México recibió este jueves las primeras recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que tendrá que acatar el nuevo gobierno, y entre las que ya hay llamados de atención por tres acciones tomadas a partir de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Una es la continuidad de la militarización en tareas de seguridad, a través de la Guardia Nacional; otra, que se mantengan las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa, esta última, reformada para que se aplique a más delitos (lo que el presidente llama “delitos graves”); y el endurecimiento de las políticas migratorias.

Tania María Abdo Rocholl, integrante del Comité, explicó desde Ginebra, Suiza, que no se examinan gobiernos en particular, sino al Estado como tal y las políticas que tome para mejorar su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

México firmó ese pacto en 1981 y desde entonces ha sido evaluado seis veces; la última había sido en 2010. Esta vez, el Comité emitió observaciones y recomendaciones sobre 21 temas, tres de ellos prioritarios —militarización de la seguridad, impunidad del caso Ayotzinapa y libertad de expresión— y México tiene dos años para informar sobre su aplicación.

Estos son algunos de los puntos clave del informe de la ONU sobre Derechos Humanos:

Militarización de la Guardia Nacional

El Comité rechazó totalmente el uso de militares en tareas de seguridad, algo que empezó en los gobiernos anteriores y que ahora se mantiene a través de la Guardia Nacional. Solicitó un calendario de desmilitarización y que la corporación creada por el nuevo gobierno cumpla con ser un cuerpo civil, como se anunció en un principio, profesionalizado pero no desde un punto de vista militar.

“En cuanto a la preocupación sobre la Guardia Nacional, sobre la cantidad de militares que tiene y el aumento del delito, esa es una preocupación mayor para el Comité. Nosotros consideramos que una mala implementación de esta política que comprende a la Guardia Nacional puede atentar contra algo que es fundamental para el Pacto, que es el derecho a la vida”, expuso Abdo. “El uso indebido de la fuerza, la militarización para cuestiones civiles, es algo siempre peligroso y las recomendaciones del Comité son claras y contundentes en este sentido.”

En la misma línea, hubo una recomendación para regular mejor el uso de la fuerza por corporaciones del Estado y castigar los excesos cometidos.

Prisión contra la presunción de inocencia

El informe lamentó que el Estado mexicano no haya cumplido con eliminar la figura penal del arraigo, ya que la reforma legal para su derogación sigue pendiente de aprobarse.

Por el contrario, lo que sí aprobó la nueva legislatura fue una ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que una persona sea encarcelada en lo que se investiga si es culpable o inocente. En este catálogo entró lo que el presidente presume como que ahora son considerados “delitos graves” (un término que ya no se usa legalmente), como el huachicoleo, el uso de programas sociales con fines electorales o el robo a casa habitación.

La representante de la ONU consideró gravísima esta situación y confió en que México la revierta.

“La aplicación de prisión preventiva oficiosa genera muchas injusticias. Un solo día que una persona inocente pasa privada de la libertad por prisión preventiva es sumamente injusta. Un solo día. Porque una vez que una persona entra al sistema penitenciario, deja de ser tratada como inocente”, señaló Abdo.

Las cárceles en general también fueron motivo de recomendación del Comité, por el hacinamiento en que viven los presos, el hecho de que no están separados los condenados de los que esperan sentencia, y que últimamente son trasladados a otros penales menos saturados pero eso afecta el proceso de su defensa y el arraigo con sus familias.

Además, que los hijos de mujeres encarceladas pasan demasiado tiempo en las cárceles y no hay normas claras para regular que tengan unas condiciones de vida adecuadas.

Endurecimiento contra la migración

“Al Comité le preocupa los denominados Migrant Protection Protocols puestos en marcha en 2019 que obligan a que los solicitantes de asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio mexicano durante el periodo de trámite de asilo, lo cual ha expuesto a dichas personas a diferentes violaciones, incluyendo casos de secuestros y extorsión”, expuso el documento de observaciones.

Al Comité le preocupa particularmente que niñas y niños estén siendo retenidos por el Estado sin brindarles protección y asistencia adecuadas.

También llamó la atención sobre reportes que recibió de parte de Organizaciones Civiles de que los migrantes están siendo víctimas de delitos como secuestro y trata de personas en su paso por México.

Libertad de expresión e independencia judicial

Este fue otro de los puntos considerados prioritarios en el informe, aunque la representante del Comité rechazó un pronunciamiento específico sobre las recientes descalificaciones del presidente López Obrador.

Lo que sí subrayó es que los niveles de ataques e intimidaciones contra periodistas y defensores de derechos humanos son altísimos, mientras que la Fiscalía Especial creada para estos temas ha tenido un número de sentencias ínfimo, por lo que no ha logrado contener la situación.

El mecanismo de protección creado en México, abundó, fue uno de los primeros de la región y ha sido tomado como modelo por otros países, por lo que es importante que los propios usuarios lo evalúen para que se fortalezca, tanto en asignación de presupuesto y personal adecuado, como en su operación.

Otra de las figuras atacadas por el presidente y sobre la que el Comité hizo comentarios fue el Poder Judicial. Al organismo le preocupan medidas como la reducción de salarios a jueces y magistrados, así como las declaraciones generalizadas de que son corruptos y la exhibición de algunos nombres.

Recomendó que se garantice la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los impartidores de justicia, y que no haya injerencias de actores públicos y privados.

Impunidad

También un tema prioritario para el Comité, que hizo énfasis en la falta de justicia en casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas del Estado, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, que sigue sin resolverse.

También hizo una recomendación sobre los crímenes de la llamada “Guerra Sucia”, entre los años 60 y 80, ya que hasta la fecha no hay ni una condena respecto a casos de desaparición forzada en ese entonces.

Respecto a la política del nuevo gobierno de “abrazos, no balazos”, Abdo comentó que lo que el Comité promueve es el uso adecuado de la fuerza y que los criminales vayan a juicio y reciban un juicio justo, nunca impunidad.

Mujeres

El Comité alertó sobre dos temas que en particular afectan a las mujeres y que el Estado Mexicano no está resolviendo. Uno es que pese a las acciones que se han tomado contra la violencia hacia las mujeres, esta sigue en aumento en México.

Por ejemplo, por la falta de homologación del “feminicidio” como tipo penal en las leyes de los estados. Actualmente, no todos reconocen esta figura, o no se aplica a asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres.

Abdo comentó que una de las dificultades que encontró el comité para evaluar a México en este tema estuvo en los datos, ya que no están armonizados sobre el número de muertas ni de agresores procesados y sancionados, por lo que si no se tiene esta información confiable, difícilmente se puede medir la efectividad de las políticas que ha tomado el país.

La otra recomendación fue respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos. Manifestó su preocupación por las diferencias que hay entre leyes estatales, donde muchas entidades criminalizan a las mujeres o restringen las causales de aborto, aún en contra de la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046, que permite el aborto en caso de violación.

Restricciones que solo provocan un elevado número de abortos inseguros y condenas, por lo que el Comité recomendó eliminar por completo las sanciones penales a mujeres y niñas que se someten a un aborto y a quienes les dan el servicio, y armonizar la ley para que siempre se permita interrumpir un embarazo cuando fue por violación, ponga en riesgo la salud y la vida de la mujer.