Foto: Marcelo Núñez (Infojus)

La prisión perpetua para los condenados por delitos de lesa humanidad tiene, desde ahora, un límite de 25 años. Así lo dispuso la Cámara de Casación Penal al ordenar la excarcelación de Fernando Alberto Otero, ex suboficial del Ejército que cumplió funciones en la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una banda parapolicial de la derecha peronista con estrechos lazos con la Triple A.

Otero fue condenado dos veces a cadena perpetua: primero en 1982 y luego en 2016. Por este motivo, ya llevaba 27 años preso y Casación ordenó liberarlo. Así, los magistrados hicieron lugar a un pedido de la defensia y anularon el límite temporal de cumplimiento de 37 años y seis meses que se había fijado en el juicio de 2016.

La decisión fue tomada este martes por la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal compuesta por la jueza Ángela Ledesma y los magistrados Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar.

En la sentencia de diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata –compuesto por los jueces Luis Imas, Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz– condenó a prisión perpetua Otero por los homicidios calificados y premeditados de siete personas y por la privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado y premeditado de una octava.

Posteriormente, la defensa de Otero solicitó la unificación de esa sentencia con la emitida por el Juzgado Federal de San Juan en 1982, y a su vez peticionó la excarcelación. La queja llegó a la sala II de de la Cámara de Casación, que ahora falló a favor del genocida, sentando un peligroso precedente que podría ser utilizado en la defensa de otros militares y civiles presos por delitos de lesa humanidad.

La causa

En el juicio que finalizó en diciembre de 2016, fueron condenados a prisión perpetua además de Otero, el exfiscal Gustavio Demarchi y Mario Ernesto Durquet, mientras que José Luis Granel fue condenado a 7 años, Juan Pedro Asaro a 5 años y Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Asaro a 3 años. En tanto que Raúl Rogelio Moleón y Raúl Arturo Viglizzo resultaron absueltos.

Los condenados conformaron una asociación criminal comandada por Demarchi –designado como fiscal en octubre de 1974- para perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo.

El juicio se centró en la revancha criminal que llevó adelante la CNU para vengar la muerte de su líder, Ernesto Piantoni -asesinado por un comando montonero-, que fue bautizada como “cinco por uno”. La serie de asesinatos, que terminó con la vida de cinco militantes y ex militantes políticos de distintas fuerzas, fue el inicio de una seguidilla de muertes que incluyó a otras tres personas entre marzo de 1975 y febrero de 1976.

A Piantoni lo mataron el 20 de marzo de 1975 en una operación de Montoneros. Poco después, durante la noche del velorio, se decidió la serie de crímenes a cometer a modo de “revancha”.

Primero mataron a Enrique Pacho Elizagaray, uno de los referentes de la Juventud Universitaria Peronista que recibió 28 disparos; a su tío Jorge Enrique Videla, y a sus primos Guillermo Enrique (16 años) y Jorge Lisandro Videla (22 años), todos militantes de la tendencia revolucionaria, que recibieron una veintena de disparos cada uno.

Luego, fueron a buscar a Bernardo Alberto Goldemberg, médico que había llegado de La Plata para instalarse en la ciudad junto a su familia, y también lo acribillaron.

Después del aquel “cinco por uno”, la CNU asesinó el 24 abril de 1975 al contador y militante de la Juventud Peronista, Daniel Gasparri; a su amigo Jorge Stoppani; y a la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Coca Maggi, quien fue secuestrada el 9 de mayo de 1975 y su cadáver recién apareció el 23 de marzo de 1976.