La sombra de la duda sobre la adquisición de la sede del PP en Bilbao se acrecienta. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) elaboró en febrero de 2014 un informe para la Fiscalía Anticorrupción sobre diversos documentos entregados por Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz en el que se apuntaba la existencia de supuestas irregularidades en los movimientos de dinero que permitieron adquirir dicho inmueble. El documento de los expertos, que ha sido retenido por el Ministerio Público hasta que hace unas semanas lo entregó en la Audiencia Nacional para incorporarlo en el sumario de los 'papeles de Bárcenas', detalla que para cubrir dicho gasto se utilizaron fondos de un contabilidad paralela llamada 'Sede Vizcaya' que presuntamente se nutrió en parte de una cuenta de donativos que el partido mantuvo abierta entre 1998 y 2005 con otro fin muy distinto: dotar de seguridad privada a sus cargos públicos en el País Vasco en plena ofensiva etarra. El documento también resalta la existencia de al menos once transferencias de dinero sospechosas ya que no aparecen en la contabilidad de Génova 13 y tampoco hay "justificante documental". El PP de esta comunidad siempre ha negado irregularidades en la adquisición.

La cuenta de "donativos seguridad" estuvo abierta entre 1998 y 2005, prácticamente el mismo periodo en que el partido estuvo amortizando la hipoteca del inmueble

El documento fue redactado por los técnicos de la IGAE adscritos a la Fiscalía Anticorrupción por encargo de ésta con el objeto de analizar "la documentación aportada por D. Luis Bárcenas y su relación con los ingresos y pagos de los 'papeles de Bárcenas". En concreto, debían estudiar las nueve carpetas con documentación en papel y el 'pendrive' que el extesorero, tras entrar en prisión, entregó al juez Ruz para respaldar sus acusaciones contra sus excorreligionarios. El informe ahora conocido, de 67 folios, siete anexos y 26 documentos adjuntos, dedica una parte importante del mismo a la compra de dicha sede ya que una de las citadas carpetas, en concreto una de color verde en cuya portaba llevaba manuscrita la palabra "Bilbao", contenía la documentación bancaria y contable que supuestamente demostraba que parte de la hipoteca de este inmueble fue sufragada con fondos procedentes de donaciones ilegales. El extesorero detalló en su declaración de julio de 2013 ante el magistrado que durante años el partido tuvo "mucho dinero" y que él en persona se encargaba de hacer desde Madrid las transferencias al partido en el País Vasco para que éste hiciera frente a la deuda.

En el informe ahora conocido, los expertos de Hacienda detallan que la documentación entregada por el extesorero confirma la existencia de una contabilidad manuscrita "similar a la de los Papeles de Bárcenas, pero al margen de la misma, y que fue bautizada como 'Sede Vizcaya" supuestamente destinada a recoger el dinero para amortizar la hipoteca de 210 millones de pesetas (1,2 millones de euros) que la oficina del Banco Popular en Vitoria concedió al PP vasco para adquirir el inmueble. "El primer apunte de esta contabilidad es del 11 de noviembre de 1999 y se trata de una 'entrega' de 6.370.000 pesetas [38.284 euros]; el último, de noviembre de 2005, es una 'entrega mayo' de 12.000 euros". Los técnicos de la IGAE aseguran que "la mayoría de estos movimientos manuscritos están en la contabilidad oficial de la Sede Central del PP y que las entregas y las correspondientes salidas de fondos para amortizar deuda hipotecaria que no están en la contabilidad oficial coinciden con amortizaciones anticipadas recogidas en documentos" de la entidad financiera. En total, son 109 movimientos.

"Contabilidad auxiliar de ingresos y gastos"

La IGAE cree que esta cuenta 'Sede Vizcaya' se nutrió básicamente de aportaciones anónimas ya que "casi todos los ingresos de estos documentos manuscritos coinciden con ingresos que recoge la contabilidad de la sede Central del PP en sus cuentas de ingresos por donativos" abiertas en bancos de Madrid. En concreto, en dos de ellas. Una era la destinada explícitamente a este fin, mientras que la segunda tenía como objeto recoger fondos para costear la protección privada que en aquellos años el partido puso a sus cargos públicos en el País Vasco por la amenaza de ETA. Dicha cuenta, denominada de "donativos de seguridad anónimos", había sido creada en enero de 1998, cuando la primera legislatura de los gobiernos de José María Aznar estaba a punto de cruzar su ecuador. Entonces, la Junta Directiva Nacional del PP acordó abrir una cuenta corriente "específica y finalista" con objeto de recaudar fondos entre particulares y empresas que desearan contribuir a la seguridad de los cargos públicos amenazados, según detalló el entonces coordinador general de la formación,Ángel Acebes. "Cualquier afiliado que quiera ingresar una peseta tendrá la garantía de que no habrá posibilidad de que vaya a un destino distinto", aseguró. Se mantuvo operativa hasta febrero de 2005. En total, siete años y un mes que coincidieron practicamente con el periodo que el PP estuvo pagando la hipoteca de su sede bilbaína.

Cuando abrió la cuenta "para seguridad", el PP aseguró que los donantes tendrían "la garantía" de que el dinero no iría "a un destino distinto" que costear la escolta de los concejales

El documento de IGAE no vuelve a hacer referencia a dicha cuenta, aunque sí resalta que, si bien gran parte del dinero de 'Sede Vizcaya' acabó destinado a sufragar la compra del inmueble de Bilbao, otra parte "pudo ser utilizado para otros fines por cauces ajenos a la contabilidad oficial" que no puede concretar precisamente por la ausencia de datos. De hecho, destaca que al final de la amortización, esta contabilidad paralela tenía "un saldo positivo superior a 190.000 euros". El estudio de la documentación entregada por Bárcenas también revelaba, según Hacienda, que el dinero era enviado desde Madrid al País Vasco habitualmente por transferencia bancaria, aunque "en ocasiones se entregó dinero en efectivo para cancelar deuda hipotecaria". Cantidades que supuestamente se daban "al gerente del PP en el País Vasco", entonces Ignacio Aguirre. En total, el informe asegura que once de estas entregas son sospechosas ya que ni aparecen en la contabilidad oficial ni existe "justificante documental".

El informe insiste en que el partido contaba con "una especie de contabilidad auxiliar de ingresos y gastos" en la que se reflejaban entradas periódicas de fondos desde noviembre de 1999 hasta al menos noviembre de 2005, y que siempre eran "en efectivo". A los expertos de la IGAE les llamó la atención la periodicidad de los ingresos y lo fijo de las cuantías de los mismos. Así, hasta junio de 2000 eran de 6.370.000 pesetas cada mes. Desde julio de 2000 hasta enero de 2002, de 2 millones de pesetas (12.000 euros) cada treinta días. Una cantidad que se mantuvo hasta el final, pero con una diferencia a partir de marzo de 2003: "El 'donante' se va retrasando en los pagos". Así, el ingreso de noviembre de 2005, el último, lo hace por el concepto "mayo de 2005". Además, "en alguna ocasión aporta el donativo de varios meses mediante una única entrega". ¿Quién era el enigmático benefactor? A pie de página, el documento de Hacienda apunta que "en algunos folios aparecen los nombres de Emilio Álvarez o 'hermanos", sin más concreción. Un auto de octubre del juez Ruz apuntaría más adelante que se trata presuntamente de Emilio Álvarez López, "persona presente en los consejos de administración de la empresa Bruesa Construcciones SA".

El auto de Ruz de octubre

Es precisamente este auto de octubre del juez Ruz, redactado cuando el informe de la IGAE aún no había llegado a sus manos, el que ya ponía en duda el origen de los fondos utilizados por el PP para adquirir su sede en Bilbao. Aquel escrito, respaldado por estudios de la UDEF, concretaba entonces que la cuenta 'Sede Vizcaya' se nutrió mediante donaciones opacas, una de las cuales fue efectuada por el directivo de la empresa guipuzcoana Bruesa Construcciones SA al que hacía referencia la IGAE. El presidente de esta mercantil, Antonio Pinal Gil, ya tuvo que declarar como imputado el pasado mes de enero en la Audiencia Nacional por haber aparecido su nombre, precisamente, en los 'papeles de Bárcenas'. Según detallaba Ruz en aquel auto, el mismo en el que imputó a Ángel Acebes por la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja 'B', el objeto de la contabilidad 'Sede Vizcaya' no era otro que "controlar la operación de financiación de la compra de la citada sede así como el pago de las cuotas de las obras de acondicionamiento" de la misma. Una conclusión en la que coincidió con Hacienda, aunque el magistrado en ningún momento llegaba a mencionar la cuenta de "donativos para seguridad".