"Que nunca más sean los ciudadanos los que paguen este impuesto, sino que sean los bancos", dijo el presidente Pedro Sánchez a principios de noviembre, cuando reaccionó a la sentencia del Supremo aprobando por decreto que las entidades abonasen el impuesto hipotecario o de actos jurídicos documentados. Sin embargo, el Banco de España ha advertido este jueves en su boletín trimestral de que la banca ha estado encareciendo el precio de las hipotecas. Y lo achaca, en principio, a los cambios legislativos recientes.

"En los últimos meses, el coste de la financiación bancaria ha continuado en niveles reducidos en la mayoría de los segmentos. No obstante, entre septiembre de 2018 y abril de este año (último dato disponible), los tipos de interés medios aplicados a los nuevos préstamos para la compra de vivienda han aumentado en 30 puntos básicos. Este incremento, que no se ha observado en el resto de segmentos en España, ni en el de la compra de vivienda en otros países de nuestro entorno, podría estar relacionado con los cambios legislativos introducidos en nuestro país en los últimos meses en materia de crédito inmobiliario y de compra de vivienda", dice el documento del organismo supervisor.

Según los cálculos realizados por la Asociación Hipotecaria Española, elevar en 0,30 puntos el coste de una hipoteca de 125.000 euros, que es el crédito medio que se pide, teniendo en cuenta el euríbor a un año actual (-0,134%), repercute en el cliente en 211 euros anuales más. Es decir, sin esa subida pagaría 5.582 euros el primer año y con el incremento 5.793 euros. Si el tipo de interés de la hipoteca no cambiara a lo largo de la vida de una hipoteca de 12 años (algo muy improbable), el sobrecoste total sería de 2.532 euros, y si se paga en 24 años, la cifra se elevaría hasta los 5.064 euros.

De esos 30 puntos básicos, 20 se corresponden con subidas de tipos y 10 puntos con las comisiones bancarias aplicadas, explica el Banco de España. Tras ese incremento, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas se sitúa ahora en el 2,4%.

Los cambios que introdujo Sánchez por decreto luego fueron refrendados en una nueva ley de crédito inmobiliario que aprobó el Congreso en febrero, y en la que se determinó que la entidad soportaría todos los gastos de constitución de la hipoteca salvo el de la tasación. Por aquel entonces las agencias de calificación S&P y Moody's ya habían emitido informes en los que preveían que las entidades trasladarían esos costes a los clientes.

El impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (IAJD), que hasta la entrada en vigor de la nueva ley lo pagaba el cliente, es un tributo que se genera por firmar ante notario e inscribirlo en el registro. El tipo de gravamen aplicable será el que determine cada comunidad autónoma, que normalmente se encuentra entre el 0,5% y el 1,5% del importe de la compraventa.

Al ser preguntado sobre si los bancos encarecerían las hipotecas después de traspasarles el pago del impuesto, Sánchez contestó en noviembre: "Creo que no lo harán y espero que no". Y añadió: "Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo". En cualquier caso, insistió: "Apelo a la responsabilidad del sector financiero".

Antes de la Gran Recesión, el mercado hipotecario español se caracterizaba por ofertar en las nuevas operaciones uno de los tipos más bajos de la zona euro. Y ello se debía a que el principal negocio de las entidades consistía en aprovechar la hipoteca para vincular al cliente a otros productos del banco, como por ejemplo los seguros. Así se conseguían rentabilizar esos precios más bajos.

Sin embargo, con el inicio de la crisis financiera, allá por 2007 y 2008, el precio de las hipotecas se disparó e incluso superó el de la media de la zona euro. Luego, entre 2009 y 2011, el interés que se brindaba volvió a colocarse por debajo del de la eurozona debido a que en esos años no había mercado hipotecario y los pocos que pedían una hipoteca eran solventes, así que las entidades se peleaban por ellos bajando precios. A partir de mediados de 2013, los tipos de las hipotecas en España se mueven en línea con los europeos. Y desde la mitad de 2017 empiezan a subir ligeramente por encima. Según explican fuentes financieras, a la hora de ver el coste de una hipoteca en España hay que tener en cuenta también factores como cuál es la prima de riesgo, la tasa de morosidad, la litigiosidad o el porcentaje de vivienda en propiedad, es decir, a cuánta parte de la población se le concede. En los últimos años ha influido la mayor entrada de hipotecas a tipo fijo, con un precio algo más caro.

El PIB crece un 0,6% en el segundo trimestre

Por otra parte, en el plano estrictamente económico, el Banco de España afirma en su boletín trimestral que la mejora experimentada en la eurozona durante el primer trimestre del año fue "en gran parte transitoria". Y que los datos más adelantados muestran debilidad, sobre todo en la industria y las exportaciones. De ahí la reacción de los bancos centrales ante unos riesgos en aumento, como las tensiones comerciales, el Brexit, o las dudas sobre si los estímulos de China están siendo capaces de reanimar su economía.

Respecto a la economía española, esta conserva una mayor fortaleza gracias a la demanda interna, destaca la institución. Si bien prevé una muy ligera desaceleración en el segundo trimestre hasta un crecimiento del 0,6% en lugar del 0,7% registrado en el primer trimestre. "En particular, las afiliaciones a la Seguridad Social mostraron en mayo una cierta pérdida de empuje", apunta la nota.

El Banco de España considera que el consumo interno se irá poco a poco moderando conforme las familias recompongan su ahorro, en la actualidad en mínimos históricos. No obstante, la mejora de los salarios atenuará esta gradual ralentización del consumo. La resistencia de la demanda interna contrasta con la debilidad de las exportaciones, que además persistirá a tenor de la mala evolución de las carteras de pedidos, señala el informe.

En cuanto a los objetivos de ajuste comprometidos con Bruselas, el Banco de España observa que para este año el plan de estabilidad del Gobierno contempla que no se va a hacer nada. Es más, el saldo estructural empeora en un 0,2% del PIB, muy lejos del 0,65% de ajuste que exige Bruselas, unos 7.500 millones de euros. Y el gasto público computable para Bruselas crecerá un 3,9%, muy por encima del 0,6% de incremento comprometido. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos sostiene que el cumplimiento de estos objetivos contraídos con la UE sería "deseable", para "dotar a las finanzas públicas de la fortaleza necesaria con la que hacer frente a posibles eventos recesivos futuros". En la medida en que se están posponiendo estas y otras reformas, la entidad también subraya el riesgo que supone para la política económica el retraso en la formación de gobierno.