En Buenos Aires casi todo el mundo está acostumbrado, pero a los extranjeros les sigue sorprendiendo. La ciudad se colapsa a diario con un corte de tráfico total que dura horas. Mauricio Macri había prometido que acabaría con ese caos, pero lo cierto es que cada día empeora. El Ejecutivo amenazó con disolver por la fuerza esos cortes, pero nunca se atrevió ante el riesgo de revuelta social. Frente al Ministerio de Trabajo todos los días hay cortes, bombos y petardos que a un observador descuidado le pueden parecer un tiroteo ensordecedor. Duran horas. El clima de protesta social, muy alto en Argentina, va creciendo poco a poco.

Macri sabe que está sentando encima de una olla a presión que subió al máximo con la manifestación masiva de los sindicatos contra él. Y ha puesto a todo su Gobierno a calmar los ánimos. Para lograrlo, el presidente argentino está tirando del manual clásico del peronismo argentino: reparto de fondos a los sindicatos, subidas salariales para compensar la inflación inimaginables en cualquier otro país latinoamericano y parches para aplacar sus medidas más polémicas, como las subidas del gas o de la luz. El Gobierno va anunciando excepciones a la norma para frenar las críticas, por ejemplo en la Patagonia, donde empieza ahora el frío intenso y el Ejecutivo ha limitado al 400% las subidas de la tarifa del gas. En Buenos Aires esas subidas pueden llegar al 700%, partiendo de cifras muy bajas, eso sí.

Pero lo más importante en el país con los sindicatos más poderosos de América Latina son las negociaciones salariales y de fondos para las centrales. Los sindicatos son fuertes en este país sobre todo porque nadie como ellos negocia los aumentos de salarios que con un 40% de inflación son la batalla fundamental para cualquier trabajador. Estar en un sindicato implica garantizarse subidas importantes cada año. Quedarse fuera sin afiliarse es casi impensable. Los que no tienen otra opción porque están en la economía sumergida sufren para negociar sus subidas.

Macri y su Gobierno miden la temperatura social y en función de lo que ven van a abriendo la mano. Las subidas salariales pactadas en las últimas semanas dan cuenta de que el presidente, que está haciendo un fuerte ajuste en otros sectores y sobre todo en las tarifas de gas, luz, agua y transporte, cuando tiene enfrente a sindicatos poderosos trata de evitar el choque. El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, arrancó el año con la promesa de que la inflación estaría en el 25% y por tanto no debía haber aumentos superiores a esa cifra. Todos los que se han pactado desde entonces están por encima.

Con los empleados públicos agrupados en UPCN se pactó un 31% de aumento anual. Con los colectiveros, los conductores de autobús, se cerró en 29%. Con los profesores universitarios, después de una enorme manifestación, se pactó en un 35%. Con los obreros metalúrgicos un 33%, con los bancarios otro 33% y con los aceiteros, que lograron colapsar varios puertos, se llegó al 40%. El salario mínimo subió un 30%.

Macri además se ha guardado otra baza para controlar a los sindicatos y evitar una huelga general que ahora mismo parece poco probable, a pesar de que amenazaron con ella si vetaba la ley antidespidos. Lo hizo, y no pasó nada importante. La clave parece estar en los 28.000 millones de pesos (casi 2.000 millones de dólares) que Macri tiene para las obras sociales de los sindicatos. Es un fondo que no se ha repartido aún y el Gobierno se lo ha prometido a las grandes centrales, que con ese dinero mantienen una impresionante y casi única en el mundo red de hospitales, hoteles, clubes de vacaciones, ayudas sociales e incluso medios de comunicación importantes.

Dirigentes peronistas del máximo nivel consultados creen que los sindicatos jugarán a mostrar su poder a Macri pero sin llegar a la guerra definitiva porque el presidente acaba de ganar, el peronismo está roto y antes tienen que recomponer su liderazgo.

Dentro del Gobierno de Macri y en el mundo empresarial argentino hay un debate intenso. Mientras los sindicatos, la oposición y la izquierda critican el “ajuste brutal”, muchos liberales del macrismo creen que está siendo más suave del necesario. Hablan de “gradualismo”. Y señalan este tipo de ejemplos. Lo cierto es que los ciudadanos están sufriendo un ajuste que incluso el Gobierno admite que está siendo muy duro.

Otra de las decisiones clave de Macri ha sido la de mantener el dólar muy bajo mediante distintos mecanismos. Los empresarios exportadores le están pidiendo que lo lleve a 17 pesos para ser competitivos, porque los precios argentinos ya son los más altos de Latinoamérica. Pero la política de Macri y su hombre en el Banco Central, Federico Sturzenegger, que antes de llegar ahí era diputado de su partido, el PRO, mantiene altos los tipos de interés y eso hace que mientras casi todas las monedas latinoamericanas se están devaluando frente al dólar el peso no para de revaluarse desde hace dos meses. Ya casi llega por debajo de 14 pesos, mientras en febrero rozó los 16. Es otra medida más para intentar controlar la inflación desbocada y sobre todo para evitar un estallido social. Macri juega al equilibrio entre el liberalismo que siempre defendió y que le piden los mercados y el peronismo que a pesar de su derrota aún domina buena parte de las esferas de poder argentinas.