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GUATEMALA CITY — Guatemalan Congresswoman Sandra Moran on Dec. 1 introduced a bill to recognize the right to gender identity and allow for transgender people to amend their birth certificates to coincide with their self-identification. The bill was presented with support from trans organizations, which had worked on initial drafts since 2009.

As the Congress’ 2017 session will finish in the coming days, activists expect to mobilize support for initiative. They expect the debate on it will begin in 2018.

In a speech outside of Congress, Moran said the mere introduction of the bill is a “recognition to the brave colleagues who live their lives just as they are, even if this means facing strong discrimination.” Activist Stacy Velásquez, who works with OTRANS, dedicated the bill to the victims of transphobia and violence.

While data on the LGBTI population in Guatemala is scarce, a 2015 study estimates that more than 15,000 trans people live in Guatemala. Of these, around 61 percent reported income below the minimum wage, and roughly 53 percent did not finish primary school due to exclusion from the educational system. Between 15 and 20 trans people are killed every year.

“The bill is a step in the right direction,” explains Tristán López, advocacy coordinator for Transformación, an organization for trans men, and the LGBT advocacy group Visibles. “But it is only the first step to adapt a system that does not understand and does not recognize the trans population.”

Should the bill pass in Congress, “the big step would be to stop being migrants in our own country,” Velásquez explained. It also paves the way for trans Guatemalans to access more rights because it instructs the appropriate dependencies to adopt measures to guarantee the right of trans people to decent work, housing and education.

Presentan ley de identidad de género en el Congreso

Nota del editor: Esta nota fue publicada originalmente por Visibles, un sitio web y grupo LGBTI guatemalteco.

Guatemala tiene una población de alrededor de 15 mil personas trans. Pero el país no reconoce su identidad de género y no les permite ajustar sus documentos oficiales para reflejar la identidad con la que se identifican. Para remediar esta situación, las organizaciones trans y la diputada Sandra Morán presentaron una iniciativa de ley de identidad de género.

La propuesta permitiría que las personas trans puedan solicitar la rectificación de la partida de nacimiento, mediante un trámite administrativo ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y reconoce el derecho de todas las personas a ser reconocidas de acuerdo con su identidad de género. La propuesta tiene su origen en un borrador que las organizaciones iniciaron en 2009 y que, con el acompañamiento de la congresista, retomaron el año pasado hasta elaborar esta propuesta.

En su discurso, Morán señaló que la sola presentación de la iniciativa reconoce a las valientes “compañeras y compañeros, que aun enfrentando discriminación y rechazo, todos los días se presentan tal y como son ante la sociedad.” Stacy Velásquez de OTRANS le dedicó la propuesta a las compañeras víctimas de la violencia y la transfobia — en el país mueren entre 15 y 20 personas trans al año, pero sus casos son abordados de acuerdo a su sexo asignado al nacer y en la mayoría de los casos continúan impunes.

La ley “es un buen primer paso. La mayoría de países donde tienen ley de identidad de género se comienzan a reconocer los derechos de las personas trans,” explicó Tristán López, miembro de Visibles y coordinador de incidencia política en el colectivo de hombres trans Transformación. Pero añadió que hace falta otra serie de medidas para “ir adaptando el sistema para atender a personas que hoy no entiende ni reconoce.”

Si la ley llegara a pasar, Velásquez señaló que el gran triunfo sería dejar de ser migrantes en nuestro propio país” y que se delega a los ministerios correspondientes trabajar en medidas para garantizar el acceso en igualdad de condiciones al trabajo digno, la vivienda, la educación, entre otros derechos de los que hoy se excluye a la población trans por completo.

Un 61 por ciento de la población trans reporta ingresos por debajo del salario mínimo y un 53 por ciento no finalizó la escuela primaria debido a la exclusión del sistema educativo.

La ley aporta en generar un mecanismo para reconocer la identidad de género de todos los ciudadanos. Pero para tener un diálogo de respeto y empezar a atender las otras vulnerabilidades de las personas trans, hay que partir de “comprender que este es un anhelo por construir una sociedad más justa y que respete los derechos humanos,” explicó López. “Todo se reduce a que somos seres humanos,” añadió, por lo que cree que la ley formular una demanda igualitaria.

El trámite administrativo para rectificar los documentos de los ciudadanos guatemaltecos es la base para garantizar los derechos según la identidad de género de todas las personas.