Ese dinero se pagó sin ningún contrato y no hay documentos que acrediten dicho gasto, señala la respuesta de la cancillería. El dinero salió de Rentas Generales y se pagó en siete cuotas. Casi la mitad de los honorarios se pagaron en 2016.

Su contratación data de 2008 a instancias del entonces canciller Gonzalo Fernández. El Estado quería entonces apelar la decisión del Tribunal de Salerno que decretó la libertad del exmarino Jorge Troccoli, radicado en Italia desde 2007 e imputado por delitos de lesa humanidad.

Troccoli fue, precisamente, uno de los 13 sobreseidos en enero pasado en el juzgado italiano. El fallo confirmó su libertad.

El abogado Galiani fue muy cuestionado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la persona de su titular, Mirtha Guianze.

La exfiscal dijo que fue "muy difícil entender la estrategia" del asesor legal. Incluso envió una carta al presidente Tabaré Vázquez criticando su contratación.

UN FRACASO LUJOSO Y CONFIDENCIAL

El Ministerio de Relaciones Exteriores defendió el nexo con Galiani.

La operación fue realizada sin contrato ni documentos que acrediten el dinero. Se hizo de acuerdo a los estándares de arrendamiento de servicios de profesionales extranjeros, dice el informe del Poder Ejecutivo.

En el juicio solo se obtuvo el procesamiento (a distancia) del excanciller Juan Carlos Blanco, ya procesado en Uruguay desde 2002. En 2013, se le benefició con prisión domiciliaria.

A los otros 13 imputados no se les pudo conectar con los delitos de los que eran acusados.

El único que podía ir realmente preso era el capitán de navío (r) Jorge Troccoli, pero fue sobreseído.

En enero de este año, el fallo del Tribunal de Roma fue considerado "un fracaso" por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos. En la delegación, en representación del gobierno, estaba el vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

La información fue brindada a solicitud realizada en el marco de la ley de acceso a la información llevada a cabo por Elba Rama, una exreclusa política de la dictadura.

En un primer pedido por via administrativa, el ministerio se negó a dar el dato. Por el nuevo mecanismo, la información fue proporcionada al abogado de Rama, el doctor Juan Ceretta.

POCA SENSIBILIDAD SOBRE EL PASADO RECIENTE

Brecha también aborda el tema de la edición de hoy informando que hasta el momento Uruguay no ha decidido si apelar -como parte civil- la decisión del Tribunal de Roma.

La apelación fue presentada por fiscales italianos. Se espera que en un año y medio haya un pronunciamiento al respecto. hay un reclamo de compensaciones, con lo que se podrían aportar nuevos elementos de prueba.

En particular, dice Brecha, podrían presentarse los datos surgidos del estudio reciente de los archivos de Fusileros Navales.

El cese del abogado italiano aún no ha mostrado señales de algún revelo por parte del Poder Ejecutivo para esta causa.

Los organizaciones de derechos humanos ven en estas cuestiones un tema de insensibilidad por parte del actual gobierno acerca d elos temas del pasado reciente.

Muestra de ello es la ausencia del gobierno en un reciente encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Buenos Aires, en la cual se denunció el estancamiento de más de 300 causas judiciales. Frente a esto, el canciller Nin Novoa dijo que Uruguay "no fue citado" a la audiencia.

Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, dijo que esto no es verdad y que en el encuentro bonaerense se leyó una carta en la que el ministerio aceptaba la invitación.

En ese sentido, dijo que en la persona del canciller no tiene "una mirada global" sobre los derechos humanos.

Además, estas organizaciones critican la inoperancia sobre las amenazas del "Comando Barneix"

FOTO 1: El denunciante del excapitan Troccoli, Rubí Baltasar Véliz Galeano, aquí con el abogado italiano Galeani. El hombre, nacido en Nueva Palmira, fue enviado a Roma por el Estado uruguayo como testigo de la causa. Entre 1975 a 1993 fue funcionario de Jefatura y dice haber presenciado las actividades criminales del autor de "La ira de Leviatán". (Foto Agesor)

FOTO 2: Raúl Sendic, vicepresidente uruguayo; Mirtha Guianze, de la Institución Nacional de Derechos Humanos; y Maria Elana Boschi, secretaria del Consejo de Ministros de Italia, durante el juicio del Plan Cóndor. (AFP)