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Las hermanas Doria y Mercedes Buxadé Adroher llegaron a Mallorca en barco desde Barcelona el 16 de agosto de 1936 como enfermeras voluntarias de la Cruz Roja en una expedición republicana que pretendía combatir el alzamiento militar en la isla. El fracaso fue absoluto. Ellas no pudieron escapar y junto a otras tres compañeras fueron detenidas el 4 de septiembre por las tropas franquistas.

Las interrogaron y las autoridades ordenaron comprobar si eran vírgenes. Tras el examen que les realizó un grupo de monjas fueron violadas repetidamente por un grupo de falangistas. Tras ser exhibidas públicamente, se cree que al día siguiente fueron asesinadas en un cementerio local. Tenían 18 y 23 años.

Su caso es uno de los cinco que forma parte de la primera querella por crímenes por razón de género que se presenta en el proceso abierto desde 2010 en la justicia argentina contra la dictadura española. «Ninguna causa que investigue las violaciones de derechos humanos puede estar completa si no contempla los crímenes que se cometieron contra las mujeres por el mero hecho de serlo», señaló Glenys de Jesús, directora legal internacional de Women´s Link Worlwide, organización que impulsa la denuncia en nombre de estas víctimas y que pide que la investigación se amplíe a todos los crímenes cometidos contra la población femenina.

«Las mujeres republicanas desafiaban el modelo franquista que solo quería devolverlas a la esfera privada», explicó el pasado miércoles De Jesús, durante la presentación de la querella a los medios.

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Las cinco enfermeras en la última imagen antes de que las mataran.

La represión de la dictadura cayó sobre hombres y mujeres por igual pero en el caso de ellas había una violencia específica por su género. Sufrieron violaciones. Según relata la querella, los falangistas entraban en las prisiones de forma recurrente para «visitar» a las mujeres. Otras veces eran los propios funcionarios de prisiones los que buscaban a las presas más jóvenes.

Ellas no solo eran detenidas porque estuvieran implicadas en la vida política sino que en muchas ocasiones su delito era el denominado «consorte», es decir, por ser familiares de hombres contrarios al régimen. Es lo que le ocurrió Margalida Jaume Vendrel. En agosto de 1936 su marido fue detenido en la localidad mallorquina de Manacor cuando ella estaba embarazada de siete meses.

La obligaron a ir a declarar a la comisaría como requisito para liberarle. Así lo hicieron, pero ella quedó presa y él fue detenido poco después. Ambos fueron torturaros y asesinados. El único testigo de las violaciones que sufrió Margalida contó a su familia años después que escuchó a un falangista decir: «Nunca me había gozado a una embarazada».

Durante la República las mujeres habían avanzado y muchas participaban en la vida política y pública pero la dictadura quiso acabar con ello. «Desafiaron el modelo de mujer sumisa, esposa y madre y relegada a la vida pública y con la represión mandaban un mensaje de cómo debía ser el modelo femenino», explicó Carmen de Miguel, directora legal regional de Women´s Link.

Matilde Lanza, militante del Partido Comunista, llegó en agosto de 1940 — después de acabar la Guerra Civil — a una prisión mallorquina que dirigía la congregación religiosa de las Hermanitas de los Pobres. La habían traslado de la madrileña cárcel de Ventas «para separarla de su familia a uno de los penales más brutales del franquismo», explicó a VICE News Bartomeu Garí, perito de la querella y miembro de la Asociación de la Memoria Histórica de Mallorca.

Enseguida se convirtió en un referente y un puntal de apoyo para el resto de las presas y por este motivo las autoridades de la cárcel se propusieron adoctrinarla como método de propaganda y correccional con el resto de presas.

En 1941 la aislaron del resto de reclusas y la chantajearon asegurándola que las condiciones de sus compañeras mejorarían si aceptaba bautizarse. Ella finalmente accedió. El 26 de septiembre de 1942, poco antes de que se celebrara la ceremonia, Matilde se tiró desde el piso más alto de la prisión. Mientras agonizaba inconsciente en el suelo la bautizaron.

«Durante muchas décadas el silencio en torno a la represión que padecieron las mujeres ha sido desolador y las mujeres, las republicanas, las rojas no existían pero vivieron un auténtico calvario», subrayó Garí. Unas veces la dictadura convertía en rehén a las familiares femeninas de quienes no podía apresar. Otras se servía de los allegados de esas mujeres para poder apresarlas. Pilar Sánchez, militante socialista en Mallorca, salió de su escondite cuando supo que su marido y sus cuatro hijos habían sido detenidos. Enseguida fue apresada por cuatro falangistas.

Dos testigos diferentes vieron cómo en lugares distintos fue golpeada y violada por estos hombres, vecinos del barrio donde ella vivía. En una de las ocasiones la ataron a un coche y la arrastraron por la carretera. La dispararon y dejaron tirado su cuerpo a las puertas de un cementerio.

Su caso aparece documentado en el Archivo Militar de Baleares puesto que no era una saca de prisión -como se denomina a las ejecuciones sumarias durante y después de la guerra- y las autoridades debieron abrir una investigación que enseguida se sobreseyó.

Margalida junto a su familia.

Las mujeres sufrieron robo de bebés -se calcula que en España hay 30.960 niños robados- y el rapado del pelo y purgas con aceite de ricino como forma de humillación pública. Se les cortaba el cabello al cero y las forzaban a tomar el líquido. Mientras eran obligadas a desfilar en la calle no controlaban sus esfínteres y entonces las insultaban, las empujaban y las golpeaban.

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«Era su manera de acabar con todos los símbolos de femineidad y una forma de convertir a la mujer en un objeto que era propiedad de los hombres», señaló De Jesús.

Las torturas que sufrieron ellas en las cárceles y durante las detenciones tenían un componente de género que se veía en los insultos y en el uso particular y sexuado de la violencia, como era el uso de descargas eléctricas en zonas genitales, golpes en el bajo vientre y en el estómago con el objetivo de impedir la reproducción.

El testimonio de Lidia Falcón, histórica abogada y política feminista, es el único de una superviviente incluido en la querella. Entre 1960 y 1974 fue detenida seis veces y torturada en cuatro de ellas. «Los golpes empezaban en la espalda y el abdomen gritándome puta, así no parirás más», relata.

A pesar de que existen numerosos testimonios de mujeres e investigaciones que detallan los crímenes que el franquismo cometió contra la población femenina nunca se ha abierto una investigación judicial sobre los delitos de género cometidos en ese tiempo. De ahí que la intención de Women´s Link sea que la juez argentina María Servini, que dirige la única causa abierta contra el régimen de Franco, investigue sobre estas violaciones de derechos humanos.

«La realidad es que a lo largo de la historia de las dictaduras y conflictos armados las mujeres sufrieron una serie de crímenes específicos y diferentes de los que padecieron los hombres pero tienden a invisibilizarse y no puede haber justicia ni reparación si esos crímenes no se cuentan ni se investigan», señaló De Jesús.

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