Javier F. Ferrero

Hoy viernes se cumple el primer año desde la aprobación en el Congreso de los Diputados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El pacto fue aprobado con una financiación de 1.000 millones de euros. Se repartirían en cinco años, pero los primeros 200 millones, los de 2018, a día de hoy todavía no han salido de las arcas del estado.

Pilar Llop, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, destaca que el Ejecutivo está trabajando para «afinar» algunas de las medidas contempladas en el pacto. «Hay medidas en el Pacto que son difíciles de aplicar en la práctica, o bien porque no tienen una redacción adecuada o porque no identifican o identifican mal al órgano competente para ejecutar la medida. Estamos trabajando para afinarlo«, indica Pilar Llop. Muchas palabras y buenas intenciones, pero solo quedan tres meses para finalizar un año con 38 mujeres asesinadas por violencia machista.

En lo que va de semana se han producido cinco asesinatos por violencia machista, el último el de una mujer en Torrox (Málaga) cuya actual pareja tenía una orden de alejamiento. No sabemos si se podrían haber evitado con la ayuda que supondría ese presupuesto, pero haber dispuesto de él al menos no dejaría dudas sobre que el Gobierno hizo todo lo que pudo.

Excusas y retrasos

El Gobierno dice que los ministerios ya disponen de los 80 millones que les corresponden. Interior, Educación y Sanidad son los tres que más fondos han recibido con cargo al pacto. Sin embargo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos todavía no han recibido la parte correspondiende de su partida presupuestaria, que asciende a 120 millones de euros.

Los fondos para acciones y medidas contra la violencia de género se han convertido en una patata caliente para las distintas personalidades relacionadas en mayor o menor medida con la igualdad. Dolors Montserrat, ministra de Sanidad e Igualdad, anunció que repartiría los 200 millones de euros de 2018 a lo largo del primer trimestre. Sin embargo, en marzo el Gobierno decidió vincular esos fondos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero las Cuentas Generales que presentó Cristóbal Montoro (PP) en abril trajeron la sorpresa de que no contemplaban los 200 millones comprometidos para el pacto.

Cerca de 300 organizaciones feministas convocaron en mayo movilizaciones en más de 70 ciudades de España para exigir al Gobierno que cumpliese la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con los 200 millones que prometió, lo que obligó al Partido Popular a enmendar las cuentas hasta incluir los 200 millones del pacto de Estado en los Presupuestos Generales, pero se frenó con la Moción de Censura y el cambio de Gobierno.

Víctimas de primera y de segunda

La portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Castañón, considera probado en este primer año de vida que el acuerdo adolecía de «falta de calendarización y de dotación presupuestaria», lo que ha impedido «desarrollar medidas concretas, más allá de propuestas legislativas«.

Podemos, que no votó el pacto por considerarlo insuficiente, cree que habría que desarrollar medidas tendentes a la consideración de todas las víctimas de las violencias machistas, no exclusivamente las de dentro de la pareja. «No debería de haber víctimas de primera o de segunda en las violencias machistas, tendríamos que dar una atención integral a todas las víctimas«.

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