Si atendemos al diccionario de la RAE un déspota es "el soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna", "la persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad" y/o "el hombre que ejercía el mando supremo en algunos pueblos antiguos". Por desgracia, Juan Carlos I ha encajado claramente en dos de esas acepciones durante su reinado: careció de sujeción a ley alguna y abusó de su poder o autoridad (en la actualidad se encuentra aforado y solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo).

La Constitución deja muy claro que el Rey (Juan Carlos I mientras lo fue y en la actualidad Felipe VI) son figuras inviolables jurídicamente, es decir, en esencia son personas que se encuentran al margen de la ley. Podrían entrar en un centro comercial y aniquilar a centenares o miles de personas sin que fuera posible condenarles con la legislación actual (solo responderían patrimonialmente y no lo harían ellos). Se trata, evidentemente, de un dislate más propio de regímenes crueles como Arabia Saudí que de un país europeo. Quizá sea este uno los motivos de la bella amistad que une a nuestra Familia Real con la monarquía de las 350 decapitaciones en tres años.

El último de un largo listado de antecedentes escandalosos (al finalizar el texto se puede leer un breve listado) ha sido la publicación en la que se afirma que Bárbara Rey recibió 500 millones de pesetas de los ciudadanos para callar sobre unas supuestas conversaciones que podrían haber hecho mucho daño a la monarquía, aunque tal y como está configurado este país ello parece altamente improbable. El asunto de Bárbara Rey era un secreto a voces desde hace muchos años, pero nadie se atrevió a procesar a la más que posible chantajista ni a investigar si el supuesto chantajeado habría pagado por su silencio y de dónde habría surgido el dinero.

Lamentablemente, ni siquiera este último escándalo y su acumulación a los anteriores ha propiciado que los grandes medios de comunicación, la clase política, los órganos competentes, la clase jurídica o los intelectuales de este país planteen la necesidad de terminar con la inviolabilidad jurídica del rey, la cual permiten comportarse al monarca de turno como un déspota al margen de la legalidad, la moral y la ética. Parece increíble que en nuestro país el rey no pueda ser juzgado como un ciudadano más.

Por otro lado, cabría preguntarse qué habría pasado si cualquiera de los escándalos de Juan Carlos I hubieran sido atribuidos a un jefe de Estado de cualquier país europeo. Dado que en Europa se avanza en el sentido de juzgar y condenar a un ex jefe de Estado o un expresidente en caso de ser necesario, siendo Silvio Berlusconi o Jacques Chirac dos ejemplos de ello, habría sido más que difícil que Juan Carlos I hubiera permanecido alejado de los juzgados y las rejas en la mayoría de Europa. Mientras en Europa se avanza, en la siempre retrógrada España sería inimaginable que Juan Carlos I o José María Aznar fuesen juzgados, aunque es evidente que ambos lo merecen (junto a muchos otros ex altos cargos políticos). Si somos honestos resulta innegable que Juan Carlos I ha hecho méritos más que suficientes para sentarse frente a un tribunal jurídico y, no tengo la menor duda, para enfundarse el pijama de rayas y pasar una larga temporada entre rejas. Solo la inviolabilidad jurídica y la connivencia de los grandes poderes ha evitado, por ejemplo, que su comportamiento entre julio de 1980 y el 23 de febrero de 1981 le hubiera costado 30 años a la sombra.

Por desgracia, España sigue siendo diferente y esa diferencia es clave en nuestro retraso con respecto a Europa en muchos sentidos.

Más de 10 ocasiones en las que Juan Carlos I debería haber sido investigo y posiblemente condenado:

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra.

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