"¡Se fue la luz!" es una expresión que se escucha cada vez con mayor frecuencia en la ciudad de México. ¿La causa? Los recurrentes apagones en el suministro de energía eléctrica, por la ineficacia y obsolescencia de una compañía del Estado, responsable de prestar el servicio en el centro del país.

Bien, pues esta frase, y un severo conflicto sindical interno, motivaron finalmente al Presidente de México, Felipe Calderón a emitir un duro y decisivo decreto para emprender la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la noche del sábado 10 de octubre, mientras la mayoría de los mexicanos estaban ocupados en los festejos por la clasificación definitiva de la selección nacional de fútbol al mundial Sudáfrica 2010, tras una contundente victoria contra El Salvador.

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El decreto de liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es una decisión muy fuerte, que enfrentará por varios días al Gobierno del Presidente Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), uno de los sindicatos más beligerantes del viejo régimen, y probablemente con varios actores de la izquierda y el movimiento sindical del país.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro era la empresa estatal responsable de abastecer de energía eléctrica al centro del país. Su cobertura corresponde al 1.04% del territorio nacional, que sin embargo concentra un poco más el 30% del PIB. Corresponde a todo el Distrito Federal, a 82 municipios del vecino Estado de México, a 45 Municipios de Hidalgo, dos de municipio de Morelos y tres del Estado de Puebla.

La decisión se toma con el consenso social de que la empresa del Estado era obsoleta e ineficaz, en buena medida porque se encontraba prácticamente capturada por un sindicato muy fuerte, que había ganado constantemente poder, prerrogativas y privilegios absurdos, hasta llevar a la quiebra de la empresa que, hasta hoy, vivió prácticamente del subsidio del gobierno.

Los habitantes de la ciudad de México, un área metropolitana de más de 20 millones de personas, padecemos un pésimo servicio de energía eléctrica: apagones constantes, casi por cualquier causa, irregularidad en el voltaje que, por supuesto, lastiman frecuentemente aparatos eléctricos, cobros indebidos en los recibos de luz, postes viejos con riesgo de caerse, postes y materiales de reparación abandonados en calles y camellones, lentitud en el servicio de quejas y reparaciones, y burocracia y malos tratos en las oficinas de servicios y atención al cliente de la compañía de luz de la ciudad.

La ciudad está llena de "diablitos". Así llamamos a los cables e instalaciones ilegales, que se utilizan para robarse la luz. Hay estimaciones oficiales que hablan de que más o menos el 30% de la luz de la ciudad se pierde por robo o por ineficiencias en el suministro, cuando la media en el resto del país es inferior al 10%, cifra que por demás, resulta muy alta en comparación con los parámetros de países desarrollados.

Según declaraciones del último director de la Compañía de Luz de la ciudad, más de 750.000 viviendas en el Distrito Federal se roban continuamente la luz. Lo más curioso es que, en muchas ocasiones, quienes instalan los famosos "diablitos" son los propios trabajadores de la Compañía de Luz, mediante el pago de propinas y sobornos.

No podemos abandonar este apretado diagnóstico sin apuntar el tema del paisaje urbano de la ciudad, que está plagado de enredadas redes aéreas de cables, instalaciones y transformadores, que en algunas zonas se cruzan como verdaderas telas de araña, creando esculturas involuntarias, que sin duda harían la delicia de Calder, Giacometti, Miró o Jackson Pollock.

La empresa le costó al gobierno mexicano en 2003, 21.000 millones de pesos (unos 1.050 millones de euros), dicha cifra se duplicó en 2008 al costarle 42.316 millones de pesos (unos 2.100 millones de euros). De seguir esa tendencia, el gobierno se vería en la necesidad de aportar, en 2012, unos 66.000 millones de pesos (algo así como 3.300 millones de euros). La situación era económicamente insostenible.

La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que sólo prestaba el servicio en el centro del país, contaba hasta hoy con cerca de 45.000 trabajadores en activo, cuando hay expertos que sostienen que puede funcionar con unos 15.000 trabajadores. Además de que la empresa soporta, con gasto corriente, una nómina de 22.000 pensionados y jubilados, para los que no existen, ni se hicieron nunca, las reservas técnicas en un adecuado sistema de pensiones.

Era una empresa plagada de absurdos de improductividad, falta de competitividad y abuso. Ecos del México autoritario y populista, que la democracia no atina y no termina por desterrar.

Daremos algunos ejemplos, en el entendido de que lo que a continuación describiremos es parte de la realidad, aunque usted no lo crea...

Los trabajadores de la empresa tenían hasta el 10 de octubre, un contrato colectivo de trabajo con una rígida cláusula que prohibía la multifuncionalidad ¿Qué es eso? Que no podían realizar dos funciones distintas. Si un trabajador es chofer, no podía detener una escalera. Eso generaba que mientras un camión de reparaciones en el resto del país llevaba en promedio dos personas, uno en la ciudad de México debía llevar de siete a nueve personas. Además, de que claro, si no llega el chofer, el camión con todos los demás trabajadores no podía salir a trabajar.

Otro ejemplo, el sindicato había conquistado una especie de autarquía. Hasta su liquidación, en la empresa laboraban algo así como 10.000 trabajadores que no trabajaban propiamente en funciones de luz, sino que se dedican a tareas diferentes como, elaborar su propia ropa, los bordados de sus uniformes, incluso algunos muebles, que la empresa se veía obligada a comprar al sindicato.

Dos más, los trabajadores y sus familias no pagan la luz que consumen porque es una de sus prestaciones, y los trabajadores tenían la posibilidad de obtener un permiso anual, con goce de sueldo, de hasta diez meses. Sí leyó usted bien, de hasta diez meses.

Esta realidad creó una mafia sindical con mucho dinero y poder, que hasta la fecha apoyó y patrocinó los más variados grupos y movimientos. El SME se caracterizó por ser un sindicato de abusos y dispendios.

Para no ir mas lejos, la semana pasada, en plena crisis, el líder del sindicato inauguró un gimnasio con tres niveles de estacionamiento, con una cancha de básquetbol con duela importada de China y certificada por la NBA de EU, que costó 103 millones de pesos (unos 5.125.000 euros)

Era realmente una empresa kafkiana, que evoca las peores épocas de las industrias soviéticas o las viejas empresas de Europa del Este. Es como si la viéramos en una televisión en blanco y negro.

Bien, pues este amasijo de improductividad entró en crisis hace unos días. Un conflicto electoral interno, por una cerrada votación entre dos planillas, una encabezada por el actual líder Martín Esparza y la otra por su Tesorero Alejandro Muñoz, ocasionó que el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, le negara al sindicato el registro y la personalidad jurídica, y con ello se detonara un conflicto que recién inició movilizaciones el viernes de la semana pasada.

El punto central por supuesto no era el conflicto laboral interno del sindicato. El tema de fondo era la improductividad y lo costoso de la empresa.

El Presidente Calderón, a unas semanas de iniciar la segunda mitad de su administración, y debilitado después de una gran derrota electoral en la elecciones del pasado 2 de julio, enfrentaba la necesidad de tomar decisiones muy delicadas.

La crisis económica y presupuestal en México obligan al gobierno a emprender recortes y ajustes que impiden sostener el ritmo de subsidios y la improductividad de la empresa estatal que suministra la energía eléctrica en el centro del país.

La opinión estaba dividida. Había quienes creían que estaban dadas las condiciones y que este es el mejor momento para tomar la decisión de liquidar la empresa, liquidar a los trabajadores y empezar con una empresa nueva, saneada y con un nuevo sindicato y con nuevas reglas de productividad. Y por otro lado, había quienes consideraban que se trataba de un mal momento y que sería irresponsable emprender una decisión de este tipo, que seguramente generaría movilizaciones y conflictos sociales, en un entorno marcado por el incremento de la pobreza en el país y por los altos índices de desempleo, que han creado un clima de desencanto y de enojo social.

Finalmente el Presidente Calderón optó por tomar la decisión. Era una decisión analizada, esperada y muy anunciada. Absolutamente congruente con el discurso que, con motivo del tercer informe de gobierno, pronunció el Ejecutivo 2 de septiembre pasado, cuando dijo: "Ante la disyuntiva de administrar lo logrado y de seguir con el impulso propio de la inercia, o asumir cambios profundos en las instituciones de la vida nacional, claramente me inclino por un cambio sustancial de las mismas, con todos los riesgos y con todos los costos que implica."

La decisión tomada es clave para el gobierno de Calderón, para la democracia y para el Estado.

El nudo de la transición mexicana está centrado en la crítica de que los gobiernos de la democracia no se atreven a enfrentar y desmantelar los enclaves autoritarios del viejo régimen, que se defienden y resisten a desaparecer, y que los gobiernos de la alternancia se limitan simplemente a tolerarlos y administrarlos.

Calderón da un giro muy importante con esta decisión. Se enfrenta finalmente a los intereses duros del pasado.

La decisión de Calderón se antoja compleja. Seguramente vendrán días de enfrentamientos, presiones y movilizaciones. La mañana del domingo 11 amanecieron tomadas por efectivos de la policía federal, 113 instalaciones de la compañía de luz y en la asamblea del SME celebrada en el centro de la ciudad el último líder del SME anunció las primeras acciones de resistencia.

Es un momento de prueba para Calderón y para la democracia. Lo cierto es que, una vez tomada la decisión, el Presidente, no puede darse el lujo de titubear, negociar y de dar marcha atrás, porque en ese momento se acaba políticamente su gobierno, con un gran daño a la autoridad y a la legitimidad de la democracia.

Margaret Thatcher recuerda un momento similar en sus memorias Los años de Downing Street, en las que recordando el 10 de octubre de 1980 señala:

"El paro superaba los dos millones y seguía aumentando; teníamos por delante una recesión de creciente profundidad; la inflación era mucho más alta que la heredada, aunque estaba comenzando a bajar; y estábamos terminando un verano de filtraciones y desavenencias. El gobierno estaba preocupado y yo también. Nuestra estrategia era la adecuada pero el precio de aplicarla estaba siendo demasiado alto, y la comprensión de lo que estábamos llevando a cabo era tan limitada que teníamos grandes dificultades electorales. Pero estaba profundamente convencida de una cosa: no existía la posibilidad de lograr ese fundamental cambio de la actitud imprescindible para sacar a Gran Bretaña de su deterioro, si la gente estaba dispuesta a cambiar el curso de los acontecimientos mediante presiones. Para aclarar ese aspecto apelé a unas líneas de Ronnie Millar: Para quienes esperan sin aliento la expresión "viraje en U", tan sobada por la prensa, sólo me cabe decirles una cosa: "Viren ustedes si les apetece. La Dama no es partidaria de los virajes."

Para Felipe Calderón tampoco existe viraje en U. El Presidente se juega su sexenio. Hoy enfrenta una gran oportunidad y por supuesto un grave riesgo.

Seguramente otros enclaves autoritarios se sentirán amenazados y habrá resistencias, pero es tiempo de que la democracia y las leyes, sustituyan al autoritarismo y a los arreglos informales.

Calderón tomó una decisión difícil, que además era indispensable, porque, al terminar de escribir este artículo, se lo ruego, créame: ¡Se fue la luz!