La llamada regla de gasto se ha convertido en el objetivo político a batir por parte de los responsables de Hacienda de los mayores ayuntamientos de España. En una tribuna conjunta, los concejales de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Badalona, Oviedo, Cádiz, Santiago y Rivas han pedido al ministro Montoro que cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que sus ayuntamientos, con holgura presupuestaria suficiente, puedan aumentar las inversiones en servicios públicos necesarios.

En concreto, se acusa al Gobierno de utilizar la “regla de gasto” para restringir la actuación de las corporaciones locales, “a pesar de que estas presentan importantes superávits presupuestarios, cosa de la que no pueden presumir ni la Aadministración central ni las comunidades autónomas”.

[Montoro tutelará semanalmente las cuentas del Ayuntamiento de Madrid]

La tribuna recuerda que, en los dos primeros años de legislatura, mientras las corporaciones locales reducían el 14,08% la deuda, las comunidades autónomas la incrementaban un 13,8% y la Administración central, un 8%. De ahí que consideren “incomprensible para cualquier observador imparcial que el Ministerio de Hacienda se obsesione en limitar el gasto e inversión de los ayuntamientos por debajo de una tasa de referencia del PIB que es inexacta y volátil y que implica una pérdida continuada de peso del gasto público en relación al PIB”. Es más, en su opinión, “supone poner obstáculos para asegurar el imprescindible incremento del gasto público social en un contexto de infradesarrollo del mismo”.

En el texto, se acusa a Hacienda de aplicar las “medidas correctivas y coercitivas incluidas en la ley [de estabilidad presupuestaria] con una arbitrariedad que va mucho más allá de lo que la propia normativa recoge en un ejercicio que supone una flagrante limitación de la autonomía local”. Se cita, en concreto, el caso del Ayuntamiento de Madrid, que estará obligado a presentar a Hacienda semanalmente todos sus movimientos presupuestarios después de que en los últimos años incumpliera la regla de gasto.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, saluda al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

En opinión de los firmantes del escrito, existe un “perverso motivo” por parte de Hacienda. El Gobierno central necesita el superávit de las corporaciones locales para compensar los déficits en los que incurren en las administraciones que gobierna el PP, “en las que se recortan gastos y servicios públicos que afectan más a los que en peor situación están”.

Más inversión

Y en este sentido, se anuncia que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentará una proposición de ley para su debate y aprobación en la comisión de Hacienda y Función Pública, para que se proceda a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. Con esta modificación, se permitiría dedicar más recursos a inversión municipal.

La aplicación de la regla de gasto ya fue criticada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la propia Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que han pedido a Hacienda que reflexione sobre su utilidad aplicada a corporaciones locales con importantes excedentes (los ayuntamientos tuvieron el año pasado un superávit superior a los 7.000 millones de euros).

Los ayuntamientos acusan a Hacienda de aplicar “medidas correctivas y coercitivas" con arbitrariedad

La regla de gasto obliga a las administraciones públicas a gastar por debajo del crecimiento del PIB a medio plazo, siendo posible superar esa tasa, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de ingresos de carácter permanente. La regla de gasto establece, en concreto, que para 2018 la tasa de referencia sea del 2,4%, es decir, por debajo del avance del PIB nominal, lo que obliga a los ayuntamientos y otras administraciones a elaborar presupuestos necesariamente restrictivos.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, aseguró recientemente en el Congreso que su organismo era incapaz de evaluar la regla de gasto, por lo que pidió que fuera reformado este instrumento de control presupuestario. Según Escrivá, habría que reformar la regla homologándola a lo que es habitual en Europa. “Acaba restringiendo a algunas administraciones y otras son incapaces de cumplirla, como las comunidades autónomas", dijo en el Parlamento.

La regla de gasto, tal y como la define el artículo 5 del Reglamento de la CE, no supone una limitación por completo del gasto público. La norma concede, tanto si se cumplen como si no se cumplen los objetivos a medio plazo, un determinado margen de maniobra al legislador presupuestario nacional. Este puede introducir medidas de incremento de ingresos a través de las cuales —a pesar de incrementar el gasto por encima de la tasa de crecimiento potencial del PIB— se pueda dar cumplimiento a la regla de gasto.

Este es el texto íntegro de la tribuna firmada por los concejales de los consistorios: