En un clima de persecución y criminalización de la protesta social, el documentar, fotografiar o filmar abusos de las autoridades se ha convertido en algunos casos en pretexto para someter o encarcelar a quienes portan una cámara o un celular. Sin embargo, filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de expresión y se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

De manera textual, el Artículo 6º plantea: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Por su parte, el 7º considera que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º de la Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que en México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y, como consecuencia, la obligación que tienen de rendir cuentas.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– En julio de 2013, el director del documental Presunto Culpable, Roberto Hernández, filmó la detención de una persona en estado de ebriedad en la Alameda Central de la Ciudad de México. Mientras documentaba el acto, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) también lo detuvo, argumentando que entorpeció el trabajo de los oficiales.

–Oiga, ¿Cuál es la infracción que estoy cometiendo yo? –le preguntó el cineasta.

– Estar interrumpiendo las labores de un oficial –respondió el policía.

– ¿Y en qué lo estoy interrumpiendo a usted?

– En estas grabaciones que a usted no le corresponde.

–Oiga, perdón, ¿sabe usted que hay libertad de expresión en México?

–No, no sabría decirle, mejor ahorita lo llevamos al Cívico y ahí usted le dice.

Finalmente, Hernández no fue llevado al Ministerio Público, gracias a que otras personas comenzaron a apoyarlo y también a grabar los hechos.

Cada día salen a la luz pública situaciones como la de Roberto. Ciudadanos que intentaban documentar un hecho público fueron víctimas de abuso de autoridad o de arrestos arbitrarios. Sin embargo, filmar, fotografiar o grabar dentro de los límites legales forma parte del derecho a la libertad de expresión y que se contempla en los artículos 6º y 7º de la Constitución.

Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron que en México muchas veces los funcionarios públicos desconocen la ley y por tanto la obligación que tienen al rendir cuentas.

“Esa ignorancia funciona para la represión social”, aseguró el abogado Jesús Robles Maloof en entrevista con este medio.

A esto se suman los casos donde predomina la ira y la violencia ante el escrutinio público y también las acciones legislativas para criminalizar la publicación de información por medio de “halconeo” (actos o conductas tendientes a obtener información de las instituciones de seguridad pública); castigar delitos que atenten contra “el derecho al honor”, “ataques a la imagen propia”, “ataques a la intimidad” y el “derecho al olvido”, que especialistas han considerado “artimañas” para justificar la censura.

Las leyes protegen el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, siempre y cuando no se genere un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

El Artículo 6º constitucional estipula que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

Y agrega: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

El Artículo 7º expone: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”.

Por eso ningún funcionario público tiene el derecho de pedir, por ejemplo, el celular o la cámara con que fue filmado o fotografiado, ni que el material sea borrado.

El investigador Pablo Monzalvo Pérez, de la Universidad Iberoamericana, explicó que los funcionarios tienen un trabajo público y por tanto su trabajo está expuesto al escrutinio de los ciudadanos.

“En el caso de los trabajadores del Estado –como los policías– tienen una responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad sobre sus actos, antes, durante y después de su función”, dijo.

Por su parte, el activista y abogado Jesús Robles Maloof expuso que documentar la función de un trabajador del gobierno es un derecho a la información que tiene todo ciudadano y nadie debe ser detenido por filmar o fotografiar la actuación de un policía.

“No sólo no es un delito, documentar es un derecho que tenemos. Podemos filmar, fotografiar, grabar audio… La actuación de la autoridad pública es de interés general y están sujetas a rendición de cuentas. No pueden argumentar la violación de la privacidad cuando están trabajado, y menos si es en vía pública”, detalló Robles.

Pero no siempre los casos donde se documenta terminan mal. El pasado 27 de marzo, Ignacio Vizcaino Tapia salió al balcón de su casa en Bosque Real, Huixquilucan, en el Estado de México, y sin querer tomó las fotografías que le costaron a David Korenfeld Federman su puesto como titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego que se descubriera que utilizó un helicóptero del Estado para beneficio propio.

Asimismo, decenas de videos han servido para hacer justicia a personas detenidas arbitrariamente en las manifestaciones de la Ciudad de México, por poner ejemplos.

¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?

La documentación tiene reservas que dependen de del tiempo, modo y lugar. Además, hay límites legales o incluso hay normas locales que autoridades pueden usar como escudo y censura.

Por ejemplo, la organización Artículo 19 expuso en su informe “Estado de Censura” que varios códigos penales castigan la búsqueda y difusión de información. Aunque está más enfocado a documentos, también se debe considerar para otro tipo de archivos, como fotografías, videos, audios, entre otros.

El “halconeo” es la actividad de buscar información sobre cuerpos policíacos. Gobiernos locales aseguran que quien hace esta actividad podría interferir en una investigación o que dicha información puede beneficiar a un criminal. Sin embargo, este delito viola los artículos 1º, 6º y 7º constitucionales, y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además del Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por ejemplo, el Artículo 192 del Código Penal de Nuevo León indica que es un delito cometido contra servidores públicos: “A quien aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, actividades operativos o en general las labores de seguridad pública de persecución del delito o la sanción de penas”. Este crimen se sanciona con una pena de dos a 15 años de cárcel y multa de 22 a 4000 “cuotas”.

Actualmente el “halconeo” es considerado un delito en Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

Pero también existen los llamados “crímenes contra el derecho al honor”, como injuria, difamación y calumnia. En México al menos 13 estados contemplan estos tipos de delitos en sus códigos penales, se trata de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Jesús Robles Maloof dijo que estos crímenes son anticonstitucionales, debido a que el segundo párrafo del Artículo 7º establece: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

A las reservas de documentación se agregan los espacios privados, los lugares donde por seguridad no se permite filmar o fotografiar sin permiso, o en el caso de edificios o monumentos son protegidos por derechos de autor.

Si se trata de un espacio privado o una propiedad queda a consideración del dueño si permite documentar o no.

En la vía pública es posible, siempre y cuando se respeten reglamentos locales. Por ejemplo, cuando la toma puede afectar la circulación o el paso peatonal se requiere de un permiso.

En el transporte depende si es público o concesionado. En el Metro de la Ciudad de México, por ejemplo, se requiere un permiso para filmar en sus instalaciones y se sustenta en leyes capitalinas de filmación, y en su reglamento interno. Sin embargo, tras las recomendaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el titular de ese sistema colectivo, Joel Ortega Cuevas, informó que se garantizará el derecho a la libertad de expresión y la documentación a de los policías.

En el caso de edificios o monumentos muchas veces se requiere de un permiso, o pago de derechos en caso de imágenes fijas o en movimiento con fines comerciales, puesto que muchos son considerados piezas arquitectónicas protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor; en la misma ley estipula que no se requiere autorización cuando sea con fines culturales, educativos, o de publicaciones sin fines de lucro. No obstante, México no cuenta con una legislación específica en la materia.

DIFUSIÓN EN INTERNET

Carlos Brito, integrante del colectivo de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, explicó que Internet es un servicio de interés público y no un servicio informativo, por tanto el Estado puede regular en beneficio de la libertad de expresión, por tanto si alguien sube videos o fotografías están doblemente blindadas. Sin embargo, hay muchos funcionarios que alegan a Google para que bajen la información.

“De acuerdo con informes de Google, el gobierno de México es de los pricipales que pide bajar videos de YouTube. La fórmula que ha ocupado las autoridades han sido alegar violaciones a los derechos de autor, por ejemplo, a veces los videos tienen fotos o música. Por ejemplo, el caso de ‘Yo te vi robando’ que era una parodia, una crítica al ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; alguien, alegando que era el dueño de los derechos de esa canción, hizo la solicitud formal a YouTube y terminó censurando un material político”, detalló Brito.

Para bajar contenido, dijo el experto en libertad en la Internet, los funcionarios se valen de “artimañas” y estrategias para bajar material, como es el caso del “derecho al olvido”.

“Varios buffetes de abogados, en especial grupos españoles, están convenciendo a funcionarios para emprender acciones con el fin de quitar material de la Web, bajo cualquier cantidad de excusas y artimañas legales y es un fenomeno que se ha venido presentando con mayor fuerza en el periodo electoral”, dijo.

El integrante de Red de Defensa de los Derechos Digitales recomendó que un usuario que desee publicar evidencia sobre un abuso o injusticia lo haga de forma anónima y de ser posibles en plataformas que le brindan la confidencialidad, como MexicoLeaks.

RECOMENDACIONES

Varias organizaciones como Artículo 19 o Witness han lanzado guías para documentar en movilizaciones; no obstante, son consejos que pueden ayudar en otra situaciones.

Entre los tips más destacados se encuentra:

–Medir los riesgos antes de documentar. “Ningún video vale tanto como la integridad”.

–Planificar la documentación, saber si no se rebasa la legalidad o las reservas. Contemplar tiempo, lugar y modo.

–Mantener una distancia adecuada del hecho. Registrar desde muy cerca el abuso de policías ellos podrán argumentar que interferencia en su trabajo.

–En el caso de una marcha se debe vestir de forma neutral para no ser confundido.

–No ir solo.

–No subir el material a la red con música u otras imágenes ajenas para no propiciar que sea bajado por derechos de autor.

–Una vez arriba, el material debe ser difundido y de preferencia compartido por más gente o por medios de comunicación.