El escándalo de los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía ha entrado en la fase crucial y ha caldeado la pre-campaña de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. El Tribunal Supremo ha citado en calidad de imputados a los expresidentes del Gobierno autónomo Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos referencias del PSOE en España, así como a otros tres exconsejeros andaluces (Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera), para que declaren sobre su papel en el caso. El instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, fija las declaraciones entre el 7 y el 21 de abril, después de las elecciones andaluzas, para las que quedan solo 33 días.

La imputación de los dos últimos presidentes andaluces y del PSOE federal causó zozobra en las filas socialistas, que ven cómo el caso ERE monopoliza de nuevo el debate político e introduce un factor de incertidumbre en la campaña electoral de la presidenta de la Junta y candidata socialista, Susana Díaz, que aparece como favorita en todas las encuestas. Los partidos de la oposición se apresuraron ayer a exigir a Díaz y al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que cumpliesen con el anuncio de que pedirían el escaño a Chaves y Griñán cuando fueran imputados. Pero el hecho es que Díaz y Sánchez ya corrigieron esa posición inicial y precisaron que la petición se produciría en caso de que el Supremo concrete el delito sobre los aforados. Ayer mismo, en un acto en Baza (Granada), Díaz dijo que “no se ha movido un milímetro” de su posición y que les pedirá el escaño si Barreiro precisa la existencia de un delito en su actuación.

Y este momento no ha llegado. En su providencia, el instructor del Supremo no concreta las acusaciones contra los aforados. Fuentes del Supremo recalcaron que la imputación con o sin delito atribuido tiene la misma carga y que, en primer lugar, la citación se realiza con una imputación genérica y más adelante, si procede, ya se determinará la implicación. En ese caso, antes de la inculpación formal o el procesamiento, Barreiro tendría que pedir el suplicatorio a las Cámaras. Chaves, Zarrías y Viera son diputados en el Congreso, mientras que Griñán y Moreno son senadores.

Susana Díaz habla sobre la imputación de Chaves y Griñán. ATLAS

La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso desde hace más de cuatro años, sí determinó en la exposición razonada que envió el pasado agosto al Supremo los delitos que atribuye a los ex altos cargos del PSOE: prevaricación y malversación de fondos públicos. La teoría de la juez es que la cúpula del Gobierno andaluz diseñó en 2001 un sistema ilegal para repartir ayudas públicas de forma discrecional entre trabajadores y empresas a lo largo de una década. Alaya entiende que para pagar el fondo (que tuvo una dotación presupuestaria de 855 millones entre 2001 y 2010), el Gobierno andaluz recurrió a una herramienta presupuestaria (las transferencias de financiación) que considera ilegal y que lo hizo para esquivar los controles de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

La juez sustenta su acusación contra los aforados en el informe que la Intervención General del Estado le entregó en diciembre de 2013, en el que los peritos censuraron el uso “inadecuado” e “improcedente” de las transferencias de financiación.

La interpretación de la defensa Las defensas de los cinco aforados imputados por el Tribunal Supremo expusieron ayer, a través de un comunicado, su interpretación de la decisión judicial. Según los letrados, la providencia judicial notificada “no es un auto de imputación contra ellos, ni contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad”. Según exponen en su escrito, “fueron los mismos aforados los que solicitaron por escrito comparecer para ser escuchados en declaración ante el Tribunal Supremo”, pese a que la providencia del juez no alude a este hecho. Las defensas esgrimen, además, que la citación como imputados ante el Tribunal Supremo es necesaria para “rodearse de las garantías procesales correspondientes”, como son la asistencia de abogado o el derecho a proponer pruebas, entre otras. Según su interpretación, a partir de esta declaración “y de la práctica de las pruebas pertinentes”, el Tribunal Supremo decidirá si archiva la causa o la mantiene abierta con un auto de inculpación formal, procesamiento o medida cautelar. Si la causa sigue, se determinará la decisión de la apertura del juicio. “Solo en estas dos últimas circunstancias puede hablarse de que exista indicio de criminalidad. No antes”, concluyen.

La defensa de Griñán ha presentado un contrainforme elaborado por dos catedráticos de Derecho Tributario en el que se subraya que las transferencias de financiación son una herramienta administrativa con amparo legal, común en las Administraciones públicas, y aprobadas finalmente por el Parlamento andaluz a través de la ley de Presupuestos. Las transferencias de financiación dotan de dinero a empresas públicas para su funcionamiento. En el caso de los ERE, la Junta pagaba las ayudas sociolaborales a través de la agencia pública Idea.

Alaya tiene previsto que los peritos de la Intervención del Estado ratifiquen mañana ante su juzgado el informe clave contra los aforados. Lo hará pese a que solo hace cinco meses rechazó hacer esta ratificación porque consideraba que podía causar “indefensión” a los aforados, que no están personados en la causa abierta en Sevilla. En la providencia dictada el lunes y hecha pública ayer, el instructor del Supremo pide a los peritos del Estado que se pronuncien sobre el contrainforme de Griñán. Además, demanda a la Junta informes sobre la elaboración del Presupuesto. En concreto, pide los informes que llegaron al Consejo de Gobierno y al Parlamento autónomo.

Pese a que los cinco aforados están en el mismo saco, la situación de todos no es igual. Los cinco están señalados por Alaya por el diseño y el mantenimiento de las ayudas, pero en el caso de Viera incluye otros indicios. La juez entiende que el diputado del PSOE repartió de forma arbitraria subvenciones entre empresarios de la Sierra Norte de Sevilla por afinidades políticas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, además, está analizando la exposición razonada que Alaya envió sobre los cuatro aforados autonómicos, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio.