La Legislatura porteña aprobó un proyecto impulsado por el Ejecutivo para regular el precio de los alquileres y evitar que los inquilinos abonen la comisión correspondiente a las inmobiliarias (pasará a estar a cargo del propietario), además de los gastos administrativos. Se trata de una reforma a la Ley 2.340 que, según la proyección del oficialismo, busca favorecer a más de 400 mil familias.

Como se preveía, el oficialismo y casi toda la oposición votaron en conjunto, y la votación terminó con 51 votos a favor, 2 abstenciones y ninguno en contra (se encontraban presentes 53 de los 60 diputados que componen la Legislatura porteña).

La nueva norma modificará la Ley 2.340 de Alquileres con el objetivo de controlar y evitar que las inmobiliarias fijen el monto de las comisiones libremente; cambiará el artículo 11 de esa ley para establecer que en "los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato"; y también modificará la norma vigente para que "si la administración de la mencionada locación fuera ejercida por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos".

Es decir, con la nueva ley, la comisión a favor de los corredores inmobiliarios no podrá superar el 4,15% (equivale a menos de un mes de alquiler, contra los dos que estaban cobrando las inmobiliarias en los últimos años); serán los propietarios y no los inquilinos los que se hagan cargo de las comisiones y de los gastos del trámite (certificación de firmas y otra documentación); se elimina el sistema de garantías propietarias que complicaba a muchos inquilinos a la hora de alquilar; los derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en los sitios de internet y en las oficinas de las inmobiliarias; y los inquilinos tendrán asesoramiento legal gratuito.

El debate sobre el proyecto impulsado por el oficialismo porteño empezó poco después de las 14, y a lo largo de las casi dos horas que duró, la presidente del cuerpo legislativo Carmen Polledo tuvo que interrumpir a varios oradores ya que distintas personas que estaban en el recinto gritaban y abucheaban en medio de los discursos.

Luego de que los legisladores aprobaran el proyecto, el titular de la organización Inquilinos Agrupados, Gervasio Núñez, aseguró: "Los inquilinos vamos a dejar de pagar comisiones a las inmobiliarias por un servicio que les ofrecen a los propietarios".

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"Después de mucho insistir, de denunciar inmobiliarias, presentar proyectos de ley, participar de audiencias públicas, conversar con inquilinos, organizar charlas, talleres, festivales y de estar presentes en los medios de comunicación, logramos que el Gobierno de la Ciudad, a través del Instituto de la Vivienda, impulse este proyecto en la Legislatura porteña", destacó.

Por su parte, Maxi Ferraro, uno de los autores del proyecto, celebró la aprobación de la norma, y dijo que la ley "fomenta la competencia en el mercado inmobiliario y hará que se celebren más contratos. Esto verificará una mejora en el interés general, que siempre está por arriba del interés particular de un grupo".

"Casi 400 mil familias se verán beneficiadas. La amplia mayoría parlamentaria con la que fue aprobado el proyecto da cuenta de la necesidad que había de reglas más claras que permitieran un salto cualitativo en la forma de alquilar", aseguró el jefe del interbloque Vamos Juntos, Francisco Quintana.

"Durante el primer semestre, hubo un crecimiento del 43% en las escrituras de compraventa y del 142% en las operaciones con hipoteca. Con esta modificación, facilitamos también el acceso a la vivienda mediante alquiler", planteó Quintana.

Por su parte, la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, fundamentó el acompañamiento a la ley "porque es una iniciativa de control, que viene a subsanar una falla sobre regulación de la Ley 2340 – Colegio Único de Corredores Inmobiliarios– , la cual ha sido sistemáticamente incumplida durante diez años", aunque aclaró que "es pretencioso hablar de 'Ley de Alquileres' porque no es una ley exhaustiva ni una política habitacional integral".

En línea con las quejas que se escucharon a lo largo de toda la sesión, el Colegio Profesional Inmobiliario cuestionó la iniciativa al considerarla "arbitraria". "Tendrá como consecuencia el cierre de inmobiliarias, con la afectación a sus empleados y familiares", expresó la entidad en una solicitada publicada en los medios esta semana.

Entre otros puntos, el Colegio planteó que la iniciativa "violaría la ley y la Constitución", ya que el "nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias que si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión… y presume que los servicios no son gratuitos".

"Cada vez que el Estado intervino el mercado las consecuencias fueron nefastas. Todavía estamos a tiempo de frenar este error", señalaron desde la entidad que agrupa a los corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires.

Cuando se presentó el proyecto, en julio de este año, el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, informó que se buscaba mejorar la forma de alquilar en la Ciudad para bajar los costos de acceso para los inquilinos, brindar asesoría legal permanente y gratuita, y a su vez darles a los dueños las herramientas para garantizar el cuidado de sus departamentos.

Según Inquilinos Agrupados, asociación que nuclea a un conjunto de inquilinos, la aprobación de esta norma implica "un logro que nos llevó mucho tiempo y que parecía inalcanzable, pero con la fuerza y el compromiso de todos nosotros lo hemos logrado".

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