La asociación Jueces para la Democracia ha criticado hoy con dureza al Ejecutivo por "incumplir" la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos para su aplicación y ha recordado la reclamación de los enviados de Naciones Unidas a España para adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. En un comunicado, la asociación critica la actitud del Gobierno, que "está llevando no solo a la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en el olvido" y asegura que las autoridades está haciendo "dejación de sus funciones", permitiendo que sigan existiendo "decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes".

Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es "el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados".

"No podemos compartir de ningún el modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista", concluye el comunicado.

El Gobierno ha derogado de facto la ley de memoria histórica al dejarla sin fondos por segundo año consecutivo, como ya contó este diario el pasado domingo. Por eso precisamente una de las peticiones de los enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda aplicarse eficazmente”.

En los presupuestos de 2012, el Gobierno pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de subvenciones. Nunca llegó.

Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008.

El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre: “El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a 2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar. Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006 estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse a cabo hasta 2011”.

Pero las asociaciones niegan la mayor. De esas 2.382 fosas localizadas, se han abierto menos de 400. La asociación para la recuperación de la memoria histórica (ARMH) tiene 41 en lista de espera, mientras busca los recursos para la exhumación, y alerta de que el laboratorio de estudio de restos de Ponferrada (León) puede cerrar por falta de financiación. Una familia acaba de recurrir al crowdfunding (colecta por internet) para reunir el dinero para exhumar a sus parientes de una fosa común en Borriol (Castellón).