Hay más de 400 recursos contencioso-administrativos en el Tribunal Supremo presentados por empresas, inversores, patronales e instituciones contra el recorte a la retribución de las energías renovables y del régimen especial.

Todos los litigantes están aportando informes y documentos que acreditan que los criterios de rentabilidad fijados por el Gobierno en el llamado hachazo renovable no se corresponden con la realidad. Y para ello han presentado estudios de expertos que, entre otras conclusiones, estabecen que, por ejemplo, el 92% de las plantas fotovoltaicas se irán a la quiebra con el nuevo sistema de retribución.

Los defensores jurídicos de los más de 400 denunciantes ante el Alto Tribunal han pedido en varias ocasiones que el Ministerio de Industria y Energía aporte a los procesos tanto la documentación como los informes de las consultoras independientes Boston Consulting y Roland Berger que sirvieron de base para fijar la nueva retribución a las renovables.

Sin embargo, el Departamento que dirige José Manuel Soriase ha negado hasta ahora a aportarlos aduciendo todo tipo de excusas. La ultima ha quedado registrada ante el Supremo esta misma semana. La Secretaría General Técnica de Industria ha informado al Alto Tribunal que "no ha sido posible" enviar la información solicitada sobre estos informes "en los plazos fijados debido a su volumen y a la complejidad de la documentación".

Esta información está compuesta por 1.700 documentos distintos repartidos en 150.000 folios, que en su versión electrónica 'pesan' unos 20 gigas (gigabytes). "Una vez configurado el expediente electrónico se remitirá a ese tribunal a la mayor brevedad posible", señala la nota registrada ante el Supremo, informa Europa Press.

Industria dice que necesita más tiempo para poder condensar en formato electrónico los 1.700 documentos y 150.000 folios de que constan los informes

El Alto Tribunal había pedido esta información para completar los expedientes relativos a los recursos contencioso administrativos presentados contra la Orden Ministerial 1045/2014 y contra el Real Decreto 413/2014, aprobados por el Gobierno el pasado año y que son los que fijan los nuevos parámetros retributivos de las plantas renovables y de cogeneración.

Un buen número de los bufetes que defienden a los afectados han pedido en reiteradas ocasiones que Industria aporte los informes de las dos consultoras, pero el Ministerio siempre ha dado largas.

Sin esos informes es imposible cotejar si los criterios de inversión y rentabilidad fijados por Boston y Roland se corresponden con los datos que aportan los afectados.

Sin esos informes es imposible comparar los criterios de inversión y rentabilidad fijados por las consultoras con los que maneja el sector

El Gobierno, basándose en las conclusiones de los informes de estas dos consultoras, ha fijado una retribución que garantiza una rentabilidad media del 7,5% para todas las instalaciones.

Pero fuentes de las patronales consultadas por Vozpópuli sospechan que el ministro Soria y la Abogacía del Estado no quieren aportar esos informes porque sus parámetros estarían más cerca de los que manejan las plantas que de los que ha establecido Industria.

El Ministerio se ha excusado ante el Supremo por no presentar los informes en plazo, pero se ha comprometido a aportarlos. Será ése el momento en el que todas las partes implicadas podrán analizarlos en profundidad para comprobar la supuesta disparidad de criterios entre la Administración y el sector renovable.