Semanas después de que el popular Juan Vicente Herrera anunciara que no repetirá como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en esa comunidad. Ha presentado una querella por la llamada trama eólica contra altos cargos de la comunidad a los que acusa de cobrar comisiones millonarias durante años por la instalación de parques eólicos. La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, gira en torno a Rafael Delgado (viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011 y hombre fuerte del poderoso Tomás Villanueva durante 16 años en tres departamentos). Además, se dirige contra otros antiguos altos cargos como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como cuatro directivos de Iberdrola, los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias. Las comisiones destapadas rondan los 80 millones de euros.

Cuentan en el sector eléctrico que los promotores eólicos se referían a Castilla y León como "Sicilia y León". Quien no pasaba por caja no podía promover parques eólicos. Y eso que era de las más deseadas por los empresarios: tiene viento, mucha extensión y poca población. Las condiciones ideales para instalar parques eólicos. El sistema, engrasado con comisiones, dio frutos. Con 5.593 megavatios instalados, Castilla y León tiene el 24,3% de la potencia eólica de toda España.

Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva. (EFE)

La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad, como adelantó El País entonces. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%".

Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa. Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y luego a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valadolid porque la entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, decidió que no lo investigara Anticorrupción.

Anticorrupción calcula que una empresa de Alberto Esgueva, un exalto cargo de la región, ganó 47 millones con el sistema de cesión establecido

"Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas", sostiene el escrito presentado por el fiscal Tomás Herranz, que ha investigado el caso en secreto durante dos años.

Para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía". De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Hernández. Esa instrucción "permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa".

La querella de la fiscalía no alcanza a Tomás Villanueva, todopoderoso hombre de los gobiernos de Juan Vicente Herrera -ocupó consejerías entre 1995 y 2005 y llegó a ser vicepresidente-. "En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente", señala el fiscal. Villanueva tuvo a Delgado como alto cargo suyo en todas las consejerías por las que pasó, pero la fiscalía señala que presenta la querella "sin que en este momento conste que otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias". Sí pide que se cite como testigo el director general de Energía de la comunidad, Ricardo González Mantero.

Anticorrupción enumera cinco ejemplos de parques eólicos en los que la actuación de Delgado fue ilegal. Son promociones eólicas en las que los dueños acabaron cediendo megavatios a empresas locales porque si no lo hacían no conseguían las autorizaciones. Tras pasar por un intermediario, muchos de los parques los acababa contruyendo Iberdrola, una de las más activas en la comunidad. Uno de los parques eólicos fue promovido por Ider SL en León. "Estos parques podían y debían haber sido autorizados en 2004" porque cumplían todos los requisitos pero Delgado los frenó "con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent [propiedad de Iberdrola] y asignar una participación de los mismos a algún empresario local".

Los exaltos cargos obtuvieron "un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial"

Otro de los casos es el de Ibervento, que quería levantar dos parques eólicos en Burgos. "Rafael Delgado decidió no firmar la resolución de avocación por cuanto tenía previsto asignar participación de esos parques a personas distintas de su promotor. [...] Finalmente, el promotor, desesperanzado de conseguir la autorización a la que tenía derecho" vendió la sociedad a Endesa e Inverduero, esta última filial de Collosa, una de las grandes constructoras de la región.

Las fechas de tramitación de los expdientes demuestran que parques eólicos que llevaban años paralizados recibían el visto bueno en cuestión de días en cuanto los empresarios cedían una participación a empresarios locales. La fiscalía cita grandes empresas de la región que entraban en los parques y firmas participadas por exaltos cargos de Economía que cobraban directamente. Un ejemplo: el parque eólico de la Bureba, en Burgos, tenía pedida la solicitud desde el 19 de abril de 2002 pero no salía adelante. El 18 de mayo de 2006 cambió la titularidad a una empresa en la que participaba Alberto Esgueva y solo siete días después recibía el visto bueno de Rafael Delgado.

Uno de los grandes beneficiados del esquema orquestado por Delgado fue la empresa San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez. Este había sido consejero delegado de ADE Internacional Excal, una empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y encargada de la internacionalización de las empresas. Delgado "decidió que a San Cayetano se le asignaran parques cuya potencia eólica sumaran 500 megavatios", el equivalente a la potencia instalada de la nuclear de Garoña. Como se llevaba el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en 200, a un beneficio medio de 230.000 euros, lo que arroja unas ganancias de 47,1 millones de euros.

Participación de Iberdrola

Tras detallar cómo se agilizaban o frenaban los trámites a voluntad de Delgado, el fiscal Herranz explica en su querella los pagos en comisiones para conseguirlo. El 1 de diciembre de 2004, Ibercyl (filial de Iberdrola en Castilla y León) firmó un acuerdo con San Cayetano para promover, construir y explotar parques eólicos. Por Iberdrola firmaron Ricardo Bravo Sayas, que era el delegado en la comunidad y consejero de Ibedrola Renovables, y Rafael Icaza de la Sota, director adjunto de auditoría interna de la compañía. Ambos están entre los querellados por Anticorrupción.

Iberdrola se quedaba con el 60% de los parques y San Cayetano -es decir, el exalto cargo Esgueva- con el 40%. El acuerdo establece que "es únicamente Biovent [la empresa de Iberdrola] quien selecciona los proyectos" y que la aportación de San Cayetano consiste en "la obtención de permisos, licencias y autorizaciones". La empresa de Esgueva empezaba a cobrar antes incluso de empezar a construir los parques. "Ello supuso que, sin aportar capital propio alguno distinto de la suscripción inicial de las participaciones de la sociedad (24.400 euros), desde el momento de la firma del acuerdo San Cayetano obtuviera un beneficio completamente desproporcionado a su teórica colaboración", algo que Anticorrupción considera "carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial, máxime si se considera que una entidad como Iberdrola, propietaria al 85% de Biovent, no necesitaba en absoluto de este auxilio".

Ignacio Sánchez Galán con Juan Vicente Herrera.

Los hermanos Esgueva e Iberdrola compartían las empresa Energía Global Castellana, la firma que recibía la titularidad de los parques que se iban aprobando. Cuando ya tenían las autorizaciones, el 15 de febrero de 2007, los Esgueva vendieron su parte de la sociedad a Iberdrola, con un precio medio de 230.000 euros por megavatio: 47,1 millones en total. Solo habían aportado 24.400 euros al capital. "Los acuerdos y contratos firmados por Biovent e Ibercyl [las filiales de Iberdrola] necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola; al menos el director de la dirección de negocio de Energías Renovables de Iberdrola, miembro de ese comité operativo, tuvo que conocer y aprobar las circunstancias concurrentes de aquellos. Dicho cargo fue ocupado por Pedro Barriuso Otaola hasta 2007 y después por Xabier Viteri Solaum", según el fiscal. La querella va también contra ellos. Viteri es consejero delegado de Iberdrola Renovables y Barriuso dejó la compañía hace una década. En total hay cuatro cargos de Iberdrola querellados.

Acusados cuatro directivos de Iberdrola: "Los contratos firmados necesariamente necesitaron la aprobación de Comité Operativo de Ibedrola"

San Cayetano no solo recibía dinero de Ibedrola. También Preneal, una empresa presidida por Eduardo Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, contra el que también va la querella. El 8 de marzo de 2004, una sociedad de Preneal concedió a San Cayetano "una opción de compra gratuita" sobre dos parques eólicos en Soria. Año y medio después, en diciembre de 2005, las partes cancelaron ese contrato pero a cambio de que la empresa de Alberto Esgueva cobrara seis millones de euros. Estos parques eólicos tenían un futuro administrativo negro, pues no aparecían en los listados internos de la Consejería sombreados en amarillo (los que tenían luz verde de Delgado). Sin embargo, en 2006, coincidiendo con el cobro del último pagaré, pasaron a ser coloreados en amarillo. Fueron aprobados en 2007.

Preneal también pagó siete millones a otra sociedad, Cronos Global, en la que los Esgueva tenían el 50%. Cronos es el nombre de la inmobiliaria en Varsovia desde la que ahora Esgueva construye edificios de lujo en Polonia. En otros casos, Preneal tuvo que ceder parte de sus proyectos a Inverduero, del Grupo Collosa. Collosa recibió importantes cantidades de obra pública en Castilla y León y, entre otros, construyó el imponente edificio de las cortes autonómicas en el que se celebra una comisión de investigación sobre el caso. Otra de las empresas que entró en el sistema de Delgado es Avanzalia Solar, de Carlos Galdón Cabrera, exconsejero delegado de la multinacional farmacéutica Glaxo en España, que pagó 4,35 millones.

Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD, y el exjefe de Glaxo en España, Carlos Galdón, también están acusados

En total, las comisiones que enumera la querella suman 80 millones de euros. En su denuncia original hace dos años, Hacienda hablaba de 110 millones, pero la fiscalía ha eliminado un par de operaciones, una con Eolia y otra con Endesa, al no ver delito ahí. Anticorrupción manda el caso a Valladolid porque considera que allí se cometieron los delitos de prevaricación, blanqueo, cohecho y delito fiscal. Al circunscribirlo a esa comunidad autónoma no entra en juego la Audiencia Nacional. Un juzgado de Valladolid ya investiga el caso Perla Negra, en el que aparecen algunos de estos nombres -como Esgueva y Delgado- por la compra de un edificio por parte de la consejería a las afueras de la capital.

La repercusión de la trama eólica ha sido fundamental en la política de Castilla y León. Cuando estalló, hace dos años, originó un terremoto político y terminó por apartar de la política a Tomás Villanueva. "Si lo llego a saber no pongo un molino", dijo entonces. Desde 2015, el caso estaba medio en 'stand by'. Todo el mundo esperaba la querella de Anticorrupción pero nadie sabía hasta dónde alcanzaría. Aun así, Herrera seguía jactándose de que Castilla y León no aparecía en el mapa de la corrupción. Las informaciones que salían sobre el caso de la Perla Negra aumentaban la intranquilidad del PP. Y las peticiones de información de la fiscalía y los informes que recientemente mandaron los servicios jurídicos de la comunidad a Anticorrupción les permitían intuir que no estaba archivado. Sabían que estaban sentados sobre una caja de bombas y que el reloj seguía corriendo. Ya ha estallado.