La Audiencia Provincial de Madrid archiva una querella de una víctima del franquismo contra «Billy el Niño»

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La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que ha archivado una querella de una víctima del franquismo contra el inspector de la Brigada Político Social Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, al considerar que el delito de torturas ha prescrito.

En un auto la Audiencia de Madrid rechaza el recurso de apelación interpuso por Felisa Echegoyen, y avala la decisión del juzgado de instrucción número 39 de la capital de archivar la causa.

Echegoyen interpuso en 2017 una querella criminal contra Billy el Niño por un delito de torturas en concurso con otro de lesa humanidad ocurrido durante varios interrogatorios tras ser detenida en 1974 por su participación en una asamblea de trabajadores como miembro de la Liga Comunista Revolucionaria.

Tras varios días de supuestas torturas, según la querella, la entonces Dirección General de Seguridad le impuso una sanción de 200.000 pesetas «al observar una peligrosa conducta de agitadora política» en ella, que representaba «una amenaza notoria y concreta para la convivencia social y la paz pública». Al no poder pagarla, Echegoyen estuvo dos meses en prisión.

El tribunal señala el «tenor aislado de la acción imputada» Sin embargo, pasados cuarenta y cuatro años, la Sala considera que los hechos estarían «claramente prescritos» en relación al delito de torturas, como señaló la Audiencia Nacional cuando rechazó en 2014 la extradición a Argentina de Billy el Niño, reclamado por la jueza María Servini que instruye la querella argentina por crímenes del franquismo. Pero además, el tribunal cree que no se puede afirmar que González Pacheco hubiese cometido un delito de lesa humanidad («elemento nuclear» de la querella debido a la prescripción del tipo penal de torturas), «dado el tenor aislado de la acción imputada». Es decir, que para que se incurra en un delito de lesa humanidad debe darse un ataque «de carácter colectivo», si no contra una población entera, sí al menos contra un grupo «identificado por su etnia, su orientación política, o cualquier otra característica». «No es suficiente con que se cometa un acto individual contra una persona», prosigue el auto, por lo que las supuestas torturas deberían enmarcarse en un «un contexto de ataque sistemático o generalizado contra un grupo de población civil».