Íñigo Urkullu ya se lo advirtió a Pedro Sánchez el pasado mes de junio en su reunión de La Moncloa: el Gobierno Vasco está dispuesto a dar más pasos hacia la autodeterminación en el nuevo Estatuto. Ahora, el Ejecutivo y el PSOE evitan rechazar un texto de reforma que es, de facto, un “Plan Ibarretxe 2”.

El presidente del Gobierno ya alcanzó con el PNV, antes de la moción de censura, un acuerdo que incluía el compromiso de transferir la competencia de Prisiones y aceptar que el nuevo Estatuto incluyera el reconocimiento de una “identidad nacional vasca”. No obstante, Urkullu quiso ir más allá y pactó con EH Bildu una nueva redacción que ya en junio hizo saltar las alarmas en Moncloa.

Tal y como se contó en estas páginas, el lehendakari trasladó a Sánchez, en su reunión de hace cuatro meses, que el informe de la llamada “Ponencia de Autogobierno”, germen de la reforma estatutaria, se iba a hablar de “nación” o, como mínimo, de “nacionalidad vasca”.

Ya entonces, altos cargos del Ejecutivo y del PSOE alertaron de que el Estatuto que estaban diseñando desde Ajuria Enea, con el respaldo de Bildu, podía convertirse en un “nuevo Estatut” como el de Cataluña de 2006, que supuso el punto de partida del procés y provocó la primera gran crisis del Gobierno Zapatero.

Ahora, una vez redactada la propuesta de reforma estatutaria al completo por parte del PNV y los abertzales, la preocupación ha ido a más. El texto no solo recuerda ya al presentado en el Parlament hace doce años, sino al Plan Ibarretxe de 2003. De hecho, se considera una “versión extendida y mejorada” de aquella propuesta.

“Estado autónomo”, referéndum y “España confederal”

Así lo reconocen diversos cargos del PSOE y del PP, aunque los primeros prefieren hacerlo en privado y los segundos se comienzan a manifestar incluso públicamente. Los representantes de ambos partidos coinciden, sin embargo, en señalar los riesgos de este proyecto de Estatuto: “Si sale adelante, implicaría un reconocimiento implícito de la independencia del País Vasco y sería urgente una reforma de la Constitución, porque se la salta”.

En ese sentido, el texto propuesto por PNV y EH Bildu no solo recoge la “nacionalidad vasca” anticipada por Íñigo Urkullu a Pedro Sánchez hace cuatro meses en La Moncloa. También incluye en su articulado una serie de disposiciones que dotan a Euskadi de un estatus de Estado propio absolutamente incompatible con el actual orden constitucional.

-- En el artículo 5 del futuro Estatuto, titulado “Principio de legalidad. Principio democrático. Derecho a decidir”, se establece que, en la necesidad de los vascos de “profundizar en la actualización de sus derechos históricos”, puedan celebrarse “consultas y referendos” sobre las relaciones de Euskadi con el Estado español.

Más adelante, en el Título VIII, se amplía este concepto, explicando que “se incorporará la previsión de la consulta habilitante de la norma institucional básica, de manera que, una vez sea aprobado por el Parlamento Vasco un nuevo proyecto político, con carácter previo al inicio de su tramitación ante las Cortes Generales, el mismo sería sometido a una consulta habilitante de la ciudadanía vasca”.

-- En el artículo 7, referido al “Sujeto jurídico-político”, se proponen nuevas denominaciones para el País Vasco. En concreto, en el borrador se especifican las siguientes opciones: Comunidad estatal vasca; Comunidad de carácter nacional; Comunidad foral vasca (remite a los derechos históricos y a la foralidad que inspiran la propuesta); Comunidad nacional vasca (pone en relieve la identidad nacional del pueblo vasco); Estado autónomo vasco (definición utilizada en el proyecto de Estatuto de 1931); y Estado foral vasco (aúna el concepto estatal con nuestra singularidad foral histórica que ahora quiere actualizarse)”.

-- En el siguiente artículo, “Vínculo con el Estado español”, se habla de un “nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo y de no subordinación, y a tal efecto se anudará un sistema de relación bilateral efectiva e incorporará un régimen eficaz de garantías que blindará el autogobierno vasco”.

Justicia propia y un TC nulo

Después de blindar la “independencia de facto” del País Vasco en los primeros títulos y artículos, PNV y EH Bildu incluyen, en el Título IV de “Poderes del Sujeto Político Vasco”, el reconocimiento del Consejo General Judicial Vasco como el órgano de gobierno del Poder Judicial Vasco independiente del resto de los poderes públicos, estableciendo un modelo de organización y planta judicial propios que culminará en un Tribunal Superior de Justicia Vasco.

Asimismo, se reconoce la capacidad del “Sujeto Jurídico Político” de organizar la Administración de Justicia en el País Vasco como parte imprescindible de su potestad de autoorganización, ejerciendo en su territorio todas las facultades ejecutivas y de carácter orgánico correspondientes a la Administración de Justicia, de conformidad con la tradición foral y la experiencia histórica autonómica.

Además, las instituciones vascas tendrán plena independencia en la designación de los magistrados y jueces y nombramiento de secretarios y auxiliares de la Administración de Justicia, así como la organización y funcionamiento de un Ministerio Fiscal propios.

Estos artículos, advierten las fuentes consultadas, “anulan totalmente” el poder del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, lo que supone otra vulneración más de la Carta Magna.

Por último, en las disposiciones adicionales se establece que “tanto los territorios históricos como el Gobierno Vasco deben poder intervenir directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE cuando se puedan ver afectados por decisiones comunitarias. Dicha participación se hará efectiva en los términos que en cada momento establezcan la normativa europea y el ordenamiento jurídico de aplicación”.

El PSOE y el Gobierno evitan frenarlo

El borrador del Estatuto se ha entregado a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, que han emitido votos particulares. Estas alegaciones de los diferentes grupos políticos se han incluido en el texto final remitido al comité de expertos que analizará ahora la viabilidad del proyecto. Este es el texto al que ha tenido acceso ECD.

A la espera de un pronunciamiento por parte de este grupo, cuyos cinco integrantes han sido designados por cada una de las formaciones con escaño en el Parlamento, el PP está llevando a cabo, tanto en la Cámara como en las Juntas Generales de las provincias vascas, propuestas para echar abajo el texto pactado por PNV y EH Bildu.

El objetivo de los populares es que los socialistas se sumen a ese rechazo. Pero ni el PSOE, ni el Gobierno central, están por la labor: “Hay abierta una negociación por los Presupuestos Generales del Estado y prefieren no pronunciarse”.

Así lo advierte al Confidencial Digital Javier Ruiz, portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya. El dirigente popular explica que “en el pleno de política general se llevó una propuesta para rechazar el proyecto de Estatuto, pero los socialistas no lo apoyaron”.

Ruiz añade que el texto, diga lo que diga el comité de expertos, no puede ser aceptado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, “además de ser ilegal, va a provocar una grave confrontación entre vascos y el resto de españoles”.

Destaca, en ese sentido, que “busca diferenciar a los vascos que son nacionalistas de los que no lo son, reconociendo la nacionalidad vasca a los que la soliciten”. Una estrategia, añade, que “nos recuerda a lo que ha hecho el Govern catalán en los últimos años”.

Por último, y en relación con el procés en Cataluña, afirma que Urkullu, a diferencia de sus colegas en la Generalitat, “no habla de autodeterminación, escondiendo ese objetivo con una terminología que busca confundir”. No obstante, concluye, “el lehendakari se ha echado a los brazos de Bildu y ha impulsado un texto lleno de omisiones y falsedades, que además es totalmente contrario a la Constitución”.

ECD también se ha puesto en contacto con el equipo de Íñigo Urkullu para ampliar esta información. Desde Ajuria Enea explican que el texto está dentro del “marco de la Constitución” y es el desarrollo de los compromisos adquiridos en el Estatuto de Gernika de 1979 y por el actual Gobierno Vasco ante el Parlamento en el inicio de la actual legislatura.