No vamos a ganar en las instituciones nada que no hayamos ganado antes en las calles. Esta es mi advertencia cada vez que alguien pone sus esperanzas en los diputados y diputadas del Parlamento Europeo para frenar los intentos de las grandes corporaciones de hacerse definitivamente con todo el control de nuestras vidas.

Esta vez la ofensiva llega bajo el envoltorio de tratado comercial. Hay tres en estos momentos encima de la mesa en los que está implicada la Unión Europea: el TTIP (acuerdo con Estados Unidos), CETA (Acuerdo con Canadá) y TISA (Acuerdo para el comercio de servicios que están negociando cincuenta países).

Cada uno con sus matices, pero los tres con el mismo espíritu: esconder bajo el nombre de tratado comercial aquello que en realidad es un proyecto político y económico de la élite mundial para aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras y de los recursos naturales, que es al fin y al cabo la única manera que tienen de continuar aumentando sus beneficios.

Estos tratados van a cambiar leyes, normativas, regulaciones en materia de salud pública, medioambiente, derechos laborales, servicios públicos y pretenden implantar un sistema jurídico paralelo para que las multinacionales denuncien a los Estados, en caso de que sus actuaciones sean consideradas lesivas para las empresas.

Todo bien atado para que no haya margen a otras políticas que las que marcan los grandes centros financieros de Washington o Berlín. Tratados que van a imponer su ideología, no sólo a los gobiernos estatales que queden vinculados con los acuerdos, sino hasta el último rincón de cada ayuntamiento.

Pongamos un ejemplo. Con los mecanismos de resolución de controversias entre Estados e inversores, los conocidos como tribunales de arbitraje, pretenden imposibilitar que un ayuntamiento de izquierdas remunicipalice un servicio público de los que fueron privatizados por corporaciones del PP o del PSOE, ya que se podría ver sometido a una demanda multimillonaria ante uno de estos tribunales por parte de una empresa a la que, con la gestión pública del servicio, se le impide optar al negocio y, por tanto, pide ser indemnizada.

No es libre comercio, es comercio regulado para los poderosos. Ya no es dejar que una "mano invisible" regule los mercados, es justo lo contrario. Se trata de utilizar las instituciones para intervenir en la economía, pero en vez de intervenir para regularla en favor de la mayoría, lo que pretenden es regularla en favor de unos pocos.

Utilizan los recursos públicos para asegurar que las rentas del trabajo tengan cada vez menos peso en comparación con las rentas del capital. Una transferencia de riqueza, robando a los pobres para engorde de los ricos. Ese proceso exige allanar el camino librándolo de derechos laborales y sociales, por eso tampoco el principal objetivo es levantar las barreras arancelarias para favorecer el intercambio de mercancías. Y ahora han dado un paso más: romper nuestros derechos, acabar con las conquistas de las luchas laborales y sociales de muchas décadas, para que las grandes empresas sean las reinas del mundo sin resistencias.

Esta ofensiva del capital hay que pararla, y sólo se puede parar desde la calle, desde la organización y la movilización.

De la misma forma que todos nuestros derechos se han conquistado con duras batallas y luego han sido refrendados por los parlamentos, sólo con la lucha podemos mantenerlos.

Las instituciones funcionan con sus propias normas, que son las de mantener el sistema. Son conservadoras y sólo serán sensibles ante una movilización que provoque la entrada en escena de cientos de miles de personas que defendamos conscientemente nuestros derechos frente a esta agresión de los grandes capitalistas.

Esa tarea exige poner en pie con un objetivo común a las organizaciones sindicales, a los trabajadores del campo, las organizaciones ecologistas, feministas, a todos aquellos movimientos sociales con los que luchamos por los derechos laborales y civiles.

Las mayorías parlamentarias de los partidos de la derecha, los conservadores europeos, se amplían con el voto de los partidos socialdemócratas. La única posibilidad de que estos últimos, compañeros del PSOE en Bruselas, se opongan a estos tratados es si ven que van a perder a su electorado. Y eso sólo puede ser consecuencia de la movilización social, de la participación consciente del mayor número de personas, de la información, del rechazo social al proyecto de destrucción masiva de derechos que nos están implantando.

Por eso es imprescindible que las movilizaciones convocadas para este fin de semana en un gran número de pueblos y ciudades del Estado español bajo el nombre Otoño en resistencia sean un éxito. Sólo una gran movilización popular conseguirá pararlos.