La Comisión Nacional de los Derecho Humanos emitió el pasado 26 de mayo una recomendación a la Secretaría de Marina por actos de tortura realizados en contra de dos personas en Ciudad Mendoza, Veracruz. La mujer detenida, quien tenía seis meses de embarazo, sufrió tortura psicológica, golpes y fue amenazada para que declarara en contra de su esposo. Ahora las víctimas relatan el infierno que vivieron en manos de los marinos.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– En agosto de 2013, dos hombres de Ciudad Mendoza, Veracruz, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz (SSPE), acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, portar armas largas y drogas, y de conducir un coche con reporte de robo. Sin embargo, meses después los absolvieron al haberse comprado graves violaciones a sus derechos humanos así como al debido proceso, pues confesaron esos delitos tras horas de tortura administrada en instalaciones navales.

Esto está condensado y descrito puntualmente en la recomendación 20/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviada a la Secretaría de Marina y al Gobierno de Veracruz, en la que se relata cómo un destacamento de la Semar, en actividades del “Veracruz Seguro”, arribó a una colonia de Ciudad Mendoza para detener a una persona –cuyo nombre no se proporciona por protección a sus derechos y sólo se les identifica como V1 y COI– y la sacaron de su casa junto con su esposa con seis meses de embarazo; los llevaron a un motel donde los torturaron durante dos días.

La mujer, con identidad resguardada, relató a los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fue obligada a escuchar la forma en que torturaban a su esposo, primero en un cuarto de hotel en Córdoba y después en lo que al parecer eran instalaciones militares. La mujer fue amenazada con hacerle daño a su bebé o entregarla a la delincuencia organizada si no proporcionaba información para inculpar a su pareja.

Los marinos le decían que “personas del crimen organizado se vengarían con su hijo que aún no nacía, agregando que por los golpes que le dieron se le inflamaron las orejas”.

Ella fue dejada en libertad, pero su esposo y otro sujeto, a quien previamente detuvieron en Nogales, Sonora, días después terminaron consignados ante el ministerio público acusados de delitos del fuero federal.

A ella “le pegaban en la nuca, incluso le pusieron una pistola en el vientre a sabiendas de que estaba embarazada, y no fue sino hasta el 8 de agosto de 2013, entre las 21:00 y 22:00 horas, en que fue liberada en casa de sus padres”, dice el expediente.

La detención de los dos hombres y la mujer se reportó ante la CNDH el seis de agosto de 2013, con la confesión firmada y la siembra de armas y drogas, los dos terminaron en un centro de reclusión federal. Ante el trámite de la queja en derechos humanos, el 28 de mayo de 2015 lograron sentencia absolutoria “por la cual se absolvió a V1 y COI de la acusación formulada en su contra como probables responsables de la comisión de los delitos contra la salud en diversas modalidades y otros”.

El documento dice que el “13 de agosto de 2015 se confirmó la sentencia absolutoria dictada para las dos personas”, a quienes a hora la CNDH está candidateando para que la Semar les repare el daño y les apoye en todo lo necesario económicamente para asistir a terapia por medio de la Ley de Atención a Víctima del Delito.

Lo que hubo antes de esa absolución, sin embargo, fue el mismo infierno:

Habla el detenido en Mendoza, trepado por la Marina en una camioneta particular, en la cual le golpearon constantemente hasta trasladarlo a diversos puntos a carearse con un supuesto jefe de la delincuencia organizada a quien debía señalar:

“Era una camioneta negra cerrada me pusieron vendas en los ojos y por eso no vi a donde me trasladaron, en el trayecto del camino me iban golpeando, luego llegamos a un terreno que no se si sean las instalaciones militares o algún terreno baldío, en ese lugar una señorita vestida de militar me puso suero en el brazo izquierdo y los marinos manifestaban que si iba yo bien drogado con eso se me iba a bajar para que sintiera yo lo que me iban a hacer, me amarraron de los pies, me desnudaron, me esposaron de las manos, me vendaron los ojos y me colgaron de la camioneta amarrado con las manos hacia atrás y me preguntaban al mismo tiempo que me golpeaban por personas que yo no conocía y que si no les decía su paradero o dónde encontrarlas me iba a cargar la chingada, como yo no tengo nada y nunca les dije nada trajeron a ese lugar a mi señora la cual está embarazada con seis meses y la empezaron a golpear a modo de que yo escuchara sus gritos y seguían manifestando que yo les dijera en donde podían encontrar a unas personas a las que yo desconozco, así me tuvieron amarrado alrededor de unas tres o cuatro horas, golpeándome y dándome toques eléctricos…

“… Que iba la segunda y me volvieron a golpear amarrándome todo el cuerpo con una cobija y poniéndome nylon en la cabeza hasta que perdí el conocimiento, al reaccionar entre varios elementos me estaban pateando la cara y el cuerpo, de ahí me trasladaron a un lugar que desconozco porque estaba vendado de la cara y de los ojos, ese mismo día en la noche no sé si me llevaron a unas instalaciones militares porque seguía con los ojos vendados en donde una señorita estaba tomando nota de mis lesiones, ahí me dejaron durmiendo y al otro día me entere que me trasladaron a Veracruz a las oficinas de la PGR en donde le pedí información al Ministerio Público respecto al paradero de mi señora y ellos manifestaron que no sabían nada de eso… que si conoce a su coacusado y de ser afirmativo que indique el motivo, respuesta: que no lo conozco, la primera vez que lo vi fue cuando nos trasladaron juntos a la PGR…”.

En su respuesta a la CNDH, después de haber negado esa detención durante meses, la Semar dijo:

“En ampliación de información a través del oficio 02656/DH/14, de 14 de febrero de 2014, casi cinco meses después, la SEMAR aceptó que a las 03:25 horas del 8 de agosto de 2013, AR1, AR2 y AR3, circulaban por la autopista Córdoba-Veracruz cerca de la “Cabeza Olmeca” que se localiza en la entrada del municipio de Veracruz, desde donde observaron a dos vehículos detenidos a la orilla de la carretera y fuera de ellos a dos personas, quienes al percatarse de la presencia del personal naval abordaron sus vehículos e intentaron darse a la fuga; que uno de los sujetos lanzó un fusil tipo AK-47 a la maleza, razón por la que, previa identificación como elementos de esa institución, revisaron y detuvieron a V1 y COI por la comisión de posibles hechos delictivos, les aseguraron bienes y a las 09:00 horas del mismo día los presentaron ante el AMPF quien dio inicio a la AP1”.

De la golpiza, los toques en el sexo y pezones, el detenido de Mendoza paró en el hospital general de Veracruz, esto lo documenta la CNDH mediante el “acuerdo del 8 de agosto de 2013, mediante el cual el AMPF resolvió trasladar a V1 al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Veracruz, pues a consideración del médico forense que lo certificó a las 12:00 horas se hacía necesario descartar lesiones óseas o traumatismo urinario por los servicios de traumatología y urología y para que, en su caso, se diagnosticara y se diera el tratamiento adecuado”.

Aunque estuvieron detenidos varios días, incomunicados, sometidos a toda clase de tortura, encerrados en un cuarto de motel y una base militar, el Ministerio Público de la Federación desde el primer día los encontró “como probables responsables de la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión agravada con fines de venta del narcótico clorhidrato de cocaína, y en la modalidad de posesión agravada de cannabis sativa L; posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; portación de arma de fuego (granada) de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea así como utilización de vehículo robado en la comisión de otro delito”.

Se trata de la misma historia de Claudia Medina Tamariz, detenida por la Semar en 2012, acusada de ser parte de un grupo delincuencial, junto a su esposo. Ella tuvo que ser dejada en libertad cuando se comprobaron las vejaciones, golpes, ultraje sexual e insultos aplicados por la Marina para que ella inculpara a su esposo como presunto; en la base de Las Bajadas de la Marina se le sometió durante varios días para que aceptara cargos de los cuales no era culpable, consignada bajo tortura, meses después la dejaron en libertad por la intervención de defensores de los derechos humanos.