Privatizar el Registro Civil está dando ya enormes beneficios para empresas privadas y, posteriormente, también, para el cuerpo de registradores mercantiles , en un alarde de presunta prevaricación por parte del actual Gobierno. Pero el problema es mucho más profundo y tiene que ver con un doble proyecto ideológico concreto. Por un lado la propuesta enfermiza de una determinada derecha casposa e insolidaria que pretende privatizarlo todo, por supuesto los beneficios, no los riesgos, ni las pérdidas. Pero el segundo aspecto de esta propuesta es, si cabe, de mucho mayor calado político ideológico.

Los Registros Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.

Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los Registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales, y casi siempre en el ámbito de la organización de Justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo. Así la Iglesia deja de “ejercer un poder “que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a través de los ritos de paso sacramentales.

El Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.

Recientemente, en 2011 el gobierno del PSOE trató de “modernizar” y de “desregular” la dependencia del Registro Civil del ámbito de los jueces. Quizá con buenas intenciones en un inicio, pero que no supo o no quiso rematar o se vio envuelto en un magma corporativo. Precisamente ahí esté el inicio del “problema”, que ahora el Partido Popular quiere “rematar la faena”, si las próximas elecciones y una nueva mayoría parlamentaria no se lo impiden.

El PP, primero, ha puesto en manos de empresas privadas de nuevas tecnologías datos de la ciudadanía que son sensibles , obviando los más elementales principios de la Protección de Datos y, ahora, pretende poner los registros civiles en manos de los registradores mercantiles (y de la propiedad).

Es evidente que había que modernizar el Registro Civil en España, dar una nueva funcionalidad en base a los principios de igualdad y usando las nuevas tecnologías al máximo, pero dentro de los límites del Estado de Derecho y de la privacidad que cada persona merece y que sólo se consagran en el ámbito público. Por seguridad e igualdad de todos y todas ante la Ley. Principio constitucional muy importante, que con esta propuesta se destroza.

Hay que tener en cuenta los enormes riesgos que se corren cuando los datos personales más relevantes de la ciudadanía, desde las inscripciones de nacimiento a las de defunción, pasando por toda una serie de actos fundamentales, dejen de estar bajo el control de la administración pública. Ya sea central, territorial o local.

Con esta reforma pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros en la seguridad y privacidad de las personas que ello puede conllevar.

Muchos políticos y colectivos sindicales se equivocan cuando la denuncia de este hecho la hacen basándose, fundamentalmente, en cuestiones puramente mercantiles , de pago de aranceles por parte de la ciudadanía, de suculentos pelotazos y de supuesta prevaricación (que también).

Pero la cuestión de fondo tiene que ver mucho más con el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la laicidad institucional, que se fue construyendo muy poco a poco y con mucho esfuerzo a raíz de la Revolución Francesa. Y ahora se trata de de-construir, si nuevas mayorías políticas no lo remedian. Suponiendo que lo quieran remediar.

Si se consumara este despropósito, si no se remediara posteriormente, en mi testamento vital y en el de últimas voluntades exigiré, que un registrador mercantil no anote mi fallecimiento, ya que me parece un hecho denigrante, al que tengo derecho a renunciar al final de la vida. Propongo que así se haga por parte de quienes lo consideren.

Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica