El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha sido empujado por el Gobierno para que presentara su dimisión. El ministro de Justicia llevaba semanas buscando perfiles para proceder al relevo en el cargo. El divorcio entre Gobierno y Fiscalía General se volvió irresoluble cuando Torres-Dulce desoyó las órdenes del Ejecutivo de parar la consulta del 9N con una querella contra Artur Mas y varios miembros de su Gobierno. En ese momento, Moncloa empezó el proceso de búsqueda de candidatos.

Dimite el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce

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Según fuentes de Justicia, Rafael Catalá ya estaba preparando el nuevo nombramiento. El entorno de Rajoy está muy disgustado con el papel de Torres-Dulce y antes de la dimisión le trasladó que habían perdido la confianza en él. Esa indicación es lo que ha movido al fiscal general a dar un paso atrás.

En la actualidad, el Gobierno no tiene atribuciones para cesar a un fiscal general. Con la reforma del Estatuto Fiscal de 2007, perdió esa posibilidad. Sin embargo, según fuentes jurídicas, lo que ha hecho el equipo de Rajoy es animar a Torres-Dulce a dejar el cargo. Moncloa ha vendido la dimisión como el producto de las circunstancias personales del dimisionario, que probablemente volverá al Tribunal Constitucional, donde está vacante la plaza de fiscal jefe.

El enfrentamiento de Torres-Dulce con el ministro viene de atrás. Cuando Catalá era secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Aznar, sus enfrentamientos con el fiscal ahora cesado fueron sonoros en el mundo judicial. Torres-Dulce presidía entonces la conservadora Asociación de Fiscales y quería imponer al Gobierno su cuota en el Consejo Fiscal. Catalá prefirió entonces apoyarse, para ese órgano, en personas de su máxima confianza, desoyendo las reclamaciones de Torres-Dulce.

La caída de Gallardón acabó por arrinconar al fiscal general, que tenía en el exministro uno de los pocos apoyos dentro del Gobierno. Con la llegada de Catalá, Torres-Dulce vio cómo su posición quedó debilitada al extremo de apostar por la dimisión como única salida posible.

Según fuentes jurídicas, "el Ejecutivo debería tardar unos días (para nombrar al sustituto) para evitar la imagen de que el relevo en la Fiscalía estaba ya precocinado". No hubo necesidad de disimular. En la mañana del viernes, el Gobierno comunicó el nombre del sucesor, la fiscal Consuelo Madrigal.