“Fin al lucro”, “fin al copago”, y “fin a la selección” en educación. Las consignas que se leían en las pancartas de cientos de miles estudiantes que marcharon por las calles en 2011, terminaron siendo una de las principales promesas de campaña de Bachelet y uno de sus proyectos emblemáticos. Sin embargo, la ley aprobada el lunes pasado en el Congreso no dejó a todos contentos. Y es que para acabar con el “lucro”, el Gobierno propuso una solución que para muchos “traslada el negocio a los bancos”.

De hecho, la presidenta de la Fech, Valentina Saavedra, bautizó la fórmula con un nombre: CAE inmobiliario. Esto porque, a su juicio, el mecanismo es similar al que impulsó en 2005 el en ese entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

El sistema del CAE se basaba en que los estudiantes más vulnerables podían solicitar un crédito a una entidad bancaria, con garantía 100% estatal, para financiar su educación superior. Las tasas de interés, que llegaron a superar el 6%, produjeron millonarias deudas a miles de familias y más de 150 mil millones de pesos en ganancias para los bancos.

Finalmente el sistema fue modificado en 2012 por el Gobierno de Piñera, quien congeló el interés en un 2% , luego que las marchas estudiantiles visibilizaran la situación de las altas tasas de endeudamiento de los alumnos, las que hacían casi imposible pagar muchos de los créditos. Pero para algunos, el negocio volvió “retocado”.

La nueva ley crea un sistema de créditos bancarios con aval del Estado, para los sostenedores que deban comprar la infraestructura de los colegios donde operan. La razón de la compra: acabar con el lucro y garantizar la “continuidad de los proyectos educativos”.

El nuevo CAE

Para llegar a esta decisión, el diagnóstico fue el siguiente. En algunas universidades que reciben dineros del Estado y que por ley no pueden lucrar, la corporación educativa paga un arriendo por infraestructura que resulta excesivo -la mayoría de las veces muy por sobre el precio de mercado- a una inmobiliaria. Como esa inmobiliaria suele ser de los mismos dueños de la corporación educacional, el negocio es redondo. De esta forma los dueños de las universidades reciben ese dinero como ganancias personales, en desmedro de re inviertir para mejorar la calidad de sus establecimientos. Fue el caso de la Universidad del Mar y el mecanismo supuestamente utilizado en la Universidad San Sebastián.

En la educación escolar se estimó que sucedía lo mismo. Sin embargo, investigadores como José Joaquín Brunner cuestionan este diagnóstico: “Hasta el día de hoy el ministro no ha podido decir cuál es la cantidad de excedentes que provoca el sistema y que serían sujetos posibles de un lucro”. Según Brunner, en la práctica el lucro sólo puede darse en colegios con más de 1000 alumnos, y dice que estos casos “pudieron tratarse como un problema aparte”.

El Mineduc por su parte, estimó que 4374 de los 6017 colegios particulares subvencionados que hay en el sistema, es decir el 72%, tienen potencial para lucrar. Para evitarlo, fijó normas para todos los colegios que reciben fondos del Estado.

Valentina Saavedra, Fech: “Nos parece que lo que hace este sistema es abrir una puerta, un negocio desde los mismos bancos en la educación. Es muy similar a lo que pasa con el Crédito con Aval del Estado”

Primero, que todos los sostenedores pasen a ser corporaciones sin fines de lucro de aquí al 2017. Segundo, que los dineros sean gastados exclusivamente en una serie de ítems fijados por el ministerio. Y tercero, que todas las nuevas corporaciones sin fines de lucro sean, salvo excepciones, las dueñas de la infraestructura donde operan. De esta forma, al ser sin fines de lucro, no podrán retirar utilidades desde una inmobiliaria relacionada.

Pero había un problema. Algunos sostenedores no tenían la oportunidad de pedir un crédito para comprar los recintos, y por tanto, algunos dijeron que tendrían que cerrar. Por eso, en principio el Estado propuso comprar los inmbuebles. Para eso iba a desembolsar, aproximadamente, 4300 millones de dólares. Pero finalmente se acordó un particular mecanismo: que los sostenedores puedan pedir un crédito al banco para comprar la infraestructura, con 100% de garantía del Estado, con un interés -que no está fijado por ley- y que la Fundación Jaime Guzmán estima cercano al 4,7% anual, y a 25 años plazo. Algo similar al criticado CAE. Esto a través de un Fondo de Garantía Estatal que se creará vía CORFO.

José Joaquín Brunner: “Esto es increíble, porque hemos estado hablando permanentemente de cómo evitar que la subvención vaya a algo distinto que a la calidad en la educación”

De esta forma, quienes se vean obligados a comprar el inmueble, deben pedir una tasación, ir a la banca, obtener el crédito, y pagar un interés con cargo a la subvención escolar. Por ley, no podrá emplearse más de un 25% de la subvención en el pago del crédito, ni emplear más de 10 UF por alumno. La fórmula causó variadas críticas. Esto porque durante 25 años, el Estado estará pagando directamente a los bancos con dineros que podrían ser destinados a la enseñanza.

“Nos parece que lo que hace este sistema es abrir una puerta, un negocio desde los mismos bancos en la educación. Es muy similar a lo que pasa con el Crédito con Aval del Estado (…) El banco se empieza a enriquecer con una garantía estatal y con la misma subvención”, explica la Presidenta de la Fech, Valentina Saavedra.

No existen estimaciones de cuanto dinero emplearía el Estado vía subvención para financiar la compra de infraestructura. Pero según el centro de estudios Acción Educar, la adquisición de un establecimiento particular subvencionado promedio, con enseñanza básica y 588 alumnos, es de 2 mil millones de pesos. Considerando que el 73% de los sostenedores de colegios particulares subvencionados no son dueños de la infraestructura que utilizan, y que por tanto, tendrían que adquirirla con cargo a la subvención, la inversión del Fisco que irá a la banca podría ser billonario.

Aunque la estimación es difícil de hacer, dado que el trato con el banco varía caso a caso y que solo aquellos que actualmente arriendan a una inmobiliaria relacionada con fines de lucro, tienen la obligación de realizar la compra. Los otros sostenedores que actualmente arriendan a un tercero sin fines de lucro o no relacionado, pueden seguir haciéndolo con un límite de un 11% del avalúo fiscal.

Hernán Herrera, CONACEP: “Se nos dijo que técnicamente era lo mismo el arriendo que la compra (…) pero que esto no tenía posibilidad de instalarse por razones políticas, porque no tendrían los votos de la bancada estudiantil, de Revolución Democrática, ni del Partido Comunista”

Según una medición preliminar de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y Subvencionados (CONACEP), por las nuevas condiciones que se fijan en la ley, un 10% de los colegios particulares subvencionados optará por convertirse en particular pagado, y otro 10% decidirá cerrar. A esto se suma otro problema. El presidente de la Conacep, Hernán Herrera, dice es posible que en un futuro, el Estado termine pagando millonarios créditos por establecimientos que dejarán de funcionar.

“Cada día crecemos menos desde el punto de vista del nacimiento. Y va a llegar un momento en que va a haber una mayor oferta que demanda. Y ahí va haber colegios que van a tener que cerrar no por mala gestión, si no porque ya no van a haber niños para educar. Nosotros creíamos que era mejor que la responsabilidad quedase vía arriendo en manos de los actuales dueños a que el Estado asumiera este aval (…) Eventualmente podría quedarse el Fisco con elefantes blancos que no van a servir”, dice Herrera.

El líder de los sostenedores asegura que esto se lo plantearon al Mineduc: “Se nos dijo que técnicamente era lo mismo el arriendo que la compra (…) pero que esto no tenía posibilidad de instalarse por razones políticas, porque no tendrían los votos de la bancada estudiantil, de Revolución Democrática, ni del Partido Comunista”.

José Joaquín Brunner cree que de todas formas, la alternativa de otorgar créditos es mejor que la original, donde el Estado habría pagado 4300 millones de dólares por comprar la infraestructura de los colegios. Pero critica que deba gastarse dinero correspondiente a la subvención escolar en infraestructura que ya está sirviendo para fines educativos.

“Esto es increíble porque hemos estado hablando permanentemente de cómo evitar que la subvención vaya a algo distinto que a la calidad en la educación y los procesos de aprendizaje. Y aquí por 25 años, los sostenedores van a tener que reducirla para pagar un crédito por la infraestructura”, dice.

Desde el oficialismo desmienten este argumento. La diputada PPD, Cristina Girardi, de la Comisión de Educación, dice que “siempre se ha usado la subvención para pagar los arriendos y créditos. Solo que además de pagar los arriendos, parte de esa plata iba a los sostenedores”. También defiende que en este caso, a diferencia del CAE, habrá una “menor tasa de interés” y dice que el Estado velará porque no haya abusos. Aunque la ley no fija tasas de interés para los bancos, expertos de distintas ONG’s, incuidas las de oposición, concuerdan en que es poco probable que haya tasas mayores al 5%.

Según los diputados de la Nueva Mayoría, al buscar que los sostenedores sean dueños de la infraestructura, lo que se busca es “asegurar la continuidad del proyecto educativo”. “¿Qué pasa si hay un sostenedor que le arrienda a un tercero, y viene una inmobiliaria y le ofrece un mejor negocio al dueño de la infraestructura? ¿Qué va a pasar con los alumnos? Lo que se busca con esto es dar garantías a la continuidad del proceso educativo”, dice el DC Mario Venegas.

Sin embargo, esta posibilidad no queda totalmente anulada con el proyecto recién aprobado. Ya que si el dueño de la infraestructura decide destinar su inmueble a otro negocio, podría hacerlo, sin la obligación de arrendarlo, vendérselo al Estado o a la corporación educativa. Desde el oficialismo, argumentan que en esos casos quienes quieran seguir en el sistema educativo pueden seguir haciéndolo y buscar otra infraestructura para realizar su proyecto. “Están todas las garantías como para que el sostenedor sea propietario (…) Aquí tú vas a tener claro a quienes les interesa la educación como vocación educativa y a quienes les interesa como negocio”, asegura la diputada Girardi.