Los principales líderes mundiales se dieron cita el pasado 23 de septiembre en el Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Líderes y lideresas europeos, asiáticas, americanos, africanas, latinoamericanas. Primeros ministros, presidentes, monarcas. Activistas. Incluso el Papa se dejó ver en vídeo. Y, entre ellos y ellas, representantes del sector privado. Influyentes empresarios de grandes compañías multinacionales del sector de la energía, la alimentación o la banca que aprovecharon el altavoz que les brindaba la cumbre para promocionar la labor de sus empresas en la lucha contra la crisis climática.

Así lo hizo, por ejemplo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán: “Iberdrola ha sido una empresa tradicional durante más de cien años (…). Hace casi 20 años, decidimos cambiar”, dijo el empresario español, asegurando que desde la energética han invertido más de 100.000 millones de dólares en energías renovables, a la vez que subrayaba su apuesta por cerrar “todas nuestras plantas de carbón y petróleo”: “Hemos demostrado que la economía verde genera más riqueza, más y mejores empleos”, añadió.

Sin embargo, Sánchez Galán no hizo mención al hecho de que Iberdrola figura entre las 10 empresas que más contribuye al cambio climático en España, según el Observatorio de la Sostenibilidad (OS). En 2017, ocupó el puesto número cinco, siendo responsable de casi un 3% de las emisiones procedentes de fuentes fijas incluidas en el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (Renade). En 2018 consiguió descender a la octava posición, con un 2,49%.

Pero las trabas de la eléctrica a la transición energética van más allá. En septiembre de 2018, la Audiencia Nacional condenó a Iberdrola por cobrar subvenciones dirigidas a potenciar las energías renovables mientras producía dicha energía quemando gas. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Iberdrola habría hecho un uso “irregular” de gas natural en la que era su única planta termosolar, la cual se encontraba en Puertollano (Ciudad Real). Gracias a esta estratagema, habría cobrado más de 12 millones de euros en subvenciones entre 2009 y 2011. Un dinero que los consumidores pagaron en su recibo de la luz. Tras el recurso de la energética, la AN dio la razón a la acusación de la CNMC hace menos de un año, obligando a la multinacional a devolver el dinero. Días después de la sentencia, Iberdrola vendió su participación en la planta –el 90%– a Ence.

A pesar de esto, Raquel Montón, responsable de las campañas de Energía Nuclear de Greenpeace, considera que la situación de Iberdrola ha cambiado mucho en los últimos años. “Parecer sostenible vende, pero ser sostenible da dinero, y esto es lo que hace Iberdrola. Sánchez Galán está haciendo suyo un discurso que algunos llevamos defendiendo desde hace años, pero desmarcándose de nosotros”, explica la experta. En 2013, Greenpeace publicó el informe Iberdrola, enemigo de las renovables y “desde ese momento la compañía cambió su rumbo”: “La trayectoria de Iberdrola respecto a sus inversiones en renovables en detrimento de otras fuentes de energía es positiva, pero hubiera sido mucho mejor si antes no hubiera apostado por el gas, y no hubiera sido uno de los enemigos de las renovables de los demás –especialmente de la fotovoltaica para autoconsumo”, explica Raquel Montón. “A día de hoy su discurso conviene a los intereses de su compañía, y por ello no solo lo dice públicamente en la ONU y en distintas tribunas y artículos, sino que también lo defiende dentro de los grupos de presión en los que participa”, asegura. Y añade: «En 2013 la producción con carbón representaba casi el 10% y en el año 2018 era de un 1%, y desaparecerá. La generación de sus ciclos combinados con gas era el 40% y ahora es un 34,8%. En definitiva la visión de Iberdrola respecto al sistema eléctrico ha cambiado y escenarios de 100% renovables, que hace unos pocos años le parecían lejanos y costosos, hoy pueden llegar a ser una realidad para ellos, zanja.

El megacontrato del Ayuntamiento de Madrid

Apenas tres días antes de la intervención de Sánchez Galán en la Cumbre sobre la Acción Climática, Iberdrola volvía a perder otra batalla con la Justicia, en este caso contra el Ayuntamiento de Madrid. En 2018, el Consistorio de la capital, entonces presidido por Manuela Carmena, sacó a concurso un contrato de suministro por valor de 82 millones. Entre las condiciones del pliego de contratación, se establecía que el 100% de la energía tenía que provenir de fuentes renovables y que debía contar con el etiquetado A que otorga la CNMC a aquellas compañías que no poseen centrales térmicas. Unos requisitos que no gustaron a grandes empresas como Iberdrola, Endesa y Naturgy, que consideraron que la cláusula impedía su competencia. Primero fue el Tribunal Administrativo de Contratación Pública el que desestimó sus recursos, aunque Iberdrola quiso seguir adelante. Finalmente, el 20 de septiembre de este año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en sentencia firme, volvía a dar la razón al Ayuntamiento de Madrid.

Carlos Sánchez Mato, entonces concejal de Economía y Hacienda y responsable de la licitación de dicho contrato, ha asegurado a este medio que recibieron “presiones externas por parte de las grandes eléctricas”, a las que también se sumaron las presiones internas dentro del propio Consistorio: “Manuela Carmena y su entorno no eran partidiaria de enfrentarse a las empresas y apostar por las cláusulas sociales y medioambientales sin pactar con esas grandes corporaciones, pero decidimos seguir adelante”, aclara. “Para nosotros esto ha sido una importante victoria. Imagínate que ahora las grandes instituciones del Estado hicieran lo mismo. Eso nunca va a pasar porque ya se encargan las eléctricas de tener contentos a PP y PSOE con sus puertas giratorias”, termina Sánchez Mato.