En horas de la noche del pasado lunes 17 de junio, se reportaba la liberación del diputado Gilber Caro junto a otros dos dirigentes políticos, Melvin Farías y Junior Rojas. Mientras se celebraba la liberación de este emblemático dirigente del partido político Voluntad Popular, solicitada por varios países democráticos y organismos internacionales, por una trocha en la frontera colombiana entre Táchira y Cúcuta, huía hacia Colombia, otro diputado, Richard Blanco, quien se encontraba refugiado en la embajada de Argentina en Caracas tras haber sido allanada su inmunidad parlamentaria y ser acusado por “traición a la patria”.

Ambos líderes pasaron a ser noticia como parte de una escena que muestra las dos caras de un régimen que, siendo vigilado por la comunidad internacional, ofrece algunas concesiones humanitarias pero no deja de hacer sus jugadas para mantener a raya a cualquiera que se le oponga. Un poder que se sostiene con las armas, sobre la base de una crisis sin precedentes, cuyos efectos han movilizado a la comunidad internacional.

Apresuradamente el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a realizar algunas acciones para intentar suavizar su imagen, dada la fuerte represión que se ha implantado contra la disidencia para lo cual es necesario un refrescamiento externo para simular los estragos de sus acciones que han sacado del juego político a 35 parlamentarios y encarcelado a 733 personas entre políticos, activistas y militares acusados de rebelión y traición a la patria.

Desde este miércoles llega a Venezuela Michelle Bachelet, una socialista chilena que ahora está al frente de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Pese a la afinidad ideológica que mantuvo cercana a esta líder del continente con el fallecido Hugo Chávez, a partir del ascenso de Maduro al poder, la dirigente chilena ha tomado cierta distancia del socialismo madurista, especialmente tras el derrumbe económico del país y las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos, denunciadas internacionalmente.

Pero en sus funciones en ese alto cargo, no está sola. Sus decisiones no son individuales, sino que están regidas y evaluadas por un equipo profesional especializado que se toman la tarea de sustanciar los casos de los que se ocupan internacionalmente.

Es así que esta visita de Bachelet estuvo precedida por un equipo de expertos que el pasado mes de marzo tuvo la oportunidad de indagar con todos los sectores involucrados la situación que padece el país bajo el régimen de Maduro.

De manera que, con documentos en mano, la Alta Comisionada, se reunirá con Maduro y otros jerarcas del Ejecutivo Nacional, precedida de informes que describen con precisión, que el gobierno se ha negado a reconocer, las dimensiones y la gravedad de la crisis en materias como alimentación, salud, servicios básicos y presos políticos, según describe el informe preliminar.

En sus carpetas, Bachelet cuenta con un material que sustancia el asesinato de 242 personas por parte del de organismo de fuerzas especiales (FAES) entre 2018 y lo que va de 2019. Y cuentan con los datos ofrecidos por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que reportó que durante el año 2018, se registraron 23.047 homicidios en el país a una tasa de 81 muertes violentas cada 100 mil habitantes, siendo una de las más violentas del mundo. Pero lo más grave es que de ese total de homicidios, 7.523 fueron ejecutados por los cuerpos policiales y militares del país.

Registran sus informes también las fuertes restricciones a la libertad de información guiadas por la Ley del Odio, aprobada en noviembre de 2017, mediante la cual se ha imputado a periodistas, dirigentes de oposición y hasta a usuarios de las redes sociales por expresarse; así como cierres, demandas y bloqueo de medios.

Tiene en sus manos informes completos sobre el deterioro del sistema de salud en Venezuela con las cifras de mortalidad infantil y la propagación de enfermedades infecciosas que habían estado bajo control en tiempos anteriores. Igualmente ha registrado la deserción escolar producto de la crisis económica y el colapso de los servicios públicos.

Todo ese escenario se manifiesta en la emigración masiva de venezolanos que en el informe de la ONU pasan de los tres millones de personas que han huido de Venezuela en busca de condiciones mínimas de vida y muchos de las cuales partieron con sus hijos a cuesta, en precarias condiciones económicas y de salud.

De allí que una de las tareas fundamentales de la ONU es procurar una solución política con medidas definidas para “mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos Humanos” tal como concluye el informe en sus manos.

Susana Rafalli, especialista en gestión alimentaria y activista en esa área, nos recuerda que la visita de órganos independientes de verificación de Derechos Humanos a Venezuela han estado bloqueadas por dos décadas. De allí que, lo anunciado por la Alta Comisión de la ONU “es un hito” y concreta un mayor acceso a esos mecanismos y nos acerca mas a una presencia permanente del sistema. También precisa que: “Hay antecedentes suficientes para tener confianza en el profesionalismo y rigor del equipo técnico de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Lo constatamos en su visita preparatoria. Es valioso que venga y como un espacio más de todo un proceso”. Señaló en su cuenta de Twitter, la especialista.

Presos y perseguidos

Hasta el 17 de junio, dos días antes de la visita de la Alta Comisionada de la ONU a Venezuela, la ONG, el Foro Penal, informó que hasta ese día se cuentan 773 presos en todo el país por razones políticas. Pero detalló que 95% de esos caso están sin juicio y sin derecho a la defensa. Adicionalmente un grupo de ellos, que han sufrido torturas, se encuentran enfermos y recluidos en condiciones insalubres.

Es de destacar que todos estos detenidos están siendo imputados por traición a la patria, rebelión y porte de armas.

Hasta el 14 de junio, el Foro Penal tenía registrado 15.030 arrestos arbitrarios en Venezuela desde el 1 de enero de 2014. De ellos, 845 civiles han sido presentados ante tribunales militares.

Desde enero de 2014 hasta la fecha, se lleva un histórico acumulado de 3.137 presos políticos; de 2.364 se ha logrado la libertad o la excarcelación, bajo diversas modalidades. Al mes de abril de 2014 registraban 117 presos políticos en el país. Hoy, la cifra certificada por la OEA el pasado 10 de junio es de 773 personas, de ellas 56 son mujeres. Pero es de destacar que 8.616 personas se mantienen sometidas a procesos penales bajo medidas cautelares. Todo ello por motivos políticos.

Según destaca el Foro Penal, durante el año 2019 se ha generalizado la práctica, fundamentalmente a cargo de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de arrestar personas y mantenerlas completamente incomunicadas sin informar a sus familiares o a sus abogados sobre su destino, e incluso negando haber procedido al arresto. Esta práctica constituye desde el punto de vista técnico una sistemática desaparición forzada de personas. En muchos casos, los privados de libertad de esa manera son presentados de forma clandestina, sin permitirles la asistencia de sus abogados de confianza o fuera de los lapsos legales previstos para ello, lo cual constituye una grave violación a sus derechos.

El 30 de abril y el fiscal

A partir del pronunciamiento político del 30 de abril encabezado por Juan Guaidó y un grupo de militares, según las cifras presentadas por el fiscal de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, designado por la Asamblea Constituyente chavista, por esos hechos se produjeron 233 detenciones. El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno como un “golpe de Estado” aunque en esa acción no hubo toma armada de ningún centro de poder. Adicionalmente se emitieron 18 órdenes de captura para civiles y militares que huyeron. Además de los detenidos, cifras extraoficiales indican que al menos 500 militares salieron al exilio a partir de esos sucesos.

Junto los procesados y solicitadsos, 35 parlamentarios están sometidos a persecución con allanamiento de la inmunidad, detenidos ilegalmente, inhabilitación y otros están en el exilio. Es un mecanismo que voceros del Parlamento lo califican como un proceso para “rebanar” la Asamblea Nacional.

El pasado 11 de junio, el fiscal Tarek William Saab, presentó un informe emitiendo algunas cifras sobre su gestión al frente de ese organismo del Gobierno. Indicó que entre enero y mayo de 2019 ingresaron al Ministerio Público 3.820 denuncias de violación a los Derechos Humanos. Señaló que en 5 meses de gestión han privado de libertad a 57 funcionarios militares y policiales, además de 9 civiles. Detalló que se realizaron 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas.

El Foro Penal considera que lo que presenta el Fiscal como un éxito; sus cifras muestran por el contrario la alta impunidad que existe en materia de derechos humanos en el país pues, comparando con la cantidad de denuncias, el número de casos resueltos es muy poco.

Crisis en salud

En el más reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se ofrecen algunos datos de la situación que padece Venezuela en esa área. Se destaca que en los ocho años comprendidos entre 2010 y 2018 el número de casos de malaria aumentó 900% en Venezuela, y la transmisión autóctona se extendió de 12 entidades federales a 17 y de 60 municipios a 125. Esa tendencia ascendente significa que se ha multiplicado por 10 la tasa de incidencia nacional en el mismo período. En 2018 hubo más de 451.000 casos confirmados en Venezuela, con 257 muertes, y entre el 1° de enero y el 17 de marzo de 2019 se observaron casi 103.000 casos confirmados en todo el país.

Desde mediados de 2017, Venezuela ha estado sumida en un brote de sarampión que se ha extendido a todo el país. Al 31 de marzo de 2019 se habían acumulado más de 6.500 casos confirmados; entre ellos 76 muertes.

En Venezuela el brote de difteria empezó en julio de 2016. Al 30 de abril de 2019, las autoridades nacionales de salud habían notificado más de 2.700 casos presuntos y confirmados, incluidas 280 muertes (tasa de mortalidad de 10%). Los casos observados en 2018 representan 44% de los casos registrados desde el comienzo del brote. Entre el 1 julio y el 30 de abril de 2019, Colombia notificó ocho casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, incluidas tres muertes, también importados de Venezuela.

En los ocho años comprendidos de 2010 a 2018, el número de casos de malaria aumentó 900%, y la transmisión autóctona se extendió de 12 entidades federales a 17 y de 60 municipios a 125. Esta tendencia ascendente significa que se ha multiplicado por diez la tasa de incidencia nacional en el mismo período. En el 2017, Venezuela representó 84% del aumento de los casos en la Región, con más de 411.000 casos confirmados notificados, entre ellos 310 muertes. En 2018 hubo más de 451.000 casos confirmados en Venezuela, con 257 muertes, y entre el 1 de enero y 17 de marzo de 2019 se observaron casi 103.000 casos confirmados en todo el país.

La visita de Michelle Bachelet se agrega a la presión internacional que se hace en varios escenarios como los de la Unión Europea que piden elecciones libres, al grupo de países que se reúne en Suecia para buscar una salida política en Venezuela y a los diálogos iniciados en Noruega entre factores del chavismo y oposición.