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Entre los años 2008 y 2012 se habló mucho de desahucios. Fue el retrato más crudo de lo que vinieron a llamar “crisis” y “burbuja inmobiliaria”. Nada tan bestial como la idea de que una familia se quede sin techo porque no puede pagarlo, en una sociedad que se pretende civilizada, garante de los derechos mínimos, social, etcétera. Cundió la idea de que los desahuciados eran los responsables de su propia ruina. Entonces, solo se hablaba de desahucios hipotecarios, y se venía a decir que las familias se veían en la calle porque habían “vivido por encima de sus posibilidades”, y que habían comprado un piso sin tener en realidad recursos económicos para hacerlo.

La nueva alerta sobre los desahucios viene a echar por tierra dicha idea. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2017 se han llevado a cabo en España 100 desahucios al día por impago de alquiler. O sea, cada hora cuatro familias se han quedado en la calle. Repito: cuatro familias cada hora. Las cifras totales son las siguientes: El año pasado 35.666 familias y particulares fueron desahuciados por no poder pagar el alquiler, y 22.330 familias se quedaron sin techo por no poder pagar la hipoteca. Es decir, el 60% del total de desahucios se debe al impago de alquileres. Para muchas de esas familias se trata, además, del segundo desahucio. Primero se quedaron sin casa por no poder pagar al banco, ahora por no poder hacer frente al alquiler.

Es la consecuencia de eso que llaman “recuperación”, y que a todas luces es un fraude social, además de una mentira evidente. Lo que ha sucedido en los últimos diez años en España es que las familias se han ido empobreciendo, muchas de ellas a un ritmo alarmante, hasta el punto de perder incluso el techo, mientras las grandes empresas y entidades financieras han visto cómo aumentaba su capital en unas cifras sin comparación en Europa. Esto no solo ha sido así en el caso de las empresas. En los últimos cuatro años, el número de familias con un patrimonio neto superior al millón de euros ha aumentado en un 16,9%.

A finales de 2017, la Comisión Europea situó a España en el mayor nivel de desigualdad por renta. La colocó a la cabeza del ranking de los países europeos más desiguales, por delante de Bulgaria, Grecia y Lituania.

SILENCIO

Los primeros desahucios, los hipotecarios, supusieron un golpe informativo en la sociedad. Nadie preveía la posibilidad de que cientos de miles de familias pudieran perder sus viviendas, y hacerlo además sin que el Estado tuviera ni intentara mecanismos para solucionarlo. Esta nueva oleada de desahucios, que sigue creciendo alarmantemente, parece pasar desapercibida informativamente. Y también en la conciencia de la sociedad. Cuatro desahucios cada hora son demasiados desahucios como para que no exista una movilización social contundente.

Podría tratarse de que entonces se hablaba de “crisis” y los desahucios venían a sostener dicha teoría, y argumentarla con aquel infame “por encima de sus posibilidades”. En un momento como el actual, en el que la idea de una “recuperación” parece general, este constante dejar sin techo a miles y miles de familias constituye la mayor evidencia de la falacia. De una falacia sostenida por la clase política y empresarial, y también por la mayoría de los medios de comunicación.

El argumento que hoy se maneja es el siguiente: “La recuperación no está llegando a las familias”. Se maneja como una paradoja, como algo incomprensible o pasajero, cuando la realidad es que aquello que llamaron crisis venía a construir precisamente eso, un trasvase de la riqueza general de las clases obreras y lo que se denominaba “clase media” hacia los sectores más ricos de la población. La destrucción de lo público ha corrido paralela, además.

Visto lo visto, nadie parece darse por enterado en las instituciones ni se plantean soluciones al hecho brutal de esos 100 desahucios al día, más allá de algunos tímidos avances en la idea de vivienda social por parte de ayuntamientos como Barcelona o Madrid. Tímidos y poco relevantes por el momento.

Cabe recordar que, tras la Reforma Laboral y en contra de lo que pasó con los desahucios hipotecarios, quienes ahora pierden su casa no son solo los desempleados, muchas de esas familias están compuestas por trabajadores y, sobre todo, trabajadoras. Por lo tanto, cabría preguntarse si una sociedad que ha permitido y sigue permitiendo que, hora a hora, las familias pierdan la vivienda pese a trabajar puede llamarse desarrollada. También, cómo osamos hablar de derechos en este escenario, cuando la vivienda debería ser uno de los muy básicos.