Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones. / JUAN MANUEL PRATS

Aseguran los negociadores de Ciudadanos que una de las cuestiones que más trabajo costó arrancar al PP para el pacto de investidura fue el compromiso de Mariano Rajoy de revisar la amnistía fiscal del 2012 para hacer pagar más a los defraudadores que se acogieron a ella. Las dificultades se mantuvieron hasta que los negociadores del PP comprendieron que, al fin y al cabo, la medida tenía muchísimas posibilidades de nacer prácticamente muerta o de que quedar convertida en papel mojado muy pronto.

El plazo para la presentación de la "declaración tributaria especial" (DTE) --que fue el nombre que eligió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para evitar la expresión "amnistía fiscal"-- quedó establecido entre el 4 de junio y el 30 de noviembre del 2012. En consecuencia, el 30 de noviembre del 2016 prescribe esta declaración, una vez transcurridos cuatro años desde que finalizó el plazo de declaración. Después de ese día no se podrá pedir cuentas a ningún contribuyente por esa declaración.

LAS TRAMPAS DEL CALENDARIO

Solo si Rajoy resultara investido como presidente el 2 de septiembre --una cuestión en la que ni él mismo confía-- habría posibilidades reales de forzar a su Gobierno a cumplir el compromiso con el que Ciudadanos pretende hacer pagar a los defraudares que se acogieron a la amnistía fiscal el 10% que estableció la ley sobre todo el patrimonio aflorado (no solo sobre el no prescrito) y no el 3% de gravamen medio que resultó finalmente.

Si la investidura de Rajoy no se produce el 2 de septiembre, el pacto con C's decae. Y, aunque no fuera así, a medida que una hipotética investidura se retrase, se reducen las posibilidades de cumplir este compromiso, que sería definitivamente imposible de abordar si se va a unas terceras elecciones, el 25 de diciembre.

Incluso si la investidura de Rajoy saliera adelante en un hipotético segundo intento en octubre (tras las elecciones gallegas y vascas del 25 de septiembre) habría serias dificultades para sacar adelante una medida en la que el PP no cree.

PROCESO DE NOTIFICACIONES

Para evitar que la DTE prescriba el 30 de noviembre, cada uno de los 31.484 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal deberían recibir una notificación de comprobación antes de esa fecha. Antes de eso, la Dirección General de Tributos debería emitir una instrucción cambiando el criterio que le llevó a levantar la mano en julio del 2012, cuando se veía que la amnistía no tenía éxito entre los defraudadores.

Aun contando con la voluntad de la administración de acelerar el procedimiento de las notificaciones, este podría extenderse a lo largo de cuatro o cinco semanas como mínimo, según expertos en trámites tributarios. Y si tal voluntad no es demasiado intensa, el proceso podría demorarse meses y meses, con lo que se llegaría tarde.

DUDAS JURÍDICAS

A las trampas del calendario se suman las dificultades jurídicas sobre la interpretación de las normas (ley y orden ministerial) y las instrucciones que regularon la amnistía fiscal. Una hipotética revisión de aquellas declaraciones tributarias provocaría con toda seguridad un aluvión de recursos judiciales de resultado incierto.

LOS DATOS

Según los datos de Hacienda, la polémica amnistía fiscal del 2012 permitió aflorar patrimonio por unos 40.000 millones. Sin embargo, solo se pagó el peaje del 10% por una parte muy pequeña de este patrimonio (unos 12.000 millones, que no habían prescrito), lo que reportó a Hacienda unos ingresos de apenas 1.191 millones (por debajo de los 2.500 millones esperados).

Esos 1.191 millones representan solo el 3% de la cantidad total aflorada (40.000 millones). La organización Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) siempre consideró que el tipo del 10% debía haberse aplicado sobre todo el patrimonio aflorado (prescrito o no), estimando que Hacienda había renunciado a ingresar 2.800 millones.

El actual diputado de C's Francisco de La Torre formaba parte entonces de la organización IHE y ha impulsado que la recuperación de aquellos 2.800 millones forme parte de los compromisos arrancados a Rajoy en el pacto de investidura firmado por PP y C’s este domingo (también se incluyó en el fallido pacto de gobierno con el PSOE).