Nada es lo que parece. Como si se tratara de una estructura hidráulica que visiblemente tiene un mal funcionamiento, que gotea pero no hace charco, a lo largo de 14 años dos administraciones federales se han beneficiado en licitaciones y adjudicaciones directas, con más de dos mil millones de pesos en contratos a 273 empresas y 38 personas físicas, consideradas oficialmente fantasmas.

Así, de manera generalizada y sistémica, 115 dependencias del Estado mexicano realizaron mil 170 convenios con 311 empresas que forman parte de una lista de cuatro mil 373 compañías catalogadas por el propio gobierno, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como inexistentes o fantasmas. Esa gotera, por donde fluyen recursos presupuestales, no se reparó y, por el contrario, en los últimos años se incrementó el uso de estas compañías, pues seis de cada 10 de estos contratos fueron firmados entre 2011 y 2016.

La razón de ser consideradas como empresas fantasmas, de acuerdo con el SAT, es porque “emiten comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

ejecentral cruzó los nombres de más de cuatro mil empresas fantasmas con los datos de Compranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de los últimos 14 años. El resultado: 29 gobiernos estatales y 86 dependencias federales celebraron algún tipo de convenio con las diversas empresas que según el listado global definitivo del SAT no reportaron sus obligaciones fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese mismo directorio del SAT aparece Manhattan Master Plan Development, empresa que le compró una nave industrial al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, operación que es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por considerarla irregular.

Este semanario solicitó una entrevista formal con algún funcionario del SAT que pudiera explicar cómo las dependencias federales y estatales, a lo largo de tres lustro, firmaron contratos con compañías irregulares y cuáles podrían ser las sanciones por hacerlo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, sólo atendieron la petición a través de un correo electrónico en el que únicamente explican cómo se define una empresa como fantasma.

El Servicio de Administración Tributaria no determina la inexistencia de empresas, sino de las operaciones que amparan los comprobantes que emite cualquier contribuyente. Es decir, cuando el SAT identifica que un contribuyente emite comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparen esos comprobantes, o no se le localice, presume la inexistencia de las operaciones respaldadas en dichos comprobantes. El SAT utiliza la información que obra en su poder y en el de otras autoridades con la finalidad de verificar si un contribuyente emite comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, la cual dependerá del tipo de contribuyente de que se trate”, señala la dependencia en el correo recibido por ejecentral, el pasado 11 de abril.

Para dimensionar la magnitud de las operaciones con empresas irregulares, 90% de los gobiernos estatales, de todos los partidos políticos, firmaron por lo menos un contrato con alguna de estas compañías fantasmas. Los casos más destacados, por el número de convenios, son: Puebla, 88; Oaxaca, 53; Zacatecas, 46; Veracruz, 41; Quintana Roo, 40; Tabasco, 22; Coahuila, 21; Guerrero, 20; Durango, 18 y Sonora con 16.

En cuanto a las dependencias federales que han tenido tratos con compañías fantasmas, sobresalen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con 86 contratos, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) con 68 y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 59.

También destaca la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con 49 convenios cada una; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 45; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con 37; Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) con 30, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)con 29, y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con 28.

La revisión de contratos de este semanario abarcó 14 años, de 2002 a 2016, año en que aparecen los últimos documentos firmados por instituciones gubernamentales con estas empresas, estableciéndose que el mayor número de convenios, el 60% (664), se consolidaron de 2011 a 2016.

Casi todas las administraciones ya sean estatales o de dependencias federales, sin importar el partido político que gobierne, se vincularon a lo largo de más de una década con estas empresas, ni los hoy candidatos priistas José Antonio Meade y Mikel Arriola o la misma Rosario Robles Berlanga, se escapan. También instancias encargadas de prevenir o perseguir estos ilícitos, como la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), han realizado algún tipo de contrato con estas empresas de papel.

De todo y para todo

Las 311 empresas fantasmas ofrecían de todo. Desde materiales y útiles de oficinas; servicio de limpieza; vigilancia en oficinas y almacenes; pavimentación de calles, obra pública, adquisición de llantas automotrices, publicidad y hasta agua embotellada.

También daban servicios de urgencia.

Por ejemplo, el 26 de agosto de 2015 la Sagarpa le compró en fast track a Comercializadora & Distribuidora Sustaita, 60 mil botellas de agua purificada de 500 mililitros para la celebración del 77 Congreso Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Pagó 284 mil 400 pesos.

Este contrato resultó muy curioso. Se firmó a las 23:59 horas, a un minuto de que tomara posesión José Calzada Rovirosa —en sustitución de Enrique Martínez Martínez—, y después de una licitación que se convocó, analizó y resolvió en tan sólo 14 horas.

Por si fuera poco, el Congreso de la CNC ­—que contó con la presencia de Enrique Peña Nieto y el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong­—, se llevó a cabo del 26 al 28 de agosto; sin embargo, el agua se consiguió apenas el día 27 en la Ciudad de México, cuando el evento se desarrollaba a 880 kilómetros de distancia, en la ciudad de Durango.

Además de vender agua embotellada, Comercializadora & Distribuidora Sustaita ofrecía llantas de automóviles. Al menos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le pagó, en 2015, un total de 190 mil 541 pesos por ese producto para su parque vehicular.

Y Fonatur la contrató para “servicio de limpieza de derrumbe en vialidades del sector contramar empleando maquinaria”, sin que se ofrezcan más detalles en los documentos. Una prestación por la que pagó, en 2016, 167 mil 241pesos.

Nadie se salva

La Sedesol se ubica dentro de las primeras 15 dependencias que celebraron convenios mercantiles con empresas que han sido declaradas inexistentes o fantasmas por las autoridades tributarias. Firmó 29 contratos con 12 de estas compañías, alcanzado los 33 millones 565 mil pesos entre 2013 y 2016, cuando la encabezaban tanto Rosario Robles, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y de Vivienda (Sedatu), y luego José Antonio Meade, actual candidato a la presidencia de la República.

Un ejemplo es el de la empresa Grupo Elsaro, S.A. de C.V., que tiene actividades muy diversas, lo mismo ha ofrecido servicio de mantenimiento eléctrico, venta de refacciones de autos, pintura, sillas, artículos de limpieza, fertilizantes y plaguicidas, que la venta de productos promocionales para el blindaje electoral en 2016. Con Sedesol esta compañía fantasma celebró seis contratos, en 2015 y 2016, por un millón 70 mil 618 pesos; y dos más con Fonatur en el 2016, por un monto de 252 mil 509 pesos.

Cuando Meade fue el titular de Sedesol, por medio de la Coordinación Nacional de Prospera se contrató a una intermediaria, la empresa Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, S.A. de C.V., para comprar papas Sabritas como alimento en oficinas, por un monto de ocho mil 696 pesos, consta en la adjudicación directa AA-020G00004-E8-2016, que tuvo como vigencia un solo día: 5 de abril de 2016.

Pero si hay papas, hay refresco, y para adquirirlos la secretaría desembolsó, en un contrato, ocho mil 612 pesos. Se desconoce la cantidad de frituras o gaseosas que fueron adquiridos ese día, y quiénes fueron los beneficiados, ya que los documentos no contienen los detalles.

También Desarrollo Social le compró a la misma empresa, el mismo 5 de abril de 2016, a través de dos contratos más, material eléctrico y utensilios y desechables. En total gastó nueve mil ocho pesos en estas dos operaciones.

Otra dependencia que utilizó los servicios de Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste fue el gobierno de Quintana Roo, encabezado entonces por Roberto Borge —hoy acusado de delitos cometidos por servidores públicos—. En 2013, a través de dos contratos, le compró esposas metálicas y prendas de protección personal para la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por un monto de 175 mil 166 pesos.

Es decir, esa empresa lo mismo vendía frituras, que material eléctrico o equipo especializado para policías.

En la revisión de la cuenta pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó a esta comercializadora como parte del esquema de contratos que eran otorgados por entidades federales a universidades públicas, para que después éstas subcontrataran a empresas fantasmas.

Además, la ASF detectó irregularidades en seis secretarías federales, que habrían desviado en total 794 millones de pesos con ayuda de dos universidades públicas. El monto más cuantioso lo acumuló la Sagarpa —en la gestión de José Calzada—, que entregó cuatro convenios por 601 millones de pesos a la Universidad de Salamanca, que a su vez subcontrató a varias empresas, entre ellas se encontraba Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste.

Otra dependencia que también utilizó empresas fantasmas fue la SEP, cuando la encabezaba Aurelio Nuño, ahora coordinador de campaña de Meade. En 2016 se contrató a Comercializadora Integral de Productos de Calidad, S. A. de C.V., para adquirir equipamiento de invernaderos didácticos para la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, por lo que pagó siete millones 198 mil 760 pesos.

No había sido la primera vez. En 2012 la misma secretaría también firmó un contrato con esa compañía para la compra de “maquinaria y equipo agropecuario e industrial y otro mobiliario”, por lo que gastó 33 millones 438 mil 986 pesos. En total, esta empresa fantasma ganó, sólo con esta dependencia, en dos contratos, 40 millones 637 mil pesos.

Mientras que en 2013, durante la gestión en Cofepris del ahora candidato del PRI a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, se firmó un contrato con Kya Grupo Empresarial por 431 mil pesos, para la “difusión urgente para la prevención contra el cólera”. Esta es también una compañía irregular de acuerdo con el SAT.

Las otras empresas de papel

La compañía con más contratos signados con la administración federal fue Comercializadora en General Hercalop, que sumó 82. En segundo lugar, con 50 convenios, se ubica Lombardía. El top cinco lo completan las empresas Martez 13, Abastecedora Lavin y Quadrum Limpieza y Construcción, con 39, 31 y 24 convenios, respectivamente.

›Sin embargo, las cinco empresas con contratos más elevados son: Comercializadora 2003 con 296 millones 452 mil 181 pesos; Civesa Compañía Constructora con 220 millones 591 mil 223 pesos; Saro Infraestructura con 173 millones 667mil 986 pesos; Constructora Bofill con 149 millones 73 mil 602 pesos; Quadrum Limpieza y Construccion con 115 millones 449 mil 36 pesos.

Por ejemplo, Comercializadora 2003 celebró 10 contratos con el gobierno de Guerrero de 2011 a 2014, uno con el gobierno de Hidalgo en 2012, dos con el gobierno de Morelos y siete más con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Mientras que Civesa firmó siete convenios con el gobierno de Veracruz, de 2013 a 2015, justamente durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, y uno más con el gobierno de Baja California en 2015.

Por otra parte, al revisar Compranet este semanario localizó 129 personas físicas o morales que sólo firmaron un contrato con alguna dependencia. Los montos van desde 16 mil 612 pesos, que pagaron a Fernando Hernández Gutiérrez, hasta 12 millones 510 mil pesos que cobró Supervisión y Construcción Ikusi.

Transacciones efectivas

En 2016, Nuberia Comercial de México pasó de vender al gobierno de Coahuila colchonetas, paquetes quirúrgicos y medicamentos, por un monto de 77 millones 513 mil pesos, a ofertarle en ese mismo año a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por cuatro millones 783 mil 188 pesos, productos químicos para el tratamiento de agua de las albercas y de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Desde ese año ya era considerada una empresa fantasma por el SAT, y no importó que la empresa no tuviera página de internet y que su domicilio fiscal se ubicara en un edificio de viviendas, según consta en Google Maps.

Señalada como una de las empresas fantasmas que formó parte de la red de operación del exgobernador veracruzano Javier Duarte, Anzara, S.A de C.V celebró, en 2014, un convenio de prestación de servicios con el Ejército por 60 mil pesos, para la adquisición de llantas del parque vehicular del ejército y la fuerza aérea mexicana.

En ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación detectó que otra empresa fantasma, según el SAT, Nubaj y Nubaj Consulting S.A. de C.V. se benefició con 63 millones 330 mil 700 pesos por la ejecución de cinco contratos y dos modificatorios que suscribió con el FOVISSSTE. Hasta ahí todo bien, el problema es que Nubaj recibió dinero del erario sin pasar por un proceso de licitación y no pudo comprobar que estaba acreditado para cumplir con los contratos.

Y es que realmente la encargada de realizar los trabajos fue la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), pero ésta decidió subcontratar a Nubaj y Nubaj Consulting para ello.

Ayuda fantasma a damnificados

En 2015, la empresa nuevoleonense Operadora de Negocios Egeo logró, por medio de adjudicación directa con el gobierno de Coahuila, que entonces encabezaba Rubén Moreira, contratos por dos millones 119 mil pesos, para dotar de productos de limpieza a damnificados por un tornado que azotó Ciudad Acuña.

Sólo que esta compañía se dedica, de acuerdo a los documentos oficiales, a la comercialización de “enlatados y alimentos no preparados”.

Otro ejemplo del uso de empresas fantasmas es el caso de Servicios Empresariales Effectus, que en 2013 ganó un contrato por tres millones 149 mil 592 pesos, en una invitación restringida a cuando menos tres personas, para realizar el control exterior de las obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el seguimiento a las supervisiones de la Zona 8, conformado por los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

En esa ocasión, el ingeniero Humberto Pérez Matus se presentó como representante de Servicios Empresariales Effectus, pero en otro proceso licitatorio con la misma SCT para realizar obras en la carretera Paseo Zumpango, en el estado de México, aparece como representante de otra compañía, la Constructora Texcocana de Calidad.

Nadie salió perdiendo. Al final, la STC falló a favor de Servicios Empresariales Effectus, bajo la representación de Raúl Valencia Martínez. Es decir, en el papel aparecen distintas empresas, pero los representantes están relacionados.

En 2014, Servicios Electrónicos y de Cómputo Servicom fue incluida en la lista del SAT de empresas que emiten facturas fraudulentas y además fue vinculada a una red de compañías que otorgaron fondos para los monederos electrónicos Monex en 2012.

En ese año, Servicom obtuvo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública un contrato por adjudicación directa de 102 mil 999 pesos, para administrar servicios en redes sociales.

La empresa Quadrum Limpieza y Construcción ofrece servicios de limpieza, pero administrativamente no es pulcra. La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2011 que las Quadrum; Kasper Limpieza y Mantenimiento; Ferjma; Claver Servicios; Mobili Guime; Frase Limpieza y Construcción, presentaron documentos falsos para ganar contratos que sumaron en conjunto 222 millones de pesos.

Aunque las empresas tienen diversos nombres, una misma familia se benefició, la de Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar. Por ello, en 2011 y 2015 la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió una circular para advertir a las dependencias de la administración pública federal que se abstuvieran de celebrar contratos con ella.

Obras millonarias

Por un curso de “trabajo bajo presión y control de stress” en 2012, la empresa Asesores y Servicios Level S.A. de C.V. firmó cuatro contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa productiva del Estado pagó un millón 200 mil pesos.

La persona física María del Carmen Altunar García celebró contratos con el gobierno de Tabasco por seis millones 200 mil pesos, divididos en dos convenios en el 2014 y 2016. Uno de ellos fue para la rehabilitación de la cubierta cancha de tenis de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, y el segundo para la ampliación a la red de distribución de energía eléctrica.

Y el gobierno de Quintana Roo contrató a Édgar Javier Cauich Silveira para construir la cancha de Futbol-7, en el parque central de la colonia Nicte Ha. También se debían construir unos baños en la localidad de Chunhuhub y en el municipio de Bacalar y rehabilitar el parque de la Colonia Territorio Federal. Todo esto de 2012 a 2015, por 18 millones 294 mil pesos. Mientras que a la Sagarpa le proporcionaba servicios de mantenimiento de sus inmuebles en 2012.

También esta entidad, gobernada por el procesado Roberto Borge, contrató en 2012 a Business Advisors & Providers S.A. de C.V., a la que le pagó 812 mil pesos, por un teatro móvil interactivo para la

difusión del nuevo sistema penal en Quintana Roo con una duración de 16 semanas únicamente. Es decir, esta empresa fantasma recibió por semana 50 mil 750 pesos.

El sector salud tampoco fue ajeno a la contratación de algunas de estas empresas, porque contrajo obligaciones legales en ocho ocasiones con varias de estas compañías. Ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, que convino los servicios de Constructora BDM, S.A. de C.V. en 2013, para la remodelación de varias áreas, por un total de 500 mil pesos. Al año siguiente, la misma empresa fue contratada por la Lotería Nacional, por más 900 mil pesos, para el mantenimiento de la fachada de uno de sus edificios.

También en materia de obras, la constructora Bofill S.A. de C.V., oficialmente considerada empresa fantasma por el SAT, realizó contratos por 149 millones de pesos con la SCT y el gobierno de Baja California, al mismo tiempo que celebraba convenios en materia de construcción con el gobierno de Javier Duarte en Veracruz en 2015.

En 2012, durante la administración de Marisela Morales, la PGR compró por 60 mil pesos, cuatro caninos cachorros para la detección de explosivos. Sólo que la empresa Grupo Empresarial Ven del Bajío, S.A. de C.V., está catalogada como irregular.

Los maestros del engaño

Estas son las empresas que sobresalen entre las 311 que firmaron contratos con instituciones federales y estatales, ya sea por sus operaciones fraudulentas, el tipo de contrato o el monto que recibieron:

GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MANMI S.A. DE C.V.

Desde enero de 2014 fue incluido en la lista del SAT, por ser de las empresas que emitieron comprobantes fiscales con operaciones inexistentes.

En 2011, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, le adjudicó de forma directa un contrato por más de 232 mil pesos por “concepto creativo de Inicia, crece y fortalece tu negocio, clasificación de productos para las plazas Río Grande, Tlaltengo y Aguascalientes”.

DESARROLLO CONSTRUCTOR REAL

La empresa representada por Juan Manuel Real González consiguió en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo los trabajos de ampliación de cobertura de macro medición (instalación de 14 macro medidores) en toda la entidad, por un monto superior a los tres millones de pesos. La entonces titular de dicha comisión durante el gobierno de Roberto Borge, fue vinculada a proceso por el delito de peculado.

La misma empresa tiene contratos en el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, que gobernaba el priista Luciano Simá Cab, quien le adjudicó los trabajos de la licitación IO-823007995-N25-2014, para la construcción de un cuarto dormitorio en la Ruta 3, por un monto de dos millones 799 mil 546.07 pesos. Sin embargo, con tan sólo cinco meses de asumir el poder, el presidente municipal fue señalado por el incremento de bienes materiales y el uso de recursos para instalar y construir sus negocios particulares.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN OBRAS TURSCO

Fue una de las empresas que utilizó la Secretaría de Salud de Oaxaca, bajo la administración de Germán Tenorio Vasconcelos, para cometer un presunto fraude por más de 225 millones de pesos, en la construcción de más de dos mil sanitarios ecológicos. Los contratos supuestamente fueron firmados el 26 de octubre de 2012, pero las obras no se ejecutaron y se utilizaron documentos falsos para comprobar el gasto. El gobierno estatal denunció a Tenorio por el probable delito de abuso de autoridad.

En junio de 2017, la fiscalía del estado ordenó la detención del notario público 94, Rodolfo Morales Pazos, quien habría validado las obras fantasma con el uso de documentos apócrifos de las empresas fachada, las cuales fueron constituidas, de acuerdo a la acusación, entre enero de 2011 y julio de 2012. Esta empresa fue creada 98 días antes de obtener el contrato de la Secretaría de Salud.

En la denuncia también figuran las empresas Constructora y mantenimiento Jumpster S.A. de C.V.; Constructora y Pavimento Kimprtit S.A. de C.V.; Constructora Hygeta S.A. de C.V.; Construcciones Asfálticos Zoondu S.A. de C.V., y Materiales para Construcción Mendoza.

ARQUITECTURA E INGENIERÍA SUSTENTABLE FOUNTAINE

Además de haber firmado contratos millonarios con el gobierno de Oaxaca y la Comisión Federal de Electricidad, la empresa figura en la lista de 16 compañías registradas por el SAT, que apenas en marzo de 2018 el INE reconoció en su registro de proveedoras; las cuales entre 2014 y 2016 facturaron al menos 25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

ASESORíAS INTEGRALES APOLO

Pese a estar considerada como una compañía defraudadora, el gobierno federal firmó contratados por un monto superior a los 965 mil pesos a través de Agroasemex S.A., para servicios “de capacitación de alta dirección”; y la CFE lo hizo entre 2011 y 2013, para servicios organizacionales.

A nivel estatal esta empresa ha obtenido contrataciones en servicios de consultoría y hasta de defensa personal por un monto arriba de los 3 millones pesos.

BELLO CAPORETTO

Las empresas fantasmas Bello Caporetto, junto con Consultoría Ipanema S.C., y Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.C., fueron las que de 2014 a marzo de 2015 recibieron contratos por diversos servicios prestados al Congreso de Zacatecas, por nueve millones 31 mil 518 pesos. Cuatro meses después, La Jornada Zacatecas documentó que los diputados locales facturaron gastos como la compra de globos, renta de mesas para eventos, adquisición de insumos para computadoras y asesorías en diseño de iniciativas y estrategias fiscales y legales de dichas empresas con domicilios en Zacatecas, estado de México y Chihuahua, sin que se comprobara su existencia, así como los servicios prestados.

En agosto de 2015, el Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas tuvo que iniciar una investigación interna para derivar responsabilidades por la contratación de esta empresa para la impresión de una revista.