Un informe de la Comisión Europea sobre la situación del Estado del Bienestar en la UE y en los estados vecinos deja en muy mal lugar a España. “Desde 2010, en España ha habido un impacto considerablemente negativo en los programas de bienestar”, sentencia el informe Inversión Social en Europa. Se trata de un trabajo financiado por el equipo de la comisaria belga Marianne Thyssen, a cargo de Empleo y Asuntos Sociales.

Las ocho diferencias entre Cáritas y el Partido Popular

Saber más

Existe una versión nacional para cada uno de los 35 estados analizados (los 28 estados miembros más Islandia, Macedonia, Noruega, Liechtenstein, Serbia, Suiza y Turquía). “El sistema de protección social en España es claramente ineficaz. No reduce los niveles de pobreza relativa y está actualmente desbordado por el incremento de las necesidades más acuciantes”, dice la versión española de este estudio, en la que han trabajado los profesores de la Universidad de Alcalá Gregorio Rodríguez, Ana Arriba y Vicente Marbán, y el investigador del CSIC Francisco Javier Moreno.

“El uso de la inversión social como concepto básico y su diseño e implementación en forma de políticas sociales en España aún es bastante débil”, continúa el informe, redactado con el lenguaje engolado al que acostumbran las instituciones europeas. Es interesante la versión nacional, más corta y detallada, que en el caso de España se divide en tres bloques: políticas de apoyo al desarrollo infantil, políticas de apoyo a la participación de los padres en el mercado de trabajo y políticas contra la exclusión social. Todas se vieron muy golpeadas desde la aplicación de los primeros recortes en mayo de 2010, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, evoca la Comisión.

Cada bloque desarrolla una serie de áreas: atención y cuidados infantiles, beneficios familiares, permisos de maternidad, desempleo, servicios mínimos… “Los agentes sociales no han incluido en sus agendas estas políticas, aunque hay algunas que sí se han asumido”. Una de estas excepciones –prácticamente la única que se detalla- es el programa Educa3 del Ministerio de Educación, “destinado a promover el éxito escolar entre niños, facilitando la conciliación laboral y profesional de los padres” dice la Comisión.

A lo largo de una veintena de páginas apenas destacan otras referencias positivas a la labor del Gobierno por la preservación del bienestar en el documento de la Comisión Europea, un trabajo enmarcado en el European Social Policy Network (Red Europea de Políticas Sociales). “Los servicios sociales [en España] están muy pobremente representados a la hora de encarar el impacto de la crisis. A pesar de poner el acento con sus magros recursos en las situaciones más urgentes [aquí se refiere a parados de larga duración y otras prestaciones], los servicios sociales no previnieron el deterioro de las condiciones de vida para un amplio segmento de la población”, subraya el texto.

De hecho, la Comisión critica que sean asociaciones como Cáritas o Cruz Roja las que suplanten muchas veces a los servicios sociales. “Delegaron parte de su responsabilidad en la demanda social” a ONG y otras organizaciones con voluntarios “mientras el gasto de las administraciones iba cayendo”, denuncia el Ejecutivo comunitario.

“En términos generales y aunque varias iniciativas parecen estar desarrollándose recientemente”, prosigue el informe, “no es posible decir que el desarrollo de la política social haya respondido a una filosofía de inversión social”. Dicho en otros términos menos generosos, para Bruselas las políticas sociales en España brillan por su ausencia.

“Tradicionalmente, el sistema de bienestar español ha sido muy débil a la hora de domar la pobreza y la exclusión social”, reconoce el texto. Bruselas dice “preocuparse particularmente” por el aumento de la pobreza infantil, algo de lo que ya ha alertado Cáritas insistentemente en los últimos años. “Dentro de la Unión Europea, solo Rumanía y Bulgaria tenían un ratio más alto que España de pobreza infantil en 2012”.