El organismo que fiscaliza las violaciones a las leyes laborales abandonó en marzo un juicio contra la multitienda París cuyos efectos eran clave para todo el retail. El abogado de la empresa es un ex director del Trabajo. Los sindicatos hoy desconfían de la voluntad de la Dirección del Trabajo de sancionar los abusos laborales. El recelo es mayor a la luz de las dos auditorías de la Contraloría que desnudaron graves irregularidades en la DT entre 2001 y 2013, Además, no se cobraron o se rebajaron más de 64.000 multas, lo que significó un beneficio para las empresas infractoras de $39.586 millones.

Con las manos vacías y desilusionadas de la Dirección del Trabajo, la mañana del 3 de agosto de 2015 volvieron a trabajar las últimas empleadas en huelga del Sindicato N°1 de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba. Habían resistido 76 días sin sueldo mientras el centro comercial seguía funcionando con personal de reemplazo.

A partir de ese momento, la única esperanza de las trabajadoras, encabezadas por Ester Jeldres, fue la demanda que la Inspección Cordillera de la Dirección del Trabajo (DT) inició en los tribunales laborales en contra de París Administradora (Grupo Cencosud), por “práctica antisindical”. Pero en marzo de 2016, el juicio concluyó abruptamente cuando esa inspección abandonó el caso. Y lo hizo justo en las puertas de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ya había fijado fecha para escuchar sus argumentos.

El sindicato envió una carta al director de la DT, Christian Melis, pidiendo explicaciones. No hubo respuesta. Melis dijo a CIPER que nunca recibió la carta, pero aseguró que le dará una explicación al sindicato sobre la razón del desistimiento: se hizo para corregir “un error jurídico” que había cometido la Inspección Cordillera.

El argumento de Melis es refutado por el primer vicepresidente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), Francisco Álvarez, quien señaló a CIPER que la Dirección del Trabajo no es un tribunal, que se debió dejar a la corte decidir si había o no un error, más aún si un director regional de la DT ya había dictaminado a favor de las huelguistas.

La importancia del juicio con París Administradora, según los sindicalistas, era clave: sus efectos iban mucho más allá de la denuncia por “práctica antisindical”. Perseguían que la justicia laboral admitiera que si los trabajadores dejan extinguir un contrato colectivo sin presentar uno nuevo, el sindicato tiene derecho a proponer un contrato en la fecha que estime e iniciar una nueva negociación colectiva.

La ley establece que cada establecimiento de una multitienda –en este caso París- es una unidad económica: puede tener uno o más sindicatos, pero estos no pueden negociar junto a los sindicatos de otros locales a pesar de tener una misma casa matriz como empleador. De allí que, si la corte acogía los argumentos de las trabajadoras del Mall Plaza Tobalaba, se abría paso una de las más preciadas demandas laborales: negociar colectivamente junto a otros sindicatos de la misma París, pero de otros locales.

El abrupto abandono que hizo la DT de ese importante juicio, a las puertas del pronunciamiento de la corte, abre una gran interrogante sobre su rol fiscalizador del cumplimiento de las leyes laborales. Una tarea clave y cuya importancia será mayor cuando comience a regir la nueva Reforma Laboral, aún entrampada tras el fallo del Tribunal Constitucional (ver recuadro).

Esta duda se acrecienta a la luz de dos recientes auditorías de la Contraloría. Ambas revelan graves irregularidades y fallas de la Dirección del Trabajo entre 2001 y 2013. Se constataron condonaciones excesivas en favor de los empleadores, pérdida de expedientes de fiscalización y la tardía emisión de informes sobre denuncias de trabajadores.

Además, no se cobraron o se rebajaron más de 64.000 multas a empresas que han violado las normas laborales, lo que implicó un beneficio para las infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones.

EL PODER DEL RETAIL

“La Dirección del Trabajo no quería ganar este juicio para evitar conflictos con la industria del retail”, señaló a CIPER el secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, Óscar Figueroa, quien afirma que el abogado de la DT a cargo del litigio, Pascal Merino, recibió la orden de desistirse.

Los dirigentes de esa federación –que reúne a trabajadores de París del Florida Center, Plaza Vespucio y Plaza Tobalaba- están convencidos de que la DT hace tiempo que dejó de ser “pro operario”. Y explican que, a pesar de que las actuales autoridades de ese servicio son de la DC y el PS, presionan a los sindicatos para que lleguen a acuerdo con los empleadores y no haya huelga.

-A la presidenta del Sindicato N°1 de París del Mall Plaza Tobalaba, Ester Jeldres, la llamó la directora de Relaciones Laborales de la DT Metropolitana Oriente, Benita Valdivia, y le dijo que hasta cuándo iba a tener a la gente en huelga afuera del mall -relató Óscar Figueroa.

Darle la razón al sindicato de París, habría significado eliminar la actual interpretación que establece que los trabajadores deben presentar su petitorio a la empresa entre 40 y 45 días antes de que venza el acuerdo vigente, o colgarse de la fecha de otro sindicato para negociar. De lo contrario, están impedidos de hacerlo durante los próximos dos años.

Lograr esa jurisprudencia fortalecía el poder de los sindicatos. Y ello, porque en vez de sentarse cada uno a negociar con la empresa en fechas distintas, como ocurre hoy en París y en todo el retail, podrían hacerlo de manera coordinada. De allí que no solo los dueños de París estuvieran preocupados del destino de esa denuncia en tribunales.

-Nunca imaginamos que la Dirección del Trabajo iba a darnos la espalda –afirman con enojo el secretario de la federación y la presidenta del sindicato.

LAS MUJERES HASTA EL FINAL

El Sindicato N°1 de París Tobalaba (creado en 2007), tenía casi 100 socios -en su mayoría vendedoras y cajeras- al iniciar la huelga el 19 de mayo de 2015. A la semana del paro, los socios varones volvieron al trabajo luego de recibir presiones y ofertas de mejoras económicas, dijo Jeldres a CIPER. Quedaron solo mujeres en el movimiento.

Hoy, la organización está reducida a las 34 socias que se mantuvieron firmes hasta el final en sus demandas, las que ahora deben esperar hasta 2017 para negociar con la empresa. También perdieron el bono de $50 mil después de que la Dirección del Trabajo abandonó abruptamente y sin aviso el juicio. El resto de los socios originales se cambió al Sindicato N° 2. “Pagamos un costo muy alto”, admite Ester Jeldres.

Aun cuando las trabajadoras sabían que había un riesgo al dejar extinguir el contrato colectivo vigente sin presentar el nuevo, se sintieron avaladas por una autoridad. “El abogado de la Inspección Cordillera, Pascal Merino, nos dijo que estábamos bien, que era un caso interesante y que si se lograba un fallo positivo, se podía replicar en el comercio”, cuenta Jeldres.

El Sindicato N°1 presentó su pliego a París el 27 de marzo de 2015. La petición más importante era mejorar los bonos de movilización y colación, ya que había trabajadores de los fines de semana que recibían solo $2 mil al mes para alimentarse y movilizarse. Tras aguardar 30 días -e incluso cinco más en señal de “buenos oficios”- sin que los representantes de París se sentaran a negociar un nuevo contrato, los trabajadores votaron la huelga. Apenas el paro se inició el 19 de mayo, la empresa dispuso personal de reemplazo, lo que fue denunciado a la DT por los huelguistas.

Fue entonces que vino el primer golpe a los trabajadores. París contrató para su defensa al estudio de abogados laborales Albornoz y Cía. Su socio principal es el ex subsecretario de Justicia del gobierno de la Nueva Mayoría, Marcelo Albornoz (DC), quien además fue director del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos y recientemente asesoró a senadores de su partido en la discusión de la Reforma Laboral.

El argumento que desplegaron los abogados de la Administradora París fue que, si no había derecho a negociación, entonces la huelga era ilegal y no se incurría en práctica antisindical al enrolar a personal de reemplazo. Al sindicato no le quedaba más que esperar hasta 2017 para proponer un nuevo contrato.

La fiscalizadora de la Inspección Cordillera Claudia Martínez concurrió a la tienda París el 20 de mayo. Allí dejó constancia de que la empresa “efectuó reemplazo de trabajadores en huelga legal”, recurso que estaba impedida de utilizar, pues no había ofrecido a los trabajadores el llamado “bono de reemplazo”.

Así partió el 1 de julio de 2015 la demanda por “práctica antisindical” interpuesta por la Inspección del Trabajo Cordillera ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto. Por orden del director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, la demanda fue retirada para iniciar una mediación entre la empresa y el sindicato.

Óscar Figueroa, secretario de la Federación de Sindicatos París Cencosud, cuenta que en ese momento, la empresa ofreció negociar un “convenio colectivo” sin garantía de despidos. Una vez que esa instancia fracasó, recién el 5 de agosto la Inspección Cordillera interpuso la demanda definitiva contra París por “práctica antisindical”.

Para entonces, las últimas trabajadoras habían vuelto a sus puestos después de 76 días de huelga y sin sueldo. De allí que la única herramienta que les quedaba era que la Dirección del Trabajo ganara el juicio a París y así tener la posibilidad de negociar. Su esperanza se vio reforzada cuando el director regional Oriente del Trabajo, Cristián Umaña, dictó una nueva resolución que declaró que la huelga “no es extemporánea”.

Por eso la frustración de las trabajadoras fue mayúscula cuando en marzo de este año se enteraron de que la DT se había desistido del juicio justo antes de alegar en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Lo primero que hizo la presidenta del sindicato, Ester Jeldres, fue ir donde el abogado Pascal Merino. “Lo único que me dijo es que había recibido órdenes superiores, pero no de quién”, recordó la sindicalista. El 14 de marzo, Jeldres entregó en la Oficina de Partes de la DT una carta dirigida al director Christian Melis, pidiendo explicaciones.

-La Dirección del Trabajo no quiso ganar el juicio: dejar extinguir el contrato aterró al retail y a los que fiscalizan al retail –dijo a CIPER el secretario de la federación, Óscar Figueroa.

Desde la Dirección del Trabajo confirmaron a CIPER que la orden al abogado Pascal Merino provino de las jefaturas de los departamentos de Relaciones Laborales y Jurídico de la Dirección Nacional. La indagación permitió establecer que la orden fue firmada por las abogadas Wendoling Silva y Marta Donaire.

-No es frecuente, pero nos pasa que en algunas oportunidades en que una Inspección resuelve algo, después, cuando el empleador o los trabajadores piden reposición, se revisa (en las instancias superiores) y se da la opinión contraria si se detectan errores jurídicos -explicó a CIPER el director de la DT, Christian Melis.

Para la DT el “error jurídico” de la Inspección Cordillera fue precisamente el nudo central que afectaba a todo el retail: interpretar que al extinguirse el contrato, el sindicato podía presentar una negociación en la fecha que quisiera. Sin embargo, la información recogida por CIPER indica que al menos el Departamento de Relaciones Laborales y la Dirección Regional Metropolitana Oriente de la DT conocieron desde el inicio la tesis jurídica de la Inspección Cordillera y no pusieron objeciones (ver minuta de la DT sobre el juicio laboral).

HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA

De lo obrado por la Dirección del Trabajo en el juicio por “prácticas antisindicales” de la multitienda París del Mall Plaza Tobalaba, solo quedó en pie la multa que la fiscalizadora Martínez aplicó el día de su inspección en terreno. La empresa debía pagar 60 UTM ($2,7 millones) por haber reemplazado a las huelguistas.

Establecer si realmente se cobran las multas cursadas por infracciones a la legislación laboral, fue el objetivo de la auditoría que la Contraloría realizó a la DT y que abarcó desde enero de 2001 al 30 de abril de 2013 (ver Informe N° 140/2013 del 5 de enero de 2015).

El resultado fue lapidario: la Dirección del Trabajo dejó sin efecto 47.279 multas que sumaron $30.566 millones actualizadas al año 2013. Además, aplicó rebajas a otras 17.494 multas por un total de $9.020 millones. En definitiva, la DT disminuyó o dejó de aplicar sanciones en 64.773 casos, que implicaron un beneficio para las empresas infractoras –y un menor ingreso al Fisco- por $39.586 millones. De este monto, $3.947 millones son irrecuperables: las infracciones prescribieron. Tampoco se puede perseguir responsabilidades administrativas o civiles de los funcionarios de la DT, concluyó la Contraloría.

En su indagatoria, los auditores seleccionaron una muestra de 18 empresas que habían sido beneficiadas con mayores rebajas o condonaciones en el periodo investigado. Allí figura Cencosud -matriz de las tiendas París- con pérdida de documentación en varios expedientes de multas. Por ejemplo, una multa cursada a París en 2005 por $149,1 millones (valor 2013),no se cobró y está prescrita. La DT no encontró los documentos y respondió a la Contraloría que se desconocen las razones que tuvo el jefe del Departamento de Inspección de la época para no proseguir con el proceso de sanción a la empresa.

Similar pérdida de documentación se detectó con dos multas cursadas a Taylor Asesorías por $69,7 millones en 2008. No hubo explicación en la DT de por qué se mantenían en “reconsideración” en el sistema informático. Más grave fue lo que se descubrió con la sanción no cobrada a la Minera El Abra por $78,5 millones: la carpeta estaba vacía.

Los auditores de la Contraloría también descubrieron ausencia de comprobantes del envío de las multas a la Tesorería General de la República, organismo encargado de los cobros. Así ocurrió con el envío de la multa cursada a Tur Bus en 2009, por $9,1 millones, cuya carpeta además estaba extraviada.

CONDONACIONES MILLONARIAS

Otra grave falla detectada por los auditores fueron las condonaciones excesivas de más del 80% de las multas cursadas. Una de ellas benefició a Inversiones Alsacia y Express Santiago Uno (operador del Transantiago). Debía pagar 210 UTM en 2006 (equivalentes hoy a $9,5 millones), pero se le aplicó 90% de rebaja. La propia DT reconoció que la condonación debió ser por un máximo del 70%.

En varios casos de altas condonaciones se detectó ausencia de documentos que respaldaran esa decisión. Así ocurrió con Buses Gran Santiago, con una multa de 60 UTM que bajó a 6 UTM; a Prosegur Regiones, con una multa de 180 UTM que se rebajó a 18 UTM; y a la empresa Alsacia (operador del Transantiago): su multa de 270 UTM quedó en 27 UTM sin explicación.

En el informe de Contraloría se incluyeron condonaciones excesivas que firmó el actual director de la Dirección del Trabajo, Christian Melis, cuando se desempeñaba en 2008 en la División de Inspección. La rebaja del 90% en seis multas benefició a la empresa Express Santiago Uno. Cuando los auditores de la Contraloría pidieron el expediente, lo encontraron incompleto y sin la documentación original. Las multas sumaban 3.476 UTM y disminuyeron a 347,6 UTM, lo que implicó que la empresa del Transantiago se ahorrara $125 millones. Y ello, a pesar del informe de un fiscalizador que recomendaba no rebajar las multas en cuatro de las seis infracciones.

Melis explicó a CIPER que firmó la rebaja debido a que “se había acreditado que tras la denuncias hubo acuerdos de la empresa con las organizaciones sindicales”, como la reincorporación de personas despedidas. Y agregó:

-En esa época teníamos como política la gestión del cumplimiento. Nosotros no somos el SII y no nos interesa andar por la vida cursando multas. Lo que nos interesa es que las normas laborales se cumplan y, en consecuencia, hemos entendido que la multa es un instrumento para lograr ese cumplimiento por parte de los empleadores.

Pese a los descargos de la DT, la Contraloría mantuvo la impugnación en las multas que firmó Melis, tanto por la falta de documentación de respaldo como por el incumplimiento de la normativa.

LAS CUENTAS NO CUADRAN

Las irregularidades que descubrió la Contraloría en la Dirección del Trabajo incluyeron el respaldo informático de las multas. Desde 2006, cuando la DT puso en marcha su nueva plataforma informática (DTPLUS), se suponía que allí debían quedar registradas todas las multas. Pues bien, la auditoría reveló que no era así y concluyó: “El sistema arroja resultados que no guardan relación alguna con los registros que al respecto lleva la Tesorería General”.

Duro fue el llamado de atención que le hizo el ente contralor a la DT, pues “pese a estar en conocimiento de tal hecho”, no hay constancia de que se haya indagado el origen de las divergencias con los registros de Tesorería.

La falta de concordancia entre los registros de ambas entidades tenía un efecto clave a la hora de cobrar las multas y evitar la impunidad de los infractores de las leyes laborales. La revisión exhaustiva de los auditores concluyó que 2.013 multas por 22.444 UTM ($1.021 millones actuales) no aparecían en los registros de la Tesorería.

La Contraloría calculó que hasta 2013 hubo multas por $3.216 millones que ya no era posible cobrar. Las razones:porque no se habían cumplido por parte de la Dirección del Trabajo ni los plazos ni la normativa para el cobro. Entre las irregularidades que provocaron la impunidad de los infractores, está por ejemplo, el registrar en el sistema DTPLUS un RUT erróneo de la empresa multada. Precisamente lo que ocurrió con las 470 UTM que debió pagar Express Santiago Uno por una multa en 2006 que nunca fue cobrada.

DENUNCIAS CON AÑOS DE ESPERA

La respuesta y eficiencia de las fiscalizaciones de la DT a las denuncias de trabajadores en 2013, también fue revisada por la Contraloría. Fueron seleccionados 123 procesos (de un total de 18.816) iniciados por las inspecciones Santiago Norte, Providencia y Santiago Sur Oriente. A ello se agregó el análisis de 101 casos dados de baja por error en el ingreso de los datos (ver Informe 89/2014).

En los expedientes respectivos, los auditores descubrieron la ausencia de documentación que avalara las denuncias de los trabajadores. Y en 25 de los 123 expedientes faltaba el comprobante de ingreso de la fiscalización. Entre las empresas que se beneficiaron, figuran: Subus Chile, Optus Chile y Magochic Aseo Industrial. En otros 10 casos faltaban en las carpetas documentos básicos de la fiscalización, como contratos de trabajo, registros de asistencia y comprobantes de remuneraciones.

Al revisar los registros de las denuncias laborales ingresadas en 2013 a DTPLUS por las tres Inspecciones de la DT auditadas, se encontraron 239 casos en que la DT tardó hasta 14 meses (434 días) en asignar a un fiscalizador para indagar la infracción denunciada.

La demora de la DT en reaccionar frente a una denuncia es una de las críticas habituales de los sindicatos. Los investigadores del Observatorio Laboral de CENDA (Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo) Militza Meneses y Manuel Núñez, relataron a CIPER que los temporeros “reclaman que cuando llaman a la DT para hacer una denuncia, se demoran tanto en enviar a un fiscalizador que, como ese trabajo agrícola dura poco, a veces, cuando llegan ya no hay faena que fiscalizar”. La respuesta de los funcionarios de la DT que han invitado a sus talleres y seminarios es que falta personal para ir a terreno.

Tardanza no solo en llegar a fiscalizar descubrió la Contraloría. Porque la auditoría también reveló 52 casos en donde un funcionario de la DT sí concurrió a fiscalizar, pero tardó 148 días en emitir su informe. Otras 18 denuncias estuvieron paralizadas hasta 483 días sin que las jefaturas revisaran los antecedentes para decidir si eran aceptadas o rechazadas, en circunstancia que el plazo es de tres días hábiles.

En este acápite, lo más grave es que solo en las tres Inspecciones de la DT que auditó la Contraloría se habían acumulado 1.249 denuncias laborales entre 2001 y 2012 que fueron informadas por los inspectores, pero las jefaturas nunca revisaron los informes, dejando sin respuesta a los afectados.

DESCARGOS DE LA DT

“Los dos informes de la Contraloría resultaron duros para la institución, pero también fueron una oportunidad para darse cuenta y corregir”, señaló a CIPER, el titular de la DT, Christian Melis. Los cambios, según Melis, partieron en marzo de 2015 con nuevas instrucciones a todos los funcionarios.

A ello se agrega que la Dirección del Trabajo se incorporó al programa de fortalecimiento de instituciones públicas del Ministerio de Hacienda y el BID, que está focalizado en mejorar la fiscalización y los sistemas tecnológicos, y fortalecer la conciliación laboral. Paralelamente se trabaja un proyecto de nueva ley orgánica para modernizar estructura y procedimientos, como incorporar la notificación electrónica a los fiscalizados.

Melis aseguró a CIPER que las fallas detectadas por la Contraloría, si bien evidenciaron debilidades estructurales de la DT, no gravitan en el resultado total: “Desde 2001 hasta 2016 hemos cursado más de $600 mil millones en multas y realizado más de un millón de fiscalizaciones. Pero no existía una unidad dedicada al control de las multas. En 2015 creamos una oficina que nos alerta si hay atrasos y ahora las multas pendientes no superan el 3% de las 124.572 fiscalizaciones de ese año. Hemos sido más estrictos”.

Las multas laborales cursadas por la DT en 2015 sumaron $73 mil millones, de las cuales la DT dejó sin efecto, rebajó o sustituyó el 21,9% ($16 mil millones). Parte de los infractores recurrió a tribunales por multas por un total de $11.736 millones, de los cuales la justicia rebajó o dejó sin efecto $3.060 millones. Al final, las multas llevadas a cobro totalizaron $54 mil millones. Un monto que Christian Melis asegura que fue cobrado, porque el sistema de traspaso de información a la Tesorería ahora es automático (ver cuadro estadístico de la DT).

-En mi administración hemos actuado en una lógica de protección a los trabajadores que quizá nos cuesta mostrar, pero los números están a la vista –concluye Christian Melis.

En la otra vereda, Francisco Álvarez, dirigente de la Confederación del Comercio y Vestuario (Consfecove), cuenta que hace tres semanas su organización pidió que se fiscalice el respeto a la ley que otorga siete domingos adicionales de descanso al año a cada trabajador por parte de cinco grandes tiendas (Falabella, Paris, Ripley, Sodimac e Hites). Recién el viernes 27 de mayo concurrieron inspectores de la DT al mall Plaza Vespucio.