La Fiscalía recurre la sentencia de Alsasua y vuelve a pedir una condena por terrorismo «Son herededores de que las ideas políticas pueden defenderse con la violencia», alega el fiscal La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional revisará la condena a los ocho agresores El Ministerio Público ubica el ataque en el ideario de ETA y solicita penas de hasta 62 años de prisión

El debate sobre la categoría de la agresión de Alsasua (Navarra) –¿fue o no un acto terrorista?– no se ha cerrado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer la sentencia del ataque a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 y ha vuelto a pedir una condena por terrorismo para los ocho condenados. El Ministerio Público, en un recurso al que ha accedido ABC, insiste en que el ataque a los dos guardias civiles y sus parejas fue una agresión planificada y encuadrada en el ideario de ETA, cuya estrategia para atemorizar a la Guardia Civil fue asumida y dinamizada según la Fiscalía por colectivos de la izquierda abertzale.

El recurso se presentó ayer miércoles ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, el primer estadio de revisión antes de llegar al Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal, a quien podrían acudir después, a través de un recurso de casación.

Según la Fiscalía, existe terrorismo porque la agresión se cometió «de una manera organizada al estar integrados los acusados, o al menos algunos de ellos, en la dinámica de la izquierda abertzaleradical, liderada por el entramado de la organización terrorista ETA, y que tiene una finalidad claramente ideológica, la expulsión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, cometiendo para ello actos generadores de terror en la población o en una parte de ella y alterando la paz pública».

Aunque ETA cesó su actividad armada en 2011, la banda existía en el momento del ataque y su estrategia contra la Guardia Civil tenía continuidad en movimientos como el Ospa, encargado de las coacciones a los agentes en Alsasua y en el que los investigadores ubicaron a los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda. El fiscal, José Perals, considera que los condenados son «herederos de que las ideas políticas pueden defenderse mediante la violencia».

«Afortunadamente no hubo muertos»

Al mantener la misma tesis, la Fiscalía reitera las peticiones de cárcel que solicitó en el juicio oral. Esto significa que el Ministerio Público pide una condena de 62 años y medio de prisión para Oihan Arnanz, que fue condenado por el tribunal a 13 años; de 50 años para otros seis acusados (Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, condenados a penas de entre 13 y 9 años de cárcel); y de 12 años y medio de prisión para Ainara Urquijo, que recibió una pena de dos años. Todos menos Urquijo se encuentran ya en prisión, después de que la Audiencia Nacional apreciara riesgo de que se fuguen ante las altas condenas. Arnanz, Unamuno y Ramírez de Alda son presos preventivos desde el mes de noviembre del año 2016.

«Lo que ocurrió en Alsasua no fue una pelea de bar ni una trifulca. Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista. Con la finalidad de expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente», sostiene el recurso. El ataque tuvo lugar en el bar Koxka en una jornada festiva, víspera de la feria del ganado, y uno de los agentes agredidos sufrió una fractura abierta de tobillo. Los agentes y sus parejas fueron sacados del local a empujones, entre golpes, puñetazos y patadas, que continuaron en el exterior.

«La realidad es la existencia y pervivencia del entramado terrorista en el momento en que ocurrieron los hechos», concluye el recurso, que ubica la actividad de plataformas como el movimiento Ospa en el llamado frente de masas de ETA. Al callar las pistolas se incrementó la actividad de los movimientos dinamizados por el frente de masas, argumenta el fiscal.

Pudo además haber muertos, alerta el Ministerio Público. «Si algo nos ha demostrado nuestra historia reciente es que el terrorismo persiste, aunque no haya muertos, incluso en las fases de tregua o cese de la violencia, más o menos permanente. En el presente caso, pudo haberlos. Afortunadamente no los hubo», reflexiona el fiscal, que ensalza la valentía de las novias de los agentes. El Ministerio Público también expone que el Tribunal Supremo otorgó la competencia a la Audiencia Nacional al ver indicios de terrorismo.

El tribunal que juzgó los hechos (la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) rechazó la tesis de la Fiscalía aunque avaló el relato de las víctimas. Describió una agresión brutal, movida por la animadversión a la Guardia Civil, pero descartó que los agresores hubiesen asumido los postulados etarras o buscasen una finalidad considerada terrorista por la ley, como alterar la paz pública o atemorizar a una parte de la población. Aplicó, eso sí, una agravante al advertir que el odio movió a los acusados. El fiscal invoca esa motivación y no se rinde. «Si una acción violenta se comete con una motivación ideológica impulsada por una organización terrorista, es terrorismo aunque el sujeto no esté integrado en una organización terrorista», asegura.

Demostrar quien manda

Al recurrir, la Fiscalía considera que los hechos deben ser considerados como lesiones terroristas y, en el caso de descartar que el ataque fuese planificado, como desórdenes públicos terroristas. El Ministerio Público insiste en que la agresión perseguía tres finalidades que el Código Penal, en el artículo 573, considera terroristas. Serían: «obligar a los poderes públicos a realizar un acto», «alterar gravemente la paz pública», y «provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella». La reforma del 2015 permite condenar por terrorismo a una persona que atente con estas finalidades sin formar parte de una banda terrorista, un cambio pensado sobre todo para los lobos solitarios yihadistas.

En el juicio oral, los condenados no reconocieron ni un golpe, difuminado su participación en la agresión, y se desligaron de cualquier finalidad terrorista y del entorno de ETA. El tribunal condenó por lesiones, atentado a la autoridad, desórdenes públicos y amenazas, apreciando la agraventa de odio y de superioridad.

Al traducirlo al lenguaje llano, el fiscal traduce esta finalidad. «Se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el "pensamiento único" y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos. Porque esa agresión al mismo tiempo sirve de aviso al resto de la población de que esas personas deben ser excluidas», expresa el recurso.