El Gobierno de Mariano Rajoy se rasga las vestiduras tras la histórica derrota que cosechó el jueves en el Congreso, después de que los grupos de la oposición tumbaran el real decreto de la reforma de la estiba. Es la tercera vez en democracia que el Parlamento deroga una figura normativa de este tipo, después de los precedentes de 1979, con la UCD en el poder, y 2006, bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque en esta ocasión se debió a un error en la votación.

La derogación de la reforma de estiba obliga ahora a seguir negociando con el fin de sacar adelante la liberalización del sector que impone el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya que, en caso contrario, España se enfrenta a una multa millonaria, cuya cuantía inicial asciende a 134.000 euros diarios, pero que podría incrementarse en función de la gravedad y la reiteración del incumplimiento, además de todos los costes indirectos que supondrá mantener el monopolio vigente.

La minoría que ostenta el PP en la Cámara obliga a negociar con otros grupos parlamentarios para sacar adelante esta medida. El rechazo de la izquierda y los nacionalistas -con la excepción del PNV- al decreto y, sobre todo, la inesperada abstención de Ciudadanos, ha originado todo un aluvión de críticas por parte del Gobierno de Rajoy, que no duda en tachar a los opositores de irresponsables y de dañar la imagen de España.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, lamentó la "falta de responsabilidad" de los partidos políticos que no han apoyado la convalidación del decreto porque "aboca a que los españoles tengan que pagar una sanción muy importante, que vendrá directamente de su bolsillo". De la Serna afirmó, además, que el Gobierno de España "ha actuado con responsabilidad tanto en la elaboración como en la tramitación de la norma". En este sentido, el ministro subrayó que la derogación del Real Decreto "saca" a España "directamente del cumplimiento del Tratado de UE y va a obligar a pagar del bolsillo de todos los españoles el mantenimiento del último monopolio de este país".

Las críticas del PP, sin embargo, constituyen todo un ejercicio de demagogia y profunda hipocresía política que en nada tiene que envidiar a la del resto de grupo. En este sentido, cabe recordar que Ciudadanos, por ejemplo, llevaba expresamente en su programa electoral la necesidad de liberalizar la estiba para cumplir con la normativa comunitaria, pese a lo cual no ha dudado en abstenerse en el último minuto por una cuestión de mera estrategia política. Pero el PP no se queda atrás.

Mariano Rajoy y su entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, pudieron liberalizar la estiba y cumplir así con la normativa comunitaria durante la pasada legislatura, pero no lo hicieron, a pesar de disfrutar de una holgada mayoría absoluta. De hecho, los populares no sólo no atendieron los requerimientos de la Comisión Europea al respecto, sino que incluso se posicionaron a favor de los estibadores, ya que el Gobierno intentó frenar la reforma que hoy tanto defienden.

El origen del conflicto

El conflicto de la estiba no es nuevo, sino que colea desde hace años. Las recientes prisas por liberalizar el sector derivan de la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en diciembre de 2014, donde se concluye que el monopolio que ejercen los estibadores es contrario a la normativa europea. En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar libremente a quien quieran, sino que están obligadas a emplear a los trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar. Las Sagep, que tiene una plantilla de 6.156 trabajadores, funciona pues como un monopolio blindado ante la competencia exterior.

El hecho de que las empresas que operan en los puertos no puedan contratar trabajadores libremente otorga a esta entidad un enorme poder que ha sido aprovechado durante muchos años para elevar sus sueldos muy por encima del precio de mercado y lograr diversas ventajas y privilegios laborales, además de controlar de forma férrea quién entra y quién no en este reducido y exclusivo nicho, ya que su influencia se deja notar en los procesos de selección de personal. Todo ello ha disparado los costes de la carga y descarga de mercancías, restando competitividad a los puertos españoles y encareciendo de forma artificial las exportaciones e importaciones españolas, con el consiguiente daño al conjunto de la economía nacional.

El PP se agarra a la citada sentencia para justificar la reformar y cargar contra el resto de grupos que rechazan o dificultan la reforma, pero ocultan que el origen del proceso se remonta años atrás, evadiendo así su responsabilidad directa en este conflicto.

El PP crea el monopolio sindical

En concreto, si bien el monopolio de la estiba se remonta a la época de Franco, el origen del modelo vigente que hoy pretende derogar el PP fue un invento suyo. Bajo el Gobierno de José María Aznar se aprueba la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, por la cual la estiba, hasta entonces en manos del Estado, "pasa a convertirse en un tipo de servicio portuario básico, concebido como una actividad comercial de interés general cuya iniciativa corresponde a los particulares".

Con este cambio, las sociedades de estiba "se convierten en asociaciones de empresas portuarias, con las mismas finalidades y objetivos, pero con la novedad de que el Estado abandona el control de las mismas. Si antes el cargador estaba indefenso, ahora queda absolutamente al margen de la evolución de los costes de escala que tiene que pagar", tal y como explica Adrián Ángel Viudes, expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Es, precisamente, a partir de esa reforma cuando se desencadena el procedimiento que da origen al actual conflicto, ya que la estiba pasa de ser un monopolio público a un monopolio sindical. Al estar ya catalogada esta actividad como un servicio profesional privado, empiezan las denuncias sobre la ilegalidad que supone restringir la competencia en este ámbito.

Ya con el PSOE en el poder, y a sabiendas de que el modelo podría vulnerar la legislación comunitaria, se crean las Sagep mediante Ley 33/2010, de 5 de agosto y, posteriormente, el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, sobre la "Ley de Puertos del Estado". Y la cuestión es que, en lugar de aprovechar la ocasión para liberalizar el sector, las agrupaciones y sociedades estatales de estiba que impulsó el PP se transforman en las actuales Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Es decir, se cambia el nombre, pero todo sigue igual: los estibadores siguen controlando por completo una actividad, que, en la práctica, funciona como un auténtico monopolio privado, sólo que en este caso controlado por un sindicato, en lugar de por una empresa.

La citada Ley de Puertos del Estado prevé que los estibadores de las Sagep mantengan "los mismos derechos y obligaciones anteriores a la transformación", incluyendo sus condicionales laborales y su plena capacidad para determinar el acceso a la profesión. La cuestión, pues, es que tanto con el PP como con el PSOE los operadores privados no son libres de contratar a quienes quieran para realizar las funciones de carga y descarga, vulnerándose con ello las reglas básicas de competencia que rigen en la UE.

Bruselas exige la reforma en 2012

Tras la reforma de 2011 y a la vista de que España no ha hecho nada para adaptarse a la legislación comunitaria, Bruselas toma cartas en el asunto de forma seria. En concreto, el 25 de noviembre de 2011, Bruselas envía un requerimiento en el que advierte de forma expresa que dicha ley vulnera la normativa de la UE. Pero España, en plena etapa electoral, hace caso omiso.

¿Qué hace luego el PP? No solo no hace nada, sino que se posiciona a favor del monopolio sindical. Cabe recordar que en 2012 el Gobierno de Rajoy gozaba de una amplia mayoría parlamentaria y, por tanto, pudo aprobar sin ningún tipo de problema la citada reforma. No lo hizo. De hecho, el 2 de abril de 2012, el Ministerio de Fomento, ya con Ana Pastor a la cabeza, defiende el modelo de las Sagep.

Como consecuencia, en septiembre de 2012, la Comisión Europea envía un dictamen motivado a España por su incumplimiento del Tratado de la UE en relación con el régimen de la estiba, instando a su inmediata liberalización. Ya no es una advertencia, ni una recomendación, sino una orden explícita por parte de Bruselas. ¿Qué hace entonces el PP? Nuevamente, nada.

Ana Pastor defiende el monopolio sindical

Pastor responde al dictamen el 2 de enero de 2013 con el mismo informe que ya había sido desestimado previamente por Bruselas. Es entonces cuando la Comisión Europea se ve obligada a recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, que, entre otras funciones, es el órgano comunitario encargado de dirimir este tipo de conflictos entre estados miembros e instituciones europeas.

Bruselas señala en su recurso que "el régimen portuario español constituye una restricción a la libertad de establecimiento". La Comisión sostiene que, al obligar con carácter general a las empresas estibadoras a participar financieramente en las Sagep de los puertos españoles y a contratar a los estibadores del sindicato, España impone obligaciones contrarias a la legislación comunitaria.

¿La posición del PP durante el proceso? La restricción a la libertad de establecimiento que impone el régimen portuario español está justificado porque la estiba es un "servicio de interés general sujeto a obligaciones de servicio público". Y, por su fuera poco, Fomento alega que la citada restricción "resulta necesaria para garantizar la protección de los trabajadores, lo que constituye una razón imperiosa de interés general".

Sentencia del TJUE en diciembre de 2014

El TJUE resuelve, finalmente, en contra de España. En diciembre de 2014, la Justicia europea dictamina lo siguiente:

[…] el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado.

¿Y qué hizo el PP tras la sentencia? Nuevamente, nada. Durante 2015, el Gobierno de Rajoy seguía ostentando una amplia mayoría absoluta para aprobar la exigida liberalización del sector, pero prefirió iniciar una larga y complicada ronda de negociaciones con los estibadores para evitar una posible huelga en los puertos meses antes de la celebración de las elecciones generales. Es cierto que, una vez celebrados los comicios, poco pudo hacer, ya que entonces el Gobierno de Rajoy estaba en funciones y después llegaron las elecciones de 2016… No es hasta finales del año pasado, cuando Rajoy es investido de nuevo como presidente y es a partir de ese momento cuando se retoma la delicada pelota de la estiba, con el consiguiente conflicto laboral y político que ha tenido lugar en las últimas semanas.

Un conflicto que, sin embargo, se podría haber resuelto mucho antes. Como mínimo, desde finales de 2011, cuando el PP empezó a gobernar con amplia mayoría. Las críticas a la oposición que hoy aducen los populares, hasta hace poco posicionados con los estibadores, son, por tanto, un enorme ejercicio de hipocresía política.