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Cuando una testigo se negó a firmar una declaración falsa en la que se sostenía que 22 presuntos miembros de un grupo del narcotráfico habían muerto durante un enfrentamiento con el Ejército mexicano, funcionarios estatales comenzaron a torturarla. La mujer aseguró que le pegaron en las costillas, le pusieron una bolsa sobre la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon tan fuerte que seis meses después aún tiene problemas para ver y oír.

"Conforme me iban pegando.... decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran", dijo una de las tres sobrevivientes de la ejecución ocurrida el 30 de junio en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.

En su primera entrevista tras salir de prisión, la testigo dijo que el encubrimiento de las ejecuciones no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no de una matanza.

Documentos judiciales del caso obtenidos por The Associated Press la semana pasada apoyan la afirmación de la testigo de que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen, pese a declaraciones oficiales que negaban los hechos. Y, según la documentación, el coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría del Estado de México.

La testigo, una trabajadora sexual de 20 años que habló bajo condición de anonimato, dijo que dos días después de que fue golpeada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, fue llevada a la Ciudad de México, donde elementos de la Procuraduría General de la República la presionaron para que firmara la declaración falsa.

"No, le digo, yo no voy a firmar nada... y me empieza a gritar", dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que los decesos fueron producto de un enfrentamiento.

Ella y otra testigo permanecieron encerradas en una prisión de máxima seguridad hasta mediados de diciembre.

Las muertes en Tlatlaya salieron a la luz el 30 de junio cuando el Ejército informó en un breve comunicado que soldados que patrullaban la zona fueron atacados por supuestos criminales y tras repeler la agresión mataron a 22 miembros de un grupo de narcotraficantes. Del lado de los militares, sin embargo, solo hubo un herido, lo cual generó las primeras dudas.

La AP visitó la escena de los hechos días después y encontró pocos elementos de juicio que señalaran que hubo un fuego cruzado. Al contrario, en al menos dos paredes de la bodega había una serie de impactos de bala con manchas de sangre a la altura del pecho de una persona, lo cual sugería que al menos algunos de los muertos recibieron tiros a corta distancia.

En septiembre, la AP entrevistó a una sobreviviente, cuya hija de 15 años estaba entre los 22 muertos y que fue la primera testigo en declarar públicamente que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas después de haber salido de la bodega con las manos en la nuca en señal de rendición ante los militares. Al igual que la testigo liberada de prisión en diciembre, la mamá de la adolescente también pidió no ser identificada por su nombre.

De acuerdo a los documentos judiciales, integrados a la investigación contra los siete militares procesados, funcionarios del Estado de México tuvieron información desde el inicio de que la escena de los hechos fue alterada. Supieron, por ejemplo, que en al menos en diez casos las armas largas ubicadas junto a los cuerpos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban los fallecidos y que manchas de sangre en la ropa indicaban que los cuerpos habían sido movidos. También se puso por escrito que, al menos nueve de los muertos, presentaban heridas recibidas "al momento de realizar maniobras instintivas de defensa", lo que sugiere que habrían intentado evitar los impactos de bala, algo que no habrían hecho si estuviesen disparando.

A finales de septiembre, la Procuraduría anunció que ocho de los 22 muertos fueron asesinados después de rendirse, aunque semanas después la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un reporte propio que al menos 12 y hasta 15 de ellos habrían sido ejecutados extrajudicialmente.

En noviembre, siete soldados quedaron sujetos a un proceso penal por un juez civil, tres de ellos por el homicidio de ocho personas y cuatro más por ejercicio indebido del servicio público. Solo uno de ellos, el teniente a cargo del grupo, fue acusado de encubrimiento.

El Ejército y la Procuraduría General de la República sostienen que el caso solo involucra a los siete militares procesados, pero esta última testigo aseguró que más militares arribaron a la bodega cerca de una hora después de un tiroteo inicial, algunos incluso antes de que ella viera que se había alterado la escena del crimen.

Los documentos señalan que el coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos, llegó a la escena antes que los investigadores del Estado de México. En los reportes no se especifica cuál habría sido el rol que jugó este mando castrense y no se ha informado si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento.

La testigo liberada, madre de una niña de dos años y quien reconoció que trabajaba como prostituta, ofreció nuevos detalles de lo que pasó en la bodega de Tlatlaya la madrugada del 30 de junio. Dijo que estaba un taxi afuera de un balneario el 20 de junio cuando una camioneta llena de hombres armados se detuvo frente a ella y la forzaron a subir al vehículo.

Aseguró que pasó atada y vendada de los ojos buena parte de los siguientes nueve días, tiempo en el que la llevaron por varias casas abandonadas en la sierra de la zona. Además, que fue violada repetidamente por los hombres.

"Me drogaban, me obligaron a tomar, me dijeron que tenía que hacer todo lo que ellos decían", dijo la mujer. "Yo a ninguno lo conozco".

Dijo que llegó a la bodega de Tlatlaya el 29 de junio, donde la madrugada del 30 de junio recuerda que despertó por el ruido de un intercambio de disparos y escuchó que alguien gritaba "¡Ríndanse, Ejército mexicano!".

Los soldados dijeron inicialmente a las autoridades que los sospechosos se negaron a rendirse, según los documentos. Pero las dos testigos entrevistadas por la AP dijeron que los presuntos criminales sí se rindieron e incluso salieron de la bodega con las manos en la cabeza.

Cinco personas, incluidas las tres mujeres que sobrevivieron, estaban aparte como supuestas víctimas de secuestro. Las tres testigos declararon que vieron a un militar con un uniforme distinto al de los otros que llegó después del tiroteo. Ese uniformado tomó a los dos hombres que parecían estar plagiados, bajo el argumento de que les iban a tomar una fotografía.

Pero la testigo liberada dijo que escuchó disparos y después vio a los dos hombres entre los muertos, cuyos cuerpos primero estaban sin armas y luego con fusiles a sus lados.

No se sabe si el hombre en uniforme distinto que describen las testigos era un mando o un miembro de otra institución de las fuerzas armadas.

Pero la testigo dijo que cuando quiso contar a las autoridades estatales lo que realmente había pasado, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México la intentaron forzar con los golpes y amenazas a confirmar la versión del ejército.

"Uno me amenazó que me iba a violar", dijo.

Agentes estatales la amenazaron también con acusarla de posesión ilegal de armas, lo cual eventualmente hicieron. Además, le dijeron que su hija se convertiría en una huérfana.

Cuando la llevaron a instalaciones de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, estuvo en un cuarto con varios investigadores federales. Ahí fue amenazada nuevamente con ir a la cárcel a menos que firmara la declaración falsa. Afirmó que sólo firmó una página de un documento con varias hojas y muchos días después en el juzgado que llevó su caso vio que alguien había falsificado su firma en el resto de las páginas.

Hasta ahora, y salvo los siete militares bajo proceso, nadie más ha sido detenido ni investigado por encubrimiento o tortura.

Después de cinco meses en prisión, la testigo dijo que tiene varias cuentas que saldar por la atención médica que recibió por los golpes que sufrió y que desea que el gobierno reconozca públicamente el abuso que sufrió.

"Pido justicia, porque nunca encontraron nada en contra de nosotras", dijo.

