El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó este lunes al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Estos son los mismos delitos que aprecia la Fiscalía. El magistrado rechaza, en línea con los fiscales, la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado. Comisiones Obreras, el principal sindicato del banco, acusó al expresidente de la entidad Francisco González de ser “hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco” y pidió “resolver cualquier relación formal” con él. Carlos Torres, presidente del BBVA, manifestó en una nota que su prioridad era “el esclarecimiento de los hechos”.

García-Castellón imputó este lunes al segundo banco español como persona jurídica en el llamado caso Tándem, la novena de las diez piezas que componen el macrosumario sobre los negocios del comisario de policía jubilado José Villarejo. Lo hizo después de estudiar el informe aportado por la Fiscalía Anticorrupción en el que solicitaba esa medida, según una nota remitida por la Audiencia Nacional. “El ministerio público considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal”, concluye la explicación de la Audiencia. La causa permanece secreta.

La Fiscalía pidió investigar si el banco contrató a Cenyt para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener diversa información sobre la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en 2004 y 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempeñados para el BBVA por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Villarejo trabajó bajo cuerda para el banco durante 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prestó servicios al banco desde 2004 a 2017. La Fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.

Asimismo, el ministerio público destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones. En el auto por el que imputa al BBVA, el magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citado a declarar en una fecha aún por determinar.

Tras la imputación, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) emitió un comunicado en el que instó a la dirección del banco a aprovechar la próxima presentación de resultados —que se celebrará este miércoles— para dar “las explicaciones oportunas” tras su imputación por su posible contratación de Villarejo para espiar a Sacyr. CC OO dice que el expresidente del BBVA Francisco González “es, hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”. Por este motivo, considera imprescindible “resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente, pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener —o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados— se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”.

Comisiones cree que “la plantilla del BBVA se merece no solo una explicación convincente, sino también certidumbre, transparencia y respaldo, con arreglo al grado de profesionalidad y esfuerzo que viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria”.

También el presidente del BBVA, Carlos Torres, emitió un comunicado diciendo que el banco ha aportado “información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic”, como admite tanto la Fiscalía como el juez. Y añade Torres: “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”.

El paso que ha dado el juez con la imputación al BBVA es posible desde diciembre de 2010, ya que lo permite la Ley Orgánica 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal. Ahí se establece que puede existir “responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial”. Es decir, que una empresa puede cometer un delito cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita.

Obviamente, no hay penas de prisión para las empresas, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas, porque la sociedad pudo haberse beneficiado de esas acciones ilegales. Esta decisión llega después de que la Audiencia Nacional imputara el pasado 3 de julio a ocho directivos y exdirectivos del BBVA —entre ellos, el que fuera consejero delegado, Ángel Cano— al entender que los pagos realizados a Villarejo por parte del banco, que superaron los 10 millones de euros, eran sospechosos de ser ilícitos. Además de Cano, en la lista de imputados del juez estaban Javier Malagón Navas, director en el área de Finanzas; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad y consejero del banco turco Garanti; Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial en España, y a Antonio Béjar, el que fuera hasta el pasado viernes presidente de Distrito Castellana Norte.