Hace años que los vecinos de Moià, en la provincia de Barcelona, sabían que algo raro pasaba en el pueblo. Tras 28 años de gobiernos de CiU, se había convertido en uno de los cuatro municipios más endeudados de Catalunya. Cuando ERC ganó las elecciones en 2011, muchos pensaron que la nueva Administración investigaría cómo se había llegado a esta situación. Pero no fue así. “Como vimos que no hacían nada, lo hicimos no­sotros”, relata Jordi Crespiera. En 2012 comenzaron a investigar. Un mes antes de que prescribiera el delito, presentaron una denuncia por sobrecostes en la construcción de un párking subterráneo y crea­ron la Asociación de Afectados por la Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.

Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.

Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. Municipal de Moià. “Vimos que existía una trama para adjudicar obras a ciertas empresas vinculadas con CiU, para luego multiplicar el coste de la obra sin mucha explicación”, afirma Crespiera.

Al mismo tiempo que los vecinos de Moià iniciaban un proceso de investigación participativa de las cuentas públicas, cientos de activistas repartidos en todo el Estado habían comenzado a denunciar la situación de la deuda pública y a trabajar en un método para hacerle frente: la auditoría ciudadana. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) nació “como tantos otros colectivos” tras el 15M, explica Yago Álvarez, uno de sus integrantes. Muchos de sus fundadores, reconoce, venían de organizaciones que trabajaban con el problema de la deuda, pero la del ‘Tercer Mundo’. “Hace diez años hablábamos de los países del Sur donde el FMI FMI

Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.



A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.



Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).



Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).



Sitio web : está haciendo de las suyas, hasta que nos ha llegado... En los últimos cinco años nos hemos dado cuenta de que el problema lo tenemos también aquí”, dice.

Como vimos que no hacían nada, lo hicimos no­sotros”, relata Jordi, vecino del endeudado municipio de Moià

Y no fue el único giro experimentado por la plataforma. “En un principio nos basamos en datos demasiado macroeconómicos, análisis del rescate, de la banca, pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que lo municipal también tenía mucha miga... Todo el mundo sabe del despilfarro que han hecho en su pueblo, todo el mundo sabe cuál es la empresa que se ha contratado, quién es el cuñado del alcalde...”, sostiene Álvarez.

Así surgieron en los últimos años los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), plataformas independientes de los ayuntamientos creadas por grupos de vecinos para convertir en transparentes, consultables y entendibles los presupuestos municipales. La cara visible de los OCM es una página web donde se detallan las cuentas y los contratos de los consistorios. Estas páginas, además, permiten a la ciudadanía hacer preguntas y consultas para que sean trasladadas por el grupo local del observatorio a los plenos municipales. Actualmente, esta herramienta, pensada para “empoderar a la ciudadanía” y “depurar responsabilidades” en casos de corrupción, funciona con diversa intensidad en 34 localidades, la mayoría en Catalunya. Según Enric Pons, de la PACD catalana, en esta comunidad existen “unos 13 observatorios operativos, que por el mero hecho de crearse, de abrirse a la ciudadanía y dar a conocer los presupuestos, han mejorado la transparencia de esos ayuntamientos”.

“Romper esa opacidad, al final, es una de las mejores formas de auditar y de que no haya corrupción”, afirma Yago Álvarez. En algunos casos, los OCM han forzado cambios en las políticas de sus municipios. Es el caso de Alcantarilla (Murcia), donde la difusión del contrato para la recogida de basura generó tal indignación que el Gobierno municipal se vio obligado a suspenderlo temporalmente.

El problema de fondo

La deuda de los municipios supone apenas un 3,6% del dinero que debe el Estado español, un dato que no se podía pasar por alto, por más que obligue a hablar de términos como “tipos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. ” o “deuda ilegítima”. Desde sus inicios, la PACD ha impulsado iniciativas desde los municipios para explicar cómo funciona el sistema financiero y la espiral del endeudamiento, bases que sostienen su principal lema: “No debemos, no pagamos”. Una de estas iniciativas son las mociones municipales de no pago de la deuda ilegítima. La primera localidad en aprobarla fue Badalona, en 2013.

En aquellos momentos, sin la colaboración del Ayuntamiento –en el caso de Badalona en manos del PP– realizar una auditoría ciudadana para calcular el monto total de la deuda ilegítima hubiera sido impensable. Sí se podía, en cambio, calcular la parte “ilegítima” de los intereses del plan de pago a proveedores. “El Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).



El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco. Europeo tiene prohibido prestar a los Estados, por lo que le presta dinero a los bancos con un tipo de interés de 0,25%. Los bancos a su vez se lo prestan al Estado con un tipo del 6%. La deuda generada por esa diferencia entre el 0,25% y el 6% es ilegítima”, explica Álvarez.

La moción de Badalona no tuvo consecuencias inmediatas. “Sabíamos que el alcalde no haría nada”, dijo entonces uno de los impulsores de la medida, Àlex Mañas, de ICV-EUIA. Sin embargo, no fue inútil. “Gracias a la iniciativa, muchos ayuntamientos aprobaron declaraciones similares –dice Mañas a Diagonal– y finalmente el Ministerio de Hacienda acabó por bajar los intereses liquidando anticipadamente el préstamo que tenía adquirido con la banca privada. Sin embargo, Badalona ha pagado unos tres millones de euros de deuda ilegítima que no debemos dar por perdidos”. Al menos 17 municipios han hecho mociones similares, la mayoría en Catalunya, pero también en el ­País Valenciano y Andalucía.

Para Mercedes Estébanez, activista de la PACD en Badalona, aunque el impago de los intereses ilegítimos de la deuda sigue estando lejos, la moción “sirvió para que la opinión pública fuera consciente de que una parte de la deuda es ilegítima, para que la gente hablara de esto”. De la misma forma, sostiene Estébanez, “el trabajo de toda la PACD ha puesto el tema de la deuda sobre la mesa y ha hecho que muchos partidos incluyan esta cuestión en sus programas de cara a las elecciones”.



El impago de la deuda municipal, de hecho, no es el principal objetivo: “Lo importante es que la gente se empodere, que sea consciente de que tiene todo el derecho del mundo a saber qué hace el Ayuntamiento con su dinero, a entender qué mecanismos llevan a endeudar a un ayuntamiento, a entender que esas deudas no nos corresponden y a plantear alternativas a este modelo”, dice.

Hasta ahora, la lucha por la auditoría ciudadana se había realizado desde la oposición o en pequeños municipios. Los resultados de las elecciones del 24 de mayo abren un nuevo escenario. Sin ir más lejos, Àlex Mañas se convertía en teniente de alcalde como parte de Guanyem Badalona en Comú.

“La principal diferencia será el acceso a la información –dice Álvarez–. Antes te tenías que matar para conseguir algo. Ahora podemos abrir los cajones. Todavía está un poco cociéndose, a ver qué Ayuntamiento es el primero en crear un grupo para auditar. Estamos esperándolo con muchas ganas”.