Rodrigo Ubilla dice que trabajó todo el fin de semana calibrando los antecedentes expuestos en dos reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Plan Frontera Norte. Lo que concluyó quedó plasmado en su decisión de presentar una querella por posible fraude al fisco y suspender una nueva licitación que involucraba US$ 8 millones. En la siguiente entrevista da cuenta de cómo han impactado en La Moneda las revelaciones sobre compras con sobreprecio, la relación que mantenía con el ex fiscal Alejandro Peña y el daño que este controversial episodio causa a la tarea de combatir el narcotráfico.

Las aguas por las que navega el subsecretario del Interior, están revueltas. Rodrigo Ubilla (RN) trata de mantener el rumbo, pero en la vereda contraria siguen sumándose voces que piden su renuncia por su «responsabilidad política» en las irregularidades detectadas en las compras del Plan Frontera Norte. Las críticas no vienen solo desde la oposición, pues una parte de la UDI -como lo demuestran las recientes declaraciones del senador Jovino Novoa- también exige escalar en el cobro de las responsabilidades, proceso que ya ha generado las renuncias de los dos personeros que dirigían el ambicioso programa contra el narcotráfico: el ex fiscal Alejandro Peña y Felipe Baeza.

Ubilla no quiere renunciar y hasta ahora el gobierno lo ha apuntalado. En la siguiente entrevista, cuenta lo que ha hecho para reordenar la subsecretaría y cómo ha enfrentado La Moneda este episodio. También aborda su relación con Peña y saca cuentas sobre el daño que este episodio ha provocado a la misión de la subsecretaría en el combate al tráfico de drogas.

¿Cómo se han vivido estos días en La Moneda?

Como subsecretario y jefe del servicio, yo me enfrenté a la información entregada por CIPER el martes 2 y fue después, en el segundo artículo del día jueves 4, que surgió la información a la que le di mucha importancia. La publicación de una realidad que para este ministerio -y para mí en lo personal- es de suma gravedad. Como ministerio hemos tenido en el ejercicio de estos años que asumir responsabilidades muy grandes en términos de recursos públicos, como fue enfrentar toda la emergencia del terremoto que se financió desde esta subsecretaria. Y hacerlo sobre todo en un primer año donde no teníamos experiencia de gestión pública, porque veníamos de ejercer actividades privadas. Y debíamos hacerlo con propiedad, garantizando el uso de los recursos públicos de manera correcta. De hecho, tanto las evaluaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, que es un órgano fiscalizador, como en la Contraloría apuntaron en esa dirección. Dos años después, aparecer como Ministerio del Interior, como Subsecretaria del Interior, involucrados en la denuncia que hace CIPER… Porque allí se habla básicamente de tres cosas, primero de pago de comisiones, incluso con un porcentaje: 8 por ciento…

-De acuerdo a los antecedentes recabados en estos días, ¿usted cree que es posible esto que se dice en los correos electrónicos del dueño de la empresa Tecnodata, que se adjudicó la licitación de los densímetros, en orden a que manejó información reservada del concurso?

Yo asumo, por eso denuncio, que aquí puede haber personas que han o pueden haber violado la ley sobre dos líneas. La primera: violación de secreto, cosa que todo funcionario tiene que resguardar. Y la segunda: fraude al Fisco. Esas denuncias me llevan a tomar una reacción proactiva.

-Y lo hace de inmediato denunciando ante el Ministerio Público, por la gravedad que le asigna a los hechos.

Lo hago en el primer lugar que corresponde: la fiscalía. Y la denuncia la presento menos de 12 horas después ante el fiscal de la unidad especializada en estas materias. No elegí cualquier unidad, me fui donde el fiscal que está a cargo de delitos de alta complejidad. Como en mi opinión eso no era suficiente, inmediatamente le solicité al contralor general de la república que retirara la tramitación de estos contratos y puse los antecedentes, que ya CIPER estaba entregando, en manos de la propia Contraloría. Y todo lo hice ese mismo día. Antes de haber transcurrido 24 horas de la denuncia de CIPER, inicié un sumario interno con esos tres elementos. Quiero decirle que durante el fin de semana trabajamos muchas horas, muchas personas, para tratar de armar y hacernos una configuración del impacto que esto puede tener en una institución como la Subsecretaria del Interior, y poder, a partir del lunes, tomar todas las medidas que fueran necesarias para profundizar en los distintos caminos de fiscalización y de investigación judicial

– ¿Hubo pérdida de confianza en el equipo que usted tenía trabajando a cargo del ex fiscal Alejandro Peña?

Yo diría que cuando se hace una denuncia tan relevante, cuando hay tantos recursos involucrados, definitivamente uno a partir de esa denuncia observa dieciséis veces las cosas antes de dar el paso siguiente.

– La renuncia del ex fiscal Peña, ¿usted se la pidió o él se la presentó?

Él me la presenta.

– ¿Cuál fue su actitud cuando él renunció?

En esta misma sala le dije que me llamaba la atención, que me parecía que era tal vez prematuro hacer una cosa tan impulsiva, pero que si era su decisión, yo la respetaba y le aceptaba la renuncia. Hay que reconocer que yo, de la fiscalía, donde presenté la denuncia, subí de inmediato a informarles al ministro del Interior y al Presidente. Y cuando regreso a mi oficina, antes de que entrara el fiscal acá a retirar los computadores, (Alejandro Peña) ya tenía su renuncia presentada en mi computador, en mi correo. Fue una cosa inmediata.

– ¿Peña era una persona de su confianza?

Bueno, en las materias en que yo trabajé este año y siete meses con él, sobre todo en las materias judiciales, sí. Yo tengo una relación con él muy estrecha en términos de su criterio judicial para materias de orden público y de investigaciones asociadas al crimen organizado.

– ¿Y lo que ha pasado con el “caso Bombas” no afectó esa confianza?

No, mi área de acción específica son las políticas públicas asociadas a las materias propias de la subsecretaria: orden público y crimen organizado. Y en la División de Estudios, Alejandro Peña lideraba un equipo que estaba orientado a estas cosas. Es decir, el “caso Bombas”, como querellante, nunca lo llevé personalmente. Aquí hay un grupo de abogados que lo llevaba y el ministro. Incluso, el primer año estuvo muy abocado el ministro. Y eso fue así por dos motivos: porque el que se querella es el ministro del Interior y no el subsecretario, debido a que yo no tengo facultad para querellarme en situaciones de esta naturaleza; y segundo, porque el primer año estuve muy de cabeza en el tema del terremoto. Como en 2010 se empezaron a ver las primeras cosas de este caso, el ministro le dio continuidad a lo que hacía (Edmundo) Pérez Yoma en su momento.

– En un primer momento, usted dijo al ex fiscal Peña que su renuncia era prematura. Ahora, sobre la base de los antecedentes que ha ido recogiendo, ¿sigue pensando igual?

Quizás la palabra no sea prematura. Lo que me sorprendió fue la impulsividad y la manera inmediata cómo reaccionó. Y se lo hice ver. Y como él me dijo que había tomado su decisión, se la acepté.

-Respecto a la renuncia de Felipe Baeza, quien estaba a cargo de las compras de equipos para el Plan Frontera Norte, ¿se la pidió usted?

Yo se la pedí, formalmente.

– ¿Por qué razón?

Me pareció poco coherente que si yo estaba haciendo una denuncia de la naturaleza que hice el día viernes, y ya tenía el convencimiento el domingo, a partir de todo lo que se trabajó el fin de semana, de presentar la querella hoy martes, me parecía ilógico que él asumiera la jefatura del área de proyectos, después de la renuncia de Alejandro Peña, tal cual como si no hubiera pasado nada. Tengo que actuar con una lógica administrativa a partir de las medidas que estoy tomando y, por eso, el mismo domingo le pedí la renuncia.

– ¿A través de qué medio? Porque él estaba fuera del país…

Por correo electrónico.

– ¿Y él le responde a ese correo electrónico?

Me lo responde. Yo le había pedido el día viernes a mi jefa de gabinete que coordinara una reunión con él a las 09:00 de este lunes, la que tengo entendido estaba coordinada. Entonces, le envío un correo en que le pido la renuncia y en el que le digo que espero que me la formalice en la reunión del lunes.

– ¿Cuánto duró esa reunión con Felipe Baeza este lunes?

Muy poco: un par de minutos. No hubo espacio para más. Él me manifestó que todo lo que tenía que decir lo iba a decir con su abogado en la fiscalía, lo que me parece que es correcto desde el punto de vista procesal.

-En uno de los correos que CIPER publicó, uno de los proveedores habla de comisiones y de “amigos”, al parecer haciendo referencia a policías y gente del ministerio que integrarían la comisión técnica evaluadora de la cuestionada licitación de los equipos. En los antecedentes que hasta ahora a usted le han llegado, ¿eso se confirma?, ¿hay indicios de que esto se estaba haciendo de una manera indebida?

A ver, creo que hay que distinguir una primera afirmación de CIPER, donde definitivamente se hablaba de sobreprecio; de la segunda entrega de información de CIPER donde se habla de lo que usted plantea. Respecto de lo primero, a estas alturas es absolutamente irrelevante -y aprovecho de decirlo- el hecho que se conoce hoy respecto de que el Estado, o distintas instituciones del Estado, desde 2007 al 2009 hicieron numerosas adquisiciones de estos equipos a la empresa Tecnodata con valores iguales o superiores a lo que nosotros estuvimos dispuestos a pagar y que nunca pagamos. Eso es absolutamente intrascendente porque el punto es otro. Aquí la teoría del empate no tiene ningún sentido, más aún, creo que desperfila el sentido que CIPER le dio a ese segundo reportaje, que es: busquemos si aquí hay relaciones espurias, responsabilidades penales de funcionarios que estén en esta institución -y quiero subrayar-, en esta institución, en otras instituciones o en el sector privado.

– ¿Cómo subsecretario del Interior diría que ustedes van a llegar hasta las últimas consecuencias respecto a este problema?

Hasta las últimas consecuencias, porque creo que aquí, además de demostrarse que es un delito, y todos los delitos son iguales ante la ley, en este caso, este delito está en un campo que es muy sensible: el combate al narcotráfico. Si la sociedad queda con alguna duda respecto a si hay una relación de las instituciones, del Ministerio del Interior y de todas las que tenemos que ver con el combate al narcotráfico, con el delito, lo que se pone en tela de juicio es la capacidad y la credibilidad de estas instituciones para combatir ese delito. Entonces, tenemos una doble misión: primero, determinar si hay responsables y condenarlos; y segundo, dejarle a la sociedad chilena muy en claro que este Ministerio del Interior no va a aceptar que ni aquí ni en otras instituciones se esté lucrando indebidamente con tecnología para este combate.

-CIPER tuvo información de otra licitación de equipos para detectar drogas en la cual Alfredo Giacoman, de Tecnodata, puede estar participando. Se trata de la adquisición de “cámaras termales”, cuyo costo es alto: aproximadamente US$ 8 millones de dólares. ¿Usted tiene conocimiento de esto?

Sí, nosotros iniciamos hace un par de meses atrás, dentro del programa de combate al narcotráfico, una licitación por algo más de US$8 millones de dólares como precios referenciales, para tres tipos de cámaras. Se llaman termales porque se utilizan a gran altura, en condiciones muy hostiles, y tienen capacidad de observación a una gran cantidad de kilómetros. Unas son móviles, las otras estáticas. Y finalmente, para adquirir una cantidad importante de visores nocturnos, que también tienen ciertas particularidades tecnológicas que las hacen ideal para su trabajo en altura, en la cordillera. A esta licitación, se presentaron numerosas empresas y se abrieron las propuestas técnicas. Son tres líneas de adjudicación, de acuerdo al tipo de producto. Como le decía, se presentaron las ofertas técnicas, las ofertas económicas y estamos desde hace diez días más o menos, un tiempo corto, en proceso de evaluación para su adjudicación. Pues bien, dado que el equipo técnico, el equipo del área de proyectos de esta subsecretaría que participó en la licitación que suspendí -que es la de los densímetros-, es el mismo que participó en el diseño de las bases de las cámaras térmicas, ello me llevó a mí a declarar desierta esa licitación. Lo que se hará hoy o mañana. No sé si la palabra técnica, jurídica, es desierta, eso lo están viendo los abogados, pero yo quiero cerrar ese capítulo desde el punto de vista jurídico.

– Evidentemente, todos los equipos involucrados en estas adquisiciones que hoy están bajo la lupa son muy necesarios para combatir el narcotráfico. Y los narcotraficantes pueden decir: “No están comprando las cámaras, tenemos el campo abierto”. ¿Qué medidas van a tomar al respecto?

Sí. Por eso le he pedido al fiscal que avance lo más rápidamente posible en esto, para identificar a los responsables. Porque nosotros no podemos sacrificar un objetivo país, que es controlar efectivamente la frontera del norte que hoy es muy permeable al ingreso y tránsito de droga hacia mercados extranjeros o a la salida de contrabando, básicamente el de vehículos robados, hacia países vecinos. En los últimos tres meses la cantidad de vehículos robados que han sido detectados antes de cruzar la frontera son significativos. Lo mismo ocurre con la cantidad de droga que se ha ido identificando con los camiones de Rayos X que compramos el año pasado y otras metodologías que está usando Carabineros e Investigaciones, lo que ha incrementado en esa zona la incautación de droga. Lo que yo no quiero, porque esto es un plan de mediano plazo, es que ese plan se vea alterado por este episodio y que hasta que la justicia no determine si hay responsabilidades penales, afecte definitivamente su desarrollo. Yo tengo la obligación, la instrucción del ministro, de armar rápidamente estructuras nuevas para poder hacer las licitaciones pendientes o terminar las que están, pero nosotros y los recursos públicos están disponibles para poder recuperar estos meses que van a ser unos meses perdidos.

– Lo que usted dice aumenta las responsabilidades de quienes actuaron indebidamente, porque están haciendo perder un tiempo que es muy valioso.

Lógicamente que ese es un impacto negativo sobre el proyecto, claramente, pero creo que es preferible asumir esa pérdida de meses antes de sembrar un manto de dudas frente a la ciudadanía de que se haya adjudicado o se adjudiquen cosas con irregularidades.