Entre los argumentos de quienes están en contra de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, muchas veces surge la idea de que aprobar esta iniciativa resultaría en grandes gastos por parte del Estado para poder garantizar este derecho. Sin embargo, un estudio realizado por la senadora chubutense Nancy González, del Frente para la Victoria, demostró lo contrario.

En base a datos oficiales sobre cantidad de internaciones por aborto, muertes de personas gestantes a raíz de prácticas mal realizadas y los gastos médicos que se invierten en esto, el informe sostiene que el Estado podría ahorrar un 43% en caso de que se legalizara el aborto, e incluso podría ser así en un 55% si se decidiera producir la droga misoprostol de forma pública para realizar las intervenciones.

Para obtener estos números, la senadora tomó los datos oficiales que proporcionó el Ministerio de Salud respecto a la cantidad total de abortos realizados en hospitales, es decir, 157.500 (sin tener en cuenta los abortos clandestinos, que no se pueden calcular por su condición), más los costos por intervención, que se agrandan cuando hay que atender a una persona con complicaciones por aborto ilegal.

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De esta manera, se desprende que de los más de mil millones de pesos que se gastan hoy, con el aborto legal serían poco más de 613 millones y, en caso de tener producción estatal de misoprostol, los gastos no llegarían a los 500 millones. Así, “la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública”, sostiene el informe.

Informe aborto Nancy Gonzalez

“Las complicaciones por abortos mal practicados requieren de intervenciones complejas y tienen un alto grado de mortalidad. En la mayoría de los casos la paciente debe permanecer internada, debe someterse a cirugías en terapia intensiva y requiere cuidados intensivos; todos procedimientos más riesgosos y costosos que las intervenciones ambulatorias que se realizan cuando el aborto es planificado”, aseguraron.

Además, entre los principales argumentos se destaca que el Ministerio de Salud de la Nación “paga el mismo precio de venta para el público en general por los comprimidos de Oxaprost”, que es la única marca que hoy vende misoprostol y, por lo tanto, tiene el monopolio. Es importante tener en cuenta que esta droga es recomendada por la OMS como la manera más segura de abortar y no requiere período de internación.