“Tuve conocimiento a través del director adjunto operativo de que se había producido esa grabación y de manera casi simultánea apareció publicada en medios de comunicación y, de manera también muy rápida, se inició la investigación judicial que usted dirige”. Así de taxativo es el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, que instruye la causa contra el pequeño Nicolás, que además investiga la relación de la cúpula policial con esa operación para realizar una “grabación ilegal, no autorizada”, como la definió, para corromper el procedimiento y que se archivara.



El pasado 27 de junio, un día después de las elecciones generales, el hombre que aún en funciones dirige la Policía, reconoció que el comisario Eugenio Pino le informó de los graves hechos que estaban aconteciendo en el seno de la cúpula policial “de manera casi simultánea a que la grabación fuera filtrada a medios de comunicación”, por la página digital que regenta la mujer del comisario Villarejo, Gema Alcalá.





Maniobra de intoxicación a través de Eduardo Inda y Urreiztieta

En esta causa ya están imputados el experiodista de la página que regenta la esposa del comisario, Carlos Mier, y el comisario Villarejo, y la Fiscalía acaba de pedir la investigación de su mujer, Gema Alcalá. Según la investigación, el 20 de octubre de 2014 dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tres de la Unidad de Asuntos Internos fueron grabados ilegalmente en el despacho del comisario Marcelino Martín-Blas Aranda, jefe de la investigación, mediante un mecanismo que la cúpula policial le había instalado semanas antes en su móvil. Esa grabación fue entregada a través de periodistas afines, como Eduardo Inda o Esteban Urreiztieta, a Francisco Nicolás Gómez Iglesias para que se archivara una causa en la que ya se le imputa un decena de delitos.



En concreto, un periodista empleado de la mujer de Villarejo activó el sistema instalado mediante una llamada que el receptor no notó y durante 13 minutos grabó el contenido de una reunión confidencial. Después entregó la grabación a sus jefes, quienes la manipularon –ya que la difundida por algunos medios oscila entre los seis y los tres minutos– y se la entregaron a Inda y Urreiztieta, que finalmente se la hicieron llegar al presunto estafador.



A pesar de que la grabación fue en octubre, Cosidó confirma los datos expuestos en la investigación de que no fue hasta que a finales de noviembre dicha página digital soltara las primeras informaciones e Inda lo ratificara en La Sexta Noche, cuando el director general de la Policía se enteró de su existencia. En realidad esas fechas podrían ser incluso posteriores, ya que no fue hasta diciembre cuando Inda y Urreiztieta se la entregaron a los investigadores por la mediación de Eugenio Pino y su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Y fue el 19 de diciembre cuando otro medio digital la publicó en su página web, aunque para escucharla había que pagar un euro.



Aunque la investigación ha demostrado la multitud de llamadas que hubo entre los medios de la cúpula policial y estos periodistas, el propio Cosidó confirmó al abogado de Villarejo que había sido el comisario víctima de la grabación, Marcelino Martín-Blas, quien tuvo que informar a sus superiores de esos hechos ilegales.



"Medios técnicos secretos para antiterrorismo y crimen organizado"

El juez también se interesó por qué unidades de la Policía están en posesión del material requerido para interceptar las comunicaciones a distancia o hacer ese tipo de grabaciones.



Cosidó respondió a Zamarriego: “Todo lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado es secreto, por tanto tenemos una obligación de reserva sobre los medios técnicos de los que disponemos, pero con carácter general le debo decir que la Policía sí dispone de medios de interceptación de las comunicaciones para que cuando –lógicamente, por orden judicial– se decreta una intervención se puedan realizar este tipo de interceptaciones”.



El juez insistió y el director de la Policía dejó una respuesta interesante, teniendo en cuenta que la grabación al ministro del interior en su despacho se hizo el 16 de octubre, sólo cuatro días antes a la que se investiga en este procedimiento: “No quiere ser preciso sobre cuántas unidades o qué tipo de equipos dispone cada una de las unidades de antiterrorismo y crimen organizado que son las que están sujetas a esta reservas, todo el resto de unidades no, pero en el resto de unidades entiendo que no hay esas capacidades”.



Es decir, sólo la Comisaría General de Información y la de Policía Judicial tendrían los programas y la alta tecnología para interceptar las comunicaciones y no la unidad de Asuntos Internos que dirigía Martín-Blas y a la que últimamente se le ha acusado de tener un alto material tecnológico al parecer inexistente.



¿Cuánto tiempo tarda la Dirección Adjunta Operativa [DAO], desde el 20 de octubre?, pregunta el juez. “No ha pasado excesivo tiempo, pero no le puedo precisar que día exacto o qué hora”, responde Cosidó. También asegura que no tuvo acceso a una copia de la grabación. Además Cosidó reitera que siempre se harían estas grabaciones bajo autorización judicial, algo que no sería el caso, debido a que como declara el ahora investigado –imputado– Villarejo la grabación “fue motivo de mofa en la DAO”.



Las investigaciones de la Dirección Adjunta Operativa

Otro de los puntos interesantes del interrogatorio fue la intervención de la mediática abogada Isabel Elbal, defensora del periodista vinculado al comisario Villarejo, que preguntó por qué la DAO que dirigía el comisario Eugenio Pino había solicitado hace unos meses una copia del procedimiento para iniciar una investigación interna.



Cosidó admitió no tener información a ese respecto y no haber tenido “ninguna intervención en ese sentido”, y la socia del despacho Boye & Elbal insistió: “¿Se acaba de enterar ahora?”. A lo que el interrogado reconoció: “No estoy al tanto de todas las gestiones que se hacen ante los órganos de Justicia y en este caso yo no tenía conocimiento de ese escrito”.



Sin embargo, en este caso los investigados son los propios miembros de la Dirección Adjunta Operativa y ellos fueron los que solicitaron información sabiendo que estaban siendo investigados, algo que no es lo que suele ocurrir en la fórmula cotidiana de investigaciones. “En el marco de la investigación judicial es su señoría quien dirige y no el Director General de Policía”, como él mismo declaró. Pero la comisión judicial tuvo que entregarle a Cosidó un escrito del juez en el que se le informaba de que la DAO no les estaba facilitando la información solicitada por orden de Zamarriego.



La incompatibilidad de Villarejo fue excusada por la DAO

Cosidó también dejó al descubierto la investigación efectuada sobre el multimillonario patrimonio del comisario José Manuel Villarejo Pérez que encargó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ejecutó la mano derecha de Pino, José Ángel Fuentes Gago, para acabar dejando libre de cualquier sanción al “agente encubierto”.



“Esa información reservada tenía como finalidad la posible inclusión de medidas disciplinarias al señor Villarejo. Es una información reservada que yo ordené abrir al director adjunto operativo y lo que puedo decirle de la misma es que el instructor de aquella información no encontró responsabilidad”, explicó Cosidó a preguntas del juez.



El abogado del Estado también se interesó por este hecho al interrogarle por qué no se abrió ningún expediente disciplinario, a lo que Cosidó respondió que se hizo “un análisis de las diferentes actividades del señor Villarejo, pero el responsable, el director adjunto operativo, no me propuso la apertura de un expediente disciplinario al respecto y por lo tanto no hubo lugar”.



Sin embargo, como desveló Público, el propio autor del informe reconoció ante Zamarriego que nunca consultó el tipo de actividad de las empresas, sólo los puestos que ocupaba Villarejo y añadió que éste nunca había solicitado la compatibilidad para sus actividades, tal y como marca la ley.

