Miriam Pérez Arroyo, pescadora y representante de la Sociedad Cooperativa Trabajadoras del Golfo de Santa Clara, y sus compañeras de jornada tenían planes para avanzar. Quieren dejar de trabajar de forma artesanal y tecnificarse un poco, quizá después exportar el producto.

“De eso hemos hablado mucho. Y ahora, ¿qué les voy a decir a mis compañeras? Que no habrá apoyos porque el gobierno recortó otra vez los recursos para el sector. Para mí es muy difícil decir eso. Para los funcionarios a la mejor no es nada, pero para nosotras no solo significa no avanzar, a la mejor, en unos meses, tendremos que cerrar”, dice Miriam.

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Los recursos para apoyar a los pescadores han disminuido. Lo que antes se llamaba el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y que ahora es el Programa para el Desarrollo Pesquero y Acuícola tuvo en 2018 un monto asignado de mil 932 millones 500 mil pesos.

Para 2019 tiene un presupuesto, modificado a junio, de mil 217 millones 093 mil 272 pesos, una disminución de 38.8% en términos reales, con respecto al año anterior.

En 2020 tendrá, si los diputados lo aprueban así, una mayor reducción, de 52.6%, en términos reales, al pasar de mil 217 millones 093 mil 272 pesos a 593 millones 987 mil 925 pesos.

Además, del presupuesto para 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la dependencia que tiene a cargo este programa, apenas gastó, a junio pasado, 117 millones 823 mil 783 pesos, lo que quiere decir que la mayor parte de los recursos no ha bajado a los beneficiarios

En las comunidades que se dedican a la pesca en pequeña escala o ribereña, es decir en cuerpos de agua interiores, como bahías, lagunas o en el mar, pero hasta el límite de 3 millas náuticas, y a bordo de precarias embarcaciones, los recortes de presupuesto a ese programa pegan como un tsunami.

Ahí está considerado el componente de impulso a la capitalización para modernizar embarcaciones, el subsidio a diesel marino y gasolina ribereña, el de BIENPESCA, que consiste en otorgar un apoyo económico directo a los pescadores, también está el componente de ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola, que evita, entre otras cosas, la pesca ilegal.

La falta de apoyos enfocados en impulsar la productividad del sector y del acceso al crédito –que parecen reservados para los grandes acuicultores y sus cultivos de pescados y mariscos en grandes tanques o piscinas–, junto a las precarias condiciones de trabajo dejan a los pescadores ribereños y sus familias con una sola opción, alimentar a los coyotes: los intermediarios que son quienes se llevan las ganancias.

A la orilla de las lagunas o las bahías llegan estos personajes para comprar lo que sacan los pescadores en sus pequeñas embarcaciones. Sin sistemas de refrigeración ni cadenas de transporte y reparto, no les queda más opción que vender su pescado recién sacado del agua, antes de que se eche a perder.

“Los pescadores ribereños estamos obligados a vender a como llegue el coyote a comprar. Un kilo de pescado a pie de playa, lo pagan a 6 pesos, después ellos por llevarlo a Guadalajara a Monterrey le ganan cuatro, cinco veces más”, dice Jesús Camacho, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas.

Si los pescadores contaran con apoyo para invertir en redes de frío y transporte, ellos podrían trasladar el producto, asegura, “tal vez no hasta los grandes centros pero sí podríamos saltar la barrera del coyote. Con el recorte a los apoyos, nos dejan a su merced”.

Algo similar sucede con Miriam y sus compañeras. Ellas iniciaron su negocio en 2015. Consiguieron del gobierno un apoyo para hacerse de un local y fue todo, pero pudieron arrancar. Lo que hacen es darle valor agregado al pescado para venderlo de manera local.

“Empezamos 12 y seguimos 10, somos amigas, vecinas. Queríamos hacer algo para ayudar a nuestras familias y vimos que las personas tienen cada vez menos tiempo para limpiar, filetear o preparar un pescado, así que nosotras lo hacemos, pero todo es a mano, de forma muy artesanal”.

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Así es difícil que puedan procesar mucho volumen, aunque tampoco es que tengan mercado para vender más, por eso querían tecnificarse y llegar a otros lugares, quizá hasta exportar. “Sería muy bueno para nosotras, para la familia. Los esposos se las ven duras con la pura pesca –dice Miriam–porque hay poco producto, no hay apoyos, hay que respetar las vedas, y los ingresos merman tanto que hasta el motor de la lancha hay que empeñar”.

Los pescadores también se quejan que durante las vedas impuestas por las autoridades no tienen otras opciones de ingreso. “Lo que dan es un apoyo de 7 mil pesos al año, a través de BIENPESCA, un subsidio por veda, pero nosotros no queremos eso, no queremos dádivas, queremos proyectos, trabajo, pero hay que investigar, hay que buscar y no hay apoyos, no hay capacitación”, afirma Ernesto Gatel, miembro del grupo intercomunitario ribereño del Proyecto Corredor Puerto Peñasco-Puerto Lobos.

Otro aspecto en el que han impactado los recortes es en las labores de inspección y vigilancia por parte de las autoridades para evitar la pesca ilegal. “Se estima que este año la temporada de camarón va a ser muy baja porque no hubo vigilancia, no porque el recurso no se haya reproducido, sino porque no se respetó la veda y va a ser poco la captura que tendremos”, explica Camacho.

Hace falta –dice– que Hacienda, el Congreso, la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) el gobierno en su conjunto, se tomen en serio a este sector. “Nos consideran una actividad residual y aportamos el 23% de la producción pesquera nacional, y podríamos hacer mucho más”.

Apoyar a los pescadores y sus familias, dicen, no solo es una cuestión de justicia social, es también importante para la seguridad alimentaria, para fortalecer el tejido social y dar opciones a los jóvenes frente a la delincuencia, es también por sostenibilidad.

El anuncio de los recortes llega, vía la presentación del proyecto del presupuesto a la Cámara de Diputados, cuando organizaciones de la sociedad civil como Inteligencia Pública, TNC México, CONMECOOP y Environmental Defense Fund (EDF), han hecho público el estudio Impacto Social de la Pesca Ribereña en México, en el que se documentan las precarias condiciones laborales y sociales de este sector.

El estudio encontró que 7 de cada 10 pescadores no tienen seguridad social y la mayoría solo cuentan con estudios de secundaria. De las comunidades pesqueras de Guasave, Sinaloa, en la localidad El Cerro Cabezón, el grado promedio de escolaridad es de 8.3 años, en La Pitahaya es de 6.21, apenas por encima de la primaria.

En cuando a vivienda adecuada, el derecho a agua limpia y al saneamiento es común que las comunidades pesqueras tengan deficiencias como falta de drenaje y agua potable, así como en el suministro de gas y electricidad.

En la zona Kino Tastiota, en la localidad de Sahuímero, en Sonora, 51.8% de las viviendas no tiene excusado, 87% no tiene energía eléctrica y el 100% carece de agua. De los pescadores de jaiba de la zona del Golfo de Tehuantepec solo 3% tiene computadora e internet, 25% tiene teléfono fijo y 46% tiene teléfono móvil.