Los centros especiales de trabajo, aquellos que emplean al menos a un 70% de personas con discapacidad para contribuir en su inserción laboral, están en alerta por la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, una medida que el Gobierno aprobará por decreto este viernes. El convenio estipula que la base del sueldo de estos trabajadores es el salario mínimo, y que la Administración costea al 50% para compensar la menor productividad de los empleados. Las empresas, que consideran una buena noticia que aumente la retribución a sus trabajadores, consideran sin embargo que la subvención del Estado también tiene que subir en porcentaje. Muchos centros, que cargan desde hace diez años con recortes que no se han conseguido revertir, se enfrentan al problema de tener que cuadrar los presupuestos al verse obligados a aflorar un 22% más capital para aumentar la masa salarial. Los despidos o el cierre de las empresas no son una opción: "No podemos dejarlos tirados", lamentan.

En España hay 481.000 personas con discapacidad que están trabajando tanto en centros especiales como en empresas ordinarias, lo que representa una tasa de empleo del 25,9% con respecto al colectivo en su conjunto, según los datos del INE correspondientes a 2017. En los 1.992 Centros Especiales de Empleo (CEE) que hay en España trabajan más de 76.000 empleados con discapacidad. Estos centros nacieron para dar trabajo a las personas con especial dificultad (más de un 33% de discapacidad intelectual o problemas de salud mental, y más de un 65% de discapacidad física), pero las ayudas de la Administración no hacen distinción entre estas personas y las que tienen discapacidades más bajas. Actualmente, el 44% de lo trabajadores que están en un CEE tiene especial dificultad.

Es por este colectivo por el que más temen las asociaciones ya que, si no aumenta el peso de la subvención pero sí lo hace el salario mínimo, los centros que más personas con especial dificultad tienen en sus plantillas, y por lo tanto los menos productivos, no podrán competir con los centros con discapacidades más bajas, en un sector que vive de los concursos públicos en los que priman los criterios económicos.

Durante el mandato de Zapatero la subvención, que gestionan las comunidades autónomas, subió hasta el 75%, pero se ha vuelto al 50% del salario en los últimos años (menos en Navarra y el País Vasco). Las entidades reclaman que, para poder hacer frente a la subida del SMI, suba de nuevo la subvención hasta un 75%, al menos en los centros que tienen mayoría de personas con especial dificultad, pero se muestran escépticas.

La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) difundió un comunicado tras conocer el anuncio, en el que celebraba la medida pero pedía que este aumento se tenga en cuenta en la partida presupuestaria destinada a los centros especiales de empleo, una propuesta que han trasladado al Ministerio de Sanidad sin tener todavía respuesta.

Subvenciones incluso más bajas que ahora

"El Gobierno nos dice que sin presupuestos generales no está garantizado que el Estado cubra el 50% del nuevo salario mínimo, ya que con una prórroga y la misma partida, pagaría la mitad del salario mínimo, pero del anterior", lamenta Francesc Durà, vicepresidente de la patronal española Aedis. Esta asociación, junto con las demás federaciones, ha mantenido reuniones con partidos políticos y con el Gobierno, y el mensaje es el mismo: hasta que no haya nuevos presupuestos no podrá subir la subvención. "Mucha gente se quedará por el camino mientras esperamos", advierte.

"No vemos interés por parte de la Administración", explica Núria Martínez, gerente de la fundación privada Drissa, en Girona, y secretaria de AMMFEINA SMC, la federación de empresas que emplean a personas con problemas de salud mental en Cataluña. En el caso de su centro, con 78 personas con dificultades especiales que trabajan en tareas de limpieza y jardinería, el incremento de la masa salarial se traduce en tener que prever 240.000 euros más en un año solo para hacer frente a esta subida del 22% en el SMI. “¿Cómo puedo repercutirlo en mis clientes? La verdad, no sé cómo cuadrar los presupuestos, y sé de entidades que ya están presentando presupuestos negativos”, explica Martínez, quien recuerda que, en Cataluña, los recortes han supuesto una pérdida del 9,3% de financiación en diez años. Por ahora, este centro ya ha decidido no presentarse a un concurso púbico para la limpieza de una cárcel, ya que cuentan que no podrán competir con otros centros.

"La decisión unilateral del Gobierno implica que las comunidades autónomas tendrán que poner más dinero", afirma Pablo Sánchez, gerente de Intras, un centro especial que emplea a 80 personas con discapacidad en Valladolid y Zamora. En su centro, con un presupuesto de 300.000 euros, la subida del salario implicará costes de 20.000 euros al año. En el caso del centro Santo Tomás, en Girona, la subida del salario implica 2.300 euros más por trabajador al año. El centro tiene 105 trabajadores con discapacidad y un presupuesto de siete millones de euros. "La administración, al aprobar una medida como esta, debe ser consecuente y pensar en todas las derivadas", afirma Ricard Aceves, el director del centro.

"La subida del salario mínimo, aunque es positiva, pone a los CEE a las antípodas de aquello por lo que fueron concebidos, porque los hace inviables", dice Màrius Puig, director financiero de la Fundación Fupar, con 220 personas con discapacidad, el 98% de las cuales con especial dificultad. "Si no sube la compensación del Estado, estamos acabados, y esto significa expulsar a personas del mercado de trabajo, personas a las que hemos acompañado desde el principio", avisa.