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La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la CAM y las empresas del sector no garantizan la salud y seguridad de las y los profesionales y usuarios de las Residencias de Salud Mental

Esta es la consecuencia de un servicio privatizado.

“Las personas vulnerables deben protegerse y evitar los contagios” Esta declaración realizada por el presidente del gobierno de nuestro país muestra la gravedad de la situación actual producida por el coronavirus.

Lo que se podría esperar después de que el gobierno de la nación decretara el estado de alarma es que los organismos públicos, cumpliendo con su responsabilidad y obligación institucional y social, es que acataran este comunicado y tomaran medidas en consonancia con la gravedad del asunto en sus respectivas áreas de actuación.

Sin embargo, las personas que desarrollamos nuestra labor profesional en las residencias de la red de salud mental de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y cuyo máximo responsable es Abelardo Rodríguez, nos estamos viendo en una situación de desprotección absoluta. Es más, esta persona ha recomendado a las diferentes entidades gestoras que contraten a personal para que sustituya las posibles bajas… está claro que con esta recomendación da por seguro de que el contagio en nuestro grupo profesional es inminente.

Es una absoluta negligencia que no se haya tomado ninguna medida real y que vaya en consonancia con las planteadas por el Gobierno de España. De esta manera estamos desarrollando nuestro trabajo en unas condiciones de inseguridad flagrantes pues ni se ha ampliado la limpieza de nuestros centros, ni se han decretado servicios mínimos en nuestros recursos.

La excusa de que los pliegos exigen tener un determinado número de personas en los recursos residenciales, y que por esa razón no se puede reducir el número de personal por debajo de esa cifra, es una falacia y un engaño, en muchos recursos residenciales se han trabajado incluso 50 días por debajo de estos requisitos de personal el año pasado, sin que la Consejería ni Abelardo Rodríguez hayan expresado ningún problema por ello.

Es vergonzoso como en una situación como la actual Abelardo Rodríguez, con el visto bueno de las diferentes entidades gestoras, de más importancia a dar una aparente sensación de normalidad que, no solo, a nuestra salud, si no a la de la población en general, lo que supone un tremendo acto de irresponsabilidad.

Desde CGT exigimos a los responsables de la Red de Salud Mental y en concreto a Abelardo Rodríguez, asi como a la entidades que disfrutan de los fondos públicos, que inviertan los recursos necesarios para garantizar la salud y seguridad de trabajadoras/es y usuarias/os. También exigimos que se garanticen todas las condiciones salariales y laborales de las plantillas, así como el personal necesario, en las condiciones adecuadas, para mantener el cuidados de los usuarios.

Esta epidemia esta poniendo en evidencia las consecuencias de un sistema privatizado, donde lo que prima son los beneficios empresariales. Es necesario exigir, que los servicios a población vulnerable no sean un negocio, y que esten en manos públicas con los recursos y condiciones adecuadas.