El futuro de un hombre acusado de ayudar a morir a su mujer enferma depende de la Justicia, pero su rugido de desesperación se escucha ante los leones del Congreso. Son ellos, los diputados y diputadas, quienes pueden despenalizar la eutanasia. Por ello, Ángel Hernández y otros afectados se han plantado este viernes con un millón de firmas ante la sede del poder legislativo para reclamar que los partidos progresistas acuerden la formación de un Gobierno que tramite una ley que regule la muerte digna.

En realidad, la campaña de apoyo al imputado de un delito de homicidio por cooperación al suicidio pide a la Fiscalía que no presente cargos contra el marido de María José Carrasco, fallecida en abril tras padecer esclerosis múltiple durante treinta años. Su caso será instruido por un juzgado de violencia sobre la mujer, aunque las más de 600.000 firmas —junto a las 400.000 recabadas por los familiares de Maribel Tellaetxe y Luis de Marcos— serán entregadas en el registro de la Cámara Baja para reforzar simbólicamente la iniciativa impulsada por Marcos Ariel Hourmann.

El único médico condenado en España por ayudar a morir a una enferma terminal es consciente de que sólo los parlamentarios pueden reformar el Código Penal, que establece una condena de hasta diez años de cárcel. “Nuestra intención es que se archive el caso de Ángel, pero como la Justicia seguirá su curso, nos pareció adecuado actuar al margen de las decisiones de un juzgado”, explica Hourmann. “Y, dadas las circunstancias de inestabilidad política, el mejor lugar para plantear nuestra iniciativa es el Congreso, donde ahora ya no se habla de la ley de eutanasia”.

El impulsor de la campaña de firmas en Change.org critica que los diputados se hayan olvidado de la necesidad de una regulación, pese a que considera que una proposición podría lograr la mayoría en el hemiciclo. “El problema es que el asunto ni entra en los acuerdos de los hipotéticos socios de un Gobierno de izquierdas. Por ello, reclamamos que los líderes den la talla y escuchen a la gente. La ciudadanía votó el 26-M a favor del diálogo y el acuerdo, por lo que deben resolver las diferencias y buscar puntos de encuentro, en vez de abocarnos a unas elecciones anticipadas”.



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Esa alternativa, según Hernández, podría conducir a una victoria de la derecha, un portazo en la cara de los enfermos terminales atenazados por el sufrimiento y de sus familiares, testigos impotentes de su dolor. “Me preocupa esa sombra de involución que nos cubre cada vez más”, afirma el viudo de María José. “Los partidos que podrían defender una ley de eutanasia están todo el día discutiendo sobre cargos y puestos, sin percatarse de que sin entendimiento podrían resultar derrotados. Para nosotros sería terrible y supondría un varapalo a nuestra lucha, por eso tratamos de presionarlos para que pacten de una vez”.

Dado que un Gobierno conservador laminaría sus esperanzas, Hernández persevera en transitar por la vía legislativa y señala con el dedo a los cabecillas: “Sin una ley tramitada por el Congreso, de nada serviría llevar las firmas a la Fiscalía. Para que haya un acuerdo de investidura, Podemos debe ceder. Porque Pedro Sánchez sigue instalando en el bipartidismo y no se fía de Pablo Iglesias, quien debería olvidarse de sentarse en el Consejo de Ministros y negociar un buen programa con el PSOE”.

Reformar el Código Penal

El caso de Ángel y María José es el más reciente. Decidió grabar y difundir el momento en el que le facilitó a su compañera el pentobarbital sódico para ayudarla a suicidarse. Aunque entregó los vídeos e informó al instante de que había colaborado en la muerte asistida, fue arrestado y pasó una noche en los calabozos de una comisaría madrileña. “Me detuvieron como si fuese un delincuente, cuando no había ningún motivo para hacerlo. Yo reconocí lo que había hecho y era obvio que no me iba a escapar”, recuerda Ángel Hernández, quien agradece el trato y la empatía de los agentes. “Fueron solidarios, entendían que la ley de eutanasia debe aprobarse y me comentaban: Un caso como el tuyo no se puede repetir”.

Sin embargo, cree que le pueden caer diez años de cárcel por un delito de homicidio por cooperación al suicidio. “Y por ejecución”, añade Ángel, quien sostiene que no sólo fue un acto de compasión, sino también de solidaridad. “Lo hice por amor”. Aquella vieja promesa: él cuidaría de ella hasta el final, pero si el dolor se tornase insoportable, le prestaría sus manos para que ella pudiese sorber el líquido liberador por una pajita y desterrar su sufrimiento en el olvido. “Un acto de libertad, no un lamento. Por eso queremos que se haga justicia”. Ángel siempre habla en plural, como si María José siguiese a su lado. “Y para que se haga justicia, antes hay que reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia”.

Ángel Hernández ayuda a morir a su mujer, María José Carrasco Motos.

Pese a una muerte con luz y taquígrafos, así como las pruebas aportadas a la policía y al juez —el acusado grabó treinta vídeos que documentaban las penalidades y reflejaban los cuidados y el cariño que le profesaba a su mujer—, su caso dio un controvertido giro cuando la Audiencia de Madrid dictó que correspondía a un juzgado de violencia de género. Ya no se trataba sólo de un suicidio asistido para terminar con el calvario de María José, sino de un hombre que presuntamente había maltratado a su mujer. “Es un sinsentido que un acto así se considere como un abuso o incluso un homicidio, cuando no tiene nada que ver con una agresión machista”, censura Marcos Hourmann.

“Ángel representa el contrapunto a las familias que tienen que huir y esconderse para no ser perseguidas por la Justicia cuando tienen un familiar cuya vida carece sentido. Él, dando la cara ante una situación trágica, mostró su solidaridad con María José pese a la amenaza de la cárcel. Otras personas, desgraciadamente, tuvieron que dejar solos a los suyos en el último momento”, agrega el doctor, quien critica que en su gremio no exista un debate consensuado y serio al respecto. “Los médicos debemos abordar cómo manejar la muerte digna ante un pedido explícito del enfermo para acabar con su vida”.

Hourmann, el único médico condenado en España

La campaña emprendida por Hourmann para que la Fiscalía no presente cargos contra Ángel ha recabado más de 600.000 firmas, si bien la cifra sigue aumentando. Habría que sumar las casi 375.000 conseguidas por Danel Aser Lorente —uno de los tres hijos de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer— para despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido; así como las casi 100.000 que el propio Luis de Marcos, afectado de esclerosis, comenzó a solicitar antes de morir con el objetivo de legalizarla.

Familiares de enfermos terminales entregan un millón de firmas en el Congreso para exigir una ley de eutanasia. / EFE

Su viuda, Asun Gómez, también ha acudido este viernes al Congreso, al igual que el hijo y el marido de Maribel, Danel y Txema Lorente, apoyados por la asociacion Derecho a Morir Dignamente (DMD). Tampoco ha faltado Hourmann, quien no ceja en la lucha catorce años después de cumplir el deseo de una mujer que le pidió que librase de la tortura a su madre octogenaria. Fue condenado a un año de cárcel, aunque no llegó a ingresar en prisión.

“Sigo peleando porque entiendo lo que es el sufrimiento humano. No tiene ningún sentido que alguien viva un segundo más si su enfermedad es irreversible, padece un gran dolor y quiere acabar con su vida”, concluye el médico. “No hay argumentos para defender lo contrario, pero el problema es que a estas personas no se las escucha”.