El Congreso va a vivir a partir de 13 de enero una situación inédita. Los grupos de izquierda están decididos a no esperar y registrar iniciativas y solicitar la convocatoria de plenos antes de que se forme Gobierno. Estará en manos de la Mesa convocar esas sesiones en las que el Congreso puede instar al Ejecutivo a derogar algunas de las principales normas dictadas durante la pasada legislatura por la mayoría absoluta del Partido Popular.

La primera votación de investidura se prevé para finales de enero y todo apunta a que Mariano Rajoy no conseguirá superarla. A partir de ahí, se abre un plazo de dos meses antes de la disolución automática de las Cortes para la convocatoria de nuevas elecciones.

Durante ese periodo los grupos pueden pedir a la Mesa que convoque plenos para que se debatan iniciativas y el Congreso, disuelto desde finales de octubre, no paralice su actividad durante varios meses.

PSOE y Podemos tienen previsto empezar a registrar iniciativas para que la Cámara Baja debata la derogación de normas como la Lomce o la reforma laboral, cuyo rechazo genera un amplio consenso en el nuevo Parlamento y que podrían sacar adelante con el apoyo de otras fuerzas.

Nada impide que los grupos registren desde el primer día Proposiciones no de Ley (PnL), y que, si la Mesa así lo acuerda, se convoquen plenos para debatir y votar estas iniciativas.

Las PnL se limitan a orientar la acción de Gobierno o a mostrar la posición del Congreso sobre asuntos concretos. Aunque el Ejecutivo no está obligado a acatar su contenido, sí que evidenciarán que el Gobierno en funciones del PP tiene una mayoría parlamentaria en contra.

La tramitación de estas iniciativas es muy simple. Se vota sobre su contenido en la misma sesión en la que se debaten. Si reúnen los suficientes votos a favor, quedan automáticamente aprobadas sin más tramitación.

El Parlament de Cataluña usó una fórmula parecida para instar al Govern a iniciar “la desconexión” con España poco después de las últimas elecciones, en un gesto con más carácter político que jurídico.

Los grupos también pueden presentar desde el mismo día 13 Proposiciones de Ley. Podemos ya ha anunciado que lo hará y que su primera iniciativa será una ley de Emergencia Social, para la que ya ha reclamado el apoyo de los socialistas.

Su tramitación depende de la Mesa, que debería calificar el escrito y recabar el criterio del Gobierno sobre el contenido de la iniciativa, para lo que hay 30 días hábiles de plazo. La Ley que establece las limitaciones del Gobierno en funciones no le impide pronunciarse.

Esa norma recoge que el Ejecutivo en funciones no puede promulgar unos presupuestos generales (que ya fueron aprobados el pasado octubre) o sacar adelante Proyectos de Ley, pero no dice nada sobre si puede expresar su criterio a favor o en contra de las Proposiciones de Ley.

Este tipo de iniciativas siguen el mismo procedimiento que los Proyectos de Ley impulsados por el Gobierno, así que tardan varios meses en ser aprobadas. Si finalmente se repiten las elecciones generales, la disolución de las Cortes acabaría con su tramitación.

En cualquier caso, la decisión de convocar plenos para debatir estas iniciativas está en manos de la Mesa del Congreso, como apuntan fuentes parlamentarias. Nunca antes se han convocado sesiones de contenido legislativo antes de la investidura del presidente del Gobierno, así que este órgano se verá obligado a consultar a los servicios jurídicos de la Cámara.

Con su informe en la mano, la decisión final dependerá de una Mesa cuya composición negocian los grupos a contrarreloj. Sus integrantes se votarán en la sesión constitutiva de las Cortes el miércoles de la próxima semana, y tras decidir quién puede formar grupo parlamentario, tendrán que pronunciarse sobre las primeras iniciativas.

Si la Mesa finalmente acepta que se celebren plenos sin que se haya formado el Ejecutivo, el Congreso podría empezar a mostrar su rechazo a las leyes más polémicas del PP, un partido que insiste en formar un Gobierno que cuente con un «amplio apoyo parlamentario».