El logotipo de la nueva empresa, BE, proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, en julio pasado. / ÁLVARO MONGE

Sábado 30 de junio del 2018, Endesa acaba de perder a uno de sus mayores clientes, el Ayuntamiento de Barcelona, de aquellos que pagan una factura anual de 34 millones de eurosa. A medianoche, los semáforos, las farolas de la vía pública y el alumbrado de las bibliotecas y de cualquier otro tipo de edificio municipal habrán pasado a ser alimentados por una nueva empresa eléctrica pública, Barcelona Energia (BE), propiedad del ayuntamiento, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Ada Colau, tal vez casi el único que se ha ejecutado sin contratiempos, retrasos y polémicas. La meta principal no era solo el ahorro, aunque también lo habrá, unos 710.000 euros al año, sino la consecución de un cambio de modelo, a la vista de que la privatización del sistema eléctrico en España, lejos de fomentar una sana competencia que contribuyera a bajar la factura de la luz, ha permitido obtener unos “beneficios astronómicos” (en palabra de denuncia de la alcaldesa) a la par que nacía un concepto inédito tiempo atrás, la pobreza energética.

Barcelona Energia, cuya marca comercial se ha proyectado simbólicamente sobre la fachada del ayuntamiento, es una compañía distribuidora que se abastece de energía limpia y local, sobre todo la que aportan las placas fotovoltaicas del Fòrum y la planta de tratamiento de residios del Besòs, gestionada por TERSA. El propósito a medio plazo es crecer, incorporar más fuentes de suministro, duplicar la generación municipal de energías renovables, de 1,8 megawatios a 3,5 solo en placas solares. Actualmente hay 12 pérgolas de esta solución energética repartidas por la ciudad y están en fase de construcción cuatro más.

Las familias, a partir de enero

Con este conjunto de medidas se podrá poner en marcha la segunda fase del proyecto de Barcelona Energia. Si ahora Endesa ha perdido un cliente mayúsculo, a partir de enero el objetivo de la compañía municipal es ofrecer suministro eléctrico a los clientes particulares. Hay un techo legal en esa ambición. Como máximo, Barcelona Energia podrá suministrar fluido eléctrico a unas 20.000 familias, que no son pocas. El criterio de selección de esos vecinos será por simple orden de inscripción.

Por su tamaño, Barcelona Energia es desde este mes de julio la mayor compañía eléctrica pública de España. Según Colau, algún día debería dejar de serlo. “Si lo hemos hecho nosotros, por qué no lo hacen administraciones más grandes, como la Generalitat o la central”, se pregunta. El aliciente para adentrarse en esta senda no debe ser económico, según la alcaldesa. “La energía es un derecho básico, tiene que ser un servicio público garantizado”. Actualmente, en su opinión, es todo lo contrario, “un oligopolio”, así que sugiere desandar el camino de las privatizaciones y recuperar la “soberanía energética”.

La alcaldesa ha colgado este domingo en las redes un vídeo en el que celebra el "paso histórico":

Avui Barcelona fa un pas històric. Desconnectem dels oligopolis i ens connectem a les renovables, a l’autoconsum, a la sobirania energètica.

Hola #BarcelonaEnergia! pic.twitter.com/EZJD4wXIzO — Ada Colau (@AdaColau) 1 de juliol de 2018

El empeño de crear Barcelona Energia parecía, a principios del actual mandato municipal, un reto de difícil consecución. A lo mejor han sido al final un aliciente para acelerar el paso las colisiones que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido con las eléctricas privadas por otros motivos, pero choque de intereses, al fin y al cabo.

Colisiones anteriores

El primer enfrentamiento abierto saltó en febrero del 2017. El equipo de gobierno sacó a concurso el contrato de la luz de Barcelona. Incluyó en las cláusulas del concurso medidas concretas contra la pobreza energética. Ni Endesa ni Gas Natural presentaron ofertas, convencidas probablemente de que el concurso se declararía desierto. Sin embargo, perqueñas empresas del sector eléctrico sí que se presentaron. Fue, pese a rodo, una victoria municipal pasajera. Endesa recurrió, porque consideró que las condiciones que reclamaba el municipio la colocaban en una situación de desventaja con respecto a sus competidores, que con tan poco clientes como tienen en la ciudad era muy difícil que tuvieran que encarar situaciones de pobreza energética. El Tribunal Catalán de Contratos le dio la razón.

Tres meses más tarde se desató una nueva disputa, por razones distintas, pero, como siempre, económicas. Los técnicos municipales detectaron un importante impago de una tasa que deben pagar las empresas suministradoras de energía a los ayuntamientos, equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos en cada ciudad. Es una cifra que puede pasar desapercibida, porque es el Ministerio de Industria quien dispone de todas las cifras, pero un rastreo paciente permitió a Barcelona localizar esa vía de agua económica. Endesa, así, aceptó que había un error en las liquidaciones que había satisfecho y abonó un millón de euros adicional correspondiente al periodo 2011-2015.

Aquel último enfrentamiento se resolvió hace ahora exactamente un año. Desde entonces, el calendario para poner en marcha la empresa pública Barcelona Energia se ha cumplido a rajatabla.