Eva García Sempere, coodinadora del Área Federal de Medio Ambiente de Izquierda Unida

Mucho se está hablando estos días de los riesgos del cambio climático, de cómo nos jugamos el futuro y el presente, de cómo no sólo no hemos mejorado los indicadores sobre emisiones de gases de efecto invernadero sino que aumentan día a día, y recordamos que la ONU ya nos advirtió de que ni uno solo de los objetivos de desarrollo sostenible previsto para 2030 y 2050 están cercanos a alcanzarse. El CO2 está en los valores más altos jamás registrados, las temperaturas medias siguen subiendo, las medias de pluviometría bajando, aumentan los fenómenos climáticos extremos, se mueren los mares, desaparecen especies, se compromete la agricultura, se expanden las epidemias y ya hace tiempo que la primera causa involuntaria de desplazamiento son los motivos climáticos: los refugiados ambientales ya son muchos más que aquellos que huyen de conflictos bélicos. Es hora de comprender que hemos de afrontar un cambio civilizatorio, ante el que hemos de tener claras las prioridades.

Nos encontramos en un punto en que el decrecimiento es una realidad. Podemos no verla, no querer verla e, incluso y muy probablemente, que no quieran que la veamos. Pero está en agenda. La depredación neoliberal del planeta nos ha dejado una situación dramática: la disponibilidad de petróleo disminuirá en la próxima década un 30% y, como advierte la Agencia de la Energía, en 2025 será imposible satisfacer la demanda actual de petróleo, el pico de producción de gas se alcanzará en dos décadas y el del carbón en tres. La disponibilidad de minerales o tierras raras, tan necesarias para la tecnología actual, incluida la necesaria para las energías renovables, está comprometida también.

¿Es posible, por tanto, mantener el dogma del crecimiento infinito?¿Es posible pensar que basta un cambio de modelo energético basado en las energías renovables sin abordar una reducción del consumo? Parece evidente que no. Se reducirá la disponibilidad de recursos y, por tanto, se dará una reducción del consumo global. La pregunta del millón es ¿quién va a decrecer?

El 71% de las emisiones de CO2 a nivel global proceden únicamente de 100 grandes empresas. Algunas de ellas, irónicamente, financian la COP 25. Todas ellas hacen campañas sobre la importancia de los actos individuales para combatir el cambio climático. Ninguna ha dejado de producir y generar beneficios económicos que se han quedado en muy pocas manos, ni tampoco han dejado de generar externalidades ambientales que estamos pagando entre la mayoría.

Que hemos de decrecer en términos globales el consumo de recursos naturales y de energía es una realidad inapelable. Pretender que se haga de igual manera entre quienes nos han traído hasta esta situación, enriqueciéndose de camino, y quienes estamos pagando la consecuencias de un sistema devorador de recursos y personas, es increíblemente perverso.

No, no todas somos igualmente responsables. Y nos encontramos ante dos posibilidades. Una, la que ya conoce y propone el sistema capitalista, que básicamente se trata de decrecer a través del mercado y sus representantes públicos más o menos violentos, llegando a un escenario ecofascista en el que unos pocos acumularán todos los recursos y la inmensa mayoría se quebrará en una sociedad con falta de agua, en permanente inseguridad alimentaria y sufriendo enfermedades y tragedias asociadas al cambio climático.

La buena noticia es que existe otra posibilidad: impulsar políticas valientes de planificación democrática de los recursos y los medios de producción. Necesitamos una intervención valiente en la planificación agraria, en los transportes, en el sistema energético, en la cadena de producción-transformación y consumo… En definitiva, los sectores más responsables de las emisiones de efecto invernadero han de ser puestos en manos del común.

Pero también abordando el necesario cambio en las reglas de producción de bienes. Planteaba recientemente Guillermo Vega, en un artículo de El País, que se hace imprescindible disminuir los horarios laborales. Esta reivindicación no es nueva, Keynes o Lafargue ya planteaban esta cuestión. Lo novedoso es que ahora ya no se trata de una justa reivindicación social y económica (trabajar menos para trabajar todas) sino que incorporamos una visión ambiental: no es posible mantener este ritmo de trabajo y producción en un planeta finito y con los recursos al límite, cuando no abierta y profundamente sobrepasados.

La reducción de la jornada laboral, además de ser un principio básico para la emancipación de la clase trabajadora, disminuiría la producción de bienes y la saturación de mercados. ¿Qué sentido tiene, en términos sociales y ambientales, el exceso de producción? El único sentido es netamente de búsqueda del beneficio económico de unos pocos a los que importa nada qué ocurra con el resto de sociedad o con las generaciones venideras.

Ajustar la producción a las necesidades sociales, en el marco estricto de los límites biofísicos del planeta es una necesidad impostergable y urgente. ¿Y esto es compatible en un sistema capitalista donde la médula es el libre mercado, un sistema basado precisamente en el crecimiento infinito? Claramente no.

El ecologismo social ha asumido de manera clara y contundente que este sistema no es compatible con la vida. Ahora a la izquierda nos toca asumir que, o hay cambio de sistema desde la perspectiva del decrecimiento, planificando desde lo público y lo común la redistribución de la riqueza y garantizando la protección de la mayoría social y especialmente de los más vulnerables, o será el capital quien diseñará ese decrecimiento, a hombros de ideologías neoliberales, xenófobas y racistas quienes lo harán, garantizando el status quo de quienes ya son dueños de prácticamente todo y dejando en la cuneta a los demás.

O, dicho de otra manera, o decrecemos juntas o nos decrecerán por separado.

El capitalismo que se apropia de los recursos no es nuevo (pocas cosas más antiguas que la acumulación por desposesión). Pero se perfecciona e inventa nuevos tratados internacionales, nuevas leyes, nuevos acuerdos…para armar su particular arquitectura del mal, que les permita salir impunes de sus acciones contra la sociedad y contra el planeta, que es otra forma de decir contra el futuro de nuestra sociedad.

La gran mentira de los discursos xenófobos y soberanistas, de los que debemos huir la izquierda (parece claro que del primero huimos pero…¿y del segundo?) es que nuestro bienestar material, entendiendo este como satisfacción de nuestras necesidades y acceso a los servicios y bienes que garantizan una vida digna, se sostiene -o se puede sostener- únicamente sobre nuestro territorio. La cruda realidad es que se sostiene sobre el acaparamiento de recursos y territorios y la explotación/ expulsión de quien en ellos habitan, así como por la devolución en forma de residuos del resultado del expolio. Y esto que no vemos por lejano, cada vez es más real en los bordes de nuestra propia sociedad y nuestro propio territorio: poco a poco también las más vulnerables de entre nosotras son cada vez más explotadas y expulsadas

La cruda realidad, como digo, es que en términos ambientales las decisiones que tome el país más lejano que imaginemos influirá en lo que ocurra en nuestro barrio. Y por tanto no es posible plantear soluciones como si fuéramos territorios únicos, aislados: el ecologismo nos enseña que solo podremos enfrentar lo que viene siendo conscientes de que todas estamos conectadas, y de que la lucha es internacionalista.

¿Qué necesitamos para enfrentar un cambio de paradigma económico, social y ambiental como el que debemos abordar con urgencia?

Para ello son necesarias políticas distintas a las que han venido ofreciéndose desde las políticas más o menos verdes del capitalismo de rostro amable pero que no es otra cosa que maquillaje verde de las políticas habituales de competencia y crecimiento. Necesitamos políticas valientes que desde lo público y desde lo común nos lleven a redistribuir la riqueza a través de impuestos ambientales, a planificar la necesaria reconversión industrial (cuando no reindustrialización) para rescatar a las comarcas afectadas por el necesario cambio de modelo energético, pero también a los territorios que han sufrido años de desmontaje del tejido industrial para destinarlo a territorios de consumo turístico, sin derechos laborales ni sociales, expulsando a sus habitantes, destruyendo o banalizando el paisaje con construcciones e infraestructuras sin interés ni ninguna conexión con el contexto cultural de la zona y degradando finalmente el medio ambiente hasta límites insospechados en cuanto a la capacidad de carga del lugar.

Necesitamos también políticas de transporte, de servicio públicos, de producción-distribución-consumo… radicalmente diferentes. La clave es producir lo que se necesitamos como sociedad. Abandonando de una vez por todas el dogma de mercado de inventar nuevas necesidades para producir más.

Una sociedad basada en otro modelo de relaciones económicas y laborales. Ajustando los usos a la capacidad de carga del sistema, mientras cubrimos las necesidades de nuestra sociedad: la de aquí y ahora, la de allí y mañana.

Pero, y esto es fundamental, hemos de hacerlo teniendo muy clara la vocación democrática: esta planificación ha de ser hecha no solo para sino por la propia sociedad. Y aquí sí, el papel y la responsabilidad de los pueblos es indiscutible: quién, cómo, cuándo y cuánto se decrece tendrá que ser planificado meticulosamente por políticas hechas por la clase que en primer lugar y mayoritariamente va a sufrir las consecuencias del cambio climático y la reducción de recursos. Asumiendo además que los cambios habrán de ser de raíz.

A la necesaria consigna de “socialicemos los medios de producción” habremos de sumar la “gestión común de los recursos naturales” pero también, y de manera central, “la socialización de la toma de decisiones” sobre qué, cómo y para qué producimos y consumimos inspirados por una nueva ética en la que la conservación de la vida sea el elemento principal.

El gran reto que nos viene, la gran lucha para la que debemos prepararnos, es global. Porque necesitamos una revolución sin fecha de caducidad.