En 2014, los partidos políticos aprobaron una reforma electoral que —dijeron— debía abaratar los comicios. Sin embargo, dos años después ha quedado claro su objetivo real: se aumentaron 5 mil 700 millones de pesos en prerrogativas.

Hace dos años tenían 6 mil 195 millones de pesos, un año después —gracias a la reforma— obtuvieron 9 mil 649 millones (56% más) y en este 2016 recibieron 8 mil 447 millones (30% más).

Los 5 mil 700 millones de pesos son el equivalente al presupuesto anual de todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para las madres trabajadoras del país.

La trampa para obtener este dinero está en una de las leyes de la reforma política: la Ley General de Partidos Políticos, que les entrega más dinero en los estados con el pretexto de las elecciones locales y de que tienen comités estatales.

Su presupuesto ha aumentado en promedio 88% en los estados.

Un ejemplo: en Baja California aumentó de 15.8 millones en 2014 a 116.4 millones un año después. Para 2016, había aumentado a 126.7 millones (592%, calculando la inflación).

Otros: Oaxaca, en donde de 2014 a este año los partidos obtuvieron 341% más recursos públicos. En Querétaro y Puebla el aumento fue de 255%; en Veracruz de 245% y en Michoacán de 113%.

Gracias a los cambios y según el presupuesto que recibieron este año, se prevé que en 2017 tan solo en los tres estados que elegirán gobernador —Estado de México, Coahuila y Nayarit— los partidos políticos obtengan mil millones de pesos para gastos de campaña, y todavía más para otras actividades.





¿Cómo se gestó la trampa?

La Reforma Política fue uno de los acuerdos del Pacto por México que firmó el gobierno federal con los partidos de oposición. El compromiso de esta reforma era que las elecciones fueran más baratas y transparentes.

Para lograrlo, dijeron, aprobarían una Ley General de Partidos Políticos que daría un “marco jurídico estable y claro” a la actuación de los partidos en tiempos electorales y no electorales.

En la discusión de esa ley —que duró apenas un día en cada Cámara— se modificó el artículo que contiene la fórmula para repartir recursos a los partidos políticos en los estados. Ningún partido se opuso o argumentó en contra de esta modificación específica en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Con los cambios, cada ciudadano en edad para votar paga dos veces por los partidos políticos —una vez por los nacionales y otra por los estatales— y así estos reciben más dinero.

La ley se aprobó sin que en el Congreso se discutiera públicamente cómo con ella los recursos para los partidos políticos aumentarían 53% en sólo un año.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el partido Movimiento Ciudadano fue el único que votó en contra de la Ley General de Partidos Políticos. Sin embargo, al argumentar el voto en contra de la legislación no incluyeron el tema de las prerrogativas a partidos políticos como una de las razones para no aprobar esta ley.

En el debate legislativo que planteó Movimiento Ciudadano para no aprobar la ley, la única mención que se hace al artículo 51 es para aumentar el monto asignado para promover el liderazgo político de las mujeres del 3 al 5%.

Una misma fórmula, más gasto

La fórmula para repartir gasto en los estados indica que se debe multiplicar el 65% del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal. Es la misma que se utiliza con los partidos nacionales, pero con el padrón de todo el país.

Si hay elecciones presidenciales o de gobernador y además se renueva el Congreso, se suma el 50% de ese total para gastos de campaña. Si sólo hay elecciones legislativas, el 30%.

Al respecto, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, señaló en entrevista: “Le estamos dando después de la reforma política mucho más a los partidos políticos. En toda la preparación de la reforma, en la exposición de motivos, nunca se habló de subir financiamiento público a los partidos en los estados. Eso lo metieron con nocturnidad a la Ley General de Partidos Políticos. Ahora se usa una fórmula espejo y por cada ciudadano cuestan dos veces los partidos”.

La forma de entregar recursos a los partidos políticos no había cambiado desde la reforma política de 2007. Pero con las modificaciones de la reforma política los partidos pasaron de repartirse en los estados una bolsa de 2 mil 346 millones de pesos en 2014, a 3 mil 813 millones sólo de gasto ordinario. A eso hay que sumar los gastos para campañas políticas, que fueron 795 millones sólo en 2016.

Murayama consideró un acierto que exista una fórmula para definir cuánto dinero se entregará a los partidos políticos en los estados. Antes de la Ley General de Partidos Políticos, cada estado tenía su propio cálculo para repartir recursos. Sin embargo, dijo que aplicar el mismo criterio para partidos nacionales y estatales hace que los partidos cuesten el doble y reciban más a costa del erario.

Su propuesta es: “Si por cada ciudadano vamos a dar a los partidos un peso a nivel federal, que se de un 50% de eso a nivel local. Que sea un criterio similar pero atendiendo a presupuestos reducidos en las entidades”.

El experto electoral Eduardo Huchim dijo en entrevista que los recursos entregados a los partidos políticos deberían estar directamente vinculados con la participación ciudadana: “Sí debemos tener una fórmula unánime para evitar abusos en los estados, pero evitando que los partidos nos cuesten el doble”.

El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal explicó que si se calcula una bolsa para financiamiento de los partidos, ésta debería repartirse según la participación electoral: “Si participó el 100% del electorado, entonces se reparte toda la bolsa. Si participa el 60% se reparte el 60%. Hay un control presupuestal y se tiene un incentivo para que, a su vez, los partidos políticos incentiven la participación y el involucramiento ciudadano, porque a ellos les importa poco mientras tengan más y más recursos”.

Para que se deje de aplicar la fórmula que desde 2015 le entrega más a los partidos políticos se necesita reformar la Ley General de Partidos Políticos y que todos ellos acepten aprobar las modificaciones que hicieron para obtener más del dinero de los mexicanos.

Gasto ordinario para partidos políticos en los estados.