El viernes 8 a la madrugada el blog de Horacio Verbitsky, ex columnista de Página/12, difundió un texto en el que se acusaba al fiscal del caso de los cuadernos de las coimas K, Carlos Stornelli, de extorsionar mediante un supuesto operador suyo, Marcelo D’Alessio, a un empresario que finalmente se supo que ni siquiera está mencionado en ese expediente.

Por ese tema se radicó una denuncia en el juzgado federal de Dolores, del doctor Alejo Ramos Padilla, que ahora investiga al investigador del mayor caso de corrupción de la historia argentina. Para la mayor parte de las personas que se informan sobre esa trama, cada vez más documentada, la acusación de Verbitsky, desmentida luego por Stornelli, fue una sorpresa.

Pero había alguien que la estaba esperando desde hacía varias semanas: el procesado con prisión preventiva en la causa cuadernos, Roberto Baratta, ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal K y jefe del remisero Oscar Centeno​, quien redactó en los cuadernos el camino de los sobornos que cobraban funcionarios K, tal como admitieron algunos de ellos y los empresarios que los pagaban. La Coalición Cívica, el partido político de Elisa Carrió, denunció ante la Justicia que la acusación contra Stornelli es una “operación” que se armó desde la cárcel de Ezeiza, el lugar de detención de Baratta.

Para sostener esa hipótesis las legisladoras Mariana Zuvic y Paula Olivetto entregaron en Tribunales transcripciones de escuchas telefónicas en las que se puede leer cómo Baratta le pregunta a un interlocutor -con el que se comunicó desde su lugar de encierro- varias veces en las últimas semanas sobre lo que metafóricamente llama “el dolor de muelas”.

“¿Cómo va eso?”, interroga Baratta el 1° de febrero a un ex funcionario de diferentes organismos públicos K, llamado Carlos Zelkovicz.

Éste último, sin eufemismos y en esa misma charla del 1° de febrero le contesta al reo: “No se movió nada allá en Dolores, salvo que pidieron los informes para leerlos, lo cual creo que es un avance”.

Baratta le insiste: “Ajá, pero… ¿Presentaron finalmente?”

Zelkovicz le responde, siempre según una transcripción de escuchas que las denunciantes describen como de “alta verosimilitud”, que “no, no, no…. El loco éste, el Magistrado pidió los informes… eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente le llevaría por lo menos, leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes más días pero quiere largarlo cuanto antes”.

Baratta está ansioso y vuelve sobre la cuestión: “Lo que es que si no lo hacen, después la otra parte tiene tiempo de operar”.

Su amigo, con el que habló por el teléfono público del penal penitenciario, le da a entender que debe ser paciente porque la acusación contra Stornelli, según él, es difícil de rebatir: “Sí… pero fijate que contra unas escuchas y algunas cosas más, no hay con qué darle”.

Baratta, procesado por ser señalado como uno de los cobradores de las coimas K por “arrepentidos”, vuelve a insistir: “Porque me parece que yo estoy forzado, si no avanza lo de Dolores, a hacer algo la semana que viene”.

La conversación sigue en el mismo sentido.

Zelkovicz le vuelve a explicar a Baratta que “Ramos (sería Ramos Padilla) estaba leyendo un poco, en qué quilombo se va a meter, boludo. Más que nada eso… el tipo está decidido a jugar, pero boludo, vos también harías lo mismo, te pondrías a leer un par de cosas antes, además a éste flaco si hace cagadas se le va el cargo en la silla, ¿entendés?… yo creo que es solo una demora”.

En la denuncia de la Coalición Cívica se explica que esas transcripciones de escuchas le llegaron de forma anónima en un sobre a la diputada Elisa Carrió. Y que fue ella la que les pidió a Zuvic y Olivetto que presentasen la denuncia porque creía que esas intervenciones del teléfono de Ezeiza eran verosímiles, aunque no podía acreditar su autenticidad.

Según la denuncia de la Coalición, en esos textos se demuestra que estaba en marcha una “operación” que tendría como “finalidad” la de “entorpecer la investigación de la causa judicial de los Cuadernos”.

En la misma denuncia se explica que fue por esta información que Carrió tuiteó el 7 de febrero: “El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli. Vamos a poner en conocimiento mañana al juez de la causa”.

Al día siguiente de ese tuit, Verbitsky publicó la acusación contra el fiscal del caso cuadernos, reproduciendo en su texto capturas de chat de un especialista en seguridad que él asegura que es “el jefe regional de la DEA”, Marcelo D’Alessio, en las que se puede leer cómo éste último le asegura a un empresario del agro, Pedro Etchebest, que si no le paga 300 mil dólares Stornelli lo complicará en el caso.

Un vocero de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires negó cualquier vinculación de D’Alessio con la DEA.

Quien según Verbitsky lo había complicado a Etchebest en el expediente cuadernos fue el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, e incluso difundió un documento que identificó como judicial donde se leen declaraciones que se aseguraba eran de Campillo y en las que aparecía el nombre de Etchebest. Campillo está detenido en la causa de los cuadernos.

Las transcripciones de las escuchas que le llegaron a Carrió, según consta en la denuncia de la Coalición Cívica, especifican que se realizaron en el marco de una causa que se investiga en un juzgado de Lomas de Zamora.

En medio de ese trabajo, los agentes detectaron las llamadas que recibía y hacía Baratta.

Clarín pudo saber que efectivamente ese teléfono estaba siendo escuchado por las autoridades.

Los papeles que recibió Carrió llevan el título de “informe preliminar”. El subtítulo de “Antecedentes” y una referencia a la causa número 41.475/2016.

Por las conversaciones que realizó el ex número 2 del Ministerio de Julio De Vido, él estaba enterado con anterioridad del contenido de la denuncia que se radicó en el juzgado de Alejo Ramos Padilla, algo que habría ocurrido entre el 28 de enero y el 1° de febrero.

Además de esas conversaciones de Baratta, se transcribieron otras que realizó el 17 y el 18 de enero pasado el ex embajador ante el Vaticano, el peronista Eduardo Valdés, en este caso con otro preso K, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (preso por la tragedia de Once), a quien le comenta que “va a haber novedades, quedate tranquilo… Operativo 'Puff'… Bonadio y Stornelli 'Puff'". Y luego continúa: “¿Viste que te avisé que iba a haber novedades, este domingo o el otro? Puf es Puf (sic), no este domingo, el otro domingo… Stornelli y el otro (se refería a Claudio Bonadio) se van a la concha de su madre”.

En las transcripciones de escuchas también constan comunicaciones entre Baratta y Raúl Kollman, quien suele escribir sobre temas judiciales en el diario Página/12.

Baratta le adelanta a Kollman su estrategia judicial.

Kollman toma nota.

La Justicia es ahora la que debe dilucidar, primero, la validez de la transcripción de las escuchas del teléfono de la cárcel de Ezeiza, y si desde esta nueva trama que nació “intramuros” se puede desprender una investigación para confirmar si alguno de los actores que se mencionaron en esta nota cometieron algún tipo de delito, sobre todo teniendo en cuenta que la radicación de la denuncia y el trabajo de Ramos Padilla estaba en conocimiento del detenido Baratta con anterioridad a que éste trabajara el tema, más allá de lo que determine respecto a la supuesta extorsión que habría realizado Stornelli mediante una persona que dijo representarlo, pero que no habló de dinero con él.

En la denuncia de la Coalición Cívica también explica que D’Alessio mantuvo un encuentro con Carrió, debido a que le aseguró a los colaboradores de la diputada que tenía información sobre un caso de narcotráfico.

En sus conversaciones grabadas, Baratta también menciona que tiene influencias sobre el miembro de la Corte Ricardo Lorenzetti y sobre su colega Juan Carlos Maqueda.

Son dichos de un preso que busca de modo desesperado salir en libertad.

La Justicia ya actúa en este nuevo caso que, por sorteo, recayó en el juzgado de Claudio Bonadio.

IM