Por: José Merino (@PPmerino), Jessica Zarkin (@jesszark) y Alexis Cherem (@lexielex)

Todos hemos sido testigos y/o cómplices de ligeros (y pesados) actos de corrupción, ya sea el policía que pidió mordida o el pariente que “tuvo” que pagar por apresurar un permiso. Tanto a nivel individual en nuestra vida diaria como a niveles más altos de gobierno es aceptado, de manera más o menos general, que México es un país corrupto. Esto es, México es un país en donde el ejercicio del poder público es rutinariamente usado para beneficios privados.

Pero, ¿es esto lo esperado dado el entorno institucional y de desarrollo en México?

Si comparamos a México con el resto del mundo en una serie de medidas de regulación, Estado de derecho, años democráticos, efectividad gubernamental , entre otros, nuestro nivel de corrupción es mayor al esperado dadas las leyes que tenemos, pero esperado dada nuestra democracia disfuncional.

Nos explicamos.

Medir lo que otros quieren esconder

Primero lo primero: ¿cómo medir un fenómeno que por naturaleza implica a agentes privados o públicos en actos ilícitos?

La única manera en que hoy podemos hacerlo es midiendo percepción, ya sea de la corrupción misma o de la ausencia de mecanismos que la imposibiliten.

El Banco Mundial creó un índice de control de corrupción que mide la percepción del nivel al que se utiliza el poder público para ganancias personales, incluyendo casos de pequeña y de gran escala. Esta medida va de -2.5 a 2.5, y números más grandes indican menor nivel de corrupción.

Otro índice de percepción comúnmente utilizado es el de Transparency International. Este índice combina datos de varias encuestas sobre corrupción, realizadas por instituciones independientes. Además esta organización ranquea a los países con base en su nivel de corrupción. Por ejemplo, México tuvo una calificación de 35 sobre 100 posicionándolo en el lugar 103 de 175 países.

Transparency International también crea un índice llamado el Bribe Payers Index que va de cero a 10 dependiendo de qué tanta probabilidad hay de que un país se involucre en actos de corrupción al hacer negocios en el extranjero. Sin embargo, este índice sólo estudia 28 países considerados económicamente influyentes, por lo que limita el análisis. A pesar de esto, vale la pena mencionar que México se posiciona en el número 26 de 28 países analizados.

Analizamos ambas medidas de percepción de corrupción para ver si había alguna diferencia sistemática entre ellas pero no fue el caso; ambas medidas son bastante similares. Con base en eso decidimos usar la del Banco Mundial por dos razones: temporalidad (el primer registro de datos es en 1996) y porque Transparency International cambió su metodología hace dos años por lo que no es estrictamente comparable en el tiempo.

México: rico en corrupción, pobre en instituciones

La primera hipótesis que surgió es que tal vez el prevaleciente nivel de corrupción en el país tiene todo que ver con que somos una democracia muy joven. En general, la relación indica que entre más años democráticos menor corrupción. Esta relación se cumple casi perfectamente para países como Gran Bretaña, Suiza y Nueva Zelanda, que con alrededor de 150 años de democracias están entre los países menos corruptos del mundo.

Pero hay varios países que rompen la norma. Hay, por un lado, casos con niveles mucho más bajos de corrupción dados sus años democráticos. Este es el caso de Singapur, un país tradicionalmente autocrático, que tiene una calificación de 2.1 en el índice de control de corrupción –número similar al de Luxemburgo (que lleva siendo democrático 119 años) y al de Suiza (166 años).

Del otro lado tenemos a países con niveles mucho más altos de corrupción dada su vida democrática. Aquí el ejemplo perfecto es Estados Unidos: país con 205 años de democracia y una calificación de 1.28 en el índice de corrupción –nivel similar al de autocracias como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y menor a Chile que lleva apenas 26 años democráticos.

México, con un índice de -0.48, es ligeramente más corrupto de lo esperado dados sus 17 años de democracia. Para ponerlo en contexto, el nivel de corrupción de México se acerca al de Etiopía y Algeria, ambos autocracias. A pesar de esto, existen países latinoamericanos con muchos más años de democracia y peores niveles de corrupción: saltan Venezuela, con 48 años de democracia y una calificación de -1.28 (parecida a la de países como Irán), y Colombia, con una calificación similar a la de México pero con seis décadas más de democracia.

La presencia de mecanismos institucionales (como un Estado de derecho y políticas de regulación), y las consecuencias de éstos (en términos de rendición de cuentas, libertad de expresión, efectividad de gobierno, políticas de regulación y estabilidad política) parecen tener una incidencia negativa en corrupción a nivel mundial.

Es decir, un gobierno más y mejor regulado, con claros canales de transparencia y mejor aplicación de la ley disminuyen espacios de corrupción.

Claro, hay casos raros en donde hay menos corrupción de lo esperado dadas las instituciones existentes (de nuevo, pensamos en casos como Singapur).

México es el poster child de malas instituciones y pobre control de corrupción: nuestro nivel de percepción y control contra la corrupción es incluso peor a lo esperado dada nuestra ya visible pobreza institucional.

No hay rendición de cuentas (rubro en el que obtuvimos un 0.08), es pobre nuestro Estado de derecho (-0.58) y tampoco somos del todo políticamente estables (-0.74).

Esos problemas -indican las relaciones antes graficadas- parecen venir de la mano con corrupción y por supuesto, potenciarla.

Eso sí, donde claramente salimos más corruptos de lo que deberíamos es en cuestiones de regulación y gobierno efectivo (formulación y aplicación de políticas públicas). En ambas nuestra calificación mediocre de 0.46 y 0.31 tendría que acercarnos a una calificación de 0 en control de corrupción pero no lo hemos logrado.

Es un acertijo: México tiene controles menores contra la corrupción a lo esperado dado su nivel de regulación y efectividad gubernamental. Nuestra ausencia institucional es selectiva, permite vicios en un entorno regulado y con un gobierno relativamente efectivo.

La convivencia cotidiana entre un gobierno que formula e implementa políticas públicas, un marco legal abundante, e irónicamente, un estado de derecho claramente debilitado y un entorno político inestable. Y así nos colocamos respecto al resto del mundo: nuestro nivel de corrupción se ajusta muy cercano a nuestro bajo nivel de estabilidad política; pero sobre todo a nuestro endeble estado de derecho. En los tres estamos al final de la fila mundial.

Nuestra corrupción es el terrible reflejo de nuestro terriblemente débil Estado de derecho.

La arbitrariedad extralegal que acompaña y facilita la corrupción no nos toca a todos por igual; protege a quienes ocupan el aparato estatal (i.e. gobierno), y despoja al resto de mecanismos de control judicial y políticos para protegerse de sus abusos, entre ellos, la corrupción.

Del mismo modo, la corrupción también tiene una relación con el ingreso per capita de cada país. Con los 16 mil 290 dólares (constantes 2011 PPP) que gana un mexicano anualmente, el nivel de corrupción esperado debería ser mucho menor. México, como Estados Unidos, Italia, Venezuela, Guinea Ecuatorial, y Rusia son países cuya riqueza no corresponde al pobre control del uso de poder para fines personales.

La corrupción es pegajosa… aquí

Quitando el paréntesis perceptivo del sexenio foxista, México sigue en los mismos niveles en los que estaba en 1996 en percepción de corrupción –en este país no ha cambiado nada. Contrario a lo sucedido en los países bálticos, por ejemplo. Estonia pasó de una calificación de -0.06 en 1996 a 1.11 en 2013; Letonia pasó de -0.82 a 0.27 y Lituania de -0.06 a 0.36. La transición democrática en México no ha derivado en una mejor percepción respecto a controles contra la corrupción y su ocurrencia.

La corrupción no es un problema cultural como quisiera creer nuestro presidente.

Si algo podemos llevarnos de este texto como lección es que el combate a la corrupción pasa por la transformación del entorno institucional que la hace posible. No, eso no implica más regulación, leyes que nacen muertas, aniquiladas por los estratégicos huecos para mejor anularlas y la ausencia de vigilantes autónomos y facultados para cerrar esos huecos. Implica, eso sí, modificar de fondo la configuración institucional que la permite y promueve, justamente la configuración institucional que minimiza la rendición de cuentas, la libertad de expresión, la transparencia, y el Estado de derecho. La configuración institucional que permite simultáneamente gobiernos impermeabilizados y ciudadanos atrofiados.

¿Alguien puede persuasivamente argumentar que el Sistema Nacional contra la Corrupción cumple a cabalidad ese cometido?

Exacto.

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