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Investido Rajoy y constituido el Gobierno, también en los segundos niveles, donde se anuncia la disputa entre Sáenz de Santamaría y Cospedal, comienza una legislatura que se ha vaticinado corta por la posibilidad de que Rajoy disuelva las Cortes en la convicción, convertida ya en sentido común, de que unas nuevas elecciones le darían una mayoría más amplia, además de la posibilidad, siempre tentadora, de vapulear al PSOE.

Tal vez sea prematuro especular con esta posibilidad pero ya parece evidente que las promesas de diálogo de Rajoy tienen como límite la posibilidad de alteración, siquiera parcial, de alguna de las líneas de gobierno ya aplicadas en la anterior legislatura, todas ellas orientadas a la liquidación de facto de los contenidos sociales y democráticos de la Constitución del 78. La derecha parece haber entendido que se encuentra ante una ocasión sin precedentes (1) para obtener dos victorias que forman parte de sus aspiraciones históricas: derrotar a un tiempo las aspiraciones democráticas de los pueblos de España por el derecho a decidir y las pretensiones de igualdad y justicia social de la gente trabajadora.

La primera batalla está encomendada a Saénz de Santamaría, que intentará meter una cuña en el bloque soberanista para atraerse a su sector más conservador

La primera batalla está encomendada a Saénz de Santamaría, que intentará meter una cuña en el bloque soberanista para atraerse a su sector más conservador ayudándole, mediante concesiones tangibles a corto plazo, a recuperar la hegemonía que ahora le disputa ERC. Es sabido que los aparatos partidarios tienen sus propios intereses, en ocasiones bien distintos de los de los sectores sociales a los que dicen representar; y beneficiar a esos intereses será el empeño de la vicepresidenta del Gobierno con la perspectiva, no ya de frenar al movimiento soberanista, sino de impulsar una regresión sustantiva en la distribución de competencias entre las CCAA y el Estado a favor de este último, tal y como le pide C's, y empeño que a buen seguro aplaudiría el sector más jacobino del PSOE.

La réplica más eficaz a esta operación política debería encarnarse en una propuesta de reforma constitucional (2) que modificara sustancialmente el orden de las relaciones entre Cataluña y España en el sentido de las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana. Esta iniciativa podría ser, quizás, el resultado de un acuerdo entre En Comú Podem y el PSC, las dos fuerzas de cuyo encuentro podría resultar un escenario muy favorable para los partidarios del derecho a decidir; pues evitaría la contraposición identitarista fácilmente explotable por el “bloque constitucionalista” y situaría el conflicto en un terreno de diálogo político racional en el que las dos partes pudieran ganar algo sin que ninguna lo ganara todo.

La segunda batalla es la de la desigualdad. La continuación de las políticas austeritarias en un marco determinado por una estructura productiva oligopolizada y con grandes desigualdades sociales acentúa, precisamente, los niveles de desigualdad y condena a una parte muy importante de la población a la pobreza y a la exclusión. Es esta una dimensión que está ausente de la agenda política del Gobierno Rajoy, para quien —como ha repetido hasta la saciedad y sus ministros con él— la mejor política social es la de crecer para generar empleos, sean estos los que sean. Desgraciadamente, el Gobierno se sentirá escasamente preocupado por la presión que pueda provenir tanto de los sindicatos como representantes de los trabajadores, como de los movimientos sociales en defensa de las pensiones, los servicios públicos, etc.

Para contrarrestar esta ofensiva oligárquica y antisocial del Gobierno hay que proponer y popularizar unos objetivos políticos claros y creíbles, que sea viable alcanzar con un cambio de política. Esa es la contribución que puede hacerse desde las instituciones al cometido de frenar, primero, y revertir, después, los proyectos de regresión histórica del PP.

Incluso en el actual marco de enfriamiento social y calles vacías, podría no serle fácil al PP consumar esta tarea regresiva. Su situación en el Parlamento —ya se ha visto en los casos de la LOMCE, el salario mínimo y el intento de colocar a Jorge Fernández Díaz— no le será cómoda ni siquiera contando con el apoyo de C's, que por su parte tendrá que forzar alguna pose para recordar su discurso “regenerador”. Pero la composición del Congreso —otra cosa es el Senado— permite que una fuerza que esté dispuesta a ello y tenga los objetivos claros y la solvencia política necesaria pueda hacer política en serio.

Los 71 escaños de Podemos le habilitan para desarrollar una estrategia de acuerdos de geometría variable que complique la vida al PP

PODEMOS podría ser esa fuerza. Sus 71 escaños le habilitan para desarrollar una estrategia de acuerdos de geometría variable que complique la vida al PP. Desde el debate presupuestario, en el que se debieran promover enmiendas con el PSOE en lo tocante a políticas sociales, de empleo, pensiones, sanidad y educación, hasta el debate sobre Cataluña, para el que no hay que dejar al iniciativa al Gobierno. El objetivo sería la apertura de varios flancos que, aun en el horizonte de disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones, le supusiera un notable desgaste al Gobierno.

Pero para ello hay que hacer política, es decir, promover encuentros y acuerdos que busquen aislar al PP y mostrar este aislamiento ante la opinión pública. Sin renunciar a la movilización social, a condición de que lo sea de verdad y no se quieran hacer pasar por tal las manifestaciones de convencidos que encuentran en ellas la satisfacción y confirmación de sus convicciones.

La movilización social que necesitamos, si se me permite la licencia, es más constructiva que reivindicativa o de protesta. La gente está más informada de lo que a veces pensamos y en su mayor parte conoce bien las injusticias del Gobierno del PP y los mecanismos que provocan las afrentas cotidianas que sufre en su propia carne. Y no son protestas y denuncias lo que espera, quiere soluciones y las quiere ya, quiere saber cómo se construyen estas soluciones y qué papel puede desempeñar en su consecución.

El debate presupuestario es una buena ocasión para comenzar la construcción de un pueblo activo y responsable de su destino

El trabajo institucional debe permitir la formulación de propuestas y objetivos que sean comprensibles para la mayoría y que puedan convertirse en orientaciones para el trabajo político de la sociedad civil, el trabajo de construcción de un pueblo activo y responsable de su destino. El debate presupuestario es una buena ocasión para comenzar este trabajo. Habitualmente este debate discurre en un ámbito muy reducido y especializado so pretexto de su aridez. Parte del trabajo de las mujeres y hombres de PODEMOS sería sacarlo de ese ámbito de expertos y convertirlo en una cuestión de debate social: ¿a qué vamos a dedicar los recursos públicos que nutrimos con nuestros impuestos y cómo vamos a distribuir la carga entre los distintos niveles de renta? ¿Cuáles deben ser las prioridades de gasto y qué gastos podrían reducirse o directamente abandonarse en favor de las antedichas prioridades? Estos son algunos de los debates que deben trasladarse a la sociedad civil para que en su decurso se vaya construyendo un sentido común que contraponer a la agenda política impuesta por los poderosos.

Pero para poder trabajar en la construcción de este sentido común es preciso que nuestros representantes institucionales comiencen ese trabajo. Con frecuencia oímos decir que el Parlamento debe recoger y hacerse eco de las demandas de la sociedad civil, pero también debe ser capaz de proponer temas de la agenda que susciten posiciones colectivas y elaboración de demandas.

Con frecuencia se olvida esta parte del trabajo parlamentario, el de abrir propuestas para la formación de opinión, de sentido común. Esta es una forma de trabajo político que entra en colisión con la concepción imperante de la política restringida al ámbito institucional y en la que le queda a la ciudadanía la exclusiva potestad de pronunciarse sobre las propuestas de los políticos. Una muy buena forma de explicar la hegemonía conservadora la da el predominio de esta concepción de la política. Tarea primordial nuestra debiera ser, en consecuencia, aprovechar la información y el conocimiento de los parlamentarios para operar un proceso de democratización efectiva de los grandes debates políticos. Tendremos oportunidades sobradas a lo largo de esta legislatura para ello. Los parlamentarios de PODEMOS, los nacionales y los autonómicos, deberán reservar un tiempo suficiente en sus agendas para relacionarse con sus distritos; es imprescindible recuperar esta dimensión territorial de la rendición de cuentas y ampliarla a una relación interactiva orientada a informar con detalle de los asuntos políticos y a escuchar las opiniones y las respuestas de los electores. Esto supondría un cambio sustancial del trabajo de los parlamentarios y nos ayudaría a diferenciarnos del resto de la clase política por algo más que por las performances que de vez en cuando montamos en el Congreso. Es bastante evidente que la mayoría de la población limita su relación con la política a su participación en las elecciones y muy poco más. La estructura de los partidos, desde luego, no goza de la simpatía de los ciudadanos, que, caso de reconocer y preguntar, lo hace a quienes tiene identificados en los medios de comunicación y a los que eligió en su día. Esta sí sería una forma eficaz de “llevar el Parlamento a la calle” y de contribuir a elevar el nivel del debate político. Si nos quejamos de la excesiva personalización y espectacularización del debate político, es necesario que volvamos cotidiano el contacto de los parlamentarios con la gente.

Una forma de hacer más directa la democracia sería que los parlamentarios y, por supuesto, los concejales, celebraran reuniones periódicas con los ciudadanos para rendir cuentas de su trabajo y para debatir con ellos los resultados del mismo. Los aparatos de los partidos tienden a oponerse a estas prácticas, temerosos de que estos contactos directos mermen su papel ante la ciudadanía. Pero lo cierto es que la gente ha elegido a personas determinadas y son ellas quienes debieran mantener esta relación continua con sus mandantes. La negación del mandato imperativo y el papel reservado a los partidos en la Constitución del 78 se explican por la intención del legislador constitucional de fortalecer las máquinas partidarias en los albores del régimen parlamentario.

La oligarquización de la vida interna de los partidos y la continua guerra de camarillas son un espectáculo escasamente edificante para la ciudadanía

Estas máquinas, sin embargo, han desarrollado factores patógenos que han dañado muy seriamente la incipiente y en cierto modo non nata democracia española. La oligarquización de la vida interna de los partidos y la continua guerra de camarillas, en la que las diferencias ideológicas operan como coartadas de puras y desnudas peleas por el poder interno son un espectáculo escasamente edificante para la ciudadanía, que encuentra razones para pensar que la clase política tiene sus propios intereses y que tiene la misma relación con el interés general que los de cualquier otro grupo de poder de los que expropian la condición misma de ciudadano.

Así que esta diferente forma de relacionarse los parlamentarios con la ciudadanía, en el peor de los casos, pondría un poco más difícil la cristalización de los intereses de casta que vemos reproducirse no importa en qué partidos viejos o nuevos. La labor parlamentaria estaría así concebida como una forma de alimentar la construcción de agregaciones ciudadanas concretas, formas de autodeterminación democráticas más allá de la abstracción del Estado y sus instituciones.

El fracaso de la globalización no puede resolverse en un repliegue estatista que termine atomizando definitivamente las sociedades previamente desarticuladas por 40 años de neoliberalismo. El generalizado movimiento de desdemocratización no se combate solo agregando nuevos derechos a los textos constitucionales, es preciso acometer una ofensiva estratégica en todos los campos para trabajar por la democracia como forma de vida. En otro caso, diferentes formas de despotismo y autoritarismo se apoderarán del conjunto de las relaciones sociales.

(1) Y desde luego imprevista en el mismo periodo histórico del 15M.

(2) La utilización de la expresión “reforma” no supone el abandono del postulado constituyente pero es posible que el mismo pudiera comenzar por alguna modalidad de reforma de la Constitución vigente en cuyo despliegue pudieran abrirse paso proyectos que, primero de facto y luego de iure, pudieran operar efectos constituyentes. Ello sería posible si el propio proceso de reforma evidenciara los límites de algunos institutos constitucionales para hacer frente a los más graves problemas de nuestro tiempo.

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José Errejón, miembro del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos.