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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio.- Sobre el presunto peculado que habrían llevado a cabo funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, el gobernador Gabino Cué considera que en algún momento su antecesor deberá comparecer ante la justicia y que ello no busca "revancha política alguna".

Ayer, y luego de que concluyeran 16 auditorías a dependencias y entidades locales, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental explicó que no fueron hallados 3 mil 687 millones de pesos en el erario público estatal.

Mientras las auditorias avanzan, ayer comenzó el llamado a los implicados en las indagatorias. “A todos se les ha notificado que hay un proceso en su contra y tienen un plazo marcado en la ley para cubrir con las insolvencias financieras y si no lo hacen actuaremos en consecuencia”, explicó.

“Sólo estamos actuando con apego a la ley, porque no seremos omisos ante la presunta corrupción detectada (...) cuando se realizó el proceso de entrega recepción de la administración pública no se solventaron las partidas ni se justificó el recurso que se ejerció”, comentó.

Y añadió que las irregularidades "no se van a pasar por alto".

Los ex funcionarios de URO

Tras las acusaciones por el desvío de recursos de tres mil 687 millones de pesos, los ex servidores públicos del gobierno de Ulises Ruíz se ampararon contra el proceso legal.

De acuerdo con el procurador General de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López adelantó que los funcionarios que forman parte de lo que llamó “una lista negra” en el servicio público, tramitaron amparos.

Los acusados son el ex titular del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), Cipriano Flores Cruz y el ex jefe de la Unidad Administrativa de la Coordinación de Comunicación Social, Jorge Efrén Rojas Hernández.

Y es que según los informes entregados por la Secretaría de la Contraloría, durante la revisión del ejercicio 2010, se detectaron diversos desvíos del erario cometidos durante la administración del ex gobernador priista.

Al respecto, López López señaló que pese al alto monto del desfalco, el delito de peculado no está tipificado como “grave”, debido a las modificaciones realizadas a la ley por los ex diputados priístas de la LX Legislatura.

“Aún cuando se advierta la comisión de un delito y se dé vista al ministerio público, se realice la averiguación previa y se liberen órdenes de aprehensión, los responsables podrían obtener su libertad bajo fianza o ampararse”, explicó tras añadir que los ex funcionarios podrían enfrentar el proceso en libertad.

ngc/eva

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