Un rechazo transversal está generando el proyecto de ley del Gobierno que elimina la facultad al Ministerio Público para iniciar investigaciones por delitos ambientales, entregando la posibilidad de presentar querellas a la Superintendencia del Medio Ambiente como única vía para que la Fiscalía abra una causa criminal.

La iniciativa legal fue ingresada en el Senado por el presidente Sebastián Piñera en enero pasado, sin que hasta ahora se conozcan los detalles del proyecto de ley, entre los cuales destaca -y el que está siendo ampliamente rechazado- el que entrega exclusivamente a la Superintendencia de Medio Ambiente la presentación de las querellas por delitos medio ambientales. Lo mismo que en el caso de los delitos tributarios, donde sin una querella de Impuestos Internos la Fiscalía no puede actuar.

Desde el Poder Legislativo, la propuesta fue atribuida a una agenda pro inversión y pro empresa por el diputado ecologista, Félix González.

“A mí me parece que este es un proyecto dentro de la agenda pro inversión. Esta agenda que el empresariado ha solicitado al Gobierno y va en el sentido contrario a la conservación del medio ambiente porque lo que hace es quitarnos a la Fiscalía, por un lado, pero también a la comunidad, la posibilidad de emprender las querellas”, indicó González.

Mientras, el senador Alejandro Navarro fue categórico en calificarla como un atentado al medio ambiente.

Este proyecto de ley claramente viene a ser un atentado en contra del medio ambiente porque las principales investigaciones respecto del daño ambiental surgen de los procedimientos penales, es decir, la denuncia a la Fiscalía para que realicen las actuaciones y las investigaciones, que es el caso particularmente de Coronel. - Alejandro Navarro, senador

Investigación a crudo iraní

Efectivamente en el Bío Bío y Valparaíso, el trabajo de la fiscal Ana María Aldana ha sido positivo al acreditar más rápidamente que la Superintendencia la responsabilidad de Enel por la contaminación en Coronel y actualmente ya acreditando que emergencias en Talcahuano y Quintero, en la Quinta Región, se produjeron a partir de un tóxico crudo, comprado a Irán por parte de la empresa estatal Enap.

De aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo, el Ministerio Público no podría intervenir sino hasta tener la luz verde de un organismo del Estado, como es la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que el dirigente de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, subrayó en la amenaza de politizar los delitos ambientales, como ya ha ocurrido con los ilícitos tributarios.

“Que sea sólo la Superintendencia del Medio Ambiente quien pueda presentar las querellas queda absolutamente al arbitro político de las investigaciones. Escuchamos muchas críticas, incluso desde Chile Vamos respecto a lo que hace el Servicio de Impuestos Internos”.

“Sólo ellos (SII) tienen en los temas tributarios la potestad para iniciar querellas o investigaciones, entonces cuando uno escucha esas críticas desde la propia derecha, cuesta entender que la derecha presente un proyecto en que sólo la acción de querellas queden en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente, eso nos parece un retroceso”, agregó el dirigente DC.

Rechazo y a favor

El Poder Judicial expresó oficialmente su rechazo a la iniciativa legal, justamente debido al punto que quita al Ministerio Público la legitimación activa para iniciar las investigaciones criminales por contaminación.

Desde ese punto de vista, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Rodrigo Cerda, subrayó también el precedente que podría sentar este cambio a la persecución penal, pues podría en el futuro quitarse otro tipo de facultades a la Fiscalía.

“Desconozco las razones que se han tenido a la vista para plantear algo así. Mis dudas dicen relación con a dónde vamos a llegar en definitiva y en cuantas oportunidades, y en cuantos temas se le va restando la iniciativa de persecución al Ministerio Público”, manifestó Cerda.

El presidente regional de la falange, abogado Nicolás Hauri, entregó una mirada positiva destacando que se identifiquen figuras penales inexistentes hasta ahora.

“Eso es bueno desde el punto de la autoridad porque, efectivamente, vamos a saber a priori y la comunidad también de que las conductas que antiguamente se consideraban de alguna forma como faltas administrativas, hoy día se elevan a la calidad de delito”, aseveró.

Lo que sí advirtió el timonel DC es la necesidad de aumentar las sanciones para los delitos medioambientales y también de que se aumenten y especialicen los funcionarios de la Superintendencia de Medio Ambiente, aspectos en lo que a todas luces el Ministerio Público es superior al organismo estatal.