La filtración de los documentos judiciales demuestra que la ecologista hondureña Berta Cáceres fue asesinada por expertos en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales del país, formadas por Estados Unidos. Así se desprende de una investigación que ha llevado a cabo the Guardian.

"En el asesinato de Berta Cáceres están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras"

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Cáceres, que se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, recibió un disparo mortal un año atrás. Supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que había recibido amenazas de muerte.

El asesinato de Cáceres, que en 2015 había sido distinguida con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman, provocó el clamor de la comunidad internacional y se hizo un llamamiento para que Estados Unidos dejara de proporcionar apoyo militar a Honduras, un aliado clave en la guerra contra las drogas.

Ocho hombres fueron detenidos por este crimen, entre ellos un militar en activo y dos militares retirados.

Las autoridades militares negaron cualquier implicación en el asesinato de la activista y restaron importancia al hecho de que se hubiera detenido a un militar en activo, Mariano Díaz, que fue expulsado del ejército.

Sin embargo, tanto el expediente militar de los detenidos como los documentos judiciales a los que ha tenido acceso the Guardian revelan que:

Díaz, un militar veterano y condecorado de las fuerzas especiales fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2015 y cuando Cáceres fue asesinada iba a ser ascendido a teniente coronel.

Otro de los sospechosos, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, se alistó en el ejército el mismo día que Díaz y sirvieron juntos. La acusación afirma que siguieron en contacto después de que Bustillo se retirara en 2008.

Tanto Díaz como Bustillo recibieron formación militar en Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, era un francotirador de las fuerzas especiales que había servido bajo las órdenes directas de Díaz. La acusación cree que cuando dejó el ejército en 2013 siguió trabajando como informante de los Servicios de Inteligencia.

Los documentos judiciales también incluyen el registro de mensajes de teléfonos móviles. La acusación cree que algunos mensajes en código hacen referencia al asesinato.

El registro de llamadas y la declaración de Hernández confirman que en las semanas anteriores al asesinato, Bustillo y Hernández se desplazaron en varias ocasiones hasta la localidad de La Esperanza, donde vivía Cáceres. “El asesinato de Berta Cáceres tiene todos los elementos de una operación bien planeada y diseñada por los servicios de inteligencia del ejército, donde es absolutamente normal contratar a civiles para que asesinen a alguien”, explica a the Guardian una fuente legal que conoce bien la investigación.

“Es inimaginable que alguien del perfil de Cáceres, cuyo activismo se había convertido en un problema para el gobierno, pueda ser asesinada sin la autorización, aunque sea implícita, de los altos mandos del ejército”.

El Ministro de Defensa de Honduras no ha querido hablar con the Guardian, pero el responsable de las fuerzas armadas ha negado recientemente que en el país operen escuadrones de la muerte.

La conexión Agua Zarca

También han sido detenidos cinco civiles sin antecedentes militares. Uno de ellos es Sergio Rodríguez, uno de los responsables de Agua Zarca, el proyecto financiado con capital extranjero para la construcción de una presa hidroeléctrica que Cáceres quería frenar.

Dirige este proyecto Desarrollos Energéticos SA, (Desa), una empresa vinculada al gobierno y al ejército. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de los servicios de inteligencia del ejército y el secretario, Roberto Pacheco Reyes, es un exministro de justicia. De 2013 a 2015 el exteniente Bustillo trabajó como responsable de los servicios de seguridad de la empresa.

En relación a su campaña contra la presa, Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte; en algunos casos habían sido los mismos trabajadores de Desa los que la habían amenazado. Desa niega tener nada que ver con su asesinato.

Cáceres fue asesinada sobre las 23.30 del 2 de marzo, cuando un grupo formado por al menos cuatro sicarios entraron en la comunidad cerrada situada en las afueras de La Esperanza donde se había mudado recientemente. Varios testigos han explicado a the Guardian que, si bien el puesto de control situado en la entrada de la comunidad normalmente estaba custodiado por soldados o policías, esa noche estaba vacío.

En un inicio, los investigadores sugirieron la hipótesis de que Cáceres había sido asesinada por un examante o por un compañero de trabajo descontento. Sin embargo, tras el clamor de la comunidad internacional, las autoridades detuvieron a Díaz, Bustillo y dos sospechosos más en mayo de 2016.

Hernández, que semanas más tarde fue detenido en México, es el único sospechoso que ha declarado ante un juez. Ha reconocido su participación, si bien ha asegurado que lo hizo bajo coacción.

Los ocho detenidos han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete detenidos han negado su implicación con el crimen o no han declarado ante el juez. La acusación asegura que el historial telefónico presentado ante el juez demuestra que la comunicación entre los tres militares era constante. Este historial incluye un mensaje de texto en el que se mandan mensajes claves sobre el pago a un sicario.

La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirma que varios expertos estadounidenses han participado en la investigación desde el principio.

El senador Ben Cardin, uno de los miembros de más alto rango de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha indicado que Estados Unidos no debe dar un apoyo incondicional a Honduras. “Es fundamental que no solo reforcemos nuestros compromiso con el Estado de Derecho de Honduras sino que exijamos una mayor rendición de cuentas cuando se cometen abusos contra los derechos humanos y ataques contra la población civil”.

La lista negra

El año pasado, the Guardian publicó las declaraciones de un soldado hondureño que aseguró que había visto el nombre de Cáceres en una lista negra que circulaba entre las unidades del ejército formadas por Estados Unidos.

El sargento primero Rodrigo Cruz afirmó que las dos unidades de élite recibieron una lista con los nombres y las fotografías de activistas, y también recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad de Cruz optó por desertar. Al resto de la unidad se les concedió un permiso.

En otra entrevista posterior con the Guardian, Cruz explicó que los jefes del Estado Mayor del Ejército entregaron esta lista al comandante del equipo interinstitucional especial Xatruch, de la que forma parte su unidad.

Cruz, que no quiso que the Guardian utilizara su nombre real por miedo a represalias, desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece oculto desde entonces.

Después de que the Guardian publicara el reportaje, James Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar lo sucedido. En una entrevista que concedió la semana pasada afirmó que han removido cielo y tierra. “Creo que tanto yo como mi equipo hemos hablado con todas las personas con las que podíamos hablar y nadie ha elaborado esta lista”, indicó Nealon.

Sin embargo, Nealon reconoció que la embajada no ha hablado con el comandante de Xatruch. Además, ni la embajada ni las autoridades hondureñas han hablado con activistas que tienen información sobre la supuesta lista negra.

Lauren Carasik, profesora de Derecho en la Western New England University afirma que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Honduras y permitirá que los autores intelectuales del asesinato de Cáceres y de otros destacados activistas sigan en libertad.

“Washington no puede dar la espalda a las pruebas cada vez más sólidas de la participación del ejército hondureño en el asesinato extrajudicial de Cáceres”, concluye.

Apoyo militar

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, así como la impunidad de los autores, son algunas de las violaciones de los derechos humanos más graves que se cometen en Honduras.

A pesar de ello, Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado la ayuda fue de 18 millones de dólares.

En los últimos años, la ayuda estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que nacieron en la década de los ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Estas unidades de élite luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y las bandas de criminales. Sin embargo, los activistas afirman que en la actualidad estas unidades también sirven para atacar a todos los líderes de la sociedad civil que cuestionan la gestión del gobierno.

Los ataques contra los activistas no han hecho más que aumentar desde un golpe de Estado respaldado por militares en 2009, que derrotó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces, han sido asesinados más de 124 ecologistas y defensores del derecho a la tierra.

Una investigación impulsada recientemente por la organización Global Witness, que lucha contra la corrupción, mostró que las élites políticas, empresariales y militares del país participan activamente en megaproyectos que son muy nocivos para el medio ambiente. Este tipo de proyectos no han hecho más que crecer desde el golpe de Estado.

Una de las regiones más conflictivas del país es la de Bajo Aguán, situada en el norte de Honduras. Allí, los campesinos y las compañías productoras de aceite de palma libran un conflicto por el uso y tenencia de tierras que ya ha causado más de 130 muertes en los últimos seis años.

En el Bajo Aguán está desplegado el 15º batallón; una de las dos unidades especiales del ejército hondureño, así como el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales.

Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón. La unidad de élite de Cruz también estuvo desplegada en el Bajo Aguán.

El embajador Nealon afirma que no tiene constancia de que Díaz, Hernández o Bustillo hayan participado en los cursos de formación ofrecidos por Estados Unidos en Honduras.

“Nuestros programas de formación para policías o soldados no están pensados para enseñarles a cometer violaciones de derechos humanos o crear una atmósfera que les haga creer que pueden hacerlo, de hecho, más bien todo lo contrario”, explica.

Los expedientes militares hondureños muestran que Díaz participó en varios cursos de contrainsurgencia en las bases de las fuerzas especiales de Tegucigalpa y en el Bajo Aguán.

También participó en un taller de mando para cadetes en Fort Benning, en el estado de Georgia, en 1997, y un curso de contraterrorismo en la Academia de Fuerzas Aéreas Interamericanas en 2005.

Los documentos del juzgado también muestran que cuando fue detenido, Díaz, de 44 años, estaba siendo investigado por tráfico de droga y secuestro, y al mismo tiempo seguía estudiando para tener opción a un ascenso.

Los expedientes militares muestran que en 1997 Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se entrenaron cientos de soldados de América Latina que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.

Traducción de Emma Reverter