Por Agostina Parisí y Emilia Pioletti

Cuando a Valeria la llamaron para ser comunicadora en una empresa con fines comunitarios, pensó que no podía ser más afortunada. Era la carrera que había estudiado en la universidad y luego de mucho tiempo de búsqueda por fin encontraba un trabajo relacionado a su profesión.

Como quien llega a la cima y se estrella, durante las primeras semanas en la nueva oficina comprobó que las condiciones laborales no serían las esperadas.

“El puesto no era para hacer comunicación, sino para hacer tareas administrativas y ser esclava de mi jefa. Cuando ella llegaba, yo tenía que prepararle el café, hacerle las compras en el supermercado, sacarle pasajes en avión, retirarle estudios de orina y hacer trámites para sus hijos fuera de mi horario de trabajo”, recuerda.

En poco tiempo, Valeria fue perdiendo la esperanza: “Estuve precarizada más de seis meses, con un sueldo que era demasiado bajo para la cantidad de horas que trabajaba. Y con el correr del año la situación se puso peor”.

“Estuve precarizada más de seis meses, con un sueldo que era demasiado bajo para la cantidad de horas que trabajaba. Y con el correr del año la situación se puso peor”.

En los últimos años tener trabajo en Argentina pasó de ser un derecho a un privilegio. Y un privilegio se agradece. ¿Cómo quejarse? Detrás de los más de 2 millones de desocupadxs que registra hasta la fecha el Indec, se esconde una vieja violencia solapada: el maltrato laboral a lxs que -todavía- conservan su puesto.

Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, la violencia laboral es “toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, ya sea como amenaza o acción consumada”. Este maltrato incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual, indica la cartera.

Voy a explotar

A dos semanas de comenzar su nuevo trabajo como administrativo, Juan sintió los síntomas de un ataque de pánico en medio de la empresa. A pesar de que su jefe se encontraba en una oficina a metros de distancia, prefirió no avisarle por miedo a ser sancionado.

“Me encerré en el baño a llorar y sentí que me moría”, recuerda.

Lucrecia es diseñadora gráfica y en su trabajo la violencia es un común denominador de todos los días:

“A veces mi jefe se pone a gritar y golpea todo, la puerta, el teléfono… como haciendo demostraciones de poder. También se grita con su esposa cuando estamos todos en el mismo espacio. Es una tensión con la que convivo diariamente”, dice.

La violencia laboral adopta múltiples formas, visibles y no visibles, subjetivas y palpables, e impacta en lo que sucede dentro y fuera del espacio donde se realizan las tareas. La presión desmedida, la sobrecarga de responsabilidades, la negación de los derechos laborales ya adquiridos y el abuso de autoridad, entre otras variables, también constituyen formas de violencias que pesan sobre los hombros de las y los trabajadores, generalmente jóvenes, desorganizando la mente, el cuerpo y las horas de sueño, produciendo estrés, ansiedad y hasta depresión.

La presión desmedida, la sobrecarga de responsabilidades, la negación de los derechos laborales ya adquiridos y el abuso de autoridad, entre otras variables, también constituyen formas de violencias.

“Entender la violencia de manera integral y actuar ante ella implica tomar posición frente al derecho al trabajo, la salud y la seguridad de los que comparten el lugar de trabajo, ya que es una práctica que atenta contra la dignidad humana”, indica el protocolo contra la violencia laboral presentado por CONICET en 2017.

Si bien la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo exige la igualdad de trato en el ambiente laboral, nuestro país no cuenta con una ley específica contra la violencia en el trabajo que rija a nivel nacional.

Entre algunas de las normativas para poblaciones y ámbitos particulares, se destaca la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres (que contempla la violencia en el trabajo); el Decreto 214/2006 de Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública; la Ley 13.168 contra la violencia laboral en la provincia de Buenos Aires; la Ley 1225 de CABA, y algunas normativas provinciales como las de Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Sin embargo, ninguna de estas leyes como tampoco los sindicatos garantizan que el maltrato desaparezca.

Violencia laboral y de género

Cuando tenía 19 años Paula consiguió uno de sus primeros trabajos en un negocio de ropa de mujer que era parte de una cadena de varios locales. Cada uno de ellos funcionaba como una suerte de panóptico, con un sistema de cámaras monitoreado por el dueño de la empresa.

“El tipo se pasaba el día entero vigilándonos. Si un cliente se iba sin comprar, nos llamaba para preguntar por qué se había ido. Si nos sentábamos, nos llamaba para preguntar por qué estábamos sentadas, recuerda. “A veces, nos hacía comentarios sobre nuestro aspecto físico y nos preguntaba si nos habían ‘atendido bien’ la noche anterior. Un día me hizo un comentario sobre mis tetas, dándome a entender que me miraba por la cámara. Y obviamente, todas estábamos precarizadas”.

“A veces, nos hacía comentarios sobre nuestro aspecto físico y nos preguntaba si nos habían ‘atendido bien’ la noche anterior”.

Claudia trabajaba en el área de recursos humanos de un call center, cuando en un error de distracción organizó una tanda de entrevistas en un horario incorrecto:

“Mi jefe se acercó a mi puesto, me dio una cachetada en la frente y me preguntó: ‘¿Sos tontita o tengo que aclararte que citaste mal a la gente?’ Me quedé en estado de shock”.

A la violencia laboral que sufren las mujeres y que la Ley 26.485 de Protección Integral define como “aquella que obstaculiza su contratación, ascenso, estabilidad o permanencia, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad edad, apariencia física o la realización de test de embarazo”, se suma otra violencia enraizada: la violencia económica.

En Argentina, las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los hombres, siendo las más afectadas por la desocupación. Para ellas, indica la economista feminista Mercedes D’Alessandro, la tasa de desempleo es del 10,2% y entre las más jóvenes este índice escala al 20% en varias provincias del país.

En nuestro país, el organismo estatal nacional asignado para recolectar denuncias por violencia laboral es la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral perteneciente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Entre 2007 y 2017, 4500 personas se presentaron ante esta oficina para radicar sus denuncias por maltratos en sus empleos. Según el portal Chequeado, en el mismo lapso de tiempo se recibieron casi 5000 llamadas y más de 2000 consultas vía mail sobre el tema. De estas cifras, la mayoría fueron mujeres de entre 26 y 46 años.

Como ocurre con la mayoría de las violencias, además de los registros oficiales resta contabilizar la cantidad de personas que a pesar de haber sufrido maltrato laboral jamás radicaron una denuncia. En la mayoría de los casos, lo que prima a la hora de hablar es el miedo a perder el empleo.

Lo que el mercado necesita

Este tipo de ofertas laborales se repite en los portales de empleo de todo el país. Los anuncios suelen incluir una cantidad de años de experiencia que no se condicen con la edad esperada del aplicante, la invitación a desempeñarse en áreas diferentes y el pedido sugestivo de “horarios flexibles”.

El requisito de trabajadores multitasking aumenta en períodos económicos de crisis y achicamiento de empresas públicas y privadas y deriva en una presión hacia los empleados que sobreviven, a quienes también se les solicita que realicen más y nuevas tareas en la misma jornada laboral y por el mismo salario.

Al menos en 2019 casi 70 empresas argentinas solicitaron ante el Ministerio de Trabajo de la Nación ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) -un mecanismo legal al que empresas o entidades gremiales acceden en contextos de caída económica para negociar con las partes- en busca habilitar la “polivalencia funcional” o el multitasking de sus empleados.

No hay violencia sin contexto

“Hace un año un compañero se enfermó de cáncer y el mes pasado falleció. Durante el tratamiento médico, además de apurarlo para que vuelva a trabajar la empresa lo dejó sin sueldo, por lo que el resto de los empleados nos organizamos para juntarle plata. Desde recursos humanos nos amenazaron para que no lo hiciéramos más”, cuenta Federico.

La violencia laboral constituye un cúmulo de contextos históricos, legales, políticos, sociales y culturales que habilitan una naturalización del maltrato. Desde el instaurado “pagar derecho de piso” hasta una cachetada en la frente, los abusos avanzan sin escalas cuando las regulaciones no se respetan y el Estado no monitorea lo que sucede dentro de los espacios de trabajo.

Desde el instaurado “pagar derecho de piso” hasta una cachetada en la frente, los abusos avanzan sin escalas cuando las regulaciones no se respetan y el Estado no monitorea.

En enero de 2018 el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca protagonizó un escándalo paradigmático luego de que se difundiera en las redes sociales un audio de Whatsapp en el que violentaba a su empleada doméstica.

“Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”, decía el mensaje. Tras la polémica, la mujer agredida denunció que durante años había mantenido con el ex ministro de la Nación una relación laboral sin papeles y en absoluta precarización.

Según el informe “Heterogeneidad y Fragmentación del Mercado de Trabajo” elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), en “contextos de devaluaciones, inflación y recesión económica lo que se incrementa es la ocupación en el sector micro- informal” donde “mujeres, jóvenes y trabajadores de nivel educativo bajo son quienes más inconvenientes poseen en la obtención de un empleo pleno de derechos”.

En la informalidad, la violencia laboral es aún más invisibilizada y se hace eco de los más vulnerables, permitiendo que el maltrato y la subordinación de las y los trabajadores sea más común que en otros ámbitos. Sin acceso a información y sin respaldo estatal, no hay dónde ni cómo quejarse. Dar respuesta a una violencia tan arraigada sigue siendo una tarea pendiente.