En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en marzo de 2019 arrancaría la licitación para construir la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero su administración no ha hecho la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental, uno de los requisitos para realizar una obra de esta naturaleza.

De diciembre de 2018 y hasta el 14 de febrero de 2019, no se ha ingresado el proyecto de la refinería para ser sometido a consulta e iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, según consta en las últimas siete ediciones de la Gaceta Ecológica de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), donde se deben publicar todos los proyectos para su análisis.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el trámite debe ingresarse ante la ASEA, pero ésta informó que tampoco hubo alguna solicitud al respecto antes de diciembre, es decir, durante el periodo de transición.

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Tras responder a una solicitud vía transparencia, realizada por Animal Político, la ASEA confirmó que “no se ha ingresado ante la dirección general de la Agencia trámite alguno en relación al proyecto señalado”.

La Semarnat confirmó que de acuerdo con el artículo 40 del reglamento de la dependencia la emisión de la Manifestación de Impacto Ambiental no era de su competencia, sino de la ASEA, “como lo señala el artículo 3°, de la Ley Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como de acuerdo las atribuciones que le confiere el reglamento interior de dicha institución”, según respondió a la solicitud de información realizada por Animal Político con folio 84718.

Respecto a la solicitud realizada a la ASEA, el comité de transparencia de dicho organismo confirmó que la solicitud sí era de su competencia, pero después de una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos, electrónicos, expedientes y bases de datos, no se localizó la información, por lo que declaró la “inexistencia”.

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la Agencia “emitir la regulación y la normatividad aplicable en materia de seguridad industrial y operativa, así como de protección al medio ambiente en la industria de Hidrocarburos”.

Además, el artículo 129 establece que la Agencia deberá aportar los elementos técnicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética, de protección al medio ambiente y recursos naturales, así como para la formulación de los programas sectoriales en la materia.

Sin información de la refinería

El 9 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador puso la primera piedra para la construcción de la refinería que forma parte del plan de refinación para reducir las importaciones de gasolina en el país y cuyo costo ascenderá a 8 mil millones de dólares.

Dijo que se decidió hacer la refinería en Dos Bocas, Tabasco “porque ese petróleo crudo ya no se va a ir al extranjero, se va a procesar aquí y se va a convertir en combustible. Es el mejor sitio. Esto no es un asunto político, esto es un asunto técnico. No había un lugar mejor que este”, dijo.

Sin embargo, cuando un ciudadano solicitó vía transparencia, la información documental del costo beneficio del proyecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta alegó “inexistencia” porque no encontró ningún proyecto con el nombre “refinería de Dos Bocas, Tabasco”.

Tras un recurso de revisión, el pleno del INAI determinó que la dependencia federal debía hacer una búsqueda amplia, toda vez que sí existe el proyecto de inversión de infraestructura económica denominado “Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco”.

Por lo tanto, instruyó a Hacienda a entregar la información. Este caso puede ser paradigma de la “transparencia total” que comprometió el presidente López Obrador, advirtió el comisionado Joel Salas Suárez.

Aunado a esto, en noviembre de 2018 el periódico Reforma publicó que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), una organización no gubernamental, denunció que en la zona donde se iniciaría la obra de la refinería ya se había hecho el desmonte de 300 hectáreas de selva y manglares.

Por ello, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente inició la investigación y el 24 de enero pasado determinó imponer una multa de 13 millones 900 mil pesos a la empresa SCCA por el desmonte de vegetación.

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Además, la empresa tendría que establecer un programa de reforestación del mangle en 82.8 hectáreas, así como de preservación de flora y fauna silvestre.

De acuerdo con el gobierno federal, el plan de la refinería pretende atender la caída en la producción petrolera, porque mientras 2004 se extraía 3.4 millones de barriles por día, para octubre de 2018 apenas se produjo 1.7 millones de barriles de crudo.