Para hoy todos conocemos la fotografía. En una de las esquinas de la plancha del zócalo en la Ciudad de México, tres enormes palabras: FUE EL ESTADO. La expresión tiene el poder de la resonancia: la leemos y de inmediato algo intuitivo nos dice que sí, que sin duda fue el Estado. Argumentar nuestra intuición es más complejo. La resonancia inicial se vuelve menos obvia.

Creemos que el Estado es un acuerdo, no una estructura. El acuerdo central del Estado es sobre lo público y su distribución: cuál es la canasta de bienes a los que puedo acceder en tanto individuo parte de ese acuerdo y cuáles son los puntos de contacto que tengo con el Estado para garantizar su acceso. Sobra decir que lo que llena esa canasta son… derechos.

La idea clásica y multi(mal)citada se refiere a la “seguridad” como el bien elemental tutelado por el Estado. Los individuos entregan de forma voluntaria el cachito alienable de su libertad y derechos a cambio de la construcción colectiva de una autoridad que se constituye como el único actor que puede llamar legítimamente para sí el uso de la fuerza. No es el único que usa la fuerza, es el único que lo hace con nuestro explícito consentimiento. Los límites al uso de la fuerza por parte del Estado los encontramos en la parte no alienable de nuestras libertades y derechos. ¿Cómo llamamos a esa administración de la fuerza estatal, es decir, pública? Estado de derecho.

Bajo este entendimiento, el dedo que apunta al Estado en el caso Iguala no se refiere a la participación del alcalde y sus policías; o a la omisión del gobernador. Centrar la discusión en esos dos personajes precisamente nos aleja del Estado y nos centra en factores anecdóticos que no hallan otra explicación que los atributos individuales de ambos señores. Es una simplificación del problema: reduce la distribución de responsabilidades a Aguirre y Abarca, mientras relativiza la falla de instituciones concretas –la policía municipal, el gobierno municipal, el ejército— como un problema aislado de un proceso complejo del funcionamiento del Estado.

El caso de Iguala importa y es sintomático del Estado mexicano porque todo lo que podía salir mal en la estrategia de seguridad allí converge: siete años de operativos conjuntos que dejan, irónicamente, huecos de autoridad y “Estado” locales, y que implican a su vez procesos de fragmentación de cárteles (i.e. de la Federación al cártel de Sinaloa al cártel de los Beltrán Leyva a Guerreros Unidos); que parecen dejar intocadas las oportunidades de autoridades corruptas; que no modifican en nada la impunidad derivada de un sistema de justicia penal; que priorizan el discurso bélico sobre el de derechos (nota: no hay seguridad posible donde no hay derechos o éstos no encuentran mecanismos para su verificación), y que terminan reforzando una distribución desigual y regresiva del… Estado de derecho (a los empresarios de Acapulco TODO el Estado, a los normalistas de Ayotzinapa NADA de Estado).

La implicación obvia del párrafo anterior es terrible: los mecanismos de control democráticos (i.e. elecciones y representación política) poco afectan la distribución desigual y regresiva de lo público; es decir, del Estado; pero la ausencia de estos mecanismos claramente promueve debilidades selectivas del Estado y su manifestación en tragedias como Iguala.

La pregunta que nos hacemos es ¿cómo llegamos hasta aquí? Una manera de contar la historia es a través de la explosión criminal y la evolución del control de los territorios por parte del crimen organizado; otra manera de hacerlo es —tendría que ser obvio llegados a este punto— poniendo al Estado como elemento central del análisis. Optamos por lo segundo porque de hecho, explica lo primero.

Pensamos que se parte de un diagnóstico estructural que no necesariamente corresponde a la manera en cómo funciona el poder en México; este diagnóstico no critica la distribución del poder ni el discurso que justifica esa distribución. En el mejor de los casos, el análisis se centra en los actores que distribuyen el poder, redistribuyen el ingreso y filtran el acceso a la justicia (incluso si se les agrega un “fáctico” para aclarar que no son… el Estado). El problema aquí es que como alternativa crece una idea de un institucionalismo trascendental que, desde nuestro punto de vista, desatiende las consecuencias prácticas de seguir apostando por un Estado cooptado en lo fundamental: los mexicanos no tenemos ni hemos tenido nunca la capacidad para relacionarnos directamente con el Estado. Es decir, como individuos titulares de derechos (y quien dice derechos dice protección) que son verificables vía puntos de contacto (ahora sí) institucionales.

La configuración actual del Estado Mexicano proviene del arreglo de la autocracia posrevolucionaria cuya tarea fue incorporar a colectivos que representaban a la mayor cantidad de actores sociales. Una autocracia que sobrevivió porque dependía de la movilización coordinada de muchos, agrupados en estructuras controladas por pocos. El vicio, consecuencia de ese arreglo, es observar a lo público como el territorio exclusivo del Estado (no hay otra “cosa pública”), pero sobre todo, reducir el Estado a quienes lo ocupan, a lo gubernamental. Hay aquí una exclusión sistemática de “lo ciudadano” desde lo público.

Los mexicanos somos materialmente incapaces de ejercer derechos usando el argumento central de una democracia: porque somos ciudadanos. Es decir, vía un acceso individual a los puntos de contacto con el Estado. Somos una ciudadanía doblemente anulada: en la imposibilidad de ejercer derechos y en la inhibición de reconocer obligaciones comunitarias. La hegemonía de lo público como la ocupación gubernamental del Estado ha terminado por atrofiar la relación individual de ciudadanos con lo público, vía la titularidad de derechos, y ha despojado esa titularidad del paraguas del interés general.

La forma de distribución en el Estado mexicano se caracteriza por su captura a través de agentes colectivizantes que no pasan por lo ciudadano: unilaterales y oligopólicos (el ejemplo más obvio: partidos políticos), son estos agentes los que se encargan de distribuirlo todo. De desciudadanizar lo público y distribuirlo bajo criterios no universales. Es decir, no estatales. Esto tiene un efecto negativo simultáneo en la capacidad de ejercicio del poder (un Estado incapacitado por su propia ingeniería) y de derechos (unos ciudadanos excluidos de lo público).

En México a lo privado no anteponemos lo público, sino lo político; y lo político se encuentra capturado por mediadores ilegítimos o corruptos o corporativizados. Lo público, por tanto, excluye lo ciudadano. Mexicanísima versión del Estado en democracia producto de una mexicanísima versión del Estado en autocracia. Un Estado que simultáneamente aparece para proveer, por ejemplo, salud y educación, pero desaparece para proveer seguridad y/o administrar su uso de la fuerza.

El único camino a lo público para un ciudadano es, por tanto, lo político: volverse él mismo un político; protestar (como lo hacían los 43 jóvenes desaparecidos); o ser “activista” (que en México es una manera anómala de ser un ciudadano en activo). Aquí, lo político es el acceso a derechos que pasa necesariamente por los filtros de los captores del Estado. Este acuerdo de mediación nos obliga, para acceder a lo público, a ser cómplices de la sobrevivencia de un modelo que excluye ciudadanos y mantiene intocados a los pocos que ocupan directa o indirectamente al Estado. El modelo que describimos permite a personajes como Abarca y Aguirre acceder al poder político sin rozar lo público, pero abrazando, al menos en el caso del primero, el crimen organizado (es decir, ay, la parte no legítima del uso de la fuerza).

Considerando que la ausencia del Estado es sistemática frente a ciertos grupos sociales o continuos geográficos, entonces la violencia puede y debe ser entendida como el producto de la discriminación en el acceso al Estado. Hay una crisis de seguridad porque el Estado discrimina y porque el acceso al poder está cínicamente mediado por pactos de corrupción. La democracia mexicana no ha roto con la captura gubernamental y corporativa del Estado, y antes bien, al desagregarla en pocos, la ha agravado; el Estado es más grande pero abarca menos. Tampoco ha dotado a los recién descubiertos ciudadanos mexicanos de mecanismos institucionales de participación y acceso individual: del acceso a derechos que no pase por lo político, y del acceso a lo político que no pase por el corporativismo.

Fue el Estado: por su presencia selectiva; por no hacerse de controles efectivos contra quienes lo ocupan; por la exclusión de muchos a sus accesos; por la incomprensible debilidad de su sistema de justicia penal; por la ausencia de mecanismos de control democrático y la atrofiada presencia de los existentes (i.e. la CNDH); por no dotar de garantías efectivas contra abusos y arbitrariedades; en fin, por no entenderse como un acuerdo hecho por entero de derechos.

Fue el Estado = estamos siendo todos.

* José Merino (@ppmerino) y Antonio Martínez (@antoniomarvel)