El exgobernador de Veracruz Javier Duarte fue sentenciado por un juez a nueve años de prisión, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; el exgobernador se declaró culpable durante una audiencia, a cambio de obtener una reducción de la pena en su contra.

La sentencia comenzó a correr desde el 15 de abril de 2017, cuando el expriista fue detenido en Guatemala.

Como parte de la sentencia condenatoria, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, a petición de la PGR, autorizó el decomiso definitivo de 40 bienes inmuebles. Aunque ninguno estaba a nombre de Duarte, según la acusación, sí eran suyos pero fueron adquiridos por prestanombres.

Entre esas propiedades se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche, tres departamentos en Santa Fe, cuatro departamentos en Ixtapa, dos propiedades en Polanco, una tercera parte en el rancho La Mesa en Valle de Bravo, y varios bienes más en Veracruz.

La sanción también incluye una multa de 58 mil 890 pesos y una amonestación verbal para que no reincida en este tipo de delitos. El juez decidió no fijar una reparación del daño, pues los delitos que se le imputan son de carácter formal y no generan alteración material.

Lo que el juez no quiso avalar como parte de la sentencia y que había pedido la PGR es la prohibición para que Duarte no pudiera ocupar cargos públicos en los siguientes años.

“Por un principio de lealtad e institucionalidad que rige mi conducta sí la admito (su culpabilidad)”, respondió Duarte al juez cuando le cuestionó si aceptaba la responsabilidad por ambos delitos.

Esto fue posible luego de que el exgobernador negoció con la Procuraduría General de la República (PGR), desde el 17 de septiembre un proceso abreviado, el cual consiste en una salida para acortar el proceso y evitar el juicio oral, lo cual fue aceptado por la dependencia, quien solicitó los nueve años de prisión en su contra (una pena que no podrá cumplirse en libertad), así como el decomiso definitivo de sus propiedades.

En una audiencia que inició desde las 16:15 horas de este miércoles, la Procuraduría detalló una acusación completa al juez con testimonios de excolaboradores de Duarte, quienes describieron la forma en que Duarte encabezó la red por la cual se desviaron los recursos públicos en el estado mediante empresas fantasma.

Los fiscales señalaron al exgobernador de haber encabezado un grupo delictivo el cual se confabuló para desviar “millonarios recursos” del gobierno de Veracruz y lavar su origen con por lo menos 23 empresas fantasma y múltiples prestanombres.

Entre las pruebas que la PGR presentó para sustentar esto se encontraban las confesiones de su extesorero Antonio Tarek Abdalá, quien confesó que siguió órdenes de Duarte para desviar recursos de partidas estatales y federales.

También se presentó el testimonio de Xóchitl Tress (exdirectora de espacios educativos de Veracruz) que como ya había adelantado Animal Político, declaró que Duarte le regaló una casa y una camioneta a través de empresas fachada.

En total, la PGR presentó 47 datos de prueba ante el juez.

La defensa de Javier Duarte ya no pudo presentar elementos a su favor ya que al haber solicitado este procedimiento abreviado a cambio de una pena reducida, renunciaron a esa posibilidad.

Duarte aún tiene dos procesos más abiertos promovidos por la Fiscalía de Veracruz en su contra, y por los cuales se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Senado pide a Corte Penal que investigue a Javier Duarte por presuntos crímenes de lesa humanidad

Aceptó ser culpable para acortar el proceso: defensa

Tras concluir la audencia, la defensa de Javier Duarte publicó un comunicado en el cual explicó que se aceptaron los cargos solamente porque era un requisito para la negociación del proceso abreviado, pues aseguran que no hay pruebas de los delitos contra el exgobernador. Incluso afirmó que buscarán una reducción de hasta 50 % de la pena.

“Unicamente porque la Ley procesal en vigor obliga al imputado a aceptar su responsabilidad por el delito que se le acusa, es que mi defendido admitió ser partícipe en los hechos imputados, ya que se insiste, no hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite que algún recurso proveniente del Gobierno del Estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio del Dr. Duarte de Ochoa de forma ilegal”, publicó Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del caso.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Javier Duarte, dice que buscarán una reducción de hasta 50% de la pena. Duarte está “tranquilo, sabía a lo que nos enfrentábamos”, dice la defensa. ℹ️: @arturoangel20. pic.twitter.com/cWsQpCcb2b — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) 27 de septiembre de 2018

La defensa dijo también que esperarán “los tiempos procesales oportunos”, para solicitar que en un “tiempo mínimo” Javier Duarte pueda quedar en libertad.

Al dictar la sentencia de 9 años de prisión el juez le explicó a Duarte que ésta no puede ser conmutada o canjeada por otra medida por dos razones: la primera es porque la misma supera la media de 4 años que se requiere para sustituirla por una fianza o un arraigo, y la segunda porque el lavado de dinero está catalogado en el Código Penal como delito que no puede ser sustituido por otra medida

En cuanto a los otros procesos abiertos a los cuales está sujeto Duarte, la defensa dice que se concentrará en “combatir y defender las ridículas e insostenibles acusaciones por las cuales se vinculó a proceso a nuestro cliente en el ámbito local en el Estado de Veracruz”.