Junto con la actualización y recategorización para el régimen de monotributo, se publicaron los nuevos montos que tienen que pagar mensualmente, con un aumento del 51 %. Un nuevo golpe al bolsillo a los monotributistas, dentro de los cuales hay miles de contratados, que ya vienen perdiendo frente a la inflación.

En el marco de los anuncios de aumentos en alimentos, la incertidumbre sobre estabilidad laboral en un momento donde crece la desocupación, ni noticias de medidas que tiendan a terminar con el trabajo no registrado, la suspensión de los aumentos a los jubilados por seis meses, ahora se suma un aumento en el monotributo, para los trabajadores autónomos y peor aún los contratados, que son trabajadores sin derechos porque no están reconocidos como tales.

Mientras tanto el gobierno de Alberto Fernández toma U$S 1.326 millones del Central para pagar vencimientos de deuda, y a los banqueros no les toca poner un solo peso.

Este aumento es un nuevo ahogo especialmente a los trabajadores precarizados por contrato, que figuran como monotributistas, en realidad están bajo relación de dependencia y no son reconocidos: trabajadores no registrados.

La precariedad laboral de las contrataciones está naturalizada y muy extendida en las patronales del sector privado y también para el estado, porque implica un ahorro extraordinario. Todos los gobiernos mantuvieron miles de contratados sin reconocerlos como empleados del estado, sin tomar medidas contra el trabajo no registrado, y las centrales sindicales hace rato se "olvidaron" de ellos.

Además de los "costos" que se ahorran por no pagar ART, indemnización, aguinaldos, etc. el monotributo significa que todos las contribuciones y aportes a la seguridad social van por cuenta del trabajador, cuando en realidad el empleador es quien debe realizar una mayor parte de las contribuciones, en este caso no pagan nada. Y esa doble carga a los contratados es lo que aumenta ahora. ¿Los trabajadores precarizados también son los que deben ser “solidarios”?

Paradójicamente, se congelaron los aumentos a jubilados, pensionados y destinatarios de asignaciones sociales. Pero mientras que para Alberto Fernández la formula de actualización de las jubilaciones es "impagable" porque se guía por la inflación, el monotributo si está indexado. Entonces lo que recaude AFIP y derive a Anses por el aumento del monotributo, ¿qué destino tiene?

Considerando que las paritarias y bonos no alcanzan a los contratados porque no se los reconoce como trabajadores, y que durante el 2019 se calcula una inflación del 55 %, este es un nuevo ajuste indirecto al bolsillo de los trabajadores, una situación cada vez más insostenible.

Frente a esta noticia, los “Monotributistas organizadxs” convocan el próximo jueves 9 de enero a rechazar este aumento frente a la sede central de AFIP en la Ciudad de Buenos Aires. Reclaman "suspensión inmediata por seis meses del aumento de la cuota del monotributo, extensión de la tarifa social de servicios públicos para las categorías más bajas, aquellas que no alcanzan a cubrir una canasta básica de pobreza, bonificación del pago del componente impositivo del monotributo durante los meses de enero y febrero, para aliviar la carga tributaria de quienes no contamos con vacaciones pagas, aguinaldo ni bono de fin de año, y pase a planta bajo convenio colectivo para todos los trabajadores en relación de dependencia encubierta, sean estatales o privados".

El gobierno de Alberto Fernández habla de tierra arrasada por Macri, sin embargo la dirección de sus nuevas medidas son recaudar fondos de impuestos, donde los que menos ponen son las grandes patronales, ya que petroleras y mineras tributarán menos, y a los bancos no se les exige un peso, pero todo para pagar la deuda externa, como la última ley de "Solidaridad" expresa claramente.

Con el congelamiento de aumentos a jubilaciones y asignaciones, este aumento del monotributo no parece dirigido a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, los mayores perdedores bajo la era Macri, sino que tiene la puerta abierta, gracias a la ley que aprobó el Congreso de "solidaridad", para ir a las arcas de los acreedores de deuda externa como el FMI.