El nuevo proyecto sería aplicable en tres meses; pondrá además foco en pymes, equidad de género y empleo en provincias Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Francisco Jueguen Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020

El Gobierno ya trabaja en las modificaciones legales y reglamentarias -serían aplicables en unos tres meses, según se estima- que incluirá en la nueva ley de economía del conocimiento, norma que afectará la vida de grandes empresas como Mercado Libre, Accenture, IBM o Globant, pero también de las pequeñas y medianas del rubro.

Los detalles todavía son una incógnita, más allá de los focos que el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, quiere darles a las pymes, las provincias y a la equidad de género.

Sin embargo, en el sector la información ya comenzó a fluir. Según pudo saber LA NACION, el Gobierno piensa exigir "requisitos incrementales" en el tiempo para las empresas. Eso será diferencial para las pymes, que tendrán requisitos menores a los de las grandes firmas para acceder a los beneficios.

Por otro lado, se establecerá un cupo máximo de empleados para que las empresas puedan adherir a la ley, que incluye entre sus ventajas bajas en cargas patronales y en el impuesto a las ganancias, que no serán modificadas. La idea es que el beneficio sea otorgado sobre un cupo máximo de empleados, pero que se extienda ante la incorporación de nuevos trabajadores en las empresas. El Ministerio de Desarrollo Productivo incentivará así la creación de empleo, pero a la vez limitará el costo fiscal del programa.

Por otro lado, el Gobierno espera mantener todas las actividades promovidas en la ley vigente y en las resoluciones que la ampliaron. Las empresas tendrán la posibilidad de combinar varias actividades para alcanzar los mínimos requisitos exigidos por la ley. Además, el ministro de Desarrollo Productivo trabajará en la creación de un consejo consultivo integrado por organismos técnicos del Estado para definir los encuadramientos de prácticas cuya inclusión en la ley no resulte del todo clara.

En principio, se mantendrá el criterio de cumplir con dos de los tres requisitos de calificación. Uno de ellos será el de capacitación y/o el de Investigación y Desarrollo (I+D). Ambos podrán combinarse. Los gastos en educación deberán ser auditables por el Ministerio.

El Gobierno tiene además previsto reorientar los fondos destinados al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce) a un nuevo fondo cuyo destino será, entre otros, financiar actividades de desarrollo de capital humano -capacitación-, y a proyectos de innovación.

Además, se eliminará la exclusión de autodesarrollo establecido por el artículo 5 de la actual ley, lo que impactará sobre las actividades de unidades que desarrollan I+D para ser usadas en productos y servicios de sus empresas.

En tanto, el Gobierno sacará el beneficio de estabilidad fiscal por el período de vigencia de la ley y lo reemplazará por el de "estabilidad de los beneficios" otorgados.

Además, como ya anticipó LA NACION, habrá colectivos que tendrán un tratamiento más favorable en los beneficios previsionales, tales como el empleo creado en provincias menos desarrolladas, empleo femenino, de trabajadores con alguna discapacidad o de personal altamente calificado con títulos habilitantes, entre otros.

Según supo LA NACION, actualmente los departamentos jurídicos de las empresas están revisando los detalles del proyecto que el Gobierno debe enviar a las sesiones extraordinarias, cuyo temario fue ampliado para tratar la modificación de la ley de economía del conocimiento aprobada el año pasado.

Si efectivamente el proyecto de modificación es aprobado en el Parlamento, el Ministerio de Desarrollo Productivo deberá publicar un nuevo decreto de reglamentación. Todo este proceso -estiman en el sector privado- durará por lo menos unos 90 días. El Gobierno ya afirmó previamente que todo será retroactivo al 1º de enero.

"Los beneficios de la ley no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al 1º de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley", garantizó la cartera de Kulfas días atrás mediante un comunicado enviado a los medios. "Las modificaciones no están orientadas a penalizar a las empresas, sino a profundizar el impulso a las pymes del sector", agregó el ministro, sobre la orientación de los cambios que prepara.

"En el Gobierno estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la economía del conocimiento", concluyó.

Las claves del proyecto

Requisitos crecientes

El Gobierno exigirá requisitos "incrementales" para que una empresa pueda mantenerse dentro de los beneficios de la ley. Las pymes tendrán menos que las grandes empresas.

Cupo de empleados

Fijarán un cupo máximo de empleados bajo los beneficios. Las empresas que generen nuevos puestos podrán extender ese beneficio. Buscan incentivar el empleo y limitar el costos fiscal de la medida.

Exigencias

Se mantendrá el criterio de cumplir con dos de tres requisitos para ser beneficiado. La inversión en capacitación y en investigación y desarrollo será una opción.

Autodesarrollo

Se eliminará el artículo 5 de la actual ley, lo que impactará en las actividades de unidades que desarrollan I+D para ser usadas en productos y servicios de sus empresas.

Impuestos

Se mantendrán los beneficios sobre contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias.

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