La lógica del actual modelo económico nos ha llevado a tres grandes crisis: económica, social y ecológica. Pero hay dos consecuencias terribles de la aplicación de la lógica del sistema que corren paralelas y desbocadas: la profundización de la brecha de desigualdad social, y el agravamiento del deterioro ecológico. Los indicadores son cada vez más contundentes, y en algunos casos, como el deterioro ambiental, son ya irreversibles.

Esta situación global, se reproduce localmente de forma imparable. La crisis ecológica que sufre nuestro país es cada vez más profunda, y no se está actuando para detenerla.

El cambio climático tiene especial impacto en nuestra región. Pequeños cambios de temperatura o en el régimen de lluvias pueden tener efectos devastadores sobre nuestro entorno. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que tendrá sobre nuestro litoral una subida del nivel del mar, aunque sea de unos pocos centímetros. En unas costas colonizadas por miles de edificios que están, en muchísimos lugares, a solo unos metros del agua, la subida del nivel del mar va a ser devastadora. Y la subida del mar no es una hipótesis, está ocurriendo ya. De hecho, algunos países europeos están tomando medidas preventivas ante lo que se nos viene encima. En nuestro litoral hay amplias zonas urbanizadas que, más temprano que tarde, van a ser alcanzadas por la subida del nivel del mar. ¿Cómo vamos a responder cuando esa situación llegue? Ese día cada vez está más cerca.

Uno de nuestros recursos más básicos, y uno de los más limitados, por excelencia en España es el agua; y en muchos casos, la situación es ya insostenible. La persistencia del trasvase del Tajo al Segura, por ejemplo, ha condenado al Tajo a una situación agónica: en años de sequía, el Tajo baja herido de muerte por el trasvase de cabecera. A esto hay que sumarle que la Comisión Europea ha incoado a España un expediente sancionador por el incumplimiento de la Directiva de Calidad de Aguas: el agua de nuestros ríos no alcanza en muchos puntos la calidad requerida debido a la falta de depuración. Contaminamos el agua por encima de nuestras posibilidades en un país árido y en el que es un recurso tan escaso; recordemos que el 80% del agua va destinada a regadíos, y estos siguen aumentando, de forma legal o ilegal, a pesar de la creciente escasez del líquido elemento.

El caso de Doñana es un ejemplo de la incontrolada gestión del agua: cientos de pozos ilegales que alimentan riegos de cultivos de fresas y otros productos, extraen el agua y secan el parque, cada vez más seco. A esto le sumamos que el Ministerio de Industria ha permitido que el subsuelo de una de nuestras joyas naturales se convierta en almacén de gas, abriendo un nuevo flanco para la débil salud del Parque Nacional.

Queda claro que el deterioro ecológico corre paralelo a la indiferencia política de este gobierno. Los presupuestos menguantes para cuestiones clave como el medioambiente o cambio climático se suceden cada año. Como muestra un botón: en 2017 el Gobierno sólo destinará a la lucha contra el cambio climático lo que cuesta un kilómetro de AVE. Sin embargo, las consecuencias económicas de esta indiferencia las sentiremos durante mucho más tiempo.

El medio natural también sufre en nuestro país. Un mundo rural cada vez más despoblado que sobrevive con un modelo agrícola intensivo, está teniendo consecuencias devastadoras sobre la fauna. Según SEO/Birdlife, las especies de aves más propias del mundo rural desaparecen sin remedio, como consecuencia de unas prácticas agrícolas insostenibles. La población de sisones, ave del año 2017, se ha visto reducida en un 50%, al igual que especies en principio tan comunes como la golondrina o los gorriones. Anfibios y reptiles también ven menguar su número, y tan solo algunas especies emblemáticas y muy protegidas se recuperan levemente.

Nuestro territorio sufre cada día las consecuencias de querer convertirlo en la base de proyectos extractivos de alto impacto ambiental. El fracking, las minas de uranio de la empresa Berkeley en Salamanca, las de feldespatos en la sierra de Ávila o los proyectos de minería de tierras raras, son ejemplos de esta nueva ola de extractivismo con proyectos socialmente desfavorables y ecológicamente desastrosos, que solo tienen la ventaja de lucrar a sus impulsores durante unos pocos años, sin tener en cuenta que las consecuencias permanecerán durante siglos.

Otro de los elementos que agudizan la crisis ecológica es el modelo energético. En el país del sol y el viento, las energías renovables sufren una marginación política sin parangón. En unos años se ha desmantelado un tejido industrial puntero que llevó a nuestro país a un liderazgo hoy desaparecido. Se prefiere apostar por mantener la dependencia de los hidrocarburos, con lo que lo conlleva en los niveles de contaminación del aire; o por centrales nucleares que van alcanzando la edad de los 40 años, y son por tanto, cada vez más peligrosas para la ciudadanía y para el medioambiente.

Las ciudades y sus habitantes también sufren el deterioro ecológico causado fundamentalmente por el absoluto dominio del vehículo privado en el transporte. Según datos de Ecologistas en Acción, nueve de cada diez españoles viven en una zona donde los niveles de contaminación atmosférica son superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aproximadamente un tercio está afectado por una tasa de polución que incumple los límites legales que establecen las directivas europeas. Es decir, respiran un aire con riesgos potenciales para su salud.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que el deterioro ecológico en España es muy grave. Hoy veremos a ministros y políticos gobernantes con actos y bonitas fotos celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente; pero eso es insuficiente. Lo urgente es poner en marcha medidas que, de una vez, nos lleven a atajar las causas de esta auténtica crisis en la que estamos inmersos.