Ante un mar de banderas de España, con el emblemático Palacio de Vistalegre a rebosar, Vox desgranó el pasado mes de octubre su plan para asaltar la política española. Ante la "derechita acomplejada" del PP, Santiago Abascal proponía suprimir las autonomías o deportar masivamente a los inmigrantes. Su discurso escupía titulares mientras otras medidas económicas, no tan alejadas de las del PP, pasaban desapercibidas. El análisis de ese otro programa que no se envuelve en la rojigualda esconde, sin embargo, un denominador común que no pronuncian los líderes de Vox: apuntalar los privilegios de los que más tienen.

El pacto fiscal entre PP y Vox en Andalucía: una copia de la Comunidad de Madrid para beneficiar a las rentas más altas

Saber más

Aquí aparece una reforma fiscal encaminada a reducir el efecto redistributivo de los impuestos; la apuesta por la desregulación en el ámbito del comercio, la industria o el urbanismo; la creación de ayudas y prestaciones a las familias, especialmente a las numerosas, pero no ligadas a su renta o riqueza; un cheque escolar que supone una financiación encubierta de la enseñanza privada; o el fomento de los planes privados de jubilación, además de la exención del IRPF a todas las pensiones contributivas, también las más altas.

De forma más reciente, tanto el documento de máximos con el que Vox inició la negociación para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía como el acuerdo al que llegó con el PP para hacer presidente a Juan Manuel Moreno han mostrado la capacidad del partido de extrema derecha para hacer efectivas al menos parte de esas propuestas. Por ejemplo, el pacto al que finalmente llegaron ambos partidos contempla bajar los impuestos a aquellos que heredan más de un millón de euros o que poseen una fortuna superior a los 700.000 euros sin contar la vivienda habitual o su empresa familiar. Todas estas medidas son un calco de las puestas en marcha por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y mantenidas por sus sucesores. Aguirre colocó a Abascal en un "chiringuito" sin apenas actividad del que cobraba 83.000 euros anuales.

Economistas consultadas por eldiario.es consideran que gran parte de los posicionamientos de la formación de Santiago Abascal, aunque esbozados en su documento de manera muy poco concreta, están enfocados hacia un apuntalamiento de los privilegios de quienes poseen mayores rentas y patrimonio, así como de los grandes grupos empresariales. También alertan de que están poco fundamentados en la evidencia de las políticas que realmente funcionan en los países más avanzados e incluso nos acercan a sistemas desiguales y fragmentados socialmente.

Olga Cantó, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, cuestiona el carácter "poco redistributivo" de las propuestas de la formación en materia fiscal. Entre ellas, la "rebaja radical" que propone del IRPF, precisamente el impuesto que reduce entre un 11 y un 12% el Índice de Gini, que es el indicador más utilizado para medir las desigualdades. Por ejemplo, en Andalucía, el PP y la formación de extrema derecha han pactado una bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF. El partido de Santiago Abascal quiere que el marginal máximo no supere en ningún caso el 45% (ahora está en el 48%), lo que implicará que las rentas a partir de 120.000 euros anuales aportarán menos a las arcas públicas.

"Una rebaja de la progresividad de este impuesto o del tipo efectivo, que es lo que realmente se paga respecto a lo que se gana, supondría un aumento de la desigualdad y una bajada de la recaudación que se notará en las transferencias y el gasto público obligando a hacer recortes en determinados servicios. Es inviable recuperar todo ese dinero únicamente haciendo más eficiente la Administración", señala Cantó.

De hecho, esta experta alerta de que otras de las propuestas presentadas por Vox en octubre, como la puesta en marcha de ayudas y beneficios fiscales para las familias -no ligados a la renta o la riqueza- resultan "imposibles" con este planteamiento de bajada generalizada de impuestos. Entre esas medidas está también la prestación por hijo a cargo. Aunque Vox plantea esta medida únicamente para "familias españolas", desde posiciones de izquierda se ha venido reclamando de manera universal. Pero el problema es, de nuevo, su elevado coste: 9.000 millones de euros anuales. Otras medidas que Vox defiende en este ámbito son la reducción del IBI para las familias con hijos y la exención total de este impuesto para las numerosas o el establecimiento de bonificaciones en la factura de la luz o el gas proporcionales al número de miembros de cada familia también independientemente de su de renta y de sus posesiones.

Beneficios empresariales e industria

Por otro lado, Vox pretende reducir al 20% (actualmente está en el 25%) el impuesto que se aplica sobre los beneficios empresariales. La doctora Marta Bengoa, economista en Colin Powell School y profesora de Economía Internacional en la City University of New York y la University of Johannesburg, cree que la bajada del tipo general puede incrementar la competitividad a través de la liberación de recursos para que las empresas aumenten la inversión productiva, así como generar un efecto de atracción de nuevas empresas; pero también puede provocar una "debilitación de la capacidad recaudatoria" que acabe afectando al gasto público.

En contraposición, esta experta considera que serían más positivas políticas que permitan ensanchar la base imponible de ese impuesto rediseñando el actual modelo de deducciones y exenciones; así como aumentar el control sobre las sicav y las sociedades inmobiliarias, a las que Vox no alude en su ideario.

En el ámbito de la empresa, la formación de Santiago Abascal defiende la "simplificación de normativas, trámites y procedimientos" para la creación de nuevos negocios, pero también hace una clara apuesta por la desregulación poniendo sobre la mesa una arbitraria propuesta de derogación de "cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria". "Simplificar la normativa para eliminar barreras en términos de tiempo y de costes es algo totalmente necesario, pero la segunda parte de la medida es totalmente arbitraria y no está basada en la evidencia empírica", dice Bengoa, que recuerda que España está en el puesto treinta del ranking que elabora el Banco Mundial sobre las economías con mayor facilidad para hacer negocios. "Apostar por medidas para centralizar la información y que sea de fácil acceso, por la realización de trámites online o por la ventanilla única, como en Nueva Zelanda, sí que sería realmente útil para lograr ese objetivo", añade.

El partido de extrema derecha propone también eliminar las tasas e impuestos que actualmente gravan la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte y también su tamaño. Bengoa defiende que esta medida no debería ser generalizada y considera que es un ámbito en el que cabría hacer algún tipo de política social haciendo una evaluación de costes e identificando qué grupos de población son los que realmente necesitan este tipo de medidas.

Cita, por ejemplo, la posibilidad de bonificar estas tasas e impuestos a las personas que lleven cierto tiempo desempleadas, las mujeres emprendedoras o a los jóvenes. "No tiene sentido eximir del pago de estos impuestos a una multinacional si monta una empresa subsidiaria", subraya.

Otra de las controvertidas medidas de Vox es la liberalización del suelo. La formación de extrema derecha apuesta por convertir en suelo apto para ser urbanizado "todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados". En la formación de extrema derecha entienden que la actual regulación es "especialmente rígida", lo que provoca una "escasez artificial" que eleva su precio. A juicio de Bengoa, se trata de un planteamiento que puede generar "problemas de especulación". Esta experta propone, en contraposición, analizar en qué ciudades se pueden estar dando problemas de acceso a la vivienda para ver si es necesario liberalizar suelo en el que edificar casas que puedan acoger a familias de clases y medias y bajas a precios asequibles.

Respecto al sistema de pensiones, cuya sostenibilidad es uno de los grandes retos de las próximas décadas ante el nuevo horizonte demográfico y la devaluación salarial, Vox apuesta por pensiones "mínimas" que se revaloricen con el coste de la vida y que serían complementadas con los "ahorros propios". Es decir, con planes de pensiones privados. Una medida que tiene un doble efecto de apuntalamiento de los privilegios de los más favorecidos: fomenta el negocio de las entidades financieras mientras deja en la estacada a los trabajadores que tienen ingresos tan bajos que dificultan, si no imposibilitan, cualquier esfuerzo de ahorro.

Enseñanza privada y concertada

En materia educativa el partido de extrema pretende "devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección de colegio". Para ello propone implantar el sistema de cheque escolar, una medida que ya pusieron en marcha en los noventa los gobiernos liberales de Chile, Colombia e Inglaterra y que consiste en que el Estado entrega a cada familia una cantidad de dinero por hijo en edad escolar que puede usar para matricularlo en el centro que elija, pero siempre que le acepten, pues cada escuela se reserva el derecho de admisión, lo que favorece la criba de las minorías.

Respecto a esta medida, Cantó recuerda que el Banco Mundial, tras analizar su implantación en Chile, no detectó una mejora del nivel educativo. "De hecho, Chile es un país con un nivel muy alto de desigualdad de oportunidades. Esta es una medida que lo hace es segregar", señala esta economista.

En su pacto en Andalucía, el PP y Vox se comprometen a que a partir de ahora se garantizará "la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada". El nuevo Gobierno abogará, por tanto, por los colegios que separan en clase a niños y niñas tras de la batalla que emprendió el Ejecutivo de Susana Díaz contra ese tipo de centros, que en su mayoría están próximos a la órbita del Opus Dei. Además, ambos partidos contemplan que se concierte el Bachillerato progresivamente, lo que también beneficiará a los centros concertados, que son católicos en el 60% de los casos y que reciben del Estado casi 6.000 millones de euros anuales.