El Pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite la impugnación que el Gobierno de Rajoy ha presentado esta mañana contra la resolución aprobada hace 48 horas por el Parlamento de Cataluña, en la que se acuerda el inicio del proceso de ruptura con España.

Los 11 magistrados no sólo han acordado suspender automáticamente y por unanimidad el pronunciamiento secesionista, tal como ordena la Constitución, sino que, además, han aceptado la petición del Gobierno de realizar, por primera vez, una notificación personal y directa a los 21 cargos públicos identificados como responsables de que se cumpla estrictamente la paralización de la resolución impugnada, que, de forma cautelar, ha quedado sin efecto y sin desarrollo posible.

Se trata de la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, y los seis miembros de la Mesa; el secretario general de la Mesa, Pere Sol; y del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeros.

Nunca antes una providencia de suspensión cautelar ha tenido este tratamiento. El Constitucional suele notificar genéricamente a la institución o al cargo cuya resolución se paraliza, pero nunca lo hace de manera individualizada.

Con ello se pretende que esas 21 autoridades catalanas se consideren personalmente emplazadas a respetar la suspensión y hacerla respetar por el Parlament y el Govern.

La resolución del Tribunal Constitucional incluye también la advertencia a las autoridades catalanas de que no podrán adoptar ninguna medida de ejecución del acuerdo de ruptura, bajo apercibimiento de responsabilidad penal.