El exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha confesado este miércoles que su formación se financiaba "con dinero negro" y ha señalado al expresidente valenciano Francisco Camps como el responsable de la financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2007. No obstante, finalmente ha optado por 'salvar' a la dirección nacional del partido, a diferencia del escrito de defensa que presentó ante la Audiencia Nacional en abril de 2016, en el que sostenía que Génova era la responsable última porque centralizaba las cuentas del partido.

Durante su declaración, Ricardo Costa, quien se enfrenta a una petición de 7 años y 9 meses de cárcel, ha reconocido el sistema fraudulento, ha pedido perdón a los ciudadanos y a su familia, y ha señalado directamente a Francisco Camps y su círculo de máxima confianza, entre ellos los exvicepresidentes Víctor Campos y Juan Cotino (quien también fue director general del Cuerpo Nacional de Policía en el gobierno de José María Aznar).

Así, Costa ha relatado cómo un día el vicepresidente Víctor Campos le llamó a su despacho y le mostró unos sobres que le dijo que contenían dinero en efectivo entregado por empresarios que tienen relaciones con la administración o con el partido por encargo de Camps y de Juan Cotino.

Costa ha precisado que comentó estas circunstancias con el extesorero Luis Bárcenas y éste rechazó ese modo de financiación porque, según le dijo, esa era "una práctica prohibida en el PP y sería un Filesa II".

Mítines de Rajoy en Valencia

Según ha declarado el exnúmero dos del PP valenciano, Camps financió con unos 120.000 euros procedentes de pagos irregulares de empresarios mejoras en dos mítines de campaña en Valencia protagonizados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tanto en las elecciones autonómicas de 2007 como en las generales de 2008.

Esos actos, celebrados en la plaza de toros de Valencia, según Costa, los organizó la dirección nacional del PP, pero luego Camps solicitó "una serie de complementos" como "fuegos artificiales o una banda de música". "Me consta que ese dinero, unos 30.000 euros en la campaña de 2007 y un poco más, 90.000" fue abonado "también con dinero opaco al fisco aportados por empresarios o con facturación emitida a empresarios".

Prendas de vestir, relojes...

Costa también ha explicado que acudió a una reunión a finales de 2008 en la sede de Orange Market en la que Crespo planteó si una empresa de este grupo de la trama Gürtel podía emitir una factura de 20.000 euros para "pagar gastos de Camps en prendas de vestir". "Yo les dije que no", ha dicho tras calificar la factura de "absolutamente desproporcionada".

"Le puedo decir, señoría, que actos de diversos municipios fueron pagados mediante facturas a empresarios o mediante aportaciones en efectivo", ha continuado relatando Costa en su confesión, y ha citado entregas de efectivo a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo para pagar actos electorales de Orange Market en esa ciudad y también facturaciones irregulares para las elecciones locales de Castellón. Alberto Fabra, hoy senador, era alcalde de Castellón en ese momento.

Costa ha explicado pormenorizadamente la supuesta financiación ilegal de la campaña municipal de 2007 de la exalcaldesa de Elda Adela Pedrosa, actual senadora del PP. El exdirigente del PP ha relatado en sede judicial que en marzo o abril de 2007 fue a Elda y se reunió con el jefe de campaña de Pedrosa y con El Bigotes y que la exalcaldesa le pidió, "en un apartado", que el PP de Valencia le pagara su campaña municipal.

Por otra parte, Costa también ha explicado cómo El Bigotes le entregó un reloj marca Breitling de oro. El exnúmero dos del PP valenciano ha dicho que rechazó ese regalo y le devolvió personalmente el reloj, lo que asombró a El Bigotes: "Estamos sorprendidos porque aquí no pedís nada a cambio de darnos trabajo", le dijo.

Tras estas declaraciones de Costa, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha solicitado a Camps que dimita como consejero del Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano consultivo del Gobierno valenciano en materia judicial. También Compromís, Podemos y Ciudadanos solicitan su dimisión.