Denuncian en España a los responsables de la mayor operación urbanística de Europa

La demanda estima que el monto de los fondos quebrantados en la Operación Chamartín asciende a unos 2.780 millones de euros.

Los partidos políticos Podemos e Izquierda Unida han presentado este miércoles una demanda contra 28 responsables de la Operación Chamartín, como se conoce al mayor proyecto urbanístico de España de las últimas décadas, que se ejecutará en Madrid y que fue aprobado este lunes, tras un dilatado proceso que comenzó hace 25 años.

Entre los denunciados se encuentran ocho ministros de Fomento, desde el actual, José Luis Ábalos, y varios de sus antecesores, como Josep Borrell, Ana Pastor e Íñigo de la Serna. Además, son señalados dos presidentes de la región de Madrid; dos alcaldes de la capital; cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe; y el expresidente del BBVA, Francisco González, entre otros.

La denuncia ha sido interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, a la que se pide abrir una investigación por presunta "prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos".

En el escrito presentado, se estima que el quebranto de dinero público ascendería a 2.780 millones de euros.

25 años de historia

La Operación Chamartín tiene un cuarto de siglo de vida. En 1993, cuando el actual ministro de Exteriores, Josep Borrell, era el titular de la cartera de Fomento en el Gobierno del socialista Felipe González, la empresa pública que gestiona los ferrocarriles en España (Renfe) convocó un concurso público para el desarrollo urbanístico de una zona céntrica del norte de la capital madrileña.

La convocatoria fue ganada por Argentaria, una entidad financiera que poco después se fusionaría con el BBV, dando lugar al actual BBVA, junto con la constructora San José y otras empresas que poco a poco han ido desapareciendo del proyecto.

En 25 años se han producido modificaciones al plan inicial que, según los demandantes, han supuesto un perjuicio para las arcas públicas. Entre los datos más relevantes, se ha aumentado el terreno afectado, que en un principio era de 625.000 metros cuadrados, y que en la actualidad es casi el doble: 1.167.022 metros cuadrados.

Además, se ha rebajado el precio de los predios hasta cotizarse en 769 euros por metro, lo que representa la mitad de la tasación de esos terrenos en el mercado, según los litigantes. Las condiciones de pago también cambiaron, pasando de 5 a 20 años.

Tras dos décadas de bloqueo, el Ayuntamiento de Madrid finalmente aprobó este lunes, por unanimidad de todos los grupos políticos, el proyecto bautizado como Madrid Nuevo Norte. Aún está pendiente el visto bueno del Gobierno de la Comunidad, aunque no es previsible que plantee alguna objeción.

¿En qué cosiste Madrid Nuevo Norte?

El polémico proyecto incluye la construcción de la torre más alta de España y de más de 10.000 viviendas, 4.000 de ellas públicas. Se estima que durante la edificación se generarán 63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos. Para las administraciones supondrá un ingreso de 1.310 millones de euros, que se repartirán entre el Ayuntamiento de la ciudad, el Gobierno regional y el Estado.

Sol Sánchez / @abrazopartio “Todo esto forma parte de un esquilme de los bienes públicos. P.ej. después de aprobarse por unanimidad la Operación Chamartín, el BBVA vende a un fondo buitre lo que consiguió a precio de saldo.” pic.twitter.com/bLi5WZPNc7 — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) July 30, 2019

Este proyecto surgió con la pretensión de reformar la estación ferroviaria de Chamartín para convertirla en uno de los principales nodos de comunicación del país. En paralelo, se procedía al desarrollo urbanístico de la zona y a la integración de las vías que separan los distritos del este y el oeste de Madrid.

Sol Sánchez, una de las diputadas regionales que rubricó la denuncia, ha afirmado que "todo esto forma parte de un esquilme de los bienes públicos", y ha puesto de ejemplo que "después de aprobarse la operación Chamartín por unanimidad", al día siguiente se conoció que el BBVA le había vendido "a un fondo buitre" parte de lo negociado "a precio de saldo".

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