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Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben entregar a sus afiliados o beneficiarios preservativos bajo pedido médico. En su defecto, tienen que reintegrar el monto correspondiente a la compra. Ambas circunstancias deben cumplirse, cualquiera sea el género de la persona que los requiera.

Esta situación no siempre se cumple. Así lo descubrieron dos mujeres que pidieron la cobertura por la compra de condones, pero les fue negada. La empresa de medicina prepaga involucrada en ambos casos hoy replantea su política.

Mariela Díaz tiene cobertura de salud. Paga cinco mil pesos mensuales por el plan 3.000 del Grupo de Medicina Privada Sancor Salud. A fines de noviembre, se dirigió a la firma, con una prescripción médica, a pedir que le proveyeran de 30 preservativos. La respuesta fue negativa.

Díaz se había enterado de que es su derecho recibir métodos anticonceptivos de su preferencia. Y de que la prestadora de salud debe reconocer ese gasto o proveer de los profilácticos.

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La información le había llegado a través de un posteo en redes sociales.

Reclamos. Para acceder a la cobertura, Mariela Díaz consultó a su ginecólogo y realizó gertiones ante su prepaga. (Pedro Castillo)

Cuando supo de este beneficio, empezó a hacer las gestiones que derivaron en la negativa. “Lo primero que hice fue pedir a mi ginecólogo una orden médica por 30 preservativos. Él la hizo sin ningún problema y además me felicitó por la atención que le doy a mi salud. Fui hasta las oficinas de la empresa de medicina prepaga, donde me tomaron la orden y me dijeron que aguardara”, relató.

Tras un mes de espera, la joven se dirigió a las oficinas nuevamente. Allí le pidieron que trajera una orden nueva, porque la anterior había vencido. “Me preguntaron si no podía venir mi novio a gestionar los preservativos. Les contesté que no era correcta la respuesta y que ellos no entienden que con el preservativo yo soy la que se cuida, más allá de con quién los use”, contó, enojada, la mujer.

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Cuando llegó con la nueva orden médica, que gestionó con el mismo ginecólogo, volvió a comenzar el trámite. “Pasó otro largo tiempo, así que llamé al 0800 y expresé mi enojo. Allí me explicaron que los condones son para varones y que me ofrecían alternativas, pero les dije que mi intención era cuidarme con preservativos de barrera para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual”, recordó.

La respuesta final llegó por correo electrónico: “Se brinda cobertura a asociados masculinos, únicamente por reintegro, con un tope mensual de 500 pesos (no acumulables) presentando comprobante”.

La joven asegura que no podía salir de la sorpresa.

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“Cuando la leí, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. Se trata de un acto de desprotección y de discriminación al mismo tiempo. Ellos deberían saber que, si cuido mi salud, se evitan gastos de todo tipo”, argumentó la mujer.

Consultada por La Voz, la Superintendencia de Salud de la Nación también respaldó la posición de Díaz. “Por ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, las obras sociales deben entregar preservativos o reintegrar el costo de estos, siempre que el pedido sea acompañado por una orden médica”, detallaron desde la entidad.

La ley establece en su artículo sexto que, “a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, se debe prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos, que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica”.

Además, a través del artículo octavo, incluye la prestación de métodos y elementos anticonceptivos al Programa Médico Obligatorio (PMO) y agrega que “los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas privados los incorporarán a sus coberturas, en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones”.

“Mi cuerpo, mi decisión”

“Tuve trombosis y no puedo usar el DIU. Me dieron varias opciones. Es mi cuerpo, es mi decisión y yo soy la que decido qué hacer. Decido qué tomar y qué no tomar. La ley dice que se debe respetar mi elección”.

Las palabras son de otra joven, María Victoria Piazza, quien vive en Villa María y tiene una historia similar a la de Mariela Díaz. Ella también solicitó preservativos a Sancor Salud.

“Cuando llamé, me sugirieron que fuera a la asistencia pública a pedir los preservativos”, manifestó Piazza.

Piazza también conoció su derecho a través de las redes sociales. “Un posteo explicaba que el paciente que no tiene cobertura social puede acercarse a un hospital o sala de salud para conseguir preservativos. Y que las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de entregarlos”, dijo.

“Muchas prepagas empezaron a cumplir la ley a partir del posteo, porque la gente empezó a reclamar. Se generó una movida interesante y hoy en día la gente hace cumplir su derecho”, planteó Juan Manuel Serini, el autor del posteo que originó los reclamos.

La empresa prestadora dice que cubrirá el pedido por excepción

Ante la consulta de este medio, desde el Grupo de Medicina Privada Sancor Salud informaron que cubrirán los pedidos de las dos afiliadas, pero lo harán de manera excepcional.

“Las personas responsables de nuestros centros de atención al cliente se van a comunicar con ambas y van a entregar la cobertura que ellas pidieron”, afirmó Florencia Álvarez, jefa de prensa de la prestadora de salud.

A pesar de que desde la empresa subrayaron que se trata de una excepción, explicaron que van a seguir reviendo sus políticas.

“Nuestro compromiso es el de seguir pensando en nuestra ‘letra chica’ para aggiornar la cobertura a las nuevas demandas que estamos recibiendo”, detalló Álvarez a La Voz.

De esta manera, Sancor Salud garantizaría el cumplimiento total de la entrega de preservativos a Mariela Díaz y a María Victoria Piazza, las dos jóvenes que reclamaron la cobertura.

“Hace un momento me llamaron de Sancor Salud y me explicaron que, de manera excepcional, me van a reconocer el pedido que hago”, afirmó Díaz posteriormente.

Sin embargo, la joven se manifestó en desacuerdo con la decisión intermedia que anticipó la empresa.

“No debería ser una excepción. Se trata de una ley que las prestadoras de salud están obligadas a cumplir”, lamentó. “Eso fue lo que le dije a la persona que se comunicó conmigo y me adelantó que ‘revisarán la política’ de prestaciones”, comentó Díaz.

La Superintendencia de Salud de la Nación insistió en que las obras sociales que no brindan con la cobertura a pesar de las prescripciones médicas “están incumpliendo la ley”.

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Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado el 11/02/2020 en nuestra edición impresa.