Por seguridad prefiere que la llamemos Carolina, lleva un año trabajando en el Centro de la Mujer de una comuna ubicada al norte de la Región Metropolitana. Recuerda claramente el día en que un hombre irrumpió gritando en el lugar, mientras una usuaria –una mujer víctima de violencia intrafamiliar– estaba siendo atendida por una de las profesionales del lugar: "Llegó a pedir explicaciones de por qué ella estaba acá en el centro. Nos gritó y trató súper mal, estaba drogado y muy agresivo".

El lugar no cuenta con un sistema de seguridad y las funcionarias llamaron a Carabineros, quienes tardaron en llegar, tampoco estaba disponible la policía municipal. "No contamos con protección", asegura la funcionaria. Una situación de riesgo que se repite en los Tribunales de Familia, cuando las abogadas del Servicio Nacional de la Mujer que defienden a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia o femicidio frustrado, asisten a las audiencias, porque no cuentan con gendarmes que puedan sacarlas en caso de que el agresor se les acerque o amenace.

Estos son dos ejemplos de la desprotección que viven las mujeres que acuden a los programas que brinda el Estado a través del Ministerio de la Mujer, que dependen del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg). También del peligro al que se encuentran expuestos los y las funcionarias, especialmente de los Centros de la Mujer y las Casas de Acogida.

El Sernameg, dirigido por Viviana Paredes (UDI), tiene un importante rol en la prevención de la violencia y en la atención a víctimas. Según el último informe del Circuito Intersectorial de Femicidios, 12 de las 115 mujeres víctimas de femicidios frustrados en 2017 habían sido ingresadas a alguno de los programas del Sernameg y, en el caso de femicidios consumados, 7 de las 44 mujeres asesinadas habían pasado por el servicio. Además, concentra la representación judicial del 48% de los casos en los que se presenta una querella.

Los Centros de la Mujer son uno de los principales servicios dispuestos para prevenir la violencia a nivel territorial y prestar atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. A pesar de que el Sernameg financia y establece sus directrices, la administración y los contratos de las funcionarias de estos dependen de los municipios. Desde el servicio agregan que, del total de Centros de la Mujer, 85 son administrados por municipios, 10 por Gobernaciones Provinciales, 4 por fundaciones/ONGs y 4 por Servicios de Salud.

Desde el lunes 18 de marzo la mitad de los centros ubicados en la Región Metropolitana se encuentran en paro. Sus funcionarias denuncian un circuito de inseguridad y precariedad laboral que atenta "directamente en el trabajo que tenemos con las mujeres víctimas de violencia", reclaman desde los "Centros de la Mujer Movilizadxs". Explicaron que hay un sistema engorroso entre el Sernameg y los municipios para pagar los sueldos, lo que se traduce en que año a año están entre dos y cuatro meses sin recibir remuneraciones.

Así, las funcionarias pueden pasar diciembre, enero, febrero y hasta marzo sin recibir sueldo. Este 2019 hay casos en que a algunas funcionarias de la Región Metropolitana han sido notificadas que sus pagos, desde diciembre del año pasado, estarán listos en el mes de mayo. Para solucionar este problema, hay municipios que sacan de sus fondos para pagar los sueldos durante esos meses. Esta situación ha llevado a que las funcionarias de la mitad de los Centros de la Mujer de la Región Metropolitana hayan paralizado sus funciones desde el lunes 18 de marzo. "Las razones de la paralización son varias y en distintos niveles de la precarización laboral en la que nos encontramos. Somos trabajadoras a honorarios, de un ejecutor que no es nuestro jefe, no tenemos derecho a licencia médica, dependemos de la voluntad de cada jefe o jefa y no estamos sujetos al reajuste del sector público", explica Ana María Oviedo, quien es vocera de la asamblea de funcionarias.

Los centros conforman una red de 130 unidades ubicadas de Arica hasta Puerto Natales, dotadas con un mínimo de cuatro funcionarias, por lo general mujeres: directora, monitora, asistente social, psicóloga y abogada, las que otorgan la ayuda psicosocial y jurídica que requiera la víctima. El objetivo es lograr que salga del círculo de violencia.

Los Centros de la Mujer reciben a todas las víctimas derivadas desde el Poder Judicial, Carabineros, la PDI, municipios y mujeres que llegan directamente a su centro comunal. Son miles las que pasan por su programa año a año y cada servicio recibe hasta 300 mujeres anualmente. Como ejemplo, en Puente Alto se llega a atender a casi 15 víctimas diarias y en un centro pequeño como el de Cerro Navia se registran unos 10 ingresos mensuales.

Desde Sernameg detallan que "durante el año 2018 se atendieron en el país 32.310 mujeres, la mitad de ellas durante el período anterior y las restantes corresponden a mujeres que comienzan sus procesos durante el 2018".

Es tal la demanda, que cada especialista tiene la indicación –desde el Servicio Central– de atender un máximo de siete sesiones para cada víctima. "Simplemente no alcanzamos, también tenemos atenciones grupales, pero las atenciones individuales son reducidas a lo mínimo, yo no alcanzo a atender más de tres o cuatro veces a las víctimas", destaca Ana María Oviedo, psicóloga del Centro de la Mujer de Recoleta. Para enfrentar esta alta demanda, desde Sernameg afirman que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, pidió un presupuesto especial para el servicio, el que aumentó en $600 millones en el Presupuesto para el 2019.

Uno de los principales problemas, reconocen desde el propio ministerio, es que el programa tiene una atención reducida para las víctimas y que muchas veces se acude a un trabajo en grupo "que también ayuda y mucho", como sucede en Atacama. Pero "cada usuaria es diferente y necesita, requiere distintas atenciones", insisten funcionarias de los centros de la Región Metropolitana.

Este restringido programa de atención no permite que haya un "tratamiento psicológico efectivo, que las mujeres víctimas de violencia se puedan sanar. La psicóloga no hace terapia, no está autorizada para hacer terapia reparatoria, solo se determinan los niveles de violencia que tiene la usuaria y hay que darle herramientas para salir de ahí", explica una funcionaria del servicio.

Para acceder a un tratamiento psicológico, las víctimas pueden ser derivadas a Centros de Salud Familiar (Cesfam) o al Centro Comunitario de Salud mental (Cosam), pero "tiene altas listas de espera", destaca una trabajadora en paro. Además, el Cosam atiende tanto a víctimas como a victimarios y "ha habido casos en que las mujeres se encuentran con el agresor", recalcan.

Los Centros de la Mujer, a diferencia de la línea de asistencia telefónica, funcionan en horario de oficina, ya que no tienen dotación para hacer turnos. Pero las necesidades de las víctimas no siempre pueden esperar, por lo tanto, las funcionarias trabajan fuera de su horario e, incluso, hasta atienden de noche.

Ana María Oviedo hace hincapié en que muchas mujeres violentadas tienen trabajo y lo necesitan para independizarse de sus victimarios: "No puedo tener un lugar que atienda de nueve a seis de la tarde, pedirles que pidan permiso para hablar con la abogada e ir a la audiencia y, además, pedir permiso para hacer la atención psicológica. Esa mujer va a perder su trabajo y es lo que menos quiero".

A merced

La ayuda que brindan las funcionarias va desde el apoyo jurídico hasta el aseguramiento de la movilización hacia los Centros. A pesar de que existe un presupuesto para traslados, otorgado por el Sernameg, la psicóloga recuerda que ha tenido que financiar de su propio bolsillos la movilización de las usuarias, principalmente de las que vienen de sectores vulnerables y que no tienen $1.500 pesos para llegar hasta los centros.

Las trabajadoras deben pagar un taxi "para mayor seguridad" para trasladar a las víctimas a los centros o a las Casas de Acogida, si son derivadas en los casos extremos. Esos gastos cotidianos son rendidos por las funcionarias y pagados meses después por su empleador, el Ministerio de la Mujer. Existen algunas excepciones, reconocen desde el servicio y desde el ministerio, ya que hay municipios que cuentan con una caja chica para estos gastos. Destacan que hay alcaldes y alcaldesas "de todos los sectores que se la juegan por que el sistema funcione mejor y ponen recursos propios a su disposición".

Pero el rol de ayuda jurídica y psicosocial no es la única labor que cumplen las funcionarias. Las abogadas, psicólogas y asistentes sociales deben hacer de guardias o sustituir el rol de Carabineros, para proteger a sus víctimas. Una funcionaria del sector sur de la Región Metropolitana, cuenta que es común "sacar a las usuarias por la puerta de atrás o a escondidas", ya que muchas veces los victimarios las siguen hasta el centro de ayuda.

También han tenido que trasladar, por sus propios medios, a las usuarias a casas más seguras de familiares, un rol que desde el ministerio consideran debería estar cubierto por Carabineros. Explican que la coordinación territorial es fundamental y que depende de las comisarías locales, su formación y la coordinación con el municipio, que se haga más expedito este proceso.

Ana María no se explica cómo, pero "de alguna manera hemos funcionado durante más de diez años de esta forma. Nosotras recibimos a mujeres en riesgo y una le presta toda la ropa y protección a esa mujer", agrega.

Pero el riesgo con los victimarios no es solo para las mujeres agredidas, también se extiende a las funcionarias de los Centro de la Mujer. Una abogada del sector norte recuerda que una vez un victimario de una usuaria, que iba a ser trasladada a una Casa de Acogida, llegó hasta el centro a amenazarla de muerte, las funcionarias pidieron asistencia a Carabineros, pero nunca llegó la ayuda.

También hay antecedentes de acosos y amenazas por parte de los victimarios, que hacen que las funcionarias de los Centros de la Mujer "vivamos con miedo, pero eso no nos paraliza", agrega la abogada. La psicóloga Oviedo destaca que una práctica común entre las funcionarias es caminar "todas juntas hasta el Metro, además, en el caso de Recoleta tenemos un guardia, un conserje, que es del edificio, que no permite que suban hombres al servicio, por seguridad".

Uno de los casos más complejos que se ha vivido en la Región Metropolitana es el de una denuncia por violación en contra de un abogado de uno de los centros, interpuesta durante el verano. El caso es llevado por el mismo sistema del Sernameg y se le estaría prestando ayuda a la víctima.

El profesional, que mantenía una relación de pareja con una usuaria del Centro de la Mujer en donde trabajaba, abusó de otra mujer fuera del servicio. Además, fue denunciado por representar de forma particular a mujeres víctimas de violencia, que llegaban hasta su centro y que sus causas habían sido desestimadas por Fiscalía. Según relatan conocedores del caso, el sujeto citaba a las usuarias a su casa y allí les ofrecía el servicio, que es incompatible con el contrato como funcionario de los centros. El abogado fue desvinculado de sus funciones en marzo.

Sin sueldo por meses

Un conflicto permanente que viven las trabajadoras y trabajadores de los Centros de la Mujer y que es transversal a todos los gobiernos anteriores, es la tardanza en el pago de sus sueldos, la que se da una o dos veces al año. Como los centros son administrados por la municipalidades, pero financiados por el Estado, se debe esperar a la aprobación de la glosa presupuestaria de cada año, para que los recursos sean liberados a los municipios. Al mismo tiempo, las municipalidades deben rendir los gastos del año, atribuidos al presupuesto anterior.

Así, las funcionarias pueden pasar diciembre, enero, febrero y hasta marzo sin recibir sueldo. Este 2019 hay casos en que a algunas funcionarias de la Región Metropolitana han sido notificadas que sus pagos, desde diciembre del año pasado, estarán listos en el mes de mayo. Para solucionar este problema, hay municipios que sacan de sus fondos para pagar los sueldos durante esos meses. Esta situación ha llevado a que las funcionarias de la mitad de los Centros de la Mujer de la Región Metropolitana hayan paralizado sus funciones desde el lunes 18 de marzo. "Las razones de la paralización son varias y en distintos niveles de la precarización laboral en la que nos encontramos. Somos trabajadoras a honorarios, de un ejecutor que no es nuestro jefe, no tenemos derecho a licencia médica, dependemos de la voluntad de cada jefe o jefa y no estamos sujetos al reajuste del sector público", explica Ana María Oviedo, quien es vocera de la asamblea de funcionarias.

Otra de las demandas es el aseguramiento de las licencias médicas, principalmente psicológicas, debido a la alta carga emocional que significa trabajar con mujeres violentadas. "No tenemos ni siquiera derecho a licencia, de repente ha pasado que una usuaria tuya es víctima de femicidio y eso es durísimo", recalca Oviedo. Pese a que existe financiamiento para el autocuidado y la formación, "solo alcanza para que los equipos podamos gestionar una capacitación o ejercicios de equipo, no hay un apoyo permanente o una red de salud que nos dé contención", agrega la psicóloga.

La asamblea de "Centros de la Mujer Movilizadxs" también demanda que se asegure el pre y posnatal de las funcionarias embarazadas, ya que durante el 2018 debieron acudir a la prensa para que se respetara la licencia maternal de una funcionaria y que este año hay otra trabajadora en la misma situación.

"El Gobierno le da importancia a la problemática de la violencia, pero es a costilla de nuestra precarización total. Nosotras damos un discurso y charlas para que las mujeres violentadas peleen por sus derechos, pero también nosotras tenemos que hacerlo", manifiesta la vocera.

El 11 de febrero de este año las funcionarias entregaron una carta en la oficina de partes del Ministerio de la Mujer y al Sernameg, que iba dirigida a la directora nacional del servicio. Además, el 6 de marzo le entregaron personalmente la misma misiva a la ministra Plá.

"La Seremi Isabel Varas está subrogando a la directora regional. Ella nos ha llamado insistentemente, pero queremos que respondan nuestra carta y la carta no estaba dirigida a la Seremi", agrega Oviedo. Destacan que están dispuestas a conversar "con quien esté dispuesto, no es que nos neguemos a hablar con la directora regional subrogante, es solo que la carta no fue dirigida a ella y, por lo tanto, no la podemos culpar por la no respuesta".

Desde el Sernameg afirmaron a El Mostrador que su principal preocupación "son las mujeres que atendemos en cada uno de nuestros dispositivos y que sufren violencia". Destacan que ya se realizó "la transferencia de la totalidad de los fondos correspondientes a la primera remesa de recursos a cada institución encargada de ejecutar los programas el año 2019" y que se envió un oficio "a todos los alcaldes y/o representantes legales solicitándoles que a la brevedad cumplan su compromiso".

Desde los centros movilizados explican que este pago fue enviado a las últimas municipalidades recién el 20 de marzo, pese a que el Ministerio de la Mujer había insistido durante todo el 2018 en que se acortaron los meses de demora en la entrega de los recursos. Además, las autoridades de la cartera habrían solicitado que en febrero estuvieran todas las remesas pagadas, lo que no ocurrió.

Por otra parte, desde Sernameg agregan que este jueves la directora regional Metropolitana "se reunió con representantes de los Centros de la Mujer, con el fin de indicarles que como Servicio siempre hemos estado dispuestos a generar una instancia de diálogo. En este espacio se acordó conformar una Mesa de Trabajo cuya primera reunión será la próxima semana". Según las funcionarias movilizadas, a esta instancia se convocó solo a un grupo de abogadas que trabajan en los Centros de la Mujer, pero hasta el cierre de esta edición no habría existido una reunión y respuesta formal a las solicitudes de las mujeres movilizadas.