El secretario de la Defensa sigue muy enojado. Por tercera vez en las últimas semanas, el general Salvador Cienfuegos aireó la molestia del alto mando y la tropa, y recurrió a los medios para defender al Ejército contra las acusaciones de que son violadores de los derechos humanos. En una larga entrevista que concedió a Televisa defendió a los elementos del Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala, donde la noche del 26 de septiembre del año pasado desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, capturados por la policía municipal y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Su verdad, sin embargo, es a medias.

El general alegó que los soldados ni siquiera estaban en Iguala hasta después, dijo, que habían pasado los hechos violentos. El general estableció que los militares regresaron a su cuartel cerca de las 10 y media de la noche y no realizaron acciones de seguridad pública. Personal del Batallón 27 de Infantería tenía presencia en la sala de control del C-4, el sistema de televisión de circuito cerrado que utiliza la policía. Asimismo, sabían lo que pasaba y una célula de Inteligencia militar había seguido a los normalistas desde su salida de la normal en Tixtla. Por tanto, conocían que los hechos se prolongaron mucho más allá de lo que admitió el secretario.

En Iguala, dijo, no actuaron contra los estudiantes, aunque puede argumentarse que el haber impedido que uno de ellos fuera atendido en una clínica privada por heridas de bala, fue una intervención directa. De la misma forma es discutible su inacción, como cuando el comandante del Batallón rechazó el pedido del ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, para llevar a sus instalaciones a los policías municipales para desarmarlos y tomarles sus primeras declaraciones. La justificación jurídica del secretario de la Defensa es que sin haber una solicitud expresa de la autoridad civil, los militares no pueden participar en acciones de seguridad pública. Ahí lo pidieron y se las negaron.



Sin embargo, la vulnerabilidad del argumento no está en sus responsabilidades de esa noche, sino en los antecedentes. Iguala, según información de la Fiscalía de Guerrero de cuando menos cinco meses antes, estaba controlada por Guerreros Unidos, aliado con el entonces alcalde, José Luis Abarca. El jefe del Batallón 27, el coronel José Rodríguez, mantenía una relación con Abarca y con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, a cuyo informe de labores al frente del DIF, acompañó horas antes que empezaran los sucesos. El Batallón, que nació en los 70s para enfrentar a la guerrilla rural, cuenta con una oficina de Inteligencia, que estaba a cargo del mayor Luis Alberto Rodríguez. Entonces, se puede plantear, ¿no sabían los militares de la injerencia criminal en las instituciones en Iguala?

El papel que jugaban los militares en Iguala mucho tiempo antes del crimen, es un misterio. El secretario Cienfuegos relevó al coronel Rodríguez diez meses después del crimen, y no se sabe qué ha sido de él. Se desconoce también la suerte del mayor Rodríguez y del mayor de Infantería, Raymundo Barrera, que era jefe de Personal en el cuartel. Dos de sus subalternos habían sido denunciados públicamente de tener vínculos con criminales, y no se sabe si el Ejército los investigó para determinar si sus oficiales y soldados estaban o no involucrados con ellos. La defensa del general Cienfuegos no ha tenido matices, lo que ante la sociedad política y los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, lo colocan en una situación vulnerable.



El secretario de la Defensa está hablando, pero no parece decir todo lo que le molesta. Si un observador analiza lo que hizo el Batallón esa noche, salir a la calle, recoger información, reportar lo que veía y establecer un perímetro de seguridad alrededor de Iguala, como ha sido narrado en testimonios desde el sábado 27 de septiembre, no deja de sorprender la analogía con el modus operandi en Michoacán, cuando los grupos de autodefensa civil –donde había sicarios renegados- iban a aniquilar a sus enemigos, Los Caballeros Templarios. En Michoacán, donde el gobierno organizó y armó a los grupos de autodefensa civil, la instrucción al Ejército era que sellaran las comunidades mientras había una depuración de los cárteles. Después de los enfrentamientos, actuaban.

En Michoacán, esa estrategia la diseñó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo, nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, y recibió el aval y respaldo de la Secretaría de Gobernación. El secretario de la Defensa se oponía al modelo y se enfrentó con Castillo. El diferendo fue resuelto en la oficina del exjefe de Oficina, Aurelio Nuño: Castillo dejó de lastimar al Ejército y el Ejército, aceptó el modus operandi. Si Iguala fue una réplica de la arquitectura construida en Michoacán, ¿quién tiene la primer responsabilidad de el costo que hoy pagan los militares?

La respuesta es simple: el gobierno. Los mismos que les causaron la herida de Tlatelolco, volvieron a infligirles un nuevo daño. El secretario de la Defensa grita todo el tiempo por la injusticia con la que tratan al Ejército, pero es parte del andamiaje institucional que como en 1968, es la parte más delgada del hilo cuando se rompe. Pero también hay que decirlo, hubo cosas que tuvo que hacer el secretario con el Batallón 27, que no hizo. Esta responsabilidad, sí es del general.

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