Un magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, experto en derechos humanos, que fue juez del tribunal internacional de crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina, dijo hace una semana en una charla en Tolosa, invitado por la asociación cultural Foro por la Convivencia, que en nuestro país se han producido casos de tortura y que España ha sido condenada en seis ocasiones por el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) por no investigar suficientemente los casos de torturas denunciadas. Dos verdades contrastadas. Además, en su intervención aclaró que se encontraba allí hablando como parte de la sociedad civil, como ciudadano, no en su condición de juez, que se pronuncia a través de sus resoluciones en el tribunal.

El ministro, en declaraciones a la prensa, pide al Consejo General del Poder Judicial que actúe contra el magistrado, dice que son palabras “indignas” de un juez e “infames”, e insinúa que habría podido cometer delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo. Qué desmesura contienen esos tipos penales, si pueden servir para tratar de amedrentar a un juez que manifiesta en una charla que la lucha contra todo delito, incluido el terrorismo, ha de realizarse siempre dentro del Estado de Derecho.

Con esas declaraciones no solo se retrata de nuevo como un enemigo de la libertad de expresión, además de utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo. También es enemigo de la verdad, pues se trata de casos probados en sentencias.

Además se muestra contrario a la separación de poderes, ya bastante dañada con la configuración del Consejo General del Poder Judicial tras la última reforma de la LOPJ de la era Gallardón, aprobada por el Parlamento de la legislatura más regresiva en materia de derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Consejo de Ministros del que forma parte ha amparado casos de torturas y violencia policial inadmisibles en un Estado de Derecho, cuando ha indultado a varios agentes policiales condenados por torturas; incluso en 2012 concedió un segundo indulto a cuatro mossos de esquadra penados a más de cuatro años de prisión por torturar a un detenido al que confundieron con un atracador, desoyendo los informes contrarios del tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Barcelona. Es el mismo Gobierno que no atiende las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de los organismos de las Naciones Unidas. Actuaciones que no solo mejorarían nuestra calidad democrática y las garantías de la ciudadanía en general, sino también las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actúan conforme a la ley, que son la inmensa mayoría.

Si el Estado social y democrático de derecho que configura nuestro sistema constitucional se basa en los derechos y libertades fundamentales y en la separación de poderes, el ministro del Interior se revela como un auténtico “antisistema”.