El informe habla de un grave desequilibrio entre ingresos y gastos. Con una deuda de cerca de 200 millones de euros, la empresa pública, dice la Intervención, está en una situación de gran déficit lo que necesariamente, apunta, va a suponer que el SERMAS tenga que hacer mayores aportaciones. Pese a ello, el hospital deja de ingresar más de 150.000 euros al año por la atención sanitaria prestada a los pacientes de tres hospitales de gestión privada.

En el documento se habla claramente de descontrol en algunos aspectos de la gestión del centro: no se puede verificar la realización de las guardias del personal porque no están documentadas, no hay inventario del material del almacén y no existe registro de contratos, convenios o acuerdos con los que la concesionaria haya podido generar ingresos. De esta forma, según el interventor, "no se puede dar fiabilidad al saldo de deudores ni a los importes contabilizados distintos a la asistencia sanitaria". Otra "gran dificultad" con la que se ha encontrado la Intervención fue la de saber si los bienes auditados pertenecían al hospital o a la concesionaria.

La Intervención General llama la atención también sobre las compras del hospital. Prácticamente la totalidad de ellas se ha realizado bajo la fórmula de "contrato menor" evitando la publicidad y, lo que es peor, fraccionando en algunos casos (limpieza) las cantidades para no tener que sacar el contrato a concurso público. Por tanto, resalta el auditor, "se incumple la Ley de contratos del sector público."

Los contratos laborales de los altos directivos del centro son nulos de pleno derecho. El motivo: solo aparecen las fotocopias de los mismos. No consta el informe de carácter preceptivo y vinculante de las consejerías de Hacienda y de Presidencia, Justicia e Interior que determina la Ley y, por si esto fuera poco, tampoco existe la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria de los puestos y su posterior adjudicación. Respecto al resto del personal, hay ocho sanitarios que trabajan en el Hospital del Sureste pero que reciben su sueldo (200.000 euros anuales entre todos) de su anterior centro de trabajo, el Hospital Gregorio Marañón. Además, hay 15 puestos vacantes en el área de personal no sanitario.

Respecto al canon que el hospital recibe del SERMAS, el 46,16% se dedica a pagar la obra y el resto a sufragar los servicios no sanitarios. Teniendo en cuenta que la media anual recibida por el centro es de 62 millones de euros y que la construcción del hospital costó 60 millones, como ocurría en el caso del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, la obra podría estar más que amortizada.

El interventor llama la atención sobre todos estos aspectos aunque su cometido es emitir opinión únicamente sobre las cuentas porque -argumenta- "no puede dejar de señalar los resultados significativos deducidos desde el punto de vista de control interno y de la legalidad".