La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento del Partido Popular (como persona jurídica), de su tesorera y de otras dos personas por los delitos de daños informáticos y encubrimiento como consecuencia del borrado en 2013 de los discos duros de los ordenadores que usaba en la sede del partido el extesorero Luis Bárcenas.

En julio de 2016, el juzgado de instrucción 32 de Madrid propuso juzgarlos a todos en un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado que fue recurrido tanto por los acusados como por el Ministerio Fiscal. Este miércoles, la Audiencia Provincial ha rechazado todos esos recursos y, además, su decisión es firme, por lo que no cabe apelación.

El tribunal concluye que hay "indicios suficientes" de la comisión de posibles delitos de de daños informáticos previsto en el artículo 264.1 del Código Penal y de encubrimiento previsto en el artículo 451.2 del mismo cuerpo legal.

Y dice en uno de sus párrafos: "El señor Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y lo hizo a orden del señor Durán, según este también refiere. Se considera también indiciariamente que la señora Navarro ordenó o permitió esta acción".

Se refiere, en concreto, a José Manuel Moreno, el exresponsable de sistemas de información del partido que admitió ante la jueza que borró "35 veces" los discos duros y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura; y a Alberto Durán, el asesor jurídico del partido, que le dio la orden. Los dos serán procesados junto a la tesorera y el partido, el primero en ser juzgado penalmente en España en Democracia.

Todo empezó con la 'caja b'

En enero de 2013, Bárcenas fue despedido del PP —teóricamente lo había sido en 2010, el famoso despido "en diferido"— coincidiendo con la publicación en la prensa de la supuesta contabilidad b del partido; en julio, pidió al juez Ruz, dentro de la causa abierta por los papeles, que requiriera al PP los dos ordenadores portátiles que utilizaba en la sede y que contenían, según él, datos clave de dicha contabilidad.

En agosto de 2013, y después de que María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, declarara ante el juez que los ordenadores seguían "custodiados" por el partido, Ruz (también instructor de Gürtel) aceptó practicar las diligencias que le pedía Bárcenas. Así, el partido entregó los dispositivos, pero surgió un problema: había destruido su contenido, según confirmó por escrito.

La destrucción habría sido en abril; un mes antes, Bárcenas denunció al partido por forzar la entrada a su despacho y por el robo de los portátiles, un Toshiba y un Mac, un hecho del que se enteró por los medios. La Policía se presentó en la sede de Génova y el PP les dijo que Bárcenas no tenía despacho; en enero, no obstante, se supo que sí lo tenía, además de secretaria y coche.

Bárcenas perdió su primera denuncia por robo, pero la acusación del caso de los papeles de Bárcenas, liderada por IU, presentó una querella ante Ruz por daños informáticos y encubrimiento; este consideró que había que investigar y la remitió al juzgado de instrucción 32, ya que él no era competente en esos delitos. La titular del juzgado, Esperanza Collazos, lo archivó en octubre.

La causa perdida y encontrada

Las acusaciones, entonces, recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid. Surgió otro problema: la causa, literalmente, se había perdido. Cuando iba a remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial, la secretaria judicial del juzgado constató que no estaban, por lo que el juzgado tuvo que a solicitar al juez Ruz que le volviera a pasar toda la documentación.

Solventado el problema, también con ayuda de las partes, la Audiencia Nacional determinó finalmente en enero de 2016 que la jueza Collazos había archivado la causa "sin practicar diligencia de investigación alguna sobre los hechos que justificaron la imputación judicial inicial". Y ordenó al juzgado 32, el mismo, que reabriera el procedimiento. Le tocó a su sustituta, la jueza Rosa María Freire, al que el PP ha intentado recursar.

Freire tomó su decisión en julio de 2016: propuso procesar a los cuatro investigados. Según sus palabras, existían indicios de que el PP cometió un delito de daños informáticos "por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito", ya que en la actualidad "no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede".

Asimismo, dijo que en el partido tampoco existía "un protocolo interno de seguridad". Afirmó que Durán fue responsable por "haber ordenado la destrucción de los discos duros con el fin de eliminar los archivos que contuviesen" y que Moreno también lo fue por "haber ejecutado la orden a pesar de no estar obligado"; en cuanto a Navarro, "conocía sobradamente las circunstancias".

Respecto al delito de encubrimiento, en su opinión, estaba determinado por el conocimiento de todos los implicados sobre la investigación por financiación ilegal del PP, es decir, por los llamados papeles de Bárcenas o contabilidad b del partido. La decisión de la jueza fue recurrida por todos los acusados -"Bárcenas miente", sostenía el PP- y por la Fiscalía de Madrid. Ahora la Audiencia ha rechazado los recursos.

La declaración de Correa

El juez José de la Mata decidió el 1 de marzo de 2017 reabrir la investigación causa de los papeles de Bárcenas —que Ruz finalizó en marzo de 2015 con la "acreditación" de que existía una contabilidad b en el PP—, que estaba a punto de ir a juicio, tras la declaración de Francisco Correa en el juicio de la primera época de Gürtel.

Ruz propuso juzgar a seis personas por presuntos delitos fiscales: a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, y los responsables de UNIFICA, el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García, y la empleada de esta constructora Laura Montero. Al PP y a UNIFICA los consideró responsables civiles subsidiarios; archivó la causa contra otros 22 investigados.