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Como era de esperar, el gobierno del PP ha hecho valer la cláusula que le permitía prorrogar la privatización del Laboratorio Central (actualmente en manos de Ribera Salud y Unilabs) por dos años más, hasta 2018. La renovación lleva aparejada la asignación de una partida de casi 38 millones de € para “atender” las pruebas de 1,2 millones de madrileños dependientes de los hospitales de propiedad privada de modelo PFI.

Es necesario hacer historia para conocer como se ha llegado a la situación actual.

En junio de 2009 tuvo lugar la apertura del Laboratorio Central de Referencia en San Sebastián de los Reyes. Este centro fue construido en terrenos públicos, cedidos a la empresa privada por acuerdo unánime en pleno municipal de PP, PSOE, IU e Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes.

El laboratorio citado fue adjudicado hasta 2016, con una prórroga de 2 años mas, para su explotación a Ribera Salud, que recibiría 125 millones de € por los primeros 8 años. A cambio, procesaría las muestras de más de un millón de personas, para lo que se cerraron los laboratorios públicos de Coslada, Aranjuez, Vicente Soldevilla- Vallecas (abierto solo 4 años antes) y Virgen de la Torre-Vallecas (convirtiéndose en el primer hospital sin laboratorio). Estos laboratorios públicos venían funcionando perfectamente, tenían mayor proximidad a los centros sanitarios desde donde se les enviaban las muestras, y era posible un contacto directo ante cualquier problema que pudiera surgir.

En septiembre de 2009, los sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, CSIT-UP, FEMYTS y SATSE), firmaron el Acuerdo que permitió a Esperanza Aguirre “trasladar forzosamente” a los más de 90 trabajadores de los laboratorios públicos y hacer efectivo el cierre y la derivación de muestras al privado.

En noviembre de 2012 Unilabs entró en el negocio al comprar por 5 millones € a Balagué Center y AMS –presentes en la UTE junto a Ribera Salud- las acciones de los anteriores. Curiosamente en el consejo de administración de Unilabs estaba por esas fechas el ex consejero de sanidad Juan José Güemes, que había privatizado el servicio.

Ante las críticas surgidas, en 2013 Juan José Güemes presentó la dimisión, no sin antes defender que no había existido trato de favor hacia Unilabs.

Desde el inicio de su andadura este laboratorio ha estado en el punto de mira de las quejas de los profesionales debido al mal servicio prestado, lo que solo ha dado lugar a una multa de 90.000 € en 2013 por las demoras en los resultados o por hacer pruebas no solicitadas, multa irrisoria que nunca fue pagada ya que fue perdonada por el presidente autonómico Ignacio González.

En definitiva, la existencia del laboratorio privado central ha sido resultado de la colaboración de diferentes “agentes sociales” (algunos de los cuales no tienen la más mínima vergüenza de difundir luego comunicados contra la privatización), pero sobre todo es resultado de la existencia de la Ley 15/97, ley básica que garantiza seguir poniendo en manos de empresas privadas de todo tipo las partes rentables del sistema sanitario de administración estatal.