Según la Fundación Testigo Global, en 2016 aumentaron los asesinatos de líderes ambientalistas en el mundo, un total de 200, ocupando Colombia el segundo lugar con 37 personas asesinadas, después de Brasil, con 39 asesinatos

Redacción Laboral

Según la comisión de paz y derechos humanos de la Unión Sindical Obrera, USO, mientras en algunos países se vienen adelantando acciones concretas para cuidar la naturaleza, en los países ricos en minerales se viene aumentando su destrucción y, lo que es más grave, han aumentado los asesinatos de activistas que se oponen en sus países a la extracción, sin ningún respeto por el ambiente, de distintos minerales o hidrocarburos.

Según la Fundación Testigo Global, en 2016 aumentaron los asesinatos de líderes ambientalistas en el mundo, un total de 200, ocupando Colombia el segundo lugar con 37 personas asesinadas, después de Brasil con 39 asesinatos.

Durante 2017 los homicidios, atentados y amenazas han aumentado para quienes lideran la lucha contra el quebramiento hidráulico -fracking-, la explotación minera y la defensa de reservas forestales. Uno de los parámetros de los acuerdos de paz de La Habana se enmarca en sacar las armas de la política y las relaciones sociales. Si la insurgencia hace dejación de las armas es obvio que el Estado y sus apéndices, llámese paramilitarismo u otras formas irregulares de expresión, deben desistir del uso de las armas y cualquier forma de hostilidad contra la población.

Pareciera que el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP haya dejado las manos libres a transnacionales y empresas locales para apoderarse de las regiones colombianas ricas en recursos naturales, sin que las autoridades del Estado se preocupen por impedir la devastación que se está presentando.

En San Martín, Cesar, la USO ha acompañado la lucha de sus habitantes que se oponen a la utilización del fracking para la explotación petrolera. Sus líderes y lideresas, han sido detenidos, judicializados, amenazados, presentándose un hecho grave, este 20 de julio pasado, cuando Crisóstomo Mancilla, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Loro, fue objeto de un atentado con arma de fuego, que en este momento lo tiene entre la vida y la muerte.

Este hecho se suma a las amenazas que recibieron los días 28 y 29 de mayo de 2017, los colaboradores de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, Marina Medina, presidente de la JAC del barrio La Floresta, y José Eliécer Torres, Presidente de la JAC del Barrio San Vicente de Paúl, quienes desde el Consejo de Administración y la Asamblea de APCES ESP, se han opuesto a la venta de agua en bloque a la multinacional Conocophillips para el proyecto de fracking que adelanta en la región.

Estos hechos se han venido denunciando ante el Ministro de Minas y el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; igualmente se hizo en el Foro sobre Fracking organizado por Ecopetrol, Acipet y la USO el pasado 14 de julio en Barrancabermeja, en presencia de Fernando Ávila, gerente de Conocophillips para América Latina; también el señor Carlos Andrés Santiago, vocero de Cordatec, reclamó públicamente a Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, por sus señalamientos irresponsables en el sentido que detrás de la legítima protesta estarían el ELN y las FARC.

A pesar de estas denuncias y que en otras instancias también se ha puesto de presente, entre otros hechos, la persecución y el hostigamiento ejercido en contra de Cordatec por Saul Eduardo Celis Carvajal, alcalde municipal de San Martín, aliado de la multinacional Conocophillips, todo permanece en absoluta impunidad, pues no se conocen avances en materia de investigación ni sanción a los responsables. Tampoco se han extendido las medidas de protección a los líderes sociales amenazados.

La USO responsabiliza por la vida de Crisóstomo al Gobierno nacional, a las autoridades locales, civiles y militares, de San Martín, y a las empresas petroleras, pues son los directos responsables, por omisión o por acción, de esta situación de violencia que se viene presentando en esta región del Cesar.

La USO reclama de las autoridades regionales y nacionales una inspección en terreno para verificar los hechos denunciados y se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad de los miembros de Cordatec y se proteja su actividad social.

También hacen un llamado a las comunidades a no desfallecer en sus justas luchas, que no tiene otro fin que defender la vida, la de todos y todas, pues la forma en que viene avanzando esta forma de explotación, está poniendo en riesgo el planeta tierra.