La enfermedad del bajo crecimiento económico se ha extendido a casi todos los Estados de México: es un hecho que una mayoría de entidades han quedado atrás respecto a su capacidad potencial. Pero en el Estado de México, el más poblado de todos con más de 16 millones de habitantes, la coyuntura ha sido especialmente adversa en los seis últimos años. Por su tamaño —aporta el 9% del PIB nacional, solo por detrás de la capital—, el conocido como Edomex, que celebrará elecciones el próximo 4 de junio, se ha convertido en un lastre para el conjunto de México: en el último sexenio —como siempre en su historia, bajo Gobierno del PRI—, la expansión económica ha superado por poco el 2%, frente al casi 3% de la media nacional. Una tasa insuficiente para cerrar la brecha de renta per cápita entre la entidad y el resto del país: en 2015, último año sobre el que hay datos disponibles, el ingreso por persona fue de menos de 73.000 pesos (casi 4.000 dólares) anuales, lo que le convierte en el séptimo Estado con menor renta per cápita de todo México. La cifra es, además, inferior a la heredada por el actual Gobierno, presidido por Eruviel Ávila. ¿Qué ha fallado?

“Si el Estado de México no funciona, es un problema importante para todo el país”, subraya Valeria Moy, directora general del portal México cómo vamos y profesora de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Golpeado por una crisis de inseguridad que parece no tener fin y un serio problema de Estado de derecho, la entidad federativa que rodea casi por completo la Ciudad de México es, según los analistas consultados, reflejo exacerbado de los problemas que atenazan al conjunto de la economía mexicana: una productividad que no despega, unos salarios bajos, en muchos casos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos, y buena parte de su población empleada en el sector informal, sin ningún tipo de derechos laborales.

“El primer fallo estructural que se debe afrontar es la ausencia de transporte público de calidad; es increíble que no sea el eje de ninguna campaña electoral”, subraya Moy, directora general de México cómo vamos. “Es un tema muy sensible”, añade. De media, cada mexiquense destina la tercera parte de sus ingresos y buena parte de su tiempo a desplazarse a diario a su puesto de trabajo. Para quienes trabajan en la capital, muchos de ellos, los atascos y los problemas de inseguridad hacen sus desplazamientos un infierno. Este hecho cobra mayor importancia habida cuenta de que casi nueve de cada 10 mexiquenses viven en zonas metropolitanas. “Mejorar este punto tendría un gran impacto sobre el crecimiento económico: cuando hay buen transporte público, la gente se traslada de su hogar a los lugares más productivos, lo que a su vez aumenta su propia productividad”, explica la máxima responsable del grupo mexicano de académicos.

Más rendición de cuentas Mariana Campos, de México Evalúa, incide en la “enorme” desconfianza en las instituciones públicas. “No habrá forma de solucionar el problema de fondo si no se fortalece la rendición de cuentas”, opina. Para ello, pide más independencia al Gobierno que salga de las urnas el próximo 4 de junio: que dependa menos del dinero que proporciona la federación y, sobre todo, que mejore el sistema de contratación pública. “Si quiere que aumente la confianza, debe cambiar las leyes en ese ámbito; tiene que evitar, en definitiva, nuevos escándalos como el de OHL. ¿Cómo se va a recaudar más y subir impuestos, que falta hace, con este nivel de sospecha?”, se pregunta, retóricamente, la responsable de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.



Tras la recuperación de la crisis económica mundial de 2008 y 2009, el crecimiento en el Edomex “ha ido a la baja constantemente, para situarse incluso por debajo de la media nacional”, subraya Samuel Vázquez, del servicio de estudios de BBVA Bancomer. Pese a la ligera mejoría en los últimos meses, buena parte de la debilidad económica tiene que ver con el “frenazo” de la industria, que supone la tercera parte del PIB del Estado de México. “Muchas de las grandes empresas automotrices han optado en los últimos años por el Bajío [Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y parte de Jalisco] y el norte del país en detrimento de esta entidad”, expone Vázquez. Los motivos: la mayor cercanía a Estados Unidos, su principal mercado, y las buenas infraestructuras para la distribución manufacturera. “Ambas variables pesan en la decisión de no invertir más en el Estado de México: las piezas de un automóvil pasan la frontera hasta seis o siete veces durante el proceso de producción y, sin muchas opciones de transporte diferentes, esta entidad pierde atractivo”, añade el analista de BBVA. “Las autoridades se han centrado mucho en el eje México-Toluca, por ejemplo, y se han olvidado de todo lo que va hacia el Bajío y el norte, que son las zonas del país que más crecen”, complementa Moy. “Es un error que está afectando a las manufacturas y al conjunto de la economía del Edomex”. El despegue del sector primario en los últimos tiempos gracias, fundamentalmente, a la depreciación del peso frente al dólar y el discreto crecimiento del terciario (los servicios), impulsado por el crecimiento poblacional y el aumento del empleo formal, no han sido suficientes para contrarrestar la debilidad manufacturera.

Pero no es solo una cuestión de fallos sectoriales. El factor que, quizá, más atenaza la economía mexiquense es la “evidente descomposición de algunos indicadores clave, en especial en materia de inseguridad y pobreza”, valora Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, un centro de análisis del ejercicio de Gobierno en el país norteamericano. La realidad cotidiana le da la razón: la inseguridad se ha convertido en un problema número uno con el que los mexiquenses han de lidiar en su día a día. “En ausencia de Estado de derecho es natural que se genere incertidumbre, que crezcan los costos empresariales [fundamentalmente, por los mayores gastos en seguridad] y que, en definitiva, se generen ineficiencias en la economía”, asegura Campos. Además, pese a la disminución de la pobreza extrema, la carestía ha crecido en el último sexenio. También la pobreza laboral —el porcentaje de mexiquenses que no puede adquirir la canasta alimentaria básica con el ingreso procedente de su trabajo—, que ya asciende al 36,5% de la población de la entidad federativa.

Las finanzas públicas también se han convertido en los últimos lustros en otro de los elefantes en el salón del Estado de México. Las cifras oficiales de deuda que presenta la entidad ante el Ejecutivo mexicano exhiben unas finanzas públicas sanas respecto al resto de Estados del país: ha bajado del 3% al 2,2% durante la Administración de Eruviel Ávila. Pero al entrar en detalle emergen los claroscuros: las tasas de interés de la deuda viva han crecido sustancialmente desde 2011 –del 6,1% al 7,6%– y los plazos de devolución son cada vez más cortos –si hace cuatro años la deuda pública mexiquense tenía un plazo de vencimiento promedio de 16,7 años, en 2016 este había bajado a solo 15 años–. “Tener que pagar más en menos tiempo es una mala noticia, pero quizá lo que más preocupa son las deudas por aflorar”, apunta Mariana Campos. La experiencia, subraya la analista de México Evalúa, indica que en aquellos Estados en los que no ha habido alternancia política, como Durango hasta el año pasado, cuando se produce un cambio aparecen pasivos de los que no se tenía constancia. Dos partidas son especialmente susceptible de esconder deudas: proveedores y fideicomisos, donde se utilizan “esquemas que intentan esquivar la legislación, pero que son pasivos públicos como cualquier otro”, añade Campos. “Todos los indicadores de endeudamiento tienen que tomarse con cautela y en el Estado de México más aún: no se ha hecho un ejercicio de ventilar el pasado”. En el mayor presupuesto estatal de todo el país, superior a 260.000 millones de pesos (14.000 millones de dólares), los riesgos se multiplican.