“Pasamos tanto tiempo en el colegio que habrá que hacer fiesta de fin de curso” o “ya se disuelven mejor las Cortes que el Cola Cao”, son algunos de los memes que han circulado estos días por las redes sociales para acompañar con humor un hartazgo generalizado. España se encamina irremediablemente a las cuartas elecciones en cuatro años, con el peligro de que la desafección política cunda entre la ciudadanía.

Hoy, 23 de septiembre se disuelven las Cortes y nos encontraremos una nueva convocatoria electoral para el próximo 10-N. Durante este periodo quedarán estancadas algunas de las principales demandas de los colectivos y movimientos sociales. España sigue siendo el país europeo con más desempleo después de Grecia, según Eurostat, y la violencia de género no deja de arrebatarles la vida a las mujeres – 42 han sido asesinadas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas frente a las 36 del año pasado en el mismo periodo –. Estos son solo algunos de los retos urgentes y que tendrán que esperar a la reanudación de la actividad parlamentaria para ser abordados o enfrentados.

1. Derogación de la 'ley mordaza'

Es uno de los asuntos que se deja en el tintero el ejecutivo de Pedro Sánchez una vez inalcanzado el pacto para la investidura del presidente en funciones. La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza' era una de las 370 medidas que proponía el PSOE para su acuerdo con Podemos, pero que tendrá que seguir esperando.

Hace más de cuatro años esta ley impulsada por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ya nació con toda la oposición en contra y un gran rechazo social. La ley convirtió en infracciones administrativas que podían alcanzar los 600.000 euros de multa el “desacato a la autoridad” o el hecho de “impedir a la autoridad el ejercicio de sus funciones”. Desde un primer momento, esta redacción tan abierta de la norma, que llegaba tras las protestas de la crisis, se interpretó como una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación.

La 'ley mordaza' “se viene empleando contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos, miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos”, denunció en julio Amnistía Internacional. La reforma de la ley que fue puesta en marcha en el Congreso nada menos que en 2016 se interrumpió con la convocatoria de elecciones del 28-A, cuando ya los grupos decían tener muy avanzado un dictamen que cambiaría la norma. Habrá que seguir esperando.

2. Eutanasia

El caso de Ángel Hernández, que fue acusado de cooperación al suicidio por ayudar a morir a su mujer enferma de esclerósis múltiple, volvió a hacer que gran parte de la sociedad demandara la despenalización y regulación de la eutanasia en España. El hombre que había cuidado a su mujer durante tres décadas se convirtió en el primer detenido por cumplir el deseo de morir de un ser querido.

La proposición de ley socialista, que había sido admitida a trámite en el Congreso de los Diputados, se quedó atascada por el adelanto electoral del 28 de abril. Este mes de septiembre, la Cámara Baja ha autorizado por segunda vez su toma en consideración con 242 votos a favor, 92 en contra (PP y Vox) y dos abstenciones. Con la disolución de las Cortes se desdibuja el futuro de la ley de eutanasia.

3. Pensiones

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez maniobra para garantizar una subida de las pensiones para 2020 acorde al IPC, según ha publicado El Mundo. Sin embargo, los pensionistas, uno de los colectivos que más se han movilizado en los últimos años, no se contentarán con una medida puntual, ya que entienden que España tiene un problema estructural que hace peligrar el sistema de pensiones.

El próximo 16 de octubre, como llevan haciendo desde hace dos años, los pensionistas demandarán en una manifestación estatal un cambio legislativo que acabe con la subida del 0,25 como límite –por el décifit de la Seguridad Social-- y que garantice la subida de las pensiones acorde al IPC real. El problema de las pensiones lleva décadas en la agenda política, pero ha sido aparcado una vez más.

4. Paro y precariedad

Estrechamente relacionado con las pensiones, nos encontramos graves problemas en el ámbito laboral. La tasa de desempleo en España, del 14%, es la segunda peor de la Unión Europea, solo detrás de Grecia. Aunque ha crecido el empleo tras la crisis esto no significa mejores contratos y condiciones para los trabajadores, sino todo lo contrario. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, solo dos de cada diez jóvenes pueden emanciparse y casi cuatro de cada diez está en riesgo de pobreza.

Hay un consenso de los sindicatos mayoritarios en que la reforma laboral de 2012 es la mayor causante del empleo “de baja calidad” y de haber minado los derechos de los trabajadores. Tanto CCOO como UGT apuestan por su derogación, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opuso destacando incluso algunos aspectos que considera positivos de la reforma del PP. Recientemente, Pedro Sánchez ha vuelto a decir que acabará con ella. Queda en duda si tendrá siquiera la capacidad de cumplir su promesa.

5. Emergencia climática

El movimiento ecologista joven lo tiene claro: “No hay Planeta B” y se nos agota el tiempo. El clima no sabe de tiempos electorales y no perdona la parálisis política. Por primera vez tenemos un ministerio de Transición Ecológica que tiene un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que camina hacia la descarbonización y el fomento de las energías renovables.

Sin embargo, Ecologistas en Acción considera que el plan del Gobierno debería duplicar o triplicar sus objetivos para 2020. El movimiento de Emergencia Climática YA entiende que la emisión de gases de efecto invernadero debe reducirse a un 7% anual, si atendemos a que según la comunidad científica solo tenemos una ventana de 11 años para frenar el cambio climático.

6. Violencia machista

En la última semana dos mujeres han sido víctimas de violencia de género, según datos oficiales. Sin embargo, podemos decir que han sido cuatro porque el exmarido de una de ellas acabó matando también a la madre y la hermana de una de ellas. Además el mes de julio ha sido el peor en cuanto a violencia machista con 13 víctimas mortales. Continúa el goteo incesante de víctimas de esta lacra.

El proyecto de ley de presupuestos rechazado por el Congreso en febrero destinaba 220 millones de euros para la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que vio la luz en el Parlamento en 2017. Hay que resaltar que desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Ejecutivo socialista trabaja con los Presupuestos de Cristóbal Montoro de 2018. La dotación económica que dote a este pacto de la capacidad de combatir contra la violencia machista tendrá que seguir esperando.