Ayer 12 de julio un tribunal de primera instancia brasileño presidido por el Juez Sergio Moro condenó al Ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel por el conocido como caso Petrobras. Esta sentencia no es firme ni le inhabilita para cargo público y se ha sostenido únicamente sobre las declaraciones de testigos al Ministerio Público e indicios, sin que la acusación aportase pruebas materiales que avalasen las imputaciones. De este modo, se aparta la presunción de inocencia sin ningún acto jurídico que lo justifique.

La condena se produce en un momento de crisis institucional sin precedentes del régimen político brasileño. El 60% de los diputados de la Cámara, comenzando por su presidente, Rodrigo Maia y terminando por el Presidente Michel Temer, están siendo investigados, sucediéndose un día tras otro las noticias de detenciones y los escándalos de corrupción. El ex presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que coordinó el golpe contra Dilma está en la cárcel, así como algunos ex ministros de Temer. Esta situación está conduciendo a un gran malestar ciudadano, a la desconfianza generalizada hacia los partidos políticos y a un papel cada vez más relevante del poder judicial y de algunos jueces concretos en la política del país suramericano.

En este caso, el Juez Sergio Moro, cuya investigación contra Dilma Rousseff creó la atmósfera política para el impeachment, ha bordeado sistemáticamente los límites del Estado de Derecho en la investigación del caso Petrobras, simulando una detención del expresidente o haciendo pública una conversación privada de Rousseff y Lula da Silva. También dejó patente la selectividad política con la que condujo la operación Lava Jato y la parcialidad en el caso de la sentencia a Lula, con flagrantes episodios de vulneración del derecho de defensa.

Por estas razones consideramos que esta sentencia es un paso más en la persecución que las élites políticas y mediáticas de Brasil están llevando a cabo contra Lula y su legado político y que comenzó con la destitución por impeachment de Dilma Rousseff. Esta destitución llevó al gobierno a Michel Temer, que nunca ha ganado unas elecciones y cuyo programa político se ha basado en la privatización salvaje de los servicios públicos brasileños, en la congelación de las inversiones públicas durante 20 años y en la aprobación de una reforma laboral y de pensiones que ataca frontalmente los derechos conquistados por décadas por el pueblo brasileño.

Lula da Silva ha manifestado en el día de hoy su intención de volver a presentarse a las primarias del PT para la elecciones presidenciales y ha recibido el apoyo de gran parte de la ciudadanía brasileña, que tiene en la memoria el cambio político y social que supusieron los 8 años que fue Presidente de Brasil, tanto en su país como en el conjunto del continente suramericano. Es este apoyo lo que asusta a las élites brasileñas y la razón política que ha motivado esta sentencia: apartar a Lula de las próximas elecciones presidenciales.

Estamos ante un juicio político antes que jurídico y, por eso, desde Podemos esperamos que el tribunal de segunda instancia asegure el respeto del debido proceso legal y el ex presidente Lula pueda tener derecho a un juicio con todas las garantías y una sentencia ajustada a derecho.

Desde nuestro afecto a Lula y al PT, esperamos el pronto retorno al orden democrático en Brasil, con la convocatoria de elecciones directas cuanto antes, para que el pueblo soberano vuelva a manifestar su voluntad y el Estado de Derecho pueda ser restablecido en su totalidad.