Los "tres trajes" que la trama Gürtel regaló presuntamente a Francisco Camps eran solo la punta del iceberg. La corrupción ha alcanzado todos los rincones de la administración pública valenciana controlada desde 1995 con mano de hierro por el Partido Popular, y después de años de investigación y denuncia, llega a los juzgados.

"Sospecho que en el caso Gürtel habrá más testimonios que apunten hacia Camps"

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La primera gran condena ha sido la de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. Habrá más. Otros 100 dirigentes del PP, altos cargos y exresponsables en ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, fundaciones y consellerías están imputados y aguardan el momento de sentarse en el banquillo acusados de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, apropiación indebida, delito electoral e incluso abuso sexual.

Los casos Gürtel, Bárcenas, Brugal, Cooperación, Nóos, Over Márketing, Terra Mítica, Canal 9, Ivex... analizados en su conjunto ponen de relieve un sistema generalizado de corrupción, una estructura diseñada para expoliar las arcas públicas bajo el paraguas del PP. Esta es una de las conclusiones del libro "Tierra de saqueo. La trama valenciana de Gürtel" (obra del autor de este artículo que edita Lectio) que se presenta este martes en Madrid con más de 20 testimonios reveladores y prólogo del exconcejal del PP que denunció la red de Francisco Correa, José Luis Peñas.

Francisco Camps y su número dos, Ricardo Costa, fueron declarados 'no culpables' por un jurado popular en el conocido como 'caso de los trajes' en enero de 2012, en un proceso plagado de sospechas y hechos extraños. Los otros dos imputados en la causa, entre ellos el exvicepresidente Víctor Campos, se autoinculparon. Pero el caso Gürtel no terminó ahí. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) investiga esta trama en 6 piezas diferentes en las que hay 70 imputados. Y otros 150 en la Audiencia Nacional.

En el TSJCV se dirime una de las piezas del caso Brugal, las investigaciones independientes que afectan a los diputados Luis Díaz Alperi y Ricardo Costa, y dos piezas en el caso Cooperación. El resto de casos están repartidos por varios juzgados y en diferente fase. A las 100 personas vinculadas directamente al PPCV y su administración hay que sumar otros 300 funcionarios, empresarios y familiares.

Nueve miembros del Ejecutivo

En estos momentos nueve personas que han sido miembros del ejecutivo autonómico están imputados por corrupción, un hecho único en las democracias avanzadas. Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera (caso Gürtel), Rafael Blasco (caso Cooperación), Luis Fernando Cartagena (por un producto financiero), José Joaquín Ripoll (caso Brugal) y José Luis Olivas (caso Bankia). Olivas fue presidente del Consell y vicepresidente, al igual que Rambla, Ripoll y el condenado Víctor Campos.

Hay otros candidatos a ingresar la lista porque las investigaciones avanzan y les tocan cava vez más de cerca. El actual presidente de las Corts y exvicepresidente del Consell Juan Cotino aparece en los papeles de Bárcenas. El secretario general del PPCV y conseller de Gobernación Serafín Castellano debe rendir cuentas por los contratos del caso Taroncher y Over Marketing. Francisco Camps y Rita Barberá están pendientes de la resolución del caso Nóos, donde varios imputados señalan ya al diputado nacional Gerardo Camps, exvicepresidente del Consell. Otros exconsellers de Camps como Esteban González Pons o Mario Flores aparecen en contratos y conversaciones al mismo nivel que los ya imputados.