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Definitivamente el PP parece descartar la aplicación del artículo 155 de la constitución monárquica para impedir el referéndum de autodeterminación catalán, según ha explicado su portavoz Rafael Hernando en una entrevista difundida por Europa Press. La vía por la que el gobierno apostaría sería la de movilizar al aparato judicial para que el referéndum catalán sea considerado un «delito de sedición, una sublevación ante el orden jurídico«. En aplicación de estas resoluciones judiciales serían «los cuerpos de seguridad del Estado» los encargados de impedirlo, incluyendo a los «Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, que también forma parte de ese colectivo«.

De esa manera el PP pretende que el desgaste por la represión contra el referéndum recaiga principalmente sobre el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional en lugar destacado, como si se tratase de un problema estrictamente delictivo sin connotaciones políticas. Un delito, como el de sedición o sublevación que podría tener consecuencias penales y políticas para sus promotores. A este respecto, Hernando ha subrayado los casos de el expresidente catalán Artur Mas y del exconsejero Francesc Homs, condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 (está en curso otro proceso contra la Presidenta y miembros de la Mesa del Parlament).

En el tono provocador característico de Rafael Hernando, el portavoz del PP ha calificado a la CUP como «Un grupo anarquista (sic), de corte totalitario (sic), es quien manda ahí y con pocos votos determina qué tienen que hacer ERC y el PDeCAT«, que estaría «arrastrándose de rodillas» ante la CUP. Curiosa ignorancia la del ultraderechista y totalitario Hernando, amante de la constitución monárquica heredada del franquismo, la misma que además de la monarquía establece la sacrosanta «unidad de España» tan del gusto del fascismo español. Y curiosas las diferencias y amenazas hacia los representantes políticos de la burguesía catalana, los mismos con los que tan fácilmente se entiende cuando se trata de aprobar reformas laborales o intervenir en el Prat con la guardia civil y los mossos d’Esquadra y con la amenaza de un laudo obligatorio.