Adriana Berezán (63 años) empezó a trabajar como defensora pública hace 33 años, cuando decidió abandonar la actividad privada para dedicarse a patrocinar a aquellos que no podían costearse un abogado. En aquel entonces, Berenzano era una “muy mala administradora” de sus honorarios y le costaba ponerle precio a su trabajo, según ella misma admitió. Por eso le sedujo la posibilidad de asumir un cargo público que le garantizara un sueldo sin enfrentarse al desafío de cobrar por sus servicios. Quien finalmente la impulsó a solicitar el cargo vacante en el juzgado de Young fue el entonces juez de aquella sede y hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis Tosi. “El momento para decir que sí es ahora, para decir que no tenés tiempo”, le dijo el magistrado cuando la actual presidenta de la Asociación de Defensores Públicos fue seleccionada para el puesto.

Hoy dice que le apasiona su profesión, repite como un mantra que “la defensa pública debe atender a sus usuarios de la misma forma que lo hace el mejor estudio jurídico del país”, y sueña con una defensoría que sea visualizada como un servicio nacional que mejore el acceso a la justicia, aunque reconoce que la realidad está lejos del ideal.

¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que hace un abogado de oficio y un defensor privado?

Desde el punto de vista técnico no hay ninguna diferencia. El ejercicio de la abogacía es uno solo. La diferencia puede estar dada en que nosotros no tenemos la posibilidad de decirle que no a un caso. Para nosotros no existe disposición legal alguna que nos permita recurrir a una objeción de conciencia. Tengo que patrocinar a un violador, a un homicida, a un rapiñero, a un padre o madre que abandonó y castigó a sus hijos. Además recibimos un público particular, que llega a nosotros a veces por descarte, o por la percepción de que como no tiene plata no puede pagar un abogado de verdad. Y ese es un prejuicio del que tenés que salir.

Camilo dos Santos

Quiere decir que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a casos terribles.

A todos nos ha tocado llegar llorando a casa del trabajo, en particular cuando tenés las primeras experiencias de trabajo y te agarran siendo muy joven, con hijos chicos. Con el tiempo la vida la terminás encarando de otra manera. Hoy no juzgo a las personas. No soy juez, y no tengo derecho como abogada a recriminarle a alguien más de lo que ya le recriminó el propio sistema.

¿Sus diálogos con los presos pasan exclusivamente por su trabajo como abogada o conversa con ellos sobre lo que hicieron?

Soy muy preguntona y me vinculo con la gente. A veces tratas de entender cómo llegó a esa situación, pero hay que tener cuidado porque la empatía tiene que tener un criterio lógico. La defensoría no tiene ningún asesoramiento psicológico para poder orientarnos de cómo dialogar con una persona que tiene una crisis de abstinencia terrible o que cometió un homicidio espantoso o una violación. Tenemos la necesidad de llegar al ser humano y a veces lo lográs y te olvidás de la carátula (el delito que se le imputó). Llega un momento en que pensás cómo puede ser que este tipo haya cometido un delito tan atroz si es alguien con el que tu estás hablando con sensibilidad.

Uruguay es de los pocos países de la región que continúan teniendo a la defensoría bajo la orden del Poder Judicial. En Chile, Argentina, Brasil y Paraguay es un organismo autónomo.

¿Sintió alguna vez que el crimen que cometió uno de sus defendidos le afectó de tal forma que se dificultó esta relación?

Un caso que me marcó mal. Cuando trabajé en Pando, en los noventa, patrociné una denuncia contra un hogar de niños y adolescentes discapacitados que era manejado por una congregación cristiana en la que se registraron abusos sexuales. La mayoría de los involucrados eran unos curas chilenos, por lo que el único condenado fue un uruguayo por delitos de abuso sexual y violación. Finalmente asumí la materia penal y me tocó años más tarde defender a quien yo había denunciado. Le pregunté si estaba de acuerdo con que tomara su defensa y dijo que sí. Un día me preguntó por qué era más distante con él que con mis otros patrocinados y le contesté que su situación me daba asco. Me agradeció la honestidad, pero nunca quiso renunciarme. A pesar de todo le conseguí asistencia médica cuando lo requirió, salidas transitorias y le dieron la libertad anticipada cuatro o cinco meses antes de cumplir su pena, que era de 12 años.

¿Cómo se le pide salidas transitorias a un violador cuya causa vivió desde el lugar de la víctima?

Si esa personas dentro del sistema penitenciario ha generado una evolución, ha mostrado buena conducta, tiene empatía con sus victimas, y ha tomado conciencia de su crimen, entonces con un tercio de la pena cumplida le corresponde el beneficio. No tenía empatía con él pero lo cuidé.

En el caso de Brissa González, cuando los abogados defensores del homicida de la niña salieron a la prensa recibieron amenazas y agravios. Fue una prueba de fuego de la exposición a la que se enfrentaban los defensores con el nuevo código. ¿Qué reflexión puede hacer de aquel episodio?

Eso sucedió porque siempre hay un porcentaje de la población que quiere ver sangre. Además, todos creemos que nunca nos va a pasar estar en el banquillo de los acusados, y que el abogado defensor es para el otro. Sin embargo, un día vas al estadio, te encontrás en la tribuna equivocada, se arma una reyerta, te calentás y le pegas una piña al que está al lado con la mala suerte de que se le revienta la cabeza con el asiento de arriba de la tribuna. Todo el tiempo recibimos gente que nunca pensó que terminaría en una situación en la que es acusada de un delito.

Mientras que la defensoría penal puede atender a cualquier persona sometida a proceso sin importar sus ingresos, las demás materias dependen de cuánto ganen y qué bienes tengan los que requieran el servicio.

Y el trabajo del abogado de oficio no está limitado a la materia penal.

Hay 282 defensores públicos en todo el país. El 20% de lo que hace la defensa pública es penal. Todo lo demás es familia, familia especializada, laboral administrativo y aduanero. En materia penal o en el caso de víctimas de violencia doméstica podemos atender a cualquiera sin importar su nivel de ingresos. En el caso de las demás materias sí tenemos topes. A pesar de dar asistencia gratuita, tenemos que atender a nuestros usuarios de la misma forma que lo hace el mejor estudio jurídico del país.

Camilo dos Santos

Sin embargo ustedes atienden la misma cantidad de casos que un estudio jurídico privado. ¿Es posible dar el mejor servicio en las condiciones actuales?

No, así como estamos hoy no. Hoy se hace a lomo de esfuerzo personal, yendo la gente a trabajar contra horario. La última vez que se crearon cargos fue para el nuevo Código del Proceso Penal, y se generaron 56 cuando se consideró que el mínimo necesario era 101. En los juzgados de Familia Especializado hay 12 defensores para ocho jueces, y lo que minimamente necesitás es dos abogados por cada magistrado (uno para el denunciado y otro para el denunciante), es decir 16. A eso se suma que hay casos en los que participan menores y ellos también requieren asistencia letrada. Si a eso se le suma que hay tres turnos trabajando de forma simultánea, tenés abogados que están defendiendo al mismo tiempo en tres audiencias distintas. Terminan locos.

“Hay que evitar que los niños abandonen la escuela y el liceo porque, si seguimos así, los delitos no van a parar de crecer”

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo en entrevista al programa Así Nos Va de Radio Carve, que en Maldonado había cuatro fiscalías con tres fiscales cada una, pero un solo defensor. Como para las audiencias se requiere siempre la participación de un abogado, los fiscales no podían fijar más de una a la vez. ¿Cómo se solucionan estos problemas donde la falta de defensores acaba retrasando la acción penal de la fiscalía?

Eso se pudo solucionar reorganizando el trabajo y ahora se puso a los abogados que tenían otras materias a hacer también penal. Lo que pasa y es verdad, es que la Fiscalía ha tenido un presupuesto mayor, que se tradujo en la creación de fiscalías, mientras la defensoría continúa igual. Me preocupa mucho lo que pasará cuando la fiscalía se aceite todavía más e investigue cada vez más. Ahí nos vamos a quedar cortos y se van a quejar de que no tienen defensores suficientes para hacer las audiencias que desean.

Berezán trabaja como abogada de oficio en la etapa de ejecución de la pena, por lo que defiende a aquellos que se encuentran presos o cumplen una pena distinta a la privación de libertad.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, y que quienes dependen de sus recursos son en su mayoría persona de bajos recursos, ¿existe una justicia para ricos y otra para pobres?

Creo que los jueces son imparciales. Lo que sí es desigual es el acceso a la Justicia. Uruguay es de los países de la región que más tratados de derechos humanos ha aprobado. ¿Quién sabe cuáles son? ¿Has visto algún cartel que diga que podés recurrir a una defensoría pública para hacer valer esos derechos? Quienes llegan a nosotros siempre lo hacen porque otro se los recomendó.

Usted es defensora de oficio en la etapa de ejecución, lo que quiere decir que esta permanentemente en contacto con presos. ¿Qué opinión tiene del sistema carcelario y qué puede hacerse desde la defensoría para proteger a los presos?

Podés visitarla, ver lo que circula en redes, pero en verdad no sabemos nada de lo que pasa en la cárcel. Ese mundo es tan increíble que incluso hasta a veces para los propios presos es difícil contarlo, y eso que a veces precisan hacerlo para salvar su propia integridad. El INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) es esencialmente ineficiente y nadie levanta la mano en el parlamento para darle recursos al sistema penitenciario.

“Todos creemos que nunca nos va a pasar estar en el banquillo de los acusados, y que el abogado defensor es para el otro”

¿Comparte lo que la visión del Ministerio del Interior de que el nuevo Código aumentó los delitos?

Nadie sale a delinquir con el código bajo el brazo. El hecho de la comisión del delito es multicausal y pasa por otro lado y no pasa por el derecho penal. Ese es un discurso facilista, barato y de impacto. Además, el nuevo Código no redujo las penas, solo que ahora se sabe los montos y antes no se sabía. La gente sale a delinquir por la oportunidad y porque no tienen chance. Cuando vos tenés en el sistema penitenciario un porcentaje altísimo de los muchachos presos entre los 18, 19 y 25 años que no saben leer y escribir, tenemos que preguntarnos qué nos pasó, sobre todo porque muchos pasaron por instituciones del Estado. Por eso hay que evitar que los niños abandonen la escuela y el liceo porque, si seguimos así, los delitos no van a parar de crecer.