El panorama luce todo menos despejado para la economía chilena. Las protestas han hecho mella en el sector servicios, arrastrando el PIB a su menor crecimiento en una década. Y, sobre todo, han puesto frente el espejo a una de las economías más dinámicas de la región: el supuesto milagro está más en cuestión que nunca. Con la desaceleración como telón de fondo y meses después de la publicación de un estudio demoledor sobre su país, que vio la luz pocos días antes del inicio de las protestas, el economista José Gabriel Palma (Santiago de Chile, 1947) atiende a EL PAÍS por videoconferencia desde su despacho en la Universidad de Cambridge, donde es profesor emérito -una función que compatibiliza con su tarea como docente en la Universidad de Santiago-. Huye de una lectura cortoplacista de los datos y prefiere trazar un horizonte de largo plazo. Y ahí, su diagnóstico es meridiano: "Chile cerró un ciclo y necesita un Estado capaz de generar una nueva política de desarrollo". Nada a contracorriente.

Pregunta. El crecimiento de la economía chilena cayó a la mitad en 2019. ¿Hasta qué punto han pesado las protestas?

Respuesta. La economía chilena es, en realidad, dos: una exportadora, que no se ha visto afectada y que sigue creciendo, y otra de servicios y construcción, de baja productividad y que sí ha sufrido por la imposibilidad de que muchos empleados llegasen a sus trabajos.

P. ¿Qué espera para 2020?

R. Un crecimiento mínimo que vendrá, sobre todo, del sector exportador. Está claro que se viene un año complicado, de desaceleración fuerte sobre una economía que ya venía muy desacelerada. La derecha creía que todo dependía de las expectativas, pero ganó [Sebastián] Piñera y no pasó nada. Además, no se puede descartar otra reacción de descontento si pasa poco o nada respecto del proceso constituyente en marcha.

P. ¿Y la inversión?

R. Ahí sí tendrán efecto las protestas. Por ejemplo, la llegada de capitales extranjeros se va a desacelerar, aunque en Chile la inversión exterior en ámbitos verdaderamente productivos son mínimas.

P. ¿Hasta qué punto debe preocupar la depreciación del peso?

R. Desde 2001 se ha seguido una política muy ortodoxa, de tipo de cambio libre. Pero, a diferencia de otros países, Chile tiene pocas reservas para evitar que el peso siga depreciándose: Brasil, por ejemplo, tiene tres o cuatro veces más reservas en términos comparables. El banco central se casó con su propio fundamentalismo y no se preparó para una situación en la que tuviese que actuar. Y ahora tiene que ser muy cuidadoso.

P. No le gusta que el tipo de cambio fluctúe libremente.

R. En una economía como la chilena y en un contexto internacional como el actual es absurdo, autodestructivo por la incertidumbre que genera. Ahí está la experiencia de muchos países asiáticos en los que un cambio estable y competitivo ha sido fundamental para diversificar la economía. Y hay algo de lo que no se habla y que creo que es lo que más preocupa al banco central: el sector privado chileno tiene la deuda más alta, en porcentaje del PIB, de todo el mundo emergente. Más que China, Rusia, Turquía... Y es deuda en dólares.

P. ¿Hay riesgo de quiebras?

R. A corto plazo no: aún tienen margen de maniobra para soportar este tipo de cambio e incluso uno algo más alto, aunque con impacto sobre los márgenes y la inversión. Algunos pagarán deuda existente con más deuda, transformando el problema de corto plazo en uno de mediano o largo.

P. Algunos analistas se sorprenden de que las protestas se produzcan, precisamente, en uno de los países más ricos de América Latina.

R. En lo único en lo que todo el mundo está de acuerdo en Chile es en que lo que pasó fue una sorpresa. Pero había señales importantes que se ignoraron, como que en la última elección presidencial más de la mitad de la población no votase, ni siquiera en segunda vuelta. Se pensó que era apatía cuando era un voto de protesta. También crecía el rechazo al abuso generalizado. Los chilenos tienen mucha paciencia y aguantan mucho más allá de lo que deberían, pero cuando se les agota salen con todo. La rapidez y la virulencia del estallido tienen que ver con eso, con que se aguantó durante demasiado tiempo: las protestas estallaron prácticamente por nada -una subida del Metro de centavos de dólar-, pero había un descontento social latente por la arbitrariedad sistemática. Como decía uno de los eslóganes de los primeros días: "No son 30 pesos, son 30 años".

P. ¿Qué ha pasado en estos 30 años?

R. No ha sido una cuestión de falta de crecimiento, sino de un nivel de abuso que ha llegado a ser insoportable. Para la mayoría, las pensiones privadas son de hambre y el sistema no tiene solución; la salud pública es de vergüenza para un país como Chile, igual que la educación pública para los grupos de bajos ingresos. Y se regalaron las infraestructuras y los recursos naturales a privados. Cuando dejas un mercado desregulado y un Estado que va por detrás solucionando problemas de forma pasiva, los sectores corporativos grandes distorsionan los mercados a su favor: se reduce la competencia, no se diversifica la economía y empiezan los abusos por precio y mala calidad de los productos y servicios que prestan. A todo eso se suman los salarios: la mitad de los trabajadores chilenos no gana lo suficiente como para sacar de la pobreza a una familia de cuatro personas. Chile está en un nivel de ingreso en el que no debería permitir esas situaciones. Y es un país que se cree que está a las puertas del desarrollo…

P. El modelo chileno ha sido, durante años, ejemplo a seguir para muchos.

R. Ese modelo ya está agotado: ya dio lo que podía dar. El sector servicios solo crece por el aumento del empleo de bajos salarios y el sector exportador, que es puramente extractivo, ha topado techo solo le interesa crecer en países vecinos. Ese modelo no va a dar, en adelante, más allá de un 2% o 2,5% de crecimiento. Sí o sí hay que industrializar el sector exportador, sobre todo el cobre y la madera. De Chile salen al año más de 1.000 barcos con cobre concentrado, un material que tiene solo un 30% de contenido de cobre. El resto es escoria, así que el principal producto que Chile exporta es, por volumen, basura. Imagínate la polución inútil que genera su transporte. Es un absurdo; no tiene sentido.

P. ¿Qué debería hacer?

R. Política industrial y política comercial: lo que ha hecho Asia toda la vida. En el caso del cobre, por ejemplo, lo que yo propongo es cobrar un royalty [tasa] diferenciado como instrumento de política industrial, para obligar a que al menos se funda en Chile.

P. Se recaudaría más.

R. Si los recursos naturales pagasen royalties que les corresponde, la presión fiscal bajaría y podríamos tener un sistema de salud, una infraestructura, una educación y una seguridad social de país civilizado. Hoy, el cobre supuestamente paga un royalty que es una mentira, y son recursos que se necesitan. Esa es una de las vergüenzas más grandes y revela una absoluta falta de visión a largo plazo. La Constitución dice que los chilenos somos dueños de todos los recursos naturales del país y tenemos derecho a todas las rentas de ellos. No tener royalties de verdad es algo directamente inconstitucional.

P. La diversificación sigue siendo un gran caballo de batalla de la economía chilena. Se ha intentado muchas veces, pero…

R. Chile es una de las economías relativamente menos diversificadas del mundo y sin intervención pública directa ese cambio no se va a producir. Vamos camino de medio siglo de neoliberalismo y no hay ninguna indicación, cero, de que haya interés en el sector exportador en diversificarse. El Estado chileno es subsidiario, se centra en solucionarle los problemas que va dejando el sector privado y en sofocar el descontento y no mira hacia adelante. Chile no necesita más Estado en el sentido de la cantidad: necesita un Estado que sea capaz de generar una nueva política de desarrollo. Ya se cerró un ciclo y el Estado debe llevarlo hacia uno nuevo, liderando al sector privado y yendo, en definitiva, al fondo del problema.

P. ¿Por qué se ha renunciado a la política industrial?

R. Por ideología y porque el sector privado tiene un lobby muy fuerte sobre el Gobierno. La concentración de la riqueza lleva a una concentración del poder.

P. Ha habido, también, Gobiernos progresistas: los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Pero la política económica ha permanecido.

R. La centroizquierda chilena separó en su mente la política económica de la social. Hizo una política progresista en el lado de los valores: divorcio, aborto, derechos del colectivo gay… Pero en lo económico no hizo nada original. Hasta el punto de que muchos de los abusos, como las peores concesiones de infraestructuras, fueron suyos.