Durante la discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción que adelanta la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputados indicaron que desean adelantar el tema de una normativa legal para poder comenzar de inmediato a actuar cuando haya un cambio de la política en Venezuela.

Calcula que entre 350.000 millones y 450.000 millones de dólares es el monto de los activos que se encuentran en el exterior producto de hechos de corrupción en Venezuela cometidos en los últimos años

El exministro Héctor Navarro, invitado por el ente parlamentario para participar en este ciclo de consultas sobre la ley, indicó que es recomendable no hacer regresar aún estos recursos que salieron del país producto de la corrupción y mientras permanezca el Gobierno actual.

“Aprobar esta ley es muy importante, y más hoy en día, para tratar de recuperar activos que han sido producto de hechos de corrupción o comportamientos ilícitos relacionados con el Estado. Las estimaciones sobre capitales fugados hay quienes calculan se colocan entre 350.000 millones y 450.000 millones de dólares, estas es una cifra que se necesita para recuperar el país”, dijo Navarro quien también fue presidente de la Comisión de Contraloría mientras el partido de gobierno era mayoría en la AN.

A su juicio, es posible recuperar una gran cantidad de estos activos porque Venezuela es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero que “esto se puede hacer solo cuando cambien las condiciones en el país. Ojalá este gobierno decidiera decir vamos a adecentar la administración pública, vamos a enjuiciar a los corruptos, vamos a invertir este dinero en tales proyectos. La pérdida es muy grande y se requiere de una gran inversión. A quienes se robaron el dinero hay que quitárselo de una manera legal”.

Resaltó que lamentablemente el Gobierno no ha hecho las diligencias pertinentes o trámites para solicitar la expatriación de los recursos que ya se han cuantificado en algunos casos que se han llevado a juicio en varios países, como en España, Andorra, entre otros. “La peor diligencia es la que no se hace, hay que insistir”.

Navarro afirma haber hecho lo posible para aprobar la ley contra la corrupción que impulsó mientras fue diputado de la AN, sin embargo, resaltó que fue engavetada debido a ciertos intereses durante la gestión de Cilia Flores como presidenta del parlamento venezolano.

CUANDO CAMBIE EL GOBIERNO

El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, informó que la ley de recuperación de activos que se encuentran en el exterior producto de hechos de corrupción se encuentra en proceso de consulta y se espera sea discutida en la plenaria de la AN en aproximadamente dos semanas para su segunda discusión.

A su juicio, es difícil cuantificar el monto de esos activos pero que ya es posible conocer ese monto a través de distintos expertos y por los distintos juicios que se realizan en el exterior. “Por ahora por los juicios se puede verificar una cifra de 10.000 millones de dólares”.

Explicó que ya existen fuera de Venezuela varias iniciativas para recuperar estos fondos, entre ellos el del Grupo de Lima el cual prevé crear un gran fondo para la recuperación de estos bienes en el exterior para después regresar estos recursos al país. Igualmente, varios senadores republicanos de EEUU entre ellos Marco Rubio y Robert Menéndez tienen una iniciativa parlamentaria de crear una ley para detectar los fondos que existen en suelo norteamericano producto de la corrupción.

“Todos los organismos de inteligencia financiera en Latinoamérica se han activado también para buscar este tipo de fondos provenientes de Venezuela. Eso es un gran apoyo y reconocimiento hacia la Asamblea Nacional. Sabemos que en los casos de otros países ha sido difícil expatriar estos recursos pero nunca había sucedido un caso como el de Venezuela en donde está involucrada una gran cantidad de recursos en hechos de corrupción que ha lesionado el daño patrimonial de la Nación y por la crisis humanitaria que padece el país”.

Superlano recordó los casos en los cuales ya se han identificado los montos como el del lavado de dinero de Pdvsa por $10.000 millones, en los Clap unos $5.000 millones, por Odebrecht de $35.000 millones, el caso del sector eléctrico por unos $1.500 millones, entre otros.

“¿Cuándo se puede aplicar? cuando exista un Estado de derecho, cuando haya un cambio de modelo, una transición o un cambio de Gobierno”, dijo.

Con información de Tal Cual