México vive un inédito proceso: desde hace algunos meses se libera paulatinamente a cientos de prisioneros, beneficiados con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.

La gubernamental Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estima que en los próximos seis meses entre 45.000 y 50.000 reos podrán alcanzar su libertad.

Son personas que enfrentan juicios por delitos no graves, o que fueron sentenciadas a penas menores por esa causa.

Las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio pasado, establecen que sólo los inculpados de delitos graves deben enfrentar los juicios en la cárcel.

Es una clara diferencia del anterior sistema penal donde la prisión preventiva se aplicaba a prácticamente todos, incluso quienes por hambre robaban un pan o una lata de atún.

Los beneficiarios del nuevo sistema oral de justicia serían los acusados de delitos menores, quienes pueden enfrentar un juicio en libertad. Los beneficiarios del nuevo sistema oral de justicia serían los acusados de delitos menores, quienes pueden enfrentar un juicio en libertad.

Las liberaciones provocan controversia. Algunos como la organización Alto al Secuestro temen que reincidan muchos de los excarcelados.

Pero otros, como Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ven lejana esta posibilidad.

“En Chihuahua, donde esto ya se ha medido, sólo el 1,8% de los liberados ha regresado a delinquir“, explica a BBC Mundo.

Y de acuerdo con el comportamiento de las personas con ese perfil delictivo y que han sido liberadas, es previsible que la tendencia se repita a nivel nacional.

Presunto inocente

El principio básico del nuevo sistema judicial es que los acusados de cometer un delito son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

Esto, que en muchos países es normal, no ocurría en México, donde la mayoría de los jueces ordenaban el encarcelamiento del inculpado.

Uno de los argumentos más frecuentes era evitar la fuga de los procesados.

En la mayoría de las prisiones locales de México los internos conviven entre sí sin importar la gravedad de los delitos que cometieron. En la mayoría de las prisiones locales de México los internos conviven entre sí sin importar la gravedad de los delitos que cometieron.

Pero mediciones como las realizadas por el Instituto de Justicia Procesal Penal indican que los casos son muy pocos.

Sus datos muestran que el 95% de los liberados atienden las audiencias de sus juicios, y del resto sólo el 1% se fuga.

Sin embargo, durante décadas “se utilizó excesivamente la prisión preventiva”, le dice a BBC Mundo Mundo Layda Negrete, investigadora de la organización civil México Evalúa.

Así, miles fueron encarcelados sin necesidad.

“Metían a la persona seis meses a la cárcel por robar un panecillo y al final, cuando se dictaba la sentencia ya habían excedido la pena estando en prisión preventiva”, explica.

El investigador Zepeda Lecuona afirma que de las 97.000 personas en prisión preventiva para enfrentar un juicio, el 70% “robó menos de 2.000 pesos(US$102) y sin violencia”.

Los inculpados, si son sentenciados, reciben una condena menor a un año de cárcel que se conmuta por una multa de 800 pesos, unos US$41.

En cambio la investigación y captura del inculpado cuesta en promedio 12.000 pesos (US$615), y el proceso penal 14.000 pesos, unos US$717.

La activista Isabel Miranda rechaza que los acusados en proceso bajo el anterior sistema puedan tener libertad por el riesgo de reincidencia delictiva. La activista Isabel Miranda rechaza que los acusados en proceso bajo el anterior sistema puedan tener libertad por el riesgo de reincidencia delictiva.

Las dudas

Sin embargo, algunos como Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro, aseguran que aumentará la violencia con estas excarcelaciones.

El problema, dice, es que las prisiones mexicanas no rehabilitan a los internos, y en muchos casos los detenidos por primera vez están en contacto con delincuentes de alta peligrosidad.

Actualmente en las 386 prisiones estatales y federales del país existen 254.000 internos, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Esos datos señalan que de las 372 cárceles de nivel estatal que hay en el país, en el 75% coexisten acusados de delitos comunes y federales, como la delincuencia organizada.

Por eso la preocupación de las organizaciones civiles. “Salen de las cárceles más capacitados para delinquir“, le dice Isabel Miranda a BBC Mundo.

El gobierno mantiene programas de rehabilitación social para los prisioneros. El gobierno mantiene programas de rehabilitación social para los prisioneros.

“Si sueltan a todos los que piden libertad de acuerdo a las nuevas reglas, indudablemente tendremos a 40 mil personas delinquiendo con más experiencia”.

La decisión de los jueces

¿Es posible que esto ocurra? Las autoridades creen que no. El nuevo sistema de justicia penal establece que los acusados de delitos graves no tienen derecho a solicitar su excarcelación.

Eso incluye a los vinculados a secuestros, homicidios, robo con arma o violencia, narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

Pero además la última palabra la tienen los jueces, le dice a BBC Mundo Eduardo Guerrero, jefe del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CNS.

“Le corresponde al Poder Judicial determinar si pueden salir estas 45.000 mil personas”, explica.

Pero reconoce que existe un problema con la rehabilitación de los prisioneros.

“Es algo que siempre se ha mencionado, que las cárceles son escuelas del crimen”, dice.

“No podemos negar que en muchas ocasiones esto pueda ser cierto, que una persona entre por un robo menor, tenga relación con secuestradores y al salir se convierte en secuestrador”.

Image copyright AFP Image caption Algunas prisiones con reos de alta peligrosidad son vigiladas de esta manera.

En el caso de las prisiones federales la CNS tomó previsiones, asegura el funcionario.

“Todos los secuestradores están recluidos en un solo centro penitenciario para que no tengan contacto con los primodelincuentes, y que al rato se especialicen en otras actividades de la delincuencia organizada”, asegura.

Al final es complicado impedir que los excarcelados reincidan en la delincuencia, reconoce.

“Hablar de si la gente va a salir de un centro penitenciario y volverá a reincidir es un muy complejo”, explica.

“Le corresponde a cada persona. Si delinquió y va seguirlo haciendo por más planes y actividades que le demos lo va a seguir haciendo”.

La raíz del problema

Parte de la polémica es la resistencia de las fiscalías para aceptar las nuevas reglas, subraya Layda Negrete.

En el anterior sistema era muy frecuente que los inculpados fueran encarcelados con sólo las pruebas -cuando existían- de la policía.

Para la mayor parte de las personas era suficiente para creer que se había hecho justicia, pero muy pocos se preguntaban si realmente los acusados eran culpables.

Cada juez tiene el poder de decidir si un reo puede quedar en libertad para seguir su proceso, lo que no está permitido en acusaciones de delitos graves. Cada juez tiene el poder de decidir si un reo puede quedar en libertad para seguir su proceso, lo que no está permitido en acusaciones de delitos graves.

Este abuso del encarcelamiento “ayudó a que las fiscalías sean lo que son ahora en México: incapaces de investigar, de prevenir delitos, o de generar protocolos de investigación en casos complejos”.

Pero además entre muchos ciudadanos se creó la idea de que su seguridad se garantizaba al enviar a prisión a todos, desde secuestradores hasta el que roba comida.

Y por eso protestan ahora que muchos inculpados enfrentan sus juicios en libertad.

“La gente dice: es mejor tenerlos guardados”, dice la investigadora. “Pero hay que analizar las tendencias de encarcelamiento con relación a la incidencia delictiva”.

“No sabemos si el crimen ocurrió porque hubo excarcelaciones o por la crisis económica”.