La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja presentado por el Sindicato de Peones de Taxi contra la empresa Uber y, aunque no se pronunció sobre el planteo de fondo, dio por terminado con el planteo presentado contra 33 conductores por los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita.

De esta manera, quedó firme un fallo de agosto de 2016 del juez porteño Luis Alberto Zelaya en el que había afirmado que no había delito en la actividad que realizan los choferes; sentencia que luego fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal ese mismo año y poco después por la Cámara del Crimen.

La Corte estimó que la apelación no era materia opinable debido a cuestiones formales, por lo que los jueces no trataron el fondo del planteo.

El efecto de la decisión de los jueces, sin embargo, deja firme el fallo que rechazó la denuncia, por lo que la decisión judicial fue recibida con entusiasmo por la empresa.

El fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA también se pronunció a favor de la aplicación cuando coincidió en que al tratarse de un servicio distinto, no se le aplica un marco regulatorio.

Este año, el fuero Penal Económico había desestimado una denuncia por evasión de aportes de la seguridad social, al considerar que los conductores no son empleados de Uber al tiempo que, meses atrás, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires decretó el levantamiento del bloqueo nacional de la web y aplicación.

Mendoza fue la primera provincia argentina en aprobar la utilización de Uber en julio cuando el Senado aprobó regular el sistema virtual. Además, se convirtió en la primera ciudad del mundo en aprobar la aplicación antes del desembarque del servicio.