Elena Valenciano, Inmaculada Rodríguez, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui, José Blanco, Esteban González Pons, Javier Díaz de Mera, Pilar del Castillo, Luis de Grandes, Teresa Jiménez Becerril, Javier Nart, Izaskun Bilbao y Ramon Tremosa son sólo algunos de los eurodiputados y eurodiputadas españoles del PSOE, PP, Ciudadanos, PNV y PdC la gran coalición europea, que han votado este miércoles a favor de la ratificación por el Parlamento Europeo del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá.

El texto ha contado con 408 votos favorables, 254 en contra y 33 abstenciones y ha sido aprobado antes de someterlo a votación en los parlamentos estatales de los Estados miembros para presionar a los gobiernos europeos y blindarlo, ya que se empezará a aplicar de manera provisional y ya no podrá ser modificado.

La jugada no puede considerarse más que una estafa y un golpe a nuestras democracias y cuenta con el privilegio de ser el primer caso en el que se aplicará una legislación en la UE antes de estar debidamente aprobada. Sin embargo, a pesar de haber perdido una votación, lo primero que debe quedar claro es que no está todo perdido, porque ha sido la presión social de estos últimos meses lo que ha hecho que el CETA tenga que pasar por los Estados.

Por lo tanto, ahora es necesario que plataformas, organizaciones políticas, sociales, sindicales y movimientos a favor del medioambiente redoblemos los esfuerzos. Sólo con que un Estado miembro de la UE diga 'No', el CETA quedará anulado.

Lo segundo que debe quedar patente es que el PSOE ha quedado retratado. Durante toda la semana la plataforma contra el TTIP, el CETA y el TiSA estuvo interpelando a cada uno de los eurodiputados pidiendo su voto contrario, ya que se entendía que si querían ser consecuentes con sus palabras de defensa de servicios públicos, del medioambiente, o del empleo y las pequeñas y medianas empresas, deberían votar en contra de este tratado.

Pero parece que la coherencia en el grupo socialdemócrata sólo ha llegado algunos diputados y diputadas belgas y franceses. No así a los socialistas españoles, que con esta votación, sumada a la de la investidura en la que dieron la presidencia del Gobierno del Estado español a Mariano Rajoy, han decidido instalarse de forma permanente en el ala derecha de la socialdemocracia europea.

Es más, son los socialistas españoles los que están sirviendo de puntal para sostener a la gran coalición, esa gran coalición que lo mismo te aprueba el CETA, que apoya las políticas de la Europa fortaleza, o que impone políticas de austeridad que ahogan a los pueblos.

La oposición al CETA debería salir natural si se tienen en cuenta algunas cosas. El acuerdo entre la UE y Canadá forma parte del conjunto de acuerdos que, como el TTIP o el TiSA, son calificados de meros acuerdos comerciales, pero que en realidad van mucho más allá. Son una suerte de constitución transatlántica, por el hecho de que van a modificar nuestras regulaciones, nuestras legislaciones, afectarán a los servicios públicos, a los derechos laborales, a los sectores productivos, a los estándares medioambientales o a las patentes farmacéuticas.

Por eso no es correcto hablar del CETA como si de un acuerdo comercial se tratara. Es un proyecto político y económico de una élite transatlántica para seguir acumulando riqueza. Es un proyecto que apuesta por la transformación radical de nuestro actual modelo político para subordinarlo por completo a los intereses de las grandes multinacionales. Y esta élite tiene a sus cómplices en las instituciones: aquellos que hoy han apretado el botón del Sí y han dado luz verde a este tratado.

Pongamos un ejemplo práctico de cómo nos va a afectar el CETA. En estos momentos son muchos los municipios que gracias a las candidaturas de unidad popular están devolviendo a manos públicas servicios públicos que habían sido privatizados en épocas anteriores. Hablamos de recuperar el agua, la recogida de basuras, la funeraria, la limpieza de las calles o los polideportivos para la ciudadanía. Pues estas decisiones democráticas son una de las cosas con las que pretende acabar el CETA.

Con este acuerdo quieren dejarlo todo blindado para que no vuelva a pasar como en Madrid, Zaragoza, Valladolid o en tantos otros municipios donde se les está devolviendo a los ciudadanos y ciudadanas lo que es suyo y nunca debió pertenecer a las empresas privadas,

Con el CETA pretenden que no se les puedan poner límites a los negocios y beneficios de unos pocos. En definitiva, es un acuerdo para pararle los pies a la izquierda, porque aunque gane en las urnas no podrá hacer políticas de izquierdas.

El objetivo fundamental del CETA es proteger a los inversores, blindar sus beneficios y ampliar sus nichos de negocio. Y para que no haya ley que se les pueda poner por delante se han creado los tribunales de arbitraje, un sistema jurídico paralelo, al que las grandes empresas podrán recurrir cualquier intento de legislación o normativa que pueda suponer un freno a sus beneficios.

Ya sea la remunicipalización de un servicio público, una ley antifracking, una subida del SMI, o una ley anti tabaco, todo es susceptible de afectar a los beneficios de las grandes empresas y, por tanto, todo es susceptible de ser denunciado. Es una justicia

a la medida de las grandes empresas regida por un conjunto de reglas para el enriquecimiento ilimitado de las multinacionales.

Con la remunicipalización del agua podemos ver claramente la amenaza del CETA a las corporaciones municipales. Si este tratado llegara a ratificarse de forma definitiva, un ayuntamiento que decida recuperar el servicio del agua puede verse expuesto a una demanda multimillonaria de un inversor. Demanda que no podría pagar ni destinando todo el presupuesto anual del municipio.

El argumento al que se van a acoger para defender esto es que al remunicipalizar el servicio, la empresa deja de tener acceso a un mercado al que antes sí podía acceder, y por tanto, esa decisión de los concejales y concejalas les está perjudicando económicamente. Que la decisión haya sido tomada por cargos públicos elegidos democráticamente, que sea una decisión que emana de un mandato del pueblo, será secundario, porque lo importante es proteger a los inversores, y todo el CETA gira en torno a esta cuestión.

Además, el CETA introduce una cláusula que impide que los servicios públicos privatizados vuelvan a las manos del conjunto de la ciudadanía. Con lo cual, una vez aprobado el CETA, si un servicio público pasa a gestión privada, el ayuntamiento, la comunidad o el Estado nunca más podrán recuperarlo.

Y esto es sólo a modo de ejemplo, porque el CETA no va a tener un fuerte impacto sólo en los servicios públicos. Por ejemplo, el sector agrario y ganadero europeo no va a poder competir con la grandes multinacionales de la agroindustria de Canadá y las empresas mineras canadienses coparán los proyectos que van a perjudicar a nuestro medio ambiente.

En lo que se refiere a los derechos laborales hay algunos indicadores que indican que la UE puede enfrentarse a problemas muy serios, como la destrucción de 200.000 puestos de trabajo que pronostican los sindicatos europeos y el hecho de que Canadá no haya firmado el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre convenios colectivos, lo que llevó a la comisión de Empleo del Parlamento Europeo a tumbar el texto.

Por último, merece la pena tener en cuenta un dato: el 80% de las grandes corporaciones estadounidenses tienen algún tipo de participación en compañías canadienses y en Canadá hay registradas un total de 41.000 empresas de EEUU. Con el CETA tendrán vía libre para instalarse en la UE con todos los beneficios que les dé el tratado. Esto, tal y como quedó reflejado en un informe de la Comisión Europea es una grave amenaza para las pequeñas y medianas empresas y los productores locales, que no podrán competir los gigantes canadienses y estadounidenses. Pero además, hace del CETA la puerta de atrás del TTIP, por la que las empresas de EEUU podrán entrar antes de que nos demos cuenta.

Todo esto, muy lejos del acuerdo progresista que tratan de vendernos desde Bruselas, es lo que PSOE, PP y Ciudadanos han aprobado en la Eurocámara. Todo esto es contra lo que debemos seguir luchando en los parlamentos estatales.