Al ingeniero Juan (nombre ficticio para cuidar su identidad) le pidieron que entregara su teléfono celular al llegar a la reunión convocada por sus superiores, en la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) del Estado de México. Con casi una década de trabajo le pareció una petición rara, nunca antes había pasado, pero el pasado 24 de junio le restó importancia, así que siguió la instrucción igual que el resto de sus compañeros.

Apenas unos minutos después, el encargado de la representación estatal de la Sader, Víctor Manuel Ontiveros, les dijo que debido a las medidas de austeridad emprendidas por el gobierno federal tenían sólo dos opciones: firmar su “adhesión” a una compensación económica “voluntariamente”, o “quedarse sin nada porque de todos modos sus plazas van a desaparecer”.

El ingeniero cayó en cuenta: les quitaron los teléfonos para que nadie grabara el anuncio.

Aún sin poderse reponer de la noticia decenas de funcionarios siguieron escuchando al jefe. Les aseguró que no había más opciones porque a partir del 1 de julio todo el personal de confianza dejaría de estar en la nómina, por eso “ya traemos sus solicitudes elaboradas, sólo falta su firma, y si alguien no está de acuerdo con el cálculo lo revisamos”.

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Este ofrecimiento se refiere a las disposiciones anunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio número 307-A.-0264, enviado el 1 de febrero pasado, en el que se informa que se cubriría con “una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral en la Administración Pública Federal, para el ejercicio Fiscal 2019”.

Sin embargo, aunque en el discurso trataron de hacerlo parecer opcional, no lo fue. “Fue por coacción”, aseguran los funcionarios entrevistados por Animal Político, quienes pidieron que su nombre no fuera publicado por temor a represalias, ya que han recibido otra advertencia por parte de sus superiores: “no le muevan o no les dan ni la compensación”.

El grupo de funcionarios dieron su testimonio e incluso acudieron este lunes al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para solicitar asesoría porque hasta este momento ni si quieran tienen certeza sobre su situación laboral.

Firmaron un oficio por “terminación laboral” desde el 21 de junio, en el que solicitan su “incorporación a los beneficios de dichas disposiciones (de Hacienda) a partir del 30 de junio”, pero según les informaron, la compensación la entregarían en dos meses, aunque muchos aún siguen yendo a trabajar y otros desistieron, aunque tienen miedo de que los acusen de abandono de trabajo.. “Y mientras qué vamos a hacer sin dinero”, se preguntan.

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El ingeniero de más de 50 años se queda sin su empleo de casi una década. “A mi edad dónde voy a conseguir trabajo”, dice mientras cuenta que debe solventar los estudios de sus tres hijos que ya están en la universidad, además de pagar la renta del departamento donde viven; y aunque su esposa también trabaja, viven “al día”. Su salario no da más que para sobrevivir, ni esperanzas de poder ahorrar.

Otra de las empleadas muestra a Animal Político su último recibo de pago. Sus pagos incluyen “compensación garantizada, sueldos y compensaciones, ayuda para despensa quinquenio de 5 a 9 años”, que en total apenas suma 8 mil 500 pesos, pero entre las deducciones de ISR por 1,170 pesos, préstamos y seguros, sólo recibe 5 mil 500 pesos a la quincena.

Diez mil pesos mensuales es el sueldo de los despedidos.

Por eso, cuando escuchaban al presidente Andrés Manuel López Obrador anunciando que eliminaría los privilegios en la administración pública, estaban seguros que ellos no serían tocados, porque están en el nivel más bajo de la estructura burocrática de la Sader. “Queremos pensar que el presidente no sabe que están echando a los de abajo”, dice otra de las empleadas.

De acuerdo con la Sader, “no se eliminó al personal de bajos recursos, se quedó todo el personal operativo tanto de base como de confianza”. Así respondió la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia a solicitud realizada por Animal Político.

Aunque se preguntó a la dependencia si hubo un dictamen para identificar cuáles plazas eran prescindibles, la dependencia respondió que “en el memorándum del 3 de mayo se obliga a desaparecer todas las plazas de confianza; se buscó dejar una estructura mínima para no frenar la operación”.

¿Y los corruptos?

Los funcionarios públicos despedidos formaban parte del Servicio Profesional de Carrera, es decir, habían conseguido y mantenido su plaza a través de concursos, capacitaciones y exámenes anuales. Se trata de un mecanismo establecido en 2005 para dar certeza laboral, evitar que cada sexenio los nuevos funcionarios contrataran a allegados, y para blindar la parte operativa de la administración pública, es decir, contratar a los más aptos para los puestos.

El Servicio Profesional de Carrera fue la puerta para acceder a la administración pública sin necesidad de comprar una plaza ni tener “palancas”. “Nos dio una oportunidad sin tener recomendación”, advierte otra de las entrevistadas.

Para conservar la plaza debían actualizarse y conocer bien su trabajo. De hecho la mayoría son ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. Por eso, al despedir a estos funcionarios “el capital humano lo están echando a la basura”, dice otra de las empleadas con casi una década de antigüedad.

Los funcionarios laboraban en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) en las representaciones de la Seder en los estados. Éstos son el primer contacto con los productores a quienes orientaban en los programas que podían ser beneficiarios, recibían documentación, los inscribían y daban seguimiento.

Atendían a personas que, en algunos casos, no sabían leer, hablar español, o de edad avanzada. Por eso es que trataban de responder como podían a esa población vulnerable, aún cuando faltara papelería o gasolina, los funcionarios hacían “coperacha” para cumplir con el servicio.

Por eso, cuando escuchaban el discurso del presidente contra la corrupción, creían que “ahora sí vamos a trabajar diferente” porque confiaban en que los funcionarios corruptos, porque sí los hay, iban a dejar de mandar en la Sagarpa y sus delegaciones. Pero no fue así.

“Nosotros no elegíamos a los proveedores, no firmábamos contratos, no manejábamos recursos ni hacíamos los padrones de beneficiarios. Es ahí donde está la corrupción. Eso lo hacían otros y ahí siguen”, dice otra empleada.

En cuanto al pago hasta dentro de dos meses, es porque “dependemos de la Secretaría de Hacienda, aunque el recurso ya ha sido gestionado; en cuanto nos lo dé de inmediato se cubrirán las indemnizaciones”, dijo la Unidad de Administración y Finanzas de la Sader.

Desde el 26 de junio, empleados de la dependencia adheridos al Servicio Profesional de Carrera habían alertado de los despidos a través de una carta que enviaron al presidente López Obrador, en la que informaban que mil 500 funcionarios de las representaciones en los estados serían despedidos.

En respuesta, la Seder informó en un comunicado que de las 10 mil 96 plazas del sector central, incluyendo personal en los estados, “únicamente se cancelarán 688 plazas y 288 compañeros de esas plazas que se cancelan podrán reintegrarse, si así lo solicitan, a su plaza de base”.