Varios diputados de Unidos Podemos (UP) denuncian el descontrol de la banca y de la contratación pública. En una batería de preguntas al departamento que preside Luis de Guindos alertan sobre la vuelta a las andadas de los banqueros con la colocación de productos tóxicos sin que la autoridad monetaria y el Ejecutivo estén sancionando esas prácticas. Sobre el descontrol y la falta de rigor en la contratación pública consideran radicalmente inútil el nuevo artefacto burocrático montado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con el nombre de Oficina Nacional de Evaluación.

“¿Qué opina el Gobierno sobre las advertencias realizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los riesgos de los nuevos productos comercializados por las entidades bancarias, muchos de los cuales serían de dudosa legalidad? ¿Ha llevado a cabo algún tipo de actuación al respecto?” Estas preguntas del diputado catalán de UP Josep Vendrell se apoyan en el hecho de que la CNMV lleve varios meses advirtiendo al Ejecutivo y al Banco de España de los riesgos de los nuevos productos bancarios: bonos convertibles, determinados fondos de inversión, productos estructurados y diferentes tipos de deuda.

Tras aportar algunos datos sobre la mengua del negocio bancario, Vendrell explica que “en estos momentos existe un temor absolutamente fundado de que los bancos quieran compensar su bajo rendimiento con la vuelta a la colocación de productos tóxicos y a las prácticas ilegales como las abusivas participaciones preferentes, subordinadas, cláusulas suelo y otras que han causado graves perjuicios a varios millones de personas”. Y denuncia que “las malas prácticas no parecen tener castigo en España”, pues mientras en los restantes países de la UE y en Estados Unidos los diez principales bancos han sufrido multas por valor de 150.000 millones de dólares, en nuestro país las sanciones en ningún caso han superado los 25 millones de euros al año.

El diputado de UP y dirigente de Iniciativa per Catalunya i Verds (ICV) llama también la atención sobre el incremento incesante de las retribuciones de los jefes y directivos bancarios a pesar de los ajustes de plantillas y la “baja rentabilidad” de su negocio. Tras apelar al último informe de CC,OO que señala que los ejecutivos bancarios cobraron 132 veces más que los empleados más bajos de las entidades en 2015 (en 2012 la diferencia estaba en 76 veces más), Vendrell emplaza al Gobierno a responder si cree que esas actuaciones contribuyen al “buen gobierno corporativo” de las entidades bancarias. Y en última instancia reclama una respuesta sobre si está dispuesto a ejercer “un control más exhaustivo” sobre las actividades del sector bancario.

Por su parte los diputados de UP Sergio Pascual, David Carracedo y Auxiliadora Honorato desenmascaran con una batería de preguntas el papel de la nueva Oficina Nacional de Evaluación que supuestamente debería analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos. Creada hace un año mediante la Ley de Contratos del Estado, la mencionada oficina no ha comenzado a funcionar todavía. Pero, además, los informes que emita o pueda emitir “no tienen carácter vinculante para las administraciones públicas” y sólo podrán referirse a unos pocos supuestos tasados, referidos a la Administración General del Estado y a las Administraciones locales. Las autonomías quedan fuera, salvo que voluntariamente soliciten su adhesión. ¿Qué clase de control de la contratación pública es ese en el que un informe negativo carece de valor y sólo obliga a la administración contratante a emitir un contrainfome?, inquieren los diputados.

Con independencia de que el nuevo ente oficial, dependiente de Hacienda, llegue tarde si consideramos la colección de obras multimillonarias absurdas e infraestructuras inútiles que pueblan la geografía del Reino de España, así como los grandes programas de armamento, el hecho de que en la mencionada Oficina Nacional participen diez representantes de la patronal y las grandes empresas (Art.3-1h de la orden ministerial), lo que supone la entrada directa de los lobbies de constructores, industriales del armamento y otros sectores en los órganos de decisión pública, lleva a los diputados de UP a preguntar al Ejecutivo “¿por qué entiende que un resultado positivo de un análisis financiero para las empresas puede serlo también para las administraciones públicas? ¿Por qué se enfoca exclusivamente desde el punto de vista financiero si el objetivo que se persigue es la sostenibilidad de las inversiones públicas y no tiene en cuenta otros factores como el interés social y medioambiental?"

En última instancia los diputados de Podemos quieren saber por qué el Gobierno desprecia o no considera necesaria "la opinión de la ciudadanía" a la hora de determinar las necesidades de una obra o de la prestación de un servicio. Y entre otras cuestiones exigen respuesta a la pregunta clave: “¿Por qué no se ha hecho partícipe a la sociedad civil del proceso de información, más allá del trámite de audiencia, mediante la solicitud de informes?”