Nacional | Privatización sanidad

La Audiencia de Madrid archiva la querella contra la privatización sanitaria

Por E.B.

martes 04 de noviembre de 2014 , 00:00h

Sanidad Madrid Considera que la acción está fundamentada en criterios políticos y administrativos, no penales. No obstante, precisa que si apareciesen nuevos indicios podría volver a abrirse el procedimiento. Considera que la acción está fundamentada en criterios políticos y administrativos, no penales. No obstante, precisa que si apareciesen nuevos indicios podría volver a abrirse el procedimiento.

El pasado 30 de octubre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento provisional de la causa que se sigue desde junio de 2013 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid contra nueve personas, entre ellas los ex consejeros de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y Juan José Güemes, por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de privatización de la gestión hospitalaria en Madrid.



Según ha informado El País, la Sección Segunda de la Audiencia considera que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la causa, aunque sí precisa que si apareciesen nuevos indicios se podría acordar la reapertura del procedimiento.



El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por AFEM –una de las asociaciones de médicos más involucrada en la Marea Blanca- y empezó a investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Entre otras cosas, su titular, Marcelino Sexmero, solicitó una larga lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa.



En concreto, la Audiencia Provincial de Madrid considera que "la querella contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid”.