La Carta Democrática Interamericana enumera, en los artículos cuarto y quinto, los principales indicadores que constatan la salud democrática de un país. Con esa base, Runrun.es examinó el desempeño del Gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo puede definirse un Estado que cumple con solo 1 de 8 criterios democráticos?

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¿ESTAMOS FRENTE A UN GOBIERNO DICTATORIAL? “Si bien el presidente fue electo mediante votación popular, está claro que el relacionamiento político desde el poder no puede considerarse democrático, ya que los ciudadanos no tienen igualdad ante la ley. Hay quienes dicen que esto es un autoritarismo híbrido, en cualquier caso, se trata de un gobierno autoritario con un origen muy frágil en el voto popular”, argumenta, de entrada, la historiadora Margarita López Maya.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, afirma que “el Decreto 2.323 es un punto de inflexión en la democracia venezolana. La gente asocia la dictadura con los golpes del Estado, pero el mundo ha avanzado y ya nadie desconoce abiertamente la Constitución. Ya estábamos frente a un estado con apariencia de legalidad, pero este decreto quitó ese barniz y así lo ha tomado no solo el país, sino la comunidad internacional.

La Carta Democrática Interamericana deja claro que no solo de votos vive la democracia, sino del respeto a los derechos humanos y a las leyes consagradas en el texto constitucional. Con apenas 1 de 8 criterios a su favor, el balance para la democracia venezolana es negativo.

López Maya explica que aunque el presidente Nicolás Maduro fue electo mediante votación popular, lo que da a su mandato legitimidad en cuanto a su origen, las condiciones electorales de ese proceso distaron mucho de ser justas. “Se trató de una contienda muy desigual, con ventajismos impresionantes por parte de Maduro. No fueron elecciones que cumplieron con todos los requisitos de la democracia liberal”.

La inequidad de las condiciones durante la campaña para las parlamentarias fue tomada en cuenta por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien en noviembre de 2015 envió una carta a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en la cual instaba al Poder Electoral a “velar por elecciones justas y transparentes que se desarrollen con las máximas garantías”, ya que “he sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación en la campaña electoral”.

Sin embargo, más allá de la legitimidad de origen, en la concepción moderna de democracia el foco de atención recae sobre la legitimidad que proviene del ejercicio de los derechos consustanciales a este sistema político, explica el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli.

“Estamos frente a un Gobierno que perdió el favor popular y que se deslegitima en el desempeño de sus funciones porque se sale de los cánones democráticos, al no aceptar una consulta popular prevista en la Constitución”, explica Raffalli en alusión al referendo revocatorio.

La historiadora argumenta que la igualdad ante la ley es el corazón de la democracia liberal. “El estado de derecho en Venezuela es válido para algunos, no para todos. La ley ha sido violada por el Estado cuando se coloca al margen de la Constitución. En teoría, ninguna persona puede violar la ley sin que le acarree consecuencias, sin embargo, vemos que el Gobierno venezolano se salta las reglas impunemente. Bajo ese marco, sí podemos afirmar que estamos ante un poder no democrático”.

Otro indicador de la fragilidad del respeto a los derechos humanos es la existencia de 85 presos políticos, entre ellos varios dirigentes de partidos opositores al Gobierno, como Leopoldo López y Antonio Ledezma. Esta situación ha sido denunciada ante la comunidad internacional por la organización Foro Penal Venezolano (FPV). “Actualmente en Venezuela decenas de ciudadanos permanecen detenidos arbitrariamente por razones políticas y cientos de personas han sido sometidas a procesos penales por las mismas razones”, sostiene el FPV en su página web.

Raffalli advierte que “desde el momento en el que el Gobierno declara un Estado de Excepción, la Constitución está menguada. El decreto 2.323 es un punto de inflexión: ya estábamos en un Estado con apariencia de legalidad, pero este decreto quitó ese barniz. Qué hay detrás de un Estado de Excepción, pues la suspensión de garantías constitucionales; eso la comunidad internacional lo valora muy negativamente”.

Dentro de las fronteras nacionales, la coalición de organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos humanos, Foro por la Vida, también rechazó públicamente el decreto 2.323, argumentando que “la suspensión indeterminada de garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica (…) permiten interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas”.

La negativa del CNE a registrar como partidos políticos a organizaciones como Vente Venezuela y Marea Socialista, entre otras, es un claro síntoma de la baja tolerancia a la disidencia política del Gobierno. Los obstáculos a la formación de sindicatos adversos al Gobierno y la persecución política y judicial a líderes sindicales, son características de un régimen autoritario.

“Ninguna democracia tiene un régimen equitativo puro, siempre hay unos que tienen más ventajas sobre otros, pero en el caso de Venezuela esas inequidades fueron llevadas a niveles extremos, intolerables para una democracia. Si tú no eres chavista no puedes tener un empleo en la administración pública, o si resultas electo para un cargo público siendo de un partido opositor, te merman los recursos o nombran una autoridad paralela”, describe López Maya.

“No dejemos por fuera el hecho de que en Venezuela no se respeta el derecho a la manifestación política; eso de que la oposición solo pueda manifestar en ciertas áreas de la ciudad, no es solo una violación a la libertad de tránsito, sino una restricción a la libertad de manifestación política”, explica Raffalli.

“Súmale a eso las amenazas de despido y represalias a los trabajadores de la Administración Pública que firmaron a favor del revocatorio, situación que ya vivimos hace más de una década, y te encuentras con una clara discriminación por condición ideológica que va en contra de todos los derechos democráticos establecidos dentro de la República y consagrados en el marco de los convenios y tratados internacionales”, afirma el constitucionalista.

“La democracia descansa sobre el respeto a unas normas constitucionales, que en el caso de Venezuela, son deformadas a través de las interpretaciones que hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a favor del Gobierno”, sostiene Raffalli. Destaca que desde el inicio del actual período legislativo, el TSJ ha pronunciado 13 sentencias que limitan o anulan decisiones de la Asamblea Nacional.

“Cuando desde el poder se desconoce la legitimidad del Parlamento, como se hace a través del decreto 2.323, le estás diciendo al país y al mundo que la representación del pueblo no existe. Cada vez que el Gobierno ataca a la Asamblea Nacional y merma sus atribuciones de control político, de contraloría y hasta la función legislativa, no está desconociendo las competencias de la Asamblea, sino la voluntad de los electores y el derecho a la participación política de los ciudadanos que resultaron electos”, sostiene Raffalli.

El constitucionalista afirma que “lo que está intentando el Gobierno a través de la supuesta institucionalidad, es que el pueblo no se exprese. Lo que ha hecho el CNE, desfigurando las normas para la celebración del referendo revocatorio, implica un fraude al artículo 72 de la Constitución, el cual permite la revocación de cargos de elección popular transcurrida la mitad del mandato”.

“¿Cómo hacen los ciudadanos para ejercer los derechos que les concede la Constitución, cuando los árbitros electoral y judicial no están en condiciones de independencia y autonomía?”, cuestiona Raffalli.

“Este Gobierno ha utilizado los dineros públicos como si fueran el patrimonio de su partido político; el Tesoro Nacional fue confiscado por una parcialidad política y por unas tribus políticas. Sucede en Venezuela tal y como en los regímenes patrimoniales del medioevo, cuando los reyes utilizaban los recursos como si fueran propios. De ahí el interés por desmantelar todas las instituciones del Estado que ejercen control sobre las acciones del Ejecutivo”, describe López Maya.

En efecto, el decreto 2.323 dispone en el artículo 2, numerales 4to y 5to, que las erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no están previstas en Ley de Presupuesto; además de la suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público, no estarán “bajo el sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos”, contraviniendo lo previsto en el artículo 187 de la Constitución.

Desde su instalación, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional ha dado inicio a investigaciones sobre casos de corrupción en distintos organismos de la Administración Pública, entre ellos Pdvsa y Cadivi, entes que se presume reúnen la mayor carga de responsabilidad en el desvío de dinero público.

El diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión, denunció que en Pdvsa “solo en los casos conocidos públicamente, la suma de recursos involucrados en actos de corrupción ronda los 7 mil millones de dólares. No es justo que no haya ningún responsable sancionado por uno de los más grandes desfalcos de la historia republicana de Venezuela”.

¿Cómo pueden los venezolanos evaluar la gestión de un Gobierno que ha ocultado cifras e indicadores económicos, sanitarios y sociales durante años? La organización no gubernamental Espacio Público ha documentado las solicitudes de información de interés nacional que el Estado se ha negado a responder, desconociendo el artículo 51 de la Constitución el cual garantiza que: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta”.

“Este Gobierno tiene una evidente imposibilidad de salirle al paso a la crisis, lo que ha creado un malestar terrible en la sociedad”, sostiene Raffalli. Sin duda, la creatividad de Maduro para el manejo de la crisis del sector de alimentos se pone nuevamente de manifiesto en el decreto 2.323, mediante el cual cede la distribución de la mermada producción de comida a los llamados CLAP -Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-, e inclusive les otorgó funciones de control y vigilancia sobre la distribución y comercialización de los alimentos, según consta en el artículo 2, numeral 3.

Al cabo de 120 días de aplicación del decreto de emergencia económica original, y sin mostrar evidencias de su efectividad para solucionar problemas como la escasez y el desabastecimiento, el Gobierno amplió las facultades del mismo y ahora permite “la adopción de medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector privado en la producción, comercialización y sana distribución de los insumos y bienes”, de acuerdo con el artículo 2, numeral 1.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha registrado 2.080 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela desde 2005. “El mismo hecho de que la gente tenga miedo de decir que este Gobierno no es democrático, es un indicador de que el derecho a la libertad de expresión está limitado”, argumenta Raffalli.

Según un estudio del IPSY, entre agosto y septiembre de 2014, 42 % de los trabajadores de prensa encuestados aseguran que en algún momento han sido presionados para modificar un producto informativo en el que estén trabajando. La organización también ha sostenido que el temor a expresar las opiniones por miedo a represalias no solo se da entre periodistas, sino en toda la sociedad.

Espacio Público documentó en su informe anual que “entre enero y diciembre de 2015, se contabilizaron 286 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 237 casos/eventos”.

El informe reseña que: “2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primero y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan 34% del total de casos registrados desde el año 2002”.

La ONG explica que: “La legitimación de un discurso estatal hostil es paralela tanto a la incidencia de mecanismos de violencia directa (restricciones de cobertura, retención de equipos, agresiones físicas), como a la gestación de procesos cada vez más afinados que restringen de forma indirecta el derecho a la libertad de expresión: sanciones judiciales y económicas, la apertura de procedimientos administrativos, los impedimentos para la compra de papel prensa”.

Entonces, ¿estamos frente a una dictadura? La acepción es confusa, explica López Maya, ya que el presidente fue electo por votación popular; lo que sí está claro es que “el relacionamiento político desde el poder no puede considerarse democrático. Hay quienes dicen que esto es un autoritarismo híbrido, en cualquier caso, se trata de un Gobierno autoritario que tiene un origen muy frágil en el voto popular”.

“El Gobierno no cumple con los requisitos mínimos democráticos. Creo que con el Decreto de Excepción y Emergencia Económica dio un paso adelante hacia un régimen sin libertades civiles y políticas, cercenando la voluntad popular”, afirma López Maya.

“¿En qué sentido podría afirmarse que Maduro es un dictador?, en que con el decreto 2.323 concentra todos los poderes decisorios del país; a eso me refiero con lo de régimen autoritario híbrido. También en el hecho de que su relación con el resto de los poderes es autoritaria: él ordena y los demás tienen que acatar. Los regímenes democráticos modernos tienen que obedecer la ley y eso no pasa con el gobierno de Maduro, que cuenta con la sujeción del TSJ y del CNE”, sostiene la historiadora.

López Maya argumenta que si bien no estamos en democracia, “definir el sistema como una dictadura es muy difícil, ya que pese al autoritarismo del Gobierno aún existen algunos espacios para la expresión y la protesta. No todo está confiscado por el Estado, y es justamente dentro de ese margen de libertades que la oposición tiene que maniobrar para lograr el cambio político”.