Isabel Díaz Ayuso se ha estrenado en una sesión de control parlamentaria en la Asamblea de Madrid cargando contra la ley de memoria histórica ("me espanta"), acusando al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de dividir a los españoles y aprovechando la próxima exhumación del dictador Francisco Franco para confrontar con el líder de los socialistas.

"¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? Porque el PSOE y el presidente del Gobierno, con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o resolver los problemas, nos divide. Esa es la hoja de ruta de la izquierda, con un objetivo muy claro: la Transición, la bandera, la Corona y la Constitución, porque simbolizan la unidad, la fortaleza de las instituciones y la convivencia entre todos los españoles", ha afirmado Díaz Ayuso. "Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página. ¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Qué será lo siguiente? ¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36? (...) Sánchez pretende que sea Franco quien le saque del desastre”, ha agregado.

"En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, también que este Gobierno va a hacer todo lo posible para que en 2019 no vuelvan a arder como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología sobre otras", le ha continuado luego Ignacio Aguado, su socio gubernamental, de Ciudadanos. "Siempre que llegamos a una campaña electoral sale el tema de Franco y de sus huesos", ha añadido en una breve rueda de prensa. "Es un tema recurrente por parte de la izquierda, que divide a la sociedad y la enfrenta, estéril. Nuestra apuesta siempre ha sido crear un gran centro de reconciliación nacional en el Valle de los Caídos, transformándolo en un lugar de encuentro y no de enfrentamiento".

Las dos declaraciones han causado indignación en la izquierda, y especialmente en el PSOE. “Esas palabras no se correspondan con el espíritu constitucional, con la reconciliación, ni con el deber de crear un ambiente favorable a una decisión democrática plena”, opinó el socialista José Manuel Rodríguez Uribes. “Ha sido un grave error de la presidenta y el vicepresidente”.

“Están cada vez más cerca de Vox, hasta el punto de que cuesta ya diferenciarlos", ironizó Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. "Si tienen tantos problemas en seguir las recomendaciones de Naciones Unidas y con que se deje de hacer homenajes a un genocida a lo mejor es que deberían replantearse a lo mejor su matriz democrática”. “Nunca había escuchado una barbaridad igual”, cerró Jacinto Morano, de Unidas Podemos Madrid en Pie.

Política en la época del 'zasca'

El primer pleno de control al Gobierno de coalición que han formado el PP y Cs, apoyados externamente por Vox, ha inaugurado la época del 'zasca' en la Asamblea. De golpe en golpe, los políticos han intercambiado declaraciones que parecían tuits. El ambiente ha sido bronco. Espeso. Duro, como preveían los partidos. [Reportaje: Así se entrenan los diputados novatos: “Preparaos para que os machaquen, se escucha todo”]

Rocío Monasterio, de Vox, ha preguntado a Díaz Ayuso sobre la exhumación del dictador ("Tienen que elegir entre ser cómplices de Sánchez o ponerse en frente. Rompen con el legado de la Transición"). Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, sobre el caso Avalmadrid, centrado en un ente semipúblico que en 2011 concedió un aval de 400.000 euros a una empresa del padre de la presidenta que nunca se devolvió. El socialista Ángel Gabilondo le preguntó por la política de pactos de su gobierno. E Isabel Serra, de Unidas Podemos Madrid en Pie, sobre la política del Ejecutivo para combatir la violencia machista.

Estas han sido las respuestas de Díaz Ayuso. A Unidas Podemos Madrid en Pie: "Las feministas de Podemos son como las mantis religiosas". A Más Madrid: "Lo que les importa es vivir de mis padres. Errejón es el diputado black". A Vox: "Lejos de promover la unidad de los españoles o resolver los problemas, Sánchez nos divide".

Entre tantos titulares de 140 caracteres, lo más importante ha ocurrido fuera del pleno. Vox ha impedido que en el pleno de la Asamblea de Madrid se haya leído una declaración por las víctimas de violencia de género, para lo que se requiere el apoyo unánime de todas las formaciones, al pretender incluir en el texto a "todas las víctimas", también "niños y mayores, que por una situación de vulnerabilidad pueden sufrir violencia".

El Gobierno inicia los trámites para bajar los impuestos Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo iniciará en el consejo de gobierno del próximo martes los trámites para impulsar el anteproyecto de ley de deducciones fiscales para personas con familiares dependientes en el hogar, menores de 30 años que quieran comprar una vivienda y estudiantes que necesitan pedir créditos para continuar sus estudios. La gran promesa electoral de Díaz Ayuso, una rebaja impositiva que calificó de "histórica", quedó paralizada por su decisión de prorrogar los Presupuestos de 2019, justificada en la incertidumbre política que hay en España y en la económica mundial. "Pretendemos cumplir con nuestras promesas electorales, incluso en condiciones de incertidumbre", ha sostenido Díaz Ayuso. Ahora, el Gobierno madrileño intenta retomar la iniciativa, pero sin detallar cuándo entrarían en vigor las bajadas de impuestos, ya que el calendario quedará pendiente de lo que dure la tramitación parlamentaria.

Los grupos de la Asamblea, excepto Vox, piden declarar el estado de emergencia climática en la Comunidad La Asamblea de Madrid a petición de todos los grupos parlamentarios excepto Vox ha instado, a través de una proposición no de ley (PNL), al Gobierno de la Comunidad de Madrid a declarar el estado de emergencia climática. Entre las medidas que se deben adoptar están que se establezca una estrategia de Calidad del Aire, promover que los municipios estudien la limitación del tráfico de vehículos en núcleos urbanos en localidades de más de 50.000 habitantes y reducir la demanda de energía como mínimo en un 40 por ciento en 2050. Además, se establece que se promueva desde el Ejecutivo autonómico un Proyecto de Ley contra la Pobreza Energética que garantice que ningún hogar se vea privado de los suministros básicos por la ausencia de recursos.

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