Antonio Ángel Ortiz Martínez fue condenado en septiembre de 2000 por la Sección Sexta de la Audiencia de Madrid a nueve años de prisión por el mismo tipo de delitos -agresión sexual y detención ilegal- por los que el miércoles fue detenido en relación con el rapto de cinco niñas en Madrid y el intento de secuestrar y atacar sexualmente a otras tres.

En esa sentencia se declaró probado que sobre las 9.00 horas del 27 de marzo de 1998 Ortiz Martínez se dirigió con su vehículo a la puerta de un colegio público del barrio de Fuencarral-El Pardo. «Una vez allí», añade el relato de hechos probados, «se acercó a la menor X, de siete años de edad, que se disponía a entrar en el colegio. Agarrándola fuertemente de la mano, la obligó a introducirse en el interior del vehículo, marchándose del lugar».

Ortiz mantuvo retenida a la pequeña durante una hora. Tras circular por diversas calles, se dirigió a un «sitio despoblado». «Detuvo el vehículo y, sacando sus órganos genitales, comenzó a realizar frotamientos en la zona vaginal de la menor hasta conseguir eyacular manchando las bragas» de su víctima. Dejó que la niña abandonara el coche a unos 500 metros del colegio.

Durante el juicio oral Antonio Ángel Ortiz, que entonces tenía 28 años y carecía de antecedentes penales, reconoció los hechos, por lo que el fiscal y su defensa renunciaron a la práctica de las pruebas. El fallo, que incluía una indemnización de 1.000.000 de pesetas (6.000 euros) a la víctima, no fue recurrido.

La Audiencia no fue benévola: la pena máxima que le hubiera podido imponer ascendía a 10 años de cárcel y le castigó con nueve.

Los expertos dicen que el tratamiento puede reducir la reincidencia de los agresores

Cuando se dictó la sentencia, el pederasta llevaba 10 meses en prisión preventiva. Los primeros permisos penitenciarios los empezó a disfrutar a finales de 2004 y la ausencia de incidencias fue uno de los argumentos por los que la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid le concedió en julio de 2003 el tercer grado en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel y del juez de vigilancia penitenciaria.

No fue, no obstante, un régimen abierto pleno, sino restringido. Los magistrados opusieron un único factor negativo -«la tipología delictiva», es decir, su pederastia- frente a un conjunto de factores favorables (el inminente cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, su conducta en prisión, el respeto a las normas, sus hábitos laborales en la cárcel, su «nula conflictividad», el apoyo familiar con que contaba y el hecho de tener una oferta de trabajo en el exterior). Pero ese aspecto negativo fue determinante para que el régimen abierto se limitara a las salidas de fin de semana.

La misma Sección Quinta que le concedió el tercer grado restringido le denegó poco después, en diciembre de 2006, la libertad condicional. Los magistrados confirmaron el criterio del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de que Ortiz no merecía una liberación condicional pese a que ya había satisfecho las tres cuartas partes de la pena.

«La defensa alega y acredita la vinculación familiar que el condenado tiene en España, su capacidad para vivir en libertad, su esfuerzo por mejorar su educación y su cultura con el fin de reinsertarse socialmente», señaló la Audiencia.

«No obstante, no aparece acreditada la continuidad o el carácter ininterrumpido del esfuerzo», apreciaron los magistrados, que dieron una trascendencia decisiva al hecho de que el condenado «no ha seguido el tratamiento específico de agresores sexuales ni el psicológico».

Estos tratamientos no son obligatorios pero su no realización sí tiene consecuencias para el penado, que puede ver denegado el acceso a beneficios. Según los expertos, las terapias para agresores sexuales, a los que se enseña a evitar las situaciones que les pueden llevar a delinquir y a controlar los instintos negativos, reducen los niveles de reincidencia.