Aunque no obtenga el apoyo del PSOE, Mariano Rajoy llegará hasta el final con su propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral para que gobierne la lista más votada. Fuentes del PP aseguraron este martes que el presidente está "decidido" a sacar adelante este cambio para que entre en vigor en las elecciones municipales de mayo de 2015. Si para lograrlo es necesario modificar una de las claves de bóveda del sistema político español sin el concurso del principal partido de la oposición, el presidente está dispuesto a hacerlo. Pese a las acusaciones de que se trata de una reforma pensada para mejorar sus expectativas electorales, en el partido sostienen que la medida será bien recibida por los ciudadanos.

En la entrevista que hace unas semanas el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvo con Mariano Rajoy en La Moncloa, ya le avanzó su oposición frontal a esta modificación en la ley electoral. "El no es ahora y para el futuro", dijo. Después, en una entrevista con EL MUNDO, matizó que el asunto podría abordarse en el futuro. Pero el PP no es partidario de ningún retraso. El propósito de Rajoy es que en las municipales de 2015 asuma la vara de mando el alcalde más votado, y para ello ya hay un calendario trazado.

En cuanto se reanude la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, se iniciarán los primeros contactos con el PSOE y el resto de partidos para explorar su disposición a pactar el texto que el Gobierno aprobará en los albores del otoño. La previsión manejada por el Grupo Popular es que la reforma de la ley sea enviada a la Cámara Baja en octubre, con tiempo suficiente para su aprobación y entrada en vigor antes de los comicios. Aunque son absolutamente escépticos sobre las posibilidades de acuerdo con el PSOE, a quienes acusan de actuar por miedo a Podemos, no descartan conseguir el respaldo de CiU o PNV. Un diputado popular señaló ayer que "este cambio le puede interesar a los dos".

Segunda vuelta

El PP, según fuentes parlamentarias, está incluso dispuesto a hablar de segunda vuelta en la elección de alcaldes, una opción por la que algunos dirigentes ya se han mostrado a favor. No obstante, no parece ser la fórmula que más convence en Génova. Ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ni el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, la han defendido.

Cospedal, en declaraciones a RNE, apuntó hace unas semanas que la propuesta que defiende el PP "estaría condicionada a que la diferencia entre la primera opción política y la segunda en número de votos sea grande". En definitiva, se marcaría un tanto por ciento imprescindible -bastante considerable- para ser designado alcalde en el caso de no obtener mayoría absoluta. De este modo, se impediría que un acuerdo de otros partidos acabe desplazando a la lista más votada.

Los 'populares' son los principales beneficiarios de la reforma, ya que gobiernan en las principales ciudades

La otra opción, que agrada a PSOE y UPyD, es escoger al alcalde en una segunda votación (segunda vuelta), también cuando no exista una mayoría clara. En todo caso, su posición no se concretará hasta conocer la oferta del PP.

La reforma de la ley electoral, al margen de su evidente alcance, tiene un germen y unas consecuencias que pueden convertir su modificación en algo insólito en la legislatura. Su efecto más perverso es que quiebra la regla de que los dos principales partidos acuerden cambios tan profundos en el sistema político español. Aunque el PP se ha visto obligado durante su mandato a sacar adelante la mayoría de sus reformas en solitario, ninguna de ellas era relativa a temas electorales. A nadie se le escapa que los populares son los principales beneficiarios de la reforma, ya que gobiernan en las principales ciudades de España.

Pero hay otra novedad. Se trata de la primera ley que la dirección del PP consigue colocar al Gobierno. Al Ejecutivo de técnicos del que algunos tanto se quejan. Es evidente que se trata de una decisión de Rajoy, pero también es cierto que la presión del partido ha sido intensa. Se trata de una promesa electoral y de una petición que presidentes y alcaldes, en peregrinaje constante a Génova, habían trasladado a la dirección. Según explicaba ayer un dirigente popular: "Nos lo pedían las bases".