Cuatro años y nueve meses de cárcel para la tesorera del PP, Carmen Navarro, el jefe de los servicios jurídicos del partido, Alberto Durán Ruiz de Huidobro, y el jefe de departamento de Sistemas, José Manuel Moreno Alarcón. Es la pena que pide la acusación que ejerce IU en el caso del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, que también solicita una multa de más de 10 millones de euros para el PP.

El PP manipula el historial de la jueza para apartarla del 'caso ordenadores de Bárcenas'

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Los abogados de la formación consideran que estas tres personas fueron los responsables del borrado y destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, y que por tanto cometieron los delitos de daños informáticos y encubrimiento. Así lo han reflejado en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso eldiario.es, que han presentado ante la juez que instruye el caso.

En el caso del PP, imputado como partido en esta causa, la acusación entiende que ha cometido dos delitos de daños, por lo que solicita que se le imponga por cada delito una multa de tres años, a 5.000 euros al día. En total, los populares tendrían que pagar más de 10 millones de euros.

En este caso, IU ha optado por la condena más alta contemplada en la ley. El Código Penal sitúa esa multa entre un mínimo de 30 euros diarios y un máximo de 5.000. IU atribuye al PP dos delitos de daños informáticos, castigado cada uno con un máximo de dos años de cárcel en el momento de los hechos. En total, 7,2 millones de euros. Sin embargo, IU aplica el Código Penal actual para hacer el cálculo, que castiga el delito de daños informáticos con hasta tres años de cárcel. Los tribunales aplican la versión más favorable para el acusado.

La acusación también solicita en su escrito que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sea llamada a declarar porque considera que fue responsable, junto a Carmen Navarro, de los hechos que se enjuician. Los abogados de IU también solicitan en la petición de penas que Alberto Durán sea inhabilitado como abogado.

IU apoya estas peticiones de condena en los hechos que ocurrieron tras la publicación de los sobresueldos en B del PP. El partido prohibió entonces a Bárcenas acceder a la sede de Génova, y le devolvió todos su enseres menos dos portátiles donde, según argumenta IU, el ex tesorero del PP guardaba archivos "con diversa información sobre contabilidad B u opaca del Partido Popular, así como de otras irregularidades contables y de financiación electoral del Partido Popular".

La formación acusa al PP de borrar posteriormente los discos duros de esos ordenadores cuya información había sido requerida por la Justicia, y que contenía archivos sobre los pagos en B a altos cargos y sobre los donantes con los que se reunían los tesoreros del partido, así como información sobre las cuentas en Suiza de Luis Bárcenas.