El 5 de enero pasado, el nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, firmó una inusual resolución interna que autolimitaba sus facultades: suspendió la aplicación del artículo 32 de la Ley de Procedimiento que le permite otorgar discrecionalmente planes especiales de pago a contribuyentes que mantienen deudas millonarias con el Fisco. La decisión la tomó a sólo un mes de haber asumido al frente del organismo recaudador y después de comprobar que su antecesor Ricardo Echegaray había otorgado entre 2010 y 2015 un total de 1.530 planes de pago “a medida” por un total de $ 29.800 millones.



La nota interna que circuló Abad entre sus colaboradores dice lo siguiente: “Se instruye a esas direcciones generales (DGI, Aduana y Seguridad Social) y sus áreas dependientes ... que a partir del día de la fecha no deberán dar curso a las solicitudes o trámites iniciados por los contribuyentes para requerir de este administrador federal el ejercicio de la facultad que le concede el artículo 32 de la ley 11.683”. Ese artículo de la Ley de Procedimiento Fiscal es el mismo que Echegaray utilizó para conceder en 2010 un plan de facilidades de pago a la imprenta Ciccone, medida que le significó quedar imputado en la causa que tiene como procesado al ex vicepresidente Amado Boudou.



Abad se refirió al tema de los planes de pago discrecionales que crecieron a la sombra del artículo 32 la semana pasada, en la rueda de prensa en la que presentó los datos de la recaudación y anunció la reimplantación del régimen “Mis facilidades”, que contempla planes de pago “objetivos, permanentes y con reglas claras para todos por igual según el tipo de deuda”, explicó (ver detalles en página 9). En esa conferencia, Abad le dijo a la prensa: “¿Ustedes recuerdan qué era el artículo 32? Es el que le otorga discrecionalidad al Administrador Federal de Ingresos Públicos, por el cual ante determinados pedidos podía dar planes de pago hasta 150 cuotas y con tasas de interés muy bajas”. Y remarcó: “¿Se acuerdan de toda la discusión de Ciccone? Era un plan del artículo 32, porque le permitía sólo al Administrador Federal y con plena discrecionalidad otorgar o no otorgar ese tipo de planes. Ahora encontramos bajo el artículo 32 muchos planes y por mucha plata”.



En la AFIP rige el secreto fiscal, de manera que es imposible saber quiénes fueron los 1.530 casos que se beneficiaron con los planes “a medida”. Excepto, claro, la imprenta Ciccone, ya que el caso cobró estado público desde que está en manos de la Justicia.



Según pudo averiguar este diario, entre 2010 y 2015 hubo planes de este tipo para empresas de la construcción, laboratorios, transporte de pasajeros, medios de comunicación y hasta clubes de fútbol.



La cantidad de cuotas y los intereses para cada deuda a regularizar son determinados por el jefe del organismo, sin necesidad de ajustarse a ningún plan vigente de carácter general. Así es como, por ejemplo, se pueden encontrar casos variados: 18 planes de 2 cuotas; 36 planes de 148 cuotas; 393 planes de 120 cuotas. Lo mismo se puede advertir con los intereses: en un plan se fijó una tasa de 2,25% mensual, pero en otros 16 casos fueron de sólo 0,5% y en otros 1.122 planes la tasa fue del 1,35%.



Otro detalle curioso es que una misma empresa recibió 5 planes distintos y todos caducaron porque en algún momento dejó de pagar las cuotas. También se menciona el caso de una empresa concursada que recibió un plan de 148 cuotas con un interés del 0,5%. En ese momento, para las empresas en esa situación había planes en vigencia entre 96 y 120 cuotas, con intereses del 3%.



Abad detectó estos datos en un relevamiento que hizo a poco de asumir. Las fuentes aclaran que “si bien no es ilegal el uso de estas facultades, es llamativo que hasta cuatro días antes del cambio de gobierno se firmaron planes de pago mediante este mecanismo. La excepción pasó a ser la regla”.

