La licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá podría quedar sumergida en una batalla legal entre gigantes, tras conocerse que el puntaje técnico presentado hace casi cuatro meses por la comisión evaluadora, ahora intenta ser cambiado de forma unilateral por el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.

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Se trata de un negocio de más de 1,500 millones de dólares en el que compiten cuatro empresas: dos chinas, una italiana y una española.

Arosemena se resiste a aceptar un puntaje en el que el Consorcio Cuarto Puente obtuvo 43.75 puntos y la empresa italiana Astaldi otros 41.39 puntos, sacando los mejores puntajes en la evaluación técnica presentada el pasado 9 de febrero. Atrás quedaron la empresa española Dragados con 32.79 puntos y el Consorcio Cuatro Puente CSCEC-CREC con 29.84 puntos.

La comisión evaluadora, presidida por el ingeniero Óscar Ramírez, ha decidido ratificarse en su informe, a pesar de las presiones políticas que emergen desde la oficina de Arosemena. Incluso, fuentes vinculadas al proceso hablan de que ya hay un nuevo puntaje que intenta ser oficializado por una nueva comisión evaluadora y en el que se alteraría el resultado en favor de una de las empresas que iba perdiendo en el informe técnico original.

El 23 de abril, el ministro Arosemena pidió a la comisión evaluadora original, integrada por Ramírez, Juan Cedeño, Luis García, Deeyvid Sáez y Arcelio Tejada, realizar un nuevo análisis de las propuestas presentadas sin lograr su objetivo que cambiar o alterar el puntaje.

El 7 de mayo, cuatro de los cinco miembros de la comisión evaluadora ratificaron en todas sus partes el informe original. Solamente Tejada se opuso, ya que es el representante del Ministerio de Obras Públicas y responde a las órdenes de Arosemena.

Panamá América consultó ayer al ingeniero Ramírez, exrector de la Universidad Tecnológica de Panamá y actualmente designado por el presidente Juan Carlos Varela como presidente de la comisión de alto nivel para el proyecto de tren a Chiriquí, pero el mismo dijo que debe abstenerse de hacer pública su posición porque firmó un documento de confidencialidad.'

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43.75 Fue el puntaje que obtuvo el Consorcio Cuarto Puente, que sacó la mejor calificación en la evaluación técnica.

23 de abril, el ministro pidió a la comisión evaluadora original realizar un nuevo análisis.

Sin embargo, Ramírez admitió que la posición del ministro Arosemena creó fuertes diferencias con la comisión evaluadora que él preside.

En respuesta del 7 de mayo, la comisión evaluadora le manifestó al Ministerio de Obras Públicas que mantiene su informe técnico en todas sus partes, por cuanto consideran que "la anulación ordenada por la entidad licitante no es procedente legalmente". La comisión evaluadora también advirtió que su posición está respalda en un informe de opinión legal DJ-210-2009 de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Sin embargo, el ministro Arosemena rechazó la posición de la comisión evaluadora señalando que la misma "no comprendió los alcances y objetivos estipulados en el pliego de cargos, donde el proponente debía asumir la tarea de proporcionar un diseño de ingeniería destinado a proporcionar soluciones dentro de las limitaciones de espacio y las restricciones que crean aeropuertos, operaciones del Canal, puertos, entre otros".

"Lo anterior arroja claros indicios de una conceptualización desvirtuada por parte de la comisión evaluadora, que incide de forma directa en la correcta aplicación de los criterios exigidos", señaló el informe del ministro Arosemena tratando de anular el puntaje que ratificó la comisión presidida por el ingeniero Ramírez.

Incluso, se conoció que Arosemena trató que se aceptar un informe externo que le pidió al gerente de proyecto, la empresa estadounidense Taylin International, como la evaluación técnica final de esta licitación, pero ello no prosperó.

En su lugar, el pasado 4 de junio, Arosemena pidió anular la comisión evaluadora original y nombrar otra para que presente un nuevo informe adaptado a sus puntos de vista.

Fuentes vinculadas al proceso de licitación sostienen que la insistencia del ministro contra el informe de evaluación original es sospecho porque en un proceso normal serían las empresas las que tienen que presentar sus reclamos si se sienten afectadas. "Arosemena ha tomado esto a título personal y en la calle ya se habla de intereses privados detrás de todo esto", dijo la fuente.