Allí la guerra la hacían casi por su cuenta. Los territorios de Asturias, Santander y País Vasco seguían siendo zona republicana y estaban rodeados por las tropas franquistas, incluso por el mar, desde donde los navíos militares contribuían al asedio. La guerra separada la llamó el historiador Gabriel Jackson. Y lo era.

El poco apoyo de la República -volcada en la defensa mediterránea y de Madrid, y resignada a dar por perdido el frente del norte- fue desapareciendo según pasaban las semanas. La colaboración militar entre asturianos, santanderinos y vascos era escasa, y de mala gana, sólo obligada por el mando central republicano.

Los duros reproches entre unos y otros por la falta de apoyo eran constantes, nada que se pareciera a la unidad de acción que reclamaba el Gobierno de Largo Caballero, primero, y de Negrín, después. La descoordinación hacía cada vez más difícil la defensa para evitar el paso de los militares golpistas. Prácticamente eran tres ejércitos; todos republicanos, pero a su aire.

A mediados de junio de 1937 cayó Bilbao y dos meses después lo haría el País Vasco al completo. En agosto los sublevados tomaron Santander. Y Asturias se queda, ahora sí, sola. Ni siquiera toda Asturias: el tercio de la región más al oeste, incluida Oviedo, también estaba ocupada. Y con la región totalmente rodeada por las tropas franquistas y sin posibilidad de comunicación permanente con el Gobierno republicano desplazado a Valencia, las autoridades asturianas deciden proclamar negro sobre blanco lo que ya es un hecho.

24 de agosto. Martes. El Consejo Interprovincial de Asturias y León, la autoridad regional en la que están representados los partidos y los sindicatos de izquierda (PSOE, PCE, Izquierda Republicana, UGT, CNT, FAI…), asume todo el poder. Todo.

“Quien repase en su memoria hechos históricos hallará la confirmación de que una ciudad sitiada asumió siempre la integridad de su responsabilidad”, reza cargado de numantinismo el decreto aprobado ese día. “Dos encontradas corrientes coinciden en el punto de esta necesidad: una, la dificultad, cuando no la imposibilidad, de consultar las decisiones con el supremo poder político del país; otra, la inaplazable urgencia de resolver minuto a minuto”.

Ante la imposibilidad de recibir órdenes directas del Gobierno republicano, se constituye el nuevo Consejo Soberano de Asturias y León, que pasa a controlar todos los organismos civiles y territorios con autonomía, y que asume “la plena responsabilidad del mando soberano en el territorio de su autoridad”. El decreto entra en vigor a las cero horas del 25 de agosto. Desde ese momento, Asturias es independiente. Y Gijón, su capital.

El presidente de esa Asturias soberana es el socialista Belarmino Tomás. Diputado del PSOE y líder sindical minero al frente del SOMA-UGT, ya había sido uno de los cabecillas de la Revolución de Asturias de 1934. Su sonada participación en la insurrección le valió una condena a muerte, conmutada por pena de cárcel un año después y finalmente liberado tras la victoria del Frente Popular en el 36.

Ahora Belarmino Tomás se pone al frente ese nuevo Gobiernín, como se conoce al Consejo popularmente en la región. También así lo denominan, pero con todo desprecio, el Gobierno republicano y el propio presidente de la República, Manuel Azaña, que rechazan una proclamación de soberanía en la que detectan un tufo insurreccional e incluso de deslealtad. Unos alaban el liderazgo del presidente, otros critican su vanidad y ansia de poder hasta el punto de crear una amenaza secesionista para la República.

Independencia no independentista

El nuevo Consejo de Asturias apuntaba -con voluntarismo- en el decreto de su propia constitución que “daba por supuesto el asentimiento del Gobierno de la República” a su decisión de declararse territorio soberano. El Gobierno republicano no asintió, ni mucho menos. Sus ministros se movían entre el estupor de unos y la indignación de otros, pese a los esfuerzos permanentes en las semanas posteriores del Gobiernín de convencer a la República de que su estrenada autonomía era forzada por su aislamiento y que no suponía una declaración de secesión del Estado.

El presidente de esa Asturias soberana era Belarmino Tomás, diputado del PSOE, líder sindical minero y que fue cabecilla de la Revolución de 1934

“Nos importa sobre todo repetir nuestro acatamiento a la República española y al Gobierno que la rige”, proclamó el propio Belarmino Tomás en una intervención radiada el mismo 25 de agosto. “No creo que haya nadie tan insensato que piense en cantones cuando es el conjunto de todos los esfuerzos de España lo que ha de darnos la victoria sobre el fascismo”. Puede haber independencia, pero no independentismo.

Unos días después, Tomás vuelve a deshacerse en justificaciones sobre sus intenciones en un telegrama urgente remitido al Gobierno republicano. “La iniciativa de funciones plenas del gobierno fue obligada (…) Tal acto no puede interpretarlo el Gobierno como rebeldía (…) Son injustos al decirnos que nos declaramos cantón independiente, ya que nuestra única autoridad la reconocemos en el Gobierno actual, con el que estamos y estaremos siempre dispuestos a defender”, sostiene. “Si el Gobierno hubiese conocido la situación en aquel momento, tengo la seguridad de que no nos trataría tan injustamente como lo hace”.

“Sospechar que en aquellos momentos, marxistas, libertarios y republicanos, declaraban una soberanía con fines separatistas más que bobería sería maldad”, llegó a sostener unos meses después el ya extinto Consejo Soberano en el informe que elaboró sobre la caída de Asturias. La autoridad “debía representar e interpretar el sentimiento político y social del pueblo, canalizando sus aspiraciones y sus anhelos”, que no eran secesionistas, sino que se resumían en un solo objetivo: “Vencer al fascismo”.

Todo el poder

El Consejo Soberano de Asturias concentró todo el poder. Civil y militar. No distinguía entre frente militar y retaguardia civil. Todo era frente, y a todos –soldados y civiles- se les exigía la misma disciplina férrea.

La autoridad organizó con firmeza la vida diaria de lo que de facto era un nuevo cantón: “Dictaminó el cierre de cafés, restaurantes, bares y tabernas; estableció el toque de queda a partir de las diez de la noche; se extendió el Estado de sitio a toda la región (…); se prohibió la tenencia de armas y de aparatos de radio, así como el traslado por carretera en vehículo de tracción mecánica sin el correspondiente permiso”, explica el profesor Daniel Guerra Sesma, de la Universidad de Sevilla, en un estudio reciente sobre el Consejo Soberano.

El coronel Prada criticó que la dureza de las políticas del Consejo con los civiles sirvieron para «fabricar fascistas»

El coronel Adolfo Prada, al que el Consejo Soberano recién estrenado entregó el mando militar, criticó con dureza la política practicada por ser la más adecuada para “fabricar fascistas”. “Incautándose del pequeño comercio, de las pequeñas propiedades, han logrado hacerse odiosos”, explicó el militar en un informe remitido al Gobierno republicano. “Encarcelaban niños de ocho años porque sus padres eran fascistas, y a muchachas de 16 o 18 años, sobre todo si eran guapas”.

En el ámbito económico, los historiadores se reparten entre los que entienden que el programa de gobierno no contenía “extremismos agudos” al permitir que coexistieran la industria nacionalizada con la privada y los que critican su política de extrema dureza incautando toda la banca regional y promoviendo “abusos colectivistas de algunos sindicatos”. La República de Asturias -como la llegó a denominar el historiador e hispanista Hugh Thomas- emitió su propia moneda, que acabó conociéndose como los belarminos, por ir firmados los billetes por el presidente Belarmino Tomás.

El invierno no llegó

El mando militar de la Asturias republicana tenía la esperanza de contener el avance de los sublevados unos meses más, al menos hasta que la llegada del invierno obligara a las tropas franquistas a posponer la ofensiva hasta primavera. No se consiguió.

Los golpistas van venciendo las defensas de una tropa republicana ya mal armada y desmoralizada, y en la que se reproducen continuos actos de indisciplina que el coronel Prada trata de sofocar con una veintena de penas de muerte dictadas contra sus propios oficiales. Desde mediados de octubre el avance hacia Gijón y Avilés se acelera. Y la República de Asturias se resigna. Intenta acordar con el mando franquista que permita la evacuación a cambio de no destruir las industrias. Pero las negociaciones fracasan.

La Asturias republicana quería aguantar hasta que la llegada del invierno pospusiera la ofensiva franquista. No lo logró

El Consejo Soberano de Asturias celebra de urgencia el 20 de octubre la que será su última reunión. En el acta del encuentro se recoge todo el pesimismo del coronel Prada: “No es posible resistir más, y sí es posible evacuar parte del Ejército”. Propone concentrar todas las tropas posibles en los puertos de Avilés, Candás y Gijón para trasladarlas por barco. “Esto puede hacerse hoy; mañana será tarde. (…) pretender resistir es inútil. No cabe más que el repliegue si se quiere salvar parte del Ejército”. En esa reunión también se acuerda destruir “todo lo que pueda tener interés de guerra”, fábricas, minas, centrales eléctricas… Ni a eso da tiempo.

Todos los que pudieron emprendieron la huida. También el Consejo Soberano, que en esa última reunión había acordado que todos los miembros Gobiernín salieran a la vez de Gijón. Incluso huye en barco el propio coronel Prada, a pesar de los intentos de Belarmino Tomás de cederle todos los poderes para que se encargara personalmente de organizar la retirada. La desbandada es total. Y la Asturias independiente se disuelve en las aguas del puerto del Musel.

Al día siguiente las tropas franquistas tomaron Gijón. Una feroz represión dio comienzo contra los republicanos que no pudieron huir en la caótica evacuación. Era 21 de octubre. Jueves. Este sábado hace ochenta años.