El Consejo de la Transparencia se estrena sin informar de los sueldos y demás retribuciones que percibirán los ocho consejeros que lo componen. Se sabe que dispondrán de un presupuesto de casi dos millones de euros, pero Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Administraciones Públicas, ministerio al que está adscrito, no ha consignado retribución de los altos cargos, como ocurre en otros negociados. El Consejo carece además de competencia sobre el Portal de la Transparencia, presentado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el último grito de la espectrometría de la acción de gobierno.

La dotación presupuestaria del nuevo ente es de 1.890.200 euros, de los que 1.095.860 se destinan al pago de personal, 4.680 euros a "gastos protocolarios y representativos" y los restantes 789.660 euros serán administrados por los ocho consejeros en los gastos que estimen oportunos, tales como contratación de informes, compra de material, costes de funcionamiento y realización de publicaciones, entre otros.

La vicepresidenta del Gobierno ha repetido que estamos ante un organismo independiente, aunque todos menos uno de sus ocho miembros han sido designados por el Gobierno y el PP. Así, la presidenta del Consejo, María Esther Arizmendi Gutiérrez, está nombrada por el Ejecutivo a propuesta del ministro Monotoro. Es funcionaria de carrera y se ha ocupado de la llamada “modernización” de la Administración General del Estado (AGE), cuyo principal dividendo ha sido la contratación conjunta de los servicios de limpieza y de seguridad de los edificios ministeriales en Madrid. Los siete vocales, con excepción del senador del PNV Jokin Bildarratz Sorron, han salido de las distintas instituciones manejadas por el partido gubernamental.

El otro puesto reservado a las Cortes Generales ha sido ocupado por la diputada del PP de Zaragoza y teniente de alcalde de Fuentes de Jiloca, Pilar Cortés Bureta, quien todavía no ha causado baja oficial en el Congreso. El Tribunal de Cuentas del Reino, con presidente designado por el PP, aporta la letrada María José de la Fuente y de la Calle; el Defensor del Pueblo bajo la titularidad de la veterana exministra de la extinta UCD y exdiputada del PP Soledad Becerril, envía al Consejo de la Transparencia a su hasta ahora secretario general y profesor de la Universidad Carlos III, José Manuel Sánchez Saudinós.

La nómina se completa con Agustín Puente Escobar, hasta ahora jefe del gabinete jurídico de la Agencia de Protección de Datos, también bajo el control del PP, y con los designados por el Ejecutivo María Pía Junquera Temprano, directora de organización administrativa y procedimientos en el departamento de Montoro al tiempo que consejera de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, y José Luis Martínez-Almeida Navasqués, que el 4 de diciembre cesó como apoderado de Agruminsa, la antigua sociedad vizcaína de extracción de hierro con una negra historia en Ortuella y en el Parque Empresarial del Principado de Asturias. Además, desde hace medio año ocupaba el cargo de director de la división jurídico-institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Este Consejo en absoluto independiente, sin que quepa prejuzgar su neutralidad, cuenta con capacidad jurídica propia y plena libertad de obrar, lo que le permite realizar todo tipo de contratos y subvenciones. Dispone de dos subdirecciones generales, todavía vacantes, una de reclamaciones y otra de transparencia y buen gobierno, y será dotado con un número de funcionarios también por concretar. Su función institucional más relevante consiste en evacuar un informe anual al Congreso de los Diputados sobre las peticiones de información formuladas por los ciudadanos y admitidas o rechazadas, contestadas satisfactoriamente o denegadas con fundamento o sin el.

Aunque el Consejo de la Transparencia ha de velar por “el cumplimiento de la publicidad activa”, es chocante que no tenga competencia alguna sobre el Portal de la Transparencia que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría presentó el día 9 del corriente con características balsámicas contra la corrupción. No obstante, como posee la facultad de “hacer recomendaciones” cabe esperar que recomiende a La Moncloa, que ha gastado más de 200.000 euros en el citado portal, un acceso directo y sencillo al “pin”, para que los ciudadanos puedan solicitar la información al detalle que hoy por hoy la Administración del Estado ofrece al por mayor y con grandes lagunas.

Así, por ejemplo, en el portal solo figuran los sueldos públicos de los ministros y altos cargos –incluidas las remuneraciones a los cesantes--, pero sigue faltando la declaración de bienes y patrimonio, algo que sin ley de transparencia hicieron público los ministros y secretarios de Estado del último Gobierno del PSOE que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. De antemano se sabe que ninguno de los actuales gobernantes ha llegado a la política para hacerse rico, sino pobre, lo que no quita que el Consejo de la Transparencia recomiende el cumplimiento de este precepto establecido en la ley.

La capacidad recomendatoria del Consejo podría afectar asimismo a los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias, pues siendo altos cargos designados por el propio Ejecutivo no figuran ni ellos ni sus sueldos públicos en el mencionado portal. Cierto es que, por no figurar, ni el lugar de nacimiento de los ministros y altos cargos se puede hallar en sus currículos. ¿Si el Gobierno dispone de los medios para saber todo de cualquier ciudadano, por qué no podemos saber al menos de donde es el director general de tal o cual departamento? La respuesta de un fontanero de La Moncloa fue: “Desconozco la razón, pero me atrevo a afirmar que no quieren ser incordiados por sus paisanos con peticiones de enchufes, ayudas, trámites y garambainas”. Lógico.

Del Consejo cabe esperar respuesta y freno al nepotismo familiar y de partido en los organismos públicos. También la recomendación al Ejecutivo de un mayor esfuerzo para cumplir la ley de la paridad, pues de 30 Secretarías de Estado o asimiladas, 24 están ocupadas por hombres y solo 6 por mujeres; de 228 direcciones generales, 172 están ocupadas por varones y 52 por mujeres, y del conjunto de los 353 altos cargos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy Brey, más del 70% son hombres (254) y menos del 30% mujeres (99). Sirva de consuelo a la discriminación de las mujeres que al menos el Consejo de la Transparencia ha nacido paritario.