Luxemburgo tiene una superficie de 2.586 kilómetros cuadrados, la mitad de La Rioja, y una población de medio millón de habitantes, como Navarra. Pero no tiene nada que ver con esas dos autonomías si nos atenemos al número de empresas que han elegido el Gran Ducado para instalar su sede: en un solo inmueble de la capital pueden alojarse tranquilamente y sin pestañear 1.500 empresas, unas 500 por planta. Esa fue la razón que puso en la diana de las críticas al actual presidente europeo, Jean Claude Juncker, a raíz de los ventajosos tratos fiscales que reciben esas empresas en el pequeño paraíso fiscal. Son esas mismas empresas las que despliegan después sus alas desde allí -en forma de inversiones- sobre cualquier empresa europea. Es la trampa viciada en origen. Ha ocurrido con la aceitera Deoleo, que ya controla el fondo CVC, con E.ON España, adquirida por el fondo Macquire o con el fondo TCI, que pelea en AENA con 7,7%. La lista es muy larga, como publica este lunes Expansión y se concentra especialmente en el sector energético. La razón de todas esas operaciones no es otra que entrar a saco con unas ventajas fiscales que no tienen si operaran directamente desde España o desde otro país europeo. Y encima, pretenden burlarse del Gobierno español si ven perjudicados sus intereses, acogiéndose a la Carta de la Energía para pedir un arbitraje internacional. España no puede por sí sola acabar con esta discriminación ni parar los pies a fondos especulativos de todo tipo y de toda procedencia que hacen y deshacen después como les dé la gana. Tiene que intervenir la Comisión Europea, lenta como una tortuga en este tipo de cuestiones que son indefectiblemente discriminatorias y abusivas. Hispanidad redaccion@hispanidad.com