En el mundo político, la indagación del Ministerio Público a Soquimich es comparado con el 27/F: un movimiento telúrico de proporciones que no dejará a ningún partido político ileso y amenaza con un tsunami capaz de arrasar a un número importante de políticos. Se habla de diputados y senadores de la Alianza y de la Nueva Mayoría y otras autoridades que habrían recibido en los últimos seis años aportes irregulares para sus campañas por parte del zar del litio, Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet. Por lo mismo, llamó ayer la atención que la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) se concentrara en Soquimich sólo en relación a Reactor y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L., en particular porque la presión de la Fiscalía se ha concentrado en el análisis de la contabilidad desde los años 2009 a 2014. Ello porque existe meridiana claridad que las dos empresas que figuran en el libelo trabajaron para Zalaquett y facturaron para un tercero. Desde Cristina Zúñiga acusaron el golpe y señalaron que “si bien el SII al concluir su comunicado anuncia nuevas acciones criminales en contra de la misma SQM y otros contribuyentes, llama poderosamente la atención que la acción penal no se haya iniciado en contra de quienes han confesado abiertamente la inexistencia de servicios y la falsedad de los comprobantes tributarios como vehículo para financiar campañas políticas. Esta no es la querella que la ciudadanía está esperando”. Quienes han podido conocer parte del contenido de la información que se entregó de parte de SQM confirman que son muchos nombres y que los aportes son transversales. No se atreven a dar una cifra exacta de involucrados, pero que hay numerosas sociedades que podrían llevar a lugares insospechados hasta ahora. Además de los aportes reservados que la empresa pueda haber hecho de acuerdo a lo que la ley le permitía. Con todo, fuentes del caso explicaron a este diario que se debe tener cautela porque hay demasiados intereses cruzados y contaminación en la información que circula en oficinas del gobierno, abogados, Fiscalía y en el mismo Congreso.Como sea, en el Ejecutivo están ciertos de que la Fiscalía va por algo más que la explosión controlado del SII y ya se conversa que la magnitud de la crisis amenaza con el retorno de la vieja guardia política. De hecho, habría sido el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy -en constante pugna con su superior jerárquico, Rodrigo Peñailillo-, la figura clave del Gobierno en la estrategia de enfrentar, sin buscar frenar la investigación, la arremetida de Chahuán en la arista SQM. Aleuy lleva semanas diciendo a la prensa que el gobierno ha entregado toda la información que le ha solicitado el Ministerio Público en distintos casos y que en Caval y SQM no habrá excepciones. En Palacio explican que la posición hoy de Bachelet en las encuestas no da espacio para seguir minando su credibilidad como mandataria. El domingo, por ejemplo, consultado en Canal 13 sobre posibles aportes de SQM a la campaña de Bachelet, el Subsecretario del Interior dijo que eso era parte de la investigación. La misma postura que tuvo el vocero de gobierno hace algunos días cuando le preguntaron en un punto de prensa. En el gobierno explican que ha sido esa la postura porque no pueden descartar nada y porque tampoco saben si hubo o no aportes reservados a la campaña. En el Ejecutivo existe además preocupación por las actuaciones del Ministerio Público y reconocen que no hay hoy día un control como cuando Chahuán fue intervenido por el ex ministro Hinzpeter en el caso bombas. Ahora, reconocen, no saben hasta donde podrían llegar. No solo en este caso sino que también en Caval, donde hay un temor latente por los avances del fiscal a cargo y las medidas que tome una vez que sus carpetas de investigación se vayan abultando.La semana pasada, el caso alcanzó su máxima tensión con el Ministerio Público que exigió el traspaso de la información que Soquimich entregó al Servicio, y no a la Fiscalía, y la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar las acciones "intrusivas" de Chahuán y su equipo, al acoger un recurso al respecto interpuesto por el abogado del exgerente de SQM, Patricio Contesse, que impedía cualquier indagatoria ante la ausencia de una querella del SII. El fondo del recurso se analizará mañana. "Sólo se puede esperar un caiga quien caiga", aseguran fuentes del Ejecutivo que apuntan a que tras el duro golpe que ha significado para la credibilidad de Michelle Bachelet el que su hijo, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon, estén involucrados en un millonario negocio de especulación inmobiliaria, el único camino posible es abrir la ventanas y esperar que pese a todo el país siga siendo gobernable. En la UDI, en tanto, distintos parlamentarios afirman que el ambiente en el Congreso esta semana fue de "terror absoluto" y que diputados y senadores de todos los sectores políticos están revisando al menos cómo se financió la campaña de 2013. "Esto al menos va a demostrar lo que siempre dijimos: el problema es transversal", apunta una alta fuente de la colectividad. Otros parlamentarios consultados apuntan a que el descrédito que viene es de tal magnitud que la opción de una asamblea constituyente dejó de sonar para los conservadores como “una locura”Hace unos meses, cercanos al exalcalde UDI, Pablo Zalaquett, se quejaban de que Carlos Gajardo, el fiscal que destapó los secretos del financiamiento de la política, estaba con los colmillos afilados buscando poder indagar Soquimich, ya investigada por el caso Cascadas. Gajardo en esa época ya manejaba que Soquimich había pagado, tal como lo hizo Penta, recursos a una empresa que trabajó con Zalaquett en su campaña por trabajos no realizados. A principios de diciembre, The Clinic Online dio cuenta de esta situación al publicar que había otras dos empresas, Corpbanca y SQM, que figuraban en la indagatoria. Zalaquett argumentó en su entorno que el asunto fue una “lesera” porque él era asesor de SQM y le pidió a la empresa que lo que se le adeudaba fuera pagado a Asesorías Cristina Zúñiga que colaboraba con su campaña. Zalaquett fue la primera pista, pero no la decisiva. Ésta llego de la mano del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner. La cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda -que actuó de testaferro emitiendo boletas por trabajos no realizados a Penta cuando Wagner estaba en el gobierno de Sebastián Piñera-, declaró que en 2009 emitió boletas a SQM con la misma modalidad. Esos fondos, de julio de 2009, fueron a parar a manos de Ernesto Silva Bafalluy quien pagó servicios de la campaña de Joaquín Lavín a Cristina Bitar y le entregó recursos a su secretaria. La Fiscalía en la ocasión sólo pudo acceder a un mes en la historia de SQM: julio. Sólo de ese periodo surgieron boletas sospechosas relacionadas, por ejemplo, con el diputado Roberto León (DC) y el senador Fulvio Rossi (PS). Y sólo se revisaron 31 días. Sin embargo, con la información que se cuenta ahora se sabe que los involucrados podrían desatar la peor crisis política en la historia reciente del país.