El caso más grave de corrupción que afecta al Partido Popular en la provincia de Alicante va camino de cumplir cinco años sin que el juez encargado pueda cerrar la instrucción y enviarlo a juicio. El motivo son los informes policiales que restan por incorporar al sumario, destinados a analizar la información incautada al principal imputado, el empresario Enrique Ortiz, por cuya relación con Sonia Castedo esta tuvo que abandonar en diciembre la Alcaldía de Alicante. La última vez que el juez Manrique Tejada del Castillo remitió un oficio a la Policía, sin éxito, fue el 4 de marzo.

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Ante la falta de respuesta de la Policía, Tejada del Castillo se ha visto obligado a recurrir a un nuevo instrumento en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente, la Unidad de Apoyo Para Causas por Corrupción (UACC) se ha estrenado enviando una carta al máximo responsable de la Policía, Ignacio Cosidó, en la que le conmina a que “se remuevan los obstáculos que impiden la emisión de los informes” citados.

Una de las noticias del verano de 2010 fue la importante operación policial desplegada el 6 de julio en la provincia de Alicante. Los agentes atacaban una trama de corrupción en torno a la adjudicación del contrato para la gestión de las basuras en la comarca de la Vega Baja. El despliegue policial incluyó la detención del presidente de la Diputación y presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, quien permaneció arrestado 12 horas mientras se registraba su domicilio y la sede de la Diputación.

Aunque las investigaciones venían de atrás, el operativo del 6 de julio dio un impulso a la investigación, que ha derivado en 20 causas distintas. En dos de ellas está imputada Castedo. La primera es la que se centra en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. La otra está relacionada con el desarrollo urbanístico del barrio de Rabasa. Por estas dos causas, Sonia Castedo deberá responder por un delito de revelación de información privilegiada, dos de cohecho y otros tantos de tráfico de influencias.

Pero los avances en las investigaciones se comenzaron a torcer en febrero de 2012, al poco del relevo en la cúpula del Ministerio del Interior con la victoria del Partido Popular. El día 6 de ese mes, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada del Castillo, remitió un oficio a la Policía requiriendo un informe sobre los efectos y documentación intervenidos en los registros efectuados un año y medio antes. El juez quería saber qué se podía utilizar de la documentación requisada en la sede del Grupo Cívica, el domicilio particular y un yate del empresario Enrique Ortiz, epicentro de la trama de corrupción. Hoy por hoy sigue sin recibirlos.

Ortiz era el empresario de referencia de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. De su estrecha relación con Castedo hablan las conversaciones telefónicas incorporadas a la causa, que puso de manifiesto que tanto Castedo como Ripoll disfrutaron de los lujos del yate de Ortiz, el ‘Elena’, valorado en casi 10 millones de euros.

En septiembre de 2012, el juez Tejada elevó exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por encontrar indicios de delitos en los por entonces aforados Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, su antecesor en la Alcaldía de Alicante. Alperi en abril de 2014 y Castedo al mes siguiente se vieron forzados a dejar sus actas de diputados autonómicos, por lo que el caso regresó al Juzgado número 5 de Alicante. Seis meses después, Tejada daba un plazo de dos meses para que la UDEF remitiera los informes pendientes, pero el 6 de enero concluyó el plazo sin que la Policía respondiera.

Según ha podido saber eldiario.es, el juez envió un oficio al comisario provincial de Alicante, José Javier Cuasante, en el que exigía que le informara del “estado de la investigación y, en su caso, ponga los medios personales y/o materiales necesarios para poder llevar a cabo por parte del grupo policial las conclusiones de la investigación sobre el llamado caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante”. El magistrado elevaba el tono de su misiva: “Máxime teniendo en cuenta que alguno de los informes pendientes se refieren al resultado de la entrada y registro en el domicilio personal del señor Ortiz, sede social del Grupo Cívica y embarcación Elena, llevado a cabo el 6 de julio de 2010 y que ya fue solicitado por este mismo juzgado por oficio el 6 de febrero de 2012”.

Problemas con otro juzgado

Según publicó El País, la jueza de Orihuela que investiga la adjudicación del tratamiento de basuras en la Vega Baja, Rosa María Villegas, dio otro ultimátum a la Policía en enero para que analizaran la documentación incautada también en los registros del verano de 2010 y elaboraran un informe.

En este caso se trataba de los papeles y soporte informático intervenidos en el domicilio de Ripoll y en la sede de la Diputación de Alicante. La jueza daba a la Policía el plazo “improrrogable” de un mes y le advertía que, de no responder afirmativamente, podría incurrir en un delito de desobediencia. Pues bien, resultó que se había producido un error en el envío, que pudo ser subsanado. En todo caso, la Policía aseguraba en un oficio que los documentos fueron enviados en bruto, sin analizar, y añadía que “la carga de trabajo asumida por las unidades policiales destinadas a la lucha contra la corrupción, con carácter general están provocando que el resultado de las gestiones encomendadas no se haga llegar a los diferentes juzgados en el plazo en el que son requeridos”.

El comisario Cuasante –que ascendió de comisario en Elche a provincial con el Partido Popular– parecía aludir a la situación de la UDEF que trabaja en Alicante, pero también a otras unidades. De hecho, la UDEF central ha estado implicada en las investigaciones de la operación Brugal desde el primer momento. Esta unidad pertenece a la Comisaría General de Policía Judicial y se encarga, entre otros, de los más graves casos de corrupción, sin que otros tribunales como la Audiencia Nacional hayan expresado quejas en el anterior sentido.

Los políticos a los que salpicaba el caso Brugal superaban el escalafón de Ripoll o Castedo. En una conversación intervenida a Enrique Ortiz en el marco del caso Rabassa, el empresario y un socio se jactaban de que Juan Cotino –entonces consejero de Bienestar Social– les llenaba los geriátricos que tenían. Entre los socios de Ortiz en ese negocio estaba Vicente Cotino, sobrino del expresidente del Parlament valenciano, y uno de los empresarios que integraban la lista de donaciones irregulares al PP nacional. En las conversaciones del caso Rabassa, Cotino aparece reiteradamente señalado como el cauce que utilizaba el empresario Ortiz para llegar a la Generalitat.