El antiguo hombre fuerte del PP madrileño Francisco Granados, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, ha solicitado este miércoles al juez Eloy Velasco que cite a declarar a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP durante los hechos investigados y para la que el imputado ejercía de mano derecha.

El escrito de la defensa de Granados, al que ha tenido acceso eldiario.es, deja entrever que Aguirre era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él.

Granados quiere que Esperanza Aguirre le explique al juez si es posible que él pudiera influenciar a otros consejeros del Gobierno regional para que aprobaran las partidas bajo la lupa de la Fiscalía y la Guardia Civil. “Que indique (Aguirre) qué influencia pudo ejercer (Granados) sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo el señor Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como los altos cargos de su Consejería que lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza”.

En el mismo escrito, Granados pide al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga.

La petición de Granados se produce apenas una semana después de la tormenta desatada por las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.

Con el segundo cambio de abogados, Granados ha inaugurado una nueva estrategia de defensa. De aguardar acontecimientos en la prisión de Estremera ha pasado a mostrar una supuesta colaboración con la justicia, que ha incluido una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional. Por el momento, Granados no ha conseguido su objetivo de abandonar la situación de prisión provisional.

El consejero de Cifuentes

El último movimiento de Granados también salpica a Cristina Cifuentes, la sucesora de Aguirre al frente del PP madrileño. El empresario David Marjaliza, antiguo socio de Granados, salió de la cárcel tras colaborar con el juez y señalar, entre otros, a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, como uno de los implicados en la trama de corrupción por su actuación como director general del Territorio y presidente de la empresa pública que administraba el suelo.

En el documento entregado ahora por la defensa de Granados al juez, el exconsejero de Presidencia también solicita la declaración de González Taboada, que niega las acusaciones de Marjaliza. Cifuentes ha hecho hasta ahora una defensa cerrada de su consejero.

“Se estima necesaria la práctica de esta diligencia a los efectos de que (González Taboada) desmienta las declaraciones de David Marjaliza sobre el Plan Prisma, en las que se le acusa de cobrar comisiones; que explique el funcionamiento del citado Plan Prisma, que manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho plan con destino al señor Granados; y que confirme que su nombramiento no se debió a una decisión personal del señor Granados”, dice la defensa de éste último.

Granados desliza que responsables de la antigua empresa pública Nuevo Arpegio están sufriendo presiones para que no colaboren con la justicia. González Taboada debe aclarar ante el juez, según Granados, ese grado de colaboración y si “le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

Francisco Granados también solicita las testificales de otras personas, entre ellas el exalcalde de Getafe y actual senador Juan Soler, investigado en el caso Teatro, para que confirme o desmienta la comisión que le pagó Marjaliza, según el testimonio de éste. Granados también quiere que declare como testigo otro exalcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, y el concejal de Urbanismo de éste, Francisco Vázquez, por la negociación sobre unas construcciones que los citados habrían acordado con Ignacio González.

Asimismo quiere el juez llame de una vez a declarar al exalcalde de Alcalá de Henares, actual diputado autonómico y estrecho colaborador de Aguirre en el pasado, Bartolomé González, al que Marjaliza señaló como perceptor de una mordida de 60.000 euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez un informe en septiembre de 2016 en el que da credibilidad a la acusación de Marjaliza.