La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó este lunes un Manifiesto a la Nación con 10 puntos que constituyen una respuesta de este instituto político ante la coyuntura del caso Iguala y para proteger a los menos favorecidos.

Entre las medidas presentadas por Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, se menciona la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia que aclare la situación de miles de desaparecidos en los últimos años, la cual sería nombrada por el Congreso de la Unión.

Según el documento del PRD, “México vive una profunda crisis social, política y de los derechos humanos”, además de un “hartazgo por la presencia del crimen organizado que no cesa, y además por su involucramiento con la política y su penetración en las instituciones”, además de “un modelo privatizador que ha profundizado las desigualdades”.

Todo esto ha deteriorado el bienestar de la gente y ha cancelado la esperanza de una vida mejor, “sobre todo para los jóvenes, fallando en generar crecimiento; antes, al contrario, el deterioro económico y la crisis de seguridad son el signo del sexenio de Enrique Peña Nieto.”

Ante esta crisis del Estado, la solución planteada por el PRD pasa por reforzar “el Estado democrático, social y de Derecho, capaz de combatir la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos, una verdadera justicia social, bienestar y paz.” Por ello planteó diez medidas de emergencia para aplicar inmediatamente.

El documento, que será enviado al Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a los organismos empresariales, sugiere también que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acuerde un aumento de al menos 20% para 2015 y, paralelamente, se suspenda de inmediato el aumento al precio de las gasolinas, diesel y energía eléctrica.

Los perredistas consideran que es necesario que soldados y marinos retornen a sus cuarteles, en el tiempo necesario y prudente, y simultáneamente iniciar la construcción de una Policía nacional.

En el Manifiesto, el sol azteca sugiere que la Cámara de Diputados integre una comisión de investigación para esclarecer la cuestionada licitación del tren rápido México-Querétaro y la vinculación del Grupo Higa con la construcción de la casa en Lomas de Chapultepec, que fue adquirida por Angélica Rivera, esposa del Presidente Peña.

A continuación, las 10 medidas urgentes propuestas por el PRD:

“1.- Que el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, y de manera particular la PGR, den respuesta pronta, rigurozamente veraz y creíble a las demandas de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala y Cocula, para esclarecer plenamente los hechos sucedidos, encontrar a los jóvenes, castigar a los responsables, quienes sean, y garantizar justicia. Que el gobierno federal garantice la integridad personal de las familias de los normalistas y de los defensores civiles de derechos humanos.

2.- Que en Iguala y Cocula y en toda la región que comprenden las entidades federativas de Guerrero, Edo de México y Michoacán, el Gobierno Federal realice una acción inmediata y extraordinaria contra las bandas de la delincuencia organizada. Aunque no son estas entidades las únicas en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas, en donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas, en el marco de la legalidad constitucional.

3.- El PRD al asumir autocríticamente su responsabilidad política, acudió a Iguala al día siguiente de la toma de protesta de esta dirección nacional, para reconocer nuestro error de postular a un candidato externo con vínculos criminales, para exigir que quien haya incurrido en responsabilidad fuese sancionado y pedir perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad, sabiendo que pedir perdón no basta, pero asumiendo que es condición ética indispensable. Ahora el Gobierno de la República debe asumir su propia responsabilidad en estos delitos del orden federal, más aún cuando está plenamente demostrado que los titulares de PGR y SEGOB tenían conocimiento de los mismos, y que siendo su obligación constitucional no actuaron, lo cual hubiera evitado la tragedia. De nuestra parte haremos que toda persona afiliada al partido que se encuentre sujeta a proceso penal por la comisión de algún delito, comparezca de manera inmediata a rendir su declaración constitucional ante la autoridad correspondiente. De no hacerlo, procederemos a la suspensión de sus derechos partidarios.

Demandamos que hagan lo mismo todos los partidos políticos.

4.- Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proceda a crear de manera inmediata una Visitaduría Especial para que en el caso de Iguala-Cocula, dé cauce a una exhaustiva investigación, presente en plazo breve un informe a la sociedad y señale las responsabilidades correspondientes en que hayan incurrido funcionarios de los ámbitos municipal, estatal y federal. En este esfuerzo demandamos la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

5.- La creación de una COMISIÓN PARA LA VERDAD Y LA JUSTICIA nombrada por el Congreso de la Unión que dilucide y esclarezca la situación de las miles de personas víctimas de desaparición forzada durante este gobierno y los anteriores, investigue y esclarezca a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país. Igualmente, no debe haber impunidad ante las miles de ejecuciones extrajudiciales, ni ante la violencia por secuestros, cobros de derecho de piso, y robos que afectan a la población. Esta Comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres, investidos de honorabilidad y prestigio social y cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno. Además, deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de derechos sociales.

6.- La corrupción es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda: destroza a las instituciones y lástima a la sociedad. Para combatirla es necesario crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto Poder Constitucional con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos, a los particulares, a los partidos políticos o sus integrantes que incurran en actos de corrupción.

7.- La cuestionada licitación del ferrocarril México-Querétaro y las presuntas implicaciones que involucren al presidente Enrique Peña Nieto, a sus familiares y a particulares, deben ser plenamente esclarecidas. En este caso y en otros en donde existan presuntos delitos, no debe haber impunidad alguna. Todo funcionario, desde el Presidente de la República hasta servidores públicos municipales que pudieran estar implicados en hechos ilícitos deben estar sujetos a las investigaciones que procedan legalmente. En consecuencia, la Cámara de Diputados debe integrar una Comisión Especial de Investigación con las facultades establecidas en la Carta Magna a la que comparezcan, entre otros, los Secretarios de Economía y de Comunicaciones y Trasportes, así como las empresas que participaron en el concurso de la obra referida, particularmente la vinculación del Grupo HIGA, socio de la empresa China, con la construcción de la casa de las Lomas de Chapultepec, adquirida por la esposa del Presidente.

8.- Las reformas constitucionales llevadas a cabo para evitar los monopolios, alentar la competencia legítima e impulsar el crecimiento de la economía, serán letra muerta si no existe la vigencia de un Estado de Derecho. Por ello, todo proceso de licitación para la realización de obras con recursos fiscales y en donde estén involucrados bienes nacionales, particularmente todo lo relacionado con el petróleo, deberá transparentarse de manera absoluta.

9.- Es necesario dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en tareas que corresponden al mando civil, pues ello ha deteriorado al ejército al grado que algunos de sus miembros están sujetos a proceso penal por graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de Tlatlaya. Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad, y por respeto a sus integrantes, demandamos que el mando civil asuma esta tarea.

Los soldados y marinos de México deben regresar, en el tiempo necesario y prudente, a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe iniciar la construcción de la policía nacional y avanzar en la consolidación del mando único en las entidades federativas.

10.- La democracia se sustenta en una sociedad de justa, con bienestar y libertades, y con gobernabilidad, o no es democracia. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe acordar un aumento de por lo menos 20 por ciento para el 2015 y así iniciar el camino que logre un salario digno. La mejor política social es la generación de empleos por ello exigimos al gobierno federal y los estatales reorientar los programas sociales para crear un plan emergente de generación de empleos, que junto al fomento del crédito a las micro y medianas empresas, impulse el crecimiento de la economía. De igual manera exigimos se suspenda de inmediato, se suspenda el aumento al precio de las gasolinas, gas, diesel y energía eléctrica, en beneficio de la mayoría de la población.”

Manifiesto a La Nación – PRD by http://www.animalpolitico.com

**Nota publicada el 24 de noviembre.