4 julio 2019 - Venezuela rechazó este viernes el informe presentado por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet y le solicitó que, en concordancia con las Resoluciones de este organismo multilateral sobre medidas coercitivas unilaterales, exija a Estados Unidos, el cese inmediato del bloqueo económico impuesto contra el pueblo venezolano que ha causado grandes estragos en la población.

Así se desprende de la participación del viceministro para Comunicación Internacional, William Castillo, durante la 41º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada este viernes, donde aseguró que Venezuela está segura que Bachelet sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en Venezuela.

Calificó como incomprensible el contenido de este informe al que calificó como «dominado por una visión selectiva y parcializada; un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos, y que parece un calco de informes anteriores», denunció.

El viceministro Castillo recordó que, a invitación del presidente de la República, Nicolás Maduro, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su equipo visitó al país, donde tuvieron la oportunidad de reunirse con todos los actores institucionales, sociales y políticos del país.

También mencionó la Oficina de DDHH de la ONU visitó hospitales, mercados, universidades y centros penitenciarios, habló con el pueblo, recogió sus opiniones y accedió a información de forma absolutamente libre, mucha de esta información excluida del informe presentado en el que no se destacan las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999, así como la denuncias de diferentes grupos de víctimas afectadas por la violencia política que promueve la oposición y el bloqueo económico imperial al que es sometido el pueblo venezolano.

«Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa», denunció Castillo al tiempo reveló que, de las 558 entrevistas contenidas en el informe,» 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual significa 82% de las opiniones vertidas».

Con ello, Venezuela reprochó que el informe no haga mención alguna a los significativos avances de Venezuela en materia de derechos humanos y lamentó que ignore «los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico, está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo».

Recordó que desde hace 20 años, Venezuela es blanco de una agresión multiforme por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un “cambio de régimen”, cuyas acciones incluyen “Golpes de Estado como en 2002, intentos de magnicidio como el perpetrado contra el presidente Maduro en agosto de 2018, sabotajes a la industria petrolera y los servicios públicos, violencia paramilitar y política, cerco diplomático, y desde 2015, un férreo bloqueo a nuestras actividades comerciales y financieras».

Castillo descartó que en el país exista una “crisis humanitaria”, ya que los problemas económicos que padece Venezuela, como muchos países, están asociados a diversos factores, entre ellos la caída de los precios petroleros y el bloqueo económico, por lo que añadió que cualquier esfuerzo por abordar la situación nacional debe considerar las causas estructurales.

Un ejemplo de ello, es que las exportaciones petroleras pasaron de 40 mil millones de dólares anuales a unos 5 mil millones a partir de 2015.

También aludió a la confiscación en EE.UU. de 30 mil millones de dólares en activos de PDVSA y la retención en 40 bancos de un monto de 5 mil 400 millones de dólares, lo que le impide a Venezuela comprar alimentos y medicinas, toda vez que Venezuela dedica 60% de sus ingresos a la importación de alimentos por el impacto del bloqueo económico.

«Venezuela no puede refinanciar su deuda y se castiga a los buques petroleros y a las empresas que mantienen trato comercial con nuestro país», denunció.

Sin embargo, contrastó que pese a ese escenario, el Gobierno Bolivariano ha mantenido la paz del país, el ejercicio de su vida democrática y sus políticas de justicia social que incluyen:

Salud y educación gratuitas.

2 millones 600 mil viviendas construidas para beneficio de más de doce millones de ciudadanos.

Atención a 6 millones de familias, a través de los CLAP, exitoso programa de apoyo alimentario.

Implementación de un sistema de bonos para equilibrar el salario.

Pensiones a 100% de la población en edad de recibirla, entre otros avances en materia de protección social.

Rechazo a la criminalización de los cuerpos de seguridad y FANB

Venezuela también rechazó categóricamente el intento criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes en el informe se les acusa «genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos».

En tal sentido, el viceministro para Comunicación Internacional del ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, añadió que «más allá de debilidades en el sistema de justicia y de desviaciones puntuales en las instituciones policiales, pareciera que se busca que el Estado permanezca inerme, cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpes de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil, e incluso, una intervención militar extranjera, con la que nos ha amenazado el presidente Trump».

Al referirse a la violencia, destacó que el accionar violento de la oposición venezolano dio como resultado la lamentable muerte a 43 ciudadanos en 2014 y 120 en 2017. «La Alta Comisionada se entrevistó con familiares de personas que fueron quemadas vivas solo por parecer chavistas o tener piel oscura. Lamentamos que el informe haya obviado esos testimonios».

Venezuela demanda respeto y corrección del informe

«Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina», demandó el viceministro Castillo, quien en nombre del pueblo venezolano exhortó a la Oficina de DDHH de la ONU a alcanzar el equilibrio.

Por otra parte, reiteró que el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, está dispuesto y atenderá las recomendaciones constructivas que esta oficina haga con miras a fortalecer los derechos humanos, y apuntalar el Estado Social de Derecho y de Justicia en Venezuela.

Por último, ratificó también que Venezuela seguirá defendiendo su independencia y su soberanía.