El diario The Independent explicó que, con ese objetivo, el rey emitió el decreto real número 44, que tipifica como delito "la participación en las hostilidades fuera del reino", con penas de prisión de entre tres y 20 años. El primer artículo de esa normativa contempla que "el llamamiento al ateísmo en cualquier forma o a las dudas sobre los fundamentos de la religión islámica en la que se basa este país" se considera terrorismo.