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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum a los integrantes de su gabinete legal y ampliado para que hoy presenten sus declaraciones de bienes completas (patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés) , pero, sobre todo, para que las hagan públicas o de lo contrario no trabajarán en su gobierno.

“Ya está hablado, hay una fecha límite: 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno”, aseguró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL en el portal Declaranet —en el que los funcionarios deben llenar los formatos de las tres declaraciones— se constató que sólo tres altos funcionarios decidieron no hacer pública su declaración patrimonial y de probable conflicto de interés.





Se trata de las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, quienes omitieron dar a conocer sus bienes y si tienen un probable conflicto de interés. En el mismo caso se encuentra el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien tiene un carácter autónomo, pero fue propuesto por el Ejecutivo.

En el caso de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, y Eduardo Villegas Megías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, hasta el cierre de esta edición todavía no aparecían en el sistema de Declaranet.

Se consultó al equipo del vocero presidencial y explicó que la declaración de Ramírez Cuevas “estaba en proceso” y que hoy “se verá en el sistema” de la Secretaría de la Función Pública. En ese mismo caso se encuentran el titular del Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen), general Audomaro Martínez, quien todavía no presenta sus declaraciones.





Los servidores que aún no han presentado su declaración patrimonial y de probable conflicto de interés podrán hacerlo hasta hoy, para cumplir con la orden del Presidente.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 33, los funcionarios federales tienen 60 días naturales posteriores a su nombramiento para presentar su declaración de información patrimonial de inicio.

De no hacerlo, sin causa justificada, “se iniciará una investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación”.

El presidente López Obrador señaló que sus funcionarios no sólo tienen la obligación legal de presentar su declaración patrimonial, sino que además deben hacerla pública. “El que no haga público, no puede trabajar en el gobierno”, insistió.

El pasado 3 de enero, el titular del Ejecutivo advirtió por primera vez a su equipo de trabajo que aquellos que mantuvieran ocultos sus bienes no podrían trabajar en su gobierno.





“Por cuestiones de índole moral todos debemos dar a conocer los bienes y el que no los dé a conocer, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, advirtió, y a pregunta expresa de este diario, dijo que la declaración patrimonial debe incluir los bienes de cónyuges y familiares cercanos.

Cumplen a medias. El titular de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, no quiso hacer pública su declaración de posible conflicto de interés, a pesar de que fue director de Fundación Azteca, vinculada con Banco Azteca, empresa que participará en los programas sociales del gobierno federal.

El titular de la SEP reportó que su ingreso mensual asciende a 213 mil 276 pesos, de los cuales 105 mil pesos corresponden a su salario como secretario y el resto, 108 mil 276 pesos, por arrendar un inmueble.





El ex director de Fundación Azteca declaró que es dueño de cuatro casas, un departamento en Fuentes del Pedregal —que le será entregado en dos años—, así como de un rancho de dos hectáreas y un terreno de nueve hectáreas. Además, es propietario de un auto BMW modelo 2015, un Jeep modelo 2014 y una camioneta Chevrolet modelo 2013, la cual, afirma, le fue donada y tiene un valor de 614 mil 767 pesos.

Los secretarios de Energía, Rocío Nahle, y de Turismo, Miguel Torruco, entregaron información parcial sobre sus bienes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sí hizo públicos sus bienes, pero, no aceptó dar a conocer su declaración de posible conflicto de interés.

Posible conflicto. En su declaración de posible conflicto de interés, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, mencionó que es “consuegro del consejero jurídico del Poder Ejecutivo”, es decir, de Julio Scherer Ibarra.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que cuenta con obras de arte que fueron donadas por su mamá, pero detalló que su esposa, Rosalinda Bueso, ex embajadora de Honduras en México, es socia de la empresa Estrategia y Comunicación Aster, S.A de C.V.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, señaló un posible conflicto de interés porque su esposa es dueña de 5.92% de las acciones de la empresa petroquímica Grupo Idesa, S.A de C.V.

Abren su patrimonio. A pesar de que dijo que no haría pública su declaración patrimonial y de probable interés, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, rectificó y dio a conocer sus bienes.

Los directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, y del ISSSTE, Antonio Ramírez Pineda, también abrieron sus declaraciones patrimoniales