(1) Control de las ofertas laborales, de las condiciones ofrecidas y los requisitos exigidos para evitar ilegalidades (contrataciones donde se exige al trabajador darse de alta como autónomo…) y discriminaciones (por edad, sexo o minusvalía).

(2) Establecer un % de las ofertas gestionadas para reservarlas a colectivos desfavorecidos (minusválidos, mujeres, mayores de 45 años, jóvenes…) para que se produzca un reparto equitativo en el acceso al empleo sin tener que generar desequilibrios ni dar ventajas a unos frente a otros.

(3) Exigir como requisito a las empresas que realizan contratos con la administración o perceptoras de subvenciones que realicen las contrataciones a través de los Servicios Públicos de Empleo y no de otros intermediarios.

(4) Realizar estudios veraces de la situación laboral a nivel local (análisis de los sectores de mayor grado de desempleo, ocupaciones más demandadas, …) y diseñar oferta formativa, planes de empleo, etc. acordes y lógicos con la realidad.

(5) Revisión de los Códigos de Ocupación para ajustarlos a la realidad de las titulaciones, ocupaciones, capacidades y competencias laborales.

(6) No limitar a 6 los códigos de ocupación a los que pueden adscribirse los demandantes de empleo.

(7) Permitir incluir los CVs de los demandantes de forma completa y útil.

(8) Modificar el sistema de gestión de los Planes de Formación para el Empleo, para mejorar de forma eficaz la competitividad de los trabajadores desempleados y no para que funcione como un medio para la generación de un entramado de empresas que se lucran gracias a las subvenciones, dan pie a la estafa, etc.

Formación para el empleo de utilidad

Durante años se han invertido ingentes cantidades de dinero en planes de formación para el empleo que en la realidad no son eficaces y no sirven para mejorar la competitividad de los trabajadores desempleados, sino más bien para generar un nuevo negocio lucrativo de empresas, subvenciones, estafas, etc. Por otro lado, al margen de escuelas taller y similares gestionadas por la administración, la oferta formativa es en la mayoría de los casos de escaso interés y utilidad; mientras la formación técnica o en idiomas verdaderamente interesante tiene costes muy elevados que los desempleados no pueden permitirse.

Por todo ello debe mejorarse y optimizarse el sistema de formación para el empleo para que las inversiones realizadas cumplan su función de manera eficaz. Se propone una opción para debate y abierto al aporte de nuevas ideas:

Facilitar bonos de formación a los desempleados que puedan ser canjeados por los cursos que consideren relevantes para mejorar su cualificación o competencia laboral.

El derecho a dichos bonos se obtendrá por tiempo de permanencia en el desempleo y por un número de horas determinado. Los bonos se podrán canjear por cursos en centros oficiales o certificados por la administración. Así, se garantiza un sistema que se autorregula en función de la demanda y la calidad. Además este sistema puede servir para homogeneizar las oportunidades de acceso a la formación, evitando que algunas personas puedan hacer muchos cursos por presentar ventajas en cuanto a los criterios de admisión y otras nunca sean admitidas.

Si tenéis alguna propuesta y queréis compartirla enviar a :

( gravepa@gravepa.com )