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Si no fuera porque estamos estragados por los innumerables abusos y atropellos infligidos, la cuestión induciría al vómito o a la trifulca inmisericorde. Una jueza de Ceuta acaba de archivar la tragedia del Tarajal, aquel episodio criminal fruto de la violencia del Estado que acabó con 15 inmigrantes que trataban de ganar a nado la costa española. Sucedió 6 de febrero de 2014, cuando miembros de la guardia civil (nada beneméritos) descargaron todo su arsenal intimidatorio (145 pelotas de goma como las que han dejado tuertos a varias personas en Barcelona) para repeler a los desdichados intrusos. Aturdidos y conmocionados por el brutal uso de la fuerza, se los tragó el mar a pocos metros de la playa, frontera sur de una Unión Europea abanderada de los derechos y libertades, apaleados como perros sarnosos.

La razón (también de Estado), si razonable es un término aplicable a semejante barbarie, tiene que ver con una licencia incrustada en nuestra jurisprudencia para golosinar a ricos, truhanes y potentados. Lo llamarón <<doctrina Botín>>, porque se inventó ex profeso con objeto de exonerar al patrón del Banco de Santander, incurso en el caso de las <<cesiones de crédito>>. <<El mayor fraude fiscal de la democracia>>, a decir del parlamentario Joan Saura de ICV bastantes años antes de que ocupara el cargo de policía mayor del tripartito catalán. Según aquella innovadora regalía, sin petición de imputación por la Fiscalía (del Estado, una vez más), no hay juicio que valga. Aunque se pronuncie en contrario la acusación popular.

Para inhumar el caso, la instructora del Tarajal ha exhumado <<la doctrina Botín>>, convertida ahora en yunque y martillo a la vez, o en clasista ley del embudo si mejor se quiere. Ancho para los pudientes y amiguetes y estrecho para los humildes y adversarios. Azuzada por el ardor guerrero que ensoberbece a las instituciones del Estado al calor del conflicto catalán, la autoridad judicial ha concluido consumando la ignominia. No cabe exigir responsabilidades por esas 15 muertes provocadas por el celo cerril de las Fuerzas de Seguridad (del Estado), hecho que la propia instructora había calificado hace un mes de << homicidio imprudente y denegación de auxilio>>. La justicia se lava las manos, está en cosas de mayor enjundia. Un dubio pro reo con licencia para matar. Como ya argumentó la vicepresidenta Carmen Calvo, insigne representante del patriotismo constitucional, no se puede rescatar a náufragos sin autorización del Gobierno. Extremo que, a la vista de lo sucedido (será que los fusileros del Tarajal tampoco tenían permiso para socorrer), debe compartir su mediática colega de Justicia, Dolores Delgado, suprema mandamás en el putiferio de la Fiscalía.

Quien hace la ley hace la trampa y lo que le cuelga. La <<doctrina Botín>> no tiene la misma eficacia en según qué casos. Es reversible, como todo lo que está sometido al capricho del interés superior que nunca coincide con el interés general. De ahí que cuando le tocó el turno al presidente de la Cámara vasca, José María Atutxa, imputado por negarse a disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) sucesor de la ilegalizada Batasuna, cambiaran las tornas. A pesar de haber sido absuelto en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en 2008 el Tribunal Supremo (TS) condenó al dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) plegándose a la petición del pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias (hoy considerado <<organización criminal>>), aunque la Fiscalía se había abstenido reiteradamente. El fallo del TS sería confirmado más tarde por el Tribunal Constitucional (TC), impartiendo justicia en nombre del Rey, comme il faut.

Una aberración que se ha reparado en parte el pasado martes 29 de octubre, al anular esa aberrante sentencia el pleno del Supremo en cumplimiento de lo acordado en junio de 2017 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que consideró vulnerado el derecho de Atutxa a un juicio justo. Notica que han recogido todos los medios de comunicación adscritos al statu quo, pero de aquella manera, recauchutando una suerte de <<doctrina Botín>> informativa. Se menciona la culpa pero no al culpable ni so dolo. Han sido contados con los dedos de la mano los que han destacado la circunstancia nada anecdótica de que el ponente de aquella infamia fue Manuel Marchena, el mismo jurista que ha presidido el Tribunal del procés (¡ay, cosas veredes: dos años después de conocerse el varapalo del TEDH!). Curiosamente, y para más inri, pasadas 24 horas de cumplimentarse el fallo de Estrasburgo, el susodicho y reprendido en sus autos juez Marchena, procedente de la infelizmente connotada Carrera Fiscal, era recompensado con un segundo mandato al frente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Al servicio del Estado. ¡Señor, sí, Señor!