3500 millones de dinero público que hacen falta para educación, sanidad, pensiones, dependencia… ¿y van? Negocio seguro para los bancos y grandes empresas a costa de los salarios, derechos y penurias de la mayoría social trabajadora. Esa es la esencia del neoliberalismo.

El Gobierno aprueba el convenio para la gestión de las autopistas en quiebra

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el convenio para gestionar las nueve autopistas de peaje en quiebra hasta que sean adjudicadas de nuevo, periodo en el que el Ministerio de Fomento las gestionará a través de la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa).

Mediante este convenio de gestión directa, Seittsa explotará estas infraestructuras, que están incluidas en ocho contratos de concesión que afectan a nueve autopistas (hay uno que incluye dos), una vez que el juez apruebe su plan de liquidación.

Seittsa también se encargará de preparar la licitación de los contratos por los que se adjudicarán de nuevo estas vías.

La sociedad pública se encargará de explotar, conservar y mantener las infraestructuras desde que los juzgados aprueben los planes de liquidación, lo que fuentes del Ministerio prevén que tendrá lugar dentro del primer cuatrimestre de 2018, para que en el segundo se saquen a licitación y en el último de ese año se adjudiquen.

El convenio aprobado hoy obliga a Seittsa a explotar, conservar y mantener las autopistas con las mismas exigencias que figuran en los contratos de concesión actuales.

La idea del Ministerio es que dentro del mismo año en que estas vías reviertan al Estado se puedan adjudicar, a fin de que su impacto en el déficit público sea el menor posible, al poder computar el ingreso que obtenga por su adjudicación en el mismo ejercicio.

Fomento prevé que la cantidad obtenida con la relicitación de las autopistas permita aminorar el gasto que tendrá que asumir por responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), que este departamento estima que estará por debajo de los más de 3.600 millones de euros que calculó el Tribunal de Cuentas.

A la RPA, el Estado deberá sumar los 550 millones de euros por los préstamos participativos que se dieron para construir estas vías y que, tras la liquidación, serán incobrables.

Las autopistas serán licitadas en uno o dos lotes, de forma que en el primer caso sería una única concesionaria la que explotaría estas nueve autopistas de peaje, que entraron en concurso de acreedores y de las que seis están en fase de liquidación, mientras que otras tres todavía están en la de convenio.

Las nueve autopistas que revertirán al Estado y que serán explotadas por Seittsa hasta que se adjudiquen de nuevo son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.