Maduro, durante su programa televisivo QUALITY

La invocación este martes por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de la Carta Democrática Interamericana para evaluar la situación en Venezuela, ha llevado a una nueva fase los esfuerzos diplomáticos que se adelantan para conjurar la crisis en el país suramericano.

La Carta Democrática Interamericana fue promulgada el 11 de septiembre de 2001. Mientras las Torres Gemelas se desplomaban en Nueva York, en Lima dignatarios de todo el hemisferio se reunían para suscribirla. El documento procuraba coordinar a las entonces todavía jóvenes democracias del continente –Perú acababa de deshacerse del régimen fujimorista- para conformar un cordón sanitario que aislara a cualquier nación en la que se produjera una interrupción del hilo constitucional.

Aunque sus sanciones son solo de carácter político y pueden acarrear hasta la suspensión del Estado en cuestión del sistema interamericano, la activación de la carta es una solicitud largamente reclamada por la oposición venezolana. Al pedir una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en virtud del artículo 20 de la carta, Almagro –que justificó la convocatoria tras presentar un informe de 132 páginas que diagnostica el deterioro de la democracia en Venezuela- parece haberse hecho eco de esas exigencias.

Maduro anunció también que estudia emprender “acciones legales” en España contra diversos medios peninsulares

La reacción furibunda del Gobierno de Caracas no se hizo esperar. El presidente Nicolás Maduro, que entiende que la Carta Democrática constituye el preámbulo de una intervención extranjera, calificó en horas de la tarde del martes ese documento como “una entelequia” y sugirió a Almagro metérselo “por donde le quepa”.

Maduro, que durante casi siete años sirvió al fallecido Hugo Chávez como Canciller, sabe bien de qué habla. En dos crisis regionales –el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009, y la destitución por el parlamento paraguayo del presidente Fernando Lugo, en 2012- promovió la puesta en vigencia de la Carta Democrática como parte de las iniciativas hemisféricas para la restitución del orden constitucional en esos países.

Para sorpresa de todos, sin embargo, apenas unas tres horas después de sus invectivas, el mismo martes pero en otra intervención televisada, el presidente venezolano reapareció con su talante de estadista. Pidió entonces a la oposición volver a las rondas “de aproximación” que, bajo el auspicio de una terna de ex presidentes iberoamericanos y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), parecieron morir al nacer el pasado viernes en un balneario de Santo Domingo.

En un país como Venezuela, donde falta casi cualquier mercancía, el bien más escaso y preciado para el Gobierno es el tiempo. Los estudios de opinión demuestran que cualquier proceso electoral se resolvería en la actualidad con una aparatosa derrota del oficialismo. Maduro, que gobierna un día a la vez, necesita bloquear o, al menos, posponer hasta 2017 la realización del referendo revocatorio que pide la oposición. Conseguirlo no solo le daría la oportunidad de intentar algún repunte en las encuestas para el bando gubernamental sino, sobre todo, asegurarse de que, si pierde, lo sustituya en el cargo el vicepresidente –por ahora, el ex ministro y gobernador chavista Aristóbulo Istúriz- para completar el periodo de su magistratura hasta 2019.

Maduro parece hacer encontrado una rendija dentro de la comunidad internacional donde puede comprar ese tiempo: las rondas de República Dominicana. Se trata de una iniciativa de intermediación impulsada por los ex presidentes Martín Torrijos, de Panamá; Leonel Fernández, de República Dominicana; y el español José Luis Rodríguez Zapatero; en conjunto con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La primera jornada de ese proceso, realizada el viernes pasado en Santo Domingo, terminó en un cruce de recriminaciones mutuas a través de las redes sociales entre Gobierno y oposición. Ese escarpado inicio no es el único elemento poco auspicioso para una eventual negociación. Sectores de oposición perciben a Unasur y a los ex presidentes como una parte afín al Gobierno. Una declaración de la Conferencia Episcopal Venezolana aseguraba este martes que Unasur “no es un actor adecuado para el diálogo porque en su génesis el gobierno de Chávez tuvo mucho que ver”. Pero, aclaró el cardenal Jorge Urosa, “es la oposición quien debe decidir si acepta o no la mediación de Unasur”.

De manera inesperada, el mismo martes, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que expresaban su “satisfacción por las gestiones realizadas por los ex presidentes” y su apoyo “a este esfuerzo de entendimiento y diálogo y a los procedimientos constitucionales tal como el relativo al referéndum revocatorio”.

La declaración apareció como una réplica a la iniciativa de Almagro y, a la vez, como el apuntalamiento de una cancha alternativa a la de la OEA, que ya Maduro percibe como hostil. No resulta una coincidencia que casi en simultáneo el presidente venezolano adoptara, ante las cámaras de televisión, una actitud favorable para las conversaciones en Santo Domingo, contrastante con el acre rechazo que mostró ante la invocación de la Carta Democrática y sus plazos perentorios. En medio del ajedrez diplomático que se juega en Venezuela, el chavismo, casi como una ironía a la luz de sus lemas anti intervencionistas, busca algo de oxígeno en la mediación internacional.