05 de Diciembre de 2019

Me dice Patricia Hernández que sus hermanos son inocentes.

Lo sé, no sería la primera vez que alguien meta la mano al fuego por sus familiares y salga chamuscado, pero el resto de su relato tiene mucho de inquietante, pues, a mi juicio, pone en duda que Héctor Mario y Luis Manuel hayan tenido que ver con el asesinato de los nueve integrantes de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre, en una brecha del municipio de Bavispe, Sonora.

De acuerdo con Patricia —con quien hablé ayer, en Imagen Radio—, sus hermanos estaban en su casa, en Janos, Chihuahua, la mañana del domingo pasado, cuando agentes de la SEIDO llegaron a buscar a Cipriano, el vecino.

No lo encontraron, dice Patricia, porque Cipriano y su mujer están en Estados Unidos haciendo un trámite derivado de un accidente automovilístico.

Cipriano es el dueño y operador de la única grúa que hay en Janos. Esa historia la corrobora el alcalde del municipio, Sebastián Pineda, con quien también hablé ayer.

Cada vez que hay un accidente o se descompone un auto, a quien llaman para mover los vehículos es a Cipriano. Él es también presidente de un club cinegético, por lo que guarda en casa varios rifles de cacería, debidamente registrados, mismos que los agentes se habrían llevado luego de forzar su entrada en el domicilio.

De la casa de Cipriano se pasaron a la suya. Ahí encontraron a Héctor Mario y a Luis Manuel.

Además de ser propietarios de algunas cabezas de ganado, los hermanos están a cargo de su padre, quien perdió la movilidad a causa de una embolia.

Como todos los días, Patricia llegó a la casa para cambiarle el pañal a su padre y darle de desayunar. Me dice que toma un medicamento muy fuerte y que necesita ingerir alimento de inmediato para evitar problemas gástricos.

Cuando llegó, encontró la puerta abierta y algunos vidrios quebrados. Su padre estaba solo. Fue un vecino quien le dijo que a sus hermanos se los habían llevado “unos agentes como de la PGR en una camioneta sin logotipos”. Un vecino había escuchado que los detenidos se quejaban de que les habían sembrado droga.

El alcalde Pineda dice que conoce a los hermanos Hernández, pero que “no muy bien, porque yo no vivo en la cabecera municipal, sino en una comunidad a 35 kilómetros de distancia”.

Aun así, agrega, se le hace raro que sean miembros de un cártel, pues, si lo fueran y tuvieran dinero, su padre no estaría en casa, sino en un hospital, con cuidados especializados.

Patricia dice que cuando pobladores de Janos bloquearon la carretera a Nuevo Casas Grandes para exigir la presentación de sus hermanos, las autoridades accedieron a ponérselos al teléfono para que cesaran la protesta.

“Se me hizo raro que lo primero que me dijo Héctor Mario es que no los habían golpeado. Luego, me comentó que estaban bien y me pidió que quitáramos el bloqueo. ¿Por qué me dijo que no los habían golpeado, si yo no se lo pregunté?”.

Antes de entrevistar a Patricia, busqué al fiscal Alejandro Gertz Manero para conocer la posición de la Fiscalía General de la República, que está a cargo de la investigación sobre el multihomicidio de Bavispe y de la que dependen los agentes que se detuvieron a los hermanos Hernández.

“Apelo a su comprensión, no estamos saliendo a medios”, fue la respuesta que enviaron desde su oficina.

Insisto en lo que escribí aquí ayer: es fundamental que la investigación de este caso, que ha conmovido a todo el país, sea transparente.

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