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La precariedad laboral se manifiesta de numerosas maneras. Una de las más odiosas es quizás las horas extras no remuneradas. En el Estado Español son 376 mil personas quienes las realizan sin cobrar, por 284 mil que si las cobran. Entres los sectores que más horas extras realizan sin cobrar se encuentran el comercio, la industria manufacturera y la hostelería.

La no remuneración de las horas extra está estrechamente ligada a la crisis. En 2008 eran 6 millones las horas extras remuneradas por 4 millones de no remuneradas. Desde entonces ha habido un descenso de las horas extra, pero éste ha afectado sobre todo a las remuneradas produciéndose un “sorpaso” entre ellas. En la actualidad las no remuneradas superan a las que sí lo son.

Estos 89 mil trabajadores que la patronal se ahorra a costa del trabajo sin remunerar son la punta del iceberg de la explotación y precariedad laboral. ¿Qué otros datos corroboran la caída en picado de las condiciones laborales en estos últimos años? Veamos algunos.

En el 2015 se realizaron 325 mil contratos indefinidos frente a 2,4 millones temporales, y uno de cada cuatro contratos que se firmaron duro menos de una semana.

En 2007 el porcentaje de empleo a tiempo parcial involuntario -los que trabajan a tiempo parcial y quieren hacerlo a tiempo completo- respecto a el total de trabajadores a tiempo parcial, se situaba en el 32%, actualmente esta cifra se ha elevado hasta el 63%.

Respecto a la población en situación de desempleo, nos encontramos con un millón y medio de hogares que tienen a todos sus miembros en el paro. En la mitad de estos hogares, ningún miembro recibe prestación.

Es evidente que la tan cacareada recuperación económica no existe para los trabajadores. Lo que sí se esta dando es un freno en la caída libre de la economía que se venía produciendo desde el 2007. El PIB ha pasado de caer un 2,6% en 2012 y un 1,7% en 2013, a aumentar un 1,4% en 2014 y un 3,2% en 2015. Ahora bien, este freno se ha producido después de -y gracias a- un deterioro gigantesco de las condiciones laborales y de la ocupación.

Y es que todas las políticas de “salida de la crisis” de los diferentes gobiernos han apuntado hacia el mismo sitio. No hay crecimiento económico sin aumentar la explotación de los trabajadores. Y por eso mismo, no es posible acabar con esta situación sin atacar los beneficios de los capitalistas.

Tal y como se ha visto en Europa en los últimos años, en tiempos de un estancamiento secular del crecimiento económico capitalista, las políticas socialdemócratas -siempre respetuosas con el capital- tienen un margen de implementación inexistente. Zapatero, Hollande o actualmente el mismo Tsipras, que está presentando una rebaja de las pensiones de entre un 15 y un 30%, son un claro ejemplo de ello.

Este estancamiento económico, como la anterior caída libre, lo venimos pagando la clase trabajadores y los sectores populares. En 2008 los salarios representaban un 50,1% del PIB y los beneficios empresariales un 41,7%. En el 2012 y tras 4 años de crisis, la remuneración de los asalariados representaba el 44,2% y las rentas empresariales un 46,1%.

Ha sido a costa de los salarios de los trabajadores que los empresarios han podido recuperar y mantener sus beneficios cuando el PIB decrecía.

Solo invirtiendo esta tendencia, es decir, aumentando los salarios a costa de los beneficios y privilegios empresariales, podrán mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Pero para ello se hace necesario abandonar la política de conciliación y respeto con los derechos e intereses de los grandes capitalistas. Hay que desterrar la idea de que podemos salir de la crisis sin vencedores ni vencidos, ellos tienen claro de que no será así y lo están implementando.

La única manera de acabar con el paro es repartiendo el trabajo entre toda la población activa sin rebajas salariales. La única forma de acabar con la precariedad y la miseria es imponiendo condiciones laborales y salarios que permitan una vida digna. Pero implementar estas y otras medidas esenciales en favor de las grandes mayorías, sólo es posible si se hacen sobre los beneficios y derechos de propiedad de los empresarios, haciéndoles pagar a los capitalistas todo el coste de su crisis.