Las posiciones de los barones ante la batalla de la reforma del sistema de financiación autonómica se van clarificando. Son mayoritarios los que pretenden que el Estado les perdone o alivie la deuda en la línea propuesta por el líder del PSC, Miquel Iceta, y que vascos y navarros paguen más que hasta ahora al sistema.

La mayoría de las comunidades autónomas reclama al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabar con "el privilegio" del País Vasco y Navarra forzándolas a aportar más, y pide que el Estado perdone deuda autonómica al resto, según las cartas remitidas al Ministerio a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Aunque el Partido Popular y el PSOE votaron a favor de la Ley del Cupo vasco en el Congreso de los Diputados, existe un clamor en contra en las comunidades que gobiernan ambos partidos. Trece gobiernos autonómicos se pronuncian en la documentación remitida a Hacienda a favor de que vascos y navarros "aporten a la solidaridad". Son todas las comunidades menos Cataluña -que no participa en la negociación por ahora-, las dos comunidades forales y Canarias.

Los gobiernos autonómicos no cuestionan el derecho constitucional a que tengan régimen foral, pero sí que eso se traduzca en nula aportación a la solidaridad territorial.

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido su "valoración" sobre cómo debe ser el nuevo sistema de financiación a partir del informe del comité de expertos y se pronuncia así sobre País Vasco y Navarra: "Respecto a las comunidades forales, la Comunidad Autónoma de Andalucía se muestra conforme con la propuesta realizada en el Informe de Expertos dirigida a abordar un recálculo del Cupo vasco y de la aportación navarra a fin de que el reconocimiento de sus derechos forales no se traduzca en privilegios financieros injustificados".

Para la Junta de Castilla y León, "esta situación provoca perjuicios" al resto de comunidades. "El sesgo a favor de las Haciendas forales disminuye los ingresos del Estado y, como consecuencia, el Estado ve reducidos los recursos financieros de que dispone, lo que le impide incrementar la financiación a las comunidades autónomas de régimen común (...) y se producen situaciones de competencia fiscal desleal". Para el equipo de la consejera castellano-leonesa, Pilar del Olmo (PP), "es necesario abordar esta cuestión en la reforma del sistema de financiación autonómica". El Gobierno cántabro reproduce literalmente la posición de Castilla y León.

También el informe remitido por el socialista valenciano Vicent Soler se pronuncia en parecidos términos: "Los datos confirman que las condiciones en las que desempeñan sus funciones las comunidades comunes y forales son muy distintas, disfrutando las segundas de una financiación privilegiada o padeciendo las primeras una gravísima infrafinanciación".

Los consejeros socialistas de Aragón, Asturias, Extremadura o Baleares o los de Madrid o Murcia del PP, coinciden en que "las comunidades forales deberían participar en la nivelación interterritorial mediante una aportación al nuevo sistema". La Xunta de Galicia y el Gobierno riojano reclaman transparencia en el cálculo del Cupo y el de Castilla-La Mancha destaca que "la desigualdad en términos de financiación por habitante con respecto a las Comunidades Forales, quiebran el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos del conjunto de comunidades".

El Estado va a tener que afrontar quitas de deuda autonómica o, al menos, "reestructuración", es decir que rebajar los tipos y alargar plazos de devolución, si Montoro se pliega a la amplia mayoría que defiende un alivio de su endeudamiento. Entre las más resueltas en favor de la quita figuran la Comunidad Valenciana, Baleares o Castilla-La Mancha a la espera de la nueva Generalitat de Cataluña que es la que más necesita la condonación. Otras, como la Junta de Andalucía también se apuntan a la quita de este modo: "Si en algún momento se optase por la propuesta basada en la condonación, la Comunidad Autónoma de Andalucía consideraría adecuado un mecanismo generalizable a todas las CCAA (...) ponderando adecuadamente los esfuerzos previos de consolidación fiscal y gasto primario por habitante".

También Murcia suscribe, pero cree que "el procedimiento de reducción de deuda ha de efectuarse de manera objetiva y transparente y con un criterio que evite el problema de riesgo moral, excluyendo la parte de la deuda autonómica acumulada por una mayor propensión relativa al gasto, afectando sólo a la parte debida a la infrafinanciación del sistema. Además, debe ir acompañada de una fuerte condicionalidad". Canarias admite la quita siempre que "no suponga un perjuicio en modo alguno para aquellas que incrementaron su endeudamiento en menor medida". Para Aragón, la condonación "no parece, de entrada, la mejor alternativa, pero pudiera ser aceptable en el buen entendimiento de que se trata de un instrumento de nivelación vertical y no de un fin u objetivo en sí mismo". La Junta de Castilla y León también sostiene que pueda haber quitas si todas las comunidades se benefician. El conjunto de las CCAA adeudan al Estado actualmente más de 157.000 millones. Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las más endeudadas con el Tesoro.

Al otro extremo de las peticiones de alivio se colocan la Xunta de Galicia y la Junta de Extremadura, claramente contrarias a las condonaciones. También la consejera de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, aunque ésta añade, al igual que Asturias, el matiz de que, si hay quitas, deberá haber dinero por otra vía para los no endeudados: "Si se incluyera cualquier tipo de actuación relacionada con la deuda autonómica o con los mecanismos adicionales de financiación [FLA] habría que compensar a las regiones como Madrid que han cumplido en mayor grado y que, por tanto, han hecho un menor uso de los citados mecanismos».