Produce miedo, y a la par una inmensa indignación, la impune arbitrariedad a la que son sometidos muchos ciudadanos en este llamado Estado de Derecho. Hablo de la acción de algunos actores del sistema policial y judicial que provoca indefensión, injusticia y daños sin que sus promotores sufran ninguna consecuencia cuando el sistema enmienda sus desmanes.

El sistema casi siempre funciona. Es precisamente por eso por lo que las injusticias son aún más manifiestas ya que al final se descubren sin que nadie repare el daño provocado. La Guardia Civil, la Policía, la Fiscalía y algunos jueces están constituyendo una peligrosa pinza que arrebata libertad y haciendas a ciudadanos que jamás ven restituido el dolor y las pérdidas causadas, una vez que azarosamente la Justicia pone en su sitio a los justicieros. Lo mismo sucede con algunas asociaciones que están confundiendo la defensa de su derecho al dolor y a la reparación del daño con una especie de inquisición a la que no son ajenos los tintes políticos. No se es más patriótico por alinearse con los que se proclaman defensores del orden, de su orden, sino cuando se defiende la Justicia y la Libertad y se intenta poner coto a los desmanes del poder que si tiene el monopolio represivo es más temible si cabe.

Los tribunales han dejado por escrito en sus resoluciones que la Guardia Civil está realizando en las redes sociales investigaciones prospectivas que están prohibidas. También les han remachado su incapacidad, o su falta de voluntad, para contextualizar lo que leen. Ha sucedido en la Audiencia Nacional con los casos de tuiteros. Cuando del terrorismo real se trataba también ese tribunal tuvo casos en los que los informes de la Benemérita descontextualizaban o malinterpretaban textos en euskera para convertirlos en acusadores. Últimamente se le ha dicho al Cuerpo en sentencia que es incapaz de valorar que un tuitero con 4.500 seguidores no produce ningún riesgo aunque los guardias declararan “no tener capacidad” para ponderar si eso son muchos o pocos seguidores. No podemos asegurar si es la falta de capacidad u otro peor el motivo que les lleva a tales actuaciones pero lo cierto es que nunca les sucede nada.

Eso por no hablar de los informes falsos, secretos y tendenciosos realizados por el Cuerpo Nacional de Policía y que sirvieron para crucificar en los medios e intentar dinamitar varias carreras políticas entre las que se cuentan las de Xavier Trias y Pablo Iglesias, por no ser exhaustivos. No sabemos, de momento, que a los que participaron en estas operaciones les haya pasado nada, ni siquiera si los policías de a pie de la UDEF que acataron esas órdenes siguen ahora mismo realizando sus funciones.

Tampoco nada le sucede a la Fiscalía cuando decide mantener posturas difíciles de encajar con su papel de garante de la legalidad. Por ejemplo, cuando instan el ingreso en prisión como peligrosos terroristas de unos simples titiriteros para después tener que auto enmendarse. Los ciudadanos ya han pasado para entonces por la terrible experiencia de la cárcel y por su estigmatización pública. Todo a título de inventario para los fiscales actuantes.

No podemos olvidarnos de los jueces. El enorme poder que acumula un juez sólo es supervisable por sus superiores jurisdiccionales por vía de resolución. En caso de que se haya mal utilizado, no existen tampoco consecuencias. La lógica del sistema dice que debe ser así para evitar que el espíritu del juez sea coaccionado a la hora de decidir. Lo cierto es que los todopoderosos jueces de Instrucción toman decisiones que a posteriori son enmendadas y reprochadas por los tribunales que tienen encima pero que tampoco tienen nunca consecuencias para ellos. Sucedió, por ejemplificar, cuando Del Olmo no sólo cerró “Egunkaria” de forma preventiva sino que liquidó las empresas que lo sostenían. Los responsables de diario euskaldun fueron absueltos y el tribunal dejó claro que “el cierre del diario no tenía ninguna adscripción constitucional directa”, forma fina como ninguna para decirle al magistrado que se había pasado la Constitución por la piedra. Nada le sucedió y nadie pudo reparar el daño causado. Lo mismo que lleva visos de sucederle a la juez Lamela con el caso de Alsasua. La Audiencia de Navarra ha ordenado reclamarle la jurisdicción sobre el caso al entender -como es palmario- que no se dan las notas definitorias de un delito de terrorismo, único motivo por el que el caso puede ser sustraído al juez natural. Cuando el sistema funcione y el Tribunal Supremo se pronuncie, veremos que si la magistrada ha mantenido a esos jóvenes en prisión tratados como terroristas sin que haya causa, tampoco le sucederá nada.

Este caso jamás hubiera llegado a la Audiencia Nacional si una asociación de víctimas del terrorismo no se hubiera constituido en parte activa ante ese tribunal. No es la primera vez. Alguna de estas asociaciones ha sido también especialmente diligentes para lograr que los titiriteros fueran acusados o que Facu Díaz fuera llamado a declarar por un scketch o que otros fueran perseguidos por opiniones que les molestan. El derecho a la Justicia y a la reparación que todos reconocemos es, en ocasiones, confundido con un derecho a la venganza que no existe en nuestro ordenamiento. Lo cierto es que cuando alguna de estas asociaciones actúa como parte para iniciar persecuciones, que incluso parecen ideológicas, y la Justicia les enmienda la plana tampoco les sucede nada.

Dice la ley del karma que no hay acción sin reacción ni acto sin consecuencia. En el preocupante panorama represivo español, no sólo no se cumple la ley del karma sino que la coexistencia de esas irresponsabilidades se conjuga en una pinza kafkiana. Lo peor es que una parte de la sociedad aplaude con entusiasmo esta furia de un orden y una ley que es aplicada de forma sistemática contra una parte de la sociedad. Me gustaría que no olvidaran que las aberraciones del sistema pueden volverse contra ellos y las persecuciones virar de sentido. Sólo sería necesario que cambiara el signo de los gobernantes. Las aberraciones lo son porque ponen en riesgo al hombre honrado bajo la apariencia de que lo protegen y además lo hacen sin que quienes las cometen tengan que asumir consecuencias.

La cosa no pinta nada bien. Que haya ciudadanos que desde sus posiciones políticas jaleen la arbitrariedad no ayuda nada. Denunciar una y otra vez tal situación es una obligación, por la cuenta que nos trae a todos.