Las planillas sobre distribución de la pauta oficial en el primer semestre de 2017, emitidas por la Jefatura de Gabinete, dejan clara la persecución contra el grupo Octubre, propietario de PáginaI12, y contra las voces disidentes del gobierno de Mauricio Macri. A la vez, muestran el abrumador favoritismo del grupo Clarín en el reparto de los fondos del Estado, en todos los rubros, que suma 337.295.758,66 millones de pesos en los primeros seis meses de este año. El diario Clarín (sólo el diario) recibió del Estado 54.613.989,52 pesos frente a 3.206.000 que se le pautó a PáginaI12 en el mismo período. El diario La Prensa, hoy prácticamente desconocido para el gran público, recibió el doble de pauta que PáginaI12 y en el caso de Perfil, que sólo sale dos veces por semana, casi le fue otorgado el triple. Todos estos no son hechos aislados. El Estado le dio a Radio Mitre, del Grupo Clarín, 39.600.000 pesos durante el primer semestre de 2017 mientras que la AM750, del Grupo Octubre, prácticamente no recibió pauta. Según los ratings de Ibope, AM750 está en pleno crecimiento y mientras Mitre consigue el 42 por ciento de share, AM750 ya está por encima de nueve.

En la televisión por cable hay otra muestra evidente de la discriminación de acuerdo a la línea editorial. Actualmente TN y C5N tienen casi el mismo rating, pero el cable del grupo Clarín recibe cinco veces más publicidad oficial que el cable del grupo Indalo.

Esta arbitraria persecución no puede desligarse de la ofensiva que diferentes medios con aceitados lazos con el Gobierno, y proclives a otorgar espacio a las más variadas operaciones de inteligencia, vienen desplegando en contra del Secretario general del Sindicato y la Federación de Empleados de Edificios, Víctor Santa María, quien también es director del Grupo Octubre, al que pertenece este diario junto a otros medios de comunicación y emprendimientos educativos y culturales.

Antes y después de asumir, el gobierno de Mauricio Macri hizo alharaca de que la pauta se distribuiría en función de criterios objetivos. Recién en agosto de 2016 se conoció la Resolución 247/16 que fijaba alguna pauta en ese sentido, a pesar de que todos los especialistas en comunicación las consideraron insuficientes y que contribuían a profundizar el sesgo concentrador que plantea la publicidad privada. Las cuatro principales eran: 1) Alcance del medio, 2) Pertinencia del mensaje, 3) Zona geográfica y 4) Fomento de la pluralidad de voces. Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones, como se advierte por las cifras en juego (todas ellas tomadas de la planilla publicada en la página oficial de la Jefatura de Gabinete), el Gobierno ni siquiera cumple con las pautas que se autoimpuso.

La discriminación se produce en todos los rubros. Por ejemplo, en la publicidad estatal en los sitios web, la mayor cantidad es para Infobae, 12 millones de pesos, pero de inmediato aparecen otros medios favorables al gobierno, Clarín y La Nación, con ocho millones y siete millones de pesos respectivamente. El Estado prácticamente no pautó en la web de PáginaI12 que, con más de cuatro millones de usuarios únicos por mes, de acuerdo a las mediciones de Analytics/Google, es una de las diez más consultadas de América latina, según el respetado International Media & Newspaper.

En la edición de papel, Clarín recibe pauta del gobierno nacional y de los organismos descentralizados –Afip, Pami, Anses y otros–, pero además el estado también le otorga publicidad a la revista Viva. A esto deben sumarse enormes cifras del gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, los otros dos grandes anunciantes desde el aparato estatal, que mantienen los mismos criterios de discriminación política que usa el Gobierno nacional de igual signo partidario.

Esos criterios políticos aparecen también en la asignación a La Prensa o Perfil. Sólo una nítida maniobra de discriminación explica que los dos primeros reciban el doble o triple de pauta que PáginaI12 .

El cuadro respecto de la radio es igual o peor. La 750, del grupo Octubre, que registra en el último año el mayor crecimiento de la radio argentina, no aparece siquiera en las planillas del primer semestre. Radio Mitre prácticamente llegó a los 40 millones de pesos –39.700.000– en el primer semestre, una cifra que no resiste el menor análisis si se compara con la AM750 que tiene casi el diez por ciento del share, es decir el diez por ciento del total de la audiencia de las radios AM. Radio Rivadavia con 7.500.000; Continental, con 4.700.000 Y Radio Belgrano con cuatro millones de pesos figuran con cifras significativas y tienen un rating muy inferior a la 750. Nuevamente se marca que el criterio es político.

El ataque sobre el Grupo Octubre en los medios de comunicación no se limita al campo publicitario sino que también se expresó en la cancelación sin motivo ni explicaciones del contrato para la edición y comercialización de la revista que distribuye en todos sus vuelos la empresa Aerolíneas Argentinas.

Los rastros de la discriminación aparecen por todas partes. El canal de noticias del grupo Clarín, TN, tiene –según la medidora Ibope– 2,72 de rating frente a 2,54 de C5N. Es decir que hay una marcada paridad. Sin embargo, TN recibió casi 16 millones de pesos de pauta oficial en el primer semestre, mientras que C5N consiguió apenas cinco millones de pesos, tres veces menos.

La estrategia parece clara: concentrar los fondos en los amigos de la Casa Rosada y perseguir a quienes se oponen a las políticas de ajuste. La discriminación salta a la vista en todos los aspectos. La revista Caras tiene 150 por ciento más publicidad que PáginaI12, lo mismo sucede con Noticias y Gente.

Otro dato que llama la atención es la asignación a Latin American Communications de 80 millones de pesos de publicidad oficial en vía pública durante el primer semestre. Es la misma empresa que hizo la campaña electoral de Cambiemos.

Para hacerse una idea del impacto de semejante favoritismo y consecuente discriminación en el reparto de la publicidad oficial, se debe tomar en cuenta que ésta alcanza a solo un diez por ciento de la torta publicitaria total. El 90 por ciento de esta se rige absolutamente por el criterio aplicado por las empresas, que en su mayor parte dejan fuera del reparto a los medios de comunicación masiva que ponen en discusión sus criterios acerca del modelo económico que se debería llevar adelante en el país. Es por eso que, cada vez más, el debate sobre la necesidad de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, en todos los organismos internacionales dedicados al tema, se centra en las maneras en que los estados deben compensar la arbitrariedad privada, de manera de garantizar el acceso a una pluralidad de contenidos mínima que permita la verdadera discusión democrática. El gobierno de Mauricio Macri parece decidido a cerrar toda discusión y a ahogar cualquier intento de información que no provenga de sus funcionarios, sostenedores y amigos, incluidos en primer lugar los medios masivos que le otorgan el blindaje que hasta ahora disfruta.