Apenas en el noveno día de su gestión, Axel Kicillof​ experimentó su primer traspié político en la Provincia. El proyecto de reforma de Ley Fiscal, que preveía aumentos promedio del 54 % en el Inmobiliario Urbano y Rural, y ajustes en alícuotas de Ingresos Brutos, se cayó abruptamente en el Senado por cuestionamientos de la oposición.

La iniciativa había ingresado el martes 24, antes de la celebración de Nochebuena. Según la propuesta, los incrementos eran segmentados. Las categorías más bajas de los Inmobiliarios pagarían 15% de actualización. En las categorías superiores hasta 75%.

La bancada de Juntos por el Cambio del Senado, planteó un tope de 55% en las subas, por todo concepto, porque dentro del 50% quedaban 2.600.000 contribuyentes “de clase media”, y la discusión ingresó en un pantanal.

Hasta este viernes a las 15.30, cuando por falta de quórum, la sesión convocada a tal efecto se cayó sin remedio. Juntos por el Cambio hizo pesar su mayoría (26 bancas contra 20 del oficialismo). Técnicamente se trata de un cuarto intermedio hasta el lunes. Pero, como ese día hay asueto en la Legislatura, el tratamiento murió en menos de 72 horas.

Si el gobernador impulsa un nuevo debate en enero, deberá convocar a sesiones extraordinarias 2020. En caso contrario, la espera será hasta abril, cuando se presente el Presupuesto y el pedido de endeudamiento.

Hasta entonces, los 4.500.000 contribuyentes del Urbano y el Rural pagarán los mismos montos que en 2019. Los otros tributos tampoco tendrán variaciones en ese período.

​Asoma como un enfrentamiento destemplado. Los jefes de bloques de Juntos por el Cambio, Roberto Costa (Senado) y Maxi Abad (Diputados), quienes encabezaron las negociaciones, señalaron todo ese tiempo que se trataba de “un ajuste disfrazado de progresismo”.

Antes, Kicillof había advertido que no le estaban favoreciendo "los instrumentos mínimos" para ocuparse de la emergencia provincial. Al tiempo que advertía a los legisladores opositores: “Van a tener que explicarle eso a las bonaerenses".

En un estreno de conferencia de prensa en la Gobernación, una vez caída la sesión, acusó a la oposición de adoptar una "actitud irresponsable" y generar una "situación muy penosa" por no dar quórum para debatir la Ley Impositiva. Estuvo acompañado, en la larga exposición, de la vicegobernadora Verónica Magario​ y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín.

Conocedora del trajín parlamentario, Magario cruzó varias veces la Plaza San Martín, desde su despacho hasta la Gobernación, para recibir instrucciones. Se desconoce si persuadió al gobernador sobre alguna concesión dentro del proyecto. Como sea, Kicillof no cambió una coma.

“Legislen”, al final les pidió a los senadores. "Los habíamos escuchado decir que iban a tener una actitud de acompañamiento, responsable, de ayudar al gobierno y les duró nueve días la actitud de dar gobernabilidad", fue el mensaje.

De paso, recordó que Vidal “está en París”, mientras se discurre sobre el bolsillo de los bonaerenses. Respecto del Impuesto Inmobiliario Urbano, el gobernador detalló que de los 4 millones y medio de contribuyentes, "el 94% pagaría un aumento anual de hasta 7.500 pesos, en el que la mitad es mil pesos".

"Este es un impuesto que en términos de recaudación no es sustancial, representa el 4% de todos los ingresos de la Provincia, es un impuesto diminuto pero es el más progresivo", defendió.

"En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, el 75% es para doscientos propietarios de más de dos mil hectáreas. Si pagan en una cuota tienen 20% de descuento", explicó. Igual que el índice inflacionario proyectado para todo 2019, aclaró.

No fue el único escollo para el debate. Según el proyecto original, en Ingresos Brutos la fabricación de medicamentos tenía en la letra aumentos de la alícuota de 1,5 al 3,5%. De aprobarse, habría provocado encarecimiento de los remedios, por traslado a los precios. El gobernador también relativizó ese ítem. Y disparó sobre las droguerías.

Apremiado por la escasez, el flamante gobernador planifica ahora cómo proveerse de recursos. Este viernes recordó que Buenos Aires tiene una necesidad urgente de 200.000 millones de pesos para compromisos de deuda.

Antes del 20 de enero deberá pagar 570 millones de dólares.



Las claves del proyecto frenado

Los tributos provinciales aumentan 54% promedio, se liberan algunas alícuotas de actividades gravadas por Ingresos Brutos, en el Inmobiliario Urbano la segmentación prevé entre 15% y 75% de ajuste, y las grandes unidades productivas del campo deberán pagar hasta 75% más por el Rural.

Con la caída del Pacto Fiscal, firmado en su momento por Mauricio Macri y las provincias (a excepción de San Luis), Buenos Aires puede disponer nuevos retoques a Ingresos Brutos. Representa el 70% de los recursos propios del Estado. En 2019 se recaudaron, hasta noviembre, 27.422 millones de pesos. Sellos, otro de los tributos ajustables, quedó en segundo lugar con 3.007 millones.

Otro de los focos está en el Inmobiliario Urbano, y también en el Rural. Entre los dos apenas superan los 2.900 millones de pesos, pero es un tributo muy extendido. Llegan a casi 8 millones de partidas. De ellas, 7,5 millones son del Urbano y del Baldío.

En el Urbano está previsto un piso con una cuota fija que va desde los 207 pesos y una alícuota sobre el excedente del límite mínimo de 0,028% en las unidades que tienen una valuación fiscal de hasta 179.851 pesos. Así como un techo de 118.646 pesos y una alícuota de 1,725% para las unidades que cotizan más de 10 millones de pesos.

En el texto del proyecto están determinados los revalúos, tanto en propiedades urbanas como rurales, de hasta 75% para las de mayor valor. Y en el Inmobiliario baldío podrá llegar al 90%.