Madrid, 18 dic. 18. AmecoPress.- Teresa huyó de la violencia que ejercía sobre ella su pareja con la complicidad de su entorno. Por eso viajó desde Perú hasta Barcelona, donde encontró la muerte: fue asesinada por quien se había convertido en su pareja.

Ana fue violada. El agresor, a quien conocía, era en ese momento en quien ella más confiaba. Llegó a España en marzo del 2011. No vino por elección, sino como una refugiada que tuvo que salir aprisa de su país, Guatemala, por encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Él era una cara conocida que prometió cuidarla. Pero la convirtió en su esclava sexual. Su historia fue recogida en una campaña, #YoTeCreo, impulsada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, ya en el año 2016, cuando ese hashtag no estaba de moda.

Gabriela conoce el maltrato desde que tiene uso de razón. No dudó en salir de Honduras, en busca de un futuro mejor, que también englobe a quienes se quedaron: familiares y amistades que ahora solo puede visitar a través del móvil, los domingos por la tarde. Es interna en la segunda casa que ha encontrado, después de sufrir acoso sexual como empleada del hogar.

Si bien las mujeres inmigrantes comparten con las españolas el riesgo de sufrir malos tratos y de morir asesinadas a manos de sus parejas y exparejas, las cifras de los últimos años muestran de manera constante a las primeras sobreexpuestas respecto a las españolas. En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas.



Uno de los factores que añade vulnerabilidad a las mujeres inmigrantes y resta fuerzas para enfrentar el maltrato es la situación administrativa irregular en la que muchas se encuentran. Por ello son explotadas en labores de cuidados y callan cuando son acosadas por miedo a la deportación. Por ello, tras recoger las frutas que nos comemos, duermen en barracones y sienten impotencia cuando algunos empresarios les exigen sexo a cambio de mantener el puesto de trabajo. Por ello tienen miedo a pedir ayuda cuando su pareja las maltrata.

“La situación legal hace que no puedan acceder a los servicios de atención y recursos previstos, aunque algunos ayuntamientos no pongan como requisito la denuncia, para ellas su situación irregular es determinante”, asegura Helia Del Rosario, de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA, “ellas muchas veces perciben a las instituciones públicas como amenaza y no como fuente de protección”.

“El momento de la denuncia es crítico”, reitera, añadiendo factores como la “dependencia económica y legal del agresor, si es español”, la “falta de redes familiares y sociales de apoyo”, las “barreras lingüísticas”, el “miedo a no ser creída o a que la denuncia de violencia de género pueda afectar al proceso de regularización”, “el cruce de normativas de dos países, que puede acarrear por ejemplo, que las mujeres no puedan viajar con sus hijos”. Todo ello dificulta tomar una decisión que es sumamente complicada para cualquier mujer que sea víctima de maltrato, tal y como atestiguan distintos estudios.

En el Estado español, la población extranjera no llega a ser ni una décima parte de la población residente en España. Sin embargo, el porcentaje de mujeres extranjeras asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es todos los años superior al 30% del total de las víctimas, llegando incluso al 43,2% en el 2016 –teniendo en cuenta datos oficiales. Es decir, más de un tercio de las mujeres asesinadas corresponde a un porcentaje pequeño de las mujeres (inmigrantes).

Esta sobrerrepresentación no es ajena a los obstáculos que encuentran en la protección de sus derechos humanos y que inciden en que este colectivo de mujeres se encuentre especialmente expuesto ante los abusos y en que éstos puedan quedar impunes. Impedimentos al acceso a medios y recursos que garanticen su autonomía –económica y administrativa, entre otras- y al acceso a la justicia.

Sin papeles, sin protección

Algunas de estas trabas, como las relacionadas con las barreras lingüísticas o la falta de formación adecuada sobre las necesidades específicas de las mujeres inmigrantes por parte de las instituciones, afectan a estas mujeres con independencia de su situación administrativa. Pero son las inmigrantes “sin papeles” y las que disponen de una autorización de residencia en España tras haber sido reagrupadas por su agresor, las que encuentran las mayores barreras, tanto para acceder a recursos especializados (centros de acogida o de emergencia) y a ayudas económicas que puedan servirles de ayuda para superar la violencia, como para acceder a la justicia frente a los abusos sufridos.

En el año 2003, durante el periodo de discusión parlamentaria de la reforma de la Ley de Extranjería, Amnistía Internacional presentó un informe en el que reclamaba la eliminación de la discriminación de las mujeres inmigrantes en situación irregular en el acceso a recursos básicos para las víctimas (asistencia jurídica gratuita, alojamientos temporales seguros y prestaciones). La organización mostraba preocupación por la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género cuya autorización de residencia dependía del mantenimiento de la convivencia con sus agresores, por haber sido reagrupadas por éstos, y recomendaba que se garantizara a las mujeres reagrupadas que sufrían violencia de género el acceso a una autorización de residencia independiente.

La Ley que reformó la Ley de Extranjería introdujo la posibilidad de que las inmigrantes víctimas de violencia de género (con orden de protección judicial) pudieran obtener una autorización de residencia independiente, sin necesidad de acreditar convivencia ininterrumpida con el reagrupante durante dos años, como sucedía con la legislación anterior. Sin embargo, la autorización de trabajo siguió condicionada a la obtención de una oferta de empleo, exigencia general para cualquier inmigrante, y que para estas mujeres resulta un requisito difícil de cumplir.

En el año 2006, a través del Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, se dispuso reglamentariamente la flexibilización de requisitos para acceder a la Renta Activa de Inserción, eliminando la necesidad de contar con una autorización de trabajo para acceder a este tipo de ayuda económica.

El 29 de enero de 2005 entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género que incluyó la expresa disposición de igualdad en la protección de los derechos de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Era la primera vez que el Estado español aprobaba un instrumento legislativo o político sobre violencia de género que reconocía explícitamente que las mujeres inmigrantes conforman un colectivo especialmente vulnerable ante la violencia de género y que debía garantizarse su acceso a los derechos previstos en la ley, en igualdad con el resto de las mujeres.

Sin embargo, para que una mujer reagrupada no pierda la autorización de residencia al separarse de su agresor debe contar con una orden de protección judicial –salvo algunos ayuntamientos que han decidido no poner el requisito de la denuncia para el acceso a los recursos-. Sólo tras la obtención de esta resolución judicial, la ley otorga a estas mujeres la posibilidad de acceder a una autorización de residencia independiente que les permita no quedar en situación irregular cuando se separan de sus agresores. Además, esta autorización no lleva aparejada la concesión de un permiso para trabajar, lo que dificulta la búsqueda de la autonomía económica necesaria para salir de la espiral de violencia.

Solamente 1’4 por ciento de las victimas extranjeras consiguen acceder al derecho de residencia y trabajo

Las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales es un derecho al que pueden acceder todas las mujeres que cumplan los requisitos establecidos por ley, entre los que destaca haber denunciado ser víctima de violencia de género. Entre el 2014 y el 2017, las concesiones de estas autorizaciones disminuyeron notoriamente. En el 2014 se registró un total de 1328 concesiones, mientras que en el 2017 tan solo hay 675. Pero este importante descenso en la concesión de autorizaciones no se corresponde con una disminución de denuncias o víctimas de violencia de género. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, las mujeres extranjeras que aparecen como víctimas en las denuncias presentadas en los Juzgados de violencia de género, fueron 40.230, en el año 2016 y 48.110 en 2017.

Por lo tanto, el número de autorizaciones concedidas es claramente insuficiente respecto al número de mujeres extranjeras víctimas de violencia, lo cual no solo desmonta ese mito de que las inmigrantes denuncian para obtener los papeles –bulo interesando y absolutamente injustificado-, sino que evidencia una obvia deficiencia en los mecanismos de protección de los derechos humanos de este grupo de mujeres.

El miedo a que la denuncia en una dependencia policial les acarree la apertura de un expediente sancionador según la normativa de extranjería, puede ser un factor de mayor invisibilidad de los abusos que sufren estas mujeres. Profesionales de atención a víctimas de violencia de género, tanto del ámbito de la asistencia como del ámbito policial, transmiten su convencimiento de que muchas mujeres no llegan a los recursos disponibles, en parte por desconocimiento de tales recursos, pero muy a menudo por miedo a las consecuencias de “hacerse visible” y por la desconfianza en las instituciones. “El 99 por ciento de ellas ni conoce que hay una renta mínima interseccional”, asegura Helia, “argumentar que denuncian para obtener los papeles es absurdo”.

Laura trabaja en un centro social en Tetuán, un barrio de Madrid con población inmigrante de numerosos países de América Latina, África y Asia. Laura atiende fundamentalmente –aunque se ocupa de muchas tareas-, a las víctimas de violencia de género. Explica que al centro “llegan muchas mujeres extranjeras que preguntan si el centro también es para ayudar a las mujeres que no tienen papeles” y que “no confían en las instituciones ni acceden a los recursos disponibles”. Es decir, “ni pueden trabajar, ni obtienen las ayudas económicas para las víctimas de violencia de género”.

Mientras no exista una normativa e información clara que priorice la protección de los derechos humanos de las mujeres, sin obstáculo ni discriminación alguna en función de su situación administrativa, las mujeres “sin papeles” seguirán siendo más “invisibles” que el resto. Y los abusos que sufren quedarán más a menudo impunes.

No hay sobrerrepresentación de extranjeros en los agresores

A diferencia de las víctimas, los agresores extranjeros no están sobrerrepresentados en las estadísticas de violencia machista. Más del 65% de los agresores son españoles. En el 2016, el porcentaje de víctimas extranjeras era del 43,2%, mientras que el porcentaje de agresores era del 34,1%. E insistimos: solo estamos incluyendo aquí los casos de violencia en la pareja.

Con ello, debería quedar desmontado el mito de que la causa principal de la victimización de las mujeres extranjeras es el hecho de tener parejas de determinadas culturas y contextos de origen machistas.

La violencia machista golpea a todas las mujeres del mundo y es la punta del iceberg de un conjunto de discriminaciones diarias que se perpetúan en el sistema patriarcal. Pero las mujeres migrantes ocupan posiciones todavía más subalternas que las mujeres blancas occidentales, debido al efecto de la intersección entre su género, procedencia, clase social, discapacidad, situación administrativa y laboral, idioma, religión, racismo institucional y social, que incrementan las condiciones de vulnerabilidad y experimentan efectos graves de desigualdad.

Otras formas de violencia menos visibles

“Hay violencias que no están suficientemente visibilizadas y cruzan la vida de las migrantes de manera crítica”, insiste Helia Del Rosario. La Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA participó en el estudio ‘Derecho a una vida libre de violencias. Experiencias y Resistencias desde las Mujeres Migrantes’. A través de testimonios, y desde el prisma de los derechos humanos, el trabajo profundiza en los distintos tipos de violencia que sufre el colectivo, sus causas, sus efectos y sobre todo, las fortalezas de estos “sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas por parte de quienes les representan o se han erigido en garantes de su bienestar”.

Entre esas otras formas de violencia se encuentran la trata –“es necesario romper los circuitos de impunidad y dejar de delegar en las víctimas la responsabilidad de la denuncia”-, la Mutilación Genital Femenina, los matrimonios forzosos, la violencia sexual.

Un ámbito de trabajo donde se insertan fundamentalmente mujeres inmigrantes es el trabajo doméstico. La llegada de las mujeres latinoamericanas, al principio sin documentación en regla, posibilitó que muchas familias españolas pudieran contar con una ayuda en el ámbito de las tareas en el hogar. El servicio doméstico se fue extendiendo encubriendo el cuidado de personas dependientes: se contrata a migrantes para realizar tareas que requieren una preparación profesional. O por el contrario, se contrata para cuidar, pero se exigen tareas que exceden esta labor.

Salarios míseros, que muchas veces contabilizan la comida y la habitación de la empleada, horarios interminables, comentarios y actitudes racistas y clasistas. Discriminación y explotación laboral en un sector poco regulado, a lo que se une el machismo, no solo por la feminización del trabajo de los cuidados sino por la presencia de relaciones de acoso y violencia que directa o indirectamente afecta a las cuidadoras.

“Me han pedido favores sexuales”, denuncia Elva, procedente de Paraguay. Los empleadores se creen con el derecho a tocamientos, servicios sexuales. “Una compañera, estando la señora de vacaciones, se encontró al señor desnudo en el salón, que le dijo que la esperaba en la habitación. Ella renunció a su trabajo y llamó a la señora, que no la creyó”.

La falta de credibilidad es muy dura. “Yo cuidaba a un señor mayor en un pueblo pequeño de Toledo”, comparte Leticia, peruana. “No paraba de pellizcarme el culo, de meterme mano; se lo decía a sus hijas pero no me creían, hasta que un día el padre pellizcó a una de ellas por equivocación. Pero siempre es tu palabra contra la suya”.

Feminismo migrante

Desde un enfoque basado en los derechos humanos, es necesario reivindicar las fortalezas de estas mujeres, comprender en profundidad sus situaciones y defender sus derechos –nuestros derechos-. Las motivaciones para migrar son múltiples y variadas, y el enfrentarse a situaciones de violencia está muchas veces presente en esa motivación y a menudo forma parte de la experiencia migratoria. Es indignante que encuentren la violencia también aquí, en esta sociedad que se llama a sí misma “de acogida”.

“Nosotras las mujeres migrantes no somos vulnerables o frágiles, al contrario, somos valientes, fuertes, capaces y luchadoras, pero nuestras circunstancias nos colocan en una situación de vulnerabilidad, por lo que estamos sobreexpuestas a la violencia de género”, defienden desde la Red Latinas.

En ese sentido, las asociaciones de inmigrantes se han convertido en espacios que sustituyen y complementan los recursos que no llegan a las mujeres migrantes, desde el voluntariado, sin una contraprestación económica, supliendo las deficiencias y falta de intervención del Estado. Muchas asociaciones, aunque no trabajan directamente en el acompañamiento y acogida de mujeres víctimas de violencia machistas, han actuado frente a esta situación ya sea por derivación de casos o para apoyar y desarrollar acciones de sensibilización frente a las violencias que viven las mujeres migrantes. Se han convertido en agentes claves de información, formación, intermediación y acompañamiento.

Esto es posible porque quienes conforman las asociaciones se reconstruyen, sanan e inventan encontrándose con otras mujeres, ayudándose y apoyándose entre sí. De este modo se ha ido conformando un “feminismo migrante”, participativo, que se expresa en las plazas, en las calles, con talleres, jornadas, campañas….en cada ámbito de la vida.

“El integrar y compartir en grupos de mujeres elementos vivenciales sobre la realidad de las mujeres migrantes víctimas de violencia se ha convertido en un factor de cuidado y sanación personal superando en muchos casos los servicios de atención “técnicos” que se ofrecen desde las diferentes administraciones, al no generar éstos relaciones de empatía y seguimiento de las circunstancias que confluyen al enfrentar las violencias”, concluye la investigación ‘Experiencias y Resistencias desde las Mujeres Migrantes’.

Foto: Archivo AmecoPress, tomada de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas AMALGAMA

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Política – Situación social de las mujeres – Feminismo – Mujeres inmigrantes – Pobreza y género - Derechos humanos – Movimiento feminista. 18 dic. 18. AmecoPress.

