El escritor Héctor Feliciano utiliza la analogía de un amor unilateral para explicar la –para él– “ilusa” intención de anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. “Los anexionistas alegan ante todos que tienen novia en Washington. El problema es que la novia no sabe que tiene novio en Puerto Rico”. Hace dos semanas la representante sin voto del país caribeño en el Congreso de Estados Unidos presentó en Washington la solicitud de admisión de Puerto Rico como estado número 51. El nuevo gobernador, el tecnócrata conservador de 37 años Ricardo Rosselló, hijo de un anterior gobernador, se ha propuesto el reto de incorporar a la isla a la nación vecina como miembro de pleno derecho. “Pero se han inventado un amor reciprocado sin consumar desde la Guerra Hispanoamericana”, dice Feliciano. “A Puerto Rico nunca, nunca el Congreso le ha propuesto nada de nada, ni conversado nada con ellos, y menos matrimonio”.

Para Rosselló, la fusión con el vecino es la salida a la bancarrota. Puerto Rico, una nación de tres millones y medio de habitantes y unos 100.000 millones de dólares de PIB, debe 69.000 millones. 48 horas después de su toma de posesión, el 4 de enero, el nuevo gobernador viajó a Nueva York y se reunión con cercanos al presidente electo Donald Trump. Rosselló necesita que el Departamento del Tesoro le dé un préstamo que provea a Puerto Rico de liquidez para pagar nóminas y pensiones. Mientras tanto su gobierno negocia con los acreedores que compraron bonos de su deuda. Este martes la Administración de los Sistemas de Retiro acordó con un grupo de bonistas congelar una partida de fondos en una cuenta para garantizarles su inversión. Este mismo organismo, al tiempo, calcula que en abril se quedará sin dinero para pagar a los jubilados.

“El desafío real del Gobierno es poder operar. El debate sobre el referéndum de anexión en este momento no es importante”, opina el historiador y profesor de la Universidad de Puerto Rico Pedro Reina Pérez, que ve el discurso anexionista de Rosselló como una mampara que intenta velar urgencias perentorias de gestión.

La intención de Rosselló, que ganó en noviembre con un 41% de los votos, es convocar un referéndum en 2017 sobre si el país debe incorporarse a Estados Unidos, independizarse o seguir como Estado Libre Asociado. Lo más probable es que ganase la opción anexionista, pero igual de probable es que el Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, ignore la petición. “¿Quién se cree que van a querer incluir a una colonia latina, quebrada y de tendencia al voto demócrata?”, lanza la pregunta retórica el sociólogo Emilio Pantojas. Washington no parece inclinado a cumplir el deseo del gobernador. Lo seguro es que no dejará de apretarle para que Puerto Rico pague. La Junta de Supervisión Fiscal –nombrada por el Congreso de Estados Unidos– ha impuesto un plazo a la isla para que presente un plan de recortes y de liquidación de la deuda. Rosselló negocia una prórroga que le permita idear su estrategia mientras la Junta refrena a los acreedores. Un tercio de ellos son los denominados fondos buitres.

La economía, que colapsó hace una década por la retirada desde Washington de los beneficios fiscales que atraían a las grandes compañías americanas y se enganchó al respirador artificial de los préstamos y la emisión de deuda, lleva en recesión desde 2006 excepto una leve subida en 2012– y 2017 no promete ser mejor. “La economía está en su peor depresión en más de cien años y va a caer todavía más. Habrá medidas de austeridad. Más gente va a migrar”, avanza el economista José Caraballo. La escapatoria hasta hoy ha sido irse a Estados Unidos, sobre todo a Florida. En 2004 Puerto Rico tenía 350.00 habitantes más que en 2015. La isla ha perdido un 10% de población, de la gente más joven, la que se requiere para que un país remonte. Pero sin esa ola de migración el nivel de pobreza estaría en el 51%, cinco puntos más que la cifra actual.

Caraballo, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política, considera que la isla necesita autonomía fiscal, herramientas para manejar su deuda como una moneda propia que devaluar o soberanía para declarar una suspensión de pagos. La Junta nombrada por Washington, según él, “está compuesta por personas que trabajan para el mercado financiero”. Reina Pérez afirma que la Junta ”tiene como única encomienda cobrar el dinero que Puerto Rico adeuda”. Cuando a Puerto Rico le urge repensarse como país, EEUU le coloca en la puerta de casa al cobrador del frac.

Muchos en Puerto Rico ven la asignación de una Junta de supervisión como una confirmación de la naturaleza colonial del estatuto Libre Asociado. Feliciano apunta un detalle esclarecedor. La ley del Congreso estadounidense que incluyó la formación de la Junta, en un principio, ni siquiera se previó en dos lenguas. Se ignoró el español.

La crisis económica permanece y a fuerza de tiempo y profundidad ha adquirido también el cariz de crisis política. Colonia desde 1898, cuando España lo perdió a manos de Estados Unidos, Estado Libre Asociado desde 1952, Puerto Rico vuelve a mirarse al espejo para buscar su identidad y además un futuro viable. El gobernador Rosselló cree que tiene su bala de plata. La anexión. Otros creen que su revólver no tiene pólvora.