Estas personas que pidieron proteger su identidad afirmaron que detrás de la masacre hubo una retaliación contra la familia Gasca Arroyo quienes, al parecer, le habrían vendido pines de celular para comunicarse a guerrilleros disidentes del proceso de paz. Los dos sobrevivientes, una lideresa social y el hijo menor, aparecieron, pero se quedaron en la zona.

La noche del 3 de abril pasado, hombres armados llegaron directo a la casa de Hamilton Gasca, sus tres hijos y su esposa, y lo primero que hicieron fue insultarlos y luego destruir la antena satelital que servía para enviar mensajes de celular, a través de un código que ellos vendían, en la remota vereda La Consolata, a orillas del río Caquetá. La azotaron contra el piso, dispararon contra la casa y causaron daños en la estructura de la humilde vivienda. El sábado pasado, a las 8:40 de la mañana, cuando dos helicópteros aterrizaron en la vereda con funcionarios de la Fiscalía y la policía judicial, se conocieron otros detalles de la matanza de Hamilton y dos de sus hijos y de la desaparición del hijo menor y de la madre.

Los pobladores, que escucharon los disparos y luego atestiguaron la escena del crimen, vieron los tres muertos afuera de la casa. Cuentan que los armados primero asesinaron a Kevin Gasca, de 14 años, luego a Rober Gasca, de 11 años, y, finalmente a su padre, Hamilton, quien intentó impedir que les dispararan. Mientras tanto, María José Arroyo, la esposa, y el hijo menor de siete años, único sobreviviente de los hermanos Gasca, Eliecer, lograron escabullirse, “como culebras entre el matorral”, le contó el menor a uno de los inspectores judiciales. El sábado pasado, tras la llegada de los oficiales, María José Arroyo y Eliecer aparecieron para recuperar los cadáveres y entregar un corto testimonio que se ventiló en un consejo de seguridad municipal esta semana. “Manifestaron no querer salir del territorio, que se quedarían para sepultar a sus familiares y que, si queríamos que no les pasara nada a ellos, que solo podíamos estar media hora para inspeccionar los cuerpos y salir de la zona”.

La señora Arroyo es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Consolata, una vereda que está ubicada al extremo sur de Piamonte en la conocida Bota Caucana. Un municipio de cerca de 10 mil habitantes, cuya economía está ligada a los departamentos de Putumayo y Caquetá, con los que se comunica a través de los ríos Fragua Grande y Caquetá. A orillas de este último fue donde se perpetró la masacre por hombres del disidente frente 48 de las Farc, según la hipótesis de las autoridades. Dicho informe preliminar, conocido por este diario, afirma que Hamilton Gasca era afiliado a la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos de Piamonte, Cauca (Asintracampic), y a la vez, sostiene, que Gasca pertenecía al frente primero de la disidencia de las Farc, “conocido como “Chiki” de la comisión de “Macury”, el cabecilla para esa zona”.

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Esta afirmación se contradice con lo que han dicho los testigos de la región y con los comunicados que emitieron la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la cual dijo que era líder social y miembro de dicha organización; y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que afirmó que el grupo responsable se autodenominaba “La Mafia” y que la misma había amenazado a la organización campesina el 5 de marzo pasado. Los pobladores y líderes consultados por este diario afirmaron que Gasca sí asistía a las reuniones de la organización, pero que el liderazgo lo ejerció su esposa, la señora Arroyo. Incluso, dijeron que Gasca no se inscribió en el Programa Nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y que fue asesinado, junto con sus hijos, por los del “cartel de Sinaloa” en retaliación por venderle pines para enviar mensajes a los de las Farc. Otros dijeron, que se trató de una matanza del Ejército.

Aunque existen muchas contradicciones sobre quiénes cometieron este macabro hecho, un líder social afirmó que en Piamonte los mafiosos y las disidencias de las Farc andan juntos, defendiendo la misma causa del narcotráfico y atacando a quienes promueven proyectos alternativos a la mata de coca. “Se pasean en camionetas, de arriba abajo, y las autoridades no dicen nada”, dijo el líder, quien por las amenazas que ha recibido pidió ocultar su nombre. Él pertenece a la asociación Asintracampic, cuyo papel en la zona ha sido hacer pedagogía del Acuerdo de Paz; defender la zona de reserva campesina que constituyeron, aunque no está legalizada por el Gobierno; y promover el programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, lo que le ha traído una lluvia de amenazas.

En 2017, dicha organización logró que se inscribieran en el programa 732 familias y que arrancaran sus matas de coca. La mayoría han sido beneficiarios del auxilio económico que entregó el Estado, pero están a la espera de que lleguen los proyectos productivos para no volver a sembrar la mata que alimenta el narcotráfico de la región. El coronel Hugo Sandoval Villamizar, comandante de la Brigada 27 del Ejército en Putumayo, quien acompañó la misión de los inspectores judiciales en el lugar de la masacre, aseguró que en la vereda dejo tropas para proteger a la población civil y que desconoce de los narcotraficantes que estarían detrás de las disidencias exportando la droga hacia el Pacífico nariñense o al vecino país del Ecuador. Lo único que reconoce y enfatiza es que delinquen las dos estructuras disidentes del acuerdo de paz antes mencionadas.

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Hasta 1996, Piamonte fue corregimiento del municipio de Santa Rosa. A partir de esa fecha se convirtió en población con independencia administrativa, pero, aunque pertenece al Cauca, la seguridad y la justicia dependen del departamento del Putumayo. En ese territorio están asentados cerca de 900 indígenas ingas desarraigados. La mayoría de sus pobladores son campesinos colonos, cuya procedencia se dio por la bonanza de la quina en 1930 y, luego, por todas las violencias que ha vivido el país desde 1948 hasta nuestros días. La fiebre petrolera también convirtió a ese municipio en enclave de economías ilícitas y de grupos armados ilegales. Los campesinos no solo viven de la hoja de coca que compran los narcos, sino también, de la yuca, el plátano, el chontaduro, la panela, las gallinas, los cerdos y el ganado, cuya comercialización la hacen en San José del Fragua (Caquetá) a dos horas por carretera destapada, o, en el municipio de Curillo en lancha rápida por el río Caquetá. “Una de esas tenía el finado Hamilton Gasca y se la robaron después de matarlos”, informó un líder de Piamonte.

Los líderes sociales amenazados y asesinados en Piamonte son anónimos, pero también entran a las cuentas de la larga lista en el primer trimestre de este año. Según la organización Somos Defensores, su sistema registró el homicidio de 36 líderes en todo el país, aunque, dicha cifra, una vez verificados todos los casos reportados, podría ascender a 60. De Piamonte tuvo que salir Maydani Salcedo, la representante legal de la organización Asintracampic, de la que era miembro Hamilton Gasca. Primero, relató la líder, en 2014 asesinaron a dos compañeros de la organización, Fernando Carrillo y Albeiro Calderón. En 2019, en medio de una riña de gallos fueron asesinados otros dos integrantes de esa organización: el excombatiente de las Farc Giovanni y su hermano Nelson Andrés Zambrano. En julio de ese año, afirmó, el Cuerpo Élite de la Policía le dijo que su vida corría peligro y, a través de un operativo que duró seis horas, la sacaron en helicópteros de la Fuerza Pública hasta un lugar desde donde hoy sigue trabajando por la organización.

A parte del "cartel de Sinaloa", como presunto responsable de la matanza del padre y dos de sus hijos menores, también se ha mencionado a bandas criminales autodenominadas como “Los Escorpiones”, “Los Cobra” y la "Constru", según voces de los pobladores. Las autoridades judiciales están paradas en que fueron las disidencias del frente 48 de las Farc y el Ejército desconoce de la presencia de los grupos neoparamilitares antes señalados. Del otro lado del río Caquetá, que bordea toda la Bota Caucana para desembocar en la Amazonía, queda Puerto Guzmán, Villagarzón, Mocoa y Puerto Asís, en este último, donde asesinaron el 19 de marzo pasado al líder campesino, Marco Rivadeneira, quien buscaba que los campesinos y el Gobierno concertaran la sustitución de los cultivos de coca por fortalecimiento de sus actividades agrarias. A Rivadeneira lo recuerdan en esa región por su lucha, a la líder Salcedo, la volvieron a amenazar en marzo pasado, a través de una razón que mandaron los armados: que nos les interesaba sus “hijueputas” proyectos, que se fuera del pueblo, le dijeron. Pero ella sigue, y lo afirmó con convencimiento, porque la mueven 500 campesinos que participan en las reuniones que convoca, y donde le piden que no los deje solos.