Aunque todos conocíamos ya el contenido del informe que presentó ayer Amnistía Internacional España, pues la semana pasada se filtró desde la delegación de Suiza, su contundencia sigue siendo la misma. A pesar, claro está, de que se haya tratado de silenciar por parte de la mayoría de los medios de comunicación en España y los partidos políticos españoles hayan intentado no hablar de ello.

El informe pone el foco en cuestiones muy concretas. En términos generales, considera que la sentencia sienta un precedente peligroso en cuanto a las libertades civiles se refiere.

Para consultar íntegramente el informe, pulse aquí.

Los Jordis

«La condena de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por sedición viola sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica; ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata», afirma la organización. En este sentido, continúa el informe señalando que «deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas». Y añaden que «como ciudadanos particulares y líderes de organizaciones de la sociedad civil, tenían derecho a expresar sus opiniones ya organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña«.

Desde Amnistía Internacional afirman que no han encontrado ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto. Pero sí han hecho hincapié en que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición fue «excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos».

Concluyen a este respecto que las penas impuestas a «los Jordis» representan «una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Además, apuntan al Tribunal Supremo, considerando que «no demostró que la imposición de unas condenas tan severas fuera proporcional a los actos pacíficos que se les imputan.

Desobediencia civil pacífica

Dice el informe que «aun en el caso de que la finalidad de alguna de estas reuniones u otras acciones emprendidas por ellos fuera impedir el cumplimiento de una resolución judicial, el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica. Presentar cargos excesivamente severos por actos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho de reunión pacfícia y vulnera el derecho internacional».

El Parlamento debe revisar urgentemente la definición del delito de sedición

Esta es la recomendación que hace la organización, precisamente para evitar la criminalización de actos pacíficos de desobediencia civil y para que no se restrinja indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión. «Como consecuencia de esta sentencia se está criminalizando injustamente toda una serie de acciones directas no violentas».

Especialmente preocupada se muestra Amnistía Internacional respecto al hecho de que el Tribunal haya vinculado la gravedad del delito al hecho de que la oposición al cumplimiento de una orden judicial fuera «masiva o generalizada». Se estaría pudiendo así abrir la puerta a que se quiera controlar la cantidad de gente que acude a una manifestación o protesta.

La condena a los políticos vulnera el principio de legalidad

Aunque Amnistía Internacional intenta pasar por alto y no entrar a analizar las condenas de los dirigentes políticos, sí que apunta al hecho de que «la vaguedad de la definición de la sedición y su interpretación excesivamente amplia también pone en cuestión sus condenas por sedición». Así, consideran desde la organización que la condena por sedición vulnera el principio de legalidad.

«Todas las personas tienen derecho a saber si su conducta podría constituir delito. Pero esta sentencia demuestra que la vaguedad de la definición del delito de sedición permite que se utilice de forma excesiva. La interpretación que ha hecho de este delito el Tribunal Supremo tiene un efecto paralizante perjudicial que podría impedir que la ciudadanía participe en protestas pacíficas sin temor».

Una manifestación no pierde su carácter pacífico por un hecho puntual

Según el derecho internacional, Amnistía Internacional recuerda que «una manifestación no pierde su carácter pacífico porque se cometa alguna ilegalidad o porque algunos manifestantes hagan uso de la violencia».

Silencio mediático ante el informe de Amnistía Internacional

Como señalan en El Nacional salvo un par de medios concretos (La Vanguardia y El PuntAvui), el resto de los medios generalistas parecen haberse esforzado porque el informe de Amnistía Internacional no ocupase lugar en sus portadas. El Mundo, por ejemplo, no ha dedicado ni una sola pieza al asunto; El País, La RAzón y ABC la dieron dentro de la sección de Cataluña y El Periódico lo dió en la sección de Política, donde fue enterrado rápidamente.

En este análisis de Vilaweb explican cómo los medios que han dado la noticia lo han hecho rebajando el contenido del informe.

Críticas al informe

Lo cierto es que el informe ha tardado en llegar. Más de un mes desde que se conociera la sentencia han tardado desde la organización para hacer públicas sus conclusiones.

Además, el hecho de que «por descuido», según versión oficial, fuera filtrada días antes desde la delegación de Suiza, también ha generado algunas dudas tales como el hecho de que no confiasen algunas delegaciones que la española fuera a trasladar con contundencia las conclusiones a las que se había llegado. Todo apunta a que no ha sido fácil para Amnistía Internacional España publicar este documento, al igual que hemos podido comprobar durante todos estos meses que de entrada quiso dar la espalda a las medidas que se estaban aplicando contra los presos políticos.

Por estos motivos, su informe se esperaba con cierto escepticismo, sobre todo desde las filas independentistas. Y es que, una vez conocido el contenido del posicionamiento, hay expertos como Joan Queralt que consideran que se está blanqueando la sentencia, sobre todo la condena a los demás presos (los cargos políticos) y exiliados.

El Govern hará suyas las exigencias del informe para negociar la formación del Gobierno

Las peticiones que desde Amnistía Internacional se han hecho en su informe respecto a las condenas impuestas por el procés han sido recogidas por el Govern quien las asumirá y las planteará dentro de las negociaciones previstas para la formación de gobierno en España.

El Consejero Calvet ha hecho hincapié en que Amnistía Internacional pide a través de su informe que la Fiscalía tenga en cuenta los estándares internacionales a la hora de posicionarse sobre los recursos que quedan.