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El máster que ha obtenido Cristina Cifuentes sin presentarse a dos asignaturas, que aparecieron con notable dos cursos después sin mediar matrícula, es el último de una serie de escándalos en la institución pública

La Universidad Rey Juan Carlos, creada bajo el mandato de Gallardón y con un presupuesto de 122 millones, es conocida por los numerosos plagios del exrector y porque se negó a retirar el honoris causa a Rodrigo Rato cuando ya estaba imputado

Contrataciones tumbadas por el Supremo o la contratación de la hermana de Cifuentes de manera irregular salpican a la sexta universidad pública de Madrid

Hoy es el máster de Cristina Cifuentes: dos años después de matricularse aparecen dos misteriosos notables en asignaturas en las que aparecía como No presentada en 2012, entre ellas el trabajo final que supone casi la mitad de créditos.

Pero hay más escándalos en la URJC: por ejemplo, la contratación de su hermana, Margarita Cifuentes, de manera irregular: es profesora visitante en la universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC.

Últimamente, la universidad ha afrontado la crisis por los plagios cometido por el exrector Fernando Suárez y la polémica porque la universidad se negaba a retirar el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato pese a estar imputado por las tarjetas black. Antes, el mismo rector daba clases en un campus no autorizado, contrataba profesores a dedo retorciendo el sistema (saltándoselo incluso) o esquivaba las sentencias del Tribunal Supremo para readjudicar, a las mismas personas, unas plazas que la justicia había tumbado.

La URJC fue creada en 1996, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid y Gustavo Villapalos su consejero de Educación. Se convirtió en ese momento en la sexta universidad pública de la región. Maneja un presupuesto de 122.216.259 euros, según sus propias cuentas, para atender a casi 40.000 alumnos, 605 miembros del PAS (personal de administración y servicios) y 1.434 PDI (personal docente e investigador) repartidos por cuatro campus oficiales y uno no autorizado en el que daba clase el propio rector Suárez.

Fernando Suárez, rector, en su toma de posesión ante el expresidente Ignacio González y Montserrat Gomendio

La universidad se ha convertido en una especie de coto cerrado en el que si desentonas, quedas señalado, relatan de forma anónima varios de sus empleados, que prefieren no dar la cara porque temen por sus puestos de trabajo.

Vinculación al PP

Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como «la universidad del PP», igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido).

En el caso de la URJC, la universidad ha sido noticia por contratar empleados que tienen relación familiar con personas del PP. Entre ellos se encuentran nombres como Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados).

Contrataciones ilegales e irregulares

La política de contratación de la URJC también ha dado que hablar en los últimos tiempos por varias causas. Algunas directamente por ser ilegales.

Por ejemplo, la universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas: la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%.

¿Qué hizo el centro? Ignorar las sentencias hasta que no pudo más (tuvo a un vicerrector ejerciendo pese a que legalmente ni era profesor de la URJC) para luego volver a convocar las mismas plazas (en un teórico concurso público) que están ganando, una a una, las mismas personas a las que les fueron anuladas.

La URJC acabó retirando el ‘honoris causa’ a Rato.

En 2016 la URJC también admitió en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están perfectamente estipuladas por tablas según las categorías.

El caso sacó a la luz una política de contratación de profesores visitantes cuanto menos muy particular. Esta figura, el profesor visitante, permite a las universidades contratar profesionales de prestigio para realizar estancias de manera puntual. Está totalmente regulada por ley en cuanto a las características que deben reunir los profesores en cuestión (prestigio, venir de otro centro, etc.) y no pueden estar más de dos años en el centro.

Su presencia en las universidades suele ser anecdótica, apenas un 1% de los profesores. En la URJC uno de cada cinco docentes (20%) ha sido contratado bajo esta figura, que permite saltarse los concursos y contratar a dedo.

A dedo también se han adjudicado varias plazas tanto de PAS como de PDI según han denunciado en varias ocasiones profesores del centro. Convocatorias en las que no se especifican los requisitos necesarios para presentarse o que solo se hacen públicas en la intranet del centro –cuando deben ser abiertas a todos los ciudadanos del país que puedan presentarse– son habituales en la URJC, según algunos empleados.

El ‘horroris’ causa Rato

La universidad también estuvo en el disparadero por negarse, durante meses, a retirar el doctorado honoris causa que había concedido a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico. Cuando Rato fue detenido acusado de una retahíla de cargos por el escándalo de las tarjetas black, la universidad alegó que no podía retirarle la mención. La presión de estudiantes y algún profesor llevó a la URJC a ceder y anunciar que «estudiaría» el tema. Ocho meses de estudio después, decidió retirar la mención honorífica.

El diario