El próximo 1 de julio se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana). En este tiempo, en el Estado español se ha vivido un preocupante incremento de las vulneraciones de derechos fundamentales y de libertades.

La plataforma No Somos Delito lleva tres años denunciando la arbitrariedad y falta de garantías de esta norma legal y aseguran que, en estos momentos, “nos encontramos ante una oportunidad única para demandar que se redacte una nueva ley garantista con los derechos humanos“.

“Con el cambio de gobierno es posible que se retome la tramitación de la reforma de la Ley Mordaza en el Congreso que lleva ya más de un año paralizada, un momento clave para unirnos y exigir a los grupos parlamentarios que queremos una nueva legislación que proteja nuestros derechos fundamentales para que no se sigan violando los derechos humanos, ni cercenando nuestras libertades”, argumentan desde esta plataforma.

Para ello, el próximo miércoles 4 de julio llevarán a cabo una Jornada Parlamentaria en el Congreso de los Diputados para debatir sobre las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana. “Será nuestra oportunidad para demandar de manera clara y contundente que la sociedad civil quiere participar de manera activa y no sólo consultiva en la construcción de cualquier legislación y, en este caso, de una nueva ley de seguridad ciudadana”.

En este acto, al que han sido invitados todos los grupos parlamentarios, se abrirán diversos espacios de debate y coloquio donde recoger las propuestas de colectivos, organizaciones, movimientos y personas de la sociedad civil para la redacción de una legislación que garantice el libre ejercicio de derechos y libertades individuales y colectivas.

No Somos Delito aprovechará la ocasión para presentar una propuesta creada y consensuada por más de 40 organizaciones y colectivos de todo el Estado, a la que se han adherido más de 150 entidades sociales y cerca de 700 personas, en la cual se recogen 10 puntos que consideran fundamentales para garantizar la protección de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión, presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho de asilo, etc.

Demasiadas vulneraciones a las libertades y derechos

“Hemos llegado a un escenario que cada día añade nuevos nombres, realidades y situaciones que muestran cómo se viola la libertad de expresión, se persiguen las ideas, se criminaliza la pobreza, las organizaciones sociales, los creadores y artistas: raperos, sindicalistas, activistas, migrantes, manifestantes… cualquiera puede ser objeto de esa represión política y social que convierte a nuestro presunto Estado democrático, nacido de la Constitución del 78, en una máquina de castigar. Incluso pensar puede ser delito”.

Con esta contundencia se manifiestan desde Derechos Civiles 15M Zaragoza, recordando que esta ley ha supuesto una involución en las libertades de todas las personas, volviendo a generar en la legislación estatal el delito ideológico. Como hace más de 40 años.

Son demasiados los casos de abusos de poder, de pérdida de garantías judiciales y de vulneración de derechos fundamentales ocurridos en estos tres últimos años como consecuencia de la Ley Mordaza. Entre los últimos hechos recogidos, nos encontramos con casos de multas de 1200€ por acudir a la cacerolada convocada la noche del 8 de marzo de 2018 en la Puerta del Sol con motivo de la huelga feminista. La policía interpuso una multa a una de las participantes argumentando que la concentración en la que participaba no estaba comunicada. La Ley de Seguridad Ciudadana (LO 4/2015) no contempla ninguna infracción por asistir a una concentración no comunicada, sino por convocarla, asi que MSA fue sancionada por no atender a una orden ilegítima en base al art. 36.6 de desobediencia a agentes de la autoridad.

Hay otros casos de abusos claros como el del fotoperiodista AL, quien fue multado con 602€ por subir a su cuenta de twitter las imágenes de una detención policial que se producía mientras cubría una movilización de protesta el 3 de marzo de 2016. AL fue sancionado en base al artículo 36.23 que hace referencia al uso no autorizado de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vulnerando el derecho fundamental de libertad de información.

Victoria, una vecina de Zaragoza, intentó mediar en una discusión entre conductor y otras personas usuarias del bus. En realidad, ella sólo quería llegar lo antes posible al Centro Municipal de Servicios Sociales donde recibía atención desde hace varios años. Sin embargo, parece que los agentes de la autoridad allí desplazados decidieron que ese día le tocaba a ella sufrir la práctica de esa nefasta ley. Victoria siempre ha negado los hechos que relata la policía, que entre otras cosas asegura que incitó a las personas presentes a volverse contra los agentes. Aparte de haber abonado la multa de 602€, Victoria se enfrenta a un juicio en Zaragoza este 2 de julio, a las 10.00 horas, en el Edificio Vidal Canellas, donde se manifestarán Derechos Civiles 15M.

Son cientos los casos como estos, sin embargo, desde las organizaciones contrarias a esta ley se denuncia especialmente las devoluciones en caliente que se producen en la frontera sur, como uno de los hechos más graves que contempla esta ley en su disposición final primera que propone la posibilidad de expulsión de personas extranjeras, tratando de legalizar lo ilegítimo. “Las devoluciones en caliente o expulsiones sumarias han sido condenadas recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otras organizaciones internacionales por no cumplir tratados internacionales de derecho de asilo y refugio. Denunciamos también la criminalización y discriminación que sufren las personas migrantes a través de las identificaciones ‘racistas’ que han sido denunciadas en numerosas ocasiones”, recuerdan desde No Somos Delito.

Reformar: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién?

En la jornada en el Congreso de los Diputados que plantea No Somos Delito tratarán de mostrar sus discrepancias a los textos actualmente en tramitación para la reforma de la Ley Mordaza presentados por el PSOE y PNV. Textos que han sido analizados en profundidad por un grupo de juristas y personas de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, entre las que se encuentra la plataforma.

“No compartimos el concepto de seguridad ciudadana del que parten tanto la actual ley como las reformas planteadas, la cuales entienden la seguridad ciudadana como una cuestión de orden público. No pensamos que la ciudadanía sea un problema de orden público y nos oponemos a que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales se regule por vía administrativa debido a la falta de garantías jurídicas. Es el momento de que la sociedad civil sea escuchada y tome parte de las mesas de trabajo para crear un texto garantista que defienda los derechos humanos”, aseguran.

Para No Somos Delito el PSOE alude en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley Corcuera, más conocida esta última como Ley de Patada en la Puerta (LO 1/1992).

Para la plataforma el texto presentado por el grupo socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley vigente.

Por su parte, el PNV anuncia en su exposición de motivos una ampliación del derecho de huelga y los derechos y libertades de las personas extranjeras en el Estado español –derogación de las devoluciones en caliente incluida–, sin embargo dichos conceptos no aparecen desarrollados en su articulado.

“Es una ocasión clave para unirnos y exigir a los grupos parlamentarios que redacten una nueva legislación que proteja nuestros derechos fundamentales para que no se sigan violando los derechos humanos, ni cercenando nuestras libertades” advierten desde No Somos Delito y llaman a participar en la jornada parlamentaria, inscribiéndose a la misma, porque entienden que es el momento de “derrocar todas las leyes represivas que ahogan los derechos fundamentales de la población, que precarizan sus vidas, que nos impiden el bienestar real y obligatorio de un Estado democrático de derecho”.