La Plata (Corresponsalía).

Dos funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires armaron una denuncia falsa contra una empresa constructora para exigirles el pago de una coima. Pero los denunciaron, la Justicia "marcó" los billetes, los filmaron y terminaron detenidos en sus propias oficinas. Ocurrió en la Delegación Campana de ese organismo, después que el constructor entregó el dinero que pidieron para "arreglar" las irregularidades inventadas por los agentes corruptos.

El proceso involucra a Julio Amoroso, delegado regional, y al inspector Gustavo Domínguez. El operativo se organizó después de que Domínguez visitó una obra en el country "Puertas del Lago", de Escobar, donde había varias obras que realizaba la empresa. El encargado del control dijo que "una denuncia anónima" había disparado la orden para revisar los papeles y otras cuestiones de seguridad laboral.

El agente le informó al capataz que se habían constatado "varias situaciones irregulares" y le informó que debía arreglarlas en la sede del Ministerio. Pero que "todo sería más fácil" si pagaban 40 mil pesos. El empresario denunció la extorsión en la cabecera de Trabajo, en La Plata. Según explicó el ministro Marcelo Villegas a Clarín, "se trasladó la presentación a la fiscalía y se entregó toda la documentación requerida para avanzar con la investigación". Esto incluyó todas las actas de inspección y los datos de los funcionarios de Campana.

El fiscal del departamento Zárate-Campana, Gustavo Flores, dispuso la intervención telefónica de los sospechosos y acordó con uno de los empresarios la fecha para concretar el pago de la coima. Se pactó la entrega para hoy a las 8.30, en la filial del ministerio, en la calle Sívori 730 de esa localidad.

Según pudieron constatar en el Gobierno, estas maniobras serían frecuentes en algunas de las 46 delegaciones que tiene Trabajo en todo el territorio. En el caso de Campana, habría por lo menos otras tres constructoras que habrían sido afectadas y se presentarán a declarar ante Flores. "Se trata de pymes, que tienen entre 10 y 15 empleados. Se generan falsas órdenes de inspección, a veces con el aval de los gremios. Otras con supuestas denuncias anónimas", explicaron los investigadores.

Villegas aclaró que los funcionarios detenidos integraban el plantel de la repartición desde hacía años. "El delegado había sido recomendado por el intendente, pero está claro que se corrompió en la función pública", especuló. El ministro firmó la cesantía y en el caso del inspector será sumariado y luego exonerado.

"Decidimos tener tolerancia 0 con las maniobras corruptas", aseguró Villegas. Por eso, se modificó el mecanismo de inspección. Entre otras variaciones, se exige a los gremios que cuando acompañan los procedimientos de revisión el delegado deje sus datos, su legajo gremial y el sindicato debe certificar su representación con un carnet.

Trabajo tiene además, 50 subdelegaciones y más de 250 supervisores que verifican condiciones de seguridad, higiene y registración laboral. Al inicio de la gestión, las autoridades denunciaron ante la Justicia al ex ministro Oscar Cuartango y a otros ex funcionarios (entre ellos el Director General de Administración) por una compra de computadoras que nunca se entregaron; por el nombramiento de agentes a quienes les habrían pedido "los primeros sueldos" como aporte para la campaña de Daniel Scioli y por otras irregularidades administrativas.