Hace justo un año, eldiario.es destapó los negocios como comisionista de José María Aznar: el expresidente del Gobierno había firmado un contrato para llevarse el 1% de cada desaladora que adjudicase el gobierno libio de Gadafi a Abengoa, una empresa española que cotiza en el IBEX. No era ni mucho menos una especulación, ni una información basada en fuentes. Publicamos el contrato íntegro, y también la primera factura de 100.000 euros de adelanto. Aznar no es un señor retirado de la política: es el presidente de honor del PP y también preside FAES, la fundación política que más fondos públicos recibe. Y en sus negocios de comisionista involucró a la oficina del expresidente, que también pagamos los contribuyentes españoles.

Publicamos esa noticia, y no pasó nada. La inmensa mayoría de los medios silenció la información. Muy pocos la recuerdan hoy. Ahí sigue Aznar, dando lecciones de moral a Occidente.

Hace unos meses, publicamos los papeles de Naseiro. De nuevo Aznar, como protagonista: acusado por su propio tesorero ante un notario de ser el máximo responsable de la caja B del partido. También probamos, con multitud de documentos, que el dinero negro en el PP existió desde su fundación. Tampoco pasó nada.

Hace dos años, contamos en exclusiva que los consejeros de Caja Madrid se repartían sobresueldos con unas tarjetas en negro, las tarjetas “black”. En su momento, tampoco pasó nada. Nuestra noticia fue ignorada por la mayoría de la prensa, pero provocó una auditoría interna en Bankia. Nueve meses después la Audiencia Nacional arrancó un proceso judicial que hoy sigue abierto y que probablemente acabará con condenas. Hoy no hay prácticamente nadie en España que no sepa qué son las tarjetas black. Lo saben porque eldiario.es lo contó, y nuestra investigación terminó en el juzgado. Pero durante meses lo contamos solo nosotros.

Hace unas semanas, contamos que el ministro José Manuel Soria pagó 70 euros al día por una suite presidencial con mayordomo privado y dos jacuzzi que al resto de los mortales les sale por 1.300 euros por noche. No era en un cinco estrellas cualquiera: casualmente, el dueño es también canario, amigo del ministro y tiene otro hotel ilegal pendiente de derribo donde el ministro también veranea. Aquella información nos ha costado una demanda, pero el ministro sigue ahí: sin explicar tal milagroso descuento. Incluso en el Congreso no da más explicación que insultar al periodista que destapó la información. Ni dimite, ni enseña la factura.

Ayer publicamos otra exclusiva que afecta al ministro Soria, un informe interno, secreto, que desvela cómo se manipula el sector audiovisual con criterios políticos. Sigue sin pasar nada. Solo ha pasado que el Ministerio de Industria ha amenazado con otra demanda.

Esta semana hemos contado que Mariano Rajoy cuida a su padre anciano con cargo a los presupuestos de La Moncloa. La cronología de acontecimientos es bastante clara. El padre del presidente tuvo un ictus, la familia contrató a unos cuidadores durante el mes que estuvo en el hospital y después dejó de pagar por sus cuidados. No fue porque ya no hiciese falta.

El propio jefe de los servicios médicos de Presidencia pidió presupuesto a esa misma empresa para continuar con los cuidados al padre de Rajoy en La Moncloa. El presupuesto se rechazó. Era un servicio día y noche que salía por unos 5.000 euros al mes. Y en su lugar se encargó la tarea de cuidar al padre del presidente a dos trabajadores eventuales –Pilar y Francisco– que pagamos entre todos.

El mismo presidente que recortó la ley de Dependencia utiliza fondos públicos para atender a su padre dependiente. Y sigue sin pasar nada. Comparen esto con la actuación del alcalde de Roma, Ignazio Marino, que dimitió por pagar unas cenas familiares con la visa del Ayuntamiento. O con la viceprimera ministra sueca, Mona Shalin, que dimitió por cargar al presupuesto público dos chocolatinas Toblerone.

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