De esta forma, buscan elaborar un material que permita alertar sobre los riesgos a quienes piensan tomar esa vía para poder llegar al país.

Este trabajo implica ahora una serie de entrevistas con personas instaladas en varios puntos del país, para realizar un mapeo de tránsito irregular con el fin de advertir a migrantes.

Luego de terminar el relevamiento, se hará un folleto que se pretende difundir con el boca a boca y en las redes sociales, para alertar quienes desde Cuba buscan información para llegar a tierras uruguayas.

Yoendris Lastre Bello, presidente de la Asociación de Cubanos, explicó que buscan sensibilizar a las personas para “que no vean esta manera como la posibilidad de ingresar al país” y agregó que lo más seguro es que pidan la visa.

La trata de personas es el delito de crimen organizado que más dinero mueve en el mundo junto con el narcotráfico. Uruguay es considerado un país de origen, tránsito y destino principalmente de mujeres, a nivel mundial.

La ola migratoria de personas de los últimos años, hizo que criminales lucren con la necesidad de estas personas que dejan su país en busca de una vida mejor.

Muchas personas que salen de sus países rumbo a Uruguay, por ejemplo dominicanos, cubanos o venezolanos, pueden llegar a estar dos meses intentando llegar a destino e incluso algunos pierden el contacto con su familia y nada más se sabe de ellos.

En los últimos dos años la fiscalía uruguaya recibió unas 40 causas de trata de personas, varios fueron enviados a la cárcel, pero alrededor de 20 casos siguen hoy en curso, según informaron desde el organismo.

Mientras que las víctimas, son asistidas en conjunto con la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior e INAU, cuando hay niños involucrados.

Según los últimos datos oficiales, Uruguay atiende unos 70 casos por año pero consideran que son muchas más las víctimas que no se animan a denunciar.

Desde la Asociación de Víctimas de Trata, estiman que por cada caso que llega a las autoridades, hay otros 20 que no se denuncian, según indicó a Subrayado la presidenta de la Asociación.

A su vez, la organización considera que aún no están debidamente coordinadas las herramientas estatales para atender este tipo de casos, y falta formación al respecto en los operadores judiciales y policiales.

Según un informe publicado a mediados del 2019 por la embajada de Estados Unidos en Uruguay, el gobierno hoy no cumple con las normas mínimas para eliminar esta problemática, y si bien comenzó a tomar medidas importantes, se desatendieron varias áreas claves tales como la no identificación proactiva y sistemática de víctimas, ni servicios adecuados para atenderlas. Así como intentos insuficientes para enjuiciar a los presuntos responsables de estas redes.