El flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comenzó su mandato honrando las promesas que había hecho a los empresarios para aumentar todo lo posible sus ganancias y transfiriendo el peso de la crisis a la clase trabajadora. Lo hizo por medio de su primer decreto que establece un salario mínimo inferior al que había prometido el expresidente Michel Temer.

La primera medida económica del ultraderechista Jair Bolsonaro fue bajar el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras en 8 reales para el año 2019. El decreto publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión establece que el valor pasa a ser de 998 reales a partir de este martes, primer día del año. El Congreso había aprobado un proyecto del expresidente Temer que lo fijaba en 1006 reales, pero para Bolsonaro ese valor, que tampoco alcanzaba para sostener a una familia, era excesivo y decidió bajarlo aún más.

Se trata de una reducción anual de 106 reales para un total de 48 millones de brasileños y brasileñas que dependen del salario mínimo.

El salario mínimo rige todas las relaciones de trabajo en el país, sirviendo de piso para los trabajadores registrados y también para las jubilaciones. Pero el plan de los economistas que rodean a Bolsonaro va más allá e incluiría la desvinculación de la jubilación para poder reducirla aún más que el salario mínimo. O sea jubilados que ganen incluso menos que el ya miserable mínimo.

Esto es peor aún si tenemos en cuenta que el valor actual cubre apenas el 25% del importe que el instituto de estadísticas (DIEESE) calcula como el "mínimo necesario" para atender las necesidades de una familia.

Esta decisión tomada por decreto define de entrada el programa de Bolsonaro y de un gobierno que es consolidación del golpe institucional, elegido con ayuda de la manipulación judicial (con apoyo militar) para dar continuidad y profundizar la agenda de ataques que ya había comenzado Temer. Una agenda que tiene como punto prioritario la reforma previsional pero que también incluye la entrega de los recursos naturales del país, la privatización de varias de las principales empresas y el ataque a cada derecho laboral y social, incluso esta reducción del ya de por si miserable salario mínimo de los trabajadores.

El hecho de que este primer acto lo llevado adelante mediante un decreto y contradiciendo un acuerdo que ya había en el Congreso por un valor diferente, muestra la disposición a avanzar contra los derechos de los trabajadores pasando incluso por arriba del parlamento. El propio decreto es un mecanismo antidemocrático que fue fijado en la Constitución del 88, redactada bajo la tutela militar.

Bolsonaro aprovecha así no solo su "luna de miel", garantizada por la paciencia popular con un nuevo presidente, sinó también la criminal "paz social" que ya anunciaron le van a garantizar las centrales sindicales.