A diez días de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y tras el encuentro en Olivos del miércoles pasado, en que la Presidencia convocó a referentes de las principales cámaras empresariales, el Gobierno decidió avanzar en una nueva reforma impositiva. Es la primera que abordará el Poder Ejecutivo, en caso de resultar reelecto, aunque en carpeta también tiene una reforma previsional -ya fracasó en un intento de aprobarla en 2017- y una modificación del régimen laboral.

Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y negociador jefe del acuerdo UE-Mercosur, señaló en una entrevista con La Voz del Interior que a medida que avance el acuerdo entre los dos bloques, el país deberá tender a reducir sus impuestos. Para ello, se trabajará en "una nueva reforma fiscal de largo plazo", indicó.

También se refirió a la baja de los derechos de exportación, un aspecto incluido en el mismo acuerdo. Tal como anticipó El Cronista el miércoles pasado, las retenciones deberán reducirse para cuando entre en vigencia el acuerdo. Éste es un persistente reclamo, no sólo de los productores agropecuarios, sino también de la industria y los servicios. Con la modificación propuesta en el acuerdo, sólo tributarán algunos pocos bienes -serán cinco-, y con una alícuota mucho más baja que la vigente actualmente.

"El acuerdo pone topes a los derechos de exportación. Hace que nosotros, luego de la entrada en vigor, podamos poner como máximo una alícuota del 14 por ciento para los productos del complejo sojero que vayan a la Unión Europea, cuando hoy están alrededor del 28 por ciento", precisó Reyser.

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Más allá de las retenciones, lo cierto es que desde hace meses los sectores productivos vienen reclamando medidas concretas para reducir la presión tributaria, que consideran vital para poder competir en los mercados internacionales. En algunas provincias, el peso de Ingresos Brutos supera el 85% de la recaudación total.

Pese a su convicción y a que en 2015 había prometido quitar las retenciones , finalmente en septiembre pasado el Gobierno se vio forzado a reinstaurarlos y extenderlos a industria y servicios. La razón de fondo es la necesidad de cerrar la brecha fiscal.

Sumas y restas

Según la óptica oficial, el fuerte ajuste de gastos y la rigidez en el cumplimiento de la meta fiscal, están dando los resultados esperados. Así, se abre la posibilidad de avanzar en un nuevo proyecto de reforma impositiva, que permita un alivio de la carga a los sectores productivos. Reyser adelantó que los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, ya están trabajando en los ejes que tendría ese proyecto, aunque aún se desconoce el contenido.

Tras recordar que el acuerdo con la UE "tiene un horizonte de 10 a 15 años", un tiempo en que habrá que modificar ciertos temas estructurales, Reyser dio una pista del sendero que podría transitar la reforma. "Desde mucho antes, vamos a ir reduciendo los impuestos, los derechos de exportación. Tenemos que trabajar sobre los impuestos provinciales que puedan llegar a ser distorsivos", indicó.

Desde el sector productivo aseguran que la presión tributaria en Argentina es de las más elevadas del mundo, lo que mina la competitividad a la hora de exportar. Un informe de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) revela -con datos de 2017- que los ingresos tributarios totales trepan al 30,3% del PBI, por debajo de varios de los países de la Unión Europea. Pero al agregar el IVA, las cargas para la seguridad social y otros gravámenes, la ecuación cambia notoriamente.

El tema en Argentina es cuando se suman el IVA, los impuestos en los niveles, nacional, provincial y municipal, los impuestos al trabajo, y el nivel de las alícuotas. Por ejemplo, hay dos impuestos considerados muy distorsivos, con fuerte impacto en los costos de producción, como el impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios e Ingresos Brutos que cobran los fiscos provinciales.

Por caso, Ingresos Brutos es un tributo que genera "efecto cascada". Cuanto más eslabones tiene un proceso productivo, más se encarece el precio final porque IIBB grava cada paso del proceso.

En el marco de la reforma impositiva de diciembre 2017 (ley 27.430) y el Consenso Fiscal alcanzado con las provincias, se puso un tope del 5% a la alícuota de Ingresos Brutos, y estableció un cronograma gradual de reducción de la alícuota hasta 2022.

Pero la realidad es que algunas provincias que tenían alícuotas más bajas que el tope, primero las subieron. Ahora llego el momento de ponerse en línea. En el horizonte ya se recorta la silueta de los competidores europeos.