Carlos Fernández Liria *

Algunas Juntas de Facultad de las universidades públicas han comenzado el curso con una inquietud. La normativa dice que las facultades podrán autorizar o no a que cuatro artículos publicados en revistas “científicas” puedan ser presentados como una tesis doctoral. Como los artículos pueden venir firmados por varios autores, una misma publicación podría equivaler así no a una, sino a seis o siete cuartas partes de una tesis doctoral. Algunos profesores se han rasgado las vestiduras ante lo que consideran un despropósito, recordando cosas muy elementales en el mundo académico de antaño (es decir, en el mundo, digamos, 'pre-Bolonia'): un doctor es la autoridad académica más alta que existe. La única palabra que en la Universidad vale más que la palabra de un doctor es la palabra de dos o más doctores discutiendo entre sí en público (no en el salón de su casa). Y de hecho, la columna vertebral de una universidad debería ser la continua discusión de los doctores entre sí. Por eso, no se accede al grado de doctor más que enfrentándose a un tribunal de otros cinco doctores, en un acto público en el que puede entrar cualquier ciudadano que pase por ahí. Por mi parte, yo ya estoy hastiado de estrellarme contra una pared intentando argumentar que todas estas cosas tienen sentido -y es más, que si se suprimen se acaba sin más con la esencia de la universidad pública-.

Durante todos los años de lucha contra Bolonia, se demostró que los argumentos de Humboldt o de Hegel no valían un pimiento frente a la estrategia retórica de los reformadores: como las cátedras están corruptas, suprimamos las cátedras (o todas sus funciones); como los tribunales están amañados, suprimamos los tribunales (y con ello el carácter público de las comisiones); como los funcionarios a veces hacen el vago, flexibilicemos la plantilla y generalicemos la precariedad en la Universidad. Por ese camino, las estructuras universitarias se han ido desmoronando y con ellas el presupuesto para mantenerlas, de modo que si este invierno nos quedamos sin calefacción se argumentará que es lógico, porque las tuberías estaban tan corrompidas como las cátedras, los tribunales y los funcionarios. Es repugnante ver que algunos catedráticos, como Félix de Azúa, desde su prestigiosa atalaya mediática, haya aplaudido esta demolición de la Universidad pública argumentando que en ella todo es endogamia, incesto, ignorancia y corrupción (todo menos, curiosamente, el propio Félix de Azúa y algunos otros como él que debieron llegar a catedráticos por derecho divino sin incesto ni endogamia). Eso sin contar con que, encima, ha sido ahí donde nació Podemos. Para gente como Antonio Elorza, habría valido la pena volar todo el campus de Somosaguas con tal de impedir una cosa así.

En fin, Félix de Azúa ha sido el más vociferante de los calumniadores, pero hay que decir que la demolición de la universidad contó con la complicidad de las autoridades académicas y con la pasividad irresponsable de la mayor parte de su personal docente. Sólo el movimiento estudiantil, para qué recordarlo, salió en defensa de la institución universitaria. Por eso, asquea notar ahora cierta perplejidad ante dilemas como el que hemos mencionado. Cuatro artículos conceden ahora el título de doctor. Un título que antes se conseguía con el trabajo, a menudo, de toda una vida académica. Algunos ponen cara de indignación ante este supuesto despropósito, sin advertir que el verdadero escollo está en otro sitio: la normativa da un plazo de tres años para realizar la tesis doctoral. Esto quiere decir que se espera que una persona sea doctor con cuatro años de grado y tres de doctorado (reconociéndose, además, que el primer año de grado es puramente un refuerzo de un bachillerato que en España se consideró demasiado cojo para la convergencia europea). Antes de la aplicación del Plan Bolonia, el Diploma de Estudios Avanzados (DEA), un especie de equivalente de las antiguas tesinas, se realizaba con cinco años de licenciatura y dos de doctorado (y, a veces, uno más, que normalmente se utilizaba en hacer el trabajo). Es decir que, en buenta lógica, lo que habría que pedir es que, retroactivamente, concedieran el título de doctor a todos los diplomados que cursaron el DEA. O visto desde otro punto de vista: en realidad, los futuros doctores ya no serán verdaderos doctores. El tribunal que los tendrá que juzgar será cada vez más un trámite a extinguir, ya que las todas las Agencias de Evaluación concenden más valor a la evaluación ciega y anónima de las revistas científicas (que a algunos les parece muy objetiva, pero que a otros nos recuerda a los encapuchados que juzgaban en las mazmorras de la santa inquisición en tiempos oscuros todavía pre-ilustrados) que a la discusión expuesta a la luz pública de los tribunales académicos.

No hay nada más tonto que no reconocer una derrota. Si la tesis hay que hacerla en tres años, es una tontería intentar empotrar ahí algo más que ochenta páginas (cuatro artículos). Hay que reconocer, sencillamente, que la reforma de las universidades -eso que se llamó Bolonia- ha suprimido el título de doctor y lo ha sustituido por otra cosa que se va a llamar igual. Lo mismo que suprimió el quinto año de licenciatura, la estabilidad del profesorado o tantas otras cosas más. Lo que todos estos años se ha pretendido -con la excusa de la convergencia europea o del Plan Bolonia- ha sido jibarizar la universidad pública. Reducir al máximo la parte de la universidad financiada con dinero público. O mejor dicho, poner el dinero público al servicio del mundo empresarial que pueda intervenir a traves de inversiones o másteres de precios prohibitivos. Se trataba de dotar a las empresas de un ejército de trabajadores sin sueldo (o pagados con dinero público) a los que se llama becarios. Se trataba de garantizar que las empresas que invirtieran en algún departamento universitario recibirían una sustanciosa plusvalía pagada con el dinero de los ciudadanos. Para ello, en efecto, bastaba supeditar la financiación pública de los proyectos de investigación y de los departamentos docentes a la previa obtención de fuentes de financiación externa (es decir, privada). De este modo, el dinero público fluye de forma natural hacia los chiringuitos privados. Lo que se escondía tras el denominado Plan Bolonia era la implantación de un inmenso aspirador de dinero público a favor de la empresa privada. A esto se llamó “poner la Universidad al servicio de la sociedad”. En este proyecto, sobraban muchas cosas: los estudiantes en primer lugar, porque había muchos más de los que se necesitaban. Los contenidos académicos, porque tanta sobre-cualificación no tenía demanda (la prueba es que los doctores andan por ahí sirviendo copas en los bares de Alemania o del Reino Unido). Sobraban los funcionarios, porque no eran flexibles como las demandas mercantiles. Sobraban decenas de departamentos e incluso facultades enteras. Nadie en el mercado necesita ya saber griego clásico o filosofía del siglo XVI. Sobraba quinto de carrera. Sobre todo, sobraban los precios públicos de las tasas universitarias. Ahora hemos descubierto que sobraba también el doctorado. Y algunos se han llevado las manos a la cabeza, como si todo esto les viniera de sorpresa.

Se dice que lo que está pasando no tiene nada que ver con el famoso Plan Bolonia. Cada vez que escribo un artículo sobre estos temas, hay siempre una legión de comentaristas que me dicen que Bolonia no tiene nada que ver con todo eso. Yo es que no sé cómo se puede estar tan en la Luna, durante tanto tiempo seguido. Pues claro que el Plan Bolonia no tenía nada que ver con todo eso. Hubo un libro excelente que publicaron algunos estudiantes muy activos de la lucha contra Bolonia; se llamaba, significativamente, Bolonia no existe (Hiru, 2009). Lo primero que hacía era denunciar que las reformas del Plan Bolonia no eran más que una tapadera de todo eso que estaba pasando y que ahora estamos sufriendo. Bolonia era un plan de homologación de títulos europeos. Proponía un tres más dos (tres años de grado, dos de máster). No decía que no se pudiera hacer esto a precios públicos. Proponía también un plan de movilidad europea del estudiantado. Todo eso no tenía nada de malo. De hecho, habría sido muy fácil de lograr sin resistencia alguna y con extrema facilidad, llamando grado a los tres cursos de la diplomatura (el llamado primer ciclo) y máster a los dos últimos cursos de la licenciatura (el segundo ciclo). ¿Por qué no se hizo así? Pues porque lo que se pretendía hacer no era eso. Bolonia no era más que humo. Era la tinta del calamar para encubrir una reconversión empresarial de la universidad pública a favor de la privada. Los estudiantes se dieron muy bien cuenta de que se la estaban jugando y por eso presentaron una batalla frontal durante toda una década. No les fue difícil enterarse de la verdad: les bastó con leer los informes sobre educación que se estaban haciendo en la OMC. Los profesores, mientras tanto, andaban cazando moscas, sin comprender qué podía tener de malo eso de homologarse con Europa. Incluso algunos tontos de remate (más bien de izquierdas, además) se creyeron que se les estaba brindando una buena ocasión para mejorar las metodologías de la enseñanza, para enseñar a enseñar a los profesores y, por qué no, para enseñar a los alumnos a aprender a aprender. Desembarcaron algunos pedagogos y algunos sinvergüenzas disfrazados de pedagogos y la liaron con que se estaba preparando un cambio completo de la cultura del aprendizaje. Cuanta más confusión, mejor. Mientras tanto, los planes de reconversión de la universidad pública avanzaban inexorables.

Al final, ni siquiera ha sido verdad lo de la movilidad europea. Todo lo contrario: por una paradoja del destino, Bolonia trajo consigo la obligatoriedad de asistencia a clase, que dificultó mucho la movilidad. Y a la postre, las becas Erasmus (que habría bastado multiplicar por cuatro para cuadriplicar la movilidad europea, tan simple como eso) están heridas de muerte y son cada vez más impracticables. Las tasas se han elevado al cubo y la famosa universidad al “servicio de la sociedad” se ha convertido para la sociedad en un lujo bastante impracticable. ¿Es qué ha salido mal el Plan Bolonia? No, es que jamás se trató de que saliera bien el Plan Bolonia. De lo que se trataba era de destruir la universidad pública y ponerla a competir con las privadas (de hecho, todavía se nos acusa de que los másteres de 4000 euros de la UCM -el quinto de carrera que antes costaba 600 euros-, hacen una competencia desleal a los de las universidades privadas). Se trataba de debilitar una institución que funcionaba mucho menos mal de lo que se ha pretendido en los medios de comunicación pagando a gentuza y a mercenarios y propagandistas. Lo único que pretendía el Plan Bolonia, que era la convergencia europea del tres más dos, fue, curiosamente, lo primero a lo que se renunció, puesto que en España se implantó un cuatro más uno. Pues nada, ni por esas cierta gente se dio por enterada de que la cosa no iba de eso.

Y ahora, ya en el paisaje de después de la batalla, seguimos igual. Estoy harto de ver colegas boquiabiertos porque nos hemos quedado sin doctorado. Balbuceando además, que Bolonia no tiene la culpa. No claro, Bolonia es una ciudad de Italia, no tiene nada que ver con todo esto. Y el Plan Bolonia era un papelucho lleno de buenas intenciones. Por lo visto, algunos pensaron (y por lo visto siguen pensando) que esos diez años de luchas estudiantiles fueron contra la ciudad de Bolonia o contra lo que no era sino la propaganda de la OMC. Algunos no vieron más que molinos de viento. Pero esta vez eran gigantes.

(*) Carlos Fernández Liria es profesor de Filosofía en la UCM.