La presunta trama corrupta que habría penetrado en el seno del Ministerio del Interior para tratar de amañar la adjudicación del contrato para la gestión datos de las próximas elecciones generales ya está en manos de la Justicia. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, la Fiscalía General del Estado tiene en su poder desde el pasado mes de julio la investigación interna que abrió el departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz tras detectar que los pliegos de condiciones del concurso se habían filtrado antes de que fueran públicos.

El propio Ministerio del Interior dio traslado a la Fiscalía de las conclusiones preliminares a las que ha llegado el grupo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil encuadrados en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad que han asumido las diligencias internas. Fuentes cercanas al caso precisan que la decisión de poner el procedimiento en manos del Ministerio Público se tomó tras determinar que las presuntas irregularidades cometidas por los funcionarios implicados en el escándalo podían implicar graves responsabilidades de tipo penal.

La trama llevaría varios años actuando dentro del Ministerio. Como adelantó este diario, el pasado mes de mayo se detectó que la multinacional francesa de servicios tecnológicos Atos había recibido información privilegiada sobre las exigencias que debían cumplir las compañías que quisieran optar al contrato de 9 millones de euros que iba a sacar Interior para el recuento de las elecciones generales del próximo mes de diciembre.

Pero, según las fuentes consultadas, las pesquisas internas realizadas por funcionarios del propio Ministerio apuntan a que también se habrían producido irregularidades en otros procesos de licitación. Todos los datos están en manos de la Fiscalía, que tendrá que decidir ahora el rumbo del procedimiento y acordar, si lo considera necesario, la práctica de nuevas investigaciones.

El foco se centra en tres funcionarios

Las sospechan giran principalmente sobre L.F.P.G., un funcionario que ejercía como vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerior y sobre el que recaía la responsabilidad de confeccionar los pliegos para la adjudicación de los procesos tecnológicos necesarios para la correcta gestión de los datos electorales. Las indagaciones realizadas por los investigadores del propio Ministerio han permitido descubrir que tenía a un familiar de primer grado en la dirección en la firma tecnológica, Base 100 SA, que pudo facilitar la información a Atos.

Página web de Base 100 SA.

Pero el caso también ha provocado la destitución y la apertura de un expediente a dos subdirectores generales del Ministerio del Interior por su presunta implicación en la trama. Se trata de P.C.S., que ocupaba la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales y era superior directo del funcionario que habría filtrado la información y manipulado los pliegos; y de J.G.C., que hasta el pasado mayo era subdirector general de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría del Interior del Ministerio y tampoco detectó la alteración de los pliegos a pesar de que era el responsable de supervisarlos.

Reinicio del concurso

La detección del fraude se produjo antes de que la licitación de las generales se pusiera en marcha. Para evitar suspicacias, Interior decidió repetir todo el proceso desde el comienzo. Atos no llegó a presentarse al concurso y, finalmente, llegaron al último filtro el gigante Indra y la UTE formada por Scytl y Tecnocom. Estas dos últimas compañías son las que han obtenido la mejor nota, aunque la adjudicación aún está pendiente de los últimos trámites.

Fuentes de Atos han negado a este diario que, como sostienen los investigadores, recibieran los pliegos de condiciones del concurso de los próximos comicios antes de que fueran públicos y han subrayado que no han tenido ningún tipo de relación comercial con Base 100 SA, la firma sobre la que girarían las presuntas irregularidades.