En ese marco, el funcionario remarcó que la iniciativa "es el producto de la voluntad política del Poder Ejecutivo Nacional", y que allí "están plasmadas las metas en materia de derechos humanos que cada área de gobierno definió como prioritarias". Sin embargo, no brindó precisiones.





Según pudo saber ámbito.com, el plan será presentado oficialmente en diciembre, y ya ha sido elevado a consideración el proyecto de decreto por el cual se aprobará.



La medida además, se encuadra en el período 2017 a 2020, con lo cual representa una política de Estado que excede a la gestión actual, y se espera que sea continuado una vez finalizado el mandato oficial.



Bajo la premisa de transformar el país en una "república de puertas abiertas", el plan cuenta de cinco ejes estructurales: Inclusión, no discriminación e igualdad; Seguridad pública y no violencia; Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias; Acceso Universal a Derechos y Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.



Cada eje, a su vez, cuenta con metas y objetivos específicos, entre los que se enumeran unos 243 "compromisos asumidos". Entre ellos, se observa la creación de un Plan Nacional contra la Discriminación y un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Ambos abarcarían el período 2018 a 2020.



Otra de las novedades del programa es la iniciativa de impulsar la tipificación de los delitos contra el ambiente, como una herramienta para coadyuvar a combatir y reducir la incidencia de crímenes ambientales.



En el marco de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Políticas Reparatorias, el Plan se proponer desarrollar acciones para la "recolección, sistematización y análisis de información sobre la problemática del derecho a la identidad", aunque no profundiza en el cómo.



También expresa intención de "colaborar" con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Banco Nacional de Datos Genéticos en la toma de muestras hématicas de personas que dudan sobre su identidad.



El Plan contempla además la implementación de un Programa Nacional de Microcréditos, con el que espera impulsar el desarrollo local a través de financiación para emprendedores de la economía social.



Como parte fundamental de su Plan la Secretaría que conduce Avruj se propone culminar los relevamientos territoriales técnicos, jurídicos y catastrales con el fin de determinar "la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas".



Vale remarcar que, en la evaluación que se llevó a cabo en Suiza, entre las principales recomendaciones de diferentes Estados hacia Argentina en materia de derechos humanos se destacaron las deudas hacia los pueblos originarios.



Según un informe de Amnistía Internacional sobre el Examen Periódico Universal (EPU), Brasil pidió que se tomen medidas legislativas para determinar la ubicación geográfica de las comunidades indígenas. "Por su parte Guatemala destacó la respuesta desproporcionada del gobierno argentino ante la protesta por el reconocimiento de tierras. Además, Canadá, Noruega, Paraguay, Perú, Corea, Senegal, Sierra Leona y Palestina solicitaron garantizar el derecho a la consulta previa e informada", señaló el informe.



No obstante, el tema cobra relevancia en el marco del tratamiento de la prórroga de Ley de Tierras y la desaparición forzada de Santiago Maldonado tras una represión a manos de Gendarmería que tuvo lugar durante una protesta mapuche en la provincia de Chubut.



Otro de los "aplazos" en materia de derechos humanos en el marco de la evaluación fue en términos de género y derechos sexuales y reproductivos.



En este sentido, el Plan se propone implementar el Cuerpo de Abogados/as contra la Violencia de Género, según lo establece la Ley N° 27.210.



A su vez, contempla la puesta en práctica de un Plan Nacional de prevención y disminución del embarazo no intencional en la adolescencia, y "garantizar la formación docente especializada", a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI).