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Nunca, ni siquiera en los años más oscuros en la historia de Eslovaquia, sus medios de comunicación habían sufrido un ataque semejante. La denuncia es de Reporteros sin Fronteras y hace referencia el asesinato del joven reportero Jan Kuciak y de su pareja, Martina Kušnírova el 25 de febrero. Un disparo en la cabeza y otro en el pecho, en su propia casa. El asesinato del periodista es el segundo que vive la Unión Europea en seis meses: en octubre, la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia murió en la explosión de una bomba lapa colocada en su coche. El crimen de Kuciak ha tenido inmediatas consecuencias políticas: primero dimitió el ministro del Interior, y el miércoles 14 lo hizo el primer ministro, Robert Fico.

Con apenas 27 años, Kuciak era un joven talento, un investigador que intentaba desenmarañar la tupida red de evasión fiscal de los oligarcas eslovacos, sus relaciones con los gobernantes, incluyendo el actual primer ministro, Robert Fico, y la infiltración de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, considerada el peor grupo criminal italiano, en el millonario negocio de los fondos europeos que recibe Eslovaquia. En el actual marco presupuestario, 2014-2020, la UE repartirá 15.300 millones de euros al país, la mitad en fondos para el desarrollo regional, y 1.500 millones en ayudas directas agrícolas.

Las investigaciones de Kuciak le habían llevado hasta un grupo de empresarios italianos, mafiosos de la ‘Ndrangheta instalados en el país para financiar con dinero de la Política Agraria Común europea (PAC) cooperativas agrícolas desde las que blanquear dinero de actividades ilícitas. En uno de sus últimos trabajos, publicado en el portal de noticias eslovaco Aktuality, centrado en reportajes de investigación, el periodista cifró en 13 millones de euros los fondos de la PAC recibidos por estas explotaciones.

Ataques contra la libertad de prensa

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, calificó el asesinato del periodista eslovaco como “un nuevo ataque inaceptable contra la libertad de prensa, contra uno de los valores fundacionales de nuestra democracia”. Tajani, antiguo periodista y corresponsal de guerra antes de su entrada en la política de la mano de Silvio Berlusconi en los años noventa, ampliaba el foco y apuntaba a las últimas muertes de periodistas en la Unión Europea, una situación jamás vivida.

El pasado 16 de octubre, una bomba lapa adosada al coche acabó con la vida de la principal investigadora sobre corrupción política en Malta. Daphne Caruana Galizia había involucrado a miembros del Gobierno en la investigación de los Panama Papers, el trabajo periodístico conjunto internacional que reveló la evasión fiscal en el Caribe de decenas de políticos, empresarios o personalidades del deporte y las artes.

Dos periodistas asesinados en poco más de cuatro meses, y otra más fallecida en Suecia en agosto pasado, mientras realizaba un reportaje sobre un submarino civil. Seis en total en los últimos doce meses, si incluimos tres asesinatos de reporteros y editores en Rusia y Turquía, donde decenas de periodistas han sido encarcelados en la represión iniciada por el presidente Tayyip Erdogan a raíz del fallido golpe de Estado.

“¿Cómo podemos condenar a aquellos que intimidan y encarcelan a periodistas en el mundo si nosotros fracasamos al garantizar que nuestra prensa trabaje segura?”, preguntó Tajani a los eurodiputados al honrar a Kuciak. Benedek Jávor, diputado húngaro del grupo de Los Verdes, le responde en CTXT: “En estos momentos no debemos preocuparnos sólo por una presión económica y política cada vez más extendida, sino también pensar en la seguridad física de los periodistas. Es una situación que hasta ahora solíamos relacionar con democracias menores y no con las principales de la UE”.

4 de cada 10 profesionales de la información fueron objetivo de alguna vigilancia en los últimos tres años, casi la mitad ha sufrido algún tipo de intimidación y un tercio rebajó el tono crítico de sus historias

Un reciente estudio del Consejo de Europa, tras una consulta entre 1.000 periodistas en los 47 países miembros, más Bielorrusia, que incluye también a Rusia, Georgia y Turquía, arroja conclusiones alarmantes: 4 de cada 10 profesionales de la información fueron objetivo de alguna vigilancia en los últimos tres años, casi la mitad ha sufrido algún tipo de intimidación y un tercio rebajó el tono crítico de sus historias, la temida autocensura.

“Si miramos a nuestro alrededor, sólo podemos deplorar la desaparición de las voces disidentes en los medios, pilares fundamentales de nuestras democracias, y vemos a políticos populistas que aumentan sus críticas o violan la libertad de los medios”, resume Mogens Blicher Bjerregård, presidente de la Federación Europea de Periodistas (EFJ). Blicher Bjerregård denuncia el creciente uso de los medios por parte de oligarcas y políticos como “máquinas de propaganda”, y alerta ante los intentos de “menoscabar los servicios informativos públicos en los países del este de Europa, tanto financiera como políticamente”.

Las injerencias políticas en los medios, el control por parte de empresarios para impulsar sus negocios o sus carreras políticas o para obtener réditos económicos –como las escuchas telefónicas ilegales realizadas por el británico News of the World, del magnate Reupert Murdoch– han dado un salto cualitativo con el asesinato del eslovaco Kuciak y de su pareja y el coche bomba contra Caruana Galizia, “mensajes muy duros que no habíamos visto en el pasado en Europa”, dice para CTXT desde Rumanía la exministra de Justicia, Monica Mancovei, actual eurodiputada.

Macovei fue una de las voces más duras en el debate del Parlamento Europeo sobre el asesinato de Kuciak y una de las impulsoras de la misión europea que se ha trasladado a Eslovaquia para conocer de primera mano la investigación de los dos asesinatos. De momento, la policía ha detenido a varios italianos en relación con el caso. “Básicamente la mafia se está organizado para eliminar a cualquiera que habla con libertad, que los expone y los investiga”, dice Macovei, “están enviando un mensaje, no volváis a hacer lo mismo”.

Asesinados por destapar a oligarcas y políticos

La calidad democrática de Eslovaquia nunca estuvo tan cuestionada en su historia reciente, aunque la persecución a la prensa venga de lejos. El país ocupa el puesto 17 del Ranking Mundial sobre Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, y en el último año bajó cinco escalones. La organización recoge un deterioro de la situación desde el 2007-2008 y en los dos últimos años el acoso a los periodistas especializados en investigar el crimen organizado se ha agravado con incendios de coches y ataques contra sus casas. Eslovaquia, socio de la UE desde el 2004, vive un retroceso en la libertad de expresión. Hace diez años desapareció el reportero Pavor Rýpal y, en 2015, lo hizo Miroslav Pejko, sin que la policía haya resuelto los casos.

Robert Fico, primer ministro desde 2012 y líder del SMER-SD, el partido socialdemócrata, ofrece ahora un millón de euros a quien proporcione información que facilite el arresto de los asesinos de Jan y Martina. Es el mismo político que en 2016 llamó “sucias putas anti-eslovacas” a las reporteras que le cuestionaron por el uso de fondos públicos, al tiempo que las acusaba de intentar socavar la presidencia rotatoria del Consejo Europeo que el país ocupaba entonces.

La crisis política abierta por los asesinatos ha obligado a dimitir al ministro de Interior, bajo el foco porque estaba acusado de encubrir las operaciones de fraude fiscal de un empresario inmobiliario, socio de otro oligarca que había amenazado recientemente al periodista asesinado.

Las autoridades europeas dicen ahora que seguirán de cerca la investigación sobre la muerte de Kuciak, escandalizadas por sus similitudes con el asesinato de Caruana Galizia. La maltesa escribió sobre el blanqueo de dinero en los bancos de su país, la presencia de la mafia italiana y sobre un programa oculto iniciado en 2014 que involucraría al jefe de gabinete del primer ministro para que fortunas extranjeras, principalmente rusas, adquiriesen pasaportes malteses. Antes de su muerte, sacó a la luz, en el marco de los Panama Papers, las cuentas bancarias de una empresa panameña a nombre de la mujer del primer ministro y de dos de sus principales aliados políticos, y los pagos al entorno del presidente de Azerbaiyán.

Es muy preocupante, da la sensación de que la justicia y la policía no funcionan como deberían

“Es muy preocupante, da la sensación de que la justicia y la policía no funcionan como deberían porque hay una captura del poder por los corruptos y las mafias”, afirma Ana Gomes, eurodiputada del Partido Socialista portugués. La inoperancia de la policía maltesa para indagar sobre los responsables del asesinato de Caruana Galizia es evidente. Tres delincuentes del país fichados por las fuerzas de seguridad están detenidos y siendo juzgados como autores materiales, pero no hay ninguna información sobre los autores intelectuales, los que ordenaron su muerte.

“Cuando hablamos de corrupción debemos hablar de todo tipo de delitos, desde el blanqueo de dinero, el tráfico de armas, de personas y de drogas, la evasión fiscal… todos son crímenes de grupos organizados”, insiste la eurodiputada Macovei, estableciendo una relación entre lo ocurrido en Eslovaquia y Malta.

El Estado de derecho, en peligro

Malta forma parte de la lista de países de la UE cuestionados por el funcionamiento de sus instituciones democráticas y el respeto a las leyes. Sin llegar al límite de Polonia, con un expediente abierto por la Comisión Europea ante el fin de la separación de poderes y el sometimiento del cuerpo judicial al ejecutivo, el Parlamento Europeo sí ha pedido que Bruselas apriete las tuercas a la isla mediante un mecanismo legal que supervise su Estado de derecho.

Tanto Malta como Polonia entraron en la UE en 2004. Hungría, otro socio de la misma ampliación comunitaria, está en el punto de mira por las leyes que intentó aplicar el gobierno contra instituciones educativas. En Rumanía, Estado miembro desde el 2007, el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás por las presiones ciudadanas y europeas a la reforma legislativa para blanquear los delitos de corrupción. Apenas una semana después del asesinato de Caruana Galizia, el presidente de la República Checa, Milos Zeman, saludó a los reporteros en una conferencia de prensa con una metralleta kalashnikov de juguete con la inscripción “para los periodistas”.

Todos son países con sistemas democráticos recientes y socios europeos de nuevo cuño. “No creo que exista un sentimiento de impunidad”, dice el verde Jávor, “pero necesitamos trabajar juntos para asegurar la seguridad y unas condiciones de vida viables para los periodistas de investigación”. Sin embargo, Jávor confirma que en Hungría “hay un serio problema con la libertad de prensa, aunque actualmente no hay casos públicos de acoso” como los sufridos por Kuciak o Caruana Galizia antes de ser asesinados. La pregunta que muchos se formulan en Bruselas es si la UE tiene un problema con la calidad democrática de sus miembros del este. “Existe ese problema pero no es exclusivo de estos países”, responde la portuguesa Gomes, para quien “es comprensible que sean más vulnerables porque el cambio de mentalidad, institucional, llevará tiempo y requerirá inversión”.

Gomes y Jávor forman parte del grupo de seis eurodiputados que pidieron por carta a la Comisión Europea una directiva para acabar con las denuncias de las grandes corporaciones por injurias y difamaciones contra periodistas que investigan sobre ellas. Cinco meses después de la muerte de Caruana Galizia, todavía quedan más de 30 procesos abiertos contra ella, incluida una denuncia del banco involucrado en la evasión fiscal que destapó. Ambos eurodiputados confirman a CTXT que desde la Comisión todavía no han respondido a su petición. “En muchos países europeos, la difamación y la injuria son todavía parte del código penal. Las demandas contra periodistas son práctica común en Italia, donde la difamación está regulada por leyes estrictas, algunas de ellas introducidas por el régimen fascista de hace más de 70 años”, relata el informe del Consejo de Europa.

En algunos países del llamado núcleo duro de la UE, entre los que presumen de su separación de poderes y hacen gala de sus derechos civiles, también hay acoso legal a la prensa, como la Ley Mordaza en España. Y las agresiones y el acoso físico por parte de la oligarquía o la mafia no son evidentes pero están presentes. El Ossigeno per l’Informazione, un observatorio sobre la libertad de los medios en Italia, denuncia que 1.900 periodistas han sufrido algún tipo de violencia, incluidos el incendio de sus propiedades y las amenazas directas.