Axel Kicillof quiere que la Ley Impositiva comience a regir el 1° de enero. Y pese a que el jueves por la noche se trabaron, el viernes continuarán las negociaciones en la Legislatura bonaerense para intentar destrabar el proyecto, mirado con renuencia por la oposición por incluir una suba impositiva promedio del 54,6%. La sesión del Senado prevista inicialmente para las 14:00 fue postergada por la vicegobernadora Verónica Magario, y oficialistas y opositores retomarán el diálogo en la apuesta de poder alcanzar un rápido entendimiento. Como Plan B se barajaba la idea de posponer su tratamiento hasta el lunes como posibilidad. Para apurarlo, el mandatario envió a reunirse con los legisladores que pretenden modificaciones a los dos funcionarios que redactaron la iniciativa: Pablo López, ministro de Hacienda, y Cristian Girard, director de Arba.

En medio, como pieza de negociación, aparecían tres de las cuatro vacantes en el directorio del Banco Provincia que Juntos por el Cambio pretendía ocupar como oposición, en devolución de gentilezas de un viejo acuerdo firmado por María Eugenia Vidal. La ex gobernadora, antes de partir a París, habría ordenado a su tropa dar quórum pero los legisladores reclamaban "más tiempo".

Frente a la tapas de los diarios, el gobierno provincial salió temprano a contrarrestar la idea de un "impuestazo", con un articulado que incluye entre otros puntos, un aumento de hasta el 75% en el impuesto inmobiliario rural para los grandes terratenientes. "Para la gran mayoría la suba es menor a la inflación; no sé dónde está el impuestazo, no lo encontré", replicó el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en radio La Red.

"Se propone actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019 (estimada por privados en 54,6%). Es decir, el proyecto no incrementa la presión impositiva en promedio en términos reales", es el argumento oficial de la administración Kicillof. Por otra parte, además de insistir con el concepto de "progresividad fiscal", reprochaban que la revaluación inmobiliaria de la era Vidal, que superó el 50% en 2018, no recibió el mismo tipo de rechazo.

En el kicillofismo descontaban que el proyecto llegaría al recinto, en un calco de la negociación para aprobar la múltiple emergencia de hace una semana atrás que también parecía empantanada. "Estamos muy confiados porque nuestra propuesta es muy razonable", consideró el ministro de Producción, Augusto Costa, en Radio Con Vos.

En paralelo, el bloque de senadores del Frente de Todos salió a apoyar la iniciativa, al apuntar contra la herencia vidalista: "(La provincia) sufre consecuencias más severas que la Nación en todos los indicadores sociales".

No puede decirse que Kicillof no haya avisado. En campaña, en octubre, en una jornada de Carbap, el entonces candidato lanzó: "Hay que modificar el impuesto inmobiliario rural". La entidad agraria salió a cuestionar algunos puntos de la iniciativa.

En líneas generales, el proyecto apunta a incorporar un criterio progresivo en el impuesto inmobiliario. En el rural, los campos que estén valuados en menos de $ 105 mil tendrán una alícuota de 1,059%; y aquellos que superen los $ 3 millones tendrán una cuota fija de $ 112.327 y una alícuota sobre el excedente de 7,058%. En cuanto al urbano, se parte de una base de $ 207 y se aplica una alícuota sobre el excedente. Para las de menor valuación fiscal, de hasta $ 179.851, la alícuota es de 0,028%. A contramano, para aquellas que están valuadas en más de $ 10 millones será 1,725%.