Fuentes del entorno del magistrado instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por el referendum ilegal del 1 de octubre confirman a la Cadena SER que Pablo Llarena no acudirá a la citación de la Justicia belga para que comparezca el próximo 4 de septiembre. Una citación que ya el juez decano de Madrid se negó a tramitar. Estas mismas fuentes señalan que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del alto tribunal de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers que se encuentran huidos de la Justicia.

Siempre según estas fuentes, a diferencia de la acción penal, en una demanda civil la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber jurídico. Añaden que el procedimiento puede continuar con el demandado en situación de rebeldía y que será la parte demandante la que debe demostrar que sus acusaciones contenidas en la demanda son ciertas. Una demanda que el entorno del instructor considera "inviable".

La demanda

La demanda que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros del gobierno catalán huidos -Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig- pide que se condene a Llarena a indemnizarles simbólicamente con un euro por los daños morales que sufrieron por su intervención en un coloquio en Oviedo este verano. La demanda pone en duda la imparcialidad del magistrado y acusa a España de cometer "vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales" de la "minoría" independentista que ponen "a España al lado de Kazajistán entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".