A pesar de que España es un 'Estado aconfesional' parece que la realidad, año tras año, pone en entredicho la afirmación. Hace bien poco sorprendía el destino del dinero que la Iglesia da a lo que le llega a través del IRPF, con afirmaciones que trataban de justificar, por ejemplo, la aportación destinada a los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal.

Este sábado el diario 'El País' revela que, al magen de esto, desde el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se subvenciona “todos los años con 340.000 euros a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos 'por levantar las cargas espirituales'", según el rotativo. Entre el argumento que utiliza el citado organismo, también se encuentra el “atender a la finalidad social de la fundación”. Así lo establece el informe preliminar del Tribunal de Cuentas sobre la gestión en 2013 al que ha tenido acceso el diario del grupo PRISA.

Pero el dinero público dirigido a la iglesia no se queda ahí, puesto que también habría que añadir “otras dos entregas de dinero en forma de subvención por un total de 543.000 euros”, aportaciones que “cuestiona” el Tribunal y cuyos destinatarios serían las congregaciones religiosas de los Monasterios de Yuste (Cáceres) y El Escorial (Madrid).

"Misas diarias"

Del mismo modo, la información, al margen de indicar que ese dinero es para “misas diarias, mensuales y anuales”, también tiene como función la “custodia y atención social por parte de los religiosos de bienes propiedad de Patrimonio Nacional”, dependiente del Ministerio de Presidencia.

En el caso concreto del Valle de los Caídos, infraestructura ligada al régimen franquista y sobre la que, incluso, se ha solicitado su demolición por esa circunstancia, dice 'El País' mencionando el informe del Tribunal de Cuentas que “es anual y directa”, no dejan de sorprender las funciones a las que se destina el dinero.

Según este medio se trata “principalmente” -así lo indica el informe- de la actividad de “un centro de estudios sociales, biblioteca, escolanía y hospedería”, además de garantizar que el monasterio cuente “en todo momento” con “20 monjes profesos y el correspondiente noviciado”.

Órganismo 'popular'

El análisis del Tribunal de Cuentas es muy crítico con estas aportaciones económicas, si bien su informe ha de pasar por el siguiente escalón, es decir, por la docena de consejeros que lo componen y que, en su mayoría, han sido nombrados por el PP. Lo más llamativo de todo es que, tal y como recoge 'El País´, de esta subvención “no se ha rendido nunca cuenta justificativa”, añadiendo incluso que “cuando el tribunal pidió que se justificase la subvención de 2013, Patrimonio Nacional aportó copias de facturas que fueron 'compulsadas posteriormente' por un funcionario de este organismo que se desplazó hasta la Abadía”.

A la vista de estas informaciones parece más que evidente que cada vez se cumple más lo dicho por la abogada del Estado durante el juicio del 'caso Noos' en relación a que el lema de que “Hacienda somos todos” es sólo una frase publicitaria. Mientras algunas CCAA y ayuntamientos de España buscan la fórmula para 'renegociar' los acuerdos con la iglesia en algunas materias o para cobrar el IBI de inmuebles eclesiásticos, a nivel estatal se otorgan subvenciones cuyos controles son, como mínimo, sospechosos.