Los episodios más duros de la crisis económica han quedado atrás. Pero sus consecuencias son todavía más que evidentes para millones de trabajadores. Nada menos que 6,58 millones de ocupados obtienen cada año unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI) anual. O lo que es lo mismo, los 9.080 euros al año, incluyendo pagas extraordinarias, que alcanzaba el SMI en 2015.

La justicia de la UE obliga a indemnizar a los contratos temporales como a los fijos Carlos Sánchez Sentencia histórica de la UE, que ha obligado a los empleadores a indemnizar con 20 días tanto a los trabajadores fijos como a los temporales

Si se incluyen las prestaciones económicas, como el desempleo u otras ayudas dinerarias, la cifra baja hasta los 5,6 millones, pero aun así eso significa que casi uno de cada tres trabajadores (el 31%) tiene unos ingresos inferiores al SMI anual. Lo singular es que se trata de trabajadores con empleo —incluidos los autónomos— y que han estado ocupados alguna vez a lo largo del año. No se trata, por lo tanto, de desempleados o de personas socialmente excluidas.

Los datos aparecen en un trabajo que el profesor Florentino Felgueroso ha obtenido a partir de los microdatos que ofrece la 'Encuesta de condiciones de vida de 2016' (datos del año anterior), que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Su conclusión es que la economía española partía de una tasa de pobreza elevada antes de la crisis “que ha crecido sustancialmente durante la misma”. Y lo que es más preocupante: la fuerte creación de empleo que se ha producido en los últimos años no ha tenido un impacto relevante para cambiar la situación. El fenómeno de los bajos salarios ha venido para quedarse, al menos hasta ahora.

En el caso español, el 15,3% de los ocupados tiene un contrato a tiempo parcial, y a ellos hay que sumar los fijos discontinuos o los temporales

En palabras de Felgueroso, profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, la creación de empleo parece haber tenido “un impacto limitado en las tasas de pobreza”, pero tampoco el sistema de prestaciones sociales (las aportaciones públicas para compensar los bajos salarios) “ha sido capaz de evitar el aumento de la pobreza entre los desempleados, aunque sí entre jubilados”.

Una primera entrega del estudio de Felgueroso se ha publicado en el blog 'Nada es gratis', y analiza el impacto de lo que se denomina en la literatura económica trabajadores de bajos ingresos. Un concepto que incluye a quienes tienen una renta bruta (antes de impuestos) inferior al 60% de la mediana de la distribución de las rentas del trabajo.

Las causas del fenómeno de los bajos salarios —que desde hace años lleva denunciando la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— son variadas, pero en general tienen mucho que ver con la precarización del mercado laboral. Un fenómeno que antes se vinculaba a los países de bajos recursos o emergentes y ahora comienza a extenderse entre naciones con economías avanzadas, como España o, incluso, Alemania.

Salarios y tiempo de trabajo

La principal causa tiene que ver con el tiempo de trabajo y la jornada laboral, que juegan cada vez un papel más relevante en el sistema productivo. En el caso español, el 15,3% de los ocupados tiene un contrato a tiempo parcial, y a ellos hay que sumar los fijos discontinuos (que trabajan durante una parte del año) o los temporales, quienes trabajan solo unos pocos meses (o unos días) al año.

¿Hay que subir el salario mínimo? La respuesta que ofrece Felgueroso es muy matizada. Considera que un aumento sustancial del salario mínimo, independientemente de los efectos que pueda o no generar sobre el empleo y sobre toda la distribución salarial, “no es garantía de reducción del riesgo de pobreza”.

Entre 2007 y 2013, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión aumentó en España en 2,6 millones, según los datos de Eurostat

Básicamente por una razón: “Solo una parte de los trabajadores de bajos ingresos, menos del 50%, se encuentra en hogares en riesgo de pobreza”. Es decir, el problema son los salarios, no las condiciones generales.

Según los datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE, entre los años 2007 y 2013, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión (AROPE) aumentó en España en 2,6 millones, lo que supone un 55% del crecimiento neto de personas en esta situación en la Unión Europea a Veintisiete, y un 39% del crecimiento neto en la zona euro.

Ahora bien, en el año 2014, primer año de la recuperación económica, el número de personas en riesgo de pobreza disminuyó en unas 227.000 debido, sobre todo, a la creación de empleo, pero el número de personas en riesgo de pobreza apenas disminuyó en unas 40.000, según el profesor Felgueroso.