El embate criminal que azota México desde hace décadas ha acabado engullendo de forma inevitable a su capital, la metrópoli hispana más grande del mundo. En Ciudad de México se mata hoy con impunidad, se muere sin más motivo que salir a la calle y se sufre una violencia cuyo perímetro resulta apenas imaginable, según detalló un extenso reportaje publicado el domingo pasado en este periódico. Esta espiral macabra, que ha devuelto la ciudad al peor ambiente de secuestros e inseguridad de los años noventa, se produce ante la inacción, entre impotente y culpable, de las actuales autoridades. Se trata de una situación de todo punto intolerable, y que resulta imperativo revertir a la mayor urgencia.

Sin duda alguna, esta tarea corresponderá ya a la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, que toma posesión el próximo 1 de diciembre. El presidente electo tiene muchos retos por delante, pero ninguno más urgente ni más angustioso para los ciudadanos capitalinos, que asisten con un pasmo trufado de miedo al deterioro imparable de su ciudad: más de 5.000 homicidios en el último lustro, un aumento del 40%. Los mexicanos eligieron a López Obrador con una mayoría abrumadora por sus promesas de acabar con la corrupción y mitigar la violencia. La lógica política dicta que el nuevo mandatario ha de lograr a la mayor brevedad posible una inflexión a la baja en las cifras de la violencia, o en la percepción pública de ésta.

Esa tarea ha de comenzar por Ciudad de México. La utilización del Ejército y la Marina (como sucedió este miércoles en Acapulco, donde fueron detenidos el jefe de la policía municipal y cinco comandantes, y se les retiró las armas a 700 agentes) queda descartada en la capital por las enormes repercusiones nacionales y sobre todo internacionales que ello supondría. En lo que respecta a la violencia, ya es suficiente con la extendida percepción de que el control del Estado mexicano sobre parte del territorio es, cuando menos, tenue, como para ofrecer la imagen de soldados patrullando las calles de la ciudad. El despliegue de Ejército y Marina por todo el país ha conllevado, además, un sinfín de denuncias por violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición de ciudadanos inocentes.

En realidad, con más de 80.000 policías municipales, miles de guardias de seguridad privados en centros comerciales y 15.000 cámaras de vigilancia, el hecho de que la criminalidad siga en ascenso sólo puede explicarse por la desidia e ineptitud de responsables políticos (destaca entre todos ellos Miguel Mancera, jefe de Gobierno entre 2012 y marzo de este año), mandos policiales, así como las paupérrimas condiciones laborales y de medios con las que se ven obligados a bregar los agentes; más la corrupción que, al igual que en otros campos, también corroe a éste desde sus entrañas.

Para cambiar radicalmente todo esto, López Obrador dispone de una gran baza. Desde el 5 de diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México será Claudia Sheinbaum, del mismo partido que el presidente y persona muy cercana a éste, lo que dibuja una sintonía política inédita en las últimas décadas. Reorganizar el mapa de la seguridad, nombrar jefes policiales con un verdadero compromiso, coordinar los miles de efectivos, sumar a las empresas privadas al esfuerzo, invertir en innovación y tecnología (aproximadamente la mitad de las cámaras de vigilancia en funcionamiento son obsoletas) o corregir los vicios del sistema judicial va a suponer un desafío logístico y político de primera magnitud. De la pericia de los nuevos gobernantes dependerá que los ciudadanos de Ciudad de México recuperen la seguridad que anhelan y a la que tienen derecho, y que los resultados muestren al resto del país que existe una salida a la hora oscura que vive México.

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