“Eres lo más nefasto que le ha pasado a este país, conchetumadre” y “salte de la política, le vas hacer un favor a la patria”, fueron algunas de las palabras con las cuales Óscar Fuenzalida increpó al senador Guido Girardi a bordo de un vuelo de Latam Airlines.

Girardi estaba sentado en clase ejecutiva y el episodio fue grabado y subido a las redes sociales, donde rápidamente se transformó en trending topic.

La lectura inicial es que el episodio era un reflejo de la molestia ciudadana con los políticos y por eso la resonancia que tuvo en las redes sociales y medios.

Pero lejos de ser reflejo del enojo ciudadano con los políticos, el de Óscar Fuenzalida es personal y está directamente vinculado a su rol de empresario.

Fuenzalida Calvo es el fundador de Doggis y “Gastronomía & Negocios”, la empresa en la que aún tiene el 25%. Controla Mamut, Juan Maestro, Popeye y una serie de otros locales de la denominada comida chatarra que hay en Chile. Y el incidente a bordo del avión Latam tendría que ver en realidad con el hecho de que “Gastronomía & Negocios” es la segunda que más factura al Estado a través de la becas de alimentación (BAES) que otorga la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a 482 mil estudiantes de educación superior, y que ahora podrían caerse.

De acuerdo a cifras que publicó El Mercurio hace un tiempo y que obtuvo a través de la Ley de Transparencia, en 2016 tan solo Doggis facturó más de $4.500 millones al Estado, solo superada por McDonald's. El total que gastó el Estado ese año por concepto de BAES en comida rápida fue de $21 mil millones, lo que representa el 13% del presupuesto total del programa que financia la Junaeb.

De los tres locales de mayor venta de becas alimentarias en Santiago, el Doggis de Estación Central es el tercero. Primero está el McDonald's del Patio Bellavista y el segundo es Telepizza de Plaza Italia. Estos dos últimos están en medio de una zona universitaria.

Fuenzalida Calvo es el fundador de Doggis y “Gastronomía & Negocios”, la empresa en la que aún tiene el 25%. Controla Mamut, Juan Maestro, Popeye y una serie de otros locales de la llamada comida chatarra que hay en Chile. El incidente a bordo del avión Latam tendría que ver en realidad con el hecho de que “Gastronomía & Negocios” es la segunda que más factura al Estado a través de la becas de alimentación (BAES) que otorga la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) a 482 mil estudiantes de educación superior.

El senador Guido Girardi (PPD) ha puesto como prioridad que no se permita el uso de recursos públicos en la llamada comida chatarra y que se aplique la ley de etiquetado a locales de que venden este tipo de productos. El impacto en su negocio no sería menor, ya que los ingresos que le llegan de la Junaeb representarían un poco menos del 10% de las ventas.

Esta semana, y a raíz del incidente en el avión, el senador PPD hizo un nuevo llamado a la Junaeb a no entregar tarjetas de alimentación que puedan ser usadas en locales que expenden tal tipo de comida.

“Estando sentado, el miércoles 3 de mayo recién pasado, en un avión Latam camino a Guatemala, ya con cinturón abrochado, se acercó una persona en dos oportunidades y, de manera inesperada y totalmente descontrolada, me insultó y amenazó con golpearme. Los demás pasajeros denunciaron la agresión al piloto del avión. Me llamó la atención que fueran el agresor y su pareja quienes grabaran y luego subieran las imágenes a las redes sociales. Pero no me sorprendió cuando, a través de diversos medios, me enteré de que el agresor era Óscar Fuenzalida Calvo, dueño de franquicias de Doggis, Mamut, Juan Maestro, Popeye y de otros locales de comida chatarra que hay en Chile”, fue como el senador relató el incidente.

Otra razón para que Fuenzalida esté enojado con Girardi es que las empresas de comida rápida han visto su negocio amenazado por la Ley de Etiquetado que impulsó el Senado. Estas no pueden hacer publicidad a sus productos en TV, venderlos en colegios o usar “ganchos”.

Y a eso hay que sumar que pronto los alimentos de comida rápida preparados y consumidos en el punto de venta tendrán que poner los rótulos de "Alto en Sal, Grasa, Azúcar y Calorías".

El parlamentario manifestó que es grave que se busque amedrentar “a quienes impulsamos políticas públicas en beneficio de las personas y que además, como sucede con la ley de comida chatarra, son internacionalmente valoradas como uno de los modelos más exitosos para enfrentar la mayor pandemia del siglo XXI: la obesidad y las patologías derivadas de ella, como los infartos, los accidentes vasculares y el cáncer”.

El viaje de Girardi era debido a una invitación de la FAO, organización que depende de las Naciones Unidas, para explicar la experiencia chilena en la implementación de la Ley de Etiquetado Nutricional.

Una historia de éxito y polémicas

“Gastronomía & Negocios” factura actualmente más de US$ 150 millones, de acuerdo a un reportaje del Diario Financiero.

Fuenzalida y su socio, Ricardo Duch, tenían 23 años cuando comenzaron su negocio de sándwiches en un barrio de Santiago. El primer local Doggis lo abrieron en el centro en 1989. En 2010, Fuenzalida fue elegido emprendedor Endeavor.

Este año, Fuenzalida y Duch vendieron el 75% del holding, que también incluye a Mamut y Juan Maestro, por un poco más de US$ 90 millones, a Carlyle Group, un fondo de inversión norteamericano que es el más grande del mundo.

Si bien Fuenzalida es afortunado en los negocios, en lo personal es un personaje polémico.

Su primer matrimonio fue con María Constanza Matthei Salvo, prima de la actual alcaldesa de Providencia. Con ella tuvo una hija, María Jesús Matthei (ex Miss Chile), quien no utiliza el apellido paterno por tema de “padre ausente e inexistente”.

Su ex mujer se casó con Fernando Molina Vallejos, ex embajador en México y director de Codelco durante el Gobierno de Patricio Aylwin.

Y es con él con quien tuvo problemas que terminaron en una querella en su contra por calumnias e injurias, la cual perdió. También tiene una causa civil por el cobro de $50 millones, de la misma persona calumniada.

Asimismo, hay documentos de enero de 2013, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago –que lleva las causas penales del antiguo sistema–, que revelan una condena penal por 100 días y que habría cumplido con firma mensual en el consulado chileno en Miami, que es donde reside.

El Mostrador trató de contactarlo a través de la oficina de su empresa en Santiago, sin que fuera posible.