Ataúd con los restos de uno de los nueve manifestantes fallecidos por la represión policial en las protestas de ayer en Bolivia (REUTERS/Marco Bello)

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El pasado martes 12 de noviembre, la senadora Jeanine Añez, del partido de la oposición Unidad Demócrata, se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia en una sesión parlamentaria celebrada sin quórum ni presencia de la principal fuerza política del país, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Desde entonces, la violencia ha escalado exponencialmente.

Pocas horas después, la policía de las ciudades de La Paz y El Alto afirmaban ante varios medios de comunicación estar «completamente desbordada ante la ola de movilizaciones» de partidarios del presidente Evo Morales, que desde un principio denunciaron que en Bolivia se estaba produciendo un golpe de Estado. La autoproclamada presidenta Añez exhortó entonces a las Fuerzas Armadas a salir a las calles para apoyar a la policía con el argumento de la «pacificación del país».

Casi de inmediato, el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, que dos días antes ‘recomendó’ al presidente Morales su renuncia, anunció públicamente la puesta en marcha del denominado Plan Sebastián Pagador con el objetivo de ‘frenar la escalada de violencia y de hechos vandálicos y con la finalidad de mantener y proteger las áreas y centros vitales del país». Una acción conjunta de la policía y los militares en las calles y ciudades de toda la geografía boliviana dirigida a contener las movilizaciones de las personas afines al MAS y algunos conatos de vandalismo y delincuencia que se produjeron, por ejemplo, en la ciudad de El Alto.

Las designaciones ministeriales

Un día después de autoproclamarse presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Añez nombró a 11 de las 20 carteras ministeriales. Entre ellas, abundan las personas cercanas o vinculadas al Partido de los Demócratas y, en menor medida, miembros del círculo de confianza de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los grandes triunfadores del cambio de gobierno que se ha producido en Bolivia en los últimos días.

Es importante reseñar que el Partido de los Demócratas, liderado por Óscar Ortiz y que tiene su mayor bastión electoral en el próspero departamento de Santa Cruz de la Sierra, en las elecciones nacionales del 20 de octubre, a las que se presentó como parte de la coalición Bolivia dijo NO, obtuvo un respaldo del 4,24% de los votos. Fue así la cuarta fuerza política, por detrás del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Entre los nombramientos ministeriales, hay dos que han generado especial rechazo, especialmente entre las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos. La primera, la del nuevo ministro de Presidencia, Jerjes Justiniano, abogado del presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, y de dos de los cinco miembros de la denominada Manada boliviana, que supuestamente drogaron y violaron hasta dejarla en un estado crítico a una joven de 18 años, según documentaron varios medios de comunicación en 2018. La segunda designación controvertida ha sido la del senador ultraconservador Arturo Murillo, nuevo ministro de Gobierno, quien en un debate sobre la reforma de la Ley del Aborto en 2017 exhortó a las mujeres que defendían el derecho a decidir a suicidarse. Literalmente. Nada más asumir la cartera ministerial, afirmó también que irán «a la cacería de Juan Ramón Quintana», exministro de la Presidencia durante el último mandato de Evo Morales, porque es «un animal que está matando gente en nuestro país».

El cambio en la diplomacia y el ataque a la libertad expresión

La autoproclamada presidenta Añez anunció que la principal labor de su mandato sería «instaurar la paz social, elecciones libres y transparentes, y traspasar el gobierno en el menor tiempo posible a quienes los bolivianos elijan». Desde la designación de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, Bolivia ha abandonado la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestro América (ALBA), ha roto relaciones con Venezuela, expulsado a todo su personal diplomático y reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. También ha puesto fin a la misión cubana que tenía 725 personas desplegadas en Bolivia para realizar labores de cooperación médica y social.

También han generado polémica las amenazas de la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, sobre los «periodistas y pseudoperiodistas que están haciendo sedición» ante la ola de movilizaciones que se han desatado en el país y sobre la cobertura que los medios, sobre todo los internacionales, están llevando a cabo, advirtiéndoles que caerá sobre ellos «la ley boliviana». La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha denunciado «las expresiones de la ministra interina de comunicaciones» después de que varios periodistas argentinos fuesen agredidos mientras cubrían las manifestaciones por las fuerzas y cuerpos de seguridad del país, y que algunos tuviesen que refugiarse en su embajada en La Paz para, a continuación, abandonar el país.

La noche más oscura

La noche del martes 12 de noviembre, una vez consumado el golpe de Estado, Andrónico Rodríguez, presidente de las Seis Federaciones del Trópico, organización sindical cocalera de la que procede el ya expresidente Evo Morales, y sucesor de este, anunció que volverían a las calles al día siguiente para hacer cumplir el mandato constitucional de su gobierno, que se extendía hasta el 22 de enero del 2020. Anunció una movilización que partiría desde la localidad de Villa Tunari (provincia del Chapare), atravesaría la ciudad de Cochabamba, dentro del mismo departamento, hasta llegar a La Paz, donde está la sede gubernamental.

En la tarde del viernes 15, miles de ciudadanos chapareños pertenecientes a distintos sindicatos cocaleros, se disponían a cruzar la ciudad de Cochabamba (algo indispensable para llegar a La Paz), cuando fueron interceptados por un contingente de policías y militares en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba. El enfrentamiento se saldó, según el Defensor del Pueblo Nelson Cox, con nueve manifestantes afines al MAS fallecidos por impacto de bala, según han confirmado las autopsias, y 115 heridos. De estos, 15 son policías y dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Cox asegura que las personas que se manifestaban fueron «reprimidas de forma violenta, no hubo enfrentamiento, hubo represión». Por su parte, la policía aseguró haber decomisado «armas de fabricación casera, machetes, escopetas y explosivos». Más de 200 manifestantes han sido detenidos como consecuencia de estos enfrentamientos.

Ante esta situación, distintos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han condenado el «uso desproporcionado de la fuerza militar y policial» y han instado al Estado boliviano a que «las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales».

Por su parte, el autoproclamado gobierno transitorio ha respondido con la aprobación del Decreto Supremo nº 4078 que, en su artículo tercero, establece que «el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estarán exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad». La CIDH ha alertado del «peligro de este nuevo avance represivo». Una escalada de la violencia, las muertes y la represión apenas está siendo cubierta por los medios bolivianos.

Hasta el domingo 10 de noviembre, cuando se produjo la renuncia de Evo Morales, tres personas habían fallecido en el marco de las protestas, según la Defensoría del Pueblo. Según el mismo organismo y el conteo de distintos medios de comunicación, a día de hoy, 17 de noviembre, 23 personas han perdido la vida, 542 han resultado heridos y 624 ciudadanos y ciudadanas han sido detenidos (44 permanecen bajo custodia policial). Hasta el momento, las distintas iniciativas de diálogo, consenso y pacificación puestas en marcha por diferentes actores involucrados en el conflicto no han dado sus frutos.