El Comité de Garantías de Podemos en la Comunitat Valenciana ha decidido expulsar a la exconcejal de Guanyar Alacant y actual edil de Alicante en el grupo de No Adscritos, Nerea Belmonte, de la formación morada, tras conocerse que concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos, según han indicado fuentes de Podemos.

La expulsión se produce después de que la comisión gestora de la ciudad de Alicante de Podemos propusiera al Consejo Ciudadano Valenciano la apertura de un expediente informativo por parte de la Comité de Garantías por si la concejala del grupo municipal Guanyar Alacant Nerea Belmonte "hubiera vulnerado el código ético" de la formación tras conocerse que Belmonte concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos.

De igual modo, la Comisión de Garantías de Guanyar Alacant dictaminó el pasado mes de marzo que la exedil de Acción Social y Vivienda en el Ayuntamiento de Alicante y miembro de la formación, Nerea Belmonte, "incumplió" el código ético de la coalición en cuatro de sus artículos, por lo que la conminó a dejar su cargo en el consistorio municipal.

En concreto, precisaron que se trataba del artículo 3.8, al participar "directa o indirectamente" en un proceso de contratación del Ayuntamiento y el artículo 3.7, por haber contratado con una empresa constituida con posterioridad a su toma de posesión como edil "corriendo el riesgo de generar dependencias o clientelismos".

Asimismo, la Comisión consideró que incumplió el 3.2, por no haber renunciado a un regalo en forma de un pase para asistir a la Madrid Fashion Week "que le hizo una amistad común con los socios" de la empresa a la que contrató; y, por el artículo 3.11, por tolerar la adjudicación continuada con una empresa de amigos y por no "perseguir con firmeza" cualquier signo de "fraude o corrupción".

Ahora y tras la decisión del Comité de Garantías autonómico de expulsarla del partido, Belmonte contará con un plazo de 15 días para presentar un recurso ante el Comité de Garantías estatal, según han indicado las mismas fuentes.