Han pasado casi 45 años del golpe de Estado de 1973 y la figura del fallecido dictador Augusto Pinochet sigue presente en la coyuntura chilena. Este jueves, en el Congreso, el diputado de derecha Ignacio Urrutia, del partido oficialista UDI, insultó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En medio de un debate del proyecto de ley sobre reparaciones económicas a presos políticos, que el Gobierno de Sebastián Piñera retiró del Parlamento, el congresista señaló: “Más que exiliados fueron terroristas”. Los diputados de oposición se retiraron de la sala, mientras que la representante del Frente Amplio de izquierda, Pamela Jiles, cruzó el hemiciclo para encararlo.

“Expresiones como las de Urrutia en países desarrollados estarían penadas", señaló la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz. El Gobierno, en tanto, a través de distintos ministros condenó las palabras del diputado UDI. Para el titular de Justicia, Hernán Larraín, sus declaraciones “revelan su desprecio a los derechos humanos y a quienes fueron víctimas de violaciones y a la necesidad de reconciliación”, escribió el Twitter. “Refleja su profundo descriterio, odioso y contumaz”. Gonzalo Blumel, secretario general de la Presidencia y uno de los ministros de mayor cercanía con Piñera, rechazó las palabras de Urrutia: “Es una frase que no solo es desafortunada, sino que es una frase que es cruel y hiere profundamente a miles de víctimas”, indicó desde La Moneda.

A 28 años de la llegada de la democracia en 1990, prácticamente nadie defiende la dictadura ni las violaciones a los derechos humanos –al menos públicamente–, aunque todavía existen quienes respaldan el legado económico del régimen, en contra de quienes consideran inaceptable separar los atropellos de las políticas públicas. En las pasadas presidenciales del 2017, la excepción a la regla fue José Antonio Kast, el candidato que alcanzó un 7,93% en primera vuelta reivindicando la figura de Pinochet y apelando al voto de la derecha extrema. “Si estuviera vivo votaría por mí”, llegó a decir en campaña. “Separando todo el tema de los derechos humanos, el Gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Sebastián Piñera [2010-2014]”.

Para Piñera, que en este segundo mandato aspira a alcanzar al menos cinco grandes acuerdos con la oposición, resulta al menos incómodo que un parlamentario de su coalición sea quien encienda el debate en torno a Pinochet como lo hizo Urrutia. El propio Jefe de Estado, a diferencia del resto de la derecha y alguno de sus actuales colaboradores, votó por la opción del no en el plebiscito de 1988 que selló el término de la dictadura.

Pero el incidente de este jueves en la Cámara no es el único que ha traído de vuelta a Pinochet a la actualidad chilena. A comienzos de semana, un memorial en honor a 177 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en la ciudad de Valparaíso, a unos 110 kilómetros de Santiago, apareció marcado con la siguiente leyenda: “Viva Pinochet”. Las agrupaciones de derechos humanos de la región presentaron una querella para investigar el atentado, al igual que el representante del Gobierno en la zona, el intendente Jorge Rodríguez. Ubicado en avenida Brasil de la ciudad-puerto, el memorial sufrió importantes daños con el rayado.

Hace dos días, a su vez, el periódico La Tercera hizo público un vídeo que grabó poco antes de morir un violador de derechos humanos de la dictadura que había pedido el indulto presidencial por razones humanitarias durante el mandato de Michelle Bachelet (2014-2018). Condenado por la Justicia a 10 años de prisión por homicidio calificado, René Cardemil Figueroa cumplía el cuarto año de arresto en la cárcel de Punta Peuco y falleció de un cáncer de próstata con metástasis el pasado 7 de abril en el Hospital Militar. “Estos salvajes de la Unidad Popular, estos salvajes que se han vengado de nosotros, no nos van a ganar. Nunca nos van a ganar”, indicó Cardemil en referencia a la coalición de partidos de izquierda que apoyó al derrocado Gobierno de Salvador Allende.

En octubre de 1973, al mes siguiente del Golpe de Estado, fue uno de los tres culpables del fusilamiento de seis personas en Santiago de Chile, cuyos restos fueron encontrados en plena carretera hacia Valparaíso con múltiples heridas de bala: una mujer embarazada y su marido –ambos argentinos–, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, un empresario, un dentista y un estudiante de Pedagogía.