El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) reclama a la Junta de Andalucía estar presente en las negociaciones y debates para la elaboración de la nueva Ley Integral de Agricultura de Andalucía, en la cuál se regulará la situación de las fincas públicas. Este sindicato, que está ocupando una de estas fincas pertenecientes al Gobierno andaluz, Somonte, quiere que la nueva ley ponga la tierra "en manos de la gente y más en la situación de Andalucía con 3 millones y medio de personas que viven en situación de riesgo de exclusión social, más de un tercio de la población". Para ello, el SAT se considera "garante de los derechos de los andaluces" y asegura que son un ejemplo "de cómo se puede trabajar el campo de una manera sostenible socialmente y ecológicamente".

El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, declara a cuartopoder.es: "Como mínimo, esperamos que no sea un retroceso social la nueva ley, en 1984 todo el poder de las fincas públicas pasaba a la Junta, era por lo tanto de soberanía andaluza, esperamos que se cierre la puerta a las privatizaciones para que esto siga siendo así". "La Junta tiene la obligación de destinar las fincas públicas para el uso social, nosotros defendemos que esta ley amplíe los derechos, queremos más soberanía, más autodeterminación, más independencia del capitalismo y del mercado para los andaluces que trabajamos la tierra, que no sirva la ley para ser más colonia todavía", advierte el líder del SAT, añadiendo: "Ahora, nuestro objetivo sigue siendo una reforma agraria integral, colectivizar las tierras sin generar nuevos terratenientes".

Esta Ley Integral de Agricultura de Andalucía era un acuerdo del Gobierno que compartieron PSOE e IU en la Junta de Andalucía la pasada legislatura. No se llevó a cabo y Susana Díaz, presidenta de Andalucía, se comprometió a impulsarla esta legislatura en el debate de investidura. Según parece, se empezará a tramitar el próximo mes de septiembre. Un grupo de representantes del SAT se reunió con la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, María del Carmen Ortiz, a mediados del pasado mes de julio para transmitirle su intención de seguir ocupando la finca de Somonte y para pedirle que se les ceda la gestión de estas tierras. Además, los jornaleros le pidieron que se les incluyera en los debates y negociaciones de la nueva ley. "Ella dijo que con nosotros no había nada que negociar porque estábamos en una situación de ilegalidad, que el conflicto de Somonte se tiene que solucionar por la vía judicial y no dialogando", asegura Reina, quien recalca: "Si no fuera por nosotros, en marzo del 2012, un día después de que ocupáramos la finca, se habría subastado Somonte por un precio muy inferior al real y nosotros no queremos que la tierra de Andalucía caiga en manos de grandes especuladores". "Queremos hablar con la Junta y colaborar en la redacción de la nueva ley, pero mientras no se reúnan con nosotros seguiremos ocupando y trabajando las tierras públicas, demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera", reitera.

El SAT mantiene la ocupación de Somonte desde marzo del 2012 y, aunque han sido desalojados en tres ocasiones, a los pocos días han vuelto siempre a ocupar estas tierras. "Blas Infante llamaba a los andaluces a no emigrar, a recobrar las tierras que son nuestras, el PSOE sólo utiliza la figura de Infante para hacerse la foto en homenajes, nosotros seguimos su ejemplo, nuestra labor es recuperar nuestra tierra", relata Reina. "En Andalucía el 50 por ciento de la tierra cultivable está en manos del 2 por ciento de propietarios, que la tierra pública no sea también para estos especuladores, que la pueda trabajar la gente, que se puedan crear puestos de trabajo que no sean basura y nos obliguen a emigrar, apostamos por la soberanía alimentaria y la reforma agraria", dice el líder jornalero.

Durante estos años de ocupación, el SAT ha cultivado toda la superficie cultivable de esta finca, 400 hectáreas. "En la Junta saben que estamos haciendo un buen uso de estas tierras, dando trabajo directo a más de 30 personas en cada campaña, pero estamos en una situación de irregularidad, por eso queremos que dejen esta finca en usufructo y demostrarles que sabemos trabajarla, sino cumplimos con los objetivos que pactemos con la Junta, entonces que nos echen", prosigue Reina. "El trabajo actual es de la militancia, no es un trabajo reconocido, por eso queremos que se regularice nuestra situación, permanentemente mantenemos una comisión de 4 ó 5 personas, no podemos mantener a más gente por su coste elevado", explica el portavoz del SAT. "Estamos en una situación de resistencia y estamos manteniendo la ocupación que es la prioridad para que no caiga en manos de especuladores", añade.

"Si pudiéramos estar en una situación legal, podríamos buscar alternativas para explotar la tierra de mejor manera. Queremos aspirar no sólo a ser eficientes como estamos haciendo ahora mismo, sino también podríamos acceder a las subvenciones de Europa", describe Reina, que prosigue: "La intención es que Somonte sea ejemplo de cultivo socioecológico, que dé mano de obra y respete el medio ambiente; ahora mismo sólo podemos cultivar cereales, productos que no dan muchos beneficios, pero nos gustaría poder trabajar con otros productos, también en su manufactura y distribución, generando empleo de calidad en Andalucía". De todas formas, Reina considera: "Somos un referente en España y Europa de cómo hacer las cosas de otra manera, somos ejemplo de un sueño, nosotros sólo deseamos que la juventud pueda cumplir sus anhelos en esta tierra y no tenga que emigrar".

Podemos e IU ante la nueva ley

"Desde Podemos Andalucía no queremos que se privatice ninguna tierra pública, pedimos que en zonas como la Sierra Sur de Sevilla o la sierra de Cádiz sirvan estas tierras para que los propios ayuntamientos o las cooperativas de agricultores puedan trabajarlas para generar riqueza", explica a este medio María García Bueno, diputada de Podemos en el Parlamento de Andalucía. "Defendemos que en la nueva Ley Integral de Agricultura también se contemple un nuevo modelo productivo que sea respetuoso social y ecológicamente hablando, creemos que apostar por el cultivo intensivo que acaba con los recursos naturales no es sostenible", continúa García Bueno. Con respecto a las fincas públicas, recuerda que "una parte de estas fincas dependen del Gobierno central, como Las Turquillas y las Almorainas, y creemos que esto debe pasar a gestionarse desde la Junta".

María del Carmen Pérez, diputada andaluza de IU, explica a este medio las pretensiones de su formación en esta materia. "Nosotros abogamos por un banco de tierras, el cual hay que regularlo para que la tierra la labre quien la quiere y lo necesita", comenta Pérez. "No sé si el PSOE estará dispuesto a incluir esto en la futura ley", añade. Pérez teme que "la ley que prepara el PSOE no plasme estas sensibilidades". "La Junta tiene muchos terrenos en desuso, en Motril hay otra finca que la han ocupado los trabajadores y a la que no se le estaba dando uso", prosigue la diputada regional de IU. "Con un banco público de tierras garantizas el relevo generacional, que las mujeres tengan acceso a la tierra y la creación de empleo", dice esta representante de IU, que considera: "La Junta se tiene que dar cuenta de que es necesario que las fincas abandonadas tienen que generar actividad".