El 20 de agosto, el Senado aprobó la idea de regular el millonario negocio de los tragamonedas. El férreo lobby con que arremetieron desde 2013 sus protagonistas agrupados en la FIDEN, rindió frutos. Allí tuvieron un aliado clave: Francisco Javier Leiva, ex superintendente de Casinos y cerebro de la estrategia del gremio para legalizar una actividad con ganancias por sobre las de los casinos autorizados. Poco les duró el triunfo: el 22 de agosto, la PDI los allanó por presunto lavado de activos. CIPER indagó en la expansión sin freno de un negocio que explotó vacíos legales y creció en complicidad con municipios que vieron en los tragamonedas una fuente de ingresos extra para sus arcas.

Francisco Javier Leiva Vega (55 años) es reconocido en la industria del juego y las apuestas como uno de los que más sabe de casinos en Chile. Trayectoria tiene de sobra. En febrero de 2005 fue designado titular de la recién creada Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) donde se mantuvo por siete años. Ningún otro superintendente ha durado tantos años en el cargo.

El rol de Leiva no fue cualquiera. Al ingeniero industrial le correspondió diseñar la institucionalidad que daría paso a la construcción y apertura de 17 nuevos casinos de juego, luego de la entrada en vigencia de la Ley 19.995. Bajo su mandato, la SCJ redactó las bases de licitación, adjudicó los proyectos y vigiló la construcción de más de una quincena de casas legales de apuesta en 11 regiones del país.

No solo experiencia cosechó Francisco Javier Leiva en su dilatada estancia en la superintendencia del rubro. También redes y poder: tejió una potente malla de contactos en el país y Sudamérica, y llegó a manejar al detalle la normativa sobre juegos en Chile y otros países de la región. Lo permitido y lo prohibido por la legislación. También conoció sus vacíos.

Leiva dejó la superintendencia el 31 de mayo de 2012. Solo diez meses después, en marzo de 2013, cruzó la vereda y se convirtió en asesor estrella de una de las mayores jaquecas de la SCJ: la asociación gremial de operadores de máquinas tragamonedas de barrio, FIDEN.

El gremio –que desde 2003 reúne a los pesos pesados de una industria informal con miles de locales de máquinas en más de 80 comunas–, amasa desde hace años un mega negocio que se ha expandido sin control, entre vacíos legales y al margen de toda regulación.

Leiva fue fichado por la FIDEN para un objetivo preciso: elaborar una propuesta normativa con la que el gremio arremetió sin tregua y desde 2013 ante autoridades de gobierno, parlamentarios y alcaldes para buscar su legalización. El agresivo lobby desplegado por la asociación de propietarios de máquinas tragamonedas, tuvo desde entonces –y hasta hoy– a Francisco Javier Leiva como cabeza de playa.

Quienes conocen las gestiones de Leiva para la FIDEN, cuentan que él fue el “ideólogo” del concepto de máquinas de juego programado, cemento con el que el gremio ha construido la tesis de que los tragamonedas que operan en casi todas las regiones del país no son de azar, sino de habilidad o destreza. El Código Penal castiga con cárcel a quienes exploten juegos de azar fuera de los lugares permitidos por ley.

Para la actual superintendenta de Casinos y Juegos, Vivien Villagrán, la discusión sobre si son máquinas de azar o destreza es mañosa. “No es más que un voladero de luces para distraernos de lo sustancial: son máquinas que reciben y entregan dinero”, indicó a CIPER.

Tras años de intensas disputas con la Contraloría y la propia superintendencia del ramo –que con distintos instructivos ha intentado infructuosamente frenar la actividad–, el 20 de agosto la FIDEN logró su primera conquista. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, aprobó la idea de legislar una regulación para el funcionamiento de su negocio.

Poco les duró la alegría. Dos días después, el 22 de agosto, oficinas de la FIDEN fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción de la Fiscalía Oriente, la que indaga un presunto lavado de activos que incluiría al menos cohecho como delito base. Poco después, también se allanaron los domicilios de los directivos del gremio y de dos de sus lobistas principales: Pablo Zalaquett y el propio Leiva (ver artículo de La Tercera).