Una investigación de Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear, reportearos de The New York Times, revela que los negociadores del equipo de trabajo del canciller Marcelo Ebrard se reunieron con funcionarios estadunidenses para acordar la recepción en territorio mexicano de miles de deportados. Lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trató como una medida unilateral de Washington en realidad fue una estrategia compartida a cambio de una inversión millonaria que hasta el momento Estados Unidos no ha cumplido.

NUEVA YORK (Proceso).- A cambio de vagas promesas de inversión y ante las amenazas de funcionarios de Estados Unidos, sobre que Donald Trump haría algo “realmente terrible”, el gobierno de México cedió y ahora alberga a docenas de miles de inmigrantes que solicitan asilo en las cortes estadunidenses.

Según el libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, de los reporteros de The New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear, el ahora canciller Marcelo Ebrard y su equipo de negociadores acordaron la implementación del protocolo “Remain in Mexico” (Quédate en México), pese a que de manera pública manifestaron que la decisión fue tomada unilateralmente por Washington.

Las negociaciones que se realizaron durante la transición entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto fueron aceleradas por los amagos de Trump lanzados después de las elecciones intermedias de noviembre de 2018, cuando dijo que estaría dispuesto a cerrar la frontera sur de Estados Unidos y restringir el asilo, reseña el libro publicado este mes.

Las limitaciones al asilo serían más tarde bloqueadas por un juez, pero el amague de Trump ayudó a los secretarios de Seguridad Nacional y de Estado, Kirstjen Nielsen y Michael Pompeo, respectivamente, a subrayar lo que estaba en juego para Ebrard.

“Nuestro presidente está dispuesto a hacer cosas completamente locas si no podemos firmar este acuerdo. Vamos a comenzar a rechazar a los migrantes. Si ustedes no los aceptan, Trump enloquecerá de furia y les va a ir muy mal. Él va a cerrar la frontera. No es una mentira. No es una hipérbole. Realmente lo dice en serio. Tenemos que cerrar este trato”, le advirtieron a Ebrard, según la obra de los periodistas.

El texto menciona que el hecho de que los estadunidenses hubieran podido obtener un compromiso de los mexicanos para comenzar a retomar a los inmigrantes significaba que había espacio para un acuerdo. Sobre todo, lo que los llevó ahí fue la amenaza de que Trump estaba tan loco, como a veces parecía…

Para que México aceptara, según Davis y Shear, Estados Unidos tendría que comprometerse con un plan de desarrollo de 10 mil millones de dólares para México y los países centroamericanos, que se anunciaría primero. Eso permitiría a México señalar una ventaja para su cooperación con el nuevo acuerdo.

Esa inversión, sin embargo, no se ha concretado, confirmaron voceros de la Secretaría de Relaciones Exteriores a Proceso.

El negociador de los detalles del acuerdo fue, según el libro, Javier Lopez Casarín, quien no era ni es funcionario de la Cancillería mexicana. Es descrito como la “mano derecha” de Ebrard. López Casarín es presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El negociador estadunidense fue Miles Taylor, quien “tuvo que convencer a López Casarín de que Washington realmente procesaría las solicitudes de asilo de los migrantes, en lugar de dejarlos languidecer en México indefinidamente”.

Por su parte, López Casarín “tuvo que jurar a Taylor que los mexicanos no liberarían simplemente a los migrantes para que fueran blanco de los brutales cárteles de la droga, una de las principales razones por las que habían huido a Estados Unidos”.

Súplica y amago

Pese a las mutuas garantías, el acuerdo estuvo a punto de naufragar. El diario The Washington Post publicó el 24 de noviembre último que el gobierno de Trump se encontraba en las etapas finales de las conversaciones con México para implementar “Remain in Mexico”, oficialmente rebautizado como “Protocolos de Protección de Migrantes” (MPP).

El reportaje del Post “enfureció y asustó al equipo negociador mexicano. Ya estaban recibiendo críticas políticas en su país, incluso, por entablar negociaciones con el equipo de Trump, dijeron los mexicanos, y ahora que los detalles se habían filtrado, la resistencia que enfrentaban se estaba intensificando”.

La entonces secretaria designada de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, emitió un comunicado para rechazar la existencia de pactos entre el gobierno entrante de López Obrador y el gobierno de Trump. Las conversaciones se estancaron.

El negociador estadunidense recurrió entonces “a la súplica” y una vez más a la amenaza. “Taylor rogó a López Casarín y a su equipo para que mantuvieran el rumbo de las negociaciones. ‘Trump se está volviendo loco por esto. Esta es nuestra última esperanza para evitar que haga algo realmente terrible’”.

Los mexicanos cerraron el acuerdo, sin firmas ni documentos, con dos condiciones: la inversión de 10 mil millones de dólares para México y Centroamérica, y que el gobierno de Estados Unidos lo anunciara como una medida unilateral.

Ese arreglo fue “políticamente ventajoso para ambas partes: Trump se vio como el presidente estadunidense que hablaba duro, exigiendo que los mexicanos hicieran su parte para detener a los migrantes antes de llegar a la frontera; mientras que los mexicanos podrían evitar parecer cómplices y, en cambio, decir que simplemente estaban cumpliendo con su deber humanitario”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, presentó el 20 de diciembre el MPP, aunque “el paquete de ayuda al que Estados Unidos se había comprometido no fue mencionado”, apunta el libro.

Pese a la previa revelación de The Washington Post, sobre las negociaciones bilaterales, y a lo publicado por los reporteros de The New York Times, tal y como hiciera en su momento la secretaria Sánchez Cordero y la propia Cancillería voceros de esta dependencia aún sostienen que el MPP fue “una medida unilateral” en la cual México no tuvo injerencia.

En respuesta a una nota de la publicación digital Animal Político sobre el libro de Davis y Shear, el vocero de la Cancillería Roberto Velasco aceptó al menos que el equipo negociador mexicano sí conocía las intenciones estadunidenses desde antes de que fueran anunciadas.

En reuniones de acercamiento entre Ebrard y funcionarios del gobierno de Trump, “México rechazó la solicitud de un Acuerdo de Tercer País Seguro y, en respuesta, Estados Unidos planteó la implementación unilateral del artículo 235 (b) (2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, indicó Velasco.

El artículo 235 (b) (2)(c) establece que los extranjeros que lleguen por tierra desde México o Canadá deben ser, en lo general, devueltos al territorio de arribo mientras esperan que sea procesada su solicitud de asilo en cortes estadunidenses.

Ilegal

Juristas y grupos civiles han denunciado que el MPP o “Remain in Mexico” viola los compromisos internacionales sobre los refugiados y solicitantes de asilo, así como los protocolos nacionales.

“La política de retorno forzado viola la prohibición legal contenida en las leyes de Estados Unidos, así como en obligaciones internacionales, que impide devolver a personas que buscan la protección estadunidense ante persecución y tortura”, según un informe de octubre reciente del grupo civil Human Rights First (HRF).

Titulado Órdenes desde arriba: abusos masivos contra los derechos humanos bajo la política de la administración Trump de devolver a México, el informe añadió que el protocolo MPP “pasa por alto descaradamente las leyes de asilo y las protecciones del debido proceso que el Congreso (de Estados Unidos) aprobó para los refugiados que buscan protección en la frontera”.

El protocolo viola, incluso, sus lineamientos de implementación al devolver a México a migrantes que temen por su seguridad en territorio mexicano. HRF documentó más de 340 denuncias públicas por violación, secuestro, tortura y otros actos violentos contra solicitantes de asilo que regresaron a México bajo el MPP.

Ese abuso no es sólo una mala fortuna. La mayor parte de los solicitantes de asilo bajo el MPP han sido enviados a Tamaulipas, al que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos asigna un riesgo de amenaza nivel cuatro, igual que Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Corea del Norte y Yemen.

Para México, el protocolo ha significado recibir, desde enero en que fue implementado hasta principios de octubre, a poco más de 50 mil migrantes en su territorio, según la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración en Estados Unidos.

Sólo en los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre) México ha recibido de Estados Unidos a poco más de 11 mil migrantes por mes, según el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse. Con esa tendencia la cifra de solicitantes de asilo retornados a México podría seguir aumentado bajo el protocolo.

El acuerdo informal al que se comprometió México no contempla un límite preciso al número de migrantes que México aceptaría bajo el MPP. Hasta ahora, el país ha recibido apenas una fracción de los solicitantes de asilo de Estados Unidos.

En septiembre, TRAC indicó: “Pese a que aparecen mucho en las noticias, los casos nuevos en que se ha requerido a las personas ‘permanecer en México’ durante su procesamiento en la corte representan menos de 10% (9.9%)” de las solicitudes de asilo ingresadas este año en Estados Unidos.

Estos migrantes que escapan a la marginación y violencia esperarán unos dos años en México en condiciones que a menudo son “inhumanas y horribles”, según HRF. En la ciudad de Matamoros, por ejemplo, más de mil niños, familias y adultos duermen en las calles frente a la garita fronteriza, sin acceso adecuado a agua o saneamiento.

Hasta agosto, la espera promedio para la resolución de casos de asilo en cortes estadunidenses era de 696 días, según TRAC, aunque con variaciones notables. La espera promedio para salvadoreños, por ejemplo, era de 836 días.

Esos migrantes internacionales se suman a los 26 mil individuos varados en México, a quienes el gobierno de Estados Unidos se niega a aceptar solicitudes de asilo.

En reacción al artículo de opinión escrito por León Krauze, titulado “Guerras Fronterizas: México cómplice”, publicado en el diario El Universal, el vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, manifestó que el libro de Davis y Shear recurre a fuentes anónimas, lo que “resta credibilidad a lo dicho” sobre el papel que desempeñaron Ebrard y su equipo en la gestación de “Remain in Mexico”.

Velasco había señalado previamente que los reporteros nunca consultaron a la Cancillería para obtener su versión de los hechos.

Cuestionado al respecto, Michael Shear, coautor de la investigación, respondió a Proceso: “El único comentario que tenemos es que respaldamos la información reportada en el libro”.

Este reportaje se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso