Más de cuatro años después de que el gobierno kirchnerista impulsara la expropiación de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, la Justicia decidíó que le costará al Estado nacional por lo menos $ 300 millones, más el 6% de interés anual, por lo que la cifra total superará los $ 350 millones y amenaza con elevarse mucho más.

Según publica hoy el diario La Nación, la decisión fue tomada por la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino de intimar al Estado a depositar esos fondos "dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía".

El Gobierno kirchnerista había asegurado que la expropiación de la imprenta -por la que está complicado judicialmente el ex vicepresidente Amado Boudou- no costaría "ni un peso". Lejos quedó esa promesa y hoy, Boudou afronta varias causas por corrupción y el gobierno de Mauricio Macri deberá enfrentar esa decisión judicial.

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Pero la actual administración nacional se resiste a liberar esa partida millonaria y desde la AFIP ya apelaron el fallo judicial.

El objetivo de la AFIP es que la Justicia admita la compensación entre lo que en principio vale la empresa -unos $ 300 millones- y las deudas impositivas que la familia Ciccone acumuló durante años hasta superar los $ 275 millones.

Según recuerda La Nación, mediante un duro fallo que emitió en octubre de 2013, el juez Cosentino concluyó que la ley de expropiación de la ex Ciccone Calcográfica violaba la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda tributaria.

Ahora, con la ex Ciccone ya declarada en quiebra y parte de sus activos bajo el control de la Casa de Moneda, los camaristas Heredia y Vasallo confirmaron los cuestionamientos a la ley de expropiación.