El Tribunal Constitucional ha anulado la ley catalana que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en la búsqueda de hidrocarburos en esa comunidad autónoma, al considerar que invade competencias estatales. El Pleno del tribunal de garantías ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la Ley catalana de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, que incluía esta medida, al entender que invade competencias del Estado.

La norma anulada planteaba la prohibición de la fracturación hidráulica "cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat".

Cataluña es la quinta comunidad autónoma que ve cómo el Tribunal Constitucional anula una ley antifracking, tras Baleares, La Rioja, Cantabria y Navarra.

En su sentencia publicada este lunes, el Tribunal Constitucional insiste -como hicera en los casos anteriores- en que la autorización de la fracturación hidráulica, con sujeción a requisitos técnicos y a la previa declaración de su impacto medioambiental, es una atribución del Estado en virtud de sus competencias en planificación económica, de régimen minero y energético, y de protección del medio ambiente.

Además, el Pleno ha señalado que las competencias autonómicas sobre ordenación del territorio y medio ambiente no justifican la prohibición del fracking al no poder prevalecer sobre la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen minero y energético y de ordenación general de la economía.