La prioridad programática de la izquierda contemporánea, su mínimo común denominador, es acabar con la pobreza y reducir la desigualdad económica. Los últimos estudios sobre cómo lograrlo confirman que transferir efectivo directamente a la población objetivo, si se lleva a cabo correctamente, hace una contribución determinante a dicha meta. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador parece decantarse por esta clase de política pública, algo en principio alentador. No obstante, para conseguir resultados sostenibles, la nueva administración deberá reemplazar el paradigma de las pasadas administraciones con una propuesta sofisticada, así como trabajar con la opinión pública a fin de desmontar prejuicios sumamente nocivos en torno los programas de transferencias y sus beneficiarios.

Ilustración: Jonathan Rosas

Una declaración de intenciones

La política social del gobierno del presidente López Obrador inició con la puesta en marcha de varios programas de transferencias, algunos de ellos condicionados, como Jóvenes Construyendo el Futuro y la Beca Benito Juárez, y otros de transferencias no condicionadas, como el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Además, se relanzó el Programa de Pensión para Adultos Mayores, incrementando los montos y el pool de destinatarios. Esas decisiones expresan con claridad el nivel de compromiso que la nueva administración federal tiene con la idea de “bajar” recursos del erario para hacerlo llegar directamente a los bolsillos de la gente.

La mayoría de estas medidas han tenido una recepción positiva. Apoyar financieramente a las personas con alguna discapacidad es una decisión difícilmente cuestionable; indudablemente, estos ciudadanos tienen muchas menos oportunidades de obtener ingresos por la vía del mercado, un razonamiento que también se aplica a los adultos mayores. No obstante, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue recibido con prejuiciosa dureza.

Durante los días posteriores al banderazo de salida de este programa pudo leerse en redes sociales un alud de sentencias lapidarias señalando que hacer transferencias fomenta la “mediocridad” o sólo sirve para mantener “a los huevones” [sic], así como un sinnúmero de variantes de estas ideas. Este fenómeno es todo menos que sorprendente o nuevo; sin embargo, en los albores de una administración que podría —y debería— inclinarse por conducir una política social más agresiva que la vista en los últimos 40 años, resulta especialmente importante comprender cómo este discurso, con los matices y ediciones planteadas por diferentes actores sociales, contribuyó a limitar por décadas el alcance de la política social del Estado mexicano. Contar con esta perspectiva puede ser determinante para el éxito del proyecto de la Cuarta Transformación en el tema del combate a la pobreza.

El estigma de la dependencia

En las últimas dos décadas, los estudios sobre el efecto de las transferencias en la reducción de la pobreza han desterrado unánimemente la idea de que darle dinero a los pobres es un mecanismo que no sirve para aliviar la pobreza, uno de los cánones del discurso neoliberal desde la década de 1980. Este tabú se sostiene principalmente en dos ideas: que recibir dinero desincentivaría a los individuos para trabajar y que éstos, además, no lo gastarían en necesidades básicas o bienes con efecto multiplicador —como la educación—, sino en alcohol y cigarros —los temptation goods—.

Esta representación de la pobreza feneció absolutamente en la academia, no solamente por su naturaleza prejuiciosa, sino porque la evidencia ha refutado contundentemente una y otra vez ambas hipótesis. Hoy en día, las transferencias (especialmente las condicionadas) son tenidas por expertos de todo el mundo como un mecanismo sumamente eficaz para aliviar la pobreza con efectos en el corto y largo plazos.

Por ejemplo, en 2014 un reporte meta-analítico del Banco Mundial que reunió evidencia de 30 estudios sobre el efecto de las transferencias en las elecciones de consumo de las familias demostró, contundentemente, que el incremento directo en sus ingresos no solamente no contribuye al consumo de alcohol o tabaco, sino que fortalece la dinámica de distribución de recursos al interior de los hogares, favoreciendo particularmente el gasto en salud y educación (Evans & Popova, 2014:4).

Por su parte, en un artículo publicado en la revista Finance & Development del Fondo Monetario Internacional el año pasado, se afirma que las transferencias condicionadas son un mecanismo excelente de combate a la pobreza, pues “reducen la desigualdad y la pobreza en el corto plazo y promueven que los hogares generen más ingresos en el mediano y largo plazos” (Bourguignon, 2018:24). Esta evidencia es lo que sustenta el trabajo de organizaciones sin fines de lucro como GiveDirectly, cuyo enfoque de transferencias directas no condicionadas en África oriental se basa en tres nociones probadas por los estudios: que los más beneficiados son los niños, que el efecto es observable en el largo plazo y que los pobres no solamente no “abusan” de estos recursos para gastos improductivos, sino que en algunos casos tienen un efecto de reducción en el consumo de alcohol y tabaco.

Sin embargo, como se notó al principio, en el imaginario colectivo persiste la hostilidad hacia las transferencias, aunque no por un tema de eficiencia, sino de “justicia”. En la visión de muchos, el que el gobierno use sus impuestos para “mantener” a personas “improductivas” es una grave afrenta. En lo que se constituye como el prejuicio central de un discurso abiertamente aporofóbico, algunos conciben a los pobres como personas desobligadas, holgazanas y poco ambiciosas, algo que explica —según ellas— en gran medida su situación. Partiendo de esa premisa, se percibe a quienes reciben algún estipendio o transferencia gubernamental como seres injustificadamente dependientes, como parásitos. Eso es lo que se conoce como el estigma de la dependencia.

En 1994, la socióloga Nancy Fraser y la historiadora Linda Gordon profundizaron acerca de este fenómeno en un popular artículo titulado Genealogy of Dependency. En dicha pieza, las autoras notaron que “las familias [estadounidenses] que trabajan más por menos a menudo se sienten ofendidas por aquellas que a su parecer no trabajan en absoluto” (Fraser & Gordon, 1994:328), un sentimiento que se ve reforzado, a veces de forma inocente, por una doctrina del pauperismo o una cultura de la pobreza que destaca la idea de que “hay algo que está mal con los pobres además de no tener dinero”.

En el contexto mexicano, la psicogénesis de este prejuicio tiene una explicación bastante lineal. Partiendo de un diseño económico que durante seis sexenios lastró el crecimiento de la economía a hombros de los trabajadores para evitar la tendencia decreciente de los rendimientos del capital a fin de atraer inversiones –neoliberalismo explicado en 30 palabras—, en el que el rendimiento del trabajo fue erosionado constantemente a través de reformas laborales y desregulación, una gran parte de la población hoy en día se desgasta en extensas jornadas de trabajo para recibir una compensación apenas suficiente para sobrellevar los gastos cotidianos.

No es de extrañar que para alguien en semejantes circunstancias la idea de que el gobierno regale dinero resulte completamente irritante; no es justificable, pero es entendible. No obstante, hay quienes aún después de pasar por la academia y el gobierno emiten sentencias que no se separan del prejuicio desterrado por los estudios serios desde hace décadas. Por ejemplo, el maestro Fernando Hernández, en su columna Debate Puntual del 18 de febrero, destaca que una administración federal en extremo austera deberá ejercer “actos de magia fiscales” a fin de “alimentar una amplia cartera de ciudadanos que, ya se verá, tendrán que decidir entre la honestidad y la moralidad que propone el mandatario, o la comodidad de vivir gracias al dinero de todos los mexicanos, dando poco o nada a cambio”.

El escepticismo del maestro Hernández en cuanto a la suficiencia presupuestal para atender los compromisos contraídos en los programas de transferencias es absolutamente fundado, y es una de las materias que los actuales tomadores de decisiones de la administración federal deben priorizar. No obstante, la sofisticación técnica debe ir acompañada de un cambio de visión, uno que no reproduzca la beligerancia hacia los pobres tildándolos de comodinos o, en última instancia, de seres irracionales e incapaces.

La necesidad de un cambio de paradigma

“Algo está mal con los pobres además de no tener dinero” es una categoría que no solamente incluye nefastos prejuicios reforzados por la precariedad, sino que en las dos administraciones federales anteriores nutrió el enfoque de políticas públicas que vinculó el alivio de la pobreza con la política laboral. En estas administraciones se esparció la idea de que los salarios son bajos porque los trabajadores “no cuentan con las competencias necesarias” para desempeñar trabajo valorizado. La consecuencia lógica de este argumento es que todo aquel que desempeñe un trabajo manual sencillo está condenado a la pobreza. Ello expresa no solamente un error de diseño, sino que conjuga una renuncia explícita a garantizar un nivel de vida decoroso para un sector de la población económicamente activo.

Aunque esta noción tiene dichos defectos, en la academia no es difícil encontrar quien la apoye a modo de marco de interpretación acerca de para qué sirven y cómo deben llevarse a cabo las transferencias. Por ejemplo, en un artículo periodístico de 2016, Valeria Moy, Profesora del ITAM y Directora General de México, ¿cómo vamos?, explicaba lo que en su experiencia académica es una buena transferencia.

En dicha publicación, la maestra Moy señaló que el éxito de un programa de transferencias condicionadas —dado que hacía referencia al Programa Prospera— se medía en función de que sus beneficiarios obtuvieran mejores oportunidades laborales, y a través de ellas, romper la transmisión intergeneracional de la pobreza para no ser dependientes del programa.

El juicio de la académica en cuanto al funcionamiento de un programa de transferencias condicionadas está bien cimentado. Finalmente, si esta política tuviese dichos resultados, estaría coadyuvando a resolver el grave problema de la falta de movilidad social. No obstante, la estructura del planteamiento impone restricciones a lo que realmente se puede lograr mediante las transferencias, pues se limita a ofrecer una cuña para alcanzar un peldaño superior en una escalera que permanece terriblemente empinada, y constituye una válvula de escape a la presión por resolver, con la aplicación de otros instrumentos de política, el problema de fondo: que haya empleos que no paguen lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas.

Si la administración del presidente López Obrador desea obtener resultados en el combate a la pobreza, el concepto de los programas de transferencias debe ser tanto más robusto como más sofisticado, además de que debe acompañarse de políticas laboral, hacendaria y de desarrollo concatenadas con ese fin.

Por un lado, se debe incrementar la magnitud de los recursos transferidos, ello con el fin de rebasar la restricción impuesta por el modelo anterior, cuya limitación intrínseca era dar un empellón para que el pobre obtenga un empleo ligeramente mejor y mantener con vida a quienes viven en la exclusión profunda —sin cambiar sustancialmente dicha condición—. Como se mencionó anteriormente, ello implica aumentar los recursos del Estado, lo que debe hacerse mediante el incremento de la tasación fiscal progresiva directa y la reducción de la informalidad —la reforma hacendaria del expresidente Peña Nieto va en la dirección correcta, pero es insuficiente— y el incremento de las fuentes de financiamiento.

Pese a las advertencias que algunos think tanks como el Cato Institute hacen en cuanto a que una política económica mixta puede afectar el nivel general de precios, una política monetaria flexible (la heredada del modelo neoliberal funciona, y funciona muy bien) combinada con un rediseño fiscal de los impuestos indirectos que distorsionan el funcionamiento de los mercados —como el IVA— puede reducir los costos financieros y generar sinergias para fortalecer el mercado interno. El objetivo, en resumen, debe ser retirar las barreras que limitan el efecto multiplicador de las transferencias a fin de hacer del gasto social un instrumento de política sostenible. Si el diseño no es técnicamente impecable, entonces sí puede haber consecuencias negativas de corte inflacionario, o bien, en el crecimiento económico al tratar de contener la inflación.

Por otro lado, la política social debe rediseñarse a fondo y en conjunto. El corpus de conocimientos sobre los factores que determinan la transmisión intergeneracional de la pobreza ofrece pautas concretas y comprobadas sobre a quién, cómo y cuándo financiar para generar un efecto duradero a nivel biográfico.

En ese tenor, es importante señalar que la decisión de recortar el presupuesto y rediseñar el Programa de Estancias Infantiles fue un error absoluto que va en contra de un diseño eficaz de política social. En apariencia, la tendencia de rediseño del programa intenta imitar el Temporary Assistance for Needy Families de Estados Unidos, el que sigue un enfoque de política sumamente conservador cuyos objetivos son, entre otros, fortalecer la crianza de los menores al interior de la familia, desincentivar la reproducción fuera del núcleo familiar y fomentar la estabilidad laboral de los tutores.

En un contexto como el nuestro, en el que obtener un ingreso por conducto del mercado requiere una mayor inversión de tiempo y en el que cientos de miles de mujeres son el único sustento familiar debido a la migración masculina y a un tejido social disuelto, “completar” directamente la inversión en la crianza en vez de subsidiar la asistencia profesional y el cuidado de los menores es una decisión que empeora las condiciones de los beneficiarios del programa y que no tiene ningún efecto multiplicador en la economía. En este caso, pasar del subsidio a la transferencia no condicionada es un ejemplo de cuando regalar dinero no funciona. Debe darse más, sí, pero tienen que ser tiros de precisión.

Conclusiones

Si bien poco más de dos meses es poco tiempo para evaluar cualquier administración, lo que se ha visto hasta el momento en la Cuarta Transformación es alentador en cuanto a las intenciones del nuevo gobierno federal de rebasar el enfoque de política social vigente hasta 2018. No obstante, el éxito de programas de transferencias más ambiciosos y robustos requiere un diseño estructural de políticas públicas sofisticado que garantice que cada peso inyectado genere utilidad social neta, así como de un enfoque de comunicación que disipe el estigma de la dependencia. De ello depende que el combate frontal y enérgico a la pobreza sea sostenible económicamente y políticamente rentable, condiciones imprescindibles para su supervivencia transexenal.

El humor anti-intelectual que ha mostrado la actual administración hasta hoy me hace ser escéptico de que exista suficiente capacidad en el gobierno actual para lograr ambas metas. Pese a ello, hoy es más oportuno que nunca el ejercer presión sobre el gobierno federal para que escale su desempeño. Durante décadas escaseó la voluntad política para combatir la pobreza y la desigualdad, algo que hoy por fin se tiene. No podemos permitirnos fallar por ninguna razón, especialmente por falta de capacidad de ejecución y de comunicación.

Antonio Villalpando Acuña

Maestro en Políticas Públicas Comparadas.

Referencias

Bourguignon, François (2018). “Spreading the Wealth”. Finance & Development, primer trimestre de 2018. Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.

Evans, David K. & Anna Popova (2014). “Cash Transfers and Temptation Goods. A Review of Global Evidence”. Documento de investigación en políticas públicas n° 6886. Estados Unidos: Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial.

Fraser, Nancy & Linda Gordon (1994). “A Genealogy of Dependency: Tracing a Keyword of the U.S. Welfare State”. Journal of Women in Culture and Society, vol. 19 núm. 2. Estados Unidos: The University of Chicago Press.

Notas periodísticas

Hernández Marquina, Fernando (18 de febrero de 2019). Hasta que se canse el ganso o colapse la economía nacional. El Financiero, sección Opinión.

Moy, Valeria (24 de agosto de 2016). El por qué de las transferencias (sic). El Financiero, sección Opinión.