El Gobierno anunció ayer un incremento del 100% en las escalas de facturación del régimen de monotributo, mientras que el monto mensual del impuesto continúa siendo el mismo para cada categoría. En Casa de Gobierno, en el marco de una nueva reunión que encabezó Cristina de Kirchner con empresarios y sindicalistas en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, precisó que el límite de facturación para los monotributistas del sector servicios pasa así a ser de $ 400 mil, mientras que para la transacción de bienes muebles sube a $ 600 mil.





La Presidente abrió la reunión advirtiendo: "Que nadie tenga temor a decir lo que piensa en estas reuniones. No me voy a comer a nadie", frase que algunos de los presentes vinculaban con el titular de la UIA, Héctor Méndez, que criticó a Hernán Lorenzino en una entrevista a un diario después de haber participado en una reunión con la Presidente.





Los detalles sobre los cambios en el monotributo estuvieron a cargo de Echegaray. Según explicó el funcionario, la modificación rige desde este mes, por lo que "como la facturación corre hasta el 30 de septiembre quienes deban cambiarse de categoría puedan hacerlo en el curso de este mes", puntualizó. Además, detalló que son monotributistas 2.250.338 personas en todo el país, de los cuales poco más de un millón y medio son "monotributistas puros", es decir, no tienen en paralelo una actividad en relación de dependencia.



Echegaray aclaró que se hizo una modificación general, que incluya a los artesanos, por lo que se implantó una escala en el nivel de facturación. A partir de ahora la categoría B, que es la más baja (en 2010 se unificó con la A), es para quienes facturan hasta $ 48.000 y la I para quienes llegan a $ 400.000 anuales. Las otras tres categorías, exclusivas para la producción de bienes, tienen como techo la L, hasta $ 600.000. Al defender el anuncio, Echegaray dijo que "el beneficio" alcanzará al 34% de los monotributistas de todo el país.



El impuesto que pagan los contribuyentes adheridos al régimen simplificado no se modificó. Para la categoría B es de $ 39, para la C de $ 75, la D de $ 128 y $ 118 (para servicios y venta de cosas muebles, respectivamente), para la E alcanza los $ 210 y $ 194 (con igual criterio), la F $ 400 y $ 310, para la G es de $ 550 y $ 405, la H $ 700 y $ 505, y la I de $ 1.600 y $ 1.240.



A ese importe, quienes aportan a una obra social deben sumarle $ 100 mensuales y los que aportan al sistema de jubilación $ 157, en todas las escalas. Para las categorías J, K y L (exclusivas para ventas de cosas muebles) el impuesto es de $ 2.000, $ 2.350 y $ 2.700, respectivamente. El impacto de la inflación obliga al Gobierno a efectuar este tipo de ajustes. Contribuyentes facturan más por el alza de los precios (los costos), y pasan por ello a otra categoría o bien directamente deben quedar excluidos del régimen.



En tanto la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, anunció la incorporación de dos nuevos subsidios al Fondo Solidario de Redistribución que se destinan a las obras sociales, uno denominado Sumate, que apunta a mitigar las asimetrías de trabajos especiales y otro Suma 70, para mayores de 70 años.



Korenfeld explicó que por instrucción de la Presidente "hemos incorporado dos herramientas: Sumarte, que es un subsidio de mitigación de asimetrías de trabajos especiales y Suma 70, para mayores de 70 años. La medida significa un 20% más de distribución de recursos.



"La incorporación de Sumate tiene en cuenta a los monotributistas, a los trabajadores sociales, agropecuarios y a los de casa particulares. La distribución del subsidios será automática y proporcional a cantidad de afiliados". Este subsidio tiene una proyección anual de 890 millones de pesos.



Respecto de Suma 70, Korenfeld explicó que se decidió luego de tomar en cuenta que muchos afiliados a obras sociales quieren seguir aportando a la misma obra social y, además, las estadísticas muestran un consumo mayor de prestación de servicios de salud a partir de esta edad. Por eso se ha incorporado nueva herramienta, Suma 70, cuya proyección anual es de 420 millones de pesos.



Destacó que a partir de la incorporación de Sumarte y Suma 70, "la proyección y el impacto anual de estas medida es de 1900 millones de pesos".



Korenfeld explicó que "hay multiplicidad de programas; nuestra intención es alcanzar estándares de equidad y transparencia, a partir de SUR, Sano, Suma, Sumarte y Suma 70 vamos a transferir del Fondo Solidario de Redistribución a las Obras Sociales, el próximo año será de 6500 millones de pesos".



En el inicio del encuentro, la presidente Cristina de Kirchner lanzó una advertencia a los empresarios y sindicalistas."Que nadie tenga miedo a decir lo que piensa, es bueno escucharlos acá", dijo la mandatario. Sus dichos se dieron días después de que el titular de la UIA, Héctor Méndez, cuestionó la forma en que se llevan a delante las mesas de diálogo entre los sectores económicos y el Gobierno.



Méndez se encuentra de viaje con su familia por lo que no asistió al encuentro de hoy, ni tampoco estará en la cena de esta noche en Tecnópolis por el Día de la Industria. Allí, volverá a estar presente Cristina de Kirchner.



Quienes si asistieron hoy a la Casa Rosada son el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Eurnekián, el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina, Jorge Brito, y el vicepresidente de la UIA, José Urtubey.



Por el lado sindical estuvieron el titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, Omar Viviani, de los taxistas, Ricardo Pignanelli, de Smata y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias, entre otros.



El de hoy es el tercer encuentro convocado en el marco del diálogo, luego del primero que abrió la ronda de conversaciones, que se realizó en Río Gallegos el 21 de agosto, y el posterior en Buenos Aires una semana después, en el que se anunció el aumento del piso del mínimo no imponible a 15 mil pesos brutos a partir del 1 de septiembre.



Al abrir el encuentro de hoy, la jefa de Estado hizo referencia a "las quejas de los monotributistas que no eran bien atendidos en las obras sociales" y a una nota de representantes de pequeñas y medianas empresas que viajaron en misión comercial a México.



"Eran quejas concretas de pymes que terminan siendo perjudicadas cuando hacen denuncias sobre prácticas dominantes de grandes empresas monopólicas, y terminan siendo castigadas, algo que pasa en toda la cadena de valor", dijo la mandataria.



"Las pymes dicen que se quejan ante defensa de la competencia y que como las empresas tienen acceso a la información, después les cortan el crédito o el chorro como se dice", añadió.