Según explicó la directora de salud de la Intendencia, María Analice Beron, a El Observador, la razón última por la cual se dio el fin de los convenios con la ONG es que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) está trabajando en la "integralidad de los tratamientos de salud mental" y está desarrollando una línea de asistencia igual a la que tenía Último Recurso. Beron desconoce cuándo y cómo empezará a funcionar la línea asistencial de ASSE pero aseguró que ya se capacitaron psicólogos y otros profesionales para el trabajo.



Último Recurso mantuvo varios convenios con el estado en sus 30 años de servicio. En Montevideo, la ONG mantenía uno con la Intendencia de Montevideo según el cual le permitía brindar atención psicológica de lunes a viernes en el centro comunal 17.



La intendencia de Daniel Martínez decidió no renovar dicho acuerdo y Último Recurso no pudo atender más en forma personal en la capital. Tampoco pudo mantener su servicio en otros departamentos del país al caer los convenios que mantenía con varias intendencias del interior.



El exdirector de Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, dijo a El Observador que durante su gestión en la comuna capitalina, Último Recurso aportó "activamente" a la formación y prevención en varias zonas de Montevideo.



"Hay una experiencia acumulada muy interesante. He visto otras iniciativas y formas de encarar el tema desde otras organizaciones pero creo que Último Recurso es, sin duda, la organización que en Uruguay tiene más experiencia en el tema". Anzalone entiende que este tipo de políticas preventivas "deben ser reforzadas y no debilitadas".

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Pero el toque final que derribó la única línea que existe en el país para asistir a personas en crisis fue la caída del acuerdo que Último Recurso mantenía con el Ministerio del Interior para brindar asistencia en el Hospital Policial. El trabajo allí posibilitaba el sostenimiento de una línea de crisis pensada para los policías pero cuyos servicios se extendían a toda la población vulnerable. La caída de ese convenio imposibilita mantener la fuente laboral de los operadores.

En Último Recurso trabajan doce personas entre voluntarios y contratados.



La organización también brindaba talleres en localidades donde la tasa de suicidios es muy alta, como Castillos y Cardona. En el caso de la localidad rochense, la tasa de suicidios descendió a cero mientras funcionaron los talleres.

Hasta el momento la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no tenía una línea de atención de estas características.





