De un tiempo a esta parte los principales puertos del país están muy revueltos, y no precisamente por causa del estado de la mar, sino más bien por causa del Estado, sin más. En realidad, tal cosa no debería extrañar a nadie, porque uno de los más claros síntomas del Estado clientelar y del capitalismo de amiguetes es el descontrol en la gestión de los recursos públicos, especialmente a la hora de adjudicar y vigilar la obra pública, y en los puertos se hace mucho de eso.

En este momento han llegado a conocimiento público (y quizás por eso pueden ser solo la punta del iceberg) escándalos de sobrecostes y descontrol en las adjudicaciones nada menos que en una decena de puertos españoles, y no precisamente insignificantes. Comencemos un rápido (y resumido) estado de revista:

1.- Gijón

Como consecuencia de la ampliación del puerto de El Musel, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas han denunciado irregularidades contables que apuntan a un beneficio por parte de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras (entre ellas ACS y FCC), a costa de sobrecostes pagados por la Autoridad Portuaria, lo que ha dado lugar a una investigación actualmente en curso en la Audiencia Nacional.

2.- Pasajes

Como consecuencia de la construcción de la lonja de pescados del puerto, el jefe penal de la Abogacía del Estado ha denunciado sobrecostes “gigantescos e inexplicables” (pues superan los cinco millones respecto a los quince en que fue adjudicada la obra a una UTE, integrada entre otras empresas por FCC) en base a certificaciones manipuladas y desaparecidas. El Fiscal ha remitido a los juzgados de San Sebastián una denuncia por seis presuntos delitos (prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas).

3.- Barcelona

Como consecuencia de la ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona existen en la actualidad nueve procesados por estafa y falsedad en documento mercantil, todos ellos directivos de la UTE encargada de las obras (entre la que se encuentra, entre otras, FCC). El fiscal pide penas de hasta diez años de cárcel. La Autoridad Portuaria considera que el fraude puede alcanzar la friolera de 47 millones de euros.

4.- Valencia

Como consecuencia de distintas actuaciones realizadas por la Autoridad Portuaria de Valencia (entre ellas obras de ampliación) hay tres causas abiertas en los juzgados valencianos, que investigan presuntos fraudes que podrían alcanzar los 40 millones de euros, aunque algunas acusaciones particulares lo elevan a 83 millones.

5.- Las Palmas

Como consecuencia de las numerosas irregularidades detectadas en las obras del muelle de La Esfinge y del dique Sur, se abrió un expediente por parte de la Unión Europea que desembocó en que Puertos de Las Palmas perdiera 11 millones de euros de fondos comunitarios, así como unas diligencias penales a instancia de la Fiscalía en relación a estos mismos hechos y que se tramitan en un Juzgado de Instrucción Las Palmas de Gran Canaria. Entre las empresas de la UTE adjudicataria figuraba FCC.

6.- Baleares

Como consecuencia de un contrato de explotación de amarres en Mahón e Ibiza se ha abierto un proceso penal contra trece personas, entre quienes se encuentra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, ex altos funcionarios de este organismo y numerosos empresarios vinculados con la mercantil beneficiaria, entre ellos su dueño, Díaz Ferrán. Todo ello por los presuntos delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. En Formentera hay otro caso parecido.

7.- Cartagena, Algeciras, Santa Cruz de Tenerife, La Coruña, San Roque, Ferrol…

El Tribunal de Cuentas Europeo ha denunciado el sobrecoste de 22.5 millones en tres proyectos de ampliación del puerto de Cartagena, en un informe que deja muy mal parados también a otros puertos españoles, como consecuencia de obras costosas mal diseñadas o infrautilizadas. En el caso de la tercera fase del puerto de Algeciras cuestiona 73 millones, siendo el sobrecoste de 67 millones. En Santa Cruz el sobrecoste fue de medio millón. Especialmente crítico se ha mostrado con las inversiones realizadas en los puertos españoles que ya examinó en el 2010 y que ha vuelto ahora a reexaminar (Coruña, San Roque, Ferrol y Las Palmas).

Quizás al lector le haya sorprendido encontrarse con la misma empresa –FCC- en muchos de los casos denunciados. ¿Es algo casual? Es difícil saberlo, pero una pista interesante nos la ofrece esta noticia sobre la adjudicación de la obra del muelle de Raos en el Puerto de Santander a… FCC, tras presentar una oferta a la baja de casi el 32%. Es decir, el proyecto sale a licitación por casi 25 millones de euros, pero la empresa ofrece hacerlo por 17,2, y se lo lleva, claro. Todo fenomenal para los intereses públicos, ¿no? Pues obviamente no podemos estar seguros, a la vista de los casos de sobrecostes denunciados. Porque la práctica corrupta consiste precisamente en eso, como se denunció en el caso de Gijón, en donde también participaba FCC. Previo presunto acuerdo entre alguien del Puerto y alguien de la UTE, se concierta una licitación a la baja para llevarse la adjudicación, desplazando así a la posible competencia, pero pactando también los sobrecostes que se van a facturar con posterioridad para recuperar con creces la diferencia. Perfecta mezcla entre corrupción y capitalismo de amiguetes.

En fin, un escenario absolutamente lamentable que parece no preocupar a nadie. Desde luego no parece que preocupe mucho a Puertos del Estado, que es el Organismo Público encargado de la ejecución de la política portuaria del gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del sistema portuario, y cuyo Presidente, desde hace unos cuantos años, es José Llorca Ortega. En teoría los puertos son gestionados por las CCAA (desde que Aznar necesitó utilizar esta carta para conseguir el apoyo de CiU a su primer Gobierno), aunque cada uno tiene sus particularidades. Pero el control que realiza de manera directa o indirecta Puertos del Estado es incuestionable. Para comprobarlo basta pinchar en esta noticia relativa al escándalo asturiano, en donde se nos informa que la última palabra en la toma de decisiones dentro de la cadena de agentes e instituciones que intervinieron en la ampliación la tuvieron Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento. Según fuentes presentes en su declaración, Menéndez Rexach, uno de los investigados, afirmó que “nada se podía hacer sin la autorización final de Puertos del Estado”.

Quizás por todo eso en el caso vasco, y según esta otra noticia, el Departamento vasco de Medio Ambiente y Política Territorial ha eludido toda responsabilidad en la gestión del puerto de Pasajes, que es «competencia única y exclusiva del Gobierno español». El Gobierno vasco, en un comunicado, ha advertido de que «no va a permitir que se le responsabilice de una gestión cuyo control, supervisión, inspección e intervención corresponden al Gobierno español».

Si esto es así, sorprende que tras esta catarata de escándalos el nuevo Ministro haya confirmado sin más al Sr. Llorca. Nos preguntamos qué tiene que pasar en nuestro Estado clientelar para que a uno le sustituyan. Aunque quizás se trata precisamente de eso, de que en un Estado clientelar te pueden cesar por cualquier cosa menos, precisamente, por cultivar amistades peligrosas. Al fin y al cabo, el Sr. Llorca tiene una amplia experiencia en este tipo de asuntos, especialmente desde su época en el consejo de administración de Puertos de las Palmas, coincidiendo con las graves incidencias e irregularidades denunciadas como consecuencia de las obras del muelle de La Esfinge. Según relata esta noticia, que cuenta también las conexiones del Sr. Llorca con algunos de los implicados en ese escándalo, se llegó a romper un acta de recepción en donde el inspector de las obras (realizadas por una UTE entre cuyas empresas se incluía la inevitable FCC) hacía constar una gran cantidad de incidencias derivadas de modificaciones ejecutadas al margen del proyecto, sin que nadie dijese ni pio. Está visto: en los muelles españoles también impera la ley del silencio.