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Ciudadanos lanzaba la campaña #SonDeTodos el pasado 27 de julio en Catalunya. Con esta, pretende criticar el uso del espacio público por parte de quienes protestan contra la situación de los presos políticos catalanes y animaba a quitar los lazos amarillos y otros símbolos de calles, plazas, playas, carreteras… En las últimas semanas, en distintos lugares de Catalunya, se han dado enfrentamientos entre personas que colocaban o lucían lazos amarillos y grupos organizados, denominados los Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) que confiscaban estos símbolos, algunos de estos están relacionados con la extrema derecha.

El debate sobre el uso del espacio público está siendo muy vivo en redes y llama la atención la impunidad con la que algunas acciones violentas de los GDR y otros grupos españolistas se encuentran. El pasado 23 de julio, el president de la Generalitat, Quim Torra, se reunía con la delegada del Gobierno para Catalunya, Teresa Cunillera, y le reclamaba la convocatoria de la Junta de Seguridad para tratar, entre otros asuntos, el de las agresiones fascistas que se están dando contra el independentismo. Recientemente, dos diputados de ERC denunciaron insultos por un agente de la Policía Nacional y el fotoperiodista Jordi Borràs era agredido en Barcelona por otro agente, “un inspector de la Brigada de Información de la Policía Nacional”, explica el agredido.

Hablamos con la abogada Anaïs Franquesa, del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, sobre este contexto. “El espacio público no es sólo espacio de circulación, también es en sí mismo un espacio de participación política y expresión muy importante, sobre todo para aquellos que no tienen otra opción de expresarse en otros medios, los lazos amarillos sólo están intentando representar la reivindicación por la libertad de los presos políticos”, considera Franquesa..

“Eso no quita que haya gente que no esté de acuerdo con esto y quiera quitar los lazos amarillos y estén en su derecho de hacerlo, el problema es que algunos lo acompañan de insultos y de agresiones físicas, amenazas e intimidación, en muchas ocasiones estas personas tienen conexión con la extrema derecha”, prosigue esta abogada. “Hay un doble rasero en lo que a la supuesta violencia se refiere, de un lado, tenemos a personas encarceladas por mediar en manifestaciones multitudinarias pacíficas, en ningunas de las manifestaciones independentistas de los últimos ocho años ha habido ningún tipo de violencia, en cambio vemos cómo hay grupos de extrema derecha que están campando a su aire”, advierte Franquesa. “Hay derecho a poner los lazos y quitarlos, pero no a utilizar la violencia, y se está usando por parte de grupos específicos”, resume.

Frente a esta situación, desde la CUP denuncian la pasividad del Govern para contrarrestar esta violencia callejera y el Ayuntamiento del municipio gironés de Viladamat, cuyo alcalde es Robert Sabater, de la CUP, promueve la creación de comités de solidaridad antifascista para responder a estos ataques. Sabater lo cuenta a cuartopoder.es: “Queremos canalizar esta inquietud y malestar de la población, organizar una autodefensa facilitada a través de la institución, la creación de comités de solidaridad antifascista para responder a estas agresiones desde una acción pacífica, evitar siempre la agresión y el enfrentamiento directo, pero sí plantar cara, no permitir ciertas cosas”.

El alcalde de Viladamat se une a la reclamación al Govern de Torra de “que actúe, que investigue y persiga estas agresiones”, unas agresiones que, considera, tienen que ver con la campaña de Ciudadanos. “Son intentos descarados por parte de Ciudadanos de romper la convivencia en Catalunya”, añade. Sabater también diferencia entre los CDR y estos comités de defensa: “En los comités de solidaridad antifascista hay gente que no es independentista, pero que no está de acuerdo con romper la convivencia dentro del país. Necesitamos un frente amplio para pararle los pies al fascismo”.

También hablamos con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el abogado Jaume Asens. “El fenómeno de la extrema derecha nos preocupa. En Barcelona hemos visto unos cuantos hechos. Tenemos la sensación de que más grave que las propias acciones xenófobas o racistas es su impunidad”, valora Asens, que explica que desde el Ayuntamiento de la capital catalana se han personado en diferentes causas como el ataque al Ateneu de Sarrià, a la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, la agresión al fotoperiodista Borràs o casos de agresiones a colectivos vulnerables. “Nunca como hasta ahora se había actuado con tanta firmeza contra esta realidad desde el Ayuntamiento”, considera el edil de Barcelona En Comú, que recuerda el cierre de la librería Europa, vinculada a la extrema derecha, o la puesta en marcha de la Oficina por la No Discriminación municipal, que acompaña a las víctimas.

Asens reclama a la Conselleria d’Interior y a la Fiscalía que actúen con contundencia sobre estos hechos. Además, reclama al partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas: “Hemos visto como estos grupos minoritarios se han manifestado al lado de Ciudadanos, también sabemos que la mayoría de la gente que simpatiza con Ciudadanos rechaza la violencia. Por esto, pedimos a sus dirigentes que sean implacables a la hora de rechazar estas conductas y que estén atentos para aislarlas, si es el caso, en sus manifestaciones”.

El periodista Jordi Borràs fue agredido por un policía nacional en Barcelona el pasado 17 de julio. El atacante se abalanzó sobre él y le golpeó causándole heridas en el rostro. Nos describe así la agresión: “Es una síntesis perfecta del ‘a por ellos’, un policía me agredió al grito de ‘¡Viva España y viva Franco!’, es un inspector de la Brigada de Información. No ha sido detenido, no tengo duda de que si yo hubiera agredido a un policía ya estaría detenido, hay ciudadanos de primera y de segunda”. Borràs ha investigado minuciosamente a la extrema derecha en Catalunya. El pasado febrero publicaba el informe ‘En nombre de España‘, en el que recogía que desde septiembre hasta diciembre del 2017, los meses más calientes del conflicto catalán, se produjeron 139 agresiones de la extrema derecha.

“Desde entonces y hasta ahora, no he podido seguir el recuento, pero estamos hablando de centenares de incidentes que responden a esta nueva tipología de agresores, ya no son sólo gente de extrema derecha, son gente que tiene la voluntad de combatir al independentismo, a las posiciones en favor de un referéndum o a quienes condenan la existencia de presos políticos, pueden votar a Ciudadanos, PP y a la extrema derecha, incluso al PSC“, analiza Borràs, añadiendo: “Cuando hice el informe, pregunté a los Mossos cuántas de estas personas tenían antecedentes penales por su actividad política, en la gran mayoría de casos, son un nuevo prototipo, no tenían antecedentes penales o eran de delincuencia común”. “Si en los años 80 y 90 eran cabezas rapadas neonazis, esto ha cambiado”, valora.

“Es evidentes que han habido algunos casos violentos también por parte del independentismo, hace poco hubo uno en Lleida, pero es algo anecdótico, es como hablar de violencia machista y que se diga que también hay mujeres que maltratan a sus maridos”, describe este fotoperiodista quien, preguntado sobre por qué considera que los Mossos no están actuando con contundencia sobre estas agresiones, responde: “Mi percepción es que desde a aplicación del 155, las prioridades eran actuar sobre los CDR, dejando de lado a la unidad que se dedica a la extrema derecha“. Borràs considera que en el Govern presidido por Torra “hay voluntad de modificar esto”.