Si la oposición política se pregunta cuál es una de las razones por las que 30 millones de mexicanos decidieron no votar por los candidatos de las alianzas que se conformaron para enfrentar a Andrés Manuel López Obrador, es por la cantidad de excesos en la que incurrió la clase política con el dinero del erario.

Existen denuncias y escándalos de uso de recursos públicos a discreción por parte de legisladores o funcionarios de alto rango en las secretarías de Estado.

Cuentas millonarias por viajes que incluyeron: boletos de avión en primera clase, noches en hoteles de super lujo, todo ello para titulares y un número indeterminado de acompañantes sin dar cuenta de los resultados de esos viajes de placer, disfrazados de trabajo.

Pero lo que la opinión pública no perdonó fue el enorme dispendio que legisladores y burócratas hicieron con seguros de gastos médicos mayores.

Más allá de evaluar si estos seguros médicos realmente sirven o no, lo que los mexicanos percibieron es que los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario, colocaban a los funcionarios en una posición privilegiada con atención médica de primer mundo en los mejores hospitales, mientras que el resto de la población usa los saturados servicios públicos de salud, con esperas de horas para recibir atención, muchas veces sentados en el suelo o en la calle, lo que para una familia con algún integrante enfermo, resulta emocionalmente devastador.

El recelo generado por esta diferencia de realidades, de saber que en materia de salud hay mexicanos de primera, de segunda y de tercera, hizo que, ante la promesa de cancelar esos seguros a los políticos en turno, se votara por una opción que les quitara dicho privilegio para que, “vean lo que se siente”.

El que muchos servidores públicos se despacharan con la cuchara grande al integrar a sus seguros de gastos médicos a toda su familia y hasta a quienes no les correspondía, es una de las razones del viraje político que hoy vivimos. Martí Batres, líder del senado de la República, anunció que ya no se pagarán las primas de esos seguros de gastos médicos, por lo que cada servidor público que le interese mantener ese privilegio tendrá que pagarlo de su propio bolsillo.

El gobierno ya no pagará más seguros para nadie, y en esta idea hasta el presidente López Obrador tendrá que atenderse en los servicios gratuitos que ofrece el ISSSTE. Estamos muy lejos de la equidad económica en México, pero frenar el dispendio que suma casi 55 mil millones de pesos en 12 años, según la Secretaría de la Función Pública, nos encamina hacia ese objetivo; al menos en apariencia.

Corazón que sí siente: El desabasto de gasolina es una respuesta al desacuerdo que priva en el sindicato petrolero que aún dirige Carlos Romero Deschamps por las nuevas políticas de AMLO. ¿Qué espera el Presidente para dar su “quinazo”?

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