VALPARAÍSO.- El Gobierno logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de indulto general conmutativo a reos de baja peligrosidad y que son población de riesgo en las cárceles del país de contraer covid-19 gracias a los votos de la oposición.





La iniciativa logró avanzar pese a los votos en contra de parlamentarios del oficialismo, quienes cuestionaron al Gobierno por no incluir a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, pero que a su juicio, también deberían ser considerados por una "razón humanitaria" debido a su edad o enfermedades.





Estas críticas fueron realizadas principalmente por diputados de la UDI y parte de Renovación Nacional, quienes apuntaron al Ejecutivo por "darle el gusto a la izquierda" al no incluir a estas personas.





El proyecto requería 78 votos en general para avanzar y alcanzó 79, dividiéndose la UDI y RN entre votos de rechazo (28) y aprobación. A excepción de la diputada María José Hoffmann (UDI) quien se abstuvo.





Defensa del ministro de Justicia





El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó ante el Pleno que para esas consideraciones existe la ley de indulto humanitario para personas que están con riesgo de vida, explicando que esta, bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ya se ha aplicado a autores de delitos comunes y a una persona condenada por delito de lesa humanidad.





Así argumentó que en el proyecto que ahora avanza hacia el Senado a su tercer trámite, quedó estipulado que se exceptúan de este indulto a quienes hayan cometido "delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra". Esto quedó escrito en la norma ante la solicitud de los senadores de oposición que lo revisaron anteriormente.





Así se consideran como población de riesgo a presos de la tercera edad mayores a 60 años en el caso de los hombres y de 55 en el caso de las mujeres. Además a mujeres embarazadas o madres con hijos menores de dos años que viven con ellos en los recintos penitenciarios. Todos ellos tendrán que cumplir ciertos requisitos, como haber cometido delitos de baja peligrosidad, entre otros.





Además a quienes tengan un flujo de ingreso o egreso permanente en las cárceles, como reclusión nocturna o permisos de fin de semana, "porque son factores portadores del virus", explicó Larraín.





La idea es que cerca de los 1.300 reos considerados en este proyecto puedan cumplir las mismas condenas que ya tienen en sus domicilios y no en los recintos penitenciarios.





El proyecto pasará al Senado, debido a que la Cámara rechazó solo un artículo relativo a la forma en que se realizará este procedimiento. Pese a que en la UDI evidenciaron que en ese punto se equivocaron en su votación en contra y debieron aprobar, no hubo unanimidad de la Sala para repetir la votación, algo que fue solicitado por el Gobierno, el greamialismo, diputados Matías Walker (DC) y René Saffirio (ind,). Por lo que necesariamente tendrá que pasar a tercer trámite y probablemente termine en comisión mixta, entendiendo aún más su paso por el Congreso.