El escándalo de la escolta que demanda a Podemos por el trato «discriminatorio» recibido de Irene Montero, y revelado en exclusiva por OKDIARIO, ha estallado en una crisis interna de proporciones impredecibles. La última derivada ha ido la purga de dos abogados del partido que investigaban «irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido». Las alertas sobre esos riesgos en Podemos vienen de lejos. De hecho, en uno de los informes de control interno, elaborado por el equipo de Finanzas y Transparencia, y correspondiente al ejercicio de 2017, se recomendaba ya a la organización blindar ese control de «injerencias políticas».

Esa alusión figura en las propuestas de mejora de la auditoría, donde se avisa que «el componente técnico y la importancia de mantener el control interno así como un sistema antifraude seguro y libre de injerencias políticas ajenas a la política del partido así como a las obligaciones legales, es una apuesta por y para el conjunto de los miembros del Equipo de Finanzas y Transparencia Estatal y del resto de los territorios tanto a nivel político como técnico».

En el informe se advierte de que el trabajo de esta unidad es «imprescindible» y «debe estar blindado de manera que se garantice su independencia frente a posibles conflictos internos». Los mecanismos existentes entonces no parecían suficientes, ya que en el texto se habla de la necesidad de «seguir apostando por la modernización y la profesionalización de los equipos» además de «protocolos y métodos que favorezcan y fortalezcan la consecución de este objetivo».

Problemas con las categorías de trabajo

Como ya reveló este periódico, las deficiencias en la organización, susceptibles de dar lugar a irregularidades, fueron detectadas también en el informe del año pasado.

En él, la formación de Pablo Iglesias admitía sus problemas para definir los puestos de trabajo de sus empleados, lo que abría la puerta a la asignación de funciones y labores que no corresponderían con la categoría de contratos o con las atribuciones del puesto en cuestión. En la demanda de la escolta, revelada por OKDIARIO, se desvelaba que Montero la obligaba «de manera recurrente» y fuera de horario a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer amigos y familiares al casoplón de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.

En el informe de control interno de 2018, la formación admitía sus «disfunciones» por la «incorrecta definición de los puestos de trabajo». «Hemos de destacar que, si bien en 2018 hemos sido capaces de sentar las bases para esta nueva forma de definir los puestos de trabajo, hemos de asumir que no hemos alcanzado el punto óptimo», se puede leer en el documento, que concluía que ése es su «reto» para el presente ejercicio, de forma que se «garantice que toda vinculación a la organización sea definida de manera correcta».

El informe de los podemitas, de 2018, revelaba ya las carencias en materia de recursos humanos en el partido. Así, pese a su nacimiento en 2014, se admite que hasta el año pasado no se disponía de un sistema de registro unificado y profesional de todos los trabajadores de la organización. En 2018 se puso en marcha un «sistema documental articulado» que, explica el partido, le permite «disponer, prácticamente en tiempo real, del rastro de cada persona trabajadora de la organización».

Con clara vocación confiscatoria, Podemos expresaba un interés especial por controlar «la actividad y la estadística» de cada uno de sus empleados, es decir, por medir su nivel de productividad mediante un «plan de evaluación del desempeño», en el que la dirección puede «recopilar el nivel de satisfacción con el logro de los objetivos descritos para cada puesto».

Purgas

La carta de una de las abogadas cesadas, Mónica Carmona, al Consejo Ciudadano de Podemos pone en cuestión a toda la organización interna y atisba nuevos escándalos.

«Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que, de confirmarse, pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización», avisa la purgada.

Tanto ella como su compañero, José Manuel Calvente Redondo -delegado de Protección de Datos- investigaban información muy delicada para el partido.

En la misiva, Carmona señala además que «los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional, por lo cual tanto el delegado de Protección de Datos José Manuel Calvente, como yo como responsable de Cumplimiento Normativo habíamos iniciado expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender el partido ante una posible reclamación». Cabe recordar que, en estos meses, se han producido algunos casos polémicos, como la adquisición de la nueva sede de Podemos.

Carmona señala que su obligación es «advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido y que podrían conllevar infracciones penales o administrativas», y avisa del «irreparable deterioro de la imagen del partido en plena negociación de gobierno».

«Si finalmente resultara la existencia de delitos, se podría considerar que los acuerdos del Consejo de Coordinación se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento», avisa finalmente.