Organizaciones civiles buscan reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para exigir la revocación del nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob por “representar la ilegalidad y el servilismo”.

En conferencia de prensa, las organizaciones anunciaron “la ruptura del diálogo con el subsecretario”. Aunque “queremos seguir trabajando en la política de prevención, no tenemos ningún interés de interlocución con él”, dijo Clara Jusidman, presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).

Para estas organizaciones civiles, Arturo Escobar –exdiputado del Partido Verde Ecologista y exvocero del mismo- “se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de las juventudes, así como a utilizar los recursos del Pronapred (Programa Nacional para la Prevención del Delito) para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos”.

Organizaciones como Incide Social, Cauce Ciudadano, Sin Fronteras IAP, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y otras aseguran que Escobar “no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana”.

Además, las organizaciones enviaron una carta al presidente Peña Nieto y a Osorio Chong. Va íntegra:

Jueves 17 de septiembre de 2015.

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto

Sr. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong

¿Por qué se designó a Arturo Escobar como subsecretario de prevención y participación ciudadana en la Secretaría de Gobernación?

Arturo Escobar es la antítesis del funcionario que se requiere para un programa tan complejo como el de Prevención del Delito y la Participación Ciudadana.

Arturo Escobar y el PVEM representan la cultura de la ilegalidad, el clientelismo, el oportunismo y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad.

Han promovido medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua y la reducción de la edad penal.

Exigimos se revoque su designación.

Somos organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos dedicado nuestro trabajo a construir y desarrollar políticas, programas y acciones destinadas a crear y fomentar capacidades personales, familiares, comunitarias y estatales para prevenir con herramientas sociales y culturales, la expansión de las violencias y la delincuencia en nuestro país. Hacemos investigación, formulamos propuestas de política, atendemos y trabajamos directamente con mujeres, juventudes, adolescentes, niños y niñas en distintas regiones del país; defendemos los derechos humanos de la población y de los defensores de derechos humanos. Acompañamos a víctimas y promovemos el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Estamos convencidas que la ruptura de la convivencia pacífica de manera tan violenta y generalizada en el territorio nacional a partir de 2008, que ha provocado tantos miles de víctimas, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas, de desplazamiento; tanto sufrimiento, tanta desesperanza y tanta impotencia, tiene causas estructurales derivadas de la desigualdad, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Fue detonada por la incapacidad del Estado para ejercer su obligación de brindar protección y seguridad a la población frente al crecimiento del crimen organizado y el auge de los mercados de droga, armas y personas.

La “Guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón sólo sirvió para atizar la violencia, para evidenciar los niveles de destrucción de las capacidades estatales en materia de seguridad y justicia, así como la complicidad entre agentes del Estado, crimen organizado y empresas del mercado, provocando la indefensión y subordinación de las y los ciudadanos frente a los poderes de hecho.

Estamos convencidas que las intervenciones para disminuir la violencia basadas en policías, militares y capacidad de fuego han demostrado su insuficiencia y generan enormes daños: más muertos, más personas desaparecidas, más personas discapacitadas, más huérfanos y un aumento de la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y hacia las instituciones del Estado en general.

Hemos sostenido desde hace varios años la necesidad de que el Estado mexicano lleve a cabo una política amplia e integrada en materia de prevención de las violencias y la delincuencia; una política que ataque las causas estructurales y que permita desarrollar las capacidades de contención o de resiliencia en las personas, las familias, las comunidades y el Estado en todos sus niveles y poderes, además de atender a los grupos en mayor riesgo y buscar medidas para mitigar situaciones de violencia crónica y reintegrar socialmente a aquellos que de víctimas se convirtieron en victimarios.

La aceptación de una política y un programa de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia desde el inicio de la actual administración fue una grata sorpresa para nuestras organizaciones. Ofrecimos nuestro conocimiento y experiencia, algunas fuimos convocadas, otras estuvimos a la expectativa viendo como al menos, la nueva Subsecretaría creada para llevar a cabo esta política atraía a algunas personas que habían participado en buenas prácticas en distintas regiones del país. Observamos también como varias organizaciones que tenían influencia en la política de seguridad “dura” empezaron a transitar hacia el paradigma de prevención social.

Vimos como en estos tres años la Subsecretaría fue teniendo aprendizajes, recuperó esfuerzos anteriores y empezó a crear herramientas para enfrentar algunos de los obstáculos que nosotros ya habíamos advertido. Teníamos esperanza en la construcción de una capacidad estatal tan necesaria y urgente para revertir la expansión de la cultura de la guerra, de la violencia, de la corrupción, de las complicidades y de la impunidad.

Y ahora resulta que es precisamente esa cultura la que por vía del nombramiento de Arturo Escobar como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana se va a hacer cargo primero de destruir lo que con tanto esfuerzo se había venido construyendo y después seguramente, se dedicará a impulsar medidas autoritarias como la pena de muerte, la cadena perpetua, la reducción de la edad penal, la criminalización de las juventudes, así como a utilizar los recursos del PRONAPRED para pagar complicidades, crear clientelas, aprovechar de manera patrimonial los recursos y principalmente, posponer por varios años la posibilidad de realmente avanzar en prevención social de las violencias y la delincuencia.

Porque Arturo Escobar y su partido el Verde Ecologista Mexicano, eso es lo que representan: la cultura de la ilegalidad, la corrupción, el clientelismo, el oportunismo, la simulación y el desprecio por la vida, la justicia y la libertad.

Por ello las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación se revoque el nombramiento de Arturo Escobar para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Arturo Escobar no conoce de la materia, no es un servidor público confiable, no practica los principios éticos necesarios para impulsar la prevención social de las violencias y la participación ciudadana.

Además, la organización Incide Social abrió una petición en Change.org para expresar su desacuerdo por el nombramiento de Escobar como subsecretario de Prevención del Delito de la Segob.

“Como ciudadanas y ciudadanos interesados en la vida pública, expresamos nuestro rechazo a este inesperado nombramiento. Nos negamos a que nuestros impuestos sean usados para retribuir a un personaje que no cuenta con los méritos ni la capacidad necesarios para el desempeño de la función que se le está encomendando y que, además, es representante del partido político que históricamente más ha violado la ley y que debió haber perdido su registro.”

**Nota publicada el 17 de septiembre de 2015.