El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió en abril de 2016 a tres agentes de la Policía Nacional a Nueva York para recabar datos sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Los policías se citaron en el consulado de España en la Gran Manzana con Rafael Isea, un político venezolano que llegó a ser ministro de Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez. La reunión se prolongó durante cuatro horas y se saldó con una declaración testifical de Isea en la que este avaló la autenticidad de un documento que recogía un pago realizado por Venezuela en 2008 a la Fundación CEPS, precursora de Podemos, por un importe de 7,1 millones de euros.

Un audio al que ha tenido acceso El Confidencial y que hoy publica 'Moncloa.com' revela ahora que los tres agentes que viajaron a Nueva York habían recibido un mandato expreso de Fernández Díaz y del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para ofrecerle al exdirigente chavista las medidas de protección personal que solicitara a cambio de su ayuda para rastrear los fondos que presuntamente llegaron a la caja de caudales de Podemos desde el otro lado del Atlántico.

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Según demuestra la grabación, que recoge los primeros 63 minutos de ese encuentro celebrado el 12 de abril de 2016 en la delegación diplomática de España, los funcionarios enviados por el Ejecutivo del Partido Popular en funciones llegaron a prometer al exministro de Chávez que la Policía Nacional estaba preparada para sacar inmediatamente a su familia de Venezuela, trasladarla a Argentina y facilitarle allí un vuelo hasta España, donde recibirían finalmente una identidad falsa. Isea solo tenía que decir qué personas de su entorno tenían que ser protegidas.

La propuesta fue formulada por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los tres agentes que formaron parte de aquella comisión policial. En aquel momento, Fuentes Gago ya era agregado de Interior en La Haya (Países Bajos), pero participó en esta diligencia a petición del entonces director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Eugenio Pino, del que había sido número dos hasta solo unos meses antes. Los otros dos componentes del grupo fueron el comisario José Manuel García Catalán, que entonces era jefe de la Brigada Central de Investigación contra el Blanqueo de Capitales de la UDEF aunque ejercía como máximo responsable interino de esta unidad, y una inspectora de la misma sección policial.

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Por su parte, Isea llegó al consulado en compañía de un colaborador, el asesor venezolano Martín Rodil. Además, la máxima responsable del consulado estuvo presente en el encuentro. En un momento de la conversación, Fuentes Gago aseguró al exministro de Chávez que aquella investigación sobre las finanzas de Podemos contaba con el apoyo de Moncloa. “Yo he hablado con el ministro del Interior español [Jorge Fernández Díaz] y el ministro del Interior español habló con el presidente español [Mariano Rajoy]. Yo solo tengo un mandato aquí, acompañar a estas personas [el comisario García Catalán y la inspectora de la UDEF] y que me diga aquí los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que les demos una nueva identidad o una nueva vida, o la que ustedes tienen y les protejamos. Ese es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Y usted me lo dice y lo hacemos”, afirmó Fuentes Gago, para tratar de vencer el temor de Isea a que su declaración trascendiera y su familia sufriera algún tipo de represalia.

Su colaboración era clave, según los agentes, para avanzar en las pesquisas que en ese momento estaba realizando la Policía sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias. “Así de claro se lo digo. Otra cosa no le puedo decir”, insistió la antigua mano derecha del DAO. “Eso se lo digo, y el cómo esas personas tienen que salir o no [de Venezuela] no me compete a mí. Pero yo le digo a usted que la Policía española es muy buena, eh, y nosotros tenemos en Venezuela a gente buena, tenemos ahora allí a un comisario que ha estado muchos años en la lucha contra el terrorismo de ETA, y se las sabe todas. Y pueden salir con él, pueden ir a Argentina, donde sea, y desde allí las hacemos volar a España, o sea. Eso al máximo nivel está garantizado. Se lo digo a usted”.

Para proteger su identidad, los enviados de Fernández Díaz prometieron a Isea que no pondrían su nombre en la declaración. Lo identificarían como “testigo uno”. Solo el juez que finalmente asumiera el caso llegaría a conocer quién se ocultaba detrás de esas dos palabras. Finalmente, el exdirigente venezolano accedió a facilitar toda la información que tenía sobre la orden de pago de 7,1 millones de euros efectuada en 2008. Manifestó que el justificante de la transferencia que ya había sido publicado por El Confidencial y otros medios semanas antes era real y que la firma de Chávez que aparecía en su segunda página era auténtica.

El exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea. (EFE)

Sin embargo, aquella declaración testifical no se mantuvo en secreto mucho tiempo. A pesar de las promesas de los agentes, solo un mes después de la reunión en el consulado de España en Nueva York, el 13 de mayo de 2016, el 'ABC' publicó la manifestación íntegra de Isea y lo identificó con su nombre y apellidos. Además, la investigación contra Podemos nunca prosperó. Ningún tribunal consideró que los movimientos de dinero documentados por la Policía fueran constitutivos de tipo delictivo alguno.

Lo cierto es que, hasta 2015, la legislación electoral prohibía que un partido pudiera recibir aportaciones de gobiernos o empresas extranjeras, pero no establecía ninguna sanción. A partir del 1 de julio de ese año, entró en vigor una reforma del Código Penal que pasó a castigar con hasta cuatro años de cárcel a los dirigentes de formaciones destinatarias de más de 100.000 euros llegados desde el exterior. Podemos recibió los 7,1 millones antes de que entrara en vigor la modificación de la norma. Precisamente por ello, la investigación de la UDEF se enfocó en comprobar si los responsables del partido habían declarado el dinero recibido de Venezuela. De no haberlo hecho, podían haber cometido un delito tributario.

Fuentes Gago se encuentra investigado en la actualidad en la pieza Kitchen de la llamada operación Tándem, en la que se investiga un supuesto robo de documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas en el que presuntamente habría participado el comisario Villarejo. También se encuentra imputado en ese procedimiento el que fue su superior inmediato, el antiguo DAO Eugenio Pino.