Caamaño explicó que esas supuestas amenazas eran anónimas, y que por eso "los tuits los llevé a la fiscalía para que investigue. Eso es un delito, es lo mismo que alguien te llama por teléfono y te diga te van a matar! El limite está cuando se constituye en un delito", buscó justificar. "Yo fui como cualquier ciudadana, hice la denuncia, entregué el material y quedó en manos de la fiscal". La funcionaria, que tramitó su denuncia ante la fiscal Daniela Dupuy, relató entonces que como "Twitter está en EEUU, se quiso hacer vía Cancillería -el pedido de identificación de los tuiteros- pero no se aceptó el trámite porque no lo pidió un juez".

Cuando Clarín informó sobre la investigación, se desató una fuerte polémica que incluyó repudios, denuncias judiciales y pedidos de informes de parte de varios referentes de la oposición. La embajada de Estados Unidos también informó ayer que había dejado sin efecto los pedidos de identificación de los tuiteros a la empresa Twitter.

En la entrevista radial, Caamaño se refirió por último a su trabajo como reemplazante del fiscal que está siendo enjuiciado: "cuando llegué a la fiscalía presenté informes ante lo que me parecía irregular. Era una fiscalía desordenada, donde figuraba que había 3900 causas. Cuando empecé a mirar tenia 387 causas. Las otras estaban anotadas pero nunca se les daba de baja. En cualquier fiscalía hay un secretario, en Saavedra hay dos, y así sucesivamente. Encontré causas muy atrasadas, un homicidio que no era, mala atención en mesa de entradas, la situación con el barrio Mitre (los vecinos del shopping Dot Baires, que se quejan de que esa construcción les causa inundaciones cuando llueve mucho), el álbum digitalizado con mas de 6000 fotos de 1500 personas incluso niños", enumeró.