Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, integran la nueva lista de propuestos para sanciones bajo la Ley Global Magnitsky Human Rights Accountability, que un grupo de legisladores presentará a la administración del presidente Donald Trump.

Una de las firmantes de la carta y promotora de la propuesta es la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que confirmó a LA PRENSA que presentarán la nueva propuesta de sanciones. “(Estamos) pidiendo a la administración que sancione a más abusadores de derechos humanos y corruptos que se han llenado los bolsillos del dinero y la sangre del pueblo nicaragüense”, dijo la legisladora.

Además de los hijos del designado presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, la vicepresidenta nombrada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), los otros dos propuestos para sanciones son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y la ministra de Salud, Sonia Castro.

Lea también: Alianza Cívica califica como “un acto sin precedente” la aplicación de la Ley Magnitsky a funcionarios orteguistas

Los cuatro son señalados de corrupción con fondos públicos y violaciones a los derechos humanos.

La crisis política en Nicaragua ha dejado un saldo superior a los 400 muertos, cerca de tres mil heridos y un número indeterminado de presos políticos y desaparecidos, producto de la represión del gobierno Ortega Murillo, a través de los grupos paramilitares que operan en conjunto con la Policía del régimen.

Las razones

Una fuente en el Congreso explicó las razones que justifican las cuatro nuevas propuestas de sanciones.

En el caso de Laureano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones del Gobierno de sus padres, es señalado de mal uso de los fondos públicos, ataques a los medios independientes y por sus relaciones con China y Rusia.

Mientras que Juan Carlos Ortega Murillo, por administrar medios de comunicación que la familia presidencial adquirió a través de la ayuda petrolera de Venezuela y por uso de fondos públicos.

Puede leer: Congresistas proponen sanciones para empresario Ángel González y el dirigente salvadoreño del FMLN José Luis Merino

Los hijos del matrimonio presidencial se benefician y pagan sus caprichos “artísticos” con fondos públicos. Un ejemplo fue la producción del Festival Pucciniano de Ópera en el que una de las estrellas fue Laureano Ortega, patrocinado por el estatal Instituto de Turismo (Intur), cuyo costo de producción supera los 290 mil dólares.

Este festival requirió como mínimo unas doscientas personas entre tramoyistas, maquillistas, ingeniero de luces, coro, orquesta y los artistas con roles secundarios y principales.

En noviembre del 2017, Laureano Ortega realizó otro concierto en el Teatro Rubén Darío y anunciaba su primer disco como solista. Por otra parte, la fallida fábrica de vacunas Mechnikov, financiada por Rusia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), organizó en diciembre de 2016 una “Fiesta Rusa” para el hijo de la pareja presidencial, que costó más de 50 mil dólares.

Otro de los caprichos que ha financiado Intur ha sido el rodaje de la película Drunk Wedding. En el 2015, el diario The New York Times señaló en un artículo que el Gobierno de Nicaragua, a través de Intur, había invertido cuatrocientos mil dólares “en un filme hollywoodense de bajo costo que resultó ser un completo fracaso” en Estados Unidos.

El diario señala que Couper Samuelson y Nick Weiss, directores del filme, viajaron a Nicaragua para reunirse con funcionarios de Turismo para poder bajar los costos del rodaje, “sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando autoridades ofrecieron invertir cuatrocientos mil dólares, siempre y cuando le otorgaran un trabajo durante el rodaje a Juan Carlos Ortega Murillo”. Aparte del dinero, Intur costeó setenta boletos de avión y habitaciones para los participantes en el filme.

Juan Carlos Ortega Murillo, además de dirigir Canal 8, que se sostiene con publicidad estatal, es propietario de la agencia de publicidad Difuso, que se encarga de producir la publicidad de las distintas dependencias del Gobierno de sus padres.

Nica Act

Ros-Lehtinen dijo que continúa gestionando para que el proyecto de Ley Nica Act, aprobado por el Congreso en 2017, sea discutido y aprobado en el Senado, y se convierta en Ley. La iniciativa propone restricciones de créditos de la banca internacional al gobierno de Ortega, por corrupción, violaciones a los derechos humanos, y por fraudes electorales.

La legisladora se refirió a las medidas de represión que Ortega ejecuta contra los opositores a su gobierno.

“La represión de libertades básicas socavan la estabilidad a largo plazo. Vemos las mismas tácticas represivas en países lejanos como Irán, Corea del Norte y Rusia y lo vemos también en nuestro hemisferio con Venezuela y Cuba y más evidentemente Nicaragua. Ortega no es nada diferente, es otro más que ha perdido el control, aferrándose al poder sin importar el costo. Los crímenes de Ortega son amplios. La represión, violencia y asesinatos que ha cometido en los últimos tres meses se han agregado a su larga lista de crímenes, excepto que esta vez el mundo entero ha servido de testigo. Sin embargo, Ortega y su círculo de delincuentes no quedarán impunes, pues yo estoy comprometida en asegurarme que mi Ley Nica (Act) pase en el Senado”, afirmó la congresista.

Una de las instancias que puede promover sanciones para funcionarios extranjeros involucrados en actos de corrupción y violación a los derechos humanos es el Congreso de Estados Unidos. Las propuestas de sanciones realizadas por congresistas y senadores contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega han sido aprobadas por la administración Trump.

Contra Porras y Sonia Castro

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, poder del Estado dominado por el oficialismo, es uno de los enlistados para sanciones por organizar los grupos de ataque que reprimen a manifestantes que demandan la salida del poder de Ortega.

Más en: Comisión Porras reconoce 85 muertos y casi mil lesionados por violencia

En el caso de Sonia Castro, la ministra de Salud, es por ordenar a los médicos la no atención de manifestantes heridos en los hospitales públicos durante las protestas y por el despido del personal médico que decidió atender a los heridos y que han participado en las protestas. Las acciones de ambos funcionarios son consideradas como serias violaciones a los derechos humanos.

Vergüenza mundial

El Gobierno de Nicaragua es el que tiene más sancionados con la Ley Magnitsky. El 5 de julio pasado, el Departamento de Estado anunció sanciones para el vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López Centeno; el jefe de facto de la Policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz; y el secretario político del Frente Sandinista en Managua, Fidel Moreno. En diciembre de 2017 fue sancionado el expresidente del CSE, Roberto Rivas. Los cuatro han sido sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos.