Sobre el papel son dueños de empresas millonarias. Pero en la vida real son personas que viven en colonias pobres y violentas de Tabasco que dieron su nombre y firma para crear empresas que el gobierno federal usó para operaciones que podrían implicar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de universidades públicas.



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—¿Un empresario en esta colonia? El taxista frunce el ceño y mira a los reporteros a través del espejo retrovisor, mientras el coche sortea los baches de ‘La Selva’: un fraccionamiento del municipio tabasqueño de Nacajuca, ubicado a escasos kilómetros de la capital, Villahermosa.

En este barrio, donde según datos oficiales más de la mitad de la gente no tiene para comprar alimentos básicos, está la dirección reportada por el señor Gustavo N como su domicilio, según el registro de las empresas con las que ganó contratos con Pemex por 735 millones de pesos.

—No creo que ese señor viva aquí —murmura el chofer, que explica que todo el mundo en Villahermosa sabe que los verdaderos “empresarios de billete” viven en las mansiones del Country Club, y no en esta colonia donde aún hay cientos de viviendas con pisos de tierra. Y además, argumenta simulando una pistola con los dedos de la mano, alguien con ese dinero no duraría mucho en este barrio sin ser secuestrado.

—Estamos en el ‘Tepito’ de Villahermosa —sonríe malicioso, haciendo alusión a uno de los barrios considerados violentos de la Ciudad de México—. Solo que aquí, además de los robos; los secuestros y los asesinatos nos llevan torturando desde hace años.

Según las estadísticas del gobierno, la afirmación no es exagerada: Tabasco fue en 2016 el segundo estado con mayor tasa de secuestros en México, mientras que 2017 va camino de récord de homicidios: 173 en seis meses; 54% más que el año pasado.

El taxi se detiene frente al domicilio de Gustavo. No es una vivienda de techo de lámina, como la del vecino, pero sí tiene la fachada sin pintura y la segunda planta del inmueble es una obra abandonada, las ventanas están tapadas con lonas de plástico y en la entrada no hay coches de lujo. Tan solo un perro callejero que ladra.

La casa tampoco tiene timbre, así que los reporteros se anuncian varias veces, hasta que por el umbral aparece caminando descalza una joven que viste un ajado vestido de flores.

—Aquí es la dirección, pero mi padre no tiene ninguna empresa.

El reportero repite los nombres de Surface Technology SA de CV y de E&P Solutions, de las que Gustavo es accionista según las actas constitutivas, mismas que ganaron contratos con Pemex por 363 millones en solo cinco meses de 2013. Mientras que otras tres empresas vinculadas a las de Gustavo —comparten dirección, representantes legales, y comisarios— ganaron otros contratos por 371 millones.

Con la boca entreabierta, la joven escucha las cifras y esboza una sonrisa tímida, como si le acabaran de contar un mal chiste.

—No señor —encoge los hombros—, le digo que mi papá no tiene ninguna empresa. Nosotros no somos ricos.

A las dos horas de visitar su domicilio, el señor Gustavo llama por teléfono a los periodistas y admite que, contrario a lo dicho por su hija, sí conoce las empresas. Aunque se deslinda de ellas cuando se le cuestiona por los desvíos millonarios que recibieron de Pemex, a través de la Universidad Popular de la Chontalpa y del Instituto Superior Tecnológico de Comalcalco, los cuales hicieron de intermediarios entre el gobierno federal y las empresas irregulares.

—No sé nada de eso. Ya no trabajo ahí desde hace dos años —responde Gustavo, quien antes de cortar súbitamente la llamada insiste varias veces en que ya no labora para las compañías y cuelga sin explicar por qué aparece como accionista.

Millonarios entre

la miseria

El señor Gustavo no lo dice explícitamente. Pero el contraste entre los contratos millonarios de sus empresas y la pobreza de su residencia apunta a que se trata de un prestanombres. Una figura que empresas fraudulentas utilizan para ocultar a los verdaderos dueños de las compañías que desvían recursos o realizan otros actos de corrupción, como el lavado de dinero.

Y el caso de Gustavo, desde luego, no es el único.

En la colonia Casablanca, una de las barriadas más deprimidas de Villahermosa, tiene su domicilio Juan, el otro dueño de E&P Solutions; la empresa con la que, al menos en el papel, el señor Gustavo ganó dos contratos con Pemex por 194 millones de pesos.

En su vivienda de paredes podridas por la humedad y una entrada con una vieja lavadora oxidada, tampoco se percibe rastro de que esos millones hayan terminado en el bolsillo de Juan. Ni tampoco en el de su esposa, una señora de unos 50 años que viste una vieja playera roja y cocina tamales en la calle, junto a una vulcanizadora.

A unos cuatro kilómetros de allí, en la colonia Gil y Saenz de Villahermosa, vive Laura N, la accionista de Integrated Reservoird Management Services de México, otra compañía vinculada a la de Gustavo que ganó un contrato con Pemex por 86 millones de pesos.

Las calles de esta colonia están pavimentadas, pero tienen tantos hoyos que los autos se zarandean cada vez que se cuelan en uno. Allí, una señora confirma que su hija Laura, una supuesta empresaria cuya compañía ganó una fortuna, vive con ella en un vetusto vecindario.

—Su hija figura como dueña de una empresa…

—¿Mi hija? No, no —responde la señora encogiendo los hombros y con una sonrisa de cómo si acabara de escuchar un disparate—. No sé quién les haya dado ese dato, pero mi hija no es empresaria.

—¿A qué se dedica, entonces? —se le cuestiona.

—Trabaja, como todo el mundo.

—¿En dónde, en Pemex?

—No, ¡ojalá! —Exclama la mujer, que ríe de nuevo—. Trabaja en un despacho como abogada, pero ella es empleada.