Rubén Mosso

En menos de 30 minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación desintegró la conformación de los cabildos de Coacalco, Estado de México, y de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, que involucran a 26 servidores públicos, entre ellos, a sus presidentes municipales, Erwin Javier Castelán Enríquez y Pablo Pérez Maceda, respectivamente, ya que ordenó destituirlos y consignarlos por desacato.

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El pleno también ordenó la consignación de 14 ex funcionarios más de Coacalco, entre los que está el ex alcalde David Sánchez Isidoro, quien actualmente se desempeña como diputado federal por el PRI, y quien debe ser detenido por la Procuraduría General de la República.

El caso de Sánchez Isidoro es similar al de José Manuel Ballesteros, actual diputado local del PRD en la Ciudad de México, y ex jefe delegacional en Venustiano Carranza, éste último, quien la Corte ordenó consignarlo por desacato el año pasado.

El caso que dio motivo a la destitución y consignación del presidente municipal de Coacalco, Erwin Javier Castelán, así como de nueve regidores, derivó de un laudo laboral que inició en 2013 y que ganó un trabajador en 2015, a quien se le tenían que pagar en un principio 2 millones 369 mil 890 pesos; hoy, el monto de lo adeudado asciende a más de 4 millones de pesos.

El trabajador demandó despido injustificado y pago de salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones.

La sentencia obligaba a las autoridades responsables que dieran cumplimiento al laudo al que fue condenado dicho ayuntamiento y otorgase en favor del quejoso la cantidad de 4 millones 120 mil 387 pesos.

Por su parte, el asunto de Pablo Pérez Maceda, presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, el asunto está vinculado con un predio que no debió expropiarse y que se obligó a devolver; como en el terreno se construyó un campo deportivo, se condenó al municipio a pagar 967 mil 397.54 pesos.

La demandante se amparó contra la orden de ocupación y/o desposesión, respecto de una fracción de veinte por veinte metros aproximadamente, del inmueble ubicado en calle 3 Norte, sin número, de la Junta Auxiliar de Santa María La Alta, de dicho municipio.

El amparo se concedió a la quejosa para que la autoridad responsable respetara la garantía de audiencia previa, respecto de la afectación sufrida por su inmueble, con motivo de la ejecución de un contrato de obra pública.

Los casos de Ballesteros y de Sánchez Isidoro son inéditos porque la PGR tiene que evaluar si el fallo de la Corte les retiró el fuero o si se debe iniciar un proceso de desafuero ante la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Funcionarios del máximo tribunal de justicia señalaron entre los ministros hay opiniones encontradas, porque algunos consideran que el fallo del pleno les retiró el fuero constitucional a los legisladores, mientras que otros opinan que debe iniciarse un juicio de procedencia.





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