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Tener un puesto de trabajo es fundamental para todo el mundo que no vive de su riqueza. Pero no basta con ello. Las políticas aplicadas tras la crisis han demostrado que se puede estar empleado y vivir en la pobreza. Los salarios obviamente son claves, no sólo para los que los que lo reciben. Determinan la mayor parte del bienestar del país. Entre otras cosas, las pensiones. Estas se pagan con una aportación del salario de cada trabajador. Sólo un alto nivel de empleo y unos salarios suficientes pueden garantizar unas pensiones suficientes. De esto se olvidaron los que impusieron un nuevo modelo de relaciones laborales desde el año 2010: el PSOE de Zapatero en su recta final, de una manera incipiente y el PP de Rajoy, nada más llegar al Gobierno, de forma brutal. El argumento teórico era el siguiente: hay que devaluar los salarios para que las empresas puedan competir en el exterior, ya que no se puede devaluar la moneda, porque no es sólo española. El argumento práctico es fácil de imaginar: los asalariados deben ganar menos para que las empresas ganen más.

¿Lo consiguieron? Lo de ganar competitividad es dudoso. Basta con mirar las tablas que publica el Ministerio de Economía. Desde 2010 los precios de producción de nuestros productos han aumentado frente al exterior en lugar de bajar. Lo de conseguir que las empresas ganen más a cambio de que los asalariados reciban menos se ha logrado rotundamente. Cuando el Instituto Nacional de Estadística difunde cada trimestre el PIB, cuánto ha crecido la economía, incluye el reparto de la renta que se ha generado. Pues bien, el trozo de tarta de los asalariados entre 2010 y 2017 apenas aumentó el 1 por ciento, mientras que las ganancias de las empresas subieron el 12 por ciento. Y el número de asalariados era muy similar en ambos años. La consecuencia es que entre 2010 y 2017 los salarios descendieron por término medio el 4,5 por ciento, en términos reales, es decir, si tenemos en cuenta el incremento del coste de la vida, la inflación. No todos los sueldos han bajado de igual manera.

el trozo de tarta de los asalariados entre 2010 y 2017 apenas aumentó el 1 por ciento, mientras que las ganancias de las empresas subieron el 12 por ciento

De acuerdo con los datos del INE, y teniendo en cuenta la inflación, los que menos ganan, una quinta parte de los asalariados, sufrieron una caída de su sueldo del 11 por ciento. En cambio, los mejor remunerados, generalmente jefes o directivos, registraron una caída insignificante, inferior al 1 por ciento.

Tomo como referencia 2010 porque fue el primer año en que se implantó el austericidio y la devaluación salarial. No fue un procedimiento transitorio, sino una nueva forma de entender las relaciones laborales. Primero, con la reforma laboral de Zapatero, en junio de 2010. Facilitaba más el despido y daba más posibilidades a las empresas de incumplir (descolgarse dice la jerga empleada) algunas cláusulas de los convenios colectivos. Pero lo más duro estaba por llegar. Y llegó en febrero de 2012, 52 días después de acceder Rajoy al Gobierno. Un decreto–ley implantó la reforma laboral más dura para con los asalariados, sin consultar siquiera a los sindicatos, y más favorable para los empresarios. Fue realizada con el asesoramiento de varias consultoras dedicadas a instruir a las empresas en los despidos colectivos. Se abrió mucho más la mano para despedir, se abarató el coste de poner a trabajadores en la calle, se maniató a los sindicatos limitando la capacidad de la negociación colectiva, y se establecieron modelos de contratos más laxos. Meses después llegaron más medidas, hasta romper en mil pedazos el pacto social establecido en la transición.

El objetivo no era simplemente hacer posible que las empresas despidieran trabajadores que no necesitaban o no podían pagar. Era algo mucho más profundo. Hacía posible que las empresas se desprendieran de una parte de sus plantillas para luego sustituirlas por nuevos trabajadores con sueldos mucho más bajos y en condiciones más precarias. De nuevo, los datos de INE lo dejan patente: en 2011 un asalariado de más de 55 años cobraba por término medio 2.152 euros mensuales. Si era despedido y sustituido por un nuevo empleado de 25 a 34 años, este cobraría 1.644 euros, también por término medio. La empresa bajaba así el sueldo de ese puesto de trabajo un 23 por ciento. Si el nuevo contratado tenía 24 años o menos, la rebaja en el coste salarial llegaría a ser del 48 por ciento. En 2017 incluso la rebaja podía ser mayor con una sustitución semejante, porque las diferencias entre unos y otros sueldos se habían acentuado.

Se bajaron los sueldos y se incrementó la desigualdad, incluso entre los afortunados que tenían, o encontraban un puesto de trabajo. Los daños causados a las personas son conocidos. Los asalariados en riesgo de pobreza, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Unión Europea, se incrementaron en casi 400.000, un 14 por ciento más que en 2010, superando los tres millones. Entre los trabajadores jóvenes el riesgo de pobreza se duplicó. Y el empleo apenas había crecido. Disminuyó en 750.000 personas el número de parados, porque muchos de ellos dejaron de buscar empleo, se jubilaron anticipadamente o emigraron: casi 600.000 españoles abandonaron el país. La precariedad también se ha acentuado. Aunque el porcentaje de asalariados temporales es ligeramente menor, la diferencia de salario ha aumentado. Ahora uno fijo cobra un 35 por ciento más que uno temporal. Y, sobre todo, se ha disparado el empleo a tiempo parcial: un 21 por ciento más que en 2008, mientras que el trabajo para toda la jornada ha aumentado sólo el 2.

A la vista de todo esto, las tareas pendientes son claras:

–Hay que lograr que el empleo sea estable, que un asalariado no vaya del paro al empleo, del empleo al paro y del paro al empleo. Evitar la inseguridad continua. Sólo así el trabajador podrá consolidar un futuro laboral y la empresa aprovechar la mejora en su formación. El principal medio para adquirir las destrezas necesarias en el trabajo es la continuidad en un mismo centro laboral, más incluso que la formación previa. Debería limitarse el uso de los contratos temporales sólo para trabajos temporales.

–Es necesario evitar la sangría permanente de los expedientes de regulación de empleo, EREs, que sobre todo están dirigidos a sustituir a trabajadores, formados y con mejor salario, por otros con bajos sueldos y escasa formación. También a externalizar el trabajo para pagar menos y sortear la normativa laboral.

–Se ha de devolver todo el poder a la negociación colectiva. Es el principal instrumento para lograr lo anterior, asegurar mejoras salariales dignas y evitar la desigualdad entre unos sueldos y otros.

–Y, sobre todo, se ha de recuperar el porcentaje de los salarios en el reparto general de los ingresos, lógicamente a costa de ganancias más moderadas de las empresas. Muchas de estas no se destinan a invertir, sino a enriquecerse.

Para ello, es necesario derogar las dos reformas laborales dedicadas a devaluar salarios y precarizar el empleo: la de 2010 y la de 2012. A cambio debería elaborarse un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Al hacerlo hay que tener presente una cosa que se ha olvidado hace tiempo: dicho estatuto, como el conjunto de la legislación laboral, tiene por objetivo la defensa de las condiciones de trabajo, no asegurar mayores beneficios a las empresas o lograr una pretendida mayor eficiencia. El derecho laboral es un derecho protector, tuitivo, del trabajador frente al evidente mayor poder del empresario que lo contrata. Así nació y eso explica que la Constitución encuadre dicho estatuto en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales.

La devaluación salarial y el aumento del trabajo precario tuvieron su reflejo en el sistema de pensiones

Seguimos. La devaluación salarial y el aumento del trabajo precario tuvieron su reflejo en el sistema de pensiones. Ya lo hemos dicho: para que haya pensiones suficientes, es preciso que haya salarios suficientes. En los peores momentos de la crisis el sistema de pensiones entró en dificultades al disminuir el número de trabajadores cotizantes. Pero, con la bajada de los salarios, que pagan las pensiones, aunque aumentase el empleo en el futuro, la recaudación no sería suficiente. Lo vio claro el Gobierno de Rajoy. El mismo que había perpetrado el mal, buscó una solución inoculando el mal a las pensiones. Reformó el sistema y acordó que estas subirían tan sólo el 0,25 por ciento. Es decir, se bajarían, ya que el coste de la vida, la inflación, sube más. El castigo llegaba a todos los que no viven de su riqueza.

Entre 2008 y 2018 los ingresos por cotizaciones sociales bajaron casi un 6 por ciento, en términos reales, es decir, si se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida. Y eso que el número de cotizantes fue muy similar. En cambio, el gasto en pensiones se había disparado, pese a esa congelación de estas. Es algo normal, ya que han aumentado los jubilados y además con pensiones altas, puesto que durante sus años de trabajo cobraban más de lo que se cobra ahora. Para pagar esa diferencia el Gobierno de Rajoy se gastó casi todo el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones, e incluso hubo de poner más dinero. La solución pasa por otro modelo.

–Hay que cambiar la norma para que los pensionistas vean aumentar su pensión lo mismo que aumenta el coste de la vida, la inflación. El Gobierno de Pedro Sánchez, lo hizo, pero sólo para 2018 y 2019. En caso contrario, los jubilados se irán empobreciendo paulatinamente.

–Es obvio que, aunque vuelvan a subir los salarios de forma adecuada, durante bastante tiempo esto no dará para costear todas las pensiones, por el desfase acumulado. Entre tanto, se habrán de complementar con impuestos. Pero, si salen del IRPF, volvemos a lo mismo, porque este se recauda sobre todo con los sueldos. Lo adecuado es un impuesto que paguen los bancos mientras dure este desfase. Ellos fueron los que recibieron más dinero del Estado, de todos los ciudadanos, durante la crisis, que contribuyeron a provocar.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho correcciones positivas, aunque tardías, en ambas cosas, derechos laborales y pensiones, pero han sido mínimas, y no ha cumplido plenamente lo pactado con Podemos. Sobre todo, le tiembla la mano para derogar la reforma laboral de Rajoy y se resiste a hacer lo mismo con la de Zapatero, pese a la petición de los sindicatos. Del PP ya se sabe todo lo que hizo. Su programa sigue vigente, y lo ha estado además durante dos años con el apoyo de Ciudadanos. Su propuesta de contrato único no es sino una falacia para rebajar más aún las indemnizaciones por despido, manteniendo además otros tipos de contratos temporales.