Una consecuencia imprevista de la crisis financiera fue que la banca empezó a cerrar oficinas en pueblos pequeños y no tan pequeños. La España vaciada no solo se quedaba sin gente, se quedaba sin liquidez. Ante este cambio, algunos ayuntamientos están tomando la medida más radical: pagar para que al menos haya un cajero automático en la población, para que los vecinos no se queden sin dinero en metálico. Es el caso del Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz), que ha llegado a un acuerdo con la multinacional Cardtronics para que el pueblo pueda seguir disfrutando de efectivo.

Villaluenga del Rosario tiene 457 habitantes y es conocido por su feria del queso, que tiene lugar estos días de agosto. Su alcalde es el socialista Alfonso Carlos Moscoso, quien lleva más de 20 años en el cargo. A los bancos ya no les sale rentable permanecer en un lugar así. Con la caída de los tipos de interés, que ya están en negativo, la única manera que tienen de superar la caída del margen de intermediación es rebajar los costes recortando en la red de sucursales.

Ante esta situación, el ayuntamiento recurrió a un convenio con Cardtronics. Esta empresa es una multinacional que cotiza en el Nasdaq y opera la mayor red de cajeros automáticos del mundo. Cuenta con una red de 200.000 cajeros automáticos repartidos por Europa, Estados Unidos y Canadá. En España, entró con un acuerdo para desplegar la red de cajeros Cashzone, que entre otros da servicios a ING. Cashzone suma 500 cajeros.

La principal condición que puso Villaluenga del Rosario es que el cajero estuviera operativo a finales de julio, listo para la feria del queso y las fiestas patronales, que se celebrarán durante el primer fin de semana de septiembre en honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la localidad.

Tal y como explica José Manuel Tarazona, director financiero de Cardtronics, el convenio entre la multinacional estadounidense y el municipio gaditano establece que si el cajero no llega a un determinado volumen de negocio, el municipio pagará la diferencia para que la instalación y mantenimiento del mismo resulte rentable para la empresa. La iniciativa abre una vía de ingresos inesperada para los bancos: dinero público para mantener su red de cajeros aunque cierren las oficinas. En este caso, fondos municipales.

Villaluenga del Rosario, municipio de la provincia de Cádiz. Foto: CC/Panarria.

"No les resultará muy caro. La previsión es que les pueda costar unos 300 euros al mes. El ayuntamiento pone el espacio y Cardtronics instala el cajero y lo mantiene. Para nosotros, la retirada de la banca española va a ser una gran oportunidad de negocio", apunta Tarazona.

Concursos públicos

En el resto de España ya se están produciendo concursos públicos para paliar el problema. Así, la Diputación de Extremadura llevó a cabo un concurso para instalar cajeros en 29 pueblos de Badajoz con menos de 20.000 habitantes. Ganó el concurso la Caja Rural de Extremadura. En este caso, el dinero público sale de la diputación.

La iniciativa ya ha sido copiada por otras corporaciones. Así, la Comunidad Valenciana ha sacado un concurso por valor de 7,4 millones de euros para instalar cajeros en 120 municipios y pedanías. La solución del autobús itinerante de Bankia en zonas como Castellón, Granada, Ávila o La Rioja, por poner algunos ejemplos, no acaba de convencer a los ediles. Ahora, todo el mundo quiere un cajero. Y eso es una oportunidad de negocio. Cardtronics, por ejemplo, se ha presentado al concurso de la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana ha lanzado un concurso para instalar cajeros en pequeñas localidades por un volumen jugoso: más de siete millones de euros

Se calcula que hay 4.000 pueblos o pequeñas ciudades donde se abren posibilidades de negocio en este sentido. Tampoco debe descartarse que en un entorno de tipos bajos, hasta los grandes de la banca que aún siguen cerrando sus oficinas podrían quererse sumar más adelante para sacar tajada de este servicio.

Sangría de cierres

Según los datos del Banco de España, de septiembre de 2008 hasta finales de 2018 han cerrado en España un total de 19.696 sucursales bancarias. Una década negra que ha supuesto una sangría de clausuras que se ha cebado en las ciudades pequeñas, tradicionalmente menos rentables para el negocio bancario. En una provincia como Ourense, durante ese periodo, la red bancaria se redujo en 180 oficinas menos, una catástrofe en términos de exclusión financiera en una zona de localidades pequeñas y población dispersa y envejecida.