El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) se pronunció sobre lo que consideró como «graves hechos de violencia» que se desarrollaron en varias ciudades del país en el marco de las protestas por la suspensión del revocatorio presidencial.

«La creciente crispación política configura un peligroso agravante en la situación de los derechos humanos del país. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole», indicó en una misiva.

La organización señaló que todas las medidas de restablecimiento del orden público deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática, tal y como lo establece el artículo 332 de nuestra Constitución.

Refirió que, una vez más, en los hechos del pasado 26 de octubre se pudo observar en distintos estados del país y en la capital cómo se consolidó la actuación de presuntos grupos armados civiles en contra de manifestantes.

«El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, psicológicos y morales padecidos por las presuntas víctimas de estos grupos armados civiles, así como por la falta de investigación sufrida por sus familiares y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos».

Por tal motivo, Cofavic:

1. Exigió el cese de la represión en contra de las manifestaciones públicas y el inicio de investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, oportunas, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días en el marco del contexto de las protestas por la suspensión del revocatorio.

2. Exhortó al Estado venezolano a adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos.

3. Instó a los órganos de investigación a la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, denominado El Protocolo de Minnesota[3], y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, denominado Protocolo de Estambul.

4. Instó al Estado a que impulse la plena participación, incorporación y protección de las víctimas en los procesos de investigación: Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación.

5. Exhortó al Estado a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y a dar seguimiento y atender las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado respecto a las condiciones de reclusión de privados de libertad.