Fuego y rabia. Las manifestaciones por la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas derivaron anoche en una batalla campal en Barcelona que se reprodujo por toda Catalunya. Grupos de violentos engulleron las convocatorias de protesta y alimentaron el argumento de que el movimiento independentista no es “pacífico”. Fue la propia Moncloa la primera en señalar a los radicales y advertir de que el objetivo del Gobierno central “es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Catalunya”. Y lo hará “si es preciso” con “firmeza, proporcionalidad y unidad”.

Ante el silencio inicial de la Generalitat, el Gobierno en funciones quiso marcar sus líneas rojas para las próximas horas con un comunicado en el que relata “actos de violencia generalizada” en todas las protestas convocadas contra la sentencia del 1-O, con grupos violentos provocando destrozos y actos vandálicos. “Es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Catalunya”, señala el comunicado.

Grupos de violentos protagonizan una batalla campal en torno al paseo de Gràcia

La Moncloa no señala un problema policial. Todo lo contrario. El Gobierno reconoce la labor de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y “valora de manera muy positiva la coordinación y el trabajo conjunto con los Mossos”. Pero el terreno ya está abonado para tomar decisiones drásticas como la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana o un nuevo 155 acotado a determinadas competencias, que Pablo Casado no dudó en reclamar con urgencia. Albert Rivera responsabilizó a Pedro Sánchez de la “ola de violencia” en Catalunya y pidió “protección” contra “los radicales separatistas”.

Barcelona vivió anoche una jornada convulsa con cargas policiales, barricadas e incendios (Alex Caparros / Getty)

Sin hoja de ruta política ni control de los partidos independentistas sobre las movilizaciones, las protestas acabaron ayer en manos de los violentos con una batalla campal en el Eixample de Barcelona y disturbios en el resto de capitales catalanas. El Govern y los presos habían pedido manifestaciones masivas y pacíficas pero cediendo el liderazgo de las mismas a organizaciones de carácter anónimo como los CDR o el Tsunami Democràtic, que surgió inmediatamente después de una reunión de partidos y entidades en Ginebra con el aplauso de los mismos.

Las cargas alimentan las peticiones de dimisión del conseller Buch en pleno operativo

Las manifestaciones bloquearon el lunes los accesos al aeropuerto; ayer la afectación ferroviaria y viaria en Tarragona, Girona y la Catalunya Central fue considerable durante todo el día y, por la noche, se repitieron las escenas de tensión entre manifestantes, Mossos y Policía Nacional. Las cargas policiales contra grupos violentos se sucedieron en los alrededores a la sede de la delegación del Gobierno central en Barcelona, donde hubo varios detenidos, lanzamiento de piedras, bengalas y hogueras que llegaron hasta el paseo de Gràcia y la Rambla.

Se habían congregado más de 40.000 personas pero la concentración acabó convirtiéndose en un ataque organizado contra Mossos y Policía Nacional. También hubo violencia frente a las subdelegaciones de Girona y Lleida, así como en Tarragona y ciudades como Sabadell.

En un ejercicio de funambulismo político, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, manifestó a mediodía la “empatía” del Ejecutivo catalán con las acciones de protesta “pacífica y cívica”, así como con “acciones contundentes como es el colapso de una infraestructura tan importante como el Aeropuerto de El Prat”. Un apoyo que intentó compatibilizar con la justificación de las cargas policiales. Incluso las atribuyó a la necesidad de “proteger” a los manifestantes.

Las imágenes de las cargas del lunes violentaron a los comunes y la CUP, que pidieron explicaciones al conseller de Interior, Miquel Buch, y hasta su dimisión; pero también al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que no tuvo reparos en señalar al conseller a pesar de que el lunes fue el vicepresident Pere Aragonès quien puso en valor el trabajo de la policía catalana. Anoche fue el único que reaccionó vía Twitter pidiendo que los independentistas “se alejaran todas las acciones violentas” para “no justificar lo que buscan, un 155 encubierto”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, abandonó la cena del premio Planeta para denunciar las acciones violentas y reclamar a “todas las instituciones una llamada a la calma”.

Hoy volverán las peticiones de dimisión de Buch, en este caso por parte de las fuerzas de la derecha, mientras las asambleas de la ANC intentan desmarcarse de los radicales que provocaron el caos con la vista puesta en próximas convocatorias, estas sí, controladas por las entidades independentistas.

El Govern no quería que la reacción al TS fuera un problema de orden público; hasta ayer

La relación entre cuerpos policiales en el centro de coordinación comandado por los Mossos es fluida y, aunque las escenas de violencia del aeropuerto dispararon todas las alarmas el Govern, se habían conjurado para evitar que la respuesta ciudadana a la sentencia acabara presentándose como un problema de orden público. Hasta anoche.

Los incendios se convirtieron en protagonistas y las cargas policiales se sucedieron contra los violentos encapuchados equipados con material incendiario. De nada sirve ahora poner el foco en las marchas de la ANC que arrancan hoy desde Vic, Berga, Tàrrega, Tarragona y Girona y en la manifestación convocada para el sábado 26.

Los manifestantes incendian cartones junto a la Delegación del Gobierno en Barcelona (Enric Fontcuberta / EFE)

La ausencia de una hoja de ruta del independentismo para afrontar primero el juicio, y ahora la sentencia, ha sido uno de los handicaps del Govern de Quim Torra, aunque las batallas se han librado en el Parlament. Ahí siguen. El president comparecerá mañana en el pleno de la Cámara catalana para ofrecer su respuesta particular a la sentencia del 1-O pero la fórmula elegida para manifestar su rechazo al fallo del Supremo no comportará una votación del pleno porque no hay acuerdo sobre cómo escenificar la unidad independentista en una resolución conjunta.

La Moncloa alaba la coordinación de Mossos, Policía y Guardia Civil

El president había fiado la respuesta política al Parlament en un intento de proteger el Govern ante la amenaza de la aplicación de un nuevo 155. Así, se había comprometido a someter a votación una propuesta basada en “la democracia, los derechos humanos y la autodeterminación”, pero los apercibimientos del Tribunal Constitucional sobre los miembros de la Mesa si tramitan ese tipo de resoluciones obliga a reconducir la situación.

La incomodidad ante las reservas de los republicanos y en especial con el presidente de la Cámara, Roger Torrent, son evidentes y vienen de lejos, pero Junqueras ha ordenado a los suyos que no se puede poner en riesgo las instituciones por simples acciones simbólicas. El calendario es además implacable y el TSJC ha fijado para el próximo 28 de noviembre el juicio a la Mesa del Parlament que en el 2017 permitió la aprobación de las leyes de desconexión acusados de desobediencia.

ERC quiere mantener el control de su relato y sí ha presentado una moción que se votaría en el pleno del día 23 y 24 en la que se denuncia el “proceso judicial arbitrario” contra los líderes independentistas, se rechaza la sentencia y se desacredita al tribunal sentenciador y su presidente, Manuel Marchena. No obstante, el texto se limita a instar al Govern a exigir la recuperación del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno del Estado en busca de una solución política y reconocer que la “estrategia de coacción institucional” sólo contribuye a “cronificar el conflicto”.

Torra comparecerá en el Parlament, mientras ERC avanza una moción contra la sentencia

Los republicanos pasan además en un mes de votar junto a JxCat y la CUP que la Guardia Civil abandone Catalunya a exigir simplemente que se “frente el traslado de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el único objetivo de crear un clima de excepción”.

Desde la cárcel de Lledoners, los presos independentistas reclaman, en cualquier caso, que toda resolución y declaración pública incluya un compromiso con el diálogo. El desacuerdo no es ajeno a la dinámica electoral con el 10-N en el horizonte.

Sin acuerdo en la Cámara catalana, la reacción del Govern a la sentencia se concentra en la demanda de una amnistía, las cartas de Torra al Rey, Pedro Sánchez y líderes europeos, una gira por la UE del conseller de Exteriors y la anulación de la agenda de los consellers, que se limitará a actos de rechazo a la sentencia. La reacción política también pasó por las prisiones, el president y los consellers visitaron Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses para mostrar su apoyo a los condenados.

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