El aviso de que había vínculos con el narcotráfico en el Partido Socialista de San Ramón venía de hace tiempo. Nadie quiso meterse en serio con el enorme caudal de votos que maneja el alcalde de la comuna, que lo llevó incluso a armar su propia tendencia. Tampoco nadie quiso preguntarse en serio quién financiaba dicha operación de clientelismo de un costo de decenas de millones de pesos. Cierta vez el presidente del PS balbuceó alguna distancia y rápidamente apareció la filtración de su carnet de conducir obtenido en dicha comuna, como suele hacer la mafia cuando les recuerda algo a quienes olvidan sus favores. Como la vieja fábula de la rana y el agua que se calienta lentamente, hasta que la temperatura se volvió quemante, nadie quiso hacer nada.

La imagen de T13 con matones propios de la estética de la serie Los Soprano a las afueras del local de votación de San Ramón, debe haber violentado a muchos socialistas a pie y, en la opinión pública ya desconfiada de los partidos, debe haber generado la certeza de que el partido de Allende y Bachelet se convirtió en el primer narcopartido de Chile.

Más aún, el hecho de que el presidente del partido, cuando portaba un millón de pesos en efectivo, fue asaltado de noche hace unas semanas, debe haberles parecido a muchos la corroboración de la teoría de la primera captura de una institución chilena por traficantes de estupefacientes.

Para eliminar la sospecha hay que dejar a un lado la trifulca política y eliminar la simpleza de pensar que los medios son juguetes de operaciones políticas. Requiere acciones rudas del PS, que pasan incluso por repetir la elección completa o evitar en una futura directiva de transición a los actuales líderes. Puede parecer duro para quienes ganaron una elección que no fue objetada por el Servel, pero es la manera más sana de atacar el problema.

Eso es extremadamente grave para la centroizquierda y también para la democracia.

El solo olor a narcotráfico en las cercanías del poder requiere acciones urgentes de la institucionalidad completa. Bien saben en nuestro vecindario el alto costo de no extirpar la infiltración del narcotráfico en las instituciones en los orígenes. El efecto de contagio reputacional es enorme en una alicaída política, donde menos del 10% tiene interés en ella.

La actual directiva, en una actitud negacionista, ha centrado el problema a las tensiones de la elección pasada y culpa en off a sus opositores de una operación política con Canal 13, aprovechando el hecho de que una de las mayores críticas del actual presidente es columnista de dicho medio.

Esa teoría es el camino al barranco y termina consolidando en la opinión pública la percepción de que la debilidad para atacar el narcotráfico es una declaración de culpas. Para eliminar la sospecha hay que dejar a un lado la trifulca política y eliminar la simpleza de pensar que los medios son juguetes de operaciones políticas. Requiere acciones rudas del PS, que pasan incluso por repetir la elección completa o evitar en una futura directiva de transición a los actuales líderes. Puede parecer duro para quienes ganaron una elección que no fue objetada por el Servel, pero es la manera más sana de atacar el problema.

También llama la atención en esta crisis el silencio de alguno de los más vociferantes de la comisión conformada para atender la crisis de financiamiento de la política, llamada comisión Engel. En especial, porque parte del problema es también el diseño de una extraña política llamada refichaje. Más allá del despilfarro de recursos públicos en una obsesión de algunos de los comisionados, dicha política, la decisión de obligar a los partidos a reinscribir a sus militantes, le dio mucha fuerza a los poseedores de bolsones de votos territoriales, al volverse imprescindibles. No hace falta hurgar mucho para encontrar “alcaldes aguileras” en las otras colectividades que pasaron por la ordalía del refichaje.

Un caso emblemático de crisis de las instituciones fue la Corona española y la seguidilla de escándalos, que partieron con el yerno del rey Juan Carlos vinculado a delitos de cuello blanco. Después de largas dilaciones, la manera de solucionarlo fue la dimisión del propio monarca. Pese a que ligarse a narcotraficantes es un acto mucho más grave que matar elefantes, el propio rey Juan Carlos asumió que la manera de salvar la institución es dar un paso al costado. Legitimidad tenía, pues había sido un personaje clave en alejar las sombras del autoritarismo franquista y en su momento mandó a callar el chavismo, cuando toda América Latina no leía el riesgo que se venía sobre Venezuela.

Más allá de que en la actual directiva del PS no se conoce mérito alguno en la transición chilena, el comportamiento del rey debiera ser el mínimo ante un hecho tan grave como el narcotráfico.

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