El gobierno porteño demandó por un monto de casi 24 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios a la asociación civil Basta de Demoler, a su vicepresidente y a una paisajista, que habían frenado mediante un recurso de amparo la construcción de la estación Plaza Francia del subte H en el barrio de Recoleta. Desde la entidad, conocida por sus acciones de protección del patrimonio urbano, denuncian que la Ciudad busca "amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas" legales constitucionales.

La Procuración General de la Ciudad y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) argumentan que los amparistas promovieron una "traba abusiva e infundada" a las tareas que se desarrollaban bajo la plaza Intendente Alvear con la única intención de obstruir los trabajos, ya que luego "abandonaron voluntariamente el litigio" en lugar de seguir defendiendo el derecho presuntamente violentado por la obra.

Los trabajos comenzaron en enero de 2012 y, en febrero, el juez en lo contencioso administrativo Guillermo Scheibler ordenó frenarlos a instancias de aquel amparo. La caducidad del expediente fue declarada en primera instancia en septiembre de 2012 y confirmada por la Cámara de Apelaciones del fuero tres meses después.

Basta de Demoler, junto con la paisajista Sonia Berjman, había solicitado a la Justicia que obligara al gobierno porteño a conservar el patrimonio natural e histórico de los alrededores de la popularmente conocida como plaza Francia, incluidos los árboles que habían empezado a ser removidos por los contratistas al momento de la presentación del amparo.

Precisamente, uno de los puntos que la Ciudad cuestiona a los amparistas es que objetaron la ubicación de la nueva estación para la línea H cuando el obrador ya había sido instalado y las tareas, comenzadas, especialmente porque el proyecto era conocido desde el momento del llamado a licitación.

"Los hoy demandados [...] esperaron el inicio de las obras y la intervención de la plaza para accionar judicialmente y provocar su paralización. Procederes obstructivos de dicha naturaleza sólo pueden concebirse en el marco de una acción política que, so pretexto de proteger el ambiente, se dirigiera a impedir o entorpecer la gestión de gobierno", se lee en la demanda.

Fundamenta el gobierno porteño que la interrupción de la obra provocada por la medida cautelar que la Justicia otorgó a favor de Basta de Demoler originó gastos extras que debieron pagarse a la contratista, una unión transitoria de empresas formada por Techint y Dycasa.

El detalle de esos gastos incorporado a la demanda enumera costos adicionales por la suspensión de la obra, gastos de mantenimiento del obrador, gastos generales y complementarios por menor venta y el costo adicional por la restitución del paisaje original de la plaza Intendente Alvear.

Que el espacio verde haya logrado ser reconstruido según su diseño original es otro argumento que la Ciudad utiliza en la demanda como prueba de que la obra del subte no atentaba contra las particularidades del lugar, ya que podría haberse recuperado por igual una vez concluidos los trabajos.

Se trata de un total por daños emergentes de $ 23.772.489 que, ahora, las autoridades pretenden recuperar mediante la demanda civil contra la ONG; su vicepresidente, Santiago Pusso, y Berjman. El escrito quedó radicado en el juzgado a cargo de Patricia López Vergara.

Además del daño económico, el gobierno porteño considera que la suspensión de las obras -que finalmente fueron reproyectadas a una ubicación más cerca de la Facultad de Derecho- perjudicó el interés público en materia de transporte.

"Esta demanda nos asombra: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un gobierno contra una ONG, cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes. Constituye además un ataque a la democracia, ya que busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas constitucionalmente: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia", expresó Santiago Pusso, de Basta de Demoler.

Fundamentos de la denuncia del Ejecutivo