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“Firma esta campaña y advierte a Manuela Carmena que si cambia los nombres de las calles de los mártires tomaremos medidas legales. Lo que puede cometer Carmena es delito de prevaricación y delito de discriminación por motivos religiosos”. Así de tajante se muestra en su página web Abogados Cristianos (AC), la asociación que ha demandado al actor Willy Toledo por blasfemar contra Dios y la Virgen. Un juez ha emitido una orden de detención contra el artista por no presentarse a declarar ante la justicia tras la denuncia de esta organización ultraconservadora y de la Fiscalía del Estado. Pero Toledo no es el único al que los letrados católicos le han puesto la diana. Manuela Carmena es la siguiente en la lista en esta especial caza de brujas contra todo aquel que se atreva a ir contra la fe nacionalcatolicista y los símbolos de la dictadura.

“Y vamos a denunciar a Manuela Carmena si termina perpetrando este atropello. Puede ser cuestión de días, o de horas, que Carmena burle la memoria de los miles de asesinados por causa de su fe. Firma ahora esta petición y recuerda al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que vamos a iniciar medidas legales si cambian los nombres de las calles dedicadas a los mártires”, aseguraba la organización ya en el año 2015.

Abogados Cristianos, que se define como asociación civil de ámbito nacional fundada en el año 2008, defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo. “Entre nuestros fines se encuentra la defensa jurídica de la libertad religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe”, asegura en su portal de internet. Según los letrados cristianos, en España a día de hoy se “cometen más de cien mil abortos anualmente, se rompen diariamente 350 matrimonios y hay cerca de un centenar de ataques directos a la libertad religiosa”.

Además, consideran que la “cultura de la muerte” ha calado en nuestro país, donde mantenemos una de las legislaciones “más permisivas” con el “negocio” del aborto de toda Europa. “La Ley Aido se aprobó con la intención expresa de ofrecer mayores garantías y una mayor seguridad para los profesionales del aborto”, añaden los asociados.

Las acciones legales de AC no solo van contra el aborto, también contra el “negocio de la eutanasia, que en Suiza ha hecho millonario al fundador del centro de suicidio asistido Dignitas y que quiere abrir mercado en España”. Los integrantes del colectivo critican que la legislación española sea “permisiva” con sus prácticas eutanásicas y que se realicen “caras campañas” de marketing para convencer a la opinión pública de las bondades de sus servicios.

“En 2014, según el INE, se rompieron 349 matrimonios cada día. Tras una ruptura familiar es muy frecuente encontrar una dolorosa vivencia de fracaso personal y, lo que es peor, una situación complicada para los hijos de ese matrimonio roto”, incide la organización. Según la asociación, a la que la Justicia española le ha admitido la demanda contra Willy Toledo por blasfemia, la actual legislación que se viene promulgando en España sobre divorcio viene a “facilitar las rupturas familiares” como mejor camino para la resolución de la situación conyugal, sin tenerse en cuenta las “desastrosas consecuencias vitales y personales”.

Pero donde más esfuerzos redoblados parece estar poniendo el colectivo ultracatólico de profesionales del derecho es en tratar de derribar la ley de igualdad entre hombres y mujeres, al considerar que esta “doctrina oficial del Estado atenta claramente contra la libertad educativa y contra el derecho de los padres a escoger la educación de los hijos”.

La Asociación de Abogados Cristianos promueve una legislación que “proteja al matrimonio como institución básica de la sociedad formado entre un hombre y una mujer y defiende las medidas que ayudan a los esposos a tener matrimonios sólidos”. Y añaden: “También buscamos la protección de la libertad de los padres de escoger libremente la educación religiosa que deseen para sus hijos y que se evite el adoctrinamiento en ideologías destructivas de la persona como la ideología de género”.

El panorama que describe la asociación no deja de ser un tanto apocalíptico, ya que describe España poco menos que como un país intolerante donde se persigue a los creyentes, a los que presenta como aquellos primeros cristianos perseguidos. “Los últimos años se vienen registrando anualmente en España cerca de un centenar de ataques directos a la libertad religiosa. Amenazas, insultos y ataques contra cristianos, sacerdotes, iglesias, etcétera, se repiten cada semana sin que en la mayoría de los casos la Fiscalía actúe de oficio para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos creyentes”.

La Asociación de Abogados Cristianos mantiene que uno de sus principales fines es la defensa de la “libertad religiosa y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe”. En la actualidad tiene abiertos numerosos procesos judiciales, con los que busca conseguir el “respeto a las personas e instituciones que quieren ejercer su libertad religiosa sin que tengan que ser considerados ciudadanos de segunda”.

La asociación alega que la orden de detención que emitió el juez contra el actor Willy Toledo es por “obstrucción a la justicia” y no por un “tema de libertad de expresión”. En declaraciones a TVE, la presidenta de esta asociación, Polonia Castellanos, ha defendido que desde su organización “no se persigue a nadie” y simplemente, según ha dicho, hacen uso de sus derechos.

Imagen de portada: Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, junto al ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja.