Rodrigo Eguillor fue enviado a juicio oral por la violación de una joven en un balcón del barrio de San Telmo en noviembre de 2018. La acusación incluye los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y amenazas, además de daños y lesiones leves. Pero una pericia del Cuerpo Médico Forense, elaborado el 2 de octubre del año pasado, indica que el imputado "presenta una aflicción psíquica compatible con un trastorno". ¿Será considerado inimputable?

"Las facultades mentales de Rodrigo Eguillor... no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico-legal", indicaron los especialistas. Incluso aseguró que presentaba un riesgo para sí mismo y para terceros, pero un informe posterior aseguró que ese riesgo había desaparecido al aceptar "un tratamiento psiquiátrico/psicológico".

Eguillor, por estas horas, se encuentra en el Prisma, el hospital psiquiátrico del penal de Ezeiza. En el lugar se encuentran ladrones que luchan para salir de su adicción al paco o incluso el Pity Álvarez. El 14 de enero pasado, la Sala de Feria de la Cámara de Casación del fuero correccional se reunió con los jueces Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus para decidir sobre el joven, que además tiene una causa conexa, porque, cuando se presentó en la fiscalía de Eduardo Cubría, amenazó al personal de la dependencia, todas mujeres.

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No fue fácil calmarlo en la cárcel. En diciembre de 2018 recibió la prisión preventiva y durante su alojamiento en el penal de Marcos Paz se negaba a que los penitenciarios lo toquen hasta para realizarle la más simple pericia médica. Al poco tiempo se deprimió. Estar encerrado afectó sensiblemente su estado de ánimo.

Antecedentes de violencia en la cárcel

A comienzos de este año, luego de que una sala de turno en feria de la Cámara Criminal y Correccional se negara a a conceder un recurso de casación para excarcelarlo, Eguillor rompió un inodoro. "Lo rompí yo, y no pienso limpiar nada de acá, eso lo van a hacer ustedes", le dijo según documentos judiciales al penitenciario que miraba sorprendido el charco de agua sucia en la celda. Un jefe del penal lo denunció por daños en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, la Sala I de la Cámara de la jurisdicción reguló un embargo de 50.000 pesos.

Su abogado insistió ante la Cámara de Casación con llevarlo fuera de la cárcel, enviarlo a una clínica psiquiátrica privada provista por su servicio de medicina prepaga para poder tratarlo con una tobillera electrónica para que pueda enfrentar las causas en su contra en un tribunal.

El pedido fue denegado por los tres jueces; en un escrito fundamentaron que un psiquiátrico privado no reunía las condiciones de seguridad de un sistema penitenciario, además de la existencia de un riesgo de que entorpezca la causa.