CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un magistrado especializado de Justicia Administrativa suspendió la multa por un millón 51 mil pesos e inhabilitación por seis meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Laboratorios Solfran S.A. de C.V., propiedad del magnate y exdelegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco Carlos Lomelí Bolaños.

El fallo fechado el pasado 14 de enero, surge horas después de que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que existen elementos para asentar que dicha empresa – junto con otra, Lomedic– incurrió en posibles faltas administrativas graves por ganar contratos mientras el exdelegado fungía como representante del gobierno federal.

“Efectivamente, sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave”, acusó la funcionaria federal durante la conferencia matutina que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A decir de la resolución emitida por el magistrado Miguel Aguilar García, bajo el número de expediente 1164/19-22-01-4, adscrito a la Sala Regional del Norte-Centro y Cuarta Auxiliar, decidió otorgar la suspensión y “que las cosas se mantengan en tal estado” después de que la SFP no acudió “en tiempo y forma” a desahogar una vista que le fue ordenada.

“Se concede la suspensión definitiva del acto impugnado consistente en la resolución de fecha 31 de julio de 2019 dictada dentro del expediente número SAN/016/2019, así como, la resolución de fecha 09 de septiembre dictada por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública por la cual se le impone una multa de $1,051,500.00”, señala la sentencia.

Más adelante añade: “para el sólo efecto de que las cosas se mantengan en que se encuentran, condicionando su eficacia a que quede debidamente garantizado el interés fiscal ante la autoridad en los términos precisados en el presente fallo”.

Cuatro de las denuncias que actualmente posee ante la SFP, y que salieron a la luz pública a partir de una investigación elaborada por la periodista Laura Sánchez Ley, reportera de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), son por conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que destacan presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

La SFP señaló que contra Lomelí Bolaños es una de las ocho que investigación en proceso que se llevan a cabo contra delegados federales para Programas para el Desarrollo en distintas entidades del país, de quienes en octubre se dio a conocer que eran 10 los acusados en las 32 entidades. También detalló que se habían presentado 102 denuncias contra la Secretaría del Bienestar, de las cuales 24 ya fueron concluidas.