El drama en nuestras fronteras norte y sur

El derecho a migrar es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales. Hoy sin embargo, sufre el embate de políticos patrioteros que usan la figura del migrante como espantajo para ganar adeptos. Dentro de los discursos de odio al uso, la imagen de masas extrañas que invaden “nuestras tierras” permite fomentar rancios miedos al “otro”, a quien no pertenece a un “nosotros” que se considera puro, como si la historia del mundo no fuera la de las migraciones, voluntarias o forzadas por guerras, hambrunas o miseria crónica.

El acuerdo de México con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, presentado en el discurso oficial como un gran triunfo, ha prendido las alarmas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular de las que trabajan en favor de la población migrante. En cuanto a lo que está en juego es el derecho de miles de niños y niñas, mujeres y hombres a buscar una vida digna o simplemente a huir de la violencia, ésta debe ser una preocupación de toda la ciudadanía. Cuando se minan los derechos de unos se acaba por minar los derechos de todos.

Habrá quien diga o crea que este acuerdo no pone en riesgo el derecho a migrar, que están garantizadas la seguridad y libertad de quienes sean deportados de Estados Unidos para esperar aquí que ese país les otorgue o no asilo. Nuestro país se ha comprometido a darles techo, comida, salud y educación. Esta garantía en papel, no obstante, se desbarata ante hechos que han documentado periodistas y defensores de migrantes en la frontera norte. Desde hace meses, hay miles de personas de diversos países varadas en Tijuana, por ejemplo, que no han recibido siquiera ayuda humanitaria por parte de las autoridades. Pese a meses de discursos en torno a la migración, no se ha diseñado una política que demuestre un compromiso real con las “obligaciones internacionales” que ahora se enuncian.

Por otra parte, el envío de tropas de la recién creada Guardia Nacional, que no puede haber recibido todavía la capacitación en derechos humanos y perspectiva de género con la que, según se dijo al anunciarla, debe contar para tratar con población civil (dado su origen castrense), equivale a la militarización de la frontera sur, donde el trato a la población migrante por parte de las autoridades no ha sido humanitario ni respetuoso de los derechos humanos. Como han denunciado en estos días el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y otras organizaciones, desde marzo las autoridades optaron por dejar caminar bajo un calor asfixiante a cientos de personas, sin agua, comida, ni apoyo alguno, para luego “acorralarlas” y llevarlas a estaciones migratorias de las que se les deporta sin apoyo consular. Denuncian también la falsedad del discurso mediático que ha hablado de irrupciones “violentas” de migrantes, argumento con el que se buscaría justificar la criminalización de éstos —y la violación de sus derechos humanos.

A estos hechos se añade la detención en Sonora de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, defensores de los derechos de los migrantes, justo cuando se negociaba el acuerdo sobre los aranceles. Nada casual, esta criminalización de la ayuda a quien migra replica en nuestro país la que en Estados Unidos amenaza con 20 años de cárcel a Scott Warren por haber protegido a personas migrantes en Arizona. El juicio a Sánchez y Mujica está en proceso y quizá se les libere, ya pasado el espectáculo bilateral. Aun así, su detención es una pésima señal, pues coincide con una tendencia mundial a criminalizar la solidaridad con quienes a su vez han sido etiquetados como “criminales”, así estén huyendo de la violencia o de la miseria.

Más allá de las palabras, al gobierno de Estados Unidos poco le importará que se agudice la violación de derechos humanos en México; poco le ha importado separar familias y maltratar niños en su territorio. México de por sí vive una crisis de derechos humanos hace años. Desde este presente, el futuro no es nada alentador.