CC.OO. anuncia que recurrirá la sentencia ante sus contradicciones y marcado sesgo ideológico

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 6 de Móstoles ha condenado a seis meses de cárcel a un trabajador de la fábrica de Coca Coca de Fuenlabrada por un delito de atentado después de que fuera detenido el 15 de enero de 2015 en una concentración de protesta por el Expediente de Regulación de Empleo.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez condena a José Manuel Fernádez Galán como autor de un delito de atentado a la autoridad.

Además, se le absuelve del resto de las acusaciones que se formularon contra él al no estar acreditadas. Galán deberá indemnizar con 4.800 euros a dos agentes.

La sentencia da por acreditado que el condenado fue una de las personas que participaron en la embestida a los agentes durante la concentración frente a la fábrica. En un momento determinado logró pasar la barrera y cogió a uno de los agentes, a quien agarró fuertemente por la cintura. Sus compañeros acudieron a su auxilio.

RECURSO DE IMPUGNACIÓN

En un comunicado, CC.OO. ha anunciado que recurrirá la sentencia, dado que a su juicio incurre en multitud de contradicciones y esta cargada de un marcado sesgo ideológico. El sindicato ha criticado que el juez no tenga en cuenta la versión de los testigos que niegan la agresión.

Y ha rechazado el hecho de que el magistrado destaque que el acusado no pudo causar las lesiones, motivo por el cual le absuelve de dichos delitos, pero le condene a indemnizar a los policías que reclaman su indemnización correspondiente por sendas lesiones.

El sindicato entiende que "dado el pasado cargo político que ostentaba el juez en el aquel momento, es posible se haya dejado llevar por un exceso de celo y de confianza en el testimonio de las fuerzas del orden, que en este como en otros casos recientes, no son testigos fiables, ya que de su declaración depende también la justificación de una carga policial brutal que deja varios heridos y su propia indemnización".

CC.OO. de Madrid ha anunciado la apelación contra una sentencia que cree "injusta", llamando "la atención sobre las agresiones policiales y políticas impulsadas desde los responsables del Ministerio del Interior, así como los cambios legislativos, como la Ley Mordaza, que están sufriendo todas las personas que intentan defender los derechos, la libertad y el empleo mediante la protesta y la resistencia".