Prisioneros pilagá fotografiados junto a un gendarme

Territorio nacional de Formosa en 1947. Dos años después del “día de la lealtad peronista”. Las familias pilagás, tobas y wichis se dirigen caminando a la Compañía El Tabacal en Tartagal (Salta), propiedad del terrateniente oligarca y empresario del azúcar Robustiano Patrón Costas, en busca de trabajo. El gobierno de Perón había establecido un régimen de trabajo esclavo y el patrón no cumplió con el salario prometido. Los indígenas reclamaron y fueron despedidos. Acechados por el hambre y las enfermedades deciden volver con sus familias a su territorio en Las Lomitas (Formosa).

Los temores al “gran malón”, a la “sublevación indígena”, a “los indios revoltosos”, en “actitud de alzamiento” se expresaban en la prensa de la época y en los voceros de la clase política gobernante. Esto generó un clima propicio para la represión. La Gendarmería formó una línea de más de cien hombres armados entre el pueblo y la comunidad. Al acercarse para parlamentar empezó la represión.

El 10 de octubre comienza el otro octubre peronista, la matanza se lleva adelante. Los gendarmes provistos con ametralladoras, carabinas y fusiles avanzaron sobre la comunidad. La cacería por el monte duró tres semanas. Durante las noches los gendarmes encendían bengalas para iluminar un territorio para ellos desconocido. Fue un asunto de Estado. Desde Buenos Aires se enviaron dos aviones de la Fuerza Aérea utilizados para reprimir desde el aire. Esta fuerza lo reconoce como su bautismo de fuego.

Los testimonios de los pueblos originarios se refieren a una masacre, un genocidio. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados. Las mujeres y las niñas fueron violadas. Los ancianos, fusilados. Muchos fueron perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser llevados a las reducciones. En el año 2006 se encuentran veintisiete cuerpos, y un grupo de abogados inicia acciones legales contra el Estado nacional por violaciones a los derechos humanos.

Nadie de Gendarmería fue castigado por la masacre y el genocidio. Santos Costas, quien fue integrante de la fuerza en el momento de los hechos, fue felicitado y ascendido por Orden 2.595 del director de Gendarmería Nacional. Luego abandona la fuerza y se convierte en juez federal en Formosa. Su juzgado tiene la causa de lesa humanidad por los hechos que se le imputan. Uno de los gendarmes espera en su casa mientras la Cámara Federal de Resistencia resuelve su imputación. Por otro lado, los pueblos originarios continúan siendo asesinados y perseguidos. Mientras una delegación de mujeres participó en Rosario denunciando al estado genocida, la Federación Pilagá invita al acto en conmemoración de los 69 años de la masacre.