MÉXICO, D.F., (apro).- La presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Rocío Miranda Pérez, pidió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, reconocer de manera oficial a las mujeres indígenas que se desempeñan como policías comunitarias en sus localidades.

De acuerdo con Miranda Pérez, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán son ejemplos claros de entidades donde existen policías comunitarias que de manera exitosa han proporcionado la seguridad de la que debe encargarse el Estado.

“Las policías comunitarias se mantienen con los sentidos en alerta y, a diferencia de la policía con estructura formal, no incurren en actos de corrupción o la violación a los derechos humanos; por el contrario, de manera permanente tratan de evitarlos”, dijo.

Rocío Miranda recordó que la mujer indígena representa poco más de 10% del total de la población femenina de este país, es decir, que cerca de 6 millones de mujeres, agregó, se mantienen en rezago educativo, económico y social.

En la región de Guerrero, puntualizó, “la mujer padece violencia de género y abandono en sus comunidades de origen, lo que en algunos casos las obliga a la autodefensa organizada”.

Sostuvo que las policías comunitarias no sólo dan seguridad, también son generadoras de desarrollo económico, al aplicar diversos proyectos productivos a favor de la comunidad.

Por lo tanto, dijo, tal como sucede en la Costa Chica de Guerrero, el Estado debe reconocer sus derechos sustentados en la tradición de usos y costumbres.

“Somos la voz de los sin voz para que se reconozca su práctica en las policías comunitarias, ya sea como policías, como vigilantes nocturnos o como batallones rurales”, subrayó.

La presidenta de UFIC aseguró que tanto la Segob como el Congreso de la Unión y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben entender que “la fuerza de la razón dará el cambio para reconocerles sus derechos a estos pueblos”.

Asimismo, destacó la creciente participación de la mujer indígena en las policías comunitarias en tres niveles: como observadoras e informadoras, como proveedoras de alimentos a los varones, y recientemente como comandantas.

Miranda Pérez señaló que el reconocimiento formal de esos grupos lo otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 2, además de que –dijo– las policías comunitarias tienen un reconocimiento sustentado en los usos y costumbres, así como en convenios internacionales, como el 169, que habla específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Con motivo del día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo viernes 8, manifestó: “Es momento de hacer valer la voz de los sin voz, de miles de mujeres y hombres que crean sus propias policías comunitarias de manera circunstancial ante la creciente inseguridad, o bien de forma permanente ante la inoperancia de la autoridad”.

Aseguró que ante los buenos resultados que brindan las policías comunitarias a las comunidades, solo basadas en la confianza y sin remuneración alguna, tiende a incrementarse el número de este tipo de organizaciones en el país.

La presidenta de UFIC subrayó que el modelo económico neoliberal, el desempleo y la migración masculina en el medio rural son factores generadores de inseguridad y, por ende, de pobreza.

“Debido a ello, las comunidades buscan sus formas organizativas propias, apegadas a sus usos y costumbres”.

De su lado, Juan López Macías, asesor en asuntos indígenas de la organización, señaló que si hasta los más ricos tienen seguridad y el presidente de la República tiene derecho a defenderse con guardias de seguridad, “¿por qué las comunidades no van a tener derecho a crear sus policías comunitarias”.