La comisión parlamentaria confirma que Óscar Pérez y el resto de rebeldes fueron ajusticiados y acusa al régimen de Maduro de violar los derechos humanos e infringir diez acuerdos internacionales y leyes venezolanas

«Están todos los orificios de bala, tenemos a un hombre herido. Ya estamos negociando».

Eso va narrando, el 15 de enero de 2018, Óscar Pérez mientras recorre la propiedad en El Junquito, Caracas. Instantes más tarde sería masacrado, a quemarropa, en una ejecución sumaria, por los sicarios chavistas.

En el video difundido por el periodista venezolano Alberto Rordríguez, el valiente Pérez afirma que hay un hombre herido, que hay civiles y muestra a Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, la esposa de Jairo Lugo.

En el graph de esa imagen se asegura que la mujer está embarazada. Pérez, Lugo y Mantilla fueron acribillados ese día.

«Estamos rodeados, hay francotiradores», advierte el ex policía sublevado.

Este vídeo prueba que el grupo estaba negociando la entrega y que las fuerzas del régimen lo asesinaron a sangré fría, una vez que ellos depusieron laas armas y estaban inermes.

Estas imágenes se suman a las subidas por el ‘Rambo venezolano’ en su cuenta de Instagram antes de morir. En esos videos, se lo ve ensangrentado, pidiendo que los dejen entregarse.

Oscar Pérez, inspector de la Policía científica, se alzó en junio de 2017 contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando sobrevoló Caracas con un helicóptero de ese cuerpo policial y mostró un mensaje llamando a la desobediencia civil.

En varios vídeos publicados en las redes sociales, Pérez pedía al pueblo y a los militares que salieran a las calles para acabar con la «tiranía» chavista.

En su última acción antes de ser masacrado, Pérez asaltó junto a sus hombres un cuartel militar, del que sustrajo armamento y en el que sometió a los soldados sin agredirlos y les recriminó su apoyo a Maduro, según una grabación de los hechos que él mismo difundió.

EL INFORME DE LA COMISIÓN

La comisión especial parlamentaria que ha investigado el caso de la denominada «masacre de El Junquito» confirma que el policía rebelde Óscar Pérez y sus seis compañeros fueron ajusticiados con un tiro de gracia después de haberse rendido a las autoridades policiales y militares el pasado 15 de enero.

La diputada Delsa Solorzano, presidenta de la comisión especial parlamentaria que investigó la matanza, presentó este 22 de enero de 2018 un informe en el que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las violaciones de derechos humanos y exige la indemnización de los hijos y familiares de las víctimas.

«Los disparos a la cabeza que reflejan los certificados de defunción revelan un patrón que indica que hubo ajusticiamiento en todas las víctimas», sentenció la presidenta de la comisión parlamentaria.

«Tenemos los testimonios de los familiares de cómo estaba cada uno de los cuerpos. Los seis hombres tenían disparos en la cabeza. Esto habla de un patrón».

«Seis varones aparecen en las actas de defunción con causa de muerte por disparo en la cabeza, en algunos casos dice múltiple y en otros único, esto habla de un patrón de conducta».

Se trata, además de Óscar Pérez, de Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel,y Jairo y Abraham Lugo.

En cuanto a la enfermera Lisbeth Ramírez, aclaró que la joven fue ajusticiada con un disparo en la cervical, que también es un tiro de gracia en la nuca.

«Ha habido allanamientos, lesiones graves, torturas .Todo esto constituye una gravísima violación de los derechos humanos de la cual han sido víctimas estas personas».

En total, como recoge Ludmila Vinogradoff en ‘ABC, el Estado venezolano y sus instituciones bajo el Gobierno de Maduro incurrieron en la violación de diez convenios internacionales y leyes nacionales por su arbitraria actuación, que han sido detalladas en el informe parlamentario.

La diputada Solórzano mostró a la prensa la comunicación enviada al Ministerio Público y a los titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, solicitando su comparecencia en la Asamblea Nacional, aunque ninguno ha respondido a la solicitud.

Afirmó que las autoridades policiales y militares destruyeron las pruebas en la escena del crimen de la vivienda en El Junquito para no dejar rastros del asesinato colectivo.

Tampoco entregaron los cuerpos a los familiares y más bien retrasaron y dividieron su entierro en diferentes cementerios para impedir el sepelio del piloto Pérez y su grupo en forma colectiva como lo habían solicitado los familiares.

Delsa Solórzano denunció que el régimen de Maduro quería cremar los cuerpos de los insurgentes para borrar todas las evidencias, pero reconoció que la labor de la morgue de Bello Monte en el caso de Óscar Pérez y su grupo lo impidió.

Los funcionarios de la medicatura forense «se restearon y no permitieron la cremación».

«Querían cremar los cuerpos»

La diputada fue contundente:

«No fueron rumores, no fueron especulaciones: querían cremar los cuerpos, por eso insistimos ante la morgue de Bello Monte en el cumplimiento de la Ley de Servicio Funerario; los cuerpos inhumados deben ser resguardados».

«Se tiene que resguardar el lugar donde ocurren los hechos punibles, para evitar que se desaparezcan o alteren evidencias. El lugar del suceso, en el Junquito, fue completamente destruido».

En cuanto al entierro dijo la diputada que ahí también se violaron los derechos de los familiares.