



El R2P, es un compromiso político global que fue respaldado por todos los estados miembros de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005 con el fin de abordar cuatro preocupaciones clave: prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes en contra la humanidad.







The Global Center for Responsability to Protect es la organización de investigación y defensa más importante del mundo para promover la norma internacional de Responsabilidad de Proteger (R2P) a los países ante las Naciones Unidas y más allá.







Lo que se plantea es la opción que tienen los Estados de asumir una posición activa contra los gobiernos violadores de Derechos Humanos y sobre los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra.





“Si un Estado manifiestamente no protege a sus poblaciones, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas colectivas apropiadas, de manera oportuna y decisiva y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, sostiene la nomenclatura de la ONU.







Los 16 países que votaron en contra fueron; Cuba, Belarus, Burundi, China, Corea del Norte, Egippto, Gabón, Iran, Myanmar, Kyrgyzstan, Nicaragua, Pakistan, Rusia, Sudan, Siria y Venezuela.







Otros 16 países se abstuvieron, la mayoría en el continente africano, pero hubo una mayoría aplastante a favor, con 93 votos, incluyendo a España y México.







Este viernes, se conoció que con 93 votos a favor y 16 en contra, The Global Center for Responsability to Protect, aprobó incluir en la agenda de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la discusión sobre activar el “Principio de Responsabilidad de Proteger”, conocido como el principio R2P, en relación con Venezuela.