Desde 2012, la inspección de trabajo ha logrado aflorar 519.056 empleos irregulares, detectar 7.029 empresas ficticias, y convertir 359.122 contratos "indebidamente temporales" en indefinidos, según datos del Ministerio de Empleo. El impacto económico global estimado se sitúa en 21.198 millones de euros. Sin embargo, las fuentes consultadas rebajan el entusiasmo. La crisis ha desregularizado el mercado de trabajo y algunas reformas han dejado sin herramientas a los inspectores para combatir los abusos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves un nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2018-2020.

“En mis más de 20 años de profesión no he visto una situación igual”, explica Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Avisa de que ese medio millón de empleos no siempre corresponden a puestos de calidad. En muchas ocasiones, las altas a los trabajadores son por contratos temporales, incluso, de días. Con la crisis, los abusos se han disparado y el mercado laboral se ha vuelto mucho más complejo. Los inspectores se encuentran con nuevos (y viejos) problemas sin herramientas efectivas con las que hacerles frente. Según los datos provisionales del Gobierno en una respuesta parlamentaria, en 2017 se realizaron 508.099 con 85.447 infracciones y requerimientos administrativos.

El informe anual de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2016 ya advertía de que este tipo de que hay fraudes que han aumentado con la crisis: “El número de trabajadores detectados en situación de economía irregular en 2016 ha sido de 18,77 trabajadores cada 100 inspecciones, lo que supone un crecimiento del 36,51% respecto de 2012”. La inspección tuvo que poner en el punto de mira en los abusos de la contratación a tiempo parcial. Ese mismo año, aumentó un 80,78% el número de inspecciones en este sentido y consiguió aflorar 7.024 trabajos frente a los 3.496 del año anterior.

La plantilla de los inspectores ha ido fluctuando durante los años de crisis. A enero de 2018, había unos 944 inspectores, con una variación positiva de 29 funcionarios más si se compara con 2011, según cifras del Ejecutivo en otra respuesta parlamentaria. “Ante un mercado laboral mucho más complejo, tenemos una inspección bajo mínimos”, explica Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT. La eficacia de las inspecciones no solo depende del número de trabajadores, sino también de las herramientas que éstos tengan. “Estamos viendo muchos abusos en sectores de servicios, como la hostelería, pero también en otros como en la consultoría técnica”, explica el inspector sobre cómo se ha extendido la precariedad.

Un trabajador puede denunciar ante la ministerio que su jefe le obliga a trabajar horas extras sin remunerar, pero a la hora de la verdad, el inspector no puede hacer una comprobación exacta. En muchas empresas no hay registros a los que acogerse: “Faltan instrumentos precisos. Tiene que existir la obligatoriedad de la jornada y medios eficaces de control, no solo apuntándolo en un libro. Esto también es economía sumergida. Hay trabajo no declarado, aunque estén dados de alta”, explica Fermín Yébenes sobre los escasos controles. Este debate tiene ya un amplio recorrido. El Tribunal Supremo ya avisó de que el registro de jornada no es obligatorio, sin embargo, la Audiencia Nacional ha tenido que consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber si esta interpretación se ajusta al derecho europeo. Mientras,los inspectores tienen "las manos atadas" ante este abuso.

Una legislación que favorece los abusos

Yébenes alerta de que algunas legislaciones han facilitado que se den situaciones donde se roza el abuso, como la modificación del artículo 84.2 del Estatuto de trabajadores para priorizar el convenio estatal al sectorial: “En algunos casos se ha reducido un 40% el salario. Hay convenios de empresa que se han declarado nulos en los juzgados, pero mientras eso sucede, los empleados han trabajado en condiciones inferiores a las que tendrían que tener”. Es lo que ocurrió en julio, con el convenio de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, cuando la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional lo declaró nulo después de que UGT lo judicializara.

“El Gobierno en 2012 dio herramientas a los empresarios para que impusieran las condiciones que quisieran a los trabajadores”, explica el ugetista sobre cómo se ha desregularizado el mercado de trabajo. En su trabajo diario, los inspectores se encuentran falsas cooperativas o falsos autónomos. Las nuevas tecnologías, como las plataformas digitales también son un reto para estos funcionarios, que no pueden acudir a un centro de trabajo a pedir papeles o a hablar con los empleados. En este caso, suelen ser los trabajadores directamente los que denuncian o los sindicatos. Yébenes alerta de que hay situaciones que facilitan la proliferación de los falsos autónomos, como la tarifa plana de 50 euros, que permite que trabajen con una facturación baja durante los primeros meses: “Cuando pasan los años y se les aplica la tarifa normal ya no les compensa seguir trabajando por ese dinero y dejan su sitio al siguiente”, explica sobre cómo se alimentan determinadas empresas con trabajadores baratos de quita y pon.

Yébenes pone el acento en el trastorno que provocan estos fraudes en las arcas públicas y que contribuyen también a alimentar otros problemas sociales que indignan a la población estas semanas: "Un empleados que no está dado de alta, no ingresa a la hacienda pública. Los trabajadores actuales no pueden sostener a los pensionistas con estos salarios ínfimos y estas condiciones laborales".