El ministro Cristóbal Montoro se ha convertido en la principal oposición del Gobierno de Manuela Carmena. Su intransigencia manifestada públicamente hacia un ayuntamiento que tenía previsto cerrar sus cuentas en 2017 amortizando 800 millones de deuda y ahorrando 1.300 millones de euros, deja al Ejecutivo municipal cada vez con menos posibilidades de maniobra.

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A diferencia de la Administración Central que tiene déficit, Madrid tiene las cuentas saneadas: cierra el año con superávit y reduce deuda. Esto no ha impedido que Montoro haya intervenido financieramente el Ayuntamiento al que ordena recortes por 365 millones este año y 245 millones en 2018.

A esto se suma ahora la decisión judicial que ha paralizado cautelarmente las obras que el Consistorio de la capital estaba financiando con remanente de tesorería de 2016. Un total de 577 proyectos de obra pública de asfaltado de calles, reformas de colegios, centros de mayores, reparación de cementerios, y otras obras similares. El Ayuntamiento de Madrid aseguró este viernes que recurrirá la decisión del tribunal del TSJM y acudirá a "medidas alternativas" que cumplan con la resolución judicial pero a la vez no supongan a paralización de las obras "para que no causen ningún tipo de perjuicio a terceros ni a la ciudadanía".

Las medidas cautelares no se aplican a proyectos ejecutados, un "gran porcentaje", según el Ayuntamiento. Para el resto de proyectos que no están en marcha, ley de Enjuiciamiento civil permite el pago de un aval que sustituye para las medidas cautelares, explicas fuentes jurídicas a eldiario.es. La decisión judicial contradice la propia ley de Estabilidad Presupuestaria que pretende amparar, aseguran estas mismas fuentes.

"El pago a proveedores es uno de los indicadores de Estabilidad, es equivalente a cumplir con la regla de gasto", explican los expertos. De paralizar las inversiones ya previstas, el Ayuntamiento se enfrenta a múltiples demandas por impago a las empresas que estén realizando los trabajos, explican las fuentes jurídicas.

Imposible cumplir con Hacienda

Cualquier "medida alternativa" que tome el Ayuntamiento de Madrid para cumplir su compromiso de terminar las obras supone que el Gobierno de Manuela Carmena incumplirá con los recortes que exige Montoro y con la regla de gasto. De entrada, eso implica que Hacienda seguirá fiscalizando las cuentas municipales por tiempo indefinido.

Carmena asumía que la intervención de las cuentas iba a suponer no ejecutar obras comprometidas, aunque no incluía entre ellas las de Gran Vía o Plaza España. "Tendrá que establecerse alguna prioridad y hacer algún tipo de aplazamiento", dijo la alcaldesa. "Van a tener que aplazarse para 2019 algunos de los planes previstos para el año que viene. Tendremos que reordenar prioridades", explicaba a eldiario.es una persona del Gobierno. En el horizonte: las elecciones de mayo de 2019.

Con el nuevo escollo de la decisión judicial, el marco actual que la prórroga de los presupuestos de este año por tiempo indefinido. Incumplir la regla de gasto junto con la intervención de las cuentas por parte de Hacienda significa la paralización total de sus políticas públicas previstas para 2018. También para la reforma de la Gran Vía o Plaza España. Aunque este no es el peor escenario. El Gobierno de Ahora Madrid se enfrenta a la inhabilitación por gastar más de lo que permite una ley impulsada por el propio Montoro y que incumple cada año su propio Gobierno.