El pasado jueves, el Gobierno de Colombia liderado por Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC sellaron en La Habana un acuerdo que pone fin a un conflicto de más de 50 años. El abogado de IU, Enrique Santiago (Madrid, 1964), ha participado activamente en el proceso de paz como asesor jurídico de la principal guerrilla colombiana. Santiago hizo un alto en la campaña electoral –concurre como número 11 en Madrid por Unidos Podemos– para asistir en la capital cubana a un momento histórico, el del “fin de la guerra”. Desde allí atiende telefónicamente a cuartopoder.es para ofrecernos su visión de este acuerdo que aún no está finalizado al cien por cien, pero que considera definitivo.

— ¿Qué significa este acuerdo? ¿Se ha terminado definitivamente el conflicto armado en Colombia?

— Este acuerdo es el fin de la guerra. Es el cese del fuego y las hostilidades de una forma bilateral y definitiva. Es un acuerdo de dejación de armas y de garantías de seguridad para que las masacres y asesinatos que han ocurrido de aquellos guerrilleros que han firmado el acuerdo de paz no vuelvan a ocurrir en Colombia. No se debe repetir lo que ocurrió con la Unión Patriótica en los años 80 y 90. También supone el necesario fin del paramilitarismo para que nunca más existan ejércitos privados ni nadie se tome la justicia por su mano y que exista una separación definitiva entre la política y la violencia. Con lo cual esto es un paso irreversible en el fin del conflicto, y aunque todavía no se ha llegado al acuerdo final, abre las puertas para que éste se alcance muy brevemente.

— ¿Qué aspectos concretos son los más importantes que se han acordado y cuáles quedan?

— De los 6 puntos de la agenda se han alcanzado acuerdos en 4 de ellos, que ya están cerrados. El primero es una reforma rural integral, el segundo es la participación política, el tercero es sustitución de cultivos ilícitos y el cuarto son las víctimas y la justicia para la paz. Con estos acuerdos también se ha cerrado prácticamente la mitad de otro punto que es el final del conflicto. Básicamente lo que queda para el acuerdo final es sobre la reintegración de los antiguos combatientes guerrilleros a la vida civil, es decir, la forma en la que van a participar en política, la constitución de un nuevo partido, los programas de construcción de paz en los territorios donde existían puntos guerrilleros y un acuerdo sobre amnistía, etc. Falta también la verificación de los acuerdos alcanzados, que consistirá en la ampliación del actual mandato que el Consejo de Seguridad de la ONU estableció en enero para una misión civil. Hasta ahora se dedica a verificar el alto el fuego y ahora tendrá que verificar el cumplimiento del resto de acuerdos alcanzados. Algunos ya se están poniendo en práctica, como la sustitución de cultivos ilícitos o el acuerdo sobre descontaminación de restos explosivos de guerra y municiones sin explotar.

— ¿Hay alguna fecha prevista para que se llegue al acuerdo final?

— Lo que se ha aprendido en este proceso es que no es conveniente actuar con fechas que al final pueden quedar como espadas de Damocles. Pero lo cierto es que el acuerdo final podría estar en cuestión de semanas. En todo caso, antes de que concluya este verano con toda seguridad.

— El acuerdo debe ser refrendado en plebiscito por la ciudadanía colombiana. ¿La sociedad está polarizada o es mayoritariamente favorable a este acuerdo?

— Los acuerdos hay que refrendarlos y así está previsto. Las partes han alcanzado un acuerdo y la Corte Constitucional colombiana está pendiente de pronunciarse sobre una ley de convocatoria del plebiscito. Las partes lo que han acordado es que una vez se conozca la sentencia de esta Corte ambas construirán sobre ella el acuerdo para la refrendación. Ambas partes están de acuerdo en que se haga. Creo que no hay ninguna duda de que la ciudadanía colombiana va a aprobar en consulta popular los acuerdos de paz. Eso indican todas las encuestas que se han realizado hasta ahora. Toda la sociedad colombiana quiere que acabe esta guerra de más de 50 años y que ha causado más de 7 millones de víctimas. Desgraciadamente los enemigos de la paz, aquellos que o bien obtienen beneficios con la guerra o construyen su posición política sobre la guerra, quieren dar la sensación de que una gran parte de la opinión pública está en contra del acuerdo de paz. No es cierto. Todas las encuestas que se han hecho hasta ahora demuestran que como mínimos un 65% aprobaría los acuerdos de paz.

— Uno de los aspectos que no está cerrado es la reinserción en la vida civil de los excombatientes guerrilleros. ¿Cómo debería ser ese proceso?

"La reincorporación de excombatientes se hará con la transformación

de las FARC en

una fuerza política en la que puedan militar también otros ciudadanos que se sientan de izquierdas"

— Esto debe necesariamente abordarse antes de la firma del acuerdo final porque es un punto previsto en la agenda. Básicamente la reincorporación se hará con la transformación de las FARC en una fuerza política en la que puedan militar todos aquellos que han estado en la guerrilla previa amnistía pero también otros ciudadanos que se sientan de izquierdas. Además, se trata de articular programas de formación y de reconocimiento profesional a personas que han estado en la guerrilla. Hay médicos, enfermeros, técnicos diversos que, sin embargo, no tienen el título reglado y es algo que se tiene que solventar. Pero sobre todo lo importante es la definición de lo que se han llamado 'los territorios de paz'. Serán las zonas donde se implementarán preferentemente los acuerdos alcanzados por los antiguos guerrilleros. Se deben acometer reformas rurales y de desarrollo social y económico para evitar que las causas del conflicto se vuelvan a reproducir. Se trata de que estos territorios, donde ha habido implantación de la guerrilla, dejen de estar abandonados por el Estado y alcancen un desarrollo similar al resto del país.

— Precisamente esta desigualdad es una de las causas principales en el origen del conflicto. ¿Acabar con ella debe ser ahora uno de los objetivos principales?

— Colombia es el país más desigual de todo el continente americano. Según el índice Gini hay una diferencia de 40 a 1 entre ricos y pobres, lo cual es altísimo. Es uno de los países más desiguales del mundo. Hay muchas diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. La principal causa del conflicto ha sido la negativa del Estado a garantizar la propiedad privada a los pequeños y medianos campesinos y la usurpación sistemática de las tierras a través de la violencia y en favor de los grandes terratenientes y ganaderos, para lo cual se han utilizado los ejércitos privados de forma histórica. El conflicto solamente podrá acabarse y conjurarse para que en el futuro no vuelva a reproducirse si se atajan esas desigualdades históricas y también los problemas estructurales de la propiedad de la tierra. Eso es lo que se ha pretendido arreglar con el acuerdo de reforma rural integral, que es una necesidad de toda la sociedad. Otros acuerdo, como el de participación política, también abordan un déficit estructural que es la imposibilidad que ha tenido cualquier oposición de hacer política. En la medida en que empezaba a apuntar como una alternativa de poder ha sido exterminada violentamente por ejércitos paramilitares en connivencia con las fuerzas del Estado. Con este acuerdo se pretende acabar con este problema y que no vuelva a reproducirse.

Finalmente está el problema de los cultivos de uso ilícito. No están en manos de grandes traficantes sino que los campesinos de las zonas más empobrecidas y apartadas de las metrópolis se ven en la obligación de establecer pequeños cultivos ilícitos, fundamentalmente hoja de coca, porque es el único producto que van a comprarles en esas zonas tan remotas. Lo que se trata es de implantar infraestructuras y comunicaciones que hagan viable la comercialización de otros productos y la garantía de que van a ser incorporados a los circuitos regulares. Este acuerdo, que ya se alcanzó hace dos años, ha sido puesto como un ejemplo a seguir en todo el mundo por el Programa de Naciones Unidas contra las drogas.

— ¿Hay temor a que surjan determinados nuevos focos de violencia de grupos que no puedan ser controlados por el Estado?

"Si el Estado pone en marcha el acuerdo con seriedad, con la colaboración de EEUU, no cabe duda de que el desmantelamiento de los fenómenos de violencia es

más que posible "

— El Estado es consciente de que ese riesgo existe y de que sólo hay una forma de atajarlo. Es acometiendo una reforma profunda de la doctrina militar y de seguridad del país. Es decir, erradicando cualquier vestigio de la Doctrina de Seguridad Nacional que ha concebido a parte de la sociedad como un enemigo interno y que además ha utilizado a ejércitos privados como un mecanismo al servicio del Estado y de los grupos económicos poderosos para someter a esa población civil que se manifestaba a favor de sus derechos. El Estado, además de esas reformas, tiene que depurar las fuerzas militares y policiales. Es público y notorio que el Ejército colombiano y la Policía Nacional han contribuido a alcanzar la paz. Pero hay en su seno todavía sectores, minoritarios pero con mucha influencia, que están trabajando para que no se alcance el acuerdo.

Un elemento importante que no había ocurrido en otros intentos de procesos de paz en Colombia es el compromiso expresado por el Gobierno estadounidense, por la actual Administración de Obama, de combatir seriamente estos fenómenos de ejércitos privados paramilitares. Si el Estado pone en marcha el acuerdo con seriedad, con la colaboración de EEUU, no cabe duda que el desmantelamiento de estos fenómenos de violencia es más que posible. Si no lo hace, difícilmente podrá lograrse la paz. Eso es una realidad que todo el mundo conoce porque nadie se va a desarmar para que lo exterminen como ya pasó en los años 80 y 90.

— ¿Qué experiencias o enseñanzas se pueden sacar de este proceso en relación a otros conflictos a lo largo del mundo?

— La primera es que es imposible alcanzar un acuerdo de paz para acabar con un conflicto que ha causado tantas víctimas si éstas no juegan un papel importante en el proceso de paz como ha ocurrido en éste. Las víctimas han estado en el centro desde el primer momento. En este proceso se ha producido algo que nunca había pasado en ningún proceso de paz negociado en el mundo. Ambas partes han acordado construir un sistema de justicia para la paz en el que todas las que han estado enfrentadas se obliguen a comparecer para que se examinen sus responsabilidades en la victimización. Esto sólo había pasado en otros escenarios cuando una parte había sido vencida en la guerra o cuando ha habido una intervención de la comunidad internacional. Es la primera vez que ambas partes establecen un sistema para acabar con la impunidad que les afectan a ellos mismos en la medida en que puedan tener responsabilidades.

Otra enseñanza muy importante es la relevancia del acompañamiento internacional de la región. Este acuerdo no habría sido posible sin el compromiso de los países de la región y sin la normalización de las relaciones de Colombia con los mismos. Por eso este proceso fue imposible realizarlo durante el mandato del presidente Uribe, debido a la situación de constante beligerancia de Colombia con sus vecinos. La aportación de Ecuador, Brasil o Venezuela ha sido trascendental y el papel de garante de Cuba sin duda alguna ha sido determinante. La experiencia lo que indica es que la paz de Colombia es la paz del continente y así lo ha asumido toda Sudamérica. Este acompañamiento es imprescindible que continúe ahora en el periodo de post acuerdo.