En 2012, Carlos tenía 19 años y era estudiante en su ciudad natal, San Luis Potosí. En septiembre de ese año, sin embargo, fue presentado por la Secretaría de Marina ante la prensa como uno de los supuestos escoltas que protegían al narcotraficante Iván Velázquez Caballero, alias el Z-50, cuando éste fue capturado.

Según la versión de la Secretaría de Marina, luego de que se ubicó el domicilio del Z-50, un convoy de uniformados se dirigió al lugar, y al llegar, se percataron de que dos personas armadas ingresaban corriendo al inmueble, en donde, siempre según la versión oficial, el capo y sus dos escoltas fueron detenidos.

Como prueba de que así sucedieron los hechos, la Secretaría de Marina difundió un video en donde se ve a los marinos recorriendo el interior de un inmueble, sin embargo, el video no incluye el momento en que Carlos fue capturado, sino que el video pasa en corte directo del domicilio cateado a una avioneta de la que descienden los tres detenidos.

Tal como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este joven de 19 años no fue realmente capturado en compañía del Z-50, sino arrestado en un restaurante de pollos, donde comía con un amigo antes de partir a la escuela. La Marina lo eligió como chivo expiatorio, por llevar un tatuaje en un brazo.

Carlos fue acusado de dos delitos federales: delitos contra la salud, en su modalidad de portación de mariguana; y portación de armas y cartuchos de uso oficial de las Fueras Armadas.

La Marina, además, presentó como prueba en su contra el arma que supuestamente llevaba en las manos cuando fue capturado.

No obstante, la Procuraduría General de la República concluyó que dicha arma, una pistola calibre 9mm, no tenía las huellas dactilares de Carlos, aún cuando los marinos afirmaron que el joven, con sus propias manos, se las entregó “voluntariamente” al ser capturado.

Asimismo, al menos dos testigos confirmaron ante las autoridades que Carlos no fue capturado en el domicilio cateado por la Marina, ni en las circunstancias en las que la institución armada describió, sino en el restaurante de pollos donde comía.

Según la narración de Carlos, vertida ante el Ministerio Público, ese 26 de septiembre de 2012, “me encontraba en el domicilio de mi abuelita, con mi hermana (y) como a las cinco y media de la tarde salí con rumbo a la (avenida) Himno Nacional a verme con mi amigo, porque lo iba a llevar a la escuela donde yo estudiaba”.

Tras encontrarse con su amigo, continuó Carlos, “él me invitó un pollo antes de ir a la escuela, y nos introducimos al restaurante, y como a eso de las seis y diez, más o menos, entraron unos soldados, revisando al personal, y a mí se aproximó un oficial o soldado, me sacó del negocio, y al revisarme se percató que en mi muñeca izquierda tengo un tatuaje, y me empezó a decir que era una escoria de la sociedad y un malandrín, yo le dije que por qué me agarró, y él me puso contra la pared, poniéndome en la cara un trapo o algo, no sé que era, me tapó los ojos.”

Según su narración, Carlos fue esposado con las manos a la espalda, puesto a bordo de un vehículo (siempre con los ojos vendados), y conducido a un inmueble deshabitado, donde le descubrieron los ojos sólo para tomarle una foto y luego “inmediatamente me volvieron a tapar los ojos y me estuvieron golpeando no sé cuanto tiempo, perdí la noción”.

Entre los tormentos descritos están patadas en el estómago, golpes con la rodilla en la espalda, pisotones en los tobillos, además de que usaron un cuchillo para provocarle una cortada en el brazo y amenazarlo “con que me iban a sacar el músculo (…) varias veces me doblé y me caí al suelo por el dolor, me pegaban en la cabeza con algo duro, como un casco, me dejaban en paz un rato y después regresaban otra vez a golpearme (…) Esto sucedió como cinco ocasiones, en las últimas perdí el conocimiento, cuando eso pasaba me levantaban a patadas”.

Tres horas y media después de su captura, Carlos fue conducido a la Ciudad de México.

“Me sacaron del domicilio (donde lo torturaban), me subieron a otro vehículo y me subieron a un avión”.

Aún durante el vuelo hacia la capital del país, aseguró Carlos, los marinos lo mantuvieron con los ojos vendados, “me daban zapes para que agachara la cabeza y golpes en el estómago y las costillas”.

Sólo le retiraron el vendaje cuando el avión aterrizó, “para tomarme fotografías. Ahí me percaté de la presencia de otros dos sujetos más”.

Ese es el momento que registra el video difundido por la Marina, en el que los tres detenidos posan brevemente ante la cámaras de la prensa convocada, con la avioneta detrás, y luego se les ve irse, bajo custodia de marinos armados.

Después de que esas imágenes fueron capturadas en video, narró Carlos, “me ingresaron a una base, o no sé qué sería. Me golpearon ahí, me pusieron toallas y bolsas en la cara, para no permitir mi respiración. En la espalda tengo unas marcas que me dejaron, cuando me golpearon muy fuerte, no sé con qué me golpearon”.

Luego de aplicar el Protocolo de Estambul (establecido internacionalmente para la identificación de secuelas de tortura), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constató que, efectivamente, Carlos fue torturado en un lapso de al menos 17 horas, para extraerle una confesión.

En el tiempo en que fue sometido a tortura, cabe destacar, Carlos ni siquiera estaba formalmente acusado algún delito, ya que no había sido puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras llegar a la Ciudad de México (alrededor de las diez de la noche), Carlos fue retenido por la Marina otras 14 horas y entregado al MP hasta el día siguiente, por la tarde. Luego pasó 44 días arraigado, hasta el 12 de diciembre de 2012, cuando finalmente fue consignado ante un juez, quien determinó que había pruebas suficientes para iniciar un juicio en su contra: el arma, la droga y su confesión.

Cinco años y cuatro meses después de que Carlos fuera detenido por la Marina, aún continúa preso, “sujeto a proceso”.

Luego de revisar los expedientes judiciales acumulados en estos cinco años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la detención de Carlos fue ilegal, al no haberse dado en el lugar y en las circunstancias expuestas por la Marina, tras detectar testimonios de al menos cinco personas que se encontraban comiendo en el mismo restaurante que el joven, y que pudieron confirmar que ahí fue separado de los comensales, cuando uno de los uniformados lo calificó como “otro tatuadito”, y por ello fue arrestado.

Igualmente, la CNDH determinó que el arma y la droga (12 kilos de mariguana), le fueron sembradas al joven, para poder inculparlo.

Por otra parte, la CNDH consideró falso que Carlos hubiese sido capturado en flagrancia, cuando intentaba huir de los marinos, mientras manipulaba un arma, ya que “si los hechos hubiesen sucedido en los términos señalados, dicha manipulación de las armas implicaría, en un alto grado de probabilidad, que al ser analizadas pericialmente se encontrase en éstas las huellas de los detenidos”, lo cual no ocurrió.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también subrayó el hecho de que en el video que tomó la Marina durante el allanamiento en el que supuestamente capturó a Carlos, en realidad no se aprecia a nadie saliendo del lugar armado y luego intentando huir de los oficiales.

Asimismo, cuando la CNDH le consultó a la Marina por qué había tardado 17 horas en entregar a Carlos al Ministerio Público, la institución armada se limitó a responder que luego de la captura, tardó dos horas en embalar la evidencia, y el resto del tiempo se invirtió en coordinar el traslado aéreo.

La Marina no explicó “por qué se ocupó tiempo para exhibirlo a los medios, y no fue puesto a disposición de manera inmediata al MP”, destacó la CNDH, ni “dónde permaneció el detenido a su arribo al Aeropuerto (Internacional de la Ciudad de México)”.

Fue ya en la capital del país en donde Carlos fue sometido a asfixia y “me pegaron en la espalda con un objeto que sentía que me quemaba y me ardía mucho”.

Antes de ponerlo a disposición del MP, la Marina elaboró un reporte médico en el que se establecía que Carlos no presentaba ninguna lesión. Horas más tarde, el personal médico del Ministerio Público elaboró su propio reporte, en el que se señalaban todas las marcas que la tortura había dejado.

La CNDH destacó que no es su facultad expresarse sobre la inocencia o culpabilidad de Carlos en torno a los presuntos delitos por los cuales es juzgado, sí puede certificar que este joven es víctima de la violación a su derecho a la libertad y la seguridad personal, y a la integridad personal por actos de tortura, cometidos por el personal de la Marina, contra quienes, además, existe una investigación penal desde hace cinco años, que no ha arrojado ninguna conclusión.