Funcionarios allegados al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, intentan acallar al principal medio de información digital de la región mediante lo que parece una estrategia jurídica concertada: presentaron cuatro demandas por daño moral contra e-consulta, cada una por 5 millones de pesos, promovidas por el mismo equipo de abogados y con una argumentación legal semejante a la utilizada por el exmandatario coahuilense Humberto Moreira contra el investigador Sergio Aguayo.

PUEBLA, Pue.- Funcionarios y políticos allegados al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta presentaron en el último mes cuatro demandas por daño moral contra el portal de noticias e-consulta al que reclaman, en conjunto, el pago de 20 millones de pesos por indemnizaciones.

Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de ese medio que cuenta con ediciones en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala, asegura que se trata de una estrategia para acotar su línea crítica y eventualmente orillar al cierre del portal, que tiene ya 17 años y es el más leído del suroeste del país.

Desde el 16 de octubre de 2019, en un desplegado firmado por académicos, periodistas, legisladores y organizaciones civiles, el periódico digital acusó a Barbosa Huerta de lanzar una campaña de intimidación en su contra, que incluía la amenaza de emprender acciones legales por la información publicada.

Eso empezó a cumplirse este año, denuncia el también autor de la columna La Corte de los Milagros, reproducida por otros medios de la región además de e-consulta, que, en 2007, 2009, 2015 y 2018 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y en 2016 ganó un reconocimiento por Innovación en Transparencia.

La primera demanda por daño moral la presentó el 20 de enero Gabriel Biestro Medinilla –líder del Congreso estatal y uno de los hombres más cercanos al gobernador–, quien reclama una indemnización por 5 millones de pesos.

A mediados de febrero, e-consulta fue notificado de otras tres denuncias, cada una de las cuales exige también indemnización de 5 millones, pero Ruiz Rodríguez no descarta que se presenten más, pues afirma que la estrategia parece consistir en llevarlo a juicio por cada columna en la que hizo señalamientos contra funcionarios y políticos barbosistas.

Las cuatro demandas interpuestas hasta ahora tienen la misma redacción, tipología y sustento jurídico. Además, las promueve el mismo grupo de abogados, encabezado por Roberto Morales Torres, quien en 2017 defendió al exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Orlando, Florida, Juan Sabines, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”.

De hecho, uno de los juicios contra el medio digital (expediente 104/2020/4C) lo entabló Yassir Vázquez Hernández, edil de Tuxtla Gutiérrez de 2011 a 2012 y ahijado político de Sabines, con quien Barbosa tiene una relación estrecha desde sus tiempos en el PRD.

En su columna, Ruiz Rodríguez sugirió revisar los antecedentes de Yassir Vázquez, quien fue nombrado subsecretario de Transporte de Puebla pese a que fue sancionado por la Auditoría Superior de la Federación y acusado de daño patrimonial en su gestión como alcalde de Tuxtla.

La demanda de Vázquez Hernández también está dirigida contra el periódico El Popular, medio que reproduce la columna, y su directora, Carolina Fernández Galindo.

La tercera denuncia (expediente 105/ 2020) la interpuso el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, cercano al exdirigente estatal del PRD Erick Cotoñeto, principal operador político del gobernador.

El columnista cuestionó el nombramiento de Sánchez Cuevas, pues publicó que en 2016 estuvo envuelto en un escándalo cuando un joven lo acusó de pedirle fotos íntimas.

Esa denuncia también va en contra de Israel Velázquez García, director general del periódico digital Datamos, y de Carlos Alberto Herrera, representante de Municipios Puebla, medios que reproducen las colaboraciones de Ruiz Rodríguez.

El periodista observa que, si bien otros medios publican su columna, sólo los de línea independiente fueron incluidos en las demandas.

El cuarto juicio civil (expediente 103 /2020/3C) fue promovido por Juan Pablo Cortés Córdova, subsecretario de Administración del Estado y exrepresentante de Morena ante el órgano electoral durante las dos campañas de Barbosa por la gubernatura.

El motivo: Ruiz Rodríguez documentó irregularidades atribuidas a Cortés Córdova en una licitación de la Secretaría de Salud, que derivó en la compra de instrumental hospitalario chino y paquistaní que no cumple con la norma.

“Malicia efectiva”

En las cuatro demandas contra e-consulta se busca hacer valer el estándar de “malicia efectiva”, mismo recurso utilizado por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira contra el académico Sergio Aguayo.

La denuncia del líder del Congreso, Biestro Medinilla (expediente 57/2020/2C), se dirige contra Ruiz Rodríguez y Salvador González Jaramillo, este senior manager de Consultoría Contracorriente, supuesta propietaria del portal.

Como pruebas aporta nueve entregas de “La Corte de los Milagros” publicadas entre 2017 y 2019; la del 9 de septiembre de 2019 se titula “Gabriel Biestro, diputado fake de la 4T de Puebla”.

En ésta el periodista sostiene que, para acreditar la residencia continua de cinco años en la entidad, requisito para ser candidato, Biestro usó como comprobantes de domicilio recibos que le prestó su actual compañero de bancada, José Juan Espinosa.

En su denuncia, el también exdirigente estatal de Morena acusa al periodista de divulgar “declaraciones sistemáticas, injuriosas, dolosas y ofensivas” a fin de desprestigiarlo, y afirma que sus columnas afectan su “buena fama pública”, honor, honra, así como su entorno laboral y familiar, además de poner en riesgo su integridad física y psicológica.

Agrega que incluso se ha trastocado la “forma de conducir” su vida, su “realización integral como persona” y su “proyecto de vida”, que, en razón de su vocación, contempla “continuar con cargos de elección popular”.

Para sustentarlo, el legislador ofrece la prueba pericial del psicólogo José Luis Guillén Gordillo, quien dictaminaría si el legislador atraviesa por un periodo de depresión a raíz de algún trastorno postraumático.

Otro especialista aportaría un “análisis semiótico, semántico y subliminal” de las columnas de Ruiz Rodríguez para determinar si existió intención “dolosa” de producir daño al legislador. Además, valoraría la afectación socioeconómica y moral que le produjo.

El diputado reclama en su escrito que, para garantizar el pago de los 5 millones de pesos por “los agravios sufridos”, el juez ordene el embargo precautorio de bienes y cuentas bancarias de los directivos de e-consulta y de Consultoría Contracorriente.

Asimismo, Biestro Medinilla, quien es mencionado aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de Puebla en 2021, pide la destrucción de los registros electrónicos del portal que contienen las publicaciones donde supuestamente se le afecta.

Presiones y veto

La organización Artículo 19 ha referido que e-consulta también fue objeto de acoso y agresiones durante la administración del panista Rafael Moreno Valle.

Ese medio fue uno de los pocos que abrió espacios a Barbosa cuando Martha Érika Alonso era la candidata del PAN y su esposo, Moreno Valle, lanzó una “campaña sucia” contra el entonces aspirante por Morena.

A principios de 2019, cuando aún no se definía la candidatura para los comicios extraordinarios, Ruiz publicó en su columna los resultados de la encuesta realizada por Morena en 2017 para definir a su candidato, los cuales no favorecieron a Barbosa.

El columnista dice tener conocimiento de que esa publicación molestó al actual mandatario, además de que algunos de sus colaboradores le “hicieron creer” a Barbosa que Contracorriente llevó las redes sociales de Enrique Cárdenas, quien abanderó al PAN en la elección de gobernador de 2019.

Como consecuencia, e-consulta está vetado de los convenios publicitarios con el gobierno y el Congreso, ha recibido ataques cibernéticos, Comunicación Social le envía constantes cartas aclaratorias en tono intimidatorio y sus reporteros han sido descalificados en ruedas de prensa por el gobernador.

El periodista poblano Sergio Mastretta advierte que e-consulta es un medio informativo fundamental para la entidad, y que es evidente que la andanada de demandas civiles representa un ataque directo a la libertad de expresión y pretende llevar al portal a la quiebra.

“Miguel Barbosa propuso hacer historia, pero lo que yo veo es que está repitiendo la historia”, dice Mastretta en alusión al autoritarismo del gobierno de Moreno Valle.

Consultado sobre las acusaciones de e-consulta, el secretario de Gobernación estatal, David Méndez Márquez, aseguró que las acciones legales de los funcionarios no son parte de una estrategia del gobierno, sino que “son decisiones personales y no institucionales de quienes se han sentido agraviados por versiones periodísticas publicadas”.

“Para el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, la actividad periodística y la libertad de expresión son elementos fundamentales para la vida democrática de una sociedad”, añadió.

Sin embargo, e-consulta no es el único medio presionado desde el Ejecutivo poblano.

En una entrevista por internet, Barbosa hizo público su veto a El Sol de Puebla, el impreso de mayor circulación en la capital. Dijo que ese periódico le “pegaba” porque no le pagaba: “pero ¿qué le voy a hacer? No le voy a pagar”, expresó.

En cambio, el 17 de febrero pasado Barbosa asistió al lanzamiento del periódico impreso Contrarréplica, propiedad de la familia Grajales, dueña de Radio Oro.

A su vez, está anunciado que en las próximas semanas saldrá una edición poblana de La Crónica, cuyos socios locales son el constructor Javier Pacheco Pensado y el diputado del Partido Verde Ecologista, Juan Pablo Kuri, ambos cercanos al gobernador.

Este texto forma parte del número 2261 de la edición impresa de Proceso, publicado el 1 de marzo de 2020