La Plaza de la Constitución de la ciudad de León, Guanajuato, fue rebautizada Plaza de los Mártires del 2 de enero por el primer gobierno panista que conquistó el ayuntamiento en 1988. El Archivo General de la Nación alberga un voluminoso expediente sobre el episodio que explica este nombre. Incluye relatos de testigos presenciales, informes resultado de investigaciones de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Permanente, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Suprema Corte de Justicia. Además, el archivo del Departamento de Estado contiene un reporte del FBI sobre los acontecimientos de León.1 Todas las versiones coinciden en que el origen de este drama fue un fraude electoral. La historia es como sigue:2

El 16 de diciembre de 1945 los guanajuatenses fueron a las urnas para renovar autoridades municipales y diputaciones locales. En León la oposición al PRM se había congregado en torno al comerciante Carlos A. Obregón, quien tenía el apoyo de la Unión Cívica Leonesa (UCL). Esta organización surgió en junio anterior a iniciativa de un grupo de comerciantes e industriales, que al anochecer se reunía en la plaza a platicar lo que había traído la vida ese día. Los temas de la ciudad se impusieron porque el gobierno municipal había iniciado la construcción de una red de drenaje que había puesto a León de cabeza: zanjas abiertas, cascajo en la mitad de las aceras, calles bloqueadas eran hasta ese momento los únicos resultados de los trabajos en una ciudad de 100 mil habitantes. De inicio el desarrollo del programa contó con la colaboración —incluso financiera— de estos ciudadanos con la municipalidad; pero las relaciones se agriaron cuando la UCL decidió lanzar un candidato a la presidencia municipal con la idea de que sólo desde ahí podía detenerse la corrupción que había duplicado el monto y el tiempo de realización del programa.3

La cabeza del grupo era un agente de seguros y masón, Ricardo Hernández Sorcini, y el secretario, Jesús Garibay, era funcionario del sindicato de ferrocarriles. De hecho la UCL tuvo amplio apoyo obrero, como se desprende de los muchos telegramas que distintos grupos de trabajadores industriales enviaron al presidente pidiéndole que castigara a los responsables de lo que fue la peor masacre de civiles de que se tuviera memoria.4 La orientación política de la Unión era vaga; más allá del repudio al imposicionismo del PRM, había diversidad, pues unos eran desencantados del partido oficial y otros no terminaban de ilusionarse con el PAN, y siendo León la cuna del sinarquismo, no faltaron miembros de la UNS, por ejemplo, los hermanos José y Alfonso Trueba Olivares, que, sin embargo, habían sido expulsados de ella dos años antes.

El día de la elección hubo pocos incidentes, a pesar de que los funcionarios electorales carecían de boletas o de listas de electores o las que tenían eran muy viejas. La oposición estaba preparada para que algo así sucediera, de suerte que depositó sus votos en las mesas de votación en sobres cerrados y notariados. El 17 de diciembre la UCL solicitó una entrevista con el presidente Ávila Camacho para exponerle los problemas que había enfrentado: el hostigamiento de la policía, los abusos del PRM. La audiencia no les fue concedida porque el presidente “[tenía] mucho trabajo”, pero les pidió que lo mantuvieran informado por escrito. El 20 de diciembre los dirigentes de la UCL comunicaron a la presidencia de la República que, de acuerdo con sus cálculos, Carlos Obregón había obtenido 22 mil 173 votos, mientras que el candidato oficial, Ignacio Quiroz, había recibido 58; sin embargo fue declarado vencedor por la Junta Computadora que había designado el gobernador, Ernesto Hidalgo.

El repudio a la imposición se manifestó de inmediato; la UCL nuevamente apeló al presidente pero sólo logró que los recibiera el subsecretario de Gobernación, que se limitó a escucharlos. La toma de posesión en León estaba programada para el 1 de enero de 1946. En previsión de alguna trifulca el gobernador movilizó además de las fuerzas federales, a un numeroso grupo de agraristas de las inmediaciones que desde el 31 de diciembre ocupó la plaza frente al Palacio Municipal para evitar que los descontentos se manifestaran. Paradójicamente, los agraristas tenían mucho en común con el grueso de quienes se congregaron esos días para protestar contra el fraude electoral. Pero los ánimos estaban levantados, y esa noche los campesinos armados que había traído el gobernador Hidalgo intercambiaron insultos con los perfumados asistentes a una fiesta de fin de año que se celebraba en el casino situado también frente a la plaza, pero no pasaron a mayores.

Al día siguiente, 1 de enero, el gobernador envió un telegrama al presidente Ávila Camacho al filo de las 12 del día para informarle que la renovación de los ayuntamientos en todo el estado había transcurrido con normalidad, incluso en León donde la oposición había llevado a cabo una intensa labor de propaganda para provocar escándalo e inquietud. Según él, la “valiosa presencia de fuerzas federales” había servido “para tranquilizar a la población”.5 No obstante, unas cuantas horas después mandó un nuevo telegrama para “complementar” el anterior, en el que informaba que en el Parque Hidalgo había habido “ligeros incidentes” con un grupo de opositores.

Según un testigo presencial, el teniente Francisco E. Mireles, que el 3 de enero envió al presidente un reporte detallado “de los terribles acontecimientos de León”, lo ocurrido en el Parque Hidalgo no fue ligero.6 Ahí se reunió el mismo 1 de enero un grupo como de 300 opositores, lejos del Palacio Municipal para evitar a los agraristas, con la intención de llevar a cabo una ceremonia paralela de toma de posesión e investir presidente municipal a Obregón. Según Mireles, de repente empezaron a llegar fuerzas federales montadas que rodearon la plaza y se lanzaron “a caballazos” y “a dar de culatazos contra los ahí reunidos”. Una señora en “estado interesante” fue golpeada y cayó al piso de donde ya no se pudo levantar, murió al día siguiente. Hubo más de 30 heridos, entre pisoteados y golpeados.7

Lo peor fue el día 2. Era martes, pero continuaba el asueto navideño. Desde el atardecer había mucha gente en la plaza frente al Palacio Municipal, algo así como cuatro mil personas entre votantes de la UCL, curiosos, paseantes, familias, y muchos niños. Según Mireles, parecía “día de serenata”, aunque después de la golpiza del día anterior se había extendido la protesta y numerosos comercios estaban cerrados. De todas formas había “mucha boruca” porque corría el rumor de que el flamante presidente municipal había hablado con los “representativos” de la ciudad y que estaba dispuesto a renunciar. De repente apareció un grupo de muchachos de entre 12 y 18 años, que cargaba un ataúd que tenía de un lado el nombre de Ignacio Quiroz, y del otro, el del PRM. Se burlaban de ambos, festejaban su victoria —la supuesta renuncia—, bailoteaban y gritaban mueras al partidazo, y llegaron casi a la puerta del Palacio Municipal donde colocaron el ataúd. Eran las nueve de la noche en punto, cuando “se olló [sic] un trueno claro como un cuete y luego un disparo como de pistola y se desató una enorme balacera”.8 A los golpes secos de los máuseres pronto se impuso el tableteo de las ametralladoras Thompson que estrenaba el ejército. La gente aterrorizada empezó a correr en todas direcciones, ciega de pánico, en busca de una salida, pero coches particulares y vehículos militares las habían bloqueado todas. Los gritos de miedo y los ayes de dolor se mezclaban a las maldiciones de los atacantes, y al estruendo de los balazos. Lo más terrible era ver a los niños empavorecidos que no sabían hacia dónde ir, y muchos murieron porque atravesaron la calle donde estaban los soldados disparando.9 Algunos de ellos treparon a los árboles, pero hasta allí los alcanzaban para dispararles, y caían como pajaritos; otros levantaban los brazos —como habían visto que se hacía en las películas de guerra—, o de plano se tiraban bocabajo. Pero ni así les perdonaron la vida.

El tiroteo duró cerca de 20 minutos. Cuando se detuvo, el piso de mosaico de la plaza estaba encharcado de sangre; los árboles tenían las ramas rotas, atravesadas por las balas; las bancas del jardín de la Plaza de la Constitución recibieron múltiples impactos porque la gente buscó refugio tras sus laureles de hierro forjado. El espectáculo era desolador: huaraches rotos, rebozos en jirones, gorras de lona y sombreros de palma destrozados. La persecución de quienes lograron salir de la plaza siguió por algunas calles aledañas, pero los soldados los alcanzaron en jeeps para rematarlos. La Cruz Roja, que había intervenido para recoger a los heridos, se retiró después de que uno de sus camilleros cayó muerto.

La noticia corrió como la lumbre. El 3 de enero los periódicos de la ciudad de México reportaron los acontecimientos y publicaron aterradoras fotografías que dejaron a la opinión pública estupefacta. Los editoriales de “la prensa reaccionaria” —como calificaba Martín Luis Guzmán a la mayoría de los periódicos de la capital— le exigían al gobierno que no dejara pasar por alto lo sucedido. Ese mismo día, por instrucciones del señor presidente, el secretario de Gobernación, Primo Villa Michel, llegó a León para iniciar una investigación. Asimismo, la Comisión Permanente formó una comisión investigadora, integrada por dos senadores y tres diputados. La SCJN, por su parte, respondió positivamente a la demanda de la dirigencia del PAN de proceder “a averiguar los hechos.”

Ese mismo 3 de enero un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional, entonces a cargo del general Francisco Urquizo, afirmaba que el resultado del “motín” había sido 22 muertos y 70 heridos,10 pero el rumor popular hablaba de 30 muertos y 300 heridos. En las semanas siguientes estos números variaron, por ejemplo, según la comisión investigadora de la Comisión Permanente hubo 26 muertos y 150 heridos; El Sinarquista Extra reportó el 17 de enero 43 muertos y 150 heridos,11 aunque nunca se sabría con certeza cuántos fueron porque —se decía— el ejército había retirado cadáveres, y porque muchos de los heridos fueron atendidos en casas particulares. La Secretaría de la Defensa Nacional también informaba que había restablecido de inmediato el orden; en la madrugada había detenido a 70 de los sinarquistas y a su dirigente, Hernández Sorcini, que, según el oficial responsable, coronel Pablo Cano, habían provocado “los desórdenes” y la “agresión a los soldados”.12

Estas acusaciones fueron secundadas por Martín Luis Guzmán desde la tribuna de su revista Tiempo, Vicente Lombardo Toledano y la CTM también culparon a los sinarquistas, y en particular a sus líderes “que en forma despiadada prepararon y provocaron los sucesos, si bien dispuestos a no exponerse personalmente a la hora del sacrificio”.13 El senador Nabor Ojeda expresó la opinión del PRM: “Estamos frente a frente los mismos partidos que ayer… Se nos disputa la Revolución”.14 Sin embargo, las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo demostraron que la acusación era insostenible. Más todavía, en ese momento la UNS estaba debilitada por graves conflictos internos, lo que quedaba de ella mantenía una buena relación con el presidente Ávila Camacho. Según los católicos leoneses el conflicto no tenía nada de religioso pues el régimen era “tolerante y la propia esposa del Primer Magistrado les ha ayudado tanto a obtener las conquistas por las que ellos contribuyeron… [sic]”.15

Pasado el fin de semana del Día de Reyes, y una vez que cada una de estas comisiones rindió el informe respectivo al presidente Ávila Camacho, la opinión pública conoció los resultados de estas investigaciones paralelas. Coincidían en que la tropa había actuado en defensa propia y que el responsable había sido el gobernador, pero discrepaban en lo que se refiere al evento que desató el ataque. Villa Michel dejó implícito su juicio sobre lo ocurrido en León, cuando se limitó a anunciar que después de escuchar los resultados de su investigación el presidente había acordado solicitar a la Comisión Permanente nombrar un gobernador provisional en Guanajuato “por haberse colocado los Poderes del Estado en una situación contraria a los principios fundamentales de nuestro orden jurídico constitucional”.16

La comisión de legisladores informó a la Comisión Permanente que el triunfo de Obregón había sido arrollador, pero que el gobernador “se obcecó”. En estas condiciones, para que Ignacio Quiroz pudiera instalarse en la presidencia municipal había sido necesario que las autoridades militares se encargaran de vigilar la ciudad. Esta presencia y la noticia de que el 31 de diciembre en la noche habían sido aprehendidos Hernandez Sorcini y un amplio grupo de la UCL —y no el 2 de enero, como lo declarara el coronel Cano—, provocó gran enojo entre los leoneses. En esta atmósfera crispada —continúa el informe de los legisladores— se reunió la gente en la plaza el día 2 para protestar contra la imposición; “aproximadamente a las 20.30 horas [en que] los soldados se decidieron a hacer fuego”. Primero, al aire, pero como aseguraban los legisladores, les lanzaban palos y piedras, y luego empezaron a disparar en todas direcciones. Esta versión desmentía la acusación inicial de la Secretaría de la Defensa de que los sinarquistas habían atacado a los soldados, pero negaba que hubieran recibido la orden de atacar. Además, según el diputado miembro de la comisión investigadora, Manuel Moreno Sánchez, “juzgar a los militares sólo compete a los tribunales militares”.17

En paralelo a estas investigaciones oficiales una organización denominada Unificación de Veteranos de la Revolución, cuyo presidente era el general Jesús Agustín Castro, secretario de Defensa del presidente Cárdenas, hizo la suya. El 12 de enero entregó a Ávila Camacho los resultados con carácter de Reservado.18 Una de las primeras observaciones del documento es que “jamás se había matado ni herido en México tanta gente de modo tan siniestro y pavoroso”, y de entrada acusa a “malos jefes militares” que se hicieron instrumento “de políticos perniciosos”. Luego describe las escenas de la tragedia, y acusa directamente al coronel Olvera Barrón de lanzar a la multitud una granada a las nueve de la noche en punto, y minutos después una segunda que parece haber sido la señal para que la tropa que estaba apostada en los balcones del Palacio Municipal disparara contra la multitud.19

La gravedad de estos sucesos no pasó inadvertida para el embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, quien los reportó al Departamento de Estado desde el 3 de enero y casi a diario durante más de 15 días.20 De hecho, les dio más importancia que a la fundación del PRI. En su opinión, las autoridades municipales habían utilizado a las fuerzas federales para reprimir a quienes protestaban contra el fraude electoral, y apuntaba las posibles repercusiones de estos hechos. Por una parte, podían desencadenar una movilización nacional, pues una situación similar a la de León se había presentado en Monterrey y en varios municipios de Tamaulipas y de Michoacán. Y no exageraba: el 11 de enero en solidaridad con el duelo de León 12 mil instalaciones industriales, 120 mil comercios en todo el país y la totalidad de los bancos, efectuaron un paro de tres horas. Por otra parte, los hechos podían ser un avance de lo que podría ocurrir en la elección presidencial de julio, si el PRM defraudaba el voto popular.

El FBI hizo su propia investigación.21 En un reporte con fecha del 8 de enero sostiene que la matanza había sido el trágico desenlace de un conflicto postelectoral en el que había intervenido el ejército; pero añade que, según el informante del FBI en la Secretaría de Gobernación, no había duda de que el coronel Olvera Barrón había dado la orden de ataque.

Además, afirmaba que los líderes del PRM en Guanajuato habían convencido al oficial de que los sinarquistas preparaban una insurrección. Si los políticos del partido oficial efectivamente habían dicho a los militares que los sinarquistas preparaban una revolución, es posible que buscaran remover los rescoldos de la guerra cristera entre oficiales que se habían formado en esas batallas.

Las investigaciones indicaban que el ejército no había sido atacado, sino que había sido el atacante, y así lo confirmaba la evidencia, por ejemplo, ni un solo soldado u oficial había sido herido siquiera, 50% de las víctimas eran mujeres y niños, y 80% de las víctimas mostraba impacto de balas en la espalda y en las piernas. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa sostuvo la versión inicial de que una provocación había desencadenado la tragedia y de que la tropa había reaccionado en defensa propia, pero los responsables ya no eran abiertamente sinarquistas, sino sinarquistas embozados. Según un boletín de prensa del 17 de enero de la Secretaría “varios individuos a bordo de un automóvil hicieron disparos por una de las calles que limitan con el jardín, seguramente para soliviantar ánimos y provocar una acción por parte de la guardia establecida en el Palacio Municipal…”.22 Añadía que los dos oficiales involucrados, los coroneles Cano Martínez y Olvera Barrón, habían incurrido en infracciones de disciplina: uno, porque encomendó la vigilancia de la ciudad a un oficial de igual grado, sin dar previo aviso a la Secretaría de la Defensa; otro, porque permitió que sus subordinados dispararan sin órdenes suyas.23 Estas faltas eran menores, y el veredicto fue una desilusión para quienes esperaban que fueran acusados del delito de violencia conducente a homicidio. Ambos oficiales fueron trasladados a la ciudad de Guadalajara, donde fueron consignados al Juzgado de Instrucción Militar. El 2 de febrero se les dictó auto de formal prisión. Cano Martínez y Olvera Barrón fueron liberados después de la elección presidencial de julio, en noviembre de 1946.

La desaparición de poderes en Guanajuato fue vista por la corriente lombardista del PRM como “un triunfo de la reacción”; Fidel Velázquez, el joven líder obrero, afirmó que había sido un grave error del presidente, y añadió: “Los soldados hicieron bien en disparar sobre el pueblo de León ya que habían sido insultados por un largo lapso”.24 Al día siguiente se desdijo. En cambio, una gama de asociaciones profesionales aplaudió la decisión, al igual que grupos simpatizantes de la candidatura presidencial de Ezequiel Padilla, cámaras locales de comercio, entre otras organizaciones de clase media. El 11 de enero Antonio Espinosa de los Monteros, embajador de México en Estados Unidos, envió el siguiente telegrama: “Permítome felicitar a usted calurosamente […] ha causado magnífica impresión aquí”. El gobierno había salvado la cara.

La matanza de León entrañaba muchos riesgos para la todavía titubeante estabilidad política: desde el surgimiento de una movilización civil nacional hasta una sublevación militar. No obstante, el presidente Ávila Camacho supo hacer de la necesidad virtud y convirtió el episodio en un factor determinante de la exclusión de los militares en activo de la política, pues quedaron a deberle el que aceptara la inverosímil versión del procurador militar de lo ocurrido la noche del 2 de enero, y la sentencia del tribunal castrense. León fue la oportunidad para que el presidente precisara y afianzara la frontera entre los militares y la política. Así, el 12 de enero de 1946 el general secretario Urquizo envió a los comandantes de zonas militares una circular que reiteraba que debían abstenerse de proporcionar fuerzas federales para asuntos políticos, porque las “tropas no desempeñarán funciones de policía…”.

Los acontecimientos aquí narrados son un capítulo de la historia de la defensa del voto en México. La batalla fue deliberadamente desvirtuada y asociada con los enemigos de la Revolución, y, en consecuencia, deslegitimada. La estrategia también tuvo consecuencias sobre el significado del voto que apareció como un arma de la contrarrevolución que los verdaderos revolucionarios tenían que controlar, si no es que desmantelar. Así vistas, las elecciones libres eran una persistente amenaza para el régimen. El PRI nació con este miedo y durante casi medio siglo evitó como pudo los riesgos que acarrean.

Muchas son las preguntas que plantea el 2 de enero en León. Por ahora baste apuntar que la actuación de Ávila Camacho contribuye a la calidad excepcional de esta historia porque, a diferencia de sus antecesores y de sus sucesores, no cifró la solución del conflicto en la autoridad presidencial, sino que se apoyó en otras instancias. La participación del Congreso, de la Suprema Corte y de la prensa contribuyó a desactivar la crisis y a procesar la indignación que provocó el asalto en León. De ahí la eficacia presidencial.

No obstante la cantidad de pruebas en contrario, el peso del imaginario de la Revolución ha sostenido por décadas la versión de quienes, como Lombardo Toledano, afirmaban que lo ocurrido en León en enero de 1946 había sido una más de las batallas de los sinarquistas contra la Revolución. Hasta los años ochenta esta interpretación se nutrió de la creencia de que la defensa del voto era un tema de la reacción. Sólo la caída del Muro de Berlín acabó con este prejuicio, y no del todo.

Soledad Loaeza. Profesora-investigadora de El Colegio de México. Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010. Autora de Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo.

Agradezco a Guillermo Zermeño los atinados comentarios a una primera versión de este artículo, y a Claudia Piña su labor de recopilación documental.

1 Ver, por ejemplo, los reportajes al respecto del periódico a.m. de León; y http://periodismoehistoria.blogspot.mx

2 Para esta reconstrucción me apoyé en los informes mencionados, que, en general, se complementan en la descripción de los hechos.

3 “Los sucesos de León, Guanajuato. Informe de los comisionados de la Corte. Indagatoria en diversas fuentes, exceptuando las militares”, El Nacional, viernes 1 de febrero de 1946, año XVII, tomo XXII, pp. 1 y 8, primera sección. Ver también Daniel Newcomer, “The symbolic battleground: The culture of modernization in 1940’s León, Guanajuato”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 18, núm. 1 (invierno 2002), pp. 61-100.

4 México. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Andrés Servín Ojeda, Manuel Gómez Morín y Roberto Cossío Cossío, los dos últimos por el Comité Directivo del Partido Acción Nacional, piden a la SCJN, con fundamento en el artículo 97 constitucional, su intervención en el conflicto suscitado en la ciudad de León, Guanajuato, con motivo de las elecciones municipales celebradas en aquella ciudad para la renovación del ayuntamiento en el año de 1946, y el primero pide se haga justicia en hechos sangrientos relacionados con el mismo conflicto”, No. de orden de producción México 3264; Clave única de legajo 1; No. de legajo 1; Clave única de expediente 778483.

5 Ernesto Hidalgo a General de División y Presidente de la República Manuel Ávila Camacho, Telegrama extraurgente, AGN, Galería 3, expediente 544.5/304.

6 Teniente Francisco E. Mireles al General de División y Presidente Constitucional de la República, Manuel Ávila Camacho, 3 de enero de 1946. AGN, Galería 3, expediente 544.5/304.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 “Los sinarquistas iniciaron el ataque a la ciudad de León. El coronel Cano afirma que abrieron fuego sobre las fuerzas federales”, El Nacional,Órgano oficial del gobierno de México, viernes 4 de enero de 1946, año VII, tomo XXII.

11 Citado en Daniel Newcomer, op. cit., p. 88.

12 Ídem.

13 “León, 2 de enero de 1946”, Tiempo, 11 de enero de 1946, vol. VIII, núm. 193, p. 3.

14 Citado en “La oposición. Victoria reaccionaria”, Tiempo, ibíd., p. 10.

15 Jesús Agustín Castro y Antonio Hernández Ferrer a General de División, Manuel Ávila Camacho, Palacio Nacional, Informe que rinde la Unificación de Veteranos de la Revolución, Archivo General de la Nación, Galería 3, expediente 544.5/304.

16 “El Ejecutivo pide a la C. Permanente la desaparición de poderes en Guanajuato. Solicita se designe a un Gobernador Provisional”, El Nacional, martes 8 de enero de 1946, año VII, tomo XXII, pp. 1 y 6.

17 “El informe de la comisión designada por la Permanente”, El Nacional, martes 8 de enero de 1946, año VII, tomo XXII, pp. 1 y 6.

18 Jesús Agustín Castro y Antonio Hernández Ferrer a General de División, Manuel Ávila Camacho, Palacio Nacional, Archivo General de la Nación, Galería 3, expediente 544.5/3 04.

19 Ídem.

20 George S. Messersmith a The honorable Secretary of State, 3 de enero de 1946. Aerogram, Despatch 27 867, Confidential U.S.State Department Central Files, Mexico. Internal Affairs, 1945-1949, Part 1, 3 00278, University publications of America, Maryland. Biblioteca Lamont. Universidad de Harvard.

21 John Edgar Hoover —Director, Federal Bureau of Investigation, to Mr. Frederick B.Lyon, Chief Division of Foreign Activity Correlation, Department of State, Personal and confidential, 21 de enero de 1946, File 100-4326, Confidential U.S.State Department Central Files, Mexico. Internal Affairs, 1945-1949, Part 1, 00732, University publications of America, Maryland. Biblioteca Lamont. Universidad de Harvard.

22 “Síntesis del informe del Procurador (de Justicia Militar)”, El Nacional, 17 de enero de 1946, año VII, tomo XXII, pp. 1 y 10, Primera Sección.

23 “Hechos que ha señalado el Lic. R.Bonilla. El procurador militar indica que los coroneles Cano Martínez y Olvera Barrón incurrieron en infracciones”, El Nacional, jueves 17 de enero de 1946, año XVII, tomo XXII, pp. 1 y 10, Primera Sección.

24 “Fidel vs.el Presidente”, La Nación, año V, núm. 223, 19 de enero de 1946, p. 4.