El fallo destaca una serie de irregularidades en el otorgamiento de los planes de pagos: la carencia de documentación anexada que acredite la situación de crisis económica y financiera alegada, y no haber especificado el monto a devengarse por cada empresa, ni por qué tributos. “También, que no surgiría del expediente que se les haya requerido información complementaria -o que las propias empresas la presentasen-, realizado inspecciones en la sede de aquélla, o efectuado alguna otra medida tendiente a comprobar fehacientemente las dificultades exteriorizadas por las contribuyentes”, destaca la resolución publicada en el CIJ.

Al describir la responsabilidad de Echegaray, Ercolini dijo: “En su carácter de administrador federal de la AFIP- habría otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa- por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015“.

Cuando declaró en indagaroria, Echegaray había argumentado que la concesión de planes de pago a Oil Combustibles “no había generado ningún perjuicio fiscal” para el Estado y que no había operado la prescripción ni ningún otro instituto liberatorio de pago para la empresa en cuestión.

Pero el juez Ercolini entendió que el ex funcionario fue un eslabón esencial de la maniobra. Al procesarlo, sostuvo que “tenía la potestad de dirigir al organismo, ejercer las facultades que las leyes le asignaban a la AFIP y percibir, recaudar, exigir y ejecutar los tributos; actividades que fueron ejercidas de manera direccionada de acuerdo a la conveniencia del caso para beneficiar a la contribuyente Oil Combustibles SA”.

“El administrador federal convalidó los trámites llevados adelante, a sabiendas de que no correspondía hacerlo; toda vez que tales anomalías se desprendían de la propia vida administrativa y burocrática del expediente”, concluye la resolución de más de 100 carillas.

Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Carlos Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. Ercolini los procesó con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública.

Las otras causas judiciales

En los últimos meses, Echegaray sumó procesamientos en varias causas y su situación judicial cada vez es más grave.

Primero, el juez del fuero Penal Económico Diego Amarante le prohibió la salida del país y lo citó a indagatoria por contrabando agravado porque habría permitido el ingreso al país de un auto de alta gama sin pagar impuestos alegando que era para un representante taiwanés pese a que ese país no tenía estatus diplomático.

Además, está imputado en la causa Ciccone 2, a cargo del juez federal Ariel Lijo, tras el testimonio de Alejandro Vandenbroele en el marco del acuerdo en el que se comprometió a declarar como arrepentido.

Otro magistrado, Sergio Torres procesó a Echegaray por negociaciones incompatibles y defraudación por presunto pago de sobreprecios en la contratación del servicio de limpieza de la AFIP. En esa licitación resultó beneficiada una empresa por un monto de más de 15 millones de pesos, el doble que lo que cotizó la compañía que venía realizando esa tarea desde 1981.

Además, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex titular de la AFIP por falso testimonio y violación de secretos en una causa iniciada por una denuncia de Alfonso Prat Gay.

El panorama se completa con la causa abierta por supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez. Un informe de la AFIP acaba de revivir ese expediente, donde la defensa de Echegaray alega que ya fue sobreseído por un hecho similar.