El jueves pasado, el secretario de la Defensa hizo en una conferencia de prensa un balance de estos diez años de guerra contra el narcotráfico.

Una vez más, como lo ha hecho él mismo en otras ocasiones y lo hizo su predecesor a finales del sexenio pasado, reclamó la situación en que se ha puesto al Ejército.

“Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto… Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes; nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, porque no hay quienes las deben hacer o no tienen la capacidad”.

Cienfuegos hizo un diagnóstico que me parece preciso: “El balance es que a 10 años de que se determinó que todas las policías se reconstruyeran todavía no las vemos reconstruidas… No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes”.

Frente al fracaso del Estado por tener policías que hagan su trabajo, insistió en dotar al Ejército de un marco jurídico que regule su intervención en eso que, según él mismo, no le corresponde. Ayer el PRI anunció que pedirá un periodo extraordinario para aprobar esa ley.

Es decir, el gobierno y los partidos parecen haber abdicado. Lo que se hizo hace diez años por una supuesta “emergencia”, se pretende ahora normalizar. El 5 de diciembre, el mismo Cienfuegos publicó un texto en El Universal que iniciaba diciendo: “Pretender regular a las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública desnaturaliza su función primordial”.

Como bien dice Ernesto López Portillo, la pregunta es muy sencilla: ¿deben o no los militares operar en la calle de manera regular en tareas de seguridad y de persecución de delitos?

Lo que está a punto de regularizar el Congreso es la medicina incorrecta para la enfermedad. No ha funcionado en diez años.

El Estado está a punto de abdicar en su obligación de brindar protección a los ciudadanos con instituciones civiles. Y se la entregará a quienes, en sus propias palabras, no se sienten a gusto, no están preparados para ello y no les corresponde.

Es la confesión de un enorme fracaso cuyas consecuencias son imprevisibles.

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