Corrupción política y fraude empresarial se han unido en Reus (Baix Camp, Tarragona) hasta provocar una crisis sin precedentes en España: el uso en el hospital público Sant Joan de prótesis ortopédicas defectuosas y caducadas que, según el juez, fueron compradas a la empresa Traiber después de que los médicos del centro recibieran “presiones” de altos cargos municipales de CiU.

Los hechos desembocaron el pasado 28 de abril en la detención de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Teresa Gomis (CiU), y del propietario de Traiber, Lluís Márquez, ambos acusados de un delito contra la salud pública. La operación fue el punto culminante de la alerta sanitaria lanzada seis meses antes por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) en la que se ordenaba la retirada de todos los productos de la empresa por estar “fabricados sin licencia” y no contar con “el certificado de conformidad CE”, lo que suponía “un riesgo grave para la salud de los pacientes”.

La alerta ha obligado al hospital Sant Joan, según fuentes de la investigación sanitaria en marcha, a revisar 1.700 historiales clínicos, pasar consulta a 250 afectados y operar de nuevo al menos a 20 personas porque se desconoce si el material que les ha sido implantado cumple los mínimos requisitos de seguridad.

EL PAÍS ha podido saber que fueron trabajadores de Traiber los que denunciaron a la AEMPS el caso. “Los responsables de la empresa habían cruzado todos los límites éticos y legales”, explican exempleados de la compañía, que piden el anonimato. Traiber vivía momentos delicados en 2013, lo que la llevó incluso a dejar de pagar la nómina a sus trabajadores. Tras años de gozar de una sólida posición, la compañía fue incapaz de hacer frente a la competencia del sector y, según reflejan las cuentas del registro mercantil, su facturación fue descendiendo a un ritmo superior al 10% anual desde 2007.

Los problemas de Traiber se agravaron en 2011 con la llegada de un nuevo jefe de traumatología al hospital Sant Joan, Alfredo Rodríguez, que decidió dejar de utilizar el material de la empresa. Según consta en la investigación, Rodríguez “consideraba que las prótesis de Traiber se habían quedado anticuadas y no le inspiraban mucha confianza”. La decisión del facultativo dejó de un plumazo a la empresa sin una cuarta parte de su facturación, que en 2011 ya había bajado hasta los 1,47 millones de euros.

Una denuncia de trabajadores de la compañía Traiber destapó el caso

El golpe, sin embargo, no fue solo económico. Traiber era una empresa local con una larga trayectoria en Reus y su dueño, Luis Márquez, un hombre de peso en el tejido empresarial. Vocal de la Cámara de Comercio de Reus y de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC), “siempre cuidó los contactos políticos”, relatan varias fuentes en Reus. El director financiero de Traiber, Eduard Correcher, es además concejal de Salud por CiU en el vecino municipio de Les Borges del Camp.

Según el relato de los exempleados, que consta en la investigación en marcha, a medida que caían los ingresos, la empresa fue entrando en una deriva peligrosa: “De fabricar productos con componentes punteros, los jefes pasaron a comprar a proveedores cada vez más baratos. Luego, dejaron de fabricar y empezaron a reutilizar muestras no destinadas a pacientes. Lo último fue vender piezas caducadas de hacía años con los precintos alterados”. “Denunciarlo no era fácil. La empresa estaba mal y con esto la hundíamos. También era nuestro pasaporte al paro. Pero la gota que colmó el vaso fue saber que algunos pacientes empezaron a sufrir complicaciones graves”, añaden.

La denuncia llegó a la AEMPS el pasado mes de octubre y fue derivada a la Inspección Sanitaria de la Generalitat de Cataluña. Esta solo necesitó unos días para comprobar la gravedad de los hechos. La primera reacción fue lanzar la alerta sanitaria. La segunda, “poner el caso en conocimiento de la Fiscalía”, según responde la Agencia por correo electrónico. Las investigaciones abiertas acabaron en el juzgado de Reus y allí fue donde el malogrado destino de Traiber se cruzó con el de otra empresa con problemas judiciales: Innova, el grupo municipal de empresas de Reus.

El dueño de la empresa recurrió a los ediles de CiU tras fracasar sus presiones a los médicos

La filial sanitaria de Innova, Sagessa, gestiona el hospital Sant Joan y otros 20 equipamientos sanitarios en la provincia de Tarragona, por lo que recibe cada año más de 150 millones de euros de la Generalitat. La empresa es también desde hace tres años el epicentro de uno de los mayores casos de corrupción investigados en Cataluña, con más de 50 concejales —entre ellos la misma Teresa Gomis—, empresarios y gestores sanitarios imputados.

Los investigadores no tardaron en encontrar puntos en común entre ambos casos. Traiber, por ejemplo, había conseguido todos sus contratos con el Sant Joan a dedo desde hacía casi una década, algo habitual en un hospital que incumplía la normativa de contratación pública en el 85% de sus compras. Al juez de instrucción también le llamó la atención la desaparición de 2,4 millones de euros en 2007, cuando el Sant Joan declaró a la Agencia Tributaria haber comprado material a Traiber por 2,9 millones mientras la empresa solo admitió ingresos por 518.000 euros.

Pero lo más relevante fue descubrir las maniobras hechas por Lluís Márquez y altos cargos municipales para conseguir que el hospital volviera a comprar a Traiber. Para el juez, estas maniobras, que no duda en calificar de “presiones”, son “especialmente graves” porque —a diferencia de otros centros sanitarios afectados por la alerta— los responsables del hospital de Reus ya conocían los problemas de las prótesis.

Así consta en el auto de puesta en libertad de Teresa Gomis, donde se recoge la declaración del director general de Sagessa, Joan Benet, también imputado en el caso. Este admitió que, tras las primeras reticencias de Alfredo Rodríguez “consultó con doctores sobre la calidad de las prótesis y [estos] le pusieron en duda la calidad de las mismas”. Benet también explicó que, pese a ello, él mismo y Teresa Gomis accedieron a reunirse en la primera mitad de 2013 con Márquez, quien durante la reunión exigió “una solución para su caso porque necesitaba volver a entrar en el hospital”, según consta en las investigaciones del caso.

Teresa Gomis, teniente de alcalde de Reus. j. ll. sellart

Meses más tarde se celebró una segunda reunión entre el propietario de Traiber, el traumatólogo, el concejal de Promoción Económica de Reus, Marc Arza, y la directora médica del hospital, Pilar Closa. Para Arza, el encuentro fue cordial y “en ningún caso se presionó a los médicos del hospital”. “Mi función es tratar de promover la actividad económica de Reus y como tal, tratamos de tender puentes entre Traiber y el hospital. Pero en ningún momento se cuestionó la calidad de las prótesis y siempre se dejó claro que la decisión última era de los médicos”, explica el edil.

Para los investigadores, sin embargo, estas reuniones acabaron por doblegar al traumatólogo. Según consta en la investigación del caso, el dueño de Traiber presionó durante todo 2012 y 2013 a Alfredo Rodríguez, incluso con ofertas de “llegar a algún tipo de acuerdo económico”. Pese a sus repetidos rechazos, el médico “cambio finalmente de actitud al ver que concejales y directivos del hospital insistían en la necesidad de utilizar las prótesis de Traiber”, explican fuentes del caso.

El hospital Sant Joan volvió a comprar material a la empresa a principios de 2014. Meses después saltó la alerta sanitaria. La investigación judicial en marcha, aún bajo secreto de sumario, sigue paralela a la puesta en marcha por la AEMPS, que se avecina larga. Un dato revela la magnitud de lo ocurrido: ni siquiera la agencia ha sido capaz de saber la cifra de “productos fraudulentamente comercializados debido a las irregularidades en los sistemas de calidad de la empresa”.

La detención de Gomis por la Guardia Civil —que actúa como policía judicial— ha provocado las iras en CiU, que ve el operativo como una forma de dañar a la formación ante las elecciones municipales. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su portavoz, Francesc Homs, han criticado al juez del caso, Diego Álvarez de Juan, y a los investigadores por alargar la detención de Gomis. “Fue tratada como una terrorista”, lamentó Mas. “Mientras ella pasaba tres días detenida, el juez se tomaba un café en la plaza”, dijo Homs. Ninguno dedicó una palabra a los pacientes. Tampoco las tuvo el alcalde de Reus, Carles Pellicer, que con la ciudad convertida en el epicentro del caso Innova y pacientes de su hospital afectados por las prótesis caducadas, lamentó que el despliegue policial “daña la imagen de Reus”.

También ignoraron el problema de salud pública el actual consejero de Salud, Boi Ruiz, y su antecesora en el cargo, la socialista Marina Geli. Las declaraciones de ambos trataron de poner distancia entre la consejería y los problemas de corrupción del caso. Boi Ruiz llegó a decir que “no conocía” lo que ocurre en Innova pese a que sus hospitales son los de referencia para más de 200.000 pacientes de la sanidad pública.

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