Alejandro Álvarez - LA NACION

Siempre hubo corrupción en la Aduana. Todo operador privado lo sabe. Y prácticamente ningún despachante de aduana puede negar haber pagado al menos una vez para agilizar los trámites, para que no se trabe una operación, para dormir un expediente.

La potestad del verificador aduanero es así: directamente proporcional al grado de su arbitrariedad. El juego de la autoridad con la desesperación del administrado corre por todas las dependencias del Estado.

Lo que encontró el nuevo Gobierno al frente del comercio exterior fue la institucionalización de la corrupción en un vasto corredor que va desde la Aduana hasta la Secretaría de Comercio, con tarifarios de todo tipo: desde los ROE para exportar hasta las demoras para retirar un contenedor de importación, pasando por la obtención de una DJAI y hasta la liberación de un buque granelero: se le pide directamente plata al capitán (que es extranjero, y representa a un armador extranjero) para tener permiso de abandonar el muelle.

Es conocido que en la Secretaría de Comercio se manejaron porcentajes de entre el 10 y 15 por ciento de comisión sobre el valor declarado para obtener una DJAI que no salía. Cuando en la Argentina estaban por completo prohibida la importación de textiles, en la calle y en los locales no se percibía la restricción.

La Nacion reconstruyó los últimos años de operación con despachantes de aduana, abogados especialistas en derecho aduanero, operadores de depósitos fiscales y terminales portuarias y fuentes oficiales. Las coincidencias son asombrosas. El off the record es total: de alguna manera, todos trabajaron en la irregularidad porque la otra alternativa era dejar de operar.

Las fuentes coinciden en que gestores e intermediarios lograban todo en la era K, la DJAI era el servicio básico; luego estaba el all inclusive: por un pago de entre 50.000 a 100.000 dólares, un contenedor entero de 40 pies en la puerta de un depósito fiscal.

Todo cambió. Un contenedor de textiles, desde Asia, puede tardar entre 40 y 60 días, sumando viajes y trámites. El nuevo Gobierno sorprendió a una cantidad enorme de contenedores bajo este régimen informal: huérfanos. Nadie los fue a retirar ni los nacionalizó. ¿La razón? Inconsistencia absoluta entre lo declarado y su contenido, verificable inmediatamente por el peso.

Cuando Juan José Gómez Centurión asumió al frente de la Aduana con el mandato directo del presidente Mauricio Macri de "ordenar" la casa lo primero que hizo fue ir a ver los contenedores que estaban en el puerto. Qué se declaró. Qué peso tenían. A los que tenían menos del 40% del peso del contenedor los mandó a canal rojo. Eran textiles, mal declarados. Dos meses más tarde, en marzo, los contenedores seguían ahí.

Coincidió, justo, en marzo, cuando comenzaron a desaparecer los manteros de las principales avenidas de la Ciudad.

El no reclamo de un contenedor (la no nacionalización) por el cual se giraron divisas por la mercadería, se pagó el flete marítimo y terrestre, a un agente y hasta a un depósito fiscal es llamativo de por sí.

La Aduana encaró una auditoría profunda, en puertos y depósitos fiscales. Una auditoría a la que todo el sector se desacostumbró.

En poco más de cinco meses procedió a quitarle el permiso a varios depósitos fiscales, reformuló por completo el proceso de habilitación de nuevos predios y exigió nuevos cumplimientos a los que ya operan so pena de quitarles el permiso también.

Luego se procedió a una reestructuración completa del organismo, restituyendo poder al área de control, creando nuevas regiones y reunificando la aduana metropolitana (partida en dos por la administración anterior).

Auditoría

"Tomamos una muestra de 200 contenedores en puertos y depósitos fiscales que fueron abiertos y revisados con mercadería sin nacionalizar. Tenían un peso declarado de 886 toneladas y pesaban 2000. Eran productos textiles pero declararon flores de plástico entre otros. Sólo la diferencia de aforo asciende a US$ 10,7 millones, que es lo que tendrían que pagar si aparece el consignatario a nacionalizar", indicaron a la nacion desde la Aduana.

Esta muestra es lo suficientemente representativa de los contenedores sin dueño que sumarían entre 3500 y 4000, sobre todo cargados de productos textiles. Así se operó cuando en la Argentina se instrumentó el cepo a las importaciones.

El negocio textil, además, no paraba de beneficiarse: amparados en que oficialmente era imposible traer mercadería, se abonó con tesón la idea de una restricción de la oferta (que justificaba precios exacerbados). En realidad, los productos entraban a valor internacional. La ganancia fue fastuosa.

¿Por qué no se reclaman esos contenedores? "El interior no coincide con lo declarado y se cortó la estructura de contención en la Aduana con la nueva administración", coinciden las fuentes consultadas.

El cierre de depósitos fiscales (en muchos había contenedores huérfanos) forzó a estos importadores -que comúnmente recurren a testaferros como consignatarios- a dar la cara. Pero la irregularidad evidencia otra connivencia: la del permisionario privado con el funcionario aduanero, que "verifica y controla".

La auditoría de la Aduana sigue su curso. Y abarca otro punto oscuro del circuito: los traslados desde los puertos a los depósitos fiscales, todos realizados con precintos electrónicos (ver aparte). "Todos estos movimientos están siendo observados para ver quién documentó, quién transportó, quién es el consignatario. Queremos conocer la cadena integral", agregaron fuentes oficiales.

Una inobjetable fuente de la Aduana contó lo siguiente a La Nacion:

"Hay 198 depósitos fiscales en el país. Es una patología del sistema. El Estado tercerizó en el mercado el control y el cobro de aranceles. Pero en los últimos años se lo pasó a los amigos, que los armaron en lugares donde se favorecen las operaciones de contrabando de la mano de la Aduana: los verificadores que están destinados a estos depósitos fiscales pasan años ahí, y generan una relación con el permisionario. Se olvidan que trabajan para el Estado. Cuando se desvirtúa la relación llegan hasta entregar le la clave al permisionario, que desconsolida a las 3 de la mañana, sin la presencia del verificador", indicó. Cuando el contenedor entra en rezago aparecen las inconsistencias y los faltantes.

"En los últimos años -continuó- desarmaron el área de control de la Aduana, y se la entregaron al área de operación aduanera, que debería ser la controlada", afirmó, tras agregar: "De cada 10 contenedores que entraban a Buenos Aires, 3 lo hacían libres".

En los últimos cinco años no se registra ni una sola sentencia de contrabando en los juzgados en lo Penal Económico.

Situación

En rigor esa mercadería oculta en esos contenedores no entró al país. Es como si estuviera en el mar todavía. Por lo tanto, no se incurrió en contrabando. Si el funcionario aduanero abre el contenedor y da el "ok" con lo declarado, lo cierra y listo.

"Las mercaderías están a nombre de empresas fantasmas, usinas armadas para facturar, para bancarizar coimas. No tienen movimiento ni capacidad económica. No están en la base de apócrifos de la AFIP. Pero los nombres de estos consignatarios están en los manifiestos de importación. El contenedor está. Es toda información que tiene la Aduana", indicó un abogado aduanero.

Dilemas

Operar legalmente en comercio exterior enfrenta varios dilemas. Y a muchos costos. Con la proliferación de cepos y de normas crecieron los gestores. Y la panacea de la operación por izquierda se consumó por ser más rápida y más barata que soportar la aplicación de multas millonarias por fallas formales o por sufrir a contrarreloj un viernes a la tarde con el vencimiento de un forzoso, que hace que el importador ceda y mande al despachante a arreglar con el aduanero.

"Son los quioscos. Siempre existieron tarifas. El kirchnerismo no las inventó, las aumentó", sintetizó un despachante.

Se "bagayeó" con empresas fantasmas que tenían DJAI aprobadas para un producto pero luego el contenedor traía otra cosa, textiles casi siempre: se pagaba por kilo a la organización (permisionario y aduanero) puesto en la puerta del depósito.

Incluso, si no se optaba por traer "cualquier cosa" y pagar US$ 100.000 por contenedor de 40 pies se podía recurrir al régimen de mudanzas internacionales: "Hasta te decían (en Aduana) en qué depósito de Miami consolidar. Podías traer línea blanca, muebles, de todo con las mudanceras", añadió.

Esto pasa con contenedores marítimos. Pero Ezeiza no es una excepción: "Ahí sacan la plata, los viernes, en camiones de caudales. Son millones por día y (el funcionario de) la línea sube la plata. Se recauda plata con lo que está bien, no con lo que está mal. Antes, en TCA, los despachos salían en el día y había un sistema automático. Ahora para verificar tenés que poner 1000 pesos o te tardan una semana", amplió el despachante.

Si el aduanero es honesto tiene que cobrar multas que van de 1 a 5 veces el valor de la mercadería por cualquier irregularidad. Y ahí es donde se invierte la relación y es el privado el que tienta al funcionario.

El Supara, el sindicato del personal aduanero, tiene un convenio colectivo muy fuerte. Difícil es que la autoridad eche del organismo a un verificador. Simplemente lo reubica. Un circuito crónico y sistemático.

Esta semana se cumplen los plazos para retirar los contenedores de los depósitos fiscales deshabilitados. Recién ahora se va a saber qué había adentro. Recién ahora se podrá confirmar la sospecha de que la administración del comercio exterior fue, en realidad, la administración de caja para la política y para los amigos.