Siete policías de la llamada brigada patriótica imputados por la Operación Kitchen de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, que se investiga en el caso Villarejo, fueron condecorados entre 2012 y 2016 por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con medallas que llevaban aparejadas una recompensa económica vitalicia. Según las estimaciones realizadas por EL PAÍS con datos oficiales, estos agentes se reparten por ellas 16.000 euros al año. Interior justificó estas distinciones por sus “meritorias trayectorias profesionales”.

El que más percibe es el comisario Eugenio Pino, antiguo número dos de la Policía, que recibió al jubilarse en junio de 2016 la Medalla de Plata al Mérito Policial, una de las más altas distinciones policiales y que conlleva una asignación vitalicia del 15% de su sueldo base y trienios. Según una respuesta parlamentaria, el comisario Pino recibe anualmente solo por esta condecoración —tiene otras tres anteriores también pensionadas— 3.725 euros anuales. La ley que regula la entrega de las medallas policiales, una norma franquista de 1964, determina que esta modalidad solo se puede conceder a agentes muertos o heridos graves en acto de servicio, que hayan dirigido “algún servicio de trascendental importancia” o cuya actuación fuese “ejemplar y extraordinaria”. Aquel año solo se entregó esta medalla a dos agentes que sobrevivieron al ataque a la Embajada española en Kabul en el que murieron otros dos policías.

Además de su imputación en el caso Villarejo, Pino tiene otro frente judicial abierto. Un juez de Madrid lo procesó en noviembre por su relación con un pendrive con pruebas ilícitas sobre las finanzas de los Pujol que presuntamente la Policía intentó incorporar irregularmente al sumario que investiga al clan del expresidente de la Generalitat. Por aquel hecho, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a la familia Pujol, José de la Mata, llegó a plantear a Interior en un auto de marzo de 2017 que despojara a Pino de sus otros reconocimientos honoríficos. Sin embargo, la ley franquista que aún hoy regula la concesión de las condecoraciones de la Policía Nacional no contempla esa posibilidad.

Los otros seis policías imputados por la Operación Kitchen que fueron condecorados por la cúpula del PP en Interior recibieron la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que supone un incremento vitalicio del 10% del sueldo base y trienios. La ley de 1964 reserva esta condecoración para aquellos agentes que hayan resultado heridos en acto de servicio, que hubieran participado en “tres o más servicios” en el que hubiera habido un enfrentamiento armado, que realizaran un “hecho abnegado” o que participasen en hechos en los que hubiera “un riesgo o peligro personal”. Los primeros en recibirlas, en 2013, fueron los entonces comisarios en activo José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas y Enrique García Castaño, conocido como El Gordo. El primero —en prisión desde noviembre de 2017 por ser el presunto cabecilla de la trama mafiosa policial que investiga la Audiencia Nacional— percibe por esa medalla algo más de 2.000 euros anuales. Martín-Blas y García Castaño, cerca de 2.200 euros cada uno al acumular más trienios que su compañero.

Villarejo recibió en 2012, otras tres distinciones, aunque ninguna de ellas estaba recompensada económicamente. En el caso de Martín-Blas, la medalla le fue concedida cuando ya había trascendido que a finales de 2012 acudió, junto al también comisario José Luis Olivera, a la Fiscalía de Barcelona para convencer a los encargados del caso Palau de que solicitaran, poco antes de las elecciones autonómicas de noviembre de aquel año en Cataluña, el registro de la sede de Convergència con el fin de ahondar en las pesquisas sobre la supuesta financiación irregular de la formación. Por su parte, García-Castaño, que adelantó su jubilación tras ser imputado en el caso Villarejo, cuenta con otras dos medallas rojas y, por tanto, pensionadas.

En 2014 los condecorados fueron los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, ambos destinados a las órdenes directas de Pino y que, además, fueron premiados con sendos destinos en embajadas de España en el extranjero, con altas retribuciones. El expediente de ambos recoge como motivo de la distinción un “meritorio hecho concreto” que, sin embargo, no se detalla. Fuentes Gago —que por esta medalla percibe algo más de 1.700 euros anuales— viajó dos años más tarde a Nueva York para convencer a un exministro venezolano para que diera validez a documentos sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. El pasado mes de agosto, poco después de llegar el PSOE al poder, fue destituido de su puesto en la embajada precisamente por sus supuestas vinculaciones con la brigada patriótica.

De México a España

En similar situación está el otro inspector jefe condecorado en 2014. Díez Sevillano —que por la medalla de 2014 percibe algo más de 2.000 euros anuales— estuvo destinado en la Embajada de México hasta que Grande-Marlaska ordenó su regreso y le envió a un puesto burocrático. A punto de jubilarse, los problemas judiciales de Díez Sevillano incluyen también su reciente procesamiento por el caso del pendrive del caso Pujol, junto a su jefe directo, el comisario Pino. Él y Fuentes Gago han sido apartados a destinos burocráticos en la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

El último agente condecorado fue el recientemente ascendido a comisario Andrés Gómez Gordo, señalado como quien contactó con Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas, para que colaborara en la supuesta sustracción de documentos al extesorero del PP. Gómez Gordo —que percibe por esta medalla más de 1.800 euros al año— estaba entonces en excedencia para trabajar como asesor de María Dolores de Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha. A su regreso a la Policía, recibió la medalla y consiguió aprobar el curso de ascenso a comisario, que se hizo efectivo ya con el PSOE en el Gobierno. Actualmente está destinado a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante.