César Milani se sentará una vez más en el banquillo de los acusados, en la primera audiencia del juicio que se estima durará cerca de un mes y medio dada la cantidad de testigos. Lo hará esta vez junto el excapitán Esteban Sanguinetti.

Al momento de los hechos en que desaparece el soldado Alberto Agapito Ledo mientras hacía servicio militar, Milani se desempeñaba como subteniente y está acusado de encubrimiento y de falsedad ideológica por haber confeccionado de forma irregular un acta en la que se documentaba que el soldado había desertado de la unidad a la que estaba asignado en la localidad de Monteros. Por su parte, el excapitán Esteban Sanguinetti deberá defenderse de la acusación de haber secuestrado y asesinado de Ledo, ya que salió de patrulla con el soldado desaparecido y volvió solo al lugar donde se encontraba la compañía, en junio de 1976.

Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Enrique Lilljedahl serán los integrantes del Tribunal Oral Federal que tendrá a cargo este juicio. Dos de ellos, Casas y Jiménez Montilla fueron recusados por la querella de la familia Ledo por un hecho de extrema gravedad: en septiembre de 2017 dictaron absoluciones en el juicio de lesa humanidad que juzgó los crímenes del Operativo Independencia, con el argumento que funcionarios inferiores de las fuerzas de seguridad actuaron en cumplimiento de órdenes que creían lícitas. Claro está que esta postura podría beneficiar a Milani, que tenía el grado de subteniente cuando confeccionó el acta falsa de deserción de Ledo por una instrucción de Sanguinetti.

Pero el tribunal ante quien se presentó el pedido de recusación rechazó por considerar que “no existe imparcialidad manifiesta”.

Grave antecedente

El pasado 9 de agosto, el Tribunal Oral Federal de La Rioja absolvió a César Milani, en el juicio que se investigaba el secuestro y tortura sufridos por Pedro y Alfredo Olivera. Para justificar la absolución de Milani, los jueces Falcucci y Díaz Gavier argumentaron, entre otras cosas, que el procedimiento en la casa de la familia Olivera “se enmarcó dentro de la formalidad legal establecido por la averiguación de un hecho presuntamente subversivo, de acuerdo con los términos de la ley 20.840, y con el procedimiento dispuesto por la ley 21.460". Es decir, la absolución de Milani no fue por falta de pruebas, que de hecho sobraban para condenarlo por el secuestro de Pedro y Alfredo, sino porque el Tribunal consideró que esos secuestros fueron legales. Se niega la palabra de los sobrevivientes que junto con los testigos fueron quienes recontruyeron los crímenes que sucedieron en los Centros Clandestinos de Detención, porque los distintos gobiernos se negaron a abrir los archivos de la dictadura.

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Las abogadas querellantes y los fiscales que acusaron a Milani apelaron el fallo regresivo ante la Cámara de Casación Penal. “Nunca vi que jueces de la democracia justifiquen delitos de lesa humanidad con leyes de la dictadura. Yo me pregunto hasta qué punto el estado de sitio anula todos los derechos. Los acusados entraron armados a la casa de Olivera, le rompieron los vidrios y se lo llevaron a las 4 de la mañana. Tiene todas las características de un operativo clandestino. Estos argumentos se parece a la ley de obediencia debida”, así se expresó con contundencia Virginia Miguel Carmona, una de las fiscales del juicio.

El general quiere volver

Había pasado apenas una semana de la sentencia que absolvió al Milani cuando el exjefe del Ejército fue invitado a la fiesta de casamiento de su abogado José Manuel Ubeira, el letrado encargado de defender al represor en el juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja. Claro que le sobraban motivos a ambos: la impunidad del Tribunal Federal de la Rioja, que como dijimos, a pesar de las innumerables pruebas, lo absolvió.

En el video se lo ve con invitados cantando "Vamos a volver, a volver", y a Milani con sus dedos en "V". No extraña, menos cuando gran parte del kirchnerismo celebró la impunidad del genocida.

La lucha por encarcelar a los genocidas

El caso de Milani demuestra que la lucha contra los genocidas no es una pelea del pasado. "Esperamos durante 43 años que llegara este juicio y que los responsables pagaran ante la Justicia por la desaparición de Alberto. Los responsables de este delito deben pagar con la cárcel común”, señaló Graciela Ledo hermana de Alberto Ledo. Ella y su mamá Marcela estarán rodeadas de solidaridad de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y gremiales. Integrantes de organismos de derechos humanos nucleados en el ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA están también presentes y en el comunicado que difundieron señalaron que “tanto para su familia como para todos los que denunciamos a este genocida, que pretendía salir impune por su participación en la dictadura más sangrienta de nuestro país, este juicio representa una primera batalla ganada y ahora exigimos cárcel común perpetua y efectiva para este represor”.