Laura Alonso Julián Bongiovanni / LA NACION - Archivo

La afirmación según la cual “el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”, inmortalizada por Juan Perón, parece haber inspirado al gobierno de Mauricio Macri, que en los próximos meses pondrá en marcha un conjunto de iniciativas para detectar dónde están los mayores riesgos de corrupción en los organismos públicos y dispondrá medidas para hacer que cualquier intento por corromper a un funcionario o empleado de la administración nacional resulte más difícil, confirmaron a LA NACION fuentes que participan de la iniciativa.

En otros términos, al menos según los planes oficiales, la intención es hacer un Estado más refractario a los sobornos y la discrecionalidad.

La iniciativa está en manos de la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo que dirige Laura Alonso, que armará un mapa de riesgo de corrupción sobre un organismo tipo (distinto a un mapa de corrupción). La dependencia modelo del Estado a evaluar tendrá una vinculación estrecha con la población a través del otorgamiento y fiscalización de subsidios, habilitaciones, permisos, licencias y procesos, con una dotación de 2.000 empleados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

El waze de la corrupción

Tras la primera aproximación al tema, el Gobierno espera desarrollar las herramientas que luego se replicarán en el resto de los organismos de la administración pública.

La intención de la OA es que al principio los organismos del Estado se ofrezcan espontáneamente para que se les realice una auditoría. Si eso no ocurre, la OA ya tiene identificados sus primeros blancos, que tienen un denominador común: administran fondos millonarios y son actores centrales de las prácticas y decisiones que tienen que ver con la marcha de la economía argentina. Entre ellos están la Aduana y la DGI (ambos forman parte de la AFIP), el Senasa, el PAMI, la ANSES y empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina (administra las centrales atómicas, como Atucha I, II y Embalse) y las relacionadas con el sector ferroviario (Sofse y Adif), confirmaron fuentes del organismo a La Nación.

La evaluación de riesgos de corrupción es algo habitual en las mayores empresas del mundo. Esas prácticas se agrupan bajo el nombre de compliance (cumplimiento, en español), que suele estar a cargo de una persona que actúa con independencia del presidente y del gerente general de una determinada empresa.

En cambio, en la Argentina la detección de los posibles caminos de la corrupción es una iniciativa inédita desde el punto de vista del Estado. “Es una innovación preventiva, porque al identificar un riesgo, tenés que aplicar un mecanismo de mitigación”, explicó Alonso.

En las próximas semanas, la OA contratará a una consultora local para que la ayude en la elaboración del modelo testigo. Le pedirá que arme una matriz para la identificación de los riesgos de corrupción y el armado de planes de respuesta frente a denuncias y hechos concretos. También tendrá que proponer acciones para la mitigación de los riesgos y elaborar guías metodológicas e instancias de capacitación que faciliten la gestión y elaboración de mapas de riesgo por parte de los funcionarios de la OA en otros organismos públicos.

Entre otras cosas, la consultora deberá identificar y evaluar la probabilidad de que puedan ocurrir hechos de corrupción que afecten a la institución bajo análisis según las diferentes actividades.

También deberá determinar áreas críticas e identificar hechos pasibles de ser objeto de corrupción que podrían ocurrir en el marco de las diferentes actividades y procesos que realice el organismo en cuestión.

Finalmente, tendrá que proponer un plan de acción para mejorar los controles existentes e implementar nuevos controles frente a denuncias recibidas o hechos de corrupción, con la recomendación para la adecuación normativa y de procesos internos.

El intento del Gobierno, además, está relacionado con una necesidad por cambiar la imagen del país frente al mundo. De manera que el mapa de riesgo de corrupción apunta también a alinear las prácticas locales con los preceptos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a algunas de las naciones más poderosas del planeta.