Era una petición histórica de los agentes policiales y de la Fiscalía de Criminalidad Informática. La persecución de criminales y delitos informáticos en la red adolecía de un vacío legal que dificultaba la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El gobierno ha decidido, a través de varias enmiendas al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, acotar estas actuaciones y someterlas al mandato del juez cuando sea necesario.

En las enmiendas que mañana se debatirán en la comisión de Justicia, el pp propone que los agentes puedan actuar bajo otra identidad para comunicarse con presuntos pederastas, estafadores, personas investigados por trata de blancas, por delitos contra la propiedad intelectual o por tráfico ilegal de órganos humanos, entre otros delitos previstos en el artículo 282 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Además, podrán interceptar conversaciones a través de la red, por teléfono y correspondencia privada, con orden judicial, para delitos menores (con penas de, al menos, 3 años de cárcel), por acciones terroristas y por delitos cometidos en el seno de una organización criminal.

Los agentes también tendrán permiso para intercambiar archivos ilícitos con presuntos delincuentes y analizar los algoritmos asociados a dichos archivos. Asimismo, podrán grabar imágenes y conversaciones que mantengan con la persona investigada, incluso si se producen en su propio domicilio. Para todas estas medidas, también se requerirá el permiso previo de la autoridad judicial. La duración de estas intervenciones puede oscilar, según los casos , entre tres meses y dos años.

En cuanto a la incautación de los ordenadores u otros dispositivos electrónicos de los investigados, la ley establece que “se realice el sellado o firma electrónica que valide la información volcada desde el sistema central”. Con ello, se quiere garantizar que nadie acuse a los agentes de manipular estos dispositivos.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el gobierno defiende estos cambios legislativos en la “necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer frente un fenómeno criminal de nuevo cuño en Internet y el espacio de exclusión que nuestro sistema constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros”.

El psoe acusa al gobierno de imponer un “Estado policial” en Internet

El diputado que este martes defenderá las enmiendas socialistas, Manuel de la Rocha, entiende que las nuevas medidas son “desproporcionadas” en su duración y podrían atentar contra los derechos fundamentales en lo relativo a grabación de imágenes en domicilio e interceptación de los ordenadores. De la Rocha cree que en un ordenador “se guardan muchas imágenes íntimas, textos, mensajes y reflexiones que forman parte de la privacidad de las personas” Advierte que estas intervenciones no se deberían hacer sin autorización judicial y para cualquier tipo de delito , como se desprende del texto del pp.

El psoe si aprueba que estas actuaciones de urgencia, sin mandato del juez, se hagan para delitos de terrorismo o por pertenencia a organizaciones criminales.

Expertos en derecho procesal, contra el uso de archivos ilícitos

El profesor de derecho procesal de la Universidad de Salamanca, Federico Bueno de la Mata, recuerda que , hasta ahora , la policía y guardia civil actuaban en la red de una forma “alegal” porque no estaba regulada la figura del agente encubierto. “Con estas enmiendas, asegura, se intenta colmar una laguna legislativa pero no queda muy claro cómo se utilizan los archivos ilícitos”.

Bueno de la Mata considera que el intercambio de archivos pornográficos, por ejemplo, entre un policía encubierto y un presunto pedófilo podría quedar invalidado por un juez si de esa actuación se determina que el agente de policía está instigando al delincuente a cometer un delito. “Sería conveniente que se determine la terminología de estos archivos porque en la doctrina del Tribunal Supremo se advierte que si el agente genera el germen criminal, la prueba sería nula”.