Reacciones. Expresidente nacionalista y su esposa son los que tienen más medidas restrictivas de libertad de todos los investigados en caso Lava Jato en el Perú. Pero investigación solo muestra avances parciales. Está estancada sobre aportes del 2006 que se utilizan para justificar el despojo de su vivienda.

El Ministerio Público, exactamente el fiscal Germán Juárez Atoche, de la 2ª Fiscalía en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ha mostrado un inusitado apresuramiento y vehemencia en la investigación al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que no se ve en otros casos.

Pero así ha sido solo en los últimos meses, a partir de marzo, cuando fue evidente que el Tribunal Constitucional revocaría la prisión preventiva del expresidente y su esposa. Antes, la indagación avanzó con la misma o mayor lentitud que otros casos.

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Esto se ha hecho visible en la resolución judicial de allanamiento, incautación y despojo del inmueble de la familia Humala Heredia. La Fiscalía no presentó nuevas evidencias de los cargos atribuidos a los investigados, más bien parece haber retrocedido.

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Dicha resolución insiste en las pruebas recopiladas por el primer fiscal de ese caso, Ricardo Rojas. Es decir, los aportes irregulares a la campaña del 2006, las compras de Antonia Alarcón, los contratos de trabajo de Nadine Heredia y la declaración del aspirante a colaborador eficaz 03-2015.

Incluso el 2015, Rojas incautó las cajas de seguridad de Rocío Calderón. Luego, el colaborador 03-2015 habló de aportes ilícitos de Venezuela, OAS y Odebrecht a la campaña del 2006.

Como se recordará, en septiembre del 2015 Rojas pasó a una Fiscalía en Lurín y el caso cayó en el despacho Juárez Atoche. Hasta hoy, Juárez no ha logrado que el colaborador 03-2015 le entregue pruebas de los supuestos aportes del 2006, pese a los "beneficios" que se habría otorgado a dicho aspirante.

En enero del 2017, fue el Equipo Especial el que recibió la declaración del exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, que confirma aportes al Partido Nacionalista el 2011, pero niega el 2006.

En junio de ese año, Juárez se negó a interrogar a Barata en parte, porque hasta ese momento confiaba más en el 03-2015, que sería Martín Belaunde, preso por caso La Centralita y Antalsis. Sin embargo, Belaunde solo quiere hablar contra Nadine Heredia, pero niega sus actividades en Áncash y otras regiones, con lo que la colaboración no avanza. Un colaborador debe declarar sobre todos los actos ilícitos en que ha intervenido o que se le atribuyen.

Juárez Atoche recién aceptó viajar a interrogar a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en diciembre último, cuando era evidente que las declaraciones del 03-2015 no eran suficientes para llevar a juicio al ex presidente Ollanta Humala y su esposa.

Para entonces, Ollanta y Nadine Heredia llevaban seis meses presos. El peritaje contable a los ingresos de la ex pareja presidencial y sus coinvestigados tampoco está lista, pese a todos los años transcurridos y que este es un caso de lavado de activos.

Sentencia del TC

La sentencia del TC que otorgó libertad a Humala y Nadine Heredia resultó un duro golpe para las Fiscalías de lavado de activos y su coordinador, Rafael Vela Barba. La respuesta ha sido incautar y despojar a los investigados de su casa, en base a las declaraciones del 03-2015.

El 03-2015 habla de aportes de un supuesto origen ilícito en Venezuela, pero hasta ahora no es claro cómo va a probar eso sin una investigación a Hugo Chávez o su actual presidente Nicolás Maduro.

En Brasil hay investigaciones y sentencias a Odebrecht para sustentar el origen ilícito del dinero. En Venezuela esto no existe y no existirá en el corto plazo, menos una sentencia.

Claro, la oposición al chavismo, y cualquier ciudadano, puede suponer que Chávez y Maduro robaron fondos del Estado para financiar al Partido Nacionalista. Pero el TC ya dijo que una sospecha no se puede sustentar en otra sospecha y menos, constituirse en una verdad.

Sin embargo, la Fiscalía de lavado de activos considera que si arrastra en esta creencia al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, para el juicio necesitará pruebas claras, pues ya no tendrá a este juez.

Los otros

Las otras investigaciones del caso Lava Jato, desde las que realiza el Equipo Especial hasta la del fiscal José Pérez a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, parece centrarse en la búsqueda de pruebas para juicio, antes que en buscar medidas de impacto mediático.

El Equipo Especial solo ha pedido las medidas indispensables, de allanamientos e incautaciones, y que consideran necesarias para el avance de sus investigaciones, sin tener mayor oposición pública en el tema.

Las prisiones preventivas se basan en hallazgo de transacciones bancarias. Las que se han sostenido solo en la declaración de colaborador eficaz, como la de Félix Moreno y las empresas consorciadas, han sido revocadas por la Sala Superior de Apelaciones.

Otro detalle es que cada vez que se ha pedido una prisión preventiva, allanamiento o incautación, en las audiencias se han revelado nuevas evidencias que las sustentan y las justifican.

Si bien esto da la apariencia de que a uno se les trata mejor que a otros, más allá del caso Humala y Nadine Heredia, es solo una muestra de las diferentes estrategias que siguen los fiscales de lavado de activos y los del Equipo Especial, que ve casos de corrupción.

Los más golpeados por medidas de jueces y fiscales

El expresidente Ollanta Humala y su esposa la ex primera dama Nadine Heredia son los investigados del caso Lava Jato en el Perú que han recibido las medidas más graves hasta ahora: prisión preventiva, desposesión de su vivienda, congelamiento de cuentas bancarias, impedimento de salida del país, control biométrico cada 30 días y reglas de conducta.

En tanto, el expresidente Alan García y la excandidata presidencial Keiko Fujimori, que también habrían recibido aportes irregulares en campaña, no tienen una sola medida restrictiva.

En el punto medio están el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y la ex alcaldesa de Lima, con impedimento de salida del país y allanamiento de sus viviendas.