El traslado de la sede social de Caixabank a Valencia no es “temporal”. Lo ha anunciado esta mañana en dicha ciudad el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, al ser preguntado sobre si este traslado era definitivo.

Gortázar, que ha presentado los resultados trimestrales del banco, ha subrayado al respecto que “si el consejo hubiese querido decir que el traslado era temporal lo hubiera dicho y no dijo nada al respecto”. Reflexión que da a entender que Caixabank no sólo no tiene fecha de vuelta a Catalunya sino que podría ser, incluso, definitiva, si bien no habrá traslad

Sobre Valencia ha valorado positivamente la “estabilidad” de la Comunidad Valenciana. Y ha confirmado que las reuniones ordinarias del consejo de administración, así como las juntas de accionistas y presentación de resultados se harán en esta capital. “El grupo mantendrá sus servicios centrales en Barcelona y no prevé por ahora otro tipo de traslados de relevancia operativa a Valencia”.

La incertidumbre será “muy dañina” para la economía

El consejero delegado no ha querido especular sobre cuál debería ser la condición política e institucional en Catalunya para que la entidad se replanteara la vuelta. Pero sí ha dejado claro que esta crisis “no es buena para la economía, ni para el consumo ni para la inversión”. Y que si se alarga en el tiempo “será muy dañino para la economía tanto catalana como española”.

El traslado a Valencia, ha añadido, se adoptó “para proteger los intereses de los clientes, empleados y accionistas y fue una decisión única y exclusivamente de la dirección de la entidad”. Gonzalo Gortázar ha querido así dejar claro que no hubo ninguna presión del Gobierno Español para desplazar la sede social y fiscal a Valencia.

La salida de depósitos se frenó con el cambio de sede

El alto ejecutivo ha reconocido que a principios del mes de octubre y derivado de la crisis catalana detectaron “intranquilidad y nervios” por parte de los depositantes, “y se observó un impacto negativo moderado en los depósitos”. “La red comercial se volcó con nuestros clientes” y a partir de ahí, y con el traslado a Valencia, Gonzalo Gortázar ha señalado que “la situación se ha revertido y volvemos a estar en la senda del crecimiento”.

El ejecutivo de Caixabank ha sido muy crítico con las campañas para sacar fondos de los bancos orquestadas por la CUP. “Llamar al boicot no ayuda a la convivencia, y ha supuesto un problema para nuestros empleados; esto no hace más que hacerles la vida más difícil”.

Beneficio récord

La entidad anunció este martes un beneficio récord hasta septiembre, con una ganancia de 1.488 millones de euros, el 53,4% más que en el mismo período de 2016, gracias a la integración del portugués BPI. También ha conseguido también su mayor beneficio trimestral, con 649 millones entre julio y septiembre, un 48,7% más.

Desde su integración en febrero, BPI ha contribuido a los resultados con 180 millones, 103 millones en el tercer trimestre. También ha apoyado la "intensa" actividad comercial: los recursos de clientes se han incrementado en 46.119 millones (15,2%) en el año, a 350.024 millones –34.773 millones procedentes de BPI-.

Los ingresos por comisiones han crecido un 20,8% y se han situado en 1.867 millones. El margen bruto alcanzó los 6.491 millones de euros hasta septiembre, un 9,3% más, por la incorporación de BPI y la mayor generación de ingresos del negocio bancario y de seguros.

El margen de intereses ha crecido un 15,2%, a 3.550 millones, de nuevo por BPI, que aporta un 8,7% de crecimiento, y en CaixaBank, el margen aumenta un 6,5%, esencialmente por la gestión minorista.

Devuelve 210 millones en cláusulas suelo

En cuanto a la solvencia,la ratio de solvencia queda en el 11,7%, casi tres puntos por encima de los requerimientos del supervisor. Por su parte, la morosidad se ha situado en el 6,4% –frente al 6,9% a cierre de 2016- y la ratio de cobertura de la cartera dudosa ha mejorado hasta el 50%, frente el 47% a cierre del ejercicio 2016.

En cuanto a las cláusulas suelo, CaixaBank ha pagado 47.000 de las aproximadamente 94.000 reclamaciones recibidas que entraban dentro del ámbito del procedimiento extrajudicial previsto en el Real Decreto Ley, con un importe de 210 millones.