Por Gabriela Mitidieri y Sandra Aguilar



En la mañana de ayer, 14 de marzo, Lautaro Blengio fue detenido por la policía de Miramar, secuestrado y torturado. De las redes de solidaridad que podamos construir depende que no haya más casos de violencia homolesbotransfóbica ni represión policial que queden impunes.

Lautaro es presidente del centro de estudiante en la Escuela Media Nº1 Rodolfo Walsh. Es activista gay y fue uno de lxs organizadorxs de la primera Marcha del Orgullo lgtbiq en su ciudad natal el pasado mes de febrero. Lautaro está terminando la secundaria y cuenta su mamá, Patricia Cachenelensson, que esto viene pasando desde hace más de dos meses. “Esto”, es el hostigamiento policial cotidiano al que Lautaro, en tanto que activista visible, está expuesto.

La policía suele detenerlo, le revisa la mochila, se burla de su cresta, de su cuerpo, de que es gay. “Sabemos cómo son los pibes como vos”, le dijeron en uno de esas tantas requisas que tuvieron lugar después de realizada la marcha. El sábado pasado por la noche, una patrulla detuvo una vez más a Lautaro y a dos amigos con los que él estaba. Les pidieron documentos y ante la demanda de Lautaro de que le informaran el número de móvil policial, uno de los efectivos le golpeó repetidas veces la cabeza contra el capot del patrullero, mientras profería amenazas tales como “pendejo, yo no te conozco ni vos a mí, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el Vivero”. Luego de que los dejaran ir, la policía se negó a devolverles los documentos.

En la mañana de ayer, volviendo de la escuela, en la que cursa el último año de secundaria, un auto sin identificación lo detuvo nuevamente, uno de los dos efectivos policiales desde el interior del vehículo, y a punta de pistola, lo hizo subir. Desde allí lo llevaron hasta el vivero de Miramar, un espacio emblemático de la ciudad, que en 2001 cobró notoriedad por ser el sitio en el que ocurrió el femicidio de Natalia Mellman. Allí, con Lautaro encapuchado, lo tajearon, le apagaron cinco cigarrillos en el cuerpo y procedieron a hacer un simulacro de fusilamiento. Lo dejaron ahí, aturdido.

En las semanas previas, los padres de Lautaro, ambos docentes de la ciudad costera, frente a lo que entendían como persecución contra su hijo, decidieron recurrir a la justicia, motivados por la total falta de respuesta de la cúpula policial. Tal como dejaron asentado en el comunicado que lanzaron Lautaro y su familia junto con la Comunidad Lgtbiq de General Alvarado, partido donde se encuentra Miramar,

“Primeramente, solicitan Habeas Corpus a la Jueza de Paz de General Alvarado, Florencia Hogan. Este fue denegado, por considerar la jueza que no corría riesgo la integridad psicofísica del menor . Mismo procedimiento se realiza en el Juzgado de Garantía N° 3 de la ciudad de Mar del Plata, siendo también denegado pero dándole curso a la Fiscalía General y al Comité Provincial de la Tortura. Al día de la fecha, se realizó la denuncia correspondiente por el secuestro y tortura, ante la Fiscal de General Alvarado, Ana María Caro.”

La decisión de trasladarse a Mar del Plata para hacer las denuncias correspondientes tiene que ver con que el entramado particular de la justicia de Miramar hace que la familia Blegio no confíe en que se tomen acciones concretas. La jueza al frente del juzgado de paz de Miramar, Florencia Hogan, es la mujer del actual intendente massista Germán Di Cesare, hermana del senador provincial, también por el Frente Renovador, Patricio Hogan. Patricia dice que hace años que la policía viene actuando de manera irregular con el visto bueno de la intendencia. Normalmente sin identificación, llevaron la arbitrariedad a un nuevo nivel con el hostigamiento, secuestro y tortura de Lautaro, un activista de 17 años. Su mamá agrega: “esto pasa en los barrios, esto a los rubios no les pasa. Necesitamos que se difunda, estamos en presencia de una policía que es una fuerza de asesinos.”

Resulta difícil, por otro lado, tener confianza en la resolución que puedan darle a este caso en Mar del Plata. Los hechos de violencia sistemática que se repiten contra personas de la comunidad lgtb con la connivencia del gobierno local, se suceden todas las semanas con total impunidad.

No obstante la particularidad de lo ocurrido con Lautaro es que en este caso fue, además, un hecho de flagrante violencia policial, contra un menor y en donde su militancia política de visibilidad lgtb aparece como un elemento hacia el cual se dirigió ese hostigamiento.

Esto a su vez se enmarca en un contexto macrista de avance de las políticas represivas y de recrudecimiento de la arbitrariedad y el abuso de poder que despliegan las fuerzas de seguridad sobre la sociedad civil. Baste mencionar, sólo en estas últimas semanas, el ataque a murguerxs en la villa 20 por parte de Gendarmería Nacional , el desalojo de manteros en el barrio de Liniers con balas de goma y la represión sobre lxs docentes de Santiago del Estero que se manifestaron en reclamo de aumento salarial.

Esta escalada de violencia se despliega sobre cuerpos muy específicos: migrantes, trabajadorxs de barriadas populares, activistas lgtb, militantes de base, dándonos la pauta de un sesgo xenófobo, criminalizador de la pobreza y también homolesbotransfóbico.

De la organización y de las redes de solidaridad que podamos construir depende que no haya más casos de violencia homolesbotransfóbica ni represión policial que queden impunes.