"Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid". Esas palabras, a las que no hace falta ni poner adjetivos, las pronunció públicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana. La pandemia en Madrid sigue, ni más ni menos, que el mismo patrón de expansión que en otras ciudades españolas y de todo el mundo: desigual y con más incidencia en los barrios o distritos de rentas bajas, más hacinamiento, mayor volumen de trabajadores con empleos precarios, más uso del transporte público, recursos sanitarios y sociales públicos mal adaptados a necesidades y peor dimensionados...

Eso es así, pero no explica totalmente el comportamiento de la pandemia en Madrid, en Cataluña…en toda España, que es uno de los puntos negros mundiales en materia de Covid-19.

Hay más causas, por ejemplo, en relación con una de las barreras más efectivas que tenemos: las mascarillas. Crecen las noticias de personas agredidas, incluso físicamente - ¡hasta apuñalamientos! -, por recriminar a otras que dentro de establecimientos no lleven puesta la mascarilla; un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) vetó en su clase las mascarillas y el gel hidroalcohólico; muchos empleadores reciben peticiones para liberar de su uso a trabajadores; comercios de alimentación, entre otros, invitan día sí y día también a clientes sin mascarilla a abandonar sus locales; en los centros de atención primaria llevan tiempo quejándose de las presiones que reciben para exonerar de su uso a personas que no cumplen con criterios clínicos….

Y, además, hay un fenómeno creciente, que habría que estudiar pero que, muy posiblemente, se dé más en personas de rentas medias y altas que creen que, por su modo de vida, están exentos de verse afectados por esta pandemia y, por tanto, valoran más su libertad que la prevención en su salud: el de los padres objetores de mascarillas, que llevan al colegio a sus hijos sin ellas con el argumento de que es una crueldad obligarles a llevarlas durante toda la jornada escolar. Y no, no se trata de niños muy pequeños o con dificultad para respirar o con alguna incapacidad.

Este movimiento, posiblemente animado por los muy extendidos grupos de padres de alumnos en WhatsApp y que ya habrá llegado a muchos pediatras –algunos de esos padres les reclaman dispensas médicas -, supone un grave problema en los colegios, donde luchan como pueden, y con lo que tienen, para no poner en riesgo la salud de sus alumnos y maestros y evitar sus cierres.

Los centros educativos pueden impedirles la entrada a los niños sin mascarillas un día, quizá dos o tres, pero ¿qué pasa cuando son multirreincidentes y cuando el volumen de niños sin mascarilla es la norma? Enviarles a todos a casa contrasta con otro fenómeno de desobediencia: el de los padres que no llevan a sus hijos al colegio por miedo a que se contagien, que, en este caso, no solo están amenazados de posible multa (en las CCAA donde está prevista) sino por la justicia. Algún juzgado ya ha tenido que fallar a favor del progenitor que quiere mantener escolarizado al menor (que es algo obligatorio) ante la oposición del otro por temor a un posible contagio del SARS-CoV-2.