El Gobierno rechaza sancionar a Venezuela para no perjudicar a las empresas españolas

lunes 17 de julio de 2017 , 13:17h

Los ministros de Exteriores de la UE se han reunido este lunes con el propósito de analizar la situación en Venezuela y la posibilidad de implementar sanciones contra el país latinoamericano, tal y como propuso EEUU a varios miembros del G-20 durante la cita de Hamburgo de la pasada semana.

Sin embargo, Europa no encuentra el quórum que desea la Administración Trump. En gran medida porque varios países de la Unión tienen muchos intereses comerciales en Venezuela. Es el caso de España, Francia, Italia y Portugal, principales países contrarios a sancionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Si bien de cara al público los Gobierno de estos países – a excepción de Portugal – muestran posturas taxativas y severas contra el Ejecutivo venezolano, la realidad es que muchas de sus empresas están afincadas en el que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

Esa puede es la razón principal por la que la UE no ha aprobado este lunes medidas sancionadores contra Caracas. “No es el momento”, ha llegado a asegurar Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, que aboga por una salida "negociada, democrática y pacífica" a la crisis de Venezuela.

En búsqueda de la posición común

Lo que sí que parece clara es la voluntad de los ministros de exteriores europeos y de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, de establecer una posición común respecto a Venezuela, tal y como Aznar promovió en su momento el de Cuba.

La UE asegura ver con preocupación el proceso de la Asamblea Constituyente impulsado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, porque no ha sido consultado con "todos los actores políticos" y "no tendrá la legitimidad" en "su forma presente". Además, aseguran que la liberación del preso Leopoldo López no es suficiente.

Esta postura “dura” respecto al Gobierno venezolano difiere mucho del trato que otorgan los ministros de Exteriores de la UE a países como China o Arabia Saudí, donde la pena de muerte es habitual y los Derechos Humanos constantemente vilipendiados. En esos casos, sin embargo, Europa no busca una posición común.