A la salida de la parada de metro Tetúan, subiendo por la calle Hermano Gárate, hay una pintada en el suelo: "Aquí matan niños". Los últimos pasos para entrar en la clínica Dator, una de las siete que realizan interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid, no son fáciles para las mujeres que acuden al centro. En las paredes cercanas, más mensajes. Y luego, el recibimiento en persona.

"¿Vas a entrar a matar a tu hijo?". Así es como Mercedes, rosario en mano, recibe a una mujer que va a entrar a la clínica. La agarra del brazo y le da un folleto. Antes de soltarla, le susurra al oído un último mensaje: "Asesina". Mercedes es voluntaria en una de las fundaciones que se dedica a acosar a mujeres en la puerta de la clínica.

Una de las trabajadoras del centro, Sonia Lamas, también portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Expresa su frustración. "Hemos denunciado hace meses el acoso que sufrimos, pero las autoridades ni vienen siquiera a limpiar las pintadas", señala. Lo considera un ataque directo a las mujeres y a su derecho a decidir sobre su embarazo, una facultad que es parte de la cartera de servicios de la sanidad pública. "Las mujeres que acuden aquí lo hacen derivadas de la sanidad pública. La Comunidad de Madrid debería velar por lo que sucede a sus pacientes", defiende.

Las acciones de acoso no acaban en la calle. Al contrario, estos grupos de presión trabajan sobre diversos planos: jurídico, administrativo y público. En el último informe de ACAI, de 2018, la asociación entrevistó a 300 mujeres que habían experimentado estos mecanismos de presión. Algunos nombres aparecieron de modo recurrente: Hazte Oír, Derecho a Vivir, Más Futuro y Asociación Sifra dedican buena parte de sus recursos y esfuerzos a poner obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo. En el informe, el 89% de mujeres declaró alguna forma de acoso por parte de estos grupos; un 67% de ellas se sintió amenazada durante los procesos médicos. El 100% de las mujeres abordadas mantuvo su decisión e interrumpió su embarazo.

Antiabortistas junto a una ambulancia que realiza tests de embarazo y ecografías aparcada frente a la Clínica Dator. ANDREA COMAS

Estas organizaciones van por las mañanas a las puertas de las clínicas y se plantan esperando a mujeres. “Nuestro objetivo es ayudar a las personas que están pasando por un embarazo inesperado y a las mujeres que en el pasado tuvieron un aborto y ahora están viviendo las secuelas”, explican desde Sifra. En esta asociación, donde también dan charlas éticas sobre las técnicas de reproducción asistida, ofrecen a las mujeres otras dos alternativas: ser mamá o dar el bebé en adopción.

Cada mujer que acude a la clínica sobrelleva estas presiones a su modo. Algunas, explican las profesionales, llegan tan alteradas que su estado hace poco aconsejable la intervención, lo que atrasa todos los planes y alarga la agonía de tomar una decisión siempre difícil y compleja.

Hace dos años María (nombre ficticio) tomó la decisión de interrumpir su embarazo. A la entrada de la clínica el día de la intervención, un grupo de hombres se le acercó a acosarla. “He llegado a la clínica muy nerviosa, porque abortar no es algo fácil, pero para mí lo peor sin duda ha sido el acoso. Unos hombres me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que ahí adentro mueren mujeres”, cuenta dos años después. “Espero que estas personas se den cuenta del mal que nos hacen al estar aquí”, se lamenta. 8.000 mujeres han tenido que sufrir en España situaciones de acoso desde que en 2010 que se aprobó la ley de plazos, según la plataforma Pro-Derechos, que agrupa a 62 organizaciones de toda España.

Uno de los métodos de presión más comunes son los folletos, como los que entrega Mercedes. En ellos se pueden ver imágenes de fetos y frases como: “Estás tú sola, y tu aborto será para toda la vida”. También: “El aborto puede causar suicidio y cáncer”.

Los pasos que siguen los antiabortistas son siempre los mismos. Una vez logran captar la atención de la mujer tras agarrarla del brazo, preguntan si está embarazada y de cuánto tiempo está. El objetivo es convencerla de acompañarles a una de sus oficinas, donde, tras mostrar a la gestante las ecografías pertinentes, tratan de persuadirla de tener al bebé, sin importar si este padece malformaciones incompatibles con la vida, si pone en riesgo la salud de la mujer o bajo qué condiciones fue concebido.

Hace unos meses, una diputada de Vox, Gádor Joya, instaló una furgoneta en la que hacía ecografías a las puertas de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo en la capital porque, según el partido de extrema derecha, “las mujeres no saben lo que llevan dentro”.

Hay otros métodos menos agresivos, pero más efectivos. El más utilizado es invitar a las chicas a un café o un desayuno, dado que, si las mujeres ingieren algo, cualquier cosa, la intervención no se puede llevar a cabo. Esto obliga a la paciente a pasar por el calvario de volver otro día.

En Madrid, según ACAI, este tipo de acoso se centra principalmente en la clínica Dator, donde estos grupos acuden prácticamente a diario, mientras que en la clínica Isadora y en el centro médico El Bosque la acción es semanal, concretamente los sábados. La clínica Dator fue el primer centro privado con permiso para realizar interrupciones del embarazo en España.

Las profesionales que trabajan en el centro tampoco se salvan. Lamas tiene 47 años y lleva cinco en Dator. Una vez, uno de estos acosadores la siguió a la salida: "¿Cuánto cobras. ¿Trabajas aquí por dinero? Yo te puedo ayudar a conseguir otro trabajo".

Desde la plataforma ACAI, se ha pedido la creación de un tipo penal específico para abordar este tipo de situaciones, tal y como sucede en Francia desde 2017. También han pedido la creación de una distancia de seguridad mínima ante las puertas de la clínica, que sería similar a la distancia que debe mantener todo fumador con respecto a un colegio o un hospital. Pero llevan ya varios años reclamando este tipo de medidas.

En la Comunidad de Madrid abortaron 18.914 mujeres en 2018, último dato disponible, según el Ministerio de Sanidad, lo que supone un descenso del 9,7%. A la angustia, la incertidumbre y la preocupación que genera tomar una decisión así muchas añadieron, además, el tener que soportar la presión de quienes quieren tomar esa decisión por ellas.

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