Con los calores del 6 de agosto, y más que media España (y Europa) de vacaciones, Coca-Cola Iberian Partners anunció el definitivo acuerdo sobre el cual se llevaba hablando largo y tendido: la fusión de su sociedad resultante, que apenas ha cumplido el año 2014 como entidad consolidada, con otros dos gigantes embotelladores, Coca-Cola Enterprises (que controla los mercados de Bélgica, Francia, UK, Noruega, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo y Mónaco y además cotiza en Estados Unidos) y Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, que embotella en el mercado alemán. Así, quedarán tan sólo dos grandes embotelladores para todo el mercado europeo con la nueva Coca-Cola European Partners y Coca-Cola Hellenic, que era una de las empresas más grandes con sede en Grecia pero huyó a Suiza tras comenzar las convulsiones en el país mediterráneo.

Debido a esta fusión, los accionistas de CCIP (sobre todo la familia Daurella, que tiene un 55% y la familia Gómez-Trenor, que controla un 25%) perderán necesariamente capacidad de decisión al diluirse en el capital del nuevo macroembotellador. Especialmente en el caso de Sol Daurella, que hasta ahora representaba a un capital mayoritario y que en la nueva estructura será presidenta gracias a que su paquete accionarial seguirá siendo uno de los más grandes (casi un 20%) pero que no le permitirá tomar decisiones con la misma tranquilidad que antes. En realidad, tras esta operación se vislumbra la mano de Atlanta, la compañía origen de todo el negocio y la que ostenta el derecho de explotación de la marca, por ser más activa en el control de la futura empresa que se encarga de fabricar su producto. De hecho, la operación no fue adelantada por ningún medio europeo, sino por el norteamericano 'The Wall Street Journal' una semana antes de producirse.

Tras la operación se ve la mano de Atlanta por recuperar el control de las embotelladoras europeas

"Parece claro que Atlanta quiere recuperar el control de la embotelladora española que hasta ahora se vanagloriaba de ir por libre", cuenta una fuente conocedora de la situación. La marca norteamericana controla totalmente la embotelladora alemana mientras que Enterprises, la más grande de las 3 que integrarán la nueva estructura, está controlada por miles de accionistas, algunos de los más relevantes fondos de inversión como Vanguard (que ostenta más del 5% de la empresa entre varios fondos) y bancos de inversión como JP Morgan también a través de equity (0,6%). Por ello los Daurella quedan como el principal grupo familiar de la compañía, por lo que fuentes próximas a la misma recuerdan que su función en la nueva empresa es capital y que en ningún caso han perdido poder.

Según Sebastián Serena, responsable de sector agroalimentario de UGT, "que Sol Daurella sea la presidenta no es un tema accidental sino que es fruto de conversaciones, estrategias y negociaciones. Pero recordemos que CCIP no es la primera compañía sino la segunda. Por eso quizá el hecho de quién presida o deje de hacerlo es algo más simbólico que relevante". En algunas de sus reuniones en Atlanta con la compañía con motivo del ERE de las embotelladoras independientes en la Península Ibérica, estos mismos representantes declararon no estar al tanto de los movimientos que habían realizado en España los directivos de CCIP, asegura.

Los hasta ahora accionistas de Coca-Cola Iberian Partners se repartirán, además, un dividendo de 100 millones de dólares tal y como avanzó Eldiario.es. En el caso de los accionistas españoles, aseguran que no irá a los bolsillos de estas personas, ricos entre los ricos, sino que integrarán el capital de una nueva sociedad, Olive Holdco, que ostentará la mayor parte de la filial española.

Los sindicatos dudan

Por su parte, los sindicatos españoles, que aún están inmersos en la guerra con la compañía en la planta de Fuenlabrada (todavía a la espera de una decisión final de la Audiencia Nacional sobre 135 empleados cuyos puestos de trabajo ya no existen) mantienen posiciones divergentes en el caso de esta fusión, en consonancia con el enfrentamiento que han mantenido entre ellos, con presuntas agresiones y denuncias incluidas. Desde Comisiones Obreras tienen claro que las sinergias seguirán funcionando, y con ellas los despidos y el posible cierre de fábricas. Desde UGT, sin embargo, se ha declarado a este periódico que aguardan con esperanza que esta nueva compañía, mejor financiada y sin rivales a la vista, pueda producir más y crear más empleo.

La empresa considera que está a punto de cerrar de una vez el conflicto en la planta de Fuenlabrada, que volvió a abrir tras las sentencias judiciales en contra de la embotelladora española.