Imagen: Enfoque Rojo

La definición de Adriana Calvo, recordada referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, fue contundente: “la causa por la desaparición forzada de Julio López es un monumento a la impunidad”. Y además fue certera. La dijo en 2006, cuando los organismos de derechos humanos y la izquierda llevaban ya varias marchas exigiendo la aparición con vida de López.

La definición de Calvo, leída hoy, además de contundente y certera es palmaria. Porque la impunidad no es una abstracción que aparece de repente en el imaginario colectivo. La impunidad es una construcción, donde el Estado y sus agentes van en auxilio de los culpables para intentar darles cobertura en pos de no perderlos como aliados.

Y así como los victimarios de los peores crímenes tienen nombres y apellidos, quienes los encubren también. Mal que les pese a quienes pretenden desconocer la faceta más turbia de esos garantes de impunidad. Todos y todas quienes gobernaron el país y la provincia de Buenos Aires entre 2006 y 2019 aportaron su cuota de servicios a esa impunidad. Y no pueden negarlo.

En criminología se suele decir que las primeras 48 horas posteriores a un crimen son determinantes para su investigación. Todo lo que se hace y, sobre todo, lo que no se hace en ese lapso es determinante para llegar o para alejarse de la verdad. En ese sentido, tal vez alcance con decir que en el caso de Julio López, más que 48 horas se trató de largos meses e interminables años perdidos.

Botón de muestra: durante los primeros seis meses, la parte operativa y logística de la investigación estuvo a cargo de la Policía Bonaerense, nada menos que la fuerza directamente involucrada (por múltiples factores) en la desaparición de López. Una aberración avalada por todos los actores políticos e institucionales de peso a nivel nacional y provincial.

Hoy quienes compartieron cautiverio con él, los familiares de las víctimas del genocidio, los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad siguen esperando verdad y justicia. Justamente lo que este régimen político les niega sistemáticamente desde el 18 de septiembre de 2006.

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Néstor Kirchner

Además de ser la cabeza máxima del Estado, y por ello ser el garante de la integridad de todos los ciudadanos, el fallecido expresidente jugó un papel clave en fomentar que el caso poco a poco tuviera la menor presencia en la agenda pública. Como se recordará, entonces la relación de Kirchner con el Grupo Clarín era inmejorable y gran parte de lo que Héctor Magnetto mandaba a publicar en sus medios iba en sintonía con los intereses de la Casa Rosada.

En los primeros momentos del caso, a través de voceros formales e informales el Gobierno lanzó la teoría de que el secuestro de López era un “mensaje” contra la Casa Rosada. Sin dudas se trató de un mensaje, pero para los sobrevivientes y los testigos del genocidio, no para los funcionarios políticos de turno. Trece años después de los hechos aquella versión, que se aprovechaba de un hecho trágico, no resiste el menor análisis. Pero entonces fueron varios los que desviaron conscientemente el foco de atención sobre las cuevas de represores (intactas desde la dictadura) y prefirieron mirar al cielo esperando algún “milagro” que devolviera al viejo albañil.

Ante la prensa, claro, Kirchner se mostraba “preocupado”. Públicamente habló del “compañero Tito” (como le decían a López en el barrio), de su “compromiso” por llegar a la verdad y la justicia y de la casi seguridad de que bandas “parapoliciales” estuvieran detrás del crimen. Pero mientras se presentaba “compungido”, sus funcionarios nacionales sellaban un abyecto pacto de impunidad.

Vale recordar el accionar de Antonio “Jaime” Stiuso, capo de la ex SIDE y de estrechos lazos con Kirchner. Jaime se “metió” directamente en la investigación al proveerle una flota de teléfonos celulares al entorno familiar de López para que lo usaran “con confianza”. Así, los espías estatales lograban tener un monitoreo de primera mano de las conversaciones de los López. No está comprobado que la maniobra de Stiuso haya sido idea y orden de Casa Rosada. Pero tampoco está comprobado lo contrario.

Con el correr de los años, Kirchner se iría “olvidando” paulatinamente de López y de la deuda para con la sociedad. Otros crímenes sobrevendrían, en los que el Estado también tuvo sus cuotas de responsabilidad. Kirchner murió el 27 de octubre de 2010, justo una semana después de que sus amigos de la Unión Ferroviaria (con aval del Ministerio de Trabajo y apoyo de la Policía Federal) asesinaran a Mariano Ferreyra. Para ese entonces, el operativo “que no se hable más de López” había triunfado.

Foto La Gaceta

Alberto Fernández

Si bien como jefe de Gabinete el probable futuro presidente no tuvo una participación pública central en el caso, su rol (sobradamente probado) fue clave en ese entonces como organizador de los intereses de su jefe político. Para no hablar de la relación con Clarín. El accionar oficial en un caso tan resonante y crítico no podía dejar de contar con las neuronas prestas de Fernández.

No es imaginable que Alberto haya estado ajeno a la decisión de ir bajando el tono a la cobertura del caso (hasta prácticamente hacerlo desaparecer) de los diarios, los canales y las radios manejados directamente o influenciados por Magnetto.

Siempre que se le preguntó por el caso, Fernández creyó tener una respuesta justa. El 25 de septiembre de 2006, por ejemplo, el jefe de Gabinete dijo que en el Gobierno estaban “preocupados y ocupados por el tema”. Tres meses después, el 23 de diciembre, afirmó que en la investigación “no se obtuvieron los resultados queridos” pero que aún no se había fracasado. “Cuando uno anuncia un fracaso es porque uno bajó los brazos y nosotros no los hemos bajado. A López hay que seguir buscándolo y ese es un compromiso de toda la Argentina”, sostuvo.

Once años después, en agosto de 2017, quien había dicho no tener pistas sobre qué pasó con López usaba el caso para una nueva jugada. En medio del caso Maldonado y a través de Twitter, afirmó que “a López lo hizo desaparecer la resaca genocida de Etchecolatz y su cría”. Una conclusión que no por obvia deja de ser autoincriminante. ¿Desde cuándo sabe Alberto Fernández que la cría de Etchecolatz se llevó a López? ¿Y quién es la cría de Etchecolatz? El actual candidato presidencial del Frente de Todos nunca lo va a decir.

A López lo hizo desaparecer la resaca genocida de Etchecolatz y su cría.Santiago Maldonado desapareció, en principio, a manos de Gendarmes. — Alberto Fernández (@alferdez) August 27, 2017

Nada hace pensar que la impunidad en el caso López vaya a cambiar el día en que Fernández se siente en el sillón de Rivadavia y empiece a tomar decisiones políticas para el país. Al menos su historial así lo indica.

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Aníbal Fernández

El exministro del Interior fue una de las voces más resonantes públicamente durante esas horas, días y meses angustiantes. Y no precisamente por brindar claridad y certezas.

Aníbal Fernández tiene el patético mérito de haber acuñado una verdadera provocación a quienes sí buscaban a López. Pocos días después de la desaparición, el ministro les dijo a referentes de organismos de derechos humanos que él no descartaba que López estuviera perdido por ahí o “en la casa de la tía”.

Tanto se abocó a bastardear la búsqueda de la verdad, que en marzo de 2007, cuando López ya llevaba seis meses secuestrado, él se mostró “optimista” sobre el caso. “Si Dios y la Virgen me ayudan, lo encontramos y se va a la casa”, dijo escondido detrás de su bigote. Y agregó que estaba “convencido de que lo vamos a encontrar en algún momento”.

Ya en 2008 Fernández envió a La Plata a un grupo de policías federales a proponerle al juez Arnaldo Corazza realizar un “perfil psicológico” de López. Así, decían, se podía saber si el viejo albañil había tenido un “ausentamiento voluntario o involuntario”, si podía tener conductas suicidas e incluso si podían ser falsas sus declaraciones en el juicio. Presionado por los organismos de derechos humanos, el juez se vio obligado a rechazar el “ofrecimiento” de la Federal.

Ni Dios ni la Virgen ayudaron a Aníbal Fernández a encontrar a López. Él, sin embargo siguió transitando los pasillos del poder político. Encima, en lo que podría considerarse un hecho luctuoso para la memoria, la verdad y la justicia, en 2013 recibió sin ponerse colorado el pañuelo blanco de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Su titular, Hebe de Bonafini, siete años antes había coincidido con el propio ministro en minimizar la desaparición de López y hasta echó un manto de sospechas sobre la propia víctima.

Foto DyN

Aníbal hasta fue el elegido por Cristina Fernández para candidatearse a gobernador en 2015. Si ganaba, pensó, se iba a convertir en el jefe máximo de la Bonaerense. Casi un premio al mérito. Al final no se le dio.

Felipe Solá

El menemo-duhaldo-masso-kirchnerista exgobernador bonaerense fue uno de los máximos responsables del encubrimiento. Si bien en su prontuario se lo recuerda inmediatamente por su rol represivo en la Masacre del Puente Pueyrredón, con los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán como saldo, no hay que olvidar que la Policía Bonaerense estaba bajo su mando y fue esa fuerza la que se dedicó a montar escenas y lanzar pistas falsas para desviar cualquier acercamiento a la verdad.

Muestras sobran. Pero alcanza con señalar lo hecho por Solá y su ministro de Seguridad León Arslanián apenas secuestrado López. Cinco días después de haberse denunciado la desaparición, en la Gobernación bonaerense se reunieron el mandatario, su ministro y otros funcionarios con referentes de derechos humanos relacionados con López, entre ellos Nilda Eloy y las abogadas Guadalupe Godoy y Myriam Bregman.

Allí el punto de discusión fue la Bonaerense. Según relatan los periodistas Werner Pertot y Luciana Rosende en su investigación Los días sin López, los organismos de derechos humanos le reclamaron al Gobernador que separara a todos los policías en actividad que habían ingresado en dictadura. Era un claro pedido de definición política. Y Solá se definió: les dijo que algo así “ponía en riesgo la gobernabilidad de la Bonaerense”.

Con los años Solá se cambiaría varias veces de ropaje político. Siguió hasta el fin de su mandato alineado con el kirchnerismo. Después armó un tridente electoral con Macri y Francisco de Narváez. Más tarde se unió a las huestes de Sergio Massa. Y ahora es mano derecha de Alberto Fernández en la campaña del Frente de Todos. Sin embargo nunca dejó de ser un encubridor de asesinos y desaparecedores. El caso López lo condena.

Foto Big Bang News

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León Arslanián

Con los “pergaminos” de haber sido uno de los jueces que en 1985 condenó al puñado de militares de las juntas que gobernaron entre 1976 y 1983, y con un parloteo “progresista” en temas relacionados con la seguridad y la justicia, Arslanián fue un actor clave del encubrimiento.

Como ministro de Seguridad durante las gobernaciones de Eduardo Duhalde en los 90 y de Solá en la década siguiente, el exjuez siempre se jactó de su vocación de “reformar”, “purgar” y “descabezar” a la Bonaerense. Sin embargo, pese a varias exhoneraciones y cambios cosméticos en la conducción y políticas de la fuerza, la “maldita policía” nunca dejó de ser lo que es.

En aquella reunión en la que Solá dijo a referentes de derechos humanos que estaba en juego la “gobernabilidad” de la Bonaerense, el ministro Arslanián sumó una mentira. Les dijo en la cara a quienes tenía enfrente que solo había 64 bonaerenses en actividad que provenían de los años del genocidio. Poco después Eloy, Godoy y Bregman tendrían frente a sí una base de datos que confirmaba que los policías provenientes de la dictadura eran unos nueve mil, algo así como el 20 % del total de la fuerza.

El rol de Arslanián fue mucho más allá de “dejar hacer” a la Policía. En verdad fue uno de los garantes de que la misma fuerza implicada en la desaparición de López fuera durante mucho tiempo la encargada de “investigar” el caso.

Pertot y Rosende relatan en su libro que fue el propio Arslanián el que bregó hasta las últimas instancias para que la causa por López no sea recaratulada como “desaparición forzada de persona” sino que se mantuviera como “averiguación de paradero”. La idea era que el expediente no pasara del fuero provincial al fuero federal (donde se investigan las desapariciones forzadas) y, con ello, que el control operativo de la “investigación” no dejara de estar bajo su órbita y la de sus uniformados empleados.

Esa postura de Solá y Arslanián fue compartida por la jefa de los fiscales de provincia de aquel entonces, María del Carmen Falbo, y por la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia (quien tenía la causa en su juzgado).

Muy suelto de cuerpo, al cumplirse dos años de la desaparición forzada de López, Arslanián lanzó ante periodistas otra frase provocadora. “Después del tiempo transcurrido y de los esfuerzos para encontrarlo, yo creo que López está muerto”, dijo el exministro. Hoy, ese señor suena fuerte como posible ministro de Justicia del probable futuro gobierno de Alberto Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner

Cuando asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 2007, López ya llevaba quince meses desaparecido. Claramente, no fue ella la mayor responsable del trabajo sucio encubridor. Sin embargo, nada hizo para hacer que el Estado desandara el proceso permanente de impunidad.

Siguiendo con el plan silenciador del caso, en sus ocho años de mandato Cristina Fernández nunca mencionó el nombre de Julio López en ninguno de sus prolongados discursos públicos, sean en cadena nacional, en entrevistas u otras instancias. Ni siquiera para alguno de los aniversarios de la desaparición.

Solo lo mencionó cuando aún era candidata. En febrero de 2007, cuando le preguntaron por el caso durante uno de sus viajes a París, reconoció que López era “un testigo de cargo en la causa contra uno de los genocidas más terribles” y que su desaparición había provocado “desazón en la sociedad argentina”. Y en septiembre de ese mismo año, en Estado Unidos, caracterizó como “un mensaje mafioso” el hecho. Y pará de contar.

Foto Diario Popular

Daniel Scioli

Si algo hizo Scioli durante sus ocho años de gobernación bonaerense, al menos en materia de “seguridad” y en cuanto al manejo de la Policía provincial, fue profundizar todas las políticas de sus antecesores Duhalde, Ruckauf y Solá.

No solo duplicó la cantidad de efectivos en pocos años, transformando a la Bonaerense en un ejército de ocupación de más de 90 mil almas, sino que le dio a la fuerza pleno poder de autocontrol, autogobierno y de fuego. La multiplicación de casos de gatillo fácil y demás demostraciones de violencia institucional así lo muestran.

Para el excandidato presidencial del Frente para la Victoria el caso López prácticamente no existió. Si a López no lo nombró Cristina Kirchner, ¿por qué lo iba a tener que nombrar él? Y así fue, ocho años más de impunidad garantizada para los verdugos.

Foto La Capital Rosario

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Mauricio Macri

Si para quienes durante años se llenaron la boca hablando de “verdad” y “justicia” y hasta se autodefinieron “el Gobierno de los derechos humanos”, López terminó pasando al olvido y sus desaparecedores siguieron caminando impunes por la calle; ¿qué podría esperarse de quienes, por el contrario, creen que los derechos humanos son un “curro” y se codean con represores, genocidas y demás sectores reaccionarios?

A Macri solo le quedaba transitar estos cuatro años de gobierno manteniendo intacto todo lo que sus antecesores peronistas habían construido alrededor del caso. Para eso, tener a Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad fue una garantía. Además, casos como el de Santiago Maldonado, el de Rafael Nauhuel y el del policía asesino Chocobar dieron muestras de sobra respecto a de qué lado está Cambiemos.

María Eugenia Vidal

Igual que su mentor, la Gobernadora no escatimó esfuerzos en perpetuar las políticas represivas y criminalizadoras, en su caso encabezadas por la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario. Las masacres de Pergamino, de Esteban Echeverría y de San Miguel del Monte, que dejaron en total 21 muertos a manos de efectivos provinciales, son ejemplos extremos de una política sistemática que no hizo más que superar los índices de violaciones a derechos alcanzados por sus predecesores.

El 23 de marzo de 2018 Vidal hizo un acto junto a Estela de Carlotto en la Comisaría Quinta de La Plata, lugar en el que Julio López pasó parte de cautiverio en dictadura. Allí la Gobernadora inauguró la sede de Abuelas de Plaza de Mayo local, convirtiendo a esa sede policial en un sitio de la memoria. Curiosamente ahí tampoco hubo memoria para López, que no fue nombrado por ninguna de las personas que hicieron uso de la palabra en el acto.

Y tantos más

Mencionar en esta nota solo a presidentes, gobernadores y ministros no significa desconocerr el rol pérfido y cuasicriminal de todos los jueces, los fiscales y los jefes de la Policía que de una u otra manera tuvieron participación en el caso López durante estos trece años.

Si hoy la causa judicial tiene casi 50 cuerpos (que representan unas diez mil fojas), 59 legajos de investigación “autónomos”, 74 anexos y decenas de cd’s, cassetes y carpetas pero ningún imputado ni mucho menos procesado, es por obra y gracia de un Poder Judicial empeñado solo en hacer “como que” se investiga.

De la misma manera, no se puede soslayar el rol fundamental en pos del olvido y la impunidad que jugaron en estos trece años las grandes cadenas mediáticas, tanto las alineadas con los oficialismos como con las oposiciones. Es como si en ciertos temas “estratégicos” (como la “gobernabilidad de la Bonaerense”, al decir de Solá y Arslanián) no hubieran ni grietas ni internas.

Tampoco se debería obviar el acompañamiento (a veces silencioso y otras no) de ciertas personalidades del progresismo y hasta de los derechos humanos para con toda la caterva de encubridores descrita en estas líneas. Mal que nos pese, mucha de esa gente hizo su aporte (tal vez involuntario) a que hoy, trece años después de los hechos y con tanta bronca acumulada, sigamos marchando y gritando “ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida, el Estado es responsable”.