Este mes de abril viene especialmente cargado de juicios políticos, y lo peor es que no es por casualidad ,sino porque marca la tendencia represiva actual del Estado español.

El primero ­de los juicios políticos comienza este lunes día 9, será en Logroño y en él se juzgará a Jorge y Pablo, dos activistas de la ciudad para los que piden 2 y 6 años y medio de prisión respectivamente por los hechos de la huelga general del 14 de Noviembre de 2012 al terminar la manifestación de la tarde en Logroño. Les acusan de desórdenes públicos por “inducción”, en el caso de Jorge, y de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones en el caso de Pablo. Hoy mismo, sábado 7 una gran manifestación recorrerá la ciudad para solidarizarse y arropar a los encausados.

Al día siguiente, en Móstoles, Madrid, también tendrá lugar un juicio contra Jose María, un activista que se enfrenta a una pena de 2 años y 30.000 de multa por parar un desahucio.

Posiblemente el caso más sangrante que hemos vivido en los últimos tiempos, tanto por la absoluta brutalidad de las penas que pide la fiscalía, la absurda acusación de “terrorismo”, cómo por la total prevaricación con la que ha actuado la judicatura, es el de los jóvenes de Altsasu. El día 16 comienza en la Audiencia Nacional el proceso contra 8 jóvenes que acumulan peticiones de condena que suman 375 años: 50 años para 6 de ellos, 62 y medio para otro y 12 para la octava acusada. Un caso que ha tomado una gran repercusión y que pretende transformar en “terrorismo” una simple pelea de bar. Un caso que desde el primer momento fue magnificado por los medios de comunicación que llegaron a hablar en un primer momento de “50 abertzales agrediendo a dos agentes y sus parejas”. Tres jóvenes llevan más de 500 días en prisión preventiva por estos hechos.

Otro proceso tendrá también lugar el día 16 en la Audiencia Nacional, será la declaración de Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos acusados de sedición y organización criminal, por los hechos frente a la Consellería de economía y por el 1 de octubre.. Pese a ser el exresponsable de un cuerpo policial acostumbrado a administrar la represión, sacándole ojos a compañerxs a pelotazos, reprimiendo brutalmente al pueblo en innumerables ocasiones y teniendo responsabilidad directa en muchos casos similares a los que hoy estamos exponiendo aquí, no podemos obviar el carácter político de este proceso, al igual que todos los relacionados con el proceso independentista catalán.

El mismo día, también en Madrid, pero en la Audiencia Provincial, el que escribe estas líneas también será juzgado. En mi caso piden 6 años y 6.200 euros de multa acusado de atentado a la autoridad y lesiones a dos agentes mientras realizaba mi trabajo cubriendo informativamente la movilización “Jaque a la monarquía”, el 29 de marzo de 2014 en Madrid. Esa movilización se transformó en una venganza de los cuerpos policiales hacia la prensa crítica, con amenazas y agresiones gratuitas a periodistas, las cuáles han quedado recientemente impunes, pese a admitir la sentencia que si que hubo agresiones policiales a la prensa. Otro montaje policial más, calcado a los que llevo años documentando para este medio.

Tres días después, el 19, comenzará en Valladolid el jucio por los hechos del 2 de febrero de 2014 en Valladolid, durante la convención nacional del PP. Cuatro activistas se sentrán en el banquillo acusados también de atentado a la autoridad y lesiones, se enfrentan a penas de 9 meses de prisión y indemnizaciones a la policía que ascienden a 1.100 euros. Los hechos tuvieron lugar al término de una manifestación contra la que la policía cargó violentamente.

Y el mismo día, en Guadalajara, 6 sindicalistas de CNT Guadalajara declararán en el juzgado de Guadalajara por un proceso represivo relativo a la lucha que han llevado con la empresa Transportes Segura por la readmisión de un trabajador despedido. La empresa, ha tratado varias veces de llevarles a juicio, denunciándolos con acusaciones infames que, en principio fueron archivadas. Ahora, han planteado nuevas acusaciones contra CNT Guadalajara acumulando una petición de (agárrense) 18 años de cárcel para cada uno de los seis sindicalistas encausados. Contra todo pronóstico esta vez sí que ha sido admitido a trámite. Una petición fiscal que suma 144 años de cárcel por un conflicto laboral, y que más bien parece ser una excusa para tratar de acabar con CNT en Guadalajara.

Posiblemente no están todos los que son, pero lo que está claro es que será un mes de abril muy movidito en las distintas audiencias y juzgados españoles. Anda muy ocupada la judicatura tratando de encarcelar a toda la disidencia pero es muy posible que tanta represión, montajes policiales, descarada prevaricación y peticiones astronómicas de condenas, acabe por explotarles en la cara más temprano que tarde.

@Boro_LH