Cuando asumió el mando de la cárcel barcelonesa de Brians 1, hace solo un año y tres meses, Josep Font sustituyó a la treintena de funcionarios asignados a las celdas de aislamiento (el polémico DERT) e instaló cámaras de vigilancia. Esas medidas y el talante “autoritario” de Font enojaron a los sindicatos, que desde entonces exigen su dimisión. Sus deseos se han cumplido este miércoles: la consejera de Justicia, Ester Capella, anunció que Font había presentado su dimisión irrevocable cansado de recibir “amenazas de muerte” de los trabajadores, que están siendo investigadas. Los sindicatos replican que es una “destitución encubierta”.

Josep Font es un histórico de las prisiones catalanas. A sus 58 años, ha llevado las riendas de siete centros penitenciarios, como Quatre Camins, Puig de les Basses o Lledoners, y fue el último director de la Modelo de Barcelona antes de su cierre, en 2017. En otoño de ese año fue asignado a su última misión: dirigir la cárcel de Brians 1 y poner orden en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT, por sus siglas en catalán), unidad con pésima fama entre las asociaciones que defienden los derechos de los presos por ser el lugar donde se ha registrado un mayor número de muertes bajo custodia.

“Es como Atila, por donde pasa siembra discordia”, opina el responsable del sindicato CSIF, Juan Luis Escudero, que considera la salida de Font “una gran noticia”. “Cuando fue nombrado en Brians 1, ya avisamos de que no era buena idea. Es prepotente y actúa de forma autoritaria, como un alcaide”, añade. Una de las primeras medidas de Font fue renovar a los funcionarios del DERT. Allí están las celdas en las que los internos especialmente peligrosos o que han cometido infracciones graves pasan, en soledad, más de 20 horas al día.

Asociaciones pro derechos humanos han denunciado en los últimos años la realidad de las celdas de aislamiento y sus efectos sobre la salud física y mental de los internos. El Parlament acogió, en 2017, un grupo de trabajo sobre el asunto. Las entidades pusieron el acento en la situación de Brians 1, donde en los últimos años se han quitado la vida al menos tres internos: Raquel E., Gina G. o Lewis A. Este último tenía 29 años cuando ingresó como preventivo en Brians 1 y fue llevado al DERT tras enfrentarse a un funcionario. Llevaba cinco días allí cuando utilizó las sábanas como soga y se quitó la vida.

En una entrevista en TV-3, la consejera Capella anunció la dimisión de Font, consecuencia de las amenazas de muerte por parte, dijo, de funcionarios de prisiones. “Las personas tienen sus límites”. Diversas fotografías muestran la naturaleza de esa persecución: una cruz azul plantada frente a la prisión, un monigote descabezado atado a una señal de tráfico con el cartel “Font fora” o unas pintadas en los vestuarios donde se acompaña el nombre del director con un “descanse en paz”. El servicio de inspección —una suerte de “asuntos internos” en prisión— y los Mossos investigan los hechos.

Más allá de la responsabilidad individual por las amenazas, Capella vincula el malestar de los funcionarios con el plan impulsado por Font. Fuentes de Justicia recuerdan que, durante su etapa, se han reducido un 30% de los ingresos en los DERT. Y que el director de Brians 1 instaló cámaras para controlar espacios con escasa visibilidad. Capella se preguntó “a quién no le puede interesar que un centro penitenciario tenga garantías”. “Cambiará la dirección, pero se mantendrán las políticas”, añaden fuentes de Justicia.

Las afirmaciones de la consejera sublevaron a los sindicatos, que consideran el episodio una mera “cortina de humo” para ocultar la “nefasta gestión” de Font. “Las cámaras de videovigilancia ayudan garantizar la seguridad y la integridad física de los internos y los trabajadores”, señaló la UGT en un comunicado. Escudero también se muestra partidario de las cámaras, pero critica que Font instalara algunas “enfocando a los despachos de los funcionarios”.

Una gestión polémica

Aunque se muestran “sorprendidos” por unas amenazas de las que, aseguran, no tenían noticias, los sindicatos no creen que ese sea el motivo de la salida de Font. “Es una destitución encubierta”, dice UGT. “Le han ofrecido una salida digna para camuflar toda la conflictividad laboral y presentarlo como víctima”, lamenta Escudero. El director de Servicios Penitenciarios, Armand Calderó, tilda ese argumento de “falso” y defiende la labor desarrollada por Font para “dar un salto de calidad” en Brians. Calderó subraya que el director tenía el respaldo de “la mayoría de trabajadores”, aunque los sindicatos lo niegan y le acusan de ordenar cambios sin consultarlo. Como cuando, en enero, creó un módulo mixto de mujeres y hombres entre los que había diversos presos condenados por delitos contra la libertad sexual. El reglamento penitenciario prohíbe que en los módulos mixtos haya agresores sexuales.

En Brians 1 hay 94 funcionarios de baja. Eso supone el 22% de toda la plantilla, el triple de la media de las prisiones catalanas. Los sindicatos defienden que son trabajadores que piden “apoyo psicológico” porque “no aguantan la presión del director”. El Departamento de Justicia esgrime el dato, pero en otra dirección: como una prueba de la presión a la que Font estaba sometido por parte del colectivo.