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Primera parte de la crónica de nuestro enviado especial a El Aguilar, el pueblo de Jujuy donde gobierna un intendente indio, pero bajo la vigilancia de la empresa minera.

(Especial desde El Aguilar, Jujuy)

Silencio. Todo rodea de silencio a las alturas de El Aguilar, situada a 3700 metros sobre el nivel del mar, en la puna fría y agreste. Silencio y, también, el silbido constante del viento que, quizás, sea una variante del silencio. Cuatro mil personas viven en este departamento de la provincia de Jujuy, gobernado por el kirchnerista Eduardo Fellner . La mayoría habita las barracas construidas por la compañía minera para dar alojamiento a sus trabajadores. Le dicen: “campamento”. Pero no hay carpas ni pasto ni la idea de pasar un rato nada más: hay mineros y sus familias, seiscientos chicos que estudian en la escuela técnica del lugar, visitan médicos del hospital de la empresa cuando se enferman y rinden culto a Santa Bárbara, patrona de los trabajadores de la mina. En estos parajes gobierna, desde diciembre de 2011, el intendente Sergio Laguna, primer alcalde indígena –de la etnia colla-, elegido por su partido Movimiento Comunitario Pluricultural, de raigambre indigenista, que sacó el 40% de los votos y desalojó del municipio al Frente Para La Victoria. Es la primera vez en la historia del país que una organización de esa tendencia llega al gobierno, aunque sea de un pueblo pequeño perdido entre las cumbres montañosas. Su mandato intenta oponerse al silencio.

Por ejemplo, es poco conocido -es decir, está silenciado- que El Aguilar es un municipio que se encuentra dentro de los límites impuestos por la empresa Mina El Aguilar y que, por lo tanto, debe someterse a la ley de la compañía. Como si se tratara de la comarca que describe Franz Kafka en El castillo, todo está controlado desde el mando central del lugar, que responde a Glencore International, una de las megamineras más poderosas a nivel mundial, con sede en Suiza. El emprendimiento comenzó hace más de ochenta años, habitan en esos parajes hijos, nietos y bisnietos de mineros que también desarrollan sus actividades en la mina, de la que se extrae plomo, zinc y plata. Hay treinta y cinco niveles de galerías subterráneas, pero para seguir extrayendo los materiales a los que se dedica, la Glencore decidió incursionar en la minería a cielo abierto y comenzaron, entonces, a explotar las montañas del lugar. Explotar: es decir, volar por los aires, derruir con explosivos, fragmentar con violencia para, luego, mediante procedimientos con químicos peligrosos, extraer los minerales tan buscados.

Sergio Laguna, el intendente, conduce su auto desde Humahuaca -donde asiste a unos cursos de formación en políticas aborígenes unos días a la semana- y acepta llevar a plazademayo.com en su periplo. «Nací acá, conozco cada aguada, cada ojo de agua, cada sendero. De chico pastoreaba y sembraba. Me he criado pastoreando mis ovejas, mis cabras, cargando mi burro. Con nuestro burro íbamos a la ciudad a intercambiar productos», cuenta. Laguna hizo el servicio militar («hice la colimba, por eso tengo la celeste y blanca marcada a fuego en el corazón»). «Fui elegido intendente por el Movimiento Comunitario Pluricultural -explica sobre el partido que ganó con el 40 por ciento de los votos derrotando al Frente para la Victoria y que tiene actividad en toda la zona de la Puna humahuaqueña-. Es un movimiento que proviene de las comunidades. Su nombre dice todo. Formamos parte del movimiento Pachakuti. Es comunitario porque todas las decisiones se toman en la comunidad, en asamblea, no de manera unilateral como se hace en la política tradicional. Y pluricultural porque debemos aprender de lo que pasamos. No podemos ir en el reproche ni en la imposición de nosotros mismos sobre nuestros hermanos». Según los vecinos de la zona, hubo un voto castigo al oficialista Frente para la Victoria que permitió la emergencia del grupo que reivindica los valores de los pueblos originarios y que conquistó la alcaldía y dos concejales. Sin embargo, no es fácil gobernar cuando la región está gobernada por la empresa minera.

«La jurisdicción de la municipalidad de El Aguilar está dentro de lo que es el campamento minero -describe Laguna-. Están juntos el Estado privado, capitalista, que puede todo y nosotros, el Estado estatal, que estamos ahí para ver qué podemos hacer para mejorar. El funcionamiento de la minera es como en la dictadura. Para entrar tenés que pedir permiso. Se le pide permiso a la minera. ¿Cómo se entiende eso? Nosotros como Estado somos más que una empresa, pero en El Aguilar lamentablemente sucede al revés. Nosotros tenemos que pedir permiso para poder circular. Ellos tienen todo el respaldo e imponen eso como regla. También hay que ver el lado positivo. Es bueno el control».

-Pero, ¿no debería el Estado encargarse de ese control, si fuera bueno? -pregunta plazademayo.com.

-Exactamente. Si vos querés hacer una fiesta, una actividad social, tenés que pedirle permiso a la minera para ver si autoriza, ¡pero nosotros somos la municipalidad! ¿Cómo es que el Estado tiene que pedirle permiso a una empresa privada? Hay también mucho silencio sobre esto, porque muchos dependemos del trabajo en la minera para mantener a nuestras familias, casi todos. He solicitado reuniones con el gobernador, pero no me ha recibido todavía. No creo que daba ser así. Tiene que reconocer que somos gobierno».

«Es completamente ilegal. Mina El Aguilar es una de las tantas mineras que comete delitos ambientales y gana dinero a costa de la salud de los ciudadanos -señala el fiscal general Gustavo Gómez–. Cuando era jefe de la UFIMA (organismo que fiscaliza temas ambientales) abrimos una causa contra mina El Aguilar debido a los desbordes del dique de cola. El propio gobierno de Jujuy dice que la mina está contaminando con plomo el agua de la ciudad, agua que consumen los niños del pueblo, y no hace nada. También está la cuestión de que nadie que no esté autorizado por la empresa, y mediante el registro de la Gendarmería Nacional, puede entrar al pueblo. Lo cual es ridículo. Constitucionalmente es un grave error. Es absolutamente ilegal».

«Una vez vino un pariente de Buenos Aires y yo no estaba en el pueblo. Como no tenía autorización se tuvo que volver -recuerda el intendente Laguna-. Es un Estado dentro del Estado».

El camino hacia El Aguilar está rodeado de picos y de la inmensidad que provoca estar tan cerca de los cielos. Laguna regresa al pueblo que lo eligió alcalde y lo convirtió en el primer indigenista con un puesto ejecutivo en el país.

-¿Las comunidades indígenas de la zona tomaron con alegría su elección?

-Sí, todas. Hubo festejos. Yo soy feliz. Lo que me pasó es algo único y va a quedar en la memoria no sólo mía. Es el Pachakuti positivo que me ha dado responsabilidades y obligaciones. La whipala no es una bandera, es un símbolo que trasciende las fronteras. Todos los cuadros son iguales y nos representa a las personas, los colores nos indican que somos de alguna manera diferentes, pero que no por eso somos más que el otro. Están ahí la reciprocidad, la igualdad, todos los principios de los originarios. Ahora en los actos también izamos la whipalla. Es lo máximo que me puede pasar. Es levantar la sangre derramada de mis ancestros, que murieron por defender lo que era de ellos. Y con esa bandera se hace presente la lucha de ellos de tantos años. Por algo hay que empezar, y me tocó hacer esta tarea.

El auto llega a la garita de control. El intendente Laguna baja con la documentación para registrar el ingreso a su pueblo. La noche comienza a caer. A partir de ese lugar, los caminos y las rutas son privadas.