A lo largo de las dos últimas décadas, la sociedad argentina parece haberse acostumbrado –no sin algún grado de resignación y también de cinismo– a convivir con la corrupción y sus efectos disolventes. Escándalos que en otros países acarrearían la renuncia inmediata de los funcionarios involucrados aquí parecen simples picardías, mientras que cualquiera de nuestros más sonados casos de corrupción provocaría la caída de un gobierno en otras latitudes.

Las últimas encuestas señalan que no reaccionamos como es preciso ante este fenómeno de tan nefastas consecuencias ni priorizamos su combate. Ya no pesa en las prioridades ciudadanas en el momento de emitir el voto, y así lo confirma el resultado de las últimas elecciones.

Ya no rechazamos la corrupción ni parecemos reprochar demasiado a los corruptos. De alguna manera, nuestra condescendencia parece consentirla y exteriorizar resignación frente a lo que se considera inevitable.

El sentido del término corrupción, más allá de delitos como el soborno y el cohecho, también se refiere a las acciones de depravar, pervertir y echar a perder, y éste es, precisamente, el efecto a más largo plazo de la corrupción: echar a perder una sociedad cuando ésta se acostumbra y deja de indignarse y de reaccionar contra ese flagelo.

Entre los factores que han contribuido al actual estado de cosas, debe destacarse el número creciente de graves casos que han salido a la luz desde comienzos de la década de 1990 hasta el presente, y el hecho de que casi ninguno de ellos haya tenido una sentencia condenatoria firme.

Al contrario, la mayoría de esas causas permanece en estado vegetativo. Otras han prescripto por el paso del tiempo. Algunas de las más comprometedoras para el Gobierno, como la del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y Skanska fueron sobreseídas pese a las pruebas existentes. La del contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que tuvo procesado al ex presidente Carlos Menem, también obtuvo sobreseimiento, pues el tribunal consideró que se cometieron otros delitos, ya prescriptos, menos el de contrabando, que no había prescripto.

La corrupción requiere complicidades para su propagación, y la primera de esas complicidades es la de la Justicia que no actúa o actúa para garantizar la impunidad de los corruptos. La segunda complicidad, aunque duela decirlo, es la de una sociedad que opta por agachar la cabeza y resignarse, cansada de ver estallar caso tras caso para luego comprobar cómo la Justicia mira hacia otro lado. Ya ni siquiera parece existir condena social para los corruptos, que se pasean ostentando su riqueza mal habida.

En un ambiente político de arbitrariedad, fomento de los enfrentamientos, patronazgos descarados, clientelismo político descarnado, malversaciones sin castigo, abusos de poder y fraudes que estallan y conmueven, pero que al poco tiempo se evaporan, manipulación de cifras oficiales, incumplimiento flagrante de sentencias, la corrupción halla un excelente caldo de cultivo. Una sociedad que pasa de la indignación al hartazgo, para luego anestesiarse, termina por asistir al triste espectáculo de cómo se procura demoler nuestros códigos éticos tradicionales para reemplazarlos por la cultura de la impunidad.

En ese complejo entramado de conductas reprobables, se han ido pervirtiendo los principios morales centrales. Cada vez más, la política aparece apenas como un modo más de acumular poder o hacer dinero, por oposición a la vocación de servir a la sociedad.

No parece importar demasiado si así se siembra en nuestros jóvenes el desinterés por la cosa pública o, lo que es peor aún, que se vea en la política la oportunidad de enriquecerse en forma rápida y deshonesta. Tampoco, si se distorsiona caprichosamente la asignación eficiente de los recursos. Ni si se mina la confianza social, se desconoce el valor del trabajo, del esfuerzo, de la honradez o del mérito.

Estas conductas resultan funcionales a buena parte de nuestras estructuras políticas, responsables de que el intervencionismo haya crecido exponencialmente con una notoria dosis de sobrerregulación que crea infinitas oportunidades de corrupción. En un escenario de opacidad se crean, además, toda suerte de mitos y enemigos demonizados como fórmula de distracción.

Asumiendo que la ética es una barrera de poca eficacia, los mecanismos de control han sido desnaturalizados o neutralizados. Muchos de ellos quedan en manos de familiares, amigos o funcionarios sumisos, de modo que, más allá de la apariencia, la realidad sea la impunidad. No es sorprendente que, en este escenario, la prensa independiente sea perseguida y demonizada para que no pueda ejercer su función republicana de control de los actos de las administraciones. Para ello, distintas formas de censura indirecta se han extendido. Y un gigantesco multimedio adicto al oficialismo –financiado por la publicidad oficial, o sea con el dinero de todos– se dedica a propagar y machacar el "discurso único", disimular errores y aplaudir sin cesar.

Como consecuencia de todo esto, los cimientos mismos del Estado de Derecho han sido socavados gravemente. Y la corrupción está instalada entre nosotros. El poder parece haber logrado transformarse en incontrolable como resultado inevitable de la indiferencia en que nuestra sociedad parece haber caído frente al fenómeno de la corrupción.

Frenar este flagelo exige un fuerte compromiso de cada ciudadano honesto. Sólo perseverando en la demanda de transparencia de los actos de gobierno, denunciando los vicios de los funcionarios y las sospechas de corrupción, aunque más no sea para que exista la condena social, podrá lentamente empezar a revertirse esta situación, antes de que se siga degenerando hasta pasar a convertirse en una cultura social.