La economía española necesitará la llegada de 4,1 millones de inmigrantes en el año 2034 para reemplazar a la población en edad laboral, que no superará los 11,1 millones de personas frente a una población jubilada de 15,3, según el informe anual sobre migraciones de la Fundación CeiMigra. Este estudio ha sido presentado este miércoles en Valencia por el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco; el vicepresidente de la Fundación Bancaja, José Vicente Torres; el vicepresidente del patronato de CeiMigra, Vicente Durá; y el director de esta fundación, Darío Mollà.

Entre las conclusiones del estudio se recoge que "en ninguna de las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana existen barrios con concentración de inmigrantes", y que de 256 secciones censales con un 30% o más de población extranjera "sólo 29 se encuentran en las capitales".

"En España no se ha producido un retorno voluntario masivo de inmigrantes, ni siquiera importante, dado que sólo el 0,39% del total de extracomunitarios empadronados han regresado", ha señalado Blasco. El alto coste del retorno, las escasas posibilidades laborales en sus países de origen, las deudas o la adquisición de viviendas o los lazos afectivos son algunos de los motivos que retraen al inmigrante a la hora de regresar, según el citado informe.

Como razones que justifican la necesidad futura de inmigrantes, se subraya a la "baja natalidad, el envejecimiento de la población, la dificultad para sustituir a los trabajadores jubilados y en consecuencia mantener el sistema de la Seguridad Social y la insuficiencia creciente del consumo interno".

La Comunitat Valenciana tiene actualmente una población extranjera de 884.000 personas, lo que supone el 17,3% de su población, pero a pesar de que tanto la población española como la extranjera sigue aumentando, la cantidad de personas que alcanza la edad de jubilación es mucho mayor. Según el estudio, una disminución drástica de la entrada de población inmigrante aliviaría coyunturalmente la gestión del desempleo, pero haría peligrar los sistemas de pensiones y la sanidad.

Por lo que respecta a la distribución de la población inmigrante en las ciudades de la Comunitat, el estudio señala que "las zonas en las que hay mayor proporción de personas extranjeras no son las ubicadas en los barrios deteriorados, es decir, con población española desfavorecida, sino en las zonas mas privilegiadas social y económicamente o con turismo residencial permanente".