La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abierto el primer frente con los empresarios a cuenta de la derogación exprés del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que regula el polémico despido objetivo por acumulación de bajas médicas, aunque sean justificadas. La liquidación inmediata de esta modalidad de despido que ha anunciado la sucesora de Magdalena Valerio no ha sentado nada bien en la patronal, que critica la toma de decisiones unilateral por parte del Gobierno y recuerda que el absentismo es una de las grandes lacras que merma la productividad y la competitividad de las empresas.

Díaz no tiene tiempo que perder. En una de sus primeras entrevistas televisivas tras tomar posesión del cargo lo dejó muy claro al afirmar que hay medidas que "tenemos que derogar inmediatamente", citando el artículo que posibilita el despido por bajas médicas, aunque sean justificadas, y que se incluyó en el marco de la reforma laboral del PP. "Hay que derogarlo y con urgencia", afirmó la nueva ministra.

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Unas palabras que han molestado en la patronal. Primero, por el fondo, porque a juicio de los empresarios este tipo de despido es necesario para luchar contra el fraude en el absentismo. Según sus cálculos, las bajas por enfermedad común tienen un coste coste directo para las empresas de cerca de 7.000 millones de euros y para la Seguridad Social y las mutuas suponen unos 7.500 millones anuales en prestaciones.

Pero más allá de los datos, el anuncio de la ministra ha sentado mal por la forma. Díaz fue tajante en sus declaraciones al situar esta medida como la más urgente en materia laboral y los empresarios empiezan a pensar que el Gobierno cambiará este aspecto del Estatuto de los Trabajadores por la vía urgente del real decreto ley. Esta fórmula no gusta a la CEOE, que reclama al Ejecutivo y en particular a la ministra de Trabajo que les convoquen a una reunión para tratar este y otros asuntos.

Fuentes cercanas al departamento de Trabajo matizan que esta medida ya estaba sobre la mesa en la anterior etapa de Valerio. Hay que recordar que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional avaló este tipo de despido, dando un espaldarazo a la reforma laboral de Mariano Rajoy al descartar que sea contrario a la Constitución. Los sindicatos pusieron el grito en el cielo y exigieron al Gobierno la derogación inmediata del artículo 52.d por considerarlo "discriminatorio".

DESPIDO POR ABSENTISMO ¿Qué dice exactamente el Estatuto de los Trabajadores? El artículo 52.d del ET dice que una empresa puede despedir a un trabajador por razones objetivas (con una indemnización de 20 días por año trabajado) por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de

las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. No se computan las ausencias debidas a huelga legal o el ejercicio de representación legal de trabajadores, accidente de trabajo, maternidad y otros, ni las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.



Valerio se puso manos a la obra, pero la convulsión política de los últimos meses ha hecho que esta medida se quedara entre los deberes pendientes tras su salida del Ministerio. Ahora Díaz ha recogido el testigo y sitúa la derogación del despido por absentismo como medida prioritaria e inmediata. Durante su discurso de toma de posesión fue contundente respecto a la derogación de la reforma laboral del PP y se alineó de manera muy significativa con los sindicatos, frente a la CEOE.

Incertidumbre empresarial

Según lo ha planteado la nueva titular de Trabajo, primero se derogarán ("inmediatamente" y "con urgencia") los aspectos más lesivos de la normativa de 2012, entre los que se incluye el despido por absentismo, además de la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial y las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos. Y después se avanzará en la elaboración del 'Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI'. La meta que ha fijado Díaz es la derogación total de la reforma laboral del PP, aunque sea por fases.

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Este objetivo último ha levantado ampollas entre los empresarios, que ya habían dado un paso al frente con el anterior Gobierno de Pedro Sánchez para negociar la modificación de partes de la reforma laboral, pero no su derogación total. Su aliada es la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que defiende ese punto intermedio frente al posicionamiento más radical de Díaz. Calviño habla de "abusos" en el mercado de trabajo como consecuencia de la legislación vigente, pero en sus intervenciones insiste en que la intención del Gobierno no es una revisión total de la normativa actual sino una modificación de sus aspectos más lesivos.

Ese doble discurso preocupa a la CEOE, que critica que lo que genera el Gobierno con estos cruces de declaraciones es "incertidumbre". "La seguridad jurídica es fundamental para los negocios", recuerda una fuente empresarial que asegura que todas las dudas que giran en torno a la posible modificación de la legislación laboral vigente lo que están provocando es la "paralización de inversiones y de toma de decisiones". El dinero, en definitiva, huye de la inestabilidad. Y en el mundo empresarial ya han saltado todas las alertas.