La crisis en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ha sido clave para acrecentar la desconfianza de los jóvenes con un sistema que no garantiza la calidad de su educación. Todas las instituciones que han sido investigadas por acreditaciones fraudulentas y lucro han registrado bajas considerables en sus matrículas de primer año para 2013, al punto de que al menos 36 carreras se han cerrado por falta de interesados. CIPER recorrió las sedes en Santiago de cada una de esas instituciones y constató en terreno que, mientras la fiscalía y el Ministerio de Educación indagan las irregularidades, los jóvenes se muestran reticentes a inscribirse en establecimientos cuestionados.

La Universidad Pedro de Valdivia (UPV) ha tenido un comienzo de año para el olvido. A una semana del inicio de clases, ninguna de las 34 carreras que ofreció en diciembre pasado para los alumnos que se matricularían por primera vez en 2013 ha llenado sus vacantes. Pero la situación para esa casa de estudios, una de las cinco que se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público por irregularidades en sus procesos de acreditación, es aun más grave: de esas 34 carreras, 15 no serán impartidas porque simplemente nadie se inscribió. O porque eran tan pocos los matriculados que se hizo inviable impartir los cursos.

Si las 19 carreras que aún tienen matrícula abierta en la UPV no alcanzan una cuota mínima de nuevos alumnos, peligra la continuidad de su proyecto educacional. Su Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicaciones es la que ha resultado más perjudicada: como el total de postulantes no alcanzó ni siquiera para llenar un curso, este año sus cuatro carreras –Arquitectura, Diseño Gráfico y Multimedia, Publicidad y Relaciones Públicas para la Gestión de las Comunicaciones– tendrán sus puertas cerradas para alumnos de primer año.

Lo que ha ocurrido en la UPV, al igual que en los otros cinco planteles de educación superior que durante meses han sido investigados por la Fiscalía Metropolitana Oriente, refleja la desconfianza que se ha generado entre los jóvenes por la crisis en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Una crisis que, además de la UPV, involucra a las universidades Del Mar (cuyo cierre total ya fue decretado), Uniacc, Bernardo O’Higgins y SEK, ya que todas ellas han sido investigadas por sus vínculos con el ex presidente interino de la CNA, Eugenio Díaz, o por haber firmado contratos de asesorías con su sociedad Gestión Ltda. para obtener la tan ansiada acreditación. Ya está comprobado que esto último ocurrió en la U. del Mar, Uniacc, UBO y UPV. Por esos servicios, Díaz –hoy formalizado junto a otros dos ex rectores de universidades– recibió pagos millonarios, de los cuales se han contabilizado $290 millones.

En una segunda etapa de la investigación judicial, a las instituciones mencionadas se sumaron el Instituto Profesional Arcos, los centros de formación técnica INSEC, Del Medio Ambiente (IDMA) y Simón Bolívar, la Escuela Moderna de Música y la Universidad Autónoma (UA), de propiedad del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

CIPER visitó las sedes en Santiago de todas las instituciones que han sido investigadas por la fiscalía por sobornos y ventas de acreditaciones, además de los planteles que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha oficiado por lucro. Y en todos ellos pudimos constatar que las matrículas para primer año han sufrido considerables bajas para 2013. Es, de cierta forma, un castigo impuesto por los jóvenes que a fines de 2012 rindieron la PSU y que han perdido la confianza en un sistema que no garantiza la calidad en los planes educacionales que se les ofrece. Hasta la fecha, seis establecimientos ya suman la cancelación de al menos 36 carreras (ver recuadro con la nómina de los programas clausurados para 2013), mientras que otros ocho planteles aún no saben si deberán cerrar carreras por la falta de matrícula.

Valentina cursa el último año de Enfermería en la UPV. Y aunque para ella el término de sus estudios está asegurado, sabe que para los nuevos alumnos matricularse allí es un riesgo:

-A nivel administrativo, la universidad es pésima. No me extrañaría que la cerraran como pasó con la U. del Mar. Si yo entrara a primer año, buscaría otra universidad porque ésta no da garantías de que siga funcionando, pero como me queda tan poco ya no vale la pena cambiarme.

LOS HOMBRES DE LA CRISIS

Mientras los centros educacionales que han sido cuestionados se han ido quedando sin alumnos, la investigación de la fiscalía ha seguido su curso.

El miércoles 27 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago otorgó a Díaz el beneficio de la reclusión domiciliaria en vez de la prisión preventiva. Así, el ex presidente interino de la CNA dejó el anexo Capitán Yáber, donde pasó los últimos tres meses luego de que fuera formalizado el pasado 24 de noviembre por cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero. A pesar eso, la fiscalía ya informó que el 6 de marzo será nuevamente formalizado, aunque esta vez por las facturas falsas que habría emitido su sociedad Gestión Ltda. a la Universidad del Mar (UDM).

El primero de los tres formalizados en esta causa que pudo cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, mientras se desarrolla la investigación, fue Ángel Maulén, ex rector de la UPV, quien consiguió el beneficio el 2 de enero de 2013. Su vinculación con el escándalo de la venta de acreditaciones tiene que ver con una serie de mails que intercambió con Díaz para coordinar las asesorías que el ex miembro de la CNA hizo a la UPV. Esas asesorías fueron realizadas tan sólo cinco meses antes de que la universidad obtuviera su acreditación institucional el 29 de diciembre de 2010, lo que le permitió recibir 1.400 alumnos que solicitaron el Crédito con Aval del Estado (CAE) por $2.350 millones. Además, hay constancia de un contrato por $50 millones que Eugenio Díaz suscribió con la UPV. En diciembre de 2012, CIPER reveló cómo esa universidad, a través de una red de empresas en las que Maúlen es socio y la ayuda clave del ex CNA, consiguió la ansiada certificación de calidad.

Lo mismo pasó con el ex rector de la UDM, Héctor Zúñiga, formalizado por soborno y lavado de activos junto a Díaz y Maulén. El 9 de enero pasado fue beneficiado con el arresto domiciliario, pero el 18 de ese mismo mes volvió a prisión, luego de que se acreditara su participación en “movimientos financieros sospechosos”, ya que habría sido parte de la venta de la sede en Punta Arenas de la UDM. Un mes después, el 20 de febrero el tribunal nuevamente lo favoreció con el arresto en su domicilio.

La situación de Zúñiga es ahora una de las más complejas. A los pocos días de haber salido de prisión preventiva por primera vez en enero pasado, ingresó a una cuenta corriente de la UDM, sin ser el titular. Según la fiscalía Zúñiga ingresó a esa cuenta porque había presentado una acción legal en contra de la universidad por dineros adeudados de su finiquito como rector, por lo que deseaba asegurarse de que la universidad tenía fondos. Al constatar que existía un saldo de $11 millones, Zúñiga se contactó con el receptor judicial para que embargara la cuenta. Este dato fue presentado por el Ministerio Público el 20 de febrero ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Los antecedentes podrían significarle a Zúñiga una nueva acusación, ahora por fraude informático e infracción a la Ley de Bancos.

Las relaciones que forjaron Díaz, Zúñiga y Maulén, para obtener acreditaciones de forma fraudulenta, han hecho mella en las casas de estudios que alguna vez representaron. Para este año, cuando más de 231.000 jóvenes rindieron la PSU, sus matrículas se han reducido de forma dramática. Eso también ha ocurrido en la Universidad Internacional SEK, y no es casualidad: desde el próximo 6 de marzo, su ex rector José Schroeder pasará a formar parte de la nómina de imputados en el caso CNA.

EL VÍNCULO SCHROEDER

En el Departamento de Admisión de la Universidad SEK informaron a CIPER que este año, de las 41 carreras que imparte esa casa de estudios, 11 cerraron por no contar con un mínimo de postulantes en primer año. Así, la universidad del empresario español Jorge Segovia –hoy radicado en España– se convirtió en la segunda que más programas ha cancelado por falta de alumnos. De las 30 carreras que siguen abiertas, sólo Enfermería ha llenado sus cupos. Si se analizan los vínculos de su ex rector, José Schroeder, con Eugenio Díaz, es fácil entender por qué los estudiantes ven como un riesgo matricularse en la Universidad SEK. Ambos hombres intercambiaron una serie de mails que están en poder de la fiscalía, y en los que Díaz solicitó a Schroeder que contratara a una “sobrina”, Andrea Moraga Tononi, a cambio de asesorías permanentes y no remuneradas. El Ministerio Público intenta dilucidar por qué se le pagaron $2,6 millones por “asesorías periodísticas” a Moraga. Otro mail que complica a Schroeder y Díaz es uno donde el ex presidente de la CNA le sugiere al ex rector crear el área de “Vinculación con el Medio” y que los contrate a él y Moraga con el mismo sueldo de los directores. Estos antecedentes son los que arguye la fiscalía para intentar formalizar a Schroeder el próximo 6 de marzo e incluirlo entre los imputados por las acreditaciones irregulares. El ministro de Educación, Harald Beyer, no descartó iniciar también una investigación contra la SEK desde el Mineduc. La Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), también involucrada en el caso CNA por las asesorías de Eugenio Díaz, es otro de los planteles que figura entre aquellos que han debido cerrar carreras. Si se hace un ranking de las universidades que más programas han cancelado, la UBO ocuparía el tercer lugar, después de la UPV y la SEK. En agosto de 2012, un reportaje de CIPER comprobó la existencia de un contrato entre la UBO y el ex presidente de la CNA para que Díaz ayudara a ese establecimiento a “vincularse con el medio”, uno de los ítems incluidos en la acreditación. Cuatro meses más tarde, la misma CNA solicitó a la Fiscalía Oriente los antecedentes de la UBO tras acceder a correos electrónicos entre Díaz y el actual rector de esa casa de estudios, Claudio Ruff. En diciembre de 2012, la Comisión acordó no renovar la acreditación de la UBO, por lo que perdió su capacidad para recibir alumnos con CAE. Lo anterior podría explicar la caída en los índices de ingreso de la UBO para este año. En el Departamento de Admisión de la universidad indicaron a CIPER que de los 22 programas de estudios ofrecidos para 2013, cuatro cerraron por falta de alumnos: Ingeniería Civil Industrial, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, Técnico de Nivel Superior en Gastronomía Internacional y Pedagogía en Educación Parvularia, esta última acreditada desde diciembre de 2011 a diciembre de 2014 por la agencia Acreditacción. Las restantes 18 carreras aún no llenan sus vacantes. OFICIADAS POR LUCRO No todas las instituciones que han sido cuestionadas por su gestión en el último tiempo son materia de investigación judicial. El Ministerio de Educación ha realizado indagaciones paralelas a las de la fiscalía para determinar si ha existido o no lucro en distintas entidades educacionales. Esas investigaciones partieron luego de que en junio de 2012, la CNA enviara dos oficios al Mineduc que avisaban de traspasos de dineros entre universidades y sus empresas relacionadas. Una de las entidades involucradas era la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicaciones (Uniacc). La otra, la Universidad Santo Tomás (UST). La denuncia la hizo el ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, el 12 de junio del año pasado. A través de dos oficios reservados que envió al Mineduc, dio cuenta de antecedentes que, a su juicio, evidenciaban la existencia de lucro en la Uniacc y la UST: ambas instituciones realizaron préstamos a empresas relacionadas sin reajustes, plazos ni intereses, lo que dañó su patrimonio. En el caso de la Uniacc, los datos que Basso entregó al ministro Beyer indicaban que la universidad prestó $5.507 millones a Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación S.A. Por su parte, de los $13.096 millones que habría prestado la UST a empresas relacionadas, un porcentaje significativo fue a parar a las arcas de Inmobiliaria Rádices S.A. Sobre ese último punto, el ministerio tomó una decisión polémica: cerrar la investigación al estimar que las operaciones detectadas por la CNA no causaron daño al patrimonio de la UST. Sin embargo, una investigación de CIPER mostró que la autoridad no tuvo a la vista antecedentes fundamentales y, a la vez, no consideró la opinión de un especialista convocado por el propio ministerio (Fernando Bravo) quien sostuvo que las operaciones de préstamo descritas sí dañaron el patrimonio de la universidad. Actualmente, la UST no figura en las investigaciones de la fiscalía ni del Mineduc. Un dato que hasta ahora ha pasado inadvertido es que la hija de Eugenio Díaz fue secretaria del fallecido ex dueño de la UST, Gerardo Rocha. Aunque ni en la UST ni en la Uniacc se han cerrado carreras para 2013 por falta de postulantes, los cuestionamientos por lucro han tenido impacto directo en sus matrículas. De acuerdo a lo informado por una de sus ejecutivas de difusión, la Uniacc no ha cerrado ninguna de las 10 carreras que ofrece para este año. Sin embargo, en la universidad expresaron que el promedio de matriculados por carrera es bajo: no más de 25 alumnos por cada una. De los 27 programas que la UST impartirá este año, según lo que informaron a CIPER en su Departamento de Admisión, sólo dos tienen vacantes completas: Medicina Veterinaria y Psicología vespertina. Además, señalaron que ninguna carrera ha cerrado por falta de matriculados. La situación del Instituto Profesional Santo Tomás, del mismo grupo educacional, es más auspiciosa. De las 29 carreras que impartirán en la sede Santiago Centro, seis completaron sus cupos: Ingeniería de Ejecución en Administración, Agente de Ventas mención Visitador Médico, Analista Programador, Técnico en Odontología, Técnico en Laboratorio Clínico y Técnico en Enfermería. Sin embargo, Técnico en Deporte no se dictará en 2013 por falta de interesados. EL EFECTO RIBERA La Universidad Autónoma (UA) cuenta en su malla curricular de este año con 30 carreras. Sin embargo, al igual que las otras entidades que han sido objeto de investigaciones por parte de la fiscalía y del Mineduc, su número de postulantes ha registrado una baja importante en relación a los años anteriores. Un hecho que está estrechamente vinculado a los cuestionamientos que terminaron con su dueño y ex rector, Teodoro Ribera, renunciando al Ministerio de Justicia a fines de 2012. La UA apareció en la investigación del Ministerio Público una semana después de la formalización de Eugenio Díaz, cuando el fiscal Carlos Gajardo ordenó a la PDI obtener toda la información contable del plantel, desde 2005 a 2012. La diligencia fue solicitada luego de que El Mercurio publicara un artículo el 8 de diciembre de 2012 en el que se dieron a conocer dos asesorías del ex presidente de la CNA a Gendarmería, mientras Ribera era el superior jerárquico de esa institución como ministro de Justicia. Dos días después, CIPER publicó los correos electrónicos enviados por Eugenio Díaz a Ribera, cuando éste era rector de la UA. En ellos, Díaz solicitaba como favor personal recibir en la universidad a un sobrino-nieto que deseaba estudiar Kinesiología en Talca. A esos mails que están en poder de la fiscalía, se suman otras pesquisas que apuntan directamente a las asesorías que Eugenio Díaz realizó para Gendarmería mientras participaba por la CNA en la acreditación del instituto INCACEA, que controla la familia del ex ministro y donde Ribera posee el 7,5% de la participación. La abrupta salida de Ribera del gobierno, al parecer resultó clave para que una universidad que ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, se estancara en 2013. De acuerdo a la ficha de la UA publicada por el portal Mifuturo.cl, del Mineduc, entre 2007 y 2012 su matrícula se duplicó: en sólo seis años, pasó de tener 10.421 alumnos a 20.606. Este año, esa tendencia se acabó. Según la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Autónoma, de sus 30 carreras ofrecidas para 2013, Obstetricia y Enfermería son las únicas con vacantes completas. Por otro lado, Ingeniería Civil en Obras Civiles no se impartirá por falta de matriculados. EL BRAZO DE DÍAZ EN LOS IP Y CFT A mediados de diciembre, la fiscalía logró dar con un personaje clave para entender los mecanismos que empleó Eugenio Díaz para, primero, vincularse con las instituciones de educación superior y, posteriormente, ofrecerles asesorías que les facilitarían el proceso de acreditación ante la CNA, de la cual el mismo Díaz era miembro. María Isabel Roldán, educadora diferencial de la Universidad Mariscal Sucre (cerrada en 1998), conoció a Díaz en 2006, cuando ella trabajaba en la UBO. Tres años después, el ex presidente de la CNA le entregó documentos del instituto INSEC y le pidió ayuda para conseguir su autonomía. Desde entonces trabajarían juntos. Roldán reconoció a los fiscales que por ese primer trabajo le pagaron $3.000.000. La mujer, que ha declarado sentirse usada como “palo blanco” de Díaz, en agosto de 2010 ayudó al Centro de Formación Técnica IDMA a elaborar el informe de autoevaluación, documento que la CNA solicita a todas las instituciones antes de pronunciarse sobre su acreditación. Lo mismo ocurrió con el Instituto Profesional Arcos, en la misma fecha. Distinto fue lo que pasó con la Escuela Moderna de Música (EMM). Díaz y Roldán se ofrecieron para ayudar en el proceso de acreditación, pero Vivien Wurman, rectora de la escuela, rechazó la propuesta. Eso, según contó Jorge Selume a CIPER en una entrevista, molestó mucho a Díaz. Lo que ocurrió después aclara el sistema que Díaz tenía institucionalizado: María Isabel Roldán presidió la comisión evaluadora para la acreditación. Si las asesorías anteriores dejan dudas de cómo operó Díaz, el hecho de que Roldán fuera propuesta por él como par evaluador de la U. del Mar, las despeja. Roldán declaró ante la fiscalía que posteriormente Díaz la llamó y le dijo que haría una asesoría para la UDM y que quería que ella participara. Díaz le pagó $2.000.000 a través de su sociedad Gestión Ltda. Todas las instituciones que contaron con las asesorías de Díaz y Roldán para obtener su acreditación están hoy bajo la lupa del Ministerio Público, lo que ha impactado en su número de matrículas. El instituto INSEC, autónomo recién desde diciembre pasado, ofrece cinco carreras técnicas para 2013, pero sólo tres presentan un número mínimo de estudiantes que permite garantizar que se impartirán. Lo que pasará con las otras dos se evaluará al finalizar el proceso de matrículas, a fines de marzo. En el CFT IDMA dicen que ninguna de sus 12 carreras ha llenado sus vacantes y que una de ellas, Técnico en Gestión de Comunidades Digitales, cerró por falta de interesados. Lo mismo pasa en el Instituto Profesional Arcos, donde la carrera de Publicidad debió cerrar por no contar con los postulantes mínimos.

Estas son las carreras cerradas por los planteles de educación superior investigados por irregularidades Durante una semana, CIPER visitó los departamentos de admisión de 12 instituciones de educación superior. Todas han sido investigadas por el Ministerio Público o el Mineduc, o bien cuestionadas por sus vínculos con Eugenio Díaz para obtener acreditaciones de forma irregular. En la mayoría disminuyeron los matriculados en primer año, y siete cerraron al menos una carrera por falta de alumnos. El peor caso es el de la Universidad Pedro de Valdivia, con 15 programas que no se impartirán en 2013 por no contar con el número mínimo de matriculados. La sigue de cerca la Universidad Internacional Sek, con 11, y la UBO con cuatro. Los únicos planteles que hasta el momento no han cerrado carreras son las universidades UNIACC, Santo Tomás, Gabriela Mistral, y los centros de formación técnica Simón Bolívar e INSEC. Pero su suerte aún está por verse. En la UGM informaron que por la baja matrícula analizan no impartir Licenciatura en Historia, y a fines de marzo el INSEC estudiará la continuidad de Contador General y Técnico en Gestión de Productos. Hasta el 28 de febrero, este es el detalle de instituciones con carreras cerradas: Universidad Pedro de Valdivia: 1) Ingeniería Industrial 2) Pedagogía en Educación Diferencial (Acreditada 2012-2014) 3) Pedagogía en Educación General Básica mención Trastornos del Aprendizaje (Acreditada 2012-2014) 4) Educación Parvularia mención Expresión Artística (en proceso de reacreditación) 5) Pedagogía en Historia y Geografía (en proceso de reacreditación) 6) Pedagogía en Educación General Básica mención Inglés (en proceso de reacreditación) 7) Pedagogía en Educación Parvularia mención Inglés (en proceso de reacreditación) 8) Psicología 9) Tecnología Médica 10) Nutrición y Dietética 11) Trabajo Social 12) Arquitectura 13) Diseño Gráfico y Multimedia 14) Publicidad 15) Relaciones Públicas para la Gestión de la Comunicaciones Universidad Internacional SEK: 1) Trabajo social (Diurno) 2) Pedagogía en Educación Diferencial (Vespertino) 3) Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación (Vespertino) 4) Pedagogía en Historia y Geografía (Vespertino) 5) Pedagogía en Educación General Básica (Diurno) 6) Pedagogía en Matemáticas (Diurno) 7) Pedagogía en Matemáticas (Vespertino) 8) Periodismo (Diurno) 9) Ingeniería Comercial (Diurno) 10) Ingeniería en Turismo (Diurno) 11) Ingeniería en Turismo (Vespertino) Universidad Bernardo O’Higgins: 1) Ingeniería Civil Industrial, 2) Técnico de Nivel Superior en Enfermería 3) Técnico de Nivel Superior en Gastronomía Internacional 4) Pedagogía en Educación Parvularia mención en NBI (acreditada) Universidad Autónoma: 1) Ingeniería Civil en Obras Civiles Instituto Profesional Santo Tomás*: 1) Técnico en Deporte Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente IDMA: 1) Técnico en Gestión de Comunidades Digitales 2) Técnico en Medio Ambiente con mención en Minería (Modalidad JET) 3) Técnico en Minería y Geología Sustentable (Modalidad JET) Instituto Profesional Arcos: 1) Publicidad *Nota de la redacción: Hasta hoy el IP Santo Tomás no ha sido investigado. Sin embargo, pertenece a la Red Educacional Santo Tomás, cuya universidad fue objeto de una auditoría del Mineduc para determinar posible lucro de sus empresas relacionadas.