Texto de Laura Cortinas y Alexandros Lafer, Creta

El ministro de Justicia griego, Nikos Paraskevópulos, ha anunciado un proyecto de ley para la abolición de las cárceles de máxima seguridad Tipo C, la no reclusión de los menores de 15 a 18 años salvo en delito que conlleven peligro para la vida y la puesta en libertad de los reclusos con enfermedades graves.

El 8 de marzo, un grupo de anarquistas ocupó la sede de Syriza en Atenas para pedir el cierre de las prisiones de máxima seguridad de Tipo C, apoyando la huelga de hambre comenzada el 2 de marzo por ocho presos de la cárcel de Domokós, a los que se sumaron al menos otras dos presas en la prisión de Neápolis, en Creta. La abolición de este tipo de cárceles fue una de las promesas de Tsipras durante la campaña electoral. La prisión de Domokós, al norte de Atenas, fue el único centro penitenciario en el que se ha aplicado este régimen. El director del centro fue abatido en febrero por dos personas con armas de fuego al salir de su casa. Ningún grupo ha reclamado la autoría de este atentado.

Guerra contra el terrorismo

Grecia se sumó en el 2001 a la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ con una serie de reformas legislativas. Los artículos 187 y 187A –aprobados en 2001 y en 2004– sobre organizaciones terroristas, abrieron la puerta a un tratamiento penitenciario especial, con privación sensorial, encierro en módulos y obstáculos a la hora de acceder a permisos de salida o suspensiones de penas. “Estas legislaciones implican a jueces, fiscales y tribunales especiales, mayores penas y la tentativa como forma de delito”, denuncia la Red de Luchadores Presos. “Una característica particular del régimen de excepción es su implementación como piloto y su expansión posterior. El artículo 187 inicialmente se aplicó a algunas decenas de presos y a día de hoy ha supuesto condenas para el 30% de la población carcelaria”, explica el colectivo. Durante la anterior legistatura se aprobó también el régimen de Tipo C. “Ahora –continúan en su comunicado– a cualquier preso insumiso se le puede catalogar como peligroso y trasladarlo allí”.

¿Qué suponen las nuevas cárceles de máxima seguridad y cómo entró en vigor este nuevo régimen? En enero de 2014, Christódulos Xirós, antiguo miembro de la organización 17 de Noviembre arrestado en 2002, se escapó de la cárcel de Korydallos, a las afueras de Atenas. Este hecho supuso el punto clave para aplicar el nuevo régimen de Tipo C. Mientras en todas las televisiones aparecía un vídeo del prófugo llamando a la lucha armada, Dimitri Kufodina, brazo intelectual del 17 de Noviembre, lanzó un comunicado desde la cárcel denunciando que su antiguo camarada había delatado al resto de la organización y colaboraba con el Gobierno. Christódulos fue el único de todos los reclusos condenados por terrorismo al que habían concedido permisos penitenciarios para salir de la cárcel a pesar de estar cumpliendo varias cadenas perpetuas. Durante uno de esos permisos decidió no volver a prisión. El gobierno de Samarás desplegó una operación policial a gran escala contra movimientos libertarios con la búsqueda del Xirós como excusa. Jarálambos Athanasíu, entonces ministro de Justicia, anunció que en menos de cien días transformarían la cárcel de Domokós, al norte de Atenas, en una prisión de alta seguridad. Seis meses después, y a pesar de que no se había hecho ningún cambio en Domokós –a parte de un sistema de cámaras y sensores de movimiento en los espacios comunes que instalaron los mismos funcionarios por falta de presupuesto–, el Gobierno declaró que la cárcel ya era de alta seguridad. Trasladaron a 300 de sus 700 internos a otros centros. El resto, con condenas superiores a 20 años, se quedó en Domokós, donde se les aplicó el nuevo régimen de Tipo C, diseñado para terroristas, apelativo que ahora se aplicaba a cerca de la tercera parte de la población carcelaria. Entre sus características están la prohibición de los permisos de salida y trabajo, y del acceso a la libertad condicional en condenas a cadena perpetua antes de haber cumplido 20 años en prisión. También la restricción de las visitas y llamadas a los familiares más cercanos. En junio, 4.500 presos se declararon en huelga de hambre como protesta por esta reforma. Un mes más tarde, la Federación de Funcionarios de Prisiones inició un paro de cuatro días contra la conversión de Domokós.

Los presos exigen, además del cierre de las prisiones de Tipo C, la abolición de la legislación antiterrorista

Hasta finales de 2014, Korydallós fue el centro que alojó a los presos políticos griegos. Sus condiciones han sido retratadas en el informe del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo Europeo y por Amnistía Internacional: la población de la cárcel triplica su capacidad, falta de medios básicos como colchones y mantas, deficiencia del sistema sanitario e higiénico, torturas, malos tratos, muertes bajo custodia sin investigar. Los condenados por crímenes violentos comparten celda con presos por delitos menores. Los presos políticos estaban aislados en un pasillo donde convivían los presos de la guerrilla 17 de Noviembre –que durante 27 años atentó contra policías, políticos y militares–, con los de Núcleos de Fuego y la cúpula de Amanecer Dorado –entre ellos los hasta hace poco parlamentarios Mixaloliakos y Kasidiaris–.

Syriza ha ordenado la disposición de dos médicos en la prisión. También ha frenado el traslado de presos de Korydallós a Domokós y ha anunciado que se repartirán 250 brazaletes electrónicos entre los presos para que puedan estudiar en la universidad –como consecuencia de la huelga de hambre de Nikos Romanós–. Pero no es suficiente. Los presos de Domokós, en huelga desde el 2 de marzo, exigen, además del cierre inmediato de las prisiones de Tipo C, la abolición de la legislación especial antiterrorista y de las leyes represivas, como la llamada Ley de la Capucha, que criminaliza a quien se cubra el rostro durante una manifestación.