El periodista entrerriano Osvaldo Bodeán

"Tengo 35 años de profesión, no cometería el error de publicar algo sin chequearlo", dijo a Infobae Osvaldo Bodeán, el periodista que reveló en el portal de noticias El Entre Ríos que en el hospital regional de Concordia, "Delicia Concepción Masvernat", un bebé "abortado" agonizó varias horas sin asistencia.

El embarazo de la paciente, una menor de 13 años, habría sido, según la familia, fruto de una violación.

Luego de que trascendiera el caso, el Ministerio de Salud de la provincia distribuyó un comunicado de prensa en el cual niega los hechos ("se ha difundido una publicación que contiene la descripción de hechos falsos en función de una Interrupción Legal de Embarazo", dice el texto) y denuncia que se estarían vulnerando los derechos de la menor.

"Dado la conmoción que producen estas versiones -sigue diciendo Salud-, la manipulación perversa y la intimidación que se ha ejercido hiriendo profundamente la sensibilidad social, violentando los derechos de la niña y atentando contra la necesaria tranquilidad de los equipos de salud, se hace imprescindible aclarar que no es posible que ocurra sobrevida dentro de las condiciones establecidas por el Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, como no lo ocurrió en este caso".

La desmentida es por lo menos extraña, considerando que el relato sobre las circunstancias que rodearon el aborto provocado de un feto de 5 meses -es decir, que el niño nació vivo y agonizó durante diez horas- fue confirmado a los medios por el mismo director del Hospital donde ocurrió el hecho, Miguel Ragone, y por otro profesional del establecimiento: el ginecólogo y obstetra Fernando Rivas.

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Por otra parte, Bodeán tomó conocimiento de lo ocurrido porque los propios médicos -intervinientes y testigos- lo contaron en una reunión con las autoridades.

Acusado de inventar "perversamente" una noticia, el columnista de El Entre Ríos y conductor de Oíd Mortales Radio, contó a Infobae cómo se sucedieron los hechos.

"El 4 de diciembre hubo una reunión de funcionarios públicos de los tres poderes con autoridades del hospital regional. Estaba representantes del Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y miembros del Poder Judicial. Había médicos, asistentes sociales, fiscales, etcétera. En total unas 20 personas. El tema de la convocatoria eran los cambios en el Protocolo de abuso infantil, pero en vez de hablar de eso los profesionales del hospital contaron el caso porque los había impactado mucho, pidiendo cambios en el otro protocolo [el de aborto no punible]".

El hospital donde ocurrieron los hechos

"Fue en esa reunión, y frente a muchos testigos -agregó-, que dijeron lo de las 10 horas de agonía del bebé. A la noche, uno de los asistentes a la reunión me cuenta esto, porque había quedado impresionado. Yo lo chequeo con otras dos personas, todo coincide. Luego hablé con una jefa de servicio y finalmente llamé al vicedirector del hospital".

"Para la comunicación oficial -escribió Bodeán en un nuevo artículo- la 'perversidad' no está en el hecho de que un bebé que sobrevivió varias horas a un aborto murió abandonado a su suerte sino en quien reveló lo sucedido".

En concreto, la experiencia dejó hondas preocupaciones éticas y legales en los profesionales que participaron directa o indirectamente. ¿Qué hacer en estos casos? Inexplicablemente, el Protocolo no fija ningún límite expreso de tiempo de gestación para la interrupción del embarazo, aunque médicamente, más allá de las 22 semanas, ya no se trata de un aborto.

Varios médicos del hospital se inscribieron en el registro de objetores de conciencia para no verse obligados a practicar un aborto nunca más

Más tarde, fue el director del hospital, Miguel Ragone, quien en diálogo con El Entre Ríos confirmó que el planteo de la viabilidad del feto lo llevaron ellos a la reunión: "Es lo que nos planteamos como médicos y lo que se explicó en una reunión con miembros del Poder Judicial, que tuvo lugar el martes último. Un aborto se considera tal hasta las 22 semanas o 500 gramos. Por ejemplo, en un chico de 18 semanas que pese 350 gramos, la formación de los órganos no está completa. No es viable. Por más que se le haga lo que sea no es viable. Pero a su vez, lo que nos preocupa a nosotros es cuando haya viabilidad, ¿qué se hace? Porque cuando hay viabilidad, nosotros como médicos deberíamos tener la conducta de asistirlo, por ejemplo con un chico de 24, 26 semanas, que tiene posibilidades de una supervivencia. Según el protocolo que tenemos, hasta las 22 semanas no habría viabilidad. Por más que se tome cualquier medida, va a terminar en el fallecimiento sí o sí del feto. De todos modos, hay baches en la ley".

Cabe señalar que, a esa altura del embarazo, no puede utilizarse el raspado ni la aspiración para "interrumpirlo". Se suministran drogas para que el útero expulse al feto que, se supone, nace muerto. Pero algo salió mal y se vivió un momento siniestro.

Como resultado del impacto, varios médicos del hospital se inscribieron en el registro de objetores de conciencia para no verse obligados a practicar un aborto nunca más.

Consultado al respecto, Ragone lo confirmó: "Hasta ahora son siete (los médicos) que me la presentaron", dijo, en referencia a la nota pidiendo ser incluidos en la lista de objetores de conciencia.

Médicos por la Vida, en el Congreso, durante el debate por la legalización del aborto (Martín Rosenzveig)

Además de negar los hechos, el Ministerio de Salud provincial abrió sumarios a los médicos, señalando que no habrían respetado "el secreto médico", "la confidencialidad, la intimidad", ni los derechos de la paciente. Y una posible falta a los "deberes como funcionarios públicos".

Pese a lo señalado en el comunicado oficial, en ningún momento ha trascendido a los medios la identidad de la menor. "No sólo no se reveló el nombre -dice Bodeán-, sino que yo tengo clara conciencia de que la menor es la primera víctima de esta historia. Pero, si por proteger a la menor, no puedo revelar esto, me dedico a otra cosa. Si una nena muere por un aborto casero, por ejemplo, aunque sea un caso que puede abonar las razones de quienes promueven la legalización del aborto, yo lo informo igual. Yo revelo hechos; las opiniones corren por cuenta de cada uno".

Por otra parte, los médicos que hablaron inicialmente del hecho lo hicieron en una reunión con autoridades precisamente para consultar sobre cómo actuar en estos casos, movidos esencialmente por la traumática situación vivida. Esa que el Ministerio niega haya ocurrido.

En otro orden, una "Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Entre Ríos" y el "Círculo de Mujeres Periodistas" emitieron un comunicado repudiando "enfáticamente el artículo periodístico publicado por el portal de noticias de Concordia, Elentrerios.com" y rechazando la "mirada misógina, machista y vulneradora de derechos que se puede percibir en todos los tramos de la nota, como también en otros artículos periodísticos".

Las firmantes del comunicado consideran que el artículo desinforma sobre la ley vigente. Lo único cierto es que, como señalan los médicos que son los que deben enfrentar en concreto estas prácticas, el Protocolo de Nación al que Entre Ríos ha adherido, al no poner un plazo de gestación a la autorización del aborto en casos de violación, coloca al profesional en un dilema ético, considerando que el límite de 20 a 22 semanas en que la ciencia considera viable la vida del niño fuera del útero materno es, antes que un límite, una cornisa, pues abre la puerta a situaciones de difícil resolución ética y científica.

Médicamente, sea natural o provocado, se considera aborto hasta las 22 semanas y los 500 gramos. Aclaremos de todos modos que se trata de un bebé ya completamente formado. Apenas unos días después, tendrá chances de sobrevivir con asistencia médica, respiratoria esencialmente. Es algo que debería ser comunicado a la madre gestante. Pero el Protocolo no lo prevé así.

De hecho, en otro hospital público, el Pedro Moguillansky de Cipoletti, Río Negro, se dio el caso de un médico obstetra, Leandro Rodríguez Lastra, que consideró arriesgado practicar un aborto por tratarse de un embarazo de cinco meses y hoy está procesado por violencia obstétrica e inclumpliiento de deberes. Debido a que la madre tenía cinco meses de embarazo, el hospital decidió no practicar un aborto y en cambio programar una cesárea para el momento en que el niño ya no corriera riesgos. Este nació sano al séptimo mes y fue adoptado. Algo evidentemente inaceptable para los colectivos abortistas que son los que presentaron la denuncia contra Rodríguez Lastra. Cabe señalar que la justicia no está investigando la violación contra la mujer ni tampoco a quienes, sin ser profesionales de la salud, le dieron una droga abortiva que no llegó a hacer efecto pero que sí puso en riesgo su salud.

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En el caso de Concordia, también en un primer momento los médicos se negaron a practicar el aborto solicitado por la familia de la menor. Por dos motivos: ignoraban que no era necesaria una denuncia judicial (algo contrario al sentido común, dicho sea de paso) y no les había sido comunicado de entrada que la niña estaba embarazada. Fue llevada al hospital por una dolencia abdominal.

Ante la negativa del hospital, el abogado de los padres de la menor apeló a una jueza de familia, la doctora Belén Esteves, que les explicó a los responsables del hospital que la ley los obligaba a practicar el aborto y que no era necesaria la denuncia.

"La colega a la que le tocó lo vivió tan presionada y, diría, casi amenazada de que le iban a hacer una demanda penal si no hacía o no intervenía en el Protocolo", dijo el obstetra Fernando Rivas.

Como sea, ahora habrá una investigación judicial. Podrán precisarse las circunstancias en que ocurrió el presunto abuso, que la familia no denunció, y la actuación de los médicos.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos. Varias entidades le reclaman la derogación del Protocolo de aborto no punible

De momento, varias instituciones provinciales están reclamando al gobernador, Gustavo Bordet, que derogue el Protocolo en cuestión.

Un proyecto de la diputada Alejandra Viola (Cambiemos) fue presentado en la Cámara de Diputados provincial solicitando la derogación de las resoluciones 2383 y 3616/17 del ministerio de Salud de la Provincia, que actualizan el "Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo".

En el mismo sentido se han pronunciado autoridades eclesiásticas, tanto de a Iglesia Católica como de Aciera (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina).

"Ningún derecho individual puede justificar la eliminación de la vida humana del que no se puede defender", dice el comunicado firmado por el obispo de la diócesis de Concordia, Luis Armando Collazuol.

Aciera, por su parte, respaldó los términos del comunicado emitido por la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER): "Como cristianos, en consonancia con la mayoría de los argentinos, requerimos a nuestros representantes gubernamentales, que actúen basados en la bioética, la ciencia, la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y Nuestra Constitución Provincial defendiendo la vida y los derechos humanos en todas sus etapas".