El Gobierno de Mariano Rajoy ultima un gesto hacia los funcionarios de cara a la dura batalla electoral que se avecina en los próximos meses. Todas las fuentes consultadas reconocen que se prepara un fuerte paquete de medidas para recuperar el voto de los empleados públicos. Y algunas de estas fuentes apuntan incluso que este guiño podría plasmarse en la primera subida de salarios desde que llegó el PP a la Moncloa. O lo que es lo mismo, el final de más de cinco años de congelación salarial.

El comité de campaña designado la semana pasada por Rajoy ya funciona con el pie en el acelerador. Apenas quedan cinco meses hasta las generales, con un leve parón en agosto que no será muy extenso. Dos son los errores señalados por Rajoy que se tratan de subsanar. Uno es la corrupción, con algunos casos pendientes aún de su tránsito por tribunales. El otro se resume en que hay muchos españoles "defraudados e insatisfechos" por la crisis que no advierten síntomas de recuperación. Son los que, en palabras del presidente, "están hartos" porque llevan demasiado tiempo pasándolo mal y no ven cambios positivos en el horizonte.

El equipo de Moragas trabaja contrarreloj, estudia medidas rápidas, eficaces y de efecto inmediato sobre la población. Son las que pasan directamente por el bolsillo, las primeras que llegan a las familias y que tienen repercusión e impacto en esa amplia capa del electorado que en su momento votó al PP pero que ahora se queda en casa.

“Algo habrá que hacer con los funcionarios si queremos ganar las elecciones”, afirman algunas voces del PP conscientes de que una parte del funcionariado ha trasladado su voto a otras opciones

Y entre ellos sobresalen los empleados públicos, que sienten que han sido uno de los colectivos perjudicados por la crisis. Han aguantado algo más de cinco años de congelación salarial, un recorte del sueldo del 5 por ciento de media en 2010, una paga extra suprimida en 2012, la no reposición de plazas, una reducción de plantilla de unos 400.000 efectivos entre jubilaciones e interinos, más horas de trabajo y menos días libres. “Algo habrá que hacer con los funcionarios si queremos ganar las elecciones”, afirman algunas voces del PP conscientes de que una parte del funcionariado ha trasladado su voto a otras opciones como Podemos.

Fuentes al tanto de los entresijos presupuestarios comentan que la decisión todavía no está tomada y que se está discutiendo en las más altas instancias de Moncloa. Estas mismas fuentes explican que ahora mismo Rajoy está definiendo cuáles serán las principales líneas de batalla de cara a la contienda electoral. Y a partir de ahí el Gobierno tendrá que concretar en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 los mensajes que se hayan escogido. Ahora que los recursos del Estado empiezan a crecer a ritmos cercanos al 6 por ciento, los Presupuestos servirán como una suerte de manifiesto electoral. De ahí la urgencia de dejar hechos los PGE aunque prácticamente no haya tiempo para aprobarlos. Este viernes, el Ejecutivo aprobará un techo de gasto cuyo incremento dará una idea de la alegría con la que se quiere abordar un 2016 en el que todavía habrá que rebajar el déficit en más de 14.000 millones de euros, una meta bastante exigente incluso si la economía tira a tasas del 3 por ciento.

Por su parte, el sindicato de los empleados públicos CSI-F reconoce que por primera vez desde que el PP tomó el poder se ha abierto un proceso de diálogo social, el cual está dividido en dos mesas, una para negociar salarios y otra para cuestiones de plantilla. “No queremos crear expectativas hasta que hayamos visto la oferta. El Gobierno ha maltratado mucho a los empleados públicos, con menciones expresas al cafelito y demás. Mucho tiene que hacer para congraciarse de nuevo con los trabajadores del sector público”, sostienen fuentes del sindicato.

El Ejecutivo de Rajoy ya inició una tímida política de reconciliación con la función públicacuando restituyó en enero el 25 por ciento de la paga extra suprimida a los empleados de la Administración central, una medida cuyo coste ascendió a los 230 millones de euros. Después de varios años en los que la fuerza laboral ha ido envejeciendo y menguando, el año pasado el Gobierno también elevó la reposición de plazas prioritarias del 10 al 50 por ciento de media. En los últimos doce meses, ha realizado dos ofertas extraordinarias de empleo público, y este año ha permitido que las empresas públicas puedan fichar a nuevos indefinidos siempre que sus cuentas estén saneadas. A modo de caramelo, ha devuelto algunos días libres acumulados por antigüedad, los popularmente conocidos como moscosos.

Fuentes al tanto de los entresijos presupuestarios reconocen que se está trabajando en un fuerte paquete para congraciarse con los empleados públicos. Algunas apuntan al fin de la congelación salarial

Pero la cosa no se queda sólo en la función pública. Hay otros sectores donde el Gobierno piensa incidir como son los autónomos, las familias (con el paquete que en su día anunció el ministro Alonso y que apenas ha tenido trascendencia social) y, por supuesto, algún retoque en los impuestos, en especial el IRPF y no el IVA, una figura esta última cuyo recorte Bruselas difícilmente aceptaría. El grueso de estas iniciativas también se incorporará a la Ley de Presupuestos que el Gobierno plantea presentar el 30 de septiembre y que serán la base del programa electoral del PP para las generales.

Trabaja con sigilo y sin demasiadas filtraciones el comité regido por Moragas, al que se ha incorporado en forma inmediata y directa Andrea Levy en su función de vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, quien mantiene una relación laboral muy estrecha con Moragas, su valedor en su gran salto político desde Barcelona a Génova.

Hay que tomar medidas y saberlas transmitir. En Génova se tiene la convicción de que, quizás por la falta de coordinación con Moncloa, ha habido en el pasado demasiadas iniciativas que, pese a ir por el buen camino como la rebaja de impuestos, no se han sabido trasladar con eficacia a la sociedad. De ahí que Moragas se haya rodeado de un grupo de jóvenes con excelente llegada a los medios, que forman ahora el núcleo duro del equipo de campaña. El propio director de Gabinete del presidente se ha reservado el papel de hombre 'puente' entre el partido y el Ejecutivo, a fin de soslayar las interferencias del pasado.

Rajoy no quiere ni excusas ni justificaciones, y así se lo transmitió a la cúpula de su formación, a la que advirtió severamente de que "el reto son las elecciones legislativas y hay que ganarlas con claridad". Los cuatro jóvenes mosqueteros sumados a la dirección del partido no han descansado ni un minuto desde su aterrizaje en Génova. Entre cinco y diez entrevistas en un solo fin de semana de enorme esfuerzo mediático, tan solo alterado por las noticias que han circulado en torno a Maíllo, actual número tres de la formación, y su pasado en Caja España.