Así lo ha apuntado Podemos Cádiz en un comunicado, en el que ha considerado que «no puede haber una reivindicación más legítima que la de un lugar para vivir que puedan pagar», cada uno en función de sus propias posibilidades.

Según ha recalcado la formación morada, los integrantes de la Corrala «piden un alquiler social, no una vivienda gratis», por lo que desde Podemos confían «en que en el juicio del lunes el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española (CE) y en el derecho internacional, quede garantizado».

Podemos Cádiz, desde que llegó al Ayuntamiento, ha tenido «una prioridad clara: elaborar una hoja de ruta para acabar con los desahucios y los problemas de acceso a la vivienda», según añade la formación, que «no ha cejado en el empeño de detectar y atender los casos con premura, de tratar de alcanzar acuerdos que permitan ampliar el parque de viviendas en alquiler social, de proponer medidas para incentivar el alquiler, así como medidas para garantizar los suministros básicos que son parte indispensable de una vivienda digna».

La formación morada ha asegurado que, hasta ahora, se han dado algunos pasos importantes en este sentido, pero «no podemos ser autocomplacientes», pues «las medidas eran necesarias y de gran ayuda», pero su impacto es «limitado» mientras se siga teniendo «más de 6.000 viviendas en la ciudad y miles de vecinos sin poder acceder a ellas».

«Esta situación tiene responsables», han apuntado desde Podemos Cádiz, como son «los bancos y los acaparadores de vivienda vacía, y es necesario que se impliquen en la solución, aunque hasta ahora nuestra mano tendida y nuestra voluntad política no hayan sido suficientes para lograrlo».

PRESIÓN Y MOVIMIENTO SOCIAL

«Es necesario rescatar la vivienda cerrada en manos de acaparadores para aumentar la oferta de alquiler social», ha señalado Podemos Cádiz, pero «no vamos a consentir que, quienes gozan del favor de los poderes públicos para preservar su beneficios, hagan esto de manera voluntaria», enfatiza Podemos, formación para la que «la presión social es imprescindible» para lograrlo y, los movimientos sociales por una vivienda digna «nos han mostrado el camino, de manera muy explícita en Cataluña, donde la gente hoy goza de medidas que protegen a las familias y permiten rescatar las viviendas vacías gracias a estos movimientos».

«En Andalucía también queremos estas leyes que protegen a las personas, y su derecho a la vivienda y para generar esa presión social necesaria que comprometa a los responsables de esta situación a asumir su responsabilidad es necesario el apoyo solidario a nuestros vecinos y a los movimientos de recuperación y defensa de la vivienda», ha señalado la formación morada en Cádiz.