El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se reunió con el director de Medicare del Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS, en inglés), Jonathan Blum, para corregir la disparidad en los pagos o reembolsos que reciben los casi 10,000 médicos en Puerto Rico bajo el programa de Medicare.

“Tenemos un serio problema. En los últimos cinco años el número de doctores en Puerto Rico ha disminuido por alrededor de un 15 por ciento, debido a que muchos de ellos se han mudado a los estados. El éxodo más grande ha ocurrido entre médicos primarios y sub-especialistas, una tendencia que afecta el cuidado de nuestros pacientes. Una de las razones primordiales que mencionan estos doctores para abandonar sus prácticas en la Isla es las bajas tasas de reembolsos de Medicare”, expresó Pierluisi en un comunicado.

CMS calcula el pago a los doctores por medio del uso del Índice de Costo Geográfico de una Práctica (GPCI, en inglés), el cual es diseñado para medir el costo de practicar medicina a través de la nación. El GPCI tiene tres componentes: el costo estimado de una práctica, el trabajo del médico, y el costo de los seguros de impericia. El GPCI de Puerto Rico en cada uno de estos tres renglones es el más bajo de la de la nación.

Pierluisi sostuvo que gracias a su gestión, el año pasado CMS propuso incrementar el GPCI de impericia médica en Puerto Rico por 17 por ciento comenzando en el 2014, lo cual resultará en un aumento a los pagos de los médicos de la Isla.

En la reunión, Pierluisi se enfocó en el GPCI del costo de práctica, destacando los argumentos que estableció en una carta que le envió a CMS el 6 de septiembre. Además, urgió a CMS a incrementar el GPCI del costo de práctica por una cantidad razonable, por lo menos temporeramente hasta tanto la agencia pueda llevar a cabo un análisis profundo sobre si la fórmula actual es adecuada para la Isla.

Al calcular el GPCI del costo de una práctica, CMS toma en cuenta el costo de rentar oficinas médicas en diferentes jurisdicciones. Al CMS no tener acceso a data confiable sobre renta comercial utiliza la data de renta residencial en sustitución de la misma. CMS utiliza además data del Buró del Censo de Estados Unidos para determinar la renta promedio de una casa de dos habitaciones o un apartamento y luego utiliza esta información para estimar la renta de una oficina médica en la misma área.

“Le expliqué a Blum que en el caso particular de Puerto Rico, al no tener un mercado de alquiler robusto como en los estados, el método para estimar el costo de una práctica es perjudicial ya que resulta en un GPCI de costo de práctica demasiado bajo para la Isla. En Puerto Rico las familias de clase media y alta tienden a comprar, no rentar sus casas mientras que las personas que rentan tienden a tener ingresos más bajos. Por otro lado, la renta que se paga para el 30 por ciento de las 369,000 unidades de alquiler en Puerto Rico—es decir, sobre 110,000 unidades—son subsidiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal, en comparación con el promedio nacional de solo un 12 por ciento,” indicó Pierluisi.

“Por lo tanto, si usamos la renta residencial como modelo para determinar el costo de la renta comercial vamos a obtener una data incorrecta que disminuye el costo actual del alquiler de oficinas médicas en la Isla,” añadió.

Además, argumentó que la fórmula actual de CMS no incluye el alto costo que los médicos en Puerto Rico incurren por el pago de agua y electricidad. Tampoco incluye el hecho de que los médicos en la Isla deben importar la mayoría de su equipo y sus materiales de los estados, lo cual es un gasto adicional.

Pierluisi le hizo entrega a Blum de data recopilada por su oficina en colaboración con médicos locales, la cual se basa en docenas de encuestas a doctores en la Isla sobre dónde ubica su práctica, cuánto pagan de renta y utilidades al mes, y el tamaño de su oficina. El comisionado residente recopiló las respuestas recibidas en una gráfica que le presentó a Blum.

Blum le adelantó a Pierluisi que lo más probable es que CMS publique sus reglamentos finales de noviembre que se vieron retrasados debido al cierre del gobierno federal.