Durante la administración de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) del gobierno de esa entidad organizó, en 2010, una cabalgata denominada “Bicentenario”, por la que pagó 49 millones y medio de pesos. El gasto fue comprobado con 62 facturas, de las cuales 19 resultaron falsas.



Ante esto, cinco diputados locales de la anterior legislatura denunciaron penalmente, en 2015, al titular de esa secretaría, Héctor H. Ortiz Ciscomani, y a Martha Beatriz Vallejo Ruiz, directora general de Planeación, Administración y Evaluación de la misma dependencia durante la pasada administración, por los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y falsificación de documentos.



De acuerdo con las facturas presentadas ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado (ISAF), la administración de Padrés gastó 26 mil pesos en mariachis, 243 mil pesos en carpas, 23 mil pesos en sombreros, 154 mil pesos en meseros, un millón de pesos en traslado de caballos, 70 mil pesos en refrescos, 70 mil pesos en canastas navideñas “para los invitados del gobernador”, un millón de pesos en seis mil desayunos, seis mil comidas y seis mil cenas, entre otros muchos conceptos. En total, 62 facturas.



Es decir, los casi 50 millones de pesos que se gastaron en este evento se destinaron principalmente a la compra de sombreros, pastura, traslado de caballos, brindar desayunos, comidas y cenas a los participantes de cabalgatas, pago de servicios musicales, renta de lonas, mobiliario y carpas, regalos, renta de vehículos y autobuses, servicios de sonido, etcétera.



En 2011, el ISAF realizó una auditoría a esta cabalgata, encontrando diversas irregularidades, por lo que otorgó a la dependencia un plazo de 30 días hábiles para solventarlas; sin embargo, el titular de la dependencia no pudo hacerlo, por lo que el Instituto le otorgó un nuevo plazo de 30 días para que emitiera un informe sobre las medidas que tomó para resarcir el daño patrimonial en el que incurrió.



“No resulta comprensible que con tanta carencia de recursos en el campo, ganadería, recursos forestales, en la pesca y en la acuacultura, los servidores públicos de esta secretaría destinen sumas importantes de su presupuesto para llevar a cabo eventos sociales, desviando con ello recursos públicos con beneficio propio o de terceros, de tal suerte que quienes hayan participado en estos hechos son presuntos responsables de los ilícitos mencionados”, señalan los legisladores en el cuerpo de su denuncia penal (de la que El Financiero tiene una copia).



Así, con el ISAF y los diputados locales presionando por este gasto, Héctor H. Ortiz Ciscomani y Martha Beatriz Vallejo Ruiz entregaron estas 62 facturas, mismas que, por la similitud en el tipo de letra con las que fueron llenadas algunas de ellas, llamaron la atención de los auditores.



De esta forma, el ISAF ordenó un dictamen de documentos y grafoscopía. Tras el análisis de estas facturas, el perito Noé Muñoz Rivera emitió un dictamen (también en poder de El Financiero) en el que asegura que, “al describir las 19 facturas se aprecia que pertenecen a un mismo origen gráfico; es decir, que éstas fueron elaboradas por el puño y letra de una sola persona, aun cuando las diecinueve facturas son de razones sociales distintas”.



Ante todas estas irregularidades, el 15 de junio de 2015 los cinco legisladores presentaron una denuncia penal en contra de ambos funcionarios; sin embargo, la Procuraduría estatal de la administración de Padrés ni siquiera llamó a declarar a los acusados. Actualmente este caso se encuentra en investigación en la Fiscalía Anticorrupción del estado.