En los meses de septiembre y octubre de 1994 se llevaron adelante unas jornadas en la tradicional confitería El Molino organizadas, entre otros, por la Revista Redes. La finalidad era poner en debate la actualidad y el futuro del sistema científico-tecnológico argentino.

La pregunta que sobrevolaba aquel encuentro era si valía la pena resucitar la ciencia en Argentina. El proceso de privatizaciones había conducido al desmantelamiento de los laboratorios de las empresas públicas y el recorte en los presupuestos de las instituciones del sector, producto del ajuste, condicionaba su funcionamiento. La incorporación de recursos humanos estaba congelada y muchos de ellos optaban por la emigración en busca de mejores oportunidades. Por ese año, la inversión en actividades de ciencia y tecnología como porcentaje del PBI era el 0.43%, y si bien no era el piso histórico, era notablemente más bajo que el promedio de América Latina que estaba en el 0.69%.

En los primeros años del nuevo siglo comenzaron a recomponerse lentamente algunos indicadores. A la mejora en el presupuesto se agregó la incorporación de investigadores a las instituciones. Pero lo más destacado fue, tal vez, el exponencial crecimiento en el número de becas otorgadas principalmente por el Conicet para la formación de nuevos doctores. De 218 doctores que el sistema produjo en el año 2000, en el 2014 pasó a producir 2176.

Sin duda que los gobiernos desde entonces han sido responsables en buena medida de estos cambios, puesto que sin la decisión política de otorgar recursos el sistema no crece. Pero también es cierto que una porción no menor de la sociedad se convenció de que para sobrevivir dignamente en el mundo es necesario invertir en ciencia y tecnología. Así, creímos por esos años que el debate por el papel de la ciencia en Argentina estaba encausado y que nos esperaban otros desafíos, entre ellos, el de reforzar los vínculos con el sistema productivo y con las necesidades de la comunidad.

Y no. Despejando la retórica innecesariamente grandilocuente y vacía de campaña, se observa que el gobierno actual ha tomado su primera gran decisión sobre el sector científico-tecnológico argentino. Las universidades, Arsat o el sistema de producción pública de medicamentos, entre otros, ya habían comenzado a padecer ajustes o desmantelamientos. Pero el recorte del presupuesto es el señalamiento del lugar al que se pretende llevar a la ciencia en Argentina. ¿Por qué habría de ser importante invertir en ciencia y tecnología en países como los nuestros en los que, al menos en esta materia, distamos de ser protagonistas relevantes a nivel mundial?

Las características del actual paradigma científico requiere que, para poder competir, o al menos estar al día en materia científico-tecnológica, nuestros países deban destinar muchos más recursos que en el pasado. Hace largo tiempo la literatura especializada estipula una inversión no menor al 1% del PBI como valor óptimo.

En el marco de una concepción que pretende una integración acrítica al mercado mundial y que considera acuerdos de libre comercio con potencias que vienen invirtiendo históricamente por encima del 2,7% de su PBI en ciencia y tecnología, la inversión local deviene un gasto innecesario. Más aún, en un mercado interno que se reduce y una recaudación cada vez menor, ese gasto es puesto a competir con el gasto social. Así, cualquier objetivo que desvíe los recursos de esta finalidad es visto como una arbitrariedad y considerado extravagante.

Estamos a un solo paso de que se mida el gasto en ciencia y tecnología en términos de la cantidad de jardines de infantes semanales a construir y que el científico sea visto como un sujeto improductivo y además, caro.

Sin embargo, las similitudes con aquellas jornadas del 94 no son completas. La comunidad científica y mucho más, la sociedad, no son las mismas. ¿Se habrá aprendido algo?