El derecho a la protección de datos personales no ampara la negativa de la Universidad Rey Juan Carlos a publicar los documentos que obren en su poder que demostrarían que Cristina Cifuentes cursó y aprobó el máster de Derecho Autonómico. Así lo aseguran varios expertos en libertad de información contactados por este medio, que opinan que el derecho de toda la ciudadanía a conocer si la presidenta de la Comunidad de Madrid obtuvo esa titulación de forma legítima debería prevalecer sobre la salvaguarda de sus datos.

Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas

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La Universidad asegura que Cifuentes aprobó todas las asignaturas y el posterior Trabajo de Fin de Máster (TFM). Tres días después, ese TFM no aparece. Cifuentes asegura que se ha mudado tres veces desde la conclusión del máster y no encuentra ese documento, pero que este "estará en la Universidad". Mientras, la institución se escuda en la citada protección de datos para no hacer público ningún documento. Carlos Almeida, director jurídico de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, cuestiona que el TFM, un trabajo académico imprescindible para obtener la titulación, pueda contener información personal sobre Cifuentes que lo haga merecedor de la protección de datos.

Al contrario, la barrera para publicar el documento sería la propiedad intelectual. "Al no contener datos de carácter personal, automáticamente entra en juego el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual: el autor es el único que puede determinar de qué formas se difunde su obra, o si se difunde", revela Almeida. Es decir, no es la Universidad la que no puede publicar el TFM de Cifuentes por protección de datos. Si este existe, la conservadora es la única con potestad para decidir si la universidad lo publica o no.

Como han informado fuentes de la universidad a este medio, la realidad es que nadie encuentra el TFM de Cifuentes. Sin embargo, las trabas al muro que ha levantado la Rey Juan Carlos sobre las pruebas que demostrarían que Cifuentes ha aprobado el máster en tiempo y forma no acaban ahí.

Para presentar el TFM es necesario tener todas las asignaturas aprobadas, algo que no ocurría cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid lo hizo, según sus explicaciones, en 2012. En ese momento, tenía dos asignaturas calificadas como "No presentado", que en 2014 una funcionaria conocida por Cifuentes cambió a notables.

El rector de la universidad, Javier Ramos, asegura que Cifuentes aprobó en primera instancia esas asignaturas y que esos "No presentado" se deben a un error informático. De nuevo, se escudó en la protección de datos para no hacer públicos los documentos que acreditan esa versión y a los que este medio ha solictado acceso, como son actas del cambio de notas de Cifuentes y el registro de entrada de su TFM.

Todos los expertos consultados coinciden en que este es un punto complejo, puesto que entran en juego muchos derechos: libertad de información, protección de datos o derecho de acceso a la información pública. Pero hay un aspecto que lo decanta todo: el alto perfil político de Cifuentes y su rol institucional.

Cuestión de interés público

Joan Barata, asesor en materia de libertad de expresión y regulación de medios para la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), señala que en el caso de estas pruebas, de nuevo, todo depende de la conservadora. "Quien tiene la titularidad de los datos es Cristina Cifuentes. Bastaría con que la Universidad le pidiese autorización para divulgar determinados datos", expone. Para este experto, la Universidad presenta "la cuestión de los datos como un argumento absoluto, cuando es un argumento relativo: la protección de datos no se produce en abstracto, puede haber un consentimiento de su titular para divulgar la información".

Además, Barata señala que la institución no estaría revelando información sensible. "El dato de que tiene el máster no es una cuestión de carácter personal, puesto que ella hace gala de ello en su currículo. Por tanto, saber si ha aprobado o no las asignaturas ha pasado a ser una cuestión de interés general". "Es verdad que la Universidad puede negarse a suministrar datos personales, pero debe valorar que la ciudadanía puede sacar conclusiones de esos datos", continúa el asesor de la OSCE.

En este punto abunda Helen Darbishire, directora de Access Info Europe: "Si fuera una persona anónima, tal vez no todos los datos sobre lo que ha hecho en la Universidad podrían hacerse públicos. Pero al tratarse de una política de alto perfil hay un interés público en tener acceso a esta información", manifiesta en conversación con eldiario.es, haciendo referencia a una excepción incluida en la propia Ley de Protección de Datos. En su artículo 24.2, esta norma establece que la protección puede "ceder ante razones de interés público o ante intereses de terceros más dignos de protección".

"Si no estamos hablando de datos especialmente protegidos, como ideológicos, de asociación sindical o creencias religiosas, debe haber una ponderación tomando en cuenta el interés público", enfatiza. La directora de Access Info, organización especializada en la transparencia de la información, aclara que organismos como el Portal y el Consejo de Transparencia deben prestar una atención especial a este aspecto. Este medio ha elevado petición oficial al Portal para acceder tanto a las actas del cambio de notas de Cifuentes como al registro de entrada de su TFM en la universidad.

No obstante, tanto la Rey Juan Carlos como Cifuentes podrían elegir ser transparentes sin la intervención de estos órganos. "En un caso en el que está comprometido el honor de la Universidad y el honor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo pienso que los propios interesados deberían impulsar la transparencia", opina por su parte Carlos Almeida.

En última instancia también habrá de posicionarse la justicia. Varias asociaciones de universidades públicas de Madrid han presentado una denuncia ante la Fiscalía, pidiendo que se abran diligencias contra la presidenta de la Comunidad por aprovecharse de una situación de poder para cambiar las notas de su máster.