Mientras la minuta de la Ley General contra la Tortura aguarda en la Cámara de Diputados, entre abril y lo que va de este mes se han hecho público cuatro casos de tortura por parte de autoridades. Esta ley debe exigir que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso, expuso Madeleine Pelman, investigadora de Amnistía Internacional (AI).

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– La tortura en México por parte de las autoridades para obtener confesiones de crímenes está siendo evidenciada mediante videos filtrados en la red o a medios de comunicación. Justamente hace un mes, el jueves 14 de abril, se reveló uno donde se mostraba a una policía militar y a un agente de la Policía Federal interrogar a una mujer con una bolsa en la cabeza. La exhibición orilló al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el General Salvador Cienfuegos Zepeda a ofrecer una disculpa pública. El sábado fue es presunto agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a quien se le ve asfixiando a un hombre también con una bolsa de plástico.

Crisis Group cuestionó en un artículo que el sistema de justicia penal del país tiene una excesiva dependencia a las confesiones para determinar la culpabilidad de una persona.

El 18 de abril, el medio estadounidense Breitbart Texas publicó un video sobre Erick Morales Guevara, miembro de la Marina Armada de México. Durante un operativo para localizar a Silvestre Haro Rodríguez, alias “El Chive”, allanó la casa de un líder del Cártel del Golfo, en Tamaulipas, conocido como “El Mimido”. Allí el equipo reunió a los hombres armados, los vistieron con lencería de mujer y los obligaron a besarse entre ellos, de acuerdo con el diario.

Posteriormente, un video reveló el 23 de abril que policías de la Ciudad de México golpearon en el estómago a tres hombres después del atraco a una tienda Liverpool.

Los problemas más significativos de México relacionados con los derechos humanos involucran a sus fuerzas de seguridad y a militares, envueltos en abusos serios como asesinatos, tortura y desapariciones, determinó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos presentado el 13 de abril.

En él expone un país donde las fuerzas de seguridad (policías y militares) no son distintas a los grupos criminales: torturan, desaparecen y matan. No obstante, la impunidad en los abusos de derechos humanos persiste con índices de procesamiento extremadamente bajos para todos estos crímenes.

El 29 de abril la Ley General contra la Tortura fue aprobada por el Senado y actualmente la minuta se encuentra en la Cámara de Diputados.

“La actual minuta tiene puntos que pueden ser positivos, pero de ninguna manera estamos fuera de la zona de peligro sin un dictamen que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos que asegure que cualquier prueba obtenida bajo tortura sea excluida del proceso y sin una buena entrada en vigor del nuevo Sistema Penal Acusatorio”, dijo Madeleine Penman, investigadora sobre el tema de Amnistía Internacional.

Para Crisis Group, México debe hacer frente a las fallas sistémicas que han hecho de la incompetencia, la complicidad y la corrupción, “sinónimo de las instituciones del país encargadas del cumplimiento de la Ley”.

MUJER TORTURADA EN AJUCHITLÁN

–¿Vas a hablar?, ¿ya te acordaste? –cuestionó una integrante de la Policía Militar a una mujer tirada sobre un piso de tierra después de haber sido asfixiada durante unos segundos con una bolsa plástico por un agente de la Policía Federal.

Era el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. La joven torturada es Elvira Santibáñez, quien fue detenida por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

–Ya por favor, ya – pidió sollozando.

–Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Quién es la pinche María? –insistió la militar, quien minutos antes había colocado un arma sobre su cabello.

–No sé qué María, yo no la conozco –respondió con la cabeza agachada mientras el agente vuelve a colocarle la bolsa. La mujer se somete totalmente en el suelo con los brazos hacia atrás.

–Pinche vieja dramática, ni estaba respirando. Hija de su puta madre –comentó la militar– ¿Ya te acordaste o quieres más bolsa, o quieres agüita, o quieres toques?

El oficial le pisa el brazo izquierdo con su bota.

Un año después, el 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó una orden de aprehensión a ambos como presuntos responsables del delito de desobediencia.El oficial y la elemento de tropa fueron internados en la prisión militar a disposición del Juez Quinto Militar.

Dos días después de la difusión mediática del video, el General Salvador Cienfuegos ofreció “una sentida disculpa” a la sociedad por el “inadmisible evento”. Sin embargo dijo que se trató de un caso “aislado”.

A finales de abril, el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Iguala, dictó auto de formal prisión en contra de dos elementos del Ejército y dos policías federales por su su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura.

EL HOBBY DEL “MARINO LOKO”

Érick Morales Guevara, alias “El Marino Loko”, entró a una de las propiedades de Silvestre Haro Rodríguez, “El Chive”, –un líder regional en Tamaulipas– como parte de un operativo para localizarlo. El miembro de la Marina Armada de México vandalizó con un plumón la fotografía del padre del capo, quien recientemente había fallecido, y se robó sus cenizas, de acuerdo con Breitbart.

También allanó la casa de otro líder del Cártel del Golfo, “El Mimido”, donde vistió con lencería de mujer a los hombres armados y los obligó a besarse entre ellos para divertir a su tropa.

Una fotografía muestra al marino posando a lado de un sujeto golpeado vestido con lencería negra y roja. En otra imagen se ve a un hombre, sin camisa y encañonado, con el rostro golpeado y ensangrentado con un martillo en el mentón.

El equipo de Morales Guevara ha estado detrás de una serie de detenciones importantes, junto con decomisos en efectivo, drogas y de armas blancas a través de métodos poco ortodoxos e ilegales, reconocieron las fuentes consultadas por la publicación estadounidense.

Breitbart añadió que la labor de Morales en Tampico terminó cuando el Cártel del Golfo lo amenazó y calificó de “rata de alcantarilla” por meterse en sus propiedades y robar las cenizas del padre de “El Chive”.

“¿Por qué no le dices al Gobierno cuánto te robaste de Altamira cuando fuiste por todo el arsenal? […] Si este perro sigue metiéndose con la familia verán los resultados. Se convertirá Tampico en un campo de guerra”, le escribieron en una lona colgada en un puente.

POLICÍAS GOLPEAN A TRES HOMBRES

–Escuchamos los disparos y nos fuimos a esconder ahí a la ropa –afirmó un hombre arrodillado. Un policía golpea su estómago. Otro, quien lo somete por los brazos, le da una cachetada.

–¿Cuántos más eran? –preguntó un tercer policía.

El interrogatorio se llevó a cabo en la Ciudad de México después del robo en un Liverpool.

–Ahí nos encontraron… No los vimos, nosotros estábamos ahí abajo. Se lo juro, jefe.

El video enfoca a otro hombre detenido, quien también está arrodillado y es golpeado con un puñetazo en el estómago.

–¿Qué fue lo que pasó?, ¿dónde se reunieron?

–No sé.

El tercer arrodillado, también golpeado, aseguró que trabajaba en la delegación Gustavo A. Madero y fueron enviados por una empresa.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México inició una averiguación previa por delito de tortura en contra de los policías que aparecen en la grabación difundida en redes sociales. Los uniformados fueron separados de su cargo mientras dura el proceso de investigación.

HOMBRE ASFIXIADO CON BOLSA

Un hombre, sentado frente a un escritorio con la camisa desabotonada, es asfixiado con una bolsa de plástico por un agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), revela un video filtrado a la plataforma Méxicoleaks.

De acuerdo con una fuente anónima, la víctima es Silverio Rodríguez Martínez y fue detenido en 2014.

La PGJEM confirmó que el hombre que aparece en el video está detenido en el penal de Ecatepec, en el Estado de México, y enfrenta un juicio por el delito de homicidio agravado, pero también es investigado por extorsión a otros reos en la cárcel de Almoloya de Juárez.