La confluencia entre las calles Sevilla y Alcalá de Madrid es un hervidero de obreros, maquinaria y ruido. La constructora OHL trabaja en la última fase de las obras de Canalejas para levantar un macrocomplejo de lujo a un paso de la Puerta del Sol. Y a toda costa. Porque el proyecto promovido por el empresario Juan Villar Mir, cuya inauguración está prevista para este año, ha dejado muchos rotos a su alrededor: ha creado grietas en esculturas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha desplazado la pared de un túnel del Metro que ha obligado a su cierre sine die, perforó una tubería de gas causando un escape y hasta ha eliminado una de las salidas de la estación de Sevilla. A partir de abril, cuando se prevé reabrir al público la parada, solo habrá un acceso al exterior, con un vestíbulo más amplio, y abocará a los viajeros a salir por una zona muy próxima al complejo Canalejas. La reforma la han financiado en su totalidad los mismos promotores.

Madrid "facilita" por ley el uso económico de edificios protegidos

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La anécdota de los accesos de Metro es la última evidencia conocida de cómo el Grupo Villar Mir, impulsor de este gigante urbanístico, ha tratado desde 2012 de cambiar el paisaje urbano de esta manzana de oro a golpe de iniciativa privada. El proyecto inicial, que ha sufrido algunos cambios hasta hoy, incluía la peatonalización del espacio público circundante de los edificios con la creación de un intercambiador de autobuses a los pies del macrocomplejo, formado por un centro comercial de 16.000 metros cuadrados, un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons, 22 viviendas de lujo a 13.000 euros el metro cuadrado y un parking de tres plantas. La inversión total alcanza los 500 millones de euros.

Este plan inicial estuvo avalado por la exalcaldesa Ana Botella. Su Gobierno municipal, junto al de Ignacio González en la Comunidad, accedieron a hacer cambios que permitieron superar todos los escollos legales que planteaba el proyecto urbanístico. El Ejecutivo autonómico modificó en 2013 la Ley de Patrimonio para "facilitar" el aprovechamiento económico de los edificios protegidos. El Ayuntamiento, después, hizo el resto: modificó el Plan General de Ordenación Urbana para aumentar la edificabilidad y dejó sin efecto un Plan Integral de Protección de la Manzana aprobado en 2007 por Alberto Ruiz-Gallardón.

"Es importante y mucho más en momentos de crisis económica como los actuales, que las administraciones públicas eliminen las trabas administrativas para incentivar posibles proyectos económicos", justificó entonces González. No era la primera concesión. Un mes antes de que se hiciera pública la compra, la Comunidad de Madrid redujo la protección íntegra de los edificios BIC que abarca el complejo (la sede del Banco Central Hispano y la del Banco Español de Crédito) para conservar solo esa condición en la fachada y la primera crujía. En la práctica, esto supuso una barra libre para el vaciado del interior de los inmuebles, que contienen elementos arquitectónicos de patrimonio, como escaleras, cristaleras y revestimientos. A simple vista puede verse hoy el crecimiento artificial de tres alturas del edificio, que ha aumentado notablemente su volumen en vertical.

Los cambios ad hoc no se escondieron y eso puso en pie de guerra a los colectivos defensores del Patrimonio Histórico, que se rebelaron contra lo que consideran un atentado arquitectónico. "Se trataba de hacerlo a toda costa y ahora que lo vemos casi terminado nos duele. Hubo un momento en que pensamos que podíamos pararlo, pero no hemos podido", dice Amparo Belinches, presidenta de la Asociación Madrid, Cultura y Patrimonio y arquitecta de formación. Su colectivo, como otros, confiaron en el que un cambio de Gobierno echara atrás el proyecto pero eso no sucedió.

El Ejecutivo de Manuela Carmena, pese a que mantuvo en sustancia los planes, acabó con la idea del intercambiador de autobuses (que ahora será un espacio multiusos para servicios municipales) y realizó algunas modificaciones para "reducir el impacto visual", según fuentes de Urbanismo. "Nos encontramos con ello hecho", aseguran las mismas fuentes, que consideran que los cambios introducidos mejoraron el proyecto inicial. Belinches comparte solo parcialmente el diagnóstico: "Los cambios han sido muy pocos. Y es cierto que el Ayuntamiento ha sido esclavo de las decisiones anteriores pero las ha terminado secundando con algunas modificaciones. Lo estamos viendo ahora con la Operación Chamartín".

Inversores internacionales y baile de acciones

En la cronología de los hechos hay otros hitos nada desdeñables. El grupo impulsor del proyecto vendió en agosto el 50% de las acciones a una de sus filiales, OHLD, la constructora presidida por la misma persona: Juan Villar Mir. Todo se quedó en casa pero sirvió al Grupo Villar Mir para completar su proceso de reducción de deuda.

En 2017, la otra mitad del complejo se había transferido por 225 millones de euros a Mohari Limited, una sociedad liderada por el magnate israelí Mark Scheinberg. Residente en la Isla de Man –considera un paraíso fiscal hasta 2015– ,creó la compañía Poker Stars, una de las mayores empresas de póker por internet del mundo. En 2014, el propietario de la mitad del centro Canalejas vendió Poker Stars y se lanzó todos sus tentáculos al sector inmobiliario. En ese nuevo despliegue entró al accionariado de este proyecto de lujo.

La remodelación del triángulo urbanístico virtuoso en el centro de Madrid no ha pasado desapercibido para los habitantes de la ciudad. Especialmente para los vecinos y trabajadores de la zona, que han incorporado al paisaje sonoro el ruido de la piqueta. "Estamos hasta las narices", dice una trabajadora de la Consejería de Medio Ambiente, anexa al epicentro de las obras. En la Dirección General de Urbanismo, los trabajadores y trabajadoras han manifestado quejas en el mismo sentido.

El ruido, una vez acabadas las obras, tampoco tendrá coto en la zona. El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado diciembre excluir esta manzana de la Zona de Protección Acústica Especial, según ha publicado El Mundo. El inicio de una actividad inédita en esos edificios, la residencial y hotelera, cambia el estatus de la zona, que ahora se equipara con calles como Gran Vía y Atocha, fuera de cualquier restricción acústica.

Hombres con chaleco verde dirigen el tráfico de los autobuses que se dirigen en un goteo incesante desde Alcalá a la Puerta del Sol. Los peatones se amontonan por las aceras, reducidas a un pequeño trecho por las extensas vallas que rodean las obras. Se juntan aquí los trabajos en los edificios y las obras subterráneas paralelas. Las máquinas que están perforando el suelo para hacer el parking del centro comercial han dañado el túnel por el que transita el metro.

El resultado: el servicio público de transporte lleva cerrado dos semanas entre Retiro y Sol (línea 2) y no hay fecha prevista de apertura. Metro de Madrid tendrá que calcular la pérdida de viajeros ocasionada por estas "causas ajenas" a la empresa, como informa sucintamente a sus usuarios. Sin más explicaciones. Técnicos del suburbano y de OHL siguen analizando cómo arreglar el desplazamiento que las piquetas han provocado del túnel, por el que ahora es peligroso circular. El suburbano no descarta pedir una indemnización a la promotora del Centro Canalejas por los daños causados, que ha rechazado responder a las preguntas de eldiario.es para este reportaje.

Gas Natural Fenosa, Naturgy, procedió de una manera similar cuando las mismas excavadoras perforaron en mayo una tubería de gas y causaron un escape entre la calle Alcalá y Virgen de los Peligros. El suceso obligó a desalojar gran parte del entorno y durante casi dos horas el tráfico y el acceso de los peatones estuvo cortado. También se cerró, como ahora, parte de la línea 2 de Metro. "Es bastante habitual que ocurran estas cosas con las obras. Procuramos señalizar bien las tuberías pero a veces pasa. Y lo normal es reclamar responsabilidades a la empresa que ha ocasionado el problema", aseguran fuentes de Naturgy consultadas por eldiario.es.

El penúltimo roto fue el más mediático porque afectó a obras de arte. Ocurrió a principios de septiembre y todavía hoy los grabados de Goya de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se mantienen en otra sala, alejados de las vibraciones de los martillos neumáticos. El traslado del Hércules Farnese, apostado en la entrada del museo, llegó tarde. Las obras, según denunció el director de la Academia, provocaron grietas en la escultura y ahora la monumental estatua que Velázquez ordenó traer de Italia en el siglo XVII se aposta en un patio interior no visitable.

Fuentes del Área de Urbanismo aclaran que el problema se produjo por las vibraciones derivadas de los trabajos para la remodelación de la estación de Sevilla, de los que se encargan al 100% los promotores de Canalejas. "Aunque no se ha podido demostrar fehacientemente que algunas grietas aparecidas hubieran sido causadas por estas vibraciones en un edificio tan antiguo, se cambió el sistema constructivo por otro que transmitía menos vibraciones al entorno", precisan desde el Ayuntamiento.

Una absolución pone fin al último escollo

El Centro Canalejas abrirá al público a finales de abril. Al menos esa es la previsión de sus propietarios, que han demorado año tras año a base de trasvases de acciones y algunas paralizaciones el fin del proyecto faraónico con el que prometieron la creación de 4.800 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, y un espacio para el desembarque de las tiendas más exclusivas en un espacio más allá de la calle Serrano.

La excaldesa Ana Botella paralizó las obras antes de salir del Ayuntamiento en 2015 al considerar que los promotores se había excedido en la demolición de elementos protegidos. Unos meses después, ya en época de Manuela Carmena, se reanudaron. Su Gobierno aprobó el proyecto definitivo como "prueba" de que Ahora Madrid no vino "a parar las grandes operaciones".

Entre las cuentas pendientes, una vez desatascado el complejo, quedaba una denuncia puesta por la asociación Madrid, Cultura y Patrimonio que dio pie una investigación por parte de la Fiscalía delegada de Medio Ambiente de Madrid. El Ministerio Público llegó a solicitar dos años de prisión para el arquitecto principal de proyecto, Carlos Lamela, por un delito contra el patrimonio. El asunto se cerró en los juzgados con una absolución el pasado mes de enero. "Ya no tiene solución. El patrimonio no se puede rehacer, es insustituible y aquí el dinero se ha puesto contra el patrimonio", se lamenta Belinches, de Madrid, Cultura y Patrimonio. El Centro Canalejas es ya un caso cerrado y se prepara para cortar el lazo rojo. La inauguración está cada vez más cerca.