Justo la misma semana en la que en el país se libró un duro debate por la propuesta de varios congresistas de trasladar los ministerios a las regiones para favorecer la descentralización, este diario conoció que ya está en marcha un proyecto para trasladar la sede de algunas carteras, pero con un propósito distinto: reubicarlos en el centro de Bogotá.

La iniciativa, denominada Proyecto Ministerios, busca acercar las carteras que actualmente quedan fuera del centro a tres estamentos claves del Estado: la Presidencia, el Congreso y el Palacio de Justicia.



El plan es intervenir cinco manzanas en inmediaciones de la Casa de Nariño, entre las calles sexta y octava, y las carreras octava y décima, para ubicar, inicialmente, las carteras de Justicia, Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).



Si bien cuando se proyectó la obra se presupuestó que la inversión sería de cerca de 500 mil millones de pesos, el más reciente cálculo indica que se requerirán casi 1,2 billones.(Le recomendamos: ¿Se debe cambiar de ciudad la capital de Colombia?)

Según la Agencia Virgilio Barco, entidad pública que viene trabajando en el proyecto desde 2013, la idea por ahora es avanzar en la construcción de dos de las cinco manzanas, donde se proyecta una edificación de 24 pisos que, además de entidades oficiales, tendrá comercio y espacios sociales. Hasta aquí es lo que aparece en el papel. Pero tras siete años de iniciarse este ambicioso plan, la realidad es distinta.

Sin recursos

La Agencia ya adquirió los predios de dos manzanas – en parte con recursos aportados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el DAPRE – y avanzó en la demolición de las edificaciones de toda una manzana.



Pero ahora la obra está en un limbo: los análisis recientes dan cuenta de que el Estado no tiene recursos para financiar el resto la construcción.



“Inicialmente se iba a financiar por obra pública, es decir, el Gobierno iba a destinar recursos para construir estas dos manzanas. Dos años después, por temas de coyuntura económica, se empezó a estructurar una Asociación Público Privada de iniciativa pública, pero de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, no nos dio para hacerlo mediante este mecanismo”, explicó una fuente al interior de la Agencia.(Lea también: El candidato presidencial que prometió ponerle techo a Bogotá)

Plano de las zonas de intervención. Foto: Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco

Por eso ahora se está en la búsqueda de esquemas diferentes para vincular capital privado “¿Por qué? Porque el Estado no tiene recursos para poderlo desarrollar”, dijo el funcionario.



Esto implica, según el urbanista de la Universidad Nacional Julio Giraldo, no solo “modificar la estructura del proyecto, sino presentar una propuesta que cumpla con el Plan Especial de Manejo y Protección” que se requiere para intervenir en el Centro Histórico.



De acuerdo con el experto, en gran medida las dificultades de este tipo de proyectos, en cuanto a viabilidad y costos, se deben a la zona de intervención, pues se trata de “construcciones reguladas por normas especiales enfocadas en la protección del patrimonio”.



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Esta realidad la reconoció la agencia en respuesta enviada a este diario: “Esta labor implica estructurar y realizar ajustes continuos que permitan al proyecto atraer recursos para su financiación”.



Pese a que el proyecto es de vital importancia para la Nación, desde que nació ha tenido una fuerte oposición de los propietarios de las edificaciones donde se construirá, especialmente por la oferta que se hizo por los predios.

Estamos tocando puertas del mismo Gobierno para que, si no se puede construir todo de una vez, podamos ir construyendo por partes FACEBOOK

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“Ofrecieron entre un millón y 1,5 millones de pesos por metro cuadrado, cuando en el sector el metro cuadrado está en 3 millones 500 mil pesos”, explicó Michael Tache, asesor del Comité ‘El centro se defiende’, creado por propietarios de la zona.

De acuerdo con Tache, lo ofrecido no se compensa con lo que valen los predios.



“Es muy difícil que usted teniendo Transmilenio por la Décima, a una cuadra de la Plaza de Bolívar y con la valorización de San Victorino se tenga un metro cuadrado tan barato”, aseguró Tache, quien agregó que tres de los propietarios de las edificaciones que fueron demolidas aún no han recibido el pago. Es decir, están sin techo y sin con qué comprar otro lugar.



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EL TIEMPO conoció el documento en el cual se realiza el avaluó de los predios, que fue hecho directamente por Catastro Distrital, entidad que certificó que el precio por metro cuadrado en la zona está entre 300 mil y 1,5 millones de pesos. Sin embargo, estos avalúos son de 2013, que fue cuando se inició el proyecto.



De todos modos, este es considerado un proyecto estratégico de la Nación y la búsqueda de recursos para ejecutarlo seguirá. “El proyecto es un pilar de la Agencia, es una insignia. Estamos tocando puertas del mismo Gobierno para que, si no se puede construir todo de una vez, podamos ir construyendo por partes”, indicó el funcionario de la agencia.

¿Qué se va a hacer?

La idea actual es avanzar en la construcción de dos de las cinco manzanas. El primer componente del Proyecto se llevará a cabo en la manzana ubicada entre las carreras Décima y Novena y las calles Séptima y Sexta, espacio donde se proyecta una edificación de 24 pisos y 43.265 m2 de construcción. En él se localizarán entidades del Gobierno con capacidad para 2.224 funcionarios, comercio, servicios y espacios de bienestar para los funcionarios y ciudadanía.



“El instrumento normativo a través del cual se lleva a cabo el desarrollo de esta manzana, es un Plan Implantación, el cual fue adoptado por la Secretaria Distrital de Planeación mediante la Resolución No. 1284 de fecha 6 de septiembre de 2016”, indicó la agencia.



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La otra manzana queda contigua a la Vicepresidencia de la República. En este espacio se desarrollará una edificación institucional de 3 pisos y un altillo, con capacidad para 383 funcionarios en donde entraría en funcionamiento el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Otros proyectos claves

Cárcel El Buen Pastor

Así luce la cárcel de mujeres el Buen Pastor. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

El Gobierno Nacional y el Distrito están planeando trasladar a las reclusas del Buen Pastor a la Picota y en este predio desarrollar un proyecto inmobiliario que libere recursos para ampliar los cupos en las prisiones de Bogotá y de esta manera atender la crisis carcelaria de la ciudad.



La prisión de mujeres el Buen Pastor cuenta con una capacidad para 1.275 privadas de la libertad, sin embargo, hoy tiene recluidas a 2.093, una sobrepoblación de 818 personas.



Según Alejandro Peláez, subsecretario de seguridad de Bogotá, solucionar esta situación, como la de la Modelo, con un hacinamiento del 60,5 por ciento y la Picota, con uno del 42,6 por ciento; son prioridad para mejorar la seguridad de la ciudad.Museo de la Memoria

Imagen del proyecto Museo de la Memoria Foto: Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco

Como parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación de las Víctimas, la Agencia Nacional Inmobiliaria y el Centro de Memoria Histórica firmaron un convenio para construir el Museo Nacional de la Memoria Histórica, un espacio que busca recordar a los colombianos que la paz y la reconciliación son pilares fundamentales para la sociedad.



La Agencia será la encargada de formular, estructurar y ejecutar el proyecto de infraestructura cultural para la puesta en funcionamiento del Museo, el cual tendrá un área construida de aproximadamente 14.700 m2.



La edificación contará con aulas, ludoteca, salas de exposición, el Centro de Documentación del Proceso de Paz y el Archivo de los Derechos Humanos, entre otros espacios. Además, el museo estará rodeado por un gran parque para los ciudadanos. Para este proyecto se cuenta con recursos por $ 71.295 millones.

JAVIER FORERO

Redacción Política

gerfor@eltiempo.com