Netflix comunicó esta semana una nueva subida de las tarifas que cobra a sus clientes en España, quienes han visto cómo la factura se les ha incrementado cerca de un 30% en dos años. Todo un negocio creciente que compite directamente con las televisiones tradicionales y el resto de operadores de telecomunicaciones. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que este tipo de plataformas, entre las que también se encuentran HBO, Filmin, Rakuten, Amazon Prime y Sky, destinen parte de sus ingresos a financiar Radio Televisión Española (RTVE).

Así lo han confirmado fuentes próximas a los ministerios de Economía y de Hacienda, que justifican la medida por la implementación de una directiva de la Comisión Europea sobre telecomunicaciones que conlleva, entre otras cuestiones, la ampliación del concepto de “operadores de servicios de telecomunicaciones”. En concreto, se trata de la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la normativa 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual. Un cambio legislativo que se inscribe en el paquete de propuestas presentadas por la Comisión Europea en la estrategia para la creación de un Mercado Único Digital de mayo de 2015.

Por ello, el Ministerio de Economía y Empresa lo ha elevado a consulta pública con veinticinco preguntas dirigidas a los distintos agentes implicados para que hagan sus aportaciones a la normativa, cuyo objetivo principal es “actualizar y modernizar el marco regulatorio audiovisual vigente en la UE, buscando establecer una regulación del audiovisual más acorde con la era digital, caracterizada por la rápida evolución tecnológica, la aparición de nuevos modelos de negocio y los cambios en las pautas de visionado y de consumo de productos audiovisuales”.

Economía y Empresa lo ha elevado a consulta pública con 25 preguntas dirigidas a los implicados para que hagan sus aportaciones a la normativa

Entre las cuestiones que plantea el Ministerio dirigido por Nadia Calviño es si “considera que el marco vigente asegura la existencia de un servicio adecuado por parte de los prestadores públicos”. Y agrega que si “desde un punto de vista técnico de la prestación de los servicios de interés económico general, ¿cree que dicha prestación es suficiente y coherente con la situación actual del sector?”. Una propuesta que, según distintas fuentes, responde al interés de Economía de que los nuevos operadores denominados ‘over the top’ contribuyan también a la financiación de la televisión pública.

De hecho, otra de las cuestiones que se ha elevado a consulta pública es si se considera que “el marco vigente es útil y eficaz para garantizar la emisión de los acontecimientos de interés general” y si se estima que “la financiación anticipada de la producción europea de películas y series para cine y televisión, por parte de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, que contempla la ley vigente, promueve adecuadamente la producción y promoción del contenido audiovisual europeo”.

La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

Economía sostiene que “en este mercado existen diferentes tipos de agentes con modelos de negocio muy distintos, donde todos los prestadores compiten por la audiencia y la publicidad; en definitiva, por ingresos que permitan rentabilizar sus inversiones”. Sin embargo, añade que “cada uno de ellos se encuentra sometido a un conjunto de reglas diferentes, hecho que mediante la presente modificación de la directiva se pretende subsanar, equilibrando las condiciones regulatorias a las que están sometidos todos los prestadores de servicios audiovisuales, e incluyendo a los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma”.

Porcentaje de ingresos

Según distintas fuentes, este planteamiento se quiere concretar en que HBO, Filmin, Amazon Prime, Rakuten, Sky y el resto de nuevos operadores contribuyan como hacen Mediaset (Telecinco y Cuatro), Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Movistar, Vodafone y Orange a la financiación de la televisión pública y el desarrollo del cine y la cultura europea. Un objetivo que pasa por que destinen una parte de sus ingresos a este cometido, motivo por el cual algunos de estos operadores han comenzado a contactar con abogados y 'lobbistas' para intentar frenar el impacto en sus cuentas.

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Aunque no existe un documento público compartido con los potenciales afectados, distintas fuentes indican que Economía baraja una horquilla que oscila entre el 0,85 y el 1,35 de los ingresos anuales que deberían reservar para esta financiación de los servicios públicos audiovisuales. Después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quitase la publicidad de RTVE en 2009 a cambio de que los operadores destinasen parte de sus ingresos a la corporación pública, las televisiones privadas tienen que destinar el 3% de sus ingresos brutos y las operadoras de telecomunicaciones con plataformas de televisión u otros sistemas en los que incluyan publicidad un 0,9%.

Una tasa que los operadores califican de desproporcionada y que han recurrido a instancias como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo español. Ambas instituciones han avalado estas cargas contra los operadores privados para que financien los medios de comunicación estatales. Pero los perjudicados, que el pasado año destinaron 130 millones a esta causa, siguen con su batalla judicial y cada año presentan recursos contra la liquidación de este impuesto.