Se acabó el largo periplo de la 'ley Sinde'... o casi. El PSOE y el PP han llegado esta tarde a un acuerdo para presentar una enmienda conjunta y votar a favor de la aprobación de la polémica Disposición Final Segunda, que se introdujo por sorpresa en la Ley de Economía Sostenible, y ya fue rechazada por el Congreso el pasado 21 de diciembre. Un acuerdo al que también se unirá CiU.

Según fuentes cercanas a la negociación y tras el acuerdo alcanzado entre las formaciones, y aunque no hay grandes cambios, se introducirá en la enmienda el concepto de "doble intervención judicial" como refuerzo del control sobre el proceso de cierre de una página web de descargas con contenidos sujetos a derechos de autor. Un proceso que hasta ahora estaba en manos de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Se introducirá en la enmienda el concepto de "doble intervención judicial"

Durante todo el día de hoy, ambas formaciones han mantenido una reunión para llegar a un acuerdo y conseguir unir posiciones para la aprobación de la 'ley Sinde', que permitirá el cierre libre de páginas web bajo el argumento de la protección de los derechos de autor. Esta medianoche concluye el plazo de presentación de enmiendas al texto en el Senado y Gobierno y PP han unido posiciones para redactar una enmienda y después votar a favor de la aprobación de la ley, una vez que vuelva al Senado.

El proceso final consensuado admitirá que sea un juez el que intervenga desde el primer momento en el proceso de cierre de una web. Cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que investigar la actividad de la web y la identificación de su propietario, también será un juez el que intervenga en este proceso. Y, como pedía el Partido Popular, la clave está en el papel del juez y no sólo de la Comisión, que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje.

La Comisión de Propiedad Intelectual recibe y da valor a una denuncia sobre una web que supuestamente está violando los derechos de autor. Ésta solicitará al juez que se identifique a los propietarios del sitio, para poder iniciar el procedimiento sancionador. Y sólo el juez podrá pedir a los prestadorse de los servicios (operadores e ISP) que faciliten los datos de los propietarios.

Gana el Gobierno que consigue la aprobación de una ley que ha costado engendrar, gana el PP que se apunta el tanto del consenso y gana la industria audiovisual que podrá señalar a las páginas web que considere dañinas para su negocio, pero los internautas sienten que han perdido y manifiestan su frustración en la Red. La mayoría de comentarios en Twitter reflejan el disgusto de los internautas por el acercamiento de posturas entre el Gobierno y el Partido Popular, que, ahora sí, votarán unidos a favor de la ley.

Muchos han solicitado la dimisión de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y mientras unos acusan al PSOE de unirse al PP para conseguir su apoyo para la aprobación de una ley que consideran "injusta", otros aseguran que el acercamiento por parte de los conservadores es ahora una contradicción sobre lo que ya habían anunciado. Este nuevo paso político para la gestión de los contenidos en Internet en defensa de los derechos de autor "solo protege a las grandes productoras y no a los pequeños autores", asegura un internauta que remata: "las descargas seguirán".

Los internautas sienten que han perdido y manifiestan su frustración en la Red

El propio presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, ha reconocido, pocos minutos después de que se anunciara el acuerdo, que "el PP ha enfangado una cosa de por si enfangada. Que desastre!". Además, a primera hora de la tarde reconocía que no le gustaba el modo en que el PSOE planteaba el debate sobre la ley y pedía que la formación dialogara a través de la Red, en una conversación en su cuenta Twitter con este partido.

"No estoy de acuerdo en la manera en que habéis planteado esto. No dialogáis en la red. No es mi trabajo, debería ser el vuestro", ha afirmado de la Iglesia, a quien el PSOE ha contestado también vía Twitter: "Dialogamos en la Red y fuera de ella. El Gobierno ha sido el primero en llamar a internautas para pedirles opinión".

Pero la opinión de los internautas finalmente no ha prevalecido sobre las necesidades de la industria audiovisual, ya que el acuerdo alcanzado permitirá la aprobación de una ley que concibe el cierre de páginas web de forma express si se considera que su contenido atenta contra los derechos de autor.