Contra el narco, la improvisación desastrosa

De ese episodio parece no haber resquemores. Al final el pragmatismo se ha impuesto

Dentro de las estancias de la seguridad pública, el sexenio que llega a su fin resultó pródigo en “escándalos de ineficacia, enriquecimiento inexplicable y corrupción”, en particular la asociada al crimen organizado. La reportera Anabel Hernández, colaboradora de Proceso, investigó y documentó algunos de los casos más significativos de la podredumbre política en dicho ámbito y los reunió en el libro México en llamas. El legado de Calderón(Grijalbo), de inminente aparición y que se presentará el sábado 1 en la FIL de Guadalajara. Reproducimos aquí fragmentos del capítulo 6: “Los mercenarios”, donde la autora revela los presuntos intentos de Genaro García Luna, aún secretario federal de Seguridad Pública, por sobrevivir políticamente con impunidad.

Desde finales del 2011, la lujosa residencia marcada con el número 1 de la calle Olmos, en el Condominio del Bosque de la delegación Tlalpan, donde vive el expresidente Carlos Salinas de Gortari, comenzó a ser visitada por un personaje de reputación similar: Genaro García Luna, aún secretario de Seguridad Pública federal, quien pretende negociar con el exmandatario inmunidad y trabajo para el próximo sexenio.

La magnífica propiedad que se convirtió en silencioso testigo de los encuentros Salinas-García Luna se extiende en un amplio terreno arbolado. Consta de dos construcciones principales, una inmensa biblioteca en la que Salinas suele recibir a sus visitas para fraguar sus planes y sus pactos, y la residencia donde habita.

Aunque públicamente Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto afirman una y otra vez que sólo tienen una buena relación de amistad pero que el expresidente no opera ni tendrá influencia en el próximo gobierno, al parecer las cosas no son así.

De acuerdo con información recabada durante varias semanas, confirmada por diversos funcionarios de la SSP, la Policía Federal y personajes cercanos a Salinas de Gortari, en varias ocasiones en los últimos meses el exmandatario se ha reunido con el controvertido jefe policiaco, cuyo paso por la SSP ha dejado una estela de escándalos de ineficacia, enriquecimiento inexplicable y corrupción.

Los encuentros se han llevado a cabo a pesar de que existe el antecedente del homicidio de Enrique Salinas de Gortari, ocurrido en diciembre de 2004 en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, cuando el entonces procurador general de justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida –hoy integrante del equipo de transición de Peña Nieto–, acusó a funcionarios y agentes de la AFI, que entonces encabezaba García Luna, de haber participado en el chantaje y posterior asesinato del hermano del expresidente. Entre los señalados por el procurador estatal se encontraban subordinados directos de Luis Cárdenas Palomino, otrora director de Investigación Policial, y su suegro Juan Marcos Castillejos Escobar, a la postre ejecutado en la colonia Condesa del Distrito Federal, en julio de 2008.

De ese episodio parece no haber resquemores. Al final el pragmatismo se ha impuesto. Carlos Salinas requería información, y Genaro García Luna, inmunidad. Además, estos personajes comparten un amigo en común: el abogado Alonso Aguilar Zinser, experto en la defensa de funcionarios públicos acusados de corrupción.

El litigante fue abogado defensor de Raúl Salinas de Gortari cuando éste fue acusado de participar en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, motivo por el cual lo condenaron a 27 años de prisión. Sin embargo, gracias a la defensa de Aguilar Zinser, el hermano del expresidente de México obtuvo un amparo a su favor y hoy está libre.

Aguilar Zinser también defendió al jefe del Departamento del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villarreal, cuando fue acusado de peculado por 420 millones de pesos. Asimismo, encabezó la defensa legal del gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como El Góber Precioso, contra la demanda interpuesta por la periodista Lydia Cacho.

Entre sus clientes más recientes se halla el candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada.

Por su parte, Genaro García Luna ha de estar consciente de su oscuro pasado y antes de que se presente una acusación formal en su contra quiere contar con un abogado con esa trayectoria. El propio Aguilar Zinser ha comentado en algunas fiestas sociales que él es el abogado del polémico secretario de Seguridad Pública federal aunque aparentemente no quiere que esa información transcienda a la opinión pública.

En sus reuniones con Genaro García Luna, Carlos Salinas, experto en el manejo de la información, siempre juega el papel del poder tras Enrique Peña Nieto. Gracias a esa circunstancia obtuvo información de inteligencia de la SSP y monitoreó si el gobierno federal pensaba judicializar la elección presidencial realizando alguna acusación de trascendencia contra el candidato presidencial del PRI o contra algún otro miembro de su equipo.

García Luna, creyendo que hablaba con el hombre del poder tras el trono, compartió sin reserva con él mucha información. Incluso algunas personas de su equipo, como Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, también desfilaron por la residencia de Camino a Santa Teresa para llevar la información que requería el expresidente. El interés del titular de la SSP era conseguir inmunidad durante el siguiente sexenio, aunque éste no fuera encabezado por un panista.

Como consecuencia de esos encuentros, Genaro García Luna llegó a decir a sus allegados que él iba a repetir en el cargo si Enrique Peña Nieto ganaba la elección presidencial. Parecía muy seguro y tranquilo por eso. Así estaban las cosas hasta que el 4 de septiembre le vaciaron en la cabeza un balde de agua fría: ese día, el presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a los integrantes de su equipo de transición y nombró como coordinador de Seguridad a Roberto Campa, ex candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza en 2006 y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entonces dependía de la SSP federal. Con información de ANABEL HERNÁNDEZ, 24 DE NOVIEMBRE DE 2012.. Fragmento del texto que se publica en Proceso 1882, ya en circulación). http://www.proceso.com.mx/?p=326097

Contra el narco, la improvisación desastrosa

Cuando Felipe Calderón sacó al Ejército y a la Marina de sus cuarteles para enfrentarlos con los cárteles de la droga, no tenía idea de qué hacer con las Fuerzas Armadas. Improvisó sobre la marcha y su guerra resultó un fiasco con un altísimo costo en vidas. El oprobio y el desprestigio alcanzaron a soldados y marinos porque en su actuación violaron sistemáticamente los derechos humanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las Fuerzas Armadas de México terminaron por asumir el costo del sexenio “valiente” de Felipe Calderón. Su exposición en el combate al narcotráfico, marcada por una violación sistemática de los derechos humanos y sin ninguna regulación de su actuar, dejó al Ejército y a la Marina divididos en la “guerra al narcotráfico” a la que los condujo en pos de su legitimidad presidencial.

Mientras la Marina formó parte de la espectacularidad con la ejecución y detención de jefes del narcotráfico, el Ejército vio desfilar hacia la prisión a algunos de sus generales en activo y en retiro por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, acusados por testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero la Marina Armada de México tampoco quedó incólume: Acabó con un historial de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad como tortura y desaparición forzada. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Marina superó incluso al Ejército en el número de recomendaciones en relación con las quejas presentadas en su contra.

Aunque el Ejército concentró casi 90% de las quejas abiertas este sexenio en contra de las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, al convertirse en los arietes de Calderón contra cabecillas del narcotráfico, acabaron también entre los principales violadores a la dignidad humana en México.

Desde que Calderón asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de octubre pasado, la CNDH registró 8 mil 929 quejas. De ellas, 7 mil 800, fueron contra el Ejército; es decir, 87.35%.

El 12.65% restante, mil 129, fueron contra la Marina. Pero en proporción, la Armada tuvo más recomendaciones que el Ejército cuando el organismo comprobó la existencia de violaciones.

De las quejas contra el Ejército, 108 acabaron en recomendaciones de la CNDH, mientras que las de la Marina devinieron en 19. En proporción, el Ejército tuvo 1.38, contra 1.68 de la Armada. La cifra es todavía más negativa para la Marina al considerase que el Ejército desplegó a 90 mil hombres contra el narcotráfico, mientras que la Marina envió una tercera parte de esta cifra.

La propia Secretaría de Marina Armada de México (Semar) da cuenta del nivel que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos desde que Calderón decidió aumentar el número de infantes de Marina para desplegarlos en contra de los grupos del narcotráfico.

Espectacularidad

En el Sexto Informe de Gobierno de Calderón, la Semar plantea que tan sólo entre 2011 y 2012 “desahogó 360 quejas ante la CNDH por presuntas violaciones cometidas por personal naval en esta materia. Citada Comisión concluyó que en 132 de ellas no tenía responsabilidad”. Aunque no lo dice, en el resto, 228 casos, hubo responsabilidad, sin que necesariamente hayan derivado en recomendaciones.

Los infantes de Marina funcionaron para las acciones espectaculares de Calderón: en diciembre de 2009 ejecutaron a Arturo Beltrán Leyva, en Morelos; en noviembre de 2010 a Ezequiel Cárdenas Guillén, en Matamoros, y en octubre de 2012 a Heriberto Lazcano Lazcano, en Progreso, Coahuila. Las muertes de los jefes de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y de Los Zetasocurrieron en tierra continental, fuera del ámbito natural de la Armada.

Además, los infantes de Marina detuvieron, entre otros, a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, de los Beltrán Leyva, en 2010; a Raúl Lucio Hernández Lechuga, jefe zeta en Veracruz, en diciembre de 2011, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, del cártel del Golfo, en septiembre pasado.

La actuación del Ejército fue menos espectacular. Sólo se acreditó en julio de 2010, en un enfrentamiento en Jalisco, la muerte de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, jefe regional del cártel de Sinaloa, y la detención, en marzo de 2009, entre otras, de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabeza dicha organización.

Con más despliegue en el país, el Ejército se hizo cargo de casi todo el aseguramiento de droga y detención de personas. De los 50 mil individuos detenidos por las Fuerzas Armadas en la campaña de Calderón contra los grupos de narcotraficantes, 46 mil 942 fueron capturados por el Ejército, 92.67%, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno. La misma fuente indica que de los mil 500 millones de pesos en que se valuó el decomiso de mariguana y cocaína en el sexenio, mil 494 millones, 99.49% lo hizo el Ejército.

Afectado durante años por la deserción, entre la que destaca la de los fundadores de Los Zetas, que han seguido reclutando a hombres en las zonas militares, el Ejército detuvo en parte la sangría. De los 107 mil 158 elementos que desertaron en el sexenio de Fox, en el de Calderón la cifra llegó a 43 mil 827 hasta agosto pasado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) atribuye esa tendencia al incremento de ingresos del personal castrense. Sin embargo, los aumentos anuales de 500 o mil pesos que anunciaba Calderón no se integraron al sueldo base de los militares, lo que ha provocado inconformidad entre el personal que se jubila.

El mayor desprestigio en la “guerra” de Calderón lo pagó el Ejército con la detención de varios generales. El caso más significativo fue el del general en retiro y exsubsecretario de la Sedena Tomás Ángeles Dauahare, a quien El Grande acusó de haber trabajado para el cártel de los Beltrán Leyva, aunque Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, otro integrante de esa organización, no lo ha reconocido como tal ante la PGR (Proceso 1881).

Las detenciones de los generales, que después de medio año no se han traducido en sentencia de primera instancia, sirvieron para que Calderón echara más leña al fuego a su “guerra contra el narcotráfico” y condenara públicamente a los detenidos: “Lo único que queda claro aquí es que mi gobierno no tolerará actos contrarios a la ley, vengan de donde vengan”, declaró el 21 de mayo de 2012 en Barbados, al final de la II Cumbre México-Comunidad del Caribe. Con información de JORGE CARRASCO ARAIZAGA. 24 DE NOVIEMBRE DE 2012. HTTP://WWW.PROCESO.COM.MX/?P=326002.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1882, en circulación)