El jurista marca tres irregularidades básicas que se presentan en la mayoría de los allanamientos llevados a cabo por estos "patriotas". "La primera de ellas es la fundamentación, justificación y motivos por los cuales se hace el allanamiento, pues se afirma que quienes protestan forman parte de redes terroristas, conspiran contra el Gobierno o forman parte de la delincuencia organizada. Lo segundo es que los agentes encubiertos deben tener una autorización previa de un juez, pero en estos casos esa autorización no existe. Tercero, se viola totalmente el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Son lesiones gravísimas a derechos civiles consagrados en la Constitución", argumenta.