El jueves, a la 6:00 pm, llegaron los miembros del Poder Moral y no había transcurrido media hora cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, abandonó la reunión.

La funcionaria se fue molesta ante la propuesta de que se dejara sin efecto la solicitud de la Asamblea Nacional de declarar la comisión de falta grave a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, que disolvieron el Legislativo.

“No llegó a votar la resolución del Poder Moral; se retiró al ver como se violaba el procedimiento establecido en la Ley del Poder Ciudadano; recibir la solicitud, revisarla en sesión, elaborar una decisión escrita que, posteriormente, sería analizada en una nueva sesión para decidir. Ese lapso se llevaría 10 días. Querían bypasear la solicitud. Al final la revisaron solo el contralor y el defensor y decidieron que era inadmisible de manera exprés”, revelaron fuentes.

Manuel Galindo y Tarek William Saab adujeron que enjuiciar al TSJ era “inoficioso” e improcedente por cuanto los magistrados habían corregido las sentencias 155 y 156 y se trataba de “presuntas faltas”. “La fiscal advirtió que esas y otras decisiones perjudican al país y al gobierno. Se impuso la ‘justicia exprés’. De cualquier manera le temen cuando adopta posiciones contrarias”, señalaron.