Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó como una “Investigación de Violaciones Graves” lo ocurrido el pasado 29 de junio en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar del cambio a las víctimas, al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, así como al Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas.

“Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso”.

Precisó que el 11 de julio inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

SinEmbargo presentó en días pasados la reconstrucción de los minutos de la matanza con base en el conjunto de declaraciones y peritajes –declarados como “confidenciales” por el Gobierno federal y del Estado de México–. En las 268 páginas del apretado texto pericial, se observa el horror de una madre al encontrar a su hija de 15 años agonizante, y luego muerta.

En el texto que firma el periodista Humberto Padgett se da cuenta cómo Miguel Ángel Rodríguez Viviano, un muchacho de 17 años originario de Ajuchitán del Progreso, Guerrero, fue el primero en ser ejecutado en Tlatlaya por un militar, quien luego sembró esa arma junto al cuerpo de otro para así cuadrar la escena en la masacre que usó como coartada un enfrentamiento.

El expediente revela más: que hay otros involucrados en esta tragedia (que descarriló el gobierno de Enrique Peña Nieto como la de los 43 normalistas desaparecidos) y siguen libres.

En diciembre pasado, la agencia norteamericana The Associated Press (AP) publicó que funcionarios del Estado de México golpearon a una testigo de la ejecución de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya para que firmara una declaración falsa. La mujer dijo a la agencia que el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales no se limita a los siete soldados que están ahora bajo proceso sino que incluye a más militares, funcionarios estatales y federales que la presionaron para que avalara una versión según la cual las muertes fueron resultado de un enfrentamiento y no un fusilamiento de elementos castrenses.

En el reporte de AP se citan documentos judiciales del caso a los que obtuvo acceso el medio y los cuales refieren que las autoridades de investigación estatal supieron desde el principio que los militares habían alterado la escena del crimen. También indican que el Coronel a cargo del batallón de los soldados llegó al lugar antes que los investigadores de la Procuraduría estatal.

“Los documentos señalan que el Coronel Raúl Castro Aparicio, el comandante del 102 Batallón de Infantería al que pertenecían los responsables de los asesinatos, llegó a la escena antes que los investigadores del Estado de México. En los reportes no se especifica cuál habría sido el rol que jugó este mando castrense y no se ha informado si fue o es investigado en conexión con el encubrimiento”, informó AP, que además afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió a sus solicitudes para comentar el caso.

Los documentos judiciales a los que tuvo acceso AP, los cuales están integrados a la investigación contra los siete militares procesados, dice que funcionarios del Estado de México tuvieron información desde el inicio de que la escena de los hechos fue alterada.

“Supieron, por ejemplo, que en al menos en diez casos las armas largas ubicadas junto a los cuerpos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban los fallecidos y que manchas de sangre en la ropa indicaban que los cuerpos habían sido movidos. También se puso por escrito que, al menos nueve de los muertos, presentaban heridas recibidas ‘al momento de realizar maniobras instintivas de defensa’, lo que sugiere que habrían intentado evitar los impactos de bala, algo que no habrían hecho si estuviesen disparando”, refiere el medio.

Sin embargo, agrega, investigadores estatales presentaron un reporte en el que validaban la versión del ejército y que nada se había alterado: “por las observaciones realizadas en el lugar de la investigación, se determina que este sí fue preservado en su estadio original”.

Los documentos judiciales contienen declaraciones de los soldados involucrados que aseguran que el Ejército nunca los interrogó sobre el encubrimiento y que la PGR hizo poco para investigar la matanza antes de que AP y la revista Esquire entrevistaran a la mamá de una de las víctimas.

El gobierno de México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, con apoyo de Raúl Plascencia, entonces titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, defendió la actuación del Ejército aunque se trató de ejecuciones sumarias. “Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el pasado 1 de julio.

Aunado a esto, las autoridades recurrieron a “congelar” o reservar la información. Primero fue el gobierno del Edomex quien determinó declarar “reservada” la investigación del caso. Posteriormente se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa (Sedena) aprobó una resolución, la CI/RIR/1183/14, en la que responde a un ciudadano que también quedará oculta la investigación. A principios de este mes la Procuraduría General de la República (PGR) hizo lo mismo y catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación.

El 19 de diciembre pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución extrajudicial de 22 personas ocurrida el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, por la que siete militares enfrentan un proceso civil.

Este día, Associated Press da cuenta del testimonio de una testigo de estos hechos quien relató al medio cómo funcionarios del Edomex estatales la patearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, la metieron en un excusado y la golpearon para firmar una declración falsa.

“Conforme me iban pegando…. decían que ellos hacían que hasta los mudos hablaran”, dijo la mujer a The Associated Press. La testigo dijo que dos días después de que fuera golpeada en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, fue llevada a la capital del país, donde investigadores federales del área contra la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República la presionaron para que firmara la declaración falsa.

“No, le digo, yo no voy a firmar nada… y me empieza a gritar”, dijo la mujer sobre uno de los investigadores que la presionó. Sin un abogado presente, dijo que al fin cedió y firmó a los pocos días de que tuvieran lugar las muertes, antes de que los medios cuestionaran la versión oficial de que las muertes fueron producto de un enfrentamiento.

En respuesta a una petición de AP, la Procuraduría del Estado de México informó que hay dos investigaciones, una administrativa y otra penal, para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad y/o delito los funcionarios estatales que intervinieron en el caso. Hasta ahora, sin embargo, nadie ha sido detenido ni suspendido de sus labores.