Los contratistas, que ya están enfrentándose a una escasez de mano de obra, advierten que los proyectos se retrasarán y los costos podrían elevarse si los trabajadores son enviados de vuelta a casa o terminan quedándose de manera ilegal. La mayoría es de El Salvador; otros pocos son de Honduras y Nicaragua.

“Si los perdemos, no será fácil remplazarlos”, dijo Rick DiGeronimo, vicepresidente de Independence Excavating, una constructora con sede en Cleveland que tiene varios proyectos en el área de Washington. Cerca de una tercera parte de sus trabajadores tiene estatus de protección temporal. “Tendríamos dificultades para terminar algunos de nuestros proyectos porque no hay trabajadores de esta calidad aquí”, admitió.

El sector de la construcción resultó atractivo para los recién llegados de El Salvador porque el empleo no requería de que tuvieran aptitudes especiales ni que supieran inglés, explicó Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, una organización de servicios sociales para inmigrantes latinos. “La industria de la construcción estaba en auge y estas personas querían trabajar”, relató.

El estatus de protección temporal no es una vía para obtener la ciudadanía, pero la mayor parte de estos trabajadores nunca pensó que podría enfrentarse a la deportación. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos de manera legal desde hace casi dos décadas. Algunos han comprado casas y autos, y llevan vidas establecidas en la clase media. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Casi 46.000 personas forman parte del programa en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, de acuerdo con el Center for American Progress, un grupo liberal que se opone a la medida del gobierno de Trump. En general, el área de Washington alberga a unos 200.000 salvadoreños, el grupo más grande de residentes nacidos en el extranjero que viven en la región.