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Por Eduard Laguens Velasco



Extranjeros, migrantes y derechos políticos ante el referéndum de autodeterminación. El caso de Tarragona.

1. La supervivencia de la segregación política al siglo XXI.

Muchas personas estamos razonablemente esperanzadas ante la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Entendemos que el hito del 1 de octubre tiene un innegable componente de desafío democrático, de sacudida de una voluntad popular desbordante, harta de las restricciones impuestas por un marco constitucional asfixiante y caduco. Creemos que el 1 de octubre es el punto de inicio de un proceso constituyente que despedazará toda manifestación de exclusión y discriminación, y que abrirá el camino hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. Aun así, la decisiva convocatoria que permitirá decidir el futuro político de Cataluña reproduce algunas de las carencias más arraigadas en los sistemas electorales de las democracias representativas de cariz liberal. De esta forma, nos encontramos que los extranjeros residentes y los migrantes vuelven a estar excluidos de un proceso electoral clave porque, según el artículo 2 del proyecto de Ley de referéndum de autodeterminación, no forman parte del pueblo catalán, el sujeto político soberano llamado a decidir su estatus político colectivo.

Esta carencia es reveladora de las inercias demofòbiques que todavía arrastra el “proceso” en el Principado y de las cuales nos tendremos que desembarazar en un momento u otro. Mientras tanto, es decepcionante comprobar que la Ley de referéndum de autodeterminación ha caído en aquello que tanto irritó a los padres de la constitución norteamericana (y también, sobra decirlo, a los de la española): el miedo a la “bestia democrática”. Con este concepto se designaba en el siglo XVIII la desconfianza burguesa respecto a las clases populares pobres y no-propietarias que protagonizaron levantamientos revolucionarios y democráticos. La “bestia democrática” era (y todavía lo es) el pueblo, la clase trabajadora, las masas desarraigadas, la gente, el común… La “bestia” ha tenido muchas nombres. Y ya se sabe que las oligarquías son miedosas, especialmente hacia los pueblos imprevisibles y rebeldes. Pero cuando se trata de clases populares venidas de más allá de nuestras fronteras, las élites gobernantes sufren un ataque de pánico. Tenemos un último ejemplo en nuestro país: migrantes y extranjeros, son todavía hoy sospechosos habituales y eternos ciudadanos de segunda categoría y en un momento decisivo para nuestro futuro colectivo, se quedan fuera de juego. Y yo que creía que son catalanas y catalanes todas las personas que viven en el Principado con independencia de su origen!!!

Hoy el sufragio universal parece un principio incuestionable, pero todavía hay asignaturas pendientes. Este es el caso de la población extranjera residente, de las personas migrantes, y del colectivo de los recién llegados. Por todo ello, encuentro decepcionante que, otra vez, se vuelva a desterrar y marginar al eslabón más débil e incómodo de la sociedad catalana, especialmente en un momento en que el objetivo es construir un espacio político liberado, más radicalmente democrático. La Ley de referéndum de autodeterminación ha dejado pasar la oportunidad de romper con el etiquetado que asigna a los residentes extranjeros una minoría de edad política, y unos derechos devaluados.

A lo largo de los últimas doscientos años se han ideado diferentes formas de limitar el voto popular y de anclar el miedo demofòbica ya sea apelando a la renta (voto censatario) a la discriminación por género (prohibición del sufragio femenino), a la segregación racial (el régimen del apartheid), o a principios de la integridad territorial (prohibición del ejercicio de autodeterminación). Por esta razón, es paradójico encontrarnos que la maquinaria electoral que quiere ponerse en marcha el 1 de octubre no tenga una plena voluntad inclusiva, y que se restrinja el ejercicio al sufragio exclusivamente a los catalanes que son súbditos del Reino de España. Lo dice el artículo 6 del borrador de la Ley del Referéndum de autodeterminación cuando define de forma restrictiva las personas con derecho a votar el 1 de octubre: “Son llamadas a votar en el referéndum las personas que tienen derecho a voto en las elecciones al Parlamento de Cataluña”. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas con DNI español. Esto implica dejar fuera de juego a cerca de 700.000 personas de nacionalidad no española y mayores de 18 años que residen en Cataluña. ¿Por qué a estas alturas todavía consideramos tolerable ese agravio y hacemos la vista gorda ante una negación tan evidente de los derechos políticos? Quizás porque el adiestramiento electoral recibido no nos permite darnos cuenta de que los derechos políticos son tan universales como el acceso a una sanidad y en una educación públicas, gratuitas y de calidad. En este sentido, la actitud del Gobierno de la Generalitat ha evidenciado carencia de valentía democrática negándose a ensanchar el derecho a la participación política de las personas que vivimos en Cataluña. El agravio es evidente si tenemos en cuenta que el proyecto de Ley del Referéndum de autodeterminación garantiza el carácter inequívocamente vinculante del resultado, a la vez que centenares de miles de personas volverán a enmudecer políticamente, reducidas al silencio (eso sí, no vinculante).

2. Las elecciones municipales de 2015 en Tarragona. Un ejemplo de exclusión electoral.

¿Qué forma concreta adoptan los mecanismos de exclusión electoral en nuestro territorio, y concretamente en Tarragona? Conviene dar un breve vistazo crítico. Cómo ya se ha dicho, el derecho a participar en las elecciones al Parlamento de Cataluña (el modelo de participación electoral elegido para convocar el 1 de octubre) está restringido a los ciudadanos que administrativamente tienen la nacionalidad española. Por su parte, los comicios locales y municipales han abierto ciertas rendijas a la participación del residentes extranjeros, pero de forma tímida e insuficiente. De hecho, se ha consolidado un modelo dual que supone un agravio comparativo arbitrario a la hora de disponer del derecho votar.

Conviene averiguar qué pasó en las elecciones municipales de mayo de 2015, porque son un buen ejemplo . En las municipales del 2015 sólo pudieron ejercer el voto los ciudadanos de la UE residentes así como los extracomunitarios de países con el correspondiente acuerdo bilateral con el Estado español (concretamente Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago). El resto de personas con otras nacionalidades quedaron al margen. De esta forma, una misma condición (la residencia) implicaba disfrutar de derechos políticos (ciudadanos comunitarios) que se negaban a otros (marroquíes, chinos, senegaleses, argentinos…).

Además, hay que recordar que las personas extranjeras con derecho a voto estaban sujetas a diferentes requisitos. Así, en el caso de los ciudadanos comunitarios había que ser mayor de edad y estar inscrito en el padrón municipal de habitantes. En caso de que no se hubiera participado en ninguna elección anterior, había que inscribirse en la correspondiente oficina del censo electoral. Por su parte, en cuanto a los ciudadanos de los países mencionados con acuerdo bilateral para participar en las elecciones había que tener más de 18 años, contar con una tarjeta de residencia en vigor, haber residido legalmente en territorio español el tiempo exigido en los acuerdos bilaterales (tres años para los nacionales de Noruega y cinco años en el momento de la solicitud de inscripción en el censo para los nacionales del resto de países con acuerdo). Claramente, las condiciones son más restrictivas y difíciles de lograr.

En síntesis, en las elecciones municipales de 2015 en Tarragona sólo pudieron votar las personas extranjeras residentes con nacionalidad de alguno de los estados miembros de la UE, o bien de un país con acuerdo bilateral a tal efecto. De esta forma, 6 de las 10 comunidades de ciudadanos extranjeros con más presencia a la ciudad de Tarragona quedaron excluidas del proceso electoral municipal . De los 8.794 extranjeros que disponían de derecho a voto en las elecciones locales del 2015 en nuestra ciudad, 8.465 (un 96,2%) eran ciudadanos de países de la Unión Europea, mientras que 329 (es decir, un 3,8%) lo eran de países extracomunitarios con acuerdo bilateral con España. La inmensa mayoría, sin embargo, quedaron desterradas por el sistema electoral. Esto pasó con las personas de nacionalidad marroquí, argentina, china, nigeriana, pakistaní y brasileña. Así, casi 11.500 personas de estas nacionalidades quedaron al margen porque este países no han firmado un convenio con el Estado español que permita a estos residentes ejercer el voto en los comicios municipales. Se da así el caso paradójico que ninguno de los miles de residentes en Tarragona de nacionalidad marroquí mayores de 18 años pudieran participar en las elecciones, mientras que las 5 personas residentes de nacionalidad caboverdiana sí disponían de este derecho. Por otro lado, hay que señalar que los ciudadanos de ciertos países tienen más dificultades para acceder a la nacionalidad española, que es la condición que otorga derechos como elector para participar en los comicios electorales. Así, mientras los ciudadanos de origen latinoamericano pueden solicitar la nacionalidad con dos años de residencia, los originarios del Marruecos, Senegal, Pakistán o China no pueden pedirla hasta que acreditan 10 años continuados de residencia regularizada.

3. La República catalana como proyecto político inclusivo: O jugamos todas y todos o rompemos la baraja.

Aunque persiste la segregación de los derechos políticos de la comunidad extranjera, hay que recordar algunos precedentes de movimientos sociales para reclamar la ampliación del derecho a voto a todas las personas que viven en Cataluña. Fue positiva, pero de un alcance limitado, la experiencia de la plataforma Ciutadans i ciudadanes como tu! , que nació en 2015. Esta plataforma denunció que de ninguna forma es aceptable dejar fuera del sistema de representación a una parte considerable de la población catalana. En su manifiesto se alertaba sobre la “necesidad de repensar qué modelo de estado y de país queremos, y de poner en marcha un proceso constituyente que comporte un cambio en favor de un modelo social, económico y político igualitario y participativo, puesto que consideramos que es imprescindible poner en el centro del debate el concepto de plena ciudadanía -vinculada a la residencia y no a la nacionalidad-, porque no se puede concebir una sociedad que se pueda considerar plenamente democrática sin la plena igualdad de todos sus miembros”.

El manifiesto Ciudadans i ciudadanes como tu! planteaba una pregunta penetrante que ahora hay que volver a recuperar de cara al referéndum del cercano 1 de octubre: “Desde qué lógica democrática se puede aceptar dejar fuera del sistema de representación democrática a una parte considerable de la población catalana? Consideramos que nos encontramos ante una cuestión de salud democrática, donde la palabra clave es la ciudadanía y las políticas que la desarrollan, que tienen que garantizar la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, la convivencia y la cohesión social, pero también el pleno reconocimiento del derecho a voto. Se trata de una conquista democrática decisiva y con un alto contenido simbólico: no se puede hablar de democracia ni de auténtica integración si se niega el derecho a voto a una parte de la población” .

Ante el ”olvido” de la Ley de referéndum de autodeterminación y de la oportunidad perdida que hemos dejado pasar, las reflexiones y preguntas abiertas del manifiesto Ciudadans i ciudadanes como tu! son más oportunas que nunca. A estas alturas nos encontramos en un momento decisivo en que aspiramos a cambiarlo todo, a definir un nuevo país y una nueva sociedad sobre las bases de la participación y ciudadanía plena. Hace falta en consecuencia esforzarnos para invitar a los nuevos y nuevas catalanes que quieran participar de este esfuerzo transformador que tiene que empezar para hacer realidad el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas que viven en nuestro país que, al fin y al cabo, es la casa de todo el mundo. El hogar de una bestia democrática en metamorfosis permanente.

Eduard Laguens

Asamblea local de la CUP de Tarragona

Tarragona, 27 de julio de 2017

Qui tem la bèstia democràtica?

Estrangers, migrants i drets polítics davant el referèndum d’autodeterminació. El cas de Tarragona.

La supervivència de la segregació política al segle XXI.

Moltes persones estem raonablement esperançades davant la convocatòria del referèndum d’autodeterminació. Entenem que la fita de l’1 d’octubre té un innegable component de desafiament democràtic, de sotragada d’una voluntat popular desbordant, farta de les restriccions imposades per un marc constitucional asfixiant i caduc. Creiem que l’1 d’octubre és el punt d’inici d’un procés constituent que esbocinarà tota manifestació d’exclusió i discriminació, i que obrirà el camí envers una societat més justa, lliure i igualitària. Tanmateix, la decisiva convocatòria que permetrà decidir el futur polític de Catalunya reprodueix algunes de les mancances més arrelades als sistemes electorals de les democràcies representatives de caire liberals. D’aquesta forma, ens trobem que els estrangers residents i els migrants tornen a restar exclosos d’un procés electoral clau perquè, segons l’article 2 del projecte de Llei de referèndum d’autodeterminació, no formen part del poble català, el subjecte polític sobirà cridat a decidir el seu estatus polític col·lectiu[1].

Aquesta mancança és reveladora de les inèrcies demofòbiques que encara arrossega el “procés” al Principat i de les quals ens haurem de desempallegar en un moment o altre. Mentrestant, és decebedor comprovar que la Llei de referèndum d’autodeterminació ha caigut en allò que tant esverà els pares de la constitució nord-americana (i també, no cal dir-ho, als de l’espanyola): la por a la “bèstia democràtica”. Amb aquest concepte es designava al segle XVIII la desconfiança burgesa vers les classes populars pobres i no-propietàries que protagonitzaren aixecaments revolucionaris i democràtics. La “bèstia democràtica” era (i encara ho és) el poble, la classe treballadora, les masses esparracades, la gent, el comú… La “bèstia” ha tingut moltes noms. I ja se sap que les oligarquies són porugues de mena, especialment envers els pobles imprevisibles i rebecs. Però quan es tracta de classes populars vingudes de més enllà de les nostres fronteres, les elits governants pateixen un atac de pànic. En tenim un darrer exemple a casa nostra: migrants i estrangers, són encara avui sospitosos habituals i eterns ciutadans de segona categoria i en un moment decisiu per al nostre futur col·lectiu, es queden fora de joc. I jo que creia que són catalanes i catalans totes les persones que viuen al Principat amb independència del seu origen!!!

Avui el sufragi universal sembla un principi inqüestionable, però encara hi ha d’assignatures pendents. Aquest és el cas la població estrangera resident, de les persones migrants, i del col·lectiu dels nouvinguts. Per tot això, trobo decebedor que, un altre cop, es torni a bandejar i marginar a la baula més feble i incòmoda de la societat catalana, especialment en un moment en què l’objectiu és bastir un espai polític alliberat, més radicalment democràtic. La Llei de referèndum d’autodeterminació ha deixat passar l’oportunitat de trencar amb l’etiquetatge que assigna als residents estrangers una minoria d’edat política, i uns drets devaluats.

Al llarg dels darreres dos-cents anys s’han ideat diferents formes de limitar el vot popular i de ancorar la por demofòbica ja sigui apel·lant a la renda (vot censatari) a la discriminació per gènere (prohibició del sufragi femení), a la segregació racial (el règim de l’apartheid), o al principi de la integritat territorial (prohibició de l’exercici d’autodeterminació). Per aquesta raó, és paradoxal trobar-nos que la maquinària electoral que vol encetar-se l’1 d’octubre no tingui una plena voluntat inclusiva, i que es restringeix l’exercici del sufragi exclusivament als catalans que són súbdits del Regne d’Espanya. Ho diu l’article 6 de l’esborrany de la Llei del Referèndum d’autodeterminació quan defineix de forma restrictiva les persones amb dret a votar l’1 d’octubre: “Són cridades a votar en el referèndum les persones que tenen dret de vot en les eleccions al Parlament de Catalunya”. És a dir, els ciutadans i ciutadanes amb DNI espanyol. Això implica deixar fora de joc a prop de 700.000 persones de nacionalitat no espanyola i més grans de 18 anys que resideixen a Catalunya[2]. Per què a aquestes alçades encara considerem tolerable aquest greuge i fem d’ulls grossos davant una negació tan evident dels drets polítics? Potser perquè l’ensinistrament electoral rebut no ens permet adonar-nos que els drets polítics són tan universals com l’accés a una sanitat i a una educació públiques, gratuïtes i de qualitat. En aquest sentit, l’actitud del Govern de la Generalitat ha evidenciat manca de valentia democràtica negant-se a eixamplar el dret a la participació política de les persones que vivim a Catalunya. El greuge és evident si tenim en compte que el projecte de Llei del Referèndum d’autodeterminació garanteix el caràcter inequívocament vinculant del resultat, alhora que centenars de milers de persones tornaran a emmudir políticament, reduïdes al silenci (això sí, no vinculant).

Les eleccions municipals de 2015 a Tarragona. Un exemple d’exclusió electoral.

Quina forma concreta adopten els mecanismes d’exclusió electoral al nostre territori, i concretament a Tarragona? Convé fer-hi una breu ullada crítica. Com ja s’ha dit, el dret a participar a les eleccions al Parlament de Catalunya (el model de participació electoral triat per convocar l’1 d’octubre) està restringit als ciutadans que administrativament tenen la nacionalitat espanyola. Per la seva banda, els comicis locals i municipals han obert certes escletxes a la participació del residents estrangers, però de forma tímida i insuficient. De fet, s’ha consolidat un model dual que suposa un greuge comparatiu arbitrari a l’hora de disposar del dret votar.

Convé ataüllar què va passar a les eleccions municipals del maig de 2015, perquè en són un bon exemple[3]. En les municipals del 2015 només van poder exercir el vot els ciutadans de la UE residents així com els extracomunitaris de països amb el corresponent acord bilateral amb l’Estat espanyol (concretament, Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago). La resta de persones amb altres nacionalitats quedaren al marge. D’aquesta forma, una mateixa condició (la residència) implicava gaudir de drets polítics (ciutadans comunitaris) en tant que es negaven a d’altres (marroquins, xinesos, senegalesos, argentins…).

A més, cal recordar que les persones estrangeres amb dret a vot estaven subjectes a diferents requisits. Així, al cas dels ciutadans comunitaris calia ser major d’edat i estar inscrit al padró municipal d’habitants. En cas que no s’hagués participat en cap elecció anterior, calia inscriure’s a la corresponent oficina del cens electoral. Per la seva banda, pel que fa als ciutadans dels països esmentats amb acord bilateral per participar en les eleccions calia tenir més de 18 anys, comptar amb una targeta de residència en vigor, haver residit legalment en territori espanyol el temps exigit en els acords bilaterals (tres anys per als nacionals de Noruega i cinc anys en el moment de la sol·licitud d’inscripció al cens per als nacionals de la resta de països amb acord). Clarament, les condicions són més restrictives i difícils d’assolir.

En síntesi, a les eleccions municipals de 2015 a Tarragona només van poder votar les persones estrangeres residents amb nacionalitat d’algun dels estats membres de la UE, o bé d’un país amb acord bilateral a tal efecte. D’aquesta forma, 6 de les 10 comunitats de ciutadans estrangers amb més presència a la ciutat de Tarragona van quedar excloses del procés electoral municipal[4]. Dels 8.794 estrangers que disposaven de dret a vot en les eleccions locals del 2015 a la nostra ciutat, 8.465 (un 96,2%) eren ciutadans de països de la Unió Europea, mentre que 329 (és a dir, un 3,8%) ho eren de països extracomunitaris amb acord bilateral amb Espanya. La immensa majoria, però, quedaren bandejades pel sistema electoral. Això passà amb les persones de nacionalitat marroquina, argentina, xinesa, nigeriana, pakistanesa i brasilera. Així, gairebé 11.500 persones d’aquestes nacionalitats restaren al marge perquè aquest països no han signat un conveni amb l’Estat espanyol que permeti a aquests residents exercir el vot als comicis municipals. Es dóna així el cas paradoxal que cap dels milers de residents a Tarragona de nacionalitat marroquina més grans de 18 anys pogueren participar a les eleccions, però que les 5 persones residents de nacionalitat capverdiana sí disposaven d’aquest dret. Per una altra banda, cal assenyalar que els ciutadans de certs països tenen més dificultats per accedir a la nacionalitat espanyola, que és la condició que atorga drets com a elector per participar als comicis electorals. Així, mentre els ciutadans d’origen llatinoamericà poden sol·licitar la nacionalitat amb dos anys de residència, els originaris del Marroc, Senegal, Pakistan o Xina no poden demanar-la fins que acrediten 10 anys continuats de residència regularitzada.

La República catalana com a projecte polític inclusiu: O jugem totes i tots o estripem la baralla.

Encara que persisteix la segregació dels drets polítics de la comunitat estrangera, cal recordar alguns precedents de moviments socials per reclamar l’ampliació del dret de vot a totes les persones que viuen a Catalunya. Fou positiva, però d’un abast limitat, l’experiència de la plataforma Ciutadans i ciutadanes com tu! [5], que va nàixer al 2015. Aquesta plataforma denuncià que de cap forma és acceptable deixar fora del sistema de representació una part considerable de la població catalana. Al seu manifest s’alertava sobre la “necessitat de repensar quin model d’estat i de país volem, i d’engegar un procés constituent que comporti un canvi a favor d’un model social, econòmic i polític igualitari i participatiu, ja que considerem que és imprescindible posar en el centre del debat el concepte de plena ciutadania -vinculada a la residència i no pas a la nacionalitat-, perquè no es pot concebre una societat que es pugui considerar plenament democràtica sense la plena igualtat de tots els seus membres”.

El manifest Ciutadans i ciutadanes com tu! plantejava una pregunta punyent que ara cal tornar a recuperar de cara al referèndum del proper 1 d’octubre: “Des de quina lògica democràtica es pot acceptar deixar fora del sistema de representació democràtica una part considerable de la població catalana? Considerem que ens trobem davant d’una qüestió de salut democràtica, on la paraula clau és la ciutadania i les polítiques que la desenvolupen, que han de garantir la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, la convivència i la cohesió social, però també el ple reconeixement del dret de vot. Es tracta d’una conquesta democràtica decisiva i amb un alt contingut simbòlic: no es pot parlar de democràcia ni d’autèntica integració si es nega el dret de vot a una part de la població”[6].

Davant l’”oblit” de la Llei de referèndum d’autodeterminació i de l’oportunitat perduda que hem deixat passar, les reflexions i preguntes obertes del manifest Ciutadans i ciutadanes com tu! Són mes oportunes que mai. A hores d’ara ens troben en un moment decisiu en què aspirem a canviar-ho tot, a definir un nou país i una nova societat sobre les bases de la participació i ciutadania plena. Cal en conseqüència esforçar-nos per convidar als nous i noves catalans que vulguin participar-hi d’aquest esforç transformador que ha de començar per fer realitat l’exercici dels drets polítics de totes les persones que viuen a casa nostra que, al capdavall, és la casa de tothom. La llar d’una bèstia democràtica en metamorfosi permanent.

Eduard Laguens

Assemblea local de la CUP de Tarragona

Tarragona, 27 de juliol de 2017

[1] L’article 2 de la Llei de referèndum d’autodeterminació afirma en to solemne que “el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir lliure i democràticament la seva condició política”.

[2] D’entre les 893.630 persones estrangeres residents al Principat hi ha, a data d’1 de gener de 2017, 692.058. persones més grans de vint anys de nacionalitat estrangera. Això vol dir que més de 700.000 persones estrangeres no podran participar al referèndum de l’1 d’octubre, i que únicament podran fer-ho els cinc milions i mig d’electors catalans que administrativament tenen la nacionalitat espanyola. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Instituto Nacional de Estadística (INE)

[3] En les eleccions municipals del maig de 2015, un total de 5.376.160 persones van ser cridades a les urnes en Catalunya. D’aquestes, 62.698 eren persones estrangeres residents amb dret a vot, essencialment ciutadans de la Unió Europea, encara que també d’alguns països amb els quals l’Estat espanyol té acords bilaterals. Per demarcacions, a Barcelona tenen dret a vot 3.969.881 persones; a Girona 495.602; a Lleida 300.188, i a Tarragona 547.791.

[4] Les 10 comunitats més representatives per sobre de les 500 persones a Tarragona són: 1-Marroc: 6695; 2-Romania: 2851; 3-Colòmbia: 2730; 4-Argentina: 1479; 5-Xina: 1293; 6-Nigèria: 645; 7-Equador: 672; 8-Pakistan: 637; 9-Brasil: 589; 10-Bolívia: 571.

[5] La plataforma estava integrada per Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, CCOO de Catalunya, SOS Racisme, UGT de Catalunya, i CONFVAC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya).

[6] Manifest Ciutadans i ciutadanes com tu! Pel dret de vot de les persones estrangeres. Barcelona, 5 de maig de 2015. Text consultable a: http://ciutadansiciutadanescomtu.zohosites.com/