En junio de 2015, el senador José Antonio Griñán y el diputado en el Congreso Manuel Chaves, ambos del PSOE y los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, tuvieron que renunciar a sus escaños. Así lo había pedido de forma insistente Ciudadanos a cambio de prestar sus votos a la socialista Susana Díaz para poder ser elegida presidenta del Gobierno andaluz, lo que sucedió ese mismo mes.

En cumplimiento del acuerdo por la regeneración democrática que ha implantado @CiudadanosCs Griñán deja su escaño.El cambio sensato.Seguimos — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de junio de 2015

Un año después, Ciudadanos, que negocia con el PP un acuerdo de investidura, no ha modificado la letra de pactos similares firmados en Andalucía o Madrid pero, a tenor de las palabras de sus dirigentes, sí ha cambiado el concepto de lo que considera corrupción política hasta el punto de que ahora la limita al "enriquecimiento personal" o a la "financiación ilegal" del partido. "No es lo mismo meter la pata que meter la mano", resumió este martes el vicesecretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas.

De esta forma queda jibarizado el punto primero del pacto anticorrupción firmado el pasado día 19 entre Ciudadanos y el PP, en el que se establece la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Con el nuevo criterio explicitado por el número 2 de Ciudadanos, ni Chaves ni Griñán hubieran tenido que dejar las Cortes Generales. Imputados en el caso de los ERE por supuestos delitos de prevaricación administrativa y, sólo en el caso de Griñán, también malversación, nunca ha surgido la más mínima sospecha de que se enriquecieran personalmente con el sistema de ayudas a prejubilados y empresas en crisis que se reputa fraudulento. Tampoco existen indicios de que los fondos públicos empleados para esas subvenciones (855 millones de euros) acabaran en las arcas del PSOE andaluz.

Figar y Victoria

Los ex consejeros del Gobierno regional de Madrid Lucía Figar y Salvador Victoria anunciaron el 4 de junio de 2015 que dimitían, favoreciendo así la firma de un pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP que llevó a Cristina Cifuentes a la presidencia del Ejecutivo autonómico.

Ese pacto preveía la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial". Se aplicó a Figar y a Victoria que, por lo que se conoce hasta ahora, no están imputados en el caso Púnica por delitos que supusieran su enriquecimiento personal ni el de su partido. Se les atribuye haber contratado irregularmente a una empresa de reputación para que favoreciera su imagen en las redes sociales.

Tampoco hubo lucro personal ni financiación del PP en el primer proceso judicial que llevó a la cárcel a Jaume Matas, ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar. Matas fue condenado en julio de 2013 por el Tribunal Supremo a 9 meses de prisión por tráfico de influencias. La Sala Penal limitó a ese delito la condena y la revocó en cuanto a otras infracciones como prevaricación y malversación de fondos públicos apreciadas por la Audiencia de Palma. El Supremo consideró que el Gobierno balear pagó los servicios del periodista Antonio Alemany, autor de los discursos institucionales de Matas, lo cual no era ilegal. Lo que sí fue delictivo (tráfico de influencias) fue que Matas utilizara su posición jerárquica para presionar en favor de que la Administración balear concediera una subvención a la agencia de noticias propiedad de Alemany.

Si el pacto del PP con Ciudadanos hubiera estado vigente entonces, Matas no habría tenido que dejar sus cargos de acuerdo con la interpretación del término "corrupción política" explicitado este martes por Villegas.

Hubiera sido el mismo caso que el del dirigente del PP en Galicia José Luis Baltar. El ex presidente de la Diputación de Orense fue condenado en marzo de 2015 a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por haber 'enchufado' en la institución pública que dirigía a 104 personas en un solo año (2010). No hubo financiación ilegal del partido ni enriquecimiento personal, pero, al menos entonces, se consideró que era un claro caso de corrupción política.