Los educadores del Centro de Primera Acogida de Hortaleza llevan años contemplando la degradación de su lugar de trabajo: un recurso con 35 camas donde se llegaron a contar 150 menores que dormían hasta en el suelo. Una situación que impide su delicado cometido, que pasa por ofrecer cuidados a adolescentes en situaciones de desamparo.

La plantilla ha estado expuesta a una tensión que ha hecho mella en su salud, como demuestran las decenas de bajas acumuladas en los últimos meses. Sus demandas, sin embargo, apenas se han escuchado entre todo el ruido mediático generado a su alrededor, con la participación de políticos que lo han utilizado para su propio provecho electoral.

Este miércoles, tras el hallazgo este miércoles de un artefacto explosivo dentro del recinto, lanzado desde el exterior según la Policía, los educadores del centro han emitido un comunicado colectivo para que se les escuche. Hablan de “estrés laboral continuado” por una situación que consideran “insostenible”, y piden que deje de ser utilizada por “intereses particulares” de las formaciones políticas.

"No es un centro específico de ese concepto deshumanizado llamado mena", precisan los educadores recordando que trabajan con jóvenes independientemente "de su procedencia geográfica"

El comunicado, firmado por el equipo educativo del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, comienza recordando que se trata de “un centro educativo de intervención psicosocial de atención a la infancia” que trabaja con jóvenes de entre 15 de 17 años “con problemática de riesgo de exclusión social y desamparo” con independencia “de su procedencia geográfica”.

MEDIDAS «INSUFICIENTES»

“No es un centro específico de ese concepto deshumanizado llamado mena”, precisan los educadores. “Este centro lleva soportando esta masificación de adolescentes y jóvenes desde hace cuatro años”, añaden, calificando de “insuficientes” las medidas tomadas por la administración competente, la Comunidad de Madrid.

Los educadores explican que el centro está dedicado a “la atención urgente de la infancia madrileña en riesgo social”, una labor similar a “las urgencias de un hospital”, aunque lamentan que “en la actualidad es imposible realizar este proyecto”.

“No podemos observar, valorar y emitir un informe psicosocial educativo por las circunstancias del centro. Los primeros damnificados son los y las jóvenes que están en nuestro centro, a la vez que un equipo de profesionales tanto educativos como de otras ramas saturados a niveles de estrés laboral continuado”, denuncian.

Los educadores relatan que atienden a “jóvenes con diferentes patologías mentales, conductuales, con dependencias a tóxicos y otras problemáticas de riesgo” en una situación “prolongada e insostenible” a la que se suma “la presencia de adultos exresidentes que deambulan por los alrededores al cumplir la mayoría de edad y no tener otro medio de acogimiento”.

"Los primeros damnificados son los jóvenes, a la vez que un equipo de profesionales saturados a niveles de estrés laboral continuado”, denuncian

En ese contexto, no consideran como un hecho “aislado” el hallazgo de un artefacto explosivo. “No sabemos quién lo ha introducido”, aseguran. Ante los rumores de que alguien ha podido acceder al recinto profiriendo amenazas, señalan una única incidencia que no relacionan con el suceso.

“En torno a las 6.30 un exresidente mayor de edad intenta entrar en el centro y se lo impiden los vigilantes. Ese es el único hecho. No hay ninguna información más. La policía hace su trabajo y nosotros solo queremos realizar nuestra actividad educativa y de ayuda a la infancia”, exponen.

En el comunicado, los trabajadores del centro reclaman a la prensa que no utilice “demagógicamente” lo ocurrido este miércoles, tampoco que los partidos políticos lo hagan “en su interés”. “Pedimos que dejen de utilizar el centro y el hecho ocurrido en intereses particulares”, sentencian en la última línea del escrito.

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