BRUSELAS.- El consejo asesor sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que la Comisión Europea creó hace un año se ha mostrado de escasa relevancia cuando se trata de canalizar hacia la UE la opinión de los críticos con el acuerdo comercial.



El hecho de que la Comisión haya adoptado en los últimos meses en las negociaciones con Estados Unidos propuestas como el blindaje a las multinacionales o la implantación del polémico órgano de cooperación reguladora (en ambos casos, claras reivindicaciones de las multinacionales y los lobbies), son señales evidentes de que el consejo, más que un escenario que refleje el diálogo social real en Europa se revela como un mecanismo para guardar las formas ante la opinión pública y en el que los sectores críticos con el tratado tienen mucho menos peso que los más proclives al acuerdo.



El secretismo que rodea a las negociaciones entre la UE y Estados Unidos sobre el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) también afecta a este consejo de expertos, lo que mina su capacidad de debate enormemente, como ya han criticado algunos miembros del grupo, que se plantean su salida del mismo si no se realizan progresos en la transparencia de las negociaciones por parte de la UE.



“El problema es que los miembros del grupo sólo podemos leer documentos de la UE y sólo en la llamada habitación de lectura. Sin embargo, en ningún caso hemos podido ver documentos o textos sobre la negociación de los Estados Unidos”, explica Pieter de Pous, director de políticas europeas de la Oficina Europea de Medio Ambiente, la mayor coalición europea de organizaciones y ONG en defensa del medioambiente.



“Todo esto hace muy difícil tener un intercambio de posturas e ideas significativo con la Comisión, a la que le hemos comunicado el problema y se lo ha trasladado a Estados Unidos, pero este país rechaza compartir sus textos sobre la negociación, ni siquiera en la habitación de lectura”, añade De Pous.



La habitación de lectura es el lugar en el que también sólo los eurodiputados relacionados con el TTIP pueden ver los documentos. Se trata de una habitación a la que deben entrar sin grabadora, cámara o sus propios bolígrafos y libretas. Está vigilada por fuera y en ella pueden permanecer durante dos horas. Y sólo ven algunos documentos relacionados con las negociaciones, no todos, y en la mayoría de los casos documentos muy técnicos.



“Por este motivo”, añade De Pous, “sólo hemos tenido un acceso muy parcial y limitado a los documentos”. En cuanto a los comentarios que, aun así y bajo estas condiciones, realizan los miembros del consejo, De Pous no tiene una opinión más positiva: “Realmente no sabemos qué hace la Comisión con nuestros comentarios. Esto significa que nuestra participación en el grupo está continuamente sujeta a evaluación interna y dependiendo siempre de los progresos que se hagan en la transparencia”.



Más peso de los lobbies



El grupo se creó en enero del año pasado y mantuvo su primera reunión, de carácter informal, el día 21 de dicho mes. La primera reunión de trabajo propiamente dicho tuvo lugar el 25 de febrero. Desde entonces han realizado un total de once encuentros generales y una cita monotemática (sobre desarrollo sostenible y repercusiones ambientales).



A lo largo de estas reuniones, se han abordado los diferentes aspectos que estarían implicados en el tratado comercial con Estados Unidos. Sin embargo, aunque no hay ni mucho menos un consejo sobre cuestiones tan espinosas y de tanto rechazo social como el blindaje a las multinacionales en los tribunales de arbitraje internacionales o el llamado órgano de cooperación reguladora (en el que las grandes corporaciones tendrán voz directa con los gobiernos y podrían tener prioridad en la redacción de las leyes), ambos aspectos han sido asumidos en las negociaciones por parte de la Comisión Europea, lo que revela que la capacidad de influencia del grupo sobre las decisiones oficiales de la UE es muy limitada.



Este grupo asesor lo componen 16 miembros (diez hombres y seis mujeres) que representan a diferentes sectores sociales europeos: ocho de sus miembros pertenecen al sector empresarial privado (la industria del automóvil, la química, empresas del sector servicios, de la alimentación o la agricultura), otros seis miembros a organizaciones de defensa del medioambiente, la salud o los consumidores, y los otros dos miembros restantes son sindicatos.



Visto así, se podría argumentar que la composición es más o menos equilibrada, e incluso que el sector privado está en desventaja: los ocho miembros de la industria en este consejo asesor estarían a favor del TTIP, de introducir la fórmula de los tribunales internacionales y del órgano de cooperación regulatoria frente a los otros seis miembros de índole más social. Los sindicatos, en general, si no se oponen frontalmente, suelen mostrar una actitud recelosa ante ambas propuestas.



Sin embargo, la pregunta sería por qué entonces la UE hace suyas ambas propuestas y las considera ineludibles incluso aunque, según la consulta pública realizada por la Comisión sobre el TTIP y el blindaje a las multinacionales, el 97% de las 150.000 europeos que participaron en ella, rechazan ambas fórmulas.



La respuesta estaría en la diferencia de peso ante la Comisión de los sectores representados en el grupo de expertos. “Aunque es cierto que este grupo está más equilibrado que otros de la Comisión”, argumenta Pia Eberhardt, de Corporate Europe, ONG que investiga y denuncia la actividad de los lobbies en Bruselas, “este comité asesor sobre el TTIP incluye a algunos de los más poderosos lobbies europeos, los cuales han realizado en el paso guerras de lobbies contra políticas de interés público, como la regulación sobre productos químicos, sobre reducción de CO2 o sobre el etiquetado en los alimentos”.



De hecho, el lobby más poderoso de Bruselas, la patronal europea, Business Europa, no tiene a uno sino a dos miembros en el consejo asesor, uno de los cuales, Reinhard Quick, es también director de la oficina europea de la Asociación Alemana de Industrias Químicas.



Junto a Quick, otros tres miembros que representan intereses de empresas o sectores nacionales y no de colectivos o federaciones de ámbito europeo: Edward Bowles, del Standard Chatered Bank de Londres; Benedicte Federspiel, del Consejo Danés de Consumidores; Felix Neugart, de la Asociación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria. En total, dos representantes de la industria alemana, uno del sector bancario británico y una de los consumidores daneses. El equilibrio en la elaboración del grupo, por lo tanto, parece cuestionable.



Corporate Europe, precisamente, denuncia que es una práctica habitual de la UE mantener relaciones más proclives a la industria y del sector privado que al resto de sectores sociales u ONG, que ven limitado así su peso de cara a la toma de decisiones europeas, aunque formalmente estén en el círculo del diálogo social.



Peter de Pous explica, de hecho, que en las reuniones entre el grupo asesor y miembros de la Comisión Europea, entre ellos el jefe negociador, Ignacio García Bercero, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, “cada parte deja constancia de sus opiniones y comentarios sobre el tratado. Sin embargo, respecto a la respuesta que obtenemos de ellos por parte de la Comisión, lo cierto es que no hemos recibido nunca respuestas formales ante los comentarios que nosotros escribimos o enviamos”.



La capacidad de diálogo y contacto directo del sector privado es, sin duda, muy diferente. Como muestra, un botón: la semana pasada, la patronal europea, Business Europe, celebró en Bruselas el Business Europe Day bajo el lema Invirtiendo en Europa. Entre los asistentes al evento, la plana mayor de la UE: el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; dos de sus vicepresidentes, Jyrki Katainen y Frans Timmermans; el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz; el comisario de Economía Digital y Sociedad, Gunther Oettinger, y la propia comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, entre otros altos cargos de la Unión Europea.

