El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo, ha solicitado su excarcelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse porque tiene sus bienes embargados y la mayor de sus hijas "va a celebrar su boda en pocos meses".

Argumenta González que es "materialmente imposible" que se fugue porque carece de medios económicos al estar los suyos embargados y porque dispone de un "arraigo notorio" en España, donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales está a punto de casarse.

Así se señala en el recurso, adelantado por la Cadena Ser, en el que la defensa de González asegura que las pruebas contra él de las que dispone el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, no justifican una medida tan gravosa como es su prisión incondicional.

Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino -también en prisión sin fianza- han recurrido directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.

En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de lo Penal que una de sus hijas, de 18 años, es estudiante; que su padre tiene más de 90 y que no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar". Tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado están siendo investigados por la causa derivada de la Operación Lezo.

"Huir es impensable"

"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita". La "notoriedad pública" de González, añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.

A lo largo de su recurso, el abogado Esteban Mestre destaca también que el auto de prisión dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 "no fundamenta, exterioriza ni razona con la mínima solidez cuál es el verdadero motivo que lleva a aplicar una medida tan drástica como es la prisión provisional y, además, incondicional".

Considera la defensa de González que la prisión puede entenderse como una "medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado "resulta inadmisible".

El recurso presentado por el abogado Miguel Bajo en representación de Rodríguez Sobrino argumenta, por su parte, la falta de motivación del auto recurrido y la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.Incide igualmente en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.

El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" que la prisión incondicional como podría ser la prestación de una fianza, como se ha hecho en el caso de otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer ante el Juzgado "los días que tuviera a bien señalar" la Sala de lo Penal.