Veinte procesados por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) han pedido a la jueza del Principado encargada del caso la nulidad de todo el proceso por las maniobras del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Argumentan para ello las conversaciones entre el ministro con el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.



También exponen la denuncia realizada por el máximo accionista del banco, quien se declaró víctima de unas presuntas amenazas por parte de policías españoles para conseguir datos bancarios de los Pujol y otros dirigentes independentistas. Además, el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL cita otra denuncia presentada por uno de los procesados, que acusa a un guardia civil de fabricar pruebas falsas para que EEUU actuase contra la entidad financiera, como así sucedió finalmente en 2015.

Esta veintena de procesados consideran que podrían “ser víctimas colaterales de unos intereses ajenos al Estado andorrano, pues la única entidad atacada es BPA, entidad donde presuntamente tendría o habría tenido cuentas la familia del Sr. Jordi Pujol Soley”. Este periódico publicó el pasado 26 de agosto la grabación de la declaración prestada ante la juez por el máximo accionista de BPA, Higini Cierco. Acusaba con nombres y apellidos a varios mandos policiales.

Dueños del BPA BPA

"Hechos delictivos"

Relataba una estrategia de coacciones de la Policía Nacional española contra el banco dirigida a obtener datos comprometedores de dirigentes nacionalistas. Según su relato, el Ministerio del Interior llegó a repetir técnicas usadas en el 'caso chivatazo' del bar Faisán en 2006. “Dichos hechos, el órgano jurisdiccional los ha considerado como delictivos, procediendo a realizar un desglose en fecha 22 de agosto”, indica el escrito.

Aquella campaña iniciada en 2014 -siempre según la versión de Cierco- dio sus frutos ya que el que fuera consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, terminó filtrando a las autoridades españolas los datos de las cuentas con las que contaban los Pujol en BPA. Este presunto delito de revelación de datos bancarios se investiga en la actualidad en otro juzgado de Andorra.

Según las fuentes consultadas, uno de los procesados firmantes de esta solicitud es precisamente Joan Pau Miquel, en prisión desde hace cerca de año y medio. Él y el resto de procesados consideran que estas maniobras del Ministerio del Interior también deben ser tenidas en cuenta en este procedimiento ya que entienden que fueron el punto de partida de las actuaciones contra la entidad por presunto blanqueo de capitales.

Conversación del ministro

“Si lo expuesto no fuera suficiente, el órgano jurisdiccional no puede desconocer las implicaciones y grabaciones publicadas en los medios de comunicación de España de conversaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Catalana Antifraude, Daniel de Alfonso Laso, ahora ya destituido. Entre otros, en dichas conversaciones grabadas hablan del conocimiento que De Alfonso podría tener de la familia Cierco, que habría sido objeto de amenazas y coacciones”.

Para apoyar este argumento, el texto incluye un extracto de esas conversaciones difundidas por el diario Público en plena campaña electoral, concretamente la parte en la que el ministro le dice a De Alfonso que conoce detalles de las cuentas de Pujol en BPA procedentes de Suiza: “Está la fecha en la que abre y la fecha en la que cierra y se transfiera a la Banca de Andorra. Quiero decir, que no es una... ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal?”. El pantallazo al que hacía alusión el ministro formaba parte de la información que Miquel entregó a la Policía, según la versión de Cierco.

En la misma conversación, De Alfonso le contestó: “Si fuera en la Banca Privada de Andorra, si fuera en esa, sería una buena cosa, porque Higini Cierco que es buen amigo mío... y Ramón (hermano de Higini y también accionista), que yo no le conozco tanto... Pero Higini, sí. Higini tiene miedo de que se le rompa su tema del Banco Madrid”. Banco Madrid fue otra entidad adquirida por BPA, que también se vio afectada por la intervención.





Grabaciones en los tribunales

De este modo, ya son dos los tribunales que tendrán encima de la mesa las grabaciones del ministro con De Alfonso después de la denuncia que presentó ante el Tribunal Supremo el pasado 1 de septiembre la antigua Convergencia Democrática de Catalunya y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. En su acción, los procesados de BPA adjuntan ahora esta querella para que la estudie la jueza andorrana Canolic Mignorance y en su caso la requiera de manera oficial vía comisión rogatoria. Por su parte, ni de Alfonso ni el ministro han acudido hasta el momento a los tribunales para denunciar unas grabaciones de las que dicen considerarse víctimas.

En tercer lugar, los procesados aluden a unas actuaciones que, según dicen, se instruyen en España contra un miembro de la Guardia Civil por revelación de secretos. Este caso fue puesto en conocimiento de la jueza el pasado 2 de septiembre por el procesado Luis Pablo Laplana Moraes, extrabajador del banco del Principado.

Acusa a este miembro del Instituto Armado de “creación de pruebas manipuladas y falsas para atacar en primer momento a BPA, y que habrían sido facilitados (también de forma presuntamente ilegal) al FinCen para que este organismo actuara contra BPA, haciendo peligrar después el sistema financiero de Andorra”. El FinCEN son las siglas del Financial Crimes Enforcement Network, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU, que abrió una investigación en torno al BPA andorrano. Aquello fue el punto de partida para la intervención de la entidad por blanqueo, que acabó materializando el Gobierno de Andorra.

Prácticas de blanqueo

Consideran que “los hechos son de gran relevancia y no se pueden instruir en un proceso aparte, toda vez que, de demostrarse la realidad de los hechos denunciados, supondrían la nulidad del presente procedimiento por haberse creado presuntamente pruebas falsas por parte de terceros, y con conocimiento o no del FinCen, que habría realizado la Notice of Findings que nuestro jefe de Gobierno de Andorra facilitó al Ministerio Fiscal y es, tal y como consta, la notitia criminis que da lugar al presente procedimiento, existiendo serias dudas de la buena fe sobre la actuación de terceros intervinientes”.

Fue el pasado 22 de agosto cuando la jueza Mignorance procesó a 24 personas -la mayoría responsables o gestores del banco- por un “delito mayor de blanqueo de dinero cometido por un grupo organizado en un establecimiento bancario de manera habitual”. En su auto al que tuvo acceso este periódico la magistrada andorrana da cuenta de las prácticas de blanqueo de las que se beneficiaron miembros de la mafia rusa, la mafia china que lideraba Gao Ping -detenido en la 'operación Emperador'-, responsables de la industria petrolera venezolana, estafadores o empresas españolas, entre otros.