Los centros educativos de Madrid tendrán que «informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos» si los profesores incumplen con su «deber de poner en conocimiento del equipo directivo» situaciones que «presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres». Esta exigencia de denuncia interna se hará extensible también al personal de administración y servicios de las instalaciones, desde empleados del comedor a trabajadores de la limpieza, en aplicación de la normativa estatal en vigor, como las leyes de protección al menor.

Asimismo, los alumnos que no den cuenta de episodios de «acoso o que puedan poner en riesgo la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa» cuando sea posible hacerlo «sin riesgo propio ni de terceros» estarán incurriendo en una falta grave. Pasado por el tamiz de las sanciones, dicha circunstancia puede suponer desde la privación del tiempo de recreo hasta su expulsión de clase durante un plazo de cinco días lectivos.

Éstas son dos de las principales novedades que incluye el borrador del nuevo decreto para regular la convivencia en colegios públicos y concertados e institutos de la región, que se aprobará previsiblemente antes del próximo mes de marzo. Además, se tipifica por primera vez como infracción la difusión por cualquier medio de «imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal» que afecten a los derechos de otros estudiantes o profesores, principalmente el de la intimidad.

«Lo que estamos haciendo es poner una especie de corsé y dar soporte legal a todas las medidas que se han ido adoptando mediante instrucciones desde que en 2016 se aprobó el Plan de Lucha contra el Acoso en el ámbito educativo y se cambió el protocolo de actuación ante estos casos para incluir aspectos como el cyberbullying y la discriminación al colectivo LGTBI», explica Isabel Serrano, jefa de la Unidad Técnica de Convivencia y de las Familias.

Con las modificaciones que se introducirán en el decreto en vigor desde 2007, también se considerará una falta grave la participación en «riñas mutuamente aceptadas». Asimismo, la Consejería de Educación equiparará el uso de la intimidación por parte de los alumnos con el de la violencia, las ofensas graves y los actos que atenten «contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros, compañeras o demás miembros de la comunidad educativa».

A la hora de determinar las sanciones en el ámbito escolar, se incorpora a la lista de atenuantes el de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica de los conflictos. Por contra, se considerará un agravante «la publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia» a través de cualquier medio pero con especial énfasis en los electrónicos, en clara alusión a la nueva modalidad de acoso entre menores a través de las redes sociales.

Requisar móviles

El borrador del decreto contempla la posibilidad de que la dirección del centro educativo pueda requisar móviles u otros dispositivos de captación de sonido y/o imagen que hayan sido utilizados para atentar contra la intimidad de las personas o el derecho a su propia imagen. En el caso de que estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito, se establece que deberán ser entregados a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o al Ministerio Fiscal.

Finalmente, se detallan los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad escolar, entre los que se menciona por primera vez la obligación de profesores y otros trabajadores de notificar posibles situaciones de violencia, y se introduce un capítulo específico para las familias. A ellas, por ejemplo, se les insta a que fomenten en sus hijos o menores tutelados «una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación» y a que presten «especial atención a aquellos hechos relacionados con el ciberacoso».

111 casos de 'bullying'

En la Consejería de Educación recalcan que con la aprobación de la nueva normativa se pondrá en marcha también un plan de atención a la diversidad por la «vulnerabilidad» de determinados colectivos, como el de los niños autistas, al acoso físico o psicológico en las aulas. Según las estadísticas que maneja el departamento que dirige Rafael van Grieken, estos alumnos tienen cinco veces más de probabilidades de ser víctimas de una situación de este tipo.

En el curso 2016-2017, el último del que la Comunidad de Madrid tienen datos oficiales, se denunciaron 111 casos de bullying en centros escolares de la región, un 38% menos que el año académico anterior -con 179 episodios-, cuando se puso en marcha un programa específico para su detección. A falta de las cifras actualizadas, en el Gobierno regional aseguran que la tendencia actual es a la baja.