La Junta Electoral Central ha acordado prohibir por un solo voto las manifestaciones convocadas para el sábado, jornada de reflexión en toda España. Al Gobierno le corresponde ahora la tarea difícil de decidir cómo ejecuta la orden de desalojo de los concentrados en multitud de ciudades. Un portavoz de los concentrados en Sol, Jerónimo, ha dicho que la decisión no les parece “ni bien ni mal” y que se esperaban cualquier resolución. Tras la asamblea de la noche del miércoles y la reunión del comité legal del Movimiento 15-M, un portavoz ha informado de que el sábado no se convoca de forma oficial una manifestación pero se ejercerá de forma colectiva su derecho a la reflexión, "evitando hacer referencia al voto y a los partidos políticos".

En la próxima asamblea, que se celebrará a las doce de la mañana de hoy, "se aclarará todo", como han prometido. Los comunicados de la organización son cada vez más vagos y tratan de evitar hacer declaraciones directas que puedan ser interpretadas de un modo rotundo.

Manifestantes ante la policía. JUAN MEDINA REUTERS

La decisión de prohibir las protestas de la Junta se tomó por cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los magistrados del Tribunal Supremo Luciano Varela (progresista e instructor del caso contra Garzón por la memoria histórica) y José Manuel Maza (conservador) redactaron sendos particulares discrepantes. Entre los cuatro en contra de la prohibición se incluyen catedráticos propuestos en su momento por el PSOE.

"En los días de reflexión y votación nuestra legislación electoral prohíbe realizar acto alguno de propaganda o de campaña electoral. Así mismo el día de la votación prohíbe formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso de los locales electorales, así como la presencia en sus proximidades de quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho del voto”, asegura la resolución.

El Tribunal Constitucional avala la celebración de las manifestaciones en jornada de reflexión si la capacidad de influir en el electorado es "remota"

Continúa afirmando que “todas estas medidas legales están destinadas a garantizar el ejercicio con plena libertad del derecho fundamental de sufragio reconocido en el artículo 23 de la Constitución, como se declara en reiterada jurisprudencia constitucional. En el presente caso, esta junta estima que con independencia de la calidad de los sujetos la petición de emisión de voto a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral, así como la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto es un comportamiento no acorde a las previsiones de la Ley Electoral y que excede del derecho de manifestación garantizado constitucionalmente”.

Es decir, considera que se trata de pedir que se deje de votar a determinadas opciones y, por eso, sí incide en la campaña. La decisión la adoptó por un solo voto, después de toda una tarde de deliberación. Según la resolución, las concentraciones y manifestaciones del Movimiento 15-M no se podrán celebrar entre las cero horas del sábado, jornada de reflexión, hasta las 24 horas del domingo, fin del día de votación de las autonómicas y municipales. Hasta ese momento habían fallado las juntas provinciales, con decisiones contradictorias.

La Junta está formada por ocho magistrados del Tribunal Supremo y por cinco catedráticos que son designados por el Parlamento. La elección de estos últimos requiere mayoría cualificada y, por tanto, acuerdo de los dos principales partidos. Los magistrados son designados por sorteo por el Consejo del Poder Judicial. El presidente y el vicepresidente son Antonio Martín Valverde y Rafael Fernández Montalvo, respectivamente, ambos magistrados.

Los cinco catedráticos, que deben estar en activo y proceder de las ramas de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, son designados al inicio de cada legislatura. Son Pedro González Trevijano (rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), Pablo Santolaya Machetti (catedrático de Derecho Constitucional), Silvia Díaz Alabart (catedrática de Derecho Civil de la Complutensede Madrid), Rosario García Mahamut (catedrática de Constitucional que fue directora general de Política Interior en la anterior legislatura), y Joan Manuel Trayter Jiménez (catedrático de Administrativo). Hay un antecedente remoto en una sentencia del Constitucional en 2010 que permite concentraciones si no se pide el voto y cuando la capacidad de influir en el electorado sea “remota”.

Acampada más allá de las elecciones

“Esperábamos cualquier resolución. No esperábamos que viniera tanta gente y ha venido”, señala Jerónimo, un portavoz del Movimiento, quien ha querido dejar claro que ellos no convocan ninguna manifestación para el sábado.

Tampoco van a hacer un llamamiento para que la gente deje de acudir a la Puerta del Sol: “Todo el mundo tiene su padre y su madre. El futuro de esta concentración se hablará en la asamblea de esta madrugada y será ahí donde se decida qué hacemos el sábado y el domingo”.

También quiso recordar que este movimiento no surgió con vistas a las elecciones del 22 de mayo, por lo que no sería tampoco descabellado que continuara a partir del próximo lunes. “Es una decisión que debemos tomar entre todos, pero no hay motivos razonables para dejar de reunirnos después del domingo”, señala Jerónimo.

Tras las reunión del comité legal, en un comunicado manuscrito, han declarado: "El sábado no se convoca de forma oficial, pero se va a ejercer nuestro derecho a la reflexión sin interferir en la intención del voto, evitando hacer referencia al voto y a los partidos políticos. Mañana en la asamblea general se aclarará todo".

Esta mañana, el Movimiento 15-M ya registró nuevas peticiones para legalizar su situación y poder convocar de nuevo a concentrarse a las ocho de la tarde. Los jóvenes y activistas que defienden una profunda reforma del sistema democrático, social y económico ya habían avisado desde primera hora de la mañana que no se sienten vinculados a la decisión que tome la Junta Electoral Central. Desde la organización, un portavoz explicó a primera hora que ellos no han acudido a la Junta, que no son ningún partido y que su derecho lo recoge el artículo 21 de la Constitución, que reza: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa".

El Gobierno debe decidir cómo ejecutar la orden de la Junta

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de visita en Lorca (Murcia), había respondido antes de conocerse la resolución que se estaba a la espera de lo que adoptase la Junta Electoral para desalojar o no a los manifestantes pero ha advertido que la Policía está para resolver problemas y no para crearlos: "La filosofía de la Policía se sustenta en tres normas de funcionamiento: actuaciones congruentes, oportunas y proporcionadas".

La prohibición, en todo caso, ya es firme. La Junta Electoral Provincial de Madrid ya había decidido poco antes de las seis de la tarde ratificar la decisión tomada ayer por el presidente del organismo, Jesús Ángel Guijarro López. La ley autoriza al presidente a pronunciarse solo, pero después se tiene que avalar en una reunión de la Junta con el visto bueno de la mayoría de los miembros con voto. La Junta ha dado su visto bueno con los votos a favor de cuatro de los cinco miembros con derecho a voto. Los vocales designados por el PSOE y el PP han respaldado la prohibición y el único voto particular que ha registrado es de uno de los vocales judiciales, el magistrado José Manuel Arias Rodríguez, que critica que ayer no se convocase una reunión de la Junta para que la decisión la tomasen, desde el principio, todos sus miembros.

Ayer Juntas Electorales provinciales prohibieron las acampadas en Madrid, Sevilla y Granada, pero se autorizaron en Valencia. A través de Internet se están recogiendo firmas para pedir que se permitan, de las que ya se han conseguido más de 90.500, menos de cinco horas antes de que la institución se pronunciase. A las seis y media de la tarde llevaban más de 113.000.

Para celebrar una manifestación hay que comunicarlo con 10 días hábiles de antelación a la Delegación del Gobierno, salvo que se argumente que tiene carácter de urgencia, con lo que el plazo se reduce a 24 horas. Además de andar justos en plazos, la ley prohíbe llevar a cabo cualquier acto reivindicativo en una jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y regionales del domingo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional las admitió en una sentencia de 2010, que recoge que se podrán realizar manifestaciones que en la jornada de reflexión, sean del tipo que sean, siempre que la capacidad de estas de influir en el electorado sea "remota".

Las manifestaciones de indignación resisten en la Puerta del Sol, pese a la prohibición y a la lluvia. Si fueron principalmente jóvenes y personas en contacto con las redes sociales las que mantuvieron viva la mecha entre el domingo y el martes, desde el miércoles por la tarde son también los mayores los que se han subido al carro de la protesta, que pretende continuar hasta las elecciones del próximo 22 de mayo.

Más allá de Sol

La Puerta del Sol madrileña es por ahora el corazón de la protesta. Pero la movilización se siguió extendiendo ayer por plazas de toda España. En Bilbao se reunieron 800 personas; en Valencia, 1.000; en Sevilla, 500. Hubo también cientos de personas en plazas de Granada, Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra... En Sol también están también muy orgullosos de que sus reivindicaciones se hayan extendido a otras ciudades europeas como Lisboa, Budapest, Berlín, Atenas, o Montpellier, donde se han convocado concentraciones frente a Embajadas y Consulados españoles. Esta madrugada la protesta ha llegado también a Ciudad de México.

Información realizada por Fernando Garea, Inés Santaeulalia, Francisco Javier Barroso, Naiara Galarraga, Samira Saleh, Carmen Pérez-Lanzac y Sara España.