Multas de entre 2.001 y 10.000 euros o pérdida de subvenciones y ayudas públicas son las sanciones que prevé imponer la Generalitat a aquellas instituciones, también de carácter privado pero "con proyección a un espacio o uso público", que mantengan simbología franquista. Lo recogerá de este modo la futura Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana que está redactando el Consell de PSPV y Compromís, y afectará tanto a la Iglesia, que tendrá que retirar reminiscencias franquistas de sus espacios, como también a los propietarios de edificios o incluso al callejero público. La ley también prevé que sea la administración pública la que subsidiáriamente se encargue de la retirada de esta simbología prohibida y que pase la factura a los propietarios que no la cumplan.

València retirará símbolos franquistas de las fachadas de ocho edificios

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Estos detalles del borrador del proyecto de ley de la Consellería de Justicia lo adelantan este martes tanto Levante-EMV como El Mundo, yendo más allá de las acciones en edificios públicos para actuar así contra aquellos "elementos contrarios a la memoria democrática".

De este modo el texto de la futura ley recoge que "la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial se considera contraria a la memoria democrática valenciana y a la dignidad de las víctimas". Pero además el proyecto de ley también protege la memoria de la II República, equiparando la simbología franquista con "alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores", o "alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista".

Organismo evaluador

Dentro de la Ley de Memoria Democrática también se incluye la creación de un Instituto de la Memoria, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas en la Comunitat Valenciana, organismo que tendrá la última palabra para la retirada de la simbología polémica. Así, tendrá un "comité técnico" que redactará un listado de elementos a retirar y que será comunicado a los afectados, a los que dará un plazo de un año; de no cumplirse la obligación, será la Generalitat la que actúe subsidiariamente.

Este mismo instituto será también el que tenga la última palabra para salvaguardar la simbología por su valor artístico o arquitectónico. En caso de algún recurso de este tipo deberá redactar un informe que justifique la permanencia de los vestigios "en el plazo de tres meses".