El desprecio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a los contribuyentes catalanes y españoles en general alcanzó el pasado jueves nuevos récords con una medida que, en inquietante señal de la situación del país, ha pasado demasiado inadvertida. Se publicó con su firma el decreto ley de creación del llamado Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat que será «una estructura de Estado para la república», según define su conseller de Territori, Damià Calvet. Asume directamente el control de la gestión del agua del 60% de la población catalana sin capacidad económica de realizar las inversiones necesarias y con serio impacto en las cuentas públicas presentas y futuras. En esto está de acuerdo todo el independentismo, incluso internamente el PDeCAT.

Si ya es deprimente que la Generalitat siga con la retórica de crear «estructuras para la república», en pleno presunto diálogo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es inadmisible que, además, sea una decisión que dañe las cuentas del Estado del que se quieren separar.

Torra justifica el decreto «por urgente necesidad» de arrebatar al grupo Acciona la gestión de la red de abastecimiento del agua Ter-Llobregat (ATLL). Cumple así presuntamente una sentencia del Tribunal Supremo que había anulado la adjudicación a Acciona por ilegalidades perpetradas por la Generalitat de Artur Mas en 2012 pero, en vez de relicitar para que siga en manos privadas y ahorrar, crea una empresa pública con el argumento de que es una infraestructura básica para la independencia.

El impacto en las cuentas públicas es extraordinario. El origen de la adjudicación a la constructora es que Artur Mas necesitaba en 2012 desviarse lo menos posible del objetivo de déficit para evitar la posible intervención de Cristóbal Montoro y diseñó una ingeniería contable que ahora queda destruida. Por un lado, pidió a Acciona que, a cambio de la adjudicación, pagara de golpe 300 millones a finales de diciembre a la Generalitat, en concepto de adelanto de canon, para cerrar mejor el ejercicio. De paso, se apuntó un recorte del déficit de 1.000 millones, que es la cifra que esperaba sacar a la empresa en 50 años de concesión.

Por tanto, ahora hay ¡1.000 millones! más de déficit en las cuentas de Cataluña lo cual, a ojos de Bruselas, lo es del Estado. La Generalitat quiere que cuele que se revise el déficit de 2012 y no el actual, pero la Comisión Europea ya advirtió el pasado año de que computaría este año. «Es evidente que si la Generalitat no relicita el ATLL, se materializa y computa este año como déficit», asegura un funcionario experto presupuestario.

El problema es que sumando este escándalo a otros como las autopistas de Madrid, los mordiscos bancarios al Fondo de Garantía de Depósitos y demás gastos extra empieza a haber riesgo de que el Gobierno incumpla la incluso suavizada nueva senda de déficit y ni siquiera baje del 3% de déficit en 2018. Eso implicaría que seguiría como único país bajo control especial de Bruselas con grave perjuicio para la imagen de España en los mercados.

Hay más. La Generalitat deberá compensar a Acciona con más de 400 millones por el dinero ya invertido por la constructora en los últimos seis años, y una cantidad adicional aún sin precisar en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Dinero que saldrá, directa o indirectamente, del rescate de las arcas estatales, porque la deuda de la Generalitat ha superado por primera vez los 80.000 millones, según la agencia de calificación DBRS, y es un 278% superior a su capacidad de ingresos. Entre este año y el próximo, Torra necesita 17.800 millones del Fondo de Liquidez Autonómica tras adeudar ya más de 54.000 millones, aunque Sánchez, pasivo hasta ahora con estas medidas de Torra, ha anunciado medidas de alivio de su deuda.

Este escándalo se produce, por si fuera poco, debido al tercermundista proceso de adjudicación de 2012. Fue Artur Mas quien pidió al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que se presentara al concurso para que hubiera alguna competencia con el que iba a ser teórico ganador, Agbar. Acciona se impuso y Agbar dejó de hacer donaciones a las fundaciones de Convergència e impugnó la adjudicación. Tuvo éxito. El Supremo ve probada una riada de irregularidades administrativas con participación de altos cargos presentes en las salsas del 3% como el entonces director general de Infraestructura de la Generalitat, Josep Antoni Rosell. La solicitud de Ciudadanos, bajo la batuta de Inés Arrimadas, de creación de una comisión parlamentaria de investigación es lógica y necesaria. Hay que esclarecer todos los hechos de esta historia que presenta un inicio nauseabundo y final pésimo para el contribuyente. Como siempre.

LA EFEMÉRIDE Fin de la pelea de gallos. Seis meses después del duro informe del Tribunal de Cuentas contra la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) -su posible rival en el control contable del Estado- no hubo nada. El informe fue inquietante, porque si la AIReF no controlaba bien su propia organización, mal puede controlar al resto, pero en la resolución parlamentaria los grupos políticos no asumen el contenido del documento, al contrario que en fiscalizaciones precedentes del Tribunal de Cuentas sobre otros organismos como el Frob. Se limitan a apoyar recomendaciones de mejora de control interno que la AIReF ya dijo que las había cumplido de antemano. «Esto no es una pelea de gallos», sostiene el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Pues si no lo ha sido, se parece mucho, porque la Abogacía del Estado recriminó al Tribunal de Cuentas el informe sobre su rival.

EL PERSONAJE Fin de equipo económico. La victoria de Pablo Casado implica un cambio del equipo económico del PP de la última década. Cristóbal Montoro,Fátima Báñez y Álvaro Nadal han formado un trío desde la etapa de la oposición a Zapatero que siguió en el Gobierno y cerró filas con Soraya. Aun con integración, Casado ya avanzó en esta sección que sus referentes son más liberales en lo económico como Daniel Lacalle y Manuel Pizarro y, este sábado, apuntó a un «contrato con España» drástico en el terreno fiscal con rebaja del Impuesto de Sociedades e IRPF y supresión de los de Patrimonio y Sucesiones. Va en dirección contraria a Pedro Sánchez con un programa por ahora irrealizable mientras persista el actual déficit. Esbozó también «una actualización de la Administración» con sueldos para funcionarios en función del desempeño y pensiones «excelentes», pero «sostenibles». Plan con instinto renovador, pero aún por armar.

PARA SEGUIR HBJ y El Corte Inglés. El jeque catarí Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani (más conocido como HBJ) ha decidido finalmente no maximizar su participación en El Corte Inglés. Tenía derecho a solicitar acciones equivalentes al 12,25% del capital, pero finalmente se ha quedado en el 10% establecido y, para el resto, ha preferido dinero en vez de títulos. Habría sido una señal más positiva para la empresa, que prepara emisiones de deuda para mejorar su estructura financiera, que el jeque reforzara al máximo su posición como accionista, no sólo para no tener que pagar, sino por lo que supone de apuesta máxima de HBJ por los grandes almacenes. También es un indicador más de que es necesario zanjar la guerra interna entre accionistas, que sigue en marcha tras conseguir el ex presidente Dimas Gimeno que un juez admita a trámite la impugnación de su cese.