CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un video obtenido por la organización mexicana Quinto Elemento Lab, Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México hasta mediados de este año, cuenta a detalle la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex y hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.

Meneses revela en la grabación que Lozoya primero lo asesoró y hasta le sugirió con qué compañías hacer alianza para invertir en México hasta el momento en que el funcionario peñista le pidió dinero y le dio diferentes números de cuentas bancarias, incluidas algunas con base en el extranjero, para realizar los depósitos.

La primera suma de apoyo acordada con Lozoya, ya en ese entonces parte del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fue de cuatro millones de dólares, según el empresario brasileño.

Pero el de Meneses no es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y Africa, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues esa era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.

Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.

Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.

La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).

Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, Meneses Weyll renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.

Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.

Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.

Hasta ahora, 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las “delaciones premiadas” para rebajar penas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.

La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.

Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.

De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.

Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.