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Luis Alberto Fernández, acusado por el secuestro y la muerte de Xiomara.

Ayer por la tarde luego de un largo corte de luz en los tribunales de Comodoro Py, Luis Alberto Fernández se sentó en la Fiscalía Federal N°12 a cargo de la doctora Alejandra Mangano para responder por el brutal secuestro que le costó la vida a Xiomara Naomi Méndez Morales. Asistido por un defensor oficial, Fernández, de 40 años de edad, vecino de Parque Patricios y empleado de una empresa de taxis, también con domicilio en la zona de Riestra y Bonorino en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, decidió callarse la boca. Lo que las grabadoras de la Corte Suprema tomaron mientras se llevaba a la joven de 15 años en el Fiat Duna propiedad de un ciudadano peruano dijeron mucho más.

Fernández mismo se habría comunicado con Jessica Morales Pérez, la madre de la menor, para presuntamente extorsionarla para devolverle a Xiomara a salvo tras llevársela de su escuela en Flores. "La chica gritó y lloró durante todo el trayecto", asegura un investigador. Las llamadas se hacían a través del WhatsApp de la menor, directo al teléfono de su madre, en una carrera que terminó con Xiomara muerta y con su boca tapada con cinta adhesiva frente a una remisería del Acceso Oeste en Ituzaingó.

Luis Fernández entra a Comodoro Py a declarar en la mañana de ayer. (Fabián Ramella)

Trascendió que Fernández y su cómplice, Bruno Cortéz, un hombre de la zona oeste que trabaja en una empresa de vigilancia privada, le habían pedido dinero y drogas. Infobae accedió a parte de las transcripciones de las comunicaciones intervenidas por la Justicia. Hay una frase particularmente inquietante supuestamente pronunciada por Fernández, un pedido a Jessica: "Decile a Grillo que me debe 30 kilos".

Los investigadores del caso apostaban en un primer momento a que Xiomara conocía a sus captores: Fernández, de acuerdo a fuentes del caso, sería la pareja de una tía de la menor. "Grillo" no sería otro que la actual pareja de su madre, del cual por ahora se desconoce su nombre completo.

Los "30 kilos" son un mundo aparte.

La hipótesis de una venganza narco no parecía tan firme en las primeras horas tras el hecho. Sorpresivamente, el juez federal de Morón Jorge Rodríguez ordenaba una redada a la casa de los Méndez Morales en Parque Avellaneda, un operativo ocurrido el mismo martes que incluía a otros siete domicilios entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires con ciudadanos peruanos, bolivianos y argentinos involucrados. "La muerte de la nena apuró todo", aseguraba una voz cercana a ese expediente.

El padre de Xiomara en la escena del crimen. (Lihueel Althabe)

No se encontró mucho en el domicilio, pocos gramos de marihuana y cocaína presuntamente para consumo personal. Mientras tanto, los registros de la Cámara federal constatados por Infobae hablan de antecedentes sugestivos.

Fernández tiene una única causa por drogas en los registros disponibles los tribunales de Retiro, al menos bajo su nombre y DNI: data de 2004, con ciudadanos bolivianos como supuestos cómplices, sin una elevación a un tribunal oral. Un familiar muy cercano a Xiomara de su familia paterna también tenía un antecedente: fue arrestado con 73 gramos de polvo en 100 bolsitas por el Operativo Cinturón Sur en abril de 2014 mientras entraba a la Villa 1-11-14, donde el padre biológico de Xiomara vive hasta hoy. El familiar recibió una probation de 96 horas de servicio comunitario en una iglesia de La Matanza dictaminada por el Tribunal Oral Federal N°1.

Los padres de la menor también tienen registros en su contra, los dos por narcotráfico. 2005, su madre, Juzgado Federal N°7, junto a otros cómplices también de nacionalidad peruana, entre ellos un hombre que luego sería condenado y detenido en una cárcel federal. El expediente fue elevado al Tribunal Oral Federal N°6. El padre de Xiomara también tuvo su propia causa narco, radicada en el Juzgado Federal N°12 en el mismo año, sin cómplices ni elevación a un tribunal.

Qué pasó con estos expedientes o sus contenidos es algo que se desconoce: los datos están por lo pronto en el Archivo federal.

El Fiat Duna en el que se llevaron a la menor.

De vuelta en los pasillos del quinto piso de Comodoro Py, Laura Fechino, abogada de "Marcos" Estrada González, histórico capo narco de la Villa 1-11-14, buscaba reunirse con el juez Claudio Bonadio -a cargo del expediente por la muerte de Xiomara- y la fiscal Mangano ayer por la tarde. Una tía de la víctima había involucrado al capo en la muerte frente a cámaras de televisión, aseguraba que Fernández trabajaba para la remisería Los Rebeldes, ligada años atras a Estrada. "Se descartó en dos causas radicada en el Juzgado Federal N°12 que Estrada González haya sido el dueño de las remiserías", asegura Fechino.

Desde su celda en el penal de Marcos Paz, el capo echaba humo, enojado, aseguraba que nada tenía que ver con todo esto, que estaba cansado de que le echen la culpa. Lo cierto es que ninguno de los involucrados, detenidos o familiares, estuvo mencionado alguna vez en los expedientes que investigaron a Estrada González en el Juzgado Federal N°12, "Marcos" jamás empleaba argentinos como Fernández, ser peruano era condición excluyente para integrar su organización. Nada encaja con el manual narco de la Villa 1-11-14 para crimenes narco. "Es raro todo, muy raro", dice alguien dentro del caso.

El informe preliminar de la autopsia de Xiomara reveló la extraña y cruel forma de atar su cuerpo en el Duna mientras viajaba en el piso de la parte trasera: una soga con torniquete en su cabeza, enrollada en el cinturón de seguridad del conductor.