El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

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El exvecipresidente del Gobierno Rodrigo Rato es probablemente el caso más notorio entre los contribuyentes que presuntamente aprovecharon la amnistía fiscal para lavar dinero de procedencia dudosa. En total son 705 personan las que está investigando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Se trata de “Personas Expuestos Políticamente”, PEP para abreviar.

Estas personas tienen o han tenido responsabilidad pública, es decir han sido cargos de la administración, jueces, embajadores o políticos como Rato. El Sepblac les vigila de forma más estrecha por la posibilidad de que hayan podido beneficiarse de su cargo. También se vigila estrechamente a sus familiares. El extesorero del PP Luis Bárcenas era un PEP, como también lo ha sido el antiguo número dos de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, imputado por la Operación Púnica.

La lista con los otros 704 PEP es secreta, pero tras la detención e interrogatorio del antiguo vicepresidente de la era Aznar aumentan las presiones para que se conozcan los nombres. En un principio, cuando el diario Vozpópuli dio la noticia de la implicación del también exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la investigación, el Gobierno a través del ministro de Economía Luis de Guindos –que fue secretario de Estado con Rato– no quiso confirmar ni desmentir la información alegando la discrecionalidad.

Después de que Rato pasara el jueves unas horas en dependencias policiales, desde la oposición y las redes sociales se está exigiendo conocer la identidad de los otros investigados. También son cada vez más las voces que piden que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, similar a la que ha tenido lugar en el Parlament de Catalunya a propósito del caso del expresidente Jordi Pujol.