Hoy se supo que el jueves seguramente se anunciará un acuerdo sobre cuatro asuntos claves de la negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Se trata del camino para el futuro cese al fuego bilateral, el cronograma y condiciones para la puesta en marcha de las zonas de concentración de los guerrilleros, la fórmula de dejación de armas y las garantías de seguridad para los guerrilleros desarmados, que son el eje del punto tres de la agenda sobre el "fin del conflicto".

Aunque el anuncio de que podría haber acuerdo y de que el Presidente Juan Manuel Santos posiblemente estará en La Habana para presentarlo hizo pensar – y decir – a algunos que esto significaba que se acabó al conflicto con las Farc, aún falta concretar acuerdos en varios puntos centrales y que quedaron relegados para el final. Algo que no es menor no solo por la importancia de lo que falta sino por la premisa de esta negociación de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.

Por eso, La Silla buscó lo que se ha acordado hasta ahora, lo que podría anunciarse el jueves y lo que todavía faltaría. Elegimos los asuntos más gruesos de los seis puntos del acuerdo marco con que arrancaron los diálogos públicos, e incluimos los cuatro acuerdos adicionales que han hecho para arrancar a implementar algunos aspectos de esa agenda y generar confianza entre las partes: el desminado, la sustitución de cultivos, la búsqueda de desaparecidos y la salida de menores de las filas de las Farc.

Encontramos que la mayor parte de la agenda ya tiene acuerdos, por lo menos en los asuntos más sustanciales. Lea en detalle lo que significa cada punto:

Acceso a la tierra para los campesinos Se acordó crear un Fondo de Tierras para beneficiar "a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente", integrado por tierras a las que se le extinga el dominio, baldíos, tierras que se saquen de reserva forestal, otras expropiadas por motivos de interés social o utilidad pública y tierras donadas. Además, se acordó que habrá subsidios y créditos especiales para comprar tierras.

Formalización de tierras de campesinos Se acordó que habrá un plan de formalización masiva gratuita de tierras con problemas de títulos, con la participación de las comunidades.

Zonas de reserva En el Acuerdo se le dio nueva vida a las Zonas de Reserva Campesina, que ya existen en la ley pero que han sido muy criticadas porque en su mayoría coinciden con zonas de presencia de las Farc. Por eso y porque al ser creadas las tierras que las conforman salen del mercado (nadie las puede comprar ni vender, para asegurar que sigan siendo de campesinos), han sido criticadas por opositores del proceso como Álvaro Uribe. Pero también se acordó que no tendrán autonomía como la de los territorios indígenas, que era la expectativa de las Farc.

Programas de desarrollo con enfoque territorial Se acordó crear esos planes de desarrollo desde lo local y con la participación activa de las comunidades y autoridades de cada zona. La idea es armar programas integrales que aumenten el bienestar de los campesinos con inversiones públicas, al estilo del Plan Nacional de Rehabilitación del gobierno de Virgilio Barco.

Desarrollo social en el campo En el Acuerdo Agrario se incluyeron varios compromisos del gobierno para lograr este objetivo. Por ejemplo, se buscará que haya más servicios de salud en las comunidades campesinas, en educación se erradicará el analfabetismo en las áreas rurales, y se creará un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural.

Incentivos al agro Para ayudar a los campesinos, el Gobierno asumió varios compromisos para fortalecer las asociaciones campesinas, una figura que es cercana a los ideales de las Farc y que puede convertirse en su base política. Por ejemplo, el Gobierno les dará apoyo técnico y financiero a su creación y apoyará la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento a través de ellas.

Seguridad alimentaria En este punto hubo un debate grande entre la soberanía alimentaria (que defendían las Farc e incluye la idea de que los alimentos se deben producir en el país) y la seguridad (que defendía el Gobierno y se centra en que el país tiene que tener asegurada la capacidad de que se alimenten todos los colombianos) y de hecho quedó pendiente cuál de los dos conceptos se va a usar en el Acuerdo Final. Lo que sí se acordó es que el Gobierno buscará un aumento progresivo de la producción de alimentos para el consumo en el país, tanto dando bienes públicos rurales (como acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua) como promoviendo formas asociativas.

Curules en la Cámara Aunque debían hacer parte del acuerdo del punto sobre participación política, esto quedó pendiente y es uno de los temas más gruesos y taquilleros que faltan por terminar de acordar. Por ahora se sabe que no serán por decreto sino con elecciones, que se harán en zonas que nunca están representadas en el Congreso y que solo podrán competir por ellas candidatos de organizaciones y movimientos sin representación legislativa. Falta por ver cuántas son y dónde están, y así poder predecir qué tan fácil es que todas queden en manos de miembros de las Farc o personas cercanas a ellos.

Estatuto de oposición Este Estatuto se debatirá con los partidos políticos una vez se llegue a un Acuerdo Final. En esa discusión las Farc participarán como movimiento ya legal, de acuerdo a las reglas de juego de la democracia.

Garantías para participación política de movimientos sociales Se acordó que habrá una “legislación de garantías” para los movimientos sociales (como el que quieren montar las Farc) que será discutida con ellos; la posibilidad de que den a conocer sus propuestas en “medios institucionales y regionales” (sobre todo televisión); la posibilidad de que formen parte de veedurías ciudadanas que controlen a los gobernantes; la posibilidad de que participen en la elaboración y seguimiento a los planes de desarrollo local, integrando los consejos territoriales de planeación; y “apoyos especiales” a nuevos movimientos y partidos políticos (no se específica en este punto qué tipo de apoyos pero seguramente podría incluir financiación estatal).

Circunscripciones transitorias especiales de paz Se sabe que existirán y que, en un período de tiempo por determinar, podrán elegir "representantes adicionales con unas reglas especiales". Sin embargo, no se sabe todavía dónde, lo que es clave para definir o no si van a coincidir con las zonas de influencia de las Farc y de las futuras zonas de concentración donde van a dejar las armas.

Reformas electorales La decisión fue crear una misión de expertos que “hará una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes", pero después del Acuerdo final y dentro de las reglas de juego normales.

Acceso a medios Como parte del acuerdo de participación política para las Farc, el Gobierno se comprometió a abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto; a promover la capacitación técnica de quienes trabajen en los medios comunitarios; a abrir espacios en las emisoras y canales institucionales para divulgar los trabajos de las organizaciones y movimientos sociales y a financiar productos y la divulgación de contenidos orientados a fomentar una cultura de paz, justicia social y reconciliación. En el acuerdo quedó establecido que todo esto se llevará a cabo mediante concurso público y con mecanismos de veeduría ciudadana.

Reincorporación a la vida civil Este punto se refiere a la nueva vida de los guerrilleros, y en procesos anteriores se tradujo en que el Gobierno les dio opciones para vivir como civiles, por ejemplo ayudándoles a conseguir empleo, dándoles lugar dónde vivir y, en algunos casos, dándoles durante un tiempo algún tipo de ayuda o subsidio. En este caso se sabe que será un acuerdo que defina una reintegración más compleja porque las Farc se quieren convertir en un partido político y por tanto, quieren mantener una relación con sus bases y entre sus miembros.

Zonas de concentración Uno de los anuncios que se hará el jueves es el cronograma para establecer las zonas de concentración de las Farc. También se podrían saber detalles claves y que hasta ahora habían sido un nudo gordiano de la negociación: cuántas van a ser, dónde van a estar, por cuánto tiempo funcionarán y exactamente cómo van a funcionar. Por ahora se sabe que las Farc van a dejar las armas estando en ellas, pero no si van a poder arrancar su ejercicio para transformarse en un partido político. Tampoco es claro quién vigilará esas zonas y lo que ocurra en ellas.

Forma de cese al fuego En principio el jueves se conocerá la ruta para el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Estado y las Farc. Por ejemplo, se sabrá si se hará de un golpe o por fases, si se aplicará desde ahora o solo tras la firma de un Acuerdo Final, y si empezará con los guerrilleros donde estén (el llamado cese "estatua" o cuando se concentren en las zonas de concentración). Todo eso es clave no solo porque será la ruta para que las Farc dejen de usar las armas sino porque será el primer paso del proceso de DDR (desarme, desmovilización y reintegración).

Forma de dejar las armas La dejación de armas es un punto clave que se conocerá el jueves. Y lo es porque hasta ahora la guerrilla ha repetido que dejará las armas pero no se sabe si las van a guardar como lo hicieron en Irlanda del Norte (y en ese caso, dónde y bajo control de quién) o si las van a destruir como propone el Centro Democrático. Lo que sí está claro es que su dejación no dependerá de que se vayan cumpliendo los acuerdos, como pretendían las Farc.

Garantías de seguridad Este es otro punto que se conocerá el jueves y que incluye no sólo medidas de protección para los guerrilleros que se reintegren sino un compromiso del Gobierno de seguir combatiendo a los sucesores del paramilitarismo, a quienes las Farc ven como sus potenciales asesinos, como sucedio con el exterminio de la UP. Hace dos semanas se filtró en los medios que ya había un acuerdo sobre este punto y se barajó la posibilidad de que se creara una comisión encargada de definir las dos tareas (medidas de seguridad y combate a las bacrim). El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, viajó a La Habana y reveló que se garantizarán medidas de seguridad para los desmovilizados como carros blindados, chalecos y aparatos tecnologícos, y que estaban estudiando la posibilidad de hacer esquemas de protección con escoltas de la Fuerza Pública y de la guerrilla. Esa alternativa garantizaría que el guerrillero protegido no armara su propio combo después de la Firma del Acuerdo (algo que preocupa al Gobierno) y que los que protegen al guerrillero tampoco puedan atentar contra él (lo que preocupa a las Farc si sus escoltas son solo militares).

Desvincular menores de filas Farc El 15 de mayo las Farc se comprometieron a garantizar la salida de los menores de 15 años que están en sus filas, luego de que quedara establecido el protocolo y el plan transitorio de acogida para estos menores. Además, a la identificación de todos los menores de sus filas para salida progresiva de estos en medio de su compromiso a poner fin al reclutamiento de menores de 18 años.

Programas de sustitución de cultivos ilícitos En el acuerdo quedó claro que se la erradicación hará mediante un proceso de planeación participativa. Y que la primera opción para acabar con los cultivos ilícitos será la erradicación voluntaria, luego la erradicación manual forzosa y, como última instancia, la fumigación. En junio, la mesa de La Habana anunció que el programa piloto para la sustitución arranca la primera semana de julio en 10 veredas del municipio de Briceño, en Antioquia, incluido El Orejón (donde también se está realizando el piloto para el programa de desminado).

Programas de prevención de consumo de drogas Se acordó que se hará prevención desde un enfoque de salud pública, con una perspectiva de derechos humanos y basado en evidencia científica, muy en línea con las recomendaciones de la Comisión Asesora del Gobierno sobre Drogas.

Solución al narcotráfico En el acuerdo sobre drogas las Farc se comprometieron a poner fin a cualquier relación "que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (el narcotráfico)”. Además, se comprometieron a esclarecer su relación entre el conflicto y los cultivos ilícitos, la producción y comercialización de las drogas ilícitas y el lavado de activos. Es decir, reconocieron que tienen que ver con el narcotráfico y a entregar información que podría ayudar a identificar las rutas de narcotráfico, los lavadores de activos y las alianzas entre fuerza pública y narcotráfico. Los dientes para que lo hagan dependen de la justicia transicional, que amenaza en teoría a que, si saben y no cuentan, podrían terminar por fuera de las penas especiales y en la cárcel.

Desminado Las Farc se comprometieron a dar información para ubicar y desmantelar las minas antipersonal que han sembrado alrededor de los cultivos ilicítos. De hecho, en mayo de 2015 arrancó un piloto de desminado conjunto en la vereda El Orjeón de Briceño (Antioquia)

Magistrados del Tribunal de Paz Este es uno de los puntos que quedó pendiente en el acuerdo de víctimas y que se resolverá en el punto de fin del conflicto. Por ahora se sabe que el Tribunal Especial para la Paz tendrá 24 magistrados, de los cuales hasta cuatro serán extranjeros, y otros 18 magistrados en las salas. Y se acordó que ni las Farc ni el Gobierno eligirán a sus magistrados de forma directa, aunque sí podrían hacerlo indirectamente.

Esquema de justicia transicional Como parte del acuerdo de víctimas, se acordó el marco de la justicia transicional. En él los guerrilleros no pagarán sus penas en la cárcel mientras acepten sus delitos y colaboren con la justicia transicional, pero sí tendrán restricciones a la libertad de varios tipos: domiciliaria (que tengan que dormir en un sitio específico); laboral (que tengan que hacer unos trabajos de reparación específica); y geográfica (que no puedan salir de un perímetro específico). Los jueces del Tribunal Especial para la Paz definirán en cada caso las penas y habrá controles de monitoreo y supervisión. Cuando los responsables no reconozcan los hechos o cuando lo hagan tardíamente “sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”, por hasta 20 años.

Derecho a la verdad de las víctimas Hace un año, se acordó crear la Comisión de la Verdad y Farc y Gobierno se comprometieron “a contribuir de manera decidida al esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”. La Comisión buscará esclarecer patrones de violencia y los contextos y dinámicas territoriales en que estos se hicieron. Como este punto hace parte del sistema integral de justicia transicional, hay un incentivo para que quienes vayan al Tribunal Especial de Paz cuenten la verdad y así eviten la cárcel pues, si no lo hacen y el Tribunal los procesa, terminarían pagando penas mayores. El problema es que quedó un hueco pues quienes no estén riesgo de terminar en el Tribunal tienen pocos incentivos para contar la verdad. Eso a pesar de que la Comisión de la Verdad será extrajudicial, es decir, lo que se diga allí no puede ser usado como prueba en un proceso judicial.

Desaparecidos El pasado 15 de mayo, las Farc y el Gobierno presentaron el acuerdo sobre la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En éste los dos se comprometieron a entregar la información a la Cruz Roja, a la Fiscalía y a las organizaciones de víctimas para buscar a los desaparecidos que ya suman más de 45 mil. Además, aterrizaron el acuerdo de crear una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas que está en el Acuerdo de Víctimas, y quedaron en que ésta no sólo coordinará las acciones de búsqueda sino que se encargará de buscar y localizar a las víctimas de este delito y, cuando sea posible, identificar y entregar los restos a sus familias o al menos, darles la información que consiguieron.

Medidas para la reparación integral En el acuerdo de víctimas quedó establecido el marco de la reparación integral para las víctimas que incluye, entre otros, actos de reconocimiento de la responsabilidad (como la petición de perdón a las víctimas de Bojayá por parte de las Farc), reparaciones colectivas y rehabilitación psicosocial, además de acompañar los retornos de quienes fueron desplazados por la violencia. Sin embargo, en el punto clave de la reparación material a la víctimas por las Farc quedó establecido que la harán los guerrilleros individualmente y no las Farc como organización, y que sólo repararán si aceptan que tienen con qué hacerlo o si el Estado logra demostrarlo.

Forma de refrendación Aunque el Gobierno ya logró que el Congreso aprobara el plebiscito por la paz -que incluyó crear un umbral bajo del 13 por ciento de participación para ser aprobado- a este punto todavía le falta. Por un lado, falta que la Corte Constitucional diga si es constitucional o no, algo que por temprano ocurriría a mediados de julio. Y por otro, que las Farc acepten que este sea el mecanismo para que los colombianos le den el sí al Acuerdo Final de La Habana, pues hasta ahora han dicho siempre que quieren que se haga mediante una Asamblea Constituyente.

Verificación internacional Aunque las Farc y el Gobierno ya acordaron que será la ONU, a través del Consejo de Seguridad, la encargada de la verificación internacional del desarme, desmovilización y reintegración de la guerrilla, falta conocer cuándo arrancará el cese al fuego y empezará este proceso. Como contó La Silla, para esto se necesita que tanto las Farc como el Gobierno le pidan formalmente al Consejo de Seguridad que haga la tarea de verificación y que éste acepte, pero hay buenas probabilidades de que lo haga. De hecho hoy, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, reveló que serían 300 personas las que llegarían al país a encargarse de esta tarea y ayer se supo que empezarían a usar sedes de la extinta Caprecom.

Cronograma de implementación El cronograma sigue pendiente aunque ya se saben algunas cosas. Por ejemplo, que nueve meses después de que se firme el Acuerdo Final debería entrar a funcionar la Comisión de la Verdad o que 60 días después de firmado el Acuerdo Final, arrancaría el proceso de desarme. Y otros temas, como el cronograma de desarme seguramente se revelarán el jueves, cuando se conozca el acuerdo de cese al fuego, zonas de concentración, dejación de armas y garantías de seguridad.