Al hijo de Montillo le rechazaron la vacante

"Nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar a mi hijo en una escuela. Tengo un hijo con síndrome de Down, no una bomba nuclear", tuiteó el futbolista de Tigre Walter Montillo ayer por la mañana. Su mensaje generó una avalancha de apoyo y obligó al Gobierno a intervenir en el caso.

El jugador pretendía inscribir a su hijo Santino en un colegio privado en la zona de Palermo, pero cada vez que lo intentaba se topaba con la negativa de las instituciones a las que acudía.

Según supo Infobae, el Ministerio de Educación Nacional tomó cartas en el asunto y coordinó un encuentro entre el futbolista y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para aclarar la situación. "Se van a reunir con la dirección de privados y se va a resolver en estos días", confirmaron desde la administración porteña.

Cristina Lovari, coordinadora de educación inclusiva, aseguró: "Hay una normativa que ampara la educación inclusiva. En 2016 todos los ministros jurisdiccionales asumieron un compromiso detrás de ese objetivo. La no inscripción de un chico por una discapacidad es un acto de discriminación".

En el país, los últimos datos de 2015 sostienen que hay 1.777 establecimientos de educación especial entre públicos y privados, con 124 mil alumnos en ellos. Sin embargo, las escuelas comunes tienen la obligación de acoger alumnos con discapacidad, ya sea intelectual o física. De hecho, 77 mil chicos cursan cada día en los colegios comunes.

"Los padres tienen derecho a elegir la escuela para sus hijos, sea común o de modalidad especial. En ambos establecimientos se debería brindar lo que el chico necesita en términos de aprendizaje. Más allá de que en las especiales la dinámica es diferente y de apoyo, vamos a una escuela común cada vez más inclusiva", sostuvo Lovari.

Desde hace dos años, se implementa la Resolución 311 que aprobó el Consejo Federal de Educación. Aunque las provincias avanzan en su aplicación, todavía se presentan casos de discriminación. En esos casos, las familias tienen distintas instancias a las que recurrir.

"El sistema educativo tiene una serie de actores que es positivo que las familias los conozcan", planteó Lovari. "En primer lugar la dirección de una escuela. Es el primer contacto donde buscan esclarecer una información poco clara, que a la familia no le cierra. También todas las escuelas tienen supervisores que velan por el normal funcionamiento de las instituciones. La instancia superior son las direcciones de áreas. Es importante que se acerquen a los ministerios", puntualizó.

En la Resolución 311 se establecen los criterios de cómo debe ser el proceso de inclusión. El alumno con discapacidad cuenta con un proyecto pedagógico individual que contempla las distintas adecuaciones o ajustes a realizar.

"Ya no se mira a la persona con discapacidad desde un lugar de déficit, de lo que no puede hacer, sino cómo el contexto se adecúa a darle los apoyos que necesita", dijo la funcionaria. "Inicia su proceso de escolaridad, con su maestro de grado y con sus compañeros. Muchas veces puede requerir el apoyo de una docente integradora, pero se trata de brindarles las posibilidades que necesitan, de atender la diversidad en su sentido más amplio", agregó.

El problema no se presenta solo cuando pretenden ingresar a una institución. Una vez en las aulas, una de las medidas que se suelen tomar es retrasar a los chicos uno o dos grados para igualarlos con sus compañeros. Sin embargo, la Resolución 174 reglamentó en 2012 la prohibición de las llamadas permanencias. "Hay que pensar en los beneficios del chico en términos de la edad cronológica y los tiempos de aprendizaje, más allá de que se contemplan algunas excepciones", explicó Lovari.

Cada chico, dijo, es un caso aparte, imposible de universalizar. "Es un proceso muy complejo. No hay una fórmula que te permita para todos los chicos una misma estrategia. Siempre en diálogo con la familia, hay que darle voz al chico con discapacidad", indicó.

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