Nunca en 40 años se había producido una crisis tan grave entre la Junta Electoral Central y una Administración autonóma del Estado como es el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Después de 10 días de forcejeo del gobernante catalán, Quim Torra, con la Junta, esta decidió este jueves hacer uso de toda su capacidad para hacer que se cumpla la ley. La JEC considera que Torra la ha incumplido al negarse a retirar en tiempo electoral los símbolos independentistas —como los lazos amarillos— de las instituciones, incluido el Palau de la Generalitat, que representan a todos los ciudadanos. La neutralidad institucional queda rota con esa exhibición. Estos son los criterios que llevaron este jueves a la Junta a trasladar los hechos a la Fiscalía por si Torra hubiera podido cometer un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal.

Y hay un nuevo ultimátum sobre la mesa: antes de las tres de la tarde del viernes el consejero de Interior del Gobierno catalán, Miquel Buch, habrá tenido que cumplir el requerimiento de retirar todos los símbolos independentistas de los edificios públicos, tarea que corresponderá a los Mossos. Buch deberá comunicar cuándo está ya hecha esa tarea y se le apercibe “de las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente este acuerdo”, según escribe la Junta. Si no se cumple el mandato de esa retirada “se requerirá al prefecto de policía de ese departamento [Miquel Esquius] para que proceda a su inmediata ejecución”. La severidad de ese mandato se completa con la apertura de un expediente sancionador administrativo.

La Junta Electoral optó por esta resolución después de constatar que Torra incumplía su propia palabra al no retirar las insignias independentistas pese a la recomendación del Defensor del Pueblo catalán, cuya resolución el president consideraba vinculante. A las 10.00 de la mañana de este jueves Torra se limitó a sustituir los lazos amarillos del Palau de la Generalitat por carteles y pancartas a favor de los presos, que la Junta considera partidistas.

El desafío de Torra, además, provocó un efecto cascada en otras dependencias de la Generalitat, que también cambiaron lazos amarillos por otros de color blanco y pancartas a favor de la “libertad de expresión”. La actitud de Torra generó malestar dentro del propio Govern, en el que varios consejeros consideran “estéril” la pugna por los lazos y piden centrarse en la gobernabilidad de Cataluña. Ciudadanos, el partido que llevó el caso ante la Junta Electoral, volvió a denunciar a mediodía de este jueves el incumplimiento de las resoluciones. Pero fue anoche cuando la Junta, en una reunión que se prolongó durante cuatro horas, la que concluyó que se habían incumplido sus mandatos. La Junta asistió a esa “burla” con estupor, según expresión de fuentes del organismo, tras el cambio de lazos amarillos por otros blancos y por pancartas con los mismos mensajes de fondo que tenían las ya retiradas.

Sus miembros habrían podido pasar por alto que Torra había sobrepasado los plazos fijados para retirar lazos y banderas independentistas, pero ese órgano constató que Torra nunca acató su resolución. El president tampoco atendió la recomendación del pasado lunes del Defensor del Pueblo catalán de retirar todos los símbolos durante la campaña electoral.

El delito de desobediencia al que se enfrenta el president se recoge en el artículo 410 del Código Penal y conlleva como sanción la inhabilitación para ejercer cargo público entre seis meses y dos años, además de una multa de entre 300 y 3.500 euros. Torra puede presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, que decidiría entonces si suspende la orden de la junta electoral o mantiene la obligación de retirar los símbolos. Mientras tanto, fuentes de los Mossos d’Esquadra confirmaron anoche que el cuerpo está preparado para ejecutar la orden de retirada de los lazos.