La decisión del Archivo General de la Nación de mantener fuera de consulta pública por tiempo indefinido el fondo documental denominado Investigaciones Políticas y Sociales debe tener felices a los perpetradores de la represión del México contemporáneo, dice a Proceso María de los Ángeles Magdaleno, experta en el manejo de acervos históricos. Y sentencia: Si los archivos se cierran por incompetencia, “el resultado es censura”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinidamente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:

“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).

La imagen del anuncio fue difundida por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, especializada en ese acervo desde 1998, año en el que por primera vez ese fondo estuvo abierto como parte de un convenio internacional suscrito y ratificado por México en materia archivística.

El 14 de febrero de 2019 el presidente López Obrador anunció la apertura de los fondos documentales de las policías políticas alojados en el Archivo General de la Nación (AGN). El 27 del mismo mes emitió un decreto reiterando la instrucción, pero la expectativa rápido se revirtió hasta dejar el acervo más inaccesible que en los tres sexenios anteriores debido a una serie de medidas administrativas que a mediados de abril redujeron a 200 versiones públicas las 3 mil que hasta entonces estaban disponibles.

Sujeto de apertura y censura de sexenio en sexenio, o bien, de restricciones normativas a capricho del director del AGN en turno, el fondo del IPS (que en realidad es el Fondo Gobernación, secciones IPS y DFS) fue abierto en 1998, en el contexto de la primera Comisión para la Verdad sobre la represión al Movimiento Estudiantil de 1968 y, pese a todo, jamás ha estado, como hoy, en el centro de la polémica, pues –según coinciden historiadores– hay una regresión en materia de transparencia y acceso al conocimiento del pasado inmediato.

Ángeles Magdaleno, quien ha dedicado la mayor parte de su carrera a documentar los procesos represivos del siglo XX, aventura una ironía:

“Los perpetradores deben estar felices”.

Y es que en los archivos hoy vedados está documentado todo el conocimiento del presente: desde las primeras intervenciones telefónicas durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, hasta las privatizaciones salinistas; hay conversaciones enteras como producto del espionaje contra la agencia de noticias cubana Prensa Latina, expedientes de personalidades de todas las filiaciones ideológicas…

También hay expedientes de escritores como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, de periodistas como Julio Scherer García; de los represores y ejecutores del autoritarismo hegemónico como Miguel Nazar Haro y Jorge Carrillo Olea; de negociaciones de secuestros en los que intervino como mediador Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, así como, entre otros, de grupos que intentaban tomar el poder desde los años sesenta formando cuadros en la Iglesia, como Onésimo Cepeda o la Organización Nacional El Yunque.

A esos ejemplos se suman las relaciones entre políticos y criminales que con el tiempo serían identificados como capos de la droga, y los registros sobre la corrupción policial, como la del temible jefe capitalino Arturo El Negro Durazo.

“Para decirlo de una vez: ahí está toda la historia del PRI”, dice la historiadora.

La polémica por el cierre de lo que el AGN identifica indebidamente como Fondo IPS creció a lo largo de enero hasta que el AGN debió explicar que había solicitado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) una revisión para proteger los datos de los individuos cuyos nombres aparecen en esos archivos. El pasado 30 de enero ambas instituciones emitieron una declaratoria conjunta que considera al “Fondo IPS de interés público” y anunciaron su apertura.

En conferencia de prensa, el director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, y el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, en compañía de otros funcionarios, presentaron la declaratoria, que el primero consideró como “un suceso histórico” porque abrirá los documentos sin restricciones; esto es, el fondo documental que bajo su dirección se cerró y se ha ido censurando quedará abierto y sin restricciones.

Tras la aparente rectificación del AGN no existe fecha para su reapertura porque los documentos entraron a “proceso técnico”, lo que, en los hechos, los hace inconsultables por tiempo indefinido.

En entrevista con Proceso, Magdaleno Cárdenas apunta: un proceso técnico (que implicaría retiro de grapas, conservación, agrupación, entre otros tratamientos) puede llevarse todo el sexenio o más tiempo. En cualquier caso, un archivo que estaba abierto, ahora permanece cerrado.

El decreto y la censura

En un episodio más de diferenciación con sus antecesores, el 14 de febrero de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que abriría todos los fondos documentales de las policías políticas, y para el día 27 emitió el decreto correspondiente.

En amplias disertaciones, el mandatario se refirió al seguimiento que se hacía de los opositores, a militantes de la izquierda, a las falsedades contenidas en los expedientes –empezando por las que se escribieron sobre él– y a su voluntad de abrirlo todo en concordancia con su decisión de extinguir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Estado Mayor Presidencial.

Sin embargo, a mediados de abril la realidad era otra: el fondo documental IPS se había reducido y para consultarlo se debía hacer una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma de Transparencia. El AGN se vio rebasado por la cantidad de solicitudes que llegaron después del anuncio presidencial.

En los hechos, el gobierno de López Obrador cerró lo que ya estaba abierto, después de un largo camino recorrido por la comunidad de historiadores y periodistas durante 25 años.

La serie de decisiones tomadas por Carlos Enrique Abreu y su colaboradora Mariana Gayosso fue que interviniera el INAI para la revisión de datos personales, algo que, a juicio de Ángeles Magdaleno, refleja incomprensión del sentido de las leyes.

“El INAI no tiene por qué intervenir en archivos históricos. El problema de fondo es que esa ley (de protección de datos personales) se hizo para archivos de trámite presentes que tienen valores jurídicos, administrativos y de concentración. El INAI puede ser el órgano garante de lo que sea, en este caso de la protección de datos personales, pero no puede intervenir en archivos históricos. Estamos frente a una colisión de derechos.”

Además, considera, la Ley de Datos Personales y los llamados derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) son para documentos con valores presentes, pero los archivos históricos, por norma internacional, se remontan a 30 años, de manera que las consecuencias que puedan tener están prescritas.

“Lo que están permitiendo es que los perpetradores de crímenes del pasado no sean tocados siquiera por la condena histórica”, dice.

Magdaleno Cárdenas afirma que en ningún país los órganos garantes intervienen archivos históricos. Y en este caso las referencias internacionales importan, pues conforme a la Ley Federal de Archivos se establece la apertura de expedientes no menores de 70 años.

Se refiere al artículo 27 de la Ley de Archivos que, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, fue aprobada por la Cámara de Diputados, facilitando así que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se empezara a aplicar, a partir del concepto de “histórico confidencial”, una categoría que no existe más que en la archivística mexicana.

–Pero hay muchos personajes vivos y quizás vigentes en la vida pública –se le plantea.

–Pero si son históricos, son históricos. El INAI no tiene por qué intervenir en archivos históricos si su mandato está hecho para archivos del presente y con valores jurídicos, además de que los archivos históricos no tienen por qué estar sujetos a tratamiento de datos personales.

Pone un ejemplo con la reserva de 70 años: el movimiento henriquista. Su importancia histórica radica en que ahí se dan a conocer todas las oposiciones de centro, izquierda y derecha. Bajo la norma eso no se puede consultar.

A la crítica de Ángeles Magdaleno al periodo contemplado en la mencionada ley se suman otros aspectos, entre los que destaca la imposición de rectoría del AGN sobre los archivos del Poder Legislativo y Judicial que, por tratarse de poderes autónomos, no deberían quedar sujetos al mismo AGN, dependiente del Ejecutivo.

El diseño del marco jurídico ha sido objeto de polémica entre historiadores desde 2011; pero nunca desde la primera apertura, como en esta administración, se habían cerrado los fondos en definitiva pese al discurso y el decreto presidencial.

“Lo hicimos al revés: primero debieron hacer la Ley de Archivos y luego la de Protección de Datos. El problema ahora es que los órganos garantes pueden intervenir los archivos históricos, dando una interpretación equivocada que confunde archivo de trámite con archivo histórico.”

Aperturas y cerrones

Curiosidad histórica: días antes de la masacre de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz suscribió su adhesión al Consejo Internacional de Archivos… Fue hasta 25 años después que México abrió por primera vez el fondo IPS, en el contexto de los 30 años del 2 de octubre de 1968.

De acuerdo con Ángeles Magdaleno, esa apertura fue para consulta de la primera Comisión de la Verdad respecto a la represión estudiantil, es decir, hacia 1994. Pero unos meses después la Secretaría de Gobernación instruyó el cierre del fondo documental porque en él se encontraban nombres de quienes participaban en el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el fondo de IPS estaba la historia en la perspectiva oficial desde la integración de las Fuerzas de Liberación Nacional.

Aunque el clima político del país seguía enrarecido para 1998, recuerda Ángeles Magdaleno, fue en ese año cuando, siendo secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, se instruyó la apertura del fondo IPS para consultar sus archivos de hasta 30 años de antigüedad, así que para entonces se podía consultar hasta 1968 y cada año se avanzaría en el periodo de consulta.

Tampoco era de consulta abierta al público. Para entonces se tenía que presentar un proyecto que debía autorizar el secretario de Gobernación.

Fue hasta 2002 cuando, como resultado de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos de movimientos sociales y políticos del pasado, en el sexenio de Vicente Fox se abrieron los archivos; se liberó totalmente el Fondo IPS y se ordenó el traslado del archivo histórico del Cisen, que incluía su antecedente, la Dirección Federal de Seguridad (DFS, esto es, otra sección del Fondo Gobernación), que fue ubicado en el AGN.

Naturalmente, el archivo no incluía lo que estaba vigente, porque había actores relevantes y sólo se liberó para documentar violaciones graves a derechos humanos. La consulta quedó una vez más abierta, aunque bajo resguardo y control del propio Cisen.

Magdaleno Cárdenas dice que, como parte de la opacidad que suele aplicar cada gobierno, esa apertura era “mañosa”. Permitía consultar el índice temático pero no el onomástico, lo que complicaba la labor de los investigadores. Pone un ejemplo: si buscaban a un militante de la Liga 23 de Septiembre, les entregaban 170 legajos, aunque el archivo contara con la ubicación del nombre que se buscaba, lo que podía facilitar su localización.

Por esos años el archivo de la DFS fue digitalizado, pero hasta ahora no se sabe dónde quedó esa digitalización; no está disponible para consulta cuando, por el contrario, ponerlo en línea incluso evitaría que los investigadores tuvieran que ir al AGN.

Ya en el sexenio de Felipe Calderón un grupo de historiadores afines y la entonces comisionada del INAI, Jacqueline Peschard, decidieron imponer la restricción de los ya mencionados 70 años de consulta.

“Aunque ahora se hagan las muy democráticas, quienes estuvieron en el impulso al artículo 27 de la Ley Federal de Archivos –que impone reserva de 70 años– estaban Jacqueline Peschard y Aurora Gómez Galvarriato”, apunta Ángeles Magdaleno, e insiste en que ellas fueron quienes crearon la categoría de “históricos confidenciales”.

Añade que desde sus primeras intervenciones Gómez Galvarriato declaró que no sabía nada de archivos, y era cierto: “tomó una serie de decisiones estúpidas, como generar un espacio infantil cuando el AGN no es para eso. Estamos hablando del repositorio documental más grande de América Latina y ella pensaba en actividades infantiles”.

Cuenta también la decisión de separar los ficheros del acervo documental del Fondo Presidentes.

“Entonces se gastan un dineral –imposible saber a cuánto ascendió el gasto– en hacer otro edificio para resguardar la documentación. Entonces tenías la central con índices y la consulta en otro edificio. El archivista te daba tu volumen y luego tenía que ir a otro edificio. Y eso no garantizaba que se preservaran los documentos. En realidad, abrieron otro edificio, pero no preservaron los documentos”.

Desde su apertura en 1998 el Fondo IPS nunca fue digitalizado, pero se le compró un sistema de clasificación a la empresa El Corte Inglés a precios elevados e injustificables.

Con Peña Nieto, las disposiciones de la ley se empezaron a aplicar a rajatabla: “la hacían cumplir con un celo legalista desproporcionado que hacía imposible la consulta”.

Y, finalmente, ahora en el gobierno de López Obrador, el cierre fue total a partir del 6 de enero y no hay visos de cuándo puedan volverse a consultar los archivos.

Ángeles Magdaleno concluye:

“Ha sido un camino muy accidentado y, en el fondo, lo que no se entiende es que sin conocimiento del pasado no se entiende el presente. No podemos construir el futuro si no sabemos qué ha pasado. Se trata de saber cómo evolucionamos, en qué ha habido retroceso. Se recorrió un largo camino para la apertura de archivos, y si se cierran por incompetentes o por censores, el resultado es censura. No hablamos de intencionalidad sino de resultados: es censura.

Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso