La táctica del presidente Donald Trump frente a Venezuela se ha quedado corta. Tres meses después de haber reconocido al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente, y de la introducción de sanciones de amplio alcance, Nicolás Maduro permanece afianzado al mando de su régimen militar.

Decepcionada, la administración estadounidense ha empezado a atacar. Sin embargo, sus nuevas decisiones dividirán a las docenas de países que se unieron a la coalición opositora a Maduro, lo que dificulta aún más el regreso de la democracia en el país suramericano.

La situación con Cuba es un ejemplo pertinente. El gobierno anunció recientemente límites a la cantidad de dinero que las familias radicadas en Estados Unidos pueden enviar a sus parientes, y restricciones en las visitas a la isla para aquellos sin vínculos familiares en Cuba.

Por primera vez desde la aprobación de la Ley Helms-Burton hace más de 20 años, un gobierno no suspenderá el capítulo III, que permite a los ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a aquellos que usan las propiedades confiscadas durante la revolución cubana.

El gobierno de EE.UU. también está atacando a Colombia, su gran aliado. Trump se ha acostumbrado a criticar al presidente Iván Duque porque Colombia no ha logrado detener el cultivo y tráfico de narcóticos. Entretanto, el embajador de EE.UU. Kevin Whitaker ha amenazado con recortar el subsidio de EE.UU. si el Congreso no enmienda ciertos aspectos del proceso de paz, adaptándolo al gusto de EE.UU.

Estas tácticas agresivas harán que el desalojo del régimen de Maduro sea más difícil, ya que aliena a jugadores influyentes y a buenos amigos por igual. Es poco probable que Cuba se vuelva en contra de su patrón energético venezolano y su acólito revolucionario si tras el golpe no se ofrece una caricia.

Los posibles juicios contra empresas europeas y canadienses seguramente molestarán a estos aliados. Y como el vecino más afectado por la miseria de Venezuela, con más de 1 millón de refugiados venezolanos dentro de sus fronteras, Colombia está mal equipada para responder a las exigencias de una mayor erradicación de la coca.

Podemos agregar a estas decisiones las repetidas cavilaciones de funcionarios estadounidenses sobre una intervención militar. El Congreso de Brasil y varios de sus generales han descartado dicho emprendimiento; la mayoría política de Colombia ha manifestado una reticencia similar.

El Grupo de Lima, compuesto por 14 países, que se organizó para presionar a Venezuela, ha desaprobado explícitamente dicha decisión, obligatoriamente posicionándose en desacuerdo con EE.UU.

El hecho de dejar abierta una opción armada tampoco unirá a los venezolanos alrededor de la causa. Las amenazas solo agitan las tensiones del nacionalismo, incluso entre los militares más descontentos.

Por otra parte socavan la voluntad de la oposición de tomar medidas resueltas y arriesgadas: ¿por qué poner en peligro la libertad y la seguridad propia si EE.UU. puede eliminar al régimen por la fuerza?

John Bolton, asesor de seguridad nacional, anunció las medidas punitivas contra Cuba frente a los veteranos de bahía de Cochinos -una extraña decisión- y recordó así a la región que EE.UU. ha solido dejar en la estancada a combatientes aliados de la libertad.

Y mientras que el sur de la Florida puede pensar de otra manera, la campaña de reelección de Trump sabe que en el 2020, las fotos de los infantes de marina del medio oeste muriendo en Caracas son un preludio al suicidio político.

La postura belicosa socava el laborioso trabajo que se necesita para galvanizar a la comunidad internacional y presionar al régimen de Maduro. Las sanciones deben ser un punto de partida.

Hasta el momento, pocos han seguido el liderazgo de EE.UU., en parte porque la mayoría de los países latinoamericanos no tienen los marcos legales para hacerlo sin el sello de las Naciones Unidas. Como siguiente paso, EE.UU. podría ayudar a las naciones que están dispuestas a construir sus leyes para castigar a estos criminales.

EE.UU. también debe liderar a través del ejemplo, mostrando que su solidaridad con los venezolanos no termina cuando salen de su país. Refugiar a los millones de personas que han huido costará miles de millones tan solo este año; EE.UU. debería aumentar significativamente el apoyo financiero para aliviar la crisis.

Y debería hacer más para acoger en su propia costa a aquellos que huyen del régimen represivo: dejar de deportar a los venezolanos y aceptar más que solo un puñado de solicitantes de asilo. Más que eso, la administración debería otorgar un estatus de protección temporal para permitir que muchos más lleguen hasta que ocurra un cambio político.

Los esfuerzos pasados ​​de cambio en Venezuela fallaron por las divisiones dentro de la oposición interna y la comunidad internacional. El consenso actual dentro y fuera del país ofrece la mejor oportunidad de recuperar la democracia, pero no si EE.UU. la destruye.

Por Shannon O'Neil