Altos mandos militares, políticos que cruzaron la puerta giratoria o familias que se han lucrado con las fábricas de armas durante décadas se unen a las multinacionales para explotar un sector que factura más de 10.000 millones de euros al año.

carlos del castillo @CdelCastilloM

La principal característica de la industria militar española es que no existe. Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No producen misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa. No existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que ni siquiera existen cuando llegan al país de destino, puesto que el Gobierno no supervisa nunca en qué se emplean.

«La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la exportación, en euros. No requiere que se haga mención a la empresa ni al tipo de arma que vende, sino que permite que se hagan epígrafes tan amplios como material aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el secretismo», resume Pere Ortega, del Centre Delás d’Estudis per la Pau.

Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen para violar derechos humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante de cara al ciudadano este órgano tampoco existe, puesto que las actas de sus deliberaciones son documentos clasificados y, por tanto, secretos. En cualquier caso, el porcentaje de autorizaciones denegadas ronda cada año el 1%, por lo que no está muy claro que exista tampoco para los vendedores de armas.

«Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno aduce a que como son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos contratos que saben que se van a autorizar», relata, incrédulo, Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control. Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento, señala en su último informe que España tiene vastas áreas de mejora en cuanto a la transparencia del proceso, el control parlamentario y la supervisión de las armas sobre el terreno.

Sin embargo, en la industria inexistente hay un factor que todos publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de empresarios de armamento), las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83% de sus productos, convirtiendo a España en el séptimo exportador mundial de armas, y dieron trabajo a 55.861 personas. Estas son algunas de las caras tras esta boyante y opaca industria:

José Fernando Sánchez-Junco Mans

“Nuestro objetivo es que nuestra aportación a la cadena de valor de nuestros clientes, en cualquier punto del mundo, se transforme en progreso y desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad”. Aunque parezca increíble, con estas palabras presenta José Fernando Sánchez-Junco Mans a la empresa que preside, Maxam, el primer fabricante de explosivos de Europa y el segundo del mundo.

MaxamCorp ejemplifica cada una de las generalidades que se atribuyen a la industria militar española. Pese a su envergadura (el grupo presume de más de 140 compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo, fábricas en más de 45 países y ventas en más de 100 que le suponen más de 1.000 millones de euros al año de facturación) es una gran desconocida para los ciudadanos. Prueba de ello es que, pese a su envergadura, ni siquiera cuenta con una entrada en la Wikipedia. Esconde su división armamentística, que incluso recibe otro nombre, Expal, y cuando debe hacer referencia a su volumen de negocio militar defiende que solo es «un 20%». Cierto, teniendo en cuenta que el armamento es una de sus cinco divisiones de negocio. Además, asegura que la mayor parte de ese porcentaje viene de «la destrucción y reciclaje de todo tipo de municiones y explosivos, de la descontaminación y de la limpieza y mantenimiento de vehículos aéreos».

El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de conflicto, ese al que se supone que nunca debería llegar. En 2015 las autoridades turcas interceptaron un cargamento de 21 toneladas de sustancias explosivas a punto de cruzar a Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News. Según los expertos, había muy pocas probabilidades de que el cargamento llegara a su destino. Es cuestionable incluso que alguien lo estuviera esperando en Jordania.

En 2015 Turquía interceptó un cargamento de sustancias explosivas de Maxam a punto de cruzar la frontera con Siria.

Maxam también hace gala de otro de los baluartes de esta industria: un fuerte apoyo del Estado, que ha financiado su internacionalización con créditos del ICO, así como de «la banca armada». Así denomina el Centre Delàs a los bancos que financian la industria armamentística y que, recoge su último informe, tienen a Maxam como uno de los objetivos favoritos de sus inversiones.

¿Y qué hay de Sánchez-Junco, el capo del grupo? Pues sí, es un ejemplo de puerta giratoria. Llegó a Maxam en 1990, entonces Unión Española de Explosivos, tras ocupar los cargos de director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y la Dirección General del Ministerio de Industria con Felipe González. Sánchez-Junco y otros representantes de Maxam ocupan varios cargos en Defex, la empresa pública que intermediaba en las ventas de armamento español al exterior que fue intervenida por la Guardia Civil al constatar que actuaba como una “organización criminal”.

Enrique Sendagorta

Enrique Sendagorta, presidente de honor de Sener, recibe el Premio a la Trayectoria Empresarial, en junio de 2014. EFE

Sener es una de las principales productoras de misiles españolas, especializada en todo lo que les permite matar: cubiertas, sistemas de propulsión, de guiado, etc. Esta empresa vasca, de hecho, fabricó a principios de los 80 la SBGL (Sener Bomba Guiada por Laser) para el Ministerio de Defensa, la primera bomba inteligente con capacidad de autoguiado producida en España. En su página web, Sener encuadra esta división de negocio bajo la confusa denominación de «sistemas de actuación y control para la industria aeroespacial».

Los Sendagorta son uno de los clanes más poderosos del Opus Dei y están íntimamente relacionados con el franquismo.

Enrique Sendagorta fundó la empresa en 1956 apoyado por empresarios de la industria militar alemana y ha permanecido en manos de su familia desde entonces, detalla el colectivo pacifista Gasteizkoak en Estas guerras son muy nuestras, donde analiza las empresas vascas de armamento. Los Sendagorta, reconocidos empresarios de la región, son uno de los clanes fuertes del Opus Dei y tienen intensos vínculos con el ultraconservadurismo y el franquismo. El padre de Enrique Sendagorta fue el primer alcalde de la localidad vasca de Plentzia tras la Guerra Civil; su primo, Agustín Cotorruelo Sendagorta, fue ministro de Comercio del dictador. Al propio fundador de Sener (autor de El Opus Dei como empresa humana y sobrenatural) se le atribuyen las siguientes palabras: “La guerra de España se había hecho en necesaria defensa de la religión perseguida y martirizada y contra la revolución comunista, porque si no la combatíamos, nos destruiría a todos”.

A pesar de que, como el resto de la industria, Sener intenta camuflar su actividad militar en su imagen institucional, las operaciones armamentísticas son vitales para la empresa. Prueba de ello es su mayor movimiento de 2016, cuando vendió su participación mayoritaria en el Grupo ITP (parte del consorcio europeo de fabricantes del caza Eurofighter Typhon, uno de los más jugosos negocios de la industria militar del Viejo Continente) por 720 millones de euros, una de las operaciones empresariales más destacadas del año.

En 2014 Enrique Sendagorta, hoy presidente de honor de la compañía capitaneada por su hijo Jorge, recibió de manos del rey Juan Carlos I el Premio a la Trayectoria Empresarial. Sin embargo fue su sobrino Andrés Sendagorta, vicepresidente, el que ofreció una de las claves para entender por qué las empresas no abandonan el negocio militar a pesar de diversificar sus operaciones: «La Defensa no es el área más amplia dentro de SENER pero, cualitativamente, es muy importante porque es la cuna de mucha tecnología que luego utilizamos y nos permite ser líderes en otros sectores. Es decir, concebimos los programas de Defensa más como una oportunidad, porque tienen un factor multiplicador muy importante y posibilitan entrar en mercados que nada tienen que ver con la Defensa».

Carlos Gómez Arruche

Algunos quizá le recuerden por ser el último militar en ser nombrado director general de la Guardia Civil, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero prometiera en la campaña electoral de 2004 que desmilitarizaría el cuerpo. El caso es que Carlos Gómez Arruche, teniente general del Ejército del Aire, ex responsable del Mando Aéreo General, pasó del cuartel al rascacielos e ingresó en Airbus tras su pase a la reserva. Como él, unos doce altos cargos de Defensa trabajan para las empresas de armas, la versión militar de la puerta giratoria.

Gómez Arruche no es ni mucho menos uno de los hombres fuertes de Airbus. Al contrario, su figura responde al intenso lobby que despliegan las empresas de armamento para conseguir que los estados aumenten más y más su gasto militar. Para ello les resultan extremadamente útiles los altos mandos militares, capaces de hablar sobre las necesidades de los Ejércitos y con contactos entre los responsables de la compra de material. Airbus, consorcio británico-germano-español, es una de las empresas que ejerce más presión en este sentido. Este lobby dejó frutos recientemente, al conseguir que la UE dedicara una partida a la inversión para el desarrollo de armamento en los presupuestos comunitarios para 2017-2020, la primera vez en la historia que la UE pondrá dinero en el negocio militar.

Las empresas de armas fichan altos mandos militares para que utilicen sus contactos en la dirección de material.

Airbus ha fabricado gran parte de las aeronaves militares de los ejércitos europeos. A saber: el caza Eurofighter, el helicóptero de combate Tigre, el de transporte EC-135 o el NH-90 (multifunción). Sin embargo, el plato principal es sin duda el tristemente célebre A400M, un proyecto de avión de transporte de largo alcance que la empresa aún no ha conseguido poner en servicio a pleno funcionamiento tras más de 20.000 millones de euros de inversión. Su accidente en Sevilla en 2015, en el que fallecieron 10 personas, lo puso en el ojo del huracán. Y es que, aunque a día de hoy nadie asegura que el aparato pueda cumplir todas las condiciones que Airbus prometió a los estados que los compraron por adelantado, ya ha empezado a entregar unidades con funciones limitadas con la promesa de mejorarlas en breve.

La fuerza aérea española tiene encargados 27 A400M, número que el propio mando general tuvo que asumir como desproporcionado. Defensa anunció que renunciará a 13 de ellos, no obstante, esto supondrá que las Fuerzas Armadas tendrán que abonar una multa de 243 millones de euros a Airbus, según reveló el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. La única opción para salir de este pozo sin fondo es que España consiga reexportar esos 13 aparatos, algo improbable en estos momentos por la mala imagen del avión.

Esteban García Vilasánchez,

Nombrado presidente de Navantia en abril por la SEPI, Esteban García Vilasánchez tiene la misión de consensuar el Plan Estratégico de la empresa pública, con diferencia la más deficitaria del Estado. No es casualidad que el rey haya realizado varios viajes a Arabia Saudí para rogar a esta dictadura teocrática la firma definitiva del contrato de las famosas corbetas por algo más de 2.000 millones de euros: Navantia y los 37.000 empleos directos e indirectos que genera en zonas deprimidas de A Coruña, Cádiz y Murcia están verdaderamente en la cuerda floja. La empresa acumula 303 millones de deuda.

Desde que se constituyera en 2005, Navantia solo ha producido beneficios en 2007 (menos de 200.000 euros). El resto de ejercicios ha tenido pérdidas que en los últimos años están batiendo récords, llegando a los 230 millones en 2016. De ahí que hasta uno de los alcaldes más populares de Podemos, José María González “Kichi”, pida ponerse una pinza en la nariz y negociar con la monarquía absolutista saudí. Así lo aprobó la diputación de Cádiz en 2016, con los votos a favor de PP, Por Cádiz Sí Se Puede, PSOE, IU, Partido Andalucista y la abstención de Ganemos Jerez. Pese a todo, la tabla de salvación de Navantia no está en Oriente Medio sino en Australia, donde es finalista de un concurso para construir nueve fragatas por 30.000 millones de dólares.

Una de las primeras medidas de García Vilasánchez al frente de la empresa pública ha sido dar el paso de rejuvenecer la plantilla: el 68% de los más de 5.200 empleados tiene más de 50 años. Mientras, el Estado sigue inyectando dinero para mantener la empresa a flote y subvencionar proyectos de I+D que le permitan comercializar nuevos productos (como los criticados submarinos que no flotan S-80, en cuyo desarrollo se han invertido ya más 1.800 millones de euros) cabe preguntarse qué habría pasado si dicha inversión se hubiera destinado al desarrollo social de las zonas de Ferrol o la Bahía de Cádiz que viven de los astilleros, en vez de profundizar su dependencia de la construcción de buques militares.

Jokin Aperribay

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y de Sapa Placencia. EFE

Los Aperribay son otra de las familias profundamente ligadas a la industria de las armas. Son los accionistas mayoritarios de Sapa (Sociedad Anónima de Placencia de las Armas), la decana de las fábricas de armas españolas.

Euskadi tiene una larga tradición de producción de armas, de la que quedan muestras en la cultura popular como la denominación de Éibar como «ciudad armera». Sapa es otra de ellas: su origen se remonta al siglo XVI, cuando se fundaron las Reales Fábricas de Armas Portátiles de Fuego de la Villa de Placencia, produciendo desde entonces de artillería pesada, antiaérea y armas ligeras.

Sapa ha sido la puerta giratoria para gran número de políticos, incluido el ex ministro de Defensa Morenés.

En la actualidad, el Aperribay al frente de la compañía es Jokin, conocido por presidir el equipo de fútbol Real Sociedad. Dicho conjunto, miembro de la primera división, apareció en los papeles de Panamá por pagar a sus jugadores a través de paraísos fiscales, práctica por la que ahora Hacienda le reclama 15 millones de euros. Sapa destaca, precisamente, por reunir en su consejo a un gran número de políticos, miembros de la nobleza y personalidades reconocidas por la sociedad por su perfil público, quedando a la sobra su faceta empresarial como vendedores de armas. Entre ellos se eleva sobremanera la figura del ex ministro de Defensa Pedro Morenés, el mesías de las empresas de armas españolas, artífice de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) y «conflicto de intereses andante».

Carlos Villar Turrau

Uno de los militares con más peso en la industria armamentística española es sin duda Carlos Villar Turrau, general retirado y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), el más alto mando del Ejército de Tierra.

Turrau es consejero delegado del principal suministrador de carros de combate y blindados del Ejército, Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics. Entre sus mayores contratos se encuentra el tanque Leopardo, de diseño alemán y que, por su tamaño, no puede ser aerotransportado con las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas. Por tanto, su utilidad ha quedado reducida a la defensa de invasiones terrestres producidas desde Francia o Portugal. Numerosas fuentes militares explican que gran parte de los 219 Leopardo que recibió España se encuentran inoperativos por el gran coste en mantenimiento y combustible que llevan aparejado.

Santa Bárbara también ha vendido al Ejército 261 blindados de combate Pizarro, 682 blindados ligeros BMR; produjo los míticos fusiles Cetme y otras armas ligeras con sus respectivas municiones.

Diario Público