El excomisario José Manuel Villarejo en los juzgados de plaza de Castilla en una imagen de archivo. atlas / álvaro garcía

El comisario jubilado José Villarejo, actualmente en prisión preventiva, ha hecho patente este lunes su estrategia de defensa sobre el espionaje que supuestamente realizó para el BBVA en 2004 y 2005, durante la época en que la constructora Sacyr trató de hacerse con el control del consejo de administración del banco vasco. El policía, a través de su abogado, Antonio José García Cabrera, ha tratado de vincular el pinchazo y monitorización de 4.000 teléfonos por encargo de la entidad bancaria, presidida entonces por Francisco González, con la investigación de unos “hechos luctuosos”, en referencia a los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, en los que fueron asesinadas 192 personas. La defensa de Villarejo, que no ha ofrecido más datos sobre la pretendida conexión de ambos casos amparándose en el secreto que pesa sobre las actuaciones, insiste en que su cliente actuó siempre como “agente encubierto” del Estado en aras del “interés general” y la “seguridad nacional”.

El comisario, encarcelado desde noviembre de 2017 dentro del macrosumario Tándem, en el que se investigan sus negocios privados de elaboración de informes confidenciales, para los que utilizaba medios policiales, ha declarado durante tres horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ya le interrogó durante un tiempo similar el pasado jueves. Villarejo, a través de su letrado, ha hecho un alarde de colaboración con la justicia que puede entenderse también como una advertencia, ya repetida, a sus enemigos: “El señor Villarejo se siente indefenso, la única manera que tiene de defenderse es contar todo lo que sabe”.

La citación de este lunes, en realidad, no era para hablar sobre el asunto del espionaje a favor del BBVA, sino para profundizar en la llamada pieza Kitchen, la séptima de las nueve de que consta el macrosumario, y en la que se indaga el supuesto espionaje y robo de documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015, para lo que se contrató al entonces chófer de este, Sergio Ríos. Sobre este aspecto, el abogado García Cabrera ha sido mucho más parco en sus explicaciones a los medios de comunicación al salir de la declaración. El letrado se ha limitado a decir que la pieza está secreta, pero que su cliente “ha aclarado todos los extremos”.

García Cabrera ha preferido centrar la atención de los periodistas en la nebulosa relación del espionaje para el BBVA —que afectó a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a directivos de la constructora Sacyr— con los “hechos luctuosos” de los atentados del 11-M que, en cualquier caso, él ha evitado nombrar. “Queda mucha información que, según el señor Villarejo, debe ser desclasificada sobre el origen, los intereses nacionales e internacionales, y los intereses económicos que se derivaron de ese acto terrorista y que deben ser aclarados”, ha dicho el letrado. García Cabrera ha abonado la teoría de la conspiración —descartada por la justicia— sobre aquellos ataques yihadistas de 2004.

“El señor Villarejo ha mostrado su disposición a contar determinados hechos relativos a ese luctuoso suceso y al caso que se judicializó después y que él cree que se cerró en falso”, ha añadido el abogado sin aportar más datos, ya que, afirmó, para ello es necesario que el Consejo de Ministros levante el secreto oficial sobre la información de inteligencia de aquellos atentados, algo que, ha afirmado, su cliente va a pedir al Gobierno. En cualquier caso, el defensor del policía ha afirmado que en esta misteriosa trama el BBVA sería un mero “actor ocasional que no tiene nada que ver” y que “es muy posible que desconociera la trascendencia económica, política e internacional” de esa supuesta operación.

Respecto a los pinchazos telefónicos y el control de las comunicaciones de 4.000 personas que supuestamente realizó para el BBVA, listados que fueron publicados por los diarios digitales Moncloa.com y El Confidencial, el abogado de Villarejo ha manifestado: “La información le fue suministrada; el tráfico de llamadas le fue suministrado; ni pinchó teléfonos ni intervino conversaciones, le fue suministrado para emitir informes necesarios para aclarar peligros para interés general”.

Villarejo ha lanzado otros mensajes sin destinatario concreto a través de su abogado. “Mi cliente es un servidor público y los hechos se hicieron por interés colectivo y de seguridad nacional, el señor Villarejo es un agente encubierto del Estado y nunca tendrían que haber trascendido esos hechos”. Y ha añadido a renglón seguido: “Al accederse a su domicilio con la excusa de un caso menor [la Operación Tándem] y recuperar todos esos archivos no habiéndolos custodiado debidamente se ha generado un problema, quien lo ha generado tiene que tomar las decisiones pertinentes”.