Pese a su escasa experiencia en educación, Gerardo Varela Alonso, el nuevo ministro que ocupará esa cartera, llega precedido de una larga trayectoria vinculada al mundo corporativo en el que en su rol de abogado ha forjado profusas y estratégicas redes. Entre ellas las que cultivó con los socios de Southern Cross, el fondo de inversión más grande de Latinoamérica, donde figura como director de una compañía titular de un proyecto termoeléctrico y otras que lo acercan a empresas vinculadas a paraísos fiscales. A través de su sociedad familiar administra un patrimonio de al menos $4 mil millones.

Por Nicolás Sepúlveda, Mónica González y Alberto Arellano

El nombre de Gerardo Varela Alonso no venía en ninguna de las listas entregadas por los partidos políticos al presidente electo, Sebastián Piñera, para integrar los ministerios. Instalarlo en Educación fue idea de Avanza Chile, la fundación creada por Piñera que agrupó a sus asesores más cercanos luego de dejar La Moneda al finalizar su anterior gobierno. Fue el primer nombre en que pensaron para ocupar el cargo de ministro de Educación. Quienes participaron en su designación lo definen como “un hombre de mucho carácter” y de “acción” que no se queda en la retórica incendiaria de sus columnas mercuriales.

Desde su tribuna en El Mercurio, y también en El Líbero (medio digital del que forma parte de su propiedad a través de una sociedad familiar), ha disparado en defensa de las ideas neoliberales en educación y en contra del excesivo control fiscal sobre el pago de tributos: “La solución para la educación no es la gratuidad ni la prohibición del lucro –y menos de la selección y el copago-, sino que el desafío es como seguir atrayendo inversiones, competencia y talento”; “Lo peor es lo que ha hecho este Gobierno (Bachelet) es negar a la educación su naturaleza de bien económico”; “¡Ningún peso del Estado puede ir a entidades con fines de lucro!’, dicen. ¿Quién inventó tamaña insensatez?”, ha dicho. Sus columnas de los sábados en El Mercurio eran un plato que gozaba el entorno de Piñera.

Gerardo Varela Alfonso, el recién nombrado ministro de Educación del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, es un muy bien conectado abogado de derecha. Nieto de un ex candidato presidencial radical, Pedro Enrique Alfonso, desde la década del ‘80 que se define como un liberal. Se tituló como abogado de la Universidad de Chile en 1990 y de inmediato se integró al estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos & Compañía, uno de los más importantes de la plaza.

En 1996 ingresó como socio. Y de ahí no se ha movido. Su expertise ha sido la representación de empresarios en la constitución, fusión y adquisición de sociedades. El suyo es el mundo de los negocios. En 1998 participó como abogado en la creación de cuatro sociedades de Iberoamerican Media Holdings Chile, cuando el Grupo Prisa aterrizó en el país. También asesoró a la Universidad Católica en la venta de Canal 13 al Grupo Luksic y en la negociación con Christus por la red de salud.

Desde noviembre de 2017 preside el Observatorio Judicial, una iniciativa nacida de la mente de Hernán Büchi, quien la socializó con Luis Larraín, y que prosperó en las oficinas de Libertad y Desarrollo, uno de los principales centros de pensamiento de la derecha política y económica. El objeto de esa entidad es fiscalizar la actuación de los jueces para evitar que sus fallos se basen en su “parecer ideológico”, según declaró a revista Capital Fernando Barros, otro de los integrantes del grupo en el que también participan Alfredo Alcaíno, Roberto Guerrero y José Miguel Aldunate, entre otros. Ellos buscan combatir el llamado “activismo judicial” (ver Nota de la Redacción).

Una de las preocupaciones de estos abogados es combatir la norma anti-elusión nacida de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet. “No se entiende nada, es una profecía de Nostradamus”, declaro Varela a revista Capital al ser consultado por el Observatorio Judicial. La idea de Varela al respecto queda más clara aún en la columna que publicó en El Mercurio el 26 de julio de 2014: “No hay que confundir la ‘evasión’ tributaria, que es un delito, con la ‘elusión’, que es un derecho”.

El Diario Oficial es generoso en la entrega de información sobre su participación en trámites empresariales. En paralelo cultivaba una valiosa red de contactos en el mundo empresarial. Era el mejor amigo de Felipe Cubillos (el hermano de Marcela, la nueva ministra de Medio Ambiente) desde que fueron compañeros en la universidad. Cubillos, fallecido en septiembre de 2011 en un accidente aéreo (el mismo donde murió el animador Felipe Camiroaga) lo invitó a trabajar en Escuelas para Chile (formó parte del directorio y fue su encargado legal), una organización de facto apéndice de Desafío Levantemos Chile, que se creó con los excedentes de la Teletón realizada luego del terremoto de 2010 y que se ocupó de reconstruir escuelas en la zona afectada por la tragedia. En esa cruzada trabajó mano a mano con Lázaro Calderón, controlador de Ripley, y con Carlos Alberto Délano, uno de los controladores de Penta que cayó en desgracia en las investigaciones por financiamiento irregular de la política.

Con Cubillos eran amigos y socios. El Diario Oficial registra dos sociedades en la que compartieron propiedad y que registran movimientos hasta 2010: Inversiones Los Galgos y el Instituto Tecnológico del Salmón. Tras la muerte de Felipe Cubillos, Varela se convirtió en su albacea. En Inversiones y Asesorías El Navegante, la sociedad familiar de Cubillos, Varela quedó facultado para realizar trámites administrativos en conjunto con alguno de los integrantes del clan familiar.

Durante el funeral de Cubillos, Varela habló: “Los amigos queríamos que Felipe fuera presidente de Chile. Yo le iba a escribir sus discursos”, dijo en la ocasión, según relata el libro “Felipe Cubillos: el desafío del hombre que quiso ser un héroe”. El nuevo ministro de Educación tiene experiencia como ghost writer, ha escrito discursos para Sebastián Piñera y para Laurence Golborne, según el mismo Varela relató a revista Capital en 2015.

En la UDI comentan que el nuevo secretario de Estado forma parte del círculo de amigos de Sebastián Piñera, con quien comparte veraneos en Cachagua. En ese balneario es un habitué desde hace décadas: forma parte del directorio del Club de Golf, cuya cuota de incorporación es de 1.200 UF ($31 millones al valor actual).

Su trabajo junto a Felipe Cubillos levantando colegios en el sur de Chile no es su único nexo con la educación. También formó parte del directorio de Educa UC, una iniciativa afiliada a la Universidad Católica que administra diez colegios particulares subvencionados y particulares pagados en Maipú, Vitacura, Puente Alto, San Bernardo, Rengo, Los Andes, Paine, La Florida y Macul.

El vínculo con Cubillos era profundo y sus círculos siguen convergiendo. Quien fuera el mecenas del creador de Desafío Levantemos Chile, el empresario Nicolás Ibáñez, es también quien sustenta la Fundación Para el Progreso, el think tank liberal que es dirigido por Axel Kaiser y donde Varela es secretario del directorio. En ese mismo centro de pensamiento colabora Roberto Ampuero (senior fellow), el nuevo canciller. Esta semana esa organización colaboró en las actividades en Chile de Antonio Ledezma, el dirigente opositor venezolano que visitó el país y se reunió con el presidente electo.

Gerardo Varela también participa en otros directorios. Hasta hoy aparece como presidente de Soprole (ingresó al directorio en 2002 y ejerce como presidente desde 2010), representando los intereses de Fonterra, de los inversionistas neozelandeses que controlan la empresa de lácteos. En los directorios de Soprole (también participa en Sociedad Procesadora de Leche del Sur y Soprole Inversiones) es compañero de José Ramón Valente, el recién nombrado ministro de Economía, y de Tomás Walker Prieto, hermano de los senadores Ignacio y Patricio, del diputado Matías y del también nuevo ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Además, figura en registros oficiales como director en Avla S.A., empresa de servicios financieros donde comparte mesón con Juan Carlos Jobet, ministro del Trabajo del primer gobierno de Piñera. Hasta 2015 también integró, como vicepresidente, el directorio de Campos Chilenos, empresa tras las marcas Iansa, Cannes, Minninos, Patagonia Fresh e Icatom. Hasta 2011 también fue director de Kastel S.A.

En 2014, Varela aparece en documentos oficiales como abogado de Larraín Vial, mientras el presidente de su directorio era José Miguel Barros, hermano de su esposa, Elna Barros. Poco antes figura en documentos de la SVS representando los intereses de la familia Calderón en juntas de accionistas de Ripley.

La designación de Gerardo Varela como nuevo ministro de Educación fue leída como una declaración de guerra por los dirigentes del movimiento social por la educación. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló a T13 que están preocupados porque “es una persona ultra ideologizada a favor de la doctrina neoliberal, él ha hecho declaraciones en materia educacional en favor del lucro, propiciando una prioridad de la educación privada sobre la pública”.

En la Confech también se encendieron las alarmas. El vocero y presidente de los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Felipe Godoy, dijo a El Mostrador que “esto va a implicar un choque (…) porque demuestra una total desconexión de este Gobierno con los movimientos sociales y con lo que quiere Chile”.

El ex presidente de la FEUC durante el reventón estudiantil de 2011, y actual diputado del Frente Amplio, Giorgio Jackson, dijo a CIPER: “Creo que su nombramiento es una clara muestra de que las señales de ‘unidad y transversalidad’ fueron vacías y que apostará por la polarización a través de una visión conservadora y mercantilizada de la educación”.

En una columna de El Mercurio del 12 de noviembre de 2016 Varela se dirigió a los diputados que emergieron del movimiento educacional, y les habló firme: “Chile aprovecharía mejor su inteligencia si se van a la calle y buscan trabajo. Aprenden lo que es ser empleado, tener un jefe jodido y trabajar en equipo. Después se independizan, discurren una idea novedosa, le piden plata al banco y se arriesgan creando una empresa, para que sepan lo difícil que es emprender con éxito. Así, en vez de transpirar arrancando del guanaco, lo hacen juntando plata para pagar el IVA y los sueldos a fines de mes y enfrentan a la burocracia estatal que ahoga al más entusiasta emprendedor”.

EL VÍNCULO CON SOUTHERN CROSS

En su rol como abogado corporativo (experto en fusiones y adquisiciones) y socio del estudio Cariola, Díez, Pérez-Cotapos, Varela ha participado de la constitución en Chile –y otros países– de distintas compañías internacionales radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán (Reino Unido), Panamá y Delaware (Estados Unidos).

Son precisamente los vínculos con sociedades domiciliadas en esta última jurisdicción los que entregan pistas sobre la relación profesional que el abogado forjó con los socios del fondo de inversión más grande de América Latina: Southern Cross, creado por el empresario argentino de origen japonés Norberto Morita.

En 1999 Morita –conocido por comprar barato empresas que están en la UTI para luego venderlas– adquirió La Polar para rescatarla de la quiebra y ocho años más tarde la vendió, aunque figuró en el directorio de la multitienda hasta 2009.

En abril de 2015 y tras el estallido del mega fraude protagonizado por los socios de La Polar (2011), la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la multa de $37 millones impuesta por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Morita y su socio chileno Raúl Sotomayor Valenzuela por falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

Es precisamente Raúl Sotomayor Valenzuela quien comparece en la notaría junto al abogado Gerardo Varela en una de las escrituras de Inversiones Charrúa Chile, sociedad constituida a través de Charrua Investments LLC, una sociedad domiciliada en Delaware y vinculada al fondo Southern Cross. En la escritura de constitución de esa sociedad se deja constancia que el socio administrador Charrua Investments LLC entrega poder y designa transitoriamente como mandatarios para administrar a su filial chilena al abogado Varela y otras tres personas.

Delaware es un estado conocido por sus opacas leyes y el secretismo con el que protege la identidad y los pactos entre los accionistas de las sociedades que allí se crean. Si bien no suele figurar en listas internacionales de paraísos fiscales, Delaware en la práctica opera como uno más. Gerardo Varela mantuvo hasta junio de 2006 el 0,01% de Inversiones Charrúa. Fue ese mes cuando ingresó a la propiedad de esa sociedad otra compañía domiciliada en Delaware: Little Charrua LLC.

Quien también aparece en las escrituras de constitución de esa sociedad junto a Varela es el argentino Horacio Reyser Travers, ex socio de Southern Cross, quien actualmente se desempeña como secretario de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno del presidente Mauricio Macri. De acuerdo a una publicación del medio argentino Perfil fechada en diciembre de 2016, Reyser fue investigado por presunta estafa y administración fraudulenta tras detectarse que habría enviado información privilegiada y sensible del Estado a privados durante las negociaciones que el gobierno de Argentina llevó a cabo con el emirato de Qatar. Al momento de los hechos, Reyser se desempeñaba como asesor de Macri en materia de inversiones.

Inversiones Charrúa participa del negocio de la transmisión eléctrica (generación, suministro y venta). En 2009, y con un capital de más de $7 mil millones, figuró como socia mayoritaria de la sociedad Energía Andes Sur Limitada.

Pero los vínculos de Gerardo Varela con Southern Cross son más profundos. También se dan en el ámbito de la generación energética y van más allá de la constitución de sociedades. Desde 2011 el abogado asumió como director de la sociedad Nueva Energía de Chile S.A., constituida en 2009, donde comparte mesa con uno de los socios de Southern Cross, Raúl Sotomayor. A través de la sociedad Río Seco S.A., Nueva Energía de Chile es titular del proyecto“Central Termoeléctrica Pacífico” (CTP), localizado en la Región de Tarapacá a 63 kilómetros de Iquique. CTP contempla la construcción y operación de dos unidades de generación en base a carbón bituminoso con una capacidad de 350 mega watts que serán inyectados en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

A través de distintas sociedades el proyecto termoeléctrico es controlado aguas arriba de Río Seco por el fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III LP. Tras ser rechazado en noviembre de 2009 por la autoridad ambiental, el 11 de mayo de 2011, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional le dio luz verde a la central termoeléctrica en medio de una férrea oposición de la comunidad y de distintas agrupaciones sociales.

Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por oposición del municipio de Iquique debido a que la Dirección de Obras aún no ha aprobado al anteproyecto de construcción de la central.

En abril de 2012, Gerardo Varela fue ratificado en su rol como director de Nueva Energía de Chile y en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (ex Superintendencia de Valores y Seguros) la nómina de directores integrada por el nuevo ministro de Educación y por Raúl Sotomayor no registra modificaciones (ver aquí).

OTRAS HUELLAS OFFSHORE

Las huellas que vinculan a Gerardo Varela en su rol de abogado con paraísos fiscales no terminan en Delaware. El nuevo ministro de Educación aparece además como director de una sociedad panameña creada en septiembre de 2015. Se trata de Paytrue S.A., sociedad creada en Montevideo (Uruguay) en enero de 2003 y que en septiembre de 2015 abrió una sucursal en Panamá, quedando registrada como sociedad extranjera con un capital de US$10 mil.

En las escrituras de constitución de la sucursal panameña de Paytrue (26 de agosto de 2015), orientada a ofrecer soluciones de pago, figura Gerardo Varela como uno de sus directores, junto a los empresarios chilenos José Antonio Jiménez Martínez, Alejandro Mehech Bonati y Franco Mellafe Angelini, entre otros. De acuerdo a la información recogida por CIPER, la sociedad panameña se habría constituido para participar de una licitación pública en ese país.

En su rol de abogado Gerardo Varela también aparece en diciembre de 1999 constituyendo “Rayovac Chile Sociedad Comercial Limitada”, la que se creó de la mano de la sociedad Rayovac Latin America Ltd, sociedad registrada en Islas Caimán como “exempt company”, es decir constituida para hacer negocios fuera de esa jurisdicción y que no cuenta con empleados ni oficinas. Varela mantuvo hasta abril del 2000 un porcentaje simbólico (el 0,01%) de las acciones de Rayovac Chile.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las operaciones de planificación tributaria que utilizan como centro sociedades ubicadas en paraísos fiscales significan una merma en la recaudación de impuestos a nivel global que anualmente puede llegar a los US$240 mil millones.

A los polémicos dichos que ha vertido en medios de comunicación sobre educación –a la que considera un bien económico–, se suma una serie de declaraciones que el nuevo ministro ha hecho en materia tributaria en las que sugiere, por ejemplo, que los contribuyentes no están obligados a respetar el “espíritu” de la ley y que el aprovechamiento que éstos hagan de los vacíos en las normas tributarias para disminuir su carga impositiva no debiera ser perseguido por la autoridad.

“Los ciudadanos no somos administradores transitorios de dineros fiscales respecto de los cuales debamos rendir cuentas, sino que tenemos el derecho de apropiarnos y beneficiarnos del producto de nuestro trabajo o inversión, y por eso el pago de impuestos es de derecho estricto (…) Recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente, más todavía es invocar una obligación moral de hacerlo”, señaló en una carta al director de El Mercurio el 14 de noviembre de 2017, en pleno debate por las empresas “zombi” compradas a comienzos de los ’90 por diversos empresarios, entre ellos Sebastián Piñera, para disminuir el pago de impuestos (ver reportaje de CIPER).

Días después ahondaría en una columna escrita en el mismo medio señalando que “cuando hay áreas grises en la ley, estas deben interpretarse siempre a favor del derecho de propiedad y no a favor de pagar impuestos, es decir, a favor de la persona y no del fisco”.

PATRIMONIO FAMILIAR

Parte de su patrimonio, Varela lo organiza en torno a su sociedad familiar Inversiones Bula Matari –constituida en 1995–, donde actualmente él participa junto a su señora y sus tres hijos. A nombre de esa empresa registra su casa en Cachagua (cuyo avalúo fiscal alcanza los $272 millones) y un departamento en Vitacura. El patrimonio familiar también incluye otro departamento en Vitacura a nombre de su señora, Elna Barros, el que está avaluado por el Fisco en $442 millones. Hay que considerar que el avalúo comercial de una propiedad (el precio por el que puede llegar a venderse) puede triplicar el valor que le asigna el Estado.

El capital societario de Inversiones Bula Matari actualmente también es elevado. El 28 de abril de 2014 esa sociedad lo aumentó vertiginosamente, pasando de $1 millón a $2.700 millones, los que se enteraron con aportes de capital y reinversiones en la sociedad. En registros oficiales no hay más detalles al respecto.

A la misma sociedad Inversiones Bula Matari, Varela la uso como vehículo de participación en otro negocio que no queda completamente claro al revisar la información disponible en el Diario Oficial. En agosto de 2003 creó, en sociedad con Asesorías e Inversiones La Capellanía, la firma Forestal Estero El Rincón. El capital inicial fue elevado: $3.150 millones. Siete meses después, esa misma sociedad modificó su giro y su nombre a Inversiones B.O. y el objeto ahora es la inversión inmobiliaria y financiera. El capital aumentó a $9.538 millones. Todo derivó en que en 2012 la firma adquirió una papelera: Papeles Bío Bío, la que actualmente exporta el 55% de su producción a países como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Paraguay. Notas de prensa mencionan a los empresarios Juan Obach y Héctor Bacigalupo como los controladores del grupo. No hay registros que indiquen que el nuevo ministro de Educación siga vinculado a ese negocio.

También con su sociedad familiar, Inversiones Bula Matari, participa en WK Autos e Inversiones CSK, las que forman parte de una red de empresas formadas por el estudio de abogados del que es socio. Según El Líbero, Bula Matari es parte de los propietarios de ese medio de comunicación digital

* NOTA DE LA REDACCIÓN: En la versión original de este reportaje, se mencionó que quien había ideado el Observatorio Judicial, en el que participa Gerardo Varela, era Felipe Larraín, el nuevo ministro de Hacienda. Fue un error, ya que quien desarrolló esa idea fue el presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Larraín.