El pasado 12 de marzo el Consejo de Gobierno puso “todos los recursos sanitarios, tanto públicos como privados, bajo un mando único de la Consejería de Sanidad”, lo anunció con esas mismas palabras el propio titular de la cartera. Fue en la misma rueda de prensa en la que anunció que iba “a medicalizar las residencias de mayores”. La privada se puso a colaborar, pero no gratis. El gobierno madrileño tendrá que pagar por esos servicios, aunque aún no se sabe cuánto. Enrique Ruiz Escudero había reunido a los gerentes de los 49 hospitales privados ese mismo día para comunicarles la decisión de centralizar la gestión de todos los centros, pero dijo que no le hicieron “una petición expresa” sobre la contraprestación. “Conforme vayamos avanzando, estableceremos cuál es la vía de colaboración con los hospitales privados”, zanjó el consejero.

Casi seis semanas después la situación sigue estancada. Fuentes de la Consejería de Sanidad no concretan ni cuándo se sabrá la factura de esos trabajos, ni bajo qué fórmula jurídica. Cataluña, por ejemplo, ya ha decidido que pagará una tarifa plana por paciente que ingrese en UCI -43.000 euros-, que cubre holgadamente los costes de esos cuidados intensivos, estimados en 1.000 euros diarios por la propia patronal catalana del sector, informa Xavier Abelló. Aquí, su equivalente madrileña, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), confirma que no se ha decidido todavía la manera de repercutir al gobierno regional esa atención, aunque a la Cadena SER le constan comunicaciones ya con la Consejería.

La red pública ha derivado a la privada a al menos 1.230 madrileños, según reconoció el pasado 14 de abril Ruiz Escudero en su primera comparecencia -virtual- en la Asamblea de Madrid desde el 5 de marzo. En ese cara a cara con la oposición algunos grupos de la izquierda ya le pidieron al consejero las cuentas de ese “plan histórico”, como lo definió el consejero, pero las preguntas quedaron sin respuesta. “Quiero agradecer profundamante a la sanidad privada su colaboración. Ha puesto todos sus medios a nuestra disposición para atender a los pacientes”, destacó ese día el dirigente popular. De momento, solo han recibido buenas palabras. Lo confirmaba este lunes el vicepresidente, Ignacio Aguado, en La Ventana de Madrid. “Ninguno ha ido con el talonario por delante. Cuando podamos liberar la mesa de pacientes, habrá que saldar las cuentas”, prometió el líder naranja.

Algo parecido ocurre con los laboratorios privados que están realizando las famosas PCR -las pruebas diagnósticas más fiables-. Son cuatro, que se suman a los dieciséis que aportan los hospitales públicos. En ese caso “tampoco se ha establecido la contraprestación”, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad. La Generalitat de Catalunya los abona 93 euros por cada test. De momento el departamento de Ruiz Escudero ultima -aseguran esas fuentes- el desarrollo autonómico de la orden ministerial que pone al servicio de la Comunidad todos los laboratorios clínicos de la región, independientemente de cuál sea su titularidad.