El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está estudiando desde el punto de vista jurídico las exenciones tributarias que tienen grandes fundaciones y entidades religiosas en impuestos como el de bienes inmuebles, obras o plusvalías. Concretamente, lo que analiza el equipo económico del Ayuntamiento es una sentencia del Tribunal Europeo “sobre la posible vulneración del derecho a la libre competencia de determinadas exenciones fiscales”, ha explicado el gerente de Economía, Jordi Ayala.

Este análisis forma parte de un plan de lucha contra el fraude fiscal que ha conseguido recaudar en los últimos tres años 56 millones de euros en impuestos a grandes empresas, una cantidad que antes no se recaudaba. El número dos y responsable de Economía del consistorio, Gerardo Pisarello, ha detallado que el plan aumenta el control a grandes compañías como las eléctricas, las constructoras o los centros comerciales.

“El fraude fiscal es un fraude contra la democracia y contra los derechos sociales, cada euro que se deja de pagar es un euro que no se destina a mejorar las condiciones de vida de la población que más lo necesita”, ha sentenciado Pisarello.

El plan ha consistido en tomar varias medidas: aumentar los inspectores (un 10%), hacer público el nombre de las empresas que deben más de un millón de euros (Sacresa, que presentó concurso de acreedores) y centrarse en las grandes empresas.

En este sentido, de los 56 millones de euros que se han sumado a la recaudación, 23,5 son de grandes compañías y 33 se han logrado cruzando datos con otras administraciones (21.000 empresas no pagaban el impuesto de recogida de residuos desde 2010, por ejemplo). En el caso de las grandes compañías, dos millones corresponden a superficie que no declaraban los centros comerciales (como los pasillos), cuatro corresponden a ingresos no declarados por grandes compañías de suministros y 10 al impuesto de construcciones (de empresas que no declaraban el presupuesto real de una obra).

El gerente de Economía ha explicado que Barcelona tiene un buen nivel de recaudación fiscal de los tributos que liquida a la ciudadanía (un 94%), de ahí que el plan contra el fraude fiscal se haya centrado en grandes contribuyentes. El plan ha permitido aumentar la media de recaudación por contribuyente: de 2.800 euros en 2015 a casi 4.300 durante este ejercicio.