Esta nota la leyeron antes nuestros suscriptores. Suscríbete a Animal Político y lee contenido antes que nadie.

El gobierno ya no quiere que se queden en la frontera norte los migrantes que solicitan asilo a Estados Unidos, y que este país devuelve a México. Ahora, los traslada a la frontera con Guatemala para que esperen la respuesta del gobierno estadounidense, a 2 mil 200 kilómetros de distancia.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este plan de enviar a los migrantes al sur ya se implementa en las ciudades de Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, consideradas de alto riesgo por los altos índices de violencia y la presencia del crimen organizado.

“Esta oferta de transportación tiene como objeto ofrecer una alternativa más segura para aquellas personas que no desean permanecer en la frontera de México con Estados Unidos, así como desahogar la presión que sufren los albergues ubicados en las localidades de frontera”, según la versión oficial.

Estos son los migrantes que son devueltos a México como parte del programa “Remain in Mexico”, la iniciativa de Donald Trump para que los refugiados esperen fuera de su territorio a que un juez decida sobre su caso. Y su destino es Tapachula, Chiapas, porque ahí “hay mejores instalaciones y albergues”.

Sin embargo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contradice esta versión. “El Acnur tuvo conocimiento de estos traslados y pudo comprobar que las personas que fueron trasladadas estaban confundidas y algunas no tenían claro que habían llegado a la frontera”, confirma Silvia Garduño, oficial de Información Pública de la institución.

El miércoles llegaron a Chiapas al menos cinco autobuses. No se detuvieron hasta alcanzar la entrada del puente internacional Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo, el último municipio antes de llegar a Guatemala.

De la llegada de los camionetas fue testigo Adam Isaacson, integrante de Washington Office in Latin America (Wola), una ONG estadounidense. Junto a él se encontraban funcionarios de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según relata Isaacson, tres de los autobuses se estacionaron frente a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula. Después de que los pilotos hablasen con personal del centro de detención retomaron la ruta hasta Ciudad Hidalgo, a 37 kilómetros, el último municipio mexicano antes de cruzar el río Suchiate y entrar en Guatemala. Allí se encontraban los otros dos autobuses.

Todos los trasladados en estos vehículos fueron previamente devueltos por Estados Unidos. Todos tienen una cita con un juez para solicitar refugio. Todos fueron conducidos a Chiapas, el estado más pobre de México, el más alejado la frontera norte.

De acuerdo con el relato de Isaacson, algunos regresaron a Guatemala, con el objetivo de esperar la cita en sus países de origen o, simplemente, desistir. Otros quedaron en Ciudad Hidalgo. Si quieren pelear por su caso, deberán desandar más de 2,200 kilómetros. Lo tendrán que hacer “con sus propios recursos”, según estas fuentes de la SRE. El transporte gratuito solo tiene dirección hacia el sur, no hacia el norte.

Esta misma fuente aseguró que los migrantes fueron informados en todo momento de cuál es su destino, y que podían bajar del autobús en cualquier momento.

Christofer Gascón, representante de la OIM en México, insiste en establecer diferencias entre este procedimiento y los programas de su institución. Dice que ellos tienen planes de “retorno asistido” desde lugares como Ciudad Juárez, en Chihuahua, y desde Tijuana, en Baja California. Afirma que existe un protocolo para asegurarse de que los migrantes desean realmente regresar a su país, que conocen el procedimiento y las opciones que tienen en México y que no corren riesgo en su retorno.

La nota de la SRE no hace mención a protocolo alguno para determinar los peligros que pueden enfrentan los solicitantes de refugio en sus países. “El gobierno de México no puede retener a ningún solicitante de asilo contra su voluntad”, dice la nota.

Los autobuses a Chiapas comenzaron en agosto. Pero fuentes de la SRE aseguran que los traslados desde Tamaulipas se iniciaron cuando Estados Unidos comenzó su política de devoluciones. La diferencia es que antes los migrantes eran enviados a Monterrey, en Nuevo León, a 224 kilómetros de la frontera. Fotografías tomadas el 31 de agosto en la estación de Monterrey muestran camionetas con el logo del INM dejando a los migrantes. Ahora, la SRE dice que es “el Gobierno de México” el que desarrolla el plan.

No hay cifras oficiales sobre cuántos fueron trasladados. Los vehículos no llevan ningún distintivo oficial, y en su interior no hay funcionarios adscritos a ningún departamento del gobierno mexicano.

Animal Político preguntó al INM sobre su participación en estos traslados, pero no obtuvo respuesta.

Julio López, sacerdote y responsable de la Casa del Migrante Nazareth, en Nuevo Laredo, fue una de las primeras voces que se alzó contra esta práctica. Asegura que desde inicios de agosto interpuso una queja en la ofician de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) en Reynosa. Todavía no hay resolución.

Según explica el religioso, los albergues de Nuevo Laredo están colapsados solo con las personas que esperan su proceso legal para pedir asilo. Se trata de aquellos solicitantes que aguardan un turno para entrar por la frontera, pero que terminan sufriendo el mismo destino que aquellos que cruzan el río y alcanzan ilegalmente territorio norteamericano para, una vez detenidos, pedir refugio.

El procedimiento, tanto para quienes fueron expulsados a Monterrey como para los desplazados a Chiapas, es el siguiente: los migrantes son devueltos de Estados Unidos. Todos ellos son conducidos a las instalaciones del INM junto al puente 1, en la frontera. Allí se les entrega una Forma Migratoria Múltiple, de 180 días de duración. Allí se ven obligados a esperar. Se trata de un recinto cerrado pero que no tiene condiciones como albergue. Reciben una comida al día.

No tienen más opciones: tomar el autobús, para el que esperan entre uno o dos días, o aventarse a Nuevo Laredo, un municipio que no conocen y con problemas de inseguridad.

Francisco Oswaldo Barrera, salvadoreño de 28 años, es uno de los afectados. El 3 de agosto, justo cuando comenzaron los autobuses hacia Chiapas, mostraba su intranquilidad mientras aguardaba ser trasladado. Relataba haber cruzado por Miguel Alemán, en Tamaulipas, junto a su hijo de siete años. Pasó varios días en la “hielera”, las celdas de la Patrulla Fronteriza. Incluso relató que un día iban a entregarlo a México, pero lo rechazaron porque no había espacio. Cuando regresó al centro de detención vio cómo otros solicitantes de asilo, que iban con menores como él, fueron puestos en libertad en territorio norteamericano.

Maldice su mala suerte. Ojalá hubiese sido uno de ellos, se repite.

Dice Barrera que tiene su cita con un juez el 29 de octubre. ¿Qué hacer hasta entonces?

“No sé dónde estar. Para Monterrey hay albergues, pero están llenos. Lo que quieren es sacarnos de aquí”, dice. “Mi idea es esperar, pero ¿dónde? Quiero que me den una opción”, se quejaba.

Barrera tomó uno de estos autobuses. Quizás haya regresado a El Salvador. Puede que esté en Ciudad Hidalgo, donde algunos migrantes durmieron en la plaza o fueron apoyados por pobladores. Puede que intentase retomar el camino al norte.

El gobierno de México reivindica su plan, argumentando que pone a salvo a los solicitantes de asilo. No todas las instituciones comparten esta visión.

“El Acnur ha expresado su preocupación a las autoridades sobre la falta de información clara, por ejemplo, para volver a entrar a México y desde ahí a Estados Unidos para asistir a las audiencias programadas más adelante. Es importante que las personas sean informadas de manera clara sobre los traslados y los destinos para evitar que quienes tienen necesidades de protección internacional terminen devolviéndose a sus países de origen a situaciones de riesgo”, dijo Silvia Garduño.

“Parece ser una clara y descarada violación del derecho de solicitar protección en otro país”, dijo Adam Isaacson. “Aún si solo el 10% de ellos tenían casos fuertes de asilo, eso implicaría que decenas de personas ya corren un grave riesgo a sus vidas ya de nuevo en Centroamérica”, añadió.

Para el integrante de Wola, “parece que sacaron a personas vulnerables, atemorizadas, en la parte más peligrosa de la frontera norte, les dieron poca o mala información, les llevaron 2,000 kilómetros solo custodiados por el chófer del bus y las dejaron con opciones poco viables para continuar sus procesos de asilo”.

Con información de Francisco Sandoval y Alberto Carrasco

Fotos de Daniel Méndez, de El Mañana de Nuevo Laredo