Un decreto de la Fiscalía de Medio Ambiente ordena a la Policía que investigue una operación urbanística que pudiera haber favorecido a Roberto García Arrabal, empresario de la construcción de Granada, por lo que exhorta la declaración del alcalde, José Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y el responsable de Economía y secretario de la junta de gobierno local, Francisco Ledesma, así como otros ocho altos cargos del Ayuntamiento.

La iniciativa de la Fiscalía responde a la denuncia de otro empresario granadino, Ramón Arenas, que considera "estafa inmobiliaria" la construcción de un pabellón polideportivo por concesión administrativa que invadió 300 metros cuadrados de una parcela de su propiedad.

El caso, que trae cola desde 2007 aunque hasta ayer no trascendieron ni el decreto de la Fiscalía ni las negociaciones que Arenas y representantes municipales han mantenido en el último año tendentes a un acuerdo, acaparó la actualidad local, con exigencia de aclaraciones por parte de los grupos del PSOE y Ciudadanos -que apoya al PP en el gobierno municipal- y una reacción oficial del Ayuntamiento que deja entrever la línea de defensa de los responsables municipales investigados.

Así, el concejal Ledesma, en funciones de alcalde, fue contundente en la respuesta: ante los periodistas calificó de "pelotazo" la pretensión de Arenas, un intento de "especulación" con una parcela municipal, lo que el Ayuntamiento "ha impedido", lo que habría desatado "la disparatada" denuncia que el gobierno municipal confía en que "será archivada".

En el mismo sentido, el Ayuntamiento difundió ayer la declaración que ha prestado el alcalde a instancias de la Fiscalía, en la que asegura que "ni el Pleno ni la junta de gobierno adoptan ningún acuerdo de forma discrecional" y remite su actuación "a los informes obrantes en los expedientes". La concejal de Urbanismo, por su parte, en su declaración acusa al denunciante de presentar "un relato distorsionado y deliberadamente confuso" que le lleva a "sospechar la manipulación" de una documentación que el Ayuntamiento impugna.

Para la Fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por ello, ordena a la Policía que investigue las posibles irregularidades, tome declaración a los denunciados y recabe la documentación oportuna. Además, libra oficio a la Consejería de Agricultura para que remita informe "preciso y detallado" sobre la legalidad de las actuaciones urbanísticas denunciadas

La denuncia hace referencia a la modificación del concurso-licitación de la concesión administrativa de una parcela de uso deportivo mediante la "alteración sucesiva" de sus condiciones "hasta desvirtuar su objeto" en beneficio del empresario García Arrabal. Según indica Arenas en su denuncia, en el año 2005 le fue adjudicada en concurso público una parcela de equipamiento docente en la calle Escritor Baltasar Martínez del inventario de patrimonio municipal, pero la actuación municipal ha impedido su "desarrollo", al resultar invadida por la construcción del pabellón deportivo municipal Mulhacén.

El concejal de Economía, por contra, defiende la legalidad de la actuación municipal y relata que Arenas adquirió una parcela municipal por valor de 400.000 euros en una zona de equipamiento docente con el objetivo de construir una guardería. Sin embargo, después intentó "revender" la parcela por 1,5 millones de euros para la construcción de un aparcamiento público, operación que el Ayuntamiento paralizó esa operación, mientras el empresario "hipotecaba" el terreno por 2,5 millones de euros.

Un 'error' de medición

Ledesma asegura que la concejal de Urbanismo ha mantenido numerosas reuniones con el denunciante y le ha reconocido que su parcela resultó invadida en 300 metros por el pabellón Mulhacén por un "error" de medición. Por ello, se intentó un acuerdo civil por el que el propietario le devolvería la parcela y el Ayuntamiento le entregaría los 400.000 euros pagados, una operación que "no ha sido posible porque el terreno tiene la carga de la hipoteca".

Arenas, así, reclama una indemnización de seis millones porque, según Ledesma, "lo que este empresario está buscando es dinero y eso es un pelotazo: compra por 400.000, hipoteca por 2,5 millones y además reclama una indemnización por seis".