El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado a Fiscalía un expediente con cuatro intervenciones de “desalojos extrajudiciales” en Barcelona por empresas que han utilizado la “fuerza y la intimidación”.

Ésta es una de las medidas de una serie de actuaciones que ha presentado el Consistorio ante la proliferación de este tipo de desalojos. El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, ha explicado que el Ayuntamiento ha documentado en el último año siete intervenciones de empresas en desalojos en las que presuntamente se cometieron ilegalidades, y ha llevado cuatro de éstas a Fiscalía al ser las más graves.

Imagen de archivo de una protesta contra los desahucios en Barcelona (Roser Vilallonga)

“Hay que tener en cuenta que algunas de estas empresas ya han sido denunciadas por incurrir en posibles delitos de coacciones, amenazas o violación de domicilios”, añaden fuentes municipales. El consistorio señala que este tipo de empresas se suelen publicitar como entidades de intermediación y que afectan a colectivos vulnerables.

Otra de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento es la puesta en marcha de un protocolo interno para dar una “respuesta coordinada” ante esta actuaciones y “promover su judicalización”. Este protocolo se pondrá en marcha cuando se “tenga constancia” que hay una actuación de algunas de estas empresas que pueda suponer “algún tipo de actuación delictiva”. Para confirmarlo, se enviará un técnico del distrito y si fuera así se denunciarán los hechos a la policía.

Prueba piloto para detectar casos de ‘mobbing’

El Ayuntamiento también ha impulsado una prueba piloto para crear una unidad específica de la Guardia Urbana con formación para que detecte casos de mobbing, que por el momento contará con dos agentes en Ciutat Vella.

Además el Consistorio ha solicitado que se designe una Fiscal especializado en “delitos de coacción inmobiliaria” con el objetivo de hacer un seguimiento de estos casos con una “mayor eficiencia”.

Asens ha destacado que la ciudad y la Fiscalía contaron con un convenio similar entre 2008 y 2012 durante el mandato del exalcalde socialista Jordi Hereu, que incluía este Fiscal especializado, pero que el acuerdo no se renovó en el anterior mandato de Xavier Trias, por lo que pide recuperar esta figura.