Durante varios días de la semana, el orfeón de Carabineros ha estado instalado en la Plaza de la Constitución interpretando diversas melodías populares, desde las canciones de la chilena Mon Laferte hasta temas del ídolo Elvis Presley, todo en el marco de la conmemoración de los 90 años que hoy cumple la institución policial. Un aniversario amargo, complejo, inmerso inevitablemente en el cuestionamiento público que ha generado el “Pacogate” (fraude cometido –según se sabe hasta ahora– por 35 oficiales, por un monto de 16 mil 500 millones) y que ha obligado a La Moneda a blindar políticamente al jefe de dicho organismo, el general director Bruno Villalobos, decisión que no acomoda a todos en las filas de la administración bacheletista.

Este miércoles 26, en primera fila, la Presidenta Michelle Bachelet, el general director de Carabineros y el ministro del Interior, Mario Fernández, encabezaron la ceremonia de condecoración “De servicio de la Presidencia de la República” año 2017, que se concede a los oficiales y personal de nombramiento institucional que han prestado servicios en el Palacio de Gobierno, durante un periodo ininterrumpido no inferior a tres años.

Mientras el general director se retiró sin hacer declaraciones tras departir en el cóctel de rigor, Fernández dijo que “durante toda esta crisis ha visto muy bien y muy responsable” a Villalobos, que él “ha afrontado la tarea de reestructurar la institución sin que disminuya la intensidad del trabajado, he sido testigo de un trabajo acucioso y prolijo”.

El 18 de abril, la Mandataria inauguró la comisaría de Chiguayante, flanqueada por Villalobos, oportunidad en que ambos hablaron de los problemas que atraviesa la institución y coincidieron en apuntar a los culpables como traidores.

“No permitiremos que por unos cuantos que han traicionado el espíritu de Carabineros se pierda la merecida confianza que nuestros compatriotas tienen en la institución (…). La Justicia hará su tarea con rigor –así como la institución– para asegurar que estos hechos no queden impunes y no se repitan, y el Gobierno está disponible para colaborar en las reestructuraciones que sean necesarias", sentenció la Jefa de Estado esa mañana.

Previo a su discurso, el general dijo que “nuestra institución atraviesa complejos momentos, muchos ciudadanos nos miran con desconfianza, pero créanme que el trabajo cotidiano y la entrega a la comunidad de estos carabineros honestos requiere toda la confianza, respeto y colaboración (…) no podemos permitir que unos pocos traidores destruyan la positiva relación que, durante tantos años, se ha construido entre la comunidad y los carabineros que trabajan en el territorio".

En el seno de La Moneda la imagen de la Presidenta codo a codo con Villalobos fue considerada un “exceso”, “demasiado”, totalmente “innecesaria”, que rompió con lo que hasta entonces se había establecido internamente, en cuanto a que, más allá de no sacarlo del cargo para no descabezar a la policía uniformada, las señales de respaldo siempre debían ser a la institución y no a la persona, punto que fue tratado en varias reuniones al más alto nivel en la sede del Ejecutivo.

“Sí, ha habido un exceso de blindaje, es totalmente impopular además, pero se privilegió que la institución no se vea afectada”, asumieron desde Interior.

Las dudas

Basta con preguntar en Palacio por la situación de Carabineros y del general Villalobos, para que se haga evidente que el tema complica a sus inquilinos por varias y diversas razones. Nadie desconoce en el Gobierno la inclinación y respeto que profesa la Presidenta Bachelet por las instituciones uniformadas, considerando su propia biografía, al haber sido criada al alero de la llamada “familia militar”, algo que, en más de una ocasión y nuevamente con este caso, ha generado incomodidad interna en su administración.

La incomodidad al blindaje de Villalobos pasa también en el Ejecutivo por la “sensación ambiente” de que la relación de confianza que el general tiene desde hace varios años con la Mandataria, ha pesado de cierta forma en la toma de decisiones, igual como sucedió en su momento con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y su ex brazo derecho, Rodrigo Peñailillo. Una tendencia que –internamente en la administración bacheletista– le reclaman a la Mandataria: no separar a tiempo las lealtades personales de las decisiones políticas.

Pero en este caso va más allá de un asunto ideológico, como algunos consideran en el Gobierno que es la relación de la centroizquierda con el mundo uniformado. En La Moneda sentencian, una y otra vez, que la Mandataria y el ministro Fernández tienen “la convicción absoluta y total” de que el general Villalobos carece de toda responsabilidad en lo sucedido al interior de Carabineros. Y, menos, que esté involucrado en alguno de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos de que se culpa a los oficiales encausados. Asimismo, valoran su esfuerzo por transparentar los hechos. Es más, son categóricos en recalcar que, si la Presidenta no tuviera esa certeza, no lo haría blindado como lo hizo.

Pero la incomodidad interna en el Gobierno se sustenta en que no todos comparten la misma convicción irrestricta de la Presidenta Bachelet y el ministro Fernández hacia la figura del jefe de la institución policial. En el seno de La Moneda explicaron que en todo este caso hay “preguntas sin respuesta” ante el hecho de que el general Villalobos cumplió funciones como jefe de inteligencia de Carabineros, entonces, no les cuadra que no supiera nada y, si no lo sabía, consideran que significa que no cumplió correctamente sus funciones.

Entre los defensores del general en el Ejecutivo explican que ese argumento no tiene sustento, que refleja un desconocimiento de las funciones que cumple la unidad de inteligencia, abocada a materias como terrorismo y drogas, no a la fiscalización de asuntos internos de la policía. Pero en Palacio consideran un arma de doble filo haber hecho una defensa cerrada de Villalobos, porque, como el escándalo del “pacogate” se ha conocido por capítulos y ante la posibilidad de que aumente tanto el monto de la estafa como el número de involucrados en los próximos meses, al alero del trabajo de la comisión investigadora que estableció la Cámara de Diputados, temen que La Moneda pueda quedar salpicada erróneamente, como ya le ha sucedido en el pasado con este tipo de apoyos.

El tema es delicado, al interior del gobierno se trata con pinzas, precisamente porque todos reconocen que mucho margen de acción para la Mandataria no existía y haber apostado por sacar al general director, para instalar a uno nuevo, en el último tramo del mandato, generaba un escenario más complicado aún. Remover a Villalobos, advirtieron en el Gobierno, solo iba a debilitar más a Carabineros, la institución –hasta antes de este caso– más respetada por la ciudadanía, la responsable directa de la seguridad interna y ciudadana, es decir, habría sido un riesgo demasiado alto.

“Se decidió trabajar con lo que se tiene, salir de la situación y avanzar institucionalmente con alguien conocido y no experimentar a estas alturas”, sentenciaron en el Ministerio del Interior. Mañana viernes 28, el general director debe presentar al ministro Fernández la propuesta de reestructuración de la policía uniformada, que tuvo que incorporar –por orden gubernamental– modificaciones legales de fondo al manejo administrativo y financiero de la institución, para instalar sistemas de control internos efectivos, capaces de detectar y frenar casos futuros de corrupción, fraude e irregularidades.

El diálogo de Villalobos por el “pacogate” ha sido siempre con el ministro Fernández, mientras que el subsecretario Mahmud Aleuy se marginó del tema, debido a la compleja experiencia que tuvo el 2015 con la policía uniformada, tras el caso del estudiante Rodrigo Avilés, golpeado por el chorro de un carro lanzaguas en las manifestaciones de ese 21 de mayo en las calles de Valparaíso, que lo dejó por una semana con riesgo vital. En esa ocasión, la autoridad PS emplazó públicamente a Carabineros a dar explicaciones de lo sucedido en 24 horas, lo que tensionó en exceso las relaciones entre el Ejecutivo y la policía, por lo cual el entonces ministro Jorge Burgos puso paños fríos para apaciguar la molestia en los altos mandos de la institución.

Si bien las máximas jefaturas de Carabineros y la PDI se entienden siempre directamente con el titular del Interior, lo cierto es que en La Moneda comentaron que es efectivo que Aleuy tomó distancia, en esta ocasión, para evitar suspicacias de cualquier índole ante lo delicado del caso.

Hay un cuestionamiento interno en el Gobierno al manejo que ha tenido el general director de la policía uniformada, explicaron que comunicacionalmente ha sido errático y se expone públicamente demasiado, pecando de un excesivo personalismo. No fue bien vista la salida de libreto que tuvo en el Patio de Los Cañones con los periodistas, tras una reunión en el Ministerio del Interior, cuando les reclamó: “No hagan un festín de la situación que estamos viviendo. Nosotros estamos en una crisis y lo he reconocido desde el primer día, pero eso no basta para que hagan un festín de la situación que está viviendo Carabineros”.

No solo fue ese caso. Tampoco ha sido bien evaluado que el millonario fraude y sus dimensiones se sigan conociendo a capítulos, sin claridad total aún respecto de sus ramificaciones. A ello se suma que, a principios de esta semana, Villalobos presentó ante tribunales una querella a título personal por la millonaria malversación de recursos públicos que representa el “pacogate”, la que 48 horas después fue declarada inadmisible, debido a que no corresponde que el general director de Carabineros se haga parte del caso como víctima, en circunstancias que es el representante de la institución.

A pesar de las declaraciones públicas de rigor que el lunes dio al respecto la ministra vocera, Paula Narváez, que calificó el hecho como un intento por dar una señal de claridad en un caso tan relevante, línea que fue acordada en el seno del comité político de Palacio, en el Gobierno cayó mal la maniobra del uniformado y fue considerada errática.

La incomodidad al blindaje de Villalobos pasa también en el Ejecutivo por la “sensación ambiente” de que la relación de confianza que el general tiene desde hace varios años con la Mandataria, ha pesado de cierta forma en la toma de decisiones, igual como sucedió en su momento con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, y su ex brazo derecho, Rodrigo Peñailillo. Una tendencia que –internamente en la administración bacheletista– le reclaman a la Mandataria: no separar a tiempo las lealtades personales de las decisiones políticas.

Durante el primer Gobierno de Bachelet, Villalobos se desempeñó como jefe del Departamento de Seguridad de la Presidencia hasta noviembre de 2007. Al año siguiente, Bachelet lo ascendió a general y luego, de vuelta en La Moneda, en el 2015 lo designó general director de la institución.

Bajo su mando han estado la guardia de Palacio y la escolta presidencial, funciones que cimentaron la alta confianza existente entre ambos, al punto que no pocos lo señalan como parte del círculo más cercano de la Jefa de Estado, al igual que otras figuras, como el principal asesor de contenidos de la Presidenta, Pedro Güell, y la jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte. El general siempre tuvo una relación fluida y expedita con la ex ministra Blanco, lo mismo que con Peñailillo.

En el entorno de la Presidenta consideraron una “interpretación mañosa” atribuir a la confianza mutua que hay entre ella y Villalobos el sustento del blindaje político de La Moneda, que precisamente lo cuestionan por esa cercanía y que la Mandataria no se confunde, que siempre ha terminado haciendo lo que debe cuando los hechos son irrefutables.

El 8 de mayo, a las 15:30 horas, el general Villalobos deberá asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. A nivel parlamentario, en el oficialismo se ha tratado de mantener cierta distancia del blindaje al jefe de la policía uniformada, precisamente porque entienden que se debe proteger el liderazgo de la institución, pero no muchos comulgan con las excesivas muestras de apoyo, al tiempo que señalan que la tarea de la Cámara Baja es distinta, determinar efectivamente las fallas de los controles internos en Carabineros, así como las responsabilidades que competen por acción u omisión en el “pacogate”.