Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que "cabría permitir" tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo mientras no se suspende su inmunidad

"Mientras que no concurra una expresa declaración de incompatibilidad y anulación del mandato de parlamentario europeo, Oriol Junqueras disfruta de las inmunidades que se reconocen a los miembros de la Eurocámara". Así lo defiende la Abogacía del Estado que ha informado este lunes a favor de que el líder de ERC adquiera la condición de eurodiputado pese a estar ya condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

En el escrito remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que otorga la inmunidad a Junqueras, los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que "cabría permitir" tanto su desplazamiento a la Junta Electoral Central como a la sede del Parlamento Europeo para cumplir con los trámites necesarios adoptándose "las medidas de custodia que sean oportunas" para evitar que el preso se fugase.

Además, en el informe de 16 folios de extensión, firmado por la abogada del Estado en el procés Rosa María Seoane, se desliza que el tribunal que preside Manuel Marchena "puede consultar" qué medidas se deben adoptar respecto a Junqueras con el Parlamento Europeo "en cuanto afectan al ámbito de competencia" de dicha institución y "al amparo del principio de cooperación leal".

En su escrito, este organismo ha pedido además a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que haga posible al ex vicepresidente catalán el ejercicio de su función representativa, mientras mantenga su estatus de eurodiputado hasta que el Parlamento Europeo no se pronuncie sobre la suspensión de la inmunidad del penado.

Pasa la 'pelota' a la JEC

En concreto, en el informe se pide que no se anule el mandato de Junqueras hasta que haya un pronunciamiento expreso del Parlamento Europeo -de suspensión de la inmunidad- o de la Junta Electoral -por incompatibilidad- sobre el condenado. Rosa María Seoane defiende que corresponde a la Junta Electoral Central (JEC) declarar la incompatibilidad de Oriol Junqueras para cargo público tras haber recibido condena. "Hasta el momento, no consta que por esa Junta se haya declarado la incompatibilidad de Junqueras, ni tampoco la sustitución del mismo por otro representante de su candidatura electoral o la comunicación de esa circunstancia al Parlamento Europeo. No constando la expresa declaración de la incompatibilidad y de la anulación del mandato, el señor Junqueras, sigue hasta que no se produzca dicha declaración por la JEC, ostentando las inmunidades previstas en el artículo 9 del Protocolo" de inmunidades de los europarlamentarios.

Según la abogada del Estado, en esta situación, es el Tribunal Supremo el que debe decidir la forma en la que se haga posible que Junqueras desempeñe esa misión, que no se circunscribe únicamente a ese desplazamiento, sino que implica "el desempeño de su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario".

Otro de los gestos del servicio jurídico del Ejecutivo con el dirigente independentista es que pide que se mantenga suspendida la pena de inhabilitación absoluta del líder de Esquerra hasta que la Eurocámara proceda a suspender su inmunidad.

La clave de la investidura

Este informe se ha convertido en una pieza clave de la investidura de Pedro Sánchez, ya que ERC, cuya abstención es imprescindible en la vía que ha elegido el líder socialista para ser elegido, exigía un gesto de la Abogacía con Junqueras. Esta institución, que se ha visto sometida a fuertes presiones, no es autónoma y depende jerárquicamente del Gobierno.

Por su parte, la Fiscalía ha interpretado de forma muy diferente la sentencia de la UE. Nada más conocerse el fallo de Luxemburgo, en su escrito de alegaciones al Supremo, pidió que Junqueras siga en prisión y se comunique al Parlamento Europeo que el líder de ERC no está sujeto ya a medida cautelar alguna, objeto de la sentencia europea, sino condenado en firme por el grave delito de sedición.

Con todo, la Abogacía no pide la nulidad de la sentencia del 1-O, como sí ha hecho Junqueras y reclamaba ERC, sino que da "total validez" a las condenas del Supremo "al haberse dictado con estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal". "La sentencia de 14 de octubre de 2019 en nada ha impedido u obstaculizado la inmunidad declarada por la sentencia del TJUE", afirma Seoane.

Falta ahora por saber si a ERC le basta este pronunciamiento de la Abogacía para dar su visto bueno a la investidura de Sánchez. Esta tarde el partido reúne a su Ejecutiva, aunque no tiene previsto analizar el acuerdo con el PSOE hasta finales de esta semana.

Haber situado a una institución del Estado como la Abogacía en el centro de una negociación política, como es una investidura, ha generado una amplia polémica y propició que este domingo la asociación de abogados del Estado emitiera un comunicado rechazando las presiones. La tensión ha llegado al seno de la propia institución, que ha apurado los plazos para emitir su informe.

No obstante, la última palabra la tendrá el tribunal que preside Manuel Marchena que estudiará en profundidad las alegaciones de las partes antes de dar respuesta al recurso de súplica presentado por Junqueras. La Sala no prevé pronunciarse sobre el alcance del fallo de Luxemburgo hasta pasada la festividad de Reyes.