Algo no está funcionando bien en nuestro sistema económico. A pesar de la mejora de los datos macroeconómicos y de la reducción del paro, el empobrecimiento forma parte del paisaje vital cotidiano de los españoles. El 92% de los ciudadanos considera que actualmente existe mucha desigualdad económica y el 72% que va a continuar en esos niveles aún durante mucho tiempo. Estos datos, que provienen del Barómetro de Confianza en la Economía que Metroscopia elabora cada mes, reflejan también que la ciudadanía no percibe la transferencia directa y efectiva de la recuperación macroeconómica a las economías domésticas.

Desde que comenzó la crisis, la brecha entre ricos y pobres ha aumentado de forma considerable. La cifra de multimillonarios se ha duplicado en nuestro país y hoy son cerca de 500 los españoles que declaran un patrimonio de más de 30 millones de euros (en 2007 eran 230). Y al mismo tiempo —según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística—, algo más de 13 millones de personas, en su mayoría menores de 16 años, están en riesgo de exclusión social ya sea porque no tienen ingresos o porque los que tienen no les dan para vivir con condiciones suficientes de acomodo.

En un contexto como este no es extraño que el pesimismo crezca: los españoles se muestran masivamente convencidos (72%) de que, como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis, España saldrá de la misma más pobre y más desigual de lo que era hace solo un decenio. Por un lado, porque creen que la situación económica de un gran número de personas ha empeorado radicalmente durante los últimos ocho años (71%). Y, por otro, porque consideran que el camino que habría que transitar para recuperar las prestaciones y ayudas disponibles para los más desfavorecidos antes de la crisis va a ser largo y complicado (79%).

El incremento del Producto Interior Bruto y el bienestar no siempre convergen. Frente a la opinión extendida de que la mejor forma de favorecer el bienestar es conseguir aumentar el crecimiento económico y la creación de empleo, la experiencia española parece negar tal tópico. El crecimiento del 3,2% que el Producto Interior Bruto nacional experimentó en 2015, no se ha traducido en una mejora del bienestar social. El bizcocho ha crecido pero no se reparte de manera equitativa. Para el español medio, a pesar del estancamiento de los precios y el periodo deflacionista que vive nuestra economía —el IPC armonizado de la economía española fue negativo en los dos últimos años (-1,1% y -0,19%, para 2014 y 2015 respectivamente)— el coste de la vida es cada vez más alto, al menos así lo percibe el 80%. La razón es que el poder adquisitivo de las familias se ha reducido año tras año desde que empezó la crisis —los últimos datos de la Encuesta de Calidad de Vida sitúa los ingresos medios anuales netos por hogar en 26.092 euros, su valor más bajo desde 2008—.

Por tanto, la mejora de la economía no se ha transferido de manera efectiva a las familias españolas. Además, solo un tercio de la población atribuye la mejora a las medidas puestas en marcha por el Gobierno. Una mayoría destacada (60%) cree que, por el contrario, la mejoría nada tiene que ver con las políticas gubernamentales, dado que esa tendencia también se está produciendo en otros países que aplicaron medidas muy distintas de las nuestras. De hecho, la desigualdad social se ha agudizado en los cuatro años de Gobierno del PP, de tal modo que todo el avance económico, en realidad, se ha dirigido al mayor enriquecimiento de los que eran ya ricos, causando mayor empobrecimiento de los pobres y convirtiendo en pobres a los que antes no lo eran.

Desempleo y salarios

El desempleo y los niveles salariales son, por tanto, dos de las cuestiones que deberían abordarse de manera más urgente para que la desigualdad comience a reducirse. Aunque la tasa de desempleo empezó a descender en 2014, la sensación cada vez más predominante entre la ciudadanía es que el paro va a seguir todavía igual de alto durante mucho tiempo (70% ahora, 58% en agosto de 2015).

La opinión extendida en la sociedad española es que el Estado debe intervenir para compensar las desigualdades extremas entre los que más ganan y los que menos. Así lo piensa el 70% de los españoles, para los que el Estado debe proteger y ayudar a los más necesitados y desfavorecidos.

La España que va bien parece ser solo la de aquellos a los que siempre les ha ido bien. Para la inmensa mayoría, va cada vez peor. El nuevo Gobierno que se forme tras el próximo 26-J debería implementar políticas activas para solucionar de manera urgente la desigualdad y el paro de larga duración. Los españoles lo tienen claro, la pobreza y el hambre no se deben a causas naturales: un 91% de los consultados piensa que, si los gobiernos se lo propusieran, su erradicación sería posible.

Silvia Bravo es analista de Metroscopia.