Por Carlos Burgueño cburgueno@ambito.com.ar El Gobierno se prepara iniciar en septiembre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo acepte un waiver (perd ón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en el acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%. Como argumento se utilizará una paradoja: que impidieron ese objetivo las exigencias del propio FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las Lebac y la imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero aportado. Según las autoridades argentinas, la presión devaluatoria provocada por ambas medidas negociadas con el organismo que dirige Christine Lagarde fue la principal causa del alza de los precios desde mayo de este año hacia delante; aun por encima de la presión de los aumentos de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Para los técnicos del oficialismo, el alza de la divisa tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa en el incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil de entender desde el exterior. Incluso el macrismo en toda su trayectoria de algo más de dos años y medio, comprendió que una devaluación implica una inevitable alteración ascendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y que lo único que restaría es aplacar las consecuencias y hacerlas lo menos dolorosas posibles. Incluso el elenco gobernante, en los tiempos de Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger incluyeron un nuevo término al fenómeno: el pass through.



ón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en el acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%. Como argumento se utilizará una paradoja: que impidieron ese objetivo las exigencias del propio FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las Lebac y la imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero aportado. Según las autoridades argentinas, la presión devaluatoria provocada por ambas medidas negociadas con el organismo que dirige Christine Lagarde fue la principal causa del alza de los precios desde mayo de este año hacia delante; aun por encima de la presión de los aumentos de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Para los técnicos del oficialismo, el alza de la divisa tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa en el incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil de entender desde el exterior. Incluso el macrismo en toda su trayectoria de algo más de dos años y medio, comprendió que una devaluación implica una inevitable alteración ascendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y que lo único que restaría es aplacar las consecuencias y hacerlas lo menos dolorosas posibles. Incluso el elenco gobernante, en los tiempos de Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger incluyeron un nuevo término al fenómeno: el pass through.

Al comienzo de la misión oficial del FMI este argumento generaba dudas. Los enviados de Lagarde al mando del italiano Roberto Caldarelli, acostumbrados a controlar las cuentas de países más estables y obedientes a las reglas mundiales de la macroeconomía; mostraron al comienzo de su gestión en julio de este año, muchos cuestionamientos a la teoría del alza de la inflación provocada por una devaluación. Y menos en situaciones y escenarios recesivos. Fue con los datos sobre la mesa obtenidos en las fiscalizaciones mensuales de los técnicos, que Caldarelli y su gente comprendieron que la Argentina tiene sus propias reglas económicas, que a veces queman los libros de la ortodoxia y obligan a los actores más respetados a repensar sus ideas. Aparentemente, los datos inflacionarios de junio y julio (casi cercanos al 7% bimensual, un porcentaje que los países de la región tienen en todo un ejercicio), provocados por el alza del dólar y su efecto en los precios; convencieron a los enviados de Washington. O al menos eso es lo que esperan desde Buenos Aires.



