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El Ministerio del Interior consideró en un juicio civil en su contra que no tiene ninguna responsabilidad por el asesinato a puñaladas de un recluso en el Penal de Libertad en 2016 y advirtió que no puede garantizar que, dentro de una cárcel, no existan "cortes carcelarios".

En la contestación de la demanda iniciada por el abogado Nicolás Pereyra en representación de familiares del recluso asesinado por US$ 300.000, los abogados del Ministerio del Interior señalaron que la custodia de los internos es una obligación de medios (la cartera hará todo lo posible por garantizar la seguridad) y no de resultados (asegurar la vida de los presos). "En suma, no basta con que la ejecución del servicio confiado al Estado cause un daño para que surja la responsabilidad. Debe demostrarse que aquel no funcionó o lo hizo en forma incorrecta", expresa el documento de la cartera. Por lo tanto, señala el escrito, "no se configura" la responsabilidad del Estado en la muerte del recluso conforme a lo establecido por el artículo 24 de la Constitución. Esta norma señala: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección".

Los abogados del Ministerio del Interior insistieron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno que el Estado no incurrió en un hecho ilícito que terminó en la muerte del recluso y advirtieron que este se debió a un hecho de un tercero (un compañero de celda de la víctima). También expresaron que el guardia actuó en "forma debida" porque logró el cometido de disparar a los presos agrupados sin que existieran otras bajas.

Con respecto a los "cortes carcelarios", la cartera reconoció que, aún ejerciendo estrictos controles, se "hace imposible" erradicar su existencia como lo señalan recientes fallos de la Justicia.

Ilógico.

El escrito del Ministerio del Interior expresa al juez Gabriel Ohanian que la hija de la víctima, de seis años, no debe realizar reclamo civil alguno porque no surge probado que existiera un relacionamiento con su padre muerto. "Teniendo en cuenta el profuso prontuario de P. —el cual fue procesado con prisión en diversas ocasiones— se concluye que la mayor parte de su corta vida pasó recluido cumpliendo condenas por diversos delitos. Por tanto, nos preguntamos qué tiempo disponía el recluso P. para compartir y estrechar vínculos con su hija N.?", señala el escrito.

La niña nació en el año 2011 y ese año su padre ya estaba preso. En el 2013 lo vuelven a procesar con prisión cuando la niña solo tenía dos años de edad. "Asimismo, del libro de visitas surge que la niña lo visitó en la cárcel en una única ocasión; esto prueba que dicho vínculo era casi inexistente; por tanto, mal podría haber fomentado un vínculo afectivo con su hija ya que no convivía con la misma y ni siquiera esta lo visitaba con asiduidad", dice el Ministerio del Interior.

Agrega que, en función de lo antedicho, "resulta ilógico" pedir por concepto de daño moral para la niña la suma de US$ 120.000, máxime si se toma en cuenta que por la muerte de un hijo —máximo dolor que puede experimentar un ser humano—, las cifras que se otorgan oscilan entre los US$ 15.000 y los US$ 30.000.

Recluso era problemático y tuvo riñas múltiples.

El escrito del Ministerio del Interior se explaya sobre la víctima y su conducta dentro de la cárcel: "Corresponde poner en conocimiento de la Sede que la víctima era un sujeto problemático. De su legajo surge que tenía antecedentes por riñas con cortes carcelarios, problemas de convivencia con los demás reclusos. Por ello lo cambiaron en varias oportunidades de módulo. Se le sancionó en varias oportunidades por tener cortes carcelarios de 25 centímetros en su celda. Con fecha 14 de julio de 2016 pidió que lo cambiasen de celda por problemas de convivencia. O sea, pocos días antes de su muerte él solicitó lo cambiaran del sector A al sector F (del Penal de Libertad). Al ser interrogado sobre si estaba amenazado, dijo que no y al ser interrogado sobre si requería medidas de seguridad, dijo que no".