El pasado 13 de abril, en un desayuno organizado por el Foro de Nueva Economía, anuncié nuestra intención de crear en la Asamblea de Madrid el Escaño 130, un “escaño ciudadano”, destinado al fomento de la transparencia, de la participación y del control del desempeño del poder político. Inmediatamente, la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Cristina Cifuentes, respondió tachando la propuesta de “estrambótica”. Para explicar su rechazo, argumentaba que la democracia consiste en que “los ciudadanos votan cada cuatro años y eligen a sus representantes”.

Con sus declaraciones volvía a poner de manifiesto la incapacidad de buena parte de la actual clase política para afrontar las exigencias de regeneración. El derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes es la condición democrática necesaria, pero si algo ha puesto de manifiesto la gestión del Gobierno en los últimos años, es que dista mucho de ser una condición suficiente. Bajo el amparo de la confianza otorgada en las urnas, el PP ha atentado sistemáticamente contra los intereses de la mayoría social, poniendo las instituciones públicas al servicio de una minoría de privilegiados. Ha convirtiendo la corrupción en un hábito y ha sumido a nuestro país en la mayor crisis política y económica de la historia de la democracia. El caso Rato es un ejemplo claro; sólo resulta posible en un sistema institucional carente de mecanismos de control y opaco a los ojos de la ciudadanía.

Desde que el 15 de mayo de 2011 los ciudadanos salimos a las plazas bajo el grito de “No nos representan”, la crisis política no ha dejado de agravarse. El mal gobierno de espaldas a la gente, contra una ciudadanía que sigue viendo mermadas sus condiciones de vida, ha llegado a deslegitimar nuestras instituciones. Hay quienes han hecho de la confianza otorgada por los ciudadanos un cheque en blanco para practicar impunemente el expolio de los bienes públicos. Por eso se hace urgente la puesta en marcha de mecanismos que garanticen la transparencia y la supervisión de la gestión política. Tenemos que recuperar nuestras instituciones para construir una salida de la crisis justa y eficiente.

La propuesta de aumentar en uno los 129 escaños actuales de la Asamblea de Madrid, mediante la creación del Escaño 130, responde a las necesidades de total transparencia y mayor participación. Su objetivo prioritario es la integración de la sociedad civil en los procesos de elaboración de propuestas legislativas y la supervisión ciudadana del poder político. Cristina Cifuentes debería saber que la creación de un “escaño ciudadano” fue aprobada en las Cortes de Castilla y León, aunque no se haya puesto en marcha, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Fue inspirado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que ha mostrado su eficacia en lugares como Irlanda o Finlandia.

La Inciativa Legislativa Popular (ILP) es uno de los pocos instrumentos de participación y se ha mostrado ineficiente. La abundancia de filtros y los requerimientos que precisa han hecho, en la mayor parte de los casos, inaccesible la entrada de las demandas ciudadanas a los parlamentos. El escaño ciudadano viene a garantizar el derecho de participación a colectivos e individuos en los procesos legislativos. Hay que crear previamente una Comisión de Peticiones que facilite que las propuestas puedan ser expuestas directamente en la Asamblea.

Es tiempo de construir un nuevo modelo de parlamentarismo, donde los ciudadanos, los más y los menos organizados políticamente, puedan ser escuchados directamente por sus representantes, de interpelarlos, de impedir que se conviertan en “la clase política”, como si dejaran de ser sus iguales. Un escaño que debe transformarse en una escuela de ciudadanía, donde los diputados y diputadas no puedan dejar de escuchar la voz de las plazas.

Podemos nació con el claro objetivo de liderar el cambio de nuestro país desde la política. Tenemos que levantar las alfombras, barrer debajo de ellas, quitarlas y garantizar que nadie pueda volver a utilizarlas nunca más. Tenemos que buscar nuevas formas de participación, nuevas herramientas que sirvan a la ciudadanía para controlar y determinar cómo se manejan sus recursos, los que dedica a la gestión pública. Tenemos el deber de trabajar para reconstituir la credibilidad de las instituciones, de la política, el mandato de que los parlamentos sí representen. Necesitamos que las nuevas reglas de juego impidan que la corrupción pueda convertirse en el futuro en una forma de gobierno.

La propuesta del Escaño 130 no es estrambótica (1. Extravagante, irregular y sin orden) sino democrática (1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado) y su objetivo es recuperar la confianza (1. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo).