El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha anunciado este lunes a través de Twitter que el Ayuntamiento ha propuesto una sanción de 90.000 euros por acoso inmobiliario a los propietarios de un edificio del barrio de Sant Antoni, después de que los denunciara una inquilina con el apoyo del Sindicat de Llogaters. Se trata del primer procedimiento administrativo por este tipo de asedio que ha resuelto el Consistorio, que por primera vez llevará un caso de estas características a la Fiscalía, según han informado fuentes municipales.

La propiedad deberá abonar el importe de la sanción si el Ministerio Fiscal determina que no se trata de un delito penal, pues este seguirá entonces por la vía administrativa.

Fa poc multàvem dos grans propietaris per tenir edificis buits a l'Eixample.



Avui, sancionem amb 90.000€ l'assetjament immobiliari contra l'Alpha i el Fran a #SantAntoni.



Una nova conquesta del moviment veïnal i del @SindicatLloguer en defensa del dret a la ciutat. pic.twitter.com/6K9Gy8vVlG — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 18 de marzo de 2019

Entre los afectados están Alpha -la denunciante- y Fran, una pareja que vive desde hace más de ocho años en un piso del número 92de la calle Floridablanca, y quienes en octubre, junto a medio centenar de voluntarios de entidades de defensa de inquilinos víctimas de la especulación inmobiliaria (entre ellas, Fem Sant Antoni, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de Barri de Poble Sec), ocuparon en señal de protesta el Instituto de Belleza Francis. Y es que este pertenece a los mismos dueños del edificio en el que habitan -la familia Mas-Beya Fradera-, quienes, según denunciaron, se negaron a renovarles el contrato de alquiler y están descuidando el mantenimiento de la finca porque su intención es vaciar la mayoría de pisos del bloque, que tiene un total de 22, para alquilarlos a un precio superior.

El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado julio la activación de las competencias municipales que prevé la ley catalana 18/2007 del derecho a la vivienda para abrir procedimientos sancionadores a los inversores y grandes propietarios que acosen a los inquilinos. El importe de las sanciones es de entre 90.000 y 900.000 euros.

Fuentes municipales han explicado este lunes que la resolución del procedimiento abierto a la propiedad de Floridablanca 92 es "firme" pero que "las actuaciones que pueda llevar a cabo el Consistorio por la vía administrativa no sustituyen la posibilidad de llevar estos casos a la vía judicial si se detecta que existe una posible comisión de un delito penal". Como ha sido así, se ha suspendido por el momento la tramitación y se ha trasladado el asunto al Ministerio Fiscal para que determine si existe este tipo de delito.

También han apuntado que la multa impuesta se fundamenta básicamente en la "omisión del deber de la propiedad de conservar la finca". Y es que se ha detectado falta de mantenimiento de las bajantes fecales y que las cañerías tienen una concentración de plomo superior a la permitida y eso provoca que el agua no sea apto para el consumo humano.

14 casos

El Ayuntamiento está trabajando en 14 casos de acoso inmobiliario que afectan a un total de 22 viviendas, la mayoría en los distritos de Ciutat Vella y el Eixample.

Segun han informado fuentes municipales, se han archivado seis expedientes por el desistimiento de las personas denunciantes después de que la propiedad haya iniciado acciones correctoras.