Por decreto y sin explicaciones públicas, el presidente Mauricio Macri eliminó el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex SIDE.

Lo hizo por medio del decreto 656, del 6 de mayo, que derogó buena parte de un decreto de julio del año pasado, el 1311/15. Esta norma, reglamentaria de la ley de inteligencia sancionada en febrero de 2015, habilitaba el acceso público a la información sobre el uso de los fondos de la AFI, con excepción de los recursos destinados a tareas específicas de inteligencia. Estos últimos gastos mantuvieron su carácter reservado, pero, de todas formas, debían quedar registrados y con su documentación respaldatoria.

Al derogar el "régimen de administración de fondos" sin reemplazarlo por uno nuevo, todos los recursos volvieron a ser confidenciales, desde los gastos en tareas de seguimiento y vigilancia hasta la compra de resmas de papel y café. Los fondos de la Agencia, con un presupuesto de $ 1450 millones para 2016, se convirtieron, al menos en potencia, en una caja negra. En este punto, la AFI volvió a parecerse a la SIDE.

"Reclamamos al Presidente que revea la decisión y al Congreso que exija que se mantengan los estándares de publicidad de los actos de gobierno que se habían alcanzado", advirtió un documento de Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (Iccsi), un grupo de organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.

La ley 27.126, que ordenaba distinguir entre gastos públicos y reservados, fue la respuesta bajo presión que dio Cristina Kirchner a la crisis política generada por la muerte del fiscal Alberto Nisman, un caso que dejó al descubierto el maridaje entre servicios de inteligencia y delito.

El avance normativo, aclararon las ONG, no se había llevado a la práctica durante la gestión de Oscar Parrilli, el último secretario de Inteligencia de Cristina Kirchner.

"[Pero] la vuelta a un sistema regido por el secreto sólo favorece que sus recursos puedan ser nuevamente volcados a fines ajenos a la institución, ilegítimos, ilegales y contrarios al régimen democrático al que aspiramos", agrega el texto de Iccsi, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre, Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad (UMET) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed).

Consultados por LA NACION, allegados a la nueva conducción de la AFI, que encabezan Gustavo Arribas (director) y Silvia Majdalani (subdirectora), argumentaron que el decreto 1311/15 había "desnaturalizado" la ley de inteligencia, dado que había establecido la publicidad de determinados gastos vinculados a la actividad propia de la AFI, "que no es otra que la de inteligencia la que, por disposición de la ley, es clasificada".

Agregaron que "en relación con la ejecución presupuestaria, se creaba una incógnita respecto de los organismos que debían ejercer su control cuando la ley es clara al asignarle exclusiva incumbencia a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia".

Aseguraron además que "se está trabajando en el establecimiento de un procedimiento para la adecuada rendición de los gastos reservados y conservación de su documentación respaldatoria".

La distinción que se hacía en el decreto 1311/15 sobre fondos públicos y reservados parecía bastante clara.

Los primeros eran "aquellos destinados a solventar erogaciones ordinarias que realiza el sistema nacional de inteligencia para cumplir sus actividades, cuyo objeto no debe permanecer secreto".

Los fondos reservados, decía el reglamento, son los "necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicación pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior".

A las quejas del Iccsi se sumó el 18 de mayo un reclamo dirigido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de Memoria Activa.

Esas instituciones son peticionarias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso en que el Estado argentino reconoció en 2005 su responsabilidad internacional por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA, y se comprometió a "transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia".

En la nota a Peña, CELS y Memoria Activa invocaron el decreto de acceso a la información pública (1172/03), y consultaron si la AFI ya había sancionado un nuevo régimen de administración de fondos clasificados.

Preguntaron también "cuál será la política que esta gestión adoptará frente a la exigencia de transparentar la actividad de inteligencia y desclasificar información que no se relacione con cuestione operativas que requieran del secreto por razones de seguridad".

La Jefatura de Gabinete todavía no respondió. Transcurridos los 10 días hábiles que prevé el decreto 1172/03 para contestar a los pedidos de acceso a la información, se tomó otros diez días de prórroga, también contemplados en la norma, y espera un informe de las autoridades de la AFI para responder formalmente, dijeron a LA NACION funcionarios que trabajan con Peña.

Los responsables de manejar el organismo

Gustavo Arribas

Director general AFI

No tiene antecedentes en inteligencia. Llegó al cargo por su amistad con Macri. Intermediario en la venta de jugadores de fútbol, intervino en varios pases durante su gestión en Boca

Silvia Majdalani

Subdirectora general AFI

Integró durante cinco años la comisión bicameral encargada de controlar el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Se le atribuye una amistad con el ex número dos de la SIDE Francisco Larcher