CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Cada año, el gobierno gasta de manera desmedida y discrecional recursos públicos en publicidad oficial sin beneficio para la ciudadanía, aseguró Paulina Castaño, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, durante un foro convocado por Artículo 19 para destacar la importancia de que se implementen límites y candados en esa materia, a cinco días de que la SCJN discuta un proyecto de sentencia para regularla.

Según los datos de esta organización, el sexenio de Enrique Peña Nieto podría terminar con un despilfarro de 60 mil millones de pesos en propaganda.

Tan solo entre 2013 y 2016, la administración actual gastó más de 37 mil millones de pesos, con un sobre ejercicio de 71%, cifra equivalente a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016.

De esos 37 mil mdp, según Fundar, 9 mil 769 se concentraron en pagos a solo dos medios de comunicación: Televisa y TV Azteca.

En 2016, el gobierno federal excedió en 257% el monto asignado a publicidad oficial.

Fue luego de este análisis que Castaño aseguró: “De seguir con la tendencia en cuanto al incremento en gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a los 60 mil millones de pesos al cierre de su administración”.

Pero esta práctica no se limita al ámbito federal. La “opacidad y la discrecionalidad” con la que se destinan recursos públicos en publicidad también se han “perpetuado” en los estados de la República, aprovechando la renuencia del poder legislativo para legislar en la materia.

En 2015, según los estudios de la menciona organización, las entidades federativas ejercieron 11 mil 895 millones de pesos, concentrando el 70% del gasto en los poderes ejecutivos.

“Los sobre ejercicios siguen siendo una constante. Se gasta el doble de lo que se presupuesta y, por ende, se deja de gastar en rubros prioritarios como el social. Nuestro dinero debe destinarse para solucionar necesidades públicas urgentes como es la reconstrucción tras los sismos de septiembre, para salud, para educación, para beneficio de la ciudadanía”, dijo Castaño.

Y continuó: “Nuestro dinero no debe servir para beneficiar funcionarios, no debe emplearse en propaganda de figuras públicas o logros de gobierno, no debe servir para manipular información, no debe ser utilizada para callar a quienes ejercen el periodismo crítico, plural e independiente”, dijo Castaño.

Y es que la publicidad oficial ha sido el medio a través del cual gobernantes y partidos políticos han encontrado la manera de ejercer lo que los expertos llaman “censura indirecta”, basada en premiar o castigar medios de comunicación a partir de la manipulación de su línea editorial.

“Desde hace diez años, los legisladores no han querido regular la publicidad oficial. La omisión del Legislativo fomenta prácticas ligadas a la corrupción como son los vínculos financieros discrecionales entre medios y gobiernos, que pretenden publicitarse o legitimarse”, fueron sus palabras.

En ese sentido, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, aseguró que la inacción legislativa sigue perpetuando “omisiones a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor o un control indirecto sobre medios de comunicación, impactando en el derecho a la información de la sociedad”.

Y el académico del CIDE, Carlos Bravo, agregó: “Todo indica que por presiones gubernamentales se ha procurado silenciar ciertas voces a través de la intermediación de los empresarios (dueños de medios de comunicación), por la cantidad de recursos que el Estado mexicano invierte en publicidad gubernamental, la discrecionalidad con la que se ejercen esos recursos y el hecho de que buena parte del modelo de negocios de nuestros medios de comunicación esté construido precisamente sobre la posibilidad de recibir ese dinero.

“Es una atmósfera en la que es difícil garantizar el ejercicio de la libertad de expresión porque los propios medios de comunicación se vuelven vulnerables a las presiones de los poderes públicos que ejercen el gasto en publicidad”, sostuvo.

Por su parte, la consejera del INE, Pamela San Martín, aseguró que este es un tema que también incide en materia electoral.

Explicó: “La lógica de un estado democrático tiene como una precondición el ejercicio de la libertad de expresión. Además, el ejercicio del derecho al voto parte de otra precondición: que el voto sea libre. Y para que un voto pueda ser libre, necesariamente debe ser un voto informado.

“La ausencia de regulación de la propaganda electoral lo que nos propicia es un uso indiscriminado de recursos públicos para promover aspiraciones de servidores públicos, para promover las acciones, como propaganda, de los distintos órdenes de gobierno con fines de incidir en la contienda electoral

“Cuando se acercan los procesos electorales, vemos un ánimo enorme de los funcionarios por rendir cuentas. El problema es que eso se limita a comprar espacios en espectaculares, medios de comunicación, en la que hacen todo menos informar las labores que han realizado”, dijo la consejera del INE.

Especialista en transparencia, Jaqueline Peschard, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, demandó mayor transparencia en la asignación de recursos por concepto de publicidad oficial.

“Que se abra para todos a quién se le asignan, qué medios son los beneficiarios, cuánto recibe cada uno. Si tenemos eso de manera detallada, podremos ver si se está condicionando la propia libertad de expresión de los medios. Si no hay transparencia, difícilmente podremos entender que ciertos elementos que se identifican como censura efectivamente están asociados a los montos que se asignan, y que no se hace equitativamente entre los distintos medios”, lanzó Peschard.

Y agregó: “Esto va mucho más allá. Tiene que ver con la inseguridad y todas las limitaciones que tiene el ejercicio de la prensa libre, la prensa de investigación en el contexto de este país. Es urgente saber qué se hace con los recursos públicos”.

Finalmente, Lourdes Morales, miembro de la Red por la Rendición de Cuentas, lamentó que los partidos políticos no cumplan con su obligación de transparencia.

“Los diagnósticos de censura indirecta no pueden ser más precisos. Si antes la forma de censurar era a través de una llamada, ahora a través de billetazos y amenazas es como se cuarta la libertad de expresión.

“Los dueños de los medios están ausentes y son responsables de que exista censura indirecta y de que no ejerzamos los derechos fundamentales. Tienen que decir algo y comprometerse para que podamos avanzar en nuestra incipiente democracia”, concluyó.