Las elecciones del 10N suponen para Vox algo más que el aumento de su presencia numérica en el Congreso. Sus 52 diputados traen aparejada la entrada de esta formación en dos instituciones en las que nunca antes había estado: al menos un asiento en la Mesa del Congreso y la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.

Durante su discurso de celebración, Santiago Abascal ha anunciado su intención de "recurrir todas las leyes liberticidas y anticonstitucionales que los otros partidos habían dejado pasar". El artículo 162 de la Constitución habilita a los diputados para presentar recursos de inconstitucionalidad siempre y cuando lo hagan acompañar por al menos 50 firmas de parlamentarios. Vox cuenta por sí mismo con 52 y en el Alto Tribunal ya dan por sentado que el ascenso de la formación de extrema derecha traerá aparejado trabajo extra y un volumen indeterminado de recursos para estudiar. Vox podrá recurrir cualquier ley que no haya cumplido tres meses desde su publicación en el BOE.

La dirección de Vox quiere encontrar en el Constitucional otro punto de apoyo sobre el que cimentar su crecimiento. El sector conservador del tribunal se asocia tradicionalmente con los postulados del Partido Popular pero los recursos que la formación de extrema derecha llevará a la ventanilla del alto tribunal pondrán al PP en una difícil tesitura: apoyarlos o marcar distancias con Vox.

Las elecciones del 10N complican también la pretensión del Partido Socialista y Partido Popular de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el propio Constitucional. Las dos principales formaciones no suman los tres quintos que la ley exige para que el Parlamento acometa esos relevos en la cúpula de la judicatura y en el órgano encargado de interpretar la Carta Magna. En ese debate, la voz de Vox puede marcar la diferencia entre conseguir la renovación o dificultarla.

Al igual que en otros muchos debates, Vox pretende influir sobre el Partido Popular a la hora de convertir al Constitucional en una segunda cámara que revise cada una de las leyes que el próximo Gobierno pueda ir llevando al Parlamento. En caso de conseguirlo, el próximo ejecutivo tendrá que someter su acción legislativa a la discusión contante vía recurso de inconstitucionalidad.

Al menos un puesto en la Mesa del Congreso

Con 52 diputados la entrada de Vox en la Mesa del Congreso también se puede dar casi por segura. De los nueve miembros que configuran este órgano parlamentario la formación de Abascal podría pugnar por dos puestos. El sistema para la elección de la Mesa consiste en la votación por separado de los cuatro vicepresidentes y los cuatro secretarios. Cada diputado tiene que poner un único nombre en la urna en cada votación y los cuatro nombres que más votos obtengan ganan el puesto.

La Mesa del Congreso es el órgano que dirige el día a día de la vida parlamentaria. Durante la última legislatura Unidas Podemos obtuvo dos puestos, siendo uno de ellos la vicepresidencia primera. Con 10 escaños más, Vox puede dar por seguro al menos un asiento en ese organismo e incluso dos, siempre y cuando no haya un pacto entre el resto de las fuerzas para sumar esfuerzos e intentar reducir su presencia.

Estar en la Mesa del Congreso supone tener acceso a información de primera mano y un peso específico en decisiones internas del Parlamento: participar en las comisiones de funcionamiento interno, presencia en las Juntas de Contratación y capacidad para influir en el ordenamiento de los debates.

Los miembros de la Mesa representan a España en los frecuentes viajes institucionales a los que el Congreso asiste para participar en jornadas o reuniones con parlamentos de otros países. La asistencia a esos viajes se adjudica con frecuencia aplicando criterios de reparto por turnos. Dicho en otras palabras, con su llegada a la Mesa del Congreso, Vox tendrá por primera vez funciones de representación institucional en reuniones internacionales.