López Obrador ha recibido extraordinarias muestras de adhesión. El 15 de septiembre fue aclamado en el Zócalo por una multitud que atestiguó una ceremonia austera, elogiada incluso por críticos del gobierno. Por otra parte, el capítulo mexicano de Transparencia Internacional dio a conocer una encuesta sobre la corrupción con resultados muy favorables para él (el 61% de los encuestados percibe menos corrupción en su gobierno que en el de Peña Nieto). Además, el intemperado Donald Trump encomió sus esfuerzos para controlar el flujo de migrantes.

Agreguemos méritos. López Obrador desconoce la autocrítica como expresión verbal, pero su gobierno la ha ejercido al remover a la secretaria de Semarnat por detener el despegue de un avión, a la funcionaria del INBAL que abrió las plicas de un concurso literario y al director del INEHRM que hizo una apología de la violencia.

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Hay motivos de celebración y elogio, pero muchas cosas están mal. Los asesinatos no disminuyen y el Presidente se dirige al crimen organizado en términos de guardería: “fuchi, guácala”, “abrazos, no balazos”. Ha pedido a los criminales que piensen en sus mamás y conviene recordar que Edipo y Tony Soprano pensaron demasiado en ellas. El amor materno no garantiza inocencia.

En ese contexto, el mandatario ha hablado de la “mafia de la ciencia”. En un país de cárteles, con 20,135 homicidios en el primer semestre de 2019 (95.8 al día), es agraviante que la terminología del hampa se aplique a los científicos.

Uno de los aspectos más reaccionarios de un gobierno que se anunció como progresista es la falta de apoyo a la cultura, la ciencia, la educación, la salud y la investigación.

Pasemos a un caso específico. En una democracia, la legitimidad conquistada en las urnas puede convivir con instituciones ajenas al consenso. El Conacyt encarna esa paradoja: mientras la popularidad del Ejecutivo se fortalece, la de esa institución se hunde. Si el sector más informado del país pudiera votar por la forma en que deben ser administrados sus recursos, la política científica sería distinta.

Entre las muchas críticas a esa área, destaca la que el Dr. Antonio Lazcano Araujo publicó en la revista Science y que lo llevó a participar en numerosas discusiones. Poco después, el biólogo fue removido de la Comisión Dictaminadora del Área II del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Un acto de censura? El director del SNI, Mario De Leo-Winkler, argumentó que una cosa no tenía que ver con la otra: el cese se debió a que Lazcano había faltado a varias reuniones de la Comisión. Lo cierto es que, apelando a la normatividad, se prescindió del consejo de un científico de primera fila que había sido crítico con la institución.

El Conacyt quiso mostrar una lealtad de hierro al reglamento, pero también ideologizó su postura de manera grave. Su Comunicado 77 revela que los recortes al sector también afectan a la prosa. No me detendré en frases como “fue notificado de la pérdida de su calidad como miembro”, pues no es éste el necesario taller de redacción al que debería ingresar la institución. Me concentro en un giro alarmante: Lazcano fue hecho a un lado “por incumplir con sus deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de México”. El anónimo redactor se permite hablar en nombre del “pueblo de México”. Respiremos hondo para ser sensatos: ¿faltar a una cita de comisiones para asistir a un congreso es un agravio a la nación? Quien mide el patriotismo de ese modo quita todo sentido a la traición.

Ciertos números adquieren valor emblemático. La Trampa 22 designa un absurdo irresoluble y el Error 404 la desaparición de una página en la red. El Comunicado 77 señala que, al incumplir un procedimiento, el individuo le falla al Pueblo. No admite excusas ni circunstancias atenuantes. Ese es el germen del autoritarismo, que justifica abusos en aras de una Causa (la Revolución, el Caudillo, el Dios Verdadero…). Para combatir la intolerancia en el siglo XVIII, Lichtenberg escribió: “Quisiera saber en nombre de quién se hacen las cosas que se hacen en nombre del pueblo”.

El significativo respaldo del que goza el actual gobierno no es ajeno a retrocesos. Conviene recordar que el juez que mandó a Lavoisier a la guillotina dijo: “La República no necesita científicos”.

El fundador de la química moderna había hecho más por el pueblo que quien lo condenó en nombre “del pueblo”.