Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 11 de septiembre de 2014, p. 3

La minera Buenavista del Cobre, asentada en la veta más grande del planeta con ese metal, subsidiaria de la empresa Grupo México y propiedad de la familia Larrea, incumplió con el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, al no construir al menos tres piletas de contención, por lo que el derrame de sulfato de cobre acidulado contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.

La comisión especial constituida en la Cámara de Diputados para elaborar un informe sobre este caso corroboró que la empresa también violó la norma 159 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del año 2011. Ésta regula los derrames peligrosos y la mina la contraviene, porque transporta los residuos a los ‘‘jales’’ (contenedores a ras de tierra donde se almacenan desechos de la vieja mina), vertiendo miles de litros del sulfato para que esos contaminantes se filtren través de la montaña, reintegrando los fluidos a los lechos sin considerar que el contaminante es un metal pesado y afectará durante decenas de años el entorno.

Sobornan a habitantes

El argumento al que han recurrido tanto el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como la empresa, representada por Joaquín Rojo de la Vega, director de proyectos especiales; Irma Potes, subdirectora de desarrollo comunitario; Amaranta Guerrero, directora jurídica, y Horacio Sánchez Unzueta, abogado de Germán Larrea y ex gobernador de San Luis Potosí, redunda en lo siguiente: ‘‘No se ha registrado ninguna muerte en animales, tampoco en personas, y mucho menos se han detectado enfermos del estómago’’.

Grupo México aduce haber hecho todo lo necesario para mitigar los efectos de la contaminación. Además, la instancia legislativa encontró que la minera está pagando de 2 mil a 3 mil pesos a los habitantes afectados para que desistan de una futura demanda por daños a la salud.

Al consultar a la diputada Lilia Aguilar (PT) en torno a la situación, dijo: ‘‘Grupo México trata de desviar su responsabilidad al culpar ahora a una empresa proveedora de tubos y soldadura defectuosos’’.

En una historia que apunta a la responsabilidad de la minera, el consorcio de Germán Larrea ha develado su cercanía con el gobernador Guillermo Padrés, cuyo ‘‘liderazgo’’ conduce los trabajos para mitigar los graves efectos al entorno y sobre todo a los seres humanos de la región.

La semana pasada, la comisión especial se presentó en el lugar del desastre y ahí se instaló ‘‘un montaje de la empresa para que los diputados viéramos que traían brigadas uniformadas de trabajadores y que éstas trabajaban limpiando con cal el agua y la tierra que aún permanece estancada en el lugar del siniestro’’, confió Lilia Aguilar.

Joaquín Rojo de la Vega, funcionario de la minera, incurrió en contradicciones frente al grupo de legisladores. Adujo que Grupo México ha resuelto el problema suscitado en la pileta donde se resguardaban los 40 mil metros cúbicos; no obstante, ‘‘aceptaron que no avisaron y nos dijeron que les falló la soldadura de un tubo, del que están esperando que les responda el proveedor’’, dijo la diputada.

‘‘Nosotros les dijimos que la concesión se encuentra en vilo, porque ellos incumplieron los protocolos de seguridad. Y sobre todo no saben qué hacer, porque primero acusaron que el desastre ocurrió por los altos niveles de lluvia y después argumentaron que se trató de la falla de una soldadura. ¡Eso es inaudito!’’