Redacción

Las tres decenas de enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal -coordinadas por el diputado y portavoz parlamentario de Justicia de IU, Ricardo Sixto, junto a la también diputada del grupo confederal Sara Carreño- plantean también que el Gobierno remita en el plazo de dos años “un proyecto de ley de privacidad del menor en el que establecerá condiciones, limitaciones e información de los menores de 16 años en espacios digitales y de cualquier otro ámbito en los que estos menores se desenvuelvan y puedan incorporar datos sobre su identidad y desarrollo personal“

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una treintena de enmiendas parciales al proyecto de ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal una vez concluida la ampliación de plazos para su tramitación en el Congreso. Entre las enmiendas presentadas se incluye una para que se garantice “el acceso a los Archivos Públicos y Eclesiásticos en relación a personas desaparecidas”, vinculada directamente a los graves problemas con los que se enfrentan los familiares que denuncian centenares de casos de ‘bebés robados’. Además, otra enmienda de adición, dirigida en este caso al artículo 15 del texto original, plantea que el denominado ‘derecho de supresión de datos de carácter personal’ en cualquier registro “será igualmente aplicable a los datos facilitados por los interesados a las confesiones o congregaciones de carácter religioso”.

Las tres decenas de enmiendas presentadas han sido coordinadas por el diputado y portavoz parlamentario de Justicia de Izquierda Unida, Ricardo Sixto, junto a la también diputada del grupo confederal Sara Carreño. En relación a la primera de las mencionadas, la propuesta especifica que esas solicitudes de acceso “en relación a personas desaparecidas deberán estar debidamente motivadas, sin que por parte de los Archivos Públicos o Eclesiásticos pueda existir más oposición a dicha demanda que las causas recogidas en la ley ni alegar silencio administrativo”.

Unidos Podemos motiva también todo lo que tiene que ver con el ‘derecho a supresión’ apuntando que “la supresión de los datos aportados por los ciudadanos a las diferentes congregaciones religiosas deben estar en consonancia con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento UE, siendo un avance que este derecho quede explícitamente recogido en la ley”.

Además, el amplio trabajo incluye la adición de una nueva disposición adicional que obliga al Gobierno a que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley orgánica “remita a las Cortes un proyecto de ley de privacidad del menor en el que establecerá condiciones, limitaciones e información de los menores de 16 años en espacios digitales y de cualquier otro ámbito en los que estos menores se desenvuelvan y puedan incorporar datos sobre su identidad y desarrollo personal“.

Los firmantes de la propuesta justifican esta necesidad en la “especial consideración que debe tenerse hacia el uso que puede darse de los datos que un menor pudiera dejar en aquellos ámbitos de la vida en los que se están desarrollando” y, en especial, “en los accesos o sitios web o redes sociales, lo que hace necesaria una regulación especial”.

En este sentido, la futura ley debe prestar especial atención a “los sitios web que están dirigidas a niños menores de 16 años o de aquellos de los que se tenga conocimiento de que estos menores están visitando. Como mínimo, se debería requerir que estos sitios web publiquen las políticas de privacidad, que deberían detallar si la información personal está siendo recopilada, cómo la información está siendo utilizada y la prácticas de divulgación del operador del sitio”.

Otra cuestión muy importante incluida en varias de las enmiendas es todo lo que tiene que ver con el sistema de información crediticia, es decir, el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia. En concreto, se modifica una disposición adicional para que no se pueda incorporar a estos sistemas compartidos de información “deudas en que la cuantía del principal sea inferior a 300 euros”.

Ello se justifica en que “dada la trascendencia que este tipo de pequeñas deudas suele tener en la vida de las personas, ya que pueden imposibilitar el acceso a servicios básicos, y siendo diversas las razones que pueden llevar a que aparezcan en este tipo de registros deudas vinculadas con una persona aun cuando pudieran tener su origen en terceras personas”, resulta adecuado incrementar esa cuantía.

Junto a ello, sobre este mismo tema, Ricarso Sixto y Sara Carreño plantean una nueva redacción del artículo 20 para que, entre otras cuestiones, la persona deudora “manifieste su consentimiento” antes de ser incluido en dichos sistema de información. Además, “todas las deudas anotadas en los sistemas comunes de información crediticia deberán especificar los distintos conceptos de la deuda, con el oportuno desglose, de tal forma que quede diferenciado el incumplimiento del pago de la obligación principal del resto de conceptos adeudados en base a intereses u otros gastos y penalizaciones”.

Las enmiendas planteadas añaden también que “cuando una entidad financiera o crediticia, o de cualquier otra índole, distinta de la que haya suministrado los datos del deudor al sistema común de información crediticia, consultase los datos de una persona deberá comunicar al afectado la consulta efectuada, quedando en todo caso anotada la consulta en el registro del sistema común de información crediticia”.

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