Son 28 mil 459 víctimas en total. Esa es la cantidad de afectados reportadas en la información recabada por la Comisión Valech, presidida por el monseñor Sergio Valech, que tuvo por misión identificar a las personas que fueron secuestradas y torturadas por razones políticas, en manos de agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para poder realizar esta labor, dividida en dos entregas, se contó con una serie de declaraciones, sobre las que pesa un secreto de 50 años. Nadie puede tener acceso a esto. Pero eso podría cambiar.

El clima del país está revuelto a causa del fin del pacto de silencio que regía sobre la patrulla de efectivos del Ejército que en 1986, el 2 de julio, rociaron con bencina y quemaron a Rodrigo Rojas De Negri, quien murió días después, y Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió. El ministro en visita, Mario Carroza, ha realizado diversos careos por este caso con el ex conscripto, Fernando Guzmán, quien entregó la primera declaración distinta por parte de un ex uniformado, reconociendo dolo y diversos grados de culpabilidad en la patrulla. Carroza ha iniciado procesos y continúa recibiendo declaraciones.

Es en este contexto que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, que emplazó al gobierno a terminar con este secreto para poder avanzar en diversos procesos judiciales que permitan aclarar la verdad y las culpas de los delitos de lesa humanidad. A ella se sumó una rescatada iniciativa elaborada por los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC).

El 11 de septiembre del año pasado ambos parlamentarios presentaron esta moción, y ellos manifestaron a La Tercera que buscan que ésta sea patrocinada por el Ejecutivo. Sin embargo, Gutiérrez indicó que “no hay voluntad política de este gobierno de darle algún tipo de urgencia a este proyecto”, e insistió en que el argumento que da La Moneda es el mismo que siempre se dio para no liberar esta información: “no sobrecargar la labor de la justicia”.

Pero ayer el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, indicó que esta administración se está abriendo a esta posibilidad: “Es una medida que nosotros estamos evaluando, que está considerada como una hipótesis de una iniciativa y por lo tanto, en su momento, una vez que se evalúen todas las consideraciones vamos a informar la decisión. Pero eso es al mismo que reafirmamos de manera muy categórica nuestra voluntad y compromiso de avanzar en el esclarecimiento de cada una de las violaciones a los Derechos Humanos y por cierto de la justicia respecto de esos hechos”.

Y no es la única gestión que estarían realizando.

El lunes, según El Mercurio, el ministro del Interior, Jorge Burgos y el subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, se reunieron con el comandante en jefe del Ejército, General Humberto Oviedo, precisamente para tratar este tema.

Si bien en un momento las redes sociales fustigaron al casi sociólogo y panelista de Tolerancia Cero, Fernando Villegas, al haber dicho que “pasó la vieja” a Carmen Gloria Quintana, la verdad es que su mensaje completo apuntaba hacia un tema más profundo.

El planteamiento rezaba: “Este tema de la reconciliación, incluso pasó el momento histórico. En este momento en Chile, lo que estamos viviendo es exactamente lo contrario, y estamos viendo los primeros signos alarmantes, vuelven a encenderse los potenciales de rabia y de odio. Y la onda de la reconciliación que en algún momento sonaba fuerte en la época de algún gobierno de la concertación o en varios, pasó la vieja en eso”. Sin embargo, por muy cierto que sea lo planteado, esto podría cambiar.

Este jueves la Presidenta Michelle Bachelet recibirá en La Moneda a Carmen Gloria Quintana. El escenario está dado para mostrar avances en materias de Derechos Humanos. El Ejecutivo estaría “preparando un gesto” en todo este contexto. Sólo falta concretar alguna iniciativa. Sólo falta que termine otro silencio.