La privativa de libertad de Roberto Marrero es un hecho. La jueza del Tribunal 1° de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo destinó al jefe del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional a las celdas de El Helicoide sin fecha de expiración, pese a las irregularidades en el caso.

El allanamiento de su residencia el jueves 21 de marzo se debió a una orden de aprehensión que se generó a partir de un acta de investigación que señala que Marrero viajó a Colombia por las trochas ”con la finalidad de comprar armas y reclutar mercenarios colombianos y centroamericanos para conspirar y desestabilizar el país”.

“Se desconocen los detalles del viaje: cuándo, en qué fecha, con quién se reunió, a quién le compró. El acta es genérica; no cumple con los requerimientos de ley”, indicó el abogado defensor, Joel García.

La Fiscalía emitió la orden de allanamiento y aprehensión por estar incurriendo en los delitos de traición a la patria, conspiración y usurpación de funciones. Sin embargo, uno de ellos no le fue imputado y otro fue desestimado.

“El pronunciamiento de la jueza es incongruente. Luego de la audiencia se le imputaron los cargos de conspiración, asociación para delinquir, legitimación de capitales, usurpación de funciones y ocultamiento de armas. El de traición a la patria –que forma parte de la orden de aprehensión– no fue imputado, y usurpación de funciones no fue admitido, porque no se demostró en el expediente que él estaba incurso en el delito”, explicó el abogado en exclusiva a El Nacional.

La detención de Marrero, a quien se le atribuye ser la “mano derecha” del mandatario interino, Juan Guaidó, ocurrió en medio de una crisis en el país, cuando el también presidente del Parlamento intenta en conjunto con la AN cumplir una ruta que tiene como objetivo final realizar unos comicios electorales y, de esa forma, generar un cambio político en Venezuela.

“Vemos con toda claridad que Roberto Marrero es un perseguido político, pues judicialmente no hay elementos suficientes que llevaran a su detención”, dijo García

La ley le concedió al Ministerio Público 45 días para culminar las investigaciones y producir la acusación o no de Marrero. “En estos casos políticos puede durar más. Tenemos casos como el de Lorent Saleh, que tenía cuatro años detenido y no le habían hecho la audiencia preliminar; también está el de Juan Requesens, que tiene 7 meses y tampoco se ha llevado a cabo. Ellos retardan el proceso para aplicar una condena anticipada, sin juicio previo y debido proceso”.

En el lugar menos indicado

Luis Páez es el chofer del diputado Sergio Vergara. Funcionarios del Sebin le pidieron, durante la detención de Marrero, que llevara hasta El Helicoide uno de los vehículos que requerían. Al llegar a Roca Tarpeya fue aprehendido.

“Páez no aparece en el expediente. Solo su nombre está en la portada, porque ahí están identificadas las partes: el fiscal, el juez, etc. No lo relacionan con nada. Además, la jueza reconoció que su detención fue arbitraria porque no fue detenido en flagrancia ni tenía orden de aprehensión”, detalló el abogado.

Al conductor se le imputó el cargo de encubrimiento en el delito de conspiración y se ordenó su excarcelación con tres medidas cautelares: régimen de presentación cada ocho días y prohibición tanto de salida de la circunscripción del tribunal como de declarar a los medios sobre su caso.

Sin embargo, esta decisión también presenta una irregularidad. El artículo 242 del Código Procesal Penal señala que en ningún caso podrán concederse al imputado, de manera simultánea, tres o más medidas cautelares sustitutivas.

Aún se espera su excarcelación, pues pese a que el dictamen se dio el jueves en la noche, los funcionarios del Sebin todavía no han dejado salir a Páez de El Helicoide.