Expertos de la ONU iniciaron una visita oficial de evaluación

[email protected] En México persiste la desaparición forzada y, como en el pasado, la impunidad es el factor común en este delito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 283 quejas por desapariciones en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. En algunas regiones del país en las que el gobierno libra una batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, Human Rights Watch (HRW) ha documentado una decena de casos en los que señala como presuntos responsables a elementos de las Fuerzas Armadas o policías locales. A fin de analizar la situación que impera en el país en torno a este tema, expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) iniciaron ayer una visita oficial a México, que concluirá el 31 de marzo, para cubrir una agenda que contempla la reunión con familiares de las víctimas, organizaciones no gubernamentales y autoridades de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, entre otras dependencias federales. Los especialistas de la ONU Jasminka Dzumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajj, tienen programadas visitas a los estados de Chihuahua, Coahuila y Guerrero, donde actualmente se han presentado denuncias sobre este delito, aunque también se han documentado casos en entidades como Nuevo León. Probables involucrados El último informe de HRW de 2011 documenta que en el marco de una misión de investigación llevada a cabo en Nuevo León, la organización “documentó más de una decena de desapariciones forzadas en las cuales las pruebas señalan que estarían involucrados miembros del Ejército, la Marina y agentes de policía”. Destacó el caso de Jehú Abraham Sepúlveda Garza, cuyo paradero se desconoce desde el 12 de noviembre de 2010, cuando en el municipio de San Pedro Garza García fue detenido por policías de tránsito por no contar con licencia de conducir; una hora después, y sin orden de aprehensión, miembros de la policía ministerial de Monterrey se lo llevaron y lo entregaron a la Marina. Ambas autoridades aseguran que fue liberado, otros mandos dicen que nunca fue detenido. Hoy está desaparecido. En esta misma clasificación está José Guadalupe Bernal Orzúa, desaparecido desde mayo de 2010, cuando fue detenido por un grupo de uniformados, según sus familiares que fueron testigos del suceso, pero hasta ahora ninguna autoridad del estado acepta su intervención en los hechos. Por su parte el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila, anunció que entregará a los expertos de la ONU los expedientes de 23 casos que ha documentado en esta gestión en la entidad, en los que se presume la participación de elementos de las Fuerzas Armadas y policías locales. Se incrementan denuncias La CNDH ha recibido en esta gestión, 283 quejas por desapariciones forzadas, de las cuales sólo 124 fueron presentadas el año pasado, lo que revela el incremento de este tipo de denuncias en las que se presume la participación institucional, aunque en la última década, de 620 quejas que recibió el organismo, sólo dos de ellas han derivado en recomendaciones a Colima y Oaxaca por cinco casos, entre los que están los de dos presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario. En este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que la visita especial de los expertos de la ONU se realiza a invitación del gobierno mexicano, y que al finalizar ésta, el Grupo de Trabajo llevará a cabo su periodo de sesiones. Los especialistas se reunirán con funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de funcionarios de los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y del Distrito Federal. También tendrán reuniones con autoridades de la CNDH, y como es la práctica en visitas de esta naturaleza, también sostendrán encuentros con organismos autónomos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desapariciones forzadas en el país.