"El mundo cambió mientras dormía y, para mi sorpresa, nadie me consultó". — Carlos Eire

Es una consulta popular, aunque no la que estableció el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los ciudadanos. Se ha tomado la decisión política, quizá para definir de antemano el resultado, de que la consulta no alcance a toda la población y que no cuente con garantías de equidad.

México tiene una población de 128 millones de habitantes, pero para esta consulta solo se imprimirán entre 500 mil y un millón de boletas. Habrá mesas de votación en solo 538 municipios de los 2,464 y 16 alcaldías del país. Las mesas de votación serán 1,073 en vez de las 156,899 casillas de la elección del 1 de julio. Junto con la consulta se llevará a cabo una encuesta, sin que se sepa qué se hará si ofrecen resultados distintos.

Andrés Manuel López Obrador y sus principales colaboradores, entre ellos Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de comunicaciones y transportes, están en contra del aeropuerto de Texcoco. Son conscientes, sin embargo, de las connotaciones negativas para los inversionistas de la cancelación. Por eso estamos viendo esta extraña consulta.

No creo que este tipo de decisiones deban tomarse en consultas o por encuestas. Son decisiones que debe asumir un gobernante después de escuchar con atención a los especialistas. Eso piensa una parte importante de la población mexicana, que además parece apoyar que continúe la construcción del nuevo aeropuerto. Así lo sugieren, por lo menos, las encuestas que sobre el tema se han dado a conocer hasta este momento.

Según el último estudio de Consulta Mitofsky, dado a conocer el 3 de octubre, el 39 por ciento de los entrevistados está a favor de que se concluya el nuevo aeropuerto mientras que el 17 por ciento está en contra. A pesar del fuerte debate sobre el tema, el interés en participar en la consulta bajó en casi un mes de 45 a 31 por ciento. Tanto quienes dicen estar a favor como quienes rechazan la opción son menos hoy que en la encuesta anterior. El debate no está generando más información, sino más escepticismo.

La oposición de López Obrador al proyecto queda de manifiesto en el hecho de que ninguna otra obra pública, empezando por el tren maya, ni alguna otra medida de gobierno, como la dispersión de oficinas gubernamentales en todo el país o la destitución del 70 por ciento del personal de confianza del gobierno, están siendo sometidas a un proceso similar. Quizá el presidente electo sea un firme creyente en la sabiduría del pueblo, pero no está arriesgando en consultas ninguna otra decisión entre las muchas que tiene que hacer. Tampoco se está molestando en organizar una consulta que cumpla con los criterios del artículo 35 de la Constitución que están hechos para generar equidad.

La cancelación del nuevo aeropuerto traería consigo una pérdida del dinero ya invertido y del comprometido en contratos firmados. El golpe presupuestario podría alcanzar los 120 mil millones de pesos, casi el costo del tren maya que se calcula en 150 mil millones, o incluso más si los contratistas exigen indemnizaciones en los tribunales. Lo peor, sin embargo, sería perder la oportunidad de tener un centro de conexiones internacionales, un hub, que generaría decenas de miles de empleos y representaría un fuerte impulso a la industria turística nacional.

El presidente electo parece haber ya decidido cancelar el aeropuerto que le resultaba antipático desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. La extraña consulta que ha diseñado no busca más que justificar la decisión.

¿SIN PRUEBAS?

Rosario Robles dijo ayer que no hay pruebas que vinculen a Sedatu y Sedesol en peculado. En el caso de la Estafa Maestra, dice, las universidades públicas fueron las que desviaron los recursos entregados por las dependencias a su cargo.

Twitter: @SergioSarmiento