Los comunes registraban esta semana una proposición en el Parlament para que se votara la propuesta del Pacto de Claridad (Pacte de Claretat, en catalán), un acuerdo catalán que debería terminar con una ley estatal que hiciera posible a los catalanes ejercer su derecho a decidir. Esta propuesta, que adelantó Xavier Domènech de cara a las elecciones del 21-D, tal y como contó cuartopoder.es, podría implicar una reforma constitucional de todo el Estado impulsada desde Catalunya. El Pleno, finalmente, no se celebró esta semana en el Parlament tras la batalla desatada en el interior del independentismo entre los grupos JxCat y ERC sobre la delegación del voto de los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena. El debate se celebrará, previsiblemente, el próximo martes. Te contamos qué es el Pacto de Claridad.

Origen: Canadá

En el año 2000, el Parlamento canadiense aprobaba la Ley de Claridad, mediante la cual se permitía al Gobierno estatal a entrar en negociaciones con una de sus provincias de cara a una posible secesión. Esta ley se estableció, en la práctica, para negociar con Quebec, donde en 1980 y 1995 se habían celebrado dos referéndums en los cuales ganó el no a la independencia. Desde que se aprobara esta ley canadiense, el partido de gobierno en Quebec no tiene entre sus prioridades políticas la independencia.

Un primer pacto catalán

La idea de los comunes es, en un principio, conseguir en Catalunya un acuerdo de mayorías que establezca cómo se puede ejercer el derecho a decidir, un derecho que, hasta hace poco, reunía el consenso del 80% de la población. Según un documento de los comunes al que ha tenido acceso cuartopoder.es, "la realización de un referéndum acordado y vinculante, con reconocimiento internacional y que asegure las máximas garantías democráticas" es la apuesta de Catalunya En Comú Podem. "De esta manera, el referéndum ha de interpelar a toda la ciudadanía de Catalunya. Solamente así será un instrumento útil para resolver el conflicto de manera democrática".

"Se quiere impulsar un espacio de dialogo entre los actores políticos y sociales, la sociedad civil y la ciudadanía catalana que se centre en establecer cómo debería ser el referéndum para decidir sobre el futuro de Catalunya". Una vez se haya conseguido un consenso social, que, según nos explica la presidenta del grupo Catalunya En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, se podría desarrollar en una comisión parlamentaria, este pacto debería incluir una amplia mayoría de las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya y, en él, se podría determinar "el procedimiento, la pregunta, las condiciones para llevarlo a término y los criterios de interpretación del resultado".

Albiach asegura que "necesitamos un pacto de mayorías en Catalunya para después ir a negociar con el Estado". "Vemos cómo Torra pasa la pelota constantemente al Estado, diciéndole que hay que negociar un referéndum, un referéndum que, ni siquiera, en Catalunya, hemos acordado en qué condiciones y cómo lo querríamos celebrar", comenta, añadiendo:·"Primero necesitamos este pacto catalán, después negociarlo con el Estado cuando hayamos sumado a amplias mayorías". "Tenemos que dar a los conflictos políticos soluciones políticas", considera la presidenta del grupo parlamentario de los comunes.

Grandes acuerdos previos

En Catalunya, el apoyo al derecho a decidir es mucho más amplio que el independentismo. La gente que cree que debe decidir la relación entre Catalunya y España es mayoritaria. En el año 2013, en el mes de junio, se presentaba en el Parlament el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, apoyado por 40 entidades sociales, culturales, deportivas y políticas. Unos meses después, en septiembre, cuando se presentó el manifiesto, ya lo habían firmado 800 entidades.

En el año 2016 se creaba el Pacte Nacional pel Referéndum, que sustituiría al anterior, coordinado por el ex del PSC, Joan Ignasi Elena. En enero del 2017 se presentó el manifiesto que habían suscrito más de 4.000 entidades, como Òmnium Cultural y la ANC, los sindicatos mayoritarios o, incluso, el Fútbol Club Barcelona, y más de 400.000 personas. Según Albiach, el Pacte de Claretat tiene unos objetivos más concretos que el Pacte pel Referèndum, ya que este no entraba en describir cómo sería la consulta, con qué plazos se realizaría, qué pregunta o preguntas y cómo serían interpretados los resultados. Estos retos se asumirían en el nuevo pacto.

En septiembre de 2017 se constituía la Taula per la Democràcia. La represión del Estado comenzaba a materializarse ante la cercanía del 1-O. El 20-S, altos cargos de la Generalitat fueron detenidos y las sedes de la Conselleria d'Economia y de la CUP registradas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta plataforma adquiriría mayor protagonismo conforme se fueron desarrollando los encarcelamientos de los presos políticos, dirigentes políticos y sociales, algunos de los cuales siguen hoy en prisión preventiva. Entre las entidades miembro se encuentran: CCOO, UGT, Associación d'Universitats Públiques, Consell de la Joventut de Catalunya, Òmnium Cultural o la ANC.

En abril de este año, se organizó una manifestación masiva en el Paral.lel de Barcelona pidiendo la libertad de los presos políticos. A raíz de la organización de esta protesta se conformó el Espai Democràcia i Convivència, impulsado por entidades similares a la anterior, en favor de las libertades democráticas.

Segundo paso: el Estado

Una vez conseguido un acuerdo social de amplias mayorías que se reflejen también en el Parlament, el siguiente paso es llevar al Congreso de los Diputados una proposición de una Ley de Claridad. "Partiendo de una propuesta surgida del acuerdo entre un amplia mayoría de fuerzas políticas y sociales, el Congreso de los Diputados aprobaría una Ley de Claridad, en la que establecería cuestiones como el momento a partir del cual Catalunya podría realizar un referéndum, el procedimiento y las condiciones para interpretar el resultado y las condiciones para llevarlo a término", explica el documento al que ha tenido acceso cuartopoder.es. Su aprobación requeriría de una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y abriría la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación.

No obstante, desde Catalunya En Comú Podem son conscientes de que con la actual legislación vigente ya se podría celebrar un referéndum consultivo en Catalunya antes de la aprobación de esta Ley de Claridad, emulando a lo sucedido en Canadá. Domènech, antes del 21-D, cuando formuló esta propuesta, apostaba por la ardua labor de conseguir mayorías políticas y sociales en el Estado para sacar adelante esta ley. Albiach, preguntada por este medio, asegura que, "una vez llegado a un pacto catalán, tendrían que ser las fuerzas políticas representadas en el ámbito estatal que apuestan por el referéndum las que planteasen cuándo llevar esta iniciativa legislativa adelante".

Una relación bilateral en un Estado plurinacional

Más allá de esta senda para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación de Catalunya, la propuesta de los comunes aborda otros temas, como el reconocimiento de la plurinacionalidad de España en el que se reconozca el derecho a decidir vía reforma constitucional; un reconocimiento de Catalunya como nación política, que pueda decidir su futuro; el reconocimiento de una relación bilateral entre Catalunya y el Estado; el establecimiento de una hacienda propia catalana y solidaria; un blindaje competencial con el establecimiento claro de competencias exclusivas, compartidas y cedidas; la protección del catalán y la participación de Catalunya en los órganos del Estado en materia de política exterior y europea. "En defintiva, un pacto bilateral con el Estado que permita un nuevo encaje territorial (competencial) de Catalunya en una nueva España (plurinacional)", recoge el documento. Un pacto bilateral, como podría ser un Estatuto, pero que incluiría la posibilidad de que el pueblo catalán eligiera la independencia, es decir, no dejaría fuera de este acuerdo a un amplio sector de catalanes.

Apoyos actuales

Previsiblemente, será el martes cuando se lleve a cabo el Pleno en el que se votará esta proposición de Catalunya En Comú. Según nos cuenta la presidenta de Catalunya En Comú Podem, la proposición para iniciar el pacto contaría con el apoyo de ERC y la abstención de JxCat, si no cambian de postura en los próximos días. La posición de ERC es muy importante, pues revela la voluntad de los republicanos de buscar acuerdos con mayorías más allá del independentismo. La abstención de JxCat también revela que entre sus filas no hay una posición unánime sobre la estrategia a seguir: el rupturismo al que apela Puigdemont o una vía que sume mayorías buscando acuerdos con sectores no independentistas pero partidarios al derecho a decidir. PP y Ciudadanos votarán en contra, como la CUP. PSC también, su propuesta, ahora, es la de la reforma del Estatut que defiende Sánchez. De momento, no salen las cuentas, pero quizás esta sea una propuesta a tener en cuenta para el medio plazo, si se consigue desinflamar la actual situación.