La trama de corrupción en la empresa pública de aguas ha desbordado los muros de Acuamed para alcanzar al mismo Palacio de La Moncloa. Allí desempeña su cargo Federico Ramos de Armas, actualmente subsecretario de Presidencia y hasta junio pasado secretario de Estado de Medio Ambiente. Según fuentes de la investigación consultadas por eldiario.es, Ramos de Armas integra el "muy alto nivel" del Ministerio al que se refiere el juez Eloy Velasco cuando habla de las irregularidades acordadas para favorecer a las grandes constructoras FCC y Abengoa en dos grandes obras, con el consiguiente saqueo de las arcas públicas.

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La presidencia del Consejo de Administración de Acuamed corresponde al secretario de Estado de Medio Ambiente. Durante la época de Ramos de Armas se desarrolló una de las seis obras que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, la desaladora de Bajo Almanzora, de la que FCC y Abengoa obtuvieron un sobrecoste millonario.

Las riadas de septiembre de 2012 provocaron la inundación de la instalación, que quedó inservible. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, llegó a un acuerdo con las constructoras para que sea la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

El plan no acababa ahí. El 60% que debían abonar las empresas privadas sería recuperado por ellas a través de “compensaciones”, según la expresión utilizada por el juez Velasco en su auto de la noche del miércoles. Una de esas “compensaciones” sería la adjudicación de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, otro de los proyectos investigados en la Audiencia Nacional, y del que se encargó FCC.

En la obra de Flix se aplicaría el modus operandi que define a la trama desarticulada: elevar el coste de la obra sin justificación alguna, lo que los investigadores denominan “fijar modificados ficticios irreales”. FCC obtendría por ello un total de 40 millones de euros. Hasta aquí, uno de los seis casos investigados, de no ser porque esas “compensaciones” fueron, “al parecer, pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix”, escribe el juez Velasco.

Pero el abono por parte de Acuamed de una reparación que correspondía a las empresas privada quedó frustrado por la oposición de algunos funcionarios, que se negaron a colaborar en un proceso plagado de irregularidades. FCC sigue enrocada y la desaladora de Bajo Almanzora, clave para la provincia, sigue sin funcionar a día de hoy. La constructora de Carlos Slim y Esther Koplowitz pide 10 millones de euros en lugar de los 2 que le corresponderían.

Como reconoció este martes el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, el Gobierno conocía la denuncia de Francisco Manuel Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed represaliado por Arcadio Mateo al negarse a participar en la trama de corrupción. Valiente lo denunció ante el Ministerio, pero éste no apreció irregularidades en los hechos que presentó. Con las mismas pruebas, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Tras meses de investigación, el juez Velasco envió este miércoles a prisión a los 13 detenidos en la Operación Frontino, 5 de ellos sin posibilidad de eludir la cárcel con el pago de una fianza.

La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

Lo dice el propio Velasco al afirmar: “Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”.

El presidente de FCC Construcción paga la fianza

La cifra total del perjuicio a las arcas públicas con la descontaminación del pantano de Flix es de 40 millones de euros “para compensar a FCC, siguiendo instrucciones desde la superioridad”, concluye el juez. Entre los detenidos figuran el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el directivo Santiago Farre Dot. Ambos quedaron libres bajo fianza en la noche del miércoles al abonar 20.000 y 50.000 euros, respectivamente, en concepto exigido por el juez para evitar la cárcel.

En total, el dinero público que se había acordado desviar asciende a 54,2 millones de euros entre los seis proyectos investigados, aunque el juez Velasco no detalla si han llegado en su totalidad a la caja de las empresas adjudicatarias. Los investigadores cifran, por ahora, en más de 20 millones el dinero desviado desde Acuamed.

El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas (42), es abogado del Estado y llegó a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en 2011, con Miguel Arias Cañete al frente del Ministerio. Cuando éste dejó la cartera para ser cabeza de lista a las europeas de 2014, Ramos de Armas continuó en el puesto a las órdenes de Isabel García Tejerina. Fue reclamado por la vicepresidenta del Gobierno cuando Jaime Pérez Renovales decidió abandonar la Subsecretaría de Presidencia.