La decisión del Juez condiciona la entrada de nuevos venezolanos a Brasil por la frontera al llamado proceso de interiorización, que es una medida del Gobierno federal mediante la cual transfiere inmigrantes desde Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, a otras regiones y les asegura la regularización en el país.

Hasta el momento este proceso, que tiene el apoyo de diversas agencias de las Naciones Unidas, ha trasladado a 820 inmigrantes venezolanos a ciudades como Sao Paulo, Cuiabá, Brasilia y Río de Janeiro, no obstante se estima que, por día, ingresan 500 venezolanos por la frontera de Roraima.

«Decido cautelarmente suspender la admisión y el ingreso en Brasil de inmigrantes venezolanos a partir de la ciencia de esta decisión y hasta que se alcance un equilibrio numérico con el proceso de interiorización y se creen condiciones para una acogida humanitaria en el estado de Roraima», señaló el juez Helder Girão Barreto, de la Sala Primera de la Justicia Federal de Roraima.



La medida cautelar de Barreto responde a un recurso implementado por el Ministerio Público Federal (PMF) y la Defensoría del Pueblo de la Unión (DPU), que pedían la suspensión de un decreto emitido por ese estado fronterizo a través del cual se exige pasaporte válido para que los inmigrantes venezolanos tengan acceso a servicios como la salud y la educación.

Por eso, el juez también decidió suspender el decreto expedido el 1 de agosto por el Gobierno de Roraima, que también posibilitaba la deportación o expulsión de venezolanos involucrados en crímenes, y ordenó la vacunación obligatoria contra el sarampión de todos los inmigrantes venezolanos que se encuentren en territorio brasileño.

Aunque el juez determinó su decisión desde este domingo, hasta el momento la medida no se ha hecho efectiva debido a que las autoridades y órganos competentes aún no han sido notificados oficialmente.

Esta es la primera vez que la justicia ordena una medida de restricción al ingreso de venezolanos al país aunque el pedido de cerrar la frontera ya había sido solicitado por el Gobierno de Roraima.

En abril de este año, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, del conservador Partido Progresista (PP), pidió el cierre temporal de la frontera con Venezuela por la «omisión del Gobierno Federal en cumplir su papel constitucional de control de la frontera, sobrecargando el Estado».

Entonces el presidente brasileño, Michel Temer, criticó el pedido de la mandataria regional y señaló que cerrar las fronteras del país no era un hábito de Brasil.

Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, ha recibido unos 50.000 venezolanos, un porcentaje importante de su población, que han elevado significativamente la demanda por los diferentes servicios públicos en la región.

La gobernación alega no tener capacidad para atender esa demanda.

El Gobierno de Brasil declaró en febrero pasado la «situación de vulnerabilidad» en Roraima y desde entonces ha puesto en marcha medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes venezolanos, en las que participan el Ejército y organismos internacionales y que incluyen su traslado a otros puntos de Brasil.

Al ser consultada por Efe, la asesoría de prensa del Ministerio Público de Roraima señaló que el organismo no podía referirse sobre la decisión ya que existe un límite para la presentación de recursos.

«Vamos a esperar ese plazo» para presentar un recurso y por el momento «no vamos a comentar la decisión de la Justicia», aseguró.]]>