La violenta disputa territorial entre traficantes de drogas en poblaciones tiene en la cúspide de la pirámide a narco mayoristas: sofisticadas organizaciones criminales que, apoyadas en el tráfico internacional de armas y en la corrupción de funcionarios, expanden un negocio fuera de control. CIPER entrevistó a policías, fiscales y analizó expedientes. Armamento de guerra, teléfonos satelitales, laboratorios y lavado de dinero vía empresas de transporte y constructoras, todo le sirve al narco. Parte de la droga que llega a Chile abastece a mafias en Australia, Holanda, Jordania y otros países. Pero gran parte se queda aquí: crece el consumo al tiempo que los narco mayoristas asientan su poder.

En solo cuatro años, los Jiménez Meza llegaron a controlar el 65% del mercado de la cocaína en la Región de Valparaíso. Su líder, Manuel Jiménez –el “Care’ Chala”–, se fugó en 2004 de la cárcel de la Ligua (Quinta Región) y se instaló en Bolivia. Al menos desde 2014, y de la mano de productores y burreros locales, esta organización criminal gestionó envíos a Chile de cientos de kilos de clorhidrato y pasta base por pasos fronterizos no habilitados del norte. Desde allí, y durante años, la droga circuló a alta velocidad hacia Valparaíso, oculta en ambulancias y carros bomba dados de baja.

Por cada uno de los tres envíos que logró arrebatarles la policía, los Jiménez Meza metieron con éxito a Chile a lo menos dos o tres cargamentos de cocaína. Hoy enfrentan por tercera vez a la justicia. Se les acusa de tráfico de drogas, asociación ilícita y blanqueo de cientos de millones con sociedades de fachada. Parte del botín se invertía en propiedades, vehículos y caballos de carrera; otra se enviaba por tierra a Bolivia para que Manuel –quien sigue prófugo–, siguiera desarrollando el negocio. Así funcionó el circuito.

La internación por vía terrestre y marítima de cocaína –también de marihuana creepy y drogas sintéticas– está fuera de control. Cálculos de CIPER –en base a estadísticas del Ministerio del Interior– indican que entre 2016 y 2017 se han incautado más de 3,6 toneladas de clorhidrato y pasta base de cocaína en cuatro de los principales pasos fronterizos que conectan la Región de Tarapacá con Perú y Bolivia: Quillagua, Loa, Chacalluta y Colchane. Pero las “zonas rojas” de internación se extienden también a varios puntos de los más de 160 pasos fronterizos no habilitados identificados en el norte, donde policías y Aduanas no tienen ningún control. Los mismos cruces aprovechados por años –y sin mayor dificultad– por los Jiménez Meza y varios otros narco mayoristas.

Ninguna autoridad puede calcular hoy cuánta droga ingresa a Chile por cada kilo interceptado. Tampoco, cuántas toneladas se quedan y cuántas se van al extranjero. Es cierto: cientos de kilos son reexportados desde puertos chilenos al extranjero, aprovechando la “buena reputación” del país, para “limpiar la ruta” de los cargamentos. La indagación de CIPER indica que con esta fórmula, se abastece a organizaciones criminales en Australia, Canadá, España, Holanda, Jordania y a un clan mafioso romano.

La evidencia recabada para esta investigación constata, además, una realidad: más que lugar de paso, Chile es hoy un emergente mercado de destino. De hecho, el Reporte Mundial de Drogas de Naciones Unidas nos sitúa desde hace algunos años como uno de los mayores consumidores de cocaína del continente.

CIPER examinó los expedientes judiciales de nueve de las mayores incautaciones de clorhidrato y pasta base de cocaína entre 2016 y lo que va de 2018. De ellas, solo tres iban al extranjero. Las otras seis a puntos de acopio y distribución en la zona central del país. Un cerro de más de 3,9 toneladas de cocaína cuyo destino final eran distribuidores minoristas en poblaciones de las zonas sur, centro y norte de la Región Metropolitana y de Valparaíso. El grueso de ellas, enclavadas en lugares sin tejido social y en las que el Estado ha retrocedido ante el acelerado y violento dominio del narco.

Cálculos informales estiman en 1,5 millón las personas que en distintas zonas del país están a merced de bandas criminales que señorean en el negocio de la droga. La instalación en Chile de esas organizaciones de narcotráfico ha traído consigo el aumento de muertes violentas. Datos obtenidos por CIPER arrojan que en los últimos seis años se han perpetrado 620 homicidios con armas de fuego, con un aumento de 65% entre 2012 y 2018.

Entre 2001 y 2018, el Estado ha desembolsado más de $199 mil millones en una decena de programas de intervención. Errores de diagnóstico, falta de continuidad, corrupción y burocracia, han hecho estrellarse uno a uno esos planes contra el suelo.

Los puntos de venta de microtráfico crecen año a año y los niveles de consumo siguen al alza. En paralelo, la pasta base sigue arreciando en adolescentes y jóvenes de sectores de menores ingresos.

CIPER examinó casos judiciales recientes que involucran complejas operaciones de internación y distribución de droga; revisó datos oficiales obtenidos de fuentes abiertas y por Ley de Transparencia, y entrevistó a policías, fiscales y autoridades de gobierno. La conclusión: el crimen organizado avanza sin contrapeso, con su poder acrecentado por el mercado negro de armamento de alto calibre. Desde fusiles, miras láser y silenciadores, hasta granadas.

Arsenales que provienen de armerías y del tráfico internacional de armas y municiones, pasando por los depósitos de las propias Fuerzas Armadas.

–El crimen organizado avanza más rápido que nuestras capacidades como país para perseguirlo. Por falta de coordinación estamos permitiendo que Chile sea una plataforma para la entrada de droga. Lo digo responsablemente: estamos atrasados –alerta el director de la Unidad de Drogas del Ministerio Público, el fiscal Luis Toledo.

No solo la descoordinación entre policías, fiscales y autoridades abre flancos para la penetración y expansión del crimen organizado. Desactivar su operativa –cada vez más sofisticada–, requiere de tiempo y recursos que policías y fiscales no están siempre dispuestos a arriesgar, ya que el peso de las evidencias no asegura un buen resultado en tribunales.

Acusaciones contra narcotraficantes por asociación ilícita no son comunes en la justicia y varias de las que se presentan quedan sin condena. Datos oficiales obtenidos por CIPER indican que entre 2012 y 2017 se han dictado solo 18 fallos por asociación ilícita vinculada al narcotráfico en todo Chile. Hubo 13 condenas y cinco absoluciones.

La permeabilidad de las fronteras también se replica en las instituciones públicas que combaten al narco. Un agente de Aduanas que instruyó a narcotraficantes en técnicas de comunicación segura aprendidas en una capacitación de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos; detectives infiltrados en organizaciones criminales que terminan enrolados en ellas; carabineros participando de quitadas de droga o “mejicanas” entre bandas rivales; gendarmes facilitando operaciones de tráfico desde la cárcel y un suboficial que sustrajo armamento de guerra del Ejército para una banda que distribuye cocaína en Lo Espejo, son parte del cúmulo de funcionarios públicos cooptados por el narco en los últimos años.

Focos de corrupción que son solo destellos de una realidad mayor y de magnitud desconocida.