"La afectación económica de la intervención en los presupuestos de la Generalitat, bien por pérdida, bloqueo o retrasos, supera los 1.800 millones de euros", aseguró esta semana el comisionado para el despliegue del Autogobierno, Pau Villoria para calibrar el impacto negativo del 155. Lo hizo en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras el Consell Executiu. A su lado la 'consellera' de la Presidència, Elsa Artadi asentía con la cabeza. Era un giro de 180º porque hasta ahora la doctrina oficial del independentismo era que la economía no se había visto afectada por el 'procés'.

Es muy curioso este cambio de criterio por lo abultado de la cifra y por lo mal justificada que está. Villoria se permitió hacer esta suma, que supone el 0,7% del PIB de Cataluña y el 5% de los Presupuestos de la Generalitat, ahí es nada. En la lectura detallada del informe, por cierto, los 1.800 millones no aparecen. Sería como sumar churras y merinas, así que Pau Villoria lo suelta en la rueda de prensa pero luego evita dejarlo en negro sobre blanco.

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La conclusión más dura que apunta el informe es que "se puede afirmar que la Generalitat perdió más de 130 millones de euros, directamente atribuibles a la aplicación del artículo 155, y que esta es solo una parte del impacto económico que comportaron los siete meses de intervención del Estado. Los efectos económicos indirectos son mucho más elevados" (pág. 80).

Pero los propios datos de la economía catalana, dan al traste con la afirmación de Villoria y su dictamen. Según la información de la 'conselleria' de Economía, la economía catalana creció en el tercer trimestre un 2,7% en término interanuales. "El crecimiento interanual del PIB catalán se sitúa dos décimas por encima del conjunto del Estado y un punto por encima del de la zona euro", asegura la 'conselleria' de Economía en una nota del 7 de noviembre, una semana antes de que apareciera Villoria para anunciar el apocalipsis del 155. También resulta curioso que este crecimiento se ha producido justo en el período de ochos meses que duró el 155.

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"Los colectivos sociales más vulnerables son los que más han sufrido la aplicación del 155. Más de un millar de entidades del ámbito social se han visto afectadas por la paralización de varias líneas de subvenciones", manifestó Pau Villoria. Algo que es cierto, pero atrasos en los pagos de las administraciones se producen cada día, sin ir más lejos, las dos pagas extras a los funcionarios de 2013 y 2014 y que están a punto de provocar una huelga de trabajadores públicos, ya que en el resto de CCAA sí se han cobrado.

Discurso forzado

El discurso que impulsa la Generalitat separa el 'procés' en dos fases, igual de mágicas en términos macroeconómicos: la primera el camino hacia la declaración de independencia de 27-O. Según los independentistas, durante ese período no hubo impacto económico y si se marcharon sedes de empresas fue por una conspiración española liderada por el Rey. Sí, así, como suena. La marcha de sedes, desde luego, tampoco dañó a la economía catalana, según esta versión de los hechos.

La segunda fase, empieza con la aplicación del 155. Y esta sí que es catastrófica. Aunque no puede apoyarse en datos macro. Los economistas se equivocaron en predecir un derrumbe de la economía por la crisis política, pero ahora la Generalitat quiere que los catalanes visualicen ese derrumbe que tampoco ha acontecido atribuyéndolo al 155. En buena parte, gracias a la colaboración de altos cargos como el propio Villoria o Elsa Artadi, solo por poner los dos ejemplos de las personas que presentaron el informe.

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El argumento es que se puede ser una cosa y la contraria. El 'procés' puede no haber perjudicado a la economía catalana, pero entonces es imposible que el 155 haya provocado daños de 1.800 millones. Según este razonamiento, el 155 no habría estado provocado por el 'procés', sino por las carencias democráticas del Estado español.

El valor de un experto

Pau Villoria tiene, además, el valor de un experto en el tema. Le ha dado a su comisionado la categoría de 'viceconseller' y lo que ha cobrado de la Generalitat no es poco: según un acuerdo del 26 de junio, el cargo de Villoria se retribuye con un salario de 110.407,82 euros al año "con los incrementos anuales que correspondan".

Además, de producir daños a la Generalitat Villoria sabe alguna cosa. En 2012, como su jefe por aquel entonces, Lluís Recoder, optó por escurrir el bulto, Villoria, entonces secretario general de Territori, se tuvo que tragar el sapo de firmar la fallida privatización de ATLL. Ahora, Acciona le reclama a la Generalitat más de 1.000 millones. Y, por cierto, eso fue mucho antes del 155. Y Villoria estuvo en primera fila. Los catalanes esperamos ansiosos su nuevo informe sobre el tema para que nos explique qué salió mal en esta cuestión. El autogobierno también es eso.