El Ayuntamiento de Madrid planta cara a las plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb o HomeAway. Durante su intervención en un desayuno informativo la alcaldesa, Manuela Carmena, ha anunciado que permitirá a los particulares que alquilen su vivienda con fines turísticos menos de 90 días al año. Más allá de ese plazo el Consistorio exigirá licencias a los arrendatarios.

De este modo, los alquileres que superen este límite adquirirán un tinte de "alojamiento profesional". Carmena ha explicado que estas medidas responden a una competencia municipal, la interpretación de las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. Esta propuesta pasará hoy mismo por la Comisión de Seguimiento de Interpretación del PGOU.

A preguntas de los medios, Carmena ha contestado que no necesitan autorización por parte de la Comunidad para aplicar estas medidas porque lo que hace el Consistorio es "una interpretación de la norma y esa es una competencia específica del Ayuntamiento". Además la alcaldesa de Madrid se propone elaborar un censo de viviendas turísticas.

Antes que Madrid, otros territorios han puesto en marcha medidas para frenar el alquiler de pisos ilegales y tratar de poner fin al problema social que esta práctica está generando: el precio de los inmuebles en alquiler se dispara en el centro de las grandes ciudades o en las zonas turísticas, expulsando a una parte de la población del mercado. Es lo que se ha denominado como proceso de gentrificación de las ciudades.

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Hasta la fecha, las medidas más contundentes las han tomado el ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de Baleares. Este verano, el Ejecutivo de Francina Armengol anunció multas de entre 20.000 y 40.000 euros para los propietarios de inmuebles que no contasen con los permisos pertinentes y sanciones de hasta 400.000 euros para las plataformas de alquiler.

Previamente, el Ayuntamiento de Barcelona ha tramitado cuatro expedientes contra Airbnb y HomeAway de 30.000 euros cada uno por anunciar viviendas que no contaban con el número de Registro de Turismo de Cataluña y por no aportar datos que requería la Administración. Colau aprobó un plan de choque para detectar pisos turísticos ilegales que ha permitido al Consitorio más de mil apartamentos, una quinta parte de los que operan sin licencia.