La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel, la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros.

El ministerio público presentó ayer su escrito de conclusiones sobre el caso de corrupción más destacado de la historia reciente. A lo largo de 512 páginas, las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás diseccionan el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”. Los contratos que diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4 millones de euros, según la fiscalía. Además, por comisiones de empresas ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerció como conseguidor de contratos públicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de euros.

pulsa en la foto Solicitud de penas para los principales imputados en el ‘caso Gürtel’

El informe de conclusiones provisionales es el último acto de la fiscalía en la instrucción del caso Gürtel. El juicio oral está previsto, según fuentes judiciales, para finales de 2015, un año cargado de citas electorales donde el PP se juega su hegemonía en Ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de la nación.

Las fiscales piden penas de privación de libertad para los 41 procesados en la primera fase de la investigación. Entre ellos figuran cargos públicos del PP, como el ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, y tres extesoreros nacionales del PP, el propio Bárcenas y sus antecesores Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, que manejaron las finanzas del partido durante más de 20 años.

El informe de conclusiones llega apenas mes y medio después de que el juez de la Audiencia Nacional diera virtualmente por concluida la instrucción. Las representantes del ministerio público hacen suya la conclusión de mayor calado político de aquella resolución judicial: la que considera “partícipes a título lucrativo” de los delitos de algunos procesados al PP y a la exministra de Sanidad, Ana Mato, separada del exalcalde Jesús Sepúlveda.

La fiscalía considera que Mato se benefició de regalos en forma de viajes, artículos de lujo y celebraciones de eventos familiares por valor de 28.467 euros que la red corrupta pagó a su exesposo a cambio de contratos en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el más rico de la Comunidad de Madrid.

La participación a título lucrativo, prevista en el artículo 122 del Código Penal, se aplica a las personas que se benefician del fruto de un delito ajeno sin ser conscientes del acto ilícito. De no abonar esta cantidad antes de la celebración del juicio —lo que supondría aceptar implícitamente haberse beneficiado de dinero sucio— Mato previsiblemente deberá estar presente, al menos, en la primera jornada de la vista oral. Esta es la práctica habitual en las distintas secciones penales de la Audiencia Nacional en los últimos años.

El informe también resalta que las dádivas que la trama de Correa entregó a Sepúlveda y a su homólogo de Majadahonda Guillermo Ortega sirvieron para sufragar gastos de campaña electoral del Partido Popular en las municipales de 2003. Por ello, reclaman a la formación conservadora 328.440 euros. La dirección nacional del PP no quiso ayer comentar nada y se limitó a expresar su “respeto” por las peticiones de las fiscales.

Anticorrupción también sostiene que Correa y el número dos de la trama, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, crearon un procedimiento de facturas falsas con una triple finalidad: generar una caja b para sobornar a cargos públicos, eludir impuestos y encubrir la propiedad y el origen de los fondos conseguidos.

Para camuflar el dinero obtenido tras sobornar a los responsables públicos, la red de Correa dirigía estos fondos hacia las sociedades que constituían la tapadera legal de la trama. Correa, antiguo botones de hotel, creó una serie de empresas de organización de eventos, publicidad y agencias de viaje que tuvo como principal cliente al Partido Popular durante la época en que lo presidió José María Aznar. El entramado empresarial de Correa en España dependía en última instancia de entidades opacas en paraísos fiscales, como la isla caribeña de Nevis.

Uno de los políticos fundamentales para alimentar a la trama es Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre. López Viejo supuestamente recibió 472.465 euros en “gratificaciones” de Correa por adjudicar a sus empresas la organización de 386 actos propagandísticos de la expresidenta del PP de Madrid y autopostulada candidata al Ayuntamiento de la capital de España.

Las adjudicaciones se realizaban de forma “directa y arbitraria” y fraccionando el importe de las facturas al margen de las leyes que regulan los contratos públicos. El beneficio para Correa fue de al menos 2,66 millones de euros.

El escrito de Anticorrupción recuerda que las adjudicaciones de actos de Aguirre fueron asumidas por consejerías distintas de Deportes y Presidencia. Para lograr que los funcionarios encargados de autorizar el pago de las facturas dieran el visto bueno a las irregularidades, López Viejo “recurrió al despliegue de toda su autoridad y ascendiente derivados de sus relaciones con la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Para López Viejo la fiscalía solicita 46 años de prisión y una multa de 5,8 millones de euros.

En esta primera fase del caso Gürtel hay imputados dos empresarios con múltiples contratos que, según la investigación, pagaron grandes cantidades en comisiones ilegales para conseguir distintas concesiones en municipios gobernados por el Partido Popular. El fiscal pide cárcel para ambos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se cite como testigos a decenas de funcionarios de las distintas administraciones implicadas en la adjudicación de contratos amañados. También quiere que se cite a la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre, que dirigía el Gobierno que más contratos adjudicó a la trama corrupta; y a tres dirigentes políticos que recibieron dinero de la caja b con la que, supuestamente, el PP se financió ilegalmente durante al menos 15 años.