El presidente de EEUU Donald J. Trump le da la bienvenida al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, al Despacho Oval de la Casa Blanca. JOIYCE N. BOGHOSIAN/THE WHITE HOUSE / Dominio público

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La conversación pública, es decir, el intercambio de información entre personas, es una acción que se remonta hasta los orígenes de la humanidad. Hace dos siglos, gracias a conceptos como razón, verdad o deliberación, este proceso incluso se convirtió en la base sobre la que se levantaron las democracias liberales. El desplazamiento de las empresas tecnológicas hacia el centro de la economía pone en jaque dicha concepción. En poco menos de una década, Silicon Valley ha conquistado los canales de comunicación horizontales que usan los ciudadanos, mercantilizando la información y adquiriendo enormes cotas de poder en la esfera pública. Ello debiera llevarnos a plantearnos las tecnologías digitales, no como algo mágico, sino desde concepciones económicas y políticas más amplias.

FACEBOOK

La red social Facebook tiene casi 2.271 millones de usuarios, superan la población china. Sólo entre junio y septiembre registró una subida de los ingresos del 29%, llegando a los 17.650 millones de dólares. Pero su enorme poder no se entiende sin fijarnos en las lógicas financieras de fondo. En sus inicios, para poder desarrollar dicha start-up, el joven Mark Zuckerberg acudió a uno de los inversores de capital riesgo más importantes de Estados Unidos: Peter Thiel, fundador de Paypal, asesor de Donald Trump, creador de una compañía de minería de datos, Palantir, que ha firmado importantes contratos con el Gobierno y de quien se han escrito ríos de tinta (George Packer hizo un perfil bastante preciso en El Desmoronamiento). Este devoto de Ronald Reagan y Ayn Rand invirtió 500.000 dólares en dicha compañía allá en 2004, pero vendió su participación por 630 millones en 2012, cuando Facebook salió a bolsa. Para entonces, una plétora de fondos o inversores individuales se habían hecho con la compañía. En concreto, 1.435 instituciones financieras poseen el 68 por ciento del capital social de Facebook. Entre ellas, The Vanguard Group (7,37 %) o BlackRock Fund (4,30 %), fondos conocidos por especular con el suelo o la vivienda en España.

No cabe duda de que Facebook es una empresa dominante en el mercado digital. Tampoco que su estrategia pasa por comprar a los competidores cuando estos empiezan a despuntar. En su breve historia, las start-ups que ha adquirido ascienden a un total de 90. Aunque, sin duda, algunos de los ejemplos más claros de este comportamiento, propio de un monopolio, los encontramos en Instagram y WhatsApp. La primera, con 1.000 millones de usuarios, y que ha censurado recientemente unos emoji de frutas por ser “sexualmente sugestivos”, fue comprada por 1.000 millones de dólares en 2012.

Toda firma capitalista busca formas de acaparar un mercado. Por eso, la idea detrás de dicho adquisición no sólo era obtener mayores cotas de influencia en la vida de las personas lanzando Instagram Direct, sino expulsar a competidores como Snapchat. Se estima que la compañía acabe el año 2019 con ingresos cercanos a los 14.000 millones de dólares. Básicamente, el 80% de los usuarios de Instagram sigue al menos la cuenta de una empresa a través de esta plataforma, así que a menos que alguna regulación haga acto de presencia es complicado imaginar que Facebook pierda su posición en el mercado de la publicidad digital.

Por otro lado, Facebook compró WhatsApp (una compañía de 70 empleados y 1.500 millones de usuarios) en una operación récord que alcanzó los 22.000 millones de dólares. Así es como de manera kafkiana la compañía de Zuckerberg se ha erigido como uno de los guardianes principales de la esfera pública. De hecho, este control absoluto sobre los medios a través de los que la sociedad se comunica es precisamente el motivo por el que han ocurrido sucesos como Cambridge Analytica.

Titulares recientes como “Facebook permitirá que los políticos publiquen anuncios falsos durante las elecciones en el Reino Unido” también responden a estas lógicas. Digamos que la compañía controla todos los medios de acceso a la información y se lucra cuando un usuario interactúa muchas veces con un contenido, sea este verdadero o falso, cobrando a los anunciantes en consecuencia. Este es su modelo de negocio y sólo en lo que llevamos de año ha desembolsado 12,5 millones de dólares en hacer lobbying en Washington para asegurarse de que ningún político tome medidas al respecto.

YOUTUBE

Ahora bien, si existe un competidor directo de Facebook, este es YouTube. La filial de vídeos de Alphabet (matriz de Google) cuenta con tantos usuarios como Twitter y WhatsApp juntas y ha sido la gran responsable, junto a los servicios en la nube de Google, del incremento del 20 por ciento en los ingresos del tercer trimestre de la compañía, los cuales han ascendido a 40.499 millones. Claro que el poder adquirido por este gigante comienza a mostrar algunas grietas. Los legisladores americanos de ambos partidos han tratado que la plataforma de video propiedad de Google acuda a Capitol Hill para declarar sobre la infracción de derechos de autor (buena parte de sus ganancias proceden de extraer plusvalía de los llamados youtubers). Pero nada de esto ha impedido a Donald Trump desplegar buena parte de su estrategia en esta red social para repetir sus resultados. Y todo para que los accionistas se repartan el 82,1% de los ingresos operativos (ingresos brutos menos deducciones antes de impuestos) de la compañía. Entre ellos, los fondos de inversión que también están detrás de Facebook.

Las lógicas del capitalismo digital son sencillas: extraer la mayor cantidad posible de datos de los usuarios mediante todo tipo de artimañas para crear perfiles personalizados de los usuarios y después ofrecer a los anunciantes la publicidad dirigida más precisa del mercado. En ocasiones, ello lleva a las grandes empresas del sector a colaborar. Por ejemplo, en el verano de 2018, Google, Facebook, Microsoft y Twitter se unieron para anunciar una nueva iniciativa llamada Data Transfer Project, diseñada como una nueva forma de mover datos entre plataformas.

Si se compara con los gigantes de Silicon Valley, Twitter es una compañía irrisoria, al menos en volumen de negocio. Hablamos de 1,43 dólares por acción, o ganancias de 841 millones de dólares en un trimestre. Por otro lado, en las distintas fases de captación de inversión recaudó poco más de 100 millones de dólares procedentes de fondos de capital riesgo de tamaño mediano, como Union Square Ventures, Spark Capital o Insight Venture Partners. En la actualidad, aunque su fundador Jack Dorsey sigue manteniendo cotas de influencia en la compañía como CEO, The Vanguard Group se alanza de nuevo como el accionista más notorio, con un 10 % de participación. Pero Twitter es un actor con cierta influencia en las dinámicas de la economía de plataformas. Recientemente, su decisión de prohibir los anuncios políticos tuvo consecuencias como intensificar la presión sobre Facebook para que hiciera lo propio.

Estos movimiento forman parte del modus operandi de las firmas tecnológicas y tienen el objetivo de ganarse la confianza de los reguladores para que las instituciones financieras que los respaldan sigan haciendo negocio con la erosión de las instituciones sobre las que durante siglos se ha erigido la democracia liberal. Por eso, dado que no existen redes sociales europeas, o ni siquiera empresas tecnológicas entre las 20 con mayor capitalización bursátil, al margen de Spotify (un servicio de música en streaming), las únicas alternativas a las empresas que acompañan al imperio estadounidense son Telegram y WeChat.

La primera es una creación de los exiliados y emprendedores rusos Nikolai y Pavel Durov. La segunda, una empresa que pertenece al gigante chino Tencent y que goza del apoyo del Gobierno de Xi Jinping. No es casualidad, pues Rusia y China son enclaves geográficos que, aunque con algunas dudas, en el siglo XXI se alzan como alternativas soberanas, al menos en términos tecnológicos, respecto a Estados Unidos.

La diferencia entre ambas es que Telegram es utilizada por los disidentes rusos y que sus fundadores se han negado a darle acceso al Estado a los datos de los usuarios, mientras que WeChat participa de los programas gubernamentales que promueven el crédito social chino, un sistema diseñado para insertar al ciudadano en las lógicas de la economía de mercado. En cualquier caso, ambas son alternativas al modelo de funcionamiento de internet que han impuesto las firmas estadounidenses. Y también constituyen un ejemplo para ilustrar a Europa de que es posible hacer frente al sistema establecido por Estados Unidos tras la Guerra Fría y diseñar alternativas que entiendan los datos como bienes públicos, diferenciándose así de China o Rusia. Desde luego, esta posición es la única capaz de garantizar que la información engrase las arterias de un sistema democrático.