en España, a las generales del 28 de abril y a las municipales del 26 de mayo, cuando se han propuesto poner el tema sobre la mesa. En España, la campaña contará, además de con el trabajo de la PAH, con el apoyo del Sindicat de Llogaters de Barcelona, el de la Taula D'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y del Observatori Desc, entre otros.



Alquilar por encima de tus posibilidades

En 2016 —último año con datos de Eurostat —, el 11,1% de la población de la Unión Europea destinaba más del 40% de sus ingresos a afrontar el alquiler de su vivienda. En el caso de las personas que viven en viviendas de alquiler libre, el porcentaje de los que pagan más del 40% de sus ingresos se eleva al 28%. Y en el caso de España, las cifras son aún peores: el 43% de las personas que viven de alquiler libre paga por ella más del 40% de sus ingresos, una cifra solo superada, en 2016, por Grecia —84,6%—, República Checa —50,4%— y Croacia —45,2%—.

“Europa está viviendo una grave crisis de la vivienda: considerada una mercancía más que un derecho, los precios se disparan y muchos nos vemos obligados a cambiar de barrio o ciudad”, denuncian en la web de la iniciativa Housing for All.

Las cifras en cuanto a vivienda pública también deja a España a la cola de la Unión Europea, con un 1,5% del parque inmobiliario destinado a vivienda protegida, diez veces menos de la media europea. “Esto no es accidental, sino que es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasaba al mercado al cabo de unos años”. Por ello, la campaña en España está centrada en la creación de un parque de vivienda social y asequible de alquiler o cesión de uso que alcance el 15% de la totalidad de vivienda en diez años y hasta un 30% en 20 años, y en asegurar un alquiler estable y asequible.

