La hora de la verdad está mas cerca para los 12.000 marineros españoles, 8.000 de ellos gallegos, que desde hace años reclaman al Gobierno de Noruega que les reconozca el derecho a pensión. Entre el 2 y el 7 de abril se desarrollarán en el Juzgado de Primera Instancia de Oslo las casi 20 horas de juicio previstas, en las que se examinará el derecho a jubilación negado por ese país, a pesar de que durante casi 40 años contribuyeron a la hacienda nacional con más de un 40% de su salario en impuestos. Se inicia un largo camino judicial que hubiese encontrado un atajo definitivo de haber tomado el Gobierno español la iniciativa de la denuncia.

Los marineros españoles son conscientes de que Noruega agotará la vía judicial en segunda instancia y en el Supremo antes de que puedan llegar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en Estrasburgo, que es donde todas las partes coinciden que se tomará la resolución definitiva. "Un conflicto entre estados promovido por España en Estrasburgo nos hubiese ahorrado muchos años y mucho dinero, pero el Gobierno español se ha comportado de una forma impresentable a la hora de defender a sus propios ciudadanos", lamenta Alfonso Paz, portavoz del colectivo Long Hope, que aglutina a buena parte de los afectados.

El portavoz de la asociación Long Hope, Alberto Paz (d) y Alfonso Dastis (i). (EFE)

Durante el tiempo que prestaron sus servicios en la marina mercante noruega, todos los profesionales del mar abonaron religiosamente el equivalente local al IRPF. "En realidad, se ha comprobado que lo que estábamos haciendo era pagar por nuestro derecho a trabajar; pagamos a cambio de nada", resume Paz. La asociación calcula que Noruega ha recibido de los trabajadores españoles unos 520 millones de euros durante los más de 40 años que la mano de obra española trabajó en los barcos noruegos.

Long Hope ha planteado el conflicto como una presunta discriminación por razón de nacionalidad. El colectivo sostiene que Noruega violó sus derechos al impedirles beneficiarse de su sistema de protección social por no tener la residencia en el país. Hasta 1994 no se les permitió cotizar a la seguridad social, ni en el país escandinavo ni en España, por lo que, al contar con domicilio en España, sus impuestos no generaron derecho a pensión.

Los afectados están atrapados en una especie de círculo vicioso. Al no ser Noruega un país de la UE –a la que sí está vinculada a través del Espacio Económico Europeo, cuya firma regularizó la situación para los posteriores trabajadores–, la Comisión no puede instarle a reconocer los derechos de los trabajadores españoles, como sí hizo en el caso de los transfronterizos de Gibraltar.

Según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo incurre en “un claro trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no existir residencia"

De la Unión Europa, los españoles son los únicos que tienen este problema porque ambos países nunca firmaron un convenio bilateral. La Comisión Europea solo ha podido reconocer la injusticia social cometida durante cuatro décadas, entre 1955 y 1994, que según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo incurre en “un claro trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no existir residencia, respecto a los noruegos empleados en los mismos barcos”.

En una carta al presidente Mariano Rajoy, entregada recientemente en la Delegación del Gobierno en A Coruña, los afectados reclaman al Ejecutivo que presente la demanda interestatal que acortaría los plazos de su petición. “Contamos con el apoyo de todos los partidos políticos, del Senado, del Parlamento gallego… Pero el Gobierno español no acaba de defendernos”, denuncia Alberto Paz. En su carta, Long Hope expone: “Noruega no reconoce la prestación a nuestros trabajadores embarcados en sus barcos por carecer de la condición legal de residentes mientras trabajaban allí, aun pagando impuestos. La situación de desprotección se agrava además por el hecho de que España no computó el tiempo de embarque en dichos buques para el cálculo, aquí, de prestaciones de seguridad social”.

La actividad diplomática emprendida por los incansables marineros ha incluido en las últimas semanas reuniones con los grupos parlamentarios gallegos, que derivaron en la aprobación por unanimidad, el pasado miércoles, de una nueva proposición del Bloque Nacionalista Galego que emplaza al Gobierno a defender sus derechos ante Noruega y a interponer la demanda como Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Alfonso Dastis reunido con Alfonso Paz y Juan Manuel Lores. (EFE)

El portavoz de Long Hope y su presidente, Juan Manuel Lores, se entrevistaron recientemente con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, quien también les prometió su apoyo. Y en el Senado, Dastis aseguró el pasado martes que se plantea la posibilidad de apoyar todas las "vías jurídicas" pertinentes para apoyarles, en el caso de que las gestiones diplomáticas efectuadas no surtan el efecto deseado. Así lo explicó en respuesta a una interpelación de Unidos Podemos sobre las medidas políticas y diplomáticas que pretende adoptar el Gobierno para alcanza un acuerdo con Noruega.

A menos de dos meses para que el caso llegue por primera vez a una sede judicial, nueve años después de que Long Hope se constituyera como plataforma de sus reivindicaciones, la organización prepara para el traslado de un numeroso grupo de afectados a Oslo durante el juicio. Mientras este no llega, irán cumpliendo trámites, como enviar a Noruega las reclamaciones individuales de la pensión a la que creen tener derecho. Cada uno de los días de la vista, los exmarineros se harán oír delante del Parlamento de Noruega, para recordar a los ciudadanos de ese país que su reino tiene una deuda millonaria con ellos.