Los tribunales federales de Comodoro Py se convulsionaron los últimos días cuando trascendió que un magistrado tuvo que suspender a último momento un allanamiento al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio de Vido, aparentemente por una fuerte presión política.



El hecho ocurrió el viernes pasado cuando en el marco de una causa contra De Vido, aparentemente el juez Claudio Bonadio ordenó un procedimiento en la vivienda del ex ministro ubicada en la Avenida del Libertador. Incluso, el magistrado habría llegado a cursar el pedido a la fuerza policial encargada del allanamiento.

Sin embargo, cuando el procedimiento estaba a punto de comenzar, llegó la orden de dar marcha atrás. En los tribunales se habla de una tremenda presión política para suspender el operativo y recuerdan que prácticamente no hay antecedentes de un allanamiento cancelado cuando ya se había dado la información a las fuerzas policiales.

En Comodoro Py comentan que el allanamiento a la casa de De Vido se suspendió por presión del Gobierno, donde temen que si habla implique a amigos y familiares del presidente Macri en los negocios con la obra pública.

Algunos jueces federales comentan que la marcha atrás se produjo por una presión directa del gobierno de Mauricio Macri, donde habría temor a que si la Justicia avanza demasiado contra De Vido, el ex ministro termine involucrando a familiares y amigos del Presidente, que hicieron grandes negocios con obra pública durante el kirchnerismo.

Es el caso del mejor amigo y asesor de Macri, Nicolas “Nicky” Caputo, dueño de la constructora Caputo S.A. También de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente y dueño de Iecsa, que según el “ranking” de beneficiados con la obra pública que publicó el año pasado el propio De Vido, fue el tercero con más contratos durante la década K.

Casualmente, hoy Calcaterra hizo trascender a través del diario La Nación que venderá Iecsa debido a las complicaciones políticas que podrían generarle a él y a Macri la participación de la constructora en cualquier licitación. Según supo este medio, habría cuatro grupos chinos interesados en quedarse con la empresa.

Indicios de un pacto

La revelación de las presiones para frenar el allanamiento a De Vido reavivan las sospechas de un pacto con el Gobierno, que había sido advertido en marzo por Jorge Lanata lo que generó un cimbronazo en el entorno de Macri. El conductor de PPT consideró en ese momento que los escándalos de corrupción no alcanzaban al ex ministro porque "también ha tenido negocios con el macrismo", y mencionó a Caputo y Calcaterra. Luego de eso, el macrismo le cedió a De Vido la estratégica comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

Esta situación agudiza la contradicción de impulsar una enorme embestida contra Lázaro Báez por la corrupción con la obra pública, y no apuntar al ministro que le adjudicó todas las obras durante los doce años de kirchnerismo. Incluso, en la cobertura de algunos medios todas las pistas que llevaban a De Vido fueron desapareciendo.

Además de agudizar las contradicciones, esto también agrava la sospecha de la existencia de una “línea de corte” en el mani pulite macrista para excluir a De Vido de las investigaciones por corrupción. Es decir que esa avanzada termine en Lázaro Báez y si es posible en Cristina y Máximo Kirchner y algún otro empresario kirchnerista como Cristóbal López, pero excluya al ministro que manejaba toda la obra pública y al resto de los grupos que se beneficiaron con las obras kirchneristas, como Techint, Cartellone o Roggio, entre otros.

De hecho, un dato extra que podría explicar la preocupación porque el mani pulite avance demasiado, es que muchos empresarios cercanos a Macri estarían inquietos ante la posibilidad de que la investigación contra Lázaro termine exponiendo un sistema que era habitual entre muchos contratistas de obra pública. Es el sistema de anticipos, sobreprecios y blanqueo de dinero que hasta ahora en escala muy marginal reveló el valijero Leonardo Fariña.