Puede que vaya a acertar quien ha dicho que Rodrigo Rato no pisará nunca la cárcel. Ni Miguel Blesa. Si hace unos años el expresidente de Cajamadrid pasó unas semanas en prisión fue por el empeño del juez Elpidio Silvia. Y esa decisión le costó la inhabilitación al magistrado. Parece que un desliz como ese no se va a volver a repetir. Este viernes una jueza dictó no aplicar medidas cautelares a ninguno de los dos jefes de la banda de las tarjetas negras a pesar de haber sido condenados a 4 y 6 años de cárcel. Un nuevo escándalo jalona así la acción de la justicia española. Cuando el devenir político español trascurre cada día más en los tribunales, la justicia está perdiendo toda su credibilidad a los ojos de los ciudadanos. Eso sí que es una crisis de estado. Pero a ningún poder parece preocuparle.

"No va a llegar la sangre al río", dijo ayer el coordinador general del PP en relación con las tensiones que la imputación del presidente de Murcia ha generado entre su partido y Ciudadanos. Sólo caben dos explicaciones a tanta seguridad por parte de Martínez-Maillo. O está convencido, y por motivos fundados, de que José Antonio Sánchez será exculpado este lunes por el tribunal o no teme que el partido de Albert Rivera lleve las cosas al extremo de la ruptura con el PP. De lo que hay pocas dudas es de que el Gobierno ha utilizado todos los resortes de que dispone para evitar que su partido murciano le dé un disgusto como el valenciano de hace un tiempo.

El cese del fiscal jefe de Murcia, aparentemente porque no comulgaba con el PP, ha sido el punto más dramático de ese proceso. Pero además de esa decisión propia de una dictadura a la turca, hay indicios de que el ministro de Justicia, activísimo en un terreno que no le corresponde, el de la defensa de los intereses de su partido, ha movido algunas fichas más para que su compañero el presidente pueda seguir sin problemas en el cargo. Hace diez días, este, en un desliz de político principiante, reveló que conocía las intenciones de los jueces. Y muchos pensaron que sólo Catalá se las podía haber contado. Pero, ¿por qué el ministro estaba al tanto?

Hay otro aspecto no menos inquietante de ese mismo capítulo. Apenas cesado, el fiscal jefe de Murcia denunció que había sufrido presiones para que no tomara determinadas decisiones o para que adoptara otras. Y añadió que a otros colegas les había ocurrido lo mismo, sólo que mediante acciones más graves. Otras revelaciones similares se sucedieron en las horas siguientes. A Catalá sólo se le ocurrió decir que tenía que haberlo denunciado. Pero López Bernal lo había hecho. A la policía y al Fiscal General. Y el ministro no dio explicación alguna. Cuando su ignorancia, o malevolencia, podrían ser motivos de dimisión.

Todo indica que la escalada no va a parar. Que Mariano Rajoy y los suyos harán todo lo que puedan, sea legítimo o no, para impedir que la corrupción castigue a su gente. Llevan años preparando ese terreno. Su política de nombramientos en los órganos clave de la estructura judicial ha estado guiada por el interés en colocar a magistrados amigos, o cuando menos dispuestos a reconocer ese favor. La última tacada de fiscales va en esa dirección.

Lo han denunciado unos cuantos jueces y fiscales. Algunos repetidamente y desde tiempo. Pero no pasa nada. Porque el órgano que podría revertir esas decisiones si hubiera algo raro en ellas es el Consejo General del Poder Judicial. Y este está férreamente controlado por el PP. Es cierto que eso también ocurría en las alguna de las épocas en que gobernaba el PSOE, aunque tal vez no de manera tan descarada. En todo caso eso confirma que una institución cuyos miembros deben su cargo, sin intermediación ni debate previo alguno, a la voluntad de los partidos tiene que ser reformada de arriba abajo.

Pero no va a ocurrir. Ni tampoco se van a revisar las atribuciones sin límite del fiscal general del Estado, otra pieza clave del entramado. El último, que sólo lleva tres meses en el cargo, ya se ha lucido con los ceses y nombramientos de fiscales jefe que se han llevado por delante a López Bernal y a otros cuantos que no eran del gusto de La Moncloa.

Pero José Manuel López Maza ha rizado el rizo en su comparecencia parlamentaria para explicarlos. Porque, como hacen los acusados en los juicios cuando lo niegan todo aunque se note a la legua que no están diciendo la verdad, pero el procedimiento lo admite, el fiscal general dijo a sus señorías que en su departamento todo se hacía correctamente, que no se ha producido irregularidad alguna. Y salió tan campante de la sesión. Para que luego alguien diga que las comparecencias parlamentarias son importantes.

Hay cada vez más indicios que, sumados a los de antes, llevan a la conclusión de que la justicia no es independiente en España. Es decir, que el poder político, por no hablar de otros, influye en sus decisiones. Eso no quiere decir que no haya jueces y fiscales independientes que luchando contra viento y marea por aprovechar los resquicios que les dan las leyes y los procedimientos sacan adelante causas que lesionan los intereses de los poderosos. Pero muchas veces instancias superiores de la judicatura anulan su esfuerzo. El caso del juez Castro en el caso Nóos que ha terminado con Iñaki Urdangarin en Suiza es un ejemplo de ello.

Pero sin duda alguna el hito más grave de esas prácticas contra la independencia y autonomía de los jueces fue el de Baltasar Garzón. Porque no pararon hasta expulsarlo de la carrera. Y no pasó nada. Los grandes partidos callaron ante tamaña barbaridad imposible en cualquier otro país europeo y los nuevos no habían saltado todavía a la palestra.

Tras lo ocurrido a Garzón se comprende que cualquier juez o fiscal se lo piense dos veces antes de tomar una iniciativa que pueda ser mal vista por el poder o que lo haga después de haber depurado hasta el mínimo detalle por el que puedan atacarle. Eso, por no hablar de las presiones "externas". La cosa por dentro de la institución debe estar muy mal y muchos magistrados lo confirman en privado. Otros, la verdad que muy pocos, salen a la arena pública para denunciar algo de ese estado de cosas sólo cuando están jubilados. Lo acaba de hacer en "El Intermedio" el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.

El actual estado de la justicia no figura en un lugar prominente de las agendas de los partidos de la oposición. Pero debería estarlo. Aunque sólo sea para que no sientan sólos los ciudadanos se escandalizan porque Rato o Urdangarin salgan de rositas, o por el cese del fiscal López Bernal, o cuando ven cuando la justicia se ceba con quienes publican chistes irreverentes por internet, o cuando se piden hasta tres años de cárcel a sindicalistas por haberse enfrentado a la policía en una manifestación.