Plan B | Lydia Cacho

Mi nombre es Lydia Cacho Ribeiro, nací en 1963 en el Distrito Federal. Soy periodista y escritora. Desde hace 21 años vivo en Cancún desde d ...

Lunes 23 de marzo de 2009

El presidente Obama autorizó enviar soldados y armamento para la guerra en México. Mientras, en su país, tratará las drogas con una perspectiva de salud pública y prevención. 600 mil norteamericanos son adictos a la heroína inhalada e inyectada; 9.8 millones fuman mariguana y 4.7 millones usan metanfetaminas hechas en Estados Unidos. Allá salud; aquí soldados.

El 4 de junio de 2008 Amnistía Internacional y defensoras de derechos humanos de México y EU urgieron al Congreso de ese país poner salvaguardias de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de cooperación para la seguridad entre EU, México y Centroamérica. Pero el gobierno de México se negó a aceptar que las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueran transferidas a fiscales y vigiladas por tribunales civiles.

A estas alturas, dada la corrupción e incapacidad de los gobernadores, la sociedad desesperada acepta que es mejor estar rodeada de 10 mil soldados que en manos de narcos, policías cómplices o ineficientes. Chihuahua, patria de los feminicidios mexicanos, vive un estado de excepción. Un experto en inteligencia militar asegura que el gobernador ha cedido el mando al Ejército. Y aunque parte de ese Ejército hace un buen trabajo, otra no. Es la guerra.

Quizá no hubo más opción que recurrir al Ejército, por la pasividad y corrupción de nuestros cuerpos policiacos. Pero eso no significa que la sociedad, y en particular las mujeres, deban ser “entregadas” como población ocupada, exenta de derechos. Más de 7 mil soldados controlan ciudades sin orden en la frontera. Lejos de sus familias, entrenados para someter y desconfiar, convencidos de que su fuero militar les da poder sobre cualquiera. Muchos ejercen violencia doméstica; viven al día, con miedo de morir, dispuestos a matar y a violar para desahogarse.

Cuando 19 soldados “se equivocaron” y masacraron en Sinaloa a la familia de Adán Esparza, las ONG exigieron más control. Sólo en Chiapas, 79 mujeres y niñas fueron violadas por militares enviados a proteger a la comunidad. En Chihuahua, las organizaciones de derechos humanos reciben a mujeres torturadas y violadas por soldados, sicarios y policías. A una, tras violarla, le quemaron los pies y le cortaron tres dedos, para que no denunciara. ¿Ante quién denuncian?

Los Estados autoritarios se construyen sobre la complicidad pasiva de pueblos que “prefieren” mano dura que “el desorden”. Pero esa es una falsa elección planteada por políticos. Las y los mexicanos tenemos derecho a una vida libre donde la ley actúe contra la delincuencia y proteja y defienda las garantías de la sociedad.

El espionaje de Estado, las violaciones sistemáticas a garantías constitucionales, a derechos humanos, no pueden ser perdonadas porque hay una guerra contra el crimen. Si los militares llegaron para quedarse en labores policiacas urge crear mecanismos de protección y vigilancia civil. Si no seremos un pueblo bajo la ocupación de nuestro propio Ejército. Y como históricamente ha sido, las mujeres serán el botín de guerra. Urge una conspiración por los derechos humanos.