Al silencio de las madrugadas de lunes de San Miguel de Los Colorados del Monte lo quiebran, cada tanto, los pibes del pueblo tirando corte desde sus motos o las canciones de cumbia santafesina que suenan y se bailan en “Sencillito y de alpargata”, la bailanta que se extiende hasta las 4 de la mañana en el Club San Miguel, al borde de la laguna que da nombre al pueblo bonaerense.

Cuando llega la noche del domingo y los turistas que fueron a pasar el fin de semana se van con la panza llena de asado y vino, Monte empieza a latir con la monotonía que lo hará el resto de la semana. Los pibes locales salen a la plaza Alsina, calcada a la de cualquier otro pueblo del interior de la provincia, o dan una vuelta en auto a los 12 kilómetros que rodea a la laguna. La oferta social y cultural es estrecha: no hay cines, no hay grandes boliches, ni centros culturales. La llanura pampeana se despliega hacia el horizonte y sólo la atraviesa la Ruta Nacional 3 que parte en dos a una de las ciudades más antiguas de Buenos Aires, a poco más de cien kilómetros de la Capital Federal.

El silencio de la madrugada del 20 de mayo de 2019 se quebró con los pibes del pueblo tirando corte desde sus motos, las canciones del Toro Quevedo y los Cumbia Quino en el baile del club y, también, por una balacera.

Esa noche Rodrigo Masias caminaba hasta el centro de Monte desde su casa. El joven DJ de 18 años iba con un amigo por la colectora 9 de julio, a la orilla de la Ruta 3, de espaldas a la laguna. Escuchó los disparos, que sonaron como zumbidos, cuando estaba por llegar al cruce con Nolasco. El instinto lo tiró al piso. Aturdido, se incorporó, se dio vuelta y vio un Fiat 147 blanco que se estrellaba contra un camión acoplado Mercedes Benz estacionado ahí. Partido en dos, la delantera del auto seguía funcionando, como en una película de Hollywood pero en versión bonaerense. Los postes de luz de la ruta alumbraban lo poco que había para ver: una polvareda enorme lo inundó todo. Antes de entender algo de lo que pasaba, con impulso millenial, Rodrigo y su amigo le mandaron rec a las cámaras de sus celulares y registraron aquello que entraba por sus ojos. “¡Son tiros, son tiros”, gritó Rodrigo. La nube de tierra seca se retiró y la calle les devolvió los cuerpos de otros pibes jóvenes como ellos y una luz azul titilante: la de un patrullero de la Bonaerense que venía detrás y no habían visto hasta entonces.

—Se escucharon tiros, pero está la policía—Rodrigo quiso tranquilizar a una mujer que vive frente al lugar y se había acercado a saber qué pasaba. Esa calma que el pibe intentaba sostener por la presencia de la autoridad policial se desinfló como un globo sin nudo cuando se dio cuenta que los únicos armados ahí eran los propios policías divididos en tres patrulleros. No lo sabía pero el joven se iba a convertir en uno de los testigos fundamentales de una persecución policial criminal y su celular iba a aportar un registro clave que completa lo que grabaron las cámaras de seguridad del Municipio de Monte y la Bonaerense quiso ocultar: una masacre.

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Susana Ríos dobla la ropa de su hijo que cuelga en un tender al fondo de la casa. La mujer de 52 años agarra una de las medias, la dobla y la pone en el mismo lugar sin dejar de hablar. Fue a través de un par de medias, las zapatillas y los calzoncillos que llevaba puestos que reconoció el cuerpo de Gonzalo. En el Hospital había cuatro cadáveres: uno al lado del otro, cada uno en una camilla y tapados con sábanas. Todavía faltaba reconocer a dos. Cuando vio los pies de Gonzalo no dudó. Sin embargo, pidió que le destapen la carita. “No sé por qué pero quería ver cómo estaba”, dice. Hasta ese momento no sabía que una bala policial le había atravesado el glúteo.

Cuando Gonzalo no aparecía, entró a los portales locales para saber si había pasado algo en el pueblo. Las noticias hablaban de un accidente, pero los comentarios de los vecinos decían que había habido disparos. La mujer, que trabaja en la municipalidad de Monte, caminó las dos cuadras y media que separan el Hospital de su casa, en el centro, pero no se animó a entrar. Fueron dos pibes que iban en moto que le dijeron en la calle lo que ella no quería escuchar: su hijo había estado en el accidente.

Susana lo tuvo “de grande” a Gonzi. Sus otros dos hijos se fueron de Monte y viven en La Plata. Gonzalo tenía otros tres hermanos por parte de su papá que, durante la semana, vive internado en una clínica de rehabilitación en la ciudad de las diagonales después de haber sufrido un ACV un año atrás. Susana había aprendido a convivir sólo con Gonzalo y el desorden que significaba su presencia: ropa y cosas por todos lados. Siempre estaba con Danilo. Como esa noche que se fueron a la plaza a eso de las 21. 30 h.

Los días de Gonzalo se dividían entre la escuela, la plaza con amigos, el skate y el freestyle. Se juntaban a escuchar al español Rels B, al Duki y a Paulo Londra. Mucho trap y rap nacional y popular. Improvisaban sus propias rimas “representando a Monte”. Se había anotado en los Torneos Bonaerenses en la categoría skate. En el Club Val también jugaban a la pelota. La Escuela de Fútbol Infantil “La Quimera” recordó a Danilo como su capitán.

Hace menos de un mes Gonzalo viajó a la Capital con un grupo de pibes de Monte para patinar en el skatepark Pachá Park, en la Costanera. Todavía no tenía tabla y Nicolás Ruiz Díaz, hermano de su amigo Danilo, le prestó un skate.

Nicolás tiene 17 años. La madrugada de la masacre dormía en la casa de su novia. Lo despertaron los golpes en la ventana que da a la calle. Afuera estaba su mamá, que buscaba a su otro hijo.

—¿Estás con Danilo?—le preguntó la mujer.

—No.

—Entonces está muerto.

A esa hora ya se rumoreaba las dos palabras clave que desplazaron la idea de accidente: tiros y policía. El impulso millenial: Nicolás Ruiz Días agarró su teléfono. Por Facebook y WhatsApp empezó a contactar a periodistas y canales de televisión. Así llegó hasta el periodista de policiales Mauro Szeta con la certeza de que había sido la policía. “Mi hermano es una de las víctimas”, le escribió. Desde esa madrugada agita cada una de las marchas y cortes de ruta que se hacen en Monte.

La investigación de los montenses

La impunidad policial se encontró con dos obstáculos: la fuerza incontrolable de las redes sociales y un piberío montense harto del hostigamiento policial que venía en un in crescendo. El acompañamiento de parte del pueblo hizo posible que la noticia escalara hasta atraer a Monte a los móviles de los canales de televisión nacionales. La empatía se federalizó.

Además de las familias de los chicos y las chicas pidiendo Justicia; en Monte hubo una red de aliados adultos y adultas que se plantaron frente a la violencia estatal: “Si tocan a un hijo de Monte, nos tocan a todos”. Frente al pacto de impunidad y el accionar corporativo de los Bonaerenses, parte de esta pequeña ciudad de poco más de 21 mil habitantes optó por una búsqueda de la justicia colectiva para los hijos de Monte.

Hicieron cortes de ruta y marchas para visibilizar y denunciar pero también se convirtieron en auxiliares de la justicia al ver a la policía local a cargo de la propia pesquisa en la que estaba involucrada.

Rodrigo Masías fue el primero que contradijo el relato oficial. Cuando declaró en la sede policial y leyó que los agentes habían escrito “estruendos” en lugar de “disparos”, se fue de la comisaría sin su documento y sin firmar esa ficción. Una vez en su casa, apagó el celular. Contó todo lo que había visto recién cuando volvió a prender su teléfono y era Lisandro Damonte el fiscal de la causa del otro lado.

En la forma en la que se tomaron esas primeras declaraciones está la base de la mentira que intentó montar la Bonaerense. Los testigos daban su relato. Los policías lo modificaban u omitían fragmentos esenciales.

Quisieron que parezca un accidente. Dijeron que habían dado la señal de alto, que el auto no se detuvo y ahí empezaron a seguirlo. Esa misma madrugada, en el primer parte, dieron por muertos a los cinco pibes que iban en el Fiat 147, a pesar de que una de ellas seguía viva cuando los trasladaron al Hospital Zenón Videla Dorna. Consiguieron algunos titulares de medios que replicaron la mentira sin tener demasiada información, todavía, y con el pueblo montense todavía en shock por la balacera violenta que había despertado a los adultos y convocado a los más jóvenes al lugar. Luego, quisieron camuflar sus armas por linternas y a una persecución desmedida como “seguimiento”.

Las actas y las modulaciones de los patrulleros son las claves para reconstruir el encubrimiento. Hoy la investigación apunta al Subcomisario Julio Franco Micucci como gran guionista de la ficción.

Un vecino que vive cerca de donde ocurrió el quiebre del auto en dos y el cuádruple crimen hizo su aporte. En silencio, esperó que la policía se fuera y levantó cuatro vainas servidas 9mm. que estaban sobre la colectora 9 de julio. Al día siguiente se las llevó a Juan Carlos Sansone, el padre de Danilo, que alertó al fiscal de la causa.

Alexis Rodriguez es otra pieza del engranaje de auxiliares de justicia de Monte. El pibe de 27 años trabaja en el Centro de Monitoreo de la ciudad. La madrugada de la masacre, estaba de franco pero al día siguiente lo primero que hizo cuando entró a su turno como operador fue revisar las cámaras de seguridad de ese día y horario. Dio con la imagen de uno de los policías, con medio cuerpo afuera del patrullero, disparando al Fiat 147. Hizo una captura y la envió por WhatsApp a una vecina que a su vez se la pasó a su marido que a su vez se la hizo llegar a los familiares de las víctimas que estaban en la Ayudantía Fiscal pidiendo explicaciones. La imagen se volvió viral y vino a ratificar lo que el pueblo ya sabía: a los pibes los mató la policía.

El martes 21 de mayo de 2019 Alexis terminaba su turno a las 18 hs pero antes le llegó una notificación: estaba suspendido hasta el 26 de ese mes y el lunes 27 debía presentarse frente a la Jefa de Personal. Le sustrajeron su teléfono para hacer pericias. Esa suspensión llevaba la firma de Claudio Martínez, secretario de seguridad municipal. Martínez hoy está preso por encubrimiento.

Después de la masacre los y las vecinos cortaron la ruta por los hijos de Monte. Al día siguiente fueron hasta la comisaría. En una de esas manifestaciones la policía Rocío Ester Baigorria, de 27 años, terminó con fractura de cráneo por un piedrazo.

Recorrer Monte muestra el mapa y el territorio: en las casas que hay Gendarmería en la puerta están quienes hablaron y no pactaron con el silencio que quiso imponer la Bonaerense. Algunas familias de las víctimas también tienen custodia. La familia de Rocío Guagliarello denunció que dos policías bonaerenses uniformados, sin identificación, se presentaron en el hospital El Cruce de Florencio Varela y pidieron ver a la adolescente. Fue el día que se cumplía una semana de la masacre y la nena había presentado su primera leve mejoría. Esa misma jornada en las redes sociales circulaba una noticia falsa que la daba por muerta.

Los hechos

El cadáver de Aníbal Suárez estaba alejado de los restos del auto que el joven de 22 años manejó esa noche fatal. Hacía dos meses que había comprado el coche y todavía no tenía todos los papeles en regla. Vivía de changas y estaba juntando la plata para hacer la transferencia. Para su familia, la policía lo tenía marcado: un mes antes de estrellarse contra un camión estacionado por la persecución policial Aníbal manejaba sobre esa misma ruta y en el kilómetro 113 lo paró un control. Como no tenía el auto a su nombre lo llevaron a la estación de policía comunal de Monte. Le dijeron que la multa por esa infracción era de 35 mil pesos pero que podía irse si les pagaba 5 mil. Al pibe le faltaban mil para llegar a esa cifra. Fue a buscar el dinero, se lo dio al comisario y volvió a su casa con 4 mil pesos menos para hacer la transferencia. Aníbal quería arreglar el auto para ir a visitar a Blanca, su mamá, a la ciudad de Concepción de la Sierra, al sur de Misiones, su provincia natal. No pudo.

Mientras vivieron Gonzalo Domínguez y Danilo Sansone, de 14 y 13 años, fueron amigos inseparables. Cuando se acercó al lugar del choque, Rodrigo Masías los reconoció enseguida: los nenes que paraban en la misma plaza que él para improvisar rimas y andar en skate se morían sobre la calle de tierra. Habían salido a las 21.30 del domingo desde la casa de Gonzalo para ir a la plaza. La única condición es que no tenían que volver tarde.

Camila López y Rocío Guagliarello, ambas de 13 años, pedían ayuda a los gritos desde el piso después del choque. Una mujer policía les decía que se quedaran quietas y les hacía promesas a Camila: “Vas a estar bien”. No cumplió. Rocío fue la única sobreviviente y continúa internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. La masacre cortó la amistad que habían heredado de sus madres, Yanina Zarzoso y Loana Sanguinetti. Trece años atrás las mujeres habían compartido los meses de embarazo de las nenas juntas: Rocío nació en junio; Camila un mes después. La madrugada de la masacre Loana la llamó a su amiga eso de las tres: las chicas, que ella suponía durmiendo en casa de Yanina, habían sufrido un accidente. Lo último que había escuchado Yanina de las nenas fueron sus risas que llegaban desde la cocina hasta donde ella se estaba quedando dormida. La última rebeldía adolescente de las pibas fue irse esa noche a dar una vuelta por la ciudad en un auto. En un paredón del Club Val una pintada advierte: en Monte nos falta Camila.

Gonzalo, Danilo, Rocío y Camila son nacidos y criados en Monte. Iban a la misma escuela pública, la Secundaria 1, la normal. Aníbal era changarín y había llegado hacía un año y medio de su Misiones natal. Los policías que los persiguieron sabían que Aníbal no era un hijo de Monte. Que vivía del otro lado de la ruta, donde pueblan la ciudad migrantes internos de otras provincias como los tíos de Aníbal que lo recibieron cuando llegó en 2017 en busca de trabajo. Es probable que no supieran que además de Aníbal estaban los hijos y las hijas de Monte en el auto. O quizás sí. Los persiguieron, les dispararon y mataron a cuatro de los cinco que iban cantando, riéndose y escuchando música.

Dentro del camión con el que chocaron dormía un hombre de 29 años, oriundo de Azul. Había estacionado ahí después de un desperfecto eléctrico. Estaba a la espera de que abriera la casa de repuestos que funciona en esa cuadra. Lo despertaron los tiros. Más tarde su testimonio sería clave para desarmar la versión policial.

Una impunidad que viene de antes

En los registros de la estación de policía comunal de Monte quedó asentada la detención de Danilo Sansone en marzo de este año por “daño”. El nene estaba en la plaza central rapeando y con su skate cuando los policías se lo llevaron sin ningún motivo junto con otros dos chicos más. Lo maltrataron y verduguearon. En ese entonces tenía 13 años y su detención fue totalmente ilegal. Aníbal no fue el único de los cuatro pibes muertos sobre el cual la policía había puesto su fuerza hostigadora.

“Esta masacre es el resultado espantoso y extremo de una secuencia de prácticas de la policía que le generaban impunidad en su accionar. Se sentían los dueños de la calle, del territorio. La masacre se podría haber evitado si las autoridades intervenían sobre lo que estaba sucediendo”, dice Sandra Raggio, Directora General de Áreas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La organización de derechos humanos representa a las familias de Danilo y Camila como querellantes en la causa.

Después de la muerte de los tres chicos y Camila, los testimonios de muchos pibes hostigados a diario por la policía empezaron a brotar. Las historias cubren todo el arco de posibilidades del hostigamiento policial y tienen como vectores de las violencias a algunos de los policías hoy presos por las muertes: detenciones reiteradas y arbitrarias, amenazas, insultos, maltrato físico, robo o rotura de pertenencias; en algunos casos involucra formas más graves de abuso físico como torturas y lesiones graves -en ciertas ocasiones provocadas por armas de fuego- y de arbitrariedad policial, como el armado de causas penales.

“Antes no era así”, dice un vecino de Monte que trabaja en una hostería y se crió en la ciudad. Creció sin ninguna entrada a la comisaría. A un amigo de él de treinta y pico de años, hace poco se lo llevaron detenido por tomar cerveza detrás de la laguna.

“Parece ser que es la propia policía la que lleva el conflicto al pueblo y las prácticas abusivas. Con la idea de que el desembarco en los pueblos tiene que mostrar autoridad”, dice Paula Litvachky, Directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y la denominada inseguridad, se conurbanizan los pueblos del interior de la provincias donde los delitos más comunes son hurtos o el cuatrerismo. La presencia de las fuerzas de seguridad coarta la circulación del piberío.

En abril llegó al pueblo el Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) un grupo militarizado de la policía bonaerense que arribó a Monte con 7 motos para patrullar la ciudad. “Escuché algunos comentarios por su manera de trabajar y esos trajes que parecen avasallantes, pero también me han llamado muchísimos vecinos a felicitarnos. A ellos no se les escapa nadie, acá estamos acostumbrados a evadir, no llevar los papeles, no llevar los cascos. También estuve con gente la pararon, le pidieron la documentación y lo más contentos”, dijo la intendenta Sandra Mayol en ese momento.

Quince días antes de la masacre, la mujer del Frente Renovador se mostraba en el Facebook oficial de su gestión sonriente y acompañada por los policías motorizados. “La intendente de Monte Dra. Sandra Mayol recibió el informe del Operativo Saturación e Identificación Personas y Vehículos, que cumplimentaran Personal de la Estación de Policía Comunal de Monte, Policía de Seguridad Vial y el Grupo de Prevención Motorizada GPM”.

Al igual que en las villas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las ciudades del interior de la provincia se volvieron territorios hostiles para el piberío. La saturación como respuesta a la demanda de seguridad se observa en otros pueblos bonaerenses: 9 de julio, Pergamino, Chacabuco, Junín y la lista sigue.

El elemento extorsivo también está presente en esta fricción entre pibes y policía. La caja de la comisaría, según distintos vecinos, se nutre de estas extorsiones y de las coimas que piden sobre todo en talleres de repuestos de autos y a quienes no tienen los papeles de autos y motos al día, como Aníbal.

La presencia desmedida de efectivos es una herencia del gobierno de Daniel Scioli. Desde 2005 hasta 2015 la presencia policial en territorio bonaerense casi se duplicó: pasaron de ser 48 mil efectivos a 95 mil.

Al entramado de hostigamiento es necesario sumarle que el 3 de diciembre de 2018, con la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 956/2018 a través de la cual se aprueba el Reglamento General para el empleo de armas de fuego. La medida permite que las fuerzas policiales disparen contra personas que huyen, incluso sin dar la voz de alto.

La causa que investiga lo que pasó la madrugada del lunes 21 de mayo está caratulada como homicidio agravado, encubrimiento y falsificación ideológica.

Los números sobre los implicados son cuantiosos pero no hablan de cambios profundos o una reflexión sobre las políticas de seguridad. Son 17 los implicados: 16 policías desplazados, 12 de ellos detenidos y también un civil apresado, el secretario de seguridad municipal. Entre los presos están los que dispararon y los que manejaban el patrullero

Los apartados son el Comisario General Marcelo Corbalán, Superintendente de Seguridad Región Capital, Comisario Mayor Óscar Osvaldo Frías, Jefe Departamental San Vicente; Comisario Inspector Juan Carlos Sosa, Segundo Jefe Departamental San Vicente y el Comisario Inspector Mario Ángel Mistreta, Jefe Policía Comunal San Miguel del Monte.

Hay 10 efectivos varones detenidos y 2 mujeres: el Oficial Subinspector José Alfredo Domínguez; el oficial Subayudante Mariano Ibáñez; el Oficial Subayudante Cristian Righero; Oficial de Policía Juan Gutiérrez ; Oficial de Policía Manuel Monreal; el Capitán Rubén Alberto García; el Oficial de Policía Leonardo Daniel Ecilape; el Subcomisario Julio Franco Micucci; el Teniente 1ro. Hector “Pipi” Enrique Ángel; el Oficial Inspector, José Manuel Duran; el Oficial Subayudante, Melina Noelia Bianco y la Oficial subayudante Nadia Genaro. Además, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo al secretario de seguridad municipal, Claudio Martínez.

Silencio oficial

En el centro porteño Familiares de la Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil convocaron el viernes 24 de mayo para pedir Justicia por los pibes masacrados en Monte a una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Al día siguiente, hubo una concentración y marcha en la plaza de la ciudad. Estuvieron desde el futbolista oriundo de Monte Ubaldo Matildo Fillol, el El Pato, hasta la infaltable Norita Cortiñas. El pueblo movilizado giraba por la plaza como en procesión. Terminaban de dar la vuelta y volvían a empezar. Contaron 500 personas. Algunos decían, al día siguiente, que en los Carnavales del año pasado hubo muchos y muchas más.

La gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, no dio ninguna respuesta política frente a la masacre. El Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo se limitó a dar una conferencia de prensa donde confirmó que las balas eran 9mm. entre otras cosas. La estrategia del oficialismo fue enfocar en la corrupción policial para desviar una discusión seria en materia de seguridad y lo estructural del problema.

Los residuos cloacales de Monte van a parar a la Laguna de Las Perdices, un espejo de agua ubicado detrás de la laguna principal que da nombre a la ciudad y que todos los fines de semana es contemplada por porteños, bonaerenses y otros turistas. Cualquiera puede pasear por esta ciudad del interior bonaerense sin ver cómo emerge la mierda y la mugre de la laguna. Hasta la masacre del 20 de mayo de 2019 también se podía visitar Monte sin pensar en la violencia policial.

Así como existen pactos sociales que ponen límites a la crueldad de la violencia machista exigiendo Ni Una Menos, a la impunidad de los genocidas con acontecimientos como la enorme movilización contra el 2×1, se vuelven urgentes pactos sociales contra las violencias estatales: a fines de 2017 fue Pablo Kukoc en territorio porteño, ahora son los hijos de Monte y el mismo día un joven de 30 años en Martín Coronado murió de un balazo policial. En 2018, según CELS, hubo 110 muertos a manos de policías en Buenos Aires. Todos, todas, todes estamos en peligro cuando las fuerzas de seguridad están habilitadas para matar.