El Gobierno analiza extender la cuarentena obligatoria en un período que podría llegar hasta el 13 de abril para disminuir la expansión del coronavirus ​en la Argentina. La decisión estará atada a los resultados del aislamiento que está rigiendo hoy, pero esa idea tiene un problema de implementación, ya que los casos de infectados que se están informando en estos días reflejan contagios anteriores a las medidas que se tomaron el último viernes.

"El dilema es que si la cuarentena nos funciona bien nos va a convenir extenderla y si nos funciona mal, también nos va a convenir mantenerla", explica un funcionario del Gobierno nacional que sigue el día a día del progreso de la pandemia para explicar el dilema que lleva a la Casa Rosada a pensar en la prórroga del aislamiento obligatorio hasta después de la semana santa.

La idea de extender el período de cuarentena total -que desde el viernes mantiene en sus hogares a todos los argentinos con excepción de los que trabajan en la prestación de servicios esenciales- se comenzó a analizar en en el Poder Ejecutivo este último fin de semana.

El presidente Alberto Fernández y su ministro de Salud, Ginés González García, siguen con mucha atención la evolución de la crisis sanitaria en Chile y, especialmente, en Brasil. En esos dos países, la progresión de los casos de contagio es mucho más pronunciada que en la Argentina, donde el Gobierno confía en que los nuevos casos se vayan distribuyendo paulatinamente en un período largo y no crezcan de golpe.

Este lunes un grupo de intendentes le preguntó al Presidente si tenía pensado alargar la cuarentena. Fernández no negó esa posibilidad: "Es una potestad que tengo, una posibilidad que voy a ir viendo en función de lo que me digan los especialistas", les dijo a los más de 40 jefes comunales que lo escuchaban. Por si hiciera falta aclararlo, los especialistas que mencionó el Presidente recomiendan extender el aislamiento social.

Desde el último viernes, Salud comenzó a recibir los 52.500 reactivos para hacer las pruebas de coronavirus que compró en el mercado internacional a fines de enero. Hasta ese momento, el Instituto Malbrán -el laboratorio que centralizaba todos los tests- había hecho las pruebas con 3.000 reactivos que había enviado a la Argentina la Organización Mundial de la Salud cuando estalló la epidemia.

Esos 52.500 reactivos llegarán a Buenos Aires en tandas de 7.500 cada viernes, y desde allí serán distribuidos en los seis centros que se autorizaron a fines de la semana pasada. El viernes próximo, con la nueva llegada de reactivos, se abrirán otros seis centros, y así se irá completando la lista de 35 laboratorios habilitados en todo el país, que hoy son los que hacen los testeos de influenza A y B.

El Gobierno consiguió otro proveedor de reactivos inesperado: los laboratorios que ya habían importado las pruebas en calidad de material experimental para evadir la certificación de la ANMAT. Uno de esos laboratorios, por caso, había distribuido 1.690 reactivos en clínicas y laboratorios privados que, luego de un llamado de González García a la casa matriz del laboratorio importador, fueron "donados" al Ministerio.

Hoy, el Malbrán hace unas 300 pruebas por día, y desde que comenzó la crisis realizó 1.537 testeos. A su vez, de los 2.589 estudios que les pidieron las clínicas y hospitales de todo el país 1.052 fueron descartados porque los síntomas que manifestaron los pacientes a los que se les hizo el hisopado no encajaban en el protocolo que implementó Salud. Según los funcionarios del Ministerio, la cantidad de casos detectados puede aumentar con la apertura de nuevos centros, pero no porque se realicen más testeos, sino porque los resultados van a estar más rápido, porque tardarán menos en llegar a los centros distribuidos en las provincias.

A las medidas de aislamiento obligatorio podría agregarse, según analizan en el equipo del Gobierno que toma las decisiones en la crisis, mayores controles en las fronteras terrestres. Esos controles incluirían aislamientos preventivos de las personas que viajen en los micros que ingresan desde Brasil y Chile en los que existen reportes de casos sospechosos. Esos pasajeros, según estima el Gobierno, deberán pasar el aislamiento en hoteles de distintas provincias.



