GUANAJUATO, GTO.– En el kilómetro 157+570, casi al pie de la carretera León-Silao, en la colonia Nuevo México, hay un negocio pintado de blanco con verde, con su rótulo correspondiente: “Fertilizantes del Bajío”.

Y así funcionó durante un tiempo hasta que un apoderado de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que derivó en un cateo obsequiado el 14 de diciembre pasado por un juez de Distrito.

Los agentes de la dependencia encontraron 30 mil litros de combustible almacenados en bidones de diversos tamaños y varios vehículos. También descubrieron mangueras conectadas al poliducto Salamanca-León.

Ubicada entre los municipios de León y Silao, la colonia Nuevo México tiene más de 3 mil 500 habitantes y está cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío (AIB). Parte de esas tierras ejidales fueron expropiadas para incorporarlas a la zona industrial Guanajuato Puerto Interior, luego de una lucha en la que sus propietarios exigieron a los gobiernos federal y estatal el pago acordado.

Hace 10 años, las autoridades prometieron a la comunidad que habría empleos en las empresas, así como concesiones de taxis para transportar a viajeros del AIB. Sólo les cumplieron a medias.

La colonia Nuevo México en Silao se encuentra en el corredor de tomas clandestinas y donde se realiza la compraventa de combustible robado o huachicol en la entidad. Incluye las principales ciudades del corredor industrial (de León a Celaya y los Apaseos, hacia el sur), de acuerdo con los registros de Pemex, de las policías municipales, seguridad pública y de las instancias de procuración de justicia estatal y federal.

Según la delegación de la PGR, en 2018 se recuperaron casi 250 mil litros de combustible, incluyendo más de 160 mil litros de hidrocarburo “crudo mediano” en los cateos a inmuebles donde se almacenaba huachicol.

A mediados de mes, personal de la Agencia de Investigación Criminal se desplazó a la colonia San Antonio del Carmen, en Dolores Hidalgo, donde, tras una revisión a casas, bodegas, depósitos y almacenes localizaron el combustible extraído del ducto ubicado en el fraccionamiento El Rehilete, en Villagrán, municipio donde tiene su sede el Cártel de Santa Rosa, liderado por José Antonio Yépez, El Marro o El Señor Marro.

Los agentes de la PGR también aseguraron combustible, bidones y autos en la comunidad El Caracol, en Villagrán; en San Isidro de Helguera y en la colonia Segunda Fracción de Crespo, ambas en Celaya, y en la localidad Refugio de Los Sauces, en Silao.

Lo mismo hicieron en las colonias El Puente y San José de Yustis, la comunidad San José de Nuevo y el barrio de la Resurrección, todas en Celaya; en la colonia El Puente de Villagrán; la colonia Emiliano Zapata, en Pénjamo, y la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, en León.

Todas esas colonias y comunidades están incluidas en el mapa de las tomas clandestinas y en el negocio ilícito del combustible extraído de los ductos de Pemex. La lista abarca también numerosas comunidades de Irapuato, el municipio que concentra el mayor número de tomas, según la Policía Federal.

A un lado de la carretera Irapuato-León, por ejemplo, se ubican las comunidades Aldama y La Calera, así como el ejido Lo de Juárez, donde algunos adolescentes participan en el huachicoleo, ya sea como pinchaductos, halcones, enganchando amigos o a los jóvenes que abandonan sus estudios.

“Esto es generacional. Si sabes de qué puedes vivir bien, ¿para qué te quiebras (la cabeza)?”, dijo a Proceso un exfuncionario de seguridad de uno de los municipios de esa lista, quien pidió el anonimato.

Marginación y exclusión

El Anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2017 reporta que en el ciclo escolar 2015-2016 se inscribieron a secundaria casi 35 mil 400 estudiantes, pero al nivel medio superior (bachillerato general y tecnológico o equivalente) sólo llegaron 22 mil.

Por lo que atañe al nivel de licenciatura –incluidas las normales, universidades y tecnológicos– en ese ciclo ingresaron 13 mil 544 alumnos. Ese año egresaron mil 926, de los cuales se titularon mil 710.

Los sociólogos Saúl Arellano –director de México Social– y Raymundo Sandoval –doctor en ciencias políticas y sociales– comentan por separado que en la entidad, que tiene un alto grado de migración a Estados Unidos y recibe millonarias remesas desde ese país, los jóvenes han desarrollado una “meta aspiracional muy fuerte”.

Arellano subraya ese contraste. Dice que “el tejido social está tan fracturado y desgastado que los jóvenes guanajuatenses no encuentran interés en opciones como expresarse o identificarse a través de partidos políticos, organizaciones o liderazgos gubernamentales o sociales.

“Ellos tienen aspiraciones de ingresos, estatus y presencia social mucho más fuerte que otras regiones, que quienes comienzan a acercar dinero, así como ciertas prerrogativas, poder y logran una cohesión social”; en este caso, la delincuencia organizada dedicada al huachicol.

Arellano también habla de la desestructuración de la política. “En Guanajuato –dice– el PAN ha generado una monopolización del poder”. Y después de 30 años, afirma, eso se refleja en la ausencia de discusión democrática, en la falta de espacios de representación que, en el fondo, lleva a la fractura de instituciones, no sólo de seguridad pública sino de inclusión social, educativa y cultural.

“Todo un caldo de cultivo que, independientemente de las condiciones económicas, llevan a que muchos jóvenes prefieran delinquir a favor del estatus social, del dominio y la posibilidad de tener gente que los obedezca, incluyendo a la autoridad”, dice.

El presidente municipal de Irapuato, el panista Ricardo Ortiz, hace sus acotaciones: “Hay cuestiones sociales en esto del huachicol. A veces, para una persona parece más sencillo meterse a trabajar en esto, pero no vemos que haya una cantidad importante de personas. Irapuato es la ciudad del estado con la menor tasa de desempleo, menos de 1%”.

Ortiz, quien cumple su tercer mandato como alcalde –el segundo consecutivo–, se ufana de los “centros logísticos” empresariales en las 135 comunidades rurales del municipio donde vive la tercera parte de la población (alrededor de 600 mil habitantes). “Todos los parques industriales –sostiene– están generando empleos. Y aun cuando el salario debe incrementarse, tienen las prestaciones”.

Este texto se publicó el 27 de enero de 2019 en la edición 2204 de la revista Proceso.