27 de Febrero de 2019

Parecería absurdo decir que un gobierno electo democráticamente y que además goza de una gran popularidad y aceptación pudiera estar montando un gobierno paralelo. No lo es.

El año pasado el NYT publicó una editorial anónima de un alto servidor público del gobierno de Trump en la que afirma que muchos de los funcionarios se comprometieron a hacer lo que estuviese a su alcance para preservar las instituciones democráticas y a contrarrestar los impulsos del Presidente hasta que deje el cargo.

Para el autor, se trata de una Presidencia de Dos Vías. Da el ejemplo de la política exterior: “En público y en privado, el presidente Trump exhibe una preferencia por los autócratas y dictadores (Putin y Kim Jong-un) y muestra poco aprecio por los lazos que nos unen con naciones aliadas que tienen una forma similar de pensamiento. Sin embargo, … el resto del gobierno opera por otro camino, uno en el que países como Rusia son denunciados por su injerencia y son sancionados apropiadamente, y en el que los aliados alrededor del mundo son considerados como iguales, no ridiculizados como rivales”.

En México también se está gestando una especie de gobierno paralelo: uno con una institucionalidad alterna en donde privan la voluntad, los objetivos y los mecanismos de operación del presidente López Obrador. Quizá sea más preciso utilizar el término del autor anónimo del NYT: una Presidencia de Dos Vías. Lo novedoso y sorprendente en México es que por esas dos vías transita la misma locomotora y el mismo conductor. Formalmente sigue en pie la mayoría de las instituciones. Pero la realidad va por otro camino.

El federalismo —de utilería como lo llamé en algún momento— ha sido rebasado por una nueva estructura que se controla desde Palacio Nacional: los superdelegados que concentran poder político, económico, social y territorial —quizá también policial y de inteligencia— y que responde a la Presidencia de la República.

Las políticas públicas no se adoptan con base en “libros blancos” en los que se ofrece un diagnóstico y se ponen a consideración distintas rutas de acción basadas en estudios de costo-beneficio, impacto ambiental, marco normativo, afectaciones de terceros, racionalidad económica o cualquier otro criterio propio de las administraciones modernas, sino de consultas a modo que violan la legalidad vigente: sin participación de la SCJN o del INE, sin respetar las fechas definidas para llevarlas a cabo, sin condiciones para exponer posturas en favor y en contra, sin observadores y sin los mínimos criterios de representatividad.

Los censos y/o padrones de beneficiarios ya no pasan por las instancias gubernamentales como las secretarías de Estado o los órganos autónomos como el Inegi, sino por un pequeño ejército de “servidores de la nación” sobre los que no hay información: quiénes son, quién los contrató, cuánto ganan, qué capacitación se les dio, con qué criterio escogen los domicilios que visitan, en dónde se almacenan los datos. Lo único que sabemos es que portan chalecos y credenciales que todavía llevan la leyenda Equipo de Transición, Servidor de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Su uso político es evidente para el que quiera verlo. En efecto ya no habrá intermediarios y se suspenderán programas que no lleven el sello consentido: el del Presidente.

Las acusaciones a exfuncionarios o particulares ya no se hacen por la vía jurisdiccional, sino a través de la voz del titular del Ejecutivo o de alguno de los funcionarios a los que da tribuna en las mañaneras sin siquiera mediar denuncia ante las autoridades competentes. O, peor todavía, anunciar el perdón de los delitos de corrupción del pasado como si un decreto presidencial o una consulta pudiesen pasar por alto la existencia de un sistema de justicia o la división de poderes.

Las cifras que ofrece el gobierno son “la suyas” y estamos obligados a creerlas aun cuando carezcan de fuente comprobable. Se ofrecen a la buena de Dios y se toman por buenas porque el emisor es honesto y su palabra infalible.

No se trata de argumentar que antes los políticos no hacían muchas de estas cosas o de que en el “pasado neoliberal” las instituciones funcionaran como debieran. Analistas fifís han pasado su vida —sexenio tras sexenio— señalando y denunciando el uso político de la justicia, el federalismo de utilería, el uso clientelar de los programas sociales, la falta de racionalidad en muchas de las políticas públicas, el cuotismo en los nombramientos, el cuatismo en la asignación de contratos y demás vicios de la política mexicana. Pero nos prometieron un cambio y lo que vemos es un mar de continuidades o un regreso franco al pasado. A los vicios que

siempre caracterizaron a la política mexicana sólo que con otro dueño.

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