La comsión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión ha concluido en un dictamen, aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, que la venta incumplió la legalidad y supuso un perjucio patrimonial superior a los 162 millones de euros. Entre las recomendaciones vertidas, que "el Gobierno municipal asume y se compromete a poner en marcha", figuran la interposición de "una querella o la adhesión al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, la reprobación en pleno y el estudio de una denuncia ante la Comisión Europea".

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El dictamen apunta directamente al anterior consejero delegado, Fermín Oslé, por su "irresponsabilidad y falso testimonio" al haber "faltado a la verdad" en su comparecencia ante la comisión del pleno del Ayuntamiento de Madrid, "ocultando la información relativa a la operación de venta de las viviendas". Nada se dice sobre la querella contra los fondos buitre que también estudia el Gobierno municipal, y cuyo coste para las arcas públicas podría llegar a los 30 millones de euros en costas si se pierde el juicio.

Las recomendaciones pasan también por proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas. El importe finalmente obtenido por la EMVS fue de 128,5 millones de euros, por lo que habría supuesto, según los cálculos de la comisión, una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad. Sin embargo, el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS sería superior a los 162 millones de euros, puesto que el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las VPP.

"Esta venta solo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora"

Las conclusiones del dictamen apuntan asimismo que "esta venta solo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora". La precaria situación económica de la empresa municipal, en base a la cual se justificó la necesidad de la venta, no se debió a una situación sobrevenida ni a una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, "sino que es el resultado de continuados años de mala gestión", según se subraya en las conclusiones. El proceso de venta también habría contravenido "la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación".

La responsable de la Concejalía de Derechos Sociales y Vivienda, Marta Higueras, ya anunció esta semana la decisión del consistorio de instar la nulidad del procedimiento de venta de estas 1.860 viviendas sociales a Blackstone y Magic Real Estate, germen de la actual Fidere. Una iniciativa por la que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid deberá pronunciarse al respecto, "informe que es preceptivo y vinculante para el ayuntamiento", como señaló Higueras.

El Ayuntamiento pretende ahora que sean los exdirectivos que aprobaron esta venta quienes respondan con sus bienes al supuesto perjuicio

El informe ya encargado por el Gobierno municipal a un despacho jurídico sobre dicha operación "abre muchas posibilidades procesales, jurídicas", según anticipó la delegada del área de Vivienda, aunque reconoció al mismo tiempo que "es difícil la reversión". Por otra parte, en caso de que se iniciara el procedimiento, podría tardar "un mínimo de 12 años".

El posible coste económico de las costas procesales, unido al coste temporal y al hecho de que, aun ganando el juicio, el ayuntamiento deberá pagar a Fidere los 128 millones por los que adquirió los pisos, han provocado que se apunte directamente a los miembros del consejo de administración de la EMVS que aprobaron esta venta para que sean ellos quienes respondan con sus bienes al supuesto perjuicio.