La Cámara Federal advirtió al juez Sebastián Casanello que no debe "enfocarse en cuestiones aisladas" de la investigación sobre Lázaro Báez por lavado de dinero, en una advertencia que apunta a la trama completa de corrupción y fuga de fondos.

"La investigación no puede enfocarse en cuestiones aisladas, de menor envergadura, sin atender a la completitividad de los hechos por los que se requirió la instrucción. Una y otra vez se ha advertido que la encuesta comprende también a la supuesta expatriación de una suma de dinero muchas veces mayor a la que puntualmente se alude en la actual indagatoria y también al reingreso al país de otro monto, importantísimo también, a través de la venta de bonos", alertó el Tribunal.

Es que los últimos avances del caso sólo son por los 5,1 millones de dólares que pasaron por la financiera SGI, pero la denuncia original apunta a la "fuga" de 55 millones de euros al exterior atribuidos a Báez a paraísos fiscales encubiertos por medio de estructuras financieras complejas.

"No pueden pasarse por alto esas otras maniobras que también se encuentran bajo pesquisa y que involucran el movimiento de sumas económicas elevadísimas, muy superiores incluso a la que aisladamente se consideró en esta oportunidad, las cuales -con mayor razón- también evidencian la facilidad de medios con los que cuenta", sostuvo la Sala II del Tribunal.

Asimismo, refieren a que el grupo Báez consiguió una importancia patrimonial "a partir de haber resultado beneficiario de la contratación de la mayor parte de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, lo que se logró en menos de quince años luego que el principal imputado dejara su trabajo en relación de dependencia como empleado del banco provincial".

Se investiga si una suma millonaria "pudo haber sido depositada en entidades bancarias de otros países a través de su paso por un engorroso entramado de sociedades y/o se especula que parte de ella pueda encontrarse oculta en alguna de sus numerosas propiedades en la vasta extensión del sur del país".

"En suma, en cualquiera de las hipótesis el dinero sigue en poder del grupo económico y no pudo ser recuperado por el Estado", añadió la Cámara. Se trata de un pedido que tienen resonantes implicancias políticas ya que se sospecha que detrás del lavado de dinero de Báez podrían ocultarse sus negocios con los Kirchner.

Le negaron la excarcelación

La advertencia de la Cámara se dio en la misma resolución en la que rechazó hoy la excarcelación de Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín. El tribunal consideró que existe riesgo de que el empresario kirchnerista se fugue ya que cuenta con los medios económicos y contactos en el extranjero que podrían ayudarlo.

También el Tribunal valoró el supuesto entorpecimiento de la investigación a raíz de los contactos de Báez, y en ese sentido recordó que un anterior jefe de la DGI, Ángel Rubén Toninelli y su hijo "habrían compartido un viaje en avión con su hijo Martín". También recuerda el antecedente del fiscal Carlos Gonella que excluir de la investigación a Báez, "lo que derivó en la formación de una causa en su contra en la que fue procesado".

Incluso, los jueces recordaron que durante la investigación se apartó como colaborador a la PSA primero y luego a Prefectura Naval. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria "porque uno de sus efectivos que dirigió los allanamientos en SGI, habría prestado servicios bajo las órdenes de Báez y la Prefectura Naval Argentina, porque se registró la salida de esas oficinas de uno de sus integrantes antes de desarrollarse esas diligencias procesales".

Asimismo refieren a cierta obstrucción que hubo de parte del empresario durante la investigación ya que, entre otras cosas, hubo "un inusitado ingreso a las cajas de seguridad del Banco Nación en Río Gallegos por parte de Lázaro Báez y su hijo, a lo que se agrega el retiro de una cantidad considerable de cajas y papeles producido inmediatamente después del inicio de la causa, de la sede de SGI".

Y por último refieren a "cierta intimidación" que podrían haber sufrido no sólo los empleados de la financiera SGI, sino también Leonardo Fariña y Federico Elaskar quienes "han referido haberse sentido de alguna manera amedrentados o de haber recibido sugerencias en sus presentaciones en la causa".