Los tribunales se han encontrado con un caso sin precedentes para los profesionales del Derecho. Un varón que fue denunciado hace siete años por su esposa por maltrato psicológico ha pasado a ser una mujer tras someterse a un cambio de sexo sin que se haya resuelto el litigio judicial. Aquel hombre, un bombero asturiano de 48 años, ha superado un proceso de reasignación de sexo y en su DNI consta ahora que tiene identidad femenina. Esta persona está acusada de un delito de violencia de género, pero el procedimiento penal podría quedar sin efecto por tratarse de la acusación de una mujer contra otra, un supuesto no contemplado en el Código Penal.

El abogado defensor del acusado, Íñigo Urien Azpitarte, sostiene que la situación jurídica de su cliente está en una nebulosa y es motivo de debate entre letrados, magistrados y fiscales. Cuando asumió el caso hace siete años, comenzó a representar a un hombre casado por la Iglesia al que su mujer había denunciado por ser víctima de “insultos y vejaciones, sin llegar a las agresiones físicas”. Durante el proceso de divorcio, su cliente “comenzó a identificarse como una mujer y le fue diagnosticada una disforia de género”, declara el abogado a este diario. Ese diagnóstico psiquiátrico (una discordancia entre su identidad de género y su sexo biológico) le permitió, mientras seguía abierto el procedimiento judicial, modificar su nombre en el Registro Civil tras someterse a un tratamiento hormonal y a una intervención quirúrgica para cambiar su sexo.

Esta persona, que obtuvo su plaza de bombero en Asturias, pero trasladó su plaza a Bizkaia, se encuentra ahora en situación de baja laboral tras la operación de cambio de sexo. Tiene dos hijos, de 10 y 8 años, cuya custodia comparte con su expareja y denunciante, una administrativa de 45 años.

El caso ha tomado una dirección diferente a la que llevaba hasta ahora. El abogado ha solicitado que la denuncia deje de tramitarse por la vía penal por un juzgado de violencia de género y se siga por lo civil por un juzgado de familia en Asturias. Urien opina que su cliente “no es un presunto maltratador porque la supuesta violencia psicológica estaría ejercida por una mujer contra otra mujer”. “Esta persona tiene diagnosticada una disforia de género, lo que significa que es mujer desde su nacimiento. No se le puede aplicar la ley contra la violencia de género, porque este delito está previsto en los casos cometidos por un hombre contra una mujer”, añade el letrado vizcaíno. Y asegura que “todas las denuncias interpuestas durante este tiempo por maltrato psicológico han quedado archivadas y no han prosperado”, aunque aún quedan vivas tres denuncias.

La persona acusada, que no ha dado permiso al abogado para dar a conocer su identidad, está “muy fastidiado psicológicamente” y “no quiere hablar”. “No va a dar la cara para no añadir a sus hijos más sufrimiento”, apostilla. A la incertidumbre que rodea a su situación en los tribunales se añade otro problema, dice su abogado: “Está en peligro su puesto de trabajo. La parte contraria ya nos ha advertido de ello. Ellos consideran que “si era una mujer cuando opositó para bombero, no cumplía los requisitos para acceder a la plaza y habría que volver a la situación de partida”.

También se abre un escenario desconocido cuando los tribunales tengan que resolver el problema de la custodia de los hijos, apunta. El caso podría llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pronostica el letrado. Si el juzgado de familia de Asturias no se hace cargo del procedimiento, Urien tiene previsto “acudir al Supremo y después al Constitucional”. “Vamos a ver si están dispuestos a abrir un camino judicial en la UE”, afirma.