Comunidad

El juzgado de instrucción número 15 de Madrid pide a la Asamblea que acredite su condición de aforada por un supuesto delito de prevaricación administrativa en las Marchas de la Dignidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, escribe sobre la querella interpuesta por las Marchas de la Dignidad 22-M

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de Cristina Cifuentes. El documento lleva el encabezamiento de «prevaricación administrativa» y tienen que ver, según se informa, con la «Acción Popular Marcha de la Dignidad 22-M».

La plataforma se conformó a raíz de la movilización que se celebró el 22 de marzo de 2014 y que acabó con graves enfrentamientos de grupos radicales y efectivos policiales. En aquella época Cifuentes era Delegada del Gobierno en Madrid. La confrontación de los radicales con los agentes se saldó con más de un centenar de heridos, 67 de ellos policías y 29 detenidos.

La plataforma ha pedido aportaciones económicas a través de su página web para interponer esta querella criminal. Concretamente, necesitaban recaudar 48.000 euros, ya que, según señalan en un escrito, «el juzgado con carácter previo a admitir la querella, nos exige 48.000 euros que debemos abonar como fianza». El motivo, «según el juzgado, -prosigue el escrito- a los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados».

Y es que la denuncia, presentada el 13 de febrero de 2015, no señala sólo a Cifuentes, si no a todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad. Es decir: Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil; Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid; Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana; José Miguel Ruiz Igüizquiza, jefe del mando de las Unidades de Intervención Policial (UIP); Francisco Javier Virseda, ex jefe del mando de la UIP de Madrid; Francisco González, inspector jefe de las IUP...

La cifra de denunciados culmina con un «y contra todos aquellos que resulten responsables de los delitos perseguidos a instancia de la querella en el curso de la investigación». En total, más de una veintena de responsables políticos de seguridad y mandos policiales.

La querella la interpuso la plataforma junto con numerosas organizaciones, colectivos sociales y organizaciones sindicales. Los denunciantes les atribuyen «delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos (Artículos 540 a 542 CP), así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación», según precisa la plataforma en la cuestación que realiza a través de su página web.

En la denuncia les acusa de estar detrás de los disturbios que tuvieron lugar aquel día, ya que, aseguran que fueron policías infiltrados los que los ocasionaron después de recibir la instrucción de sus mandos. Es más, en el documento se precisa que la intervención policial no se dirigió contra los provocadores de los incidentes, si no contra los manifestantes. Concretamente, esa carga se realizó en Colón, antes de la hora comunicada de finalización del evento, mientras escuchaban, según precisan, el manifiesto que leían los organizadores de la marcha.«Se cargó contra los manifestantes pacíficos con la excusa de que un pequeño grupo no identificado y de menos de 50 personas estaba generando un incidente. Se cargó de forma expansiva disolviendo de facto la manifestación pese a los requerimientos de los organizadores, provocando un peligro real sobre la integridad de miles de personas», precisa los querellantes en el escrito.

Rebaja el tono ante los jueces Cifuentes matizó ayer en 'Cuatro' sus declaraciones en las que aseguraba cada vez que se acercan unas elecciones «empiezan a conocerse determinadas resoluciones».

Ese 22 de marzo lo recuerda Cristina Cifuentes marcado en recuerdo. De hecho, en su despacho de Presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene sobre una mesa auxiliar una fuente repleta de cascotes de un tamaño significativo que se arrojaron a los agentes aquel día. Lo recuerda por la crudeza y la violencia con la que se emplearon un grupo de radicales al término de una marcha que había discurrido casi sin incidentes.

Aquel día confluyeron en Madrid miles de personas llegadas de toda España para protestar por la situación económica. Los manifestantes marcharon bajo el lema 'No al pago de la deuda. Fuera los Gobiernos de la Troika. No más recortes. Pan, Trabajo y Techo'. Fue al final de la marcha, a eso de la medianoche, cuando se desató la batalla campal.

Desde el Gobierno regional confían en que Cifuentes no llegue a ser imputada. Y es que, recientemente, el PP en el Parlamento autonómico ha vivido una situación parecida pero esta vez relacionada con la corrupción. La Audiencia Nacional pedía primero a la Asamblea que confirmase la condición de diputado del ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz. Más tarde, el juez que instruye 'Púnica', Eloy Velasco, remitía un auto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid justificando los cargos. Al tratarse de un diputado, como Cifuentes, y estar aforados, han de ser los tribunales superiores los que los juzguen. En el PP se da por segura la imputación de Ortiz y esperan que lo de la presidenta no llegue a más.