WASHINGTON. - La pesquisa por la llamada "ruta del dinero K" cobra velocidad inusitada y amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner.

En un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio ayer los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos "podrían tener activos" pertenecientes a la Argentina.

"Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba", recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó "sospecha razonable para creer" que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina", indica el magistrado en un largo documento.

Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.

Pero claramente empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.

En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.

"MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca", dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada "testigo clave" Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas "fantasma".

En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartarlo del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada "ruta del dinero k".

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.

La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como "respuesta" a una demanda de los fondos buitre "sobre Lázaro Baéz y entidades afines".

Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar.

Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.

Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la celeridad que está tomando. De hecho, esta resolución de Carenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes 9. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.

El documento del juez se conoció avanzada la noche en la Costa Este, en razón de la diferencia horaria con Las Vegas, situada sobre la costa Oeste.