Mejor alimentación, salud y educación para los presos de la provincia de Buenos Aires. Mejor cobertura médica y profesionalización de los guardias. Por los menos 8.000 nuevas plazas –a habilitar en los próximos 4 años– como una manera de paliar la superpoblación que se vive en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que absorbe 1.600 presos por año. Dos unidades nuevas, 60 camas para el hospital de Olmos, refuerzo de las investigaciones internas para desarticular las mafias.

Con estos ambiciosos objetivos, el ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, lanzará hoy en la Legislatura el “Plan de Reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense”. “La sociedad argentina tiene que entender que hay que ocuparse de las cárceles. No sólo por una cuestión de derechos de los internos, sino también por un factor directamente relacionado con la seguridad. No queremos más que las cárceles sean universidades del delito”, definió ayer ante Clarín Ferrari, quien compartió una charla con el diario junto al secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón.

Condiciones insalubres. El baño de una celda de la Unidad Penal N° 39, en Ituzaingó, al oeste del GBA.

El plan tiene objetivos a cumplir en 2016 y en 2017, pero hay otros que, admiten los funcionarios, “sólo se podrán lograr en unos 10 años, con voluntad política y una sostenida política de Estado”, explicó Ferrari quien, pese al reto y a la importante cantidad de metas, es optimista: “Claro que sí, absolutamente sí”, contestó cuando se le planteó si realmente cree que se puede cambiar el SPB. “No vamos a convertirnos en Suecia, claro, pero ya se están haciendo cosas importantes”, completó Cantón.

El plan está estructurado en dos ejes bien diferenciados. Por un lado, las condiciones de habitabilidad, que implican todos los aspectos de la vida de los internos; por otro, el fortalecimiento institucional del SPB.

Los principales puntos son:

Con la mira en sumar un promedio de 2.000 plazas anuales a lo largo de la gestión, el Ministerio de Justicia bonaerense buscó –a través de reuniones con la Jefatura de Gabinete de Nación y el Ministerio de Defensa– predios abandonados, por ejemplo del Ejército, para construir alcaidías. “Ya identificamos espacios disponibles en Ensenada, Tigre, San Martín, Azul, Bahía Blanca, San Nicolás, Tandil y Quilmes”, detalló Ferrari.

Algo similar se tratará de implementar con los municipios para sacar de las comisarías bonaerenses a los 2.300 presos que aún están alojados en ellas. Se les pedirá a los intendentes que aporten edificios en desuso para construir alcaidías.

Destrucción. El boquete en los techos de la Unidad Penal N° 28 de Magdalena.

En un plazo que, según las estimaciones oficiales, superará el de la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora, se construirán dos nuevas cárceles en Campana y Lomas de Zamora. Por lo pronto, en unos días se inaugurarán 60 nuevas plazas en el hospital de la cárcel de Olmos.

Actualmente unos 50 nenes menores de 4 años viven en la cárcel con sus madres. En relación a esto se comenzará con un plan piloto en Florencio Varela “con la construcción de una casa prefabricada y una plazoleta con juegos múltiples para poder proveerles a los niños un lugar mucho más saludable para su crecimiento”.

El programa también se enmarca en una crítica a la gestión anterior. “Actuaron con desidia”, definió Cantón. El informe que se presentará hoy sostiene que “de 51 talleres de chapa, pintura y mecánica ligera que hay en las unidades (50 en total), sólo 14 estaban en funcionamiento. De los 23 talleres de carpintería, sólo 6 se encontraban operativos. Y de los 24 dedicados a herrería, sólo funcionaban 3”.

El segundo eje del plan incluirá una modernización del sistema (actualmente se llevan fichas manuscritas de los internos) y también un mecanismo nuevo de auditorías. “Cuando comenzamos nuestra gestión nos encontramos con que 6 penitenciarios estaban en funciones aunque tenían condena firme desde 2009. Esto no va a volver a pasar”, prometió Ferrari.