Las propuestas sociales de Podemos han dado forma a las primeras decisiones de los 14 Gobiernos autonómicos elegidos en 2015. Un estudio de las cinco primeras medidas adoptadas por esos Ejecutivos revela que la agenda política se ha centrado en las propuestas de rescate ciudadano, que incluyen medidas para evitar o compensar los desahucios, apertura de comedores escolares en verano, que ya llevaba el PSOE en su programa electoral; aplicar la renta básica de inserción, o garantizar el acceso a la luz y el agua. No hay excepciones. Tanto los Gobiernos del PP (Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León), como los del PSOE (Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía, Aragón) y los de otros partidos (Canarias, Navarra y Cantabria) siguen el mismo camino.

“Se ha puesto el énfasis en lo social, que parecía olvidado”, argumenta Ángel Valencia, catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. “Las medidas se centran en reforzar la política de vivienda social y evitar los desahucios, en reforzar la educación pública, así como la sanidad pública, junto a una cierta introducción de la renta básica y de medidas para incentivar el empleo”, resume. “Unos por proximidad programática o por ser una base de su acción política como plataforma ciudadana, otros por razones de estrategia y también por la dinámica establecida en los pactos, lo cierto es que parecen identificarse algunos temas que intentan establecer una mínima protección social para los más desfavorecidos”, añade sobre la influencia que ejercen a través de sus pactos tanto Compromís (Comunidad Valenciana) como el partido de Pablo Iglesias (Valencia, Aragón, Baleares y Castilla la Mancha, donde ya el gobierno socialista anterior al de Dólores de Cóspedal hizo de las becas comedor uno de sus principios básicos). “Podemos ha introducido un lenguaje muy eficaz. Ahora estamos en esa fase de ver si esa dialéctica puede hacerse realidad a través de políticas de gobierno”.

El tema que han tratado con más urgencia más Gobiernos es el de los desahucios. Murcia (plan de vivienda y alquiler social para evitar desahucios); Andalucía (aprobación de los anteproyectos de Ley del Retracto y Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria); Valencia (ley sobre la función social de la vivienda); Extremadura; Cantabria (programa de garantía de vivienda); Canarias (oficina de mediación contra los desahucios) o Castilla y León (atención al riesgo de desahucio) han elaborado medidas de contingencia en sus primeros 100 días de Gobierno.

Además de las críticas a la Lomce, la lucha contra la malnutrición concita un consenso parecido. La primera medida de Cristina Cifuentes (PP) como presidenta de la Comunidad de Madrid fue buscar vías para abrir los comedores escolares en verano. Un camino similar han seguido en Castilla-La Mancha (recuperación de becas comedor), Cantabria (programa de garantía alimenticia) o Castilla y León (perfeccionamiento de la Red de Protección a las Personas y Familias de Castilla y León). El PSOE, según recuerdan fuentes de su dirección, lleva años trabajando en ese terreno y llevaba un plan de choque contra los problemas sociales en sus programas autonómicos.

“Podemos está marcando la agenda y el estilo de todos los partidos”, fotografía Gustavo Entrala, socio fundador de la agencia 101. “Nadie ha tenido un discurso con tanta personalidad en décadas. Aire fresco para una política bipartidista con un discurso exhausto”, añade. “Ahora los grandes partidos van a intentar ser "más Podemos" y "más ciudadanos" que nadie. Eso es arriesgado porque la gente tiene muy clara cuál es la verdadera denominación de origen”, argumenta. “Los votantes no buscan copias en este momento: buscan proyectos articulados en torno a la esencia originaria de los partidos”.

Las medidas adoptadas por los Gobiernos, en conjunción con las que proponen algunos de los Ayuntamientos más importantes de España (Madrid, Valencia o Barcelona, por ejemplo) retratan un cierto giro a la izquierda del país. De las decisiones tomadas en los dos niveles se deduce que los políticos han interpretado que tienen un mandato: poner soluciones a los devastadores efectos de la crisis.