El 4 de abril de 2015 un oficial de policía blanco, estadounidense, le disparó por la espalda a un hombre negro llamado Walter Scott que estaba desarmado. El oficial Michael Slager detuvo a Scott por una supuesta falta de tránsito. Scott se bajó del auto y corrió. Slager primero corrió detrás y luego disparó ocho veces, alcanzando varias veces a Scott por la espalda. Slager le puso esposas al cuerpo de Scott, buscó un objeto que estaba a cierta distancia y lo tiró cerca del cuerpo. Después reportó por radio: “Hubo disparos, un sujeto abatido. Me quitó la Taser”.

Después de los 304 asesinatos de negros solo en 2014 por parte de la policía estadounidense y de que apenas una pequeña proporción de ellos terminara en la corte, es muy probable que esta historia hubiera pasado desapercibida. La llamada del oficial a la estación de policía se podría haber considerado lo suficientemente creíble y el caso se habría cerrado después de una breve investigación interna. Sin embargo, esta vez un transeúnte filmó con la cámara de su teléfono lo que sucedió y le dio a las autoridades la evidencia de lo que realmente había pasado ese día. La filmación fue pasada en el mundo entero por medios de noticias y se hizo viral en los medios sociales, generando una gran ola de movimientos de protestas por todo EE. UU. que pedían justicia y que la policía se hiciera responsable de los abusos contra las personas de color. Esto también contribuyó a que se procesara a Michael Slager, que fue acusado de asesinato.

El incidente de Walter Scott no es un caso aislado en que alguien que no es periodista de profesión filma o saca fotos que luego son usadas por los principales medios de noticias. En la categoría de brutalidad policial solamente, dos ejemplos conocidos y recientes son el asesinato de Michael Brown en Ferguson, Missouri y el estrangulamiento fatal de Eric Garner por la policía de Nueva York.

La importancia de las pruebas de testigos en estos casos da origen a muchas preguntas interesantes respecto a los derechos de estos “periodistas accidentales” y el interés público de su trabajo.

¿Qué es un “periodista accidental”?

Uso el término “periodista accidental” en este contexto, en vez del término corriente “periodista ciudadano” porque pienso que, si bien están relacionados, son diferentes. Un periodista ciudadano es alguien que, aunque no esté entrenado ni sea empleado de una organización tradicional de noticias, se dispone a informar sobre un tema de interés público. El periodista ciudadano tiene la intención de informar sobre algo, mientras que el “periodista accidental”, como Feidin Santana que filmó el asesinato de Walter Scott, es un testigo que está en el lugar y el tiempo justo para documentar algo que tiene valor como noticia. Muchas situaciones pueden superponerse en estas dos categorías, pero la distinción es clara.

Entonces, ¿debería el periodista accidental recibir el mismo tipo de protección que el periodista común cuando publica sus noticias y filmaciones?

Yo diría que el periodista accidental merece el mismo tipo de protección que el periodista tradicional o el bloguero establecido, basándome en el interés público de poner en circulación noticias e información para consumo masivo del público. Este principio está claramente establecido por las leyes internacionales y pienso que la misma protección debe extenderse a aquellos que no siendo periodistas profesionales o blogueros son “periodistas por un día”.

Esto echa luz sobre la expansión actual de las normas de protección tradicionales hacia otros jugadores. Por ejemplo, el aumento de publicaciones en Internet origina preguntas respecto al nivel de protección legal que tienen las fuentes de los blogueros comparadas con aquellas que hablan con medios tradicionales. Varias cortes, especialmente en EE. UU. y Canadá afirmaron que las llamadas leyes escudo que permiten que los periodistas protejan sus fuentes deben ser aplicadas de la misma forma con los blogueros. Otras cortes han declarado que el público tiene interés en saber, sin importar si el material es publicado por periodistas tradicionales o por blogueros. En el caso Grant vs. Torstar Corp., por ejemplo, la Corte Suprema de Canadá expresó:

…the traditional media are rapidly being complemented by new ways of communicating on matters of public interest, many of them online, which do not involve journalists. These new disseminators of news and information should, absent good reasons for exclusion, be subject to the same laws as established media outlets.

Los medios tradicionales se complementan rápidamente con nuevas formas de comunicación en asuntos de interés público, muchas de ellas en Internet, sin la participación de periodistas. Estas nuevas fuentes de noticias e información deberían acceder, si no hay buenas razones para excluirlas, a las mismas leyes establecidas para los medios de noticias.

Además del hecho de conseguir la información, muchas veces se corre riesgos personales en casos como estos. En los casos de Brown y de Scott, las personas que filmaron esos incidentes de abuso policial fatal asumieron un riesgo importante cuando decidieron documentar y publicar esas filmaciones, quedando en una situación vulnerable frente al escrutinio policial y expuestos frente a medios importantes.

¿Deberían tener derechos de propiedad los documentos aportados por testigos?

En abril de 2015 se informó que los medios de todo el mundo recibieron cartas de cese y suspensión de emitir la filmación de Walter Scott. Las cartas fueron enviadas por la agencia de RP Markson Sparks, representando a Feidin Santana, y en ellas se exigía a los medios de noticias que pagaran un canon de 10 000 dólares o dejaran de usar la filmación de Santana. Markson Sparks alegó que la propiedad de la filmación es de Santana y ahora que la novedad pasó, puede patentarla. La agencia está considerando incluso cobrar retroactivamente por el uso anterior de la filmación sin el permiso de Santana.

Los derechos de propiedad son una espada de doble filo cuando se aplican a la libertad de expresión. Se intenta con ellos incentivar la producción de ideas y de imágenes valiosas, pero restringe que se difundan. Una excepción al derecho de exigir los derechos de propiedad es el concepto de “uso legítimo”, que permite a los medios usar cantidades limitadas de material protegido en sus informes periodísticos.

La decisión de Feidin Santana de cobrar por que se pase su filmación pone sobre la mesa la pregunta: ¿puede algo que se califica en un momento como noticia dejar de serlo luego, permitiendo al dueño del material reclamar derechos de propiedad?

La corte británica dio su veredicto en el caso de Ashdown vs. Telegraph Newspapers, en el que el diario Sunday Telegraph publicó extractos del diario personal del parlamentario Paddy Ashdown donde contaba una conversación suya sobre las reuniones de gabinete con el ahora ex Primer Ministro Tony Blair. La corte consideró que el caso se encuadraba dentro de la defensa de “uso legítimo con el propósito de informar sobre sucesos actuales” e hizo hincapié en el hecho de que los temas tratados en el artículo eran importantes todavía para el interés público. La Corte dictaminó que esa reunión “fue indudablemente un hecho” que si bien dos años más tarde no era actual, “ya que no era reciente”, era un asunto que todavía entonces despertaba interés público. El Sunday Telegraph por lo tanto era libre de usar ese material.

Una corte estadounidense advirtió recientemente sobre la amenaza a la libertad de expresión que supone el hecho de endurecer las penas por no respetar los derechos de propiedad. En mayo la corte de apelaciones del noveno circuito revocó su decisión en el caso Garcia vs. Google de eliminar de You Tube el video Innocence of Muslims tras una demanda hecha por una actriz del filme. En una declaración individual uno de los jueces decía esto:

…[b]y refusing to immediately rehear this case en banc, we condoned censorship of political speech of the highest First Amendment magnitude. Although amateurish, offensive, and banned in many undemocratic countries, Innocence of Muslims is a film of enormous political, social, and religious interests…. The censorship of Innocence of Muslims by our court violated the public’s First Amendment right to view a film of immense significance and public interest.

Al rechazar una nueva audiencia del tribunal en pleno, justificamos la censura del discurso político de la magnitud de la Primera Enmienda. Aunque sea de aficionados, ofensiva, y haya sido prohibida en muchos países no democráticos, Innocence of Muslims es un video de gran interés político, social y religioso… La censura de Innocence of Muslims por parte de nuestra corte, violó el derecho del público otorgado por la Primera Enmienda a ver un video de gran importancia e interés público.

También es importante darse cuenta que el derecho de propiedad es una herramienta eficaz para suprimir la libre expresión en Internet. El año pasado se hizo público que el presidente ecuatoriano Rafael Correa había intentado reprimir críticas a sus políticas enviando notificaciones de violaciones al derecho de propiedad a sus detractores, por haber usado en sus informes filmaciones del presidente hechas por el gobierno. Algunos meses más tarde, el vice-presidente serbio Aleksandr Vucic utilizó una táctica similar para censurar un vídeo satírico publicado en Internet que incluía una filmación hecha por medios del Estado. Estos casos no son para nada raros. Sin duda, los derechos de propiedad pueden servir como excusa para censurar contenidos políticos delicados en Internet.

El interés público como principio rector

Quizás el “interés público” debiera ser el principio rector para contestar la pregunta de los derechos de propiedad. La lógica que subyace a la protección de los derechos es que alimenta un sistema por el cual la mayor cantidad de público obtiene más acceso a temas de interés. Alienta al fotógrafo de guerra a hacer largos viajes para obtener información precisa de lo que realmente pasa en la zona de guerra. El periodista accidental no hace una inversión similar a la del periodista tradicional para obtener la noticia, no invierte en equipos ni lleva a cabo una investigación de fondo. Tiene que haber un incentivo para ellos para publicar la noticia. No podemos esperar que todos actúen de manera completamente altruista en esas situaciones.

¿O sí? Esta es una línea delgada. Una vez que aceptamos que el periodista accidental tiene derechos que reclamar, eso implica que puede evitar que otros publiquen su trabajo y limitar efectivamente la circulación de material de interés en vez de aumentarlo.

En contraste con el caso de Walter Scott y el reclamo de Feidin Santana, está el caso de Nic Walker, un transeúnte que fotografió en 2013 la caída de un helicóptero en Vauxhall Londres. Las fotos de Walker del accidente, que él mismo posteó en Internet, fueron levantadas por las agencias de noticias. Aunque algunos comentadores lo alentaron a que busque compensación por el uso de ese material, Walker declaró que no quería sacar provecho del accidente.

Algunos medios de noticias como The Guardian, tienen la política de pedir permiso cuando es posible y pagar por las imágenes tomadas de los medios sociales. Esa práctica puede ser muy importante para asegurar que los periodistas accidentales continúen compartiendo sus “tomas casuales” con el público en general y se sientan debidamente reconocidos (y compensados) por hacerlo. De otra forma, solo será una cuestión de tiempo antes que tropezar con un evento de importancia y documentarlo suponga contactarse con un agente de publicidad antes que con la prensa. Es difícil imaginar que eso sea beneficioso para el interés del público en general.

La pregunta más importante entonces es dónde trazar la línea. ¿Debería haber guías específicas para periodistas accidentales con el incentivo suficiente como para incrementar el libre flujo de información sin que al mismo tiempo se la restrinja, precisamente por crear ese incentivo? ¿O podemos confiar en esos estándares y resolver después cada uno sobre la marcha? La pregunta por el momento sigue sin respuesta.

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