El Partido Popular hipoteca las futuras legislaturas con adjudicaciones millonarias aprobadas a marchas forzadas ante la llegada de las elecciones.

“No tengo una bola de cristal”, fue la respuesta de la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, ante la pregunta de si su partido tenía previsto prorrogar antes de las elecciones la concesión de los hospitales privatizados de la comunidad. No era una pregunta gratuita, sobre todo después de que el PP valenciano ampliara a finales de enero de cuatro a seis años la duración de los conciertos educativos, blindando las concesiones hasta 2019. El PP se escudó para hacerlo en la nueva ley de educación, según comenta a Diagonal Mónica Oltra, de Compromís, pero “lo cierto es que no hay ninguna obligación legal en este momento”. La Confederación de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya pidió entonces la dimisión de Alberto Fabra “por querer dejar la herencia de las políticas de la privatización educativa a los futuros gobiernos progresistas”.

Para Mónica Oltra, el Partido Popular “quiere seguir decidiendo sin tener el gobierno, porque en este momento las encuestas le dan alrededor de un 30% de apoyo electoral”. Según fuentes de la oposición parlamentaria, la decisión de prorrogar antes de las elecciones los contratos de los hospitales depende también de las empresas, en el caso del Hospital Alzira, de Ribera Salud. Si el PP perdiera las elecciones, comentan, y se obligara a las empresas a cumplir el pliego de condiciones se produciría tal pérdida de beneficios que las compañías podrían incluso perder el interés en gestionar los hospitales. “Ya sabemos cómo se devuelven los favores y por qué el Partido Popular tiene tantos problemas en los tribunales”, denuncia Oltra.

Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años

El secretario de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco, comparte la visión de Oltra sobre el estado de ánimo en las filas populares: “El PP se ha instalado en la sensación de fin de ciclo y en que abandonarán el Gobierno. Se percibe en los pasillos de las cortes, y han tomado decisiones que lo ratifican”. Este diputado de las cortes valencianas pone como ejemplo las adjudicaciones del Oceanográfico y Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, “una licitación que se planteó en verano apurando los plazos para que se resolviera en abril, un mes antes de las elecciones autonómicas”. Aguas de Valencia –propiedad del empresario Eugenio Calabuig– parte como favorita para gestionar este monumento al despilfarro de tiempos de la burbuja, que costó a las arcas municipales 1.282 millones de euros, con 625 millones de sobrecoste.

Modelo de sanidad blindado

El País Valencià fue el laboratorio de experimentación del llamado “modelo Alzira” o, lo que es lo mismo, hospitales públicos gestionados enteramente por empresas privadas. La Comunidad de Madrid ha sido otro de los paraísos de la privatización de la sanidad después de que el PP creara cuatro hospitales públicos con todos los servicios privatizados, y otros seis centros públicos con todos los servicios privatizados salvo el personal médico y de enfermería.

La movilización de la Marea Blanca impidió en 2014 que estos últimos seis hospitales, privatizados parcialmente, se convirtieran al ‘modelo Alzira’. La marcha atrás en el proceso de privatización es aún más complicada que en el caso valenciano. Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años, precisa Antonio Gómez, de CAS Madrid. 2037, 2040 y 2042 es cuando los futuros gobernantes podrán decidir si prorrogar o rescindir el contrato de gestión de estos hospitales.

A menos que antes haya un rescate, dice Gómez. Una medida que tiene precedentes. Uno de ellos en París en abril de 2014, cuando el Gobierno francés rescató un hospital semiprivado, o en Reino Unido, la cuna de este modelo, donde en junio de ese año se rescataba por primera vez en el país un hospital de este tipo. Una operación que supondrá un ahorro para la sanidad de Northumbria de 92 millones de euros en 19 años. En ambos sitios, la conclusión de las autoridades fue la misma, comenta Gómez: pagar una indemnización por romper el contrato resultaba más económico que mantener la concesión hasta que finalice.

Si las concesiones en la Comunidad Valenciana fueron a diez años y comenzarán a vencer en 2018, en Madrid las adjudicaciones son a 30 años

La concesión a 30 años de los hospitales privatizados no son la única hipoteca que dejan los gobiernos del PP. La extracción de sangre fue entregada a Cruz Roja en abril de 2014 hasta 2020: por cada bolsa recolectada, la Comunidad pagará 67 euros, más de nueve millones de euros al año. Hasta 2018 está concesionado el laboratorio central de referencia, en San Sebastián de los Reyes, unas instalaciones para un millón de pacientes entregadas a Ribera Salud a costa de cerrar cuatro laboratorios públicos, denuncia Gómez. Hasta 2016, las mamografías fueron entregadas a una ONG, que las derivó hacia el Grupo Capio. Y en abril de 2014, sin licitación, se prorrogaba por 13,6 millones de euros, hasta 2016, el contrato de la central de llamadas de la sanidad pública, donde “los casos más rentable, se derivan a los hospitales en manos privadas y los menos rentables a los públicos”.

El agua, “una inversión segura”

En Madrid, el Gobierno regional se ha apresurado también a avanzar en el cambio de modelo del Canal de Isabel II. Después de convertir la empresa pública en sociedad anónima, en 2012, el pasado 3 de diciembre tuvo lugar la entrada definitiva de capital privado en la entidad, a través de la venta de bonos por 500 millones de euros. Los bonos, con vencimiento a diez años, se vendieron en sólo una hora. Como dijo la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre –empeñada en privatizar el 49% de la empresa pública–, “el agua es un buen negocio y una inversión segura”. Desde la entrada de capital privado no ha cambiado mucho el modo de funcionamiento de la empresa, ya bastante opaca, según señala Raquel García, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, pero sí se adjudicó el nuevo contrato de gestión de la atención al cliente, que supone 250 puestos de trabajo a GSS –empresa controlada en un 25% por el propio Canal de Isabel II y la única que ofrecía que el servicio se operara desde fuera de España–, en los últimos días, desde Canal se decidió paralizar la formalización del contrato. En los últimos meses también se ha disparado el número de adjudicaciones a empresas de servicios y obras del Canal. En lo que va de año, la empresa ha firmado contratos por más de 200 millones de euros, que han tenido como principales beneficiarias –más de 100 millones de euros– a las grandes firmas constructoras y de servicios, presentes en la contabilidad en ‘b’ del Partido Popular o protagonistas de otras tramas de corrupción.

Asturias, atada por años

Ya en Asturias, otra de las regiones donde Podemos ha entrado con fuerza y donde más se percibe un cambio político, el Ayuntamiento de Oviedo adjudicó en los últimos meses el mantenimiento informático del municipio a cuatro años vista por 24 millones de euros –el doble que la anterior contrata– a Asac Comunicaciones, empresa implicada en el Caso Marea por presentar facturas sobre trabajos no rea­lizados. El contrato ha sido impugnado judicialmente. La gran mayoría de los contratos de servicios ya estaban, según explican desde Somos Oviedo, “atados y bien atados por plazos larguísimos”.

El Partido Popular lleva 25 años gobernando el Ayuntamiento ovetense. En este tiempo, desde la candidatura ciudadana afirman que “han creado un sistema clientelar muy desarrollado y muy maduro” que se ha traducido en que prácticamente todos los servicios estén privatizados. “Hay 26 servicios municipales ya privatizados, y diez de ellos por más de 50 años. No han tenido que correr para formar contratos a última hora”, señalan desde Somos Oviedo. Mientras Aqualia (FCC) lleva la gestión del agua y saneamiento por 50 años hasta 2045, Alsa se quedó con la gestión de la estación de autobuses desde su inauguración en 2003, también por 50 años, y con el transporte urbano de la ciudad hasta 2030. La recaudación de los impuestos en todos los ayuntamientos de la región la realiza una empresa de Barcelona, Auxiliar de Recaudación SL, que cobra ocho millones de euros por recaudar entre 80 y 100 millones en tasas, casi tres millones más que el importe ofertado por la empresa pública del Principado. De los 209 millones del presupuesto municipal para 2015, casi la mitad es gestionado por empresas privadas. FCC acapara el 10%. El millonario Carlos Slim, ahora primer accionista del grupo, es también, desde hace un par de años, accionista mayoritario del Real Oviedo. “Ahora no puedes criticar a FCC porque es como si criticaras al club”, señalan desde la candidatura.