La Fiscalía General de la República (FGR) no encontró pruebas sobre la presunta participación del exdirector de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, en los desvíos millonarios de La Estafa Maestra.

Así lo anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, durante su habitual conferencia matutina, y a pregunta de los medios de comunicación, dijo que Lozada Aguilar ya fue investigado por la Fiscalía sin que los agentes ministeriales encontraran responsabilidad alguna en el actuar del funcionario, a pesar de que, en 2014, firmó un convenio con una universidad pública por más de 82 millones de pesos que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, acabaron en siete empresas fantasma o fraudulentas.

“La Fiscalía General de la República hizo la investigación y no encontró responsabilidad a este funcionario de Pemex. Pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución”, dijo el mandatario mexicano, quién añadió que cuando la Fiscalía le entregue la información la dará a conocer públicamente.

El pasado 22 de enero, Animal Político publicó que la nueva administración de López Obrador contrató en Pemex a tres funcionarios presuntamente involucrados en el desvío de 348 millones de pesos de la Estafa Maestra.

Se trata del mencionado Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex-PEP, para encargarse de la exploración y extracción de petróleos e hidrocarburos en México y en el extranjero.

Los otros funcionarios que firmaron convenios de La Estafa Maestra son Héctor Salvador Salgado Castro, quien fue nombrado al inicio del nuevo gobierno como subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero.

Miguel Ángel Lozada Aguilar firmó el convenio 422082806, del que Animal Político tiene copia, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.

Pero, a través de una violación a la ley federal de adquisiciones, la universidad entregó más de 80 millones de pesos a siete empresas que tampoco cumplieron con los trabajos, y se quedó con una “comisión” de un millón 982 mil pesos tan solo por hacer de “intermediaria” en el fraude.

Entre las empresas beneficiadas con dinero público de este convenio figura Maheca SA de CV, que Animal Político documentó en el reportaje periodístico La Estafa Maestra que fue desmantelada después de recibir el dinero público y que sus socios accionistas son, en realidad, prestanombres.

Las otras seis empresas beneficiadas ya fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma, debido a que se comprobó que son compañías sin infraestructura real, activos, ni personal trabajando, que simularon operaciones comerciales.

Un día después de publicar la nota, el 23 de enero, López Obrador dijo públicamente que ningún funcionario involucrado en La Estafa Maestra, o en cualquier otro acto de corrupción, no debe estar trabajando en el gobierno.

Y una semana después, el 31 de enero, el presidente anunció que los tres funcionarios presuntamente involucrados en La Estafa Maestra, incluyendo a Lozada Aguilar, dejarían sus cargos por la firma de esos convenios millonarios con universidades del sureste, que acabaron en empresas fantasma.

“Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas”, subrayó.

Incluso, en las primeras indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, su titular, Irma Eréndira Sandoval, informó que el número de convenios firmados por los tres funcionarios era mayor: habían firmado 25 convenios entre 2012 y 2018 por un monto de 7 mil 667 millones de pesos, aunque éste podría ser mayor, ya que solo se ha auditado un 6.4% del monto total de los convenios.

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, Animal Político documentó que los tres funcionarios continuaron en Pemex-PEP y cobrando sus salarios hasta el 11 de abril pasado, hasta tres meses después del anuncio de López Obrador de que serían separados de sus cargos.