El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una foto de archivo. Foto: Samuel Sánchez EL PAIS. Vídeo: ATLAS ATLAS

El caso Gürtel de corrupción es para el PP como esas bombas de relojería de los dibujos animados que el protagonista trata de desactivar ocultándola debajo de una alfombra y haciendo como que no está. Este martes, el artefacto volvió a estallarle al partido —lo hace con cierta frecuencia— y esta vez dejó seriamente tocado a su líder. Mariano Rajoy será el primer presidente del Gobierno español en ejercicio que debe acudir a declarar como testigo ante un tribunal de justicia. Y lo hará por un caso de corrupción que tanto él como el PP llevan años —desde febrero de 2009— intentando borrar del horizonte y que se empeña en no desaparecer.

El tribunal que enjuicia la trama central del caso Gürtel —la llamada Época I (1999-2005)— desde el pasado octubre corrigió ayer su negativa a citar a Rajoy como testigo y dio luz verde a que declare, con obligación de decir la verdad y de contestar a todas las preguntas de las partes. La decisión, de indudable trascendencia política, contó con el voto contrario de uno de los tres magistrados de la sala —fuentes jurídicas apuntan a su presidente, el conservador Ángel Hurtado, aunque la Audiencia Nacional no ha confirmado oficialmente este extremo—.

El PP "respeta, pero no comparte" la decisión del tribunal El Partido Popular ha anunciado en un comunicado "que respeta, pero no comparte", la decisión adoptada por la mayoría del tribunal. Los populares aseguran que esperarán a conocer la resolución judicial antes de hacer una valoración en detalle de la misma porque respetan las decisiones de los tribunales y tienen voluntad de colaborar con la justicia. El PP sostiene que la decisión de este martes contradice la anterior posición del mismo tribunal, de febrero y octubre de 2016, en la que rechazó el testimonio Mariano Rajoy con el argumento de que no era "ni pertinente, ni útil" para la causa. Los populares también señalan el carácter excepcional de la admisión de una prueba solicitada por la acusación popular por parte de la Asociación ADADE, en contra del criterio de la Fiscalía. Y hacen hincapié en el hecho de que la acusación está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, "muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista", según recoge el comunicado. "Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente", indican. El partido del Gobierno añade a su postura que el instructor de la causa, Pablo Ruz, también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular "por adivinarse en la motivación de la solicitud" un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal.

Fue la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), encabezada por el veterano letrado progresista José Mariano Benítez de Lugo, la que reclamó al tribunal la testifical de Rajoy el pasado 31 de marzo. Era la tercera vez que lo pedía. La primera fue en enero de 2015, y fue desestimada. El tribunal, sin embargo, accedió en julio de 2016, a petición del extesorero del PP Luis Bárcenas, a que declarasen como testigos antiguos miembros de la cúpula del PP como Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Estas citaciones contaron con un voto discrepante del magistrado Hurtado, al que le tocó presidir la sala después de que fuera recusada la presidenta de la Sección Segunda, Concepción Espejel.

La segunda petición de Adade de citar a Rajoy se produjo en la fase de cuestiones previas, en la primera sesión de la vista oral, el 4 de octubre pasado. El tribunal denegó la solicitud de viva voz, aunque dejó la puerta abierta a convocar al presidente del Gobierno “de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.

En su escrito del 31 de marzo, Adade sostiene que ese momento ha llegado. La acusación popular argumentaba que el panorama ahora es distinto al de octubre después de que al inicio de la vista oral Francisco Correa, cabecilla confeso de la red, declarara que se repartió comisiones con Luis Bárcenas por mediar en contratos del Estado durante la presidencia de José María Aznar. Correa dijo que Bárcenas le manifestó que el dinero era para el partido y que con la llegada de Rajoy a la presidencia del PP en 2008 se acabaron sus negocios con la formación conservadora. El extesorero popular ha negado siempre esta versión.

Adade también consideraba “indefendible” que el tribunal haya citado a todos los secretarios generales del PP, excepto a Rajoy, el hombre que durante más tiempo ha ocupado altos cargos en el partido. “No convocarle como testigo supondría ubicarle en una situación de ignorancia rayana en la estulticia”, argumentaba el letrado Benítez de Lugo.

Esta vez el tribunal le ha dado la razón, con los votos favorables del magistrado progresista José Ricardo de Prada y del moderado Julio de Diego, que ha resultado decisivo. La resolución, comunicada oralmente por Hurtado en la sesión de del juicio de Gürtel de este martes, contó con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que consideran que la declaración de Rajoy no es “ni útil ni pertinente”.

La caja b, "acreditada ya"

La fiscal Concepción Nicolás, sin embargo, deslizó una nueva pulla para el PP. Según ella, la testifical del presidente es, además, “redundante” para probar la existencia de la caja b del PP, porque esta existencia “está suficientemente acreditada” ya.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dicho que el hecho de que Mariano Rajoy deba declarar como testigo en el caso Gürtel es un motivo más para pedir que asuma responsabilidades políticas, y ha instado al jefe del Gobierno a colaborar con la Justicia y no esconderse detrás de "un plasma". "Esperamos que el PP y el Gobierno colaboren con la Justicia y que esa comparecencia se produzca", ha dicho la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos. Montero ha acusado al Partido Popular de haber "instalado la corrupción como forma de Gobierno" y haber beneficiado "a sus amigos en grandes empresas" mientras el coste de la crisis recaía en las espaldas de los ciudadanos.

La portavoz nacional de Ciudadanos Inés Arrimadas ha dicho que a su partido no le extraña que con la de casos de corrupción que tiene el PP, al final su presidente tenga que ser llamado a declarar como testigo para aclarar los hechos. "Si fuera imputado por un delito de corrupción política, solicitaríamos su dimisión, como se firmó en el acuerdo de investidura. Esto demuestra la necesidad de las medidas que ha impulsado Ciudadanos”.