El Gobierno ha decidido llevar a cabo medidas inéditas en materia sanitaria en la historia reciente de España, anunció este domingo por la noche el ministro Salvador Illa en una comparecencia de los cuatro ministros designados para la gestión del estado de alarma. La primera, de enorme calado, supone la intervención de la sanidad privada para ponerla al servicio del Sistema Nacional de Salud. Serán los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas quienes podrán disponer de “todos los medios” necesarios del sistema privado para hacer frente a la epidemia.

In English Spanish government puts private healthcare firms at the orders of the regions

No serán los únicos recursos que podrán utilizar a partir de ahora las comunidades, bajo el mando de Ministerio de Sanidad. “También podrán habilitarse todos los espacios públicos y privados” que puedan ser necesarios para convertirlos temporalmente en nuevos lugares asistenciales para atender a los enfermos.

La primera de las tres órdenes aprobadas este domingo acaba con una tercera medida de tipo laboral dirigida a reforzar los recursos humanos de los centros sanitarios, muy diezmados por los contagios y cuarentenas provocados por el virus. La medida establece que todos los estudiantes en su cuarto año de residencia de especialidades como medicina interna, medicina intensiva y geriatría, entre otras, “verán prorrogada” la duración de sus contratos. Asimismo, “quedan suspendidas las rotaciones” y se autoriza la contratación de facultativos que no hayan logrado completar su especialidad tras aprobar las pruebas de médico residente (MIR).

La segunda de las órdenes está destinada a asegurar que el Sistema Nacional de Salud dispone de todos los bienes y servicios disponibles en España que puedan ser útiles en la lucha contra el coronavirus. El Gobierno da un plazo de 48 horas a empresas y particulares que tengan o puedan fabricar materiales como equipos de diagnóstico, mascarillas gafas protectoras, guantes y otros productos médicos y farmacológicos “a ponerlo en conocimiento” de las autoridades, bajo la amenaza de sanciones para aquellos que no lo hagan.

La tercera y última de las órdenes trata de establecer unas normas sobre el “suministro de información y datos” respecto a la evolución de la epidemia. Hasta ahora estos datos los venía ofreciendo diariamente el ministerio, aunque también las comunidades los actualizaban cuando lo consideraban conveniente, lo que en varios momentos ha creado cierta confusión sobre algunas cifras. A partir de ahora, según Illa, estos datos serán ofrecidos una sola vez a media mañana y de forma diaria por el Ministerio de Sanidad.

En la rueda de prensa de los cuatro ministros designados como autoridad competente durante el estado de alarma —Sanidad, Transportes y Movilidad, Defensa e Interior— también se avanzaron otras medidas tras la aprobación del real decreto el pasado sábado. José Luis Ábalos, titular de Transporte, informó de la reducción del transporte público de viajeros aéreos, marítimos y por carretera del 50%. En el caso de Renfe, la reducción será de hasta un 85%, porque además de bajar la oferta al 50%, se reduce a un tercio la capacidad de los trenes para garantizar la distancia entre pasajeros. “Una reducción drástica de la movilidad implicará molestias y sacrificios, pero la reducción del riesgo nos compromete a todos”, advirtió el ministro.

Las comunidades autónomas podrán fijar la reducción que estimen conveniente en los transportes públicos regionales y urbanos, siempre que “garanticen que los ciudadanos puedan acceder a su trabajo y a los servicios básicos”.

La titular de Defensa, Margarita Robles, por su parte, anunció que se va a alcanzar un acuerdo con todas las autonomías para atender a las personas sin hogar durante el estado de alarma, para los que también se garantizará el acceso a alimentos.

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