No hay tiempo para el gradualismo. El shock económico será la estrategia que Alberto Fernández adoptará para no defraudar al electorado que lo catapultó como presidente de los argentinos. No es para menos, con una economía cayendo en torno de un 2% anual, un nivel inflación que roza el 55%, un nivel de desempleo que superó los dos dígitos y una tasa de pobreza que traspasó la barrera del 40%, desde los subsidiados hasta los asalariados públicos y privados reclaman al nuevo gobierno que contribuya a frenar, en el mejor de los casos, los incrementos de precios. O, de no ser posible lo anterior, desacelere los reajustes.

Fernández ha proyectado un programa para que en el verano que viene puedan observarse algunos efectos: la inyección de unos $ 100.000 millones al mercado, a través de mejoras en los ingresos para los sectores más necesitados. La receta, tradicional en las administraciones justicialistas, servirá para cambiar el humor social y llegar hasta marzo con algo de alivio. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dará a conocer mañana un plan integral para la economía que se viene. "El riesgo de default de la Argentina es muy alto; el Estado está impedido de poder pagar en tiempo" sus compromisos con los acreedores, dijo el flamante presidente de la Nación. Los mercados globales daban por descontada esta situación. Aquel riesgo está incluido en los "papers" que habitualmente las financieras y los bancos distribuyen entre sus clientes.

La Argentina afronta el efecto de la manta corta. El pago de la deuda implicaría descubrir áreas sensibles de la economía doméstica, por los altos niveles de compromisos existentes para los próximos años. Una mayor asignación de fondos federales destaparía una batería de problemas subyacentes que van desde el traspaso del mayor peso del silencioso ajuste hacia sectores exportadores, vía mayores retenciones, pasando por la comunicación a los acreedores externos de que tendrán que esperar más tiempo para obtener rentabilidad, hasta la pérdida de reputación, a escala global, en caso de volver a un escenario de default (cesación de pagos).

En el común de los ciudadanos argentinos, las preocupaciones siguen siendo las mismas de siempre. Un sondeo efectuado por Zuban, Córdoba y Asociados y Focus Market ha revelado que el 37,8% de los consultados ha contestado que la inflación es su principal preocupación. La gran mayoría ha tenido que reducir el gasto en alimentos, con todo lo que ello implica. En el nivel de preocupaciones ciudadanas siguen el desempleo (13,8%) y la pobreza (11,5%). Los males económicos casi estructurales de la Argentina ocupan los primeros espacios. La corrupción ha quedado relegada al cuarto lugar, con un 10,6% de los ciudadanos que creen que es el principal problemas para ellos y su familia, de acuerdo con el diagnóstico privado. Cuatro años atrás, éste último tópico había sido lo que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación.

La Argentina pendular da vuelta otra página de la historia. La sociedad recibe a la nueva administración de Gobierno con el crédito medido, no un cheque en blanco, para encarrilar la cuestión económica. La pobreza, tal vez, sea lo que más cueste encarrilar. El país necesita crecer a tasas del 3% anual para que ese indicador descienda paulatinamente y la sociedad, en general, se sienta que pertenece a la tradicional clase media argentina.

El tiempo es el principal escollo que se le presenta a Alberto Fernández. Que sus medidas impacten en el corto plazo dependerá el tránsito de su gestión. Claro está que, en el camino, deberá consolidar el Consejo Económico y Social, en el que los distintos sectores que lo integrarán (funcionarios, organizaciones sociales, empresarios, industriales y sindicalistas) prioricen la acción colectiva para normalizar el rumbo argentino, sin caer en la especulación ni en la chicana política. Ese podría ser el segundo testimonio de los últimos tiempos (el primero fue el abrazo del domingo de Fernández y Macri en Luján) para pensar de que la Argentina transite por la senda de la normalidad.