El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (c), acompañado del director general de la Policía, Ignacio Cosidó (i), pasa revista durante el acto de presentación de los 140 nuevos agentes de la Policía Nacional destinados en Cataluña. EFE

La ONU ha hecho público el durísimo informe contra España por una serie de medidas y omisiones protagonizadas por el Gobierno de Rajoy. Human Rights International Spain destaca entre las críticas la Ley de Seguridad Ciudadana, las expulsiones en caliente, la detención incomunicada, la falta de respuesta debida a los crímenes del pasado, la ausencia de políticas adecuadas para abordar la discriminación étnica o las trabas excesivas que se pretenden imponer a las jóvenes que quieran interrumpir su embarazo.Este Comité de la ONU es el órgano encargado de velar por el respeto y la correcta aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e hizo pública ayer por la tarde la versión avanzada de sus observaciones finales sobre España, después de someter a examen a este país los pasados 7 y 8 de julio en Ginebra. Con este informe, han sido ya demasiadas las veces que el Gobierno español es apercibido El Comité comienza sus observaciones poniendo de manifiesto el nulo cumplimiento por parte de España de las decisiones dictadas por este organismo cuando se le remiten casos individuales de violaciones de Derechos Humanos. En este sentido, lamenta “la ausencia de un procedimiento específico de implementación de los dictámenes adoptados por el Comité”.El Comité llama al Estado a revisar la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal a fin de “garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica que asisten a todo individuo” y de asegurar que “todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación”.También apunta el Comité al uso excesivo de la fuerza de agentes y cuerpos de seguridad, tanto en el marco de protestas ciudadanas como en el control fronterizo. Indica la ONG: “Además, le preocupa la impunidad de los agentes de policía que cometen estos actos, a los que se concede indultos con mucha asiduidad”.Se reclama a España la adopción de una serie de medidas para erradicar y prevenir estas prácticas, tales como el establecimiento de un mecanismo independiente que pueda supervisar la actuación policial, el establecimiento de medios de grabación audiovisuales de los lugares donde se prive de libertad a las personas, la prohibición de la concesión de indultos a las personas declaradas culpables de delitos de tortura; y la investigación rápida, completa y efectiva de toda denuncia de tortura o malos tratos.“La detención incomunicada de hasta 13 días vuelve a ser puesta en entredicho por este Comité en la misma línea que muchos otros organismos, incluyendo el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, se insta al Estado a tomar “las medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación y que se reconozca a todos los detenidos” una serie de derechos básicos”, añade la ONG.En cuanto a los crímenes del franquismo el Comité reprocha una vez más a España que se mantenga vigente la Ley de Amnistía de 1977, puesto que “impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”. También se lamenta de que se sigan poniendo trabas a la investigación de los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como a la reparación de las víctimas.“Se hace un llamamiento al Estado para que 'derogue la Ley de Amnistía' y que vele por que se investiguen estos crímenes y se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas”.El Comité critica la falta de políticas adecuadas para combatir la discriminación racial y étnica, refiriéndose en concreto a las deficiencias del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (sobre el que dice que se deberían destinar más recursos y asegurar su independencia), así como a la práctica del uso de perfiles étnicos por parte de la policía.Sobre este último punto, afirma que, pese a que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe la discriminación en las identificaciones, lo cierto es que este tipo de actuaciones policiales ilegales persisten. En este sentido, se pide la adopción de medidas concretas para prevenir el perfil étnico, tales como la capacitación de los agentes o la investigación de las faltas de conducta por discriminación.“Este organismo se refiere con preocupación a la iniciativa legislativa apoyada por el Gobierno consistente en la imposición del requisito de la autorización de padres o tutores para aquellas jóvenes menores de entre 16 y 18 años que quieran abortar. Recordamos que con la ley actualmente vigente se puede no informar a los padres cuando concurra una situación de vulnerabilidad o riesgo para la joven”, apuntan.Se solicita además al Estado español que asegure el acceso a todas las mujeres y jóvenes a “servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.“La Ley de Seguridad Privada aprobada el año pasado también figura entre las preocupaciones del Comité. A este respecto, se reprochan las amplias atribuciones otorgadas a los agentes privados, que no se esté dando una debida formación en Derechos Humanos a estos agentes y que no existan mecanismos independientes de supervisión y denuncia de sus actuaciones. El Comité insta al Estado a corregir estas deficiencias”, prosigue RIS.El Comité se suma a las numerosísimas críticas recibidas por las políticas de internamiento preventivo de migrantes en situación administrativa irregular que se practican en el Estado español. “Se critica tanto la facilidad con la que se decreta la privación de libertad de personas que no han cometido delito alguno, como los malos tratos que se cometen en el interior de los CIE, así como las penosas condiciones en las que se encuentran estos centros”.Concluye RIS: “Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de contribuir al proceso de revisión por parte del Comité de Derechos Humanos. En este contexto, Rights International Spain (RIS) remitió sus aportaciones. RIS da la bienvenida a este nuevo informe y espera que el Estado español demuestre su compromiso con los Derechos Humanos dando pleno cumplimiento a las recomendaciones del Comité”.