Según ha confirmado El Confidencial Digital, a través de fuentes conocedoras del proceso, los interventores municipales han recibido instrucciones de Hacienda para no aceptar coacciones y presiones políticas que puedan provocar un grave desequilibrio presupuestario en los ayuntamientos, especialmente en los gobernados desde el pasado sábado por plataformas ligadas a Podemos.

La Intervención General del Estado delega la función de control de las cuentas locales en los interventores municipales o, en su defecto, en los secretarios. Fuentes de la Secretaría de Estado de Gastos y Presupuestos confian, en este sentido, en el rigor de estos profesionales que conocen pefectamente sus obligaciones para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La legislación recoge que el interventor local tendrá que manifestar si se cumple o no la regla de gasto, y activar el proceso de intervención en el supuesto de que se produzca una desviación importante.

Se enfrentan a poder ser inhabilitados

De no hacerlo, según las fuentes consultadas, con arreglo a la Ley de Transparencia estaría incurriendo en la falsedad de datos públicos y se arriesgaría incluso a responsabilidades penales.

También, por ejemplo, se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si dan el visto bueno a las cuentas sin respetar los objetivos de déficit comprometidos. Están obligados a garantizar, por tanto, el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Gestionarán más de 8.000 millones de euros

El Gobierno tiene en cuenta que las coaliciones de izquierda gobernarán las ciudades más grandes de España y gestionarán en conjunto un presupuesto superior a los 8.000 millones de euros cada año.

Además de gobernar en cuatro de las cinco capitales más pobladas del país, las plataformas ciudadanas apoyadas por Podemos han facilitado también la alcaldía en centenares de municipios a los socialistas.