Habla de lo que hacen los jueces y juezas, y de lo que no, como si ella misma no lo fuera. Pero Amaya Olivas es magistrada del Juzgado de lo Social nº12 de Barcelona y, cuando no está inmersa en el trabajo derivado de los procedimientos que conduce, dedica su tiempo a la defensa de los derechos humanos y forma parte del secretariado de Jueces para la Democracia. Siempre deja un espacio para la autocrítica. Recuerda al magistrado José Ricardo de Prada, que el pasado mes de abril levantó la alfombra para descubrir una de las realidades más silenciadas en España.

El Gobierno silencia el problema de las torturas y malos tratos policiales en España

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"La tortura se ha producido de manera clara" y los tribunales "no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho", se atrevió a decir. Poco después Estrasburgo condenaba a España por no investigar suficientemente una denuncia por tortura. Asociaciones como a la que pertenece Olivas le han apoyado. Sin embargo, la respuesta del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, fue calificar las declaraciones de "infames" y pedir al Consejo General del Poder Judicial que actuara contra él. La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya apartar al juez de dos casos de terrorismo por sus palabras.

¿Cómo interpreta esta reacción a las palabras de De Prada?

Es gravísimo que las instituciones sigan con la intención de ocultar el fenómeno de la tortura y perseguir a aquellas personas que están intentando cuestionar al poder. Nuestro compañero José Ricardo se limitó a reproducir hechos constatados en distintas sentencias emitidas por tribunales internacionales. Es un ejemplo de acoso institucional que no tiene ningún tipo de aval jurídico y que ha recibido el reproche de Jueces para la Democracia y otras asociaciones defensoras de derechos humanos.

¿En España se tortura?

En España ha habido y hay tortura y maltrato policial. No se puede afirmar que sea un fenómeno generalizado como lo era en la dictadura franquista, pero sí es una realidad. Es la forma más vil de violencia institucional y no debe gozar de ningún nivel de tolerancia. Por eso entiendo que, sobre todo, es responsabilidad del poder judicial actuar de forma contundente para impedir que se produzca e identificar a los responsables cuando los hechos estén constatados.

¿Cree que a la opinión pública le sorprende que se afirme que en España se tortura?

Sí. Sorprende porque hay un desinterés manifiesto por sacarlo a la luz. La gente desconoce que el Estado español ha sido condenado ocho veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no investigar de forma adecuada este tipo de denuncias. Esto ocurre porque es un fenómeno históricamente silenciado en España y que ha sido deliberadamente ocultado por el poder gracias a las estrategias inmersas en el secreto y el oscurantismo.

¿Ejercen esta responsabilidad a la que se refería los jueces y juezas?

En general dejamos bastante que desear en la prevención, investigación y reparación de los casos de tortura. Deberíamos ser más sensibles con estos temas y estar más vigilantes con la labor policial. Hay una falta de cultura de derechos humanos en toda la sociedad, de la que la judicatura no está exenta. Ha habido una transición, pero fue democráticamente débil y quizás donde menos se notaron sus efectos fue en el poder judicial. Ejemplos de ello es lo poco que se ha tenido en cuenta que la Constitución es un texto normativo con vinculación real o que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico.

¿Qué debería hacer el poder judicial para investigar denuncias por torturas eficazmente?

Como dice Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, primero hay que reconocer que existe el problema y luego querer afrontarlo. Cosas concretas también existen. Por ejemplo, difundir entre todos los operadores jurídicos los estándares para documentar la tortura y sus consecuencias del Protocolo de Estambul.

Hay determinadas diligencias que deberían ponerse en marcha en todos los casos: demorar los interrogatorios judiciales si hay sospechas de torturas para permitir el examen médico de la persona detenida, tanto por parte de un forense como de un médico de su confianza. También permitir la entrevista con un abogado de su confianza, recabar la grabación de la zona de custodia o tomar declaración a los agentes que han intervenido en ese interrogatorio, entre otras. Sin embargo, no se suele hacer. El CGPJ debería elaborar un protocolo con medidas de control jurisdiccional sobre la actuación policial.

¿Están los jueces y juezas formados en este tema?

Ni jueces ni abogados ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están formados en prevención, investigación y reparación de la tortura. Hoy por hoy no existe ninguna formación ni en la carrera de Derecho ni en las oposiciones para judicatura y fiscalía ni en la escuela judicial.

¿En qué circunstancias o situaciones se producen más casos de tortura o malos tratos?

Por un lado, encontramos el problema del marco legal en materia de terrorismo, dado que la detención incomunicada produce un espacio de vulnerabilidad. Por otro, existen muchos casos de abusos contra los sectores más vulnerables de la población, como las personas sin techo o las migrantes, porque no suelen denunciar. También se da en el curso de movilizaciones sociales.

Por último, en esos espacios en los que pueden darse actuaciones opacas en materia de derechos humanos y que deben tender a desaparecer porque son incompatibles con la democracia como pueden ser los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIES). No obstante, en ellos ha habido un avance y es que, gracias al trabajo de distintas organizaciones de derechos humanos, se ha conseguido nombrar jueces de vigilancia.

¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno?

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de conseguir que esas recomendaciones que hacen constantemente los comités contra la tortura, tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa, sean una realidad. No basta con ratificar los convenios, que no deben quedarse en papel mojado. Entre ellas, deben destacarse la desaparición del régimen de incomunicación, la instalación de cámaras en dependencias policiales o la obligación de identificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En los lugares en los que ha habido iniciativas para grabar interrogatorios las denuncias por tortura han disminuido significativamente.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian falta de voluntad política para ello...

Así es. Algo que, además de en la ausencia de medidas, se puede ver en hechos como el indulto en 2012 a cuatro Mossos d'Escuadra que habían sido condenados por torturas y delitos contra la integridad moral. Es algo que está totalmente en contra de los estándares mínimos de derechos humanos y propicia una gran sensación de impunidad. Los indultos no deben servir para favorecer la impunidad policial, que de por si es un cuerpo poderoso, sino para mermar penas excesivas impuestas a personas vulnerables.

Y ¿cuál debería ser el papel del Ministerio Fiscal?

Como garante de la legalidad tiene la misma obligación de investigar cuando se produzcan denuncias por torturas. Debe realizarse una actuación más contundente de la que viene efectuando hasta el momento. En México, por ejemplo, los jueces y juezas están obligadas a poner en comunicación del Ministerio Fiscal y de la llamada Comisión de la Verdad las denuncias de este tipo para que comience la investigación, gracias al protocolo pertinente. Esto en España no se hace.