Manuel Castells definió la educación como “la función más importante de la sociedad” y la universidad como “el último refugio de la libertad”. Ahora puede trabajar en este ámbito de manera amplia, pero también con muchas responsabilidades. El nuevo ministro de Universidades —a propuesta de Ada Colau— tomó posesión del cargo el lunes 13 de enero, en un momento en el que las voces estudiantiles que piden equidad en el acceso a las instituciones públicas, garantías para poder continuar sus estudios y una mayor financiación por parte del Estado no han dejado de escucharse.

Castells hizo dos cosas en el acto de traspaso de carteras. La primera, reconocer que no estaba de acuerdo en la división del Ministerio de Universidades y Ciencia —si bien añadió que habrá “cooperación y diálogo” con Pedro Duque—, una medida cuya disconformidad ya manifestaron los rectores y que supone la primera cartera dedicada exclusivamente a Universidades desde 1978. La segunda fue mostrarse cauto a la hora de desvelar las líneas de acción de lo que será su mandato. Pero los textos firmados por el catedrático, sus investigaciones y las numerosas entrevistas concedidas pueden arrojar luz sobre los preceptos de su enfoque en materia universitaria, especialmente en tres aspectos clave interrelacionados entre sí y que el nuevo ministro ha abordado en numerosas ocasiones: financiación, competitividad y autonomía. El primero es el que más preocupa a los sectores sociales, por ser el condicionante que puede garantizar la universalidad en el acceso y permanencia en la educación superior. Algo que, según señalan investigadores y expertos, está lejos todavía de ser alcanzado.

Quién estudia en la universidad

Este interrogante es el título de una investigación publicada el pasado octubre por el Observatori del Sistema Universitari. La investigación analizaba 15 años de acceso a la universidad pública en Catalunya —de 2002 a 2017— y concluía que los hijos e hijas de personas con estudios universitarios están sobrerrepresentados al sumar el 47% del estudiantado que accede a estas instituciones, suponiendo solamente el 26% de la población de 19 años de edad. Caso contrario sucede con las personas jóvenes cuyos progenitores no tienen más estudios que los obligatorios: son solo el 24% de los jóvenes que acceden a la universidad, pese a que constituyen cerca del 40% de la población de 19 años. Quienes tienen progenitores con estudios secundarios postobligatorios suponen un 34% de la población total joven pero menos de un 29% de quienes llegan a la universidad.

Formulado de otro modo: la tasa de acceso a la universidad catalana entre estudiantes con progenitores con estudios universitarios es de casi el 83%. Entre hijos e hijas de progenitores con estudios postobligatorios, del 38%. Y en el caso de estudiantes con progenitores sin más estudios que los obligatorios, del 28%.

Los hijos e hijas de personas con estudios universitarios están sobrerrepresentados al suponer el 47% del estudiantado que accede a estas instituciones, siendo solo el 26% de la población de 19 años de edad

“Vimos que la diferencia de acceso a la universidad no era una novedad como consecuencia de la crisis o del incremento de las tasas, sino que se mantenía a lo largo del tiempo”, explica Helena Troiano, doctora en Sociología y profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y coautora del citado informe. Salvo en 2017, que había menos matriculados hijos de universitarios, lo que compensaba los porcentajes de los otros dos grupos: “Parecía que en ese año las desigualdades bajaban, y pensamos que podía influir que estábamos estudiando sólo las públicas. Nos pusimos a mirar datos y vimos que, efectivamente, las matriculaciones en las universidades privadas se habían disparado desde 2015”.

En Catalunya el acceso a la universidad aumentó más de un 26 % en el período de 2013 a 2018, lo que hace que ahora sea en la desviación de estudiantes del origen más alto hacia universidades privadas, explica Troiano, donde se está concentrando el problema de inequidad en el acceso: “Ya generaba desigualdad que la selección fuera en base a las notas —sabemos que las personas de diferente nivel social rinden de forma diferente en la escuela—, pero si, además, le añades que unos tienes oportunidades de ir a universidades privadas donde la desigualdad viene generada directamente por cuestiones económicas, se acucia más la inequidad en el sistema, no sólo universitario”, concluye.

En cualquier caso, la desigualdad en el acceso no es la única que se produce en la universidad, tal y como explica la socióloga: “Hay una desigualdad también en la elección de los estudios. Damos por hecho que diferentes grados tienen que costar diferente dinero, pero esto no sucede así en la mayoría de países europeos”. El precio de los estudios, mantiene Troiano, es otra desigualdad a la que se le añade una tercera muy vinculada: “Tenemos un sistema en el que si suspendes pagas más por los créditos que has suspendido, y hay carreras que tienen una tasa de rendimiento más baja —lo que quiere decir que la gente suspende más— que otras”. Según los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación, el precio medio de un crédito en Grado de experimentalidad máxima aumentó progresivamente desde 2009 (16,85) hasta 2015 (22,21), momento a partir del cual comenzaron a descender ligeramente; pero con respecto al 2011 la media del incremento en este tipo de carreras es de casi 4 euros por crédito (22%).

Troiano señala una desigualdad en la elección de los estudios: “Cuando miras la composición social de las titulaciones se hace muy evidente que en algunas el origen social es mucho más alto que en otras”

A todo ello se suma que en titulaciones más difíciles de aprobar es complejo combinar estudios y trabajo: “Todo ello se traduce en que unas titulaciones se encarezcan más que otras, lo que las hace más arriesgadas para estudiar. Cuando miras la composición social de las titulaciones, se hace muy evidente que en algunas titulaciones el origen social es mucho más alto que en otras”. Troiano defiende que, para lograr una universidad equitativa no solo hay que actuar en el acceso, sino también abordar “la cuestión del tipo de estudios y que la gente pueda estudiar realmente lo que quiera, algo que hoy día no sucede”.

Becas, tasas y financiación pública

Desde el colectivo Estudiantes en Movimiento se muestran “esperanzadas, por una parte, pero preocupadas por otra” por los acuerdos alcanzados por la coalición en materia universitaria, “ya que no sabemos si algunas de nuestras demandas podrán ser atendidas por el nuevo Gobierno”, según declara Úrsula Casanova, estudiante de Lenguas Modernas en la Universidad de Zaragoza e integrante en la Comisión de Políticas Educativas de Estudiantes en Movimiento. Para el colectivo resulta prioritario “reformular la financiación” de las universidades públicas: “Es una de las cosas que más nos preocupa, porque hemos visto que ha descendido un 27,5% en comparación con el crecimiento que está experimentando la universidad privada”, resume la integrante.

“Nos preocupa el descenso de un 27,5% de la financiación de la pública en comparación con el crecimiento que está experimentando la privada”, señalan desde Estudiantes en Movimiento

El acuerdo del PSOE-UP recoge una revisión del sistema de becas universitarias para garantizar “que se consideren un derecho subjetivo según la situación de las rentas familiares, simplificándolo y haciéndolo más ágil, asegurando que la convocatoria se resuelva antes del comienzo de curso y se adelanten los ingresos” y un aumento en la financiación de becas. En el curso 2017-2018 el presupuesto ejecutado en becas y ayudas al estudio en el ámbito universitario por la Administración General del Estado fue de 1.463.649 miles de euros. “Sobre el sistema de becas, y aunque nuestro objetivo máximo es la educación 100% gratuita, nuestra exigencia es que la otorgamiento tenga un criterio de renta absoluto y no de excelencia”, resume Casanova.

Troiano apunta en esta misma dirección: “Uno de los cambios que hubo con el gobierno del PP fue vincular, todavía más, el rendimiento académico a conservar la beca. Esto ha sido una desgracia total, porque si a titulaciones que son de por sí muy arriesgadas le añades el riesgo de pérdida de beca, la situación se agrava”.

La profesora argumenta que está demostrado que los estudiantes becados son los que más rinden: “Presuponer que se van a demorar porque confían en sus becas es algo que los datos desmienten, por lo que no hace falta que les aprietes más. Es por justicia social que les damos la beca, no por rendimiento académico: no les estamos premiando, sino que estamos compensando desigualdades sociales”.

“Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar”, definía en 2008 el ahora ministro de Universidades

En la línea de la financiación de universidades, Manuel Castells escribía en 2008 —antes de la gran subida de tasas en universidades catalanas— que “sería aconsejable aumentar el precio de las matrículas para que la parte más importante del presupuesto de las universidades dependa de la aportación de sus estudiantes y se vean obligadas a competir para atraer estudiantes ofreciendo mejor calidad y servicio”. Añadía: “El Estado tiene que dar becas a todos los estudiantes que las necesiten. Precios públicos bajos para todos es una política regresiva, como demuestran los estudios internacionales, porque si los hijos de buena familia pagan lo mismo que los de familias modestas quiere decir que nuestros impuestos subvencionan a los más ricos”. “Equidad es que paguen todos más y que la mayoría reciba becas según el ingreso familiar”, definía el ahora ministro de Universidades.

Apoyos, recelos y demandas

“Hemos investigado el perfil de Castells y, aunque no ponemos en duda su prestigio como investigador en Ciencias Sociales, sí tenemos reticencias por la visión que tiene sobre la universidad”, resume Úrsula Casanova. Se refiere a conceptos como el de competitividad: “Él plantea la competencia entre universidades como una forma de obligarlas a mejorar, incluso llegando a plantear mejorar las tasas para que las universidades dependan más del número de estudiantes que consigan atraer. Creemos que la competencia entre universidades es inasumible en un sistema universitario equilibrado, justo e igualitario”, apunta Casanova.

El colectivo también manifiesta su rechazo a los plantamientos en materia de gobernanza de la Universidad: “El ministro ha defendido en alguna ocasión que la elección de rectores la hagan los gobiernos autonómicos en vez de ser elegidos democráticamente por la comunidad universitaria y eso nos parece una barbaridad”.

Estudiantes en Movimiento muestra su preocupación por “la relación de Castells con la Next International Business School”

Sin embargo, lo que más preocupa a Estudiantes en Movimiento, según Úrsula Casanova, es “la relación [presidente del Consejo Académico] de Castells con la Next International Business School, una escuela privada de negocios con un modelo caro y elitista que se aprovecha de universidades públicas con las que llega a acuerdos para que sus títulos obtengan más prestigio”. Según explica, su presencia en esa escuela “plantea serias dudas sobre la gestión que puede hacer desde el Ministerio”. No obstante, Manuel Castells señalaba en este sentido —tiempo antes de ser ministro— que “tras tres décadas como catedrático en la universidad española (...) sigo percibiendo en muchas de nuestras universidades el predominio de los intereses corporativos y personales sobre los valores de la educación y la ciencia”.

En su discurso pronunciado en 2001 en el acto de investidura como doctor honoris causa por la Universitat de València, Castells apostaba por la universidad como un dispositivo “de igualación social, de apertura de oportunidades para todos y, por consiguiente, de democratización de la sociedad en su sentido más profundo”.

Troiano señala que, para ello, es prioritario “un sistema de becas que ayude a la equidad, no sólo desde el punto de vista de dinero sino también de condiciones”. En ello coinciden Estudiantes en Movimiento a pesar de su apuesta por la gratuidad total en la educación: “El sistema de becas ha de tener un criterio de renta absoluto y no de excelencia”, al tiempo que piden que el Gobierno costee otros gastos, como la expedición de títulos, y se reduzcan las tasas, “inasumibles para muchas familias”. “Creo que a un gobierno de izquierdas se le tiene que notar que para ellos no es aceptable que la desigualdad en el sistema universitario venga dada por poder pagar o no poder pagar”, resume Helena Troiano.

La parte que afecta al acceso y permanencia en la universidad es solo uno de los aspectos que ha de afrontar Manuel Castells. Falta concretar cómo va actuar en ámbitos como las prácticas no remuneradas, si facilitará la movilidad y la residencia del alumnado del medio rural en el acceso a los estudios universitarios, y qué medidas llevará a cabo para facilitar la integración de los jóvenes al mercado laboral —los datos de los últimos años señalan una tasa de afiliación de 45% en el caso de egresados de universidades públicas frente al 59% de las privadas— o frenar el abandono universitario —que supone una pérdida de 974 millones al año, el equivalente al 12% del gasto anual en universidades, de los cuales aproximadamente el 70% es dinero público—. También queda pendiente conocer las líneas de actuación en materia de personal de administración y servicios y de personal docente e investigador, con asuntos como la problemática que refiere al profesorado asociado.