La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene en sus manos una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad. Un total de 198 parlamentarios de ocho países de América Latina exigieron esta semana ante la Corte de La Haya la apertura de una investigación sobre "la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados" en Venezuela.

La Fiscalía del TPI examinará la denuncia y se pronunciará en los próximos días, según avanzaron ayer en Madrid los tres parlamentarios que volaron a Europa para realizar la gestión en nombre de sus colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Uruguay y Perú.

"La denuncia en La Haya es uno de los pocos caminos que le quedan a los venezolanos y una manera de decir a este pueblo que no está solo", precisó Cecilia Chacón, del partido Fuerza Popular de Perú, destacando que, junto a Maduro, se ha denunciado asimismo a varios funcionarios del régimen venezolano. "Así [los funcionarios] se andarán con cuidado con lo que hacen, ya que de repente habrá muchos ojos mirando", apuntó Cornelia Schmidt, de Propuesta Republicana de Argentina.

Llamamiento a los españoles

Chacón, Schmidt y Adrián Oliva (Convergencia Nacional de Bolivia) realizaron un llamamiento a los parlamentarios españoles y del resto de Europa a sumarse a esta iniciativa. "Tenemos la posibilidad de adjuntar nuevas firmas a la denuncia", avisó la parlamentaria argentina Schmidt. Cuestionados por EL MUNDO sobre sus posibles contactos con políticos españoles, reconocieron que se habían producido "acercamientos extraoficiales, pero no oficiales". "En todo caso, sabemos que están preocupados por lo que ocurre en Venezuela, al igual que muchos miembros del Parlamento Europeo", aclararon.

Desde el pasado 12 de febrero, las calles venezolanas se han llenado de manifestantes que protestan contra el Gobierno de Maduro. Desde esa misma jornada, "40 personas han muerto, 59 han sido torturadas, miles han sufrido heridas y un número indeterminado ha desaparecido", como recordaron ayer en Madrid los parlamentarios latinoamericanos.

¿Qué han hecho desde entonces los líderes de otros países del sur del continente americano? ¿Y los organismos regionales? A juicio de Schmidt, Chacón y Oliva, nada. De ahí también esta movilización entre políticos de ocho países que ha culminado en La Haya.

'Levantar la voz'

"Exigimos a nuestras autoridades que levanten la voz y abandonen su silencio cómplice", sentenció Chacón. "Y lo mismo pedimos a las organizaciones que tienen que velar por los derechos humanos. La OEA y Unasur tienen que parar la masacre en el país hermano. Lo que ocurra en Venezuela influirá en los acontecimientos de toda Latinoamérica en los próximos años".

Para Chacón, "la OEA está jugando un lamentable papel", mientras deseó en alto que "Unasur no se esté utilizando para lavarle la cara a Maduro".

Precisamente ayer, bajo auspicio de Unasur, comenzaron en Caracas los preparativos para abrir el diálogo entre el Gobierno y la oposición. "No entiendo cómo se va a mediar en un conflicto si quien media ha negado el problema", señaló el boliviano Oliva. "La iniciativa de Unasur, que ojalá llegue a buen puerto, tiene defectos de partida. Los ministros de Exteriores involucrados forman parte de una organización que niega que hay una crisis, represión y violencia en el Estado venezolano. ¿Cómo se va a avanzar en el diálogo si se niega la realidad? Hay que partir de la base de la verdad y no hacer un diálogo de la complicidad y el encubrimiento. Eso no va a llegar a buen puerto".

Entre los 198 legisladores que han estampado su firma para llevar a Maduro a La Haya se encuentran destacadas figuras de los partidos en el poder en Brasil, Bolivia o Perú. "No se trata de un problema de izquierda o derecha, sino de derechos humanos. Se están cometiendo crímenes en Venezuela con grupos paramilitares. Hay que denunciar los delitos vengan de donde vengan", aseguró Adrián Oliva, explicando que parlamentarios venezolanos quisieron participar en la denuncia, pero rechazaron su petición "para no tomar parte en el conflicto".