En poco más de una década México ha gastado más de 600 mil millones de pesos en una estrategia de prevención del delito mal diseñada de origen, imposible de medir, incongruente e inconsistente, y que a las luces de la situación de inseguridad y violencia en la que hoy se encuentra el país no ha dado resultados.

Esa es la conclusión a la que llega un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se evaluaron todos los componentes de la política pública de prevención delictiva implementada por México desde su concepción en 2008 y hasta el cierre de 2018.

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Dicha política, explican los expertos, se sustenta en tres componentes: prevención social, contención del delito y prevención de reincidencia delictiva. A partir de ellos los gobiernos han implementado múltiples planes y acciones con la finalidad de atajar la creciente incidencia delictiva y la percepción de inseguridad.

Sin embargo, los expertos advierten que se trata de enfoques que, si bien parecen identificar de forma acertada las causas del problema, en la realidad se han traducido en acciones aisladas, incongruentes y desarticuladas, que impiden dar una respuesta integral a la crisis de violencia.

El problema se agrava porque aun con los cambios de administraciones los esquemas mantienen la misma inercia ineficaz y costosa.

“De mantenerse el diseño e instrumentación de la política pública de la prevención del delito bajo las condiciones actuales, se espera que empeoren las condiciones de seguridad pública, debido a la persistencia en el incremento de la incidencia delictiva, originado por la ausencia de una atención integral a la comisión de probables actos delictivos para evitar que sean consumados”, indica la auditoría.

Los millonarios costos

De acuerdo con el análisis de los auditores, de 2008 a 2018 nuestro país ha gastado 600 mil 732 millones de pesos en la implementación de la política pública de prevención del delito. Se trata de una estrategia cuyo costo se ha venido incrementando año con año.

Y es que mientras en 2008 se invirtieron (ya en cifras constantes) 27 mil 58 millones de pesos, para 2013 la inversión ascendía a 56 mil 884 millones de pesos, y en 2018 llegó hasta los 66 mil 31 millones de pesos anuales.

Esto significa que en el referido lapso el costo anual de la política de prevención del delito se disparó más de 144%.

¿En qué se han invertido los más de 600 mil millones? De acuerdo con el informe de la ASF, el 53.7% se ha ido en acciones relacionadas con la contención del delito, que se traducen primordialmente en operativos para la disuasión del delito y la detección oportuna de ilícitos financieros.

El 27.7% en prevención de reincidencia delictiva, que significa primordialmente en inversiones en el sistema penitenciario; y solo un 6% en acciones de prevención social que consisten en la implementación de los programas nacionales de prevención, campañas de difusión, etcétera. El resto se ha ido en esquemas sin identificar.

“Se identificó que el diseño presupuestario es consistente más no suficiente, en términos de atender las causas del problema público, debido a que, si bien los programas identificados ejercen recursos y están orientados a la atención de los tres subcomponentes de la política de la prevención del delito, éstos no atienden el total de causas establecidas”, indica el informe

El desastre

De acuerdo con la ASF, los tres componentes de la política de prevención a los que se han destinado los recursos están bien diferenciados. El problema es que en su implementación presenta “deficiencias, insuficiencias e incongruencias” que impiden siquiera medir su alcance y menos su impacto.

“Lo anterior, como resultado de un diseño de política endeble, ya que, en principio, se carece de una definición oficial y unívoca de qué es la prevención del delito, así como de un marco normativo que regule, de forma integral y precisa, los modelos de política que la integran, señalando las responsabilidades de las autoridades que deben instrumentarla”, indica la ASF.

De esta forma tenemos que si bien se trabaja en la prevención social la prevalencia de los factores de riesgo asociados con la violencia continúa. Aun cuando se busca contener el delito, en la realidad ello no ocurre en la mayoría de los casos e incluso los ilícitos se diversifican. Y si bien se destinan recursos a la prevención de la reincidencia delictiva, en realidad no hay programas efectivos de readaptación.

Los auditores consideraron especialmente grave la falta de un diseño programático serio que establezca objetivos, metas e indicadores para guiar su operación, evaluación y aspectos de rendición de cuentas. La ausencia de estos indicadores cierra además la puerta a cualquier posibilidad de medición y corrección de sus alcances, e impide analizar y fijar responsabilidades.

En ese contexto la Auditoría señala que, si bien no es posible construir una evaluación precisa de los resultados de la política implementada por México para prevenir el delito, debido a la referida falta de indicadores, se advierte que su efecto ha sido nulo dados los altos índices de violencia que registra el país, incluso con los homicidios alcanzando niveles récord.

“Las medidas de prevención no son adecuadas para inhibir los factores de riesgo que incrementan las probabilidades de la comisión del delito, tampoco son efectivas, ni oportunas para garantizar su contención, y resultan exiguas para disminuir la incidencia delictiva”, concluye la ASF.

¿Qué hacer?

Desde el punto de vista de la Auditoría lo que México requiere es generar una nueva política anticrimen que como punto de partida se dé a la tarea de definir un concepto claro de lo que es “prevención del delito”, y que a partir de ello se estructuren diagnósticos sobre la magnitud material del problema, sus causas y sus efectos, y a partir de ello se generen las medidas adecuadas para inhibirlo.

Debe ser, subraya el informe, una “política pública de prevención del delito integral e institucionalizada, con mecanismos que permitan medir su efectividad”.

Y a un nivel mas específico, los auditores sugieren generar las condiciones necesarias para facilitar la coordinación entre dependencias que pueden contribuir a disminuir los factores que propician los delitos; implementar programas de prevención en zonas ya sumidas en la delincuencia o en grave riesgo; y delimitar las acciones policiales de contención del delito a partir de una estrategia coherente, justificada y con objetivos claros que puedan ser evaluados y de ser necesario corregidos.

Todo ello teniendo claridad en que se requiere, de forma obligatoria, contar con “recursos humanos aptos y calificados” para llevar a cabo las acciones de prevención del delito. Algo que parece obvio y que, sin embargo, no sucede hasta la fecha.