El grupo parlamentario abonó las minutas de Ricardo Costa, David Serra y García por la financiación ilegal del PP de Camps

Una de ellas llegó a los 40.000 euros y Alberto Fabra lo autorizó

Alberto Fabra, el presidente que autorizó los pagos: «No lo recuerdo»

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana pagó durante años las defensas de destacados dirigentes en la pieza de la Gürtel valenciana que juzgará la presunta financiación irregular del PP de Francisco Camps. Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, las minutas de los abogados llegaron a las Cortes valencianas y el Partido Popular financió las defensas de los implicados a través de la subvención pública que recibe por tener representación en el parlamento autonómico.

Entre los dirigentes que se beneficiaron de esta medida están Ricardo Costa, ex secretario general del partido; Yolanda García, ex diputada y ex tesorera; o David Serra, ex vicesecretario regional y uno de los implicados, además, en la presunta red de recaudadores que dirigía Alfonso Rus desde la Diputación.

Según esta información, algunas de esas minutas llegaron hasta los 40.000 euros e incluyen los servicios prestados por las defensas durante la fase de instrucción que dirigió el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) José Ceres.

La decisión se tomó cuando Alberto Fabra, en la actualidad senador territorial del Partido Popular, dirigía el partido en la Comunidad y defendía sus líneas rojas contra la corrupción. Esta medida de Fabra, cuestionada dentro y fuera del partido, consistía en apartar a todo aquel cargo público que fuese citado como imputado -ahora, investigado- por un juzgado, aunque se abordaran asuntos administrativos.

El juicio por la financiación irregular del PP arranca el próximo mes de marzo en la Audiencia Nacional y el constructor alicantino Enrique Ortiz, cerebro del caso Brugal, ya ha entregado un escrito al tribunal en el que admite el relato de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo argumento principal es que se fabricaron facturas para inflar el presupuesto de las campañas electorales del PP.

Las minutas presentadas por varios despachos de abogados al PPCV no esconden en ningún momento los conceptos y aparece identificado el CIF del grupo parlamentario, según esta información. En el servicio se especifica claramente que la minuta se pasa por la asistencia jurídica de estos cargos en la causa abierta en Gürtel por la presunta financiación irregular.

Fuentes del PPCV admitieron estos pagos aunque subrayaron que el partido ya ha trasladado a los cargos procesados que no asumirá ningún gasto más derivado de la asistencia letrada en el juicio. Una decisión que, al parecer, ha molestado a los investigados, pues consideran que serán juzgados por delitos relacionados con sus funciones orgánicas dentro del partido. El TSJ procesó a Costa, Serra, García y al ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla ante la sospecha de que cometieran delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

Según esta información, al grupo parlamentario no habría llegado ninguna minuta a nombre de Rambla.

Sólo en las elecciones de 2007, la instrucción judicial concluyó que el PP gastó en actos electorales 2,31 millones de euros y que, a excepción de 18.000 euros en concepto de merchandising, el resto de importes -publicidad, vídeos, creatividad e imprenta- no fue contabilizado ni declarado ante la Sindicatura de Comptes como gasto electoral en las autonómicas.

El Tribunal de Cuentas es el órgano que vela por el buen uso de las subvenciones públicas que reciben los partidos a través del parlamento. En teoría, este dinero debería emplearse para pagar los gastos ordinarios de funcionamiento de cada grupo político -personal, material de oficina, ...- pero se conocen pocos detalles del destino porque las conclusiones del órgano fiscalizador no se hacen públicas. Según diversas fuentes parlamentarias, el reglamento de las Cortes Valencianas no incluye ningún artículo que aborde si un grupo parlamentario puede destinar los fondos públicos que recibe a estas cuestiones. La regla general es que son para «uso general» del grupo y de los diputados.

No es la primera vez que trasciende que el PP está haciendo frente a las defensas de dirigentes inmersos en asuntos de corrupción política. En 2010 se conoció que Génova también costeaba las minutas del abogado del ex tesorero nacional Luis Bárcenas. En aquel momento, la secretaria general del partido de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, justificó los pagos porque «durante 30 años ha sido trabajador de este partido» y «porque así lo consideró en su día oportuno».

Alberto Fabra: "No lo recuerdo"

En declaraciones a este periódico, el ex presidente de la Generalitat Alberto Fabra dijo que no recordaba si autorizó el pago de estas minutas a tres de los acusados de Gürtel. «No lo recuerdo», insistió.

Estos pagos se realizaron mientras el PPCV de Fabra defendía su discurso de regeneración. «No hay ningún imputado, ni lo habrá dentro del Gobierno de la Generalitat», repetía el ex jefe del Consell. Durante su mandato cesaron hasta una veintena de cargos en el gobierno valenciano, el PP regional o el grupo parlamentario popular por su presunta implicación en casos de corrupción.

El 23 de febrero de 2012 cayeron los dos primeros cargos en el gobierno de Fabra. El ex presidente anunciaba entonces la destitución del ex director general de Integración y Cooperación, Josep Maria Felip, y el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, imputados por el desvío de los fondos de la cooperación.