Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se abrazan tras la firma de su preacuerdo de coalición, el pasado 12 de noviembre. / DAVID CASTRO

Desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron su preacuerdo para un Gobierno de coalición, el pasado 12 de noviembre, dos días después de las elecciones generales, apenas ha trascendido nada de su contenido programático. Tampoco del reparto de carteras, más allá de que Sánchez será presidente e Iglesias vicepresidente, un cargo que también ostentarán Carmen Calvo y Nadia Calviño, y de que Podemos dirigirá entre tres y cuatro ministerios. Pero el pacto ya está prácticamente terminado en todos sus extremos, coinciden socialistas y morados, a falta de lograr la suma necesaria en el Congreso para salvar la investidura, con la abstención de ERC como principal interrogante. Según fuentes de las negociaciones, una de las principales y más urgentes iniciativas que llevará a cabo el futuro Ejecutivo, si llega a formarse, consiste en la modificación de la legislación laboral para impedir que las empresas puedan despedir a trabajadores que encadenen varias bajas justificadas seguidas.

Se trata de uno de los aspectos más lesivos y controvertidos de la reforma del PP, aprobada en el 2012. De acuerdo con la normativa, cualquier empleado podría quedarse sin su puesto de trabajo por motivos objetivos si acumula un 20% de jornadas de baja durante un periodo de dos meses. Da igual que esas ausencias estén justificadas, porque las únicas limitaciones son que se hayan producido de forma intermitente y no obedezcan a causas de enfermedad grave.

Aquí, la sintonía entre el PSOE y Podemos es amplia. Hay que poner fin a esta medida, que el Tribunal Constitucional (TC) avaló por cuatro votos frente a tres el pasado 29 de octubre, a las puertas de la campaña electoral. Socialistas y morados coincidieron en criticar la sentencia, que el propio presidente del Gobierno en funciones llegó a tachar, durante un mitin en Sevilla, de "inaceptable".

Dos semanas más tarde, cuando presentaron su preacuerdo de coalición, Sánchez e Iglesias dieron muestras de la importancia que otorgan a los cambios en la legislación laboral. Los líderes del PSOE y Podemos firmaron un documento con los 10 "ejes prioritarios", todos muy genéricos, del futuro Ejecutivo. En primer lugar, por delante de la lucha contra la corrupción y el cambio climático, y también de la apuesta por la "convivencia" en Catalunya, está "consolidar el crecimiento y la creación de empleo, combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar un trabajo digno, estable y de calidad".

Las mujeres, principales víctimas

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, llevan semanas trabajando para concretar lo firmado por los secretarios generales de sus respectivos partidos. La contrarreforma laboral que preparan será más amplia, no solo afectará a los despidos por bajas intermitentes justificadas, pero la derogación de esta medida, tan criticada por los sindicatos, será una de sus partes más importantes. No hay cálculos oficiales sobre cuántos trabajadores se han quedado sin empleo por este motivo, pero las fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que el mecanismo tiene como principales víctimas a las mujeres, que suelen acumular mayor número de bajas que los hombres.

Socialistas y morados, que también han acordado subir el salario mínimo por encima de los 1.000 euros al final de la legislatura, tienen, aun así, visiones distintas sobre la normativa laboral. El último programa electoral del PSOE se limita a proponer la derogación de los "aspectos más lesivos" de la reforma del PP, y dentro del Gobierno también ha habido serias discrepancias, con la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, siendo partidaria de medidas más drásticas en este campo que su homóloga en Economía, Nadia Calviño. El de Podemos, en cambio, apuesta por la derogación total no solo de la reforma de Mariano Rajoy, sino también de la de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobada en el 2010. Salvo sorpresas, los morados dirigirán el Ministerio de Trabajo en el futuro Ejecutivo, aunque sin las competencias en Seguridad Social, y desde ahí quieren impulsar un aumento de las inspecciones para detectar falsos autónomos y otras irregularidades.

Pero ambos partidos no solo se han visto forzados a llegar a un acuerdo entre sí sobre esta materia. Su contrarreforma también deberá ser aprobada en un Congreso más fragmentado que nunca, lo que obligaría a conjugar las posiciones de los grupos de izquierda con las del PNV, cuyos escaños, en principio, resultan imprescindibles. Pero fuentes de la negociación aseguran que el acuerdo sería respaldado sin problemas por la mayoría de la Cámara baja, siempre, de nuevo, que la legislatura arranque tras un debate de investidura que se espera en enero.

El flanco territorial

Sánchez evita poner fecha a su reelección hasta que no tenga asegurado que saldrá adelante, porque no quiere volver a fracasar en su intento de ser investido, un amargo trance por el que ya ha pasado en dos ocasiones, en el 2016 y el pasado verano. Si en julio fue Iglesias quien frustró su proyecto, al no llegar a un acuerdo con el presidente en funciones sobre el Gobierno de coalición, ahora todo depende de la abstención de los diputados de ERC, dentro de una compleja ecuación parlamentaria que incluye, además del apoyo de los morados, el voto a favor del PNV y casi todos los grupos minoritarios.

Es decir, todo depende de la negociación territorial, con socialistas y republicanos perfilando una fórmula que permita una mesa de negociación entre el Ejecutivo central y la Generalitat para afrontar el "conflicto político" en Catalunya. Porque en el resto de materias hay mucha más coincidencia entre el PSOE y el partido de Oriol Junqueras. También en la derogación de las partes más polémicas de la reforma laboral, como el despido por bajas justificadas.