Una revolución en toda regla del sistema constitucional vigente. Así se resume la propuesta de Reforma democrática e institucional que Ciudadanos ha expuesto este sábado Cádiz, cuna del constitucionalismo moderno. Llevan meses reclamando el fin del bipartidismo y recalcando la necesidad de tener unas instituciones más adecuadas a la España de hoy pero no ha sido hasta ahora cuando han desvelado sus cartas, un proyecto que plantea cambios drásticos en la ConstituciónEspañola, una apuesta sin precedente desde la Transición. "No se puede gobernar España sin tener España en la cabeza", ha subrayado el presidente de C's y candidato a La Moncloa, Albert Rivera, para explicar que él, que siempre ha tenido estas reformas en mente, iba a ser quien explicara el documento y no ningún "asesor de dos tardes".

Una de las políticas fundamentales del partido de Rivera es la defensa de la unidad de España y el rechazo a los nacionalistas que, como el propio líder afirmó en el escenario gaditano, están "sobrerepresentados" en el país. Para ello, tal y como había avanzado Vozpópuli, llevará a cabo la supresión del artículo 150.2 de la Constitución, que actualmente permite la delegación de competencias estatales a las comunidades autónomas. Es el fin del 'café para todos' tan propio de la Transición y el cierre del proceso constituyente, la cuestión que todavía faltaba por abordar. La idea de los expertos de Rivera es bloquear las competencias y dejar claro en la ley fundamental qué es cuestión del Estado, qué es compartido y qué pertenece a las CCAA.

En este punto, Rivera ha criticado los acuerdos que PSOE y PP sellaron a nivel nacional con los nacionalistas catalanes en el época de Jordi Pujol. "No podemos permitir que vuelvan a repetirse pactos políticos como aquellos para taparse las vergüenzas", ha enfatizado Rivera, ante un auditorio entregado. "Queremos cerrar así el modelo territorial para no seguir vaciando de competencias al Estado. Hay que decir que esto no se toca", ha añadido, dirigiéndose también a los separatistas, quienes "nunca van a ser de acuerdo con el modelo autonómico", ha apostillado.

Dentro del bloque territorial, el partido de Rivera incluye además el compromiso de "enumerar las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas" en la Carta Maga para "fijar el mapa autonómico de manera definitiva". Esto conllevaría la supresión la disposición transitoria cuarta que contempla la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco. También habría una "derogación expresa" de los "preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias para acceder a la autonomía y que ya no son de aplicación".

Ciudadanos se decanta por una "revisión del actual sistema" del cupo vasco, no por su eliminación

En el apartado de "financiación territorial equitativa, transparente y eficaz", la formación naranja se muestra a favor de la elaboración de "una cartera de servicios cuya garantía estaría constitucionalmente respaldada por la financiación del Estado". Y en lo relativo al cupo vasco, se decanta por una "revisión del actual sistema", no por la eliminación del citado Concierto Económico. "Se debe hacer un cálculo razonable de la contribución vasca y navarra a la Hacienda estatal con el fin de evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva", se limita a decir el texto de la reforma de Ciudadanos.

Además, C's pone sobre la mesa un ambicioso cambio del sistema electoral, que daría paso a unas Cortes absolutamente nuevas, sin Senado e inspiradas en el modelo alemán del Bundesrat, que deja la mitad de los diputados elegidos por una lista nacional y la otra mitad por distritos iguales en tamaño que, en el caso de España, corresponderán aproximadamente a 250.000 personas. Esto supondría el fin del bipartidismo y una menor influencia de los nacionalismos periféricos.

Desde Ciudadanos proponen sustituir el Senado por un Consejo de Presidentes autonómicos (incluidos los de las ciudades de Ceuta y Melilla). Sus miembros dispondrían de un voto ponderado en función de la población de la respectiva comunidad. Este órgano sería competente para la aprobación, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus integrantes, de las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado.

La formación naranja también señala que "en caso de discrepancia con el Congreso de los diputados, prevalecerá lo decidido por éste, tras haberse intentado consensuar una posición común". En una nota al pie, C's advierte de "no confundir nuestra propuesta con la Conferencia de Presidentes ya existente". "La nuestra es de carácter legislativo y no participa el presidente del Gobierno de la nación, a diferencia de la Conferencia de Presidentes, que es de carácter ejecutivo y en la que sí participa el presidente del Gobierno", detalla.

En concreto, respecto a la reforma electoral, C's precisa que supondría "la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos".

"Lo que es normal en la calle, puede ser también normal en las instituciones", afirma Rivera

Asimismo, Rivera ha reivindicado el apoyo ciudadano que hay detrás de estas reformas y parafraseando al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez (UCD) ha manifestado que "lo que es normal en la calle, puede ser también normal en las instituciones". "Estas medidas son el anhelo de mucha gente, que hemos visto en recogidas de firma, en internet, las que piden los indignados", ha remachado.

También es profunda la reforma de la Justicia, con la supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyas funciones serían asumidas por el presidente del Tribunal Supremo, que pasaría a ser elegido por el Congreso de los Diputados (voto favorable de dos terceras partes), y dos adjuntos. No es el único cambio que C's promueve en ese ámbito, pues también estaría dispuesto a modificar la Constitución (artículo 179) en aras de una "despolitización del Tribunal Constitucional".

A los integrantes (seguirían siendo doce) del TC se les exigiría "veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado" y no haber tenido cargo orgánico político en una institución o partido durante al menos cinco años antes. Además, el equipo de Rivera fija dos años mínimos de excedencia para volver a la judicatura. El periodo de mandato sería de 12 años, pero fijándose la jubilación a los 75 años. La renovación parcial se realizaría cada cuatro años.

En cuando a su método de elección, asunto siempre espinoso, Ciudadanos dice que los cuatro propuestos por el Senado lo serán por el nuevo Consejo de Presidentes de las comunidades Autónomas. Y los dos del Poder Judicial, lo serán por el presidente del Consejo y del Poder Judicial pero entre magistrados designados "en virtud de un concurso convocado al efecto, sin discrecionalidad alguna".

Un fiscal general del Estado de selección parlamentaria

Los miembros del poder legislativo también verían reducidos sus privilegios. Para ello Ciudadanos propone el fin de las puertas giratorias y de los aforamientos. El Ministerio Fiscal tampoco escapa al ojo revisor de C's, que aboga por que "el procedimiento de nombramiento del Fiscal General del Estado esté regulado en la Constitución". Como nueva fórmula de elección, propone un primer concurso de candidatos con 20 años en la carrera fiscal y la posterior selección de una terna por parte de una Comisión del Congreso de los Diputados (por mayoría reforzada). El Gobierno designaría al candidato entre esos tres. C's también se compromete a reformar la independencia del Consejo Fiscal y de la Fiscalía Anticorrupción.

En materia de derechos sociales, la formación naranja insertaría una que incluiría aquellos relacionados con la salud, derecho a la vivienda, derecho a la protección ambiental, derecho a los servicios sociales, derechos de los consumidores y usuarios, derecho al acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad y derecho a la buena administración. También prevé la reforma del artículo 57 para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en el trono y una reducción a 250.000 del número de firmas (del medio millón actual) para la iniciativa legislativa popular (ILP).

Otras medidas que completan el listado de 30 actuaciones son la supresión de las diputaciones provinciales, la fusión de ayuntamientos, la eliminación del decreto ley, la limitación y despolitización del indulto y el reconocimiento constitucional de la pertenencia a la Unión Europea.

El equipo de expertos que ha trabajado con la dirección de Ciudadanos en la redacción de este proyecto ha estado compuesto por el catedrático de Derecho constitucional y fundador de Ciudadanos, Francesc de Carreras; el catedrático de Derecho administrativo y exeurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner; los también catedráticos de Derecho administrativo Mercedes Fuertes (Universidad de León) y Andrés Betancor (Universidad Pompeu Fabra); la abogada del Estado Elisa de la Nuez, el notario Rodrigo Tena, y José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. El coordinador de los trabajos ha sido el miembro de la Ejecutiva nacional de C's y profesor de la London School of Economics, Luis Garicano.