Los cateos se realizaron en la colonia Maestro Federal, Mayorazgo y Prados Agua Azul de la ciudad de Puebla.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuraduría General de la República (PGR) catearon al menos tres inmuebles en Puebla pertenecientes a un empresario, quien presuntamente estuvo relacionado con la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el 11 de julio pasado del penal del Altiplano.

De acuerdo con medios locales, la mañana de ayer sábado, personal de las dependencias realizaron revisiones en diferentes casas en la colonia Maestro Federal, Mayorazgo y Prados Agua Azul, ubicadas en la ciudad de Puebla. Las inmuebles serían propiedad del empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, cuyo hermano Miguel Ángel fue señalado de ser un operador logístico de “El Chapo” desde su primera fuga de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.

El diario e–Consulta destacó que vecinos de la colonia San José Mayorazgo reportaron a los números de emergencia la presencia de hombres con el rostro cubierto y portando armas largas, que ingresaban a una vivienda ubicada en la 73 Poniente y 15 B Sur, la cual estaba abandonada desde hace varios meses.

Al lugar arribaron policías estatales quienes fueron retirados de inmediato por marinos que les impidieron el paso y les negaron información sobre lo que acontecía.

Al terminar el cateo, personal de la Semar y la PGR colocaron sellos en las puertas con la leyenda“PGR/SEIDO/UEIDCS/526/2015 INMUEBLE ASEGURADO, refirió el diario.

En otro punto, en la colonia Maestro Federal se reportó también la presencia de marinos, al lugar también llegaron policías estatales para preguntar lo que sucedía pero fueron desarmados por las fuerzas federales.

Medios locales reportaron el cateo en un tercer inmueble marcado con el número 4918, ubicado en la 7 A Sur, entre 49 Poniente y Circuito Juan Pablo II en la ciudad de Puebla. De acuerdo con la información recabada, los vecinos de Prados Agua Azul reportaron la presencia de camionetas de la PGR y de la Secretaría de Marina.

Los agentes de la PGR insinuaron que había relación entre los operativos pero no lo confirmaron y negaron todo tipo de información a la prensa local que documentó que los cateos habrían durado seis horas.

Miguel Ángel Trillo Hernández es originario de Sinaloa y es propietario de inmuebles en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla, de acuerdo con investigaciones de la PGR.

El 15 de diciembre del 2001 fue capturado en la ciudad de Puebla, acusado de delincuencia organizada y de ser el presunto operador logístico de ”El Chapo” durante su primer fuga

De acuerdo con la PGR, Trillo Hernández le consiguió a “El Chapo” casas de seguridad para facilitar su primera huída. Los inmuebles se ubicaban en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal; la Marquesa, en el Estado de México y en el fraccionamiento el Mirador y en la colonia las Animas de la ciudad de Puebla.

Trillo Hernández fue encarcelado en 2001 y trasladado penal de máxima seguridad de La Palma, Estado de México, ahora el Altiplano.

Luego de los cateos registrados ayer, ni la Marina ni la PGR han informado de manera oficial acerca de los operativos.

DESPLAZADOS POR OPERATIVOS

Al mismo tiempo que aumenta el despliegue militar para capturar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en los límites de Sinaloa y Durango, también ha crecido el número de desplazados de Tamazula, Durango hacia Cosalá, Sinaloa.

De acuerdo con el Alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, el DIF local tiene contabilizados, de acuerdo con la ayuda que se solicita, alrededor de 600 personas en situación de refugio por el desplazamiento forzado de sus comunidades desde que inició el éxodo de habitantes de la sierra a principios de octubre.

Organismos como Article 19 y la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa han definido la situación que se vive en Cosalá como “crisis humanitaria” que debe atenderse con urgencia.

El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez declaró la semana pasada que el cerco militar que implementa la Marina en la sierra de Durango tiene como objetivo prioritario la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a versiones y testimonios de los pobladores desplazados a las que tuvo acceso SinEmbargo, la zona entre los estados de Durango y Sinaloa es un verdadero campo de batalla, donde a cada momento se escuchan detonaciones de armas de alto calibre y sobre vuelos de aviones y helicópteros.

Los enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) en contra de sicarios han dejado a los habitantes del municipio duranguense en el fuego cruzado. No son aisladas las denuncias por abusos en contra de estas corporaciones.

En junio pasado se acusó a marinos de asesinar a dos jóvenes y de herir a un menor en un ataque aéreo. No obstante, la dependencia a cargo del Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz negó cualquier exceso de sus elementos. En otro caso, este fin de semana una de las habitantes de Tamazula narró al diario Noroeste que su vivienda fue objeto de disparos, según ella, desde el aire.

“Desde el helicóptero dispararon. Mi hija se asustó tanto. Corrí a agarrarla para escondernos”, comentó al medio. En respuesta a ésta y otras acusaciones, la Marina emitió un comunicado en el que negó haber cometido abusos o ataques contra los pobladores de la zona serrana de Tamazula, y aseguró que lo que realizan en la zona son recorridos de disuasión en estricto apego a la Ley.

“Con relación a la información difundida en diversos medios de comunicación sobre supuestos abusos cometidos por personal de la Armada de México en municipios del estado de Durango, la Secretaría de Marina informa que… actualmente mantiene presencia, entre otros, en el municipio de Tamazula, Durango, donde realiza recorridos de disuasión en estricto apego a la legislación vigente y en absoluto respeto a los derechos humanos de las personas”, dijo la dependencia.

CNDH ATIENDE QUEJAS POR CATEOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió personal a Cosalá, en el norteño estado mexicano de Sinaloa, para atender quejas ciudadanas tras el despliegue de miembros de la Marina por los operativos para capturar al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, informó hoy el organismo.

Ello a fin de “recibir y atender las quejas que por presuntas violaciones a derechos humanos que se presenten en ese lugar y otras poblaciones aledañas del estado de Durango con motivo de los operativos que realizan efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) en la zona”, detalló la CNDH en un comunicado.

Alrededor de 250 personas de 17 comunidades de la frontera entre los estados mexicanos de Sinaloa y Durango permanecen, algunos desde hace varias semanas, lejos de sus hogares a causa de los operativos contra el narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, fugado de un penal de máxima seguridad el 11 de julio pasado.

“Desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, la CNDH desplazó hacia Cosalá a visitadores adjuntos, para recabar quejas, allegarse información y observar el desarrollo de los acontecimientos”, agregó el comunicado.

Asimismo, se establecerán mecanismos de coordinación y apoyo con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Sinaloa y de Durango “para el seguimiento y atención a posibles violaciones a derechos humanos”.

Como parte de las diligencias realizadas en Sinaloa, los visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a los lugares donde fueron señaladas las casas que fueron abandonadas por sus propietarios durante la cacería, quienes se dirigieron a la localidad turística de Cosalá.

En este municipio, el personal de la CNDH desplazado visitó el albergue donde fueron trasladadas estas personas y recabaron el testimonio de diversos pobladores.

Además, han sostenido entrevistas con autoridades municipales y solicitado informes sobre los hechos.

Tras atender las quejas, la CNDH se comprometió a estudiar los casos y a emitir un pronunciamiento correspondiente.

Cosalá se encuentra en el extremo oriental de Sinaloa, cerca de la frontera con Durango.

Junto con Chihuahua, esos dos estados forman el llamado “Triángulo dorado” de la droga mexicana, dónde están las pistas clandestinas de las que despegan avionetas con heroína y cocaína hacia Estados Unidos.