Desde entonces el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han languidecido durante meses, de acuerdo con otras dos personas que revisaron los últimos archivos del caso.

Pero la investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo suficiente evidencia para presentar cargos contra los sospechosos, de acuerdo con tres personas que revisaron el caso o recibieron información al respecto. Las presiones políticas son demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance.

Los sospechosos por sobornos trabajaban para la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex). En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera mexicana. Y el exprocurador general mexicano Raúl Cervantes, que supervisó personalmente el caso durante su gestión, incluso viajó a Brasil para discutir la evidencia que habían recopilado las autoridades de esa nación.

La decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro y fuera de la PGR. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería ignorado. Otros temían que, como el procurador general es nombrado directamente por el presidente, su independencia se vería comprometida.

La oficina del procurador general no respondió a los pedidos reiterados de declaraciones.

Nada ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en México por los próximos años. Pero ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes, quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la investigación estaba concluida.

Desde entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones, al sugerir que la indagatoria continúa y por tanto no puede divulgar detalles.