Fue una cadena de sucesos. El 12 de septiembre una oficial de la PDI se comunicó con la ministra en visita Romy Rutherford, quien sustancia varios procesos por delitos contra la probidad en el Ejército. Le contó que una detective de otra unidad policial cumplía el encargo hecho por la fiscal militar Paola Jofré, para averiguar la razón por la que el exjefe de Brigada de Aviación castrense, general (r) Antonio Yakcich, estaba citado por Investigaciones a prestar testimonio. La magistrada se comunicó de inmediato con Jofré haciéndole presente la irregularidad. Esta última, le explicó que, aún cuando no era una causa de su competencia, cumplía con la orden emanada del auditor del Juzgado Militar de Santiago, coronel José Ignacio Garmendia. Rutherford puso en conocimiento los hechos ante el tribunal de alzada castrense que ya solicitó un informe a Jofré para que explique su actuar. La historia y los documentos, los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La ministra en visita, Romy Rutherford, quien investiga casos de corrupción en el Ejército, denunció ante el Pleno de la Corte Marcial a la fiscal militar Paola Jofré Valdivia. Esto, luego que esta última pidiera información a la PDI, respecto a por qué un alto oficial en retiro de la institución castrense estaba citado por Investigaciones a prestar testimonio.

Los hechos quedaron al descubierto el pasado 12 de septiembre a las 11.35 horas, cuando la comisaria de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef), Mónica Guarategua, reveló que una colega de otra unidad policial le solicitó averiguar -por orden de Jofré- cuál era la razón por la que el exjefe de la Brigada Aérea del Ejército, general (r) Antonio Yakcich, era requerido para declarar.

El relato de la detective llegó a oídos de Rutherford, quien se contactó de inmediato con la fiscal Jofré haciéndole presente la irregularidad, ya que la citación refería a la indagatoria que sustancia en un cuaderno separado por supuestas irregularidades en la compra de helicópteros Puma.

Al otro lado del teléfono, Jofré reconoció que efectivamente realizaba las averiguaciones por orden del auditor del Juzgado Militar de Santiago, coronel José Ignacio Garmendia, como también que lo hacía en una causa ajena a su competencia.

La situación encendió las alarmas en el tribunal donde trabaja Rutherford, ubicado en Morandé esquina Compañía. Fresco estaba el caso de las intercepciones telefónicas -amparadas por la Ley de Inteligencia- que realizó el Ejército a exmilitares que denunciaban delitos de corrupción. Eso, además de los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional (TC) que intentaron evitar procesamientos, entre otros del excomandante en Jefe, Humberto Oviedo. Por estas razones, los contactos que hizo la fiscal Jofré se convirtieron en una certificación en el expediente siendo remitida a la Corte Marcial bajo el oficio 596.

Vea la certificación judicial

Actualmente, la presentación hecha por la magistrada está en manos del tribunal de alzada castrense, que ordenó a la fiscal Jofré evacuar un informe para que explique su actuar. De hallar alguna anomalía, los ministros solicitarán más antecedentes, con miras a establecer si el llamado a la PDI constituyó una falta administrativa o un eventual delito. De ser así, se iniciará una indagatoria para establecer las responsabilidades que correspondan.

Rutherford sustancia varios casos de corrupción que involucran en contra del Ejército, entre ellos el llamado “milicogate” por el uso ilegal de los fondos reservados de la antigua Ley del Cobre que asciende a más de 10 millones de dólares. A este se suma -entre otros- la arista “agencias de turismo”, referida a la compra de pasajes por generales del alto mando, que los cambiaban por otros más baratos, usando esos dineros para viajar a Disney, Punta Cana, Europa o bien embolsarse la diferencia.

Sin rol

Una versión distinta tiene el abogado Felipe Cunich, exauditor general del Ejército. Según indicó, la comisaria Mónica Guarategua le entregó a Yakcich una citación en su domicilio el pasado 11 de septiembre.

El documento, explicó, no tenía escrito el rol de la causa en la que era requerido el oficial en retiro y solo indicaba que debía presentarse en el cuartel policial.

Vea la citación

Atendido lo anterior, dijo Cunich, se comunicó con el auditor militar, coronel José Ignacio Garmendia, para conocer si el requerimiento tenía relación con algún proceso tramitado en las fiscalías castrenses ubicadas en Avenida Las Parcelas, en la comuna de Estación Central.

“Todo su interés (el de Yakcich) era saber qué causa de alguna fiscalía militar era aquella en que se disponía la investigación, para el solo efecto de poder aportar el mayor número de antecedentes sobre la materia que fuese. Por lo mismo, sin tener mayores antecedentes de qué fiscalía podía ser, es que se le consultó al auditor del juzgado militar, quien preguntó en todas las fiscalías, y como no aparecía el antecedente es que se consultó directamente a la PDI, solo para saber en qué causa y la materia de la misma”, explicó Cunich.

Fuentes de la Corte Marcial explicaron que la llamada de Jofré a la policía civil es al menos “imprudente”, ya que generó un problema institucional al intentar obtener información de un caso ajeno a su competencia como fiscal castrense.