Cifuentes adjudica las obras de un palacio a una empresa salpicada por la Gürtel y la Púnica

domingo 02 de octubre de 2016 , 00:00h

Vínculos con el ‘l’, pago a partidos para “hacernos notar como grupo empresarial” en, denuncias de un Ayuntamiento por enriquecimiento en la gestión de viviendas sociales gracias al Gobierno de Esperanza Aguirre y aparición en el sumario de la ‘por financiación al PP. Ese es el historial del. Empresa ganadora de un contrato de 201.059 euros por parte de la Comunidad de Madrid para la “consolidación estructural de la fachada posterior del”., una filial del Grupo Ortiz,, será la encargada de realizar, en un plazo de cuatro meses, el trabajo de consolidación de la fachada de un palacio histórico en el corazón de Carabanchel. Residencia de reyes siglos atrás, ahora se encargará de las mencionadas obras una empresa salpicada en múltiples tramas de corrupción.La vinculación del Grupo Ortiz con los casos de corrupción más conocidos de España nace en el momento en el que el juez Pedreiro saca a la luz la apertura del secreto de sumario en 2010 de la trama Gürtel. En ese momento,, aparece un informe de la Agencia Tributaria de 2009 donde el grupo constructor. Personajes importantes en el caso; de hecho, este último se sentará en el banquillo de acusados en los próximos meses. Pero la relación de la compañía con el entramado corrupto no acaba con el matrimonio. El nombre de Jesús Sepúlveda (también acusado), exmarido de Ana Mato, es un viejo conocido del Grupo Ortiz al ser una de las constructoras 'favoritas' del Ayuntamiento de Pozuelo que dirigía Sepúlveda y que se hacía con gran parte de los trabajos en el municipio junto a la Constructora Hispánica (empresa que aparece como beneficiaria de la Gürtel).Sin embargo, las firmas de contratos entre Sepúlveda y esta compañía no se quedaron en cuestiones municipales. Entre los pagos de esos 2,1 millones de euros al matrimonio Gutiérrez-Merino, destacan 375.000 euros a la consultora Algaba, la cual pertenecía a la sociedad de inversión Astrolago, empresa cuyos titulares eran Merino, Sepúlveda yVarios años después del informe que salió desde Hacienda y que constó en el sumario del juez Pedreiro, el Grupo Ortiz volvió a saltar a los titulares. Esta vez por la financiación irregular a Convergència. El partido catalán, a través de sus fundaciones CatDem y Barcelona Fòrum, recibió en 2010, para entrar en el mercado catalán, el cual se le resistía. “Queríamos estar en Cataluña”, explicó, a finales de noviembre de 2015, un portavoz de la compañía, y “”.Porque el recorrido del Grupo Ortiz en Cataluña no estaba siendo exitoso antes de las donaciones, todo a pesar de “contar con 50 años de experiencia”. Una suerte que cambio en el momento en el que Juan Antonio Carpintero Ortíz, presidente del grupo, decidió fundar una filial para el mercado catalán, llamada Impulsa Grupo Ortiz, cuyo director sería Joan Maria Pujals, exconsejero de los gobiernos de Jordi Pujol. Una fundación que no llegó sola, como relata El País: “A principios de 2010, sin ninguna obra en cartera, el Grupo Ortiz empezó a hacer cuantiosas donaciones a Convergència”. Desde entoncesen Cataluña valoradas en 12 millones de euros cayeron en manos de la novata empresa.Noviembre de 2015 no fue buen mes de noticias para el Grupo Ortiz. Al poco de que El País descubriese el entramado de la empresa en Barcelona,de la ‘Operación Púnica’ donde el nombre de la filial madrileña del grupo, Ortiz Construcciones y Proyectos, aparece en la lista del juez. Según el juez Velasco, una decena de grandes constructoras como FCC, Urbaser, Avintia uhan pagado encuestas electorales para el PP en al menos siete municipios madrileños. Sociedades que después resultaron adjudicatarias de contratos en esas localidades y sobre las que la Justicia ha puesto el ojo de la sospecha.Los conflictos judiciales de Ortiz Construcciones y Proyectos no se han detenido. Esta primera quincena de septiembre la compañía recibía la noticia de que el Ayuntamiento de Rivascontra la empresa por su gestión de un edificio de más de 100 viviendas sociales en la localidad. La acusación que lanza el Consistorio,, tiene que ver con el contrato que se firmó en tiempos de Esperanza Aguirre. A ojos de Rivas, éste fue “” y sólo sirve para engordar los beneficios del Grupo Ortiz. De hecho, como relata el contrato, se obliga al Ayuntamiento al pago de 900.000 euros anuales a la Sociedad de Inversión SCI, participada por el Grupo Ortiz.Los cálculos que salen desde el Ayuntamiento de Rivas determinan que el Grupo Ortiz ha invertido en esas viviendas apenas cinco millones de euros. Por lo que el beneficio que obtiene con la gestión se alza hasta 15 millones. “. Forma parte de ese perfil de negocios que tenía el IVIMA a principios del 2000. Creemos que ya han ganado bastante dinero. No pueden ser los vecinos de Rivas los que soporten ese pingüe negocio”, concluyó hace apenas unas semanas el alcalde de la ciudad, Pedro Del Cura, a la Cadena SER.Un negocio que ha encontrado una nueva fuente de financiación: el contrato que ha adjudicado este 30 de septiembre la Comunidad de Madrid a pesar de las múltiples sospechas que se sostienen sobre el grupo. En este tipo de casos, la justificación del Gobierno de Cristina Cifuentes es el mismo: si una empresa no está inhabilitada, no se la puede impedir que concurse, “sería prevaricación”. De hecho el viento ha corrido de cara para la empresa en esta “consolidación estructural de la fachada posterior del Palacio Nuevo del Marqués de Salamanca en la Finca Vista Alegre de Madrid” al ser ladonde los criterios de adjudicación han sido, con 60 puntos, el precio y, con 40 puntos, la “calidad técnica”.