Denunciaron a los jueces federales Daniel Rafecas y Ariel Lijo ante el Consejo de la Magistratura por posible mal desempeño en sus funciones, a partir del "cajoneo" de una serie de causas por corrupción. Las presentaciones las hicieron el Colegio de Abogados de la Ciudad y las organizaciones "Será Justicia" y "Usina de Justicia", que revelaron que hay magistrados que tienen demoras de hasta 15 años en sus causas. Los denunciantes reclamaron ante la Magistratura que adopte medidas e incluso sanciones "disciplinarias" por las "excesivas demoras en la tramitación de causas" en la Justicia Federal Penal.

Las presentaciones parten de una auditoría que pidió el organismo sobre la justicia federal, que analiza las actuaciones de los magistrados durante los últimos 20 años. El objetivo no es "buscar responsables sino dar una respuesta a la opinión pública respecto de los procesos en que se investigan casos de corrupción, sobre si se cumplen las normas que rigen el debido proceso", aclararon los denunciantes.

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En el juzgado de Rafecas, por ejemplo, hay una causa de 2002 con siete imputados sin ser citados a indagatoria, y en el de Lijo hay otra de 2006, con 12 acusados, sin interrogados. El relevamiento de datos fue sobre la totalidad de los Juzgados Federales, Tribunales Orales y Cámaras Federales con competencia penal, pero a modo de ejemplo se distribuyó la información de los juzgados de Rafecas y Lijo. En el análisis también se advierte sobre la actitud de otros magistrados, como Sebastián Ramos, Sebastián Casanello y Marcelo Martínez De Giorgi, por no aportar la información requerida.

"Se advierte una excesiva demora en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso. Tal el caso de investigaciones judiciales que cuentan con requerimiento fiscal y, a la fecha de cierre de la auditoría, permanecían en trámite, sin siquiera haberse ordenado la declaración indagatoria de las personas formalmente requeridas como imputadas", indicaron los denunciantes. Entre los imputados en causas "en trámite" aparecen Cristina Kirchner, Julio De Vido, Diego Bossio, y Lázaro Báez, entre otros.

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"En esa situación se hace especial referencia a los jueces federales Rafecas y Lijo y se señala también a jueces que no han dado siquiera un mínimo cumplimiento al pedido de información que se les cursara oportunamente, desoyendo lo requerido por ese Consejo: los jueces federales Ramos, Casanello y Martínez de Giorgi", afirmaron.

La auditoría a la Justicia federal

El 18 de abril de 2016 el Consejo pidió la auditoría en las causas por corrupción contra la administración pública nacional, para que se "permita conocer a la sociedad civil las circunstancias por las cuales, en promedio, los procesos registran notorias demoras en la tramitación de las respectivas investigaciones judiciales y muchos de los cuales terminan en prescripciones".

El Consejo dispuso que los datos tuvieran como fecha de corte el 30 de noviembre de 2016. Con la auditoría dispuesta por el Consejo las entidades se presentaron específicamente ante la Comisión de Disciplina y Acusación que preside el consejero diputado del PRO Pablo Tonelli.