Muchos creen que la brigada política de Interior durante el primer mandato de Rajoy se centró exclusivamente en conspirar contra el soberanismo catalán, y sobre todo contra la familia Pujol. Nada más lejos de la realidad.



El entramado de la cúpula policial que durante años actuó como un auténtico poder mafioso dentro del Estado centró sus blancos en todos los que se enfrentaban al poder omnímodo del PP. Y uno de sus principales objetivos fue Pablo Iglesias, ni catalán ni soberanista.



Pero mucho más alarmante es descubrir que algunos de los que trabajaron en ese juego sucio contra políticos opositores siguen estando ahora mismo al servicio de la Policía Nacional... seguramente cobrando aún --vía fondos reservados-- de dinero público, puesto que ese tipo de colaboraciones no se suelen hacer gratuitamente.

Los tres informes falsos contra el líder de Podemos

En el caso del líder de Podemos, tres han sido los informes falsos que en el último año se han hecho contra él: el informe PISA, el falso pago desde Venezuela en un paraíso fiscal y una investigación sobre sus relaciones adolescentes o el pasado y el trabajo de sus padres.



Para hacer trabajos tan alegales, además de supuestos "agentes encubiertos" como el comisario José Manuel Villarejo y toda su estructura empresarial, el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, acaba de confesar por escrito ante el juez José De la Mata (el que instruye el caso Pujol en la Audiencia Nacional) que también había utilizado a dos exdetectives de la agencia Método 3 desde al menos 2013 y hasta que él abandonó la Policía, en el verano de 2016. Pero al final de su nota revela que siguen trabajando para Interior:



"Que según la información de que dispongo los detectives continúan colaborando con el CNP [por Cuerpo Nacional de Policía], y que el hecho inicial de esta colaboración se debe a una venganza por no haber cobrado una cantidad cercana a los 200.000.-€ que según los detectives les debía el Director de la Agencia de Investigación citada"



Estos mismos detectives, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit --quienes sirvieron para filtrar información de la agencia de detectives que dirigía Francisco Marco dentro del marco de la Operación Cataluña y que cobraban de los fondos reservados--, fueron empleados para elaborar el informe fantasma contra Pablo Iglesias que vio la luz en la primera quincena de 2016, según ha podido confirmar Público.



Fue el propio Peribáñez quien se vanaglorió en su Facebook de haber aportado su grano de arena sobre la supuesta financiación de Irán a dirigentes destacados de la formación morada, después de que Eduardo Inda publicara --y agitara incansablemente en todas las tertulias televisivas-- el dossier conocido como PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es más, la mismísima argumentación que utilizaba Inda repetitivamente ya la había dejado por escrito Peribáñez en su libro Descubriendo el laberinto rojo, editado en 2015.



Por cierto, ¿por qué acaba Peribáñez de borrar de su muro de Facebook la entrada en la que alardeaba (en 2016) de que él ya había adelantado el contenido del informe PISA?

El libro de Peribáñez fue el precursor del PISA

El 14 de enero de 2016, Público desveló que el dossier anti Pablo Iglesias no existía como tal dentro de la Policía. Es decir, no había ni hay investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ni diligencias policiales, ni actuación judicial, ni siquiera denuncia concreta.



Pocos meses después se descubrió que ese informe fantasma era un conjunto de recortes de prensa y de documentos ya publicados, de los que sólo era cierto que Pablo Iglesias había percibido 700 euros netos por producir, dirigir y presentar cada uno de los programas de debate Fort Apache (en torno a ocho al mes) durante los anteriores tres años, sumando unos ingresos totales anuales de 31.000 euros. Algo conocido y notorio --y pertinentemente declarado a Hacienda-- que no tenía nada que ver con los supuestos "millones de euros" que Inda y el informe PISA atribuían a Podemos como "financiación del Gobierno de Teherán".



Las publicaciones que recogieron esa filtración adujeron que cobrar por Fort Apache equivalía a recibir fondos de Irán, porque la productora española, 360 Global Media, vende esos programas de debate a Hispan TV, de capital iraní. Pero lo que ya rozaba el delirio era atribuir que todos los gastos e inversiones de Irán en el funcionamiento de Hispan TV, de todos sus programas e instalaciones, fueron empleados en financiar a Podemos. Un absurdo de cajón: en ese caso, Hispan TV no existiría, puesto que todo el dinero se habría empleado en el partido y no en la emisora, sus empleados, sus instalaciones y sus equipos.



Un argumento falto de toda lógica que asombrosamente compraron casi todos los grandes medios de comunicación en España en cuanto Inda y otros pocos periodistas afirmaron --falsamente-- que la UDEF había iniciado pesquisas sobre una presunta financiación ilegal millonaria del partido de Iglesias.



Por supuesto, toda la información que contenía el PISA, un supuesto informe policial sin sello, ni membrete de la Policía, ni firma ni número de agente, se demostró absolutamente falsa en todos los niveles de la Justicia: desde juzgados de instrucción hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional.



Aunque todo ello no era más que un dejà vu: en su libro propagandístico Descubriendo el laberinto rojo (furibundamente anti Pablo Iglesias), Peribáñez ya había denunciado la existencia de 360 Global Media, asegurando que el futuro líder de Podemos (citaba un presunto acuerdo de "finales de 2012" en la página 224) "percibiría más de 3000 euros por programa", afirmación falsa de toda falsedad (por emplear los mismos términos de Eugenio Pino sobre las cloacas de Interior).

De Irán a Venezuela pasando por Torre Picasso

La relación de Peribáñez y Tamarit con la brigada política se inició a través del socio del comisario Villarejo, el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso. El Bigotes, como se le conoce en el sector de la investigación privada, había trabajado con ellos en la agencia Método 3, como ha ido desvelando Público en sucesivas exclusivas.



Peribáñez se lo fue contando todo a su ex compañera vía whatsapp desde 2013, después de que se desmantelara la agencia de detectives, y también le indicó que cobraban de los fondos reservados por hacer "informes" y que sospechaban que el socio de Villarejo (Giménez Raso) se estaba quedando con parte del dinero (todo ello desvelado en exclusiva por Público).



Fue de esos detectives de donde se sacó Villarejo la parte relacionada con la supuesta financiación de Pablo Iglesias con Irán. Pero el trabajo encomendado desde Interior a Villarejo, sus empresas radicadas en la lujosa Torre Picasso y sus empleados --como él mismo ha afirmado en una nota informativa entregada a los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA)-- continuó con un viaje a Venezuela y a Miami en marzo de 2016.



Allí se reunieron con la oposición venezolana, después de que la Policía española diera protección a un presunto confidente de la agencia norteamericana contra el tráfico de drogas (DEA), de cuya información se valió el entonces Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para dirigir su propaganda (en plena temporada electoral) contra la formación morada, como también desveló este diario.



Un mes después de aquel viaje a América, entre el 19 y el 27 de abril, cinco ex altos cargos del Gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez se hospedaron en el madrileño hotel Orfila para diseñar una segunda versión del apócrifo Informe PISA antes de las elecciones generales del 26 de junio.



Según el documento que reveló Público, todos los confidentes estaban protegidos por el Gobierno de Estados Unidos –dos de ellos han salido en los papeles de Panamá por esconder su fortuna en paraísos fiscales–, porque "querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, explicó una fuente policial que participó en la operación.



Fue de aquella operación de donde salió el presunto documento de pago del Gobierno venezolano de más de 200.000 euros a Pablo Iglesias, que también publicó Eduardo Inda, y que era tan falso que ni el nombre del ministerio que supuestamente emitía el desembolso coincidía con el verdadero.

Periodistas 'traca-traca' al servicio de Villarejo y Pino

El modus operandi utilizado por la brigada política para esta campaña de desprestigio contra el líder de Podemos era el mismo que llevaban empleando desde que en 2012 Eugenio Pino tomó el mando operativo de la Policía y utilizó al comisario Villarejo para esas operaciones "encubiertas".



Se manufactura un documento falso, elaborado con "testigos" pagados de los fondos reservados --algunos condenados por delitos económicos como el blanqueo de capitales--, se filtra a periodistas de cabecera, como Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, y a continuación el sindicato ultra Manos Limpias --dirigido por Miguel Bernad (ex secretario personal de Blas Piñar y recién salido de prisión por extorsionar a Casa Real y a diferentes entidades bancarias)-- pone una querella en los tribunales y comienza a conceder ruedas de prensa, intervenir en los programas de televisión y facilitar documentos al resto de periodistas.



Así se hizo también contra el secretario general de Podemos en una campaña que continúa a día de hoy a pesar de que la Justicia haya acreditado una y otra vez la falsedad de todas las supuestas investigaciones.



Por todo esto, a Eugenio Pino no le gusta que los jueces exijan "pruebas reales".