Si nada lo impide, el Parlamento portugués aprobara en su última sesión de la legislatura el fin de la discriminación de género para poder volver a casarse.

Desde 1966 el Código Civil hacía una distinción para que el hombre y la mujer que habían disuelto su matrimonio pudieran volver a casarse. El hombre tenía que esperar 180 días y la mujer, 300. La diferencia se justificaba por la presunción de paternidad –concepto jurídico que atribuye automáticamente al marido la paternidad del bebé–. De hecho, la mujer podía casarse en el mismo plazo que el hombre si presentaba un informe médico atestiguando que no estaba embarazada.

En un parecer enviado al Parlamento por la anterior fiscal general del Estado –en el largo trámite parlamentario ha habido relevo en el cargo–, Joana Marques Vidal señala que “actualmente existen mecanismos médicos legales que permiten la asignación rigurosa de la paternidad”. Para la jurista, “el plazo internupcial es discriminatorio y como tal injustificado e inadmisible”.

Desde hace dos años, el Partido Socialista más el Bloco de Esquerda intentaban modificar la ley, pero a la iniciativa no se sumaba el Partido Comunista (PC), fundamental para que la reforma siguiera adelante. También se oponían los grupos de centroderecha, Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Popular (CDS). Finalmente, se ha llegado a un consenso con PC y el PSD y en el último pleno de la legislatura, el día 19, se pondrá fin a la discriminación de la mujer en este capítulo.

Para llegar al consenso de todos los partidos, excepto CDS, se han eliminado los plazos. Cualquiera de los dos miembros del matrimonio podrá volver a casarse un minuto después de haber firmado los papeles del divorcio. Es la solución inicial que había ofrecido el único diputado del PAN (Personas Animales Naturaleza), pues el Bloco proponía igualar el plazo en 180 días mientras que el PS lo igualaba en los 30.

Pese a la opinión de la exfiscal Marques Vidal, se mantiene en el texto la presunción de paternidad por exigencia del PC y así ampliar el consenso de la reforma del Código Civil, que puede entrar ya en vigor en septiembre.