Poseer la representación hegemónica del campo de la izquierda cuenta con un significado muy preciso. Implica gozar de un beneficio socialmente reconocido, el de señalar los límites de posibilidad a las políticas de transformación igualitaria. Se da por entendido que el partido alfa de las izquierdas llega, en la senda de las reformas de tono socialista, justo hasta el punto donde se puede llegar, más allá del cual aparecen las discordias, el boicot y la confrontación. Todo lo que queda fuera es descalificado como irrealista, o conjurado por encerrar el peligro de una guerra civil.

Es esa la razón por la cual Syriza volvió a ganar las elecciones griegas tras aceptar de nuevo las imposiciones de la Troika. La mayor parte de la sociedad progresista consideró que había llegado hasta el límite que se podía llegar, justo antes de trasponer el umbral que lleva a la autodestrucción. La escisión que proponía desobedecer los mandatos de Bruselas y salir del euro apenas logró un 3%, porque tras sus propuestas se adivinaba el suicidio. Syriza había conquistado así la posición de predominio representativo que había ocupado el PSOK.

En España esta posición ha pertenecido al PSOE desde su abrumadora victoria de 1982. Antes de este hito, abundaban las voces que advertían de los peligros irremediables que se activarían de tomar los socialistas el poder. Tras la mayoría absoluta que puso fin a la transición demostraron que nada había que temer de sus políticas reformistas, capaces de combinar avances sociales con la adaptación progresiva al mundo liberal. El razonable éxito de esta combinación aquilató aún más su representatividad privilegiada.

Obsérvese que contar con la representación mayoritaria e incontestable en el terreno de la izquierda supone un formidable instrumento de poder. En el terreno de la institucionalidad positiva, su titular capitaliza casi en exclusiva las energías políticas transformadoras, que depositan en él su confianza electoral. Se le permite decir hasta dónde se puede llegar, se le faculta incluso para indicar cuándo, por necesidad, hay que emprender reformas de signo opuesto a las teóricamente postuladas. Por eso no es extraño que los ajustes más duros suelan venir avalados con el sello del centro-izquierda, porque son los únicos que pueden realizarlos previniendo los riesgos más extremos de la contestación social. Saben, tanto ellos como el poder, que existe la tendencia a perdonárselo todo.

Lo hemos vivido en España. En los años noventa ya había quien se oponía frontalmente a Maastricht, quien daba por agotado el Estado autonómico y proponía en su lugar un Estado federal, quien denunciaba la devaluación del trabajo, alertaba de los riesgos de la desindustrialización y rechazaba los cantos de sirena de la desregulación económica. Pero en esos años estas posiciones aparecían como iluminadas, utópicas, fuera de la realidad. Por el contrario, se aceptaban, con mayor o menor resignación, la integración en una Europa mercantilizada, las reformas laborales de cada vez mayor desprotección y la supervivencia chanchullera del mapa regional. Y no era una aceptación arbitraria ni casual. Se fundaba en los beneficiosos resultados reportados por estas políticas, sentidas como mucho más seguras que las proclamadas por la izquierda.

Los efectos razonables de las políticas socialdemócratas y el carácter incierto de las propuestas de la izquierda consolidaron la hegemonía del PSOE en el progresismo español. Pero esa posición comenzó a resquebrajarse en la última legislatura de Zapatero. En ese tramo se percibió un contraste doloroso: la facilidad con que, sin temblor, se metía la mano en los bolsillos de las clases trabajadoras para sufragar la crisis estaba en viva tensión con la incapacidad revelada para hacer lo propio con los portafolios de los poderosos. No hubo prueba más palmaria al respecto que la primera reforma del IRPF de Cristóbal Montoro, capaz de dotar al impuesto de una progresividad (con el 52% como tipo máximo) a la que los socialistas ni siquiera aspiraron. Frente al “bajar impuestos es de izquierdas”, el centroderecha español venía en este punto a rebasar al PSOE en la materia sustancial, la de la igualdad económica.

La irrupción de Podemos continuó erosionando seriamente la posición de predominio representativo del PSOE. Sus propuestas de tono socialdemócrata, nada utópicas, demuestran que se pueden defender desde la izquierda realista posiciones bien diversas respecto a la fiscalidad, el TTIP o la regulación del trabajo. La situación de equipotencia actual, ambos con 5 millones de votos, muestra hasta qué punto su consueta credibilidad se ha visto mermada. Aun así, como por inercia, el PSOE continúa tirando de su tradicional ubicación privilegiada: ha denunciado como acto de arrogancia el que le monten gobiernos desde fuera, sin apreciar un adarme de soberbia en su intención de gobernar en solitario o sin Podemos; se lamenta de que por culpa de los morados no se haya podido desalojar ya a Rajoy, pero disculpa su pacto prioritario con la derecha neoliberal y neocentralista. De esta tendencia se derivan además clamorosas desproporciones: para algunos, diríase que un exabrupto o cuatro tics de prepotencia se hacen mucho más complicados de perdonar que, por ejemplo, secundar la última reforma penal del PP o su planeada y autoritaria Ley de Seguridad Nacional.

¿Le seguirá valiendo al PSOE la indulgencia de que se han beneficiado? En realidad, no se sabe. Las últimas elecciones recogen un retrato fijo de una sociedad en movimiento. Aún no se ha llegado al momento de la cristalización, entre otras cosas porque el desafío de reconstitución de la sociedad sigue abierto. No vale para este momento el marco analítico de la economía liberal: no se sabe qué demanda la población en su mayoría, porque, en realidad, acaso no lo sepa ni ella, pues experimenta un complejo y maleable proceso de reconfiguración política. Por eso la última táctica de Podemos de continuar agudizando las contradicciones del socialismo es arriesgada, pero nada se puede asegurar en rigor de sus resultados. Señalar con energía la distancia que media entre el derechismo del PSOE y su izquierda realista pone a prueba, desde luego, la lealtad de los votos socialistas prestados, pero también va consolidando una imagen del partido socialdemócrata entre los menores de 35 y los que habitan en territorios no andaluz ni extremeño que bien puede condenarle a un derrumbe sostenido.

Es ese, el asunto del territorio y la soberanía, donde se encuentra el último bastión del PSOE como opción de seguridad frente al supuesto aventurerismo de la izquierda. Pactar con Podemos supone abrir un horizonte de reformas serias en sentido confederal. No partir España, como los socialistas interesadamente sostienen con trazo grueso, pero sí poner fin al contencioso nacional dando oportunidad de recurrir al referéndum. Y esto implica reconocer sustantividad preestatal y nacional a determinados pueblos del Estado español. El PSOE, claramente empujado por su federación andaluza, ha optado por la solución centralista. Sabe que en la izquierda aún abundan quienes identifican nacionalismos con posiciones reaccionarias, y que, en general, son muchos los que, frente a las incertidumbres generadas por una puesta en cuestión de toda la organización nacional, prefieren optar por recentralizar el sistema, por más represión que ello comporte.

Deteriorada profundamente su imagen social, el PSOE se agarra con preferencia a su perfil territorial. Por eso lo esgrime como razón central para no pactar con Podemos, cosa que implicaría el apoyo o abstención de los independentistas. Sin embargo, en una sociedad en tránsito, con las poblaciones catalana y vasca cada vez más movilizadas en sentido confederal, nada asegura que este último bastión sobre el que se asienta la representatividad del PSOE continúe resistiendo. Entre otras cosas, porque para defender lo mismo, y sin titubeos, ya se tiene a Ciudadanos y hasta al Partido Popular.