El menos avanzado de los alumnos del Cardenal puede llegar a la conclusión de que Vidal y sus secuaces han incumplido con todas las normas en vigencia y que tienen que ver con la prevención del lavado de activos de origen ilícito.

Cuentan que la gobernadora Vidal abandonó una reunión para atender, a solas, un llamado a su celular. Del otro lado, luego de un corto saludo, su colaborador le dijo: “ya lo tiene Alconada en La Nación y en Clarín me dicen que lo pueden bancar hasta mañana. Mañana lo publican, no lo pueden sostener más”. Eso fue todo. El rostro de la gobernadora, estaba visiblemente desfigurado por la furia. Se encerró en su despacho y allí esperó la llegada de su amiga, María Fernanda Inza.

No hubo testigos de la conversación entre las dos, pero se supone que fue tensa. Hasta violenta, por momentos. Inza salió apurada, llorando. Su cargo como Contadora General de la Provincia, ya había terminado. Lo había asumido, apenas, cinco días antes.

A diferencia de otros periodistas, Juan Amorín hace periodismo de investigación, en serio. Por esa razón, desde un portal de noticias (El Destape), lanzó una bomba informativa cuyos efectos finales, lejos están de poder mensurarse. Según su trabajo, el PRO bonaerense, cuya presidencia partidaria es ejercida por María Eugenia Vidal y su tesorería, por María Fernanda Inza, habría falseado los datos de cientos de aportantes a ese partido político, para las campañas correspondientes a las elecciones de 2015 y 2017. Para ello, se habrían utilizado las bases de datos de Anses y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (tengamos en cuenta que éste último, está a cargo de Carolina Stanley, esposa de Federico Salvai, el más estrecho colaborador de Vidal en la gobernación bonaerense). Con investigaciones en curso en la Justicia Electoral, en Comodoro Py y en los tribunales provinciales, el hecho se instaló en los medios como “los aportantes truchos de Cambiemos”. Claro está, denominarlo así, es un burdo modo de “bajarle el precio”.

El mismo día que la noticia apareció publicada en el diario Clarín, Vidal anunciaba en conferencia de prensa el despido de Inza, aclarando respecto de la funcionaria caída en desgracia, que “confío en ella, y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso”. Si era así, no se entiende por qué la apartó de un cargo, para el que la había nombrado hacía apenas, unos pocos días. “Algún gesto había que hacer”, explicó un colaborador cercano a Vidal.

Ya con el escándalo rebotando en todos los medios, los escribas a sueldo del oficialismo intentaron minimizar la cuestión con toda clase de eufemismos. Por ejemplo, en su edición del 18 de julio, La Nación publicaba: “La hipótesis central es que podría haber existido un delito de “falsedad ideológica” de documentos públicos, si es que se incluyeron aportantes falsos en el informe oficial de ingresos de campaña que presentó el frente ante la justicia electoral”. Por supuesto, se apuntó a la ley de financiamiento de los partidos políticos, se habló de métodos que atraviesan la política desde siempre, se comentó la hipocresía de los protagonistas, en fin, se largaron cientos de elefantes en la calle Florida, a efectos de ocultar el primer elefante que salió de su jaula. Pero la cuestión de fondo es más seria de lo que muchos suponen: se trata, lisa y llanamente, de lavado de activos. Un delito grave.

Si la justicia comprueba que el partido político presidido por la gobernadora Vidal falseó la documentación presentada ante la justicia electoral, poniendo como aportantes a personas que nunca efectivizaron ese aporte, estaríamos ante un flagrante ocultamiento del origen de esos fondos. Por supuesto, si fue necesario falsear el origen del dinero aportado, es porque ese dinero no es producto de una actividad lícita. Ahora bien: si los que figuran como aportantes, no lo son: quiénes son los verdaderos aportantes para la campaña de Vidal y su gente? Por qué no pueden aparecer como aportantes? Cuál es el verdadero origen de ese dinero?

A la hora de suponer, uno podría pensar que ese dinero proviene de empresas contratistas del Estado, que efectivizan de ese modo lo que comúnmente se denomina “retornos” o “coimas”, como usted prefiera. O tal vez es cash que deriva de alguna de las aún activas “cajas policiales”, que se estarían engordando con dinero del narcotráfico, el juego clandestino, la prostitución o la venta de “zonas liberadas” para cometer delitos contra la propiedad. Al momento de imaginar el origen de esos fondos –al que han debido falsear-, todo es posible. Lo concreto es que se puede inferir una clara maniobra de lavado de activos de origen incierto y que bien podrían provenir de la comisión de uno o varios ilícitos. Tendrá que probarlo la justicia, por supuesto, pero el oscuro manto de sospechas que cubre a María Eugenia Vidal y a toda la dirigencia del PRO bonaerense, es imposible de disimular. Todo esto, sin mencionar que en cualquier caso, los que realmente aportaron ese dinero y no reflejaron la operatoria en sus declaraciones juradas al fisco, evadieron impuestos, es decir, son pasibles de ser alcanzados por la Ley Penal Tributaria.

Por lo expuesto, puede afirmarse que si el menos avanzado de los alumnos del colegio Cardenal Newman lee los articulados de la Ley 25.246 y de la Resolución 30/2011 de la UIF (Unidad de Información Financiera), llegaría fácilmente a la conclusión de que Vidal y sus secuaces, han incumplido con todas las normas en vigencia y que tienen que ver con la prevención del lavado de activos de origen ilícito.

Ahora, mientras todo esto se dilucida en tribunales, es esperable alguna explicación de las autoridades de la entidad bancaria que recibió ese millonario depósito en efectivo y que nunca se preguntaron respecto de la procedencia del mismo. Tengamos en cuenta que ese movimiento de dinero, seguramente fue efectuado por una o más personas de las catalogadas como PEP (Persona Expuesta Políticamente), lo que agravaría aún más la situación. También, por supuesto, esperamos que la UIF (Unidad de Información Financiera) que preside Mariano Federici, comience con la tarea investigativa que le corresponde y se presente como querellante en las distintas causas abiertas por esta cuestión. No hacerlo, significaría que no estaría cumpliendo con sus deberes de funcionario.

Finalmente, hay que decir que el juez Casanello, tiene todo lo necesario para investigar a Vidal y a buena parte de la dirigencia del PRO bonaerense, como integrantes de una asociación ilícita, organizada para lavar dinero procedente vaya uno a saber de qué origen inconfesable. Porque sólo por eso, necesitaron falsear la lista de aportantes.