Los micros de larga distancia manifestaron ayer su fuerte preocupación por la decisión del Gobierno de quitar los subsidios que venía recibiendo el sector, medida que afectaría a los pasajeros, que no suelen ser de altos recursos, y también complicaría la negociación salarial de marzo, al no poder contar con ese dinero extra.

El Gobierno fijó ayer la quita de los subsidios que recibía el sector, a través del cambio de una norma en el Boletín Oficial, porque "los incrementos de tarifa autorizados durante 2016, de un 20%, permitieron que los ingresos globales de las empresas les permitieron absorber los costos del servicio", explicó un vocero a El Cronista.

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), explicaron que, con esta medida, los micros de larga distancia serán el único medio de transporte público en no recibir subsidio. Según la entidad empresaria, el sector es el que menor porcentaje de subsidio venía percibiendo en función del valor final que abona el pasajero. "En las negociaciones salariales de marzo tendremos problemas para solventar los aumentos. El fin de los subsidios afecta al usuario, que tendrá que pagar todo el costo del boleto", explicaron desde la Cámara.

Y aseguraron que "en los colectivos urbanos cerca del 70% del pasaje es subsidiado; en el tren llega al 90% y en el transporte aéreo, de 40% en el caso de Aerolíneas, pero todas las aéreas cuentan con subsidio en el combustible JP1". En larga distancia, aseguraron que "apenas" llegaba al 10% del pasaje. Es decir. es el transporte en donde mayor porcentaje abona el pasajero. "No tenemos ningún subsidio de combustible, insumo que representa el 37% de nuestros gastos. Estamos en condición de desigualdad", se quejaron.

En tanto, el Gobierno sólo seguirá abonando a los micros una compensación por los boletos de personas discapacitadas y transplantadas, o en lista de espera para recibir transplante, pasajeros que viajan gratis en los ómnibus. "Transportamos tres millones de personas al año en forma gratuita, sobre 37 millones de pasajeros, pero ese dinero que nos da el Estado apenas cubre el 25% del valor del boleto. Mientras tanto, los aviones no ofrecen pasajes gratis a personas con discapacidad", denunciaron desde la Celadi a El Cronista.

Los reclamos comenzaron con la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Resolución 53-E/2017 del Ministerio de Transporte, que modifica la Resolución 513 de 2013. La norma establece el pago de $ 201 millones como forma de compensación "única" por octubre, noviembre y diciembre del año pasado para la reconversión de ciertas rutas donde la competencia de las aéreas "hacen inviable" que las tarifas de los micros se trasladen hacia "la banda tarifaria superior". Pero la resolución aclara que será la "única compensación" por este concepto. En Transporte explicaron que se cambió la fórmula para esos meses porque "no todos los operadores pudieron incorporar los incrementos de tarifas de la misma manera y en el mismo tiempo". Agregó que, en este sentido, existen ciertos corredores en los que la incidencia de la competencia intermodal con el transporte aéreo requirió un plazo de tiempo mayor para incorporar dichos incrementos.

Según la Celadi, hasta septiembre de 2016 los fondos se distribuían según la cantidad de empleados de cada firma, rutas con alta competencia de aéreas y por las personas discapacitadas que viajan gratis. En el caso de los últimos tres meses abonados se repartirá en función de las rutas y por personas con discapacidad trasladadas, pero no por empleados. Las firmas dicen que así sólo algunas podrán compensar los pasajes gratuitos. Es más, este año, se mantendrá nada más que la compensación a los boletos gratuitos a personas con discapacidad por hasta $ 15 millones por mes para garantizar la disponibilidad de las plazas.

Pero no habrá más que eso. En la resolución se argumenta haberse acreditado el equilibro de la "ecuación económica" de las empresas. Por eso, se concluye "que la asistencia del Estado Nacional podría retirarse, una vez finalizado un período prudencial de recaudación con la nueva tarifa, estimado en 45 días" (de octubre a diciembre de 2016)". En noviembre se fijó la posibilidad de futuros ajustes, como la fluctuación dentro del ancho de la banda tarifaria, por lo cual este año "no sería necesaria la asistencia del Estado para garantizar la sustentabilidad económica del servicio".