La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un duro informe al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, donde se opone a que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sea excarcelado en el marco de la operación Lezo.

En el escrito, redactado por los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Iáñez, se explica el alto riesgo de fuga existente y las altas posibilidades de reiteración delictiva y obstrucción de pruebas si el ex dirigente del PP queda en libertad en estos momentos cuando la investigación está en curso y la Guardia Civil analiza todo el material incautado en los registros practicados los pasados 19 y 20 de abril.

En este sentido, los acusadores públicos ponen de manifiesto todas las maniobras llevadas a cabo por González y sus hermanos Pablo e Isabel para tratar de averiguar por qué el ex presidente madrileño estaba siendo investigado por la Justicia. Asimismo, los fiscales explican que en su declaración ante el magistrado Velasco, antes de ser enviado a prisión incondicional, el propio Ignacio González reconoció que había "contactado con algún alto cargo de la Policía Nacional para conocer cómo estaban algunas cosas y si tenían algún informe que les afectase".

"Lograr impunidad"

De la misma manera, los miembros de Anticorrupción subrayan que el pasado 6 de marzo los tres hermanos González mantuvieron una reunión, en el despacho que el ex dirigente madrileño tenía en la calle Alcalá de la capital, donde mostraron interés por saber quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía con el objeto de averiguar quién era la persona que dirigía la investigación que le había "chivado" previamente el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

En esa conversación, del 6 de marzo, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos. Asimismo, la Fiscalía explica "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar" ya la valoró el juez Velasco en el auto de prisión del ex presidente madrileño.

"Los seguimientos policiales a Pablo González y las llamadas interceptadas confirmarían, que dos días después de esa cita, Pablo González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad", recalca el Ministerio Público. Por otro lado, en una de las intervenciones de las comunicaciones practicadas al hermano del expresidente de la CAM, que forman parte del sumario de Lezo, se recoge cómo le cuenta a su hermana Isabel que "le habían avisado que tenían pinchados los teléfonos" lo que le había dejado "un poco preocupao".

Sobre este 'modus operandi', la Fiscalía afirma que los investigados "ampliaron su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de la carrera judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía para lograr la impunidad de sus acciones".

Por último, Anticorrupción se opone a la puesta en libertad de Ignacio González argumentando que el político ha demostrado "su capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por las vías ilícitas señaladas" y añade que la excarcelación del imputado llevaría implícito un "riesgo de destrucción o manipulación de pruebas y de ocultación de fondos públicos".