Editorial: Unas condiciones aceptables y una oportunidad para regenerar España

Análisis: La caza en diferido de Rivera a Rajoy, por Raúl Piña

Análisis: Las bisagras son para el bloqueo, por Jorge Bustos

Ciudadanos ha dado el segundo paso y tiene visos de ser definitivo. El martes, la Ejecutiva del partido, a propuesta de Albert Rivera, decidió "exprimir todas las posibilidades" para "poner en marcha el país", intentar deshacer el nudo de la investidura de Mariano Rajoy y posibilitar por fin la formación de Gobierno.

El partido naranja remitió al candidato del Rey un documento en el que se señalan las siete condiciones -una inmediata y seis a poner en marcha en los tres primeros meses de mandato- que debería aceptar, firma mediante, a cambio de ver prácticamente expedito el camino para ser investido.

Los requisitos imprescindibles de Rivera responden a los mandamientos de los que ha hecho bandera Ciudadanos desde que irrumpió en la escena política nacional: los de la regeneración democrática. Y, en principio, no deberían topar con obstáculos insalvables por parte de La Moncloa.

Hoy, los líderes de ambos partidos desmenuzarán y discutirán todas las demandas que, en caso de ser aceptadas por el primero, darán paso a una negociación, previsiblemente ya con equipos de las dos fuerzas, para alcanzar un acuerdo de investidura.

Esa nueva etapa debería ser rápida porque tanto el PP como Ciudadanos desean que el nuevo Ejecutivo esté en disposición de dar respuesta en tiempo y forma a los dos desafíos más inminentes que tiene ante sí el país: de un lado, el reto secesionista catalán y, de otro, los compromisos económicos y presupuestarios con la Unión Europea.

La senda negociadora que propone Rivera implica de antemano la fijación de fecha y hora para la celebración del debate de investidura. El presidente de Ciudadanos lo dejó bien claro: sólo está dispuesto a sentarse a hablar con un candidato definitivo, que no suscite duda alguna de su voluntad de someterse al escrutinio del Congreso tal y como exige el apartado segundo del artículo 99 de la Constitución.

Una vez cumplida esta demanda, Rajoy debe aceptar seis más. La primera de ellas supone comprometerse a separar de forma inmediata a cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Hasta ahora el PP, oficialmente, promovía la separación sólo cuando al afectado se le abría juicio oral, si bien entre los dirigentes más jóvenes del partido la cultura que ahora pone sobre la mesa Rivera es ampliamente aceptada. Ciudadanos, en cualquier caso, contempla la posibilidad de recuperar al imputado si finalmente la Justicia sentencia su limpieza.

En el documento que Rajoy entregó a Rivera la semana pasada ya se incluía la disposición del PP a alcanzar un "amplio Acuerdo por la Regeneración" que, decía, "refuerce los mecanismos de lucha contra la corrupción y avance en nuevas áreas que precisan de un compromiso reforzado".

En ese planteamiento genérico se incluían, sin detalles precisos , dos medidas que, en principio, casan con otras dos condiciones de las seis que exige Ciudadanos: el PP apuntaba la necesidad de "reducir los aforamientos y garantizar la no concesión de indultos a los condenados por corrupción".

Ahora Rivera, más duro, pide la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos" con el argumento de que "todos somos iguales ante la ley".

La diferencia es, por tanto, de orden cuantitativo: entre "reducir" y "eliminar". Probablemente, al final, se tienda al primero de ambos términos aunque de forma exigente, ya que la supresión total del aforamiento requeriría de una reforma constitucional.

No habrá, sin embargo, problema alguno con la petición de la formación naranja de eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política. En este aspecto el PP otorga su aceptación sin reservas.

Tampoco debería suscitar muchos inconvenientes la petición de aprobar por ley la limitación del mandato del presidente del Gobierno "a un máximo de ocho años o dos legislaturas".

Mariano Rajoy ha cumplido ya un mandato completo más ocho meses en funciones pero Ciudadanos no ha planteado de momento el requisito de que la norma se le pudiera aplicar de forma retroactiva. En cualquier caso, no se trata de una condición difícil de satisfacer habida cuenta, por ejemplo, de que ya el ex presidente José María Aznar se la aplicó a sí mismo.

Más peliagudas son las dos últimas demandas, pero habida cuenta de que Rajoy se ha declarado dispuesto a dialogar y negociar sobre "todo", sin líneas rojas, más allá de las que afectan al principio de unidad nacional, cabe pensar que también podrían ser aceptadas.

Se trata, en primer lugar, de la exigencia de aprobar una nueva ley electoral que contemple como principios el incremento de la proporcionalidad, las listas desbloqueadas que permitan a los votantes una mayor influencia sobre la elección de los representantes e incentiven una rendición de cuentas más personalizada y la reforma del sistema de voto de los residentes fuera de España para facilitar una mayor participación. Esta última iniciativa implicaría la desaparición del llamado voto rogado.

Finalmente, la última condición impuesta por Ciudadanos se dirige expresamente al propio Partido Popular. Rivera reclama la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP, en definitiva, sobre el conocido popularmente como caso Bárcenas.

Es de suponer que a Rajoy esta petición le irrite pero, el líder del PP y presidente en funciones es consciente de que, en cualquier caso, si logra formar Gobierno, habida cuenta de que no dispone de mayoría suficiente, el resto de las fuerzas políticas se la acabarían imponiendo.

Ni Génova ni Moncloa se pronunciaron el martes sobre las reclamaciones de Rivera. Será el miércoles el propio Rajoy el que fije posición. No obstante, altos cargos del partido convenían en señalar que, efectivamente, se ha dado "un paso más".

El presidente de Ciudadanos quiso solemnizar la decisión de su partido escogiendo cuidadosamente el escenario para su anuncio: optó por el Escritorio del Congreso y no por su propia sede o por la sala de prensa de la Cámara, e incluso pidió que tras él se instalaran la bandera de España y la de la UE.

"Ciudadanos se preocupa por los españoles y apuesta por desbloquear España dada la falta de acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. La resignación no es el camino y el fracaso no es la solución, así que hay que mojarse y nosotros estamos dispuestos a poner en marcha el país", explicó ante los periodistas.

El presidente del partido naranja aprovechó para afear tanto a populares como a socialistas su empecinamiento en darse la espalda y, además, lamentó que los primeros "no se regeneren" y que los segundos "renuncien a su papel de partido de Estado". "No podemos", recalcó, "estar pendientes de la corrupción del PP y de los problemas internos del PSOE".

Rivera espera salir de la reunión que mantendrá el miércoles por la mañana con Rajoy "con la conclusión de que el PP firmará el compromiso". En todo caso, el presidente de Ciudadanos también ha advertido de que su objetivo no es cerrar un pacto de legislatura con los populares ni tampoco un acuerdo de Gobierno. Se trata sólo de propiciar la investidura en la confianza de que finalmente un voto a favor de 170 diputados (los 137 del PP más los 32 de Ciudadanos y uno de Coalición Canaria) arrastre al PSOE hacia una abstención técnica a fin de que, en la segunda votación, el saldo de síes para el candidato sea superior al de noes.