La empresa municipal Madrid Destino empleó anteriormente nueve veces la misma contratación por la que el Partido Popular se ha querellado contra los concejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y por la que han sido reprobados esta tarde en el Pleno, han explicado desde el equipo de Gobierno.

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Las mismas fuentes han remarcado que en ningún caso se trató de una contratación ilegal ya que se realizó en el marco de la ley de contratos del Sector Público y de las Instrucciones de Contratación de Madrid Destino, realizadas antes de la llegada de Ahora Madrid y utilizadas en multitud de ocasiones previas.

De dichas instrucciones el Ejecutivo defiende que había plena capacidad de contratación por parte de los firmantes de la denuncia y que dado el importe de los informes encargados (50.000 euros) no era necesario elaborar pliegos ni realizar una licitación abierta. Se trata de un procedimiento simplificado, habitual en la contratación de determinadas obras y servicios por parte de las administraciones y empresas públicas.

La externalización de servicios jurídicos "no es excepcional", han explicado, dado que el Ayuntamiento de Madrid y las empresas municipales, como todas las administraciones públicas, recurren a despachos de abogados externos en los casos en los que la asesoría jurídica no considera competencia suya o en los que requieren de un grado de especialización muy concreto.

Un ejemplo reciente es la denuncia presentada en 2016 a la Fiscalía por parte del Ayuntamiento en el caso de Mercamadrid-Mercaocio, donde se encargó un informe externo a un abogado del Estado en excedencia.

En el caso de Madrid Destino se contabiliza la contratación en nueve ocasiones de servicios externos de abogados para casos de derechos fiscal, laboral, asesoramiento técnico para informes económicos y jurídicos o asistencia en procesos judiciales. Las cantidades abonadas oscilan entre los 14.000 y los 50.000 euros.

En cuanto al número de informes, el Gobierno apunta que fueron dos, por los que se pagaron 50.000 euros, a razón de 24.000 y 26.000 euros respectivamente. Uno de los informes cuantificó el coste de los convenios firmados por el Mutua Open de Tenis y otro sirvió para esclarecer si todo ello era constitutivo de delito. Uno de los informes fue realizado por un despacho especializado en derecho civil y administrativo y el segundo especializado en derecho penal.

El nivel de concreción requerido en la elaboración de estos dos tipos de informes hizo necesario recurrir a abogados especializados y con experiencia en ramas de derecho muy concretas, han apuntado. El nivel de confidencialidad necesario para realizar este trabajo permite entender que no se optara por un procedimiento publicitado para la contratación de despachos de abogados. También destacan que las cantidades abonadas entran dentro de los honorarios habituales en estos casos.