Para los periodistas de la televisión pública, el auto judicial de Lezo evidencia la redacción paralela que existe cuando afirma que Ignacio González “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses”

El sindicato UGT en la empresa, por su parte, ha enviado un escrito a la comisión de control parlamentario y al Consejo de administración en el que exige se investiguen estos hechos

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, custodiado por la Guardia Civil // EFE

El auto judicial de la Operación Lezo evidencia para los periodistas de RTVE la redacción paralela que existe en la televisión pública cuando afirma que Ignacio González “habría colocado a una periodista de su confianza” para defender “su imagen o intereses”. El Consejo de Informativos exige en un comunicado que las contrataciones en TVE se produzcan “única y exclusivamente por criterios profesionales” y rechaza cualquier tipo de “contratación política”.

El organismo lo hace en un escrito tras tener conocimiento de que el juez que instruye el caso Lezo, en el que está presuntamente implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se hace una referencia a RTVE. En el auto se pone en duda la independencia y honorabilidad de la televisión pública al afirmar que el ex dirigente del Partido Popular, cita textualmente, “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen o intereses”.

Para el órgano de representación, “lo que apunta el juez es de suficiente gravedad como para que la dirección de Radiotelevisión Española dé explicaciones públicas“. Por esta razón, el Consejo de Informativos se dirigió a José Antonio Álvarez Gundín, actual director de los Servicios Informativos de TVE, a través de un correo en el que estaba en copia el presidente de la Corporación y todos los miembros del Consejo de Administración. En este email, se le pedía que aclarara este asunto y que, de ser cierto, se rescindiera el contrato al que hace referencia el auto judicial y que, en su caso, se asumieran todas las responsabilidades a que hubiera lugar.

En su respuesta Álvarez Gundín asegura ignorar a quién se refiere el auto judicial. Asimismo, explica no dedicarse a “colocar” a nadie y “velar por los principios de calidad profesional, independencia y pluralidad”.

Según el CdI, es “inadmisible que el buen nombre de la televisión pública se mezcle presuntamente con una operación contra una ‘organización criminal’, tal y como la denomina el juez, y que los responsables de la Corporación, empezando por el mismo director, no hayan iniciado inmediatamente una investigación”. Conforme explica el comunicado, “lo que denuncia el auto judicial es que, presuntamente y en contra de los afirmado por el director de los servicios informativos, se contrató a una periodista por razones exclusivamente políticas y no profesionales, con el encargo explícito de defender desde RTVE los intereses de un partido político concreto, el PP de Madrid. Y se hizo utilizando dinero público. Sea por desconocimiento o por complicidad, la dirección es responsable de una contratación que atenta gravemente contra la independencia de TVE”.

El hecho de que en esta ocasión sea un juez el que apunte a una contratación que nada tiene que ver con criterios de currículum o periodísticos, no hace sino corroborar “prácticas habituales” desde hace tiempo en los Informativos, que se complementan con el desplazamiento de profesionales contrastados desde la redacción de los telediarios a puestos marginales. El Consejo termina su escrito reiterando que “lo que el auto judicial revela es, sobre todo, un método, un procedimiento, una forma de entender lo público y de actuar para crear una “redacción” paralela que, lejos de conformarse con criterios exclusivamente de profesionalidad, lo ha hecho con la intención de favorecer intereses particulares. Que estos además tengan que ver con una presunta trama criminal exige la asunción de responsabilidades al más alto nivel”.

UGT exige una investigación

Por su parte, UGT en RTVE ha registrado un escrito a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y al Consejo de Administración en el que exigen se abra una investigación “ya que el auto del juez es extremadamente grave, y va más allá de la manipulación política en RTVE, para entrar de lleno en el terreno de la instrumentalización para encubrir una actividad delectiva”. Tras preguntarse “¿por qué intereses velaba la periodista de confianza de González?”, este sindicato pide se aclaren estos hechos, y afirma que “no vamos a dejar que se pase de puntillas sobre este asunto; hay que saber quién, cómo y cuándo, y depurar todos los nombres propios que permitieron, por activa o por pasiva, esta negra mancha en la historia de RTVE”.

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