La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro fue el primer colectivo ciudadano que, como tal, inició una andadura para denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia: inscripciones de bienes hechas a su nombre en el Registro de la Propiedad al amparo del artículo 206 de la antigua Ley Hipotecaria que les permitía hacerlo aún sin tener título de propiedad sobre dichos bienes. Llegó a sacar a la luz más de un millar de bienes inmatriculados entre edificios, pisos, viñedos o ermitas en toda la comunidad. A imagen y semejanza de este colectivo, cuando se supo que la Iglesia había inmatriculado a su nombre por 30 euros la Mezquita-Catedral de Córdoba, otra plataforma ciudadana comenzó en 2014 su tarea para denunciar ésta y otras apropiaciones de edificios y bienes por parte de la Iglesia en Andalucía.

Tales denuncias, además de hacerse públicas, han llegado a las distintas administraciones de la mano de estas plataformas y otros grupos similares en distintos territorios del país. Y ante ello, ¿qué han dicho y hecho las administraciones competentes? He aquí un cronograma que repasa declaraciones y decisiones al respecto:

Desde Andalucía, la voz que denunció en 2014 las inmatriculaciones con el ejemplo de la Mezquita-Catedral de Córdoba como emblema fue la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos. Su denuncia tuvo respuesta, en varias ocasiones, en declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz defendió ante los medios de comunicación la titularidad pública de la Mezquita. En paralelo, la Junta encargó un informe jurídico sobre su competencia para pedir la titularidad del monumento.

No obstante, en septiembre de 2014, el Parlamento de Andalucía respaldaba la titularidad pública de la Mezquita y acordaba elevar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la antigua Ley Hipotecaria. Sin embargo, la moción se quedó sin efecto real tras la aparición de un informe jurídico al respecto.

Unos meses después, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos lleva su reclamación a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, donde obtienen el compromiso de los grupos de la izquierda para actuar. "El PSOE considera el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia la apropiación masiva de bienes públicos por la Iglesia católica", llega a titular una nota de prensa el diputado por Córdoba, Antonio Hurtado.

En diciembre de 2014, el consejero de Turismo de la Junta pide la gestión compartida de la Mezquita en el curso de una carta y posterior reunión con el Cabildo catedralicio. Isabel Ambrosio, delegada del Gobierno andaluz y posterior alcaldesa, solicitó días después la creación de un patronato conjunto para gestionar el monumento. De momento, no se ha dado ningún paso más para ello.

Recurso de inconstitucionalidad

A comienzos de 2015, la plataforma por una Mezquita-Catedral pública, junto a otros colectivos de todo el estado que denuncian las inmatriculaciones, pidieron en el Congreso de los Diputados la firma de 50 parlamentarios para elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la ley que amparaba las inmatriculaciones. No se reunieron firmas suficientes al negarse a hacerlo los grupos mayoritarios (PP y PSOE).

Entretanto, el Gobierno central reformó la Ley Hipotecaria en los artículos que amparaban a la Iglesia para inmatricular bienes. Si bien se eliminaba el privilegio de la Iglesia para realizar inmatriculaciones de bienes a partir de entonces, se consolidaban las apropiaciones ya hechas al no tener carácter retroactivo.

Un mes después y a nivel local, los exalcaldes de Córdoba Rosa Aguilar, Julio Anguita, Andrés Ocaña, Herminio Trigo y Manuel Pérez firmaron un compromiso escrito en defensa de la titularidad pública de la Mezquita, la recuperación del nombre, la difusión del listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia y su devolución al dominio público. En su cargo posterior como consejera de Cultura, Aguilar intercedió para que la Iglesia recuperara el nombre de Mezquita-Catedral y no nombrara el monumento sólo como templo católico.

También en Córdoba, en mayo de 2015, PSOE, IU y Ganemos firman ante las elecciones municipales un compromiso electoral para defender la denominación Mezquita Catedral en los soportes oficiales, impulsar programas de difusión de los valores históricos del monumento, solicitar una inspección del Icomos por la negación de su identidad, instar a la Junta a reconocer la Mezquita Catedral como conjunto cultural, promover una auditoría sobre los bienes inmatriculados y personarse en procesos de impugnación. Tras las elecciones, PSOE e IU ostentan el gobierno municipal en minoría, con apoyos puntuales de Ganemos y ningún punto del compromiso se ha llevado a cabo. El Ayuntamiento ha esgrimido un informe municipal que niega su legitimidad para recurrir la titularidad del monumento.

De nuevo en Madrid, también en mayo de 2015 es el PSOE quien registra una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a "reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia" en los bienes inmatriculados.

Precisamente de cara al Congreso, en diciembre de 2015, PSOE, IU y Ganemos se comprometen a incluir en sus programas electorales de las elecciones generales la recuperación de bienes inmatriculados irregularmente por la Iglesia.

Rechazo en el Parlamento Andaluz

Ya en 2016, en febrero, Podemos presentó una iniciativa en el Parlamento Andaluz sobre inmatriculaciones idéntica a la presentada por el PSOE en mayo de 2015 en el Congreso de los Diputados, para reclamar la titularidad de los bienes inmatriculados. Sin embargo, el PSOE andaluz se abstiene y la iniciativa no sale adelante.

Además de a la administración local, autonómica y los parlamentos, el debate de las inmatriculaciones ha llegado al Defensor del Pueblo con quien la plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos se ha reunido hasta en tres ocasiones y a partir de lo cual se abrió una vía de diálogo y negociación sin resultados de momento.

En otras regiones del país, la denuncia de las inmatriculaciones también ha llegado a las administraciones. Es el caso de Aragón, donde en 2015 el colectivo Mhuel documentó la inscripción de edificios emblemáticos en Zaragoza o Jaca a nombre de la Iglesia. La inmatriculación de la catedral de Jaca, formalizada por su obispado unos días antes de que dejara de estar vigente la reforma de la Ley Hipotecaria que permitía a la iglesia autocertificar la propiedad de edificios y terrenos, hizo que las Cortes de Aragón aprobaran, a propuesta de Podemos, una resolución que insta al Gobierno autonómico a buscar los medios para intentar revertir esa anotación registral y reclamar su titularidad como bien de dominio público, así como a efectuar un inventario de los inmuebles inmatriculados por las instituciones eclesiásticas desde 1998.

Por su parte, en Navarra, el Pleno del Parlamento aprobó en abril de 2016 una resolución por la que se insta al Gobierno navarro a cumplir la resolución del mismo parlamento en junio de 2012 para "recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra, desde 1946 hasta hoy". Asimismo, se emplaza al Gobierno de Navarra a "solicitar a las Diócesis de Pamplona y Tudela que devuelvan los bienes inmatriculados. Y, caso de no ser así, a que procedan de uno en uno de forma pública y notoria, a fin de preservar los derechos que pudiesen ostentar terceros sobre dichos bienes".

En el País Vasco, igualmente, en junio de 2015, su parlamento aprobó una propuesta en la que reclaman con urgencia un listado de todo lo inmatriculado por la Iglesia desde 1978 con el fin de recuperar los bienes adquiridos indebidamente. En la proposición aprobada apelan a diversos estamentos públicos como Gobierno vasco y Diputaciones forales para que colaboren en el proceso.

En el caso de Baleares, el gobierno autonómico anunció en abril de 2016 su apoyo a los municipios que “reivindiquen la titularidad pública” de bienes inmuebles que «han sido apropiados por la Iglesia» mediante las inmatriculaciones.

Y más recientemente, en Canarias en septiembre de 2016, el Parlamento Canario aprobó que se hicieran públicos todos los bienes in-matriculados por la Iglesia Católica desde el año 1946, en una proposición en la que también se insta al Gobierno del Estado y al Gobierno Autónomo de Canarias a realizar, en colaboración con las entidades locales y el registro de la propiedad, un inventario del patrimonio total afectado por las in-matriculaciones efectuadas por la Iglesia católica en Canarias desde la puesta en vigor de la Ley Hipotecaria de 1946, y su posterior actualización de 1998.