La iniciativa para crear la Guardia Nacional que presentó el grupo parlamentario de Morena en enero pasado es un autorretrato muy exacto, que merece recordarse por eso. En lo fundamental, es un proyecto de transformación sustantiva de la organización territorial del poder, pero eso ni siquiera se menciona —para evitar discutirlo. Y se pide la aprobación de manera apremiante.

En la exposición de motivos se habla de una “crisis de violencia, inseguridad e impunidad… que amenaza con llevar al país a la inderogabilidad”. Imagino que querían decir otra cosa, seguramente ingobernabilidad, pero esos errores de bulto también son elocuentes. El diagnóstico es una colección de simplezas: la situación es consecuencia de las políticas económicas de los últimos treinta años, la corrupción “del gobierno y la sociedad”, y “una estrategia rotundamente equivocada de seguridad”. Sólo se abunda un poco en el ingrediente más frágil y discutible, para decir que “expresiones delictivas… suplieron las funciones” de bienestar, movilidad y redistribución de la riqueza abandonadas por el Estado. Pero ni una línea para explicar lo fundamental: en qué consistió la rotunda equivocación de la política de seguridad. Es decir, una denuncia genérica, demagógica, que lo cubre todo.

Ilustración: Kathia Recio

En cuanto a la estrategia correcta, la vaguedad alcanza un registro propiamente lírico: “la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y del bienestar”. Es normal. Para convocar al ejército siempre conviene algo de poesía —o mucha poesía.

No falta la legitimación por la historia patria, indispensable para la identidad del partido. Dice la iniciativa que la Guardia Nacional está “en el horizonte constitucional” desde 1857, y que fue fundada por el general Mariano Salas en 1846. Y se trae a cuento a un general golpista, que además sirvió en la regencia de Maximiliano; es el rasgo más extravagante, pero uno muy apropiado, si se mira el elenco de diputados, senadores, cargos públicos del partido.

A continuación, una mentira flagrante: la Guardia Nacional “está prevista… en la Constitución vigente desde su emisión en 1917”. Pues no. En el texto constitucional había una institución arcaica, decimonónica, que se llamaba Guardia Nacional, y que nunca llegó a existir. Se suponía que debía ser un cuerpo de formación ocasional, para emergencias, convocado por el Congreso, en el que deberían participar todos los ciudadanos —que además elegirían a sus jefes. En la iniciativa se derogan todos los artículos, las fracciones, en que se menciona esa Guardia Nacional —es decir, se hace desaparecer por completo eso que dicen que “está previsto”.

Dice la Constitución del 17: es obligación de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional (derogado en la iniciativa); es obligación de los ciudadanos alistarse en la Guardia Nacional (derogado); el senado tiene la facultad de autorizar al presidente el uso de la Guardia Nacional (derogado); la Comisión Permanente puede autorizar el uso de la Guardia Nacional (derogado); los ciudadanos que formen la Guardia Nacional tienen derecho a nombrar a sus jefes y oficiales (derogado); las entidades federativas tienen facultad para instruirla (derogado). O sea, que se borra todo rastro de eso que se llamó Guardia Nacional, y se emplea el nombre para designar a un nuevo cuerpo de ejército. Y se da dimensión histórica a su adscripción administrativa, para desarmar a los críticos.

La media verdad que sirve de acompañamiento es igualmente reveladora: tienen “carácter militar” la Guardia Civil española, la Gendarmería francesa… Y es verdad. Pero omiten decir que esos cuerpos tienen atribuciones muy concretas, estrictamente delimitadas, y con mecanismos de coordinación perfectamente definidos con las otras fuerzas de orden público. La Guardia Nacional de la iniciativa “participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”. O sea, que participará aproximadamente en todo.

No se privan los señores diputados de un gesto burlón, de fingida cortesía hacia lo que era el federalismo (y el municipio libre, antes de que fuese sólo el nombre de una calle). Dicen que el nuevo cuerpo de ejército “deberá coordinarse… con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con que cuenten las entidades federativas y los municipios”. Sin duda suena bien, lo difícil es imaginarse al coronel responsable de la guardia coordinándose con el jefe de la policía municipal de Huimanguillo o el de Tizimín.

El resto se arregla de un manotazo. En el transitorio segundo se dice que el nuevo cuerpo de ejército sustituirá a la Policía Federal, y en el quinto se suspende la vigencia del artículo 129 de la Constitución “en tanto persista la crisis de violencia e inseguridad”. O sea, eso: en tanto persista, y se pueden calcular por lo bajo seis años, lo que tardan en llegar “la justicia y el bienestar”.

Es para ponerle un marco y colgarla en un museo.

Fernando Escalante Gonzalbo

Profesor en El Colegio de México. Su más reciente libro es Historia mínima del neoliberalismo.