Actualmente, tres jóvenes siguen encarcelados después de un año. Personas a las que se acusa de delitos de terrorismo por una pelea de bar en la que existen muchas dudas de que fueran las causantes, y que terminó con dos Guardia Civiles con moratones y un tobillo dañado.

Foto: Altsasu Gurasoak

El 14 de noviembre de 2016 -hace justo un año- Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urkijo eran detenidos y detenidas por la Guardia Civil. Desde entonces tres de ellos llevan un año encarcelados por supuestos delitos de terrorismo y agresión, y con el resto, se enfrentan a penas que sumadas alcanzan los 375 años de cárcel.

Los hechos de la madrugada del 15 de octubre

El 15 de octubre de 2016 alrededor de las 5.00 horas de la madrugada, en el bar Koxka de la localidad navarra de Altsasu, se producía una pelea entre dos Guardia Civiles y un grupo de jóvenes. Lo que en un principio fue asumido -por los y las vecinas que pudieron presenciar los sucesos- como una “pelea de bar” que presumiblemente habrían empezado los propios policías con insultos y frases como “te voy a matar” o “te voy a meter un tiro entre ceja y ceja”, tras la denuncia presentada por Covite -Colectivo de Víctimas del Terrorismo- el 19 de octubre fue interpretado por numerosos medios de comunicación como un acto perpetrado por el antiguo grupo armado ETA.

Lo que fue jaleado por la judicatura, la prensa y organizaciones como la propia Covite como una brutal agresión de corte terrorista, se saldó en la práctica con la lesión de tobillo y algunas contusiones de los dos Guardia Civiles.

La Audiencia Nacional entra en escena

El caso terminó en la Audiencia Nacional después de que la jueza Carmen Lamela -actualmente y con toda probabilidad la magistrada más famosa del Estado español- solicitara al juzgado de instrucción 3 de Iruña a que se inhibiera en favor de la AN.

375 años de prisión en total y 41.000 euros de indemnización, son el tiempo y el dinero que el fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals -fiscal alineado en la teoría de “todo es ETA” que ha llevado a muchas personas de la izquierda a la cárcel- pide para las personas investigadas en esta causa. 62 años y medio para una de las personas imputadas, 50 para seis de ellas y 12 y seis meses para una de las denunciadas. ¿Los motivos? Según el Ministerio público, los y las ocho jóvenes habrían intentado amedrentar y agredido a dos Guardia Civiles y a sus parejas el 15 de octubre de 2016. Según fiscalía, todo ello estaría enmarcado dentro de una campaña de los colectivos abertzales Alde Hemendik y Ospa Mugimendua cuyo objetivo es expulsar a las fuerzas y agentes de policía del Estado español de Altsasu y Euskal Herria. Para la fiscalía de la AN: una “campaña de hostigamiento que sufren los agentes en determinadas localidades del País Vasco y Navarra”.

La respuesta de Altsasu y el montaje del caso

Pocos días después de que Covite denunciara a los y las jóvenes de la localidad y la fiscalía de la AN tomara el caso, se convocó una gran manifestación con el lema “Muntai polizialik ez. Utzi pakean Altsatsu” (“No a los montajes policiales. Dejad Alsasua en paz”). Fue al inicio de la concentración que sumo a más de 2.000 vecinos y vecinas de un municipio con 7.600 habitantes, cuando apreció un reducido grupo -menos de 20 personas- de miembros de Covite que portaban pancartas con lemas como: “Sin pistolas no sois nadie” o “Los que sobran son los violentos, Guardia Civil, seguid aquí”.

Informes elaborados tanto por la Policía Foral como por la propia Guardia Civil que se hicieron públicos días después de la pelea, consideraron que no hubo “linchamiento o paliza organizada”. Además, reconocieron que no había delito de terrorismo en los sucesos de la noche del 15 del mismo mes. Con todo, el 25 de octubre, la fiscalía decidió continuar con la acusación que puede encarcelar a 8 jóvenes por crímenes que Policía, vecinos y vecinas y la propia defensa consideran un montaje. Los mismos Guardia Civiles presuntamente agredidos, se negaron a declarar en presencia de la Policía Foral y prefirieron hacerlo ante su mismo cuerpo de Policía en lo que parece la construcción en toda regla de un caso que no tiene fundamentos reales.

El 26 de octubre, seis de las ocho personas acusadas se personaron en el juzgado de Iruña para prestar declaración. No pudieron hacerlo porque la jueza que instruía el caso en la ciudad navarra no se encontraba de guardia. El hecho es significativo pues demuestra la predisposición a colaborar con la justicia de las y los jóvenes de Altsasu y pone de manifiesto que el criterio que aplicaría la jueza Lamela para detener a las personas investigadas y aplicarles prisión sin fianza por riesgo de fuga, el 14 de noviembre, carece de todo fundamento legal.

Apoyo masivo a las personas imputadas

La cronología nos lleva hasta el día 26 de noviembre. 20.000 personas se manifestaron en Altsasu en apoyo a los y las jóvenes encarceladas y desde entonces se iniciaría una movilización continua que nos lleva hasta el 14 de noviembre de 2017, 365 días después.

También desde esa fecha se inició una lucha judicial mediante la cual se pretendía sacar el caso de los y las jóvenes de Altsasu de la Audiencia Nacional para que fuera la Audiencia “Provincial” de Nafarroa quien lo enjuiciara. Para la defensa, con las pruebas en mano, no había motivos para instruir la causa en la AN pues durante la noche del 15 de octubre de 2016 no se habían producido actos constitutivos de delito terrorista. La jueza Carmen Lamela reiteró que era su sala judicial a la que se debía el caso y finalmente el Tribunal Supremo dictaminó que así fuera.

De nada sirvieron el manifiesto de apoyo firmado por 46 organismos culturales y sociales de Nafarroa, ni otro manifiesto al que se adhirieron más de 200 juristas y profesorado universitario de derecho que consideraba que en el caso “no se contemplaba” la versión de la defensa.

Ha pasado un año durante el cual, según denuncian los abogados de la defensa y Altsasu Gurasoak -grupo de madres y padres de las personas encausados-, la falta de garantías en el proceso judicial ha sido constante. Recientemente, en un comunicado conjunto de padres, madres y abogados defensores se afirma que “las defensas de los jóvenes de Alsasua denuncian la falta de garantías del proceso que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional, encontrándose en estos momentos en situación extremadamente alarmante, tras la inadmisión de la mayoría de las pruebas propuestas por las defensas”.

También durante este año, cuatro de las siete personas encarceladas han sido puestas en libertad tras un mes de prisión. Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz todavía continúan en prisiones que se encuentran a centenares de kilómetros de sus casas.

La represión en Euskal Herria

Euskal Herria es la zona con más policías por habitantes de toda Europa. El Estado español, a su vez, es uno de los países del Viejo Continente con mayor presencia de agentes de la ley. De este modo si la ratio de policías por 100.000 habitantes se sitúa en el marco estatal en los 534 agentes, en Euskal Herria esa cifra asciende hasta los 684 policías. Este número, el más alto de un continente donde el país con más fuerzas policiales es Montenegro con 645 por 100.000 habitantes, solo es superado por dos territorios, también, pertenecientes al Estado español: Ceuta y Melilla.

Sea como sea, lo cierto es que en Euskal Herria existe una presencia policial que muchos partidos han considerado excesiva, “asfixiante” e incomprensible tras el cese de la lucha armada del grupo ETA; una presencia policial que PNV, Eh Bildu, Podemos e incluso el PSOE consideran que debería reducirse de forma drástica.

Es en este contexto de represión que se enmarca el caso de los y las jóvenes de Altsasu. No es sino de este modo como se explican las duras penas que se han impuesto para unas personas de las que se intuye no fueron las causantes de la pelea de hace un año en el bar Koxka. En otros casos donde un Guardia Civil ha sido objeto de violencia, encontramos penas infinitamente -y en este caso la adjetivación poco periodística es necesaria- más leves. Ejemplo de ello es Rafa Mora que pagó una multa de 300 euros y una indemnización de 90.000 tras dar una paliza a un Guardia Civil que posteriormente necesitaría cirugía facial.

Del mismo modo, también tenemos que adecuar a este contexto de fuerte presencia policial en una región ya pacificada, la gestión que la Guardia Civil ha hecho de las movilizaciones en favor de los presos políticos en Altsasu y otros puntos del país. Numerosos jóvenes han sido denunciados o amonestados por mostrar su apoyo con las personas encarceladas. Otras tantas personas han sido identificadas por llevar camisetas con lemas a favor de las y los presos. En Madrid, por otro lado, la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha intentado que la Audiencia Nacional prohíba una concentración para el 28 de enero delante de Soto del Real.

Parece obvio que lo que se ha producido en este caso es una cacería de brujas. Las ansias revanchistas del Estado español contra la izquierda abertzale han acabado con tres jóvenes en la cárcel por unos actos que, aun siendo ciertos, no deberían ser juzgados como delitos de terrorismo. Todo parecería una broma macabra o kafkiana si no fuera porque tres personas llevan un año en la cárcel, 365 días, más de 8.000 horas privadas de libertad.