El programa DACA, promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación, y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

Para la directora ejecutiva adjunta de United We Dream, Greisa Martínez, esta querella "es un ejemplo perfecto de las prioridades republicanas actuales: atacar y deportar a personas de color e inmigrantes siempre que puedan".

En un comunicado facilitado a Efe, Martínez, que lidera una de las organizaciones más importantes del país en el ámbito de jóvenes indocumentados, señaló que "en medio de todos estos ataques, los 'dreamers' siguen luchando por conseguir una solución para quedarse en el país de manera legal y permanente".

En junio de 2017, Paxton amenazó por primera vez con demandar a Trump si no cumplía con su promesa de acabar con DACA.

Finalmente, en septiembre pasado, Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

No obstante, DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

La semana pasada, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA.

En este sentido, el Fondo México-Estadunidense para la Defensa Legal (Maldef) advirtió en un comunicado que la demanda de Paxton llega "extremadamente tarde", después de que varios tribunales federales hayan ordenado al Gobierno de Trump mantener activo DACA.

Los estados con más 'dreamers' son California y luego Texas, donde viven más de 100 mil beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).