La Casa Rosada quiere meterse en la ejecución presupuestaria de las Universidades Nacionales, nombrando auditores internos. A través de un decreto firmado por el presidente, Mauricio Macri, el Gobierno nacional busca asignar auditores en las 57 casas de altos estudios. Sin embargo, la medida fue rechazada por los rectores: debaten un documento para unificar una postura en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Nosotros lógicamente nos oponemos porque la medida avanza sobre la autonomía y autarquía de las universidades. Es un avasallamiento. Sin embargo, no nos oponemos a que la Sindicatura General de la Nación analice los gastos pero con los auditores que tenemos en cada universidad”, expresó ayer a LA GACETA José García, rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La Jefatura de Gabinete de la Nación avanzó con el pedido de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que designe auditores que trabajen dentro de las universidades. La Sigen es el organismo encargado del control interno de la administración pública. Para la mayoría de las autoridades universitarias, el nombramiento de auditores internos avanza sobre la autarquía financiera de las universidades, consagrada desde la reforma de la Constitución de 1994.

La decisión del Gobierno surge a partir del decreto 72/2018, del 23 de enero del año pasado, que habilita al titular de la Sigen a remover y designar a los auditores internos de todas las dependencias públicas. Para 2019, el presupuesto para las universidades nacionales asciende a los $ 123.000 millones. Del total, las 10 que más crédito tienen asignado son las universidades de: Buenos Aires, $ 21.880 millones; Córdoba, $ 8.485 millones; La Plata, $ 8.414 millones; Tecnológica Nacional, $ 7.740 millones; Rosario, $ 6.078 millones; Tucumán, $ 5.684 millones; Cuyo, $4.866 millones, Nordeste, $3.406 millones; San Juan, $3.390 millones; y Litoral, $3.120 millones.

“La designación de cualquier funcionario de las universidades por el Poder Ejecutivo Nacional, sea sus auditores internos, externos o extraordinarios, contradice abiertamente las garantías de autoorganzación, autogobierno, autorregulación, autoaadministración, todos constitutivos de la autonomía universitaria”, expresa el borrador del documento que discuten los rectores en el CIN, al que tuvo acceso LA GACETA.

Los rectores de tres universidades nacionales bonaerenses informaron a este diario, por lo bajo, que la postura unificada por el grueso de los miembros del CIN es que el Gobierno nacional no tiene la competencia para nombrar auditores internos de las Universidades Nacionales. La Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, tiene la potestad de realizar los controles externos sobre las universidades, no la Sigen, explicaron.