El petróleo es parte del alma mexicana. Y también de su Código Penal. La Cámara de Diputados ha aprobado una ley que impone penas de 15 a 25 años al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos. El castigo es muy superior al de una violación (8 a 14 años en la legislación federal) y queda a poca distancia del asesinato (30 años, el mínimo). Esta fuerte sanción, aparte de abrir una reflexión sobre el machismo, es indicativa del enorme malestar que, en un país con 53 millones de pobres, genera el pillaje de hidrocarburos, uno de los grandes bienes nacionales.

Este tipo de expolio, conocido en México como ordeña, apenas existía a principios de siglo. La cifras facilitadas por Pemex, la petrolera estatal, muestran que en 2000 se registraron 155 robos en oleoductos. Este año las tomas clandestinas ya superan las 4.200. Veintisiete veces más. Una enorme sangría que genera a la compañía pública pérdidas por más de 2.000 millones de dólares al año.

Este año las tomas clandestinas ya superan las 4.200

Lejos de ser obra de pequeños ladrones, como ocurría en un principio, el saqueo de los ductos está en manos de las grandes organizaciones criminales, que las han convertido en epidemia en estados como Tamaulipas, donde la violencia es la ley. Allí, el botín es revendido en gasolineras (pocas se atreven a negarse) que las ofrecen a precios más bajos al usuario. Las denuncias raras veces acaban en condenas y, desde luego, ninguna institución ha sido capaz de poner coto a este pillaje, encubierto por una espesa madeja de complicidades.

Este expolio masivo ha encendido las todas alarmas. No sólo Pemex, sino los negocios petroleros que, tras el fin del monopolio, tienen las miras puestas en México corren el riesgo de verse afectados. De ahí, que la legislación se haya endurecido sin apenas resistencia. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Hidrocarburos, más conocida como ley antiordeña, cosechó en la Cámara de Diputados 340 votos a favor, 54 abstenciones y solo 7 votos en contra. Su aprobación en el Senado se da por hecha.

La normativa no sólo castiga el robo en los oleoductos. También sanciona con penas de tres a seis años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición en la venta de gasolina o diésel. Durante la tramitación, la norma se suavizó al retirarse un apartado que imponía fuertes penas de cárcel a quienes obstruyeran el acceso a instalaciones petroleras. Los partidos de izquierda consideraron que se trataba de una criminalización flagrante de las protestas sociales.