El Gobierno de Nicaragua excarceló este lunes bajo un régimen de casa por cárcel a 91 opositores que se encontraban detenidos, entre ellos la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens, con la voluntad de trabajar por la “reconciliación” nacional.

"Hoy 30 de diciembre se han reintegrado a sus hogares bajo un régimen especial de convivencia familiar" de prisión domiciliaria 91 opositores nicaragüenses, anunció el Ministerio de Gobernación, que controla los penales, en un comunicado.

Las liberaciones fueron posibles gracias a las gestiones del papa Francisco, el nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, señala la nota.

Con esta medida, el gobierno del presidente Daniel Ortega busca "contribuir a la reconciliación", subrayó por su parte la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, a medios oficiales, sin descalificar por primera vez en mucho tiempo a la oposición.

Esto "muestra el compromiso de este gobierno de avanzar alrededor de la convivencia", agregó.

Entre los excarcelados están Coppens y otros 12 opositores que fueron detenidos el pasado 14 de noviembre por intentar auxiliar con agua a un grupo de mujeres que realizaba una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los "presos políticos" en Nicaragua.

"Siento una mezcla de alegría de ver a mi familia y de rabia por ver cómo (mis dos hermanos) fueron agredidos hace unos días" por grupos armados durante una protesta pacífica, dijo Coppens a la AFP, poco después de llegar a su ciudad natal de Estelí (norte).

La joven calificó además de "infundados" los cargos de tráfico ilegal de armas que le imputó la Fiscalía junto a otros opositores por solidarizarse con las mujeres en ayuno.

Coppens, de 25 años, dijo que va a seguir exigiendo de manera cívica "libertad, justicia y democracia para Nicaragua", pese a que ha sido encarcelada dos veces en los últimos dos años y grupos progubernamentales vigilan su casa de cerca.

La joven fue detenida por primera vez en septiembre de 2018 por participar en las protestas que estallaron en abril de ese año contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 13 años y bajo acusaciones de corrupción por parte de la oposición.

Según Coppens, quien en su segunda estadía pasó 46 días detenida en la temida cárcel policial El Chipote de Managua, en las prisiones hay "casos de torturas y maltrato" de opositores.

La oposición impulsa con fuerza desde hace varias semanas una campaña en favor de una "Navidad sin presos políticos".

Hasta el 27 de diciembre había en las cárceles nicaragüenses 148 opositores detenidos, de acuerdo a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

"Aún quedan hermanos en las celdas, el régimen debe liberar a todos los presos políticos", demandó la opositora ACJD en un comunicado.

El director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, celebró en la red social Twitter como "buenas noticias la liberación de presos políticos hoy en Nicaragua".

"Hoy celebramos mi salida de la cárcel, donde nunca debí haber estado por estar luchado por algo que es justo. ¡Viva Nicaragua libre!", expresó a su vez la opositora María Ruiz.

La empresa privada, la oposición y grupos humanitarios también festejaron las excarcelaciones de cara al nuevo año.

"Se trata de un paso positivo para restituir la libertad plena de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas", elogió la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Twitter.

OACNUDH alentó a Nicaragua "a seguir el camino del diálogo" para resolver la crisis y "colaborar" con ese esfuerzo.

Según la CIDH, ente autónomo de la OEA, los choques entre manifestantes, policía y grupos progubernamentales iniciados a mediados de 2018 dejaron al menos 328 muertos, centenares de detenidos y 88.000 exiliados.

La crisis ha provocado además una profunda recesión económica en Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio, dejando en el desempleo a más de 150 mil personas, de acuerdo al gobierno, y a más de 400 mil, según el sector privado.