Alfredo Méndez y Ciro Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de octubre de 2013, p. 13

Una cascada de demandas de amparo fue presentada ante juzgados federales por importantes corporativos nacionales y extranjeros, como Televisa, Tv Azteca, Walmart, entre otros, para obtener la protección de la justicia federal e impedir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haga púbicos los nombres de las compañías que fueron beneficiadas con la condonación de créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos en los pasados seis años, por concepto de atrasos en el pago de impuestos.

De acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación, en días recientes varios juzgados de distrito en materia administrativa han admitido a trámite estas demandas de amparo, en las que se señala como autoridad responsable al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai).

No han sido pocas las solicitudes de ciudadanos que han recurrido al Ifai para exigir al SAT que proporcione información sobre las empresas que fueron beneficiadas con la condonación de 73 mil 960 millones de pesos por créditos fiscales. Esos datos se habían reservado por un plazo de 12 años.

El propio Ifai ha resuelto ya en el sentido de que los créditos fiscales condonados a empresas mexicanas y extranjeras no forman parte de la información considerada como reservada o privada, por lo que el SAT está obligado a proporcionar los datos de las compañías beneficiadas.

En el recurso de revisión, turnado a la comisionada del Ifai María Elena Pérez-Jaén, se señala que la condonación es un gasto fiscal que comprende, en términos generales, los montos que deja de recaudar el Estado, por lo que constituye una transferencia de recursos públicos en sentido negativo. Que también es un beneficio en favor del contribuyente, que implica un gasto público y que como tal debe reportarse.

Además se considera que la decisión de condonar un crédito fiscal no involucra únicamente al SAT y a la persona que se le perdona el adeudo, sino a toda la sociedad, en tanto que por disposición constitucional todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa.