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Hablaron de la necesidad de luchar contra la corrupción y de recuperar el dinero ilegal. Era febrero y a las oficinas de la Contraloría fueron convocadas la Procuraduría, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), la Secretaría Anticorrupción, la Judicatura y la Fiscalía. Allí firmaron un convenio para trabajar en conjunto.

Cinco meses después, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, reconoce que solo han recuperado USD 13,5 millones del empresario Tomislav Topic y 15 bienes de Carlos Pareja Yannuzzelli. Aquellos están valorados en USD 5 millones y todavía están por subastarse. “Es poco frente a lo que se robaron, pero también necesitamos procesos judiciales para la repatriación de los recursos”.

En octubre del 2017, la Procuraduría General del Estado presentó un informe en el que detalló que había USD 91 millones por recuperar de la trama protagonizada por Odebrecht y de anteriores casos, como el de Cofiec. En el caso Petroecuador, solo la fórmula de facturación de crudo de dos contratos de preventa que se suscribieron con Petrochina y Petrotailandia dejaron un perjuicio de USD 92,7 millones.



El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, asegura que la recuperación de activos toma tiempo, pero que trabajan en eso.



¿Qué han hecho desde febrero tras la firma del convenio? El director de la UAFE, Leopoldo Quirós, advierte que han intercambiado información, que han recibido denuncias sobre ilícitos, que han capacitado y han recibido capacitación sobre Inteligencia Financiera.



Las autoridades dicen que también se han “compartido criterios respecto de normativas erróneas, caducas y contradictorias”.



Entrevista

Íñigo Salvador: 'Recuperar los activos va a llevar su tiempo'

Procurador General del Estado

Desde febrero de este año se unieron seis instituciones, entre ellas, la Procuraduría General y firmaron un convenio interinstitucional para luchar contra la corrupción y recuperar activos. ¿Por qué la demora en los resultados?



Creo que hay que reconocer una cierta desarticulación de los esfuerzos estatales. A pesar de los diferentes convenios, yo creo que un punto crucial en la lucha contra la corrupción es la creación de una secretaría específica de la Presidencia de la República dedicada a ello. Desde ese momento, cada vez que recibía una nueva propuesta, la redireccionaba hacia la Secretaría Anticorrupción. Hasta que el Estado encontró la forma adecuada de coordinar esfuerzos, se demoró algo.



Desde ese momento acá se ha recuperado solamente los 15 inmuebles de Petroecuador y el dinero de Topic, pero hay millones de dinero que están dentro de la corrupción. ¿Por qué no avanza el proceso?



Se demora bastante la recuperación de los activos. Por ejemplo,en el 2014 recién se logró obtener un fallo en un tribunal en Gran Bretaña, por el cual se concede al Ecuador la recuperación de cerca de USD 180 millones relativos a la crisis bancaria del Banco Continental. De ese dinero, recuperamos USD 5 millones en el 2018. 22 años para recuperar apenas USD 5 millones de 180. Yo creo que hay que desencantar a la opinión pública en ese sentido. La recuperación de los activos va a llevar su tiempo. Desde ese punto de vista las conversaciones que hemos iniciado con Odebretch son una buena noticia porque dentro de pocos meses recuperaremos el dinero de la corrupción.



No toda la corrupción es relacionada con Odebretch. Hay otros casos en los cuales habrá que buscar mecanismos adecuados para recuperar esos activos.



Cuando haya activos de la corrupción en países extranjeros y procedimientos judiciales que seguir, como Procuraduría contrataremos abogados en el exterior de ser el caso. En ese momento es cuando nos corresponde intervenir no antes.



¿Qué acciones han realizado para combatir la corrupción?



Pocas son las facultades que el Estado le atribuye a la Procuradoría en la lucha anticorrupción. Teníamos antes el control previo de los contratos públicos y esa era una atribución importante a efectos de luchar contra la corrupción. Acabo de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para recuperar esa facultad. Actualmente esta institución conserva el control posterior, no previo, de los contratos públicos.



La recuperación de activos era una de las principales acciones, pero se demora por los procesos judiciales



El sistema de administración de justicia no es perfecto y tiene una cantidad de limitaciones. Su principal limitación es, como tiene que establecer la verdad a ciencia cierta, tiene que tomarse el tiempo necesario para hacerlo.



Qué proyectos se han ejecutado por parte de la Procuraduría para luchar contra la corrupción.



Los resultados están comenzándose a ver. Por ejemplo, cuando existe un prófugo y hay que traerlo de vuelta al país, muchas veces hace falta un proceso de extradición donde intervienen el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo en ocasiones hace falta la intervención de un abogado extranjero en ese país y el Estado lo contrata para que ayude con esa gestión. Ese tipo de acciones específicas son las que estamos haciendo. No existe un proyecto específico.



En la reunión de la cooperación entre las seis instituciones se acordó que la Procuraduría debía colaborar para establecer los montos de la reparación integral de los daños patrimoniales ocasionados al Estado. De lo que se conoce solo se trabaja en Odebretc, ¿Qué pasa con los otros casos como Petroecuador?



La determinación de montos es en realidad es una facultad que le corresponde a la Contraloría, porque a ellos les llega información relativa a supuestos ilícitos, ellos realizan sus exámenes especiales y determinan cuál podría ser el perjuicio para el Estado. La Procuraduría lo que hace es intervenir en los casos judiciales donde haya una acusación de peculado y esté de por medio el patrimonio público ecuatoriano.



En el proceso de reparación con Odebrecht, ¿se conoce cuál será el monto de indemnización?



Los montos y los rubros no van a ser difundidos a la opinión pública mientras no hayamos llegado a un acuerdo definitivo de cuáles son los rubros y cuál es el monto final de la indemnización.



Odebrecht mandó un oficio al Estado ecuatoriano que quería iniciar un diálogo. ¿Por qué esperar a que la empresa se pronuncie y el Estado no pidió esa reparación tomando en cuenta que en otros países ya se lo hizo?



Tiene que ver con el hecho que hasta que se crea la Secretaría Anticorrupción no había un único interlocutor y los diferentes interlocutores de Odebrecht a nivel de estado ecuatoriano no actuaron coordinadamente. Ahora sí estamos actuando coordinadamente. Confiamos que el acuerdo al que lleguemos sea en los próximos meses.



¿Qué busca el Estado con esta reparación?



En la conversación con la compañía esperamos recuperar la totalidad del dinero que esa empresa habría entregado en actos de corrupción. Confiamos en la lealtad y veracidad de Odebrecht, porque le interesa estar en buenos términos con el Estado ecuatoriano y espera volver a trabajar en el país. A nosotros no nos interesa que la compañía vuelva a trabajar en el Ecuador. Odebretch para poder trabajar en el país tendrá que ganar las licitaciones sin corrupción de por medio.



Se tiene pensado hablar con otras empresas para que se de este proceso de reparación al Estado.



El procedimiento que adoptemos en la conversación con Odebretch servirá de precedente y aliciente a otras empresas que intervinieron en estos esquemas de corrupción para sentarse a hablar abiertamente con el Estado.



¿Cómo actuar en otros casos de corrupción?



Conforme salten los nombres de otras empresas nacionales e internacionales involucradas en redes de corrupción se irá buscando la forma de establecer mecanismos de cooperación eficaz.



En octubre de 2017, la Procuraduría dijo que había USD 91 millones que recuperar de la trama de corrupción de Odebrecht



Son elementos que serán puestos en las mesas de las conversaciones como insumos adicionales. Los montos que han sido conocidos anteriormente es muy probable que ya estén considerado en las responsabilidades establecidas por la Contraloría y la Fiscalía.

¿Las autoridades están en deuda con la ciudadanía en la lucha contra la corrupción?



Siempre estamos en deuda no solo en ese ámbito. El Estado suele ser reactivo y no solo propositivo. En la lucha anticorrupción el Estado ecuatoriano nunca ha estado enfrentado a un fenómeno tan generalizado de corrupción como lo que ha pasado en los últimos años.



La Fiscalía menciono que hay 20 casos emblemáticos, pero están estancados. ¿Cómo hacer para agilitar desde la Procuraduría y las instituciones que cooperan?



Es probable que no estén estancados, sino ralentizados en el interior de la Fiscalia, en parte por falta de recursos económicos y en parte por investigaciones sobre dónde se encuentran esos activos.



El caso de Alexis Mera, ¿sintieron que les falló la justicia en esa lucha contra la corrupción?



Por supuesto, pero hay que utilizar los mecanismos previstos en la ley para tratar de revertir esa situación. Hemos presentado Fiscalía, Procuraduría y Contraloría una queja ante el Consejo de la Judicatura para que los jueces sean investigados y de ser el caso sancionados. No es justo para la sociedad que mientras los organismos del Estado luchan por revertir esta tendencia de corrupción, los jueces terminen tomando decisiones que van en contra de la tendencia.



Entonces, ¿la solución es la evaluación a los jueces?



La evaluación de los jueces debe darse, porque es un proceso que la Judicatura viene impulsando meses atrás. El hecho que ocurrió muestra que esa evaluación debe darse pronto. Los jueces deben ser evaluados para garantizar una administración de justicia excelente y alta calidad.



La Secretaría Anticorrupción mencionó que hay 15 prófugos ¿Qué hacer al respecto?



Nosotros quisiéramos detenerles a los presuntos delincuentes apenas nos enteramos de su delito. Lamentablemente el sistema jurídico no funciona así. Para que esas personas sean detenidas debe haber una orden judicial, es la garantía fundamental de la libertad de las personas y debe haber una investigación previa donde encuentren indicios, luego la fiscal debe pedir la orden al juez y este aceptarla. Hasta que eso ocurra, se enteran antes los presuntos delincuentes y se dan a la fuga.



¿No se ha presentado por parte de Procuraduría una denuncia en el caso Raúl De La Torre?



Nosotros no somos el ente público con competencia para presentar denuncias, quien tiene que iniciar ese proceso es la Fiscalía. Legalmente toda la fase de investigación previa e instrucción fiscal es reservada. Ellos no tienen por qué informar de todo porque por eso se fugan.





Entrevista

Iván Granda: 'Hemos recuperado USD 18.5 millones'

Secretario Anticorrupción

La Secretaría Anticorrupción forma parte de un convenio entre otras cinco instituciones del Estado para luchar contra la corrupción. ¿Qué se ha hecho?



En el marco de la reinstitucionalización del país se ha establecido que los distintos poderes del Estado no pueden interferirse, sino que tienen que cooperar para la lucha en contra de la corrupción, para compartir criterios respecto a normativas que son de poca aplicación, normativas erróneas, caducas y contradictorias.



¿A qué leyes se refiere?



Estamos de acuerdo que debe existir una ley de extinción de dominio. Las seis instituciones hemos planteado nuestro aportes a la Mesa de Justicia para que se tome en cuenta. Esto ha sido vinculado al Acuerdo Nacional. Hemos llegado a ciertos acuerdos no solo con partidos políticos, sino también con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación que va a permitir tener leyes a tono a la realidad y la necesidad que tiene el Ecuador frente a este tema.



¿Por qué no hay mayores resultados tras el acuerdo anticorrupción firmado en febrero?



Una de las cosas que se ha planteado ha sido la posibilidad de tener fiscales anticorrupción, fiscales antilavado de activos y de igual manera jueces nacionales y distritales. La Judicatura será quien determine, pero hemos hecho tres pedidos y en esto hemos coincidido varias instituciones. Eso permitirá que tengamos jueces competentes que se dediquen a una materia exclusiva. Además, con la relación que tenemos con la Procuraduría y con Petroecuador, en los próximos días se realizará una subasta de los bienes incautados de la estatal petrolera.



Pero en el caso de Petrocuador, ustedes decomisaron 15 bienes que solo están valorados en USD 5 millones, pero la corrupción es más grande.



Sí, la reparación está por USD 42,5 millones. Son 5 millones recuperados. Los otros estamos en convenios de repatriación. Estamos en cooperación con el Procurador General del Estado, con quien estamos trabajando de forma eficaz y eficiente dentro del Ejecutivo, donde además está el Centro de Inteligencia Estratégico, la UAFE y nosotros.



Con el caso de Topic y la recuperación de los USD 13,5 millones ocurren igual. Hay mucho más dinero que recuperar.



Ningún Gobierno ha recuperado un solo dólar desde el 78 que tengo uso de razón. No recuerdo ni tengo precedentes que alguien haya recuperado un solo dólar. Nosotros estamos en USD 18, 5 millones. Es poco frente a lo que se robaron. Ahora, no importa que ubiquemos los recursos si es que no tenemos sentencias ejecutoriadas.



La Justicia es otro tema que juega un papel importante en el combate anticorrupción. ¿La justicia falló al país con las decisiones tomadas como en el caso de Alexis Mera de otorgarle arresto domiciliario?



Soy un defensor de la independencia judicial. La señora fiscal ha apelado y ha presentado una queja en el Consejo de la Judicatura. Yo no comparto personalmente con la decisión de los jueces. El país merece una reinstitucionalización también del aparato de justicia.



¿La solución está en cambiar a los jueces de la Corte Nacional a través de la evaluación?



El sistema judicial tiene que responder a criterios de independencia judicial. Los estándares de formación de jueces no pueden ser lo que nosotros digamos. Somos otro poder del Estado, que muchas veces nos sentimos contrariados e indignados, porque existen diferentes interpretaciones judiciales.



Pero no cree que el problema va más allá. La Asamblea por ejemplo, no aprueba la ley de extinción de dominio.



Esto podemos enfrentar con diálogo asertivo y respetuoso con la Asamblea Nacional. Ellos han planteado una agenda Legislativa. Ya he hablado con el presidente César Litardo y con la Mesa de Justicia. Están comprometidos en aprobar esas leyes hasta diciembre de este año.



Ahora, cómo combaten a la corrupción sí de los 20 casos más fuertes de corrupción presentados por la Fiscalía la mayoría está en indagación previa y no avanzan.



Mire, la independencia de poderes tiene que seguir fundándose en ese fortalecimiento institucional. Si la fiscal me pide información en 24 horas, tengo que darle en 12 y la voluntad del presidente Lenín Moreno es que siempre se conteste a los órganos de control de forma expedita, clara, con franqueza, honestidad y todos los documentos pertinentes.



La Fiscalía no tiene ni los investigadores suficientes para rastrear los casos de corrupción



No me corresponde responder como apoyar, la fiscal siempre tendrá el apoyo del Ejecutivo en lo que corresponda a nuestra competencia, Sin embargo, la Fiscal ha tenido la voluntad política de tener una Unidad contra el Lavado de activos y crimen organizado y otra Unidad encargada de investigar casos de corrupción.



El 16 de enero, el presidente, Lenín Moreno, dijo que entregará todos los recursos necesarios a la Fiscalía para la lucha contra la corrupción. ¿Cuánto ha entregado?



Esa es una pregunta que me parece que la debe responder el titular del Ministro de Finanzas, que entiendo que tienen un proceso de coordinación en la materia.



¿En este proceso de reparación con Odebrecht, se recuperará todo el dinero que inicialmente el Departamento de Justicia de los EE.UU. indicó que se habría pagado en coimas?



Como he dicho, la reparación es integral y por un respeto institucional el encargado del tema es Íñigo Salvador el que tiene que hablar al respecto. Sin embargo, la reparación es integral y como ellos han reconocido le causaron un grave daño a la sociedad ecuatoriana.



¿Por qué el equipo negociador solo está conformado por cuatro instituciones?



Tendremos reuniones con el SRI, con el IESS, la Superintendencia de Control del Mercado también, porque son organismos de apoyo.



En la Asamblea ustedes firmaron un convenio de cooperación para que haya una unidad de transparencia. ¿En qué otras instituciones se va a implementar esto?



El Presidente nos pidió un sistema nacional de prevención y lucha contra la corrupción que establece dos objetivos. El primero tiene que ver con la creación de unidades de transparencia y antisoborno. Hemos empezado con seis empresas públicas, por ejemplo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y claro la Asamblea Nacional. Esta lucha no es del Ejecutivo es de todo el Estado.



Hasta el momento hay 15 prófugos de la justicia, pero no deberían estar prófugos sino presos. Por la fuga de Fernando Alvarado aún no hay responsables.



Nosotros no nos queremos pronunciar sobre eso, porque hay un pedido de extradición de por medio. No puedo hablar por otra entidad y perjudicar estos procesos que tienen que seguir la Corte Nacional de Justicia.



La Corte Constitucional decidió que ya no se necesita un informe previo para investigar el peculado. ¿Cómo le ven al aporte de esta entidad?



Esto fue vital. La Corte Constitucional está haciendo lo que tiene que hacer, que es dar seguridad jurídica a este país y eso permite luchar en contra de la impunidad.



En el caso Raúl De la Torre de Petroecuador, ¿cómo se ha procedido por parte del Gobierno?



Hemos hecho un pedido a la UAFE para que genere los procesos de investigación y se analicen conductas inusuales en sus cuentas. Esta investigación la tiene que responder la Ministra de Gobierno.



¿Cuándo se hizo el pedido?



El lunes de la semana pasada.



¿Cómo hizo De La Torre para salir del país con el dinero?



La ministra se pronunciará cuando tenga la información pertinente. La Fiscal Salazar también está sobre el tema.



¿Los policías estaban con De La Torre?



Se deberá determinar si los policías intervinieron o no.





Entrevista

Leopoldo Quirós: 'Hay jueces buenos, pero también malos'

Director de la UAFE

¿Qué se ha hecho a través del convenio anticorrupción del que forma parte la UAFE y otras instituciones?



Trabajamos con intercambio de información. Estamos brindando capacitación constante. Ellos también brindan entrenamientos. Nuestro personal recibe capacitaciones, por ejemplo, por el instituto Basel de Suiza sobre inteligencia financiera. En estos momentos tengo dos funcionarios en Corea del Sur. Están recibiendo cursos intensivos de inteligencia e investigación financiera, totalmente patrocinados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). O sea, estamos trabajando, nos seguimos preparando y tenemos todo el compromiso con la ciudadanía, con este país, de ser implacables contra la corrupción. De eso no habrá duda. El trabajo que está realizando la UAFE es palpable y está evidenciándose.



Este acuerdo tiene que ver con la búsqueda de capitales de origen ilícito, en ese aspecto, ¿cuánto ha detectado?

​

Muchísimo dinero. No puedo hablar al respecto, porque la ley me lo prohíbe, pero le puedo contar que somos parte del Grupo Egmont, en el que 158 agencias financieras compartimos Inteligencia.



¿Ese dinero se ha detectado aquí en el país?



Dentro y fuera del país.



¿Qué han hecho para traer esos fondos?



Para eso existe en el GAFI asistencia penal mutua. Todo se hace a través de los Gobiernos, a través de la Cancillería. Justamente en estos momentos por ejemplo hay USD 5 millones de Alex Bravo en Panamá que nosotros estamos tratando de gestionar para poder repatriarlos y que pasen al erario nacional.



Pero ese dinero se detectó en el 2017 y no aún han podido traerlo...

Por ejemplo, hace poco Fiscalía incautó de USD 5 a 7 millones, en Cuenca.



¿Eso fue con información de la UAFE?

​

A través de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). Además de eso en estos dos últimos meses hemos recuperado USD 135 000 por sanciones administrativas contra los sujetos obligados que no cumplen la ley.



¿Al señor Jorge Glas, en el caso Odebrecht, se le ha incautado o detectado algo?

​

Sí, se le ha encontrado algunos bienes. El problema es que muchas veces esta gente maneja un esquema en el que no puedes encontrar sus nombres en los bienes, sino que están alrededor de otras personas. Entonces debemos esperar a que la sentencia esté en firme, para que podemos realmente ejecutar la misma y cobrar lo que se tiene incautado o congelado. Por eso, el proyecto de ley de extinción de dominio es algo sumamente importante para este país.



¿Por qué?

​

Porque muchas veces cuando se inician las investigaciones previas hasta se enteran los sospechosos. ¿Y qué hacen? Sacan los bienes. Eso fue lo que pasó en el caso Petroecuador. Eso ha pasado en Petroecuador, eso ha pasado con María Sol Larrea y con algunos más. Entonces, ¿qué toca? Otro proceso para que te justifiquen (los beneficiarios) cómo tienen los bienes, como lo adquirieron.





Sobre el juicio Diacelec, que es parte del caso Odebrecht, ¿por qué no fue a la audiencia?

​

Yo cuento con un equipo de representantes y procuradores jurídicos de la UAFE. La ley me facultaba que envíe mis procuradores. ¿Por qué no asisto a estas audiencias? Porque estas audiencias pueden durar alrededor de un mes, dos meses y están desde las 8:00 hasta las 19:00. Aparte, soy el representante legal de esta unidad, de esta institución. Tengo que dirigirla. Este no es el único caso que tenemos. Si yo estoy metido durante más de 10 o 12 horas en el día en un proceso a lo mejor descuido el resto de obligaciones.



Pero por su ausencia los jueces declararon el abandono de la causa...

​

Nosotros podemos apelar la decisión. Además de que hemos presentado la queja contundente, porque es una evidente transgresión legal. En el Código Integral Penal se especifica claramente que en el caso de la persona jurídica de derecho público podrá comparecer el representante legal. La ley es clarísima. De hecho, hay miles de procesos, por ejemplo del SRI. ¿Cuándo está el Director del SRI? Están sus procuradores judiciales. Contraloría General del Estado, Procuraduría, etcétera. Es algo normal.



¿Para el primer día de la audiencia no era importante su presencia, ya que usted es el director y también se trata de un tema bastante importante?

​

Yo en cualquier momento puedo presentarme en la audiencia. De hecho estaba esperando que transcurra para ver si es que al final yo también estaba dentro de la audiencia.



¿Han tenido otros fallos judiciales que afecta el trabajo de la UAFE?

​

Tenemos un caso en Machala en el que se declaró la nulidad, porque supuestamente no se notificó a los involucrados. Ya uno estaba preso, había incautaciones. Pero tocó retrotraer el proceso a su etapa inicial. Son cosas con las que nos vamos encontrando. Hay jueces buenos, pero también hay jueces malos. Estos señores que fallan y resuelven dejar fuera de la acusación particular a la UAFE. Evidentemente están vulnerando derechos incluso constitucionales.



¿Cuántos procesos está impulsando la UAFE?

​

Por reserva de ley no puedo darle la información completa. Pero tenemos algunos casos en los que somos acusadores particulares, que son en los que ya se ha formulado cargos. En esta administración se está dando seguimiento a todos los ROII que han sido enviados a la Fiscalía. De hecho, estamos compareciendo a medida que vamos identificándolos y viendo cuál es su estado, por qué no han avanzado y estamos atrás para que se empiecen a mover todos estos ROII y que no se queden simplemente en un trabajo que hizo la UAFE y terminó en la Fiscalía.



¿Qué pasa con la información que ustedes han entregado y no avanza? Por ejemplo, hubo un ROII de los señores Alvarado en el 2018. Se abrió la indagación pero no ha pasado nada.

​

Bueno, pues eso tendría que preguntárselo al órgano jurisdiccional, al órgano jurídico correspondiente.



Pero usted dice que la UAFE está pendiente...



¡Por supuesto! Pero no puedo hablar de un caso que está en indagación. No puedo hablar de nada que no haya sido instruido por la Ley.



Volviendo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio ¿Qué está haciendo la UAFE?



Vamos a presentar en la Asamblea un análisis de los tres proyectos que se ha presentado. La Asamblea es la que debe promulgar y debe sacar los informes para primer y segundo debate y todo lo demás.

¿Sin la ley de extinción de dominio se limita el trabajo de la UAFE?

​

Mientras no exista esta Ley se complica un poco la recuperación de capitales ilícitos, porque, por ejemplo, en un caso particular, un barco del narcotráfico que se encontró Galápagos: ¿Cómo cuida eso el Estado? Con la Ley de Extinción de Domino se podría vender.



Por ejemplo, si en algún momento en el juicio lo declaran inocente pues habrá que devolverle. Y la ley dice que el Estado debe devolver el bien en el mismo estado en el que se encontró…



Así es. Aquí vienen las indemnizaciones y demás.



Usted ha mencionado las capacitaciones. ¿Cuántas se han hecho? ¿Son solo para funcionarios de la UAFE?

​

No solamente de la UAFE, también se son para los sujetos obligados a reportar. En el 2017 se capacitaron 2 710 personas, en el 2018, 15 221 y en el 2019 ya vamos un incremento del 10%. O sea 4 300 personas.

