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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio.- Con la expedición de la Ley de Protección a Víctimas del Delito de Secuestro para el Distrito Federal, que entrará en vigor en 90 días, se contará con un fondo de apoyo a la Procuraduría capitalina para que repare el daño material y moral a las víctimas de secuestro.

Los recursos provendrán de lo que se obtenga de la extinción de dominio, de los decomisos, bienes abandonados y de lo asegurado por lavado de dinero, y la reparación del daño podrá ser reclamada por la víctima, directa e indirectamente, durante el proceso penal.

En la ley se estipula que la víctima también tendrá derecho a que se le informe sobre los resultados del tratamiento de reinserción social al que haya sido sometido el sentenciado y cuando éste vaya a obtener su libertad.

Además, se le garantizará al afectado la permanencia en su empleo, tampoco se le suspenderán sus derechos: fiscal, contractual, mercantil, administrativo, laboral, familiar y civil; quienes gozan de protección social el IMSS e ISSSTE cubrirán su salario íntegro como si hubiese obtenido incapacidad no profesional.

También, y a solicitud de la víctima indirecta, la autoridad ministerial o judicial que conozca del asunto, decretará la interrupción de las obligaciones de la víctima directa en materia fiscal, mercantil, administrativa, familiar, civil y aquellas que deriven de un procedimiento penal, todas en el ámbito local, que hayan sido adquiridas con anterioridad a la fecha en que ocurrió el delito de secuestro, y durará el tiempo de su cautiverio y hasta por tres meses más a criterio de la autoridad.

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