La Operación Púnica va camino de convertirse en una de las principales tramas de corrupción de España, con epicentro en la Comunidad de Madrid y vinculada sobre todo a Administraciones del PP (hay algún cargo socialista). Tras la primera fase que supuso más de 50 detenciones y 150 empresas intervenidas, el juez Eloy Velasco, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, acaba de imputar a otros cinco cargos públicos: los consejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar; los diputados populares en la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno (ex alcalde de Valdemoro) y Mario de Utrilla (este último aún alcalde de Sevilla la Nueva); y el consejero de Industria y Turismo de Murcia, también del PP, Juan Carlos Ruiz.

Habrá más detenciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que centraliza las pesquisas, está investigando los contratos que más de 40 Ayuntamientos y empresas públicas firmaron con empresas de la trama, y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones. Entre ellos, seis personas que están en la lista electoral de Cristina Cifuentes y que han sido elegidos diputados tras los resultados electorales del 24-M. Se trata de Juan Soler (Getafe), Antonio González Terol (Boadilla), Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón) y Daniel Ortiz (Móstoles).

En la primera fase, la UCO decomisó mucha documentación. El eje formado por Francisco Granados (ex senador del PP y ex consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre) y David Marjaliza (empresario con participaciones en más de 60 sociedades) maquinó una red de influencias y contactos para amañar contratos. Fueron detenidos alcaldes, altos cargos y funcionarios de los Ayuntamientos de Parla, Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle. Pero fue solo una primera fase. La UCO decidió entonces ampliar la investigación a otros municipios bajo influencia política de Granados (fue secretario general del partido en Madrid) y a las principales empresas adjudicatarias de los contratos amañados, sobre todo tres de ellas: Cofely, Waiter Music y Eico Online. Solo la web de Waiter Music presumía de trabajar para 26 municipios de la Comunidad de Madrid.

La Cadena Ser ya adelantó algunos de los municipios investigados, en concreto 13: Getafe, Alcalá de Henares, Aranjuez, Leganés, Majadahonda, Boadilla, Navalcarnero, Torrejón de Ardoz, Chinchón, Alcobendas, Alcorcón, Algete y Colmenar Viejo. Hay ocho más, según fuentes del caso: Coslada, Cubas de la Sagra, Móstoles, Sevilla La Nueva, Brunete, Humanes, Pinto o Velilla de San Antonio. Que estén siendo investigados no significa, aclaran las mismas fuentes, que se hayan detectado indicios punibles. Se están analizando contratos de empresas de la trama con estos Ayuntamientos, si se adjudicaron correctamente y quiénes participaron en la licitación. Los ordenadores y discos duros clonados por la UCO en los registros han sido claves y "extrabajadores de Waiter Music y funcionarios de distintos Ayuntamientos están colaborando activamente en la investigación", señalan las mismas fuentes.

Getafe contrató con Cofely y Waiter Music

Por poner un ejemplo, los investigadores están mirando cuatro contratos que el Ayuntamiento de Getafe, dirigido por Juan Soler (número 10 de la lista de Cifuentes), firmó con Waiter Music, una empresa encargada de realizar festejos y que la investigación apunta a que estaba controlada directamente por Granados. Los contratos se firmaron en febrero y mayo de 2012, mayo de 2013 y junio de 2014. Los cuatro suman 483.000 euros. Tres de los cuatro contratos fueron adjudicados por el sistema negociado sin publicidad y solo uno fue abierto. Según los investigadores todos estos contratos se resolvieron de la misma forma, con una única oferta sobre la mesa, la de Waiter Music, que no ofreció ninguna rebaja sobre el precio inicial fijado por el Ayuntamiento. En dos de los cuatro contratos, el Ayuntamiento solo invitó a Waiter Music. Entre cuatro y cinco cargos públicos y funcionarios participaron en cada contrato.

Cofely, la empresa francesa de eficiencia energética, una de las más beneficiadas por la trama (cuatro de sus directivos españoles están imputados), también trabajó en Getafe, otro de los contratos investigados. La UCO ya sabe que incluso la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en un informe de fiscalización de ejercicio 2012, detectó algunas anomalías en esta adjudicación. El Ayuntamiento de Getafe adjudicó el mismo día, mediante procedimiento negociado sin publicidad, dos contratos, nº 207 y 208, a Cofely. "Estos expedientes no incluyen ninguna justificación del fraccionamiento de las prestaciones en dos contratos, lo cual permitió que se pudiesen adjudicar cada uno de ellos mediante procedimiento negociado sin publicidad", reza el informe. El 8 de mayo de 2012, los dos contratos se adjudicaron por 70.557,16 y 57.715 euros, IVA incluido.

Estos contratos a Cofely son muy sospechosos para los investigadores. ¿Por qué? Para participar en una licitación tipo negociada sin publicidad el Ayuntamiento suele invitar a tres empresas. En esto caso fueron Cofely España y Telegest. Esta última recibe 0 puntos en la valoración de las propuestas económicas y según consta en el expediente de contratación, presenta su documentación a nombre de Cofely España. ¿No se supone que ambas empresas iban a competir por los dos contratos? Cuando saltó la operación Púnica, Juan Soler reconoció que Cofely le había invitado a un viaje a París (Francia).

También en Alcorcón, Leganés y Getafe

Otro ejemplo es el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado aún por David Pérez (número 9 de la lista de Cifuentes). David Pérez es uno de los hombres de la órbita de Aguirre. Fue portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Hay tres contratos sospechosos a Waiter Music en los años 2011, 2012 y 2013, contratos adjudicados por la vía de urgencia. Los tres por un valor de 550.000 euros. Leganés también contrató en 14 ocasiones a Waiter Music, por un importe cercano a los 190.000 euros. Hay dos altos cargos investigados, entre ellos el alcalde Jesús Gómez (no va en la lista de Cifuentes). Boadilla del Monte también contrató a Waiter Music. En la lista de Cifuentes está el alcalde electo Antonio González Terol (número 46).

En el caso de Mario de Utrilla (diputado autonómico y alcalde de Sevilla la Nueva), también se está investigando su gestión al frente del Consistorio. Su hermano Alejandro, exconcejal en Móstoles, fue imputado en la primera fase de la operación.