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Antonio Narváez acude cada sábado de final de mes a la Plaza de la Gavidia, en Sevilla. Este sábado ya toca otra vez. Allí, frente al antiguo cuartel de Queipo de Llano, hoy sede de la Consejería andaluza de Justicia, lleva ocho años pidiendo ayuda para reparar la memoria de sus progenitores: “A mi padre lo mataron luchando por la libertad el 20 de julio del 36. Sabía leer y escribir. Ese día iba andando por la calle y salió un tiro de una reja. No estaban luchando ni nada. Lo hirieron, lo llevaron al hospital y al otro día al cementerio. Como todavía no habían empezado las matanzas, lo metieron en un nicho. Luego lo sacaron y lo echaron en una fosa común», cuenta en su casa en el barrio sevillano del Cerro del Águila. De él guarda algunos rasgos, pero no se acuerda de nada de su madre: «A ella, después de raparla junto a mi abuela y mi tía, la sacaron de la cama y le dijeron que la llevaban a dar un paseo”. Él tenía tres años y su hermano -ya fallecido- apenas rondaba los cinco cuando mataron a uno y a otro, con tres semanas de diferencia, en su pueblo natal, Marchena. Antonio se puso a trabajar. Con cinco años guardaba pavos: “Mi hermano y yo nos íbamos al campo y nos hartábamos de llorar. Y a mi abuela le recriminaban que llorara. Tanto quejarse, tanto quejarse porque le habían matado a la hija”. Luego Antonio se fue a Bélgica para evitar que lo procesaran y sobrevivió a un grave accidente en la mina. En España, en los más de 80 años que tiene, ninguna institución, ninguna administración, ningún tribunal le ha abierto las puertas para escucharle. La única vez que declaró ante la justicia fue en septiembre del pasado año, a requerimiento de la jueza que instruye la querella argentina.

Antonio es uno de los casos que ilustra la campaña iniciada por Amnistía Internacional para exigir al Gobierno medidas eficaces que faciliten la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo. «Con esta campaña, queremos que la ciudadanía le pida al nuevo Gobierno que investigue los miles de casos de personas desaparecidas forzosamente y que le recuerden que sus familias siguen esperando justicia», explica la organización en un comunicado. Flor Díaz denuncia el robo de su hermano en 1967 y Felisa Echegoyen fue detenida y torturada en 1974.

La memoria histórica nunca ha sido tratada en este país como una cuestión de Estado. Y ahí reside el principal problema para poder cerrar definitivamente las heridas, como concluyen los colectivos consultados para el dossier que La Marea dedicó a esta deuda pendiente de la democracia y que reproducimos ahora casi en su totalidad. Ni los partidos se han tomado en serio este asunto, ni los jueces han querido investigarlo, ni la corona se ha pronunciado jamás sobre los más de 130.000 españoles que se calcula fueron represaliados por el franquismo. «España tiene un defecto en su cultura democrática y es que el primer paso para declararse demócrata debería ser declararse antifranquista, como en otros países, donde los partidos de izquierdas y de derechas coinciden en algo: son antifascistas”, denuncia Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que exhumó la primera fosa de manera pública, en El Bierzo, hace 16 años. Pone como ejemplo una entrevista al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, publicada en El País en 2003, en la que la periodista Karmentxu Marín le preguntaba: “¿Es antifranquista?». Sánchez respondía: «No. Eso es una tontería. No me considero anti nada, y muchísimo menos, antifranquista”. Silva se lleva las manos a la cabeza: “No hay manera de que el PP se acerque a este tema y sería importante que lo hiciera», añade.

Es un ejemplo de la resistencia que aún existe en la derecha española a condenar el franquismo y que recuerda a la misma resistencia que existía justo después de la muerte de Franco. “Soy franquista y no me cambio la chaqueta”, afirmaba Juan García Carres, expresidente del sindicato de Actividades Diversas, en una información publicada por el vespertino Nueva Andalucía en agosto de 1976. En noviembre de 2013, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró en un programa de televisión: “Imagínese usted, don Antonio [en referencia al presentador], que en Europa, que ha habido cien millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras, para encontrar los muertos”. Luego espetó sin sonrojo: «Algunos se han acordado de su padre enterrado sólo cuando había subvenciones”. Su Gobierno dejó el presupuesto para memoria histórica en 0 euros y la lucha de los familiares de las víctimas del franquismo, en contra de su afirmación, continúa más fuerte que nunca.

En un viaje realizado por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) al Parlamento Europeo, el consejero de la Representación de España ante la UE para la Eurocámara, Fernando Nogales, respondió así a la eurodiputada de IU Marina Albiol, moderadora del acto: “La verdad es que no tengo nada más que añadir como ciudadano y persona interesada en estas cuestiones que conozco también a nivel privado por libros. Lo que yo haré será trasladar a mis autoridades todos estos hechos, que los conocen, y allí mis autoridades responderán como consideren”.

Desde IU argumentan que hasta que la derecha no entienda que ésta no debería ser una cuestión reivindicada exclusivamente por la izquierda, sino por todos los demócratas, el Estado difícilmente asumirá su deber. El PSOE insiste también en la importancia de que el PP rompa definitivamente con la “sombra alargada del franquismo” y condene la apología de este fascismo, que, además, sigue sin ser delito. Continúa existiendo un franquismo sociológico en España, como lo denomina el antropólogo Ángel del Río, de la asociación Amical de Mauthausen: «El gobierno de Zapatero retiró en 2005 la estatua ecuestre de Franco en Madrid. Pero lo hizo de noche, a escondidas”. Del Río lo confronta con el día que el presidente argentino Néstor Kirchner ordenó a un militar descolgar los cuadros de Videla y Bignone. “En Argentina acabaron con la dictadura con ganas de saber la verdad. Aquí, cuando se produce una exhumación en un pueblo, si el Ayuntamiento es del PSOE, la oposición de IU no va; y si el Ayuntamiento es de IU, es la oposición del PSOE la que no va». Paco Villena, que lleva peleando desde 2009 para que el Ayuntamiento socialista de Hornachos (Badajoz) retire una cruz de los caídos, no ha logrado aún su objetivo. La de Córdoba, donde ha gobernado años y años IU, continúa erguida.

No se trata de seguir recordando la historia del abuelo o del tío o del hermano alrededor de la mesa camilla. “Se trata de un problema que tiene la sociedad española, de una deuda de la democracia con estas víctimas y ha llegado la hora de saldarla”, afirma Paqui Maqueda, una de las familiares que cruzó el Atlántico para declarar ante la justicia argentina. Baltasar Garzón, el juez que inició la investigación de los crímenes franquistas y acabó fuera de la carrera judicial, apunta al problema de fondo: “No hay una sensación en la sociedad española de que aquí hay algo que hay que pagar. Aunque algunos alcaldes están animando a exhumar, aquí no existe la sensación de que ha habido crímenes. Este tema no interesa en absoluto”, dijo en un encuentro en la sala Mirador de Madrid con Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina, presentada un 14 de abril de hace seis años.

La memoria según las encuestas

Según un estudio del CIS realizado en 2008, después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el 50,2% de los encuestados consideraba que los restos de las víctimas deberían identificarse y ser trasladados a un cementerio. De ellos, el 83,8% opinaba que el Estado debería ser el encargado de esta tarea. Un 26,3% creía que era mejor dejar las cosas como están. La mayoría, sin embargo, opinaba que el franquismo había tenido cosas malas pero también buenas. «¿Debería crearse una comisión de investigación, independiente del Gobierno, para investigar las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante el franquismo?». El 42,2% respondía que no frente al 40,8%. En la mayoría de los actos organizados por las asociaciones de memoria casi nunca se ven caras nuevas. Suelen ser siempre los convencidos los que acuden a las jornadas, presentaciones de libros, etc. “Nuestra responsabilidad es trasladar a la sociedad la importancia de la memoria para que estas víctimas reciban el mismo tratamiento que las otras víctimas y ocupen el lugar que les corresponde”, afirma el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez.

«En Ginebra, tenías que haber oído el discurso de la embajadora española, que lo leyó porque se lo mandaron de Madrid esa misma mañana. Yo dije ‘yo me voy de aquí, en qué manos estamos’. ¿Y esa parte se va a sumar? Es muy difícil”, reflexiona Garzón. La embajadora expuso ante un comité de Naciones Unidas que el Gobierno no revisará la amnistía de 1977 a pesar de que España fue uno de los primeros firmantes de la convención de la ONU de 2010 sobre desapariciones forzadas. Alegó que esta Convención era un instrumento para el futuro, no para aplicarse al pasado.

Pero no sólo la derecha ha ignorado y ninguneado a las víctimas del franquismo. Incluso los partidos de izquierda han tardado años en reivindicar la memoria histórica. “Desde la Transición, no ha habido ningún partido que realmente haya hecho todos los deberes con respecto a este tema. En 14 años de gobierno socialista, Felipe González apenas tomó una medida, que fue una indemnización a los presos que habían estado más de tres años en la cárcel, una indemnización bastante ridícula económicamente e incomprensible. ¿Por qué tres años y no dos y medio? Y, por otra parte, el PCE, por decisiones de sus dirigentes, abandonó la memoria más digna de la que podía presumir, que era la lucha antifranquista. Se mantuvo al margen de ello desde que Santiago Carrillo dejó de exhibir la bandera republicana. Durante muchos años no se reivindicó la república y fue un tema del que casi ni si habló”, opina Emilio Silva.

Los partidos y sus discursos

Ahora, con un movimiento memorialista potente, cuando hablar de los crímenes franquistas ya no suena raro, con informes de organismos internacionales que avisan a España de que no está respetando los derechos de las víctimas, la mayoría de los partidos continúa tratando con cautela este asunto en sus intervenciones. «El movimiento de memoria surge de abajo a arriba, son los familiares quienes lo crean, impulsan y conforman. Ni fueron las instituciones ni mucho menos los partidos políticos. Algunas de estas organizaciones, acabada la dictadura, rápidamente se interesaron por recuperar los bienes materiales que el dictador les robó, causa justa y que apoyo, pero poco se preocuparon por recuperar los cuerpos de aquellos que habían generado dicho patrimonio, es decir, los militantes de sus organizaciones, que estaban, y están, en las fosas comunes», denuncia Santiago Fernández, familiar de víctima. “La política vive al margen del discurso de la memoria. Dos organismos muy importantes de Naciones Unidas hicieron públicos dos informes muy contundentes y no hubo un debate en el Parlamento sobre este tema. ¿De qué democracia estamos hablando? Nadie ha ido con los dos informes a exigir un debate parlamentario sobre esas cuestiones”, señala Silva. Incluso en movimientos ciudadanos como el 15-M, el asunto de la memoria no termina de calar. En una de las primeras asambleas celebradas en las calles y plazas, se obligó a bajar a un señor mayor la bandera republicana que estaba sujetando. Quienes salieron en su defensa, alegaron que ese señor había peleado más que todos los que estaban allí por la democracia y que, por tanto, no tenía por qué bajarla. La asamblea concluyó que allí no querían banderas y el señor tuvo que guardarla.

“Yo quiero oír ya en los discursos de las nuevas fuerzas políticas como Podemos y en los demás partidos este tema, pero no estoy oyendo discursos claros en relación con la memoria. Cuando estamos con una ley de memoria democrática en Andalucía, que se espera que sea una de las más progresistas, ahora parece que hay dudas sobre la creación de una comisión de la verdad”, denuncia Garzón, quien tuvo un encontronazo con el propio Zapatero durante unas jornadas en Sevilla. En ellas, el expresidente, defensor del modelo de la Transición, se declaró a favor de la Ley de Amnistía y rechazó la comisión de la verdad. «No puedo estar de acuerdo con el silencio oficial y permanente que todos los gobiernos en este país han mantenido hasta el momento. La comisión de la verdad es lo mínimo que las víctimas se merecen”, le espetó Garzón desde el auditorio, que valoró también la ley aprobada en 2007 en su primera legislatura: “El esfuerzo de tu Gobierno también hay que dejarlo anotado, pero no ha habido verdad, y esta verdad es necesaria. Un pueblo que no es capaz de reconocer lo que ha sufrido está condenado a repetir los mismos hechos”, resumió, parafraseando a Mandela.

Según Slepoy, dentro del PSOE existe un debate interno con este asunto: “Nosotros estamos teniendo conversaciones con gente socialista, queremos que se sumen, pero su conflicto es el mismo que tenía el PCE o IU hace unos años. Cuando las víctimas del franquismo comparecieron por primera vez en el Congreso de los Diputados [en diciembre de 2014], al acto acudieron diputados socialistas, pero el PSOE no quiso promoverlo porque estaba destinado a instar al Gobierno español a que descubriera los crímenes del franquismo”. En el citado viaje de Ceaqua al Parlamento Europeo, el PSOE no acudió a ninguno de los eventos celebrados. El partido en Bruselas explicó entonces a La Marea que, aunque el PSOE es favorable a toda acción orientada a la restitución de la memoria, como la retirada de símbolos y la localización de fosas, no comparte «el objetivo de perseguir acciones judiciales o de extradición de antiguos cargos políticos o miembros de las Fuerzas Armadas de Franco para sentarles en el banquillo, ignorando así las leyes aprobadas durante la Transición para amnistiar responsabilidades penales hasta 1977 e ignorando y/o cuestionando la Ley de Amnistía». Esta versión contradice, sin embargo, la ayuda de ayuntamientos socialistas y de parlamentos como el de Andalucía, que han apoyado la querella argentina. Desde el PSOE andaluz aseguran estar trabajando para que se adopte una posición unánime en el partido.

Paqui Maqueda insiste en que se podría hacer mucho si los partidos asumieran en sus programas las reivindicaciones del movimiento memorialista y las cumplieran. “La sociedad civil tendrá entonces la función de realizar un seguimiento para que se apliquen las medidas y de asesorar al partido que las lleve a cabo. Está claro que los políticos no pueden aportar la experiencia y la opinión de los familiares y asociaciones. Se equivocarían si lo hacen de esta manera”, explica. Del PP es del único partido que no espera ni agua: “A estas alturas de gobierno han mostrado una falta de sensibilidad con las víctimas total. Nos han insultado de forma continua, han cerrado la Oficina de Atención a las Víctimas y no ha habido para nosotros ni una sola partida presupuestaria para exhumaciones, jornadas, etc. Sin embargo, conocemos que han continuado con la práctica iniciada con el gobierno de Aznar de repatriación de restos de soldados de la División Azul muertos en el frente soviético durante la II Guerra Mundial en las filas nazis. Rajoy se ha retratado solo: para ellos somos invisibles y nuestras reivindicaciones les son molestas. Para muchos de los que engrosan sus filas, el franquismo fue un tiempo de placidez”.

Responsabilidad del Estado

La ley de Zapatero, reducida a la nada con la llegada del PP al Gobierno, se quedó corta desde el principio. El Estado seguía sin asumir la responsabilidad sobre las exhumaciones. “La hizo porque no le quedaba más remedio, pero siete años después de que entrara en vigor sigue manteniendo pendientes todos los problemas que iba a solucionar y eso tiene que ver en muchos casos más con una cuestión sociológica que política”, sostiene Emilio Silva. Según afirma, las élites españolas que han gobernando y gestionado este país desde la muerte de Franco, independientemente de que estuvieran en un partido o en otro, «eran hijos del régimen, con privilegios, y ningún gobierno realmente ha regulado algo que suponga una amenaza para esos privilegios de clase. Ésa es una de las razones por las que nunca se ha hecho una buena política de memoria y contra la impunidad”.

La futura ley andaluza sí va más allá de la estatal y asume las exhumaciones como un deber del Estado, pero también ha generado críticas entre familiares de víctimas, que temen ser apartados del proceso. Andalucía fue pionera en aprobar una indemnización para las mujeres que fueron represaliadas por el franquismo, hasta entonces olvidadas. Aquella fue la primera vez que se reconocía la violencia específica contra las mujeres, a quienes rapaban, daban aceite de ricino y paseaban por el pueblo. El Gobierno andaluz también elaboró un mapa de fosas –ahora desactualizado– y creó la figura de los Lugares de la Memoria para proteger los enclaves donde se cometieron crímenes franquistas. Más recientemente, el Parlamento se adhirió a la querella argentina, aunque desestimó personarse como acusación con los votos en contra de PSOE y PP.

El País Vasco fue la primera comunidad que mostró su apoyo a la causa argentina. No ha elaborado una ley específica pero, según el colectivo, es la comunidad que más ha hecho sus deberes: “Y no ha presumido de ello. Desde el año 2002 se ha realizado un trabajo impresionante de elaboración de documentación, se han grabado cientos de testimonios de supervivientes, se ha exhumado. Y todo, sin tener una ley de la memoria, que es un invento político que no sé a qué viene. El Gobierno vasco ha tomado las medidas políticas necesarias para normalizar estas cuestiones y atender a las familias”, argumenta Silva. Ante cada identificación, el Ejecutivo envía una carta personalizada a las familias con un expediente que incluye toda la información compilada. Ambas, el País Vasco y Andalucía, mantienen las subvenciones a la recuperación de la memoria, aunque con una importante reducción.

En 2009, Cataluña fue pionera en aprobar una ley para exhumar y también en elaborar un mapa de fosas: 340 de las que se tiene conocimiento seguro o probable. Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU observó con preocupación la reducción del presupuesto para las actividades del Memorial Democràtic, el organismo que desarrolla las políticas públicas de memoria.

El papel de los ayuntamientos

Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A, considera fundamental la política estatal y autonómica, pero pone el foco en apoyos más cercanos para que la lucha consiga sus objetivos: “Con que sólo los ayuntamientos cumplieran las normativas, leyes y los propios acuerdos de plenos se conseguiría un importante avance”. Gordillo recuerda que los cementerios son mayoritariamente propiedad de los ayuntamientos, el nomenclátor es responsabilidad de los ayuntamientos y la petición de ayudas también las pueden hacer los ayuntamientos. Y pone como ejemplo la mayor exhumación de España, en el cementerio malagueño de San Rafael, realizada con el apoyo de un consistorio gobernado por el PP: “Puso en su sitio a los otros gobiernos (central, autonómico, provincial, etc.), que se vieron forzados a implicarse a través de la figura del convenio de colaboración, algo que se ha utilizado en escasas ocasiones”.

En 2008, con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero ya en vigor, Mariló Nepomuceno y María Ángeles Hidalgo, familiares de represaliados por el franquismo en El Castillo de las Guardas (Sevilla), emprendieron una lucha en solitario con el entonces alcalde socialista en contra, quien además puso impedimentos para acceder a los archivos municipales. Sus historias han sido algunos de los testimonios en los que se basó la ONU para denunciar el trato del Gobierno a las víctimas. Es decir, un organismo internacional estuvo más cerca de ellas que el ayuntamiento. Lo reconoce el actual alcalde, Gonzalo Domínguez: “Los inicios no fueron muy buenos. Entonces se decía que esto de buscar muertos se había puesto de moda”. Su propio bisabuelo, un dirigente socialista y de la CNT del pueblo, fue fusilado. Pero la familia no había querido nunca remover la historia. Su otro bisabuelo era falangista. “Cuando yo le dije a mi abuela que me iba a presentar a unas elecciones se echó a llorar porque pensaba que me iban a matar”, cuenta como prueba del miedo que aún existe en los municipios. Finalmente, el anterior alcalde, Francisco Casero, terminó trasladándoles su apoyo y medios materiales para la exhumación, financiada con la venta de un libro que ayudó también a hacer pedagogía entre los vecinos. “Nunca el Ayuntamiento ha reunido a tantas personas en un acto y había gente de izquierdas y de derechas”, confiesa Domínguez. Los restos aún no han aparecido.

“Porque reparar no es reírse de las víctimas y eso es lo que ha hecho muchas veces el Estado con una política donde las víctimas de este terror tienen que demostrar que son víctimas”, denuncia el autor del libro, el historiador José María García Márquez. Sus investigaciones, junto a las de María Victoria Fernández, sacaron a la luz una fosa común en La Algaba (Sevilla) donde enterraron a 144 presos que murieron de hambre en un campo de trabajo esclavo, entre 1941 y 1942. El Ayuntamiento comenzó a derribar el cementerio sin comprobar estos datos y, en un primer momento, llegó a alegar que como esas personas no fueron fusiladas no iniciarían su búsqueda. Tras la presión, promovió la exhumación y se han recuperado sus restos.

Cecilio Gordillo pone otro ejemplo de dejadez institucional: “Cuando se hizo el mapa de fosas en Andalucía, se acordó que la Federación de Municipios suministraría información enviada a través de los ayuntamientos. Me atrevería a decir que no más del 10% del mapa de fosas ha surgido del ámbito de los ayuntamientos y nunca de manera oficial”. Hace unos días, Rosario García agradeció el homenaje que ella y otras luchadoras antifranquistas recibieron del Ayuntamiento de Sevilla -que sí está organizando y promoviendo actos por la recuperación de la memoria histórica-, pero ironizó con la tardanza: “40 años después…”. “No me cabe ninguna duda de que los ayuntamientos podrían hacer más. Podrían y deberían presentar querellas por los alcaldes que han sido asesinados, por las miles de víctimas de bombardeos, por los civiles acribillados en la carretera de la muerte (Málaga-Almería). Esos muertos que no tienen nombre, que ya no tienen familiares que denuncien sus muertes, tienen derecho a ser reivindicados y recordados por la institución política que les ha sido más cercana”, afirma Ana Messuti, también abogada de la querella argentina. Opina igual el antropólogo forense Francisco Etxebarria: “¿No pueden convocar un pleno e incorporar en el acta la lista de víctimas? Eso cuesta 0 euros y sería un registro oficial“. Al contrario. Aumentan las trabas. El Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo) puso como requisito que los técnicos de una exhumación estuvieran al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Otros ayuntamientos como el de Cádiz sí han dado pasos para sumarse al proceso abierto por la jueza María Servini o querellarse directamente en los juzgados españoles.

Del caso aleccionador de Garzón a Argentina

Tres minutos empleó un juzgado de Aracena (Huelva) en recoger una denuncia de cuatro asesinatos. La jueza, tras dos meses de espera y la fosa abierta, nunca se personó en el lugar de los hechos. Archivó el caso. Es lo que ocurre en este país cuando se denuncia el hallazgo de huesos de represaliados por el franquismo. Tras muchos tiras y aflojas, Ascensión Mendieta pudo abrir la fosa de su padre por la solicitud realizada por la jueza argentina. “El Supremo dijo que en España no se puede investigar el franquismo pero sí afirmó que había que ayudar a las víctimas. Y cuando hemos ido con las víctimas a los tribunales, ni un solo juez ha dicho que se exhume un cadáver. No se atreven», denuncia Garzón, que ve una ofensa a las víctimas el argumento que usó la Audiencia Provincial de Madrid para archivar un caso: los autos de Luciano Varela con los que determinó que Garzón no podía investigar el franquismo. «Es una permanente revictimización y todavía dicen que somos nosotros los que revictimizamos al dar falsas esperanzas», lamenta.

Esa actitud, según Emilio Silva, se llama prevaricar: “El juez se tiene que presentar allí porque no conoce las fechas, ni la antigüedad de los restos, ni sabe por qué se han producido los signos de violencia; la ley obliga a recoger información para saber si son crímenes que han prescrito o no, si han sido juzgados o no. La única investigación que se abrió fue cerrada y el juez está fuera del poder judicial español. Es el mundo al revés, parece que es un crimen investigarlo y no es un crimen no investigarlo”. Aquella inoperancia fue lo que llevó a la asociación presidida por Silva a participar en la querella en Argentina, que hizo que por primera vez dos comisarios del franquismo tuvieran que declarar en la Audiencia Nacional. «España no sólo no investiga, sino que vuelve a poner más trabas para la investigación fuera de nuestras fronteras de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, lo que deja a las víctimas y a sus familiares sin opción de obtener verdad, justicia y reparación», denuncia Amnistía Internacional, que lamenta, junto a la Comisión Internacional de Juristas, que la Fiscalía General del Estado rehuse auxiliar a las autoridades argentinas.

El propio Garzón, en su declaración ante la jueza Servini, mostró su sorpresa cuando le dijeron que en España sí se estaba investigando el franquismo: “Es que tenemos un informe de la Fiscalía General del Estado, me dijeron. ¿Puedo ver ese informe? Y en ese informe se ponía que se estaban investigando causas que habían sido archivadas, que no se habían abierto, la propia del juzgado central cuando estaba declarada la inhibición desde el 26 de diciembre de 2008. Un descaro totalmente alucinante. Es decir, había un documento oficial donde se decía que España estaba investigando y era falso”.

La abogada Ana Messuti no comprende cómo una justicia que ha sido pionera en casos de jurisdicción universal, un ejemplo para el mundo entero, se niega ahora a cooperar en la única causa abierta contra el franquismo: “Precisamente cooperando con esa causa, podría mitigar los daños que ocasiona al no ocuparse directamente”. La misma jueza argentina, en su visita a España, señalaba también esa paradoja: “Estaba leyendo en el periódico que hay un juez que está haciendo una investigación con la justicia universal con respecto a unas muertes en Guatemala. Ustedes [en España] también investigan”, respondió tras tomarle declaración a Antonia Parra, del mismo pueblo de Antonio Nárvaez. Antonia, también homenajeada por el Ayuntamiento de Sevilla, no conoció a su padre porque lo mataron dos meses antes de nacer. Se investigan los crímenes de fuera, pero no los de dentro.

Jueces que firmaron sentencias de muerte ocuparon luego puestos de relevancia en la democracia. El historiador José Luis Gutiérrez, que ha investigado el procedimiento sumarísimo de urgencia, una especie de simulacro de justicia que sustituía a los bandos de guerra y que disfrazaba de una supuesta legalidad los fusilamientos, pone como ejemplo el caso de Felipe Rodríguez Franco, el ponente de la sentencia de un fusilado en Cádiz, Juan Antonio García Rodríguez, albañil de la CNT. “Con veintitantos años ya era teniente fiscal de la Audiencia de Cádiz, en 1936. Y en 1978 se convirtió en el primer fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Es un ejemplo de cómo fue la transición”, reflexiona.

Hay, de todas formas, excepciones, como el caso de una jueza en Salas de los Infantes (Burgos) que recuerda Francisco Etxebarria: “Hagan ustedes lo que tengan que hacer, manténgame informada y, si necesitan un guardia civil por la noche, me lo dicen, que yo daré las órdenes para que esta fosa esté custodiada día y noche”. En su primer razonamiento jurídico, la jueza expresó: “Se trata de un crimen acaecido hace más de 70 años y que en todo caso ha prescrito. No obstante, más allá de ser considerados simples asesinatos, estos fueron detenciones ilegales y secuestros, y no se dieron facilidades para encontrar a las víctimas, con lo que nos encontramos en una situación que se ha perpetuado en el tiempo y a la que es necesario poner fin. Para este juzgado, toda víctima que padeció un delito violento se merece un total respeto con independencia de su ideología, por lo que no se deben hacer diferencias entre ellas por tales circunstancias”. La jueza continúa: “En una sociedad con un derecho penal en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a las víctimas y sus familiares, se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas. Estas personas, con independencia del tiempo transcurrido, deben tener la oportunidad de ser reparadas o compensadas“.

Exactamente igual que las víctimas de derechas. José María García Márquez explica cómo la derecha recuperó de inmediato a los suyos con este caso: en La Granja de Torrehermosa (Badajoz), una mujer pidió en 1937 que sacaran el cadáver de su marido. Estaba en una fosa con diez o doce personas más de derecha. Encima, había restos de víctimas de izquierda. Los médicos se opusieron, pero al final se hizo. Sacaron a todos los de derecha que había, resto a resto. “Éste no, éste tampoco es mi marido. Éste sí. Y cuando terminaron, a los otros, que los tenían fuera, los volvieron a echar en la fosa”, cuenta el historiador. Se indemnizó a todas las familias, les dieron las prerrogativas de empleo, concesiones de los estancos, de las administraciones de lotería, Correos, Telefónica, etc. «Fue una política de reparación de admirar la que hizo Franco, muy completa, más que en otros países”, concluye. Es esa misma reparación la que reclaman los familiares de la víctimas del franquismo. Como Antonio, el hombre que acude cada sábado de final de mes a la Plaza de la Gavidia.

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