La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó oficialmente transparentar cualquier dato de la investigación relacionada con la posible corrupción de funcionarios del sexenio pasado al tener vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Esto pese a que existe una resolución del INAI que así lo ordena, y a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido transparencia en el caso.

Para negarse a dar la información, la Fiscalía General entregó a Animal Político un documento de 21 páginas en el que expone argumentos idénticos a los que el año pasado entregó la entonces PGR del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que van desde el riesgo de afectar el “buen nombre” de los involucrados, hasta que no está probado que hubiera corrupción, y que hay una demanda de amparo interpuesta. De hecho, se trata prácticamente del mismo documento.

No solo eso. La FGR ha continuado con la ofensiva jurídica que heredó de la PGR para no informar. El pasado 15 de enero obtuvo de un juez federal una suspensión provisional para no acatar la orden del INAI, y el pasado 23 de enero litigó y consiguió la suspensión definitiva. En dos semanas se define si le conceden finalmente el amparo para que el caso quede en secreto y clasificado cinco años.

El pasado 6 de diciembre el presidente André Manuel López Obrador había señalado que aun cuando había que ser respetuosos de la ley, este caso debía transparentarse dentro de los márgenes del debido proceso.

“No somos tapadera de nadie (…) hay instrucciones en lo que corresponde a que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia (…) lo único que se tiene que cuidar es no dar motivo para que si la Procuraduría General de la República da información, esto sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el debido proceso”, dijo el presidente.

Incluso el miércoles el propio fiscal general Alejandro Gertz Manero dijo en una reunión plenaria con legisladores de Morena – tras exponer el supuesto desorden de investigaciones como Odebrecht – que la “secrecía” de casos como este no debería convertirse en “encubrimiento”.

En entrevista el comisionado del INAI, Joel Salas, lamentó que aun cuando la nueva administración federal y distintos funcionarios del gabinete han destacado la importancia de la transparencia en casos como Odebrecht, el tema siga en la opacidad. Advirtió que no escatimarán en recursos legales y, de ser necesario, buscarán llevar el tema del amparo que busca la FGR a tribunales superiores.

La investigación por la presunta corrupción en que incurrieron funcionarios del gobierno pasado – principalmente Pemex – en la concesión de contratos a Odebrecht estaba prácticamente concluida, según lo que informó desde finales de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes.

Sin embargo dicha carpeta no ha sido presentada ante un juez y ni la PGR, ni ahora la Fiscalía General, han dado a conocer algún balance del caso o cuál es el progreso. Ante ello, y la negativa de informar, el INAI ha ordenado en repetidas ocasiones que se den a conocer datos de un caso que es de interés público, pero no se ha realizado.

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En el presente sexenio y ya con Gertz Manero al frente de la Fiscalía General, Animal Político ha promovido dos solicitudes de información y un recurso de revisión para intentar obtener distintos datos de la investigación del caso Odebrecht, pero en todos los casos la respuesta del órgano autónomo (como legalmente es ahora la FGR) ha sido negativa.

Un caso opaco

El 2 de octubre de 2018 el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información resolvió que la entonces PGR estaba obligada a transparentar las actuaciones realizadas en la investigación por los delitos de posible cohecho y enriquecimiento ilícito, en contra de servidores públicos y particulares por el denominado caso Odebrecht. Posteriormente envió medidas de apremio a la dependencia para que apresurara la publicidad de la información, pero no lo hizo.

El 26 de noviembre este medio publicó que la PGR había tomado la determinación, definitiva, de no dar a conocer la información pese a la resolución del INAI. En un oficio de 20 páginas entregado como respuesta a una solicitud de información, la dependencia expresó múltiples razones por las cuales, desde su punto de vista, los datos deberían reservarse por un periodo de cinco años.

En este contexto el 6 de diciembre el presidente López Obrador dijo en una conferencia de prensa que la opacidad en el caso Odebrecht se terminaría. Señaló que si bien era importante respetar la ley para no afectar los procesos abiertos, también era importante que la ciudadanía conociera del avance de estas y otras investigaciones.

Unos días más tarde, 12 de diciembre, el pleno del INAI dio a conocer públicamente una nueva resolución como resultado de un recurso de revisión promovido por Animal Político, en el que ordenaba a la PGR (ya en transición a Fiscalía General) que se abrieran versiones públicas de distintos elementos del caso como, por ejemplo, declaraciones de imputados.

Y el pasado 28 de enero el comisionado titular del INAI, Francisco Javier Acuña, hizo un exhorto a la fiscalía General y a su titular, Alejandro Gertz Manero, para que mostrara “voluntad” de apertura y se revelara la información del caso Odebrecht que en el sexenio pasado se rechazó transparentar.

Negativa “copy-paste”

Este medio promovió dos solicitudes de información dirigidas a la FGR ya en el actual sexenio. La 0001700342018 solicitando conocer la cantidad de personas que han declarado en torno a esta investigación así como la identidad de las mismas; y la folio 0001700347518 en la que se pidió copia de las declaraciones ministeriales en versión pública y una copia de la carpeta de investigación en versión pública.

A su vez se había promovido el recurso de revisión 6994/18 luego de la negativa de la entonces PGR de informar del caso. Como ya se dijo, el 12 de diciembre el INAI ordenó a la Fiscalía modificar esa negativa y dar a conocer los datos del caso.

En sus documentos de respuesta a todo lo anterior (el último fechado el pasado 29 de enero) la FGR expone múltiples razones del por qué desde su punto de vista, y pese a las resoluciones del INAI, no se puede dar a conocer dato alguno en torno a esta carpeta de investigación.

Como ya se dijo, dicha respuesta es prácticamente la misma que la PGR había expuesto con anterioridad. Contiene, incluso, párrafos idénticos y construye el mismo razonamiento.

Así, por ejemplo, se repiten argumentos como que “la difusión de la información solicitada no puede obedecer a la simple curiosidad del ciudadano o del interés de un ciudadano”, o que ordenar la publicidad del caso “es un planteamiento que atenta en perjuicio del verdadero interés público de la sociedad sobre el esclarecimiento de los hechos”.

También se repiten razones como que revelar datos que identifiquen a las personas investigadas “afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre”, que se violaría el principio de presunción de inocencia, o que “aún no se desprenden elementos suficientes para determinar” si los delitos cometidos en este caso “son hechos de corrupción”. Eso entre otros argumentos ya descritos desde noviembre en esta nota.

Ofensiva legal vs el INAI

Otro de los argumentos expuestos y repetidos por la PGR-FGR para no abrir el caso Odebrecht es la existencia de una demanda de amparo promovida contra la resolución del INAI. Animal Político revisó a través el Consejo de la Judicatura este caso, y se confirmó que se trata de un amparo promovido por la propia Procuraduría, y al que ahora la Fiscalía le ha dado continuidad.

La demanda se presentó desde octubre del año pasado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa por una agente del Ministerio Público, adscrita a la agencia Décimo Cuarta Investigadora de la Coordinación General de Investigación, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de PGR.

Originalmente el juez del caso desechó la demanda al considerar que la determinación del INAI de proporcionar información del caso iba dirigida a la Unidad de Transparencia de la PGR, y no a la agente que la promovió pero, a través de un recurso de queja, la dependencia consiguió que el caso fuera reactivado.

El 15 de enero el juez concedió la suspensión provisional para no acatar la determinación del INAI e informar del caso. Esa fue la suspensión a la que hizo referencia la Fiscalía en las respuestas proporcionadas.

Pero además el pasado 23 de enero la FGR consiguió que el juez le concediera la suspensión de forma definitiva para no informar. Será dentro de dos semanas cuando se defina si le conceden el amparo definitivo.

Entrevistado sobre este tema, el comisionado Joel Salas dijo que no van a escatimar en cuanto a los recursos legales que el Instituto tiene a su disposición, y adelantó que buscarán que el eventual amparo sea revisado por los magistrados de una Sala Superior.

Salas hizo hincapié en que los artículos 94, 95, 171 y 182 de la Ley Federal de Transparencia amparan la determinación del INAI de que el caso debe transparentarse. Señaló que el pleno del Instituto ha determinado que por tratarse de un caso de alto impacto debe prevalecer el interés público y la sociedad debe conocer información básica del caso.

Además Salas explicó que este es un caso que involucra hechos de corrupción, lo cual es razón suficiente para que no aplique la reserva de confidencialidad en la carpeta de investigación correspondiente.