A tres semanas de la última gran masacre carcelaria en México, CADHAC, una reputada ONG del norte del país, ha exigido a las autoridades que investiguen lo ocurrido con seriedad. Entre el 9 y el 10 de octubre, un motín en la cárcel de Cadereyta, en Nuevo León, acabó con 18 reos muertos y otros tantos heridos. Al menos eso dice la fiscalía del estado. Después de entrevistar a cientos de familiares de internos, CADHAC asegura que fueron bastantes más.

Consuelo Morales, directora de CADHAC, ha explicado a EL PAÍS que la organización ha recibido informes de al menos 400 familiares de internos. De los 400, 170 llegaron a la sede de la organización. "Por lo que hemos escuchado, podemos decir que fueron más de 18 los muertos, aunque no sabemos cuántos. Las autoridades no están siendo transparentes, por lo que pedimos una investigación eficiente". Las acusaciones de Morales han forzado a la fiscalía a emitir un comunicado este 2 de noviembre, día festivo en México. "Las revisiones realizadas por la Agencia de Administración Penitenciaria, la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos coinciden en el registro de 18 internos fallecidos", reza el comunicado. Luego añade que no se han recibido denuncias "por la supuesta desaparición de más reos".

CADHAC dice que no son sólo los muertos, sino la actuación policial. "Hemos recibido informes de que hay internos a quienes violaron con macanas -porras- de policía, a otros los tiraron por las escaleras, incluso de que hay quemados".

El motín empezó la noche del martes 9 de octubre. Al parecer, un grupo de reos rechazó el nombramiento del nuevo director. Le acusaban de ser zeta. Los rebeldes incendiaron partes del penal, tomaron rehenes y se atrincheraron. Entre los rehenes había custodios. Por la mañana, colgaron una manta de una de las paredes de la prisión. "No Z ni noreste", decía, en referencia al cartel de los zetas y a una de sus escisiones.

Cientos de policías llegaron al penal a lo largo de la mañana. El vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, explicaba entonces que exigieron la liberación de los custodios. Que les dieron de plazo hasta las 14.00. Los rebeldes se negaron y los uniformados entraron. Los disparos llegaron poco más tarde.

Lo que pasó dentro sigue siendo poco menos que un misterio. Fasci aseguró que los rebeldes estaban golpeando a los custodios y amenazaban con lanzarlos por la azotea. "Ya no hay marcha atrás en esto. En la medida que suba el volumen de la violencia, pues, tenemos que subir el rango del orden y cómo ponerlo", argumentó el vocero.

Pocos días más tarde empezaron las sospechas. El 13 de octubre, el diario Reforma informaba de que las autoridades habían dado por muerto a un preso que estaba vivo. Se lo encontró su cuñada. "Te dieron por muerto. Tu papá ya estaba viendo lo del funeral, le dijo".

Los familiares habían criticado desde el principio la actuación policial, calificandola de desproporcionada. El vocero se vio obligado a salir a los medios a defender el proceder de los agentes. El 18 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, exigió que se investigara el uso de la fuerza empleada por las autoridades.

El motín del 10 de octubre es el segundo en el mismo penal en menos de un año. En marzo, otra riña dejó cuatro muertos. Aunque el ombudsman mexicano alerta cada poco tiempo del mal estado general de los penales, Nuevo León es uno de los casos más dramáticos. El año pasado, en febrero, 49 internos del penal de Topo Chico murieron en una riña.