La presencia de hombres armados que obligaron a 40 jornaleros a trabajar en el Rancho Magaña, la presunta desaparición de tres personas, amenazas a dirigentes sociales que hoy se ocultan para evitar agresiones, y los “brutales operativos” de la Policía Estatal Preventiva en contra de la población de San Quintín, que incluye decenas de heridos con balas de goma, son parte de un paquete de pendientes que la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social presentará este fin de semana a organizaciones nacionales protectoras de derechos humanos.

Javier Cruz Aguirre / A los Cuatro Vientos

Ensenada, BC, 21 de marzo de 2015.- Fermín Alejandro Salazar y Fidel Sánchez Gabriel, voceros de la organización, revelaron asimismo el malestar que levantó entre la comunidad de San Quintín el papel que hasta hoy juega en esa región agrícola la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Civil de Baja California.

“De plano le reclamé al procurador -Arnulfo de León Lavenant- si era procurador de las víctimas o del gobernador (Francisco Vega de Lamadrid), a quien se la pasa defendiendo y justificando. Es lamentable su papel en esta crisis. Simplemente no ha hecho ninguna investigación seria de lo que está pasando aquí entre la policía, el ejército y la gente”, apuntó Sánchez Gabriel.

Por su parte, Fermín Alejandro manifestó que la alianza espera mucho de un grupo de organizaciones protectoras de los derechos humanos que han comenzado a llegar al valle agrícola en rebelión.

“Hasta el momento contamos con la presencia de dos observadores especializados en derechos humanos del Grupo César Chávez de California, que desde ayer trabajan levantando testimonios y haciendo el papel de oyentes en la sesión de la mesa de trabajo con autoridades, sindicatos y patrones”.

Los líderes indígenas narraron en el seno de la mesa de diálogo del viernes 20 de marzo, que ese día, aproximadamente a las seis de la mañana, un grupo armado con rifles y pistolas de alto calibre se presentaron en las instalaciones del Rancho Magaña, de la colonia Padre Kino del valle de San Quintín, en donde se encontraban aproximadamente 40 personas, a quienes obligaron a trabajar.

Contó Sánchez: “La gente estaba ahí porque, por ser día de pago, esperaban que la empresa les cubriera el salario de los días que laboraron antes del paro, pero llegaron estas personas, nos dicen que eran cinco o seis, y con las armas amenazaron a la gente con dispararles si no entraban en ese instante a trabajar en el rancho”.

– ¿Presentaron una denuncia?

“Si, la hicimos primero en la mesa de diálogo y se acordó turnar el caso a la Procuraduría General de Justicia para que investigue. Nosotros pedimos a la Procuraduría de los Derechos Humanos que haga una investigación, pero la verdad no esperamos nada de ella. Por nuestra cuenta buscamos más datos para aportarlos a los organismos defensores que están llegando a San Quintín”.

También indagan acerca de tres casos de presunta desaparición de personas ocurridos el miércoles 18 de marzo por la noche.

Se trata de una mujer lactante que fue vista por última vez en la colonia Graciano Sánchez, de San Quintín; de Ernesto García, residente de la colonia Chapultepec, delegación Colonet, a quien se vio por última vez cerca de una iglesia; y de Juan Carlos López López, visto por amigos en la delegación de Camalú.

Todos tienen en común que antes de desaparecer interactuaban con presuntos elementos de las diversas corporaciones policías enviadas a la región por los tres órdenes de gobierno.

Fidel Sánchez presentó el caso de la mujer presuntamente desaparecida, la mañana del jueves 19 de marzo. Esto en la reunión plenaria de la mesa de diálogo y haciendo énfasis en el estado de lactancia de la jornalera.

Cuando pidió la intervención del procurador Arnulfo de León, éste, de manera déspota, gritó al líder indígena: «¡¿Cómo sabe que es una madre si ni siquiera sabe el nombre de esta mujer!?

Otro caso es el de Lucila Hernández, integrante de la Alianza que fue detenida por agentes de la Policía Ministerial del Estado el miércoles 18 de marzo por la madrugada en la colonia San Simón.

Esta mujer, luego de su liberación el mismo día por la tarde por la presión que en la mesa de diálogo ejercieron los voceros de los jornaleros, narró en la misma instancia de negociación que al momento de ser liberada recibió amenazas de un agente ministerial de apellidos Mena Jaloma, con antecedentes de cometer diversos excesos contra civiles al ejercer sus funciones públicas, quien textualmente le abría dicho:

«Te voy a liberar nada más porque yo lo quiero, pero ya se dónde vives, con quién vives y a qué te dedicas. Será mejor que te cuides».

Posteriormente tuvo que esconderse porque notó que esta siendo vigilada por personas desconocidas.

Finalmente, Fermín Alejandro Salazar informó que están recabando decenas de testimonios en audio, video y fotografía de las personas lesionadas por las balas de goma que utilizan la Policía Estatal Preventiva y elementos de Seguridad Pública del Estado en contra de la población, “en brutales operativos de represión que deben ser suspendidos y castigados de inmediato”.