A una semana del referéndum de autodeterminación de Cataluña convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, los catalanes están cada vez más convencidos de que, en caso de que se pueda celebrar, su resultado no puede tener valor legal para proclamar la independencia. Una clara mayoría de catalanes defienden la celebración de un referéndum acordado, pero no el que plantea la Generalitat: sin garantías, sin pacto con el Gobierno y sin que se establezca un mínimo de participación.

Casi dos tercios de los catalanes (61%) consideran que este referéndum no puede ser considerado válido internacionalmente y, de hecho, solo cuatro de cada diez (40%) creen que se podrá celebrar con normalidad en todo el territorio de Cataluña.

Con el ruido en la calle en aumento por la detención de los organizadores del referéndum y con las medidas de intervención económica del Gobierno sobre la Generalitat en marcha aumenta la sensación de que el referéndum no está bien planteado. Así lo refleja el sondeo de Metroscopia elaborado sobre la base de 2.200 encuestas entre el lunes y el jueves, justo antes y después de que se activaran dichas medidas. Comparado con la última encuesta, publicada por EL PAÍS hace 15 días, van en aumento los críticos con el referéndum planteado. Los defensores de la forma como se ha tramitado la votación han bajado del 41% al 39%, mientras que los contrarios han aumentado ocho puntos, hasta el 52%.

La primera encuesta de septiembre se realizó justo en el momento de la crispada sesión parlamentaria en la que la oposición al completo llegó a ausentarse para no votar la ley del referéndum. Sin embargo, la preocupación por la falta de garantías ha ido en aumento desde entonces. Solo un 34% de los encuestados creen que la votación reúne todas las garantías para ser considerado legal y válido, cuatro puntos menos que hace dos semanas. Los contrarios son el 61% y resulta reseñable que entre ellos se cuentan el 30% de los votantes del PDeCAT y el 37% de los partidarios de la CUP.

Negociación a la vasca M. N Un 57% de los catalanes creen que lo mejor sería que el Govern de Carles Puigdemont optara por una estrategia negociadora similar a la que se ha dado en el País Vasco. Además de los votantes de los partidos constitucionalistas, defienden esta opción más de un tercio de los simpatizantes del PDeCAT. Las dudas y el rechazo mayoritario que genera el referéndum de independencia que ha planteado la Generalitat no significan, ni mucho menos, que los catalanes no quieran ser consultados sobre la autodeterminación de Cataluña. Al margen del apoyo entre las formaciones independentistas, tres de cada cuatro votantes socialistas apuestan por el referéndum pactado y también lo defiende el 57% de los de Ciudadanos y hasta un 49% de los del Partido Popular. La medida de volver a empezar y edificar el referéndum sobre un pacto se vislumbra, sin embargo, como algo casi imposible con un Gobierno del PP. El 82% lo ve de esta manera, incluidos dos de cada tres votantes del partido de Mariano Rajoy. De hecho, se mantiene —con un resultado idéntico al del último sondeo— la proporción de catalanes que consideran al Gobierno del PP como un elemento que ha ayudado a reforzar el proceso independentista en vez de debilitarlo (82%). Dicha idea también la sustenta uno de cada cuatro votantes del PP. Menos unanimidad aflora cuando se pregunta si la vía pactada sería más fácil con otro gobierno. Lo consideran así un 65% de los catalanes, pero la idea divide en dos el electorado de la CUP y, como es lógico, tampoco cuaja entre los votantes del PP.

Pese a las manifestaciones de los últimos días y la firmeza expresada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, el electorado dista de estar convencido de que el referéndum se acabe llevando a cabo. En la última semana la Guardia Civil ha intervenido las tarjetas que iban a enviarse para constituir las mesas electorales, así como más de nueve millones de papeletas. Con esta situación, solo el 40% cree que la votación se podrá llevar a cabo en toda Cataluña, entre ellos más del 25% de los votantes de Esquerra Republicana y del PDeCAT. Otro tercio del electorado cree que la consulta se celebrará solo en algunos puntos de Cataluña, donde no lo puedan impedir las fuerzas de seguridad. Solo dos de cada diez, básicamente el electorado del PP (56%), auguran que la votación no se podrá celebrar en ningún lugar.

La medida más tajante que baraja el Gobierno para solucionar la cuestión, retirar competencias de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución, despierta rechazo mayoritario entre los catalanes. Solo el 13% cree que ayudaría a apaciguar la situación actual frente a un 61% que considera que la empeoraría. El rechazo a aplicar esta medida es muy mayoritario entre los partidos independentistas pero tampoco convence a los votantes de Ciudadanos o del PSC. Solo los electores del PP (65%) la defienden como una solución válida.

La salida que apuntan los catalanes es la de la negociación, por más que en estos momentos se vislumbre como algo muy remoto, al menos hasta que haya pasado la fecha del 1 de octubre. Hasta un 82% de catalanes se muestran partidarios de solucionar el problema catalán con un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia. La idea seduce a la inmensa mayoría de los partidos independentistas pero también recoge numerosos apoyos entre las fuerzas constitucionalistas.