El Gobierno derogó hoy el decreto que permitía la importación de residuos, firmado durante la gestión de Mauricio Macri, y advirtió que durante los tres meses que estuvo en vigencia "ingresaron 40 mil toneladas" de desechos. A través del Decreto 148/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio de baja un decreto y una resolución conjunta que autorizaba el ingreso de residuos para destinarlo a la industria. De esta manera, se formalizó la decisión de anular el anterior Decreto (591/2019), que, a su vez, había modificado decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de sustancias y objetos procedentes de otros países.

La norma estableció además que los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo deberán formular dentro de los próximos seis meses "una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular".

La Argentina entró en el negocio luego de que China, que recibió casi la mitad de los desechos del mundo desde 1992, prohibiera el ingreso de algunos descartables, incluidos algunos plásticos, y que Australia decidiera avanzar en la prohibición de exportar residuos reciclabes, ante todo por la desconfianza sobre los países importadores: “No habrá exportación de plásticos, papel y vidrio a otros países pues corremos el riesgo de que luego floten en nuestros océanos", dijo el año pasado el primer ministro, Scott Morrison.

Y es que con China fuera de juego, algunos países desarrollados comenzaron a enviar sus desechos a otros países del sudeste asiático, como Tailandia y Malasia, pero los expertos señalan que algunos de estos países no tienen la capacidad de manejar esta afluencia de basura. Además, Asia ya cuenta con cinco de los países que más basura marina generan en el mundo, y enviar más basura a lugares que están mal equipados para lidiar con ella simplemente exacerbará el problema.

Según una investigación realizada por el diario británico The Guardian 68.000 contenedores de plástico de los Estados Unidos fueron trasladados en 2018 a países en vías de desarrollo.

El decreto de Macri, decía el gobierno entonces, flexibilizaba el ingreso de ciertos materiales que usa la industria y que en el país no hay o no en cantidad suficiente. Algunos ejemplos que se dieron en su momento estaban el scrap de aluminio, para la industria automotriz, el caucho de cierta granulometría o la chatarra. Pero lo que generó suspicacia fue que permitía el ingreso de materiales sin certificado de inocuidad, entre ellos el plástico.

Basura importada

"La derogación tiene mucha importancia. Tenemos una situación bastante indigna con los basurales a cielo abierto y un mal tratamiento de la basura en general y ese decreto era un despropósito", sostuvo el titular de la cartera ambiental, Juan Cabandié.

En declaraciones a El Destape Radio, el ex diputado nacional remarcó que "no había razón alguna para importar residuos" y señaló que en los tres meses que la norma estuvo en vigencia "ingresaron 40 mil toneladas de residuos" como cartón corrugado, papel y caucho, entre otros.

"Era indigno y era la puerta de entrada a importar residuos peligrosos", concluyó.

La derogación fue celebrada por la organización ecologista Greenpeace, que sostuvo que la norma "no sólo era inconstitucional, ya que implicaba una clara violación al principio de no regresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución, sino que también era ilegal bajo el derecho internacional y suponía un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje".

"Es una gran medida, Argentina no podía convertirse en el basurero del mundo. Lo que realmente hay que atender es el gran problema socio ambiental que generan los residuos en nuestro país. En la actualidad, no podemos gestionar los propios desechos que generamos, por lo que recibir más de otros países resultaría irrisorio", sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace Argentina.

La organización consideró que se debe implementar un correcto tratamiento de residuos en el país, que incluya la separación, recuperación, reciclaje y compostaje; y que descarte técnicas nocivas para el ambiente y la salud, como la incineración de residuos.