“Las personas se sienten engañadas. Ese no era el trato que estaban esperando. Si hubiesen sabido que estas eran las condiciones no hubiesen aceptado”. Dulce Susana Jacobo Cruz, de 27 años, fue integrante de la caravana que partió el 15 enero desde San Pedro Sula, Honduras. A diferencia de sus compañeros, ella no es centroamericana, sino mexicana. Originaria de Temixco, Morelos, actualmente reside en Ciudad de México y estudia Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante más de una semana, Jacobo Cruz fue se hizo pasar por migrante hondureña indocumentada y permaneció encerrada cinco días en la estación migratoria El Anexo, que el Instituto Nacional de Migración (INM) habilitó en la Ciudad Industrial de Villahermosa, Tabasco.

La joven denuncia diversas vulneraciones a los derechos de los migrantes.

Dice que las autoridades mexicanas les engañaron en la frontera de El Ceibo, Tabasco, al ofrecer empleos y albergues y ocultar que serían encerrados en un centro de detención de Villahermosa.

Agentes de la Guardia Nacional y Policía Federal, añade, utilizaron descargar eléctricas para someter a los migrantes que el lunes, 20 de enero, escaparon de la estación migratoria.

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Dice que cientos de migrantes están incomunicados, sin poder hablar con sus familiares y sin recibir información por parte del INM ni la posibilidad de pedir refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Que otros muchos fueron deportados tras aceptar la expulsión después de que las autoridades les dijesen que tendrían que pasar al menos seis meses encerrados.

Jacobo Cruz sabe todo eso porque ella misma fue una migrante hasta el jueves 23 de enero. Ese día los responsables de la estación migratoria se dieron cuenta de que no era una hondureña que escapaba en caravana sino una estudiante mexicana a la que su mamá, Zita Cruz Salgado, puso una alerta por desaparición.

Después de recuperar la libertad, dice la joven que su gran preocupación es el estado de sus compañeros. “Hasta el jueves no se habían iniciado trámites de regularización o de refugio”, explica.

Animal Político quiso conocer la versión del INM y de la secretaría de Gobernación. Al cierre de esta nota todavía no había recibido respuesta.

El 15 de enero, cientos de migrantes (al menos 3 mil, según autoridades guatemaltecas), se sumaron a la caravana de 2020 para tratar de alcanzar Estados Unidos. Se trató de la primera gran marcha centroamericana después del acuerdo del 7 de junio, por el que México se comprometió con Washington a frenar el flujo de indocumentados a cambio de que no se le impusieran aranceles en las exportaciones.

La caravana trató de cruzar a territorio mexicano a través de dos fronteras: El Ceibo, en Tabasco, y Ciudad Hidalgo, en Chiapas. En el primer punto, a través del que cruzó Jacobo Cruz y sus compañeros, la mayor parte de participantes de la caravana se entregó al INM con la promesa de ser regularizados. En el segundo se registraron dos intentos para cruzar que fueron abortados por la Guardia Nacional y el INM, que arrestó y encerró a cientos de personas.

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Al menos un millar de los centroamericanos, según datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya han sido deportados.

Una investigación que termina en un centro de detención

“Me enteré de la caravana y decidí acompañar a dos amigos que iban a participar”, explica Dulce Susana Jacobo, en conversación telefónica con Animal Político. Relata que estaba realizando una investigación sobre las redes migrantes en el sureste mexicano cuando tuvo conocimiento de la caravana. Conocía a otros jóvenes hondureños durante una estadía en el comedor Contra Viento y Marea, que funciona en Tijuana, Baja California, y que fue fundado por migrantes que participaron en la caravana de octubre de 2018.

Los primeros días, dice la joven, fueron de tránsito hasta la frontera de El Ceibo. “Se nos impide el ingreso a México. Así que la gente se empieza a organizar y ver qué iba a suceder”, explica.

El grupo tenía algunos liderazgos, que establecen un diálogo con las autoridades mexicanas. “Les dijeron que les van a dar trabajo, pero que mientras tendrán que dormir en un albergue”, explicó la joven.

Esa misma semana, López Obrador había anunciado que dispondría de 4 mil empleos para los integrantes de la caravana.

Así que cuando los miembros del gobierno de Tabasco aseguraron que los centroamericanos podrían trabajar en proyectos como la construcción del Tren Maya, todos les creyeron.

A pesar de que los cantos de sirena que terminan en una estación migratoria y en deportación son un ritual en todas las caravanas, el grupo de más de mil almas que se concentraba en El Ceibo volvió a creer a las autoridades mexicanas. Ocurrió con Enrique Peña Nieto y ocurre ahora con Andrés Manuel López Obrador. La estrategia es seducir a hombres, mujeres y niños agotados, insolados, desesperados y necesitados de una esperanza a la que aferrarse para luego encerrarlos hasta nuevo aviso.

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Eso ocurrió con el grupo de Jacobo Cruz.

Primero fueron las mujeres y los niños, trasladadas el domingo en autobuses. Después, sus hermanos, padres, esposos, hijos. Para cuando estos suben a los vehículos gubernamentales saben que son carneros de camino al matadero. Que los engañaron. Relata la estudiante que, cuando les piden que se quiten los aguijones, como ocurre en las cárceles, ya saben que han sido engañados.

Muchos, Jacobo Cruz no sabe precisar cuántos, fueron trasladados a un centro conocido como El Anexo, en Ciudad Industrial, Villahermosa, Tabasco. Se trata de una bodega de lo que antes fue, seguro, una fábrica. Hombres y mujeres separados por una pared de concreto que ni siquiera llega al techo, que está hecho de lámina. Hay baños y literas para dormir y un patio con jardín al que los migrantes, convertidos en presos, no podían acceder. La seguridad está a cargo de policías privados y agentes del INM.

¿Era un albergue o un centro de detención?

“Es un centro de detención, porque no se puede salir. Se encuentran en calidad de detenidos hasta que regulen su situación migratoria”.

El motín y la fuga del lunes

Todo se complicó el lunes en la mañana.

Los migrantes venían molestos por haber sido engañados. Y las autoridades fueron a trasladar a dos mujeres. En el sector de los hombres eso se interpretó como un nuevo engaño. Se rebelaron.

“Lograron abrir las puertas de donde estábamos durmiendo y sacaron a las mujeres y niños al patio. Nos dimos cuenta de que hay un patio grande. Lograron abrir el portón de la entrada de la calle. Empezamos a correr y fuimos perseguidos”, explica.

Entre 200 y 300 personas, según sus cálculos, logran huir. No saben a dónde dirigirse. Están en una ciudad que no conocen en una zona industrial, perseguidos por la Guardia Nacional, la Policía Federal y el INM.

“Ahí hicieron mal uso de la fuerza. Usaron máquinas que daban descargas eléctricas para atraparlos”, dice la joven. “Una descarga y con eso caes al piso”, explica. Según su relato, se trata de una especie de palo, algo más corto que el de una escoba, con un aparato en el extremo con el que se dan las descargas. Dice la joven que otros también recibieron golpes al ser detenidos, y que algunos mostraban marcas.

Relata la estudiante que ella y otros dos compañeros lograron esconderse en un puesto de tacos. Que se dirigieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pero que ahí les dijeron que no podían hacer nada. Así que acudieron a las oficinas de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH). Ahí si interpusieron una queja, que fue firmada por sus compañeros. Mientras, Guardia Nacional, policía e INM desarrollaban operativos en Villahermosa.

Finalmente, Jacobo Cruz y sus acompañantes decidieron entregarse.

Para entonces ya había logrado ponerse en comunicación con su mamá, que interpuso una denuncia por desaparición cuando no logró volver a hablar con su hija.

Cuando llegan a la estación migratoria, explica, se da cuenta de que muchos han aceptado la deportación. Según relata, los funcionarios del INM les dijeron que sus trámites se alargarían al menos por seis meses y que tendrían que estar encerrados. Hasta ahora, según publicó Animal Político, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) no ha tenido acceso al centro de detención, así que no ha podido tramitar solicitudes de asilo.

A lo largo de la semana, los detenidos recibieron visitas de los consulados de Honduras y El Salvador, Secretaría de Relaciones Exteriores, gobierno de Tabasco y CNDH. Solo estos últimos hablaron sobre la posibilidad de pedir refugio, pero algunas decenas ya habían sido deportadas.

El jueves por la noche, funcionarios del INM trasladaron a Jacobo Cruz a otra estación, la de Usumacinta, también en Villahermosa. Ya sabían que era mexicana. En realidad, durante todo este tiempo el INM sabía que había una mexicana encerrada como migrante, ya que tenían sus documentos. Esto ahora no se puede probar ya que el primer registro se perdió durante el motín y Migración dice haber extraviado las identificaciones de la estudiante, a pesar de que esta las vio después de la fuga.

El viernes, Dulce Susana Jacobo Cruz recuperó la libertad. Ahora está preocupada. Denuncia los comentarios racistas de los funcionarios del INM, la falta de información, la incomunicación a la que están sometidos sus compañeros. Dice que hay personas con tarjeta de visitante por motivos humanitarios obtenida durante la caravana pasada y posibles solicitantes de asilo que no han sido atendidos.

“Tengo un poco de angustia”, relata. “No sé nada de ellos, no sé cómo se encuentren. Los familiares están preocupados y no hay ningún trámite por refugio ni por trabajo”, denuncia.