19/05/2018 -

VALÈNCIA. Desconozco si la palabra de moda "influencer" sigue estando de moda. Pero no importa. Si a alguien se le ajusta ese anglicismo a la perfección para definirle es al magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965). Su aparición en los medios de comunicación y, en especial, en los programas de prime time de las cadenas generalistas le han hecho 'famoso', quiera o no. Tanto es así, que el jueves pasado llenó el Centro Cultural Octubre durante la presentación de su libro El secuestro de la Justicia, escrito junto al periodista Ignacio Escolar. Un acto que fue organizado por la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, que preside Juan Antonio Lloret, y con la colaboración de Acció Cultural del País Valencià. Siempre atento, siempre dispuesto, intentamos secuestrarle, más que robarle, una parte de su tiempo, entre querella y querella, en la sede de su Juzgado en Moncada. Porque sigue ejerciendo de juez. Un juez que nunca ha tenido miedo a hablar y a decir lo que otros no se atreven o callan. Desde su paso como portavoz de Jueces para la Democracia, su rostro es ya conocido, pero lo son más sus denuncias desde el cuarto poder contra los otros tres poderes del Estado.

-Mente privilegiada, le imagino cuando llegó como alumno a la Facultad de Derecho de València y se asoció de inmediato en una organización estudiantil progresista. ¿Imaginaba a mediados de los años ochenta una situación de secuestro de la justicia y, por ende, de la democracia, como la que vivimos?

-En los años 80 se aspiraba a una democracia más avanzada que la actual, con una separación de poderes muy clara y un Estado de Derecho muy vertebrado. El primer diseño del Tribunal Constitucional, aunque incluía pactos de composición por las fuerzas políticas, no eran de juristas afines y fieles a los partidos, sino que eran magistrados de reconocido prestigio que consolidaron una primera jurisprudencia que hicieron del Constitucional uno de los tribunales más respetados. Hubo un debate muy profundo sobre la organización del Consejo General del Poder Judicial y sobre las estructuras que ello garantizaba. Se quería imitar lo que hacían los países europeos más avanzados. Y décadas después no es un secreto que el Tribunal Constitucional se ha degradado de forma muy intensa en cuanto a su reconocimiento jurídico y social, y que los partidos han prescindido en gran medida de juristas de nivel y han optado bastante por personas próximas a sus intereses. El control es cada vez más estrecho entre el poder político y hay una voluntad más amplia de interferir en la actuación de la justicia en general. El impacto de la crisis económica ha sido muy negativo en este proceso porque, ante las convulsiones sociales, lo que se ha producido es un incremento de los intentos de control político sobre las instituciones de vigilancia y de equilibrio institucional que hacían de contrapeso.

-Sobre la elección del Poder Judicial y su control por el Gobierno, existe un proceso abierto en la Unión europea contra Polonia, a la que quieren aplicar el artículo 7 del Tratado de la Unión para suspenderle los derechos como Estados Miembro. Un informe del grupo Greco, en este caso del Consejo de Europa, hace tiempo que señala a España también en este sentido.

-El grupo Greco del Consejo de Europa ha denunciado la forma de elección del Poder Judicial en España. Y Polonia se inspira en el sistema español, pero ha ido más lejos aún, hasta el punto de alterar desde el poder político el principio de inamovilidad y del juez predestinado por la ley. Y es posible que se acuerden medidas contra Polonia. En el caso de España, son informes muy duros, pero no es nuestro caso y el Consejo de Europa no tiene capacidad sancionadora como la tiene la Unión Europea sobre los Estados miembros. Lo cierto es que, al poco tiempo de emitirse el último informe del Consejo de Europa, se nombró a dos magistrados del Supremo y uno de ellos fue Vicente Magro, ex senador del PP, y el otro Fernando Román, que fue secretario de Estado con el ex ministro Gallardón. Hay una serie de informes de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial que analizan estos nombramientos y concluyen que, de manera reiterada, se está designando a personas por sus vínculos al poder político en detrimento de otras personas con más antigüedad y con más méritos.

-¿No denota ello una debilidad del poder judicial en favor del poder político?

-La nuestra es una justicia muy débil en materia de separación en poderes, especialmente en la cúpula judicial, que sufre intentos de secuestro por el poder político. Este proceso de injerencia no llega por causalidad, sino que es buscado. La justicia también es un valor, una idea, una aspiración. Es un valor que está también en crisis en materia de derechos sociales, libertades públicas, decencia de la vida pública, la protección de las víctimas del franquismo, que continúan sin una respuesta adecuada por parte de los tres poderes del Estado. Las resistencias de determinadas élites políticas en el país ante las legítimas reivindicaciones de apertura de las fosas comunes son una muestra de que quedan reminiscencias del franquismo. Y hay otros retrocesos. También en materia de libertades. Hoy puedes ir a la cárcel por un chiste que en los años 80 contaban Tip y Coll en el primer canal de televisión y ante millones de espectadores.

-¿Qué peligro implica que el poder político influya en la elección de los jueces que ocupan puestos de alta responsabilidad, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o la influencia en los cargos de gobierno de la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial?

-Lo fundamental que hay que respetar es el principio universal del juez natural. Es decir, que te ha de juzgar el juez del territorio que te toca. Por ejemplo, la Audiencia Nacional concentra temas de gran relevancia en pocos jueces, en seis Juzgados de Instrucción y varios juzgados de lo penal. Y ello, unido a que el poder político suele concebirlo como un tribunal de Estado, hace que este tribunal quede expuesto a posibles presiones en casos de relevancia política. El caso Nóos fue instruido por el juez Castro porque era el juez natural. ¿Qué habría pasado si hubiese sido en la Audiencia Nacional? Los niveles de exposición política y de presión habrían sido probablemente mayores. Por eso es peligroso que haya tribunales con características especiales y, sobre todo, con competencias demasiado amplias en temas sensibles para el país. Debería replantearse su competencia, ante los peligros de esa concentración de competencias y ante los riesgos de nombramiento de algunos de sus cargos por parte de un órgano con conexiones con el poder político, como ha apuntado el Consejo de Europa. Pero estas reflexiones sobre la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo no significan que los jueces actúen necesariamente mal ni al servicio de los políticos. Como dice el Consejo de Europa, al ser elegidos determinados cargos por un organismo tan cercano al poder político, esto afecta a la apariencia de imparcialidad. Un ejemplo es el nombramiento de Concepción Espejel, que fue recusada en el caso Gürtel por vínculos con un partido político. Ello no significa que, tras ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, esa magistrada vaya a actuar indebidamente, sino que la apariencia de imparcialidad puede quedar afectada neqativamente de cara a los ciudadanos.

-Se ha producido una ruptura entre la sociedad y la Justicia, una falta de confianza de la ciudadanía. Un ejemplo es la sentencia de 'La Manada', que ha sacado a la gente a la calle contra los jueces.

-Esta sentencia demuestra que la sociedad ha avanzado más deprisa que los tribunales. Y no sólo la gente en general, sino también los partidos y sindicatos. En cambio, los tribunales han consolidado una jurisprudencia con una perspectiva muy masculinizada, y con muy poca formación y perspectiva de género. Y pienso que ese distanciamiento con la sociedad se ha encarnado en una sentencia como la de 'La Manada'. La sentencia debería haber sido condenatoria por violación y agresión sexual, pero en la carrera judicial hay muchos que piensan lo contrario, forma parte de interpretaciones que están en la profesión y que denotan una situación peculiar de la que esta sentencia de 'La Manada' puede ser un síntoma. Hay que rechazar tajantemente los insultos y las amenazas a los magistrados del tribunal. Pero la sociedad tiene derecho a plantear críticas y forma parte de ella la libertad de expresión. Y, si las críticas son acertadas, eso llevará a reformas estructurales que mejoren las leyes y que hagan aportar más formación en materia de protección a las víctimas en el ámbito judicial.

-¿La transición democrática en España pecó de no haber hecho una reforma estructural de la justicia?

-En los años 80 se debería haber analizado cuál era la esencia de la justicia en el franquismo y haber examinado esas insuficiencias. Pero se pretendió actuar sobre la cúpula. Y eso lleva solo a su control. No es cierto que tengamos ahora una justicia franquista, pero sí mayoritariamente conservadora, aunque eso pasa en otros países europeos. Y los cambios estructurales no habrían de operar sobre la ideología de los jueces, sino sobre estructuras que mejoren las carencias en cuanto a separación de poderes y mejoren la formación en ámbitos importantes como la perspectiva de género.

-En su libro, se habla también de los grandes logros de la Justicia en los últimos años…

R- Exacto. Y que la judicatura sea mayoritariamente conservadora no es un problema a la hora de aplicar justicia. La justicia interviene de forma muy débil, sin recursos porque el poder político que la ha marginando tradicionalmente, y con muchas carencias de medios, de formación en perspectiva de género. Tenemos casi dos mil imputados por corrupción y eso es posible porque hay centenares de jueces mayoritariamente anónimos que están haciendo un gran esfuerzo para perseguirlos, a veces con muy pocos medios. También la judicatura ha hecho un gran esfuerzo en la protección de los consumidores en las estafas bancarias, en las cláusulas suelo y en la reforma de la ley de desahucios. Y todo eso me consta que lo han hecho tanto jueces progresistas como conservadores. El problema no es tanto la ideología, sino el que se afecte a la imparcialidad. El problema es que, en determinados tribunales muy importantes para el país, se puede nombrar a jueces por un órgano cercano al poder político y el problema de algunos de estos jueces no es su ideología, sino sus conexiones con los políticos.

-Tras el secuestro de la justicia, viene el secuestro de la democracia. ¿Es un reflejo del retroceso democrático la aprobación de las últimas leyes que afectan a libertades y derechos fundamentales, como la Ley de Seguridad Ciudadana?

R-Es un recorte de libertades real el que hemos sufrido en los últimos años y que también nos ha alejado de Europa. Concepciones como la Ley de Seguridad Ciudadana y otras leyes recientes consideran que el ciudadano que protesta es el enemigo. Y eso es impropio de una sociedad plural y de una democracia avanzada. Hay determinados delitos como los de justificación del terrorismo o los denominados delitos de odio que están configurados de una manera ambigua o confusa que permite erosionar la libertad de expresión y posibilitan condenas incluso de prisión. Cuando ETA cometía atentados, llegaban a la Audiencia Nacional tres o cuatro casos al año por terrorismo y ahora llegan 30 o 40. La tercera parte del terrorismo que juzga la Audiencia Nacional son tweets, retweets y chistes. Se trata de conductas que no tienen potencialidad para propagar o favorecer el terrorismo. Por un tweet o por contar chiste de Carrero Blanco o por cantar determinadas canciones puedes ir a prisión… A veces hay actuaciones que parecen arbitrarias en materia de libertades, porque ante hechos similares sólo se dirigen contra determinada gente, no contra todos. Esto demuestra la desproporción de la respuesta estatal y, delante de unos límites legales que son confusos, el peligro que ha comenzado a evidenciarse es que ello no afecte sólo a los condenados, sino a millones de personas que quieren hacer críticas determinadas y no se atreven, por miedo a posibles castigos.

-En el caso del Procés de Cataluña, ¿puede haber una delegación del poder político en el poder judicial para que hagan el trabajo del gobierno en los tribunales?

-Lo que hay en Cataluña es un problema político de gran profundidad, porque la mitad de la sociedad catalana no se encuentra a gusto en el Estado español. Y esa disconformidad no la pueden solucionar los tribunales, se tienen que lanzar propuestas políticas y llegar a acuerdos. Los tribunales tenemos que aplicar el ordenamiento jurídico, pero si la actuación judicial se hace en solitario y sin medidas políticas, el resultado es que el conflicto se agravará y será cada vez mas grande. Pero lo que es evidente es que la vía únicamente represiva lleva a afirmarse aún más en los sentimientos de disconformidad con el Estado español, sin que se encuentren soluciones constructivas a un problema político. En el Procés hemos visto mucha actuación judicial y una ausencia casi absoluta de iniciativas políticas.

-Las denunciadas carencias de la justicia, pues, no son solo de medios…

- Hay auténticas carencias porque no hay medios suficientes en la justicia, pero también porque la corrupción no se pena como se debe. Sale barato robar cuatro millones de euros y salir en cuatro años. No son cuatro manzanas podridas, lo que está podrido es el cesto, porque las actuales estructuras legales no son capaces de impedir la corrupción. La ciudadanía debe seguir reclamando soluciones. El Ministro de Justicia fue hace poco a Guatemala a explicar a los guatemaltecos en una conferencia cómo terminar con la corrupción. No creo que estemos para dar lecciones.