Desde la AGN adelantaron a este medio que volverán a mandar el informe al juzgado de Servini de Cubría y que le pedirán al Congreso que lo estudie. El escrito detalla diferencias en los fondos devengados, irregularidades en los pagos a proveedores y falta de comprobantes, y cuestiona el contrato celebrado entre el Estado y la empresa IVECO, principal auspiciante del FPT. La Justicia, de hecho, busca saber el destino de los camiones recibidos por el Estado como parte de dicho contrato.