Entre 1973 y 1990 el Congreso estuvo cerrado por orden del régimen militar. Durante ese periodo, sin embargo, hubo actividad legislativa, aunque no en el edificio de calle Morandé con Compañía. Algunos jóvenes funcionarios colaboraron con el área legislativa del régimen desde distintas reparticiones, y cuando el Congreso se reabrió con el retorno a la democracia, siguieron su labor desde el nuevo edificio en Valparaíso.

La actual planta del Congreso es de 1883 y tiene hoy funcionarios con antigüedad desde 1959, como es el caso de la abogada Ana María Jaramillo. O de los abogados Carlos Fernando Soffia y Roberto Bustos que, según confirman desde la oficina de Personal del Senado, están ahí desde 1967 y 1976, respectivamente.

Esos años de antigüedad sumados a los bonos de desempeño, permiten que actualmente haya funcionarios del Congreso que ganan más que los parlamentarios, que tienen una dieta que se empina en los $9.349.851. Sumando beneficios, en el Senado los funcionarios más antiguos superan los 16 millones de pesos mensuales. En el Congreso no hay obligación de acogerse a retiro. Es un secreto a voces que genera suspicacia entre los mismos parlamentarios que permanentemente son cuestionados por el monto de sus dietas y que ahora incluso el presidente del Senado, Carlos Montes, se abrió a rebajar.

El vicepresidente de la Cámara Alta, Carlos Bianchi, reconoce que la escala de sueldos de los funcionarios de planta llega a esos montos dependiendo de la situación particular de cada uno. "Es así, aunque no me he dedicado a revisar los sueldos de cada uno en detalle. En el Senado es un tema el retiro porque cuesta mucho que alguien se quiera ir", dice el parlamentario.

Información parcial

La página de transparencia del Senado da cuenta de la escala de remuneraciones de los funcionarios de las distintas plantas, pero sin detalle de los montos a los que se puede llegar con antigüedad y bonos.

Consultado al respecto, el secretario general del Senado, José Luis Alliende, reconoce que las remuneraciones publicadas varían porque no se consideran, por ejemplo, los pagos por bienio. "Es complicado. Genera suspicacias", responde ante la consulta directa por el monto que alcanzan los funcionarios más antiguos. Él mismo está en la escala de sueldo B, que parte desde los $9.312.763 y está en el Congreso desde 1976. Entró con 21 años cuando cursaba tercer año de derecho.

El Senado no entregó las liquidaciones de los funcionarios de más alto rango, argumentando que la ley 20.285 de Acceso a la Información no obliga a personalizar la remuneración de cada funcionario.

Entre los funcionarios más antiguos y con mayor rango de sueldo, se cuenta al secretario general del Senado, Mario Labbé, que tiene una remuneración con asignaciones de $10.240.212 y está en la planta desde 1986.

Otro caso emblemático es del abogado Carlos Fernando Soffia, actual presidente de la Asociación de Funcionarios de los Profesionales del Senado, pertenece a la planta D con un sueldo de $7.401.897 con asignaciones de modernización, legislativa y de responsabilidad. A eso, Soffia suma 42 años de servicio en el Congreso y percibe bienios acorde. De acuerdo al cálculo de este medio, por antigüedad sumaría $8 millones. Así, llegaría a los 15 millones de pesos, sin considerar los bonos de desempeño.

En su declaración de patrimonio sólo señala que percibe un sueldo D, y declara un automóvil Lexus del años 2011 y pasivos por $115. 319.544.

Ana María Jaramillo también pertenece a la planta de funcionarios D con un sueldo de $7.401.897. Suma 59 años de servicio y en su declaración de patrimonio detalla nueve propiedades y dos vehículos.

Soffia no respondió los llamados de este diario porque está de vacaciones fuera del país. También está de vacaciones el secretario de la Cámara Mario Labbé. Ana María Jaramillo, en tanto, está con licencia médica.

¿Y la Cámara?

En la Cámara de Diputados el sueldo más alto es el del secretario de la Corporación, Miguel Landeros, quien percibe 12 millones de pesos. En la Cámara Baja los funcionarios tiene incentivos y bonos distintos al Senado, aunque también hay funcionarios que están operativos desde antes del cierre del Congreso.

La situación de los funcionarios del Congreso escapa a las materias que revisa el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que mensualmente fiscaliza el pago a los parlamentarios.

Desde el comité PPD, el senador Felipe Harboe, llama a poner a estos funcionarios el mismo estándar de transparencia que se exige a los parlamentarios: "Todos los contratos deberían estar disponibles, si los ingresos de los parlamentarios son públicos, no veo razón para que no lo sean los de los funcionarios", dice.

Mientras que el senador Rabindranath Quinteros, representante del comité PS, añade que: "Es bueno transparentar toda la información y si los parlamentarios publican sus asignaciones, no veo razón para que los funcionarios mantengan bajo cuatro llaves sus datos. La gente espera más transparencia de sus autoridades y funcionarios públicos".