Ahora el indulto es anatema. Munición en la campaña electoral permanente que vive España. Ya en los debates para las elecciones del 28 de abril, Pablo Casado y Albert Rivera deslizaban que Pedro Sánchez buscaba el indulto de los líderes del procés para ganarse sus apoyos para mantenerse en la Moncloa. Y eso que la sentencia llegó meses después, este lunes, 14 de octubre. Y no puede haber indulto sin sentencia condenatoria.

La penas comparadas del procés y el 23-F: rebelión y 30 años de prisión a Tejero y sedición y 13 años para Junqueras

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Pero ahora queda menos de un mes para las elecciones del 10 de noviembre y Casado y Rivera han redoblado esa presión, que ha acusado el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez mostró el "respeto y el acatamiento" por parte del Gobierno a la sentencia del procés y avisó de que ese "acatamiento significa el íntegro cumplimiento" de las condenas, descartando así un posible indulto para los líderes independentistas.

Eso sí, en los últimos años, y en las últimas décadas, han sido indultados, tanto por Gobiernos del PSOE como por Gobiernos del PP, todo tipo de condenados. Desde protagonistas del golpe de Estado del 23F hasta responsables de crímenes de los GAL, pasando por políticos condenados por corrupción, policías torturadores o banqueros delincuentes. Tal y como detalla El Indultómetro de Civio, entre 1996 y 2018 se han concedido más de 10.500 indultos en España.

El indulto de González a Armada

No habían pasado ni cinco años de la sentencia cuando el Gobierno de Felipe González indultó a uno de los autores del 23F, el general Alfonso Armada. Había sido condenado a una pena de 30 años, luego reducida a 26 años, 8 meses y un día por un delito de rebelión durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En diciembre de 1988, poco antes de Nochebuena, recibió el indulto.

Cinco años después del indulto a Armada, instructor militar del rey Juan Carlos, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de indultar al otro gran protagonista del 23F, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Lo hizo tras una petición de una asociación religiosa que hablaba en su nombre, la Archicofradía de la Celeste, Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced.

Como reconoció el Alto Tribunal, las razones para indultarle eran "extrajurídicas" y de "conveniencia pública" para lograr "una aceptación social que contribuiría al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado".

Finalmente, el Gobierno de González no indultó a Tejero, que pasó 15 años en prisión tras ser condenado a 30 años. Salió de la cárcel en 1996, cuando le concedieron la libertad condicional.

Aznar, los GAL y la cúpula de Interior

Si un Gobierno del PSOE indultó a un golpista del 23F como Armada, un Gobierno del PP, el de José María Aznar, indultó a la cúpula de Interior de Felipe González condenada por delitos atribuidos a los GAL. En concreto, el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra.

Así, los antiguos cargos socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera, exministro del Interior y exsecretario de Estado para la Seguridad respectivamente, habían sido condenados en julio de 1998 a 10 años de prisión y 12 años de inhabilitación por detención ilegal y malversación de fondos públicos. La misma sentencia del Supremo condenó a Francisco Álvarez, exjefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista, a 9 años y 6 meses; a Miguel Planchuelo, ex jefe superior de policía de Bilbao, a 9 años y 6 meses; a José Amedo, exsubcomisario de la Policía Nacional, a 9 años y 6 meses; a Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos, a 7 años de prisión; y a Michel Dominguez, exinspector de policía, a 2 años, 4 meses y 1 día.

Pero, el 23 de diciembre de ese mismo año, 1998, el Gobierno de Aznar les concedió el indulto de dos tercios de su pena y el tercer grado para pasar la Navidad en casa, como explica Civio y ha recordado Pablo Iglesias a raíz de la polémica actual sobre indultar o no a los líderes independentistas condenados por el Supremo.

En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 14 de octubre de 2019

Se trataba de un indulto parcial que redujo a Barrionuevo a un tercio la condena, y una modalidad de tercer grado penitenciario que le permitía no dormir en la cárcel.

La corrupción, también indultada

El 23-F; los GAL, ... Y políticos corruptos, como Juan Hormaechea (PP), expresidente de Cantabria condenado en 1994 a 6 años de cárcel y 14 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación. Hormaechea fue indultado parcialmente por el Gobierno de González en octubre de 1995: dejó sin efecto la pena de prisión, pero no la responsabilidad civil.

Pero no fue el único indulto que recibió Hormaechea. En 2011 volvió a ser indultado, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno y tras la repetición del juicio y la ratificación de la pena de tres años por parte del Supremo. Los hechos por los que fue condenado se produjeron durante su primer mandato (1987-1990).

Y si los Gobiernos socialistas indultan a Hormaechea, los del PP a los condenados por el caso Filesa, de financiación ilegal del PSOE. Carlos Navarro, Luis Olivero y Alberto Flores fueron condenados en octubre de 1997 a penas de entre 10 y 11 años de cárcel por falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública. Tres años después, en diciembre de 2000, el Gobierno de Aznar les concedió un indulto parcial que redujo a la mitad las penas impuestas, y que, una vez aplicado, les dejó en libertad.

Los indultos de los condenados por la financiación ilegal del PSOE no fueron los únicos que se aprobaron ese diciembre de 2000. Ya fuera por el fin del milenio o el año Xacobeo, lo cierto es que aquellas Navidades se concedieron 1.328 indultos.

Entre ellos, también estaba el juez prevaricador Javier Gómez de Liaño, quien había sido condenado a 15 años de inhabilitación en 1999 por un delito de prevaricación continuada en el caso Sogecable. Ese mismo día también fue indultado Eloy Roldán Aguilera, uno de los condenados por la estafa de Grand Tibidabo.

También fue indultado el singular Jesús Gil, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid. Había sido condenado en diciembre de 1992 a dos meses de arresto mayor y suspensión de cargo público por estafa, al vender una parcela embargada. Año y medio después, en abril de 1994, el Gobierno de Felipe González le concedió el indulto. Pero Gil ya había sido indultado antes, por el dictador Francisco Franco y tras pagar 400 millones de pesetas, después de haber sido condenado por imprudencia temeraria: el hundimiento del restaurante de Los Ángeles de San Rafael (Segovia), propiedad de Gil, causó la muerte de 58 personas en 1969.

Pero no han sido sólo golpistas, condenados por el secuestro de personas inocentes o políticos corruptos. También ha habido indultos a policías condenados por torturas. Por ejemplo, los cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas e indultados en noviembre de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. O responsables del desastre tras el accidente del YAK-42: en abril de 2012 el Consejo de Ministros de Rajoy concedió el indulto parcial al comandante José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez, condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, como recuerda Civio.

El indulto anulaba la inhabilitación, en tanto que la de prisión había sido suspendida por Audiencia Nacional en 2009.

Por último, un banquero: Alfredo Sáenz, indultado por el Gobierno de Zapatero en noviembre de 2011. Era el consejero delegado del Banco Santander, y se le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer su oficio por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. La decisión del Consejo de Ministros socialista saliente, ya en funciones, le permitió a Sáenz continuar en su cargo.

Sáenz había sido condenado por acusación y denuncia falsa contra un grupo de empresarios, que fueron llevados a juicio con la ayuda del juez Luis Pascual Estevill, quien acabó siendo condenado por prevaricación y detención ilegal.

Meses después, en febrero de 2013, el Supremo anuló el indulto al considerar que el Gobierno no podía anular la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes por delito doloso. Pero ahora era el turno de Rajoy, y aprobó un Real Decreto para que los antecedentes penales dejen de suponer un impedimento para declarar la honorabilidad de un banquero y mantenerlo en el cargo.

En todo caso, sin dar tiempo a que el Banco de España decidiera si le desposeía o no de su cargo, Alfredo Sáenz dimitió con una pensión de más de 88 millones de euros.