Comenzaron por recortar los salarios, pero terminaron recortando los empleos. ¿O fue al revés? Hasta entonces, las empresas del primer mundo deslocalizaban sus fábricas hacia el tercero: sueldos esclavos y jornadas feudales. Los obreros de esta orilla miraban con desconfianza a los de la otra. En la era de la globalización ya nadie recordaba el célebre estribillo: "Proletarios del mundo, ¡uníos!". No era suficiente: las manufacturas de las prensas de lujo no resultaban de suficiente calidad entre dedos famélicos y mujeres malnutridas, por no hablar de que las prendas podían ser fácilmente pirateadas por las mafias y que terminaran en el mercado negro antes que en los escaparates de los Campos Elíseos o de la Quinta Avenida.

Desde el selecto Club Bilderberg a la casposa FAES, el libro de moda podría haber sido El informe Lugano, ese lúcido monumento a la ironía de Susan George: de cómo el capitalismo salvaje podría ser más capitalista y más salvaje. Así que mejor traer el tercer mundo al primero, para crear un cuarto: el de la precariedad, el de un ejército de mano de obra barata capaz de creer que el trabajo es un derecho en lugar de una cadena y que esté dispuesto incluso a pagar por ejercerlo. Sin embargo, no era suficiente: no sólo había que reducir sus percepciones sino el Estado del bienestar, así que adiós al concepto de salud universal, bienvenida la sanidad privada, adiós a la escuela pública y a la universidad para todos. ¿Para qué van a recibir educación superior los hijos de los obreros si su destino es el de convertirse en chicas au pair en Londres o de camarero en Hamburgo?

No cabía escapatoria: el siguiente paso debería ser el de fulminar sus derechos laborales. Los voceros del neoliberalismo ocuparon las tribunas de los medios de comunicación para predicar el timo de la estampita: para crear puestos de trabajo había que abaratar el despido, sin tener en cuenta que si lo hacíamos así lo único que habríamos de lograr era aumentar los despidos y abaratar los empleos. Como la democracia sigue siendo un buen negocio, habría que conservar las formas. Así que mantendríamos el derecho a la huelga pero los trabajadores no cobrarían ese jornal y sus intereses usureros, por lo que se lo pensarían dos veces, en tiempos de estrecheces, a la hora de dejar de percibir cien euros en su nómina. Por si fuera poco, una horda multitudinaria y unívoca de empresarios y de empleados del mes se ocuparía de amenazarnos con las terribles consecuencias que tendría sobre su futuro laboral si decidieran seguir dicha costumbre en desuso.

Ya antes habrían intentado amaestrar a los sindicatos o los habrían intentado embrollar con el supuesto de que podrían financiarse a través de cursos de formación que pagaría la Unión Europea aunque nunca llegaran a impartirse. Lo que permitiría –nunca es tarde si la dicha es buena– detener a sus dirigentes y desprestigiar sus siglas, justo en el momento en que más falta hiciesen. Por si fuera poco, a aquellos que se atrevieran a formar parte de los piquetes, les caería el peso de la ley: trescientos de entre ellos esperan ahora su turno en el banquillo de los acusados. Podrán terminar dando con sus huesos en cárceles hacinadas, en donde supuestamente ya no existen presos políticos. Cierto que el número de reclusos es exponencialmente superior al grado y a la suma de delitos que se cometen en nuestro país. Sin embargo, las prisiones están a rebosar aunque haya algunas –como la de Archidona– que siguen cerradas por falta de presupuesto: quizá el Ministerio del Interior lo esté dedicando a privatizar la vigilancia exterior de las cárceles a favor de un lobby de empresas del ramo que antes empleaban a los escoltas de los amenazados por ETA y que ahora han despedido a los guardaespaldas pero hacen negocio a costa de su vacío. La futura Ley de Seguridad Privada obligará incluso a los detectives a declarar su lista de clientes, vulnerando con ello su secreto profesional, tal y como cuenta Juan Carlos Arias en su último libro Detectives RIP.

La prisión permanente revisable, tan europea, tan supuestamente constitucional, tan populista, llenará las cárceles llenas hasta las trancas con aspirantes a Malamadre, sin esperanzas de remisión: hace unos días, un preso con condenas de hasta cuarenta años propinó cuarenta y cinco puñaladas con un pincho a otro recluso que le servía de sombra para que no se suicidara. ¿Cuántos de estos casos se convertirán en el pan nuestro de cada día con esta cadena perpetua camuflada?

A pesar de los pesares, la gente es sumamente inestable y puede rebelarse incluso sin que nadie ondee una pancarta. Por eso es conveniente la Ley de Seguridad Ciudadana: se les caerá el pelo a los manifestantes que alteren la molicie habitual de los parlamentos o pretendan evitar que desahucien a un recién nacido. Cuidado, eso sí, con los fotógrafos y los cámaras. Habrá que enchironarlos si se les ocurre inmortalizar a unos maderos apaleando a un yayoflauta. Y es que, con cierta frecuencia, el poder fracasa a la hora de controlar a los medios de comunicación: cualquier chufla con un blog es capaz de resucitar el mito de la libertad de expresión, convenientemente podado por la dictadura de los consejos de administración o la hipoteca de las campañas publicitarias. Si una corresponsal se vuelve díscola, la destituimos y contentamos a Israel. Si un presentador opina demasiado, se le despide. Si una televisión pública es demasiado pública, se la gubernamentaliza.

La nueva norma que entrará en vigor en julio legalizará los rechazos en frontera de los inmigrantes irregulares. El trato de los Estados a los inmigrantes es uno de los termómetros de cuál será el trato futuro a sus nacionales. Así que ya va siendo hora de preguntarnos a dónde nos devolverán en caliente cuando los que consideran que este país es suyo decidan que el resto estamos de sobra y nos manden a un CIE. De la patada en la puerta de José Luis Corcuera, en 1992, hemos pasado a la patada en la boca de Jorge Fernández en 2015. La situación se agrava aún más con la persecución del yihadismo, que ha merecido otra ley en la que han sumado fuerzas PP y PSOE. ¿Cuántos fanáticos serán confundidos con terroristas, cuántos detergentes con explosivos, cuántos coranes con bombas de relojería?

Criticamos con razón que la separación de poderes no esté muy clara en Venezuela, pero ¿lo está en España con los órganos rectores de la judicatura repartidos a voleo entre los partidos mayoritarios? ¿La Audiencia Nacional volverá a convertirse en el Tribunal de Orden Público? Por ahora, la jueza Mercedes Alaya puede decidir, incluso, si detener en plena calle o delante de sus hijos a cualquier delegado del tres al cuarto que hubiera incurrido supuestamente en alguna irregularidad administrativa. ¿Qué fue del habeas corpus cuando, además, los detenidos fueron puestos en libertad, aunque con cargos, al día siguiente? Si la corrupción es terrible, ¿no sería peor que la Justicia siguiera las enseñanzas de Maquiavelo en lugar de las de Montesquieu?

A la ciudadanía se la puede amordazar, pero por ahora no se le puede impedir que vote. ¿O sí? Quizá manteniendo la actual Ley d'Hont, el sistema de circunscripciones e imponiendo que gobierne la lista más votada. Al parecer, la Ley Mordaza no es tan sólo la que hemos aprobado esta semana.