En México ocurren desapariciones forzadas en las que están involucradas autoridades. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la Organización de las Naciones Unidas, que realizó una visita de trabajo hace un año, del 18 al 31 de marzo, y que este lunes presentó en Ginebra su reporte sobre lo que ocurre hoy en suelo mexicano.

El grupo de trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos , reportó el diario La Jornada en su edición de este lunes, a partir de un despacho de AFP.

En el reporte de la ONU participaron el libanés Osman El Hajjé, la bosnia Jasminka Dzumhur y el argentino Ariel Dulitzky. Naciones Unidas, según lo publicado por la prensa, calcula en alrededor de 3 mil las desapariciones ocurridas en México desde 2006, cuando tomó posesión de la presidencia de México Felipe Calderón.

"La Organización de las Naciones Unidas recomendó a México reconocer la magnitud de las desapariciones forzadas que se han registrado en el País, principalmente en el marco de la guerra contra el narco, como un primer paso para implementar medidas integrales que lleven a erradicar el problema", reportó por su parte el diario Reforma. "No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional para realizar búsquedas de personas desaparecidas forzosamente", agrega Reforma sobre lo reportado en Ginebra.

Reforma también destaca el involucramente del Estado mexicano en las desapariciones: "Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país".

Al tiempo que se conocía la información de la ONU, los senadores mexicanos concluyeron el proceso legislativo para crear "la nueva Ley de Registro Nacional de Datos, Personas Extraviadas o Desaparecidas, un ordenamiento encaminado a permitir que las investigaciones se lleven con mayor diligencia y a dar seguimiento a los casos denunciados", según reportó La Jornada en su sitio online. En su portal, ese diario agregaba que "el perredista Valentín Guzmán Soto recalcó que es importante la nueva legislación ya que las desapariciones forzadas no son cosa del pasado. Señaló que aunado a los más de 700 desaparecidos durante la guerra sucia de los setenta que están en la impunidad, hasta diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigaba los expedientes de más de 2 mil 500 personas que fueron privadas de la libertad de manera forzada y que no han sido encontradas".

Esta nueva ley podría comenzar a corregir problemas señalados por el reporte de la ONU, que advertía que "'la impunidad que prevalece' en muchos casos de desaparición forzada en México, que en vez de ser tratados como tal 'son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos'", de acuerdo con lo que sobre el reporte publicó el portal animalpolitico.

El ombudsman mexicano Raúl Plascencia consideró "que es preocupante el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU que establece que funcionarios públicos de México participaron en desapariciones forzadas en el marco de la guerra sucia que tiene lugar en el país", de acuerdo con declaraciones recogidas este martes por La Jornada.

Desde hace años, en diferentes partes de la República Mexicana los familiares de personas desaparecidas han denunciado que la autoridad es, cuando menos, indolente ante su reclamo. La actual ley, por ejemplo, pide esperar 72 horas antes de que se pueda proceder a buscar a alguien reportado como desaparecido. Con ello se pierden horas cruciales para las pesquisas, dando una ventaja a los autores de los crímenes. El problema de las desapariciones azota con particular fuerza en regiones del norte de México y en estados del sur como Guerrero. Sin embargo, la impunidad no es exclusiva de enclaves identificados con zonas donde reina el narcotráfico u otras mafias de criminales.

La semana pasada, la sociedad mexicana se sacudió con el caso de un violador y asesino de mujeres que está acusado de violar a 8 y matar a 7 de ellas. Además de todo un guion digno de un culebrón (tras haber sido capturado y presentado a la prensa, este personaje logró darse a la fuga para volver a ser detenido una semana después), fue aún más grave la revelación de Amparo Vargas, cuya hija de 16 años habría sido asesinada por este individuo: cuando fue a denunciar la desaparición de su familiar, las autoridades del Estado de México, entidad courbada con la capital federal, le pidieron dinero para realizar las pesquisas, e incluso llegaron a decirle que "si quiere encontrar a su hija, búsquela usted". Si la señora Amparo no se hubiera empeñado, quizá en efecto su hija seguiría en calidad de desconocida en una morgue o en una fosa común.