BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona estudia si puede pedir responsabilidades penales al Ministerio del Interior por desobedecer la orden de cese de actividades del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y no permitir el acceso a los inspectores municipales, además de seguir con la vía administrativa.



El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, lo ha explicado en rueda de prensa, tras participar en una cumbre convocada de urgencia por la alcaldesa, Ada Colau, a la que han asistido las fuerzas políticas municipales, instituciones y entidades que piden el cierre definitivo del CIE, para hacer "un frente común" para abordar posibles actuaciones conjuntas .



A la reunión han asistido, además de Colau y Asens; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el conseller de Justicia, Carles Mundó; la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; representantes de los grupos municipales que suscribieron la declaración institucional contraria al CIE -BComú, PSC, CiU, ERC y CUP- y las entidades de defensa de los Derechos Humanos SOS Racismo y Migrastudium.

Jaume Asens ha explicado que se ha pedido a los servicios jurídicos que evalúen también "si lo que está sucediendo puede tener algún tipo de responsabilidad penal". El motivo, según Asens, es lo "inédito" de la situación, ya que no hay precedentes de que una institución publica desatienda una orden de cese de actividad ni niegue la entrada a los inspectores, como ha hecho el Ministerio del Interior en el caso del CIE.



"La idea es que esta cumbre no quede en un gesto y tenga continuidad en el tiempo para engrandecer y reforzar la movilización ciudadana" de rechazo a los CIE y llevar al Congreso la demanda de un cambio en la ley de Extranjería que conlleve el cierre de estos centros, ha explicado Asens.



En la reunión se ha puesto en conocimiento de los asistentes la situación en que se encuentra el proceso administrativo iniciado por la orden de cese decretada por el consistorio por falta de licencia de la actividad, que culminó el pasado viernes con la petición al juez de que autorice a los inspectores a entrar en el CIE para poder comprobar si está funcionando como tal, lo que se supone ante las informaciones facilitadas a los medios por el Ministerio.



Tras esta inspección, que Asens cree que el juez autorizará antes de un mes, el consistorio fijaría el día y la hora del precinto, como medida para asegurar que se cumple con la resolución administrativa de cese de la actividad. Ese momento se podría aprovechar para dar visibilidad a la movilización contra los CIE que hay en Catalunya, tal y como han propuesto las entidades en el encuentro, según ha explicado el teniente de alcalde.



En su comparecencia, Colau ha insistido en que "hay que preservar los derechos de todos los ciudadanos por igual" y se ha referido a los CIE como "agujeros negros de los derechos humanos". Colau ha agradecido la rápida respuesta a la convocatoria de reunión de urgencia para abordar "la anómala situación que se está produciendo en el CIE y el amplio rechazo que ha producido" y ha asegurado que este encuentro "tendrá continuidad".



Por su parte, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha señalado la necesidad de afrontar la revisión de la Ley de Extranjería para que estos centros "dejen de ser un recurso" y se deje de privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito.