La deforestación de la Amazonía ascendió a 9.762 km² entre agosto de 2018 y julio de 2019, según los datos del PRODES (Proyecto de Monitoreo de Deforestación por Satélite en la Amazonía Legal) publicado hoy por el Instituto de Investigación Espacial brasileño (INPE). Esta cifra representa un aumento del 30% respecto al período anterior y es la tasa de deforestación más alta registrada desde 2008.

“Estamos cosechando lo que el Gobierno ha sembrado desde la campaña para las elecciones presidenciales. La agenda antiambiental del presidente Bolsonaro ha eliminado la capacidad de Brasil para combatir la deforestación, favorece a quienes practican delitos ambientales y alienta la violencia contra las comunidades y pueblos indígenas que viven en la selva. La administración de Bolsonaro está destruyendo todo el trabajo realizado en las últimas décadas para proteger el medio ambiente en Brasil“, ha declarado Cristiane Mazzetti, responsable de la campaña sobre la Amazonía de Greenpeace.

La tendencia a la deforestación continúa creciendo. Según los datos de DETER, un índice desarrollado por el INPE que analiza alertas de cambios en la cubierta forestal en la Amazonía, los primeros tres meses que componen el próximo período PRODES (de agosto a octubre del año de 2019) muestran un aumento de aproximadamente el 100% del área, con signos de deforestación, en comparación con el mismo período de 2018.

Greenpeace alerta de que, ante este grave escenario para la Amazonía -con el aumento de incendios, deforestación, invasiones de áreas protegidas y violencia contra los pueblos indígenas-, el Gobierno brasileño no ha presentado ninguna política coherente para proteger el bosque y sus pueblos; al contrario, se ha posicionado del lado de los responsables de estos crímenes ambientales.

“La combinación de altas tasas de deforestación y falta de gobernanza cuesta vidas, sitúa al país en contra de la lucha contra el cambio climático y daña la economía, ya que el mercado internacional no quiere comprar productos que proceden de la destrucción y violencia ambiental”, ha advertido Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España, que acompaña estos días a una comitiva indígena brasileña que se encuentra de visita a España para denunciar las políticas de Bolsonaro.

La organización ecologista insiste en que es necesario revertir de inmediato el actual ritmo de destrucción ambiental y exigir un plan efectivo para combatir la deforestación. Las empresas que compran productos como soja y carne procedente de Brasil también deben posicionarse en contra de la desastrosa política antiambiental de Bolsonaro y acelerar sus esfuerzos para eliminar por completo la deforestación de sus cadenas de suministro (1).

Notas

En 2017, España fue, después de Holanda, el segundo país de la UE en volumen de importación de soja, con 5,9 millones de toneladas importadas. El 40% de esas importaciones españolas de soja procedían de Brasil. Gran parte de esta soja se destina a la producción de piensos para el engorde de la ganadería industrial. Dentro de la UE, España es líder en la producción de piensos, con 34,5 millones de toneladas fabricadas en 850 fábricas. Según un informe del comité holandés de la IUCN y la organización The Sustainable Trade Initiative (IDH), tan solo el 22% de la soja utilizada en Europa en 2017 cumplía con los estándares o criterios establecidos por la Federación Europea de Fabricantes de Piensos, para considerar dicha soja “sostenible” o libre de deforestación. Pero España figuraba entre los países donde no existe demanda de soja “responsable” por parte del sector fabricante de piensos. Más información: https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/enganchados-a-la-carne/

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