Una declaración de la primera dama venezolana, Cilia Flores, cambió el curso de la defensa de sus sobrinos, Franqui Francisco Flores y Efraín Campo, detenidos en Nueva York por una supuesta conspiración para traficar drogas a Estados Unidos. “La primera combatiente” sostuvo el 12 de enero de 2016 que los dos venezolanos habían sido secuestrados en Puerto Príncipe —Haití— por agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense —DEA, por sus siglas en inglés—. Dijo, asimismo, poseer evidencias que serían ventiladas solamente en la corte del Distrito Sur de Manhattan.

Pero las palabras de la esposa del presidente Nicolás Maduro tuvieron el efecto contrario. El fiscal del caso, Preet Bharara, las tomó como punto de partida para justificar una respuesta de 78 páginas donde se dieron a conocer las principales evidencias que justificarían el procedimiento policial en la capital haitiana.

El juicio se trató de un asunto de seguridad de Estado. En el documento presentado por Bharara, una declaración de Efraín Campo lo demuestra: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Sea una afirmación destemplada, o una bravata, en el país del norte tales sentencias no se toman a la ligera, en especial después del 11 de septiembre de 2001. La pesquisa forense a los teléfonos celulares confiscados en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial también arrojan nuevos datos: correos electrónicos supuestamente enviados por Campo que trataban sobre los requisitos y los documentos para el porte de armas, y fotos tomadas con el mismo teléfono de dos subfusiles, uno con mira láser, y a un lanzacohetes.

Reunión en Puerto Príncipe

Según Bharara, Flores y Campo viajaron a Puerto Príncipe con la finalidad de recibir “millones de dólares” para una futura compra de cocaína en Venezuela. Estos fondos iban a ser suministrados por un informante confidencial de la DEA. El hombre se presentaba como un mexicano, miembro de un cartel —se presume el de Sinaloa—, y financista de 400 kilos del alcaloide, es decir, la mitad del alijo involucrado en la operación.

Este encuentro se llevó a cabo aproximadamente a las 10:30 am del 10 de noviembre de 2015 en el hotel Savotel, a pocos minutos del aeropuerto, en el bulevar Toussaint Louverture de Puerto Príncipe.

Para Campo y Flores, el mexicano no era un desconocido; ya se habían reunido un mes antes en Caracas, gracias a la mediación de un hondureño, conocido como “El Sentado”, un testigo de la Fiscalía que se movía en silla de ruedas y que había sido detenido por tráfico de drogas en Estados Unidos. Este hombre fue ultimado a tiros en Tegucigalpa en octubre de 2015. El expediente no establece si este asesinato fue consecuencia de las detenciones.

Cuando la reunión estaba en desarrollo en el restaurant del hotel, con la presencia del piloto, el copiloto y dos hombres que acompañaban a Campo y a Flores, entraron funcionarios del Buró de Lucha contra el Tráfico de Drogas de Haití (BLTS). Algunos de ellos tenían las caras cubiertas con pasamontañas. La orden de irrumpir en el local fue impartida a las 11:12 am. Cuatro minutos después, todos eran llevados a la sede de la policía antidrogas de la isla.

Carta al ministro

Todo lo que sucedía luego de la detención de los sobrinos de la Primera Dama era anotado en un cuaderno de argollas por el agente especial de la DEA Leith Habayeb. Esas hojas con su escritura a mano fueron arrancadas del bloc y consignadas en el expediente judicial de este caso. Según las anotaciones de Habayeb, tanto el piloto como el copiloto y un acompañante de Campo y Flores fueron llevados al mismo sitio donde ellos se encontraban a las 12:30 pm. Allí los policías haitianos los identificaron plenamente. Cada dato era transmitido a la comisión estadounidense.

A la 1:45 pm, del mismo 10 de noviembre, el agregado de la DEA en Haití, Michael Wilhite, envió una carta al ministro de Justicia y Seguridad Pública de la isla, Pierre Richard Casimir: “…como resultado de los esfuerzos bilaterales para el control de narcóticos, tengo el honor de expresarle nuevamente mi profundo aprecio por el excelente trabajo hecho por la Policía Nacional de Haití, a través de la cooperación en desarrollo”.

Acto seguido, el funcionario estadounidense solicitó al ministro la autorización “para transferir a los Estados Unidos al señor Efraín Antonio Campo Flores y al señor Franqui Francisco Flores de Freitas, dos individuos buscados en los Estados Unidos por tráfico ilícito de cocaína”, sobre los que había una acusación pendiente en un juzgado de Nueva York.

Mientras la misiva era procesada en el ministerio de Justicia haitiano, los detenidos eran llevados desde la sede del BLTS hacia el cuartel general de la policía, donde permanecerían media hora.

En ese lapso llegó la respuesta del ministro Richard: “…le informo por la presente que su petición ha sido acordada. He pasado las instrucciones al Director Central de la Policía Judicial con la finalidad de tomar todas las medidas necesarias para este propósito”. La solicitud estadounidense y la respuesta del ministro haitiano fueron consignadas en el expediente, para dar respuesta a lo declarado por Cilia Flores en torno al supuesto secuestro de sus sobrinos.

Miranda en el espacio

Las notas tomadas por el agente Habayeb indican que a las 4:30 pm los detenidos ya estaban de regreso en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Allí, antes de ser entregados formalmente a la policía estadounidense, algunos de los participantes en el procedimiento se tomaron la foto de rigor, al pie del jet. De los funcionarios, el único que tenía la cara al descubierto era el agente especial de la DEA Jacinto Flores, que acompañó a los sobrinos de la Primera Dama en un vuelo de tres horas y media hasta el terminal aéreo de White Plains.

Habayeb no cesaba de observar a los detenidos. En el vuelo no les dieron comida. Solo caramelos y agua, la “bebían continuamente”. Una vez acomodados en el lear jet de la agencia antidrogas de EEUU, comenzó un episodio polémico. El agente especial, Sandalio González, inició una conversación con Efraín Campo Flores. Para comenzar, le preguntó cosas irrelevantes como su fecha de nacimiento —25 de agosto de 1986—, el lugar donde vivía, su teléfono y otros datos personales. Pero luego entraron en algunos detalles del caso.

Era un interrogatorio, no en una oficina policial o en una patrulla sino en un avión. El cuestionamiento de los abogados, que actualmente ejercen la defensa de ambos detenidos, se refiere a la posibilidad de que para ese momento ellos no estuvieran en conocimiento de sus derechos. De ser cierto, esto obligaría al juez de la causa Paul Crotti a anular ese interrogatorio. La hora crucial parece ser las 5:15 pm de ese 10 de noviembre.

El reporte del agente González no precisa cuándo se llevó a cabo el intercambio de preguntas y respuestas. Pero coloca en dos párrafos anteriores la constancia de que Campo y Flores fueron impuestos de sus derechos, conocidos como Miranda: “Tiene derecho a guardar silencio; cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en una corte; antes de hacer cualquier pregunta tiene derecho de consultar con un abogado; tiene el derecho de que un abogado esté presente durante el interrogatorio, y si no los puede pagar se le nombrará uno antes de hacerle cualquier pregunta”.

La planilla correspondiente, traducida al español, tiene una firma ilegible que según el reporte de González fue estampada por Campo. Otra sería la firmada por Flores. Fue entonces cuando Campo preguntó al agente si había alguna grabación de las reuniones preparatorias que se llevaron a cabo en Tegucigalpa y en Caracas. González le mostró un fotograma donde, según el documento, aparecía Campo con la manos enguantadas agarrando un kilo de cocaína.

Tanto Campo como Flores —quien también fue entrevistado posteriormente en el mismo vuelo— afirmaron que ellos se quedarían con el dinero producto de la venta de su porcentaje del cargamento, unos 560.000 dólares. Al agente González le interesaba saber si sería usado para financiar la campaña de Cilia Flores a la Asamblea Nacional (AN).

Luego de descartar a los informantes y testigos confidenciales plantados en Honduras y Venezuela por la policía estadounidense, lo único claro era que la droga sería entregada por un sujeto solamente identificado por su apodo, “El Gocho”, quien decía trabajar para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que serían las responsables de proveer 800 kilos de cocaína. Fue presentado a Campo en Caracas por otro sujeto, apodado “Pepero”.

Horas de audio y video

Entre las evidencias del caso por conspiración para llevar drogas a Estados Unidos tienen relevancia las grabaciones de audio y video recabadas durante todo el proceso investigativo. La fiscalía de Nueva York clasificó estos archivos en tres grupos. El primero surge de las reuniones celebradas en Venezuela entre los informantes y los testigos confidenciales y los detenidos. Fueron los días 23, 26 y 27 de octubre de 2015. Hubo doce filmaciones por casi tres horas y tres grabaciones de voz por un total de tres horas 44 minutos. A menudo coinciden en parte con lo filmado.

Honduras, las reuniones fueron los días cinco y seis de noviembre. Las tres grabaciones de voz totalizan una hora 23 minutos, mientras que los once videos llegan a una hora 21 minutos. El día de la captura en Haití fueron tomados dos audios por 29 minutos en total, más un video de 52 minutos.

Rebolledo: no fue secuestro

El exjuez penal venezolano y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio -designado por la Asamblea Nacional-, también experto en temas de lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, afirmó que el procedimiento aplicado en Haití contra los sobrinos de Cilia Flores no puede ser calificado de secuestro. “Estamos ante un delito transnacional, y en Venezuela no había forma de obtener cooperación. Ellos —la DEA— lo que hicieron fue sacarlos a una jurisdicción donde los pudieran capturar”, explicó.

Dijo que el caso de Flores y Campo tiene una importancia especial y que en Venezuela no se lograría la ayuda de las autoridades, no solo por la filiación de las personas investigadas con la familia presidencial sino también porque desde hace varios años la colaboración con la agencia antidrogas estadounidense es casi inexistente.