Siempre ha existido la sospecha de que la amnistía fiscal propiciada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 escondía muchos apellidos ilustres. Pocos, sin embargo, pueden lucir tanto postín como Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Ejecutivo de José María Aznar, de Bankia y antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se benefició de esta medida de gracia del PP. No sólo eso, Rato forma parte del grupo de 705 contribuyentes que están siendo investigados por la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, según ha confirmado Vozpópuli. Rato no es el único nombre destacado de este grupo de contribuyentes, según la lista que maneja este medio.

Los casos sospechosos han sido enviados por Hacienda al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lo lleven el caso a los tribunales si es preciso. En ese grupo de 705 contribuyentes investigados se encuentran tanto aquellos que afloraron rentas no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el conocido como modelo 750; como aquellos que regularizaron bienes en el exterior que superasen los 50.000 euros, que debieron cumplimentar el modelo 720. Los que decidieran no presentar la declaración se enfrentaban a cuantiosas multas. Pero además, Hacienda estableció la imprescriptibilidad de los bienes que no fueran declarados.

Probablemente, Rato se encuentra en este último apartado dada su gran actividad internacional, si bien las fuentes consultadas no han podido confirmarlo, no sólo como director gerente del FMI, sino también como consejero asesor internacional del banco turco Akbank. Además, las pesquisas de las investigaciones se centran en conocer la procedencia del dinero regularizado. Hay que recordar que al hilo de la investigación del caso Bankia, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón preguntó a Rato, en uno de los interrogatorios por las tarjetas black, sobre el pago efectuado por Lazard de 6 millones de euros, la firma en la que colaboraba antes de llegar a la presidencia de Bankia. Según explicó Rato al juez Fernando Andreu, esos 6 millones correspondían al pago de unos derechos de acciones de Lazard adquiridos en 2008 y que vencían precisamente en 2011, el año de la salida a Bolsa.

Además, el ex ministro de Economía cuenta, desde noviembre de 2013, con una sociedad con conexiones en paraísos fiscales, según adelantó este medio. Poco más de un año después de ser imputado por el caso Bankia, Rato inscribió en la Companies House (registro mercantil de Reino Unido) la sociedad Lilac Trading Limited. Para gestionar esta operación, el economista contrató a Finsbury Trust&Corporate Services Limited, una empresa de servicios fiduciarios de Gibraltar, una de las geografías opacas fiscalmente, que se dedica a la formalización para terceros de sociedades de inversión e inmobiliarias.

El ex presidente de Bankia se aprovechó de la medida de gracia del PP para regularizar fiscalmente parte de su patrimonio

El capital social de la firma está constituido por 3.000 acciones con un valor nominal de una libra por título. Cada acción, como señala el documento de constitución de la sociedad, otorga a sus propietarios todos los derechos en lo que respecta a "votaciones, dividendos y retribuciones". Rato, como director de Lilac Trading Limited, posee el 75% del capital social, con un total de 2.250 acciones. Mientras, Pedro Diez Martínez, el otro socio de la firma, posee el 25% restante, con 750 títulos.

La segunda ramificación con estas geografías 'offshore' se produce en la figura del secretario del consejo de administración de Lilac Trading Limited. La firma que ejerce este cargo es Gateway Management (B.V.I) Limited, una sociedad afincada en Down Town (Tórtola), capital de las Islas Vírgenes Británicas.

La amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó nada más alcanzar el poder en 2012 no ha logrado los objetivos previstos. El plan inicial del Ejecutivo era recaudar 2.500 millones y aflorar un capital escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones. Para ello exigía un gravamen del 10% sobre lo aflorado a los que quisieran legalizar el dinero que tenían oculto. Ante los recelos iniciales que despertó la amnistía, Hacienda flexibilizó el proceso: exigió que el gravamen se aplicara solo sobre los intereses, con lo que los evasores pudieron regularizar pagando un 3%. Pero, además, permitió que se acogieran a la amnistía el dinero en metálico y abrió la puerta a que se pudiera blanquear dinero procedente del fraude.

El resultado de la amnistía fue que se recaudó la mitad de lo previsto a pesar de todas las facilidades que ofreció Hacienda. Como resultado de esta nueva obligación tributaria, se presentaron 174.000 declaraciones que han aflorado cuentas, valores y bienes en el exterior valorados en 88.000 millones en 2013 y otros 20.615 millones en 2014. De las comprobaciones de estas declaraciones, 7.073 contribuyentes están siendo investigados por no haber presentado la declaración, por haberlo hecho fuera de plazo o por haberla presentado pero de forma incompleta.

Entre la lista de empresarios, políticos y famosos que se han acogido a la amnistía fiscal aparecen el bróker de Luis Bárcenas, Iván Yáñez; el empresario Fernando Martín; Josep Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. Dentro de la Operación Emperador, varios imputados han asegurado haberse acogido a la amnistía fiscal. Se trata de Antonio Banús Ferré, sobrino del célebre constructor que da nombre al puerto de Marbella, los empresarios Ignacio Miguel Bernar Elorza y María Mercedes Gómez Arbex, e Ilia García Saéz de Borbón, familiar lejana del rey Juan Carlos.