Los residuos son uno de los problemas más complejos que tiene la Argentina, y un decreto presidencial firmado la semana pasada encendió la polémica. Mauricio Macri modificó, con esa herramienta, la ley de Residuos Peligrosos que ahora permitirá ingresar materiales sin certificado de inocuidad.

Aunque en el gobierno sostienen que en la práctica estos certificados ya no se expiden hace años y que ahora el procedimiento será más riguroso, ambientalistas y cooperativas de cartoneros creen que es un riesgo y que perjudicará su actividad y al país.

El decreto 591/2019 lleva la firma del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Producción, Dante Sica. La norma publicada en el Boletín Oficial modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de "sustancias y objetos", procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.

"La norma es preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen, entonces cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos. Incluso va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. No se puede entender, además, que atenta contra la generación de reciclables del propio territorio", advirtió el abogado ambientalista Enrique Viale.

Basura electrónica (Foto: Shutterstock)

Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación dijo: "La importación de residuos está totalmente prohibida. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes y lo dice este decreto. Pero no podemos seguir viendo a los residuos como en los '90, son recursos. El decreto 181 de 1992 respondía al ingreso de todo tipo de residuos, especialmente residuos nucleares y baños químicos. Con los años los países ya no emiten certificados de inocuidad y muchas corrientes ingresaban a la Argentina y encontraban un escollo muy grande para poder ingresar".

El funcionario agregó que lo que se hace es flexibilizar el ingreso de ciertos materiales que usa la industria y que en el país no hay o no en cantidad suficiente. Algunos ejemplos son el scrap de aluminio, para la industria automotriz, el caucho de cierta granulometría o la chatarra.

"Lo único que estamos haciendo es regularizar una situación de hecho que actuaba como una barrera de producción. Hace cuatro años Estados Unidos dejó de emitir certificados de inocuidad. Ahora, además, debe haber una resolución conjunta de Producción y de Ambiente para permitir los ingresos. A eso se suma el control aduanero", agregó Trebino.

A pesar de esta explicación, las suspicacias aumentan. Es que esta normativa también flexibiliza el ingreso de plásticos, por ejemplo. Desde que China cerró la importación de plástico reciclado desde los Estados Unidos, este país busca nuevos mercados para enviar las cientos de miles de toneladas que genera al año.

Una investigación realizada por el diario británico The Guardian reveló que 68.000 contenedores de plástico de los Estados Unidos fueron trasladados el año pasado a países en vías de desarrollo.

"El problema es que esta basura se continúa acumulando en estas zonas ya que estos países no son capaces de manejar más del 70% de sus propios desechos plásticos. Según el informe, Ecuador sería uno de los países a donde se están enviando estos desechos para su reciclaje y es el único lugar en América Latina que forma parte de esta lista", apunta la investigación.

La discusión sobre los plásticos exportables fue central en mayo, en Ginebra, durante el debate de la Convenio de Basilea sobre residuos peligrosos. En aquel momento, y la discusión sigue hasta hoy, Noruega propuso mayores controles ya que entre los plásticos reciclados suele llegar material contaminado. "La propuesta noruega sólo busca controlar las exportaciones de los residuos plásticos que no son reciclables por estar mezclados y contaminados. Los verdaderos recicladores no quieren que los residuos lleguen en condiciones que dificulten o imposibiliten reciclar", dijo en aquel momento Von Hernandez, Coordinador del movimiento Break Free from Plastic.

En el Gobierno indicaron que los verificadores aduaneros son los responsables de detectar materiales que no cumplan con la normativa. Y, si sucede, se abre un sumario. La cuestión es que el problema queda en suelo argentino.

El plástico, que también puede ser usado como insumo para industrias como la cementera, comenzó a usarse masivamente a partir de 1950. "Las autoridades de todo el mundo han prohibido contaminantes plásticos particularmente atroces, como sorbetes y bolsas frágiles, pero Estados Unidos genera 34,5 millones de toneladas de residuos plásticos cada año. Del 9% del plástico estadounidense que fue reciclado en 2015, China y Hong Kong manejaron más de la mitad: alrededor de 1,6 millones de toneladas, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Gran parte de lo que Estados Unidos envió estaba contaminado con alimentos o suciedad, o no era reciclable y simplemente tenía que ser vertido en China. En medio de los crecientes temores sobre el medio ambiente y la salud, China cerró sus puertas a todos los plásticos, excepto a los más limpios, a finales de 2017", indica The Guardian.

Según la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), en nuestro país se generan 40.000 toneladas de basura por mes y el 40% podría ser reciclado. "De esta cantidad solo se recicla la mitad gracias al trabajo cotidiano de los cartoneros (150.000 en todo el país)", explican. "En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre", expresaron en un comunicado.

En el Gobierno nacional reconocen que esa es la lógica que deberían instrumentar los municipios, así como también que es una deuda una ley de envases y de responsabilidad extendida del productor. Por ahora, sólo se modificó un decreto.