Tiempos convulsos en el panorama internacional que hacen que el número de personas desplazadas de sus hogares sea mayor que el de la II Guerra Mundial. El número creciente de conflictos en la última década, el aumento del volumen del comercio de armas, el aumento descontrolado de la desigualdad económica y el impacto del cambio climático son factores que explican esta grave crisis. Actualmente, 65,3 millones de personas en todo el mundo han huido de sus hogares, de ellos, 19,3 millones son refugiados y 40,8 son desplazados internos. Conflictos como el de Siria, enquistados en el tiempo, llevan la problemática hasta las puertas de una Unión Europea, que no es capaz de encontrar una solución coherente con el respeto a los derechos humanos. En este contexto se celebrará la primera Cumbre sobre Migración y Refugio y la Cumbre de Líderes sobre Refugiados, los días 19 y 20 de septiembre en Nueva York, con el objetivo de ofrecer una respuesta conjunta a este reto mundial. Ante estas reuniones auspiciadas por la ONU, Intermón Oxfam publica un demoledor informe, titulado "España suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados", en el que critica duramente al Estado español por haber desarrollado durante estos años "una política de espaldas a los Derechos Humanos".

Y es que el Estado español sólo ha cumplido con el 18% de sus compromisos de reasentamiento de refugiados, es decir, de aquellos refugiados que necesitan una solución duradera de estancia en un país de acogida porque no pueden retornar voluntariamente a sus países de origen. Del total de los 960.000 refugiados llegados a la UE, el Estado español debería haber acogido por cuota a 15.675 personas, pero sólo se comprometió a acoger a 1.499 y sólo ha acogido a 273. Además, sólo ha cumplido con el 1% de su compromiso de reubicación, es decir, de aquellas personas que la UE reparte entre todos los Estados miembros para paliar la presión que sufren algunos países fronterizos. De 160.000 reubicaciones comprometidas por la UE, el Gobierno español asumió que acogería 15.888 personas, pero sólo han venido 201 desde el inicio del 2015.

Tampoco cumple con las necesidades de reunificación familiar, pues según la regulación española, sólo es posible tramitar la reunificación a un hijo menor de edad o un padre o madre mayor y dependiente. "Esto rompe familias enteras que no pueden reagruparse y volver a reemprender su vida si alguno de sus miembros no cumple estos estrictos requisitos", denuncia Intermón, que también se lamenta de que la legislación española no contemple la figura de los visados humanitarios, los cuales son un procedimiento especial que permite agilizar la salida de los refugiados que están en una situación de especial riesgo. El retraso en la puesta en práctica de la Ley de Asilo de 2009 ha dificultado que los refugiados puedan solicitar en los consulados y embajadas de los países de origen su salida hacia el Estado español, lo que ha obligado a muchas personas a utilizar pasaportes falsos. Por otro lado, ACNUR pidió a España que facilitara 500 visados estudiantiles para jóvenes sirios de las zonas en conflicto, hasta el momento sólo ha dado 10 becas.

Intermón Oxfam considera que "la ayuda humanitaria es un instrumento clave para aliviar las necesidades básicas ofreciendo asistencia y protección en un contexto de conflicto o desastre natural" y que "esta ayuda es especialmente vital para aquellas personas que se han tenido que desplazar". Pero nuestro Estado también está lejos de ofrecer un volumen de ayuda coherente con la actual situación internacional. Según datos de Naciones Unidas, hoy hay 130 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, otro récord histórico. Sin embargo, la partida presupuestaria de acción humanitaria ha sido la más recortada de todo el Presupuesto General del Estado, sufriendo una bajada del 67% desde 2011. Para 2016, la Oficina de Acción Humanitaria cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros.

Como curiosidad, el informe de Intermón Oxfam desvela que sólo el coste de salarios de la última legislatura de seis meses ha sido de 30 millones de euros. Además, durante los últimos cuatro años, los resultados indican que España no tiene una clara estrategia para hacer frente a las principales crisis de desplazamiento y suspende en la respuesta a la crisis mundial de desplazados, ya que el escaso esfuerzo puesto en ellas se ha visto mermado por la reducción de la ayuda humanitaria. Siria ha sido la excepción copando las principales ayudas, aunque con una contribución débil si se compara con otros donantes. Según los cálculos de esta organización, el año pasado España destinó 69 millones de dólares a Siria, cuando tendrían que haber sido 185.

Este informe también denuncia que las políticas migratorias españolas están siendo tomadas como ejemplo en otros países miembros de la UE, unas políticas que están lejos del respeto a los derechos humanos. Las 'devoluciones en caliente' violan el derecho al asilo; el uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades y las instalaciones de concertinas y cuchillas mortales en las vallas de Ceuta y Melilla son otro claro ejemplo de esto. El hacinamiento en los centros de internamiento de extranjeros y la falta de libertad de movimiento muestran un modelo de espaldas a los derechos. Así lo ratifican las numerosas demandas interpuestas por distintos órganos nacionales e internacionales al Estado español por su política migratoria.

Por todo ello, desde Intermón Oxfam animan al Estado español a que aproveche la Cumbre sobre Migración y Refugio y la Cumbre de Líderes sobre Refugiados "para dar un giro radical a su política de migración e iniciar una nueva senda en la agenda de desplazamiento donde los derechos prevalezcan por encima de cualquier otra política". También exigen que se dejen atrás "el cierre de fronteras, la no asunción de su responsabilidad mundial, los obstáculos para una llegada digna y la vulneración de derechos básicos que sorprendentemente le han otorgado un más que dudoso rol modélico en el seno de la UE".

Entre las recomendaciones que esta organización hace al Estado español para modificar su política migratoria y sobre los desplazados, destaca la exigencia de que se promuevan "vías legales y seguras". También piden que se aumente y salvaguarde la ayuda humanitaria, así como que se promuevan los derechos de los desplazados en la política exterior y se proteja a quienes llegan a nuestras fronteras. "España debe acudir a la Cumbre sobre Migración y Refugio y a la Cumbre de Líderes sobre Refugiados con algo más que promesas y retórica, debe comprometerse con cuotas, fondos y acciones concretas, sólo así se le verá como un socio fiable y comprometido con la responsabilidad global que conlleva dar una respuesta eficaz al desplazamiento global", aseguran en este informe.