El pasado 2 de octubre se perdió el rastro del periodista saudí Jamal Kashoggi. Desde ese día, su pareja, que lo esperaba en la puerta del Consulado de su país en Estambul, y su familia no han tenido ninguna noticia de él, mientras en diferentes medios han aparecido informaciones que apuntaban a su brutal muerte.

Como ha expresado Amnistía Internacional, el presunto asesinato o desaparición forzada de Jamal Kashoggi equivaldría a una ejecución extrajudicial. Aún más grave, estaría dirigida contra la libertad de expresión de un periodista que informaba y expresaba opiniones críticas con el Gobierno saudí, además de contra la protección que cualquier Estado debe proveer a aquellas personas, periodistas y defensoras de derechos humanos, que buscan un lugar seguro en otro país para poder expresar y difundir sus opiniones libremente y sin persecución, uno de los derechos humanos más básico y esencial.

La desaparición de Khasoggi es una nueva amenaza más a la libertad de prensa y un peligro vital contra los y las periodistas. En 2018 han sido asesinados 56 periodistas, 11 de ellos en México y 4 en suelo europeo. La última fue la periodista Viktoria Marinova, violada y asesinada en la ciudad búlgara de Ruse, en un brutal caso del uso de violencia machista como arma contra la libertad de prensa. Este tipo de violencia aumenta año tras año con cada vez más mujeres periodistas atacadas, agredidas sexualmente o asesinadas a causa del ejercicio de su profesión: 10 asesinadas en 2017, duplicando la cifra anterior.

Tras dos semanas de creciente indignación ante la gravedad de los hechos, los comunicados expresando preocupación y pidiendo investigaciones de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Alemania y las declaraciones de la Ministra Portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, no son suficientes. Tampoco basta una simple llamada de Donald Trump al presidente Salman o la tardía visita del Secretario de Estado Mike Pompeo a Arabia Saudí, país central en la estrategia de EE.UU. en Oriente Medio, y Turquía. Desde Podemos nos sumamos a la exigencia de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las autoridades saudíes y turcas para que revelen toda la información de la que dispongan sobre el caso para poner el caso en manos de una investigación internacional, independiente e imparcial, como ha reclamado la familia de Khasoggi, petición a la que debería sumarse el Gobierno de España.

Las declaraciones de fuentes oficiales saudíes advirtiendo de acciones económicas frente a las peticiones de investigación son amenazas inaceptables. El Gobierno de España debe exigir explicaciones del caso a la Embajada de Arabia Saudí en nuestro país y tomar las medidas diplomáticas que sean pertinentes. Teniendo en cuenta la gravedad de este caso, la violación sistemática de los derechos de las mujeres y las violaciones de derechos humanos contra la población civil en Yemen, España y el resto de países de la Unión Europea deberían reorientar, en términos generales, sus relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Arabia Saudí. Cualquier inacción ante la gravedad de estos hechos, supone un gravísimo retroceso en la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.