La movilización por los despidos, frente al Centro Cultural Kirchner Enrique Marcarian - Reuters

En su rastrillaje por toda la administración pública, el Gobierno mantiene firme su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. Se conocieron ayer 618 nuevos despidos en dos áreas: el Ministerio de Cultura (494) y la Casa Rosada (124). Según las estadísticas que maneja el gremio estatal ATE, a las que accedió LA NACION, ya fueron dados de baja 7795 empleados en todo el país.

La cifra, que varía día tras día, incluye a trabajadores nacionales, provinciales y municipales. En la mayoría de los casos, se trata de convenios que no serán renovados o de contratos de locación de obras con universidades y organismos internacionales.

El relevamiento de ATE, el gremio de mayor representación en la administración pública, distingue, además, a 4778 personas que fueron despedidas, pero que, al poco tiempo, fueron reincorporadas tras comprobarse su verdadera condición laboral.

También se destacan 2600 casos que están en observación y a la espera de una definición. Entre ellos, 600 son empleados públicos de Santa Cruz.

A modo de réplica, los trabajadores desvinculados, con el apoyo de agrupaciones kirchneristas, se movilizaron ayer a la Plaza de Mayo para exigir un freno a los despidos.

A fin de año, Mauricio Macri ordenó revisar miles de contratos y concursos para incorporar personal al Estado. Lo hizo a través del decreto 254/2015, publicado el 29 de diciembre pasado en el Boletín Oficial. A cargo del rastrillaje está el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

El funcionario reconoció que el Gobierno pondrá la lupa en los nombramientos de empleados públicos que hizo el kirchnerismo en los últimos años. Evaluará 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos. En marzo, por lo pronto, deberá definir la situación de miles de trabajadores que tenían contrato hasta el 31 de diciembre pasado, pero a quienes se les extendió por tres meses más su vínculo.

En la cúpula de ATE temen que en marzo se profundice la situación. El líder nacional de los estatales, Hugo Godoy, convocó para el miércoles próximo a los secretarios generales de todo el país a fin de acordar una medida de fuerza. Se resolvería un paro nacional con movilización para la segunda semana de febrero y buscarían el apoyo de las centrales obreras.

"Vamos a unificar las peleas por los despidos y por las paritarias: no pensamos en discutir solamente para conservar la fuente de trabajo cuando hubo una devaluación del 40%, la inflación sigue en alza y suben las tarifas de los servicios", advirtió Godoy.

Es poco probable que UPCN, el otro gremio estatal, adhiera a la protesta. Su jefe, Andrés Rodríguez, se mantuvo hasta ahora en silencio y ajeno a la disputa. Tras un viaje, se reincorporaría pasado mañana al gremio. Ayer, un dirigente de segunda línea, apuró un comunicado para exhibirse en guardia. En el mensaje, UPCN se declara "en alerta y movilización".

Desde la CGT de Hugo Moyano hubo una advertencia por los despidos y la falta de estadísticas. En un documento, el líder camionero habló de una "explosión de precios", para referirse a la inflación; de una "saga de malas noticias para los trabajadores", cuando mencionó los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y la cancelación de contratos laborales. Y rumbo a lo que será el campanazo de largada para las paritarias, lanzó: "Hubo una devaluación violenta que produjo una transferencia de recursos causando un deterioro mayúsculo en los ingresos".

Las dos CTA también expresaron su preocupación por los despidos y mediante sus referentes, Pablo Micheli y Hugo Yasky, ya avisaron que se plegarán a los futuros reclamos de los empleados estatales.

La radiografía de despidos que maneja la cúpula de ATE tiene algunos datos curiosos. El primero: el Gobierno retrocedió en 4778 casos, aunque contempla continuar con más rupturas de contratos. Y el segundo: no hubo despidos solamente en distritos conducidos por el macrismo o fuerzas aliadas; también hubo bajas en bastiones del kirchnerismo, como Santa Cruz y Tierra del Fuego, o en municipios del conurbano bonaerense en manos del Frente para la Victoria.

Nombrados en diciembre

Entre los 618 despidos de ayer, 494 se dieron en el Ministerio de Cultura. Su titular, Pablo Avelluto, hizo saber que se detectó un "injustificado" aumento de la nómina de personal entre 2013 y 2015. Desde el ministerio argumentaron que "en su inmensa mayoría se trata de personas que fueron designadas durante la gestión anterior en el transcurso de 2015". Un comunicado precisó que "entre el personal desafectado se cuentan decenas de casos de nombramientos producidos en diciembre, horas antes del cambio de gobierno".

Los 124 casos restantes de la jornada de ayer son de personas que prestaban servicios en la Casa Rosada y que estaban a cargo de la Secretaría General de Presidencia, que depende de Fernando de Andreis, y de la jefatura de Gabinete, que encabeza Marcos Peña. A todos ellos se les impidió ayer el ingreso a Balcarce 50 porque su nombre figuraba en una lista de cesanteados.

"Hay hechos cada vez más graves. No es necesario recurrir a la Policía Federal para definir quién entra y quién no a un lugar de trabajo. Ya no es más el envío de telegramas, te mandan a la policía", se quejó Godoy por la modalidad en la que fueron comunicadas ayer algunas de las desvinculaciones.

Un día antes, la cadena de despidos había alcanzado a 140 personas de Fabricaciones Militares, uno de los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa, y a 47 del Banco Central, entre los que estarían la pareja y el hijo de Alejandro Vanoli, ex titular del BCRA. Por Twitter, Vanoli cruzó ayer a su sucesor, Federico Sturzenegger, y dijo que entre los echados había empleados que habían ingreso por concurso público.

Desde ATE, sospechan que las cesantías se extenderían a la brevedad a otras dependencias oficiales, como la Casa Militar, la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio del Interior.

Desde la Casa Rosada, a su vez, ratificaron ayer el rumbo del "plan de reducción" de la planta estatal de empleados y explicaron que los últimos despidos no se refieren a empleados de planta permanente. Todos los casos serían parte del proceso de revisión que ordenó Macri, a través de Andrés Ibarra, un ex ladero desde la época de Boca. Según averiguó LA NACION, el ministro de Modernización reaparecería la semana que viene para dar más detalles sobre las auditorías en marcha.

Radiografía de la situación, según ATE

7798

Despidos

Es la cantidad que hubo en todo el país. La cifra contempla empleados nacionales, provinciales y municipales

4778

Reincorporados

Se trata de empleados que fueron echados, pero que al poco tiempo fueron reincorporadas después de que el Gobierno haya comprobado su verdadera condición laboral. En la municipalidad de La Plata, de 4600 cesantías, 2700 fueron renovadas, según ATE

2600

En observación

De los 2600 empleados públicos que constata ATE que están en revisión, 600 son de Santa Cruz y están a cargo de la administración de Alicia Kirchner. También están bajo la lupa los contratos que vencía el 31 de diciembre y que se renovaron hasta marzo

Afsca: ordenan restituir a nueve personas

Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por nueve trabajadores de la Afsca cesanteados tras la llegada del interventor, Agustín Garzón. La resolución judicial le ordena al organismo reincorporar a los trabajadores por considerarlos despedidos "por razones discriminatorias", según consta en un comunicado de Nuevo Encuentro, la agrupación que responde a Martín Sabbatella.

La orden judicial deberá ser cumplida en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar al organismo una multa de $ 3000 diarios por cada uno de ellos, luego del tercer día de no haber sido reintegrados en sus puestos, de acuerdo con el comunicado que divulgó el equipo de prensa del ex titular de la Afsca.

Del editor: qué significa. El Gobierno sostiene decisiones diseñadas para diferenciarse del kirchnerismo; busca deshacer la herencia también en el terreno de los contratos en el Estado.