José Manuel Lechado

Periodista

España es un país que sabe mucho acerca de las consecuencias de no invertir en ciencia. Con una historia caracterizada más por la persecución del conocimiento que por fomentarlo, es éste un factor que tiene mucho que ver con el atraso perenne no sólo de la ciencia, sino de la economía y la sociedad españolas en general.

Lo cierto es que la investigación científica, hasta fechas muy recientes, ha sido en España una dedicación entre peligrosa para la salud y ruinosa para el bolsillo. Los pocos científicos españoles que han logrado cierto renombre trabajaron siempre de forma heroica, a veces a escondidas y con frecuencia en el exilio. No olvidemos que incluso el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), fundado en fecha tan tardía como 1939 (por comparar, la Royal Society británica existe desde 1660), tenía la finalidad de «imponer [...] al orden de la cultura las ideas esenciales que han inspirado nuestro glorioso Movimiento, en las que se conjugan las lecciones más puras de la tradición católica...». En definitiva, la principal institución «científica» de la España posterior a la Guerra Civil nacía no con fines investigadores, sino para vigilar la adecuación de los nuevos descubrimientos (realizados siempre en otros países) con la doctrina inquisidora de la religión católica.

Un país que depende de la investigación ajena carece de soberanía y no puede desarrollar una economía próspera. Pero no hablo sólo de un pasado más o menos remoto: no se puede decir que las cosas hayan cambiado en la España contemporánea, tan habituada a mirarse con satisfacción el ombligo («España va bien, créame porque se lo digo yo»; «El metro de Madrid, el mejor del mundo»; «El Prado, la pinacoteca más importante del Sistema Solar», etc.). La inversión del Estado Español en ciencia es ridícula (apenas un 1,45% de los Presupuestos Generales del Estado en 2014, y ésta es una cifra oficial que incluye abundantes partidas no científicas). Con unas condiciones de trabajo miserables y en deterioro constante, la fuga de cerebros es un mal que tiene un precio medible: como ocurre en tantos países del Tercer Mundo, la hacienda pública española sufraga los estudios de personas muy inteligentes que acaban trabajando en laboratorios e instituciones extranjeras, los cuales se ahorran los gastos de formación pero se quedan con los beneficios de la producción científica.

Por desgracia esta situación no es hoy exclusiva de los países atrasados. Las inversiones públicas en ciencia e investigación se han reducido también en las naciones más desarrolladas. Estados Unidos, Francia o el Reino Unido han rebajado sus presupuestos para ciencia pura (la que mayores réditos genera a largo plazo) y destinan gran parte de sus fondos y recursos en este terreno a diversas actividades de interés científico más que dudoso (pseudociencias, armamento, burocracia, premios para amigos obedientes, etc).

Es éste uno de los efectos más indeseables de la involución neocon que ahoga al mundo desde la década de 1980. Y en un panorama en el que sólo se habla de recortes, desempleo o primas de riesgo, llama la atención (o quizá no, dado el cariz de las gentes que gobiernan el mundo) que se pase por alto una actitud tan irresponsable como es el abandono de la investigación pura y su acompañante indispensable: la divulgación del conocimiento científico.

¿Por qué la sociedad tiende a pasar por alto este problema? Hay varias razones. La primera, que los políticos y gobernantes combinan la ignorancia más flagrante en temas científicos (bueno, y en los que no son científicos) con su fea costumbre de no decir la verdad. En especial los gobernantes mienten con aplomo cuando incluyen como inversión en ciencia (I+D+i lo llaman, con su cursilería corriente) lo que no es más que gasto militar. Una forma burda pero eficaz de enmascarar parte del derroche armamentístico, que crece sin parar en todo el planeta. La investigación en armas y tecnología militar no es ciencia, y la aplicación ocasional de sus hallazgos al campo civil no excusa este dispendio: sólo una pequeña porción del enloquecido presupuesto militar mundial redundaría en avances espectaculares si se dejara en manos de científicos de verdad.

Por otro lado los medios de comunicación suelen ignorar los asuntos científicos o los tratan de forma banal, mezclando noticias científicas con sensacionalismo pseudocientífico o anuncios de tecnología comercial destinada al consumo. La prensa tiene su parte de responsabilidad cuando, en lugar de ofrecer secciones de divulgación científica e información de primera sobre los descubrimientos, prefiere fomentar la falsa percepción de que la oferta incesante de juguetes electrónicos para consumo doméstico es ciencia, en lugar de mera ingeniería aplicada.

Por último la universidad, que históricamente ha dedicado muchos esfuerzos (al menos en los países más avanzados) a la investigación pura, se ve agobiada por una combinación de recortes presupuestarios, endogamia perniciosa e intromisión de las grandes empresas que frena cualquier línea de investigación que no aporte dinero rápido. Así, los departamentos universitarios emplean la mayor parte de sus recursos en ofrecer productos comerciales que a menudo no tienen el menor interés científico pero que les aseguran, como mínimo, el sostenimiento económico. A esto hay que añadir la resistencia natural de los cuerpos institucionales (y los claustros académicos lo son) a mantener su estatus frente a cualquier propuesta audaz o novedosa que discuta las «verdades» de unos catedráticos convertidos en funcionarios celosos de su puesto y que, además, no quieren que sus hipótesis y conjeturas, a las que han dedicado toda la vida, sean puestas en entredicho (actitud poco científica, pero muy humana).

Frente a tal situación no debemos olvidar que la ciencia es una inversión a largo plazo que no busca beneficios económicos inmediatos (aunque suele producirlos). Ni tampoco hay que pasar por alto un detalle fundamental: no es que la ciencia sea beneficiosa para la humanidad (que lo es), sino que es imprescindible. La investigación pura genera conocimiento, y sólo esto debería ser razón suficiente para apoyarla sin reparos, con generosidad. Es el desarrollo científico de los últimos siglos el que ha servido a nuestra especie para empezar a librarse de la oscuridad y la ignorancia del pasado.

Incluso si sólo podemos pensar en el rendimiento económico, la ciencia genera réditos de todo tipo: avances médicos, mejoras en la producción de alimentos, desarrollo de las comunicaciones, incremento de la información disponible, prolongación de la esperanza de vida... La ciencia no es un peligro, sino una herramienta que nos pertenece a todos los ciudadanos. En el proceso de destrucción del sector público sólo se habla de la educación o la sanidad, pero es más grave incluso el abandono de la inversión pública en ciencia: se deja el progreso en manos de un puñado de empresas privadas (farmacéuticas, alimentarias, electrónicas, informáticas o, ¡ay! armamentísticas) que no buscan el bien común, sino obtener el máximo beneficio de sus productos (con frecuencia en régimen de oligopolio o incluso monopolio).

El precio de abandonar la investigación pura es enorme. Implica, para empezar, una dependencia económica grave (España es un ejemplo histórico de primer orden en este sentido), pero además produce otros daños quizá menos evidentes, pero reales, como el crecimiento de la ignorancia y la superstición, que a medio y largo plazo deterioran la estructura social y empeoran la calidad de vida de las personas. No es un hecho inocente que en Estados Unidos muchos gobiernos locales y estatales hayan prohibido el estudio de la teoría evolutiva y promuevan el creacionismo bíblico. Esta apuesta disparatada por el fanatismo religioso supone una rendición a la ignorancia; la cual es, como se sabe, el primer fermento de la tiranía. Algo de eso estamos viendo ya en estos primeros y poco luminosos años del siglo XXI. Por otra parte, el atraso científico genera una pérdida de soberanía que se refleja en la balanza de pagos de los países más atrasados en este sentido (como España), un mal agravado por la citada fuga de cerebros.

Vivimos una época en la que es imprescindible que los ciudadanos salgan a la calle a exigir la restauración inmediata del sistema de derechos y libertades esquilmado por una clase política a sueldo de la gran empresa. En este contexto la reivindicación de la ciencia debería ser parte fundamental del programa.

Es preciso:

Exigir una inversión creciente en ciencia pura, extrayendo para ello los recursos que se dilapidan en otros campos, como la corrupción generalizada, la estafa fiscal, los privilegios y caprichos de la clase política o el gasto criminal en juguetes para los militares. Fomentar en los niños, en casa, en la escuela, en la televisión, la radio e Internet, el amor por la ciencia. Parafraseando a Carl Sagan, cada niño perdido para la ciencia es un billete de vuelta al pasado más oscuro. Realizar un amplio esfuerzo divulgativo, tarea que es responsabilidad, en primer lugar, de los propios científicos. La ciencia debe ser explicada de forma comprensible y atractiva, y el lenguaje científico no puede ser una jerga sagrada que sólo entienden los iniciados. Como diría Richard Feynmann, si un científico no es capaz de explicar algo con claridad, es que él tampoco lo entiende. En este aspecto hay que acabar, de paso, con la idea errónea de que la ciencia es peligrosa. Lo peligroso es la ignorancia. Denunciar las patrañas de la religión y las pseudociencias. No se trata de prohibir creencias, pero sí se debe dejar claro que las fábulas de las religiones, la astrología, las abducciones de extraterrestres, la percepción extrasensorial y otras historias son, en esencia, mentiras. Algunas de ellas, por cierto, muy dañinas para la comunidad, como es el caso de las corrientes contrarias a la administración de vacunas o la negativa tajante de la Iglesia Católica a permitir el uso de preservativos a sus fieles. Recuperar la universidad como lugar de investigación científica. Si la empresa quiere profesionales especializados, que cree escuelas para ello y las pague con sus propios fondos. La universidad pública debe, por otro lado, patentar sus hallazgos y venderlos a precio de mercado cuando la empresa privada quiera hacer uso de ellos. Revivir el espíritu aventurero de la ciencia como cosa viva. Un museo de la ciencia es un disparate conceptual. La investigación es cosa activa, cambiante y apasionante: no se puede poner en un marco, como un lienzo apolillado con el retrato de un rey o un santo. Éste es, por cierto, uno de los principales atractivos de la ciencia: que se mueve, cambia y evoluciona, como la propia vida.

La ciencia nunca lo ha tenido fácil: pone en evidencia las falsedades y los crímenes de políticos, militares y sacerdotes, descubre realidades molestas (como que no somos el centro del universo), busca la verdad y extiende un ejemplo incómodo: el de someterse ella misma a autocrítica constante, costumbre tan beneficiosa como poco practicada.

Recortar inversiones en ciencia (en ciencia de verdad) es un derroche imperdonable. Cada euro que se «ahorra» hoy en ciencia es una hipoteca incalculable a largo plazo. Y no sólo por razones económicas, sino porque la vida es descubrimiento y de lo que lleguemos a saber depende que nuestra especie tenga un futuro que merezca la pena.