Una gran polémica se suscitó esta semana a raíz del nuevo sistema de control de ausencias que la Provincia está instalando en escuelas del interior y la capital. El Frente de Izquierda de los Trabajadores presentó un pedido de informes en la Unicameral. Y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) planteó algunos reparos.

El sistema reemplaza las históricas firmas en planilla por un mecanismo digital que ya funciona en varias reparticiones de la función pública provincial. Los docentes deben “pasar el dedo” a través de un aparato llamado “reloj biométrico”, que está siendo instalado en las escuelas.

A través del decreto 1375, el entonces ministro de Gestión Pública, Manuel Calvo, llamó a licitación pública para la compra de 1.200 relojes biométricos y por 36 meses en escuelas públicas de capital e interior provincial. El presupuesto asignado fue de 39 millones de pesos.

El documento aclara que el nuevo sistema de control de ausentismo regirá para todas las escuelas de más de 20 agentes (alcanza al 76 por ciento de los docentes provinciales). “El requerimiento se funda en la necesidad de mejorar la calidad de información y de hacer más eficiente el sistema de administración de recursos humanos”, establece.

Daniel Zalazar, secretario de nivel medio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), precisó que el proyecto arrancó con 400 escuelas de Capital y que esta semana continuó con las de Gran Córdoba. El plan es que antes de fin de año se completen todos los establecimientos.

El gremio planteó algunos reparos. “No podemos oponernos a una decisión que ya está en marcha. Pero sí destacamos que hay que tener en cuenta todas las particularidades que tiene la vida institucional escolar. Por ejemplo, qué pasará con el profe de educación física que tiene clases por fuera del colegio. O con el que se va tres días de campamento”, indicó Zalazar.

En la Unicameral, Laura Vilches, legisladora por el Frente de Izquierda, presentó un pedido de informes para conocer detalles de esta iniciativa. Al igual que la UEPC que reclamó mayor claridad en el proceso.