Acapulco está lleno de cruces: casi en cada esquina de la zona urbana, a ambos lados de las carreteras que unen los poblados del municipio, frente a un comercio o junto a las comisarías. Cada una de ellas recuerda a un muerto, alguien que perdió la vida de forma violenta en el lugar exacto donde hoy se le reza. A veces los cuerpos tiroteados y mutilados están a la vista, por donde pasan los coches, otras hay que desviarse por caminos de tierra y andar unos metros sobre la hierba para encontrarlos. “En esta zona se hallan víctimas continuamente”, señala el fotógrafo Bernardino Hernández, corresponsal de la Agencia Cuartoscuro, mientras busca el lugar en el que han localizado el primer cadáver del día. Se trata de un área apartada, entre los poblados de El Salto y San Isidro Gallinero, en el interior del valle, a unos veinte minutos en coche de la Costera, la avenida donde se encuentra el Acapulco turístico, con los mejores hoteles en primera línea de playa. Allí, en el que fuera refugio vacacional de artistas de Hollywood a mediados de siglo XX, la presencia policial es continua y aun así los visitantes sufren con frecuencia asaltos, robos e incluso asesinatos.

Tras la violación de seis españolas el pasado febrero el Gobierno de Madrid decidió incluir al Estado de Guerrero en la lista de zonas de alto riesgo a las que recomienda no viajar. Al convertirse el crimen en un escándalo internacional hubo una gran movilización para resolver el caso, que hoy está cerrado con la detención de los seis autores confesos. Sin embargo, pocos días después otro turista belga fue asesinado y unas semanas más tarde, dos canadienses sufrieron un atraco. No en balde, en todo Guerrero hubo el año pasado 15.135 robos, 2.754 homicidios, 75 secuestros y 351 violaciones. La anulación de las reservas de 500 estadounidenses para su descanso de primavera –unos días antes de Semana Santa-, ha hecho poner las esperanzas del sector para los próximos días en el turismo nacional, principal fuente de ingresos de esta industria gracias a la proximidad de Acapulco con la Ciudad de México, Puebla o Querétaro. A mediados del mes de marzo, la ocupación hotelera en la urbe rondaba el 50%, según los datos oficiales.

Unos días antes de las vacaciones, los 950 alumnos de bachillerato de una escuela municipal toman clases en un polideportivo. Hace 15 días secuestraron a un profesor y a su sobrina a la entrada del centro. Ocho días después sus cuerpos aparecieron muy cerca del colegio, emplazado en una parte alta de Acapulco, aislada del bullicio de la ciudad. Desde entonces, los alumnos estudian al aire libre. Cada grupo se organiza en torno a una mesa grande o recibe las lecciones sentado en las gradas del estadio de béisbol. Ni los padres ni los maestros quieren volver a las aulas. “Esto está peor que Colombia”, dice una madre que no quiere hablar por temor. El portavoz de los profesores, Ángel Pérez Brito, asegura que esperarán a después de las fiestas para tomar una decisión. Ellos piden que los reubiquen en una zona más poblada donde pueda haber vigilancia.

“Que tenemos problemas de violencia es cierto, lo reconocemos, pero estamos trabajando para salir adelante y en poco tiempo va a haber una mejor seguridad”, afirma el presidente municipal, Luis Walton. “Aquí hay dos frentes. La violencia y el problema social. No se puede resolver uno sin el otro. Estamos hablando de dos Acapulcos con realidades muy distintas: el Acapulco turístico y el de las colonias. Debemos garantizar seguridad en ambos”.

Para descubrir esa otra realidad no hace falta caminar más de cinco calles desde la avenida principal del puerto. De la fachada de la Secretaría de Protección y Vialidad municipal todavía cuelga un crespón. Allí mismo mataron a un agente hace pocas semanas. Ahora los policías se esconden detrás de una puerta que solo abren para permitir la entrada y salida del personal. Dos camiones destartalados pero aún en circulación, vehículos oficiales del cuerpo, reposan en la calle haciendo guardia.

El padre Mendoza, sacerdote de la colonia La Laja, a cinco minutos en coche de la costa, asegura que las expresiones de violencia para el común de los acapulqueños son constantes desde 2005. En esta época el cartel de los hermanos Beltran-Leyva se descompuso y afloraron distintas bandas de narcotraficantes. Esta tarde celebra una misa por dos vecinos secuestrados y asesinados hace nueve días. “Ellos viven en esta realidad permanentemente. Hay un miedo colectivo. Aquí lo que han aumentado son otro tipo de formas de violencia menos mediáticas, como secuestros y extorsiones”, asegura. En este sentido, la escritora Iris García Cuevas, autora de la novela 36 toneladas –sobre el crimen organizado- y natural de Acapulco, reconoce que ahora los ataques afectan más a la sociedad civil y son menos espectaculares. “Antes se mataban entre ellos, temías estar en el lugar equivocado y que te tocara una bala perdida en medio de una persecución aparatosa”.

Pese a la puesta en marcha en octubre de 2011 del plan Guerrero Seguro destinado a fortalecer la vigilancia, después del mediodía en barrios periféricos como Zapata o Sinaí no hay casi policía guardando las calles. Cuando uno se adentra en estos poblados debe hacerlo con los vidrios bajados: “Aquí se ve quién no es del pueblo, así que mejor ir de frente”, asegura el fotógrafo Hernández. En la avenida principal, la mitad de los comercios-un centenar de ellos- están cerrados. A muchos de sus dueños los mataron por no pagar cuota. El rastro de las balas se refleja en las fachadas de muchas casas de la colonia, compuesta en su mayoría por edificios de dos o tres plantas y viviendas unifamiliares muy viejas. “El ambiente está más tranquilo ahora, hace unos meses era peor, podía haber de 2 a 4 homicidios diarios”, asegura un agente de la policía ministerial.

La presidenta de la organización de víctimas Causa en Común, María Elena Morera, considera que el problema de Acapulco y de todo el Estado de Guerrero es estructural. “La falta de atención completa de sus gobernadores ha llevado a problemas de pobreza, violencia interna, falta de educación y bajas tasas de empleo. Todo esto conduce a la delincuencia”. La escritora Iris García es también presidenta del Patronato Teatro Domingo Soler, que organiza talleres de literatura y teatro para dar a la gente la oportunidad “de reinterpretar la realidad a través de la actividad artística”. Se trata de una forma de crear tejido social. “Por primera vez el Ayuntamiento destina 14 millones a Cultura y otros 12 a Deportes”, dice.

En 2011 Acapulco perdió también el Tianguis (Feria) Turístico. El Gobierno de Calderón decidió convertir el evento en itinerante, condicionando su vuelta a la existencia de un cuerpo policial depurado. “Hay 17.000 policías en Guerrero, de esos, solo 5.200 han sido evaluados. La mayor parte no están profesionalizados. Para ser agente o trabajar en la fiscalía no se exigen requisitos”, asegura la presidenta de Causa en Común. El alcalde Walton ha admitido públicamente que debe despedir a más de 500 municipales que suspendieron el examen de calidad y confianza el año pasado, pero para ello necesita que el Gobierno de Peña Nieto le preste unos 80 millones de pesos- 6,4 millones de dólares- para indemnizarlos. Mientras, el regidor defiende que Acapulco saldrá a flote. “No hay lugar tan bonito, ni bahía que se le parezca”, dice, “por la belleza natural, la temperatura del agua, el clima…” A unos minutos de distancia, la encargada de una tienda de comestibles limpia la sangre frente a la puerta del negocio tras el último tiroteo del día.