El 'kingpin' con más suerte de la lista: de cómo 'Chepe Diablo' burló una y otra vez a la justicia

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El único ciudadano de El Salvador señalado por el gobierno de Estados Unidos como capo del narcotráfico internacional se llama José Adán Salazar Umaña. Salazar Umaña se dice un empresario honrado que empezó cambiando moneda en las fronteras entre Guatemala, El Salvador y Honduras.

Sin embargo, su historia muestra que ha podido amasar una fortuna de al menos US$60 millones, y desarrollar una sorprendente capacidad para evadir al fisco y la cárcel. “Chepe Diablo”, como se le conoce, ha probado, hasta ahora, ser intocable. La Fiscalía de Douglas Meléndez, sin embargo, recién anunció que le abrió una investigación por lavado de dinero y ha pedido la información pertinente a Estados Unidos y otros países.

El 5 de septiembre 2014, Blanca Noemí Ayala de Reyes, jefa de la Unidad de Investigación Penal Tributaria de Hacienda remitió a la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General el memo referencia 10014-NEX-0603-2014, en el que constan, entre otros, dos pagos hechos por José Adán Salazar Umaña al estado salvadoreño, uno de US$467.949,77 y otro de US$335.784,91, en sendas cuotas cobradas entre junio y agosto de ese año.

El pago lo liberaba de un caso en su contra, otro en una serie de evasiones de la justicia. Eso a pesar de que Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, es ya un nombre emblemático en el prontuario del crimen organizado salvadoreño. Las inteligencias policial y estatal del país le han atribuido el rol de líder del Cartel de Texis, una de las organizaciones criminales de tráfico de drogas más importantes del país.

Esta semana, el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, confirmó que en octubre de 2016 solicitó a la Corte Suprema de Justicia pedir oficialmente a Estados Unidos y a otros países centroamericanos información sobre al menos 20 compañías y actividades financieras relacionadas a “Chepe Diablo” y otros presuntos miembros de Texis. Esa petición aún está pendiente de ser avalada en la Corte para luego ser enviada a los países requeridos por vía diplomática. “Se está en eso”, confirmó Meléndez.

El fiscal general, además, reiteró que en ocasiones anteriores, durante al gestión de su antecesor, Luis Martínez, Salazar Umaña y su grupo habían recibido desde la Fiscalía información privilegiada sobre pesquisas realizadas en torno a los negocios del cartel. Esas investigaciones, hasta ahora, nunca habían llegado a nada. “Sí sabemos que posiblemente hubo fuga de información en esa tramitología”, dijo Meléndez esta semana.

La investigación por lavado de dinero que recién confirmó Meléndez es la primera acción penal seria que el Estado salvadoreño emprende contra Salazar Umaña y su grupo, asociado por investigaciones oficiales y periodísticas al Cartel de Texis, una organización de narcotráfico que según Naciones Unidas se nutrió en El Salvador de la complacencia del sistema político.

Entre 2014 y 2015, luego de que la Casa Blanca de Barack Obama declaró a Salazar Umaña capo internacional del narcotráfico, la Fiscalía salvadoreña dirigida entonces por Luis Martínez se negó a abrir esa investigación a pesar de que auditorías del Ministerio de Hacienda e informes elaborados por sus propios fiscales determinaron entonces, a partir de un caso abierto contra los imputados por evasión de impuestos, que había suficientes evidencias de lavado de dinero.

Bajo las órdenes de Martínez, según comprueba esta investigación, fiscales de bajo rango o jefes de departamento pusieron excusas para no trasladar la prueba abierta en peritajes hacendarios, que arrojaron indicios de lavado, a un proceso penal por ese delito. Al final, Martínez y los suyos simplemente cerraron el caso. En su momento, InSight Crime trató de consular al exfiscal general y uno de sus subalternos al respecto, pero se negaron a dar entrevistas.

Por ahora, no obstante, Salazar Umaña sigue siendo un hombre libre, sobre quien no pesa ninguna acusación judicial formal. De hecho, la justicia salvadoreña solo lo acusó esa vez, en 2014, por evasión de impuestos, lo cual solventó con ese pago de una cuantiosa multa.

Otros gobiernos también lo han tenido en la mira. En Guatemala una vieja acta policial lo relaciona con amenazas y un grupo de narcotraficantes menores, pero todas aquellas investigaciones quedaron cerradas por falta de seguimiento. En 2014, el Departamento del Tesoro de lEstados Unidos lo señaló como capo (kingpin) en cuanto a su manejo de fondos ilícitos. A pesar de esa designación, hasta ahora no hay apertura de expediente judicial alguno en su contra en ese país.

Sin embargo, las preguntas y las investigaciones siguen. Desde mediados de la década pasada hasta 2014, cuando Hacienda descubrió que había evadido impuestos al menos en 2010 y 2011, Chepe Diablo triplicó su fortuna; y, a veces, al menos durante los dos años en que el Estado salvadoreño le esculcó las finanzas, Salazar Umaña no pudo justificar la procedencia legal del dinero que ingresó a sus cuentas o las de sus empresas, sobre todo al del consorcio hotelero que fundó a finales de la década de 1990.

Además, queda claro que es un hombre que tiene acceso a cantidades importantes de dinero cuando las ha necesitado. Así ocurrió, por ejemplo, en aquel septiembre de 2014, cuando tuvo que pagar decenas de miles de dólares al fisco como multa por evadir impuestos.

Y lo cierto es que Chepe Diablo ha sido un tipo afortunado en materia judicial. Aquella investigación por evasión de impuestos estuvo a punto de convertirse en una acusación penal por lavado de dinero, pero el ex fiscal Luis Martínez — hoy procesado por corrupción y obstrucción de justicia en dos casos no relacionados con Salazar Umaña — mandó a enterrar ese expediente por razones que aún no están claras.

También es cierto que, a lo largo del tiempo, Salazar Umaña ha contado entre sus socios y amigos a nombres importantes de la política salvadoreña, uno de ellos el actual vicepresidente de la República.

De un oscuro ajuste de cuentas en las costas que hacen frontera entre El Salvador y Guatemala en los albores del siglo a los días en que la Casa Blanca lo listó como un narcotraficante internacional surge una historia a veces opaca, a veces imposible de rastrear, pero también clara en ocasiones, marcada por el crecimiento de una fortuna que le permite pagar en efectivo sus cuantiosas deudas con el fisco, por amistades de peso político y por extrañas decisiones del Estado que terminan dejándolo fuera de expedientes judiciales o investigaciones incómodas.

Días oscuros en Guatemala

La larga historia judicial de José Adán Salazar Umaña comenzó el 14 de junio de 2001 a las 7 a.m., cuando la ciudadana guatemalteca Irma Edelmira Banegas Suchite llegó a la sub-estación policial del Puerto de Iztapa, en el departamento de Escuintla, al sur de Guatemala, para denunciar a un hombre, salvadoreño, que el día anterior, dijo, la había amenazado de muerte. El nombre del denunciado, según el oficio número 227-001 firmado aquel día por el subjefe de estación, el oficial II Carlos Rafael Caljú Hernández, era Salazar Umaña.

“El día de ayer a eso de las 17:00 horas a su domicilio se presentó una persona de sexo masculino a quien conoce con el nombre José Adán Salazar, a quien apodan [Chepe Diablo], que al parecer es hondureño; este bajo amenazas y de una forma intimidante le indica que quieren utilizar el negocio de la denunciante para la venta de drogas, de no colaborar con él la eliminarán físicamente a ella y a sus familiares; el negocio de la denunciante se denomina LAN-DAI, ubicado en la calle principal de esta localidad”, dice el oficio que firmó el oficial Caljú Hernández y que ese mismo día, a las 12:15 p.m., dio por recibido el juzgado de paz de Iztapa, en Escuintla.

(InSight Crime confirmó la autenticidad del oficio que contiene la denuncia contra Salazar Umaña, tanto en el Ministerio Público de Guatemala como con un oficial de la PNC destacado en Escuintla en 2001. Durante la segunda semana de julio, fiscales antinarcóticos destacados en Ciudad Guatemala dieron por válidos los sellos que calzan el documento.)

Escuintla es un departamento costero aledaño a la frontera occidental de El Salvador que desde aquellos años ha sido considerado parte de una zona caliente de narcotráfico. En 2001, a raiz de esa denuncia y otros testimonios, el Ministerio Público (MP) de Guatemala empezó una investigación por narcomenudeo en el que el nombre de José Salazar Umaña apareció varias veces. El MP también dijo a InSight Crime que había una investigación más amplia a grupos de narcotráfico en el oriental departamento de Zacapa en el que se menciona el nombre de Salazar Umaña. Los agentes fiscales consultados en Guatemala, no obstante, aseguraron que solo se trató de pesquisas indiciarias que no tuvieron seguimiento.

“Lo que pasaba es que en esas zonas se movían bandas de delincuentes que se metían en todo […] Una de las cosas que hacían era tumbes pequeños, pero también recoger paquetes que los narcos dejaban en las playas […]”, dijo un expolicía, quien por razones de seguridad pidió hablar desde el anonimato.

Además el expolicía recordó que el grupo al que se relacionaba a Chepe Diablo participaba en la recogida de “tulas”, palabra que se utilizaba para describir los paquetes de droga que las lanchas dejaban cerca de la costa y que después la recogían las bandas pequeñas de narcos que se manejaban por esas zonas, y, según este mismo policía, asesinatos y secuestros.

Sin embargo, las investigaciones guatemaltecas no prosperaron.

De las fronteras a la nueva élite

Metapán es una ciudad colonial, blanca y apacible, situada en medio de las cadenas montañosas que pueblan el noroccidente salvadoreño, cerca de las fronteras con Honduras y Guatemala. Como la mayoría de ciudades centroamericanas construidas con el trazado de la colonia española, su centro urbano está flanqueado por los edificios que sirven de sede a los poderes tradicionales: el templo de la iglesia católica, el palacio municipal que alberga al poder político y el portal del comercio. En este caso muy cerca está también el estadio del equipo local de fútbol, el Isidro Metapán.

La influencia de Salazar Umaña es palpable en Metapán en el menos tres de los edificios: la alcaldía, el portal del comercio y el estadio.

Chepe Diablo ha sido socio de Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán y en la actualidad uno de los principales financistas del minoritario Partido de Conciliación Nacional, según fuentes de ese instituto político. Fue, durante varios años, presidente del Isidro Metapán y de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y tiene oficinas en la segunda planta del portal comercial, desde donde, entre otras cosas, dirigió la feria ganadera de Santa Ana –departamento al que pertenece la ciudad– la década pasada.

De acuerdo a dos publicaciones periodísticas, una de Los Angeles Times y otra de El Faro, Metapán es la sede de operaciones del Cartel de Texis, que debe su nombre a Texistepeque, una ciudad más pequeña ubicada muy cerca de Guatemala. Por esas montañas, según datos de la policía salvadoreña retomados en esas investigaciones, se ha movido droga, dinero, armas y otro tipo de contrabando en las últimas dos décadas.

En septiembre pasado, InSight Crime consultó a dos agentes ministeriales salvadoreños que han seguido la pista a Texis y a sus miembros desde finales de la década pasada sobre las actividades del grupo. Las operaciones de narcotráfico que en principio asignaron al grupo, coinciden ambos, han dado paso a operaciones más sofisticadas que le han llevado a crear un conglomerado de empresas legales y poderosas. Lo más importante de ellas es Gumarsal, que provee insumos agrícolas al estado.

Gumarsal, uno de cuyos principales rubros es la molienda de harina de trigo, fue creada el 23 de mayo de 1997, cuando Salazar Umaña, su hijo José Adán Salazar Martínez, el alcalde de Metapan, Umaña Samayoa, y el hijo de este, Wilfredo Guerra Umaña, aportaron cada uno 25.000 colones (unos US$2.900) para fundarla.

En ese entonces el mercado de harina estaba monopolizado por Adolfo Salume, un empresario salvadoreño de origen árabe, quien es dueño de Molinos de El Salvador. Sin embargo, desde finales de la década pasada, Gumarsal empezó un crecimiento brutal.

En entrevistas de prensa, Salume ha atribuido ese crecimiento a inversiones millonarias, importaciones masivas y a la oferta de producto a precios muy por debajo de los normales en el mercado. Entre 2004 y 2011, por ejemplo, Gumarsal compró US$63,2 millones en granos e insumos agrícolas a importadores estadounidenses.

Gumarsal era solo una parte del entramado. El grupo también fundó Molinos San Juan, Indumasa y Gradeca, y así creó una cadena completa parecida a lo que tenía el mismo Salume en otros productos alimentarios de la canasta básica. Para el año 2011, ya el grupo hacía fuerte competencia a Salume en el mercado harinero. Entre marzo de 2011 y mayo de 2012, por ejemplo, Molinos San Juan, valorada entonces en US$31,9 millones, llegaría a importar 1.760 toneladas de trigo para abastecer, entre otros, al Estado.

De un oscuro ajuste de cuentas en las costas que hacen frontera entre El Salvador y Guatemala en los albores del siglo a los días en que la Casa Blanca lo listó como un narcotraficante internacional surge una historia a veces opaca, a veces imposible de rastrear, pero también clara en ocasiones, marcada por el crecimiento de una fortuna que le permite pagar en efectivo sus cuantiosas deudas con el fisco, por amistades de peso político y por extrañas decisiones del Estado que terminan dejándolo fuera de expedientes judiciales o investigaciones incómodas.

Hasta qué punto el dinero de Chepe Diablo estaba detrás de ese crecimiento de Gumarsal es difícil de establecer. La pista de Salazar Umaña no aparece siempre en los documentos de la empresa entre la fundación de Gumarsal y el año 2004, y desaparece por completo desde ese año en adelante. Además, el dueño de la empresa –Wilfredo Guerra– ha insistido en que Salazar Umaña, quien es su padrino, no tiene ya relación con la empresa. Después de que Salume fundó en 2013 una publicación digital noticiosa, Diario 1, desde la que ha atacado a Salazar Umaña y a su grupo, Guerra demandó al empresario competidor por difamación.

Y cuando la Casa Blanca listó a Chepe Diablo como “kingpin”, Gumarsal contrató abogados en Washington para cabildear ante Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés) y otras instancias federales de investigación. No era, solo, asunto de evitar relaciones que pudiesen resultar vergonzosas, sino que de acuerdo a las leyes federales estadounidenses, ninguna empresa de ese país puede hacer negocios con personas extranjeras, naturales o jurídicas, señaladas por OFAC.

Para la Fiscalía salvadoreña, sin embargo, todos fueron protagonistas de la misma historia en algún momento: “El caso incluye al señor José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa, conocido por Juan Samayoa […] Se estaba investigando el delito de lavado de dinero y activos, ya que existen suficientes elementos probatorios”, se lee en parte de la documentación entregada por agentes fiscales a dos tribunales salvadoreños por el proceso de evasión de impuestos abierto en 2014.

Mientras tanto, la fortuna de Salazar Umaña seguía creciendo. A la base de la nueva fortuna, según los exámenes contables realizados por el gobierno salvadoreño, además de Gumarsal, Molinos San Juan, Indumasa, y Gradeca, están Transportes Dany, empresa de carga, y Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V. (Hotesa).

“El Ministerio de Hacienda estableció en dos fiscalizaciones que le realizaron a cada una de las personas investigadas y a las sociedades Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal S.A. de C.V., que dichos contribuyentes habían falseado registros contables y establecieron incremento patrimonial no justificado”, dice ese mismo documento de la fiscalía salvadoreña.

Durante los primeros 10 años, Hotesa no terminó de despegar. Para 2008, sin embargo, los activos totales estaban valuados en US$3,7 millones, de acuerdo a un balance general firmado por el empresario ese año. Dos años después, las ventas totales de seis hoteles que para entonces formaban el grupo habían crecido 32,6 por ciento respecto al año anterior, y el valor de los activos totales era ya de US$18,5 millones.

Hoy en día los hoteles y el negocio del trigo es donde más gana Salazar Umaña. De acuerdo a las cifras desenterradas por Hacienda, para 2010 el valor de los activos de las dos empresas más grandes relacionadas a Salazar Umaña, Molinos San Juan y Hotesa, rondaban los US$40 millones, y sus rentas netas llegaban cerca de los US$14 millones.

Las autoridades creen que hay mucho más dinero que Salazar Umaña está escondiendo. Según determinaría unos años después la investigación penal por evasión de impuestos, Salazar manejaba dinero y cuentas bancarias no declaradas a las autoridades. Buena parte de las auditorías contables que hizo Hacienda entre 2010 y 2011 están agregadas también a la declaración de la OFAC.

En Washington, un agente federal de aplicación de la ley con conocimiento de las investigaciones realizadas en San Salvador a Salazar Umaña que habló desde el anonimato para poder referirse a investigaciones aún en curso dijo: “Hay mucho dinero que él [Salazar] no es capaz de justificar”.

Al final de la década pasada, para 2010, ya las rentas que Salazar Umaña declaró al fisco ascendían a US$13,06 millones. De acuerdo a peritajes de Hacienda anexos al expediente abierto por evasión de impuestos, en 2010 hay US$1,4 millones en ingresos cuyo origen legal Chepe Diablo no pudo justificar.

Es por eso que en 2014 la Fiscalía salvadoreña ya investigaba a Salazar Umaña y a su grupo por evasión de impuestos y por actividades sospechosas de lavado de dinero y activos. Ese año, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía abrió el expediente 22-UIF-2014 por evasión de tributos; en esa investigación los fiscales incluyeron a Salazar, a su hijo, al alcalde Umaña Samayoa y al hijo de este, Wilfredo Guerra, además de a las empresas Gumarsal y Hotesa.

A esas alturas, sin embargo, Salazar Umaña y el grupo conocido como Texis ya tenían suficiente poder e influencia para lograr salir airosos de los tribunales.

Los narcos de occidente

En fotos que han salido de él en periódicos salvadoreños, alguna vez que lo entrevistaron, Salazar Umaña aparece casi siempre sonriente. Vestido de jeans, camisas manga corta y ataviado con sus lentes sin marco y su infaltable gorra de béisbol, Chepe Diablo no proyecta la imagen de un tipo suntuoso.

Salazar es, de hecho, alguien a quien no le gustan los reflectores ni las cámaras.

“Es tímido”, le dijo a InSight Crime su ahijado y exsocio, Wilfredo Guerra, presidente de industrias Gumarsal, cuando este medio solicitó a Guerra que intercediera para que su padrino nos concediera una entrevista. En la única entrevista que ha hecho, Salazar Umaña dijo que él era un empresario honrado que empezó cambiando moneda en las fronteras entre Guatemala, El Salvador y Honduras. InSight Crime buscó a Salazar también en sus oficinas de Hotesa, pero no quiso dar entrevista.

A pesar de su insistencia, para 2008, cuando ya las empresas de Salazar Umaña contaban sus ingresos en millones de dólares, la inteligencia del Estado salvadoreño había iniciado varias investigaciones que conducirían hasta Chepe Diablo y hasta otros empresarios de Metapán, la ciudad desde la que todos operan sus negocios.

Los expedientes tomaron forma en 2009, cuando el Centro de Inteligencia Policial reunió en un solo fólder, al que en un inicio se conoció como Caso Límites, las pesquisas en torno a, entre otros, Chepe Diablo, el alcalde Umaña Samayoa y Roberto “El Burro” Herrera, quien guarda prisión de máxima seguridad en Zacatecoluca acusado de robo de vehículos y tráfico de drogas y a quien el exministro de Seguridad Pública Ricardo Perdomo relacionó con Texis.

Las autoridades comenzaron a tomar acción sobre la investigación el 17 de febrero de 2011 cuando el Centro de Inteligencia Policial realizó un operativo fallido en el que retuvo por unas horas a Herrera. La policía se amparó, entonces, en una vieja orden de Interpol que lo reclamaba por delitos cometidos en Estados Unidos. Dos años antes, en un documento de la PNC titulado “Informe estratégico sobre amenazas del narcotráfico en El Salvador”, Herrera era perfilado como “el segundo jefe de una estructura de narcotraficantes […] Se le ha designado como el que controla la parte de Santa Ana y Ahuachapán […]”

En uno de los informes anexos al expediente “Límites”, elaborado por el Centro de Inteligencia Policial (CIP) en 2011, se lee: “El Burro o Coyote, de nacionalidad salvadoreña, es uno de los principales cabecillas de una fuerte estructura dedicada al trasiego de droga en la zona occidental del país, además es vinculado a miembros de la pandilla MS13 y al grupo de exterminio de Los Zetas en Guatemala y México.” Y: “Dicho narcotraficante desde hace varios años se moviliza libremente, jactándose de que tiene buenas influencias políticas con altos mandos policiales y con otros funcionarios públicos importantes”.

Otro de los supuestos miembros del Cartel de Texis es José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, acusado de narcotráfico y varios homicidios y listado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como “objetivo” en junio de 2013. A Cisneros las autoridades salvadoreñas lo han investigado por entregar armas a la clica Fulton de la MS13, y aunque Washington lo identifica como un miembro activo de la pandilla transnacional, investigadores en El Salvador aseguran que es solo un colaborador.

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A finales de la década pasada, Cisneros, quien también fue investigado en Boston y Nantucket, en Massachusetts, por delitos relacionados a estafa y tráfico de drogas, operaba en Nueva Concepción, Chalatenango. Nueva Concepción, una ciudad pequeña de vocación agrícola y comercial, está situada en el norteño departamento de Chalatenango, cerca de la carretera Longitudinal del Norte, y según las autoridades salvadoreñas fue, en aquellos años, territorio en el que la Fulton controlaba el tráfico de drogas. Medio Millón era, se supone, el nexo entre la pandilla y Texis.

En 2009, los nombres de Burro Herrera, Chepe Diablo Salazar y Medio Millón Cisneros empezaron a aparecer con más consistencia en varios expedientes de las inteligencias estatal y policial, los cuales fueron abiertos en virtud de la orden circular número 009-12-2008 que un año antes había firmado el entonces director de la Policía, Rodrigo Ávila, para investigar grupos de crimen organizado. La Fiscalía de Luis Martínez ordenó, en julio de 2013, la captura de Herrera bajo cargos de narcotráfico y robo de vehículos. Investigaciones posteriores llevaron a la captura de tres decenas de personas, entre ellas un militar, un fiscal y empresarios, relacionadas con El Burro, quien ya fue condenado a 35 años de cárcel. Ahora está recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Cisneros también fue arrestado en 2012, y después otra vez en 2015, con cargos de homicidio y tráfico de armas. Pero innovador informe de El Faro.

Sin embargo, Salazar Umaña nunca fue acusado de crímenes relacionados al Cartel de Texis. Esto a pesar de que, en una entrevista con InSight Crime en 2012, el fiscal Martínez dijo que daba credibilidad a las investigaciones abiertas en el caso Texis, y, sin ser específico, decía que también entendía como sustentar algunas investigaciones en las que se involucraba a altos oficiales de la Policía Nacional Civil con Salazar Umaña, Herrera y otros supuestos miembros de la organización.

No obstante, la Fiscalía de Martínez nunca investigó ni acusó a los altos oficiales señalados; solo arremetió contra los agentes que investigaron a sus jefes por los supuestos vínculos con Texis, acusándolos de filtración de documentos, lo que llevó al innovador informe de El Faro sobre la organización criminal. (Varios medios de comunicación salvadoreños, entre ellos el matutino El Diario de Hoy, aseguraron que el caso había sido abierto por “manipulación de pruebas”, pero eso no es así.) Esto a pesar de que las investigaciones que esos policías de menor rango hicieron están a la base de otras acusaciones penales, como las hechas contra Burro Herrera, e incluso de las pesquisas que inició Hacienda y que también sirvieron a la OFAC estadounidense para declarar a Salazar Umaña capo internacional del narcotráfico.

Lo cierto es que, tras las malogradas investigaciones de la Fiscalía, del proceso contra los policías que investigaron a Texis, y de la condena a Herrera, José Adán Salazar Umaña parece siempre salir bien librado.

El expediente 22-UIF-2014 o cómo botar una investigación a la basura

Las sospechas sobre las actividades ilícitas de Salazar Umaña empezaron durante los últimos meses del quinquenio presidencial de Antonio Saca (2004-2009), del partido ARENA, motivadas por el rápido crecimiento de capital e inversiones de las empresas relacionadas a Chepe Diablo. Las pruebas parecían contundentes.

“No había forma legal de explicar esos crecimientos”, dijo a InSight Crime un exministro de Estado que sirvió durante la gestión de Saca y estuvo al tanto de las investigaciones.

Las cifras extraídas del expediente abierto por evasión de impuestos hablan, de hecho, de tres empresarios y dos empresas, todas relacionadas a Texis, con acceso a importantes cantidades de dinero para pagar las multas acordadas con la Fiscalía por tributos no hecho al fisco entre 2010 y 2011. Salazar Umaña pagó, a título personal y a nombre de Hotesa, US$1.056.707,43. Gumarsal, la empresa agrícola que Salazar fundó junto a Juan Umaña Samayoa, alcalde de Metapán, y Wilfredo Guerra, hijo de Samayoa y ahijado de Chepe Diablo pagó US$1.327.860,47. El alcalde Samayoa, a título personal, pagó US$135.636,24, y Guerra, US$393.037,08.

Esa investigación empezó a dejar claras las anomalías. En 2010, Hacienda realizó varias auditorías contables a Salazar Umaña. Los auditores rastrearon en cuentas bancarias no registradas en la contabilidad del empresario un incremento patrimonial no justificado por US$753.289. El año siguiente, Chepe Diablo generó ingresos no justificados por US$280.500 en el rubro de bienes raíces. En 2011, Salazar Umaña reportó un ingreso patrimonial no justificado de US$600.761,91, tanto en cuentas del Banco de América Central (US$567.967,49) y del Banco Hipotecario (US$32.794,42). Además, en el Hipotecario ingresó dinero correspondiente a incremento patrimonial no justificado por US$208.899,10, este sí en una cuenta registrada contablemente.

Los auditores también encontraron otras transacciones curiosas en las auditorías hechas entre 2010 y 2011 a varios ejercicios contables que van incluso hasta 2004, como pagos de deudas inexistentes a empresas reconocidas. Cuestionado por los peritos de Hacienda, los contadores de Salazar Umaña dijeron, por ejemplo, que el 18 de agosto de 2008 el empresario hizo un préstamo de US$350.000 a la transnacional Chevron Caribbean Inc, con la que entonces tenía una relación comercial para abastecer gasolineras de las que también era dueño; el objetivo del préstamo era financiar en parte la construcción del Hotel Sevilla, propiedad de Hotesa. Salazar Umaña registró la deuda hasta el 26 de septiembre de 2011, más de tres años después, y no presentó al fisco documentos que avalaran el empréstito. Los peritos de Hacienda establecieron que ese dinero “se presume inexistente” y ocupan esta deuda para explicar cómo funciona, en este caso, la transformación de dinero ilícito.

En Washington, un agente federal de aplicación de la ley con conocimiento de las investigaciones realizadas en San Salvador a Salazar Umaña que habló desde el anonimato para poder referirse a investigaciones aún en curso dijo: “Hay mucho dinero que él [Salazar] no es capaz de justificar”.

Cuando en 2014 la Fiscalía de Luis Martínez procesaba a Salazar Umaña y a su grupo por evasión fiscal, Hacienda remitió el legajo de auditorías con todos los hallazgos. (InSight Crime tiene en su poder una copia escrita, avalada por el Ministerio de Hacienda, de todos esos hallazgos). Uno de los agentes que participó en esa investigación, la de tipo penal, aceptó hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato por temor a represalias para explicar por qué los indicios no se convirtieron en pruebas y el expediente no terminó convertido en una acusación penal de lavado de dinero o, incluso, en órdenes de arresto. InSight Crime contrastó lo expuesto por este agente con otros investigadores que participaron en el caso, así como con agentes hacendarios que han seguido trabajando en el expediente de Salazar Umaña. Al final, declaraciones hechas por el actual jefe del Ministerio Público, Douglas Meléndez, dan fe de que este caso y otros estaban “retenidos” o “de alguna manera engavetados”.

El agente que participó en la investigación criminal que habló con InSight Crime asegura que, tras los hallazgos de Hacienda, los fiscales encargados del expediente 22-UIF-2014 hicieron gestiones ante varias instituciones del Estado para ampliar la información; e hicieron algo que parecía más simple: pedir a un tribunal de San Salvador, el octavo de paz, que secuestrara toda la documentación contable y retenida a Salazar y a su grupo en el caso de evasión de impuestos para “la realización de una pericia contable […] con el objeto de establecer la existencia del delito de Lavado de Dinero y Activos, así como las personas que tenían participación en tales hechos”.

Ahí, dice el investigador, estaban las pruebas de “las falsedades de los investigados”.

El siguiente paso era que la Fiscalía, a través de especialistas contables y financieros (peritos) certificara la prueba y abriese un caso por lavado de dinero, algo que los fiscales asignados pidieron al tribunal segundo de paz de San Salvador. De hecho, desde marzo de 2015 todo estaba listo para que la Fiscalía nombrara peritos.

“Es casi de manual, la idea de la Fiscalía debió haber sido procesar de inmediato a esta gente por lavado, porque en la ley está claro que cuando alguien reconoce evasión por ingresos no justificados de inmediato se configura el delito de lavado”, explicó uno de los investigadores durante una entrevista en San Salvador.

Sin embargo, la fiscalía desistió. Con argumentos que terminaron pareciendo excusas escolares, el jefe de la UIF y otros fiscales asignados directamente por Luis Martínez intentaron a toda costa impedir que especialistas nombrados por el mismo Ministerio Público convirtieran en pruebas para un caso penal los indicios que había encontrado Hacienda.

Para hacer eso, lo primero que hicieron los fiscales de Martínez fue retrasar la petición de los documentos al tribunal octavo de paz de San Salvador, el que había llevado el caso por evasión de impuestos y en cuyos expedientes estaban las pruebas de lavado. “Los documentos eran vitales para la pericia”, dijo a InSight Crime uno de los fiscales de menor rango que participó en el caso y atestiguó como sus jefes retrasaban los trámites, y quien habló por mensajería electrónica y pidió el anonimato por su seguridad laboral.

Las excusas que ponía la UIF para no pedir los documentos parecían inverosímiles. Primero, dice el fiscal que formó parte del proceso, el jefe de la unidad dijo que no podían pedir los documentos “porque no había espacio físico para tener la documentación y que los peritos trabajen”.

Eso, dice la fuente de InSight Crime, es mentira: en los últimos 20 años la Fiscalía ha utilizado espacios en el mismo centro judicial de San Salvador para revisar expedientes voluminosos.

Otra excusa: que había que pensar con mucho cuidado cualquier acción de la Fiscalía porque Salazar Umaña estaba “en el ojo de Estados Unidos” y de todos los medios, por lo que cualquier paso debía ser meditado una y otra vez. El Salvador tiene un tratado vigente de extradición con Estados Unidos que data de 1917, el cual rara vez es aplicado.

El 24 de agosto de 2015, el jefe de la UIF, Tovías Menjívar, mandó por escrito la orden de no seguir. Ya no solo se trataba de inventar excusas para no pedir las pruebas documentadas por Hacienda y de no juramentar a los peritos que certificarían los indicios para la Fiscalía, la nueva orden era desistir por completo de la investigación. InSight Crime trató de hablar con Menjívar cuando era todavía jefe de la unidad pero no hubo respuesta.

Cuando los pretextos se habían agotado, el fiscal general Luis Martínez optó por poner, como encargada del caso, a alguien de su confianza: su sobrina, Alessia Esteffi Herrera Menjívar. La licenciada Herrera siguió las órdenes de Martínez y pidió al juzgado segundo de paz que desistiera de la pericia contable y financiera a Chepe Diablo y a su grupo. No solo eso: pidió que todos los documentos y auditorías contables fuesen devueltas a Salazar Umaña. Y, finalmente, pidió el cierre definitivo del expediente 22-UIF-2014. Así, la Fiscalía salvadoreña enterraba el caso más claro que tenía contra el hombre al que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había designado como “kingpin”.

Un hombre con buenos amigos

Molinos San Juan es un negocio floreciente. En junio pasado, la empresa, propiedad de Wilfredo Guerra y Juan Umaña Samayoa, los exsocios de Chepe Diablo, alistaba una inversión de US$7 millones para expandir el molino y aumentar su producción de trigo.

El 17 de junio pasado, El Diario de Hoy publicó un publirreportaje que destaca los 1.100 empleos directos que genera la empresa, así como otras bondades del molino y de la casa matriz, Gumarsal: “[…] Se prepara esta mes para aumentar la producción de harina de trigo en El Salvador. Desde hace cinco años Gumarsal, una de las principales empresas salvadoreñas en el rubro de venta de granos básicos y sus derivados […] ha permanecido firme en la búsqueda de ampliar el mercado y de ofrecer producto de calidad a la industria panificadora local”, dice la nota.

La inversión inicial hecha por Guerra y Umaña Samayoa para la creación del molino fue, según el segundo dijo en una entrevista con el periódico digital El Faro en febrero de 2014, fue de US$2,5 millones. Molinos San Juan asegura tener control del 17 por ciento del mercado local de la harina.

Adolfo Salume Artiñano, el empresario dueño de la principal harinera de El Salvador, asegura que las inversiones de Molinos San Juan y de Gumarsal provienen de actividades ilícitas, como las que se señalan a Salazar Umaña, socio fundador de la segunda –abogados de Gumarsal basados en Washington dijeron a InSight Crime que la harinera no tiene actualmente ninguna relación con Salazar. Según Salume, la inversión inicial real fue de US$30 millones, algo que Guerra niega.

Salume va más allá, acusando a la empresa y al grupo de estar relacionados con el narcotráfico. En la entrevista de 2014, dos periodistas de El Faro preguntaron a Guerra sobre eso. “[…] Yo ni conozco esa tontera”, contestó Guerra.

“Nosotros, cuando salió el reportaje del Cartel de Texis nos extrañó, me puse erizo, porque leyendo esa tontera me pareció una trama un poco complicada de […] bien ‘pipiripáu’, el amigo del hermano de no sé qué. Entonces, eso nos extrañó cuando salió. Lo que sucede es que cuando nosotros iniciamos fue una… ha sido una tormenta yuca de difamaciones, de mencionarnos en esa cuestión, pero todo el tema fue que nos metiéramos en el tema de la harina de trigo”.

En mayo de 2015, una jueza de San Salvador condenó a Salume y a Laffitte Fernández, entonces director de Diario 1, financiado por el empresario harinero, por el delito de calumnia, cometido por atribuir a Guerra y a su padre, el acalde Umaña Samayoa, actividades relacionadas al narcotráfico. Tiempo después, un tribunal de segunda instancia, absolvió a Fernández y a Salume.

A pesar de todo, las acusaciones, las investigaciones, la designación de la Casa Blanca, las sospechas de lavado de dinero, el pasado criminal atribuido por policías y fiscales guatemaltecos a Salazar Umaña, uno de sus socios fundadores, Gumarsal sigue siendo una empresa floreciente; una empresa que es, incluso, proveedora del Estado salvadoreño.

InSight Crime atestiguó el 12 de octubre pasado como empleados de Gumarsal sacaban de un camión de carga bolsas de granos que llevaron a las instalaciones del Ministerio de Hacienda en San Salvador. La razón, según había explicado un investigador hacendario, es que esa y otras secretarías de Estado compran producto a la empresa. En 2012, un exfuncionario de la administración Funes aseguró que, en plena investigación policial a Salazar Umaña y a Juan Umaña Samayoa, al menos el Ministerio de Agricultura compraba granos a Gumarsal.

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Los vínculos de Salazar Umaña son también políticos. En 2012, la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) publicó un informe sin precedentes sobre crimen organizado en Centroamérica. Al hablar de El Salvador identificó al Cartel de Texis y a Salazar Umaña como uno de los grupos de narcotráfico que crecieron gracias, en gran medida, “a la protección de políticos”.

Estos contactos incluyen el actual vice-presidente de la República, el ex comandante guerrillero Óscar Ortiz. Ortiz, Salazar Umaña y un tercer socio, Rogelio Cervantes, constituyeron la sociedad Desarrollos Montecristo el 20 de junio de 2000, cuando Chepe Diablo aún no aparecía en los radares de las autoridades salvadoreñas. Algunas conexiones, sin embargo, quedarían claras luego.

La sociedad Montecristo fue inscrita ante los oficios del notario Salvador de Jesús Tobar Ruiz en la ciudad de Santa Ana. Tobar Ruiz fue el notario, también, de una escritura pública incautada en la vivienda de Juan Vicente Tobar Interiano años después, cuando la PNC realizó un allanamiento relacionado con el Cartel de Texis.

Uno de los principales rubros de explotación comercial de Montecristo es, según su acta de fundación, “la compraventa de bienes muebles e inmuebles para el desarrollo urbanístico o en el ramo de turismo”. Entre el 32 de julio de 2000 y el 7 de diciembre de 2012, la empresa y dos de sus socios, Ortiz y Cervantes, realizaron ocho transacciones comerciales relacionadas con tres terrenos. La transacción más reciente de la sociedad ocurrió en 2010, cuando Ortiz era alcalde de Santa Tecla, ciudad dormitorio de San Salvador, y ya se perfilaba como uno de los políticos más influyentes en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En varias entrevistas, visiblemente molesto, Ortiz desechó tener una relación actual con Salazar Umaña, pero no negó nunca el asocio a través de Desarrollos Montecristo. Lo que sí hizo el vicepresidente fue mentir: dijo que no veía a Chepe Diablo desde 2004, pero el periódico digital El Faro publicó una fotografía de los dos juntos tomada en 2014. El vicepresidente repitió luego de que El Faro, Revista Factum y La Prensa Gráfica revelaran su relación con Salazar, que todo se trataba de una campaña de los medios de comunicación para desprestigiarlo. El entonces fiscal general Luis Martínez no investigó estas posibles conexiones.

Lo cierto, de nuevo, es que la Fiscalía nunca indagó más sobre la conexión entre el vicepresidente de la República y José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, miembro del Cartel de Texis y una de las figuras centroamericanas importantes en el mapa del narcotráfico regional. Chepe Diablo quedaba libre de investigación, como en el caso de lavado de dinero que la Fiscalía salvadoreña se ha negado a seguir.

En la actualidad, el exfiscal Luis Martínez está siendo procesado en dos casos separados por delitos relacionados a corrupción, fabricación de pruebas y extorsión, ninguno de ellos relacionados con Chepe Diablo o Texis. En el primero se le relaciona con Enrique Rais, un empresario salvadoreño que ha sido definido como “objetivo principal” en una investigación de la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés), y en el segundo se le acusó de utilizar ilegalmente escuchas telefónicas. Dos jueces diferentes, sin embargo, han decidido no dejar en prisión a Martínez mientras es procesado.

Con la llegada de un nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, y debido en parte a presiones desde Estados Unidos, el caso de Chepe Diablo por lavado de dinero ha vuelto a la mesa del sistema de justicia salvadoreña. En abril pasado, Meléndez confirmó que su antecesor había echado tierra a la investigación y que él reabriría el caso contra Chepe Diablo.

“Lamentablemente me he encontrado en la Fiscalía una situación precaria de investigaciones. Precaria en relación con temas de corrupción, también de crimen organizado, en relación con, por qué no decirlo, tráfico de drogas, en relación a lavado”, dijo Meléndez a reporteros salvadoreños a pocas semanas de haber asumido el cargo.

“Hemos reabierto y retomado algunas investigaciones que se tenían retenidas o estaban de alguna manera engavetadas”, aseguró el funcionario al referirse al caso específico de Salazar Umaña.

La embajada de Estados Unidos en San Salvador reaccionó complacida a estas declaraciones del fiscal. Desde aquellas declaraciones, sin embargo, los fiscales al mando de Meléndez aún no mueven en tribunales nada relacionado al caso criminal por blanqueo de dinero atribuido a Chepe Diablo y sus socios.

Además, en los últimos meses, según confirmaron a InSight Crime dos agentes federales estadounidenses en Washington y dos fuentes cercanas al despacho del fiscal general en El Salvador, las pesquisas por lavado de dinero contra Salazar Umaña han avanzado, en parte con ayuda de Estados Unidos: Washington ha ofrecido financiar el Grupo Especial contra la Impunidad de la Fiscalía salvadoreña, cuya formación el fiscal Douglas Meléndez anunció en Washington en septiembre pasado, y el de Chepe Diablo es, de acuerdo a uno de los agentes consultados, parte del menú que ese grupo investigará.

En 2014, meses después de la designación de OFAC, un agente federal estadounidense dijo en Washington confirmó que Salazar Umaña es, desde entonces, objeto de interés de Estados Unidos.

Por ahora, no obstante, el nombre y alias de Salazar Umaña no aparece en ninguna acusación criminal, solo en investigaciones periodísticas y en expedientes enterrados por el Estado salvadoreño.

*Esta investigación fue realizada con la asistencia de Suecia.