El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó al Legislativo su propuesta de Reforma Educativa sin realizar la “evaluación de impacto presupuestal”, establecida como una obligación en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los diputados evalúen las implicaciones de las posibles modificaciones constitucionales.

Esto, asegura el diputado Juan Carlos Romero Hicks, integrante de la Junta de Coordinación Política, constituye una “irregularidad”, debido a que la propuesta ya está en discusión en los foros de consulta y en breve se haría el dictamen.

De acuerdo con el artículo 18 del capítulo referente al “Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria”, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establece como requisito que “El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión”.

El investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, Pedro Flores Crespo, coincide también en que esto significa un incumplimiento a la ley. Saber el impacto económico es fundamental, insiste, porque una de las propuestas es establecer la obligatoriedad de la Educación Superior y, según cálculos de la ANUIES, significaría una erogación de 13 mil millones de pesos anuales, por ejemplo. Hasta el momento, no se sabe cuál es el cálculo del Gobierno Federal.

El presidente López Obrador envió su propuesta de Reforma Educativa a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018; tiene como aspecto central la eliminación de los exámenes de ingreso y permanencia al servicio docente. Por ello, el día de la presentación, el Ejecutivo envió un mensaje a los maestros: “compromiso cumplido; no se volvería a faltar al respeto a los docentes con evaluaciones punitivas”.

La propuesta, como ya se ha mencionado, no estuvo acompañada de la evaluación de impacto presupuestal. Por ello, la Cámara de Diputados solicitó información al respecto a las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales, que dictaminarán, es decir, avalarán el proyecto de Reforma para presentarlo al pleno a votación.

Diputados solicitaron conocer el “impacto presupuestal correspondiente a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal”; en el oficio de respuesta, con fecha del 19 de febrero y obtenido por Animal Político, las diputadas presidentas de dichas comisiones, Adela Piña y Miroslava Carrillo, responden que “dicha valoración ya fue solicitada desde el pasado 30 de enero al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Una vez que nos sea remitida, le turnaremos una copia”.

Si bien la Ley de Responsabilidad también establece que las comisiones del Legislativo que elaboren los dictámenes “realizarán una valoración del impacto presupuestario con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas”, no se exime al Ejecutivo de la evaluación presupuestal.

El impacto presupuestario “debe hacerlo la Secretaría de Hacienda, la del Centro de Estudios de Finanzas es un apoyo interno de la Cámara, pero no lo suple, por lo tanto, la falta subsiste”, afirma el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

En la propuesta de Reforma Educativa del Presidente se elimina la obligación de presentar exámenes para ingresar al ejercicio docente o para mantenerse en él, pero no se explica cuál sería el mecanismo que sustituya a las evaluaciones para contratar a los maestros u otorgarles ascensos.

También se propone la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en su lugar operaría el Centro para la Revalorización del Magisterio, que será dirigido por un Consejo Directivo integrado por siete miembros, “designados por la autoridad educativa Federal”.

Sin embargo, aún no se sabe cuál sería el impacto de estas modificaciones en las finanzas públicas. “Por ley, los grupos parlamentarios deben saber el impacto y aún no la tienen claro. Es importante saberlo. Eso te pone un parte del impacto financiero, aunque también hay que considerar otros impactos como la revalorización del magisterio. Hay costo social y político”.