Pese a que se mejoró la tecnología de control en varios departamentos, se estableció la tolerancia cero en el consumo de alcohol, la Policía Caminera se transformó en Policía Nacional de Tránsito, y se hicieron campañas de concientización y capacitación en todo el país, el último informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) mostró que el año pasado hubo 470 personas muertas en siniestros de tránsito. Eso significa que hubo 24 fallecidos más que en 2016, y se rompe una tendencia de cuatro años en los que las víctimas fatales en accidentes venían bajando en forma consecutiva.





Durante el año pasado se registraron 21.775 siniestros de tránsito (2,5% más que en 2016) y hubo 27.749 personas lesionadas (un aumento del 1,9%). La tasa de mortalidad aumentó 5% con respecto a 2016 para ubicarse en 13,5% cada 100.000 habitantes. Además, por primera vez el porcentaje de fallecidos en rutas nacionales (54%) superó al de muertos en jurisdicciones departamentales (46%). Las autoridades reconocen que los esfuerzos volcados durante el año 2017 "no han sido suficientes" para acercarse a la meta de reducir a la mitad, para 2020, el registro de muertos de 2010, un objetivo sugerido por la ONU. Según los objetivos anuales del plan de la ONU, en 2017 se tendrían que haber registrado 380 fallecidos, pero hubo 470. Desde 2011 a la fecha, solo en 2012 Uruguay estuvo por debajo de las cifras fijadas en este plan. El resto de los años la cantidad de muertes en el tránsito siempre fue mayor al objetivo.





Para el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), Arturo Borges, las cifras son producto de una política de fiscalización "fragmentada" y de una falta de control "objetivo" en las rutas.

El último informe "es una crónica de una muerte anunciada; pensamos que la tendencia a la baja de los últimos cuatro años era muy tenue y las cifras no estaban completamente auditadas", dijo Borges a El Observador.





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Para el experto, la realidad "rompe los ojos" y es el resultado de una política de tránsito que no es de aplicación en todo el país. "Es urgente modificar la ley de tránsito porque las intendencias utilizan indistintamente los digestos departamentales o la reglamentación nacional para controlar. Los exámenes de conducir no tienen rigor científico ni están unificados y hay escasa formación de personal. No puede ser que la ruta sea el lugar con mayor número de muertos y allí no haya radares de velocidad", agregó. Según el director del ISEV, la presencia policial en las rutas está siendo pasiva en vez de activa. "Se precisan controles aleatorios, puestos móviles y no estáticos", sostuvo.





Borges opinó que la Unasev necesita un consejo consultivo técnico integrado por peritos accidentólogos que puedan estudiar el impacto de una medida antes de aplicarla. "Las leyes por si solas no modifican comportamientos y si hacemos las misma cosas vamos a lograr los mismo resultados", sostuvo Borges.





En tanto, director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, dijo a El Observador que no hay elementos científicos para determinar por qué este año aumentaron los accidentes pero aseguró que "hay un problema de visualización de los controles en rutas lo que lleva a que el ciudadano perciba que no hay tanto control" y transgreda los límites. Para el jerarca la transición entre la Policía Caminera y la Policía Nacional de Tránsito está provocando algunas "distorsiones" y una "sensación en la gente de que faltan controles".









El cambio, que se concretó en 2015, le dio carácter nacional y potestades de seguridad a la ex Policía Caminera "pero también implicó la incorporación de personal nuevo y con menos experiencia", sostuvo.





Además, reconoció Longo, la incorporación de tecnología como cámaras y radares en las rutas nacionales todavía está en el debe. Dijo que ya está en marcha un proceso licitatorio para comprar dispositivos que van a repercutir en una baja de la siniestralidad. Longo también se mostró preocupado por la incidencia de los accidentes con motos en la siniestralidad global .





El 47,5% de fallecidos en accidentes de tránsito en rutas nacionales circulaba en moto mientras que ese porcentaje asciende al 60% en los siniestros ocurridos en jurisdicción departamental.

Longo reconoció que para aumentar estos controles en el interior siempre se topan con las autonomías departamentales. "Yo creo que el tránsito no tiene que ver con las autonomías departamentales. El que lo diga está equivocado", opinó, y recordó que se está trabajando para modificar la Ley de Tránsito con el objetivo de ampliar las potestades de control de las comunas.