Ascensión López, la mujer de Almeria condenada por denunciar que fue un bebé robado. / JULIA CAMACHO

Ascensión López tiene el triste honor de ser la primera persona condenada en España por asuntos relacionados con los niños robados durante la dictadura franquista y el inicio de la democracia. Sin embargo, no participó ni gestionó ninguna de las adopciones de menores sustraídos a familias rojas o republicanas. Ella es una de esas niñas, según afirma. Y su condena es por injurias a la monja que supuestamente habría participado en el proceso, que niega cualquier irregularidad. Ahora, Ascensión deberá cumplir cinco meses de cárcel tras haberle sido denegado el indulto. Pero también por pobre, porque no puede afrontar los 43.000 euros de indemnización y multa a los que fue condenada.

El mundo al revés de Ascensión, 53 años, con una incapacidad laboral y dos hijos de 19 y 22 años, comienza cuando tenía 8 años y lloraba la enfermedad de su padre. Con crueldad, un familiar le recriminó sus lágrimas. “¿Por qué lloras por este hombre que no es nada tuyo? Que te compró cuando naciste”. Las palabras se le clavaron en el alma, pero el puzle de su vida empezó a encajar. “Mis padres no, pero el resto de la familia siempre me hizo sentir mal, que fui recogida y era la que iba a quitarle los derechos (era una familia adinerada) a los demás”. Su madre adoptiva le confirmó la adopción, pero reconoció que no sabía mucho sobre cómo ocurrió. “Me dijo que fueron a buscarme al hospital, que pagaron 250.000 pesetas de las de antes y poco más”. Y que la persona que tramitó los papeles fue la monja Dolores Baena, sobrina de su padre adoptivo y que trabajaba en una maternidad.

Empiezan las sospechas

Por la información que va recabando, entre otras las dificultades al obtener la partida de nacimiento y los distintos nombres que había tenido, ya de adulta Ascensión empieza a tener la sospecha de que la suya no fue una adopción normal, sino que fue una niña robada. E interpone en el 2012 una denuncia ante la Policía Nacional con los datos que tenía, y en los que obviamente aparecía la monja.

En el 2013, y cuando España empieza a ser consciente del dolor y sufrimiento que supusieron los casos de bebés robados, Ascensión acude a los medios de comunicación para intentar localizar a su verdadera familia (la adoptiva ya había fallecido). Pensó que dando todos los detalles que sabía, sería más fácil localizarles. Y cuando la religiosa vio el programa de televisión, acudió a los tribunales para defender su honor. Reconoció haber mediado, pero siempre de manera conforme a la ley, y la denunció por injurias y calumnias.

“No la acuso a ella abiertamente, pero en la documentación que tengo aparece su nombre”, se defiende Ascensión, que lamenta que mientras su causa fue archivada siquiera antes de ser juzgada, la denuncia de la monja sí siguió adelante. Y fue condenada. Según consta en la sentencia firme de la Audiencia provincial, empleó expresiones “con el propósito de lesionar gravemente el honor de la testigo perjudicada” y la “intención de difamarla”, pero “no acreditó, ni tan siquiera de forma mínimamente indiciaria, la adopción ilegal que falsamente y a sabiendas de su inexactitud, o al menos con temerario desprecio a la verdad, atribuye a la perjudicada”. Sin dinero, y sin abogado, no pudo recurrir.

De nada han servido las 90.000 firmas presentadas en el Congreso para solicitar el indulto y las protestas organizadas por las asociaciones de bebés robados por todo el país. Incapaz de afrontar el gasto con su pensión, se le conmutaba la pena por cinco meses de cárcel, por lo que pidió el indulto con el apoyo de las asociaciones de bebés robados. Pero el Consejo de Ministros, su última esperanza, denegó la medida de gracia el pasado 20 de octubre, instando al juzgado a ejecutar la condena que quedó en suspenso mientras se resolvía este recurso. A preguntas de Unidos Podemos en el Congreso, el ministro de Justicia ya reconoció que sería muy difícil porque contaba con la negativa del tribunal que dictó la sentencia, de la fiscalía y de la religiosa que la denunció.

“No tenía muchas esperanzas”, reconoce, aún en estado de shock, lamentando que la denunciante, la monja Dolores Baena, una vez obtenida la sentencia a favor siguiera presionando para que se ejecutara. Toda su familia se puso de parte de la religiosa. “Sabía que no iba a descansar hasta que me viera entre rejas", afirma, "pero me ha dolido su falta de humanidad y compasión”.