El Ministerio de Defensa, del que es titular en funciones Pedro Morenés Eulate, ha incrementado en en 1.162 millones de euros el gasto militar de este año sin informar al Parlamento, según han denunciado los diputados de Unidos Podemos (UP) Josep Vendrell y Félix Alonso i Cantorné. El dinero asignado a la defensa nacional en los Presupuestos del Estado aprobados por el Congreso ascendía a 5.788 millones de euros, pero con los acuerdos extrapresupuestarios del Gobierno de Mariano Rajoy ya alcanza 6.950 millones. Los diputados catalanes de UP han preguntado al Ejecutivo si tiene intención de aumentar todavía más los créditos en lo que queda de 2016.

Para la oposición de izquierdas resulta cuando menos paradójico que se aproveche el 12 de Octubre, día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional, para montar un costoso desfile con el que mostrar a la población los artefactos bélicos de los que dispone el Ejército para la defensa del Reino de España mientras se oculta el gasto real de las Fuerzas Armadas a los representantes del soberano. En este ejercicio, la burla al Parlamento, traducida a cifras, es un 40% superior a los más de 700 millones de euros en créditos extra del ejercicio de 2015. En ese ejercicio se promulgó un decreto autorizando el gasto extraordinario. En este, ni eso.

La composición de ese gasto complementario, autorizado por la puerta de atrás, ni siquiera ha sido explicada por el Gobierno en funciones, aunque vale suponer que, como en años anteriores, los créditos van destinados a pagar la cuota parte de los grandes programas de armamento y el coste de las operaciones militares en el exterior. Ya es sabido que el ministro Morenés se ha negado, de acuerdo con las instrucciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a comparecer en la comisión correspondiente del Congreso para informar de los asuntos de su departamento, incluida la misión de la Armada frente a las costas de Turquía ante la avalancha de refugiados de la guerra de Siria.

Tampoco sus ayudantes en el órgano central, singularmente el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, han asumido la “supuesta” obligación de comparecer en el Congreso para dar cuenta de la aplicación de los créditos que manejan al margen del presupuesto ordinario. Hay que escribir “supuesta” porque el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la insumisión parlamentaria de los miembros del Gabinete en funciones. Será que, como denuncia irónicamente el portavoz nacionalista vasco Pedro Azpiazu, “los magistrados siguen de vacaciones”.

Sin embargo, el alto tribunal que preside el otrora militante oculto del PP Francisco Pérez de los Cobos, sí ha dejado claro que la práctica de ampliar los créditos extraordinarios para el Ministerio de Defensa por la vía del decreto de suplemento de gasto no es ortodoxa ni de recibo. Máxime cuando ese mecanismo, argumenta, se utiliza para hacer frente a un gasto perfectamente conocido, previsto, evaluado y periodificado como son los llamados PEAs o Programas Especiales de Armamento.

El ministro Morenés, un ejecutivo de la industria militar, o quien Rajoy, de acuerdo con el monarca Felipe VI, designe para sustituirle a fin de mes si finalmente obtiene la investidura, deberá contestar a las preguntas de los diputados de UP sobre el destino de esos 1.162 millones; si va a aprobar el tradicional decreto para los PEAs y por qué no se incluye la cifra real que se va a destinar a la defensa en los Presupuestos Generales del Estado.

Decía el general chino Sun Tzu que no hay que dar pistas al enemigo y, al parecer, para los gobernantes del PP, el enemigo sigue teniendo nombre de mujer y se llama transparencia. Eso no quita para que la legalidad les obligue a insertar en el BOE la cifra con el dinero público que manejan al margen del presupuesto, en este caso, los más de mil millones, que de dice pronto, de “operaciones y modificaciones de tesorería” del Presupuesto del Estado.