Si existe una empresa vinculada a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, esa es Indra (no obstante, ha sido la empresa del IBEX 35 que más ha perdido en la bolsa superando el 5%) y, sin embargo, pocos señalan que esta empresa forma parte de la industria militar.

La sede de Indra fue registrada junto a otras empresas como OHL, de Villar Mir, porque podría formar parte de un entramado del Partido Popular (financiación ilegal incluida): "Ignacio González [expresidente de la Comunidad de Madrid] utilizó la tecnológica como fondo de reptiles (pagos secretos) para pagar en B trabajos de reputación de imagen en internet de Ignacio González y su equipo" con "tres pagos por un total de 120.000 euros".

Indra no es nueva en el mundo de los escándalos. Por ejemplo, en el año 2015 se supo que esta empresa estaba retribuyendo a 32 juristas que cobraban por cursos de formación entre 3.000 y 9.000 euros anuales. De ellos, al menos nueve eran jueces y cinco fiscales y el Consejo General del Poder Judicial investigaba si esta empresa estaba siendo utilizada por la Comunidad de Madrid para dichos pagos.

En 2007, Indra presumía, en su propia web, de haber cobrado 1,9 millones de euros por la formación durante dos años de los nuevos jueces (de 150 a 200 al año), aseverando, además, que colaboraba con el CGPJ desde 2005 y había formado a un total de 4.500 jueces en el uso de las nuevas tecnologías (no es difícil sacar cuentas).

Indra goza de muchas otras particularidades como ser una empresa en proceso de privatización desde hace casi veinte años (a mediados de los noventa formó parte del medio centenar de empresas que José María Aznar privatizó para hacer caja y, sobre todo, favores). Esta empresa, que se encuentra controlada en un 20% por el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), se puede considerar estratégica por ser la encargada de los recuentos electorales y el control de fronteras. Entre sus decisiones "estratégicas" para la Defensa Nacional se encuentran, por ejemplo, la compra de Europraxis, de Josep Pujol (44,47 millones de euros), y la de la empresa Oyauri Investment, de Pablo González (1,5 millones de euros). Sí, eso es, los hijos de Jordi Pujol y Felipe González.

Pero, además, Indra es más que conocida en el mundo castrense. En 2013 se supo que los inhibidores comprados a esta empresa tecnológica por valor de 6 millones de euros (de un total de cerca de 40 millones en contratos obtenidos en 2009) se encontraban almacenados porque seguían en "periodo de pruebas" después de más de tres años desde su adquisición.

Incuestionablemente, Indra ha resultado ser la conexión entre demasiados entes extravagantes: Ignacio González, Jordi Pujol, Felipe González, los recuentos electorales, las privatizaciones de Aznar, la formación de los jueces, los inhibidores militares almacenados...

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de dos novelas (Un paso al frente en 2014 y Código rojo en 2015). Puedes comprarlas aquí.