Según estimaciones de organismos internacionales el costo de la corrupción es equivalente al 5 % de Producto Interno Bruto (PIB) global, eso para Centroamérica significa alrededor de 13 mil millones de dólares y alrededor de 1,300 millones para El Salvador. Ese impacto económico también termina repercutiendo en el desarrollo social, planteó Octavio Martínez Argüello, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School.

"En términos sociales eso lo implica es una limitación de la capacidad de nuestros gobiernos de ofrecer bienes y servicios que son importantes para el bienestar de nuestros ciudadanos", dijo Martínez, uno de los conferencistas que participaron en la inauguración de la "Semana de la Transparencia 2019" que organiza el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

A diferencia de otros años, la presidenta de DTJ, Claudia Umaña, sostuvo que hay una nueva instancia que es la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), de la cual todavía hay dudas sobre su funcionamiento y autonomía. Por eso, Umaña dijo que es necesario asegurarse que no se usará como un instrumento político y que el acuerdo suscrito sea ratificado por la Asamblea Legislativa.

El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, indicó que no se debe de correr ningún riesgo ya que se necesita una instancia internacional de apoyo a la Fiscalía. "¿Qué pasa si de repente nos vuelve otro Luis Martínez en la próxima elección?, entonces lo único que nos puede ayudar a que realmente un Luis Martínez no vuelva a renacer y a resucitar en la fiscalía es que exista algo que le haga contrapeso", dijo.