Para la Policía la operativa es común en todos los casos: por un lado generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales, y por otro usar de manera espuria todos los vericuetos legales

Infancia Libre funcionaba como una "organización criminal", utilizando informes falsos prácticamente iguales para los distintos casos investigados, y una operativa semejante para alejar a los niños de sus padres por la vía de denunciarles por abusos sexuales sin pruebas.

Esta es la conclusión sobre la asociación -que asesoró a Podemos sobre abusos intrafamiliares y fue de la mano de la formación morada al Congreso de los Diputados y al Senado- a la que apunta el informe que la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados y la Fiscalía de Madrid acaba de enviar al Ministerio Fiscal, para que se tenga en cuenta en el procedimiento abierto contra cuatro madres vinculadas a la asociación. A todas se las acusa de sustracción de menores e incumplimiento del régimen de visitas de los padres a sus hijos.

Para la Unidad Adscrita, que destapó el escándalo al detener el pasado mes de marzo a María Sevilla, presidenta de la asociación, escondida en una finca rural en Cuenca, con su hijo desescolarizado y alejado de su padre por espacio de dos años, la operativa es común en los cuatro casos: por un lado generar informes psiquiátricos falsos producidos por los mismos profesionales, y por otro usar de manera espuria todos los vericuetos legales -denuncias falsas por abusos sexuales a los niños incluidas- para mantener a los padres alejados de sus hijos.

De lo primero, según apunta el informe, se habrían ocupado psiquiatras como Antonio Escudero-Nafs, psiquiatra ubicuo en todos los casos, y que llegó a denunciar él mismo a alguno de los padres por abusos sin prueba ninguna. De lo segundo, de obstruir la acción de la Justicia, retorciéndola a base de recursos y denuncias falsas, se habría encargado según apunta el informe la abogada y ex juez Carmen Simón.

Además, se apunta también a que las madres de Infancia Libre, que alejaron a sus hijos de los padres durante año, utilizaron una suerte de infraestructura común para permanecer escondidas. Varias estuvieron en busca y captura, mientras nadie era capaz de encontrarlas hasta que la Unidad Adscrita lo logró, no sin dificultades, puesto que seguían estrategias de grupo criminal para mantenerse en la clandestinidad y fuera del alcance de la Justicia.

Todos los padres conocidos hasta ahora del caso Infancia Libre fueron denunciados por abusos sobre sus hijos jamás demostrados. El Ministerio Fiscal deberá valorar ahora el informe de la Unidad Adscrita, de unas 200 páginas, para decidir si abre diligencias contra la asociación, lo que subiría un peldaño procesal más la causa.

Sin embargo, no se prevé que eso pudiera suceder antes de fin de año según fuentes de la Fiscalía, dado que habrá que estudiar cada caso pormenorizadamente para establecer si se producía una unidad delictiva y que había una concertación para delinquir por parte tanto de las madres como de los profesionales que les ofrecían sus servicios para eludir el cumplimiento de la ley -varias estaban en busca y captura, otras acumulaban múltiples requisitorias por incumplimientos de órdenes judiciales-.

En el informe, la Policía Judicial incluye hasta una veintena de casos que habrían seguido operativas similares, más allá de los cuatro que ya están judicializados, y cuyas madres ya tienen la condición de investigadas.

La defensa ya preparada y esbozada anteriormente por parte de las investigadas es que muchos de los hechos denunciados habrían tenido lugar antes de la constitución de Infancia Libre y su registro como asociación, en enero de 2016. La existencia jurídica de la asociación es esencial para la posible imputación de sus miembros por el tipo penal de organización criminal. El Ministerio Fiscal deberá ahora estudiar los casos y decidir.