Gerardo Díaz Ferrán, antiguo presidente de la patronal española CEOE, aceptó este miércoles una condena de cinco años y medio de cárcel por vaciar el patrimonio de su empresa, viajes Marsans, y eludir así el pago de 500 millones de euros a sus acreedores antes de declararla en quiebra. Díaz Ferrán, el liquidador de la sociedad, Ángel de Cabo, y los otros nueve acusados han admitido su culpa antes de celebrarse el juicio tras alcanzar un acuerdo de rebaja de pena con la fiscalía.

El antiguo máximo representante de los empresarios españoles, en prisión desde diciembre de 2012, reconoció ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional su culpa y admitió íntegramente el relato de hechos del fiscal Daniel Campos. El ministerio público acusaba a Díaz Ferrán de transmitir al testaferro De Cabo todo su patrimonio personal y societario, justo antes de que empresas acreedoras de Marsans —como Pullmantur, Sol Meliá, AC Hoteles, Hoteles Turísticos Unidos o Iberojet— obtuvieran la declaración de concurso forzoso de la mayorista de viajes.

Una vez recibido todo el patrimonio, De Cabo abonaba a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, ocho millones de euros a razón de 100.000 euros mensuales. Con esta maniobra, y otras similares, ambos empresarios ponían sus bienes a salvo de la ejecución —habían avalado las deudas de su empresa con su patrimonio personal— y podían “seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia”, sostiene el fiscal.

Un Código Penal favorable La reforma del Código Penal que aprobó en solitario el Partido Popular y que entró en vigor el pasado martes 1 de julio ha sido determinante para que prospere el acuerdo de conformidad de Díaz Ferrán con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El nuevo Código facilitará que el antiguo presidente de la CEOE pueda salir de prisión en cuestión de meses tras aceptar su condena a cinco años y medio de cárcel, de los que ha pasado ya dos años y ocho meses en prisión provisional. La nueva norma recoge por primera vez la posibilidad de que los presos mayores de 70 años consigan la suspensión de sus condenas cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos el pago de las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas, han informado fuentes jurídicas. Díaz Ferrán tiene 72 años. En junio de 2014, un juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a Díaz Ferrán y a los herederos de su socio Gonzalo Pascual a cubrir en su integridad el agujero patrimonial de Viajes Marsans, que ascendía a 552 millones de euros. Otro magistrado de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, le condenó en 2013 a dos años y dos meses de cárcel por defraudar 99,04 millones de euros del impuesto de sociedades de 2001 derivado de la compra de Aerolíneas Argentinas.

El ministerio público reclamaba inicialmente para Díaz Ferrán una pena de 15 años de cárcel y multas de 5,12 millones de euros por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. El fiscal mantiene los mismos delitos, pero ha accedido a rebajar su petición de condena a cambio de que los acusados se declaren culpables, y después de que estos hayan hecho aflorar alrededor de 20 millones de euros que hasta ahora permanecían ocultos y que se sumarán al pago a los acreedores.

En Suiza y Luxemburgo

En concreto, el fiscal refiere en su escrito definitivo que De Cabo y su esposa, la también acusada Consuelo Garrido, han devuelto los saldos de una cuenta en Suiza por valor de 4,9 millones de euros. El liquidador ha señalado también propiedades que hasta el momento la investigación judicial no había logrado detectar, mientras que su número dos, Iván Losada, ha colaborado para que emergieran dos millones de euros depositados en cuentas en Luxemburgo.

El fiscal Campos tiene también en cuenta que Díaz Ferrán está litigando contra Argentina ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Controversias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) para recuperar 1.600 millones de dólares (1.442 millones de euros) por la expropiación de Aerolíneas en 2008. En caso de que prospere la reclamación ante este centro de arbitraje con sede en Washington la deuda con los acreedores podría quedar saldada con creces, según fuentes jurídicas.

Tanto Díaz Ferrán como de Cabo han aceptado penas similares: cinco años y medio de prisión y 1,2 millones de euros de multa, que serán destinados también a pagar a los acreedores. Aunque esta era la causa más grave, el antiguo líder patronal será juzgado por apropiarse de 4,4 millones de euros de los clientes de Marsans.