Carles Puigdemont y los otros 13 ex consejeros del Govern catalán tendrán que acudir a la Audiencia Nacional los próximos 2 y 3 de noviembre, en calidad de imputados, para declarar ante la juez instructora Carmen Lamela por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.

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La juez Lamela admitió la querella presentada este lunes, 30 de octubre, por la Fiscalía General del Estado contra el ex president de la Generalitat y su equipo de Gobierno por la declaración de la independencia de Cataluña. La magistrada, instructora también de la investigación por sedición que implica al ex jefe de los Mossos y a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, se declara competente para investigar la querella del Ministerio Fiscal y les cita a declarar este jueves y viernes a partir de las 9 horas, incluyendo los hechos en la causa por sedición ya abierta en la Audiencia.

En un auto dictado este martes por la juez, Lamela precisa que declararán como investigados y que tomará las correspondientes medidas cautelares en relación a cada uno. En este sentido, la instructora acordó fijar una fianza total de 6,2 millones de euros que deberán depositar en el plazo de tres días. En caso de no hacerlo, la juez ordenará el embargo de sus bienes hasta alcanzar esa cifra.

Conviene advertir de que la juez ordenó incorporar a la causa las copias de los diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Lamela justifica su decisión advirtiendo de que los hechos denunciados por la Fiscalía iban "dirigidos a proclamar una República catalana independiente de España, en una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado". En este sentido, resalta que ese comportamiento "puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España", y por tanto es competencia de la Audiencia Nacional investigar la querella.

En relación a la imputación de los querellados, la magistrada deja claro, no obstante, que con esta citación quiere saber "si existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada". Dicho esto, concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre".

Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera "seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión, que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación". Por ello, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente pueda otorgarse, la juez admite la querella en los términos planteados por el Ministerio Público.