TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Entre matorrales, con huellas de haber sufrido violencia sexual, la niña de 12 años Patricia Feliciano Miranda, desaparecida desde el sábado 17 en el municipio de Chilón, fue hallada muerta este lunes.

Los padres de la menor, Miguel Feliciano y María Miranda, señalaron que, tras denunciar la desaparición, la buscaron en casas de familiares, amigos y vecinos de la comunidad de Nachij, donde Patricia trabajaba.

Sin embargo, fue hasta esta mañana que el cuerpo de la pequeña fue encontrado en una brecha rural, entre Nachij y el paraje San Martín.

De inmediato, los cuerpos policiacos acordonaron la zona y llamaron a la familia. Miguel Feliciano y María Miranda reconocieron el cuerpo de su hija, a quien encontraron desnuda y con huellas de haber sufrido un ataque sexual.

Hasta esta tarde, policías de Chilón, destacamentados en el poblado de Bachajon, mantienen acordonada el área y actuando como primeros respondientes.

Los padres de la menor exigieron justicia y que el delito no quede en la impunidad. También pidieron a las autoridades mayor seguridad para evitar que hechos como ese se repitan.

Y es que, al igual que en otras regiones del país, Chiapas ocupa un alto índice de violencia hacia las mujeres.

En días recientes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sostuvo que, ante la gravedad sobre el incremento de la violencia feminicida en el estado, “nos preocupa la actuación de las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia, ya que continúan realizando prácticas discriminatorias de género, clase y etnia que obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres, reproduciendo la violencia patriarcal, el abuso de poder, la discriminación y menosprecio a las víctimas que se atreven a denunciar, exigir verdad y justicia, evidenciando la negligencia de las instituciones y sus titulares”.

De manera particular resaltó la negligente actuación de la Fiscalía General del estado (FGE), y denunció que el Poder Judicial, a través de los juzgados de distrito federal y estatal, ha demostrado su incapacidad para juzgar con perspectiva de género, haciendo caso omiso a manuales y protocolos de actuación.

En contextos de violencia y creciente conflictividad, indicó, “la violencia feminicida es una de las expresiones más claras y atroces de la ineficacia e incapacidad de los tres niveles de gobierno para coordinar acciones de prevención, seguridad y cero tolerancia, que erradiquen la violencia hacia las mujeres”.

De igual manera, recordó que el 18 de noviembre de 2016 se declaró la Alerta de Violencia de Género en Chiapas, pero desde entonces los gobiernos federal y estatal han destinado únicamente 6.2 millones de pesos, “insuficientes para implementar las medidas de prevención, seguridad y justicia”.

Y, además, la impunidad y la ausencia de protocolos de actuación, así como criterios de investigación y juicio carentes de perspectiva de género, junto con el desconocimiento del marco normativo de derechos de protección a las víctimas de violencia de género y feminicidio, da cuenta del deficiente y negligente papel de la FGE como entidad responsable de dar seguimiento a la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Chiapas.

A nivel nacional el panorama es menos alentador, ya que actualmente 56% del territorio cuenta con la Alerta de Violencia de Género.