Esta vez se trata del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, presentado por los alcaldes Layda Sansores y Víctor Hugo Romo, que establece la expropiación de los inmuebles donde se violen sellos de clausura en una obra, además de cárcel para el propietario.

El día 2 de este mes los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo presentaron al Congreso de la Ciudad de México el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que en su artículo 4 bis dice textualmente:

“La extinción de dominio procederá sobre bienes inmuebles en los que se cometa el delito de quebrantamiento de sellos, sin perjuicio de que solamente una parte del bien inmueble haya sido objeto de ampliación, modificación, construcción, demolición, explotación o uso. En el caso de quebrantamiento de sellos de anuncios, la extinción de dominio procederá sobre el inmueble en que se encuentre instalado o soportado el anuncio”.

El proyecto de Ley señala que el quebrantamiento de los sellos de clausura, además de la expropiación del inmueble, será tratado como un acto de delincuencia organizada y la pena será de entre seis y diez años de cárcel (El Financiero, 2 de julio).

De aprobarse esta iniciativa de los alcaldes de Morena, cualquier rotura del sello de clausura a una obra permitirá que el gobierno se quede con la propiedad.

En el fondo, por lo que dice el ordenamiento en trámite en el Congreso capitalino, de lo que se trata es de expropiar inmuebles con el pretexto de la rotura de un sello.

Van ejemplos: si usted es dueño de una panadería y está haciendo una mejora o ampliación, pero es clausurada por falta de algún papel, si la lluvia o un vecino maloso le desprende el sello, pierde la panadería.

Ese bien, en virtud de la Ley de Extinción de Dominio presentada por los alcaldes Sansores y Romo, pasará a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

O si es constructor de casas habitación, su competidor en esa rama le puede arrancar los sellos y así lo saca de la competencia: le quitan las casas y lo meten a la cárcel.

Ese destacado Procurador General de la República que fue Ignacio Morales Lechuga, ha vuelto a dar la voz de alerta sobre este caso como una violación al derecho a la propiedad privada.

Más que eso, según expuso ayer en su artículo “CDMX: otro intento de confiscación” (El Universal), el ex procurador explica que se viola la Constitución en sus artículos 1, 14, 16, 22, 73, entre otros.

De aprobarse esta ley –algo muy posible, pues Morena tiene mayoría en el Congreso capitalino–, los inspectores se convertirán en comisarios facultados para confiscar propiedad privada: su acta será suficiente para que un ciudadano sea despojado de su casa, su negocio o departamento.

Un error de la autoridad, un aguacero o una mala acción de un tercero, provocará que se ejecute el acto de confiscación.

Peor aún ahora que la construcción en la CDMX está completamente parada: ¿a cuánto va a subir el moche para que el inspector no señale a una casa o edificio como sitio donde se violaron los sellos?

La mayoría de los inspectores son honestos, lo sabemos, pero ¿y los otros?

Esta maniobra de corte estatista y confiscatoria que impulsan los alcaldes de Morena, es consistente con otros ordenamientos legales que ese partido ha emitido en contra de la propiedad privada.

La anterior embestida fue con ocasión de la Ley de Derechos Humanos en la CDMX, que prohibía los lanzamientos en la capital del país, aun cuando se comprobara que el inquilino se negaba reiteradamente a pagar la renta.

Tuvieron que echar abajo esa Ley, ante la presión pública que originó tal atentado a la propiedad privada.

Era, también, un incentivo a las invasiones, pues establecía que en el caso extremo de que un arrendatario tuviera que desalojar una vivienda (tras largos años de juicio), el gobierno se obligaba a proporcionarle otra, confortable y cerca del lugar donde se perpetró el abuso.

Como se ve, el aliento estatista y confiscatorio de Morena está muy presente en la capital del país.

La realidad es que hoy se tramita en el Congreso local una Ley que despojaría de sus bienes inmuebles a un ciudadano o a una empresa, por la voluntad de un inspector, un accidente, un error de la autoridad o el simple acto (ruptura de un sello) de un maloso o grupo de interés.

Por lo visto, en la Ciudad de México no se puede bajar la guardia ante la inercia confiscatoria de Morena.