El décimo hijo de Marta Soledad Sánchez fue un varón y nació sano. El 18 de marzo sintió los primeros síntomas y fue trasladada desde el Módulo 3 del Penal de Bouwer, donde está detenida desde agosto de 2015, hasta la Maternidad Provincial. Luego de parir, pasó dos días esposada a una cama, vigilada por una empleada penitenciaria, hasta que se repuso y entonces ambos –mamá y bebé– volvieron a la cárcel. Veinte días después se sentó en el banquillo de los acusados de la Cámara 3° del Crimen, junto a otras ocho mujeres y tres varones con quienes integraba una banda de venta minoritaria de drogas en “Chacho Chico”, al noreste de la ciudad y –puérpera, con su hijo en brazos– escuchó la condena en su contra: siete años de prisión por comercialización de estupefacientes agravada por ser en perjuicio de un menor. Tenía además otra causa por el mismo delito pendiente.

Ella eligió un nombre para su hijo: Miqueas Gael Sánchez Zurita, pero en el registro del Pabellón A2 de Módulo para mujeres de Bouwer, el niño es un NN. A casi un mes, todavía no ha sido anotado en el Registro Civil, según contó su madre a ENREDACCIÓN. Es el segundo hijo que Marta tiene estando presa. Cuando fue detenida, estaba embarazada de siete meses.

En el pabellón A2, destinado para embarazadas y madres, viven nueve, según datos proporcionados a ENREDACCIÓN por el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). La mayoría de las madres cumplen condenas por infringir la Ley provincial 23.737, que persigue la venta microtráfico, y la Justicia –por diversas razones– les ha negado la prisión domiciliaria.

Más allá de las responsabilidades penales de las madres, se trata de un drama complejo que impacta en la estructura familiar y, sobre todo, altera la percepción de la realidad de los niños, que incorporan en sus primeros años de vida situaciones y pautas propias de la dinámica carcelaria. El cuadro combina varios factores: una situación social de exclusión, el desamparo estatal y la venta y el consumo de drogas expandida en los barrios a través de modalidades que, muchas veces, atrae a mujeres madres amas de casa, por ser una actividad que pueden ejercer sin abandonar el hogar.

El banquillo de acusados del juicio a la banda de Chaco Chico era una instantánea de ese drama: nueve mujeres condenadas, sin instrucción ni trabajo formal declarado, seis de ellas son madres y tienen entre 26 y 45 años. Entre todas suman 37 hijos, la mayoría menores de 18 años. Todas fueron condenadas a prisión, aunque la Ley nacional 26.472 sostiene que el juez de ejecución puede dicar la detenían domiciliaria en casos de embarazadas o madres de niños menores de cinco años. A Sánchez, ese beneficio le fue negado por su reincidencia.

“Evaluamos con informes técnicos y ella fue rechazada porque los informes le daban pésimos. Tiene una gran dificultad para cumplir con las normas”, dice el Fiscal del fuero de Narcomenudeo, Marcelo Sicardi.

Ahora, desde la cárcel y a través de su abogado, Marta Sánchez cuenta a ENREDACCIÓN que el pabellón A2 no cuenta con la infraestructura para alojar a niños. Desde el SPC, dicen lo contrario.

EL SOL A RAYAS

Desde el pabellón donde cumple condena, Sánchez hizo llegar un mensaje a ENREDACCIÓN: “Yo cometí un delito, no mi hijo. Él no tiene porqué criarse mirando el sol a rayas, y es tan chiquito, que tiene que estar con su madre”. Su abogado Fabián Manrique dice que solicitará nuevamente la prisión domiciliaria porque “la ampara la ley, esto está endureciendo su pena”.

“Yo cometí un delito, no mi hijo. Él no tiene porqué criarse mirando el sol a rayas, y es tan chiquito, que tiene que estar con su madre”. (Marta Sánchez).

“Mi clienta recibe una caja de leche en polvo de un kilo cada dos semanas y doce 12 pañales cada tres días. Dice que en el pabellón hay cunas, pero no las usa nadie porque los colchones están llenos de cucarachas”, contó el abogado. Según su relato, Marta y Miqueas comparten celda con otra mujer. “Es un padecimiento criar a un bebé de 20 días en una celda que se cierra a las once de la noche y no se abre hasta las siete del día siguiente. Los ataques de llanto, del bebé, la fobia, todo pasa en ese lugar que además es compartido con otra persona”, dice Manrique.

Según información proporcionada por el propio Servicio Penitenciario a este medio, el lugar está dotado para alojar y brindar contención a las madres y sus niños. En el A2, hoy viven nueve madres con hijos y dos embarazadas. Cinco que salen “para afianzar vínculos con su familia” algunos días a la semana. Las madres tiene entre 23 y 37 años, y casi todas están detenidas por venta minorista de estupefacientes.

Desde el Servicio Penitenciario informaron que cuentan con un convenio con el Hospital pediátrico y llevan a los niños una vez al mes a controles. Dentro del Módulo, hay una guardería y, siempre según la información oficial, una vez al día ingresa una psicomotricista. Una nutricionista prepara un menú especial. En el lugar también hay un patio con juegos aunque, según dijo una autoridad del servicio, “las madres no son muy afectas a sacar a sus hijos al aire libre”.

Cuando Marta fue detenida, el 21 de agosto de 2015, tenía en sus bolsillos 53 bolsitas con marihuana y 11 con cocaína, según consta en la causa. También tenía un embarazo de siete meses. Estando detenida, parió a Natalia, quien unos meses después fue llevada por su abuela, Lidia Bastamente, por problemas de salud. La niña no paraba de llorar. En el Hospital pediátrico le dijeron que estaba intoxicada. Bustamante denunció en la Fiscalía del Distrito 3 Turno 5, que la niña contrajo una intoxicación por una partida de leche en mal estado.

MUJERES Y CÁRCEL

Un tercio de las personas imputadas por comercialización o tenencia de estupefacientes en la ciudad de Córdoba son mujeres, un porcentaje que está por encima de la media para otros delitos. Así se desprende del informe realizado meses atrás por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Las estadistas fueron elaboradas sobre una población de 600 personas, imputados entre 2012, año de la creación de la ley provincial de narcomenudeo, y julio de 2016.

Un tercio de las personas imputadas por comercialización o tenencia de estupefacientes en la ciudad de Córdoba son mujeres, un porcentaje que está por encima de la media para otros delitos.

El estudio revela que el 68.6% de las mujeres imputadas, vivía con sus hijos cuando se produjeron los hechos investigados. En la franja etaria que abarca entre los 35 y los 50 años, el 41.4% son mujeres. Hay otros datos reveladores sobre el lugar de la mujer en este tipo de delitos: más de la mitad de los casos protagonizados por mujeres se desarrolló en el domicilio particular. Un comportamiento diferente se constató en los hombres.

En un artículo publicado en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal de Lexis Nexis, en octubre de 2007, el Defensor ad-hoc ante los Tribunales Federales de San Martín, Patricio Varela recupera diversos testimonios. “Mi hija de tres años juega a contar internas, eso lo aprendió de la celadora que hace el recuento diario”, cuenta Raquel, una interna del Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal. “La detención de una madre inexorablemente implica el castigo a sus hijos dado que la relación madre-hijo funciona como una estructura inescindible. Si el hijo permanece con la madre en la cárcel, se encuentra preso como ella, y si no, sufre a diario la pérdida de la madre”, escribe Varela.

La provincia de Buenos Aires fue la primera en desfederalizar los delitos de droga; lo hizo en 2005. En tan sólo cinco años, la población femenina del Servicio Penitenciario de Buenos Aires había aumentado un 86%, mientras que la masculina el 5,8%. Los datos fueron recabados por el abogado Alejandro Corda, de la Asociación Intercambios (dedicada al estudio de las problemáticas con drogas), en un trabajo que se puede ver aquí.

Para Corda, el encarcelamiento de las madres impacta en la estructura familiar y también, dice, modifica demográficamente la dinámica carcelaria, ya que algunas mujeres cumplen su condena con sus hijos. “Estos niños y niñas incorporan a su vida cotidiana situaciones y pautas propias de la realidad carcelaria de fuerte contenido autoritario, la cual asumen como la única forma de vida; incluso, sus vínculos con otros integrantes de la familia son escasos o nulos. También presentan sobrepeso y alta prevalencia de trastornos emocionales. En definitiva, se limitan las posibilidades de desarrollo de estos niños, ubicándolos en una situación de riesgo”, escribe Corda.

Estos niños y niñas incorporan a su vida cotidiana situaciones y pautas propias de la realidad carcelaria de fuerte contenido autoritario, la cual asumen como la única forma de vida; incluso, sus vínculos con otros integrantes de la familia son escasos o nulos.(Alejandro Corda).

En septiembre del año pasado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó a llevar adelante una medida para reducir el impacto de la cárcel en los niños. En esa provincia, hay 911 mujeres presas, 40 de ellas madres de 50 niños. La medida consistió en trasladar a estas mujeres a casas creadas dentro de los predios penitenciarios.

En tema de los niños que crecen en prisión preocupa a todos los Estados y excede a la justicia. En Córdoba, la Secretaria de Niñez y Adolescencia (Senaf) que depende del mismo Ministerio que el Servicio Penitenciario, sólo interviene cuando hay denuncias concretas. La Defensoría del Niño, no actúa de oficio. Por lo bajo, tanto en el Poder Judicial de Córdoba como en el Servicio Penitenciario, sostiene la idea de que “se embarazan para salir más rápido”. Un criterio insensible y prejuicioso, que no alcanza para resolver la situación de los menores.

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