El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) ha solicitado entrevistas al Subdelegado del Gobierno y al presidente de la Autoridad Portuaria por las trabas policiales para informar sobre la llegada de inmigrantes en Málaga, en lo que constituye «un acto de censura previa inaceptable» y un atentado al derecho a la información.

Las continuas trabas que periodistas y comunicadores sufren desde hace meses en el Puerto de Málaga cuando tratan de informar sobre la llegada de inmigrantes constituyen un acto de censura previa que debe ser erradicado de inmediato, señala el SPA, al constatar cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya ponían desde hace meses todo tipo de trabas para grabar en el puerto, han dado un paso más, negando a periodistas y comunicadores el acceso a las instalaciones portuarias.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía recuerda a la autoridad pública y a la ciudadanía en general que esta negativa a que se pueda grabar la llegada de refugiados y personas inmigrantes en situación administrativa irregular vulnera el artículo 20 de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En la misma línea se pronuncia el Código Europeo de Deontología del Periodismo, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993, estableciendo que “los poderes públicos no son propietarios de la información”, un derecho que pertenece a los ciudadanos, y que la autoridad pública debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho la información “excluyendo la censura previa”.

En el mismo sentido se pronuncia la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, al establecer el “derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El SPA considera que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la llegada de refugiados y de personas inmigrantes en situación administrativa irregular debe estar guiada por la transparencia, y en este sentido, las trabas impuestas a periodistas y comunicadores no hacen sino sembrar dudas respecto al trato que se da a quienes llegan a nuestras costas.