BARCELONA.- “Ante la desactualización democrática de los ayuntamientos, hemos de crear un modelo de ciudad

democrática que propicie la participación ciudadana en la cogobernabilidad del ayuntamiento y la ciudad. Construir mecanismos directos de participación de los vecinos es imprescindible para

impulsar el poder democrático de la ciudadanía sobre las instituciones”. Este párrafo, toda una declaración de intenciones, aparecía en el programa de Barcelona en Comú para las elecciones municipales del pasado 24 de mayo. Impulsar la participación ciudadana era un nexo en común de las candidaturas de confluencia que triunfaron en las urnas en los comicios. Un mes más tarde, y ya con los nuevos gobiernos locales constituidos, se trata de empezar a transformar las promesas electorales en medidas reales que garanticen un cambio profundo de modelo.



Ada Colau y los concejales de Barcelona en Comú apenas llevan un par de semanas al frente del ayuntamiento de la capital catalana y se encuentran todavía en la fase de nombramiento del equipo que debe implementar sus políticas. En lo que se refiere a Participación, la edil responsable es Gala Pin ­sobre la que también recae Territorio­, quién ya había abordado la cuestión desde la vertiente del activismo social. El gerente de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, en cambio, tiene un perfil distinto al de Pin, y cuenta con una amplia experiencia institucional. Se trata de Fernando Pindado, que fue el subdirector general de Participación Ciudadana de la Generalitat de Catalunya entre 2004 y 2011.

A pesar de que los nuevos responsables del consistorio tienen claro hacia donde quieren ir ­básicamente el objetivo es implementar lo propuesto en el programa electoral­ justo se han celebrado los primeros encuentros sobre la cuestión y todavía es pronto para detallar una hoja de ruta con un calendario concreto de puesta en marcha de nuevas medidas de participación.

Colau califica el modelo de participación existente en Barcelona como “obsoleto, antiguo y vertical”

A principios de mes, ya como alcaldesa electa pero todavía sin haber tomado posesión del cargo, Colau aseguró en una entrevista a BTV, ­la televisión municipal,­ que el modelo de participación existente en la ciudad era “obsoleto, antiguo y vertical” y que se debe tratar a la ciudadanía “como a mayores de edad” porque tiene “muchísimo por aportar”. Colau añadió que hasta ahora es “la institución la que concede el don de la palabra a los vecinos que la misma institución decide” y que su objetivo es “revertir” esta inercia.



Las palabras de la entonces inminente alcaldesa de la ciudad llegaron el día siguiente de una reunión con representantes vecinales en la que la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) exigió reformas importantes en la cuestión. Lluís Rabell, el presidente de la FAVB, explica a Público que en su opinión lo primero que debe hacer el nuevo consistorio en este campo es “ponerse a trabajar para tener un nuevo reglamento de participación ciudadana, que quedó colgado en el pasado mandato” y, paralelamente, “implementar procesos participativos en algunos casos en los que ya existe un tejido asociativo y vecinal dispuesto a implicarse, como la reforma del eje Pere IV [en el barrio del Poblenou] y la planificación del espacio que ahora ocupa

la prisión Modelo”.



Un tema vinculado a la “calidad democrática”



Òscar Rebollo, director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), discrepa del activista vecinal y no considera que lo primero que se deba abordar sea la reforma del reglamento de participación ciudadana. El investigador apunta que previamente se debe hacer un proceso de “reflexión” que permita “diseñar la arquitectura” de como se articulará la participación ciudadana desde la institución local.

"Se debe tratar a la ciudadanía como mayores de edad", afirma Colau

Para Rebollo este proceso tiene que desarrollarse durante unos meses ­“no se debe hacer en dos semanas, pero tampoco debe necesitar un año”, apunta­ y se muestra convencido que si primero se aborda el diseño global de la participación “luego las reformas necesarias se podrán llevar a cabo rápidamente y los consensos serán mayores”.



El director del IGOP, un centro especializado en la investigación en áreas como la innovación democrática, la gestión pública o las políticas urbanas, entiende que el objetivo genérico del nuevo gobierno tiene que ser “fortalecer la calidad democrática” y esto “también pasa por abrir nuevas vías de participación ciudadana, a través de las que pueda participar en la toma de decisiones y tener iniciativa, pero también debe abordar cuestiones como ejercicios de transparencia y de rendición de cuentas” a la población.



Propuestas concretas



En su programa electoral, Barcelona en Comú apuntaba que quería crear un “proceso integrado para una ciudad democrática de participación presencial y digital desde donde se acceda a consultas, iniciativas ciudadanas, rendición de cuentas, revocatorios y presupuestos participativos por barrios, distritos y ciudad”.



La elección directa por parte de la ciudadanía de los consejeros de distritos, instituir los consejos de barrio “como órganos principales de proximidad y participación ciudadana, basados en la capacidad de conducir propuestas a las instancias superiores de

deliberación política”, facilitar las iniciativas municipales populares ­rebajando el número de firmas necesarias para que llevarlas a debate­ o que las consultas sean también de ámbito de barrio

o de distrito son algunas de las propuestas concretas aportadas por la formación antes de las elecciones.

"Construir mecanismos directos de participación de los vecinos es imprescindible para impulsar el poder de la ciudadanía sobre las instituciones”, reza el programa de BComú

La FAVB, que defiende la mayoría de estos puntos, se muestra convencida de que el nuevo gobierno “será más permeable a facilitar la participación ciudadana” y su presidente, Lluís Rabell, opina que la clave es cambiar el paradigma y garantizar que “realmente se incorpora a la ciudadanía en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas del gobierno municipal, en vez de ser únicamente un espectador pasivo o un actor social que da su opinión”.



En este sentido, defiende especialmente la necesidad que se pongan en marcha las iniciativas legislativas populares y recuerda que en el pasado mandato, con Xavier Trias de alcalde, “intentamos hacer una sobre las guarderías municipales, pero no existía un reglamento para llevarla a cabo”.



Òscar Rebollo añade que se debe tener en cuenta que no se debe seguir la misma lógica de participación que ha tenido Barcelona en Comú, “porque ahora se trata de afrontarla desde el Ayuntamiento de Barcelona y de la participación para el conjunto de la ciudadanía”. El investigador y director del IGOP insiste, en todo caso, en que la “prioridad debe ser fijar la arquitectura de la participación” y no tanto “repartir sillas entre entidades importantes en los consejos de ciudad, porque esto seria empezar la casa por el tejado”.



Sea como sea, en los próximos meses el gobierno de Ada Colau tiene que empezar a visualizar un cambio en una cuestión como la participación, básica para los movimientos ciudadanos que en gran parte contribuyeron a su victoria electoral. De hecho, la presión desde abajo existirá, si se tiene en cuenta que la FAVB ya ha solicitado una reunión con Fernando Pindado, gerente del área, para abordar la reforma del reglamento de participación.