Francisco García Davish

Cientos de estudiantes normalistas bloquearon avenidas en las tres principales ciudades del estado e impidieron los acceso y salidas de la capital michoacana.

Los normalistas protestaron por la detención del líder indígena, Nicolás Cervantes, ocurrida el pasado 9 de abril en la comunidad indígena de Caltzontzin.

Los normalistas arribaron cerca de las 11 horas a la colonia Xangari, punto de salida hacia el municipio de Pátzcuaro y la región costa de la entidad.

Las acciones se efectuaron de manera simultánea en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, donde decenas de normalistas de la sede de Arteaga, realizaron bloqueos en la avenida Lázaro Cárdenas, una de las de mayor comunicación en esa ciudad, de unos 150 mil habitantes.

Paralelamente, la comunidad de Caltzontzin, una tenencia del municipio de Uruapan e integrada a la mancha urbana de la Perla del Cupatitzio, volvió a ser rehén de bloqueos.

Los normalistas "secuestraron" una piña y un tracto camión de empresas privadas y los atravesaron en la rúa que permita la salida a Pátzcuaro, a unos 50 kilómetros de la capital michoacana.

Efectivos de la Fuerza Ciudadana se apostaron en los entronques que conectan estas comunicaciones terrestres para habilitar vías alternas.

Cientos de vehículos tuvieron que acceder por el Camino Real y la salida a Quiroga para poder integrase a la carretera hacia Uruapan.

Asimismo, los presuntos normalistas fijaron dos camiones de pasajeros para impedir el acceso a Morelia, a los conductores provenientes de la zona costa y centro de la entidad.

Durante las movilizaciones, los normalistas, embozados con pasamontañas y paliacates, iniciaron una ofensiva de volanteo, donde exigían la liberación del Nariz Pacheco, deteniendo el pasado 9 del presente mes por autoridades estatales y federales.

El presunto líder social fue acusado de violar la ley sobre las vías de comunicación, luego de mantener secuestrada la ruta de la carretera entre Morelia y Uruapan, por espacio de unas 12 horas.

El líder indígena exigía que el gobierno cubriera los gastos relativos al robo de una unidad del transporte público de uno de los habitantes de esa comunidad indígena.

La fue recuperada y entregada a sus propietario, tras grandes esfuerzos realizados por elementos de la Fuerza Ciudadana de la zona de Uruapan.

Hasta entrada la noche, los manifestantes mantenían sus acciones de protesta, mientras un grupo de embajadores del gobierno estatal intentaban negociar la liberación de las rutas carreteras.

