Mañana se presentará el proyecto sobre despenalización del aborto con mayor adhesión que cuenta, hasta ahora, con la firma de alrededor de 70 diputados de partidos variopintos. Impulsado por la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito y encabezado por Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Pla (Frente de Izquierda) y Mayra Mendoza (Frente para la Victoria), el proyecto contiene doce artículos y será presentado por séptima vez. El Gobierno promovió la discusión aunque varios de sus integrantes, incluyendo el presidente Mauricio Macri, se manifestaron contrarios a la despenalización.

En la elaboración, participaron mujeres de diversas disciplinas como médicas, bioeticistas, comunicadoras, abogadas y antropólogas. Desde la última vez que se presentó, en 2016, el documento sufrió mínimas modificaciones. En diálogo con LA NACION, Miranda Gonzalez Martin, antropóloga e integrante de la Campaña desde 2008, afirma que "el espíritu es el mismo desde hace 11 años, cuando presentamos el primer proyecto" y se muestra confiada en que esta vez llegará al recinto. "Que hoy este tema esté en el tapete tiene que ver con el movimiento de mujeres y el feminismo en la calle desde hace años", asegura.

El primer artículo establece que "toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas". En versiones anteriores proponían doce semanas pero, según sus impulsoras, el plazo se extendió tras un estudio exhaustivo de los marcos regulatorios internacionales. "El primer trimestre para muchos profesionales de la medicina no se ubica tajantemente en las doce semanas, sino hasta las catorce. Además, tiene que ver con que los marcos regulatorios de Estados Unidos y Europa manejan esa cifra y la Organización Mundial de la Salud lo avala", explica Gonzalez Martin, que también es docente de antropología y educación sexual integral.

El proyecto continúa con el plazo máximo que puede pasar desde que la mujer requiere la interrupción de su embarazo hasta que se concreta la práctica: cinco días. El artículo 3, por otro lado, hace hincapié en los casos que hoy dispone el artículo 86 del código penal y señala que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo sin restricción de tiempo en caso de que éste sea producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida de la mujer y si existieran malformaciones graves que implicarían la inviabilidad extrauterina del feto.

El punto cuatro y ocho señalan que tiene que existir consentimiento por escrito de la mujer y que si se tratase de una adolescente de entre 13 y 16 años "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento". En caso de que sea menor de 13 años, se requiere el acompañamiento de uno de sus progenitores pero, de todas formas, el consentimiento debe partir de la niña. Los artículos 5, 6 y 7 apuntan a que el sector público de salud y las obras sociales están obligadas a brindar a sus afiliadas o beneficiarias la cobertura integral en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda sin necesidad de una autorización judicial previa.

El 9 propone mecanismos de asistencia para personas incapaces o con capacidad judicial restringida. El 10 dispone que podrá exigir la interrupción del embarazo cualquier persona con capacidad de gestar y es una de las incorporaciones recientes tras la aprobación de la Ley n° 26.743 de Identidad de Género. "Hay varones trans que se embarazan y tienen el mismo derecho a acceder al aborto", afirma Gonzalez Martin.

Por último, el 11 y el 12 derogan los artículos 85 inciso 2, 86 y 88 del código penal que pena de uno a cuatro años de prisión a las mujeres "que se causaren su propio aborto o consintieran para que otro se lo realice y a los profesionales de la salud que lo practicaren".

"El Código Penal actual es discriminatorio porque se penaliza una práctica que solo podemos realizar las personas con capacidad de gestar -dice Gonzalez Martin-. Se escucha mucho el argumento de ‘debiera haberse cuidado antes’, pero siempre se piensa en la anticoncepción y la mujer como si el hombre fuera incapaz de utilizar métodos anticonceptivos". El slogan histórico de la campaña que acompaña el pañuelo verde, el emblema insignia del colectivo, dice: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En esto se detiene la antropóloga: "Hay que trabajar desde la perspectiva de género y romper ese paradigma donde la mujer es la única responsable por la prevención del embarazo", dice.

Diputados de Cambiemos suman un proyecto a favor de la despenalización

Si bien el proyecto de la Campaña es uno de los que logró mayor adhesión entre los legisladores de todo el arco político, se discutirán otras propuestas con el objetivo de conseguir un consenso en la reglamentación.

El diputado rionegrino del Pro, Sergio Wisky, se manifestó a favor de la despenalización y anunció que impulsará un proyecto alternativo "para enriquecer el debate". En diálogo con LA NACION, el diputado y médico, afirmó que "busca la ampliación de derechos en materia de aborto" y que se cumpla en todas las provincias del país.

En consonancia con la propuesta de la campaña, sugiere la despenalización del aborto en los mismos casos. Sin embargo, difiere fundamentalmente en tres aspectos: tiene únicamente dos artículos, plantea la modificación del artículo 86 del Código Penal y la derogación del artículo 88 y no hace hincapié en la cobertura de las obras sociales y en el sector público de la salud y establece el dictado de un protocolo a cargo del Ministerio de Salud, en línea con el fallo que la Corte dictó en 2012, extendiendo la legalización del aborto a todos los casos de violación.

Los proyectos se tratarán en las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Penal. Daniel Lipovetzky, el diputado que preside la comisión de Legislación General, será quien encabece el debate. "Me parece bien que hayan proyectos de varios espacios políticos porque, en definitiva, nos va a nutrir para encontrar el consenso y sumar la mayor cantidad de votos posibles para los que estamos a favor de la despenalización", dijo Lipovetzky a LA NACION. El diputado de Pro se adhirió al proyecto de la Campaña y aseguró que "es el que simboliza con más precisión el carácter multipartidario y transversal del tema". Por otro lado, destacó que es un tema "tan trascendente para la sociedad que hay que sacarle el costado de política partidaria y hacer una discusión seria y realmente importante que se va a dar por primera vez en forma profunda en el Congreso".