Afirmamos hace ya un tiempo que el siglo XX pasaría a la historia como uno de los más sangrientos en el continente europeo a la vista de los conflictos bélicos que enfrentaron a sus naciones. Fue, sin duda, el siglo del horror si atendemos a las imágenes de las que fue testigo el mundo entero cuando finalizada la II Guerra Mundial los ejércitos aliados liberaron los campos de exterminio nazis. El convencimiento de las naciones europeas de no querer volver a cometer los mismos errores hizo que aquellos Estados tradicionalmente enfrentados estuvieran dispuestos a poner en común parte de sus competencias soberanas para dar lugar a la creación de una organización de integración como la Unión Europea fundamentada en valores democráticos.

No se trata, ahora, de ensalzar los éxitos de un proyecto económico, político y jurídico que parecen diluirse con el paso del tiempo y que resultan difícilmente perceptibles por las generaciones de europeos más jóvenes. Tampoco pretendemos centrar la atención en una crítica fácil sobre las imperfecciones que arrastra su diseño, ni siquiera aprovechar la precariedad económica y social de amplias capas de la sociedad más castigadas para enmendar una política monetaria y fiscal que define y ejecuta la Unión Europea con rigor implacable sobre los Estados que voluntariamente han manifestado aceptar las reglas por pertenecer a dicha organización. Sin negar importancia al impacto que estos problemas pueden tener en la propia viabilidad futura del proyecto, me parece imprescindible centrar la atención en un aspecto que afecta a los valores sobre los que se asienta la propia Unión Europea y que no es otro que la pérdida de calidad de la democracia de algunos Estados miembros.

Como es sabido por todos, los Estados que deseen formar parte de la Unión deben acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos. Así, además de tener la condición de estado europeo, es imprescindible aceptar el acervo de la Unión, acreditar una economía de mercado y ser una democracia. El "control de calidad" sobre el grado de cumplimiento de los llamados criterios de Copenhague tiene lugar en el momento de negociación de la adhesión de un nuevo Estado a la Unión. Ningún Estado que no cumpla con garantías los criterios expuestos es aceptado como miembro de la Unión. Turquía puede dar buena prueba de ello.

Sin embargo, el control democrático establecido para el ingreso en la Unión no ha sido un mecanismo suficiente para garantizar que todos los Estados miembros mantengan la calidad de sus sistemas democráticos. De hecho, en los últimos tiempos asistimos con especial preocupación a una regresión democrática en países como Polonia cuyo Gobierno está imponiendo una agenda política que suscita dudas de compatibilidad con el estándar democrático exigible.

De lo expuesto podría pensarse que la Unión Europea carece de mecanismos que pudieran constatar esta situación o, incluso, si las circunstancias así lo aconsejan imponer medidas para su corrección. Nada más lejos de la realidad. El Tratado de la Unión Europea contiene un mecanismo en virtud del cual se habilita al Consejo para que, a propuesta de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, constate la existencia de un riesgo claro de violación por parte de un Estado de los valores sobre los que se asienta la Unión (dignidad humana, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías) y, en su caso, imponga las oportunas recomendaciones que permitan revertir la situación.

La constatación de que un Estado se encuentra en riesgo claro de violación de los derechos humanos exigirá que el Estado afectado sea previamente oído. Si tal procedimiento no diera resultados satisfactorios, el Consejo Europeo podrá constar la existencia de una violación grave y persistente de tales valores siendo el Consejo el competente para sancionar al Estados suspendiéndole determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados incluido, si fuera necesario, el derecho de voto en el propio Consejo.

Hasta la fecha, aunque el Parlamento Europeo ha emitido ya varias Resoluciones expresando su preocupación y el Estado está siendo objeto de atención por parte de la Comisión Europea todavía no se ha activado el procedimiento al que hago mención en esta tribuna.

Soy consciente de la importancia de conducirse en estos asuntos con prudencia. Probablemente el enjuiciamiento de la calidad democrática de las decisiones que adopta un Gobierno de un Estado elegido por sus ciudadanos requiera una dosis añadida de fineza. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que el contexto político actual no deja margen para la duda cuando se trata de enjuiciar la calidad democrática de un Estado. Más bien al contrario, es tiempo de reivindicar con cierta contundencia la importancia de preservar los estándares de calidad democrática con los que hemos configurado el proyecto europeo.

No es solo cuestión de hacer respetar las reglas de juego a quien ha manifestado querer ser parte de una organización. Se trata, en realidad, de garantizar la propia supervivencia de la Unión en un contexto cada vez más amenazante.