Los compromisos del Ministerio de Fomento no son suficientes para los taxistas. El Gobierno ofrece una declaración política y los huelguistas quieren un decreto ley con cambios en la regulación esta misma semana. El conflicto sigue abierto y los coches no se mueven ni de la Gran Via de Barcelona, que ya lleva cinco días bloqueada, ni del paseo de la Castellana de Madrid, sumada desde ayer a la protesta.

La reunión de ayer fue larga y acabó con la asunción por parte de Fomento de algunas de las demandas de los taxistas pero mientras que en el Gobierno celebraban el buen entendimiento los taxistas salían insatisfechos. “Ceder las competencias es darle una patada a las comunidades autónomas y que ya se espabilen ellas con los ayuntamientos”, lamentaba el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, “ese no era el trato que esperábamos”. El representante de los taxistas de Barcelona advertía que esa cesión a medias aún puede encender más los ánimos de un colectivo que ya ha superado las directrices de las asociaciones y está dispuesto a resistir en su particular 15-M sobre el asfalto el tiempo que haga falta.

El Gobierno promete un decreto ley que blinde la ratio de una VTC por cada 30 taxis

De momento están decididos a mantener el pulso, como mínimo, hasta mañana, cuando se celebrará en Madrid la Conferencia Nacional de Transportes. Temen que la cita programada hoy entre el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, Pedro Saura, con la patronal del sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) haga cambiar de opinión al Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque la huelga sigue, la reunión de ayer con Saura abre un escenario de entendimiento que podría concretarse en las próximas horas o días. “Es la primera vez que tratan al sector con dignidad”, señaló Julio Sanz, responsable de la Asociación Nacional de Taxi (Antaxi). Al fin y al cabo, el secretario de Estado había aceptado varias de las demandas que los representantes de las asociaciones les había presentado. Entre ellas, el real decreto que haga posible la ratio de una VTC por cada 30 taxis, el traspaso de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas y establecer que sólo el 20% de los vehículos de Uber y Cabify puedan salir del territorio que tienen asignado.

Los bloqueos de la Gran Via y la Castellana se mantendrán hasta mañana como mínimo

No sólo consiguieron eso, si no plazos claros en busca de un problema que lleva casi una década coleando. El departamento que dirige José Luis Ábalos se comprometió a proponer al Consejo de Ministros del próximo viernes 3 de agosto una declaración política que recoja la hoja de ruta para fijar un marco ordenado y estable del transporte de viajeros en vehículos de turismos (taxi y VTC) con “el objetivo de reequilibrar la actividad de ambos sectores, una vez constatado que la ratio recogida en la legislación actual no se cumple”.

El problema viene cuando se analiza la letra pequeña. A los taxistas no les gusta un pelo que el borrador con las modificaciones normativas quede para después de las vacaciones. Fomento se ha comprometido a tener listo el 14 de septiembre el reclamado decreto ley, “un marco regulatorio con el que se conseguirá dar estabilidad y resolver el problema definitivamente”, recalcó Pedro Saura. Los taxistas quieren una solución antes para que se cumpla la ratio 1/30 de manera inmediata, aunque el ministerio les pide tiempo para garantizar que la solución llevada a cabo no pueda ser recurrible al día siguiente de ser aprobada. Se quiere evitar de esta manera que pase lo mismo que con el reglamento aprobado por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), suspendido por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tras el recurso del propio Ministerio de Fomento –aunque luego se retiró como gesto político– además de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y la patronal de las VTC, Unauto. El secretario de Estado defendió ante los taxistas presentes en la reunión la búsqueda de “una solución definitiva que garantice la seguridad jurídica y evite la difícil situación que la entrada masiva de licencias VTC en el mercado está produciendo en el sector del taxi”.

El traspaso de las competencias a las comunidades autónomas también tiene fecha aunque es un proceso más largo y complejo y eso ha gustado aún menos a una parte del sector. El representante de Fedetaxi, del ala más moderada, reconoce que los tiempos legales son los que son. En Élite Taxi, la principal asociación de los conductores de Barcelona, no se muestran tan comprensivos. Quieren que se haga viable jurídicamente la licencia urbana en manos de los ayuntamientos o los entes metropolitanos y que Fomento garantice de la manera que sea que las comunidades regularán en la misma línea que ha hecho el Àrea Metropolitana de Barcelona, algo que, según fuentes de Fomento, no está en su mano, al menos en esos términos. De no ser así, podría darse que cada comunidad acabe regulando a su manera y el remedio podría ser incluso peor que la enfermedad. “Podemos resolver un problema y crear 17”, alertó el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal. Por eso piden un consenso de mínimos acordado por todas las autonomías.

Dicho acuerdo podría encarrilarse mañana mismo en la Conferencia Nacional de Transportes. En esa reunión Fomento presentará a los representantes autonómicos la propuesta de la transferencia de unas competencias que actualmente ya tienen delegadas. Será entonces cuando los taxistas en sus asambleas decidan si le dan un voto de confianza al Ejecutivo de Sánchez o mantienen el pulso hasta el Consejo de Ministros del viernes. Antes, este mediodía, los taxistas barceloneses se reunirán con el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y el director general de Transportes, Pere Padrosa, que se ha mantenido en contacto con el colectivo desde que ocuparon la Gran Vía y que el fin de semana ya les pidió que abandonasen la protesta sin éxito.