Elba Esther Gordillo, la poderosa y temida líder vitalicia del sindicato de maestros mexicanos, un poder fáctico durante más de una generación, ha resultado ser un tigre de papel. Menos de 48 horas después de su detención el pasado martes acusada de malversación de los recursos sindicales, lavado de dinero y delincuencia organizada, la Maestra ha perdido todos sus apoyos políticos. Empezando por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que la noche del miércoles eligió un nuevo líder y siguiendo por los gobernadores de los Estados, muchos de ellos aliados hasta ayer, o su propio partido Nueva Alianza, que fundó hace casi una década tras abandonar el PRI.

El Consejo Nacional del SNTE eligió, entre rutinarios vítores a Gordillo, a Juan Díaz de la Torre nuevo presidente del gremio tras una modificación de última hora de los estatutos del sindicato que permite la revocación del mandato del líder “cuando existan casos probados de corrupción, incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de la dirigencia”. Nueva Alianza, por su parte, emitió un comunicado en el que marca distancias con su fundadora, avala la reforma educativa y declara que son “las autoridades judiciales” quienes deben decidir el caso.

Los gobernadores de los Estados, a quienes el presidente Enrique Peña Nieto convocó la noche del miércoles en su residencia oficial de Los Pinos, para hablar durante dos horas de la investigación abierta sobre Gordillo y la posibilidad de que el sindicato movilizase a sus bases en algunos puntos del país, respaldaron unánimemente la decisión del Gobierno sobre Gordillo, que, según el propio presidente, se ajusta “estrictamente a la ley”, así como la reforma educativa en curso. En el mismo sentido se pronunciaron las principales organizaciones empresariales. En otras palabras, ni protestas ni las movilizaciones gremiales que siempre se dijo que saldrían en su defensa.

La Maestra había declarado días atrás en una entrevista radiofónica que llegó a la dirección del SNTE por “el excusado”, pero que “saldría por la puerta grande”. Nada más lejos de la realidad. Una encuesta nacional publicada ayer por el diario Reforma apuntaba que el 78% de los mexicanos aprueba su detención. Otro sondeo publicado por Excelsior eleva ese porcentaje al 86% y señala que un 76% la considera culpable de los delitos que se le imputan. Más escépticos se muestran los consultados sobre el desenlace final: el 48% opina que Gordillo saldrá en libertad por tratarse de una política y una dirigente sindical frente a un 39% que cree que se le aplicará todo el peso de la ley.

Mientras tanto continúan las investigaciones sobre los bienes y propiedades de la exlíder del SNTE, que podrían desembocar en un delito de enriquecimiento ilícito. Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron que a través de familiares cercanos y cómplices de la Maestra se han detectado cuentas en agencias de inversión como Morgan Stanley y Merrill Lynch, transferencias bancarias a España y Bélgica, además de las ya conocidas a Suiza y Liechtenstein, así como propiedades en Francia y España. También se rastrea la propiedad de varios inmuebles en la capital mexicana. Una veintena de agentes de la policía federal registró en la mañana de ayer su lujosa vivienda en el elegante barrio de Polanco en el DF y se habla de diligencias en propiedades en el extranjero. Una información publicada por el diario La Jornada, que cita estimaciones de la PGR, asegura que los bienes acumulados por Gordillo y su familia superan los 20 millones de dólares con propiedades en el Distrito Federal, el Estado de Morelos, EE UU y Argentina.

El Gobierno federal retenía cuotas al más del millón de afiliados al SNTE, que no las hubieran pagado de otra forma, y las depositaba mensualmente —cerca de 10 millones de euros, según distintas fuentes— en las arcas sindicales para uso discrecional de su dirección, además de otorgarle subvenciones para la organización de toda clase de eventos.

La Maestra se ha quedado sola en medio del ensordecedor silencio de sus cómplices políticos. La mayoría de los analistas de la prensa mexicana coincidía ayer en señalar el control de la operación por parte del Gobierno y en la necesidad de que éste vaya en serio y de continuidad a la lucha contra la corrupción y los poderes fácticos. Porque la pregunta que se hacen hoy los mexicanos es ¿quién sigue?