En España, los ingresos procedentes de los rendimientos del capital no son demasiado altos, como corresponde a un país con una economía no muy intensiva en capital como la nuestra. En 1997, estos ingresos fueron 740 euros por persona (sobre el 5% del total), pero estuvieron extraordinariamente concentrados entre las personas más ricas, como se ve en el gráfico siguiente.

Fig. 1. Curvas de Lorenz para salarios, ingresos totales e ingresos procedentes del capital en España en 1997. (Fuente: Santiago Budría y Javier Díaz-Giménez, 2010.)

No parecen existir estudios más recientes al respecto, pero en función de los datos de la Agencia Tributaria, la situación no debe haber cambiado mucho, ya que los ingresos procedentes de las rentas del capital en 2018 fueron de 1.179 euros por persona, un 59% más que en 1997, un dato muy similar a la inflación (58,5%), por lo que es razonable suponer que la situación es muy similar a la de hace dos décadas en cuanto al peso de las rentas del capital en el total de rentas nacionales.

Para que nos hagamos una idea de cómo están de concentradas estas rentas procedentes del capital, entre el 1% superior de la renta suponen aproximadamente un tercio de los ingresos totales, acaparando este medio millón de personas un 37% de las rentas totales procedentes del capital. Los siguientes dos millones de personas más adineradas perciben un 23% de las rentas del capital, y los siguientes seis millones (hasta completar aproximadamente la quinta parte de la población) perciben un 15%. Entre el 80% restante de la población, estos ingresos procedentes del capital son casi irrelevantes respecto a las rentas del trabajo, transferencias o pensiones.

Tiene todo el sentido si se quiere reducir la desigualdad, por tanto, el incrementar los impuestos procedentes de estas rentas aplicando una progresividad que incida en el 5% superior y especialmente en ese 1% que acapara la mayoría de las rentas del capital. Como describí en un artículo anterior de esta serie dedicada a la desigualdad, para evitar efectos perniciosos en la inversión, sería necesario a la vez rebajar el impuesto de sociedades, especialmente en lo que atañe a inversiones productivas.

El camino hacia una sociedad más igualitaria (II): impuestos Juan Carlos Barba En este segundo artículo hablaré de los impuestos sobre los beneficios empresariales y del capital, y casi nada es lo que parece

No obstante, tampoco hay que poner demasiadas expectativas en los efectos sobre la desigualdad de una eventual subida de este impuesto, dada la pequeña cantidad (relativa a los ingresos nacionales) de que estamos hablando, pudiendo esperar un efecto perceptible pero reducido.

Existen, además, otros impuestos que pueden contribuir a la reducción de la desigualdad. Estos son los impuestos sobre la propiedad, sea la que se aplica a su tenencia o a su transmisión por donación o herencia. En EEUU, se han hecho bastantes estudios respecto al efecto de estos impuesto en la desigualdad, siendo además un excelente lugar para ello, pues ha habido sustanciales reducciones de impuestos en las últimas décadas. En este trabajo se analiza cómo han incidido estos cambios fiscales en los aumentos de la desigualdad en ingresos y riqueza.

En el gráfico, se ve que con patrimonios hasta 10 veces la riqueza media del país la situación fiscal ha cambiado muy poco entre 1960 y 2010, siendo sobre todo a partir de 50 veces la riqueza media del país cuando se han notado fuertes rebajas fiscales. Para los más acaudalados, la reducción de impuestos ha alcanzado algo más del 50%, pasando de casi el 0,8% anual de tipo marginal al 0,35%. También han salido beneficiados los pequeños propietarios, ya que actualmente por debajo de 10 veces la riqueza media no se pagan impuestos sobre el patrimonio.

Fig. 2. Impuestos sobre el patrimonio en EEUU en 2010 y 1960. (Fuente: 'The evolution of wealth inequality over half a century: The role of taxes, transfers and technology'. Barış Kaymak y Markus Poschke 2015)

Paradójicamente, este estudio ha encontrado que si bien estas rebajas de impuestos han contribuido a que aumente la concentración de la riqueza, no ha sido el principal motivo para el aumento en la desigualdad de ingresos, siendo la causa fundamental de esto último el incremento en la dispersión salarial.

En España, el grueso del patrimonio del país se concentra en el inmobiliario (se puede consultar en la encuesta del BCE 'The Household Finance and Consumption Survey'), siendo el resto de patrimonio, excepto el correspondiente a negocios familiares (1,4 billones de euros), muy pequeño en proporción. Dado que existen buenas razones (fomento de la inversión en un país muy necesitado de ello) para mantener la exención del impuesto sobre el patrimonio a estos negocios, nos concentraremos en la distribución del patrimonio inmobiliario, que es el grueso del patrimonio del país.

En los trabajos realizados a este respecto, se estima que el 1% de la población concentra algo más del 20% del patrimonio inmobiliario, lo que nos lleva a concluir que este medio millón de personas más adineradas posee un patrimonio total de 1,7 billones de euros y un promedio de 3,5 millones de euros por persona, siendo esta cifra aproximadamente 20 veces el promedio por persona en España. Es evidente que buena parte de este patrimonio corresponde a la tenencia de muchas propiedades y no a primeras residencias. Dado que las rentas procedentes del patrimonio inmobiliario fueron 21.600 millones en 2018 (datos de la Agencia Tributaria) y que hay unos cuatro millones de viviendas arrendadas, se puede ver fácilmente que buena parte de ese patrimonio inmobiliario no se concibe como negocio sino como depósito de valor que no genera ninguna renta.

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Existen muchas razones para desincentivar este comportamiento por parte de la población, siendo la principal de ellas que es un disparate desde el punto de vista económico el dedicar una mayoría del ahorro del país a enterrarlo en montañas de ladrillos improductivas; otra muy importante es que, dado que por la naturaleza del mercado inmobiliario y las leyes urbanísticas la curva de la oferta es muy inelástica, ello provoca que el precio de equilibrio del inmobiliario se desplace hacia arriba, perjudicando con ello a la mayoría de la población que compra o alquila para disponer de un techo sobre sus cabezas.

Es evidente que esta conducta aparentemente irracional por parte de los inversores tiene como razón de ser esa acusada inelasticidad de la oferta en el inmobiliario, lo que unido a la alta disponibilidad de flujos financieros genera una dinámica de subida continuada del precio de equilibrio de los activos inmobiliarios que se traduce en altas rentabilidades, no asociadas a la propia renta del activo sino a la subida de precios a largo plazo generada por esta misma dinámica. Este fenómeno no ocurre solo en España sino que está bastante generalizado a nivel internacional.

Solo países con leyes urbanísticas sustancialmente distintas, siendo el principal de ellos Alemania, han conseguido controlar esta nefasta dinámica económica. La consecuencia principal que se observa en este país es que, a pesar de ser mucho más rico que España en su conjunto, el patrimonio inmobiliario medio es la mitad del español. Cuánto pueda haber influido esto en que se haya generado un patrimonio empresarial tan importante y productivo como el alemán es una pregunta interesante que a día de hoy no tiene respuesta. Mi opinión es que probablemente mucho.

Sí que podría ser mucho más sencillo el implantar un impuesto sobre la tenencia de vivienda como depósito de valor, es decir, las viviendas vacías

Aunque debería ser un objetivo prioritario el cambio de las leyes urbanísticas para romper esta dinámica secular de subida de precios en el inmobiliario, que además ha hecho que seamos uno de los países del mundo con mayor ratio de viviendas por 1.000 habitantes, también sabemos que es extraordinariamente difícil alcanzar un consenso político para hacerlo, dada la falta de comprensión general de los fenómenos subyacentes a este mercado por parte de los políticos y la población y los intereses espurios de las grandes empresas constructoras, de muchos planificadores urbanísticos a nivel municipal y de los tenedores de suelo urbano.

Sí que podría ser mucho más sencillo el implantar un impuesto sobre la tenencia de vivienda como depósito de valor, es decir, las viviendas vacías. Un impuesto que debería aplicarse cuidadosamente, pues son frecuentes los casos de viviendas deterioradas o en zonas de baja demanda y que no pueden ser alquiladas y la generalizada existencia de segundas residencias vacacionales. En todo caso, y si aplicáramos ese impuesto solo a esos altos patrimonios inmobiliarios y a las viviendas vacías que esos patrimonios mantienen, ya que no tiene mucho sentido aplicar ese impuesto a segundas residencias vacacionales que además tienen en general poco valor, obtendríamos dos efectos muy beneficiosos para la economía.

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El primero sería que esa población más acaudalada se vería obligada a desplazarse hacia inversiones más productivas, y el segundo, que obtendríamos una recaudación importante, pues con un 1% de tasa impositiva, podríamos llegar hasta los 10.000 millones de euros, si como se puede extrapolar de los datos algo más de la mitad del patrimonio inmobiliario de los más adinerados corresponde a inversiones ociosas. Como último efecto que se podría observar, está un descenso en los precios de equilibrio en el mercado inmobiliario, que beneficiaría también a la parte menos afortunada de la población.

Por último, hablaremos sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Sabemos que la institución de la herencia está universalmente aceptada y refleja el deseo de las personas de beneficiar a su descendencia por encima de otras personas. Esto, en un sistema democrático, es obviamente un deseo que se tiene que reflejar en las leyes, y nos encontramos una fuerte oposición por parte de la opinión pública a la subida de este tipo de impuestos; incluso en el que probablemente es el país más igualitario del mundo (Suecia), el 52% de la población es favorable a bajar estos impuestos (ver esta publicación). Para más información sobre este tema, se puede consultar este amplio trabajo.

Es un tema de debate complejo, pero desde una perspectiva de izquierdas está claro que a partir de cierto nivel de riqueza debe existir algún tipo de impuesto que tienda a igualar el campo de juego para las siguientes generaciones, uno de los fundamentos que condujeron a la ruptura con las sociedades estamentales tras las revoluciones burguesas, siendo este también un punto de vista que comparten una buena parte de los liberales.

Hay que poner en su justo lugar el papel de estos impuestos sobre la herencia, ya que por sí solos no van a reducir de forma importante la desigualdad

Hay trabajos interesantes respecto al papel de la herencia en la desigualdad (como este) que si bien han encontrado que la herencia contribuye a su incremento, tampoco es el motor fundamental. Por tanto, y sin despreciar el papel que puede jugar, mi opinión es que hay que poner en su justo lugar el papel de estos impuestos sobre la herencia, ya que por sí solos no van a conseguir reducir de forma importante la desigualdad.

El trabajo mencionado encontró que el índice de Gini de la riqueza se reduciría en tres puntos con una tasación óptima de las herencias y donaciones, lo que supone menos del 10% de reducción en la desigualdad patrimonial a largo plazo. También hay que tener en cuenta que este efecto se encontró para impuestos altísimos (95%) que lógicamente no encontrarían respaldo por parte de la población, por lo que el efecto sobre la desigualdad de impuestos en niveles aceptables sería aún menor. Esto contradice claramente la creencia convencional de que la herencia es un motor decisivo en la génesis de la desigualdad.

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Existe adicionalmente, para quien desee consultarla, una amplísima literatura que estudia la movilidad intergeneracional en cuanto a clase social en diferentes países y demuestra que esta es bastante mayor de lo que generalmente se piensa, tanto hacia arriba como hacia abajo, aunque sigue existiendo una transmisión sustancial del estatus social. Sin embargo, en esta transmisión de estatus se ha encontrado que la herencia no es el factor fundamental, sino que influyen otros factores, como son el ambiente familiar, la educación y los hábitos que conducen a una mejor salud, aspectos en que se puede incidir mediante políticas sociales. Este trabajo encontró que la herencia solo juega un papel importante entre los más adinerados, lo cual nos induce a proponer, dada además la amplia oposición de buena parte de la población a este tipo de impuestos, que solo se apliquen estos impuestos a los patrimonios altos.

En el próximo artículo, hablaré de las políticas sociales y su papel en la reducción de la desigualdad, un tema importantísimo, a mi modo de ver solo por debajo de la tasa de desempleo, y que normalmente es poco tenido en cuenta.