Los más de 17 años que Daniel García y Reyes Alpizar han pasado en prisión, sin haber sido declarados culpables de delito alguno, podrían terminar esta semana, si el fiscal del Estado de México ratifica el cambio de medida cautelar de los dos hombres, acusados por un homicidio cometido en 2001.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que en una audiencia de revisión celebrada este 20 de agosto, el juez Landeros Herrera consideró que no existe riesgo procesal -es decir, de fuga de los acusados, amenaza a la seguridad de víctimas o testigos o de destrucción de evidencia-, por lo que determinó que pueden seguir su proceso penal en libertad, en lo que el agente del Ministerio Público estuvo de acuerdo.

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Ahora, la ratificación del cambio de medida cautelar -la más larga de todo el mundo- debe ser confirmada por el fiscal estatal en un periodo de tres días, de acuerdo con el Código Nacional del Procedimientos Penales.

Agradecemos al @CentroProdh por su apoyo. Ahora solo falta que el Fiscal General del Estado de México ratifique ante el juez para pone fin a esta Pena Sin Culpa de más de 17 años. #DanielYReyesLibresYa #NiUnDíaMás https://t.co/0tkYAPUCN6 — #NiUnDíaMás (@penasinculpa) August 20, 2019

García y Alpizar fueron acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamés Pérez, quien fuera regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 2001. Ambos fueron detenidos en 2002 y sometidos a arraigo y posteriormente a una prisión preventiva de 17 años sin que se haya demostrado su culpabilidad.

De acuerdo con un documento del Consejo de Derechos Humanos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, Daniel García Rodríguez, un exfuncionario público que se dedicaba a engordar ganado, fue detenido el 25 de febrero de 2002 a las afueras de su domicilio. Hombres a bordo de un vehículo particular le informaron que era requerido por la Subprocuraduría de Justicia, quienes no le mostraron una orden de presentación ni de aprehensión.

Tras negarse a declarar incriminatoriamente por cuestiones que desconocía, Daniel García fue amenazado con la advertencia de que si no cooperaba su entorno sufriría las consecuencias.

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Por su parte, Reyes Alpízar Ortiz, quien se desempeñaba como asesor sindical y artista plástico, fue detenido el 25 de octubre de 2002 en Tlalnepantla, Estado de México, cuando esperaba el camión que lo llevaría a su domicilio en el estado de Hidalgo, sin orden de presentación ni de aprehensión.

Durante el periodo de arraigo en que estuvo, Alpízar Ortiz fue víctima de tortura con golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras e inyecciones para obligarlo a firmar comentos sin conocer su contenido, señaló la oficina de la ONU.

Posteriormente, Reyes se enteró que los documentos que firmó bajo tortura correspondían a una declaración ministerial prefabricada donde relataba que él supuestamente había acompañado a una persona a asesinar a la regidora Tamés Pérez.

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El colectivo Pena Sin Culpa, que acompaña a ambos detenidos en su proceso judicial, explicó que ahora, la liberación de Daniel y Reyes se encuentra en manos del fiscal General, y que las autoridades tienen la oportunidad de dar cumplimiento a la resolución de la ONU que desde 2017 pidió al Estado mexicano libertarios de manera inmediata.

A su favor también existe un análisis del Centro Estatal de Medidas Cautelares, que acreditó que no hay riesgos procesales y opinó a favor de darles medidas en libertad, señaló el colectivo.