Como en la moda, en política todo vuelve. Así como semanas atrás volvió la idea de los “cortes programados” para evitar los problemas por la crisis energética, algo ya implementado en 1989, o la política de derechos humanos del gobierno actual, que es una continuación de la iniciada en 1983, en los últimos días el traslado de la capital volvió a surgir.

En abril de 1986, desde Viedma, Raúl Alfonsín lanzó la idea de fundar la segunda república y trasladar la capital a esa ciudad, “hacia al Sur, hacia al mar, hacia al frío”. El objetivo era descentralizar la Ciudad de Buenos Aires, evitando que se conjugue el poder económico y poder político en una misma metrópolis, y fortalecer el federalismo. El proyecto incluía la provincialización de la Ciudad de Buenos Aires, según la idea de Alfonsín en una provincia del Río de la Plata, junto con los municipios bonaerenses circundantes. Asimismo, se establecía el traslado de la capital al ejido Viedma (Río Negro) – Carmen de Patagones (Buenos Aires) – Guardia Mitre (Río Negro). Funcionando los primeros dos como base de la administración pública nacional y los poderes del Estado, y el último como villa urbana para que vivan los funcionarios y empleados públicos.

La semana pasada el debate volvió a la luz con el extraño anuncio de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, de su idea de trasladar la capital, no al sur, sino al norte argentino. Domínguez declaró que hay que repensar el país y que en ello debe incluirse una visión estratégica, mirando no hacia el Atlántico, sino hacía el Pacífico, hacia China y el mundo árabe. Tres escenarios posibles se abren ante este proyecto:

1) Traslado de la capital al Norte. De prosperar este proyecto, se deroga la ley 23.512, que establece el traslado de la capital a Viedma, aún en vigencia, se sanciona una nueva ley que fije el lugar definitivo del traslado y se propone una reforma constitucional que fije la nueva capital, que incluya a Buenos Aires, no como ciudad autónoma, sino como provincia, y que cree un nuevo territorio federal. Para eso debe fijarse a donde mudar la capital, según Domínguez al “gran norte”. Esto podría ser Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja, si se extiende el concepto de “norte” y se da lugar a la idea de crecer hacia el Pacífico. A excepción de Santiago del Estero y Tucumán, las restantes son lindantes con Chile y ofrecen una salida al Pacífico. El proyecto de Domínguez no contempla que Salta y Tucumán se encuentran entre las 10 provincias más pobladas de Argentina y que el norte es de las zonas más pobladas del país, a diferencia de La Pampa y la Patagonia. Esto generaría aún mayor concentración de población en el norte y centro y generaría los mismos inconvenientes que posee hoy la Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

2) Traslado de la capital hacia otra provincia. De resolverse el traslado de la Capital, algo que sin lugar a dudas daría una nueva visión del federalismo y que separe el puerto y la actividad financiera y económica del centro político, se establece un punto medio del país. Como Brasilia, que es un punto equidistante de los distintos extremos del país, trasladar la capital al norte equivaldría a dejar aislado al Sur del país, con distancias superiores a las actuales hacia la capital. Un punto medio podría ser alguna provincia del centro, como La Pampa, San Luis o Mendoza. Esta última, si bien linda con Chile, es la quinta provincia más poblada de nuestro país y podría traer los mismos inconvenientes que ya se nombraron. Las otras dos podrían ser posibles soluciones. La Pampa tiene límites con varios municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual podría generar un conglomerado urbano que sirva de asiento a la administración pública y a las viviendas particulares. Aquí, el problema subyace en la idea de Domínguez de poner en producción nuevas zonas del país, algo viable en el norte. Las provincias del centro son mayormente agroproductoras, y además cuentan con cierto desarrollo industrial. El viejo proyecto de Viedma sería aquí una opción, ya que permite poner en producción miles de hectáreas que actualmente no se encuentran productivas.

3) Reforma de la Constitución y no traslado de la capital. El último escenario es quizás el más político. Se resuelve y acuerda el traslado de la capital. Se acuerda para ello una ley y la reforma constitucional. La sola reforma de la constitución habilitaría por medio de un fallo judicial un tercer mandato constitucional de la actual mandataria, ya que al jurar con la nueva Constitución, se le permitiría una nueva reelección. Esto dotaría de un poder revitalizado a la Jefa de Estado, y sobre todo, resolvería la interna del gobierno. Con sólo lograr esto, la mandataría se vería habilitada a poder ser eventual candidata y mantener una cuota de poder importante para los próximos dos años. El traslado de la capital será un proyecto que podrá comenzar a trabajarse, pero que será ejecutado por el nuevo gobierno dado los tiempos necesarios para acondicionar una nueva ciudad para recibir a los poderes públicos y a la administración pública federal. Esto podría ser el eje de la campaña del gobierno, con el objetivo de mantenerse en el cargo cuatro años más.

Para finalizar, dos temas no son incluidos en estos escenarios, pero deben ser pensados. El primero, es ¿qué pasará con la Ciudad de Buenos Aires? Su posible provincialización podría ser la opción para conformar un nuevo estado subnacional, incluyendo como en el plan de Alfonsín a los municipios lindantes. Esto permitirá repensar el conurbano y será una posible solución a los problemas sociales y económicos de esa zona. Por otro lado, deben pensarse los costos. Tal como sucedió en 1986 cuando Cafiero hizo críticas al proyecto de Alfonsín por la situación económica, pensar ahora en el traslado podría ser un impulso a la obra pública y con ello a toda la actividad económica. Lo cierto es que en el actual contexto de caída de las reservas y de un crecimiento del déficit fiscal, un proyecto de semejante envergadura necesitaría de una cantidad de recursos económicos que el Estado por sí solo no podría costear.

El traslado de la capital, como proyecto de reforzar el federalismo, descentralizar el país y repensar geopolíticamente el desarrollo nacional, es sin ningún lugar a dudas un debate no saldado. Lo cierto es que como sucedió en 1986, se requiere de una firme decisión política, pero, sobre todo, de un consenso político y económico amplio y extendido, algo que para el actual gobierno no sería fácil de lograr.