Lo que comenzó como una demanda y una inconformidad aislada e individual de algunos gobernadores que se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos y partidas de la Federación, ha comenzado a tomar forma de una demanda conjunta que impulsan varias entidades federativas. Los mandatarios estatales, en principio 9 de los 10 del PAN, ya no sólo se quejan de que el centro no reparte equitativamente los recursos federales, sino que trabajan en nuevas propuestas para modificar el actual Convenio de Coordinación Fiscal entre las 32 entidades y el gobierno federal, que data de 1947, y que hoy consideran “injusto e inequitativo”.

Tal parece que el control presupuestal férreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto a las entidades, aunado a las políticas de austeridad y a una concentración cada vez mayor del gasto público en la esfera federal, destinando la mayor parte de recursos de la Federación a los programas, planes y proyectos que son del interés personal y político del titular del Ejecutivo Federal, ha empezado a hacer crisis ante las denuncias y las quejas cada vez más recurrentes, sobre todo de gobernadores de la oposición que no están de acuerdo con lo que consideran un “manejo político del presupuesto” en el que el gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones federales y las facultades de gasto.

Fueron precisamente gobernadores panistas los que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, comenzaron a hablar públicamente de un “trato injusto” para sus estados a partir de lo que aportan a las arcas federales en materia de impuestos y recaudación, y de lo que reciben a cambio en forma de participaciones y partidas de gasto cada vez más disminuidas, a la par que las atribuciones y facultades para ejercer los programas sociales y la inversión pública en infraestructura se aumentan a la esfera federal.

“Hay un decremento de las participaciones y las aportaciones federales, que por ley y por fórmula se determinan para los estados, porque aunque nominalmente en el presupuesto se habla de incrementos, cuando calculamos el costo de la inflación (3.5%) en términos reales perdemos participaciones en relación al año anterior”, dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 13 de septiembre, antes de la aprobación del PEF. “La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal”, dijo Corral, quien la semana pasada, tras la aprobación del presupuesto reiteró su invitación a que “los estados que podamos hacerlo en función de nuestro PIB y nuestras capacidades productiva, descoordinarnos de la Federación”.

Otros gobernadores, como el de Guanajuato, Diego Sinhué, también panista, secundó la propuesta de Corral. “El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, ocho mil los pone el gobierno federal, cinco mil millones le pone el estado; en caso de que el gobierno federal no quisiera darnos esos ocho mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto Federal, porque los guanajuatenses pagamos muchos impuestos y no se ven reflejados para nosotros”. También el mandatario de Durango, José Rosas Aispuro no descartó la posibilidad de abandonar el Pacto Fiscal federal debido al recorte que sufrió su entidad para el 2020 y comentó la posibilidad de que los impuestos recaudados en el estado ya no se vayan a la Federación.

Pero no sólo los panistas encabezan esta propuesta de desconocimiento del actual Convenio de Coordinación o Pacto Fiscal; también en Coahuila, el gobernador priista, Miguel Riquelme Solís, llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses “a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad, luego de cuestionar que los términos en que se aprobó el Paquete Económico 2020, las expectativas para su estado “no son nada halagadoras”.

En los próximos días habrá al menos dos reuniones en los que ya no sólo se escucharán quejas y lamentos de los gobernadores por el maltrato fiscal y de recursos de la Federación, sino que se harán planteamientos concretos para dar por terminado el actual Convenio de Coordinación Fiscal entre el gobierno federal y los estados para convocar a una nueva Convención Nacional Fiscal, en las que se discuta un nuevo esquema de redistribución de los recursos entre la Federación, los estados y los municipios. La primera reunión ocurrirá este miércoles, en el marco de la FIL 2019 en Guadalajara, donde Javier Corral, de Chihuahua, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lanzarán un llamado a todos los estados para impulsar una nueva negociación con el gobierno central.

Y la siguiente reunión, otra vez Corral junto con otros gobernadores del PAN, se reunirán el 13 de diciembre en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República —precisamente la Cámara que representa a los estados en el Congreso de la Unión— con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que presentará su propia propuesta para un nuevo Convenio de Coordinación fiscal en la República que derive en una nueva Ley de Coordinación más justa y equitativa que elimine concentraciones y excesos del centro y fortalezca a los estados y municipios con un trato más equitativo en el reparto de los recursos.

Se ve que esta vez va en serio la exigencia de los estados y sus gobernadores por modificar las reglas y el reparto de los recursos en la República federal. Veremos cómo toma y procesa el presidente López Obrador y su 4T la intención de modificar sus facultades y la enorme concentración que hoy tiene el gobierno central en materia de reparto, administración y ejercicio del gasto público, y cuántos gobernadores se animan a sumarse a un movimiento que, aclaran los estados, “no es separatismo, pero sí una exigencia de equidad fiscal”, al señalar que no pretenden desconocer el Pacto Federal ni separarse de la República, pero sí exigir que se les den más recursos y capacidades fiscales y que se acabe el trato centralista y político del presupuesto.

