El Gobierno acaba de enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de Real Decreto que obliga a refacturar la luz de manera retroactiva (desde abril de 2014) a los consumidores acogidos al Previo Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa más común entre los usuarios domésticos, para cumplir con varias sentencias del Tribunal Supremo. Actualmente hay 12,4 millones de usuarios acogidos a esta modalidad.

La propuesta llega justo después de las elecciones generales del pasado domingo e implica subir la factura una media del 0,2% a partir de ahora en concepto de atrasos. El importe no es muy relevante (unos 2 euros al año por familia, según el experto energético Jorge Morales de Labra), pero creará más confusión a un recibo que pocos entienden.

Industria plantea una subida muy inferior a la que propuso hace dos semanas la CNMC, que abogaba por incrementos de la factura de entre el 1% y el 7%. Respecto a esa propuesta del regulador, Industria ha optado por recortar partidas como el margen financiero asociado al ciclo de cobros y pagos (desde que se paga la energía al mercado eléctrico hasta que se cobra del cliente) o no reconocerlas directamente. Es muy probable que las eléctricas vuelvan a recurrir el decreto.

La propuesta fue remitida a la CNMC el pasado lunes, un día después de las elecciones en las que Mariano Rajoy salió reforzado frente al resto de formaciones políticas. El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, pidió entonces al regulador que “remita su informe con carácter urgente para proceder a la pronta ejecución de las Sentencias de 3 de noviembre de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

El pasado 30 de mayo, la sala de lo contencioso administrativo del Supremo había instado, a petición de Iberdrola, a la ejecución forzosa de la sentencia por parte del Ministerio de Industria “en el plazo de un mes”. Industria, cuyo máximo responsable tras la dimisión de José Manuel Soria es el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha optado por apurar el plazo casi hasta el último día.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. El fallo del Supremo obligaba a revisar desde el momento de implantación del PVPC, abril de 2014, el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores que entonces había acogidos a esta opción.

El margen de comercialización es la retribución percibida por las empresas que suministran en la PVPC. Ronda el 3% del recibo final y fue fijado por el Gobierno en 4 euros por kilovatio (kW) al año. Las compañías argumentaban que este margen era insuficiente porque sólo cubría el 60% de sus costes y el Supremo les dio la razón. Ahora, Industria propone elevar ese margen a 4,08 euros para 2014, 4,24 euros para 2015 y 4,17 euros para este ejercicio, más un margen variable dependiendo del consumo. Los clientes que entonces y ahora estaban acogidos al PVPC verán esa refacturación en su recibo a través de un epígrafe nuevo. Pero los cerca de 2 millones de usuarios que se han pasado al mercado libre recibirán, probablemente, una factura complementaria.