Alma Paola Wong

A casi seis meses del arranque de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García , el programa estrella del gobierno federal no cuenta con la suficiente transparencia y certidumbre para sus estudiantes.

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Con un presupuesto de mil millones de pesos, no existe claridad sobre los criterios para el ingreso de los estudiantes, planes ni validación de estudios; tampoco hay información sobre cuál es el perfil de los docentes y las prestaciones laborales.

Raquel Sosa Elízaga, encargada del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez, explicó ayer en la conferencia mañanera que hasta ahora cuentan con 83 sedes abiertas y aún quedan pendientes 18 en todo el país, es decir, serán 101.

La ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México defendió que no se trata de universidades tradicionales, sino de planteles donde se impartirá una sola carrera acorde con las necesidades de la comunidad.

No obstante, no detalló cuántos planteles ya están edificados y cuántos más deberán construirse con la mano de obra de la gente de la comunidad.

En entrevista con MILENIO, explicó que no debieron desembolsar recursos ni recurrir a licitaciones porque la mayoría de los predios les fueron otorgados en comodato por las autoridades municipales, estatales o federales. Situación que tampoco se ha transparentado.

“Hemos recibido donaciones y estamos en proceso de firmar convenios de comodato, en otros casos, entidades o instituciones públicas nos ofrecen parte de los terrenos que ocupan para que se inicien nuestras actividades. Los planteles se construirán con materiales de las localidades y con el propio trabajo de las comunidades, no son necesarias las licitaciones, es otro modelo ”, defendió Raquel Sosa.

Ni siquiera la escuela Normal Rural Luis Villarreal El Mexe, en Hidalgo, el que sería uno de los planteles emblemáticos de las universidades, está funcionando. Hace casi dos semanas, los jóvenes que estudiarán en dicha institución fueron convocados para iniciar con cursos propedéuticos, pero lo hacen en aulas improvisadas en una telesecundaria, en el municipio San Juan Tepa, del mismo estado, comunidad cercana a la emblemática normal.

En diciembre de 2018, en El Mexe, López Obrador anunció el arranque de las Universidades del Bienestar y prometió que reabriría la escuela de maestros. No obstante, seis meses después, el terreno de más 70 hectáreas aún sigue ocupado por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, abierta desde 2006 en este sitio, después de que la normal dejó de funcionar en 2008, luego de 82 años, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era gobernador de Hidalgo.

Pese a que El Mexe forma parte del sistema que integrará las Universidades del Bienestar, aún no cuentan con temario ni calendario de la carrera.

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Además, los docentes fundadores de El Mexe manifiestan su rechazo a que la normal forme parte de ese sistema, ya que la educación de los docentes, aseguran, es ajena a lo que el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), organismo internacional, busca hacer en materia educativa.

“Es lamentable que la escuela se abra en la telesecundaria de la colonia Lázaro Cárdenas, exigimos que los cursos que se desarrollen tienen que ser dentro de la institución. Lo que pedimos al presidente Andrés Manuel y cuando platicamos con Raquel Sosa, es que El Mexe tenía que recuperar ese espíritu normalista rural con su internado, no incorporarlo al Crefal”, manifestó Armando Azpeitia, profesor egresado de El Mexe y una de las figuras que ha exigido la reapertura de esa emblemática escuela.

SEP, AL MARGEN

La administración de las universidades no estará a cargo de la SEP, sino del Crefal, entidad que no se inscribe en la administración federal y, por tanto, no tiene obligación de acreditar sus gastos ante el gobierno mexicano.

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Sosa explicó que para validar estudios buscarán más adelante la creación de un organismo descentralizado que sea capaz de emitir sus propios planes de estudio.

“Crefal ya tiene posibilidades de registro de licenciaturas y posgrados, pero la decisión que hemos tomado es que se establezca un organismo descentralizado, autónomo para emitir sus propios planes y programas de estudio y naturalmente van a estar registrados ante la Secretaría de Educación Pública”, señaló la encargada de este programa de estudios.

Al respecto, Ángel Díaz Barriga, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, señaló que si bien las instituciones de educación superior no requieren un reconocimiento de validez oficial de estudios (Rvoe), expedido por la SEP, sí necesitan de estructuras de gobierno bien definidas para que sus propios consejos universitarios aprueben planes de estudio y carreras, condición que aún no cumple el sistema de universidades anunciados por el gobierno federal.



