Madrid Network, una empresa participada por la Comunidad de Madrid y creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica, gastó en 2011 cinco millones en asesorías externas, contratación de ejecutivos y grupos de presión o lobbies, algunos ligados al PP. Los contratos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incluyen pagos por la celebración de desayunos de trabajo en el extranjero o la puesta en marcha de planes estratégicos de comunicación para la internacionalización de la industria madrileña.

Sueldos de hasta 176.000 euros Las cuentas de Madrid Network registran también la contratación en 2011 de nuevos ejecutivos. El que más cobraba era el que desarrollaba las labores de “dirección y coordinación de los cluster [grupos de empresas] que integran la asociación (176.625 euros)”. Una comparación: el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cobró el año pasado 89.643 euros brutos. El segundo, en función de su sueldo, era “un adjunto a la presidencia” que desarrollaba “trabajos en beneficio de la empresa” (136.652 euros). El director de Innovación recibía una retribución de 124.065 euros anuales, mientras que el “coordinador de las tareas de comunicación y márketing” percibía 63.000. De la documentación se desprende que un directivo que realizaba labores de “apoyo del proceso de internacionalización de empresas del grupo de trabajo de infraestructuras de Madrid Network” recibió 43.899 euros. La imagen de la empresa era muy importante para sus dirigentes. Por ejemplo, Espacio de Comunicación e Imagen es una sociedad limitada que recibió 278.668 euros “por la celebración de eventos entre enero y diciembre de 2011”. Su trabajo incluía la realización de vídeos, entre los que destacan muchos que hacen referencia a los actos a los que acudió la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, en fábricas y centros tecnológicos. Cada trabajo costó 509 euros. La empresa Project Portfolio Management Point recibió un contrato de 39.864 euros para “la puesta en marcha de una oficina de gestión de competencias en dirección de proyectos para la prestación de servicios horizontales a las empresas madrileñas”. Entregó dos trabajos.

Madrid Network es una empresa de derecho privado y no está sujeta a los controles de las sociedades públicas, por lo que puede contratar sin concurso, aunque su presidente lo nombra el Gobierno regional. Todas las adjudicaciones, por tanto, están dentro de la ley aunque no tengan ningún filtro. Los cinco millones de euros gastados en asesores de esta entidad contrastan con los 1,3 millones que costó el programa de asesoramiento de toda la Comunidad en 2011 o los 4,9 millones que tiene de presupuesto el Consejo Consultivo, órgano que realizó ese año 311 dictámenes. En 2014, la Generalitat gastó 53,5 millones en promoción exterior, de los que solo 1,2 millones fueron a pagar asesores y consultores. Fuentes de la patronal madrileña CEIM coinciden en que son “cifras demasiado elevadas para Madrid Network”.

En 2011, fueron 72 los gabinetes, asociaciones y profesionales contratados para desarrollar los trabajos reclamados por Madrid Network. De ellos, el bufete que más recibió (646.073 euros) fue Equipo Económico, el gabinete de asesoramiento que en 2006 creó el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que abandonó en 2008. Los pagos se realizaron en cuotas de 45.626 euros.

En el momento de la adjudicación, el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre. A finales de 2011, cuando el PP ganó las elecciones generales, Montoro lo nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas, puesto en el que sigue hoy.

Fuentes próximas a Beteta aseguran que “jamás firmó una adjudicación. Quien adjudicaba”, afirman, “era el gerente, que posteriormente fue vicepresidente y presidente de Madrid Network, Aurelio García de Sola. Beteta solo era un cargo político. Estaba centrado en su labor en la consejería”, indican.

Empresarios y políticos Apoyo de la patronal a la plataforma. Madrid Network es una empresa impulsada por la Comunidad de Madrid, pero que cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio y de los empresarios agrupados en la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE). 700 asociados. La entidad está formada por 12 clusters (en los que se integran unas 700 empresas), que se dividen en cinco parques tecnológicos distribuidos por la región. Objetivos. La empresa explica en su página web que la finalidad de pertenecer a su "red" es "compartir el conocimiento, buscar partners" para los negocios, "un mejor acceso a financiación y al mercado, logrando una mayor competitividad en el desarrollo de los proyectos" empresariales

Este periódico ha comprobado que los contratos con las empresas adjudicatarias estaban firmados en su mayoría tanto por García de Sola como por Alicia Hinojosa, en su “condición de apoderados mancomunados de Madrid Network”. Cuando EL PAÍS se puso en contacto con García de Sola para conocer su versión, el exgerente rechazó hacer declaraciones, alegando que no recordaba el asunto: “Ha pasado mucho tiempo”.

Por cuantía, la siguiente más beneficiada por las adjudicaciones fue Arcano Valores (483.800 euros). Arcano es una reconocida firma de asesoramiento financiero con oficinas en Madrid, Barcelona y Nueva York. En tercer lugar se halla el gabinete Business Assestment Plans & Projects, con 349.200 euros, que está presidido por Manuel Lamela Fernández, que también fue consejero de la Comunidad en el Gobierno de Aguirre, del área de Sanidad, entre 2003 y 2007.

Esta sociedad limitada tuvo, en 2011, 550.000 euros de ventas. Beteta y Lamela fueron consejeros de Aguirre en sucesivos ejecutivos, pero no coincidieron nunca en el Gobierno.

En concreto, la sociedad de Lamela recibió un contrato de 349.280 euros por el “soporte a la constitución y a la presentación de ofertas para proyectos y obras concretas en otros países del mundo, especialmente Latinoamérica y EE UU”, además de un “servicio de consultoría y asesoramiento profesional”, según refleja la documentación de la empresa. Esta hace referencia a trabajos relacionados, entre otros, con información o mediación en la construcción de un hospital en Piura (Perú), otro en Antofagasta (Chile), el metro en São Paulo (Brasil) o una cárcel en Uruguay. El capital social de la empresa es de 3.000 euros.