En colaboraciones anteriores, hemos tocado el tema de la demanda que presentó Cablevisión contra algunas empresas y personas que están involucradas con la comercialización de aplicaciones que, a través del dispositivo Roku, ofrecen contenido ilegal.

Cabe aclarar que la demanda no es contra Roku Inc. Sin embargo, el juez determinó que como el dispositivo era usado como instrumento para violar la ley autoral en México, se detuviera su venta a nivel nacional. La venta del dispositivo y sus contenidos en México eran legales, pero su sistema operativo abierto permite que se use para cometer este delito.

Más allá de la piratería digital, otro serio problema que estas microempresas o individuos que comercializan con las activaciones Roku presentan es el posible riesgo de robo de identidad. En días anteriores, El Economista publicó la manera cómo estos comercializadores o dealers de Roku operan y el riesgo que implican.

Los usuarios, confundidos con la publicidad engañosa que esta red de piratas mantiene en Internet y redes sociales, contactan a un proveedor y comienzan comunicación vía whatsapp con una persona que no tiene ningún nexo o relación con la empresa Roku Inc. Este sujeto ofrece diferentes aplicaciones y, posteriormente, para activarlo exige el depósito de una cantidad en tiendas Oxxo, 7 Eleven o sucursales bancarias.

Una vez realizado el pago el usuario recibe un código con el cual abre la aplicación pagada en su dispositivo Roku. Como es de esperarse, la calidad del contenido es pésima y el usuario constantemente se encuentra con caídas del sistema, que se dan por el cambio de IP para que la señal permanezca oculta.

Lamentablemente, aunque en principio el esquema y funcionamiento es muy sospechoso, muchos usuarios caen en la trampa y además de estar comprando señales robadas, están poniendo en riesgo su propia seguridad, al exponer sus datos personales a una red de criminales que no dudarían en hacer mal uso de los mismos

De acuerdo a la International Chamber of Commerce, el crecimiento en piratería digital es alarmante. Los dispositivos o cajas de streaming para TV, que se venden en muchos mercados, están siendo adaptados ilícitamente para ofrecer contenidos sobre los cuales no se tienen derechos, promoviendo así graves afectaciones para los creadores de contenidos, la competencia leal y para los usuarios.

La iniciativa Acción Empresarial para Detener la Piratería y la Falsificación (BASCAP, en inglés) de la ICC, estima que las pérdidas globales por piratería digital ascendieron a 213,000 millones de dólares en el 2015, según un estudio comisionado en conjunto con la Asociación Internacional de Marcas (INTA, en inglés). De estas pérdidas, se estima que 189,000 millones corresponden a la piratería de películas, series de televisión y música, es decir, más de 85% del total.

El estudio de BASCAP e INTA estima que, de no tomar medidas suficientes para abatir la piratería digital, las pérdidas por piratería de contenido audiovisual y música podrían triplicarse hacia el 2022.

ICC México hace un llamado al gobierno de México para lograr una regulación apropiada que proteja a los consumidores y los derechos de autor en las plataformas de servicios de streaming.

El surgimiento de los servicios digitales de streaming por Internet, de fácil configuración y uso, han contribuido al descenso en la piratería digital desde el 2013, llevando a más consumidores mexicanos a utilizar plataformas digitales legales para consumo de contenido.

María Fernanda Garza Merodio, presidenta de ICC México, afirma que estos servicios y el software ilegal que se instalan con facilidad en las plataformas de televisión inteligente involucran a una red extensa de desarrolladores, proveedores, hackers de sistemas operativos y revendedores, que participan en redes del crimen organizado y realizan muchas otras prácticas ilícitas, como la extorsión, lavado de dinero, fraude y corrupción .

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