13 de Febrero de 2019

Desde su púlpito matutino, el gran ayatolá de la Cuarta Transformación hace juicios morales lapidarios. Hay cosas que, según él, pueden ser legales, pero inmorales. Los impúdicos, por tanto, deben ser condenados públicamente. Que la gente se entere para que, si se los encuentran en la calle, les reclamen.

El presidente López Obrador está abriendo un flanco muy peligroso al juzgar actos por su moralidad más que por su legalidad. En una república democrática liberal, la ley es, y debe ser, la única moral que guíe la actuación de los ciudadanos, incluyendo los

servidores públicos.

Claro que López Obrador tiene su propia ética y claro que tiene el derecho a la libertad de expresión para decir lo que se le pegue la gana. Pero, ¿se vale que un presidente realice juicios morales por televisión con una gran audiencia?

Pongo un ejemplo hipotético. Digamos que un presidente está moralmente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pero la ley lo permite y muchas mujeres ejercen ese derecho. ¿Puede, entonces, el presidente condenar públicamente, en una conferencia televisada, a todas las mujeres que fueron a abortar y mencionar sus nombres? ¿Se vale?

Yo creo que no porque el presidente, al hacerlo, está abusando de su poder. Entre más alto un funcionario, más respetuoso debe ser de la vida privada de los ciudadanos. Si exfuncionarios violaron la ley, el gobernante está obligado a demandarlos. Pero si no cometieron delitos, no se vale condenarlos públicamente por inmorales. Aquí estamos hablando de gobernantes, no de clérigos.

El jefe de un Estado laico ni puede ni debe convertirse en gran sacerdote como si estuviéramos en una teocracia. Él no está ahí para decir qué se vale y qué no. Eso lo define la ley. Y si no le gusta la ley, pues que la cambie, que al fin y al cabo, tiene una cómoda mayoría en el Congreso.

Si López Obrador abrió la puerta de los juicios morales, me permito enviarle una serie de preguntas sobre la moralidad del funcionario que condenó públicamente la actuación (al parecer legal) de José Córdoba, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz, Luis Téllez, Alfredo Elías, Felipe Calderón, Georgina Kessel, Jordy Herrera y Alejandro Fleming. Me refiero al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. En 1988, fue la autoridad que organizó las elecciones presidenciales de ese año. Bartlett declaró a Carlos Salinas como el ganador legal. Señor presidente López Obrador: ¿cómo podemos considerar la actuación del entonces secretario de Gobernación: moral o inmoral?

Ya como presidente, Salinas nombró a Bartlett secretario de Educación Pública. Nunca criticó en público ni a su jefe ni sus políticas neoliberales a pesar de que hoy nos enteramos de que estaba en contra de ellas. Señor presidente, ¿moral o inmoral?

Ya como gobernador de Puebla, siguiendo las reglas priistas, tampoco criticó en público al presidente más neoliberal que hemos tenido, Ernesto Zedillo, y sus políticas. ¿Moral o inmoral?

Sorpresivamente, Bartlett comenzó a censurar a los neoliberales cuando el PRI perdió el poder en 2000. Eventualmente, saltó del barco priista cuando éste comenzaba a hundirse. ¿Moral o inmoral?

¿Se vale haberse acomodado con los gobiernos neoliberales que le dieron huesos y, cuando estos se terminaron, haber roto para convertirse, hoy, en uno de los torquemadas del lopezobradorismo en contra de los neoliberales?

“El medio es el mensaje”, decía con tino Marshall McLuhan. Bartlett, un verdadero ejemplo de moralidad en la política, fue el medio que escogió AMLO para condenar a algunos exfuncionarios que tuvieron algún tipo de participación en empresas energéticas después de haber dejado su cargo. Los ingleses dirían: “of all people, Bartlett”.

Aquí estamos frente a un tema de fondo que sí vale la pena debatir: el de las puertas giratorias de ciudadanos que entran y salen del sector público al privado. Es una realidad y un desafío de todas las democracias liberales: evitar los conflictos de interés. Para tal efecto, se debe utilizar la ley, no la moral, muchos menos los juicios mediáticos donde, con ánimo revanchista, se puede arruinar la reputación de ciudadanos con una ideología diferente.

Si alguno de los exfuncionarios arriba mencionados cometió una ilegalidad, que las autoridades lo procesen judicialmente. Pero si hicieron algo legal que AMLO considera inmoral, el Presidente no tiene derecho de condenarlos públicamente al fuego eterno. Mucho menos utilizando a un subordinado de dudosa calidad moral.

Twitter: @leozuckermann

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