La agencia federal encargada de las deportaciones advirtió este miércoles que la ‘suspensión de deportación’ (stay of removal) solo tiene una duración de “un año”, y que la renovación del beneficio “ no es un medio viable para que un extranjero posponga permanentemente el retorno requerido a su país de origen”.

Esta aclaración fue la respuesta a un reportaje de Univision Noticias sobre la deportación de un matrimonio con más de 25 años en Estados Unidos a quienes les fijaron fecha de salida para el 2 de enero de 2019.

“Ambos casos (el de la esposa y su marido) recibieron el debido proceso completo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), ICE y la Oficina de Operaciones de Remoción (ERO), quienes están retirando a la pareja de Estados Unidos de conformidad con la ley federal, la política de la agencia y la orden de los tribunales”, dijo Tamara Spicer, vocero de ICE en Washington DC.

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que la política no es nueva, pero que durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017) se utilizó una “discrecionalidad” distinta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera ICE.

Obama estableció una prioridad de deportación enfocada en inmigrantes con antecedentes criminales y otorgó discreción para aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional, un concepto que fue cambiado por Donald Trump.

“La diferencia, tal vez, es que ahora con este gobierno siguen al pie de la letra lo que dice la ley”, señala Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.





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Qué dice la ley?

“Hay dos tipos de suspensión de deportación ( 'stay of removal'): una administrativa y otra judicial”, )”, explica Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“La estancia o estadía otorgada por ICE es administrativa, una orden directamente del DHS que detiene la deportación de un individuo con una orden final de deportación”, agrega.

Indica además que “la estancia administrativa se solicita mediante el formulario I-246 que se le presenta a DHS con un pago de $155, incluyendo documentos justificativos que acrediten la razón de la solicitud”.

Sánchez-Roig, quien fungió durante más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, detalló además que “la estadía administrativa puede ser aprobada hasta por un año y debe renovarse cada vez presentando una nueva aplicación I-246. Mientras el extranjero siga reportando como requerido por ICE y no cometa nuevos crímenes, ICE no debe intentar detenerlo o deportarlo. Al contrario, si la estancia es denegada, el extranjero debe estar preparado para ser detenido o deportado en cuanto ICE lo requiera”.

Pero ICE advirtió a Univision Noticias que las renovaciones hoy en día “no son viables”.





La vía judicial

En cuanto a la vía judicial, Sánchez-Roig indicó que “de acuerdo a la regulación 8 CFR 1003.6 (a) de la Ley de Inmigración (INA), se le concede una estancia automática de deportación a un individuo cuando presenta una apelación en tiempo al Board of Immigration Appeals (BIA) contra la decisión de un juez de inmigración”. Y añade: “El BIA también puede conceder una estadía de la deportación cuando un cambio en la ley afecta a la deportación de un individuo”.

Sin embargo, precisa que “no existe una permanencia automática de la deportación si una apelación se toma contra la negación de una moción para reabrir un caso, una moción para reconsiderar o una moción que busca la permanencia en el país habiendo recibido una orden de deportación”.

“Esta estadía se le pide directamente al tribunal. La presentación de una moción de reapertura o de reconsideración no desencadena una permanencia automática de deportación, a menos que la moción de reapertura sea contra una orden de deportación in absentia (en ausencia), cuando el individuo no estuvo presente en el tribunal”, dijo.





Qué pasa si lo detienen

En la eventualidad de que una persona sea detenida y tenga un caso o recurso pendiente ante el BIA o esté en peligro de ser deportada, Sánchez-Roig explicó que, “inmediatamente el abogado le solicita al BIA un emergency stay of removal (estadía de la deportación de emergencia) para detener el proceso de expulsión”.

“Y en ciertos casos podemos pedirle una estancia de la deportación al tribunal federal ( federal court stay of removal)”, indicó.

Sánchez-Roig, sin embargo, dijo que “en estos momentos ICE está denegando casi todos los ‘stays of removal’ que se están solicitando y no tiene que dar razón por su decisión”.

Sobre los miles de casos que han sido otorgados por los jueces –unos 350,000 en la última década de acuerdo con datos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA–, comentó que “si el tribunal otorgó la estadía, puede desalojar la estancia vía una moción por los fiscales, o incluso por su cuenta cuando se niega el beneficio solicitado”.

Pero la abogada no cree que el gobierno de Trump “vaya a reabrir 350,000 de casos en el tribunal. Esto socavaría seriamente el debido proceso y retrasaría las cortes durante muchos años”.

A la pregunta respecto a qué debe hacer una persona que tiene cerrado administrativamente un caso de deportación o un 'stay of removal' y recibe una Orden de Comparecencia (NTA) para presentarse ante un juez de inmigración porque su caso fue reabierto, dijo que “por regla general, la persona debe solicitar la asistencia inmediata de un abogado de inmigración. Y por nada debe dejar de presentarse en el día y la hora señalada, pues la situación empeorará”.

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La amenaza de Sessions

A mediados de mayo el fiscal general Jeff Sessions anunció la decisión de prohibir a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales.

Sessions dijo en esa ocasión que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que se hace desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

Junto con la preocupación respecto a la cancelación de este importante beneficio, se suma el grave atasco que enfrentan las cortes de inmigración. Un reporte del EOIR al que tuvo acceso Univision Noticias revela que al 31 de marzo de este año los tribunales de inmigración tenían 697,777 casos acumulados.

De los casos de deportación cerrados administrativamente y que Sessions ordenó reabrir, el EOIR dijo que al 31 de marzo había 352,159, cerca de un 50% más que el total acumulado.

La decisión de Sessions de retirarle la capacidad a los jueces de cancelar un caso de deportación “afecta al debido proceso migratorio”, reitera Sánchez-Roig. “Se está tratando de manipular al tribunal creando un sistema donde los jueces ya no tienen independencia, y el gobierno piensa que puede salirse con la suya derogando los derechos de los inmigrantes. Con ello se está buscando ser demandado”, concluyó.