Fuente: Archivo

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2018 • 16:00

La Corte Suprema de Justicia ordenó devolver a la provincia de La Pampa una suma millonaria proveniente de ingresos coparticipables mal descontados desde el año 1991. El fallo es significativo por su implicancia económica, pero también porque está firmado por los jueces de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorzenetti, en lo que parece ser una nueva mayoría en la Corte Suprema.

Es el mismo caso, la Corte había resuelto en beneficio de Santa Fe, San Luis y Córdoba apenas Mauricio Macri asumió como presidente. En ese momento la sentencia fue interpretada como un gesto de la Corte que le marcaba la cancha al gobierno.

Este nuevo fallo declara inconstitucional el decreto de 1991 que había dispuesto los descuentos a La Pampa, le ordena a la AFIP que no siga descontando y condena al Estado a pagar a la provincia lo descontado más intereses desde 1991.Para ello le da a las partes un plazo de tres meses a fin de que se pongan de acuerdo sobre la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas. De lo contrario, ese plazo lo determinará la Corte.

El fallo de la Corte no menciona las sumas de dinero que están en juego.

Los jueces que firman el fallo parecen haber coincidido en sus posturas, luego de que Lorenzetti perdiera la presidencia del tribunal a manos de Carlos Rosenkrantz, que había llegado a la cumbre del Poder Judicial con el apoyo de Elena Highton y Horacio Rosatti, pero este último ahora le es esquivo.

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, puso el caso a votación y se excusó porque en un caso similar había actuado como abogado de Santa Fe. La jueza Helena Highton no se pronunció como suele hacerlo en los casos en que está en juego la coparticipación.

La sentencia explica que La Pampa promovió una demanda contra el Estado Nacional para que se declare inconstitucional el decreto 1399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, la nulidad absoluta de todos los actos administrativos dictados en consecuencia y la restitución de las sumas no ingresadas por coparticipación por esa norma. En 1992, Poder Ejecutivo Nacional dictó los decretos 559/92 y 701/92 que impusieron una quita unilateral de fondos coparticipables, para destinarlos al funcionamiento de la entonces Dirección General Impositiva. Por eso varias provincias reclamaron a la Corte, incluida La Pampa. Por un convenio posterior, las normas fueron dejadas sin efecto, pero al reordenar la AFIP volvió a disponer de recursos coparticipables para hacerlo.

En síntesis, la Corte consideró que el Poder Ejecutivo no podía unilateralmente modificar un régimen que según exige la Constitución Nacional (art. 75 ) debe ser acordado por todas las provincias y el Estado Nacional (como lo es la ley de coparticipación y del Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992). Tal ha sido el criterio tradicional del Tribunal desde el año 2015, donde lo aplicó con relación las provincias de Santa Fe y San Luis.

En consecuencia, se condenó a la AFIP a abstenerse de efectuar tales retenciones, y al Estado Nacional a pagar a la provincia las detracciones efectuadas no prescriptas.

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