Carles Puigdemont considera un “ataque” y una “humillación” la activación del artículo 155 de la Constitución y convocará al Parlament de Catalunya para debatir qué pasos dar tras las medidas adoptadas por el Gobierno este sábado. En su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat del sábado por la noche no desveló qué se hará en los próximos días, mientras la intervención de la autonomía no sea efectiva. Sólo pidió la convocatoria del pleno de la cámara parlamentaria, símbolo de la soberanía del pueblo catalán a juicio del Govern, pese a las decisiones judiciales.

El president compareció de nuevo con la puerta abierta de fondo -algo que se interpreta como una muestra de voluntad de diálogo-, como ya hiciera tras el referéndum del 1 de octubre en la declaración en la que pedía mediación. El líder del Govern consideró el 155 el “peor ataque” a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco y acusó al Estado de tener un “propósito liquidador”. Se quejó de que las todas propuestas de diálogo y mediación de la Generalitat habían tenido la misma respuesta negativa y consideró un “portazo” las decisiones del Consejo de Ministros y la “liquidación” del autogobierno y la “voluntad democrática de los catalanes”. “Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos”, añadió y tachó de “actitud antidemocrática y fuera del Estado de derecho” las medidas al carecer de una “mayoría parlamentaria que las avale”.

El president no concreta qué hará el Govern como respuesta al 155 y deja todo pendiente de un debate en el Parlament de Catalunya

“El Gobierno se ha autoproclamado de manera ilegítima, sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso, representante -y tutor de la vida pública catalana, también dijo- de los catalanes, y quiere teledirigir desde Madrid la vida de Catalunya”, denunció Puigdemont, al tiempo que recordaba que “cada vez que las instituciones han sido laminadas, el pueblo se ha sobrepuesto” y que “desde el regionalismo de principios del siglo XX hasta el soberanismo del siglo XXI, la idea hegemónica es la misma” porque “la Generalitat es histórica”. Y al hablar de historia, hizo mención, como muestra de lo que ha propiciado este momento, a la recogida de firmas de Rajoy contra el Estatut de Catalunya hace más de una década y la sentencia del Tribunal Constitucional una vez ya había sido aprobado en referéndum por los ciudadanos.

En castellano, como en días anteriores, advirtió a “los demócratas” que este “ataque a la democracia abre la puerta a abusos de la misma índole en cualquier parte” de España y finalizó su alocución con un mensaje en inglés, reivindicando la vocación europea de su lucha.

Reivindica como europea su lucha y advierte que la decisión del Gobierno abre la puerta a abusos de la misma índole en cualquier parte

Desde el salón Virgen de Montserrat del Palau y sin la bandera española, hizo un llamamiento a los ciudadanos a defender las instituciones “de manera pacífica y civilizada, cargados de dignidad y razones”; y alusión a la violencia policial del 1-O -que según el último balance dejó más de 1.000 heridos- y censuró la detención de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, encarcelados desde el lunes por sedición.

Puigdemont, junto a su Govern en pleno y otros políticos, encabezó unas horas antes -sin corbata- la manifestación convocada por la Taula per la Democràcia para pedir la libertad de Sànchez y Cuixart. En un primer momento se esperaba que a la marcha sólo fueran los consellers, pero tras la intervención de Mariano Rajoy desde la Moncloa, se anunció que el president también acudiría a la protesta, a la que según la Guardia Urbana han asistido 450.000 personas. Varios manifestantes se dirigieron a la plaça Sant Jaume tras la marcha, para seguir desde allí la intervención del president de la Generalitat.

Tras la manifestación, Carme Forcadell, arropada por otros miembros de la Mesa del Parlament y con la bandera europea de fondo en el primer plano -a la derecha como manda el protocolo-, acusó al Gobierno de perpetrar “un golpe de Estado de facto” con el 155 e insistió en que los conflictos políticos debían resolverse por la vía política. “No daremos ni un paso atrás, tenemos un mandato democrático”, afirmó la presidenta de la cámara catalana en su declaración institucional.

Carles Puigdemont hablando por teléfono junto a un guardaespaldas en la manifestación de este sábado (Ivan Alvarado / Reuters)

Rajoy anunció que, si el Senado lo permite, cesarán al president de la Generalitat y a todos sus consellers para dar el control de los departaments de la Generalitat a los ministerios, bajo la coordinación de Soraya Sáenz de Santamaría, ministra de facto para asuntos catalanes. También convocarán elecciones en un plazo máximo de seis meses, aunque Rajoy lo haría cuanto antes; “cuando se recupere la normalidad institucional”, matizó el presidente. La tercera medida que destacó fue el derecho a veto del Gobierno durante 30 días de las iniciativas que adopte el Parlament de Catalunya. “Sí podrá, por ejemplo, legislar sobre montes o sobre las carreteras catalanas”, decía al respecto la vicepresidenta en un briefing posterior con la prensa donde se han concretado los detalles de las medidas que ha adoptado el Ejecutivo en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y Ciudadanos, hecho que ha provocado malestar en algunos sectores del PSC. Por ello, Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma, dimitió a última hora de la tarde como secretaria del Área de Cohesión e Integración de la Ejecutiva Federal del PSOE.

El inquilino de la Moncloa afirmó que las medidas eran para “recuperar la legalidad, la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones convencionales”, en palabras del propio Rajoy, que compareció al medio día escudado por sus ministros en bloque, sentados en la primera fila de la sala de prensa -alguno bostezaba en el largo preámbulo del presidente antes de detallar que harán-, una imagen nada habitual.

El presidente del Ejecutivo calificó de “profundamente antidemocráticas” las “peticiones de diálogo fuera de la ley” de Puigdemont después del referéndum del 1 de octubre. “El 155 sólo se parará si el Senado no lo aprueba”, concluyó Rajoy. “No se suspende el autogobierno, se recupera para la legalidad”, afirmaba el presidente, que insistió en que nunca fue su intención aplicar el artículo de la Carta Magna.

En un documento de 11 páginas facilitado a la prensa antes de la reunión ministerial, el Gobierno justificó la aprobación de las medidas para tomar el control del Govern de la Generalitat por “la puesta en marcha de un proceso de secesión (...) con desobediencia rebelde, sistemática y consciente” en Catalunya.

Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros (Juan Carlos Hidalgo / EFE)

Las medidas anunciadas por Rajoy deben ser todavía aprobadas por el Senado antes de que entren en vigor

Las medidas concretadas por el gabinete de Rajoy este sábado deben ser aprobadas por el pleno del Senado, previsiblemente el próximo viernes. Antes, ante una comisión especial, Carles Puigdemont tendrá la opción de explicarse y presentar alegaciones de forma presencial, por escrito o a través de un emisario, pero no hay ningún indicio de que el president piense acudir a la cámara alta. Por parte del Ejecutivo, será la vicepresidenta del Gobierno y ministra de facto para Catalunya, Soraya Sáenz de Santamaría, quien defienda la intervención de la autonomía, aunque también podría tomar la palabra el propio Rajoy. Por ahora el Senado ya ha suspendido el pleno ordinario de la semana que viene, previsto para el martes y miércoles, para centrar todos sus esfuerzos en Catalunya.

Por la mañana, de forma paralela a la reunión del gabinete ministerial en Madrid, Puigdemont se reunió con varios de sus consellers en el Palau de la Generalitat, entre ellos Junqueras, Toni Comín, Dolors Bassa y Turull y también estaban diputados de Junts pel Sí, Lluis Corominas y Marta Rovira, Pascal o Bonvehí -los dos últimos coordinadores generales del PDeCAT-, y representantes de ANC y Òmnium, los sustitutos temporales de los ‘Jordis’, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri -encargados de hacer los parlamentos en la marcha-, el conocido como Estado mayor del procés. Por la tarde, el president se dejó ver en la cabecera de la marcha junto a su antecesor, Artur Mas, con quien ya mostró la buena sintonía en el Parlament tras la declaración del 10 de octubre, que ha propiciado la activación del 155.

Elecciones y una declaración de independencia, opciones sobre la mesa de los independentistas con amenaza de querella por rebelión de la Fiscalía General del Estado

El lunes se reúne la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya y fijará la fecha del pleno de la cámara catalana en el que se podría votar una declaración de independencia o podría tener lugar una declaración institucional del president de la Generalitat para proclamarla, en base a los resultados del referéndum del 1-O -suspendido por el Tribunal Constitucional-, opciones que dividen a los soberanistas.

Más allá de una declaración o una votación, otra de las opciones que se barajan es que se convoquen elecciones autonómicas catalanas por parte del Govern , escenario que también crea divisiones y fisuras en las filas independentistas, antes de que entren en vigor las medidas del Gobierno para tomar el control de la Generalitat.

El president de la Generalitat,junto al vicepresidente Oriol Junqueras (Quique García / EFE)

La CUP ya dejó claro esta semana que cuando el 155 fuera aprobado, la República ya habría sido proclamada. Puigdemont contó el jueves con el aval del PDeCAT, su formación, para levantar la suspensión de la declaración -si se considera que el 10-O tuvo lugar- al aprobarse el 155, que llega tras dos requerimientos del Gobierno preguntando al president si había declarado o no la independencia.

La Fiscalía General del Estado por la mañana amenazó con presentar una querella por rebelión -ya redactada- ante el Supremo, con hasta 30 años de cárcel en el más grave de los casos, contra Puigdemont y sus consellers y otros miembros del Parlament si se declara la independencia. Colau insistía desde la manifestación, donde se pudo ver llorando a su colega Xavier Domenech, que la aplicación del 155 era “evitable”. “Aún hay tiempo”, sentenció, aunque este martes su formación valorará si rompe el pacto de gobierno local con el PSC.