Mientras la capital catalana, que este jueves estrenó una de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) más grandes de Europa, avanza contra la contaminación atmosférica con el respaldo de sus instituciones —Ayuntamiento, Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Generalitat—, Madrid se dirige al negacionismo: la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, negó el día 1 que la polución genere mortandad, unas declaraciones que no ha corregido a pesar de que en estos dos días científicos e instituciones le han mostrado que estaba equivocada. Mientras, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que prometió eliminar Madrid Central y no pudo hacerlo por los varapalos judiciales, ha aprobado una moratoria para que algunos vehículos más contaminantes puedan seguir accediendo a la capital, y además ha reabierto dos calles antes restringidas y ha criticado el plan barcelonés como “una engañifa”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le respondió retándole en Twitter: “A ver quién reduce más la contaminación”.

La entrada en vigor de la ZBE de la capital catalana, que prohíbe a los vehículos más contaminantes —los que no tienen etiqueta de la DGT— circular por la ciudad y cuatro municipios colindantes, se saldó este jueves con una reducción del tráfico en los accesos del 7,5% respecto al 2 de enero del año pasado. El día del estreno, de siete a diez de la mañana, entraron a la ciudad 6.000 vehículos menos y salieron 4.900 menos, según el Servicio Catalán de Tráfico. El gobierno municipal de Ada Colau habló de una reducción del 15% del tráfico en los accesos y del 11% dentro de la ciudad, pero comparó la fecha de este jueves con el pasado 23 de diciembre, en víspera a Nochebuena, cuando la ciudad se llena de repartidores y compradores de otras localidades.

El concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, pidió “cautela” ante los datos, al ser el 2 de enero un laborable en plenas vacaciones escolares, aunque sacó pecho de la ZBE. “Es pionera en el Estado —su área comprende 95 kilómetros cuadrados— y sitúa Barcelona como ciudad valiente y precursora en políticas ambientales y de salud”. Badia también recordó que cuando apreciarán los efectos de la ZBE será a partir del 8 de enero, cuando la ciudad recupere la actividad normal, y, sobre todo, el 1 de abril, cuando se comenzará a multar a los infractores. Este primer año se permite circular sin etiqueta a furgonetas, camiones y autocares.

La jornada de estreno de la restricción en Barcelona transcurrió sin incidentes. El control de matrículas, para verificar si los coches tienen etiqueta ambiental, se realiza con 36 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad. Y no hubo ni informadores ni Guardia Urbana parando a los infractores. El veto al coche contaminante afecta a unos 115.000 vehículos (85.000 turismos y 30.000 motocicletas), según el AMB, que agrupa la capital y los 35 municipios de su entorno. El cálculo se basa en el parque de vehículos que circula por la zona.

Cada vez que se pone en marcha una medida de estas características hay voces que claman contra los cambios. Ya pasó hace un año con Madrid Central, cuando oposición y comerciantes avisaron de que la ciudad se colapsaría con las restricciones. No ocurrió, su entrada en vigor fue un éxito cívico. En Barcelona, la ZBE recibe críticas por parte de ecologistas y vecinos, que apuestan por endurecer las restricciones; y por parte de patronales, que piden flexibilizarlas. Este jueves, mientras la Plataforma por la Calidad del Aire exigía un peaje disuasorio de entrada a la ciudad, la Asociación General de Autónomos Transportistas de Cataluña denunció que la ZBE es “inasumible” para el sector, a pesar de tener un año de moratoria, y alertó de que “miles de autónomos y pymes se verán condenados a dejar la profesión”. Mientras, el Gremio del Motor aseguró que en los últimos tres meses las ventas de coches en la zona de la ZBE han crecido un 20%.

Las Administraciones impulsoras recuerdan que este tipo de medidas se toman porque la polución genera unas 10.000 muertes prematuras en España, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los niveles de contaminantes más altos se dan en Madrid y Barcelona, por eso la Comisión Europea ha amenazado a España con una multa millonaria si no se toman medidas en ambas ciudades. Madrid lo hizo el 30 de noviembre de 2018 (los tres primeros meses, sin sanciones) y Barcelona lo hace ahora. Las multas por acceder indebidamente a la capital catalana se aplicarán a partir de abril. Las de Madrid Central —que arrancaron el pasado 16 de marzo— superan ya las 375.000 (datos hasta septiembre), según el Ayuntamiento de la capital.

El alcalde de Madrid calificó este jueves de “engañifa” el proyecto de la capital catalana, pues es “menos restrictiva que Madrid Central”. “[La ZBE de Barcelona] es mucho menos restrictiva que Madrid Central. Estamos en una zona de restricción muy amplia (en lo relativo al perímetro) que prohíbe la entrada de coches sin etiqueta, pero no todos los días, aparte de que luego tienen 10 días de permiso laborables”, dijo.

A pesar de sacar pecho por la medida estrella de Manuela Carmena, el regidor no ha cejado en su empeño de descafeinarla. Dos calles hasta ahora incluidas en las restricciones (pequeñas pero que concentraban muchas multas) reabrieron al tráfico el pasado 1 de enero, con lo que se recorta el perímetro, mientras se aplicará un año de moratoria para que los vehículos más contaminantes de varios colectivos puedan seguir accediendo al centro. Más graves son los mensajes que los miembros del Consistorio lanzan periódicamente contra Madrid Central —“no funciona”, repiten—, que han impulsado que el tráfico y las multas aumenten en el centro en los últimos meses. En septiembre, Almeida anunció que cambiaría el nombre de la zona de bajas emisiones por el grandilocuente Madrid 360, un cambio que implicaría dejar entrar libremente a los vehículos con etiqueta C en el área, es decir, relajar las restricciones. Sin embargo, todavía no ha podido aprobar esa iniciativa, que requiere de modificar la Ordenanza poniendo de acuerdo a sus socios de gobierno, Ciudadanos y el ultraderechista Vox.

Mientras, Díaz Ayuso siguió este jueves sin rectificar sus declaraciones del día 1 de que “nadie ha muerto” por la contaminación, a pesar de las numerosas pruebas de que está equivocada y los testimonios de enfermos cuyas dolencias se agravan por la polución. Hasta su consejero de Transportes, Ángel Garrido, reconoció que “es evidente que hay una correlación directa entre mortalidad y la contaminación”, algo que “por supuesto que la presidenta también sabe”. Achacó la frase a un día “desafortunado”.

En Barcelona, el estreno evidenció las alternativas por las que han optado los conductores afectados por el veto a la contaminación. Familias que tenían varios coches y darán uno de baja. Otras que lo cambiarán por un turismo también antiguo pero no tanto o aquellas que han optado por uno nuevo. Motoristas que se han comprado una moto recién salida de fábrica. Y algunos que todavía no saben cómo sortearán la prohibición cuando lleguen las multas.

La ciudadanía aplaude actuar contra la contaminación, pero las críticas llegan por cómo se ha materializado la ZBE: a quien más perjudica es a quienes no pueden cambiar el vehículo. Entre los defensores de la ZBE se cuentan algunos de los casi 6.000 ciudadanos que se han acogido a la oferta de desvalijar su coche antiguo a cambio de una tarjeta de transporte ilimitado por seis zonas. Se llama T-Verde y tiene una duración de tres años, siempre que el titular no se compre otro coche.