Nicolás Maduro con militares. (Foto: Reuters)

Cuando se les pidió que explicaran por qué sus esfuerzos para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no han sido suficientes, los funcionarios de la administración de Trump suelen cita la siniestra influencia de Cuba y Rusia, que según ellos sostienen la resistencia del régimen. De lo que no se habla tanto es de un factor más importante: el Cártel de los Soles.

Ese colorido término se refiere a una red de narcotráfico que cada año transporta cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeropuertos venezolanos hacia Centroamérica y el Caribe para su eventual distribución en Estados Unidos y Europa. Esta red incluye a algunos de los más altos funcionarios del régimen de Maduro. Estos hombres no se aferran al poder porque sean verdaderos creyentes del socialismo o por su lealtad hacia Vladimir Putin y Raúl Castro. Ellos se mantienen porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, todavía cosechan millones y es probable que sean encarcelados en Venezuela o Estados Unidos si se alejan.

El tráfico de cocaína es sólo una de las múltiples actividades delictivas en las que está inmersa la élite de la "revolución bolivariana" de Hugo Chávez. También hay minería ilícita de oro y hierro; venta fraudulenta de petróleo; comisiones por la importación de alimentos y medicinas; y comercio fraudulento de divisas. Maduro y todos los que están cerca de él, incluida su esposa, su número 2, y los ministros del interior y de industria están hasta el cuello con esto.

Aunque tanto el gobierno de Trump como los defensores extranjeros de extrema izquierda de Maduro prefieren describir la crisis venezolana en términos políticos, es menos un gobierno, mucho menos uno socialista, que una banda criminal. Esto tiene dos consecuencias que complican su eliminación. Primero, el dinero que está cosechando de la actividad criminal sirve como un apoyo que le permite sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos.

Quizá lo más importante es que la mancha tóxica en casi todos los altos funcionarios hace más difícil las fórmulas habituales para una transición pacífica, incluida la creación de un gobierno transicional y la amnistía para los que renuncian a su cargo.

El colapso de la economía regular de Venezuela ha creado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y energía, y ha provocado que más del 10 por ciento de sus 30 millones de habitantes huyan del país. Sin embargo, los ingresos ilícitos de la pandilla de Maduro parecen estar aumentando. Un reciente informe de CNN dijo que los vuelos de droga desde Venezuela habían aumentado de unos dos por semana en 2017, a casi todos los días en 2018; el texto citó a un funcionario de Estados Unidos diciendo que este año había habido hasta cinco vuelos por noche. En 2018, se estima que 265 toneladas de cocaína colombiana, con un valor en la calle de 39 mil millones de dólares, fueron traficadas a través de Venezuela.

Otro nuevo estudio hecho para la Universidad de Defensa Nacional por Douglas Farah y Caitlyn Yates encontró que aunque el régimen de Maduro vendió 73 toneladas de oro en Turquía y en los Emiratos Árabes Unidos el año pasado para recaudar dinero en efectivo, sus reservas crecieron en 11 toneladas, probablemente resultado de la minería ilegal de oro, incluyendo a los grupos rebeldes colombianos con sede en Venezuela y aliados del régimen. Esas ventas podrían haber recaudado cerca de tres mil millones de dólares, más que suficiente para financiar a las fuerzas de seguridad y a los grupos paramilitares que siguen siendo leales a Maduro.

Farah y Yates describen al régimen de Venezuela como parte de una red regional que denominan Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, un "consorcio de Estados criminalizados y actores no estatales". Identificaron a 181 individuos y a 176 empresas en 26 países vinculadas a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, "el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no lo haya hecho durante un período significativo… la capacidad de la red para adaptar y diversificar su cartera delictiva significa que el dinero sigue fluyendo a las arcas del régimen".

En teoría, la oposición venezolana, el gobierno de Trump y otros que buscan presionar a Maduro podrían resolver perdonar todo esto. La oposición ha hablado de amnistía para los líderes militares que se vuelven contra el régimen y, la semana pasada, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones del jefe de inteligencia de Venezuela después de su deserción.

En la práctica, sin embargo, es difícil imaginar que la mayoría de la mafia de Maduro simplemente se vaya. Al menos dos de sus capos han sido acusados por los grandes jurados federales de Estados Unidos. Otro, el ex general Hugo Carvajal, desertó a España el mes pasado y fue encarcelado rápidamente por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Se enfrenta a cargos federales por contrabando de cocaína.

Algunos líderes de la oposición y gobiernos extranjeros esperan negociar una administración de transición que incluya figuras del régimen. Pero, como dijo a The Post la veterana activista de la oposición María Corina Machado, "no se pueden tener capos del narcotráfico… no se pueden tener individuos que forman parte de la mafia de tráfico de oro, del tráfico de petróleo y de gas, o de las mafias del alimento". Eso, desgraciadamente, puede excluir a casi todos los que tienen el poder para lograr un cambio pacífico en Caracas.