Cuando Clifford Torrents, escocés de 59 años, compró, en diciembre de 2009, una casa con vistas en el tranquilo Ouviaño (Negueira de Muñiz, Lugo), nunca pensó que terminaría denunciado y teniendo que ir a juicio. Se celebra hoy. El motivo: retiró, al lado de una fuente, una placa franquista con el escudo de Falange en la que se leía: “Reinando Francisco Franco y siendo alcalde D. José María López se inauguró esta el día 24-5-1953”. Ha sido el actual alcalde, José Manuel Braña, del PSOE, quien le ha denunciado. El regidor va a pedirle hoy al juez que ordene a Clifford restituir la placa franquista.

“Es ridículo. Pero teniendo en cuenta lo que le han hecho a Garzón, lo que ha pasado con Camps o con el Ecce Homo, en este país ya no me sorprende nada”, explica Clifford, hijo del combatiente republicano catalán Juan Torrents, que cambió su nombre por el de John Colman cuando empezó a servir al Ejército británico en la Segunda Guerra mundial. Clifford mantiene que llegó a un acuerdo verbal con un concejal del pueblo, también socialista, mientras el alcalde estaba de vacaciones —“nos estrechamos la mano y brindamos. Eso en mi país es como firmar un contrato”— para retirar él mismo la placa después de el concejal le dijera que no podía hacerlo porque no tenía dinero.

El alcalde niega que tuviera permiso del Ayuntamiento. “Yo le dije que lo íbamos a estudiar. No conocemos el ánimo de las personas que pusieron la placa. Ese señor inglés no era nadie para retirarla sin permiso”. Braña añade un dato muy importante: “No hablo inglés”. Clifford tampoco mucho español.

Clifford Torrents

El escocés no contempla la posibilidad de un malentendido lingüístico y recuerda que, antes de las últimas elecciones, el alcalde fue puerta por puerta y cuando le preguntó qué le gustaría para el pueblo respondió: “Que se quite la placa”, y ahí iniciaron sus negociaciones. El regidor mantiene que su retirada “ha sentado muy mal entre los vecinos”. Clifford tiene exactamente nueve. Todo Negueira de Muñiz, con 23 núcleos de población, son 200 habitantes. Algunos, mantiene el escocés, le han felicitado por haber eliminado la placa con un martillo.

"Es absurdo, absurdo", repite Clifford. "No esperaba que el alcalde me diera las gracias, pero tampoco esto. ¡Pretende reemplazar una placa franquista ilegal con otra placa franquista ilegal!". Argumenta que los costes derivados de su proceso judicial superan con creces el valor del vestigio destruido. "Mi primera visita al juzgado supuso un mínimo de dos horas del tiempo del juez, otras dos con el taquígrafo, y seis más de intérprete, que estaba a dos horas de coche".

Clifford asegura que no se arrepiente de lo que ha hecho, aunque confiesa que si hubiera visto la placa franquista antes, "no habría comprado ahí mi casa". Su caso es muy similar al de José Gallego, un jubilado de 72 años de Aspe (Alicante), imputado por un delito contra el patrimonio histórico y cultural por destrozar con grafiti rojo unas placas franquistas en la iglesia del pueblo. Cuando el agente le sorprendió in fraganti, con la pintura todavía en la mano y bajándose de la escalera que había utilizado para alcanzar los vestigios, le dijo: "No estoy haciendo nada ilegal. Ilegal es dejarlo como estaba porque la ley de Memoria Histórica obliga a retirar todos los símbolos franquistas".