Este miércoles 14 de agosto la Cámara de Diputados aprobó con 73 votos a favor y 55 en contra el proyecto de integración social y urbana, iniciativa impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Con esto, dicha legislación pasará al Senado para ser revisada en esa instancia.

Con este proyecto el gobierno pretende aumentar la integración social y la equidad territorial, a través del desarrollo urbanístico, al fomentar la construcción de viviendas sociales en zonas con cierto desarrollo urbano, evitando que estos proyectos vayan a la periferia.

Sin embargo, son varias las dudas que genera la iniciativa (aparejada con el decreto del Minvu de principios de julio), en especial respecto de las atribuciones que tendrán los secretarios regionales ministeriales (Seremi) de Vivienda, pues podrán pasar por encima de los planos reguladores de las direcciones de obras muncipales y construir por encima de las alturas máximas, en caso de proyectos acogidos a la nueva legislación que está por discutirse en el Senado.

Con esto, son varias las entidades ciudadanas vinculadas al desarrollo urbanístico que critican la medida, pues consideran que permite a las inmobiliarias vadear los planos reguladores comunales para construir en altura y tener chance de tratos directos con el gobierno central y los gobiernos regionales.

En ese contexto, y previo a la votación en el Congreso, el Centro Producción del Espacio (CPE) dio a conocer en su sitio web un artículo que muestra la radiografía de los intereses inmobiliarios en la Cámara de Diputados, con datos basados en las declaraciones de patrimonio disponibles en el sitio InfoProbidad del Consejo para la Transparencia.

Una vez concluida la votación, se observó que once de los diputados que tienen participación en sociedades inmobiliarias se pronunciaron a favor del proyecto, y no se abstuvieron. Ellos son: Catalina del Real, Diego Paulsen, Eduardo Durán, Luis Pardo, y René Manuel García (RN); Cristhian Moreira, Issa Kort, Javier Macaya y Patricio Melero (UDI); Pablo Kast, Sebastián Keitel (Evópoli) y Matías Walker (DC), el único de oposición.

En tanto, otros diez diputados -todos de oposición, pero que también tienen intereses en el sector- votaron en contra de la iniciativa. Solo Pablo Lorenzini (DC), quien tiene intereses inmobiliarios y no es oficialista, se abstuvo.

Minvu recargado

Además, el texto contempla tres nuevas funciones ministeriales que fueron adicionadas durante el trámite en la Comisión. En ellas, se faculta al Minvu para implementar políticas de suelo y programas habitacionales que propicien la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, junto con establecerle la obligación de resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios y disposiciones para la integración e inclusión social urbana.

Por otra parte, el proyecto establece que los nuevos planes reguladores comunales o sus modificaciones integrales o actualizaciones deban contemplar disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado y de otras personas o familias en situación de vulnerabilidad.

En el mismo contexto, se aprobó la incorporación de un nuevo artículo que señala que no solo el Minvu podrá establecer beneficios de normas urbanísticas para proyectos de viviendas integradas. La iniciativa también faculta a los servicios de vivienda y urbanismo regionales para concesionar, mediante licitación pública, la construcción, administración y mantención de viviendas económicas en terrenos de su propiedad o de otros órganos o servicios de administración del Estado.

Para Gonzalo Winter, presidente de la Comisión de Vivienda y diputado del Frente Amplio, se trata de un proyecto “pro inmobiliarias y pro desregulación", donde el sector inmobiliario es el más beneficiado.

En conversación con INTERFERENCIA, el diputado advirtió sobre las nuevas facultades que tendrá el Servicio de Vivienda y Urbanismo y sus respectivas seremis, ya que ahora podrán optar a un mecanismo por medio de un informe de desarrollo urbano para pasar por sobre los planos reguladores comunales y establecer normativas distintas a las planificadas originalmente en los territorios.

Por otra parte, Winter expresó que "nos encontramos en un momento del mercado inmobiliario donde lo rentable es que personas de altos ingresos compren muchísimos departamentos como inversión para que luego habiten personas de escasos recursos, arrendando. No podemos aceptarlo y es un insulto a la inteligencia creer que mientras más construyan las inmobiliarias más baja el precio. Está demostrado que no es así".