La denuncia del Gobierno contra el juez Claudio Bonadio, quien días atrás puso bajo la lupa una empresa propiedad de Cristina Kirchner, alcanzó para sancionarlo económicamente.

Por mayoría, el cuerpo votó quitarle un 30 por ciento de su sueldo, aunque no prosperó el pedido oficial de llevarlo a juicio político.

La Comisión de Disciplina y Acusación trataba desde temprano el pedido del secretario de Justicia, Julián Álvarez, de jury, que acusó al magistrado de "mal desempeño". El vice pidió también una sanción económica.

Con el apoyo de la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez, el kirchnerismo consiguió siete votos -contra seis- para lograr la sanción económica, pero no alcanzó para llegar a nueve, los necesarios para suspender a un magistrado.

El jueves pasado, Álvarez dijo que Bonadio quería extorsionar al Consejo y solicitó que sea suspendido y, luego, removido de su cargo. El planteo que formuló el segundo del ministro Julio Alak, que también integra el Consejo, es el noveno pedido de juicio político que tiene el juez en su contra.

En lo formal, la denuncia fue por las demoras -de años atrás- en que incurrió Bonadio en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y créditos a la ex curtiembre Yoma.

Pero el kirchnerismo reflotó esa investigación a pocos días de que el magistrado allane la empresa Hotesur, la firma hotelera de la familia Kirchner, y pidiera las declaraciones juradas de la jefa de Estado, sus allegados y del empresario Lázaro Báez.

La denuncia contra Bonadio en el Consejo fue tratada por la Comisión de Acusación y Disciplina, que preside un kirchnerista, el académico Jorge Daniel Candi.