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Medio Ambiente Nacional Petorca: Inspección revela que gobierno de Bachelet ocultó informe sobre robo de agua El Subsecretario de Obras Públicas, durante una inspección realizada a 34 puntos en la provincia de Petorca, denunció que dicha fiscalización se había hecho sobre la base de un estudio realizado por el gobierno anterior. Este documento, que contenía información clave sobre el robo de agua, había sido escondido por la administración de la ex mandataria. Francisco Velásquez Sábado 18 de agosto 2018 9:46 hrs. Compartir

La provincia de Petorca fue declarada como zona de escasez hídrica en el año 2010. La medida fue decretada catorce veces consecutivas y se extendió por seis meses más. Según denuncias constantes de organizaciones sociales, la falta de agua se debe, en gran medida, a la usurpación del recurso por parte de los grandes empresarios de la agroindustria que han desabastecido el territorio para regar grandes extensiones de plantaciones en los cerros de los valles de la provincia. Frente a este escenario, la Dirección General de Aguas, en coordinación con la gobernación provincial y la Subsecretaría de Obras Públicas, han ejecutado dos grandes fiscalizaciones para verificar que no exista un uso ilegal de agua en campos de la zona. La primera revisión, realizada entre el 6 y el 8 de junio pasado, detectó 28 anomalías, de las cuales seis resultaron ser casos derechamente de extracción ilegal de agua y cuyas multas serán dadas a conocer la próxima semana. En promedio sumarían 200 millones de pesos. Dicha fiscalización tuvo como punto de inicio los campos a los que en 2014 se les habían otorgados derechos provisionales de agua. La segunda jornada de inspección tuvo lugar la semana pasada y se investigaron 34 puntos en diferentes sectores de la provincia. Según explicó el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, esta inspección “tiene su origen en una información que tenemos de un estudio del 2014, con imágenes satelitales, que por contraste verifican dónde existe una mayor vegetación respecto de otros lugares”. “Esto genera un catastro frutícola de CIREN y luego se procede a una fiscalización. Lo que ocurre es que ese estudio se guardó en un cajón durante cuatro años y acabamos de encontrarlo”, explicó la autoridad. El hecho de que este documento haya sido ocultado por el gobierno de Michelle Bachelet fue criticado por Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente: “nos hemos preguntado en Modatima qué habría pasado si ese estudio hubiera estado a disposición, en circunstancias de que a finales de 2014 fui condenado por decir que en la provincia de Petorca se robaba agua y me significó estar firmando un año ante Gendarmería. Por lo mismo, lo que declara Lucas Palacios es muy grave, porque en el fondo está diciendo que en 2014 estaba esa información y que el gobierno de Bachelet la ocultó”. La gobernadora de la provincia de Petorca, María Paz Santelices, durante la fiscalización declaró que “nuestra prioridad como gobierno y, en especial lo que nos ha puesto énfasis el Presidente hoy en día, es ver las necesidades de las personas y mejorar su calidad de vida. Por eso tenemos que ver y poner mano dura a todas estas personas que se han aprovechado y ocupado más recursos del que deberían”. Por su parte, Rodrigo Mundaca especificó que “según la información que manejamos la fiscalización que se ejecutó en la provincia de Petorca todavía no se realiza en los campos de los grandes propietarios del territorio y que se encuentran sindicados como los responsables en la usurpación de agua”. “Aún no se fiscalizan los campos de Edmundo Pérez Yoma, Osvaldo Juneman, Juan Ruiz-Tagle y Eduardo Cerda, quienes son, particularmente, las personas denunciadas hace mucho tiempo por su responsabilidad en la usurpación de agua”, añadió el dirigente. María Paz Santelices aclaró que el objetivo del trabajo que están desarrollando es porque “se están estudiando y viendo todas las alternativas para dar una solución a largo plazo, que sean sustentable en el tiempo y para que no sean soluciones parche, como lo que hemos visto hasta el momento”. “No puede seguir la gente siendo abastecida por camiones aljibe, necesita mejor calidad de vida y en eso estamos como gobierno”, sentenció la gobernadora.

La provincia de Petorca fue declarada como zona de escasez hídrica en el año 2010. La medida fue decretada catorce veces consecutivas y se extendió por seis meses más. Según denuncias constantes de organizaciones sociales, la falta de agua se debe, en gran medida, a la usurpación del recurso por parte de los grandes empresarios de la agroindustria que han desabastecido el territorio para regar grandes extensiones de plantaciones en los cerros de los valles de la provincia. Frente a este escenario, la Dirección General de Aguas, en coordinación con la gobernación provincial y la Subsecretaría de Obras Públicas, han ejecutado dos grandes fiscalizaciones para verificar que no exista un uso ilegal de agua en campos de la zona. La primera revisión, realizada entre el 6 y el 8 de junio pasado, detectó 28 anomalías, de las cuales seis resultaron ser casos derechamente de extracción ilegal de agua y cuyas multas serán dadas a conocer la próxima semana. En promedio sumarían 200 millones de pesos. Dicha fiscalización tuvo como punto de inicio los campos a los que en 2014 se les habían otorgados derechos provisionales de agua. La segunda jornada de inspección tuvo lugar la semana pasada y se investigaron 34 puntos en diferentes sectores de la provincia. Según explicó el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, esta inspección “tiene su origen en una información que tenemos de un estudio del 2014, con imágenes satelitales, que por contraste verifican dónde existe una mayor vegetación respecto de otros lugares”. “Esto genera un catastro frutícola de CIREN y luego se procede a una fiscalización. Lo que ocurre es que ese estudio se guardó en un cajón durante cuatro años y acabamos de encontrarlo”, explicó la autoridad. El hecho de que este documento haya sido ocultado por el gobierno de Michelle Bachelet fue criticado por Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente: “nos hemos preguntado en Modatima qué habría pasado si ese estudio hubiera estado a disposición, en circunstancias de que a finales de 2014 fui condenado por decir que en la provincia de Petorca se robaba agua y me significó estar firmando un año ante Gendarmería. Por lo mismo, lo que declara Lucas Palacios es muy grave, porque en el fondo está diciendo que en 2014 estaba esa información y que el gobierno de Bachelet la ocultó”. La gobernadora de la provincia de Petorca, María Paz Santelices, durante la fiscalización declaró que “nuestra prioridad como gobierno y, en especial lo que nos ha puesto énfasis el Presidente hoy en día, es ver las necesidades de las personas y mejorar su calidad de vida. Por eso tenemos que ver y poner mano dura a todas estas personas que se han aprovechado y ocupado más recursos del que deberían”. Por su parte, Rodrigo Mundaca especificó que “según la información que manejamos la fiscalización que se ejecutó en la provincia de Petorca todavía no se realiza en los campos de los grandes propietarios del territorio y que se encuentran sindicados como los responsables en la usurpación de agua”. “Aún no se fiscalizan los campos de Edmundo Pérez Yoma, Osvaldo Juneman, Juan Ruiz-Tagle y Eduardo Cerda, quienes son, particularmente, las personas denunciadas hace mucho tiempo por su responsabilidad en la usurpación de agua”, añadió el dirigente. María Paz Santelices aclaró que el objetivo del trabajo que están desarrollando es porque “se están estudiando y viendo todas las alternativas para dar una solución a largo plazo, que sean sustentable en el tiempo y para que no sean soluciones parche, como lo que hemos visto hasta el momento”. “No puede seguir la gente siendo abastecida por camiones aljibe, necesita mejor calidad de vida y en eso estamos como gobierno”, sentenció la gobernadora.