La influencia del Opus Dei en la historia política y social en España ha sido muy importante. Lo fue en la dictadura de Franco, lo fue en la transición política y lo ha sido en la monarquía parlamentaria. Además, esa importancia coexistió con una expansión de la secta por medio mundo, particularmente en Europa, Latinoamérica y Norteamérica, pero también en muchos países africanos y asiáticos.

El Opus Dei, donde el 97% de sus miembros son seglares, tuvo, desde el principio, una gran habilidad para infiltrarse en los aparatos de Estado y eso lo compaginó, gradualmente, con la construcción de un imperio de negocios propios; negocios que van desde colegios y residencias, universidades, escuelas de negocios, hospitales, participación influyente en Bancos y entidades financieras, medios de comunicación y últimamente colegios elitistas de enseñanza primaria y secundaria, entre otros sectores. Pero desde el principio, la penetración en el aparato de Estado franquista fue decisiva. Como dijo el fundador de la secta, el cura de personalidad paranoica y megalómana Escrivá de Balaguer, “para qué queremos tener locales propios si tenemos los despachos de los Ministerios del Gobierno”. La expansión del Opus ha sido espectacular y originariamente se debió a su infiltración en el franquismo. Hay que tener en cuenta que el Opus funciona como una sociedad secreta donde existen diferentes niveles de compromiso con la secta, pero todos, al final, buscan obtener réditos económicos y de poder para la secta. El Opus Dei se introdujo en España, a finales de los 50 y en los 60, en los grandes cuerpos de la Administración pública (inspectores de hacienda, diplomáticos, administradores civiles, abogados de Estado) y también en la justicia y la fiscalía. Penetran desde el mismo momento de la preparación de las oposiciones a esos cuerpos, con jóvenes ya vinculados a la secta, los cuales, una vez incorporados a los cuerpos superiores o la magistratura actúan en sintonía con la secta. En el franquismo llegaron en el momento justo, ya que se distanciaron del fascismo franquista proponiendo una especie de gobierno tecnocrático autoritario. Tal fue su influencia que el jefe de Gobierno con Franco, asesinado por ETA en un atentado en el año 1973, el general Carrero Blanco, estaba en el ámbito del Opus y una gran parte de sus ministros eran miembros de la secta; ministros que ocuparon puestos en ministerios claves como Obras Públicas o Economía. Organismos como el Centro Superior de Investigaciones Científicas -el organismo clave de la investigación española- estaba absolutamente controlado por el Opus Dei. A finales de los años setenta, el Opus Dei tenía ya un imperio económico en España, estaba muy activo por todo el mundo y comenzaba su ascensión dentro del Vaticano, que culminó en tiempos del Papa Juan Pablo II.

De acuerdo a algunos observadores de la secta, para el Opus la penetración en la judicatura y la fiscalía ha sido algo de una importancia fundamental, sobre todo en los niveles altos y en puestos decisivos (tribunales supremos, audiencias territoriales superiores, tribunal constitucional) y lo ha sido porque lo ha utilizado para, desde la fiscalía, acusar a sus enemigos y desde los tribunales actuar en favor de los negocios de la secta o sus intereses y eliminar a su rivales y enemigos y en todo caso como un elemento más de poder de la secta. En el tardofranquismo, el caso MATESA es paradigmático de lo que decimos. Se trató de un asunto que se utilizó, por un sector del régimen, para parar la gran influencia de la secta en el Gobierno de la época ya que MATESA era una estafa muy vinculada a empresarios, altos funcionarios y ministros del Opus, pero la mayoría de los acusados no llegaron a ser encausados debido a las maniobras del Opus en la fiscalía y en los tribunales de la época. Ya en la monarquía algunos empresarios miembros del Opus llegaron a denunciar este tipo de prácticas de la secta como fue el empresario Ruiz Mateos del holding RUMASA (más de 100.000 trabajadores), quien, mientras era expropiado por el gobierno socialista, acusó a los dirigentes de la secta en varias ocasiones de ser unos despreciables y de “haberle dejado caer”, reclamándoles, en los tribunales, las donaciones millonarias que había hecho a la secta, reclamaciones que, cómo no, decayeron.

En España, en un recientísimo fallo delTribunal Supremo, más tarde confirmado por el Tribunal Constitucional, se declaró que la financiación pública de los colegios segregados por sexos era plenamente constitucional, cuestión verdaderamente sorprendente, pero el 70% de esos colegios son propiedad del Opus Dei y, qué curioso, ¡el ponente del fallo judicial es un miembro del Opus Dei! Igualmente, últimamente se han producido multitud de denuncias en contra de las “ofensas a los sentimientos religiosos” (una especie de delito de blasfemia existente en España) y ello es así porque asociaciones y lobbies ultra católicos, algunos vinculados al Opus Dei, tales como Abogados cristianos o Asociación Tomas Moro, denuncian casos ante la fiscalía sobre blasfemias proferidas por artistas o cantautores que, para sorpresa de todos, son tramitadas por los fiscales y en algunos casos con condenas; y ello es posible porque una gran parte de la fiscalía está penetrada por el Opus Dei. En varias ocasiones el Superior del Estado ha sido miembro del Opus Dei como fue el caso de Jesús Cardenal o el caso de Torres-Dulce. Pero se sospecha que hay Salas del Tribunal Supremo controladas por miembros de la secta como la Sala delo Penal, lo que, en opinión de muchos, ha sido clave para entorpecer procedimientos de la corrupción del Partido Popular en España, ya que este partido es de los más infiltrados por la secta. El fiscal Maza, muerto recientemente, realizó una gran limpia en las fiscalías, en su momento muy criticada por las asociaciones progresistas de fiscales, colocando en algunas fiscalías claves que afectaban a los procedimientos de corrupción política del PP, a miembros del Opus. En el gobierno de Aznar muchos ministros eran de la secta y en la actualidad algunos ministros clave también lo son, como por ejemplo el ministro de Economía, el Sr Guindos que en la actualidad es vicepresidente del Banco Europeo. También al ministro de Educación y Cultura, al ministro de Hacienda, a la ministra de Trabajo o a la que fuera ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, se les ha situado en el ámbito del Opus Dei. Curiosamente en el ministerio de Defensa suele haber personas vinculadas públicamente al Opus como fue el caso de Trillo y/o Morenés. También era del Opus Dei el ministro de Interior con Rajoy, Fernández Diaz, que fue el que impuso la medalla de oro de la policía a la Virgen del Amor, que la asociación Europa Laica recurrió ante los tribunales, recurso que fue rechazado tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal constitucional.

El secretario general de la formación política de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al referirse a esta situación de la judicatura en España, declaró: “el ser culpable depende del hecho de que el tribunal esté formado por miembros del Opus Dei o por gente del siglo XXI”.

Muchos han opinado que los dos casos más sonados de corrupción del Partido Popular, el caso Naseiro y el caso Gurtel, han sido dinamitados desde la magistratura y fiscalía por los sectores afines al Opus y que la expulsión de la carrera judicial del que fuera reputado juez Baltasar Garzón se ha vinculado a la persecución contra él por miembros de la judicatura del Opus. Los problemas de este juez estrella comenzaron cuando quiso investigar a fondo la corrupción del partido en el Gobierno y lo mismo ha ocurrido con el juez Elpidio Silva, también expulsado de la carrera judicial por combatir la corrupción del PP; como ha declarado este juez expulsado de la carrera judicial, “la madre de la corrupción está en el poder judicial” porque la impunidad de la corrupción política se ha producido porque existe una corrupción judicial muy vinculada a miembros del Opus Dei.

Alberto Moncada, sociólogo que en los años 40 fuera miembro destacado del Opus Dei, ha declarado que “si un juez investigase la procedencia de sus bienes (que son desmesurados) y sus declaraciones a la hacienda pública, habría para procesar a los principales responsables de esta secta. Pero esto no se hace en España, y me parece una buena pregunta el por qué de esta vergonzosa situación”,apuntando claramente también a la judicatura que constituye una especie de escudo de protección ultraconservador. Un caso parecido a los anteriores fue el de la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, quien tras investigar un caso en el que había implicados en el mismísimo Consejo General del Poder Judicial y tras varias peripecias, acabó ella misma siendo imputada, condenada e inhabilitada.

Según el juez Santiago Vidal, hoy también expulsado de la carrera judicial, cuando era miembro de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el año 2009, declaró que un tercio de los jueces eran miembros del Opus Dei. Para muchos, esta estimación se quedó corta, sobre todo en las instancias judiciales superiores. Al hoy presidente del Tribunal Supremo también se le ha asociado a la secta o aledaños y el anterior presidente Carlos Dívar, inhabilitado por conductas impropias, lo era de forma declarada. La infiltración del Opus Dei en la fiscalía y la magistratura española es fortísima y lo viene siendo desde hace muchísimos años. La principal asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, ha agrupado a todo el sector conservador de la magistratura y muchos dicen que está controlada por miembros muy activos del Opus Dei.

En la actualidad, una vez que el Papa Juan Pablo le concedió al Opus Dei el estatus jurídico privilegiado dentro de la Iglesia católica de prelatura personal, se estableció que ésta debería abandonar el secretismo; sin embargo el secretismo, la opacidad y el anonimato es lo que impera en la secta, siguiendo los estatutos fundacionales del Opus Dei, redactados en 1950, que en su artículo 191 afirma: “Los miembros numerarios y supernumerarios sepan bien que deberán observar siempre un prudente silencio sobre los nombres de otros asociados y que no deberán revelar nunca a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus”.

Hay muchísimos testimonios de ex miembros de la secta sobre la actuación secretista de la misma. El que fuera uno de los primeros miembros del Opus y muy cercano al cura Escrivá de Balaguer, el reputado arquitecto Miguel Fisac, grabó un programa de televisión, poco antes de morir, en el que relató su relación con el Opus y en el que declaró el carácter sectario y criminal de la secta y en el que confesó la presión permanente y psicológicamente criminal para permanecer en el Opus. Estas mismas declaraciones también las había realizado con más contundencia, años atrás, en un programa de La Clave dedicado al Opus.

A finales de los 90 se produjo cierta renovación en la judicatura y ello puso a algunos sectores del centro izquierda alerta sobre lo que podría venir; en un informe del mismismo pleno del Consejo General del Poder Judicial sobre medidas para la reforma de la Justicia, un vocal, el Sr Javier Moscoso, propuso una medida para evitar la penetración de las sectas en la magistratura que fue aprobada por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en sesión de 25 julio 2000: “Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en servicio activo, no podrán pertenecer ni a organizaciones secretas o que funcionen sin transparencia pública, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que puedan generar vínculos de disciplina u obediencia ajenos a los mandatos del ordenamiento jurídico constitucional”.

Es evidente que este punto estaba pensado en la influencia del Opus Dei en la magistratura y fiscalía; desgraciadamente, esta influencia en la magistratura se ha reforzado mucho desde el año 2000 y hoy es un elemento esencial para mantener un sistema político totalmente corrupto. Esa influencia es el último parapeto de la impunidad. Es curioso que el Partido Popular confíe todos sus problemas de corrupción al quehacer de la justicia. “Ya veremos lo que dice la justicia”, suele decir el propio Rajoy, es decir, confían en los tribunales y la Fiscalía porque saben que en ese terreno se pueden manejar gracias a sus afines y a los miembros del Opus. Un Rajoy que fue apadrinado por otro miembro del Opus, José Manuel Romay Becaría, que a sus 83 años sigue presidiendo el mas alto organismo consultivo, el Consejo de Estado.

Aunque algunos sostienen que el Opus está en decadencia y que hay desbandada de numerarios y supernumerarios, nunca su influencia y poder económico ha sido tan fuerte; y en esos colegios segregados por sexos, que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han avalado, se está incubando el futuro de la secta y de ahí saldrán, también, muchos de los nuevos jueces y fiscales de España.

22/04/2018

Antonio G. Movellán es miembro de Europa Laica.

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