Enagás, Fluxys, GRTgaz y Snam frenan la transición energética en favor de la industria de combustibles fósiles, según un informe publicado por la Red Europea de Observatorios Corporativos.

Enagás (España), Fluxys (Bélgica), GRTgaz (Francia) y Snam (Italia) son las empresas gestoras de la red de transporte de gas más grandes de Europa y poseen la mitad de las terminales de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea, así como gasoductos suficientes para dar la vuelta al mundo dos veces y media. Un informe de la Red Europea de Observatorios Corporativos (ENCO) –formada por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a investigar el poder de las empresas transnacionales–, publicado este jueves, pone de relieve la influencia de estas cuatro compañías en el uso de gases fósiles en el sistema energético de la Unión Europea.

Las cuatro empresas –todas ellas bajo control público aunque administradas como empresas privadas– tienen entre sus accionistas a fondos de inversión como BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo que financia proyectos de fracking, la técnica de la fractura hidráulica.

Según esta investigación, las cuatro compañías obtuvieron en conjunto más de dos mil millones de euros en ganancias en 2018, con casi tres cuartos pagados en dividendos. Con este rendimiento, «los cuatro gestores de transporte de gas más grandes de Europa tienen un gran interés en mantener a la Unión Europea en un sistema energético dependiente del gas«, explica Pascoe Sabido, experto en clima y energía del Observatorio de Corporaciones Europeas (CEO) y miembro del grupo ENCO.

Enagás, Fluxys, GRTgaz y Snam han estado, en palabras de Sabido, «aprovechando su poder financiero y político para asegurarse que la UE invierta cada vez más dinero público en nuevos proyectos de infraestructuras en el sector, aunque, a largo plazo, esa inversión solo sirve para frenar la transición energética y asegurar más ganancias para la industria de combustibles fósiles en medio de la crisis climática».

El Proyecto Castor, MidCat y El Musel: los proyectos polémicos de Enagás en España

«La fuerza de lobby combinada», tanto de las cuatro empresas como de sus grupos de presión remunerados –casi 50 lobbistas–, tiene como objetivos el Parlamento Europeo, funcionariado de la Comisión Europea y el Consejo de la UE, según detalla el informe.

En este sentido, uno de los principales hallazgos de la investigación es que las 82 reuniones que estas empresas han mantenido con la Comisión Europea desde noviembre de 2014 se centraron «en proyectos controvertidos de gasoductos como MidCAT –gestionado por Enagás, GRTgaz y Snam– y TAP –el Gasoducto Trans-Adriático, el último tramo del Corredor Meridional del Gas, propiedad de Snam, Enagás y Fluxys– así como en el papel del gas en un futuro sistema energético».

Un mapa elaborado por ENCO muestra los once proyectos polémicos de estas cuatro empresas, entre los que están, además de los ya citados, el Proyecto Castor, en Castellón, o la planta regasificadora de El Musel, en Gijón, ambas gestionadas por Enagás.

Desde ENCO, de la gasista española destacan, además, sus puertas giratorias «al colocar en los consejos de sus empresas a antiguos presidentes y ministros de ambos partidos políticos –Partido Popular y PSOE– en cargos de peso con un buen sueldo».

Un ejemplo es el consejero delegado de Enagás Marcelino Oreja Arbúrua, que procede de una conocida familia de empresarios y políticos vascos. Es hijo de Marcelino Oreja Aguirre, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Adolfo Suárez y cofundador de la UCD, y primo de Jaime Mayor Oreja, nombre destacado de la historia del Partido Popular y ministro de Interior durante el gobierno de José María Aznar, el mismo que finalizó la venta de Enagás iniciada por su predecesor, Felipe González. Antes de llegar al consejo de Enagás en 2012, Oreja Arburúa había sido diputado del PP en el Parlamento Europeo. También es patrono de la Fundación Thyssen-Bornemisza y consejero del Mercado Ibérico del Gas (MIBGAS).

La dependencia al gas en un contexto de emergencia climática

Desde ENCO cifran los gastos totales en actividades de lobby de las cuatro empresas en más de tres millones de euros al año: «Una pequeña suma en comparación con los retornos obtenidos de los nuevos proyectos de infraestructura de gas».

En este sentido, Elena Gerebizza, investigadora en clima y energía de Re:Commons y parte de ENCO, señala que «con su poder de lobby, estas compañías han ayudado a construir la narrativa del gas como un combustible de transición» pero añade que «este cuento de hadas engañoso nos ha costado un tiempo valioso y existen riesgos de desperdiciar aún más dinero público cuando nos enfrentamos a una emergencia climática».

El informe cuestiona, además, que «la industria del gas dé un acceso tan privilegiado a nuestros dirigentes políticos». Como ejemplo, mencionan que este miércoles, el Comisionado de Clima de la UE, Miguel Arias Cañete, da el discurso de apertura en un evento coorganizado por el mayor grupo de gas de Bruselas: GasNaturally.