La policía española espera la orden de Interpol para detener a los tres supuestos torturadores reclamados por la justicia argentina en la causa abierta en Buenos Aires por los crímenes del franquismo. Una vez llegue, según explica un portavoz del Ministerio del Interior, la policía está obligada a arrestar a los tres imputados: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años; el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71, y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño, de 67. El cuarto imputado a quien también se pedía detener, Celso Galván, falleció en 2009.

El procedimiento ha de ser idéntico al caso reciente del pederasta español Daniel Galván, indultado por error. Marruecos pidió su detención a través de Interpol y una vez llegó la orden a España, fue arrestado.

Una vez detenidos, los tres excargos franquistas pasarían a disposición de la Audiencia Nacional, que debería decidir sobre su extradición a Argentina, como reclama la juez María Servini de Cubría desde Buenos Aires para interrogarlos. El Consejo de Ministros aprobaría o no la extradición.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha colaborado con la juez argentina. De hecho, intentó frenar la apertura de la causa en Buenos Aires alegando en 2011, en respuesta a un exhorto del equivalente a la Audiencia Nacional argentina, que esos crímenes ya estaban siendo investigados en España, cuando, en realidad, el juez Baltasar Garzón había sido suspendido precisamente por intentar hacerlo. Finalmente, en 2012, el Tribunal Supremo cerró definitivamente la vía a la investigación penal de dichos crímenes. Así se lo explicó el propio Garzón a Servini de Cubría cuando esta le tomó declaración el pasado 27 de mayo en Buenos Aires.

De momento, la juez argentina ya ha tenido un encontronazo con el Gobierno español, que el pasado mayo impidió que tomase declaración por videoconferencia a víctimas del franquismo. Con todo ya preparado, en el Consulado argentino en Madrid y en el despacho de la magistrada en Buenos Aires, Servini de Cubría canceló las videoconferencias. Según explicó, el embajador argentino en España la había telefoneado para transmitirle el malestar del Gobierno español. El director de asuntos consulares español había enviado al diplomático una nota verbal en la que indicaba que no cumplía el tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal, de 1987.

Ahora, la juez da un paso más, idéntico al que el juez Garzón dio en octubre de 1998 cuando firmó la orden de detención del general chileno Augusto Pinochet. La orden se ejecutó unas horas más tarde en Londres. Aunque finalmente el dictador no fue extraditado a España; regresó a Chile y murió en 2006, sin haber sido juzgado.