Pese a la pereza del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Franco Piccardi y la Afip pidieron la declaración indagatoria de Angelo Calcaterra, el primo del presidente, sobre el cual se sospecha que sería su testaferro. Esa licitación que concedió Ricardo Jaime a una UTE integrada por IECSA de Calcaterra, que supuestamente Franco Macri le vendió a su sobrino, formó un consorcio con la brasileña Odebrecht y la italiana Ghella, muy cercana a la familia Macri, siempre estuvo sospechada del pago de sobornos a Ricardo Jaime, ex secretario de transporte y fue adjudicada por 1400 millones de dólares; luego se aumentó a 2200 millones de dólares y finalmente, con el presidente Macri en el gobierno, se firmó un decreto autorizando un gasto de 3000 millones de dólares, con la particularidad de que se la hicieron firmar a Gabriela Michetti, la actual vicepresidente, quien próximamente no tendrá fueros y estaría incluida en la causa judicial que tramita ante Martínez de Giorgi por sobrefacturación de la obra pública.

Odebrecht habría pagado sobornos a la empresa del primo presidencial por 5 millones de dólares a través del banco privado del principado de Andorra, como comprobó la Afip y el fiscal Piccardi. Esta obra comenzó a todo trapo pero en el 2018 se paró por falta de fondos y ahora Rodríguez Larreta decidió no seguir con el proyecto original y cambiarlo por una serie de pasos a nivel cuyo costo sería de 300 millones de dólares, la décima parte del monto que firmo Michetti, lo que demuestra claramente que en el gobierno de Macri se sobrefacturaron obras públicas y en el soterramiento del Sarmiento se firmó un escandaloso contrato que se podría llamar la “Yacyretá macrista”.

Guillermo Cherashny