Por: Juan Ortiz Freuler (@juanOF9)

El acceso a Internet es una herramienta fundamental para una democracia. Internet facilita que la ciudadanía se informe, se exprese y se organice en defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, uno de cada dos mexicanos aún no accede a este servicio. Esta brecha en el acceso a Internet no sólo refleja las profundas desigualdades que aquejan al país en lo económico, sino que las profundizan.

La desigualdad económica refleja injusticias que requieren acciones contundentes por parte del gobierno. La desigualdad fragmenta a nuestras sociedades entre los grupos que tienen acceso a ciertos bienes y al ejercicio efectivo de ciertos derechos, y aquellos que no. Una sociedad fragmentada es incapaz de coordinar acciones para el cumplimiento de grandes proyectos, y la injusticia que subyace a la desigualdad es un caldo de cultivo para la violencia. Un modelo que genera desigualdades, por lo tanto, no es ni justo ni sustentable .

El proceso de definir qué políticas serán implementadas para revertir este proceso de creciente desigualdad debe incorporar a la población y asegurar que se están considerando los argumentos e intereses de todos los grupos que componen el tejido social. Internet ha demostrado ser una herramienta útil para reducir los costos de comunicación, y así facilita no sólo la agregación de grandes cantidades de opiniones, sino también el acceso a información y el debate. Por tanto, es importante que Internet sea un medio que refleja la pluralidad de voces que coexisten en México. De otra manera, se convierte una herramienta que fortalece aún más la posición de quienes ya son favorecidos por el sistema vigente.

El artículo 6 de la Constitución parece reflejar esta urgencia: establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a Internet. La actual administración agrupó las políticas de conectividad bajo el Programa México Conectado (MC), y fijó tres objetivos: 1) mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, 2) disminuir la brecha digital y 3) ahorrar recursos públicos.

¿Cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de estos objetivos?

De los 250 mil sitios que se proyectó serían conectados para 2018, a fines de 2015 se habían conectado solo 101 mil, incluyendo 15 mil sitios conectados por la anterior administración. En 2016 se ejecutó menos del 20 % del presupuesto originalmente asignado (ver anexo). Para 2017 se prevé un presupuesto similar al ejecutado en 2016. Trascendidos sugieren que la meta de sitios a conectar para 2018 se redefinirá en entre 110 y 150 mil. Es decir la nueva meta es cumplir con menos del 60 % de la meta inicial de 250 mil sitios. Si con un presupuesto similar al que se proyecta para 2017 en 2016 no se ha avanzado en las licitaciones, surge la pregunta de cómo se cumplirá la nueva meta.

A su vez, en 2015 se modificó la metodología de la encuesta mediante la cual el INEGI proyecta, desde 2001, el porcentaje de la población que accede a Internet. La medición utilizando la nueva metodología arrojó como resultado un inaudito incremento de 13 puntos en el porcentaje de mexicanos que han utilizado Internet en los últimos 12 meses. Este sorprendente cambio da razones para creer que se ha producido un quiebre en la serie y que los resultados no son comparables interanualmente (ver anexo). Medir cómo varía el número de personas que accede a Internet a lo largo de los años es clave para evaluar los progresos en el cumplimiento del artículo 6 de la Constitución y el impacto de México Conectado. Una herramienta clave para medir el impacto de MC parece haber sido desarticulada.

Por tanto, confluyen una amplia gama de factores que nos hacen creer que esta política tan necesaria para garantizar el ejercicio de derechos cívicos se está devaluando. Los recortes presupuestarios y de metas han venido acompañados de lo que percibimos como un cambio en los principios que informan esta política: Si inicialmente se la presentó como una política enfocada en acotar la brecha de Internet (ver), parece estar inclinándose hacia una política de fortalecimiento de la infraestructura del aparato Estatal. De ser así, acotar la brecha en el acceso a Internet habría pasado de ser uno de los objetivos centrales a un mero efecto colateral.

Para fines de 2017, los contratos suscritos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con las empresas prestatarias de servicios de Internet se habrán vencido. Es decir que hay condiciones objetivas para que se produzca tanto un retroceso en la política, como un cambio en radical en su diseño.

Desde R3D consideramos que esta situación es una oportunidad para debatir cómo debería implementarse esta política. Para ello, compaginamos una base de datos cruzando bases sobre penetración de Internet a nivel vivienda (INEGI, Censo 2010), y el listado de sitios donde opera el Programa MC (SCT).

Los datos muestran que el programa opera en las localidades donde se concentra 84 % de la población del país, lo cual es muy positivo. Sin embargo, por acción u omisión, la política ha priorizado a localidades que ya tenían Internet por sobre aquellas que no tenían: en promedio, 22.2 % de las viviendas situadas en localidades donde opera MC habían contratado Internet, mientras que tan solo un promedio de 5.7 % de las viviendas tenía Internet en las localidades excluidas por MC (ver). La diferencia es de 16.5 puntos porcentuales.

Esta brecha parece ser el resultado del diseño de la política: la SCT relega a los gobiernos municipales la identificación de los sitios a conectar, y en las empresas la definición del subconjunto de sitios identificados por los municipios que serán conectados. Los requisitos que deben cumplir los sitios incentivan a que los municipios prioricen espacios donde ya existe infraestructura del Estado (escuelas, hospitales, parques). Es decir, espacios comparativamente más integrados, donde hubo inversiones previas.

A su vez, en el marco de las licitaciones, las empresas tienen incentivos para observar las “bolsas” de sitios registrados por los municipios que cumplieron los requisitos del Gobierno Federal, e incluir en su propuesta aquellos sitios donde proveer Internet es comparativamente más atractivo como negocio. Es decir, las empresas tienen incentivos para seleccionar aquellos espacios donde ya proveen servicios, o en su defecto, los más cercanos a su infraestructura, y donde comparativamente haya poblaciones con capacidad de ahorro en dinero.

En respaldo de esta hipótesis, la visualización de los datos muestra una correlación entre la contratación de servicios de Internet por particulares, y la contratación de servicios de teléfono y celular. De esta manera, termina “sucediendo” que las localidades beneficiarias de MC, en promedio, ya estaban más conectadas que las excluidas. Algo contraintuitivo para un programa que se propone conectar a los desconectados.

Gran parte de esta brecha parece ser el resultado de un diseño propenso a excluir a localidades pequeñas. Si bien el programa opera en las 21 mil localidades donde se concentra 84 % de la población, aún no opera en otras 171 mil localidades. Todas y cada una de esas localidades excluidas tienen menos de 100 mil habitantes.

De acuerdo al Censo 2010, más de más de nueve millones de personas en México habitan en localidades de entre 50 y 500 habitantes dispersas a lo largo de 49 mil localidades. En estas localidades la penetración de Internet a nivel vivienda no llegaba al 2 % en 2010. El Programa ha alcanzado únicamente a 16.5 % de estas localidades pequeñas. Si acotamos la muestra a las localidades de entre 50 y 200 habitantes, el porcentaje de localidades incluidas cae a 5.5 %. Estas son las poblaciones donde la política debería estar poniendo el foco justamente porque los mecanismos de mercado son insuficientes. Al delegar en las empresas la tarea de definir dónde proveer el servicio, la política replica la estructura de incentivos que generó las desigualdades que intenta solucionar.

Entendiendo la urgencia y complejidad de la situación, desde R3D lanzamos un Observatorio del Programa México Conectado. Dado que la política impacta en la vida de millones de personas asentadas a lo largo de todo el país, hemos decidido que entre nuestros objetivos está llevar el debate a tantos municipios y localidades como sea posible. Para ello queremos apoyarnos en periodistas, profesores, alumnos, sindicatos y cualquier otra persona que esté interesada en aportar a la discusión creando y reutilizando datos, o bien debatiendo o complementando nuestros argumentos. Creemos que Internet es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos. Queremos que México Conectado sea más efectivo e inclusivo.

* Juan Ortiz Freuler es Magíster en Políticas Públicas (Universidad de Oxford), Magíster en Ciencias Sociales de Internet (Universidad de Oxford), y consultor sobre el uso de datos y TICs para el análisis de políticas públicas. Actualmente se encuentra impulsando un observatorio sobre políticas de conectividad para la Red en Defensa de los Derechos Digitales (@r3dmx).