LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno envió ayer (11 de diciembre del 2017) su objeción parcial a la Ley de Reactivación Económica, que incluye cinco cambios frente a lo aprobado por la Asamblea.

El anuncio lo hizo el mandatario Lenín Moreno, en su habitual informe de los lunes.



El Ejecutivo insistirá en ampliar el uso de medios de pago electrónicos, “con una mayor y mejor participación de entidades financieras privadas”, dijo el Jefe de Estado.



Horas antes, en una entrevista radial, Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que la medida planteada por el Gobierno busca reducir el uso de efectivo en la economía nacional. La meta del Gobierno es bajar en USD 800 millones el uso de billetes en el 2018.



Durante el debate en la Asamblea, se excluyó el articu­lado que estipulaba el traspaso del manejo del dinero electrónico del Banco Central del Ecuador a la banca privada.



El segundo cambio se refiere también al tema financiero. El Gobierno propuso la aplicación de un análisis técnico para modificar las tarifas bancarias.



En el estudio no se incluirán solo costos por servicios en línea, sino recargos por el uso de cajeros, emisión de tarjetas, transferencias interbancarias, entre otros servicios.



La Asamblea incluyó, durante el segundo debate de la reforma, una disposición general que obliga a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante resolución, a reducir los costos de los servicios financieros relacionados con medios de pago electrónicos.



El Mandatario destacó que el Gobierno acogió el cambio de la Asamblea para eliminar el pago del impuesto a la renta (IR), según el número de cargas familiares. Sin embargo, según el Jefe de Estado, se revisarán temas específicos como los incentivos a las cocinas de gas, “para tener coherencia con la política nacional de consumo de energía renovable”.



La Asamblea introdujo el beneficio de reducción del 50% del impuesto a los consumos especiales (ICE) para este tipo de encimeras.



Este artículo fue incluido por los legisladores, tras pedidos de productores de la línea blanca, quienes se comprometieron a aumentar las exportaciones.



El cuarto punto que vetó el Presidente se refiere al incremento de 3 puntos porcentuales del IR. El proyecto, tal como fue aprobado por el Legislativo, señala que el alza de este tributo es para medianas, pequeñas y grandes compañías. Pero el Ejecutivo planteó ayer que solo paguen ese aumento las grandes.



Esta medida había sido uno de los pedidos de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi).



Pese a que esto es positivo, según Christian Cisneros, director ejecutivo del gremio, quedaron aún alrededor de 300 propuestas pendientes para la reactivación económica del sector.



Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, considera que los incentivos tributarios continúan siendo discriminatorios.



“Las empresas grandes son las que contribuyen con mayor producción y generan más empleo”, dijo el directivo, y ratificó su posición de que se requiere el veto total a la reforma.



El quinto punto de la objeción del Presidente se refiere a los instrumentos legales que permitirán concluir 640 obras públicas, iniciadas por el anterior Gobierno y que están paralizadas. El Gobierno insistirá en el texto que fue inicialmente enviado a la Asamblea, en noviembre pasado. Entre ellas, que no rija el límite para firmar contratos complementarios.



Según el presidente Moreno, el veto ratifica los incentivos para artesanos, micro, pequeñas empresas y sectores de la economía popular y solidaria.



También se respaldan temas como la eliminación del impuesto a las tierras rurales.



El Gobierno trabajó en el veto desde el fin de semana pasado. Según el ministro de Finanzas, Carlos De la Torre, el veto no afectará a la recaudación estimada, que asciende a USD 45 millones.



Varios gremios, como la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, que es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, habían solicitado que se incluyan otras modificaciones, entre ellas que se elimine la propuesta de que la banca sea corresponsable de la liquidez de la economía del país.



Para el representante de la Asobanca, Julio José Prado, este artículo es peligroso, pues la misión más importante de la banca es ser responsable por los dineros de los depositantes.



El gremio también solicitó que se elimine el artículo que traspasa el manejo de la información crediticia a la Superin­tendencia de Bancos, actividad que hoy está en manos de una empresa privada.

El tema también inquieta a Washington. El pasado 7 de diciembre, la Oficina de Comercio de EE.UU. envió una carta al ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, para expresar su preocupación en torno a este artículo.



La carta, firmada por John Melle, representante para el Hemisferio Occidental, señala que el traspaso del servicio de burós privados al Estado afecta a los convenios internacionales. “Si la ley se implementa, impediría a los proveedores existentes conducir sus negocios y demandaría que estas empresas le proporcionen al Gobierno data generada en el curso normal de su negocio”, advierte Melle en la carta.



Pese a estas observaciones, el presidente Moreno no hizo ayer referencia a estos temas.



La Asamblea tiene un mes para tratar el documento.



En contexto



El 1 de noviembre, el Gobierno envió el proyecto de Ley de Reactivación Económica, que tras un mes de análisis por parte del Legislativo fue aprobado con un 65% de cambios, entre los cuales se eliminó el manejo del dinero electrónico por parte de la banca privada.

