Juanjui. Una ex-pista de aterrizaje de las avionetas de “Vaticano” es ahora un bulevar (2013)

Todo volvió a empezar con el #narcoporsche. El atentado contra Gerald Oropeza hace unas semanas se volvió un hashtag evocador de la presencia más y más preocupante de las operaciones del narcotráfico en nuestro país. Y al igual que en otros casos mediáticos anteriores, la palabrita “narcoestado” vuelve a aparecer en los comentarios sobre la situación en el Perú. Es una palabra atractiva, por lo destructiva, supongo. ¿Pero qué entenderán por “narcoestado” o qué ejemplos tendrán en mente contra los cuales comparar al Perú quienes la utilizan?

¿Qué es un narcoestado?

Empecemos por lo más básico: ni en castellano (RAE) ni en inglés (Oxford) hay entradas para esta palabra. Pasemos al nivel 2: Wikipedia, en inglés, ofrece una definición muy simple para “narco-state”: aquel país cuya economía depende fuertemente del tráfico ilícito de drogas (TID), mientras que la versión en castellano está más desarrollada, desanclándola del campo meramente económico e introduciendo elementos institucionales a la definición.

Ahora pasemos al nivel avanzado, o sea al ámbito académico. Aquí, las investigaciones sobre narcotráfico y poder, política, instituciones, violencia, economía y otros campos, abundan; sin embargo, son pocas las que explícitamente hablan de narcoestados. Más bien, como señala Ashley Nesee Bybee (2011), lo que parece estar extendido es un uso peyorativo del concepto, que sugiere la actividad o pasividad adrede de funcionarios corruptos del gobierno para facilitar el TID.

Entre los aportes existentes, se encuentra el trabajo de David Jordan, quien casualmente fue embajador estadounidense en el Perú durante los años ochenta. En su libro Drug Politics: Dirty Money and Democracies (1999) propone que los narcoestados son países donde el crimen ha penetrado tanto en el aparato público que altos funcionarios protegen a organizaciones dedicadas al TID y/o dependen de estas. Además, describe distintos niveles de lo que él llama “narco-estatización” (narcostatization), el proceso mediante el cual las anocracias se convierten en narcoestados.

Jordan: Indicadores del índice de Narco-estatización. Tomado de Nesee Bybee (2011, p. 93)

¿Anocracia? Un concepto con cierta trayectoria dentro de la ciencia política, usado para señalar regímenes que se encuentran a medio camino entre la democracia y la autocracia, donde las formas democráticas existen, pero de forma tan ligera que no pueden evitar la permanencia en el poder de un autócrata y su círculo. Para Jordan, no toda anocracia se puede volver un narcoestado, pero todo narcoestado es sin lugar a dudas una anocracia. Dentro de un régimen de este tipo, la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas a sus líderes es muy baja o nula; además, los políticos le deben lealtad a las organizaciones criminales, quienes financian sus campañas (recordemos que en las anocracias se guardan las formas democráticas); a eso debe sumarse que el sistema de pesos y contrapesos débil es fácilmente corrompible por el dinero del TID.

Otra forma de analizar un país buscando encontrar si estamos frente a un narcoestado es a través de una evaluación de la capacidad para imponer la ley (enforcement) para el campo del TID. Paoli, Greenfield y Reuter (2009), quienes estudian el mercado del opio, definen narcoestado como aquel donde esta capacidad es nula. Características específicas de esta situación son: el alto apoyo de los órganos de gobierno local al TID; cultivo o acopio a gran escala, actividades que además son vistas como legítimas por la población; posibilidad de que los narcos obtengan reconocimiento político y/o social; las firmas pueden convertirse en oligopolios o monopolios con apoyo del Estado, entre otras. El estadío opuesto corresponde a aquellos países donde hay un enforcement estricto, lo cual no significa que no haya TID, sino que, por ejemplo, los productores y traficantes deben operar sin apoyo estatal, sus actividades serán vistas como crímenes y serán perseguidos, o donde los culpables difícilmente serán legitimados socialmente. Entre estos dos extremos (el imperio de la ley y el narcoestado) hay un estadío intermedio.

La ya citada Ashley Neese Bybee dialoga con los trabajos de Jordan y Paoli, Greenfield y Reuter, encontrando que hay un elemento faltante: para ella, los enfoques señalados se concentran en la política y en la institucionalidad, pero dejan de lado los aspectos sociales, como la intensidad del crimen y de los efectos del consumo de drogas. Ella construye una definición que consiste en el impacto del TID en cuatro dimensiones: i) política-institucional, que se refiere al imperio de la ley (sea con la captura del aparato estatal por parte de organizaciones criminales o cuando éstas llegan a suplantar al Estado en su rol de proveedor de servicios, como Pablo Escobar en Medellín o, también, digamos, “Vaticano” en Campanilla); ii) económica, en referencia al grado en que la economía de un país depende de los ingresos del TID; iii) seguridad, asociada al incremento y extensión de la violencia relacionadas con las operaciones del TID; y iv) social, que si bien puede involucrar muchos aspectos problemáticos, se trata de aquellos que son generados principalmente por el consumo de drogas en países o zonas productoras o de alto tráfico.

Finalmente, hay autores que no mencionan la palabra “narcoestado”, pero la descripción y el análisis que realizan va en ese sentido. Una investigación de Douglas Farah (2012) hace referencia a cómo las organizaciones criminales trasnacionales están cada vez más integradas con las estructuras de poder real de los países del triángulo norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), volviéndose el poder de facto y describiendo una situación similar a la que presentan Paoli, Greenfield y Reuter. El análisis de Farah resalta un elemento importante: el control territorial. Este autor señala que en esos tres países no hay territorio que no esté gobernado; el problema es que cada vez el Estado pierde el control de ese gobierno y lo ganan las organizaciones criminales, principalmente mexicanas, pero también colombianas y otras. Farah agrega que esta pérdida de dominio ha sido un proceso cómodamente acompañado o promovido por agentes corruptos dentro de los propios gobiernos, por cierto.

Para el caso colombiano, Luis Jorge Garay ha acuñado el concepto de “reconfiguración cooptada del Estado”, que constituye una forma de captura del aparato estatal por parte de intereses criminales.

Finalmente, Moisés Naim no habla de narcoestado, sino de “Estado mafioso”, pero no para referirse a aquellos países donde el Estado ha sido capturado por las mafias, sino donde es el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales “[…] no para erradicarlas, sino para ponerlas a su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios.” Y señala ejemplos como los de Guinea-Bissau y Afganistán, a los que suma Bulgaria y Venezuela, entre otros.

¿Cómo luce un narcoestado?

Los expertos en narcotráfico coinciden en señalar a Guinea-Bissau o a Afganistán como posibles ejemplos de narco-estados. Un informe de The Guardian del año 2008, describía la situación en el primero de estos. Recomiendo leerlo completo por la exhuberaciancia de la descripción, pero comparto aquí algunos pasajes ilustrativos, traducidos libremente.

Lo más evidente es la pobreza:

Mucha gente no puede costearse ni el pasaje en bus […] No hay red eléctrica. El servicio de agua se limita a unos pocos ricos y los edificios emblemáticos, como el palacio presidencial, siguen destrozados nueve años después del fin de la guerra.

La pobreza no es absoluta. Hay partículas de notoria riqueza que no hacen sino resaltar lo paupérrimo del país.

Las calles que rodean el X Club en Bissau […] están llenas de grietas y baches. No han sido reparadas desde que fueron destruidas por las llantas de os vehículos militares durante la guerra civil de fines de los años noventa. Sin embargo, los autos estacionados afuera del club — camionetas Porsche y Audi — no desentonarían si estuviesen en alguno de los barrios más ricos de Londres.

En medio de esa situación de miseria, también es miserable la capacidad para imponer la ley:

‘Guinea-Bissau ya era un Estado fallido, por lo que [para los narcotraficantes] fue como moverse a una casa vacía. No hay prisiones […] Un viejo bote patrulla una costa de 350 kilómetros y un archipiélago de 82 islas. El espacio aéreo no está patrullado. La policía tiene pocos carros, no tiene petróleo, radios, esposas ni teléfonos […] Llegas, compras los servicios que desees del gobierno, del ejército y de la gente y te vas. La cocaína se puede almacenar con seguridad y puede ser enviada a Europa, sea por barco a España o Portugal, por tierra a través de Marruecos, siguiendo la vieja ruta del cannabis, o por aire usando mulas’ [testimonio de un agente senior de la DEA.] Un solo vuelo hacia Amsterdam en diciembre de 2006 llevaba 32 mulas que transportaban cocaína desde Guinea-Bissau.

Por supuesto, los representantes oficiales niegan todo:

El año pasado, dos efectivos militares fueron detenidos con un civil en un vehículo que llevaba 635 Kg. de cocaína. El ejército consiguió la liberación de los soldados y hasta ahora no hay señales de que vayan a ser investigados. En su amplia oficina alfombrada y con aire acondicionado […] el vocero del ejército, el Coronel Arsenio Balde, descarta que el incidente demuestre la complicidad de su institución con el narcotráfico. Dice que los soldados estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado.

En diciembre de 2014, apareció un informe sobre Afganistán, el primer productor de opio del mundo, esta vez en la revista Rolling Stone. La principal diferencia, por supuesto, está en que este país fue y es escenario de la “guerra contra el terrorismo” conducida por Estados Unidos.

Aunque la descripción en ambos casos es cruda, la citada investigación de Ashley Nesee Bybee encuentra, contraintuitivamente, que Guinea-Bissau no está gravemente afectado en ninguna de las cuatro dimensiones que ella considera en su análisis del impacto del narcotráfico en un Estado: políticamente, el país ya estaba derruido, por lo que el narcotráfico solo se aprovecha de esa precariedad; económicamente, las ganancias del TID no se quedan en el país, sino que son grupos criminales sudamericanos y nigerianos quienes se llevan el grueso del dinero; en términos de seguridad no hay mucha violencia, pues no hay una “guerra contra las drogas” como hubo en Colombia y hay en México; y en la dimensión social, no hay un consumo alto de cocaína, porque la pobreza no le permitiría a los ciudadanos del país costearse ese gasto. Es más, al comparar a Guinea-Bissau con otros países de alto tránsito de drogas, como México o Jamaica, terminan siendo éstos en donde pareciera haber una afectación más significativa de la actividad criminal, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Espectro de narcoestados, según cuatro dimensiones. Nesee Bybee (2011, p. 277)

¿Y el Perú?

Antes del caso del #narcoporsche tuvimos el hallazgo de 7 toneladas de cocaína en una casa de propiedad del congresista José León, discutimos bastante sobre los narco-candidatos en las elecciones sub-nacionales de octubre pasado y también, antes incluso, se destapó el caso de los narco-indultos.

El tema está muy presente, al punto que en el Congreso se ha establecido una comisión para investigar la penetración del narcotráfico en la política. De hecho, Rosa Mavila, presidenta de esta comisión, ha señalado que Perú está próximo a ser un narcoestado. Los expertos de Insight Crime recogen sus declaraciones y las ponen en contexto:

El hecho de que una gran cantidad de droga se esté produciendo y exportando […] no basta para etiquetar al país como narcoestado […] Pero sí es cierto que las organizaciones criminales están en buena posición para subvertir el orden político del país.

Por supuesto, debería hacerse un estudio serio y profundo, que sistematice la información existente y recoja nueva información sobre los distintos aspectos que he ido señalando aquí y otros que, por espacio, ya dejé de lado. Creo, sin embargo, que las tres primeras dimensiones del esquema de Nesee Bybee pueden ser útiles para realizar un ejercicio tentativo, apurado y tan solo indicativo: políticamente, es preocupante toda la información que está apareciendo sobre el segundo gobierno del APRA, ¿cuánto creció el narcotráfico durante ese gobierno? ¿y cuánto de ese crecimiento se debió a la acción u omisión activa de oficiales del gobierno?; económicamente, de forma similar al caso de Guinea-Bissau, la plata se la llevan los cárteles. De hecho, como señala la investigadora del Laboratorio de Criminología de la Universidad Católica, Sofía Vizcarra, tal parece que en el Perú no hay cárteles, sino una suerte de clanes familiares (los Sánchez Paredes, los Oropeza, por ejemplo), algo así como PYMEs del TID: un muchacho ostentando su plata con autos deportivos, fiestas y mujeres no hace un cartel de la droga. Y algo similar ocurre con el caso de la seguridad: si bien hay asesinatos y sicariato asociados a operaciones de tráfico de drogas (el propio atentado a la nave de Oropeza), los niveles de otros países se ven todavía muy lejanos donde la guerra contra las drogas se carga decenas de miles de personas.

Finalmente, si nos concentramos en el enfoque del imperio de la ley, probablemente nunca estuvimos más cerca de ser un narcoestado como cuando gobernó Fujimori, debido a uno de los principales negocios del hombre fuerte del régimen, Vladimiro Montesinos: el control de la exportación de pasta básica y cocaína. De hecho, si volvemos a la descripción del último estadío del proceso de narco-estatización de Jordan, uno de los elementos era que el presidente estuviese flanqueado por funcionarios comprometidos con el TID. Así, mientras no se termine de aclarar el papel del presidente García en el caso de los narcoindultos, se puede afirmar que nunca el narcotráfico estuvo más arriba en la estructura de poder real del país: la estampa del narco-avión-presidencial es demasiado gráfica al respecto. (No deja de llamar la atención que, a pesar de toda la evidencia existente, a Montesinos no se le haya podido condenar por narcotráfico todavía.) Por eso resultan paradójicas columnas de opinión como la de Luis García Miró en Expreso, que señalan que quien tiene la culpa de la situación de penetración del narcotráfico es Toledo, porque desactivó el SIN… cuando está probado que desde el SIN se controlaba el tráfico ilícito de drogas en el país.

Nota aclaratoria

No estoy diciendo que los casos sobre narcotráfico que vemos con cada vez más frecuencia no sean para no preocuparnos (las 7 toneladas en la casa de José León son una de las capturas más grandes en todo el mundo, ever); el solo hecho de ser el mayor productor de cocaína es gravísimo y debe encender las alarmas. Que haya presidentes regionales con investigaciones por lavado de dinero debería haber sido suficiente motivo para reformar de raíz la estructura de organizaciones políticas y el sistema de financiamiento de campañas. La violencia puede estar contenida, pero probablemente más por la dinámica del mercado que por la acción de las fuerzas de seguridad. Algo debe hacerse antes de que sea tarde y no podamos retroceder más que a un costo muy alto.

Referencias

Ashley Neese Bybee (2011). Narco-state or failed state? Narcotics and politics in Guinea-Bissau. (Disertación para optar el grado de PhD en Políticas Públicas). George Mason University, Fairfax, Estados Unidos.

Farah, Douglas. Central America’s Northern Triangle. A time of turmoil and transition. IBI consultants.

Jordan, David. Drug Politics: Dirty Money and Democracies. Norman: University of Oklahoma Press, 1999.

Paoli, Letizia, Victoria Greenfield, and Peter Reuter. The World Heroin Market: Can Supply Be Cut? Oxford: Oxford University Press, 2009.

Paoli, Letizia, Irina Rabkov, Victoria Greenfield, and Peter Reuter. “Tajikistan: The Rise of a Narco-State.” Journal of Drug Issues 37, no. 4 (Fall 2007): 951–79.