Presentamos un adelanto de Duarte, el priista perfecto (Grijalbo), libro del reportero Arturo Ángel que narra cómo el exgobernador de Veracruz presuntamente tejió una red de empresas fantasma para desviar cientos de millones de pesos del presupuesto estatal.

Los excesos de Duarte

En el Veracruz de Javier Duarte se alternaban dos realidades. Una, la de la abundancia, en la que el gobernador podía enviar “un helicóptero por unas tortas” —aun cuando la hora de vuelo costara 25 mil pesos—, ir a un restaurante y pagar una cena de 300 mil pesos o rentar 15 suites de lujo en España, para un viaje de titulación, por módicos 15 millones de pesos. ¿Por qué no un bonito anillo para Karime?, sin importar que costara 120 mil… dólares. Había más dinero del que se podía gastar.

La otra, la de la carencia. No había recursos para pagarles a maestros, burócratas ni jubilados. Hubo que hacer sacrificios y quedarse con los fondos de los municipios. Lo de los desaparecidos, qué pena y qué desgracia, pero eso de tomarles muestras de adn a los familiares es imposible, no alcanza. ¿Dinero para patrullas? Ni soñando. Además se les debían 40 mil millones de pesos a los bancos.

En la realidad de la abundancia —en la que estaban instalados Duarte, sus amigos, familiares y excolaboradores, es decir, sus cómplices—, Veracruz era uno de los estados más seguros del país. Los Zetas habían desaparecido y los únicos delitos que se cometían eran robos de “frutsis y pingüinos”. El estado era sinónimo de libertad de expresión, todos podían decir lo que quisieran. ¿Que a veces asesinaran o desaparecieran a algunos reporteros? Ok… pero eran las “manzanas podridas del árbol”. En la realidad de la carencia —la de todos los demás millones de veracruzanos—, los desaparecidos y los homicidios se contaban por centenares, aunque el gobierno manipulara las cifras y los cuerpos se escondieran bajo tierra, en fosas clandestinas, con todo y la complicidad de los policías. En efecto, cualquier ciudadano podía decir o publicar lo que quisiera, pero debía atenerse a las consecuencias. La libertad de expresión era una zona de riesgo.

En el mundo de Duarte —el que describió en su declaración patrimonial— ni él ni su esposa tenían propiedades en el extranjero y su único patrimonio eran dos casitas, una en Córdoba y otra en el centro del puerto. En el mundo de todos los demás, el matrimonio poseía un imperio inmobiliario que se extiende por 12 ciudades y supera los mil millones de pesos.

Ninguno de los ejemplos anteriores es una exageración o un invento. Son, eso sí, botones de muestra del Veracruz de Javier Duarte… el de los excesos. Su gobierno, o mejor dicho, su círculo de familiares, cómplices y amigos, gastaba de forma obscena mientras el estado se sumergía en la quiebra. Con burlas, el gobernador minimizaba la violencia o la persecución a la prensa, mientras miles de víctimas le exigían respuestas. El gobernador, que se vanagloriaba de ser un experto en números, ni siquiera se preocupó de que al menos en los primeros años de su sexenio le cuadraran las cuentas. Ni eso.

“Se lo comió la ambición”, “se quiso enriquecer muy rápido” o “se enloqueció”, son las frases con las que excolaboradores y amigos de Javier Duarte intentan expresar lo que le sucedió a un candidato que parecía perfecto y que resultó ser el peor gobernador.

“En arca abierta, el justo peca”

Era 2004. El entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se comprometió a ayudar a un grupo de ganaderos que le pidieron 500 mil pesos extra para rehabilitar unos terrenos afectados por la lluvia. Cuando le ordenó a su subsecretario de Finanzas que iniciara los trámites correspondientes, éste simplemente le dijo que no.

—¿Cómo de que no? Ya me comprometí a darles el medio millón —le dijo Fidel Herrera.

—Si les damos 500 mil, luego van a pedir un millón; si les damos un millón, luego van a querer dos. Las finanzas del estado no están para eso —respondió el subsecretario.

—Y entonces ¿qué sugieres que hagamos? A esta gente hay que atenderla. El gobernador no puede hacer como que no los escucha —insistió el mandatario.

—Yo lo puedo resolver con 50 mil pesos, déjemelo a mí… —dijo el subalterno.

—¿Estás seguro? No podemos quedar mal, Javier —advirtió Hererra.

—Mire, gobernador, si les damos a estas personas lo que piden, van a querer hacerlo siempre. Van a creer que tienen las arcas públicas abiertas todo el tiempo y eso puede ser un problema. Acuérdese que en arca abierta, el justo peca…

El precavido y cuidadoso subsecretario de Finanzas que convenció a Fidel Herrera de actuar con prudencia ante los ganaderos era Javier Duarte de Ochoa. Sí, el mismo que seis años después se convertiría en gobernador de Veracruz y que llevaría prácticamente a la quiebra a su estado, con una deuda de casi 100 mil millones de pesos y otros 35 mil millones que se esfumaron.

Ni sus más cercanos colaboradores —varios de los cuales accedieron a hablar con el autor de este libro— se explican qué fue lo que sucedió con un Duarte que antes de ser gobernador había destacado por su cuidadoso manejo de los números, la pulcritud en sus informes y por una política de máxima austeridad cuando se trataba de manejar los dineros públicos. “Ni un peso faltaba en las cuentas de Javier”, señala uno de ellos. Desde el primer año de su mandato, y traicionando lo que él mismo pregonaba, Duarte abrió las arcas públicas para sus familiares y amigos, los cuales, por cierto, estaban agrupados en tres círculos distintos. El saqueo, como lo revela el testimonio ante la pgr del abogado Alfonso Ortega, excolaborador de Duarte en los desvíos, comenzó desde el primer mes de su gobierno.

El propio Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, declaró ante la pgr que los recursos públicos eran desviados, aunque estuvieran destinados específicamente para un objetivo y programa en particular, y que esto se hacía casi “por decreto del gobernador”. El exjefe de la policía no exageró. Resulta que en diciembre de 2011, es decir en el primer año de su sexenio, Duarte publicó el Decreto Número 289 en la Gaceta Oficial del estado. Dicha disposición había sido aprobada por el Congreso local que tenía una mayoría abrumadora de diputados del PRI, el partido del gobernador. El título del decreto, bastante largo, era el siguiente:

Que autoriza al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contratación de Financiamientos para la Reestructuración de Deuda Pública Vigente y de las obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales del estado, como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar.

El decreto de seis páginas estaba lleno de tecnicismos, pero según exfuncionarios del gobierno de Veracruz, lo que se autorizaba con él era tomar —literalmente— los recursos ya etiquetados para concentrarlos en cuentas del estado. De ahí, utilizarlos para las “necesidades prioritarias”. En resumen, era una acción que en términos estrictamente legales no era correcta, pero que se justificaba con un noble propósito: atender las necesidades urgentes de la población. Esto trajo consigo consecuencias obvias: cuando la asf inició la revisión de las primeras cuentas públicas de Javier Duarte, es decir las de 2011 y las de 2012, detectó que había miles de millones de pesos extraídos de las partidas y que no aparecían por ninguna parte.

Los auditores se preocuparon. Era común que los estados tuvieran anomalías en el manejo de las partidas, pero les llamaban la atención dos cosas en el caso de Veracruz: una era que los montos resultaban significativamente elevados —más de 10 mil millones de pesos— y la segunda es que esas anomalías comenzaron en la primera mitad del gobierno de Duarte, cuando lo habitual es que los malos manejos del erario se manifiesten en los últimos tres años.

Ante esta situación inédita se planteó una reunión directa entre los auditores y el gobernador Javier Duarte para saber qué estaba sucediendo. Lo que el mandatario les dijo, de acuerdo con lo expresado por la propia asf al autor de este libro, es que “el dinero lo estaba usando para gobernar el estado”, es decir, atendiendo las necesidades básicas de la gente y de los trabajadores del gobierno. El mismo argumento del decreto. Los funcionarios de la asf le indicaron a Duarte que no era correcto gastar el presupuesto etiquetado de una cosa en otra, aun cuando el propósito fuera muy noble. Sin embargo, le señalaron que las irregularidades quedarían subsanadas si comprobaba en qué “otros conceptos” se había invertido, ya fueran servicios sociales o en el pago de sueldos. Es decir, el tema no pasaría de una observación de carácter administrativo. El problema es que estas anomalías nunca se subsanaron.

“Veracruz resultó ser un caso atípico, porque nunca se comprobó nada. Faltaba dinero de los recursos públicos y, aun cuando se daban pretextos, nunca se aportaba la documentación que lo sustentara. Es decir, no tenemos duda de que todo el dinero que no está ya no se va a encontrar. Se lo robaron, literalmente”, dijo una de las personas con pleno conocimiento de procesos de auditoría.

El anterior no fue el único engaño del gobierno veracruzano a los auditores. En los primeros años de su administración Duarte se comprometió a regresar el dinero faltante detectado en 13 auditorías distintas, algunas de las cuales correspondían incluso al periodo de su antecesor, Fidel Herrera. Y así lo hizo. Se depositaron aproximadamente 4 mil millones de pesos en las cuentas de los programas afectados. Pero cuando los auditores volvieron a verificar esas cuentas meses después, detectaron que el dinero fue retirado nuevamente sin justificación alguna. Es decir, los reintegros fueron una simulación.

Luego de dos años de revisiones y de intentos fallidos de explicar lo inexplicable, en noviembre de 2014 la asf comenzó a presentar denuncias formales ante la pgr por las referidas simulaciones y por los recursos faltantes en las cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013. En los meses siguientes vino un segundo paquete de denuncias por las anomalías detectadas en 2014 y 2015. Es decir, no hubo un solo año en el que pudiera justificarse el mal manejo de las arcas públicas. A falta de que se revelen los datos de 2016, el tamaño del boquete faltante supera los 35 mil millones de pesos, y eso sólo de recursos federales.

¿Cómo es posible que un doctor en economía, experto en números y presupuestos, no pudiera presentar buenas cuentas al menos en un año de su gobierno? Una de las explicaciones, de acuerdo con un alto exfuncionario de Veracruz, es que pudo deberse a la inestabilidad en la Secretaría de Finanzas: por ahí pasaron siete titulares y ninguno de ellos logró establecer un método de trabajo. Pero uno de los exsecretarios de Finanzas, que aceptó aportar datos para esta investigación periodística con la condición de mantener el anonimato, reveló que la razón por la cual ni siquiera se intentó subsanar los desvíos de los primeros años era porque simplemente no les interesaba hacerlo. “No había interés realmente en tener las cuentas públicas en orden y devolver recursos. La estructura que se creó fue para seguir extrayendo dinero. Para enriquecerse lo más rápido posible. Era una ambición desmedida”.

El desvío de los recursos se operaba desde dos posiciones clave: la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría Particular del gobernador. El tesorero era el responsable, directamente, de autorizar la salida de los recursos de cualquier cuenta pública, mientras que el secretario particular, como la persona más cercana al gobernador, se encargaba de aplicarlos siguiendo sus instrucciones.

Este modus operandi en el desvío de recursos públicos se mantuvo desde 2011 hasta mediados de 2015. “Para el último año y medio (de la administración de Duarte) la voracidad ocasionó que los recursos prácticamente se terminaran. El cajón ya estaba vacío. Todo se hizo al principio”, dijo el exsecretario consultado.

¿Quiénes ocupaban la Tesorería y la Secretaría Particular en los años en los cuales se cometió la mayor cantidad de desvíos? Se trata de personas claramente implicadas en irregularidades con los recursos públicos.

El primer tesorero fue Vicente Benítez González, quien detentó el cargo poco más de un año hasta que tuvo que renunciar por el hallazgo de 25 millones de pesos escondidos en dos maletas en el aeropuerto de Toluca. Ese “incidente” ocurrió en plena campaña electoral de 2012. Se dijo en aquel momento que eran recursos para pagar eventos como la Cumbre Tajín, pero fue mentira. El siguiente tesorero fue Antonio Tarek Abdalá, que duró en el puesto casi tres años hasta que renunció para contender por una diputación federal, lo que hoy le permite gozar de fuero constitucional.

Por lo que se refiere al secretario particular del gobierno de Veracruz, la figura clave fue Juan Manuel del Castillo, quien primero trabajó como jefe de asesores de Duarte y luego ocupó la posición más cercana al mandatario. En ese cargo se mantuvo hasta finales de 2012, cuando fue nombrado subsecretario de Finanzas; en 2014 volvería como secretario particular.

Declaraciones ministeriales de cómplices de Duarte en operaciones de lavado de dinero, y que obran en poder de la PGR, confirman que Juan Manuel del Castillo participó activamente en el desvío de recursos y en su posterior encubrimiento.

¿De dónde se desviaban los recursos? De donde se pudiera. La Tesorería de la Secretaría de Finanzas, gracias entre otras cosas al Decreto 289, podía echar mano prácticamente de cualquier cuenta del estado de Veracruz, así como del presupuesto de cualquier dependencia local. Las decenas de denuncias penales que en los últimos años ha presentado la asf son prueba de lo anterior. Algunos ejemplos:

• En 2011 hubo 122 millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública Federal transfirió a la Secretaría de Finanzas de Veracruz para la Universidad Veracruzana, pero la Tesorería del estado simplemente se los quedó.

• En 2012 se identificó que 315 millones de pesos enviados a Veracruz para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (fass) fueron tomados por Finanzas y enviados a otras cuentas. Nunca se devolvieron.

• También en 2012 la Tesorería de Finanzas supuestamente canalizó mil 29 millones de pesos para la Secretaría de Salud del estado, pero ésta nunca comprobó en qué se usaron.

• En 2013 el gobierno federal transfirió al gobierno de Veracruz mil 580 millones de pesos del Seguro Popular, gracias al cual personas de bajos recursos pueden recibir tratamientos para enfermedades graves como diabetes o cáncer. Pero la Tesorería los retuvo y nunca se los transfirió a los servicios de salud.

• En 2014 la Tesorería de la Secretaría de Finanzas retiró de forma indebida 149 millones de pesos del denominado Fondo Metropolitano, que son recursos federales que se entregan a un estado para que a su vez se repartan a los municipios y se usen en servicios públicos y obras básicas.

• Ese mismo año Finanzas también sacó 891 millones de pesos de la cuenta del Fondo de Aportaciones Múltiples —que se usa para programas de alimentos y obras de educación básica— y los envió a otras cuentas del gobierno. Nunca fueron devueltos.

• Ya en 2015 se identificaron 533 millones de pesos entregados a Veracruz para diversas obras que en realidad nunca se hicieron o completaron.

¿Quién figura como principal responsable en las denuncias penales interpuestas ante la pgr por todos estos recursos desviados y hoy desaparecidos? Justamente el tesorero del estado de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, pero ninguno de estos casos se encuentra consignado ante un juez, o por lo menos no hasta el momento en que se publican estas líneas. Hasta aquí se trata de recursos federales, pero en el caso del uso indebido de recursos estatales, el problema es de dimensiones mayúsculas. La diferencia es que por años la auditoría local de Veracruz, conocida como órgano de Fiscalización Superior (Orfis), encubrió de forma sistemática los malos manejos del gobierno de Duarte. En la segunda mitad de 2016, ya con el pri derrotado electoralmente en el estado y con Duarte pidiendo licencia y dándose a la fuga, el Orfis comenzó a destapar la cloaca de irregularidades cometidas en todos los años anteriores. En un lapso de cinco meses interpuso casi 30 denuncias penales en contra del gobierno estatal, nada más y nada menos que por 22 mil millones de pesos desviados o desaparecidos. Un fraude de magnitud similar al registrado a escala federal. Las denuncias prueban que los recursos se tomaron de donde se podía, desde el dinero de los pensionados y de los maestros hasta recursos del DIF estatal o de la Secretaría de Protección Civil.

Entre estas denuncias se encuentran los recursos que más de una decena de dependencias del gobierno de Duarte entregó a la red de empresas fantasma. En el capítulo anterior se reveló que estos pagos fueron autorizados y ejecutados desde la Tesorería de Finanzas y luego enviados a las áreas administrativas de las dependencias para simular licitaciones y adjudicaciones. Los resultados de las auditorías del Orfis, dados a conocer tras la salida de Duarte, revelan un aprovechamiento voraz, pero también una imaginación siniestra, para afectar cuanta partida o cuenta se pudiera con tal de desviar dinero público, sin importar que pudieran afectar a personas que estuvieran en situaciones graves o de emergencia.

Por ejemplo, la auditoría practicada al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz reveló que en octubre de 2015 el gobierno de Duarte destinó 399 millones 994 mil pesos para población damnificada por lluvias. Esto al amparo de la declaratoria de emergencia número 602 que la Secretaría de Gobernación emitió y con la cual se autorizó la salida de recursos del Fondo de Emergencias (Fonden). Con ese dinero se contrató a cerca de una decena de proveedores distintos que en teoría iban a comprar despensas, materiales para reforzar pisos, láminas para techos, paquetes de muros de concreto, cobertores y colchonetas. Todo fue una farsa.

Los proveedores contratados en realidad eran… empresas fantasma. Los auditores detallan que tres firmas, denominadas DETG Construcciones Ambientales S. A. de C. V., Agregados Facere S. A. de C. V. y Edificaciones Abnegatio S. A. de C. V., tienen la misma representante legal y accionista, de nombre Claudia Melgarejo Zarco, y que el domicilio fiscal de estas compañías se encuentra en Puebla. Sin embargo, en una visita de inspección se descubrió que la empresa no existe en el domicilio indicado y su representante legal tampoco fue localizada.

Luego, cuando los auditores se dieron a la tarea de buscar a los damnificados “beneficiados”, todos habitantes de los municipios de Acayucan, Catemaco, Cosoleacaque, Sayula de Alemán, Chinameca, Oteapan, Tecolutla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera, se confirmó una farsa. Las personas dijeron a los auditores que nunca recibieron esos apoyos. Este uso de personas damnificadas para desviar recursos también fue documentado en el reportaje “Las empresas fantasma de Veracruz”. Ahí se evidenció que en 2013 Protección Civil de Veracruz entregó casi 30 millones de pesos a compañías fantasma para pagar supuestos productos de limpieza, cobertores y colchonetas que se entregarían en regiones afectadas por lluvias torrenciales. En estos casos ni siquiera existía una lista o padrón de personas beneficiadas. Pura simulación.

Un gobierno paralelo

De acuerdo con el exsecretario de Finanzas, que declaró off the record para esta investigación, había una especie de “gobierno paralelo” compuesto por empresarios y amigos de Duarte. En esa instancia informal se manejaban los recursos una vez que salían de las cuentas oficiales. Incluso, según la confesión ante la pgr de uno de los abogados que colaboró en esta red delictiva, se diseñó un software especial para dar seguimiento al uso del dinero desviado.

Había tres personajes de mayor confianza de Duarte en este “gobierno paralelo”. El primero era el empresario Moisés Mansur Cysneiros, quien además de fungir como su principal prestanombres y coordinador de todas las operaciones también se encargaba de supervisar directamente la asignación de contratos relacionados con obras en el estado. Mansur es el empresario acusado de cooperar en operaciones de lavado de dinero, como ya se mencionó.

Después se encontraba José Francisco García González, mejor conocido como Franky García, un empresario azucarero que, según lo revelado por el exfuncionario entrevistado, decidía la asignación de contratos por supuestas “asesorías” en múltiples secretarías del gobierno. García también fungía como prestanombres para la adquisición de propiedades. Un ejemplo claro de su involucramiento en operaciones con dinero ilícito se registró en mayo de 2015, cuando su hermano Mariano fue detenido con cinco millones de pesos en efectivo que llevaba dentro de una maleta en el aeropuerto de Toluca. Si el caso suena familiar es porque tres años antes se había detenido exactamente de la misma manera y en el mismo sitio a dos empleados de la Secretaría de Finanzas, sólo que con un botín mayor: 25 millones de pesos. El tercer personaje clave era Jaime Porres, otro empresario originario del municipio de Córdoba, paisano de Duarte, y amigo desde la infancia del exgobernador. Porres habría colaborado de cerca con Mansur en el movimiento de recursos públicos y también fungió como prestanombres. A su cargo específico tenía el manejo de recursos extraídos de los fondos de salud y la obtención de créditos, sobre todo con el banco Multiva.

Por otro lado, había un grupo de empresarios que no estaban involucrados directamente en operaciones como prestanombres, pero que en este “gobierno paralelo” eran de los más beneficiados con contratos. Incluso un exalcalde veracruzano —cuyo nombre se omite por razones obvias— dijo que estos “empresarios” se presentaban en las alcaldías a “nombre de Duarte” para que se les asignaran contratos y recursos. Se trataba principalmente de Rolando Reyes Kuri, agente aduanal; su hermano Javier García Kuri, que era un constructor contratista; y Enrique Cházaro Mabarak, empresario gasero fundador de Gas Mabarak S. A. De acuerdo con el exalcalde, todos fueron proveedores y recibieron recursos públicos casi por orden directa de Duarte.

Por supuesto, al frente de este “gobierno paralelo” —y del gobierno real— estaba Karime Macías Tubilla, la esposa de Javier Duarte, y que según todas las fuentes consultadas por este autor era considerada prácticamente una “vicegobernadora”. Ella podía encabezar reuniones del gabinete oficial u ordenar la inversión de recursos extraídos ilegalmente. Hasta la publicación de este libro las autoridades continuaban dando seguimiento a la manera en que esta estructura paralela, apoyada en redes de empresas fantasma y prestanombres, pudo mover miles de millones de pesos e introducirlos en el sistema financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó múltiples triangulaciones que van más allá de México. Se está dando seguimiento a cuentas bancarias en Suiza, España, Estados Unidos, Costa Rica, Hong Kong, Canadá, Panamá, Cuba, Guatemala, Reino Unido, Alemania, Colombia e Italia.

Los miles de millones de pesos desviados de las arcas públicas de Veracruz pudieron tener múltiples destinos, desde la adquisición de artículos de lujo hasta el financiamiento de campañas electorales. Pero sin duda uno de los principales usos de ese dinero fue la construcción de un auténtico imperio inmobiliario en al menos 12 ciudades de cuatro países distintos. Para dimensionar los extremos a los que llegó el gobernador, habrá que remitirse a la declaración patrimonial que hizo pública el 27 de julio de 2016. Ahí Duarte aseguró tener dos casas, ambas adquiridas en 1996. Una está edificada en un terreno de 150 metros cuadrados en el fraccionamiento Alameda del municipio de Córdoba y tiene un valor de 700 mil pesos. La otra es una casa en una superficie de 85 metros cuadrados en la colonia Centro del puerto de Veracruz, con un valor de un millón de pesos. Son todas sus posesiones, oficialmente.

“No tengo propiedad alguna en el extranjero, lo repito. No tengo. Acabo hace dos días de presentar y hacer pública mi declaración patrimonial. Mi esposa tampoco tiene propiedades”, dijo Duarte en una entrevista de radio luego de presentar su declaración, la que incluso presumió que estaba más completa que la de otros gobernadores. Cabe señalar que ni Transparencia Mexicana ni el Instituto Mexicano de la Competitividad avalaron esta declaración patrimonial, pues consideraron que tenía múltiples omisiones.

¿Quién elaboró la declaración del exgobernador? El autor de este libro pudo confirmar que fue el último contralor de su administración, Ricardo García Guzmán, el mismo que negó, en mayo de 2016, que en Veracruz operaran empresas fantasma y que existieran irregularidades en los contratos. En realidad Javier Duarte no mentía: únicamente dos propiedades están a su nombre. Tal como ocurrió con las empresas fantasma de su gobierno, había dos verdades, y ésta solamente era la de papel.

En cambio, las confesiones de sus excolaboradores y las investigaciones de la pgr y de la Fiscalía de Justicia de Veracruz arrojan que Duarte y su esposa Karime poseen un imperio inmobiliario que supera los mil millones de pesos en al menos 12 urbes de cuatro países distintos. Y por supuesto nada está a su nombre, sino de sus cómplices o de empresas fachada, creadas para ocultar los bienes.

Por lo que respecta a México se han localizado propiedades de Duarte a nombre de otros en Tlacotalpan y Alvarado, Veracruz; en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero; en Valle de Bravo, Estado de México; y en la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En Estados Unidos se han identificado bienes en Woodlands, Texas; en Nueva York; en Miami, Florida; y en Salt Lake City, Utah. Además se tienen identificados inmuebles que también pertenecerían a Duarte en España, concretamente en Bilbao, Santander y Madrid. Finalmente los investigadores presumen que también posee al menos una propiedad en Guatemala.

En una declaración ante los fiscales de la pgr, el abogado Alfonso Ortega López describió varias de las propiedades que se adquirieron a través de los recursos públicos desviados por el exgobernador de Veracruz. Entre ellas destaca el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, una enorme propiedad cuya estructura central cubre más de mil metros cuadrados. El rancho, valuado en más de 250 millones de pesos, no sólo contaba con suites de lujo sino también con instalaciones especiales para el cuidado de caballos purasangre, además de un lienzo charro. La propiedad era tan grande que estaba dividida en tres partes, cada una con un dueño distinto: Moisés Mansur Cysneiros, Juan José Janeiro y Rafael Rosas Bocardo. Pero el propietario real, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades y las declaraciones de Ortega y del propio Janeiro, era Javier Duarte. Prueba de ello es que el rediseño del interior del rancho fue ordenado por él, y que con frecuencia asistía con su familia para pasar periodos de descanso o fines de semana.

Un exfuncionario de la administración de Duarte reveló que un alto directivo de una televisora del país intentó que el exgobernador de Veracruz le vendiera la propiedad, dado que él tenía un rancho en la zona. Duarte se negó en varias ocasiones, asegurando que aunque usaba el rancho no estaba a su nombre.

Éste no era el único rancho del exmandatario. En la barranca de San Miguel, en el municipio de El Fortín, Veracruz —ubicado en la zona montañosa del centro del estado—, Duarte poseía la propiedad denominada El Faunito, una hacienda asentada en un terreno de 60 mil metros cuadrados y valuada en más de 200 millones de pesos. El edificio principal tiene por lo menos 15 habitaciones totalmente equipadas con cama y sillones y algunas con chimenea propia. Hay una capilla y un confesionario. La propiedad cuenta con una cava en donde había aproximadamente 350 botellas de vino de varios tipos, tanto nacionales como importados, con su propio control de temperatura.

Debido a su tamaño, el comedor del edificio central podría pasar fácilmente por un pequeño salón para fiestas. La mesa central cuenta con espacio para 12 sillas y hay además tres conjuntos de vitrinas. Todo el piso es de piedra de cantera. La cocina está equipada con un horno de piedra para cocinar con leña, además de una estufa tradicional y parrillas. En el área de la cocina también hay un elevador que comunica con el sótano de la propiedad en donde hay más cuartos, entre ellos uno que hacía la función de salón de juegos y una biblioteca. El lujo rebasaba el edificio central. En la propiedad hay dos canchas de tenis y una de futbol alumbradas, además de una tirolesa, piscina, saunas y espacios para otros deportes extremos. Los límites de la propiedad están marcados por un caudaloso río y la barda perimetral está hecha con altos bambúes. Ni que hablar de la vegetación de la propiedad, con múltiples árboles de todo tipo que completan el ambiente montañoso de la zona.

Antes de llegar al edificio principal había otro inmueble, presumiblemente para las visitas, con una decena de espaciosas habitaciones, cada una con cama y sillones, aire acondicionado y servicio de internet. De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, la propiedad había recibido varias remodelaciones coordinadas por Karime Macías y se presume que se pretendía construir incluso una cascada artificial en la zona. Todo este lujo no estaba a nombre de Javier Duarte ni de su esposa, ya que no habría forma de explicar cómo pudieron adquirir una hacienda de más de 200 millones de pesos dado que Duarte obtuvo de salario, en todo su periodo como gobernador, 2 millones 270 mil pesos, según su propia declaración patrimonial.

La hacienda El Faunito estaba a nombre de Juan José Janeiro, uno de los colaboradores de Javier Duarte en las operaciones de lavado de dinero y contra quien pesaba una orden de aprehensión hasta que accedió a cooperar con la pgr y con el actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Esa cooperación significó confesar todas las operaciones ilegales en las que estuvo implicado. Janeiro aceptó que adquirió la hacienda como prestanombres de Duarte y en noviembre de 2016 la devolvió al gobierno de Veracruz. El gobernador Yunes declaró que la propiedad sería subastada y el dinero se destinaría a programas de salud.

La información aportada por Janeiro y por exfuncionarios del gobierno de Duarte ha permitido, en 2017, recuperar otros inmuebles en Veracruz vinculados con Duarte. Entre ellos se encuentra un departamento de más de 250 metros cuadrados localizado en el piso 11 de la Torre Marina Tajín, en Alvarado. La propiedad está valuada en 2 millones 600 mil pesos. En la misma localidad se han asegurado cuatro lotes sin construcción relacionados también con el exgobernador, cuyo valor supera los 13 millones de pesos. Volviendo a la declaración del abogado Alfonso Ortega ante la pgr, éste reveló que Duarte era dueño de dos departamentos de lujo en el llamado Conjunto Finestre, que es un resort exclusivo en la zona de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. La remodelación de cada uno de esos departamentos ascendió a 500 mil dólares. A esto se suman otro par de departamentos en la llamada Torre Pelícano en Boca del Río, Veracruz, cuyo valor exacto no se ha precisado. En la Ciudad de México también poseía varios bienes, los cuales estaban escriturados a nombre de empresas fachada o de Moisés Mansur. Entre ellos están dos inmuebles ubicados en el número 715 de la calle Sierra Fría, en la colonia Lomas de Chapultepec, así como varias bodegas en la zona de Ocoyoacac, Estado de México.

Otro departamento que según la declaración del abogado pertenecía a Duarte —y que lo ocupaba frecuentemente cuando iba a la capital del país— es el ubicado en el octavo piso de un edificio residencial en Campos Elíseos número 71B, en Polanco. La propiedad estaba a nombre de Moisés Mansur.

El autor de este libro acudió a dicho departamento en octubre de 2016, dos semanas después de que se librara la orden de aprehensión en contra de Duarte. Lo dicho por Ortega era cierto: en efecto, el exgobernador de Veracruz era quien realmente usaba esa propiedad. El número 71B es un edificio de 13 niveles en donde cada departamento ocupa una planta completa. Son inmuebles de más de 100 metros cuadrados cada uno. En teoría, esa propiedad, usada para oficinas, pertenecía a Moisés Mansur, pero la responsable de la intendencia del edificio señaló que no había ninguna oficina en el octavo piso, sino una casa que era de Javier Duarte, y que frecuentemente asistía con su familia, hasta que a partir julio de 2016 simplemente dejó de ir.

“Cuando venía este señor [Duarte] era muy notorio, porque además traía un montón de gente de seguridad, estacionaban los coches aquí enfrente. Incluso los vecinos se molestaban y luego mandaban llamar a las patrullas… Pero ese departamento era donde vivía, ahí no hay ninguna oficina”, dijo la trabajadora, que además rechazó conocer a Moisés Mansur o a alguien con un apellido similar.

Éstas no eran las únicas propiedades en Polanco. En su confesión ante la pgr, Alfonso Ortega declaró que Duarte poseía otra propiedad a un “lado del hotel Habita”, en la referida colonia. El 12 de septiembre de 2017 la reportera Valeria Durán reveló, en una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción, que en efecto los prestanombres de Duarte eran dueños de todo el edificio ubicado en Presidente Masaryk 203, ubicado a un lado del hotel. El edificio tiene 11 departamentos que se rentan, el más económico, en 27 mil pesos mensuales. Era, pues, una entrada sustanciosa de dinero para el exgobernador y sus cómplices.

En cuanto a las propiedades en el extranjero, las investigaciones de la PGR y las confesiones de testigos colaboradores señalan que Duarte y su esposa contaban con al menos dos propiedades en la zona de Woodlands, condado de Montgomery, Texas. Una de ellas se encontraba a nombre de Mónica Macías Tubilla, hermana de Karime, y la otra de reciente construcción en la zona —y con un valor superior a 2.5 millones de dólares— a nombre de una empresa presuntamente fachada. En este mismo condado se han ubicado propiedades de otros exfuncionarios del gobierno de Duarte que también estarían implicados en desvío de recursos, entre ellos Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública.

En Miami se detectó una propiedad más y, para variar, es otra mansión de lujo. Se trata de una residencia de dos niveles con siete dormitorios completos y nueve baños, además de tres cocheras. Está ubicada en la exclusiva zona de Cocoplum Beach. Esta propiedad, que se encuentra escriturada por un prestanombres, está valuada en ocho millones de dólares y se calcula que se invirtió al menos medio millón más en su remodelación. Pero Miami no sólo había sido una ciudad escogida por Duarte como un posible lugar de residencia, sino también para hacer negocios como terrateniente. Prueba de ello es que entre 2012 y 2013 adquirió ahí, a través de su red de prestanombres, 19 casas distintas, principalmente en zonas de clase media y baja que, según el abogado Alfonso Ortega, no eran para que el gobernador viviera, sino para hacer negocios de bienes raíces con ellas.

“Lo que Duarte quería con estas operaciones era construir una especie de fondo para su retiro, obtener ganancias con ello. Es lo que él decía”, señaló, Ortega en su testimonio.

El 26 de octubre de 2016 el portal de noticias Animal Político publicó las imágenes de varias de estas casas, que en conjunto tienen un valor de casi cinco millones de dólares. Las propiedades estaban a nombre de tres compañías fachada: Rusnam Investments LCC, Azerco LLC y Conexa LCC, creadas por Ortega, Moisés Mansur y su hermano Zury Mansur. Ortega también declaró que en el exclusivo hotel St. Regis, ubicado en Nueva York, el exgobernador y su esposa adquirieron tiempos compartidos sobre cuatro condominios, cada uno valuado en 400 mil dólares. El abogado detalla que, por instrucciones específicas de Karime Macías constituyó algunas empresas fachada para poner a su nombre los referidos tiempos compartidos.

La ambición inmobiliaria de Duarte llegó hasta Europa, en particular a España. En este caso quien fungió como el principal prestanombres fue Daniel Duarte de Ochoa, hermano del exgobernador. Daniel constituyó compañías fantasma con el objetivo de ocultar la identidad de los propietarios. Una de esas compañías, Consultoría Casco Viejo SL, es la propietaria de un condominio ubicado en el número 14 de la calle Santa María Calea, en el centro de Bilbao. Esta propiedad fue adquirida en abril de 2014.

Otra sociedad creada por el hermano del exgobernador, Bilbao alquiler apartamentos, es propietaria de un departamento en el primer piso del edificio ubicado en la calle Hernani, también en Bilbao. Se trata de una enorme propiedad de casi 285 metros cuadrados. A éste se suma un departamento más de 100 metros cuadrados en la calle Lamana de la misma ciudad.

Javier Duarte utilizó a otro exfuncionario de su gobierno, José Manuel Ruiz Falcón, para que fungiera como prestanombres en la adquisición de un departamento en Madrid, ubicado en el número 8 de la calle Antonio Acuña. Se calcula que el valor de este condominio supera los 40 millones de pesos.

“Muerto el rey, ¡viva el rey!”

Cuando Javier Duarte llegó al gobierno de Veracruz marcó de inmediato una distancia con su antecesor, Fidel Herrera Beltrán. Para dejarlo en claro, el nuevo mandatario detuvo las obras públicas que su exjefe había dejado en marcha y ordenó una revisión profunda de los contratos que se habían concedido en la administración anterior.

“Hizo una limpieza total de la gente que trabajó con Fidel y comenzó a poner a su gente. Muchas obras ya pactadas o en marcha quedaron inconclusas. Como dice el dicho: Muerto el rey, ¡viva el rey!”, mencionó un político veracruzano con pleno conocimiento del proceso de transición y cuyo nombre no se publica por petición expresa.

Si Duarte y su familia intentaron borrar todo vestigio de su antecesor es un tema a debatir, pero la analogía del político consultado respecto del “reinado” de éste parece correcta si se observa la vida que a manos llenas se dieron. Los gastos que se ejercieron en los siguientes ejemplos no reflejan un estado endeudado y con un profundo déficit financiero. Más bien parecen los egresos de un monarca que tenía las arcas públicas llenas y a su disposición. Todos estos gastos fueron revelados al autor por excolaboradores del propio gobierno de Duarte.

En la carretera Córdoba-Veracruz, concretamente en la zona conocida como Peñuela, se encuentra La Famosa Rielera, un restaurante fundado en 1948 y cuya especialidad son las tortas y sándwiches. Esas delicias culinarias representan una parada obligada para las personas que visitan la zona. El mote del local, La Famosa, es preciso: es tarea imposible encontrar a alguien en Veracruz que no lo conozca. “Abro cuando llego y cierro cuando me voy”, es la frase que adorna uno de los pilares de este popular y exitoso negocio. Inevitablemente, Javier Duarte, originario de Córdoba, era cliente asiduo de La Rielera y de sus tortas, preparadas con pan artesanal.

Sería “injusto” pensar que por tener que vivir en Xalapa gracias a su condición de gobernador, Duarte debería perder el gusto por la sazón de La Rielera. Lo que ya parece fuera de proporción es que el mandatario ordenara, en más de una ocasión, que el helicóptero oficial con matrícula XC-VER, con personal de su “ayudantía” —staff de seguridad—, volara a Córdoba… para traerle un par de tortas de La Rielera.

“Esto pasó en la primera parte de su gobierno, no es broma. Literalmente mandaba al helicóptero por sus tortas. El chiste salía como en 25 mil pesos, que es lo que cuesta una hora de vuelo, y es más o menos el tiempo de vuelo de Xalapa a Córdoba de ida y vuelta… No se sabe cuántas veces lo hizo, pero fueron varias”, asegura una de las fuentes consultadas.

Como dato extra a esta peculiar forma de pedir comida a domicilio, el helicóptero con matrícula XC-VER, asignado al gobernador, se estrelló el 6 de octubre de 2015 en el municipio de Emiliano Zapata. Sus dos pilotos, David Barrera y Fausto Calderón, perdieron la vida. Las situaciones del siniestro nunca quedaron del todo esclarecidas, pero versiones extraoficiales señalaban que a la aeronave le hacía falta mantenimiento. Los excesos en los que incurrió Duarte no se circunscribieron a La Famosa. El gusto que tiene por los buenos vinos es uno de los secretos peor guardados en Veracruz. Como buen aficionado a ellos, el gobernador no tenía empacho en abrir la cartera a la hora de degustar una buena botella. Satisfacer su exigente paladar no tendría nada de malo, si no fuera por un minúsculo detalle: lo hacía con recursos públicos.

Cuando se trataba de probar una buena cosecha fuera del hogar, su sitio preferido era el restaurante Vinnisimo en cualquiera de sus dos sucursales: la de Xalapa, inaugurada en 2009 y cuyo padrino fue, por cierto, su antecesor en el gobierno, Fidel Herrera, y la de Boca del Río, fundada en 2011 y cuya apertura estuvo apadrinada por el propio Duarte.

“Las cuentas eran de por lo menos 40 mil pesos. No menos que eso”, afirma una de las personas que estuvo presente en alguna de esas mesas con Duarte.

¿Qué marca era la preferida del gobernador? Quienes lo conocen aseguran que se trata de los vinos de la casa Matarromera, finos productos españoles de la zona de Valladolid y, concretamente, de la Ribera del Duero, donde se producen y añejan en bodegas semienterradas en el valle; lo que ayuda —explican expertos— a mantener su frescura. Aunque la marca tiene una amplia variedad de vinos, el cordobés prefería los de reserva especial.

Cabe subrayar que uno de los dueños de Vinnisimo es Francisco Valencia García, funcionario de la administración duartista, en donde ocupó los cargos de secretario de Comunicaciones y director de la Comisión Estatal de Agua. Al momento en que el autor escribe estas líneas, Valencia se encuentra preso y bajo proceso penal, acusado de múltiples delitos vinculados al de corrupción.

Otra evidencia del gusto de Duarte por los vinos es la lujosa cava ubicada en el nivel inferior de la hacienda El Faunito. Cuando los investigadores aseguraron la propiedad encontraron más de 350 botellas tanto nacionales como internacionales. Algunos de los países de origen de estos vinos son Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Francia, Líbano, Singapur, Portugal y Argelia. Aunque no hay una valuación exacta, los investigadores calculaban que algunas botellas superaban los mil dólares por unidad.

Una de las piezas del rompecabezas en el desvío de recursos públicos durante su gobierno es el restaurante El Azafrán, en Boca del Río, del que ya se ha hablado. El dueño del establecimiento, el contador Víctor López Gachuz, es también propietario del despacho responsable de la constitución de por lo menos 350 compañías fachada. El Azafrán también fue uno de los sitios preferidos por los políticos veracruzanos para cenas y reuniones exclusivas, y entre ellos no podía faltar el propio Duarte.

Una persona ligada al restaurante contó que algunas de las cenas que el exgobernador facturó costaron un poco más de 300 mil pesos cada una, monto que incluso para este local de alta cocina resulta inverosímil. Las autoridades presumen que detrás de esto pudieran esconderse operaciones de lavado de dinero. Cabe mencionar que al momento en que se escriben estas líneas El Azafrán se encuentra clausurado. Aunque un anuncio colocado afuera del establecimiento anuncia que se encuentra en remodelación, se sabe que el cierre se debe a los problemas legales en que se ve envuelto López Gachuz, quien se encuentra fuera del país desde hace varios meses.

Lo cierto es que, como ya ha quedado claro, a la hora de gastar en comida y bebida el exgobernador no tenía miedo de abrir la cartera… o las cuentas públicas. De acuerdo con lo que narraron off the record algunos cronistas del sexenio de Duarte, y lo que también se llegó a publicar en columnas periodísticas como la de Andrés Timoteo en el periódico Noti- ver, la oficina del entonces mandatario reportaba gastos de nueve millones de pesos mensuales, es decir, unos 300 mil pesos diarios en “gastos personales”. Esto incluía alimentación, viajes a otras regiones sólo para visitar restaurantes y, claro está, bebidas alcohólicas. Incluso contaba con dos cocineras certificadas, pertenecientes a un staff de 40 personas, que se dedicaban única y exclusivamente a elaborar los platillos del gobernador. Por este trabajo cada una de ellas recibía 25 mil pesos al mes.

En su declaración patrimonial, Javier Duarte aseguró poseer “una pintura”, de la que no dio mayores detalles, valuada en 240 mil pesos y que fue pagada al contado. Pero en una nota del periódico El Universal, publicada el 3 de diciembre de 2016, se detalla que tan sólo en la hacienda El Faunito se encontraron cuadros originales de reconocidos pintores como Fernando Botero, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, entre otros. Su valor es tan alto que no ha podido ser precisado por las autoridades. Del 12 al 19 de enero de 2013, Duarte viajó a España para su ceremonia de titulación en la Universidad Complutense de Madrid, pero no fue solo. Lo acompañaron su esposa y otras 28 personas. El viaje incluyó cenas en restaurantes exclusivos, suites de lujo, tarjetas para gastos personales, entre otros egresos. Todo “invitado” por el nuevo y flamante doctor en economía. Claro que para que Duarte hubiera sufragado el viaje con su salario tendría que haber gobernado Veracruz por lo menos 36 años consecutivos… y sin gastar un solo peso en otra cosa.

El derroche de recursos públicos al extremo. Los montos que a continuación se detallan fueron proporcionados por una fuente directa que colaboró en la oficina de Javier Duarte, y por obvias razones se omite su nombre. En cuanto a los boletos de avión, en total se compraron 30 pasajes redondos para igual número de personas, todos de primera clase en Aeroméxico en vuelos directos México-Madrid, Madrid-México. Cada uno de éstos tuvo un costo cercano a los 150 mil pesos, la suma total fue de 4 millones y medio de pesos.

¿Quiénes eran algunos de los privilegiados pasajeros que hicieron de pajes de lujo de Javier Duarte y Karime Macías? El empresario Moisés Mansur, principal prestanombres de Duarte, y su novia Ana Gaby Peralta; Jaime Porres, otro empresario prestanombres; Rolando Reyes Kuri, agente aduanal favorecido con contratos, y su esposa, Leticia Reyes de Bremont; Enrique Cházaro Mabarak, empresario gasero, y su esposa, Amelia Fernández; Javier García Kuri, constructor favorecido en el gobierno de Duarte, y su esposa, Tamara Sedas; así como el arquitecto Manolo Ruiz Falcón, quien se encargó de la remodelación de Casa Veracruz, residencia del gobernador.

Ya en la capital española el mandatario de Veracruz y sus invitados se hospedaron en el exclusivo Hotel Villa Magna, en el barrio de Salamanca. Ahí se reservaron 15 suites, cada una con un valor de mil 250 euros la noche. El monto total de la estancia fue de 2 millones 625 mil pesos. La página web de dicho hotel lo describe como uno de “los más lujosos de Madrid”. Todas las suites son de al menos 50 metros cuadrados y los muebles son de caoba con acabado en esmalte blanco.

Duarte no reparó en gastos para que sus invitados estuvieran cómodos y contentos. Resulta que el referido hotel tiene la particularidad de colindar, a través de un pasillo, con la famosa tienda departamental El Corte Inglés. Moisés Mansur, testaferro de Duarte, entregó a todas las parejas una tarjeta de regalo de la tienda precargada con 20 mil euros “para lo que se les antojara”. Este bonito detalle significó un monto total de cuatro millones de pesos. Además, los invitados del exgobernador tenían actividades libres durante los días que se quedaron en Madrid, pero a las seis de la tarde había una cita para cenar en un restaurante, cada día uno distinto. Siete noches, siete restaurantes distintos. Todos esos establecimientos estaban de moda. Los visitados fueron El Paraguas, Ten Con Ten, Quintín, Zalacain, Lua, Restaurante del Palacio Real y Casa Lucio. El gasto aproximado de estas cenas durante toda la estancia ascendió a otros cuatro millones de pesos.

Durante la semana del viaje el popular club de futbol Real Madrid jugó de local, es decir, en el famoso estadio Santiago Bernabéu. Por supuesto, ni Duarte ni su grupo dejaron pasar la oportunidad y asistieron al segundo mejor palco de todo el estadio, el que se encuentra justamente a la derecha del palco oficial reservado para el presidente del equipo, Florentino Pérez. De esta actividad recreativa no se proporcionó el costo.

En resumen, el viaje en total supuso un gasto de más de 15 millones de pesos, que fue cubierto por el doctor en economía Javier Duarte. Si recordamos la declaración patrimonial que el mandatario reveló a mediados de 2016, en ella se asienta que percibió un salario, durante cinco años y medio, equivalente a 2 millones 272 mil pesos, sin que haya reportado otros ingresos.

Un pilón. Al examen de tesis doctoral de Duarte asistió, como invitado especial, el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, quien también cenó con el entonces gobernador y su grupo en el restaurante Zalacain, uno de los siete que visitaron en aquel viaje académico de 2013. En 2014 seguía la mata dando. Javier Duarte regresó a España para asistir a la Feria de Sevilla, que tuvo lugar del 20 de abril al 6 de mayo. Para variar, no viajó solo, sino con otros nueve invitados: su esposa, los empresarios y presuntos prestanombres José Francisco García González y Jaime Porres Bueno, así como Javier García Kuri, Rolando Reyes Kuri y Enrique Cházaro Mabarak, contratistas favorecidos en su gobierno, cada uno con sus respectivas esposas.

El arquitecto Manolo Ruiz Falcón fue el encargado de coordinar el viaje, pagado por Moisés Mansur, quien —como ya se ha mencionado— era el empresario más cercano a Duarte y cabeza del llamado “gobierno paralelo”, que operaba los recursos desviados de las arcas públicas. En este caso no se proporcionaron los costos, pero sí algunos detalles que evidencian el derroche.

Para disfrutar en grande la Feria de Sevilla debe rentarse, los siete días que dura el evento, un espacio en la plaza mayor de la ciudad y montar una carpa grande que coloquialmente se denomina “caseta”. Cada una de ellas es amueblada por los responsables de montarla, pues lo habitual es que ahí se coma y duerma durante toda la celebración. Por supuesto, también se acude a los eventos musicales, las obras de teatro y las corridas de toros, características de la feria. La caseta más lujosa de la feria en aquella edición de 2014 era la de Duarte y Karime Macías. Incluso tenía aire acondicionado, una situación inédita en la era moderna de esta festividad, que cuenta con al menos 150 años de historia. Para que el aire funcionara se creó especialmente un puente eléctrico desde la toma de corriente del palacio municipal sevillano. La situación llamó tanto la atención que el alcalde se acercó a la caseta para ver quién había montado esa extravagancia: ahí encontró a Duarte.

Esta circunstancia provocó que la presencia del gobernador veracruzano ya no pasara inadvertida, como él pretendía, y tuvo que organizarse de improviso un evento con el cabildo de Sevilla para justificar su presencia. Para brindar más detalles, habrá que decir que los servicios de desayuno, comida y cena en la caseta de Duarte estuvieron a cargo del restaurante Casa Manolo León, uno de los más selectos de Sevilla. Pero tal vez la mayor muestra de ostentación se apreció en la calandria (carroza) de la caseta “veracruzana”. Resulta que a pesar de que la mayoría de los traslados en la feria se hacen a pie, los visitantes más acaudalados pueden rentar calandrias lujosas, jaladas por caballos purasangre. Y aquí está el derroche en todo su esplendor, pues la calandria rentada por la caseta de Duarte era la más vistosa por un detalle “imperceptible”: era la única que tenía los herrajes hechos de oro macizo.

Una vez más el gobernador no reparó en gastos… para fines personales, claro. No está de más recordar que en su administración, de 2012 a 2016, el número de pobres en la entidad pasó de 4 millones 141 mil a 5 millones 49 mil, según datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Quizá por ello durante el último año de su gobierno las calles de Veracruz eran escenario de protestas de múltiples sectores por falta de pago.

En su declaración ante los fiscales de la pgr, Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, reveló que por instrucciones de Javier Duarte se entregaron 100 juegos de placas de taxis a Cecil Duarte, otro hermano del exgobernador. De hecho, Bermúdez dijo que la instrucción original era que se le entregaran 300 juegos de placas a su hermano, pero las gestiones se complicaron, por lo que “únicamente” se le obsequiaron 100 concesiones.

Pero no fue la única anomalía en cuanto a autos de alquiler se refiere. En una declaración a la prensa local el 5 de septiembre de 2017 el responsable de Transporte Público de la Dirección General de Tránsito de Veracruz, Rafael Escobar Torres, reveló el descubrimiento de un “fraude de magnitud histórica” que involucra a la Secretaría de Finanzas de la administración duartista. Resulta que se detectó que en los últimos tres meses del gobierno de Duarte las secretarías de Finanzas y Transportes emitieron 21 mil órdenes de pago para personas que supuestamente recibirían concesiones de taxis. Pero las líneas de captura no eran las oficiales y el dinero terminó en cuentas concentradoras de otras empresas que incluso podrían resultar fantasma. Este fraude, de confirmarse, superaría los 42 millones de pesos. Al momento de escribir estas líneas, la Fiscalía del estado continuaba con las investigaciones del caso.

“En Veracruz sólo se roban un frutsi y unos pingüinos”

El 16 de octubre de 2014, en un recorrido en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, un exultante Javier Duarte presumía ante varios empresarios y medios de comunicación las condiciones de seguridad en su estado. Aseguraba que la violencia había quedado en el pasado y que ya ni siquiera era un tema de interés público.

“Estamos trabajando con toda la determinación y la oportunidad. Antes se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de la delincuencia organizada y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo. Es parte de la dinámica que hemos venido fortaleciendo, hemos avanzado de manera significativa”, declaró aquella vez el gobernador.

Lo pronunciado por Duarte era, por decir lo menos, un despropósito. Tan sólo en el mes en que dijo aquella frase se registraron en el estado 38 homicidios dolosos, nueve secuestros, 535 robos de auto, 281 robos a casa habitación y 189 robos a negocio, entre muchos otros delitos del orden común. Más allá de lo que parece ser una frase hueca, los comentarios del exgobernador evidencian una situación mucho más seria: la política de ocultamiento de la situación real de violencia. Una prueba de lo anterior se registró en enero de 2014, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a partir de los datos aportados por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, reportó que en la entidad se habían registrado 48 mil 253 delitos en 2013, lo que implicaba una reducción significativa de la incidencia delictiva respecto al año previo. Pero tres meses más tarde, cuando los balances anuales ya se habían hecho y publicado, la procuraduría local envió una “corrección” en la que indicaba que no se habían contado casi 24 mil delitos, con lo que el balance judicial ascendía a 72 mil 164 ilícitos.

¿Qué significa lo anterior? Que sin una razón aparente o una justificación lógica, la administración de Duarte “olvidó” contar uno de cada tres delitos que se cometieron en 2013 en Veracruz. Más importante aún: entre los 24 mil ilícitos que no se contabilizaron había casi 300 averiguaciones por homicidio doloso. Veracruz no era hasta ese momento el único estado del país que “ajustaba” sus cifras de incidencia delictiva, pero sí era el que lo hacía en mayor magnitud. También fue la única entidad en no dar explicación alguna para justificar su enorme margen de error entre un resultado y otro. Por si fuera poco, un mes después de que se hiciera esta gran corrección la Procuraduría de Veracruz volvió a reportar otra aclaración, esta vez para agregar 360 nuevos casos de extorsión que “se le había pasado” incluir en su balance.

Cuando el Observatorio Nacional Ciudadano —una organización no gubernamental que se encarga de dar seguimiento a los delitos en varios estados— preguntó a la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz las razones del error tan grande, la respuesta fue que todos los delitos estaban asentados en las averiguaciones correspondientes, pero que éstas “no fueron bien contadas”.

“El procurador me dijo, literalmente, que no existe una razón del porqué no los habían contado desde un inicio. Los tenían ahí, estaban identificados, pero simplemente no estaban registrados […] No hay un argumento válido para decir que se les perdieron más de 23 mil delitos”, declaró aquella vez Francisco Rivas, director del Observatorio.

Otra situación peculiar, que parece revelar la intención premeditada de encubrir la violencia en el estado, es la supuesta alza en los homicidios culposos, es decir, accidentales, registrada en Veracruz en los últimos años del gobierno de Duarte. Un análisis emprendido por la organización civil México Evalúa detectó que entre 2008 y 2016 en Veracruz los homicidios accidentales mostraron un comportamiento al alza y a la baja similar al de los homicidios dolosos, situación que resulta extraña dado que la experiencia nacional muestra que no existe relación alguna en ambos delitos. Es decir, los homicidios culposos o accidentales tienden a subir por alguna situación natural o un accidente, pero no por situaciones de violencia, lo que sí ocurrió en Veracruz.

“La presencia de una relación indica una probable manipulación en las bases de datos de homicidio en la entidad […] son indicios de una manipulación sistemática que pudiera tener por objeto no evidenciar el nivel real de violencia”, indicó el estudio publicado por dicha organización el 31 de marzo de 2017. Al respecto, Francisco Rivas comentó en más de una ocasión al autor de este libro que la clasificación de los delitos se hace en total discrecionalidad de las procuradurías y que particularmente en Veracruz existía una completa opacidad en el tema, por lo que “es muy probable” que homicidios que eran dolosos fueran clasificados como accidentales.

Por lo anterior, resulta obligatorio tomar con reserva las cifras oficiales que reportó el gobierno de Javier Duarte durante los seis años de su gestión, pero aun cuando el análisis se base en estos números, la reducción de la violencia en la administración duartista es falsa. Como ejemplo puede tomarse el delito de mayor impacto: el homicidio doloso. En el periodo de Duarte, de 2011 a 2016, se registraron en total 5 mil 31 casos, lo que representa un aumento de 81% de los asesinatos en la entidad en comparación con el gobierno que lo precedió, el de Fidel Herrera.

El último año del gobierno de Duarte arrojó un balance de mil 258 homicidios dolosos, que es una cifra nunca antes registrada, por lo menos en los 20 años en que hay registro público de cifras oficiales. Si se hace un análisis por tasas delictivas, en el primer año del gobierno de Duarte, 2011, se alcanzó un récord negativo con 11.42 homicidios por cada 100 mil habitantes, y para el siguiente año la tasa subió a 12.32 homicidios. Luego hubo una reducción y la tasa de homicidios llegó a un piso de 6.1 casos en 2014, nivel similar al de años previos a su mandato. Pero 2016 cerró con una nueva marca de violencia: 15.52 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Más dramático es el caso de los secuestros. En el sexenio de Duarte se reportaron oficialmente 633 casos denunciados ante la procuraduría local, que es un disparo inusitado de 859% en este delito en comparación con el sexenio previo, cuyo balance fue de 66 casos de privación ilegal de la libertad denunciados. En ningún otro estado subieron tanto los secuestros como en Veracruz, por lo menos en este periodo. El peor año fue 2014, con 144 secuestros reportados, mientras que 2016 se quedó cerca con 132, según los datos asentados en los registros del SNSP. En 2016 Veracruz fue el cuarto estado con la tasa más alta de casos, sólo detrás de Tamaulipas, Tabasco y Morelos.

Si vemos los números oficiales de forma global, en el gobierno de Duarte se registraron 360 mil 673 delitos de todo tipo, que en el papel no parece tan negativo, pues es una reducción de poco más de 10% en la incidencia delictiva; sin embargo, algunos especialistas toman con cautela estos números. La principal duda surge a la hora de revisar los registros anuales, pues mientras de 2011 a 2013 se reportaban en promedio más de 70 mil ilícitos, en 2014 la cifra se desplomó a niveles de entre 40 y 50 mil delitos anuales, sin que exista una razón aparente de un descenso tan significativo.

Uno de los “logros” que la administración del gobernador Duarte presumió con mayor vehemencia fue haber menoscabado la acción de Los Zetas en la entidad. Datos oficiales sobre la evolución de los cárteles de las drogas en los últimos 40 años, recopilados en la herramienta digital denominada Narcodata, confirman lo dicho por Duarte. Hasta antes de su gobierno había una presencia significativa de células de Los Zetas y también del Cártel del Golfo en la entidad, y después se terminó.

Lo que realmente sucedió en Veracruz no fue la erradicación del crimen organizado, sino un desplazamiento delictivo. El sitio especializado Narcodata muestra que, tras la salida de Los Zetas, el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) se convirtió en el preponderante en la entidad y ahí permanece hasta ahora. De hecho, el cjng anunció su presencia desde el primer año del gobierno de Duarte y lo hizo de la forma más sangrienta posible. El 20 de septiembre de 2011 este grupo arrojó 35 cadáveres decapitados a la avenida principal del Centro Turístico de Boca del Río, al mismo tiempo que se llevaba a cabo una reunión nacional de procuradores en el World Trade Center del municipio. La ejecución múltiple fue reivindicada por el entonces nuevo cártel, señalando que las personas asesinadas eran integrantes de Los Zetas.

Otro ejemplo de la política de ocultamiento del nivel real de violencia en la administración de Javier Duarte se relacionaron con los desaparecidos. Las anomalías fueron descubiertas por el nuevo fiscal, Jorge Winckler, quien asumió el cargo en diciembre de 2016, luego de que el anterior fiscal, Luis Ángel Bravo, decidiera separarse del cargo tras el fin del sexenio duartista.

¿De qué nivel fue el engaño? Hasta noviembre de 2016 —último mes del gobierno de Duarte— la Fiscalía del estado reportaba 524 casos de personas desaparecidas en Veracruz e igual número de averiguaciones. Pero tras una revisión de los archivos y expedientes el fiscal Jorge Winckler y su equipo descubrieron que había por lo menos 3 mil 600 denuncias oficiales. Lo que significa que el fiscal Luis Ángel Bravo —nombrado en el cargo por Duarte— simplemente ocultó 85% de todas las denuncias formales que había sobre personas desaparecidas en el estado. Pero según lo revelado por Winckler a esta investigación, el problema podría ser peor: existen reportes acerca de la desaparición de 6 mil personas en el sexenio de Duarte. Esto significa que podría haber cerca de dos mil 500 casos en donde ni siquiera se iniciaron las averiguaciones previas; en consecuencia, tampoco hubo investigaciones.

El ocultamiento de las desapariciones a nivel local explicaría las discrepancias con los casos a escula federal. De acuerdo con los datos que la pgr aporta al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Veracruz es la segunda entidad del país con más delitos de este tipo, sólo detrás de Guerrero. Pero en las listas locales el estado no aparecía en los primeros sitios. Ahora, si se considera el nuevo número oficial de 3 mil 600 casos, Veracruz escala hasta el tercer sitio nacional en desapariciones.

El subregistro extremo de los casos de desaparecidos en Veracruz no fue la única mentira, hubo algo peor: el engaño en las tomas de muestras de adn que son vitales para identificar a personas desaparecidas. Con este tipo de datos se puede hacer una comparación entre el adn que se recaba en escenas de un crimen o en los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, y corroborar si existe alguna correspondencia.

¿Y qué hicieron las autoridades judiciales en el gobierno de Duarte en un procedimiento tan importante? Simular. Ése fue el común denominador en su gobierno. Resulta que aunque se tomaron muestras de cientos de familiares, en realidad sólo se encontraron 228 perfiles genéticos bien elaborados. Es decir, ni siquiera se recabaron los perfiles genéticos de los 524 casos reportados oficialmente y, mucho menos, de los más de 3 mil casos reales registrados. En voz de uno de los fiscales, lo que sucedía era lo siguiente: “Se tomaba, por ejemplo, una muestra de saliva, pero ésta nunca era procesada por los servicios periciales, es decir, no se hacía el proceso científico que se requiere para extraer de esa muestra los 24 marcadores genéticos que se necesitan para hacer las confrontas… No se hacía realmente nada. Estamos seguros que las muestras terminaban en la basura. Al parecer no había realmente recursos ni para esto”.

Por estas graves anomalías la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrió una carpeta de investigación. El propósito de esta acción judicial era proceder en contra de quienes resultaran responsables. Hasta la publicación de este libro todavía no hay resultados en tal sentido. Queda claro que los índices delictivos reportados oficialmente por el gobierno de Javier Duarte muestran apenas una fracción de un lastre cuyo tamaño real se desconoce. Sin embargo, hay dos casos terroríficos que ayudan a dimensionar el grave problema. Uno es el del rancho El Limón, ubicado en el municipio de Tlalixcoyan, a 125 kilómetros al sureste de Xalapa. En febrero de 2016, en un lecho del lugar, las autoridades encontraron más de 10 mil fragmentos humanos triturados. ¿A cuántas personas asesinadas o desaparecidas pertenecen esos restos y quiénes son? La respuesta sigue siendo una incógnita.

El otro caso es el de la megafosa clandestina descubierta en las Colinas de Santa Fe, cerca del puerto de Veracruz, en marzo de 2017. Lo que se encontró ahí fueron 249 cráneos enterrados y más de 14 mil fragmentos óseos humanos. De acuerdo con los especialistas, los restos habrían estado enterrados por lo menos un año; incluso había algunos que tendrían hasta seis años bajo la tierra. La mayoría permanece sin identificación legal.

El proceso era simple, metódico y macabro. A la persona la entregaba casi siempre la policía y después era ejecutada de un balazo en la cabeza. Luego, las extremidades de su cuerpo eran separadas con un hacha para sumergirlas en un tambo con diésel ardiendo. Los fragmentos que quedaban eran introducidos en una trituradora de caña. El lecho de un río de 67 metros cuadrados, ubicado al lado del rancho donde todo lo anterior ocurría, era el depósito final de estas víctimas reducidas a pedazos de dos centímetros y cenizas [Arturo Ángel, Animal Político, 14 de marzo de 2017].

Lo que ilustra esta información es siniestro: la complicidad, en el sexenio de Javier Duarte, entre la policía estatal y el crimen organizado. Las autoridades federales llegaron a este punto como parte de las investigaciones por la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, un caso que continúa en la impunidad.

Todo comenzó la mañana del 11 de enero de 2016, cuando cinco jóvenes —José Benítez, Bernardo, Susana, Mario Arturo y José Alfredo, de 24, 25, 16, 27 y 25 años de edad, respectivamente— regresaban al municipio de Playa San Vicente tras pasar unas vacaciones de fin de año en el sur de Veracruz. Nunca llegaron a su destino. Cuando llegaron a la zona de Tierra Blanca los jóvenes fueron detenidos en un retén de la Policía Estatal de Veracruz. Los uniformados los obligaron a bajar de la camioneta y a entrar en dos patrullas. Ésa es la última vez que se les vio con vida. Las investigaciones del caso, impulsadas en gran medida por la presión que hicieron los familiares de los jóvenes, obligaron al gobierno federal a intervenir. Tras el análisis de videos en la zona se confirmó el involucramiento de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local. Unos días después fueron detenidos siete policías estatales que confesaron haber entregado a los jóvenes en el referido rancho a miembros del crimen organizado.

Aunque los fragmentos humanos que se hallaron en el lecho del río están sumamente deteriorados, los estudios periciales permitieron identificar —en un pedazo de hueso de dos centímetros que no estaba tan quemado y en una mancha de sangre sobre la corteza de un árbol— el adn de Bernardo y Alfredo. De los otros tres chicos no hubo resultados. Los investigadores tienen la certeza de que nunca podrán identificarlos. Este caso comprobó, ya en la parte final del sexenio de Duarte, la complicidad que se sospechó por años entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, dirigida por Arturo Bermúdez, con la delincuencia organizada.

El caso de Marcos Conde Hernández es una muestra de ello. Originalmente se trataba de un comandante de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, corporación que fue disuelta y sustituida por la Marina en 2011, tras confirmarse que estaba totalmente infiltrada por Los Zetas. Pese a las sospechas de corrupción que pendían sobre él, Conde nunca fue investigado. En cambio, se le reclutó en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde comenzó a acumular rápidamente un historial de denuncias y acusaciones. Este récord ocasionó que fuera cambiado de sitio de forma constante hasta que llegó al municipio de La Antigua, con cabecera en la ciudad de José Cardel. Ahí, literalmente, Conde sembró el terror.

Más de 20 denuncias señalan que una patrulla, con una decena de elementos al mando de Conde Hernández, hacía recorridos nocturnos que no tenían otro fin que la detención ilegal de personas y su consecuente desaparición. Este convoy del terror llegó incluso a desaparecer a ocho policías municipales en la localidad de Úrsulo Galván, quienes fueron sustraídos de sus casas en enero de 2013. El caso nunca fue esclarecido. En total, durante el tiempo que Conde estuvo en la región se reportó la desaparición de más de 30 jóvenes.

¿Qué hizo el gobierno de Duarte o su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, para remediar esta situación? Cambiar a Conde de región y listo. Así, llegó como delegado a Tierra Blanca, donde elementos a su cargo perpetraron la desaparición forzada de los cinco jóvenes mencionados. Debió ocurrir este terrorífico episodio para que finalmente Conde fuera destituido y arrestado.

Organizaciones ciudadanas como Colectivo Solecito, que por años ha dedicado sus esfuerzos a buscar desaparecidos en Veracruz, han señalado de forma reiterada la complicidad de la policía estatal, al mando de Bermúdez, con hechos de corrupción, e incluso han promovido denuncias penales en su contra que hasta hoy no han fructificado. En el caso de las desapariciones en Tierra Blanca, cuatro de los siete elementos que fueron procesados no habían pasado las pruebas de control de confianza para ser policías y aun así se encontraban en funciones, es decir, armados. El enemigo estaba en casa.

Datos oficiales del snsp revelaron que a principios de 2016, de los 62 mandos en activo en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, 24 habían reprobado los exámenes de control de confianza. Es decir, 44% de los jefes de la Secretaría de Seguridad Pública no eran confiables ni siquiera para ser policías. Este porcentaje era, por mucho, el más grave a nivel nacional. El siguiente estado con mayor proporción de mandos reprobados era Jalisco, con 33 por ciento.

Pero el problema rebasaba a los mandos. De los 6 mil 518 policías estatales de Veracruz evaluados al arranque del último año de Duarte, 2 mil 246 no eran confiables, es decir, 34 por ciento. De nuevo Veracruz ocupaba el primer sitio en este ranking . En pocas palabras, uno de cada tres policías estatales en el estado no cumplía con los requisitos legales para serlo.

“Caerán las manzanas podridas”

El 30 de junio de 2015, en una comida con un grupo de periodistas veracruzanos, un sonriente Javier Duarte pidió la palabra. Lo hizo después de que algunos de los comunicadores le preguntaran sobre los casos de colegas asesinados o desaparecidos, algunos varios años atrás. Lo que el gobernador dijo los heló: “Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero verdaderamente, se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación…”.

En 2015, quinto año del gobierno de Duarte, era muy claro que el gobernador de Veracruz estaba distanciado de los medios. Pero nunca, hasta ese momento, se había presentado un mensaje tan contundente, que la mayoría de los reporteros tomó como una auténtica amenaza. Y hubo más, por si había quedado duda: “Vienen tiempos difíciles […] No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios […] Hagan un examen de contrición, porque cada quien sabe en qué pasos anda”.

Y por si lo anterior fuera poco, Javier Duarte le pidió a los periodistas que se cuidaran, no para preservar la libertad de expresión, sino porque sería él quien pagaría públicamente las consecuencias. “Pórtense bien, háganlo por ustedes, pero también por mí, porque si algo les pasa a ustedes al que crucifican es a mí”.

De todo lo dicho por el entonces gobernador en aquella comida, una cosa fue cierta: era un tiempo difícil para la prensa. Durante su gestión, de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados y tres más están oficialmente desaparecidos. “La entidad más violenta para la prensa en México”, fue el calificativo que para el Veracruz de Duarte usó la organización especializada en la defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Un análisis hecho por otra organización, Reporteros sin Fronteras, ubicó en 2016 a Veracruz como el foco rojo de los ataques contra la libertad de expresión en México, país que se convirtió en el tercer sitio más letal para la prensa. Los únicas dos naciones con mayor riesgo para ejercer el periodismo ese año fueron Siria y Afganistán, que se encuentran en estado de guerra. Los homicidios de periodistas comenzaron desde el primer año del sexenio de Duarte y continuaron hasta el último.

Éste es el fatal recuento: Noel López Olguín, colaborador de los semanarios Horizonte, Noticias de Acayucán y La Verdad, asesinado el 11 de junio de 2011; Miguel Ángel López Velasco, periodista y columnista de Noti- ver, asesinado el 20 de junio de 2011; Misael López Solana, reportero gráfico de Notiver y La Jornada Veracruz, asesinado junto con su familia entre el 18 y 20 de junio de 2011; Yolanda Ordaz, también periodista y columnista de Notiver, asesinada el 26 de junio de 2011. Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, fue asesinada en su casa el 28 de abril de 2012. Los fotoperiodistas Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez fueron encontrados sin vida, en un canal de aguas negras, el 3 de mayo de 2012; Víctor Manuel Báez Chino, reportero de Milenio Xalapa y director del portal Reporteros Policiacos, fue asesinado el 14 de junio de 2012; Gregorio Jiménez, periodista de Notisur y Liberal del Sur, apareció muerto el 11 de febrero de 2014, tras una semana de haber sido secuestrado.

La lista sigue: Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, secuestrado el 2 de enero de 2015 y luego asesinado; Armando Saldaña, periodista colaborador de El Mundo de Córdoba y Crónica de Tierra Blanca, asesinado el 4 de mayo de 2015; Juan Mendoza Delgado, director del portal Escribiendo la Verdad, desaparecido el 30 de junio de 2015 y encontrado sin vida el 3 de julio de ese año; Rubén Espinosa, fotoperiodista autoexiliado de Veracruz, asesinado el 1° de agosto de 2015. Asimismo, Anabel Flores, reportera de medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Buen Tono y El Sol de Orizaba, fue secuestrada el 8 de febrero de 2016 y luego asesinada; Manuel Torres, director de su propio medio informativo, MT Noticias, y excorresponsal de Tv Azteca y del diario Noreste, fue asesinado de un tiro en la cabeza el 14 de mayo de 2016, y Pedro Tamayo, reportero de medios como Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca, asesinado a tiros el 20 de julio de 2016.

Y en cuanto a los periodistas desaparecidos, el primero fue Gabriel Fonseca, reportero de la sección policiaca de El Mañanero, a quien se le vio por última vez el 19 de septiembre de 2011; Miguel Morales Estrada, fotorreportero de 35 años desaparecido desde el 24 de julio de 2012; y Sergio Landa Rosado, de 45 años, reportero de la sección policiaca de Radio Cardel, visto por última vez el 22 de enero de 2013.

En la mayoría de los casos los periodistas asesinados o desaparecidos documentaban en el estado algunos casos de violencia relacionados con el crimen organizado, posibles nexos entre policías estatales, alcaldes u otras autoridades y delincuentes, y en algunos casos posibles hechos de corrupción.

“En el Veracruz de Duarte tú podrías expresarte, cualquiera podría expresarse, pero tendrías que estar consciente de que ibas a pagar un precio por ello… Ésa era la supuesta libertad de expresión en la que vivíamos.” Son palabras de la periodista Mary José Gamboa, columnista del periódico Notiver y exdirectora de la estación Meganoticias en Veracruz. Ella no figura en la lista de reporteros muertos o desaparecidos, aunque estuvo cerca de estarlo. Ella, al igual que otros colegas en el estado, fue víctima de la persecución del gobierno estatal por no adherirse a la línea informativa oficial. Por el contrario, publicaba historias y reportajes sobre obras inconclusas, abusos de las autoridades o desvío de recursos.

En ese sentido, habrá que destacar que el duartismo llegó a controlar y prácticamente eliminar a uno de los principales contrapesos de un gobierno: los medios de comunicación. Y ese dominio lo consiguió con dinero o con terror. Maryjose Gamboa pagó ese precio en carne propia. Todo inició en 2011, cuando ella, en su calidad de directora de tres canales de Meganoticias —que se veían en Veracruz, Xalapa y Tuxpan—, se negó a firmar un convenio que le propuso la entonces vocera del gobierno local, Gina Domínguez. El convenio consistía en que a cambio de publicidad oficial se eliminara la línea crítica contra el gobernador. La oferta oscilaba entre 3 y 4 millones de pesos mensuales. Eso complicó las circunstancias para la periodista, pues mientras ella seguía transmitiendo notas críticas contra el gobierno estatal, éste a su vez ejerció presión sobre los propietarios del canal.

La situación reventó luego de que se publicara en Meganoticias un reportaje donde se denunciaba que una empresa minera canadiense utilizaba cianuro para lavar las rocas que extraía de un cerro en Actopan, a 2.5 kilómetros de Laguna Verde. El trabajo denunciaba que el cianuro no era tratado con ningún cuidado y su filtración al manto acuífero podía envenenar a toda una población, todo ello con la anuencia del gobierno estatal. Luego de que ese reportaje se hizo público, los dueños del canal, empresarios sonorenses que también son propietarios de la productora de huevo Bachoco, le dijeron a Gamboa que su línea “ya no era compatible con la de la empresa”.

Tras salir de Megacable, el 4 de junio de 2012, la periodista continuó con su columna en Notiver . La línea crítica continuó desde ese espacio y también desde una emisión radiofónica local. En ese periodo, Gamboa sufrió intimidaciones y amenazas que incluyeron correos electrónicos ofensivos, ataques a su automóvil —al que le poncharon las llantas al menos en dos ocasiones— e incluso una intromisión a la casa de su madre. Pero hubo una advertencia que en particular la dejó helada. Una noche, al llegar a su casa notó que alguien había ingresado, pues la puerta estaba entreabierta. Tras llamar al personal de seguridad del fraccionamiento se animó a entrar. Aún recuerda claramente la escena: desde el cuarto de su hija hasta el jardín alguien construyó un camino con osos de peluche y al final estaba la muñeca favorita de la niña… con un machete en la cabeza. “Gracias a Dios ese día mi hija estaba con su abuela”, recuerda la periodista.

A partir de ahí Gamboa incrementó sus precauciones, perdió el trabajo en la radio, pues sus jefes le decían que no querían “problemas con Duarte”, pero sí continuó escribiendo su columna crítica en Notiver . Días después, Gamboa aceptó dirigir el Instituto de la Mujer en Boca del Río, un municipio gobernado por el pan, lo que incrementó la molestia de Javier Duarte. Luego, el viernes 12 de julio de 2014, vino un “accidente” por el cual Gamboa terminó en la cárcel. Así lo recuerda:

En la madrugada al manejar en la avenida principal mi vehículo para recoger a una de mis hermanas, surge absolutamente de la nada un atropellamiento entre dos puentes peatonales. Yo sentí un impacto sobre el cofre, se abrieron las bolsas de aire y me orillé. Yo pensé que era una bomba, pero cuando me bajé vi que había una persona en el camellón ya sin vida. Lo raro es que el muchacho no tenía una sola fractura en el cuerpo. Sólo un golpe en el cráneo.

Gamboa recordó que “casualmente” los videos de los accidentes grabados por las cámaras de seguridad pública desaparecieron. El examen de alcoholemia que le practicaron dio negativo. Aun así, el entonces procurador Luis Ángel Bravo, designado por Duarte, la acusó de haber manejado alcoholizada, ordenó su consignación y armó una conferencia de prensa en la que anunció que pediría 15 años de prisión contra la periodista. Los siguientes nueve meses Gamboa los pasó recluida en un penal estatal en Tuxpan, en donde, asegura, sufrió torturas físicas y psicológicas, que incluyeron golpes en brazos y rostro, toques eléctricos en el abdomen, intentos de ahogamiento, amenazas y encierro en celdas de castigo. “Sobrevivir ahí fue una pesadilla. Una vez estuvieron a punto de ahorcarme. Yo sentía que iba a morir… Hay cosas que aún me cuesta recordar”.

La periodista recuperó su libertad gracias a una sentencia de amparo de un juez federal, en la que se confirmaba que no se le podía acusar de cometer un homicidio grave que ameritara que estuviera presa, pues no había ninguna prueba de que manejara alcoholizada o a exceso de velocidad. Maryjose Gamboa lucha todavía contra el recuerdo de aquella experiencia, que no dudó en calificar como un acto de venganza del gobierno de Duarte. Su proceso penal no está cerrado, pero lo más grave del caso es que la periodista padece secuelas psicológicas y corporales producidas por las vejaciones sufridas. De hecho, a raíz de la violencia física a la que fue sometida le han tenido que practicar cuatro cirugías. Con todo y eso, aseguró sentirse aliviada por el hecho de no haber terminado en la macabra lista de los periodistas desaparecidos o muertos en la administración duartista. Sus palabras, entrecortadas por el sollozo, son contundentes: “Del error de tenerlo como gobernador pasamos al horror de vivir bajo la represión de Duarte”.

La violencia no fue la única vía que el duartismo usó para limitar la libertad de expresión. La vía preferida fue el dinero. Las investigaciones judiciales en el estado, que hasta la publicación de este libro siguen en curso, apuntan al uso de poco más de 8 mil millones de pesos que la administración duartista canalizó a múltiples medios de comunicación y periodistas. El propósito de este derroche público era mantener una línea editorial afín a los intereses del gobierno.

El dinero era canalizado a través de la firma de convenios publicitarios, lo que llegó a significar para cada medio el ingreso de al menos 4 millones de pesos mensuales. Los beneficiados fueron medios locales y nacionales. A esto se suman salidas de dinero extra por “peticiones especiales”, casi siempre desembolsando efectivo.

Por ejemplo, en su declaración ante la pgr el abogado Alfonso Arteaga, cómplice de Duarte en operaciones de lavado de dinero, dijo que en una ocasión llevó 70 millones de pesos en efectivo a un “periódico nacional de nombre Reporte Índigo”.Indicó que el pago era por “informaciones que se manejarían en contra de Miguel Ángel Yunes”, hoy gobernador de Veracruz.

La periodista Maryjose Gamboa recordó que desde 2012, a través de solicitudes vía transparencia, se intentó que el gobierno clarificara los convenios con los medios de comunicación, pero nunca fructificaron. Incluso el propio gobierno incumplió sentencias de amparo que le ordenaban mostrar esos datos indebidamente clasificados.

El desvío de recursos públicos hacia los medios de comunicación fue un hecho y así lo confirmó el exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez en una declaración rendida ante la pgr. El funcionario explicó que por órdenes de Karime Macías la Secretaría de Finanzas afectó el presupuesto de varias dependencias para hacer pagos por supuesta difusión de actividades a algunos medios, aunque el dinero fue facturado primero a empresas fantasma.

Las investigaciones que ahora se llevan a cabo consideran que se facturaron entre 700 millones y mil millones de pesos de supuestos “gastos de difusión” a empresas fachada entre 2012 y 2014. Una hipótesis para sustentar lo anterior es que parte de ese dinero fue entregado a medios de comunicación, en una vía paralela a los convenios de publicidad.

El gobierno duartista también intentó ganar la lealtad de periodistas a través de regalos y viajes. Gamboa señaló que en al menos tres ocasiones Duarte se llevó a España a un grupo de reporteros, con el pretexto de invitarlos a supuestas coberturas, como ferias turísticas. De hecho, la periodista señaló que ella misma fue invitada una vez, pero rechazó el viaje: “Los llevaba a comer a Casa Lucio, uno de los restaurantes más exclusivos en España, donde se pagaban cuentas de hasta 400 mil pesos. Y eso no era todo. También le daban a estos periodistas dinero para sus gastos. Era un derroche y un descaro absoluto”.

Ganarse la lealtad de los periodistas con estos sobornos, añadió Gamboa, le permitió a Duarte operar una guerra sucia en contra de periodistas críticos, pero sin que la acusación viniera del gobierno, sino de los propios periodistas. Se volvió común que se publicaran columnas en las que se decía que algún reportero intimidado, incluso los asesinados, “andaban en malos pasos” o se habían “vendido” a los políticos rivales del gobernador. También dijo que se inventaron “medios fantasma” de la noche a la mañana, los cuales publicaban información casi siempre oficial. En ese sentido, Gamboa recordó que la primera vocera del gobierno de Duarte, Gina Domínguez, coordinó una “guerra sucia” desde un centro operativo montado en varios pisos de la llamada Torre 1519, en Boca del Río. Ahí tenían teléfonos móviles, conversaciones, seguimiento e investigación de la vida personal de reporteros, activistas y adversarios de toda índole.

Hay que puntualizar que tanto Gina Domínguez como su sucesor en la Coordinación de Comunicación Social, Alberto Silva, están hoy involucrados en la asignación ilegal de casi 800 millones de pesos a empresas fantasma. Se presume que una parte de estos recursos pudo destinarse a pagos a medios reales a cambio de “favores” en la referida “guerra sucia”. El hecho de que había periodistas trabajando por encargo del gobierno pudo confirmarse a través del intento de soborno del que fue objeto este autor por parte de un directivo del periódico AZ.

El 31 de julio de 2015 cinco jóvenes fueron violentamente asesinados en el interior de un departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Entre ellos se encontraba la activista Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quienes meses antes habían de Veracruz. Ambos aseguraron ser víctimas de persecuciones e intimidaciones por parte del gobierno duartista y de la policía estatal. Cuando las autoridades encontraron los cuerpos descubrieron que todos presentaban signos de tortura, además de disparos en la cabeza. Hasta hoy son un misterio el móvil del homicidio y la razón de tanta violencia.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México detuvo unas semanas después del multihomicidio a los tres presuntos autores materiales, entre ellos a un expolicía. Todos negaron los hechos, aunque algunos videos y estudios periciales confirmaron que habían estado en la escena del crimen. La presión de activistas y de los abogados de las víctimas, que sostenían que podría haber una conexión del crimen con Veracruz, orilló a la procuraduría capitalina a recabar las declaraciones de Javier Duarte y de su exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez. El problema fue que los interrogatorios a ambos funcionaros se basaron en preguntas genéricas y abiertas y no se obtuvo ningún resultado favorable para las víctimas.

El 21 de junio de 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/2017 por el Caso Narvarte, y confirmó que la pesquisa judicial era un desastre. Las líneas de investigación no se siguieron adecuadamente, faltaron pruebas por desahogar, hubo violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades y, lo más importante, el crimen no estaba resuelto, ya que se desconocía el móvil del asesinato.

Karla Michele Salas, abogada representante de las víctimas, dijo al autor de este libro que en la investigación hay tres grandes temas que deben esclarecerse: el contexto y móvil del asesinato; la identificación de los perfiles a fondo, tanto de los autores materiales como de los intelectuales, y la situación particular de cada una de las víctimas. Esto conllevará más de 30 tipos distintos de diligencias que aún faltan por llevarse a cabo, desde peritajes hasta entrevistas con testigos, particulares y exfuncionarios.

¿El gobierno de Duarte puede estar involucrado en el crimen? Según la abogada, no hay un elemento que lo pruebe, pero tampoco que lo descarte. Por ejemplo, no se ha profundizado en el hecho de que a unas cuadras de donde se cometió el crimen estaba la sede de una supuesta empresa de seguridad privada de la que es dueño el exjefe de la policía de Duarte.

¿Casualidad? Es algo que está por verse.

El autor de esta investigación buscó a Javier Duarte de Ochoa —a través de su equipo de abogados, encabezado por Marco del Toro— para realizarle una entrevista en torno a los distintos temas que aquí se aborda y así tuviera la oportunidad de dar su versión al respecto. A principios de septiembre sus representantes informaron que el exgobernador había aceptado responder un cuestionario por escrito, por lo que se le envió uno con 23 preguntas. Pero no hubo respuesta.

Uno de los abogados de Duarte informó al autor que por un motivo de “estrategia”, y tras la ratificación que un tribunal hizo el 19 de octubre de 2017 de la apertura del proceso penal contra Duarte, el equipo del exgobernador determinó cambiar de opinión y no entregar las respuestas del cuestionario.

Arturo Ángel