Otra escandalosa subida de la luz ha tenido lugar este mes de abril con respecto al mismo mes del año anterior: del coste de 63,98 euros mensuales para el usuario medio en abril de 2014 se pasa al pago de 76,10 euros en abril de 2015, lo que supone un 18,9% más.

Es la denuncia de la organización FACUA-Consumidores en Acción, tras comparar las tarifas por kWh en los dos años, concluyendo que aunque el kW de potencia contratada no ha variado desde febrero de 2014 (cuando subió un 17,9%), el kWh de energía consumida ha subido en un año nada menos que un 27,3%.

FACUA continúa en su lucha de la defensa del consumidor frente a las prácticas abusivas del oligopolio de las grandes eléctricas, y exige al Gobierno del PP “el fin del oscuro sistema tarifario que ha puesto en marcha” y que intervenga de modo contundente en el sector para que las tarifas se establezcan sobre la base de los costes reales de la generación energética y los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas.

En este sentido, FACUA apoya la campaña #YoDevuelvo impulsada por la Plataforma por un nuevo modelo energético, con la que se anima a devolver el recibo de la luz del mes de mayo y retrasar su pago en protesta por la subida del recibo eléctrico, que ahonda aún más en la pobreza energética de millones de familias, mientras el Gobierno impulsa leyes que impiden al pequeño consumidor usar medios alternativos de autoabastecimiento.

Mediante #YoDevuelvo, los colectivos que apoyan la iniciativa exigen al Gobierno “un sistema de facturación en el que la parte del consumo sea la predominante, reduciéndose sustancialmente la parte fija, para que cuanto menos consumamos, menos paguemos”, así como también reclaman libertad para que los consumidores puedan autoabastecerse de energía limpia sin tener que pagar injustamente a las grandes empresas eléctricas “el peaje de respaldo o el impuesto al sol”.

La organización exige también al Gobierno que se asuma la sentencia del 23 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a que los usuarios de luz y gas sean informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, algo que no ocurre en España, y que podría hacer que los usuarios impugnaran las tarifas de los últimos años.

Además, FACUA reclama una auditoría histórica del déficit de tarifa y un cambio legal que prohíba las “puertas giratorias” mediante las cuales las grandes empresas eléctricas fichan a altos cargos gubernamentales y los gobiernos incorporan como altos cargos a exconsejeros de estas compañías, en un círculo de amiguismos que beneficia a estas empresas y perjudica al consumidor.