Proteger y apoyar el trabajo de los denunciantes de fraude fiscal es es imprescindible para la lucha contra el fraude. Hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía. La Plataforma por la Justicia Fiscal considera positiva la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala una anterior del Tribunal Supremo, […]

Proteger y apoyar el trabajo de los denunciantes de fraude fiscal es es imprescindible para la lucha contra el fraude. Hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía.

La Plataforma por la Justicia Fiscal considera positiva la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala una anterior del Tribunal Supremo, sobre la validez y uso de la documentación aportada por Hervé Falciani -unas 130.000 cuentas bancarias y sus propietarios en la filial suiza del HSBC- que han servido para destapar fraudes fiscales de esas personas y entidades de varios países europeos, entre ellos en España. Según la Agencia Tributaria, el monto defraudado se eleva a más de 250 millones de euros.

La Plataforma por la Justicia Fiscal presentó a todos los partidos políticos antes de las elecciones de abril una propuesta de Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal que en su punto tercero, decía: Medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.

La Plataforma por la Justicia Fiscal considera que esta medida es imprescindible para la lucha contra el fraude y hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía.

Los otros puntos de ese Pacto, registrado en el Congreso de los Diputados, son:

1. Un plan de acción urgente contra la evasión y la elusión fiscal que cuente con un marco parlamentario y que permita romper con el déficit recaudatorio en cinco años.

2. Una lista negra objetiva y ambiciosa de paraísos fiscales que incluya todas las jurisdicciones de baja o nula tributación para poner fin a su utilización.

3. Medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.

4. El compromiso de que empresas y personas que no cumplen con criterios fiscalmente responsables no puedan beneficiarse de la contratación pública.

5. La internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con el impulso de procesos internacionales ambiciosos.

6. Medidas que garanticen la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibilitan la elusión y evasión fiscal

7. El fortalecimiento de medios y recursos de la Agencia Tributaria para las tareas de inspección y control del gran fraude fiscal.

8. La reorganización de la AEAT revisando las tareas de inspección y coordinando las bases de datos con los de las Comunidades Autónomas

9. La convocatoria de una gran conferencia de coordinación contra el fraude fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.

España recauda casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que la media de la eurozona. Esa menor presión fiscal es debida, en parte, al fraude y elusión fiscal que, en su mayoría, cometen las grandes fortunas y empresas multinacionales. De equipararnos a la UE, las arcas públicas dispondrían de unos ingresos adicionales de 80.000 millones de euros, un 20% más de ingresos que los que obtiene en la actualidad.

Hervé Falciani fue invitado a un acto por la Plataforma por la Justicia Fiscal el año pasado y no pudo hacerlo tras ser detenido por una orden de extradición de las autoridades suizas por revelación de secretos. Afortunadamente, la justicia española no consideró que fuera válida esa orden.

Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal son: Attac España, CCOO, Confederación de Consumidores y Usuarios -CECU-, Consejo General de Trabajo Social, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España -CONGDE-, EAPN España, Economistas sin Fronteras, RED de ONGD de Comunidad de Madrid -REDONGDCAM-, GESTHA, InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Redes Cristianas, UGT y USO.