De acuerdo con un estudio realizado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, en coordinación con Causa en Común, de todos los actos y acciones emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos 20 han sido ilegales, 7 son de dudosa legalidad y ha emitido 4 leyes a modo.

El artículo titulado ‘Sí o sí: Me canso ganso’, elaborador por María Amparo Casar y José Antonio Polo, hace una profunda revisión de los actos realizados por el presidente de la República desde que asumió el cargo.

“Si se toma en serio la expresión de que habrá un auténtico Estado de derecho, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie” se debiera esperar un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo. No ha sido el caso”, señalan los autores de la investigación.

Los autores realizaron un registro que da cuenta de una serie de acciones que pueden juzgarse como ilegales, otras de “dudosa legalidad” y otras más que constituyen leyes u ordenamientos a modo.

“La mayoría de estas (acciones) configuran una tendencia cuyo fin último es la concentración y centralización de poder en el presidente y un ejercicio discrecional del mismo. Muchas de ellas ya se encuentran en litigio ante las autoridades competentes: Suprema Corte y juzgados”, señalan

Asimismo, presentan las estadísticas disponibles sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, misma que revelan que estos medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionadamente: en el primer caso de 14 a 69 y, en el segundo, de 49 a 176. Crecimientos de 393% y 259%, respectivamente. No se cuenta con la estadística de amparos indirectos pero, literalmente, éstos se cuentan por miles (ver gráfica).

Entre los ejemplos presentados por Mexicanos contra la Corrupción, destaca el Memorándum dirigido a sus secretarios de Hacienda, Educación Pública y Gobernación del 16 de abril para dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

“Este acto es nulo de pleno derecho. No puede decretarse la derogación de una norma constitucional a través de un documento administrativo sin validez jurídica”, señala el estudio.

También figura, entre los actos ilegales del presente gobierno federal el veto a tres empresas farmacéuticas, a través de un oficio del presidente (20 de marzo) en el que se les impidió competir por contratos del gobierno.

Lo mismo señalan del levantamiento del Censo del Bienestar pues, dicen, existe fundamento para que expromotores del voto realicen una actividad de esta naturaleza.

“Los llamados “servidores de la nación” siguieron levantando el censo cuando menos hasta marzo de 2019 portando gafetes y chalecos con la imagen del nuevo gobierno y el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy en día y a pesar de la austeridad republicana que ha significado el despido de miles de trabajadores, la Secretaría del Bienestar ha “formalizado” a 16 mil 804 servidores de la nación con un salario mensual de ocho mil 173 pesos”, se lee en el estudio

Si quieres conocer el estudio completo, acá te dejamos el vínculo: