Quien lo ha visto, asegura que el ex Procurador Jesús Murillo Karam, defenestrado por su viejo amigo el Presidente Enrique Peña Nieto del gabinete, se encuentra tranquilo. Si eso es verdad, Murillo Karam, es un cara dura. Su investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el año pasado en Iguala, colocó al gobierno en un hoyo del cual no ha podido salir, y su actitud arrogante y déspota sólo fue comparable con su inesperada incompetencia como Procurador General, cuyos yerros profesionales, colocó al presidente Peña Nieto en el banquillo eterno de la responsabilidad política por el crimen.

Cuando el presidente Peña Nieto lo removió de la PGR a finales de febrero de este año, la razón interna fue porque Murillo Karam no supo trabajar en equipo. Fue peor lo que sucedió. Se puede argumentar que como Procurador, Murillo Karam padeció el efecto Dunning-Kruger, que es un prejuicio cognitivo donde una persona sin capacidad (en este caso como abogado de la nación) sufre de una superioridad imaginaria que lo lleva a sobrestimar sus talentos. La mejor prueba de ello fue la respuesta a su equipo de investigadores cuando le cuestionaron que quisiera referirse a su conclusión del caso, como “la verdad histórica”. Esto se convirtió en el símbolo del fiasco de su investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Testigos de ese momento recuerdan que uno de los abogados en esa reunión de trabajo, en la víspera que hiciera esa afirmación a la prensa, le dijo con mucho cuidado que lo que debían buscar era “la verdad legal”, no la “histórica”. Murillo Karam, dijeron, lo volteó a ver con ojos de fuego y espetó: “Usted no me va a venir a enseñar Derecho”. Entonces, dictó la conclusión de su mensaje: “Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

El desplante de Murillo Karam sólo era colofón del desastre jurídico. De tiempo atrás, los investigadores de la PGR encontraban sólo el rechazo de Murillo Karam a su trabajo. Las razones de ello son un misterio, y de haberlas atendido, el gobierno federal se habría ahorrado muchos problemas. Cuando se dio la desaparición de los normalistas, el ex procurador ya arrastraba un déficit. El más importante, nunca haber autorizado la consignación del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que pidió la Fiscalía de Guerrero en mayo y junio de 2014 por cometer delitos federales. Tampoco removió al subdelegado de la PGR en Guerrero, Salvador Anaya del Carmen, sospechoso de vínculos con el crimen organizado, y quien concentraba y decidía sobre todos los casos en el estado.

Las deficiencias de Murillo Karam siguen siendo inexplicables. Por ejemplo, nadie sabe aún en la PGR porque se empeñó en decir que los eventos del 26 de septiembre comenzaron a las 14:30 horas, cuando sus investigadores los ubicaban a partir de las 21:00 horas, como todas las demás investigaciones realizadas. Tampoco el por qué su necedad de afirmar que hubo un enfrentamiento con armas de fuego al mediodía de ese día donde participaron los normalistas, cuando en realidad nunca existió. Otra omisión fue no incorporar el tema del “quinto camión”, documentado desde el primer momento. Ese autobús aparece en los videos de la terminal de autobuses de Iguala, incorporado en la investigación original de la PGR y de la Fiscalía de Guerrero. Es el número 3278 de la empresa Ecoter, que según las cámaras de la terminal no salió por la puerta principal, sino por una lateral, en la calle de Altamirano.

El autobús llevaba a 14 normalistas, y fue interceptado cuando se disponían a salir de Iguala. En los videos del C-4 se escuchan los balazos de los policías igualtecos y los gritos de los estudiantes de que no iban armados y que uno de ellos estaba herido. Los policías les pidieron que lo sacaran del autobús y lo colocaron en un vehículo que lo llevó a recibir atención médica. Ese “quinto camión” es por el que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sugirieron que debía abrirse la línea de investigación sobre narcotráfico. Si hicieron peritos federales y estatales ese trabajo y concluyeron que no había droga, pero el ex procurador no lo informó.

Tampoco explicó cómo estableció la autoría intelectual del crimen en Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ni llamó a declarar a ningún militar del Batallón 27º de Infantería, o al ex Gobernador, su amigo, Ángel Heladio Aguirre. Marginó a los peritos argentinos contratados por familiares de los normalistas a la recolección de evidencias en el basurero de Cocula, en donde se ha centralizado la descalificación de todo el caso. Las deficiencias de Murillo Karam son tantas que es imposible agotarlas en este espacio. Pero el daño que hizo al Presidente, al gobierno y al país, es inconmensurable. Murillo Karam tendría que ser llamado a declarar en la PGR para explicar qué hizo y porqué lo hizo. Es un insulto que no rinda cuentas, porque son tan graves sus omisiones que tendría que estar en la cárcel. La omisión consciente de un funcionario federal, prevé ese castigo. Murillo Karam lo merece.

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