Una ola de indignación recorre España. Y esta vez no es una frase. En cualquier ambiente la gente clama en términos airados contra la decisión de las juezas de Palma que ha permitido a Iñaki Urdangarin regrese sin impedimentos a su residencia ginebrina. No se habla de otra cosa. Ayer en el programa Sálvame, siempre atento a conectar con los humores de las clases populares menos politizadas, todos sus colaboradores –Mila Ximénez, Lidia Lozano, Terelu Campos, Quico Matamoros– expresaron unánimemente su rechazo. "Se ha humillado al pueblo español", "la justicia no es igual para todos", "Urdangarin nunca pisará la cárcel", fueron algunas de las cosas que allí se dijeron.

Las otras noticias clamorosas que han marcado la crónica judicial de los últimos días han tenido un impacto menos masivo. Lo importante es lo de la hermana del Rey y su marido. La monarquía saldría hoy muy mal parada en una encuesta sobre su aceptación popular. A la gente no le gustó que la infanta saliera de rositas en la sentencia, muy pocos se creyeron lo de que ella no sabía nada, pero los más de seis años que le cayeron a su marido calmaron bastante la indignación. Pero que no le hayan pedido un duro por seguir en libertad y, sobre todo, que le hayan permitido seguir viviendo en Suiza –un nombre que en el acerbo popular suena a dinero sucio, a corrupción, a robo– ha desatado la ira. La sentencia tenía trampa, y ésta ha salido a la luz una semana después. Ahora no pocos expertos temen que los recursos liberen definitivamente a Urdangarin de la prisión. Que en los mil folios de la sentencia haya materia, bien disimulada, para conseguirlo.

Es imposible saber a qué conduce este estado de ánimo, cuándo y cómo se pasará la tormenta, pero es un dato político que puede pesar mucho en el futuro político. El sistema, del que la monarquía es la clave de bóveda, ha sufrido un golpe fortísimo que las sonrisas y buena manera del rey Felipe no van a poder paliar por mucho que se esfuerce, por muchos montajes que le preparen. La credibilidad de la institución está bajo mínimos y lo peor es que también lo está la de la justicia, que debía ser el gran contrapeso de los desmanes de los poderosos y que a los ojos de la gente corriente hoy aparece como un instrumento a su servicio.

Que Rodrigo Rato, Miguel Blesa y decenas de miembros de la nomenklatura, de la casta, hayan sido condenados por las tarjetas negras no ha rebajado esos sentimientos. La vuelta a las crónicas del relato de cómo y en qué se gastaron un dinero que no era suyo los ha encendido aún más. Y si los dos primeros no van a la cárcel a la espera del recurso, la indignación subirá un grado más. La gente se siente engañada, cree que entre el poder ejecutivo y el judicial han montado un paripé. En el caso Nóos y en el de Bankia. La decepción de no pocos magistrados refuerza esos sentimientos.

Como si todo lo anterior no fuera bastante, el fiscal general del Estado, con el visto bueno del Gobierno, que hace tres meses nombró para eso, ha decidido quitar su cargo a algunos de los fiscales más empeñados en luchar contra la corrupción. La biografía profesional del nuevo fiscal anticorrupción, que ayer glosó Nacho Escolar, es paradigmática de las intenciones del Ejecutivo. Que ha decidido actuar justo en estos días. Por algún motivo secreto –evitar la dimisión del presidente de Murcia y seguramente alguno más– tenía mucha prisa, no ha podido esperar a que se calmaran las aguas. ¿Torpeza o desprecio de la opinión pública? Probablemente un poco de todo. La desfachatez del gobierno Rajoy y del presidente mismo han vuelto a sus cotas más altas. La displicencia hacia las presiones sobre los fiscales es sólo un dato más.

El cuadro político, y sobre todo la oposición, no pueden limitarse a denunciar lo ocurrido en estos días y volver a su agenda cuando se calmen las aguas. Porque esos hechos indignantes marcan la realidad política española y la definen. Casi todo se puede remitir a ellos. Los movimientos del Gobierno, claramente dirigidos por su intención de borrar todas las consecuencias de la escandalosa y sistémica corrupción que han protagonizado cientos de sus cuadros y dirigentes. O las perspectivas de la crisis catalana que el Gobierno sigue abordando únicamente mediante el palo y la coerción. Después de lo visto en estos días, ¿qué fuerza moral van a tener las iniciativas de la justicia contra el independentismo?

O también la solidez de los pactos que el PP ha acordado con Ciudadanos y con la Comisión Gestora del PSOE. El partido de Albert Rivera está entre la espada y la pared. Cada día que pase sin que exija la dimisión inmediata del presidente de Murcia reducirá sus posibilidades de futuro, ya muy mermadas. Y Pedro Sánchez, por su parte, podrá reforzar su campaña con esta pregunta retórica dirigida a sus rivales: "¿Para esto os abstuvisteis y permitisteis que Rajoy siguiera gobernando?".

La corrupción ha vuelto a instalarse en el centro de la vida política. Quienes creían que eso había pasado, que lo único que cabía hacer era esperar a ver cómo el PP mejoraba en cada elección porque a buena parte de la gente sólo le importaba el bolsillo y la seguridad, pueden haberse equivocado. La impunidad de la familia real ha sido el detonante de este nuevo estallido, pero aunque el Gobierno haga como si el asunto no fuera con él, la interpretación popular de las cosas, la que hay y seguramente la que tiene que haber, es que la derecha también es culpable. Habrá que ver a lo que dicen los sondeos y los expertos, pero a bote pronto, un ambiente como el que se ha generado en estos días no parece muy favorable a los intereses electorales de Rajoy y a la disolución anticipada de Las Cortes.

La oposición, es decir, Podemos, porque hasta su congreso el PSOE será un agente político inane, tiene en estos momentos una tarea no precisamente fácil. Nacido de la indignación y del rechazo a la corrupción, no puede sin embargo repetir lo hecho en sus campañas para convertirse en un actor protagonista de la escena política española. Tiene que aportar algo nuevo que haga que la gente airada vea a este partido como una alternativa real al actual estado de cosas. Es posible. Más allá de sus debates estratégicos, que sin embargo no dejan de ser importantes en la coyuntura presente, en la que ira popular ha llegado a Sálvame y a sus seguidores, es decir, a mucha gente que no es precisamente de izquierdas.