El tema de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, no es el único que muestra las precarias condiciones en las que trabaja este sector de la población en México. Organizaciones civiles han documentado en los últimos años una serie de abusos sin que nadie haga nada por mejorar su situación.

Entre los casos documentados destacan maltratos, violencia, falta de acceso a prestaciones básicas y el trabajo infantil. De 2007 a la fecha, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha registrado la muerte de 40 niños jornaleros o hijos de jornaleros.

La indiferencia hacia este sector, según representantes de organizaciones civiles, es una muestra de que al gobierno, en todos sus niveles, simplemente no le interesa solucionar el problema, pues se siguen registrando los abusos a sus derechos humanos más elementales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas, 40 por ciento de ellos indígenas y la mitad provenientes de los estados más pobres del país. Junto con sus familias representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas para las que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales son condiciones que los hacen vulnerables de ser explotados en los campos agrícolas del país.



Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).– Las precarias condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, quienes mantienen un paro de labores desde el pasado 17 de marzo, no son un caso único ni reciente en el país, ni mucho menos desconocido.

Desde hace varios años, distintos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han hecho eco de las denuncias de trabajadores del campo sobre la explotación laboral que padecen en ranchos agrícolas, en donde las jornadas extensas, los pagos miserables, el trabajo infantil, las amenazas, el desdén y el maltrato de los empleadores hacia los trabajadores y sus familias son problemas persistentes y reiterados.

Para las autoridades, tanto federales como locales, esta situación tampoco es desconocida, e incluso ha habido casos en los que han intervenido para “rescatar” a los jornaleros, como ocurrió recientemente primero con los 200 jornaleros indígenas rarámuris que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) encontró en dos ranchos en Comondú, Baja California, y días después con 49 jornaleros indígenas mixtecos en Colima.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, presumió que el “rescate” de los 200 jornaleros rarámuris en Comondú se había hecho a partir de denuncias de jornaleros que habían logrado escapar, pero de acuerdo con el semanario tijuanense Zeta, lo que detonó la investigación fue un texto periodístico del reportero Arturo Rodríguez Corona, quien encontró deambulando a una pareja de jornaleros que habían huido de uno de esos ranchos por el abuso laboral y el intento de abuso sexual que uno de los patrones tuvo hacia ella.

No hace mucho, en junio de 2013, también se había difundido la noticia de un “rescate” de 275 jornaleros agrícolas en Jalisco, a quienes la empresa Bioparques de Occidente, con sede en Sinaloa, explotaba, pagándoles entre 50 y 60 pesos al día, alimentándolos sólo con arroz y frijoles y dejándolos dormir en el piso, según consignó entonces la prensa.

Unos meses antes, en octubre de 2012, desde Chiapas, el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Olegario Carrillo Meza, había denunciado que en las fincas cafetaleras de ese estado los jornaleros, indígenas mexicanos y migrantes guatemaltecos, eran explotados laboralmente y vivían abusos y discriminación. En el caso de los migrantes, su situación se complicaba por la falta de una estancia regular, lo que hacía que aceptaran cualquier condición de trabajo. En algunos casos se veían obligados a hacerlo, pues los patrones les retiraban sus documentos de identidad hasta terminar el plazo de trabajo acordado.

Ese mismo año, SinEmbargo documentó que en los viñedos de Hermosillo, Sonora, los jornaleros que pizcaban uva en el rancho Campo Nuevo cobraban 1 peso con 50 centavos por cada cubeta de 20 kilos de fruta. Según los jornaleros, esa era la tarifa que los dueños pagaban desde hacía una década. Sus jornadas de trabajo comenzaban desde las 6 de la mañana y duraban hasta las 5 de la tarde. Los niños trabajaban en las mañanas y por las tarde iban a la escuela. Los jornaleros vivían en galeras, sus hijos estaban desnutridos, dormían en literas de fierro sin colchón o debajo de árboles.

Otro caso reciente se conoció en julio de 2014, cuando una camioneta que transportaba a 42 jornaleras y jornaleros agrícolas, originarios de comunidades indígenas de Guerrero, se volcó cuando se trasladaba del rancho “El Ebanito”, en Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, al sitio donde los trabajadores rentaban unos cuartos para vivir durante el tiempo que duraría la cosecha y, por lo tanto, su empleo en el rancho.

Su trabajo en el rancho consistía en cortar chile serrano con las manos hasta llenar cubetas de 20 litros. Para hacer esa tarea, los jornaleros no contaban con equipo de trabajo como guantes, cubrebocas o calzado especial. Su jornada de trabajo era de entre 10 y 14 horas pero ésta podía extenderse hasta que terminaran de llenar la cantidad de arpillas que se les indicaba, o si eran trasladados a otro rancho.

Por cada arpilla que llenaban, les pagaban 20 pesos. Su trabajo no era constante, sino que dependía de los días en que fueran requeridos por el productor.

Entre los pasajeros de la camioneta accidentada iban adolescentes y niños. Dos de ellos, uno de seis y otro de ocho años, murieron. Los dos trabajaban en la pizca, junto con sus padres. En el accidente también falleció un jornalero de 40 años. Las víctimas del accidente habían migrado apenas unos días antes a San Luis Potosí, para emplearse como jornaleros temporales.

Tampoco fue ese el único caso que involucró a menores de edad.

El 6 de enero de 2007, David Salgado Aranda, de 8 años, quien trabajaba en Agrícola Paredes, Sinaloa, cortando tomates, fue atropellado por un camión recolector cuando tropezó en uno de los surcos. Pese a que los familiares del niño interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público de Culiacán, la empresa hizo firmar a los jornaleros un otorgamiento de perdón al momento de contratarlos y ya poco pudo hacerse.

Estrella, una bebé de 11 meses, falleció calcinada en un viñedo de la estación Pesqueira, en San Miguel de Horcasitas, Sonora, el 23 de mayo de 2008. La menor se encontraba en una cuna de cartón, dentro de una habitación de lámina del mismo material con otros 14 niños, en una improvisada guardería. Los menores estaban al cuidado de una chica de 16 años.

Silvia Toribio murió en octubre de 2010, a los cinco meses de nacida. La atropelló un tractor recolector de tomate. La bebé estaba dentro de una caja de plástico que funcionaba como cuna, la cual se encontraba en uno de los surcos.

Ese mismo año, unos meses antes, en julio, había fallecido Flora Jacinta, una pequeña de cuatro años, en Agrícola San Ramón, Sonora. La niña murió envenenada con plaguicidas.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que desde hace una década ha denunciado las condiciones de explotación y abusos que padecen los jornaleros agrícolas, de 2007 a la fecha han muerto al menos 40 niños jornaleros agrícolas o hijos de jornaleros.

El caso más reciente ocurrió apenas el pasado 14 de marzo –dos días antes de que la STPS “rescatara” a los 200 jornaleros en Baja California– en Villa Unión, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Ahí, Arturo de los Santos Catalán, de 7 años, fue atropellado por una camioneta del programa federal Cruzada contra el Hambre, que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando el niño se encontraba jugando en una angosta calle cercana a la vivienda que su familia rentaba temporalmente mientras se empleaba como jornalera. El primo de Arturo, Gabriel García Félix, de 5 años, resultó lesionado, de acuerdo con Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del área de Migrantes de Tlachinollan.

Unos días después, el 17 de marzo, mientras el cadáver del niño Arturo era velado en su natal Guerrero. En el Valle de San Quintín, Baja California, miles de jornaleros iniciaron un paro laboral y bloquearon la carretera Transpeninsular en Baja California en demanda de mejores condiciones laborales.

Los dirigentes del paro, agrupados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social han recordado que desde octubre del año pasado entregaron a las autoridades su propuesta de fijar en 300 pesos su jornada laboral. La propuesta fue entregada al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco “Kiko” Vega, así como a los delegados de la STPS, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Pero los jornaleros no obtuvieron respuesta alguna.

Por eso, hace poco más de dos semanas alrededor de 30 mil jornaleros iniciaron un paro de labores. Al día siguiente de que comenzó el bloqueo carretero, se registraron enfrentamientos entre trabajadores y policías municipales, estatales y federales, así como elementos del Ejército. Más de 200 personas fueron detenidas; la mayoría de ellas fueron liberadas bajo reserva de ley, acusadas de ataques a las vías de comunicación.

Para intentar llegar a un acuerdo, los jornaleros accedieron a modificar su demanda original y fijar en 200 pesos el pago por jornada laboral, así como un monto de 20 pesos por caja de fresa pizcada. Sin embargo, la nueva propuesta fue rechazada por el gobierno de Baja California y desde el pasado viernes 27 de marzo se suspendió la mesa de diálogo.

Mientras el movimiento jornalero se mantiene en vilo, los días pasan si que haya sancionados por el caso de los 200 jornaleros de los ranchos de Comondú, como denunció el pasado 1 de abril el semanario Zeta.

PROBLEMA PERSISTENTE

La problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México, de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, en el país existen al menos 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas; 40 por ciento de ellos son indígenas. Junto con sus familias, representan una población total de 9 millones 206 mil 429 personas. De los más de 2 millones, 762 mil 265 son jornaleros migrantes.

Más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, según datos de las organizaciones Enlace y Voces Mesoamericanas, que forman parte de la Red de Jornaleros Internos. Se trata de entidades con bajos niveles de escolaridad, alimentación y falta de infraestructura. Además, señala la Red, el 81 por ciento no concluyó la educación secundaria, lo que los hace más vulnerables a la explotación laboral.

La edad promedio de los jornaleros, según la encuesta de 2009, era de 36 años, aunque el 43.6 por ciento se concentraba entre los 18 a 45 años. Según esa misma encuesta, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; 48.3 por ciento tiene ingresos de tres salarios mínimos; 37 por ciento ganan dos salarios mínimos y 72.3 gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo.

El 60.9 por ciento trabaja seis días a la semana y casi el 14 por ciento, lo que representa a uno de cada siete, trabaja todos los días.

En un comunicado emitido en los últimos días de marzo, la Red de Jornaleros Internos apuntó que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas son algunas de las condiciones que favorecen la vulnerabilidad de los derechos de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes.

Tal situación de vulnerabilidad es aprovechada por quienes los contratan para dar escasas o de plano nulas condiciones adecuadas de trabajo, coinciden el secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa, Jesús Carmona, y Nemecio Nemesio, de Tlachinollan.

“La mano de obra que se emplea es barata, reciclable, altamente rentable y desechable, por tanto es una mano de obra que se tiene que mantener, es conveniente mantener así”, sentencia Carmona, cuya organización trabaja con la población jornalera agrícola del altiplano de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, hace seis años había mil 352 unidades empleadoras de jornaleros agrícolas. Los cultivos en los que trabajaban eran de caña, tomate rojo, café, naranja y mango, manzana, calabacita, tomate verde, chile, melón, uva, durazno, piña, plátano y tabaco, siendo los que más empleaban a jornaleros el del tomate rojo (23 mil 305 jornaleros), la uva (13 mil 411) y la caña (8 mil 425).

A decir de la Red, la mayoría de los jornaleros establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, 90 por ciento no tiene un contrato formal de trabajo. Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece jornadas laborales de ocho horas, los jornaleros agrícolas trabajan hasta 15 horas al día.

Además, más del 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. Todo ello a pesar de que los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales problemas que los jornaleros sufren, de acuerdo con la Red.

La vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse de 500 a 3 mil trabajadores; en otros casos, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o de plano en ruinas, en donde viven de 20 a 100 personas, como documentó Tlachinollan.

La organización Respuesta Alternativa ha registrado el caso del altiplano potosino donde más del 90 por ciento de los campos agrícolas no cuentan con viviendas habitables y la mitad carece de baños y regaderas. Lo mismo ocurre en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Colima, Nayarit, Morelos y el Estado de México, de acuerdo con la Red.

Respecto a los menores de edad, la encuesta oficial estimaba que para 2009 había al menos un millón 58 mil 63 niños y adolescentes trabajando en el sector agrícola y que por lo menos 400 mil de ellos recibían un pago por su trabajo. Asimismo refería que el 39.1 por ciento de la población jornalera agrícola era menor de 18 años.

“Estas graves condiciones de vida y de trabajo son toleradas diariamente por las y los Jornaleros Agrícolas tanto hombres, mujeres, como niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a la sistemática violación a sus derechos humanos por parte de los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos o fincas”, señaló la Red en su comunicado.

Y agregó: “Frente a esta situación de abusos, el gobierno ha sido omiso y ha mostrado cierta negligencia al abordar esta problemática, y en ocasiones cómplice de las condiciones de semi-esclavitud y de explotación laboral a las que se tienen atados a las y los Jornaleros Agrícolas.”

AUTORIDADES OMISAS

A decir de Nemecio, el tema de los jornaleros agrícolas no es un tema prioritario para el gobierno mexicano. Prueba de ello, considera, es lo que ha pasado con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), dependiente de la Sedesol, que se supone está orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población jornalera.

El PAJA existe desde hace más de 20 años, pero “lo han venido diluyendo”, señala Nemecio. “Se ha reducido su presupuesto, ha perdido el enfoque que tenía, que si bien no era integral, era de cierta atención”.

Tlachinollan señaló en un informe sobre mujeres jornaleras que el PAJA ha sido modificado varias veces desde su creación en 1989. En 2009, sus objetivos se redujeron considerablemente y desde hace algunos años se ha adscrito a la misma dirección de la Sedesol que maneja otros programas asistenciales de Setenta y Más y Empleo Temporal. Eso ha significado multiplicar las actividades del personal a cargo de asistir a la población jornalera y ha intensificado la orientación del programa hacia un perfil de transferencia de recursos.

El centro de derechos humanos, que durante años ha monitoreado el PAJA, refirió en su informe que el programa “dejó de comprometerse con la promoción social en los campos agrícolas orientada hacia la mejora efectiva de las condiciones de vida de las y los jornaleros, para orientarse hacia un esquema donde lo prioritario es la transferencia de recursos monetarios y la certificación de capacidades y competencias laborales de la población jornalera, así como la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial, en coordinación con otros programas”.

A la par que se ha descuidado ese programa, la STPS fomenta la movilidad laboral, critica la defensora de derechos humanos de la población jornalera agrícola.

A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), la STPS apoya la movilidad de los jornaleros agrícolas al ayudarlos con el traslado y la vinculación con las vacantes. De acuerdo con el informe de labores 2013-2014 de la dependencia, de enero a junio de 2014 el SNE apoyó a 69 mil 413 personas en el sector agrícola.

El mismo informe refiere que de septiembre de 2013 a junio de 2014, la STPS “evaluó” a 8 mil 56 jornaleros agrícolas para certificarlos “es estándares de competencia de cosecha de hortalizas, cítricos y caña de azúcar” en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. La mayoría de esos estados están entre los señalados por las organizaciones de la Red donde han detectado explotación laboral.

Dentro de la STPS desde el sexenio calderonista estableció el Grupo de Coordinación Interinstitucional, que la dependencia preside y en el que participan los 27 grupos de coordinación estatal instalados para la atención de los jornaleros agrícolas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Al frente de ese grupo está la STPS, encargada de diseñar una estrategia para la atención de la población jornalera. Se trata de una estrategia que involucra a los tres órdenes de gobierno y según la STPS de septiembre de 2013 a junio de 2014 se realizaron 66 reuniones de trabajo, incluidas 36 reuniones de los grupos de coordinación.

En su informe la STPS también refirió que en enero de 2014 había entregado 76 Distintivos Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, en igual número de centros de trabajo, y que de enero a junio visitó 77 campos agrícolas y dictó mil 331 medidas de seguridad, sin especificar en qué consistieron dichas medidas.

Carmona apunta que si bien la STPS tiene una responsabilidad mayúscula en el tema de los abusos a jornaleros agrícolas, porque le compete vigilar el cumplimiento de la ley laboral, no es la única instancia involucrada.

A nivel federal, el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen la obligación de supervisar la regulación de las empresas contratistas y vigilar que éstas cumplan con sus obligaciones como empleadoras; a la Sedesol le corresponde la operación del PAJA, mientras que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde la operación de los programas escolares para hijos de jornaleros migrantes. Además, los gobiernos estatales y municipales también son responsables de evitar operaciones irregulares de empresas y de vigilar que no haya trabajo infantil.

“Pero pareciera que esto no funciona”, dice el representante de la organización Respuesta Alternativa. “Todo esto propicia que sea una industria muy poco regulada”.

INSPECCIONES LAXAS

En su apartado sobre Trabajadores del campo, la Ley Federal del Trabajo, vigente desde diciembre de 2012, contempla obligaciones que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como: pago de salarios que no exceda una semana; otorgar habitaciones adecuadas e higiénicas de forma gratuita; mantenimiento del buen estado de las habitaciones; proporcionar agua potable y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo.

Asimismo la ley obliga a contar con medicamentos y material de curación en los lugares de trabajo; proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores a lugares con servicio médico; fomentar la alfabetización; seguro de vida para los traslados; proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; brindar servicios de guardería; usar intérpretes cuando los trabajadores no hablen español; llevar un registro de los trabajadores eventuales y estacionales que se contraten cada año; pagar al término de la temporada agrícola las partes proporcionales que correspondan por concepto de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.

Para asegurar que estas condiciones se cumplan, la STPS cuenta con el Programa Anual de Inspección (PAI), el cual prioriza los centros de trabajo de alto riesgo o que no tengan antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.

El informe de Tlachinollan señala que una deficiencia de estas inspecciones es que no contemplan la inspección de las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, además de que las visitas de inspección “son en exceso laxas; no se traducen en procedimientos administrativos expeditos; y no desembocan en multas por montos que verdaderamente inhiban la repetición de las violaciones”.

El centro de derechos humanos solicitó en 2012 información respecto a las inspecciones en distintos estados. La información, consignada en su informe, permite ver que, por ejemplo, la delegación de la STPS en Sinaloa -el estado que más jornaleros de la Montaña guerrerense recibe- refirió que durante 2012 realizó sólo 29 visitas de inspección, es decir menos de tres por mes. Ninguna de esas inspecciones había derivado en sanciones al momento de hacer el informe (2013), pues la STPS reportó que todas se encontraban “en análisis”.

La delegación Morelos informó que sólo había realizado 6 visitas de inspección y ninguna de ellas había derivado en sanciones “ya que se realizó emplazamiento de medidas de seguridad e higiene”.

La delegación Guanajuato refirió que había realizado sólo 4 visitas; para cuando se hizo la solicitud de información (julio de 2012) todas estaban “pendientes de resolución”.

En Chihuahua se hicieron 16 visitas de inspección, tres de las cuales derivaron en multas de 24 mil 813.6 pesos; 13 mil 293 pesos y 11 mil 520 pesos, mientras que en Baja California la STPS no realizó ninguna inspección ese año. En Baja California Sur se hicieron 16 visitas y sólo 5 derivaron en multas, la mayor de ellas por 26 mil 178.6 pesos.

En Michoacán se hicieron tres inspecciones en un año, sin que derivaran en multas. En Zacatecas sólo se hizo una visita, en donde la STPS refirió que no hubo multas “en vista del cumplimiento total de las medidas, no existieron violaciones”.

Nemecio, quien trabaja en Tlachinollan, dice que una deficiencia de las inspecciones es que no se hacen de forma sorpresiva, sino que se avisa

a las empresas previamente.

“Sí hacen cambios en el momento en que saben que van a ir a hacer una inspección. Las condiciones del campo cambian: les ponen agua, les ponen sanitario, les dicen [a los jornaleros] que digan que están bien, cuando sabemos que no es así porque así lo hemos documentado”, refiere.

Otro problema, agrega, es que la STPS suele justificar la falta de vigilancia de los ranchos agrícolas argumentando que no tiene suficiente personal para realizar inspecciones.

Una tercera deficiencia en las inspecciones es la laxitud de su marco normativo, de acuerdo con Nemecio.

“No ha habido una modificación al marco normativo para hacer inspecciones aleatorias o sin avisos, para revisar viviendas, condiciones laborales, guarderías, que no sólo se deje a nivel estatal, que no se hagan sólo sanciones administrativas en lugar de multas”, plantea.

Para Carmona, la laxitud en los mecanismos de regulación y vigilancia de las empresas que contratan a jornaleros agrícolas es deliberada.

Sin embargo, considera que se trata de un problema complejo, en el que parte de la responsabilidad también recae en quienes compran los productos provenientes de esas empresas explotadoras y quienes los consumen.

“Es una historia invisibilizada [la de los jornaleros], a veces el consumidor desconoce estas realidades o no las quiere ver también, pero ahí hay responsabilidades muy concretas hacia quien le compra la producción y hacia quien la consume”, expresa.

“Es un tema que se muestra complejísimo, muy amplio, pero creemos que hay al menos mínimos mecanismos que se pueden echara a andar y que en alguna medida pueden incidir positivamente en las condiciones laborales de los jornaleros. Si bien la Ley Federal del Trabajo no es la mejor, sí se contemplan algunas cosas que si se cumplieran y si las entidades responsables de hacerlas cumplir verdaderamente así lo hicieran, incidirían concreta y positivamente en la vida diaria del jornalero”.

EMPRESAS Y POLÍTICOS

Uno de los problemas vinculados a la falta de regulación y vigilancia de los ranchos y empresas agrícolas es la relación de sus dueños con los grupos políticos locales. En ocasiones, ni siquiera se trata de relaciones de cercanía, sino que los políticos son también empresarios.

“Donde hay dinero hay demasiados intereses y se mezclan los actores”, apunta Carmona.

Nemecio dice que han constatado que las inspecciones no se llevan a cabalidad precisamente por los nexos entre los empresarios agrícolas y los gobiernos municipales o estatales, o entre éstos y las empresas trasnacionales con las que comercian los productos.

Menciona a modo de ejemplos los casos de Chihuahua, Guanajuato y Morelos, en donde afirma que hay empresarios agrícolas relacionados con el gobierno. Sin embargo, aclara, no es exclusivo de estas tres entidades, pues la misma situación ocurre en los 19 estados donde las organizaciones de la Red tienen detectados casos de explotación laboral de jornaleros agrícolas.

“Este tipo de relaciones tienen una fuerte articulación en que efectivamente las inspecciones no se hagan de manera tan rigurosa, o si se sabe, se hacen denuncias pero no trascienden porque las personas que están detrás de estos ranchos tienen más peso”, refiere.

Un problema asociado a este tema es que la información sobre los dueños de los ranchos donde trabajan los jornaleros suele ser complicada de obtener, según la organización Respuesta Alternativa.

Por una parte, eso se debe a que la mayoría de los jornaleros desconoce el nombre real de los propietarios o se rumora que el dueño es uno cuando en realidad se trata de otra persona. Por gro lado, no existe un registro claro de los ranchos ni del régimen de propiedad que los rige, es decir si son propiedades del productor, son terrenos rentados, si son ejidales, o si son particulares.

El caso de los jornaleros rarámuris “rescatados” en Comondú puso este aspecto en el debate público, al atribuirse la propiedad del rancho “El Cerezo”, uno de los ranchos donde fueron encontrados los jornaleros, al ex Presidente Vicente Fox Quesada.

La STPS informó que los indígenas eran explotados en ese rancho, viviendo en condiciones insalubres y hacinados, y que había 13 menores de edad.

Tras difundirse la posible relación del rancho con el ex mandatario, el 20 de marzo el titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, Victor Torres Moreno, aseguró en un comunicado que el rancho, cuya razón social identificó como “El Cerezo Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, no registraba a ningún apoderado apellidado Fox y excusó a la STPS de indagar más sobre los propietarios del rancho.

El vínculo con Fox Quesada se originó porque el domicilio fiscal del la productora “El Cerezo” se ubica en el kilómetro 13 de la carretera León-Cuerámaro, en el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se encuentra la ex hacienda de San Cristóbal, un hotel boutique, un restaurante y la procesadora de alimentos “El Cerrito”, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox Quesada.

En esta confusión, el delegado de la STPS en León, Guanajuato, Ángel Arellano, declaró a los medios que la empresa involucrada en la contratación de los jornaleros era “El Cerrito”, cuya propiedad es de los Fox Quesada.

ENGANCHADORES, LA JUSTIFICACIÓN

Tras la polémica que causaron los anuncios de “rescate” de jornaleros en Baja California y Colima, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Navarrete Prida, habló de un supuesto vínculo entre las personas que llevaban a los jornaleros a los campos agrícolas y el crimen organizado.

Nemecio considera lamentables las declaraciones del funcionario, pues distingue entre los “enganchadores” criminales, que engañan a los jornaleros con promesas falsas de trabajo, y los mayordomos, que son elegidos como representantes por las comunidades de jornaleros e incluso pueden tener una relación de parentesco con algunos de ellos. Dice que los mayordomos son la única figura de interlocución de los jornaleros con los empresarios o algún representante del empresario.

“Lo que queda de manifiesto con ese tipo de afirmaciones es que delega completamente la responsabilidad que hay por parte del Estado mexicano y de las autoridades que tienen competencia de vigilar y de darle seguimiento a estos temas […]. El diluir y adjudicar estas condiciones de semiesclavitud a enganchadores asociados al crimen organizado se me hace completamente desatinado, porque entonces ¿cuál es el papel que juega la STPS?”, critica.

En el mismo tenor se expresa Carmona, quien apunta que dentro de la Ley Federal del Trabajo existe un reglamento para las entidades que se dedican al reclutamiento. Su operación es responsabilidad de la STPS.

“¿Por qué este reglamento no se aplica? Es la gran pregunta”, dice. “El enganchamiento es un tema muy oscuro, porque pareciera que son mafias, ligas que se comunican a través del país y saben a dónde van a enganchar, a dónde van a ir a trabajar, saben dónde hay trabajo, saben cuándo es la temporada de cada cosa, y saben exactamente a dónde llegar, a quién llevarse y a dónde llevarlos. Entonces es una situación muy oscura pero de ninguna manera es sólo responsabilidad del enganchador: hay un reglamento que existe y no se aplica”.

EL FUTURO DE SAN QUINTÍN

Desde San Luis Potosí y Guerrero, los dos defensores de los derechos humanos de los jornaleros coinciden en que el caso de San Quintín era algo que iba a ocurrir en cualquier momento, ante la sistemática violación de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

“Lo que piden no es demasiado, es lo mínimo si tuvieran un contrato, sus exigencias son mínimas”, considera Nemecio. No obstante de lo justas y elementales que son sus demandas, dice, “lo que vemos por parte de la autoridad es que estos mínimos los quieren agotar, no hay un reconocimiento a la situación de la exigencia de derechos básicos para los trabajadores y creemos que estirar tanto una negociación es una forma de no querer reconocer [sus demandas]…Vemos que la situación la están alargando mucho como para agotarlos”.

La realidad oculta y persistente que los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín están develando es una forma de decir “Ya basta”, opina Carmona.

“Pero ante una cerrazón oficial y una muy poca colaboración de los niveles de gobierno es complicado que el movimiento de los jornaleros prospere”, sopesa. Se refiere a la postura del gobernador Vega, quien ha declarado que el problema no le compete.

“Pero yo espero que al menos en la mayoría de la opinión pública quede el tema ahí y que en un momento dado no se pierda. Yo sí espero que San Quintín, y no nada más San Quintín, [sino] Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, donde hay este tipo de industria, la gente comience a voltear hacia esa realidad, espero que así sea […]. Es un tema que necesita atención urgente y directa”.