Guadalajara, Jalisco.

Durante años, los vecinos del Parque San Rafael han dado una lucha por proteger un pequeño ecosistema donde hay árboles, especies nativas de aves y un espacio de recreación en una zona que carece de arbolado suficiente.

El 12 de diciembre de 2016 Desarrolladora Kigali consiguió una licencia de construcción para el complejo habitacional “Gran San Rafael”, un complejo habitacional de 14 torres. Durante el último año del gobierno municipal que encabezó Enrique Alfaro Ramírez, comenzó la construcción. En julio de 2016, el Sistema Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable (SIAPA) inició la construcción del vaso colector de aguas pluviales San Rafael para combatir las inundaciones en la zona. El nuevo Plan Parcial de Desarrollo Urbano 2018 (PPDU 2018) entró en vigor el 5 de enero de 2018. Esta es la historia de cómo se busca construir por encima de la opinión vecinal, con dudas técnicas y la defensa que hace el Ayuntamiento tapatío a tres obras de un mismo entorno. Una lucha que se mantiene gracias a vecinos organizados.

Apenas esta mañana, los vecinos han convocado a una rueda de prensa para denunciar nuevos actos de intimidación y acoso, que incluye, la participación de cuatro hombres que grabaron y tomaron fotografías de miembros del colectivo.

– El Colectivo de Vecinos Unidos Por Jardines de la Paz –



El colectivo “Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas” se instituyó el 4 de febrero del 2017 para exigir la socialización y transparencia de los tres proyectos antes descritos. El colectivo, financiado con colectas de plástico, inició dos procesos legales: uno para detener el vaso colector y otro para detener Gran San Rafael. El proceso de los vecinos se documentó ampliamente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). La comisión emitió una recopilación de los hechos y sus observaciones bajo la recomendación 19/2018 referente a la queja 1193/17/II y sus agregados.

La vocera del colectivo, Gabriela Cervantes, enumeró en entrevista las inconformidades del colectivo: el PPDU 2011 ya “quitaba derechos” a los vecinos y el PPDU 2018 solo empeoró la situación al reducir áreas verdes; el vaso colector no se socializó efectivamente; Gran San Rafael se autorizó sin presentar estudios de impactos y sin cumplir con los requisitos que establece la ley.

– El Plan Parcial de Desarrollo Urbano 2018 –



Los vecinos se inconformaron con el proceso de socialización del Plan Parcial. Cuando solicitaron información preliminar se les negó. Gabriela Cervantes narró que, durante la consulta pública, el 25 de junio, los vecinos solo pudieron “escribir comentarios en post-it y llenar formatos”. El nuevo uso de suelos resultó en la privatización de la pista de bicicrós, facilitó la construcción vertical, desembocó en el “uso del parque como estacionamiento” y redujo áreas verdes.

Alejandro Cárdenas, abogado del colectivo, comentó en entrevista que el PPDU 2018 contradice a la Ley General de Asentamientos Humanos: “Ni el PPDU de 2011 ni el de 2018 establecen la densidad máxima de viviendas por hectárea ni de habitantes, ni el índice de edificación, cuando deben de existir”. El abogado también señaló que el PPDU 2018 permite exceder la altura máxima con un pago de 200 pesos por metro cuadrado encima del nivel establecido: “eso no lo establece ni código urbano ni ley general de asentamientos, fue una ocurrencia en el plan parcial”.

– El Vaso Colector de Aguas Pluviales San Rafael –

El colectivo se opuso al vaso colector por la tala de árboles, el daño que ocasionaría a sus casas la instalación de tubos y porque creen que está diseñado como desagüe para Gran San Rafael. La recomendación de la CEDHJ señala que la única socialización disponible del vaso son 34 hojas de encuesta, de las cuales solo cuatro tienen fecha. Se reportó que, de las 1502 viviendas visitadas, 1061 abrieron la puerta y solo 78 estuvieron de acuerdo con el proyecto.

En abril de 2017, el entonces Presidente Municipal, Enrique Alfaro, fue al parque a defender el proyecto. En su visita, acusó a los vecinos de tener motivaciones partidistas. También aseguró que los proyectos son de renovación y que el vaso necesario para detener inundaciones. Varios vecinos se acercaron a la CEDHJ para demostrar que sus casas se inundan. Históricamente, según el Plan Integral de Manejo de Inundaciones de SIAPA, las colonias cerca del parque se inundan en temporal de lluvias.

En junio del 2017, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo otorgó una suspensión a favor de los vecinos. La suspensión impuso el pago de una fianza de un millón de pesos como compensación a los vecinos que sufren inundaciones. El colectivo inició una colecta de plástico para pagar la fianza.

La obra continuó durante un período de incertidumbre legal. Los vecinos se manifestaron en respuesta. En el proceso, fueron agredidos verbalmente por constructores del vaso, grabados por policías y algunos fueron arrestados. Los detalles de las agresiones que pasaron se encuentran en la recomendación de la CEDHJ. En total, fueron arrestados 4 vecinos entre los días 23 y 30 de junio de 2017. Josefina Ramírez narró su arresto mientras mostraba una fotografía: “aquí es cuando me llevaron a la 14, la procuraduría, la fiscalía”.

El 30 de agosto de 2017, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo otorgó la suspensión definitiva y sin garantías a los vecinos. El colectivo demostró que la construcción dañaría sus casas. SIAPA no pudo probar que el vaso colector no dañaría el acuífero del parque. Se contactó a SIAPA para obtener información, pero no se recibió respuesta.

– Gran San Rafael –

Gran San Rafael es un proyecto habitacional que consta de 14 torres de 13 niveles. El Ayuntamiento otorgó una licencia para un departamento muestra el 4 de mayo del 2016. Desarrolladora Kigali tramitó la licencia para las primeras dos torres el 13 de diciembre del 2016 con base en el PPDU 2011. El Club Chivas San Rafael cerró el 24 de octubre de 2017 e inició la construcción.

Los vecinos se opusieron al proyecto porque consideran que dañará al medio ambiente, vialidad, acuíferos del parque y las estructuras circundantes. La CEDHJ recopiló las evidencias de omisiones en el proceso de licitación de las torres.

La licencia otorgada solo avaló dos torres, pero el sitio web de Gran San Rafael anuncia 14. Los departamentos ya se ofertan desde 1 millón 522 mil pesos.

Cárdenas comentó sobre varias inconsistencias en el proyecto. El Dictamen de Trazos, Usos y Destino 039/D6/E-2015/2571 no fue firmado por un representante de SIAPA, como debía. El PPDU2011 establece que las torres requieren un estudio de capacidades de infraestructura de agua potable y drenaje, pero Gran San Rafael no efectuó el estudio. También es necesario un dictamen de riesgo ambiental, pero el emitido mediante el oficio CGIC/DMA/UPA/EPA/023/2016 solo se hizo para una de las 14 torres. La Procuraduría de Desarrollo Urbano calificó el dictamen de vialidad como improcedente por omisiones en el proceso. Las mismas torres están fuera de regla con el PPDU2011 por plantear alturas de hasta 13 pisos cuando el PPDU2011 solo permitiría 5 niveles.

Alejandro Cárdenas también explicó que la edificación no otorga las áreas de cesión ─ zonas que se rinden al ayuntamiento para que construya infraestructura ─ requeridas.

El 18 de Julio de 2018 el Quinto Tribunal Colegiado de Distrito del Tercer Circuito ordenó la suspensión definitiva de las obras sin fianza. La suspensión se otorgó porque el sitio es hábitat de dos especies en peligro de extinción: el loro corona lila Amazona finchi y el loro cabeza amarilla Amazona oratrix. Alejandro Cárdenas llamó esta suspensión definitiva sin finanza un hecho “prácticamente imposible”. El 23 de julio se clausuró la obra.

Durante agosto de 2018, el Ayuntamiento retiró los sellos de clausura dos veces. Se justificó con base en una orden del Juez Decimosexto de Control y Juicio Oral emitida el 30 de julio. La orden manda al Ayuntamiento a acatar una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TAE), que permite la construcción. El 3 de agosto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo advirtió al Ayuntamiento que, de no cumplir con la suspensión, podría ser multado con 40 mil 300 pesos diarios. En respuesta, la orden se retiró. Cárdenas aclaró que a los vecinos les aguarda un largo período de revisiones como esta. Se contactó a Grupo San Carlos, pero no se obtuvo respuesta.

– Nueva administración espera mayor diálogo –

El 16 de octubre, el Presidente Municipal, Ismael del Toro, declaró en entrevista que “ahora es un momento óptimo para establecer diálogo” y para “aprovechar que estamos arrancando y que se puede hacer una agenda con los propios vecinos que se opusieron a la obra”. El Presidente reconoció que la obra causó afectaciones a la seguridad, el medio ambiente y la vialidad por dejar tubos de cemento en la calle. También aclaró que se buscará retomar la defensa jurídica de los proyectos, pero que también se buscará el diálogo con los vecinos.

El nuevo alcalde declaró que podría buscarse, como última instancia, pedir que el “máximo tribunal haga respetar las facultades constitucionales de los municipios respecto a las cuestiones de permisos, edificación y desarrollo urbano”. El funcionario dijo que esto se haría para evitar una “agenda que se ha generado de que los tribunales están decidiendo cuestiones administrativas de la ciudad”. Ciertamente el enredo legal y los dictámenes contradictorios han ocasionado la clausura y apertura de obras.

Ismael del Toro expresó su confianza en las obras del Ayuntamiento en el parque y dijo que el proyecto no tiene un “esquema de deforestación” sino que se “respeta el arbolado y se plantan más árboles”. Aclaró que “si se puede dar una agenda transparente con toda la información a los vecinos, y que todo esté apegado a la legalidad, nos permitiría sacar una agenda positiva”.

Colaboración: Andrés de la Peña S. para #44LAB