La comandante Zaida Cantera acude al Gobierno Militar a recoger la resolucion de su caso. Le acompaña Irene Lozano, diputada de UPyd en el Congreso.

El Juzgado Togado Militar Central número 1 está instruyendo diligencias por un presunto delito de insulto a superior, castigado con hasta dos años de cárcel, contra la comandante Zaida Cantera, víctima de un delito de acoso sexual, según ha sabido EL PAÍS. El denunciante no es otro que su propio acosador: el coronel Isidro José Lezcano-Mújica, condenado en firme a dos años y 10 meses de cárcel. La denuncia se basa en la intervención de Cantera en el programa Salvados de LaSexta, emitido el pasado 8 de marzo, en el que relató por vez primera el calvario que le llevó a pedir la baja en el Ejército.

Lezcano-Mújica podía haber presentado una denuncia por injurias o de defensa de su honor ante los tribunales ordinarios, pero sorprendentemente ha recurrido a la jurisdicción castrense, haciendo valer su condición de superior jerárquico de la comandante. Esta, sin embargo, no fue objeto de expediente alguno por sus declaraciones al programa de televisión, lo que habría sucedido de haber vulnerado la disciplina.

Pase a retiro

El Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó este martes el pase a retiro de la comandante por “insuficiencia de condiciones psicofísicas, acaecida en acto de servicio”, con fecha 26 de mayo de 2015. A partir de ese día, ha dejado de estar sujeta a la disciplina castrense.

Fuentes jurídicas explican, sin embargo, que aunque Cantera haya colgado el uniforme, eso no impide en teoría que los tribunales militares pudieran enjuiciarla por presuntos delitos cometidos durante su carrera en las Fuerzas Armadas.

Lezcano-Mújica salió de prisión en libertad condicional en febrero pasado, tras cumplir 23 de los 34 meses de condena. Al haber sido su pena inferior a tres años de cárcel, el coronel no será expulsado del Ejército.

Tampoco es previsible que pierda su ascenso. El nuevo Código Penal Militar prevé la posibilidad de degradar a los militares condenados a más de seis meses de prisión por un delito doloso, pero éste no ha entrado aún en vigor.

La única posibilidad es la declaración de lesividad del ascenso, pero, en una respuesta escrita a la diputada Irene Lozano (de Unión, Progreso y Democracia), el Gobierno advierte del “marcado carácter extraordinario” de esta vía.