En el sector inmobiliario afirman que el proyecto de ley reducirá la oferta Archivo

La inexistencia de créditos hipotecarios realistas en los últimos años, como consecuencia de la elevada inflación, envió a casi 6,5 millones de argentinos a un mundo de incertidumbre: el de los alquileres. Ese mundo puede estar por cambiar.

Por unanimidad, el Senado otorgó ayer media sanción a un proyecto de ley que, entre otras medidas distintivas, pone un tope al precio de los alquileres. Se trata de una iniciativa de la senadora rionegrina del Frente para la Victoria (FPV) Silvina García Larraburu y que promete crear disputas entre los inquilinos, que apoyan la iniciativa, y los propietarios o dueños de la oferta de departamentos. En el medio quedarán las inmobiliarias.

El articulado propone una actualización anual de los contratos a través de un índice ponderado que elaborará el Indec en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales. Pero la actualización operará sólo si existe una inflación superior al 10 por ciento. En caso contrario, no podrá indexarse y habrá que esperar a que se cumplan los años de contrato. "Esto viene terminar con los aumentos escalonados y la especulación del mercado inmobiliario", dijo García Larraburu a LA NACION.

Pero estos no son los únicos cambios que impulsa la ley, que todavía debe pasar por Diputados a sólo días del cierre del año parlamentario. El proyecto prevé además cambios en el Código Civil y Comercial, por ejemplo, para pasar de dos años obligatorios de contrato a tres. Además, "los impuestos que gravan la propiedad y las expensas extraordinarias estarán a exclusivo cargo del propietario", Traducido: el ABL debería pagarlo el dueño del departamento y no el inquilino.

Según el proyecto, el depósito en garantía no deberá superar un mes de alquiler y será devuelto obligatoriamente cuando se hace la entrega de la llave al término del contrato. "El monto a restituir será equivalente al del último mes abonado", afirma la letra chica. Por otro lado, la rescisión del contrato por parte del inquilino podrá realizarse en cualquier momento y no a partir de los seis meses como era hasta ahora. Para eso, el inquilino deberá pagar como multa el equivalente a un mes y medio de alquiler, si ejerce dicha opción durante el primer año, y un mes de alquiler, si ejerce la opción el segundo o tercer año.

Otro de los cambios propuestos tiene que ver con la renovación. Según la iniciativa, las partes deberán acordar 60 días antes del término del contrato si deciden renovar para un nuevo período o no. En caso de no renovarlo, el inquilino puede buscar otra propiedad y rescindir el vínculo -en esos 60 días restantes- sin pagar ninguna multa.

"Esta media sanción es una acto de Justicia por la brutalidad extrema que sufrieron los inquilinos en los últimos años", afirmó la senadora y autora del proyecto consensuado con diferentes bancadas. Cuando este medio le preguntó si la decisión de regular el precio de los alquileres no llevaría a que los propietarios sacaran sus departamentos del mercado, restringieran la oferta y eso impulsara los precios, la legisladora dijo que eso no ocurrirá. "Este proyecto no es en contra de nadie. Sirve para darle visibilidad a este problema. Si no tenemos en cuenta a los inquilinos las inmobiliarias tampoco van a trabajar porque necesitan de su contraparte y en los últimos años muchos debieron volver a vivir con sus familias porque la plata no les alcanzaba", afirmó García Larraburu pese a que muchos proyectos similares fracasaron en el pasado. La senadora indicó que, gracias a la contundencia con la que fue aprobado y a la urgencia del tema, el proyecto podría llegar a aprobarse en Diputados antes de que terminen las sesiones ordinarias la semana que viene.

El principal referente de Inquilino Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó en un comunicado que de aprobarse el proyecto en diputados "implicaría una mejora sustancial en la calidad de vida de los 6,,5 millones de inquilinos y a la vez significaría un cambio radical en la cultura del alquiler en la Argentina".

"Los inquilinos hacemos frente a aumentos indiscriminados en el precio del alquiler. Los ajustes semestrales superan todo índice de inflación y no tienen ningún tipo de parámetro", afirmó Muñoz y agregó: "El proyecto está pensado siguiendo el curso de la economía nacional y no el capricho especulativo del mercado inmobiliario, que sólo fija los precios en función de obtener mayor rentabilidad".

En las inmobiliarias reinó el espanto. "Me extraña que esto se vote por unanimidad. ¿Qué hacen lo senadores del Pro, los radicales y los del GEN? Del peronismo y el FPV no me extraña porque son populistas ", se preguntó un importante referente del mercado inmobiliario y ex hombre fuerte de la cámara que los agrupa. "La ley es temeraria, cambia las reglas de un código civil y comercial nuevo", señaló y culminó: "Estamos retrocediendo 80 años. La reacción inicial de esto va a perjudicar a los mismos inquilinos que dicen defender. Hoy hay oferta, se camina, se compara y se pelean precios. Cuando tenés estas medidas el mercado se retrae, la gente no camina, no elige, no negocia y todo es más caro".

Cae la oferta de alquileres en la ciudad

La superficie ofrecida de departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires cayó en el segundo trimestre del año 17,3% interanual, según un informe elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña. Al analizar la composición de la oferta de departamentos usados por cantidad de espacios, se observó que los de 1 a 3 ambientes representan la amplia mayoría de las unidades en alquiler. Entre el segundo trimestre de 2016 y el mismo período de 2015, la superficie ofertada en alquiler mermó para los tres segmentos, "en el marco de una caída del total de la superficie disponible para el alquiler de unidades usadas en la ciudad", explicó el informe oficial. El conjunto más importante de la oferta, centrado en los departamentos de 2 ambientes, obtuvo el mayor ritmo de contracción al caer 15,5 por ciento, aunque menor que la disminución de los metros cuadrados totales (-17,3 por ciento).