La fase testifical de la causa contra la cúpula del procés catalán llegará a su fin el 20 de mayo, algo más de tres meses después de que arrancase el juicio oral, el 12 de febrero. Cuando concluya la 15 semana de la causa, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal habrá escuchado las declaraciones de casi 500 testigos, y estará lista para abordar la recta final del juicio, que previsiblemente concluirá a mediados o finales de junio, según las fuentes de las defensas y el Supremo consultadas por Público.

Llegados a este punto, en esta nueva etapa comparecerán en primer lugar los peritos propuestos por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas. Son expertos que aportarán sus conocimientos sobre una materia concreta al tribunal, y sus declaraciones se sucederán en el mismo orden en que tuvieron lugar las declaraciones de testigos: primero irán los propuestos por el Ministerio Público, después los llamados por la Abogacía y los de la acusación popular, y en última instancia los propuestos por los acusados.

En esta fase, como en la posterior, dedicada a la prueba documental, el papel de la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox será casi testimonial; no han propuesto la realización de una sola prueba testifical, ni tampoco la inclusión de un solo documento que pueda ser usado como prueba –pese a que sus portavoces presumen de estar actuando en el juicio en base a las “pruebas”.

Fuentes del Alto Tribunal dan por hecho que la fase pericial no llevará más que uno o dos días de trabajo, que bien podrían fijarse los días 22 y 23 de este mes, como apunta una de las defensas. El día 21 no hay juicio, ya que se celebra la Solemne Sesión Constituyente de las Cortes Generales, a la que previsiblemente asistirán los cinco procesados que son parlamentarios electos desde las elecciones generales del 28-A (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull son diputados electos, mientras que Raül Romeva es senador electo). Esto, siempre que el tribunal lo autorice; previsiblemente dará a conocer su decisión el lunes.

Por otro lado, si bien algunas defensas critican que todavía no les han trasladado detalles sobre cómo se desarrollará la fase de prueba documental, desde el Supremo explican que básicamente consistirá en la proyección de los vídeos aceptados como pruebas. Ninguna de las partes es capaz de calcular cuánto durará esta fase, si bien las fuentes del Alto Tribunal consultadas dan por hecho que no se prolongará durante más de dos o tres días.

Apuntan que, habitualmente, en los juicios al uso, la prueba se da por incorporada a la causa, y no es necesario proyectarla en la sala. No obstante, en este caso sí se hará, tal y como ha repetido en varias ocasiones el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal que debe juzgar el procés.

Los vídeos

Precisamente, una de las quejas más repetidas por las defensas tiene que ver con la negativa de los sietes magistrados que componen el tribunal a permitir la proyección de vídeos que documentan la violencia en la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la jornada del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017.

Los equipos defensores de los 12 procesados pretendían desmontar los testimonios de varios testigos de las acusaciones, en su mayoría policías y guardias civiles —de los 256 testigos compartidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, más de 200 eran agentes policiales—, exhibiendo las imágenes de las cargas.

De hecho, y además de lamentar la falta de información sobre cómo quiere proceder el tribunal en esta fase, las defensas temen que no se les permita intervenir para contextualizar estos vídeos. Desde el Supremo apuntan que, previsiblemente, se proyectarán en la sala sin que ninguna de las partes pueda intervenir.

Además de los vídeos del 1-O aportados por las defensas, las acusaciones han pedido la incorporación de otros documentos audiovisuales sobre lo ocurrido en las protestas frente a los alojamientos de policías y guardias civiles desplazados a Catalunya para impedir el referéndum, y sobre la protesta frente a la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat, una jornada clave para construir su relato sobre la supuesta violencia del procés.

En cualquier caso, superada la fase de prueba (testifical, pericial y documental) se abre la fase de conclusiones. Las partes podrán elevar a definitivas las conclusiones ya defendidas en sus respectivos escritos, presentados antes del arranque de juicio oral, o modificar estas conclusiones en nuevos documentos. Seguidamente arrancará la fase de informe, cuando las partes tomarán de nuevo la palabra: primero la Fiscalía, luego Abogacía del Estado y la acusación de Vox, y seguidamente los letrados defensores.

En última instancia, los acusados volverán a tener voz en la sala. Tuvieron ocasión de pronunciarse en la primera etapa del juicio, y volverán a hacerlo personalmente antes de que la causa se dé por concluida y todo quede visto para sentencia.

Por su parte, desde el partido ultra que ejerce la acusación popular no han dado respuesta a la petición de información de este diario. En concreto, Vox no ha querido aclarar si eleva a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación provisional. En abril, la formación ultraderechista expulsó de su grupo de comunicación sobre el juicio a periodistas de varios medios, entre ellos este diario, y desde entonces no han respondido en ninguna ocasión.

La pericial, clave para intentar acreditar la malversación

Las pruebas periciales solicitadas por Fiscalía y Abogacía del Estado se centran, fundamentalmente, en intentar sustentar la acusación por malversación contra todos los procesados salvo Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que, en calidad de expresidente de la ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente, no formaban parte del Govern.

Con este fin comparecerán tres funcionarios del Ministerio de Hacienda y dos técnicos de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A.. e Ibertasa, estos últimos sobre la valoración de los locales utilizados como centros de votación en la jornada del 1-O. También están citados tres guardias civiles, dos de ellos para analizar los documentos incautados a Josep Jové y Lluis Salvadó, considerados clave por las acusaciones, si bien el tribunal precisa que su comparecencia será tratada como la declaración de “testigos expertos”, más que como “peritos en sentido estricto”.

A ellos les seguirán dos médicos que explicarán las lesiones causadas por los agentes policiales el 1-O, a propuesta de los letrados de Junqueras y Romeva. La defensa de Cuixart ha llamado a un sociólogo, John Paul Lederach, y un historiador, Jesús Castañar Pérez, “para que se afirmen y ratifiquen en el informe pericial sobre análisis estratégico del procés centrado en la aportación de Jordi Cuixart y Ómnium Cultural, bajo la perspectiva de la resistencia no violenta”. También comparecerán un graduado en Investigación Privada por la UB y licenciado en Criminología por la misma universidad, y un doctor en Ciencias Físicas de la UAB, para que “se afirmen y ratifiquen en el informe pericial” sobre la titularidad y gestión de la web www.ractepelreferendum.cat.

En última instancia, la defensa de la exconsellera Dolors Bassa ha llamado a otros dos peritos, para que expliquen el posible valor de uso por arrendamiento de los centros utilizados para las votaciones, y a otros expertos informáticos, que deberán ratificarse y ampliar sus informes sobre correos remitidos por la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitaria del Departament de Treball, dependiente de la consellería de Bassa.



Superadas estas fases, habrán transcurrido al menos cuatro meses de juicio —uno más de lo estimado—, y éste quedará por fin visto para sentencia. De hecho, en la planificación inicial del Supremo, avanzada por su presidente, Carlos Lesmes, se daba por hecho que la sentencia llegaría antes del verano. En este punto, todas las partes sostienen que no será así, y que habrá que esperar al menos hasta septiembre u octubre para escuchar el pronunciamiento del tribunal.