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Río de Janeiro (Brasil), (Sputnik).- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, volvió a arremeter este martes contra el proceso de 'impeachment' o moción de censura en su contra durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia en Brasilia.

"No hace falta que hayan armas para que se produzca un golpe: los golpes se producen dentro de unas circunstancias que pueden ser creados desde las propias instituciones", advirtió la líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien insistió en que es víctima de "una flagrante injusticia" cometida desde el Congreso Nacional.

"¿Cómo se puede explicar el proceso de 'impeachment' dentro de la democracia, de la situación política y económica? Hago esa pregunta porque tengo la profunda consciencia de que estoy siendo víctima de un proceso basado en una flagrante injusticia, de una fraude jurídico que es la acusación de un delito fiscal sin base legal", sentenció. En este sentido, Rousseff recordó que "Brasil tiene un velo golpista que se encuentra dormido" y añadió que "si recordamos la trayectoria de los presidentes de este país desde Getúlio Vargas veremos que el 'impeachment' se empleó sistemáticamente como un instrumento contra los presidentes electos".

La presidenta brasileña responsabilizó a los Estados Unidos por haber causado la burbuja inmobiliaria que, en 2008, colapsó la economía mundial y que, en su opinión, motivó el fin del superciclo de las "commodities" (materias primas): "Hablan como si fuese responsable del fin de ciclo de las commodities, de la crisis brutal que afectó a partir de 2009 a los países desarrollados".

Por último, Rousseff aprovechó el evento, centrado en la prensa extranjera basada en Brasil, para acusar al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, de haber ejecutado "prácticas absolutamente condenables" con el único objetivo de lograr acabar con su mandato presidencial y la voluntad de 54 millones de brasileños que optaron por ella en las urnas.

"El juicio político se ha convertido en un instrumento contra los presidentes"

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también afirmó ser "víctima de un proceso basado en una injusticia y un fraude político" y ha asegurado que "no hay una sola prueba" en su contra. "Soy una persona que no tiene ningún proceso por corrupción", ha insistido la mandataria suramericana.

La presidenta ha aseverado que el proceso en su contra "no va a traer estabilidad política porque rompe las bases de la democracia".

"Vena golpista"

La presidenta ha manifestado también que en Brasil hay "una vena golpista que estaba dormida" y ha revelado que su segundo mandato "se ha caracterizado por la desestabilización".

Según Rousseff, "el juicio político se convirtió en un instrumento contra los presidentes elegidos". "Estoy segura de que no hubo un solo presidente después de la democratización del país que no haya tenido procesos de disuasión en el Congreso. Todos los tuvieron", ha señalado.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Rousseff confesó sentirse "indignada con la decisión" tomada en la Cámara Baja y calificó el proceso de "golpe de Estado por convicción".

"Esta es una situación que solo puede provocar una sensación de injusticia", ha aseverado la presidenta, que se comprometió a seguir "luchando por la democracia" porque "en el pasado me enfrenté a la dictadura".

La Cámara de Diputados aprueba el 'impeachment' contra Rousseff

Dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento brasileño han dado la luz verde a la destitución de la actual presidenta del país, Dilma Rousseff, según informó este lunes la agencia Reuters.

De acuerdo con los resultados oficiales, 342 diputados de la Cámara Baja del Parlamento votaron a favor del inicio del juicio político contra la mandataria, mientras que 135 no apoyaron la iniciativa, pero no han logrado neutralizar a la mayoría opositora.

Ahora la iniciativa pasa a manos del Senado, donde la mayoría simple de los votos decidirá el destino político de Rousseff.

Acusada por los acusados

El periódico 'The New York Times' analizó la situación política en Brasil y llegó a la conclusión de que la presidenta es acusada por legisladores que enfrentan sus propios escándalos. Y es que, según Transparência Brasil, el 53% de los integrantes de la Cámara de Diputados están siendo investigados.

A esta paradoja la subraya también el corresponsal en América Latina para 'The Guardian' Jonathan Watts, quien describe así el proceso de votación: "Los diputados fueron llamados uno por uno al micrófono por el instigador del proceso de destitución, [Eduardo] Cunha ―un conservador evangélista que a su vez es acusado de perjurio y corrupción― y uno por uno condenaron a la presidenta".

El periodista señala, por ejemplo, que Paulo Maluf "está en la lista roja de Interpol por conspiración"; por su parte, Nilton Capixaba está acusado de lavado de dinero, y Silas Camara está siendo investigado por la falsificación de documentos y malversación de fondos públicos.

"Por el 'sí', votó una gran mayoría de más de 150 diputados que están implicados en delitos, pero protegidos por su condición de parlamentarios", lamenta Watts.

Análisis: Una embajadora, EE.UU. y el Golpe

La diplomática de Estados Unidos Liliana Ayalde, de 57 años, reemplazó a Thomas Shanon luego del escándalo de espionaje de su país contra Brasil. Ayalde es funcionaria desde 1981 en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Una historia de filtraciones

“Entrometerse de esta manera en la vida de otros países es una violación del derecho internacional y como tal, es una afrenta a las relaciones entre los países, especialmente entre naciones amigas. No es posible establecer la soberanía de un país a expensas de dañar la soberanía de otros. Jamás, el derecho a la seguridad de los ciudadanos de un país puede ser asegurado por la violación de los derechos humanos y los derechos civiles de los ciudadanos de otro país”, con esta frase la presidenta de Brasil Dilma Rousseff inauguró en 2013 la 68va Asamblea General de Naciones Unidas, denunció así las interceptaciones de las que fue objeto su país por parte de la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

A Dilma no solo la escuchaban los brasileros o aquellos que de forma pública podían seguir a la mandataria, que hoy enfrenta el poderío de una derecha en coalición que aprobó el impeachment en su contra y que abrió así el camino para una posible ruptura de los logros alcanzados, sino que La NSA interceptó al menos 29 números telefónicos entre los que se incluyen importantes diplomáticos, ministros, miembros del Banco Central y a la propia mandataria.

Este hecho ocasionó la cancelación en 2013 de un viaje previsto por la mandataria brasilera a la Casa Blanca, medida que para la embajadora de Estados Unidos en Brasilia Liliane Ayalde (quien reemplazó a Thomas Shanon) obedeció solo a una "suspensión". La cita se concretó dos años más tarde.

Pero la experiencia de Ayalde, miembro de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por su sigla en inglés) desde 1981, le permitía sortear este tipo de eventos de países víctimas de filtraciones y emboscadas de Estados Unidos. La citada funcionaria diplomática representó a Estados Unidos (EE.UU.) en Paraguay, país en el que la derecha ejecutó un golpe contra el presidente electo por el voto popular Fernando Lugo.

Golpes de Estado

"Se violentó uno de los principios más elementales de los juicios, que es el legítimo derecho a la defensa. Hoy prácticamente se presentó la acusación y apenas le dieron unas horas a los defensores del presidente para que conocieran las pruebas y pudieran elaborar argumentos, con lo cual refutar las pruebas. Eso es físicamente imposible". De esta forma el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Alí Rodríguez Araque, describió en 2012 el "golpe express" en contra de Fernando Lugo para el que bastaron pocas horas para concretarlo, pero que contó con una larga historia de injerencias.

Incluso para algunos los golpes de Estado no son tales, como el caso de la entonces embajadora de EE.UU. Liliana Ayalde (actual embajadora en Brasilia), quien ante a las denuncias del golpe en marcha contra Lugo desmintió las versiones de contubernio entre legisladores de ultraderecha y su país para concretar un golpe de Estado al gobierno del Presidente.

Según las revelaciones de Wikileaks, la administración de Estados Unidos ordenó a sus diplomáticos en Paraguay recabar datos sobre los candidatos presidenciales en 2008.

Sorprendentemente, las informaciones demandaban la obtención de datos biométricos, huellas dactilares, fotografías, escáneres del iris e información genética del actual mandatario Fernando Lugo, y de los candidatos Blanca Ovelar, Luis Castiglioni y del general golpista Lino Oviedo.

Los documentos del Departamento de Estado muestran que la Casa Blanca reclamó a sus funcionarios confirmar la existencia o no de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo.

También les ordenó investigar sobre el narcotráfico y la construcción de mezquitas en el país latinoamericano.

En septiembre de 2008, cuando apenas Lugo tenía 15 días en la presidencia, denunció la conspiración de un golpe de Estado en su contra. Por su pate, Federico Franco (quien fuera el vicepresidente de Paraguay), desde que se conoció que el Presidente tenía cáncer linfático en agosto de 2010, comenzó una campaña para destituirlo y reemplazarlo.

Cinco meses antes Franco se había reunido con la entonces embajadora de Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde , a la que expresó lo que a su juicio era "la pésima gestión administrativa del presidente Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político". Esto quedó reseñado en una carta del entonces ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, enviada a la representante diplomática.

La carta del entonces ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, que envió a la representante diplomática que, entre 2005 y 2008 fue directora de la USAID en Colombia, resultó molesta para la embajadora de la Casa Blanca.

El la misiva Bareiro Spaini calificó a Ayalde como "diplomática primeriza" luego que ésta invitara a un almuerzo a políticos paraguayos, entre ellos el vicepresidente Federico Franco, quien posteriormente encabezó el golpe contra Lugo y fue designado Presidente.

Según cables de WikiLeaks, ya en 2010, la embajadora norteamericana, propició un debate sobre la situación política en Paraguay y la eventualidad de un juicio político para destituir al presidente Lugo. Esto durante el citado almuerzo.

Tras esas revelaciones la embajadora condenó la publicación de la información porque a su juicio “eso pone en peligro a personas y puede afectar relaciones entre países”, resaltó, sin embargo, que Estados Unidos tiene “una relación muy positiva con Paraguay” y que esa relación continúa y que se seguirá adelante con la agenda bilateral. Agenda que no se concretó con Lugo.

La prensa paraguaya informó el viernes 5 de setiembre de 2008 que la embajadora Ayalde, visitó al ministro del Interior, Rafael Filizzola. En la ocasión, la representante de George W. Bush enfatizó el interés de su país de “apoyar y acompañar los programas” de seguridad de Paraguay. La diplomática no descartó una cooperación para el fortalecimiento de la Policía Nacional, que se realizaría en el marco del Programa Umbral.

La diplomática acotó que “básicamente estuvimos repasando lo que la cooperación del Gobierno de Estados Unidos ha venido trabajando y algunos temas posibles para el futuro”. Añade que hablaron de “algún posible apoyo a la Policía”.

El tipo de “apoyo” en la materia que ha brindado Estados Unidos en el pasado a Paraguay es bien conocido por quienes sufrieron cárcel, destierro y tormentos en los centros de detención que bajo la atenta mirada de la CIA norteamericana, mantuvo el dictador anticomunista Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.

Vale la pena recordar que fue esa misma policía paraguaya quien cometió la masacre de Curuguatí, la misma que sirvió de argumento para la destitución de Lugo.

Brasil ¿y Ayalde?

La diplomática de Estados Unidos Liliana Ayalde, de 57 años, reemplazó a Thomas Shanon luego del escándalo del espionaje de su país contra Brasil. Ayalde es funcionaria desde 1981 en la USAID.

En 2005 el entonces presidente Bush hijo la nombró embajadora en Asunción, Paraguay y en 2012 tuvo a cargo la secretaría adjunta para América Central, Caribe y Cuba del sector Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Analistas coinciden en señalar que la llegada de Ayalde en 2013 se realiza en medio de un clima de alta tensión entre los dos países por las denuncias de espionaje en Brasil por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, según la sigla en inglés) de Estados Unidos.

"Este es un tiempo importante para las relaciones, lleno de oportunidades y de posibilidades. Juntos, estoy segura de que podemos expandir y profundizar los lazos que existen entre esas dos importantes y grandes naciones", afirmó Ayalde en 2013.

Lo que sigue en Brasil

1.- Dilma Rousseff sigue siendo la Presidenta de Brasil.

2.- El proceso de juicio político ahora pasa al Senado del Congreso de Brasil.

3.- El Senado deberá conformar entre los próximos martes 26 y miércoles 27 de abril una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de diez días hábiles.

4.- El informe será remitido entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple (42) entre sus 81 legisladores, decidirá si se instaura el juicio político contra Rousseff, lo que pudiera ocurrir alrededor del 10 de mayo.

5.- Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer.

6.- Durante el proceso, la comisión escuchará a la defensa de la mandataria, a la parte acusadora y a otros testigos que pueda citar.

7.- La comisión especial elaborará entonces un nuevo informe, que nuevamente será sometido al pleno del Senado en una sesión única, dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y en la que se decidirá la suerte definitiva de Rousseff.

8.- Si una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) hallase a la presidenta culpable, entonces Rousseff será destituida, perderá sus derechos políticos por ocho años y Temer concluirá el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

9.- No obstante, si el Senado se inclina por la absolución, Rousseff volverá a ocupar el cargo para completar el período constitucional que le adjudicaron las urnas en las elecciones de 2014.