MEXICO, D.F. (apro).- “Todos están muertos”, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, el viernes 17, y desnudó la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para pagar el menor costo político por los 43 normalistas de Ayotzinapa que siguen oficialmente desaparecidos desde el viernes 26 de septiembre.

Si de por sí tiene poca valía la palabra del gobierno federal, que tardó diez días en intervenir pese a la magnitud de la tragedia en Iguala –y sólo ante el escándalo mundial–, el macabro manejo de ésta para paliar los costos políticos, aun con el sufrimiento de las familias, corresponde a seres miserables.

El jueves 9, a 13 días de la desaparición de los normalistas a manos presuntamente de policías que los entregaron a sicarios de la banda criminal Guerreros Unidos, el propio Peña dejó entrever que estaban muertos, en un discurso en Irapuato, Guanajuato:

“Tenemos que ir a profundidad y, tope donde tope, llegar a los responsables, a aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que, lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida”.

Ese mismo día, el procurador Jesús Murillo Karam anunció la captura de cuatro implicados en la desaparición de los 43 estudiantes y la ubicación de otras cuatro fosas clandestinas, además de las halladas el sábado previo, donde presuntamente también fueron incinerados los cadáveres de personas no identificadas.

Desde entonces se hizo más ostensible en esa zona de Guerrero el despliegue del gobierno federal para, supuestamente, dar con el paradero de los “desaparecidos”: Más de mil 200 elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina buscaban por todas partes.

La propaganda gubernamental, difundida con gran despliegue en los medios televisivos, ha incluido que los elementos policiacos y militares están siendo auxiliados por helicópteros Black-Hawk y que, provistos de mapas de la geografía local, buscan también a los desaparecidos en ríos y presas de la sierra guerrerense.

Es un gran despliegue operativo, acompañado de una vasta estrategia mediática que comenzó cuando estaba ya en entredicho la imagen internacional de Peña.

Y es que tras la desaparición de los normalistas, el 26 de septiembre, Peña fue desdeñoso y su primera intervención al respecto se produjo hasta el 30 cuando, en una gira por el Estado de México, dijo que la responsabilidad era sólo del gobierno de Guerrero.

“Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”, dijo ese martes, pero la condena internacional escaló, sumada al fusilamiento de algunos de los 22 jóvenes muertos en Tlatlaya, en el estado que él gobernó.

Otro elemento que obligó a su intervención, y que lo obligó a emitir un mensaje desde Palacio Nacional, el lunes 6, se produjo el sábado 4, cuando el perredista René Bejarano aseguró haber informado al procurador Jesús Murillo Karam y al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, de los nexos con el crimen organizado del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, involucrado en la desaparición.

En el Consejo Nacional del PRD, que eligió a Carlos Navarrete como presidente, Bejarano aseguró haber presentado pruebas de que Abarca asesinó al perredista Arturo Hernández Cardona y que enteró de esos hechos a los dos funcionarios federales y a la dirigencia de su partido.

El gobierno de Peña trató de neutralizar lo afirmado por Bejarano a través de las opiniones de dos periodistas: El miércoles 8, la Secretaría de Gobernación emitió, como un comunicado oficial, “fragmento de mesa de análisis en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula”.

Estas opiniones de López Dóriga y José Fonseca, difundidas como comunicado oficial por la Secretaría de Gobernación, tenían una clara intención: Desacreditar la información de René Bejarano y encomiar a Osorio Chong y a Murillo Karam:

“José Fonseca: René Bejarano no aportó, ni ha aportado, pruebas que sustenten sus acusaciones contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Joaquín López-Dóriga: Lo dijo el procurador (Murillo Karam) que nunca presentó la denuncia en la PGR como dijo.

“Y como me dijo el secretario de Gobernación, Osorio Chong: ‘A mí René Bejarano jamás me trató el tema de Iguala’. O sea, el secretario Osorio Chong está desmintiendo el señalamiento de Bejarano, que también está jalando agua para su corriente”.

Pero toda esta estrategia de arropamiento a Peña y a los más altos funcionarios de su gobierno, exhibidos como cómplices al menos por omisión del gobernador y del alcalde fugitivo, se está viniendo abajo con la afirmación del padre Solalinde de que los 43 normalistas ya no viven.

“Desde el domingo a la fecha he tenido varios encuentros con testigos, algunos testigos presenciales, que sufrieron el primero y segundo ataque, estudiantes, pero hay otras fuentes, que no son estudiantes, que nos hablan de otro momento. Hablan de que algunos estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diesel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”.

Quizá por eso al sacerdote, a quien no se tiene por mentiroso, nadie lo quiso recibir en la PGR, este lunes, para presentar una denuncia.

El teatro macabro de Peña ya empezó a derrumbarse…

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