Desde el inicio del sexenio una red de corrupción opera en la Conade. Con documentos falsos o alterados y el uso de empresas y personas morales, los funcionarios que encabeza su directora general, Ana Guevara, han desviado millones de pesos y ocultado esas anomalías aprovechando la organización de eventos y compra de materiales deportivos, reporta una auditoría del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. Pese a que desde septiembre la exvelocista sabe del desfalco al erario, no ha interpuesto ninguna denuncia contra los funcionarios a su cargo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó y reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La revisión que se hizo a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) revela que el dinero del Fodepar fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y confirma lo publicado por este semanario el pasado junio (Proceso 2242): los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos.

Luego de que el 17 de junio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que la SFP auditara al Fodepar, el OIC comenzó una revisión que terminó a finales de septiembre. Los funcionarios de la Conade que fueron fiscalizados tuvieron hasta diciembre para solventar las seis observaciones que los auditores les hicieron. Sin embargo no aclararon las cuentas. Las faltas administrativas son punibles penalmente.

Pese a que las observaciones señalan claramente el desvío de dinero público y el daño patrimonial causado, el titular del OIC, Filiberto Otero Salas, no ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.

La directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, también ha sido omisa: no ha denunciado a sus colaboradores, aunque desde finales del pasado septiembre concluyó la auditoría que señala como responsables a Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad para el Deporte; Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento; Carlos Fernando Ramírez Barrera, director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia; y Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de Apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento.

Benítez Morteo también conoce desde septiembre los resultados de la auditoría de la cual este semanario posee una copia. Él es el máximo responsable del uso eficiente del dinero del Fodepar.

La revisión también responsabiliza a Rafael Herrera Moguel, subdirector de Análisis Técnico Deportivo; Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria; y Adriana Ortega Cedillo, jefa del Departamento de Mercadotecnia.

Todos esos personajes violaron las Reglas de Operación del Fodepar al aprobar a sobreprecio el pago de boletos de avión, exceso de equipaje, transportación terrestre, hospedaje, alimentación, hidratación y compra de equipamiento deportivo en alrededor de 70 competencias y campamentos en los que participaron atletas convencionales y del deporte adaptado.

Algunos de los funcionarios señalados validaron la comprobación de los recursos federales con documentos alterados o falsos que fueron expedidos –varios de ellos– mediante un esquema de “refacturación” que integran empresas y personas morales como Volare Travel Shop, Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services SA de CV, Actitud Travel SA de CV, Operadora Turística Bluo S de RL de CV, Brisca SA de CV, Comercializadora Mejía y Lam SA de CV (Andrés Moctezuma González), Viajes Temixco SA de CV, Édgar García Morales y Asociados, Charters Turísticos y Deportivos SA de CV, Corporativo Supervisores Arroyo & García SA de CV y Viajes Escalona SA de CV.

Además, el dinero del Fodepar con el que fueron financiados dichos eventos deportivos –viajes de atletas a competencias y campamentos y compra de equipamiento– le fue transferido a personas que simulan ser entrenadores, pero en realidad son los denominados “analistas técnicos (que sustituyeron a los antiguos metodólogos)”, quienes a su vez indebidamente depositaron los recursos federales a las mencionadas empresas.

En otros casos, cuando la prestación de los servicios se hizo mediante una federación, la transferencia de recursos fue directa a las cuentas de dichos organismos deportivos, que tampoco comprobaron correctamente el gasto del dinero público o simplemente no lo justificaron.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, los servidores públicos son responsables de los actos u omisiones en los que incurran durante su desempeño.

La información recabada por este semanario indica que la auditoría realizada a la Subdirección de Calidad para el Deporte, que administra el fideicomiso Fodepar, comprende el periodo de enero a junio de 2019. Sin embargo, la evidencia sugiere que el dinero ejercido de julio a diciembre también ha sido desviado mediante el mismo modus operandi instalado en la Conade desde que Guevara asumió su dirección.

El entramado

El esquema de corrupción comienza con el grupo de analistas técnicos y “entrenadores” de la Conade. Estas personas reciben un apoyo ordinario (salario) con dinero del Fodepar y suelen aprobar ­mediante un dictamen técnico, de manera extemporánea y a reembolso, el pago inflado de los eventos deportivos cuando éstos ya concluyeron. Lo mismo se detectó con la compra de material deportivo.

De acuerdo con la auditoría, a esos beneficiarios del Fodepar (“entrenadores” y analistas técnicos) se les transfirió el dinero que salió de una cuenta de Banjército y después lo depositaron en las cuentas de varias empresas que, a su vez, utilizaron facturas alteradas para comprobar gastos y cobrar de más.

Ramírez Barrera y Sierra González se encargaron de “palomear” los documentos anómalos que después quedaron bajo resguardo de la fiduciaria (Banjército) sin guardar copia de ello en la Conade, ­obstaculizando así la auditoría.

Ejemplo de esa situación es el propio Benítez Morteo, quien dificultó la revisión del gasto del dinero público cuando no presentó las facturas correspondientes con el pretexto de que dicha documentación fue aprobada y ya no estaba en su poder.

El reporte del OIC indica que sus auditores tuvieron que solicitar las facturas al Banjército para revisarlas. Sin ellas las irregularidades no habrían sido detectadas.

En el caso del dinero que se transfirió a las federaciones, los responsables son –además de Ramírez Barrera y Sierra González– Díaz Muñoz y Ortega Cedillo.

Competencia fantasma

De acuerdo con el documento Observación número 4, los auditores analizaron una muestra de 41 millones de pesos del rubro “Apoyos directos a entrenadores beneficiarios”. Ahí se detectaron irregularidades en 30 millones de pesos, por lo que ese dinero deberá devolverse al Fodepar para resarcir el daño al erario.

Los auditores hicieron una serie de recomendaciones a Benítez Morteo en su calidad de principal responsable del ejercicio y buen uso de los recursos federales que están en el Fodepar.

Benítez recibió la recomendación de informar a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, que encabeza Marisela Rafael, para que haga las gestiones necesarias que permitan recuperar los 30 millones de pesos, perjuicio que derivó de “la mala aplicación e indebida comprobación presentada por los supuestos ‘entrenadores’ beneficiarios del Fodepar y que en su mayoría forman parte del área técnica-metodológica de la Dirección de Alto Rendimiento, transferidos mediante el procedimiento de ‘pagarés’/’reembolsos’, y que son los responsables de la comprobación”.

Benítez también debió reportar a la fiduciaria que “se detectaron irregularidades” en la información y documentación que presentaron las empresas que “supuestamente se hacen cargo” de financiar los eventos y que los “entrenadores” utilizan para comprobar los gastos, “toda vez que se presume el desvío de recursos públicos federales otorgados por medio del fideicomiso Fodepar”, se lee en el documento.

El OIC solicitó que se presente la documentación original y con validez fiscal para hacer las comprobaciones que faltan, que el Comité Técnico del Fodepar haga los ajustes necesarios para ser transparente en el otorgamiento, aplicación y comprobación de los recursos, que cambie sus procedimientos para evitar otra vez daños a los fines y patrimonio del fideicomiso y que el personal responsable de la comprobación de los recursos –que carece de los conocimientos para hacerlo– realice este procedimiento de manera correcta.

Por último, el OIC recomendó la creación de respaldos electrónicos y copias simples de las facturas y de todos los documentos que amparan el debido ejercicio de los recursos públicos.

Los auditores entrecomillan la palabra “entrenadores” para destacar que la mayoría, aunque está dada de alta en el Fodepar, no tiene el perfil ni realiza las funciones por las cuales recibe un apoyo ordinario.

En realidad, estas personas son analistas técnicos que los funcionarios de la Conade utilizaron como puentes para triangular recursos con las empresas. Se trata de Alfredo Valdivia de Anda, Gibrahán Hernández Vicente, José Luis Torres Guadarrama, Luis Enrique Muñoz Landa, Raquel Micó Sánchez, Rolando Soler White, Sergio Heredia Velazco, Sofía García García y Víctor de Lucio Ávila

El caso más grave es el de Heredia Velazco; él sí es entrenador de taekwondo y ha recibido casi 10 millones de pesos para el financiamiento de eventos deportivos, uno de ellos es el Abierto de Sofía de 2019 y en el cual no participó la selección mexicana, porque a la federación de ese deporte se le olvidó inscribirlos.

No obstante, para esa competencia el Fodepar le entregó 2 millones de pesos a Heredia, ciudadano cubano que trabaja con equipos infantiles. El dinero no ha sido comprobado, pero sí existe un dictamen técnico que fue hecho después del evento. Este supuesto viaje fue financiado por la empresa Volare Travel Shop, propiedad de Gerardo Alvarado Cepeda, exatleta que compartió entrenamientos con Ana Guevara y con Benítez.

De los arriba señalados, García García es la única que denunció las irregularidades ante la SFP. Ella ya fue dada de baja del Fodepar y su denuncia, hasta ahora, no ha prosperado.

Desaseo en las federaciones

En la Observación número 5 los auditores concluyeron que existen irregularidades en el otorgamiento, aplicación, comprobación y realización de eventos deportivos, y en la adquisición de equipamiento por 14.2 millones de pesos entregados de manera directa a nueve federaciones deportivas: las de ciclismo, gimnasia, remo, triatlón, natación, handball, hockey sobre pasto, patines sobre ruedas y softbol.

Esas federaciones comprobaron la prestación de los servicios con algunas de las empresas arriba mencionadas y también recurrieron a la “refacturación” para inflar los precios; otras organizaciones no comprobaron el dinero de acuerdo con las Reglas de Operación del Fodepar. Las que sí comprobaron sólo presentaron copias de los documentos.

Entre los casos documentados destacan el de la Federación Mexicana de ­Natación (FMN). Sus irregularidades ascienden a 2.1 millones de pesos que fueron otorgados para competencias en España, Portugal, Hungría y Francia.

La FMN “refacturó” los servicios de boletos de avión y hospedaje mediante las empresas Caterin Housekeeping Hospitality and Feeding Services S.A. de C.V. y Viajes Escalona S.A. de C.V. Además, comprobó el gasto de 860 mil pesos 60 días hábiles después de las competencias, y no 15, como lo marcan las Reglas de Operación.

Una de las facturas comprueba gastos por 15 y no por las 10 personas a las que se les autorizó viajar a Barcelona en mayo pasado a la Serie Mundial de Natación Artística. La FMN también comprobó de manera irregular 697 mil pesos con la empresa Charters Turísticos y Deportivos S.A. de C.V.

La Federación Mexicana de Ciclismo reportó de manera irregular el uso de 742 mil 870 pesos correspondientes al Campeonato Mundial de Pista que se realizó en Polonia entre febrero y marzo de 2019. La empresa Volare Travel Shop facturó estos servicios y no presentó documentación original de la compra de boletos de avión y el pago de exceso de equipaje.

Al cierre de la auditoría, la Federación Mexicana de Remo sólo había comprobado 60% de los 2.6 millones de pesos que le otorgaron para la compra de material deportivo. En este caso no hay una justificación técnica de la operación ni se acreditó cuál fue el procedimiento de adquisición.

También se observó una irregularidad por 898 mil pesos en la Federación Mexicana de Hockey sobre Pasto porque, igual que en los otros casos, no presentó los comprobantes fiscales originales de tres boletos de avión emitidos por una aerolínea para viajar a la India en junio de 2019 a un evento de la selección varonil.

La Federación Mexicana de Softbol tampoco justificó el gasto de 7.9 millones de pesos que recibió a reembolso para que la selección varonil participara en el Campeonato Mundial 2019 en Praga y en otra competencia que se realizó en Cleveland, Ohio.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos mencionados cometieron faltas graves, por acto u omisión, que deben ser denunciadas y sancionadas.

Otero Salas, Guevara y Benítez violentaron el artículo 64, que señala que los servidores públicos responsables de la ­investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: “Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves y no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de treinta días naturales a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción”.

Por la “refacturación”, comprobación de dinero con documentos apócrifos y alterados, por autorizar el ejercicio indebido de los recursos públicos y por violar las Reglas de Operación del Fodepar se configuran los delitos de peculado y desvío de recursos, según los artículos 53 y 54.

El artículo 70 de la misma ley señala como responsables de colusión a las empresas que participaron en estos actos porque se trata de particulares que realizaron acciones que implican o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos u ocasionar un daño a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.

El artículo 64 bis califica como faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos establecidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Proceso solicitó una entrevista con Ana Guevara e Israel Benítez, vía el coordinador de Comunicación Social de la Conade, Eduardo Bravo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este reportaje se publicó el 16 de febrero de 2020 en la edición 2259 de la revista Proceso