Seguimos conociendo nuevos detalles sobre el desastroso legado del socialismo en Andalucía. Este diario ya informó sobre el agujero de 2.900 millones de euros que dejó Susana Díaz en la educación y la sanidad o el boquete de 1.000 millones de euros que ha aflorado en las agencias de la consejería de Fomento.

Libre Mercado también ha dado cuenta de la elevada factura de la corrupción, que ha supuesto hasta 1.600 euros por hogar y ya ha llevado a más de 500 altos cargos socialistas a los juzgados. Además, nuestros lectores también han conocido el desbarajuste de las listas de espera, donde se ocultó a más de medio millón de personas para maquillar unas estadísticas que, de haber sido reveladas de forma fehaciente, habrían puesto de manifiesto la nefasta gestión del PSOE.

Pero los escándalos se siguen sucediendo y esta semana hemos conocido uno nuevo gracias a la información facilitada por CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. La patronal regional ha denunciado que la Junta recauda anualmente 120 millones de euros con el canon de saneamiento. Dicha tasa se impuso para financiar el desarrollo de depuradoras y proyectos de tratamiento de agua. Sin embargo solo una fracción de dicha recaudación se dedica, en efecto, a dichas tareas.

De acuerdo con las cifras que maneja CEACOP, en 2018 no se invirtieron 40 de los 120 millones de euros recaudados por este concepto. En 2017, la brecha fue aún mayor, puesto que ascendió a 60 millones. Algo similar ocurre con las cifras de 2016, cuando la diferencia entre lo ingresado y lo presupuestado arrojó un saldo negativo de 50 millones de euros.

En total, cuando se consideran los incumplimientos de la era Díaz, la patronal andaluza de la construcción detecta un gap de 300 millones de euros. No hay que olvidar que hablamos de ingresos obtenidos con un canon de saneamiento cuya naturaleza es finalista, de modo que la Junta está obligada a repercutir todos los caudales que obtiene por esta vía en este tipo de obras y proyectos.

En Bruselas ya han tomado nota de lo que han supuesto los incumplimientos del gabinete socialista. De hecho, la Unión Europea ya ha multado a las instituciones andaluzas por la falta de tratamiento de las aguas de Nerja, Alhaurín El Grande, Barbate, Tarifa, Matalascañas, Isla Cristina… En todas estas localidades no existen las infraestructuras de depuración de agua que, a priori, se deberían haber impulsado con los ingresos del canon de saneamiento. En consecuencia, Andalucía fue multada con 12 millones de euros, ampliables semestre tras semestre en otros 11 millones si no se toman medidas correctoras.