El 12 de abril de 1814, 69 diputados de las cortes españolas firmaron el denominado Manifiesto de los Persas, con el cual pedían al rey Fernando VII la supresión de la Constitución de Cádiz de 1812 así como de todos los decretos aprobados por esta. Su objetivo era volver al régimen absolutista previo a la Constitución de Cádiz. Hoy ese manifiesto se repite mediante un pacto en silencio entre los salvaguardas, no de la Constitución, sino del régimen del 78, un Pacto de los Persas en el que se evidencia que o ganamos al régimen del 78 o el régimen nos someterá a nosotros a sus intereses particulares.

Así lo hemos podido observar esta semana en las investiduras fallidas de Pedro Sánchez: no habrá gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y no será porque no puedan, sino porque una de las partes no tiene ningún interés. En mis dos anteriores artículos, había criticado a Podemos de blanquear al PSOE por haber defendido a los socialistas más que ellos mismos a través de la defensa de los presupuestos generales del estado no aprobados, e incluso argumenté que podíamos estar ante la muerte de Podemos por abandonar el espíritu del 15M. Hoy, sin embargo, no vengo a hacer una crítica a Unidas Podemos, sino a analizar un argumento brillante esgrimido por Unidas Podemos a través de Pablo Iglesias durante el intento de investidura de Pedro Sánchez: lo importante no es el programa, sino aplicar la Constitución, pero aplicarla en todos sus artículos.

Estas dos últimas semanas han sido tediosas si de política institucional y estatal hablamos, porque hemos visto como un pacto entre PSOE y Unidas Podemos se iba haciendo cada vez más imposible: desde los vetos de PSOE a Unidas Podemos rechazando a Pablo Iglesias a no aceptar compartir el poder entre ambas fuerzas, los socialistas han evidenciado que no tienen ninguna intención de pactar con Unidas Podemos. De hecho, a pocas horas de la segunda vuelta de investidura, también fallida, Pedro Sánchez abría la posibilidad de un diálogo-pacto con PP y C’s, desoyendo el grito de “¡con Rivera no!” de su militancia. Este pacto no tiene nada de extraño si señalamos que Pablo Iglesias le dijo que renunciaba a gran parte del programa de Unidas Podemos excepto aplicar la Constitución, especialmente aquellos artículos que nunca se han aplicado. Y es que si revisamos la Constitución, veremos que son muchos los artículos que no se han aplicado, a pesar de que PP, PSOE y C’s se autoproclamen constitucionalistas. Hagamos un repaso a alguno de ellos.

Artículo 31 – en él leemos que “todos [los españoles] contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Pero la realidad es que en España los mileuristas pagan tantos impuestos como las mayores fortunas y las grandes empresas españolas no pagan tantos impuestos como pretenden. Artículo 47 – según este artículo, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y sigue argumentando que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. No hace falta hablar sobre la cantidad de desahucios que ha habido en España, especialmente gracias a la ley de desahucios exprés aprobados por la difunta ex-ministra socialista Carme Chacón, cuyo objetivo no era proteger a las familias españolas, sino a los bancos y mercados. Pero más recientemente hemos visto como el anterior gobierno de Pedro Sánchez realizaba el pacto del alquiler sin tope al precio, a pesar de que según el CIS el 37,7% de los españoles apoyase dicha limitación. Artículo 128 – éste es un artículo altamente molesto para el Ibex 35 porque en él se reconoce que se “podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Sin duda, una molestia para el Ibex 35 pues, nutrido de las privatizaciones realizadas por Felipe González y José Mª. Aznar – recordemos Telefónica, Repsol, Renfe, Iberia o la Tabacalera Española empresas públicas privatizadas –, pone en riego la continuidad del poder de los propietarios del Ibex 35 en la medida en que dicho artículo permite volverlas públicas si la ciudadanía lo exige.

Hay un último aspecto extremadamente importante: la cuestión territorial. Desde hace ya más de una década que Catalunya tiene un embate con el estado español, especialmente desde la anulación de su último Estatut d’Autonomia aprobado mediante referéndum. Esto ha llevado a que, según el Centro de Estudios de Opinión, el 80% de la sociedad catalana vea en un referéndum la posibilidad de desencallar el problema de independencia sí/independencia no, una posibilidad que el artículo 150 de la Constitución brinda. Así lo afirmó la Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 201442/2014 del Tribunal Constitucional, según la cual la realización de dicho referéndum tan solo necesita de voluntad política, pues el derecho a decir está recogido dentro de la Constitución y, por lo tanto, es voluntad de las fuerzas políticas modificar o enmendar la Constitución para que así sea realizable. Pero como dicha voluntad política no existe en el estado español, una enorme cantidad de catalanes defendimos las urnas del 1 de octubre. Esto supuso el enfado del régimen del 78 hasta el punto que ha traspasado las barreras saltándose el artículo 17 de la Constitución, según el cual “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”. A día de hoy, los presos políticos catalanes llevan más de 600 días en prisión.

Los autodenominados “constitucionalistas” son en realidad los violadores de la Constitución, pues su objetivo no es garantizar la aplicación de todos los artículos de la Constitución, sino los intereses del régimen del 78, es decir, lo intereses del Ibex 35, la monarquía borbonica, la Iglesia Católica, la Patronal y el Ejército, entre otros, aunque ello suponga modificar la Constitución – como hicieron con el artículo 135 –, o incluso vulnerarla como hacen con cuantiosos artículos. Aplicar alguno de los artículos de la Constitución que hemos comentado supone ir en contra de los intereses particulares del régimen en la medida en que de aplicar-se dichos artículos su poder económico se vería afectado, pero también su legitimidad territorial. De ahí que se pueda percibir en el horizonte un pacto tácito entre PSOE, PP, C’s y VOX con el objetivo, no de salvar la Constitución, sino de proteger los intereses del régimen del 78, por encima de las demandas sociales y populares. Un pacto que deja, de nuevo, al margen a Unidas Podemos y partidos independentistas, pero sobre todo deja al margen los intereses de la población española.