Publicada el 30/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 30/03/2020 a las 14:08

Si algo positivo podrá sacarse cuando el coronavirus abandone definitivamente España, será la ola de solidaridad que la crisis ha levantado en, si no todos, casi todos los hogares de nuestro país. Algo que se ha visto, sobre todo, de balcón a balcón y de ventana en ventana. Pero no sólo. Parece que grandes empresas también han querido poner su granito de arena para contribuir a la lucha contra un virus que ya ha dejado más de 6.500 víctimas mortales y casi 80.000 contagiados, que abarrotan y ponen en jaque al sistema sanitario español. Sin manos ni material suficiente y con unas cifras que no le dejan aliento, la sanidad española se ve ahora más necesitada de ayuda que nunca. Por eso grandes compañías como Inditex, El Corte Inglés o Mango ya han anunciado la donación o bien de mascarillas, o bien de ropa de cama para hospitales, o bien de una cantidad de dinero considerable para acometer inversión en material hospitalario. Un gesto que, si bien es de aplaudir, esconde bajo la alfombra una realidad que se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones: las grandes empresas aportan un porcentaje muy pequeño de sus beneficios al pago de impuestos. Unos gravámenes que, entre otras cosas, se destinan a la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad. Y algo más: algunas de estas compañías ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus empleados. Otras, en lugar de la posibilidad, ya dieron la noticia de que han puesto en marcha esta herramienta.

Desde que el pasado sábado 14 de marzo el Gobierno decidió decretar el estado de alarma y aprobar las medidas de confinamiento para todo el país, las autoridades han insistido en la misma idea: los días que llegan van a ser duros, y por eso no hay que decaer y hay que seguir cumpliendo con lo decretado por el Ejecutivo. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hizo hincapié en esta idea hace unos días. Según dijo, llega "lo más difícil de la crisis", por lo que se precisa de "un plus de responsabilidad, energía y fuerza del conjunto de la ciudadanía". Y es que lo peor del ritmo de crecimiento de las cifras de contagiados es la consecuencia que esto trae: más ingresos, más necesidades de hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, por tanto, más saturación de la sanidad pública, algo que ya está experimentando con creces la madrileña. Los que están en primera línea de la lucha contra el Covid-19 ya lo avisaron: si la velocidad con la que avanza el coronavirus es fuerte, y hasta ahora así es, no va a haber recursos suficientes para todos. Eso, sumado a la oportunidad que algunos especuladores han visto para sacar provecho de materiales sanitarios y de higiene, explica esa situación de desborde que se vive día a día en los hospitales de toda España.

La compra de materiales como mascarillas o respiradores a otros países, sobre todo a China, sigue en marcha. Pero su aterrizaje en España es más lento de lo deseable. Así que hacen falta soluciones rápidas. Y en este contexto, algunas grandes empresas ya han anunciado que arrimarán el hombro con lo que puedan. Y no han sido pocas. Según publicó El Confidencial, los pesos pesados del Ibex 35 ya se han unido en una iniciativa que pretende invertir 150 millones de euros en material hospitalario. Quieren hacerlo, por ejemplo, empresas como Telefónica, Iberdrola o BBVA. Pero no solo esas. El Banco Santander, dirigido por Ana Botín, ha donado cuatro millones de euros para instalar camas y respiradores en el hospital de campaña que se ha levantado en Ifema, en Madrid. También para esas instalaciones, El Corte Inglés ha donado ropa de cama. Por su parte, Inditex, el gigante de Amancio Ortega, ha puesto a trabajar a sus fábricas en la elaboración de mascarillas y batas para proteger al personal sanitario, al que Mango también ha prometido dos millones de mascarillas.

¿Cómo pagan impuestos las grandes compañías?

Hay una evidencia: los hospitales están luchando contra el coronavirus con los medios que tienen a su alcance. Y eso no es suficiente. Por eso ya ha habido voces que no han tardado en culpar de la situación a los recortes que ha sufrido la sanidad pública en los últimos años. Los datos también son una evidencia. El gasto sanitario público total, 68.483 millones en 2017, aún no ha alcanzado los umbrales previos al recrudecimiento de la crisis. En 2008 (66.858 millones), 2009 (70.674, techo histórico) y 2010 (69.530) el gasto fue superior. A eso se ha sumado otra evidencia: la sanidad privada española ha ganado terreno en nuestro país mientras la pública se debilitaba. El último informe Sanidad privada, aportando valor, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), sobre el ejercicio de 2017, presenta unas cifras de récord. La facturación del sector alcanzó los 6.405 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. El crecimiento es fuerte y constante. En 2013 la facturación fue de 5.481 millones. Es decir, ha subido en cuatro años 924 millones, un 16,85%, sin dejar de crecer en ningún ejercicio. La facturación basada en conciertos fue de 1.615 millones, un 25,21% del total. También ha crecido año a año desde 2013.

"El sistema sanitario público ha tenido un problema muy importante. Por un lado los recortes económicos, que han sido muy fuertes desde la última crisis, y luego el tema de las privatizaciones, que también hay que tenerlas en cuenta", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Las privatizaciones generan sobrecostes y situaciones insostenibles. Si uno se pregunta por qué pasa lo que pasa en las residencias —uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha generado el Covid-19 en nuestro país— solo hay que ver que su gestión ha sido totalmente privatizada", lamenta.

Y en este sentido, hay otra evidencia. La sanidad pública comenzó a mermarse durante la crisis que comenzó en el año 2008, momento en el que las grandes empresas pagaban una cantidad en impuestos que todavía hoy no se ha recuperado. Los datos lo confirman, tal y como explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), a infoLibre. "Es el único impuesto que no ha recuperado su recaudación", asegura. En 2007, tal y como expone, las grandes compañías aportaron a las arcas de Estado más de 44.000 millones de euros por el impuesto de sociedades. En 2018 esa cifra se situó en 24.000 millones. "Todavía estamos muy por debajo. Nos queda mucho por recuperar", lamenta Mollinedo.

El impuesto de sociedades es el gravamen más conocido al que deben hacer frente las empresas. El tipo general se sitúa en el 25%, pero las exenciones —que el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos asegura limitar— consiguen que la cantidad que aportan las grandes compañías al final no sea tan elevada. En paralelo, los impuestos de las familias se han visto incrementados desde ese año 2007. El IVA y el IRPF crecieron, entre 2007 y 2017, un 14% y un 6%, respectivamente.

"Las 738.400 empresas que tienen un saldo positivo en nuestro país han pagado de media un 11,04% en impuestos", detalla Mollinedo. "Todas tuvieron, con datos de 2017, 195.554 millones de beneficio declarado, que se supone que se ha incrementado en 2018 y 2019. De esa cifra, esas empresas han reflejado un pago de impuestos del 11,04% de sus beneficios", explica. Y eso de media, por lo que algunas han incluso adelgazado ese porcentaje. PSOE y Unidas Podemos aseguraron, en el documento que selló la formación de Gobierno, que el impuesto de sociedades sería reformado para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

Por eso Mollinedo es tajante. "Sin duda, cualquier donativo en unas circunstancias como estas viene bien, sobre todo si aportan material que necesitan los hospitales. Lo vemos como algo de agradecer. Pero cuando pase esta situación crítica que estamos viviendo tendremos que hacer una reflexión sobre el pago de los impuestos. El estado del bienestar no tiene la robustez que pensábamos que tenía. Ahora vemos la debilidad en el sistema sanitario público, pero hay otros sectores que también adolecen de esa falta de fortaleza", asegura. Por eso, sentencia, "los técnicos de Hacienda defienden que hay que robustecer el estado del bienestar".

"Es evidente que tenemos que tener un sistema fiscal que garantice que hay una financiación suficiente del sistema sanitario público y de otros servicios públicos. Si existiera ese sistema fiscal, pues ya veríamos si hay o no donaciones. Una vez que la gente pague los impuestos que legalmente tiene que pagar, pues luego con el dinero que le sobra que haga lo que quiera. Que lo done o que no lo done", critica Sánchez Bayle.

Los ERTE como solución para hacer frente a las consecuencias económicas

Otra evidencia más es que cuando acabe la crisis sanitaria comenzarán las consecuencias más fuertes de la crisis económica que ya se anuncia. El estado de alarma y el confinamiento han traído consigo la casi total paralización de la actividad del país. La pérdida de ingresos por parte de las empresas está ahí. Así que muchas de ellas han recurrido a los despidos o a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). No han sido pocas. A falta de cifras concluyentes, se puede recurrir a los datos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofreció la semana pasada. Tal y como dijo, en esa fecha ya había entre 400 y 500 ERTE "en cola" en la Dirección General de Trabajo, cifra a la que habría que sumar los ERTE presentados en las distintas comunidades autónomas. Y eso era la semana pasada. "Es una cifra abrumadora", reconoció Díaz, que pidió a las empresas "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento, el mejor para evitar despidos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de la crisis del coronavirus.

Los sindicatos han insistido en la necesidad de esa responsabilidad una y otra vez. Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, lamentaron este pasado jueves que el número de ERTE va a ser "astronómico" y, por ello, pidieron que todos ellos sean examinados a posteriori. Así, opinaron, podrá valorarse si alguna empresa ha realizado o no algún tipo de fraude con sus trabajadores.

Algunas de las compañías que anunciaron esos ERTE han sido, además, las mismas que se han mostrado dispuestas a realizar donaciones. La última fue El Corte Inglés. Después de anunciar que dona ropa de cama para equipar el hospital de campaña levantado en Ifema, el miércoles decidió presentar un ERTE para 25.900 empleados, a los que garantizará, dijo, el 100% del salario. La empresa precisó que su objetivo es "mantener el empleo" y que se trata de una "medida temporal" que tendrá una duración de 14 días contados desde la fecha de publicación del Real Decreto. La ampliación de la medida, añadió, vendrá determinada por el tiempo que dure el actual estado de alarma.

Otra ha sido Mango. Tan solo 24 horas después de anunciar que donaría dos millones de mascarillas a los hospitales españoles, la cadena de moda se acogió a otro ERTE que afectará a 4.767 trabajadores, el 78% de los 6.000 empleados de las tiendas que tiene la firma.

Banco Santander, por su parte, aseguró que no recurriría a esa opción, pero Inditex la dejó encima de la mesa. Aunque todavía en standby. El gigante de Amancio Ortega, que ha registrado un beneficio de 3.639 millones de euros, aseguró que presentará un ERTE preventivo que, sin embargo, no se hará efectivo hasta el próximo 15 de abril y solo en el caso de que el estado de alarma se prolongue más allá de esa fecha. Afectaría, en ese caso, a 25.000 empleados. La firma de moda, por su parte, ha enviado 300.000 mascarillas procedentes de China a la sanidad española. Pero además, la hija de Ortega ha anunciado que donará más mascarillas y trajes protectores para los sanitarios. Y hay más. La empresa baraja la posibilidad de concentrar su capacidad de fabricación en la elaboración de batas con las que proteger a los profesionales. El propio Ortega, que cumplía este sábado 84 años, recibió aplausos y felicitaciones ante su domicilio gallego por su labor filantrópica.

No es la primera vez que el español más rico del mundo, según la revista Forbes, quiere hacer gala de una publicitada solidaridad. En 2017 donó 320 millones de euros a hospitales públicos de todas las comunidades autónomas para renovar equipamientos contra el cáncer como mamógrafos y aceleradores. Y eso levantó una oleada de críticas. Casi todas porque consideraron que sentaba un mal precedente que conseguiría privatizar poco a poco la sanidad. Y también porque, según ha criticado en varias ocasiones el ahora vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno, Pablo Iglesias, ese servicio público tiene que costearse a través de impuestos. "Es como si vas a cenar y decides que no vas a pagar la factura, pero que vas a dar diez euros en propina para tener contento al camarero. Pues Amancio Ortega no paga los impuestos como el resto. Utiliza mecanismos legales, pero injustos. El año pasado facturó 1.600 millones de euros en dividendos y solo pagó un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquier ciudadano hubiera pagado unos 320-340 por esa cantidad", criticó en una entrevista en El Hormiguero. Desde Inditex aseguran que la empresa "siempre ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones fiscales".