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El movimiento feminista alerta de que al Pacto de Estado contra la Violencia de Género le falta concreción para hacerse efectivo, se ha hecho a espaldas a los colectivos feministas y deja demasiados hilos pendientes.

Ya hay Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo aprobó el pasado 28 de septiembre el Congreso de los Diputados. Se trata de un acuerdo, sin unanimidad, que incluye 213 medidas para luchar contra un grave problema social: sólo en el que va de 2017, 44 mujeres y 8 niños han sido asesinados por esta violencia. El texto final llegó después de seis meses de trabajo en la Subcomisión de redacción del pacto y se ha aprobado una dotación de 1.000 millones de euros para invertir a lo largo de cinco años.

Pero la aprobación del pacto no lleva un pan bajo del brazo. Si no hay acuerdo político en los presupuestos para 2018, se prorrogarán los de 2017 y no habrá dinero para cumplir el pacto de violencia machista. En estos momentos se está pendiente de la resolución de las peticiones para habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para hacer frente a los compromisos del acuerdo en 2018.

La consecución del pacto era una demanda del movimiento feminista, pero precisamente es este movimiento el que ha quedado más descontento del resultado. Qué carencias y dificultades para que sea efectivo tiene este acuerdo? hablamos con Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género de Valencia y ponente invitada a la comisión redactora del texto, y Encarna Bodelón, profesora de Fisolosofia del Derecho y directora del grupo de investigación Antígona.

1.CARENCIA DE CONCRECIÓN PARA HACERLO EFECTIVO

“La técnica de los pactos de Estado no es una técnica jurídica efectiva porque no es una ley, sino un acuerdo para modificar la legislación. Además, tampoco es una política pública, con indicadores, evaluación y planificación de política pública y por lo tanto como técnica no nos aporta nada de nuevo. Y tampoco sabemos en qué plazos se llevará a cabo, ni de qué manera, así que podría no aplicarse”, critica Encarna Bodelón, Profesora de Filosofía del Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2.DE ESPALDAS AL MOVIMIENTO FEMINISTA

Bodelón ha echado de menos voces en el debate previo en la comisión redactora del texto del Pacto de Estado. “Se ha hecho de espaldas al movimiento feminista. Se ha invitado a personas del ámbito institucional, la mayoría juristas, pero no se ha escuchado casi a víctimas ni a organizaciones de mujeres. Y esto, como mecanismo para construir políticas públicas, no es adecuado”, explica.

3.LENTITUD ANTE LAS URGENCIAS

Una de las ponentes invitadas en la comisión fue Susana Gisbert, Fiscal Especial de Violencia contra la Mujer y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia. “Hacer un pacto me parece bien pero no se ha tenido la urgencia que se tiene en otros temas. Yo comparecí en la comisión en marzo y mira cuánto han tardado en aprobarlo. Además, te doy un ejemplo: no sólo no se ha creado ningún tipo de juzgado en 5 años sino que ahora se ha anunciado la creación de 90 juzgados nuevos, y ninguno de ellos es de violencia contra las mujeres. Así que las intenciones quedan un poco desdibujadas”, critica Gisbert.

4.INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTERIOR

Las expertas explican que este pacto reitera medidas de la ley de violencia de género de 2004 que hasta ahora no se han cumplido. “Por ejemplo, la ley de violencia dice que la publicidad no puede ser sexista. Enciende la tele y me dices que ves”, plantea Gisbert. La prevención es otra de las grandes carencias. “La ley de igualdad obligaba a incluir en el currículum académico “Educación para la ciudadanía” y esto las políticas del PP se lo han cargado. En el pacto de Estado no se corrige esto ni aparece la obligación de la educación en igualdad en primaria y secundaria”, critica Bodelón. “Si este pacto no tiene desarrollo legislativo y, lo más importante, una dotación presupuestaria, se quedará sólo en un catálogo de buenas intenciones”.

5.OBLIGACIONES INTERNACIONALES NO CUMPLIDAS

Las expertas aseguran que, además de reiterar aspectos que ya no se habían cumplido, este acuerdo ha dejado fuera algunos pactos internacionales que España ya tenía firmados. “Las obligaciones que derivan del Convenio de Estambul no se plasman. Entre ellas, una medida que establece que los derechos que tienen las mujeres no dependan de la denuncia. En España ya sabemos que ha fracasado la estrategia de vincular los derechos a la denuncia porque la mayoría de mujeres no denuncia. Y con esta medida dejamos de hacer una atención efectiva”, detalla la profesora de Filosofía del Derecho.

6.NO INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA LEGISLACIÓN

Además, Bodelón reclama integrar en las leyes españolas un tratamiento más integral de las violencias machistas. “En la ley de 2004 se contempla la violencia de género sólo en la relación de pareja o expareja y el convenio de Estambul extiende la consideración de machista a las agresiones sexuales, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la prostitución forzada… Nosotros ahora mismo, tal y cómo estamos viendo en el juicio de San Fermin, si una mujer es maltratada por su marido, su procedimiento será tratado en un juzgado especializado en violencia de género mientras que una mujer violada por un desconocido iría a un juzgado ordinario. Lo mismo pasa con los derechos de los que puede disfrutar cada una de estas víctimas a pesar de ser víctimas parecidas de la misma violencia”, explica Encarna Bodelon.

7.CARENCIA DE APLICACIÓN DIRECTA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MENORES

Una de las novedades del pacto es la inclusión de los menores como víctimas de la violencia machista. Pero para no quedarse sólo en un marco, será necesario empezar ahora de verdad el trabajo. “El pacto no tiene una aplicación directa. Mientras no se cambian las leyes esenciales como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es igual que el pacto diga que los menores son víctimas de la violencia porque esta visión se quedará sólo a nivel asistencial mientras judicialmente se seguirá exigiendo que haya un acto de violencia de género explícito contra la madre. Y si no, el caso no iría al juzgado de violencia sobre la mujer”.

8.DEMASIADOS HILOS PENDIENTES

Para la fiscal de violencia de género de Valencia, no todo es negativo. “Que se manifieste el interés del Estado en una materia como esta escuchando a tantos operadores es importante. Pero si no se desarrolla, no vale prácticamente para nada excepto para presumir”, apunta Gisbert. “Lo que tendríamos que hacer es una reforma ambiciosa de la ley de 2004 para integrar todas las formas de violencias machistas, para plantear una justicia penal con perspectiva de género y plantear una prevención seria y una red estatal de atención y reparación seria”, opina Bodelón.

Uno de los puntos que más debate generó en el ámbito feminista fue la posible modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que la mujer pueda no declarar contra su agresor. Aunque una parte de las expertas se muestran satisfechas con mantener este artículo, otros piensan que ha sido un error no modificarlo. “Muchas de las comparecientes solicitamos en la comisión que el artículo se modificará y entró en todas las materias pero al final no ha entrado en el texto definitivo. Pienso que se ha sido cobarde. En muchos casos se ha entendido que permitir que no se declare contra el agresor es una manera de proteger a la mujer pero yo pienso que es una manera errónea de protegerla y que se podría haber modificado, al menos, para que a partir de algún momento no pueda echarse atrás. Este artículo está así desde el siglo XIX y está pensado para una sociedad totalmente distinta al actual”, plantea Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género.

Y LOS PACTOS TERRITORIALES?

El pasado 18 de septiembre, 10 días antes de la firma del pacto estatal, las Cortes aprobaron el Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista, un texto con el consenso de los partidos y el espaldarazo de 63 instituciones y organizaciones sociales. Cataluña, una de las pioneras al dar una visión integral de la violencia machista, también trabaja ya para firmar su Pacto Nacional contra la Violencia Machista impulsado por El Instituto Catalán de las Mujeres y que busca la voz y el consenso de 60 organizaciones. Baleares también tiene su Pacto Social contra las Violencias Machistas firmado en 2016 por el Instituto Balear de la Mujer y el Consejo de Mallorca.

“Los pactos autonómicos son más bien para políticas de actuación pero no son de aplicación directa. Por ejemplo, la ley Valenciana de Violencia de Género fue anulada por el Tribunal Constitucional porque invadía competencias. Así que todo lo que pueda ser reforma del código civil o penal sí daría aplicación efectiva. Como norma institucional, marco o compromiso de los poderes públicos es fantástico que también haya compromiso explícito a nivel autonómico”, explica Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género y portavoz de la Fiscalía de Valencia. “Cuando decimos implicación social queremos decir recursos, políticas públicas serias, evaluación, diálogo con el movimiento feminista… No queremos ratificación de más documentos que no sabemos para que sirven”, añade Encarna Bodelón, investigadora del grupo Antígona en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les vuit urgències que no resol el pacte contra la violència masclista

Ja hi ha Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. El va aprovar el passat 28 de setembre el Congrés dels Diputats. Es tracta d’un acord, sense unanimitat, que inclou 213 mesures per lluitar contra un greu problema social: només en el que va de 2017, 44 dones i 8 xiquets han sigut assassinats per aquesta violència. El text final va arribar després de sis mesos de treball en la Subcomissió de redacció del pacte i s’ha aprovat una dotació de 1.000 milions d’euros per a invertir al llarg de cinc anys.

Però l’aprovació del pacte no duu un pa baix del braç. Si no hi ha acord polític en els pressupostos per a 2018, es prorrogaran els de 2017 i no hi haurà diners per dedicar a complir el pacte de violència masclista. En aquests moments s’està pendent de la resolució de les peticions per habilitar un crèdit extraordinari de 200 milions d’euros per fer front als compromisos de l’acord en 2018.

La consecució del pacte era una demanda del moviment feminista, però precisament és aquest moviment el que ha quedat més descontent del resultat. Quines mancances i dificultats perquè sigui efectiu té aquest acord? En parlem amb Susana Gisbert, Fiscal de Violència de Gènere de València i ponent convidada a la comissió redactora del text, i Encarna Bodelón, professora de Fisolosofia del Dret i directora del grup de recerca Antígona.

1.MANCA DE CONCRECIÓ PER FER-LO EFECTIU

“La tècnica dels pactes d’Estat no és una tècnica jurídica efectiva perquè no és una llei, sinó un acord per modificar legislació. A més, tampoc és una política pública, amb indicadors, avaluació i planificació de política pública i per tant com a tècnica no ens aporta res de nou. I tampoc sabem en quins terminis es durà a terme, ni de quina manera, així que podria no aplicar-se”, critica Encarna Bodelón, Professora de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2.D’ESQUENES AL MOVIMENT FEMINISTA

Bodelón ha trobat a faltar veus al debat previ en la comissió redactora del text del Pacte d’Estat. “S’ha fet d’esquenes al moviment feminista. S’ha convidat a persones de l’àmbit institucional, la majoria juristes, però no s’ha escoltat quasi a víctimes ni a organitzacions de dones. I això, com a mecanisme per construir polítiques públiques, no és adequat”, explica.

3.LENTITUD DAVANT LES URGÈNCIES

Una de les ponents convidades en la comissió sigué Susana Gisbert, Fiscal Especial de Violència contra la Dona i portaveu de la Fiscalia Provincial de València. “Fer un pacte em sembla bé però no s’ha tingut la urgència que es té en altres temes. Jo vaig comparèixer a la comissió en març i mira quant han tardat en aprovar-ho. A més, et done un exemple: no només no s’ha creat cap tipus de jutjat en 5 anys sinó que ara s’ha anunciat la creació de 90 jutjats nous, i cap d’ells és de violència contra les dones. Així que les intencions queden un poc desdibuixades”, critica Gisbert.

4.INCOMPLIMENT DE LA LLEI ANTERIOR

Les expertes expliquen que aquest pacte reitera mesures de la llei de violència de gènere de 2004 que fins ara no s’han complit. “Per exemple, la llei de violència diu que la publicitat no pot ser sexista. Encén la tele i em dius què veus”, planteja Gisbert. La prevenció és una altra de les grans carències. “La llei d’igualtat obligava a incloure al currículum acadèmic “Educació per a la ciutadania” i això les polítiques del PP s’ho han carregat. Al pacte d’Estat no es corregeix açò ni apareix la obligació de la educació en igualtat en primària i secundària”, critica Bodelón. “Si aquest pacte no té desenvolupament legislatiu i, el més important, una dotació pressupostària, es quedarà només en un catàleg de bones intencions”.

5.OBLIGACIONS INTERNACIONALS NO COMPLERTES

Les expertes asseguren que, a més de reiterar aspectes que ja no s’havien acomplit, aquest acord s’ha deixat fora alguns pactes internacionals que Espanya ja tenia signats. “Les obligacions que deriven del Conveni d’Estambul no es plasmen. Entre elles, una mesura que estableix que els drets que tenen les dones no depenguen de la denúncia. A Espanya ja sabem que ha fracassat la estratègia de vincular els drets a la denúncia perquè la majoria de dones no denuncia. I amb aquesta mesura deixem de fer una atenció efectiva”, detalla la professora de Filosofia del Dret.

6.NO INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE LA LEGISLACIÓ

A més, Bodelón reclama integrar a les lleis espanyoles un tractament més integral de les violències masclistes. “En la llei de 2004 es contempla la violència de gènere només en la relació de parella o exparella i el conveni d’Estambul extén la consideració de masclista a les agressions sexuals, els matrimonis forçats, la mutilació genital femenina, la prostitució forçada… Nosaltres ara mateix, tal i com estem veient en el judici de San Fermin, si una dona és maltractada pel seu marit, el seu procediment serà tractat en un jutjat especialitzat en violència de gènere mentre que una dona violada per un desconegut aniria a un jutjat ordinari. El mateix passa amb els drets dels que pot gaudir cada una d’aquestes víctimes tot i ser víctimes semblants de la mateixa violència”, explica Encarna Bodelon.

7.MANCA D’APLICACIÓ DIRECTA PER GARANTIR ELS DRETS DELS MENORS

Una de les novetats del pacte és la inclusió dels menors com a víctimes de la violència masclista. Però per a no quedar-se només en un marc, serà necessari començar ara de veritat el treball. “El pacte no té una aplicació directa. Mentre no es canvien les lleis essencials com el Codi Penal o la Llei de Enjudiciament Criminal, té igual que el pacte diga que els menors son víctimes de la violència perquè aquesta visió se quedarà només a nivell assistencial mentre judicialment es seguirà exigint que hi haja un acte de violència de gènere explícit contra la mare. I si no, el cas no aniria al jutjat de violència sobre la dona”.

8.MASSA FILS PENDENTS

Per a la fiscal de violència de gènere de València, no tot és negatiu. “Que es manifeste l’interés de l’Estat en una matèria com aquesta escoltant a tants operadors és important. Però si no es desenvolupa, no val pràcticament per a res excepte per presumir”, apunta Gisbert. “El que hauríem de fer es fer una reforma ambiciosa de la llei de 2004 per integrar totes les formes de violències masclistes, per plantejar una justícia penal amb perspectiva de gènere i plantejar una prevenció seriosa i una xarxa estatal d’atenció i reparació seriosa”, opina Bodelón.

Un dels punts que més debat va generar en l’àmbit feminista sigué la possible modificació de l’article 416 de la Llei d’Enjudiciament Criminal que permet que la dona puga no declarar contra el seu agressor. Encara que una part de les expertes es mostren satisfetes amb mantindre aquest article, altres pensen que ha sigut una errada no modificar-ho. “Moltes de les compareixents vàrem sol·licitar en la comissió que l’article es modificarà i va entrar en totes les matèries però al final no ha entrat al text definitiu. Pense que s’ha sigut covard. En molts casos s’ha entès que permetre que no declare contra l’agressor és una manera de protegir a la dona però jo pense que és una manera errònia de protegir-la i que es podria haver modificat, al menys, per tal que a partir d’algun moment no puga tirar-se enrere. Aquest article està així des del segle XIX i està pensat per a una societat totalment distinta a l’actual”, planteja Susana Gisbert, Fiscal de Violència de Gènere.

I ELS PACTES TERRITORIALS?

El passat 18 de setembre, 10 dies abans de la signatura del pacte estatal, les Corts van aprovar el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, un text amb el consens dels partits i el recolzament de 63 institucions i organitzacions socials. Catalunya, una de les pioneres en donar una visió integral de la violència masclista, també treballa ja per signar el seu Pacte Nacional contra la Violència Masclista impulsat per L’Institut Català de les Dones i que busca la veu i el consens de vora 60 organitzacions. Balears també té el seu Pacte Social contra les Violències Masclistes signat en 2016 per l’Institut Balear de la Dona i el Consell de Mallorca.

“Els pactes autonòmics són més aviat per a polítiques d’actuació però no son d’aplicació directa. Per exemple, la llei Valenciana de Violència de Gènere va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional perquè envaïa competències. Així que tot el que puga ser reforma del codi civil o penal sí donaria aplicació efectiva. Com a norma institucional, marc o compromís dels poders públics és fantàstic que també hi haja compromís explícit a nivell autonòmic”, explica Susana Gisbert, Fiscal de Violència de Gènere i portaveu de la Fiscalia de València. “Quan diem implicació social volem dir recursos, polítiques públiques serioses, avaluació, diàleg amb el moviment feminista… No volem ratificació de més documents que no sabem per a què serveixen”, afegeix Encarna Bodelón, investigadora del grup Antígona a la Universitat Autònoma de Barcelona.

https://www.diarijornada.coop/vuit-urgencies-que-no-resol-pacte-contra-violencia-masclista/