Se trata, en concreto, de las actas de los consejos de administración celebrados entre 2005 y 2011 por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), un organismo ya desaparecido y que adjudicó en 2006 un contrato millonario a la sociedad Over Marketing, propiedad del empresario argentino Horacio Mercado, responsable de parte de las campañas electorales del partido en Madrid en aquellos años. La investigación de la Guardia Civil ha revelado que cuatro empresas de Mercado recibieron supuestamente de manera irregular contratos públicos por un valor superior a los 7,4 millones de euros como pago a sus servicios electorales.

La petición de la documentación la realizó el juez García-Castellón los pasados 4 y 5 de noviembre, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al magistrado nuevas diligencias para investigar “la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid” y, en concreto, “las adjudicaciones de publicidad a empresas amigas como Over”, en referencia a la sociedad de marketing y publicidad de Mercado. Anticorrupción reclamaba que la Comunidad de Madrid certificase la identidad de todas las personas que formaron parte del consejo de administración del IMADE entre los años 2005 y 2011, así como las actas de las reuniones que mantuvieron en ese periodo. La respuesta del gobierno de Díaz-Ayuso —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— llegó el pasado 30 de diciembre y ha sido incorporada recientemente al sumario del caso Púnica.

En ella, el ejecutivo madrileño facilita la primera de las peticiones, pero también admite que no han entrado ni rastro de las actas solicitadas en las instalaciones del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, donde se encuentra depositada la documentación del extinto IMADE. “Se ha verificado que estos documentos no constan ni como ingresados ni como existentes entre los de dicho fondo documental”, recoge el escrito de respuesta. El gobierno regional también añade que ha hecho una búsqueda más “entre la documentación pendiente de tratamiento archivístico”, también sin éxito.

No es la primera vez durante la instrucción del caso Púnica que los investigadores se enfrentan a la ausencia de documentación clave para la investigación de adjudicaciones al empresario que hizo parte de las campañas del PP. Desde 2016 y durante dos años, los responsables de las pesquisas intentaron localizar sin éxito el expediente de un concurso público de 2 millones de euros que, precisamente, el IMADE adjudicó a una sociedad de Mercado y que, supuestamente, sirvió para financiar actos electorales de los populares.

Tras diversos requerimientos a consejerías e interrogar a responsables del propio organismo público, la Guardia Civil remitió a comienzos de 2019 al juzgado un escrito en el que constataban su frustración ante el “resultado negativo” de sus gestiones. Aquel contrato —cuyo objeto era realizar una campaña de publicidad “en el que se transmita la importancia de autónomos y Pymes en el desarrollo de la Comunidad de Madrid”— fue cofinanciado por la UE, cuya oficina de lucha contra el fraude preguntó al juez por las irregularidades descubiertas.

Otras pérdidas de expedientes bajo sospecha En junio de 2017, la Comunidad admitió al juez del caso Púnica que había “traspapelado” la documentación que reclamaba sobre adjudicaciones bajo sospecha de la sociedad pública Campus de la Justicia, un millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González. En enero de ese año, también admitió el borrado del contenido de los correos electrónicos oficiales del exconsejero Francisco Granados y otros cuatro investigados. Además, se han denunciado cuatro robos en ayuntamientos salpicados de la trama.

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