La orden partió de muy arriba. La emitió el propio Mauricio Macri cansado de que los intendentes le pidan plata para cubrir sus agujeros fiscales. Los jefes comunales, muchas veces acorralados por sus propias finanzas, necesitan fondos para cubrir sueldos; en muchos municipios los ingresos no alcanzan ni siquiera para pagar los sueldos.

Cuando Macri asumió fue ayudando a cubrir esos baches pero luego empezó a enterarse de algunos desmanejos, especialmente en la contratación de gente en municipios que aumentaron hasta un 60% su planta de empleados públicos. Un intendente del conurbano, que asumió en 2015, no podía dormir pensando en cómo resolver su situación financiera; un día se juntó con su antecesor kirchnerista que le contó cómo lo resolvía él: "Bicicleteabamos los pagos lo más que podíamos y a fin de año recibíamos un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) por 300 millones".

Como es costumbre en el Gobierno -o al menos así se comunica- el pedido fue por la positiva: "Tenemos que premiar a los mejores", ordenó Macri. El tono no fue tan amistoso como las palabras. Había malestar incluso con algunos intendentes propios.

Así surgió la idea de crear un ranking de municipios que se pondría en marcha este año. Se desarrollaría en base a una planilla de preguntas estandarizadas de calidad de gestión. TN.com.ar tuvo acceso exclusivo a la evaluación que el Gobierno nacional busca instalar. El borrador de esa planilla circuló entre representantes de ONGs, universidades públicas y privadas, y también entre asesores de algunos intendentes.

“Lo que se busca es premiar las buenas prácticas. Tener criterios estandarizados y que sean los mismos para todos que nos permitan conocer la realidad de cada municipio”, explicó Lucas Delfino subsecretario de asuntos municipales de la Nación. “En la Argentina se había perdido la capacidad de medir. La idea es poder tener más datos y no tiene ni finalidad electoral ni partidaria”, aclara Delfino.

Pese a esa aclaración, ya distintos intendentes -especialmente peronistas del conurbano- pusieron el grito en el cielo y denuncian que se trata de una política persecutoria. “Obviamente va a estar mejor rankeado y más ordenado presupuestariamente un municipio que tiene a toda su población comiendo que si la mitad de tu población es pobre o depende del empleo público municipal”, se queja un intendente peronista, que siente que será perjudicado.

Exclusivo. La prueba piloto que ya maneja el Gobierno para evaluar la gestión de los intendentes.

La prueba de la discordia

La evaluación que planea usar el Gobierno incluye distintos items: presupuesto, recaudación municipal, inversión pública, estructura de Gobierno (cuántos ministerios tiene, por ejemplo), la política de transparencia y apertura de datos, si hay una política de planificación urbana y de capacitación.

En cada item se evaluarán distintas cuestiones que le darán un mayor o menor puntaje al municipio. Por ejemplo, en presupuesto se analizará la aprobación en tiempo y forma por parte de los Concejos Deliberantes o si se contemplan los servicios de pago de deuda.

En estructura de Gobierno se les pedirá que muestren si tienen un organigrama actualizado y que aclaren cuántos empleados tienen, diferenciando la planta permanente de los “funcionarios de confianza”; estos son los que pone discrecionalmente el intendente. También rankearán mejor los municipios cuyos funcionarios hagan pública su declaración jurada.

La participación en el ranking por ahora va a ser voluntaria, entre ciudades de más de 50 mil habitantes. Es una prueba piloto de la que participarán 30 municipalidades. El borrador del documento recibirá observaciones de distintos sectores antes de su puesta en práctica.

El "premio" para los mejor calificados por ahora será simbólico. "No habrá látigo y billetera, que era la herramienta histórica para disciplinar intendentes", aclararon fuentes gubernamentales. Aunque no se desacarta que en un futuro algunos municipios reciban algún aporte económico o avales para tomar deuda ante organismos multilaterales de crédito.