Los esquemas de utilidad compartida no son la única vía para tener un mejor energético, las grandes petroleras privadas subcontratan su tecnología a otras empresas que no demandan una parte de la renta ¿tiene sentido a nivel internacional la reforma energética?

La propuesta de reforma energética del gobierno federal incluye la apertura del sector energético a través del mecanismo de contratos de utilidad. Dicha reforma parte de la tesis que Pemex y CFE no tienen los recursos para hacer frente a sus necesidades futuras (tecnología fundamentalmente) de exploración y producción de hidrocarburos y de generación de electricidad respectivamente.

El objetivo es que las grandes empresas privadas en el mundo presten su conocimiento, tecnología y recursos al convertirse en socias del estado.

Este planteamiento asume que esta es la tendencia en el mundo y que las grandes empresas operan de formas semejantes pero, ¿esto es cierto?, ¿cuál es la tendencia en el mundo?

Saudi Aramco, Gazprom, NIOC, PetroChina, Kuwait Petroleum y Pemex son empresas estatales (Pemex siendo el número ocho entre las empresas más grandes de acuerdo con Bloomberg) casi todas superan de forma muy amplia a las cuatro privadas más grandes: Exxon Mobil, Shell, BP y Chevron.

Las empresas privadas cada vez son jugadores de menor importancia en el sector petrolero, cada vez controlan menos reservas e incurren en costos mayores para extraerlas, las empresas estatales dependen mucho menos de ellas porque los estados están optando por invertir en desarrollar su propia tecnología o comprarla. En la industria petrolera se vive claramente una era de campeones nacionales.

Uno de los argumentos que se siguen en la reforma es que estas grandes empresas privadas son las únicas que tienen la capacidad tecnológica para llevar a Pemex a donde deseamos, sin embargo, desde la década de los ochenta, las grandes petroleras privadas subcontratan tecnología a otras empresas como Schlumberger y Halliburton, que venden su tecnología y colaboran con empresas públicas sin demandar una parte de la renta, como con Petronas, de Malasia.

La razón de esta tendencia en el mundo es muy obvia y es la maximización de la renta petrolera, incluso en países como Dinamarca una de las democracias liberales más reconocidas en el mundo el estado tiene dominación sobre el sector petrolero, esto es porque en el sector petrolero la tendencia es que triunfe el pragmatismo sobre cuestiones ideológicas. Un caso parecido es el de Chile con el cobre, país radicalmente abierto a liberalizar sectores y tener poca intervención y regulación del estado, pero que mantiene total control sobre ese sector por su dependencia fiscal del mismo.

La renta petrolera, no sólo está en función de una mayor producción, sino de los costos de la misma, en una reforma donde los contratos permiten el compartir un porcentaje de la utilidad y donde una parte de las reservas pase a la contabilidad de las empresas privada, se necesitaría que la producción creciera de forma muy significativa para compensar dicha pérdida de utilidad en los contratos, que debido a las más altas primas de riesgo no será menor.

En particular en casos de muy alto costo como el la extracción de petróleo y gas de lutitas bituminosas (shale gas y shale oil). Si el objetivo es la maximización de la renta petrolera entonces este aspecto debe ser tratado con mucho cuidado.

La renta petrolera representa alrededor de un 30% de los recursos fiscales en el país, una pérdida de esta renta, obligaría a un incremento de impuestos para cubrirla, o a incurrir en déficits públicos mayores para sustituir esos recursos o a disminuir el gasto público; todas estas con potenciales repercusiones en crecimiento económico.

El esquema de contratos tal como se habla en la reforma no es nuevo, de hecho es un esquema muy semejante al que se ha usado en Brasil y en Venezuela tal como describe Juan Carlos Boué. Y es un diseño que no maximiza la renta petrolera. Tal como menciona en su artículo, Brasil tiene una renta petrolera mucho menor a la de México a pesar de tener un flujo financiero mayor. Si el objetivo como se anuncia es el maximizar la renta petrolera, entonces claramente este mecanismo no lo asegura.

Si la maximización de la renta petrolera es el verdadero objetivo y la tecnología sí existe en el mercado y el problema de Pemex son los recursos para adquirirla; llegamos a una conclusión inevitable; la reforma fiscal debe, por necesidad, anteceder a cualquier intento de reforma energética.

La razón es simple y muy discutida, si se libera la carga fiscal de Pemex y se le permite invertir en la adquisición de tecnología y en desarrollar el conocimiento necesario para explorar y extraer en terrenos complejos podrá ser más eficiente, incrementar su producción y con ello la renta petrolera. La reforma trascendental es por lo tanto la fiscal, de acuerdo a datos de la IEA (Agencia Internacional de Energía) México es uno de los países en el mundo con mayor dependencia fiscal en su explotación petrolera y sabemos que a su vez México es uno de los países con menor recaudación fiscal en el mundo.

Asegurar el pago de impuestos de todos aquellos que los eluden o evaden, y a su vez asegurar un sistema progresivo en su cobro es prioritario. Eso generaría los recursos para que Pemex pueda invertir en sí misma. Una buena reforma fiscal tendría la ventaja de promover el crecimiento económico, asegurar una mejor provisión de bienes públicos que a su vez tienen repercusiones en menor desigualdad y estabilidad económica y social e invertir en energías alternas donde tenemos claras oportunidades de producción eficiente.

Incluso desde la perspectiva de la corrupción que existe en México, el esquema de contratos elegido para la reforma está lejos de ser seguro, una de las fuentes más grandes de corrupción en nuestro país está en la asignación de contratos públicos, en las licitaciones. Exponer un sector tan vital en las finanzas públicas a un mal tan presente en los negocios de carácter público en México es un riesgo muy grande y que no vale la pena correr.

La tendencia en el mundo es justo la opuesta a la que el gobierno mexicano persigue con la reforma, su lógica está llena de objetivos que se contraponen entre sí; incluso si resultara absolutamente necesaria la participación privada, lo primero que se debería garantizar es la transparencia en la asignación de contratos y contar con un marco legal sólido que dé claridad a los derechos de propiedad. El debate público sobre lo que se debe hacer en el sector energético debe alejarse de falsos discursos ideológicos en la dicotomía de derecha-izquierda o sobre si el estado o el mercado es el parangón de la eficiencia (ambos pueden ser o no ser igual de eficientes) sino en cuál es la realidad mexicana y que es lo deseable para el país. La reforma fiscal y la energética son dos caras de la misma moneda y tienen una problemática común, es ahí donde la discusión se debe centrar.

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