Estamos en elecciones y todos hablan mucho de corrupción. Los candidatos se convierten en barrenderos dispuestos a limpiar España y sus instituciones de chorizos y mangantes gracias a milagrosos superpoderes. En esta campaña seguro que hemos batido el récord de propuestas de pactos contra la corrupción por mitin establecido durante la campaña anterior. No digo que esté mal. Al contrario, está muy bien. Pero robar siempre ha sido delito y tenemos Código Penal desde 1822. No era ni es tan complejo combatirla. No hay que inventar la pólvora. Solo se necesita voluntad política, poner recursos y medios para descubrirla y no amparar a corruptos propios ni ajenos.

Se escucha menos hablar de la otra corrupción, la legal, aquella que se ejecuta con la ley en la mano y sin riesgo de mandar a alguien a la cárcel. La corrupción legal que permitió que a través de los ERE en Andalucía se financiase con dinero público la renovación de las plantillas de empresas y negocios privados. La corrupción legal que ha supuesto la única y verdadera razón que explica los procesos de privatización y externalización de rentables y eficientes servicios públicos para financiar al partido, colocar a la clientela o colocarse a sí mismo. La corrupción legal que ha convertido el sobrecoste de las obras públicas en una costumbre tan típica como la siesta o el aperitivo.

La corrupción legal no se ha visto afectada por la crisis. No ha sufrido recortes, ni ha soportado políticas de austeridad. Al contrario. Ha florecido y se ha expandido aprovechando nuevas oportunidades y nichos de negocio. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, esas fuentes de inspiración inagotable para la corrupción más imaginativa, acaban de proporcionarnos otro nuevo ejemplo.

Según informa eldiario.es, unos hábiles comisionistas acaban de levantarse dos millones de euros por intermediar en la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre de inversión filial de Blackstone, uno de los piratas de lo público que más y mejores negocios ha hecho asaltando el apetitoso botín de las viviendas sociales municipales.

Solo el hecho de que aparezcan en la misma frase "pago de comisiones" y "viviendas protegidas" ya debería resultar un escándalo insoportable. Los bienes públicos no pueden generar comisiones privadas y, si lo hacen, algo falla. Pero eso es solo el principio. No se vayan todavía, aún hay más.

La secuencia de este caso de corrupción legal es la siguiente. Sobre suelo protegido se construyen viviendas sociales con cuantiosas ayudas públicas. Luego, con la coartada de la crisis y la necesidad de obtener recursos para financiar "las políticas sociales", la Comunidad de Madrid cambia la ley que restringe la capacidad del propietario para venderlas y la Administración se compromete a desalojar a aquellos inquilinos que no puedan pagar. A continuación se venden a precio de saldo a una empresa extraña y fiscalmente opaca a un precio que, por ejemplo en este caso, ha supuesto una pérdida superior a los treinta millones de euros para el erario público.

El resultado final se resume en que allí donde había viviendas sociales habitadas por ciudadanos que carecían de otra opción ahora se alzan apetitosos pisos privados para vender a buen precio, corren las sabrosas comisiones para los amiguetes y crece una lista interminable de inquilinos desahuciados, otra vez, con el dinero de nuestros impuestos. Todo legal, todo corrupto, todo discreto para que no se entere casi nadie y se hable poco o nada; todo insoportable.