En las últimas horas se ha empezado a especular con la posibilidad de que haya sido el Gobierno, a través de la Agencia Tributaria, el que ha propiciado la detención de Rodrigo Rato. Para convertirlo en un chivo expiatorio que atraiga todo el escarnio popular, haciendo olvidar a los otros 704, o más, altos cargos del sistema, o del PP, que también han blanqueado dinero de origen sospechoso.

Pero la maniobra va a valer de poco. Eso si no se frustra en breve. Porque el asunto ya ha hecho un daño irremediable a las expectativas electorales del PP. En las municipales y autonómicas. Pero sobre todo en las generales, que todo indica que ya ha perdido sin remisión. Porque de aquí a entonces, el caso del blanqueo no puede sino agravarse. Y en ocho meses pueden aparecer unos cuantos más.

Si el Gobierno, aplicando la ley, hubiera actuado contra Rato hace tres años, cuando ya sabía todo lo que tenía que saber sobre sus enjuagues, la cosa habría podido funcionar mejor. Pero lo que hizo entonces Montoro fue pergeñar una amnistía fiscal para Rato y otros amigos. Y, además, ocultar los indicios, o pruebas fehacientes, de blanqueo que dicha práctica había sacado a la luz. Justo cuando el juez Ruz acusaba al exsuperministro de gravísimos delitos en su gestión de Bankia. En 2012 Rato ya se había caído con todo su paquete. Pero Rajoy no se atrevió a tocarle un pelo, aunque eso iba en contra de los intereses del partido. Seguramente porque tenía miedo a cómo éste podía reaccionar. Al igual que antes le había pasado con Bárcenas.

Y decidió esperar. Y una vez más se equivocó. Seguía sin haberse dado cuenta de que ya a aquellas alturas ni el paso del tiempo ni triquiñuela alguna iban a impedir que saliera a la luz el latrocinio que había enriquecido a no pocos de los suyos durante los años de la abundancia. Y en algunos casos, también después. Porque había procedimientos judiciales en marcha que no se podían parar. Porque había jueces que no se dejaban influir. Y funcionarios de los más diversos departamentos que querían colaborar con la justicia. E implicados que estaban dispuestos a hablar, o que ya lo habían hecho. Aunque solo fuera para reducir sus condenas.

Rajoy creía tenerlo todo bien controlado. La judicatura, tras años de sibilinas maniobras para colocar a personas obedientes al poder en sus instancias decisorias. También la fiscalía. Y la Agencia Tributaria. Y la policía. Los ministros responsables de las mismas habían hecho la limpieza oportuna para que así fuera. Y Rajoy debió de creerse que no había que preocuparse por eso. Pero se equivocaba otra vez. Seguía habiendo jueces que se escapaban a su control, aunque corrían el riesgo de terminar como Baltasar Garzón o Elpidio Silva. La dimisión, hace unos meses, de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado debió de provocar algo más que incomodidad a algunos de los adscritos a tal organismo. Y quién sabe si Torres Dulce se marchó porque no quería acabar hundiéndose junto con el Gobierno. Eso por no hablar que un día sí y otro no, policías e inspectores judiciales díscolos denuncian toda suerte de irregularidades en los medios de comunicación que aceptan escucharles. Y cabe suponer que algunos de sus colegas, o muchos, están de acuerdo con ellos.

Como remate, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría habían hecho todo lo necesario para controlar a la prensa y a la televisión. Y creyeron que lo habían logrado. Y en buena medida así era. Pero despreciaron a los medios emergentes. Que a pesar de sus limitados medios no han dejado de sacar trapos sucios, demostrando que el periodismo de investigación no ha muerto, que solo necesita de periodistas que quieran practicarlo.

Unas y otras cosas, conjugándose de manera errática pero efectiva, han dinamitado las seguridades que se supone que tenía Rajoy. Y hoy éste y sus ministros son presa de acontecimientos que les superan, y se les ve con cara de no entender nada de lo que está pasando. Su último intento es tratar de que todas las culpas recaigan en Rato y sólo en él. Y retrasar, por lo menos hasta que pasen las municipales y autonómicas, la publicación de los 705 “blanqueadores excelentes”.

No está dicho, ni mucho menos, que Rato no vaya a contratacar y que la cosa termine como el rosario de la aurora. Ni que el gobierno no se vea obligado a publicar esas listas. No se puede prever lo que va a ocurrir. Pero sí subrayar algunos datos que el PP no va a poder soslayar: uno es que la opinión pública, de todos los colores, no está dispuesta a tragarse ninguna añagaza destinada a disimular escándalos de corrupción. Y que la actitud generalizada es que cualquier maniobra en ese sentido no hace sino agravar las consecuencias políticas de los mismos. Otro, que en todos los ámbitos, entre ellos entre los funcionarios y cuadros de la Administración, se tiene la sensación de que el PP tiene los meses contados en el Gobierno.

Si la presión ciudadana contra la corrupción no va a flaquear, ese clima de fin de reino no puede más que propiciar defecciones. Los ocho meses que faltan para las generales pueden ser un calvario para Rajoy y los suyos. Y la posibilidad de que Rajoy no sea cabeza de lista vuelva a plantearse. Cada día que pasa, y lo de Rato es un buen empujón en este sentido, las supuestas maravillas que trajo la era de Aznar se están revelando como inventos publicitarios tras de los cuales lo que había eran trampas, errores dramáticos y corrupción sin freno. En los casi cuatro años que dura la era Rajoy no ha habido sino ineptitud.