Miguel Ángel Ruiz, exconsejero delegado de Arpegio y actual viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ha dimitido tras su imputación en el marco de la trama Púnica. Esta mañana el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso, ordenó el registro de su despacho en la pieza separada que investiga a Arpegio, la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid. Junto al de su despacho, Velasco ha ordenado otros seis registros.

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Ruiz ha recibido este martes un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6. Desde el actual Gobierno de la Comunidad han señalado a través de un comunicado que el auto no se refiere "a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempañadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

Ruiz ha dimitido tanto de su cargo como viceconsejero de Medio Ambiente en el Gabinete de Cristina Cifuentes como del de vicesecretario territorial del PP de Madrid, en cumplimiento del código ético del PP madrileño. Este documento establece que los investigados "formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social" deben presentar su renuncia.

El juez investiga si Arpegio y la fundación que tenía asociada servían a Francisco Granados para colocar a afines y agradecer favores. Fuentes de la investigación aseguran que los investigadores buscan información sobre la etapa de Ruiz al frente de Arpegio, entre los años 2008 y 2010, en la que ordenó algunas inversiones polémicas.

Junto con el registro del despacho de este viceconsejero se han registrado otras seis localizaciones, entre las que está un despacho de abogados vinculado al caso. El juez ha decidido imputar a 12 personas en esta pieza que permanece secreto.

El Gobierno regional comenzó el proceso de extinción de Arpegio el pasado diciembre, aunque Cifuentes desvinculó esta decisión de la implicación de la empresa pública en casos de corrupción. La Asamblea dedicó varias sesiones de su comisión sobre corrupción a sus irregularidades.

La sesiones se centraron en aclarar si, como sospecha el juez de Púnica, Arpegio se montó para favorecer a altos cargos del PP. Podemos definió su funcionamiento como "una red clientelar" que gastó 10 millones de euros entre 2006 y 2011, cuyo único criterio para contratar eran las instrucciones del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Entre esos cargos afines al PP que se beneficiaron de los contrato de Arpegio está el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que cobró 179.000 euros por sus trabajos de asesoramiento, aunque no constan documentos sobre ellos. Una extrabajadora de la empresa relató al juez Velasco que Granados utilizaba la fundación Arpegio, vinculada a la empresa pública, para "hacer favores".