Una breve recapitulación de la historia indica que en el río revuelto de la catástrofe económica argentina de 2001 los fondos buitres compraron bonos argentinos a precio de remate para luego encarar una acción hostil contra el país y obtener retornos exorbitantes. En 2012, consiguieron un fallo a su favor de parte del juez neoyorquino Thomas Griesa. En 2014, luego de extensas negociaciones, Axel Kicillof intentó cerrar el litigio impulsando la Ley de Pago “Soberano” en las que les ofrecía una ganancia de 300 %, según sus propias declaraciones. Finalmente, el macrismo aceptó el fallo Griesa de manera casi íntegra.

En un contexto mundial con tasas de interés cercanas a cero o negativas, los fondos buitre obtuvieron en Argentina un extraordinario 38 % anual de ganancia. Dependiendo del momento en que adquirieron los bonos, el retorno sobre la inversión inicial superó el 1000 %. Los datos los ofrece el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un artículo de hace tres años titulado “Reestructuración de deuda soberana en una arquitectura financiera-legal con huecos” [1].

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En 2016, el Congreso Nacional homologó esa estafa a las arcas públicas a través de una ley votada no sólo por Cambiemos, sino también por gran parte de quienes hoy forman parte del gobierno de Alberto Fernández. En marzo de aquel año, en la Cámara de Diputados, el macrismo obtuvo los votos necesarios para pagarle al fondo NML de Paul Singer y a otros buitres gracias al Frente Renovador de Sergio Massa, a Diego Bossio -que había sido elegido en las listas del Frente para la Victoria-, al GEN de Margarita Stolbizer, a los “socialistas” santafecinos y al Movimiento Popular Neuquino (MPN). El Frente de Izquierda, naturalmente, rechazó esa ley. En el Senado, entre los 54 votos probuitres se contabilizaron, además de los del macrismo y el Frente Renovador, más de la mitad de la bancada del Frente para la Victoria (que en diputados votó en contra).

En el artículo citado, Guzmán explica que

“Los fondos buitre son agentes especializados en explotar los huecos legales del sistema. Su modus operandi consiste en comprar deuda en mercados secundarios que está a punto de entrar en default o que ya ha entrado en ese estado a una fracción del valor de su principal. Luego, la estrategia es litigar contra el país emisor en los juzgados en cuya jurisdicción esa deuda fue emitida”. Obtener un fallo favorable en tribunales extranjeros se ha “convertido prácticamente en la norma”.

¿Cómo fue que los fondos buitres pudieron litigar en Nueva York e imponer la enésima crisis de deuda argentina? Fue gracias a que en el megacanje de 2005 de Eduardo Duhalde, Alfonso Prat Gay, Néstor Kirchner y Roberto Lavagna (así lo denomina Claudio Lozano en su libro La deuda ilegítima, Editorial Autonomía) se estableció la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales judiciales de las potencias imperialistas. Cuando el juez neoyorquino falló a favor de los buitres, la ingeniería de la deuda reestructurada por el megacanje de 2005 entró en jaque por la incautación que realizó Griesa de los fondos que gobierno argentino enviaba a los acreedores en situación regular [2] que habían aceptado el canje: los pagos se realizaban en Nueva York a través del New York Mellon Bank, los litigios se resuelven en Nueva York. En temas de deuda, dios atiende en Nueva York.

En las operaciones de endeudamiento soberano de los estados, la prórroga de jurisdicción consiste en someter los litigios eventuales a juzgados extranjeros. Es una práctica que se ha extendido durante el neoliberalismo. De acuerdo al abogado Facundo Araujo y a la abogada María Torres “la prórroga de jurisdicción implica otorgar otro privilegio a la parte más fuerte del conflicto” [3]. En los casos de emisión de deuda, es una condición que establecen los fondos especulativos.

Consultada por Ideas de Izquierda, la abogada y legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, explica “es evidente que el Estado argentino está absolutamente atado de pies y manos a los acreedores extranjeros. Por eso, una elemental medida de defensa nacional, de soberanía, sería la declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales arbitrales y/o judiciales extranjeros en todas aquellas materias de derecho y orden público nacional. A lo largo de los años el capital financiero fue imponiendo que toda contratación de deuda por parte de un Estado, no es una cuestión soberana, sino un acto comercial, que puede ser ejecutado en cualquier jurisdicción y donde la inmunidad inherente a la condición de un país soberano había desaparecido”.

Facundo Araujo y María Torres son concluyentes, consideran

“que es inconstitucional la prórroga de jurisdicción en órganos foráneos en materia de actos o contratos administrativos relativo a actividades esenciales del Estado —como los servicios públicos—, en lo tocante con cualquier recurso del Estado —originarios o derivados— y en lo particular, en materia de reestructuraciones de la deuda pública argentina. Adviértase que no se trata de meros problemas de naturaleza comercial, sino que tienen naturaleza pública y comprometen facultades ius imperium del Estado”.

Bregman coincide en que es inconstitucional la prórroga de jurisdicción y destaca el contexto histórico en el cual se fue estableciendo:

“no es casualidad que esto en la Argentina lo introdujo mediante dos decretos el dictador Onganía y que la redacción de los artículos 1º y 2º del Código Procesal Civil y Comercial impuesta por la dictadura cívico militar de 1976 fue fundamental para promover la prórroga de jurisdicción que los autores del genocidio necesitaban para cumplir con las políticas impuestas por el imperialismo. Así encuentran relación directa con el proceso de endeudamiento profundizado a partir de 1976. Además de prorrogarse la jurisdicción a favor de jueces extranjeros se promovió la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”.

Este martes 21 de enero en conferencia de prensa, el ministro Guzmán anunció que enviaba al Congreso un Proyecto de Ley de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa que se va a tratar en sesiones extraordinarias este miércoles 29. Ese proyecto otorga facultades al Ministerio de Economía para encarar la reestructuración de la deuda. No solo eso. En el artículo tercero se autoriza a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana”. Una vez más, se encara una reestructuración haciendo lugar a la condición de prórroga de jurisdicción que exigen los grandes fondos de inversión. Existe una frase adjudicada a Einstein, que parece que este nunca pronunció, pero que es adecuada para definir lo que ocurre con la deuda: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes.

Danza con lobos de Wall Street

Todo indica que en la actualidad los bonos de deuda argentina en manos privadas están concentrados en tres grandes fondos: Franklin Templeton, BlackRock y Pimco tienen en sus manos gran parte de las tenencias de bonos locales y administran volúmenes de recursos que superan en treinta veces el tamaño de la economía argentina.

Franklin Templeton incrementó sus negocios en el país en el medio de la corrida cambiaria de mayo de 2018 cuando pactó con el entonces ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, comprar Botes (Bonos del Tesoro) a tasas de interés elevadas, haciendo uso de información privilegiada. Un gestor de esa operación fue Gustavo Cañonero, quien en el pasado había sido socio de Franklin Templeton y en junio de 2018 asumiría como vicepresidente del Banco Central, secundando al también nuevo presidente de la entidad: el mismo Caputo. Franklin Templeton adquirió fama mundial en operaciones riesgosas en las cuales cuenta con información privilegiada de antemano: que los países serán rescatados por el FMI. La secuencia de esos meses furiosos de 2018 indica que luego de la retirada de J.P. Morgan del mercado local, que en su huida con multimillonarias ganancias precipitó la suba del dólar y la ruptura del financiamiento internacional, el gobierno de Macri decidió pedir el rescate del FMI.

En la compra de los Botes argentinos, Franklin Templeton fue secundado por BlackRock, aunque a nivel internacional este último es el líder: es el mayor fondo especulativo del mundo. Durante 2014 llevó adelante el vaciamiento de la Gráfica Donnelley, que en la actualidad se encuentra gestionada por sus trabajadores bajo la denominación MadyGraf. En esa ocasión, BlackRock se retiró sin avisar y dejó un cartelito en la puerta con un 0800 para que los empleados reclamaran ahí sus indemnizaciones. El mismo tipo de maniobras fraudulentas realizó ese fondo en Brasil. En agosto de 2014, Cristina Fernández acusó de buitre a BlackRock: señaló que la maniobra con la empresa Donnelley constituía parte de una operación de desestabilización del gobierno. BlackRock está conducido por Larry Fink, quien en octubre de 2016 se reunió con Mauricio Macri en la Casa Rosada. En Irlanda y Grecia el fondo especulativo intervino durante las crisis económicas de la última década teniendo como balance la adquisición de importantes activos bancarios y comerciales.

Pimco es otro gigante de las finanzas mundial. También fue un socio del macrismo: por ejemplo, adquiriendo buena parte del BoPoMo (Bono de Política Monetaria), otro invento de Luis Caputo con importantes rendimientos para los fondos especulativos. Entre otras aventuras, Pimco fue investigado en la por la SEC (la Bolsa de Valores de Estados Unidos) por maniobras fraudulentas en las que inflaba artificialmente el retorno de uno de sus fondos de inversión para atraer a pequeños inversionistas.

El periodista Alejandro Bercovich contó que un enviado de un fondo de inversión que llegó a las oficinas de Alberto Fernández de Puerto Madero (donde el actual presidente comenzó a armar su gobierno antes de asumir) confesó que durante el macrismo existía emisiones de deuda “delivery”: eran los propios fondos que desde Nueva York le pedían a Caputo que les arme algún bono a medida cuando tenían excedentes de liquidez.

Además de los mencionados, existen otros fondos especulativos jugando con la deuda argentina. Una negociación de "buena fe", como la que busca Guzmán, es pedir peras al olmo en ese mundo de estafadores.

Ilegítima

En la era Macri se fugaron del país U$S 88 mil millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina: los recursos fugados equivalen a casi un cuarto del PIB (Producto Interno Bruto) y seguramente fueron colocados en paraísos fiscales. La deuda del Estado nacional creció en una cifra similar durante la gestión Cambiemos. Es decir, que existió un circuito en el cual el megaendeudamiento financió en gran medida la fuga de capitales, que realiza la gran burguesía local. Es lo que denunció Alberto Fernández el 27 de agosto en Twitter en plena campaña electoral. No es una novedad. Por el contrario, es una historia sin fin: lo mismo se observa en otros ciclos de endeudamiento del país.

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En una entrevista con Ideas de Izquierda el historiador Éric Toussaint explicó que el megaendeudamiento de Macri constituye un acto hostil a la Nación Argentina y, por lo tanto, aplica la doctrina de la deuda odiosa: primero, porque la deuda fue contraída contra los intereses de la nación y del pueblo, de lo cual existe un testimonio contundente en el aumento de la pobreza, del desempleo y en la caída del poder de compra del salario; segundo, porque los prestamistas conocían esa situación. En particular, el préstamo del FMI constituyó un aval de Donald Trump a la continuidad de Macri en el poder. La aprobación del préstamo no pasó por el Congreso. Este hecho, fue denunciado judicialmente por Claudio Lozano (quien recientemente asumió como director en el Banco Nación) y Jonatan Baldiviezo. Además, el FMI autorizó en abril de 2019 la utilización de reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales, lo cual está prohibido en sus propios estatutos. Todas estas irregularidades, como así también la observada en la emisión del bono a cien años que realizó Caputo en beneficio de un fondo de inversión del cual él había sido accionista, son motivos más que suficientes para se suspendan todos los pagos de la deuda y se establezca una investigación integral de la estafa realizada sobre las mayorías populares.

Una salida integral a la crisis argentina debería comprender el no pago de la deuda para romper definitivamente con este mecanismo de sometimiento a los designios de las potencias imperialistas, como así también la nacionalización de la banca y el comercio exterior para, en primer lugar, repeler las maniobras que puedan establecer los buitres que quieren seguir vaciando el país, pero también para orientar todos los recursos en la perspectiva de una reorganización integral de la economía que atienda en primer lugar la "sostenibilidad" de todas las necesidades sociales.