Policiales Dos presas patagónicas imitaron a Nahir Galarza y enviaron un polémico mensaje

A partir de la situación que se generó por la publicación en redes sociales de fotos de Nahir Galarza y Yanina Lescano desde el penal de mujeres, el abogado paranaense José Velázquez consideró que "se podría habilitar un debate muy interesante que podría arrojar posiciones novedosas respecto de los derechos de las personas privadas de la libertad y el acceso a medios de comunicación, específicamente al uso de celulares".En este sentido, planteó: "Lo primero que se debe entender para poder hacer un abordaje a este tipo de situación cada vez más frecuente, es que una persona que cometió un delito sólo recibe como pena la privación de la libertad ambulatoria, pero sigue disponiendo del resto de sus derechos y garantías".Expresó que "el temor a que un condenado pueda cometer un delito por tener un celular lo podría aceptar como una posibilidad, al igual que un ciudadano que está libre, pero con la desventaja para el preso, que su situación procesal se va a agravar, va a sumar una nueva condena y va a estar más tiempo privado de la libertad".No obstante, sostuvo que "si hoy no hay motines, revueltas y demás situaciones conflictivas, es sencillamente gracias al personal del Servicio Penitenciario de esta provincia que con su profesionalismo y humanidad regulan la convivencia en situación de encierro, evitando todo el tiempo los desbordes". En este contexto evaluó que "así,".Una de las situaciones no deseadas de la situación que se generó con las fotos de las dos mujeres, fue que ocasionó malestar en las otras internas y en el mismo personal penitenciario.. También, en esta línea, el hecho de que los presos puedan contar con celulares" y añadió que "no obstante, pienso que el uso de celulares por parte de los privados de la libertad, porque aportaría a cumplir con el fin que se les asignó a las prisiones, que por mandato constitucional no son para castigo sino para la resocialización de la persona condenada".Finalmente sostuvo en declaraciones aque "el hecho de que el privado de la libertad pueda tener contacto con el exterior, con su familia y su entorno social,tras un período en situación de encierro, con los códigos que aquella lleva implícitos".El artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe una serie de garantías penales para que los derechos de los ciudadanos se cumplan. Así, establece que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice".