El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan, desde mediados del verano, si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio). La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó este lunes la prórroga de dos años de prisión preventiva para el exconsejero madrileño Francisco Granados, el principal político imputado en la causa y que, entre sus muchos cargos públicos, ostentó la presidencia de Arpegio. Granados está preso desde el 27 de octubre de 2014.

En el auto, la Audiencia Nacional se hace eco de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y revela que Granados ha utilizado "los cargos públicos" para participar "en un gran número de actividades relacionadas con el sector inmobiliario, en las que se ventilan miles de millones y en las que, de los datos que figuran, hay datos incriminatorios bastantes para pensar que Francisco Granados obtuvo pingües beneficios que le servirían para eludir la acción de la Justicia". Las actividades del sector inmobiliario son los consorcios que Arpegio desarrolló en colaboración con diversos ayuntamientos madrileños (Arpegio siempre tenía la mayoría) y que pusieron en el mercado miles de viviendas.

La última 'bomba' de Púnica: el juez guarda un informe sobre financiación ilegal del PP José María Olmo El juez Eloy Velasco deja fuera de los tomos entregados esta semana a las partes un informe de la UCO del pasado agosto que acusa a Génova de recibir donaciones de constructoras

En julio de este año, el juez Velasco solicitó abundante documentación al ente público, ya que "a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza, se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio". La investigación de la UCO, no obstante, se ha centrado solo en media docena de consorcios, aquellos en los que se tiene indicios de que se pudo amañar la adjudicación de las viviendas que se levantaron en estos ámbitos. De esos 22 consorcios, 16 son residenciales (donde se construyen viviendas) y los otros seis, tecnológicos y empresariales.

Los consorcios se han desarrollado gracias a un convenio que firman la Comunidad de Madrid (a través de Arpegio) y el ayuntamiento en cuestión para levantar tanto vivienda protegida como libre. Ambas administraciones crean una sociedad gestora que lleva los trámites y el día a día del consorcio. Este cuenta además con un consejo de administración en el que están presentes la Comunidad de Madrid (como socio mayoritario) y el ayuntamiento, a través de todos sus grupos políticos en función del porcentaje de representación que tienen en el pleno municipal. En el proceso de adjudicación, Arpegio y los ayuntamientos podían licitar el suelo que tenían asignados dentro del consorcio. Los investigadores creen que los presuntos amaños se produjeron desde los dos lados.

Plano del consorcio de Getafe.

Los consorcios bajo sospecha son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla-Este (en Parla), Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur (en Móstoles). También se investiga Ciudad Jardín en Arroyomolinos, que técnicamente no es un consorcio, ya que la gestión la llevaba directamente Arpegio a través de una sociedad urbanística. En estos cinco ámbitos se proyectaron 40.088 viviendas.

Municipios del PSOE

El de Parla se constituyó en 1998 y el de Getafe, en 2001. En ambos casos, los dos municipios estaban controlados por el PSOE. Como ya adelantó El Confidencial, David Marjaliza, el principal empresario implicado en el caso que ha decidido colaborar con el juez, explicó al magistrado Eloy Velasco que pagó comisiones para llevarse adjudicaciones de algunas de las parcelas del consorcio de Getafe cuando la localidad la dirigía Pedro Castro, exalcalde y expresidente de la Federación Española de Municipios. Al menos cinco empresas de Marjaliza se hicieron con suelo para construir unas 490 viviendas protegidas.

Granados fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Fue en ese periodo, concretamente el 24 de julio de 2006, con Granados al frente de Arpegio y Castro al frente del ayuntamiento, cuando el consorcio aprobó los pliegos de los concursos públicos para adjudicar las parcelas de las viviendas protegidas. En Los Molinos-Buenavista se han construido 12.700 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

El cerebro de la Púnica también implica al exalcalde socialista Pedro Castro (Getafe) David Fernández David Marjaliza ha puesto sobre la mesa del juez el nombre del exregidor de Getafe por el desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista, donde empresas de Marjaliza se hicieron con suelo

Dos cooperativas controladas por David Marjaliza también consiguieron la adjudicación de dos parcelas para construir 532 pisos protegidos en el consorcio de Parla-Este durante el mandato de Tomás Gómez al frente de la alcaldía de Parla. En su extensa declaración ante el juez, Marjaliza confesó que había financiado con 245.000 euros diversos gastos electorales de la campaña electoral del PSOE de Parla en la campaña de 2003. Tomás Gómez fue alcalde de este municipio entre julio de 1999 y octubre de 2008. Las adjudicaciones se produjeron antes de que Granados llegara a Arpegio, en julio de 2002 y marzo de 2003. En Parla se han levantado 11.200 casas.

Marjaliza ha aportado documentación de estos pagos, "algunas facturas del tema de Parla cuando nos adjudicaron [suelo] a las cooperativas nuestras", según relató ante el juez. Estos pagos se realizaron a través de una gestoría, Gesintra 2001 SL, a petición de otro de los imputados en el caso, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa. Marjaliza explicó al juez que "entendía" que Alonso Conesa acudía en nombre del entonces alcalde, Tomás Gómez. El sumario del caso también revela que Marjaliza regaló a Gómez una televisión valorada en 5.000 euros.

El empresario y exsocio de Francisco Granados David Marjaliza. (EFE)

Estos regalos solo eran detalles. Los promotores que se llevaban las adjudicaciones de las parcelas debían pagar una comisión que se fijaba por el porcentaje de edificabilidad que tenía cada parcela: entre 2.000 y 5.000 euros por vivienda. Los investigadores creen que lo que hizo Marjaliza (pagar por conseguir suelo) era un sistema extendido entre otros constructores de la región. Y que esos presuntos amaños también se produjeron en los consorcios de Móstoles Sur y Los Espartales en Alcalá de Henares: 8.230 pisos en el primero y 3.990 en el segundo. Los dos consorcios fueron constituidos en noviembre de 2001, cuando el PSOE gobernaba en ambos municipios, aunque su suelo se empezó a desarrollar en la época de Granados.

El PP gobernó Alcalá entre 2003 y 2012 con Bartolomé González, hoy diputado autonómico. Otro informe de la UCO relaciona a González con el presunto amaño de un contrato de eficiencia energética en el municipio, otra de las ramificaciones de la Púnica. El PP también gobernó Móstoles entre 2003 y 2012. Las investigaciones están en su primera fase y llevarán su tiempo, ya que la documentación a examinar es ingente.

Otro de los ámbitos urbanísticos que la UCO está examinando es Ciudad Jardín de Arroyomolinos. No es exactamente un consorcio, sino una sociedad urbanística gestionada al 100% por Arpegio. En una superficie de 167 hectáreas, se proyectó la construcción de 4.800 viviendas. La Guardia Civil tiene constancia de que en Ciudad Jardín Marjaliza no se hizo con suelo residencial, sino con suelo comercial en el año 2006, con Granados en Arpegio. Los consorcios son solo una ramificación de la pieza que investiga los tejemanejes de la Púnica en Arpegio. La UCO también indaga si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias también pagaron mordidas por llevarse los contratos.