"El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra". Las palabras forman parte de la respuesta de un brigada de la Guardia Civil a una pregunta de la Abogacía del Estado: quién podía saber que había material electoral ilícito en una nave industrial de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona) que acabó siendo registrada por el Instituto Armado.

"Por las vigilancias que se hicieron sobre la nave se vio a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, que constan en las diligencias policiales, entre los que se encuentran el señor Sutrias, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, varios diputados [...] Una serie de personas que entraban y salían, algunos con alguna caja, según las vigilancias".

Los dos nombres que acompañaban al del president están actualmente imputados en el juzgado 13 de Barcelona que investiga el procés. Uno de ellos es Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Generalitat. La otra es Mercè Martínez Martos, responsable de Proyectos Organizativos y Territoriales, dependiente de Vicepresidencia.

El 20 se septiembre de 2017, la Guardia Civil acabó entrando el almacén que había visitado Torra. Encontró casi 10 millones de papeletas para el referéndum, así como carteles con la leyenda "local electoral", actas de lista numerada de votantes con la inscripción "referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017" y actas de sesión de escrutinio y de constitución de mesa electoral.

Un informe del Instituto Armado anterior a la entrada y registro explica que el 2 de septiembre, en una de las vigilancias previas, poco antes de las 11 de la mañana "se observa llegar a la nave a otros dos vehículos, uno de ellos conducido por 'un varón de unos 65 años de edad'". Lo identifican como "Joaquín Torra Pla", del que mencionan que había sido elegido miembro del Consejo Permanente de la ANC y vicepresidente de Òmnium Cultural.

El informe de la Guardia Civil identifica a un total de 11 personas en la nave, por haberlos visto directamente o por los vehículos presentes. El documento explica que después de la llegada de Torra "se observa salir a unas 11 personas del interior de la nave y descargan del interior de ambos vehículos cajas de cartón y lo que parecen mesas plegables y lo introducen en la nave de las puertas marrones".

En otro momento del interrogatorio, el mando ha relatado al Tribunal Supremo que tuvieron problemas para salir de la nave una vez concluido el registro, en torno a las 14.00 horas. Los concentrados, entre 200 o 300 "no dejaban salir" al vehículo del secretario judicial. "El letrado judicial nos pidió que le dejáramos algo para taparse el rostro, no quería que se le viera. Era una situación muy tensa. Cuando sale vehículo hay patadas, golpes en el capó...". Al final salió cuando convencieron a los manifestantes de que dentro del coche no había material electoral.

Después llegaba la fase "más complicada", la de sacar las furgonetas con los palés llenos de papeletas. Lo consiguen después de que dos mossos hablen con el joven al que la guardia civil había visto dar consignas de cómo actuar toda la mañana. Tras la conversación, ese joven se levanta del suelo -una sentada impedía salir a los vehículos- "y dice algo así como ya está, ya hemos cumplido, no vamos a darles lo que buscan, enfrentamientos con los mossos". Pese a todo, cuando salen las furgonetas vuelven los incidentes con los concentrados. "Eran totalmente hostiles, lanzan latas y botellas llenas. No estamos llevando sus papeletas para el referéndum".

Al brigada le ha seguido otro mando que en la macrooperación del 20 de septiembre de 2017 participó en tres registros en la consejería de Trabajo. Como han venido haciendo los miembros de la Guardia Civil desde el martes por la mañana, ha relatado los problemas que tuvo para abandonar la sede de la Generalitat al concluir su trabajo. Para evitar un conflicto con los 300 congregados a las puertas de la consejería, optó por aprovechar que el parking se compartía con un edificio colindante para usar una salida distinta a la habitual que tenía "una buena vía de escape". "Así evitamos tener conflicto con las personas allí concentradas".

A preguntas del fiscal Fidel Cadena, el testigo ha ido repasando correos electrónicos vinculados a la consejera de Trabajo, la acusada Dolors Bassa. Entre ellos, el mensaje en el que comunicaba al secretario general de CCOO del derecho de los trabajadores a ausentarse para votar el 1 de octubre. Para dar una apariencia de legalidad, Bassa acompañaba en mensaje con las ley del Referéndum aprobada en el Parlament.

El TC rechaza suspender el juicio El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad rechazar la petición de los acusados Josep Rull y Jordi Turull de suspender el juicio del 1-O ante sus dudas sobre la imparcialidad de cuatro de sus siete magistrados. El escrito de los dos ex consellers se dirigía contra la decisión de la Sala Especial del Alto Tribunal de rechazar las recusaciones de esos magistrados, entre ellos el presidente, Manuel Marchena. El TC recuerda a los recurrentes que sólo acepta estudiar suspensiones ante casos de perjuicio irreparable que sea "real y actual, sin que sea posible alegar un daño futuro o hipotético o un simple temor".



En este caso, explican, el miedo alegado es a un daño que a fecha de hoy sólo es una posibilidad: ser condenados por un tribunal sin apariencia de imparcialidad. "El perjuicio alegado es futuro e hipotético, ya que se fundamenta en un hecho incierto, como es un pronunciamiento condenatorio", afirma la resolución del TC.