Se habla del problema catalán, pero el problema no es Catalunya, sino España, ese ente afirmado como verdad de fe revelada de carácter indisoluble, indivisible e incuestionable. El problema, además, no es de hoy, sino que viene de atrás. Si bien se dice que la explosión independentista que vivimos desde 2012 tuvo su origen en […]

Se habla del problema catalán, pero el problema no es Catalunya, sino España, ese ente afirmado como verdad de fe revelada de carácter indisoluble, indivisible e incuestionable. El problema, además, no es de hoy, sino que viene de atrás. Si bien se dice que la explosión independentista que vivimos desde 2012 tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2010, que anuló contenidos esenciales de su Estatuto de Autonomía, lo cierto es que la realidad política catalana llevaba bastantes años incubando esa situación.

Cataluña fue una de las comunidades en las que la Constitución de 1978 tuvo mayor apoyo. En el referéndum de ese año, la participación electoral (67,91%) superó a la media estatal, sin que el llamado a la abstención (ERC, MCC) y al NO (LCR..) tuviera apenas eco. Dentro de ella, el porcentaje de voto SI fue el cuarto más alto del Estado (91,09%), detrás tan solo de Canarias, Andalucía y Murcia. Por el contrario, el NO, fue el segundo más bajo (4,65%).

Catalunya, vanguardia en la lucha antifranquista, dio así un claro respaldo a la vía del consenso con el franquismo abierta en la Transición, aparcando la exigencia de ruptura democrática y apostando por el pacto constitucional. El voto SI fue defendido por PSC, PSUC y otros grupos de izquierda (ORT, PTE), la derecha nacionalista (lo que luego sería CiU), la derecha española (UCD) y el entonces presidente provisional de la Generalitat, Josep Tarradellas. El plato del SI fue rebañado a conciencia.

Euskal Herria fue entonces contrapunto a lo que allí sucedió. La abstención fue mayoritaria (51,78%), defendida principalmente por el PNV. Por otro lado, las fuerzas que impulsaron el NO (KAS, EE, LKI..), lograron un 22,16%, triplicando casi el promedio estatal. En resumen, el voto SI apenas superó la tercera parte del censo electoral y el rechazo expresado por la abstención y el voto NO fue quien ganó el envite en el referéndum.

Pero volvamos a Catalunya. Con el tiempo se vio que la Constitución (1978), el Estatuto de Autonomía (1979) y los repetidos gobiernos de CiU, no daban cabida a las aspiraciones del pueblo catalán: hacienda, infraestructuras, educación,… Así, cuando en las autonómicas de 2003, PSC, ICV y ERC lograron mayoría y desbancaron a Pujol-CiU del gobierno, conformando uno nuevo presidido por Pascual Maragall (PSC), el principal punto de su programa sería la reforma del Estatuto, cuyo nuevo texto sería aprobado en 2006, con 120 diputados a favor (PSC, ERC, ICV y CiU) y tan solo 15 en contra (PP).

Lo demás, por reciente, es más sabido. A su paso por el Congreso, el PSOE de Rodríguez Zapatero «cepilló» el Estatuto aprobado, recortándolo a conciencia. Tanto es así que ERC se desmarcó del nuevo texto rechazándolo. Denunciaba de este modo el pisoteo centralista respecto a la soberanía y dignidad del Parlament que, tras largos debates, había logrado aprobar aquel nuevo Estatuto con un 88,88% de sus votos, incluidos los del PSC.

El referéndum posterior convocado para aprobar el Estatuto mutilado evidenció ya un gran malestar. La participación en el mismo fue tan solo del 48,85%, siendo también muy importante el voto NO impulsado por ERC y las incipientes CUP (20,57%), así como el voto blanco (5,29%). Al igual que sucedió en Euskal Herria con el Referéndum constitucional, el voto SI apenas superó el tercio del censo (35,77%). El Estatuto nacía así tocado y bien tocado. La desafección catalana en relación al Estado español había tomado cuerpo.

Por si no bastara con el «cepillado» madrileño, el Tribunal Constitucional, atendiendo a un recurso de PP, sentenció la ilegalidad de otra importante parte del Estatuto (enseñanza, justicia, hacienda, relaciones internacionales,..), dejando claro que «no hay más nación que la nación española» y que donde manda patrón constitucional español obedece marinero autonómico catalán. Y así fue que la desafección pasiva expresada en el Referéndum estatutario tomó cuerpo en la calle. En la Diada de 2012 más de un millón de personas se manifestó en exigencia de libertad, soberanía e independencia.

Pero volvamos de nuevo al referéndum constitucional del 1978. Algunas fuerzas de la izquierda española impulsaron el voto en favor de la Constitución con el eslogan de «¡SI, y seguir avanzando!». Sin embargo, de entonces acá, de avances nada. Hace tiempo que el PSOE se comió con patatas sus proclamas federalistas y la derecha (PP-C’s-Vox) ha rescatado un discurso rancio-español cada vez más cercano a la España Una, Grande y Libre joseantoniana. El retroceso, además, no se ha dado solo en el tema nacional, sino también en el ámbito laboral (precariedad, pensiones,…), las libertades democráticas (Ley Mordaza, Código Penal,..) y la Justicia (todo es ETA, sedición..), mientras que en los ámbitos castrenses y episcopales se ensalza sin pudor alguno a Franco.

Con el conflicto vasco, el poder y sus gobiernos dijeron que la violencia armada era el impedimento para poder hablar de todo, pero aquella cesó, ETA se disolvió y ningún paso hubo en materia de diálogo, negociación o supresión del régimen de venganza para los presos/as vascas y sus familias. Ahora, dando un paso más: cuestionar tan solo el magro de la sacrosanta unidad patria por medio de unas urnas y ejerciendo pacíficamente la democracia es considerado delito sedicioso de lesa majestad. Y aquí todo vale: estado de excepción, supresión de la autonomía, condena de cargos electos y líderes sociales y represión generalizada en la calle. Trileros mediáticos de todo pelo y tertulianos de cualquier condición quieren tapar el carácter cívico de lo anterior con la cansina imagen de contenedores en llamas, pero no hay con qué.

Una de las principales joyas del consenso constitucional, Catalunya, se ha vuelto desafecta. En Euskal Herria, a pesar de los intentos de Urkullu, el rechazo vasco sigue abierto. La crisis del régimen es cada vez más evidente y la la represión no va a solucionar su problema. Aunque la violencia policial se adueñe de la calle y la judicial asalte las instituciones, las conciencias ganadas para la causa de la libertad y la soberanía durante estas décadas han venido para quedarse y se extienden cada vez más. España, lo tiene crudo.

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