Cambiar para que todo siga igual. Esa es la esencia del “gatopardismo”. A manera de ejemplo, hace un año el oficialismo suscribió, en el Palacio de La Moneda, un compromiso solemne con los parlamentarios independientes. La fórmula era simple: ellos aportaban sus votos para aprobar el fin del sistema binominal a cambio de simplificar la creación de nuevos partidos políticos y garantizar mejor su sobrevivencia. Bajo ese compromiso, Chile dijo adiós a un sistema electoral que había sostenido un sistema oligopólico de partidos por un cuarto de siglo.

Un año después, el compromiso sucumbió ante los nuevos cálculos electorales del bipartidismo. La recién aprobada legislación que regirá a los Partidos Políticos es más restrictiva que la existente. 0,25 por ciento para formar un partido. Pero la máxima exigencia para consolidarse. Un partido político recién formado deberá obtener un 5% de los votos o cuatro diputados. Si fracasa, deberá disolverse. No podrá fusionarse con otro para mantenerse en la legalidad y recibir aportes del Estado. Otra más. De los aportes que entregará el Estado, los partidos con representación parlamentaria se repartirán el 80% del total. Y compartirán el otro 20% con los partidos recién inscritos. Eso, claro, en forma proporcional al peso de cada colectividad.

En suma, la cancha quedó desnivelada desde el inicio del nuevo sistema electoral. Es una paradoja: el prometido sistema electoral que permitiría “florecer a todas las flores”, formar nuevos partidos, incluso regionales, y estimular la competencia política, acabó creando mayores barreras. Para la anécdota queda la obligación que enfrentan los partidos en formación para hacer firmar a sus adherentes su adhesión ante Notario, uno a uno, mientras los partidos tradicionales podrán hacerlo por Internet o aprovechar asambleas o comicios internos para recolectar las firmas para el refichaje de la militancia.

Para la anécdota queda la obligación que enfrentan los partidos en formación para hacer firmar a sus adherentes su adhesión ante Notario, uno a uno, mientras los partidos tradicionales podrán hacerlo por Internet o aprovechar asambleas o comicios internos para recolectar las firmas para el refichaje de la militancia.

Para decirlo sin indirectas, el oficialismo borró con el codo lo que había escrito con la mano un año atrás.

¿Qué pasará con la regionalización prometida del poder? Los partidos de base territorial quedaron, ley en mano, desahuciados antes de nacer. Los cuatro diputados que se exigen como mínimo para subsistir deberán corresponder a regiones diferentes. Un traje a la medida del “statu quo”.

Se podría reprochar la inconsistencia de las promesas. Incluso el incumplimiento de un acuerdo político formal. Son actitudes que acrecientan las desconfianzas y el descrédito en la política. Tanto o más grave es la negación a mirar el largo plazo o al entorno. La emergencia de los movimientos sociales y la repolitización de la sociedad civil ayudan a explicar el programa de cambios del Gobierno de la Nueva Mayoría mucho más que el impulso reformista de los partidos concertados (si es que lo tienen).

La gobernanza requiere hoy mucho más que articular alianzas entre partidos. Los gobernantes deberán dialogar con los movimientos y las organizaciones sociales mucho más que en el pasado. Y tendrán que aprender a ver, escuchar y dialogar. Deberán construir acuerdos sociales complejos y, probablemente, más inestables que en el pasado. La mejor hora del duopolio ya pasó. Aunque se resistan los viejos partidos, aferrados al dominio exclusivo de “la cosa pública”, la política dejó de ser monopolio de las viejas estructuras partidarias jerárquicas, burocráticas y opacas que nos gobernaron estos 24 años.