A México le sienta bien su nuevo traje como gendarme del sur. El presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, hizo un balance positivo y calificó de “exitoso” y “bien aplicado” el plan puesto en marcha en los últimos seis meses para frenar la migración centroamericana que intenta llegar Estados Unidos.

Los datos difundidos por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirman el brutal incremento de las detenciones y deportaciones de centroamericanos desde los estados del sur del país. Según Ebrard, desde enero hasta el día de Navidad se habían “rescatado” 280.000 migrantes, principalmente de Honduras (un 44%), Guatemala (un 27%) y El Salvador (alrededor del 11%). Según la cancillería, México deportó a 84.000 personas a esos países en los últimos 12 meses. El portal del Instituto de Migración (INM), recoge, sin embargo, que los deportados fueron 118.000.

Paralelamente, en 2019 se presentaron casi 67.000 solicitudes de refugio ante la Comar (la Comisión de Ayuda al Refugiado) argumentando que la vida de los solicitantes corría peligro en sus países de origen. La cifra ha aumentado a un ritmo superior al 300% comparado con 2018. Ebrard señaló que fueron detenidos 12.000 menores no acompañados y que 1.188 niños y niñas están en manos del DIF, el organismo que se encarga de la niñez. El portal del INM incluye cifras a este respecto que no fueron difundidas este miércoles, pero que reflejan la contundencia de la política migratoria de López Obrador: este año fueron detenidos 50.000 menores de los cuales se deportó a 37.000.

Estados Unidos celebra los datos que confirman la efectividad mexicana en el control del flujo migratorio. De las 144.116 detenciones realizadas en mayo por la Border patrol, la patrulla fronteriza entre México y Estados Unidos, se pasó a 52.000 en noviembre. Desde que López Obrador desplegó la Guardia Nacional en Chiapas, el número de migrantes centroamericanos que llegan a Arizona, Texas, Nuevo México o California ha descendido a un ritmo cercano al 25% mensual.

La conferencia conjunta del mandatario y su canciller durante la conferencia "mañanera" del miércoles fue, en realidad, un mensaje para Donald Trump. El presidente estadounidense amenazó en mayo a sus vecinos del sur con vigilar el control migratorio y exigir resultados mensualmente so pena de imponer una tasa del 5% mensual a las importaciones mexicanas. Las medidas adoptadas en la frontera sur fue el resultados de aquella “amenaza" “unilateral”, admitió López Obrador.

El Ejecutivo mexicano se esforzó en poner su mejor cara a la estrategia del trágala impuesto por Donald Trump y que no entraba en sus planes. De hecho, la llegada de López Obrador al poder vino acompañada de una política de puertas abiertas. Una caravana de migrantes en diciembre de 2018 fue recibida por cientos de voluntarios que ofrecieron inmediatamente sanidad, empleo, educación y asistencia humanitaria a los miles que entraron abrazados al país. Paralelamente, se diseñó un plan de empleo y desarrollo en los países de origen y en la zona sur de México.

Doce meses después, solo quedan los mimbres. Las puertas de entrada estás más blindadas que nunca con el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional y la vía humanitaria que contemplaba la solicitud de asilo y refugio está atascada entre la represión y la burocracia. La Comar solo ha resuelto el 3% de las 66.000 solicitudes y este 2020 operará con la mitad del presupuesto que este año.

Ebrard y López Obrador el miércoles. Marco González/NOTIMEX/dpa

Desde los albergues critican la “militarización” de la frontera y la puesta en marcha de una política “servil” con Estados Unidos. “En el último año ha muerto gente en albergues y en estaciones migratorias. Han atacado a migrantes africanos y han muerto niños de madres embarazadas. Ha habido hasta naufragios en la costa de Chiapas", señala desde Tapachula, Salvador Lacruz, coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías.

“El gobierno reconoce que han aumentado las detenciones y las deportaciones y otros muchos esperan hacinados en estaciones migratorias. Hacer todo esto sin violar Derechos Humanos sería casi imposible. No hay ninguna crítica de la Comisión de Derechos Humanos porque es extremadamente ineficaz y tiene un claro techo político”, denuncia Lacruz desde la frontera con Guatemala.

El canciller Ebrard defendió en su comparecencia matutina que el Gobierno "cumple la ley mexicana", pues toda persona en territorio mexicano "tiene que estar registrada”. “La oferta que ha hecho México no la hace ningún país del mundo, pues lo primero que se le ofrece al migrante en México es empleo”, dijo el canciller. Sin embargo, algo falla en estos planes. Solo 3.500 personas se han inscrito en la bolsa de trabajo oficial, o sea, el 1,25% de los detenidos.

Desde Tenosique, en el sureño Estado de Tabasco, Ramón Márquez, director del albergue de migrantes La 72 denuncia que “el plan migratorio ha tenido un claro enfoque represivo”. “Esto se traduce en más operativos, más gente moviéndose de forma clandestina y más gente expuesta a rutas más peligrosas y a los coyotes, que han duplicado sus tarifas”, denuncia.

Por su parte, Lacruz insiste en que se ha puesto en marcha una política migratoria "de contención" sin tener en cuenta "que México es un país de destino que requiere infraestructura y medios para atender la crisis humanitaria" que se vive en el sur y en el Triángulo norte de Centroamérica, fruto de la violencia y las sequías. “Es paradójico que haya dinero para pagar a 6.000 soldados desplegados en la frontera pero no para ampliar en diez o doce personas la Comar, que trabaja desbordada y ni siquiera tiene dinero para traductores ahora que también hay un importante número de africanos atrapados en las fronteras”.

Mientras el equipo de López Obrador trata de convencer a la comunidad internacional para que apoye su plan Marshall regional, los países implicados miran hacia otro lado. Paralelamente las organizaciones internacionales afrontan extenuados el reto y con los recursos económicos al límite, consumidos por el éxodo venezolano, de donde han salido más de cuatro millones de personas hacia los países vecinos. Al menos por ahora, el más satisfecho con los datos conocidos ayer es Donald Trump.