Susana Ye *

España ha afrontado siete leyes educativas, un baile de siglas que ha confundido a alumnos y a profesores a lo largo de 38 años. El último cambio fue el de la LOMCE, impuesto en 2013 por la entonces mayoría absoluta del PP frente al resto de partidos. La polémica surgió tras el decreto ley sobre las llamadas 'reválidas' en la ESO y en Bachillerato, unas pruebas que limitan a un solo examen obtener el título académico y que ignora los hasta 18 años de formación del alumnado. La reacción de padres, profesores y sindicatos ha sido convocar una huelga general en la enseñanza pública y manifestaciones en más de 50 ciudades y localidades el próximo 26 de octubre.

"La LOMCE supone volver décadas atrás, volver a las reválidas franquistas: un atraso tremendo, una involución brutal", cuenta a cuartopoder.es Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, una de las organizaciones que convoca la huelga. Su temor es que parece casi seguro que el PP va a volver a repetir en el poder, lo que conllevará más recortes. "Nos opusimos desde el primer momento (...) porque supone precariedad y sobreexplotación. Generar mano de obra barata, desprovista y desarmada frente a las empresas", argumenta García, quien defiende que los jóvenes quieren estudiar y un trabajo digno.

Desde el sindicato lamentan los 30.000 profesores despedidos y las decenas de miles de españoles que se han quedado fuera del sistema educativo durante la crisis. "Es necesario un plan de emergencia que dedique un 7% del dinero público a centros públicos y hacer una nueva ley educativa consensuada, lo opuesto a lo que hizo el PP", expone García. Una postura que comparte la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), entidad que se ha unido a la causa. El presidente de CEAPA, Juan Luis Pazos, valora así el decreto ley de la LOMCE: "Hace que nuestros hijos vean a los compañeros como rivales que hay que superar y abandonar. Es un mensaje demoledor. Visualizan que el sistema prefiere que se marchen".

A la meta de vaciar las aulas el 26 desde primera hora de la mañana le seguirán las manifestaciones por la tarde, convocadas también por el Sindicato de Estudiantes, CEAPA, CCOO, CGT y UGT. "La sociedad está indignada porque han convertido la educación en un campo de batalla", asegura Paco García, portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO. "Es una ley privatizadora que ha venido acompañada de la mayor catarata de recortes, estamos a niveles de finales de los 80 si medimos en porcentaje la aportación pública a Educación. Tenemos que recuperar el nivel de 2009".

La convocatoria tanto de huelga como de las manifestaciones cuenta además con el respaldo de Podemos e Izquierda Unida (IU). Sandra Mínguez, responsable de Educación de la formación morada, resalta que desde su partido todos los responsables en todos los municipios están registrando iniciativas contra el decreto ley de la LOMCE. "Estamos en contra y así lo indicamos en las votaciones en todos los ámbitos institucionales". El coordinador de Educación de IU, Enrique Díez, recuerda que la LOMCE ha sido rechazada mayoritariamente por la comunidad educativa además de por el Congreso de los Diputados hasta en dos ocasiones en los últimos meses. Díez llama a toda la comunidad educativa a secundar masivamente la salida a la calle.

"Las manifestaciones serán masivas. Percibimos preocupación, indignación y rabia no sólo por el ataque, sino por cómo se hizo en pleno mes de julio, de tapadillo. La educación pública atañe a las familias obreras que podían llevar a sus hijos a estudiar. Por eso la movilización es de todos", incide García, secretaria del Sindicato de Estudiantes.

Las reválidas, punto caliente del debate

Como cada viernes, Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, comparecía ante los medios tras el Consejo de Ministros. Era el 29 de julio de este año. Anunció entonces el decreto que causa las movilizaciones de padres, estudiantes, sindicatos y partidos. La dirigente del Partido Popular afirmaba que era una iniciativa en pro de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la comunidad educativa señala que si en 4º de la ESO se suspende la reválida no se obtendrá título académico y la única opción será la Formación Profesional Básica (FP).

Las reválidas consisten en siete pruebas de 60 minutos y con un máximo de 15 preguntas que evaluarán en 4º de la ESO a los alumnos a lo largo de cuatro días. El estudiante deberá examinarse o bien de Enseñanzas Académicas para acceder a Bachillerato o bien de Enseñanzas Aplicadas para optar a la FP. Una vez elegida su opción, realizarán cuatro exámenes iguales para todos (Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y Primera Lengua Extranjera). Las otras tres pruebas serán de dos materias optativas y de una específica (excluidas Educación Física, Religión y Valores Éticos).

Al aprobado en la reválida de Enseñanzas Académicas le sigue el Bachillerato. Al término de esta etapa, el alumno se enfrentará a otra prueba que sustituye a la actual Selectividad. En concreto, son ocho pruebas de 90 minutos con descansos de 20 minutos y con un máximo de 15 preguntas. El proceso abarca cinco asignaturas troncales, dos opcionales y una específica que se examinarán a lo largo de cinco días. En caso de suspender, no se obtiene el certificado y la salida será FP Grado Medio o Superior. Si se supera, podrán acceder a la universidad o a FP Grado Superior.

Otro de los puntos de choque es que las universidades pueden decidir cómo seleccionar a sus potenciales estudiantes. Esto ha despertado la alerta tanto en los progenitores como en los alumnos. De seguir adelante, afectaría a la movilidad de los jóvenes entre distintos centros de estudios, un posible escenario que los rectores ya han rechazado abiertamente.

Incertidumbre en las aulas

Las reválidas tendrán efecto este curso aunque en caso de no superarse se mantiene otorgar el título académico de la ESO y de Bachillerato (no será así en la siguiente promoción). Hasta ahora, la Selectividad condicionaba el acceso a la universidad con cinco pruebas como punto de partida y otras cuatro optativas para subir nota, según marcaba el último cambio educativo, con una puntuación de hasta 14 puntos. La nueva prueba deja en el aire cómo se fijará el resultado. Además, será el Estado el que dicte el marco general del contenido y queda a cargo de las comunidades redactarlo. El peso del examen seguirá en un 40% y permanecen las dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

Agustín Moreno, profesor de Historia en un instituto de Vallecas (Madrid), considera las reválidas como medidas que fuerzan una mejora académica ficticia. "La LOMCE establece asignaturas de primera y segunda categoría", asegura. Se refiere a que un alumno de la ESO puede pasar de curso con hasta ocho materias suspensas ya que todas las materias troncales sí o sí deben aprobarse, mientras que un solo cinco entre las restantes asignaturas de libre configuración o específicas basta para seguir avanzando. Moreno señala que esto va en contra de la cultura del esfuerzo que predica el PP.

El 30 de noviembre es el tope para la orden ministerial que fijará las reválidas. Comunidades como el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Baleares y Asturias se han pronunciado en contra y algunas de ellas recurrirán ante el Tribunal Constitucional la medida.

(*) Susana Ye es periodista.