El agro es responsable de apenas un 40% de la generación de divisas en 2014, mientras que en 2006 alcanzó un 80%.

Por: Panamá América

Con la caída del agro en casi un 50% en 2014 y una disminución en la generación de sus divisas en este sector, Panamá es considerado como el país con la peor agricultura que pueda tener toda América Latina y el Caribe, afirmó Gerardo Escudero, representante del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA).

Según el diagnóstico del IICA, el agro es responsable de apenas un 40% de la generación de divisas, cuando en 2006 alcanzó un 80%. También cuestionó que Panamá, con exportaciones de hasta US$1.200 millones en los últimos años, solo el año pasado haya descendido en un 50%.

En el caso de las carnes rojas y el ganado vacuno en pie, actividades que se mantenían constantes, hasta el año pasado la exportación de esta mercadería se redujo en 8,1% y 85,6%, respectivamente, según la Contraloría General de la República.

Advierte que el déficit de la balanza comercial se está incrementando cada vez más y si “Panamá no se decide a hacer lo que tiene que hacer, perderá las posibilidades de una economía pujante y todo por estar desperdiciando uno de los sectores más estratégicos, como lo es el agroalimentario”.

Panamá está en una posición en la que más del 20% de las divisas que produce el Canal de Panamá ya se requiere para la compra de alimentos que no se están produciendo en el sector agropecuario.

Escudero insistió en que todo estos aspectos han llevado a Panamá a perder espacio y tiempo con respecto al resto de los países que son socios comerciales más cercanos e incluso considera que el sector agropecuario pudo haber sido sacrificado en los procesos de negociaciones comerciales.

Indicó que Panamá no está aprovechando la oportunidad de mercados que abren los TLC. “Mientras con los que firmamos nos han vendido más US$300 millones en productos agroalimentarios, nosotros hemos logrado entre US$60 millones y US$69 millones en exportación”.

El secretario de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), Juan Billingslea, comentó que Panamá está en desventaja con respecto a estos tratados, ya que actualmente “no solo está importando diez veces más que lo que exporta, sino que con la firma de nuevos tratados comerciales la tendencia es a que dicha relación se incremente”.

En el TLC de Estados Unidos, la balanza comercial se inclina por supuesto a favor del país norteamericano, el cual durante 2012, según últimas cifras de la Contraloría de la República, recibió solo US$125 millones en exportaciones panameñas.

Sin embargo, lo que Panamá recibió de Estados Unidos sumó un estimado de US$2.140 millones.

Con respecto al Acuerdo de Asociación (ADA), que establece un tratado comercial entre los países centroamericanos y la Unión Europea, representó solo US$207 millones en exportaciones para Panamá, mientras que las importaciones sumaron US$1,447 millones.

Escudero agregó que en el país existe un grave problema de mano de obra en el campo, además de una decadencia en las políticas de Estado y privadas para la reposición del agro.

Con esto coincide el exministro agropecuario Guillermo Salazar, quien afirma que la caída de las exportaciones es consecuencia de las políticas cambiantes en el sector, además de la interpretación y aplicación de los tratados de libre comercio.

En tanto, el catedrático Pedro Mora cuestionó que, a pesar de que Panamá cuenta con la capacidad, insiste en seguir con el esquema de producción local y el temor a la exportación.

Futuro del agro

Para el especialista, la primera medida que se debe adoptar para reposicionar el sector agropecuario es ponerse metas ambiciosas como elevar al 5% de aporte al PIB e incrementar las exportaciones.

También, utilizar rutas de las empresas panameñas agroexportadoras existentes, aprender de mercado internacional y analizar esos procesos.

Convocar a emprendedores, inversionistas, productores y al Gobierno a participar en planes de agronegocio. Señaló que el agro panameño requiere US$2.000 millones del sector privado en 5 años para generar el volumen de negocios.

El agro en mano de líderes emprendedores y políticas que trasciendan administraciones es la clave, puntualizó Escudero.

Con esto coincidió el avicultor Carlos Salcedo, quien sugirió políticas de Estado con proyecciones de hasta 15 años, como una medida para mitigar las decisiones neoliberales que se han tomado desde hace muchos años atrás.

Entre las medidas a largo plazo, el productor mencionó una mejor tecnología de producción, mejoramiento genético y mayor bioseguridad en los procesos fitosanitarios, entre otros.

Según Salcedo, las importaciones masivas de producción agrícola son solo una de las causantes de un “sector agro panameño en agonía”.

Sin embargo, el avicultor, miembro de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip), se mostró decepcionado con respecto a las declaraciones del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, ya que, según Salcedo, “son ellos -los organismos internacionales- los que tuvieron que, en su momento, advertir a las naciones sobre el impacto de estas políticas de mercado”.

Por su parte, la directora de agricultura de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Úrsula Kiener, también apoya la creación de políticas de Estado, sin embargo, asegura que el Consejo Consultivo, que ha creado el Estado para dictaminar las medidas necesarias para salvar el sector agropecuario del país, es “ilegal” y no está bien conformado, ya que no cumple con las leyes del sector.

Según la experta en el tema, este consejo está formado por miembros del Estado, exministros y algunos representantes de la empresa privada, pero hace falta que más de estos últimos y expertos del sector participen.

“Ya pasó casi un año de gobierno y hasta la fecha no hay un norte. Ya todo el país sabe la problemática, solo estamos esperando que el Estado haga un compromiso real”, agregó.

“Ahora mismo estamos viendo es un plan de improvisación”, aseguró Kiener, quien también comentó que lo único que ha hecho el Estado con respecto al tema agro es el Control de Precios, el que, recordó, el sector privado “siempre ha rechazado”.