MADRID.- La de vueltas que da la vida. Dos de los tres jueces del tribunal juzgador de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional fueron nombrados a instancia del Partido Popular como vocales del órgano de gobierno de los jueces. Es más, uno de ellos, Enrique López, será el ponente del caso. La otra persona es Concepción Espejel, la presidenta. El tercer miembro del tribunal es Julio de Diego, magistrado de tendencia conservadora como los otros dos jueces y amigo personal de Espejel.



De tendencia conservadora, López renunció a su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional al ser descubierto por la policía conduciendo una moto en estado ebrio

En el caso Gürtel se sienta en el banquillo el propio PP como beneficiario a título lucrativo, al igual que la exministra popular Ana Mato. Esto es, ambos están acusados de beneficiarse de la red corrupta.



La trama corrupta Gürtel habría sufragado al PP con 328.440 euros, dinero que esta formación se ahorró en las campañas electorales y actos del partido en las localidades de Majadahonda y Pozuelo, ambas en Madrid. Por su parte, Mato se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por los empresarios de la Gürtel y el 50% de sus fiestas familiares; la otra mitad corresponde a su marido, Jesús Sepúlveda que afronta 15 años y cuatro meses de cárcel por esta causa.



Por si fuera poco, de los 40 acusados, cerca de la mitad han tenido cargos en el Partido Popular. Es más, tres de ellos tuvieron una máxima responsabilidad porque fueron sus tesoreros: Luis Bárcenas, para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel; Álvaro Lapuerta (tres años), y Ángel Sanchís (ocho años).

El juicio del caso Gürtel ha recaído por reparto en la sección segunda de la Sala de lo Penal, que preside Concepción Espejel, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial nombrada a instancia del PP.



Espejel tiene buena relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha donde la magistrada ejerció durante muchos años. La relación es tan estrecha que fue Cospedal quien le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción para un jurista, en febrero de 2014 (ver fotografía).



En el acto estuvo presente José Ramón Navarro, actual presidente de la Audiencia Nacional, quien también aparece en la fotografía superior. Navarro acudió a la ceremonia como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, territorio del que Espejel era vocal delegada.



Enrique López será el ponente del caso Gürtel. De tendencia conservadora, renunció a su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional un año después de ser nombrado al ser descubierto por la policía conduciendo una moto en estado ebrio y sin casco. A este cargo llegó aupado por el Partido Popular.



El ponente del caso Gürtel fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre los años 2003-2008, cargo al que llegó también apoyado por el PP.



El hecho de que dos de los tres jueces de la Gürtel hayan sido nombrados por el PP en cargos públicos choca de lleno con uno de los principios por los que se rige la administración de justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, no basta con que un juez sea imparcial, sino que la apariencia de su imparcialidad es también una garantía del Estado de Derecho. Por ello, es posible que se presenten recusaciones contra este tribunal.



Juicio a finales de 2016 o en 2017



El juicio del caso Gürtel no celebrará hasta finales de 2016 o bien ya entrado 2017. La sección segunda tiene juicios señalados hasta febrero de 2016 y aún hay ocho juicios que están pendiente de fijar fecha antes que el caso Gürtel, tres de ellos con presos.



El líder de la trama, Francisco Correa, afronta una petición de la Fiscalía de 125 años de cárcel. Por su parte, el ministerio público pide 85 años y medio para Pablo Crespo, el presunto número dos de la trama y exsecretario de Organización del PP de Galicia. El contable de la trama, Pablo Izquierdo, se enfrenta a una pena de 43 años y ocho meses.



En el banquillo también se sentarán otros altos cargos populares como el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se enfrenta a 46 años de cárcel; el exviceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente (para el que el ministerio público reclama diez años y medio de cárcel), y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega(50 años y diez meses).

