Al igual que con las reformas anteriores, las leyes aprobados este jueves legalizan los ilícitos operativos policiales, a la par que profundizan el ataque contra los cuidacoches, vendedores ambulantes y otras personas que sobreviven en la economía informal. La línea del gobierno porteño es clara: quienes trabajan en la calle deben ser tratados como criminales.

Tan escandalosas son las nuevas reformas que hasta aliados históricos del PRO, los bloques del Partido Socialista de Roy Cortina y Evolución de Martin Lousteu, votaron en contra con duras críticas a ambos proyectos de ley. Leandro Halperin de Evolución formuló duras críticas al proyecto en tratamiento, demostrando la inconstitucionalidad de la misma, lo cual generó una visible incomodidad del legislador Daniel Presti, impulsor de los proyectos.

Myriam Bregman del PTS – Frente de Izquierda, tuvo una contundente intervención con muy duras críticas, que ya había adelantado en la semana en las redes sociales, y algunas de las cuales a continuación se desarrollan.

Aquellos manifestantes, trabajadores que venden en la calle, etc. que sean detenidos, estarán más tiempo incomunicados, sin que la fiscalía tenga datos de dónde se encuentran detenidos; por ende tampoco quienes ejercemos su defensa.

Legalizan esta abusiva práctica cotidiana. — Myriam Bregman (@myriambregman) December 4, 2019

La reforma contravencional de Cambiemos pretende q el acta que labra la Policía cuando detiene a una persona se tenga “como prueba suficiente de los hechos objeto de juicio”. Consuma la nefasta doctrina de Bullrich acerca de q las afirmaciones policiales son "versión de verdad" pic.twitter.com/TsmyX27wrg — Myriam Bregman (@myriambregman) December 4, 2019

Las modificaciones al procedimiento contravencional comienzan obligando a los Agentes de Tránsito a cumplir funciones policiales para perseguir a los cuidacoches y limpiavidrios.

La amplia mayoría de esos Agentes de Tránsito no son siquiera funcionarios públicos para la ley, ya que son monotributistas o empleados de planta transitoria, y según recientes fallos de los juzgados nro. 6 y 13 del fuero Contencioso Administrativos de la Ciudad, ni siquiera tienen autonomía para labrar infracciones porque trabajan precarizados y amenazados por la posibilidad de que no les renueven el contrato.

Bajo esa extorsión les exigen más y más facturación (léase, hacer multas). Con esta nueva ley, también deberían salir, cual policías, a cazar cuidacoches y limpiavidrios que intentan juntar unos pesos para subsistir.

A excepción del PRO, todos los bloques coincidieron en la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas, recordando en numerosos pasajes del debate que el estado de necesidad exime a las personas de ser perseguidas judicialmente: todo lo opuesto al objetivo de cada modificación propuesta por el oficialismo de la Ciudad.

Hasta ahora, la Ley 12 de Procedimiento Contravencional establecía que todas las medidas urgentes que tomara la Policía de la Ciudad, entre ellas la detención de personas, debían ser comunicadas inmediatamente al fiscal de turno. Esto desaparece en la reforma votada, ahora se exime a la Policía de comunicar en forma inmediata la llamada “aprehensión”.

De esta manera, esta “aprehensión” se vuelve una medida reaccionaria y discrecional, mucho peor que la prisión preventiva, ya que ni siquiera deberá actuar un fiscal o juez, sino simplemente lo decide el agente de policía actuante. A esto debemos sumarle otra inconstitucionalidad, ya que dicha “aprehensión” se realiza ante una contravención y no ante un delito. O sea, un agente podrá detener a una persona, sin que haya cometido un delito y sin hacer participar a la justicia, una especie de poder de juez para la policía de la ciudad.

También generó un amplio rechazo la implementación de una “audiencia multipropósito” para casos de contravenciones “flagrantes”. La misma, alarga el plazo posible de detención por contravención a 96 hs, , sin mayor margen para conseguirse un abogado de confianza, y resignándose a una causa en su contra con altas probabilidades de sentencia condenatoria. Al mismo tiempo se producen pruebas de manera unilateral, sin control alguno, y prácticamente define el proceso con la persona detenida, y presionada para lograr un acuerdo que ponga fin a la detención.

Para mayor espanto, esa figura deja a un lado la obligatoriedad de revisión médica a los detenidos, lo cual muchas veces es la prueba de los apremios policiales sufridos por aquellos.

El cuadro se agrava aún más porque, con la reforma, el fiscal deberá tomar contacto con el detenido “dentro de las primeras 24 horas” de la detención. Así, legalizan una práctica ilegal que la Policía de la Ciudad realiza constantemente: llevarse los detenidos a “dar vueltas” durante horas dentro de un móvil policial y luego llevarlos a una comisaría en la zona sur de la Ciudad, hasta finalmente llevarlos a las fiscalías ubicadas en microcentro y en la zona norte de la Ciudad.

Nuestra compañera diputada de la ciudad, Myriam Bregman citó numerosos ejemplos en ese sentido: periodistas, trabajadores, o manifestantes contra el G20 han sido víctimas de esa práctica. El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ha sido un tenaz denunciante de ese accionar.

De la misma gravedad e inconstitucionalidad resulta la nueva regulación sobre las actas policiales, donde la Policía documenta la contravención y la eventual detención. Gracias al nuevo texto de ley, estas actas podrán incorporarse al expediente por la sola “lectura o exhibición”. Es decir, ni siquiera hará falta presentar en el expediente el acta original.

Y, atención, que si no hubiere fotos, ni filmaciones que contradigan la palabra de la Policía, esta nueva ley establece que la versión policial “se tendrá como prueba suficiente de los hechos objeto de juicio.” Otro apartado del código contravencional, dándole a la policía el poder de juez. De esta manera, se convierte en ley la doctrina de Patricia Bullrich: la versión policial se convierte en “versión de verdad”.

La misma Policía de la Ciudad, que en los últimos meses fue filmada rompiendo vidrieras durante una manifestación para inculpar a los trabajadores Astillero Río Santiago, planteando barretas a les pibes de La Poderosa o golpeando salvajemente a vendedores ambulantes, tendrá ahora un poder casi ilimitado para decidir, con absoluta discrecionalidad, sobre la libertad de los habitantes y trabajadores de la Ciudad.

Este paquete represivo se completa con la reforma de los antecedentes penales, ya que ahora deberán incorporarse también los antecedentes contravencionales.

Es la consumación de la persecución sin fin a quienes se ven obligados a trabajar informalmente en la calle. La segunda ocasión en que les labren una contravención por su actividad de subsistencia (y que por ello no pueden dejar de realizar) van a recibir una sanción mayor a la primera vez por ser “reincidentes”.

Así, ya estarán dentro de un espiral con castigos cada vez mayores por el hecho de no conseguir un empleo formal e intentar sobrevivir de todos modos.

La gravedad de estas nuevas reformas que le da un poder casi ilimitado a la policía con absoluta discrecionalidad sobre la detención y suerte judicial de miles de personas, va de la mano de un presupuesto de ajuste donde se reducen enormemente las partidas de promoción social, salud, educación y vivienda.

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En la misma escandalosa sesión, del jueves pasado, donde Larreta impuso la reforma del código contravencional y el presupuesto de ajuste, se resolvieron la venta de más de cien inmuebles y terrenos fiscales. Todas medidas de ajuste y represión acompañan la idea que Cambiemos pretende para la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad para la especulación inmobiliaria y para el turismo internacional, expulsando a sus habitantes y a los que no tiene más que la venta ambulante para subsistir. O sea, un ciudad para los negocios capitalistas.

No lo vamos a permitir, vamos a pelear por tirar abajo estas inconstitucionales y reaccionarias reformas al código contravencional.