Una imagen que se repite cada vez más, en este caso en Chaco Archivo

La difusión de los datos de pobreza del Indec no sólo reactualizó la vigencia del principal flagelo estructural de la Argentina, después de tres años de apagón estadístico. También exhibió crudamente los límites de la política de asistencia social, basada en distintos tipos de planes, como herramienta para combatirla.

Los números marcan que mientras el porcentaje de población asistida vía planes sociales creció 7,5% en los últimos cinco años, la pobreza también aumentó, de 28,2% (según el indicador de la UCA) al 32,2%, de acuerdo con los nuevos datos del Indec que dejaron al Gobierno frente a su principal desafío.

Lo que surgió como un remedio de emergencia durante la crisis de 2001-2002, se cristalizó como una política arraigada que no alcanza para mejorar la situación social más profunda.

Los principales especialistas coin-ciden en que la “eternización” no responde sólo a la conveniencia política, sino –y sobre todo– a condiciones económicas estructurales irresueltas.

El aumento de la cantidad de personas alcanzadas por planes sociales surge de un estudio del Barómetro Social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que dirige Agustín Salvia.

A fines de 2015, el punto de llegada del informe, 3 de cada 10 hogares de los principales centros urbanos del país eran receptores de alguna política social de empleo, transferencia de ingresos o habían sido beneficiados por programas de asistencia alimentaria directa.

El número resulta incluso mayor si se considera en términos de población: al final del quinquenio, casi 15 millones de personas -39,4% de la población urbana total del país- vivía en hogares receptores de programas sociales.

La progresión elaborada por la UCA indica que, entre 2010 y 2015, la cantidad de personas alcanzadas por las distintas formas de asistencia social a nivel nacional pasó de 12.039.060 al principio del período a 14.859.560 el año pasado. En cinco años el universo de beneficiarios sumó casi tres millones de personas (2.830.500).

Universo

El estudio está basado en una muestra de 5680 hogares en aglomerados urbanos y analiza tres tipos de programas sociales: las ayudas que no exigen contraprestación laboral, como la Asignación Universal por Hijo (AUH); los programas de empleo sujetos a determinada cantidad de horas de trabajo, como el Argentina Trabaja, y los de asistencia alimentaria directa: bolsones de comida o alimentos en comedores sociales.

"La historia de la vuelta de la democracia muestra que, con enfoques distintos, todos los gobiernos generaron nuevos planes sociales", planteó el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense Daniel Arroyo.

Enseguida, enumeró: "La apuesta principal de Alfonsín fue la caja PAN, que llegaba a 500.000 personas; Menem aplicó políticas de asistencia por sector a la espera del derrame, y después de la crisis de 2001 Duhalde creó el Argentina Trabaja, que llegó a tener 2,2 millones de beneficiarios". Arroyo completó el recorrido con la AUH, que Cristina Kirchner implementó en 2009, y con la extensión de ese beneficio a monotributistas, dispuesta por Mauricio Macri este año.

Salvia, por su parte, remarcó: "El impacto de los planes sociales fue importante, porque contuvieron el incremento de la indigencia, pero en los últimos años se demostró que no tuvieron incidencia para erradicar la pobreza".

Arroyo opinó que "el problema madre está en un esquema económico agotado, basado en el sector financiero, la soja y la minería que genera crecimiento, pero no generan empleo".

"Más que los planes sociales, es el mercado de trabajo el que saca gente de la pobreza", coincidió Salvia.

El economista Claudio Lozano explicó la preeminencia de los planes en la política social como consecuencia de un esquema productivo "que necesariamente ubica a un cuarto de la población bajo la línea de pobreza" a partir de cuatro características: la concentración económica, la no reinversión de excedentes, exportaciones con escaso valor agregado y un esquema industrial excesivamente dependiente de las importaciones.

A ese panorama estructural, el ex diputado sumó la decisión política de no universalizar la asistencia para retener los beneficios de los esquemas clientelares.

Según el estudio de la UCA, en 2015 la ayuda social llegó a 6 de cada 10 hogares en situación de pobreza. Es decir que, pese a la creciente contención estatal, 4 de cada 10 permanecieron excluidos del radar del Estado.

En términos geográficos, el mayor aumento de acceso a programas sociales se registró en el conurbano bonaerense, donde llegó a cubrir al 45% de la población el año pasado, La contracara es la ciudad de Buenos Aires, donde los hogares asistidos fueron el 8,4% del total.

Palabra de Francisco

El presidente de la Pastoral Social, Jorge Lozano aportó la mirada del Papa. "Los planes sociales son sin duda necesarios para atender la urgencia, pero deberían ser transitorios, como plantea Francisco", dijo Lozano a LA NACION.

Invitó además a analizar el 32,2% de pobreza que midió el Indec en función de otra cifra: los 400.000 millones de dólares que, se calcula, los argentinos tienen depositados en paraísos fiscales. "Es riqueza que no se distribuyó ni se invirtió en el país", advirtió Lozano.

El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por su parte, atribuyó la prolongación de los planes sociales en el tiempo a la "falta de acuerdo" de la dirigencia política, al "reemplazo de trabajadores con máquinas" y a la "estructura del capitalismo". Planteó además que un abordaje integral de la pobreza debería contemplar la subvención del empleo.

Héctor "Toty" Flores, fundador del Movimiento de Trabajadores Desocupados y actual funcionario del área de desarrollo social de Mar del Plata hizo foco en el uso de los planes sociales "para construir política" y en la necesidad del sistema político de "mantener al pobre como cliente para que el sistema no se desborde".

¿Las soluciones? Los especialistas consultados por LA NACION apuntaron a una combinación entre asistencia a los sectores más postergados y generación de empleo. Expusieron un abanico amplio: desde la declaración de la emergencia económica, un plan intensivo de obra pública y el pasaje del asociativismo al mercado, hasta un ingreso mínimo equivalente al umbral de pobreza para toda la población, un seguro de desempleo y formación y la reducción de la jornada laboral.

Distintas vías para convertir la ayuda coyuntural y urgente en respuesta de largo plazo y herramienta para una vida digna.

Para "Chiche" Duhalde hay más pobres