En los pasados días 4 al 7 de Mayo el equipo auditor en el Parlamento Heleno, bajo la coordinación de Eric Toussaint, compartieron sus principales hallazgos. La auditoría culminará en un informe, con una Conferencia de Prensa Internacional el próximo 18 de Junio en Atenas, a la que le han mostrado su apoyo más de 300 personalidades mundiales.

La economía griega está sacudida por los efectos demoledores cuya profundidad obedece a dos acuerdos de entendimiento, fraguados en 2010 y 2012, que han ahogado -25% de caída del PIB en los años de crisis, un 26% de paro, 35,7% de la población en riesgo de pobreza- , en un castigo impropio de un entorno democrático, a la población griega. Han impuesto unas condicionalidades que, sosteniendo artificialmente el funcionamiento de la banca griega, han extendido políticas de austeridad, privatización y deterioro de los servicios públicos y las relaciones laborales, hasta el punto de dañar gravemente los derechos humanos en Grecia y deprimir la economía griega que, a pesar de la reestructuración, ha desplomado sus ingresos y aumentado su déficit, y, por tanto, la deuda pública ha crecido hasta el 181% del PIB.

Anteriormente los principales acreedores de Grecia fueron privados. Pero eso cambió, tras 2012, coincidiendo con el segundo programa de ajuste y el rescate que se produjo entonces. Los bonos antiguos fueron canjeados por nuevos, y hasta un 80% está en manos de instituciones públicas europeas o el FMI. La estructura de la deuda griega fue reconvertida y pasó a manos de agentes públicos a escala internacional (préstamos bilaterales de otros Estados Miembros, del FMI, del BCE y el siniestro EFSF –FEEF con sus siglas en castellano-).

Su propósito era rescatar a la banca privada centroeuropea, dejando expuestos a varios Estados miembros o al BCE que harían de colchón ante un probable impago, dejando sin riesgo a los inversores privados que siguen comprando, en condiciones altamente garantizadas, los bonos emitidos por las entidades públicas. Hay indicios de un procedimiento ilegítimo, que conduce a una amplia operación paneuropea de socialización de pérdidas con el conocimiento de las autoridades públicas firmantes –muy atentas a los requerimientos del mundo de las finanzas privadas-, que pretenden presentar un conflicto entre pueblos para no asumir su responsabilidad. El pagadero será el contribuyente que no puede escaparse a paraísos fiscales, evadir impuestos o tener un trato fiscal favorable.

El FMI, en el paso del primer al segundo programa de rescate, continuó facilitando créditos aun cuando sabía que el estado de la deuda era insostenible. En este periodo se ha generado una prisión de deuda, tal y como ha venido señalando Philippe Legrain recientemente.

Si se han producido discrepancias en la negociación entre el BCE y el FMI -acreedor senior (prioritario), que le asegura ser el primero en cobrar-, es fruto de una carrera para, en caso de quiebra, no ser el primero en padecer el impago de un gobierno que hasta ahora ha cumplido en todos sus pagos. El pragmático FMI estaría dispuesto a una reestructuración tutelada que, manteniendo el principal, dilate los plazos y alivie los intereses. Lo que haría permanecer la deuda, sostendría un hilo de reembolsos, mantendría la dependencia económica duradera de Grecia, se seguiría imponiendo una política de austeridad y conseguiría un acuerdo que, en caso de default, dañaría antes a otros acreedores. La intransigencia del BCE que, en cambio, está dispuesto sólo a un acuerdo de mínimos en tanto que Syriza haga papel mojado sus líneas rojas, responde a que determinados políticos no quieren perder votos en sus países. Su único objetivo es derrocar financiera y políticamente a Syriza del gobierno y lanzar un mensaje a navegantes de que “no hay alternativa”. Pero la hay.

Con los préstamos bilaterales, de otros Estados Miembros a Grecia, comprobamos indicios de ilegalidad e irregularidad. Se contraviene el principio de que un país pueda recibir un rescate de otro país, afectando al art. 125 Sect 1 TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), enmendado en 2012.

Sin embargo, la operativa más siniestra es la configurada con el fondo EFSF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, FEEF en español), creado por 17 Estados Miembros, para facilitar financiación en especie a Grecia. Rompe con el mencionado art. 125 y transgrede otros, creando un fondo para rescates soberanos justificándolo como situación excepcional similar a una catástrofe natural (art. 122 Secc. 2 TFUE), cuando en realidad Grecia ha incumplido sistemáticamente el pacto de estabilidad y crecimiento, como han hecho y hacen 24 de los 28 países de la UE; o el art 136, que impediría incrementar las competencias de la Unión. También opera imponiendo una legislación europea, como puede ser el Pacto de Estabilidad o el Pacto fiscal sin respetarla él mismo. Es más, el Acuerdo Marco del EFSF de 2010 afirma (Parte 6: Claims under a Guarantee. Punto 6. Página 20) que los Estados Miembros deberán aportar las garantías si el fondo las reclama sin tener en cuenta si los préstamos otorgados son legales, admitiendo que incluye en su operativa procedimientos ilegales. Los dirigentes del EFSF además gozan de prácticamente de inmunidad, bajo cláusulas de secreto, y no pueden ser encausados judicialmente.

Este fondo, que tiene su sucesor en el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) se ha creado como sociedad anónima privada con sede en Luxemburgo y bajo ley británica, saltándose así los Tratados de la UE. Con un plazo de amortización hasta 2054 exige, a partir de 2023, alrededor de un 2% de tipo de interés –si bien su valor preciso no se ha publicado-. Los Estados socios aportan hasta un 165% en garantías, para que los inversores privados se animen a adquirir sus bonos, para prestar a Grecia. Sin aportar capital, consigue financiación en los mercados a un tipo en torno al 1%.

El EFSF fue puesto en pie sin consulta democrática por lo que nace con naturaleza odiosa al margen de la ley y la regulación financiera europeas. Su objetivo era evitar, de nuevo, pérdidas a los inversores privados y socializar pérdidas, y poder prestar a un Estado directamente. Eso sí, en condiciones elegidas por los países accionistas, con prácticas propias de un hedge fund. Las condicionalidades se imponen en condiciones de chantaje y falta de consentimiento.

La provisión de estos préstamos se realiza en un contexto de coerción e injerencia. Los nuevos desembolsos se interrumpirán si no se cumplen las condicionalidades, y estas últimas se han modificado hasta cuatro veces. Un hecho equivalente a la inseguridad jurídica aplicable al ámbito público.

2015 es el año en el que Grecia queda al margen del acceso a diferentes líneas de préstamos, únicamente el ELA provee liquidez para el funcionamiento bancario, en condiciones desfavorables y plazos exigentes de devolución. La línea abierta de liquidez masiva, Quantitative Easing, no está al alcance de Grecia, lo que puede interpretarse como un ejercicio de discriminación y ruptura de la neutralidad e independencia del BCE (art. 130 TFUE) que adopta una posición política, tomando órdenes de algunos Estados, sesgada a favor de las finanzas privadas centroeuropeas. El BCE en cualquier momento puede paralizar la provisión de liquidez si no se cumplen sus condiciones y las negociaciones actuales no se hacen bajo un marco neutral ni con una moratoria que evite ventajas al lado acreedor, una práctica contraria a las recomendaciones de la ONU.

En suma, el Estado griego ha de hacer frente a una vieja deuda a corto plazo, que le asfixia, y de cuyo pago depende para obtener otros desembolsos a largo plazo. Las instituciones europeas persiguen debilitar al Estado griego para que se doblegue en sus líneas rojas.

Hay muchas cosas en juego cuando Grecia decide auditar la naturaleza y sostenibilidad de su deuda para calificarla, en la perspectiva de que será finalmente impagable. Para Grecia se decide su propia condición de existencia soberana y la pervivencia de los derechos humanos en el país. Para las oligarquías financieras se experimenta aquí, con la lección de Grecia para el conjunto de Europa, su proyecto autoritario. Para la economía europea, un 2% de impacto en su PIB si hay impago y un probable contagio financiero de carácter sistémico. Para la eurozona, su ser o no ser a medio plazo, al quedar el euro seriamente herido si se expulsa a Grecia y se admite que no se salvará a ningún país en situación comparable.

Finalmente, la población europea, engañada por sus gobernantes y el uso impropio, ilegítimo, odioso e ilegal, del BCE, del EFSF y de los préstamos bilaterales empleados a favor del privilegio particular y para la socialización de pérdidas, se enfrenta ante un dilema: o acusar a los griegos por no devolver la deuda, o exigir a las instituciones europeas que encausen a los responsables –oligarquías financieras, gestores de instituciones europeas, oligarquías griegas-, exigiendo a los viejos acreedores que asuman sus pérdidas y restituyan lo recibido en condiciones inaceptables.