Artículo escrito con Carmen Domínguez Godínez, responsable de Ciencia y Universidad de IU

La pasada semana estallaba en los medios de comunicación el escándalo por el cambio sin conocimiento ni consentimiento en el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales. La Profesora de Investigación del CSIC, Alicia Durán, respaldaba de forma cruda y rigurosa la denuncia de la comunidad investigadora a consecuencia de este hecho.

En el fondo de este despropósito existen, además de víctimas concretas, también culpables, todavía por concretar, pero sobre todo un profundo desprecio y cortoplacismo de determinadas políticas, como la científica, desde el inicio de la crisis. Y es que la precariedad y los recortes se sufren dentro, pero se construyen y reproducen fuera de los laboratorios.

Una ciencia que trabaje para tener una sociedad más justa no puede estar soportada sólo en élites pensantes, sino en equipos completos y complementarios, recursos suficientes y objetivos debatidos y consensuados. Y sin duda, el trabajo de la ciencia parte del esfuerzo y desempeño de sus trabajadores y trabajadoras (sólo el 24,9% de las profesoras de investigación del CSIC son mujeres), y sus condiciones de trabajo. Hay que señalar que el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en la articulación de las relaciones laborales es el eje fundamental de la protección e impulso de tan necesarios equipos de trabajo.

La crisis que atraviesa nuestro país desde 2007 ha jugado un papel devastador en el sistema científico español, con repercusiones en el empleo -desempleo, precariedad, inseguridad-, las relaciones laborales, los recursos y la ideología. No en vano, conceptos como la excelencia y la competencia son protagonistas en algunos de los documentos normativos de las políticas científicas y universitarias tales como el Espacio Madrileño de Educación Superior o el propio informe Wert, que, a la vez, contemplaba esta suerte de mano de obra precaria que ha revivido en nuestra memoria de los últimos días con el conflicto de los contratos predoctorales. Excelencia a costa de derechos y salarios.

No es la primera vez que desde Izquierda Unida defendemos la necesidad urgente de una política científica en la concreción de un Pacto por la Ciencia que garantice marcos de apoyo y promoción de las políticas públicas de investigación, así como presupuestos plurianuales que garanticen los recursos necesarios.

Pero también debemos reclamar fórmulas de contratación que garanticen la ausencia de precariedad y la estabilidad en el empleo, una lucha histórica de los investigadores que vivió importantes avances y se encuentra en situación de retroceso. Se requieren una Ley de Ciencia y un marco laboral que no deje los equipos a merced de las crisis, los gobiernos o los desacuerdos.

Los diferentes modelos de contratación del Personal Docente Investigador Laboral (PDIL) en la universidad y sus avatares, han supuesto una pelea por la estabilidad en el empleo toda vez que las reformas educativas y laborales han ido empujando en la dirección contraria: encajes neoliberales facilitadores del despido y la inseguridad, que difícilmente permiten la consolidación de equipos ni actitudes críticas tan necesarias en un docente/investigador/a sujeto a una contratación que pende de un hilo.

Es necesario insistir en que el colectivo de investigadores/as afectados reciba nuestra preocupación y respaldo, así como la completa disposición de nuestra organización a estudiar todas las demandas en defensa de sus derechos, y a poner en marcha las iniciativas políticas que sean necesarias en todos los ámbitos parlamentarios para buscar soluciones.

Con la vista puesta en el horizonte: sabemos que será necesario retomar espacios de diálogo, participación ciudadana y confluencia de los sectores afectados, la implicación de sindicatos y partidos políticos que comprendan la ciencia como una oportunidad al servicio de la sociedad en su conjunto, una sociedad justa, democrática y sostenible. En ese camino estamos.