Desde la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y hasta el 31 de enero pasado se autorizaron 1256 nuevos medios con base en ese marco regulatorio. Sin embargo, lejos de la pluralidad de voces prometida hace cuatro años cuando se aprobó la norma, el 94% son emisoras de radio y televisión estatales, la mayoría de baja cobertura. En concreto, 1073 son FM de municipios de 23 provincias (están excluidas las comunas de la Capital Federal); 90 FM de escuelas (casi todas de nivel secundario); cinco FM, de universidades y cuatro de estados provinciales; además, se autorizaron dos canales de TV abierta (uno para el gobierno de Chaco y otro de la facultad regional de Río Gallegos de UTN), entre otros casos.

La gran mayoría de estos medios aún no comenzó a transmitir, para lo que se requiere una habilitación adicional de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que busca aumentar ese guarismo ofreciendo créditos blandos a los municipios para que armen sus radios. En otros casos, se trata de emisoras que ya existían –incluso desde hacía muchos años–, como la campesina FM 88.7 Radio Occap (San José de Boquerón, Santiago del Estero), que transmite desde hace una década, pero recién desde diciembre pasado lo hace legalmente.

Sólo 80 nuevos medios autorizados no pertenecen a algún ámbito estatal: 27 son de particulares o empresas, 30 de cooperativas (casi todas de servicios públicos que buscan incorporar a su oferta la TV por cable que hasta 2009 tenían vedada), 17 de comunidades aborígenes (incluido el canal de TV abierta Wall Kintun, de Bariloche, inaugurado el fallido 7-D) y sólo seis de organizaciones sin fines de lucro (para las cuales la ley reserva el 33% de las frecuencias). De las 30 cooperativas autorizadas, sólo una está dando servicio de TV por cable, en Santa Rosa, La Pampa, donde tiene 3800 clientes y compite con Cablevisión (Grupo Clarín). Las demás esperan el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) o la habilitación definitiva de Afsca. Celta TV, de Tres Arroyos, recién inauguró su servicio el pasado martes 23.

Este magro resultado no tiene relación con la causa judicial –ahora en la Corte Suprema– que analiza la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley, que sólo aplican al caso Clarín. Para este balance LA NACION analizó 729 resoluciones de Afsca desde enero de 2010 hasta el mismo mes de este año, todas publicadas en su página web. En esas disposiciones se adjudican, asignan o autorizan medios mediante distinto tipo de permisos (licencias y autorizaciones, según la ley).

De esas resoluciones, sólo 204 crean medios con base en el nuevo marco regulatorio, mientras las 525 restantes corresponden a expedientes iniciados por el extinto Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), predecesor de Afsca, y se rigen mayormente por el decreto-ley de la última dictadura. Entre esos trámites, los más antiguos fueron iniciados en 1991, 1993 y 1997. Desde 2010, se autorizaron 526 nuevos medios que tienen origen jurídico en la norma anterior, muchos de los cuales son fruto de concursos públicos realizados por el Comfer en 2003, 2005 y 2006. En cambio, los medios hijos de la nueva ley no son fruto de concursos, sino de adjudicaciones directas. El hasta ahora único concurso para otorgar licencias de TV abierta con base en la nueva ley fue dejado "sin efecto" el 23 de julio de 2012 por falta de interesados y no volvió a convocarse, a pesar del plazo de 30 días que el propio Gobierno se dio a sí mismo para hacer un nuevo llamado. No hubo ninguna licitación para emisoras AM y los concursos que se abrieron en agosto pasado para FM en algunas provincias donde hay espectro radioeléctrico disponible aún no se cerraron y, por lo tanto, no han producido adjudicaciones.

De todos los medios autorizados con la nueva ley, el 95,3% son FM de alcance local (1198), la gran mayoría de las cuales aún no emite; 52 de televisión por cable (entre ellas dos de Supercanal, operadora del grupo Manzano-Vila, que está excedido en cantidad de licencias y deberá vender varias cuando Afsca apruebe su plan de adecuación). Fue Supercanal el beneficiado con la licencia más valiosa de todas las entregadas por Afsca con la nueva ley como marco: el permiso para operar TV por cable en Rosario, la tercera ciudad del país. Entre los pocos privados que también obtuvieron licencias de acuerdo con la ley están el grupo Ick, de Santiago del Estero, que también espera la autorización de Afsca para su "adecuación".

A pesar de la fuerte propaganda que se hizo en su momento sobre la reserva del 33% del espectro para emisoras no comerciales, en estos cuatro años apenas se registran seis casos de entidades aprobadas para operar, entre ellas, la Fundación Abrojos Colectivo de Educación Popular (Raco, Tucumán), que preside Eva Fontdevila, hija de "Pimpi" Colombo, mano derecha del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno .

Completamente fuera de este recuento quedan muchos medios surgidos en los últimos años, pero que funcionan al margen de la ley gracias a medidas cautelares o a excepciones establecidas por la presidenta Cristina Kirchner. Por ejemplo, en TV abierta se puede ver en la Capital Federal el canal Construir TV, de la Uocra, cuyo funcionamiento fue autorizado por una medida cautelar en 2004. Los canales 360TV, de los dueños de Electroingeniería; CN23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, y C5N, de Cristóbal López, emiten en TV abierta digital en el 82% del país por invitación del Poder Ejecutivo, a pesar de que no tienen licencia ni participaron de ningún concurso, tal como exige la ley, que además prevé que los privados sólo pueden llegar hasta el 35% de la población como máximo.

Entre los aborígenes siguen los reclamos de organizaciones no alineadas con el kirchnerismo –como el Consejo Nacional Indígena– que piden que las autorizaciones se entreguen a los pueblos originarios registrados en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y no entre simples organizaciones con integrantes aborígenes, como está ocurriendo con la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena, a la que pertenecen la mayoría de las emisoras autorizadas.

Críticas de Freedom House

WASHINGTON.– En su habitual informe sobre la libertad de expresión en el mundo, la ONG Freedom House incluyó un crítico capítulo sobre nuestro país, en el que afirma que durante el año pasado el clima para ejercer ese derecho básico "siguió deteriorándose" por presiones del Gobierno, al que, entre otras cosas, acusó de ejercer "censura indirecta" por su "manipulación" de la pauta oficial.

El gobierno de Cristina Kirchner "limita, en los hechos y en forma permanente, la libertad de prensa", dice el informe. "El ambiente para ese ejercicio se deterioró más durante todo el año pasado", añade. Este deterioro se produjo "al ritmo en que el Gobierno realiza campañas contra periodistas críticos , usualmente, valiéndose para ello de medios públicos", sostiene.

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