CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que ocho de cada 10 contratos otorgados por el gobierno federal en 2017 no pasaron por un proceso de licitación, lo que los hace “susceptibles a la simulación de competencia o a la presencia de actos de corrupción entre funcionarios públicos y proveedores”.

Se trata de 228 mil contratos con un valor de 585 mil millones de pesos que, según el organismo antimonopolios, representan recursos que con mayor competencia “se habrían maximizado y traducido en servicios e infraestructura de mejor calidad”.

Precisó que sólo el 10% de tales contratos se otorgaron a través de una invitación a cuando menos tres personas y el 12% por medio de una licitación pública.

“Esto representa una gran oportunidad de ahorro, y el despilfarro de esto tiene impactos muy importantes en las contrataciones públicas, donde las contrataciones de gobierno pueden ser afectadas por temas de corrupción”, señaló la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, al presentar el reporte “Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas”.

Añadió: “Son varias empresas que quieren competir por los contratos y simulan la competencia y no compiten entre ellas… en los dos casos son un daño al erario público, y en ese sentido hay que combatirlo, ya que la sociedad exige desempeños íntegros de los funcionarios públicos. Junto con el tema de la seguridad, el tema de la corrupción es una de las principales demandas de los mexicanos”.

De acuerdo con el documento elaborado por la Cofece, mientras mayor sea el monto de un contrato, resulta más importante que éste se adjudique por el método de licitación pública (por ser el que maximiza la concurrencia y competencia).

Sin embargo, de los 35 mil 739 contratos superiores a un millón de pesos (equivalentes en total a 553 mil millones de pesos), 11 mil 882 (o sea 33%) se adjudicaron de forma directa (por un monto total de 179.4 mil millones de pesos) y 10 mil 292 contratos (29%) por invitación a cuando menos tres personas (53.3 mil millones de pesos).

“Esto implica que, de los 553 mil millones de pesos por contratos superiores a un millón de pesos, 232 mil millones de pesos se adjudicaron por medio de mecanismos de contratación distintos a la licitación pública”, según el estudio.

Las malas prácticas

En las contrataciones del gobierno, la Cofece detectó prácticas que violan la transparencia en los procesos de adquisición, pues de forma recurrente se usan métodos de excepción a la licitación mediante justificaciones ambiguas o subjetivas y también se restringe la participación por medio de requisitos innecesarios.

Además, los concursos se dirigen otorgando ventajas a determinados agentes con ciertos perfiles comerciales o especificaciones técnicas y se dificulta la presentación de posturas agresivas.

También se tolera la simulación de competencia; se aprovechan las investigaciones de mercado, la subcontratación y las invitaciones restringidas para la coordinación de posturas de los licitantes (colusión); se utilizan las modificaciones de contratos, concesiones y permisos para evitar la competencia, y no se aplica la inhabilitación, adicional a las multas que impone la Cofece, para disuadir la colusión.

Las propuestas para AMLO

En este contexto, el organismo presentará al equipo del virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una agenda para erradicar la corrupción en las adquisiciones de gobierno, aunque ya el fin de semana el tabasqueño aseguró que las contrataciones públicas serán transparentes y a los ojos de organismos internacionales.

En el estudio, la Cofece propone diferentes medidas, como la emisión de un decreto presidencial que obligue a la participación de esa instancia en licitaciones relevantes para garantizar condiciones de competencia. También pide crear un mercado virtual y obligar a todas las dependencias de la Administración Pública Federal –igualmente a través de un decreto– a realizar sus compras pequeñas de bienes homogéneos a través de ese mercado.

El organismo antimonopolios pretende obligar a las dependencias a requerir que los licitantes declaren cuando, en caso ganar, planeen subcontratar, a quién y por qué, y que no se permita la subcontratación de perdedores de la licitación. Y cuando se acepte la participación conjunta, no permitir que las empresas concursen en grupo y de manera individual.

Asimismo, incrementar los estándares para la aprobación de los convenios modificatorios (plazo, monto, cantidad); transparentar las modificaciones de concesiones, permisos y/o contratos, y evitar la discrecionalidad de las mismas, así como aplicar la inhabilitación –que ya está prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa– a los agentes económicos sancionados por colusión, en términos de la Ley de Competencia, para participar en concursos públicos subsecuentes.