El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha reabierto la caja B y con esa decisión ha resucitado a Francisco Correa como amenaza para el PP. Si los populares daban por hecho que el empresario que se lucró junto a sus cargos públicos ya no les podía hacer daño, ahora, con una condena a sus espaldas y ganas de colaborar con la Fiscalía, vuelve a ser un peligro para el futuro judicial del partido.

Correa revela que la gran obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP

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De la Mata ha tomado la decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción apoyase la petición de las acusaciones populares, IU y Adade, de reabrir la causa tras las declaraciones del cabecilla de Gürtel. El caso estaba pendiente de la celebración del juicio, pero reducido tan solo al pago en negro de la reforma de Génova 13. Nada se iba a juzgar sobre los empresarios que presuntamente financiaron en negro al partido a cambio de las adjudicaciones de las grandes obras del gobierno de Aznar.

El juez, en el auto que dicta la reapertura, recuerda que lo que se juzga en esta pieza separada de la trama Gürtel es si las donaciones recogidas en los papeles de Bárcenas son "transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP, a cambio de interceder o presionar para conseguir determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".

Es en este punto donde Correa puede aportar nueva información. Él era la llave para reabrir este caso, y de él depende ahora que este caso vaya más allá de una reforma pagada en B. Durante su declaración en el caso Gürtel, que ha motivado en parte esta reapertura, aseguró que Luis Bárcenas y él se encargaban de cobrar las comisiones del 3% que pagaban los empresarios a cambio de las adjudicaciones. Ese dinero entraba en Génova por el garaje, según explicó.

Del Mini Cooper al coche policial

La situación de Correa entre esa declaración –en la que no dio nombres ni más detalles– y la que prestará a finales de marzo ha cambiado radicalmente. Al juicio de la primera época de Gürtel llegó desde su casa, conduciendo un Mini Cooper ya icónico en la trama. Ante el juez de la caja B, llegará en un coche policial desde la cárcel de Valdemoro, donde ha empezado a cumplir la condena de 13 años de cárcel por los contratos de Fitur.

Esta circunstancia anima a las acusaciones a pensar que el líder de la trama corrupta tiene incentivos para tirar de la manta. "Si rompe a hablar en la caja B, puede iniciar un trato con la Fiscalía y con las acusaciones en otros casos", dijo a eldiario.es el abogado de Adade, Francisco Montiel."Lo que mas le conviene es colaborar de forma efectiva con la justicia", apuntaba el letrado de IU, Juan Moreno.

Correa ya ha mostrado su malestar por tener que volver a la cárcel mientras se resuelve su recurso al Tribunal Supremo. Además, tiene pendientes varias causas que podrían prolongar su estancia en prisión durante más de una década. Para alguien con 61 años supone un destino contra el que luchar.

Así, los tambores de colaboración que sonaban al inicio del juicio de Gürtel, y que se quedaron a medias, han vuelto a resonar en los últimos días. Los sindicatos penitenciarios han protestado contra el supuesto trato de favor que recibe Correa en la cárcel. Sus quejas se atienden al instante, dicen, ocupa la estancia más cómoda y se ha librado de acudir a las sesiones del juicio, a lo que estaba obligado antes de la condena por los negocios de Valencia.

Su abogado, Juan Carlos Navarro, ha insistido en que Correa quiere reconocer los hechos que se le imputan en las causas restantes y reducir así las posibles condenas. Tras conocer que ingresaría en prisión, se puso en contacto con la Fiscalía, aunque ha aclarado que todavía no hay nada en firme. Las acusaciones también temen que el cabecilla de Gürtel haga pasar por revelaciones información que ya se conoce y solo les haga perder el tiempo.

Las dudas se despejarán el 23 de marzo, cuando comparezca ante el juez de la caja B. Correa se sentará de nuevo en el banquillo con la posibilidad de tirar de la manta y resucitar un caso que el PP creía cerrado.

El papel del empresario de la construcción

Junto a Correa declararán como imputados dos personas más. El supuesto comisionista Plácido Vázquez y el empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Constructora Hispánica. Fue su testimonio como arrepentido en el juicio de Gürtel el que apuntó a una reapertura de la caja B que ahora se ha concretado.

El empresario consiguió rebajar la condena que le pedía la Fiscalía a dos años asumiendo los hechos de los que se le acusaba. Y añadió que el dinero que él entregó iba a "organismos centrales", lo que, según fuentes próximas a este empresario, es un eufemismo para referirse a la sede del PP. Las acusaciones señalan que también hablaba de los ministerios que le adjudicaban las obras.

El juez De la Mata plasma ese entrecomillado del empresario en el auto de reapertura del caso. Une las revelaciones de García Pozuelo a las de Correa para recalcar que "son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos".

Es más, para el instructor de esta causa hay "un relato consistente sobre la metodología" que siguieron Correa y Bárcenas en la "la mecánica de distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas". Así, el juez recuerda que el constructor podría ayudar a esclarecer si, como se investiga en la causa, las anotaciones de Bárcenas son "las contraprestaciones en metálico obtenidas por esta organización política (PP) de parte de diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras públicas".