Este fin de semana se cumple un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Esta columna insiste en que se debe analizar su desempeño desde el 1 de septiembre, cuando el Congreso con mayoría de Morena tomó posesión, y el anterior presidente delegó en AMLO todas las facultades, por lo que estaríamos evaluando más bien 15 meses de la actual administración, aunque formalmente sea un año.

Creo que es un tiempo suficiente para confirmar que todo lo que esta columna dijo acerca del candidato López Obrador era correcto. También es un tiempo amplio como para que la actual administración se haga cargo de su responsabilidad, y deje de culpar a otras anteriores. Curiosamente, a las que ocurrieron hace más de seis años, como si la inmediata anterior no tuviera importancia. Finalmente, es también suficiente como para imaginar lo que ocurrirá en el futuro previsible.

En materia económica, López Obrador ha provocado la primera crisis autoinflingida en el siglo. Para su desgracia, eso le está costando, un poco en popularidad, y mucho en margen de maniobra. Puesto que el gobierno recauda menos debido a sus decisiones, el reacomodo del dinero para sus “programas sociales” está ocurriendo a costa de la destrucción de la capacidad operativa de la administración. Esto se ha reflejado ya en problemas con el sector salud, muy conocidos, y otros menos conocidos en trámites que amplían los problemas de la economía.

Según mis cifras, Hacienda tendrá que hacer uso de lo que queda en el fideicomiso para recesiones (FEIP) de aquí a junio, por lo que la segunda mitad de 2020 ya no tendrán ni para repartir dinero, justo en el arranque del año electoral. Pero todo lo causó el mismo gobierno.

Por cierto, la idea de que repartiendo dinero podría crecer la economía no tiene sentido. Puesto que sigue siendo la misma cantidad de gasto de gobierno, no importa mucho cómo esté acomodado en términos de la demanda agregada de la economía. De hecho, puede resultar negativo el experimento, porque es equivalente a la “distracción de comercio” que ocurre en comercio internacional, cuando se deja de comprar al productor más eficiente. Aquí, al dispersar el gasto en millones de pequeñas cuentas, el resultado en términos de bienestar puede ser significativamente menor. Pero es claro que eso no importa, es compra de votos, simplemente.

En este sentido hay que evaluar el resto de las decisiones de gobierno, que consisten en la concentración de poder en la persona presidencial, la sustitución de personal calificado por seguidores políticos, y la destrucción institucional. Esto implica que las reglas dejan de ser claras, en todo sentido: electoral, de derechos humanos, pero también de cumplimiento de regulación energética, ambiental, y hasta constitucional. El impacto que esto tiene en la confianza de las personas es muy elevado, por eso la inversión se ha hundido (nacional y extranjera, empresarial y personal), pero también es un elemento en el avance del deterioro del tejido social, es decir, la paz pública.

En este último punto, el fracaso del gobierno actual es mucho más serio. Tanto, que ha llevado a López Obrador a confrontarse con los contrapesos de última instancia, los que nunca queremos ver involucrados en la vida diaria: las Fuerzas Armadas y Estados Unidos. El fallido operativo contra el hijo del Chapo, que acabó en su liberación, y la tragedia de la familia LeBarón, han mostrado la profunda incapacidad del Presidente y su equipo, no sólo para prevenir, sino para enfrentar crisis.

Poner en crisis la economía, destruir la administración pública, confrontarnos con las Fuerzas Armadas y con Estados Unidos, es lo que ha logrado este gobierno, que además polariza diariamente en ese esfuerzo de tener la única opinión en México que es la mañanera.