El fuero constitucional se ha convertido en una herramienta para los gobernadores, ya que los ampara cuando cometen actos de corrupción. En 2013, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para acotar el fuero a los servidores públicos, sin embargo, la minuta lleva dos años siete meses congelada en el Senado.



Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– En México los gobernadores han hecho un uso abusivo e ilegal del fuero constitucional y lo han utilizado como una herramienta de impunidad para cometer actos de corrupción amparados por los congresos locales, donde la mayoría de los legisladores pertenece al partido en el poder. Por ello, la necesidad de que esta figura sea eliminada o en su defecto acotada, coinciden académicos y especialistas en política.

Las elecciones de este año trajeron consigo la transición en nueve gubernaturas: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Querétaro. Sin embargo, ninguna administración de esas entidades se fue limpia. Nueve de nueve ex gobernadores están señalados por corrupción.

Escándalos por tráfico de influencias, uso de bienes del estado para uso personal, desvío de recursos, presuntos vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito, son algunas de las acusaciones en contra de las administraciones gubernamentales. Pero a la fecha ningún mandatario estatal en funciones ha sido encarcelado. El motivo: el fuero constitucional.

“El fuero fue concebido como una medida para proteger a las personas que ocupaban un cargo y que diferían de las ideas del Presidente, garantizaba su derecho a expresarse libremente en contra del gobierno en el poder, sin embargo, en México se ha confundido ese papel protector del fuero con la idea de la impunidad, se ha hecho un uso abusivo e ilegal del fuero porque los funcionarios públicos piensan que pueden violar las leyes por el hecho de poseer un fuero, eso es contrario al propósito para lo cual fue creada esta figura constitucional”, explicó a SinEmbargo Ricardo Espinoza Toledo, profesor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Iztapalapa.

La alternancia en el poder da la posibilidad de que la gestión saliente sea denunciada por el Gobernador entrante, sin embargo, históricamente no ha sido así, a pesar de que desde 1989 ha habido alternancia política en 23 estados de la República.

“Hasta ahorita no hemos visto grandes ejemplos que se lleve a los tribunales a ex gobernadores corruptos. El problema es que el Gobernador en turno siente miedo de que si actúa en contra de su predecesor pueda ocurrirle lo mimo a él una vez que termine su gestión, de una u otra forma ha habido una especie de pacto de impunidad, es decir: ‘Yo no procedo en contra de tus corruptos, pero tú tampoco procedas en contra mía cuando yo me vaya de aquí’”, expresó a este medio digital el profesor Pablo Javier Becerra Chávez, del departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa.

Los gobernadores entrantes prometieron desde sus campañas que se aplicaría el peso de la ley en contra de los gobernadores salientes, sobre todo aquellos donde las acusaciones han sido graves como Rodrigo Medina de la Cruz (del Partido Revolucionario Institucional), en Nuevo León, y Guillermo Padrés Elías (del Partido Acción Nacional), en Sonora.

“Los gobernadores de otros partidos tratan de no desarrollar medidas muy radicales contra sus predecesores para cubrirse ellos mismos las espaldas, hay impunidad en cadena, estamos en un punto de estancamiento en este terreno”, detalló el también especialista en Ciencia Política, Javier Becerra.

LA INICIATIVA OLVIDADA

El 5 de marzo de 2013, los diputados federales aprobaron una serie de modificaciones a la Constitución Política Mexicana relacionadas con el fuero constitucional y la inmunidad de los servidores públicos, sin embargo, la minuta lleva “congelada” dos años siete meses en el Senado. El motivo: los senadores rechazaron la iniciativa porque se mantenía el fuero al Presidente.

Con la reforma al artículo 61 constitucional, se cambió el término “fuero constitucional” por el de “inmunidad constitucional”, entendida ésta como un instrumento jurídico que la Constitución otorga a los legisladores en función de su ejercicio, con el único afán de consolidar el trabajo legislativo.

Las modificaciones al artículo 111 constitucional permitirían que los servidores públicos puedan ser sujetos de proceso penal, sin ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

Dichos servidores son: diputados y senadores; ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho; diputados de la Asamblea del Distrito Federal; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

Si se dicta sentencia en su contra, y ésta es incompatible con el ejercicio de su cargo, se les separará de sus funciones y quedarán a disposición de las autoridades.

En el caso de los gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, se estableció que las constituciones de las entidades federativas preverán lo conducente, cuando alguno de ellos sea sometido a un proceso penal por la comisión de delitos del orden común.

Sin embargo, gracias al apoyo de sus aliados políticos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), el PRI logró eliminar el supuesto de que el Presidente de la República fuera susceptible de rendir cuentas por la comisión de actos ilícitos durante el ejercicio de su mandato.

Se excluyó del dictamen el quinto párrafo del artículo 111 que establecía: “Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 de la Constitución Política, y en este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

En una entrevista para SinEmbargo, el Senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, expuso la necesidad de acotar el fuero a los gobernadores. “Hay que acotar el fuero legislativo o el fuero de los gobernantes, estrictamente al ejercicio de la libertad de expresión de las ideas propias, porque el fuero no puede ser una patente para cometer ilícitos, y de algún tipo de actos de corrupción”, dijo.

Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, también ha opinado acerca del fuero constitucional en México.

En septiembre pasado, durante el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, el experto destacó que otro problema para la solución del combate al crimen organizado es el fuero constitucional del que gozan legisladores, gobernadores y otros funcionarios para no ser procesados y que, dijo, funciona como el sistema de protección política vigente durante la Colonia.

“Una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”, planteó.

JUICIO POLÍTICO INEXISTENTE

En México existe un proceso de orden constitucional conocido como juicio político, el cual permite llevar a los tribunales a los gobernantes que han incurrido en actos que afectan el interés público.

Por ejemplo, la Constitución dice que puede ser por cualquier infracción a las leyes federales o locales, también establece que los gobernadores pueden ser sancionados penalmente cuando hay enriquecimiento ilícito, sea que estén involucrados directamente o que hayan actuado por una tercera persona que trabaja para ellos, la procedencia ilícita no significa que provenga de la delincuencia organizada, puede ser por desvío de recursos públicos.

En el caso de los ex gobernadores, los congresos locales son los encargados de quitarle el fuero a los mandatarios estatales y llevarlos a juicio, pero en el país esta medida es inexistente.

“La mayoría de los congresos locales están conformados en su mayoría por legisladores del partido del Gobernador, situación que impide que se aplique el juicio político en contra de los mandatarios estatales”, señaló el profesor de la UAM, Ricardo Espinoza Toledo.

Los especialistas coinciden que el poder de los gobernadores ha traspasado los colores partidistas y que los congresos estatales son liderados por éstos, sin importar a qué instituto político pertenece la mayoría de sus integrantes.

“Los gobernadores persuaden a los legisladores que no son de sus mismos partidos a que se conviertan en sus cómplices. Si uno revisa la relación entre los gobernadores y los congresos donde hubo alternancia, los líderes de los congresos son los gobernadores, es decir, la alternancia no ha corregido un vicio anterior adjudicado sólo al PRI, sino que los gobernadores han descubierto que esas malas prácticas son eficaces y las reproducen. Entonces, no hay quien los persiga, son socios del mismo asunto”, refirió el académico.

Para los expertos una medida que ayudaría a terminar con el mal uso del fuero es especificar los casos de los funcionarios que sí y no se deben proteger con esta medida.

“Se debe modificar la Constitución especificando ciertas medidas para el tema del fuero, para que no se interprete de forma laxa para violar las normas”, opinó el profesor Vidal Romero León, Jefe del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Indicó que no es sólo cuestión de reformas legales porque en las legislaturas estatales hay una réplica de la Constitución, “el reto es más de carácter social, se requiere de contrapesos políticos reales en las entidades de la Federación, de lo contrario, los gobernadores seguirán comportándose y actuando sin mayor vigilancia”.

–Con información de David Martínez Huerta