Desde luego, vivimos tiempos de crisis. Por un lado, la actual crisis económica -cuyo mayor exponente son los seis millones de parados de nuestro país- no ha dejado de golpear a la mayor parte de la ciudadanía. Jóvenes y mayores, con o sin experiencia, tienen dificultades para llegar a fin de mes y las tasas de pobreza relativa se han disparado.

Por el otro, cuando un régimen político entra en descomposición, el ritmo de los acontecimientos se acelera y se pierde la capacidad de garantizar la estabilidad. Las últimas elecciones europeas sugieren que los dos principales partidos que llevan gobernando nuestro país desde el año 1982 han perdido la confianza de la ciudadanía, y ambos son incapaces de ofrecer un proyecto de futuro que genere ilusión y confianza entre los ciudadanos de este país. La abdicación de Juan Carlos I no es un acontecimiento aislado; es un síntoma más de esa descomposición y de la incapacidad de nuestras instituciones para dar solución a la crisis económica, política y social que afecta a la vida cotidiana de tantos ciudadanos.

Frente a esa incapacidad de lo viejo, frente a este paisaje desolador, los dos partidos que han monopolizado las funciones de gobierno pretenden imponernos una solución inaceptable. Quieren cerrar en falso la crisis institucional para que todo quede una vez más tal como estaba. Quieren pactar una ley orgánica sin contar con la opinión de la gente, tratándonos como si fuéramos súbditos en lugar de ciudadanos. Pero el tiempo de la pasividad ha pasado. Cada vez más personas creen que el tiempo de esa forma de hacer política ya ha pasado: no queremos más pactos de pasillo, ni acuerdos entre las élites que nos han llevado al desastre, ni esa «responsabilidad» que consiste en que los ciudadanos acaten y en que sus presuntos «representantes», que traicionan sistemáticamente sus programas, decidan por ellos sin contar con ellos.

En democracia, los ciudadanos deciden sobre las cuestiones fundamentales que afectan a los asuntos de todos. No somos menores de edad, somos ciudadanos libres y queremos ejercer nuestro derecho a decidir nuestro futuro. Quien considere que los ciudadanos son incapaces de tomar esas decisiones, que no se debe «plantear la cuestión» de la Jefatura del Estado, que no somos lo suficientemente maduros, puede llamarse de todo menos demócrata. Un demócrata no puede tener miedo a que la gente decida. Es la hora de decidir entre todos sobre lo que es de todos.

Hagamos un proyecto nuevo de país, donde la igualdad y la libertad no sean palabras vacías, donde todos tengamos derecho a una vida digna y no existan tantos privilegios para tan pocos. Ante la incapacidad de las instituciones para responder a las demandas de la ciudadanía, Podemos, en calidad de movimiento de recuperación de la democracia, apostará, como no puede ser de otra manera, por una idea clara: en democracia decide la gente. No somos súbditos, somos ciudadanos.

Pablo Iglesias es portavoz de Podemos.