La llamada se produjo a la una de la tarde del pasado 26 de septiembre, apenas dos semanas antes de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional activara la primera macrooperación para desmontar la trama de iDental, que ofrecía tratamientos odontológicos low cost a personas con escasos recursos y captaba fondos derivados de la financiación de esos tratamientos. Luis Sans, que había liderado la adquisición del grupo mediante Weston Hill y que quería presuntamente repetir la macroestafa bajo el sello de la sociedad Institutos Odontológicos Asociados (IOA), telefonea a Enrique Gumiel, uno de sus hombres de confianza. Buscaban acreedores para la supuesta apertura de 80 nuevas clínicas y, por fin, tenían una comida con un director comercial de Bankinter: "Hay que venderles la moto", advierte Sans a su interlocutor, según recogen las escuchas policiales y explican fuentes cercanas a la investigación. Todo apunta a que querían timarlos, según han concluido los agentes.

En ese momento, la UDEF ya cercaba al entramado. Apenas unos meses antes, iDental había colapsado por las deudas con los proveedores —dejando sin tratamientos a decenas de miles de pacientes y con impagos a cientos de trabajadores y proveedores— y la Policía aceleraba las pesquisas ante la posibilidad de que los sospechosos declararan también el concurso de acreedores de IOA: "Con la alarma social que hubiera ocasionado por un nuevo cierre de una misma empresa del sector y el consiguiente perjuicio a pacientes, empleados, proveedores e inversores".

Los investigadores intervinieron los teléfonos de varios implicados y comenzaron a tirar del hilo para perfilar el modelo de presunta estafa que habían diseñado. Las escuchas les permitieron averiguar cómo buscaban fondos millonarios de prestamistas para después desviarlos presuntamente a sus cuentas, y comprar con ellos viviendas y bienes de lujo. "El objetivo de Sans es captar financiación dando una apariencia de gran inversor" y de "solvencia en los negocios", advierten fuentes cercanas a las pesquisas.

Cuando se buscan acreedores hay que ofrecerles "un cebo", le llega a decir Sans a Gumiel, su supuesta mano derecha y al que un testigo bautizó como El papá de iDental, porque dirigía supuestamente al resto de empleados en ausencia de los dueños. Toda una "estrategia de engaño" —que suponía, por ejemplo, asegurar que en 2019 iban a exportar el modelo de negocio a Florida (EE UU)— que resultaba fundamental, según los agentes, porque servía para inflar los proyectos y solicitar inversión por encima de las necesidades reales, basadas además en datos e informes "falsos" que exhibían para ello a sus inversores. Entonces, una vez conseguido el dinero, solo se destinaban los fondos justos a ese fin y el sobrante se desviaba a otros proyectos o a sus cuentas. Y así "descapitalizaban" las compañías, según las pesquisas.

"El dinero se ha ido"

Las escuchas dejan más frases bajo sospecha. "El dinero se ha ido, se ha gastado, ya está, no vamos a dar explicaciones, ¿sabes?", comenta Sans con otro de sus socios sobre cómo deben responder a las preguntas de los acreedores respecto a dónde está el dinero que invirtieron. También, se autodefinen como "más de navaja" a la hora de calificar su agresividad al hacer negocios.

La UDEF ha puesto el punto de mira en 54 millones de euros que Bankia dio en préstamos a otras empresas del grupo dominado por Sans, y en otros 38,4 millones que dos compañías (Ares Management Limitex y Lendix España) aportaron para la supuesta expansión comercial que iba a emprender el IOA. Un dinero que no se habría utilizado para ello, según la UDEF, ya la trama solo buscaba su "enriquecimiento" personal e iba a repetir la macroestafa de iDental. Es decir, llevar a concurso una sociedad y que la empresa no tenga ni patrimonio ni activos para responder a sus deudas, "ni tan siquiera para continuar su actividad".

Porque Sans no buscaba "reflotar la empresa", sino obtener un beneficio a costa de sus acreedores. "No fue nunca la intención de los investigados destinar íntegramente la inversión de 35 millones de Ares a la apertura de clínicas", según fuentes cercanas a las pesquisas.

José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, envió el pasado octubre a Sans y a Enrique Gumiel a prisión provisional. Aunque, el segundo ya quedó en libertad, según fuentes penitenciarias.