Tribunal Constitucional. El torero catalán Serafín Marín llevado a hombros por la Gran Via de Barcelona en 2010. EFE / VÍDEO: Análisis del crítico taurino Antonio Lorca

Los toros no volverán a pisar el albero barcelonés. Así lo recalcó ayer la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, quien, al conocer el fallo del Tribunal Constitucional que anula la ley catalana que prohibió las corridas, avanzó en Twitter: “Diga lo que diga el T. C., haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato de animales”. Poco después, compareció junto a representantes de los grupos que también rechazaron el fallo —el PSC, CiU, la CUP y ERC— y remachó: “Trabajaremos para que la sentencia quede sin efectos; haremos todo lo posible. No solo lo rechazamos política y socialmente sino que nos avala la normativa catalana y municipal que prohíbe cualquier maltrato a los animales”. Existen además, otras posibilidades para sortear el fallo del Constitucional y dificultar la celebración de nuevas corridas, por cuestiones administrativas como la necesaria presencia de los mossos y veterinarios, una enfermería en condiciones, o los preceptivos permisos y servicios municipales.

El Constitucional ha decidido por ocho votos a favor y tres en contra anular la ley catalana de julio de 2010 que suprimió la fiesta de los toros en la comunidad. La sentencia, cuyo texto completo se conocerá en unos días —ayer solo se adelantó el fallo—, afirma que Cataluña puede regular las condiciones de los festejos taurinos y proteger a los animales del maltrato, argumento que podría servir para prohibir las corridas de toros. Sin embargo, el Gobierno ha declarado la fiesta patrimonio cultural, por lo que el tribunal estima que la prohibición invade competencias estatales; de ahí que la anule. El Ejecutivo del PP dictó dos leyes —una en 2013 y otra en 2015—, que no fueron recurridas al Constitucional, por las que declaró la lidia patrimonio cultural inmaterial.

El tribunal anula en concreto el artículo 1 de la ley catalana por invadir la competencia del Estado en materia de cultura. Tres magistrados han formulado un voto particular: la vicepresidenta, Adela Asúa; Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol. Los tres se encuadran en el sector progresista del tribunal.

Con esta sentencia, el Constitucional acepta el razonamiento de la ponente, la catalana Encarnación Roca, que recoge, a su vez, los argumentos expuestos por el PP en el recurso que presentó a finales de octubre de 2010. En él se alegaba que la Generalitat invadía competencias estatales y vulneraba la Constitución al ir más allá de lo que permite el decreto de transferencias a las comunidades autónomas en materia de espectáculos.

La sentencia reabre la posibilidad de celebrar corridas de toros en Cataluña, prohibidas el 28 de julio de 2010 en un pleno del Parlament que aprobó la ley correspondiente por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2012. La última corrida en la Monumental de Barcelona se celebró el 25 de septiembre de 2011.

Tras conocerse el fallo, todos los partidos catalanes, excepto Ciudadanos y el PP, coincidieron con el Govern en la necesidad de impedir que las corridas vuelvan a la Monumental, la única plaza de toros que estaba aún abierta en Cataluña cuando se aprobó la ley ahora declarada inconstitucional. Olot (Girona) también tiene un coso fijo, pero el Ayuntamiento prohibió hacer más corridas.

La capital catalana se declaró antitaurina en un pleno municipal de 2004, con el socialista Joan Clos como alcalde. Diez años después, la ordenanza municipal de animales prohibió “los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren dentro o fuera de las plazas de toros”, por tanto, se prohibían también los correbous en la capital. Estos espectáculos son habituales en el sur de Cataluña donde se suelta un toro por las calles entre el gentío, aunque la carrera no acaba con la muerte del animal. Convergència i Unió (el actual Partido Demócrata Catalán), que ahora se postula en contra de los toros en Barcelona, fue decisiva para que siguieran los correbous en el sur de la comunidad, uno de sus feudos electorales.

Solo Ciudadanos y PP

Varios miembros del Gobierno de la Generalitat expresaron ayer su rechazo a las corridas de toros. Lo hizo el consejero de Justicia, Carles Mundó, quien consideró que “en nombre de la cultura no se puede amparar el maltrato animal”. En la misma línea, el consejero de Territorio, Josep Rull, señaló que “no volverá a haber corridas de toros diga lo que diga el Tribunal Constitucional”. En su opinión, la Generalitat tiene “capacidad de regulación y es muy fácil” evitar la celebración de corridas. Lo que no hizo fue concretar qué medidas se pueden tomar, pero explicó que en los próximos días analizarán la sentencia para decidir qué opciones hay “para hacer imposible que haya corridas de toros”.

Solo Ciudadanos y el PP celebraron la sentencia del Constitucional. El resto de grupos se manifestaron en contra y brindaron su apoyo al Gobierno catalán para encontrar la fórmula legal para mantener la ley aprobada en 2010, nacida de una iniciativa legislativa popular.

Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí que Es Pot subrayó que hoy por hoy se cuentan más apoyos en contra de la cultura taurina en Cataluña que los que existían en 2010, cuando se aprobó la ley: “Antes éramos 68 diputados y ahora seríamos 99 los que avalaríamos esta ley”.

Jordi Terrades, diputado socialista, señaló que desde el PSC no se comparte la sentencia del Constitucional y se brindó a “acompañar” a la Generalitat a “buscar la fórmula que imposibilite” la vuelta de estos festejos a Cataluña.

Mireia Boya, diputada de la CUP, subrayó: “Seis años después no vemos la necesidad de abrir el debate”. Contundente, sentenció: “Estamos hartos de que el Tribunal Constitucional toree a este país” con “estocadas semanales” al Parlamento catalán.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, aseguró en Twitter: “Los toros no volverán a Cataluña aunque el tribunal anule la ley catalana porque la voluntad del pueblo y del Parlamento es preeminente”. En la misma línea, el portavoz municipal de los republicanos en Barcelona, Alfred Bosch, fue tajante: “Quien no respeta a los animales no merece nuestro respeto. Basta”.

El líder de IU, Alberto Garzón, lamentó que “el Tribunal Constitucional respalde la barbarie y la tortura animal”.

Frente a la avalancha de críticas, Fernando de Páramo, del grupo parlamentario de Ciudadanos, señaló que la sentencia del TC “demuestra” que el marco legal del que dependen las corridas de toros es estatal y no autonómico. En su opinión, la decisión se debe tomar sobre elementos “animalistas y no identitarios”, en una alusión a que Cataluña decidió prohibir los toros por ser un símbolo español. Y el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, compartió ese hilo argumental: “Se trata de eliminar de la escena catalana cualquier tipo de señal que la una con España”. Los partidarios de la fiesta creen, que, con sentencia o sin ella, es ya muy tarde para que vuelvan las corridas a Barcelona.