Las pensiones a ex presidentes no tienen sutento legal, según asegura Ernesto Villanueva, coordinador del área de derecho de información de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la investigadora Hilda Nucci.

Actualmente los ex presidentes Echeverría, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón, así como la viuda de José López Portillo -la ex actriz Sasha Montenegro-, reciben mensualmente una pensión vitalicia de 205 mil pesos, lo que hace un total de 1.2 mdp con cargo al erario público. El gran total anual por este concepto es de 14.2 mdp.

“Durante nueve meses revisamos el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los últimos 38 años y encontramos que jurídicamente dicho acuerdo no existe, no tiene base legal pese a que todos creen lo contrario. Nosotros queríamos leerlo, conocer los argumentos, la exposición de motivos pero en realidad los documentos que hallamos por otras fuentes jurídicas son vagos e imprecisos”, afirma Villanueva considerado un académico reconocido en temas de legalidad y transparencia.

Villanueva y Nucci encontraron que en la práctica la cifra aumenta considerablemente con el pago de bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía; pago de servicio telefónico (local, larga distancia y celular); automovilístico (para ex presidente, esposa, hijos y escoltas con sus respectivas cuentas de tenencia, verificación y mantenimiento); y servicios domiciliarios (predial, agua, luz, jardinería, etcétera).

En su libro Beneficios ex presidenciales, estos dos autores incluyen los detalles de cada acuerdo. El primero -número 7637 de fecha 25 de noviembre de 1976- asigna de manera vitalicia a cada ex presidente un total de 78 elementos de los cuales 22 pertenecen a la Armada, 11 a la Fuerza Aérea y 45 al Ejército. Dicho documento fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Otro aspecto relevante es que no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pues sólo fue registrado en la Secretaría de la Presidencia.

El rubro de la pensión vitalicia quedó estipulado en el acuerdo número 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987 con los siguientes lineamientos: monto equivalente al salario de un Secretario de Estado con cargo al erario federal, seguro de vida y gastos médicos mayores; en el caso de fallecimiento del ex presidente los beneficiarios serán la viuda y sus hijos, por tiempo limitado y con porcentajes específicos. Además dispone la asignación adicional de 25 empleados de la federación, quienes estarán a su servicio directo; entre ellos debe haber directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativos. Cabe mencionar que este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y no cuenta con la firma del presidente en turno Miguel de la Madrid; la única rúbrica que aparece es del titular de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, pero –precisan los autores- dicha “firma” es sólo un garabato pues esa no es su rúbrica oficial.

Ernesto Villanueva explicó a Animal Político que tales acuerdos carecen de validez desde su origen porque no fueron presidenciales. “Pero nadie dijo nada, todos se quedaron callados. Además creemos que surgieron para darle cierta figura o soporte legal a algo que de facto se venía haciendo en la práctica. Respecto a la pensión cada vez se ha aclarado más dentro del presupuesto de cada año; y aunque Echeverría no estableció el monto, el segundo acuerdo establece que sería el de un Secretario de Estado. La lógica que aplicaron fue ¿cómo me favorezco más?”.

Los 425 de Calderón

Un detalle que llamó la atención de los autores fue que el 30 de noviembre de 2012, el ex presidente Felipe Calderón modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia. Es decir mientras el resto de los ex presidentes consideró que la familia era un núcleo monoparental (esposa e hijos), Calderón amplío el círculo incluyendo a padres, suegros, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, etcétera. Así los 78 elementos asignados a su rubro de seguridad se elevaron a 425, todos integrantes del EMP y no de lo que popularmente se conoce como “guardias presidenciales”.

Villanueva consultó con algunas fuentes el por qué de esta decisión. “De manera informal respondieron que Calderón fue el primer presidente que declaró la guerra al narco y crimen organizado; y que su nivel de riesgo es mucho mayor por lo que fue necesario buscar la manera de garantizar la seguridad de su familia completa. Consulté esta versión en Presidencia, pero no lo aclararon” explicó el investigador. Cabe mencionar que la modificación incluye también que de ser necesario, los miembros de la familia recibirán atención médica en el Hospital Central Militar.

Basado en estos datos, el libro señala que Felipe Calderón es por mucho, el ex presidente mexicano más caro del mundo pues su costo mensual (5 mdp) rebasa a sus predecesores y lo coloca a nivel mundial (entre una muestra de 21 países del mundo con diversos niveles de desarrollo) a la altura de naciones como Singapur y Corea.

La principal conclusión, señalan los autores en el capítulo respectivo, es que “encontramos una escasa racionalidad en el tejido argumentativo para definir criterios, montos, apoyos, seguridad y asistencia médica. La regla que priva no es la discrecionalidad sino la arbitrariedad en la asignación de ingresos a los ex mandatarios”. El texto refiere en las conclusiones secundarias que la falta de precisiones sobre el tema y las leyes que pudieran aplicarse, se resuelve generalmente mediante decisiones políticas.

El aval de Peña Nieto

En el presupuesto de este año los diputados federales utilizaron una redacción que da base y sustento jurídico a las pensiones ex presidenciales, aunque no resuelve sus errores de origen. La frase “en términos de los acuerdos 7637 y 2763…” fue sustituida por “de acuerdo a las diversas disposiciones legales…”

En un intento por abordar este tema, en los últimos 11 años diputados y senadores han presentado un total de doce iniciativas de ley con la intención de reducir los 201 mdp anuales que cuesta al erario público la manutención de cinco ex presidentes y una viuda. La mayor parte de estas propuestas ha sido presentada por el PRD, en menor medida le sigue el PRI y después el PT. Todas han sido enviadas a comisiones para su discusión y análisis, en donde siguen guardadas.

En opinión de Villanueva la mayor parte de estas propuestas se caracterizan por ser simbólicas, racionales y otras definitivamente ilógicas, ocurrentes, nacidas dentro de la grilla política. “No le han entrado al tema con seriedad, con base en el derecho comparado. De entrada habría que responder ¿por qué hay que darle pensión a un ex presidente que solo trabaja seis años? Muchos podrían argumentar que no hay quién le de trabajo a un ex mandatario. ¿Cómo no? ¡Si finalmente se convierte en una fuente de información importantísima que hasta puede generar conflictos de interés! Pueden cobrar como conferencias tal como lo hacen Zedillo y Salinas, a precio de oro; o hasta ser miembros de consejos de administración como Zedillo”.

Durante la investigación, que se llevó a cabo para este libro, los autores encontraron también algunos datos de color como la supuesta renuncia de Ernesto Zedillo a su pensión, de la cual no hay un documento oficial que lo avale. Al menos la búsqueda que realizaron ambos investigadores a través del sistema de Infomex reveló que tal documento no fue encontrado ni en archivos de Presidencia ni de la Secretaría de Hacienda.

O bien, la historia de otro ex presidente (Echeverría) que enviaba a las oficinas de gobierno las notas de pago por la compostura de su automóvil, regalos de fin de año para sus colaboradores y amigos o compra de camisas para sus empleados. Y así como llegaban las notas, detalla Villanueva, hay documentos que sustentan su pago. “Los políticos debería ser los primeros interesados en entrarle a este tema con seriedad, hay que elaborar un proyecto institucional serio, generar adhesiones, debate legislativo. No podemos vivir en el cinismo en que nos encontramos hoy” concluye Villanueva.

El próximo jueves Beneficios ex presidenciales será presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se pretende que en los siguientes meses sea traducido al inglés para su difusión en el extranjero.