Pese a la disposición explícita del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, de sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, en las que están involucrados elementos de la Marina, las cosas se complican. A menos de dos semanas de que se realice el encuentro de alto nivel para fijar las bases de un mecanismo de seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos, las instalaciones de la base de la Semar donde fueron recluidas las víctimas se incendiaron… Las evidencias pudieron haberse destruido.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 3, alrededor de las 10:00 horas, cuando circulaba por las calles de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), recibió una llamada. Su interlocutor le pidió trasladarse a la calle Arteaga 1429, en la colonia Victoria, al oriente de la ciudad fronteriza.

Le comentó también que en ese domicilio –una antigua bodega habilitada como la Base de Operaciones Norte de la Secretaría de Marina– presuntamente estaban al menos 10 de las 51 personas detenidas por elementos navales entre enero y mayo de 2018, según el registro del CDHNL.

Cuando Ramos Vázquez llegó al domicilio –de 30×40 metros con paredes blancas destruidas, algunas con impactos de armas de alto calibre– sólo encontró cenizas en medio de tubos retorcidos que colgaban del techo, plafones, tablones de madera y estructuras de cemento y tablarroca.

El año pasado familiares de personas detenidas y desaparecidas por marinos realizaron innumerables plantones a las puertas de ese inmueble, uno de los tres con los que cuenta la Secretaría de la Marina (Semar) en la región. Hasta la fecha permanecen desaparecidas 38 personas, mientras que 13 fueron encontradas sin vida, todas con signos de ejecución extrajudicial.

Esas imágenes fueron captadas por la CDHNL en vísperas de una reunión de alto nivel del gobierno federal –programada para la segunda quincena de enero– en la cual participarán integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fijar las bases de un mecanismo de seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos de desapariciones que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) desde el año pasado.

La intervención de la CIDH se acordó el 5 de diciembre en una audiencia pública en Washington, en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por medio de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, se comprometió públicamente ante la presidenta del organismo regional, Margarette May Macaulay, a esclarecer las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo y sancionar a los responsables, “sean quienes sean, independientemente a la institución a la que pertenezcan”.

El compromiso de Encinas

En el encuentro del 5 de diciembre Encinas admitió abiertamente la dimensión de problema de desapariciones forzadas y dijo que las cosas cambiaron en México después del 1 de julio de 2018. Ningún funcionario se había pronunciado de esa manera ante ningún órgano internacional, lo que sorprendió a los representantes de la CIDH.

“El primer paso es acabar con la simulación –expuso Encinas–. Tenemos que asumirlo: México atraviesa por una profunda crisis humanitaria, una crisis de violaciones a derechos humanos: tenemos que encarar eso en muchos ámbitos de la vida nacional.”

Acto seguido, dio luz verde para que la CIDH active un mecanismo de supervisión, parecido al que tiene el organismo para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, propuesto por Karla Quintana Osuna, la representante legal de las víctimas.

Directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Quintana estuvo en la audiencia acompañada por Ramos Vázquez, Jessica Molina, testigo presencial de la detención de su marido, Daniel Trejo, y de un amigo de éste, Gabriel Gaspar, luego del allanamiento por elementos de la Semar a su domicilio.

En sus ediciones 2166, 2170 y 2185 Proceso informó sobre los casos de Trejo y Gaspar tras la “ola de desapariciones forzadas” atribuidas a elementos de la Semar, como la llamó el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra‘ad al Hussein en su reporte del 30 de mayo de 2018.

En vísperas de la realización del encuentro para la creación del mecanismo, al que están convocados el propio Encinas, representantes de alto nivel de la Semar, PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de integrantes de la CIDH, la destrucción de la Base de Operaciones Norte es una mala señal, sostiene Ramos Vázquez.

Dice el activista que acudió al Departamento de Bomberos del ayuntamiento para indagar si hubo un incendio en el número 1429 de la calle Arteaga o en los predios adyacentes en los últimos 15 días de diciembre. No consiguió información; los vecinos tampoco hablaron “por temor a los marinos”.

Para el defensor no cabe duda que se trata de “un fuego premeditado y controlado; fue un acto deliberado para destruir cualquier tipo de evidencia y obstruir la búsqueda de la verdad”.

Abunda: “Es el mensaje de bienvenida de la Marina a la Comisión Interamericana, y también al nuevo gobierno. Sin embargo, van a tener que explicar en la reunión convocada para la segunda quincena de enero por qué destruyeron las instalaciones”.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2201, ya en circulación)