La oposición parlamentaria ha rechazado hoy la prisión permanente revisable que introduce la reforma del Código Penal, al calificarla de una "cadena perpetua encubierta", y ha tachado de "insuficientes" las medidas en la lucha contra la corrupción, que no castigan las cajas "B" de los partidos.

Un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, la Comisión de Justicia del Congreso ha iniciado el debate del texto con fuertes críticas de la oposición hacia la prisión permanente revisable, que el PP ha refutado explicando que solo se aplicará en casos de extrema gravedad y que está avalada por los órganos consultivos del Estado.

En términos generales, los populares han defendido la reforma del Código Penal por considerarla "necesaria" para hacer frente a los nuevos fenómenos de criminalidad, si bien la oposición ha tachado el texto de "populista", por suponer un "retroceso" en el sistema penal español e incorporar medidas con claros "tintes ideológicos".

En un debate dividido en cinco bloques y con más de 900 enmiendas -337 de las cuales han sido aceptadas o transaccionadas- la prisión permanente revisable ha sido el principal objeto de las críticas de los portavoces, que han advertido de las "dudosa" constitucionalidad de una medida que han tildado de "cadena perpetúa encubierta".

Esta medida supone "la vergüenza" de recuperar la cadena perpetúa en el ordenamiento jurídico español, ha asegurado el portavoz socialista, Julio Villarrubia, que ha añadido que se trata de "un obstáculo insalvable para la reinserción".

"Nadie en el ámbito profesional ni político apoya este eufemismo que enmascara la cadena perpetua, una vuelta al siglo XIX", ha señalado Ricardo Sixto de la Izquierda Plural, mientras que Antoni Picó (CiU) ha advertido de que puede llegar a ser una cadena perpetua porque no tiene final, al ser "indefinida y revisable".

No obstante, el portavoz de los populares, Jose Miguel Castillo Calvín, ha defendido la medida ante la "necesidad de ofrecer una respuesta adecuada a determinados fenómenos delictivos gravísimos" y ha destacado su constitucionalidad al ser respaldada por los órganos consultivos, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "España es uno de los pocos países de la UE que no tiene aun este sistema", ha añadido.

La oposición también ha denunciado la "tibieza" del PP en las medidas de lucha contra la corrupción, que han considerado "insuficientes" para perseguir a los corruptos y que no castigan las cajas "B" de los partidos.

Rosa Díez (UPyD) ha tachado de "escandaloso" que no se persiga con más dureza la financiación ilegal de los partidos y que no se sancione el dinero no declarado en el extranjero. CiU ha acusado al Gobierno de "partidista para limpiar su imagen de pasividad en la lucha contra la corrupción".

Desde el PP, Castillo ha presumido de las medidas contra la corrupción que han sido adoptadas ante los casos existentes en la política española. Ha explicado que se elevan las penas, aumentan los períodos de inhabilitación y, ante todo, impide la libertad condicional a quienes eludan la devolución del dinero sustraído.

Donde se ha dejado la puerta abierta al consenso es en la edad de consentimiento sexual, que en la redacción actual pasa de los 13 a los 16 años, ya que el portavoz adjunto del PP, Vicente Ferrer, ha avanzado que el Ministerio de Justicia "está abierto a alcanzar acuerdos" para revisar la propuesta.

"Resulta desproporcionado", ha afirmado Rosa Díez al explicar que este aumento choca con la edad mínima para contraer matrimonio que recoge el Código Civil y que es de 14 años. "¿Hasta los 16 años tienen que ser amiguitos entonces"?, ha preguntado.

Una medida que para el PSOE resulta "desmesurada" pues "criminaliza una realidad social", al recordar que los jóvenes se inician en las relaciones sexuales entre los 14 y 16 años.

Entre otros asuntos, UPyD ha pedido recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum mientras que ERC ha solicitado despenalizar la eutanasia y aumentar la protección hacia los animales con la tipificación como delito del abandono y la agresión sexual, a lo que el PP ha accedido.

El debate de la reforma del Código Penal continuará mañana con dos de los cinco bloques establecidos, así como la votación del texto, que pasará así al Pleno extraordinario del Congreso del próximo día 21.