CIUDAD DE MÉXICO.- El compromiso de no aumentar impuestos entre 2019 y 2021, sumado a los menores ingresos petroleros por la menor producción, harán que en los dos primeros años de la actual administración, los ingresos públicos tengan el peor desempeño para un inicio de gobierno desde el mandato de Ernesto Zedillo.

A través de los Pre-Criterios 2020, la Secretaría de Hacienda estima que, a precios de ese año, los ingresos presupuestarios pasarán de 5.10 billones de pesos el año pasado a 4.97 billones este año, y a 5.00 billones el siguiente, lo que implicará una caída promedio anual de 0.9% en términos reales en 2019-2020 frente a 2018.

Este desempeño contrasta con el primer bienio de las tres administraciones anteriores, en la cual el crecimiento de los ingresos totales en 2001-2002 fue de 2.6% promedio anual real frente a 2000, en 2007-2008 fue de 7.5% promedio frente a 2006, y entre 2013 y 2014 fue de 2.4% promedio anual real respecto a 2012.

En este último lapso, cabe recordar que la Reforma Fiscal aprobada en 2013 ocasionó que los ingresos tributarios crecieran 12.9% promedio anual real en el periodo, mismos que sobrecompensaron el desplome de los ingresos petroleros de 9.7% anual real por la caída en los precios internacionales del crudo.

DOS PRIMEROS AÑOS

Así, los recursos con los que contará el sector público este año y el siguiente provenientes de hidrocarburos, impuestos y otros conceptos no tributarios-no petroleros tendrán el peor desempeño para un inicio de gobierno desde el bienio 1995-1996, cuando retrocedieron 1.2% promedio anual en términos reales frente a 1994, derivado de la crisis económica ocasionada por el llamado “error de diciembre”.

Por rubros, la Secretaría de Hacienda prevé que los ingresos petroleros y los no tributarios-no petroleros (derechos, aprovechamientos, ingresos de CFE, IMSS, entre otros) caigan, en tanto que proyecta que los ingresos por impuestos se incrementen.

Esto ocasionará que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, los ingresos presupuestarios del sector público se ubiquen en 20.6% en 2020, su nivel más bajo desde 2005, cuando fueron 20.4% del producto.

URGE REFORMA FISCAL

Organizaciones civiles han planteado la necesidad de una nueva reforma fiscal en el país, debido al escaso margen de maniobra de las finanzas públicas, derivado a su vez de los compromisos de estabilizar el déficit fiscal, la deuda pública y lograr superávit primario, y de la mayor presión de gastos ineludibles como el servicio de la deuda, las pensiones y las transferencias a estados.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha resaltado que el de este año implicó un presupuesto de “transición”, en el cual la contención de ingresos implicó recortar programas que ya existían, para dar paso a las nuevas prioridades de la actual administración.

Este primer paquete económico 2019 busca una transición del sistema fiscal mexicano: reordenamiento del gasto público, mejor administración tributaria y la inminente revisión del pacto de coordinación fiscal, son el preámbulo para una posible reforma fiscal estructural”, expresó el CIEP.

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) ha insistido en la necesidad de una reforma fiscal profunda que permita financiar un esquema de seguridad social universal. Su propuesta consiste en cobrar más impuestos al consumo, como gravar los alimentos y las medicinas, de modo que se puedan reducir los impuestos al trabajo y con ello fondear un paquete básico de salud, riesgos al trabajo y pensión para toda la población.

Esto implicaría que pertenecer a la formalidad ya no dependería del puesto de trabajo que pague cuotas a la seguridad social, sino que sea un derecho universal para todo ciudadano, financiado a través de impuestos generales.