Varios directores del Estado en YPF renunciaron a su puesto en la empresa con la intención de allanarle el camino al nuevo gobierno, que deberá cubrir los cargos a partir del 10 de diciembre. Así lo informó hoy la petrolera a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La diáspora fue encabezada por el ministro de Economía, Axel Kicillof , el miembro más importante del mayor órgano decisor de la petrolera estatal, quien había asumido en el directorio de la empresa en representación del Estado el 4 de junio de 2012, luego que el Congreso aprobara la expropiación de la mayoría accionaria en manos de la española Repsol.

Según pudo saber LA NACION, también presentaron su dimisión todos sus hombres de confianza: Rodrigo Cuesta, director de Asuntos Legales; Nicolás Arceo, número dos de Kicillof en temas energéticos; Patricia Charvay; Juan Donnini, un joven de poco más de 30 años que será ministro de Economía de Santa Cruz en la gobernación de Alicia Kirchner, y el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis.

En las comunicaciones, se indicó que el Directorio de la Sociedad consideró y resolvió hoy aceptar las renuncias presentadas por Kicillof y Emmanuel Álvarez Agis (viceministro) como director titular y director suplente por las acciones clase A (del Estado), respectivamente, "por razones de estricta índole personal".

Por otra parte, también se informó a la CNV y a la Bolsa que el Directorio de la Sociedad designó a Lorena Sánchez como segunda suplente del Responsable de Relaciones con el Mercado.

Los cargos que quedaron vacantes deberán ser ocupados por quienes designe el próximo gobierno de Mauricio Macri, como representantes del Estado en la compañía. En tanto, aún no se definió el futuro en los próximos meses de Miguel Galuccio como conductor de la empresa. Si bien el presidente electo Mauricio Macri desarrolló una relación personal con el ejecutivo, su futuro ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, espera revisar el plan de negocios de la empresa y hacer una auditoría sobre la marcha de los negocios desde la estatización para definir su continuidad.