Bajo el rótulo de que quienes más tienen son los que más deben contribuir a sacar a Argentina del desastre que el kirchnerismo cimentó con corrupción e ignorancia y que Macri empeoró al financiar con endeudamiento y gradualismo, caen en el error deliberado de la izquierda estatista (perdone la redundancia) de creerse dueño de los bienes de las personas.

La candidata a vicepresidente K y su delegado pro tempore Alberto Fernández, blanden como solución de fondo al déficit un impuestazo sobre el ahorro privado, que planean triplicar en casos de tenencia en el exterior.

Han comprado su propia larga prédica. El latiguillo de que la riqueza es la culpable de la pobreza les hace creerse con derecho a apoderarse de los ahorros –que ya han pagado en su momento impuestos a las ganancias– con la excusa de que ellos sabrán usar esos recursos mucho mejor que los interesados, y por supuesto, los administrarán con eficiencia y probidad. El sueño de los burócratas, diría Hayek.

Como –pese a sus ideas colectivistas– saben que se trata de una llana confiscación, siempre los estatistas buscan alguna razón dramática para justificar el despojo. Emergencia alimentaria, educativa, de pobreza, climática, bélica, o una situación exógena supuestamente imprevisible, como la guerra comercial en mercados en los que siempre odiaron competir.

Los socialistas-populistas del mundo, Elizabeth Warren en Estados Unidos, Thomas Piketty en donde lo dejen hablar, han descubierto una nueva excusa. Frente al avance de la tecnología que alegan va a dejar a medio mundo sin trabajo, inventaron el salario universal, mecanismo por el que pretenden subsidiar a toda la humanidad, a financiar con un impuesto a los que llaman ricos. En ese intento, como en el vergonzoso caso de Piketty, sostienen argumentos falaces basados en estadísticas falsas lo que, como suele ocurrir, es pasado por alto por los comunicadores.

Es un absurdo conceptual, en lo económico, lo matemático, lo social y la evidencia empírica. ¡Pero menudo conchabo para los burócratas que manejarán a voluntad semejante monstruo! Claro que tiene algunas contraindicaciones y efectos secundarios graves e irreversibles.

Al financiar gastos crecientes, o sea variables, con impuestos sobre un stock fijo, o sea los ahorros acumulados, el modelo se desequilibra casi de inmediato, aumentando el déficit que en teoría se intenta reducir. Por eso hasta ahora sólo pocos países lo aplican. Mucho peor son los efectos de desestímulo que produce la gabela. Difícilmente Argentina, o quien fuere, va a tentar a la inversión, la radicación o la repatriación con estas medidas.

Las perversas reglas de la OCDE vía el GAFI con la excusa de evitar el lavado de activos –que controlan a todos menos a los grandes carteles– coartan la libertad de las naciones para poner o sacar los impuestos o alícuotas que decidan. Pero el capital, que en definitiva es fruto del ahorro, buscará los modos de radicarse donde mejor se lo trate, legal, ilegalmente o en el medio. Ese éxodo no será impedido por la transparencia financiera que la burocracia internacional diseñó para pescar en la pecera.

En un mundo de bajas tasas de interés por largo tiempo, estos gravámenes son confiscatorios a cualquier nivel de alícuotas, máxime si son progresivas, otro aborto intelectual en que se incurre. El dinero huirá hacia donde mejor se lo trate. Y por supuesto, jamás ese ahorro se convertirá en inversión en los países que lo persigan, como reza la teoría económica. Y nadie hará una nueva inversión para ser castigado de inmediato.

Los costos serán así fenomenales para un país que jura querer fomentar la inversión privada y que la necesita para crear algo de empleo. Igual efecto tendrá la traición a los que ingresaron al blanqueo con la seguridad de una ley que reducía el impuesto al patrimonio a un monto casi simbólico, que luego fue aumentado por el propio Macri a pedido del Fondo y que ahora será aumentado a pedido de Cristina. Sin olvidar que muchos funcionarios y socios del gobierno peronista entre 2003 y 2015 entraron en ese blanqueo, junto a nuevos ricos macristas, para decir todo.

No es casual que los ahorristas argentinos ya saturen con whatsapps, DM e emails a los estudios especializados uruguayos buscando opciones legales de radicación hasta física y familiar. Lo que lleva a una observación local. Esto que pasa en el país vecino, con lapidarias consecuencias futuras, ocurrirá también aquí si se sigue agitando la idea de ampliar la exacción sobre los patrimonios en su monto y/o en su área de cobertura.

Uruguay ha perdido ya demasiadas negocios e inversiones. No puede perder más. Al contrario. Debería usar este éxodo de capitales argentinos como una oportunidad para captar esos ahorros legalmente y convertirlos en inversión, radicación y actividad, en vez de apelar al manotazo y el resentimiento cortoplacista y suicida. Eso implica abandonar la idea de financiar y eternizar el gasto con estos impuestos.

Se puede alegar que esta clase de gravamen está cobrado popularidad dialéctica en el mundo. Lo que no quiere decir que no sean nocivos. Aún los Gates, Zuckerbergs o Buffets han aceptado que tal vez debieran contribuir con un impuesto a los billonarios. Claro que primero han constituido fundaciones para eludir el impuesto que propugnan.

Aunque el resentimiento y la prédica gramscista machaquen los cerebros, todos los datos empíricos de los últimos 100 años muestran que la mejor manera de combatir la pobreza es no combatir la riqueza. Y la falsa premisa de la equidad distributiva, que se arguye cuando se pierde el debate sobre la riqueza como culpable, solo sirve para justificar impuestos que crean más pobreza y matan oportunidades.