Sostenía Thomas Paine que “mi país es el mundo, y mi religión, hacer el bien”. En la iliberal España, que durante décadas prohibió a autores como este ilustrado inglés que contribuyó a la independencia de Norteamérica, una especie de tormenta identitaria ha inundado de rojigualdas las calles y los espíritus. Un nacionalismo que, de acuerdo con las teorías de Michael Billig podría considerarse banal, pero que aparece con una furia que recuerda a los reiterados episodios de fanatismo religioso que periódicamente han manchado la historia común. Ahora por ahora, y de manera paralela a la involución política y social, la religión del españolismo hace todo el mal que puede contra la disidencia política, contra quienes ponen en duda el régimen del 78 (en realidad, una versión actualizada del sistema operativo instalado en el 39), contra todo aquel que parece diferente o no pretende plegarse ante una especie de unanimismo que banaliza el mal que supone condenar a disidentes políticos a elevadas penas de cárcel en un proceso jurídico comparable a un akelarre inquisitorial.

No es necesario ser Émile Zola para acusar a un régimen crepuscular el vergonzoso espectáculo que ha supuesto abusar del derecho penal del enemigo ante un problema político de primera magnitud. El hecho que, como mínimo, la mitad de los residentes catalanes haya dicho basta a aguantar en un estado que ni los comprende ni los respeta ha desencadenado un reaccionarismo en el estado profundo que ha arrastrado a España hacia una ciénaga política en la que ya ni disimula su solidaridad con la Turquía genocida. Ya tampoco resulta sorprendente que, como toda dictadura, el estado realice ímprobos e inútiles esfuerzos (pagados por todos) para aparentar ser una democracia mientras compromete el derecho a manifestación, detiene de madrugada a oponentes políticos, acusa de terroristas a disidentes, presiona a diplomáticos, manipula burdamente a los medios de comunicación o sigue ejemplarmente el manual de las dictaduras, a pesar de que les dé vergüenza reconocerlo. También es propio de estos regímenes que involucionan, el apagón informativo que impide versiones alternativas a la realidad construida artificialmente con la intención de despersonalizar a quien considera enemigo, que en este momento es la inmensa mayoría de catalanes que, más allá sean independentistas o no, saben que es un escándalo sentenciar a personas inocentes y honradas en un país en que corruptos, asesinos y torturadores con patente de corso estatal han sido indultados, promovidos y condecorados.

Pero, claro. En este proceso de represión generalizada, también es necesario construir un relato con suficiente capacidad de seducir a aquellos indiferentes ante el sufrimiento ajeno, o que se creen todo lo que les dicen. Y éste ha consistido en presentar la cuestión catalana como un “problema de convivencia” entre independentistas y quienes no lo son. Según este relato, la sociedad catalana estaría dividida y enfrentada por este debate, que cualquier observador imparcial (y los corresponsales extranjeros que han vivido en los últimos años) saben que es una mentira interesada, una tergiversación de la realidad con fines propagandísticos en el contexto de una guerra sucia psicológica. Pero la catalana, como cualquier otra sociedad europea madura, tiene opiniones diferentes sobre varias cuestiones, sobre las cuales discute sin que ello conlleve al enfrentamiento. A diferencia del Constitucional, que censura cualquier debate en el Parlamento sobre autodeterminación, los atentados del 17 de agosto, la monarquía o la injerencia de un poder judicial desacreditado, en Cataluña se discute de todo educadamente y sin que ello comporte ningún trauma, más allá de los espectáculos de varietés que organiza Ciudadanos. Cualquier estudio demoscópico puede demostrarlo (aparte de la realidad cotidiana). La manipulación, ya los sabemos, consiste a convertir la anécdota en categoría, y precisamente, a partir de rigurosos estudios sociológicos y su análisis evolutivo, como el publicado el mes pasado por Albert Fabà en la revista L’Avenç, ha constatado que, respecto a la última década, la sociedad catalana pasó de clasificarse en cuatro grupos según su adscripción respecto a la cuestión nacional, a dos y medio en la actualidad. En 2011, en primer lugar, existía una minoría, no superior al 7%, generalmente residentes españoles sin muchas ganas de relacionarse con la población autóctona, que consideraba que Cataluña tenía demasiada autonomía. Un segundo colectivo, el más numeroso, con un 35% que podrían considerarse como “autonomistas” porque se sentían relativamente cómodos con el estatus vigente. Por su parte, un 30% considerados como “federalistas”, más o menos creían que, sin romper con la Constitución, sería necesario un estatus diferenciado que implicaba mayor soberanía. Finalmente, en el año posterior a la sentencia del Estatut, los partidarios de la independencia no llegaban al 28%. Las cosas han cambiado hoy radicalmente, y respecto a la política de represión y catalanofobia promovida desde el estado, hay un colectivo no superior al 20%, en su mayoría, personas monolingües en español, con escaso arraigo en el territorio, que han adoptado la visión mayoritaria de España, y un porcentaje que varía según las encuestas, en el que el independentismo representaría entre el 46 y el 54%. En medio, una multitud de personas que, si bien no son independentistas, asisten horrorizadas ante el espectáculo de la represión y el encarcelamiento de inocentes, que se dan cuenta de que España es una dictadura. En cierta manera se trata de una Cataluña huérfana, en el sentido que lo más razonable, un diálogo sin límites para encauzar la situación, es excluido de toda posibilidad mientras persiste la deriva autoritaria y represiva de un estado, que ha asumido el control del gobierno, y que actúa saltándose sus propias leyes en nombre de una Constitución que ignoran.

Pero sí existe un problema de convivencia, pero no es como Sánchez lo describe. Y lo conozco bien, porque afecta a quien esto escribe. Mientras la mayoría de españoles monolingües tienen una única identidad, los catalanes, como mínimo tenemos dos. Hablamos dos lenguas (o más), poseemos dos culturas, dos cosmovisiones, y por tanto, una cierta mirada estereoscópica que nos permite relativizar más fácilmente. Cultura española y catalana convivían en nuestro espíritu sin demasiados problemas, diría que incluso resultaban complementarias, y nos ayudaban a penetrar en otras nuevas fronteras (es un hecho probado que los bilingües aprendemos con mayor facilidad una nueva cultura o un nuevo idioma gracias a esta complementariedad). Memorizábamos Machado o las canciones de Sabina, de la misma manera que nos seducía Maria-Mercè Marçal o aprendíamos a tocar Sopa de Cabra.

¡Pero, ay! Las cosas empezaron a ir mal a partir del momento en el que el anticatalanismo, tan propio del viejo franquismo, empezó a utilizarse como arma electoral, o como expresión de cómo el búnquer ocultado de la luz pública en los setenta, resurgió en la superficie, entre el oportunismo de unos y el silencio cómplice de otros. Primero fue la creación de un mapa autonómico especialmente diseñado para diluir la condición nacional de Cataluña. Después fueron los ataques a la inmersión y a la lengua (promoviendo un secesionismo lingüístico o tergiversando la realidad de la escuela). Paralelamente vinieron los ataques a la autonomía, laminando competencias a partir de leyes que pretendían reducir la capacidad legislativa de las instituciones catalanas al nivel de las diputaciones provinciales. En los últimos años ha sido la difamación, el insulto y el desprecio, que ha arreciado a partir de la toma de conciencia nacional, hasta el punto que el indendentismo se ha convertido en la alternativa mayoritaria. Y que tiene enfrente, no ciudadanos catalanes críticos con la independencia, sino a un estado que, a medida que pasa el tiempo, menos sabe disimular el fundamento franquista que no fue juzgado ni eliminado mediante una democracia que hoy se revela vigilada.

Las amenazas, los desprecios, las difamaciones que día sí, día también aparecen en unos medios controlados por la oscuridad del franquismo, la represión, las detenciones arbitrarias, y finalmente, una sentencia que ni siquiera Kafka se hubiera atrevido a redactar, ha hecho que nuestro afecto, apego, simpatía, aquella parte española de nuestra alma, ha muerto. Y eso no lo puede remediar ni el odio de unos, ni los silencios (con honrosas excepciones) de otros.

España ha muerto en nosotros. Un país que, más que darnos la espalda, ha tratado de darnos palos para recordar que el franquismo sigue vivo. Un país incapaz de aceptar la diversidad y tratar como iguales a quienes, manteniendo un pasaporte español, poseen una condición nacional y cultural diferente. Un país que nos desprecia. Un país por el cual hemos perdido el afecto y el respeto. Y, lo siento mucho, pero después de estos últimos años, y especialmente tras una sentencia que ha sacado lo peor de España y de una parte diría que mayoritaria de españoles, ha muerto en nosotros. Definitivamente.

Y vuelvo a Paine. Con España muerta, no es que seamos más catalanes. Al contrario. Más allá de que seamos independentistas o no, nuestro país es el mundo, y nuestra religión es hacer el bien. Y hacer el bien consiste, también, en combatir el mal del autoritarismo y la represión.