El gobierno de Veracruz, con Javier Duarte a la cabeza, le entregó a una red de empresas 645 millones de pesos para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza. Sin embargo, es imposible saber si estos productos llegaron a su destino.

Los recursos, en realidad, fueron entregados por funcionarios del gobierno a empresas cuyos supuestos dueños son vecinos de colonias populares, quienes afirman que les hicieron firmar documentos a cambio de promesas de apoyo.

Estos funcionarios, que se aprovecharon de licitaciones a modo y adjudicaciones directas, son colaboradores cercanos de Javier Duarte desde hace años y han estado relacionados con otros casos de presunta corrupción.

Esta es la última de tres partes de la investigación de Animal Político que demuestra cómo estos funcionarios firmaron documentos y aprobaron la entrega de estos 645 millones de pesos. La primera puede consultarse aquí y la segunda en este link.

Firmas a ciegas

Concepción Escobar dice que cuando “los licenciados” le llevaron los papeles a firmar ella apenas podía ver sus propias manos: tenía entonces 65 años y cataratas en los ojos, y su mundo eran puras imágenes borrosas. Los licenciados –de quien ella no recuerda los nombres– de todas formas la hicieron firmar los documentos que le pusieron enfrente. Colocaron en el papel una tarjeta de colores para marcar el sitio exacto donde debía poner su firma.

La señora no sabe dónde ocurrió esto, no pudo verlo, pero su hijo Raúl Chirinos dice que la llevaron con un notario.

–¿Qué fue lo que firmó, Concepción?

–Me dijeron que me iban a dar algo… que me iban a dar un apoyo, que necesitaban que yo firmara. Mire señor, ¿cómo iba yo a leer? No veía nada.

A partir del 2012 Concepción y Raúl se convirtieron, sin saberlo, en empresarios: son socios de dos comercializadoras, Abastecedora Romcru y Publicidad Akkira, con las que ganaron más de 180 millones de pesos en diez contratos que les entregó el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Ellos nunca vieron ese dinero. Incluso, Concepción dice que no le entregaron ni siquiera “el apoyo” que le prometieron para que firmara los papeles que no pudo leer. Su esposo, un trabajador pensionado, tardó tres años para poder juntar el dinero y pagar una cirugía que habría de quitarle las cataratas.

–¡Que voy a ser yo empresaria! Si yo soy pobre… ¿Usted cree que si tuviera yo eso, estaría aquí viviendo?

Escucha aquí su testimonio:

Concepción vive en la colonia Infonavit Buenavista, una zona popular al poniente del puerto de Veracruz. Aquí las casas de interés social, de no más de 40 metros cuadrados, tienen paredes derruidas y agrietadas. Lo mismo que las calles, que son una colección de hoyos y baches. Raúl, quien también asegura que no es dueño de empresa alguna, vivió aquí hasta hace un año.

–Hasta pensé que me agarraron de mensa, porque no me llegó nada (…) inocentemente nos agarraron y no nos dieron ni un quinto –dice Concepción.

Raúl también dio su testimonio:

Concepción y su hijo Raúl no son las únicas personas que supuestamente son dueñas de empresas que ha recibido millones de pesos del gobierno que encabeza Javier Duarte.

Las empresas

Las dos empresas de las que son socios Raúl y Concepción forman parte de una red 21 compañías a las que funcionarios del gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron entre 2012 y 2013 contratos por más de 645 millones de pesos.

Distintos elementos ligan a estas compañías, que van desde la ubicación –la mitad están en un radio de 250 metros– hasta que 12 de ellas están registradas con los mismos dos correos electrónicos.

En 13 empresas existen nexos entre los socios, ya sea porque el nombre de al menos uno de los accionistas se repite en otra compañía, o porque son integrantes de una misma familia. Estas personas en realidad son habitantes de zonas marginadas que, bajo promesas de apoyos –como dinero en efectivo o materiales para sus casas– aceptaron firmar documentos y entregar su credencial de elector.

Por ejemplo, Olaya Vásquez García es accionista de Marvercarr y madre de uno de los accionistas de Bienart, Juan Luis Domínguez Vásquez. El otro socio de Bienart es Victorino Benítez Márquez, quien también aparece como accionista de la empresa Publicidad Akkira. En esta última también es accionista Concepción Escobar de Paz, madre de Raúl Antonio Chirino Escobar, quien a su vez es dueño de Abastecedora Romcru.

Marvercarr, Bienart, Publicidad Akkira y Abastecedora Romcru obtuvieron 231 millones 503 mil pesos en contratos del gobierno de Veracruz.

Martha Hernández Rodríguez es accionista en Mogarver y su hijo, Román Ulises Alvarado Hernández, es dueño de Importadora Denylk. Adriana Montes Hernández, quien se identifica como media hermana de Martha y tía de Román, es socia de Merca Carrey. Esas tres compañías obtuvieron contratos por 40 millones 941 mil pesos.

Tanto Martha como Adriana Montes reconocen que han sido promotoras de voto para el Partido Revolucionario Institucional, y que entregaron sus credenciales de elector y firmaron documentos para personas que trabajan para ese partido.

Virginia Quiroz Cárdenas y Yadira Becerra Arrieta, accionistas de Carrirey, aparecen en el padrón de militantes del partido que llevó a Javier Duarte al gobierno. Rosalía Gonzalez Rivera, de Grupo Balcano, y Virginia Cano Aguilera, de AD911, están en la misma situación.

Lucía Rodríguez Hernández es accionista en Comersil y Saervizios Oktagonales, empresas que obtuvieron 38 millones 773 mil pesos en contratos con el gobierno. Ella vive en la calle Lucio Cabañas de la colonia Lombardo Toledano, una zona donde las casas ni siquiera tienen número pues se creó hace años producto de un asentamiento irregular.

Yadira Becerra, dueña de Carrirey, en realidad vende cosméticos.

Los sectores empresariales, políticos y sociales del estado afirman que no conocen ni a estas empresas ni a los empresarios. En buscadores de Internet no existe tampoco registro de la actividad empresarial de uno solo. Los últimos dos expresidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Veracruz, Erick Suarez Márquez y Belgio Amaya, afirmaron en entrevistas por separado que desconocen tanto a los supuestos accionistas como a las empresas.

Estas son las casas y calles donde viven los accionistas de estas empresas:

Las amapolas

En Las Amapolas las calles no tienen pavimento. Los habitantes de esta colonia al norte del municipio de Boca del Río, Veracruz, viven respirando la tierra que inevitablemente levanta el viento. Si llueve deben pelear contra el agua que se cuela dentro de las casas, muchas de ellas con pisos de tierra y techos de lámina.

Martha Hernández Rodríguez, su hijo Román y su media hermana Adriana han vivido toda su vida en esta colonia. Sus ingresos dependen de lo que el esposo de Martha obtiene vendiendo carnitas en un puesto callejero los fines de semana, y del sueldo que Román gana trabajando todos los días como chofer de taxi.

Cuando se les muestran los documentos en donde aparecen como socios de una empresa que ganó millones de pesos en un solo año por contratos con el gobierno de Veracruz, Adriana abre los ojos y ríe nerviosa.

–¿Y a nosotros nos llegará algo de ese dinerito? –pregunta la señora de 60 años.

En el papel, Martha Hernández es accionista de la empresa Mogarver, Adriana Montes es socia de Merca Carrey y Román Alvarado es dueño de Importadora Denylk. Estas empresas firmaron seis contratos por 41 millones de pesos.

Pero de esos millones y de las empresas, ellos dicen no saber nada. Lo que reconocen es que han entregado e incluso han firmado documentos a coordinadores del PRI, pues Martha y Adriana han trabajado como promotoras de voto de ese partido político.

“Hay una coordinadora de campaña del PRI y esa invita a la gente a que sea promotora del voto y te dice que necesita 10 credenciales. ¿Y de dónde los agarramos? Pues de los más próximos, que son nuestros familiares”, relata Martha.

Una de las ocasiones en que fueron promotoras del voto, recuerda Martha, fue en 2012 durante la campaña del priísta Oliver Aguilar Yunes a una diputación local por Boca del Río. Justo a finales de ese año y los primeros meses de 2013 se constituyeron las tres empresas en donde aparecen como accionistas.

Adriana dice que aceptaron entregar sus documentos a cambio de un supuesto apoyo de dos mil pesos que los representantes del PRI les entregarían junto con materiales para reforzar sus viviendas. Estos materiales son justamente los que venden las empresas en donde aparecen como dueños.

“Yo le dije el otro día a mi hermana que si no nos dan nada nos regresen nuestras copias, porque no dan nada pero agarran las credenciales para otra cosa. Lo malo de ser promotora es que no te cumplen, y quedas mal con la otra persona”, finaliza Adriana.

Músicos y empresarios

Mateo aparece como socio de otra de las empresas, pero pide que no se mencione de cuál ni su nombre real, por temor a represalias. Dice que no quiere problemas “con esa gente; tengo familia y aquí pasan muchas cosas”.

En la compañía en la que aparece como dueño hay otro socio, a quien Mateo identifica como amigo suyo. Ambos son músicos y viven de lo que cobran por tocar los fines de semana. Firmaron los documentos a cambio de apoyos: les dijeron que les pagarían el recibo de electricidad, lo cual nunca pasó.

Dice que hay más personas que han aceptado dar papeles y firmas a cambio de distintos apoyos. A una amiga suya, agrega, unos “licenciados” la llevaron hasta Xalapa y la hicieron firmar papeles del Seguro Social: “Es para que te den ayudas y supuestamente firmas para que sea legal, por eso te llevan con un notario. Ellos tienen su cuadro bien hecho… pero nosotros no somos empresarios, si nos estamos muriendo de hambre”.

Mateo dice desconocer con quién estaban conectadas estas personas, solo les decían que eran apoyos que venían de empresas privadas.

Sin rastro

Victorino Benítez Márquez es socio de dos de estas empresas: Bienart y Publicidad Akkira. Ambas fueron creadas en 2013. Bienart obtuvo contratos por más de 20 millones de pesos del Gobierno veracruzano. En la dirección de Victorino que señalan los documentos, nadie sabe de él desde hace más de una década.

“Uy, él tiene como diez años que no vive aquí, más o menos. Era un inquilino y rentaba un cuarto, pero luego se fue y ya no supimos nada. Sabíamos que era un empleado de algo, creo, no un empresario”, dice Marisela, una vecina del condominio ubicado en la colonia Rigo, Boca del Río.

Su caso no es el único. Hay otros socios de empresas que no viven en los domicilios en los que aparecen registrados o cuyos supuestos domicilios no existen.

Moisés Jiménez García, por ejemplo, es socio de las compañías Rinoxa y Anzara. Esta última obtuvo contratos por más de 30 millones de pesos. Él no vive desde hace 14 años en el domicilio que aparece registrado en las actas de las empresas, aunque aún llega ahí parte de su correspondencia.

“Rentaba aquí un cuarto, vivió unos dos años, pero ya no ha regresado ni para recoger lo que aún le llega”, afirma Antonio, un vecino que vive en el condominio desde hace cuatro décadas.

Olaya Vásquez García y Juan Luis Domínguez Vásquez se supone que viven en la misma casa ubicada en la calle Cervantes y Padilla de la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz. En esa zona popular, llena de inmuebles con pintura casi invisible y con rejas a medio derruir, están las direcciones de 10 empresas de esta red.

Olaya y Juan Luis son accionistas de las empresas Marvercarr y Bienart –la misma en la que aparece Victorino Benítez Márquez–, que fueron creadas en 2012 y 2013, respectivamente. Los contratos que obtuvieron del gobierno de Veracruz superan los 40 millones de pesos.

Ellos tampoco viven donde señalan los documentos. Un matrimonio vecino, que vive en un departamento del condominio, afirma que Olaya y Juan Luis son madre e hijo y que alquilaban uno de los departamentos. Agrega que se fueron del sitio hace cuatro años y no cree que regresen pues, dice, deben dinero. El vecino muestra un documento bancario que señala que están buscando a Luis para que cubra un adeudo de tres mil pesos.

Fabiola Jacqueline Mundo González es accionista de la empresa Grupo Balcano, que obtuvo del gobierno de Veracruz 60 millones de pesos en 13 contratos. La dirección que tiene registrada la empresa, en la colonia Remes del puerto de Veracruz, es una casa en donde vive Zoyla García, quien dice que Fabiola rentaba un cuarto pero que se fue de ahí tres años atrás.

“Ella ya tiene mucho tiempo que no vive aquí. Incluso han venido a preguntar por ella de una tienda, creo que les debe dinero. Esta es mi casa y yo le rentaba un cuarto. Solo veía que se iba a trabajar y regresaba, pero (que sea) empresaria, la verdad no”, agrega.

Hay casos donde el rastro de los accionistas es aún más escaso. Por ejemplo Virginia Cano, propietaria de la empresa AD 911, involucrada en diez licitaciones y con contratos que superan los 35 millones de pesos, tiene registrada como dirección el número 1467 de la Avenida 2 de abril, en el Fraccionamiento Reforma del Puerto de Veracruz. Sin embargo, no hay ninguna vivienda con ese número.

Lucía Rodríguez y los hermanos Cesar y Jorge Álvarez Alegría son algunos de los empresarios cuya dirección está en la colonia Lombardo Toledano, una zona pobre del oriente del puerto de Veracruz, cuyas calles están sin pavimentar. Muchas de las casas están hechas de lámina o de tabla roca y ni siquiera tienen número.

Al preguntar a vecinos sobre Lucía y los hermanos Alegría, nadie dio razón de ellos. Lucía es, en el papel, dueña de dos empresas: Saervizios Oktagonales y Comersil, esta última con adjudicaciones directas por más de 40 millones de pesos.

–¿Aquí vive Lucía Rodríguez? Es dueña de una comercializadora que vende muchos productos. Ha ganado varios millones –se le pregunta a un joven que maniobra con su bicicleta por el camino de tierra.

–¿Millones? Si aquí la gente no tiene ni tres pesos para caerse muerta.

*Animal Político pone a disposición de sus lectores las actas constitutivas de estas empresas:

Descargas

·Actas constitutivas (11.3 MB)