Alrededor de 20 franeleros afiliados a la asociación civil Operadores de Limpieza y Trabajadores Independientes (OLTI) se manifestaron a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara para exigir que los operativos que el municipio realiza en contra de “apartalugares” sean realizados con respeto a los derechos de quienes trabajan en las calles y se respete a quienes no están cometiendo algún tipo de conducta contra los reglamentos.

“Se están violentando algunos de los derechos (de los franeleros) porque están privando de la libertad a personas que no están haciendo ningún agravio a la ciudad”, dijo Alejandro Topete, presidente de la OLTI.

Topete explicó que los lavacoches miembros de su asociación, no están en contra de que se lleven a cabo los operativos y se detenga a quienes cobran por un lugar de estacionamiento en la vía pública, pero afirmó que la Policía de Guadalajara está actuando de manera indiscriminada y deteniendo a trabajadores que se limitan a lavar y cuidar automóviles.

“Yo soy honestamente legal. Yo le hablo a la gente francamente: si les gusta mi atención, se las doy, si no, no. No hay una persona a que pueda decir que yo le estoy cobrando una tarifa. Todo es voluntario.”, dijo Víctor Manuel Sandoval, uno de los manifestantes, quien trabaja sobre la calle Gómez de Mendiola en el oriente de Guadalajara desde hace 20 años.

Los inconformes fueron recibidos al interior del Ayuntamiento para escuchar sus demandas. Durante la noche del 22 de octubre, el Gobierno de Guadalajara hizo un operativo en diferentes puntos donde operan los “apartalugares” que concluyó con la detención por faltas administrativas de 39 personas.

El 10 de mayo, este medio publicó que, pese a que los miembros de la OLTI operan con credenciales y habían buscado contacto con el Ayuntamiento, sus actividades no contaban con el visto bueno de este.

“Buscaron el acercamiento, pero de ninguna manera tienen un permiso. Por lo que sabemos, el gafete lo utilizan para identificarse entre ellos, pero no es válido como permiso. De hecho es un delito”, dijo en ese entonces la directora municipal de Movilidad, Libertad Zavala.

NM