El ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció que su cartera se encuentra desarrollando una redacción alternativa del proyecto de ley que da libertad condicional a condenados en cárceles de todo el país, lo que fue solicitado a la división jurídica de su cartera con el fin de consensuar las discrepancias entre el Senado y la Cámara que dieron origen a una comisión mixta.

En esa instancia, el secretario de Estado presentó la postura del Ejecutivo en torno a esta moción parlamentaria, la que fue frenada en 2016 y que reflotó este mes tras la polémica decisión de la Corte Suprema de conceder ese beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad

De acuerdo a La Tercera, la ideal del Gobierno es evitar que se imponga la propuesta de la Cámara de Diputados, que excluye a los violaciones a los derechos humanos de acceder a este beneficio. Para esto Larraín se basaría en el Estatuto de Roma, que establece que para que un condenado por esos ilícitos acceda a la revisión de la pena, debe haber cumplido al menos las dos terceras partes de la misma o 25 años de prisión efectiva en caso de cadena perpetua.

Además, que se cumplan determinados requisitos como haber cooperado con la investigación y facilitar la toma de decisiones en otros casos e incluso en la reparación de las víctimas.

Sin embargo, la propuesta de Justicia consideraría todos esos factores pero dejando afuera la necesidad de mostrar arrepentimiento para optar a la libertad condicional.