El partido en el gobierno, Morena, tiene serios problemas para gobernarse de acuerdo con sus propios estatutos. Más aún, no consigue nombrar al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó la dirigencia del partido cuando inició su campaña presidencial. Desde entonces la encargada de suplirlo temporalmente, Yeidckol Polevnsky, está confrontada con otros dirigentes, que ahora la acusan de apostarle a la anulación del Congreso Nacional Extraordinario que habían acordado para resolver la crisis, lo que puede ahondar la división y desembocar en un descalabro mayúsculo de Morena en las siguientes elecciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aferrada a la dirigencia de Morena para controlar las candidaturas a gobernadores y diputados federales, que sus detractores identifican como la base de su proyecto presidencial para 2024, Yeidckol Polevnsky apuesta a que el Congreso Nacional que designó a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente y la devolvió a su cargo de secretaria general sea anulado por “ilegal”.

La Coordinación Jurídica de la Secretaría General de Morena, que es el cargo verdadero de Polevnsky –quien ejerce funciones de presidenta desde que Andrés Manuel López Obrador buscó la candidatura presidencial–, alista los alegatos que presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para, tras la eventual anulación, seguir manejando el dinero y la estructura de Morena.

“Las decisiones tomadas por el VI Congreso Nacional Extraordinario debe (sic) ser anuladas”, establece el documento de tres cuartillas de la Coordinación Jurídica de Morena, que detalla la defensa que, también mediáticamente, ha hecho Polevnsky tras la sesión del domingo 26, cuando Ramírez Cuéllar fue electo presidente, cargo que ella también ostenta.

Este nuevo capítulo en la convulsa y judicializada vida interna de Morena se produce después de que el TEPJF anuló el proceso interno, el 30 de octubre, y de que Polevnsky no cumplió con su firma y su palabra de convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para resolver la crisis, un pacto que se hizo a petición de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Y es que el 15 de noviembre Polenvsky; la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, y el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), Héctor Díaz Polanco, firmaron un “acuerdo” para realizar ese congreso extraordinario el 30 de noviembre para, entre otros asuntos, aprobar el método de encuesta para la designación de dirigente nacional.

El método fue sugerido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar conflictos, pero repentinamente Polevnsky se desdijo, pese a que ella misma aseguró que hizo el pacto tras reunirse con Sheinbaum.

Luján, quien participó en las negociaciones y es aspirante a presidir a su partido, recuerda que en noviembre se llevaron a cabo negociaciones durante cuatro días y se hizo un pacto que no cumplió Polevnsky, quien desde 2015 está al frente de la nomenclatura de Morena.

Pero aclara: “Claudia no se reunió con nosotros. Yeidckol dijo que ella se había reunido. Yo por lo menos no me reuní y no tengo información de que los miembros de la Comisión de Honestidad se hayan reunido con ella”.

Concentración de poder

Tras la anulación del proceso interno, recuerda Bertha Luján, era positivo el diálogo para emitir una sola convocatoria al Congreso Nacional. “Yo tenía esperanza de que sucedería y por eso, de buena fe, nos sentamos y firmamos. Creí que este acuerdo iba a caminar. Pero no: a los dos días se cayó”.

–¿Quién rompió el pacto?

–Ella, la secretaría general no quiso firmar la convocatoria. Mandó decir que definitivamente ella no estaba de acuerdo en que hubiera congreso.

“No hay voluntad para que las instancias funcionen en Morena. Es muy grave. Estamos convirtiendo a Morena en una organización en donde, si no funcionan sus instancias, no hay democracia simplemente.”

Y es que Polevnsky es la que ha impugnado decisiones de los órganos estatutarios. “Hay una intencionalidad de concentrar el poder y no dejar las decisiones en manos de quien debe tomarlas, en este caso el Consejo y el Congreso”.

–¿Y concentrar el poder para qué?

–Para tomar decisiones a partir de una persona y un grupo. Los hechos y resultados son que todos los consejos nacionales y el congreso han sido impugnados. Por ejemplo, para que no camine el Instituto de Formación Política. Esto retrasa todo y estorba la vida interna de Morena.

–¿Ella quiere quedarse para definir candidato en 2021?

–Sus actos llevan a eso. ¿Qué resultado tendría el anular el Congreso? Pues seguir al frente de Morena cuando ya no le corresponde estar en la presidencia y tomar decisiones importantes, retrasar todo el cambio de la estructura de Morena, no sólo a nivel nacional, sino a nivel local. Ese es el resultado inmediato y concreto en caso de que el Tribunal anule los acuerdos del Congreso Nacional, que sería algo muy grave.

–Hay dirigentes de Morena que dicen que Polevnsky quiere ser candidata presidencial. ¿Usted cree que ese es el objetivo?

–Esa es una versión. Hay que preguntarle a ella. No tengo elementos para decir que quiere ser candidata a la Presidencia.

La versión del proyecto presidencial de Polevnsky se originó entre miembros de Morena no sólo por aferrarse al cargo, sino a partir de que ella lo dijo expresamente, si bien como un lapsus, en una reunión, el 13 de septiembre.

“No me voy a reelegir porque no quiero ser secretaria general, voy por la Presidencia de la República… perdón, por la de Morena”, dijo quien nació llamándose Citlali Ibáñez Camacho, nieta del cacique poblano Maximino Ávila Camacho.

Para prolongar su gestión como secretaria general en funciones de presidenta de Morena, una ampliación que ella misma ha dicho que sería de otro año, requiere que el INE no reconozca los acuerdos del VI Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca el 26 de enero.

Conforme al documento de la Coordinación Jurídica de la Secretaría General de Morena, los acuerdos tomados en ese Congreso Nacional son ilegales porque la convocatoria no anexa la solicitud que por escrito deben haber efectuado la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional; tampoco anexa la solicitud que por escrito dicen haber efectuado la tercera parte de los Consejos Estatales.

Según el artículo 34 del Estatuto, es requisito fundamental que exista previamente una solicitud por escrito, ya sea por la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional y/o la tercera parte de los Consejos Estatales para efectos de realizar una convocatoria extraordinaria del Congreso Nacional.

“En la convocatoria sólo aparece una firma atribuida a Bertha Elena Luján Uranga, mas no así de ninguno de los consejeros y/o integrantes de los Consejos Estatales de Morena”, observa el documento de la dirigencia de Morena, que reitera que el CEN saliente, que encabeza Polevnsky, es el único órgano facultado para convocar al Congreso.

El documento también cuestiona el quórum con el que inició el Congreso Nacional, porque sólo asistieron mil 130 congresistas, cuando el mínimo debe ser de mil 500, “y el argumento de que varios congresistas han fallecido no se comprobó con las actas de defunción correspondientes”.

En cuanto a la designación de Ramírez Cuéllar como presidente, se viola el artículo 8 del Estatuto, que prohíbe que los órganos de dirección ejecutiva de Morena sean autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al momento de ser electo, Ramírez Cuéllar era diputado federal en funciones y ni siquiera había solicitado licencia, lo que ocurrió hasta el martes 28, refiere el documento.

En las observaciones se establece que se declaró la existencia de quórum legal sin el número correcto de congresistas asistentes, se eligieron vacantes del CEN sin respetar la jurisprudencia emitida por el TEPJF y se usurparon las funciones del CEN al aprobar un plazo para el cumplimiento del fallo de nulidad.

Sin embargo, en entrevista el 31 de enero, Luján asegura que ella fue muy escrupulosa en el manejo del Congreso Nacional Extraordinario, al cual convocaron dos terceras partes de los Consejos Estatales –141 consejeros– y siete de 11 miembros del CEN en funciones.

“Está totalmente cubierto el procedimiento estatutario”, asegura Luján, quien informa que será el 6 de febrero cuando se entregue al INE toda la documentación del VI Congreso Nacional Extraordinario, pero lamenta que ese proceso será impugnado.

“Estamos poniendo en manos de terceros la vida interna de Morena, su presente y su futuro. Es una mala señal que se vaya a judicializar el Congreso”, dice Luján al recordar que López Obrador ya advirtió que, si no hay solución, puede irse de Morena: “Eso sería realmente una desgracia”.

Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso