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Tras derrota de la guerra civil, con aplastamiento de movimiento obrero, y la práctica liquidación de todas sus organizaciones, a finales de la década de los 50 e inicio de los 60 del siglo pasado las nuevas hornadas de trabajadores jóvenes se incorporan a la lucha, reconstruyendo un nuevo y vigoroso movimiento obrero que protagoniza importante luchas.

Fruto de todas de estas luchas nació la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que significó un salto cualitativo en la consolidación de un Sistema Público de Pensiones en el Estado Español.

La Ley General de la Seguridad Social significaba la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, establecía la edad de jubilación a los 65 años. Se necesitaban 8 años de cotización para tener derecho a la misma y en la base reguladora para calcular la pensión se tenían en cuenta los 2 años anteriores a la fecha de la jubilación. Pero lo más importante era que se establecía un régimen transitorio de bonificaciones para todas las personas que habían cotizado anteriormente al 1 de enero de 1967 en el Seguro de Vejez e Invalidez y/o Mutualismo Laboral (aunque fuera un solo día) y que partiendo de una bonificación de las cotizaciones de 30 años y 318 días en 1967, alcanzaban hasta el 2007 con 250 días.

REFORMA DE PENSIONES DE 1985 Y HUELGA GENERAL

El Gobierno del PSOE, presento un proyecto de Ley que consistía en pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión, y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

Ante este primer recorte contra el Sistema Público de Pensiones, CCOO convoco Huelga General de 24 horas el 20 de junio de 1985, sumándose ELA-STV y la Izquierda Sindical (LAB, CIG, CGT, USTEC, SOC de Andalucía y otros colectivos). UGT ni la convocó ni participó a pesar del coste que le suponía.

La Huelga a pesar de la feroz campaña del gobierno y de todos los medios para desprestigiarla, fue un éxito rotundo, con una participación de unos 5.000.000 de trabajadores/as. Esta fue la primera Huelga General desde el final de la Guerra Civil. El PSOE no retiró su reforma, pero se vio obligado a establecer por ley la revisión automática de la pensiones con el IPC, mediante la Ley 26/1985 de 31 de julio de 1985.

EL PACTO DE TOLEDO Y LAS NUEVAS REFORMAS

A propuesta de CiU, el Congreso de los Diputados creó una Ponencia parlamentaria (Pacto de Toledo) para elaborar un informe sobre los «problemas estructurales» del sistema de la Seguridad Social. Este informe se aprobó el 6 de abril de 1995, y quedó consagrado en el Pacto entre el Gobierno del PP con CCOO y UGT y fue posteriormente materializado en la ley 24/1997, apoyada por todas las fuerzas parlamentarias a excepción de IU y de la Izquierda Independentista.

El Pacto de Toledo ponía en marcha un cambio de modelo, de un sistema público de pensiones a un sistema construido sobre dos pilares: unas pensiones públicas convertidas en pensiones de subsistencia, «complementadas» con pensiones privadas. Para que todo esto se fuera concretando, la primera recomendación del Pacto de Toledo fue establecer que “las cotizaciones sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones contributivas”. Se eximía así al Estado de la responsabilidad del pago de las pensiones de la Seguridad Social y se sentaban las bases para iniciar el desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones.

En este Pacto, también se acordó asentar un segundo hachazo a la cuantía de las pensiones, a través de pasar de 10 a 15 años para tener derecho a la pensión (con dos años cotizados dentro de los últimos 15) que incrementaban la base reguladora de la pensión en 7 años más. Posteriormente en el 2001 y 2008 se aplicaron dos nuevas reformas que comportaban importantes agresiones a los trabajadores, y alguna que otra mejora.

EL HURACÁN NEOLIBERAL

En el año 2010 el gobierno de Zapatero después de haber estado cacareando durante muchos meses que en el Estado Español no había ninguna crisis, claudicó ante la “Troika” que le impuso una cura de caballo para la economía española, con recortes en todas las materias (Sanidad, Educación, Reforma Laboral, y como no en las Pensiones, etc…). En la Reforma de pensiones que impuso, cada año se aumenta la edad para poder jubilarse, hasta llegar en 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin haber cotizado durante este período] con la fórmula impuesta el recorte de la pensión puede llegar a representar un 38’10% menos de la pensión. También se pactó aplicar en el 2027 el factor de sostenibilidad.

Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos. Por último, en 2011, Zapatero congeló por primera vez las pensiones, que representó la pérdida de un 3%, abriendo la senda que después ha seguido Rajoy.

Efectivamente, el PP una vez en el Gobierno ha profundizado el ataque a las pensiones aprobando una nueva Reforma de Pensiones, adelantando a 2019 el Factor de Sostenibilidad (según algunos economistas para los nuevos pensionistas puede representar hasta un 30% menos en la pensión). Además introduce el factor de Revalorización: subida del 0,25% de las pensiones en lugar del Índice de Precios al Consumo (IPC), que venían aplicando hasta entonces (Esto puede representar en situaciones de una alta inflación que en unos pocos años se pueda perder hasta la mitad de la pensión).

¿CÓMO SURGE LA MAREA PENSIONISTA DE CATALUNYA?

El PP en la campaña electoral del 2011 se comprometió a revisar las pensiones con el IPC. Una vez en el gobierno en el 2012 no aplicó el 1,9% que corresponde de la diferencia entre la inflación prevista del 1% y la inflación real del 2,9%. Como consecuencia de este atraco a principios de 2013 se empezaron a presentar demandas judiciales contra la pérdida del 1,9% del 2012 desde Asociaciones de Vecinos y Asambleas del 15-M en el área metropolitana de Barcelona, extendiéndose posteriormente por el resto de Catalunya. En febrero de 2014 se constituyó en una multitudinaria Asamblea en las Cocheras de Sants la Marea Pensionista.

En septiembre de 2016 se creó la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Esto ha significado un paso importante para extender la creación de colectivos de pensionistas en la mayoría del territorio del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL

Llevamos 5 años en que este gobierno nos viene aplicando un 0,25% en la revalorización de las pensiones, que representa junto a la congelación del 2011 una pérdida de más de 7% de nuestro poder adquisitivo. Ante esta situación y la campaña de mentiras y amenazas del Gobierno y sus adláteres poniendo en cuestión el actual Sistema de Pensiones, se han convocado tres movilizaciones a nivel estatal (el 22 de febrero, el de 17 marzo, y el 16 de abril) con la participación de millones de personas, en su mayoría pensionistas, pero en la del 17 de marzo al realizarse en un día festivo se han incorporado también jóvenes y trabajadores en activo, precisamente los más afectados en el futuro por las reformas que se están aplicando.

Tenemos claro, que no nos van a engatusar con cualquiera de las ocurrencias que están lanzando. La solución pasa por:

Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones empezando por el 1,9% perdido en 2012, y acabando por reimplantar un modelo de revalorización automática en relación al IPC.

Derogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de Junio de 2010. Jubilación a los 65 año

Derecho a los suministros básicos garantizados (agua, luz, gas).

Eliminación de todo tipo de copago o re-pago.

Contra la privatización de los servicios públicos que atienden a la gente mayor.

Defendemos avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1080 €.

Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales (eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, eliminar las tarifas planas, revisar exenciones etc.) la financiación debe estar garantizada por ley, de forma que obligue a los Presupuestos del Estado a asignar al efecto las partidas que cada año sean necesarias para pagar las pensiones.

Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a las/los trabajadoras/es del hogar, con todas las consecuencias, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de lagunas de cotización, que puede llegar a representar hasta un 38,10% menos de la pensión que le correspondería antes de la reforma de 2011.

Contra la discriminación de las mujeres en el acceso y la cuantía de las Pensiones.

Adriana Beidenägl y Juan Montero, miembros de la Marea Pensionista de la Marina/ZF