Varias personas pasan ante unos lazos amarillos en el barrio de Sants de Barcelona la semana pasada. EFE | ATLAS

La fiscalía ha entrado de lleno en la controversia surgida en Cataluña a propósito de los símbolos independentistas en el espacio público. El ministerio público ha abierto este lunes diligencias sobre las identificaciones hechas tanto por los Mossos d’Esquadra como por las policías locales a personas que retiraban lazos amarillos. Tras admitir la denuncia de la asociación Impulso Ciudadano —presidida por José Domingo, un exdiputado de Ciudadanos—, el fiscal ha solicitado información a los Mossos sobre “las pautas o criterios de actuación” cuando localiza a personas retirando “simbología partidista” de la vía pública.

El número dos de la Fiscalía Superior de Cataluña, Pedro Ariche, ha aceptado investigar la denuncia presentada hace unos días por Impulso Ciudadano, una plataforma contraria a la independencia de Cataluña que trabaja “por la cohesión de España”. La denuncia se limita a recoger manifestaciones públicas del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del consejero de Interior, Miquel Buch, sobre la actuación de los Mossos ante personas que retiran lazos amarillos —un símbolo para pedir la liberación de los líderes independentistas encarcelados por el procés— de las calles. Impulso Ciudadano cree que los policías y sus superiores actuaron de forma “arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología”.

La fiscalía ha abierto diligencias para aclarar, en concreto, dos actuaciones policiales. La madrugada del 17 de agosto, los Mossos identificaron a 14 personas que se disponían a retirar símbolos independentistas de las calles de Móra la Nova, Tivissa y Vandellós (Tarragona). La policía interceptó diversos vehículos y encontraron en su interior cúteres, palos, banderas, linternas e incluso unos croquis del recorrido que debían seguir para retirar lazos sin ser descubiertos.

Uno de los identificados resultó ser agente de la Guardia Civil. Al día siguiente, Interior abrió a esos individuos un expediente para determinar si habían cometido una infracción de llamada ley mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. Torra utilizó ese episodio para enviar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y pedirle que actúe “urgentemente” contra los policías que participan en acciones contra el soberanismo. Y subrayó inaceptable que un guardia civil participe en los “grupos armados y organizados que recorren el territorio catalán”.

El segundo episodio bajo la lupa del fiscal ocurrió el 24 de agosto. La policía local de L’Ametlla de Mar (Tarragona) en colaboración con los Mossos identificó e interpuso una denuncia administrativa contra ocho personas que estaban pintando con spray rojo un lazo amarillo colocado en una glorieta del municipio. Entre los identificados está el periodista Arcadi Espada, uno de los padres intelectuales de Ciudadanos.

En su investigación, que por ahora no se dirige contra nadie en particular ni cita ningún delito en concreto, Ariche pide al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra que identifique a los policías que participaron en esos hechos indique “los concretos” motivos que les llevaron a hacerlo y si existe denuncia o expediente. También le solicita que indique los “criterios de actuación seguidos por los funcionarios” policiales ante e se tipo de situaciones y le pide que, de ahora en adelante, le informe de “todas” las actuaciones de la misma naturaleza.

Torra criticó ayer la actuación de la Fiscalía porque, en su opinión, es un “error” e “involucra” a los Mossos en un conflicto político. El president, de hecho, apoyó que la policía autonómica identifique a las personas que retiran lazos. “Hacían su trabajo correctamente, porque delante de un grupo que actúa de noche, con armas blancas, cualquier policía del mundo actuaría así”. Torra se preguntó las razones por las que la Fiscalía indaga esos hechos pero no, por ejemplo, la actuación policial del 1 de octubre.

La Generalitat reacciona

Más allá de las actuaciones judiciales, la Generalitat no quiere que el Gobierno se inmiscuya en la controversia sobre la colocación y retirada de lazos amarillos. El consejero Buch remitió ayer una carta a Marlaska en la que le recordó que las competencias en materia de orden público son exclusivas de los Mossos d’Esquadra.

Buch envió la misiva a propósito de la Junta de Seguridad que debe celebrarse próximamente. El ministerio propuso incluir en el punto del día de esa reunión un “análisis general” de la seguridad pública en Cataluña y, en particular, sobre la “convivencia en el espacio público”. Una alusión indirecta a la polémica por los lazos amarillos.

El consejero agradece el “interés” de Marlaska, pero le recuerda que la seguridad ciudadana es una “competencia exclusiva” de la Generalitat. También lo es, añade, la “función de autoridad gubernativa”, es decir, la capacidad de abrir expedientes o imponer sanciones por vulneración de normativas. “Es en este ámbito en el que se suscribe la utilización del espacio público y la persecución de los hechos de violencia vinculada a la libertad de expresión que se puedan producir en este espacio público”, escribe Buch.