CRÓNICA DE UNA MASACRE

Es verdad. El que afirma que el demonio se instaló en El Terrón, no miente. Vive allí. Está con los 300 habitantes de este poblado indígena todos los días. Los acompaña en los días de lluvia y de sol. En la oscuridad de la noche, y en las mañanas de niebla.

El asesinato de siete personas de esta población a través de un siniestro rito que usó la excusa de sacarles el demonio, dejó al descubierto el verdadero rostro de ese diablo: el abandono y la pobreza de un pueblo que forma parte del territorio de un país que maneja presupuestos anuales por encima de los $23 mil millones, que se jacta del crecimiento económico, que alardea de su sistema financiero, y de los rascacielos de concreto y vidrio que intentan llegar al cielo.

Pero en el Panamá de las montañas, ese donde habita El Terrón, los números son otros.

Entre los pobres

La comarca Ngäbe Buglé es el lugar del país que encabeza la lista de sitios más pobres de Panamá. De acuerdo con el índice de pobreza multidimensional del Ministerio de Economía y Finanzas (2017), esa región del país tiene una incidencia de pobreza de 93.4%, con 191 mil 634 personas pobres.

El mapa de pobreza de Panamá, también preparado por el MEF (2015), tiene estadísticas que sustentan esos datos. En el corregimiento de Santa Catalina, del que forma parte El Terrón, viven 3 mil 968 personas, de las que el 91.7% está en pobreza, es decir 3 mil 640 habitantes. El 74.1% de ellos se ubica en los niveles de pobreza extrema: 2 mil 942 pobladores.

Entre los factores que de acuerdo con el índice de pobreza multidimensional contribuyen a esa realidad, figuran el logro educativo insuficiente, la precariedad del empleo, el manejo inadecuado de los desechos, el desempleo y trabajo familiar sin remuneración, y la precariedad de los materiales de la vivienda.

Así viven

En El Terrón no tienen energía eléctrica, no tienen un centro de salud que les ayude con sus necesidades médicas básicas, y no gozan de los privilegios que dan los distintos programas sociales del gobierno. Viven en improvisadas chozas de madera y techo de paja que amenazan con caerse. Tienen agua potable gracias a la lucha de los ancianos de la comunidad que clamaron por este servicio durante años. Lo obtuvieron a través del extinto Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec), durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).

Tienen una escuela (hecha con tablones de madera) que atiende a los estudiantes hasta sexto grado. Les costó largas travesías por caminos montañosos donde hay que sortear cuestas impregnadas de lodo y piedra. Pero además les costó muchas súplicas a las autoridades de la época.

Porfirio Blanco, uno de los fundadores de esta aldea que nació al comienzo de la década de 1970, se acuerda de eso. Fue 1994 el año en que lograron que allí se instalara un centro educativo, el propósito era que los niños no caminaran hasta Santa Catalina o Río Luis, los corregimientos más cercanos.

A un lugareño acostumbrado a la topografía de la montaña le toma hasta tres horas y media llegar a esas poblaciones.

‘Aislados’

Ahora que Panamá y el mundo se enteraron de la existencia de esta comunidad remota, a raíz de la ya bautizada “Masacre de El Terrón”, sus habitantes piden a las autoridades que se acuerden de que ellos existen. La geografía los aisla, y ellos sienten que el Estado los excluye.

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Entre las 15 personas que rescataron las autoridades, de la secta que lideraba Mario Plátano González, figura Hilaria Blanco, hermana de Diomedes y Pacífico Blanco.

Hasta el pasado viernes 17 de enero, cuando este medio visitó El Terrón, los hermanos Blanco desconocían el estado de salud de su hermana. No sabían si está bien, qué le detectaron los médicos, ni cuándo volverá a casa. “Tenían secuestrados a una hermana mía, a Hilaria Blanco con toda su familia. Están en el hospital. No se sabe cómo están. No tenemos como llamar, entonces, no se sabe cómo está”, contó Diomedes a La Prensa.

Para lograr cobertura en los celulares, los habitantes de El Terrón, deben caminar por lo menos seis horas. Para recibir atención médica deben caminar hasta Santa Catalina o Río Luis. Para sacar a una persona enferma de la comunidad hay que transportarla en hamacas y desafiar los caminos. La otra opción es tomar un bote hasta alguno de esos dos poblados, pero esto implica una logística que la mayoría de las veces incluye dinero.

Sixto González, de 60 años, lo pide sin tapujos. “Le estamos pidiendo ayuda al Gobierno en tres cosas: teléfono, primeros auxilios de salud, y que meta la mano para poder ayudarnos. (....) Nos abandonan completamente, necesitamos un cuartel de la guardia. Aquí para sacar un enfermo a Río Luis, son dos horas y media en lancha, y de aquí al río es un problema: la lodasera [sic]. No tenemos ni hamaca para poder llevar al enfermo. He visto casos de mujeres que dan a luz en el camino. No sé en qué país estamos viviendo. Pienso que tenemos el mismo deber y derecho de los de Veraguas y Bocas”.

Para llegar hasta El Terrón desde la capital, hay que manejar hasta Santa Fe de Veraguas, allí hay un desvío que conduce hasta Río Luis. A este corregimiento se llega por una carretera que el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) construyó y que bautizó como La Conquista del Atlántico ($37.5 millones). Curvas que quitan el aliento, y montañas perdidas en la niebla, alimentan el paisaje. Cuando se llega a Río Luis hay que tomar un bote o lancha rápida, y navegar por el río Calovébora. Una vez se llega al área, hay que caminar algo más de una hora por terreno inclinado, con lodo y piedra.

“No es posible que nosotros estemos abandonados, peor que un animal de monte y eso me molesta. Mira la pobreza, mira esto (...)”, asegura Sixto mientras apunta con uno de sus dedos al sitio que llaman puesto de salud: una improvisada choza de paja que se sostiene con trozos de madera vieja. Aseguran que personal médico llega al lugar cada tres o cuatro meses.

Llega la ministra

El pasado sábado 18 de enero, un día después de que este medio visitó El Terrón, la ministra de Desarrrollo Social, Markova Concepción, visitó el pueblo. En una nota de prensa divulgada por la entidad se afirma que llegó acompañada de un equipo de psicólogos clínicos, sociólogos y trabajadores sociales para atender a la comunidad después de la tragedia. Distribuyeron fotografías en las que se ve a la ministra junto a niños, ancianos, al cacique Evangelisto Santos, y con otros hombres y mujeres del poblado.

El viernes, a las 9:30 a.m., había llegado personal de la Policía Nacional. Estará en el área de manera indefinida. La población teme represalias de los seguidores del grupo religioso que comandaba Mario González, un hombre que, de acuerdo con sus vecinos, era “agresivo, problemático, buscapleitos, y amigo de lo ajeno”.

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Apartado de la comunidad, hace unos ocho años, Mario González creó un grupo para orarle a Jehová, con el respaldo de su mujer y sus hijos. En cuatro días (del sábado 11 al martes 14 de enero) la secta acabó con la vida de una mujer embarazada, sus cinco hijos, y una joven de 17 años. Pudo ser peor.

“Estábamos en la lista”, afirma el cacique Evangelisto Santos para dejar por sentado que sin el grito de auxilio que lanzaron los que escaparon, y el ruido que hicieron las muertes, todos los habitantes de El Terrón habrían desaparecido.