En su afán por darle una oportunidad a su candidato, el partido en el poder está desmantelando la escasa credibilidad que podía tener el Estado. Y eso es una tragedia. El peligro para México no es que llegue al poder un candidato de izquierda o un opositor crítico como ha sido López Obrador. El verdadero peligro es que se instaure una cultura política que permita que las instituciones públicas se conviertan en instrumento faccioso para la sobrevivencia de un grupo a cualquier costo.

En los años noventa Fidel Velázquez, quien aún seguiría gobernando la CTM si los seres humanos no fuésemos mortales, señaló que tras la Revolución el PRI había llegado al poder a tiros y que sólo a tiros se lo arrancarían. Por fortuna sus palabras no fueron proféticas y los ciudadanos pudimos sacar al partido oficial de Los Pinos a golpe de votos (nuestra desgracia es que quien entró en su lugar fue el panismo de Fox, pero esa es otra historia).

Pareciera que ahora que se encuentran de nuevo en el poder, los del PRI han recuperado la peor versión de la tesis de Fidel Velázquez. A juzgar por lo que está haciendo la PGR al perseguir a rivales del PRI o el uso de Hacienda con fines de amedrentamiento político, están dispuestos a incendiar la plaza antes que volver a abandonarla. En el año 2000 Ernesto Zedillo, presidente priísta, cedió el gobierno a la alternancia en nombre de un llamado al fortalecimiento de las instituciones; 18 años después el siguiente presidente de este partido, Enrique Peña Nieto, está dispuesto a pulverizar esas las instituciones para no entregar el poder.

En complicidad con el poder legislativo, la presidencia ha desmantelado todas las fiscalías que le pueden ser adversas en el proceso electoral; ha construido una Suprema Corte a modo y ha tomado posiciones mayoritarias en el Trife y el INE, instancias que supervisarán y calificarán las próximas elecciones. Se afirma que la única posibilidad de la oposición para llegar a Los Pinos (sea Morena o el Frente) es mediante un margen de diferencia de tal magnitud que la presión nacional e internacional impida el robo descarado de la elección.

En los cuartos de guerra de López Obrador y de Ricardo Anaya se estima que el margen requerido para que les sea reconocido un triunfo es de 5 puntos porcentuales por encima del candidato oficial, José Antonio Meade. Se supone que una diferencia de esa magnitud evitaría que el gobierno sucumbiera a la tentación de robarse el resultado. Se juzga que una cifra inferior a esa podría entrar en el espacio de manipulación de mapaches y autoridades locales y de procesos postelectorales de cancelación de casillas y nulificación de votos por tecnicismos reales o inventados.

Por lo menos eso era el supuesto, que el gobierno sólo se atrevería a cometer un fraude si Meade se acerca al puntero, pero no si se queda muy atrás. Ahora ya no estoy tan seguro de que eso los detenga. Utilizar a la PGR de manera tan grosera y burda para fincarle un expediente al candidato Anaya violentando tiempos y procedimientos o divulgando un video pueril tomado en sus propias instalaciones para dañarlo, revela que el gobierno está dispuesto a todo. Incluso a descararse y utilizar a las instituciones de manera mafiosa. A juzgar por estos ejemplos, ¿qué nos asegura que no va a hacer lo mismo en el Trife, en las cámaras o, llegado el caso, en la Suprema Corte?

Se me dirá que la presión de la opinión pública, interna y externa, impediría una infamia de este tamaño. Ojalá. Por lo pronto han mostrado que la opinión pública o la credibilidad de las instituciones les tiene sin cuidado y que antes que entregar el poder están dispuestos a todo. O casi a todo. Y por la integridad física de López Obrador y de Anaya, confío que se mantenga ese “casi”.

@jorgezepedap

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