Ventas de base de datos: El negocio detrás de los domicilios electorales

El debate ocurrió esta semana en una entrevista de Canal 9 Biobío Televisión a los candidatos al municipio de Hualpén, VIII Región. Emplazado por sus contrincantes acerca de cómo consiguió las direcciones de todos los electores de la comuna para enviarles publicidad personalizada, el candidato Miguel Rivera (PPD) respondió: "El Servel hoy día vende el padrón electoral a cualquier persona que lo quiera comprar, lo vende completo".

Consultado por sus declaraciones, Rivera explicó a La Tercera que su comando contrató un servicio privado que les dio la dirección de las personas para enviarles información de su campaña, "está establecido en el Servel, si tienen dudas debieran hacérselas a ellos", señaló.

Consultados en el Servel, explican que el padrón electoral se hace público semanas antes de la elección, cuando ya está auditado y corregido. Pero, en efecto, el documento íntegro se le vende previamente a cada uno de los partidos políticos para que lo utilicen con fines de análisis electoral, y también a los centros de estudios y académicos que así lo soliciten. Siempre pidiéndoles resguardo de la privacidad de los datos y no emplearlo para fines comerciales. No obstante, el Servel no tiene facultades para fiscalizar que el padrón no caiga en manos de privados que lo utilicen como base de datos para hacer negocios o se lo puedan vender a oficinas comerciales o al retail.

De hecho, entre elección y elección, cuando el Servel borra de su página el padrón electoral, el documento se comercializa vía internet en cifras que pueden alcanzar los $ 430 mil. Otras bases de datos más completas, como las que incluyen número de teléfono, alcanzan los $ 800 mil.

En países como Estados Unidos el acceso a bases de datos de electores se ha convertido en un verdadero negocio y una de las principales estrategias de campaña de los candidatos, ya que les permite no sólo georreferenciar a todos los votantes para hacer anuncios más dirigidos, sino que mide sus comportamientos sociales y de mercado para ajustar el discurso y así conseguir la adhesión política.

Acarreo de votantes: Las comunas con más electores que habitantes

A comienzos de septiembre, Carlos Rowland, candidato a alcalde por la comuna de Laguna Blanca, en la XII Región, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El motivo detrás de la presentación, según el escrito, radicaba en que tras analizar el padrón electoral auditado para 2016, el candidato notó que éste "contiene 1.007 electores, cuando el tamaño poblacional de la comuna de Laguna Blanca es de 272 personas, según el censo del año 2012". Si bien el recurso fue declarado inadmisible, el caso sirvió para alertar sobre los cambios en el padrón electoral.

Sierra Gorda, ubicada en la Región de Antofagasta, tiene 2.500 habitantes y 5.328 inscritos. Una situación que se repite en Ollagüe, en la misma región, donde hay 320 habitantes, pero el número de inscritos llega a los 2.198. A 436 kilómetros de distancia, en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá, los registros del padrón electoral del Servel evidenciaron el explosivo incremento de votantes: pasaron de 2.613 en 2012, a 4.153 en cuatro años.

Similar es el escenario que vive Trehuaco, Región del Biobío, que cuenta con 5.295 habitantes y 6.343 votantes. Vecinos del sector concurrieron al Tribunal Electoral Regional (TER), organismo que los obligó a pagar $ 6,7 millones para publicar la acusación en un diario de circulación local para considerarla.

El cambio de domicilio electoral sin consentimiento de los votantes es un tema que analizan los expertos. María Pía Silva, académica del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, asegura que "lo sucedido es grave, se ha cometido una infracción a la ley que lleva a vulnerar el debido ejercicio del derecho constitucional al sufragio, el que la Carta Fundamental asegura que es igualitario en el artículo 14, por lo que de tales hechos deben responder los funcionarios que alteraron los datos no sólo penalmente, sino civilmente, por los perjuicios causados a los afectados". Según Silva, "la ley establece que comete un delito el que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cédula de identidad, como también el que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del padrón.

Fallecidos en los registros: El lactante muerto en los 60 que puede votar

Mayor fue la sorpresa de Teresa Saavedra Vargas (49) cuando, al revisar a través del Servel su lugar de votación en la lista de los habilitados para sufragar, se percató que, junto a sus datos, aparecían los de su hermano Juan Carlos, quien murió con tan sólo un mes de vida, en 1965. Juan Carlos figura habilitado para votar en la mesa 18 del Liceo Yobilo de Coronel, en Concepción.

"La primera impresión que tuvimos como familia fue que podían estar ocupando su identidad como un voto en falso", dijo Teresa Saavedra. Este es sólo uno de los innumerables casos de personas fallecidas que aún figuran en el padrón electoral, a pesar de los esfuerzos del Registro Civil por depurar los datos: tras revisar casa a casa lograron excluir del padrón a 85 mil personas muertas.

Entre los que aún se encuentran en los registros del Servel como votantes se cuentan destacadas figuras nacionales fallecidas este año, como Luciano Brancoli, Aníbal Reyna y Edgardo Hartley.

La situación no sólo afecta los porcentajes de abstención electoral, sino que daña la credibilidad del proceso y puede eventualmente permitir el fraude. El Servel ha intentado, a través de la legislación, tener atribuciones para depurar el padrón, excluyendo a las personas de tercera edad que lleven años sin registrar actividades, pero esta medida fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

Otro caso es el de detenidos desaparecidos que figuran como votantes inscritos, para los cuales se busca hacer una legislación especial, como la existente en Uruguay, donde mantienen las inscripciones, pero consignando que se encuentran en dicha condición. Uno de ellos es el caso de Sara Donoso, enfermera socialista y detenida desaparecida en 1975, a la cual la propia Presidenta Michelle Bachelet, cuando era estudiante de Medicina, reclutó para que se sumara al partido.

Sobre esta situación, Patricia Donoso, hermana de Sara, dijo que "no hay respeto por la ciudadanía de parte de las instituciones. Chile no se ha hecho cargo de una historia muy dolorosa, y con esto les damos una pésima señal a las nuevas generaciones".

Registros públicos de domicilios: El nulo resguardo a la privacidad de votantes

Su nombre completo, número de cédula de identidad y la dirección de su domicilio particular en la comuna de La Reina. Esos son los antecedentes de la Presidenta Michelle Bachelet que figuran en los registros definitivos de votantes publicado por el Servicio Electoral. La Mandataria no es la única afectada con esta divulgación de antecedentes sensibles: en los registros del

Servel también existen otros 14 millones de antecedentes de votantes, tanto de personas naturales como de conocidos empresarios, como Andrónico Luksic o Eliodoro Matte, además de políticos y autoridades.

Pablo Viollier es analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, organismo dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital.

A juicio del profesional, la divulgación de estos antecedentes personales "es un tema particularmente sensible, porque paradójicamente el Estado es el encargado de proteger los datos personales de los ciudadanos y vemos día a día que esto no se está cumpliendo con esta misión, sino que activamente está exponiendo los antecedentes personales de los ciudadanos", dijo.

Según Viollier, "cuando se suben a internet estos datos, que son sensibles, como la dirección, el RUT y el nombre, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, esos antecedentes pasan a ser un dato objetivo a través de una fuente pública. ¿Qué significa esto? Que los datos de estas personas no quedan protegidos por la ley y, por lo tanto, empresas pueden trabajar estos datos sin su autorización, quedando totalmente desamparadas".

Pese a las críticas que han recibido por la divulgación de estos antecedentes, desde el Servel defienden la medida. En el organismo reconocen que esta situación ha generado polémica, pero enfatizan que hacer pública la información de los electores permitió que estos mismos alerten al servicio sobre errores en la dirección de su domicilio. También, dicen, hizo posible que se conocieran situaciones complejas, como la inscripción en el padrón de más de personas fallecidas y la inclusión de detenidos desaparecidos.