El Concejo Deliberante de Chamical prohibió a la Policía riojana que aplique un decreto provincial y la ley nacional de tránsito para hacer controles de alcoholemia en el distrito, un mes después de la detención del intendente por conducir ebrio.

La mayoría de los ediles que responden a Daniel Elías, el jefe comunal, aprobaron ayer una minuta de comunicación que le prohíbe a la fuerza de seguridad "realizar controles" de alcoholemia en el distrito.

Elías fue detenido hace un mes en la capital por conducir en estado de ebriedad. El video de su detención prueba que lo amenazó haciendo gala de sus lazos con el gobernador Sergio Casas y lo denigró.

"Voy a llamar al gobernador para ver qué hacemos con vos", advirtió. "Esto no es un control. Es mala leche con la gente de la provincia de La Rioja", lo increpó. Y le cuestionó que el puesto estuviera ubicado "a 40 metros" del local del cual venía: "Vos sabés que ahí hay un salón de fiestas y hay gente que está festejando".

Cuando el oficial advirtió que por su aliento se notaba que estaba borracho, Elías ensayó una insólita argumentación. "Me estoy curando una muela con alcohol". Y volvió a mostrar su chapa: "Soy intendente. La primera autoridad de mi departamento", lo prepoteó.

Menos de una semana después, Elías prometió derogar el decreto 840 de la Provincia de La Rioja que desde el año pasado pena con altas multas, detención y retiro del vehículo a quienes conduzcan con alcohol en sangre. Y finalmente, en la sesión del Concejo Deliberante, Elías cumplió con lo que había anunciado.

Entre los fundamentos, se alegó que no se pueden cobrar multas altas a ciudadanos con "sueldos bajos", entre otras razones.

Karina González, edil de la oposición en Chamical, relató que el comisario de Chamical, Fidel Nieto, les dijo en una reunión que la minuta no puede ser aplicada porque "la Policía se rige por una ley nacional de tránsito, que a su vez la Provincia adhirió y modificó en el decreto 840".

Elías fue detenido por unas horas, hasta que un certificado médico por hipertensión hizo que lo liberaran; tuvo que pagar una multa de unos 15.000 pesos por conducir en estado de ebriedad y tener la licencia vencida. Además, le incautaron la camioneta en la que viajaba junto a su familia.

La sacó barata: en La Rioja hay hasta denuncias de abusos sexuales de conductores ebrios que quedaron a disposición de la Policía sin intervención judicial. Por eso muchos consideran que si bien el espíritu del decreto 840 es noble, debería ser un juez y no un comisario quien ordene el arresto y decida la pena.