El Gobierno de Sebastián Piñera entregó a la Fiscalía el informe de la Contraloría General de la República, que determinó irregularidades en la gestión que lideró la entonces ministra vocera de La Moneda durante la pasada administración de Michelle Bachelet, Paula Narváez.

El subsecretario general de Gobierno, Emardo Hantelmann, y el director jurídico de dicha cartera, Jorge Uribe, pusieron este lunes a disposición de la Justicia los antecedentes revelados en el informe que recibieron la semana pasada de la Contraloría.

Se trata de un categórico documento donde se advierte una serie de irregulares que van desde la contratación de activistas políticos en la Seremi de Valparaíso, hasta el uso indebido de la imprenta que tiene a cargo la Segegob.

En este último punto, según consta en el escrito de la Contraloría, destacan afiches convocando a marchar por el movimiento No + AFP y un llamado a movilizarse contra la sociedad controladora de Colo Colo, Blanco y Negro, que fueron impresos con fondos públicos.

El objetivo de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, es que se abra una investigación penal en contra de una serie de personeros públicos, partiendo con la exministra secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, además del subsecretario de esa cartera de la época, el DC Omar Jara, y el entonces director de la División de Organizaciones Sociales, el militante comunista Camilo Ballesteros.

“Nuestro equipo jurídico identificó indicios que eventualmente podrían constituir delitos, por eso hoy día nos hemos presentado ante el Ministerio Público”, indicó el subsecretario Hantelmann.

Desde el bacheletismo descartaron irregularidades, afirmando que fueron temas administrativos que fueron subsanados con los preinformes que determinó la Contraloría.

Según explicó Camilo Ballesteros a Radio Bío Bío, cualquier organización social podía solicitar a la Secretaría General de Gobierno apoyo para imprimir material, todo dentro de un afán del Gobierno de fortalecer las organizaciones civiles.

En esta línea, se mantenía una relación directa durante la gestión con varias organizaciones, en que se cursaron más de 500 solicitudes, para lo cual se mantenía un criterio que se basaba en que tuvieran personalidad jurídica y que el material no incitara al odio.

Sin embargo, dentro de los antecedentes que están en manos de la Fiscalía, hay algunas triangulaciones de personeros -militantes comunistas, como Camilo Ballesteros- que estarían relacionados con Hugo Gutiérrez y otros integrantes de la cúpula del PC.

Esto último, a juicio de La Moneda, refuerza la convicción respecto a una supuesta operación política donde se utilizaron recursos públicos, para fines privados o estrategias políticas ligadas a ese partido.

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