El Departamento de Estado envía un argumentario a sus legaciones en países que barajan el nuevo impuesto digital para que adviertan de que "la Administración Trump no tolerará ninguna discriminación a grupos estadounidenses"

El Departamento de Estado de EEUU ha remitido un argumentario a sus embajadas en países que barajan crear la tasa Google, entre ellos España, en la que les ordena que avisen de «represalias» a los Gobiernos que den el paso de forma unilateral. «La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados ni tolerará ninguna discriminación contra compañías con sede en EEUU», afirma en el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

El Departamento que dirige Mike Pompeo recuerda a sus embajadores que el compromiso internacional es negociar un nuevo régimen fiscal dentro de la OCDE y que ningún Estado miembro debe actuar por su cuenta. «Si un país se mueve fuera del procedimiento en curso en la OCDE e impone unilateralmente un Impuesto sobre los Servicios Digitales, EEUU tomará seriamente en cuenta acciones de represalia», amenaza. No detalla las acciones de respuesta, pero en el caso de Francia -pionero en la tasa Google- Washington ha activado ya un procedimiento de investigación que puede desembocar en la subida de aranceles a productos franceses y otras medidas.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiso adelantarse al de Francia, pero renunció tras ser tumbados sus Presupuestos. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, lo volvió ayer a poner sobre la mesa.

El arsenal de respuesta de Washington sería amplio, según el argumentario: «EEUU analizará todas las opciones legales para responder a cualquier país que implante el Impuesto sobre Servicios Digitales con impacto potencialmente discriminatorio y de trato nacional preferente». Lo hará «a la luz de nuestros acuerdos y tratados internacionales, incluida la Organización Mundial de Comercio, y nuestro comercio interior y normativa fiscal». Critica que «hay algunos gobiernos, especialmente en Europa» que «lo están politizando» y buscan impuestos «diseñados intencionadamente para compañías de EEUU dejando fuera las locales y nacionales». Asegura además que el efecto sería negativo para los consumidores, «porque los impuestos serían finalmente repercutidos a los usuarios de servicios digitales».

No obstante, admite que «todas las empresas, con independencia de su nacionalidad o sector económico, deben pagar su parte justa de impuestos» y que los cambios en la economía digital requieren adaptación de los sistemas fiscales. Pero añade que ésta debe llegar con acuerdo internacional, por eso se congratula de que Australia haya dado ya marcha atrás y se haya comprometido a esperar a un acuerdo en la OCDE.

El actual Gobierno de Sánchez parecía tras la reunión del G20 que seguía los pasos de Australia y en su programa para negociar con Podemos no contemplaba la tasa Google ya en España de forma unilateral, pero Calviño reabrió ayer la puerta en DigitalES Summit 2019, el encuentro anual organizado por la patronal tecnológica del mismo nombre. «Como el proceso es global, lo ideal es que se llegue a un acuerdo a nivel global; en su defecto, a nivel europeo. Si no se llega a un acuerdo en estos dos ámbitos, tendremos que actuar a nivel nacional», avisó Calviño. «El Gobierno no descarta actuar y abordar esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando un acuerdo en el ámbito europeo y en el ámbito mundial. Tenemos una participación muy activa en todas las reuniones de la OCDE y del G-20 en este terreno», expuso la ministra. Ve fundamental «abordar un sistema fiscal que refleje dónde se produce el valor añadido». A su juicio, «antes se producía en los bienes, pero ahora el valor añadido se deriva de los datos, de los ciudadanos», argumentó. «Por eso tenemos que modernizar nuestro sistema fiscal».

El llamado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) cargaría las actividades digitales de las grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon, aunque no sólo ellas. Fue contemplado para este año por el Gobierno para gravar «servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos». Hacienda previó recaudar 1.200 millones, cifra inverosímil, según la Comisión Europea. La futura presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pidió ayer que la UE espere para este impuesto hasta 2021, si no hay acuerdo a finales de 2020 en la OCDE.