Con nuevas e importantes concesiones a la Iglesia, el oficialismo aprobó ayer el dictamen sobre la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. Lo hizo en soledad: todo el arco opositor anticipó que votará en contra, pues se excluyó del texto la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios cuando se comete un daño a terceros.

Además, fuera de los reclamos de la Iglesia, el dictamen oficialista eliminó la figura de la responsabilidad social de la propiedad, que había generado reclamos. El texto original establecía que la propiedad tiene una función social y, por lo tanto, debía estar sujeta a las leyes con fines de bien común.

El kirchnerismo pretende aprobar el nuevo código el miércoles próximo, en el Senado, para que pase a Diptados. En el ínterin podría haber nuevos cambios, anticipó ayer el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto. "Ésta no es la piedra de Moisés; toda obra es perfectible", insistió, en aras de conseguir un mayor apoyo político a una ley que, por ahora, sólo cuenta con el voto del oficialismo.

Entre las novedades que el kirchnerismo introdujo, luego de reclamos explícitos de la Iglesia, se confirmó que la vida humana comienza con la concepción y se eliminó la filiación post mórtem. Ello se suma a la prohibición de la gestación por sustitución (alquiler de vientres), quitada la semana pasada.

Estas concesiones a la Iglesia, gestionadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, provocaron cierto malestar en el ala progresista del oficialismo, más identificada con la propuesta original que elevó la comisión redactora, integrada por los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Sin embargo, la sangre no llegará al río: el oficialismo cerrará filas en torno del nuevo dictamen, pues cuenta con la venia de la propia presidenta Cristina Kirchner.

Los legisladores de la UCR no pudieron ocultar su fastidio por la disposición que confirma que la vida humana empieza con la concepción. "Es gravísimo -alertó el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra-. ¿Qué significa esto? ¿Que al que se le cae por error una probeta incurre en aborto? No tenemos sancionado nada serio sobre preservación de los embriones y estamos diciendo que son personas", exclamó.

La senadora Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente, celebró los cambios y no se descartaba ayer, que termine apoyando en general la iniciativa.

Responsabilidad del Estado

Más allá de eso, el problema que divide aguas es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios.

El oficialismo insistió en que este tema debe ser excluido del nuevo Código Civil y Comercial para ser regulado por una ley especial: a su juicio, la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios compete al fuero administrativo y debe estar sujeta a la legislación de cada provincia y municipio. "No seamos ingenuos -enfatizó ayer Pichetto-. El Estado pierde siempre todos los juicios y detrás de las demandas están los grandes estudios jurídicos. Estamos preservando al Estado frente a la «patria pleitera»."

Tanto el FAP como la UCR rechazaron esta postura. "En un Estado de Derecho, el principio general debe tener al Estado como responsable de los daños causados por su actividad en igualdad de condiciones con los demás actores sociales. Se instaura un verdadero régimen de irresponsabilidad", advirtieron el senador Rubén Giustinianni y el diputado Juan Carlos Zabalza, ambos del FAP.

La UCR acusó al oficialismo de "amputar" lo que había escrito la comisión redactora, que había incluido la responsabilidad del Estado en el Código Civil. Y denunció que el Gobierno "rompió toda posibilidad de consenso".

También el Frente Renovador, Pro y Unidad Popular rechazaron el dictamen oficial. "Éste es el código del Frente para la Victoria", asestó Graciela Camaño (Frente Renovador. "El oficialismo renuncia a la búsqueda de consensos y apura el debate de manera imprudente", sostuvo Pablo Tonelli (Pro). "Este Código Civil es de sesgo neoliberal y va contra los derechos de los trabajadores", advirtió Liliana Parada (Unidad Popular).

Empresarios y abogados en señal de alerta

Tanto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) cuestionaron el proyecto de ley de reforma del Código Civil que impulsa el kirchnerismo. Para el Colegio de Abogados, "el proyecto de Código Civil y Comercial unificado define nuevas reglas de la vida civil que, en algunos casos, entrañan situaciones de incertidumbre tal que el fantasma de la inseguridad jurídica sobrevuela la lectura de su texto". En tanto, la Amcham envió una carta a la Comisión Bicameral para acercar la preocupación de las empresas por el alcance del proyecto en lo que se refiere a la responsabilidad civil del Estado, los límites de los derechos individuales y la pesificación de contratos en moneda extranjera.