Mucho se ha especulado acerca de lo que realmente sucedió en La Salada. Cada día pierde peso la creencia de que fue una denuncia de Elisa Carrió lo que disparó el procedimiento parcial. Prevalece la idea de que había una investigación en curso probablemente porque uno de los propietarios del complejo había negociado con un sector de Cambiemos para quitarse de encima al otro propietario en una actividad que ha alimentado a la política desde hace 20 años. Alguno le agregó la idea de presionar a Martín Insaurralde, de quien se pretendía que saltara a Cambiemos. Pero, en definitiva, y Eduardo van der Kooy lo reportó en el Clarín dominical, las malas noticias de la economía impusieron el tema en la agenda: había que tapar aquello que no convenía. En la cuestión de La Salada como sinónimo de corrupción también apareció la cuestión de la evasión tributaria (aunque bastante ya se había avanzado en la normalización de la actividad en los galpones, no tanto en los puestos en la calle) y el 'truchaje' de marcas y diseños (un tema vidrioso porque los talleres que trabajan para los legales también trabajan para los ilegales, y de eso viven muchas costureras y trabajadores informales). Pero es muy interesante lo que propone el Instituto para el Desarrollo Social Argentino al incluir en la agenda de La Salada la cuestión tributaria de todos los comercios, que con esta feroz presión impositiva que imponen políticos nefastos y un Estado extorsivo, vuelve inviable casi cualquier actividad comercial. Los políticos vienen escapando al debate público (de hecho, el PRO ni lo abordó en casi 2 años, ¿qué queda para el populismo de CFK?) pero, por ejemplo, la doble imposición llamada Ingresos Brutos es inviable. Requiere algún pronunciamiento judicial importante (de lo contrario ¿para qué le pagamos a los magistrados y régimen previsional de lujo?). Ni hablar del impuesto al cheque, que hay que decidir renovarlo o no. Vayamos al tema de Idesa:

Por Urgente 24 Friday 30 de June de 2017 18:17 hs Compartí esta nota Imprimir