El viernes día 1 de junio de 2018 el Juzgado competente por estar de guardia, el Juzgado de Instrucción num. 3 de La Palma del Condado (Huelva), se negó a recoger la denuncia, referida a más de cien mujeres marroquíes, temporeras de la fresa, a las que la empresa había encerrado para evitar que pudiesen denunciar los graves abusos laborales y sexuales, incluyendo violaciones, de los que habían venido siendo objeto, como habían relatado las periodistas alemanas de Corrective.org () semanas antes.Sobre todo, querían denunciar el hecho de haber sido forzadas -más que inducidas- a la prostitución mediante coacción, en la que jugaba un papel principal el hambre; todo ello con el chantaje en el fondo: “Este año nos han traído a los campos de Huelva a las putas de Marruecos. Las tocas y te denuncian“; “las casas de prostitución“; “los videos los vamos a mandar a vuestras familias a Marruecos“.El Juzgado se negó a recoger la denuncia, emplazándonos a ir a denunciar tres días después, el lunes día 4 de junio. El mismo viernes, día 1 de junio, tras sernos impedida la denuncia en el Juzgado de Guardia, se denuncia en la Guardia Civil de Almonte. En ese momento se le entregan a la Guardia Civil el listado con los datos personales de las más de cien temporeras secuestradas por la empresa, que habían encargado a los abogados de AUSAJ comunicar a la Guardia Civil su intención de denunciar.El domingo día 3, con la colaboración activa y principal de la Guardia Civil de Almonte (), todas las trabajadoras que se encontraban en dicho listado fueron, de una forma u otra, forzadas a subirse a autobuses, siendo trasladadas a Marruecos, a pesar de contar con contrato y visado en vigor. Con la excepción de un pequeño grupo que escapó y a las que no pudo capturar la Guardia Civil y los empleadores.El lunes día 4 no quedaba ninguna de ellas en la finca, con la excepción, al parecer, de un grupo de ellas que habían sido engañadas por la empresa para que firmasen una contradenuncia falsa ().El lunes día 4, nueve de las temporeras que habían conseguido escapar comparecen y presentan denuncia ante la Inspección de Trabajo en Huelva; lo hacen en nombre propio y en el de las trabajadoras que no han podido comparecer. Desde ese primer momento las jornaleras pusieron de manifiesto no solo que no les había sido entregada nunca copia de su contrato de trabajo, ni habían recibido sus salarios, ni siquiera habían podido conocer sus propias nóminas y que no se les había pagado, sino que las terribles condiciones en las que se les obligaba a vivir y los abusos sufridos, vulneraban su dignidad (y la de todos). El día 6 de junio, conforme información aparecida en prensa, tiene lugar la visita de inspección en la empresa denunciada cuyo resultado, igualmente se afirma, fue el de absoluta “normalidad” de la actividad de la empresa Denunciada.Por su parte, el Juzgado impidió el acceso a las actuaciones judiciales hasta hace escasos días; sin embargo, las alcahuetas de los empresarios ya conocían el contenido de las actuaciones judiciales, y lo aprovecharon para intentar engañar y coaccionar, comprar, a las trabajadoras hoy denunciantes, ofreciéndoles arreglarles los papeles, contratarlas los años sucesivos y pagarles el dinero adeudado por sus nóminas, con la finalidad de que retirasen la denuncia planteada contra la empresa y que acusasen en falso a todos aquellos que las habían ayudado a escapar de su cautiverio (“Habla con ellas a ver si las convences para que retiren aquello, fueron engañadas por parte de aquellos…“;”Tú no apareces en la denuncia. Las que aparecen son…“). (Tampoco hemos conseguido el propósito buscado de que se investiguen estos graves hechos y se activen los Protocolos de actuación () en prevención de la trata de personas, ni acudiendo a la Brigada Central de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, UCRIF, ni a sus Brigadas Provinciales, ni acudiendo ante la propia autoridad gubernativa –ante la que también se ha instado la aplicación del Protocolo.Así las cosas, ante la gravedad de los hechos y su alcance, las diez trabajadoras formularon el pasado 31 de julio denuncia por presuntos delitos de trata de personas y de lesa humanidad ante los Juzgados Centrales de Instrucción de Audiencia Nacional (), por entender este órgano como el competente dado el carácter transnacional que presentan los hechos. El Juzgado Central de Instrucción num. 1 de Audiencia Nacional ha dictado Auto de incoación () de Diligencias Previas, dando trámite a la denuncia interpuesta. Es la primera oportunidad de que realmente los graves hechos que relatan las jornaleras () sean investigados con plenitud y de forma integral.Pues bien, al contrario de lo que falsamente se afirma tanto por CGPJ, como por la Fiscalía General del Estado y por el mismo Ministerio del Interior, la ausencia de condenas por los gravísimos delitos de trata de personas y de lesa humanidad (por esclavitud y trabajo forzoso), no se debe a que las víctimas no quieran ir a juicio y abandonen voluntariamente el país antes de ir a juicio.Pareciera que el trabajo forzoso y esclavo constituya una verdadera cuestión de estado; todas las Administraciones Públicas competentes, el Poder Judicial, la Fiscalía, los Cuerpos policiales y los principales medios de comunicación han estado durante años participando activamente en destruir cualquier posibilidad de que estos hechos sean, ya no juzgados, sino ni siquiera investigados.La máxima aspiración de las diez jornaleras es volver a su país y reencontrarse con sus hijos y familias, todas madres de hijos de corta edad. Pero, como dicen todas ellas, solo pueden regresar “con la cabeza bien alta”. Y la cabeza bien alta, en los países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser, prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad. Y, sobre todo, necesitan llevar a sus familias el dinero por el que tan duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos menores, que lo necesitan de una manera vital.Pero sobre todo estas diez mujeres se han conjurado para hacer Justicia, para que lo que a ellas les ha pasado, no vuelva a pasarle a nadie más. Quieren hacer Justicia por encima de todo. Por sus hijos, por su honestidad, por su futuro. Por todos. Pues bien, para esto se han visto obligadas, tras ser derrotados todos nuestros anteriores esfuerzos por la inactividad de todas las Administraciones y órganos intervinientes, a solicitar lo que, de hecho le debería haber sido otorgado de oficio, sin necesidad de petición: el plazo de tres meses que marca el propio artículo 59 bis de la LO de Extranjería, el periodo de “restablecimiento y reflexión”, con el permiso de residencia y trabajo al mismo asociados. Porque quieren ir a juicio, porque quieren acusar, porque exigen Justicia. Y tienen derecho a ello.Y para eso necesitan vuestra ayuda.¡¡¡LA LUCHA POR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE LAS DENUNCIAS POR LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y LESA HUMANIDAD CONTINÚA!!!GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD. Habéis conseguido garantizar la subsistencia de las familias de las denunciantes durante los próximos meses, lo que permite a nuestras hermanas proseguir con su valerosa acción ante nuestros tribunales, en persecución de sus tratantes.Nunca nadie había hecho nada semejante. Porque las víctimas nunca han podido elevarse sobre la inmensidad de la muralla que el poder de cientos de miles de millones de euros levantan sobre los Derechos Humanos; cuanto mayor es la debilidad de las víctimas, más y más alta resulta esa muralla. Y nuestras hermanas han sido buscadas, precisamente, por ser las más vulnerables de entre las más vulnerables.Vulnerando las Leyes y los Tratados Internacionales que obligan a España frente a los ciudadanos y a la misma Comunidad Internacional ( http://puntocritico.com/2018/06/01/indice-esclavitud-en-la-espana-del-siglo-xxi/ ), la Brigada Central de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, UCRIF, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, tras haber puesto todos los obstáculos posibles a la ejecución del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial ( http://puntocritico.com/2018/07/02/protocolo-marco-de-proteccion-de-las-victimas-de-trata-de-seres-humanos/ ), una vez lograda su incoación, gracias al Ilustrísimo Sr. Don Santiago Pedraz, CONTINÚA SIN EJECUTAR LAS OBLIGACIONES LEGALMENTE IMPUESTAS; especialmente lo contemplado en el artículo 59 bis de la LO 4/2000 y articulo 140 y siguientes del Reglamento de Extranjería, así como los textos internacionales de aplicación, entre otros, Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia, 16.V.2005 y Convención DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS, así como Directivas comunitarias de aplicación, en especial Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. (DO L 101 de 15.4.2011) ( http://puntocritico.com/2018/08/08/temporeras-denunciantes-de-abusos-laborales-y-sexuales-nadie-quiere-ver-las-pruebas-para-el-neoliberalismo-la-esclavitud-es-cuestion-de-estado/ ).Tampoco Fiscalía, ni la Guardia Civil, ni la Administración General del Estado, ni el resto de Juzgados que han tenido intervención han hecho gesto alguno de activación del Protocolo.No se les ha otorgado el Periodo de Restablecimiento y Reflexión por tiempo no inferior a noventa días, con todas las consecuencias legales previstas en la norma; ni se ha producido la concesión alguna de permiso de residencia, ni les ha sido otorgada ningún tipo de ayuda, ni mucho menos un Permiso de Trabajo que les permita subsistir por medio de su trabajo en tanto son tramitadas las actuaciones judiciales derivadas de sus Denuncias. Ni siquiera han cobrado por el trabajo que realizaron, siendo que las celebraciones de los Juicios laborales en los que ejercitan sus reclamaciones salariales y de todo orden están siendo fijadas con mucho retraso, incluso algunas para FINALES DEL AÑO 2019.No pueden trabajar y carecen de cualquier ayuda por parte del Estado. ¿ENTENDEMOS LAS RAZONES DE QUE ESTOS TERRIBLES DELITOS NO HAYAN SIDO NUNCA JUZGADOS? Pues no son otras que el general incumplimiento por parte de TODOS LOS PODERES DEL ESTADO de sus Obligaciones Legales e Internacionales.Además, nos hemos visto obligados a su traslado, y tanto nuestras 10 hermanas Temporeras, como el SAT, como AUSAJ, en estos momentos, ante la inoperatividad de las Instituciones y los meses trascurridos, nos vemos en la imposibilidad de hacer frente a los gastos que ello conlleva, tanto a los de manutención como a los de alojamiento, que implican que las diez temporeras permanezcan en España mientras se resuelven los procesos judiciales.Por ello, nos vemos obligados a reconvertir el crowdfunding y mantenerlo abierto con otro formato; ahora para que, en tanto se tramitan las causas penales contra los desalmados tratantes y esclavistas, las valientes TEMPORERAS que han logrado que sus Denuncias estén siendo investigadas judicialmente, puedan continuar subsistiendo durante su tramitación, quedando este crowdfunding como “caja de resistencia”, en el que todo el dinero que se recaude será destinado íntegramente al mantenimiento de las temporeras.DE NUEVO, INTENTAN VENCERLAS POR EL HAMBRE.Continuamos agradeciendo toda vuestra ayuda. Hemos de Juzgar los crímenes de Lesa Humanidad; hemos de acabar con la Esclavitud; no es posible seguir tolerando la IMPUNIDAD DEL TRÁFICO DE PERSONAS.LA LUCHA CONTINÚA; Y TE NECESITAMOS.