Si queréis que los Juegos lleguen a buen término, tenéis que privatizar el agua. Así de claro lo dejaron en junio tanto el presidente brasileño en funciones, el derechista Michel Temer, como su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles. La historia de la privatización en proceso de Cedae, la sociedad pública del agua en el Estado de Río de Janeiro, va unida estrechamente al momento de crisis política –tras el golpe civil del pasado mayo contra la presidenta electa, la petista Dilma Roussef-, y económica que atraviesa el país, así como a la celebración de los Juegos Olímpicos que comenzaron ayer viernes.

Los actores en esta trama: el Gobierno federal derechista de Temer, el Gobierno estatal de Río dirigido por el derechista PMDB, la constructora Obredecht –cuyo presidente está en la cárcel por el escándalo de corrupción de la empresa petrolera estatal, Petrobras- y un puñado de contratistas de obra pública interesados en los nuevos desarrollos de infraestructuras acuíferas que prevé Cedae.

En junio, tanto Río como otros estados brasileños declararon el estado de emergencia económica, con las cuentas públicas por los suelos debido a la recesión –se prevé un decrecimiento del 4% para este año-. Inmediatamente el Gobierno federal de Temer propuso un plan de rescate de los estados. Sólo que, tal y como ha sucedido en Europa tras la crisis de la deuda desatada en 2010, esas ayudas van condicionadas a la puesta en marcha de recortes y privatización de empresas públicas, en un proceso que de hecho ya habían comenzado tanto el Gobierno federal de Dilma como los estados. Cedae era una de las mencionadas expresamente por el ministerio brasileño de Hacienda. En concreto, el condicionamiento iba unido a un plan para terminar las obras de Metro Río que debían conectar la Villa Olímpica.

El Gobierno de Río niega que tenga un plan concreto para privatizar Cedae. Marco Capute, secretario de Desarrollo Económico del Estado, declaró que hablar en este momento de privatización del agua era “un despropósito”, si bien su explicación no sonaba muy convincente: “estamos en un proceso de creación de valor para la compañía”, aseguraba, en referencia a las inversiones por valor de hasta 9.000 millones de reales (unos 2.500 millones de euros) para un plan de saneamiento en 11 municipios de la región de la Baixada Fluminense, una zona en el área metropolitana de Río con tres millones de habitantes. De manera similar a lo que sucede con respecto al agua en diversas ciudades españolas (y especialmente el caso de Madrid), el Ejecutivo del PNMB no oculta la intención de que esa “creación de valor” vaya dirigida a la salida a Bolsa y posible privatización de la entidad.

Según recuerda Renato “Cinco” Athayde Silva, concejal en Río por el PSOL (una escisión a la izquierda del PT), la privatización de la compañía ya es una realidad en parte: “partes de la red ya se han privatizado, con una concesión a 30 años firmada en 2012 con una empresa llamada Foz Águas 5”, señalaba en una entrevista reciente para CorporateWatch. Esta empresa es responsable de desarrollos en 21 distritos de la zona oeste de Río de Janeiro. El concejal izquierdista afirmaba rotundamente que el plan del PMDB no es otro que “privatizar las empresas públicas y venderlas a las empresas que financian sus campañas”.

En este caso, la empresa en cuestión es Obredecht, una compañía constructora cuyas donaciones, según el periódico brasileño Estadao, supusieron dos tercios de los ingresos del PMDB en 2013. La concesionaria Foz Aguas 5, recordaba Renato “Cinco”, es socia de Obredecht y de la compañía privada Águas do Brasil. En coherencia con estos planteamientos, el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, dependiente del Gobierno federal) trabaja conjuntamente con el Estado de Río en la definición de un plan de desinversión de activos: traducido, en la venta de patrimonio y empresas públicas.

Según el concejal del PSOL, la intención de Cedae/Foz Aguas no es realmente gestionar la totalidad del servicio, algo que puede casar con las declaraciones del responsable de Hacienda sobre el “despropósito” que supondría la privatización. Sí estaría interesada en recibir los generosos subsidios estatales para la construcción de infraestructuras, en un negocio ventajoso dado que el contrato excluye llevar el servicio a las favelas. Según Renato “Cinco”, esto deja fuera del suministro a un 16% de la población de esta zona de Río.

“Cedae es técnicamente una empresa pública pero es muy poco transparente. Cualquier control social de la compañía es muy frágil, de momento. En gran parte depende de los órganos ejecutivos y los gerentes, que están cooptados y elegidos por los partidos dominantes”, concluía. Una historia que resulta tristemente familiar para los lectores del Estado español.