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Cádiz se ha convertido en la primera ciudad española con un bono social eléctrico alternativo para combatir la pobreza energética en los hogares más vulnerables. Solo en la capital gaditana el ayuntamiento evita 2000 cortes de suministro al año por impago a familias que apenas tienen para subsistir*. Pese a los jugosos dividendos en los últimos años de Eléctrica de Cádiz -- una sociedad propiedad municipal en un 55% y de la que también es accionista Endesa y Unicaja-- ha sido hasta ahora el Consistorio gaditano el que ha corrido con la factura anual (cifrada en medio millón de euros) para garantizar el suministro vital básico de energía a cientos y cientos de familias que no solo no pueden hacer frente al recibo de la luz, sino que apenas disponen de recursos económicos para cubrir sus necesidades más básicas.

El último informe Urban Audit, del Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a la provincia gaditana (con una de las mayores tasas de paro de la UE) y a su capital entre los territorios más empobrecidos de España. El discurso machacón de la mejora de los datos macroeconómicos siguen sin palparse en el seno de las familias. No hay empleo. Y el que hay, o es temporal y precario, o directamente, sumergido.

La cantidad de energía bonificada vendrá determinada por la renta per cápita de cada hogar y por el número de integrantes. Además, se tendrán en cuenta necesidades específicas que puedan requerir una mayor cantidad de energía

Nada que no conozcan de primera mano organizaciones no gubernamentales como Mujeres de Acero o la asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, dos de los muchos colectivos sociales de la ciudad que más ahínco han puesto en que saliera adelante, con muchas trabas e impedimentos, la que fue una de las promesas estrella del actual alcalde, José María González (Por Cádiz Sí Se Puede), en las pasadas elecciones municipales. En el ecuador del mandato de uno de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’, la medida al fin podrá convertirse en realidad. Los convenios para su puesta en marcha definitiva se han firmado durante la primera semana de julio y el Ayuntamiento espera que la bonificación en la factura se refleje “cuanto antes”.

La cantidad de energía bonificada vendrá determinada por la renta per cápita de cada hogar y por el número de habitantes de la vivienda, y se tendrán en cuenta las necesidades específicas que pudieran requerir una cantidad de energía mayor (maquinaria para movilidad o respiración, por ejemplo) y si hubiera otras circunstancias que supongan mayor vulnerabilidad.

Desde un pequeño local en el centro de la capital gaditana, Mujeres de Acero ha celebrado “como un día de fiesta” la aprobación definitiva del bono social eléctrico porque “llevamos año y medio peleando por esto y hemos visto cómo en algunos momentos no iba a salir adelante”, explica Conchi Domínguez, presidenta del colectivo. “El año pasado --abunda-- pagamos 2.500 euros en recibos de luz, pero ni se sabe lo que destinamos a facturas de agua, bombonas de butano, medicinas, pañales, leche materna… hasta para la renovación del DNI hemos dado dinero. Asuntos Sociales del Ayuntamiento nos deriva a muchísima gente necesitada, hemos tenido muchas veces cola en la puerta”.

Esta asociación, que lucha contra la exclusión social en Cádiz y ha conseguido aglutinar tras década y media en activo a más de 700 socias, ha participado activamente, junto a más de una decena de organizaciones sociales, en el proceso para la consecución del bono social. En todo este tiempo, se han recogido más de 6.000 firmas y se han invertido horas y horas de reuniones en la denominada Mesa contra la Pobreza Energética para afinar en los cauces legales que permitiesen hacer viable la iniciativa.

“Ha habido tiras y afloja en el proceso de participación y finalmente se ha llegado a un acuerdo y es un gran paso. Los principales problemas no han sido de fondo, sino de aspectos burocráticos y de garantías legales que no estaban suficientemente documentadas”, sostiene Rafael Lara, presidente de la asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDH).

Hasta la fecha, existía un protocolo de actuación entre los servicios sociales y Eléctrica de Cádiz mediante el que el Ayuntamiento destinaba más de 7.000 euros a la semana para evitar los cortes de luz en los hogares más empobrecidos

A finales de octubre de 2015, el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común --dos agrupaciones ligadas a Podemos e IU--, aprobó por unanimidad la puesta en marcha del bono social dentro de un paquete de medidas para combatir la pobreza energética. Después de un emponzoñado proceso burocrático, repleto de informes jurídicos y técnicos --hasta al Colegio de Ingenieros Técnicos de Cádiz se le solicitó ayuda para que aportara un estudio sobre consumo energético en la ciudad--, el pasado 27 de marzo, el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz rechazaba la medida con los votos en contra de tres consejeros de Endesa y dos del PP gaditano. Un revés que incluso tuvo eco nacional en forma de tuits de los líderes de Podemos. “Muchas veces nos piden definiciones de ‘trama’. Esta es una de ellas”, lamentaba Pablo Iglesias en un tuit que incluía un gráfico con el resultado de la votación en el seno de la empresa semipública. Echenique se preguntaba “cómo duermen por las noches (PP y Endesa)” al “condenar a miles de gaditanos y gaditanas a la pobreza energética”, mientras que la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, escribía: “Luego se llenarán la boca con la defensa de la familia. Asco y vergüenza de casta corrupta”. En cambio, el consejero y concejal del PP en Cádiz, Ignacio Romaní, justificaba la decisión en la ausencia del convenio para la puesta en marcha del bono social eléctrico alternativo entre Ayuntamiento de Cádiz, Fundación Eléctrica de Cádiz y Comercializadora Eléctrica de Cádiz SA. “A pesar de reconocer la incongruencia de suscribir un convenio que no se conoce, han obligado a los consejeros a posicionarse mediante el voto, algo que servirá para que los círculos de Podemos, el alcalde y su séquito intente, como de costumbre, lincharnos en la plaza pública”, afirmaba.

Hasta la fecha, existía un protocolo de actuación entre los servicios sociales del Consistorio gaditano y Eléctrica de Cádiz mediante el cual se invertían más de 7.000 euros a la semana por parte del Ayuntamiento para evitar los cortes de luz masivos en los hogares más empobrecidos de la ciudad. Los clientes de Eléctrica de Cádiz, unos 60.000 contratos (el 80% del total), no tienen acceso al bono social estatal, ya que la empresa con capital mayoritario municipal no es comercializadora de referencia, como sí son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y HC Energía. Por ello, el objetivo pasa porque la empresa municipal dedique una parte --unos 600.000 euros-- de sus beneficios anuales --oscilan entre los 8 y 10 millones-- a cubrir esta factura y, de ese modo, ahorrarla a la administración local.

Después del camino recorrido, el alcalde de la ciudad, José María González, ensalza sobre todo la “coordinación y el trabajo en equipo” que debe seguir a la firma de los convenios, para que “el compromiso del Ayuntamiento y de la empresa municipal de electricidad por garantizar unas condiciones de vida dignas a las familias que peor lo están pasando, sea un hecho cuanto antes”. En este contexto, destaca el “compromiso de todos los partidos” por sacar el bono social adelante pero, por encima de todo, la “legitimidad” que ha adquirido la medida después de la implicación de la sociedad civil gaditana.

“El bono social eléctrico --subraya Conchi Domínguez-- es algo que aún ni nos creemos porque se van a beneficiar más de 2.000 familias. Eléctrica de Cádiz tiene un margen más que suficiente para cubrirlo y, aun así, seguir repartiendo dividendos”.

de los 11.053 millones de euros de beneficio neto que obtuvieron Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa entre 2008 y 2015, solo 1.300 sirvieron para cubrir las necesidades de la población más vulnerable

Chari, como otras muchas socias y usuarias de Mujeres de Acero, pasa calamidades día sí, día también. Todo depende de las pequeñas faenas que consiga su marido. Ella tuvo un desgraciado accidente en el que se partió cinco vértebras y tras el que “mi vida cambió totalmente”. Incapacidad, paro, depresión. Para colmo, la empresa en la que trabajaba su marido, Antonio (parado de larga duración mayor de 50 años), quebró durante la crisis, y actualmente solo entran fijos en casa 340 euros por su paga por incapacidad. “Es imposible atender con eso a dos hijos, no da para nada, no nos queda otra que recurrir a Asuntos Sociales y esperar que a Antonio le entre alguna pequeña faena”, relata. Aun así, Chari no sabe lo que es que le corten la luz porque “un mes me la paga la asistenta social y otro la cubrimos nosotros como podemos, pero claro, hay muchísimas familias que tienen que venir aquí (a la sede de la asociación) porque no tienen ni un euro. Aquí no hay trabajo y eso es el gran culpable de todo. Eso es lo que hace falta aquí”. A lo que añade Conchi: “Tengo una pensión muy corta pero al menos la tengo, hay quien no tiene nada. Pago mi casa, mi luz y mi agua, pero como ‘mujer de acero’ que soy, si tengo que llamar a una puerta para tener comida para mis hijos no me dará vergüenza”.

Rafael Lara, de la APDH, remarca: “Nos llegan muchísimos casos a la semana de cortes de suministro y hasta ahora se han ido solventando más mal que bien con una aportación del Ayuntamiento que no tenía mucho sentido; al final pagábamos desde los presupuestos municipales luchar contra la pobreza energética cuando lo lógico es que se haga cargo del total de la factura la comercializadora y suministradora”.

Con la entrada en vigor de los convenios, en la práctica habrá dos tipos de bonos sociales eléctricos. Uno, pensado para familias sin ingresos o cuyos miembros tengan como máximo unos ingresos de 119 euros al mes por persona, descontando el alquiler de la vivienda o la hipoteca. A estas familias les corresponderá un bono del 100% de la cantidad de energía necesaria para cubrir los servicios energéticos básicos en Cádiz y una bonificación de 2,3 kilovatios de potencia contratada durante un año con posibilidad de renovación. Las familias cuyos miembros tengan unos ingresos por persona al mes de entre 119,81 euros a 186,38 euros, descontado alquiler de la vivienda o la hipoteca, tendrán derecho a un bono del tipo dos, el 50% de la cantidad de energía necesaria para cubrir los servicios energéticos básicos y una bonificación de 2,3 kilovatios de potencia contratada. Este bono estará vigente entre seis meses o un año, según las circunstancias de las familias, y podrá renovarse.

Según datos de Red Eléctrica, el consumo de energía en España ha crecido un 7,1% en los últimos años. Las grandes eléctricas, que operan en un sector estratégico regulado por el Estado (mal, a la vista está) y que mercadean con un bien esencial que hasta hace no tanto era considerado como servicio público, alcanzaron un beneficio neto cercano a los 40.000 millones de euros en los años más duros de la gran recesión.

El Observatorio Crítico de la Energía, según publicaba recientemente La Marea, lamentaba que el nuevo decreto del Gobierno, que carga precisamente el bono social solo a las comercializadoras, beneficia a las tres grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. De sus multimillonarios beneficios, apenas reservan un 12% para el gasto en el bono social. Este estudio constata que, de los 11.053 millones de euros de beneficio neto que las tres grandes obtuvieron entre 2008 y 2015, solo 1.300 sirvieron para cubrir las necesidades de la población más vulnerable en una época con una tasa de paro insoportable en el país.

En España no existen grandes compañías eléctricas públicas desde finales de los noventa. La semipública Eléctrica de Cádiz, cuya previsión de beneficio para este año rondará los 15 millones de euros tras un cambio de regulación que ha separado a suministradoras de comercializadoras, aún resiste con un 55% de capital municipal. A la postre, esto permitirá que pueda convertirse en realidad el primer bono social eléctrico alternativo de España. Una pequeña gran victoria para la ciudadanía más devastada por la crisis frente al salvaje oligopolio de las eléctricas.

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*En la primera versión se decía que en la capital gaditana se producían 2000 cortes de suministro eléctrico al año a familias sin recursos