En la mañana del martes fue detenido Néstor Segovia, un trabajador del subte porteño perteneciente a un sindicato sin personería gremial. En medio de una protesta en la estación Las Heras de la línea H, tras un forcejeo con las fuerzas policiales, los uniformados apresaron a Segovia junto con otros 15 manifestantes.

La situación de los metrodelegados no se puede definir desde la normalidad. Primero hay que remarcar que no todos los trabajadores del subte se encuentran nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, un sindicato sin personería jurídica, surgido a la sombra de una puja contra la Unión Tranviaria Automotor (UTA). Al no ser reconocido por el Estado a través de la personería gremial, sus protestas con quita de tareas incumplen la legislación, con un agravante por la función que cumplen: el impedimento del tránsito. O sea: si van a una huelga ilegítima, además interrumpen un servicio sin justificación legal. Es la diferencia entre reclamo legal y reclamo legítimo.

En este contexto de ya larga data, los metrodelegados han buscado distintas formas de protesta que van desde el levantamiento de los molinetes para generar perjuicio económico a la empresa sin afectar el servicio a los pasajeros. Sin embargo, desde que comenzaron a sufrir sanciones por llevar a cabo este tipo de actitudes -nuevamente, al no contar con personería gremial, este tipo de protesta queda legalmente como un perjuicio doloso al patrimonio de un privado– los metrodelegados recurrieron cada vez más al paro, lo que en el caso de ellos implica la interrupción del servicio.

A principios de 2012 se hizo efectivo el traspaso de los subtes desde la órbita del Gobierno Nacional hacia la administración del Gobierno de la Ciudad. Tras ello, llegó el recorte de subsidios y el consiguiente aumento del pasaje, razón por la cual los metrodelegados fueron a la huelga «en solidaridad con los pasajeros»

En 2012, los metrodelegados se encontraban en huelga en reclamo del reconocimiento. El resto de los trabajadores del subte, nucleares en la UTA, quisieron trabajar y no pudieron, por lo que también anunciaron una huelga.

En enero de 2017, mientras se llevaban a cabo obras de remodelación en la estación Constitución de la línea C, la empresa concesionaria dispuso una serie de baños químicos hasta que estuvieran habilitados nuevamente los sanitarios definitivos. Los trabajadores de la línea C decretaron unilateralmente una huelga de 22 horas que dejó a pata a 150 mil personas. La empresa terminó cediendo al otorgar los siguientes beneficios:

- Un remís para cada una de las parejas de guarda y conductor para que se trasladen de Constitución a Independencia.

- Baños químicos para hombres y mujeres (que ya estaban)

- Una sala de descanso.

El equipamiento había sido colocado en la estación San Juan, a unos 800 metros de la cabecera de Constitución, por un plazo de un mes. Finalmente, tras la medida de fuerza, la terminal elegida por tiempo determinado fue Independencia, a 1.300 metros.

A fines de 2017 se desató un nuevo conflicto tras determinarse que había trenes de la línea B con asbesto entre sus componentes. Los trenes fueron retirados de servicio pero igual se hizo un paro. Hasta entonces, y en sólo tres años, los metrodelegados habían parado el servicio unas 57 veces, a un promedio de casi dos veces al mes.

En noviembre de ese mismo año se llevó a cabo una medida de fuerza —con interrupción del servicio, obviamente— «en rechazo a la política antiobrera del Gobierno y contra las reformas laboral, previsional e impositiva». De paso, aprovecharon para parar por la intención del Gobierno de extender el horario de servicio porque «significaría un cambio en nuestras condiciones laborales, que además perjudicaría a muchos pasajeros». ¿Cómo podría perjudicar a los pasajeros tener más horas de servicio? Misterio.

En abril de 2018, los metrodelegados anunciaron un paro en las seis líneas de subte y el Premetro en solidaridad con la huelga de los docentes. Sí, de los docentes. Lo curioso es que lo hicieron a partir de las 20.30, cuando la jornada de protestas ya había finalizado y cuando una buena porción de pasajeros intenta regresar a sus hogares.

A lo largo de mayo, y al igual que en años anteriores, se llevaron a cabo numerosas interrupciones del servicio por las negociaciones paritarias.

Duró poco. Sobre el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada otorgó a los metrodelegados la personería gremial, un anhelo que el kirchnerismo no había cumplido por años para no quedar mal con la UTA. Sin embargo, la alegría no sobrevivió y la Corte Suprema de Justicia decidió en marzo de 2018 revocar la medida adoptada por el kirchnerismo el 26 de noviembre de 2015, cuatro días después del ballottage que anuló las posibilidades de continuidad en el Poder. El pedido de revocación de la personería gremial había sido presentado por el sindicato de la UTA.