El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos contempla aprobar una de las grandes reivindicaciones de la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, que desde que tomó posesión de su cargo ha defendido la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece plazos temporales para las instrucciones judiciales. Este precepto fue introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando ostentaba mayoría absoluta en el Congreso y se encontraba acosado por numerosos casos de corrupción —muchos de los cuales, aún colean en los tribunales—.

Según afirma el documento que rubricarán las dos fuerzas de izquierdas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, este artículo supone "una limitación para la lucha contra la corrupción". En la misma línea ya se han pronunciado anteriormente las asociaciones de jueces y fiscales, que también han pedido con insistencia derogar este artículo "para evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las causas indicadas". De hecho, la Fiscalía General del Estado elaboró un informe interno el pasado abril donde recalcaba que el 324 había "generado una notable inseguridad jurídica" y "provocado notorios problemas en su aplicación práctica".

A eso se suma, según apuntó entonces el ministerio público, el daño en la "imagen" de la justicia que están provocando situaciones como la de Pedro Antonio Sánchez (PP), expresidente de Murcia, que resultó absuelto en el caso Pasarelas después de que la Audiencia Provincial de Murcia decidiese dar carpetazo al asunto porque en la instrucción no se había tomado declaración al investigado en los seis primeros meses previstos en este artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una decisión que la Fiscalía cree que da pie a una "especie de amnistía general".

Esta reforma no es la única que afecta al ámbito judicial. Según consta en el documento sellado entre PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones se comprometen a recuperar la justicia universal —recortada también por el PP durante su última mayoría absoluta—; reformar la Constitución para limitar los aforamientos políticos, "limitándolos al ejercicio de la función por parte del cargo público"; elaborar un Plan Nacional contra la Corrupción donde se estudie una reforma del Código Penal; y sacar adelante una ley integral contra la corrupción, en la que se establecerá un Estatuto del denunciante, donde "se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia".

Reforma del Poder Judicial

Además, los dos partidos "promoverán" acuerdos parlamentarios de consenso que permitan renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva un año en funciones. Este consenso da pie a que, si suman a los populares —como los socialistas ya hicieron el pasado año—, se podría proceder rápidamente a la sustitución de los actuales vocales de este órgano.

El texto sellado entre PSOE y Unidas Podemos también acuerda "modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial". "Para ello, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes", apostilla el documento, que también propone aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana para acabar con la bautizada como ley mordaza. "Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista" y "garantizará el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y reunión pacífica".