Los hechos: la Secretaría de Hacienda anunció que el gasolinazo de principios de febrero se aplazaría 17 días, porque hay forma de absorber con los ahorros del gobierno la no recaudación de poco más de mil millones de pesos. Los dichos: el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, reconoció que la decisión fue política. El interlineado: enfrentados tecnócratas y políticos, en la reunión de gabinete el jueves en Los Pinos para ver el rumbo a tomar, la decisión fue temporal porque el presidente Enrique Peña Nieto no pudo resolver en forma determinante. Por tanto, el pleito entre secretarios continúa.

El choque dentro del gabinete se viene arrastrando desde hace dos meses, cuando ante la explicación técnica del porqué de la liberalización de los precios del combustible para subsanar un hoyo fiscal estimada por Hacienda en 200 mil millones de pesos, el presidente dijo que el no hacerlo repercutiría en programas sociales que tendrían que ser cancelados. En año de elección en el Estado de México, que está en su cabeza más que el conflicto que tiene con el presidente Donald Trump, según personas que han hablado con él en las dos últimas semanas, suspender programas sociales afectaba sus estrategias electorales.

Un gasolinazo adelantado para 2017, argumentado técnicamente por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray a los diputados priistas en septiembre del año pasado, empataba con el diseño electoral para el Estado de México al estilo mexiquense: abrir las arcas para ganar votos. El candidato, para cerrar el círculo, fue Alfredo del Mazo Maza, que presidía la Comisión de Presupuesto –la que distribuyó el dinero a los estados-, y primo de Peña Nieto. Lo circunstancial, como todos estos datos, se alinearon no obstante en beneficio de la casa presidencial en su lucha porque el PRI mantenga el poder en el Estado de México y fortalezca ese granero de votos para 2018.

Lo que ni Peña Nieto ni Videgaray tomaron en cuenta el año pasado, fue el deterioro social, con un incremento de casi 10% en el empeoramiento del humor social el año pasado, y la pérdida de legitimidad del presidente que crea las condiciones para la ingobernabilidad, al ser menos de ocho de cada 10 mexicanos los que aprueban su gestión. Este distanciamiento con la realidad social y política llevó al presidente, aunque consciente que sería una medida antipopular, a no tomar provisiones a finales del año pasado. Incluso, la oficina de su vocero instruyó a los comunicadores gubernamentales en diciembre a no salir a los medios porque, explicaron, nadie estaba viendo al gobierno en esas fechas.

Las discusiones en el gabinete tenían otro tono. La voz más fuerte del bloque opositor al gasolinazo fue de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, quien expuso los problemas políticos que esto podría representar para el gobierno de Peña Nieto. El secretario de Salud, José Narro, añadió que el humor social era tan negativo, que esa medida repercutiría principalmente en el presidente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, planteó varias veces las complicaciones de gobernabilidad iba a provocar esa medida. Pero en las reuniones de gabinete antes de fin de año, los derrotaron los tecnócratas. Peña Nieto se fue de vacaciones convencido de que había que liberalizar los precios. La reacción social y la violencia callejera lo sacudieron, y según cercanos, su ánimo se desplomó como nunca antes en el sexenio.

El gasolinazo arrancó con movilizaciones sociales y vandalismo. Si bien hubo expresiones espontáneas o por imitación que se sumaron a los saqueos, se registraron acciones coordinadas para atacar tiendas y robarlas. La entidad que más sufrió fue el Estado de México, donde hubo más de 600 incidentes, decenas de ellos a la misma hora y día en el inicio de las protestas, de acuerdo con datos de los organismos empresariales mexiquenses. La movilización social, muchas de ella organizada, no se ha frenado. Todos los días hay actos de protesta en todo el país, aunque la prensa ya no registra con detalle la bitácora de la rebelión.

Las reuniones en el gabinete reiniciaron en enero, donde el presidente estaba dubitativo sobre los reiterados llamados de los secretarios más políticos, que tenían que buscarse alternativas. Hace poco más de 15 días se puso sobre la mesa suspender el gasolinazo y compensar fiscalmente con un ajuste del gasto público. Varios secretarios expresaron lo que eso significaría. Robles, la voz más frontal contra Hacienda, expuso hace menos de dos semanas que un ajuste más en Sedatu, de sí muy devastada presupuestalmente hablando, era como liquidarla.

Peña Nieto arrancó la semana pasada sin haber tomado ninguna decisión. Una nueva propuesta se había colocado sobre la mesa: se matizaría el presupuesto con un tope de pérdida de recursos fiscales de 40 mil millones de pesos que se compensaría con reducciones en el presupuesto. El jueves en la reunión de gabinete donde se tomaría la decisión, los tecnócratas volvieron a frenar a los políticos, aunque ya no fue en forma tan contundente como a finales de 2016, pero con un espacio de dos semanas para seguir negociando el gasolinazo.

El dilema del presidente está en que se necesita reducir el hoyo fiscal para evitar recortes en programas y una baja en la calificación que repercutiría en el acceso a recursos por un lado, y la gobernabilidad por el otro. No da señales de saber qué hacer. Mientras sigue en medio de sus dudas, la batalla táctica y política entre sus secretarios de Estado.