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El gobierno resolvió ayer en un Consejo de Ministros extraordinario imponer un laudo obligatorio a los trabajadores de Eulen, como en otras ocasiones habían hecho los gobiernos del PSOE o del propio Rajoy (obras de la Villa Olímpica en época de Felipe González, conflicto de los controladores con Zapatero, pilotos de Iberia con Rajoy…). Es evidente la intención del gobierno, como lo fue en todos esos casos: servir a sus amos empresariales (AENA y Eulen en este caso) impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental, el de huelga, maniatando así a los trabajadores en la que es su principal herramienta para defender sus derechos (en este caso salariales y de condiciones de trabajo) frente a a los empresarios. Unos intereses patronales que también defiende el gobierno de la Generalitat, con ERC al frente de Treball, con la imposición de unos servicios mínimos del 90% (y los llaman ‘mínimos‘!).

Se trata, además, de buscar un efecto disuasorio: en los trabajadores Eulen pretenden ejemplificar como pueden acabar las luchas de los trabajadores en determinados sectores considerados estratégicos (en el aeropuerto el argumento principal es la seguridad antiterrorista, además de la protección de un sector ‘estratégico’ como el del turismo), especialmente cuando se anuncia una oleada de huelgas en los aeropuertos españoles (vigilantes, limpieza, personal de AENA…) por parte de trabajadores dispuestos a luchar contra la escandalosa degradación de sus condiciones de trabajo de los últimos años, especialmente en los servicios «externalizados» (privatizados) a contratas con vínculos directos con el gobierno como en el caso de Eulen («capitalismo de amiguetes»).

Sin duda que la mejor «ley de huelga es la que no existe«, o lo que es lo mismo, la autorregulación por los propios interesados es la única manera de garantizar el derecho real a la huelga: ¿quién mejor que los trabajadores, cuya responsabilidad es tal que con su actividad crean la riqueza y aseguran el bienestar social, además de enriquecer a sus explotadores, para establecer los mínimos necesarios en caso de huelga?

Es el momento de, frente a la movilización por parte del gobierno de todos los instrumentos en sus manos para derrotar a los trabajadores (leyes, policía, medios de comunicación…), arropar con un potente movimiento de solidaridad una lucha que afecta a un derecho, el de huelga, y a unas reivindicaciones, salario y condiciones laborales dignas, que los son de toda la clase trabajadora.

El Gobierno da 24 horas a Eulen y trabajadores para un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento

El Consejo de Ministros ha acordado hoy establecer un arbitraje obligatorio que ponga fin al conflicto en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y da un «plazo máximo de 24 horas» a Eulen y sus trabajadores para consensuar un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento para las partes.

Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, que ha abordado este asunto, tras valorar la situación en el aeropuerto de El Prat ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso el proceso de mediación.

De la Serna ha explicado que la decisión del arbitraje deberá ser resuelta en el plazo de 10 días desde su designación, plazo que empezará a contar al día siguiente, y ha reiterado que si no hay consenso entre las partes sobre un árbitro, éste será designado a propuesta del Ministerio de Fomento y comunicado a las partes.

El titular de Fomento ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el «más escrupuloso respeto al derecho de huelga».

El Gobierno ha recurrido en una decena de ocasiones a este arbitraje

Los empleados de Eulen llevan realizando paros intermitentes desde el pasado 25 de julio. Una huelga que se convirtió en indefinida este lunes, tras rechazar los trabajadores la propuesta mediadora de la Generalitat.

Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno recurre a un laudo arbitral para garantizar la seguridad de un servicio público ante un conflicto laboral. En el conflicto de los controladores aéreos del año 2010, ante las bajas médicas masivas, tras la regulación de la jornada laboral y la privatización de 13 torres de control, la situación derivó en el conocido como ‘plante’ –pues no hubo convocatoria formal de huelga– que acabó desencadenando en el cierre total del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre de hace casi siete años.

Otros laudos impuestos por los gobiernos del PSOE y del PP

No es la primera vez que el Gobierno recurre a un laudo obligatorio para poner fin a un conflicto. A lo largo de la historia se han aplicado en una decena de casos, como en la huelga de controladores aéreos de 2011 o en la de pilotos de Iberia en 2012. También se recurrió a esta vía en el año 92 con motivo de las obras de la Villa Olímpica de Barcelona.

Para normalizar el servicio de transporte aéreo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó el estado de alarma por primera vez en la historia del Estado Español y dejó en manos de la autoridad militar la orden de obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. El Gobierno designó en enero de 2011 al exministro de Trabajo en el primer gobierno del PP, Manuel Pimentel, como mediador del conflicto de los controladores y dictó un laudo de obligado cumplimiento.

Asimismo, el conflicto del año 2013 entre los pilotos de Iberia y la aerolínea por la creación de la filial de ‘low cost’ Iberia Express también acabó con dos laudos dictados en mayo y diciembre de 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy designó como mediador entre las partes al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, que dictó un laudo en mayo de 2012, anulado por la Audiencia Nacional por no haber escuchado a Iberia Express, y otro en diciembre, recurrido por Iberia y su filial. Finalmente, el conflicto se resolvió gracias al acuerdo de productividad alcanzado entre las partes en febrero de 2014, que permitió a la ‘low cost’ aumentar flota, contratar más tripulación y mejorar condiciones laborales. El Tribunal Supremo acabó anulando los dos laudos.

Más recientemente, el Ejecutivo nombró el pasado mes de febrero al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como mediador en la negociación que patronal y sindicatos de la estiba sobre la reforma del sector. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector Anesco alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de junio tras cinco meses de conflicto debido a la liberalización del sector llevada a cabo por el Gobierno a exigencias de la Comisión Europea..