Tras un primer año del presidente Mauricio Macri en el Gobierno argentino, su mayor hazaña tal vez sea la de mantener un alto índice de aprobación popular (55%) a pesar de que la economía sigue en recesión y los precios están mucho más altos de lo saludable. La aparente contradicción de las encuestas no deja de ser llamativa, ya que todo argentino sabe que la inflación ha sido la bestia negra de los Gobiernos del país prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todos los presidentes, elegidos o de facto, han sufrido directa o indirectamente por la escalada descontrolada de los precios. Incluso Carlos Menem, que logró frenar la inflación en los noventa, acabó asfixiando la economía dentro del sistema de tipo de cambio fijo que había creado para combatirla.

Macri aún tiene mucho que hacer para no correr la misma suerte que sus predecesores, a pesar de que aún cuenta con altas expectativas y la extendida creencia de que la mayoría de los males del presidente son herencia de 12 años de kirchnerismo. La previsión de que Argentina acabe el año con una inflación anual de en torno al 40% está lejos del 25% que había prometido el Gobierno. Tampoco es buena la situación de los tipos de interés —en torno al 27%—, que dificultan el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso del tejido industrial y de servicios. Añadido a esto, el Ejecutivo rebajó los subsidios a la energía y el transporte, lo que provocó un fuerte incremento de tarifas que pusieron en jaque la paz social, por lo que Macri se vio forzado a levantar un poco el pie del acelerador de la ortodoxia fiscal.

Pese a este panorama, tanto desde dentro de Argentina como desde fuera predominan los análisis que ven el vaso más medio lleno que vacío. “Macri nos sorprendió con un par de jugadas exitosas al principio del mandato, como la eliminación del cepo cambiario y el acuerdo con los deudores del país que permitió a Argentina regresar a los mecanismos financieros internacionales”, explica Carlos Caicedo, analista principal de riesgos de IHS Markit en Londres. Caicedo y otros analistas consultados en la capital británica, Madrid y Nueva York son positivos respecto a la evolución de la economía para 2017. Pero también comparten la inquietud de si las inversiones que el Gobierno espera para reactivar la economía llegarán a tiempo para insuflar aire a Macri con vistas a las elecciones legislativas de octubre próximo. El presidente gobierna en minoría parlamentaria y en los próximos comicios se renuevan 127 de los 257 escaños del Congreso y 24 en el Senado, de los que 18 pertenecen al bloque kirchnerista.

Dante Sica, socio fundador y director de la consultora argentina Abeceb, cree que ya hay signos para que lo que él denomina el “índice de felicidad del votante [crecimiento, tipo de cambio estable e inflación a la baja]” se encamine a reforzar la posición del Gobierno durante el primer semestre del año próximo, lo que contribuiría a mantener al menos la estabilidad del Ejecutivo. Las mismas señales positivas ve el también consultor y ex economista jefe del Banco Galicia (el tercero mayor de Argentina), Nicolás Dujovne, pero no sin subrayar el alto precio en términos de déficit fiscal que el Gobierno está pagando para navegar en un mar tan adverso. Tanto este consultor como Sica creen que 2016 ha sido un año de transición en el que el Ejecutivo ha tenido que endeudarse a un ritmo del doble de los ingresos para mantener el gasto público. Si las previsiones de las subidas de interés en EE UU se confirman más pronto que tarde y las inversiones productivas no se materializan, ambos expertos vaticinan que Macri tendrá que buscar otras vías de financiación, como un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), para sostener el gasto.

Amnistía fiscal

Aparte de las emisiones de deuda, el Gobierno puso en marcha a mediados de año un proceso de amnistía fiscal cuyo plazo y alcance ha ido ampliando para intentar que aflore la mayor cantidad posible de capital. Al cierre de la primera etapa, a finales de noviembre, unos 160.000 contribuyentes argentinos blanquearon cerca de 7.000 millones de dólares, según fuentes oficiales. La amnistía tiene varias etapas, pero el plazo final para adherirse al plan es el 31 de marzo del año próximo. Para entonces, los analistas prevén que el programa cierre con el blanqueo de entre 40.000 y 60.000 millones, una cifra nada desdeñable ya que, por ejemplo, sería superior a las reservas del Banco Central argentino de esta última semana, que se situaban en unos 36.800 millones. Hay muchas opiniones que apuntan a que en un entorno mundial cada vez más hostil hacia los paraísos fiscales, los planes de repatriación de capitales tienen una mayor probabilidad de éxito.

Aunque para muchos economistas locales es deseable un poco más de ortodoxia fiscal, los que opinan desde Europa, influidos por la experiencia griega, creen que Macri hace bien en tirar por la calle del medio. Si hubiese hecho un profundo ajuste para corregir los excesos de la última etapa de Cristina Kirchner en el poder, el estallido social ya lo habría expulsado del poder. “Quienes se quejan del endeudamiento que asumió el Gobierno tienen que ser transparentes y explicar que la alternativa que proponen es más ajuste, sea con más impuestos o menos gastos. Creo que utilizar la capacidad de endeudamiento que hay, realizando una corrección gradual de los dese­quilibrios fiscales, es el camino adecuado ya que Argentina partió de un nivel de deuda pública muy bajo. Este es uno de los pocos márgenes de maniobra que tiene Macri para enfrentar los desequilibrios económicos que heredó”, enfatiza Guido Sandleris, economista de la Universidad Torcuato di Tella y exprofesor de la London School of Economics (LSE).

En el mundo de la empresa hay nombres como el de Gustavo Grobocopatel, conocido como el rey de la soja, que también sostienen que el rumbo económico es el adecuado y que, aunque queda mucho por hacer en la economía, se ha “mejorado la calidad de la democracia, la integración con el mundo, y se ha recuperado la actividad parlamentaria”. El sector en el que desarrolla su actividad Grobocopatel, el agropecuario, es visto junto al de la minería como uno de los más beneficiados por Macri. Una de las primeras medidas del Ejecutivo fue eliminar las retenciones a las exportaciones de trigo, carne, maíz, girasol y productos de economías provinciales, y rebajar los de la soja. La decisión, sumada la quita de los cupos a la venta exterior, disparó la producción del campo. “No nos han tratado mejor que al resto, sino que nos han igualado a otras actividades económicas”, se defiende Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina. “Y una vez hecho esto, el campo ha respondido: el sector agroindustrial será un importante generador de divisas y empleo que impulsará el crecimiento del país el próximo año. Estimamos que la cosecha 2016/2017 generará un valor exportable de 30.640 millones de dólares, 2.340 millones más que la campaña anterior”, explica.

Orden financiero

Representantes del sector financiero, como Jorge Brito, propietario del Banco Macro, la mayor entidad de capital netamente argentino y sexta por depósitos, creen que la resolución del conflicto con los tenedores de deuda, los llamados fondos buitre, ha sido clave para la banca. “Volver al mundo nos permitió a los banqueros tener referencias para operar en el mercado local. La emisión de un bono soberano nos permite calcular nuestros tipos de interés, y eso es muy importante para reactivar la banca”, dice Brito. “Ahora bien, que esos tipos son muy altos aún, sí, pero bajarán. Si miramos cuál es el porcentaje de préstamos respecto al PIB es muy bajo, en torno al 15%. Pensar que los bancos tenemos que llegar al 40% no es una locura, es el gran desafío. Y no solo para los bancos, sino también para que las empresas puedan tomar créditos para producir más, para exportar más y crear más trabajo, que es lo que Argentina necesita. No sirve solo un país agroexportador, es un modelo caduco, necesitamos añadir valor a lo que producimos”, concluye.

La industria, por contra, tiene bastantes más cosas que objetar al Gobierno. “La actividad acumula una caída interanual del 5%, y el descenso ya cumple cuatro años, en buena parte por la delicada situación en la que está Brasil, el principal socio económico argentino; pero también por factores internos. Necesitamos políticas que bajen la presión tributaria, de acceso a créditos a tasas razonables, y de gestión del comercio internacional. Además de discutir sobre problemas coyunturales, hay que empezar a pensar qué modelo de desarrollo queremos”, señala José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dueño de la firma Celulosa Argentina (1.900 empleados) y hermano del gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, un peronista que se distanció de la facción kirch­nerista incluso antes de la derrota electoral de hace poco más de un año, y que hoy es una figura con ascendente dentro del partido a escala nacional. Puede decirse que el ala del partido a la que pertenece Urtubey no tiene interés en impedir a toda costa que Macri sea el primer presidente no peronista en terminar el mandato desde la vuelta de la democracia en 1983.

Convivencia política

Figuras como la del gobernador salteño son a las que apela el Gobierno para intentar no tener tantos palos en las ruedas a la hora de sacar adelante reformas que cree necesarias para la reactivación. Macri necesita el apoyo de los peronistas, sean estos de una facción moderada del Partido Justicialista o de una escisión como es el Frente Renovador de Sergio Massa. Ejemplo de esta forzada convivencia es en estos días el árido debate sobre la reforma del impuesto de la renta y hace un mes fue la rocambolesca aprobación de la Ley de Participación Público Privada (PPP), con la que se pretende atraer inversiones extranjeras para el desarrollo de proyectos de infraestructura, tecnología, energía y vivienda, entre otros.

La ley originalmente preveía que los desarrollos debían contener un mínimo del 25% de productos nacionales para ser aprobados. Tras idas y vueltas en el Congreso por parte de los grupos divididos dentro del espectro peronista, la norma se aprobó con un mínimo del 33%. El proceso de esta ley fue muy seguido por las empresas españolas con interés en participar en proyectos de infraestructura como los del plan Belgrano (obras en rutas, trenes y aeropuertos para el norte de Argentina), ya que es una regulación clave para un mercado que les tienta y les inquieta por igual. Algunos empresarios españoles consultados sobre la ley, sobre todo del sector de las infraestructuras, creen que es positiva, pero recalcan que el mejor atractivo para las inversiones es ver al Gobierno luchar con mayor vehemencia contra la corrupción y el nepotismo en la Administración; y a los empresarios argentinos apostar fuerte por su propio país. Y eso es algo que, de momento, no perciben claramente.

“Creo también que una de las cosas que más pueden preocupar a un inversor extranjero es que no hay una única cabeza económica”, explica Martín Rapetti, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de Buenos Aires. El economista se refería a las supuestas tensiones entre el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, las dos piezas clave del equipo económico de Macri. Rapetti, que es de los que ven el vaso medio vacío, comparte con otro economista, Federico Poli, una gran preocupación por el tipo de cambio del peso con el dólar. Ambos creen que la moneda argentina sigue sobrevalorada. Hay quienes calculan que el dólar debería valer entre 20 y 26 pesos frente a los 16 actuales. “Actualizar la política monetaria es un paso clave para corregir otros problemas como la inflación y las altas tasas de interés”, afirma Poli.

Más mano izquierda

El exministro de Economía en la etapa de Néstor Kirchner y actual asesor del Frente Renovador, Roberto Lavagna, ha endurecido recientemente las críticas contra las políticas económicas del Gobierno, sobre todo en lo referente al tipo de cambio y el precio del dinero. “El Gobierno no comprende la relación entre el consumo y la inversión. Cree que por hacer discursos favorables a una economía de mercado generará inversiones. Pero las inversiones se hacen para ganar plata, y si no hay un mercado interno activo y al mismo tiempo no hay exportaciones porque hay un atraso en el tipo de cambio, entonces la pregunta de cualquier empresario es ¿para qué voy a invertir? Hay que poner dinero en el bolsillo de la gente”, dice Lavagna, que defiende una rebaja de la presión fiscal sobre los asalariados y las rentas medias y reprocha al Gobierno falta de mano izquierda para negociar con los actores sociales.

“La pérdida del poder adquisitivo de los salarios junto a las suspensiones y los despidos han sido la tónica a lo largo de casi todo el año. A pesar de esto, el Gobierno no ha tenido grandes trabas para gobernar y la dirigencia sindical ha actuado con prudencia aun pagando un alto coste político”, dice Juan Carlos Schmid, secretario general de la central sindical CGT y jefe de la confederación que agrupa a los sindicatos del transporte, los más fuertes de Argentina. “Tenemos muchas razones para ir a un paro general y, sin embargo, hemos priorizado que no se agrave la inestabilidad. Pasado un año, el Gobierno tiene que anotar en la columna del debe cómo resuelve los grandes problemas del mercado laboral que le venimos planteando”, avisa Schmid.