En última instancia los ciudadanos españoles no tendremos la libertad de elegir la política económica que nos gobernará a partir del 26 de junio. Previsiblemente tendremos cambio de Gobierno, pero se tratará de un Ejecutivo -cualquiera que sea su composición futura- que no podrá aplicar el programa electoral con el que fue elegido. Para frustración ciudadana, otro Gobierno no desembocará en otra política económica, so pena de abrir una fuerte tensión con Bruselas y con los líderes del club al que pertenecemos voluntariamente, el euro, de consecuencias difíciles de pronosticar. Estrechamiento de la democracia en la era de la globalización.

¿Y ello por qué? Porque las cartas del juego ya han sido repartidas antes de las votaciones. La semana pasada la Comisión Europea tomó dos decisiones que hipotecarán el futuro de esa política económica para lo que resta de año y para todo 2017: primero, suspendió hasta después de las elecciones la posibilidad de multar a nuestro país con hasta un 0,2% de su PIB por incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit, unos 2.200 millones de euros (¿qué reglas son éstas en que las sanciones hacen más difícil el camino para obtener los resultados que se desean?); y segundo, estableció las nuevas metas para reducir el desequilibrio presupuestario, lo que significa la obligación de que España reduzca su déficit en otros 8.000 millones de euros en año y medio.

Esa imposibilidad de elegir la expresó paladinamente Mariano Rajoy, en un pleno en el Congreso de los Diputados en julio de 2012, apenas medio año después de ganar las elecciones de 2011 con mayoría absoluta y, por consiguiente, con todo el poder aparente: "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo". La diferencia es que entonces se refería a la herencia recibida de los socialistas y hoy se trata de la herencia que Rajoy deja al próximo Gobierno (incluso para el caso de que el PP sea hegemónico en el mismo): un déficit público del 5,1% (el segundo más grande del eurogrupo) y una deuda pública de más del 100% del PIB.

La soberanía es un poder que no reconoce a otro poder superior. Si los Estados admiten que hay poderes superiores que les dictan las políticas (en este caso, la económica) significa que no son de todo soberanos. Se puede renunciar a grados de soberanía por otra soberanía superior si está más legitimada por ser más democrática, más garantista, y más eficaz. No es el caso de la actual Unión Europea y del Eurogrupo.

En el año 1980, Milton Friedman y su mujer Rose, publicaron un libro titulado Libertad de elegir, cuyo texto eran los guiones adaptados de una serie de televisión del mismo título que el máximo representante del ultraliberalismo elaboró para el Servicio Público de Radiodifusión de EEUU, no para una emisora privada (gobernaba Reagan). Era la respuesta a una iniciativa semejante que tres años antes había producido la británica pública BBC (no había llegado aún Margaret Thatcher), dirigida por John Kenneth Galbraith, que también dio lugar al correspondiente libro: La era de incertidumbre. Ambos fueron best-sellers. No deja de ser paradójico que ahora reivindiquen la libertad de elegir quienes pretenden salvar la tensión entre los contenidos de una democracia nacional y la pertenencia a un club supranacional como la eurozona. Esta es la cuestión que se ha hecho presente en muchos de los conflictos europeos desde que se instaló la Gran Recesión. Se trata de discernir si, en el último extremo, la razón política (la democracia) prevalece sobre la razón económica en caso de contradicción entre ambas.