TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El nuevo alcalde de esta capital, Fernando Castellanos Cal y Mayor, heredó una deuda de más de 290 millones de pesos de su antecesor, Samuel Toledo Córdova, quien además registró en nómina a 600 personas que cobraban sin trabajar.

Hay “un hoyo económico” de tales dimensiones que nos obliga a iniciar una investigación profunda y buscar alternativas para superar el quebranto, así como atender las demandas de los tuxtlecos, señaló Castellanos al presentar un diagnóstico de las condiciones en las que recibió el Ayuntamiento que dirigirá hasta 2018.

Destacó que tenía sospechas de que había deudas millonarias, pero no en las proporciones “alarmantes” que se han constatado.

“Nuestra determinación es que quien se haya llevado el dinero del pueblo de Tuxtla pague por ello. Con los números en la mano, vamos a iniciar una investigación profunda para deslindar responsabilidades, y quien tenga que ir a la cárcel, que se vaya a la cárcel. No habrá impunidad, ni perdón, ni complicidades. También ratificaremos las demandas iniciadas. Nosotros no vamos a solapar a nadie que se haya quedado con el dinero de los tuxtlecos. No venimos aquí a ser tapadera de nadie. Quien la deba, que la pague. Así de simple”, subrayó el alcalde.

Precisó que Toledo Córdova hizo público un endeudamiento por 42.8 millones de pesos, “pero al día de hoy –apuntó– la deuda operativa real es de más de 290 millones de pesos, que son deudas consideradas en los rubros de Comisión Federal de Electricidad; arrendamiento de edificios públicos, que supera los 3 millones de pesos; provisión de aguinaldos de 2015, superior a 62 millones de pesos; adeudo de medicamentos; hospitalización de julio y septiembre, sin información de agosto, con una deuda superior a los 7 millones de pesos”.

Agregó que el monto del proceso de litigio ante el Tribunal Burocrático es superior a los 35 millones de pesos contabilizados hasta el ejercicio 2013, “habiéndose encontrado que en una primera notificación de cobro le correspondieron 5 millones de pesos a un solo trabajador”.

Destacó que la deuda a la empresa recolectora de basura Proactiva es de 114 millones de pesos, cuando el gobierno anterior había dicho que era de 105 millones, es decir, la diferencia en este rubro asciende a 9 millones de pesos.

De igual manera, detalló que en la anterior administración fueron basificadas 216 personas, de las cuales 84 se dieron en este 2015, sin contar con la antigüedad y los requisitos legales. Entre ellos, dijo, encontramos a personal que fungía como secretarios, directores, o jefes de departamento.

Sobre la plantilla de recursos humanos, “se nos señaló que el Ayuntamiento contaba en su totalidad con 5 mil 760 empleados, pero en el análisis del 40% de avance, esto es, aproximadamente 2 mil 500 empleados verificados, detectamos que 10% de ellos, que son alrededor de 250, cobraban sin trabajar. Esto nos hace presumir que llegaremos a esa terrible verdad de que en el ayuntamiento tuxtleco cobraron más de 600 trabajadores sin llegar a sus labores”, sostuvo Castellanos.

En materia de seguridad, señaló que de un universo de mil 95 elementos operativos, encontraron que 180 de ellos son comisionados, 140 cobraban sin trabajar y 168 no cuentan con el examen de control de confianza correspondiente.

“Si restamos estas cifra, tenemos que solamente 607 elementos son los que están protegiendo la seguridad y la tranquilidad de los tuxtlecos. Por ello, a partir de hoy todos los elementos comisionados se reportarán a la Secretaría (de Seguridad Pública), y los oficiales que no cumplan con los certificados de control y confianza tendrán que buscar una mejor forma de vivir. Ni un aviador más, esto ofende, lacera a nosotros los tuxtlecos”, abundó.

Añadió: “A nuestra ciudad le han cargado la mano, la han saqueado, ninguneado y manoseado como han querido y la han dejado en el abandono. La idea prevaleciente fue ver al erario municipal como botín. Eso se acabó. No más”, sentenció.

Por la voracidad de quienes se han servido “con la cuchara grande”, apuntó, no había presupuesto que alcanzara, y cualquier inversión era poco para satisfacer ambiciones económicas de algunos que nunca entendieron que su posición aquí en el ayuntamiento era para servir, no para robar.

Remató: “La presidencia municipal no será ya el paraíso de los corruptos. Se acabó el tiempo del carnaval de los moches, del hurto, de jugarle la vuelta a la ley para llevarse el dinero del pueblo a la bolsa de los ladrones”.