El progresismo goza de una enquistada buena fama y de un aura de bonhomía. Esta construcción cultural y semántica no es ingenua ni es nueva. Su instalación en el imaginario social lleva décadas de trabajo y machaque, trabajo por cierto muy instrumental, ya que permite instalar desde el discurso político, cualquier cosa. Vamos sólo a algunos ejemplos:

La semana pasada se legalizó el paquete de medidas de ajuste cruel y drástico. Las mismas están destinadas a asegurar a los organismos internacionales las condiciones de cumplimiento de los pagos acordados. Vale decir: para decirle al FMI que sí, que sí, que no te quepa duda de que te vamos a pagar se canibalizó el patrimonio del sector productivo y de la clase pasiva. Si estas medidas van a resultar efectivas o no, es harina de otro costal. Lo vital es entender que sus autores juran que a esto no se lo debe llamar ajuste.

Con idéntica fanática convicción, desde la cartera de seguridad, con nula competencia en cuestiones judiciales, se ha anunciado que se revisarán las responsabilidades de la gendarmería en el caso Maldonado, caso en el que medio centenar de peritos concluyeron que se trataba de un ahogamiento en el que esa fuerza no había tenido nada que ver. Pues nada, que lluevan peritos de los planetas, el neomito no puede decaer.

Y con renovados bríos, los condenados Luis D'Elía y Amado Boudou, que tomaron una comisaría y se robaron una fábrica de billetes respectivamente, solicitaron dejar de ser víctimas del lawfare expresión que hace referencia a las operaciones para encarcelar a una figura política mediante una conspiración con el Poder Judicial. Lo más lindo es que estos dos personajes dicen estar presos sin causa, a pesar de que las pruebas de sus tropelías fueron documentadas, fotografiadas, filmadas y comprobadas en varias instancias.

SEÑA DE IDENTIDAD

La contradicción indómita de la aceptabilidad de una opinión sin correspondencia con la realidad parece ser determinante. Estamos ante un criterio fundamental: no importa lo que realmente es, sino lo que debería ser. No vale arrancarse los pelos tratando de demostrar la contradicción, porque lo que impera es lo que sería deseable.

¿Qué tienen en común estos tres hechos? La convicción fanática más allá de las pruebas. Vayamos más lejos: la certeza de que una forma de pensar es, en sí misma, moralmente superior; independientemente de su adecuación a la realidad. Esa contradicción palpable entre lo que se dice y lo que se puede comprobar. Bueno, eso es el progresismo.

Para avalar la tarjeta de alimentación, etapa icónica de la evolución socialista, se ha organizado un bizarro relato del hambre. Alrededor de esta idea se armaron conciertos, figuras mediáticas solidarizándose sentidamente y la medida más clientelista e indigna: el plástico que determinará quienes son y qué deberán comer los pobres.

Más vale que nada importa que esto contradiga lo que documenta el Índice Global del Hambre 2019 (https://www.globalhungerindex.org/results.html). No importa si el relato se ajusta a la realidad y no importa lo más mínimo que la información sea empíricamente verificable o no. A los efectos de vender ajuste por solidaridad, se instala la idea de que tenemos un índice de hambre africano. Si le agregamos famosos con cara de circunstancia, no tendrá sentido evaluar siquiera si las medidas son efectivas. Sencillamente, determinadas cosas no pueden decirse, ni, para ser más prácticos, deberían pensarse. ¿Acaso esto no te conmueve? Persona sin alma a la que solo importan los números.

El progresismo es un sistema de estructuras emotivas que no son patrimonio del actual gobierno ni del anterior. Es un sólido conjunto de ideas socialmente aceptadas sin las cuales, todos los hechos anteriormente descritos no podrían tener lugar.

SU MEJOR ARMA

La característica emocional del progresismo es, ciertamente, su fortaleza y mejor arma. Defender los planes sociales o la construcción de viviendas a cargo del Estado se trasluce perfectamente dentro de este sentimentalismo. No se pondrá en duda jamás si estas medidas son realmente efectivas, o incluso, si producen efectos contrarios al fin perseguido. La moralina progresista se permite tachar de insolidario a quien piense que los subsidios y los servicios sociales eternos son el método más eficaz para acrecentar la pobreza, no para reducirla. Ha de entenderse que, sin que estas ideas fueran pretéritas a nuestro acervo cultural, los gobiernos basados en la victimización y el sentimentalismo no tendrían cabida.

Una de las superideas de rutilante éxito del progresismo, es que sólo el Estado puede garantizar el acceso universal al bienestar, no importa que, justamente los Estados más elefantiásicos sean los que peores servicios brindan. Es más, no importa que los ejemplos de Cuba y Venezuela que implementan estas políticas sean de una miseria lacerante en cuanto al bienestar de sus habitantes. De nuevo la realidad no debe opacar el imperio de los sentimientos. Una consecuencia prácticamente inmediata de esta afirmación es que deben existir unos impuestos elevados y progresivos para sostener el Estado Presente, en Argentina, este consenso es casi total.

Por este motivo la necesidad de la masiva intervención del Estado en la regulación no se discute en nuestro espectro político que, con aleatorios matices, sostiene la idea de que existen pobres porque hay ricos. La desigualdad se percibe como el principal problema y, para solucionar este problema, la única solución es la política, es decir, la intervención del Estado. Vamos de nuevo: si la sociedad no tuviera esta idea previa al discurso político, el progresismo no sería tan fabuloso negocio electoral.

Ahora bien, para contrapesar el poder económico (que según el progresismo es el verdadero poder) hay que sobredimensionar el poder político, que emana de la voluntad popular. Lo que corresponde es repartir la riqueza mediante la coacción fiscal y la intervención del Estado. Esto traducido a la realidad es un sablazo a los jubilados y a la clase media de ingresos privados. No importa, estamos redistribuyendo y quien se oponga será un neoliberal oligarca.

La otra idea central del progresismo es que la causa de la violencia es la desigualdad y la injusticia social. Bajo esta bandera, todo es consecuencia de un sistema social injusto. La finalidad de las cárceles es la reinserción de las víctimas de la sociedad, y en consecuencia, la cadena perpetua es inadmisible aún cuando estemos frente a violadores de niños. Hete aquí otra contradicción que parece no hacer mella en el pensamiento progresista. La relación entre el derecho y la democracia, es que el primero debe someterse a la segunda. Sin que esta idea existiera previamente, no podría instalarse el lawfare como concepto de injusticia y de espurio arbitrio del Poder Judicial sobre los líderes populares. Para el progresismo, las leyes, son una superestructura destinada a justificar la dominación. El fenómeno del “Lawfare” surge en un relato trabajado por el progresismo durante décadas.

Para que se puedan instalar mentiras flagrantes, para que puedan crecer los totalitarismos y para que nuestras instituciones sean denigradas, era necesario que antes, durante décadas se instalaran principios fundantes de esa entelequia semiológica denominada “progresismo”. Su apelación sentimental impuso una mirada bondadosa hacia los delincuentes, un resentimiento hacia el que produce, un desprecio a las normas, un descrédito al mérito y la normalización de que el papá Estado sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. De aquellos polvos, estos lodos.