Un teléfono de uso público de Telefónica en una estación.

Nadie quiere hacerse cargo de las cabinas telefónicas ni de las guías pese a que la ley del servicio universal de telecomunicaciones en España garantiza esa oferta en todas las poblaciones. Los concursos públicos convocados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para proveer este servicio en toda España han quedado desiertos, según publica este martes el Boletín Oficial de Estado (BOE).

Ni Telefónica, ni Vodafone ni Orange, únicos operadores nacionales capaces de prestar el servicio, han decidido concurrir a estos concursos porque consideran altamente deficitarios tanto el mantenimiento de las cabinas como los listines,y entienden que la compensación que regula la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia no es suficiente para cubrir los costes.

La situación no es nueva. El Gobierno tuvo que asignar por decreto a Telefónica en 2011 que se hiciera cargo de la obligación de tener teléfonos públicos de pago (con monedas o tarjetas) en toda la geografía española durante cinco años, pese a la oposición de la operadora. Una vez vencido ese plazo había que convocar otro concurso, como se hizo el pasado 30 de septiembre, pero ninguna operadora ha manifestado el más mínimo interés por concurrir al mismo.

El vandalismo y la popularización de la telefonía móvil ha hecho que las cabinas sean altamente deficitarias y un negocio ruinoso para quien las explota. La CNMC fija una compensación que deben abonar todos los operadores, pero esta es mínima. En 2013, último año para el que se ha hecho el cálculo –la CNMC lleva siempre un retraso de tres años- se dictaminó en 1,2 millones de euros el coste del mantenimiento de las cabinas. El Ministerio de Energía asignará ahora por decreto el operador que debe hacerse cargo de estas obligaciones y todo apunta a que, como en anteriores ocasiones, será Telefónica

De hecho, la propia CNMC remitió en primavera un informe al Ministerio de Energía en el que le aconsejaba que revise la conveniencia de mantener la cabinas dentro de las obligaciones del servicio universal de las telecomunicaciones, lo que, en la práctica, suponía pedir su retirada.

En España quedan 25.820 cabinas telefónicas de las 100.000 que había en el año 2000, según las últimas cifras correspondientes a 2015. En los últimos tres años la caída interanual ha sido del 40%. Son todas deficitarias por su bajo uso, y el alto grado de vandalismo que hace muy costoso su mantenimiento.

El actual servicio universal garantiza que tiene que haber al menos un teléfono público de pago y uno más por cada 3.000 habitantes, en cada localidad de 1.000 o más habitantes y una cabina en cada uno de los municipios de menos de 1.000 habitantes en los que esté justificado en base a los criterios de oferta mínima.