El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, aplicará la Ley de Seguridad Ciudadana (tachada en su día como la 'Ley mordaza' por el PSOE) a aquellos que no cumplan con las restricciones de circulación fijadas durante el estado de alarma para combatir la expansión del Covid-19. Así lo recoge la orden ministerial dictada esta madrugada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En ella hay un apartado específico sobre el "Régimen sancionador" en el que se recuerda que "la ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes" y que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes". Y esas leyes, según la orden, son básicamente la Ley de Seguridad Ciudadana, según advierten la fuentes consultadas, que recuerdan que los agentes actuaran siempre con "proporcionalidad".

En concreto, la orden se refiere al artículo 36.6 de la citada ley de seguridad ciudadana, que considera como infracción grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

Entre 601 y 30.000 euros de multas

Según la citada Ley -que fue impulsada por el Gobierno del PP y el Ministerio de Jorge Fernández Díaz cuando los populares tenían mayoría absoluta- "para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros".

La orden ministerial advierte, no obstante, que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente pueden ser también constitutivos de delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y desobediencia, tipificados de forma específica en los artículos 550 a 556 del Código Penal.

Es el 556 es que más de adecua a los escenarios que se podrían producir tras la declaración del Estado de alarma: "serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

También hace alusión ese artículo a "los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones". Estos "serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses".

Actuación con proporcionalidad

Los ciudadanos podrán circular por la vía pública para realizar la siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

Las fuentes policiales consultadas por Vozpópuli insisten en que las fuerzas de seguridad no harán nada distinto a lo que hacen siempre a la hora de aplicar el reglamento. Insistente en que actuarán siguiendo criterios de proporcionalidad.

Estas fuentes recurren a ejemplos para calibrar cómo será la respuesta: "Si una persona está llevando en coche a su pareja a su lugar de trabajo aunque él no vaya a trabajar, seguramente no se le dirá nada. Si se sorprende a un grupo de gente en el banco de un parque tomando unas cervezas, se les indicará que se vayan a sus casas. Si una persona va corriendo con ropa deportiva se le indicará que se vaya a su casa y si alguien se resiste se adoptarán más severas". Apelan estas fuentes por tanto a la colaboración de la gente y al sentido común.

Evitar actos de pillaje

Paralelamente la Dirección Adjunta de la Policía ha emitido una orden de servicio destinada a todas las Jefaturas Superiores de cada comunidad autónoma y a los servicios centrales. Lleva la firma del director adjunto operativo, el máximo mando uniformado del cuerpo solo por debajo del director general de la Policía. Francisco Pardo. En ese documento al que tenido acceso Vozpópuli, se fijan varios objetivos específicos, entre ellos “evitar acciones hostiles, de vandalismo o de pillaje que se puedan producir durante la vigencia del estado de alarma”.

Entre las instrucciones que se imparte a la Comisaría General de Información se acuerda el “control de redes sociales a fin de detectar grupos que pudieran alterar el orden público o el asalto a centros de abastecimiento”. También pide estar alerta ante “grupos violentos o elementos terroristas” que podrían aprovechar la coyuntura para alterar la paz social. También marca como objetivo detectar hackers “que pudieran intentar desestabilizar el país”.