CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La destitución de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) es un paso más hacia la restauración del priiato, pues somete al control del Ejecutivo federal y su partido a la única instancia electoral que hasta el viernes 20 actuaba con un razonable grado de autonomía e independencia.

Desde el inicio de su mandato el presidente Enrique Peña Nieto ha venido socavando la división de poderes y la independencia de los organismos autónomos; en estos momentos ya logró asegurar el control mayoritario de los integrantes de la Cámara de Diputados, al menos durante la presente legislatura, a partir de una muy inteligente ingeniería electoral (Proceso 2016); del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 2014) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Proceso 2087), en relación a los poderes constitucionales.

Por lo que hace a los organismos autónomos, sucede lo mismo en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) (Proceso 2081) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (Proceso 2114).

En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción es evidente que pretende, asimismo, consolidar el control del Comité Coordinador del mismo a través de la designación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, para lo cual el nombramiento del fiscal general resulta determinante.

Pero además del predominio sobre los otros poderes, la preocupación por el control del sistema electoral cobró especial relevancia a partir de las elecciones de 2016, cuando el Partido Revolucionario Institucional sufrió una estrepitosa derrota y perdió tres de sus bastiones históricos (Veracruz, Tamaulipas y Durango), por lo cual el priismo se preocupó particularmente por controlar al tridente de instituciones electorales: el Instituto Nacional Electoral (Proceso 2087), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la FEPADE.

Las elecciones locales de 2017 fueron el laboratorio de cara a las elecciones presidenciales de 2018 y los tricolores lograron buenos resultados, pues mantuvieron las gubernaturas de dos de sus bastiones: Estado de México y Coahuila. En ambas entidades recurrieron a todo tipo de delitos e irregularidades administrativas (Proceso 2106, 2119 y 2125), pero hasta el momento han logrado librar todas las impugnaciones y escrutinios de las autoridades electorales, ya sea en las instancias administrativas o en las jurisdiccionales.

En este sentido, pese al control de cuatro de los 11 consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral –con lo cual el PRI asegura tener derecho de veto sobre las principales decisiones del órgano de gobierno de dicha institución, como es la designación de los directores y la posibilidad de asumir la organización directa de las elecciones–, hay decisiones que el priismo no logra detener, como fue el primer dictamen sobre los gastos de campaña del candidato a gobernador del PRI en Coahuila o los acuerdos de cancha pareja y de regulación de los programas sociales. Sin embargo, le basta con recurrir dichos acuerdos o resoluciones ante el TEPJF, sabedor de que en dicha instancia logrará revertirlos (Proceso 2136).

Sin embargo, el eslabón que le faltaba era el control de la FEPADE, pues Santiago Nieto sí estaba integrando averiguaciones previas sobre los verdaderos delitos electorales: desvío de recursos públicos a campañas políticas; el uso de recursos ilícitos en las mismas; compra y coacción del voto; condicionamiento o uso ilícito de los programas sociales y demás acciones de manipulación de la voluntad popular que estaban claramente incidiendo en los resultados electorales.

En este sentido la averiguación previa del caso Odebrecht-Lozoya no era la única que eventualmente podría incriminar a altos funcionarios del actual gobierno federal, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, pues también se recuerda la intervención de varios secretarios de Estado y el mismo presidente y su esposa en el proceso electoral del Estado de México.

Pero la preocupación no era únicamente esta posible incriminación o los resultados de las otras averiguaciones previas en curso, sino el impacto que las mismas y, particularmente, la acción decidida y activa que Nieto podría tener sobre las operaciones priistas de cara a las elecciones del próximo año.

El gobierno decidió eliminar esta amenaza y hoy parece claro que su primera vía era la aprobación de la Ley de la Fiscalía General, que implicaba el pase automático del entonces procurador Raúl Cervantes como titular de la nueva dependencia, lo que le daba la facultad de designar a los dos fiscales especializados: el anticorrupción y el de delitos electorales. Las acciones de la oposición los obligaron a buscar nuevos caminos y por eso prefirieron proteger a Raúl Cervantes (a quien pueden postular para la fiscalía y para ministro de la Corte el próximo año) y dejarle el trabajo sucio al encargado del despacho.

Todo indica que la decisión de prescindir de Nieto se tomó desde Los Pinos y es parte de una estrategia de impunidad (la protección de Emilio Lozoya y del mismo presidente Peña Nieto), pero muy especialmente electoral: con el control de las autoridades electorales (administrativa: INE y OPLES, y jurisdiccional: TEPJF) y ahora de la FEPADE (ya sea con un nuevo titular o con un encargado de despacho a modo), los priistas tienen manos libres para repetir sin ningún recato ni temor la estrategia electoral que tan buenos resultados les dio en el Estado de México y Coahuila.

En esta misma lógica se puede entender la declaración del presidente, tras la renuncia de Cervantes, de que ahora se podría esperar hasta después de las elecciones para aprobar la ley reglamentaria que crea la Fiscalía General y, desde luego, proceder a la designación de su primer titular y de los fiscales especializados.

Por esta vía el presidente ya consiguió su objetivo: manos libres para manipular la voluntad popular y, por esa vía, ganar las elecciones presidenciales del próximo año, pero además buscar la mayoría en ambas cámaras y continuar la restauración del priiato.

Este análisis se publicó el 29 de octubre de 2017 en la edición 2139 de la revista Proceso.