“La pirámide Valcárcel”. Así titula Interviú en su último número un reportaje en el que afirma que el expresidente murciano y ahora vicepresidente del Parlamento Europeo es la cabeza de una trama piramidal de recalificaciones ilegales, según las denuncias a las que ha accedido el semanario. “La Justicia investiga si urdió un plan para obtener financiación a través de un ente regional del agua y una desaladora millonaria que nunca funcionó. Mientras, el Tribunal Supremo está tumbando los planes urbanísticos de media Región”, indica el semanario.

Interviú señala que el gobierno de Ramón Luis Valcárcel “creó en 2005 el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, con el que suplió a la Confederación Hidrográfica del Segura como el organismo competente para fiscalizar el control del agua en el planeamiento urbanístico”.

Según el semanario, una querella criminal, que la semana pasada llegó a los Juzgados de Murcia, sitúa a Valcárcel en la cúspide de una “trama piramidal” que desarrolló un sistema de planeamiento urbanístico basado en la desaladora de Escombreras (Cartagena), mediante un entramado societario que produjo en torno a 2.500 millones de beneficio y perjudicó gravemente al erario público murciano, que debe costear 13 millones anuales de pérdidas en relación con la desaladora.

La querella la firma el promotor Manuel Núñez, propietario de la mercantil Inmonuar S.L. y abogado, que perdió 2,5 millones de euros en un convenio urbanístico firmado con el ayuntamiento de Totana en 2006. “Al principio creí que se trataba de un caso aislado –declara Nuñez a Interviú– pero tirando del hilo y tras muchos años de investigación descubrí que todo era un entramado para financiar al PP de Murcia y a sus ayuntamientos. Y como cebo, la desaladora de Escombreras, con la que validaron los desmesurados planes urbanístico que iban a multiplicar por 10 la población de Murcia”.

Nuñez acusa a Valcárcel y a 12 de sus consejeros y altos funcionario del Gobierno murciano de estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos y delitos societarios contra la ordenación del territorio. Entre los querellados figuran José Joaquín Bascuñana, exconsejero de Vivienda y exdelegado del Gobierno en Murcia, Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura, Francisco Bernabé, actual consejero de Fomento, y José Ballesta, exconsejero de Obras Públicas y actual alcalde de Murcia.