CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – En enero pasado, a Jesús David Reyes le rescindieron su contrato temporal como trabajador transitorio por denunciar el huachicoleo al interior de la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, Hidalgo.

Por eso, demandó su reinstalación, como especialista técnico “D” a Petróleos Mexicanos (Pemex), a Pemex Refinación y a Pemex Transformación Industrial, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de la Ciudad de México.

“Por hacer mi trabajo, apegado a la normatividad y protección del patrimonio e intereses de Pemex fui injustamente rescindido”, señaló en entrevista con Apro, en la que, con documentos en mano, contó cómo Pemex y sus filiales trastocaron sus derechos como trabajador de confianza de la refinería.

Aunque estaba contratado con la categoría especialista técnico “D”, desde 2017 fue asignado temporalmente como titular de la Jefatura de Vigilancia de la Refinería Miguel Hidalgo. El 19 de diciembre de 2018, le reportaron la extracción ilegal de diésel, al interior de la refinería, actividad en la que estaban involucrados vigilantes y supervisores de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STPRM).

En el “acta constancia” donde se narraron los hechos, además del personal sindicalizado, se involucra una pipa que, supuestamente, era propiedad de la empresa concesionaria Servicios Ecológicos Vidsa, encargada de recoger los deshechos de los sanitarios móviles. La pipa tenía pegadas dos calcomanías, una con el mote de “VIDSA” y otra con el mote “Sanitarios Móviles de Hidalgo”.

Con nombres y apellidos se menciona a cada uno de los involucrados, así como la declaración del chofer, quien señaló a “los de Pemex”, “Toño y Víctor”, a quienes señaló como los encargados de conectar y desconectar la manguera para extraer el diésel y sacarlo en la pipa.

Explicó que “Toño y Víctor” le llamaban a su celular para decirle cuándo y dónde podía cargar la pipa, que no era la primera vez que sustraían así el diésel de la refinería.

Por esa denuncia, señaló José David Reyes, funcionarios de Pemex y de la sección 35 del STPRM comenzaron a hostigarlo. Lo han acusado de maltrato, ha recibido amenazas de muerte y, afirmó que, en dos ocasiones, fue “levantado por los zetas”.

Guiando su narración con los oficios sellados y firmados por funcionarios de la refinería, señaló que la Subgerencia de Administración de Personal de Tula le inició una investigación administrativa sindical, para esclarecer y deslindar responsabilidades. El jefe de Departamento de Personal de Tula, Silverio López Vargas, lo citó para que presentara los documentos sobre los hechos ocurridos ese 19 de diciembre de 2018 y que probara sus acusaciones.

Su caso se conoció en las oficinas centrales de Pemex, pero en otro sentido, dijo. Se sorprendió porque, pese al derecho de audiencia que le concedieron, como parte del proceso administrativo laboral, el 11 de enero de 2019, en el acta administrativa que se levantó, se indicó que José David Reyes no había podido demostrar la supuesta responsabilidad de los trabajadores sindicalizados en la extracción ilegal de diésel de la refinería.

El 16 de enero de 2019, le notificaron la rescisión de su contrato individual de trabajo. Lo acusaron de haber incurrido de falta de probidad y honradez, según lo establecido en la cláusula 24 del contrato colectivo de trabajo, pese a que no estaba catalogado como sindicalizado, sino de confianza.

“Por lo anterior mencionado, se considera particularmente grave la falta que se le imputa e igualmente hace imposible la continuación de la relación de trabajo, pues deja de manifiesto que usted no es merecedor de la confianza que el patrón le depositó y que es condición indispensable para el desempeño de las funciones para las que fue contratado, de conformidad con el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo”, se señaló en la nota de rescisión.

El 21 de enero, José David Reyes envió un escrito intitulado “conmutación de sanción laboral”, al jefe de departamento de personal Tula, Silverio López Vargas, en la que solicitó que no le rescindieran el contrato porque lo consideraba una injusta sanción laboral, ya que él “siempre actuó de buena fe y en estricto apego a la buena diligencia para evitar que la institución sufriera daños en su patrimonio”.

Pidió que se analizaran, nuevamente, las diligencias hechas por la administración para que se dieran cuenta de que no merecía una sanción laboral tan extrema y recordó que esa era la primera vez que lo amonestaban desde que comenzó a laborar en la refinería. No le hicieron caso.

Por eso, en su demanda, además de exigir el pago de los salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, pidió la declaración de nulidad de su contrato temporal que obtuvo desde 2004, por uno indefinido, ya que, en la ley labora, se establece que, a los temporales, después de seis meses de labor ininterrumpida, el patrón deberá firmar un contrato indefinido con el trabajador.

El 28 de febrero de 2019, la Junta Especial número 12 de la JFCA recibió y radicó la demanda de José David Reyes, en el expediente 45/2019 y el 2 de mayo pasado se realizó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que, según José David Reyes, el jurídico de Pemex no aceptó los argumentos de su abogado y defendió los motivos de su rescisión.

Han pasado cuatro meses y José David Reyes espera ser reinstalado como Jefe de Vigilancia de la Refinería, mientras tanto, está trabajando como velador y sabe que no se ha terminado el robo en la refinería, pues la mayor cantidad de diésel extraído es en botellas de refresco de dos litros, transportado adentro de las mochilas de muchos trabajadores, sin que sean revisadas por el personal de vigilancia.