Israel Navarro

El director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 70 en Tepalcatepec, Michoacán, Aníbal Fernando Díaz Munguía, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atienda el caso de su “ilegal cese” de funciones y la toma del colegio por parte de efectivos de la Policía Federal Preventiva.

Presentó su queja “por el no ejercicio de la acción penal” contra los maestros Beatriz Sandoval García, Ramón Barajas Sandoval, Ramón del Val Díaz y Rafael Chávez Mendoza, quienes mantienen el centro educativo clausurado, perjudicando a la plantilla estudiantil.

El documento enviado al ombudsman Raúl Plascencia, refiere que la denuncia se presentó el pasado 17 de diciembre de 2013 ante el Ministerio Público de la Federación en la Agencia de Apatzingán, Michoacán, con número de expediente AP/PGR/MICH/A/455/2013.

Asimismo, el 2 de febrero de 2014, Díaz Munguía presentó otra demanda ante la misma instancia por la “absoluta no acción” de justicia pronta e imparcial.

Por ello, consideró que la violación a sus derechos, así como los de los cientos de estudiantes que son afectados por el cierre del colegio, les impide continuar con sus estudios.

Díaz Munguía fue cesado por el subsecretario de Educación Pública federal, Rodolfo Tuirán, a pesar de que no concluía el periodo por el cual fue designado mediante un examen de oposición.

Casualmente los profesores denunciados son los mismos que desde hace varias semanas mantienen un plantón en el Palacio Municipal. Los encabezados por Beatriz Sandoval, ex directora del Instituto de la Mujer local, tienen tomadas las instalaciones con apoyo de efectivos de la PFP.

Asimismo, operadores de Uriel Farías Álvarez, ex presidente de Tepalcatepec, han incurrido en denostaciones contra Díaz Munguía ayudando a bloquear el plantel y burlándose a través de pancartas.

Cabe recordar que el ex alcalde es hermano de Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, considerado uno de los principales lugartenientes del cártel de Los Valencia, a quien se ha responsabilizado por las ejecuciones de integrantes de las organizaciones conocidas como Los Zetas y La Familia, realizadas en Michoacán durante 2006.

El criminal fue detenido en marzo de 2009 por el Ejército, en el municipio de Buenavista Tomatlán. Enfrentó un arraigo de 40 días y al parecer actualmente está en libertad.