Los casos tuvieron lugar en la Costa santafesina. Allí, un grupo de agentes –en total seis– perteneciente al mencionado Comando Radioeléctrico realizó una serie de hechos que fueron denunciados durante el 2017 y que derivaron el lunes pasado en la detención de Nadia Lucrecia S. (36) –jefa del Comando–, Carlos Javier N. (41), Exequiel M. (31), Lucía G. (36), Ariel Alejandro S. (41) y Juan Emilio T.

Todos fueron imputados el martes por el fiscal que investigó el caso, Ezequiel Hernández, el cual destapó el accionar de una sindicada banda de policías que, en vez de mantener la seguridad, cometía atracos y torturaba a sus víctimas en viviendas de sectores con bajos recursos, como así en propiedades de clase media, de San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes.

La investigación detectó que la banda desplegaba allanamientos sin ninguna autorización de un juez en horas del día mayormente. Dentro de las viviendas golpeaban y amenazaban a los moradores. Posteriormente, robaban dinero u objetos de valor. Culminado su accionar, trasladaban a las víctimas hasta una dependencia policial y les hacían vivir los peores tormentos.

Los métodos elegidos por la Santafesina S.A

La policía santafesina no sólo encabeza anualmente el ranking nacional de casos de gatillo fácil en proporción a la cantidad de habitantes. Ahora también es oficial que de los 328 casos de torturas en los últimos años, 278 de ellos fueron protagonizados por uniformados que lograron mantener el anonimato en 256 oportunidades.

Los golpes o las golpizas son el método generalizado resultando muy dificultosa la comprobación de las lesiones ya que en la mayoría de los casos no quedan indicios de las mismas. Se han registrado casos de personas agredidas con balas de goma, casos de submarino, hechos que han ocasionado cortes, torturas con utilización de picana y ducha de agua fría. Con respecto a las afectaciones psicológicas más comunes de abuso policial que se han registrado amenazas de detención o de armado de causas, maltrato a familiares de personas privadas de libertad, de impedimento de vinculación familiar y de requisas agraviantes. Entre las restantes afectaciones más comunes se señalan la falta de atención a grupos de alto riesgo y falta de atención médica, odontológica, psicológica y acceso a medicamentos.

En relación a los casos no judicializados las víctimas han manifestado que entre las razones más comunes por las cuales deciden no hacer denuncia es porque temen represalias o creen que empeorará la situación. En la mayoría de los casos relevados, se da cuenta de que mediante el uso de fuerza física o psicológica el personal policial ha pretendido lograr una confesión o declaración autoincriminatoria.

Lo cierto es que es vox populi que los negociados no sólo abarcan a la institución policial sino que también atraviesan complicidades de personeros de los tres poderes; ejecutivo, legislativo y judicial. En Santa Fe, cada día sale a la luz una nueva muestra de la convivencia entre la policía y las mafias. Porque si algo se demuestra es que no se trata de casos aislados, sino de una institución que regentea el delito con jugosas ganancias. Una policía que funciona como una verdadera “asociación ilícita” con jueces, fiscales y políticos para proteger sus negocios y enriquecerse.

La "doctrina Bullrich" en Santa Fe

Por estos días Patricia Bullrich intentó establecer una agenda mediática para fortalecer la actividad represiva de las fuerzas de seguridad. Luego de la reunión del policía Chocobar con Macri, la ministra afirmó que "la doctrina está cambiando", dando vía libre a que las fuerzas de seguridad disparen y que en todo caso "tenían el beneficio de la duda". Además afirmó que los casos de muertos por gatillo fácil son en realidad "enfrentamientos". Para Bullrich una muerte cada 23 horas a mano de las fuerzas de seguridad son un invento.

Como venimos sosteniendo, la reunión de Macri con Chocobar (apoyándolo y entronizándolo como “héroe”) fue un aval directo al gatillo fácil que va a multiplicar esta práctica de las llamadas fuerzas de seguridad. Fabián Enrique es la primera víctima de esta nueva versión del “meta bala” de Carlos Ruckauf.

Lejos de una política distinta, en la provincia gobernada por Lifschitz y el municipio por José Corral son quienes dirigen a la narcopolicía. También tiene vía libre para matar, torturar, y seguir impune.

Mientras tanto, los muertos son de nosotros, y la impunidad siempre es ajena