La Argentina estaría fabricando o importando material para utilizar vehículos aéreos no tripulados, más conocidos como "drones". Pero no se sabe el uso que se le tiene pensado dar a este tipo de equipamientos sofisticados de defensa.

No se trata de una hipótesis improvisada. Es una certeza que partió de investigaciones y que radica en una solicitud que enviaron al Consejo de Defensa Sudamericano y al ministro de Defensa, Agustín Rossi, un grupo de 40 académicos, ONG y especialistas argentinos en seguridad y defensa.

El documento al que tuvo acceso LA NACION sostiene que "desde hace años se vienen usando los drones como parte del repertorio de varios países como parte esencial de la «guerra contra el terrorismo», al tiempo que crece su ensayo en otra modalidad de conflicto irregular como es la «guerra a las drogas»" . Entre algunos de los firmantes figuran Juan Gabriel Tokatlian, Fabián Bosoer, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Carlos Gabetta, Verónica Giordano, Fabián Lavallen, Daniel Romano, Mirka Seitz, Manuel Ugarte y Horacio Verbitsky.

En la solicitud para que el Consejo de Defensa Sudamericano analice esta temática en la reunión de ministros de Defensa que se hará en agosto próximo en Perú, los firmantes del documento señalaron que en el mundo "los drones se han convertido en un recurso letal para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, afectando notoriamente el Estado de Derecho en los países que recurren a ese medio". Además, destacan que estos aviones no tripulados ya son parte de una "lucrativa y poco transparente industria militar que carece de controles internacionales" y que apunta a la masificación de sus ventas.

Todo esto lleva, según el documento, a que los drones sean un dispositivo "para erosionar aún más la soberanía de las naciones débiles de la periferia". En el caso particular de América latina denuncian que aparece como una región "factible de ser afectada por el uso de drones por parte de países extrarregionales" y como un área que los produce. Se estima que al menos 12 países latinoamericanos -entre los que están la Argentina y cinco más de la Unasur- han desarrollado o comprado tecnología para fabricarlos y/u operarlos. En México se estarían usando drones para el combate de las drogas y en Colombia contra la guerrilla.

"Tenemos información confiable para afirmar que en la Argentina se están fabricando o importando drones, pero no tenemos en claro cuál será su uso. Por esto exigimos mayor transparencia y un debate", dijo a LA NACION Tokatlian, profesor de la Universidad Di Tella y uno de los 40 firmantes del documento.

Tokatlian aclaró que hay proyectos de drones en Colombia, Brasil, Venezuela y la Argentina, aunque "nada es transparente ni regulado", dijo. Por este motivo, se pidió que los ministros de la Unasur y Rossi abrieran el debate sobre este complejo tema y dieran mayor transparencia.

"Resulta imperativo que nuestras sociedades de América del Sur realicen el esfuerzo de aclarar esta problemática que bien puede afectar a nuestros países tanto en el plano del derecho internacional cuanto en el de sus propias realidades institucionales en términos democráticos", reza el documento presentado. También se insta a los países a que elaboren y expliciten su posición considerando los inquietantes antecedentes globales y regionales. Ayer, Rossi no pudo ser consultado porque se encontraba en Chipre.