La Audiencia Nacional da por probada la financiación ilegal del PP de Camps en 2007 y 2008 El juez Vázquez Honrubia condena a cuatro años de prisión a Costa, ex secretario general del PP de Valencia El magistrado no emite ningún «pronunciamiento contra» el expresidente valenciano porque declaró como testigo

Luis P. Arechederra SEGUIR Madrid Actualizado: 11/06/2018 18:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Audiencia Nacional considera probada la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, cuando Francisco Camps presidía la formación. En una sentencia, el tribunal da por acreditado que el PPCV burló la ley para para saltarse el tope de gasto electoral y competir en mejores condiciones que sus rivales. «Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market (filial de la trama Gürtel) servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros», sostiene la sentencia del magistrado que enjuició la corrupción.

El juez José María Vázquez Honrubia ha condenado por estos hechos a cuatro años de prisión al ex secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, quien admitió en el juicio el método fraudulento de financiación, y a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias el Bigotes, condenados a 5 años y 3 meses, 5 años, y 6 años 9 meses respectivamente. Vicente Rambla, antiguo vicepresidente de la Comunidad Valenciana, queda absuelto. La sentencia no es firme y es recurrible en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En esta vista, todos los vértices de la corrupción –los políticos corruptos, los empresarios contratistas de la administración pública que abonaron el dinero, y los líderes del entramado ilegal, los corruptores– reconocieron los hechos, una confesión coral inédita en la justicia española. La cuadratura del círculo se alcanzaría si se desvelara qué recibieron a cambio los nueve empresarios que admitieron los pagos en negro al partido por importe de 1,2 millones de euros, unos fondos opacos con los que sufragaron los trabajos electorales prestados al partido por la trama Gürtel.

Los políticos condenados (además de Costa, también David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García) delinquieron por pura ambición política, sin obtener ningún enriquecimiento ilícito en dinero. «Todos los partícipes por motivaciones distintas contribuyeron de manera eficaz y directa a perpetrar el delito», explica el juez, que desvela sin tapujos la motivación del llamado grupo político: «por pura ambición política de alcanzar y permanecer en el poder».

La sentencia, además, no se olvida de que varios acusados apuntaron con el dedo a Camps, a quien situaron como el hombre en la sombra del método de financiación irregular. El juez explica que el expresidente valenciano, que declaró como testigo en la causa, «nada sabe, nada recuerda, reconoce», a pesar de las acusaciones contra él. «Pero es imposible jurídicamente emitir pronunciamiento alguno contra él, porque comparece como testigo», expresa el juzgador.

El magistrado, que condena por delitos electorales, falsedad documental continuada y delitos fiscales, destaca la gravedad de que empresarios contratistas de la administración pública sean financiadores de una campaña del PP, a quien tenían prohibido realizar donaciones. «Se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos», denuncia Vázquez Honrubia en la sentencia. Explica el juez que el bien jurídico protegido en el delito electoral es «la pureza de los procesos electorales, en definitiva, el juego limpio electoral». Se aplica el delito electoral vigente cuando ocurrieron los hechos, el regulado en 1985, ante la imposibilidad de aplicar la reforma del Código Penal de 2015, que impone penas más altas para una conducta similar.

En su argumentación, el juez aporta la clave de la gravedad del rol de los empresarios. «La responsabilidad de los empresarios aportadores de fondos al PP es la clave del asunto, pues además de la financiación ilegal al partido, es fácilmente deducible que se colocaban en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolística, en contratos futuros», sostiene Vázquez Honrubia.

Primeras atenuantes para la Gürtel

De los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez es quien recibe la mayor condena de los tres, pues el era el hombre de la Gürtel en Valencia y quien desarrolló el método de pagos en negro. El Bigotes reconoció el fraude en su declaración, pero atribuyó la iniciativa al PP y señaló directamente a Camps. Al antiguo presidente del PP de Valencia y de la Generalitat Valenciana también le apuntó Costa, que aseguró que él tomaba todas las decisiones en el partido. Correa y Crespo también aceptaron, con matices, la acusación por la financiación B.

El relato de la sentencia enumera 26 actos de la campaña para las elecciones generales de 2008 cubiertos con dinero negro, por un importe de 801.810 euros; al menos 14 actos en las municipales de 2007 (78.878 euros), y 15 actos en las autonómicas (1.155.231 euros). A ello habría que sumar además otros actos no electorales.

Vázquez Honrubia premia la confesión de Correa, Crespo, Bigotes y Costa, y les aplica la atenuante por confesión o colaboración activa. Vázquez Honrubia reconoce que el reconocimiento de los hechos de Correa y Costa llegó tarde, en la vista oral, y motivado por la confesión de los nueve empresarios, quienes aceptaron los hechos antes de que comenzase el juicio. Aun así, el juez valora que no por ello dejan de ser relevantes sus declaraciones para confirmar los indicios y para orientar otros procedimientos del caso Gürtel. «Que se conozca que la colaboración activa con la Administración de Justicia, veraz y relevante, puede suponer para los implicados en casos de corrrupción una disminución de la pena si efectiva y realmente cooperan para restaurar el orden jurídico violentado», alega el magistrado. «En definitiva, que la minoración de la pena sirva de acicate o estímulo a colaborar», concluye el juzgador.

La Fiscalía Anticorrupción solo pidió aplicar la atenuante por confesión para Correa, a quien también aplica el juez la de reparación del daño por haber desbloqueado dinero para cubrir su responsabilidad. A los empresarios confesos el juez impone penas de hasta un año y nueve meses de prisión, y las sustituye por mulas, que llegan hasta los 154.000 euros, al aplicarles la atenuante de confesión y tras haber abonado todos el dinero reclamado.