18 de diciembre de 2019

Con el pretencioso nombre de “ley de solidaridad social y reactivación económica”, el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos ha enviado al Parlamento para un tratamiento exprés un verdadero plan de ajuste. Además de delegar súper poderes en el Presidente, el corazón de las medidas representa un robo de la movilidad a los jubilados. El objetivo de fondo del conjunto de las medidas tomadas por medio de esta ley y de varios decretos de necesidad y urgencia es garantizar el pago de la deuda a futuro, metiendo a la Argentina en una senda de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. A tal punto que el primer artículo dispone autorizar la renegociación de la deuda, es decir, reconocer el acuerdo con el FMI y pagar una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

El gobierno de Fernández-Fernández borra de un plumazo la ecuación que actualizaba todas las jubilaciones teniendo en cuenta la inflación, al mismo tiempo que anula la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales, afectando a más de 250 mil jubilados entre los cuales se encuentran los docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores. Todo a cambio de un bono desdoblado de diez mil pesos por única vez para quienes cobran la mínima. Esto sucede al mismo tiempo que se quita el impuesto a la renta financiera, favoreciendo los negocios de los fondos especulativos, y se rebaja el 4% de las retenciones a los pulpos petroleros que saquean los recursos naturales. El modesto aumento de las retenciones al capital agrario, actualizando la medida que había tomado Macri, como ayer, tiene por destino el pago de la deuda. A esto le llama el nuevo gobierno “reactivar la economía”.

El “congelamiento” de tarifas suma a esto otra maniobra. En primer lugar, ratifica y evita terminar con el régimen de servicios públicos privatizados desde el menemismo. Al mismo tiempo, consolida los brutales tarifazos que se produjeron en la última etapa. Sólo el último año, las tarifas de los servicios elementales aumentaron más del 85% a pesar de los subsidios millonarios que le otorga el propio Estado. Lejos ha quedado el proyecto del PJ-kirchnerismo de retrotraer el monto de las tarifas a noviembre de 2017. En el poder, gobiernan de la mano de los capitalistas beneficiados con la entrega de los servicios públicos.

El decreto presidencial que impone la doble indemnización frente a nuevos despidos llega luego de que las patronales despidieran masivamente o cerraran las fábricas. Sólo en el último año, las cifras oficiales arrojan que se perdieron 135 mil puestos de trabajo en la industria. Incluso esta medida es también cosmética, porque no sólo no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que además permite a las patronales solicitar un “recurso preventivo de crisis” que en connivencia con la burocracia sindical pueden estar habilitadas a despedir, incluso por menos que una indemnización simple. El decreto de “doble indemnización” contrasta con la ley de “prohibición de despidos” que había votado el propio PJ-kirchnerismo y luego vetada por Macri. Atrás ha quedado la demagogia de los tiempos de “opositores”.

Ahora en el gobierno, Alberto Fernández junto con la burocracia del Smata pusieron en marcha el “contrato social” que combina todo tipo de concesiones impositivas a las patronales, junto con un nuevo régimen laboral de súper explotación obrera. Es lo que ya se implementó en el convenio petrolero en Vaca Muerta, con consecuencias fatales para los trabajadores. El plan de suspensión de todas las negociaciones paritarias “por seis meses” que tejen con las centrales sindicales completa el círculo de una reforma laboral “convenio por convenio” y un retroceso salarial sin precedentes para todos los trabajadores de la Argentina. El nuevo proyecto de ley otorga la potestad al Poder Ejecutivo de dar aumentos según su propio criterio. Con esta medida se pretende quitar a los trabajadores y a sus organizaciones el derecho a exigir y luchar por un salario que cubra las necesidades de cada trabajador y sus familias y por sus condiciones laborales.

Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un "pacto social" de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, en pos de defender la ganancia capitalista.

El Frente de Izquierda - Unidad denuncia este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores de la mano de una ley para complacer al FMI y los usureros de la deuda. Llamamos a todos los trabajadores a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazar la entrega de las direcciones burocráticas de los sindicatos que pactan con el gobierno a espaldas de los trabajadores.

Nos pronunciamos por un aumento general de salarios con actualización automática según la real inflación hasta cubrir la canasta familiar, el 82% móvil para todas las jubilaciones y que la mínima cubra la canasta básica, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en los últimos años, la reapertura de las fábricas cerradas con control de sus trabajadores y la prohibición efectiva de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y plan de obras públicas para generar empleo genuino. Por paritarias libres. Nacionalización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores. No pago de la deuda. Ruptura inmediata con el FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!