El secretario de la Asociación de Inspectores del Banco de España (BdE), José Antonio Delgado, ha comparecido este miércoles en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera y el rescate bancario, que ha celebrado hoy su quinceava sesión. Durante la comparecencia, Delgado, que fue junto a José Antonio Casaus el responsable de la inspección de Bankia justo después de su salida a bolsa en 2011, cargó duramente contra el BdE y su actuación durante el estallido de la crisis y en particular con la supervisión y proceso de fusión de Bankia y su supervisión posterior.

Al estallar la crisis, relató el inspector, se fijaron dos objetivos básicos por parte del equipo que trabajaba en Bankia: reducir al máximo el coste para el contribuyente y depurar las responsabilidades penales. Sin embargo, “ni la dirección de nuestra casa, ni el FROB ni los nuevos gestores de Bankia parecían estar por la labor de cumplirlos”, denunció.

Tal y como ya hizo el inspector Pedro Luís Sánchez en esta misma comisión, Delgado explicó que uno de los mayores errores fue la solución de abordar la crisis con los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), o sistemas de fusión frías. Según el inspector “no es posible que fusionar entidades con problemas ofrezca como resultado una entidad o un sistema de protección con menos problemas”, a lo que añadió que “si se fusiona una entidad quebrada con otra que está 17 veces quebrada, el resultado no puede ser satisfactorio, independientemente de la evolución del PIB”.

Pero, según la Asociación de inspectores, el mayor error cometido por parte de la institución supervisora fue la autorización en diciembre de 2010 para que las cajas participantes en los procesos de fusión aflorasen una parte de las pérdidas de su cartera crediticia mediante un cargo en reservas y no contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias, como establece la normativa, tanto nacional como internacional. Lo que mostraba una falsa imagen de beneficios y de cuentas saneadas.

Esto último fue clave en la quiebra de Bankia. La entidad fruto de la fusión de cajas tenía una serie de deterioros anteriores a 2011, según Delgado. Cuando el equipo al que pertenecía el inspector analizó Bankia pudieron encontrar un riesgo de préstamos promotor por valor de 20.000 millones de euros en las cuentas de la caja valenciana, Bancaja, que estaban clasificados como riesgo normal. A Bancaja se le había permitido computarse como recursos propios un producto asociado que les convertía en acreedores. Lo que indica que Bancaja, según lo explicado por el inspector, antes de entrar en el proceso de fusión ya estaba en una situación de incumplimiento de recursos propios, pero se les permitió computarse 1.300 millones de euros como recursos propios y mostrar una imagen falsa de solvencia.

La diputada de En Marea y portavoz del grupo en la Comisión, Yolanda Díaz, ha declarado a El Salto que tras escuchar esta comparecencia queda claro que “los responsables del agujero de la fusión de Bankia, que fue una catástrofe plagada de malas prácticas autorizadas por las autoridades competentes, no son solo Rato y Blesa”, y añadió que “los que causaron el agujero de 23.000 millones siguen impunes”.

Los inspectores también han lamentado que los equipos de inspección no llevaron a cabo revisiones previas completas de los estados financieros de las entidades que participaban en esos procesos de fusión, es decir, no realizaron los “informes de fusión”, lo que, según Delgado, hizo que la ejecutiva del BdE no tuviera la información necesaria para conocer la situación de unas entidades que acabaron quebrando o desapareciendo de nuevo tras los procesos de fusiones.

Por último, el inspector mostró su preocupación al relatar que en cuanto a los informes de fusión, poco parece haber cambiado ya que, en la reciente fusión entre Bankia y BMN tampoco se les ha hecho un requerimiento a los inspectores para que realizaran el informe. Como tampoco se ha requerido informe de inspección con motivo de la crisis del Banco Popular, lo que llevó a Delgado a preguntar: “¿Es realmente admisible que una decisión administrativa tan relevante, como es la resolución de una entidad de crédito, que como tal está sometida a un régimen de supervisión pública, sea adoptado basándose en el informe de una firma privada de auditoría?".