Al menos 60.613 millones de euros. Este es el último cálculo que hace el Banco de España sobre la parte del rescate financiero que no logrará recuperar. La cifra no dista mucho de la ofrecida por el Tribunal de Cuentas que en un reciente informe de fiscalización calculaba que se perderían 60.718 millones de euros, apenas cien millones de diferencia. Esto supone que se perderá casi el 80% del dinero invertido en sanear básicamente a las Cajas de Ahorros, que recibieron ayudas públicas por valor de más de 76.410 millones de euros.

El rescate bancario ha costado ya la mitad del dinero público comprometido: 60.718 millones de euros

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El Banco de España presenta un extenso informe de 257 páginas en el que repasa no solo el rescate sino también los prolegómenos, lo que llevo a la quiebra del sistema, y detalla la fotografía actual. Este pormenorizado informe tiene como objeto aclarar el papel del regulador en todo este proceso, debido al cuestionamiento al que se la ha sometido y a la inminente apertura de la Comisión de Investigación sobre el rescate que se iniciará en el Congreso.

En general el informe es muy pormenorizado en el tipo de intervenciones que llevó a cabo el banco, en el que se ve un intenso trabajo regulatorio y en el que se pone el foco sobre la carencia de instrumentos para actuar de otra forma. El recorrido histórico es abrumador, por la introducción de contínuos cambios regulatorios que se fueron desarrollando según se iba recrudeciendo la crisis.

También hay varios capítulos al contexto económico, a la imprevisible dureza de la coyuntura y a que la situación empeoró por encima de la previsión de los organismos internacionales. "Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica", dice la entidad en un momento determinado para concluir que no había regulación suficiente para haber actuado de otra forma.

En el balance, el Banco saca pecho al asegurar que cuando se inició la crisis en 2007, el sistema español funcionó mejor que el resto gracias al tipo de supervisión que ejercía la entidad. Achaca el deterioro de la solvencia de los bancos a cómo se recrudeció la crisis y a los desequilibrios macroeconómicos. Y cuando entra a valorar el papel de la entidad en materia supervisora dice que, "los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces [...] resultaron insuficientes, evidenciándose, las vulnerabilidades acumuladas. Todo ello, además, en un contexto en el que la arquitectura institucional de la zona del euro era incompleta. En este sentido, la crisis ha revelado importantes enseñanzas en relación con la regulación y la supervisión financieras, que afectan tanto al ámbito internacional, como al nacional".

En el lado internacional, el informe concluye que la regulación estaba incompleta y que era necesario hacer una aproximación más transfronteriza.

En cuanto a la evaluación de lo sucedido en España, asegura que "la crisis ha puesto de manifiesto la importancia de impulsar un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible a largo plazo", tras lo que vuelve a pedir reformas estructurales para proteger a la economía española.

Cuando aterriza ya en concreto al tratamiento que se hizo en fusionar a las cajas, cree que se hizo lo mejor posible con la normativa vigente.

Las cifras del banco hablan por sí solas de cómo ha menguado el sistema financiero, y eso que el informe se cerró antes de la intervención y venta por un euro de Banco Popular.

De 45 entidades financieras se ha pasado a diez (ahora 9 tras la desaparición de Popular). De 45.667 oficinas a 31.000. Y de 270.00 empleados a 197.000 en 2015.