La noticia de que el Gobierno revisará los documentos con relación a la instalación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz merece una profunda reflexión.

Cuando se celebró la audiencia pública para su aprobación, la mayoría de los participantes eran autoridades provinciales y nacionales de la gestión que culminó el 10 de diciembre último. También estaban presentes los adjudicatarios de la controvertida licitación (la Unión Transitoria de Empresas integrada por Gezhouba Group, Electroingeniería e Hidrocuyo) y varios sectores interesados en la ejecución de las represas. Todos expusieron sus elogios al megaemprendimiento de la década kirchnerista y no disimularon su indiferencia por las observaciones realizadas por algunos ribereños y vecinos afectados por las represas. Resultaba intimidante pronunciarse en contra del proyecto frente a una casi unanimidad de participantes que defendían la "importancia estratégica" de una obra generadora de trabajo "para todos los argentinos". No faltó la ovación de representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Una verdadera audiencia del autoelogio, como nos tenía acostumbrados el gobierno anterior.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento para predecir y prevenir los efectos de determinadas actividades. Se trata de un procedimiento destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones públicas para que los proyectos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y social, a través de la participación activa de la sociedad. El principal objetivo de la EIA consiste en proveer, de manera anticipada, un cúmulo de información a quienes deben analizar una propuesta en toda sus amplitud para considerar su necesidad, oportunidad y razonabilidad. Permite conocer los impactos posibles, los afectados y beneficiados, y quiénes se harán cargo de los costos. Se presenta así la oportunidad de examinar, y siempre en una instancia previa a su aprobación, los posibles daños o pérdidas que su construcción podría ocasionar, así como alternativas de magnitud, ubicación, diseño y construcción. Claro que para que todo eso ocurra se requieren transparencia y objetividad.

Resulta imprescindible poner a disposición de cualquier interesado la información adecuada a fin de esclarecer la magnitud de los efectos y riesgos posibles de una propuesta. El Estado debe asegurar una información clara, comprensible para los no especialistas, y brindar las aclaraciones o responder las observaciones planteadas.

Ocurre que cuando el Estado se encuentra especialmente interesado en el desarrollo de una propuesta, dirige el procedimiento y está a cargo de brindar información y puede decidir discrecionalmente que se han cumplido los pasos para la aprobación de un proyecto, es difícil que la evaluación de impacto ambiental cumpla su función esencial: evitar que un sujeto privado y un gobierno celebren un acuerdo a espaldas de la comunidad.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y numerosos expertos consideraron incompleto el procedimiento ambiental. Incluso, predijeron la generación de daños. Se discute el modo de aprobación y su impacto aún debe analizarse.

Más allá de las irregularidades administrativas destacadas en estas columnas editoriales respecto de la pretensión de construir las represas Kirchner y Cepernic, y más allá de las inconsistencias energéticas y económicas del proyecto, desde el punto de vista exclusivamente ambiental el caso es paradigmático. El Estado, interesado en promover la obra pública en lugar de utilizar la evaluación de impacto ambiental como una herramienta de transparencia, la ha desnaturalizado, al hacer de ella un instrumento para convalidar los intereses de unos pocos por encima de los de la comunidad. El análisis se hizo por etapas, una compartimentación que impide alcanzar la dimensión de conjunto y evita pensar la obra en toda su magnitud. La información brindada fue incompleta, y varios aspectos, como, por ejemplo, los potenciales daños al sistema del glaciar Perito Moreno, no fueron explicitados con detenimiento ni se consultó a organizaciones no gubernamentales ni a los institutos especializados.

La audiencia pública, en lugar de propiciar una participación enriquecedora, tuvo rasgos distintivos: se convocó inicialmente para el 5 de diciembre de 2015, pero, pocos días antes de celebrarse, se postergó para el 9 de diciembre -24 horas antes del cambio de gobierno nacional, cuando varios funcionarios decisivos concluían su mandato- en la lejana localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Una suma de suspicacias que ponen en duda su legitimidad.

Así, la mayor contradicción reside en que se asegura que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales para autorizar la construcción de las megarrepresas cuando seis meses antes de la audiencia pública para discutir con la comunidad la viabilidad del proyecto ya se encontraba el personal contratado con equipos instalados y trabajando en el lugar. Así, la audiencia que debe ser previa para enriquecer el conocimiento de las autoridades a través de las opiniones de la ciudadanía sólo sirvió para convalidar, a posteriori y entre funcionarios salientes y grupos interesados, una decisión gubernamental inconmovible: hacerlas, independientemente de cualquier opinión en contrario. Es así como la evaluación de impacto ambiental, quizás una de las herramientas más importantes para planificar y para analizar participativamente con carácter previo un proyecto, fue manipulada a la medida del poder de turno.

Si el gobierno actual efectivamente quiere dar un paso adelante en materia de transparencia y planificación ambiental, como es esperable según los principios a los que adhirió Cambiemos, es imprescindible, más allá de la incomodidad de reconsiderar las inversiones chinas, no sólo analizar el proyecto en profundidad, sino también realizar un verdadero procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con participación ciudadana. Ajustarlo simplemente sería también una discrecionalidad. Se trata de una molestia, pero resulta una oportunidad de demostrar la voluntad de impedir la aprobación de un capricho feudal. Incluso, sería recomendable la integración de un panel independiente, ético, para brindar su opinión. Sin este mecanismo, quedarían en manos de quienes nos gobiernan por un período acotado decisiones con impactos transgeneracionales.

Hemos pasado más de una década ignorando la problemática ambiental, y los conflictos no han sido pocos. Es también oportuno demostrar que la transformación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en un ministerio no ha sido un cambio de maquillaje, sino una voluntad de no volver a los errores cometidos en años anteriores. Ese nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable debería reclamar la transparencia necesaria y el cumplimiento de un adecuado proceso de evaluación de impacto ambiental que escuche todas las opiniones que puedan enriquecer la decisión. No se trata de impedir, sino de adecuar los proyectos a la normativa vigente. De nada sirve justificar la creación de puestos de trabajo o la fidelidad a las propuestas de inversiones de un gobierno, que por otra parte ha demostrado ser corrupto, si los emprendimientos propuestos generan fuertes impactos ambientales que en el futuro se lamentarán.

Ninguna autoridad debería poseer una discrecionalidad tal que permita aprobar un proyecto sin cumplir con un proceso que garantice que los intereses coyunturales no primen sobre los del porvenir, o que permita que el derecho al ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución, no prevalezca ante el poder, incluso el propio.