Lo único que se escucha este jueves por la tarde es el sonido insistente de un helicóptero de Carabineros que sobrevuela La Legua. Son las cinco y hace pocos minutos el movimiento policial se intensificó. Los vecinos, que se hablan por chat, están asustados.

–¡Parece que los pacos ahora están registrando por Jorge Canning! –teclea uno de ellos, haciendo referencia a la principal avenida que cruza la población y atraviesa sus cuatro núcleos: La Legua Vieja, la Nueva, la Emergencia y Los Jardines de San Joaquín.

Mientras, la policía barre las calles, detiene automóviles y pide documentos porque hace cinco jornadas en La Legua nadie puede dormir.

El sábado en la noche una ráfaga de balas detonó una batalla que se mantuvo constante por cuatro días.

–Incluso el domingo, a plena luz del día, hasta la feria que se instala en la calle principal llegaron los balazos –comenta una vecina que no quiere dar su nombre.

No es la única que prefiere el anonimato. Para este reportaje ningún vecino quiere identificarse.

–Usted me puede jurar que no le va a decir a nadie, pero acá en La Legua las paredes tienen oídos y adentro siempre se enteran de quién habló –dice otro vecino que recuerda que para otra balacera, en mayo, salieron un par de vecinas dando declaraciones en la televisión y después las esposas de los narcos les apedrearon las casas.

Pero nada de esto es nuevo. Eso es lo peor.

Los niños del narco

Los vecinos tienen la misma sensación. Piensan en el momento en que recrudeció el narcotráfico en La Legua y señalan que fue con la llegada de Manuel Fuentes Cancino a la población, el “Perilla”, reconocido como uno de los más grandes narcotraficantes del país. La población, que había nacido gracias al esfuerzo, lucha social y trabajo de sus habitantes, se convirtió en un terreno fértil para que sus redes se extendieran y asentaran allí. La pobreza fue caldo de cultivo: los narcotraficantes pagan hasta 900 mil pesos por un arriendo, mandan a lavar sus zapatillas por importantes sumas a mujeres sin empleo, pagan hasta 300 mil pesos semanales si les cocinan, lavan o planchan. Pero, sobre todo, apadrinan a los niños que quedan solos después que sus padres o madres son llevados a la cárcel por tráfico.

El texto sobre Derechos Humanos va más allá y señala que, en este escenario, la pregunta por la existencia de redes entre narcotráfico y las policías que actúan dentro del plan de intervención no surge solo a partir de la similitud entre los casos expuestos en la prensa y aquellos recuperados por el Comité. “Es difícil deshacerse de la idea de que no existan redes estatales delictuales coludidas con el tráfico de drogas en completo funcionamiento en la población, pues como hemos indicado en nuestras memorias anteriores y en las constantes denuncias, ‘el círculo de poder, la corrupción que denuncian los pobladores entre carabineros y traficantes no es solo un rumor, ocurre todos los días’”.

“Es un círculo vicioso e imparable”, comenta un vecino. “Se llevan a una mamá y los narcos alimentan a esos niños, los mantienen, los protegen económicamente, y después ellos se convierten en niños soldados. Tienen de todo, pero, como agradecimiento, se convierten en sapos y son los que ‘prestan guata’, como ellos le dicen a la protección de los narcos. Son los que se ponen en la línea de fuego”, relata, mientras el helicóptero continúa sobrevolando la parte más álgida de la población y donde se concentran los clanes de la droga: La Legua Emergencia.

Otra vecina cuenta la realidad que aumenta al interior de las casas: “Teníamos historias de niños criados con vecinos, que incluso después vivían ignorando quiénes eran sus familias originales y pasan a ser miembros de estas casas protegidas por los narcos. Hay casas que tienen hasta 12 niños en su interior. El nivel de hacinamiento es mucho”.

Carla Núñez es la encargada del Observatorio de Derechos de la Niñez en la Caleta Legua, donde acuden niños y niñas del sector hace 25 años. Carla cree que el gran problema es la pobreza y la desigualdad. “No hay salud, por ejemplo, y es terreno fértil para que nazcan estas formas de violaciones de derechos. Y ese el problema de fondo, pero vamos perdiendo esa noción porque creemos que el único problema es el narco”, explica.

Los niños son la pieza más frágil en este contexto. El sábado comenzaron las balaceras y dejaron de llegar en masa a los colegios del sector. Las mamás han optado por ni siquiera dejarlos salir a la esquina. Si antes la calle podía ser la extensión de estrechas viviendas, hoy eso no sucede. Cada vez los niños juegan menos en espacios públicos. “Hay veces en que incluso tienen menos desarrollo motor producto de esto”, comenta Carla.

El Cecrea, un centro del Consejo de la Cultura que se llena de niños y niñas que van a hacer trabajos artísticos y manuales, también está cerrado. Incluso hasta hoy, que es jueves (cuando se escriben estas líneas), por temor a que los balazos reboten en la casa o una bala loca termine ahí su camino.

Al frente del Cecrea está la comisaría que le corresponde a La Legua, un espacio que –según los vecinos– no tiene ninguna vinculación con la comunidad. Dos calles más al poniente está por inaugurarse un mural que flanquea a una plaza de juegos infantiles. El dibujo es todo lo que piensan los habitantes: en las coloridas imágenes hay gente trabajando, fusiles y carabineros chateando con sus celulares mientras ignoran a los habitantes.

La desprotección

Carla Núñez piensa que la policía no ha generado las estrategias para dar real respuesta al nivel de armamento que están teniendo los narcos de la población. “Además, empieza la balacera y los carabineros se van. Aún no se entiende por qué aparecieron carros blindados recién el martes a las tres de la tarde… ya habían pasado cuatro días desde el inicio de la balacera”, dice.

La memoria anual del año 2016 del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua repara también en el actuar de Carabineros. En uno de sus capítulos detalla que desde su creación, hace 8 años, han recibido denuncias hechas por pobladores sobre diversas vejaciones e injusticias padecidas de manera constante, como allanamientos “violentos e ilegales”, procedimientos de “dudosa razonabilidad” y “controles de identidad vejatorios, golpes, amenazas de ‘cargar’, es decir, poner droga en el equipaje o inmuebles de los pobladores, corrupción, montajes policiales, robos de dinero y especie en los inmuebles allanados, incluso torturas, que lamentablemente se han perpetuado gracias a la impunidad institucional existente”.

El texto sobre Derechos Humanos va más allá y señala que, en este escenario, la pregunta por la existencia de redes entre narcotráfico y las policías que actúan dentro del plan de intervención no surge solo a partir de la similitud entre los casos expuestos en la prensa y aquellos recuperados por el Comité. “Es difícil deshacerse de la idea de que no existan redes estatales delictuales coludidas con el tráfico de drogas en completo funcionamiento en la población, pues como hemos indicado en nuestras memorias anteriores y en las constantes denuncias, ‘el círculo de poder, la corrupción que denuncian los pobladores entre carabineros y traficantes no es solo un rumor, ocurre todos los días’”.

A los pobladores lo que más les cuesta entender es la cantidad de armamento que ha ido creciendo al interior de la población y que ha aumentado casi tanto como el narcotráfico.

–Nosotros no confiamos en la Policía, además porque nos sentimos ignorados. ¡Cómo va a ser posible que cuando empieza la balacera ellos arranquen! Pasa todo lo contrario. ¡Y nos quedamos solos durante días, en medio de las balas! –comenta un vecino que tiene 8 impactos de bala en su casa.

En La Legua todos saben que, si comienzan las ráfagas, el lugar más seguro es a ras de piso, porque generalmente las balas solo van al aire. “Es como un despliegue de poder y les da lo mismo donde caigan, pero generalmente son en lo alto”, comenta el mismo vecino. Su casa tiene impactos en el techo y paredes laterales. “Antes, el ‘Perilla’ mantenía cierto orden, incluso se podía hablar con él, hacerlo entender, pero después que se fue en cana, los que quedaron se disputan cada esquina. Antes él mandaba todo, pero ahora está con alzhéimer en la cárcel, ni sabe de esto”, se queja.

Consultados por El Mostrador, desde Carabineros señalaron que por el momento no se referirían al tema.

No son todos narco

Porque la gran mayoría de la población ha intentado preservar el espíritu original con que se construyó y se consolidó La Legua en la década del 40 al 50, se mantiene alejada de las disputas de los narcotraficantes que se sienten dueños de la población, a pesar de encontrarse bajo la línea de la pobreza y que la ayuda proveniente de las drogas podría salvarlos. La vida de las organizaciones sociales de La Legua y la mística del parto social que los creó se lee en cada rincón.

Desde el año 2001 se han intensificado los programas de intervención en la población y es uno de los llamados “barrios críticos”, sin embargo, los vecinos insisten en que los problemas de La Legua no se desarticulan: es necesario combatir el nivel de armamento, entregar mejores opciones laborales a quienes sirven a los narcotraficantes y ocuparse de las decenas de niños y niñas desamparados que quedan a merced de una especie de narcodictadura.

Una de las situaciones que destaca el intendente de Santiago, Claudio Orrego, es la posibilidad de terminar con los pasajes que se transforman en bocas de lobo y en los mejores ambientes para que crezca la impunidad de los delincuentes. Hay autoridades que también han insistido en echar abajo uno de los grandes muros que flanquea La Legua Emergencia, sin embargo, los vecinos sienten que esa pared de concreto es lo único que los protege. Tras ese murallón, se levantó hace pocos años la última parte de La Legua. Hay quienes la querían llamar Legua Emergente, pero los vecinos prefirieron que se llamara Los Jardines de San Joaquín I y II. Esos vecinos sienten que, si les botan el muro, nada los separaría de las balaceras de La Emergencia y sus nuevas casas. Esas fueron las viviendas más afectadas con impactos de balas durante el fin de semana bajo fuego.

La Intendencia Metropolitana comenzó una intervención de barrios de alta complejidad en 2014. El primer objetivo fue Bajos de Mena, en Puente Alto. En 2016 continuó con La Legua. El intendente Orrego sostiene que ese modelo que comenzó en Puente Alto reconoce que el fenómeno de la violencia y el narcotráfico es multicausal y que “por alguna razón, en general en estos barrios se concentran el hacinamiento, ausencia del Estado y serios problemas urbanos”. Por esto, hace un año y medio, con un presupuesto de 1.100 millones de pesos, trabajan en un plan integral que también se enfoca en la educación de las niñas y los niños de La Legua, ya que más de 200 de ellos son desertores escolares.

También han fortalecido la existencia de luminarias, plazas, y la semana pasada se enfocaron en una de las quejas de la comunidad. “Ha habido una crítica que tiene que ver con los protocolos que usa Carabineros, que se han mantenido estáticos en el tiempo, como la reacción entre balaceras. El martes pasado tuvimos una reunión y se ordenó actuar con mayor rapidez”, indica el intendente.

El viernes los vecinos pudieron comprobar que el protocolo fue efectivo. Cuando nuevas balas comenzaron a cruzar el aire, Carabineros llegó rápidamente. Sin embargo, es reciente, aún no confían plenamente en la protección que puedan recibir, ni si esta se mantendrá en tiempo.

Mientras el helicóptero no se cansa de dar estruendosas vueltas, otro vecino –que tampoco quiere dar su nombre– señala con sorna: “Apuesto que se viene un allanamiento. Ayer yo mismo vi a dos cabros chicos con bolsas grandes y de una de ellas se asomaba un fusil. Los estaban sacando de la población. Si yo lo vi, lo pudo ver cualquiera y es obvio que alguien les avisa lo que va a pasar”.

Pocos minutos después, la PDI allanaría cerca de 37 viviendas y 8 personas serían detenidas. Además, requisaría armas y municiones.