Diego Pérez de los Cobos nació en Yecla (Murcia) en 1964. Actualmente es Coronel de la Guardia Civil, y se encuentra dentro del organigrama del Ministerio de Interior, ministerio para el que trabaja desde hace 13 años.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy fue el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad (gabinete conformado en su totalidad por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), y fue la persona designada como «director técnico» por la Fiscalía para coordinar a Mossos, Guardia Civil y Policía (Nacional Y Mossos) con el objetivo de impedir la celebración del referendum del 1 de octubre. Es también uno de los cuatro representantes del Gobierno en la Junta de Seguritat de Catalunya.

Se le atribuye la orden de disolver la brigada que elaboró los controvertidos informes sobre el 11M, sobre la desaparición de Marta del Castillo y sobre el Caso Faisán.

Fue en junio de 2006 cuando Diego se incorporó al ministerio como asesor en el gabinete del que en ese momento era Ministro de Interior: Alfredo Pérez Rubalcaba, en el gobierno del PSOE. Cinco años después, en 2011, asumió la cartera Antonio Camacho y Diego fue designado para el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios. Allí se mantuvo con Jorge Fernández Díaz (reprobado) y con Juan Ignacio Zoido como ministros de Interior.

Su hermano, Presidente del TC durante la sentencia al estatut

Proviene de una familia de clase acomodada. Su padre fue parte de la candidatura en Murcia del partido de extrema derecha Fuerza Nueva para el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 1977.

Su hermano (que recibió el nombre en memoria del abuelo Francisco, asesinado a manos de las tropas republicanas durante el periodo 1936.1939), Francisco Pérez de los Cobos es también conocido; fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2011 y 2017; y también fue presidente del Tribunal Constitucional durante los años 2014 y 2017. Fue precisamente en el año 2015 cuando, bajo la presidencia de Francisco en el TC, se dictó la sentencia que pasó por encima del Estatuto de Cataluña, punto clave del conflicto con los independentistas y soberanistas catalanes.

De Francisco, el hermano de Diego, podríamos hablar en otra pieza, pues su carrera también es de gran interés y relevancia política, puesto que tras licenciarse en el 84 en Derecho (en Valencia), fue profesor en distintas universidades (Valencia, Baleares, Barcelona y Madrid). En 1996 fue designado Cosnejero del Consejo Económico y Social entre el Grupo de Expertos designados por el Gobierno (de Aznar). Durante los años 2008 y 2013 fue militante del PP y colaboró activamente con el partido.

Fue en el año 2015 cuando salió la sentencia del TC y Artur Mas anunció la unión de las fuerzas independentistas para presentarse juntas a unas elecciones plebiscitarias. Y en ese momento, desde el Gobierno de España activaron todas las máquinas para frenarlo. 2015 fue el año en el que se modificó el Código Penal, introduciendo la prisión permanente revisable; se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y se modificó la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, concretamente el artículo 92,4 a través del cual el TC se arroga funciones que hasta el momento no tenía, y sin las cuales hoy no estaríamos viendo lo que está sucediendo con los líderes políticos y sociales de Cataluña.

A partir de 2015 se activa la maquinaria del Estado para atacar, jurídicamente, al independentismo. Para ello cambian leyes, reforman códigos y generan otras nuevas con el fin de llegar al punto en el que hoy nos encontramos.

Imputado por torturas, y absuelto

En 1992 Diego fue acusado de torturas al etarra Kepa Urra, junto con el capitán Manuel Sánchez Corbi, el alférez José María de las Cuevas Carretero, los guardias Antonio Lozano García, Arturo Prieto Bozec y Alejandro Herández Mosquera.

Caso Urra: En la madrugada del 29 de enero de 1992, el miembro de ETA Kepa Urra fue detenido por la Guardia Civil. Al día siguiente fue trasladado al hospital con una arritmia cardiaca.

Según el informe médico presentaba una docena de erosiones, cuatro equimosis (hematomas) y dos pequeñas lesiones en la base del cuello.

Según el informe judicial, «los agentes introdujeron a Urra en un vehículo policial sin distintivos y se dirigieron hasta un lugar no identificado de monte descampado, donde sacaron del coche al detenido. Los tres agentes le desnudaron, le golperaon con un objeto desconocido y le arrastraron por el suelo al tiempo que le preguntaban por su nombre que en ese momento desonocían, por el lugar donde se hallaba el zulo y por las armas, así como por nombres de sus compañeros».

Según relatan en Radio Recuperando Memoria, el caso fue muy relevante social y mediáticamente puesto que se produjo en plena investigación del GAL por parte de los medios de comunicación. El caso Urra fue citado por dos relatores contra la tortura de Naciones Unidas y quedó reflejado en el informe de Amnistía Internacional de 1993.

El 11 de noviembre de 1997 la Audiencia Provincial de Bilbao condenó a un total de 12 años y seis meses de prisión y a 18 años de inhabilitación especial a tres de los guardias civiles: de las Cuevas, Sánchez Corbi y Lozano García. Los otros tres (entre los que se encuentra Pérez de los Cobos) fueron absueltos.

El Tribunal Supremo redujo en 1998 las penas a un año de cárcel y seis años de inhabilitación. En 1999 fueron indultados parcialmente por el Gobierno del PP. En 2002 el Tribunal Supremo anuló sus condenas.

Voluntario en el Golpe de Estado del 23F

Estos días se ha podido saber que Diego Pérez de los Cobos, a pesar de su corta edad en 1981, vestido con su camisa azul se presentó como voluntario en el Cuartel de la Guardia civil de Yecla para apoyar la insurrección militar comandad por el coronel Antonio Tejero.

Participó, según cuentan en su pueblo, de manera activa y junto a su hermano, en la campaña por el NO a la Constitución Española.