El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado dos medidas que pretenden suprimir lo que sus componentes consideran “privilegios” de la Iglesia Católica. Por un lado, su edil de Hacienda, la socialista Sofía Morales, ha anunciado que proyecta recaudar más de 500.000 euros a la Iglesia a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así lo ha anunciado durante la rueda de prensa de presentación de las conclusiones del informe que el actual equipo de gobierno encargó a la Universidad Miguel Hernández (UMH) para evaluar la gestión de Ayuntamiento durante el anterior mandato, bajo el gobierno de Sonia Castedo.

Morales ha comparecido junto al vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, y el portavoz municipal, Natxo Bellido, de Compromís, que han excusado la presencia del alcalde Gabriel Echávarri. El informe de la UMH señala que la gestión económica del PP fue "deficiente", "carente de prudencia y responsabilidad" y se caracterizó por “la ausencia de planificación y rigor”.

Miguel Ángel Pavón considera que existe "margen para subir el IBI" siempre que sea para que "paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen", y ha apoyado que se pueda cobrar el IBI a la Iglesia, exenta por el Concordato firmado entre la Santa Sede y España.

Al respecto, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, ha dudado que exista base legal suficiente para recaudar el IBI de la Iglesia. "Puestos a pedir el IBI, también hay que hacerlo a los sindicatos y a los partidos políticos, que están exentos", ha añadido.

Fin del distrito único

Esta misma mañana, el Consejo Escolar Municipal ha aprobado una propuesta para modificar la distribución de los distritos escolares o zonas de influencia de la ciudad para “garantizar la igualdad de condiciones, a efectos de admisión, para todos los centros educativos de la ciudad sostenidos con recursos públicos”, según ha explicado la edil de Educación.

La iniciativa será elevada a la Consejería de Educación para su consideración y ha salido adelante por 11 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. A favor han votado la edil de Educación, la concejala de Juventud, Marisol Moreno, los sindicatos CCOO-PV, STE-PV y FETE-UGT, los directores de Primaria y Secundaria, y los representantes de la Inspección de la Consejería de Educación. En contra han votado los representantes de las AMPAS de la Provincia 'Escuela y familia' (CONCAPA), de los Centros Privados, y de los sindicatos FSIE-CV y USOCV, mientras que los tres miembros de la FAPA Gabriel Miró se han abstenido.

La concejala de Educación, María José Espuch, ha explicado que la medida pretende “acabar con los privilegios que hasta ahora tenía la enseñanza concertada privada. El objetivo es tratar por igual a los centros sostenidos con fondos públicos. Con el gobierno del cambio, los trajes a medida se han acabado”.

Se trataría de volver a la distribución por zonas de los colegios que se aplicaba antes de que el anterior gobierno del PP adoptara el llamado distrito único, pasando a incluir a los colegios concertados en cada zona de influencia junto con los centros públicos, de acuerdo con su ubicación, y en las mismas condiciones.

Espuch ha defendido la necesidad de “avanzar hacia la igualdad de oportunidades y de los criterios pedagógicos y sociales”, y ha apostado por “dejar atrás el fomento del elitismo y las ventajas para los centros concertados, sostenidos con fondos públicos en detrimento de la educación pública”.

“Gracias a este cambio, las familias con menos posibilidades económicas y el alumnado con necesidades especiales dejarán de estar perjudicados”, ha añadido la edil en su intervención ante el Consejo, a cuyos miembros les ha recordado que “cuando la libertad sólo la pueden ejercer algunos o algunas, no es libertad, sino un privilegio: no hay conquista social”.