La justicia militar, de nuevo, se ha revolcado en la ignominia con gran vehemencia y regocijo, aunque la mayoría ni se haya enterado por un coordinado descuido de los telediarios. Pese al tabú mediático, en las Fuerzas Armadas existe un escándalo comparable a las 'Tarjetas Black' (el caso de las facturas falsas del Ejército del Aire) tanto en cuantía (10 millones de euros en las facturas falsas y 12 millones en las Tarjetas Black) como en el número de implicados. Solo existen dos diferencias entre ambos casos: la cobertura mediática y la justicia militar.

Primer acto: exculparon de 2.400 a 2.900 implicados

Es difícil explicar cómo pudo ser capaz el Régimen de ocultar semejante escándalo, pues incluso el diario ABC, de la casa, admitió que el fraude ascendía a unos 10 millones de euros, que se había estado produciendo entre 2008 y 2012, que las cuantías defraudadas oscilaban entre los 3.000 y 3.500 euros y que los imputados eran 46 (luego la cifra llegó casi al centenar, aunque se llegaron a imputar a unos ciento cincuenta).

Con los datos comentados, resulta sencillo detectar que algo no cuadra. Si multiplicamos 46 por 3.500 euros, la media defraudada, la cifra obtenida serían 161.000 euros; si multiplicásemos los 80 finalmente procesos por 3.500 euros, obtendríamos 280.000 euros; y si multiplicásemos el número máximo de imputados durante el proceso, 150, por 3.500 euros, la cifra llegaría a los 525.000 euros... ¡Nos faltan casi los 10 millones de euros defraudados!

Público ya lo explicó: "La propietaria de la empresa relata que el teniente Calet les explicó que realizaba cada año unas 500 mudanzas falsas. La factura media era de 3.500 euros. Por lo tanto, en los cinco-seis años transcurridos desde que comenzaron a operar, la cuantía defraudada superaría los 10 millones de euros". Cinco o seis años a 500 mudanzas al año nos da un total de 2.500 a 3.000 facturas falsas y si multiplicamos 3.000 estafas por 3.500 euros (la factura media), obtenemos la cantidad comentada: diez millones y medio de euros...

Segundo acto: Trocear los procedimientos judiciales para dispersar la atención

Dado que los medios de comunicación y el PSOE, que era tan responsable del desaguisado como el PP (el fraude se produjo en los gobiernos de ambos), no fueron capaces o no quisieron ver el ardid, lo siguiente fue evitar un macrojuicio que hiciera irremediable la cobertura mediática. Por tanto, lo que se hizo fue repartir los casos entre ocho juzgados territoriales y un juzgado central.

Tercer acto: Trato entre fiscal y juez

Como los medios seguían silenciados, se llegó a un acuerdo para que los acusados aceptaran condenas de 3 meses y un día, las cuales no conllevaban (en la teoría de los medios de comunicación afines) penas de cárcel ni pérdida de la condición militar. Es decir, como si nada hubiera ocurrido.

Cuarto acto: Conmutar la pena de prisión por multas

Llegados a este punto, algún iluminado pensó que como todo era posible y que pasaría desapercibido conmutar todas las penas por multas. Tenía razón.

Quinto acto: La infamia absoluta

Todo lo anterior es tan repugnante como revelador del infame nivel de los medios de comunicación, el enorme déficit democrático y la existencia de una justicia militar execrable, subordinada y dirigida, pero todavía no hemos llegado a lo peor.

En El Confidencial Digital se explicaba el 18 de diciembre de 2013 que se había alcanzado un pacto: "Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes judiciales, el nuevo coronel togado del Juzgado Territorial Militar y el fiscal del caso han llegado a un acuerdo" que "incluiría una sanción económica de alrededor de 6.000 euros a todos los imputados" y "dejaría fuera de la investigación al resto de los militares investigados por indicios de estafa –cerca de 150 en total- . Estas voces aseguran que se habría producido la mediación de la Jefatura del Estado Mayor del Aire en dicho pacto para evitar que algunas unidades se quedasen sin efectivos. Entre esos 150 imputados, dicen, había por ejemplo el 90 por ciento de oficiales de una unidad con sede en Madrid."

Es innegable que la participación de la Jefatura del Estado Mayor del Aire en un pacto junto a Fiscalía y Juzgado Territorial Militar convierte a ambas instituciones en poco más que bedeles y matarifes al servicio de las Fuerzas Armadas. Sería, más o menos, como si el juez, la Fiscalía y el PP alcanzasen un pacto para cerrar el juicio de la Gürtel o las 'Tarjetas Black' con multas.

Por desgracia, si leemos las últimas publicaciones de septiembre de 2016 (El País) encontraremos algo todavía más lamentable y preocupante: "La entrada en vigor del nuevo Código Penal Militar, en enero de 2016, ha sido decisiva, pues permite por vez primera que los tribunales castrenses impongan penas alternativas a la prisión, como la multa, y suspendan condicionalmente la condena. Hasta ahora, los militares condenados a una pena privativa de libertad debían cumplirla, por corta que fuera."

Es decir, si los mandos militares hubieran sido condenados antes de 2016 habrían tenido que ir a prisión. Por tanto, nada más y nada menos que ocho juzgados territoriales y un juzgado central tuvieron que coordinarse para que sus procedimientos terminaran después de enero de 2016 (aunque el caso estallase en 2012).

¡Todo fue un gran montaje!

Es suficiente cuatro preguntas para demostrarlo:

¿Cómo pudo informar El Confidencial Digital en el año 2013 sobre un pacto alcanzado entre Juez, Fiscal y Ejército del Aire para cerrar el asunto con multas si las mismas no se incorporaron hasta el nuevo Código Penal Militar que entró en vigor en enero de 2016? ¿Cómo pudo ser posible que las tres partes supieran con más de dos años de antelación lo que reflejaría el Código Penal Militar? ¿Cómo pudo ser que las causas se alargaran, en nueve juzgados diferentes, hasta después de la publicación del nuevo Código Penal Militar? ¿Cómo pudo ser posible que se incluyese la novedosa fórmula de las multas en tan retrógrado Código Penal Militar?

Se trata, por si alguien lo olvida, de la misma justicia militar que metió en la cárcel cuatro meses a un guardia civil por discutir con su jefe o condena a un soldado que roba un uniforme a un año y medio de cárcel.

Por desgracia, la justicia militar prefirió ceñirse al retrato que hizo de ella Groucho Marx y convertirse en una pésima música militar, en pantomima y teatro. Y, a estas alturas, ya nadie niega que hasta la música militar es mejor que la justicia castrense.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra.

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