La influencia omnipresente del dinero de las grandes empresas en el proceso democrático, y lo que son capaces de hacer políticos, lobistas y hasta jueces para pedir dinero queda al descubierto con la filtración de unos documentos a los que ha podido acceder The Guardian.

Los documentos John Doe están compuestos por 1.500 páginas que, en su mayoría, jamás fueron publicadas. Forman parte de las pruebas recolectadas por los fiscales que investigan las presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para la política. El año pasado, la Corte Suprema de Wisconsin ordenó que todos los documentos fuesen destruidos, pero algunos sobrevivieron y han llegado a manos de The Guardian.

Los documentos permiten ver un mundo que muy rara vez llega a ojos del público en el que las grandes corporaciones y las figuras multimillonarias donan en secreto millones de dólares a terceras partes para influir en las elecciones. En los documentos se toca un tema visceral del ciclo presidencial de 2016: la distorsión de la democracia estadounidense por culpa de las grandes empresas, a las que tanto Donald Trump como Bernie Sanders han criticado.

En un caso que está ahora en la Corte Suprema de EEUU, cinco fiscales de Wisconsin desarrollaron una minuciosa investigación sobre supuestas violaciones a la financiación de partidos por parte del comité de campaña de Scott Walker, gobernador de Wisconsin y excandidato presidencial del Partido Republicano. Conocida como la “investigación John Doe”, la pesquisa ha sido durante años el centro de una fiera pelea entre conservadores y progresistas.

En julio de 2015, la Corte Suprema de Wisconsin detuvo la investigación con el argumento de que los fiscales habían malinterpretado las leyes de financiación de las campañas y, como resultado, se habían metido con personas y grupos “totalmente inocentes de cualquier delito”. De manera muy inusual, la Corte también ordenó destruir toda la evidencia recolectada por la fiscalía. Luego se acordó que la información no fuera divulgada.

Los grandes magnates

Entre los documentos se encuentran varias presentaciones judiciales de este caso, además de cientos de páginas con intercambios de correos electrónicos que habían sido solicitados por los fiscales. En los correos electrónicos hay conversaciones entre Walker, sus principales asesores, los lobistas conservadores, y figuras republicanas tan importantes como Karl Rove y como Reince Priebus, el presidente del Comité Nacional Republicano.

En los documentos también aparece Trump, por una donación de 15.000 dólares que hizo después de visitar personalmente a Walker en la oficina central del candidato republicano en la Quinta Avenida.

Además de Trump, varias de las figuras de derecha más poderosas e influyentes de la nación figuran en los documentos: Ken Langone, cofundador de Home Depot; Paul Singer, director de fondos de inversión; Sheldon Adelson, magnate de los casinos de Las Vegas; y hasta el multimillonario Carl Icahn. “Hoy recibí un millón de dólares de John Menard”, dice Walker en uno de los mensajes, en referencia al multimillonario dueño de Menards, la cadena de artículos para el hogar y la construcción.

Entre el nuevo material que aparece en los documentos, hay contribuciones provenientes del dueño de NL Industries, una empresa que hace muchos años se dedica a la producción de pintura a base de plomo. Las contribuciones rondan los 750.000 dólares y se hicieron a una tercera parte estrechamente relacionada con Walker. Al mismo tiempo que tenían lugar las donaciones, la legislatura controlada por los republicanos aprobaba leyes que hacían mucho más difícil a los envenenados por el plomo de las pinturas presentar demandas contra NL Industries y otras empresas que fabricaban el mismo tipo de pinturas (las leyes fueron derogadas luego por los tribunales federales).

La conexión judicial

Los documentos John Doe ofrecen también nuevas evidencias de la extensiva campaña protagonizada por los aliados de Scott Walker para ayudar a David Prosser, miembro conservador de la Corte Suprema de Wisconsin, a conservar su puesto en la reelección de 2011. Una red de grupos y activistas con las mismas ideas inyectaron 3,5 millones de dólares de fondos corporativos anónimos para pagar anuncios en radio y en televisión a favor del juez Prosser.

Según revelan los documentos, se creía que la campaña era vital para mantener a la mayoría de los miembros de derecha en la Corte y preservar así las medidas anti-sindicatos que habían llegado de la mano de Walker. “Si perdemos al juez Prosser, los planes de Walker se caen”, escribe uno de los aliados en un correo electrónico enviado al jefe de personal del gobernador y a varios lobistas conservadores.

En 2015, el juez Prosser se negó a excusarse en un caso en el que se estaba juzgando a la Corte Suprema del Estado por la investigación John Doe, a pesar de que la investigación se centraba precisamente en la misma red de grupos de presión y contribuyentes que lo habían ayudado a permanecer en su puesto. El juez votó junto con otros cuatro jueces conservadores y, por mayoría, decidieron terminar con la investigación y destruir todos los documentos filtrados a los que The Guardian ha podido acceder.

Prosser dijo a The Guardian que habían pasado cuatro años entre su reelección y su decisión de sumarse al fallo para cerrar la investigación John Doe. Según Prosser, tiempo más que suficiente como para disipar cualquier conflicto de intereses.

La investigación John Doe se inició en 2012 luego de una serie de intentos de revocar el mandato impuesto a Walker y a otros seis senadores republicanos tras la ley 10, su medida hiperpartidista y anti sindicatos. Los fiscales alegaron que el comité de campaña del gobernador había manejado una red de lobbies externos para inyectar, sin hacerlo público, cantidades ilimitadas del dinero de las grandes empresas.

Walker y los otros partidos centro de la investigación John Doe se quejaron por haber sido acusados injustamente de violar la ley. Dijeron que no se habían presentado cargos en la causa, y que una serie de tribunales de Wisconsin, incluso el más importante del estado, los había declarado libres de culpa y cargo.

Los responsables de la campaña de Walker dijeron a The Guardian que la investigación John Doe era “infundada” y que había sido cerrada en repetidas ocasiones por los tribunales del estado. Según uno de sus portavoces, “no hay absolutamente nada que pruebe que se haya cometido un delito”.

Los lobbies que fueron el centro de la investigación dijeron que los fiscales habían acusado a personas completamente inocentes de delitos que no existían bajo las normas estatales. Insistieron en que ellos tenían derecho a opinar sobre las leyes y los funcionarios públicos, y a proteger la confidencialidad de sus contribuyentes.

Traducción de Francisco de Zárate