La Sala de la Cámara de Diputados rechazó este miércoles la conformación de una comisión investigadora destinada a indagar el rol de las superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, así como del Servicio de Impuestos Internos, en el proceso de aprobación de la fusión por absorción de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Cuprum y Argentum, ambas pertenecientes a la compañía Principal Financial Group.

Diputados de la Democracia Cristiana habían ingresado una solicitud en tal sentido acusando que Argentum es una "AFP de papel" y que su fusión con Cuprum permitió a Principal Institucional Chile S.A. (perteneciente al holding norteamericano Principal Financial Group, accionista mayoritario de Cuprum) el ahorro de 80 mil millones de pesos en impuestos.

La solicitud fue votada esta mañana en la Cámara Baja y requería de 40 votos a favor para ser aprobada. En definitiva sólo consiguió 37 y ninguno en contra, mientras seis parlamentarios de la UDI se abstuvieron: Ramón Barros, Gustavo Hasbún, Joaquín Lavín, Marisol Turres, Osvaldo Urrutia y Felipe Ward.

Parlamentarios oficialistas acusaron que la falta de coordinación entre las bancadas de la Nueva Mayoría provocó el fracaso de la petición, que fue ingresada ayer por los diputados Fuad Chahín e Iván Flores, y contaba con el respaldo de sus 53 de sus pares.

"Un escándalo"

La Superintendencia autorizó el 2 de enero de 2015 la fusión por absorción de las AFP Cuprum y Argentum, ambas pertenecientes a Principal Financial Group, en un proceso que comenzó a gestarse en septiembre del año 2014.

"Buscamos averiguar cuál fue el rol que cumplió la Superintendencia de Pensiones, específicamente para poder aprobar en un tiempo récord la creación de una AFP de papel, que no tiene como propósito ni la administración de pensiones, ni ninguna de las actividades propias de una AFP, sino que fue creada con el único objeto de viabilizar una fusión entre el grupo Principal y la AFP Cuprum para poder aprovechar beneficios tributarios, como el goodwill, que le permiten a la AFP prorrogar o eludir el pago más de 80 mil millones de pesos en impuestos", acusaba en la víspera Fuad Chahín.

"A nosotros nos parece un escándalo que la Superintendecia de Pensiones, a sabiendas que la creación de la AFP Argentum no tenía un propósito de administrar efectivamente un fondo de pensiones, ya que de hecho no tiene afiliados, no tiene oficinas, no tiene escritorios, no tiene nada, haya autorizado su creación, que se utilizó sólo para generar una artimaña para prorrogar o eludir el pago de impuestos", insistía el parlamentario.

"Estamos ante un verdadero fraude a la ley", afirmó el diputado DC Fuad Chahín. (Foto: UNO)

En su opinión, "esto vulnera la ley que creó las AFP, ya que ella establece que las fusiones sólo pueden realizarse entre administradoras reales, que tuvieran afiliados y aquí se crea un AFP para, cumpliendo con la letra de la ley, vulnerar naturalmente el espíritu, y finalmente se termina permitiendo una fusión entre una AFP que existe y una de papel".

A nuestro juicio, la autoridad que regula al sector lo que hace es permitir una interpretación literal, mañosa, de ese artículo y aquí a mi juicio estamos ante un verdadero fraude a la ley".

Peor que el caso Johnson's

Para el diputado Iván Flores, "en este caso no sólo se han vulnerado las arcas fiscales con este beneficio tributario", sino que además se ha puesto de manifiesto el "precario rol y funcionamiento de la Superintendencia de Pensiones y de la Superintendencia de Valores y Seguros".

"Aquí hicieron un trabajo express en beneficio de una empresa que se está ahorrando o beneficiando con 130 millones de dólares, más de 80 mil millones de pesos. Eso es mucho más que la condonación de Johnson's. Esto es un escándalo. Tenemos que investigar si los afiliados a Cuprum ganaron algo o si los que ganaron fueron sólo los dueños de las AFP, y el Fisco -o sea todos los chilenos, perdimos más 80 mil millones en impuestos", agregó Flores.

Ante este caso -que "amenaza en convertirse en un nuevo escándalo"- se pronunció también con fuerza el senador del MAS Alejandro Navarro.

El parlamentario apuntó a la responsabilidad de la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, afirmando que "ella tiene que renunciar".

Navarro anunció además que pedirá que la Fiscalía investigue la operación, apuntando a eventuales presiones que sufrió el ex superintendente Álvaro Gallegos por oponerse a creación de AFP Argentum.

Legisladores oficialistas critican el rol que cumplió la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic. (Foto: Uaf.cl)

"Operación curiosa"

Consultado por Cooperativa, el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, calificó la operación como "curiosa" y consideró necesaria una investigación del SII.

"El Servicio de Impuestos Internos finalmente debería analizar toda la operación, para ver por qué se creó una AFP -que algunos han llamado 'de papel'-, y cuál era la lógica de esta operación, que resulta un poco curiosa. Lo que sí está claro es que el Servicio de Impuestos Internos tiene que investigar esto", señaló Polanco.

Para el economista y consultor previsional Andrés Guerra, si bien es un modelo rebuscado, el goodwill es legal y plenamente usado por distintas empresas no sólo en el mundo de las AFP. A su juicio, además, no genera ningún impacto negativo en los casi 640 mil cotizantes del sismeta.

"Hay muchos empresarios en nuestro país -no sólo en las AFP, sino en muchas empresas grandes- que tienen acceso a asesores tributarios caros y tienen conocimiento de estos temas, y aprovechan este tipo de cosas. Si Principal hizo su fusión no me extraña, seguramente lo hizo SMU cuando compró los supermercados que compró en el sur... No es algo que la Superintendencia pueda objetar. O sea, es efectivamente legal, pero no afecta en absolutamente nada a los fondos de pensiones, para nada", afirmó.

Desde la Superintendencia aseguran que todo se desarrolló dentro del marco legal y que la fusión se ajustó plenamente a derecho dentro del ámbito que compete a la institución.

Dentro de las sospechas de los parlamentarios se encuentra el hecho de que la fusión haya sido autorizada el 2 de enero de 2015, justo antes de que el modelo dejara de regir por la entrada en vigencia de la reforma tributaria.