Pedro Montes,economista.

El oscurantismo que domina todo el mundo financiero, y en particular en el sistema bancario por la simple razón de que si se desata el pánico sobre una institución su hundimiento puede ser casi inmediato con la retirada masiva de depósitos, impide desentrañar en profundidad lo ocurrido al banco Popular y la forma en que las autoridades monetarias europeas (la Junta Única de Resolución del BCE, otro entrega de soberanía) y españolas han resuelto este nuevo grave incidente.

Todo indica que el banco Popular estaba en quiebra, esto es, el valor de sus activos, unos 150,000 millones de euros, era insuficiente para hacer frente al volumen de sus pasivos, constituidos fundamentalmente por los depósitos, unos 115,000 millones de euros, deudas con otras entidades de crédito, unos 15,000 millones, y los recursos propios, unos 10,000 millones. Implicado excesivamente en la actividad inmobiliaria, los créditos fallidos hipotecarios, el susodicho “ladrillo”, e inversiones exageradas en el suelo, habían degradado de modo continuo su balance.

Nada nuevo en lo que ha sido la crisis financiera desde que estalló la crisis de las hipotecas “subprime” en Norteamérica, que arrastró a todo el sistema financiero internacional y por extensión al sistema financiero español a un período de enormes convulsiones, cuya superación dista de estar resuelta.

El banco Popular estaba herido de muerte, su solvencia en entredicho, y de ahí a desencadenarse una situación de falta de liquidez había un paso en cuanto la desconfianza de los clientes en la recuperación de los depósitos se hizo realidad. Un desenlace traumático pero nada novedoso en lo que representa la cadencia de los acontecimientos de la quiebra de un banco, en este caso relativamente importante en nuestro país, pues se trataba de la quinta institución bancaria por su balance.

El llamado «agujero» resulta de muy difícil precisión, y cabe estimarlo en unos 17,000 millones de euros si se acepta la solución dada que elimina de un golpe todo el capital propio de la entidad, que podrían ser unos 10,000 millones el 6 de junio, y exigirá al banco de Santander una emisión de acciones por unos 7.000 millones de euros para afrontar la adquisición que ha llevado a cabo.

Datos no desdeñables y relevantes, pero desde luego nada equiparable a lo que han sido otras graves crisis de otros bancos desde 2008, cuando la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers supuso 700.000 millones de dólares. Por las cantidades implicadas, todo permite pensar que cabían otras posibilidades de solución, como hubiera sido inyectar liquidez al banco -recuérdense los 25.000 millones que costó Bankia o el tratamiento que se pretende dar a otros bancos en dificultades en Italia-, o distribuir los costes de la quiebra de un modo distinto, como podría haber sido valorar las acciones del banco Popular por un precio distinto de cero y matizarlo por tramos de propiedad.

Caben todas las especulaciones sobre lo que se ha pretendido hacer con el banco Popular y los intereses que han entrado en juego a la hora de liquidarlo, que han debido ser muchos por la jugosa depredación. En todo caso, además, siempre quedaba abierta la oportunidad de que el propio Estado con una intervención decidida se hubiera hecho cargo, con un coste mínimo, de una parte significativa del sistema crediticio, haciendo realidad lo que en muchos programas políticos se anuncia de reconstruir una banca pública. Es tal el retroceso ideológico de la sociedad y de la izquierda con el neoliberalismo que ni cuando surgen conmociones de este tipo se recuerda que históricamente la aspiración de una banca pública poderosa ha sido una reivindicación, incluso una práctica, común en otros tiempos.

Desde luego, el tema del Popular no está cerrado, aunque se pretenda por parte del gobierno darle carpetazo formalmente, por los perjuicios causados a unos 300.000 accionistas, y las irregularidades que de nuevo se han cometido, permitiendo o facilitando ampliaciones de capital con informaciones falsas sobre la situación financiera real del banco, incluidos los famosos análisis de estrés europeos. Las instituciones reguladoras y de control no sólo es que miran para otro lado haciendo caso omiso de sus responsabilidades, sino que alimentan las estafas financieras que se fraguan al amparo de la ignorancia y opacidad que cubren el mundo financiero.

Crisis pasada o futura

Desde el punto de vista político general, la cuestión clave que plantea el caso singular del banco Popular es si se debe inscribir en la estela de la gran crisis financiera padecida desde 2008 o si, por el contrario, es un relámpago anunciador de otras peligrosas tormentas por llegar. Mi opinión es que están pendientes enormes convulsiones y episodios de emergencia, a partir de tener en cuenta la situación de nuestro país como la más general de la situación financiera mundial.

Toda la seguridad propagandista que emite el gobierno sobre la solidez y solvencia del sistema financiero queda en entredicho por lo que ha ocurrido con el Popular, que ya se extiende a otras entidades, como es el caso de Liberbank. Los datos son imprecisos, pero se sigue reconociendo que los bancos siguen ocultando en sus balances decenas de miles de millones de activos tóxicos inmobiliarios, quizás algunos centenares de miles, que aún no han digerido a pesar del entramado institucional que se ha creado para aliviarlos de la carga destructiva que representan.

Por otra parte, todo el sistema bancario ha gozado en los últimos años de una evolución excepcional determinada por ser el canal fundamental por el que el Estado se ha financiado emitiendo cientos de miles de millones de euros hasta alcanzar la deuda pública el 100% del PIB y por el que el BCE ha inyectado liquidez a la economía con respaldo de esa deuda. Un circuito extraño, beneficioso para la banca, generado en un contexto tipos de interés del BCE mínimos, o nulos, que tarde o temprano tendrá que acabar. Si la crisis de los bancos ha puesto en jaque al Estado hasta aquí, será el endeudamiento que ya alcanza el Estado el que ponga en jaque el equilibrio de los bancos ahora.

Alardear de los contribuyentes quedan descargados de los costes de intervención en el caso del Popular no se compadece con el hecho de que el Estado ha gastado en el mantenimiento del sistema financiero decenas de miles de millones de euros que y es una osadía porque aún no se sabe cómo acabara esta historia. Por no referirse al endeudamiento general que padece toda la economía española, incluidos los pasivos exteriores, por la que se convierte en uno de los países más vulnerables del mundo.

Convendría no olvidar que al final de 2016, después de 8 años de crisis, quiebras y reajustes financieros, los pasivos entre las empresas, las instituciones financieras, las Administraciones Publicas y los Hogares ascendía a 7,8 billones de euros, a los que sumar otros 2,6 billones de pasivos con el exterior de esos agentes. En 2009, esas cifras eran respectivamente de 7,7 billones y 2,3 billones, dejando de manifiesto que la carga explosiva del endeudamiento sigue intacta, e incluso algo más peligrosa por el aumento de los pasivos con el exterior.

Pero más importante aún. Destacados y solventes analistas vienen anunciando la proximidad de otra crisis financiera mundial cuya intensidad, sostienen, superará la que hemos conocido recientemente.

Las propias instituciones financieras internacionales deslizan sutilmente su preocupación por la situación existente. Como se sabe, la práctica de inyectar liquidez en cantidades desorbitadas por parte de la FED y el BCE ha sido el medio para detener la consecuencia incontroladas de la crisis.

La liquidez generada ha detenido su propagación pero al mismo tiempo ha multiplicado los riesgos de que sobrevengan convulsiones más graves. Si ello ocurre, por los múltiples factores de inestabilidad existentes, incluidos los políticos, no cabe pensar que el sistema financiero español quedará indemne, puesto que, como se ha resaltado, la economía española en términos de su endeudamiento global no se ha corregido, manteniendo todo el sistema una vulnerabilidad muy elevada.

Después de todo, se admite que la evolución entre los flujos financieros de la economía globalizada y los flujos de intercambios reales de bienes y servicios han cobrado una desproporción disparatada e insostenible, cualesquiera que sean las comparaciones. Como la evolución del volumen de los activos y pasivos financieros mundiales no guarda relación alguna con el crecimiento del PIB real del mundo. La economía productiva opera dentro una burbuja financiera que tendrá que desaparecer antes de que el capitalismo pueda normalizarse y emprender otra fase. Se ha de destruir mucho capital ficticio y especulativo para sanear economías, pero eso no acaecerá sin grandes traumas, tensiones y conflictos.

El caso del banco Popular nos pone un ejemplo perfecto de lo que tendrá que ocurrir: de la noche a la mañana todos los poseedores de acciones y bonos convertibles del banco han perdido todo su capital. Generalizar los problemas y angustias que sufren los afectados por la crisis del Popular nos puede servir de imagen de lo que está por suceder a otra escala.