La Secretaría de Educación Pública (SEP) manejará un presupuesto para todo este año de 280 mil 969 millones de pesos. Prácticamente esa es la misma cantidad de dinero que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado en desvíos cometidos por funcionarios federales y gobiernos locales, en total, un boquete por casi 279 mil millones de pesos.

Lo sorprendente es que, de ese dinero, ocho de cada 10 pesos fueron desviados durante la administración de Enrique Peña Nieto y ocurrió en sólo cuatro años. El monto asciende a 232 mil 167 millones de pesos.

Es decir, una cantidad equivalente al doble del presupuesto asignado este año para todas las Fuerzas Armadas o casi cuatro veces todos los recursos programados para la inversión en los proyectos de infraestructura estratégica del país, no ha podido ser justificada por parte de los servidores públicos federales y estatales entre 2013 y 2016.



Con excepción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ningún funcionario público ha sido sometido a juicio por este faltante en el erario.

Hace unos días fue designado el nuevo auditor superior de la Federación, David Colmenares, quien llega al cargo con la misión no sólo de contribuir a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, sino que será el encargado de fiscalizar el cierre de un sexenio que se ha distinguido por ser el más desordenado en el manejo del presupuesto, en el que se dio rienda suelta a “huachicoleo” del gasto público.

Las mayores “fugas” presupuestales corresponden a 2016, con un daño al erario por 102 mil 281.3 millones de pesos. El segundo mayor golpe a las finanzas públicas ocurrió en 2015, cuando quedaron pendientes de solventar 52 mil 422.2 millones. Y ya antes, en 2013 y 2014, los faltantes ascendían a 38 mil 897.5 y 38 mil 566.1 millones de pesos, respectivamente. Esto significa que el dinero presuntamente desviado es superior a los 180 mil millones de pesos que costará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la mayor obra de ingeniería de todo el sexenio y de la última década en América Latina.

Esos más de 232 mil millones de pesos gastados indebidamente duplican el presupuesto de todos los ramos autónomos del gobierno federal juntos: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y el Instituto Nacional de Transparencia (Inai).

Campeones del gasto sin aclarar

Las mayores “tomas clandestinas” de recursos públicos en lo que va del sexenio se registran en el Gasto Federalizado, como se le denomina a las transferencias que hace el gobierno central a los estados. En los primeros cuatro años del sexenio se utilizaron de manera irregular 190 mil 521 millones pesos.

La segunda mayor “ordeña” del presupuesto ocurre en el área de Desarrollo Social, con 23 mil 125.1 millones; le sigue el área de Desarrollo Económico, con 17 mil 683 millones, y el área de Gobierno, con 837.2 millones de pesos.

El rey de los gastos sin comprobar, de las transferencias bancarias fuera de norma y de las obras y servicios sin entregar es, el gobierno de Veracruz de Javier Duarte de Ochoa. Entre 2013 y 2016, el gobierno veracruzano no logró comprobar 46 mil 497.6 millones de pesos. Esta cifra equivale al 20% de todas las inconsistencias identificadas por la ASF en lo que va del sexenio.

›En toda su gestión (2011-2016), Duarte dejó un faltante por 47 mil 472 millones de pesos, lo que representa 17% del total de anomalías detectadas por la ASF en todos los entes auditados en sus 19 años de existencia.

Eso convierte al gobierno veracruzano en el mayor “huachicolero” del gasto público desde que se fiscaliza el erario.

Visto por secretaría, la de Educación Pública es la que tiene mayores faltantes, con 6 mil 77.7 millones de pesos, 82% de los cuales corresponden a esta administración y coincide con las gestiones de Emilio Chuayffet y Aurelio Nuño.

La segunda dependencia con mayor “huachicoleo” es la Secretaría de Agricultura, con un total de 5 mil 937.8 millones faltantes de 2000 a la fecha. El 89% de los recursos sin comprobar se generaron en este sexenio durante las gestiones de Enrique Martínez y Martínez, y José Calzada Rovirosa.

La tercera institución con más “tomas clandestinas” es la Secretaría de Desarrollo Social, que en los últimos 18 años acumula 4 mil 702 millones sin recuperar. El 98% de los faltantes corresponden a las gestiones de Rosario Robles y José Antonio Meade.