La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de Euskadi se puso en marcha en 1989, con la denominación de ingreso mínimo de familiar y con el paso de los años se ha convertido en una seña de identidad de la comunidad autónoma y una de las banderas del estado de bienestar. El camino recorrido por Euskadi con la RGI no ha tenido ningún tipo de continuación en el resto de España (salvo Navarra), que en la actualidad es el país de la UE que menos dinero destina en conjunto a este concepto. En cambio, analizando el dato de Euskadi, se puede comprobar que la RGI vasca es equivalente a los sistemas de protección más avanzados que pueden encontrarse en otros países europeos.

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El gasto anual por habitante en programas de rentas mínimas en Alemania es de 183 euros; de 174 en Francia; de 153 en el Reino Unido; de 163 en el País Vasco y tan sólo de 11,4 euros en el conjunto de España – sin Euskadi –. De igual forma, la cober­tura de estas prestaciones es de 4,2 personas por cada cien en Alemania, 3,3 en Francia, 2,8 en el Reino Unido, 3,1 en el País Vasco y de 0,3 en España, según los datos recogidos por el Centro de Documentación y Estudios.

A nivel nacional, la RGI vasca fue el primer modelo de rentas míni­mas que se instauró y posteriormente se fueron desa­rrollando el resto de sistemas autonómicos. Los diferentes modelos muestran una gran heterogeneidad y diversidad, que hacen que “difícilmente se pueda hablar de un modelo español de rentas míni­mas”, apunta Gorka Moreno, director del Observatorio Vasco de inmigración. En un estudio sobre las características de la RGI realizado junto a sus compañeras Malte Fouassier y María José Marín para la revista Zerbitzuan, Moreno recalca que muy pocos de estos modelos autonómicos son los que realmente pueden considerarse como programas de rentas mínimas o de garantía de ingresos, “ya sea por su escasa cuantía económica, su limitada cober­tura a personas potencialmente perceptoras o por los requisitos establecidos”. De hecho, se estima que dichos programas tan solo cubren al 17 % del total de la población española que se encuentra en situación de pobreza severa.

Según estima­ciones del propio Gobierno central, la cobertura del modelo vasco es seis veces mayor que la que se da en otras comunidades. Así, del total del gasto en rentas mínimas a escala nacional, el 40% corresponde a Euskadi, con un peso de menos del 6% sobre el total de la población española y, además, con una de las tasas de pobreza más bajas de todo el territorio.

La aprobación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social (2008), y su pos­terior reforma en 2011, estableció nuevos requisitos para poder percibir la RGI. Constituir una unidad convivencial al menos un año antes de solicitar la prestación; estar empadronado y residir realmente en la comunidad durante al menos tres años antes de cursar la solicitud; no tener ingresos superiores a la cuantía estable­cida para cada caso y tener más de 23 años con algunos de estos requisitos.

Con relación a la cuantía, una unidad convivencial formada por una sola persona percibe el 81 % del salario mínimo interpro­fesional si está en edad laboral (616,17 euros) y el 100% si tiene más de 65 años (700,15 euros). Una unidad compuesta por dos personas, 791,17 y 875,19 euros, respectivamente; y una de tres o más perso­nas, 875,19 y 945,20 euros. A estas cantidades hay que sumar el complemento de vivienda si la persona titular tiene que pagar un alquiler o un préstamo. Este complemento se sitúa, de media, entre 200 y 225 euros.

Tanto el gasto como el número de personas perceptoras han mostrado un incremento exponencial a lo largo del tiempo. En 2000, había 13.000 personas perceptoras. A finales de 2009, eran 48.449; y en la actualidad, la cifra supera las 65.000 personas titulares, aunque el número de beneficiarias que viven de esta prestación es sensi­blemente mayor. El gasto ha seguido una tendencia similar: en 1989 era de 4,2 millones de euros; de 197,3 en 2008, y de en torno a 360 millo­nes de euros en 2014 –unos 435 si se suma el coste del complemento de vivienda–.