El hallazgo más relevante en las audiencias sobre la propuesta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional no fue confirmar su respaldo mayoritario –ya estaba anunciado-, sino verificar que la iniciativa no fue diseñada por el Ejecutivo Federal ni defendida por las y los legisladores de Morena y aliados con base en el análisis de la evidencia. La mejor hipótesis en consecuencia es que los motivos de creación de la Guardia Nacional son estrictamente políticos.

Además de que participé en tres sesiones sobre el tema en la Cámara de Diputados, desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero decidimos revisar algunas de las mesas correspondientes a las audiencias llevadas a cabo entre el 8 y el 12 de enero. Diseñamos unos sencillos cuadros donde organizamos qué dijeron las y los invitados y las y los legisladores, separando los casos en que alguien citó alguna referencia con marco teórico, experiencia nacional e internacional comparada y evidencia empírica.

La paradoja que hemos encontrado es desoladora: justo cuando hay más investigación y evidencia disponible para saber qué funciona y qué no funciona en seguridad, es precisamente cuando más indiferencia política merece.

A las sesiones asistió una pléyade de expertas y expertos, quienes cuestionaron la creación de la GN recurriendo a decenas de investigaciones y reportes. Así lo hicieron las y los representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); del Programa de Política de Drogas, la División de Estudios Políticos y el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); también del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, y de los programas de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana CDMX-Tijuana. Hicieron lo propio las y los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; de ONU Mujeres México, y de Amnistía Internacional.

Igual sucedió con las y los invitados provenientes de organizaciones tales como Causa en Común; México Unido Contra la Delincuencia; World Justice Project México; Observatorio Nacional Ciudadano; Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz; Equis Justicia para las Mujeres; Colectivo Seguridad Sin Guerra; México Evalúa; Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Entre otros.

Y nada. En las audiencias se crearon dos esferas de conversación: una con y la otra sin referencias al conocimiento disponible –solo hay que asomarse al Canal del Congreso para verificarlo.

Hubo funcionarios federales, legisladoras y legisladores que se aproximaron a supuestas referencias pero de manera inespecífica. Y en varios casos acudieron expresamente a las tres muletillas políticas más comunes y útiles en términos de popularidad en seguridad en América Latina: la gravedad de la violencia, la urgencia de contenerla y la ausencia de alternativas.

Muletillas que abrieron paso a la postura que parece articular mejor que ninguna otra a quienes defienden la propuesta: la GN será porque tiene que ser.

¿Todas y todos los que llevamos evidencias que cuestionan la GN podemos estar equivocados? Es posible. El problema es que quienes la promueven, reitero, no pusieron evidencia en la mesa, pero tampoco acusaron recibo de la que se llevó; por tanto, en estricto sentido, la iniciativa jamás fue pasada por medio alguno de contraste técnico.

No hay duda, la creación de la GN es popular entre la clase política y la sociedad en general. Pero el combustible que la impulsa se compone de una promesa alimentada desde dos afluentes: la oportunidad política y la desesperación social ante la violencia.

@ErnestoLPV

* Con la colaboración de Arisbeth Hernández Tapia.