La información debe estar disponible para quien lo solicite y es un deber del Estado mantenerla actualizada Archivo

La Justicia obligó al gobierno porteño que en los próximos 30 días informe sobre la ubicación física de las cámaras de video y vigilancia privadas incorporadas a la red pública y a reestablecer el mapa de cámaras públicas de la ciudad.

Según el fallo, la publicidad por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite, sino que es un deber del Estado ofrecer y publicar permanentemente actualizada la información.

La sentencia fue dictada por el juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Darío E. Reynoso y la demanda fue originada por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, miembro de la Red Latinoamericana de Tecnología, Vigilancia y Sociedad, luego de que la Metropolitana se negara a cumplir la Ley 2602 de videocámaras, que obliga al Gobierno a publicar la ubicación de las mismas en el territorio de la ciudad.