Vista de la frontera con Gibraltar con el Peñón desde La Línea (Cádiz). En vídeo, intervención de González Pons en la Eurocámara. A.CARRASCO RAGEL (EFE) / VÍDEO: AP

Las batallas diplomáticas son a veces batallas semánticas. Una nota a pie de página ha bastado para provocar en las últimas semanas un duro encontronazo en Bruselas a cuenta de Gibraltar. Como en casi todas las contiendas, en esta también ha habido vencedores y vencidos: sobre el papel, España gana y el Reino Unido pierde. Así lo ha determinado este jueves el Parlamento Europeo al dar luz verde al reglamento de exención de visados por 502 votos a favor, 81 en contra y 29 abstenciones. El texto se refiere a Gibraltar como "colonia de la corona británica" por vez primera en una ley comunitaria, un latigazo lingüístico impulsado por España que evidencia la soledad del Reino Unido incluso antes de consumarse el Brexit, y remata el viraje de la UE desde la neutralidad hasta las tesis españolas.

Sus efectos prácticos, más allá del simbolismo y el desaire a Londres, están todavía por determinar. El alcance del logro es de momento limitado. La alusión al estatus colonial no implica avances en reclamaciones tradicionales como el uso conjunto del aeropuerto, construido sobre un istmo que no fue cedido en el Tratado de Utrecht, ni garantiza adelanto alguno en el camino hacia la cosoberanía del Peñón, objetivo al que ninguno de los inquilinos de La Moncloa ha renunciado expresamente, pero abre una nueva etapa en la que España negociará al abrigo de sus 26 socios frente a un Reino Unido aislado desde antes del Brexit. "Es la primera vez que el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir los Estados miembros, asumen que Gibraltar es una colonia siguiendo el lenguaje de la ONU y del TJUE. Se trata de un gran paso adelante para la posición y reivindicaciones formuladas por España", ha destacado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Londres apenas se ha inmutado ante el cambio de terminología. La primera ministra británica, Theresa May, está plenamente centrada en la misión de evitar un Brexit salvaje, el desafío que probablemente la hará aparecer como heroína o villana en los libros de Historia. Y de reojo vigila los motines internos en su propio partido, al borde de la fractura. En ese escenario, Gibraltar ocupa ahora mismo un lugar marginal en su lista de preocupaciones. Eso no impide que vaya a engrosar el desastroso parte de daños del Brexit: sin él, la posibilidad de que la UE tomara partido en un conflicto entre dos Estados miembros y aceptara la denominación de colonia se antoja remota, pero dentro del club comunitario, el Reino Unido ha dejado de ser percibido como "uno de los nuestros", y los Veintisiete han hecho suya la postura española.

Con la Comisión Europea y el Ejecutivo británico absortos en lograr una salida al laberinto del Brexit, el Parlamento Europeo ha sido el centro de la discordia sobre Gibraltar. Allí, las diferencias ideológicas se han difuminado y el envite ha tomado un cariz nacional: los eurodiputados de PP, PSOE y Ciudadanos han maniobrado para sacar adelante el reglamento de visados frente a la dura resistencia de los parlamentarios británicos laboristas, conservadores y euroescépticos.

Finalmente, el caso se ha zanjado en cuatro días de infarto. El lunes, el laborista Claude Moraes, ponente de la ley y encargado de negociar la norma con el Consejo, fue apartado de su puesto en una votación tras ser acusado por eurodiputados españoles de parcialidad por su condición de británico. El martes, su sustituto, el socialista búlgaro Sergéi Stánishev, cerró el acuerdo con el Consejo. El miércoles lo aprobó la comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento con sendas emboscadas fallidas de euroescépticos británicos tratando de restituir a Moraes en su puesto. Y este jueves ha llegado la puntilla final con la votación en el pleno de la Eurocámara, precedida de intentos, también fracasados, de introducir enmiendas y aplazar el voto.

El éxito español viene empañado por los reproches a los métodos desplegados. La inusual destitución como ponente de un eurodiputado moderado y respetado como Moraes, colocado en una posición de sospecha y señalado por su nacionalidad como una suerte de caballo de Troya británico en el corazón de la UE, ha generado numerosas críticas. Muchas de ellas han ido dirigidas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que desde el hemiciclo han acusado de ejercer fuertes presiones y utilizar Gibraltar como arma electoral.

El político laborista se había convertido en el gran obstáculo para la norma: mantuvo durante cinco reuniones una férrea negativa a aceptar el enunciado que calificaba a Gibraltar como colonia. Y como si de dos coches acelerando hacia el precipicio se tratara, ninguno de los bandos, Consejo y Parlamento, parecía dispuesto a pisar el freno: permanecieron inflexibles mientras los días corrían y la posibilidad de un Brexit sin acuerdo ganaba enteros.

De cumplirse esos negros augurios que hablan de un divorcio a las bravas el 12 de abril, si el reglamento no hubiera salido adelante, los ciudadanos británicos habrían tenido que solicitar visado para entrar en la UE, incluso para estancias de menos de 90 días. Eso significa que un simple fin de semana de vacaciones en la costa habría ido precedido de burocracia y pago de tasas. Dado el compromiso de reciprocidad, lo mismo hubiera sucedido a la inversa con los europeos. La magnitud de ese caos ha pesado más, a la hora de votar, que el descontento de algunos eurodiputados por el adiós forzado de Moraes, decantando así la balanza abrumadoramente a favor del texto.

El golpe no ha sido recibido por ahora con grandes aspavientos por Londres, distraída en otros menesteres, con lo que las autoridades gibraltareñas han asumido su autodefensa ante lo que perciben como una provocación pergeñada por España. En un comunicado publicado este miércoles, acusa a los eurodiputados españoles de emplear "tácticas intimidatorias" y restan importancia a la referencia colonial por considerar que su inclusión en un texto legal carece de "consecuencias prácticas". No opina lo mismo el eurodiputado popular Esteban González Pons: "Es una victoria histórica. Y si finalmente hay Brexit, es el primer paso en la negociación hacia la cosoberanía de Gibraltar, que resolvería el conflicto igual que el backstop resuelve el problema de Irlanda".

El término colonia ha mutado en las últimas décadas hasta convertirse en una ofensa para gran parte de los gibraltareños. Hasta 1981, el Reino Unido utilizó la denominación "colonia de la corona" para citar al Peñón, pero actualmente aluden a él como "territorio británico de ultramar", y la palabra, empleada recurrentemente desde Madrid para pedir la cosoberanía, genera rechazo.