La CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Los detalles de la vía concesionada a uno de los empresarios más favorecidos por la administración de Enrique Peña Nieto no pueden saberse: una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan .

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.

“La Comisión requirió al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros identificados de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, y así evitar su repetición”, se lee en la notificación sobre la medida.

En la resolución, la CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Y que su solicitud cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar las medidas.

El organismo internacional señaló que la solicitud de medidas, que se le hizo llegar desde el año 2013, argumenta que “el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan incluye una sección que atravesaría el territorio ancestral de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, donde sus miembros desarrollan actividades de caza, pesca y recolección”.

La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.

Los detalles de la concesión no pueden saberse. Una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio del Presidente Enrique Peña Nieto. Higa no pudo avanzar en sus trabajos.

Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias organizaciones no gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.

La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas.

Las acciones de “represión y desalojo cometidas” fueron condenadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigieron que la obra le fuera retirada a Grupo Higa.

“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).

De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.

Apenas el día de ayer, La Jornada dio a conocer que la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, argumentó haber entregado al menos 100 millones de pesos a los integrantes del comisariado de bienes de dichas comunidades por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.

La publicación menciona que los abogados de la empresa Autovan presentaron ante el Poder Judicial Federal copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.