Elementos del Ejército mexicano habrían incurrido en prácticas de tortura, desapariciones forzadas y operativos ilegales, en el marco de la lucha contra el narcotráfico que enfrenta el gobierno federal. De acuerdo con una investigación publicada ayer por The Washington Post, víctimas de los presuntos abusos, familiares y organismos defensores de los derechos humanos han acusado a los militares de utilizar métodos crueles y brutalidad. El reportaje señala que habitantes de la comunidad de Puerto Las Ollas, en la montaña de Guerrero, señalaron que soldados en busca de información insertaron agujas bajo las uñas de un campesino discapacitado de 37 años, apuñalaron en la espalda a su sobrino de 13 años, le dispararon a un sacerdote y robaron comida, ropa y medicinas. “Sé que las Fuerzas Armadas no han estado actuando de manera inapropiada, aunque han habido algunos casos”, declaró el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. El diario señala que en Tijuana más de 20 policías que fueron detenidos, acusados de proteger a narcotraficantes, señalaron que confesaron luego de ser torturados por elementos militares, quienes supuestamente les pusieron bolsas de plástico en la cabeza hasta que perdían el conocimiento. Además, según consta en documentos del juzgado, cartas y entrevistas, los soldados les dieron choques eléctricos en los pies mientras les sumergían la cabeza en piletas de agua. Los policías locales estuvieron presos por más de un mes. El documento señala que este tipo de acciones son más frecuentes en las zonas donde han aparecido policías y militares muertos. En Michoacán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el Ejército había incurrido en abusos contra 65 personas durante tres días, incluyendo casos de tortura y abuso sexual de dos jovencitas, luego de que un ataque matara a cinco elementos del Ejército en mayo de 2007.