MADRID.- Mientras Bruselas ha ido aumentando la presión sobre la región belga de Valonia para forzarla a respaldar la tramitación de la aprobación del CETA en las próximas horas, en el Congreso de los Diputados apenas se había escuchado el nombre del polémico acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE. Hasta ahora.



Podemos celebraba este jueves una jornada formativa sobre los peligros del CETA, apenas 24 horas antes de que expire el plazo para decidir si finalmente se convoca la próxima semana una cumbre para su ratificación por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 y del Ejecutivo canadiense.

"Desde Bruselas están acelerando las cosas adrede, sabiendo que cuanto más tardan más gente conoce estos tratados y más difícil será cerrarlos", afirmaba este jueves la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, que describe la resistencia de Valonia a las presiones como "una bombona de oxígeno" para quienes pelean contra estos acuerdos.

"Desde Bruselas están acelerando las cosas adrede, sabiendo que cuanto más tardan más gente conoce estos tratados y más difícil será cerrarlos", dice Lola Sánchez

Y, mientras el Gobierno de la región belga rechaza las últimas ofertas de la Comisión Europea para intentar granjearse -hasta ahora, sin éxito- su respaldo, Sánchez denuncia que el Gobierno español apenas ha protegido "una lista ridícula" de sectores que no se podrían ver afectados por la liberalización que persigue el CETA a lo largo de sus más de 1.600 páginas.



La europarlamentaria critica también la opacidad total del acuerdo -Bruselas ni siquiera habilitó salas de lectura restringida como las del TTIP durante su negociación-, y hace autocrítica: "Ha sido la sociedad civil quien ha tirado de las orejas a los europarlamentarios para que se pongan a trabajar contra el CETA", apostilla.



En su hoja de ruta Sánchez incluye una recogida de apoyos entre eurodiputados de distintas formaciones para pedir al Tribunal Superior de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la legalidad del blindaje de las multinacionales (ICS) que incluye el acuerdo, y que pasa por recurrir a paneles de arbitraje de inversiones, y no a las justicias nacionales. Para lograr que el TSJUE se pronuncie deberá contar con el respaldo de la mitad mas uno de la cámara, y tiene de plazo hasta noviembre para intentarlo.



Por su parte, el integrante de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña estatal contra CETA, TTIP y TiSA, Tom Kucharz, denunciaba las "mentiras" de medios de comunicación como el diario El País a la hora de vender las supuestas bondades del acuerdo. Entre estas "mentiras", Kucharz rebate que, aunque la redacción del acuerdo pueda ser aparentemente correcta en la forma en capítulos como el de derechos laborales, "faltan mecanismos jurídicos para complementar estas cláusulas". "No es posible ni sancionar ni poner multas a los países que las incumplan", recuerda.

El portavoz de la Campaña estatal contra CETA, TTIP y TiSA, Tom Kucharz, denuncia las "mentiras" de medios de comunicación como el diario El País

Algo parecido ocurre con el capítulo sobre desarrollo sostenible del tratado -"no hay fórmulas jurídicas para hacerlo cumplir"-, o con lo que respecta a la protección de servicios públicos. Pese a todo, Kucharz se declara optimista, y asegura que aún es posible acabar con CETA, TTIP y TiSA, acuerdos que encuadra en la misma estrategia neoliberal para dotar de nuevos poderes a las grandes corporaciones.



En torno a las 16:15 horas de este jueves, el diputado del partido morado y secretario de Internacional, Pablo Bustinduy, inauguraba esta jornada acompañado por el Responsable del Medio Rural y Marino en la dirección del partido, Ariel Jerez. Durante más de cuatro horas una docena de expertos y representantes de la sociedad civil han tomado la palabra para ofrecer una radiografía del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), entre ellos distintos representantes del sector agrícola, organizaciones ecologistas y de protección a los consumidores y representantes sindicales.



La principal conclusión es que de verse ratificado el CETA perjudicaría a la alimentación de los europeos, a sus derechos laborales e incluso a su paisaje. Y, de ser respaldado por los 28 y Canadá, en caso de que también reciba el visto bueno del Parlamento Europeo, entrará en vigor de forma provisional para después pasar por los parlamentos nacionales, pero será muy difícil revocarlo.

Desde Bruselas, contra el CETA

Por su parte, el grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea en el Europarlamento celebró este jueves en Bruselas una reunión de alcaldes y representantes locales y regionales vinculados a territorios declarados simbólicamente libres de TTIP y CETA junto a eurodiputados y miembros de organizaciones civiles. En total, más de 70 ediles y 150 ONGs firmaron durante la jornada una declaración contra el acuerdo con Canadá, instando a los eurodiputados de sus respectivos países a votar en la misma dirección.



"El TTIP y el CETA son tratados negociados a espaldas de la ciudadanía que ponen en peligro derechos sociales, ambientales y laborales básicos", aseguraba en declaraciones a Efe el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, uno de los firmantes del documento. Por su parte, en declaraciones a la misma agencia, el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi aseguraba que si se pone en marcha el CETA se perderán 200.000 empleos en toda la Unión Europea."El tratado es para los beneficios de las multinacionales y no para el bien de las personas y de las generaciones futuras", zanjaba.

