En sólo 25 minutos la relatora del pleno de la Corte Suprema, Graciela Gómez, dio cuenta del proceso de remoción del fiscal nacional Jorge Abbott que hace tres meses alzaron algunos diputados del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría.

Durante la intervención de la abogada, se dio cuenta a los supremos de los cuatro hechos que se le atribuyen a la máxima autoridad del Ministerio Público en que -según los parlamentarios- habría una "negligencia inexcusable" por parte del fiscal nacional.

Asimismo, Gómez relató la etapa de prueba y lo que declararon los fiscales regionales de los casos Penta, SQM y Corpesca, quienes negaron haber recibido alguna vez una instrucción particular de Abbott para decidir alguna diligencia o hito judicial de las investigaciones por financiamiento irregular de la política, que tramitan, tal y como presume el escrito de los representantes del FA y la ex Nueva Mayoría.

Ante la atenta mirada de los 17 supremos presentes en la sala (se ausentó la ministra Gloria Ana Chevesich por estar de vacaciones y el juez Sergio Muñoz al inhabilitarse por tener un caso pendiente), el abogado requirente Inti Salamanca comenzó sus alegatos, asegurando que el fiscal nacional había incurrido en una de las tres causales que contempla la Constitución para remover a la máxima autoridad del Ministerio Público: negligencia manifiesta en el ejercicio del cargo.

Como ha sido la tónica en este proceso, sólo hubo 15 personas presentes en el pleno de la Suprema. Ninguno de los diputados requirentes, tampoco asistió el requerido: Jorge Abbott. Durante la etapa probatoria también llamó la poca presencia de público y de representantes del mundo político, pese a la inédito de la situación. En 19 años del Ministerio Público jamás se había requerido la remoción de un fiscal nacional. Hasta ahora.

La situación, además, cuenta con un ingrediente adicional. Tres de los 17 supremos presentes en la sala vienen de soslayar un proceso de acusación constitucional alzada en el Congreso por parlamentarios del mismo sector que hoy pretenden sacar del cargo al fiscal nacional.

Al cierre de la edición de La Tercera PM los 17 supremos resolvieron rechazar en forma unánime o la decisión de remoción de la máxima autoridad del Ministerio Público.

A juicio del abogado de los diputados del FA y la ex NM, Jorge Abbott no podía reunirse con el entonces senador Hernán Larraín cuando éste le solicitó una audiencia en la Fiscalía Nacional preocupado por el desafuero del senador UDI Iván Moreira quien estaba formalizado en el denominado caso Penta.

Salamanca cuestionó otras reuniones que tuvo en la misma Fiscalía Nacional Abbott y abogados de la causa SQM (Rodrigo Zegers por Santiago Valdés, ex administrador de la primera campaña presidencial de Sebastián Piñera y Samuel Donoso, defensa del ex gerente general de SQM Patricio Contesse).

Especial énfasis puso el abogado del FA en supuestas prácticas antisindicales denunciadas por una dirigenta de una de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público. Lo mismo, según Salamanca, habría pasado con un caso de acoso laboral en que también se le atribuye responsabilidad a Abbott por ser la cabeza del Ministerio Público.

Al finalizar su alegato, Salamanca asegura que en su última Cuenta Pública el fiscal nacional al pedir que sus fiscales no afectaran el funcionamiento del Congreso -requiriendo especial atención en peticiones de desafuero- también actuó "fuera del principio de probidad".

"Acá está en juego la fe pública. Solicito se acoja este procedimiento de remoción y se destituya al fiscal nacional", sostuvo.

La defensa de Abbott: "petición liviana"

"Alego en representación de la máxima autoridad de una de las instituciones más importantes de la democracia", partió alegando el abogado Luis Bates en representación de Abbott.

El jurista pidió además que de rechazarse la petición de remoción, se les condene en costas por haberse "extralimitado" los parlamentarios y haber hecho un "abuso" del ejercicio de derechos de acción. "Es tan liviana la petición digna de costas, que buscaron dos causas laborales que todas las instituciones entre 4 mil funcionarios", alegó Bates.

"En la discusión parlamentaria se dijo que se justificaba la solicitud de remoción sólo por causales de extrema gravedad, ninguna de las cuales se da en este caso y se excluyó el juicio político", dijo Bates.

La defensa del fiscal nacional expresó que el Ministerio Público se encuentra en la actualidad realizando importantes investigaciones a la Iglesia por abusos, pidiéndole al Congreso que transparente sus asesorías, investigando el financiamiento ilegal de la política, incomodando a distintos sectores este Ministerio Público que es hoy dirigido por el Jorge Abbott.

"¡Qué doloroso es que se le califique de corrupto al fiscal nacional! Cuando uno ve las referencias que se hicieron en su proceso de nombramiento por todos los senadores que expusieron en su nominación (...) su trayectoria, se dijo en ese momento como rasgo la cercanía con la ciudadanía, sus valores éricos y morales, la señora Isabel Allende se refiere a la probidad del señor Abbott", alegó Bates ante el máximo tribunal.

Para el defensor, la función de Abbott se ha caracterizado por "excelencia en el oficio" y la "responsabilidad social" que ha tenido al momento de ejercer su cargo.

Bates recalcó que todo lo que se le imputa a Abbott son audiencias públicas y la cuenta pública. "Son actos públicos", aseguró, y sostuvo que "cuando se actúa con rectitud se pagan costos como este, estar enfrentando un proceso como este (...) el fiscal nacional nunca ha pensado en renunciar porque tiene gusto por lo que hace y buscar el bien común lo ha guiado para enfrentar este tipo de acusaciones", sostuvo Bates.

"Los hechos que se rebuscaron. Son dos audiencias públicas, dos conflictos laborales internos y dos párrafos de una Cuenta Pública que tiene decena de páginas que refrendan su sello ya expuesto", aseguró.

Bates recordó que el fiscal nacional al igual que recibió a Hernán Larraín y que es parte de una de 300 audiencias, también tuvo audiencias con diputados que firman la petición de remoción: Cristina Girardi y Hugo Gutiérrez.

"En todas las audiencias cuestionadas la respuesta del fiscal nacional fue negativa (...) la parte contraria dice que el simple hecho de reunirse, "la simple amenaza a la objetividad" es causal para remover al fiscal nacional y más aún ha dicho el colega en audiencia que no es necesario analizar la legalidad de la conducta, que esta puede ser legal, es posible el reproche. ¡O sea la conducta del fiscal nacional puede ser legal, pero es negligente y hay que removerlo!", ironizó Bates.

El defensor del fiscal nacional aseguró que el abogado del FA y los ex NM no dio argumentos de negligencia manifiesta. "Cuando se dice que la conducta es legal, y entonces se elabora la tesis de que siendo legal aún puede ser reñido con falta a la probidad o corrupción faltan los componentes, la opacidad, el oscurantismo, todos estos cargos está a la luz pública, y la prevalencia del interés privado ppr sobre el público. Se dice "que habría actuado a fabor de ciertos imputados que tienen calidad de diputado o senador". Cuando fue la Cuenta Pública no había ningún parlamentario en esa situación", aseguró Bates.

Finalizó diciendo que "acusadores y acusado tienen una misma preocupación la delincuencia de cuello y corbata, pero con diferencias de cómo lo abordan". Bates explicó que por un lado los acusadores lo hacen desde el espectro de lo político y Abbott con la limitación que le da el derecho.