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Este jueves entra en vigor la reforma del Registro Civil que modifica los trámites para obtener la nacionalidad española por residencia. La gestión, gratuita hasta ayer, costará entre 185 y 306 euros, dependiendo del idioma del país de origen del solicitante, que deberá pagar una tasa por iniciar los trámites, una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y, en algunos casos, otra de idioma. Con motivo del cambio de normativa, los registros civiles de diferentes ciudades han acumulado largas colas durante la última semana.

Ser español es más caro —y también más difícil— a partir de este jueves. Los extranjeros que residen en España y que quieran pedir la nacionalidad tendrán que abonar ahora una tasa inicial de 100 euros únicamente para iniciar el trámite e independientemente de cuál sea el resultado final. El proceso era gratuito hasta ayer. Sin el pago previo, no se tramitará el expediente.

Todo aquel solicitante de la nacionalidad española tendrá que superar, además, una prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Se trata de un examen tipo test de 25 preguntas. Para aprobarlo, los ciudadanos deberán contestar correctamente al menos 15 preguntas en 45 minutos.

Para poder hacer el examen habrá que pagar 85 euros. Este monto da derecho a dos intentos. El primer examen será el próximo 29 de octubre.

Si el ciudadano no proviene de algún país donde el castellano sea lengua oficial, también deberá someterse a una prueba de idioma en el Instituto Cervantes para obtener el diploma de español DELE, con un nivel A2 (preintermedio, el segundo nivel de dificultad después del básico) o superior. La matrícula del examen, cuya primera convocatoria será el 20 de noviembre, cuesta 124 euros, según la agencia Europa Press.

Los aspirantes cuya lengua materna sea el español estarán exentos de la prueba lingüística, pero sí tendrán que demostrar sus conocimientos de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas. El examen de integración es ineludible.

Los menores de 18 años y las personas "con capacidad modificada judicialmente" estarán exentos de pasar estas dos pruebas.

El sistema empleado hasta ahora ha sido polémico porque no había un criterio común en las preguntas que los encargados de cada Registro Civil realizaban a los solicitantes para evaluar su "grado de integración en la sociedad y cultura españolas".

Colas interminables

El trámite requería, además, enviar una documentación en la que bastaba con que se probaran los requisitos que se exigen en función del país de origen del solicitante y la ausencia de antecedentes penales. Convalidar estos documentos tiene un coste de alrededor de 30 euros.

Con la nueva ley, que fue aprobada el pasado mes de julio, se exige haber residido de forma legal y continuada en España durante al menos 10 años para acceder al procedimiento salvo excepciones: cinco años si el aspirante es un refugiado; dos años, si procede de países iberoamericanos, Andorra o antiguas colonias españolas; uno, si ha nacido en España, ha estado bajo tutela en el país o es hijo o nieto de españoles.

El panorama de los registros civiles de diferentes ciudades españolas en los últimos días ha sido de colas interminables y funcionarios colapsados que tramitan las solicitudes de los cientos de inmigrantes que apuran las últimas horas de gratuidad del servicio, que ahora pasará a tramitarse electrónicamente.

Las colas no se producen tanto por el miedo al contenido del nuevo examen como por evitar el pago de las tasas. Alí, procedente de Ghana, ha hecho 28 horas de cola en el Registro Civil de Madrid con tal de resolver su situación antes del cambio de normativa, pues desde hoy todo será "más difícil" y requerirá "muchísimo papeleo", según comentó a la agencia Efe en un buen castellano.