Alrededor de una centenar de personas han acudido a la presentación del sindicato de inquilinos. Esta iniciativa que se acaba de lanzar en Madrid y en Barcelona de forma conjunta, pretende convertirse en un "lobby" para "influir en los espacios en los que se dictan los precios" y contribuir así a la disminución de la renta de alquiler.

"En los últimos doce meses el precio del alquiler ha subido casi un 15% en Madrid y un 18 % en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto, sumado a los bajos salarios medios de la población, casi el 50% cobra menos de 1.000€, provoca una auténtica situación de emergencia para quienes no tenemos una vivienda en propiedad", ha destacado una de las portavoces de esta iniciativa, vinculada a los colectivos sociales madrileños.

Entre los objetivos que se han marcado no se encuentra solo combatir los precios, también incluyen la defensa de los derechos de los inquilinos, la mejora de las condiciones habitacionales de los pisos, la limitación de los abusos de los propietarios y facilitar los accesos al régimen de alquiler. Esta iniciativa que ya existe en Gran Canaria ha comenzado hoy a coger forma de forma conjunta en Madrid y Barcelona.

"Queremos que se reconozca el derecho a la ciudad", ha afirmado Ernesto García, portavoz del sindicato. Aunque no quieren centrar su actividad "solo en los centros urbanos altamente turistificados" y pretenden extenderse por toda la Comunidad de Madrid. Según han expuesto, esta organización puede llegar a a servir de herramienta para "paralizar expulsiones de hogares" por impago, siguiendo el estilo impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en los desahucios.

Antes de comenzar su intervención, Lidia Posada, portavoz de ALA (Asociación Libre de Abogados), ha preguntado a los asistentes (la mayor parte inquilinos en alquiler) cuántos habían consultado con un abogado el contrato aportado por su casero antes de firmarlo o habían leído la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), menos de una decena han levantado la mano.

"Si se constituye un sindicato se contaría con unas estructuras físicas para asesorar, se podría hacer fuerza para cambiar leyes y dar apoyo mutuo", ha reseñado Posada. Por su parte, Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH, ha recordado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que están promoviendo desde varios colectivos sociales "recoge la necesidad de un organismo que asesore en temas de vivienda" para que los inquilinos "no se vean indefensos".

"No venimos a presentar una organización cerrada", ha expuesto Ernesto García, portavoz del sindicato. Y ha detallado las tres fases que tienen planeadas para llegar a conseguir que este sindicato se convierta en un "actor social por la defensa de los derechos del acceso a la vivienda".

La primera, comenzará el próximo viernes 26 de mayo. Ese día celebrarán la primera asamblea y a partir de entonces esperan comenzar a crear grupos de trabajo y planificar qué servicios van a ofrecer. En septiembre arrancará la segunda fase.

"Hasta el inicio del año que viene queremos expandir el sindicato con nodos barriales y locales, contar con asesoría jurídica para inquilinas en cuestiones de arrendamiento y conseguir una autonomía económica", ha añadido. Según sus cálculos, a partir del año que viene, alcanzarían la última fase con la consolidación de este sindicato.

En la presentación ha participado Alicia, activista de la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) en el barrio de Usera. Esta mujer ha expuesto su caso. Cobra 700 euros y tiene problemas para encontrar un piso en la capital. "Me piden nómina de 1.500 euros y fianza de cuatro a seis meses para un piso que podría costar, entre 600 y 700 euros", ha explicado esta trabajadora.

Por otro lado, Raquel Rodríguez, docente de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha destacado que este año van a comenzar a emerger las consecuencias la modificación de la LAU que "modifica los plazos máximos del alquiler de cinco a tres años". Esta profesora considera que la reforma impulsada por el Gobierno "provocará el aumento de la renta". "Este año es el momento culmen en el que están caducando todos los contratos", ha advertido.

Desde ALA han apuntado directamente al marco normativo como unos de los factores que sitúan a los inquilinos en una "posición muy vulnerable". "La legislación que tenemos es hiper garantista con la propiedad, está casi sacralizada y viene relacionado con el derecho romano. El desahucio exprés es una evolución temporal de esa filosofía, el propietario tiene la capacidad de recuperar lo que es suyo muy pronto", ha incidido

Políticas que apoyan a los propietarios

Además, Posada ha explicado a los asistentes que actualmente los bancos están promoviendo "arrendamientos con claúsulas abusivas". "Después de los desahucios hipotecarios algunas entidades han iniciado nuevas relaciones con los inquilinos en régimen de alquiler y les imponen la apertura de una cuenta en sus sucursales para pagar la renta, cobrar intereses por el retraso o tener que pagar tres días antes de la fecha fijada".

"Ante esta situación, hemos dicho basta y hemos decidido autoorganizarnos para dar una respuesta colectiva. Reivindicando la fecunda tradición de las luchas por el alquiler a principios del siglo XX y las actuales luchas de afectadas por la hipoteca", han explicado los portavoces de este colectivo, que tras su nacimiento esperan "revertir el enorme desequilibrio de poder que hay entre inquilinato y propietarios".