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La vigilia de la proclamación de la República en el Parlamento de Cataluña, el jueves 26 de octubre, coincidimos con Jesús Rodríguez, periodista y editor de la Directa, en los pasillos del parlament. El día era convulso y las informaciones circulaban sin control. El periodista, especializado en información sobre la represión y la seguridad, me explicaba que había una amenaza clara de violencia desatada si se proclamaba la independencia y no se acataba el 155, que tenía que aprobarse al día siguiente. Me explicó algunos detalles que necesitaban confirmación más adelante. Días después, con medio gobierno en la prisión y el otro medio en el exilio, se habla de una amenaza de ‘muertos en las calles’ en caso de resistencia. Pido a Rodríguez recuperar el hilo de aquella conversación. Y empieza así:

—Qué indicios reales y contrastados hay de la amenaza de violencia?

—Antes de responder esto, querría contextualizar la cuestión. Se habla de esta amenaza como si el estado español no hubiera puesto nunca encima de la mesa la posibilidad de intervención del ejército en Cataluña. Y esto no es cierto. Recuerdo las declaraciones de Maria Dolores de Cospedal, el día 12 de octubre: por primera vez, no descartaba la intervención del ejército, sino que decía que le parecía que no sería necesaria. Para mí, este matiz es importante. Porque, después del 1 de octubre, el estado español empezó a desarrollar algunos planes y actuaciones que no iban dirigidos únicamente a cuerpos policiales, y empezó a tomar decisiones para el despliegue y el apoyo logístico y de información vinculadas al Ministerio de Defensa y al ejército en territorio catalán.

—Qué movimientos detectasteis?

—Por ejemplo, helicópteros y aviones del ejército español que tomaron imágenes de ciudades catalanas como Girona, Manresa, Reus y Lleida. Como mínimo, estas cuatro ciudades fueron fotografiadas y cartografiadas con detenimiento por helicópteros, en tres casos, y un avión, en otro caso. Podemos confirmar que esto pasó, y no hicieron una fotografía sino que dedicaron muchas horas a tomar imágenes de estas cuatro ciudades. Fue la semana antes de aprobarse la declaración de independencia. Aquella misma semana, dos avionetas también cartografiaron todo el territorio de Cataluña. Venían del centro de Europa, pero no sabemos quién las contrató. Si era una empresa privada, si tenía algo que ver con el posible despliegue militar.Sí que sabemos que los ejércitos contratan avionetas privadas para hacer ortofotomapas.

—Se ha hablado también de unidades de élite que se habían instalado en Cataluña…

—También comprobamos que en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona había unas unidades especializadas del cuerpo armado que tenían la misión específica de asaltar el Palau de la Generalitat y el Parlament de Cataluña en caso de que hubiera una resistencia a acatar la orden de destitución del gobierno español. Esta información nos llega de una fuente muy fiable. El problema de estas informaciones es que no las podemos demostrar documentalmente. Pero por la trayectoria y la experiencia de las fuentes que se han manifestado fiables, son informaciones que tienen fundamento. Yo me aventuro a decir que las informaciones sobre estas cartografías de ciudades y sobre la llegada de este equipamiento de la unidad especial desplegada en el aeropuerto de Barcelona provienen de fuentes con un alto grado de fiabilidad. Esto son informaciones estrictamente sobre el despliegue operativo. Después hay otros indicios.

—Qué indicios?

—Una parte de las dependencias del cuartel de Sant Climent Sescebes, en el Alt Empordà, había sido ocupada por efectivos policiales. Ya que, antes de la declaración de independencia, estos efectivos fueron retirados, se limpiaron las dependencias y algunas alas del edificio que no habían sido ocupadas y se prepararon para recibir efectivos del ejército. También se hizo esta operación en el cuartel del Bruc, para recibir nuevos efectivos. También hemos observado que se acumularon efectivos militares, equipamiento y maquinaria en los cuarteles más cercanos del Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza. Todo esto son datos objetivos que apuntaban a un inicio de despliegue. Refuerzan la veracidad de la amenaza de violencia contra la resistencia. Una cosa son datos concretos que indican que había movimiento real y otra cosa es la credibilidad de la amenaza y qué mensajes enviaron desde el gobierno español de hasta donde querían llegar.

—Y este despliegue y las operaciones que se podían desprender se tenían que hacer sobre la ‘base legal’ del 155?

—El 155 es un artículo que no permite hacer todo esto que han hecho. Ahora se batalla jurídicamente, con recursos, esta aplicación que se ha hecho. Pero, aunque no permite destituir un gobierno, disolver el parlamento ni convocar elecciones, este artículo tan sólo tenía posibilidad de ser aplicado con éxito si las partes afectadas no oponían resistencia. Si hubiera habido una resistencia efectiva –no tan sólo de los cargos institucionales, sino con un llamamiento a la gente a resistir y proteger físicamente las instituciones–, qué posibilidades habría tenido el estado español de hacer cumplir el 155 sin imponer un grado superior de represión? Yo creo que eran muy limitadas. Ni siquiera con el despliegue de cinco mil agentes que el gobierno español hizo para el 1 de octubre, no habría sido suficiente para hacer cumplir el 155.

—Habláis de cinco mil?

—La cifra que se dio de diez mil agentes me parece que no está contrastada por ninguna fuente ni demostrada. Yo calculo que hay unos cinco mil efectivos extraordinarios enviados a Cataluña.

—Si no había capacitado de hacer cumplir el 155, como se habría hecho? Con el 116?

—Esta incapacidad de hacer cumplir el 155 en caso de resistencia no es una hipótesis mía. Responsables de algunos ministerios también lo dijeron en algunos medios de comunicación las semanas previas a la declaración. Varios medios se refirieron a la necesidad de activar el artículo 116 si se hacía el llamamiento a la resistencia. Y el 116 sirve básicamente para eso. Ante la resistencia de la población civil a la aplicación de una instrucción del estado, se suspenden las garantías constitucionales con una votación al congreso, de forma que se borran una serie de derechos que dificultan mucho la resistencia efectiva. Son el derecho de manifestación, de reunión, de asociación… Y también incluye el secuestro –diría que con esta misma palabra– de medios de comunicación. Son medidas destinadas a poder actuar contra las decenas de miles o centenares de miles de personas que pudieran hacer esta resistencia activa para no obedecer el 155.

—De qué manera se aplicaría el 116?

—El 166 prevé tres caminos: el estado de alerta (destinado a grandes catástrofes naturales o por accidentes nucleares), el estado de excepción y el estado de asedio. Los dos últimos son los que se habrían podido activar en esta ocasión. En los dos se propone la intervención del ejército. En el estado de excepción, la intervención se hace bajo las órdenes del gobierno y las autoridades civiles, mientras que en el estado de asedio el gobierno es quien queda bajo las directrices de la autoridad militar. El estado de asedio es un salto cualitativo todavía superior. Pero en las dos situaciones se prevé que el ejército intervenga para garantizar las órdenes dadas por el gobierno español.

—La amenaza concreta llega a la presidencia de la Generalitat y al gobierno? Marta Rovira ayer lo dijo.

—La mañana del día 26 de octubre, fuentes de Presidencia explican que los han amenazado con la intervención del ejército. Y dicen que los han amenazado de culpabilizarlos de los muertos que pudiera haber. La palabra ‘muertos’ está, en la amenaza. Pero sobre cómo se hizo la amenaza y quien la formuló, no puedo ser más concreto. La información nos llegó entonces de fuentes de Presidencia. Haría falta que el gobierno explicara quién la hizo y en qué termas. Si la amenaza habría quedado en esto o si había una voluntad clara de cumplirla y ejecutarla, no lo sabemos. No sabemos si habrían llegado hasta el final. Sabemos que los planes operativos del gobierno español cambian claramente antes y después del 1 de octubre. Antes había un despliegue acotado al ámbito policial, y después empezamos a ver actuaciones circunscritas en el ámbito militar. Si sólo había voluntad de asustar o si había determinación para actuar, es muy difícil de decir.

—Y el contingente policial de cinco mil agentes se refuerza de alguna manera antes de la declaración de independencia? había instrucciones de algún tipo?

—No tengo constancia que hubiera instrucciones específicas y diferentes de las anteriores. Sabemos que se desplazan a Barcelona un par de unidades específicas. Unas unidades de asalto preparadas y equipadas con helicóptero, material subacuático, de alcantarillado, material de todo tipo… Son unidades que se usan habitualmente para asaltar edificios con personas atrincheradas con armamento y dispuestas a resistir. Es este perfil de unidad que llega después del 1 de octubre. Son los que quedan instalados en las dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona.

—Y este tipo de actuación contra población civil, aunque fuera bajo el amparo del 116, no choca con la legislación europea?

—El problema de la aplicación del 116 es que se tenía que actuar contra una población civil que se manifestaba de manera pacífica y que no iba armada. Ni llevaba ningún tipo de armas, ni utilizaba cócteles Molotov, ni nada de esto. Es una población que no mostraba ninguna voluntad de agresividad contra nadie. Hablamos de población que quería resistir pacíficamente rodeando un edificio… Por lo tanto, que la aplicación de medidas coercitivas de violencia del estado contra personas que resisten pacíficamente se haga con el ejército y no con la policía, choca claramente con los artículos 2 y 7 del Tratado de Lisboa. Estos artículos dicen que el estado no puede actuar contra su población civil. No hablamos de alguien que está armado o de un grupo de gente que tiene voluntad de derrocar el gobierno español. Son supuestos que no se daban en este caso. Estos artículos del Tratado de Lisboa pretendían precisamente que esto no pudiera pasar dentro del marco de la Unión Europea. Si el estado español estaba dispuesto a traspasar esta línea enviando unidades militares contra la resistencia pacífica, nos tenemos que preguntar si el estado español estaba dispuesto a saltarse los tratados europeos que tiene firmados y a ser sancionado por la Unión Europea o, incluso, a ser expulsado.

—Por qué el gobierno español ha dado la coordinación de las operaciones hechas hasta ahora a la Guardia Civil?

—A ojos del estado español, la Guardia Civil siempre ha sido el cuerpo al cual se le han encargado las misiones más difíciles. Las que necesitaban más confianza, una cadena de mando más fiel y unas garantías de ejecución de aquellas órdenes. Es probable que el gobierno español haya dado el control de los operativos a la Guardia Civil por una cuestión de trayectoria, de confianza y operativa. El gobierno español tiene más garantías de tener menos problemas con la actuación de la Guardia Civil que con la policía española. Hay unidades de antidisturbios de la policía española que ejecutan las órdenes de manera más violenta y antidisciplinaria que las unidades de la Guardia Civil. Hay más casos de actuaciones que vulneran el protocolo en la policía española que en la Guardia Civil, en relación con el orden público. Seguramente se quería tener unas mínimas garantías que las órdenes se ejecutarían con precisión, por muy violentas que fueran.

—Y qué papel habrían tenido los Mossos en todo esto? Habrían quedado al margen de todo?

—Me remito a lo que dijo públicamente aquellos días algún responsable de Mossos por la Independencia. Se dijo que no obedecerían las órdenes del estado y que habían trescientos mossos comprometidos a ser fieles al gobierno de la Generalitat. Suponemos que esta cifra de trescientos –que es muy pequeña– fuera real. Y que habría habido trescientos mossos dispuestos a no obedecer las órdenes del estado. Dónde habría llegado, esto? Hasta dónde habría estado dispuesto a llegar el estado? había una disposición real de no obedecer las órdenes del estado? Tan sólo era una declaración de intenciones? Yo no tengo elementos para decir qué habría pasado. Pero pienso que, si las cosas hubieran ido mal, los mossos habrían optado muy mayoritariamente por dos vías. De entrada, ser fieles a la legalidad española. Y después, mantener una cierta pasividad de actuación y escudarse en unos criterios de proporcionalidad y oportunidad para no tener que ejecutar determinadas órdenes. La opción de la desobediencia la veo difícil. No creo que lo hubiera hecho un volumen significativo de agentes.

—En cualquier caso, el estado español no se fía de los Mossos ni antes ni después del referéndum. Siempre usa las policías españolas para actuar…

—Yo creo que es porque no tiene garantías que los Mossos ejecutaran las órdenes de la manera que el estado querría que lo hicieran. Una cosa es dar una orden a un cuerpo policial. Y otra es tener un control efectivo sobre cómo se ejecutará aquella orden. Y, muy a menudo, la manera de ejecutar órdenes es más importante que la obediencia concreta. El ejemplo claro lo encontramos el 1 de octubre. Los Mossos d’Esquadra obedecieron y ejecutaron la orden. Pero lo hicieron de acuerdo con su capacidad efectiva sobre el territorio, que no podía alcanzar los dos mil trescientos colegios, y recorrieron a los criterios de oportunidad y de proporcionalidad. Si hay un hilo de confianza entre el mando policial y el político, la orden se ejecuta cómo quiere el político. Pero si este hilo no está, el político no tiene garantías que se haga tal como él querría. Yo creo que el canal de confianza no está.

—Y esto ha cambiado después del 27 de octubre?

—Una vez el Ministerio del Interior ha asumido la cadena jerárquica de los Mossos, hemos visto que da órdenes que son idénticas a las que daba el mayor Trapero antes de ser destituido. El ministro que se quejó, denunció y llevó a los tribunales al comisario Trapero acusándolo en connivencia con el referéndum por haber actuado con oportunidad y proporcionalidad, este ministro ahora da órdenes de actuar de aquella manera. Ya es curioso. Por ejemplo, en el desalojo de la estación de Sants durante la huelga del 8 de noviembre.

—Antes del 1 de octubre, sorprendió el exceso de celo de algunos grupos de policías municipales contra el referéndum. Por qué lo hubo?

—El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hace poco más de una semana, publicó una directriz de actuación para dos procedimientos abiertos por policías locales de sanciones por encarteladas para el referéndum. La consigna del TSJC es archivar estas causas. Es muy probable que este criterio sirva para marcar la línea general de estos casos y veamos una cadena de archivos de causas abiertas en varios municipios. Es evidente que las policías locales se extralimitaron absolutamente en aquellas actuaciones. La orden que provenía de la fiscalía era en relación con la convocatoria institucional del referéndum. No era una orden contra la gente que colgara carteles en el marco de la libertad de expresión. El exceso de celo fue absoluto por parte de algunas unidades concretas de policías locales.

—Cuál es el origen de esta actitud?

—Aquellas actuaciones mostraron un cierto talante de algunos grupos de policías locales de Cataluña. Un talante que viene de antiguo. Y que tiene el origen en la manera cómo se formaron algunas de las policías locales. Los gobiernos socialistas optaron por una política de no confrontación con el falangismo, que era muy activo a final de los setenta. Una parte de este falangismo iba armado e, incluso, había usado las armas. Algunos cargos importantes de policías locales los ocuparon miembros de la Falange, por esta voluntad de no confrontación. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, lo hizo el gobierno de Narcís Serra y, después, de Pasqual Maragall. Se contrataron a muchos falangistas para ocupar cargos en la Guardia Urbana. Y esto pasó en unos cuántos municipios del área metropolitana. Yo creo que el exceso de celo sale de aquí. Tiene este mal de origen por la cultura y la herencia de valores que han dejado en algunos efectivos de las policías municipales.

Jesús Rodríguez: ‘Unitats especialitzades de la Guàrdia Civil tenien la missió d’assaltar el palau i el parlament’

Entrevista al periodista i editor de la Directa sobre alguns moviments detectats que donen veracitat a l’amenaça de violència contra la resistència

La vigília de la proclamació de la República al Parlament de Catalunya, el dijous 26 d’octubre, vam coincidir amb Jesús Rodríguez, periodista i editor de la Directa, als passadissos del parlament. El dia era convuls i les informacions circulaven sense control. El periodista, especialitzat en informació sobre la repressió i la seguretat, m’explicava que hi ha una amenaça clara de violència desfermada si es proclamava la independència i no s’acatava el 155, que havia d’aprovar-se l’endemà. Em va explicar alguns detalls que necessitaven confirmació més endavant. Dies després, amb mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili, es parla d’una amenaça de ‘morts als carrers’ en cas de resistència. Demano a Rodríguez de recuperar el fil d’aquella conversa. I comença així:

—Quins indicis reals i contrastats hi ha de l’amenaça de violència?

—Abans de respondre això, voldria contextualitzar la qüestió. Es parla d’aquesta amenaça com si l’estat espanyol no hagués posat mai damunt la taula la possibilitat d’intervenció de l’exèrcit a Catalunya. I això no és cert. Recordo les declaracions de Maria Dolores de Cospedal, el dia 12 d’octubre: per primera vegada, no descartava la intervenció de l’exèrcit, sinó que deia que li semblava que no seria necessària. Per mi, aquest matís és important. Perquè, després de l’1 d’octubre, l’estat espanyol va començar a desenvolupar alguns plans i actuacions que no anaven dirigits únicament a cossos policíacs, i va començar a prendre decisions per al desplegament i el suport logístic i d’informació vinculades al Ministeri de Defensa i a l’exèrcit en territori català.

—Quins moviments vau detectar?

—Per exemple, helicòpters i avions de l’exèrcit espanyol que van prendre imatges de ciutats catalanes com Girona, Manresa, Reus i Lleida. Com a mínim, aquestes quatre ciutats van ser fotografiades i cartografiades amb deteniment per helicòpters, en tres casos, i un avió, en un altre cas. Podem confirmar que això va passar, i no van fer pas una fotografia sinó que van dedicar moltes hores a prendre imatges d’aquestes quatre ciutats. Va ser la setmana abans d’aprovar-se la declaració d’independència. Aquella mateixa setmana, dues avionetes també van cartografiar tot el territori de Catalunya. Venien del centre d’Europa, però no sabem qui les va contractar. Si era una empresa privada, si tenia res a veure amb el possible desplegament militar.Sí que sabem que els exèrcits contracten avionetes privades per a fer ortofotomapes.

—S’ha parlat també d’unitats d’elit que s’havien instal·lat a Catalunya…

—També vam comprovar que a les dependències de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona hi havia unes unitats especialitzades del cos armat que tenien la missió específica d’assaltar el Palau de la Generalitat i el Parlament de Catalunya en cas que hi hagués una resistència a acatar l’ordre de destitució del govern espanyol. Aquesta informació ens arriba d’una font molt fiable. El problema d’aquestes informacions és que no les podem demostrar documentalment. Però per la trajectòria i l’experiència de les fonts que s’han manifestat fiables, són informacions que tenen fonament. Jo m’aventuro a dir que les informacions sobre aquestes cartografies de ciutats i sobre l’arribada d’aquest equipament de la unitat especial desplegada a l’aeroport de Barcelona provenen de fonts amb un alt grau de fiabilitat. Això són informacions estrictament sobre el desplegament operatiu. Després hi ha altres indicis.

—Quins indicis?

—Una part de les dependències de la caserna de Sant Climent Sescebes, a l’Alt Empordà, havia estat ocupada per efectius policíacs. Doncs, abans de la declaració d’independència, aquests efectius van ser retirats, es van netejar les dependències i algunes ales de l’edifici que no havien estat ocupades i es van preparar per rebre efectius de l’exèrcit. També es va fer aquesta operació a la caserna del Bruc, per rebre nous efectius. També hem observat que es van acumular efectius militars, equipament i maquinària a les casernes més properes de l’Aragó, especialment a la província de Saragossa. Tot això són dades objectives que apuntaven a un inici de desplegament. Reforcen la veracitat de l’amenaça de violència contra la resistència. Una cosa són dades concretes que indiquen que hi havia moviment real i una altra cosa és la credibilitat de l’amenaça i quins missatges van enviar des del govern espanyol de fins on volien arribar.

—I aquest desplegament i les operacions que se’n podien desprendre s’havien de fer sobre la ‘base legal’ del 155?

—El 155 és un article que no permet fer tot això que han fet. Ara es batalla jurídicament, amb recursos, aquesta aplicació que se n’ha fet. Però, encara que no permet destituir un govern, dissoldre el parlament ni convocar eleccions, aquest article tan sols tenia possibilitat de ser aplicat amb èxit si les parts afectades no hi oposaven resistència. Si hi hagués hagut una resistència efectiva –no tan sols dels càrrecs institucionals, sinó amb una crida a la gent a resistir i protegir físicament les institucions–, quines possibilitats hauria tingut l’estat espanyol de fer complir el 155 sense imposar un grau superior de repressió? Jo crec que eren molt limitades. Ni tan sols amb el desplegament de cinc mil agents que el govern espanyol va fer per a l’1 d’octubre, no n’hi hauria hagut prou per a fer complir el 155.

—Parleu de cinc mil?

—La xifra que es va donar de deu mil agents em sembla que no està contrastada per cap font ni demostrada. Jo calculo que hi ha uns cinc mil efectius extraordinaris enviats a Catalunya.

—Si no hi havia capacitat de fer complir el 155, com s’hauria fet? Amb el 116?

—Aquesta incapacitat de fer complir el 155 en cas de resistència no és una hipòtesi meva. Responsables d’alguns ministeris també van dir-ho en alguns mitjans de comunicació les setmanes prèvies a la declaració. Diversos mitjans van referir-se a la necessitat d’activar l’article 116 si es feia la crida a la resistència. I el 116 serveix bàsicament per a això. Davant la resistència de la població civil a l’aplicació d’una instrucció de l’estat, se suspenen les garanties constitucionals amb una votació al congrés, de manera que s’esborren una sèrie de drets que dificulten molt la resistència efectiva. Són el dret de manifestació, de reunió, d’associació… I també inclou el segrest –diria que amb aquesta mateixa paraula– de mitjans de comunicació. Són mesures destinades a poder fer una actuació contra les desenes de milers o centenars de milers de persones que poguessin fer aquesta resistència activa per a no obeir el 155.

—De quina manera s’aplicaria el 116?

—El 166 preveu tres camins: l’estat d’alerta (destinat a grans catàstrofes naturals o per accidents nuclears), l’estat d’excepció i l’estat de setge. Els dos últims són els que s’haurien pogut activar en aquesta ocasió. En tots dos es proposa la intervenció de l’exèrcit. En l’estat d’excepció, la intervenció es fa sota les ordres del govern i les autoritats civils, mentre que en l’estat de setge el govern és qui queda sota les directrius de l’autoritat militar. L’estat de setge és un salt qualitatiu encara superior. Però en totes dues situacions es preveu que l’exèrcit intervingui per garantir les ordres donades pel govern espanyol.

—L’amenaça concreta arriba a la presidència de la Generalitat i al govern? Marta Rovira ahir en va parlar.

—El matí del dia 26 d’octubre, fonts de Presidència expliquen que els han amenaçat amb la intervenció de l’exèrcit. I diuen que els han amenaçats de culpabilitzar-los dels morts que hi pugui haver. La paraula ‘morts’ hi és, en l’amenaça. Però sobre com es va fer l’amenaça i qui la va formular, no puc ser més concret. La informació ens va arribar aleshores de fonts de Presidència. Caldria que el govern expliqués qui la va fer i en quins termes. Si l’amenaça hauria quedat en això o si hi havia una voluntat clara de complir-la i executar-la, no ho sabem. No sabem si haurien arribat fins al final. Sabem que els plans operatius del govern espanyol canvien clarament abans i després de l’1 d’octubre. Abans hi havia un desplegament acotat a l’àmbit policíac, i després comencem a veure actuacions circumscrites en l’àmbit militar. Si només hi havia voluntat d’espantar o si hi havia determinació per a actuar, és molt difícil de dir.

—I el contingent policíac de cinc mil agents es reforça d’alguna manera abans de la declaració d’independència? Hi havia instruccions d’alguna mena?

—No tinc constància que hi hagués instruccions específiques i diferents de les anteriors. Sabem que es desplacen a Barcelona un parell d’unitats específiques. Unes unitats d’assalt preparades i equipades amb helicòpter, material subaquàtic, de clavegueram, material de tota mena… Són unitats que es fan servir habitualment per a assaltar edificis amb persones atrinxerades amb armament i disposades a resistir. És aquest perfil d’unitat que arriba després de l’1 d’octubre. Són els que queden instal·lats a les dependències de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona.

—I aquesta mena d’actuació contra població civil, encara que fos sota l’empara del 116, no xoca amb la legislació europea?

—El problema de l’aplicació del 116 és que s’havia d’actuar contra una població civil que es manifestava de manera pacífica i que no anava armada. Ni duia cap tipus d’armes, ni utilitzava còctels Molotov, ni res d’això. És una població que no mostrava cap voluntat d’agressivitat contra ningú. Parlem de població que volia resistir pacíficament envoltant un edifici… Per tant, que l’aplicació de mesures coercitives de violència de l’estat contra persones que resisteixen pacíficament es faci amb l’exèrcit i no amb la policia, col·lideix clarament amb els articles 2 i 7 del Tractat de Lisboa. Aquests articles diuen que l’estat no pot actuar contra la seva població civil. No parlem d’algú que està armat o d’un grup de gent que té voluntat d’enderrocar el govern espanyol. Són supòsits que no es donaven en aquest cas. Aquests articles del Tractat de Lisboa pretenien precisament que això no pogués passar dins el marc de la Unió Europea. Si l’estat espanyol estava disposat a traspassar aquesta línia enviant unitats militars contra la resistència pacífica, ens hem de demanar si l’estat espanyol estava disposat a saltar-se els tractats europeus que té signats i a ser sancionat per la Unió Europea o, fins i tot, a ser-ne expulsat.

—Per què el govern espanyol ha donat la coordinació de les operacions fetes fins ara a la Guàrdia Civil?

—A ulls de l’estat espanyol, la Guàrdia Civil sempre ha estat el cos al qual s’han encarregat les missions més difícils. Les que necessitaven més confiança, una cadena de comandament més fidel i unes garanties d’execució d’aquelles ordres. És probable que el govern espanyol hagi donat el control dels operatius a la Guàrdia Civil per una qüestió de trajectòria, de confiança i operativa. El govern espanyol té més garanties de tenir menys problemes amb l’actuació de la Guàrdia Civil que la policia espanyola. Hi ha unitats d’antiavalots de la policia espanyola que executen les ordres de manera més violenta i antidisciplinària que no pas en les unitats de la Guàrdia Civil. Hi ha més casos d’actuacions que vulneren el protocol en la policia espanyola que en la Guàrdia Civil, en relació amb l’ordre públic. Segurament es volia tenir unes mínimes garanties que les ordres s’executarien amb precisió, per molt violentes que fossin.

—I quin paper haurien tingut els Mossos en tot això? Haurien quedat al marge de tot plegat?

—Em remeto al que va dir públicament aquells dies algun responsable de Mossos per la Independència. Es va dir que no obeirien les ordres de l’estat i que eren tres-cents mossos compromesos a ser fidels al govern de la Generalitat. Suposem que aquesta xifra de tres-cents –que és molt petita– fos real. I que hi hauria hagut tres-cents mossos disposats a no obeir les ordres de l’estat. On hauria arribat, això? Fins on hauria estat disposat a arribar l’estat? Hi havia una disposició real de no obeir les ordres de l’estat? Tan sols era una declaració d’intencions? Jo no tinc elements per a dir què hauria passat. Però penso que, si les coses haguessin anat mal dades, els mossos haurien optat molt majoritàriament per dues vies. D’entrada, ser fidels a la legalitat espanyola. I després, mantenir una certa passivitat d’actuació i escudar-se en uns criteris de proporcionalitat i oportunitat per no haver d’executar determinades ordres. L’opció de la desobediència la veig difícil. No crec que ho hagués fet un volum significatiu d’agents.

—En qualsevol cas, l’estat espanyol no es fia dels Mossos ni abans ni després del referèndum. Sempre fa servir les policies espanyoles per a actuar…

—Jo crec que és perquè no té garanties que els Mossos executessin les ordres de la manera que l’estat voldria que ho fessin. Una cosa és donar una ordre a un cos policíac. I una altra és tenir un control efectiu sobre com s’executarà aquella ordre. I, molt sovint, la manera d’executar ordres és més important que l’obediència concreta. L’exemple clar el trobem l’1 d’octubre. Els Mossos d’Esquadra van obeir i van executar l’ordre. Però ho van fer d’acord amb la seva capacitat efectiva sobre el territori, que no podia abastar els dos mil tres-cents col·legis, i van recórrer als criteris d’oportunitat i de proporcionalitat. Si hi ha un fil de confiança entre el comandament policíac i el polític, l’ordre s’executa com vol el polític. Però si aquest fil no hi és, el polític no té garanties que es faci tal com voldria. Jo crec que el canal de confiança no hi és.

—I això ha canviat després del 27 d’octubre?

—Un cop el Ministeri de l’Interior ha assumit la cadena jeràrquica dels Mossos, hem vist que dóna ordres que són idèntiques a les que donava el major Trapero abans de ser destituït. El ministre que es va queixar, va denunciar i va portar als tribunals el comissari Trapero acusant-lo de connivència amb el referèndum per haver actuat amb oportunitat i proporcionalitat, aquest ministre ara dóna ordres d’actuar d’aquella manera. Ja és curiós. Per exemple, en el desallotjament de l’estació de Sants durant la vaga del 8 de novembre.

—Abans de l’1 d’octubre, va sorprendre l’excés de zel d’alguns grups de policies municipals contra el referèndum. Per què n’hi va haver?

—El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fa poc més d’una setmana, va publicar una directriu d’actuació per a dos procediments oberts per policies locals de sancions per encartellades per al referèndum. La consigna del TSJC és d’arxivar aquestes causes. És molt probable que aquest criteri serveixi per a marcar la línia general d’aquests casos i vegem una cadena d’arxivaments de causes obertes en diversos municipis. És evident que les policies locals es van extralimitar absolutament en aquelles actuacions. L’ordre que provenia de la fiscalia era en relació amb la convocatòria institucional del referèndum. No era una ordre contra la gent que pengés cartells en el marc de la llibertat d’expressió. L’excés de zel va ser absolut per part d’algunes unitats concretes de policies locals.

—Quin és l’origen d’aquesta actitud?

—Aquelles actuacions van mostrar un cert tarannà d’alguns grups de policies locals de Catalunya. Un tarannà que ve d’antic. I que té l’origen en la manera com es van formar algunes de les policies locals. Els governs socialistes van optar per una política de no confrontació amb el falangisme, que era molt actiu a final dels setanta. Una part d’aquest falangisme anava armat i, fins i tot, havia fet servir les armes. Alguns càrrecs importants de policies locals els van ocupar membres de la Falange, per aquesta voluntat de no confrontació. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, ho va fer el govern de Narcís Serra i, després, de Pasqual Maragall. Es van contractar molts falangistes per ocupar càrrecs a la Guàrdia Urbana. I això va passar a uns quants municipis de l’àrea metropolitana. Jo crec que l’excés de zel surt d’aquí. Té aquest mal d’origen per la cultura i l’herència de valors que han deixat en alguns efectius de les policies municipals.

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