Ya en varias ocasiones he manifestado mi opinión sobre la importancia de las reformas estructurales y el costo político que el presidente Peña Nieto y su gobierno han tenido que pagar por el valor de llevarlas a cabo, a pesar de los poderosísimos intereses afectados. No me parece casual el ataque sistemático que desde hace varios años han enfrentado día a día el presidente, su partido y sus aliados, y tampoco me parece obra de la casualidad la abierta polarización de México a unos meses de las elecciones del 1 de julio.

En su momento, los intereses afectados por las reformas se replegaron, las aceptaron y, algunos, hasta las aplaudieron. Estaban midiendo la fuerza y determinación del presidente. Una vez aprobadas, la lucha continuó tras bambalinas en la redacción y aprobación de las leyes secundarias que habrían de instrumentar las reformas. Los sindicatos, empresarios y camarillas políticas y burocráticas que veían peligrar sus privilegios buscaron limar las aristas de las reformas, quitarles profundidad, simular que se cambiaba para que todo siguiera igual. Afortunadamente, no lo consiguieron. La administración del presidente Peña iba en serio con las reformas. Las más importantes implicaban una transformación radical del estado de las cosas: la energética abrió por completo las industrias de los hidrocarburos y la electricidad, y logró exitosas licitaciones en condiciones muy convenientes para el país; la de competencia corrigió los defectos de la antigua legislación y las ineficiencias del regulador, incorporó sanciones que desincentivan las prácticas monopólicas e introdujo el concepto de insumos esenciales para todas las industrias y mercados del país; la de telecomunicaciones permitió regular asimétricamente al preponderante América Móvil, Telmex y Telcel, y logró poner en marcha una tercera cadena nacional de televisión abierta y cientos de nuevas estaciones de radio y televisión, y la educativa incorporó la evaluación de los maestros y quitó el control corporativo de las plazas y la nómina al sindicato y la coordinadora. Ninguno de los afectados perdonó al presidente Peña su impulso para la transformación del país y la ruptura de cotos de poder que durante décadas se consideró intocables.

Poco después de la aprobación de las leyes secundarias, cuando era evidente que el momento de las conjuras palaciegas había pasado, empezó el golpeteo constante, implacable y, la gran mayoría de las veces, exagerado o sacado de contexto. No pretendo justificar los errores del gobierno, la impúdica corrupción de muchos gobernadores o el estado de violencia constante a duras penas contenida por las Fuerzas Armadas, pero sí quiero recordar que hemos estado mucho peor que ahora. La economía crece poco, pero crece; la inflación está en un muy manejable 6% anual; seguimos exportando más de lo que importamos, y los sectores reformados empiezan ya a dar muestras de una evolución positiva. Aún falta una fiscalía autónoma y el sistema nacional anticorrupción.

No obstante, los grupos de poder político, económico y sindical que fueron afectados por las reformas pretenden volver a sus fueros y privilegios, y ya tienen un paladín. López Obrador les ha prometido a todos que las reformas se abrogarán y sus feudos les serán restituidos. A los dirigentes de la CNTE les ha prometido echar atrás la reforma educativa; a la burocracia extractora de rentas en Pemex y CFE les ha prometido acabar con la reforma energética; a los jóvenes desempleados y sin preparación les ha prometido un sueldo que seguramente los transformará en un leal grupo de choque frente al balance democrático de los poderes de la Unión.

En el caso de las telecomunicaciones, Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de Telmex, manifestó la semana pasada que “solucionarían” la separación funcional de Telmex con el próximo gobierno, sin importar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea un órgano constitucional autónomo independiente del presidente de la República. No podemos dar un giro de 180 grados en el desarrollo del país, ni podemos modificar la Constitución a capricho del caudillo en turno. Si las reformas fueron aprobadas por las tres principales fuerzas políticas del país, lo menos que debemos esperar de ellas es que las defiendan con firmeza, independientemente del caudillo que ha prometido devolver feudos y privilegios a aquellos que le juren lealtad.