Luego de dos años de gestiones de organismos de derechos humanos, en septiembre de 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la Argentina, recibió centenares de denuncias por los secuestros, torturas y homicidios avalados por Videla, Massera & Cía. y se entrevistó con diversas personalidades, con organizaciones de la sociedad civil y con los propios dictadores. El resultado, en 1980, fue un informe exhaustivo sobre el accionar del terrorismo de Estado que obligó a los grandes medios a terminar con la ficción de los enfrentamientos y dio inicio a la etapa de defensa de la impunidad de los victimarios. Durante los siguientes 40 años y sobre todo a partir del ascenso de Mauricio Macri a la presidencia, la CIDH se convirtió en permanente receptor de diversas violaciones de derechos humanos que obligan al Estado a dar respuestas ante la comunidad internacional.

El dedo en la llaga

La inspección de 1979 se gestó a partir de la persistente denuncia internacional de los crímenes de la dictadura. “Emilio Mignone (presidente del CELS) iba periódicamente a Estados Unidos y yo venía a Buenos Aires. Hice varias visitas a autoridades del gobierno para conseguir las autorizaciones”, recordó hace una década Edmundo Vargas Carreño, entonces secretario de la CIDH. “Fueron meses de negociación y aquí decían ‘no, no y no’, pero hubo una presión del gobierno de James Carter”, agregó. En paralelo se realizó un minucioso trabajo para seleccionar 500 de los 4500 casos documentados que habían recopilado primero la APDH y luego el resto de los organismos.

Ei 6 de septiembre de 1979 los comisionados se instalaron en un edificio de Avenida de Mayo, recibieron cientos de denuncias de familiares de desaparecidos, entrevistaron a presos políticos y tomaron testimonios en cárceles. También visitaron centros clandestinos como la ESMA, que los marinos refaccionaron para despistarlos, al tiempo que trasladaron a los secuestrados a la quinta El Silencio, una propiedad de la Iglesia Católica en el Tigre. “La palabra ‘desaparecido’ no aparecía en los medios. Clarín y La Nación publicaban noticias de enfrentamientos en los cuales los terroristas siempre morían o escapaban”, recordó el ex comisionado Tom Farer cuando visitó el país en 2009. “Durante la visita apareció por fin la palabra ‘desaparecidos’. Se estaban abriendo las exclusas y creo que el gobierno no pudo cerrarlas nunca más”, reflexionó. “La recopilación de indicios concordantes y uniformes permitió afirmar que los miles de desaparecidos estaban muertos, y que era incontrovertible la violación de prácticamente todos los derechos humanos conocidos”, explicó el ex comisionado colombiano Marco Gerardo Monroy Cabra.

En base a ese trabajo elaboraron el informe final, que marcó el comienzo del fin de la dictadura. La CIDH afirmó con todas las letras que los desaparecidos estaban muertos. “Fue la frase más discutida del informe. Algunos miembros decían con razón que eso iba a poner término a muchas esperanzas, que no se podía decir. Pero prevaleció el criterio mayoritario. Las pruebas eran de tal magnitud que no podíamos dejar de decirlo”, explicó Vargas Carreño. La dictadura prohibió la difusión del informe pero Mignone ingresó clandestinamente al país quinientos ejemplares. El impacto fue enorme: los medios tuvieron que publicar lo que sucedía, terminar con la ficción de los enfrentamientos y la descalificación de las víctimas. Comenzó entonces la etapa de admisión general de los crímenes y de defensa de la impunidad de sus perpetradores.

Aportes en democracia

Tras la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y de los indultos, una de las pocas noticias alentadoras para quienes no se resignaban a la impunidad fue la resolución 28 de la CIDH, de octubre de 1992, que estableció que eran incompatibles con las declaraciones y convenciones de derechos humanos y confirmó el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Menem aceptó indemnizar a ex presos políticos y familiares de desaparecidos pero, con la complicidad de su propia "mayoría automática" en la Corte Suprema, se mantuvo indiferente al reclamo de justicia.

La confesión de los vuelos de la muerte del ex capitán Antonio Scilingo reinstaló el reclamo de justicia y derivó en los juicios por la verdad, veta que permitió a organismos, fiscales y jueces recibir testimonios de víctimas y victimarios. El gobierno de Menem se opuso, la Corte adicta falló en contra de ese derecho pero generó tal nivel de rechazo que todos los organismos denunciaron al Estado en la CIDH. El acuerdo de solución amistosa se firmó en Cancillería durante una visita de la CIDH el 15 de noviembre de 1999: el Estado se comprometió a garantizar el derecho a la verdad, agotando todos los medios para esclarecer lo sucedido con cada uno de los desaparecidos.

Al margen del proceso por los delitos del Estado terrorista, tanto la CIDH como la Corte Interamericana cumplieron un rol destacado en la lucha por garantizar derechos. Entre otros ejemplos pueden mencionarse la reforma de la ley de migraciones y del código de justicia militar, la derogación del delito de desacato y la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público.

La detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala en enero de 2016, apenas asumidos Mauricio Macri como presidente y Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, derivó en una interminable sucesión de abusos y arbitrariedades que sus abogados y organizaciones amigas llevaron al sistema interamericano. En julio de 2017 la CIDH le reclamó al Estado adoptar medidas alternativas al encarcelamiento, decisión que el gobierno de Macri incumplió y que derivó en la intervención de la Corte Interamericana.

Durante la gestión Cambiemos la CIDH recibió innumerables denuncias por violaciones de derechos humanos, que en algunos casos derivaron en advertencias y medidas cautelares. Entre los temas denunciados se destacan las graves prácticas que prevalecen en los hospitales psiquiátricos, el endurecimiento de políticas migratorias y la violación de derechos de población migrante, el avance de la militarización de la seguridad pública en la región, la represión contra trabajadores de prensa en manifestaciones sociales o las condiciones de hacinamiento en comisarías de la provincia de Buenos Aires, que derivaron en muertes evitables como las de Esteban Echeverría o Pergamino. En febrero último, la CIDH le pidió al Estado tomar medidas urgentes para preservar la vida y la integridad de los presos bonaerenses, reducir estadías prolongadas y bajar los índices de hacinamiento.



