La justicia belga ha desestimado la demanda de Carles Puigdemont y los exconsellers del Govern que permanecen en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés y emisor de las euroórdenes contra los dirigentes catalanes, al considerarse incompetente para resolver el caso.

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El tribunal de primera instancia de Bruselas dio la razón a Llarena el pasado 27 de marzo al concluir que las manifestaciones de Llarena cuestionadas por Puigdemont se produjeron en su condición de juez y que, por tanto, quedan amparadas por la inmunidad de jurisdicción. La sala de este tribunal civil también ha denegado la pregunta prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE que reclamaba el expresident.

Puigdemont y sus exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret denunciaron en un juzgado civil belga en junio de 2018 al juez que instruyó la causa del 1-O, al considerar que éste habría vulnerado su presunción de inocencia al decir en una charla en Oviedo en febrero de ese mismo año que los procesados en el caso del procés no eran presos políticos.

Según los políticos independentistas, Llarena había actuado con "parcialidad y obstinación" contra el independentismo en la instrucción de la causa del procés. Al presentarse por la vía civil, la demanda de los políticos catalanes no reclamaba penas de cárcel para el magistrado, sino que Llarena pague una multa "simbólica" de un euro para "reparar el daño causado".

Tras conocer el archivo del caso en primera instancia, Puigdemont y los exconsellers recurrirán la desestimación al Tribunal Supremo de Bélgica porque consideran que "la interpretación sobre la inmunidad de jurisdicción que hace el tribunal es incompatible con el espacio común de justicia europeo".