Mauricio Macri y Marcelo Srur, ex jefe de la Armada

Uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri de aquí a 2019 es avanzar con una reforma en las Fuerzas Armadas. La comisión creada a esos fines por el ministerio de Defensa a fines de diciembre se basa en dos pilares: reestructuración y reducción de gastos.

En ese sentido, esta semana el diputado nacional de Cambiemos Gastón Roma ratificó la intención del oficialismo de avanzar con la reforma, que consideró "indispensable". Para el legislador que integra la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, "si no se optimizan los recursos no habrá capacidad operativa, ya que más del 80 por ciento del presupuesto militar se destina actualmente a pagar sueldos y gastos operacionales".

Roma además consideró que "hay que redistribuir bases, unificar organismos y prever el retiro obligatorio de personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos" para cambiar la situación de las Fuerzas Armadas.

Todas estas propuestas formarán parte de la tarea del "Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar", que tiene la finalidad de elaborar un proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para reemplazar la Ley 19.101, de 1971. "El objetivo es equilibrar y optimizar los fondos para generar capacidad operativa genuina en el corto y mediano plazo", concluyó el legislador.

Nuevos detalles de la reforma

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Infobae tuvo acceso a algunos de los puntos que analiza el Gobierno en torno a la reforma de las FFAA, que se suman a las reveladas por este medio de unificar algunas ramas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina; jubilar y pasar a retiro a todos aquellos con más de 35 años de servicio; la conducción por parte de civiles de algunas áreas de las FFAA (en especial las no relacionadas con la operatividad militar); y la unificación, el control, y la reglamentación militar en un solo instrumento.

En el proyecto que prepara el Gobierno se destacan tres tipos de objetivos: los de reestructuración interna; los que apuntan a ahorrar recursos; y los que combinan esas dos metas.

Entre las ideas que apuntan a modificar la estructura de las FFAA se destacan que la Prefectura sería absorbida por la Armada; que la Fuerza Aérea cederá algunas de sus bases aéreas navales; que los recientemente comprados aviones Dassault-Breguet Super Étendard pasarán a la órbita de la Fuerza Aérea (el Ejército se quedaría sin aeronaves); que se sumarían civiles en distintas áreas jerárquicas de las FFAA (sectores como Personal, Educación, Salud, Finanzas, Auditoria, Mantenimiento de equipos e instalaciones no militares y algunas otras serán manejadas por funcionarios civiles no necesariamente sujetos a la tradicional verticalidad militar); las inspecciones y autorizaciones para navegar quedarían a cargo de la Prefectura; la carrera para oficiales y suboficiales sumaría cinco años (pasaría a ser de 40 años); las inspecciones serán coordinadas por Defensa a través de civiles (el objetivo es agudizar los controles para evitar reparaciones superficiales de equipamiento); y se estudia la unificación en un solo edificio de las conducciones de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

Respecto de los aspectos relacionados con el ahorro de recursos, los principales planteos están relacionados, por un lado, con el cierre de distintos edificios y dependencias ociosas de las tres ramas de las FFAA (algunas propiedades serían vendidas); y por otro con que el personal retirado no pueda cobrar doble jubilación (una de las FFAA y otra de la ANSES), por lo que se entrecruzarán las bases de datos para avanzar en ese sentido.

Por último, hay algunas propuestas que abarcan las dos categorías (reestructuración y ahorro): se unificarían algunas direcciones (obra social e inteligencia, por ejemplo); se avanzaría con una separación de las ramas operativa y administrativa (se reducirían ambas a la mitad); se reduciría el número de oficiales (bajaría el número de capitanes de navío, generales, almirantes y coroneles, por ejemplo); habría un recorte en el programa de soldados voluntarios técnicos (muchos de ellos estudiantes universitarios que son familiares de efectivos); y habría una reducción del personal civil.

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