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Después de las elecciones y antes de que los nuevos legisladores se acomoden en sus bancas, les caerá al Gobierno y a varios partidos una denuncia por utilizar empleados públicos para fines proselitistas.

La organización Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) organizaron la campaña "Que no te pongan la camiseta" y están reuniendo denuncias de trabajadores que son forzados a realizar timbreos, nutrir call centers, repartir panfletos partidarios, entre otras actividades en el contexto electoral. Según los datos recopilados hasta ahora, Cambiemos fue el más acusado de incurrir en estas prácticas.

Las organizaciones presentarán luego una intimación a todos los partidos en los que se haya detectado esta actividad y al propio Gobierno en la Oficina Anticorrupción, con la intención de que se realice un sumario administrativo. Según las propias organizaciones, la mayor cantidad de las denuncias por parte de empleados se reciben en las últimas semanas, cuando se acelera la actividad en campaña. Luego, verifican cada una para corroborar su veracidad.

"La mayoría de las denuncias son anónimas. Estas prácticas proselitistas se detectaron en su mayoría en la ciudad de Buenos Aires, en el oficialismo", dijo a LA NACION Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano.

Esta campaña ya había sido lanzada en 2015, con las elecciones presidenciales, y entonces el 85% de las denuncias recibidas fueron contra el Frente para la Victoria, partido gobernante. Ahora, con Cambiemos en el poder, se repite el caso: la mayoría de las denuncias son contra el oficialismo porque maneja distritos claves como la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

En ese entonces la denuncia no prosperó y será difícil saber qué ocurrirá en este caso: será el propio Gobierno, mediante la OA, el que tenga que impulsar un sumario y verificar luego su avance.

"No es que exactamente obligan a ir a los empleados, pero les insisten con mucha frecuencia y les aseguran que es para hablar de la gestión y no de campaña. A veces les ofrecen tener un día libre como compensación después de participar en los timbreos", aseguró Secchi.

Consultado por LA NACION, un funcionario de la Ciudad, que pidió mantener el off the record, aseguró: "Ninguna de las actividades de campaña es de carácter obligatorio y por lo tanto no se obliga a nadie a participar de ellas".

Sea de "gestión" o de campaña, esta situación está catalogada como "prohibida" en la ley 25.164, de empleo público. "Está prohibido valerse directa o indirectamente de facultades inherentes a sus funciones (del personal) para fines ajenos a su función o para realizar proselitismo o acción política", se lee en el artículo 24, inciso E.

Una práctica instalada

En abril de este año, LA NACION publicó una nota para informar que el gobierno de la ciudad utilizaba a sus empleados para timbrear, comentar propuestas y participar de los call centers del Ejecutivo. Antes se realizaba sólo durante la campaña, pero desde que llegó Horacio Rodríguez Larreta a la gestión se buscó implementarla semanalmente para "estar cerca de la gente": recibir propuestas y comentar los avances del gobierno.

Cuando se aproxima la fecha de realizar el timbreo o de asistir al call center se le comunica a un agente de cada sector, en cada ministerio, que es el encargado de organizar su dependencia y de reunir el cupo que sea necesario. Si bien se anotan los empleados que quieren, hay que llegar al número estipulado y si son pocos los empleados de ese sector, la rotación es menor.

Si bien se recalca que la participación es voluntaria, se preguntó a algunos empleados sobre esto y, en estricto off the record, aseguraron que no es bien visto por los jefes rechazar estos pedidos. Por eso, Poder Ciudadano y la ACIJ mantienen el anonimato en las denuncias.

Lucía He, integrante del área de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas de la ACIJ, explicó que el uso de empleados como recurso en campaña es "característico del oficialismo de turno". Además, aseguró que a futuro la idea es no sólo corregir esta práctica, sino implementar controles internos, abrir canales de denuncia por áreas y también generar sanciones y multas significativas a los partidos.