Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobará en la Cámara de Diputados no contempla sanciones al Presidente de la República en caso de que incurra en actos de corrupción o en faltas administrativas graves como el conflicto de interés.

A pesar de que representantes de la sociedad civil propusieron reformar el artículo 108 constitucional para incluir que el titular del Ejecutivo fuera responsable como cualquier servidor público en caso de incurrir en este tipo de ilícitos, este tema no se incluyó en el dictamen que se pondrá a consideración del pleno de los diputados.

La propuesta cobraba un interés especial en momentos en que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis de credibilidad, tras el escándalo generado por la adquisición de la “Casa Blanca” de su esposa, Angélica de la Peña, o por el presunto caso de conflicto de interés en que habría incurrido el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

“Debido a todos los escándalos con relación al Ejecutivo, su esposa, al secretario de Hacienda, debería de haber más previsiones para poder considerar al Presidente un servidor público, con las mismas responsabilidades para que se pudiera juzgar al presidente como cualquier servidor público”, afirmó Óscar Arredondo, investigador del Centro de Investigación y Análisis, Fundar, en entrevista para SinEmbargo.

El objetivo de la propuesta es que el Presidente tuviera el mismo tratamiento que otros servidores públicos, que serán investigados y juzgados cuando incurra en faltas administrativas graves o incluso en delitos, gracias al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Actualmente, en el artículo 108 de la Constitución que señala las responsabilidades de los servidores públicos no se incluye la figura del Presidente de la República.

Establece que son servidores públicos los representantes de elección popular; miembros del Poder Judicial Federal y del Distrito Federal; y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o en el Distrito Federal.

Este artículo precisa que “serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales” los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales.

Asimismo, el Artículo 108 constitucional diferencia las sanciones de los servidores públicos con el Presidente al establecer que “durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Y este es justamente el párrafo que se buscaba modificar para establecer la responsabilidad del titular del Ejecutivo en caso de incurrir en actos de corrupción o en faltas administrativas graves.

No obstante, los legisladores desestimaron la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y desaprovecharon la oportunidad de atajar de una vez por todas, posibles actos ilegales desde la Presidencia de la República, mediante el rediseño constitucional que significa el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

“Diversas organizaciones plantearon una reforma al artículo 108 para hacer sujeto de responsabilidad al Presidente de la República en casos de corrupción, en casos de conflicto de interés, y sin embargo no se le metió mano al párrafo correspondiente del artículo 108”, confirmó el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC).

Esto se comprobó durante la época de negociación, cuando el Diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que el Revolucionario Institucional (PRI) se resistía a la propuesta de organizaciones de la sociedad civil para que no sea sancionado el Presidente de la República.

“Pero si el Presidente cae en actos de corrupción, viola la Ley en ese sentido, pues debe ser igual que los demás [ciudadanos], igual que un gobernador, igual que cualquiera, debe ser castigado”, afirmó en su momento el líder parlamentario.

Los escándalos de Angélica Rivera y Luis Videgaray lucen anecdóticos frente a los jugosos y multimillonarios contratos que el Gobierno federal entrega a un reducido grupo de empresas por medio de adjudicaciones directas o licitaciones amañadas. Uno de los casos más recientes fue la adjudicación del contrato por 58 mil 951 millones 506 mil 289 pesos para construir el Tren de Alta Velocidad México Querétaro, entregado al consorcio integrado por Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Constructora TEYA, y China Railway Construction Corporation Limited, entre otras.

Constructora Teya, integrante de este consorcio, tiene un largo historial de licitaciones ganadas en el Estado de México, cuando Peña Nieto era Gobernador. Además, forma parte del grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Pero los escándalos por favoritismo no son exclusivos de este sexenio, el PRI en el Senado pidió información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los contratos del Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa con la empresa Grupo Tradeco, la cual presuntamente recibió contratos por más de 20 mil millones de pesos de 2003 a 2012.

EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Se trata de un sistema integral y transversal, acompañado de reformas constitucionales y legales con el objetivo de generar mejores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.

El sistema fue posible gracias a la colaboración y apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil que fueron integradas en iniciativas legislativas de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Creemos que es mejor que la minuta que se aprobó en el Senado en donde se proponía la Comisión Nacional Anticorrupción”, afirmó Óscar Arredondo, investigador del Centro de Investigación y Análisis, Fundar.

Los avances fueron enumerados por Marco Antonio Fernández, investigador asociado de México Evalúa.

“Establece las bases de un producto nacional de combate a la corrupción y de rendición de cuentas.

“Creo que es necesario entender que este sistema tiene distintas patas: la pata de una ASF fortalecida, la pata del restablecimiento de la SFP con controles más estrictos, democráticos, como es la ratificación de su titular, y la pata de una fiscalía nacional anticorrupción”, destacó.

Como parte de los avances está el urgente fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la cual podrá auditar en tiempo real a diferencia de lo que ocurre en la actualidad que solo puede auditar las cuentas de dos años atrás.

También podrá auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos sino también privados que manejen recursos federales. Asimismo, se permite que la ASF fiscalice a los órganos autónomos.

En otro aspecto también se le confieren mayores facultades al Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.

“Ahora se podrán sancionar a los particulares vinculados con actos de corrupción que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones e intervención de la empresa. Obligación de reparar los daños al erario”, indicó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Julio César Moreno.

“La corrupción no solamente implica a los servidores públicos transas, sino a muchos particulares que fomentan o son parte de los actos de corrupción también para allegarse beneficios para sí mismos”, coincidió Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Respecto al Comité de Representación Ciudadana, este estará integrado por cinco destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

VOCES EN CONTRA DEL SISTEMA

A pesar de que diputados y especialistas consideraron que el producto aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales supera la propuesta original presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2012, también señalaron que hay temas que pudieron haber sido resueltos de mejor forma.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, detectó en el dictamen graves vacíos en el Sistema Anticorrupción que propiciará la evasión de responsabilidades de malos servidores públicos, al dejar a la interpretación de los órganos supervisores la definición de lo que es la corrupción.

De entrada, la legisladora demandó que el texto defina el concepto de corrupción para que exista claridad al momento de fincar responsabilidades y combatir conductas corruptas, sin dejar recovecos para la impunidad.

Agregó que al incluir a los trabajadores del Sistema en el servicio civil de carrera aumenta el riesgo de que las instituciones sean infiltradas por la delincuencia organizada, porque los servidores públicos serían inamovibles.

La Diputada perredista Socorro Ceseñas criticó el discurso de las principales fuerzas políticas e incluso del Presidente Peña en el sentido de que basta con reorganizar el marco jurídico para terminar con el cáncer público llamado corrupción.

“Me parece ingenuo que quienes violaban derechos humanos hoy sean quienes los vayan a defender. Quien robó o roba, no puede defender la hacienda pública; aquellos que hicieron de la justicia un instrumento para premiar o perseguir a amigos o enemigos, difícilmente con un nuevo SNA van a cambiar”, recalcó.

Por su parte, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano resaltó que con esta reforma se busca resolver las críticas y cuestionamientos de la grave deshonestidad que vive el país, pero no “ataca el cáncer ni el centro de la corrupción del país, que es la Presidencia de la República”.

Argumentó que esta reforma no atiende los temas de conflictos de interés, el contratismo y los negocios personales.

“No combate la corrupción desde la cabeza, sigue habiendo impunidad hacia el Presidente de la República y, a través de las cuotas partidistas, se va a asegurar el control”, afirmó.