Mauricio Macri quiso que la ciudad de Buenos Aires se transformara en un paraíso fiscal. Fue en 2008, mientras era Jefe de Gobierno. Logró frenarlo Alejandra Gils Carbó, por entonces Fiscal General General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. A pocas semanas de la asunción de Macri como presidente la causa tuvo novedades, mientras se revelan motivos de la embestida contra Gils Carbó.

El proyecto de convertir a Buenos Aires en un lugar amigable para las sociedades extranjeras se plasmó en la ley 2.875, sancionada por la legislatura porteña el 9 de octubre de 2008. Esta ley creaba un “Organismo del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas” que tendría entre sus competencias la “fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el registro y control de las sociedades extranjeras. El 2 de febrero de 2009 Gils Carbó presentó una medida cautelar ya que esta ley infringía varias normas, incluida la Constitución.

En los hechos, este nuevo organismo creado por Macri duplicaba las funciones de la Inspección General de Justicia (IJG), el organismo cuya función es registrar y fiscalizar las sociedades tanto nacionales como extranjeras. Macri predentía que existiera un doble registro, donde las sociedades pudieran optar en cuál inscribirse. La clave estaba en los requisitos y controles: en la ciudad ambos serían mucho más laxos. La posición de Gils Carbó fue contundente: “En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de las sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de ‘paraísos societarios’ en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad”. La cuestión era clara. Los beneficiarios también.

A todo esto, en 2003 la IGJ había creado un nuevo “Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero” para mejorar el control sobre operaciones de fraude impositivo en las que se utilizan sociedades offshore. En su presentación, Gils Carbó relata: “Hasta entonces, era una práctica tolerada que un sector privilegiado de ciudadanos argentinos ocultara sus ganancias y sus bienes de la acción del fisco, de los derechos del cónyuge, de los trabajadores y de los acreedores por cualquier otra causa, registrando sus propiedades a nombre de una sociedad extranjera offshore. También es el sistema que se utiliza para esconder el producido de actividades ilegales y delictivas provenientes de la corrupción pública y privada. (…) esta clase de sociedades pantalla permite ocultar al verdadero titular del patrimonio gracias a un régimen de confidencialidad ofrecido por los centros offshore”. Es decir, Macri no solo pretendía quitarle la función a la IGJ, sino permitir que las sociedades extranjeras evitaran este registro. Siguiendo el argumento de Gils Carbó, la fiscal aseguró que, de constituirse el nuevo organismo que pretendía Macri, “los grandes evasores podrán acudir al nuevo registro societario simplificado para eludir el Registro de Actos Aislados de Sociedades Constituidas en el Extranjero y otras reglamentaciones que dictó la Inspección General de Justicia nacional en defensa de la equidad fiscal, la transparencia y los derechos de terceros”.

Pero, además, Gils Carbó plantea en su escrito que la ley 2.875 es inconstitucional porque incumple los artículos 31 y 129 de la Constitución (al sobrepasar las facultades de la ciudad), así como ignora las leyes nacionales 24.558 (que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires) y 22.315 (que establece competencias de la IGJ). En su presentación, Gils Carbó asegura que la iniciativa de Macri “pretende traspasar a la ciudad de Buenos Aires materias de interés nacional que conciernen a la protección de la soberanía, como lo es el registro y control de las sociedades extranjeras”. Y, por si fuera poco, la decisión de Macri va a contramano del mundo: “Vale decir, mientras todo el resto de los países avanzados se orienta hacia un nuevo proteccionismo y a un perfeccionamiento de las regulaciones del mercado, la Ciudad de Buenos Aires viene contra la corriente seduciendo a las sociedades con trámites sencillos y simplificados”, sentenció Gils Carbó.

La anulación de la transparencia y demás beneficios impositivos que rigen en los paraísos fiscales generan consecuencias en los países en materia de recaudación impositiva y planificación estatal en base a la misma. Gils Carbó lo resume así: “La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de la utilización de sociedades extranjeras offshore. Ello beneficia directamente la actividad de los paraísos fiscales obstruyendo cualquier planificación fiscal basada en la equidad, además, protege las actividades delictivas. La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas”. Este era el plan de Macri, frenado por Gils Carbó, pero que puede reimpulsarse.

Como en la causa en la que estuvo procesado por escuchas ilegales, Macri logró una medida judicial favorable al poco de asumir la presidencia. La jueza Macarena Marra Giménez anuló la cautelar que impedía que Buenos Aires se transforme en un lugar ventajoso para sociedades opacas. El argumento: la falta de legitimación de Gils Carbó. La nueva fiscal de la causa, Gabriela Boquín, apeló la resolución de la jueza Marra Giménez. La causa puede llegar a la Corte Suprema.

A todo esto se suma la cooptación de los organismos públicos que se ocupan de investigar lavado de dinero. Es el caso de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde Macri designó a todas personas vinculadas al Estudio Marteau, reconocido por ser justamente el buffete al cual acuden las empresas denunciadas por lavado de dinero. Macri nombró a Mariano Federici, vinculado a Marteau y al FMI, al frente de la UIF. A su lado, como vicepresidenta del organismo, asumió Maria Eugenia Talerico, abogada del HSBC, el banco responsable de la fuga y el ocultamiento de millones de dólares en Suiza. Junto con ellos llegó a la UIF Celeste Plee, que trabajó hasta ese momento en el estudio Marteau, y es hija del fiscal Raúl Plee, durante años a cargo de la unidad fiscal antilavado en la que no obtuvo casi resultados. Para cerrar el círculo, Macri le quitó funciones a la UIF y las derivó en un nuevo programa del Ministerio de Justicia a cargo del mismo Juan Félix Marteau.

En este marco se comprende la embestida en campaña y luego de asumido Macri contra la Procuradora Gils Carbó. Mientras Macri es imputado por su participación en sociedades off shore en Panamá que no figuran en sus declaraciones juradas, su ministro de Justicia Germán Garavano presenta un proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal para recortarle la mayoría de las funciones a Gils Carbó y lograr un control político del organismo, anulando su independencia y violando la Constitución.