La suspensión del tratamiento empeoró el estado de salud de Graciela, debido a una metástasis, y en los últimos meses su panorama se volvió crítico. Su marido reconoció que siempre tuvieron problemas en la provisión de medicamentos y la familia decidió entonces recurrir a la Justicia. El juzgado Civil 20, a cargo de María Cousirat, hizo lugar al reclamo el 20 de marzo y obligó al Estado a proveerle la droga. La respuesta llegó tarde y la mujer falleció sin haber recibido el tratamiento.