Habrá reparación, pero sin conocer toda la verdad. Las víctimas de la violencia institucional en el País Vasco tendrán acceso a ser reconocidas legalmente, aunque al mismo tiempo se excluirá cualquier atribución de responsabilidades. Así ha quedado confirmado tras la rúbrica definitiva del acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que podría resumirse en una frase: Madrid retira el recurso que el anterior gobierno interpuso en el Constitucional contra la ley vasca que reconocía estas vulneraciones de los derechos humanos, mientras que el lehendakari Urkullu y su equipo se comprometen a hacer los “retoques” necesarios que garanticen que no se buscarán “culpables”.



El penúltimo paso se ha dado este martes en la capital española, donde la ministra de de Política Territorial, Meritxell Batet, ha puesto su firma en el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos para enterrar el recurso contra la denominada “Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999” que había sido aprobada en julio de 2016 con los votos de PNV y PSE.



Aquella ley, que llegó a ser calificada como “descafeinada” por varias víctimas de abusos policiales, dejaba claro que quedarían excluidas de cualquier reconocimiento aquellas “personas que resultaran fallecidas o heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta, incluso cuando con dichas actuaciones lo que se pretenda sea repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

La ley llegó a ser calificada como “descafeinada” por varias víctimas de abusos policiales

A pesar de esas salvedades, el gobierno de Rajoy se mostró reacio a permitir cualquier paso que permitiese reconocer a las víctimas provocadas por la represión policial. El Ejecutivo del PP argumentó que la comisión que se encargaría de valorar la situación de cada víctima carecía de cualquier amparo legal, ya que –a su criterio- suplantaría la labor de los jueces. Así lo denunció ante el Tribunal Constitucional, que en mayo de 2017 admitió el recurso del gobierno central y anuló la ley vasca.



Tras la llegada de Sánchez a La Moncloa, los Ejecutivos de Vitoria y Madrid iniciaron un acercamiento que ha permitido destrabar este asunto. O al menos, revisarlo. Según ha afirmado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, la retirada del recurso ante el TC por parte de Madrid será correspondida por Vitoria con una nueva ley que será enviada al Parlamento autonómico y que tendrá algunos “retoques” dirigidos, fundamentalmente, a garantizar que no se buscará ningún “señalamiento de culpas”, algo que, de hecho, tampoco ocurría en el texto recurrido por el gobierno de Rajoy.

Una ley “cepillada”



Según ha podido confirmar Público, el acuerdo en torno a este asunto llegará el viernes al Consejo de Ministros, donde será ratificado. Sin embargo, la cosa no terminará ahí. Desde el Parlamento Vasco, EH Bildu y Elkarrekin Podemos ya han mostrado su cautela ante esos cambios. La formación morada aseguró en un comunicado que apoyará las modificaciones “en la medida en que se compruebe que el acuerdo no desvirtúa su contenido y alcance y quede claro que los cambios que se proponen la mejoran, no perjudicando a las víctimas que se quiere reconocer y reparar”. En tal sentido, Elkarrekin Podemos ha solicitado que el Gobierno Vasco y su Secretaría de Paz y Convivencia comparezcan en septiembre en el Parlamento con el fin de explicar en detalle a todos los grupos y a la ciudadanía los cambios que han acordado con respecto a la Ley de abusos policiales”.



Por su parte, la coalición abertzale advirtió que “el acuerdo entre Lakua y Madrid para ‘cepillar’ la Ley de Víctimas del Estado es un mal precedente porque rebaja lo aprobado” en el Parlamento Vasco. En esa línea, subrayó que “seguirá habiendo una ley poco ambiciosa, pero que iniciará el recorrido de reconocimiento de las víctimas del estado, hasta ahora absolutamente invisibilizadas”.

Mirando a los tribunales

Por su parte, tanto el PP vasco como la Comisión de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) y los principales sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil han mostrado su rechazo al pacto alcanzado entre ambos gobiernos por considerar que supone una afrenta a las Fuerzas de Seguridad del Estado. En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso formulado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra esta ley.



Hay otro dato que no se le escapa a ninguno de los protagonistas de esta historia: el pacto entre los gobiernos de Urkullu y Sánchez ha llegado pocos días después de que el TC tumbara definitivamente la Ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, aprobada en el Parlamento de Pamplona en 2015 con los votos de todos los grupos menos UPN y PP. Esa norma también había sido recurrida por el Gobierno de Rajoy con argumentos muy similares a los empleados en el caso de la ley vasca.



Este martes, las formaciones que sustentan al ejecutivo de Uxue Barkos han lamentado esta decisión del TC y han denunciado que el alto tribunal “desampara” a las víctimas.

