¿Qué haría usted si, ante un asalto, la respuesta de la autoridad se redujese a un simple “entrega tus pertenencias y luego, si puedes, denuncia”?

Pues algo semejante ocurre cuando una persona es víctima de una extorsión telefónica.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2013 se intentó una extorsión telefónica cada 5.26 segundos.

¿A usted ya le tocó? ¿O a un familiar o a un amigo?

Si es así, es muy probable que la respuesta que haya recibido por parte de la autoridad fuese: “Ni les haga caso, sólo cuelgue y denuncie”.

Lo más preocupante es que un número importante de estas llamadas de intento de extorsión proviene del interior de las cárceles.

Las prisiones de nuestro país se han convertido en los call centers de la delincuencia. Lo sabemos nosotros y lo saben las autoridades. Y lo que también sabemos es que esto se puede prevenir. Sólo falta tener voluntad y decisión para conseguirlo.

¿Por qué los ciudadanos debemos estar expuestos a que criminales nos llamen, nos amenacen, nos intimiden, nos provoquen angustia y en muchas ocasiones se salgan con la suya sin que la autoridad haga prácticamente nada para evitarlo?

#YaEstuvoBueno.

Es momento de que esto cambie. Ya no podemos desviar la mirada hacia otro lado. Es urgente una solución radical y profunda para combatir la extorsión telefónica, particularmente aquella que se origina en las prisiones.

Convencido de ello, junto con un grupo de ciudadanos y especialistas en seguridad pública, proponemos que la Federación tome en sus manos el control absoluto de todas las telecomunicaciones en las cárceles de nuestro país.

Aunque todos los penales federales cuentan actualmente con sistemas inhibidores de señales de telefonía, lamentablemente muy pocas prisiones estatales y municipales poseen esta tecnología. Y aquellas que la tienen no brindan los resultados esperados.

Además, no se trata solamente de instalar bloqueadores de celulares, sino de controlar todas las vías de telecomunicación, alámbrica o inalámbrica, públicas o privadas, que operen dentro de los penales. El objetivo es cerrar y controlar todas las vías mediante las cuales los delincuentes puedan seguir atemorizando a la gente.

Seamos claros: el Gobierno Federal es el único con capacidad para llevar a cabo esta función con eficacia, eficiencia y transparencia.

De acuerdo con la Envipe 2013, junto con la extorsión, el robo a transeúnte es el delito que más afecta a los ciudadanos de a pie.

Del total de delitos del fuero común cometidos en 2012 y reportados por la Encuesta, 28.56% de los casos fueron robo o asalto a transeúnte (con 7 millones 931 mil 693 reportes) y 21.58% fueron casos de extorsión (con 5 millones 994 mil 34 reportes).

Con base en datos de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la capital del país calcula que 40% de estos robos a transeúnte tienen el objetivo de hurtar el teléfono celular.

Por ello, requerimos de una acción contundente que logre que los criminales dejen de ver un botín atractivo en estos aparatos.

En concreto, proponemos que Gobierno Federal y compañías lleven a cabo una intensa campaña de publicidad y comunicación para que los ciudadanos sepamos que al reportar la IMEI de un celular robado, el equipo es inutilizado y, por lo tanto, imposibilitado para convertirse en un arma contra nosotros o para ser vendido en el mercado negro.

Conocer la Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés) de nuestros teléfonos abonará a la creación de una cultura de reporte e inhabilitación de celulares robados.

Esta campaña debe explicar que obtener la IMEI es tan fácil como teclear *#06#. Inmediatamente después una clave de 15 dígitos aparecerá en la pantalla, ésa es la Identidad Internacional de nuestro celular. Es un código que debemos guardar en un lugar seguro y utilizarlo para inhabilitar el aparato, en caso de que sea robado.

El objetivo de esta medida es que los delincuentes pierdan interés en robar un celular, pues sabrán que su víctima inhabilitará el equipo, quitándole la posibilidad de revenderlo o utilizarlo para delinquir.

Tal como lo hacemos cuando nos roban una tarjeta bancaria.

Proponemos también que el Gobierno Federal ponga a disposición de la ciudadanía el teléfono 088 como la vía central para recibir estos reportes y evitar de este modo que el ciudadano ande de número en número buscando quién lo atienda.

En resumen, para acorralar al crimen debemos aprovechar la tecnología y así también evitar espacios de discrecionalidad.

En Estados Unidos, Colombia, Brasil y Ecuador existen mecanismos cibernéticos a través de los cuales una autoridad policial o judicial puede obtener, en cuestión de segundos, los datos sobre la localización geográfica de un teléfono celular.

En México esto también ocurre. Pero con una diferencia muy grande: quien tienen acceso a tal información no es ninguna autoridad, sino los operadores de los centros de atención a clientes de las telefónicas. Al alcance de un clic, ellos pueden entrar a la intimidad de nuestros registros, facilidad y velocidad con la que no cuentan, por ejemplo, los cuerpos responsables de investigar y perseguir a extorsionadores o secuestradores.

Nuestro país tiene ya el marco jurídico que permite geolocalizar un celular, pero el proceso es aún extremadamente lento y burocrático. De hecho, seguimos en el diseño de cómo debe ser el procedimiento mediante el cual la autoridad puede solicitar a las telefónicas la información sobre la ubicación geográfica de un móvil. Esto es innecesario. Un proceso de petición-entrega de datos está completamente rebasado por la tecnología.

Para solucionarlo, proponemos que el Gobierno Federal tenga una conexión directa a los servidores de las compañías telefónicas. Con dicha herramienta, autoridades policiales de nuestro país podrían rastrear celulares involucrados en la comisión de delitos. Sin tantas vueltas ni pérdida de tiempo.

Este gobierno tiene la oportunidad histórica de marcar un hito en la inclusión de la voz ciudadana en la generación de políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito.

Porque #YaEstuvoBueno.

* Andrea Ambrogi Domínguez (@andrea_ambrogi) es invitado permanente de la Sociedad Civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla