La Procuraduría General de la República (PGR), reemplazada en enero pasado por la Fiscalía General, terminó colapsada. Su función más elemental, investigar y resolver delitos, no la cumplió en el 95% de los casos que indagó.

Tampoco cumplimentó más de 21 mil órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes, y dejó en el rezago 300 mil expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución.

Un diagnóstico oficial encontró, además, posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con sobrecostos (entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos trasatlánticos) y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos. Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en acusaciones contra exfuncionarios.

Se trata de los principales resultados de la evaluación presentada por el fiscal General Alejandro Gertz Manero con motivo de los primeros 100 días de su gestión, los cuales se enmarcan dentro del periodo de un año que tiene el fiscal para diseñar un plan que permita transformar la antigua PGR en una Fiscalía General autónoma plenamente funcional.

A continuación Animal Político detalla los principales hallazgos del informe presentado por el fiscal general así como las primeras acciones que se están poniendo en marcha. Además se anunció la próxima presentación de un paquete de reformas cuyo objetivo es dar celeridad al sistema de justicia y favorecer la reparación del daño. Entre ellas la de la creación de un nuevo Código Penal donde no prescriban delitos graves.

Impunidad, rezago y desorganización

De acuerdo con el informe la PGR dejó un “rezago injustificado” de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas sin resultado alguno. Esta situación se vio favorecida por la falta de control y nulo seguimiento del progreso de las denuncias, y por una pésima distribución de casos al haber agentes del MP que tenían cada uno mil expedientes abiertas, mientras que otros no tenían asignada una sola investigación.

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Ello también explica el hecho de que apenas el 5% de todos los asuntos tramitados terminó en una sentencia definitiva. Dicho de otra forma: el 95% de los casos terminaron impunes.

“No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse” señala el análisis.

A ello se suman 21 mil órdenes de aprehensión giradas por jueces federales que tampoco fueron cumplimentadas por la policía ministerial de PGR, así como tres mil dictámenes rezagados por parte del área de Servicios Periciales.

Para atender esta situación el fiscal dijo que se puso en marcha un modelo único de Oficialía de Partes para atender de forma estandarizada cada caso que llega a la institución y se puso en marcha un análisis de cargas de trabajo para redistribuir de forma más eficiente el rezago de asuntos.

“A partir de mayo todas las actividades del Ministerio Público en carpetas de investigación y en procesos tendrán nombre y apellido del responsable para así ser evaluados. Se creó exprofeso un programa de operación y seguimiento de la acción penal para detectar atrasos y desviaciones” dijo el fiscal Gertz.

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Animal Político solicitó al fiscal conocer una fecha estimada para abatir el rezago de las 300 mil expedientes abiertos pero no lo precisó.

Policías que no investigan y “anarquía administrativa”

El diagnóstico arroja que la PGR contaba con 4 mil elementos de policía federal ministerial, cifra que es insuficiente para la carga de trabajo. La situación es peor si se toma en cuenta que cerca de 800 de esos elementos no eran utilizados para investigar o cumplimentar órdenes judiciales, sino como escolta de funcionarios, exfuncionarios, políticos, entre otros.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la PGR había perdido a la mitad de los agentes con los que llegó a contar para indagar delitos.

El diagnóstico destaca que en la dependencia existía una “evidente anarquía administrativa” con áreas no prioritarias con exceso de persona subutilizado o desperdiciado, mientras que había otras con “seria escasez de personal”. Había lo que califica como un “número desproporcionado de funcionario de alta jerarquía” y numerosas plazas eventuales con fines poco claros.

Para tratar de revertir estos problemas el fiscal dijo que 320 policías asignados como escoltas ya fueron reintegrados a tareas de investigación y en breve se hará lo mismo con el resto.

Por otro lado se suprimieron más de mil plazas de alto nivel categorizadas como “inútiles o injustificadas” y se reubicaron a servidores públicos en áreas prioritarias de atención a víctimas e investigación.

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Compras dudosas: sobrecostos y posible corrupción

El informe detalla que no había control alguno sobre el gasto corriente autorizado para la institución el cual se “aplicaba de forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles en múltiples conceptos, desde viáticos hasta la adquisición de diversos bienes”. Ello además favoreció posibles hechos de corrupción.

Por ejemplo, se identificó que en octubre de 2013 la PGR adquirió un avión Bombardier Challenger 605 transcontinental con un precio de 19.5 millones de dólares, cuando su precio real señalado en sistemas de valuación internacional era de 15.5 millones. Ello sumado a su dudosa utilidad para funciones de la Procuraduría.

Se identificó una inversión de más de mil millones de pesos entre 2013 y 2015 para adquirir, operar y mantener aeronaves no tripuladas (drones) mediante adjudicaciones directas, sin estudios que justificasen su necesidad ni informes de resultados para medir su efectividad en tareas de investigación.

A ello se suma que la PGR contaba con una flota terrestre de más de 4 mil vehículos, muchos de ellos unidades blindadas para “uso de altos funcionarios y de sus allegados”. Y también la venta injustificada de seis edificios propiedad de la institución que terminaron siendo utilizados para otros fines, lesionando el patrimonio de la misma.

“Los gastos de Seguridad Pública se aplicaron de forma irracional y sospechosa, sin mecanismos de supervisión adecuados, lo que provocaba que el presupuesto se ejerciera de materia discrecional e inexplicable” señala el informe.

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Entre las acciones tomadas para revertir este punto se anunció la reducción del 74% de toda la flotea aérea de la PGR constituida por 35 helicópteros y 17 aeronaves. Se conservaron las aeronaves que son utilizadas únicamente para tareas sustantivas.

“Y en los casos de compras millonarias de aeronaves y drones sin justificar, o a altos precios, se han iniciado auditorías administrativas y técnicas a los contratos, analizado sus costos y legalidad. También se están revisando los contratos de adquisición de vehículos blindados a fin de determinar si existen irregularidades” dice el informe.

Código Penal nuevo con delitos graves que no prescriban

El informe presentado por el fiscal sostiene la necesidad de cambiar de forma “permanente e irreversible” las estructuras del sistema de procuración de justicia del país. Lo anterior a través de un paquete de reformas legales que próximamente se someterá a consideración del Congreso.

Entre ellas se anunció el proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica cuya aplicación se encuentra en una fase de previa y que según el diagnóstico contribuiría a prevenir conductas delictivas de mayor gravedad, además de favorecer una rápida reparación del daño y por ende una justicia expedita.

Otra de los proyectos que se preparan está encaminado a la creación de un nuevo Código Penal para el país que, entre sus innovaciones, establezca que los delitos graves no tengan fecha de prescripción para favorecer su combate. No se precisó si sería un código penal único para todo el país o solo a nivel federal.