MADRID.- Nada menos que 286.691 asalariados han sufrido un empeoramiento de sus condiciones de trabajo desde febrero de 2012, al quedar en suspenso aspectos clave de los convenios colectivos que afectan las empresas a las que pertenecen. Éstas han aprovechado la reforma laboral impuesta al principio de la actual legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy para desvincularse de los compromisos contraídos, alegando por lo general razones de tipo económico.



Debido a ello, 6.496 convenios han perdido parte de su efectividad a lo largo de los últimos tres años y medio, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes al pasado 30 de septiembre.

La reforma laboral, muy contestada por los sindicatos y por la mayor parte de las fuerzas políticas, concedió a los empresarios nuevas facilidades para instar la inaplicación de sus convenios. A tal punto que hoy, para promoverla, les basta con alegar un descenso de su facturación ordinaria durante dos trimestres consecutivos, la existencia de pérdidas o la previsión de que las haya en el futuro.



Además, el “descuelgue”, que es como se conoce esta opción, puede afectar no sólo a los salarios, sino también a la distribución del tiempo de trabajo (horarios y turnos), a la asignación de funciones y a las mejoras sociales aceptadas en su momento por las empresas.

El grueso de los

descuelgues de los convenios se concentra en las pymes de menos de 50 empleados

Las inaplicaciones no pueden llevarse a efecto de forma unilateral, pero los representantes de los trabajadores suelen negociarlas bajo la amenaza, más o menos explícita, de un despido colectivo si no sale adelante. De ahí que la inmensa mayoría (1.053 sobre 1.163 sólo en los nueve primeros meses de 2015) se cierren con acuerdo entre las partes durante el periodo de consultas, siempre según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo.



No obstante, cuando existe una discrepancia insalvable, antes llegar a los tribunales cabe la posibilidad de apelar a las autoridades laborales competentes, ya sean autonómicas o estatales, que pueden dictaminar por sí mismas o fijar un árbitro.



De los tres años y medio que lleva en vigor la reforma laboral del PP, el más duro fue de lejos 2013, con 2.155 convenios parcialmente suspendidos y 159.550 trabajadores afectados, más de la mitad del total del periodo. Más recientemente, entre enero y septiembre de 2015, se contabilizaron 1.163 inaplicaciones, de las que 898 correspondieron al sector servicios, mientras que en la industria sólo hubo 165; en la construcción, 87, y en la agricultura, 13. El grueso se concentró en las empresas de hasta 50 empleados, con 967 casos. Los trabajadores que experimentaron un retroceso en sus condiciones laborales pactadas como alcanzaron la cifra de 31.586.



El aspecto de los convenios que más se resintió en los nueve primeros meses del presente ejercicio fue con diferencia el retributivo, pues 929 de los 1.163 descuelgues registrados tenían por objeto exclusivamente introducir recortes en los sueldos o en el sistema global de remuneración.



Eso demuestra, según los expertos, el importante papel que esta brecha abierta en la negociación colectiva ha desempeñado en la devaluación salarial que se ha producido desde el inicio de la crisis y, muy especialmente, desde que gobierna Mariano Rajoy.