El sector fotovoltaico ya ha hecho las cuentas del impacto que tendrá en el autoconsumo el nuevo Real Decreto que el Ministerio de Industria ha sacado a consulta pública.

Según la patronal Unef, los impuestos y nuevos “cargos” establecidos en la norma para aquellos hogares y pymes que quieran colocar placas solares para ‘autoproducir’ su propia electricidad hacen tan costosa la instalación que se necesitarían 31 años para amortizar la inversión inicial.

Según confirma José Donoso, director general de la patronal, el objetivo que persigue el Gobierno con la nueva norma “es cerrar cualquier puerta a este modelo de generación distribuida" mediante el establecimiento de barreras económicas y administrativas, que el caso de los consumidores domésticos son casi insalvables.

El borrador presentado por Industria mantiene el llamado “impuesto al sol”, reconvirtiéndolo en nuevos “cargos” por peaje de acceso a las redes (anteriormente denominado peaje de respaldo).

Los cargos establecidos se dividen en una parte fija o de potencia y otra variable, en función del consumo procedente de los equipos propios, que a su vez se distingue entre acceso a redes y otros costes.

Con una legislación favorable, la inversión inicial se amortizaría en 13 años y en el caso de las pymes este periodo sería de sólo 4,4 años

Estos cargos los tendrían que pagar todas aquellas instalaciones en hogares, negocios y pymes por estar conectadas a la red eléctrica general, para poder verter en ella la energía sobrante de su autoproducción solar o consumir de ella en el caso de no contar con suficiente suministro.

Industria y las eléctricas tradicionales defienden que estos cargos a los autoconsumidores conectados a la red están justificados por la necesidad de que contribuyan a sufragar el coste de las infraestructuras.

Para Donoso, los "ataques” del Ministerio que dirige José Manuel Soria “no están justificados desde el punto de vista económico" ya que según los cálculos de Unef, la instalación de 200 megavatios (MW) de autoconsumo sólo aportaría al sistema eléctrico 15 millones de euros, algo que no justificaría la obsesión del Gobierno por cortar de raíz el incipiente autoconsumo.

Esta cantidad es irrisoria, a ojos de Donoso, comparada con los 100 millones de euros al año que tendrían que pagar los cogeneradores si sufrieran el impuesto al sol y los 230 que provendrían del autoconsumo que hacen las centrales convencionales.

Todas estas tecnologías también autoconsumen, pero el Gobierno se ha cebado en la que menos ingresos aportaría al sistema, el autoconsumo, la única que sufrirá el impuesto al sol.

Si Industria se hubiera atrevido a aprobar un entorno regulatorio favorable al autoconsumo, como se está haciendo en la mayoría de países europeos, la amortización de la inversión de una instalación tipo en un hogar se haría en 13 años, frente a los 31 años a los que obligará el nuevo Real Decreto.

En el caso de las pymes, el plazo para rentabilizar los equipos se situaría en unos 7,5 años, frente a los 4,4 años para el entorno favorable.

Y por si algún atrevido se lanza a poner placas en su casa para autoconsumo, la nueva norma prohíbe el uso de baterías -e incluso fija un cargo por si este veto se levantara-. Además, los autoconsumidores ‘pobres’ perderían el bono social y tendrían que ir a mercado libre, porque tendrían vetado acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, la antigua TUR regulada.