La cancelación de la Asamblea General de Interpol, que iba a realizarse en Punta del Este (Maldonado) entre el 15 y el 30 de octubre, fue una de las medidas que Jorge Larrañaga tomó en la primera semana a cargo del Ministerio del Interior. La decisión fue avalada por el presidente Luis Lacalle Pou, a quien Larrañaga le señaló el costo aproximado del evento aprobado durante la gestión de Eduardo Bonomi: US$ 3.000.000.

La noticia no fue bien recibida por las cámaras empresariales vinculadas al turismo y jerarcas del sector.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, dijo a El Observador que tiene previsto "conversar" con Larrañaga para conocer qué motivó la cancelación del congreso, de la cual se enteró a través de la prensa. Ambos ministros coincidirán este fin de semana en Tacuarembó, donde se realiza la Patria Gaucha.

"Los eventos y congresos siempre son buenos para el país y dan retorno. Pero también hay que entender la situación en la que estamos, con el déficit fiscal que tenemos, y obviamente hay situaciones urgentes que atender. Doy por descontado que esas son las circunstancias en las que se basó", acotó Cardoso.

Sin embargo, la exministra de Turismo y actual senadora, Liliam Kechichian, dijo que le genera "enorme preocupación" la suspensión del evento y va a realizar un pedido de informe para conocer los argumentos del gobierno. Aseguró que si no se revierte la decisión, habrá "un daño enorme" para los comerciantes y trabajadores de Punta del Este, al igual que para la reputación del país como organizador de eventos, algo en lo que se enfocó cuando estuvo al frente de Turismo.

Por otra parte, Kechichian señaló que de los US$ 3 millones, cerca de US$ 1.3 millón iba a ser invertido en equipamiento policial –como nuevos uniformes y mejor flota– que le quedaría al Ministerio del Interior. Parte del resto del gasto presupuestado (US$ 1.234.550) sería destinado a la realización del evento en el Centro de Convenciones de Punta del Este, lo que incluía una cena de gala con un costo estimado de US$ 433.100.

La industria turística también rechaza la suspensión del congreso de Interpol, que movilizaría a delegaciones de 116 países, compuestas en total por 1.200 personas. La Cámara Uruguaya de Turismo estimaba que entre el traslado, la reserva de hoteles y la comida cada una de ellas gastaría en promedio US$ 2.200, según dijo a El Observador el presidente de la misma, Juan Martínez.

El empresario contó que se puso en contacto con las autoridades de Turismo para pedirles que reviertan la decisión del gobierno, que todavía no adquirió carácter formal. Una salida posible que convenga a todos es la reducción de costos de aquí a octubre, para que el Ministerio del Interior tenga que gastar menos de lo acordado.

Desde esta cartera dijeron que la decisión de Larrañaga responde a la línea marcada por el Poder Ejecutivo que, en palabras del presidente Lacalle Pou, quiere "cuidar cada peso". Los jerarcas consultados aseguraron que lo que se preveía gastar correspondía al presupuesto destinado a abastecer con combustible por tres meses a todas la flota de patrulleros.

Uruguay se postuló en 2019 para ser la sede de este congreso, después de haber organizado la Reunión de las Américas en 2018, y recibió 115 de 116 votos a favor en la Asamblea General de Dubái.

El entonces subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, aseguró al programa Fuentes Confiables (Universal) que los jerarcas de Interpol habían tenido en cuenta "el nivel de desarrollo, la cooperación y la seguridad" de Uruguay.