El pasado viernes 27 una mujer de 36 años de edad fue herida de cinco disparos en la cabeza y uno en el brazo derecho cuando se encontraba en su casa del barrio La Curva, en Minas (Lavalleja). La mujer –que está fuera de peligro- se encontraba junto a su hijo de 7 años en momentos en que atacantes ingresaron a la vivienda.

Fuego cruzado de dos grupos en conflicto, un reguero de muertos, y vecinos que se resignan a callar por miedo. Los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se extendieron más allá de la periferia de Montevideo, y actualmente ciudades como San Carlos, Minas y Chuy viven de cerca las luchas por el control del mercado de la droga.

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El caso es investigado como un nuevo episodio de violencia perpetrado por los Vilches y los Acuña, dos familias que se disputan el mercado de las drogas en la ciudad, a pesar de que la mujer no pertenece a ninguna de estas bandas.

Ambos grupos están enfrentados desde 2014, cuando fueron asesinados Anastasio "Piraña" Vilches y Gustavo "Pancho" Vilches, presuntamente por orden de los Acuña. En venganza por ese hecho, el 16 de febrero de 2018, durante un corso de carnaval en Minas, un hombre que lidera la banda de los Acuña fue baleado en la espalda, y aunque no murió en ese ataque, quedó parapléjico. Apenas dos días después, dos jóvenes, de 25 y 26 años, presuntamente vinculados a los Vilches, fueron asesinados mientras tomaban mate en la vereda de la casa de uno de ellos.

Entre el viernes 13 y la madrugada del lunes 16, dos jóvenes de 22 y 28 años fueron asesinados. El primero fue asesinado de un disparo en la cabeza, el segundo fue baleado también en la cabeza, pero logró ser trasladado con vida hasta un hospital, donde finalmente murió en la madrugada del lunes.

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La falta de pruebas materiales, y de personas que se atrevan a declarar ante la Justicia, se ha convertido en la principal razón por la que la policía no ha logrado desarticular a ninguna de las bandas enfrentadas, ni en Minas, ni en ninguna parte del país.

En la frontera Chuy-Chuí, donde ya son más de 20 los muertos en casos que la Policía uruguaya y brasileña investigan como ajustes de cuentas, no ha habido personas detenidas. El pasado viernes 6 de abril fue asesinado uno de los líderes de las dos facciones enfrentadas: Emmerson Cunha Lima, alias "El Pelé". El ciudadano brasileño fue atacado por dos hombres que le dispararon cinco veces, y luego cruzaron a pie la frontera, que estaba a pocos metros del lugar del crimen, en pleno centro comercial de la ciudad.

Los asesinos huyeron a Uruguay en un vehículo que luego apareció incendiado. Al cruzar la frontera, los homicidas se aseguraron de que la Justicia uruguaya no pudiera ordenar su captura porque el crimen fue cometido en suelo brasileño. De hecho, la policía uruguaya no investiga este homicidio, y la policía brasileña es reticente a compartir información, pese a que el asesinato fue ejecutado por uruguayos y planificado de este lado de la frontera. En este conflicto binacional la mayoría de los crímenes fueron perpetrados en Brasil.

La banda rival está liderada por un ciudadano uruguayo, que según dijo una fuente de la policía brasileña está plenamente identificado, pero no tienen "nada sólido" para llevarlo ante la Justicia, sumado a que los crímenes fueron cometidos en suelo brasileño, pese a que el narcotraficante vive bajo jurisdicción uruguaya.

Desde que Brasil duplicó la presencia de Policía Militar (de siete a 14 efectivos), y Uruguay envío a la Policía Republicana, los enfrentamientos se han frenado, y según dijeron fuentes policiales la situación está "más tranquila". Para ello también incidió que tras la muerte de El Pelé sus familiares decidieron abandonar Chuí (Brasil) para adentrarse en territorio brasileño y evitar así ser víctima de ataques de su banda rival.

En San Carlos, en tanto, la disputa es entre la banda del Dany, la familia de los Correa, liderado por un hombre que se hace llamar "el Pañuelo", y la banda del Kane, cuyos enfrentamientos se han cobrado cinco vidas.

La primera de estas muertes se produjo en enero de 2017, cuando fue asesinado el tío del Dany, quien entonces lideraba el negocio de tráfico de drogas de la familia. Ocho meses después, el 26 de octubre, uno de los integrantes de la banda del Dany mató a uno de la banda del Kane, el grupo narco que lidera el norte de la ciudad. Kane, el líder de esta organización, está en prisión por un delito de privación de libertad.

Asimismo, Alejandro "Carretilla" Núñez, también de la banda del Kane, fue asesinado en la plaza del barrio Rodríguez Barrios el 1° de marzo, y el 20 del mismo mes mataron a Héctor Anselmo Durán, quien está vinculado a la banda del Dany. En ambos homicidios, las sospechas apuntan a la banda de los Correa.

El jueves 19 de abril dos personas con antecedentes penales asesinaron a un hombre en su casa del barrio Rodríguez Barrios de San Carlos. Los homicidas, que fueron detenidos y condenados a siete años de prisión, declararon que se les había "ido la mano" al intentar asaltar la boca de drogas que atendía quien resultó ser la víctima y no tenía antecedentes.

Los enfrentamientos en Montevideo

En Montevideo distintas bandas se disputaban el control del barrio 40 Semanas, Casavalle y Cerro Norte, pero algunos de esos enfrentamientos se fueron apagando a fuerza de tiros.

Por ejemplo, la lucha la banda del Tato, liderada por Wellington "Tato" Segade, contra la de Los Algorta, comandada por Gerardo Fabián "Lalo" Algorta, redujo su beligerancia con la muerte de ambos líderes, y tras dejar un reguero de más de 20 homicidios que son investigados como ajustes de cuentas.

El primero en morir fue Segade en 2015, lo que desencadenó el conflicto. Algorta había ordenado su muerte desde la cárcel, desde la que salió el libertad el 20 de setiembre de 2017. Menos de tres meses después, el 7 de diciembre, Algorta fue acribillado en una vivienda de la Calle 1, próximo al kilómetro 36 de la Ruta 7, en Totoral del Sauce, Canelones.

De este enfrentamiento también participó la banda de Alberto "el Betito" Suárez. Según contó una fuente a El Observador, Suárez apoyó a los Algorta en contra de la banda del Tato –de hecho tres hermanos del Betito fueron procesados en 2016 por matar y quemar a la esposa de Segade-. La apuesta salió mal para Suárez y los Algorta perdieron el enfrentameinto.

Suárez fue condenado a diez meses de prisión en diciembre de 2017 luego de protagonizar una persecución con disparos contra la Policía circulando en un auto robado.

Había estado en prisión hasta marzo de 2017, tras 11 años de cárcel, donde fue procesado varias veces por liderar una red de narcotráfico desde la reclusión.

Con Suárez preso, la banda continuará siendo dirigida por un hermano de él, conocido como "El Ricardito", como lo había hecho durante los 11 años que se mantuvo en prisión.

Asimismo, en Casabó actúa la banda de Horacio Alfonso Linares "El Manolo", quien se encuentra en prisión por su participación en el homicidio de ciudadanos paraguayos en Avenida Gianatassio ocurrido en febrero de 2016. Los extranjeros que viajaban en una camioneta junto al hijo de la pareja de 7 años, se salieron de la ruta al ser heridos impactando contra una adolescente de 16 años que caminaba por la calle paralela, y que murió en el lugar.

Los Chingas y los Camala

En Casavalle, en tanto, los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes se han cobrado decenas de vidas. De hecho, este barrio en 2017 fue el más mortal de Montevideo, con 18 homicidios, es decir 11,4% de los 161 perpetrados en toda la capital.

Ese mismo año, la banda de los Chingas expulsó al menos a 110 personas de sus casas para apropiarse de las viviendas y utilizarlas como depósitos de armas, drogas y objetos robados, o bien para alquilarla a personas afines, en un plan por aumentar su influencia en la zona.

La mayoría de las expulsiones de vecinos se produjo entre octubre de 2017 y el 1º de noviembre, lo que coincide con una mayor beligerancia entre ese grupo y la banda de los Camala. Justamente, fue en esas fechas que el líder de los Camala fue enviado a prisión por su participación en el triple crimen del barrio Colón.

Sin embargo, esta acción llevó a que vecinos que hasta entonces se habían negado a hablar con la policía por temor a represalias, optaran por denunciar los desalojos. Como resultado se llevó adelante el operativo "Mirador", en el que actuaron tres fiscales (el de homicidios, Juan Gómez, la de drogas, Mónica Ferrero, y el de delitos económicos, Enrique Rodríguez) y 600 policías.

Ese operativo permitió enviar a la cárcel a cinco líderes de la organización, al tiempo que para otros seis se dispuso medidas alternativas. Asimismo, uno de los líderes del grupo fue asesinado en un ajuste de cuentas.

En los últimos meses la banda volvió a actuar de la mano de integrantes más jóvenes, y se volvieron a dar casos de expulsión de vecinos.

¿Fuerza o debilidad?

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo durante la interpelación realizada por el senador Pedro Bordaberry el pasado 18 de abril que la escalada de violencia entre bandas de narcotraficantes no se debe a un fortalecimiento de estas organizaciones sino a que están debilitadas. En declaraciones a Radio República Bonomi explicó que estas bandas están sufriendo un cambio generacional debido a que varios de sus líderes fueron detenidos o asesinados en enfrentamientos y como resultado toma el control "gente más joven que ya perdió hace tiempo el respeto a la vida (...) y que tratan de prevalecer aumentando los niveles de violencia".

Para combatir a estas organizaciones la policía lanzó los llamados Operativos Mirador. La primera prueba de estas operaciones dedicadas a debilitar a bandas de narcos fue desplegada en Casavalle el 20 de diciembre cuando se detuvo a buena parte de la banda de los Chingas.

El 10 de abril se llevó adelante uno de estos operativos en Casabó donde se detuvo a 21 personas y el 17 de abril en Cerro Norte. En el primero el objetivo era la banda de "los Manolo", en el segundo la de "Los Ricardito".

Ajuste de cuenta

Los ajustes de cuentas –que en 2018 representaron el 58% de todos los homicidios- redujeron las tasas de aclaración de la policía. Si en 2016 se había enjuiciado a los responsables del 60,4% de todos los homicidios, en 2017 se resolvieron el 50,2%.