Me parece realmente interesante el movimiento reivindicativo, y espero que de lucha, que están llevando a cabo los jueces españoles. Aún no han llegado al extremo de sus colegas lusos, que han acordado la huelga, pero no la descartan y tras el parón del verano es posible que nos den agradables sorpresas.

No me interesa la movilización de los magistrados exclusivamente por el interés que cada vez más tiene que un colectivo sea capaz de unir esfuerzos para obtener mejoras, que también.

Lo de los jueces me interesa porque entre sus puntos reivindicativos figuran algunos no exclusivamente profesionales sino que son absolutamente imprescindibles para un objetivo irrenunciable: la regeneración del sistema para asegurar el sostenimiento de un Estado de Derecho real y no meramente aparente. Los jueces se están reuniendo en estos días en asambleas democráticas, en lo que podríamos llamar sus "círculos", que la ley les reconoce y que se llaman Juntas de Jueces. De momento han tenido lugar cerca de un centenar de ellas y casi la mitad de la carrera judicial ha suscrito íntegramente el acuerdo de reivindicaciones respaldado por todas las asociaciones profesionales. Entre ellas se encuentran las que nos afectan a todos como ciudadanos de un estado democrático en el que el poder político ha traspasado las líneas que dividen los poderes para apoderarse y fagocitar a los que deben controlarlo.

Cierto es que el otro día Catalá, el Reprobado se reunió con sus representantes y les concedió algunas cosillas menores relativas a su congelación salarial por la crisis y otros temas de conciliación laboral y similares. No le costó nada, es lo mismo que el Gobierno va a hacer con los funcionarios, pero tampoco creo que consiguiera desactivar el hartazgo, el cabreo y la indignación de los jueces porque de lo que importa no dijo ni mu.

De lo que importa quiero yo hablar hoy, porque entiendo que estas exigencias de los jueces deben ser apoyadas por otros estamentos sociales, por los partidos políticos que buscan la regeneración y por la ciudadanía en general. Son producto del conocimiento que los propios magistrados tienen de la degeneración del sistema que se ha ido produciendo. Le recomiendo vivamente a Albert Rivera que, antes de quedarse amarrado a sus puntos inútiles y hasta perjudiciales, se lea las demandas de los jueces. Si quiere remar, que reme en el sentido correcto. Y al resto, que se pongan las pilas.

Los jueces saben que el problema arranca de la sumisión al poder político del Consejo General del Poder Judicial, así que quieren volver al sistema de elección fijado por la Constitución (sí esa que no se puede cambiar pero sí alterar con subterfugios, como en este caso, al gusto del ejecutivo de turno). Quieren que en este sistema de elección democrática y constitucional de 12 vocales por los propios jueces se asegure la igualdad de género y el respeto de las minorías. Exigen además acabar con el funcionamiento actual del órgano, que se sacó de la manga Gallardón para darle al amigo Carlos Lesmes un poder presidencialista y desmesurado.

Exigen los magistrados que se acabe con la designación política de los altos puestos judiciales. Esos que una vez nombrados se vuelven tan sensibles a las necesidades del poder que les puso allí que acaban por ver las cosas justo del modo que quiere ese partido. Para ello, proponen una definición previa de los perfiles de los puestos, con criterios objetivos, y una exigencia de motivación de la elección del candidato no sólo per se sino también en comparación con los otros que se hubieran presentado. Plantean además una limitación de esos mandatos, con una sola prórroga, y que para los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de Tribunales Superiores sea necesaria una mayoría cualificada. Eso haría más difíciles las componendas políticas.

Exigen los jueces de forma rotunda la supresión de los magistrados nombrados por los parlamentos autonómicos para sus Tribunales Superiores. Esta es una cuestión troncal y no la bobada de suprimir todos los aforamientos que proponen algunos. Lo cierto es que ser aforado es ahora muy interesante pero porque de los tres jueces que te tocan, uno lo han nombrado los tuyos en el parlamento, otro lo han nombrado los tuyos a través del CGPJ y el otro pobre está en franca minoría. Eso es lo que hay que erradicar, Rivera, eso.

De esto Catalá no dijo nada como pueden imaginar.

También existe un fuerte componente reivindicativo que afecta no sólo al Gobierno sino también a las comunidades autónomas en cuestiones de dotación material. El inframundo en el que se están convirtiendo los juzgados, su falta de contacto con la modernidad, su falta de personal y la ausencia de jueces, fiscales y funcionarios sólo beneficia a los que no tienen ninguna prisa en que se haga Justicia. A los ciudadanos, que vemos nuestros derechos conculcados con esta lentitud exasperante, nos interesa como a los jueces que se procuren los medios materiales no sólo para que la cosa funcione con normalidad sino también, como recuerdan ellos mismos, para que se dote de presupuesto a leyes que ahora mismo son un pozo de nuestros derechos como son el Estatuto de la Víctima o los derechos de interpretación y traducción en los juicios penales. O, como también exigen, que se aumenten los medios para los órganos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando esas plantillas y las de fiscales y unidades de Policía Judicial.

Tal listado de exigencias no es un repertorio de reivindicaciones gremiales sino un resumen de lo que habría que empezar a hacer para que el Estado de Derecho no se desplome definitivamente, como parecen querer muchos. Este empeño no puede ser sólo de los de las puñetas. Echo mucho en falta el apoyo de las instituciones de la Abogacía que o está a por uvas o no se sabe qué papel juega en esta historia.

Y, por último, creo que falta el apoyo ciudadano. Muy pocas cosas de las que exigen los jueces españoles en estos momentos no están directamente relacionadas con nuestro futuro como sociedad.

Sólo cabe desear que el verano no les baje los humos. Nos conviene un otoño caliente para que no se enfríe la democracia.