Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días.

Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría.

Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argentino de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto “la intervención de ninguna empresa privada” ni la “modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”.

El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por “la transparencia de los comicios”, dadas las “irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio”, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costumbre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macrì en su último viaje a España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eugenia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo cual no tenía competencia.

Estos antecedentes son centrales para comprender cómo se llegó al “empate técnico” de ayer. A las 21, cuando el Correo difundió los primeros datos oficiales Bullrich batía por varios puntos a CFK en la provincia de Buenos Aires. El gobierno realizó un eufórico festejo en Costa Salguero, con varias apariciones de Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y finalmente el presidente Macrì, quien habló a las 22.44.

A las 23 todo había concluido y el escrutinio provisorio estiraba hasta 7 puntos la ventaja del terror de los maestros y los pibes pobres bonaerenses. Del mismo modo, Cambiemos batía en Santa Fe al justicialismo y también se imponía en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco, Neuquén, San Luis y Río Negro, además de sus bastiones radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes. Hasta ese momento se habían cargado datos del interior bonaerense y de la ciudad de Santa Fe, pero muy pocos del conurbano de Buenos Aires y de la ciudad de Rosario, que recién comenzaron a ingresar al cómputo general después de la medianoche. Tanto Cristina como Agustín Rossi empezaron a descontar la ventaja. Cuando el escrutinio concluyó en Santa Fe, Rossi pasó al frente. Cambiemos también fue superada en Chaco y Río Negro. En Buenos Aires la tendencia se detuvo a las 4, cuando CFK quedó a una centésima de Bullrich, quien en la hora siguiente se despegó hasta ocho centésimas, el famoso empate técnico de Adrian Pérez. Trabajadores del Correo afirman que el cómputo se detuvo por orden del ministerio del Interior, cuando Bullrich llevaba 6.000 votos de ventaja y faltaban escrutar 1537 mesas, que a razón de 345 electores cada uno, implican más de medio millón de electores. Esas mesas provienen de Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José Paz, Berazategui y Ezeiza, partidos donde Cristina obtuvo una ventaja que oscila entre el 15 y el 25 por ciento de los votos. El escrutinio definitivo mostrará la victoria de Cristina, por lo que no podrá hablarse de fraude, pero la noticia carecerá del impacto político que hubiera tenido ayer.

Mientras el país se encamina hacia la verdadera elección, que será el 22 de octubre, la del domingo permite una constatación más importante que las cifras del escrutinio: con el discurso de la transparencia, la unidad y el trabajo en equipo, repetido hasta el hartazgo, el gobierno de Maurizio Macrì, tergiversó el mensaje del pueblo. La perversa manipulación electoral no desentona con el blanqueo modificado por decreto para permitir el acceso de los familiares de sus funcionarios que la ley prohibía; con las decisiones políticas encaminadas a beneficiar al presidente, su familia, sus ministros, amigos y funcionarios; con la detención arbitraria de Milagro Sala ni con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nadie puede ignorar que dentro de la maltratada democracia argenta, Macrì no reconoce más límite que el que la sociedad sepa imponerle.