No cabe duda que Santiago de Compostela es la ciudad más universal de Galicia, además de ser también el gran foco de atracción cultural e histórica del país gallego. En la década de los setenta, al amparo de su cinco veces centenaria universidad, surgieron algunos de los principales focos de oposición a la dictadura franquista. El régimen no ignoraba el gran movimiento de ideas que albergaba la futura capital gallega. Por ello, era frecuente que por los distintos centros académicos que componían la única universidad gallega de la época se infiltrasen con cierta frecuencia los llamados «secretas», la policía política del franquismo, cuya denominación oficial era la de Brigada Político-Social(BPS). Sin embargo, no eran estas las únicas fuerzas que ejercían la represión en Santiago. A ellos se añadía una buena dotación de cuerpos de la Policía Armada, posteriormente denominada Policía Nacional, conocidos en la jerga opositora como los grises, en alusión al color del uniforme que vestían. Una mínima queja vecinal, una delación, el mínimo incidente podía ser empleado por las fuerzas policiales para actuar con denodado esfuerzo. Se empleaban con mucho más celo que en resguardar la seguridad, propiamente dicha, de los compostelanos, acostumbrados a vivir desde tiempos inmemoriales con las eternas e ininterrumpidas juergas y algarabías que hacían en sus calles los universitarios que se desplazaban a la siempre eterna ciudad de Compostela.

En ese clima estudiantil, en plena década de los setenta, cuando el régimen daba sus últimos estertores se producirá un grave acontecimiento que conmocionará a toda la comunidad universitaria, además de marcar un punto de inflexión en la actitud de la Judicatura quien, con una excepcionalidad rayana con lo insólito, se atreverá a condenar la actitud de las fuerzas de seguridad del Régimen franquista.

En la madrugada del sábado, 4 de diciembre de 1972, un grupo de jóvenes universitarios disfrutaba del inicio del fin de semana en el ensanche compostelano, divirtiéndose por doquier, olvidando así el trago de una de las semanas del curso académico. En esa diversión sin límite no podía faltar, como sigue siendo habitual, las tradicionales visitas y rondas a las residencias universitarias. Es así como un nutrido grupo de estudiantes se dirige a un centro de estas características emplazado en la calle general Pardiñas. Muy cerca de la misma se encuentran charlando uno de los últimos serenos que ejerce en Santiago con un subinspector de la Policía Armada quién, al parecer, se encuentra vigilando la zona con la finalidad de evitar robos.

El grupo de universitarios prosigue su pacífica juerga y parranda en la noche compostelana sin molestar en ningún momento al vecindario, tal y como se desprende de la noticia publicada en el rotativo madrileño ABC el 21 de julio de 1973, en el que daba cuenta de la sentencia que acabaría condenado al policía. Sin saber porqué ni porqué no, alguno de los mozos inicia la carrera. Entre ellos va José María Fuentes, un estudiante de Medicina, que se ha distanciado de sus compañeros, entre los que se encuentra su amigo Camilo Bouzo, cuyo testimonio resultará trascendental para el completo esclarecimiento de tan luctuoso acontecimiento. Su destino, tras haber superado la calle Montero Ríos, es la compostelana rúa del doctor Teixeiro en la que se encontraba otra conocida residencia universitaria femenina santiaguesa.

Disparos

Alertada la Policía del presunto disturbio, que luego no resultó ser tal, se traslada un coche patrulla para investigar lo que sucede. El vehículo acelera al ver a los muchachos correr y se detiene cuando ya los ha superado, a la altura del antiguo cine Metropol. Cuando van a proceder a la identificación de los estudiantes, se presenta en el lugar el subinspector de la Policía Armada Luís Miguel Quiroga Mouzo quién, sin saber porqué motivo, hace uso de su arma reglamentaria en el acto efectuando dos disparos a muy corta distancia de dónde se encuentran los jóvenes universitarios. Una de las balas alcanza a José María Fuentes, atravesándole un brazo y alcanzándole de lleno en el pecho. A consecuencia del mismo, el joven universitario cae al suelo, sumergiéndose en un impresionante charco de sangre. A pesar de que es evacuado inmediatamente a una clínica próxima, los médicos que le atienden nada pueden hacer por salvarle la vida. El joven universitario ingresa ya cadáver.

Tras esta muerte, la amplia comunidad universitaria compostelana reacciona con energía ante lo que muchos consideraban un abuso de autoridad por parte de la Policía Armada. Se suceden las manifestaciones y algaradas callejeras, a lo que se suma el profundo sentimiento de dolor, rabia e impotencia que impregna al mundo universitario que clama justicia por lo que se considera un brutal crimen que no hace más que empañar todavía más las ya de por si deterioradas relaciones existentes entre cuerpos policiales y grupos universitarios.

Sentencia

En julio de 1973 se celebra el juicio por la muerte del joven universitario José María Fuentes Fernández, quien contaba con solo 18 años cuando aconteció el fatal suceso que le ocasionó la muerte. En el ámbito universitario los ánimos están muy encrespados. Además, las principales cadenas de televisión extranjeras, entre ellas la BBC británica, se hacen eco de los abusos policiales en España. El fiscal que lleva el caso pide una condena de 20 años de prisión mayor para el subinspector de policía Luis Miguel Quiroga Mouzo y una indemnización de un millón de pesetas para la familia del joven muerto. Considera el suceso como un homicidio con alevosía.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición a 30 años de reclusión mayor, exigiendo una indemnización de dos millones de pesetas para la familia de la víctima. Con el juicio en marcha, desde el Ministerio de Información y Turismo se ordena a los distintos delegados provinciales que vigilen estrechamente las publicaciones que aparezcan en la prensa, a fin de evitar una mayor degradación de la depauperada imagen de la que ya goza una de las dos últimas dictaduras de Europa occidental.

El 20 de julio de 1973 se dicta una ejemplar sentencia, que marca un antes y un después en la judicatura española quien no se caracterizaba hasta el momento por perseguir los abusos policiales. El subinspector de policía es condenado a 17 años de reclusión menor y al pago de una indemnización de 700.000 pesetas a los familiares de la víctima. Además, se hace al Estado responsable civil subsidiario por medio de la Dirección General de Seguridad de hacerse cargo del pago de esta cantidad.

En el auto se califican los hechos como «delito de homicidio», aunque no se considera alevoso. Sin embargo, y he aquí una de las grandes novedades, se añade la agravante de «superioridad» al disponer el subinspector de un arma de fuego. Considera también la actitud del policía como de un «exceso de celo» en el ejercicio de sus funciones, aún cuando la circunstancia no requería el empleo de la fuerza.

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña marcó un punto de inflexión, por cuanto por primera vez se condenaba en el ejercicio de sus funciones a un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, al inicio del curso 1973-74 se recrudecería la persecución policial contra los universitarios compostelanos, siendo frecuente a lo largo del mismo la entrada indiscriminada de agentes en los muchos pisos del Ensanche santiangués en el que residía un elevado número de los miles de estudiantes que por aquel entonces estaban matriculados en la minerva gallega.

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