La gestión de los dineros públicos que ha hecho la anterior Junta de Andalucía sigue dando que hablar, y bien mal, del Gobierno socialista de Susana Díaz. Sandetel, otra sociedad de la Junta de Andalucía participada por la ya habitual en casos de irregularidades, la agencia IDEA, y por la Radio Televisión Andaluza ha sido analizada por la Intervención General de la Junta que ha encontrado elementos más que escandalosos.

La Agencia IDEA (51%) y RTVA (49%), sus propietarios formales, habrían sido cómplices del incumplimiento de leyes y normas, sobre todo en materia de personal y de contratación de servicios. Es lo que se deduce el informe fiscalizador de la Intervención General del que da cuanta este jueves el diario ABC.

Sandetel, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., cuenta con 217 trabajadores y su finalidad reside en la "consultoría y asistencia técnica en el ámbito TIC", "producción de sistemas informáticos" o "desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas", entre otras.

Adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, ahora dirigida por Ciudadanos en la figura del catedrático Rogelio Velasco, también tiene como objetivos el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la modernización de la administración de la Junta de Andalucía en el ámbito de los sistemas de información y las telecomunicaciones.

Para cumplir tales funciones, la Junta le otorgó el año pasado la cantidad de 41,6 millones de euros, de los que 9,95 millones fueron a sueldos y salarios y 30 millones que su inmensa mayoría, un 91%, iban destinados a contratar servicios profesionales externos. Esto es, que Sandetel no presta por sí mismo los servicios para los que fue creada, sino que sólo paga sueldos y contrata los trabajos externamente. Casi 40 de los 41,6 millones que recibe de la Junta fueron destinados a esos dos menesteres.

La sociedad, que actualmente no tiene consejero delegado, ha sido dirigida en el pasado, por poner dos ejemplos, por el primo de Gaspar Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo y por el portavoz del gobierno de Manuel Chaves y ex director de Canal Sur, Rafael Camacho.

Entre las cosas que destaca la auditoría de la Intervención mencionemos que todo su personal temporal (81 empleados) está actualmente en fraude de ley, se cobra una "retribución en especie" (un seguro de vida colectivo) no autorizada y otras percepciones irregulares. Además, hay empleados contratados de otras empresas desde hace muchos años, perpetrando "cesión ilegal de trabajadores y falsos autónomos".

Da una idea del desmadre el que Sandetel no abonaba importe alguno por el concepto de horas extras cuando la Intervención ha detectado que una sola trabajadora había realizado más de 117 horas extras en 2017, por encima del tope legal situado en 80 horas anuales. Ni siquiera algunos de los albaranes donde los técnicos anotan los servicios que prestan están firmados por los responsables y hay fechas que no se corresponden con los hechos.

Para anécdota final, cabe destacar que Sandetel tiene un coche oficial a su disposición. El problema es que nadie lleva un registro donde se anoten sus actividades "por lo que no es posible verificar el uso que se le da", ni "quiénes pueden disponer de él" o si es "retribución en especie no declarada". O sea, un coche fantasma pagado con dinero público del que nadie sabe nada.