Por Juan Villarino

De todas las personas que arriesgan su vida en el cruce desesperado a Europa, uno de cada diez dejará su vida en el intento. Muchos de esos cuerpos jamás serán encontrados.

Hace pocos días, más de 70 cadáveres aparecían en una playa de Libia tras sufrir el naufragio de la embarcación en la que viajaban intentando llegar a las costas europeas.

Se estima que 10.000 niños han desaparecidos al cruzar las fronteras de Europa, sin que se haya vuelto a tener noticia de ellos.

Tan sólo en 2016 unas 5.000 personas han muerto en las aguas del Mediterráneo, lo que según la ONU, son 14 personas muertas al día de media.

Estos son tan solo algunos demoledores datos de una crisis que amenaza con convertirse en permanente y en la que los gobernantes de los países europeos han optado por desentenderse absolutamente de ella, deslocalizando su gestión a terceros países, como Turquía, con la que se ha firmado un flagrante acuerdo, o la propia Libia, que, por sus propias tensiones internas, presentan serios déficits en cuanto a protección y respeto de derechos humanos se refiere. La solución europea actualmente pasa por financiar con dinero de la Unión la gestión de la llegada de refugiados y frenar en estos países la salida de embarcaciones y entorpecer las rutas terrestres hacia Europa, sin tener en absoluto en cuenta la precaria situación de quienes llegan a estos territorios ni respetar las más básicas normas del derecho internacional, otro más de los muchos sacrificios que exige la actual realpolitik europea.

En este escenario, España se ha comportado como un cómodo pupilo respecto a las tendencias y políticas de los países motores del proyecto europeo y en algunos aspectos hasta les ha sacado ventaja

Mientras los países de origen de todas estas poblaciones parecen haber iniciado una deriva hacia Estados fallidos, con muy serias dificultades para recuperar unos niveles de bienestar y seguridad próximos a los países de Occidente, la Unión Europea opta por desentenderse de la grave situación que allí se vive y elige obstaculizar y frenar este flujo migratorio levantado muros e imponiendo dentro de sus propios espacios nacionales un relato xenófobo y racista en el que los recortes de los derechos y las libertades serán el precio a pagar por mantener nuestra seguridad, alimentando peligrosos odios dentro de nuestras fronteras, un camino que ya ha sido transitado el siglo pasado y que tan terribles consecuencias supuso para millones de personas pero que los actuales gobernantes europeos parecen haber convenientemente olvidado en aras de soluciones cortoplacistas que en nada ayudan a resolver la actual crisis y que, por el contrario, sí favorecen y alientan el nacimiento y desarrollo de unas tensiones xenófobas dentro de la Unión que pueden acabar convirtiendo el actual proyecto europeo ya a la deriva tras la reciente crisis económica y política en una siniestra prisión para todos sus ciudadanos.

En este escenario, España se ha comportado como un cómodo pupilo respecto a las tendencias y políticas de los países motores del proyecto europeo y en algunos aspectos hasta les ha sacado ventaja. Además de congelar la tramitación de expedientes de solicitudes de asilo, las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, consideradas una violación clara del derecho internacional, siguen siendo práctica habitual a pesar de su pública denuncia por distintos medios y organizaciones no gubernamentales. El Gobierno popular ha demostrado estar más interesado en seguir la corriente mayoritaria europea de inacción y blindaje que en hacer valer el derecho internacional vigente en la actualidad.

Cierto es que todavía es posible corregir esta tendencia siempre que desde las fuerzas progresistas europeas se planteen iniciativas políticas coordinadas y consensuadas destinadas a proteger y desarrollar una mayor Europa social que nos de cobijo a tod@s y que respete y promocione nuestros derechos y libertades

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