El Gobierno compró un total de 640.000 test rápidos de detección del Covid-19 a la empresa china que envió una primera remesa defectuosa. Así lo ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha asegurado que esos productos serán sustituidos por otros que demuestren eficacia. "Las 50.000 unidades que habían llegado no se han llegado a distribuir. Van a ser sustituidas, estas 650.000 unidades, por otras que tienen unos estándares que nosotros exigimos", ha explicado Illa. Posteriormente Sanidad ha matizado que la cifra total es 640.000 test.

Sanidad reconoce que la primera partida de test rápidos era defectuosa pero asegura que tenía homologación de la UE

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"Las primeras 9.000 unidades no han pasado los filtros de calidad que tiene el sistema nacional de salud [8.000, según ha matizado posteriormente el ministerio]. Es verdad que tenía todas las garantías, tenía el certificado necesario para operar en la UE, unos catálogos que daban con los estándares de calidad; pero nosotros, evidentemente, hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido. Por eso no se llegó a distribuir", ha resumido el ministro.

España adquirió a través de un "proveedor habitual con el que trabaja el sistema español" esas pruebas de detección antes del gran paquete de compra de material de protección que anunció Illa por un importe de 432 millones y que ha ido aumentando hasta llegar a 578 millones de euros. Del total de 640.000, llegaron a España unas primeras remesas de 58.000 que han sido devueltas al fabricante por considerarse defectuosas.

El Gobierno aseguró que había comprado ese material a través de un intermediario nacional a la empresa china Bioeasy, que cuenta con la homologación de la UE, según la documentación que difundió Moncloa. Sin embargo, la embajada china aseguró que no figura en en listado de empresas homologadas que había ofrecido a las autoridades españolas. En todo caso, la operación se había realizado antes de que el Gobierno recibiera esa información de China y "semanas antes" de que comenzara la macrooperación anunciada el miércoles y que incluye 5,5 millones de tests.

Las primeras 8.000 pruebas diagnósticas, que detectan antígenos, iban dirigidas a la Comunidad de Madrid, y fueron desechadas tras comprobar que su efectividad no cumplía con los estándares de calidad en el Centro Nacional de Microbiología y en distintos hospitales de Madrid. A esas se les sumaron otras 50.000 que ya habían llegado a España y que, tras el análisis de esa primera partida, fueron también devueltas a China. Hoy el ministro Illa ha reconocido que la compra ascendía a 659.000 en total [posteriormente Sanidad ha especificado que se trata de 640.000], contando esa primera partida analizada, pero quitando las primeras 58.000 el resto no han llegado a ser enviadas a nuestro país y van a ser "sustituidas" por otras que demuestren una eficiencia correcta.

Este tipo de pruebas rápidas vienen a "liberar la sobrecarga" de los laboratorios habilitados para realizar pruebas PCR, que son muy fiables pero requieren de equipos mucho más costosos, y están tardando más de 24 horas (o días, debido a la cantidad acumulada). Con los tests rápidos de antígenos, el positivo o negativo podría estar listo en 15 minutos. Para su aplicación se van a priorizar los hospitales y las residencias de ancianos. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, tras recabar esos análisis preliminares de distintos laboratorios, advirtió en un documento de que esa primera partida daba al menos un 70% de falsos negativos.