En febrero próximo los diputados y senadores discutirán y posiblemente aprobarán tres reformas que podrían endurecer significativamente el sistema de justicia en México.

Por un lado se busca ampliar de 6 a 18 el número de delitos que ameritan prisión preventiva automática para los probables responsables. Pero además se pretende incrementar la posibilidad de hacer detenciones en “flagrancia”, sin orden judicial, eliminando la condición que existía de que la persona forzosamente fuera “sorprendida” en el momento del delito y perseguida por una autoridad.

Y a su vez se quiere triplicar las penas por encubrimiento en todos los casos, incluyendo aquellos donde la persona no sepa que posee algún bien que tiene un origen ilícito. Con ello se reduciría la posibilidad de que los implicados no alcancen la libertad bajo fianza.

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De acuerdo con los dictámenes de estas reformas impulsadas por Morena, y de los que Animal Político tiene copia, se busca fortalecer las capacidades que tiene el Estado para perseguir delitos, eliminar ambigüedades que dificultan su aplicación, disuadir la comisión de conductas delictivas y abatir los índices de impunidad.

Pero de acuerdo con legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil este paquete de iniciativas va en dirección contraria al actual sistema penal en México (puesto en marcha desde 2016) que promueve mayores garantías y presunción de inocencia, y por ende demanda investigaciones más profundas.

Además advirtieron que son reformas peligrosas al otorgar mayores facultades a fuerzas de seguridad que no están preparadas abriendo la puerta para posibles extorsiones o tortura, y que son opuestas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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A continuación se detalla brevemente las tres reformas que se impulsan, las leyes que modifican, la cámara responsable, y finalmente la opinión de legisladores y experto respecto a las mismas.

Prisión automática

Ley que reforma: artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Cámara que lo discute: Diputados

La bancada de Morena y sus aliados impulsan en el Congreso una reforma a la Constitución para que se incremente el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que obligan al juez a ordenar la prisión automática del presunto responsable durante todo el tiempo que se desarrolle el juicio para determinar si es o no culpable.

Al ser una medida que priva de la libertad a una persona que tiene el derecho de que se le considere inocente, la Constitución actualmente solo contempla que se aplique en los casos de homicidio dolosos, trata de personas, delincuencia organizada, violación, secuestro, y delitos cometidos violentamente con armas de fuego.

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En diciembre pasado el Senado aprobó el dictamen que ampliaba la medida a 12 delitos nuevos y la mandó para su análisis a la Cámara de Diputados, sin embargo, la comisión a cargo de su revisión recortó la minuta y la dejó solo en tres delitos nuevos: robo de hidrocarburos, delitos electorales y casos de corrupción.

Esto generó inconformidad entre varios grupos parlamentarios por lo que la discusión de este dictamen, originalmente programado para un periodo extraordinario, se pospuso hasta el periodo ordinario que arranca en febrero. El diputado Mario Delgado, líder de Morena en la cámara baja, dijo que buscarán modificarlo nuevamente para dejar la ampliación de la prisión preventiva en 12 delitos nuevos, como lo había mandado el Senado.

Flagrancia

Ley que reforma: artículo 146 Código Nacional de Procedimientos Penales

Cámara que lo discute: Senadores

A propuesta de Morena, la Comisión de Justicia del Senado elaboró un dictamen que busca modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de detenciones en flagrancia. El objetivo, según la iniciativa, es eliminar “ambigüedades” y condiciones que existen en la redacción de la ley y que complican que puedan ejecutarse detenciones en flagrancia

El dictamen propone, en primera instancia, eliminar la redacción actual que indica que una persona cae en flagrancia cuando “es sorprendida cometiendo el delito” y lo modifica por “en el momento de cometer el delito”. Esto con el argumento de que la fragancia no depende de que se sorprendida a la persona en el momento, sino solo que la detención se cometa en ese momento o inmediatamente después´.

La reforma también elimina de la ley la condición de la detención en flagrancia se diera luego de una persecución “material”, es decir, de que físicamente un agente de la autoridad persiguiera al sospechoso. Esto con el argumento de que ahora el seguimiento puede darse con dispositivos tecnológicos como “cámaras de seguridad”.

Y finalmente el dictamen propone ampliar de dos a tres las situaciones en que puede realizarse una detención en flagrancia. Las dos iniciales hacen referencia a la captura al momento de la detención, o inmediatamente después luego de una persecución ininterrumpida.

Pero la tercera situación abre la puerta a detenciones que pueden realizarse posterior a que se comete el delito bajo algunas circunstancias como, por ejemplo, “cuando se cuente con información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del delito”.

Este dictamen será analizado y votado por la Comisión de Justicia del Senado en febrero y de aprobarse pasaría al pleno, Al no ser una reforma constitucional solo requiere mayoría simple para ser aprobado, algo que Morena logra con sus legisladores y aliados.



Encubrimiento

Ley que reforma: artículo 400 del Código Penal Federal

Cámara que lo discute: Senadores

En febrero también se analizará un dictamen elaborado a iniciativa de Morena que busca reformar el Código Penal Federal para endurecer la pena de cárcel en contra de las personas que cometan el delito de encubrimiento. Esto bajo el argumento de que las penas actuales no han conseguido disuadir a personas de encubrir actividades delictivas.

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Por ello el dictamen propone modificar la pena original que va de tres meses a tres años de prisión y elevarla a una sentencia de tres a 8 años de prisión. Es decir, triplica la gravedad de la condena, lo que podría ocasionar además que personas condenadas por este delito no alcancen libertad bajo fianza.

Al igual que en el caso de la flagrancia esta reforma será votada por la Comisión de Justicia del Senado y luego pasará al pleno, Para su aprobación se requiere solo mayoría simple.

ONGs y oposición en contra

Organizaciones ciudadanas y legisladores de partidos de oposición consultados por Animal Político manifestaron su rechazo sobre estos dictámenes.

Ernesto Peralta de la organización Borde Político, una de las ONG que forman parte del colectivo, advirtió que incrementar la prisión preventiva no abatirá la impunidad y, por el contrario, generará efectos nocivos como, por ejemplo, agravar el hacinamiento en las cárceles que actualmente es del 124%, o incrementar el porcentaje de población penitenciaria presa sin sentencia, que hoy es del 38%.

Añadió que aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa abre la puerta a la “fabricación de culpables”, situación que en el pasado permitió a gobernantes y políticos mostrar falsos resultados en el combate al crimen, situación que ha deteriorado al sistema de justicia.

“Si a la prisión automática le aumentamos flagrancia, entonces es como inventar una máquina del tiempo. No solo te pueden acusar sin pruebas, además pueden decir que te encontraron infraganti al día siguiente, esto alarga la flagrancia” declaró.

El senador del PAN e integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, Damián Zepeda, se manifestó “totalmente en contra” de estos cambios pues solo van a provocar la llegada de personas inocentes a prisión y advirtió que se está caminado en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“No solo es un retroceso sino es aún peor porque con el nuevo sistema de inicio solo se quieren datos de prueba para vincular a proceso y ahora con eso, con datos, se pretende encerrar automáticamente a más personas. Esto es parte de una falsa narrativa del gobierno para decir que se combate al crimen. Lo que se requiere es fortalecer a las instituciones responsables de la seguridad y de investigar” dijo.

El senador se mostró particularmente preocupado por la ampliación del tema de la flagrancia pues consideró que abre la puerta a detenciones sin orden judicial de personas que realmente no sean sorprendidas en el acto, sino solo señalado por otros, lo que abre la puerta a posibles abusos.

“No podemos suplir las deficiencias que tienen las corporaciones de policía coartando derechos de las personas (…) se abre la puerta a una serie de abusos brutales” dijo.

La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, quien es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara baja, dijo que el gobierno a través de su mayoría en el Congreso está optando por el camino “fácil” para enfrentar a la delincuencia, sin ir al fondo del problema.

“Se están proponiendo reformas pero creo que se equivocan en la forma porque no se resuelve el principal problema que es donde se traba la impartición de justicia y no tiene que ver con la dureza o los tipos penales sino con las capacidades para que se investigue, y con las habilidades del Ministerio Público para que pueda procesar a los inculpados” dijo.

Tagle señaló que si este paquete de reformas se suma al tema de la creación de la Guardia Nacional nos enfrentamos a un escenario en el que militares podrán detener a personas sin investigaciones de por medio, y sin que tampoco sean sorprendidas en el momento exacto de que se comete el delito.

“Estamos volviendo al pasado. Intentábamos avanzar en una vía diferente pero ahora el gobierno quiere dar un timón contrario. El uso de la fuerza no es la solución. Hay un impacto inmediato pero a la larga no se resuelve nada” dijo.