Hasta el momento el paro es por tiempo indeterminado

La línea B de subte no inició su recorrido esta mañana debido a una interna gremial que derivó en una medida de fuerza sorpresiva tomada por los Metrodelegados que denunciaron que el personal fue agredido por negarse a operar con la presencia del material cancerígeno conocido como asbesto.

A primera hora de esta madrugada, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) informó lo sucedido a través de un comunicado en el que se anunció la decisión tomada debido a que “cerca de la medianoche, un integrante de la patota y delegado de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), ingresó al taller Rancagua y comenzó a increpar a operarios que se negaban a manipular materiales con asbesto. Esta persona golpeó y empujó a varios compañeros del taller, provocando que uno de ellos caiga en la zona del tercer riel electrificado, al borde de ocasionar una tragedia" , detallaron.

“La decisión de no iniciar el servicio en las próximas horas fue tomada para proteger la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de la línea, dada la ausencia de condiciones mínimas de seguridad para prestar el servicio”, justificó el gremio en el comunicado que lleva las firmas de Roberto Pianelli (secretario general) y Néstor Segovia (secretario adjunto).

Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, expresó que la situación por la presencia de asbesto es “gravísima”. “Estas agresiones tienen que ver con eso, la empresa armó una especie de grupo de choque junto con representantes de la UTA, acompañados por supervisores de la empresa metrovías que intentaron obligar a los trabajadores a realizar tareas con este material”, sostuvo en diálogo con TN. Al respecto del trabajador agredido que cayó en la zona del riel electrificado, lo calificó de “intento de homicidio" .

“Hasta que esto no se solucione vamos a tener este riesgo y provocaciones montadas por la empresa para que trabajemos en estas condiciones. Hay que retirar las flotas que contienen asbesto y no seguir exponiendo la vida de todos nosotros”, dijo Dellecarbonara, quien agregó que “estas afecciones no tienen cura”.

“Estos trenes no pueden seguir circulando, pone en riesgo la vida de todos”, enfatizó incluyendo a los usuarios de subte. Ante la consulta de la medida dispuesta, dijo: “Vamos a ir a una asamblea para ver cómo continuamos”. Esa asamblea culminó a las 9.

En un comunicado, los Metrodelegados informaron que finalizada la asamblea, la línea B reanudará su servicio a partir de las 13 horas de hoy. “ Se le exige al Gobierno de la Ciudad y a Metrovías, que tomen las medidas que sean necesarias para evitar situaciones de violencia como las que sucedieron durante la madrugada y que garantice las condiciones de seguridad a cada trabajador en el ámbito del subterráneo. Mientras tanto, lxs trabajadores continuarán en Estado de asamblea permanente ”, añade la nota.

El conflicto por el asbesto data de principios de 2018, cuando el gremio de subtes comenzó a denunciar la presencia del material cancerígeno. Según informó el sindicato el pasado mes de agosto, a partir de un análisis realizado a 100 de los 550 trabajadores de la línea B, se reveló que cinco empleados tienen “placas pleurales” -o ensanchamiento de la pleura-, la membrana que recubre los pulmones.

Charly Diaz Azcué 162

A fines de octubre, la ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa que controla el subte –Sbase–, demandó al Metro de Madrid por la venta “ilícita” de los vagones con asbesto y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros. La demanda asegura que la venta de los 36 vagones en 2011 que fueron destinados a la línea B fue “de una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe” por parte del Metro de Madrid.

La venta ocurrió en 2011. Sbase compró los trenes de segunda mano del subte madrileño, los CAF 5000, que habían sido fabricados en los años 70, cuando el amianto o asbesto no estaba prohibido. En febrero de 2018 salió a la luz que los vagones vendidos tenían asbesto, un mineral cancerígeno que está prohibido en más de 50 países desde hace casi 20 años y en Argentina desde 2001.

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