No le fue bien en su excursión regional al grupo Pescarmona. Vendió soluciones energéticas a Venezuela y construyó en Brasil. Pero, por diferentes motivos, ninguno de los dos países pagó. Semejante problema de cobranzas, al que se sumaron la coyuntura local y la baja participación de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) en la obra pública local, fue demasiado para la empresa.

Ayer, la tradicional industria mendocina confirmó que no podrá hacer frente a los vencimientos de deuda que operan mañana. De esta manera, la principal proveedora de turbinas y soluciones energéticas de la Argentina entrará en cesación de pagos.

Las soluciones que se han barajado para salir del trance tienen como protagonista al Estado. Fuentes vinculadas con la empresa y el Gobierno confirmaron que hubo reuniones entre ambos y que no se descarta que en el corto plazo la empresa sea capitalizada con dinero público a cambio de acciones.

Si bien en el mercado ya se descontaba que Impsa no podría pagar las obligaciones negociables emitidas, la confirmación formal llegó cuando la empresa envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que reconoció que no podrá hacer frente a un pago de intereses previsto por $ 42 millones y US$ 23 millones.

Se trata de las obligaciones negociables clase X y XI, así como también el pago de las cuotas de capital e intereses de todas sus obligaciones negociables en circulación y de sus restantes obligaciones con acreedores financieros.

"La sociedad debe adoptar esta decisión debido a su situación financiera y como consecuencia de los atrasos sufridos en las cobranzas a algunos clientes en contratos significativos, sin perjuicios de continuar con las gestiones para revertir esta situación", se lee en el comunicado.

Desde hace meses, el grupo Pescarmona negocia con el Gobierno un salvataje. Sucede que la deuda que la empresa arrastra es de poco más de 1032 millones de dólares. Aunque ese número parece menor si se lo compara con las cobranzas atrasadas. Una fuente que tuvo acceso a los números de la empresa confió ayer a LA NACION que las acreencias por cobrar (de Venezuela y Brasil) llegan a 5500 millones de dólares.

Ayer y anteayer, ejecutivos del grupo tuvieron reuniones con el ministro de Economía, Axel Kicillof. "Se busca una solución", confirmó una fuente cercana a la negociación. Una fuente oficial dijo que hace varios meses la empresa se acercó al Gobierno y planteó los problemas financieros para el corto plazo. "Se miraron los números, pero no es tan fácil. Es una compañía que tiene un activo muy grande en ingeniería [tiene alrededor de 400 ingenieros], pero también es verdad que arrastra una deuda muy grande. No es tan sencillo capitalizarla para lograr que el aporte de capital sea el salvavidas para pagar la deuda", afirmó.

Hace poco más de 10 días, los ejecutivos de la empresa mantuvieron reuniones con Kicillof y con la ministra de Industria, Débora Giorgi. Entonces la sensación que quedó es que había más predisposición de parte de Kicillof que de Giorgi de un ingreso del Estado como socio. De hecho, hubo algún intento de que los trámites se hicieran contra reloj y que no se llegara a la situación actual de postergación de pagos. Pero la gestión no se terminó a tiempo.

Entre las dificultades más significativas se encuentran una deuda que el gobierno de Venezuela mantiene con Impsa por la central de Tocoma. El 25 de agosto pasado, la compañía mendocina había enviado otra comunicación a la CNV en la cual pidió autorización para iniciar un "procedimiento de crisis". Actualmente, alrededor de 1000 empleados de la empresa están protegidos por el subsidio de Recuperación Productiva (Repro), un plan por el que el Estado aporta $ 2000 del sueldo cada trabajador.