La jueza neoyorquina Loretta Preska hizo lugar a un pedido realizado por el gobierno argentino durante una audiencia celebrada en junio pasado, al conceder un amparo (stay) y frenar la causa iniciada por el fondo de inversión Eton por la expropiación de YPF concretada en el 2012, en la que reclama un resarcimiento de U$S 500 millones.

La jueza concedió el amparo a la Argentina y frenó la causa.

Fuentes oficiales informaron a Télam que la decisión de la jueza Preska fue comunicada el miércoles pasado a los abogados que representan al país.

En torno a la expropiación de YPF existe otra causa iniciada por el fondo de inversión Buford, por U$S 3.000 milllones, en la que aún se encuentra pendiente una decisión de la justicia neoyorquina.

En ambas causas los letrados que representan al país postulan la figura legal denominada "excepción de foro no conveniente", con el objetivo de que las demandas se tramiten en la justicia argentina, porque se considera que la expropiación fue un acto soberano del gobierno argentino.

Los abogados pidieron considerar la expropiación un acto de soberanía argentina.

Los abogados sostienen que si finalmente se acepta que la estatización fue una decisión soberana, ambos juicios saldrán de la jurisdicción de Nueva York.



"Lo que le pedimos a la jueza fue que otorgue un "stay", es decir que esta causa (Eton, por U$S 500 millones) quede inmovilizada hasta tanto se decida la otra", dijeron a la prensa fuentes allegadas a la causa.

Los abogados de la Argentina argumentaron que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda iniciada por el fondo de inversión Buford, que compró en la justicia española los derechos de una firma conformada por el Grupo Petersen.

Los abogados sostienen que los tribunales estadounidenses no tienen competencia en el caso.

Los letrados sostienen la argumentación en la doctrina "Act of State", que determina que el poder judicial estadounidense no se entrometerá en los actos de otros países ocurridos en su territorio.

"La expropiación (de YPF) es constitucional y fue avalada por el Congreso argentino", expuso Maura Barry Grinalds, del estudio neoyorquino Skadden, que defiende en este caso.

El abogado de Burford argumentó, por el contrario, que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina quebró el contrato existente al expropiar el 51% de las acciones de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios, ya que el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría accionaria.

Por eso sostienen que el tema es de derecho comercial y que debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.