Como si de un árbol se tratara, los pinchazos telefónicos de la Operación Púnica permitieron a los investigadores de la Guardia Civil ir descubriendo diferentes ramas de corrupción a partir de las conversaciones que escuchaban a Francisco Granados y su amigo, el empresario David Marjaliza, sobre los que había puesto el foco la aparición de una cuenta en Suiza en diciembre de 2013. Pero el nexo que permitió dar el salto entre la investigación principal y la que afecta al penúltimo Gobierno de la Comunidad de Madrid es Alejandro de Pedro Llorca, un joven empresario ligado al Partido Popular cuyo teléfono resultó una mina para los investigadores.

Un imputado en la Operación Púnica sucedió a Lucía Figar al frente de Educación en Madrid

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De Pedro Llorca estaba tan bien relacionado con el PP que hablaba por teléfono con el número dos del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria. Esas conversaciones acabaron ofreciendo los frutos más preciados de la investigación, al menos mediáticamente: Victoria está imputado de cuatro delitos de corrupción y el juez le ha prohibido salir del país. Imputada también se encuentra la que fue consejera de Educación, Lucía Figar, a la que aquellas conversaciones con De Pedro han terminado costando su carrera política.

Según el auto del levantamiento del secreto del sumario, que dictó el juez Eloy Velasco el pasado miércoles, De Pedro hablaba con Victoria y Figar y también con el director de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, y con la directora general de Medios, Isabel Gallego. Las conversaciones de Alejandro de Pedro con todos ellos versaban sobre cómo “conseguir adjudicaciones de nuevos contratos o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos, relacionados con la mejora de la imagen en Internet”, según relata el juez.

La Fiscalía Anticorrupción acudió al juzgado de Velasco el 13 de junio de 2014 con una querella contra Francisco Granados y David Marjaliza y las esposas de ambos, al no haber podido comprobar el origen de los fondos ingresados en Suiza. Los cuatro, junto a las sociedades Sheraton Trading y Droz & Co, eran sospechosos de integrar una trama de blanqueo de capitales. Era solo el principio de una investigación sobre una red de redes de corrupción que ya va por 92 imputados.

Cuarenta y ocho horas después de la presentación de la querella, el juez Velasco dictó un auto con la autorización para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pinchara los teléfonos de los querellados. Las conexiones comenzaban a fluir por el cable. Durante las primeras horas de pinchazos, los agentes descubrieron que Granados y Marjaliza hablaban mucho con Alejandro de Pedro Llorca y que éste, a su vez, tenía una codiciada agenda de contactos políticos en su teléfono móvil.

La figura de De Pedro fue creciendo en importancia dentro del organigrama que los agentes de la UCO iban dibujando en su sede del madrileño barrio de Barajas. Hasta tal punto que cuando el juez Velasco envió a De Pedro a prisión el 30 de octubre de 2014, dijo de él en el auto que era la "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias, alternativo en mucha parte al de David Marjaliza".

Desde los primeros pinchazos, la cifra de sospechosos iba creciendo cada vez más y los agentes pedían continuamente prórrogas de las intervenciones telefónicas al juez. Hasta en siete ocasiones, la UCO se dirigió con ese propósito al juez y en las siete obtuvo una respuesta positiva. La última autorización es del 22 de octubre, tan solo cinco días antes de que reventara la Operación Púnica, bautizada así por la denominación en latín del árbol que coincide con el apellido del más conocido de los arrestados, Francisco Granados.

Los abogados personados en la causa de la Púnica tendrán acceso a esas conversaciones, al menos a los fragmentos que hayan resultado sustanciales para investigar la trama de corrupción, a partir del próximo lunes, cuando han sido citados por el juez para que puedan descargar el voluminoso sumario en un soporte digital.

Primeros contactos

A punto de cumplir 43 años, Alejandro de Pedro Llorca nació en Basauri, Vizcaya, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Valencia. Allí entró en contacto con responsables locales del Partido Popular, lo que le sirvió para dar el salto a Murcia, León y Madrid. Su oferta a los políticos parecía irrechazable: mejorar su imagen en la Red, en campaña electoral y fuera de ella, y verter basura sobre sus contrarios. Pronto hizo una cartera con docenas de cargos locales.

Para reforzar los indicios recogidos en los pinchazos telefónicos y los seguimientos, han servido algunas declaraciones en sede judicial, posterior a la redada de finales de octubre de 2014. En uno de esos interrogatorios, el jefe de la Oficina Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, aseguró que Salvador Victoria le había dicho que pidiera a Indra –la multinacional tecnológica adjudicataria de contratos con casi todas las administraciones- que realizara tres pagos en negro a De Pedro por un valor total de 120.000 euros.

El juez Velasco sospecha que Victoria podría estar cobrando una mordida a la empresa, que debía abonar los trabajos de Pedro para mejorar la reputación online del propio Victoria e, incluso, del presidente entonces de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En la lista de 92 imputados hasta ahora figuran el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, y su director general, Santiago Roura.

De Pedro combinaba sus sólidos conocimientos informáticos y de telecomunicaciones con un don para las relaciones públicas. Hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido ante el juez Velasco, en calidad de testigo, para explicar los contratos del club con las empresas de Alejandro de Pedro. En sede judicial, Florentino Pérez declaró que el Real Madrid contactó con el empresario a través del director en España de Societé Generale, Donato González, quien se lo recomendó por trabajar el empresario con “otras empresas del IBEX-35”. Se da la circunstancia que esta es la entidad bancaria que contrató a Granados cuando el exconsejero de Presidencia de Madrid dejó la política.

El Real Madrid pagó 300.000 euros a De Pedro por un año de trabajo. Pérez dijo que su club tiene 175 millones de seguidores en las redes sociales y que, por tanto, se trataba de un tema trascendente. El juez Velasco no se anduvo con rodeos y preguntó a Florentino Pérez si De Pedro le había pedido dinero para el Partido Popular. Los momentos posteriores fueron tensos. Tras una pausa, el presidente del Real Madrid se atrevió a decir al juez: "Me molesta la pregunta. Tengo una empresa que emplea a 220.000 trabajadores en 60 países y factura 100 millones. No, jamás. Ni en negro ni en blanco ni nada".

En cuanto a Figar, los cuatro contratos que investiga el juez Velasco entre la Consejería de Educación y dos empresas de Alejandro de Pedro Llorca están firmados entre 2012 y 2014 y suman algo más de 80.000 euros. Tres de esos contratos estaban destinados a que Madiva, una de las sociedades de De Pedro, mejorara presuntamente la reputación on line de Figar. La sociedad controlaba una red de 60 diarios digitales zombies que reproducían las notas del departamento de Educación y engañaban a los buscadores de Internet, apareciendo la propaganda en puestos preferentes de las búsquedas de los usuarios.

Pero la ambición de De Pedro no encontraba barreras ideológicas, ni se limitaban a los trabajos en la Red. Según los investigadores, el empresario tenía como estrecho colaborador al alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, detenido en octubre. Los trabajos en Internet “abrirían la posibilidad a De Pedro de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores, para sí, o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid”, reza el auto de imputación que dictó el juez Velasco el 31 de octubre de 2014.

De Pedro está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. El juez decretó contra él prisión eludible con una fianza de 50.000 euros que el empresario abonó a la semana de estar detenido.