José Ángel Arregui era profesor de Educación Física en el colegio San Viator. Los alumnos que daban clase con él en los años 90 le describen como un docente tirano, sin empatía pero que, al mismo tiempo, jugaba a saltarse los límites. Hacia la ouija o les proponía observar espermatozoides al microscopio. A veces les citaba a solas. Aseguraba que estaba haciendo una tesis sobre la formación del cuerpo de los chavales y su flexibilidad. Les mandaba desnudarse y que hicieran flexiones. Luego venían los abusos sexuales en las duchas. Las masturbaciones. Las violaciones.

Décadas después, el clérigo fue detenido en Chile por tenencia de pornografía infantil. Fue en 2009 cuando le fueron incautadas 400 horas de vídeos de contenido sexual. Aparecían 15 menores españoles en las cintas. De Vitoria, de Basauri, de Madrid. Arregui recorrió la geografía española filmando y abusando de adolescentes según iba siendo apartado de todos los colegios de la congregación por los que pasaba. Finalmente, fue condenado a ocho meses de prisión. Solo se le pudo juzgar por tenencia de pornografía. Los abusos estaban prescritos.

Esta es solo una de las historias que cuenta el documental Examen de Conciencia (Netflix), dirigido por Albert Solé, primero en su especie en tratar el tema de la pederastia en la Iglesia. La cinta, de tres capítulos y de casi tres horas de minuciosa investigación, recorre casos que sucedieron en el seno de diferentes congregaciones como los Maristas o Los Legionarios de Cristo. Junta testimonios de abusados y de abusadores, y, en su conjunto, demuestra que en España aún hay una gran asignatura pendiente, tal y como nos cuenta Paloma Torrecillas, una de las investigadoras.

Una idea recorre todo el documental y es la de la prescripción de los delitos. ¿La legislación española hace más difícil que las víctimas consigan acceder a la justicia? ¿Cómo nos sitúan nuestras leyes si nos comparamos con otros países?

En España, los abusos sexuales cometidos a menores se penan entre 5 y 15 años, dependiendo de la gravedad, y empieza a contar a partir de la mayoría de edad de la persona abusada. En el caso máximo se podría estar denunciando a los 33 años. Hay un anteproyecto de ley que se aprueba este 2018 que dice que los abusos sexuales empezarán a contar a partir de los 30 años de la víctima. Esto no ocurre igual en otros países. Los países con legislación anglosajona, en Inglaterra, en Irlanda, en Sudáfrica o en Australia, no hay prescripción; igual que ocurre en otros países europeos como Holanda o Suiza. En América Latina hay algunos países que están empezando a valorar esta posibilidad, como Chile. Estamos hablando de que tenemos un tiempo breve porque es hasta que la víctima cumple los 33 años. Los abusos sexuales a menores tienen un rasgo común, y es que la víctima tarda mucho tiempo en denunciar y, además, esto se suma a que en la Iglesia hay un factor moral de responsabilidad de la víctima que juega en su contra y hace que denuncien todavía más tarde.

Sorprende que la propia Conferencia Episcopal, con la que habláis en el documental, os confirma que no existen datos sobre la pederastia en la Iglesia. ¿Se ha tratado este tema como casos aislados?

Tanto para la Conferencia Episcopal como para la Iglesia, en España se tratan como casos aislados. Hablan incluso de que en nuestro país tenemos la suerte de que no se han producido este tipo de abusos. Cosa que no se puede demostrar. El recuento de sentencias que hay a nivel institucional de abusos sexuales no especifica quién los acomete. A nivel institucional, no hay un recuento de quién es el que acomete los abusos, no se sabe si es un sacerdote o no con lo cual no existen cifras oficiales y contrastadas de los religiosos que han podido cometer este tipo de acciones. No hay un recuento público. Lo que no sabemos es si existe un recuento privado de la institución. En Irlanda y en Estados Unidos se dice que la prevalencia es de un 7%, pero eso en España no lo podemos comprobar.

En el caso la Bañeza, las víctimas se envalentonan cuando son aún unos niños y se acercan a comentárselo a varias personas; no se hizo nada y esto supuso que el pederasta pudiera seguir cometiendo los abusos

Normalmente, los abusos son denunciados por parte de la víctima directamente o por parte de los padres de la víctima. Y lo que hace la institución de una manera sistemática es negarlo y dejar al sacerdote con las funciones que tenía hasta ese momento. Pero si se repiten las acusaciones lo más normal es que se les mueve de lugar, de parroquia, de colegio o bien se les manda a misiones a países africanos o de América Latina.

En el caso del seminario de la Bañeza (León), que es uno de los casos que se cuenta en el documental, las propias víctimas se envalentonan cuando son aún unos niños y se acercan a comentárselo a varias personas. Uno de ellos, Redondo de Paz, era profesor en la institución y no les hizo caso. No hizo nada por solventar el problema. Esto supuso que el pederasta, José Manuel Ramos Gordón, pudiera seguir cometiendo los abusos durante meses.

Hablamos de un silencio de la Iglesia cuando brota un caso así. ¿El Estado respalda de alguna manera a la Iglesia en el secretismo de sus acciones?

Hay un concordato, el concordato del 79, que está firmado entre la Iglesia y el Estado que dice que no se pueden violar los archivos secretos de la Iglesia. Esto permite que todos aquellos archivos donde pudiera estar documentados casos de abusos nunca se van a poder sacar a la luz, a no ser que haya un cambio en la legislación. Cualquier informe que pueda tener la Iglesia sobre los abusos que se hayan podido cometer no puede ser consultado por el Estado.

El papa Francisco ha afirmado su compromiso en la lucha contra este problema, pero el documental deja dudas al respecto. ¿Podemos estar tranquilos de que esto no esté pasando ahora mismo en algún colegio de España?

No podemos estar seguros, sobre todo porque la manera de actuar generalmente de la Iglesia en España es que cuando le llega un caso de abusos lo que hace es animar a los padres a denunciar. Si los padres se niegan a denunciar ellos no pueden hacer nada, según sus propios cánones. Esto en realidad, es ilegal. La Iglesia está obligada en el caso de que tenga constancia de que haya un supuesto caso de abusos de avisar a la Fiscalía para que empiece una investigación.

En el documental recogéis testimonios muy duros. ¿Por qué escogéis el de Miguel Hurtado como hilo conductor?

Miguel es un activista desde hace muchísimos años por la causa de la no prescripción de los delitos de abusos sexuales a menores. Es una cara visible, es una persona que está muy puesta en el tema sobre todo a nivel internacional, con lo cual tiene una visión global muy potente que puede ayudar a entender mucho mejor el documental y lo retrasados que estamos en España en este sentido. Además, su caso no era conocido hasta el documental. Es en el documental cuando se desvela por qué Miguel ha decidido denunciar a la Iglesia.

Miguel iba a unos campamentos en la Abadía de Montserrat y uno de los sacerdotes principales de la abadía, el que organizaba todos estos encuentros entre jóvenes, abusa de él. Miguel casi rondaba la mayoría de edad cuando se empiezan a cometer estos delitos, por lo tanto su prescripción ocurre a los 33 años. Miguel decide hablar más tarde. El caso de Miguel está prescrito y, precisamente, pelea por esto. Si el Estado finalmente saca adelante el anteproyecto de ley las personas que como Miguel fueron abusadas cuando eran niños, podrán denunciar. El problema además de los abusos sexuales es que es muy difícil demostrar si no hay una grabación. Y es muy difícil que el abusado tenga una grabación. Son casos muy difíciles de demostrar y cuando pasa el tiempo todavía más.

Durante el Franquismo había muchísimos colegios que estaban bajo la tutela de la Iglesia, muchísimos internados, y eso hace que las circunstancias fueran más favorables para los abusadores

El documental trata el caso del colegio San Viator, donde un cura acusado de pederastia por numerosas víctimas en España es finalmente detenido en Chile por tenencia pornográfica. Al final, Miguel Ángel Arregui, es condenado a ocho meses de cárcel. ¿Cómo es posible una pena tan baja?

Es posible porque a Miguel Ángel Arregui no se le condena en España por los abusos sexuales sino por tenencia de pornografía infantil. Ni siquiera por haber hecho los vídeos, si no por la tenencia en un ordenador de esta pornografía. Además, este caso es muy llamativo porque es un profesor al que se le mueve constantemente de destino y de colegio, no pasa más de cinco años seguidos en el mismo colegio y le van moviendo por toda España. Esto ya nos hace sospechar que algo está ocurriendo. Pero es que, además, en el documental, hemos contado con víctimas que hablan de que fueron abusadas a partir del año 81 e incluso tenemos casos hasta el 2004. Esto en el documental no puede salir porque las víctimas no han querido hablar —solo se consigue que presten su testimonio tres víctimas abusadas en los años 90—, pero tenemos datos contrastados de que así fue.



En el documental recogéis el testimonio de un cura acusado de pederastia, Joaquín Benítez, quien deja caer que los abusos sexuales son una cadena que se ha extendido en el tiempo. Él asegura que sus actos están relacionados con la violencia sexual que él sufrió también de pequeño en su colegio. Los casos que se han destapado son de los años posteriores a la dictadura. ¿Qué pasaría si nos pusiéramos a investigar qué ocurrió durante el Franquismo?

Los casos que nosotros contamos en el documental son de personas que son claras herederas de la dinámica del Franquismo. Lo más probable es que hubiera el mismo porcentaje de curas pederastas que ahora. La única diferencia es que durante el Franquismo había muchísimos colegios que estaban bajo la tutela de la Iglesia, muchísimos internados, y eso hace que las circunstancias fueran más favorables para que los abusadores pudieran cometer su delito.

