Hace seis años que 49 niños y niñas, ninguno mayor de cinco años, murieron abrasados en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, al noroeste de México. El 5 de junio de 2009, un incendio provocó la muerte del casi medio centenar de infantes y dejó a otros 70 heridos, algunos con secuelas de suma gravedad. Ninguna autoridad de alto nivel ha sido condenada por la montaña de negligencias bajo la que funcionaba el sitio. La Fiscalía mexicana ordenó el miércoles la detención de 22 personas que trabajaban en el lugar, 22 mujeres (la directora, las señoras de la limpieza, las profesoras y hasta una madre de las víctimas).

La petición de arresto es la respuesta a un amparo más que interpuso la organización Manos Unidas por Nuestros Niños para intentar llevar a la justicia a uno de los funcionarios que, opinan, son responsables de las irregularidades que provocaron que los menores murieran en un jardín de niños que era todo menos un jardín.

La guardería ABC funcionaba bajo un techo de polietileno, en una ciudad donde las temperaturas pueden rozar en verano los 50 grados centígrados, no tenía ningún tipo de extintor y las salidas de emergencia estaban cerradas. El incendio, que inició en un archivo de la Secretaría de Hacienda estatal, comenzó cuando los niños tomaban la siesta. El fuego consumió con rapidez el techo, de material flamable, y se extendió por el sitio. Las salidas de emergencia eran inútiles: “Había un letrero con un simulacro para evacuar la guardería en menos de tres minutos, pero desgraciadamente solo era un papel”, contó José Francisco García a este periódico en junio de 2003. La desesperación llevó a uno de los vecinos a estrellar su camioneta en un muro para sacar a los menores.

El documental ABC Nunca más (Pedro Ultreras, México, 2013) retrata que los bomberos que llegaron al sitio vomitaban del horror del que eran testigos. Los padres, desesperados, acudían a las puertas del centro de cuidado que funcionaba bajo la autorización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para saber de sus hijos. Algunos recibían la terrible noticia de que su pequeño había muerto; otros, que había sobrevivido, pero ciego o desfigurado.

La guardería ABC funcionaba bajo un techo de polietileno, no tenía ningún tipo de extintor y las salidas de emergencia estaban cerradas.

Los padres de las víctimas han organizado numerosas protestas para exigir que la Justicia mexicana revise el caso y que, sobre todo, investigue a los funcionarios municipales, estatales y federales que permitían que el centro de cuidado funcionase bajo tales condiciones. El último recurso buscaba la responsabilidad del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y su secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán. La respuesta de la Fiscalía fue acusar a trabajadoras de la guardería, 22 mujeres, entre ellas una madre de las víctimas y personas que acudieron al auxilio de los niños cuando comenzó el incendio. Ni un solo funcionario público de alto nivel. “Es una burla”, comentó Gabriel Alvarado, el representante legal de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños.

El IMSS permite que 1.488 guarderías funcionen bajo el esquema en que trabajaba la guardería ABC. Un permiso oficial permite a particulares la gestión de centros de cuidado infantil para trabajadores que, en su mayoría, ganan poco más del salario mínimo en México (70 pesos al día, poco más de cuatro dólares).

Partidos implicados

La tragedia es tan vasta que salpicó a funcionarios de todos los partidos. La última demanda buscaba llevar ante la justicia al exgobernador Bours, priista. Entre los señalados como responsables de la tragedia están el alcalde de Hermosillo en su momento, Ernesto El Borrego Gándara; el exgobernador Bours; la próxima mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich; el exdirector del IMSS, el fallecido Juan Molinar Horcasitas y hasta la entonces familia presidencial. También fue acusada una de las propietarias, Marcia Matilde Altagracia Gómez, que es prima de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, militante del conservador Partido Acción Nacional. Molinar Horcasitas fue uno de los principales aliados del presidente Peña Nieto en las negociaciones por el Pacto por México, el ambicioso plan de reformas con el que el mandatario arrancó su gobierno.

Ni uno solo de ellos ha asumido la responsabilidad por la tragedia ni ha puesto un pie en la cárcel.

En el caso de Molinar Horcasitas, fallecido por esclerosis en mayo de este año, el Comité Nacional del PAN envió a este diario una carta para dejar en claro que la Suprema Corte de Justicia le había exonerado del crimen. La carta insiste en que no existía vínculo entre el entonces director del IMSS y la tragedia en una guardería que funcionaba bajo el permiso del instituto que dirigía.