El tratado busca que se mejore el acceso a la información y la participación pública de la ciudadanía tenga mayores atribuciones y se reconozca su derecho a tener acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

Mientras las comunas de Quintero y Puchuncaví continúan en crisis producto de la contaminación que ha afectado a sus residentes, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt anunció que Chile postergará la firma del tratado de Escazú.

Junto con señalar que la decisión se tomó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que «Cancillería ha solicitado que por razones internacionales se postergue su firma y vamos entregar información cuando la tengamos».

De acuerdo al protocolo, la firma está programa para que se realice el 27 de septiembre en la Asamblea de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York.

A esta cita estaba previsto que el gobierno asistiera como uno de los 24 países firmantes, como se estableció el 4 de marzo de este 2018, lo que ya fue descartado.

Pero, ¿en qué consiste el tratado de Escazú? Básicamente reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sano, por lo que este acuerdo busca que tengamos mayor información sobre éste y cómo es afectado por proyecto com hidroeléctricas o termoeléctricas.

También, establece el derecho de la ciudadanía a ser consultada previo a que se instale o se desarrollo un proyecto de esta naturaleza si afectan o generan un impacto medioambiental. Junto a esto, se recalca que las personas tienen el derecho a recurrir a la Justicia si consideran que el medio ambiente es afectado negativamente o si no se toma en cuenta su opinión.

Es decir, el tratado busca que se mejore el acceso a la información y la participación pública de la ciudadanía tenga mayores atribuciones y se reconozca su derecho a tener acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.