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"Pensé que iba dormir en la calle y dejar a mi bebé con su padre. El mismo día que la Justicia nos desalojó, logré conseguir una pieza compartida en una pensión y me fui para allá". Esta dura circunstancia afrontó la peruana Estefani Hurtado. Acompañada por siete mujeres emigrantes, una uruguaya y diez niños, Hurtado había ocupado varias casas sobre la calle Mercedes.

El 7 de septiembre de 2018, las madres y sus hijos fueron desalojados tras recibir varias intimaciones de la Fiscalía. Las entradas de las casas vacías fueron tapiadas con bloques.

El penoso proceso de las nueve madres y sus niños comenzó mucho antes. El 17 de abril de este año fueron notificadas a través de la Policía, de una orden librada por el Fiscal de Flagrancia de 5° Turno para que, en un plazo de 20 días, se retiraran de las viviendas que ocupaban o serían conducidas detenidas a la Fiscalía por un delito de usurpación.

Poco después, las nueve madres se presentaron ante el Ministerio de Vivienda solicitando que se les concediera una garantía de alquiler o se les brindara una solución habitacional alternativa.

Allí señalaron que llegaron a Uruguay con la esperanza de acceder a un trabajo estable y a un lugar seguro donde vivir.

Explicaron que ocuparon las casas porque algunas de ellas no habían obtenido la residencia definitiva, lo cual les dificultaba ingresar al mercado laboral y, por lo tanto, a las garantías regulares de alquiler.

Antes de obtener una respuesta del Ministerio de Vivienda, el 25 de junio de 2018 fueron notificadas por la Policía que tenían un plazo de cinco días a partir de esa fecha para abandonar las casas ocupadas o serían detenidas y acusadas penalmente de usurpación.

"Fuimos las madres al juzgado. Yo llevé a mi bebé. Perdimos. Todas nos tuvimos que ir de las casas. Yo no tenía dónde ir. No tengo una persona de confianza para que nos salga de garantía y podamos alquilar un pequeño apartamento. Por una pieza de pensión, con mi amiga pagamos $ 8.000; nos dividimos los gastos", señala Estefani.

La omisión.

Las madres presentaron un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo solicitando que se condene al Ministerio de Vivienda a que les brinde una garantía de alquiler o les proporcione una casa en forma inmediata.

La Justicia no hizo lugar al pedido de las madres señalando que no existe una obligación del Ministerio de Vivienda de resolver los problemas habitacionales de todos y cada uno de los habitantes del país.

Las madres apelaron la resolución alegando que no pretendían que el Estado uruguayo les entregara una casa para su uso, sino que querían acceder a una garantía estatal que les permitiera arrendar una vivienda, lo cual les resultaba imposible por otros medios en virtud de su situación socioeconómica generada por su estatus migratorio. Es decir, no podían acceder a un empleo formal por carecer de residencia.

"Me quedé en la calle cuando me echaron de la casa. Me fui a una pensión con mi novio. Salí de República Dominicana para tratar de mejorar. Pero no salió como yo pensé. Acá, en Uruguay, los sueldos son muy bajos, la comida cara y los alquileres altos", dice la dominicana, Jacinta Trinidad.

Injusticia.

El expediente pasó a Estudio del Tribunal de Apelaciones. En un fallo reciente, el tribunal con los votos favorables de las ministras Beatriz Venturini, Loreley Pera y Graciela Pereyra y con las opiniones discordes de los ministros Álvaro França y Tabaré Sosa, confirmó el fallo de primera instancia y desestimó la demanda.

Según la sentencia, la Constitución de la República no obliga al Estado a otorgar una vivienda a todo habitante del territorio nacional.

El Tribunal señala que no está dentro de los cometidos de la cartera el proveer de vivienda digna y decorosa a las personas que ingresan al país, como así tampoco a los demás habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros.

Advierte que hacer lugar a la pretensión de las nueve madres demandantes podría llevar incluso a una situación de "absoluta injusticia" y "desigualdad" respecto de otras personas —tanto nacionales como extranjeras— que para obtener ese beneficio (garantía de alquiler) han tenido que cumplir con todos los requisitos y etapas previstas en la normativa.

"Tengo dos hijos. Hace cinco años que llegué a Uruguay. Me tuve que ir a una pensión. Salí de República Dominicana porque me dijeron que aquí iba a ganar más. Al principio fue así. Ahora ya no. Estoy sin trabajo y hago limpieza por horas", expresa Santa Sena.

Ministros discordes.

El ministro Sosa advierte que quedó probada la "especial vulnerabilidad" de las demandantes en sus derechos fundamentales.

Y agrega que tal extremo impone que el Estado tutele esos derechos amenazados. "(...) Debe tenerse por admitido que los actores son personas (mujeres y niños migrantes en su casi totalidad) que están en situación de vulnerabilidad, de extrema necesidad".

El ministro França opina que la respuesta del Estado debe ser "oportuna", ya que de otra forma los derechos de esas madres y sus hijos se verían seriamente afectados al verse obligados a permanecer en situación de calle con todos los riesgos que ello implica.