Hace mes y medio, un grupo de organizaciones sociales e individuos difundimos un comunicado conjunto con dos peticiones concretas. Pedíamos que la creación de la Gendarmería a) fuera precedida por un debate público amplio e incluyente y b) fuese resultado de una decisión legislativa y no de un decreto administrativo. A resultas de ese comunicado, Jesús Zambrano, en su calidad de presidente del Consejo Rector del Pacto por México, aseguró que no existía aún una propuesta del Ejecutivo en la materia y que se celebrarían foros de discusión entre abril y junio para conocer la opinión de expertos (hay que recordar que la creación de la Gendarmería es el compromiso 75 del Pacto por México).

Pues resulta que no. O no habrá foros o los foros que se realicen serán una pantomima porque la decisión ya está tomada. Al menos así lo sugirió hace dos días Carlos Humberto Toledo, inspector general de la Comisión Nacional de Seguridad en la Secretaría de Gobernación. En el Foro Nacional de Seguridad y Justicia, ese funcionario afirmó que “la Gendarmería va a ser una unidad que va a empezar a funcionar muy próximamente, lo más probable es que la vean desfilar el 16 de septiembre.” Salvo que pretendan procesar el tema en un periodo extraordinario o en los primeros quince días del próximo periodo legislativo, eso significa que se piensa crear a la institución sin pasar por el Congreso y sin dejar espacio para la discusión y el análisis.

¿Es esa la posición oficial de la Secretaría de Gobernación? ¿O el señor Toledo se fue por la libre? Lo ignoro, pero bien haría la SEGOB en aclarar el punto: no creo que quieran que se siga alimentando la incertidumbre que rodea al proyecto.

Los firmantes del comunicado del 26 de marzo solicitamos una discusión pública porque persisten múltiples dudas sobre la Gendarmería. Y estas no hacen sino crecer cada vez que un funcionario intenta explicar la naturaleza, funciones y costos de la nueva corporación. Por ejemplo:

Según Toledo, “la Policía Federal va estar fundamentalmente en las carreteras, en las ciudades, concretamente como policía más de proximidad.” En cambio, Manuel Mondragón, Comisionado Nacional de Seguridad, afirmó en febrero pasado que “no será lo mismo la acción y función de la gendarmería que la de la Policía Federal. La PF va y viene, actúa en áreas de riesgo. La gendarmería será una policía de proximidad” ¿Va a haber entonces dos cuerpos federales cumpliendo funciones de policía de proximidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad de hacer eso? ¿Cómo podría la PF ser policía de proximidad si va a ir y venir?

Toledo dijo también que la Gendarmería tendrá como una función central el “resguardo de aeropuertos, instalaciones de Petróleos Mexicanos y zonas estratégicas”. Pero Mondragón aseguró hace dos meses lo siguiente: “a grosso modo, la Policía Federal ve delitos federales y la Gendarmería verá delitos del fuero común” ¿Qué delitos del fuero común va a ver en aeropuertos, instalaciones de PEMEX y zonas estratégicas? ¿Las dos corporaciones van a atender por igual delitos del fuero común y del fuero federal? ¿Entonces cuál es la diferencia?

Además de las contradicciones, persisten zonas gigantescas de opacidad sobre el proyecto:

¿Cuanto va a costar la Gendarmería? ¿Cuánto va a costar con los 10,000 elementos iniciales y con los 40,000 proyectados? ¿Se va a tomar presupuesto de la SEDENA y la SEMAR? ¿Se van a reintegrar esos recursos a las fuerzas armadas? De ser el caso, ¿no acabaríamos con exactamente el mismo estado de fuerza en tareas de seguridad pública, pero al doble de costo? ¿Cómo se podría justificar eso desde una óptica de costo-beneficio? ¿Se ha realizado algún análisis formal?

¿Cuál va a ser la condición laboral de los gendarmes que provengan del Ejército y la Marina? ¿Van a seguir siendo militares? ¿Van a seguir teniendo acceso al sistema de seguridad social de las fuerzas armadas? ¿Al mismo costo que el personal militar en activo? ¿O con un sobreprecio por tratarse de subrogación de servicios? Si dejaran de ser militares, ¿se les otorgaría un paquete de prestaciones similar al que tenían en las fuerzas armadas? ¿Se les homologaría el sueldo con el de los policías federales? ¿Cuánto costaría todo eso?

¿Los gendarmes van a estar sujetos a la jurisdicción militar o a la civil? De ser lo primero, ¿las faltas a la disciplina se procesarían en tribunales militares? ¿O se contaría con un régimen disciplinario propio? De ser lo segundo, ¿se pasaría a todos los gendarmes por el proceso de control de confianza, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Qué sucedería si los elementos reclutados hasta ahora no pasan las pruebas?

No es capricho solicitar un debate público sobre este tema: es demasiado lo que no se sabe y demasiado lo que está en juego como para proceder a la ligera. Tampoco es extravagancia pedir que el Congreso intervenga en el establecimiento de la Gendarmería: en níngún país democrático, un cuerpo armado de 40,000 elementos es creado sin pasar por los órganos legislativos. Esperamos que la administración Peña Nieto no quiera hacer de México la triste excepción.

En resumen, es importante reiterar el mensaje del comunicado del 26 de marzo: sí al debate, no al decreto ¿Considera el gobierno que la Gendarmería es la mejor alternativa disponible para mejorar las condiciones de seguridad en México? Perfecto. Presenten los argumentos, rebatan las críticas, señalen las bondades del proyecto. Pero no nos receten un desfile sin antes haber iniciado una discusión.