Rumbo al Senado la privatización de playas

Waldo Covas Quevedo

Un proyecto de ley que permitiría la privatización de la zona marítimo-terrestre de Puerto Rico a lo largo y ancho de la isla, al igual que en Vieques y Culebra, ha sido aprobado por la Cámara de Representantes. El Proyecto de la Cámara 2853 (PC 2853) fue presentado por el legislador Ángel Matos García y su colega Antonio L. Soto Torres el pasado 31 de marzo y aprobado por la Cámara el 13 de este mes, con el único voto en contra de José Luis Báez Rivera (PPD-San Juan). Otros seis representantes no asistieron a la votación. --> -->

Superado el trámite, ahora la propuesta avanza por igual rumbo en el Senado, en medio de la avalancha de medidas que se consideran a toda prisa hoy sábado, a horas de que expire la última sesión legislativa del cuatrienio.

El PC 2853, identificado en su preámbulo como ley para crear el Fideicomiso de Conservación Ecoturística de Puerto Rico, da a quien ocupe la posición de Secretario del Departamento de Recursos Naturales la potestad de conceder franquicias, permisos o licencias de “servidumbre personal” o “privadas” en la zona marítimo-terrestre, aguas territoriales de la isla y los terrenos sumergidos bajo ellas.

Estas franquicias, concesiones, permisos o licencias serán por términos renovables de 30 años, pero en el caso de que sean otorgadas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios, estas podrán ser a perpetuidad.

El proyecto aprobado por la Cámara cambia drásticamente la política pública sobre la zona marítimo-terrestre y da una carta en blanco a dueños de propiedades y hoteles en Culebra, Vieques, Isla Verde, Condado, Isabela y Lajas, así como tantos puntos costeros de Puerto Rico, para el traspaso del patrimonio público a intereses privados, advirtió el abogado ambientalista Pedro Saadé Lloréns.

Esto podría incluir desarrollos turísticos de Cabo Rojo, Guánica y Rincón, donde también ubican proyectos que pagan franquicias para el uso de la zona, pero obligados actualmente a asegurar el acceso público y libre uso.

“El Proyecto 2853 es peor (que la venta de) la Telefónica. Son nuestras playas, nuestros mares”, expresó Saadé Lloréns. “Si se entrega un control tan masivo de los bienes, con ese precedente se abren las puertas a las reclamaciones de otros intereses” ubicados en la zona marítimo-terrestre del resto del país “y se privatiza el disfrute del mar y las playas”.

“Esto es a mansalva”, continuó.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Carmen R. Guerrero Pérez, sentenció que la aprobación como ley el PC 2853 “sería detrimental, porque estaría privatizando de facto todos los bienes de dominio público marítimo-terrestres de Puerto Rico, ya que se dispone que se deben aprobar concesiones especiales a todos los proyectos y estructuras legales o ilegales presentes en las playas y costas… sin ningún tipo de distinción”.

La Secretaria reconoció la necesidad de legislar sobre las ocupaciones existentes en la zona marítimo-terrestre, pero dentro del marco constitucional de la conservación de los recursos naturales y, sobre todo, con el libre acceso a las costas.

Agregó que la medida de Matos García legaliza todas las estructuras privadas que hayan existido desde antes del 31 de diciembre de 2015, sin algún tipo de distinción y sin conocer de antemano cuáles han sido sus aprovechamientos.

“Por ordenamiento jurídico, los bienes de dominio público no son susceptibles de apropiación por parte de un particular, contrario a lo que se promueve con esa pieza de ley”, puntualizó Guerrero Pérez.

“Esta medida legislativa no toma en consideración los graves problemas de erosión costera en Puerto Rico y los efectos de los cambios climáticos, por lo que, de convertirse en ley, pone en riesgo a la seguridad pública del país y va en contra de los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, como lo dispone la Constitución de Puerto Rico”, agregó.

Otro para La Parguera

Simultáneamente, otra propuesta de ley que haría lo propio con las casas flotantes de La Parguera en Lajas fue aprobada anoche en el Senado.

El Proyecto del Senado 1621 de la autoría del senador Antonio Fas Alzamora propone que se le conceda el título de la zona marítimo-terrestre a los ocupantes de las llamadas casetas de La Parguera.

“Este es un legado fatal que nos deja Fas Alzamora”, expresó además Saadé Lloréns. El senador por acumulación cumple su último término como senador, tras 40 años en la Legislatura.

El abogado urgió a los grupos ambientalistas y a las partes interesadas a llamar hoy sábado a sus legisladores para que voten contra ambos proyectos cuando sean referidos al cuerpo legislativo hermano y, en caso que se aprobaran en la oscuridad de la noche, inundar el cuadro telefónico de La Fortaleza para que el Gobernador los vete.

Al cierre de este reportaje en la noche del viernes, usuarios de las redes sociales ya plasmaban su indignación con ambas medidas.

Para leer el proyecto sometido al Senado por la Cámara, acceda a este enlace.