El líder del PP murciano, Pedro Antonio Sánchez, también expresidente del Gobierno de Murcia y diputado regional, acaba de sumar de la mano del ‘caso Púnica’ la atribución de tres nuevos presuntos delitos (cohecho, fraude y revelación de información reservada) a los cuatro que ya arrastraba por el ‘caso Auditorio’: prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia Enrique Quiñonero ha hecho público esta mañana un auto por el que le cita a declarar, en calidad de investigado (antes imputado), para el próximo día 6 de junio, a las diez de la mañana.

Hace 10 días, el TSJ dio el paso previo -asumió competencias- y todas las partes daban por descontado que su primera decisión sería llamar a declarar al expresidente de Murcia como imputado. Y así ha sido. Le imputa tres delitos entre los que se incluye el cohecho y, tanto el juez como fiscalía y las acusaciones, le preguntarán si contrató con dinero público, como sospecha la UCO de la Guardia Civil, un lavado de imagen en redes sociales a empresas de la trama púnica.

La resolución del TSJ de hoy viene a dar la razón al instructor del ‘caso Púnica’, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien reiteradamente ha defendido que existían indicios suficientes de delito contra el exjefe del Ejecutivo regional.

El expresidente y su defensa siempre han señalado que “nunca se contrató” con las empresas de Alejandro de Pedro y que no hay ningún contrato firmado que lo atestigüe.

Las pruebas documentales que presentó la UCO en su investigación son muy amplias y señalan que sí hubo una relación entre Sánchez, sus colaboradores y el llamado conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, al que se escucha en varias conversaciones telefónicas interceptadas por los agentes, jactándose de haber conseguido esos contratos y repitiendo la ya famosa expresión “Murcia a tope”.