“Nosotros no somos corruptos. Tenemos autoridad moral.”

Andrés Manuel López Obrador



Cuando estuvieron reunidos los principales contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco, quienes habían sido previamente convocados por Javier Jiménez Espriú, Andrés Manuel López Obrador les dijo, palabras más, palabras menos: El aeropuerto es importante, pero México es todavía más importante.

El encuentro se llevó a cabo en el restaurante Corazón de Alcachofa de Polanco, en la Ciudad de México, el pasado 5 de noviembre. Asistían los presidentes o directores generales de las principales empresas que siguen trabajando en la construcción del aeropuerto. El objetivo era tranquilizarlos tras el anuncio de la cancelación del proyecto.

López Obrador no justificó la decisión por los supuestos actos de corrupción que en campaña dijo se habían cometido en el proyecto. Explicó, más bien, que los contratistas no perderían dinero ya que el nuevo gobierno los compensaría. Habrá mucha obra pública, dijo, y la podrán llevar a cabo las empresas que están realizando los trabajos del aeropuerto.

Cuando se le señaló que la Ley de Obras Públicas impide que los proyectos sean asignados de manera discrecional, López Obrador respondió: Sí, ya me han dicho eso. Pero tenemos mayoría en el Congreso. Ya veremos cómo lo arreglamos.

Los contratistas reunidos agacharon la cabeza y aceptaron. Sus empresas dependen en mayor o menor medida de la obra pública. Por eso nadie ha protestado públicamente y ninguno ha anunciado que acudirá a los tribunales para obtener las indemnizaciones que corresponderían por ley y por contrato. Conocen a López Obrador y saben que, seguramente, sí les dará obras para compensarlos, aunque viole la ley o aunque la cambie para evitarse la molestia de licitar las obras.

Ya vimos un ejemplo en Tabasco. El Congreso local, dominado por Morena, modificó la Ley de Obras Públicas del estado para eliminar el requisito de las licitaciones en “proyectos estratégicos” o cuando “las obras o servicios sean convenidos con la federación o con las empresas productivas del Estado para la realización de proyectos estratégicos en materia energética”. López Obrador está ya preparando el terreno para evitar las licitaciones públicas de la refinería que quiere construir en Dos Bocas.

Esto, sin embargo, representa un enorme retroceso para el país. Las licitaciones públicas han sido uno de los logros más relevantes en la lucha contra la corrupción. La obligación de licitar está incluso plasmada en el artículo 134 de la Constitución: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” (pésima redacción, buen propósito).

Sería lamentable que el nuevo gobierno abandonara las licitaciones y regresara a la práctica de la asignación directa y discrecional. El costo para México sería muy elevado. López Obrador ha cuestionado, y con razón, la corrupción de los gobiernos anteriores, pero eliminar las licitaciones simplemente abriría las puertas a una nueva era de corrupción.



Ley Taibo

Eliminar la discriminación legal contra los mexicanos naturalizados es positivo, pero para eso hay que enmendar muchos ordenamientos. Cambiar solo la Ley de Entidades Paraestatales para que Paco Ignacio Taibo II pueda ser director general del Fondo de Cultura Económica es éticamente incorrecto. Las leyes no deben modificarse para beneficiar a una persona en particular.