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La escalada represiva del Estado contra Catalunya sigue intensificándose. Ahora se trata de intervenir las finanzas de la Generalitat, sin haber declarado formalmente (¿todavía?) ni la suspensión de la autonomía catalana (art. 155) ni el estado de excepción.

El Gobierno ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros un «sistema de control de pagos» para Cataluña, a quien ha acusado de actuar con «manifiesta ilegalidad». En palabras de Cristóbal Montoro, esta medida se ha tomado para que «ningún euro» vaya a financiar «ninguna actividad ilegal». El ministro de Hacienda ha destacado que este sistema de control no afecta al ejercicio de las competencias de Cataluña y que la semana que viene explicará los detalles de la medida en una comparecencia en el Congreso.

Según este mecanismo de control, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine «ni un euro» a financiar «una actividad ilegal» como el referéndum secesionista del 1 de octubre, prohibido por el Constitucional.

El Gobierno ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.

Montoro ha asegurado que estas actuaciones están destinadas a garantizar el servicio público al máximo a favor de todos los catalanes y de todos los españoles a la par que ha afirmado que no pueden confiar en las autoridades catalanas. El ministro, sin embargo, ha asegurado que el Gobierno no sustituye competencias de la Generalitat sino que garantiza que ningún pago vaya destinado a actividades ilegales o incompatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

A preguntas de la prensa sobre qué significa el control de pagos, Montoro ha confirmado que el Estado pasará a pagar parte de las nóminas de los funcionarios durante el tiempo que dure esta situación excepcional creada por la decisión de los dirigentes catalanes de negarse a cumplir la ley porque pone en riesgo la prestación de los servicios públicos en Cataluña.

Fuente: Agencias