Investigadores del laboratorio Ethos, especializado en el análisis de políticas públicas, advirtieron que la corrupción en el país está acabando con el agua: desde el nivel gubernamental que da permisos para obras hidráulicas, hasta llegar a las tomas clandestinas.

De acuerdo con los expertos, en México el gobierno otorgó, entre abril de 2015 y diciembre de 2018, al menos 77 concesiones para utilizar los recursos de mantos acuíferos sobreexplotados, que en su mayoría fueron para la prestación de servicios de consumo humano. En estos contratos, Ethos aseguró, en la presentación del estudio donde detallaron esta información, que las autoridades no siguen los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.

Explicaron que otra falla del gobierno está en la falta de supervisión sobre la contaminación de los mantos acuíferos en el país. Especificaron que tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. Incluso, compartieron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de más 41 mil millones de pesos.

A pesar de eso, Ethos agregó que las autoridades encargadas de la administración del agua, tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuentan con pocos recursos para solucionar esta problemática, pues han sufrido recortes a más de la mitad de lo que tenían destinado en administraciones pasadas, es decir, hasta el 55% de reducción presupuestal, respectivamente, entre los años 2012 y 2019. Agregaron que inspectores de estas dependencias reciben sobornos de las industrias para evitar penalizaciones por contaminación en el agua.

Otro problema, que indicaron que está relacionado con la corrupción a nivel gubernamental, es la repartición del agua.

“La corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer el líquido a la población. Existen alrededor de 2 mil 688 a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, debido a su mala gestión, actualmente tres de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y tres de cada cuatro personas considera que el agua no es sana para beberse” detallaron los analistas de políticas públicas.

Compartieron que, acuerdo con datos del INEGI, siete de cada 100 personas presentan quejas por corrupción en los servicios municipales al solicitar de pipas de agua. Especificaron que 70 de cada mil negocios, en todo el país, han reportado negligencia cuando solicitan estudios de factibilidad de agua y drenaje.

Respecto a la existencia de pozos clandestinos, Ethos compartió que es un problema que se ha agravado desde 2012 hasta la fecha. Resaltaron que la Conagua encontró 2 mil 280 de estas tomas. A ésto, explicaron, se suma la incertidumbre sobre cuánta agua se extrae de estos pozos, ya que la mayoría se localizan en áreas sobreexplotadas.

“Junto con los pozos clandestinos, se da también el fenómeno del contrabando que ocurre cuando funcionarios conectan nuevos usuarios a la red pública sin que cumplan con los trámites o extraen agua de la red para venderla a través de pipas” añadieron.

Explicaron que a nivel nacional, las obras hidráulicas que se realizan para que el agua pueda ser captada, almacenada y utilizada para diferentes fines, generalmente de gran envergadura o complejidad, son susceptibles a la corrupción y mala administración de este recurso.

También, aseguraron que funcionarios en todos los estados de la república esconden datos importantes sobre la administración del agua. “Genera riesgos de corrupción, pues los funcionarios pueden esconder decisiones discrecionales o actos de corrupción detrás de información incompleta y desactualizada” señalaron en su reporte.

maf