Tendida sobre una cama, Patricia Gálvez Valenzuela (68), viuda de Lorenzo Villegas, un oficial del Ejército, está conectada a oxígeno y desahuciada por los médicos. Hace un año, el Instituto Nacional del Tórax le diagnosticó un mesitelioma pleural, un tumor canceroso poco común originado por la exposición prolongada a los asbestos, según lo define la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Cada cuatro horas le inyectan morfina para paliar en algo los fuertes dolores que sufre por una metástasis ramificada hasta sus huesos.

Pesa menos de 60 kilos, y su vida comenzó a apagarse hace cinco meses. Pero el origen de su calvario se remonta mucho tiempo atrás.

En el año 1966, Patricia quedó huérfana. Sus tíos, Amelia Gálvez Valenzuela y Evaristo Portales Hernández, se hicieron cargo de su cuidado, en la pequeña casa que compartían en el número 51074 en la calle El Estanque de la Villa Pizarreño, en Maipú. A sólo metros estaba la planta industrial de Empresas Pizarreño. Allí, cuenta hoy Patricia, ella jugaba junto a sus amigos sobre verdaderas "dunas de asbesto". Recuerda también que la compañía lanzaba sus desechos a modo de pavimento para mantener las calles de tierra durante los meses de invierno.

"No era de las personas que salía mucho a la calle. Me acuerdo que miraba a la planta y salía un polvito blanco. Creía que era humo, pero en realidad era contaminación. Veíamos todo este polvo en las calles y con los niños jugábamos a hacer cerritos", explica hoy Patricia, postrada sobre su cama. Verónica Villegas, su hija, cuenta que "mi mamá se fue secando como una pasa. Todo se desmoronó".

El caso de Patricia trae a la memoria el triste final de Eduardo Miño. Un hombre que en 2001, a la edad de 50 años, se inmoló frente a La Moneda, quemándose a lo bonzo en un acto extremo de protesta. Previo a su acción redactó una carta en la que expuso las razones de su actuar. Entre ellas, la asbestosis que padecía: una enfermedad que causa fibrosis pulmonar producto de inhalación de este componente.

Dieciocho años después, el caso de Patricia no es el único. Junto a ella, otras tres mujeres presentaron demandas durante los últimos seis meses en contra de la compañía filial del grupo belga Eternit N.V. (hoy Etex Group S.A.) y que cuenta con 120 fábricas en 42 países. Etex Group fabrica materiales de construcción.

Las mujeres -todas representadas por el abogado Jaime Gatica Illanes- exigen ser indemnizadas por un total de $3.896.768.000 y tres de ellas tienen en común que durante su infancia o adolescencia vivieron alrededor de la planta de Pizarreño. La enfermedad, como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., puede tardar entre 20 a 40 años en mostrar sus síntomas, entre los que se cuentan dolor abdominal, tos, fatiga, dificultad respiratoria, pérdida de peso, entre otros.

Según los escritos presentados en tribunales, las tres mujeres fueron diagnosticadas por padecer mesotelioma pleura pulmonar. Los documentos entregados apuntan a la eventual responsabilidad de la empresa por no contener la exposición de asbesto en las cercanías de la planta en los años los años 60 y 70, cuando no existía regulación en Chile sobre el tema. Solo en septiembre del año 2000 -un año antes de que Miño decidiera terminar públicamente con su vida- nuestro país prohibió su uso, en línea con la ratificación que había realizado en el año 1994 del Convenio Nº 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recomendaba la prohibición total o parcial del asbesto cuando sea necesario y técnicamente posible para proteger la salud de los trabajadores.

-Espero que la justicia me indemnice. Nunca deseé tener esta enfermedad. No me la busqué, dice Patricia.

Acusan daño moral

El caso de Elsa Cucumides Cid (38) -la segunda demandante- es distinto. Su madre Magaly Cid Montenegro falleció el pasado 18 de octubre. "Ha estado internada y en la última hospitalización, se lee en la epicrisis que el diagnóstico es mesotelioma y como antecedente registra haber vivido en la Población Pizarreño hasta los 5 años", sostiene la demanda que se tramita en el 4º Juzgado Civil de Santiago.

En el mismo escrito –que alcanzó a ser presentado por ella 10 días antes de morir– detalla que "las calles alrededor de la empresa Pizarreño no estaban pavimentadas y que los camiones de la empresa botaban el recorte de planchas en el camino, para rellenarlas, y estas eran aplastadas por los camiones que se desplazaban, todo ello levantaba mucho polvo".

"Ninguna indemnización nos devolverá a mi madre y el sufrimiento que hemos padecido por meses de dolor y agonía, que además nos dejó una cicatriz de dolor imborrable", dice hoy Elsa.

-Queremos que la población tome conciencia, porque primero aparecieron los trabajadores enfermos, y ahora están apareciendo los pobladores y residentes de la población vecina, pero aún quedan cientos de víctimas por aparecer, de la contaminación con los materiales con asbesto en los techos y planchas de sus casas. El asesino aún esta ahí adentro y no hay difusión ni educación de cómo manipular esos materiales cuando se repara una casa o se procede a una demolición.

[caption id="attachment_678737" align="aligncenter" width="404"]

Magaly Cid, un mes antes de empeorar su enfermedad.[/caption]

Al caso de Patricia Gálvez y Magaly Cid se suma el de otra mujer, quien solicitó que no se revelara su nombre, pues aún sus cercanos no se enteran de su enfermedad. Ella nació en el año 1969 y hasta los diez años vivió en la intersección de Pasaje Yungay con Marina Grande de la Población Los Cóndores, a 400 metros a la empresa Pizarreño.

Durante su infancia cursó sus primeros años de estudio en la escuela El Llano, que se ubicaba detrás de la empresa Pizarreño, a metros del patio trasero de la fábrica. En ese lugar, cuenta, se acopiaban residuos de asbesto, allí cursó desde kínder hasta octavo año de educación básica.

Según la acción judicial que se presentó hace una semana, "tanto era el polvo que circulaba, que a veces cuando hacía viento, los uniformes de los alumnos, en el caso de ella, un jumper azul marino, quedaba impregnado de este polvo proveniente de la empresa. También debían limpiar constantemente sus zapatos de colegio, ya que al salir al patio se les cubrían del mismo polvo".

Hoy la mujer, madre de tres niños, se encuentra internada en el Hospital San Borja Arriarán. Sus médicos que la diagnosticaron con mesotelioma auguran que el "pronóstico es oscuro" –según el informe médico que consta en la demanda– e intentarán un tratamiento de quimioterapia.

El cuarto caso es el de Jacqueline Pino Gómez, viuda y dueña de casa. Según su demanda, su marido Esteban Cabrera Celis se desempeñó como chofer entre los años 1996 - 2006, para la empresa de Transportes René Cabrera Ltda., empresa contratista de Sociedad Industrial Pizarreño S.A

Su trabajo consistía básicamente en ingresar de madrugada, alrededor de las 5.00 AM a la planta Pizarreño y allí esperar cargar el camión, lo que implicaba a veces todo el día de espera.

"Cabrera fue diagnosticado con mesotelioma maligno el año 2006 y falleció el 6 de Agosto de 2008, a los 44 años de edad, en medio de crisis respiratorias, asfixia y dolores terribles, causados por el cáncer pulmonar mesotelioma", detalló la acción judicial.

Las cuatro mujeres acusan daño moral por parte de la empresa. Patricia pide una indemnización de $800 millones; la familia de Magaly, un monto de $1.050.000.000; Jacqueline Pino demanda por $750 millones y la enferma anónima, $1.200 millones.

La voz de Pizarreño

"Sólo desde noviembre de 1987 el mesotelioma es reconocido como enfermedad laboral; con anterioridad a ese año, y en conformidad al estado del conocimiento y la situación normativa existente, ni siquiera era reconocido como enfermedad laboral", afirma la compañía en uno de los documentos presentados en una de las causas.

Según se lee en tales escritos presentados en tribunales, Empresas Pizarreño ha solicitado que se declare la prescripción de las demandas, insistiendo que llevó a cabo una actividad económica lícita, ajustándose en todo momento a la normativa y reglamentación vigentes.

"El daño supuestamente producido, incluso si este fuera efectivo y derivara de la conducta de mi representada, a pesar de haberse utilizado los medios de protección conocidos, no era previsible en la época en que ocurrieron los hechos, de tal manera que no puede imputarse a Pizarreño responsabilidad jurídica alguna por los perjuicios reclamados", recalcó la compañía por medio de un escrito presentado por su abogado Gabriel Zaliasnik.

Por medio de una declaración enviada a La Tercera PM, la compañía sostuvo: "Pizarreño siempre actuó de buena fe y apegado a la ley, en un contexto en que no se conocían los efectos de este material en condiciones específicas".