El caso Ence lo tiene todo. Puertas giratorias, sospechas de prevaricación, relaciones matrimoniales entre representantes de la empresa y de la Xunta, la firme oposición del Gobierno municipal y hasta un papel que jugar en el posible pacto PSOE-Podemos que se discute estos días. La prórroga de 60 años aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, a la concesión a la papelera pontevedresa, ha generado una importante contestación vecinal y es una de las primeras medidas por las que tendrá que responder el hipotético Gobierno formado por los socialistas de Pedro Sánchez y la coalición de fuerzas liderada por Pablo Iglesias.

El caso lo ha explicado Praza Pública en distintos artículos aparecidos esta semana. Agricultura, en una polémica decisión, ha autorizado a Ence a ocupar hasta el año 2073 los terrenos en Lourizán, donde se ubica la fábrica desde 1958.

Antón Masa, presidente de la Asociación Por la Defensa de la Ría (APDR) explica a Diagonal que la prórroga “no sólo es ilegal sino que roza la prevaricación” y anuncia que las asociaciones que defienden el fin de la concesión irán hasta el final para detener una medida que perpetúa en la zona a la papelera, que es “un freno para el desarrollo económico, ambiental, para la explotación racional de la ría, para su saneamiento y para la calidad de vida de la provincia de Pontevedra”.

Oposición vecinal y municipal

La medida, anunciada esta semana y que aún no es firme, va a ser recurrida por vía administrativa y judicial, y está acompañada de la movilización de las organizaciones sociales: hoy, 27 de enero, hay una concentración convocada, y para el viernes se ha organizado una manifestación. Como recuerda Praza Pública, la oposición a la papelera también es un consenso entre los partidos políticos de la provincia. Los grupos municipales que defienden la permanencia de Ence en Pontevedra son minoría en el Concello, dirigido por el BNG, que obtuvo el 45% de los votos el pasado mayo. La teniente de alcalde, no ha dudado en calificar como una “malísima noticia” el anuncio de Medio Ambiente. El alcalde anunció ayer, día 26, que se tomarán todas las medidas necesarias para que no se haga firme la amenaza sobre la Ría: "En ningún país de Europa permitirían que se perpetuase, es una burla a todos los pontevedreses", declaró a los medios Miguel Anxo Lores.

La privatización de la empresa comenzó durante la primera legislatura de José María Aznar (PP) en 1995 y se completó durante la segunda, en 2001

El paso de la política municipal a la central también planea desde el anuncio de Medio Ambiente. En Marea, dentro del grupo de Podemos en el Congreso, ha anunciado que la anulación de la prórroga es una “prioridad” de la coalición para apoyar un Gobierno de cambio. También tendrá su influencia en las elecciones autonómicas, que está previsto que se celebren en otoño de este año, y a las que, previsiblemente, se presentará una continuación de En Marea. Quien seguro irá a las urnas es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien ha cambiado su posición desde 2009 cuando consideraba “una decisión personal” conseguir que la fábrica se trasladase fuera de la ría, hasta 2013, cuando se suavizó el discurso a favor de la empresa.

Puertas giratorias

La multinacional Ence, dedicada a la fabricación de pasta de papel y la transformación energética, es un actor poderoso en el entramado societario español y está presente en otros puntos del Estado y de Latinoamérica, como Uruguay y Argentina. La privatización de la empresa comenzó durante la primera legislatura de José María Aznar (PP) en 1995 y se completó durante la segunda, en 2001. En ese periodo hicieron su carrera política tres cargos del Ministerio de Medio Ambiente, la propia ministra, Isabel Tocino, Pascual Fernández y Carlos del Álamo. Hoy, los tres son consejeros de la empresa, en la que también participan millonarios como Juan Aguirre, hombre fuerte de Iberdrola, o “los Albertos” por medio de la sociedad Alcor Capital.

“Hemos denunciado la connivencia entre Ence y la petroquímica Elnosa y la administración tanto de la Xunta como del Gobierno central. Se ve perfectamente cómo funcionan las puertas giratorias”, denuncia Antón Masa. La electroquímica Elnosa, también sobre la ría de Pontevedra, ha conseguido recientemente abrir la posibilidad de permanecer en esa ubicación más allá de 2017, la fecha de caducidad de su concesión.

“Hay una relación especialmente sangrante, entre el director de Ence Pontevedra, que está casado con la subdirectora Xeral de Medio Ambiente de la Xunta, María José Echevarría Moreno, que fue nombrada por Carlos del Álamo. Entre sus funciones está tramitar expedientes sancionadores a las contaminantes”, subraya Antón Masa, quien cree que Echeverría “difícilmente va a abrir un expediente contra la empresa que dirige su marido”. Además, esta subdirectora de la Xunta es hermana de la representante legal de Elnosa, Amaya Echeverría. Masa asegura que APDR tiene pruebas de que María José Echeverría participó en la tramitación de la concesión de la autorización ambiental integrada de las dos empresas.

El daño ambiental

Desde su fundación en 1987, la Asociación Pola Defensa da Ría viene denunciando las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias de la instalación de la papelera frente a la isla de Tambo en la ría de Pontevedra. “Desde que llegó en los años 50 Ence no cumplió nunca la legislación de vertidos a la ría. Hoy en día sigue incumpliendo buena parte de las condiciones exigidas en aquella concesión”, dice Masa. Durante años, los vertidos de cloro, nitrógeno, fósforo y mercurio, así como las emisiones de azufre, han dejado en la zona un característico olor pestífero.

La concesión aprobada a finales de los 50 marca un límite de 20 partes por millón de demanda biológica de oxígeno para los vertidos de Ence, algo que supera constantemente, denuncian desde APDR, lo que por sí sola es una causa de caducidad de la concesión. Desde esta organización señalan también que la papelera incumple la normativa sobre sólidos en suspensión.

Estos vertidos producen una gran cantidad de coliformes fecales –o termotolerantes– que se acumula en forma de materia orgánica sobre la ría, lo que la invalida para la pesca y el marisqueo. “Muchas de las especies de marisco han desaparecido”, indica Masa, quien reseña que el banco válido para consumo de la zona, tiene calificación C, es decir, que no se puede comercializar sin pasar antes al menos un mes en una zona limpia, y en casi ningún caso para su consumo como alimento fresco.

Menos empleo del anunciado

La empresa se ha comprometido a realizar una inversión de 61 millones de euros para mejorar la eficiencia y las condiciones ambientales de la fábrica. Es poco si se considera que, según El Libro Blanco sobre Ence [PDF], recogido por Praza Pública, se estima que la operación de prórroga hasta 2073 reportará 2.000 millones de euros a la multinacional pastera, entre el dinero que se ahorrarán quedándose en su actual emplazamiento y lo que dejarían de ingresar si tienen que entregar los terrenos.

De cara a la opinión pública, el principal argumento de Ence es la conservación del empleo. La empresa cree que el no cierre conseguirá que se mantengan 800 empleos en Pontevedra y 5.000 en todo Galicia. Aunque el comité de empresa rebaja estas cifras. Actualmente Ence da trabajo a entre 250 y 300 trabajadores, pero son muchos los puestos de trabajo que destruye, algo que no es extraño estando en el Consejo Fernando Abril Martorell, especialista en la consecución de despidos colectivos.

Ence, que llegó a tener casi 600 trabajadores en la ciudad, también destruye empleos de forma indirecta, apunta Antón Masa, porque al destruir los recursos naturales “no se pueden crear puestos de trabajo en la pesca y el marisqueo” y de forma inducida, “porque ninguna empresa limpia viene a Pontevedra con la fama que tiene de olores, vertidos contaminantes, etc”.

Desde la Asociación Pola Defensa da Ría creen que los puestos de trabajo perdidos por la salida de Ence de Pontevedra se pueden recuperar “desarrollando una economía sostenible basada en la explotación racional de la pesca, el marisqueo, el sector forestal y el sector turístico”. La solución a estas visiones contrapuestas del futuro de la ría y de la ciudad de Pontevedra bien puede unirse a las “líneas rojas” que Podemos y el PSOE, que en Galicia se opone a la prórroga, están negociando para la formación del próximo Gobierno central. En un comunicado, En Marea, ha anunciado su intención de que se revise, anule y deje sin efecto la medida del Ejecutivo saliente.