La ley del nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS) que acaba recientemente promulgada por el gobernador de Beni, Fanor Amapo, habilita alrededor de 9 millones de hectáreas en el departamento exclusivamente para uso agropecuario.

La medida se enmarca en el Decreto Supremo 3973 que había promulgado el ex presidente Evo Morales y que aún no ha sido anulado por la actual presidenta de facto. El decreto fue el que autorizó el desmonte de bosques tanto en tierras privadas como comunitarias en los departamentos de Beni y Santa Cruz, y beneficia al sector agroindustrial y ganadero frente los negocios de exportación de carne a China.

Esta nueva ley fue aprobada entre la gobernación del Beni y los sectores de ganaderos y empresarios, sin tomar en cuenta en absoluto a los pueblos indígenas, que vienen denunciando hace más de un mes que no conocen la ley, y que esta nunca fue socializada. Nuevamente violan el derecho a la consulta previa, libre e informada que impone la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los pueblos indígenas y tribales.

“(El Gobernador) no ha hecho conocer (la modificación de la Ley de uso de suelos) a todo el movimiento indígena del Beni, sino, ha sido a puros ganaderos y sectores empresariales. Pero al Movimiento Indígena del Beni, no. Por eso la observación. Nadie conoce a fondo lo que tiene esa Ley”, manifestó Héctor Tamo, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, el pasado mes.

Esta continuación del modelo extractivista es una prueba más de que son los grandes agroindustriales y ganaderos los que realmente están dirigiendo el país, como fue cuando Evo estuvo en la presidencia. Ahora encuentran en Áñez y en su llamado "gobierno de transición" unos aliados aún más poderosos que actúan rápido y que han demostrado que no tienen ningún problema en hacer valer su ley aún a costa de masacrar al pueblo.

Como lo hicimos en su momento con el criminal decreto 3973 que fue una de las principales razones del incendio en la Chiquitanía, hoy volvemos a denunciar la profundización del modelo capitalista, extractivista y neoliberal que se está imponiendo en Bolivia de manos de los agroempresarios y con la venia de los gobiernos de turno, que promete ser una verdadera catástrofe para nuestra biodiversidad y los territorios indígenas. Mediante este plan queda demostrado que el afán de lucro de los empresarios y del poder en los gobiernos de turno, vale más que millones de vidas animales y humanas.

Quienes aún mantenían la ingenua esperanza de que el modelo extractivista solo persistía con el gobierno de Evo Morales, ahora pueden darse cuenta de que quienes siempre movieron los hilos siguen siendo los únicos beneficiados en este nuevo gobierno, y a costa del acallamiento y vulneración de derechos de miles de voces indígenas, obreras y campesinas.

Entre estos sectores vemos a la Coordinadora de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas "CONTIOCAP "que este 29 de noviembre se declararon en estado de emergencia. Activamente apoyaron al movimiento por la "democracia" que rápidamente devino en una alianza cívica, policial, clerical y militar y que consumó el golpe a Morales. Parece que hoy empiezan a darse que cuenta que gobernar de la mano de los agroindustriales y de los grandes capitales no había sido un patrimonio exclusivo de Evo. La CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) entre otro sectores que venían haciendo buenos negocios con Evo le soltaron la mano para alinearse detrás de Camacho. Áñez, sus ministros y los cívicos no pierden el tiempo.

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