Por tres años, Minera Esparta ha explotado ilegalmente una mina de cobre en la Quebrada de la Plata, una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana. Nunca tuvo la autorización de la U. de Chile, dueña del terreno superficial, ni permisos ambientales o mineros. Tampoco patente municipal. Toda la institucionalidad operó para detener la faena, desde la Municipalidad de Maipú, pasando por Sernageomin, Conaf, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Superintendencia del Medioambiente y el Tribunal Ambiental, pero nadie ha podido hacerlo. A mediados de marzo fue el último intento: encontraron una tonelada de explosivos escondida en los matorrales.

En la Quebrada de la Plata, a una hora de caminata por un árido sendero entre los cerros del extremo poniente de Maipú, había hasta hace poco una cerca de alambre de púas, un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera” y un guardia que con perros impedía el paso. Ni a Marcelo Orellana, hasta hace poco administrador del Fundo Rinconada de la Universidad de Chile (del cual forma parte la quebrada), lo dejaban pasar. Lo mismo le pasó a inspectores de Sernageomin, de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) y de la Municipalidad de Maipú: cuando iban a fiscalizar, no les permitían entrar. Así consta en distintos informes. Incluso al alcalde Cristian Vittori le habrían prohibido con perros el ingreso a la Mina Panales, una faena minera que desde 2012 ha operado ilegalmente en terrenos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (FCA) y que ninguna institución ha sido capaz de detener de forma definitiva.

La Corte Suprema paralizó la faena a comienzos de 2014 “hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan” (ver fallo). Pero la explotación continuó. No fue ni la primera ni la última vez que la empresa a cargo del proyecto pasó por alto una orden de cierre. Ya en julio de 2013 la Corte de Apelaciones había sentenciado el cese total de los trabajos. Dos veces el Sernageomin decretó la suspensión indefinida de las faenas. Y la Municipalidad de Maipú una vez la clausuró. Al día siguiente, los sellos estaban rotos y los trabajadores operaban como si nada. En noviembre de 2014, el Tribunal Ambiental decretó el cierre temporal de la mina, una medida que ya ha tenido que renovar cuatro veces porque Minera Esparta (ex Minera Española Chile), la compañía que fundó y controla Branko Donoso Vidal y que está detrás de la extracción ilegal de cobre en la Quebrada de la Plata, simplemente no se detuvo.

La empresa de Donoso es responsable de la destrucción de una de las últimas zonas de preservación ecológica de la Región Metropolitana, aunque es sólo una arrendataria de la mina. La verdadera propietaria es una sociedad del empresario Víctor Petermann Fernández, controlador de Tehmcorp, un holding compuesto por al menos 18 empresas con intereses desde la minería al turismo. Es también dueño del hotel y la reserva biológica Huilo Huilo, en la Región de Los Ríos.

Tanto Huilo Huilo como la Quebrada de la Plata son áreas de interés ecológico a nivel internacional. En el mundo hay 34 zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad o hotspots, sectores que concentran un mínimo de 1.500 especies de flora y fauna endémica en peligro de desaparecer. Uno de ellos está en Chile e incluye tanto a la selva valdiviana como al bosque esclerófilo de la Zona Central del país. La Quebrada de la Plata, a 16 kilómetros de la Plaza de Maipú, es parte importante de ese último ecosistema: un laboratorio natural que la Universidad de Chile ha usado para investigaciones científicas sobre flora y fauna vulnerable durante las últimas ocho décadas. Pero ya no más: aunque el sector es considerado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) como zona de preservación ecológica, Minera Esparta lo convirtió en una mina a rajo abierto que ha pasado por encima de todas las regulaciones mineras y medioambientales del país. Y de paso, ha demostrado las limitantes institucionales para detener las faenas que operan al margen de la ley.

-No es habitual que la SMA se enfrente a este tipo de titulares de proyectos. Generalmente no se oponen a la fiscalización. El de la Quebrada de la Plata es un caso muy especial, y también lo es para el Tribunal Medioambiental, por el perfil del infractor: uno absolutamente fuera de la ley –dice Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.

Cuando CIPER visitó el lugar el 23 de febrero, hacía más de tres meses que el Tribunal Ambiental había ordenado el cierre temporal. Ya no había cartel ni perros ni guardias ni ruidos. La cerca estaba en el suelo, pero había huellas frescas de vehículos. Poco antes había llovido en Santiago y las marcas seguían allí. Los trabajadores de la empresa de Branko Donoso parecían haberse ido, dejando un cerro destruido y la faena abandonada, sin cumplir ningún protocolo de seguridad. Pero los antecedentes recopilados por CIPER dan cuenta de que no era así y que había indicios de que volverían: todavía había maquinaria pesada en el lugar, cientos de miles de toneladas de cobre aún sin extraer y cerca de mil kilos de explosivos que habrían quedado abandonados y que un mes después Carabineros hallaría escondidos entre los matorrales por casualidad.

LOS DUEÑOS DEL SUBSUELO DEL FUNDO RINCONADA

En 1933, la familia de Pedro Aguirre Cerda vendió a la Universidad de Chile el Fundo Rinconada de Maipú: 3.000 hectáreas en la Cordillera de la Costa que se convertirían en una estación experimental para estudiantes, académicos e investigadores de su Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA). El predio está fraccionado en tres partes. Por un lado, las dos mitades que conforman todo lo que está en la superficie. La primera se divide entre terreno cultivable, zonas para la crianza y estudio de ganado, la casona que utiliza la facultad como sede académica, la Escuela de Suboficiales del Ejército y unas instalaciones militares que fueron ocupadas por la DINA en los ’70 y que hoy se encuentran en ruinas.

La otra mitad son las 1.500 hectáreas de cerros que, tras casi 80 años sin intervención, habían experimentado una importante recuperación de su flora y fauna endémica. Ahí es donde está la Quebrada de la Plata con sus 800 hectáreas. Entre las plantas, hay espinos, quillayes, maquis, peumos, boldos, litres, guayacanes y maitenes. En el cielo planean las águilas. Vuelan también por ahí chincoles, gallinas ciegas y pitios, una especie de pájaro carpintero. Hay también pequenes que se alimentan de los ratones cola de pincel y de los cururos, que también son alimento para zorros culpeos y quiques. Allí habitan reptiles como la iguana chilena y algunas culebras, y marsupiales, como la yaca. La mayoría de estas especies está incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) por ser consideradas vulnerables o en peligro de extinción. Muchas de ellas desaparecieron desde que comenzaron los trabajos mineros.

De todo lo anterior es dueña la Universidad de Chile. Pero queda una tercera fracción que no se ve: lo que está en el subsuelo. Y allí la universidad no tiene ninguna propiedad.

El Código Minero define a las concesiones mineras como “un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial”. En simple: el dueño de un terreno no es necesariamente propietario de lo que hay debajo de él. Si un tercero inscribe a su nombre lo que hay en el subsuelo en el Registro de Minas, la concesión pasa a ser suya, sin importar lo que diga el dueño del terreno superficial. Eso ocurrió en el Fundo Rinconada de Maipú.

El Catastro Minero del Sernageomin da cuenta de que bajo el predio de la Universidad de Chile se esconde un enorme potencial minero: hay más de 40 concesiones registradas por terceros (ver tabla). En esa lista, la Mina Panales figura inscrita a nombre de la Compañía Minera de Fosfatos Naturales, que según su sitio web, fue creada en 1988 para explotar un yacimiento de fosfato en Bahía Inglesa. Sus dueños siguen siendo los mismos que la fundaron hace 27 años: el ingeniero en minas Víctor Petermann Fernández –que hoy la controla a través de Inversiones VPF SpA–, su hermana María Victoria y Patricio Campos Poblete. Esa sociedad nada tiene que ver con Branko Donoso, salvo porque le arrienda sus pertenencias en medio de una zona protegida. El precio acordado: 12,5% de las ventas de mineral que registre Minera Esparta (ex Minera Española Chile), o un mínimo de $5 millones al mes. Fue ese contrato, firmado cuando la empresa de Donoso ya llevaba al menos cuatro meses de operaciones ilegales, el que formalizó la destrucción ilegal de la Quebrada de la Plata.

SUENAN LAS PRIMERAS TRONADURAS

Lo primero fue el movimiento de camiones en los cerros cercanos a la quebrada. Era 2010 y un grupo de personas se había instalado en Lomita, una concesión minera ubicada casi por completo en el Fundo Chorrillos, el predio vecino que está justo entre el terreno de la FCA y la Cuesta Lo Prado. Pero un vértice de esa concesión está dentro de los límites de la propiedad de la Universidad de Chile. Y precisamente era en ese vértice que habían instalado, sin permiso, el campamento.

-Nos avisaron que salían camiones desde el terreno de la FCA por la Cuesta Lo Prado. Fuimos a inspeccionar con un Comité Operativo de Fiscalización (COF) conformado por funcionarios de distintos organismos del Estado, pero ya no estaban: habían huido. Encontramos restos de explosivos y de material minero, huellas de un campamento que habían retirado y toda la ladera de un cerro con tronaduras y caminos por hacer. Creo que eso fue sólo un sondeo del sector y que en realidad buscaban llegar a los sectores bajos de la quebrada, porque aquí está la mayor ley del cobre. Lomita no era más que un buen vehículo para pasar con sus camiones –recuerda el ex administrador del fundo universitario, Marcelo Orellana.

No hubo novedades hasta que en 2011 se vieron nuevamente camionetas circulando al interior de la quebrada. Fue ese año, a fines de septiembre, que los hermanos Branko y Josué Donoso se asociaron con William Ghione Tudela para constituir la empresa Minera Española Chile, con un capital de $100 millones. Fue la primera de una serie de sociedades que los tres hombres crearon en apenas unos meses.

No eran dueños de la Mina Panales, pero sí tenían una llave de acceso: derechos sobre las concesiones La Plata 3 y La Plata 4, ubicadas justo al lado. De hecho, Branko Donoso figura en los registros como titular de cinco concesiones como persona natural y de seis a través de Minera Esparta (ex Minera Española Chile). Si solicitaban permisos para explorar esas concesiones al Sernageomin, podrían llegar fácilmente a la Mina Panales y construir caminos que salieran por el Fundo Chorrillos hasta la Cuesta Lo Prado. Al año siguiente se instalarían en la quebrada, ensancharían los caminos, cortarían bosque nativo, pondrían explosivos y reducirían gran parte de un área de alto interés ecológico a un montón de roca suelta.

GUERRA EN TRIBUNALES

En agosto de 2012, la empresa de los hermanos Donoso y William Ghione informó al Sernageomin sobre su proyecto de reconocimiento en La Plata 3 y La Plata 4. También entregó una carta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fechada en 2008 y a nombre de Ángel Raúl Burrows, para explotar la Mina Panales. Pedían autorización para extraer 1.000 toneladas de mineral al mes. Para ambos trámites la respuesta fue negativa. Sobre lo primero, el servicio dijo que antes de iniciar cualquier actividad, debían sanear la propiedad de las concesiones, que aún estaban en estado de manifestación, y cumplir las normas ambientales y de seguridad minera. Sobre lo segundo, rechazó la carta de pertinencia por ser antigua, referirse a otro proyecto y estar a nombre de otra persona. Sernageomin no autorizaba las actividades mineras en la quebrada. Pero Minera Esparta comenzó a trabajar igual.

A los cuatro meses ya se podía ver el impacto. Fueron el entonces decano de la FCA, Luis Antonio Lizana, el alcalde Cristian Vittori, el senador Guido Girardi, personal de Sernageomin, de la universidad y de la municipalidad y representantes de organizaciones sociales. No los dejaron entrar. Veían desde afuera el movimiento de máquinas y el polvo en el aire. Oían los camiones. La faena no tenía permiso de la universidad ni patente de la municipalidad. CONAF realizó ese mismo mes su primera inspección: detectó el corte ilegal de 2,8 hectáreas de bosque nativo, lo que derivó en una multa y la exigencia de un plan de reforestación que nunca se entregó. CONAF volvió otras dos veces y cada vez la situación era peor. Para octubre de 2014 ya eran 39,7 las hectáreas de bosque nativo destruidas ilegalmente.

Al partir 2013, la Universidad de Chile y la Municipalidad de Maipú presentaron recursos en la Corte de Apelaciones. Eran causas distintas, pero apuntaban a lo mismo: como la Quebrada de la Plata es parte del sitio prioritario El Roble, una zona de preservación ecológica protegida por el Estado, Minera Esparta vulneraba la ley al no contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizara sus actividades. Los trabajos debían parar.

Fue el mismo criterio que tuvo el entonces director metropolitano del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Rodrigo Núñez, cuando en marzo de 2013 respondió una carta en que Branko Donoso preguntaba si debía o no ingresar al SEIA. Fue la primera vez que quedaron documentadas las características del proyecto Mina Panales, ya en plena operación. Donoso pedía autorización para explotar a rajo abierto y mantener por más de 13 años una producción de 3.000 toneladas de material al mes, ya que “según estudios geológicos se ha estimado una reserva de material de 500.000 toneladas de mineral”. Para ello se utilizarían 280 kilos de explosivos al mes. Núñez respondió que sí debía ingresar porque el sector prioritario El Roble es “una zona protegida para efectos del SEIA”.

En vez de parar, la minera adoptó dos estrategias paralelas. La primera: blindarse legalmente. Contrató a los abogados Juan Larenas y Rafael Hormazábal, del estudio jurídico Ascui & Cía., quienes basaron la defensa en que era errada la lectura que hacían del PRMS la universidad, la municipalidad y el SEA.

-Un error garrafal se había repetido históricamente en todos los organismos públicos: consideraban que la Quebrada de la Plata es una zona de preservación ecológica por supuestamente estar en el Cerro El Roble. Pero no es así, porque ese cerro está en el Parque Nacional La Campana, en Tiltil, muy lejos de Maipú. El PRMS sí cataloga a la quebrada como un área de protección ecológica con desarrollo controlado, y eso no requiere RCA –explicó Larenas a CIPER.

Ese argumento tendría eco meses después en la reconsideración del SEA. Su director ejecutivo, Ignacio Toro Labbé, revirtió la decisión de Núñez en junio de 2013 y resolvió que el proyecto ya no tendría que pasar por el SEIA. Dos meses antes, la municipalidad había clausurado la faena porque no tenía patente. Pero la mina siguió operando como si nada. Por esos mismos días, Sernageomin fue a la quebrada y constató que la minera, sin avisar inicio de actividades, extraía ilegalmente cerca de 450 ton/mes de material oxidado de cobre y operaba sin libro autorizado, sin un método de explotación aprobado y sin un plan de cierre. Ordenó la suspensión inmediata, total e indefinida de la faena (ver informe). Aun así, la empresa no paró. Aunque llevaba meses operando ilegalmente, el vuelco del SEIA cambió por completo el escenario. Sernageomin tuvo que echar pie atrás y aprobar el proyecto. Por poco tiempo, Minera Esparta operó “legalmente” en la Quebrada de la Plata.

LA OTRA ESTRATEGIA DE ESPARTA

Durante la primera mitad de 2013, Minera Esparta dejó en claro cuál era su segunda estrategia: pasara lo que pasara, no parar la faena. Y eso no iba a cambiar.

A menos de un mes de la autorización del Sernageomin, la Corte de Apelaciones falló en la causa que la municipalidad llevaba contra la empresa de Branko Donoso. Los jueces desecharon el supuesto error en la lectura del PRMS y sentenciaron “la paralización de todas las actividades mineras llevadas a cabo por la recurrida, en tanto no dé fiel y oportuno cumplimiento a la normativa ambiental aplicable”.

De nuevo, la empresa no paró. Vino entonces una querella por desacato que aún está en trámite.

-Lo que hay es un vacío legal en la legislación medioambiental. La ley no establece medidas claras para poder sacar a este tipo de personas de ahí –explica el abogado Sergio Zúñiga, miembro del equipo jurídico de la Municipalidad de Maipú que ha intentado infructuosamente detener las faenas ilegales desde fines de 2012.

La causa de la Universidad de Chile tropezó dos veces en la Corte de Apelaciones. Primero porque los magistrados consideraron que el recurso era extemporáneo. Después, por imprecisiones en el texto. Pero en enero de 2014, la Corte Suprema zanjó la disputa con una sentencia que obligó a la empresa minera a “cesar y abstenerse de ejecutar faenas mineras de toda índole en el predio de la recurrente hasta que no cuente con las autorizaciones ambientales y mineras que correspondan” (ver fallo). A la semana Carabineros envió un informe sobre el cumplimiento del cierre. Decía que los trabajos en Mina Panales seguían activos. No hubo ninguna sanción.

Tras el fallo de la Suprema, el SEA revocó su carta de pertinencia y volvió a exigir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que Minera Esparta nunca presentó. Sernageomin volvió a decretar su cierre tras verificar que además de no tener permisos, vulneraba todas las normas de seguridad minera. Eso fue en marzo de 2014. En junio sus fiscalizadores volvieron, pero no los dejaron entrar. Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia del Medioambiente (SMA). El informe detalla el cierre definitivo y las multas de Sernageomin contra la empresa de Branko Donoso. Propone también una fiscalización conjunta, ya que “Minera Española Chile Limitada, o su representante, continuarían ejecutando labores mineras ilegales en dicho lugar”.

Por esos días, Minera Española Chile pasó a llamarse Minera Esparta y la SMA formuló cargos en su contra por no contar con una RCA, una “infracción gravísima”. El proceso sancionatorio aún está abierto (ver expediente online). Marie Claude Plumer, jefa de la División de Sanción y Cumplimiento de la superintendencia, dijo a CIPER que una vez terminado el proceso, las sanciones podrían resultar en la clausura total del proyecto o en una multa de hasta 10.000 UTA (unos $5.183 millones).

En agosto de 2014 fueron inspectores de la SMA a la Quebrada de la Plata. No los dejaron entrar. En octubre volvieron y comprobaron el aparcamiento de camiones y maquinaria pesada al interior de la mina, los que habían estado operando hacía sólo minutos. También descubrieron un socavón al interior del cerro. Con eso fueron al Tribunal Ambiental y pidieron medidas provisionales. Se clausuró la mina por un mes, el máximo que permite la ley. Pero no pararon. El fiscal de la SMA dio cuenta de que la minera seguía activa y solicitó el auxilio de la fuerza pública. Poco después, funcionarios de la municipalidad fueron con un notario para certificar su inspección. No pudieron entrar. Se encontraron de nuevo con un guardia con perros y un letrero que decía “No ingresar. Sólo personal autorizado. Zona de Explotación Minera”.

UNA TONELADA DE EXPLOSIVOS

Tras reiteradas visitas efectuadas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, un grupo de ciclistas constató que la faena seguía en operación. El pique era ahora mucho más profundo. La maquinaria pesada estaba paralizada adentro del socavón, como si estuviera escondida. Todo aparece detallado en la denuncia que presentaron ante la SMA contra la empresa de Branko Donoso por no acatar la orden de cierre.

Cuando CIPER ingresó a la mina el 23 de febrero, la maquinaria se encontraba detenida afuera, como resguardando la entrada. En la cueva, solo se oía un goteo que se filtraba de un tubo que bajaba por el cerro y se introducía hasta perderse en la oscuridad. En una pequeña bóveda en la roca había un generador eléctrico, y pocos metros más allá, un negro profundo que se extendía hacia el corazón del cerro. Afuera, montones de roca y pedazos de montaña que han volado con explosivos. Trabajadores y habitantes de los predios vecinos aseguraban que las tronaduras aún sonaban a lo lejos. Marcelo Orellana decía que menos de una semana antes oyó el retumbar de las explosiones. Parecían haberse ido, pero todo indicaba que la faena continuaba. Clandestina, como desde el inicio.

El Tribunal Ambiental ya ha renovado cuatro veces el decreto de cierre temporal de Mina Panales. La última fue el 11 de marzo. Como “ni las órdenes judiciales y administrativas, ni el recurso a la fuerza pública han sido suficientes para efectivamente detener las labores de Minera Española Chile Limitada en Quebrada de la Plata”, el mismo tribunal ordenó días después la incautación de todos sus vehículos y maquinaria y el desalojo de sus trabajadores. Lo que Carabineros encontró ese mismo día en la quebrada, fueron cerca de mil kilos de ANFO, un explosivo utilizado en minería que habría estado escondido entre los matorrales.

CIPER intentó hablar con Branko Donoso, pero fue imposible ubicarlo. Ni siquiera a través de sus abogados, con los que perdió el contacto desde mediados de 2014. El dueño de Mina Panales, Víctor Petermann, no ha sido siquiera mencionado en los procesos judiciales y administrativos. El contrato de arriendo de las pertenencias mineras fue firmado el 9 de abril de 2013, el mismo día que la municipalidad clausuraba la faena tras cuatro meses de funcionamiento ilegal, cuando el proyecto ya enfrentaba dos procesos en la Corte de Apelaciones. Consultados por CIPER, la Compañía Minera de Fosfatos Naturales envió un comunicado firmado por su representante legal, donde asegura que desconocían los antecedentes de la minera de Branko Donoso y que se enteraron de los problemas legales de Minera Esparta por la prensa y “muy posteriormente a la celebración del contrato de arrendamiento”. También agrega que decidieron dar término al contrato. CIPER pidió a la empresa copia del documento que certificaba el finiquito, pero no hubo respuesta.