YPF y Gazprom se asocian para explotar gas natural Archivo

En 2012, el Gobierno afirmó que la española Repsol había "vaciado" YPF. Y así fundamentó la expropiación de la petrolera, argumento que también volcó en su "Informe Mosconi", que rubricaron los funcionarios Julio De Vido y Axel Kicillof. Pero el planteo oficial no pasó de allí, tras sellar un acuerdo con Madrid. Hasta que, ahora, otros decidieron reclamarles a los españoles, a la Casa Rosada y a los Eskenazi el presunto cobro indebido de cerca de US$ 1700 millones.

El primer paso para ese reclamo ocurrió ayer, cuando un abogado dueño de un porcentaje testimonial de acciones de YPF, pero que también representa a ex trabajadores de la petrolera, Ricardo Paz Herrera, notificó a los directores de la "vieja" y de la "nueva" petrolera que deberán presentarse a una mediación. Es decir, el paso obligado para, de fracasar ese intento, iniciarles una demanda.

Paz Herrera apuntó contra 51 actuales y ex directores, incluidos el titular de YPF, Miguel Galuccio; el propio Kicillof; el mandamás de Repsol, Antonio Brufau; los accionistas argentinos Enrique y Sebastián Eskenazi, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, estrecho colaborador de De Vido desde 2003, entre otros.

Consultados ayer por LA NACION, tanto en YPF como colaboradores de Eskenazi rechazaron su reclamo. Desde la petrolera sólo indicaron que la compañía aún no había sido notificada -sí todos sus directores de manera individual-, en tanto que los empresarios dueños del Grupo Petersen calificaron el reclamo de "sin sustento".

Asesorado por el estudio Otaegui, sin embargo, Paz Herrera planteó que los responsables de YPF perjudicaron a sus accionistas con un supuesto vaciamiento multimillonario que se habría concretado en dos etapas.

La primera, según la demanda, ocurrió entre 2010 y 2011, cuando se habría "permitido el pago de dividendos en exceso a las ganancias que arrojó YPF", es decir, la supuesta maniobra de vaciamiento en sí.

Por esta primera fase, Paz Herrera apuntó contra Brufau, los Eskenazi, Baratta y los restantes integrantes del directorio de YPF entre 2010 y 2011, al igual que a todos los entonces miembros de su comisión fiscalizadora. Sin embargo, el reclamo no se agota allí. Como parte de la segunda etapa, el accionista también apuntó contra todo el directorio de YPF y la comisión fiscalizadora que designó la presidenta Cristina Kirchner en 2012. Les endilgó "haber dejado prescribir el reclamo a favor de YPF" que debieron presentar -y no presentaron- por aquel supuesto vaciamiento de los años anteriores.

Desde la petrolera que ahora conduce Galuccio reaccionaron con cautela. Ante la consulta de LA NACION indicaron ayer que deseaban conocer los detalles del nuevo reclamo, que se suma a otros similares por presuntas irregularidades contables y societarias presentados por el mismo letrado en representación propia y de ex trabajadores de la petrolera, que ya tramitan ante el juez en lo Comercial Sebastián Sánchez Cannavó.

Por el contrario, voceros de Eskenazi sí fueron categóricos. "Nunca se pagaron más dividendos que ganancias, eso ya está demostrado", indicaron. "Un vaciamiento es estatutariamente imposible. Se trata de una denuncia falaz y sin sustento; por autorizar algo así irían todos presos", afirmó.

Pero Paz Herrera invoca al propio Gobierno para defender su reclamo. Recordó que Kicillof afirmó que se decidió tomar el control de la petrolera "para salvarla de la disolución y el vaciamiento", y así se expuso en cuatro tramos distintos del "Informe Mosconi".

Ese mismo argumento se volcó en los fundamentos que la Casa Rosada presentó para expropiar el 51% de sus acciones a través de la ley 26.741. Allí remarcó "la política depredatoria llevada adelante en la Argentina por Repsol, y la contracara del agudo proceso de desinversión y vaciamiento de la principal firma de nuestro país", en alusión a YPF.

El Gobierno abandonó esa acusación, sin embargo, cuando acordó con los españoles pagarles una indemnización y retirar todo eventual reclamo por lo que Kicillof llegó a calificar de "saqueo". Pero, ahora, un accionista ínfimo tomó esa posta.