Una secuencia de operaciones inmobiliarias, traspasos de fondos y de cambios societarios, cuyas escrituras rastreó CIPER, dan cuenta de cómo los dueños de Penta actuaban como si la UDD fuera una empresa más del grupo, hasta tomar el control mayoritario en diciembre de 2013. El estallido del fraude tributario que enfrentan Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín hoy también afecta el corazón de la UDD. Y el hombre que abrió la caja de los secretos de Penta, Hugo Bravo, lo sabe: también fue representante de los dueños de Penta en el directorio de Ainavillo, la inmobiliaria que controlaba la UDD.

El viernes 27 de diciembre de 2013, los controladores de la Universidad del Desarrollo (UDD) dieron un vuelco en su estrategia de negocios. Lo primero fue poner fin a la relación comercial de más de dos décadas entre la casa de estudios e Inmobiliaria Ainavillo S.A., la sociedad que ellos mismos crearon en 1991 para administrar los inmuebles que luego le arrendarían a la universidad. Esa relación se tradujo, sólo en cuatro años (2009-2013), en transferencias a favor de la inmobiliaria por más de $18.134 millones. Pero ese día, los contratos de arriendo entre ambas partes fueron finiquitados. Luego realizarían otros dos movimientos: la venta de los edificios a una empresa del Grupo Penta, que ya era el principal controlador del proyecto de educación superior, la que suscribió un nuevo contrato de leasing, ya no con la inmobiliaria, sino con la universidad. Al terminar la jornada, el holding de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín tenía el control total sobre los inmuebles, era accionista mayoritario en Ainavillo y contaba con un 44% de los asientos en el Consejo Directivo de la universidad. No figura en la lista oficial de sociedades que conforman el grupo, pero en la práctica, la UDD se ha convertido en una empresa más de Penta. Y eso es precisamente lo que hoy más complica a la universidad.

Délano y Lavín renunciaron a los directorios de sus empresas al iniciarse diciembre de 2014, según declararon, para enfocarse en su defensa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Su cada vez más compleja situación en la investigación del fraude al FUT que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo y que se amplió por supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas, tras las declaraciones de su antiguo hombre de confianza en las empresas del Grupo Penta, el ingeniero comercial UC, Hugo Bravo López, hacía insostenible su permanencia. Hoy la fiscalía pide su formalización por fraude tributario y soborno.

En ese contexto fue que el martes 2 de diciembre ambos abandonaron los directorios de Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta. Y como si fuera una empresa más del grupo, lo mismo hicieron en la UDD: los dos dejaron sus puestos en el Consejo Directivo de la universidad, un proyecto del que formaron parte desde sus inicios, cuando junto al concuñado de Délano, Luis Ernesto Silva Bafalluy –padre del diputado y actual presidente de la UDI, Ernesto Silva Méndez–; el ex presidente de Azul Azul S.A. y actual rector de la UDD, Federico Valdés Lafontaine; y los ex ministros del gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet Vignau y Joaquín Lavín Infante, fundaron la inmobiliaria que administró hasta 2013 la mayoría de los inmuebles que la universidad privada utiliza como sedes en Santiago y Concepción.

Su salida, en todo caso, no significa que dejen de tener intereses en una universidad que fue certificada por la Comisión Nacional del Acreditación (CNA) por cinco años –hasta fines de 2016–, que hoy cuenta con más de 13.500 alumnos y 45 carreras de pregrado (29 en Santiago y 16 en Concepción), y que entre 2006 y 2013 ha matriculado a 2.903 beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que le ha significado ingresos por cerca de $15.430 millones. Los intereses del Grupo Penta siguen representados en el Consejo Directivo de la UDD por el actual hombre fuerte del holding: el ex canciller del gobierno de Sebastián Piñera y actual presidente del Banco Penta, Alfredo Moreno Charme, quien asumió el cargo en agosto de 2014. Además, los puestos de Délano y Lavín fueron ocupados por personas de su confianza. Uno es José Ramón Valente, consejero de políticas públicas del Instituto Libertad y Desarrollo y miembro de los directorios de Banmédica y Penta Vida, entre otras empresas. El segundo es Felipe Silva Méndez, hermano del presidente de la UDI y sobrino de Délano, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Joaquín Lavín cuando fue ministro de Educación. A ellos tres se suma un cuarto consejero vinculado al grupo: Renato Peñafiel Muñoz, gerente general del Grupo Security y miembro del directorio de la Compañía de Seguros Generales Penta-Security S.A.

Con esos cuatro asientos, el Grupo Penta maneja la mayoría del Consejo Directivo de la universidad. La distribución de los cupos en el Consejo Directivo de la UDD es proporcional al número de acciones que poseían los socios de Ainavillo. Por ejemplo, la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia –que controla la Clínica Alemana– tiene tres representantes en el directorio de la universidad porque era titular de poco más de un tercio de las acciones de la inmobiliaria. El ex ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi, quien preside la máxima instancia de la UDD, poseía un 7,6% de las acciones por medio de su sociedad Inversiones La Haya S.A. Lo mismo ocurre con Federico Valdés, quien a través de Inversiones El Estribo Ltda. era dueño de poco más del 7% de Ainavillo.De esa forma, la inmobiliaria operó siempre como una sociedad espejo de la casa de estudios, donde se reflejó su propia estructura de control. Pero eso ya se acabó.

Ainavillo realizó su última junta de accionistas el 31 de diciembre de 2014. A la reunión no llegó ninguno de los socios vinculados a la UDD. CIPER descubrió que tras los cambios de diciembre de 2013, los controladores de la universidad liquidaron su participación en la inmobiliaria y la traspasaron a otras cuatro sociedades vinculadas a la familia del empresario Eduardo Fernández León y que nada tienen que ver con la institución de educación superior, aunque sí con el Grupo Penta (ver recuadro).

Con los movimientos anteriores queda claro que el modelo de negocios de la UDD cambió por completo. Al tener el dominio exclusivo sobre los inmuebles y la mayoría en el directorio, el control sobre la universidad hoy lo ejerce prácticamente sin contrapesos el Grupo Penta. Un espacio que Délano y Lavín ocuparon en los últimos años a través de su sociedad Inversiones Penta III Ltda., precisamente una de las empresas que el SII identificó en su indagatoria por devoluciones fraudulentas de impuestos y uso de boletas falsas. Fue porsu participación en esa empresa y las boletas falsas que le emitieron sus cónyuges para disminuir su base imponible del impuesto a la renta, que el SII se querelló contra los dos empresarios en agosto de 2014. Fue con esa compañía que se encendió la mecha que hizo explotar el llamado Caso Penta.

DEL 16% AL CONTROL MAYORITARIO

En rigor, ni Carlos Alberto Délano ni Carlos Eugenio Lavín formaron parte del grupo que fundó la Universidad del Desarrollo. La casa de estudios abrió sus puertas en Concepción en enero de 1990, con apenas 110 alumnos que cursaban la única carrera que se impartía: Ingeniería Comercial. Los fundadores fueron Ernesto Silva Bafalluy, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés y el padre de este último, Alfredo Valdés. Un año después se sumaron al proyecto educativo los dos hombres que hicieron fortuna tras su paso por el “semillero” de Manuel Cruzat (ver reportaje de CIPER).

En agosto de 1991, Délano y Lavín se asociaron con los fundadores de la UDD en la constitución de Inmobiliaria Ainavillo, que partió con un capital de $36,5 millones. Participaban a través de Administraciones e Inversiones Penta Ltda. (que más adelante se convertiría en Inversiones Penta III) con apenas un 16,6% del capital. Al año siguiente, los mismos socios darían origen a la sociedad Inversiones Mobiliarias Trinitarias, con la que arrendarían bienes muebles a la universidad.

Cinco años después, con 1.790 alumnos matriculados y una oferta de siete carreras distintas, el Consejo Superior de Educación le otorgó a la UDD su autonomía, un certificado que les permitió iniciar la expansión del negocio y desembarcar en Santiago. Para entonces, la Universidad de Las Condes agonizaba. En diciembre de 1998, los dueños de la UDD la compraron en US$ 8 millones. A esa altura la sociedad de Délano y Lavín ya se llamaba Inversiones Penta III y era representada en la Inmobiliaria Ainavillo por dos ejecutivos del holding: Hugo Bravo –quien a través de sus declaraciones antes el SII y la fiscalía destapó el Caso Penta– y José Víctor Gandarillas.

La universidad que partió como un proyecto regional en Concepción ya tenía una sede en la capital y una matrícula de casi 3.900 alumnos. Era 1999 y el Grupo Penta aún tenía una participación minoritaria, especialmente luego de que todos los socios de Ainavillo le cedieran parte de sus derechos a Hernán Büchi para que ingresara a la sociedad como titular del 10%. Por entonces, con un 21,15% de la inmobiliaria, quien concentraba la mayor parte del negocio era Silva Bafalluy a través de Inversiones y Asesorías Sydarta, la empresa que creó junto a su hermano en 1991 y que actualmente controlan sus hijos a través de las sociedades Administradora Baker Norte y Rentas Nyrvana. Esta es la empresa a través de la cual el diputado Ernesto Silva Méndez y su familia aún figuran en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) como accionistas de Banmédica con menos del 1% de las acciones (ver reportaje de CIPER).

En 2002 la Inmobiliaria Ainavillo se convirtió en sociedad anónima. Poco antes, había firmado un contrato de leasing inmobiliario a 30 años con ISE-Las Américas Compañía de Seguros de Vida S.A. (ver documento), una empresa que controlaba Penta y en cuyo directorio estaban Bravo, Gandarillas y el mismo Silva Bafalluy. El inmueble en cuestión: Av. Plaza Nº 700, de más de 52.248 m2 , ubicado en San Carlos de Apoquindo, donde Ainavillo construiría un nuevo campus para la UDD. Cuando a fines de 2003 la empresa aseguradora fue absorbida por Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, el contrato de arriendo con opción de compra pasó a ser con ella. Penta tomaba así las riendas del negocio de la UDD.

LA UNIVERSIDAD COMO EMPRESA

Faltaba poco para que la UDD estrenara su nuevo campus en Las Condes cuando La Segunda publicó un artículo que destacaba cómo su grupo controlador había conquistado el negocio de la educación. Allí Ernesto Silva Bafalluy explicaba la orgánica de la universidad como si fuera una empresa y no una corporación sin fines de lucro, como lo establece la ley.

Se refería al Consejo Directivo de la UDD como a un directorio donde cada miembro jugaba un rol específico. Silva Bafalluy decía que si la discusión era sobre temas estratégicos, “escuchamos con mucha atención a los Penta, porque ellos siempre saben cuándo acelerar y cuándo frenar, además de ser fantásticos para el marketing”. Sobre temas financieros, aseguraba, la palabra la tenían Carlos Eugenio Lavín o Federico Valdés. De Büchi decía que “es quien puede ver 8 metros bajo el agua y 10 bajo tierra”, y a Joaquín Lavín lo definía como “tremendamente creativo y con mucho criterio”. Él se consideraba a sí mismo como el gerente general, el encargado de la administración diaria.

Por esos días Silva Bafalluy tenía triple participación: era rector y miembro del Consejo Directivo de la UDD, socio en Inmobiliaria Ainavillo y director de empresas del Grupo Penta. Por eso, cuando a fines de 2004 se terminó la construcción del campus de San Carlos de Apoquindo, y se modificó el contrato de leasing,Penta Vida debió informar los cambios a la SVS a través de un hecho esencial. Los movimientos fueron así: Ainavillo puso fin anticipado al contrato de leasing y ejerció su opción de compra ante Penta Vida, adquiriendo el inmueble en 246.526 UF (unos $4.267 millones). Luego se lo volvió a vender a la misma compañía de seguros del holding en 710.000 UF ($12.290 millones), es decir, casi tres veces más caro. Y de inmediato firmó otro contrato de leasing con la misma empresa Penta Vida, también a 30 años y por un arriendo mensual de 3.778 UF ($65,4 millones) y una cuota mensual de compra por 1.619 UF. El pago finalmente lo haría la universidad, a través de los arriendos que le cancelaría mensualmente a Ainavillo para hacer uso del campus del exclusivo barrio en el sector oriente de Santiago.

Los mencionados movimientos entre empresas relacionadas a los controladores de la UDD no son más que un juego de cajas. Durante los años siguientes, Penta Vida y Ainavillo firmarían varios contratos similares. En la memoria anual 2011 de Penta Vida, figuran cinco operaciones de leasing con la inmobiliaria, firmados todos entre 2000 y 2009, por un valor nominal total que supera los $49.589 millones.

En las investigaciones judiciales iniciadas luego de que en 2011 estallara el escándalo de la compra y venta de acreditaciones a universidades surgieron serias sospechas de que algunas instituciones habrían transgredido la prohibición de lucrar estipulada en la ley por medio de la venta de inmuebles construidos con platas de donaciones de empresas relacionadas. Un mecanismo irregular que ya había sido detectado por las autoridades de educación hace más de una década. Pilar Armanet, ex jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (hoy rectora de la Universidad de Las Américas), lo describía en 2003 como una estrategia de las inmobiliarias ligadas a las universidades para construir bajando los costos a la mitad:

-Básicamente, lo que hacen es construir infraestructura de forma que las inmobiliarias ponen la mitad de la plata y la otra mitad la pone el Fisco. Es una figura enteramente legítima. Se hace en todas partes, no para evadir impuestos, sino para eludirlos.

Los datos recopilados por CIPER y que aparecen en detalle en el capítulo cinco del libro “La Gran Estafa, cómo opera el lucro en la educación superior” (Catalonia-UDP, 2014),dan cuenta de que la situación de la UDD calza a la perfección con la descripción hecha por Armanet, y que a través de millonarias donaciones, el Grupo Penta ha obtenido sendos beneficios tributarios y comerciales.

LAS DONACIONES DEL CONTROLADOR

La Universidad del Desarrollo ha recibido enormes recursos de parte del Grupo Penta (ver cuadro). De la misma forma que sus aportes a campañas políticas, estas donaciones se han canalizado a través de algunas de las doce empresas que conforman el holding, como Penta Vida Compañía de Seguros ($968 millones), AFP Cuprum ($830 millones), Isapre Vida Tres ($517 millones), Grupo Security ($370 millones) y Compañía de Seguros Generales Penta Security ($393 millones), totalizando más de $3.961 millones en traspasos en el período 2001-2012.

Durante todo ese tiempo, los accionistas mayoritarios de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, fueron también miembros del Consejo Directivo de la UDD y accionistas de Inmobiliaria Ainavillo. En 2011, CIPER consultó al gerente general corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, acerca de los aportes hechos por el holding a la universidad (ver reportaje). El ejecutivo que hoy enfrenta una acusación por parte de la fiscalía por delito tributario en el mismo Caso Penta, negó tajantemente que los controladores de Penta se hayan donado a sí mismos:

-Todo se ha invertido en la universidad para que crezca. Y se ha invertido en cosas específicas, como becas para los estudiantes, edificios, un laboratorio. Ha ido todo transformándose en un bolo que crece y cada vez demanda más. Y bueno, los directorios de nuestras empresas en muchos casos son mixtos y les ha parecido bien, han aprobado las donaciones a la Universidad del Desarrollo dado los resultados que ha tenido y la buena causa. Acá no ha habido un fin de beneficiarse en términos económicos. No hay ninguna información o antecedente en ese sentido.

Una de las donaciones detectadas por CIPER muestra una realidad distinta a la expresada por Tocornal. Se trata de $90 millones entregados en 2008 por AFP Cuprum a la UDD para la construcción del edificio de posgrado de esa universidad, que se ubica en el Campus San Carlos de Apoquindo (Av. La Plaza 686). Ese campus fue vendido el 4 de mayo de 2009 –según consta en la inscripción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 8 de junio de 2009– por Penta Vida a Ainavillo.

La operación resultó muy beneficiosa. La AFP Cuprum –sin que sus afiliados pudiesen opinar sobre esa donación– donó $90 millones y recibió beneficios tributarios. La Universidad del Desarrollo construyó su edificio con dinero de Cuprum y con aporte fiscal. Luego, el edificio se lo vendieron a una inmobiliaria que le cobró arriendo a la UDD por el uso de esa infraestructura.

La figura fue la misma que Pilar Armanet describía en 2003: empresas que aportan a las universidades para construir a mitad del costo gracias a la deducción de impuestos. Hoy ese edificio volvió a manos de Penta Vida, luego de las modificaciones en la estructura de negocios que el grupo controlador llevó a cabo a fines de diciembre de 2013.

LA SOCIEDAD HERMANA DE AINAVILLO

En 2006 Ainavillo aumentó su capital de $90,6 millones a más de $3.610 millones para luego de unos meses dividirse en dos sociedades distintas. Inmobiliaria Ainavillo siguió con el mismo nombre, aunque con un fondo social de $1.689 millones. Los otros $1.614 millones quedaron en manos de la nueva sociedad: Desarrollo Educacional La Concepción S.A.

En 2009 esta última sociedad aumentó su capital a $1.918 millones y cambió su naturaleza a una sociedad de responsabilidad limitada. Fue entonces que se transparentó cómo el Grupo Penta había aumentado su participación en las empresas que controlan la UDD, convirtiéndose en el accionista mayoritario con el 34,74% de los derechos. En octubre de ese año, tres sociedades tomaron el dinero que aportaron a Desarrollo Educacional La Concepción y abandonaron la sociedad. Una fue Inversiones Penta III, que se llevó más de $666,5 millones. Inversiones El Otoñal –de Cristián Larroulet– tomó su 14,42% ($276,6 millones) al igual que Inversiones La Haya –de Hernán Büchi– quien se retiró con $144,9 millones.

Ainavillo se mantuvo sin cambios, mientras que su sociedad hermana, Desarrollo Educacional La Concepción, redujo su capital en más de $1.088 millones. Tras la salida de los Penta, de Larroulet y de Büchi, esta última sociedad quedó conformada sólo por las empresas familiares de Silva Bafalluy, de Valdés y de Joaquín Lavín. En esa oportunidad, los socios decidieron disminuir el capital, haciendo un retiro de casi $447 millones. Tan sólo unos meses después, Joaquín Lavín dejaría las sociedades vinculadas al control de la UDD para asumir como ministro de Educación de Sebastián Piñera. Desde esa cartera vería estallar en las calles un masivo movimiento social que exigía fin al lucro en la educación y una enseñanza de calidad garantizada por el Estado. Entonces su relación con la UDD y las empresas que la controlan se convertiría en su punto más débil.

Siempre quedó la duda de cuánto dinero retiró Lavín al dejar la inmobiliaria y las demás sociedades vinculadas a la UDD y si sólo recuperó su inversión u obtuvo ganancias con el negocio de la educación superior (ver reportaje de CIPER). Los datos que CIPER tuvo a la vista permiten responder al menos en parte esa pregunta.

LAS PLATAS QUE RETIRÓ JOAQUÍN LAVÍN

En 1991, cuando participó en la creación de Ainavillo, Joaquín Lavín aportó poco más de $6 millones para constituir un capital de $36,5 millones. Después de 19 años, cuando se retiró para asumir un cargo en el gabinete de Sebastián Piñera, la situación era muy distinta: la inmobiliaria se había dividido en dos sociedades, cada una con un capital por sobre los mil millones de pesos. Respecto a su salida de Ainavillo no hay datos disponibles, ya que por tratarse de una sociedad anónima, no tiene la obligación de informar cuándo vendió las acciones que poseía a través de Estudios Económicos Ltda., a qué precio ni a quién las transfirió. En cambio, los datos disponibles sobre lo que ocurrió cuando salió de la sociedad hermana de Ainavillo, Desarrollo Educacional La Concepción, sí permiten calcular cuánto dinero retiró Joaquín Lavín antes de entrar al gobierno.

Antes de que Penta, Larroulet y Büchi retiraran sus aportes de Desarrollo Educacional La Concepción, el 19 de octubre de 2009, la sociedad tenía un capital de $1.918 millones, en los que también tenían participación las sociedades de Joaquín Lavín (Estudios Económicos Ltda., 10,94%), Federico Valdés (Inversiones El Estribo Ltda., 14,69%) y la familia de Silva Bafalluy (Inversiones y Asesorías Nyrvana Ltda., 17,67%). Eso significa que Lavín tenía derechos equivalentes a los $209,9 millones. Si se suma a la participación que tenían Valdés y los Silva, la sociedad quedaba con un capital de $830,5 millones. Pero los socios que quedaron decidieron disminuir ese monto a tan sólo $383,7 millones. Y las proporciones cambiaron: las sociedades de Lavín y Valdés quedaron con un 12,5% cada una ($48 millones), mientras que la de la familia Silva se adjudicó el 75% ($288 millones). Lo demás es matemática básica.

Ese 19 de octubre, en el proceso de disminución de capital, la sociedad de Joaquín Lavín realizó un retiro de casi $162 millones; la de Valdés se llevó más de $233 millones y la de los hermanos Silva Méndez unos $51,2 millones. Luego, el 5 de marzo de 2010, Joaquín Lavín puso fin definitivo a su participación en la empresa relacionada a la UDD, llevándose sus $48 millones restantes antes de asumir como ministro.

De Inversiones Mobiliarias Trinitarias Lavín se retiró en la misma fecha enajenando el 17,21% que le correspondía de un capital social de sólo $2 millones. Queda todavía la duda sobre cuánto retiró de Inmobiliaria Ainavillo. Los últimos registros que permiten dimensionar el nivel de participación del ex ministro en esa sociedad son de 2002, cuando se convirtió en sociedad anónima. Entonces poseía el 14,49% de las acciones y el capital de la sociedad era de apenas $87,9 millones. Ocho años después, cuando se retiró, ese mismo fondo se había disparado por sobre los $1.689 millones.

DE LA UDD AL GOBIERNO: LOS ROSTROS DEL CASO PENTA

Días después de que Joaquín Lavín se retirara de las empresas que lo vinculaban a la Universidad del Desarrollo, Ainavillo realizó su junta general de accionistas. Para entonces, los socios mayoritarios eran Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín a través de Inversiones Penta III, con el 34,94% de las acciones. Los secundaba la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia (32,2%), que desde 2007 forma parte del Consejo Directivo de la universidad. Tras ellos estaban las sociedades de los Silva (9,12%), de Larroulet (9,1%), de Valdés (7,1%) y de Büchi (7,55%).

Para esa junta estaba en tabla el examen de la situación de la sociedad; la revisión de los balances, estados financieros y memorias de 2009; distribución de utilidades y repartición de dividendos; y renovación de un directorio que se había quedado con tres miembros menos luego de que Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Ernesto Silva Méndez renunciaran para asumir sus cargos públicos: los dos primeros como ministros y el tercero como diputado por el distrito 23. Todos los puntos se vieron salvo el que se refiere a repartición de ganancias. Sobre eso no hay registros en el acta: simplemente la decisión fue omitida.

Además de Lavín y Larroulet, la lista de personajes vinculados a la UDD que pasaron en 2010 a ser parte del gobierno de Sebastián Piñera incluye varios nombres más. Todos ellos fueron homenajeados en septiembre de ese año por el Consejo Directivo de la universidad. La nómina llama hoy la atención: muchos de ellos son los que ahora aparecen como protagonistas de la arista política del Caso Penta.

Al igual que Alfredo Moreno, antes de ingresar al gabinete de Piñera, Laurence Golborne integró el Consejo Asesor Empresarial de la UDD. En las fotos del evento que la casa de estudios publicó en su cuenta de Flickr, el entonces ministro de Minería figura sonriente junto a Carlos Alberto Délano, quien le entrega un cuadro con una caricatura suya abriendo su camisa y mostrando en su pecho el primer mensaje que enviaron a la superficie los 33 mineros que quedaron por 70 días atrapados en la Mina San José. Cuatro años después, Golborne reconoció ante la fiscalía que recibió $120 millones del Grupo Penta a través de boletas falsas para financiar su fallida campaña a la Presidencia en 2013.

Ena Von Baer también asistió al homenaje. Antes de convertirse en la vocera de La Moneda, la actual senadora UDI por la Región de Los Ríos fue profesora de la Facultad de Gobierno de la UDD. Hoy está en el centro de los cuestionamientos, luego de que se revelaran aportes a su campaña a través de boletas falsas y un correo que ella misma envió a Délano para solicitarle dinero, a pesar de que había negado públicamente haber realizado gestiones para obtener financiamiento del Grupo Penta.

De todos los homenajeados, el que enfrenta hoy la situación más compleja es el ex subsecretario de Minería y ex académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UDD, Pablo Wagner. Durante 12 años fue un importante ejecutivo del holding Penta. Fue gerente de proyectos e inversiones de Empresas Penta S.A., gerente de planificación y desarrollo de Empresas Banmédica y miembro del directorio de AFP Cuprum. Tras su renuncia para asumir la subsecretaría, Wagner pidió a sus ex empleadores que se le respetara el contrato a plazo fijo que tenía con Banmédica, por lo que la Isapre del holding le habría quedado debiendo cerca de $95 millones. Según da cuenta una serie de correos que reveló T13.cl, los controladores del Grupo Penta intentaron coordinar para que fuera recontratado por la universidad y realizara clases por 10 horas semanales, algo que no resultó. Como sea, lo cierto es que el Grupo Penta le pagó de forma bimensual a través de boletas emitidas por su cuñada al mismo tiempo que se desempeñaba como subsecretario. Hoy Wagner es objeto de una querella criminal que presentó el SII que lo acusa de facilitar y usar boletas falsas para omitir ingresos. Las boletas se entregaron a siete sociedades, entre las cuales figura una empresa que el subsecretario constituyó en 2005 junto al presidente de la UDI y consejero de la UDD hasta fines de 2013, el diputado Ernesto Silva (ver reportaje de CIPER).

EL FIN DE UN MODELO

A fines del 2013, Ernesto Silva Méndez presentó su renuncia definitiva al Consejo Directivo de la UDD. Al mismo tiempo, se desprendió del 9,12% de las acciones que él, sus hermanos y su madre poseían en Inmobiliaria Ainavillo. Para entonces, su padre, el motor y fundador de la UDD, Luis Ernesto Silva Bafalluy ya había fallecido (agosto de 2011). A quién, por cuánto, y cuándo la familia Silva vendió sus acciones, no se sabe. Cuando el presidente de la UDI reveló la venta en una entrevista con revista Qué Pasa, omitió esos datos argumentando que “los acuerdos entre privados son entre privados”. Y agregó: “No tengo ningún vínculo ni directo ni indirecto con la universidad y eso es bueno para lo que me toca desempeñar”.

Su salida no fue la única modificación importante que sufrió en esa fecha la estructura de la universidad. Tal como se menciona al comienzo de este reportaje, el viernes 27 de diciembre de 2013 se puso fin a un modelo de negocio que operó por 25 años. Ese día se finiquitaron anticipadamente los contratos de leasing que existían entre Ainavillo y la UDD y, al mismo tiempo, los contratos entre la inmobiliaria y Penta. La operación hizo que Penta Vida –dueña de los inmuebles que Ainavillo le arrendaba a la universidad­– recuperara la propiedad de los edificios que conforman el campus de San Carlos de Apoquindo y de otros siete inmuebles en Concepción, lo que significó pagarle a Ainavillo más de 224.215 UF (unos $5.223,7 millones) al contado. Un reportaje publicado en La Tercera señala que la inmobiliaria habría restituido unos $2.870 millones a la UDD por concepto de “garantía por los nueve contratos de arriendo y subarriendo”. Los $2.354 millones restantes se habrían convertido en utilidades para los socios de Ainavillo.

Esa misma jornada, Penta Vida entregó todas esas propiedades a la Universidad del Desarrollo a través de un leasing que se concretó con la firma de dos contratos de arriendo con opción de compra a 25 años (ver documento). El mismo reportaje de La Tercera dice que la UDD entregó a Penta Vida 40.240 UF ($937,5 millones) como abono para el fondo de opción de compra correspondiente al primer contrato y 153.929 UF ($3.586 millones) para el segundo. El modelo de negocios que utilizaron los controladores de la UDD al igual que la mayoría de las universidades privadas del país, no iba más. Ya no sería necesaria una inmobiliaria. Por eso, incluso, la liquidarían. Desde entonces, el Grupo Penta, socio mayoritario de la UDD, no usaría sociedades intermediarias y arrendaría de forma directa los inmuebles a la casa de estudios.

Pocos meses después y luego de su paso por el gobierno, Joaquín Lavín y Cristián Larroulet volvieron a la institución que co-fundaron a comienzos de los ‘90. El primero fue Lavín, en febrero de 2014, quien asumió el decanato de la Facultad de Economía y Negocios. Luego, en mayo, Larroulet hizo lo mismo pero como profesor investigador de los ramos “Introducción a la Economía I” y “Responsabilidad Pública”. En junio del mismo año, Lavín constituyó LaMu Comunicaciones Chile Ltda. con otro profesor de la universidad y antiguo conocido: Gonzalo Müller Osorio, ex jefe de asesores de la Secretaría General de Gobierno de la administración Piñera.

Mientras más avanza la investigación del SII y el Ministerio Público respecto de la magnitud de los delitos tributarios y soborno cometidos por los controladores del Grupo Penta, más nombres se van sumando y más piezas van cayendo, afectando inevitablemente a la Universidad del Desarrollo. El último supuesto involucrado en el Caso Penta es Joaquín Lavín, quien es investigado por un presunto aporte irregular de SQM a su campaña al Senado de 2013.

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín serán formalizados a comienzos de marzo, al igual que Pablo Wagner y otros ejecutivos de Penta. En todo este escándalo político y económico, la casa de estudios queda en el medio.