La corrupción es uno de los problemas centrales en Latinoamérica. Al menos así lo consideran uno de cada cuatro peruanos, uno de cada cinco brasileños y el 15% de los chilenos. Y estos datos (del Barómetro de las Américas) son previos a que Alan García, expresidente de Perú, se suicidase justo antes de ser detenido. También son anteriores al arresto de Michel Temer, hasta hace poco jefe del Ejecutivo brasileño. Pero, al mismo tiempo, un cuarto de los mexicanos, nicaragüenses, hondureños o ecuatorianos consideran que los sobornos tienen justificación. Todo, pese a que ni siquiera es necesariamente en estos países, como se aprecia en el cuadro de abajo, donde hay una penetración mucho más significativa de los actos de corrupción: mención aparte merece Venezuela, donde una mayoría de empresas declara que no hay contratos gubernamentales sin regalos.

El nudo de la corrupción tiene muchos cabos de los que estirar. El debate público latinoamericano los ha tanteado casi todos desde que explotase el descomunal escándalo de Odebrecht: instituciones, élites, educación, cultura ciudadana… Pero ha habido una cuestión que ha recibido, comparativamente, menos atención. Es habitual escuchar que la corrupción impide el desarrollo de un país. La ciencia social ha ido poco a poco confirmando esta hipótesis, orillando en cambio la idea más antigua de que un poco de corrupción “engrasaba” la maquinaria productiva de las naciones. Pero, ¿qué hay de la dirección opuesta en la relación? ¿No cabría pensar también que la ausencia de condiciones económicas adecuadas puede fomentar la corrupción, con ambos factores reforzándose mutuamente en una suerte de círculo vicioso?

Renta, corrupción, desigualdad

La intuición parece confirmarse si comparamos en nuestra cabeza los niveles de corrupción en Europa Occidental o los países anglosajones con los del resto del mundo. Pero incluso si nos centramos en los países más similares a los de Latinoamérica (de ingreso medio-alto, medio-bajo o bajo: menos de 20.000 dólares por cabeza al año), observaremos que, a mayor renta per cápita, menor es la expectativa de las empresas de tener que abonar un soborno.

Llama la atención, eso sí, que la relación dista de ser perfecta, lineal. Muchas naciones latinoamericanas están, por así decirlo, algo mejor de lo que cabría esperar dado su nivel de ingresos. Otros, como México, están en peor situación. Además, parece que a partir de cierto volumen, la corrupción disminuye sin desaparecer del todo.

En contraste con lo que sucede con los países, las personas que reciben más ingresos sí están más expuestas a que se les pida un soborno. Es lógico si pensamos que, al fin y al cabo, disponen de una mayor capacidad de pago. Lo que resulta más sorprendente es que esta relación entre renta y corrupción sea más pronunciada en los países más pobres, no en los más ricos, de la región. Es decir: la diferencia en la probabilidad de que a un individuo de renta alta y a otro de renta baja le toque pagar una mordida es más alta en, digamos, Honduras que en Argentina.

Hay dos maneras -no excluyentes entre sí- de interpretar este dato. Podría ser que los policías y funcionarios públicos de los estados más pobres vean un valor comparativamente alto en extraer renta de las clases acomodadas: les salva de una situación de carencia más extrema. Pero también es posible que estas clases estén más dispuestas a participar en el juego porque saben que la penalización por no hacerlo es mayor. La corrupción es sobre todo una manera de garantizar acceso privilegiado a los recursos públicos, al fin y al cabo. Y qué lugar mejor para hacerlo que allá donde estos son más escasos, más valiosos.

De ser así, no sólo contaría la renta total del país: también, y quizás sobre todo, lo haría el grado de desigualdad. En sociedades más desiguales, los segmentos acomodados tendrían incentivo y tentación de cerrar su posición de privilegio a través de coimas. El estándar mundial para medir la desigualdad de renta en un país es el índice de Gini, que computa la distancia entre la porción más rica y la más pobre. Resulta que en estados donde esta distancia es mayor, es más probable que la gente de hogares ricos justifique el pago de sobornos. En naciones menos desiguales la situación es la contraria: hay una menor justificación general de los sobornos, que además decrece a mayor nivel de renta. En otras palabras: parece que, al menos en una mayoría de Latinoamérica, las élites económicas mantienen y tal vez incluso reproducen un interés para que la corrupción no desaparezca superior al de sus compatriotas con menos recursos.

Soluciones mientras tanto

Si tenemos que esperar a que los países latinoamericanos dejen de ser tan desiguales e incrementen sus niveles de PIB per cápita para que disminuya la corrupción, nos queda una larga espera por delante. Una que se cuenta en generaciones más que en años. Además, como parece que la relación entre desarrollo económico y limpieza gubernamental va en ambas direcciones, es necesario identificar otros puntos de ataque.

Son dos las corrientes más habituales en el debate público sobre cómo acabar con la corrupción: una llama a las reformas institucionales. Cambiar las normas para que cambien los comportamientos. Otra, por el contrario, incita a modificar los valores a través de la educación, de la cultura. La conversación en la ciencia política y en la economía sobre estos temas es prolija y compleja. Pero baste aquí con una pequeña muestra centrada en Latinoamérica para aproximar el peso de cada factor.

Parece que, por ahora, las normas escritas pesan más que las habladas. Los indicadores del Banco Mundial para el nivel de control de la corrupción y la fuerza del Estado de derecho tienen una relación bastante más clara con la incidencia de los sobornos que la preocupación por el tema o que la propia justificación social del mismo.

Pero claro, alguien tiene que aprobar estas nuevas leyes. Y quién va a hacerlo si no aquellos políticos que fueron votados para ello. Son precisamente los segmentos de la población latinoamericana que tienen menos que ganar con la corrupción quienes tienen más interés en este tipo de victorias electorales: los más desfavorecidos. La corrupción puede ser entendida como un impuesto, particularmente gravoso, sobre la pobreza individual y la precariedad empresarial: elimina la igualdad de acceso a los recursos públicos y facilitar las cosas a las personas que pueden permitírselo.

El problema en última instancia es que en Latinoamérica, como en cualquier otro lugar del mundo, los sectores populares mantienen tasas de participación política sustancialmente menores que su contraparte. Sin embargo, otra manera de verlo es que la lucha contra la corrupción guarda en su seno una oportunidad de movilización política y electoral como pocos temas en el continente.