La construcción de un complejo inmobiliario en uno de los barrios más exclusivos de México es el centro de la discordia en una polémica que implica a la empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más poderosas de América Latina, y a un grupo de vecinos que incluye a Adriana Pérez Romo, la esposa del presentador más famoso del país, Joaquín López Dóriga.

La empresaria es nieta de Félix Aramburuzabala, un vizcaíno que llegó a México en los años veinte y que construyó Grupo Modelo, uno de los imperios cerveceros más poderosos del mundo. La compañía Angeuser-Busch Inveb, de capital holandés y brasileño, adquirió el 50% de la empresa mexicana por 20.100 millones de dólares en junio de 2012, pero la heredera es accionista y se mantiene como vicepresidente del Consejo de Administración.

María Asunción Aramburuzabala —Mariasun, para sus más cercanos— es una hábil mujer de negocios que ha multiplicado la ya abultada fortuna que heredó de su padre en 1995. Es la sexta persona más rica de México y ocupa el sitio 265 de la lista Forbes. Ha sido la primera mujer en ocupar un sitio en el consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores (entre 2003 y 2006) y ha invertido en los sectores bancarios, de telecomunicaciones, transporte e inmobiliario.

Precisamente su participación en el sector inmobiliario es el que ha traído la polémica. Estalló cuando el periódico Reforma publicó una grabación en la que, según los abogados de la empresaria, un grupo de vecinos entre los que está Teresa Adriana Pérez Romo presionó a la constructora de Aramburuzabala a que pagase cinco millones de dólares por la construcción de un complejo situado en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana.

Los abogados de la empresaria han calificado la acción como un intento de extorsión; los representantes legales de los vecinos aseguran que se trata de un pago para mitigar la pérdida de valor de sus edificios. La inmobiliaria Abilia, propiedad de la heredera, planea construir un complejo de 30 pisos de altura. Los vecinos, de acuerdo con Javier Coello, que encabeza el grupo legal que representa a Aramburuzabala, exigieron también que la empresaria cambiara los cristales de su edificio (que está a un costado del nuevo complejo), cuatro nuevas calderas para la piscina y otras reformas. El representante legal de los vecinos, Mario Alberto Becerra Pocoroba, acepta que pidió el dinero a los abogados de la heredera, pero ha insistido en que el monto era para mitigar la pérdida de valor de sus propiedades.

El periodista López Dóriga, que encabeza el informativo estrella de Televisa, se ha limitado a responder a través de su cuenta de Twitter que no tiene ninguna relación con la pelea legal entre la inmobiliaria de Aramburuzabala y el grupo de vecinos del que forma parte su mujer y acusó al periódico Reforma de apoyar a la heredera.

Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la sra Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) agosto 21, 2015

Televisa ha secundado la versión del comunicador. El conflicto, en su opinión, ha carecido de interés periodístico. "Se trata de un tema entre particulares que se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal", explica el comunicado.

La ley indica que, por el tamaño del terreno en que se erige el complejo inmobiliario, el máximo de construcción son 12 pisos y no 30, como planea la compañía. Los representates legales de Aramburuzabala afirman que han obtenido los permisos necesarios por parte del Gobierno de la Ciudad de México para seguir adelante. Uno de los abogados de la heredera se pregunta: "Si [los permisos legales] son ilícitos, ¿por qué él [el abogado de los vecinos] podía recibir cinco millones de dólares?".