Un excesivo proteccionismo laboral que desalienta y dificulta a empleadores, e inversores, a la creación de puestos de trabajo formales y genuinos. Mas una corrupción gigantesca, han aniquilado a varias generaciones, dificultando así la salida de la pobreza. Excluyendo por supuesto a gobernantes, sindicalistas, empresarios prebendarios, y políticos millonarios enquistados en el poder.

Parece obvio e innecesario decirlo; “Los pobres no deberían pagar impuestos”, pero la realidad, en los escasos consumos pagan, en proporción a sus ingresos, más que los ricos.

Coincidiendo con el aumento constante de la pobreza, hace varias décadas que convivimos con impuestos al consumo cada vez más altos. El IVA nació 1975 con un 13%, hoy es del 21%. Ingresos Brutos, un bruto impuesto, suma otro 11% entre tasas provinciales y municipales. La carga fiscal a los combustibles representa del 25% al 35% del famoso costo de la energía.

Se cuelan también sin freno, el conocido impuesto al cheque del 1,2%, y sellados ante acuerdos escritos que buscan simplemente seguridad jurídica. Los derechos aduaneros de importación son altísimos. Se agregan el inmobiliario en sus diferentes versiones, rural, urbano edificado, baldío y el insólito multipropietario. Le siguen, patente automotor así como tasas y derechos municipales que no generan una contraprestación equivalente. Estas son algunas de las 163 obligaciones tributarias y laborales que supimos conseguir.

La astronómica y distorsiva carga impositiva, incrementa los costos de empresas y comerciantes que por múltiple imposición trasladan a sus precios de venta hasta llegar al indefenso consumidor final.

En consecuencia, el valor agregado efectivo de las empresas termina siendo ínfimo -con precios inalcanzables para gran parte de la población. El Estado es quien se lleva la parte del león y los más pobres precisan cada vez más subsidios.

Los malos impuestos convirtieron a principales actividades ideales para la Argentina en negocios inviables. Empresas emprendedoras pymes-que explican más del 90% del empleo- están apremiados por cargas fiscales y financieras imposibles de afrontar afectando el desarrollo productivo.

No hay que ser ni economista, ni contador, ni abogado especialista en esta materia, para darnos cuenta que los malos impuestos- además de ser un notable error de política tributaria-, producen la mayor injusticia económica - social en todo el país. Una INJUSTICIA MAYÚSCULA, diaria, silenciosa, y creciente, que tiene lugar porque la necesidad de recaudar es más importante que la forma de conseguirla. Es decir, cualquier fin justifica el medio, más allá de si se perjudica a los que menos tienen.

Hoy la tecnología al alcance de la mayoría de la población, especialmente de todas las reparticiones de recaudación del Estado, AFIP, Arba, Municipios, permite conocer los ingresos y gastos particulares de todas las personas y empresas formalmente registradas.

El porcentual de impuesto a las ganancias debería reducirse sensiblemente en las empresas y exigir una tasa mínima a las personas llegando a la máxima del 35% solo a quienes verdaderamente acumulen rentas desproporcionadas. Es imprescindible que un monto razonable quede excluido para afrontar los gastos que demanda la casa habitación, vestimenta, alimentación, cultura y esparcimiento, valores hoy alejados de ese parámetro.

Resulta llamativo que casi no se discuta una reforma impositiva con la trascendencia que tiene en la vida de las personas. En la creación de empleo, en el crecimiento económico y, sobre todo, en la reducción de la pobreza. La mayoría de los políticos, sindicalistas, religiosos y piqueteros, exigen más derechos, más subsidios, más ayudas y más gasto que el Estado debe afrontar. Ello sin tener en cuenta que con la actual legislación, con altísimos gravámenes encadenados sobre la producción y el consumo de bienes y servicios, se consigue empeorar aún más la situación económica y social de los más necesitados.

Otra consecuencia, es que se diluyen los enormes esfuerzos de miles de personas, organizaciones civiles y religiosas que actúan brindando alimentación, contención y amparo a los millones de desamparados. Pero por más trabajo, colaboración y ayuda que presten, tan solo pueden mitigar una pequeña parte, sin poder remediar sus causas.

A su vez, las altas tasas impositivas fomentan la evasión y con ello la corrupción junto a las nefastas operaciones económicas espurias.

Existe un elevadísimo gasto público, pero el retorno de servicios estatales a la población es mínimo y siempre resultan más indispensables para quienes tienen bajos recursos.

Es alarmante, que los candidatos que manejarán los destinos de nuestro país, no parecen manifestar un esquema de gobierno que contemple estas premisas básicas de cambios en la estructura impositiva, para reducir seriamente la pobreza impulsando el crecimiento de actividades.