El titular del Juzgado 12 de lo Mercantil, Moisés Guillamón, ha citado a la Federación y a Mediapro este viernes para resolver el conflicto entre ambas partes por los derechos de emisión por televisión de la final de la Copa del Rey que se disputará el sábado en Sevilla. El Magistrado Guillamón no es nuevo en asuntos relacionados con el fútbol, ya que esta misma temporada se ocupó del contencioso entre LaLiga y la Federación por el famoso partido entre el Girona y el Barça en Miami, que finalmente no llegó a disputarse.

El juez ordenó el pasado lunes a la Federación retrotraer las actuaciones "al momento inmediatamente anterior al acuerdo", que en primera instancia ganó TVE. Con esta decisión, el magistrado reconoció el derecho de Mediapro a concursar, un derecho que la RFEF le negó por su presunta participación en un proceso de corrupción en el FIFAGate. Para el juez Moisés Guillamón, la Federación incurrió en abuso de posición dominante al eliminar a Mediapro.

El auto del juez ordena a la RFEF que "tramite de nuevo la adjudicación de los derechos televisivos conforme al procedimiento previsto". Según fuentes jurídicas, podría ordenar abrir el sobre económico de Mediapro o invitar de nuevo a las cadenas interesadas (Antena3, TVE, Mediaset y Mediapro) a presentar nuevas propuestas. Mediapro, por su parte, considera que la solución debería ser una nueva oferta, ya que la que presentó en el primer concurso ha sido filtrada. La Federación se aferra a que, en todo caso, la oferta que presentó TVE fue la mejor de las cuatro que se recibieron, y por eso considera ajustada a derecho la adjudicación a la Corporación.

La Federación ha mostrado su desacuerdo con las medidas cautelares dictadas el lunes y ha pedido una "vistilla de urgencia para ser escuchada", que es la que se va a celebrar hoy por la mañana en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid.

Según fuentes solventes consultadas por este periódico, en el caso de que la Federación se niegue a acatar lo que el Magistrado resuelva en la mañana del viernes, el juez procesaría a la Federación en la persona de su presidente, Luis Rubiales, por desobediencia y desacato.