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Desde hace meses, en secreto, buscando que la opinión pública no se entere, los más cercanos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador pretenden resolver por la vía de las influencias y prebendas legales limpiar un expediente que toca el corazón del equipo del puntero en las carrera por la presidencia al verse, cuando menos hasta ahora, indirectamente involucrado en una multimillonaria estafa y lavado de dinero. Sus gestiones para borrar esa pista no han fructificado, aunque sí han logrado tener éxito para que la relación hacia el equipo de López Obrador se mantenga lejos del escrutinio público.



El caso atañe a César Yáñez, uno de los más leales y cercanos colaboradores de López Obrador, que no ha dejado de estar a su lado desde que era responsable de medios en el gobierno del entonces Distrito Federal, trabajo que repitió durante las dos campañas presidenciales del tabasqueño. Actualmente, Yáñez es el vocero de Morena, y junto con su jefe, la cara más pública de 'la honestidad valiente', el concepto convertido en discurso de López Obrador para establecer el contraste con la clase política que desprecia. Sin embargo, lo que sucede en los tribunales de Puebla, donde está el caso que los impacta, muestra que no hay mucha diferencia entre Yáñez y López Obrador y los políticos a quienes denuncian.



La historia donde Yáñez y López Obrador se han embarcado y no los afecta criminalmente hasta el momento, comienza en junio de 2009, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un comunicado para prevenir a los clientes del grupo Sistemas Inmobiliarios y Computación (SITMA) que carecía de autorización para realizar operaciones financieras y captar ahorros, por lo que los rendimientos de una inmobiliaria propiedad de Leonardo Tiro Moranchel –dueño también del grupo–, que estaba haciendo negocios en Puebla, eran ilegales.



La alerta de la CNBV preocupó a decenas de personas que habían adquirido propiedades en Puebla, Atlixco, Cholula y San Pedro a la inmobiliaria de Moranchel, quienes comenzaron a presionar a la inmobiliaria y exigirle que les devolvieran lo invertido. Los empleados de Moranchel, que se habían negado a devolver cualquier dinero, desaparecieron. Un total de 158 denuncias fueron presentadas en su contra, y en 2015 fue sentenciado por el delito de fraude, que sumaba para entonces 800 millones de pesos y había afectado a unas seis mil personas. Moranchel estuvo prófugo durante nueve meses, y actualmente se encuentra preso.



Pero en esos seis años en que se inició el proceso y la sentencia condenatoria, Moranchel realizó una reingeniería financiera irregular para lograr que cuando perdiera el juicio, sus pérdidas fueran mínimas. Para este propósito, buscó un grupo de prestanombres que fuera adquiriendo sus propiedades, técnicamente deshaciéndose de ellas y que al terminar el juicio no fueran tomadas en cuenta como parte de sus activos y patrimonio, que pudieran ser utilizadas para pagar a los miles de sus clientes defraudados.



Cuando descubrieron la artimaña de Moranchel, un grupo de clientes defraudados presentó una nueva denuncia en contra de cinco personas que presuntamente habían servido de prestanombres del defraudador y se habían quedado con bienes inmuebles de cuentas bancarias que, inclusive, las autoridades ya habían considerado para respaldar el pago a los defraudados. Entre las cinco personas se encontraba Dulce María Silva Hernández, quien reclamó propiedades de Moranchel argumentando que eran de su propiedad. Poco supo el público de la suerte de esas cinco personas, a quienes un juez en Puebla les concedió amparos para quedarse con los bienes inmuebles y dinero, ante la queja de los defraudados. Este año fueron detenidos y están en la cárcel.



Es hasta este momento cuando la relación con el equipo más cercano de López Obrador se empezó a descubrir. Funcionarios en Puebla confirmaron que representantes legales de López Obrador realizaron gestiones para que liberaran a Silva Hernández y le retiraran los cargos. Conforme fueron avanzando las presiones empezó a salir más información. Silva Hernández era una persona conocida en el círculo interno de López Obrador, por tener una relación personal con Yáñez, quien fue uno de los que más presionó para que se limpiara el expediente de ella, que está acusada de lavar dinero y falsificar documentos.



La historia del fraude y el lavado de dinero de Moranchel tiene aún la interrogante de cómo Silva Hernández se vinculó con él, cuándo y porqué fue una de quienes participaron en el esquema de defraudación a miles de personas. No se sabe aún si las ilegalidades cometidas en Puebla tuvieron una expresión en el equipo de López Obrador, o si la defensa que hacen de ella desde la Ciudad de México se limita a la relación personal de Yáñez, donde el problema sería limitado al ámbito de la ética política y la integridad de quienes promulgan ser impolutos, pero no, como hasta ahora, que estuvieran embarrados también en un caso criminal.



P.D. En la columna del viernes pasado, “¿Y si gana Trump?, se mencionó que Exxon es una de las empresas que contribuye para las dos candidaturas presidenciales en Estados Unidos. Representantes de Exxon precisaron que la corporación, como tal, no aporta recursos a ninguna candidatura presidencial. Lo que existe es un Comité de Acción Política mediante el cual 250 de sus empleados aportan dinero a título individual a candidatos. En esta elección, dijeron, 240 han contribuido a la campaña de Hillary Clinton, y sólo uno a la de Donald Trump.



Twitter: @rivapa



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