Según la definición de Giovanni Sartori se habla de partido hegemónico cuando en el sistema de partidos no existe una competencia real por el poder, porque las organizaciones que existen y son reconocidos legalmente están impedidas de entablar una disputa electoral en condiciones de igualdad que haga posible la alternancia en el poder.

Las bases para convertir al PSUV en un partido hegemónico se han ido concretando durante el último año partir de la exigencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantar la renovación de la nómina de inscritos de todas las organizaciones políticas de ámbito nacional que no participaron en los comicios parlamentarios de 2015 o que habiendo participado no lograron obtener más del 1% de los votos. Las fuerzas políticas que no cumplan con esta exigencia serán ilegalizadas definitivamente perdiendo sus colores y siglas partidistas.

El proceso de renovación de los partidos debió comenzar en marzo de 2016. No obstante, aunque 59 organizaciones anunciaron que se someterían a la relegitimación, este proceso aún no se inicia complicando la posibilidad de que se celebren durante 2017 las elecciones regionales para escoger a 23 gobernadores de estados y 235 integrantes de las asambleas legislativas regionales, además de 335 alcaldes.

Desde la perspectiva del TSJ ninguna fuerza política que deba relegitimarse puede participar en una elección y el proceso de renovación de estás organizaciones, según la normativa preparada por el organismo comicial, puede durar hasta seis meses.

Esto significa (salvo que el TSJ cambie de criterio) que en caso de que el CNE convoque en los próximos días las elecciones regionales (pospuestas desde diciembre de 2015) solo podrían participar en este proceso cuatro organizaciones políticas: el PSUV, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y dos organizaciones políticas nuevas que fueron registradas después de las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2016.

No obstante, sobre la MUD pesa la demandan de anulación que el chavismo presentó ante el TSJ por el supuesto fraude cometido por esta organización durante la recolección de firmas para avalar el referendo revocatorio del cargo contra Nicolás Maduro. En este sentido, podría darse el escenario de unas elecciones regionales con solo tres partidos habilitados para participar; ninguno de ellos integrante de la alianza de organizaciones de oposición al chavismo.

El resto de partidos que existen en el país, de oposición y aliados al chavismo, están impedidos de presentarse a los comicios.

En la lista de partidos pre-ilegalizados (según la interpretación del TSJ) también se encuentran las cuatro principales fuerzas políticas de la oposición: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y un Nuevo Tiempo; además de partidos más pequeños.

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Advertencia oficial

Desde que se inició el año 2017 el diputado Diosdado Cabello ha advertido que la oposición no puede participar en las votaciones que sean convocadas este año. “La presidenta del CNE anunció elecciones a mitad de año, pero ojo escuálidos, ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD, a pesar de estar registrada, le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera”.

Aunque pudiese suponerse que la medida impulsada públicamente por Cabello y por el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach busca eliminar a los partidos de oposición, la medida también persigue evitar que pueda existir dispersión del voto chavista entre los organizaciones que integran al Gran Polo Patriótico, organizaciones que en el pasado han permitido al chavismo ganar elecciones. Sin los votos de las organizaciones que integran al Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro no hubiese sido electo para culminar el periodo presidencial de Hugo Chávez.

El chavismo será mayoría en la AN

Además de la ilegalización de los principales partidos de oposición y aliados del PSUV el reto del sector del chavismo liderado por Diosdado Cabello y Francisco Ameliach es lograr que el chavismo asuma el control de la Asamblea Nacional.

Después de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015, el CNE anunció que el Parlamento estaría integrado por 55 diputados del PSUV, 109 diputados de la MUD y tres representantes de partidos indígenas (organizaciones vinculada a la MUD).

Para estos comicios ninguno de los partidos tradicionales de oposición: Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular o fuerzas emergentes como Avanzada Progresista postularon candidatos. Todos los aspirantes de oposición se inscribieron con la tarjeta de la MUD para evitar el efecto de la Ley Electoral aprobado por el chavismo en el año 2009.

No obstante, el chavismo ha pedido al TSJ que destituya a los diputados de oposición que se mantienen en desacato (en una situación similar a la que provocó la destitución de todos los parlamentarios de oposición en Nicaragua en 2016).

Ante esta exigencia el TSJ le solicitó al CNE la semana pasada, “un informe detallado en donde se especifique la configuración que por partidos políticos integran a la Asamblea Nacional, así como el número exacto de diputados que los integran”. Aunque la respuesta del CNE no debe ser diferente a lo anunciado el 6 de diciembre de 2015, en el chavismo confían en que el máximo tribunal “distribuya” a los diputados que integran al Parlamento entre los distintos partidos de oposición en función de su actuación pública.

En este sentido, Julio Borges que oficialmente es diputado por la MUD, sería asignado a Primero Justicia, mientras Henry Ramos Allup que también fue elegido por la tarjeta de la MUD será asignado a Acción Democrática. Si este ejercicio se hace con todos los diputados y todas las fuerzas políticas la organización con más diputados sería el PSUV que tendría 54 parlamentarios, seguido de Primero Justicia (que no se presentó a la elección) con 35 diputados, seguido de Acción Democrática (que tampoco se presentó a la elección) con 25 diputados.

En este escenario, el tribunal procedería a otorgar al PSUV el control de la Asamblea Nacional bajo el argumento de que es el partido con mayor representación parlamentaria.