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Las 34 universidades públicas estatales (UPES) que operan en el país tienen un déficit actuarial de casi 1.3 billones de pesos generado por sus sistemas de pensiones y jubilaciones, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta cantidad representa la cuarta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2018.

En este año, fue de 5.27 billones de pesos.

En la fiscalización de la cuenta pública 2017, la auditoría encontró que “con base en las valuaciones actuariales, se estimó que el valor presente de las pensiones y jubilaciones a 2017, sin el apoyo del gobierno federal, sería de 1 billón 289 mil 088 millones 741.3 mil pesos”.

El fondo presupuestal que entrega el gobierno federal como apoyo a las universidades no alcanza para liquidar la deuda: por cada 10 pesos de deuda generada por los sistemas de pensiones y jubilaciones, el fondo tiene 4.1 pesos para hacer frente a los pasivos referidos.

Tan sólo en 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó a 28 universidades para abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones 589 millones 310 mil 500 pesos .

El dinero se entregó a las instituciones sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó a reducir los problemas financieros de las UPES y lograr su viabilidad, destacó la auditoría.

El riesgo, encontró la ASF, es “erogar recursos de forma inercial” sin conocer el beneficio que representa para 200 mil 100 trabajadores que tienen derecho a pensión.

“Sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial sin conocer el beneficio en los miles de trabajadores de las UPES, con derecho a pensión. Las fallas han sido de ambas partes”.

La SEP realizó un diseño “deficiente” del programa, sin un diagnóstico de la situación actual de las universidades, sus necesidades de recursos y las reformas que tendrían que hacer para adecuar sus sistemas de pensiones. Tampoco estimó los montos financieros máximos para entregar a cada institución: no garantizó que el dinero fuera sólo para las universidades ni calculó el tiempo que se debe entregar este programa para resolver el problema financiero.

Tampoco estableció los mecanismos para otorgar el dinero únicamente a las instituciones que cumplieran los requisitos para obtenerlos, “no se garantizó que la aplicación y comprobación de los recursos se realizara con transparencia y rendición de cuentas”.

Ninguna de las 28 universidades que recibieron recursos en 2017 cumplieron a totalidad los requisitos para obtener este apoyo.

De ellas, 12 no incluyeron metas para reducir sus deudas; otras 16 no se enfocaron en resolver sus problemas ni plantearon reformas a sus sistemas de pensiones. De esas mismas, siete no previeron negociaciones para reformar sus pensiones y jubilaciones, y 12 ni siquiera incluyeron el régimen pensionario.

El pasado lunes 15 de octubre, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a través del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), dio a conocer que hay nueve instituciones ante una “inminente crisis financiera” y una “grave situación de insolvencia”.

De acuerdo con la ASF, son 28 de las 34 universidades públicas estatales las que recibieron fondos de la SEP, entre estas están las autónomas de Chiapas, Estado de México, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.

Desde 1998, más de 30 universidades del país contrajeron una deuda en su sistema de pensiones y jubilaciones debido a que en los contratos colectivos con sus sindicatos se estableció que la edad promedio de jubilación de sus trabajadores sería 52 años, una antigüedad de 25 años y una jubilación con el último salario recibido.

Ante presupuestos insuficientes y la falta de aportaciones económicas de los trabajadores y las universidades para sus sistemas de pensiones y jubilaciones, las instituciones educativas comenzaron a pagar las pensiones con subsidios federales y estatales que inicialmente les habían sido entregados para otros rubros.

Desde 2007, la Secretaría de Educación comenzó a operar un programa presupuestal para otorgarles subsidios extraordinarios a las universidades y, de esta manera, ayudarlas a disminuir sus pasivos.