Locales

Según un estudio elaborado por la Fiscalía, la capacidad del sistema penal uruguayo para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos ha crecido.

Según el estudio "Principales indicadores del sistema penal uruguayo. Informe del primer semestre de 2019", elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, la capacidad para responsabilizar penalmente a quienes cometen delitos ha crecido desde el inicio de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal.

Asimismo, es actualmente mayor que en años anteriores en el marco del sistema inquisitivo. Por ejemplo, la cantidad mensual de imputaciones de personas es en promedio 8,6% mayor que en iguales meses de 2017 y 35,6% superior a la de 2014, destaca el informe elaborado por el politólogo Diego Gonnet.

"La mayor productividad del CPP ha permitido que el porcentaje de denuncias con al menos un imputado o resueltas por vía alternativa iguale o supere en el primer semestre de 2019 los niveles de años anteriores, pese al incremento notorio en la cantidad de denuncias registradas entre 2017 y 2018", destaca el estudio.

En particular, la persecución de hurtos y rapiñas ha sido "consistentemente más exitosa en el marco del CPP", ya desde el segundo trimestre de 2018, y que en promedio entre febrero y junio de 2019 se lograron 28,3% más imputaciones de adultos por denuncias de hurto y 42,1% más por denuncias de rapiña que en 2017.

Por otra parte, 55,8% de las investigaciones de homicidios cometidos entre noviembre de 2017 y diciembre de 2018 tiene al menos un imputado, condenado o se extinguieron por fallecimiento del mismo.

"Se mantiene la expectativa de que los niveles de resolución de denuncias puedan seguir mejorando a medida que el nuevo sistema madura y todos los operadores involucrados (Fiscalía, Ministerio del Interior y Poder Judicial) mejoran su desempeño en este marco", reza el informe.

Vale destacar que los distintos departamentos del país evidencian distintos niveles de eficacia en la imputación, que se atribuyen a diversos factores como la calidad del trabajo de policías, fiscalías, peritos, defensorías y juzgados, las cargas de trabajo de los operadores en cada jurisdicción así como a las características específicas de la criminalidad

en cada zona.

En este sentido, en el primer semestre de 2019 Cerro Largo, Flores y Paysandú son los departamentos que aparecen con mejores índices de eficacia en la imputación, mientras que Canelones y Maldonado tienen los peores registros.

Por otra parte, se comprueba un uso mucho menos frecuente de la prisión preventiva. La misma se aplicaba en 60,3% de las imputaciones en 2017 en el marco del sistema inquisitivo, pasando al 12,9% entre febrero y junio de 2019.

"No obstante ello, dado que el CPP permite resolver la situación procesal de los imputados en muchos casos en la primera audiencia de la investigación, el porcentaje de imputados que aguardan en libertad la resolución de su investigación también bajó del 39,7% en 2017 a 8,9% en 2019", subraya.

Es decir, que en el marco del CPP hay menos imputados con prisión preventiva y menos imputados en libertad mientras se resuelven las investigaciones.

Respecto de las vías procesales habilitadas por el CPP, más del 70% de las denuncias se resuelve mediante condena para al menos uno de los imputados, "la inmensa mayoría" de las cuales supone pena de prisión efectiva.

El uso de vías alternativas como la Suspensión Condicional del Proceso y el Acuerdo Reparatorio disminuyó desde 2018 a 2019. En el primer semestre de este año, 15,3% de las investigaciones se resolvió por alguno de estos mecanismos, cuando en igual período del año anterior ese porcentaje era de 23,6%.

Así como en otros países que llevaron adelante reformas procesales similares, en Uruguay los juicios orales se mantienen como una de las vías procesales menos utilizadas. En el primer semestre de 2019 los juicios orales concluidos o en curso (con acusación realizada) representaron solo 5% de las investigaciones formalizadas.

Según el estudio también se confirma la mayor eficiencia del sistema acusatorio en la rapidez con que se resuelven judicialmente las investigaciones.

Mientras que en 2017 los procesos penales inquisitivos duraban en promedio 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en Montevideo, esa extensión promedio fue de 23,7 días para las investigaciones en el marco del CPP culminadas en el primer semestre de 2019.

Por otra parte, el CPP permitió que en 11 meses la cantidad de adultos penados en las cárceles uruguayas superara por primera vez la de aquellos con prisión preventiva. En junio de 2019, poco más de uno de cada tres privados de libertad permanecía en régimen de prisión preventiva.

"Los datos sobre cantidad de personas privadas de libertad zanjan en buena medida la discusión acerca de si el CPP establece o no un sistema menos punitivo hacia quienes cometen delitos que su antecesor proceso inquisitivo", señala el documento.

Al respecto, recuerda que desde seis meses antes de comenzar a aplicarse el CPP se verificó un descenso de la cantidad de adultos privados de libertad, pero afirma que esa disminución parece obedecer fundamentalmente a que los diferentes operadores involucrados "necesitaron unos meses para adaptarse a los nuevos procesos de trabajo y aprovechar los diferentes mecanismos de persecución penal que brinda".

En efecto, desde julio de 2018 se retomó la tendencia histórica de crecimiento y al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad, es decir, sólo 1,2% menos que el máximo histórico registrado en abril de 2017.

Por esto, "se advierte que esto coloca nuevamente a Uruguay ante la perspectiva de mantener una de las tasas de prisionización más altas del mundo -con todos los costos sociales y económicos que conlleva- sin que esto genere en el largo plazo un correlato de disminución en la cantidad de delitos ocurridos".