CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El tsunami morenista en la jornada electoral del pasado 1 de julio desató una serie de madruguetes en varios de los 20 congresos locales en los que Morena tendrá mayoría los siguientes tres años.

En todos los casos, la motivación de estas argucias legislativas es la defensa, preservación o ampliación de intereses particulares, ya sea de los que serán partidos minoritarios en el cambio de la Legislatura y/o del gobernador en turno. En ningún caso hay interés por mejorar la institucionalidad vigente para el ejercicio gubernamental o el control ciudadano del poder.

Se trata, en suma, de un intento desesperado de los diputados por preservar privilegios, protegerse de la acción de la justicia u operar con menores angustias financieras en el próximo trienio.

Un rápido recuento de algunas de estas operaciones exitosas y fallidas dan cuenta de ello. En una recapitulación publicada el miércoles 1 de agosto, el periódico Reforma habla del nombramiento apresurado de Marcos Torres Zamudio como fiscal anticorrupción de Veracruz por los próximos cinco años.

Torres Zamudio, quien contó con el apoyo de legisladores panistas y perredistas, es un personaje cómodo para cuidarle las espaldas al gobernador saliente Miguel Ángel Yunes. El mandatario electo, Cuitláhuac García, anunció de inmediato que impugnará ese nombramiento ante los tribunales. El resultado es incierto.

Otro caso es el del Estado de México. Ahí, la mayoría priista apresuró la aprobación de una reestructuración de la deuda estatal hasta por 43 mil millones de pesos, así como modificaciones al sistema de pensiones. Por lo que concierne a la deuda, el gobierno de Alfredo del Mazo intentará firmar los acuerdos de reestructura antes de la instalación de la nueva Legislatura, pues consumado el hecho será imposible dar marcha atrás, mientras que en las reformas al sistema de pensiones la reversión sí es posible.

En Morelos, el Congreso estatal aprobó lo que se llamó –de acuerdo con Reforma– “el paquete de jubilaciones doradas”, que seguramente el gobierno saliente de Graco Ramírez Garrido Abreu aplicará antes de que tome posesión el nuevo Congreso, para lograr que esos privilegios se conviertan en derechos adquiridos y sea imposible revertirlos. La posterior reforma a la ley impedirá mayores daños al erario estatal, pero no echará abajo los actos consumados.

En Sinaloa aprobaron anticipadamente el presupuesto del mismo Congreso para el ejercicio 2019, seguramente para tratar de librar los eventuales recortes por austeridad. Sin embargo, la próxima Legislatura estatal tendrá la facultad de modificarlo por mayoría simple y ponerlo en vigor en el momento de su publicación en el Periódico Oficial.

En Puebla el Congreso aprobó una reforma a la Constitución para que en el futuro el gobernador –en este caso Martha Érika Alonso Hidalgo– pueda rendir su protesta ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en caso de que no existan condiciones para hacerlo en el Congreso del estado, claramente para evitar un “trago amargo” en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique el triunfo de Alonso, candidata de la coalición Por Puebla al Frente. Dado que es reforma constitucional, Morena tendría que lograr el apoyo de legisladores ajenos a su bancada para revertirla.

En Hidalgo, los legisladores priistas designaron en días pasados al nuevo procurador de Justicia, cuyo mandato concluirá hasta 2023; al nuevo fiscal electoral, y a tres magistrados en materia administrativa. También reformaron la Constitución para reducir el número de magistrados del Tribunal Estatal Electoral de cinco a tres. Todas las designaciones quedan firmes y el nuevo Congreso nada podrá hacer al respecto; la reforma constitucional fue nada más para cumplir con la homologación a nivel nacional y era instrumental para el nombramiento de los tres magistrados.

En el mismo estado, el 31 de julio, en un recinto alterno y ante la imposibilidad de sesionar en su sede por estar tomada, el mismo Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Legislativo para que los grupos parlamentarios presidan rotativamente la mesa directiva y para avalar una reestructuración de la deuda; los nuevos legisladores podrán revertir las reformas legales y lo de la deuda depende del momento de la firma de los nuevos contratos.

En el caso de Sonora, la presión social y de la oposición impidió que el pasado 18 de julio el Congreso local aprobara una reforma a la Constitución para darle poder de veto al Ejecutivo estatal para enfrentar a la mayoría morenista en la próxima Legislatura, así como lograr la municipalización del transporte.

Estos seis casos son muy ilustrativos de las motivaciones de los legisladores: dos de ellos tienen que ver con la designación de “funcionarios carnales” de los actuales gobernadores (Veracruz e Hidalgo); en otro, con el régimen de jubilación privilegiado para un grupo selecto (Morelos); en dos más, para alargar el pago de la deuda pública más allá de sus periodos gubernamentales (Edomex e Hidalgo); en otros dos, para blindar a los Ejecutivos (Puebla y Sonora, que finalmente fracasó); y, finalmente, la del Estado de México, para cambiar el régimen de pensiones de la burocracia a fin de adaptarlo al esquema de cuentas individualizadas, que sería la única que no estaría directamente vinculada a un beneficio directo del gobernante en turno, aunque sin duda sí lo habrá por el impacto en las finanzas públicas en los más de cinco años que le quedan de ejercicio gubernamental.

Como puede verse, muchas de estas acciones legislativas tendrán una vida muy efímera, y a pesar de ello lograrán su propósito; otras serán más duraderas porque se refieren a reformas constitucionales, y otras más serán revertidas rápidamente y no lograrán su objetivo. Pero en todos los casos es evidente que el proceso legislativo se violenta y deja al descubierto otra debilidad del sistema político mexicano. Y, lo peor, patentizan la gran distancia existente entre la clase política y la ciudadanía, pues antes de digerir y aprender de la vapuleada electoral, los políticos se dedican a operar a favor de sus intereses particulares e inmediatos.

Este análisis se publicó el 5 de agosto de 2018 en la edición 2179 de la revista Proceso.