El Gobierno ha dado un paso más en su lucha contra la expansión del coronavirus aunque bordeando la frontera de los derechos fundamentales. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma para autorizar el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los “efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”.

Así consta en una orden ministerial publicada el pasado 28 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se atribuye al Ministerio de Sanidad una serie de prerrogativas para poder controlar mejor la expansión de la Covid-19.

Entre esos poderes está el del “desarrollo urgente” y la “operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que permita, al menos, realizar al usuario la autoevaluación según los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado, ofrecer información al usuario sobre el virus y proporcionarle consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación”.

No obstante, la norma detalla, y ahí radica la novedad, que “la aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”, y que la misma “puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet”.

Bajo esta redacción, se abre la puerta a que Sanidad enviara mensajes (vía WhatsApp) individualizados a los ciudadanos cuando detecte que están viajando entre distintas comunidades autónomas. Se pretendería, por ejemplo, controlar movimientos de fin de semana o a segundas residencias.

El 1 de abril, el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado que iba a realizar un estudio, denominado DataCOVID, en colaboración de los operadores de telefonía (Telefónica, Vodafone y Orange) para rastrear 40 millones de teléfonos móviles de toda España con el fin de conocer los movimientos de población entre territorios y contribuir a la toma de decisiones para hacer frente al coronavirus. También el Ministerio de Sanidad ha venido informando del desarrollo de una app para el móvil con el fin de dar consejos para evitar los contagios, denominada Asistencia COVID-19.

Derecho de protección de datos individuales

No obstante, ninguno de los dos departamentos ha hecho referencia alguna a que la app móvil pudiera controlar la veracidad de los datos de ubicación de los ciudadanos durante el confinamiento, una prerrogativa que puede chocar con la Ley de Protección de Datos.

Para evitar esta colisión legal, la norma publicada en el BOE indica que la aplicación no constituirá, en ningún caso, “un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos”, ni “sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado”.

El tratamiento de los datos se encomienda al Ministerio de Sanidad aunque el encargado del tratamiento y titular de la aplicación móvil será el de Economía, a través de la Secretaría General de Administración Digital.

Asimismo, se encomienda a esta Secretaría de Estado el desarrollo de un asistente conversacional para ser utilizado vía WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea, con el fin de proporcionar información oficial ante las preguntas de la ciudadanía.

La aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet. También se habilita el desarrollo de una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles.

La orden ministerial se cura en salud y señala que lo dispuesto en la misma se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales española de 2018 y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.

Por motivos sanitarios

El Gobierno ya ha habilitado la aplicación móvil oficial de autodiagnóstico e información Asistencia COVID-19 en seis comunidades: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura y la Comunidad de Madrid en donde se realizó el proyecto piloto. Fuentes de la Secretaria de Estado de Digitalización aclararon que la aplicación, a través de la solicitud de una serie de datos de identificación y de salud relacionados con los síntomas experimentados, permite ofrecer recomendaciones y pautas de actuación.

Además, a través del sistema de geolocalización vía GPS del teléfono móvil, con permiso del usuario o usuaria, se validará la comunidad autónoma en la que se encuentra para personalizar las respuestas en función de los protocolos de cada una de ellas.

“Todos los datos que recaba la aplicación son necesarios para poder asesorar a cada persona. En ningún caso se utilizan para realizar un control del cumplimiento de las medidas de contención. Solo se permitirá el acceso a los datos a los profesionales sanitarios y a las autoridades competentes autorizadas", indicaron las mismas fuentes.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo que perdure la crisis sanitaria y, una vez finalizada, serán agregados de forma anónima para tratarlos con fines estadísticos, de investigación o de planteamiento de políticas públicas, durante un período máximo de dos años.

Estudio de movilidad

Paralelamente a la app del Ministerio de Sanidad, Economía va a desarrollar el estudio DataCOVID, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se analizarán datos “anónimos y agregados” de desplazamientos de la población mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, y durante el tiempo necesario hasta que se restablezca la normalidad. El objetivo del estudio es contribuir así a “una toma de decisiones más eficiente basada en los datos”. El informe no aportará datos personales y no se podrá usar para usos policiales de vigilancia durante el confinamiento, señalaron fuentes de los operadores.

El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España.

El responsable del tratamiento de estos datos será el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el que las operadoras de telecomunicaciones ya colaboraron el año pasado en la elaboración de un estudio sobre movilidad a partir de datos obtenidos de los teléfonos móviles.

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