Quim Torra no retirará los lazos amarillos y demás propaganda independentista de los edificios que dependen de la Generalitat de Cataluña, desobedeciendo la directriz de la Junta Electoral Central (JEC), que da de plazo hasta esta tarde para hacerlo.

El presidente de la Generalitat ha remitido este martes un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que le solicita la "suspensión del plazo" que este órgano ha concedido al Govern --y que expira este martes-- para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

En el documento se alega, entre otras cuestiones, la "imposibilidad" de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana.

Además, Torra informa a la JEC que se ha puesto en contacto con el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, para que emita una opinión sobre qué debe hacer la Generalitat en este asunto y remarca que para el Govern "las opiniones de este órgano -el Síndic- son importantes".

Posible inhabilitación

Artadi ha afirmado que no hay decisión sobre un posible sustituto de Torra en caso de la inhabilitación. "Ahora mismo hay presidente de la Generalitat y se llama Quim Torra", ha respondido la portavoz y también consejera de la Generalitat, Elsa Artadi, sobre una posible inhabilitación de Torra, que no ha dado ninguna orden a funcionarios ni consejeros para eliminar los lazos amarillos de los edificios que dependen del Ejecutivo autonómico.

Torra dejará en manos de cada consejero esta decisión, pese a que es el propio presidente catalán quien debe ordenarlo a todas las Consejerías, sin que pueda debatirse el requerimiento de la JEC. En el consejo ejecutivo de la Generalitat se ha aprobado esta propuesta de Torra.

El presidente autonómico mantendrá la pancarta en favor de los llamados "presos políticos" y no la retirará. "Es parte de la libertad de expresión", ha afirmado Artadi.

Artadi ha cargado contra las "anomalías" de la JEC, ya que dos de sus miembros están juzgando a los políticos presos por el referéndum del 1-O. "Hay una deriva de limitación de derechos", ha asegurado.

"Será voluntad de cada consejero"

Mientras que el gabinete jurídico ultima el informe para conocer las consecuencias sobre mantener la propaganda separatista en los edificios públicos. "No ha habido discrepancia" entre los miembros del Gobierno de la Generalitat, y "será voluntad de cada consejero" de actuar de la misma manera, ha afirmado Artadi.

La JEC dio de plazo a Torra hasta esta misma tarde para cumplir el requerimiento, ya que en caso contrario el caso se pondría en manos de la Fiscalía, que podría pedir inhabilitación, siguiendo el ejemplo de la alcaldesa de Berga, que fue inhabilitada durante seis meses por desobediencia. No se descarta una multa que podría alcanzar los 3.000 euros.

Se hará antes caso al Síndic que al Constitucional Catalán

La Generalitat no hará caso alguno a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias "porque sus informes no son vinculantes", ha asegurado Artadi, pero tampoco lo son los del Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo-, pese a que se hará antes caso a los dictámenes de este último organismo, que tiene "plena validez y autonomía".hace informes que no son vinculantes, al tiempo que el Síndic de Greuges.

"Es el órgano que genera más confianza", ha asegurado Artadi para explicar esta polémica decisión. "El Síndic deberá dar su propio informe y se seguirán todos los requerimientos del Síndic", ha asegurado Artadi, que no cuestiona al defensor del pueblo catalán.

El Síndic de Greuges no tiene un límite de tiempo para presentar sus conclusiones, pese al ultimátum de la JEC.