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La polis mexicana discute con ardor cuestiones que se creían superadas: el valor de la división de poderes, de los órganos autónomos constitucionales, del mando civil en las instituciones de seguridad pública o de las organizaciones sociales como actores necesarios en la deliberación democrática. Un eje de la discusión es el del respeto a la ley. El nuevo gobierno procede en esta materia con discrecionalidad sin precedentes. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común han hecho un recuento puntual de actos del nuevo gobierno que pueden considerarse ilegales o de dudosa legalidad. Este es su reporte

E l 17 de abril en su conferencia mañanera el presidente López Obrador expresó: “si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Lo hizo en el contexto del famoso Memorándum (16 de abril 2019) para dejar sin efecto la reforma educativa: “Yo hice un compromiso, que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo”.

Ilustraciones: Víctor Solís

Una declaración de esta naturaleza en boca del jefe del Estado y del gobierno equivale a un llamado a hacer justicia por propia mano: la antítesis del Estado de derecho. Si cada quien interpreta lo justo se rompe el pacto social y regresamos al Estado de naturaleza o a la ley de la jungla.

La respuesta no se hizo esperar. La más precisa y atinada provino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “Nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene, desde el Ejecutivo federal, que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar”.

Definido como el entramado de leyes y ordenamientos jurídicos que norman el comportamiento de gobernantes y gobernados, el Estado de derecho se nutre de autoridades que respetan y hacen respetar la ley, de ciudadanos que asumen la obligación de regir su comportamiento con base en ese marco jurídico y de someterse a las consecuencias en caso de no hacerlo.

Los gobernantes en México han exhibido tradicionalmente no sólo un desprecio generalizado por el Estado de derecho, sino que se han mantenido impunes ante las trasgresiones al mismo. Esto es particularmente preocupante porque el Estado de derecho es un pilar de la democracia, el mecanismo para acotar el ejercicio del poder y el instrumento para hacer resguardar y dar vigencia a los derechos fundamentales.

Si se toma en serio la expresión de que habrá un auténtico Estado de derecho, “al margen de la ley, nada; por encima de la ley nadie” se debiera esperar un comportamiento particularmente escrupuloso en lo que respecta a la legalidad de las acciones y proceder del Poder Ejecutivo. No ha sido el caso.

Aun cuando este gobierno haya reiterado su desprecio por los datos y evidencias ofrecidos por investigadores, técnicos y académicos, es relevante documentar la actitud y comportamiento del Poder Ejecutivo frente a legalidad y no quedarse con la mera impresión de que los posicionamientos de su titular en las conferencias mañaneras y algunas de sus acciones de gobierno vulneran la división de poderes, exceden sus facultades, debilitan las instituciones y violan distintos ordenamientos legales.

Para ello hemos elaborado un registro que da cuenta de una serie de acciones que pueden juzgarse como ilegales, otras de “dudosa legalidad” y otras más que constituyen leyes u ordenamientos a modo (Anexo 1).1 La mayoría de estas configuran una tendencia cuyo fin último es la concentración y centralización de poder en el presidente y un ejercicio discrecional del mismo. Muchas de ellas ya se encuentran en litigio ante las autoridades competentes: Suprema Corte y juzgados (Anexo 2).2

Un dato relevante que sirve como termómetro. Las estadísticas disponibles sobre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales revelan que estos medios de control de constitucionalidad se elevaron desproporcionadamente: en el primer caso de 14 a 69 y, en el segundo, de 49 a 176. Crecimientos de 393% y 259%, respectivamente. No se cuenta con la estadística de amparos indirectos pero, literalmente, éstos se cuentan por miles (ver gráfica).

Es natural y deseable que, ante cualquier diferendo en el ejercicio del poder, los poderes y las personas ejerzan su derecho a defenderse pero lo que no es normal es que se multipliquen los litigios en las proporciones descritas.

No todas estas acciones y controversias fueron interpuestas en contra del Poder Ejecutivo pero el crecimiento de las mismas es una señal de alerta sobre el estado de la legalidad en estos primeros seis meses de gobierno. En el Anexo 1 pueden consultarse aquellas que han sido interpuestas en contra de actos del Ejecutivo: 11 controversias constitucionales, siete acciones de inconstitucionalidad y miles de amparos indirectos. Estos últimos fundamentalmente por despidos injustificados, falta del pago de liquidaciones conforme a ley, reducción de salarios y cancelación del aeropuerto de Texcoco.

1. Extralimitación de facultades y división de poderes

En una primera categoría se agrupan aquellas acciones en las que se rebasan las facultades y atribuciones expresamente otorgadas al Ejecutivo y se vulnera el principio de división de poderes que conlleva la prohibición de invadir las esferas de competencia de otras ramas, órdenes de gobierno y órganos de autonomía.

La primera de ellas y quizá la más importante es el Memorándum dirigido a sus secretarios de Hacienda, Educación Pública y Gobernación del 16 de abril para dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Este acto es nulo de pleno derecho. No puede decretarse la derogación de una norma constitucional a través de un documento administrativo sin validez jurídica.

Este acto constituye una ilegalidad por los cuatro costados. Viola el artículo 16, primer párrafo que establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado y responde al principio por el cual ninguna autoridad puede hacer algo para lo que no esté expresamente facultada; viola el 49 referente a la división de poderes en el que se expresa que un poder no puede suplantar a otro; viola el 89, fracción primera que obliga al Ejecutivo a aplicar en la esfera administrativa las leyes y demás normas jurídicas y viola los artículos 128 y 133 que obligan a todo funcionario a cumplir y hacer cumplir la Constitución y que transgrede la jerarquía normativa prevista en la Constitución. En este último caso no sólo se vulnera un precepto constitucional, sino que se instruye a tres de sus colaboradores a hacerlo.

Figura también el veto a tres empresas farmacéuticas, a través de un oficio del presidente (20 de marzo) en el que se les impidió competir por contratos del gobierno. El oficio señala que el monto de la compra del gobierno de Peña Nieto en 2018 a estas empresas (34 mmdp) “resulta a todas luces inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución que prohíbe monopolios”. Además de incongruente porque la propia administración de López Obrador otorgó contratos en marzo de este año y por adjudicación directa a estas mismas empresas, el presidente no tiene la facultad de decidir la condición monopólica de un mercado ni tampoco su derecho a competir mientras se investiga. Esta facultad corresponde a la COFECE. En todo caso, lo que hubiese podido impedir la participación de estas empresas en las ventas habría sido una inhabilitación por parte de la Función Pública por incumplimiento de contratos, pero tal no fue el caso.

De hecho, Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa) consiguió una suspensión definitiva en contra del oficio que el presidente le envió a la SHCP para impedirle participar en licitaciones públicas y adjudicaciones directas en venta de medicamentos y materiales de curación.

El levantamiento del Censo del Bienestar también resulta ilegal. No existe fundamento para que expromotores del voto realicen una actividad de esta naturaleza. De conformidad con los artículos 41 y 134 de la Constitución es ilegal hacer proselitismo con recursos públicos y la promoción de la imagen de algún servidor público. Los llamados “servidores de la nación” siguieron levantando el censo cuando menos hasta marzo de 2019 portando gafetes y chalecos con la imagen del nuevo gobierno y el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy en día y a pesar de la austeridad republicana que ha significado el despido de miles de trabajadores, la Secretaría del Bienestar ha “formalizado” a 16 mil 804 servidores de la nación con un salario mensual de ocho mil 173 pesos.

En el caso del IMSS, organismo de gestión tripartita regido por la Ley del Seguro Social, se presenta otra inobservancia de la ley pues corresponde al Consejo Técnico tomar ciertas decisiones y, como menciona el ex director de la institución en su carta de renuncia: “es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiones al margen de la Ley del Seguro Social o por funcionarios sin atribuciones”. Además, se ordenó anular a los delegados aprobados por el Consejo y nombrar “a una suerte de delegados administrativos estatales, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Las consultas populares, en particular la de la Termoeléctrica de Huexca, es otro caso. El gobierno lo llamó “ejercicio participativo”, figura que no tiene sustento legal y que se llevó a cabo sin ningún mecanismo que garantizara la imparcialidad del proceso. Habitantes de Huexca y de otras nueve localidades de tres estados promovieron recursos denunciando la violación del derecho a la consulta.

En cuanto a las facultades de nombramiento se registran excesos y acciones de dudosa legalidad. En el uso de estas facultades además de leyes a modo como la conocida Ley Taibo o el cambio del reglamento del SAT para poder nombrar a su titular, se registra una grave imprudencia e impetinencia en los nombramientos de los integrantes de los órganos reguladores del sector energético (CRE y CNH) y una influencia cuestionable al privilegiar la lealtad y militancia a expensas de la mínima competencia o experiencia en la materia para poder mantener el control sobre las decisiones. El abuso ha sido tal que se ha recurrido a una dispensa de los requisitos de título universitario, cédula profesional o experiencia en el sector para poder nombrar a dos altos funcionarios de Pemex.

La Ley de Remuneraciones ha sido objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos indirectos individuales de diversos organismos y servidores públicos por incurrir en diversas omisiones legislativas y menoscabar derechos constitucionales. Algunos han sido resueltos en favor del demandante como el del Banco de México al que se le concedió la suspensión en la aplicación de la ley. No se logró la mayoría de ocho votos en la SCJN para su invalidez total pero sí para emplazar al Congreso para que establezca los parámetros para determinar el salario del presidente.

Al igual que la de Remuneraciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha sido sujeta a acciones de inconstitucionalidad (CNDH, COFECE, IFT y BM) y amparos indirectos y una controversia constitucional por el gobernador de Michoacán toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la entidad federativa.

La puesta en marcha del reclutamiento y operación de la Guardia Nacional sin haber aprobado el marco normativo necesario constituye otra ilegalidad y contraviene los artículos 16 y 21 de la CPEUM además de a la propia reforma recién aprobada. Esto, sin considerar la regresión que significa la militarización de la seguridad pública al otorgarle a las Fuerzas Armadas plenas faculltades para perseguir delitos, atribución que en cualquier régimen democrático corresponde esencialmente a la policía.

Se advierten ilegalidades y/o abuso de poder en el caso de ex funcionarios de la CFE, de la CRE y de empresas contratistas que fueron exhibidos en una mañanera (11 de febrero) sin prueba alguna. Con ello se incurrió en la violación a la presunción de inocencia (artículo 14 de la Constitución), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 18 y 19) y la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 11 y 13) que establecen el derecho al honor de las personas.

Lo mismo ocurre con la liberación de presos políticos porque, aunque no es incompatible con el Estado de derecho, resulta preocupante que los procesos de liberación por desistimiento del Ministerio Público atiendan a una lista seleccionada y anunciada por el titular del Ejecutivo y no por una política de la Fiscalía.

Finalmente, se consigna una vulneración de la laicidad del Estado establecida en el artículo 40 de la Constitución y la violación de los procedimientos para el diseño de imagen y comunicación dispuestos en el Manual de Proceso del INBA al haber utilizado el Palacio de Bellas Artes para un homenaje al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y Apóstol de Jesucristo.

2. Violaciones a los derechos fundamentales

La segunda categoría de acciones de ilegalidad se refiere a la obligación de promover, proteger y garantizar en su esfera de competencia el respeto y condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se sitúan en esta categoría la suspensión o reducción de recursos para las estancias infantiles, para los comedores comunitarios, para la atención del VIH/SIDA y cáncer. En todos los casos hay una invasión de la administración pública federal a un acto de la Cámara de Diputados que asignó recursos para esos fines. Adicionalmente, se vulnera la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la alimentación y a la salud además de la progresividad de los derechos (arts. 1 y 4 de la CPEUM). De cada una de ellas existen acciones de inconstitucionalidad o amparos. En el caso de las estancias infantiles ya han sido ganados más de 250 amparos y los jueces han ordenado la restitución de los fondos.

El derecho a la salud también ha sido violentado por el congelamiento de compra de medicamentos, por el recorte inicial a los recursos de salud, así como por el subejercicio de los mismos (12 mmdp) que según el extitular del IMSS ponen “en riesgo la prestación de servicios” y se ha pedido desviarlos a otros fines. Habría que agregar la desaparición de más de mil mdp del extinto programa IMSS-Prospera que otorgaba medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social.

En situación similar se encuentra la cancelación —vía una circular del 14 de febrero— de recursos para la sociedad civil por el doble motivo de que se hace caso omiso de la decisión de los legisladores que les asignaron presupuesto y se viola la Ley de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por su parte, el despido injustificado de servidores públicos —muchos de ellos sin recibir las liquidaciones correspondientes— además de producir un desmantelamiento de las estructuras profesionales de la administración pública, incumple con el apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Por último, es de resaltar la negativa del gobierno federal a despejar las vías férreas ocupadas por integrantes de la CNTE durante 18 días en Michoacán. Además del daño patrimonial causado y que se calcula en cerca de 20 mmdp, esta omisión violó abiertamente la libertad de tránsito y dejó de “proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias” (comunicado de la CNDH, 7 de febrero, 2019).

3. Uso discrecional de los recursos públicos

Una tercera categoría corresponde al uso discrecional de los recursos públicos y a la forma en que se ejerce el presupuesto.

Como en administraciones anteriores, se continúa con los vicios y excesos del pasado en las compras y contratos gubernamentales e incluso la contratación de dos empresas fantasma. En lugar de licitaciones públicas y abiertas, como lo marcan la Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siguen predominando, cuando no aumentando, las asignaciones restringidas y adjudicaciones directas.

El mero contraste entre uno y otro tipo de contrataciones no deja lugar a dudas: 76% de los contratos se han otorgado por adjudicación directa, 17% por licitación y 6.5% por invitación restringida.

Entre las adjudicaciones directas cabe resaltar el caso de las 671 pipas de Pemex. Además de no haber sido justificada conforme a la ley, el contrato fue concedido mediante una figura inexistente —“adjudicación competitiva”— y existe una violación al contenido de la NOM-012 que prohíbe que unidades de ese tipo distribuyan materiales peligrosos.

A este ejemplo lo acompañan los casos del Tren Maya en el que una vez más se recurrió a la adjudicación directa sin caer en ninguno de los supuestos de excepción; la sustitución del NAICM por el aeropuerto de Santa Lucía que, entre otras, viola el artículo 134 constitucional que obliga al Estado a administrar los recursos con eficiencia, eficacia y economía e incumple con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, y la refinería Dos Bocas que carece de las formalidades necesarias: las evaluaciones jurídica, económica, financiera y ambiental. En los cuatro casos se han interpuesto ante las instancias judiciales desde amparos indirectos hasta denuncias populares.

Igualmente importantes han sido los recortes a los órganos constitucionales autónomos (OCAs). En el Proyecto de Egresos de la Federación la iniciativa del Ejecutivo redujo su presupuesto seriamente aunque la Cámara de Diputados asignó 23 mmdp adicionales a la propuesta inicial: INE, -38.5%; CRE, -31.1%; CNH, -30.3%; IFT -27.7%; INAI, -21.1%; CNDH, -14.3%; COFECE -9.2%

La reducción propuesta vulnera la autonomía presupuestal de los OCAs además de que compromete su función dentro del esquema de pesos y contrapesos que a lo largo de dos décadas se ha ido construyendo en el país. La mayoría de estos órganos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que hasta ahora suman ocho.

Para terminar, está el manejo de los programas sociales sin reglas de operación y con una promoción personalizada por parte del gobierno de López Obrador. Este año fueron asignados 119 mil 500 millones de pesos para 11 programas considerados prioritarios tipo “U”, es decir, “aquellos que funcionan sin reglas de operación que establecen la metodología, manuales y criterios de selección de beneficiarios”. No hay fundamentación para entregar sin reglas de operación el 33% de los recursos destinados a subsidios. Y, no cabe más que concluir que la elaboración de un “censo” propio, la entrega directa del dinero en efectivo encabezada y publicitada por el presidente y la ausencia de reglas para hacerlo apuntan a la creación de clientelas político-electorales.

I maginemos que el abstracto concepto “Estado de derecho” en nuestro país es un barco; un barco que, a pesar de sus defectos y remedos, flota y navega. Ahora imaginemos que el capitán de dicha nave gira todos los días instrucciones contra el sentido común o contradictorias entre sí, sin que ningún miembro de su tripulación se atreva a cuestionar sus decisiones; imaginemos que, para que nadie dude de su autoridad y temeridad, ordena incluso horadar el casco por debajo de su línea de flotación.

El Estado de derecho y nuestras instituciones no son una abstracción, son el barco. Adoptar una interpretación personal de la ley o de plano ignorarla aduciendo “justicia” o “austeridad, honradez y combate a la corrupción”, puede conducir al país a un tobogán de ingobernabilidad. Esta interpretación selectiva de la ley “conecta” con grupos que también imponen en muchas regiones del país su “ley” y su voluntad: pobladores, guardias comunitarias o grupos criminales. Las imágenes del sometimiento de militares en la Huacana, Michoacán, lamentablemente sólo son un ejemplo de lo anterior. A juzgar por el recuento de los últimos seis meses no serán las últimas.

Este trabajo es una llamada para alertar del peligro que significa un gobierno que llegó al poder por la vía legal y con legitimidad electoral pero que habla, propone y actúa, colocando a la legalidad y a las instituciones en un plano secundario. Regresando a la metáfora, un gobierno que estaría dispuesto a quemar las naves que le permitieron llegar al poder. Lo anterior pudiera tener varios nombres, pero no serían los de institucionalidad, democracia o legalidad.

María Amparo Casar

Investigadora del CIDE, analista político y presidente ejecutivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

José Antonio Polo

Director general de Causa en Común.

Agradecemos a los equipos de investigación de MCCI y Causa en Común el trabajo que realizaron para la elaboración de este artículo.

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Anexo 1

Acciones de inconstitucionalidad

1. Acción de inconstitucionalidad interpuesta por 33% de los Senadores del Congreso de la Unión en contra de la Ley de Remuneraciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión de la aplicación de la Ley impugnada.

2. Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones.

3. Acción de Inconstitucionalidad que presentó el Instituto Nacional Electoral contra el recorte presupuestario del Presupuesto de Egresos 2019.

4. Acción de inconstitucionalidad presentada por diputados y senadores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre los motivos que impulsaron esta acción se encuentran:

a. La creación de la figura de los “Superdelegados” que atenta contra la soberanía de las entidades federativas al otorgarles un amplio margen de discrecionalidad en torno a la operación y estructura de los programas de beneficio social.

b. La facultad concedida a la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía para la determinación de tarifas eléctricas, siendo que este Órgano Regulador cuenta con autonomía constitucional.

c. Las facultades concedidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para planear la política de contrataciones públicas.

5. Acción de inconstitucionalidad promovida por diputados del Congreso de Chihuahua contra Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

6. Acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría del Senado de la República en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

7. Acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH en contra de la Reforma a la Ley de Remuneraciones.

Controversias constitucionales

1. Controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica.

2. Controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

3. Controversia Constitucional promovida por el Banco de México contra la Ley de Remuneraciones. (Se le concedió la suspensión de la aplicación de la Ley).

4. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que considera que la figura de los superdelegados atenta contra la autonomía de la Entidad Federativa.

5. Controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Estadística Geografía contra el Presupuesto de Egresos 2019, por el recorte de su presupuesto que le impide realizar la totalidad de sus programas y encuestas.

6. Controversia constitucional promovida por el presidente municipal de Hidalgo de Parral, Chihuahua, contra la disminución del presupuesto federal para estancias infantiles en el Presupuesto de Egresos.

a. Ampliación de la controversia constitucional contra la reducción presupuesto de estancias Infantiles, por la publicación de las Reglas de Operación 2019 del ahora llamado Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

7. Controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en contra del Presupuesto de Egresos por la reducción de casi un 50% de su presupuesto.

8. Controversias constitucionales interpuestas individualmente por el gobernador de Chihuahua, 23 alcaldes y alcaldesas de municipios de Chihuahua y Sonora contra la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que permitieron la centralización en el Ejecutivo Federal del destino que se le dará al Fondo Minero que estaba bajo la administración de los municipios.

9. Controversia constitucional promovida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, contra la Ley General de Educación por cuanto a la descentralización del sistema educativo federal que obliga a la administración estatal a hacerse cargo de la enseñanza básica y la determinación de las reglas de distribución de los recursos federales para el pago de los maestros.

10. Controversia constitucional y posterior reclamación del gobernador de Baja California Sur por no incluir a Baja California Sur entre las entidades beneficiadas por el Decreto de Estímulos Fiscales que disminuyen el IVA e ISR.

11. Controversia constitucional interpuesta por el gobierno del estado de Michoacán contra los Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, dichos lineamientos señalan que los beneficios económicos y en especie de los programas se entregarán de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

Algunos amparos indirectos

1. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

2. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

3. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos del Banco de México contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

4. Amparos indirectos individuales de diversos servidores públicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Remuneraciones y Presupuesto de Egresos 2019.

5. Amparo indirectos por parte de particulares contra la orden de cerrar ductos de Petróleos Mexicanos que ocasionó el desabasto de combustibles en el país. En uno de los casos se concedió la suspensión del acto reclamado ordenando garantizar al quejoso el abasto del combustible.

6. Amparos indirectos interpuestos por particulares (proveedores indirectos y por derecho propio) contra la cancelación del NAIM en Texcoco, alegando incumplimientos y derecho a una economía nacional estable y/o sana.

Amparos indirectos de diversas organizaciones contra la reducción presupuesto de Estancias Infantiles.

7. Amparo interpuesto por la empresa Ethan Gas Oil contra PEMEX que implican el pago de 365 millones 549 mil pesos que recibió como adelanto para la adquisición de 700 carrotanques para PEMEX.

8. Amparos indirectos promovidos por particulares (ciudadanos) en contra del Proyecto de Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía.

9. Amparo indirecto promovido por una asociación civil en contra de la designación del Senado de María de la Luz Mijangos como Fiscal Anticorrupción.

10. Amparos indirectos promovidos por ciudadanos en contra de Memorándum de López Obrador mediante el cual ordena incumplir lo que establecen las leyes en materia educativa.

11. Juicio de amparo indirecto interpuesto por el Grupo Fármacos Especializados (GRUFESA) en contra de la determinación del Poder Ejecutivo Federal (Oficialía Mayor de la SHCP) por vetarlo para participar en licitaciones de medicamentos. Obtuvo una suspensión en contra del acto reclamado.

Otros

1. Denuncia popular en materia ambiental promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en contra del desmonte y/o tala de las especies vegetales en el predio destinado a la construcción de la Refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se ordenó la suspensión de la referida tala.

2. Procedimiento de investigación iniciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se requiere información a la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, gobierno del estado de Hidalgo y Municipio de Tlahuelilpan, sobre su actuar en los hechos relativos a la explosión de una toma clandestina que provocó la muerte de más de noventa personas en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

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Anexo 2

Acciones de dudosa legalidad Acciones abiertamente ilegales

ASUNTO HECHO CONSIDERACIONES LEGALES Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos Al aprobarse la Ley Federal de Remuneraciones se estableció de manera discrecional el salario del presidente de la República, lo cual incidió en los tabuladores presupuestales del resto del gobierno federal, de los órganos autónomos y de los otros poderes de la Unión. Igualmente, se definieron delitos que establecían penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en excesos, con una interpretación en la que elementos que no deberían considerarse como integrantes del salario se incluían, como los créditos y préstamos. Al no establecer parámetros y lineamientos para la fijación de los salarios del presidente de la República y de los otros servidores públicos federales, se incurrió en diversas omisiones legislativas y afectación de los derechos laborales constitucionales de los funcionarios públicos. La SCJN decidió el 20 de mayo la invalidez de diversos artículos de la Ley de Remuneraciones, así como del Código Penal Federal. Sobre la invalidez total de la Ley de Remuneraciones, el Pleno votó en mayoría por la afirmativa (7 votos), pero no fueron suficientes para obtener la mayoría calificada (los artículos 6 y 7 de la legislación fueron invalidados por una mayoría de 8 votos del Pleno de la SCJN. Se emplazó al Congreso para que en el próximo periodo ordinario de sesiones se establezca el parámetro para determinar el salario del presidente). Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, Congreso de la Unión. Superdelegados Se publicó en el DOF una reforma a la Ley Orgánica de la APF, mediante la cual se crean oficinas de representación “en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, estas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo”. En medios se les conoce como “superdelegados”. Se nombró un coordinador de los superdelegados (Gabriel García), quien a su vez coordina la red de Servidores de la Nación (figura inexistente hasta su inclusión en “Nómina Abierta” de la STPS). Hay una vulneración al espíritu del artículo 40 constitucional y las normas que establecen el pacto federal, al haber una superposición entre una figura metaconstitucional encargada del ejercicio de recursos y la aplicación de programas sociales con los gobiernos estatales. Además, puede vulnerarse la equidad en las contiendas electorales. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, Secretaría del Bienestar, Congreso de la Unión. Inicio de la obra del Tren Maya sin los requisitos legales previos Después de una ceremonia para “pedir permiso a la Madre Tierra” para el Tren Maya, el presidente declaró el inicio de su construcción a pesar de no existir un proyecto ejecutivo, un estudio de impacto previo ni los demás requisitos de ley. A pesar de ello, la obra ya se encontraba contemplada en el PEF. Hay una violación al artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ya que no hubo un proceso previo de elaboración y análisis de estudios ni planes para determinar su viabilidad conforme a la ley. A pesar de ello, el proyecto contó con presupuesto aprobado en el PEF y su construcción se anunció como un hecho incontrovertible. La CNDH señaló que tampoco es congruente con los artículos 2o y 4o constitucionales, así como los estándares internacionales en materia de consulta previa, libre e informada de conformidad con el Convenio 169 (OIT), y en línea jurisprudencial con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones de diversos mecanismos de la ONU a México.

Se viola el artículo 134 constitucional al no respetarse los principios que deben regir el gasto público. Igualmente, se vulneran las normas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, secretarías de Comunicaciones y Transporte y del Medio Ambiente. Reducción de presupuesto a Órganos Constitucionales Autónomos Después de que los órganos constitucionales autónomos hicieron llegar sus presupuestos correspondientes para la aprobación legislativa, varios de ellos tuvieron reducciones a pesar de que, en el PEF se asignaron 23 mil millones de pesos adicionales a los establecidos en el Proyecto del Ejecutivo. Las reducciones fueron en: INE (950 mdp), IFT (280 mdp), INEE (300 mdp) y CNDH (161 mdp) El INE presentó una controversia constitucional ante la SCJN, la cual fue admitida, aunque sin el otorgamiento de la suspensión. Lo mismo hicieron la COFECE y el IFT. Existe una vulneración a la autonomía presupuestal establecida en la Constitución para cada uno de los órganos autónomos (artículo 3 para el INEE, 28 para el IFT y la COFECE, 41 para el INE y 102 para la CNDH) al reducir su presupuesto de manera unilateral, lo que compromete su función dentro del esquema de pesos y contrapesos. Principales autoridades federales involucradas: Cámara de Diputados. Liberación de presos políticos pese a investigaciones de la FGR Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes habían sido encarcelados por la presunta comisión de delitos y que se determinó que eran “presos políticos”, fueron liberados. En principio, una práctica de este tipo no necesariamente es ilegal ni incompatible con el Estado de Derecho, sobre todo desde una perspectiva de justicia transicional. Sin embargo, y más allá de las características de cada caso, resulta preocupante que los procesos de liberación (a partir del desistimiento del Ministerio Público) atiendan a una lista seleccionada por el titular del Poder Ejecutivo y no por parte de una política de la Fiscalía General de la República. Esto puede llevar a una serie de abusos que pudieran atentar en contra del derecho a la reparación integral de las posibles víctimas. En este sentido, lo importante es generar mecanismos institucionalizados para el análisis de las investigaciones penales en contra de supuestos presos políticos, y no que se atienda (únicamente) a la voluntad del gobierno, en detrimento de la autonomía de la FGR. Proceder de esta manera viola el artículo 102 de la CPEUM, así como el derecho a la verdad (de la víctima) previsto en los artículos 1, 8 y 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, FGR Operación de programas sociales sin reglas

de operación Este año fueron asignados 119 mil 500 millones de pesos a subsidios de 11 programas considerados prioritarios que fueron clasificados como programas de tipo U, es decir, funcionarán sin Reglas de Operación, “sin establecer metodología, manuales o criterios de selección de beneficiarios”. “Estas 11 acciones emblema, que están en el Anexo 26 “principalesprogramas” PEF 2019, concentran el 33% del presupuesto etiquetado como “otros subsidios”, que son los que no cuentan con Reglas de Operación y que en total suman 358 mil 689 millones de pesos”. El artículo décimotercero del PEF señala que “con el objeto de asegurar que el ejercicio de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia, control y rendición de cuentas, los programas de subsidios implementados por la presente administración del Ejecutivo Federal y que han sido autorizados en el presente Decreto, deberán contar con reglas de operación a más tardar el último día del mes de febrero de 2019 en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo anterior, sin perjuicio de que dichos programas puedan ejecutarse en tanto se emiten las referidas reglas (…)”. El artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social señala que, “el Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales”. El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalará en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas”. En este sentido, no resulta consistente la justificación del artículo transitorio del PEF, ya que materialmente programas exceptuados pudieran considerarse como desarrollo social, por lo que, no sería consistente con la excepción a las reglas de operación, a la par que el espíritu del artículo 134 constitucional señala la obligación de administrar los recursos con eficiencia, lo que se vulnera con simples lineamientos. Principales autoridades involucradas: Secretarías de Hacienda y del Bienestar. Reclutamiento anticipado de personal para la Guardia Nacional La Guardia Nacional fue aprobada por los Congresos locales el 14 de marzo. El Ejecutivo anunció el inicio del proceso de reclutamiento el 1º de enero, con base en requisitos que no existen en ninguna ley y prestaciones que tampoco están contempladas. Se puso en marcha de facto la operación y reclutamiento de la Guardia Nacional sin el marco legal necesario aprobado, requisito que debió haberse cumplido de acuerdo con lo establecido en la propia reforma constitucional. Hay una violación a los artículos 16 y 21 de la Constitución. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, secretarías de Defensa, Marina y Seguridad. Cierre de comedores comunitarios El Presidente anunció que el programa que permitía la existencia de cinco mil comedores comunitarios, que alimentaban a medio millón de personas de escasos recursos, será suspendido al desaparecer del PEF 2019. Lo anterior pese a que el informe Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Comedores Comunitarios, realizado por la SEDESOL reveló que el 92.3% de los comensales consideran que los comedores “les permitían mejorar su alimentación”, el 90% calificaron el trato recibido, el tiempo de entrada, el sabor, variedad y cantidad de los alimentos ofrecidos como “bueno o excelente”. La cancelación del programa resulta contrario al derecho humano a la alimentación y a la progresividad de los derechos humanos, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución y diversos tratados internacionales. Lo anterior, además, afectará de manera desproporcionada a los sectores en mayor condición de vulnerabilidad como madres solteras, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de pobreza, atentando en contra de la protección reforzada que tendría que brindarles el Estado. Instituciones involucradas: Presidencia de la República, Secretaría del Bienestar. Cancelación del NAIM e inicio de la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía Después de realizar una “Consulta popular” durante el período de transición, el nuevo gobierno anunció la cancelación de las obras en Texcoco del nuevo aeropuerto, el pago a los tenedores de bonos del fideicomiso y la construcción de un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía. Esto sin los estudios o análisis costo-beneficio que mostraran la idoneidad de cancelar el nuevo aeropuerto, así como sin demostrar que el costo de la cancelación es menor al costo que tendrá la construcción de una nueva terminal más los costos hundidos del NAIM. Violación al artículo 134 constitucional al tomar una decisión que no garantiza que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Igualmente, se vulneran los artículo 2o y 4o constitucional al violarse principios sobre la consulta indígena y el medio ambiente al no haberse considerado a la totalidad de las comunidades afectadas por el proyecto del aeropuerto. Se vulneran las normas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y su reglamento, que indican que antes de iniciar un proyecto debe llevarse a cabo un procedimiento de “Evaluación de Impacto Ambiental”. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desmantelamiento de las estructuras profesionales de la APF Desde diciembre de 2018 se han reportado despidos masivos de funcionarios públicos en diversas dependencias, en particular personal contratado por honorarios y miembros del Servicio Profesional de Carrera, sin que se les indemnice conforme a ley. El artículo 123, apartado B, de la CPEUM, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, establecen diversos derechos para los trabajadores del Estado, un servicio profesional de carrera en la administración pública federal, el pago de liquidaciones, que los despidos sean justificados. Según la información recabada en fuentes abiertas, se han realizado despidos masivos sin respetar sus derechos. Principales autoridades federales involucradas: diversas dependencias de la APF. Adjudicación directa sin justificación o fundamento en la compra de pipas de Pemex Contrato para comprar 671 pipas por órdenes del presidente a través de una figura denominada “adjudicación competitiva”. Las especificaciones técnicas de las 671 pipas adquiridas por el gobierno federal para el transporte de combustibles no coinciden con el contenido de la NOM-012, la cual prohíbe que unidades de ese tipo distribuyan materiales peligrosos, como combustibles. Bajo el argumento de que se trataba de una emergencia, el tabasqueño emitió el 21 de enero un “memorándum” para instruir la compra de 671 pipas en Estados Unidos, con un costo de más de 85.3 millones de dólares. La Ley de Adquisiciones exige que las adjudicaciones directas sean fundamentadas. La figura de “adjudicación competitiva” no existe en la Ley de Adquisiciones, Arrendmientos y Servicios del Sector Público, contrario al artículo 16 constitucional que mandata fundar y motivar todo acto público. Además, si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un acuerdo ante la CONAMER y fue publicado en el DOF para permitir el uso de las pipas por Petróleos Mexicanos, la NOM permanece vigente, por lo que existe una contradicción. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, PEMEX y Secretaría de la Función Pública. Ocupación y bloqueo de diversas vías férreas Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, diversos integrantes de la CNTE ocuparon y bloquearon diversas vías férreas del estado de Michoacán, impidiendo el tránsito de mercancías en la entidad. El Gobierno Federal no intervino e instruyó a la Consejería Jurídica para presentar una queja ante la CNDH y que ésta recomendase acciones. Al no actuar ante el bloqueo de las vías férreas, el gobierno mexicano fue omiso ante la violación de derechos fundamentales de las personas que utilizan dichas vías. La CNDH emitió un comunicado en el que señala que “el que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”. Igualmente, la compañía Kansas City Southern presentó una denuncia ante la FGR y el PAN presentó un juicio de amparo ante la negativa de intervenir para despejar las vías. Se viola el artículo 11 de la Constitución, ante la omisión de garantizar el derecho humano de la libertad de tránsito. Militarización de funciones de seguridad pública Se anunció que las policías de los 11 municipios de la zona metropolitana de Monterrey, así como la policía estatal y los elementos del ejército en Nuevo León, operarán bajo la coordinación de un mando militar (el comandante de la cuarta brigada de la Policía Militar) con la intención, de acuerdo con el gobernador, de combatir los delitos de alto impacto. El hecho de que operen instituciones de seguridad pública bajo un mando netamente militar viola el artículo 21 constitucional, que señala el carácter civil de las mismas. Viola la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (28 de noviembre de 2018). Principales autoridades federales involucradas: SEDENA. Violación a la presunción de inocencia y al honor de las personas El director de la CFE, por instrucciones de AMLO, dio a conocer lista de ex funcionarios acusados de la “destrucción” de la CFE. El artículo 14 de la CPEUM indican el derecho a la vida privada y al debido proceso, que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 17 y 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 11 y 13) indican que las personas tienen el derecho al “honor”. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República y CFE. Cancelación de recursos para sociedad civil y organizaciones El presidente emitió una circular notificando a su gabinete legal y ampliado que ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano recibiría transferencias de recursos públicos durante su administración. Todos los recursos considerados dentro del PEF para subsidios que se entregarían a organizaciones quedaron anulados, por lo que hay una vulneración a la decisión del legislativo. La asignación de estos recursos a nuevos destinos se rige por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero la decisión es discrecional por parte del Ejecutivo. La cancelación de los recursos es una vulneración a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil dado que ya existían convenios con éstas para reibir los apoyos etiquetados en el PEF 2019. Principales autoridades federales responsables: Presidencia de la República, secretarías de Hacienda y del Bienestar. Consulta participativa para termoeléctrica de Huexca, Morelos Se realizó un “ejercicio participativo” en diversos municipios de Morelos y Puebla sobre la de operación de la termoeléctrica en Huexca, Morelos. Dicha consulta se realizó sin ningún mecanismo que garantizara la imparcialidad del proceso. Los requisitos para llevar a cabo una consulta popular encuentran sustento legal en el artículo 35 fr. VII de la CPEUM y la Ley Federal de Consultas Populares. El “ejercicio participativo” no encuentra sustento legal en las referidas normas. No es congruente con los estándares internacionales en materia de consulta previa, libre e informada (Convenio 196-OIT, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones ONU). Principales autoridades federales responsables: Presidencia de la República, CFE y SENER. Promoción personalizada del presidente en publicidad oficial En la cuenta de Twitter oficial de la Secretaría de Turismo apareció un video nombrado “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024”, que contenía la imagen del partido MORENA, así como imágenes de AMLO. El artículo 134 de la CPEUM prohíbe en la propaganda oficial la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. El TEPJF resolvió (mayo) que el Secretario de Turismo violó el artículo 134 de la CPEUM y se proceda conforme a las leyes aplicables. Principales autoridades federales involucradas: SECTUR. Cancelación de recursos para las estancias infantiles AMLO anuncia la eliminación del subsidio a estancias infantiles y su sustitución por dinero que se repartirá directamente a los padres. El 28 de febrero, el Gobierno Federal publicó en el DOF las reglas de operación de “Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras” que establecen que se entregarán mil 600 pesos bimestralmente directamente a la madre, padre o tutor de niños, que trabajen, busquen empleo o estudien. Se violan los artículos 4, 5 y 74, fracción IV, de la CPEUM ya que estas decisiones vulneran el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer (violencia por razones de género), la libertad de trabajo e invasión de facultades de la Administración Pública Federal, a un acto de la Cámara de Diputados. También se viola el artículo 134 constitucional, al tomar una decisión que no garantiza que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por mandato judicial más de 150 estancias infantiles en Chihuahua que interpusieron amparo lograron la suspensión definitiva y 60 de ellas ya reciben los recursos. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, Secretaría del Bienestar. Levantamiento del Censo de Bienestar y su uso como fuente para la repartición de programas sociales Voluntarios denominados “Siervos de la Nación” que, según fuentes abiertas, promovieron en 2018 el voto a favor de AMLO, realizan el “Censo del Bienestar”, donde se registran a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. No se advierte fundamento legal para que ex promotores del voto, realicen un “Censo del Bienestar”. Asimismo, de conformidad con los artículos 41 y 134 de la CPEUM, se considera ilegal hacer proselitismo con recursos públicos, así como la promoción de la imagen de algún servidor público. Contratación sin uso de licitación para estudios del Tren Maya El Gobierno Federal asignó de manera directa el estudio de costo-beneficio del Tren Maya a PriceWaterhouse Coopers, el plan maestro a Steer Davies y la asesoría legal al despacho WoodHouse, Lorente y Ludlow. El director de FONATUR, Rogelio Jiménez, justificó que fue por una cuestión de tiempo y que este año serán gastados mil millones de pesos. Según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la adjudicación directa debió haberse justificado bajo los supuestos de excepción del artíuclo 41, que indica que sólo de manera excepcional se utilizarán las asignaciones restringidas o directas. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Veto a empresas farmacéuticas para contratar con el gobierno El presidente vetó por oficio a las empresas Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, a las que calificó como consentidas del Gobierno de Enrique Peña Nieto por las ventas de medicamentos que hicieron para el sector salud. Instruyó a la Secretaría de Hacienda a actuar “de conformidad con la legalidad en la materia”.

No obstante, un juez federal suspendió en días pasados el “veto” a la empresa Grupo Fármacos Especializados y le permitió seguir compitiendo por contratos de Gobierno, siempre y cuando no sea inhabilitada por la SFP. Según fuentes abiertas, estos tres grupos vendieron al ISSSTE y al IMSS 62.4% del total de las compras. El oficio argumenta que es inmoral y violatorio del art. 28 de la Constitución porque es un monopolio. Se violan los artículos 16 y 28 de la Constitución, ya que no se advierten facultades para que el presidente de la República, sin que medie juicio previo, pueda vetar públicamente a algún particular en la participación de contrataciones públicas. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, SHCP y SFP. Memorándum para dejar sin efectos la reforma educativa Vía memorándum, AMLO instruyó a los secretarios de Gobernación, Hacienda y Educación dejar sin efecto las medidas que se derivan de la reforma educativa. Es nulo de pleno derecho. Viola el artículo 49 de la CPEUM que dice “no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión”. No se sostiene en ninguna facultad del Ejecutivo, lo cual viola el artículo 16 de la Constitución. Adicionalmente se vulnera el artículo 133 constitucional que establece la jerarquía de las normas y que impide derogar la aplicación de una reforma constitucional por decreto. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, SHCP, SEP y SEGOB. Cancelación de contrato asignado a Bio Pappel Scribe, propiedad de un compadre del presidente La empresa Bio Pappel Scribe, propiedad de Miguel Rincón Arredondo, ganó una licitación pública por 221 mdp para proveer el papel necesario para la elaboración de los libros de texto gratuito de la SEP. El 26 de abril se difundió que el dueño de la empresa es compadre del presidente López Obrador y, ante los señalamientos, el presidente anunció la cancelación del contrato, a pesar de que había sido adjudicado de acuerdo con la Ley de Adquisiciones. Con posterioridad, el licitante se desistió de la contratación a petición del presidente. El contrato fue asignado de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y fue otorgado a la empresa que garantizaba las mejores condiciones. El hecho de que el dueño sea compadre del presidente fue producto de escándalo, pero no es una causa legal para la anulación de la contratación, toda vez que se adjudicó de acuerdo con la ley en un proceso competido. La petición del presidente de manera directa a su compadre para declinar la asignación del contrato da muestra del uso de una vía supra legal. A su vez, la decisión unilateral del presidente de solicitar su cancelación podría violar la ley y, además, tiene implicaciones negativas ya que se comprometió la entrega en tiempo de libros de texto gratuitos debido a la necesidad de reponer el procedimiento de adjudicación. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, secretarías de Economía, Hacienda y de la Función Pública. Contratación de empresas fantasma Al contrastar los contratos asignados por el gobierno federal durante 2019 con la base de datos del SAT de las personas físicas y morales declaradas de manera definitiva en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal (usualmente conocidas como empresas fantasma), se encontró que dos empresas (Índico RT e Interacción Biomédica) habían recibido cinco contratos en el IMSS, el ISSSTE y la SCT por un total de 16 millones de pesos, a pesar de estar impedidas para ello. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, impiden que el gobierno celebre contratos con personas impedidas por la ley para celebrar actos jurídicos. Las empresas publicadas por el SAT en el DOF por la aplicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no pueden emitir facturas válidas, por lo que, en teoría, no deberían poder participar en contratos públicos ni privados. Principales autoridades federales involucradas: SAT, SFP y SHCP. Construcción de la refinería de Dos Bocas a) El presidente anunció una invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas en la que participarían las empresas con mayor experiencia internacional para construir refinerías. b) El presidente declaró desierta la invitación restringida porque ninguna de las empresas presentó un proyecto con los costos y tiempos estimados por el gobierno y, en lugar de abrir un nuevo proceso, encargó su construción a PEMEX y SENER. Esto a pesar de que todas las estimaciones del sector privado y think tanks sugieren que la obra costará hasta el doble y que tiene pocas probabilidades de éxito económico. c) La Secretaria de Energía declaró que ya contaban con los permisos necesarios para construir la refinería, pero la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental declaró haber emitido una exención sólo para hacer los estudios correspondientes y no el permiso ambiental requerido para iniciar la construcción. Si bien PEMEX puede construir de manera directa infraestructura clave, la ausencia de los estudios de impacto ambiental, así como el posible dispendio de recursos, considerando que no hay experiencia en la construcción de refinerías en México (la última fue hecha hace 40 años) hacen muy probable una violación a los artículos 4 y 134 constitucionales, al hacer de Dos Bocas una obra cuyos costos no superen a los beneficios económicos. La falta de evaluaciones jurídica, económica, financiera y ambiental revela que no se han cumplido con todas las formalidades legales necesarias para la construcción del proyecto. En particular, no se cuenta con los permisos otorgados por la SEMARNAT ni por la ASEA. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, Secretaría de Energía y PEMEX. Reducción de recursos para combatir VIH/SIDA y cáncer Reducción de recursos para el tratamiento del cáncer, desabasto de retrovirales contra el VIH/SIDA en algunos estados y reducción de apoyos para las OSCs que apoyan la lucha contra el VIH/SIDA. El Art. 1 de la CPEUM establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben promover los derechos humanos de manera progresiva. El art. 4 de la CPEUM establece el derecho a la salud. Principales autoridades federales involucradas: Presidencia de la República, secretarías de Hacienda y de Salud, IMSS, ISSSTE y CENSIDA. Uso de un recinto público por parte de una asociación religiosa El palacio de Bellas Artes fue utilizado para un homenaje al “líder de la Iglesia de la Luz del Mundo y apóstol de Jesucristo” en un evento que, de acuerdo al INBA, era “estrictamente artístico y cultural”, a pesar de que en los materiales impresos y de publicidad se apreciaba claramente el carácter religioso del evento. El presidente señaló que la Secretaría de Cultura debe dar disculpas y explicaciones por el evento. Hay una vulneración a la laicidad del Estado mexicano establecida en el artículo 40 de la CPEUM. Se violaron los procedimientos para el diseño de imagen y comunicación establecidos en el Manual de Proceso del Instituto Nacional de Bellas Artes. Principales autoridades federales involucradas: INBA y Secretaría de Cultura.

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