“La Justicia cerró la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado” celebraron a coro medios oficialistas. No les vaya a creer. Por lo pronto, los Tribunales no son la Justicia (ni a menudo la imparten). Apenas integran el más elitista poder del Estado, el Judicial. Con más detalle: apodar “Justicia” a jueces federales como Gustavo Lleral constituye un disparate mayúsculo.

Por último, en orden de enunciación: la causa no está cerrada porque una decisión de primera instancia es susceptible de apelación ante la Cámara Federal, posiblemente de otra ante tribunales superiores. Y como toda sentencia arbitraria debe habilitar la competencia de la Corte Suprema de Justicia, al final de un largo camino.

La frondosa resolución de Su Señoría amerita una lectura y análisis minucioso que se harán con más tiempo. De cualquier manera, para quien conoce los antecedentes del caso y la prueba acumulada (más la “negada” por Su Señoría) es claro que el fallo contradice la fake news que inicia esta columna. Se intenta ponerle el moño a una injusticia: dejar plasmado que Santiago Maldonado, portando ropa que pesaba 30 kilogramos sobre un cuerpo de 60, se arrojó al agua helada del río Chubut por placer, por dedicarse al deporte de aventura, por ansias suicidas acaso.

La jerga jurídica, deliberadamente incomprensible, exige el tamiz del sentido común: escudriñar los hechos, el escenario en que se originaron, sucedidos ulteriores. Todo parte del mismo “conflicto bélico” urdido por el Gobierno del presidente Mauricio Macri.

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El enemigo interno: Antes de la muerte violenta de Santiago Maldonado infligida en un contexto de represión ilegal, el Gobierno y la cadena oficial de medios privados se consagraron a crear y demonizar un enemigo interno: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según la fantasía, mantenía vínculos operativos con el ISIS, Sendero Luminoso, el IRA irlandés y hasta las disueltas FARC colombianas. La RAM aspiraba a crear un nuevo Estado usurpando territorios de Argentina y Chile. Ponía en riesgo la soberanía nacional. Desde agosto de 2017 hasta hoy, cierto es, la soberanía nacional viene siendo menoscabada pero no por las malas artes de la RAM sino por la política económica macrista.

Con ese conflicto como pretexto y acicate, la Gendarmería atacó sin orden judicial precisa, con tremenda superioridad numérica y munida de armas a un pequeño grupo de mapuches y militantes el primero de agosto de 2017. Los golpeó, amenazó, persiguió, baleó, entró a territorio mapuche que le estaba vedado, robó pertenencias de sus ocupantes, quemó viviendas.

Santiago llegó al río acechado y amedrentado a corta distancia por una horda de gendarmes. De la sentencia se infiere que entró al agua por voluntad propia y se ahogó solito sin que nadie lo viera. Los uniformados, parecería, se difuminaron en el aire. El joven murió “por una sumatoria de incidencias” (sic de la sentencia) entre las que no cuenta la causa de su llegada hasta la orilla. Ni sus causantes, claro.

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El misterio que llegó del frío: La autopsia firmada por numerosos profesionales concluyó que Santiago murió de asfixia por inmersión. Sucedió en el río Chubut aunque el dictamen no pudo precisar si en el mismo paraje en el que fue hallado el cuerpo. Permaneció en el agua un lapso que pudo llegar a 73 días o ser menor, no hay unanimidad al respecto. Según un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la muerte fue un proceso (no necesariamente breve) que condujo primero a adormecimiento de los miembros, reduciendo la capacidad de moverse. Luego derivó en un desvanecimiento que terminó con la sumersión. Se trató, pues, de una muerte violenta por asfixia por sumersión coadyuvada por hipotermia.

He ahí el principal dato científico conseguido por el tribunal en más de un año. El “aporte” más reciente, un peritaje sobre el DNI de Maldonado, carece de credibilidad. Se le desconocen antecedentes penales serios. Fue impugnado por la querella a la que no se notificó debidamente el informe... ingresa a la generosa historia de las evidencias truchas.

Quedaban carradas de pruebas pendientes de producción. Se ignora la necesidad y urgencia en cerrar el expediente sin completar la investigación, excepción hecha de las presiones que se mencionarán unos renglones más abajo.

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Rafael Nahuel, la continuidad: Rafael Nahuel fue asesinado por la Prefectura en Bariloche, en noviembre de 2017. Recibió un balazo en la espalda. Los Albatros hicieron fuego a discreción, más de cien balazos con munición de plomo. El crimen “hace sistema” con la muerte violenta de Maldonado.

Se comprobó que Rafita Nahuel no llevaba armas de fuego (sus compañeros lo acercaron a la ruta todavía malherido) ni rastros de pólvora en las manos. En “el caso Maldonado”, el Gobierno y sus aliados judiciales o mediáticos podían embarullar el relato o entorpecer pesquisas... disponían de menos margen respecto de Nahuel.

Cuando se acredita la comisión del homicidio la carga de la prueba se invierte: el autor material es en principio culpable. Para evitar o aminorar la condena debe probar su inocencia o algún atenuante.

Sin embargo, a más de un año del crimen ningún prefecto fue separado de su puesto, pasado a retiro, procesado o encarcelado. La reticencia se da de patadas con la velocidad habitual de los tribunales federales que expenden procesamientos y detenciones con la naturalidad de un quiosquero que vende cigarrillos. O, por usar un hallazgo del ingenio de Comodoro Py, como un calesitero que reparte sortijas.

La impunidad de los prefectos asesinos de Nahuel es congruente con la de los gendarmes que atacaron a Maldonado. Existe continuidad, una serie, un modus operandi. Dos jóvenes vidas segadas bajo el paraguas de una “guerra” inventada... cero responsables. El Gobierno lo hizo, “la Justicia” convalidó.

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Colegas pero diferentes: Lleral se comporta como un digno colega de la mayoría de los jueces que pueblan los tribunales de Comodoro Py. “Mayoría”, subrayamos: las generalizaciones pueden derrapar al exceso. En sentido similar, media una significativa diferencia entre magistrados como Lleral y la élite de los federales. Lleral dispone de mucho menos poder propio. Tramita causas usualmente menores, carece de entrenamiento para negociar o pulsear con el poder político.

Además, convive con los gendarmes a quien tenía que juzgar. Lo custodian, lo trasladan, le hacen un poco de ayudantes, traba amistad o buen trato con sus jefes. Goza de escasa autonomía y queda muy a tiro de ser parcial.

Primero que nada, es débil. Para resolver expedientes que son “razón de Estado” se necesitan atributos firmes que no cualquiera dispone, sobre todo si lo fuerzan desde la Casa Rosada y zonas de influencia.

Sergio Maldonado, el hermano de Santiago que asumió el rol de patriarca familiar tras la muerte, denunció ayer en un comunicado que Lleral llamó a la madre de ambos para disculparse por su proceder. El magistrado se sinceró; “todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa”.

Este cronista ha conversado con Sergio Maldonado, lo ha visto hablar en actos públicos, marchar. Recuerda con qué temple permaneció durante horas con su compañera en las orillas del río Chubut cuando apareció el cuerpo yacente de Santiago, para evitar manipulaciones. Lo han vejado, difamado como a tantos familiares de víctimas de la violencia institucional.

Dicho en criollo y por una vez en primera persona del singular. Como periodista, suspicaz por profesión, estoy convencido de que es un tipo noble, franco, que se lanzó a la escena pública para buscar verdad y justicia: creo en su denuncia. En cierta forma, también le creo a Lleral en ese arrebato de semi-sinceridad mezclada con lágrimas de cocodrilo que (cabe sospechar) desmentirá para cubrirse. Seguro que lo apretaron, clavado que le exigieron un fallo a medida. Y careció de la honestidad y del coraje para hacer lo que debía sin dejarse prepear.

La historia continuará, el golpe es muy duro... nada parecido a la Justicia emana de los tribunales federales. Una espiral de silencio y una trama de complicidades impiden averiguar la verdad.

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