NdeR: [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | En el pasado inmediato, en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la seguridad del Ejecutivo federal y los bienes de la Presidencia de la República no sólo la brindó el Estado Mayor Presidencial. Los dos Presidentes contrataron además al Servicio de Protección Federal, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, creado en 2009, con las funciones de proporcionar protección, custodia, vigilancia, así como seguridad a personas, bienes e instalaciones en las dependencias gubernamentales que así lo soliciten.

Entre los dos gastaron en ese servicio 132 millones 819 mil 440 pesos, de acuerdo con la identificación de los contratos respectivos en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). Calderón gastó 38 millones 811 mil 900 pesos, de 2009 a 2012. Peña Nieto pagó 94 millones siete mil 540 pesos en siete contratos que le aseguraron una cobertura desde el primer día de su Gobierno hasta el último, cuando le entregue la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El 18 de febrero de 1913, un grupo de soldados que cumplía órdenes del General Victoriano Huerta, irrumpió en el despacho presidencial en El Palacio Nacional. Llamó a Francisco I. Madero, para que se enterara de una supuesta insurrección. Pero era una trampa. Lo querían matar. “¡Al Presidente de la República no se le toca!” – gritó Gustavo Garmendia mientras desenfundó la pistola y aniquiló al comandante Teodoro Jiménez Riveroll, jefe de los golpistas.

El episodio justificó durante más de un siglo las funciones del Estado Mayor Presidencial (EMP) que, una vez que asuma Andrés Manuel López Obrador como Jefe del Ejecutivo, será disuelto y ya no estará a cargo de su seguridad. Es uno de los anuncios más controvertidos del virtual Presidente mexicano bajo la idea de que no habrá “seguridad especial” y “el pueblo” será quien lo cuide.

En el pasado inmediato, en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la seguridad del Ejecutivo federal no sólo la brindó el EMP. Los dos Presidentes contrataron además al Servicio de Protección Federal, un órgano integrado en 2009 por fuerzas federales, que proporciona protección, custodia, vigilancia, así como seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias gubernamentales que así lo soliciten.

Para cuidar las instalaciones en las que se movían, entre los dos Presidentes se gastaron en ese servicio 132 millones 819 mil 440 pesos, de acuerdo con la identificación de los contratos respectivos en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).

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El EMP es un cuerpo de fuerzas armadas con la misión fundamental de proteger al Jefe del Ejecutivo, a su familia, a Secretarios de Estado y a otras personas. Opera con más de dos mil militares, nueve aviones y ocho helicópteros a su disposición, proporciona también seguridad y apoyo logístico a dignatarios extranjeros durante sus visitas a México. También tiene la misión de coordinar la seguridad y la logística integral de las reuniones internacionales de jefes de Estado y de Gobierno, así como las de nivel ministerial organizadas por el Gobierno Federal.

Con la encomienda de cuidar al Presidente, la seguridad nacional ha sido el argumento de este órgano adscrito a la Presidencia de la República para reservar información. Este sexenio, el EMP puso bajo reserva el número de elementos de seguridad con los que cuenta el Presidente Enrique Peña Nieto, el número de escoltas y la dirección de donde salió hacia la Cámara de Diputados para tomar protesta el 1 de diciembre de 2012.

Pese a su existencia, en 2009, Felipe Calderón Hinojosa creó por decreto un nuevo órgano para resguardar tanto a personas, como los bienes de la Presidencia, con la justificación de prevenir delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos. Aun cuando quedó estipulado que las entidades gubernamentales pagaran una contraprestación, de acuerdo con tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ese año, la guerra en contra de los cárteles del crimen organizado, iniciada en diciembre de 2006, recrudeció en todo el país. Los homicidios bajo violencia se habían duplicado con respecto a 2007 (una tasa de 16.4 por cada 100 mil habitantes). El 17 de diciembre, Arturo Beltrán Leyva, jefe del llamado Cártel de Sinaloa, fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina, frente a las cámaras de televisión en Cuernavaca, Morelos.

Los bienes de la Presidencia, bajo resguardo de ese servicio, son 16 inmuebles cuyo valor es de nueve mil 91 millones, entre los cuales están El Palacio Nacional y la residencia oficial de Los Pinos, de acuerdo con un reporte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), incluido en la cuenta pública de 2014, en la Auditoría Superior de la Federación.

El Palacio Nacional, donde despachará el nuevo Presidente de la República, según datos del Indaabin, asciende a 3 mil 221 millones 179 mil 900 pesos. Entre los bienes también se encuentran el Hangar Presidencial, el Campo Marte, oficinas administrativas, así como unidades deportivas y de hospitalización del Estado Mayor Presidencial.

El listado del Indaabin es este: el edificio de Constituyentes 161 en el que se encuentran las oficinas de la Consejería Jurídica de la Presidencia, las direcciones de asesores, imagen y giras; el almacén de la Presidencia en Constituyentes 750; el edificio de Guatemala 84 en el Centro Histórico; la Residencia Manuel Ávila Camacho en Bosque de la Antequera 60 en residencial La Herradura; una residencia en la calle de Agua 136, en el Predregal de San Ángel; el Centro Hospitalario del EMP, un edificio de oficinas del EMP y el Centro Hípico en Constituyentes; una casa habitación en la calle Renacimiento, el inmueble conocido como El Triángulo en calzada Chivatito y el Campo Marte.

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El Presidente Enrique Peña Nieto gastó en ese servicio extra a la seguridad del EMP, 94 millones 7 mil 540 pesos en cinco contratos y dos ampliaciones de ellos que aseguraron la cobertura desde el primer día de su mandato, el 1 de diciembre de 2012, hasta el último, el 1 de diciembre de 2018, cuando le entregue la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, triunfador con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El convenio más caro que signó la Presidencia de la República mientras gobernaba Enrique Peña Nieto fue el que cubrió 2016. Ese año, marcado como el más violento de su Gobierno por esas 20 mil 789 muertes dolosas que reportó el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), gastó 20 millones 500 mil pesos. El contrato menor que signó fue el que cubrió de marzo de 2013 a diciembre del mismo año y fue por 15 millones de pesos.

En cuanto a Felipe Calderón, quien por decreto creó el servicio, gastó en él 38 millones 811 mil 900 pesos. Quedó cubierto desde 2009 a 2012. El primer contrato fue de cuatro millones 388 mil 400 pesos y estuvo vigente del primero de agosto a octubre de 2009. Hubo otros dos para cubrir 2011 y 2012, los últimos años que vivió en la residencia oficial de Los Pinos. Uno fue por 17 millones 410 mil 500 pesos y el otro por 17 millones 13 mil pesos.

Mientras se gastaba en seguridad, en los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto ocurrieron más de 234 mil 996 homicidios dolosos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).