El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su llegada al Palau de la Generalitat esta mañana. Vídeo: las cartas entre el President y el Gobierno. CARLES RIBAS | ATLAS

El Gobierno pondrá mañana en marcha el mecanismo previsto en la Constitución, a través del artículo 155, para intervenir importantes funciones de la Generalitat, que incluyen la seguridad, las finanzas y algunas propias del president. La intervención será la consecuencia inmediata del anuncio hecho ayer por Carles Puigdemont de que propondrá al Parlament que vote la declaración de independencia “que no votó el 10 de octubre”, si el Gobierno “impide el diálogo”. Las medidas serán efectivas cuando el Senado las vote, previsiblemente el día 31.

Los dos plazos que La Moncloa dio a Puigdemont han terminado con el resultado que menos quería el presidente Mariano Rajoy: no hay confirmación clara de que se haya declarado la independencia en Cataluña. Mañana, se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para acordar las medidas de intervención que impidan al Govern seguir adelante con su plan secesionista. El Ejecutivo había establecido dos fases, la segunda de las cuales concluía a las diez de la mañana de ayer, para dar oportunidad y tiempo a Puigdemont a que diese una respuesta que evitara poner en marcha el artículo 155.

La Moncloa entiende que las respuestas del president no le han dejado margen. “Si el Gobierno central persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, dice la carta enviada ayer desde Barcelona.

Consejo extraordinario

Con esa respuesta, Puigdemont reconoce que no formalizó la vía secesionista cuando compareció en dicha fecha en la Cámara autónoma, pero que sí lo hará si Rajoy no accede a un diálogo directo sobre la cuestión catalana. El president sostiene que es lo que la mayoría de los catalanes quiere, basándose en los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre. Sin embargo, el diálogo parte de premisas en las antípodas. Las ofertas planteadas desde Cataluña giran en torno a la independencia mientras que las de Rajoy están pensadas para profundizar en el autogobierno dentro del modelo actual.

Al jefe del Ejecutivo solo le queda la opción de restablecer la ley, pero su máxima preocupación son las consecuencias derivadas de la aplicación del artículo 155, que desde su promulgación nunca se ha empleado. “El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacifica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”, explica el comunicado de La Moncloa, difundido poco después del enviado por Puigdemont.

Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará mañana las medidas, que analizará el Senado con el fin de “proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional”.

El Gobierno está analizando, junto al PSOE y Ciudadanos, estos en un segundo plano, cuál sería la batería de medidas que se aplicarían. Para Rajoy resulta prioritario ir del brazo de los socialistas. Todos están de acuerdo en que la seguridad ciudadana deberá quedar en manos del Ejecutivo después de la experiencia de la consulta ilegal del 1-O. La adopción de otras medidas puede llevar consigo la necesidad de haya que recurrir a las fuerzas de seguridad para su cumplimiento, según anticipan en tono grave fuentes gubernamentales.

Otra parcela que el Ejecutivo considera vital tener bajo su control son las finanzas, pero las fuentes consultadas concluyen que la medida más trascendente afectará a la propia presidencia de la Generalitat. El Gobierno no se muestra proclive en absoluto a promover una figura presidencial que sustituya a Puigdemont, pero sí a nombrar a alguien que canalice las instrucciones dictadas desde La Moncloa. La convocatoria de elecciones sería otra de esas medidas si, como es previsible, el president se niega a ejercer una competencia que le es exclusiva.

La lista de medidas y el alcance de la intervención se llevan con absoluto hermetismo. Tanto el Gobierno como el PSOE seguirán estudiando su contenido hasta poco antes del Consejo de Ministros, según reconocen las fuentes consultadas, que aceptan que no les está resultando fácil. Rajoy conversó con el secretario general socialista, Pedro Sánchez, antes de partir ayer hacia la reunión del Consejo Europeo de Bruselas para indicarle que, en efecto, tras la respuesta catalana, el 155 daba un paso más.

La Generalitat también calibra el alcance real de la intervención que fija la Constitución y hasta dónde puede llegar. Ayer no esperaba algo muy distinto de la respuesta dada por Rajoy, pero las fuentes consultadas reconocieron cierta frustración por el portazo casi inmediato a lo que consideran “una oferta diáfana de diálogo” reflejada en la carta. “O la respuesta de La Moncloa ya estaba hecha antes de recibir [la misiva de Puigdemont] o la han leído y no les ha importado. No se han demorado ni 30 minutos”, aseguró a través de las redes sociales el portavoz del Govern, Jordi Turull.

Desconcierto

Medios de la Generalitat defienden que aceptar que no se ha votado la independencia, como reza el último párrafo de la misiva enviada a Rajoy, podría ser la rendija que permitiera evitar la aplicación del 155 y calmar las aguas de cara a un eventual diálogo, que para la Generalitat es hablar, eso sí, de los términos de la secesión. De ahí la sensación de desconcierto ante la respuesta tajante de activación del mecanismo constitucional.

La apuesta era arriesgada, ya que ante las bases independentistas añadía un elemento más de confusión sobre los últimos pasos que ha dado el Ejecutivo catalán. El debate sobre si hubo declaración de independencia el día 10 para después congelarla continuaba abierto en distintos ámbitos de la sociedad.

Sí quiso ver un espacio para el diálogo la delegación de Jueces por la Democracia en Cataluña, para la que la respuesta de Puigdemont “deja claro que, en puridad y jurídicamente, no hubo declaración de independencia”. La asociación, de la que forman parte en Cataluña 104 jueces y magistrados, considera que “no es el momento aún de abrir la vía del artículo 155” y cree que “no se ha de perder la esperanza para intentar establecer un diálogo”.

No lo ve así Rajoy, que incluso considera del todo inaceptable que en las respuestas de Puigdemont se pase por alto la autonomía de los poderes del Estado. El gobernante catalán cita entre sus demandas que se levante la decisión judicial del ingreso en prisión de los presidentes de ANC y Òmniun Cultural.

Secesión sin fecha

El Ejecutivo no sabe cuándo empleará el Govern la carta de declarar la independencia, tal como dice el escrito de Puigdemont. No hay unanimidad entre las fuerzas secesionistas. El trámite de la suspensión de la autonomía, que se extenderá al menos 12 días, da mucho margen para que los partidos secesionistas convoquen el pleno del Parlamenten en el que se realizaría la votación final.

Puigdemont podría solicitar al Parlament esta votación una vez que el Consejo de Ministros proponga las medidas o esperar a que sean efectivas cuando las apruebe el Senado. El lunes, se celebrará una junta ordinaria de portavoces en la Cámara catalana, y Junts pel Sí y la CUP mantienen reuniones para llegar con una estrategia conjunta, pero aún no hay fecha para la sesión. El PP, Ciudadanos y el PSC ya han dicho que no permitirán la votación o que directamente no asistirán al pleno.

El PDeCAT, el partido de Puigdemont, decidió el miércoles apoyar al president para que realice la declaración si se activa el 155. “Veremos qué deciden” en el Consejo de Ministros extraordinario, aseguran fuentes del Govern. El propio Puigdemont comentó en la reunión de su partido que podría darse el caso de que coincidieran ambos plenos decisivos: el del Senado para aprobar la aplicación del artículo 155 y el del Parlament para declarar la independencia.

El Ejecutivo catalán puede jugar con los tiempos, incluso con la invitación a comparecer en la Comisión de Comunidades Autónomas. Tendrá pronto la respuesta, cuando el presidente del Senado, el popular Pío García-Escudero, reúna mañana a su Mesa para examinar las medidas que haya aprobado el Gobierno.

El pleno de la Cámara alta que aprobará de forma definitiva la intervención de Cataluña se celebrará previsiblemente el próximo 31 de octubre. Todo está en marcha, pero los dos Gobiernos insisten todavía en invocar el margen temporal que aún tienen por delante.