Nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso una moción consecuencia de interpelación al ministro de energía, para poner fin a la pobreza energética que instaba al Gobierno a, entre otras cosas "la prohibición de cortes de suministros energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, siguiendo el principio de precaución" y a "aprobar una tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta a la que puedan acogerse todos los hogares en situación de vulnerabilidad y que sea sufragada por las compañías energéticas". Esta moción fue aprobada por todos los grupos con la excepción del PP. Hoy estos dos principios no están recogidos en el acuerdo PP-PSOE.

Fue durante la réplica a esa interpelación, cuando el ministro Álvaro Nadal convocó la primera de las reuniones con todos los grupos de la Cámara para abordar la cuestión del bono social. En las dos reuniones celebradas, el Ministerio mostró su predisposición a llegar a un acuerdo sobre la financiación del bono social y a tramitar como ley el Real Decreto para acordar las posibles soluciones a la pobreza energética.

Nuestro grupo le hizo llegar al Ministerio en dichas reuniones, y luego por escrito, nuestra posición, con una idea central: no se trataba sólo de resolver qué empresas financian el bono social. Era necesario legislar para evitar que se produzcan cortes de los suministros energéticos sin autorización de los servicios sociales y diseñar una auténtica tarifa social que incorpore la renta per cápita como criterio fundamental.

De encuentros plurales hemos pasado a un acuerdo PP-PSOE, de un Decreto ley que se podía mejorar en el trámite parlamentario, pasamos a un Decreto ley cerrado sin posibilidad de intervención del Parlamento. Y todo ello sin contar, ni el Gobierno ni el PSOE, con las organizaciones sociales que están trabajando sobre el terreno contra la pobreza energética.

El PSOE le ha regalado un cheque en blanco al Partido Popular para que el ministro Nadal regule, en los próximos tres meses, vía decreto (es decir, sin trámite parlamentario) cuestiones tan determinantes como qué criterios deberán cumplir las personas afectadas para ser consideradas "vulnerables severas". O incluso, establecer la cantidad máxima que las empresas eléctricas deberán aportar para cofinanciar aquellas facturas impagadas de las personas a las que se les deba garantizar el suministro.

A cambio de una foto y un titular en la prensa el PSOE acepta una reforma del bono social que no es efectiva. Al final el acuerdo no va a solucionar nada: ni la financiación del bono, ni la pobreza energética. No va a solucionar la financiación porque las empresas afectadas van a recurrir nuevamente a los tribunales, al quedar fuera de ella, por ejemplo, los grandes consumidores que compran directamente en el mercado eléctrico o a las generadoras. Peor aún, el criterio para establecer la financiación se basa en el número de clientes y no en la energía vendida, perjudicando a las pequeñas empresas y cooperativas que venden a clientes domésticos y que no tienen grandes clientes industriales.

Y desde luego, la nueva ley no va proteger como debería a las personas en situaciones vulnerables. El borrador de decreto ley que se nos ha remitido liquida la posibilidad de aplicar el principio de precaución. Así, se establece como requisito previo para prohibir un corte que la persona o familia afectada tengan la condición de vulnerables severos (concepto aún por definir), tengan contratada la tarifa de último recurso o bono social y estén siendo atendidas por los servicios sociales, respecto al suministros eléctrico, por hallarse en riesgo de exclusión social.

La gravedad de lo que esto supone se puede entender rápidamente con dos informaciones sencillas. La primera: la aplicación de esta nueva ley no hubiera evitado el corte de luz que provocó la muerte de Rosa, la anciana de Reus. Y es que Rosa, como tanta gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, no tenía contratado el bono social. La segunda: en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, sólo el 20% de los usuarios en situaciones de impago y, por lo tanto, susceptibles de "ser cortados" por las empresas suministradoras, están registrados (atendidos) en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Y la población atendida por los servicios sociales en Barcelona es muy superior al de otras ciudades con menor población. La conclusión es rápida: sólo se va a librar de los cortes un pequeño porcentaje de la gente que lo necesita.

Esta ley supone una estafa mayúscula a las millones de personas que esperan una respuesta efectiva a la problemática de la pobreza energética. Tanto a las que la sufren de forma directa, como a las que de forma incansable y sostenida se han movilizado para denunciarla y combatirla durante años. Ni una de las principales demandas de las organizaciones sociales y movimientos ciudadanos como la Alianza Contra la Pobreza Energética o Facua que conocen de primera mano la problemática está incluida en el texto.

Se trata además de una ley que pone en grave peligro leyes autonómicas mucho más ambiciosas, como la Ley 24/2015, aprobada el año pasado en Cataluña, que sí contempla el principio de precaución. Que nadie dude que las empresas eléctricas van a aprovechar esta oportunidad de oro. Los recursos a los Tribunales para dejar de cumplir leyes autonómicas, en virtud del cumplimiento de una legislación de ámbito estatal, no van a tardar en llegar.

El papel que el PSOE ha jugado con el tema de la pobreza energética en el Congreso merece una reflexión profunda. La actitud de Antonio Hernando, que en rueda de prensa declaraba "mientras unos protestan, otros aportamos soluciones" demuestra, o bien un profundo desconocimiento del acuerdo, o la incapacidad de dejar a un lado lo que muchas calificamos ya de "vieja política". Atrapado por un PP que le exige sacrificios como votar a su lado el techo de gasto, es capaz de vender la lucha contra la pobreza energética a cambio de un titular y poco más.

El resultado final a la vista está: ¿Por qué el PSOE se ha entregado a cambio de tan poco? Con un PP en minoría, la mayoría parlamentaria conseguida con la aprobación de la moción contra la pobreza energética, podría haber actuado como palanca de presión para conseguir mucho más. ¿Qué ha ocurrido? Sólo queda pensar en una clara falta de voluntad política o en la extrema debilidad del PSOE como grupo que pretende ejercer de oposición.

Las organizaciones y movimientos sociales han puesto la pobreza energética en la agenda política. Los gobiernos del PSOE y el PP nunca se plantearon nada que se acercara a la prohibición de los cortes. Hoy hay esperanza porqué la ciudadanía no acepta ya sólo titulares, quiere soluciones justas y efectivas

Lucía Martín, portavoz de vivienda y Josep Vendrell, portavoz de energía del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.