Desde la gestión Aranguren/ Shell el gobierno macrista está liquidando la excepcional política nuclear argentina, a un costo extraordinario en dólares, favoreciendo a las petroleras, reconvirtiéndonos en país bobo y comprador. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.

Cuánto le cuesta al país que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y con ella, todas las empresas públicas, mixtas y privadas dedicadas al átomo, hoy estén bajo la dirección inmemorialmente petrolera del área de Energía? U$S 14 mil millones de dólares, para empezar, pero hay mucho más.

Estos cálculos los hicimos tras el encuentro titulado “El Modelo Nuclear Argentino en la Encrucijada” que organizó el periodista nuclear Alejandro Tancredi el 3 de octubre en el Centro Argentino de Ingenieros. Los U$S 14 mil millones son el valor actual del gas y los combustibles líquidos que se ahorraría el país durante el primer ciclo de vida de Atucha III en versión CANDU, 30 años. Siempre a valores de hoy, en su extensión de vida (otros 30 años) sumarían U$S 28 mil millones.

Estamos hablando de cuatro veces el costo de esta central de 740 MW que China nos financiaba a precio de regalo, que podemos construir con un 70% de componentes críticos nacionales y “clonar” cuantas veces queramos: nada en lo técnico, industrial o legal nos lo impide. La India tiene 13 centrales como ésta, de uranio natural, agua pesada y con tubos de presión, copiadas del diseño canadiense CANDU, y acaba de decidir que va por 10 más. Aquí el proyecto murió oficialmente en mayo de este año.

La CNEA terminó su primera CANDU en 1984 sin el proveedor (la AECL se fue en mitad de la obra). Tras 30 años de excelente funcionamiento NA-SA “la retubó” (es como rehacerla) para otros 30 años más. Es tecnología que conocemos bien. Con la primera financiada por China, no sería imposible hacer en forma escalonada la cantidad de CANDU que queramos sin endeudamiento externo, con cada central pagando con su electricidad la construcción de la siguiente.

¿Se entiende por qué en mayo de este año, tras dilatar, empastar y bloquear dos años su construcción, el entonces Ministro de Energía, Ing. Juan J. Aranguren (CEO histórico de la Shell) la canceló definitivamente? ¿Desde cuándo a las petroleras les interesa que Argentina ahorre petróleo y gas?

Aranguren se fue dejándonos una recesión por tarifazos, el Ministerio volvió a su viejo status de Secretaría y tomó su dirección el ingeniero en petróleo Javier Iguacel. Éste queda a cargo de seguir aplicando el “ajuste nuclear” empezando por la cancelación de Atucha III CANDU, y cuyo objetivo aparente es llegar a un Programa Nuclear Argentino minúsculo, comprador y bobo, incapaz de “pisarle” el precio de la electricidad a las petroleras, o de ganar licitaciones internacionales de reactores, como la que arrebató este año INVAP en Holanda. En suma, un Programa Nuclear que no moleste a nadie. Los costos tecnológicos, materiales, industriales y en recursos humanos son los que queremos poner a la vista.

Estimados, a la Argentina le están robando el futuro ante la nariz.

68 años de historia dilapidada

El Programa Nuclear Argentino tiene 68 años y lo construyó el Estado, como principal inversor y/o comprador. Su centro es la CNEA, pero lo rodea un perímetro de empresas públicas como INVAP S.E. (del estado rionegrino); ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) otra S.E. en copropiedad de la CNEA y Neuquén para administrar la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, en Arroyito, Neuquén); NA S.A. (Nucleoeléctrica Argentina); y Dioxitek, fabricante de pastillas cerámicas de uranio para las centrales. Dioxitek también se encarga de extraer y encapsular 60Co (Cobalto 60) de nuestra única central CANDU para radioterapia y usos industriales.

Hay un segundo anillo formado por los gigantes privados de la ingeniería nacional, con mayor o menor compromiso atómico. Pérez Companc es socio de CNEA en CONUAR S.A. (Combustibles Nucleares Argentinos) y FAE S.A. (Fábrica de Aleaciones Especiales). Otros como TECHINT e IMPSA participan eficazmente como proveedores sólo cuando el estado hace obra, pero al hacerlo adquieren tecnología nueva que a veces los vuelve winners: la exquisita metalurgia de los caños sin costura de TECHINT, primera proveedora mundial de pozos petroleros, salió de la CNEA. Hay decenas de ejemplos similares. El negocio nuclear no es iluminar lamparitas sino cerebros.

El tercer anillo es el socialmente decisivo: más de 140 PyMES que lograron elevar su producción a calidad nuclear en obras como la terminación de Atucha II o el retubado de Embalse, en las que miles de obreros y técnicos adquirieron técnicas avanzadas de soldadura o montaje, y 400 ingenieros calificaron como “nucleares”.

Este programa tardó 68 años en construirse, está jalonado por la exportación de reactores (Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita, Holanda) y tiene una rareza: ¿cómo se sostiene tanto recurso humano experto, tanta industria proveedora con sólo tres centrales? La participación nuclear en el mercado eléctrico argentino bajó de picos del 15% en los ’80 al 5,4% hoy, no sin un tremendo lobby adverso que paralizó y casi mató al Programa Nuclear entre 1983 y 2006.

Destruir e importar a ciegas

La decisión petrolera de este gobierno fue suspender la cuarta central nuclear (Atucha III) y pasar a la quinta, una Hualong-1 china de la misma empresa que nos financiaba Atucha III, la CNNC, o Chinese National Nuclear Corporation. Financiar Atucha III era el “bono” para vendernos la otra, porque no hay ninguna Hualong-1 funcionando en el mundo, ni siquiera en China.

El gobierno nacional anterior, sabiendo esto y también que la Hualong-1 era un desvío de la tecnología PHWR adoptada como “línea nacional” desde 1968, pero también una rara oportunidad financiera y tecnológica, aceptó la oferta paquete por ambas: 85% financiación china a 20 años, 4% de interés y con 8 años de gracia. Eso sí, exigió escalonar los comienzos de obra: la central PWR, es decir la Hualong-1 de uranio enriquecido se empezaría dos años más tarde. Eso permitiría juzgar al menos la marcha inicial de las dos primeras Hualong-1 en China, daría tiempo a la Autoridad Regulatoria Nuclear a examinar y objetar lo que fuera necesario, y prepararía a la industria argentina para poder negociar la máxima participación posible en la nueva PWR, con la que no ha tenido experiencia alguna. Todo eso terminó en la nada.

Xi-Jinping, el premier chino, está más que contento de no tener que financiar Atucha III CANDU y de testear su Hualong-1 en Sudamérica, terreno en disputa con Rusia desde que en 2014 Rosatom vendió su primer reactor nuclear en Bolivia. “El tío Xi”, como lo llaman en su país, se quedará dos días en Buenos Aires expresamente para asegurarse con papeles firmados que el gobierno actual o el futuro no puedan posponer la Hualong-1 sin pagar multas pesadas. Sí o sí, la obra tendrá que arrancar en 2022.

Pero El Tío exigirá contrato “llave en mano”, con la mínima participación posible de la industria argentina (obra civil, a lo sumo, es decir hormigón y ladrillos), o mejor aún, ninguna.

Eso no es aceptable para los argentinos

Cuando el Norte nos mira mal

La decisión de “saltear” Atucha III CANDU ya está teniendo consecuencias devastadoras. Si la adopción de la línea PHWR (agua pesada, uranio natural) obedeció a la necesidad de no ser dependientes de los países con enriquecimiento de uranio, el costo a pagar fue la fabricación nacional de agua pesada para potenciar la reactividad neutrónica de este combustible pobre. Sin este líquido, las PHWR sencillamente “no arrancan”.

Una de las inversiones más caras fue la compra de la PIAP. Es otra obra que se quedó sin plata y sin proveedor (Sulzer Brothers) no bien arrancó, pero que la CNEA terminó sola con 10 años de retraso y al triple del costo de licitación, debido a juicios, renegociación de contratos y otros gastos improductivos.

Hacer arrancar la PIAP en 1994 fue remar en dulce de leche, debido al tremendo lobby contrario. En las cancillerías del Atlántico Norte no provoca gran felicidad que Argentina hoy tenga la mayor planta fabril de agua pesada del mundo. EEUU, Inglaterra y Francia usan agua pesada casi exclusivamente para “cocinar” 239Pu (Plutonio 239) para sus armas nucleares. No es un commodity, es un insumo estratégico. Y la PIAP fue pensada para un programa nucleoeléctrico de no menos de seis centrales de uranio natural.

Eso explica que la PIAP, aunque lograra completarse con gran esfuerzo, después haya estado parada la mayor parte de su historia, hasta 2006 cuando se reanimó. ¿Adivina el lector qué gobierno la quiere cerrar definitivamente? Total, –como dice Energía- si vamos a discontinuar definitivamente las centrales de uranio natural, ¿para qué la queremos?

La planta en sí es increíble por el tamaño y la calidad. El producto es 99.97% puro, y la escala, si no se detiene arbitrariamente la producción a cada rato, permite un costo de U$ 650.000 la tonelada. Aún si la Argentina abjurara definitivamente de los PHWR, hay 49 centrales de este tipo en el mundo, se vienen 10 más en la India y 2 en China, y el insumo seguirá siendo imprescindible para reponer pérdidas durante décadas en las tres centrales de uranio natural que ya tenemos, así como para suplir los reactores de investigación que fabrica y exporta INVAP.

Pero ahora “se acabaron” (¿?) los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores de la PIAP. 400 expertos a la calle, y la posible degradación a chatarra de instalaciones que nos costaron un riñón y son propiedad de todos los argentinos. Para evitar la segura pueblada, se pretende dejar una dotación mínima de menos de 100 agentes, con los cuales es imposible preservar siquiera el buen estado de la gigantesca instalación.

A golpe de despidos

El gobierno acaba de despedir a unos 250 trabajadores de planta permanente de NA-SA, centrándose en la llamada Unidad de Gestión, el núcleo duro de los ingenieros, físicos, químicos y montajistas nucleares que, contra viento y marea, en 2014, terminó Atucha II, abandonada en 1994, y que la tuvo funcionando a la perfección. Es la misma gente que acaba de reconstruir literalmente Embalse. Se viene una carnicería de recursos humanos, que la Secretaría de Energía tratará de aplicar en lo inmediato a por lo menos 700 personas muy expertas.

Lo que hace Energía es también una guía perfecta para disuadir al empresariado, grande y chico, de acercarse al Programa Nuclear. Con el cajoneo de Atucha III CANDU, sólo CONUAR y FAE SA pierden U$ 200 millones. El resto de las empresas, grandes y chicas, ya equipadas en personal y tecnología para esta obra, pierden U$ 3000 millones. La intención punitoria de la Secretaría está clara.

A sumar: 30 despidos muy políticos en Dioxitek, empresa que la Secretaría quiere privatizar y para eso “está saneándola”. Ahí hay 200 puestos más en riesgo. Hoy se consumen 200 toneladas/año de dióxido de uranio, lo que en 30 años a precio constante supone U$ 360 millones. Si se añade Atucha III CANDU, son U$ 180 millones más, y no hay un centavo que salga de la Argentina.

Con la cancelación de la IV Central CANDU, el presupuesto del proyecto NPU (Nueva Planta de Uranio de Formosa) disminuyó. Originalmente era de 150 millones de dólares y ahora se calcula en 110, ya que de dos líneas de producción queda una sola. Es un soberano palo para la economía formoseña: no hay ninguna proporción entre el “ahorro” y el perjuicio. ¿Y qué pasa con el Cobalto 60? Ya estamos vendiendo U$ 4,5 millones/año, la mitad para uso interno, la otra, exportada. Con Atucha III en línea, Dioxitek llegaría al doble de producción de unidades selladas. Eso también se pierde.

El estrago mayor no es sólo industrial sino social y se concentra mucho más en las metalúrgicas y metalmecánicas del cinturón fabril Campana-Zárate, y también en las constructoras. Atucha III CANDU se iba a levantar en Lima, al lado de las unidades I y II. En el pico de obra, ahí las empresas se preparaban para generar 5000 puestos de trabajo.

El cierre de la PIAP es un desastre contable para Neuquén y para la Nación. Aún sin Atucha III CANDU en la ecuación, hay que reponer pérdidas operativas de las 3 PHWR que tenemos. Si se le suma el inventario de agua pesada que va a necesitar el reactor PALLAS que vendió INVAP en Holanda este año, y la carga del RA-10 en construcción en Ezeiza, al precio de producción de la PIAP necesitamos U$ 325 millones, que aquí tardarían 5 años en fabricarse con la planta utilizando sólo una de sus dos líneas de producción.

Pero es difícil que logremos importar a precio nacional por dos cosas: por escala, dado que tenemos la mayor planta del mundo, y porque el precio mundial va a subir. ¿Por qué? Por la salida del máximo productor (Argentina) en coincidencia con el aumento de demanda que suponen 10 centrales PHWR nuevas que la India se propone construir.

Si un nuevo gobierno nacional decidiera reflotar Atucha III CANDU y hemos cerrado y dejado caer la PIAP a grado chatarra, entonces sí que estaremos en problemas. A precio argentino de hoy tendríamos que importar U$ 800 millones de agua pesada (incluyendo carga inicial y reposición de esta central más los U$ 325 millones mencionados arriba), eso tras liquidar una instalación que costó U$ 1000 millones, y que además exportó su producto a EEUU, Canadá, Noruega, Francia, Australia… Es amargamente irónico, pero probablemente nos perderíamos el negoción de venderle agua pesada a la India, que no está convencida como los ingenieros Aranguren e Iguacel de que las centrales de uranio natural sean tecnología “retro”.

Llave en mano a la locura

Nadie en su sano juicio dice que la Argentina no pueda o deba incursionar en centrales de uranio enriquecido tipo PWR. De hecho, la central compacta CAREM, hoy en construcción al lado de las Atuchas, es un PWR. Lo que es una locura es abandonar la línea PHWR de uranio natural.

Entre otras cosas, porque PWR y PHWR son tecnologías complementarias. Por su balance neutrónico superior, una PHWR puede quemar los combustibles gastados de 5 PWRs de potencia equivalente. No por nada la India está comprándole a Rosatom 6 PWRs grandes, pero también se ha encargado 10 PHWRs medianas a sí misma. No por nada China, que en 2040 tendrá la mayor flota de PWRs del mundo, compró 2 CANDU 6 de 740 MW a Canadá, y este país está a la espera de que China le pida 2 más de tipo ACR, de 1000 MW, capaces de quemar residuos radioactivos de alta radiotoxicidad y larga vida media que se acumulan en los combustibles gastados de las PWR. En 2016, un comité revisor experto del gobierno chino dio su aprobación técnica para los ACR. Falta el telefonazo de Beijing. En Lavalin-CANDU Energy, Ontario, lo esperan con paciencia… canadiense.

La oferta china de una Hualong-1, aún sin la CANDU “como aperitivo”, sigue siendo tentadora por las condiciones de financiación. Pero es inaceptable si se compra “llave en mano”. Eso es resueltamente antiargentino y antiindustrial. Incluso nuestra primera central, Atucha I, se hizo con un 31% de participación de la industria argentina, y no sólo en hormigón y ladrillos, sino en componentes electromecánicos, asunto que a la República Federal Alemana no le gustó nada.

SIEMENS con ello arriesgaba su marca nuclear, KWU… pero tuvo que aceptar. ¿Por qué? Porque en 1968 la Argentina era, por prestigio y trayectoria, la puerta de entrada al posible mercado nuclear latinoamericano. Lo sorprendente es que tras tantos palos sigue siéndolo.

“Llave en mano” es para países inexpertos en asuntos atómicos, o donde manda el petróleo, que viene a ser lo mismo. El Programa Nuclear Argentino no puede seguir bajo la Secretaría de Energía, donde terminará muriendo desfinanciado hasta la irrelevancia. Debe volver al ámbito en que nació, la Presidencia de la Nación.

Fuente: agendarweb.com.ar