Cientos de ciudadanos es tudiantes, empresarios y políticos llenaron ayer el auditorio municipal de Chihuahua, donde se instaló la asamblea constitutiva de la Unión Ciudadana. Entre los presentes estuvieron el ex gobernador Francisco Barrio, el senador Javier Corral y el dirigente estatal de Morena, Víctor Quintana Foto Miroslava Breach

Miroslava Breach Velducea

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de noviembre de 2014, p. 30

Chihuahua, Chih.

El gobernador César Horacio Duarte Jáquez realizó compras de medicinas para el sector salud con costo superior a 300 por ciento, con lo que habría beneficiado a empresas de amigos y patrocinadores de su campaña electoral, denunciaron dirigentes políticos y sociales que constituyeron aquí la Unión Ciudadana.

En 2012, el gobierno estatal habría pagado cien millones de pesos de más a Inmarsa Farmacéutica, propiedad de los hermanos Iram y Jorge Márquez, constituida siete meses después de haber iniciado el gobierno priísta.

A esa empresa el senador panista Javier Corral Jurado iden- tificó como la que acapara la mayoría de licitaciones por adquisición de medicamentos en Pensiones Civiles del Estado e Instituto Chihuahuense de Salud.

Otra operación por 186.5 millones de pesos se habría realizado con Administración y Comercialización de Franquicias Internacionales, cuyo mayor accionista es Víctor Almeida García, no el de Interceramic, ese compañero empresario (es) íntegro , aclaró Corral.

Abundó que Servicios y Atenciones Médicas K ha vendido al gobierno medicamentos y otros productos para el Seguro Popular por más de 500 millones de pesos, pese a que su domicilio fiscal es el mismo que el de la Unión Ganadera División del Norte, presidida por Carlos Hermosillo, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, involucrado también en otra denuncia por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido del ejercicio público.

Javier Corral destacó que los beneficiados financiaron la campaña del entonces candidato a la gubernatura y en menos de un año ya habían ganado la millonaria licitación sin acreditar ninguna experiencia, cuando según los lineamientos se piden por lo menos un par de años en el ramo para participar en un concurso de ese tipo.

Todas esas operaciones violan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado y la ley federal en la misma materia, añadió Corral Jurado.

Manifestó que si las autoridades federales cumplen con su deber de dar continuidad a las denuncias que han presentado por el presunto financiamiento del gobierno estatal al Banco Unión Progreso, el gobernador Duarte deberá solicitar licencia para dar paso a las indagatorias y luego enfrentar la cárcel por enriquecimiento ilícito.