Fue en los primeros días de mayo de 2015. Justo después del feriado largo por el Día del Trabajador, un equipo de profesionales del Servicio de Impuestos Internos (SII) cuya tarea se focaliza en contribuyentes bajo sospecha de no haber pagado sus tributos, supo que la indagación recién abierta sobre el Grupo Angelini no seguiría el curso normal. Ese mismo día intuyeron que los chilenos jamás conocerían la nómina completa de las empresas que habían hecho aportes ilegales a políticos ni el monto total del dinero negro que entregaron. Y no se equivocaron.

Transcurridos tres años y ocho meses, el manto protector que cubrió a más de una veintena de empresas que proporcionaron fondos ilegales a políticos, sigue mostrando su poder. Si la mayoría de esas empresas consiguió zafar de la condena penal, fue porque en el momento clave inicial el SII les lavó la cara: nunca las denunció a la Fiscalía ni se querelló contra ellas. Así, les pavimentó el camino a la impunidad al aceptar que solo rectificaran sus declaraciones tributarias y en completo secreto.

Solo dos casos, Penta y SQM, enfrentaron la justicia penal. Ambas causas ya están en su recta final con apenas un puñado de imputados expuestos a penas menores, pues la mayoría negoció salidas alternativas. La última novedad del juicio a Penta ocurrió el pasado martes 22 de enero: la Corte de Apelaciones de Santiago sobreseyó a Santiago Valdés, ex administrador electoral del Presidente Sebastián Piñera. Poco antes, el 15 de enero, la Fiscalía anunció que no perseverará en la persecución penal de 16 personas en el Caso SQM. Entre ellas, el ex presidente de Endesa, Jorge Ronseblut, y el ex director del SII, Michel Jorrat.

El Caso SQM llegó a tener 148 formalizados, pero solo un pequeño grupo sigue bajo investigación. De hecho, la única acusación de alto impacto político que quedará por zanjar cuando se llegue finalmente al juicio oral será la imputación por cohecho que enfrenta el ex ministro Pablo Longueira (UDI). Pero, para llegar a esa instancia la Corte Suprema debe resolver primero el desafuero del senador Jorge Pizarro (DC), otro político que sigue en la mira del Ministerio Público ( vea al final de este texto un recuadro sobre el estado actual de los casos Penta y SQM ).

#SoyCiperista Apoya el periodismo independiente Ver lista de donaciones

Lejos de la apatía que genera hoy, a inicios de abril de 2015 el Caso Penta era el principal tema de la agenda periodística. Hasta ese momento el financiamiento ilegal contaminaba únicamente a la UDI. Pero en esos días el SII provocó un giro al presentar al Ministerio Público una denuncia que involucraba a 172 personas –naturales y jurídicas– que recibieron pagos de la minera SQM. De ellas, 74 estaban relacionadas con partidos de derecha y 11 con la entonces gobernante Nueva Mayoría, tal como lo demostró una investigación de CIPER. La UDI ya no estaba sola en el escenario y, con la contabilidad de SQM expuesta a ser abierta ante la opinión pública, una poderosa fuerza política transversal se puso en marcha para ahogar las investigaciones.

El primer golpe de ese soterrado lobby fue el bloqueo a la indagatoria de Impuestos Internos sobre el Grupo Angelini. A fines de ese mes de abril, la revisión de los registros contables de SQM abrió ante los ojos de los funcionarios del SII un vaso comunicante con el holding propietario de Copec, Celulosa Arauco y Corpesca, entre otras empresas. Lo que alcanzaron a ver encendió todas las alarmas del mundo político: facturas y boletas sin respaldo pagadas por el Grupo Angelini a asesores y cercanos a políticos de todo el espectro, como el ahora ministro de Defensa y entonces senador Alberto Espina (RN) y el senador Felipe Harboe (PPD). Pero más grave, eran las evidencias de que ese grupo económico también había aportado ilegalmente a la precampaña de la entonces presidenta Michelle Bachelet.

El Grupo Angelini, como quedó demostrado en la investigación que inicialmente llevaron los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, puso más dinero que SQM en la precampaña de Bachelet: unos $360 millones. Pero esos antecedentes, a diferencia de lo ocurrido con SQM y Penta, jamás llegaron a un tribunal. El SII rehusó presentar querellas o denuncias, bloqueando la labor de Gajardo y Norambuena, quienes finalmente renunciaron al Ministerio Público en enero de 2018.

La indagatoria quedó en manos del fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien ha ido cerrando el Caso Penta con acuerdos que involucran salidas alternativas y penas menores. De hecho, la suspensión condicional que brindó al senador Iván Moreira (UDI) –el único político que reconoció en público que había pedido dinero ilegal a Penta– fue uno de los factores que detonó las renuncias de los fiscales Gajardo y Norambuena (vea su carta de renuncia).

La convicción que existe entre los funcionarios del SII es que, así como se persiguió penalmente a SQM y Penta, a lo menos otros tres poderosos actores del mercado debieron correr la misma suerte: el Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas. Respecto de los dos primeros, los especialistas del SII alcanzaron a reunir evidencias de que el volumen de los tributos burlados con los aportes ilegales a políticos eran de una cuantía que permitía justificar la acción penal: al menos unos $160 millones en el caso del Grupo Angelini y cerca de $130 millones en el de Endesa.

-Es poco para los volúmenes que mueven esas compañías, pero suficiente para la denuncia penal -dijo a CIPER un experto tributario que conoció ese proceso

En relación a Aguas Andinas, debido a la magnitud de las rectificaciones que presentó al SII –por facturas o boletas pagadas a personas relacionadas con políticos, como el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle– también ameritaba enfrentar la persecución penal (vea el reportaje de CIPER “Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas”).

¿Por qué el Grupo Angelini, Endesa y Aguas Andinas, no siguieron el mismo camino de Penta y SQM? ¿A quiénes habían entregado dinero ilegal? ¿Quiénes unieron fuerzas para evitarles el juicio? ¿Por qué otra veintena de empresas también quedaron al margen de las indagatorias de la Fiscalía? Esta es la historia.