A Sergio Aguayo.

Las convicciones de Andrés Manuel López Obrador son inconmovibles, y eso es parte de sus singulares virtudes como político; pero también lo son sus resentimientos, y eso es algo que en ocasiones desdora su trayectoria como luchador social. No formo parte de la legión de adversarios que cuestionan las políticas públicas o el estilo personal del presidente. Por el contrario, me parece providencial el arribo al poder de un hombre decidido a combatir la corrupción, el dispendio y la frivolidad de la clase política o la pobreza y la desigualdad social. Algunos de sus métodos pueden ser anecdóticos y no coincido con todos sus pronunciamientos, pero eso me parece una minucia comparada con la posibilidad de dar un golpe de timón a favor de los desprotegidos en un país en el que durante tantos años se gobernó y desgobernó en beneficio de los privilegiados.

Sin embargo, debo decir que el absurdo fallo en contra del periodista Sergio Aguayo, condenado en tribunales a pagar 10 millones de pesos (más de 500.000 dólares) por dañar “la reputación” de Humberto Moreira, conocido por los escándalos de su administración en el Gobierno de Coahuila, ilustra los límites del sentido justiciero del presidente cuando se le atraviesan viejos rencores.

Con toda razón López Obrador ha explicado que se trata de un caso que escapa a la injerencia del poder Ejecutivo y que su Gobierno es ajeno a un expediente que le precede. Pero, en este lavado de manos a lo Pilatos, no ha resistido darle un machucón al diario Reforma, enturbiando así la evidente injusticia que se está cometiendo con este periodista.

En el caso de Aguayo sorprenden muchas cosas. Primero, la severidad de la condena. El párrafo por el que se le incrimina llama la atención por su levedad; juzgue usted mismo: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente es una abanderado de la renombrada impunidad mexicana…”. Esto es lo que escribió Aguayo hace cuatro años, cinco días después de que el exmandatario fuera detenido en Barcelona bajo un cargo de lavado de dinero.

Es decir, nunca se trató de una revelación por parte del periodista que desencadenara la persecución en contra del exgobernador; era una reflexión, como muchas otras escritas por algunos de nosotros en aquellos días, ante razonables evidencias de que en su Administración existieron irregularidades que terminaron por desencadenar procesos judiciales de distinta índole (dos de sus ex funcionarios, incluyendo al tesorero, enfrentaron juicios por lavado de dinero en Estados Unidos y al menos unos de ellos se declaró culpable).

López Obrador dijo este miércoles que la propia procuraduría del Gobierno de Felipe Calderón exoneró de toda culpa a Moreira, en el período en el que Peña Nieto ya había sido elegido y el panista trataba de congraciarse con el presidente entrante, entre otras cosas comprándole un avión de lujo.

Al margen de este reconocimiento implícito por parte de López Obrador de que dicha exoneración habría tenido un tufo político, y asumiendo que un tribunal lo haya considerado inocente de los cargos que le imputa Sergio Aguayo, cuesta entender la lógica de un juez para interpretar que los comentarios del articulista dañaron por 10 millones de pesos la reputación del político. Sobre todo si se considera que la mala reputación de la gestión del gobernador había sido labrada con denuncias previas y posteriores al texto, que había sido separado de la presidencia del PRI para ser investigado por la PGR (Fiscalía), que existieron detenciones de él mismo y de sus colaboradores e innumerables notas periodísticas sobre estos escándalos. El castigo del juez hace suponer que el “irresponsable” párrafo del periodista destruyó la reputación virginal y prístina de un político hasta entonces intachable en la escena pública. Hoy se publica que el hermano de uno de los implacables magistrados recibió una notaría de manos del otro gobernador Moreira. Un caso para dar risa, si no fuera por la tragedia que entraña para el propio columnista y, por extensión, para todo el gremio periodístico.

Es en ese contexto llama al desánimo la reacción de López Obrador. En otros casos ha cuestionado “con todo respeto”, como él dice, decisiones injustas de los tribunales y expresado su desacuerdo. Era lo mínimo que ahora habríamos esperado de él los muchos periodistas que durante tantos años desafiaron con su pluma las represalias y la hostilidad de los poderosos. Tal ha sido el caso de Sergio Aguayo.

Por el contrario, este miércoles López Obrdor deslizó que el trasfondo de este pleito podría ser un viejo enfrentamiento entre Reforma y el clan Moreira. Me imagino que se refiere al fallido intento del grupo editorial por hacer prosperar un diario en Saltillo, Palabra, que al final debió cerrar. El fracasado proyecto seguramente dio lugar a roces y golpes bajos entre los barones de la prensa y los dueños del poder político local. Pero eso no justifica lo que ahora han hecho en contra de un columnista que publica sus artículos en varios periódicos, incluyendo Reforma, que no es empleado de ese diario y que ha dedicado sus afanes a la investigación de casos de injusticia perpetrados por los mismos corruptos a los que el presidente mexicano ha combatido durante décadas. Más aún, recuerdo textos de Aguayo publicados en Reforma claramente divergentes de las posiciones editoriales de ese periódico.

Al convertir la abominable sentencia en contra del periodista en un mero rebote de un pleito entre poderosos (dueños del Reforma y clan Moreira) me parece que López Obrador se deja llevar por sus rencores en detrimento de su sentido de justicia. Un caso lamentable de un presidente al que admiro por muchas razones, pero no por esta.

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