El diputado Andrés Larroque también se refirió a una posible postulación kirchnerista en las próximas elecciones presidenciales y dijo: Hay patria, hay esperanza y hay 2019" Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de agosto de 2018 • 00:45

(DPA).- En medio de la causa de los cuadernos de las coimas , dirigentes del kirchnerismo llamaron a "ganar las calles", luego de que la Justicia apuntara a Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015) como líderes de una "organización delictiva".

Durante un acto partidario en Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque , diputado nacional y secretario general de la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora , dijo: "Buscan quebrar al pueblo y a los dirigentes. Buscan arrepentidos por todos lados, pero acá no se arrepiente nadie".

Y, en referencia a una posible postulación kirchnerista en las elecciones presidenciales del año próximo, sostuvo: "Nuestra tarea es organizar la esperanza, es ganar las calles. Hay patria, hay esperanza y hay 2019".

Los cuadernos de las coimas: cómo empezó, cuál es la trama y quiénes están involucrados 02:16

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El legislador fue señalado como uno de los dirigentes que recibió bolsos con dinero en la supuesta trama de sobornos pagados por empresarios a kirchneristas a cambio de contratos de obras públicas.

El acto realizado por sectores del peronismo vinculados al kirchnerismo tuvo lugar de forma paralela al registro que llevó a cabo la Justicia, por segundo día consecutivo, a la casa familiar de Cristina Fernández de Kirchner en la villa turística de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

Además, el jueves fueron allanadas las viviendas de la ex mandataria en Buenos Aires y en Río Gallegos, capital de Santa Cruz.

El juez Claudio Bonadio , que está a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, consideró que en la Argentina funcionó "una organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandada por el matrimonio Kirchner.

Estos se valieron "de medios oficiales y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional", señala el informe del juzgado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para Bonadio, se obtuvieron indicios que "permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos- [exfuncionarios] efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".

El informe señala que antes de "percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".

Durante la investigación, fueron detenidas 26 personas, 11 de las cuales están en libertad. Además, hay dos personas con pedidos de captura. Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado.

La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien era el número dos de Planificación Federal y ahora está detenido por esta causa.

Allí, el chofer describió las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el efectivo era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.

Tras su difusión, varios empresarios declararon ante el juez como "arrepentidos" y aseguraron que pagaron sobornos, al tiempo que algunos exfuncionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.

La expresidenta y actual senadora, que afronta además otras investigaciones en su contra, rechazó en cambio todos los cargos y denunció una persecución judicial

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