revolucionpermanente.es | 02/09/2016

Los cuatro hijos del que fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra durante los años setenta, don Mariano Rajoy Sobredo, han podido presumir del insólito caso de haber superado las más duras oposiciones de la Administración del Estado. La biografía del primogénito – actual presidente del gobierno español, por lo que nos es de sobra conocida su capacidad intelectual y expresiva – señala que comenzó a preparar las duras oposiciones de Registrador de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles, durante el último año de carrera. Unas de las consideradas más difíciles pruebas para obtener tan relevante puesto de funcionario público del Estado fueron aprobadas al año siguiente por Mariano, en su primer intento y con 24 de edad, por lo que se convirtió en el registrador más joven de la historia de España. Fue destinado al Registro de Padrón, siendo el de Santa Pola del que hoy es titular.

Claro, que su hermano menor, Enrique, estuvo a punto de arrebatarle el record, cuando unos años después aprobó la misma oposición, ostentando la marca del segundo más joven. No obstante, no debe de ser igualmente bueno para la preparación de las oposiciones como para el ejercicio de la profesión, pues en su Registro de Cáceres ha sufrido algún problema por negarse a inscribir cierta propiedad en contra de la opinión del correspondiente notario. El camino familiar debía de estar abierto ya en tan prestigioso Cuerpo, pues consiguió también ser registradora su hermana María de las Mercedes, hoy titular de uno de los Registros de Getafe. El cuarto hermano, Luis, sin embargo, concurrió con similar éxito a las igualmente duras pruebas de acceso al Notariado, obteniendo plaza en Orense, terminando en El Escorial, donde falleció hace algo más de un año. Coincidieron precisamente estos éxitos profesionales de los hermanos Rajoy con el recuerdo de cierto asunto que atrajo la atención del país durante la primera mitad de los años setenta, y que giró en torno a la Audiencia Provincial de Pontevedra, de la que el padre de los Rajoy era entonces titular.

La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) fue un organismo de la Administración Central del Estado, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, creado a la terminación de la guerra civil como consecuencia de las dificultades que sufría España en materia de aprovisionamientos. Fue por ello necesario comenzar por abordar la transferencia de todas las competencias desde el ámbito municipal, en que había recaído hasta entonces, al estatal, como lo sería a partir de su creación. Pero, en cualquier caso, y como quiera que la CAT carecía de instalaciones adecuadas, debía recurrir a depósitos alquilados a distintas empresas privadas, para el almacenamiento de muchos de los numerosos productos cuya gestión entraba dentro de sus competencias. Por lo que al aceite se refiere, y en la zona noroeste, estos depósitos se encontraban en la zona de Guixar (Redondela), siendo REACE (Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas, S.A.) la empresa que entre 1966 y 1972 tuvo contratado con la CAT el almacenamiento de más de 12 millones de kilos de aceite. Ni que decir tiene que ésta era la única propietaria del producto, dejando a cubierto la mercancía contra cualquier eventualidad por medio del correspondiente seguro.

REACE había sido constituida por Rodrigo Alonso Fariña – hijo de conserveros y rico propietario – en 1956, con un capital de 5 millones de pesetas, y con el fin de dedicarse al refinado, envasado y almacenaje de aceite, siendo sus socios Oswaldo Alonso Fariña, Salvador Guerrero, Eufrasio Juste y Francisco Carrión, y teniendo su sede en Outid (Redondela). Años más tarde, el fundador gozaría de enorme popularidad en la provincia, tanto por ser presidente del Real Club Celta de Vigo, como por su participación activa en la vida política de aquella. En 1964, Alonso Fariña se había hecho ya con la mayoría de las acciones mediante la compra a terceros, incorporándose al Consejo de Administración Nicolás Franco Bahamonde (hermano mayor del generalísimo Franco) e Isidro Suárez Díaz Moris, quien gozaba también de muy buenas relaciones e influencias. En 1968 componían el Consejo de Administración éste último, como presidente; los miembros Rodrigo Alonso Seoane, Nicolás Franco Bahamonde, Jorge Alonso de la Rosa, y el propio Rodrigo Alonso; así como el secretario de actas, Alfredo Román Pérez.

Los tiempos de mayor esplendor de la empresa alcanzaron su punto culminante en los últimos años sesenta, con pingües beneficios obtenidos al margen de los legales, tanto por la venta del aceite sustraído de los depósitos alquilados a la CAT, como por la “congelación” de sus adjudicaciones. Este ingenioso procedimiento consistía en que, tras la concesión de una determinada cantidad de aceite a REACE por parte de la CAT, con la determinación del correspondiente plazo para efectuar el pago del importe, el aceite quedaba bloqueado, siendo sólo REACE quien podía disponer de él. Ante la engañosa escusa esgrimida de esta entidad de serle retrasada la concesión de los correspondientes créditos bancarios, la CAT le otorgaba sucesivas prórrogas, hasta ser anulado el pedido, pasados unos meses. Precisamente, entre la fecha de adjudicación y la anulación del pedido era cuando REACE especulaba con el aceite bloqueado. Tales pedidos solían coincidir siempre con los finales de campaña, cuando el precio es más alto en el mercado, y las anulaciones, por el contrario, con el más bajo. En el intermedio se vendía el aceite “congelado” y se reponía con el de la nueva campaña, comprado a bajo precio. La diferencia entre ambos costes oscilaba entre las 10 y las 12 pesetas por litro. Si esta operación hubiera sido efectuada una sola vez, podría pensarse que la CAT había sido la victima del engaño, pero quedó demostrado que era llevada a cabo campaña tras campaña.

Coincidiendo con el auge de REACE, y tras la concesión de un crédito de 40 millones de pesetas por parte del Banco de Crédito Industrial, se creó la sociedad FRIBARSA, destinada al almacenamiento de productos alimenticios congelados, cuyo principal cliente sería la CAT. Los socios mayoritarios de la nueva entidad, radicada en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), eran Rodrigo Alonso e Isidro Suárez, lo que les permitía intercomunicar contablemente ésta con los negocios de REACE, a pesar de no realizar entre sí operación mercantil alguna. Hasta que en 1971 Rodrigo Alonso decidió vender REACE y FIBRARSA a Isidro Suárez, siendo éste presidente del Consejo, quien entregó en metálico por la operación 14 millones de pesetas, que fueron extraídos de los fondos de la propia empresa vendida. El resto (19 millones, según la primera declaración del vendedor) se escrituró en privado. Posteriormente, en la fase de instrucción del proceso, Alonso declaró que a esta cantidad había que añadir 28 millones que él adeudaba a REACE. Según la acusación del Ministerio Público, “tras la venta ficticia, Alonso siguió dando órdenes en el negocio.”

Todo este entramado se había destapado a partir de que, al amanecer del 25 de marzo de 1972, José María Romero González, acompañado de su abogado, se personó en el juzgado de guardia de Vigo para denunciar que en los depósitos de REACE, que debían de contener aceite de la CAT, faltaban más de 4 millones de litros, valorados en unos 170 millones de pesetas. El denunciante ocupaba el puesto de director general de REACE desde 1969, cuando había llegado precedido de fama de excelente organizador de empresas, avalada por su trabajo en BEDAUX, así como en una fábrica de armas brasileña que de manufacturar cinco pistolas diarias, la dejó produciendo una cada cinco minutos. Romero había tardado unos días en decidirse a denunciar el caso, ya que, tras confesarle alarmado la noticia, el presidente, Isidro Suárez, le había intentado tranquilizar y convencer de que lo desaparecido sería repuesto en breve, pues el barco “Sac de Marseille” estaba a punto de llegar de Argelia cargado de aceite de la nueva cosecha. Una sencilla consulta a las guías Lloyd’s le permitió a Romero comprobar la inexistencia de esa nave, pues no estaba registrada en ninguna de ellas.

Con la denuncia, la maquinaria judicial se puso en funcionamiento para tratar de esclarecer los confusos hechos, conociendo pronto las intercomunicaciones existentes entre los depósitos alquilados a la CAT y los propios de REACE, incluso mediante la unión física con la refinería. La sospecha de complicidad entre la CAT y REACE comenzó enseguida a estar presente en la investigación, cuando cuatro días más tarde de haber sido interpuesta la denuncia, fue detenido en el tren Madrid-Bilbao el influyente socio Isidro Suárez Díaz Moris. Tiempo después se supo que, tres meses más tarde, la mujer del denunciante – quien, tras su visita al juzgado de Vigo, se había quedado sin trabajo y regresado a su domicilio madrileño, sufriendo las correspondientes dificultades económicas – descubrió una extensa carta autógrafa de su marido en la que anunciaba al juez instructor, Amador Moreiras, su idea de suicidio, además de facilitarle una serie de detalles de quienes que para él eran sospechosos de haberse lucrado directa o indirectamente con el negocio del aceite. Ante su alarma y contando con la colaboración del abogado y el propio juez, le hicieron desechar la idea, contribuyendo también a tal renuncia el trabajo que le ofreció una empresa de aceite sevillana. Pero la carta en cuestión sembró dudas entre las partes, ya que no terminó de convencer ni al juez ni a la policía, considerando que ni por su extensión ni por su tono parecía la de un suicida, quien, por supuesto, no suele nunca avisar tan detalladamente de sus intenciones.

Hasta que el 9 de septiembre se produjo una misteriosa muerte: el taxista de Vigo Arturo Cordobés apareció asesinado de tres balazos en las afueras de la ciudad. Diversos fueron los comentarios sobre el autor y el móvil, hasta que se supo que el taxista solía transportar en largos viajes con su vehículo a los principales encartados en el asunto del aceite (Alonso, Suárez, Romero…). Pero, la investigación no pasó de ahí… Tres semanas más tarde se produjeron otras tres muertes misteriosas. En su nuevo domicilio sevillano fueron hallados los cadáveres de Romero, su esposa y su hija de veintiún años. Aparentemente, el denunciante se había suicidado tras dar muerte a las dos mujeres, también en medio de extrañas circunstancias, como la falta de motivos, el excesivo número de disparos o la preparación del escenario. Pero, había una más sorprendente aún, de la que poco se comentó en los medios: junto a los cadáveres aparecieron tres cartas escritas a máquina, una para el juez de la localidad, otra de agradecimiento para un amigo, y una tercera dirigida al juez de Vigo exactamente igual a la detallada que escribiera tres meses antes en aquella desesperada situación.

En plena fase de instrucción, estando en prisión Isidro Suárez y el contable Alfredo Román, fueron también procesados por complicidad con ellos el funcionario de la CAT Ángel García Canals y su superior, el inspector regional de la Comisaría, Manuel Moreno Teijeiro, si bien el mayor problema para la investigación se planteó con la desaparición de la mayor parte de los libros de contabilidad y el maremágnum económico organizado entre las dos empresas. La mayor parte del dinero movido en el negocio entre ellas y la CAT no pasaba por cuentas bancarias, sino que se giraba a una muchacha residente en Madrid, Amelia Baviano, quien disponía de él según las indicaciones que recibía. Todas estas circunstancias, unidas al descubrimiento de ciertos regalos efectuados a las esposas de los funcionarios, dificultaban enormemente la investigación. Incluso quedó constancia, por declaraciones de la señorita Baviano, de la entrega en mano de cantidades en metálico en la secretaría del ministro de Comercio, efectuadas por ella de parte del propio Suárez. ¿A quién y con qué fin se hacían llegar estas cantidades?

Fue entonces cuando una importante personalidad política de las derechas de la Segunda República, el abogado Gil Robles, decidió defender al “probo funcionario” García Canals, corriendo con todos los gastos, por lo que tuvo acceso a la documentación del procedimiento. En septiembre de 1973, hallándose Alonso en Suiza para realizarse un reconocimiento cardiológico, se dictó auto de procesamiento contra él, quien hasta entonces se había mantenido al margen, debido a que en los momentos de la denuncia ya no era accionista, siendo Suárez quien había llevado la responsabilidad empresarial ante la Justicia. Hasta que la noche del 29 de marzo de 1974, mientras el resto de los internos de la cárcel de Vigo estaban durmiendo, Suárez murió desnucado en las duchas del centro penitenciario. Durante los dos años de su encierro, había sabido granjearse la simpatía de los compañeros de prisión, a base de favores económicos, habiendo gastado bromas telefónicas con su abogado la misma tarde de su muerte, lo que hacía más sorprendente aún aquella extraña muerte. Quince días más tarde murió apuñalado Antonio Alfajeme del Busto, presidente de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia y cónsul de Chile en Vigo, en un crimen que se declaró pasional, pero sobre el que corrió el rumor de estar conexionado también con el caso del aceite, a causa de que el taxista aparecido muerto solía también hacer servicios de larga distancia al señor Alfajeme.

Cerrado el sumario por la desaparición del aceite, el fiscal de la Audiencia de Pontevedra, Cándido Conde Pumpido, una vez calificados los hechos y elaboradas las conclusiones provisionales, trasladó su residencia a Madrid como consecuencia de su nombramiento de abogado-fiscal del Tribunal Supremo. Tras las muertes habidas y el indulto que benefició a Moreno Teijeiro, sólo fueron tres los ocupantes del banquillo la mañana del 21 de octubre de 1974 en que se inició la vista en la Audiencia de Pontevedra: el fundador de REACE, Rodrigo Alonso; el contable y secretario de actas, Alfredo Román; y el funcionario de la CAT, Ángel García Canals. La sala estaba totalmente abarrotada de público y medios de comunicación, pues no en balde se sabía implicado Nicolás Franco Bahamonde, en aquellas fechas oportunamente nombrado embajador de España en Portugal, para alejarle del centro de la atención mediática. Presidía el Tribunal el que también lo era de la Audiencia Provincial, don Mariano Rajoy Sobredo, auxiliado por don Manuel Landeiro Píñeiro y don Celestino Prego Gracia. El abogado José María Stampa Braun, letrado del finado Isidro Suárez, defendió los intereses de FIBRABARSA, manteniendo la tesis de la inexistencia de pruebas claras de que el aceite desaparecido hubiera llegado en su totalidad a los depósitos de REACE. Su colega Gil Robles realizó una encendida defensa de su cliente, García Canals, al que calificó de “demasiado bueno para los tiempos que corren”, cerrando su alegato con la rotunda frase de “No son todos los que están, ni está todos los que son”. Gonzalo Rodríguez Mourullo intentó demostrar la inexistencia de pruebas, sino solamente indicios que relacionasen a su defendido, Rodrigo Alonso, con el caso. Los defensores coincidieron en solicitar la absolución de sus patrocinados.

El fiscal, cuya actuación fue calificada como “blanda” por los expertos, solicitó quince años para Rodrigo Alonso, doce para Alfredo Román, y tres para García Canals. Pero, tras un sumario de varios miles de páginas y dos años y medio de trabajos investigativos, ni siquiera la inexistencia del aceite pudo ser plenamente probada. La rápida sentencia, que tardó una semana en ser conocida, condenó a Alonso a 12 años y al abono de 167 millones de pesetas por responsabilidad civil; a Román a 4 años de prisión; y a Canals a un año más la multa de 100 millones de pesetas. ¿Qué pasó, entonces, con los asesinatos o suicidios? Nunca se supo realmente el verdadero origen de las siete muertes, dando por ciertas las versiones oficiales de cada una de ellas: el asesinato de Romero a su esposa e hija y su posterior suicidio; la caída accidental de Suárez en las duchas de la cárcel; el apuñalamiento “pasional” que sufrió el señor Alfajeme; los balazos que acabaron con la vida del taxista. Y si hemos dicho siete es porque, al cabo de los años – en diciembre de 1977 –, Luis Mañas Descalzo, ex representante de los acreedores y jefe administrativo de REACE, apareció muerto en su despacho a causa de una angina de pecho, según aseguraron fuentes familiares, lo que no quedó del todo claro.

El ministro de Información y Turismo, el también pontevedrés Pío Cabanillas Gallas, no podía consentir que la prensa denunciara aquel escándalo, en el que estaba metido hasta el propio hermano del generalísimo (miembro también de la Masonería), dictando medidas muy severas contra cualquier intento. El presidente del Tribunal llevó férreamente la vista, evitando que salieran a la luz los aspectos más comprometidos de este grave asunto, sobre todo la participación de Nicolás Franco, a quien no se citó a declarar ni en ningún momento se le mencionó, haciendo del juicio “un paripé político”. Tal fue el comentario de Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, quien acusó al presidente del Tribunal de haberse plegado a las presiones del régimen. Cierto es que la causa quedo vista para sentencia el viernes día 25 de octubre, sin que fuese ni siquiera investigado donde fueron a parar las toneladas de aceite de oliva propiedad del Estado Español; ni de porqué se hacían trasvases de aceite desde los depósitos de la CAT a los de REACE y viceversa; ni donde se vendía, donde estaban y quiénes eran los dueños de los almacenes de las empresas que luego lo comercializaban o almacenaban, así como de la configuración del reparto de las ganancias; ni la identidad de los altos cargos que también “chupaban del bote”. Por supuesto, tampoco fue investigada la muerte de las personas relacionadas con el caso, a pesar de lo manifestado en medios oficiales, de que se iba a realizar una investigación exhaustiva “caiga quien caiga”. Lo cierto fue que a las personalidades implicadas jamás les sucedió absolutamente nada, y del aceite de Redondela nunca se volvió a tener noticias. ¿Estuvieron en el banquillo de los acusados todos los que debían estar?; ¿cómo se llevaba a cabo el tráfico de influencias?; ¿qué favores se habrían otorgado a cambio de tal benevolencia por parte del Tribunal? Sin duda, preguntas sin respuesta, y mucho más tras la posterior y misteriosa desaparición de los 5.000 folios que componían el voluminoso sumario.

Pero, como nunca falta alguien que a todo le saque punta, hubo quien relacionó años después la benignidad del Tribunal con la meteórica carrera de los cuatro hijos de su presidente, sin duda, todos ellos de excepcional valía intelectual y académica –nadie lo duda–, y al parecer, superdotados para la preparación de tan difíciles caminos profesionales como los por ellos elegidos –con toda seguridad también–. Pero, a pesar de tan insólitas capacidades compartidas por los cuatro hermanos, ¿tendría algo que ver la obtención de aquellos importantes éxitos para ocupar plaza en dos de los más prestigiosos escalafones de la Administración del Estado, con la devolución del favor que algún representante de ésta le hizo al presidente por la indulgencia con que sentenció el caso de la desaparición del aceite de Redondela…? ¡Quién lo sabe…! Aunque, la verdad sea dicha… ¡Mira que es rebuscada la gente…!

elsocialistadigital.es Texto: Eusebio Lucía Olmos Título: RP