Las prejubilaciones de unos 1.400 estibadores se pagarán con dinero público. Es la contrapartida que exigen las empresas como requisito para garantizar el empleo de la mayoría de la plantilla actual, y parece que el Gobierno ha recogido el guante. Empleo se ha puesto en contacto con ellas para dejar claro que está dispuesto a asumir la mitad de los 500 millones de euros que costarían dichas bajas, según estimaciones de las propias compañías a las que ha tenido acceso este periódico. Este importe (250 millones o, dicho de otra manera, casi 180.000 euros por cabeza) se sumaría al 'bote' de 350 millones previsto por Puertos del Estado para financiar las indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales, en caso de que se produzcan.

Las empresas planean quedarse con unos 5.000 estibadores en plantilla; incluso ya han trazado el futuro de otros 1.400 efectivos que, a su juicio, sobrarán cuando las firmas recuperen el control del negocio. "La idea es que salgan voluntariamente del sistema con un plan de reestructuración, cobrando su sueldo íntegro hasta que cumplan la edad legal de jubilación en la estiba: 55 años", explican fuentes del sector. Y cifran el coste total en 500 millones de euros, una cantidad que no asumirían las empresas sino los bolsillos de todos los españoles. Pero para eso tiene que entrar en escena el departamento dirigido por Fátima Báñez, quien ya ha prometido a las compañías hacerse cargo al menos de la mitad del importe. No es suficiente para contentarlas.

Carrera por las ayudas a la estiba: las empresas también apremian al Gobierno Marina Valero Los sindicatos no son los únicos que echan a alguien en falta en las negociaciones. La patronal se compromete a mantener el empleo pero considera necesario que el Gobierno entre ya en escena

Hasta ahora, solo habían salido a la luz los cuatro puntos clave que la patronal Anesco expuso en su última reunión con los sindicatos: se comprometió a mantener los empleos fijos (sin especificar cuántos) a cambio de que los sindicatos facilitaran un marco flexible donde las empresas tuvieran libertad absoluta para operar, el Estado se hiciese cargo de las prejubilaciones o bajas incentivadas y el Gobierno se sentase de una vez en la mesa de negociaciones (y no solo a través de un mediador como es el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña).

No todos entienden que el Gobierno se preocupe por una multa mientras negocia ayudas que la multiplicanLas empresas ven "lógico" que las prejubilaciones se financien con fondos públicos, puesto que los estibadores dependían del Estado antes de la Ley de Puertos de 2010. "Pero ya no somos funcionarios. Cuando se privatiza, se hace con todas las consecuencias", puntualizan desde la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. El sindicato mayoritario de los estibadores carga contra el "doble discurso" de quien "por un lado quiere liberalizar el sector y por otro pide al Estado" que apoquine, para indignación de muchos ciudadanos.

No todo el mundo entiende que el Gobierno esté tan preocupado por una multa que ascenderá a 23 millones de euros (a los que hay que sumar 134.000 euros diarios por cada día de retraso) si España sigue sin cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014) mientras negocia paquetes de ayudas a la reconversión de la estiba que multiplican esa cantidad. No obstante, no sería la primera vez —ni la última— que el Estado interviene con dinero público para calmar las aguas en un sector estratégico.

La huelga en los puertos arrancará este viernes y se prolongará durante tres días. (EFE)

La reforma de la estiba, atascada

No está nada claro que el ministro de Fomento vaya a lograr los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma de la estiba este jueves. Y no habrá más aplazamientos de la votación, o así lo sugirió Íñigo de la Serna este lunes. Sin Ciudadanos, Podemos y PSOE, lo tendrá muy complicado. Los socialistas ya condicionaron su sí a que el Gobierno "encuentre fórmulas" para garantizar el empleo de los estibadores más allá del marco de la negociación colectiva. Esto pasa por desechar el real decreto ley actual y aprobar otro nuevo que incorpore los acuerdos alcanzados en esta materia, como exigen los sindicatos. Otra opción es tramitarlo como proyecto de ley y aceptar enmiendas de los distintos partidos políticos.

¿Y ahora qué? El PSOE bloquea la reforma de la estiba y pone al Gobierno en apuros Marina Valero El Grupo Socialista confirma que rechazará el real decreto ley aprobado este viernes. Solo cambiará de opinión si el Gobierno "encuentra una fórmula" para garantizar el empleo de los estibadores

El último cartucho del titular de Fomento es un "instrumento normativo" (independiente del RD/L) que podrá recoger los acuerdos alcanzados entre patronal y sindicatos en materia laboral. Está por ver si dicha herramienta (de la que no se conocen más detalles) servirá para conseguir el apoyo de los grupos políticos este jueves y, no menos importante, convencerá a los sindicatos para que desconvoquen la huelga en los puertos. Si nadie se sale del guion, cosa poco probable a tenor de los antecedentes, los paros arrancarán este viernes y se prolongarán durante una semana en días alternos.