El gobierno de María Eugenia Vidal continúa promoviendo una limpieza en las fuerzas de seguridad de la Provincia. En esa línea, más de 800 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron desplazados desde octubre de 2016 a la fecha.

Además, a otros 5000 agentes se les abrieron sumarios por irregularidades como abandono de tareas y faltas graves. Según indicó la dirección de Auditoría y Control de Gestión del SPB a La Nación, ya se desplazaron a 847 agentes y en los próximos meses las expulsiones en base a los sumarios en curso podrían llegar a 1000.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, aclaró al respecto que estos procedimientos no tendrán efectos secundarios adversos: "No hay resentimiento en las unidades porque la principal cantidad de personas que sacamos fueron del orden administrativo y algunos altos jefes".

El funcionario destacó un dato que sorprendió en el marco de este operativo hacia adentro del SPB: "Lo que más me impactó fue encontrar que en una fuerza de seguridad había mucha gente condenada".

La dirección de Auditoría y Control de Gestión del SPB detectó 56 condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation.

Cambios en la ley para delitos graves

Gustavo Ferrari también aseguró que desde el gobierno bonaerense "se va a proponer que hay delitos graves que no deben permitir la libertad condicional". En ese sentido, el funcionario subrayó la necesidad de "mirar a la víctima" durante el proceso judicial ya que, según consideró, "desde hace años miran todo el tiempo sólo a los victimarios y las víctimas son las grandes olvidadas".

En horas en que las condenas por violación están en el centro de la escena, Ferrari destacó: "Una violada está muerta en vida, no se olvida nunca más de esa situación. Las penas en esos casos deben ser de cumplimiento efectivo. Debemos ser muy rígidos con los delitos graves".

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