La Fiscalía elevó ayer la voz para defender las reglas de juego de la democracia española y calificó el plan ilegal del secesionismo catalán como «un golpe de Estado» en el que se empleó la violencia. El Ministerio Público argumentó su acusación por rebelión en un brillante alegato coral de los cuatro fiscales del caso, al expresar sus conclusiones en la sesión número 50 del juicio en el Tribunal Supremo. Atentos escucharon los siete jueces que tienen en su mano el relato jurídico de lo que sucedió en Cataluña, que se plasmará en una sentencia pasado el verano.

Levantó el telón con fuerza el fiscal Javier Zaragoza, quien se encargó de retratar la gravedad del plan por el que están siendo juzgados los doce líderes secesionistas, que empujaron hacia la independencia por las vías ilegales, celebrando por el camino un referéndum ilegal, aprobando las leyes de la ruptura y declarando de forma unilateral la independencia. «Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales», manifestó Zaragoza, que acudió a la definición de golpe de Estado del prestigioso jurista y teórico Hans Kelsen, que tuvo que huir de Alemania en 1933 por el nazismo.

El cinismo de Junqueras

En su discurso, Zaragoza consideró como «motor principal de la rebelión» a Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía solicita 25 años de prisión, y rebatió el victimismo independentista. No hay presos políticos en España y a nadie se le persigue por sus ideas, alegó para centrar los motivos de la acusación. « La razón por la que están siendo juzgados es haber intentado liquidar la Constitución de 1978, el instrumento básico de nuestra convivencia, mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, y utilizando la violencia en los momentos que ha sido necesario».

Por ello, al suponer un ataque contra el orden constitucional, los hechos no pueden de ninguna manera reducirse a un delito de sedición, alegó Zaragoza. Esa explicación encierra un dardo contra la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno en la causa y que no ve rebelión. El delito de sedición busca proteger el orden público, y no el orden constitucional, lo que significa rebajar la gravedad de lo que pasó.

Zaragoza no se quedó ahí. También denunció que «la única violación de derechos civiles que se está produciendo en Cataluña es la que sufren los que defienden la Constitución», y atacó el cinismo de Junqueras, por criticar una supuesta falta de diálogo del Gobierno mientras él rompía la legalidad.

Para defender la existencia de violencia -necesaria para que haya delito de rebelión-, Jaime Moreno tomó el relevo. El fiscal acusó a los nueve líderes secesionistas acusados de dicho delito -todos menos tres- de incitar a los ciudadanos a enfrentarse a la Policía en el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017. «Sin la violencia no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en la hoja de ruta (del “procés”), los acusados lo sabían y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse», alegó. La violencia se convirtió en una «herramienta» para recorrer los pasos del plan ilegal para alcanzar la independencia, como la votación del 1-O, prohibida por la Justicia y cuya celebración era imprescindible según las ilegales leyes de la ruptura. Para Moreno, los acusados no se limitaron a aceptar la violencia como un medio inevitable -indeseado pero asumido-, sino que llegaron a alentar los enfrentamientos para lograr su fin. No fue un mero dolo eventual, sino un dolo directo, expresó en lenguaje jurídico.

Para atribuirles esa intención, el fiscal recordó la reunión de los exgobernantes catalanes con la cúpula de los Mossos d’Esquadra tres días antes del referéndum. Moreno empleó las palabras de los entonces jefes de la policía autonómica -Josep Lluís Trapero y su mano derecha Ferrán López, que testificaron en el juicio- y rememoró que los Mossos alertaron de la previsible violencia hasta en un informe por escrito, que fue comunicado a Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn. Ese ánimo quedaría demostrado también por los llamamientos expresos a votar de los acusados, algunos lanzados después de dicha reunión. Los fiscales detallaron los actos cometidos en esa dirección por cada acusado. No solo Junqueras y Forn, también Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, y los Jordis, Sànchez y Cuixart, los líderes de las asociaciones que manejaron la movilización popular y que el 20-S se convirtieron en los «dueños del orden público» en Barcelona.

No hacen falta armas

Al descender a los detalles, el Ministerio Público sostuvo que en el procés hubo violencia contra las cosas -los daños de los vehículos de la Guardia Civil destrozados en la Consejería de Economía el 20 de septiembre o los coches apedreados en el 1-O en San Carlos de la Rapita-; violencia intimidatoria en la resistencia en los centros de votación; y violencia física, como demuestran los 93 agentes heridos y los 1.000 votantes heridos leves en el 1-O. De todo ello son responsables los acusados, pues ellos crearon el riesgo que condujo a los choques de aquella jornada.

En el bloque de la malversación, la fiscal Consuelo Madrigal defendió con firmeza que los ex gobernantes catalanes asumieron en grupo los gastos desvíados al 1-O, que la Fiscalía cifra en 2,8 millones. Comparó el miedo de los contratistas de la Generalitat, algunos de los cuales declararon con visible nerviosismo en el juicio, con el temor que infunden «las organizaciones criminales» en sus negocios.

En la intervención más técnica, el fiscal Fidel Cadena se encargó de encajar los hechos en la regulación de los delitos, y explicó que la rebelión no exige violencia física ni un alzamiento militar. También denunció que la pasividad de los Mossos en el 1-O supuso la «instrumentalización de un cuerpo armado al servicio de la rebelión». «La Constitución fue humillada», denunció este fiscal, que recordó que el Rey tuvo que emitir un mensaje el 3 de octubre.

«Esta es una rebelión distinta en la que el poder público ya se ostenta» y la violencia se ejerce para responder a la legítima reacción del Estado en defensa del orden constitucional, concluyó el fiscal Cadena. Como expresó su colega Moreno, la Generalitat no tenía que asaltar un buque; era un poder público al que le bastaba con soltar amarras.