Susana Ye *

Actualización del 11/ 11 con el comunicado de Goldman Sachs y la respuesta de PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han convocado una protesta en la sede de Goldman Sachs tras las órdenes de desahucio del banco a decenas de familias en Madrid. En 2013, Encasa Cibeles, participado por Goldman, y los fondos de inversión Blackstone, Azora y Lazora, se hicieron con 3.000 viviendas de protección social repartidas en 32 promociones. Este cambio de propiedad –que se produjo durante el mandato de Ignacio González– puede dejar en la calle este mes de noviembre a 15 familias incapaces de asumir la subida del pago.

Decenas de miembros de la PAH llegaron hacia las 11.00 horas asegurando que no se irán hasta hablar con algún responsable de la multinacional. Algunos de ellos lograron subir a las oficinas, donde las puertas estaban cerradas, al grito de "nos quieren desahuciar", lo que provocó momentos de tensión. "Hemos venido a presionar para que sepa donde la sede de los que nos desahucian. Y vendremos las veces que haga falta hasta lograr hablar con ellos", advierte Iván Sánchez, miembro de plataforma.

Según informa la PAH, que convoca la protesta, tan solo un tercio de las familias que lograron una vivienda social del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) habita en ellas. La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA denuncia además que el Gobierno obstaculiza la investigación penal sobre la compraventa de unas 3.000 viviendas de protección social. "Hacienda lleva 10 meses para designar dos peritos que certifiquen si la venta al entramado de Goldman Sachs se hizo por debajo de su precio y supuso una pérdida patrimonial", expone la plataforma.

Por el momento, la PAH exige negociar de inmediato con Goldman Sachs un alquiler social acorde a los ingresos de cada uno de los afectados. Piden además un acuerdo escrito oficial para evitar los desahucios. En este sentido, Goldman Sachs emitió ayer por la tarde un comunicado en el que aseguró que llevan meses negociando con los afectados. Sin embargo, desde la PAH descartan cualquier posibilidad de solución hasta que se detengan todos los desahucios. La plataforma avisa de que este viernes comprobaron en los juzgados que algunos de los desalojos continúan adelante.

Entre los distintos casos les preocupa, por ejemplo, el de Verónica, de 31 años, que tiene a cuatro niños a su cargo. "Se murió mi cuñada y tuve que hacerme cargo de sus hijos, de diez años el pequeño", explica. En una semana, el próximo 17 de noviembre, tiene orden de dejar su casa. "Dime tú dónde me meto con cuatro pequeños", dice esta joven que pasó de pagar 80 euros al mes a tener que hacer frente a 400 más gastos. "Si me dijeras que hice un contrato con esas condiciones, perfecto, pero no fue así. Quiero lo que tenía, ni más ni menos".

Ana, embarazada en espera de dar a luz en cualquier momento y madre de otros dos pequeños, también vive pendiente de un futuro incierto. El día 28 de este mes tiene orden de desahucio. "En la urbanización en la que vivimos somos poco más de 20 familias. Unas 18 están en mi misma situación. Vienen de vez en cuando a ofrecernos unos 2.000 euros para que nos vayamos de la vivienda pero ¿qué hago yo con eso? ¿Vivir un mes? ¿y luego, qué, estar en la calle?". Su marido, chapista, lleva en paro desde 2011."En nada se le acaba la prestación y estamos esperando si nos dan una de unos 426 euros. Puede que menos, 300 euros", comenta nerviosa.

Tanto Verónica cómo Ana han estado durante horas de pie, sin poder entrar a la sede de Goldman Sachs, custodiada por varios agentes de la Policía Nacional. Ambas exponen que en repetidas veces han intentado hablar con la nueva empresa propietaria para estudiar sus casos. La respuesta ha sido nula.

El pasado mes de septiembre, la Comisión de Investigación de la Deuda, Contratación y Políticas determinó que la venta de 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión privado Blackstone fue irregular. Carlos Sánchez Matos, concejal de Economía y Hacienda, calculaba una pérdida que podría alcanzar en el peor de los casos los 162 millones de euros para Madrid. "Es totalmente ilegítimo e ilegal y solicitamos la anulación de esa venta", comenta a cuartopoder Alejandra Jacinto, abogada de la PAH.

La plataforma calcula unos 30 desalojos más de aquí a final de año. Estas cifras son las de los casos que se ponen en contacto con la organización, pero no son los únicos, de ahí que la acción de protesta de este jueves exija soluciones de inmediato. "En muchos casos el banco está dándoles dinero para que se marchen de forma silenciosa cuando atentan contra sus derechos", explican los abogados de la Plataforma de Vivienda Pública y Social (PAVS).

(*) Susana Ye es periodista.