Actualizado: 03/09/2016 12:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La dictablanda del general Primo de Rivera trajo entre otras novedades la promulgación del primer texto moderno de administración municipal y la creación de un cuerpo de funcionarios destinado a poner coto a la antigua tradición de caciques que venía haciendo peligrar, entonces y ahora, la modernización del Estado.

Se acabó la dictadura, se repuso la monarquía, llegó la república, antesala de la pasada guerra civil, luego el régimen del general Franco y finalmente la monarquía constitucional, y aquellos funcionarios han continuado siendo necesarios en la hasta ahora constante tarea de consolidación del Estado de Derecho y para frenar las redes clientelares, tan arraigadas en nuestra tradición.

Tal vez usted no lo sepa, pero en su ayuntamiento es posible que haya uno, teóricamente independiente (el límite de esa independencia lo acaba de poner de relieve la alcaldesa de Madrid, que ha decidido substituir por decreto a la Interventora municipal, poco afecta a su cuerda al parecer) y cuyas funciones se limitaron por los gobiernos socialistas a informar si las pretensiones de los munícipes eran o no conformes con la Ley vigente.

He dicho «es posible que haya uno» porque a pesar de ser su presencia legalmente obligatoria en la estructura municipal, los alcaldes (y alcaldesas, véase Manuela Carmena) ponen en marcha toda clase de manejos para saltar a tan incómodo personaje; desde aquella anécdota que se cuenta de Marbella, en la que el entonces alcalde, Gil y Gil, se dirigió al interventor municipal, en las fechas novato y recién casado, para decirle pausadamente: “cobrarás el sueldo en tu casa, pero si te vuelvo a ver por aquí haré todo lo posible para que no vuelvas”, o los constantes casos de mobbing, que llegan a los tribunales, como el del interventor que destapó la profunda trama de corrupción de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, y que desde entonces sufre una persecución cuyo último capítulo se sitúa en la apertura de un expediente sancionador por la Diputación de Alicante después de que denunciara parecidos manejos en Orihuela, o el de mi amigo M, a quien el alcalde le ofrece pagarle de su patrimonio lo que haga falta para conseguirle una jubilación imposible por su edad.

Son con frecuencia la primera defensa del Estado de Derecho, y a veces también la última, y si usted no ha sido concejal posiblemente nunca los haya conocido porque sus informes incomprensiblemente no se publican. Pero, como me insiste mi querido M, si de madrugada oye usted ruido en su puerta y está seguro de que es el lechero, es posible que se lo deba.

TERESA GIMÉNEZ BARBAT ES EURODIPUTADA DEL GRUPO ALDE