Jueces para la Democracia (JpD) ha propuesto alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) «en el convencimiento de que la ciudadanía y las instituciones pueden mejorar las condiciones de vida de estos seres humanos y la calidad del Estado social y democrático de Derecho».

Esta asociación considera que «en estos días en los que las instituciones de la Unión Europea parecen reaccionar por fin ante la exigencia de la ciudadanía a la crisis humanitaria derivada de las migraciones desde países en conflicto es el momento de denunciar la situación de los CIE».

JpD propone que se inicie un plan para el cierre progresivo de los CIE al estimar «desproporcionada jurídicamente la privación de libertad ante supuestos de infracción administrativa», ya que a su juicio resultan más ajustadas otras medidas cautelares que no supongan el internamiento y que mantengan la libertad de la persona afectada.

Cree que se debería implantar una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, como una persona asignada, retención de pasaporte en dependencias policiales y presentaciones periódicas, para «no someter a los inmigrantes, que ya han sufrido todo tipo de adversidades, a un mayor desarraigo y a las privaciones derivadas de la reclusión en los CIE».

Aclara que para los casos de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos con posibilidad de expulsión el Código Penal prevé hasta materializarla el mantenimiento en prisión bajo control judicial sin necesidad de internamiento en un CIE.

En un comunicado denuncia que «en los CIE se encuentran privadas de libertad sin haber cometido delito alguno personas en situación administrativa irregular según la Ley de Extranjería incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada».

JpD explica que cuando la autoridad gubernativa decide su expulsión si no puede llevarse a cabo en el plazo de setenta y dos horas solicita autorización del Juzgado de guardia para su internamiento cautelar.

Añade de que según la ley, en el CIE solo se limita su libertad ambulatoria, no los demás derechos, y se trata de establecimientos públicos de carácter no penitenciario.

«Sin embargo, la realidad es que las personas internas se ven privadas de muchos más derechos y libertades: la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva y los derechos de defensa, a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad y a la privacidad de sus comunicaciones», advierte.

Agrega que «en los CIE se incumple el reglamento de funcionamiento y régimen interior cuando carecen de servicios de orientación jurídica y sociales, de personal médico de la Administración, de intérpretes y de gestión civil».

Además, «se incumplen resoluciones judiciales cuando se llama a las personas por un número, se les priva de sus teléfonos e incluso de papel y bolígrafo o se les expulsa de modo sorpresivo».

JpD destaca que esta realidad aún es una gran desconocida para la opinión pública lo que a su juicio guarda relación directa con el hecho de que los poderes públicos han mantenido un discurso «deshumanizador» de los inmigrantes.

Considera que «han transmitido que eran una amenaza, han desarrollado políticas basadas en la seguridad y el miedo y han amparado la desprotección de los derechos humanos e incluso la violencia dentro y fuera de las fronteras, permitiendo espacio de negación del Estado de derecho».

Da a conocer datos del Ministerio del Interior que «revelan el alto porcentaje de personas internadas en tales condiciones que no llegan a ser expulsadas». Concreta que «en 2014 fueron internados en los CIE 7.340 personas y expulsadas 3.483, un 47,45 por ciento». (Agencias)