Sueños que se cortan. Sueños que se topan con un muro que en los papeles con membrete de la Unión Europea no existe, pero en la práctica funciona a la perfección. “Estamos ante una vulneración de la legalidad”, dice a El Salto el profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Iker Barbero, quien lleva ya varios años trabajando en este asunto. Hace pocas horas vio por televisión cómo un grupo de personas eran trasladadas forzosamente a la localidad vasca de Irun por parte de la Policía francesa. Las imágenes grabadas por ETB le generaron muchas sensaciones, pero no sorpresa.

“Francia y España llevan haciendo esto desde siempre”, dice el académico. Las cifras apuntan en ese mismo sentido: según una respuesta recibida por el senador de EH Bildu Jon Inarritu, entre 2012 y 2016 se registraron 5.842 casos de personas que fueron expulsadas del territorio francés por la “vía rápida”, tan rápida como pillarles, subirles a un coche y devolverles otra vez a Irun. Solo durante 2017, las autoridades galas expulsaron a 391 personas, mientras que España devolvió a Francia a 58.

En ese contexto, Barbero advierte que “no hay ningún tipo de norma comunitaria ni francesa que habilite a la Policía a realizar ese tipo de procedimientos”. “Ni siquiera los controles son legales. Es posible según la normativa Schengen realizar controles de seguridad, pero no de inmigración. Si es un control de seguridad y sólo se hace a las personas negras, la Policía estaría haciendo una actuación discriminatoria”, destaca.

Las detenciones de inmigrantes se practican habitualmente en dos puntos de la frontera: el Puente de Santiago y la estación de tren de Hendaia. También se realizan ese tipo de controles en los autobuses que son retenidos nada más atravesar la frontera. Además, hay constancia de redadas contra personas extranjeras en localidades como Baiona o Burdeos.

POLICÍA SIN FRONTERAS

No es la única ilegalidad que se registra en este tipo de casos. Además de realizar controles injustificables, la Policía francesa se permite incluso atravesar la frontera de España para devolver a las personas retenidas, algo que también contraviene la normativa actual. “¿En virtud de qué acuerdo bilateral o resolución puede la Policía francesa entrar en el Estado español para hacer una devolución?”, se pregunta el académico consultado por El Salto. En tal sentido, subraya que las policías de la zona Schengen “solo pueden cruzar las fronteras de los Estados persiguiendo un crimen, pero aquí no estamos hablando de eso”.

Según el acuerdo sobre la readmisión de personas en situación irregular firmado entre los gobiernos de España y Francia en 2002 —más conocido como el Acuerdo de Málaga—, esas devoluciones solo pueden realizarse en el plazo de cuatro horas desde el cruce de la frontera. Por tanto, los agentes franceses “tendrían que probar que han pasado máximo cuatro horas desde que esa persona ha cruzado la frontera”, apunta el investigador de la UPV-EHU. Una vez transcurrido ese tiempo, “Francia debería incoarle un expediente de expulsión normal”, algo que en la práctica no sucede. Las devoluciones en caliente son la moneda que pagan a diario.

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