Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que hay un "delito electoral continuado" en el PP de Valencia, ya que existe una "unidad de propósito" que respondía "a un plan previamente concebido", se ejecutaba principalmente con periodos electorales y de una forma similar.

El informe policial, remitido al juzgado de Valencia que investiga el caso Imelsa, apunta a una serie de infracciones relacionadas con la financiación irregular del PP, algunas de las cuales son constitutivas a sendos delitos electorales, relativos a las elecciones municipales de 2011 y 2015, en las que Rita Barberá fue la candidata del partido a la Alcaldía de Valencia.

El documento indica que los partidos no pueden aceptar que terceros asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios, o cualquier gasto que genere su actividad.

Sin embargo, expone la UCO, el grupo municipal del PP de Valencia fue usado como medio "para velar que terceros, empresarios o no", asumieran "de forma efectiva" el coste de adquisiciones que generaba la promoción política del PP de la ciudad de Valencia, mediante entregas de dinero en efectivo, sobre todo cerca de elecciones.

Esas entregas, añade, eran ingresadas personalmente por la secretaria del grupo en una cuenta que "no era fiscalizada ni fiscalizable", y se utilizaban para gastos electorales, "obviando de manera buscada" la aplicación de las leyes LOREG y LOFPP.

"Esa ausencia de control suponía que por parte del PP de la ciudad de Valencia se podían superar los techos de gasto electorales establecidos, sin que tuvieran reflejo en la contabilidad global del partido", señala el informe.

La UCO considera que el PP de Valencia incumplió de manera "buscada" tanto la normativa interna del partido, que obliga a contar con un presupuesto anual y con un presupuesto especial en elecciones, como la regulación legal de la financiación de los partidos.

El informe apunta asimismo a la comisión de un delito electoral, consistente en simular aportaciones voluntarias de los integrantes del grupo municipal, "cuando en realidad son aportaciones parciales a las cuentas bancarias de 50.000 euros que tienen un origen desconocido y un destino claro: sufragar gastos electorales sin reflejo contable alguno".

Sobre las personas con responsabilidad en los delitos electorales investigados, la UCO señala que la Junta directiva del PP de Valencia "difícilmente puede desconocer" la situación, dado que ni existía presupuesto ni cuenta en el seno del partido, al usarse las del grupo municipal, lo que "contrasta" con que se hacían campañas y se afrontaban gastos.

Respecto al Comité ejecutivo del PP de Valencia, la UCO llega a la misma conclusión, pues año tras año no elaboraban ni aprobaban presupuesto alguno, pero se hacían campañas y afrontaban gastos que requerían de ingresos.

Asimismo, la UCO considera que los integrantes del grupo municipal y los que, sin serlo, participaron en el "smurfing" (ingresos de 1.000 euros que les fueron devueltos en dos billetes de 500 euros) "tendrían participación" tanto en la operativa de blanqueo como en el delito electoral.