La Secretario de Desarrollo Social de Chihuahua registró, entre 2012 y 2014, 70 mil personas en situación de pobreza extrema. El presupuesto que la dependencia estatal recibió este año fue de 337 millones de pesos, mientras que en los años electorales de 2012 y 2013 adquirió el doble: alrededor de 700 millones de pesos anuales.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Desabasto de un 60 por ciento en el medicamento de los hospitales del estado; insumos adquiridos a precios hasta 10 veces su valor en el mercado; situación de probables “aviadores” de dos de cada tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Social e incluso la suspensión de un fondo de apoyo a víctimas de la violencia son algunos hallazgos reportados por el nuevo Gobierno del estado de Chihuahua.

En el tercer día de difusión del diagnóstico sobre lo encontrado en las diferentes áreas del Gobierno estatal –hasta hace poco más de un mes en poder del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez– el Secretario de Desarrollo Social del estado, Víctor Quintana Silveyra, mencionó un uso desordenado y “sin criterios claros” de los recursos públicos y, en contraste, el aumento de la pobreza extrema que, entre 2012 y 2014, alcanzó a 70 mil chihuahuenses más.

“La Secretaría no ha podido edificar un programa de desarrollo social de respeto y vigencia de los derechos de las y los chihuahuenses, ni siquiera de combatir a la pobreza, porque los recursos están dispersos, se ejercen de manera desordenada, sobre todo de manera asistencial, repitiendo programas del DIF, sin criterios claros de asignación”, dijo Quintana en conferencia de prensa en la capital de ese estado.

Mientras, mencionó, grupos vulnerables, como víctimas de hechos de violencia que recibían un apoyo económico dejaron de recibir el beneficio; entre ellos, dijo, familiares de las víctimas de la masacre del fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, y madres de mujeres desaparecidas.

En contraste, agregó, existen 355 personas que reciben salario sin tener contrato ni responsabilidades definidas; cantidad de persona que forma, dijo el 62 por ciento de la dependencia.

Y sobre la falta de claridad en el gasto, mencionó que investigan el motivo por el que el presupuesto de la Sedesol estatal, actualmente de 337 millones de pesos, en los años electorales de 2012 y 2013 recibió el doble: alrededor de 700 millones de pesos anuales.

Otros datos fueron difundidos por el Secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, quien dijo que la administración anterior ejerció millones de pesos en compras de insumos médicos a precios por encima del mercado.

“Por ejemplo, un metamizol sódico que en el comercio lo encuentran en 38 pesos con 80 centavos se compraba en 356 pesos; o sea, son diez veces más”, dijo Ávila Valdez.

“En este papel tengo una factura por 52 millones de pesos pagada, cuando en el comercio debió haber costado 10 millones de pesos: son 42 millones de diferencia nada más en esta factura. Entonces, así nos encontramos una serie de circunstancias en relación a todas estas licitaciones, compras de materiales: favorecer compañías en los hospitales que deben algunos servicios, y que, una vez que revisamos, nos damos cuenta que lo que estaban cobrando por una cirugía laparoscópica, por ejemplo, era tres veces lo que nos podría haber costado con otros proveedores”, agregó.

En total, dijo Ávila, el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) adeuda mil 43 millones de pesos, entre compromisos pendientes de pago con proveedores, compañías farmacéuticas e incluso al Servicio de Administración Tributaria, al que se deben más de 150 millones de pesos.

En contraste, agregó, la misma dependencia dejó cuentas por cobrar por 750 millones, entre ellas una del Partido Revolucionario Institucional, que debe al Ichisal 20 millones de pesos.

“El PRI debe unos 20 millones de pesos, y el Instituto no tenía por qué darle un servicio que le podía haber dado a todos los partidos. Ya hicimos el requerimiento necesario; ya estamos en tratos con ellos y esperamos que verdaderamente cumplan”, dijo el Secretario de Salud.

Otra situación en revisión, mencionó el mismo funcionario, son pagos y devoluciones de compensaciones hechas en periodos electorales y que, dijo, equivalen a esquemas de lavado de dinero.

“Nos encontramos también que en situaciones electores se hicieron entrega de compensaciones a trabajadores de cierto nivel, compensaciones que cobraban y que luego lo regresaban a las personas que estaban en ciertos puestos administrativos; esto me habla quizá de un dinero que se pueda utilizar para ciertas cosas, vamos a decir electorales o clientelares, y eso equivale a un lavado de dinero”, dijo.

Otras anomalías, agregó Ávila, son obras y servicios por 52 millones de pesos asignados sin licitación y otros 27 millones en equipo médico abandonado en almacenes.

Las presentaciones de Quintana y de Ávila son parte de la serie de conferencias anunciadas por el nuevo Gobierno de Javier Corral Jurado para dar a conocer los diagnósticos financieros encontrados en cada dependencia luego de lo que ha llamado “desfalco” dejado por la administración del priísta César Duarte.

Los funcionarios no han revelado nombres de compañías beneficiadas con los probables desvíos detectados en la administración de Duarte.

En breve entrevista telefónica, Quintana Silveyra explicó que cualquier medida penal de la dependencia a su cargo deberá ser precedida de las auditorías administrativas que aún están en curso.