La industria europea fotovoltaica, aglutinada ahora bajo el nombre SolarPower Europe, ha publicado el informe Perspectivas del Mercado Global de Energía Solar 2015-2019, en el que afirma sin ningún tipo de reparos que las regulaciones que aplican medidas retroactivas han paralizado la inversión en algunos países como España, Bulgaria y la República Checa, que han pasado a ser considerados como “países poco fiables para la inversión”.

Una condición que nuestros gobernantes se han ganado a pulso con su errática política energética y que, por desgracia, ha provocado no sólo la congelación de la inversión en el sector de las energías renovables en general, y de la fotovoltaica en particular, sino que, además, ha desencadenado una avalancha de pleitos, tanto en los tribunales españoles, como en los internacionales, donde España destaca por el número de denuncias presentadas ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los cambios acometidos en la normativa renovable.

En concreto, tras la última demanda presentada por el fondo Cube Infrastructure, España suma ya trece procedimientos abiertos por renovables en esta institución dependiente del Banco Mundial encargada de dirimir desavenencias relativas a inversiones entre empresas y países. Y todas ellas por el mismo motivo: por violación de la Carta de la Energía.

El informe de SolarPower Europe, advierte de que los riesgos regulatorios, particularmente a la luz de las medidas retroactivas como las de la reforma energética española, no deben ser ignorados ya que podrían, además, aumentar los costes de capital en todos los segmentos del mercado.

El informe sí reconoce que España llegó a ocupar en 2008 un lugar preponderante en el mercado fotovoltaico mundial y europeo, liderando también las instalaciones de generación distribuida. Pero una vez reconocidos los méritos del pasado reciente, el informe es tajante en afirmar que “España prácticamente ha desaparecido del mapa de la fotovoltaica europea”.

Y el informe señala como causas directas, además de las ya mencionadas medidas retroacticas de la reforma energética española, el borrador del decreto de autoconsumo. El informe que, en líneas generales es optimista, considera que en los próximos cinco años la fotovoltaica europea va a crecer un 80% y pasar de 88 a 158 GW de potencia instalada. Es decir, 70 GW nuevos en cinco años, de los que 4 GW le corresponden a España.

Pero para que este objetivo se cumpla el informe también advierte de que será imprescindible el apoyo de los gobiernos –situación que no se da en España- un marco legal adecuado y estable –otra condición que tampoco se da- y “principalmente” el desbloqueo del autoconsumo y la generación distribuida, algo imposible de realizar con los dos últimos borradores de autoconsumo presentados por Industria.

Precisamente es esto último lo que lleva a los expertos que han realizado el informe a afirmar con rotundidad que “España ha implementado una especie de ‘impuesto solar’ que hace prohibitiva cualquier inversión en autoconsumo”. No se puede decir más claro. Y es una pena, porque las condiciones actuales no pueden ser mejores. Los descensos “masivos” de costes han ayudado a la industria solar a convertirse en una tecnología competitiva, con una caída de los precios de los sistemas fotovoltaicos del 75% en la última década. De esta manera, -con cluye el informe- la energía solar debe ser vista como una “inversión de bajo riesgo” por la comunidad financiera. Lo dicho, una pena