Las tres dependencias a cargo de la compra del nuevo avión presidencial, que estrenará Enrique Peña Nieto en próximos días, han sido señaladas por la opacidad con la que manejan el tema. Actualmente para un mexicano es imposible saber los materiales o el lujo de aquella aeronave, la cual se paga con impuestos de los contribuyentes. A pesar de que el INAI se ha pronunciado para que el contrato se transparente, el pase de bolita y los pretextos por parte de la Sedena, Banobras y SHCP siguen imperando.

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Hoy vuelve a escena el avión que en 2009 el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa pactó comprar, como parte de la flotilla que durante su administración contaba con 361 unidades de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. De acuerdo con una solicitud de transparencia, este viernes llegaría al país la nueva aeronave.

De cabo a rabo, el Boeing 787-8MSN40695 Dreamliner mide 56 metros, 25 de ancho, está construido a base de fibra de carbono y tiene una vida útil de 25 años.

Sin hacer escalas puede transportar a más de 250 personas de la Ciudad de México a Tokio, cortando los cielos a una velocidad máxima de 954 kilómetros por hora, gracias a sus motores GEnx-1b70 [construido por General Motors] y Rolls Royce Trent 1000, cuyo ronroneo es casi imperceptible.

Hasta ahora, éste es el avión presidencial más caro del que se tenga registro en México y el mundo. Y Enrique Peña Nieto será el primer Jefe del Ejecutivo Federal quien lo estrene.

Tanto lo que puede hacer, como detalles de su interior o equipamiento son apenas conocidos. A pesar de ello, y con lo que se especula, a esta aeronave ya se le cataloga como una “mansión en el cielo”.

El contrato de compra-venta –operación por 576 millones de dólares que terminarán de pagarse hasta 2027–, así como información sobre su hangar, se encuentran en calidad de “reservados”.

El precio inicial de contado era de mil 667 millones de pesos, pero el pago final de 6 mil 308 millones de pesos.

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Si a una persona le interesa saber cuánto lujo existe dentro de ese transporte oficial, deberá primero enfrentarse a la negativa por parte de autoridades y luego a esperar a que los órganos de transparencia den instrucciones para garantizar el acceso a la información de la ciudadanía.

Reportes de prensa aseguran que la nave cuenta con una elegante área de trabajo de 14 asientos, 24 más para altos y medianos funcionarios y sus acompañantes. Además de 42 asientos para personal de apoyo y representantes de los medios de comunicación.

La periodista Sanjuana Martínez, por ejemplo, publicó en noviembre pasado en SinEmbargo que las “monerías y adecuaciones que costaron 100 millones de pesos” contemplan algunos detalles como ventanas más amplias e inteligentes. Pero nada de esto es público, todavía.

Lo que se sabe, por ahora, es que son tres las dependencias que participaron en la adquisición: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Cada una de estas instituciones ha negado algún tipo de información sobre el avión o el hangar donde se guardará.

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Banobras tuvo al menos 10 resoluciones donde negó la liberación del contrato u “orientó” a que los solicitantes hicieran la petición a la Secretaría de la Defensa Nacional o finalmente dijo que los datos eran inexistentes.

En todas las resoluciones, las cuales no se detalla cómo se realizaron, Banobras dijo que la información estaba reservada por 12 años por cuestiones de seguridad nacional y porque en su calidad de institución de crédito estaba obligada a respetar el “secreto bancario”.

Además, se respaldó en la Ley de Instituciones de Crédito para evadir las solicitudes de información. Expuso en sus respuestas que emitió comunicados; sin embargo, este medio pudo comprobar que dichos documentos no se encuentran en la página de Internet de esa Secretaría.

Dio todas esas respuestas, a pesar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió en 3 de diciembre de 2014 –en el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA-3579/14–, que Banobras debía entregar la versión pública del contrato de adquisición del Boeing 787-8MSN40695, mejor conocido como el avión presidencial.

En aquel entonces, el Comisionado mexiquense Eugenio Monterrey Chepov, a quién en el pasado se le vinculó con el Presidente Enrique Peña Nieto [en 2008 el entonces Gobernador lo propuso como comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México (Infoem)], subió el tema del avión presidencial al pleno del INAI.

Expuso que el solicitante pidió un contrato de interés general, con el fin de saber el destino de los recursos públicos, lo cual era necesario, recalcando que cobraba mayor importancia tratándose del avión presidencial.

Luego informó a los otros comisionados que Banobras no era la institución que estaba comprando la aeronave, sino que sólo se suscribió al contrato, por ello no podía alegar el llamado secreto bancario, pues la Sedena fue quien asumió el costo de la adquisición.

“Se tiene acreditado en el presente asunto que la Sedena es la que registra estos movimientos de gasto en relación con la adquisición de la aeronave presidencial, la sola participación de Banobras en la suscripción del contrato de adquisición, no puede ser un elemento suficiente para asumir que estamos en presencia de una operación bancaria de arrendamiento financiero, máxime que al intervenir dicha Institución en la suscripción relatada en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, asumió la obligación de publicitar información relacionada con las contrataciones en las que forme parte (sic)”, dice la versión estenográfica de la sesión de los consejeros del INAI.

De acuerdo con la organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, el “secreto fiduciario” o bancario tiene como fin la protección de los intereses del público, es decir, busca proteger la información relacionada con las operaciones de crédito que realizan los usuarios del sistema financiero.

“Es una disposición principalmente dirigida a particulares y por su naturaleza no tendría porque trasladarse al terreno gubernamental que en esencia debe ser abierto y transparente. Cuando un fideicomiso se constituye dentro de la administración pública centralizada o paraestatal, con recursos de gobiernos locales o por cualquiera de los poderes de la Unión, la información debe ser disponible salvo contadas excepciones en las que se justifiquen por la protección de intereses privados o por reserva de ley”.

Fundar explica en un boletín de prensa que este secreto es una estrategia legal que acompaña a “graves casos de corrupción y de irregularidades en el manejo de recursos tienen relación con los fideicomisos integrados con recursos públicos”.

“Bajo la figura del secreto fiduciario se reserva de manera indefinida el acceso a información sobre todo tipo de operaciones fiduciarias sin distinguir si se trata de clientes/usuarios, particulares/dependencias, recursos privados/ públicos. Consideramos que en el ámbito privado, es legítimo proteger la privacidad de los clientes; no obstante, tratándose de fideicomisos públicos, es evidente el grado de publicidad al que, por su naturaleza, deberían de estar sujetos; incluso, éstos son considerados en varias leyes de transparencia, como sujetos obligados directos de dichas”, detalla la organización.

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Pero el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos no es el único que le ha dado vueltas a las solicitudes de información sobre el avión del Presidente. En junio de 2014, un ciudadano pidió a la Sedena una copia de la documentación que diera cuenta sobre dónde ha estado el que será el nuevo avión presidencial, así como las ciudades, fechas y responsables de la aeronave. Pero la dependencia “orientó” al solicitante a Banobras.

Ante una impugnación por parte del interesado, en 2015 el INAI instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a responder, pues el avión presidencial arribó a territorio nacional el 9 de octubre de 2014, permaneció unas horas en la base militar número 1 en Santa Lucia, Estado de México, y regresó a Estados Unidos para continuar con su equipamiento.

“Por tanto, la Sedena debe tener constancia de la fecha y la ubicación de arribo”, determinó el INAI.

En julio de 2012, Sedena presentó el proyecto de adquisición del nuevo avión presidencial, argumentando que la actual aeronave cumpliría 27 años de servicio. El avión en proceso de adquisición, según información de la empresa productora, brindará mayor eficiencia en su operación debido a que por su velocidad y ahorro de combustible le permite usar 20 por ciento menos de carburante que cualquier otra aeronave de su tamaño en trayectos similares.

Por su parte, en la cartera de programas y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la clave de cartera 12071320003 se encuentra la información financiera del Programa de Inversión de Adquisiciones, con el nombre “Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor”, la cual también tuvo trabas para ser liberada, pero finalmente se hizo pública.

En esta cartera se especifica: “Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp (sic)”.

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La información sobre el avión, su equipamiento y gastos de mantenimiento, que no acaba de aclararse es apenas la punta les iceberg. Falta saber más sobre el hangar, pues este nuevo avión es más grande que el anterior, nombrado Presidente Juárez o TP-01.

El Presidente Juárez es un Boeing 757 que entró en operaciones en 1987.

El Gobierno mexicano jubiló como transporte presidencial al TP-01 el pasado 3 de abril, tras regresar de París, Francia. Ahora servirá para trasladar por los cielos a guardias del Estado Mayor.

A pesar que hoy la tecnología de esa nave hacen difícil su operación, según comentó a medios su tripulación, por casi tres décadas y con más de ocho mil horas de vuelo, fue el transporte oficial de los presidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con el relevo, también vinieron las modificaciones en el Hangar Presidencial, que se encuentra en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mejor conocido como Benito Juárez.

Concretos y Obra Civil del Pacífico S.A. de C.V. obtuvo la licitación directa con un monto de 794 millones de pesos, sin embargo el costo total ascendió a 977 millones de pesos.

El proyecto se había planeado que tendría un periodo de vida de 30 años, pero sólo será de cinco.

En el 2014 se le adjudicó la licitación a Concretos y Obra Civil del Pacífico SA de CV, filial de Grupo Higa, cuyo dueño es Juan Armando Hinojosa Cantú, para la remodelación del hangar presidencial. El contrato era por 945.5 millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos 2015.

La constructora a la que se le asignó la obra también es la que construyó la casa de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, en Las Lomas y la del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, en Malinalco; además encabeza el consorcio ganador para la construcción de la obra hidráulica Monterrey VI, con una participación del 37.75 por ciento.

La información sobre la remodelación se clasificó como reservada por 12 años por considerarse como un asunto de seguridad nacional, sin embargo datos en posesión del diario Milenio indican que se construyeron espacios como canchas de futbol, basquetbol y squash, así como espacios residenciales para los miembros del Estado Mayor.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, comentó en el pasado que “sólo la estructura de acero que conforma el hangar podría trasladarse de forma parcial a las instalaciones del nuevo aeropuerto”.

Originalmente, la obra estaba planeada para terminarse en agosto, pues el contrato señaló el inicio de los trabajos el 3 julio de 2014 con un plazo de 425 días naturales.