Un funcionario sancionado con 27.000 euros por absentismo afirma que sufrió 'mobbing'

Joaquín García, ingeniero, había sido el director técnico del área de Medioambiente del consistorio

ANA MARÍA ORTIZ

Madrid

@Anamaortiz

Si la historia del funcionario fantasma del Ayuntamiento de Cádiz hubiera trascendido unos días antes habría acabado en las coplillas del Carnaval. La letra hablaría de un ingeniero que durante seis años no acude a su puesto de trabajo y nadie lo echa en falta, de modo que todos los meses cobra la nómina correspondiente a los 37.000 euros brutos anuales de su salario sin hacer nada.

Hasta que en 2010 alguien en el Ayuntamiento pregunta por Joaquín y el funcionario es expedientado por absentismo laboral y sancionado con 26.920,93 euros, el equivalente a un año de su salario neto, lo máximo reclamable legalmente. El último capítulo del sainete es la sentencia de este 20 de enero del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Cádiz que, ante la denuncia del funcionario en contra de la medida, se pronunciaba a favor del Consistorio y refrendando la sanción.

El funcionario en cuestión se llama Joaquín García, tiene 69 años, lleva ya unos años jubilado y, según ha sabido EL MUNDO de fuentes cercanas a su entorno, niega tajantemente las acusaciones. Se considera víctima de un caso de mobbing; asegura que el Ayuntamiento le envió a un puesto vacío de contenido a sabiendas; que, pese a ello, él acudió periódicamente a cumplir con su trabajo fantasma, y que la juez que sentenció su caso ni siquiera le dejó declarar para explicarse. En lo que coinciden ambas versiones es en que el Ayuntamiento estaba pagando un salario por no hacer nada.

La historia arranca en 1990, cuando Joaquín García, cuñado de quien fuera candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz, Fermín Moral, entró en la plantilla del Consistorio. Venía de la empresa privada Dragados, con la que había estado en Argelia y Venezuela. El Ayuntamiento, entonces bajo batuta socialista, lo nombró director técnico de Medio Ambiente, puesto que ejerció hasta 1996.

«Lo enviamos a Aguas de Cádiz, que es de titularidad municipal, para que desde allí se encargara de supervisar las obras de La Martona, el centro donde van las aguas fecales y pluviales de la ciudad», explica Jorge Blas Fernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Cádiz entre 1995 y 2015, actual senador por el PP y el hombre que inició el expediente contra Joaquín García.

«Se le puso un despacho en el edificio de Aguas de Cádiz y allí se quedó. Hasta que un día [más de una década después] me acordé de él y pensé: '¿Dónde estará este hombre? ¿Seguirá allí? ¿Se habrá jubilado?, ¿Habrá fallecido?'. Como me constaba que seguía cobrando la nómina, me puse a hacer gestiones. Llamé a Aguas de Cádiz y me dijeron que allí no sabían nada, que pensaban que había vuelto al Ayuntamiento... Lo llamé a él y me dijo que estaba de días de asuntos propios y le pedí que viniera a verme. '¿Usted qué hace? ¿Qué hizo ayer? ¿Y el mes anterior?'. No supo responder».

El expediente que se le abrió incluía el informe del entonces gerente de Aguas de Cádiz, Aurelio Vélez (ya fallecido), quien tenía su despacho enfrente del de Joaquín y aseguraba que llevaba años sin verle.

La versión que recoge EL MUNDO en el entorno de Joaquín García -quien ha escrito al actual alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, contándole el caso, con la esperanza de que el actual Consistorio no le cobre la sanción- es otra. Aseguran que fue víctima de un caso de mobbing por parte del equipo del PP, que, al acceder al Ayuntamiento en 1995, decidió «quitárselo de encima». Un año después, según estas fuentes, le habrían encargado no la supervisión de La Martona, sino de la depuradora de Cádiz-San Fernando, que entonces estaba en fase de construcción y tardaría años en terminarse, con lo que «no había nada que hacer».

El tiempo en el que el funcionario estuvo sin trabajo definido, según esta versión, no sería de seis años, sino de 14, entre 1996 y 2010, cuando el Ayuntamiento emprendió acciones. Casi tres lustros en los que el Consistorio abonó más de medio millón de euros por sus nóminas.

Joaquín García, asegura su entorno, ocupó su despacho -«no de 8.00 a 15.00, pero todos los días iba»- y se dedicó a la lectura sobre todo, hasta hacerse experto en el filósofo Spinoza, por ejemplo. La situación laboral, aseguran, lejos de ser para él una bicoca, le llevó al psiquiatra. ¿Por qué no denunció? Tenía «una familia que mantener» y, a su edad, «temía no encontrar otro trabajo», dicen.

- ¿Cómo es posible que un trabajador del Ayuntamiento no estuviera bajo ningún tipo de control?, preguntamos a Jorge Blas Fernández.

- Pensábamos que el gerente de Aguas de Cádiz lo supervisaba, pero no era así. Y lo descubrimos cuando estábamos a punto de entregarle al funcionario una placa por los 20 años de servicio.