La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Lomce, que anula la obligación de que la Generalitat costee la enseñanza en español de los alumnos en Cataluña, ha supuesto un varapalo para el Gobierno, que ha reconocido que tendrá que tenerla en cuenta en sus planes "para garantizar el castellano".

Así, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho en en los pasillos del Senado, que el Gobierno "no esperaba hoy la sentencia", que "acata y respeta".

No todo ha sido negativo para el Ejecutivo y, en el mismo fallo, el alto tribunal ha avalado la competencia del Ministerio de Educación para regular las pruebas de evaluación finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, unas pruebas que ahora no son necesarias para lograr el título correspondiente hasta que se logre un Pacto Educativo.

Se trata de la competencia de Educación para regular las "condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales", han recordado los magistrados.

La educación en castellano en Cataluña está generando polémica desde la semana pasada después de que el Gobierno anunciara que garantizará "la libertad de los padres" para elegirlo como lengua vehicular de sus hijos el próximo curso en los centros escolares.

Aún se desconoce la fórmula para hacer efectivo un derecho reconocido por sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC); los dos últimos consideran que el 25 % de las clases en castellano es una proporción razonable.

Ello llevaría a que en los centros educativos, además de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, recibieran en castellano otra asignatura troncal.

El Tribunal Constitucional ha tumbado los puntos de la disposición 38 de la Lomce que fijaban que para asegurar que los alumnos pudieran estudiar en castellano como lengua vehicular, el Ministerio de Educación cubriría los gastos de su escolarización en centros privados y luego se los pasaría a la Administración competente, en este caso la Generalitat.

La cantidad a entregar a esos padres era la equivalente a un curso escolar en un colegio público, unos 6.000 euros.

La sentencia considera por unanimidad que el sistema diseñado por la citada ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Generalitat.

Los artículos anulados se refieren, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación.

A juicio del Tribunal, es inconstitucional que la Lomce fije criterios vagos para estipular en qué momento puede el Estado escolarizar alumnos en centros privados, con la consiguiente retención económica a la comunidad autónoma, y cuándo puede declarar extinguida esa obligación.

El Gobierno catalán señalaba en su recurso que la Lomce invade sus competencias y es contraria a la Constitución, al Estatut y a la propia doctrina del TC, además de que supone "una oposición frontal" al régimen lingüístico catalán, según el cual no se puede separar a los alumnos en función de la lengua, entre otras cuestiones.

La Lomce, conocida como ley Wert, fue recurrida por cinco comunidades autónomas (los gobiernos andaluz, vasco, canario, asturiano y catalán), por el PSOE y por el Parlament de Cataluña.

En opinión del exministro de Educación José Ignacio Wert, el alto tribunal declara inconstitucional "un procedimiento" y no pone en cuestión en absoluto el fundamento jurídico y la constitucionalidad del derecho a tener una oferta razonable en castellano con fondos públicos.

"Es importante porque la tacha de inconstitucionalidad es sólo procesal", ha asegurado a Efe el exministro, quien también ha destacado que la sentencia dictamina que a todos aquellos que se haya aplicado "pueden mantener el sistema hasta que acaben la etapa de educación obligatoria".

Por la mañana, en la Comisión de Cultura del Congreso, Méndez de Vigo se dirigió al PDeCAT para decir a su portavoz, Sergi Miquel, que "no existe ningún ataque a la lengua catalana" y le pidió que se olvide de "victimismos" y salieran de un discurso "que no sirve para nada".