El 29 de noviembre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el organismo que regula el uso de fármacos, emitió por resolución N°9629 la suspensión de medicación para la artrosis, conformada por dos drogas: la glucosamina y el meloxican.

La primera es de uso prolongado y serviría para regenerar el cartílago (aunque no está comprobado científicamente en su totalidad), mientras que la segunda es un analgésico que alivia los dolores y se recomienda no tomar por más de diez días ya que puede producir efectos adversos, como problemas en los riñones, en el hígado, hemorragias digestivas y el aumento de la posibilidad de infartos.

Pero las farmacéuticas no se quedaron atrás y presentaron mediante la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) un recurso para justificar el uso del fármaco: está en el mercado hace más de diez años, al momento no hubieron sucesos que confirmen su suspensión, se basan en el sustento de la seguridad y eficacia de la asociación de ambas drogas, adjudicando en última instancia a la responsabilidad médica de “mala prescripción y/o utilización de la asociación”.

Todas maniobras que se caen por su peso cuando vemos números: la consultora Iqvia muestra que a octubre de 2019 se vendieron en doce meses 1.165.092 unidades de esta medicación en Argentina, por casi US$ 23 millones. Entre los laboratorios que más venden esta medicación, se encuentran Elea, Roemmers y Bagó, quienes los dueños de estos dos últimos almorzaron con Alberto Fernández días antes de su asunción, buscando respaldado ante la ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva.

De esta forma, el 13 de diciembre y con el nuevo gobierno, la Anmat dio marcha atrás y habilitó nuevamente el uso de la glucosamina y el meloxicam juntos, a través de la resolución N°10107. Además convocó a un comité externo de farmacólogos, para que solamente por un plazo 120 días estudie el uso de los efectos de ambas drogas, mientras continúa su circulación.

Parece que sentarse en la mesa con Alberto Fernández trae sus beneficios, en particular para las grandes empresas de laboratorios que lucran a costa de la salud de la mayoría. En menos de dos semanas una medicación prohibida volvió a circular y ni siquiera sabemos cuáles son los efectos adversos para quienes la toman.

Los negocios millonarios de la salud

Era de esperar que la industria farmacéutica se pronunciara por sus ganancias, ya que retirar su propia producción implicaría pérdida de dinero, a la vez que afecta la salud de quienes toman la medicación, principalmente los jubilados (se estima que el 50 % de la población mayor de 75 años padece artrosis) y a los que PAMI dejó de cubrir esta medicación a principios de 2019 cuestionando eficacia y seguridad.

Según datos del INDEC, en el tercer trimestre de 2019 la facturación total en la Argentina de las empresas farmacéuticas registró ingresos de 59.764,2 millones de pesos ya que en el país los laboratorios nacionales tienen un peso muy importante en el mercado interno local: hay 190 plantas industriales en el país, de las cuales 160 son empresas nacionales y 30 son extranjeras.

La salud es un derecho, no una mercancía

Hay que terminar con el negocio de las empresas farmacéuticas que sólo se ven beneficiadas a costa de la salud de toda la población. Hoy en día hay 4,5 millones de jubilados que cobran $ 21.323 y no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria. A esto se le suma los costos de los medicamentos y la última inflación de 2019 que ronda el 50 %. No alcanza el descuento del 8 % para los medicamentos.

Hay que crear un Banco Único Estatal de medicamentos y vacunas que centralice su producción y distribución en todo el país en función de las necesidades epidemiológicas de la población. Este sería el primer paso en el camino de garantizar el acceso en todos los niveles de atención por el Estado, mediante la producción pública de medicamentos y vacunas, bajo gestión de los trabajadores y especialistas de las universidades públicas, quienes conocen qué es lo mejor para la población, para terminar con negocios millonarios de laboratorios nacionales y extranjeros.

En tiempos donde prima pagar uno a uno los millones de dólares contraídos con el FMI, la izquierda propone rechazar el proyecto de ley de “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Extranjera”. Para que los grandes ganadores no vuelvan a ser los especuladores financieros y para que ni los jubilados ni el pueblo trabajador paguemos el ajuste de la crisis.