domingo 23 julio, 2017

El Gobierno intimó a cerca de cuarenta municipios –la mayoría del conurbano bonaerense– para que devuelvan unos $ 700 millones transferidos de manera irregular en el marco del programa Más Cerca Eléctrico, lanzado en 2012 bajo la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido para financiar la instalación de luminarias en la vía pública y obras de distribución eléctrica, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Se trata de proyectos en los que el Ministerio de Energía constató la existencia de sobreprecios, obras inconclusas y sin ejecutar, y redireccionamiento de fondos a otros proyectos que no estaban previstos por la iniciativa.

Concretamente, el Ministerio de Energía constató que entre 2013 y fines de 2015 los municipios recibieron partidas presupuestarias que incluían sobreprecios e incluso estaban destinadas a obras que nunca se realizaron. “El reclamo de los fondos responde a que los intendentes no han rendido los certificados de las obras previstas”, explicaron oficialmente a PERFIL desde la cartera que dirige Juan José Aranguren.

“Hay jefes comunales que recibieron esa plata para realizar obras eléctricas y terminaron construyendo un boulevard o asfaltando una calle”, reconoció el gerente de una contratista. Algunos de los municipios involucrados son Ezeiza, General Sarmiento, Ensenada y General Rodríguez, entre muchos otros.

La oscura operatoria del programa Más Cerca Eléctrica es una de las tantas herencias de la anterior administración liderada por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Fuentes empresariales ligadas a la iniciativa señalaron que durante el año pasado el Ejecutivo siguió girando fondos a municipios por obras inconclusas. Sin embargo, Aranguren descartó de plano esa posibilidad. “Durante la presente administración no se han realizado pagos por anticipos financieros. Y se pagaron exclusivamente certificados sobre obra ejecutada con la correspondiente auditoría técnica”, aclararon desde Energía.

¿En qué estado se encuentra el programa? El Gobierno tomó la decisión de finalizar las obras que se encontraban en ejecución en el marco de convenios firmados durante la administración anterior. El nivel de ejecución del programa es bajo en relación con el monto original, de aproximadamente $ 15 mil millones: se enviaron $ 122 millones en 2016 y 254 millones en 2017.

Proporciones. El bajo nivel de aplicación responde a que los valores de obra están determinados sobre la base de presupuestos de dos a tres años de antigüedad. No se contempla la posibilidad de aplicar un régimen de redeterminaciones. Además, se ha observado que ciertas obras carecen de capital de trabajo para cumplir con las obligaciones. Y en otras se detectó que existen dificultades para la justificación de anticipos otorgados. Por eso, no se han suscripto nuevos contratos y sólo se terminaron obras en Ensenada, Presidente Perón, San Vicente y Ezeiza.

"Por diseño de la gestión De Vido, los municipios eran los únicos encargados de chequear el avance de obra de los proyectos. Es decir, el control del Estado era muy precario”, admitió una fuente gubernamental que pidió la reserva de su nombre. Durante la gestión del programa a cargo del coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, la certificación técnica y económica de los proyectos corrió por cuenta de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Avellaneda, que respondía a Sebastián Blasco. “La UTN Avellaneda aprobó presupuestos que incluían sobreprecios de hasta un 70% del costo real de las obras”, señalaron desde una empresa.