Luis Bárcenas acude a una de las sesiones del juicio del caso Gürtel. Álvaro García VÍDEO: ATLAS

Ni la retirada de Luis Bárcenas como acusación, ni la oposición de la Fiscalía Provincial de Madrid a todos los pasos de la investigación han impedido que el Partido Popular acabe en el banquillo como persona jurídica por la destrucción en 2013 de los discos duros de los ordenadores que el extesorero guardaba en la sede nacional de la formación conservadora en plena investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja b del partido. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 3 de noviembre la decisión de la juez Rosa Freire de procesar al PP; a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro; al abogado Alberto Durán y al exresponsable informático José Manuel Moreno, por delitos de daños informáticos y encubrimiento.

La decisión del tribunal supone una victoria de las acusaciones populares encabezadas por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), también personadas en la investigación de la caja b del PP que se sigue en la Audiencia Nacional, el llamado caso Bárcenas. Las acusaciones populares han mantenido la causa en solitario frente a la posición contraria de la Fiscalía de Madrid, dirigida por José Javier Polo. El sumario, remitido por el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, estuvo perdido durante cerca de un año en la Audiencia Provincial y fue preciso reconstruirlo con la documentación que aportaron las partes.

El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, que confirma el procesamiento, recuerda que el informático Moreno realizó el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, según él, tras comprobar que estos dispositivos de almacenamiento estaban vacíos. Bárcenas, antes de retirarse como acusación, señaló que en uno de los discos duros borrados había datos sobre los manejos de la caja b del partido como listados de donantes, agendas de personas con la que se había reunido, recibos de pagos con la contabilidad paralela, hojas Excel con presupuestos de campañas electorales o detalles de sus cuentas en Suiza.

"Lo cierto es que el señor Moreno borró voluntariamente los datos contenidos en los equipos, según ha reconocido, y que lo hizo a orden del señor Durán, según este también refiere. Se considera indiciariamente que la señora Navarro ordenó o permitió esta acción" resume el auto del tribunal.

El PP no comparte la decisión judicial "El Partido Popular respeta las decisiones judiciales pero no las comparte", ha dicho el secretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo. "Quiero recordar que este proceso judicial ha sufrido muchos vaivenes, que ha sido archivado en dos ocasiones, que el Ministerio público no acusa, sino que pide el archivo, y que quien ha impulsado este proceso han sido dos clásicos de las acusaciones populares: Izquierda Unida y Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), que ayer demostró su complicidad en el Senado con el PSOE porque tiene contratos firmados en Madrid con el Grupo Municipal Socialista". "Con independencia de que no estamos de acuerdo con esta resolución judicial, la respetamos y al mismo tiempo confiamos en la justicia y pensamos que finalmente este procedimiento acabará bien", ha añadido Maillo. "Decimos que estas acusaciones populares tienen el único objetivo de dañar al Partido Popular. Hay que regular la acusación popular, que es una institución decimonónica que pocos países la tienen, y es de parte y usada con fines políticos. No es de recibo que algunos partidos o asociaciones con fines políticos la estén utilizando perversamente para fines políticos y no de hacer justicia".

En el caso del abogado Durán, director de los servicios jurídicos del PP, el tribunal considera que “conocía, con más o menos detalle”, la investigación sobre los papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional y “las posibles implicaciones” que “del contenido de los equipos pudiera derivarse”.

Sobre la tesorera Navarro, el tribunal recuerda que “no sólo ostentaba un cargo de responsabilidad del partido, sino también que entre sus responsabilidades estaba precisamente la de gestionar lo que se hacía con estos equipos [informáticos]”. “Tanto es así que se preocupó de pedir información al señor Durán cuando el señor Bárcenas reclamó los equipos y que el señor Durán se la dio cuando llegó el requerimiento de la Audiencia Nacional para su entrega”.

El tribunal señala que hay, en este caso, versiones contradictorias. Por un lado, los recurrentes, “en especial la Fiscalía” ponen de manifiesto “la existencia de una falta de credibilidad del Sr. Bárcenas por los numerosos contenciosos judiciales que mantenía con el PP”. Y añade: “La versión del denunciante [Bárcenas] no resulta inverosímil, puesto que no lo es que unos ordenadores en uso contengan algún dato distinto a los de sistema”. El tribunal recuerda que el extesorero usaba los ordenadores en una sala de la sede central del PP “cuyo uso se le había asignado de forma exclusiva, y que mantuvo hasta que el PP decidió que no podía seguir utilizando”. Y concluye: “El resultado de la instrucción es por tanto en este punto suficiente para acordar la prosecución del procedimiento”.