







Cuando Felipe Calderón decidió “sacar al ejército de los cuarteles” en los primeros días de su presidencia, no estaba partiendo de una idea original: con frecuencia las fuerzas armadas mexicanas han sido utilizadas para “controlar” zonas completas del país, para ejercer presión sobre ciertos individuos y, en general, como una herramienta de terror político; si bien no se hacía con la publicidad con la que hoy el general Cienfuegos defiende las acciones de “sus muchachos”, siempre ha sido una pieza clave para la política nacional.

Estados como Guerrero y Chiapas conocen esta función del ejército desde hace muchos años: la “Guerra sucia” de los años 70 y el levantamiento zapatista en 1995 fueron pretextos perfectos para que las fuerzas armadas los ocuparan e impusieran sobre ellos estados de excepción como los que hoy conocen Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán.

Algo que sí fue diferente desde 2006 fue el cambio de paradigma al que se enfrentó el ejército mismo: su función ya no fue ser una fuerza de choque, sino una policía, y como tal, la lógica de confrontación que construye al ejército mismo queda trunca: el “enemigo” al que se enfrentan ya no son un montón de “comunistas guerrilleros” o unos “indígenas insurrectos”, sino la misma sociedad que dicen proteger. Si la idea detrás de poner al ejército en las calles era reforzar la labor que, ya fuera por corrupción o ineptitud, no podían realizar las policías estatales y municipales y que, tras cierto tiempo la situación regresara a la “normalidad”, lo que ocurrió fue todo lo contrario: un estado de excepción, una zona de guerra que afecta la forma como los ciudadanos que quedan encerrados en ella entienden el espacio que habitan, la forma como se relacionan e, incluso, su propia forma de pensarse. (Vía: Barrios, Las ciudades imposibles…)

Cuando en 2008 llegó el primer destacamento de 2, 500 soldados a Ciudad Juárez, fueron recibidos con ovaciones por la población. La ciudad fronteriza llevaba años en medio de una lucha constante entre los diversos cárteles que buscaban apropiarse de una de las principales entradas a los Estados Unidos, además de ser el centro de atención mundial de feminicidios que, aún hoy, siguen sin ser ni resueltos ni frenados.

Un año después, la violencia se había desatado al grado de necesitar un refuerzo de más de dos mil elementos. El alcalde de Juárez en ese momento, José Reyes Ferriz, declaró que “en un lapso no mayor a 15 días, el Ejército Mexicano y las policías Municipal y Federal lanzarán un ataque frontal contra la delincuencia para inhibir la comisión de delitos de alto impacto.” (Vía: El Economista) Otra de las acciones que se realizó fue reemplazar al secretario de Seguridad Pública por un militar en activo: no sólo en las calles, también dentro del mismo aparato burocrático, el ejército intentaría controlar (en el sentido más de “ocupación” que de “dar calma”) la ciudad.

La estrategia se repetiría en decenas de ciudades: Morelia, Cuernavaca, Iguala, Reynosa, Tampico, Monterrey, Acapulco… a pesar de que los resultados siempre fueron semejantes: un alza exponencial de la violencia y un estado de sitio permanente.

La presencia constante del ejército en las calles de la ciudad en la que uno vive, altera la forma como se vive esa misma ciudad: no sólo los síntomas más evidentes como los retenes o los convoyes, sino la misma forma como se camina, se transita y se experimenta la ciudad. David Barrios, en Las ciudades imposibles (UNAM, 2014), propone que ante escenarios como el de Juárez (y, quizá el de buena parte del país), la ciudadanía realiza un proceso de normalización: interiorizando la militarización de su espacio de convivencia, aceptando la lógica del enfrentamiento -los muertos “algo han de haber hecho”, en “algo estaban”-, dividiéndola en un “nosotros” y “ellos”, que despoja a ese otro de cualquier humanidad, quebrando al mismo tiempo la socialización de la comunidad misma, pues cualquiera puede ser “ellos”.

Además de las violaciones a los derechos humanos, además del número desproporcionado (y creciente) de “sicarios abatidos” durante los enfrentamientos con el ejército, además de las ejecuciones extrajudiciales, además de la amenaza latente de que también sean corrompidos por el narcotráfico, éste es uno de los resultados más invisibles, pero más profundos, de la presencia del ejército en las calles. Mientras que haya militares dentro de las ciudades, cualquier intento de “reparar el tejido social” es irrealizable, pues su misma presencia altera, incluso rompe la tela misma.

En los festejos por el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el secretario de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, dio un discurso en el que, discreta, casi secretamente, se opuso a las declaraciones de su compañero secretario, el general Salvador Cienfuegos: el ejército y la marina no fueron pensados para salir a las calles y tomarlas, y vigilarlas como policías, sin embargo, es la función que, hoy, por política o por incapacidad, están forzados a hacer. Frente a esta situación, entonces, “[se unen] a la petición de formular un marco jurídico que impida el estado de incertidumbre en el que soldados, pilotos y marinos [han] permanecido.” (Vía: Secretaría de Marina)

La violencia a la que hoy se enfrenta la población de estas ciudades ocupadas (por el narcotráfico, por el ejército, por un discurso estigmatizador) no estalló en 2006, se fue construyendo de a poco por el abandono del Estado, por unas políticas económicas y sociales que dejaron en absoluta precariedad a sus ciudadanos; la violencia que enfrentan el ejército y la marina no puede terminar, porque ese mismo “estado de excepción” por el que fueron llamados al frente es producto de ellos estando en el frente. Ese “estado de excepción” es, hoy, el estado cotidiano.