EnglishCiudad Bolívar, una localidad de 700.000 habitantes en el suroeste de Bogotá, es una de las zonas más pobres y azotadas por el crimen de la capital colombiana. Como escribe el autor alemán Raul Zelik, es «esa parte de la ciudad que no se menciona en los libros de viajes, donde ni los turistas extranjeros, ni los miembros de la clase media local se aventuran».

Y la verdad es que yo no conocía la localidad, por lo que hace poco me tomé un taxi desde el centro de la ciudad, y después de un paseo de una hora, llegamos a una de las zonas más remotas de Ciudad Bolívar para visitar el Colegio Calasanz. Esta es una de las 25 «escuelas en concesión» del Estado —la versión colombiana de las «escuelas libres«, o escuelas charter, como las llaman en Estados Unidos— que han operado desde 1999 con fondos públicos, pero bajo la administración de proveedores privados. Como su nombre lo indica, el Colegio Calasanz está a cargo de los calasancios, quienes han estado involucrados en la educación desde el Siglo XVII, y también operan dos escuelas privadas en el norte de Bogotá, en la otra mitad mucho más próspera de la ciudad.

A primera vista, la fachada del edificio es similar a la de la otra escuela pública de la zona, la Escuela Antonio García. Pero apenas uno se percata de ciertos detalles, se sorprende por las diferencias entre ambas instituciones, sobre todo en cuanto a su personal y sus estudiantes.

Al mediodía, los niños de Antonio García se lanzan a la calle en un desorden que le recuerda a uno a los persas en Gaugamela. No es responsabilidad de la escuela controlar a donde van (las escuelas del distrito de Bogotá tienen dos sesiones, mañana y tarde), y dado que la mayoría de los padres están en el trabajo a esa hora, nadie sabe donde pasan estos muchachos su tiempo libre. Está de más decir que esta es una receta no sólo para el fracaso académico, sino también para que los chicos caigan en el consumo de drogas, la delincuencia juvenil, el embarazo adolescente y otros tantos males que afectan al conjunto de la sociedad, especialmente a localidades como Ciudad Bolívar.

Exactamente a la misma hora del día, uno encuentra a los niños de primaria de Calasanz haciendo fila civilizadamente a la espera de su almuerzo. Mientras tanto, sus compañeros de más edad están trabajando duro en aulas limpias, sobrias y organizadas, donde permanecerán hasta las 3 de la tarde. A partir de entonces, tienen la oportunidad de participar en actividades extracurriculares como deportes y baile.

Para los efectos prácticos, los niños del Colegio Calasanz reciben una educación privada de alta calidad, aunque el colegio es parte del sistema estatal. Lo mismo puede decirse de los casi 38 mil estudiantes que asisten a escuelas gratuitas a cargo de instituciones como la Universidad de Los Andes, una de las mejores universidades de Colombia, y a las mejores escuelas privadas, como Gimnasio Moderno, Los Nogales College y el Colegio Nueva Granada. La Compañía de Jesús, por su parte, cuenta con dos escuelas gratuitas cuyos estudiantes son educados bajo un modelo pedagógico que ha demostrado su eficacia durante siglos.

Tal como sucede en Gran Bretaña —donde el secretario de educación de facto del Partido Laborista atacó a las escuelas libres justo el día en que una de ellas recibió las máximas calificaciones en un informe oficial— los políticos progresistas de Bogotá insisten en oponerse al modelo de las escuelas en concesión, a pesar de la abrumadora evidencia de su éxito.

Óscar Sánchez, el secretario de educación de la ciudad, nombrado por el derrocado alcalde estatista Gustavo Petro, no es precisamente un devoto del modelo de las escuelas en concesión. Tampoco lo son los burócratas de su administración, que por lo general sostienen que las mejores escuelas públicas de Bogotá son administradas por la ciudad, no por proveedores privados. Lo que no mencionan es el hecho de que las 25 escuelas en concesión, que sólo reciben estudiantes de los sectores más pobres de Bogotá (estratos 1 y 2), fueron construidas en algunos de los lugares más periféricos y desolados de la capital, mientras que los colegios públicos con buenos resultados académicos están generalmente ubicados en áreas céntricas y más afluentes.

De hecho, el grado de éxito académico de las escuelas en concesión de Bogotá se pone de manifiesto cuando se comparan sus resultados en la prueba «Saber 11» —equivalente al SAT de Estados Unidos o el A Level de Gran Bretaña— a los de las escuelas públicas en el mismo distrito (Bogotá se divide en 20 localidades).

Según las propias estadísticas de la Oficina de la Secretaría de Educación para el año 2013, el 32% de las 25 escuelas libres alcanzó un nivel superior en la prueba, mientras que el 56% obtuvo un nivel alto y 12% un nivel medio. Por su parte, de las 153 escuelas públicas que operan en las mismas localidades que las escuelas libres, menos del 4% fue calificada como de calidad superior, y alrededor del 44% como de calidad alta. Casi el 49% logró un nivel medio de desempeño, y más del 2% obtuvo el resultado más bajo posible.

Claramente, las escuelas en concesión de Bogotá no sólo están haciendo un buen trabajo en lo académico, sino que superan en términos generales a las escuelas públicas con las que que en realidad habría que compararlas.

Los resultados de las escuelas en concesión en otras áreas son igualmente impresionantes. Por un lado, tienen tasas de deserción considerablemente menores que las del sistema escolar del distrito de Bogotá (en 2011, cinco escuelas de Alianza Educativa tuvieron una tasa de deserción de 0,27%, en comparación con 3.9% del Distrito). Por otro, su estrategia de vigilar qué hacen los alumnos en su tiempo libre les ha permitido reducir el nivel de consumo de drogas, el embarazo y la violencia escolar drásticamente, como es evidente al comparar las estadísticas de las escuelas en concesión con las del sector estatal.

Para muchos padres y exalumnos, el éxito de las escuelas en concesión se debe al hecho de que al no estar sujetas al dogma del Estado y los sindicatos, pueden impartir una educación basada en la ética y los principios necesarios para nutrir un carácter ciudadano de responsabilidad y libertad. Ya sea a través de la guía espiritual proporcionada por los jesuitas, los calasancios o las órdenes lasalianas, o el enfoque más secular a la ética de la Alianza Educativa, las escuelas en concesión animan a sus estudiantes a explorar lo que significa ser humano y vivir en armonía en la sociedad.

Una lección especialmente importante que las escuelas en concesión imparten diligentemente a sus niños, es que el lugar de nacimiento no tiene por qué determinar nuestro futuro. Tal como lo escribe una ex alumna del Colegio Calasanz que ahora estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Los Andes con una beca completa,

Tuve la oportunidad de pensar sobre quién soy y quién me gustaría ser; si me gusta el mundo en el que vivo tal como es o si podría cambiarlo; si a pesar de donde vivimos y cómo nos ven, podemos hacer una diferencia y aspirar a cosas más grandes.

Otro exalumno, que ahora tiene un título en Economía también de la Universidad de Los Andes, escribe que una de las ventajas de las escuelas en concesión es que,

Se nos motiva constantemente a continuar nuestra educación, y por eso muchos de nosotros decidimos seguir estudiando a pesar de nuestras condiciones sociales, e incluso contra los deseos de nuestras familias, que a veces no tienen ninguna esperanza en nosotros.

Sin embargo, preparar a los estudiantes para la educación universitaria no es el único objetivo de las escuelas en concesión, ni el único medio por el cual le dan a sus niños la oportunidad de salir adelante. Los estudiantes de la Escuela Lasaliana Don Bosco, por ejemplo, reciben entrenamiento técnico desde el 9no grado en adelante. Cuando se gradúan, dos años después, obtienen un título técnico que los hace fácilmente empleables.

Muchos de ellos, sin embargo, han optado por otro camino al establecer su propio negocio, por lo que ahora están creando riqueza y empleo de forma independiente. La promoción de la iniciativa empresarial y la autosuficiencia es probablemente la característica menos conocida del modelo de las escuelas en concesión, pero puede que sea una de sus virtudes más importantes.

A pesar de la calidad demostrada de las escuelas en concesión en muchas áreas, el costo de educar a un niño en el sistema de escuelas en concesión es considerablemente menor que en el sector estatal (el precio por alumno es de COL$1,9 millones por estudiante por año en una escuela en concesión, frente a COL$3,7 millones en el Estado, según el diario El Tiempo). Esto se debe a un sistema de administración mucho más eficiente, pero también a la capacidad de contratar y despedir maestros según lo consideren necesario.

En efecto, mientras que la renovación de los contratos de los profesores de escuelas en concesión depende de su desempeño —que se mide en una serie de evaluaciones constantes— los maestros del sector público son funcionarios de por vida, y su permanencia en el puesto tiene muy poco que ver con su desempeño.

El sindicato de maestros más grande de Colombia, el Fecode, se ha resistido a los esfuerzos del gobierno para evaluar a sus miembros durante años, bajo la débil excusa de que como licenciados en «Estudios Educativos», ya han sido evaluados y certificados .

Dado que esta es la filosofía reinante en el sistema educativo del Estado, no es de extrañarse que Colombia haya ocupado el último lugar entre 44 naciones en el más reciente ranking de PISA, y que en la prueba del año pasado sólo obtuvo mejores calificaciones que 3 de 65 países.

Naturalmente, Fecode y sus aliados también se oponen al modelo de escuela en concesión. Han ejercido mucha presión sobre políticos progresistas como Petro y Sánchez, que por cuestiones ideológicas, desconfían de la participación privada en los servicios públicos. Hasta ahora, la administración no ha dejado de titubear, demostrando ser incapaz de formular una respuesta clara sobre el destino de los 39.000 estudiantes que son educados en las 25 escuelas en concesión, cuyos contratos expiran a finales de 2014 después de un plazo de 15 años.

Irónicamente, los progresistas en el gobierno, cuyo objetivo declarado es acabar con la «segregación social» en Bogotá, ahora están enfrentados a los padres y alumnos de algunas de las zonas más pobres de la ciudad, que se han organizado libremente en asociaciones para luchar por la preservación del modelo de escuelas en concesión, que ven como un medio de superación social.

En la vida real, sucede exactamente lo contrario a la teoría de que la izquierda estatista y su intelectualidad se dedican con pasión a mejorar la suerte de los más vulnerables en la sociedad.