Así como distan las cifras de los entes que llevan el conteo fatal de los líderes sociales caídos, que en todo caso parecieran coincidir en que van unos 600 defensores de derechos humanos asesinados desde 2016 en el país, también varían entre la oficialidad y las víctimas las teorías y registros sobre a quiénes están asesinando, quiénes están asesinando y por qué.

Algo similar ocurre con las opiniones sobre el Plan de Acción Oportuna, PAO, que es el mecanismo que desde hace algunos meses implementa el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, para tratar de enfrentar, mediante la coordinación de esfuerzos institucionales, la matazón de estos representantes de las comunidades.

La triste realidad, por el momento, es que siguen asesinando a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en las zonas más apartadas del país y el derramamiento de sangre tuvo uno de sus puntos más sensibles la semana pasada con el asesinato en Tierralta, Córdoba, de la lideresa comunitaria María del Pilar Hurtado, cuando todo el país pudo ver y escuchar a uno de sus pequeños hijos huérfanos pateando las piedras de dolor, rabia e impotencia y le otorgó la dimensión humana y trágica a las frías cifras que no paran de sumar semana a semana con cada nuevo crimen.

El panorama

El defensor de derechos humanos Andrés Chica, director de Cordoberxia –quien está exiliado por quinta ocasión de Tierralta, esta vez por hacer denuncias relacionadas con el caso de Hurtado-, le dijo a EL HERALDO que “la causas de las muerte deriva de las rentas del narcotráfico, grupos irregulares y de la ‘parapolítica’ que aún existe, y todo esto se ha concretado con la salida de las Farc, porque el Estado no llegó a las zonas, en esa medida son los victimarios los que toman el control y el efecto de eso es el asesinato de líderes, porque vamos en contravía de ellos, y hay otro responsable que se llama Estado que además pretende involucrar a los líderes en líos de faldas o en narcotráfico”.

A su vez, Juan David Díaz, vocero de Movice Sucre, aseguró en diálogo con este diario que “han matado a 185 líderes sociales en 2019, pero hasta el momento han dado de baja en combate a 184 miembros de organizaciones criminal. Es decir, es más peligroso ser líder social que ser miembro de una organización al margen de la ley. Hay una campaña para exterminar, uno ve que hay retomas de las autodefensas, y a los líderes no les están dado la protección necesaria, dicen que van a hacer rondas perimetrales, programas de autoprotección, pero los dejan solos, las zonas están abandonadas”.

Por otra parte, el experto en seguridad Hugo Acero analiza el fenómeno de la siguiente manera: “Hay varios temas que precisamente están propiciando de manera desafortunada esta serie de asesinatos. Uno tiene que ver con que estos líderes están de acuerdo en algunas zonas con la sustitución de cultivos y los narcos y grupos criminales lo que quieren es seguir lucrándose en ese negocio, entonces encuentran en esos líderes una persona molesta; otro es que algunos de ellos son reclamantes de tierras y de propiedades y los delincuentes no las quieren devolver y el último es que los líderes se oponen a la presencia de grupos criminales de minería ilegal y de narcotráfico”.

Los asesinatos

De acuerdo con la Fiscalía, en lo que va corrido de este año han sido muertos 142 líderes comunales y defensores de derechos humanos en el país.

El censo del organismo de investigación penal indica que Antioquia es el departamento con mayor número de homicidios de defensores de derechos humanos (42), seguido por Cauca (33), Norte de Santander (31), Valle del Cauca (22), Nariño (16), Caquetá (14), Putumayo (13) , Arauca y Meta (12), Chocó y Risaralda (10), Cesar(8) y Bogotá, Bolívar, Santander, Casanare y Atlántico (5).

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señala que 462 líderes sociales han sido asesinados desde el primero de enero de 2016: en 2019 van 42 (hasta febrero), en 2018 fueron 178, en 2017 126 y en 2016 133.

Y en cuanto a las intimidaciones, el organismo del Ministerio Público reporta que hay ­líderes sociales amenazados actualmente en el país. Lo que se traduce en un aumento con relación al año pasado cuando hubo registro de 523 amenazas.

La ONU, de otro lado, informó el pasado 10 de mayo que en los primeros cuatro meses de este año se registraban al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. En 2018, reportaba el ente multilateral, se presentaron los asesinatos de 115 defensores de los derechos humanos.

Las investigaciones

De los 142 crímenes de este año, la Fiscalía afirma que 69 ya han sido esclarecidos y 55 “fueron relacionados con el crimen organizado vinculados a narcotráfico y minería ilegal”.

Y del total, el ente acusador dijo que ha esclarecido 167 homicidios de líderes sociales y que ha identificado a los autores intelectuales en 51 casos.

Añadió el organismo investigador que se han emitido 32 sentencias y 55 casos están en juicio; 421 personas han sido vinculadas y de estas 249 fueron cobijadas con medida de aseguramiento en cárcel.

Víctimas y victimarios

Sobre el perfil de los victimarios, el documento del ente de control penal asegura que 64 líderes fueron muertos por particulares conocidos con antelación por la víctima, 30 por acciones de bandas criminales, 20 por disidencias de las Farc, 17 por el Clan del Golfo y 13 por el Eln.

Frente a las víctimas, pone de presente la ONU que “los asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente los que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios sociales básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. (…) Existe una necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales”.

El Gobierno

El presidente Iván Duque indicó hace un par de semanas –cuando reportó una disminución del 32% en estos crímenes- que en el 96% del territorio nacional no ocurren homicidios de líderes sociales, lo que supone que estos asesinatos se han presentado en menos de 50 de los 1.101 municipios del país.

Agregó el mandatario que los “principales victimarios” son el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Y concluyó en este sentido que la Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene a su cargo cerca de 7.100 esquemas de protección de los cuales “el 56% están para líderes sociales”.

De igual forma, la mini stra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, encargada de coordinar el plan del Estado contra el asesinato de líderes sociales, el Plan de Acción Oportuna, PAO, aseguró esta semana que “la génesis de quienes están matando a los excombatientes y a los líderes sociales es el narcotráfico”.

¿Está funcionando el PAO?

Para Chica, de Cordoberxia, desde 2002 se está tratando de forjar un proceso nacional de garantías, que hasta ahora ha fracasado porque para él la política sigue siendo la misma con Uribe, Santos y Duque: la militarización.

“Invitamos al Estado a crear un proceso nacional de garantías, creamos la UNP y el desmonte del DAS, empezamos con Uribe, no logramos en los años de Santos que avanzara, y la política sigue siendo la misma: la de la UNP y el PAO no es otra cosa que la militarización del territorio, la misma propuesta que hizo Uribe en 2003 cuando se quería que la gente hiciera una red de cooperantes. Ponen a la gente en riesgo, a entregar información, y lo nuestro es lo organizativo, no decir dónde están los criminales”, señaló.

Del mismo modo, Díaz, del Movice Sucre, cree que el PAO no ataca las causas estructurales de lo que viene ocurriendo, que para él son la inequidad y la corrupción.

“No hay seriedad ni una política integral contundente, el gobierno no fortalece la fuerza pública ni ataca las causas que originan la violencia, que son la inequidad y la corrupción, y la justicia deja libres a los autores materiales, que es a través de los cuales se puede llegar a los autores intelectuales, mientras los gobernantes locales desmienten la presencia de los grupos al margen de la ley y no reconocen a los líderes sociales”, advirtió.

En cambio, Acero, analista de seguridad, considera que el Gobierno está haciendo esfuerzos importantes y aconseja a políticos -con esquemas de seguridad y que no están en riesgo- devolver esos cuadros de escoltas para que se dispongan a favor de los líderes.

“Yo creo que el Gobierno está haciendo unos esfuerzos importantes por tratar de garantizar la seguridad, y creo que además de esa seguridad física hay que hacer un trabajo con las comunidades para tratar de que esos entornos comunitarios de alguna manera ayuden a protegerlos. Y también existen en el país muchos concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, congresistas y funcionarios públicos que tienen escoltas y que no los requieren, porque sus niveles de riesgo son muy bajos, entonces hay que llamar la atención a que los devuelvan y no los utilicen”, indicó.

¿Qué falta por hacer?

Para el líder social Andrés Chica “si quiere realmente el Estado dar una política de garantías, tiene que ir a la causa y es el desmonte eficaz del paramilitarismo y enfrentar la corrupción que campea”.

En el mismo sentido, el defensor de derechos humanos Juan David Díaz plantea darle al líder social la importancia que se merece y dejar de estigmatizarlo: “Uno ve la recompensa por el robo de unas vacas a un ganadero es mayor de la que dan por el autor del asesinato de un líder (…), y uno ve al ministro de Defensa contribuyendo a la campaña de desprestigio”.

Y el experto en seguridad Hugo Acero advierte que no es un asunto de voluntad política pero dice que se pueden hacer mayores esfuerzos: “Claro que al Gobierno le interesa lo que está ocurriendo porque el Estado es el llamado por responsabilidad legal y constitucional a garantizar la seguridad de los líderes, pero yo creo que se pueden hacer mayores esfuerzos y a veces los recursos son limitados”.