“Esto quiere decir que se va a bajar la potencia máxima transmitida para disminuir el riesgo de que ante una falla se vuelva a cortar el suministro”, explicaron el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade; el Subsecretario del Mercado Eléctrico, Juan Alberto Luchilo; el titular de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Jorge Ruíz Soto; y el director de la transportista Transener, Carlos García Pereyra, en una rueda de prensa de la que participó ámbito.com.

Los funcionarios aseguran sin embargo que aunque se limite el máximo de potencia “hay reserva de potencia y energía suficiente”, aunque sí admitieron que esta modificación hará que “la operación sea más cara” debido a que “se va a sustituir la energía hidroeléctrica por energía térmica que se venía trayendo de Brasil”. “Es un costo marginal”, añadieron.

Según la versión oficial, el reemplazo en el suministro de energía traerá aparejado una pérdida de u$s 3,5 millones de ahorro para el Estado. “Es una cifra marginal si se tiene en cuenta que el sistema cuesta al año, entre los gastos de combustible, operación, mantenimiento y demás, unos u$s 9.500 millones al año”, explicó Luchilo.

Según señalaron los funcionarios, "el 20% (de los u$s 3,5 millones) lo pagan de manera directa los grandes usuarios, no los residenciales, y el 80% lo paga el Estado como variación de subsidios".

Si bien el informe final sobre las causas estará listo dentro de dos semanas, una hipótesis preliminar indica que se registró una falla en la línea de alta tensión entre Colonia Elía y Nueva Campana donde se observó “un desbalance entre los causes, una suerte oscilación del sistema de potencia”.

"Hasta no tener el 100 por ciento de los factores evaluados no descartamos ninguna hipótesis, pero no vemos indicios que apunten a la posibilidad de un cyber ataque o un sabotaje", aseguró a su vez Pereyra.

"Toda la información quedó registrada como una especie de caja negra y eso se bajó a papel, se imprimió, nuestros técnicos ya la están evaluando. El informe final será todo ese registro más su interpretación", explicaron los funcionarios a la prensa.

En este marco, señalaron que para este primer análisis se necesitará de consultores nacionales expertos en este tipo de fallas, "que son muy pocos". En base a esto, se decidirá si las empresas deben pagar o no un resarcimiento económico.