El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la semana pasada en una visita a una comisaría en Cádiz. EDUARDO RUIZ - EUROPA PRESS / VÍDEO: EUROPA PRESS

La afirmación que Pablo Iglesias hizo el domingo de que las cloacas seguían existiendo en el Ministerio del Interior encontró ayer la rotunda respuesta del actual titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska. El ministro da por desmontadas las “cloacas” en Interior. Marlaska destacó ayer que desde que él asumió el cargo “se han adoptado medidas claras y contundentes” para acabar con la llamada brigada patriótica que actuó durante la etapa del popular Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. De los siete agentes imputados, cinco se han jubilado y los dos que siguen en activo han sido relegados a puestos burocráticos.

El rifirrafe dialéctico entre Iglesias y Marlaska —en el que también participaron ayer los secretarios de organización de Podemos y PSOE, Pablo Echenique y José Luis Ábalos— se produce con siete miembros de la llamada policía patriótica imputados en el sumario abierto para investigar las actividades ilegales del comisario José Manuel Villarejo. De ellos, cinco se han jubilado en los últimos años. Los dos que continúan en activo han sido destinados a puestos burocráticos, lejos de la información sensible, destacan fuentes de Interior. Otros altos mandos policiales salpicados en otros episodios de la trama han sido cesados. Marlaska recalcó ayer en Cádiz que las cloacas del Estado son “cosas del pasado” y que más que hablar de brigada política habría que referirse a “personas concretas, policías concretos con nombres y apellidos” que “hacían utilizaciones fraudulentas de parte del aparato ministerial”.

Los primeros en abandonar la Policía fueron, en el verano de 2016, el comisario Eugenio Pino, número dos de la policía con Fernández Díaz y señalado como el muñidor de la brigada política, y el propio comisario Villarejo. Este último es el epicentro del caso que lleva su nombre, en el que también está imputado Pino, que era su superior, por su participación en la Operación Kitchen, el espionaje sin control judicial del extesorero del PP Luis Bárcenas. Además, el antiguo número dos de la Policía fue procesado en noviembre por intentar incorporar al sumario del caso Pujol —en el que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del clan del expresidente de la Generalitat— un pendrive con más de 800 documentos de origen desconocido.

En abril de 2017, ya con el popular Juan Ignacio Zoido en Interior, se jubiló Marcelino Martín-Blas, quien fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos y que terminó enfrentado con Villarejo. Este comisario, al que se vinculó con la llamada Operación Cataluña contra el independentismo, también ha declarado como investigado por el espionaje a Bárcenas. Entonces, Zoido se limitó a cesar al comisario Enrique García Castaño, investigado en cuatro piezas del caso Villarejo, por unas declaraciones, y a desmantelar una brigada que revisaba en secreto casos ya cerrados como el 11-M. García-Castaño, que fue destinado a coordinar las comisarías del sur de Madrid, adelantó su retiro tras su imputación.Sin embargo, Zoido mantuvo a otros agentes salpicados por el escándalo. Allí siguieron hasta que Grande-Marlaska llegó al ministerio.

A primeros de julio, sólo un mes después de asumir el cargo, el ministro cesó al comisario José Luis Olivera, jefe desde 2015 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y al que se vinculó con la llamada Operación Cataluña. Ha sido destinado al Consejo Asesor de la Policía. Un mes después, Interior anunció el cese en sus puestos como agregados en las embajadas de España de La Haya, México y Mauritania, de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano y Jesús Vicente Galán, a los que, en diferente grado, el actual equipo de Interior vinculaba con la llamada brigada patriótica. Fuentes Gago y Díez Sevillano han sido ya imputados por el espionaje a Bárcenas. El segundo ha sido procesado por un juez de Madrid por su relación con el pendrivecon pruebas ilícitas sobre las finanzas de los Pujol. De los tres, sólo sigue en activo Fuentes Gago, destinado en un puesto burocrático de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Asesor de Cospedal

También está en activo el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado por ser quien contactó con el chófer de Bárcenas para que colaborase en el espionaje. Gómez Gordo estaba entonces en excedencia como asesor de María Dolores de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha. A su regreso a la Policía, fue condecorado con una medalla pensionada y consiguió el ascenso, que se hizo efectivo ya con el PSOE en el Gobierno. Ha sido destinado a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante. Fuentes de Interior recalcan que no había posibilidad legal de evitar este ascenso, pero añaden que, si finalmente es condenado en firme, se revocará. Interior también ha estudiado cómo retirar las medallas, en su mayor parte pensionadas, que recibieron muchos de ellos.