El Partido Popular no quiere que la presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno explique en el Congreso en qué tiene previsto gastarse los tres millones de euros consignados en los presupuestos para el funcionamiento de este organismo durante 2016. El PP ha hecho uso de su mayoría en la Cámara para vetar la comparecencia de Esther Arizmendi, solicitada por el Partido Socialista. En una comunicación por escrito redactada a principios de agosto, los populares comunican al PSOE que no habrá explicaciones sobre cómo se organiza el órgano creado para "salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y garantizar el buen gobierno". Todo un oxímoron parlamentario.

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La diputada socialista Susana Sumelzo, autora de la petición, explica a eldiario.es que "al PP no le interesa la comparecencia. Es muy difícil justificar este presupuesto. Durante este año (2015) la actividad del Consejo se resume en un centenar de reclamaciones resueltas, dos convenios, cuatro criterios y un informe. En todo ello, el Gobierno se ha gastado 2,5 millones de euros".

La Mesa de la Comisión de Presupuestos es la encargada de decidir qué comparecencias se aceptan para que el Gobierno explique sus planes económicos para el ejercicio entrante. Ese órgano, con mayoría del PP, es el que ha decidido impedir la comparecencia de Arizmendi.

En los presupuestos de 2016, el ejecutivo prevé un gasto de tres millones de euros para el Consejo. El incremento respecto al año anterior es de medio millón que, según la documentación facilitada por Hacienda, se gastarán en "complementos para el personal del Consejo" (155.000 euros) y "estudios y trabajos técnicos adicionales" (200.000). Ninguna explicación o detalle sobre esos incrementos podrá ser debatida en el parlamento por la negativa del PP.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuya misión es velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso a la información pública y garantizar el buen gobierno. Tras su creación, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, aseguró que instaurar una cultura de la transparencia es la clave para "preservar el interés de todos y prevenir el abuso de algunos" en la gestión de lo público, que en el futuro "ya no se va a entender" sin que rendir cuentas a los ciudadanos.

El PSOE, sin embargo, no comparte el criterio de la número dos del ejecutivo. Según Susana Sumelzo "las siglas del Gobierno van asociadas a la corrupción y ningún Consejo de la Transparencia podrá cambiar eso". Lo socialistas son especialmente críticos con la decisión del Gobierno de que el Consejo dependa del propio Gobierno, evitando la creación de un órgano verdaderamente independiente.

La presidenta de este organismo, Esther Arizmendi, fue nombrada en diciembre de 2014 por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Cobra mucho más que el presidente del Gobierno, ya que su salario para 2015 quedó fijado en 102.000 euros anuales, frente a los 78.000 de Rajoy. La tramitación de los presupuestos de 2016 era la primera oportunidad para que compareciese en el Congreso tras su nombramiento como titular del organismo, creado a finales de 2014. El PP ha impedido, sin dar explicaciones al resto de grupos, que esa comparecencia tenga lugar.

La explicación del PP para justificar su negativa tiene relación con el escaso presupuesto que gestiona la oficina de Transparencia. Según fuentes del grupo popular, "las comparecencias se aceptan en función de que haya partidas presupuestarias importantes sobre las que establecer el debate y no es el caso". "El PSOE lo pide y no se acepta", señalan las mismas fuentes.