La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos agentes de la UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva línea de investigación en la pieza 14 del sumario, que permanece secreta, y que indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La UCO encontró hace tiempo las presuntas donaciones ilegales que anotó el exconsejero Francisco Granados, el principal político imputado en la causa, en una agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso. Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid recibió entre 2011 y 2014 pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que ingresó en la caja del partido 1.460.000 euros.

La UCO ha hallado ahora nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Los agentes han solicitado varios contratos e información sobre el sistema de funcionamiento de las mesas de contratación de la Asamblea.

Los audios de Púnica: “Nos van a tocar los huevos y va a parecer que somos corruptos" José María Olmo Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados

En julio de 2009, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).

Vicepresidenta entre 2007 y 2012

En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.

Fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este diario que las decisiones de la mesa de contratación eran colegiadas y que, tras elegir la oferta más ventajosa, la propuesta se elevaba al conjunto de la mesa de la Asamblea, en la que estaban representados todos los partidos, para que autorizara la adjudicación. Según estas fuentes, el único motivo por el que Cifuentes participó en esa mesa de contratación fue que el presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, José Ignacio Echeverría, delegó en la entonces vicepresidenta de la Cámara esa responsabilidad.

Elvira Rodríguez, expresidenta de la Asamblea de Madrid.

En 2013, Cantoblanco ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó al final del concurso. Sin embargo, la vinculación de la Asamblea de Madrid con Cantoblanco se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario en 2015. El Parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.

En conversación telefónica con este diario, Arturo Fernández ha negado que exista ningún tipo de irregularidad en esos contratos y ha negado que los consiguiera gracias a donaciones al Partido Popular. "Las únicas donaciones que hice al PP las ingresé por transferencia bancaria a través de Fundescam y ya son conocidas. Nunca he hecho ninguna otra donación al partido", explica el exvicepresidente de la CEOE. Fernández también asegura que esas adjudicaciones eran deficitarias. "Me parece absurdo que alguien pueda pensar que se amañaron esos contratos. Si fueran por alguna cantidad importante, podría entenderlo, pero casi estaba en la Asamblea para quedar bien, más que por otra cosa", defiende.