Los españoles vivieron inicialmente la actual crisis económica como una especie de sunami: algo imprevisto, súbito y devastador. Luego, tras tomar gradualmente conciencia de la catastrófica situación resultante, concluyeron que el país había quedado tan dañado y empobrecido que tardaría muchos años en recuperarse. Y eso empezó a dar gradualmente paso, en el ánimo colectivo, a un sentimiento nuevo y crecientemente detectable en los sondeos: irritación, y aun cólera, ante la persistente total impunidad de todos los que provocaron el actual drama colectivo, o lo permitieron o de él sacaron provecho. Los ciudadanos soportan cada vez peor —los datos de opinión son cada vez más rotundos— que el Gobierno tenga que dar sucesivos, y al parecer inacabables, giros de tuerca en los recortes de prestaciones y en las subidas de impuestos, en gran medida como consecuencia del dinero público que fue preciso bombear a determinadas instituciones financieras mal gestionadas y expoliadas sin que, a cambio, se haya exigido reparación alguna a quienes las condujeron a tan crítica situación.

Pero hay una línea roja que la ciudadanía no parece dispuesta a permitir, resignadamente, que se traspase: la que delimita a la Sanidad Pública tal y como hasta ahora ha venido funcionando. Una reciente encuesta de Metroscopia mostraba que dos de cada tres españoles creen preferible que se deje quebrar los bancos y cajas que se hayan hecho merecedores de ese final antes que dañar nuestro actual sistema público de salud. Este constituye un intenso motivo de orgullo nacional, la auténtica joya de nuestra corona institucional. Y en este tema la ciudadanía sabe de lo que habla: el 69% de todos los españoles utiliza solamente la sanidad pública; un 24% utiliza tanto la sanidad pública como la privada, según los casos; y solo un 7% utiliza exclusivamente la sanidad privada.

El mensaje ciudadano es claro: No la toquen. Al precio que sea

Los datos del actual sondeo son inequívocos: el 92% de toda la población española evalúa de forma claramente positiva la preparación y competencia de los médicos y del personal de enfermería de los centros públicos; un 90% evalúa también así la atención hospitalaria que reciben los enfermos; en caso de urgencia o emergencia, un 71% preferiría acudir —si le diesen a escoger— a un hospital público antes que a uno privado; y en caso de una operación —grave o no—, más del 70% seguiría optando por el hospital público. ¡Y esto lo dice incluso la mayoría (el 54%) de quienes solo utilizan la sanidad privada!

La privatización de la gestión de los hospitales públicos despierta un recelo claramente mayoritario tanto entre quienes solo utilizan la sanidad pública como —significativamente— entre quienes acuden únicamente a la sanidad privada. Ni unos ni otros creen que con esa gestión privatizada se vaya a mejorar el sistema sanitario, ni las listas de espera ni los medios técnicos ni el material, ni la atención médica ni los tratamientos.

El mensaje ciudadano parece claro: dejen la sanidad pública así, no experimenten con ella, no la toquen. Al precio que sea.