La acogida del gobierno de Pedro Sánchez a los 629 náufragos rescatados por el Aquarius fue puro marketing político. Ni un gesto humanitario ni un cambio real en la política migratoria y de control de onteras española. Tampoco la nueva idea de Merkel y Macron de abrir prisiones para migrantes fuera de la UE es ninguna solución y supone un paso más en la espiral de vulneración de los derechos de los llamados a convertirse en el segmento más explotado de la clase trabajadora. Defenderlos es defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.



No es «humanitario» que después de meses o años sometidos a todo tipo de abusos y torturas en Libia, y después de haberse tenido que jugar la vida en una patera, los náufragos del Aquarius, incluidos enfermos y heridos y criaturas pequeñas, se tuvieran que pasar una semana cruzando medio Mediterráneo entre olas de cuatro metros y un fuerte viento. ¿Alguien se imagina que si fueran las víctimas del naufragio de un crucero con europeos este trato habría parecido aceptable? Tenemos que tener cuidado porque lo primero que hace la burguesía y sus estados es presentarnos al inmigrante como «el otro», alguien con quien no tenemos nada en común, porque tiene otro color de piel, habla otra lengua, viene de una tierra extraña... nos lo presentan como un salvaje. Para unos el salvaje tiene que ser aniquilado más allá de las fronteras europeas y para otras merece nuestra compasión. Pero desde un punto de vista de clase, no es ni una cosa ni la otra: son nuestros hermanos y hermanas de clase y tienen derechos que tenemos que defender, porque sólo así conseguiremos que no nos enfrenten los unos contra los «otros» y acaben ganando los que nos explotan a todas.

Con su gesto «humanitario», Sánchez se hizo la foto que quería y consiguió titulares y portadas en toda Europa. Internamente, pasaba por la izquierda a Podemos, trayendo el Aquarius a Valencia y no a Barcelona, que también se había ofrecido. Y también el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, conseguía la foto que quería: un barco humanitario cargado de migrantes alejándose de las costas de Italia con escolta de los guardacostas y los militares. Toda una demostración de fuerza al más puro estilo mussoliniano.

Salvini ha cumplido su promesa de no dejar entrar en Italia ningún otro barco de rescate humanitario: y esta vez no ha habido ayuda española para el barco Lifeline, que se pasó más de una semana con 229 migrantes a bordo, y que finalmente pudo desembarcar en Malta después de que varios estados aceptaran repartirse la «carga». La cuota de humanidad del gobierno Sánchez se agotó pronto. El barco quedó confiscado. Ahora Malta se ha sumado a la política de bloqueo a las ONG y no ha dejado entrar el Aquarius ni el Open Arms, que no llevaban náufragos a bordo, simplemente para abastecerse y hacer los relevos de tripulación. Se quiere fuera del Mediterráneo Central a los barcos de rescate humanitario porque son testigos incómodos.

Son testigos incómodos de la política de colaboración de la UE y de Italia con algunas de las bandas armadas que se disputan el poder en Libia. Después de años de trabajar codo con codo para frenar la inmigración subsahariana en Libia con el dictador Muammar el Gaddafi (Sarkozy es ahora investigado por la financiación ilegal de su campaña con dinero de Gaddafi, como lo fue Berlusconi), Francia y Gran Bretaña decidieron recuperar el control con una intervención de la OTAN para cortar la oleada revolucionaria de 2011 en el norte de África y el Próximo Oriente. Libia se convirtió en un estado fallido y en una nueva ruta de la emigración hacia Europa. El acuerdo de la UE con Turquía para frenar los migrantes que llegaban a las islas griegas dio más peso a la ruta de Libia, mucho más larga y mortal, que se convirtió en la primera puerta de entrada a Europa.

La UE, y también Francia e Italia actúan cada cual por su cuenta buscando acuerdos con los diferentes actores armados en Libia, que a menudo son los mismos que protagonizan el tráfico de armas, gasolina y de personas, para que frenen los migrantes. Se financian, se equipan y se entrenan «guardacostas», que no responden a ningún gobierno elegido ni legítimo y que no son otra cosa que bandas armadas en el mar, para que hagan el trabajo sucio de la vigilancia fronteriza europea, y de esto son testigos los barcos de las ONG, que también han sufrido ataques y amenazas por estos autoproclamados «guardacostas». Han documentado cómo capturen (que no rescatan), matan y maltratan a los migrantes en alta mar. Por eso los quieren fuera de la zona.



En la cumbre de jefas de Estado y de Gobierno del 28 y 29 de junio se acordó «intensificar nuestra cooperación con los países de origen y tránsito, y en particular nuestro apoyo a los Guardacostas de Libia, para que tengan todos los recursos necesarios para controlar plenamente las aguas territoriales libias». Es la institucionalización de las llamadas «expulsiones en caliente», con que se obliga a devolver por la fuerza a hombres, mujeres y criaturas a un país donde su vida corre peligro y son sometidos a torturas, maltratos y esclavitud.

Es la punta de lanza de la política de externalización de fronteras de la UE, que subcontrata países terceros, sin ningún escrúpulo por la vida ni por los derechos humanos. Desde la cumbre de la Valetta de 2015 se han firmado acuerdos de este tipo al menos con 35 países, de los cuales sólo cuatro se pueden considerar democráticos, con muchos problemas. La lista de los socios de la vigilancia fronteriza europea (refuerzo fronterizo, reducción del número de salidas, regresos forzosos) incluye dictaduras como Egipto o Sudán, regímenes autoritarios como el del Marruecos e incluso países en guerra como Afganistán, donde se están devolviendo migrantes por la fuerza. Y en esto no hay recortes ni austeridad: el lobby de la industria militar (encabezado por empresas como la francesa Thales, la alemana Leopard o la transnacional Airbus) está obteniendo jugosos contratos para desarrollar equipamiento policial y militar, drones, sistemas de vigilancia por satélite, proyectos de control biométrico...) que van a reforzar precisamente los aparatos de seguridad de estos regímenes que oprimen a sus pueblos. La política de externalización de fronteras sólo hará que más y más jóvenes y trabajadores se vean forzados a marchar de su casa.



Es lo mismo que también hace España con países como Marruecos y Mauritania. El gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que estudiará retirar las concertinas, las alambradas con cuchillas que coronan las vallas ceutís y de Melilla, y que destrozan los brazos y las piernas de los jóvenes que intentan saltarlas. Otro gesto «humanitario», que esconde la política de fondo: continuar colaborando con el régimen de Mohamed VI para frenar los migrantes. Y es que las alambradas son escandalosas, pero las palizas de la guardia real marroquí, un cuerpo paramilitar acusado de centenares de asesinatos y torturas y que se dedica también a reprimir la protesta social en Marruecos, no salen en los titulares ni en las portadas.

Y, como ya se ha visto en los últimos meses, si la ruta de Libia continúa complicándose, más gente emprenderá los caminos del Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán o las Canarias y esta colaboración con Marruecos y los países del África Occidental (que inauguró el gobierno anterior del PSOE de Zapatero) será más importante para «proteger» las fronteras españolas.

Y no olvidamos que de lo que se trata no es de frenar la inmigración a Europa, porque los mercados laborales europeos piden mano de obra joven y barata, es decir sin derechos. De lo que se trata no es de frenar la inmigración, sino de seleccionarla y controlarla para alimentar la economía sumergida en la agricultura, la construcción, la hostelería, y la prostitución, sectores que no se podían deslocalizar. Después de llevarse las fábricas a países con condiciones laborales mucho peores, como se hizo en los 90 y 2000, ahora hay que importar aquí trabajadores... pero con las condiciones de sus países de origen. Lo hemos comprobado últimamente en Huelva, con las denuncias de explotación laboral y abusos sexuales de las trabajadoras de la fresa, que traen de Marruecos para la temporada de la recogida. La lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as en su defensa ha sido ejemplar. Lo dicen las jornaleras del SAT: «como trabajadoras del campo, que vivimos la violencia patronal en los campos franceses, navarros o manchegos, que hemos tenido que sufrir el desamparo de tener que abandonar nuestro pueblo buscando trabajo, hagamos nuestra la situación de las jornaleras de la fresa y no podemos consentir que en pleno siglo XXI continuemos viendo como la esclavitud laboral se apodera de nuestros campos». Este es el camino.

28/06/2018