La semana pasada escribimos una columna de opinión a propósito de la situación interna del ministerio de Medio Ambiente, donde analizábamos los problemas políticos, administrativos y los posibles conflictos de intereses del nuevo subsecretario, Felipe Riesco Eyzaguirre. El argumento presentado (y la preocupación expresada) no tuvo sólo que ver con la estructura de una institución y su desarrollo organizacional, sino que también con la conducción de la ministra Marcela Cubillos y la falta de dirección para avanzar en una agenda clara en torno a iniciativas y desafíos que cumplan con un estándar coherente de protección y cómo seguir enfrentando los desafíos ante el cambio climático.

Para sorpresa de varios la ministra Cubillos golpeó la mesa y nos dio una respuesta sobre cuál es la dirección que ella tomaría. Contrario a lo que se esperaría de esta cartera, y consistente con la estrategia gubernamental de la sequía legislativa, solicitó el retiro del Proyecto de ley sobre la protección y preservación de los glaciares (patrocinado por la presidenta Michelle Bachelet). Esta decisión deja varias interrogantes, entre ellas ¿cómo quieren que el Estado finalmente se haga cargo de reconocer a los glaciares y tomar una serie de medidas que tengan como espíritu su protección y conservación tanto ahora como en el futuro?

Según lo planteado por la autoridad, el retiro se justificaría ya que no es necesaria una ley específica para los glaciares, sólo bastaría con una ley que crea un sistema de áreas protegidas. Este argumento parece desconocer las iniciativas anteriores sobre áreas protegidas, o peor aún, parece no saber cuáles son las urgencias de un resguardo jurídico en el medio ambiente y que las amenazas son distintas para cada parte de éste. Por ello, suena más bien a una simple justificación más que una medida coherente con las políticas que se han desarrollado para la seguridad medioambiental.

Por una parte, es lógico e importante contar con áreas protegidas, pero, por otra parte, no es criterioso incluir en un mismo paquete todas las necesidades de nuestro diverso ecosistema. Por esa necesaria diferenciación y con una voluntad de hacerse cargo de la problemática medioambiental es que el Gobierno pasado firmó decretos específico para proteger áreas marinas, donde se llegaron a resguardar prácticamente 14 de estas áreas (8 parques marinos y 6 áreas marinas costeras de variados usos); también está la creación de la red de parques nacionales de la Patagonia de una extensión de 4.5 millones de hectáreas distribuidas entre las regiones de los Lagos, Aysén y Magallanes y por último, también hubo iniciativas sobre la protección particularmente de los océanos.

En la columna pasada también se señaló la preocupación de los cambios que sufriría el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde no es extraño dudar de las intenciones de este cambio. Acaso ¿quieren ver el caso a caso de lo que podría sufrir un glaciar ante una posible intervención? Dejo el honor a la duda. En definitiva, se agradece que la ministra comience a mostrar los verdaderos intereses de este Gobierno en materia medioambiental. ¿La intención es que prime la economía y quedar en paz con las empresas? Lo coherente sería que si los proyectos de una minera, una termoeléctrica o cualquier proyecto de intervención al interior del ecosistema no cumplen con estándares de protección, resguardo o no son coherente con las necesidades de nuestro planeta; tales proyectos deben ser revisados y debe haber una exigencia que esté del lado de la naturaleza. Esto último no es un hipismo, es lógica. La propia naturaleza nos dota de recursos para nuestra economía y calidad de vida ¿Es desconocido que los glaciares son la reserva más grande de agua dulce del planeta?

Pero además de la “justificación” de la ministra, lo curioso (pero no sorprendente) de este retiro, y que debe mantenernos en alerta, fue el inmediato respaldo de la industria minera a esta decisión. Difundido el cambio de criterio, Joaquín Villarino presidente del Consejo Minero manifestó en una entrevista al portal de noticias Bloomberg que la ley tenía un objetivo de frenar o no permitir el desarrollo minero más que la propia protección de los glaciares.

Estos elementos recién señalados nos permiten reflexionar sobre algunos puntos:

Primero, la protección de glaciares no puede ser vista como una mera obstrucción a la industria minera (como se ha planteado en múltiples ocasiones por parte de las mineras). Proteger el medio ambiente, y todo lo que eso iplica, no es una decisión para frenar el “desarrollo económico”, es una cuestión de urgencia, conocida y reconocida internacionalmente. Basta un poco de análisis comparado para conocer los problemas del extractivismo, lo mismo ocurre con las necesidades que tiene nuestro planeta. ¿La ministra ha seguido los esfuerzos de las organizaciones ambientales? ¿ha leído los reportes sobre el estado del medio ambiente en el mundo? ¿habrá conversado con las y los congresistas chilenos que han trabajado en los últimos años para lograr una iniciativa de protección? Las respuestas a estas interrogantes ciertamente develan el poco interés por parte de la cartera ministerial de ser responsables a la hora de tomar decisiones

Segundo, el derretimiento de los glaciares se ha duplicado en el último siglo y que es necesario monitorear y al mismo tiempo asumir responsabilidades como política de Estado (no lo digo yo, lo dice la ONU hace 10 años atrás). La preocupación ante la realidad de los glaciares en territorio chileno ha ido en aumento; es más, el año 2014 en la Cámara de Diputados se conformó la “bancada glaciar de diputada/os”, quienes respaldando el trabajo de distintas organizaciones (Greenpeace, Fundación Terram, entre otras) ingresaron un proyecto de ley de protección de glaciares. Es cierto, el camino de esta ley en la cámara ha sido largo y ha sufrido diversas modificaciones, sin embargo, esto es una oportunidad para perfeccionar el trabajo legislativo hacia uno que contemple una verdadera protección jurídica en esta materia y se espera que el Gobierno avance por una ruta de respeto hacia los glaciares y su continuidad vital en el futuro).

Por lo tanto, si Cubillos dice que no es necesaria una ley, entonces ¿El gobierno ya ha manifestado cómo piensa desarrollar una buena forma de protección? ¿O es sólo la retórica de la justificación primó?

En la columna pasada también se señaló la preocupación de los cambios que sufriría el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde no es extraño dudar de las intenciones de este cambio. Acaso ¿quieren ver el caso a caso de lo que podría sufrir un glaciar ante una posible intervención? Dejo el honor a la duda. En definitiva, se agradece que la ministra comience a mostrar los verdaderos intereses de este Gobierno en materia medioambiental. ¿La intención es que prime la economía y quedar en paz con las empresas? Lo coherente sería que si los proyectos de una minera, una termoeléctrica o cualquier proyecto de intervención al interior del ecosistema no cumplen con estándares de protección, resguardo o no son coherente con las necesidades de nuestro planeta; tales proyectos deben ser revisados y debe haber una exigencia que esté del lado de la naturaleza. Esto último no es un hipismo, es lógica. La propia naturaleza nos dota de recursos para nuestra economía y calidad de vida ¿Es desconocido que los glaciares son la reserva más grande de agua dulce del planeta?

Es indiscutible que el Estado deba asumir la responsabilidad particular a través de una legislación que proteja a los glaciares particularmente porque si todo está en el mismo saco, los vacíos y ambigüedades pueden estar muy presentes. Además, este miércoles 3 de julio se votará la modificación del Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares, entonces el llamado es a que parlamentarias y parlamentarios voten a favor de restringir intervenciones que se hagan en los glaciares. No puede ser posible que las iniciativas de este ministerio primen porque, en este caso, van en perjuicio de este ecosistema.

La realidad y los propios estudios indican que debe existir una legislación que prohíba actividades que incluyan traslado, destrucción o remoción si es que esta actividad altera y afecta las propiedades del glaciar ¿Es descabellado que se regule, a través de una ley, que cuando se desarrolle la actividad bajo superficie se prohíba la alteración de su condición natural? ¿Es irracional que se resguarde un glaciar cuando sufre una amenaza de una actividad que puede acelerar su derretimiento?

El aplauso de las empresas mineras es una señal alarmante, porque ellos en reiteradas ocasiones han planteado que hay que tomar decisiones razonables (develando que proteger glaciares o una ley es algo descabellado). Es necesario dejar en claro que no se está en contra de la minería, (no hagan parecer esto una dicotomía irreconciliable) se sabe que el desarrollo de la minería es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, pero, lo razonable es que nuestra propia economía conviva armónicamente con el medio ambiente y se ponga a disposición para aportar en soluciones conjuntas no en meros ataques que en definitiva no son aporte para proteger a la sociedad de los efectos del cambio climático y de la extracción desmedida. Si esta convivencia no es posible para el ministerio ni para los empresarios, este modelo será pan para hoy y hambre para mañana.