Por Fernando Iglesias - Periodista, especial para Los Andes

Digamos enseguida lo fundamental: solo una secta de delirantes, psicóticos, imbéciles políticos o todo eso junto puede reivindicar a los setenta; por lejos, la más nefasta década de las muchas décadas nefastas en que abundó la Historia nacional.

Los setenta fueron los años de la violencia guerrillera y de la represión estatal vía Triple A peronista, primero, y mediante el genocidio militar, después. Los setenta presenciaron el Rodrigazo, primer shock económico socialmente regresivo de esa magnitud. Los setenta fueron años de división y de odio, de sangre y fuego, de muerte y oscuridad. En los setenta la vida no valía nada, la política se transformó en una farsa hipócrita y los Derechos Humanos fueron considerados una máscara que ocultaba la ferocidad de la democracia republicana y liberal.

En los setenta -una década larga que comenzó en 1966 con el golpe de Onganía, siguió con el Cordobazo y el asesinato de Aramburu, y solo terminó en 1982, con la hecatombe de Malvinas- fue derrotada la última Argentina razonable: la gestada por Frondizi, alumbrada por Illia y derrocada por un complot del Partido Militar con el apoyo decisivo del Partido Populista; claramente expresados en declaraciones de su líder en el exilio y de su sector sindical.

Me dirán que afirmar hoy que volvieron los setenta es exagerado; y lo es. Pero si algo nos han enseñado los setenta es, precisamente, a no subestimar las primeras señales que indican que algo huele a podrido en Dinamarca, de que algo en el sistema político funciona rematadamente mal. Y ese olor a carne descompuesta y esas señales de cólera y de espanto son ya visibles en el escenario argentino. Su primer y principal signo es la reaparición de la violencia como método de acción.

En plena democracia, como entonces, han surgido grupos que no esconden su apego al uso de métodos violentos, lo que va desde piquetes de encapuchados armados con palos y cadenas hasta los sobres explosivos, los ataques a piedrazos contra las fuerzas de seguridad, las amenazas de muerte al Presidente y su familia, los escraches violentos y el uso discrecional de bombas molotov en manifestaciones supuestamente pacíficas.

Es cierto que los violentos y sus acciones demenciales siempre estuvieron allí, como demuestra el caso de Quebracho; pero también lo es que hace mucho tiempo que no se veía un despliegue simultáneo de estrategias demenciales, diversas y provenientes de diferentes fuentes como el que se fue desatando -vaya coincidencia- alrededor de las PASO y explotó misteriosamente cuando los resultados electorales le cerraron el paso al regreso inmediato del populismo al poder. Una coincidencia más.

En segundo lugar, los setenta han vuelto a través de la justificación explícita de la violencia mediante las mismas consignas que terminaron provocando un baño de sangre en el país. Según ellas, la “violencia de abajo” no es tal sino que ha sido organizada por provocadores o por servicios de inteligencia. Y en todo caso, si la violencia “de abajo”existiera, es una respuesta legítima a la “violencia de arriba”. Como cualquier persona con un manejo básico de la lógica comprende, ambos argumentos se excluyen mutuamente. O la violencia política es -siempre- injustificable, o es absurdo que quienes la aceptan como un método válido pretendan adjudicársela a otros cuando sus consecuencias salen a la luz.

Para entender de dónde surge este rebrote setentista basta hacer un repaso de los métodos que el kirchnerismo ha empleado para legitimar el uso de la violencia, comenzando por la negativa a entregar el bastón de mando presidencial mediante el cual instaló en vastas bandas de inadaptados la idea de que el de Macri no es un gobierno democrático en el marco de la alternancia republicana, sino un usurpador ilegítimo cuyo mandato no emana de las urnas sino de pactos con poderes satánicos y corporaciones aliadas del Mal. De allí al Club del Helicóptero -es decir: al proyecto de destitución inmediata de Cambiemos a como dé lugar- había un solo paso, y prontamente se dio.

Se sigue dando hoy cuando se insiste en que nos gobiernan unos CEOs insensibles a pesar de que el Gobierno evitó al país un colapso económico y lo sacó de una recesión que duraba cinco años y puede mostrar ya índices de desempleo y de pobreza menores que cuando asumió. Se sigue dando hoy, después de que un helicóptero de cartón y un cartel con la leyenda “Erroristas de Estado” se pasearan entre aplausos de la concurrencia durante la última marcha de reivindicación de la Democracia y los Derechos Humanos. Se sigue dando hoy cuando se grita “Macri, basura, vos sos la Dictadura” y cuando se banaliza la figura de la “desaparición forzada” aplicándola sin ninguna prueba o indicio concreto de un plan estatal que merezca semejante caracterización.

Es cierto. La carencia de evidencias habilita la idea de que cualquier cosa puede haber sucedido con Santiago Maldonado; desde su muerte a manos de Gendarmería que denuncian unos a su estadía secreta en Chile con el objeto de convertirse en instrumento de una campaña electoral que suponen otros. Pero no hay, hasta ahora, ninguna prueba concreta y fiable de un secuestro a manos de fuerzas de seguridad, a menos que se consideren irrefutables las afirmaciones efectuadas por personas que se niegan a identificarse y declaran encapuchados. Tampoco es prueba que dos testigos correctamente identificados hayan sostenido haberlo visto en la marcha, ya que -sugestivamente- se abstuvieron de acusar a Gendarmería de haberlo secuestrado.

En todo caso, aún en la peor de las hipótesis, la de un asesinato, no puede hablarse de desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad para el que se requiere que haya existido “arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, según la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas de la ONU de 2006. Aún menos se ajusta el caso Maldonado a la definición de desaparición forzada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que solo las reconoce como tales cuando se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población".

Fue precisamente este, el de inexistencia de un ataque generalizado y sistemático organizado desde el Estado, el punto levantado por el kirchnerismo para desmentir el carácter de desaparición forzada en el caso de Julio López; pero los muchachos no se acuerdan ya. Como se olvidan también de comparar las muchas acciones efectuadas por la actual ministro de Seguridad para esclarecer el hecho (el rápido allanamiento de cuarteles de Gendarmería o la reciente comprobación de que la sangre encontrada en el puesto no es de Maldonado, lo que permite eliminar esa hipótesis) con la vergonzosa destrucción de pruebas en ocasión del asesinato del fiscal Nisman, efectuada por la Policía Federal en presencia de un fiscal y bajo la supervisión cercana del entonces Secretario de Seguridad, Antonio Berni.

Los setenta no han vuelto, es cierto, pero amenazan con hacerlo si todos los miembros de la sociedad democrática argentina no salimos a cortarles el paso ya. Si el descarado uso de Maldonado como argumento de campaña y la propalación de un relato irresponsable que legitima la violencia por parte del kirchnerismo son preocupantes, aún más lo son las posiciones ambiguas y oportunistas de la mayor parte de quienes pretenden erigirse en remplazo de Cristina Kirchner en nombre de la democracia y la racionalidad.

Así empezaron también aquellos setenta, de división y de odio, con las acciones lunáticas de sectas que consideraban que los Derechos Humanos eran un simple instrumento de la lucha política “contra la derecha”, y que la Democracia era un concepto vacío meramente formal. Así empezaron también aquellos setenta, de terror y oscuridad, cuando desde la oposición a las dictaduras se justificó la “violencia de abajo” y el terrorismo de las “organizaciones especiales” por canallas motivos de conveniencia personal. Así empezaron también aquellos setenta, de sangre y de fuego, con el silencio oportunista de quienes no estaban de acuerdo pero prefirieron callar.