La JEC estudia si da validez al acatamiento de Diana Riba (ERC) "por los presos políticos y el derecho de autodeterminación"

Carles Puigdemont, Antoni Comín y Oriol Junqueras no han hecho acto de presencia en el Congreso para proceder al imprescindible acatamiento de la Constitución como paso previo para recoger su acta de eurodiputado, tal y como establece el artículo 224.2 de la Ley Electoral, según el cual, en el plazo de cinco días desde la proclamación, los electos deben acatar la Carta Magna y los que no lo hagan quedarán suspendidos hasta que prometan o juren.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y Laura Borràs, portavoz de Junts en el Congreso, se han presentado en la Cámara Baja con el fin de prometer "por imperativo legal" la Constitución en lugar de los dos prófugos. En definitiva, hacerlo mediante poderes.

Boye ha explicado que Puigdemont y Comín expresaron su acatamiento mediante un "acta fehaciente ante autoridad válida" belga -un notario-; sin embargo, la Junta Electoral lo ha rechazado. Pese a ello, el abogado de Puigdemont considera que el trámite ya está cumplido.

Comín y Puigdemont, ha explicado, "no están presentes hoy porque el juez Llarena se lo ha impedido y la prueba es el despliegue policial alrededor del Congreso porque no les interesaba que cumplieran el trámite sino simplemente detenerlos y vulnerar su inmunidad como eurodiputados".

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Comín, en el Congreso de los Diputados. Juan Carlos Hidalgo

Boye ha insistido en que se ha intentado por todas las vías cumplir con los procedimientos requeridos por la legalidad española y "a partir de ahora ya es un tema de legalidad europea". Y ha añadido que "sin duda" el próximo 2 de julio tanto Puigdemont como Comín acudirán a la Eurocámara porque dan por hecho que han cumplido con los trámites procedentes.

"Para nosotros y para Europa son eurodiputados", ha asegurado. Boye se ha mostrado desafiante, ha afirmado tener todos los escenarios previstos y no ha descartado acudir con una demanda al Tribunal de la Unión Europea con sede en Luxemburgo.

Fórmulas de acatamiento

La Junta Electoral Central ha advertido al inicio de la sesión que los acatamientos debían ser "incondicionados" para evitar así fórmulas creativas de dudosa legalidad. Pese a ello, algunos electos han adornado sus acatamientos con manifestaciones propias. La JEC debe ahora decidir si las acepta o no. La más problemática ha sido la pronunciada por Diana Riba (ERC), quien ha prometido "por imperativo legal, por la libertad de los presos políticos, por una Europa inclusiva y por el derecho de autodeterminación".

La electa de Unidas PodemosEugenia Rodríguez Palop ha prometido "por la lucha feminista" en tanto que los representantes de Vox han seguido el ejemplo de su cabeza de candidatura, Jorge Buxadé, y han jurado "por España".

"Uno se aburre de tanta impostación, sí prometo", ha sido la fórmula escogida por el representante de Ciudadanos, Javier Nart, mientras que el electo de EH Bildu, Pernando Barrena, se ha expresado primero en euskera y después en castellano: "Prometo por imperativo legal hasta la constitución de la República Vasca".

Miguel Urbán, de Unidas Podemos, lo ha hecho "por imperativo legal y para trabajar por las clases populares".

Los electos del PP y del PSOE se han atenido sencillamente al "sí juro", los primeros, y al "sí prometo", los segundos.

Finalmente, la JEC ha validado todos los acatamientos y a las 16.00 horas emitirá su veredicto.

Refuerzo de las medidas de seguridad

Desde primera hora de la mañana, el palacio de la carrera de San Jerónimo ha reforzado la seguridad en prevención de que se produjera lo que nadie consideraba posible: la aparición sorpresa de Puigdemont y Comín, ambos electos en la candidatura de Junts, Lliures per Europa.

Ha habido un número significativamente mayor de efectivos policiales en las diferentes puertas de la Cámara, principalmente en la verja de acceso al patio de Floridablanca situada junto a la escalinata de Los Leones, y varios furgones en las distintas entradas. Un despliegue preparado ante una "amenaza fantasma" porque las posibilidades de que el huido de la justicia y su inseparable compañero, fugado también, hicieran acto de presencia eran nulas.

Carles Puigdemont, residente en Waterloo desde su fuga el 30 de octubre de 2017, estaba citado hoy en el Congreso, pero si regresara a España para cumplir con los requisitos electorales sería detenido de inmediato. El cordón policial de la Cámara Baja sería el último obstáculo a superar, porque previamente el prófugo tendría que entrar en territorio nacional sorteando la vigilancia que también existe en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. De lograrlo, lo suyo habría sido una gesta en toda regla.

Pese a todo, el Congreso no se ha arriesgado y ha adoptado medidas de prevención. Por si hubiera saltado la sorpresa.

Tampoco ha podido oficializar su condición de eurodiputado Oriol Junqueras, preso preventivo acusado de rebelión y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. El líder de ERC no ha conseguido el visto bueno del alto tribunal para cumplir con los trámites de acatamiento constitucional y posterior entrega de credenciales en la Eurocámara para lograr el acta de eurodiputado. De haberlo logrado habría adquirido una inmunidad que sólo podría levantarse solicitando un suplicatorio al Parlamento Europeo.

El resto de electos, a excepción de Josep Borrell -que cumplirá con los trámites el jueves- y alguno más, ha acatado la Constitución ante la JEC.

"Vulneración de derechos políticos"

Antes de acatar, los eurodiputados electos Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (Bildu) han denunciado la "vulneración de derechos políticos" que, en su opinión, perpetra el Estado español al impedir que Junqueras, Puigdemont y Comín cumplan los trámites para recoger el acta de eurodiputado.

"El poder judicial niega el permiso a Junqueras" y eso es "una flagrante vulneración de derechos que no tiene en cuenta los procedimientos del Parlamento Europeo, los Tratados de la UE y los acuerdos internacionales que protegen los derechos civiles y políticos", ha afirmado Riba.

"Dos millones de ciudadanos europeos no podrán ser representados por esos políticos a los que escogieron, así pues hay que ver si el 2 de julio el Parlamento Europeo pasa a ser una Cámara no legislativa al no tener todos los diputados escogidos en el Estado español".

Barrena por su parte ha calificado la situación de "fraude electoral" y "burla" a esos "más de dos millones de personas que les escogieron y ahora ven cómo su voluntad no es respetada".

Finalmente Ana Miranda, electa por el BNG, ha insistido en la acusación de "vulneración jurídica" y ha asegurado que se presentará una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y llegará a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.