Horacio Rodríguez Larreta confía en tener una buena relación con Alberto Fernández una vez que jure como presidente. Pero el vínculo promete resentirse a la hora de discutir números, especialmente por la transferencia de recursos y la financiación de obras y servicios de competencia federal.

En la antesala de un encuentro aún no sucedido, Rodríguez Larreta prepara una demanda judicial contra el Estado nacional, al que reclamará más de u$s 8 millones en concepto de indemnización por comprar con fondos porteños, en 2012, un lote de 36 coches usados para la Línea B del Subte, y que entiende que debían pagarse con fondos federales.

El reclamo porteño viene a cuenta de una alegada falta al compromiso asumido por el Gobierno nacional en 2005 mediante el "Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes" que -casualidades de la vida- rubricó Fernández siendo jefe de gabinete. Dicho plan venía a paliar el atraso en que se encontraba la infraestructura metropolitana de transporte, declarada en emergencia tras el estallido social de 2001.

Ese programa, puesto en vigencia mediante el decreto 1683/2005 de Néstor Kirchner con firma de Fernández, fijó un "programa de emergencia de obras y trabajos indispensables", con financiamiento nacional, a ejecutarse desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación, al mando de Ricardo Jaime y Julio De Vido, hoy ambos detenidos con condenas por corrupción.

Con firma de Kirchner, Alberto acompañó un plan de mejora para el transporte metropolitano.

Mediante decreto 1683/2005, Nación se comprometió a renovar la flota del Subte.

Dicho programa preveía la "incorporación de 36 coches adicionales usados" para la Línea B. Pero en 2012 el gobierno de Cristina Kirchner decidió "descargar" el Subte en la administración de Mauricio Macri, que lo recibió previa declaración de la emergencia en el servicio y prorrogó la concesión de Metrovías.

Fueron meses de arduas negociaciones en las que, dada la ampliación de la Línea B, se hizo urgente comprar nuevos vagones. Por recomendación de Juan Pablo Piccardo, entonces presidente de la empresa estatal Sbase, Macri viajó a España y selló con Metro de Madrid la compra de 36 coches CAF Serie 5000, que se pagaron u$s 3,8 millones, sin contar otros gastos.

A la postre, los vehículos se detectaron defectuosos por contener asbesto, un aislante altamente tóxico prohibido en el país y por el que 11 trabajadores sufrieron diferentes afecciones, según denunciaron los Metrodelegados.

El actual titular de Sbase, Eduardo De Montmollin, reconoció que faltó rigurosidad en el proceso, pese a que el material cancerígeno estaba listado en los manuales. Pero de todos modos inició acciones legales contra la compañía ibérica por u$s 15 millones en la Justicia española.

Asbesto en el Subte: el Gobierno demanda por u$s 15 millones al vendedor de los trenes tóxicos https://t.co/FZRCNmpZRW — Cronistacom (@Cronistacom) October 18, 2019

El reclamo administrativo de la Ciudad, rechazado por Nación cinco años después.

Dietrich, detrás de la denuncia

Pasada la crisis y comprados los coches, la Ciudad, por medio de Sbase, presentó un recurso administrativo contra la Secretaría de Transporte pidiendo $ 51,9 millones y más de 6,4 millones de euros, más intereses y costas causídicas.

El reclamo interjurisdiccional se radicó en junio de 2014, cuando Guillermo Dietrich conducía la Secretaría de Transporte de la Ciudad.

El 16 de julio pasado, cinco años después de aquello, el Ministerio de Transporte de la Nación, ahora bajo la conducción de Dietrich, rechazó el reclamo sosteniendo que el Estado nacional "no incurrió en ningún incumplimiento contractual".

Desde la vocería del ministro dijeron que le tocó "resolverlo desde otra jurisdicción", y "a la luz del análisis técnico y legal se concluyó no dar lugar" al planteo.

Lo cierto es que Dietrich dio luz verde a Larreta para avanzar con la demanda, como recomendó el cuerpo de abogados de la Procuración General mediante el expediente electrónico 27614400-SBASE-2019, "a los fines de obtener la indemnización".

Con seguridad será llevado a la mesa en cuanto ambas jurisdicciones afinen números.