Eldenunció que elavanza en la implementación de un protocolo de relocalización compulsiva en el, a contramano de la ley de reurbanización del asentamiento que protege a los pobladores ante cualquier desalojo forzoso, informa Página 12.El titular de la ONG,, sostuvo que “quieren generar esta herramienta para validar los desalojos mientras envían a la Legislatura un nuevo proyecto para reurbanizar, que flexibilice las garantías que impone la ley sancionada en 2009 y que legalice todas las cosas que hicieron en la zona por fuera de los marcos legales”.El texto que no lleva membrete ni firma, fue presentado hace diez días a los delegados y consejeros delpor personal de la, explicóa Página 12.El escrito propone “un modelo socialmente responsable para la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de procesos de relocalización involuntaria de poblaciones” en el marco de la urbanización del. Y define las relocalizaciones como procesos complejos “planificados, compulsivos, desiguales” que se aplican por “razones legales, técnicas y/o políticas” sobre poblaciones que deben desplazarse porque “no tienen opción de permanecer en el lugar”.El artículo 9 de la, –“de urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional”– establece que la implementación del proyecto “no implicará desalojo forzoso alguno”. Además, estipula que para aquellos habitantes –de acuerdo al censo poblacional establecido en el artículo 3º– “cuyas viviendas necesiten ser relocalizadas se garantizará, en acuerdo con los mismos, una solución habitacional de similares características”.La ley creó unaintegrada por diversos organismos, que funcionó en 2010 y 2011 cuando finalmente se aprobó el dictamen de urbanización.explicó que “desde 2011 hasta este año elno le da bolilla a la ley, y ahora necesitan legalizar lo que hicieron por afuera, como modificar las alturas de las viviendas que se iban a construir, la cantidad, el destino del terreno de, que era para viviendas sociales y no para privatizarlo como hizopor decreto. O los servicios públicos que debían hacerse de nuevo, y eldice que va a hacer sólo una parte y mejorar lo ya existente. Lo mismo ocurre con el cambio de la traza de la, que tampoco estaba contemplado ni el parque lineal en altura sobre la vieja traza”, detalló.“Al mismo tiempo, necesitan flexibilizar dos artículos de la ley que son garantías rígidas para los vecinos del barrio: el que los protege de desalojos forzosos y el que les garantiza que la solución habitacional debe ser dada dentro del polígono que fija la ley. Y para esto necesitan una nueva norma que ya están preparando para enviar a la”, agregó el presidente de la ONG.asegura que “están utilizando el criterio de desalojo por ruinas para apropiarse de los inmuebles. Si una vivienda tiene riesgos no siempre la solución es la demolición”. Además, señaló, “la ley autoriza el desalojo, no la demolición, ya que la gente tiene derechos y sus domicilios son tan inviolables como el de cualquier habitante de la ciudad”, y advirtió que la decisión “fue llamativa, ya que la orden de desalojo fue firmada por el”.añadió que “quienes la ejecutaron fueron más allá del decreto, que ordenaba desocupar, pero no demoler".El protocolo establece en qué situaciones no hay opción y se relocalizará “involuntariamente”: “Sectores emplazados en zonas de riesgos (bajo autopista, cercanía a las vías del FFCC, en sectores con peligro de derrumbe)”; Construcciones que, “por sus características técnicas irrecuperables”, en consideración de la SECISYU “ameriten su relocalización”. “Con esa discrecionalidad el desalojo forzoso será la regla en el Barrio”, concluye