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Nunca un mensaje de Felipe VI había estado tan alejado de la realidad. Nunca antes recibió una cacerolada como la que inundó muchos barrios de todo el Estado.

En medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, el monarca, acosado por el penúltimo caso de corrupción cifrado en 65 millones de euros y desde su palacio, lanza un mensaje de esperanza a cientos de miles de personas que se han quedado en paro, que están obligadas a seguir trabajando sin las mínimas condiciones sanitarias o que han perdido a familiares por el colapso sanitario de un sistema de salud atacado por los recortes de la última década.

Esa ha sido la grotesca situación que se ha dado en los 7 minutos que ha durado el discurso de Felipe VI. Un discurso que no ha contado con ninguna sorpresa y que se ha centrado en repetir y validar el mensaje de unidad nacional que desde el gobierno de coalición, oposición, patronal y direcciones sindicales de CCOO y UGT, se viene repitiendo desde que estallara la crisis del coronavirus.

Este mensaje además se producía en un momento donde la casa real suma el penúltimo escándalo de una lista interminable.

Recordemos que este último caso de corrupción se centra en la investigación de una donación procedente de Arabia Saudí con destino a las cuentas del rey emérito Juan Carlos.

Un hecho que también salpica al actual monarca, Felipe VI, como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, esta última investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir supuestamente 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

Frente a esta situación Zarzuela actuó retirando la asignación oficial al rey emérito (194.232 euros al año) y anunciado la retirada por parte de Felipe VI de cualquier herencia económica que le correspondiera de su padre.

En el mensaje televisivo, Felipe VI ha tenido palabras para aquellos que han perdido familiares producto del virus. En segundo lugar se ha referido a los trabajadores públicos que desde el inicio de la crisis están siendo la primera línea de combate contra la infección.

En este punto algo de cierto y ceñido a la realidad ha tenido el discurso del borbón. Se ha referido a estos profesionales que “no paran de hacer horas sin descanso” para combatir el virus, y es cierto. Pero no lo hacen solo por vocación, lo hacen porque no hay más personal ni material médico que acelere las pruebas.

Y no los hay por el brutal recorte que la sanidad pública sufrió en los últimos años. Unos recortes que rondan la cifra de 18 mil millones de euros. Ese es el pasado que arrastramos y que hoy hace que nuestra sanidad esté colapsada, nuestros sanitarios -y personal de limpieza y administrativo de hospitales- esté trabajando 24 horas sin descanso e infectándose por no contar con el material de protección adecuado.

El tercer punto de su breve discurso se ha centrado en las clásicas arengas a la “nación” y al “pueblo”, asegurando una victoria sobre el virus y un futuro de recuperación de empleos y de bonanza económica. Este es el objetivo del gobierno de coalición con sus medidas, centradas en descargar todo el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, bien vía facilitando los despidos y/o ERTEs, bien vaciando la hucha del Estado.

Para las empresas, inyecciones económicas y moratoria de pagos. De hecho, de los 200 mil millones de euros que el gobierno de Sánchez ha aprobado, sale 117 mil millones de las arcas públicas. De estos, 100 mil millones irán directamente a estas ayudas a las empresas y solo 17 mil millones son para destinar en gasto directo hacia “sectores vulnerables”, es decir para subsidios de desempleo, o ayudas asistenciales.

El objetivo del Ejecutivo es dejar la posterior “recuperación” a la bondad de las empresas y que estas vuelvan a contratar y a producir como lo hacían antes del paso del coronavirus.

Toda una utopía viendo la experiencia de la reciente crisis del 2008. Si cruzáramos el porcentaje de crecimiento de beneficios empresariales con el poder adquisitivo de los trabajadores tendríamos el clásico gráfico en “tijera”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras de este país han perdido en los últimos 10 años una media del 8% del poder adquisitivo, según los últimos datos del INE, los beneficios empresariales han crecido un 13% en el último lustro. Según datos de la Agencia Tributaria, solo entre 2016 y 2017 el aumento interanual fue del 9,2%.

Ante esta situación, la que vivimos millones y no la que se vive en Zarzuela, si queremos revertirla se necesitan otras acciones. En primer lugar la expropiación de todos sus bienes y devolución de todo el dinero que ha recibido del Estado desde hace 40 años, además de todo aquel que ha ganado en corruptelas, empezando por los últimos 65 millones.

Y en segundo lugar la abdicación de Felipe VI y su descendencia. Que el pueblo trabajador no tenga que hacerse cargo nunca más de una familia parasitaria que se llena los bolsillos con nuestro esfuerzo y a base de corruptelas.