Dos días antes del cambio de gobierno, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que derriba la patente de un eficaz medicamento contra la Hepatitis C y que permitiría bajar los precios de un tratamiento que hoy cuesta hasta $25 millones. La resolución está parada debido al fuerte lobby de los laboratorios ante el gobierno, estrategia que incluye la vocería de un ex subsecretario de Economía de la ex presidenta Michelle Bachelet y la asesoría del abogado Francisco Zúñiga, connotado colaborador de la administración de la ex mandataria. A los laboratorios les preocupa que este sea el primer paso para liberar otras patentes farmacéuticas vigentes en Chile.

El 9 de marzo, dos días antes de que se iniciara el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que, en los hechos, termina con el monopolio que ejerce el Laboratorio Gilead (estadounidense) sobre la venta en Chile de un eficaz y nuevo tratamiento para la Hepatitis C. Más de 50 mil chilenos padecen esa infección, la que, de no ser tratada, puede derivar en cirrosis hepática, cáncer y causar incluso una dolorosa muerte.

A pesar de que el moderno tratamiento está disponible desde 2015, siguen muriendo chilenos afectados por Hepatitis C. ¿La razón? El sofosbuvir, componente clave del tratamiento, puede costar $25 millones en farmacias. Fue patentado por el Laboratorio Gilead, que es, por tanto, el único autorizado para su comercialización en Chile. Ese monopolio explica el alto costo de la medicina.

La decisión de la entonces ministra Carmen Castillo puso en jaque ese monopolio y encendió la alerta roja en la industria farmacéutica, la que de inmediato planificó una agresiva estrategia para anularla.

La resolución abrió -por primera vez en Chile- la puerta a que otros laboratorios vendan este y otros medicamentos, a pesar de estar patentados. Lo hace a través de una “licencia obligatoria”, que bajaría drásticamente los precios. Esto, porque la ley faculta al Estado a pasar por sobre una patente por razones de salud pública o emergencia sanitaria. De aprobarse esta resolución, sería la primera vez que se aplica esta norma, vigente desde 2005.

Un ejemplo de lo que ocurre cuando la patente es “derribada”: en India, donde se comercializa como genérico, el mismo tratamiento para la Hepatitis C puede conseguirse por $1,5 millón, 16 veces más barato que en Chile.

El lobby que desplegó la industria farmacéutica en Chile y en el extranjero ha sido efectivo. A casi cinco meses de la firma de la resolución, su trámite está congelado. El Laboratorio Gilead, dueño de la patente, presentó dos recursos ante el Ministerio de Salud que paralizaron la tramitación de la “licencia obligatoria”. La amenaza que esgrimen los laboratorios es que si Chile la aprueba, puede ser castigado por organismos internacionales por vulnerar tratados comerciales.

CIPER accedió a documentos internos de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), que agrupa a laboratorios multinacionales con presencia en Chile, y reconstruyó la ruta del lobby que ha ejercido sobre las autoridades. Al menos nueve reuniones han sostenido con los ministerios de Economía, Salud y Relaciones Exteriores.

El agresivo lobby incluye la asesoría del abogado Francisco Zuñiga (PS), un hombre cercano al gobierno de Bachelet, y la visita al país de un connotado lobista estadounidense, Carl Meacham, representando la industria de Estados Unidos. Representantes de los laboratorios se han reunido con embajadas de la Unión Europea y con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham), alertando sobre las consecuencias de la decisión del gobierno. Este lobby que incluye al principal gremio empresarial del país, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y cuenta con la asesoría comunicacional de la periodista Gloria Stanley.

PRESIÓN INTERNACIONAL

A las cinco de la tarde del martes 13 de marzo el directorio de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) se reunió de emergencia en sus oficinas en calle Hernando de Aguirre (Providencia). No solo les preocupaba que la resolución del Minsal derribara la patente para el tratamiento de la Hepatitis C, el temor era que ese fuera el primer paso liberar otras patentes vigentes en Chile.

Los ocho miembros del directorio participaron de esa asamblea, cuatro en persona y los restantes por video conferencia. Cada uno de ellos representa a un laboratorio integrante de la CIF.

En la reunión se informó que la resolución del Minsal afecta al Laboratorio Gilead (no forma parte de la CIF) y a Bristol–Myers Squibb (BMS), un laboratorio que sí es socio y que produce uno de los compuestos con el que se puede aplicar la terapia contra la Hepatitis C. Luego delinearon su estrategia: acercarse a las autoridades pertinentes, en particular del área económica; mantener un bajo perfil comunicacional; reunirse con los representantes de las embajadas y pedirle a sus abogados que elaboraran un documento con los posibles cursos legales para detener la decisión de la autoridad ( revise aquí el acta de ese direc torio ).

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Las gestiones estaban mucho más avanzadas el 22 de marzo (ver acta), cuando volvió a reunirse el directorio de la CIF. Entonces ya se había concretado (14 de marzo) una reunión con su poderoso símil estadounidense: Phrma, gremial que agrupa a los más grandes laboratorios de Estados Unidos. El objetivo era que Phrma informara a la USTR (Oficina del representante comercial de Estados Unidos, por sus siglas en inglés) lo que estaba ocurriendo en Chile, y le enviara una copia de la resolución del Ministerio de Salud. También despachó minutas a la European Federation of Pharmaceutical Industries (Effpia).

Otra acción internacional destinada a presionar al Estado de Chile fue la gestión del Laboratorio GSK (británico, con presencia en 70 países) ante el Department for a International Trade (DIT), del Reino Unido. El plan fue que se incluyera las “licencias obligatorias” en la agenda de las negociaciones entre Chile y la Unión Europea para actualizar los Acuerdos de Asociación, un tratado comercial vigente hace 15 años.

Con el mismo objetivo, el 11 de abril la CIF se reunió con el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, a quien le plantearon los riesgos para la agenda comercial de Chile que representa la resolución del Minsal que autoriza una “licencia obligatoria”. Las actas de la CIF indican que tuvieron una buena recepción del líder empresarial.

El problema lo había anunciado el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, quien fue subsecretario de Economía en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Lo hizo el 26 de marzo en las mismas dependencias de la Sofofa, cuando se realizó una reunión informativa sobre los avances de la negociación para actualizar el acuerdo comercial de Chile con la Unión Europea. Allí Duhart planteó también las inquietudes de la CIF por la tramitación del proyecto de Ley de Fármacos II, que representa, dijo, un “riesgo para la posición negociadora de Chile”.

El 23 de marzo los directivos de la CIF se reunieron con Amandine Montredou, representante para Latinoamérica del Instituto de Propiedad Industrial de Francia, y con Florence González, la jefa de políticas sectoriales de la embajada de Francia en Chile. Por la CIF asistieron Jean Jacques Duhart y Henry Ordóñez, gerente en Chile del Laboratorio Sanofi Adventis (franco-alemán), líder de Europa.

Por esos mismos días, Jean Jacques Duhart llegó hasta la embajada de Estados Unidos en Chile. Lo acompañó el abogado Cristián Barros. Ambos se reunieron con James McCarthy, consejero comercial, Megan Schildgen, agregada comercial y Verónica Pinto, la asesora comercial de esa embajada.

En paralelo, Mathieu Gilbert, director de la CIF y gerente del Laboratorio Novo Nordisk en Chile (la mayor empresa de Dinamarca y uno de los laboratorios líderes de Europa), se reunió con un representante de la embajada de Canadá. En otro lugar de Santiago, Ignacio Lombardero, también director de la CIF y gerente del Laboratorio AstraZeneca (con sede en Londres y la quinta empresa farmacéutica del mundo), estaba reunido con personeros de la embajada del Reino Unido.

También hubo reuniones con la embajada de Bélgica (asistió Jean Jacques Duhart con Jorge Arévalo, director de la CIF y gerente en Chile del Laboratorio GSK); con la embajada de Suiza (fue Duhart con Sandra Cabezas Hurtado, del Laboratorio suizo Novartis), y de Dinamarca (Duhart con Gilbert, de Novo Nordisk). Estaban planificadas gestiones ante las embajadas de Alemania y Suecia, pero CIPER no pudo confirmar si se concretaron.

LA INDUSTRIA PRESIONA EN CHILE

Lo que sí se concretó fue la asistencia de dos directores de la CIF, Henry Ordoñez y Cesar Millán, del Laboratorio Janssen (belga), a una reunión de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham). En la cuenta que rindieron ante el directorio de la CIF, allí plantearon su preocupación por las “licencias obligatorias”.

El objetivo era sumar el poder y la influencia de Amcham a la presión para anular la decisión del Ministerio de Salud. Para asegurar ese respaldo, Duhart se reunió en forma previa con el presidente de Amcham, el abogado Guillermo Carey.

En la planificación de la CIF, a la Amcham le correspondió presionar al ministro de Salud, Emilio Santelices, como registra el acta del directorio de la CIF del 20 de abril ( ver acta ). Según información de Ley de Lobby, el 16 de abril tres representantes de la Amcham (entre ellos Guillermo Carey) se reunieron con el ministro Santelices. Cuatro días antes, el 12 de abril, hicieron lo mismo con el ministro de Economía, José Ramón Valente.

Las actas de la CIF revisadas por CIPER revelan que la industria farmacéutica multinacional estaba muy interesada en que el ministro Valente asistiera al encuentro Roundtable discussion and public fórum, convocado por la US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de Estados Unidos), el 20 de abril en Washington. Valente acudió (estuvo en Washington entre el 18 y el 23 de abril).

Ante una primera consulta de CIPER, en el Ministerio de Economía respondieron que el ministro no había sostenido ninguna reunión formal ni informal con alguien de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) de Chile durante su paso por Estados Unidos. Pero luego, al preguntar si el tema de las “licencias obligatorias” había sido planteado, respondieron que en ese tipo de instancias “se plantean muchos temas, pero eso es distinto a sostener una reunión formal o informal”.

En Chile si hubo reuniones sobre el problema, y algunas no quedaron registradas en la plataforma de Ley de Lobby. Desde el Ministerio de Economía explican que la CIF solicitó una reunión formal con el ministro Valente, pero que este optó por derivar esa solicitud a Andrés Osorio y Teresita González, dos asesores en materia de competitividad y regulación. La reunión se concretó el 16 de junio. Como esos dos funcionarios no están registrados como sujetos pasivos en la plataforma de transparencia, no quedó huella de esa cita.

La que sí quedó registrada fue la reunión del ministro Valente con los representantes de los laboratorios Gador y Gilead (el distribuidor de la terapia y el poseedor de la patente, respectivamente), la que se realizó el 30 de mayo en el ministerio. El registro público solo anuncia que se conversó sobre la “revisión de planes nacionales sobre Hepatitis C”.

Los mismos representantes de los laboratorios Gador y Gilead se reunieron con el director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon, dependiente de la Cancillería), Rodrigo Yáñez, el 24 de abril. La solicitud de esa reunión, dice:

De: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead Para: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) “Expresar nuestra preocupación por los eventos relacionados a Hepatitis C, en particular por las exigencias de la reciente resolución exenta N° 399 del 9 de marzo de 2018 del Minsal, y nuestra propiedad intelectual, que nos afecta directamente, y sus repercusiones para las relaciones comerciales con la compañía norteamericana Gilead, y las relaciones comerciales entre nuestros países”.

La misma delegación estuvo el 20 de abril en el Ministerio de Salud, donde se reunieron con la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables, María Godoy Gabler. El 16 de mayo el Laboratorio Bristol Myerss Squibb (BMS, que forma parte de la CIF), también acudió al Minsal a una cita con asesores. El registro de esta última reunión incluye la respuesta de los personeros del Ministerio de Salud al laboratorio:

De: Ministerio de Salud Para: Laboratorio Gador y Laboratorio Gilead “Se indica que la resolución se emitió por solicitudes externas y que está bajo análisis. Se respetará el marco legal vigente y se les invita a mantener sus inversiones en sus distintas líneas de investigación, y que mantengan su interés en participar en los distintos programas de salud del Ministerio“.

LOBISTAS IBAN, LOBISTAS VENÍAN

El 10 de abril la plataforma de Ley de Lobby registra la primera reunión de lobistas con autoridades nacionales por este problema. Ese día el vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, llegó hasta las oficinas de la Direcon para reunirse con la jefa de gabinete del organismo, Katherine Lama. Acudió en compañía de Luz Sosa, abogada del Laboratorio Johnson & Johnson, y del estadounidense Carl Meacham, vicepresidente de Phrma (la gremial de los laboratorios de Estados Unidos) para Latinoamérica.

El registro de aquella reunión solo informa que se trató el tema de “las licencias obligatorias para productos farmacéuticos”. Esa gestión tuvo el respaldo de Meacham, un hombre clave en la ofensiva desplegada por los laboratorios en Chile. El gobierno ha señalado que uno de sus objetivos económicos es incrementar la inversión extranjera en el país, por lo que los representantes de los intereses económicos de Estados Unidos podrían tener en Meacham un micrófono más potente ante nuestras autoridades. Eso va en la misma línea estratégica trazada por la CIF: anular la “licencia obligatoria” para la Hepatitis C para no espantar a los inversionistas.

Meacham es uno de los representantes clave de los intereses estadounidenses en Latinoamérica. Tiene 46 años, con estudios en ciencias políticas, relaciones internacionales y administración pública. Creció en Chile (su madre es chilena) pero desarrolló su carrera en Estados Unidos. Entre 2002 y 2013 trabajó en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Allí también asesoró al senador republicano Richard Lugar. Luego se desempeñó en el Center for Strategic and International Studies, dependiente del mismo comité del Senado, como encargado de América Latina. Desde esa plataforma recorrió el continente y fue prolífico en entrevistas sobre las coyunturas de Cuba, Venezuela y Argentina.

Sus visitas no se limitaron a la política, el acento fue defender los intereses comerciales de su país. En 2008 dijo a El Mercurio que el objetivo de sus viajes de ese año era elaborar un informe para el G-8 donde se analizara si en los países estudiados “hay corrupción o impuestos injustificados” (revise esa entrevista).

Carl Meacham es un experto lobista estadounidense. En 2016 era gerente de Asuntos Públicos para el cono sur (Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay) de Uber. En ese rol sostuvo al menos cinco audiencias con autoridades chilenas. Este 2018 registra dos reuniones con autoridades, pero ahora en representación de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) y de su par del norte, Phrma.

Un mes después de su primera gestión ante la Direcon, Carl Meacham llegó a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (InvestChile, del Ministerio de Economía), y se reunió con el jefe del organismo, Ian Frederick. La tabla se mantuvo: las “licencias obligatorias” y la Ley de Fármacos II, que se tramita en el Congreso (vea el registro).

EL ABOGADO BACHELETISTA

A las 10:10 del jueves 22 de marzo, el abogado Francisco Zúñiga Urbina (PS) intervino en una reunión del directorio de la CIF. Lo hizo junto a Felipe Peroti, abogado del estudio que Zúñiga comparte con Jaime Campos, ex ministro de Justicia de Bachelet.

Al igual que Campos, Francisco Zúñiga jugó un rol importante en el gobierno pasado. En 2013 integró el comando de campaña de Michelle Bachelet, coordinando la comisión encargada de elaborar una propuesta para modificar la Constitución. En 2014 asesoró al Ministerio de Hacienda durante la tramitación de la Reforma Tributaria (recibió $24 millones por esa labor). Entonces también tenía un pie en el sector privado: en paralelo asesoraba a la Asociación de Bancos en su oposición a la ley que fortalecía el Sernac. En 2015 presentó en el Congreso un informe encargado por Parque Arauco en contra del proyecto que establecía dos horas y media de gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, y en esa misma época era el asesor legal de la empresa Morpho, que presta servicios al Registro Civil.

Ante el directorio de la CIF, Francisco Zúñiga enumeró los “vicios de juridicidad” e “infracciones constitucionales y legales” que, a su parecer, tiene la resolución firmada por la ex ministra Castillo. Zúñiga dijo a los representantes de los 22 laboratorios que forman parte de la gremial que, además, la decisión del Minsal infringe el principio de competencia, que la motivación económica que esgrimen no es válida y que se cometió infracción en el procedimiento administrativo, porque no se le permitió al laboratorio participar de la decisión.

Luego, Zúñiga recomendó vías de acción para revertir la decisión de la ministra Carmen Castillo. En su propuesta figuró acudir a la Contraloría y solicitar que se anule la decisión. Según dijo Zúñiga, invalidar la resolución podía demorar entre seis a ocho meses.

El directorio de la CIF decidió ese mismo día acudir a la Contraloría y solicitar a Zúñiga su tarifa por hacerse cargo del trámite. El acta de la reunión de directorio de la CIF del 3 de abril (ver acta), indica los honorarios que se le pagarán a Zúñiga por la presentación ante la Contraloría: 200 UF más un bono de 100 UF si la operación es exitosa (unos $8,7 millones en total). Zúñiga recibe además otros pagos de la CIF, ya que es su asesor permanente al menos desde 2016.

La última semana de abril se presentó ante la Contraloría la impugnación a la resolución del Ministerio de Salud. El órgano fiscalizador aún no se pronuncia.

CIPER intentó comunicarse con Francisco Zúñiga a través de su oficina de abogados, pero no hubo respuesta.

“LA ESPERA NOS MATA”

Actualmente el sofosbuvir (compuesto principal de la cura para la Hepatitis C) se vende en el país bajo el nombre de Sovaldi, la denominación utilizada por el Laboratorio Gilead, propietario de la patente. Su precio en farmacias oscila entre los $3,8 y los $5,2 millones para una caja de 28 comprimidos, que solo sirve para un tercio del tratamiento. La dosis completa –tres de esas cajas­– puede llegar a costar $15,6 millones.

Pero Sovaldi no se toma solo, sino que se combina con otros compuestos. La Farmacia Salcobrand ofrece el Harvoni (sofosbuvir más ledispasvir) a $6,6 millones la caja de 28 pastillas. En Farmacias Ahumada cuesta $7,5 millones. Multiplicado por tres, el tratamiento puede costar $22,5 millones. Otra opción es Epclusa (sofosbuvir más velpatasvir) que en Salcobrand cuesta $6,6 millones.

El alto costo de estos medicamentos ha impedido el acceso a ellos de todos los enfermos que los han necesitado.

Julia, la esposa de Álvaro Villagrán, se enteró que su marido estaba infectado con Hepatitis C a mediados de 2016, cuando le hicieron un examen de sangre en un servicio hospitalario de San Antonio. Recién seis meses después lo ingresaron al AUGE. A pesar de que los síntomas en su cuerpo se manifestaban hace más de tres años (líquido en sus piernas, tono amarillento en su piel), ningún examen médico lo advirtió.

No es un caso aislado, las estimaciones de los hepatólogos es que existen alrededor de 50 mil personas infectadas con Hepatitis C en Chile, y que de ellas solo mil están diagnosticadas en el sistema público (que atiende al 80% de la población). Eso significa que solo poco más de un 2% de los infectados sabe el mal que padece. El hepatólogo Alejandro Soza lo explica en este video que subió a Youtube la Fundación de Pacientes con Hepatitis C:

En marzo de 2017, Julia y su esposo Álvaro comenzaron los trámites para acceder al tratamiento:

– La doctora nos dijo que en enero de 2017 empezaba el tratamiento, pero no pasó nada. Aquí en Chile no había posibilidad, porque el tratamiento cuesta millones y no podíamos pagarlo. Después, informándome, buscando, leyendo por internet, llegué a la página de la Fundación de Pacientes con Hepatitis (Fupahep) y me enteré de este remedio que se vendía en la India. Eso fue a mediados de 2017 y en unos 10 días la Fupahep me consiguió los remedios. Mi marido empezó el tratamiento como en agosto de 2017 –cuenta Julia.

Actualmente, se puede comprar el tratamiento en la India como persona natural, con la guía de un médico y los contactos necesarios. Hay pacientes que relatan que los han estafado, porque pagan y después los medicamentos no llegan. No hay ninguna protección legal, pero es la única opción que tienen: en la India las pastillas son 16 veces más baratas que en Chile.

Cuando Álvaro Villagrán empezó a tomar las pastillas de la India, tenía 63 años. Alto y corpulento, comenzó a debilitarse rápidamente. En noviembre pesaba 44 kilos. Su esposa Julia, relata:

-Era puro hueso, yo tenía que trasladarlo en silla de ruedas. Tomaba el tratamiento más otros siete remedios para eliminar el líquido de su cuerpo. Porque le viene la ascitis, que es cuando la persona se empieza a llenar de líquido. En un momento sus genitales eran una bolsa que se inflamaba y usted no sabía lo que tenía adentro… y no podía caminar. También le vino una encefalopatía, porque la infección se va al cerebro. Y es como si estuviera borracho. Se reía solo, le empezó a afectar el cerebro. Lo internaban en Valparaíso, le sacaban líquido, lo tenían como uno o dos días, uno quería preguntar, y cero respuesta, insensibles totales… Y nadie me dijo “él está grave, se puede morir”. Nadie me dijo, hasta que un día…

Lo que Julia dolida reclama es que nadie le dijo que si la terapia no se aplica a tiempo, puede ser inútil.

-Álvaro seguía bajando de peso, comiendo menos, decían que tenía que comer sin sal… le daban unos calambres terribles… después era el estómago que se hinchaba, era como una mujer embarazada de ocho meses. Ese líquido se le iba a los pulmones. En noviembre de 2017 lo mandaron al hospital cuando no le pudieron sacar el líquido, porque se infectó y le dio una peritonitis. Y ahí mi pobre guatón falleció, jadeando como un perro sin poder respirar… No le pusieron morfina, no le pusieron calmantes… agonizó peor que un perro envenenado. Le dije a la doctora que le dieran algo para el dolor, y le dieron un paracetamol. A las tres de la mañana, yo le dije: “Mi amor, váyase, váyase”. Él estaba en coma, pero el cuerpo le saltaba entero porque no podía respirar… pero logró hablar y me dijo “te amo” y se fue –recuerda Julia esas últimas horas junto a su esposo.

Además de tristeza y dolor Julia hoy está con mucha ira: “Fue una lucha dispareja, porque si yo no hubiera llegado donde Marcos Aguirre (dirigente de la Fupahep) no habría tenido los medicamentos. Esto no se ha difundido lo suficiente, y menos la precaución. Porque la gente no sabe, y usted puede tener Hepatitis C durante años y no saber”.

VUVUZELAS AFUERA DEL MINSAL

Marcos Aguirre también estuvo infectado con Hepatitis C. Hace cuatro años se la diagnosticaron. Preguntando y navegando en internet llegó a Fupahep. Cuenta que en ese momento el tratamiento para la enfermedad costaba entre $25 millones y $99 millones, dependiendo de la mezcla de fármacos que el paciente debía ingerir según el tipo de Hepatitis C que padecía.

Marcos realizó un bingo junto a su familia y amigos en septiembre de 2015. Juntaron $1,2 millón. No alcanzaba para las pastillas, pero él le dio otra utilidad y de paso se convirtió en dirigente de la Fupahep:

-Con esa plata compré vuvuzelas, pancartas y unas poleras que dicen “la espera nos mata”. Me paré con dos personas más afuera del Minsal y nos dijeron que pidiéramos una reunión vía Ley de Lobby. Nosotros convocamos a todas nuestras familias y con las vuvuzelas y las pancartas llegamos a protestar. A los 15 minutos estábamos con el entonces subsecretario Jaime Burrows –cuenta Marcos Aguirre a CIPER.

Lograron impacto mediático y pudieron instalar el problema. Como una medida de emergencia, en junio de 2016 el Minsal compró 50 dosis del tratamiento. La Fupahep se encargó de contactar a las 50 personas más graves en ese momento. Según la Fupahep, el Minsal pagó $12 millones por cada tratamiento al laboratorio: $600 millones en total.

Todos los que habían protestado y luego recibieron el tratamiento, se fueron para sus casas. En la Fupahep solo quedó Marcos Aguirre y el directorio.

-En 2017 descubrimos que en la India los remedios eran más baratos, que se podían conseguir por $1,5 millón, así que un paciente se ofreció a probarlos, y funcionaron –recuerda Marcos Aguirre.

De ahí en adelante se especializaron en los trámites burocráticos: el permiso del Instituto de Salud Pública (ISP), las redes de distribución, el seguimiento médico. Las pastillas se demoran 25 días en llegar a Chile. A pesar de la efectividad de los remedios, Marcos se lamenta: “Igual en el camino se han muerto tres personas, porque los medicamentos no llegaron a tiempo”.

Marcos Aguirre dice que el tratamiento que cura la Hepatitis C fue ingresado a la canasta de la garantía GES a fines de 2017, pero solo para 350 personas. “Fupahep pide un tratamiento para todos”, señala el dirigente.

Quien también se acercó a la Fupahep fue la periodista Patricia Espejo, a quien le diagnosticaron Hepatitis C en 2016. Espejo se había especializado en temas de salud, realizando diversos programas en TVN. Dice que lo primero que le impactó cuando fue diagnosticada fue el costo que tenía el tratamiento:

-El doctor me dijo: es caro. Yo pensé que el tratamiento completo era de $10 millones, pero nunca pensé que fueran $45 millones. Era impactante el precio. Sé que después esos precios bajaron –cuenta Patricia Espejo a CIPER.

La periodista pudo resolver su tratamiento gracias a la compra de medicamentos en Argentina y a un trato privilegiado que recibió del Laboratorio Gilead. “Yo estaba jubilada en ese tiempo, por lo que tuve que echar mano a mis ahorros. Esos ahorros para mi vejez se fueron”, señala. Espejo dice que entiende el reclamo de los laboratorios, porque si no recibieran una retribución “no habrían incentivos para investigar, y en estricto rigor, quienes más investigan en fármacos para las enfermedades son los laboratorios multinacionales, más que las universidades”.

Patricia Espejo sí resalta un problema:

-Lo que sí me resulta molesto es que quieran recuperar la inversión en una semana. Aunque lo pongo en forma caricaturizada. Porque no puedo creer que una pastilla pueda llegar a costar mil dólares… ¡una pastilla! No puedo creer que tenga ese valor. No me consta que haya sobreganancia, pero puedo presumir que quieren recuperar la inversión en muy poco tiempo y luego comenzar a ganar ( lea aquí la entrevista completa a la periodista Patricia Espejo ).

DECISIÓN PARALIZADA

Los que impulsaron la decisión del Minsal sobre las “licencias obligatorias” para la Hepatitis C fueron la Corporación Innovarte (dedicada a temas de propiedad industrial), la Fundación Nuevo Renacer (de pacientes con cáncer) y los diputados Giorgio Jackson (RD) y Karla Rubilar (actual intendenta de Santiago). Y aunque han seguido presentando recursos, el Ministerio de Salud mantiene la resolución paralizada.

Hemos tenido conversaciones informales en las que nos han ratificado que hay un problema político que escaló incluso a La Moneda, y ahora estamos solicitando formalmente información sobre los plazos del proceso de “licencia obligatoria Compartir cita



Entre marzo y abril el Laboratorio Gilead presentó un recurso de reposición (ver) y un téngase presente en contra de la resolución del Minsal (ver). El abogado de la Corporación Innovarte, Luis Villarroel, quien respondió esos recursos el 19 de junio (ver respuesta), señala a CIPER:

El Ministerio de Salud tiene una gran oportunidad para terminar con la Hepatitis C en Chile y, a la vez, enviar una señal que evite abusos en precios de fármacos. Solo debe finalizar el procedimiento de “licencias obligatorias” contemplado en nuestra legislación respecto de los medicamentos requeridos, tal como ya lo ha hecho Malasia con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Compartir cita



La ruta que podría seguir la Resolución N°399 es compleja. Si el Minsal decide avalar la “licencia obligatoria”, deberá solicitarla al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), el que podría tomarse hasta año y medio para resolver, según dijeron a CIPER en ese organismo. Luego, la decisión es apelable ante el Tribunal de Propiedad Industrial y finalmente ante la Corte Suprema.

La posibilidad de estirar la decisión, es una maniobra que forma parte del plan de la CIF. Fue uno de los datos que les entregó el abogado Francisco Zúñiga, quien conoce al dedillo el funcionamiento de la institucionalidad por su constante ir y venir del mundo público al privado.

El vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, asegura a CIPER que la resolución firmada por la ex ministra Carmen Castillo distorsiona la ley, porque a su juicio el criterio económico no es una causal para emitir “licencias obligatorias”.

-La preocupación del Minsal es muy válida, pero que el ministro de Hacienda reconozca entonces que el gobierno tiene otras prioridades. No pongamos a los pacientes de rehenes de esta situación. Esto no debe afectar a los pacientes, ya que estos deben recibir sus tratamientos del Estado. Alguien habrá hecho bien los estudios para decidir incluir este tratamiento en el GES. No se puede a la hora 25 tomar otro tipo de decisiones. Este no es un tema humanitario: está cubierto y el Estado tiene que responder. Si no revisaron bien la plata, tendrán que hacer las revisiones del caso. Aquí se quiere sacar las castañas con la mano del gato –dice Jean Jacques Duhart a CIPER.

El argumento de Duhart es el mismo que enarbola en todo el mundo la industria farmacéutica: el Estado debe pagar por los tratamientos, no los pacientes. Pero, a fin de cuentas, alguien debe pagarles lo que cobran. Duhart reconoce que les preocupa el “antecedente” que esta decisión puede sentar:

-La decisión se tomó de forma bien liviana, bien superficial. Bajo esta misma lógica, tú podrías aplicar esta situación a cualquier producto protegido por patentes. Y eso sería perforar el sistema de patentes en Chile de la A a la Z. Eso puede ser una opción país, pero tiene consecuencias.

– ¿Cuáles?

-Que con ello se va a vulnerar reglas básicas sustentadas en compromisos internacionales que ha asumido Chile, y que le han permitido insertarse en el concierto internacional. Puede que le digan a Chile que va a tener que renegociar múltiples tratados, como los TLC. Ahora está de moda Trump, que se le ocurre echar abajo todos los acuerdos y empezamos una escalada… Con la diferencia de que Chile es un país pequeño que ha sustentado todo su avance con su inserción internacional. Si empezamos a soltarnos las trenzas…

– Si esta resolución se hace efectiva, ¿puede haber sanciones para Chile?