Durante la tarde de este martes la Cámara de Diputados interpelará a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por los innumerables incendios que enfrenta su cartera, pero principalmente por uno que tiene unidos a varios sectores políticos: la del Sename.

Los últimos meses fueron clave para el destape de casos de abusos, mal uso de los recursos y cientos de muertes en los centros que dependen de este servicio y en los de organismos colaboradores en la década pasada.

Las críticas han apuntado, principalmente, a estos últimos. Son corporaciones, fundaciones o agrupaciones que trabajan directamente con los niños, desde tratamientos de reparación ambulatorios hasta casas de acogida; estos recursos bordean los $150 mil millones.

Sin ir más lejos, durante el primer semestre de 2016 se repartieron 79.932.355.265 a 387 instituciones a lo largo del país, pero como cada año, un puñado se queda con la mayor parte: sólo 15 organizaciones se llevaron el 53% de los recursos. Esto coincide no sólo con que algunas de ellas son las más grandes, sino también con que entre sus directorios o equipos directivos se encuentran poderosos políticos que colaboran en conseguir los aportes, tanto públicos como privados.

Quienes han estado relacionados a estos procesos aseguran que son gestiones acotadas, pero eficientes. A veces es una llamada, un mail o una comida. El objetivo siempre es el mismo: conseguir recursos frescos para instituciones que muchas veces no tienen lo mínimo para subsistir. En otros casos, implica sólo ganar licitaciones del Sename y hacer lobby, o derechamente presión.

“Es vomitivo creer eso”

La ex directora del Sename, Delia del Gatto hoy es gerenta general de la Fundación Mi Casa, donde asumió pocos días después de dejar el Gobierno en 2006 en un mar de cuestionamientos por saltar desde un organismo público a uno privado, directamente relacionado con el que ella dirigía y al que ahora debía pedir recursos para sus programas. Por esos días, fue convocada por Herman Chadwick Piñera, presidente del directorio.

Hoy, Del Gatto sigue a la cabeza de la Fundación Mi Casa, después de 10 años. Es la cuarta institución que ha recibido más recursos este año, con $3.861.137.367, y una de las que tiene mayor presencia y cercanía con el Sename. Cabe destacar que ella también ha participado activamente en las comisiones investigadoras del Sename, defendiendo los intereses de su fundación.

El directorio de la fundación también tiene relaciones de alto nivel. El Sename históricamente ha sido sindicado como el reducto de la Democracia Cristiana a la hora del cuestionado cuoteo político, lazo que lo une en militancia a parte importante de los miembros de este directorio. Hoy es encabezado por María Josefina Bilbao -cercana a la DC- ex ministra del Sernam de Eduardo Frei e intendenta de Valparaíso durante el gobierno de Ricardo Lagos.

El nombre que más resalta de este directorio es Enrique Correa Ríos, ex ministro del DC Patricio Aylwin y uno de los lobbistas más destacados del país, dueño del don de la ubicuidad. En el directorio también está Ana Loreto Ditzel, democratacristiana cercana a Soledad Alvear, ex directora del extinto Chile Deportes y ex jefa del departamento de Protección de Derechos del Sename.

La ex titular de ese servicio niega que los directores lleguen a hacer presión o estén allí por ese tipo de motivos, sino que en muchos casos lo hacen para aportar con su “experiencia”. “Me parece vomitivo creer que todos se meten para hacer presión o algo similar. Puede ser útiles en el aporte que hacen, pero eso no significan que sean una puerta de acceso a algo. O sea, sólo nos reunimos cuatro o cinco veces al años”, dice Del Gatto.

Los casos en torno a Fundación Mi Casa están lejos de ser los únicos que funcionan bajo este modelo. En el Congreso son conocidos estos movimientos, aunque varios justifican que así se mueve el sistema público y privado en general, no sólo en el Sename.

“Muchas organizaciones realizan lobby en su acepción más amplia, pero hay casos en que es lisa y llanamente corrupción, por ejemplo, cuando en algunos casos llaman a alguien directamente para ofrecer y pedir. Eso es corrupción, aunque no haya dinero de por medio”, dice el diputado René Saffirio. Y agrega: “Hay casos en que se incorporan directores para ejercer presión para adjudicarse recursos vía subvenciones y no están ahí necesariamente por un rol de solidaridad”.

A la caza de los políticos

Son varias las organizaciones que tienen a importantes políticos en sus directorios. Una de ellas es el Consejo de Defensa del Niño, cuyo nombre de fantasía es Ciudad del Niño. Es la segunda con más recursos en lo que va de 2016, con $4.926.552.776 y con importantes figuras políticas en su directorio relacionadas con la derecha.

El presidente del directorio es José Pedro Silva, quien fue asesor del ministerio de Justicia desde 2012, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, hasta diciembre del año pasado. Llama la atención que Silva haya trabajado en la misma secretaría de Estado de la que depende el Sename.

En ese directorio también participan Jaime del Valle Alliende -ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores en dictadura-, María Cecilia Milevcic -ex directora del Sename-, Alejandro Jara Lazcano -ex embajador en 1975 y masón-, Sergio Jiménez Morada -radical y ex ministro de Minería de Frei- y Augusto Iglesias Palau -subsecretario de Previsión Social de Piñera-.

Otro que destaca es el ex ministro Jorge Burgos (DC), recientemente incorporado a este organismo, que cada año lidera las adjudicaciones de licitaciones para el cuidado de menores y programas.

La Fundación León Bloy es otro caso, que a la fecha durante 2016 ha obtenido $1.479.875.007 en subvenciones para programas de distinto tipo. El presidente del directorio es Juan Alberto Rabah Cahbar, abogado y cercano a la Democracia Cristiana. Fue la carta de Gutenberg Martínez para dirigir el Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad Miguel de Cervantes, donde es rector.

Rabah también es un reconocido asesor en diversas materias sobre religión y familia en el Senado, al que ha asistido regularmente a sesiones de comisiones relacionadas. El vicepresidente de esta organización es Luis Oyarzún Leiva, quien fue asesor de Ricardo Lagos cuando era ministro de Educación en la época de Aylwin. Estuvo involucrado en casos de contrataciones irregulares de servicios tecnológicos.

Viejos conocidos

La Fundación Rodelillo no aparece dentro del top 15 de este año, pero es reconocida en su relación con el Sename. Uno de sus directores es otro DC, Tomás Walker Prieto, miembro del clan que tiene a tres parlamentarios en el Congreso: Ignacio y Patricio en el Senado, y Matías en la Cámara. En 2015 recibieron $126.086.520.

El economista José Piñera también aparece en directorios. Es el caso de Aldeas Infantiles S.O.S., una de las organizaciones cuestionadas tras las indagatorias que realizó la comisión investigadora “Sename 1”. Este año obtuvo $972.716.245 para programas de reparación y residencias.

Caso aparte es lo que ocurre en la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU. El presidente de su directorio es Osvaldo Torres, ex concejal socialista en Peñalolén, fue miembro del directorio de la Fundación Chile 21 (Carlos Ominami) y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.

Lo curioso ocurre en su equipo de trabajo de las diversas áreas de este organismo privado. Tanto su directora, Francis Valverde, como las directoras de área Paulina Solís y Andrea Iglesis, a través de Transparencia aparecen con contrato a honorarios con el Gobierno, a la vez que su institución obtiene licitaciones de éste para el Sename. Las tres profesionales trabajaron haciendo asesoría y capacitación entre septiembre y diciembre de 2014 en la subsecretaría de Servicios Sociales del ministerio de Desarrollo Social, por montos brutos mensuales de 3 millones de pesos cada una.

El lobbista Ezzati

Otro grupo importante que hace lobby es la Iglesia Católica, quienes participan en varias organizaciones colaboradoras del Sename con programas de acogida y residencias a lo largo de todo el país.

Y las cifras no son menores. En los primeros seis meses de 2016, la iglesia ha recibido 3 mil 686 millones 267 mil 519 pesos en 25 instituciones, entre parroquias, arzobispados y congregaciones. Eso sin contar las fundaciones que están relacionadas a ellos. Quienes conocen su modus operandi apuntan a un solo gran lobbista encargado para agilizar la entrega de estos recursos: el cardenal Ricardo Ezzati, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Chile.

En los últimos años, Ezzati ha sido una figura clave en el lobby de diferentes materias con parlamentarios de todos los sectores, pero sobre todo de los DC y algunos de Chile Vamos.

René Saffirio ha sido uno de los más críticos por su trabajo como lobbista: “Ezzati nunca ha dicho nada sobre los abusos sexuales o por las muertes al interior del Sename. Solamente habla por los bajos montos de las subvenciones. Ése es su rol de pastor de la iglesia”.

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