La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso este martes la "intervención plena" de la empresa Correo Argentino SA y el "desplazamiento total" de sus directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini​, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a los acreedores.

En el escrito que había presentado Zannini, se sostuvo la existencia de "irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente los intereses del Estado", que es el principal acreedor de la firma.

En septiembre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso del Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri​​. Fue al hacer lugar a un recurso planteado por el Estado en representación de la Procuración del Tesoro para contar con más tiempo para analizar una propuesta de pago de la empresa. En paralelo, la jueza comercial dispuso la intervención de Correo Argentino SA.

A mediados de julio, la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago para sanear su deuda de $ 296 millones al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofreció una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pague alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.



Ante esta nueva oferta, la Procuración del Tesoro debía decidir si aceptaba o no el acuerdo, La anterior gestión no resolvió la situación y en el marco del proceso de salvataje conocido como "cramdown", tanto la fiscal del caso como el Gobierno de Alberto Fernández​, solicitaron la intervención judicial de la empresa.

La Procuración del Tesoro, en el escrito presentado ante la justicia comercial, había remarcado que “existen sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de la concursada a lo largo de este dilatado proceso”. Por ello, Zannini, como autoridad del organismo, pidió que siendo el Estado el principal acreedor de la deuda que tiene el Correo manejado por Socma y Sideco, cuente con un interventor.

A la fecha, el Correo SA contaba con una coadministración dispuesta por la propia magistrada quien tiene a su cargo el concurso de acreedores. De esta manera no perdían el poder de administración.

En su resolución la jueza en lo Comercial señaló que el coadministrador informó el pasivo posconcursal "-especificado al 30.9.2019- en la suma de $ 191.997.055,52". E hizo salvedades y aclaraciones que "resultan -a mi juicio- reveladoras de que la concursada sigue sin arrojar luz sobre su real endeudamiento, y mantiene un proceder renuente, impensable a esta altura del proceso".

En consecuencia, hizo lugar al pedido de la fiscal Bouquin y el procurador del Tesoro de desplazar la administración del Correo Argentino SA, y la designación de un interventor judicial, para evitar que las autoridades de la firma perteneciente a la familia Macri "prosigan con un uso abusivo" del concurso de acreedores que, según la funcionaria, se comprueba con una "inadmisible" prolongación de los plazos (18 años de trámite concursal) tendiente a licuar su pasivo". Con la supuesta maniobra -denunció la fiscal-, la empresa habría logrado un "presunto vaciamiento progresivo" del Correo, algo ya denunciado por la Fiscalía.

La intervención durará hasta que concluya el proceso concursal.

En esta misma línea, la magistrada sostuvo que "a más de responder parcialmente y a cuenta gotas lo requerido por el coadministrador, no controvirtió las imputaciones provenientes del Ministerio Público sobre la posible existencia de un crédito de titularidad de la AFIP, de nada menos que $ 600.000.000, originado en los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta; es decir, un aumento de más de tres veces del pasivo informado", remarcó.

Además, según consignó la jueza, la empresa incorporó sorpresivamente una deuda de $ 58.382.829,34, "sin la necesaria explicación sobre la causa de los sindicados y remotos aportes irrevocables, ni sobre el destino que se les habría dado, ni sobre las condiciones jurídicas necesarias para pedir la restitución en el momento que fuese".

Se calculó que la totalidad de la deuda posconcursal "que el 6.9.2019 juzgué en parte ocultada, en parte contradicha, y en general carente de documentación respaldatoria- ascendería al 30.9.2019 a $ 191.997,005,52".

Al ordenar la intervención se explicó que esa cantidad de deuda "es reveladora de la desmesura del pasivo acumulado, tanto más cuando se trata de una sociedad cuyas labores conciernen, en la actualidad, sólo a la atención de cuestiones judiciales, principalmente de carácter laboral".