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Las mayoría de las causas que involucran al gobierno de Mauricio Macri y a su familia, que estaban “estacionadas” durante gran parte de su gestión, comienzan a registrar tenues movimientos al calor de la foto política de las PASO.

Aunque ninguna está en estado avanzado, el gran interrogante es acerca de la velocidad que podrían adquirir los magistrados con sus pesquisas si en 2020 gobierna la fórmula “Fernández - Fernández”.



Aunque hay más, son siete los expedientes que maneja Comodoro Py y que más preocupan al entorno de Macri.



CORREO ARGENTINO

Quizá sea el mayor escándalo protagonizado por Mauricio Macri. La causa penal está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que buscan determinar si el gobierno de Macri firmó un acuerdo abusivo con la empresa Correo Argentino SA, de la familia Macri, en detrimento del Estado. El acuerdo implicaba la quita del 98,87% a la deuda millonaria del estado. La fiscal en lo comercial Gabriela Boquín frenó y denunció el acuerdo.



En la investigación judicial, determinaron que con el acuerdo el Estado dejaría de percibir más de 4.656 millones de intereses por la deuda.

El juez Lijo, que fue investigado por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, ya indagó al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; al exministro de Comunicaciones y actual ministro de Defensa Oscar Aguad; al presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa y al abogado de la empresa, Jaime Kleidermacher. Están acusados de ser partícipes necesarios de la maniobra.



Actualmente, el juez Lijo se encamina a resolver la situación procesal de los imputados. Todavía está pendiente en la causa investigar cuál fue el rol del presidente Mauricio Macri en el acuerdo.

Tampoco se profundizó aún en determinar si la Oficina Anticorrupción incurrió en supuestas irregularidades cuando emitió un dictamen que avalaba todo lo actuado por los funcionarios del gobierno de cambiemos.



2. PEAJES



Esta causa tiene similitud con la del Correo dado que Macri está sospechado de haber estado de los dos lados del mostrador: Estado y empresa. El fiscal Carlos Stornelli y el juez Rodolfo Canicoba Corral investigan una denuncia en torno a una maniobra previa a la venta de las acciones de la empresa AUSOL en la que el Grupo Macri tenía el 7% de participación.



Según la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera el poder “simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”.



Además, de acuerdo al expediente, por decisión de Guillermo Dietrich e Iguacel, “sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de AUSOL y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”.

Es decir, el Gobierno de Macri habría accedido a pagarle a una empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y habría utilizado la negociación para renovar el contrato de peajes en la Panamericana.



Las supuestas irregularidades que investiga Stornelli habrían sido cometidos en el pago de la reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos de los peajes y en la venta de las acciones.

3. PARQUES EÓLICOS

Esta causa está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno de Macri favoreció a las empresas de la familia Macri para que se quedaran con seis contratos de parques eólicos de la empresa Isolux Corsan sin pasar por licitación pública y que luego pudieran revenderlos por una suma cuatro veces mayor.

Según una investigación de la colega Emilia Delfino, la familia Macri formó sociedades anónimas a nombre de un contador, luego adquirieron los contratos y un parque a Isolux.

El objetivo de Sideco y Socma era crecer en el negocio, pero el caso del Correo y los conflictos de intereses los obligó a desprenderse de los negocios con el Estado.

Los delitos que se denunciaron son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El juez aún no indagó a nadie.



4. CAUSA AVIANCA



En esta causa, la justicia busca determinar si hubo irregularidades en la maniobra de venta por parte del Grupo Macri de la aerolínea Mac Air a Avianca, a sabiendas que el Gobierno de Macri le adjudicaría rutas.

Socma se tuvo que desprender de Mac Air tras el escándalo del Correo. El expediente comenzó con una denuncia por la concesión de las rutas y luego fue sumando denuncias por otros hechos vinculados a la gestión de Cambiemos en el ámbito aeronáutico.



5. PANAMA PAPERS



La denuncia estalló en abril de 2016 cuando se filtraron los Panamá Papers sobre miles de sociedades que habían sido armadas por el estudio Mossack Fonseca que se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. A

Allí aparecieron casi cincuenta sociedades vinculadas a la familia Macri. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado investigaron puntualmente dos de esas sociedades: Fleg Trading y Kagemusha porque, a pesar de que Mauricio Macri aparecía como el director, ninguna de ellas figuraba en sus declaraciones juradas.

El fiscal consideró que había que profundizar la investigación para determinar si había existido el delito de lavado de dinero pero el juez Casanello hizo lugar a un pedido de la UIF y determinó que el caso se correspondía más con una omisión maliciosa que con lavado.

La causa duerme desde ese entonces en un juzgado de Penal Económico.



6. BLANQUEO

El 30 de noviembre de 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un DNU para modificar un artículo de la ley de Blanqueo de Capitales y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios pudieran sincerar su dinero y sus bienes.

En ese momento, el diputado Felipe Solá presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia fue radicada en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero el camino fue tan sinuoso que escaló hasta la Corte Suprema.

Ahora los Supremos debe resolver si Felipe Solá está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares y funcionarios de Macri y si la causa es abstracta.

Según consta en la denuncia, llamó la atención que Gianfranco Macri hubiera blanqueado 622 millones, una cifra desproporcionadamente menor a los bienes declarados por Mauricio por 126 millones.

7. SOTERRAMIENTO

El primo del presidente Ángelo Calcaterra está involucrado en el expediente “Odebrecht & Sarmiento”, en el que investigan supuestas coimas en el soterramiento del tren Sarmiento.

Dos arrepentidos del Lava Jato, que habían sido ejecutivos de Odebrecht, confesaron en Brasil que se pagaron coimas por el soterramiento.

Luego Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, declaró como imputado colaborador y vinculó a Calcaterra por el pago de sobornos. Sin embargo, luego se arrepintió de arrepentirse y su declaración, que había quedado registrada en video por el fiscal Picardi, fue desestimada del expediente.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hay prueba del pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y sus socias locales, procesó sólo a los ex funcionarios kirchneristas, sobreseyó a los familiares del “des-arrepentido” Vázquez y dictó 21 faltas de mérito, entre las que está la del primo presidencial.

El fiscal Franco Picardi apeló porque considera que hay pruebas suficientes para dictar procesamientos por el pago de coimas. La AFIP, como querellante de la causa, pidió la indagatoria de Calcaterra. La revisión de los procesamientos está en manos de la sala II de la Cámara Federal.