Una víctima de violencia de género con dos hijos de 4 y 9 años, lleva más de un año solicitando al ayuntamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), localidad en la que reside y en la que los menores están escolarizados, una vivienda social. El trámite lo inició en abril de 2018 cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por Ciudadanos con apoyo de Vecinos por el Pardillo y por el PSOE. En junio pasado el ayuntamiento pasó a estar regido por el Partido Local de Villanueva del Pardillo, con el apoyo de Vox, con mayoría absoluta.

María (nombre ficticio para preservar su identidad) sólo percibe 426 euros en concepto de la Renta Activa de Inserción, que pueden solicitar la víctimas de violencia de género, y desde hace cerca de dos años su expareja no paga la renta de la casa en la que habitan, por lo que ha sido desahuciada. La última fecha de ejecución del lanzamiento debía cumplirse este 13 de noviembre, pero se suspendió porque no se llegó a dictar sentencia del juicio que tuvo el pasado 15 de octubre. Sin embargo, tal como afirma María, de 43 años, en cuanto se dicte sentencia se pondrá nueva fecha.

Tal como reconoce el actual alcalde del Partido Local de Villanueva del Pardillo, Eduardo Ferández, en conversación telefónica con Público, el consistorio dispone desde hace meses de seis viviendas sociales vacías, dos de las cuales están en condiciones de ser habitadas. Las otras cuatro no, porque tal como afirma el edil y apoya con un informe técnico realizado por el aparejador del ayuntamiento en julio pasado, les falta acabar de acondicionar la cocina con muebles o encimeras.

Fernández afirma que desde el 17 de junio en que asumió el puesto de alcalde (que compagina con la concejalía de vivienda y urbanismo), una de sus prioridades ha sido el de desbloquear estas viviendas y que para poder adjudicarlas es preciso realizar los pliegos de licitación, "tarea en la que se encuentra el equipo jurídico del ayuntamiento y que espera que concluya cuanto antes".

Desde al Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Navalcarnero, que presta apoyo a María desde hace algo más de un año, desmienten esta afirmación. Su portavoz, José Castro, explica que para la adjudicación de viviendas municipales de carácter social no se necesitan pliegos de licitación, sino sólo las bases de adjudicación y que éstas están redactadas desde hace 25 años cuando estas viviendas (de las que el ayuntamiento tiene 32) se concedieron.

"No son viviendas nuevas, ya están adjudicadas hace un montón de años con bases de licitación y adjudicación, por lo que ni siquiera es necesario reescribir dichas bases. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es redactar algún punto más en las condiciones necesarias para adjudicar las viviendas, lo que puede realizarse mediante una adenda con las nuevas condiciones. Esto no requiere un acuerdo del pleno, sino que puede ser aprobado por la junta de gobierno y es algo que puede realizar un técnico municipal con algunos conocimientos en una mañana".

"Lo que vemos es una absoluta falta de voluntad por parte del alcalde por solucionar este problema. Desde julio existe un informe técnico que refleja que las anomalías que sufren algunas de las viviendas no son de especial gravedad y que requieren un presupuesto y tiempo mínimo para ponerlas en condiciones", afirma Castro. Este activista, que fue durante 10 años concejal portavoz del ayuntamiento en donde reside, explica que si no existe partida presupuestaria "el ayuntamiento podría hacer una modificación presupuestaria anulando partidas superfluas y asignándola al la rehabilitación. Lo que hace falta es voluntad política, que no existe".

Víctima de violencia de género



"Me separé, el 27 de diciembre de 2017, porque mi exmarido me agredió delante de mis hijos. Era la segunda vez que que lo hacía. Pero mis hijos y yo hemos vivido la violencia económica y la ambiental durante muchos años", cuenta María a Público. Ese día, la hija mayor del matrimonio que tenía siete años de edad, intentó evitar la agresión y pidió a la madre que llamara a la policía. "Vino la guardia civil y se lo llevó a él detenido una noche. A partir de ese día, su expareja se fue a vivir con su madre. "Entonces no lo denuncié".

"Pero esa noche en que llamé a la policía y él durmió en el calabozo, su madre se lo llevó a vivir a su casa y ahí empezó mi verdadera tortura", continúa María. Recibía 80 o 90 mensajes al día y continué recibiéndolos por SMS cuando lo bloquee en distintas redes sociales. Me amenazaba y me insultaba pero yo aguantaba porque esperaba que se le pasase. Pero tras las amenazas a mí empezaron las que volcaba sobre mi familia. Que iba a dejar a mi padre en silla de ruedas, que mejor a mi me dejaba tranquila y me iba a dejar sola, que el resto desapareciera. He vivido con pánico. Entonces decidí denunciarlo".

Según María, su expareja tenía una buena posición económica y viajaba mucho, "pero era un celoso patológico. Si yo salía cinco minutos más tarde del trabajo me montaba un lío. Si se me acercaba un amigo suyo en la barra del bar, ya tenía un problema".

Finalmente, en mayo de 2018, el juzgado de los penal 33 e Madrid lo condenó a 90 días de trabajos a la comunidad y a una orden de alejamiento de 500 metros de María de dos años y medio, con prohibición a comunicarse con ella por cualquier medio. Desde el momento de la condena, su expareja dejó de pagar la asignación de 250 euros por hijo que decretó en juzgado, ni los 150 que se decidió como pensión compensatoria tras el divorcio. Nada. Ya antes, desde que en 2017 se separaran, había dejado de pagar el alquiler de la casa cuyo contrato estaba a su nombre. "Si no te puedo amargar la vida de otra manera, te dejo en la calle", relata María que le dijo su expareja

Tal como explica esta mujer, a pesar de ser licenciada en comunicación audiovisual, poco después del matrimonio dejó el trabajo y se dedicó a la casa y la crianza de los hijos. Por ello no tiene ingresos y sí grandes dificultades para encontrar trabajo y porque es la única cuidadora de sus dos hijos menores.

Un informe de los servicios sociales de la mancomunidad de La Encina de la Comunidad de Madrid, afirma que María tiene un "alto grado de preocupación por su situación económica tras recibir la primera notificación de lanzamiento de su vivienda", que se fijó para el 31 de julio de este año. El informe valora la su situación de "especial vulnerabilidad" por la posibilidad de perder la vivienda en corto plazo, su difícil acceso a una vivienda para ella y sus dos hijos, la falta de solvencia económica, la inestabilidad laboral y la falta de apoyo parental.

Ella sólo dispone del apoyo de sus padre que viven a 30 kilómetos de distancia y que subsisten con una modesta pensión, "que además paga la comida y la ropa de mis hijos".

Posible ensañamiento con la víctima



Desde la PAH afirman que no hay motivos para un retraso tan grande en la adjudicación de las viviendas, cuando se trata de temas tan graves y urgentes que involucran a menores y a un sector tan vulnerable como una víctima de violencia de género. Desde abril de 2018 María se ha acercado en diversas ocasiones al ayuntamiento para interesarse por las viviendas sociales que deben salir a adjudicación, pero no ha conseguido acelerar los trámites.

Según su propio relato y el del representante de la PAH, el ayuntamiento no se ha tomado su caso con la debida seriedad y urgencia. De hecho María relata varias ocasiones en las que tanto el alcalde como algunas de las personas de su equipo le han dicho que era una privilegiada porque al ser española tenía apoyo familiar. En una ocasión la concejala de familia del ayuntamiento, perteneciente a Vox le espetó "tú no estás sola, tienes a tu familia".

María afirma que en septiembre volvió a reunirme con el alcalde "y me dijo que el pueblo tenía muchas prioridades y que no era la única con necesidades. Puede que no sea la única, pero hay cinco viviendas vacías y hay que sacar las bases. Si hay gente más necesitada, que se las den. Pero lo que no puede ser es que estén vacías habiendo gente necesitada".

En conversaciones con Público, el Alcalde resaltó dos aspectos llamativos sobre la situación de María. Por un lado, el hecho de que ella hubiera ido en las listas del partido Vecinos por el Pradillo, que tuvo funciones de gobierno en la anterior legislatura, pero que en esta no con consiguió ninguna representación. Para Castro "el alcalde hace unas declaraciones que prejuzgan la actividad pública o política de la afectada y que son de un cinismo acordé a alguien que más piensa en la venganza que en el bienestar de sus vecinos sea cual sea su condición o ideología".

Por otro, el alcalde explica que "hay otras personas en el municipios que también tienen una situación complicada y límite" como la suya, pero no aclara a petición de este medio cuántas, ni siquiera si ya están identificadas. Por último, consultado sobre que otro tipo de ayudas se han organizado desde el consistorio para ayudar a María y a sus hijos, el alcalde responde: "Nosotros le hemos dado el asesoramiento que ella ha requerido. Es más, la concejal de trabajo y empleo, Olga Sancho, que es segunda teniente de alcalde, se ha implicado totalmente y le gestionó una entrevista de trabajo. La aceptaron y ella renunció. Hemos llegado hasta ese extremo". "La empresa nos notificó que estaba aceptada, pero que ella renunció", afirma Fernández, aunque no sabe explicar los motivos de dicha renuncia.

Este periódico ha tenido acceso tanto a la oferta de trabajo que se le ofreció a María, como a la carta explicativa que ésta envió a Olga Sáncho, detallando los motivos por los que no puede aceptar el "empleo" que se le ofreció. Según relata María, la oferta consistía en un trabajo "piramidal de forma encubierta". Exigía a los aspirantes viajar a Granada pagando viaje y hotel si especificar "en ningún momento cuándo se iba a firmar un contrato", no se especificaba ninguna sede social de la compañía y cada trabajador debía costearse transporte, teléfono".

"Se trata de un claro problema burocrático de falta de voluntad", afirma Castro. Porque incluso si ellos tuvieran problemas, a través de los servicios sociales o de la alcaldía se podrían dirigir a la agencia social de la vivienda para presionar que a esta mujer se le concediera una solución. Porque hay urgencia vital. El desahucio puede tardar un poco más o un poco menos, pero se va a ejecutar. La vivienda es de un particular y también tiene derecho a recuperar su vivienda, pero María tiene que poder acceder a un alquiler que pueda asumir con sus actuales ingresos", afirma Castro.

