Aun cuando el Estado mexicano ofreció un disculpa pública por el asesinato a manos de militares de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no ha llegado la justicia para las víctimas, pues nueve años después, no hay ningún sentenciado en el caso.

El 19 de marzo de 2010, elementos del Ejército mexicano abrieron fuego contra los dos estudiantes en la capital de Nuevo León cuando salían de las instalaciones de esta casa de estudios.

Aún vivos, los estudiantes fueron golpeados por los militares y, una vez que perdieron la vida, a ambos les fueron colocadas armas, y en su contra las autoridades estatales y federales inventaron una historia totalmente ficticia: que ambos descendieron de una camioneta que era perseguida por el Ejército, y que dispararon contra los soldados, obligándolos a emplear fuerza letal.

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En el intento de ocultar este doble asesinato, los militares destruyeron una de las cámaras de vigilancia del campus universitario, y luego las autoridades estatales requisaron los videos captados por todas las cámaras de seguridad, encubriendo su contenido.

Cinco meses después de los hechos, sin embargo, las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) permitieron conocer todas las irregularidades cometidas por las autoridades, orientadas a brindar impunidad a los militares implicados, así como librar de responsabilidad institucional al Ejército, y en agosto de 2010, el ombudsman nacional exigió emprender investigaciones penales en contra de los homicidas, así como ofrecer una disculpa pública a las familias de los estudiantes, por haber atentado contra su honorabilidad.

Esa disculpa fue exigida por la CNDH al gobierno federal encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón, cosa que no ocurrió, y en esa omisión fue secundado por su sucesor, Enrique Peña Nieto.

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Ambas administraciones federales, no obstante, concluyeron sin que cumplieran la obligación de ofrecer una disculpa por el asesinato de los dos estudiantes, y por haber ensuciado su nombre, lo cual fue cumplido hasta este 19 de marzo de 2019, por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, aún queda pendiente la aplicación de la justicia en contra de los militares que participaron en el asesinato de Javier Francisco y Jorge Antonio.

A nueve años de los hechos, explicó Rosy Mercado, mamá de Jorge, de los seis militares implicados en los hechos, solo tres han sido presentados a juicio (sin que hasta la fecha se alcanzara una sentencia) y los otros tres están prófugos, uno de ellos en calidad de “víctima de desaparición”.

Aun cuando desde 2010 se pudo establecer la existencia de claros indicios de que los militares hirieron con arma de fuego a estos estudiantes cuando salían de su casa de estudios, luego los mataron a golpes, y finalmente alteraron la escena de los hechos para hacerlos pasar como supuestos sicarios, fue hasta 2016 que se consignó la causa penal con seis presuntos involucrados, tres de ellos prófugos.

Así, el proceso los tres militares que sí están detenidos (los tres de rango menor: un cabo, un sargento y un teniente) se ha prolongado por más de dos años, y no existe una perspectiva de próxima sentencia.

“Con las autoridades, desde que empezamos hemos batallado muchísimo –explica la señora Mercado–, y no fue hasta que entró este gobierno (el de López Obrador) que llegó gente con voluntad de hacer las cosas y de que realmente se dé un cambio.”

Solo así, subrayó, “se pudo lograr esta disculpa pública, que desde un principio habíamos nosotros exigido, desde hace nueve años, porque al principio nosotros solo pedíamos que se limpiara el nombre de los muchachos, aunque no hubiera una sentencia, pero eso era cuando todavía no sabíamos cómo los habían asesinado los soldados.”

Porque #TodosSomosJorgeyJavier

Hasta que “descubrimos cómo los asesinaron fue que cambió nuestra perspectiva –afirmó–, y ahí dijimos que también queríamos justicia, conforme a derecho”, y esa exigencia de justicia, subrayó, aún está pendiente de atenderse.

Para nosotros era muy importante que esta disculpa se diera, y se difundiera ampliamente, tal como hace nueve años se dijo que los muchachos eran sicarios, y que iban armados hasta los dientes”, lo cual era mentira.