Los 629 inmigrantes del ‘Aquarius’ que llegarán al puerto de Valencia lo hacen a una comunidad autónoma que este mismo año ha aprobado una ‘renta de inclusión social mínima’ de 495 euros mensuales para aquellas personas sin recursos con el único requisito de llevar 12 meses empadronado en algún municipio de la región.

La renta aprobada por el gobierno de Ximo Puig (PSOE) y Mónica Oltra (Compromís) tiene como objetivo beneficiar a cerca de 95.000 personas en 2020, año en que terminará por sustituir a la actual ‘renta garantizada de ciudadanía’, a la que ha superado con requisitos de acceso muchos más flexibles.

Los náufragos del ‘Aquarius’ son potenciales beneficiarios de la nueva renta pública. Su caso puede ser catalogado de emergencia social, que es la primera de situación que la ‘renta de inclusión’ contempla para su concesión. El segundo requisito que deberán acreditar es el empadronamiento durante 12 meses en algún municipio de la región. No estarán obligados a participar en labores de inclusión social o laboral para recibir los 495 euros mensuales.

El gobierno valenciano decidió rebajar los requisitos para la percepción y disfrute de la nueva renta. Donde antes se exigían dos años de empadronamiento ahora basta con 12 meses. Además, ahora sólo es necesario acreditar la residencia efectiva en la comunidad valenciana para tener derecho a ella y se elimina el límite de edad para percibirla (hasta ahora sólo podían recibirla personas entre los 25 y los 65 años).

El caso de los náufragos puede ser de emergencia social, primera situación que la ‘renta de inclusión’ contempla para su concesión

Esta suavización de los requisitos fue criticada por el PP durante el debate parlamentario. La diputada María José Catalá aseguró que la renta se concederá a las personas “sin un compromiso claro de esforzarse. Y pensamos que el compromiso del esfuerzo es muy importante para la persona que recibe la solidaridad de todos los valencianos”.

La condición indefinida de la prestación económica y la abolición del régimen sancionador que recaía sobre la renta anterior por su uso fraudulento también fue criticada por el Defensor del Pueblo valenciano. El síndico de Greuges alertó de que puede propiciar tanto el trabajo como el dinero negro dado que el perceptor estará tentado de coger un trabajo ilegal para no perder la ayuda pública.

De ahí que el PP llegara a hablar de un nuevo PER por su carácter indefinido y no exigir un compromiso de los beneficiarios, circunstancia ésta que de facto convierte a la prestación en una subvención a fondo perdido.

Acceso a la sanidad pública

Además, a los tres meses de su llegada, los inmigrantes africanos del ‘Aquarius’ dispondrán de la tarjeta de sanidad universal, que fue declarada inconstitucional a finales del año pasado, pero cuyo servicio el gobierno valenciano se comprometió a mantener.

«Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria», aseguró Ximo Puig al conocer la sentencia de inconstitucionalidad.

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, hoy ministra de Sanidad, trasladó instrucciones al personal médico y de atención para «atender a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, que actualmente no tengan la condición de asegurado, no puedan exportar el derecho a la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de salud desde sus países de origen, ni se detecte para los procesos asistidos terceros obligados a pago».