La minera Aratirí formalizó el pasado 3 de julio una demanda internacional contra Uruguay por 3,536 millones de dólares, según confirmó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, a radio Sarandí.





La firma de origen indio presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de una ley de minería fue interpretado por Aratirí como un cambio en las reglas de juego.





Según relató Vázquez, en julio de 2017 Aratirí inscribió su denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi (o Uncitral, por su siglas en inglés). Pero recién el pasado 3 de julio presentó la memoria donde detalla todos los contactos con el gobierno uruguayo.





La denuncia por daños y perjuicios se comienza a tratar en Washington hacia donde el próximo domingo parte una delegación integrada por técnicos de la Dinama, Alejandro Nario y Jorge Rucks, exdirectores de esa repartición, los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández, Néstor Campal, director de MInería, Roberto Kreimerman, ex ministro de Vivienda y Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia.





En Washington la delegación uruguaya se reunirá con el abogado Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, y quien ya defendió a Uruguay en los juicios que le hizo al país la tabacalera Phillip Morris , el que presentó Argentina por la instalación de Botnia y el que inició la empresa estadounidense de telecomunicaciones Italba, a la que el gobierno uruguayo le revocó en 2011 autorizaciones para operar por incumplimiento en la transmisión de datos.





Vazquez explicó que el juicio final tendrá lugar a mediados de diciembre en París. Dijo que ya están designados los tres jueces y el administrador de la Corte de París, cuyos nombres el presidente se negó a proporcionar por ser información reservada.





"Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia", afirmó el mandatario.





Arbitraje que termina en demanda

En julio de 2017 la empresa informó por medio de un comunicado que había iniciado un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo por "incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay", según publicó entonces Búsqueda.





Según el comunicado la base del reclamo fue "la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores".





En ese sentido Aratirí afirmó que "el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva", en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.





"Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto", afirmó.





Desde el Ministerio de Industria se declaró entonces que "el Estado uruguayo ha sido contemplativo con Aratirí, y no se pudo avanzar en un contrato porque la empresa nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige. Dentro de esas garantías la empresa tenía que mostrar que era solvente, lo que nunca ocurrió. Los omisos fueron ellos", enfatizó.