MÁLAGA.- "Si te vas a poner enfermo en Andalucía, mejor que lo hagas a primeros de año". Así ironiza Pablo, un joven malagueño que a finales de 2015 comenzó a tener fuertes dolores en un costado y, a día de hoy, con el dolor ya desaparecido, nadie sabe qué tuvo. Entremedias, siete meses con dos visitas a las Urgencias del Hospital Regional Universitario Carlos Haya Málaga, tratamiento de tres Nolotil diarios y pruebas diagnósticas que ha tenido que costearse él mismo.



Andrés Jiménez, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz, cuenta cómo "Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) son pioneros en España a la hora de aplicar los objetivos de las Unidades de Gestión Clínica (UGC)". Según explica, estos objetivos suman un total de 200 puntos, la mitad de los cuales (100) son calificados como ‘objetivos críticos’ y son los referidos al gasto farmacéutico. "Para que veas el peso que tiene recetar", lamenta.

El otro indicador que más importancia tiene a la hora de restar el plus de productividad de los médicos de Atención Primaria (AP) es la "derivación de los pacientes al especialista" o, incluso, la realización de pruebas diagnósticas. Tal y como indica Jiménez, "si a mitad de año has cubierto el cupo de derivaciones que podías realizar y aún así las prescribes, o bien el sistema las rechaza o se quedan retenidas hasta que se inicie un nuevo ciclo".



Esto explicaría, deduce Pablo, que la primera vez que acudió al médico en diciembre con fuertes dolores inguinales que llevaba sufriendo durante un par de semanas, "el médico ni siquiera me hiciera una prueba y únicamente me recetara unos sobres para los gases".

Pasadas unas semanas, Pablo regresaría a consulta y, ante la persistencia del dolor, el médico de AP "me mandó análisis de sangre, orina y heces y, para aplacar el dolor, tres Ibuprofeno al día". Los análisis no revelaron la posible causa del dolor, aunque éste se agudizaba, y el siguiente paso fue recetar una ecografía abdominal.

Cambalache de pruebas



Cuál sería la sorpresa de Pablo cuando al solicitar la ecografía en el mostrador de la entrada únicamente le tomaron los datos, advirtiéndole de que ya le avisarían de la cita por teléfono o, incluso, por carta. Este último método de notificación es el que le puso en guardia y, al preguntar por el tiempo medio para una ecografía, la respuesta fue que, como mínimo, "dos meses o tres meses".



Viendo los dolores tan intensos que padecía, el propio funcionario de ventanilla le recomendó acudir directamente a Urgencias para solicitar la ecografía. Algo que también le sería denegado una vez allí.



Desde el Sindicato Andaluz de Médicos, su vocal de AP explica la ingeniería financiera que se da en el SAS, en detrimento de la calidad asistencial: "Si el centro de salud prescribe una prueba diagnóstica, esa se imputa a Primaria, aún cuando se haya realizado en hospital; por eso a veces en lugar de solicitar esa prueba que podría ahorrar una visita al especialista, los centros de salud derivan al paciente al hospital para que sea allí donde la soliciten y vaya con cargo a su presupuesto". A fin de cuentas no son pocas las veces que, después de meses de espera, las pruebas diagnósticas son realizadas por centros privados. De nuevo, ahí, entran en juego los cupos de derivaciones.



Pablo terminaría pagándose de su bolsillo dos pruebas (140 euros) en la Sanidad privada y, a día de hoy y desde enero, el SAS no le ha notificado la cita para la ecografía. Habrían de pasar casi cuatro meses desde que arrancara el proceso para que el médico de cabecera le desviara por fin al especialista digestivo, aunque todavía tardaría cerca de un mes en explorarle porque únicamente pasa por el centro de salud una vez a la semana. En ese lapso, nueva visita a Urgencias, con calmante inyectado y receta de Nolotil.

Imposición sin consenso

Isabel, es médico residente en un centro de salud de Málaga que, no sólo confirma la pérdida de estos incentivos económicos sino que, además, denuncia "la presión constante del gerente del centro para que no nos pasemos de los límites".



Tras diversas consultas de Público.es, la portavoz del SAS de la Junta de Andalucía (PSOE) indica que "en el caso de objetivos relacionados con derivaciones a la asistencia de ámbito hospitalario, el criterio que impera es el clínico y el de una asistencia de calidad".



Sin embargo, la doctora Isabel no ve eso en su día a día, teniendo que rebelarse y "velar por el bienestar y la calidad asistencial de los pacientes", aún cuando estén en juego los cerca de 5.000 euros brutos al año de incentivos a la productividad (sobre un sueldo base de 1.100 euros brutos al mes). Esa rebeldía cae en muchos casos en saco roto porque, como sostiene Jiménez, el sistema se encarga de bloquear estas derivaciones. Así, no sorprende que el portavoz del SAS se jacte de que "en Andalucía los profesionales de Atención Primaria resuelven el 90% de los problemas de salud".



En cuanto al establecimiento de los objetivos, estas mismas fuentes del SAS aseguran que "se consensuan y pactan con los profesionales cada año, adaptándolos a los diferentes criterios de evidencia científica, calidad y eficiencia, entre otros". Algo que el vocal de AP del Sindicato Andaluz de Médicos niega tajantemente, afirmando con rotundidad que "no hay ninguna negociación ni conversación previa, los objetivos comunes a todos los centros se nos imponen desde los Servicios Centrales del SAS y los críticos y específicos, que son individualizados para cada UGC, son marcados desde la gerencia del distrito".



Aunque fuentes del SAS apuntan a que “el objetivo final es mejorar la asistencia sanitaria que se presta a la ciudadanía”, Jiménez no lo ve de ese modo, hablando de “presiones habidas y por haber”, hasta el punto de que denuncia que “ya tenemos casos de médicos expedientados con suspensiones de un mes de empleo y sueldo por haber recetado a un paciente que lo necesitaba mientras se gestionaba su expediente”.

