▲ Habitantes de comunidades de Puebla detuvieron en noviembre de 2018 la instalación del gasoducto Morelos en San Lucas Atzala, municipio de Calpan. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua advirtieron que continuarán con su lucha hasta que sea cancelado el Proyecto Integral Morelos. Foto José Castañares / La Jornada de Oriente

Yadira Llaven

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Viernes 17 de mayo de 2019, p. 25

Puebla, Pue., El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) y ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado contra la consulta ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM, ante la posibilidad de que se hayan violentado sus derechos.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, el acto reclamado de las comunidades es la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones sobre el proyecto mediante una consulta pública.

El martes anterior los tribunales federales resolvieron las quejas 62/2019 y 55/2019 presentadas por los pueblos de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damián Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra el desechamiento de los amparos que promovieron el pasado 18 de febrero.

El juicio de garantías, dijeron, fue presentado dos días antes del asesinato del activista Samir Flores, en Huexca, Morelos. En ese recurso denunciaron la violación del derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos indígenas sobre el funcionamiento de un gasoducto, una termoeléctrica y un acueducto parte del PIM, lo que afectaría a más de 60 comunidades de las tres entidades mencionadas.

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley .

Los jueces poblanos consideraron que la consulta no fue un acto de autoridad y que los pueblos afectados no tenían interés legítimo en la consulta ni en el proyecto.