"El gobierno se refugia tras las togas"; "saca mérito y filtra que presionó a magistrados del TC, cuando su recurso era rechazado"; "no podemos ser la barrera de contención de primera línea"... Así se expresan fuentes del órgano de garantías constitucionales, pero también jueces de la jurisdicción ordinaria que transmiten su malestar con el Gobierno de Mariano Rajoy al considerar que recurre a la Justicia como apagafuegos del 'procés', según fuentes jurídicas contrastadas por Público.

Este malestar se detecta en sectores progresistas del Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, ante decisiones "precipitadas e irreflexivas" del Gobierno como fue la interposición del recurso ante el TC contra la mera proposición del presidente del Parlament, Roger Torrent, de tramitar la investidura de Carles Puigdemont cuando ésta aún no se había producido y en contra del criterio del Consejo de Estado.

"Existe cierto malestar por una serie de torpezas del Gobierno, su falta de enfoque político y porque se refugie en el mundo judicial en lugar de adoptar medidas políticas", explican fuentes del sector minoritario del TC. "Pero, por otro lado -añaden-, los independentistas han ignorado la contundencia y la fuerza de las instituciones de un Estado de Derecho que va más allá de la del propio Gobierno y con un poder judicial independiente".

"Deberían avergonzarse"

El Constitucional no es un órgano de la justicia ordinaria, sino que es el máximo intérprete de la Constitución. Esta institución optó el pasado sábado por suspender de manera cautelar la sesión de investidura a distancia de Puigdemont ante el desafío al Estado de Derecho que suponía y dado que el ponente del recurso del Gobierno, Juan Antonio Xiol, y varios miembros defendían la no admisión del recurso del Gobierno. El TC quedó dividido en dos.

La cuestionada solución fue encontrada dentro del propio TC de manera unánime, y no por el Gobierno. De ahí que haya causado asombro que el Ejecutivo "saque pecho" y se filtre ahora que Mariano Rajoy y otros ministros hablaron con magistrados del alto tribunal para hacerles ver la importancia del momento. "Como si nosotros fuéramos tontos y desconociéramos la relevancia de lo que ocurre", destaca una fuerte interna.

"Deberían de avergonzarse de filtrar supuestas conversaciones con alguien que les haya atendido por cortesía, si es que ha sido así", añade otra fuente del TC que tildan la filtración de "impresentable". Es más, el presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha negado a los magistrados en privado que él haya hablado con Rajoy, según fuentes jurídicas.

Pese a los mensajes telefónicos captados de Carles Puigdemont en los que hacía referencia a la "victoria" de Moncloa, desde Moncloa aseguran que no ha habido ningún tipo de contacto con el expresidente de la Generalitat ni habido acercamiento alguno.

"Políticamente no hay nada porque Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat y su situación personal tendrá que resolverla en los tribunales. No somos nosotros quienes le persiguen, sino los jueces", insisten en fuentes de La Moncloa haciendo valer la "separación de poderes" y negando su capacidad para ofrecerle algún tipo de "inmunidad", informa Paula Díaz.

"Esto no hay quien lo pare"

Varias fuentes jurídicas niegan que exista pacto alguno con el Gobierno, Carles Puigdemont, Junst per Cat o ERC para encontrar una salida ante las causa abierta en el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán y otras 27 personas.

"Eso es una barbaridad y es desconocer cómo funciona el Estado de Derecho", añade una de las fuentes consultadas por Público. "La justicia es como una locomotora a vapor que tarda en arrancar, pero ya está en marcha, y toda una generación de políticos catalanes va a quedar fuera de juego. Esto no hay quien lo pare", apostilla.

Presiones de Rajoy y fiscales 'rebeldes'

En el ámbito del Tribunal Supremo, Público ha confirmado que Mariano Rajoy llamó personalmente al anterior fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para defender la conveniencia de que la Fiscalía pidiera al juez del alto tribunal, Pablo Llarena, la excarcelación de Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern investigado junto a Puigdemont por liderar el proceso independentista, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia y la 'desconexión' con la Constitución.

Esta insinuación de bajar el pistón también habría sido transmitida al entorno del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Pero los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal -ambos no renovados como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal general del Estado, respectivamente-, así como Fidel Cadenas han optado por seguir adelante e impulsan la acusación pública contra los líderes del 'procés'.

Parapetado tras las togas

En la justicia ordinaria, el malestar de los jueces con el Gobierno de Rajoy viene de lejos. "Ahora les ha tocado a los de Penal, pero el poder Ejecutivo y el Legislativo se refugian detrás de los jueces desde hace años", explica otra fuente judicial.

Fuentes judiciales ponen diversos ejemplos de este hábito de Rajoy de esconderse tras las togas. Así, la escalada de cierre de empresas y los concursos de acreedores con la crisis económica impactó en los Juzgados de los Mercantil sin que el Gobierno diera respuesta a este hundimiento. Después tocó a la jurisdicción Civil, cuando el Ejecutivo no afrontó el crecimiento de los desahucios y la justicia europea tumbó el principal pilar del sistema de ejecución hipotecaria que imperaba en España (2013). El Gobierno respondió tarde y mal, ya que los parches que introdujo a través del Parlamento fueron tumbados de nuevo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2014 y 2015).

Los juzgados se han inundado ahora de miles de reclamaciones de consumidores contra las cláusulas suelo, una práctica abusiva bancaria si no existe transparencia que ha provocado el colapso de los juzgados especializados creados por el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco aquí el Gobierno ha puesto remedio efectivo y los bancos rechazan la mayoría de las reclamaciones obligando a los clientes a recurrir al juzgado en un círculo vicioso imparable.

Todas las fuentes judiciales consultadas coinciden: "No podemos ser la barrera de contención de primera línea de los problemas políticos. Los jueces estamos para juzgar responsabilidades" y no para suplir a otros poderes del Estado.