Por Jairo Straccia (*)

Tras aumentar cerca de 30% este año, las naftas podrían ser el año que viene un hasta ahora inadvertida ancla contra las subas de precios: la idea que tienen en el Gobierno es que prácticamente no se muevan en 2017 o que si lo hacen, sea muy poco, por debajo del costo de vida estimado en 17% en el Presupuesto.

La novedad es que no congelarán el precio ni habrá un acuerdo con las petroleras. Según una alta fuente de la Casa Rosada, trabajan para anunciar en una o dos semanas un megapaquete de medidas energéticas. Como viene informando Nicolás Gandini en PERFIL, implicará cambiar las condiciones del negocio como caso testigo para una reforma laboral en todos los sectores. Pero también incluirá un sendero de precios de combustibles, donde los aumentos que aplica la industria para seguir la evolución del dólar (que se estima llegaría a $ 18 el año que viene) se compensaría por una reducción del costo de crudo que se usa en la producción, ya que habría un cambio sustancial en cómo funciona el negocio en nuestro país.

Sin sostén. El anuncio central será que, como se esbozó ya al dejarse sin aumentos los surtidores desde mitad de año, dejará de haber un precio sostén para el petróelo, que hasta ahora estaba en US$ 67 el barril en promedio, cuando en el mundo la variedad Brent ronda, al viernes, los US$ 44. Para Energía “el ajuste no será tan grande”, ya que se espera que el barril suba hasta US$ 55 o 60 en 2017 según los informes internacionales. “Lo cierto es que el precio interno irá a precios de mercado”, aseguran los cerebros de la nueva estrategia. Primero el kirchnerismo y hasta ahora el gobierno de Macri, privilegiaron un precio interno mayor para estimular la inversión, proteger fuentes de trabajo, y preservar los fondos que van a las provincias y a las petroleras, sobre todo luego de que cayera de US$ 100 el barril hace dos años para luego estacionarse en torno a US$ 50. En todo este tiempo, el precio del combustbile bajó en todo el mundo menos en la Argentina, donde hasta siguieron subiendo como un subsidio cruzado de los automovilistas a las compañías.

También se confirmará que el gas “irá a precios de mercado”, lo que implicará que el precio interno iguale el de los barcos que lo traen importado, un salto de 3 a 7,5 dólares por millón de BTU, la unidad de medida del fluido. “Con ese cambio va a haber mucha inversión y mucho empleo en Neuquen”, se convencen los que toman decisiones energéticas cerca del Presidente. Los anuncios incluirán, se sabe, un nuevo convenio colectivo de trabajo para los petroleros de Neuquén, con el apoyo del titular del sindicato Guillermo Pereyra, para tratar de potenciar proyectos de inversión para el yacimiento de petrólo y gas no convencional de Vaca Muerta. Y además, tanto las empresas como el Gobierno pondrán “inversiones arriba de la mesa”, dijo una alta fuente al tanto del plan. Desde el Estado informarán sobre obras de infraestructura y las compañías harán anuncios de nuevos puestos de trabajo que tranquilicen a los trabajadores de la zona. “En Neuquén habrá mucho trabajo, podemos tener problemas en Santa Cruz o en Chubut, especialmente en Comodoro Rivadavia”, entienden en la Casa Rosada.

¿Ultimo aumento? Las principales petroleras, como YPF, Panamerican Energy o Shell, están pidiendo en tanto aunque sea un último incremento antes de fin de año, para así “aguantar sin ajustes” el año de las elecciones, según contaron en el mercado. Hoy un litro de nafta premium ronda los $ 20. “La devaluación fue del 60% y las naftas subieron la mitad”, recordaba en el Coloquio de IDEA, Teófilo Lacroze, el titular de Shell, para explicar cómo se habían quedado cortos con los ajustes para seguir la devaluación.

Ganancias sí; emergencia social, no

En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias, uno de los reclamos de los grandes gremios que piden una suba del mínimo no imponible y además cambios en las escalas que se aplican en la llamada “cuarta categoría” del tributo, es decir, las alícuotas que pagan los trabajadores en relación de dependencia. “Es un impuesto anual, así lo importante es que se apruebe antes del 31 de diciembre pero de 2017, porque en todo caso hay pagos retroactivos”, dijo una alta fuente oficial. En cambio, esa misma fuente rechaza de plano el proyecto de “emergencia social” por el que se crean un millón de puestos de trabajo para la economía informal. “Es exactamente contrario al modelo de país que estamos proponiendo; es como si sacáramos una ley que diga que la Argentina le gana a Brasil”, afirmó. ¿La vetarían? “En su momento se verá”, dice.

(*) Publicado en la edición impresa del Diario PERFIL.