“Ahora resulta que ser mileurista es un privilegio”, suspira Antonio, un nombre ficticio. Este vigilante de seguridad no se hace a la idea de que desde febrero los casi 1.100 euros netos que cobraba por vigilar un centro de atención al refugiado (CAR) bajan a algo más de 700 euros. “De repente tenemos que vivir con un 40% menos de sueldo, y resulta que quien nos contrata es el Ministerio de Empleo”, lamenta echándose las manos a la cabeza. Dos compañeros le escuchan en una cafetería de Madrid y cuentan los problemas que van a tener a partir de ahora para llegar a final de mes.

El Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de Inmigración, ha adjudicado la vigilancia de los cuatro CAR que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, conocida y temida en el sector por reventar los precios con su convenio colectivo. En él se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El contrato, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

La compañía que ha ganado el concurso debe subrogarse a los contratos laborales de los vigilantes que, hasta enero, trabajaban para el Grupo Control. Sinergias ya les ha anunciado por escrito que les aplicará sus condiciones laborales y no las del sector o de la adjudicataria anterior. La diferencia es grande: el sueldo base es de 660 euros, solo supera el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.

Este rebaja inmediata de condiciones laborales genera dudas jurídicas a tres profesores de Derecho Laboral consultados. Los tres creen que deben mantenerse las condiciones preexistentes hasta que haya un nuevo convenio.

El mismo shock se vivió hace meses en las instalaciones del BOE, donde la seguridad también se adjudicó a Sinergias, que ha rehusado hablar para este reportaje. “El día que me llegó la primera nómina lloraba como un niño”, explica un vigilante de esta agencia pública dependiente del Ministerio de la Presidencia. Ahora apenas llega a los 1.000 euros al mes, con todos los pluses. Antes superaba los 1.400 euros.

Prioridad a los convenios de empresa

Esta compañía funciona como muchas empresas multiservicios, que tras la reforma laboral de 2012 han multiplicado su actividad en limpieza, hoteles o grandes almacenes. La reforma dio prioridad en la aplicación a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior. Esto permite a Sinergias romper precios en los concursos e imponerse a quienes se rigen por el convenio sectorial. El de Sinergias, firmado en 2015 y vigente durante 10 años, congela los sueldos el primer lustro.

La oferta que hizo Sinergias fue la más baja en un concurso en el que 80 de un total de 100 puntos en la baremación dependían del aspecto económico. Hay más casos. Otros organismos de Empleo, como el Fogasa o sedes de la Tesorería de la Seguridad Social, han contratado por valor de 4,3 millones (sin IVA) con empresas que pagan a sus vigilantes muy poco por encima del salario mínimo interprofesional por los cambios que introdujo la reforma en la jerarquía con la que se aplican los convenios colectivos.

En el departamento de Báñez aseguran conocer las quejas de los vigilantes, pero defienden que el resultado del concurso lo determina la ley de contratación pública y que “no hay discrecionalidad alguna”. Aunque están “muy encima de la situación, pendientes de que no se vulnere la ley”, afirman que hasta el momento solo hay “conflictos colectivos” que deben resolverse en tribunales. Y deslizan que esta situación se da en más ministerios.

Efectivamente. Las ofertas de compañías como Sinergias o Marsegur —otra empresa de seguridad con un convenio con un salario base muy por debajo del sector (726,46 euros)— suelen ser imbatibles. Solo en la Administración General del Estado, los distintos ministerios han contratado por valor de 20 millones en, al menos, 14 adjudicaciones a Marsegur.

Empresas vinculadas al rey de la seguridad

En el sector vinculan a estas firmas con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Pese a no figurar como administrador o accionista, en UGT, Sergio Picallo, su responsable sectorial, no tiene dudas sobre quien está detrás. Tampoco en CC OO en Canarias se lo cuestionan. Esta organización no repara al establecer el nexo en sus comunicados.

Los vigilantes de los CAR tampoco dudan de la relación entre estas empresas, especialmente después de que les citaran para un reconocimiento médico de Sinergias con una carta en la que firmaba un alto cargo de Marsegur.

Ambas firmas están a su vez relacionadas con Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que es accionista Ramírez, a través de una pequeña patronal —llamada Acosepri— creada en 2014 e integrada únicamente por cuatro empresas, las tres mencionadas y Power Sic. Este diario trató, sin éxito, de hablar con Ramírez.

El abogado de Acosepri, Lino Chaparro, aseguró que ni Sinergias ni Marsegur son de Ramírez, y que si están reunidas en esta patronal y tienen sede en Las Palmas como SIC es solo porque comparten "intereses comunes". "Hay una intención malévola", añadió, de "patronales contrarias en intereses a nosotros" para hacer creer que Ramírez controla todas las compañías. "Es una lucha de intereses empresariales" porque SIC, concluyó, les ha quitado mucha cuota de negocio.

Un empresario polémico El juzgado de Las Palmas que investiga a Miguel Ángel Ramírez, apodado El rey de la seguridad, por fraude fiscal y a la Seguridad Social recibió hace unos meses informes de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo según los cuales el polémico empresario evadió con Seguridad Integral Canaria nueve millones a Hacienda y 11 en cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta 2015, concurría a concursos públicos con esta compañía, con la que ganó adjudicaciones en el Ministerio de Empleo. Es decir, vigilando sedes de las instituciones a las que presuntamente defrauda. Ramírez fue indultado en octubre de 2013 tras haber sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por construir en zona protegida. El exministro de Industra José Manuel Soria lo definió así cuando acudió a la inauguración de su concesionario: “El concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. El Tribunal Supremo anuló después el indulto. Uno de los mayores contratos de vigilancia en edificios públicos, el del Ministerio de Defensa (16 millones) que antes ganaba Seguridad Integral Canaria (SIC), ahora lo ha logrado Marsegur. Ramírez es accionista de SIC, de la que fue administrador hasta 2010.

Los tribunales han anulado los convenios de Marsegur y SIC, como los de una cincuentena de multiservicios. La Audiencia Nacional declaró nulo el primero en mayo de 2016.

Los sindicatos estudian actualmente el de Sinergias para recurrirlo. Cuando se firmó, la sociedad empleaba a 65 trabajadores (60 en Canarias y cinco en Madrid). Lo suscribieron cinco trabajadores, uno madrileño, no integrados en sindicatos.

Pactar convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata es habitual en las multiservicios. La firma del trabajador madrileño de Sinergias permite que el convenio tenga ámbito estatal y facilita que ese pacto ya no solo afecte a 60 trabajadores canarios. Ahora, al menos, lo hace a los vigilantes de los CAR, Fogasa o el BOE.