MADRID.- Los experiodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta obtuvieron la grabación ilegal hecha a dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a tres de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía a través del comisario José Manuel Villarejo Pérez, hombre de confianza del número dos de la Policía, Eugenio Pino. Y se la entregaron al pequeño Nicolás para que intentara con ella archivar la causa contra él, en la entrevista que le hicieron el 18 de noviembre de 2014 en la casa de Inda. Así consta en el sumario que instruye el juzgado de instrucción número 2 de Madrid y que acaba de hacerse público esta semana.



De todos los movimientos estaban informados diferentes mandos policiales adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirige el citado comisario Pino. En concreto entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre de 2014 el tráfico de llamadas entre Inda y Urreiztieta acreditan más de 200 comunicaciones con la cúpula policial: 68 con el jefe de gabinete de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; 78 con el comisario José Manuel Villarejo Pérez y 105 con el comisario Enrique García Castaño.

Además, existieron al menos tres reuniones en el despacho del número dos de la Policía a las que asistió el periodista Eduardo Inda y en las que el comisario Eugenio Pino obligó al exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y al inspector Rubén López a hablar con el periodista para facilitarle información relevante de una investigación que estaba bajo secreto de sumario.



Los investigadores del caso, que desde 2015 dependen del juzgado de instrucción número 2 de Madrid y no de la Policía, aseguran en su investigación que hay una “acreditada coordinación entre estos periodistas y los mandos de confianza del director Adjunto Operativo de la Policía Nacional”, con el fin de obstaculizar el procedimiento judicial y desprestigiar a los agentes tanto de Asuntos Internos como del CNI.



Por eso, a pesar de la relevancia informativa, los investigadores del caso aseguran en su informe que la intención de Inda y Urreiztieta era “mercadear” con una grabación ilegal, no “informar”. En esa premisa se basan lo investigadores del caso del pequeño Nicolás, dirigidos por el juez Arturo Zamarriego, para solicitar el registro de los domicilios de los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta y la incautación de sus dispositivos móviles.

Grabación y distribución

Hay varias fechas claves que ejemplifican esta presunta colaboración entre la cúpula policial y algunos periodistas para manipular informaciones. Según los propios expertos policiales, la grabación ilegal hecha al CNI y a Asuntos Internos la realizó un periodista del medio de comunicación de la mujer del comisario Villarejo.



Presuntamente, en el teléfono del comisario Marcelino Martín Blas se instaló una aplicación que controló de forma remota el móvil y que se activó mediante una llamada entrante al ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos mientras se mantenía la reunión. El comisario niega haber hablado con el periodista o conocerlo y dio su teléfono para que fuera volcado y analizado. Asegura Martín Blas además en el informe al juzgado que cuando le devolvió la llamada al día siguiente, el reportero de Información Sensible ya no mostró interés en hablar con él y no se lo cogió. Después el audio fue entregado a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, por su trabajador.



Otra fecha clave sería el 17 de noviembre, según el escrito de la comisión judicial, cuando los periodistas se reúnen en el parque del Canal de Isabel II con el pequeño Nicolás y le dejan oír un extracto de la grabación que le entregarán al día siguiente durante la entrevista en casa de Inda.



Esa mañana, “Eduardo Inda es posicionado por su teléfono móvil desde las 11.05 hasta las 12.48 horas en la zona de la Dirección Adjunta Operativa, (coincidiendo con Fuentes Gago y supuestamente con el DAO al estar ahí su despacho)”. Seguidamente, se le posiciona en Torre Picasso, donde el comisario Villarejo y su mujer tienen sus negocios privados. Allí también están posicionados a la misma hora los móviles del matrimonio.



Es en esa reunión “donde supuestamente se hace entrega de la grabación ilegal a los periodistas”. Durante esa reunión “existe un continuado y secuencial contacto telefónico entre el comisario Villarejo, García Castaño, Fuentes Gago y al finalizar la reunión entre García Castaño con el DAO, con Esteban Urreiztieta y Villarejo”.



Los investigadores tienen acreditado que Urreiztieta tenía en su poder la grabación el día de la reunión con el pequeño Nicolás porque en el mes de diciembre, una vez hecho público a través del medio de comunicación del comisario Villarejo la existencia de la misma, el periodista Eduardo Inda reenvía la grabación al inspector de Asuntos Internos mediante un email en el que queda reflejado que el mensaje original proviene de Urreiztieta y tiene fecha de 17 de noviembre.

Antecedentes

No sería la primera vez que ambos periodistas tienen acceso a información obtenida por la Policía de forma cuestionable o que directamente no se ha llegado a demostrar finalmente. En 2012, con motivo del informe Pujol y otros encargados por Interior para frenar el independentismo, está también acreditada la relación entre el comisario Villarejo y ambos periodistas.



Urreiztieta fue además el beneficiado de la grabación que Villarejo hizo al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a su compañero el comisario Enrique García Castaño.



Las últimas demostraciones de esta estrecha vinculación, reconocida incluso por el número dos de la Policía en su declaración ante el juzgado del caso del pequeño Nicolás, se centran en la difusión del falso informe de la UDEF sobre Podemos. Según desveló Público, Eduardo Inda se reunió con el comisario Eugenio Pino y con su mano derecha, el inspector José Ángel fuentes Gago, durante sus exclusivas no acreditadas acerca de la formación morada.



Ahora es su ex compañero de El Mundo quien ha retomado la senda contra Podemos, tras publicar esta semana que la Policía tenía acreditada que las farmacéuticas financiaban a este partido político a través de la empresa de televisión 360 Global Media.

