El juez José de la Mata interrogará el próximo miércoles como testigos a los comisarios Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas por el informe sobre el caso Faisán elaborado por la polémica Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Con ello se elevan a cinco el número de causas salpicadas por la actividad de la bautizada como policía patriótica. Antes lo fueron las investigaciones sobre la familia Pujol, las pesquisas sobre el ático de Ignacio González, el caso del Banco Madrid-BPA y el sumario del Pequeño Nicolás.

Las últimas escenas judiciales de la llamada policía patriótica tienen protagonistas coincidentes: el juez José de la Mata y el antiguo director adjunto de la Policía, Eugenio Pino. El magistrado ha citado para mañana al antiguo alto mando y al también comisario Marcelino Martín Blas para que declaren como testigos por el informe que la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) hizo sobre el caso Faisán cuando este ya había sido juzgado. Las copias de este informe no han aparecido.

Esta decisión se suma al auto que el juez dictó la semana pasada para que se investigue al comisario Pino y a uno de sus subordinados, el inspector jefe Bonifacio Diaz, por prevaricación, falso testimonio y fraude procesal por su relación con un pendrive de origen desconocido que la policía quiso incorporar al caso Pujol.

En este sumario, el juez se ha visto obligado a eliminar toda la información que contenía dicho dispositivo para evitar que la causa resulte contaminada. Pese a ello, los Pujol planean utilizar este hecho para adelgazarla. Su defensa no solo pretende que los más de 800 documentos que contenía la memoria informática no puedan ser utilizados —como ya ha dictaminado el juez—, sino también que si aparecen en otras fuentes de pruebas sean igualmente rechazados. Además, estudian esgrimirlos como un elemento más junto a las nunca aclaradas circunstancias que rodean las declaraciones de Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y del empresario Javier de la Rosa, en las que planea la sombra de otro comisario integrante de la policía patriótica, José Manuel Villarejo, para pedir más adelante la nulidad.

Ático de González

A estos dos casos se suman el de las supuestas amenazas denunciadas en un juzgado de Andorra por Higini Cierco, accionista mayoritario de Banca Privada d’Andorra (BPA), y que salpica al sumario que se instruye en el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid por el presunto blanqueo de capitales en el Banco de Madrid, filial del BPA. Cierco aseguró que en mayo de 2014 el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Martín Blas, le exigió los datos bancarios de los Pujol bajo la amenaza de acabar con su banco. El banquero esgrimió como prueba de estas maniobras unos documentos que el comisario Villarejo ha reconocido como suyos y veraces. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan que, pese a todo, la causa no está “en absoluto” contaminada y que se siguen practicando diligencias.



También se ha visto salpicado el sumario abierto en un juzgado de Estepona por la compra de un ático por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En 2012 la investigación ya fue torpedeada por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ordenó cerrar la Operación Aiko solo 46 días después de iniciada. Una vez reabierta, el comisario Villarejo irrumpió con una grabación y varias “notas internas”. La presencia como testigo de este mando policial ha sido utilizada en dos ocasiones por González para pedir el cierre del sumario. La última, el 29 de marzo, con un escrito en el que recuerda la “implicación de dicho comisario en investigaciones en las que se cuestiona la legalidad de su actuación hasta el punto de ser imputado por alguna de ellas”.