Considera que militarización no garantiza derechos humanos

[email protected] A un mes de que México sea evaluado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su segundo Examen Periódico Universal (EPU), Amnistía Internacional denunció ante este organismo la “grave” situación que prevalece en el país en esta materia, pues señaló, como ejemplo, que en las morgues del país hay 15 mil 921 cadáveres sin identificar, producto de la lucha contra el crimen organizado que mantiene una estrategia militarizada y que no pondera la protección de las garantías fundamentales. En un informe que entregó a la ONU, esta organización civil destacó que en los últimos seis años ocurrieron en México 60 mil homicidios, cometidos en su mayoría por criminales, pero también por policías y fuerzas armadas de seguridad, “que han recurrido, entre otras cosas, a las ejecuciones extrajudiciales”. Lamentó que el actual gobierno continúe con la estrategia militarizada de seguridad pública y que se proponga la creación de una Gendarmería para reformar a la policía, “pero sin hacer referencia a mejorar la protección de los derechos humanos y reforzar las investigaciones sobre presuntos abusos”. El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU creado para evaluar a los países miembros en materia de cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Dicha evaluación se realiza cada cuatro años y a México, luego del primer examen que le correspondió en 2009, le tocará nuevamente el próximo 23 de octubre. En este contexto, AI elaboró un informe sobre México a fin de que los evaluadores tengan más elementos para elaborar su dictamen final. En dicho reporte, este organismo civil con sede en Londres, destacó los pendientes por resolver del gobierno mexicano en materia de seguridad pública, trato a migrantes, agresiones contra defensores y periodistas, el fuero militar, el sistema de justicia, la violencia contra las mujeres, el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cumplimiento del Programa Nacional de Derechos Humanos y la armonización legislativa con los tratados internacionales. En materia de seguridad, AI refirió que además de los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y los cadáveres sin identificar, en el país hay 150 mil desplazados a causa de la violencia y la inseguridad. Señaló que, de acuerdo con estimaciones oficiales, del 2006 al 2012 se reportaron 26 mil casos de desaparición y que un número indeterminado de ellos son desapariciones forzadas en donde intervinieron servidores públicos. Explicó que el actual gobierno se comprometió a prevenir y castigar las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas, “pero no ha tomado medidas enérgicas para atender las demandas de las agrupaciones de víctimas, que piden, por ejemplo, una base de datos nacional sobre desaparecidos, una nueva legislación nacional, mecanismos rápidos de búsqueda, investigaciones inmediatas y de alta calidad para determinar la verdad de lo sucedido y el paradero de las víctimas, un proceso fiable de exhumación e identificación, y el procesamiento de los responsables. No ha habido progresos para hacer rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en las décadas de 1960, 1970, y 1980”. Destacó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha declarado que desea reducir la violencia y las violaciones de derechos humanos pero, hasta el momento, la estrategia de seguridad pública militarizada continúa, y los niveles de violencia aún son altos. AI concluye que son pocos los progresos logrados en la materia.