Las ocho personas que presuntamente murieron en un enfrentamiento con agentes de la policía estatal de Tamaulipas fueron en realidad ejecutados extrajudicialmente, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

De acuerdo con testimonios recabados por la organización, la muerte de cinco hombres y tres mujeres, quienes fueron presuntamente hallados vestidos con uniformes tipo militar, portando armas, “se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya”.

Oficialmente, las autoridades de Tamaulipas informaron que el pasado 5 de septiembre, agentes estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio de la Avenida 7, en Nuevo Laredo, donde habrían asegurado una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta.

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Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo asegura que en el domicilio solamente vivía Severiano Treviño, un exempleado de una empresa distribuidora de refrescos, junto con su hija y su nieta de dos años.

Kassandra, la hija de Severiano -quien fue asesinado en el operativo-, dijo a la organización que al domicilio llegó una veintena de agentes, la mayoría uniformados, y que sin identificarse ni mostrar una orden de cateo, ingresaron argumentando que habían recibido una llamada anónima reportando que ahí ocultaban armas de fuego.

La joven dijo que cuando los policías llegaron, su padre vestía short y sandalias, y que los agentes lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro.

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El Comité documentó que a otra de las víctimas, Luis Fernando Hernández, lo sacaron de su domicilio en la colonia Buenavista, mediante un operativo en el que participaron agentes de diferentes corporaciones estatales y federales, mientras que los otros tres hombres y tres mujeres fueron sacados de unos departamentos en la colonia Valles de Anáhuac.

En un recorrido realizado por personal del Comité, la organización constató que no hay evidencias de un enfrentamiento, y acusó a las autoridades del estado de no presentar un informe oficial y detallado de lo sucedido.

Además, denunció que la camioneta presuntamente incautada en el operativo en realidad fue puesta ahí por las propias autoridades, quienes supuestamente la habrían trasladado al sitio con una grúa, y que en el operativo estuvo involucrado personal del Ejército, y que las armas que supuestamente portaban las víctimas fueron “sembradas”.

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A través de una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y el representante de la ONU-DH México, Jan Jarab, exigió la investigación de los hechos y que se ordenen medidas de protección para las víctimas, sus familiares, testigos y el personal del Comité, por posibles represalias.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, informó que inició una carpeta de investigación, derivada de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

CNDH abre investigación

Este mismo miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos radicó la queja y mandó a una comisión para investigar el caso e integrar el expediente por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

También informó en un comunicado haber emitido medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado, para preservar la integridad física de las personas que han dado testimonio a medios de comunicación y que no haya represalias en su contra.