Este lunes el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida comenzó a retirar las placas del Memorial del Cementerio de la Almudena de Madrid que reconocían a 2.937 personas ejecutadas por el franquismo entre 1939 y 1944. El nuevo equipo de Gobierno ha querido revertir este monumento del gobierno de Manuela Carmena para establecer un nuevo memorial sin nombres y que amplíe el homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura entre los años 1936 y 1944.

Las asociaciones memorialistas, que se han enterado de la retirada de las placas sin previo aviso, han criticado que desmontar este monumento que estaba ya casi acabado significa “un castigo post mortem añadido a las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español”. Desde el Ayuntamiento, donde gobiernan PP y Ciudadanos, sostienen que el monumento no seguía las premisas de imparcialidad dadas por el Comisionado de Memoria Histórica.

Las recomendaciones del Comisionado

El Comisionado de la Memoria Histórica fue el órgano que asesoró al Ayuntamiento de Manuela Carmena sobre sus políticas en este sentido. La propuesta que hizo este ente presidido por Francisca Sauquillo para el memorial del Cementerio de la Almudena consistía en instalar dos monumentos sin nombres, uno del período entre 1939-1944, y otro para las víctimas de los años 1936-1939, que incluyera a ambos bandos de la Guerra Civil.

El Gobierno de Carmena se opuso al Comisionado en la cuestión de que figuraran “los nombres” en el memorial y así fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El actual alcalde de Madrid ha propuesto ahora un memorial sin nombres que recuerde a todas las víctimas desde 1936 a 1944, tanto de la Guerra Civil como de la represión franquista ya que, argumenta, el anterior memorial “era contrario a las recomendaciones” del Comisionado.

El concejal Mauricio Valiente, quien fue responsable de la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento, rebate al alcalde porque el Comisionado “desde su creación fue un órgano consultivo”. Sin embargo, de todas maneras, si el argumento de Almeida es respetar esta recomendación, “no se entiende que en vez de hacer dos memoriales como planteaba el Comisionado, plantee hacer uno confundiendo un aspecto y otro”, explica a cuartopoder.

La equiparación de las víctimas

El memorial que se había erigido con el Ayuntamiento de Carmena, ya prácticamente acabado, trataba de reconocer a las víctimas de la represión franquista desde el final de la Guerra Civil, de 1939 a 1944. “El argumento de que todas fueron víctimas y, por tanto, todos tienen derecho a la reparación es falso. La memoria es para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y estas son las que hay que reparar”, argumenta Rafael Escudero, profesor de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. El profesor rebate esa equiparación de "victimarios con víctimas", ya que los golpistas se rebelaron contra la legalidad establecida. “Estas fueron víctimas por defender la legalidad republicana y este es un elemento que hay que poner en valor”.

La reforma del memorial que pretende llevar a cabo el nuevo Ayuntamiento también chirría con las recomendaciones internacionales como las del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, quien criticó esta idea “de responsabilidad simétrica” en la que consideraba que habían sido educados la mayoría de los españoles, en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen. “En el período de la República también se cometieron barbaridades, pero se ha pretendido hacer lo que no se ha hecho con la parte contraria: todas las víctimas del franquismo estaban por identificar, ubicar y recuperar su memoria”, explica el profesor Manuel Ortiz Heras, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Castilla-La Mancha y que dirige el proyecto Represión de guerra y posguerra en esta comunidad.

Respecto a la idea de “abrir heridas” o hacer gastos innecesarios de dinero, argumentos que esgrimen con frecuencia tanto PP como Ciudadanos, este profesor revindica lo contrario. “Más de 100.000 personas están todavía en las cunetas, muchos familiares reclaman conocer su paradero. No estamos hablando de una cosa menor intrascendente. Desde fuera de España se ve como una anomalía en la democracia española”, subraya.

Los 'chequistas'

Otro de las críticas que se han realizado al memorial que aprobó Manuela Carmena es que incluía en su homenaje a “335 chequistas”, es decir, a miembros de 'las checas', las instalaciones utilizadas al margen de las leyes para detener, torturar y asesinar a sospechosos del bando franquista. El historiador Ortiz Heras reconoce las atrocidades que se pudieron cometer aquí, pero critica que para hacer este tipo de acusaciones se acuda a la causa general franquista.

“Estamos aburridos de decir que las acusaciones que sirvieron como condena a pena de muerte a víctimas del franquismo publicadas en la Causa general en muchos casos se habían inventado. A Franco le interesaba justificar ante su propio país, pero sobre todo ante la comunidad internacional, su barbaridad represiva. Esta hizo que las cárceles se abarrotaran, los exiliados llegara a ser más de medio millón y que tantas personas murieran en las tapias de los cementerios en aquellos años de posguerra”, explica.

Bajo el mismo punto de vista, Valiente también critica el uso de la documentación propagandística del franquismo para arremeter con algunas de las personas recordadas en el memorial: "ampararse en esto es un insulto para la memoria de las victimas, ademas de un agravio porque parece que acaban condenándolas de nuevo a muerte 80 años después".

Si el argumento no se sostiene históriográficamente, tampoco lo hace jurídicamente, explica Escudero. En cualquier caso “Naciones Unidas reconoce derechos a las víctimas que han sido victimarias, porque lo que las unifica a todas ellas es que han sido víctimas”. Este tipo de medidas ya se han aplicado en “el marco de políticas restaurativas con ETA”. El profesor pone un ejemplo: la calle Claudio Coello tiene una placa a Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973. “Se me ocurren pocos victimarios que lo sean más que él, mano derecha de Franco, pero debe prevalecer la condición de víctima”, indica.