A fines de 2016 se destapó un fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, presidida por el alcalde de esa comuna, Eduardo Soto. El edil figura como imputado y la Fiscalía investiga su nexo con una productora de su campaña electoral que es “proveedora favorita” de la corporación. A esa trama se agrega un delicado capítulo: un joven lo acusa de acoso sexual y de pagarle millones por su silencio. Soto reconoció que le entregó dineros, pero bajo “extorsión”. La PDI busca esclarecer si esos traspasos se conectan con el manejo irregular de los fondos de la entidad municipal. El rol del abogado Álvaro Lavín, consejero regional de Santiago y asesor del alcalde de Rancagua, cruza toda la trama.

“Es un sueño esperado por más de 100 años”. Con esas palabras el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (59 años), cortó en julio de 2013 la cinta de inauguración del flamante Teatro Regional de Rancagua. Desde que fue elegido en 2008, Soto tenía entre sus prioridades la construcción de ese teatro, un largo sueño que a cinco años de su inauguración se ha convertido en una pesadilla para el edil.

En diciembre de 2016 reventó un escándalo de malversación cuyo epicentro fue la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, creada en 2012 para administrar el nuevo Teatro Regional de Rancagua. La corporación municipal es presidida por el propio alcalde Soto y se financia con fondos públicos: entre 2013 y 2016 recibió $4.739 millones, de los cuales $2.544 millones correspondieron a transferencias directas del municipio. El saldo restante a aportes del Gobierno Regional y de Codelco.

Eduardo Soto está siendo indagado en calidad de imputado por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) por su eventual responsabilidad en el fraude, cuya cuantía aún no ha sido calculada. En noviembre pasado la PDI allanó distintas dependencias del municipio de Rancagua, las que incluyeron el despacho del alcalde Soto a quien también se le incautó su teléfono celular.

Siete meses después de esas diligencias, la causa tiene a un solo formalizado: el ex director del teatro y ex secretario de la Corporación de la Cultura y las Artes, Marcelo Vidal Díaz. Pero la indagatoria judicial podría dar un vuelco insospechado. Hace algunos meses se incorporaron a la investigación nuevos antecedentes que colocan al alcalde de Rancagua en una confusa y delicada trama respecto de los dineros defraudados: un joven de 24 años –al cual llamaremos “Javier”– lo acusa de presunto acoso sexual y de haberle pagado millones por su silencio.

Y es en este punto donde se cruzan dos investigaciones que desarrollaba CIPER en paralelo. Y ello, porque en febrero de 2017 CIPER recibió directamente el testimonio de “Javier”, quien relató los pormenores del acoso sexual del que habría sido víctima durante años. La indagación de CIPER respecto de los pagos que recibió “Javier” por su silencio arrojó algunas pruebas, incluso notariales. Estos pagos fueron corroborados tres meses más tarde, cuando en marzo de 2017 el alcalde Eduardo Soto presentó ante la Fiscalía de Rancagua una denuncia por extorsión contra el mismo joven. Su abogado en esa acción judicial fue Mario Zumelzu.

La versión de “Javier”, con quien CIPER conversó en dos oportunidades (febrero de 2017 y enero de 2018), indica que los pagos que recibió de Eduardo Soto habrían ascendido a más de $100 millones. “Javier” reconoció en ambas oportunidades que esos dineros se los pidió al alcalde de Rancagua como una forma de compensación por el “infierno” que dice haber vivido durante varios años, producto de los supuestos hostigamientos sexuales de Eduardo Soto.

CIPER tuvo en sus manos un escrito notarial –protocolizado en una notaría de Viña del Mar–, en el que queda constancia de que “Javier” recibió de manos del alcalde de Rancagua $18 millones en julio de 2016. El dinero, según consta en ese documento legal, fue entregado en efectivo. En el escrito se especifica que el joven “prestó servicios para Eduardo Soto Romero”, aunque no se detalla qué tipo de servicios. Lo que sí quedó registrado en ese documento es que, a cambio de ese dinero, el joven se compromete a no presionar al alcalde a través de redes sociales. La indagatoria de CIPER indica que, a esa entrega de dinero en efectivo, se sumarían otras.

En conversación con CIPER, el alcalde Soto reconoció que efectivamente le entregó dinero al joven, suma que cifró entre $20 millones y $30 millones en total, ya que dijo no recordar la cantidad exacta. Y también aseguró que lo hizo “bajo presión y por susto”. En esa misma reunión con CIPER, que se hizo en Santiago, en las oficinas del abogado Luis Hermosilla, Eduardo Soto mostró cuatro correos electrónicos en los que el joven le exige nuevas entregas de dinero, a través de depósitos en una cuenta corriente, bajo la amenaza de concretar entrevistas con medios de comunicación –entre ellos CIPER– donde revelará detalles del supuesto acoso. Todos ellos están fechados en días previos y posteriores a la elección municipal de octubre de 2016, en la que Soto resultó reelecto con un 77,9% de los votos. Respecto de su vínculo con “Javier”, el alcalde dijo haber cultivado una “relación” con él, pero que “jamás tuvo un acercamiento de tipo físico”.

Será la Fiscalía de Rancagua la que deberá determinar el volumen de los dineros entregados por el alcalde Eduardo Soto al joven que lo acusa, y también si hubo o no extorsión de por medio. Pero al centro de las pesquisas que el Ministerio Público ya ordenó a la policía existe un elemento angular por dilucidar: si esos dineros tienen alguna relación con los millones de la corporación municipal que están desaparecidos y cuyo destino hoy se investiga.