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Miles de niños en España fueron separados a la fuerza de sus padres para ser vendidos por redes del régimen. Niños que están internados en orfanatos por la falta de recursos de los padres y que son entregados a otras familias “ideológicamente más convenientes”.

Entrevista a Juan López Páez, responsable del Foro por la Memoria Histórica en la Argentina

“Somos un movimiento social, cultural y político que tiene por objeto luchar contra la impunidad de los crímenes del franquismo”, describió.

Por Enrique de la Calle

APU: ¿En qué consiste el Foro por la Memoria histórica?

JP: Somos un movimiento social, cultural y político que actúa como federación estatal en cada provincia y lugar que tiene por objeto luchar contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Nuestro objetivo es investigar esos crímenes, atender a los familiares y supervivientes, hacer propuestas legislativas y sobre todo luchamos para que las organizaciones que luchan hoy por la justicia social, por la igualdad, vean sus señas de identidad en los luchadores antifascistas que se enfrentaron a la dictadura. La localización y recuperación de restos y víctimas es importante pero luchamos además por la anulación de las sentencias represivas contra los antifranquistas, que siguen siendo legales a día de hoy.

Asesoramos y apoyamos las iniciativas parlamentarias de los partidos políticos como la promulgación de una nueva “Ley de Víctimas del Franquismo” en el Congreso, que supere la impunidad de los crímenes de la dictadura y sus culpables amparados por la “Ley de Memoria Histórica” y la “Ley de Amnistía” o de punto final, verdaderos callejones sin salida para todas las querellas interpuestas.

APU: Se sabe poco en la Argentina sobre las delitos de lesa humanidad ocurridos en España. ¿Podría describir qué pasó durante el franquismo?

JP: En la conferencia del pasado 18 de julio del 2017 en la Facultad de Derecho de la UBA lo expuse con claridad ¿Fue una Guerra civil, una lucha fratricida entre españoles o bien un Golpe de Estado militar con apoyo cívico-empresarial y eclesiástico cuyo brazo ejecutor fue un sector del ejército español sublevado contra el gobierno legítimo de la Segunda República? La historiografía franquista y los revisionistas actuales (Pío Moa, César Vidal, S. Payne) han tratado de imbuir el concepto de guerra civil, que es la misma teoría de los dos demonios que ustedes conocen. Pero los trabajos de especialistas contemporáneos como Ángel Viñas, Josep Fontana, Julián Casanova y los estudios pormenorizados de tesis doctorales que han podido estudiar el tema con la apertura de los archivos históricos y militares demuestran todo lo contrario, tal es el número de pruebas acusatorias que desmontan el mito de la guerra civil.

Fue en toda regla un golpe de estado de carácter fascista al que se sumó el apoyo militar de las fuerzas del Eje, la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini.

El golpe de estado fue organizado preparado y planificado por una trama civil de partidos monárquicos y de derecha representantes de la oligarquía financiera, empresarial y agraria, con el apoyo de la Iglesia Católica, y una trama militar, un sector del Ejército como brazo ejecutor de la conspiración contra el gobierno republicano, que representaba la legalidad y la legitimidad política y jurídica, y encarnaba la soberanía nacional. Utilizaron la violencia como método para aplastar la población y destruir el proyecto reformista y modernizador republicano e implantar el fascismo.

Supuso una vulneración del orden constitucional, del orden jurídico en vigor, cuya legitimidad le venía dada por la legalidad republicana surgida democráticamente de las urnas y el propio principio de soberanía popular reconocido por la Constitución de la República de 1931.

APU: ¿Cuántos muertos y desaparecidos se calcula que hay?

JP: Por estos lares lo padecemos en cualquier conferencia o acto público, hay una tendencia en parte de la prensa y en boca de algunos profesionales de la justicia y querellantes, lo que comúnmente se conoce como “argentinización” de la querella presentada en el juzgado de Servini de Cubría y que tiene su explicación por no querer relacionar la dictadura de Franco con las dictaduras de su contexto europeo, es decir Italia y Alemania, lo que como consecuencia generaría pedir un “Nuremberg” español. No se deja de hablar de los 100 mil “desaparecidos”. Craso error de cifras y conceptos derivados del exjuez Garzón.

APU: ¿Por qué es un error?

JP: Una vez más es necesario acudir a las fuentes documentales. Ya en el acto celebrado el 25/04/2006 en Madrid, el ex Fiscal Jefe de la Fiscalía General Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo expuso los datos oficiales facilitados en 1943 por el Ministerio de Justicia franquista a través del Director General de Prisiones, Ángel B. Sanz. El 7 de enero de 1940 había en España 270.719 presos políticos. El 10 de abril de 1943 quedaban 92.477 presos políticos

Además, el informe oficial señala que entre 1 de abril 1939 y 30 de julio 1940 los presos políticos fallecidos son 192.684, entre los que se incluyen los ejecutados tras pasar por un juicio de un tribunal militar, y los muertos por inanición, malos tratos y torturas en las cárceles, campos de concentración y campos de trabajos forzados franquistas.

A estos datos habría que añadir los 30.000 “desaparecidos” según la evaluación del Consejo de Europa o los 40.000 de trabajos de investigación posteriores.

No estamos por tanto ante un cuadro general de “desapariciones forzosas” como se tiende a repetir de forma acrítica en muchas declaraciones. No lo sigamos divulgando como un disco rayado todo el tiempo lo mismo.

APU: Usted remarca las diferencias entre el caso argentino y el español.

JP: Cuando se habla de paralelismos existentes entre las realidades argentinas y españolas hay que señalar que la represión de la dictadura franquista fue de naturaleza distinta a la argentina. En Argentina, fueron las cloacas del Estado las que secuestraron a los disidentes. En España, en cambio, hay luz y taquígrafos, el ejército golpista según avanza lleva un tribunal militar consigo acompañando las tropas y montan un tribunal de apariencia legal en cada ciudad o pueblo importante, existen toneladas de papel de documentación con el objeto de “ejemplarizar”, de sembrar el miedo, es la “causa general” al estilo de la Inquisición.

Los “desaparecidos extrajudiciales” en España, en las zonas controladas por los golpistas en los primeros momentos en 1936, fueron obra de escuadrillas de Falange, Requetés y Guardia Civil que secuestraron y asesinaron a miles de republicanos, enterrados en cunetas y fosas clandestinas, unas 2.400 según las últimas averiguaciones. Hay una tendencia en pensar que esos secuestradores lo hacían por su cuenta o sin conocimiento de la autoridad militar golpista, descontrolados, ordenarlo en cada caso quizás no, pero sí con una apariencia de legalidad y conocimiento, porque todo lo que pasaba en la retaguardia era conocido por los jefes militares a través del Servicio de Inteligencia policial y militar (SIPM) del ejército de ocupación.

Por eso, no se puede solicitar “verdad” si se empieza faltando a ella, si se llama “desaparecidos” a los que fueron “asesinados” con sentencia firme, generalizando “cuneta” con “fosa común” que sí presenta número de registro en el cementerio y orden de exhumación del juzgado. Llamando a todos con el término cómodo de “desaparecidos” no se afronta lo más importante, y es que sus sentencias siguen siendo legales, es no pedir que se anulen sus tribunales, es no pedir que se anulen sus sentencias. Todo se reduce a que están desaparecidos y “hay que encontrarlos”, como si fueran abducidos por extraterrestres.

APU: ¿Cuál es la situación de los bebés robados?

JP: En 1938 un psiquiatra militar fascista, llamado Antonio Vallejo Nájera, hizo un informe sobre las “mujeres rojas” presas diciendo que “tienen un gen” que las hace irrecuperables y por ello recomendó que les fueran retirados sus hijos.

Podemos decir que hay dos etapas: la posguerra inmediata con miles de mujeres republicanas conviviendo en las cárceles con sus hijos, bebés que nacen en prisión y sus madres los entregan a la inclusa (hogar de menores) dadas las condiciones de la cárcel, madres a las que se las seda en el parto y se les dice que el bebé nació muerto. Madres que no son fusiladas hasta que alumbran e inmediatamente pasan por el pelotón de fusilamiento. Se falsifican las partidas de nacimiento con la colaboración necesaria de médicos, cuerpo de prisiones, funcionarios del Movimiento Nacional de Falange, funcionarios públicos y la Iglesia católica. También se da la separación forzosa de menores de lado de sus padres. Miles de niños en España fueron separados a la fuerza de sus padres para ser vendidos por redes del régimen. Niños que están internados en orfanatos por la falta de recursos de los padres y que son entregados a otras familias “ideológicamente más convenientes”.

Más adelante son los casos de madres solteras, prostitutas y lumpemproletariado que al abrigo de las buenas costumbres cristianas se fomenta el tráfico de menores dando lugar a redes clientelares que empezaron dentro de la estructura del franquismo pasando del carácter ideológico de adoctrinamiento al carácter económico mafioso que se prolongaron durante décadas hasta bien entrada la democracia. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) estima que en total (durante el franquismo y después en democracia) unos 300.000 menores fueron robados.

APU: ¿Por qué repudiaron la visita de Rajoy?

JP: Fundamentalmente por rebasar los límites de la hipocresía, es un insulto a la inteligencia. No se puede venir a la Argentina y visitar el Parque de la Memoria en Buenos Aires, firmar en el libro de visitas y arrojar una flor al agua en homenaje a todas las víctimas de la última Dictadura Cívico Militar y pedir el reconocimiento para las víctimas de la dictadura argentina mientras se mantienen impunes los crímenes de lesa humanidad en su propio país, donde la ley de Amnistía vigente impide la nulidad de las sentencias ilegales de los tribunales militares durante la dictadura así como el resarcimiento de expolio económico derivado del Tribunal de Responsabilidades Políticas que arruinó a familias enteras en la posguerra, que bloquea el enjuiciamiento de responsables como los ex-ministros de Franco que firmaron condenas de muerte que todavía viven: Martín Villa y Fernando Suárez González. El cinismo de Rajoy supera todos los límites, es una afrenta para los familiares y víctimas que sufrieron la represión en ambas dictaduras cívico-militares.