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Las cargas se iniciaron justo a tiempo para salir en directo en el telediario de la tarde. A las 20:30 horas, en abril de 2013, en el marco de una protesta alrededor del Congreso que pedía “un cambio de régimen”, un grupo de encapuchados comenzó a lanzar objetos a la policía y a zarandear las vallas del perímetro de seguridad. Entonces comenzaron los enfrentamientos y las cargas de los antidisturbios se extendieron por los alrededores, desde Cibeles hasta Atocha.

En medio del desorden y las carreras, la policía detuvo a Francisco Molero, un militante malagueño del Sindicato Andaluz de Trabajadores, quien fue llevado a los calabozos de Moratalaz. “Sufrí un trato brutal, lleno de violencia, con insultos de todo tipo. Fue horrible”, narra. En dependencias policiales, Molero asegura que vio a agentes vestidos con símbolos de izquierda y pañuelos palestinos. “Eran la gente que habíamos visto meter baza ante el Congreso”, asegura.

En cualquier caso, llegó el juicio y Molero ha sido condenado a cinco años de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones. “He sido víctima de un juicio falso, me han condenado sin prueba ninguna más allá de los testimonios policiales, totalmente contradictorios”, asegura. Fue identificado, añade, por llevar “ropa oscura y pañuelo palestino”, una descripción que acota muy poco en una manifestación de este tipo. “Me confundirían con otra persona. Lo siento mucho por los agentes lesionados pero yo no fui”, sostiene.

Ahora, a Molero le toca esperar. Sus padres, que tienen un estado de salud cada día más precario y se quedarían, si se ejecuta la sentencia, sin la persona que les ofrece los cuidados, han pedido un indulto. El SAT y otros colectivos se están movilizando, además, para brindarle apoyo y dar visibilidad a su caso. El pasado fin de semana cerca de un millar de personas salieron a la calle en Málaga para pedir su libertad. Pero no sólo la suya: “Se dijo bien claro que no estamos de acuerdo con ninguna sentencia contra personas que no han hecho ningún daño”, enfatiza Molero.

“Represión preventiva”

Ramón Walsh, portavoz de la Coordinadora 25-S, una de las organizaciones que convocaron aquel Escrache al Congreso, describe la condena al militante del SAT como un “caso claro de represión política”. “En aquella acción tuvimos a compañeros a los que detuvieron el día anterior. A mí y a otra persona nos siguieron, nos pararon, registraron nuestro coche y nos pusieron contra una valla”, asegura el activista, quien denuncia esta “represión preventiva”.

La detención de Molero se produjo, según Walsh, al estilo de otras muchas. “La policía carga, te pasa por encima y pillan al que pueden, y entonces a éste le meten el paquete básico, es decir, el de atentado a la autoridad y otros cargos”, sostiene. El activista destaca la necesidad de luchar por una “amnistía social” que exculpe a todos los condenados en protestas durante los últimos años.

El Escrache al Congreso de abril de 2013 supuso una ruptura con respecto al discurso sobre la violencia que defendía el 15-M, movimiento que se desmarcó de la cita. La plataforma ¡En Pie!, otra de las convocantes, que al final de aquella jornada reconocería el fracaso de la movilización y la falta de apoyo social, defendió en un comunicado previo: “Advertimos que no estamos dispuestos a tolerar agresiones en el legítimo ejercicio de la defensa de nuestros derechos fundamentales, por lo que en ella se anima a ejercer la legítima defensa cuando sea necesario”.

No es un caso aislado

Fran Molero no ha sido el único condenado a prisión por participar en una protesta junto a una cámara legislativa. Lo mismo les ocurrió a ocho activistas que participaron, en junio de 2011, en una acción en el Parlament de Catalunya, quienes fueron absueltos por la Audiencia Nacional y posteriormente condenados por el Tribunal Supremo, que contravino así su propia doctrina. Tienen penas de tres años de cárcel y se encuentran en estos momentos a la espera de que se resuelva la petición de indulto.

“El Tribunal Supremo parte de que la manifestación era ilegal, cuando en realidad ninguna autoridad administrativa la impidió”, explica la abogada, Isabel Elbal. “Uno de ellos fue condenado por ser identificado en unas imágenes en las que estaba detrás de [Pascual] Maragall, por lo que se supone que contribuía a actos ilícitos como son las coacciones y la obstaculización”, añade. El caso está ahora en Estrasburgo por vulneración de derechos humanos.