4/10/2018 -

VALÈNCIA. A poco más de un año de que expire la actual concesión de la AP-7, Aumar, la gestora de la autopista, sigue obteniendo pingües beneficios con la explotación de un servicio que el Gobierno de España quiere convertir en gratuito en enero de 2020. Así lo reflejan las cuentas anuales de 2017 depositadas por la filial de Abertis, en las que la mercantil se anota una ganancia de 117,1 millones de euros sobre unos ingresos de 292,2 millones (lo que supone un suculento margen del 40%).

Los resultados van en línea con lo ocurrido el año anterior, cuando la facturación fue de 281 millones y los beneficios, de 114 millones (lo que también supuso un margen superior al 40%). Tal circunstancia se debe a que la compañía, en esta fase final de la concesión, ya ha amortizado el grueso de la construcción de la infraestructura. Tanto es así que en el pasado 2017 destinó el 100% del beneficio a dividendos.

Según explica en su informe de gestión la también gestora de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz achaca, su crecimiento del 4,2% se debe a la recuperación. "El tráfico no ha sido ajeno a la mejora de la actividad económica y del consumo en general, habiendo aumentado el porcentaje de variación de la intensidad media diaria de vehículos (IMD) total para el conjunto de la concesión un 4,9% frente al incremento del 6,42% en 2016. En consecuencia, la IMD de cobro en 2017 se ha situado en 17.023 vehículos para el conjunto de la Sociedad", detalla.

"Del total de gastos de explotación, que alcanzan los 56 millones de euros, 15 millones de euros corresponden al gasto de personal y a los otros gastos de explotación los 41 millones de euros restantes. Las dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado alcanzan los 66 millones de euros. Se obtiene así un resultado de explotación que alcanza los 183 millones de euros, que supone un incremento del 3,2% sobre el año 2016", agrega sobre el pasado ejercicio la sociedad, cuya plantilla media fue de 272 personas.

Por lo que respecta al pulso judicial con el Gobierno de España por la construcción de la CV-10 en Castellón -paralela a la AP-7- Aumar explica en sus cuentas que éste se mantiene sin novedades. La firma amplió su recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Consejo de Ministros de rechazar en 2016 compensarle por esta circunstancia. La reclamación inicial fue de 187 millones de euros, si bien la empresa recalculó la cifra en sus cuentas de 2014 hasta elevarla a 444 millones.