Oaxaca y Chiapas son los dos estados más mortíferos para ambientalistas y defensores de los derechos humanos. En lo que va del año año, al menos 12 activistas fueron asesinados, según datos recogidos por Amnistía Internacional. Cinco de estas víctimas fueron atacadas en Oaxaca y otras cuatro en Chiapas. La organización de defensa de los derechos humanos inició recientemente la campaña “No Más Asesinatos: Alza la Voz por las y los Ambientalistas en México” para denunciar estos ataques.

México es el sexto país del mundo más peligroso para los ambientalistas, según informes de la ONG Global Witness. Esta asociación detectó que en 2017 fueron asesinados 15 defensores y en 2018 otros 14. A falta de tres meses para que concluya el año ya se han contabilizado 12 homicidios, por lo que las cifras de ataques se mantienen en la línea de años anteriores.

La primera víctima del año fue Sinar Corzo Esquinca, asesinado en Arriaga, Chiapas, el 3 de enero. Murió por heridas de bala después de ser tiroteado. Su activismo había estado centrado en el agua, la vivienda y la salud, aunque en los últimos años también defendió a damnificados por el sismo de 2017.

Noé Jiménez Pablo y José Santiago López fueron asesinados en Amatán, Chiapas, el 18 enero. Ambos participaban en un plantón de protesta contra el alcalde, Manuel Carpio Mayorga. Hombres armados irrumpieron en la protesta y secuestraron a los dos activistas. Sus cuerpos aparecieron un día después en un vertedero con evidentes signos de tortura. El alcalde terminó por renunciar a su cargo al ser señalado como instigador de los asesinatos.

El 19 de enero fue asesinado Rafael Murúa Manríquez en Mugelé, Baja California Sur. Su cuerpo apareció en una cuneta. La víctima era periodista, director de la radio comunitaria Radiokashana y miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc).

Bernardino García Hernández falleció por un ataque armado en el paraje conocido como Camalote, en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca. Según denunció en su momento el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), un grupo armado de San Sebastián Nopalera fue el responsable. García Hernández era representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en una comisión que buscaba una salida dialogada a un conflictos por tierras existente entre ambas comunidades.

El 20 de enero fue asesinado en el municipio Santiago Jocotepec, en Oaxaca, Gustavo Cruz Mendoza. Era integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO- RFM) en la comunidad de Cerro Caliente.

Ese mismo día, en Morelos, fue asesinado Samir Flores. El activista se oponía a la construcción de una termoeléctrica en Amilcingo. El ataque tuvo lugar días antes de la celebración de una consulta sobre la construcción de la planta energética. Actualmente un juez ordenó la paralización del proyecto.

El 25 de marzo fue asesinada Eulalia Lilia Díaz en Santiago Tianguistenco, Estado de México. Un hombre amenazó a la activista, integrante del Consejo Indígena del Trueque. Posteriormente se presentó en su domicilio armado con una escopeta y acabó con su vida.

El 11 de abril, Luis Armando Fuentes fue asesinado por un disparo tras sufrir una emboscada en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra ydel Territorio de la Zona Oriente del Istmo y del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales que trabaja en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho de acceso a la tierra, según datos de la ONG Frontline Defenders.

Un día después, el 12 de abril, fue asesinado el abogado defensor de derechos humanos, Juan Quintanar Gómez. El ataque tuvo lugar en el centro de la ciudad de Oaxaca, cuando el abogado llegaba a su despacho. El letrado estaba especializado en defender a comunidades indígenas de Oaxaca en diversos conflictos agrarios.

Telésforo Santiago Enríquez, de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM, fue asesinado el 2 de mayo en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca.

Finalmente, el 11 de junio fue asesinado José Luis Álvarez Flores en Chiapas. Álvarez Flores era ambientalista y también había formulado diversas denuncias por extracción de arena.

“México es uno de los países mas peligrosos del mundo para los activistas. Actualmente, dada la emergencia climática, es una buena oportunidad para resaltar la labor de los defensores”, explicó Graciela Martínez, de Amnistía Internacional.

La activista señaló que los defensores forman parte de “uno de los colectivos que más están sujetos a represalias en la región y particularmente en México”.

Los datos, dice Martínez, muestran que el número de asesinatos se mantiene estable.

“Creemos que es una buena oportunidad para que se llame la atención al Gobierno y tome medidas para su situación. Hubo algunos cambios en el mecanismo de protección, pero debe tenerse en cuenta las causas estructurales de la violencia que sufren estas comunidades y colectivo”, dijo.