Después de escuchar al presidente Piñera, nos preguntamos quién tomará con seriedad las críticas técnicas y ciudadanas que ha levantado tanto global como localmente el TPP. En un año de elecciones políticas, este cuestionamiento adquiere aún más sentido.

No hay novedad en el discurso pero los ciudadanos ¿seguimos siendo los mismos? Piñera, como viene repitiendo en su cuenta pública del 21 de mayo desde el 2011, sigue mostrándose obnubilado porque Chile integre una de las zonas más grandes de libre comercio y repite, año tras año, que avanzamos hacia el acuerdo final del TPP (Trans-Pacific Partnership). Pero el gobierno chileno ignora varios hechos claves: la opinión técnica y la voluntad ciudadana de rechazar este tratado de libre comercio.

Desde que el presidente Piñera anunció “la buena noticia” de aumentar los socios del originario Trans-Pacific Partnership, la discrepancia ante la incorporación de nuestro país a estas nuevas condiciones del tratado ha conseguido bases sólidas. El principal hecho para que esto ocurriera es la filtración del capítulo de propiedad intelectual de TPP a principios del 2012.

En la filtración, dos inaceptables hechos quedaron transparentados: que el tratado de libre comercio está hecho a la medida de las grandes industrias hollywoodenses y del lobby corporativo farmacéutico de Estados Unidos; y que el secretismo en las negociaciones solo confirma que los intereses que se juegan son corporativos y no para el bien público.

Las posiciones técnicas que denuncian el nefasto capítulo de propiedad intelectual han sido crecientes. Comenzando por organizaciones de salud que alertan sobre el peligro de las regulaciones propuestas al limitar los medicamentos genéricos a los pobladores de países en desarrollo; pasando por especialistas de propiedad intelectual que creen que, como SOPA o ACTA, el TPP pone en inminente peligro la Internet abierta; o incluso llegando a que un ex premio nobel de economía como Joseph Stiglitz califique el tratado como “peligroso”.

En Chile la discrepancia comienza a hacerse aún más explícita. En una amplia declaración pública, la semana pasada el ex jefe de negociaciones del TPP del mismo gobierno de Piñera, Rodrigo Contreras, pidió que los países latinoamericanos que negocian el TPP (México, Perú y Chile) no se unieran al tratado a cualquier precio. Es más, aceptó un hecho que ha sido denunciado por Derechos Digitales y por casi siete mil ciudadanos que adhirieron a la campaña NoTPP en tan solo dos semanas: que este tratado pone en serio riesgo nuestros derechos digitales y el acceso al conocimiento de los ciudadanos.

Conforme a la evolución crítica que las opiniones técnicas han tenido, la organización ciudadana se ha multiplicado en el mundo. Desde las campañas en nuestros país, pasando a las protestas de países tan disímiles como Perú o Canadá, formando incluso alianzas transversales que piden un tratado justo y ciudadano.

Pero como si cada una de estas acciones no ocurrieran, o no fueran informadas, el presidente Piñera se muestra más fascinado por firmar un acuerdo económico que por las consecuencias que éste pueda tener a los derechos de los chilenos. El gobierno sigue empecinado con el mismo discurso del 2011, pero la sociedad civil no es la misma: ya posee la información y sus expectativas han cambiado.

¿Quién entonces tomará con seriedad la críticas técnicas y ciudadanas al TPP? En un año de elecciones políticas, esta pregunta tiene aún más sentido. Si como es su voluntad -y empeño-, Piñera firma el TPP en el mes de octubre, el Congreso tendrá que pronunciarse ante sus electores. Más aún, el próximo nuevo gobierno deberá implementar el TPP: ¿cuántos candidatos presidenciales han hecho pública su posición respecto a las consecuencias del tratado? En un contexto donde las opiniones técnicas y ciudadanas se han pronunciado fuerte y claro, es hora que las posiciones políticas se transparenten. Estamos esperando.