Una agresión el pasado mes de julio en las Fiestas del Carmen de Corralejo y una denuncia que ha destapado un caso de corrupción en torno a las concesiones de explotación y servicios de las hamacas en las playas de Corralejo y El Cotillo son dos actos que en principio no tienen relación. Sin embargo, cuando el portavoz de Votemos La Oliva, Álvaro de Astica, acudió a denunciar el ataque que había desfigurado la cara de su hijo, encontró un nexo que le permitió relacionar las dos cosas. Y es que Dennis Miranda, abogado del presunto agresor, es uno de los investigados en el conocido como caso Hamacas, además del hijo de uno de los considerados principales beneficiados de esta red que presuntamente amañaba concursos con adjudicaciones por precios de explotación muy inferiores a los iniciales.

La interventora del Cabildo de Fuerteventura pujó en concursos públicos para beneficiar a su hermano

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Después de que De Astica hiciera conocedora del caso a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en abril, el pasado 10 de octubre, el Ministerio Público remitió al juzgado de Puerto del Rosario una petición para que se tome declaración como investigados a cerca de un centenar de personas y representantes de empresas supuestamente implicadas en esta trama en la que aprecia hasta cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias en grado de tentativa, varios delitos de alteración en concursos públicos y estafa.

Según explica el político de Podemos, desde el momento en que comenzó a denunciar el caso ha sufrido numerosas amenazas y coacciones que tiene grabadas en su teléfono. Asegura que uno de los investigados, Felipe Miranda, exconcejal del PSOE en el municipio, padre de Dennis Miranda y hermano de la interventora del Cabildo de Fuerteventura Dolores Miranda (también investigada por la Fiscalía), intentó sacarle de la carretera con su vehículo; en otra ocasión, asegura, le sabotearon el barco con el que trabaja llenando con agua los tanques, lo que provocó que los motores quedaran inservibles.

Sin embargo, lo más grave fue la agresión sufrida por su hijo, quien, en las Fiestas del Carmen de este año, sufrió diversas contusiones tras ser atacado por la espalda. El sospechoso de la agresión es un vecino conflictivo, que, según afirma De Astica, habría sido enviado por la familia Miranda. El concejal señala, además, que tanto Felipe Miranda como su hijo Dennis estarían detrás del blog Fuerteventura Limpia, una cabecera que busca descubrir trapos sucios de políticos de la isla y en la que desde hace dos años el portavoz de Votemos ha sido la principal diana de informaciones que el edil tacha de difamaciones y mentiras. "Antes de que llegase yo y destapara lo de las hamacas, ellos se dedicaban a desvelar la corrupción de los demás. Ahora yo soy el más golfo para este blog", señala. De Astica asegura que teme por su integridad física y la de su familia, por lo que pedirá protección policial.

"Vinieron a comprarme por 3.000 euros"

El caso Hamacas comenzó a destaparse el pasado mes de abril cuando el político acudió ante la Fiscalía y puso en su conocimiento que el empresario Gregorio R. Vega había contactado con él en varias ocasiones para que, a cambio de dinero, influyera en otros ediles con el fin de que se le adjudicase el servicio de explotación de playas. “De todos los concejales que hay en el Ayuntamiento y en la Mesa de Contratación, vinieron a comprarme por 3.000 euros. Hablé con la Fiscalía, me puso en contacto con la Policía Judicial y seguimos adelante. Cuando (Gregorio R. Vega) me pagó 2.300 euros y salimos de mi casa, fuimos detenidos”. Los agentes simularon la detención de ambos con el fin de que no se sospechara por aquel entonces del político denunciante. Tras interrogar a este empresario, se descubrió, según indica en su escrito la fiscal jefe del área de Arrecife, María Yolanda López, que este dinero provenía de su socio, Vicente Curbelo C., con el que pretendía lograr la explotación de servicios de playas.

El Ministerio Fiscal indica que desde 2009 y hasta el año 2015 (años en los que fueron alcaldes González Arroyo (PPM), Claudina Morales (CC) y la socialista Rosa Fernández), diversas personas efectuaron pujas en los concursos públicos convocados para la explotación de servicios de temporada de los sectores de las playas de La Oliva, concertándose con otras para alterar las licitaciones. De este modo, el precio final por el que se adjudicaba la explotación de las hamacas siempre era “muy inferior” a la puja más elevada. El modus operandi empleado consistiría en que las personas que presentaban las ofertas más ventajosas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento, luego desistían o no entregaban documentos preceptivos, lo que equivalía a la renuncia. Así, se llegaron a producir retiradas sucesivas, en ocasiones hasta 18, para que los adjudicatarios finales de las hamacas obtuvieran la concesión del servicio por un precio inferior, con el consiguiente perjuicio económico a los fondos públicos y cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios. De Astica señala que las hoy concejalas Claudina Morales y Rosa Fernández conocían "perfectamente la escalera y decían que no se podía hacer nada. ¿Cómo que no? Yo he denunciado y mira lo que ha pasado", comenta en relación a la investigación abierta.

"Por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000"

El político, que se dedica profesionalmente a realizar excursiones de biología marina, describe cómo se repartían el pastel los investigados: "Se reunían fuera del Ayuntamiento y se repartían los sectores. Una vez que se repartían los sectores, para evitar que entrara gente de fuera, cada clan mafioso hacía una serie de pujas. Si no entraba nadie de fuera, por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000. Si entraba alguno de fuera que pujara por 40.000, la escalera se detenía en 50.000 y lo dejaban fuera o le ofrecían dinero para que se retiraran". El edil calcula que el ahorro para los adjudicatarios supondría un perjuicio para los vecinos de cerca de 500.000 euros anuales.

A De Astica le llama la atención que entre quienes se presentaban a los concursos figurasen personas sin recursos, que eran beneficiarias de servicios sociales. "Hacían pujas por 120.000 euros, ¿de dónde los han sacado?", cuestiona el edil.

Entre las personas citadas a declarar por presentarse a estos concursos presuntamente amañados, destacan tres: Felipe Miranda López, su hijo Dennis y su hermana Dolores, interventora en el Cabildo de Fuerteventura y que, según la Fiscalía, efectuó pujas en concursos públicos ostentando un cargo incompatible para hacerlo y con la única finalidad de "alterar al precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano".

Así establece el denunciante la conexión entre el Cabildo insular y el caso Hamacas pues en las pujas aparece repetido en varias ocasiones el nombre de la interventora. Aunque nunca llega a ser la adjudicataria final, sí que es adjudicataria inicial de varios sectores y su renuncia siempre favorecería a su hermano. En cuanto a Dennis Miranda, este ya fue condenado recientemente en primera instancia por la agresión al exsecretario insular de Podemos Pablo Gómez. Pese a que en la condena se le impone una multa de 180 euros por ser estudiante, en los últimos años habría hecho pujas por elevadas cifras.

Sobre la interventora, el denunciante hace hincapié en que lleva desde hace meses intentando quedar con el presidente del Cabildo, el nacionalista Marcial Morales, para informarle de los hechos. "Hace meses que lo sabe, le llamo y no me coge el teléfono" y añade que lo único que ha conseguido fue una cita a la que no pudo acudir porque fue durante su horario laboral.

"La interventora es la que garantiza la legalidad de las operaciones económicas del Cabildo. La fiscal jefe dice que esta señora, de modo ilegal, sabiendo que no podía hacerlo, se presentaba a los concursos causando un gran daño al erario público para favorecer a su hermano. Si el señor Marcial Morales no dice nada, Clavijo, presidente del Gobierno (también de Coalición Canaria), tiene que explicar quién está gestionando el dinero del Cabildo de Fuerteventura, una presunta estafadora es la que firma los cheques del Cabildo", sentencia De Astica.