España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza. Un sistema de garantía de ingresos mínimos contra la pobreza es, por así decirlo, la pieza de cierre del modelo social europeo que impide que cualquier persona que no tiene derecho a los otros beneficios se quede a la intemperie.

Probablemente la falta de esta última red de protección para hogares pobres explica el hecho de que España sea el país en el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza en la última década. Especialmente, la pobreza de niños, con las patologías asociadas, como la obesidad infantil, la mala o insuficiente alimentación que lleva a la disminución permanente de capacidades intelectuales por atrofia de la corteza cerebral.

Un problema que viene de lejos

Durante un tiempo pensé que probablemente esas estadísticas estaban mal. Me era difícil aceptar que un país que representa la 13ª economía del mundo y que cuenta con un sistema democrático homologable con el de los países desarrollados tuviera este problema de pobreza severa. Pero he tenido que aceptar que es la realidad española la que está mal, no las estadísticas.

La pobreza severa de hogares es un problema español que viene de lejos. La recuperación económica a partir del 2013 no lo resolvió. Al contrario, la generalización de nuevas formas de empleo con bajos salarios y los contratos laborales de cero horas de las plataformas digitales, así como otras formas de trabajo informal, agudizaron el problema. Por eso nos encontramos con el fenómeno de los trabajadores pobres, que afecta especialmente a los jóvenes.

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Las medidas adoptadas con la declaración del estado de alarma para contener el contagio por el coronavirus Covid-19 van a intensificar el problema de la pobreza severa. De ahí que, como comenté en esta columna de hace dos semanas, necesitamos implementar con urgencia una renta básica nacional.

Llegados a este punto, conviene que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué en España no tenemos una prestación general contra el riesgo de pobreza? En buena medida es debido a que hemos asociado pobreza a falta de empleo. Por eso la mayor parte de las prestaciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas y corporaciones locales, vinculan las ayudas de rentas mínimas a la falta de ingresos por desempleo.

Este vínculo entre paro y pobreza es un estorbo conceptual a la hora de abordar políticamente una renta básica nacional. Hay que sacar la pobreza de la lógica de la solidaridad para situarla en la lógica de los derechos de ciudadanía. La sanidad pública es un buen ejemplo de este cambio. Hasta hace unas décadas, se concebía dentro de una lógica de solidaridad y se financiaba con cargo a las cuotas de la Seguridad Social. Al definir la salud como un derecho, ahora se financia con cargo a los impuestos generales del Estado. Lo mismo tenemos que hacer con la pobreza.

Una enfermedad social

La pandemia por el coronavirus permite llevar a cabo este cambio conceptual. La ventaja para ir rápido ahora en la implementación de una renta básica nacional contra la pobreza es que ya hay una propuesta de política que se ha venido elaborando desde 2017 en el seno de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), bajo la presidencia de José Luis Escrivá, precisamente la persona que ahora está al frente del ministerio de Seguridad Social. Con un coste anual muy razonable, de 3.500 millones de euros, esa propuesta permitirá reducir de forma efectiva la pobreza severa que sufren en España cerca de dos millones de hogares.

La pobreza no es una elección individual. Es una enfermedad social que muchos niños sufren desde la cuna. Cuando se instaura en los adultos puede ser el resultado del azar, de un golpe de mala suerte o de un accidente de la vida. Atribuir la pobreza a la pereza de las personas pobres, como a veces se hace, es una falta de sentido caritativo o una perversión moral.

La pandemia por el coronavirus crea el momento político para una renta básica nacional contra la pobreza. ¿Cómo podríamos explicar que vamos a utilizar cientos de millones de recursos públicos para ayudar a empresas a mantener sus ingresos y dividendos y no somos capaces de invertir unos 3.500 millones de euros anuales para erradicar la pobreza severa? No es solo una cuestión de equidad, sino también de eficacia económica. Una sociedad más justa produce una economía más eficiente y un crecimiento más sano y sostenido.