Trabajaban y vivían en condiciones inhumanas. Y un fuego devastador se llevó sus vidas. Se trata de cuatro nenes y dos jóvenes que murieron en el incendio del taller clandestino de Caballito, en 2006. Ahora, el Tribunal Oral 5 fijó fecha para iniciar en 2016 -diez años después- el juicio contra dos acusados, un argentino y un boliviano, que estaban a cargo del lugar.



La tragedia se registró el 30 de marzo de 2006 en el taller clandestino de Luis Viale al 1200, donde funcionaba un taller textil habilitado para cinco operarios, pero vivían allí y trabajaban unas 60 personas, la mayoría de nacionalidad boliviana.



Las víctimas, Juana Vilca Quispe, de 25 años y embarazada, cuatro nenes de entre 3 y 10 años y un adolescente de 15, quedaron atrapados entre las llamas que se originaron por una sobrecarga producida en una instalación eléctrica defectuosa.



La investigación reveló que en el lugar funcionaba un taller textil con 37 máquinas de costura instaladas, ocupadas por "personas que trabajan en el lugar cumpliendo tareas desde las 8 hasta las 20, que también vivían en el lugar y percibían entre 0,70 y 1,20 pesos por cada pantalón que confeccionaban".



Los responsables del taller eran Juan Manuel Correa, argentino, y Luis Sillerico Condorí, boliviano, quienes "omitiendo el deber de cuidado", no evitaron el siniestro.



Correa y Condorí fueron acusados por la fiscal Bettina Vota y su colega de juicio Fabián Céliz por "incendio culposo seguido de muerte", un delito que contempla penas de hasta cinco años de cárcel.



Ambos imputados, según la acusación, "autorizaron a las familias a contar con los electrodomésticos que quisieran, lo que derivó en que esas conexiones precarias (muchas abastecidas por 'zapatillas') alimentaran a más de 11 televisores, varias heladeras, ventiladores, equipos de música o radios".



Asimismo, expresó que "las habitaciones estaban separadas por telas, machimbre, y había gran cantidad de colchones y ropa de los ocupantes del lugar", lo que facilitó la propagación del fuego.



Los imputados, expresó la acusación, "con el afán de obtener la mayor cantidad de mano de obra barata, ofrecieron, permitieron y consintieron que los trabajadores vivieran en el lugar sin importar las condiciones de higiene y de seguridad que resultan necesarias para estos casos".



"No cabe duda alguna que si los procesados hubiesen actuado como era exigible para estos casos, el suceso lamentable que es materia de estudio en estas actuaciones no se hubiese producido", manifestaron los fiscales en la acusación.



Los fiscales pidieron investigar, además, la eventual responsabilidad de los gobiernos porteño y nacional por la falta de controles, ya que en los registros figuraba que en el lugar funcionaba "un taller de costura habilitado el 8 de enero de 2001 donde trabajaban, conforme el expediente de habilitación, un total de cinco personas".



El tribunal fijó las audiencias del juicio para los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril, y 9, 10 y 13 de mayo del año próximo.







