“Estas cosas no pasan en Chile”.

Es la primera perspectiva analítica de los chilenos sobre ciertos problemas de nuestro país. Y cuando ellas pasan y la realidad nos golpea en la cara, viene la segunda derivada: se trata de algo excepcional, que no corresponde a la experiencia histórica ni a los estándares de la vida nacional. Y todo se explica como un descontrol de personas o con la teoría instrumental de la conspiración o una operación para dañar sujetos.

Esta prescindencia de la realidad objetiva es la que impide evaluar con anticipación y abordar eficazmente el control de aspectos sustantivos de la vida moderna, como lo son: la industria del narcotráfico y su tangente política, o la incidencia del crimen organizado frente al desarrollo institucional del país.

El país está en un momento institucional crucial. Más allá de un entendible entontecimiento electoral de la política, parte importante de sus instituciones están golpeadas y debilitadas. Ello genera una gran interrogante sobre la capacidad de gobernanza del próximo Gobierno, del signo político que sea. Solo para enumerar algunas situaciones, ahí están: los golpes a la credibilidad del SII; el juego de tronos entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y los organismos bajo su dependencia; los visos de discrecionalidad y debilidad del Ministerio Público; los graves delitos funcionarios –además de apropiación de dineros públicos– al interior de Carabineros y del Ejército. En tal ambiente, no es una casualidad que se perciba a la Contraloría General de la República como el muro de contención (¿quizás el último?) de excesos y desajustes en la gestión pública, y que ella se enfrente, incluso, en querella de competencia con el propio Poder Judicial ante el Senado. Una compleja asincronía institucional.

La irrupción al conocimiento público de prácticas corruptas en vastos sectores de la administración del Estado, entre ellas, una asociación ilícita que controla y desfalca a la intendencia de Carabineros, y deja a gran parte de su alto mando preso o bajo indagación de la justicia penal, es un hecho gravísimo. Tal vez, después del golpe de Estado de 1973, el peor siniestro administrativo en el área de la seguridad nacional experimentado por el Estado de Chile.

Reconstruir la policía, una función estructural del Estado moderno, no es un asunto que se realiza de un día para otro.

En este hecho se están perdiendo años de ardua labor, sin señales claras de los responsables políticos del control. Es posible concordar con el Gobierno que el curso de la gestión de crisis puede tener una cierta elasticidad y admitir, incluso, contradicciones. Pero no se puede aceptar que la investigación y la política de control, que debe asegurar el Gobierno, tome el camino de “lo normal” y de los errores o faltas focalizadas, sin dar una señal de drasticidad institucional; y que se tienda a minimizar lo ocurrido, adoptando un sesgo de “sumario interno”, que es la peor señal sobre la responsabilidad del mando que se puede dar. Así no se gobiernan las instituciones y menos un país.

Si el país tuviera una Inteligencia en serio, podría percibir que ocupa una posición notablemente atractiva para determinadas actividades de la industria global del narcotráfico: naviera, comercial de punta en commodities, muy abierta en inversiones y con insuficiente fiscalización, y un estándar de alto prestigio económico. El narcotráfico, como toda actividad económica ilegal, es difuso, requiere protección, busca influencia política, compra libertad territorial para las actividades más contaminantes y peligrosas, compra conocimiento, entre muchas otras cosas.

Es en este cuadro, con tal notoriedad pública de errores, donde aparece algo que ya era un “secreto a voces”, que no se quería ver ni enfrentar: el poder de bandas de narcotraficantes que controlan de manera abierta barrios enteros en las grandes ciudades del país, alcanzando amparo y penetración –incluso– en gobiernos municipales y en partidos políticos. Esta es la constatación de que nuestro país ya no está a salvo de la penetración de este flagelo en su organización criminal moderna, que normalmente no tiene vuelta atrás y que se incrementa día a día.

Ello, a menos que el Gobierno (de turno) cumpla con sus deberes constitucionales y enfrente el problema con decisión y eficacia, y tomando en cuenta su complejidad y multisectorialidad. Solo el Gobierno central puede y debe hacerlo, con sus enormes recursos, con su rol de colegislador privilegiado, con sus distintas carteras ministeriales que aportan miradas sectoriales relevantes, y, por supuesto, con el mando de la fuerza pública.

La observación, hasta ofensiva frente a terceros países, de que Chile no es México o Colombia, es la respuesta provinciana en un mundo en el cual, merced a los mercados y a las tendencias globales de todo tipo, el Estado (con su Gobierno de turno) se vuelve blando en su soberanía y capacidad de control, y su autoridad y poder se agotan rápidamente si no se articula en una ecología global de un Estado transparente, eficiente y leal con sus ciudadanos y colaborativo en el ámbito internacional.

Lo de La Legua y del conjunto de barrios críticos de nuestras ciudades, es el residuo ferial de una industria mayor, es el “coleo” semanal, para el microtráfico, de las sobras de una industria ilegal y destructiva que en su núcleo vital articula –o trata de hacerlo–poder político, poder económico y vínculos financieros a escalas mayores y globales.

Si el país tuviera una Inteligencia en serio, podría percibir que ocupa una posición notablemente atractiva para determinadas actividades de la industria global del narcotráfico: naviera, comercial de punta en commodities, muy abierta en inversiones y con insuficiente fiscalización, y un estándar de alto prestigio económico. El narcotráfico, como toda actividad económica ilegal, es difuso, requiere protección, busca influencia política, compra libertad territorial para las actividades más contaminantes y peligrosas, compra conocimiento, entre muchas otras cosas.

Lo que el Estado de Chile, luego de 50 años, ha hecho –por ejemplo– en La Legua, es un verdadero regalo para generar una gran caleta o fondeadero al por mayor de la droga que se importa o queda para consumo local. La que se redestina hacia el exterior se reencaleta cerca de aeropuertos o puertos. Para manejar la caleta mayorista local se necesitan soldados –la mayoría niños, hijos de hogares precarios, que han sido envilecidos en el vicio al interior o en la puerta de sus propios colegios–, cuyas escaramuzas mortales a las que juegan, cumplen la doble función de mantener el territorio controlado y realizar la operación de distracción y corrupción local de un Estado imbécil. El negocio grande está en otras partes, esa es solo zona de acopio o producción para operar los micromercados, de corte y confección, diría un antropólogo mexicano, pero que, junto con envilecer barrios, desarrolla vínculos hacia el sistema mayor a través de túneles financieros que sacan las ganancias y las lavan o envían a otras comunas y a otras latitudes, envueltas en negocios legales.

El gran tráfico puede transitar temas menores en nuestros barrios pobres, pero el gran negocio se aloja en otras comunas, no en San Joaquín. A Chile vino el mexicano Amado Carrillo, llamado el Señor de los Cielos, antes de desaparecer en misteriosas circunstancias; también familiares y/o socios de Pablo Escobar, ahora presos en Argentina. Ellos, y seguramente otros, debidamente representados por ilustres estudios de abogados, se alojaron en lujosos hoteles y buscaron zonas de negocios.

A que la amenaza del narcotráfico sea real, ayuda el hecho de la anomia institucional del país, en medio de elecciones presidenciales y con el debut de un nuevo sistema electoral parlamentario, sin que se perciba una preocupación o interés, incluso aparente, entre los candidatos, por prefigurar una acción de Estado para enfrentar su creciente debilidad.

Los narcoestados no nacen de la noche a la mañana. Hubo un proceso que los llevó a esa situación. Y tan responsable es el volumen de dinero que las industrias mafiosas mueven, como la falta de ética e inteligencia de la élite política. Una vez que los señores del dinero se sientan en los mismos salones que el poder político, el nexo está hecho. El narco no quiere el poder político, busca influencia política.

El financiamiento ilegal de la política y la captura de la elaboración de las leyes a través de parlamentarios, es una buena noticia para el narcotráfico. También lo es que las policías exhiban casos profundos de corrupción, que roben su propio dinero, o que a las FF.AA. les importen más los negocios que la calidad de sus inversiones y compren sin control de calidad o se enriquezcan de manera delictual. Eso equivale a poner un letrero de “Se Vende” en la estructura del Estado, lo cual resulta atractivo para el narcotráfico. Por eso asusta la mudez y omisión de la élite política, que no sale del cascarón de las escaramuzas electorales, pese a la responsabilidad que le cabe en toda la situación.

Sería más grave aún que la densidad institucional sana que resta en el país, y el interés político de gobernantes con verdadero sentido de lo público, ya no sean suficientes para poner un freno, decidido e inteligente, en defensa de la República y sus instituciones.