Corrupción política

También han arrestado al director general de Infraestructuras del Govern y al secretario del patronato de la fundación CatDem

Viloca, el hombre clave en las finanzas de CDC

Multan a los vehículos con los que la Guardia Civil se ha personado en Olot

JAVIER OMS

Barcelona

@Javioms

La Guardia Civil ha detenido este miércoles por la mañana a Andreu Viloca, administrador de CDC y de su fundación afín CatDem, acusado de mediar en el cobro de comisiones irregulares del 3% para su partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. La detención se ha producido durante el registro de la sede central del partido en la calle Córcega de Barcelona y en el marco de un operativo por el que también se ha detenido a Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC Andreu Viloca, detenido este miércoles, un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

La Guardia Civil realiza también desde media mañana más de 20 registros en domicilios particulares, empresas privadas y públicas. Las empresas afectadas son Urbaser -filial de ACS dedicada a prestar servicios medioambientales a Ayuntamientos-, Rogasa Construcciones, Copisa y el Grupo Soler -especializado en instalaciones, construcción y mantenimiento de servicios energéticos-.

Los fiscales van a pedir más diligencias al juez de instrucción y no se descartan más registros esta tarde, informa Germán González.

Además, según informa Andrés Nef, agentes de la Guardia Civil registran en estos momentos el Ayuntamiento de Olot en el marco de la operación Petrum contra el presunto pago de comisiones ilegales por obra pública, y han solicitado al equipo consistorial el expediente referente a la concesión de la recogida de residuos en la empresa IGFA Urbaser del año 2011.

En declaraciones a los medios el alcalde de Olot, Josep Maria Corominas, ha declarado que "nos lo tomamos con tranquilidad, pero estamos tristes porque se sospeche de nosotros". El alcalde también ha asegurado que "de las arcas de Olot, no ha ido a parar nada a las arcas de Convergencia".

Durante la operación, que continúa abierta, también se registran la sede de CDC, el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages y ocho empresas.

Según fuentes de la investigación, entre los detenidos están Juan Luis Romero, de Rogasa, Jordi Soler, del grupo Soler y Xavier Tauler, de Copisa. Entre los detenidos también está el responsable de la empresa TEC4, Antonio García Bragado, no el ex teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García Bragado, así como Sergi Lerma y un sexto empresario de apellido Bassols. La Guardia Civil investiga también a la empresa Urbaser, aunque no ha detenido a su responsable Jordi Duran, tal y como por error se había anunciado esta mañana.

También se ha detenido al secretario del patronato de la fundación CatDem, el convergente Carles del Pozo, y una administrativa de CDC, según informa Europa Press. Del Pozo fue gerente de la formación una función que tiene asumida el tesorero, Andreu Viloca. Del Pozo es el actual secretario del patronato de la fundación.

A lo largo del día se prevén una decena de detenciones. Según fuentes cercanas a las investigación se trata en su mayoría de empresarios acusados de haber participado en el sistema de 'mordidas'. La investigación, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, apuntaría también a cargos de empresas públicas ligadas a las Generalitat, como en el caso de Rosell.

En un comunicado, la Conselleria de Economia ha mostrado su sorpresa por el registro, y ha asegurado que la empresa ha reforzado en los últimos cinco años los instrumentos para velar por la transparencia en la contratación pública y ha endurecido el control de los procedimientos, "yendo más allá de los requisitos legales".

Infraestructures.cat, antigua Gisa, dispone de autonomía en la gestión pero depende orgánicamente de la Conselleria de Economía, que ha asegurado que es la primera interesada "en que no se puedan poner en duda los procedimientos de contratación pública", informa Europa Press.

La operación nace del conocido como 'caso Petrus' de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). Un caso que motivó a finales de agosto los registros que la Guardia Civil hizo también del despacho de Viloca en la sede central de CDC y de la Fundació CatDem en busca de pruebas por el cobro de comisiones procedentes de Teyco, empresa propiedad de la familia Sumarroca.