El lehendakari, Íñigo Urkullu (dcha.), y y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar (tercero por la dcha.), este domingo en el 'Alderdi Eguna'.

El partido de Andoni Ortuzar mantiene su pacto con EH Bildu para cerrar un texto que diferencia entre "ciudadanos" y "nacionales"

El PNV mantiene la exigencia de que el próximo Estatuto vasco reconozca entre sus principios básicos del derecho a decidir, tal y como había pactado con EH Bildu en el documento de bases y principios que guía la elaboración del futuro Estatuto del País Vasco.

El experto designado por el PNV y diputado en el Congreso Mikel Legarda defenderá este lunes ante los delegados del resto de los partidos vascos una propuesta de Título Preliminar para el nuevo Estatuto de Autonomía, que expresamente apela al "derecho a decidir del pueblo vasco", que vincula como una "exteriorización" de los denominados derechos históricos "del pueblo vasco" reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución.

La persistencia de los nacionalistas por incluir el derecho a decidir en el futuro Estatuto se edulcora formalmente al incluir que la utilización de este instrumento independentista estará "pactado por el Estado".

Tras casi 13 meses de trabajo, los expertos elegidos por los partidos vascos abordarán a partir de este lunes el núcleo de la confrontación política no sólo en el País Vasco, sino entre los partidos nacionalistas vascos con el resto de España y, específicamente, con Navarra.

Hasta ahora, el grupo de juristas encargados de la redacción de un texto articulado había abordado los aspectos o "bases" con menor grado de confrontación política en una estrategia en contenidos y tiempo que respondía a la perfección a los intereses del PNV respecto al calendario electoral.

Pero el grupo de expertos debe acelerar su propuesta porque, sí o sí, deberán presentar uno -si hay acuerdo- o varios textos articulados el próximo 30 de noviembre. A partir de ese instante, el Parlamento vasco tramitará el nuevo estatus con la cuenta atrás de la celebración de las elecciones, que como muy tarde tendrán lugar en otoño de 2020.

Reforma anticonstitucional

La comisión de juristas -que tenía como primer límite para entregar su propuesta el pasado mes de junio- inició su tarea por capítulos como el de Derechos y Libertades -un aspecto en el que Elkarrekin Podemos apoyó el documento de bases de los dos partidos nacionalistas- y dejó para el último momento el debate técnico sobre los fundamentos del Concierto Económico, como lo define el lehendakariIñigo Urkullu, que reclaman PNV y EH Bildu.

Una propuesta de reforma estatutaria anticonstitucional, como denuncia el PP vasco, porque el PNV sigue incluyendo en la propuesta no sólo el eufemístico derecho a decidir, sino también la imposición desde el País Vasco al resto de España de un sistema político confederal que reconocería la existencia de un "pueblo vasco" como "sujeto político" ajeno a la soberanía nacional que blinda la Constitución española de 1978.

El partido de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu mantiene, asimismo, su compromiso con la formación que lidera Arnaldo Otegi para establecer una polémica diferenciación entre los propios vascos, distinguidos como "ciudadanos" o "nacionales".

El acuerdo de bases suscrito entre ambos partidos, que fue celebrado por Otegi como un "paso histórico" para el independentismo vasco, establece en cuatro principios la diferencia entre "ciudadanía y nacionalidad vasca". El dedicado a la "nacionalidad vasca" provocó un contundente rechazo por el PP vasco, Podemos Euskadi y el PSE-EE, el partido que garantiza al PNV la gobernabilidad de la mayoría de las instituciones vascas.

El texto que guía a los expertos en la definición de la nacionalidad vasca concreta que "habida cuenta del carácter plurinacional del Estado español y las características del nuevo modelo de relación con el Estado contenidas en el Nuevo Estatus Político, se reconocerá la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca en los términos regulados por una ley aprobada por el Parlamento Vasco".

"Doble confrontación de Euskadi con España"

El representante del PNV en el foro de expertos mantiene la existencia de "nacionales vascos", que vincula al ejercicio de los derechos de participación política reconocidos en la Constitución. Un posible reconocimiento que ahonda en el objetivo del PNV de dar rango de Ley Estatutaria a una nueva nación dentro del "Estado español" y que, de llevarse adelante en su tramitación parlamentaria, encendería otro frente de batalla político entre el resto de España y una comunidad autónoma.

Hasta hoy, los nacionalistas vascos han jugado con habilidad la baza de la moderación representada por el lehendakari y sus acuerdos con el PSE-EE de Idoia Mendia, con su perfil soberanista evidenciado en su pacto con EH Bildu para apoyar conjuntamente un Estatuto vasco soberanista o nuevo estatus.

Una propuesta contra la que se ha manifestado con contundencia el PP vasco de Alfonso Alonso y que en el seno de la comisión de expertos ha contado con el rechazo explícito del ex presidente de Navarra, jurista e historiador Jaime Ignacio del Burgo.

"Estamos ante una doble confrontación de Euskadi con el conjunto de España y de manera singular con Navarra", lamenta Del Burgo, que ha armado jurídicamente una propuesta de reforma del Estatuto vasco a partir de la defensa de la foralidad avalada por la Historia y reconocida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución.

Del Burgo y Alonso rechazan que la Constitución admita la existencia de un "pueblo vasco" como sujeto político ajeno al resto del pueblo español y recuerdan que tanto el reconocimiento como la actualización del "régimen foral" reconocido en la Constitución española tiene como sujetos los territorios históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Del Burgo -que ya ha aportado al grupo de expertos la propuesta de reforma constitucional- rechaza con contundencia la utilización de la Disposición Adicional Primera para exigir una "cuasi independencia" que establecería una relación confederal con el resto de España, en la que no se respeta ni la distribución competencial ni el papel determinante del Tribunal Constitucional como garante de la aplicación de la Carta Magna.