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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha desestimado la petición de la fiscalía española de reactivar la euroorden de detención contra Carles Puigdemont esta vez en Dinamarca. Ha rechazado mediante una interlocutoria la petición –a pesar de que la encuentra ‘razonable’, dice– de volver a emitir la euroorden instando a las autoridades danesas a que detengan y extraditen el presidente de la Generalitat, destituido por Rajoy mediante el golpe de Estado del 155 y acusado en España de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

El juez argumenta en la interlocutoria: ‘La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un lugar concreto, no tiene ninguna otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria’. Y añade, en una clara valoración política, precisamente el mismo día en que el presidente del Parlament de Catalunya ha designado a Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat: ‘Ante la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca que el investigado pueda proveerse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta.’

Acto en la Universidad de Conpenhagen donde participa Puigdemont como ‘Presidente del Gobierno de Cataluña’

Llarena ya decidió retirar la euroorden que la jueza de la Audiencia española Carmen Lamela dictó contra Puigdemont en Bélgica, cuando vio que había muchas posibilidades que el juez belga denegara la extradición en España por los delitos de rebelión y de sedición.

Además de la fiscalía, los derechistas PP y de Ciudadanos y otra vez el PSOE (¡»Somos la izquierda»!) había vuelto a pedir explicítamente, a través de su secretario de organización, que el juez Llarena emitiera la euroorden.

Cabe preguntarse, aún aceptando que estuviera justificado perseguir y encarcelar a dirigentes políticos por cumplir con el mandato popular del referéndum del 1-O, que no es nuestro caso: ¿Por qué en España es delito lo que no lo es en otros países como Bélgica y Dinamarca? Y es que el régimen del 78, por mucho que se autoproclame como «democrático» muestra a cada paso su matriz autoritaria heredada del franquismo.