Un total de 12 ex gobernadores del país se encuentran en problemas con la justicia o bien han sido señalados por sus predecesores en los últimos años; unos están detenidos, otros son perseguidos y otros están amparados, señalados por problemas con el narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y/o enriquecimiento ilícito.

Javier Duarte de Ochoa (PRI), por quien la PGR ofrece 15 millones de pesos de recompensa, está acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. El jueves, Guillermo Padrés Elías (PAN), ex gobernador de Sonora, se entregó a la justicia luego de que un juez federal liberara orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El ex mandatario interino de Michoacán, Jesús Reyna García (PRI), fue detenido en abril de 2014 y encarcelado en El Altiplano. Está en un penal de Michoacán y libra un proceso por presuntos nexos con Los Caballeros Templarios.

A la lista se suma Rodrigo Medina (PRI), ex gobernador de Nuevo León, quien enfrenta —en libertad— un proceso por ejercicio indebido de funciones públicas relacionado con el desvío de 3 mil 370 millones de pesos para beneficiar a Kia Motors.

Tomás Yarrington (PRI), ex mandatario tamaulipeco, es prófugo de la justicia mexicana desde 2012, porque que de acuerdo con las investigaciones, durante su mandato (1999-2004) recibió sobornos de Los Zetas y del Cártel del Golfo. Eugenio Hernández Flores (PRI), también ex gobernador de Tamaulipas en 2005-2010, está prófugo de la justicia, al ser acusado por las autoridades de EU de encabezar una red de lavado de dinero.

Sin procesos. Aunque aún no tienen procesos penales abiertos, hay otros ex mandatarios señalados en sus entidades. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, es señalado de tener 36 propiedades millonarias y miles de cabezas de ganado, sin poder aclarar su procedencia. Es acusado de ser fanático de las aeronaves y llevar una vida excéntrica, resultado de un presunto enriquecimiento ilícito durante su administración.

Jorge Herrera Caldera (PRI), ex mandatario de Durango, recién buscó la vía del amparo para evitar ser detenido por el gobierno de su sucesor, José Rosas Aispuro Torres. Miguel Alonso Reyes (PRI), de Zacatecas, también es señalado de encabezar una red de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos; su predecesor ha dicho que dejó al estado en quiebra. Otro más es Roberto Borge (PRI), ex mandatario de Quintana Roo, acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, a través del desvío millonario de recursos públicos y otorgar concesiones en la zona costera de esa entidad.

El camino de la corrupción y los narcogobiernos fue marcado por Mario Villanueva Madrid (PRI), gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999; fue detenido y declarado culpable de lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos. Otro que tampoco está en el país, aunque no tiene proceso en su contra, es el ex jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón.