La falsa teoría oficial de que detrás de cada información hay una conspiración y debajo de cada opinión hay un intento de destituir al Gobierno obedece a múltiples propósitos, pero ninguno tiene como objetivo mejorarle la vida a la gente. Además, está empezando a mostrar su agotamiento, por el uso y abuso que se viene haciendo del recurso. El primero y más evidente propósito del Gobierno al esgrimir esta falsa teoría es colocarse en el lugar de víctima, para poner a los supuestos "enemigos" en el casillero de los malos, poderosos e insaciables. Así, la Presidenta y sus incondicionales se disfrazan de rebeldes y adalides de la resistencia, lo que hace confundir a una buena parte de la sociedad, que entonces ya no los ve como los responsables de asuntos como la tragedia de Once, sino como cruzados revolucionarios que todos los días se baten a duelo contra los barones de la información distorsionada.

Es una coartada inteligente y a la administración le viene dando réditos desde que Néstor Kirchner inauguró la "guerra santa" contra Clarín. Funciona así: de un solo golpe, el Poder Ejecutivo altera los roles y, en vez de gobernar o explicar por qué no gobierna, coloca a todo el periodismo crítico y toda la oposición bajo la supuesta ala de Héctor Magnetto, a quien vincula con los "intereses más oscuros del poder" y se lo califica de "mafioso". Políticos en apuros como el vicepresidente Amado Boudou o colegas que perdieron la brújula hace rato como Víctor Hugo Morales llamaron al accionista de Clarín, en más de una oportunidad, jefe de la mafia, con lo que se ahorraron la explicación de sus propias conductas personales ante un público que las espera con ansiedad. Precisamente ése -el de desviar la atención- es otro de los propósitos que esconde la falsa teoría de que detrás de cada nota hay oculta una operación de prensa o el intento de destitución presidencial. Y es una de las herramientas que con más insistencia utilizan desde los más altos funcionarios hasta los blogueros pagos o militantes bienintencionados que se transforman en idiotas útiles al servicio del "proyecto nacional y popular".

Cuando los periodistas no cooptados escriben sobre la catástrofe del Sarmiento que produjo 51 muertos, los "confundidores" pretenden discutir sobre los "medios hegemónicos" o la crisis de 2001. Cuando los columnistas pedimos respuestas precisas al vicepresidente, Boudou pretende darnos clases de semiología, de periodismo y de cómo responder a "la corpo" y "los poderes concentrados". Lo mismo acaba de hacer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. "Algunos pretenden que hablemos más para que gobernemos menos", explicó, como buscando las pruebas de un ataque avieso y oscuro detrás del pedido de que la Presidenta y todos los ministros y secretarios de Estado ofrezcan conferencias de prensa con preguntas no condicionadas. La respuesta a la sospecha de Abal, de tan obvia, no debería ser escrita. Pero ahí va: señor jefe de Gabinete, la jefa del Estado y sus colaboradores no sólo tienen la obligación de gobernar y al mismo tiempo someterse a la mirada crítica de la sociedad, sino también de informar sobre sus actos, incluida la agenda diaria de hombres de negocios a los que reciben en su despacho oficial. Y sobre las explicaciones que deben dar, se debe destacar, una vez más, que hacen falta por lo menos dos rendiciones de cuentas muy detalladas sobre importantes asuntos que la administración de Cristina Fernández pretende "borrar" de la agenda.

Una es la responsabilidad del Estado frente a lo que sucedió en Once, más allá de los resultados de la pericia judicial. La otra es la aclaración que nos debe el vicepresidente sobre su actuación en el escándalo cuya investigación judicial avanza cada día más. Pero eso sí: las explicaciones no las deben presentar a los gritos en actos políticos con militancia propia o ante periodistas que no repreguntan. Las deben dar ante los legisladores que las piden, en sesiones públicas, o en ruedas de prensa con preguntas abiertas, como lo hizo, por ejemplo, el responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray. Es en ese tipo de intercambios donde se suele producir "nueva información" y donde además es posible que "salten" las contradicciones que se quieren ocultar. Sin ir más lejos, la conferencia de Echegaray con periodistas que quisieron aclarar algunas dudas les permitió a muchos argentinos conocer dos datos clave sobre el denominado Boudougate . Uno es que la AFIP actuó de manera excepcional, primero para pedirle al juez la quiebra de la ex Ciccone, y después para que la levante. El otro dato es que Boudou, cuando era ministro de Economía, le envió una singular carta a la AFIP para que impidiera la quiebra de la empresa. Al contrario de lo que afirma Abal Medina, gobernar es, también, aclarar dudas, responder y comunicar. Y lo que está sucediendo, desde hace más o menos un mes, es que el Gobierno no parece estar haciendo ninguna de las dos cosas.

Lo que sucede con Boudou es cada vez más serio. El sospechado tardó casi veinte días para empezar a desmentir las acusaciones. En vez de refutar la información, usó una guitarra y una remera con la leyenda "Clarín miente" para comunicar "a la militancia" que era inocente. Para colmo, las principales figuras del Gobierno no salieron a defenderlo con energía, y las explicaciones del propio involucrado a los medios amigos no alcanzaron para despejar las dudas que persisten sobre su conducta. La Presidenta había ordenado a muchos de sus colaboradores "salir a bancarlo", pero solo logró que lo hiciera, con cierta convicción, Gabriel Mariotto, cuya opinión no es representativa para el resto del peronismo. Por otra parte, lo de Echegaray no debería ser considerado una defensa de Boudou sino un intento de despegarse él mismo del asunto.

Esta cadena ininterrumpida de "errores políticos" está afectando seriamente no solo al vicepresidente, sino también a Cristina Fernández, porque Ella fue la que lo eligió como compañero de fórmula, sin consultarlo con nadie. Desde hace casi un mes, cuando el Gobierno empezó a perder su armadura de indestructible, sus estrategas procuraron instalar varios temas de agenda para distraer la atención sobre los asuntos cuya discusión afecta la imagen de la gestión. Malvinas, la amenaza de nacionalización de YPF, la pelea "cuerpo a cuerpo" entre la Presidenta y Mauricio Macri y la acusación de antisemita y nazis a periodistas de LA NACION y Clarín fueron sólo algunos de los intentos más "rutilantes". Sin embargo, la realidad se empeña en volver a poner las cosas en su lugar, porque el clima político empezó a cambiar y todavía no hay discurso desde el poder capaz de modificarlo.

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