MEXICO, D.F. (apro).- Pese a que la víspera PRI y PAN negaron que se impulsara un “Fobaproa” para Pemex y CFE, este viernes diputados de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Energía avalaron el dictamen de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se confirma que el gobierno federal asumirá parte del pasivo laboral de ambas paraestatales, entre 650 mil millones y 700 mil millones de pesos, previa modificación de sus contratos colectivos de trabajo (CCT).

Luego de más de cuatro horas de discusión, los cambios fueron aprobados en lo general con 43 votos a favor de PRI, PAN y PVEM, cero abstenciones y 17 en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC), aunque las reservas serán presentadas en el pleno la próxima semana, cuando arranque el cuarto periodo extraordinario de sesiones.

El priista Marco Antonio Bernal aseguró ayer que ese pasivo laboral no lo pagarán los mexicanos, debido a “que no se están comprometiendo recursos fiscales en el planteamiento que estamos haciendo. No hay manera, no habrá una transferencia de recursos del gobierno federal para allá, ni tampoco un sacrificio fiscal en esos términos”.

Sin embargo, no aclaró de dónde obtendría el gobierno federal esos casi 700 mil millones de pesos para pagar parte de la “deuda laboral” de Pemex y CFE, aunque en los transitorios se establece que los recursos podrán tomarse de los “excedentes petroleros”.

Lo que sí confirmó es que empresas y sindicatos deberán establecer nuevas reglas de relación, es decir, modificar sus CCT.

No obstante, el panista Juan Bueno Torio, también integrante de la Comisión de Energía, sí definió el porcentaje del pasivo laboral que asumirá el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En los artículos transitorios de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, puntualizó, se establece que el Ejecutivo asuma los pasivos petroleros hasta por 3% del producto interno bruto (PIB).

A la fecha, Pemex tiene un pasivo laboral de un billón 130 mil millones de pesos, y el de la CFE alcanza los 500 mil millones. En total, la deuda laboral suma un billón 650 mil millones de pesos.

Así, el Ejecutivo asumirá 3% del PIB de Pemex y 1% del de CFE, es decir, unos 450 mil millones de la primera y 200 mil millones o 250 mil millones de pesos de la segunda, para hacer un total de casi 700 mil millones, detalló Bueno Torio.

Una de las modificaciones de los contratos colectivos tiene que ver con la anuencia de los sindicatos para permitir la cotización individualizada, es decir, garantizar las prestaciones de jubilación y retiro a través de las Afores.

Este viernes, el priista Marco Antonio Bernal rechazó nuevamente que se trate de un “Fobaproa” para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Lo único que hacemos es autorizar a la Secretaría de Hacienda a que pueda asumirlo como deuda, siempre y cuando exista una reforma al sistema de pensiones, y lo asumirá en el monto en que la reforma al sistema de pensiones le traiga ahorros a la empresa”, justificó.

El presidente de la Comisión de Energía insistió en que “no se van a erogar recursos, no pagaremos ni un impuesto, ni va a haber más impuestos ni los mexicanos van a pagar nada. No es ese rollo de que es ‘Pemexproa’. No, no tiene nada que ver”.

En todo caso, advirtió el operador de Manlio Fabio Beltrones, si hay una responsabilidad en que no existiera un fondo para prever el pago de las pensiones en Pemex, es del gobierno y los legisladores.

El también vicecoordinador del PRI en San Lázaro argumentó que “la empresa es del Estado mexicano, si esa empresa tiene un pasivo, éste fue generado por autorizaciones del Ejecutivo federal y autorizaciones del Congreso de la Unión, que es el que define en qué puede gastar Pemex y el que le fija los montos”.

Por su parte, Rubén Camarillo Ortega, del PAN dijo que el pasivo laboral de ambas paraestatales es insostenible, por lo que el Ejecutivo federal debe contribuir a resolverlo para que ambas empresas puedan competir con el sector privado.

Según el legislador panista, Pemex no puede emprender una transformación verdadera, si no se desahoga su pasivo laboral.

En contraste, el priista y líder del sindicato petrolero Ricardo Aldana denunció que los cambios en el CCT “violentan acuerdos internacionales”, por lo que presentaría una reserva a esos artículos transitorios de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para elaborar una nueva redacción sobre el tema.

“Desde el punto de vista nuestro, violenta los acuerdos entre empresa y sindicato, violenta los acuerdos internacionales de la OIT, en donde no debe haber intervención de ninguna legislación”, acusó.

En su intervención, el diputado Carol Antonio Altamirano, del PRD, destacó que los artículos transitorios violan el artículo 123 constitucional, debido a que se establecen obligaciones laborales que sólo pueden pactar sindicato y empresa.

Peor aún, acusó, también se vulnera el 73 constitucional, al facultar al Ejecutivo a modificar el Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y a asumir deuda pública sin saber el monto y sin autorización del Legislativo.

La perredista María del Socorro Ceseñas Chapa advirtió que “la reforma no encarna el principio de transformar el sector y convertirlo en pilar de crecimiento, además de conculcar derechos colectivos, supeditar la organización y funcionamiento de estas empresas”.

Según la legisladora del PRD, la iniciativa no garantiza la autonomía presupuestaria de las paraestatales.

Defiende PRI el “Pemexproa”

César Camacho Quiroz, líder nacional del PRI, defendió que el pasivo laboral de Pemex y CFE se convierta en deuda pública.

Camacho Quiroz resaltó que esos recursos se han invertido en empresas del Estado y “los sindicatos tendrán que decirle con absoluta transparencia a los mexicanos, no sólo a los legisladores, dónde se aplicaron”.

En entrevista en la sede nacional priista, dijo que “son empresas que le han dado servicio al país y seguramente tendrán justificados los rubros donde se aplicaron. De suerte que si queremos que inicien una nueva etapa de su vida institucional, con absoluto orden y con salud financiera, tendrá que darse este paso”.

Además, descartó que esa conversión de pasivo a deuda constituya un “regalo” para las dirigencias de sindicatos de petroleros y electricistas, pues son recursos que por contratos colectivos ambas empresas estaban obligadas a dar a sus trabajadores.

“Hay derechos laborales adquiridos, conquistados en décadas que no se pueden atacar o desconocer y se tienen que respetar; ese es el piso de la contratación colectiva revisada periódicamente, y si está fehacientemente comprobado que se deben y que se gastaron conforme a la ley, hay qué pagarlos”, remachó.