Todo lo que sube tiene que bajar. Lo realmente extraordinario sería que la popularidad que hoy goza el presidente López Obrador se mantuviera a lo largo de todo su sexenio.

Esa disminución en el afecto (que se advierte ya en los primeros abucheos) está calculada. La revocación de mandato no es otra cosa que una licencia para lanzarse nuevamente a la campaña, pero esta vez apoyado y financiado por las instituciones del Estado. Una campaña electoral donde él será el único candidato en la boleta. Donde se recogerán los frutos electorales del reparto del dinero que ahora mismo ejecutan los brigadistas de Morena –con sus chalecos con el nombre del presidente y futuro candidato–, que de casa en casa levantan el censo de las necesidades y al mismo tiempo dejan muy claro que el dinero llegará a cada familia por obra y gracia del señor licenciado López Obrador.

Cuatro elementos concurrieron en su triunfo de 2018.

El primero, su dilatada campaña electoral, los huecos en la ley que él aprovechó para recorrer todo el país en dos ocasiones, la burla al espíritu democrático que lo llevó a figurar en millones de fotografías y pendones al lado de los candidatos de Morena, los dos millones de spots en los que apareció como presidente de su partido: cuando la campaña real comenzó, él llevaba ya una enorme y ventajosa distancia respecto a sus contendientes.

El segundo, la ola populista que comenzó a recorrer el mundo como resultado de la gran crisis financiera de 2008. Una generación se define como un conjunto de personas nacidas entre determinados años y marcada por un hecho histórico común. La generación de los millennials, que es la que llevó al triunfo a López Obrador, obtuvo en esa crisis su marca generacional: constataron en ella que el capitalismo (al que llaman neoliberalismo) no les ofrecía ni casa ni empleo, que no se mostraba crítico con la corrupción y que, aunque era un mecanismo eficaz para la transmisión del poder, era un concepto frío que no convocaba a la solidaridad ni a la justicia. Ese malestar cultural fue el caldo de cultivo de los populismos que recorren el mundo y que a nosotros nos alcanzó en 2018.

El tercer factor, no menos importante, fue el pacto (no sabemos si real o tácito) entre el candidato puntero y el régimen saliente. Ese pacto se basó en un elemento central profundamente antidemocrático: la anulación del candidato del Frente por medio del uso faccioso de los instrumentos del gobierno. Nunca sabremos qué habría pasado si Peña Nieto, con la absoluta aquiescencia de López Obrador, no le hubiera echado encima a la PGR al candidato Anaya. Ahora se dice que aun sin esa descalificación oficial, Anaya no era capaz de obtener el triunfo. No lo sabremos nunca porque eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue el uso de la fuerza del Estado para descalificar a un candidato y el elocuente silencio de López Obrador, que ya había vivido un embate semejante durante el desafuero y que sabía perfectamente de qué se trataba ese proceso. Ahora todos somos testigos de que al expresidente Peña no se le nombra en las conferencias mañaneras como ejemplo de corrupción, como sí ocurre con los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. El pacto funcionó.

El cuarto elemento –que tiene que ver con el mal gobierno y con la corrupción imperante de la administración de Peña Nieto–, es para los jilgueros del régimen el factor central de la victoria, porque de ese modo ocultan que fue la burla al espíritu democrático, factores mundiales circunstanciales y el uso faccioso de la ley, los que los llevaron al poder.

La revocación del mandato y la elección de 2024, en la que probablemente veamos a López Obrador en la boleta (no porque él lo quiera sino porque el pueblo “se lo demanda”, y siempre hay que obedecer al “pueblo sabio”) se llevarán a cabo en condiciones singulares. No sólo porque en esas citas piensan recoger los frutos electorales del clientelismo y el reparto de dinero, ni tampoco porque los superdelegados hayan hecho su labor de minar a los candidatos locales en favor de los de Morena, sino porque van a estar regidas bajo una nueva ley electoral que se está ahora gestando. López Obrador ha adelantado algunos de sus componentes, como el que el delito electoral será elevado a delito grave sin fianza: primero detienen al presunto culpable por tiempo indefinido y desde el encierro el inculpado puede 'defenderse'.

Durante años el presidente y su partido crearán las condiciones sociales de un tablero absolutamente desventajoso, contarán con la supeditación del Tribunal Electoral y con nuevas leyes electorales draconianas. El presidente o la persona por él designada para dar continuidad a su proyecto, tendrán todo para ganar antes de haber comenzado las campañas. El proyecto de dominio hegemónico de un partido único está en marcha. El sueño de Salinas, de que su administración conservaría el poder durante 24 años, lo puede cumplir su gemelo enemigo. ¿Sufragio efectivo? No, reelección.