Un nuevo antecedente se sumó este viernes a la polémica designación del exfiscal regional de O’Higgins y del Caso Caval, Luis Toledo, como nuevo notario de San Fernando.

Si bien el abogado cumple con los requisitos para asumir el cargo, lo cierto es que su nombramiento causó revuelo luego que se conocieran detalles de lo sucedido, que incluían presiones desde La Moneda.

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Y es que el postulante elegido había sido el otro integrante de la terna, el defensor público de O’Higgins, Alberto Ortega, quien había sido nombrado en un inicio por el ministro de Justicia, Jaime Campos.

Esta versión quedó en evidencia este viernes, luego de conocerse el decreto oficial firmado por el ministro Jaime Campos, con fecha 2 de marzo, donde se nombra al defensor público de O’Higgins, Alberto Ortega, en la notaría de la capital de la Provincia de Colchagua.

El documento, revelado por fuentes cercanas a BioBioChile, confirmaría las sospechas de una intervención en el nombramiento de Toledo, quien además es cuestionado por su trabajo encabezando la investigación del Caso Caval, donde evitó formalizar al hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por considerar que no habían antecedentes suficientes para imputarle cargos.

Sin embargo, el ministro Campos ha desestimado las críticas asegurando que “todavía no entiendo cuál es la polémica”.

En ese sentido, descartó que se trate de el pago de algún “favor político” a Toledo. “¿Qué favor? (…). Estarían pagando favores por servicios no prestados porque, hasta donde yo sé, los juicios contra el señor Dávalos y la señora Compagnon no han terminado, entonces no tiene nada que ver con eso”, sentenció.

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Pero más allá de las explicaciones, desde Chile Vamos no se descarta la presentación de una acusación constitucional en contra del secretario de Estado.

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Incluso, el diputado independiente José Antonio Kast presentó una denuncia en contra de la presidenta Michelle Bachelet, del ministro de Justicia, Jaime Campos, y todos quienes resulten responsables por la eventual comisión de los presuntos delitos de cohecho y soborno.

Lo concreto, es que mientras la Contraloría no tome razón del decreto en el que se designa a Toledo como notario de San Fernando, dicha orden podría ser retirada, acción que podría concretar el futuro gobierno de Sebastián Piñera.