Tras la polémica del último informe de la Agencia Tributaria, ahora llega un nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El representante del Ministerio Público en la causa de los 'papeles de Luis Bárcenas', Antonio Romeral, ha pedido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que abandone definitivamente la investigación sobre la supuesta entrega al PP de 200.000 euros para la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 de María Dolores de Cospedal por parte de la empresa Sacyr Vallehermoso a cambio de un contrato de recogida de basuras en Toledo. El fiscal considera que no hay ningún indicio que relacione esa entrega de dinero denunciada en su día por el extesorero del PP con las irregularidades detectadas hasta ahora en la adjudicación bajo sospecha. Por ello, pide al magistrado que se inhiba en favor de los juzgados ordinarios de Toledo al considerar que la Audiencia Nacional no es competente para continuar unas pesquisas que en su opinión quedarían en una corruptela local.

El fiscal considera que no se ha encontrado "una vinculación o relación entre la entrega del dinero y la adjudicación del contrato público"

Anticorrupción hace esta petición en un escrito remitido recientemente a la causa para dar respuesta a la solicitud de sobreseimiento de uno de los imputados por estos hechos, Lamberto García Pineda, que en el momento en el que ocurrieron los hechos era concejal de Hacienda y vicealcalde del Ayuntamiento de Toledo, además de tesorero del PP en Castilla-La Mancha. En dicho escrito, el fiscal Antonio Romeral explica que hasta ahora la instrucción "se ha dirigido a verificar si ha tenido lugar la entrega de los 200.000 euros por parte de la empresa Sacyr Vallehermoso SA y si ha existido relación entre la misma y la concesión del contrato de limpieza viaria y recogida de basura en la ciudad de Toledo a la empresa Sufi SA del grupo Sacyr. En definitiva, si la entrega del dinero ha sido determinante o ha podido influir en la consecución del referido contrato, pues solo en este caso las presuntas donaciones tendrian relevancia penal".

Ni vinculación ni relación

En su opinión, esto no se ha producido. "No se ha podido establecer una vinculacion o relación entre la entrega del dinero [denunciada por Bárcenas] y la adjudicacion del contrato publico", asegura Anticorrupción. Por ello, considera que "la consecuencia no puede ser otra que estimar desligados y sin conexion los hechos recogidos en este número con los que constituyen el objeto de instruccion de esta Pieza Separada", en referencia a la de los 'papeles de Bárcenas'. Una afirmación que sustenta en varios informes incorporados a la causa, entre ellos un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de abril de 2014 y cinco más de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), entre ellos dos elaborados en octubre de 2013 sobre aspectos generales de la investigación sobre los apuntes contables del extesorero y que la Fiscalía retuvo durante año y medio en un cajón antes de entregarlos en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

Anticorrupción apoya su petición en un informe de la UDEF y cinco de Hacienda. Tres de estos últimos los retuvo en un cajón durante año y medio

"La conclusion a la que llegan los referidos informes, fruto de la investigacion y analisis de la documentation y demas elementos probatorios, tanto documentales como testificales obrantes en la causa, no es otra que la de no poder establecer una vinculacion o relación entre la entrega del dinero y la adjudicación del contrato publico al que hace referencia la imputación", señala a continuación el escrito. Por ello, la Fiscalía pide en primer lugar que el juez Ruz, que pasa los últimos días en la Audiencia Nacional, dé traslado de lo investigado hasta ahora "al Juzgado de Instrucción de Toledo que por turno corresponda". Y añade que "la ausencia de otros elementos que contradigan la conclusión de los anteriores informes, nos lleva a tener por no justificada la comision de los delitos que pudieran constituir los hechos imputados a Lamberto Garcia Pineda y, en consecuencia, a que proceda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del mismo". Unos días antes había pedido lo mismo para otro dirigente regional del PP imputado, José Ángel Cañas, el gerente que firmó a Bárcenas el recibí de los 200.000 euros.

Preocupación en Génova 13

De este modo, Anticorrupción insiste en dar carpetazo a una de las líneas de investigación del 'caso Bárcenas' que más preocupaba en Génova 13, ya que salpicaba a la 'número 2' del partido. Un frente judicial que se abrió cuando Bárcenas aportó al juez Ruz los recibís firmados de la supuesta entrega de los 200.000 euros. El extesorero acompañó el documento con un relato de cómo se había producido dicha donación, la única que según él estaba ligada directamente a la adjudicación de un contrato público y en la que implicó directamente a Cospedal, su mayor enemiga dentro del partido. Desde entonces, el magistrado ha imputado a varios cargos del PP y pedido numerosa documentación sobre el concurso suspuestamente amañado.

En un auto de octubre, Ruz daba implícitamente credibilidad a la denuncia de Bárcenas sobre la 'mordida' de 200.000 euros para el PP de Castilla-La Mancha

En un auto de octubre pasado, el magistrado relataba los indicios recabados hasta entonces sobre la supuesta 'mordida'. Muy medido en sus palabras dada la condición de aforados de algunos de los personajes que han aparecido en el transcurso de las investigaciones, el escrito de Ruz daba un respaldo implícito a las acusaciones de Bárcenas y anunciaba la "eventual remisión de parte de la instrucción" al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ante la posible participación de "persona o personas aforadas". En el mismo nombraba expresamente en una ocasión a la actual presidenta castellano machega. Aquel auto, en el que citaba como imputado al exalcalde 'popular' de Toledo, José Manuel Molina, era dictado tras recibir el informe de la UDEF. Un documento policial en el que se señalaba la presunta participación en la trama de al menos cinco cargos del PP, además del propio Bárcenas, y de once directivos y empleados de Sacyr y su filial. Todos ellos tuvieron que pasar por la Audiencia Nacional en condición de imputados y a dos de ellos el magistrado les preguntó hasta diez veces por la participación de la secretaria general del PP en aquel suceso.

La propia María Dolores de Cospedal ya había declarado como testigo ante el juez Ruz en la causa de los 'papeles de Bárcenas' en agosto de 2013. Entonces, rechazó haber recibido ninguna mordida de Sacyr para su campaña electoral de 2007, aunque no pudo profundizar en sus explicaciones ya que el propio magistrado le pidió que no aportase más datos en esa línea ante la posibilidad de que de sus palabras se derivasen consecuencias para personas aforadas y, por tanto, fuera del ámbito de su competencia. La secretaria general del partido negó cualquier relación con el polémico apunte de los 'papeles de Bárcenas' y calificó "toda esta historia" de "rotundamente falsa". Para ella, el hecho de que hubiera un documento firmado por el gerente de su partido "no prueba de ninguna manera una comisión previa". La dirigente 'popular' no escatimó en descalificativos a la versión aportada por el extesorero de la formación, que tildó de "disparatada y mentirosa".

EL AFÁN 'DESIMPUTADOR' DE LA FISCALÍA

Las peticiones de desimputación del dirigente regional del PP Lamberto García Pineda y del gerente de la formación, José Ángel Cañas, no son las únicas que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el juez Ruz en los últimos días. Recientemente también ha solicitado que se archive la causa contra varios empresarios que figuran como 'donantes' en los papeles de Bárcenas. En este caso, Antonio Romeral entiende que tampoco se ha probado la existencia de una correlación entre las cantidades que figuran como ingresadas por los empresarios en la supuesta caja 'B' del PP y las adjudicaciones públicas recibidas por sus empresas. Por ello, no ve justificada la imputación de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precios en concurso público de los que estaban acusados. De este modo, el fiscal ha asumido las tesis de las defensas de los empresarios, entre los que se encontraban Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Luis del Rivero (Sacyr). El juez Ruz aún no se ha pronunciado al respecto.