Para borrar la "mala experiencia" de la anterior gestión, y en señal de distensión hacia los gremios, el Gobierno nacional se propone avanzar con la regularización de unos 10.000 trabajadores de la administración pública que en la actualidad revisten funciones con esquemas de contratación precaria y, de este modo, otorgarles estabilidad en el cargo, independientemente del signo político del presidente de turno.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, se propuso pasar a planta permanente a buena parte de los empleados públicos que están bajo alguna modalidad de "contratación transitoria", para que no sean "víctimas de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno", ni puedan ser removidos de sus cargos ante el cambio de una gestión, como ocurrió entre 2015 y 2019 con cerca de 42.000 despedidos en la era Macri.

La contratación de personal en la administración pública nacional prevé la incorporación de personas por tiempo determinado y su designación en plantas transitorias. A diferencia de los aún más precarios contratos que se ocultan detrás del régimen de locación de servicios con monotributistas, los "planta transitoria" (como los llaman en la jerga estatal) tienen reconocida una relación de dependencia, pero su permanencia está sujeta a revisión cada seis meses o un año.

Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, llevó a cabo una auditoría de cada repartición y estableció niveles de "dotaciones óptimas" por área. La excedencia de personal evaluada por el macrismo llevó al despido de unos 42.000 trabajadores, de los cuales 30.000 estaban vinculados a distintas áreas de la administración pública nacional y organismos descentralizados con contrataciones transitorias. Buena parte de los recortes ocurrieron en los ministerios de Agroindustria y Cultura, y también en entes autárquicos, como el INTI y el Senasa.

Mirá también Nueva marcha contra el Gobierno en varias ciudades del país La concentración, que fue convocada por redes sociales, tuvo como principales puntos al Obelisco y la Quinta de Olivos. También hubo manifestaciones en el interior del país.

Plan de mediano plazo

Para dar "protección de los vaivenes políticos" a los estatales y "recuperar la estabilidad como marca distintiva del empleo público", la gestión del presidente Alberto Fernández, de aceitado diálogo con los principales sindicatos de estatales, UPCN y ATE, trabaja en un plan de pase a planta de unos 10.000 trabajadores, en un plazo de cuatro años.

En verdad, en la órbita nacional hay aproximadamente 70.000 empleados con esquemas precarios de contratación, pero en el Gobierno entienden que, en cuatro años, apenas se pueden "blanquear" a una porción de esos funcionarios, habida cuenta del balance en rojo de las arcas públicas. El blanqueo, en tanto, no comporta nuevas erogaciones ya que el único cambio se hace en la estabilidad en el cargo.

Pese a las buenas intenciones, el plan tropieza a poco andar con una piedra difícil de remover. El pase a planta debe efectuarse mediante un concurso público, al que puede acceder el empleado en planta transitoria, un burócrata de otra repartición, o incluso un ciudadano común, por lo que en el camino, el empleado al que se pretendía mejorar su situación laboral podría quedar en la calle.

Para sortear este intríngulis, el Gobierno pretende acompañar la regularización con la apertura de nuevos cargos en instancias superiores para los trabajadores que ya están en planta y aguardan desde hace años el llamado a concurso para subir de rango y, por lo tanto, mejorar sus remuneraciones. Caso contrario, avecinan una avalancha de reclamos y una mayor conflictividad con los gremios.

La propuesta oficial fue comunicada ya a los representantes gremiales, en la antesala de la discusión paritaria por comenzar en las próximas semanas, y que se avecina compleja en tanto el presidente Alberto Fernández se opuso a la vigencia de la "cláusula gatillo".