La Proposición de Ley defendida por el PP en el Parlamento de Galicia pretende la simplificación de la tramitación ambiental de proyectos eólicos y mineros y la reducción significativa de plazos de información pública, lo que impediría la correcta evaluación de los impactos causados por las iniciativas industriales y el debate social pertinente sobre su conveniencia o no para las comunidades.

El borrador del texto legal, verdadera oda al neoliberalismo más crudo, busca imponer de golpe numerosas modificaciones que afectan a la normativa sectorial «con el fin de conseguir el objetivo de la agilización administrativa» dentro de una «planificación territorial definida», lo que podría convertir todo el territorio gallego en una suerte de parque industrial a costa de otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el ámbito rural.

ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS A TODA COSTA

En relación con el sistema de regulación actual, esta nueva ley pretende simplificar al máximo los procedimientos, contemplándose la tramitación conjunta de diversas fases como la autorización administrativa previa, la autorización de construcción y del proyecto sectorial mientras se acortan los períodos de información pública, lo que recorta de manera importante las posibilidades de las poblaciones afectadas de evaluar la repercusión de los diversos proyectos industriales que se propongan.

APUESTA POR EL SINSENTIDO DE LA PLANIFICACIÓN EÓLICA

Por otra parte, en el texto de la norma figuran afirmaciones contrapuestas y sin sentido, pues al mismo tiempo que se apuesta por el desarrollo del sector eólico «de una manera continuada en el tiempo» se habla de garantizar la «sostenibilidad ambiental» y «proteger» al medio natural con un «escrupuloso respeto a la Red Natura 2000», cuando la realidad es que desde la actual Administración autonómica se están autorizando a las grandes eléctricas repotenciaciones de parques eólicos situados dentro de zonas protegidas a nivel europeo sin mayores problemas.

BARRA LIBRE AL SECTOR MINERO

En el ámbito extractivo, la nueva Proposición de Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia apuesta igualmente por un «procedimiento integrado» que incorpora en un «todo en uno» las distintas autorizaciones sectoriales y que incluye en la solicitud de los derechos mineros la documentación requerida por dichas autorizaciones, acelerando una vez más plazos y procedimientos.

El texto reconoce además que «los derechos mineros que llevan implícita la declaración de utilidad pública, en virtud de la legislación básica, podrán incorporar a su tramitación la la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para el inicio del proyecto», lo que sitúa en una situación de práctica indefensión a los propietarios afectados, pues de salir adelante esta norma la fase de información pública pasaría en la práctica a tener un carácter meramente testimonial sin apenas efecto sobre la decisión administrativa.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

En el actual contexto de reducción de las normativas de protección de la naturaleza y el territorio, en el que muchos informes ambientales salen adelante sin el rigor debido, y donde no se valoran otros parámetros que no sean los de primar las cuentas de resultados de las grandes corporaciones, de salir adelante esta ley tendrá consecuencias imprevisibles para el futuro y supondrá una nueva vuelta de tuerca a la actual situación de desastre técnico y pésima gestión que de manera crónica sufre el medio ambiente en Galicia.

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