El abogado Ricardo Nissen, apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en la sociedad Hotesur, fue oficializado este miércoles como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo querellante en las causas por corrupción y lavado de activos que involucran a Cristina Kirchner y a su familia. Según el letrado, «no hay conflicto de intereses» y «en los últimos cuatro años Argentina se convirtió en un país offshore». Las declaraciones las hizo en El Destape Radio, donde nadie le preguntó por la causa Hotesur.

El desembarco de Nissen, quien ya estuvo al frente de la IGJ entre 2003 y 2005, trae aparejado el regreso de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora, quien mantiene una relación muy cercana con el abogado y que -en otro claro conflicto de intereses- tuvo inconvenientes judiciales por la compra de un edificio para la Procuración, será su asesora externa. En tanto, al frente de las Entidades Civiles de la IGJ estará Luis María Calcagno. Se trata de un hombre que ya estuvo a cargo del área pero, que, por chispazos internos terminó renunciando y quedó como inspector raso.

Durante la entrevista con El Destape Radio, Nissen denunció que «no se hizo nada en el control de sociedades en los últimos años». Su comentario resulta llamativo en función de que, durante su anterior paso por el organismo, Austral Construcciones -de Lázaro Báez- adquirió gran parte de las empresas constructoras de Santa Cruz y surgió Meldorek, la polémica empresa que posibilitó la tercerización y desvío de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que presidían Hebe de Bonafini junto al titular de Meldorek: Sergio Schoklender.

Tras dejar la IGJ, Nissen pasó a representar al Estado como director en empresas vinculadas a la ANSES. En el organismo dejó a una colaboradora de su confianza, Débora Cohen, que dos años después de su partida fue barrida por «albertista» por el entonces flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak. Hoy Nissen regresa a la IGJ, en teoría, convocado por Alberto Fernández. Alak, en tanto, volvió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero de la provincia de Buenos Aires, fortaleza del kirchnerismo más puro y duro.

Fuera de la función pública, Nissen fue el artífice de escandalosas maniobras como el escondimiento de los libros contables de Hotesur, firma sospechada de lavar activos que Lázaro Báez dejó de administrar en 2013. También fue parte de la famosa historia de los borrones con liquid paper que protagonizó el contador Víctor Manzanares por, según dijo, instrucción de la propia Cristina Kirchner. Ya en 2016, patrocinó a Hugo Moyano para evitar que la IGJ del gobierno de Mauricio Macri suspendiera las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

«La decisión es para que no sea candidato Moyano. Hoy la AFA la manejan Daniel Angelici y Matías Lammes», dijo entonces el líder camionero. Tres años después, Lammens fue el candidato a jefe de Gobierno porteño de Alberto, Cristina y -también- suyo. Y desde el 10 de diciembre pasado, se desempeña como ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Por lo que, ahora, Nissen pasará a ser compañero de quien antes denunció.

Una década atrás, Nissen daba una entrevista en Página/12 sobre las sociedades fantasma que se habían conocido vinculadas al empresario Rafael Leavy tras la tragedia de Cromañón. Pasaron 15 años y la Justicia aún no se expidió. Aníbal Ibarra también regresó al gobierno nacional.

Durante el macrismo, se postuló junto a Natalia Salvo como representante de los abogados ante el Consejo de la Magistratura. Ambos escribieron en el portal de Horacio Verbitsky, que tuvo como primicia la causa de Dolores. «El Perro» tituló la nota con una sola palabra: «Extorsión». Salvo es la abogada del «chacarero» Pedro Etchebest. Nissen, uno de los impulsores de la doctrina Lawfare y autor intelectual de la persecución de la mesa judicial macrista. En los próximos días el tema se reavivará con sendas denuncias de diputados kirchneristas que supieron pasar por los servicios de inteligencia.

Al explotar el caso D´Alessio, Cristina Kirchner y la Patria Contratista estaban desesperadas por el devenir de la causa Cuadernos. Ramos Padilla basó su investigación en una cámara oculta ofrecida por el empresario Etchebest, que decía estar asustado. Se fue del país y no volvió. Nadie sabe de qué vive. D´Alessio declaró como imputado colaborador –sin que lo aceptasen- que el fiscal Carlos Stornelli no tenía nada que ver con la extorsión supuestamente efectuada en Pinamar. Ese encuentro grabado en la costa argentina posibilitó la causa Dolores –por su cercanía geográfica-. Sin Pinamar no habría Dolores. Sin Dolores, la causa sería una nube de humo. Salvo escribía en el portal de Verbitsky como colaborada. Allí hacían campaña para ubicar a Nissen en el Consejo de la Magistratura. Caída la vinculación del fiscal Stornelli en la extorsión, para el juez, fue parte de trabajos de inteligencia y de cámaras ocultas como la que le estaban por armar al abogado de Federico Elaskar, José Manuel Ubeira. Pero la única cámara oculta que está en la causa judicial es la que le hicieron a Stornelli. Paradojas de la vida. La causa Puf la investiga el juez de Comodoro Py, Julián Ercolini, el mismo que tiene la causa Hotesur. Es el próximo objetivo del kirchnerismo.

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