Un rumor precedió a la decisión de Ibar Pérez Corradi de negarse a la extradición inmediata a la Argentina. Decían aquí, en medios políticos de distinta extracción, que la vida del viejo prófugo corría peligro en su país. Seguramente se trató de un dramatismo propio de la visión conspirativa de los argentinos, pero lo cierto es que Pérez Corradi creyó en esos presagios. Así se lo dijo al juez paraguayo. Hay una contradicción evidente en las declaraciones hechas por Pérez Corradi en apenas 24 horas. La primera vez que habló con la prensa dijo que quería volver a la Argentina para aclarar su "inocencia" en el triple crimen de General Rodríguez, cuya autoría intelectual se le atribuye. Un día después, declaró ante el juez de Paraguay que prefería negarse a la extradición porque podían matarlo en su país.

La primera pregunta es la más obvia: ¿por qué intentarían matarlo si él se considera inocente? ¿Fue, acaso, un testigo ocasional de crímenes y de tráficos de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas? Grotesco. Las preguntas que le siguen son las más graves. ¿Qué cosas –y cuántas– sabe como para que su vida no valga nada en su país?

¿Quién o quiénes están comprometidos con esas cosas que sabe? Deslizó que se trataría de ex funcionarios kirchneristas, pero ¿cuál es el poder que aún tienen como para matarlo en cárceles que se suponen de máxima seguridad? Ya fue extraño ver a Pérez Corradi (y al propio José López ) protegido por un casco policial, además de un chaleco antibalas. La decisión de protegerlos de esa manera impresionante e inusual partió del gobierno argentino. Es decir, Pérez Corradi y el Gobierno coincidieron en que el testimonio del antiguo prófugo podría tener consecuencias letales para personajes importantes de la política argentina.

El caso Pérez Corradi es, tal vez, el más emblemático de una Justicia permisiva con los poderosos. Se habló mucho de la protección que tuvo por parte de las fuerzas de seguridad argentinas. La tuvo, sin duda. Sin embargo, no debe olvidarse que un juez argentino, Norberto Oyarbide , lo dejó en libertad condicional porque no representaba un peligro de fuga. El argumento parece ya una sátira de Oyarbide hecha por los críticos de Oyarbide. Pérez Corradi es mucho más que el presunto autor intelectual de tres crímenes. Es el eslabón que podría explicar, en parte al menos, los nexos entre el tráfico de drogas y funcionarios del gobierno anterior. La efedrina, ya que de eso se trata, es un precursor clave para la elaboración de drogas sintéticas, que son las que están más en boga. Al revés de las drogas clásicas, cocaína o marihuana, las drogas sintéticas son más difíciles de detectar hasta por los perros de la policía entrenados para hacer esos trabajos.

Históricamente la industria farmacéutica argentina requirió sólo 200 kilos anuales de efedrina para fabricar medicamentos. Durante el gobierno kirchnerista, la importación de esa droga saltó a 20 toneladas anuales. Los importadores fueron, en algunos casos, laboratorios farmacéuticos que aportaron dinero a las campañas electorales de Cristina Kirchner . La efedrina sobrante, que era más del 90 por ciento de la cantidad importada, fue contrabandeada a México, más precisamente por el cartel de Sinaloa, que entonces conducía Joaquín "el Chapo" Guzmán. México había prohibido totalmente la importación de efedrina cuando constató que era usada para la fabricación de drogas sintéticas. Pérez Corradi era el supuesto puente entre la efedrina importada por la Argentina y los narcotraficantes mexicanos. En medios judiciales se estima que el trasiego de la efedrina entre la Argentina y México significó un negocio de 500 millones de dólares.

Dentro del gobierno kirchnerista se libró una verdadera guerra civil entre el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández , y el entonces secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ramón Granero, por el control de la importación de la efedrina. El segundo de Granero, Gabriel Yusef Abboud, declaró ante la jueza María Servini de Cubría que fue Aníbal Fernández quien impidió que se cerrara -o se limitara- la importación de efedrina. De todos modos, la magistrada procesó a Granero y a Abboud por el tráfico de efedrina. Ex funcionarios kirchneristas recuerdan la insistencia de Aníbal Fernández ante los Kirchner para que pasara a él la facultad de autorizar la importación de esa droga. Sea por indicación de Aníbal Fernández o por decisión propia, lo cierto es que Granero autorizó la masiva importación de una droga que la industria farmacéutica precisa sólo en dosis homeopáticas. Pérez Corradi podría aportar un testimonio invalorable para saber quién estuvo detrás de semejante operación que vinculó directamente a un gobierno argentino con el tráfico de drogas.

Cuando sucedió lo previsible, la fuga de Pérez Corradi, las fuerzas de seguridad argentinas no hicieron nada, pero tampoco la Justicia denunció con firmeza esas complicidades. Pérez Corradi parece haber eclipsado parcialmente el caso de José López. Es necesario que la opinión púbica conozca con certeza por qué el ex secretario de Obras Públicas no se sentó todavía ante ningún juez. ¿Cuál es el problema psiquiátrico que lo retiene en la cárcel de Ezeiza? ¿Es cierto, como señalan fuentes judiciales, que López sufrió un severo cuadro de síndrome de abstinencia de cocaína? Después del cantinflesco espectáculo que dio en un convento de General Rodríguez, las cosas no se pueden resolver con un vago parte médico.

En el momento de su detención, José López era investigado por dos jueces. Uno de ellos era Julián Ercolini, por una denuncia muy reciente de la Dirección de Vialidad, ya en la presidencial de Mauricio Macri . El otro juez es Daniel Rafecas , que tenía una causa abierta en 2008 por enriquecimiento ilícito de José López. Hay una causa anterior, de 2007, iniciada por el abogado Ricardo Monner Sans por manejos sospechosos de corrupción en un plan nacional de viviendas. Han pasado casi diez años de la primera denuncia por corrupción contra José López. La indiferencia fue general: ni jueces ni fiscales ni periodistas estaban detrás de sus robos con la obra pública.

Hay un caso peor. Los abogados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido denunciaron en 2015 a José López por la concesión de las represas de Santa Cruz. El fiscal Miguel Ángel Osorio, que adscribe a Justicia Legítima, pidió que la denuncia fuera desestimada. El juez Rodolfo Canicoba Corral -cuándo no- aceptó el criterio del fiscal y cerró la causa. Canicoba Corral es uno de los jueces federales con peor fama.

Tampoco el caso de Lázaro Báez debería perderse entre las nieblas de las chicanas judiciales. El juez Sebastián Casanello , a cargo de esa investigación, fue recusado por Báez, quien ahora asegura que vio al magistrado con Cristina Kirchner en Olivos. Declaró ante el juez y ante la Cámara Federal y presentó varios escritos, pero nunca antes había hecho semejante denuncia. A primera vista, parece advertirse una grieta entre la familia Báez y los Kirchner. No obstante, sectores importantes de la Justicia aconsejan no dejarse llevar por las apariencias. Podría tratarse, aseguran, de una estrategia para alargar los tiempos judiciales indefinidamente mediante apelaciones y recusaciones.

Así como José López le dio otro ritmo y otro contenido a la política, el caso de Pérez Corradi le impone a la Justicia una nueva y mayor celeridad para perseguir la corrupción, velocidad a la que no está acostumbrada. En ambos casos, el protagonista principal de los cambios es la opinión pública. La Justicia ya tiene una deuda con ella. El default moral de los jueces no está lejos.