La demanda penal contra los responsables de Megaupload, el portal de intercambio de contenidos clausurado por la Administración de Estados Unidos, considera que existe una Al Qaeda de las descargas, una "organización criminal mundial dedicada a infringir la propiedad intelectual y a lavar dinero a escala masiva", y en la que incluye a varias de las páginas más populares entre los internautas españoles que descargan y visionan películas como Series Yonkis y Taringa.

Estas páginas están acusadas --aunque no formalmente imputadas-- de ofrecer vínculos a la red de Megaupload y formar parte del entramado "dedicado a vulnerar la propiedad intelectual y lavar dinero". Además, incluyen a Peliculasyonkis (como Series Yonkis, propiedad de la empresa madrileña Burn Media), Thepiratecity.org, megarealease.net, ninjavideo.net o surfthechannel.com. Algunas de ellas, como The PirateCity, Ninjavideo y la alemana Ninjavideo han sido clausuradas por intervención del FBI.

La acusación contra los siete responsables del portal ahora encarcelados --Kim Dotcom, Finn Batato, Julius Bencko, Sven Echternach, Mathias Ortmann, Andrus Nomm y Bram van der Kolk-- y las dos principales empresas --Megaupload Limited y Vestor Limited-- habla de la existencia de una Mega Conspiracy (jugando con el nombre de varios dominios y empresas de la trama, que comienzan con el prefijo Mega-) a la que acusa de distribuir ilegalmente películas, música, fotografías, programas de ordenador, videojuegos y libros electrónicos, y de ir expandiendo el negocio hacia otras industrias. Pero también de haber montado una trama para blanquear dinero y evadirlo al fisco estadounidense a través de complejos pagos y transacciones internacionales.

El 4% del tráfico mundial de internet

Según la exhaustiva investigación dirigida por el fiscal jefe contra el cibercrimen, Jay V. Prabhu, tras Megaupload existía una trama de empresas que cobraban sobre todo de la suscripción de los usuarios para tener mejor servicio en las descargas, en precios que iban desde los 9,99 dólares mensuales (7 euros) a los 199,99 dólares (150 euros) "de por vida", y de la publicidad, que obtenían tanto de su propia gestora de medios --Megaclick-- como de Google Adwords y otros servicios populares de anuncios. Por estos conceptos llegaron a obtener, según el fiscal, unos 150 millones de dólares (116 millones de euros) en seis años, desde septiembre del 2005 a junio del 2011.

Por publicidad, sin embargo, los investigadores consideran que Megaupload solo obtuvo 25 millones de dólares, pese a sus cifras de 180 millones de usuarios registrados, 50 millones de usuarios únicos al mes y acaparar el 4% del tráfico mundial de internet.

Pagos por Paypal

En la investigación, además de Google, aparecen involucradas otras empresas que gestionaron pagos de la trama, como Paypal y Moneybookers, dos de las páginas que cerraron las cuentas de apoyo a Wikileaks. A Paypal, propiedad de Ebay --cuyos responsables son contribuyentes del Partido Republicano, impulsores de la ley SOPA, destinada a perseguir las descargas ilegales en internet-- se le acusa de haber tramitado 110 millones de dólares de pagos de los internautas a la red. Moneybooks tramitó 5 millones de dólares a cuentas de los responsables.

La demanda también menciona varias transacciones monetarias de los acusados, que movían cantidades superiores al millón de dólares cada 15 días. A estos se les ha incautado numerosos bienes, entre ellos 25 coches y motos de lujo, como 13 Mercedes, un Maseratti y un Lamborghini, además de numerosas pantallas y material informático.

Datos albergados en EEUU

Megaupload tenía los servidores alojados en el estado de Virginia, a pocos kilómetros de las sedes oficiales del Gobierno estadounidense, incluyendo el Pentágono y el FBI. Su proveedor de hosting, Cogent Communication, albergaba en territorio estadounidense 24 petabytes de información (24 millones de gigabytes) en 525 ordenadores, aunque también tenía otros centros de datos en Europa y Asia.

Según los investigadores, aunque Megaupload se presenta como un servicio para guardar archivos privados, la red guardaba en sus propios servidores una copia pública de este contenido que era el que suministraba a petición de terceros. Según el texto, la web vulneraba de forma sistemática la política de privacidad--que otorga a los suscriptores la responsabilidad de sus archivos, que considera privados-- y situaba de forma pública este contenido para que la descarga fuera más rápida.

Sin buscador, pero con enlaces

También describe mecanismos por los cuales Megaupload camuflaba su intención de alojar contenidos que "infringen la ley de propiedad intelectual" . Entre ellos, la web no tenía un buscador integrado para localizar contenido desde fuera, pero sí que este era accesible a los suscriptores a través de enlaces. Además les acusa de promover que fueran los usuarios los que colgaran contenido protegido y, aunque admite que Megaupload "negociaba una herramienta de abuso para denunciar contenido ilegal", también les recrimina que nunca borraran este contenido, aunque sí lo hacían con contenidos "terroristas y de pornografía infantil".