Ni siquiera la crisis de los refugiados de la guerra de Siria ha animado a los gobiernos de los principales países europeos a acelerar los trabajos técnicos para implantar la tasa Tobin sobre las transacciones financieras internacionales en 2016, como tenían previsto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó el sábado esta posibilidad en la reunión de ministros de Economía que tuvo lugar en Luxemburgo, y en la que Luis de Guindos marcó la línea roja: la tasa no debe afectar a la compra de derivados de la deuda, dijo antes de escudarse en que “cada país tiene sus propias líneas rojas”.

El sucedáneo de tasa Tobin –apellido del economista norteamericano James Tobin que en los años sesenta propuso un impuesto a las transacciones financieras internacionales– del 0,1%, comenzó a abrirse paso en la UE en 2012 y podía reportar entre 30.000 y 35.000 millones de euros para paliar la crisis de los refugiados, la presión migratoria y las situaciones inhumanas derivadas de la guerra y la rapiña en los países empobrecidos. Pero ya no será en 2016, sino al año siguiente cuando los gobiernos de once países europeos comprometidos podrían comenzar a aplicarla.

El Ejecutivo de Rajoy se suma de este modo al planteamiento del ministro de Finanzas alemán, Wolgang Schauble, quien ya en la reunión del Ecofin del pasado mayo dejó claro que la “microtasa” es “muy difícil” de aplicar en 2016 y ahora, en un nuevo esfuerzo por descafeinarla, habla de su implantación “con pequeños pasos” que podrían comenzar en 2017. Ni siquiera las necesidades de la avalancha de refugiados entran en los análisis de los responsables económicos.

De este modo, la famosa tasa seguirá encallada sine díe en Bruselas. El argumento para salir del paso consiste en que los once países de la UE comprometidos a aplicarla han de estudiar cómo integrarla en el proyecto de Unión de Mercado de Capitales que quieren impulsar. En consecuencia han pactado “continuar con el trabajo técnico” y volver sobre el asunto en la reunión del Ecofin prevista para la primera semana de octubre.

El Gobierno español se sumó en 2012 al grupo de diez países que aceptaron la propuesta de la Comisión Europea de establecer el impuesto del 0,1% a las transacciones de bonos y acciones ordinarias, y del 0,01% a los derivados. La decisión fue adoptada mediante el mecanismo de cooperación reforzada para sortear el veto de los gobiernos contrarios y permitía crear los mecanismos internos para aplicar la “microtasa” a las transacciones exteriores. Pero, salvo Italia y Francia, los demás gobiernos comprometidos (Alemania, España, Eslovenia, Austria, Portugal, Eslovaquia, Grecia, Estonia y Bélgica) todavía no han aprobado la normativa interna para hacerla efectiva.

En el caso español, la falta de voluntad política queda de relieve cuando se comprueba que el Gobierno no ha aprovechado la Ley General Tributaria que aprobará definitivamente esta semana en el Congreso para mencionar, al menos, la nueva figura. Por lo demás, el Ejecutivo mantiene las ventajas fiscales a las sociedades de inversión colectiva, Sicav, para atraer capitales exteriores. Esto no quita para que el propio De Guindos se mostrara proclive en la reunión del Ecofín de mayo a aplicar la minitasa humanitaria a la adquisición de acciones.

La ONG Intermon Oxfan estima que la aplicación de la tasa a las transacciones internacionales permitiría disponer de unos 5.000 millones de euros para luchar contra la pobreza en España y en los países empobrecidos y hacer frente, además, a las necesidades de los refugiados. El director de esta ONG, José María Vera, ya reclamó la inclusión de la tasa en el Presupuesto de 2014. En el que está en ejecución y en el que este lunes comienzan a defender los sucesivos ministros en el pleno del Congreso para 2016 ni aparece ni se una figura que, según De Guindos, afectaría al interés de la deuda, y según otros colegas de su partido descuadraría el presupuesto y, lo que es peor, tendría un impacto negativo para los intereses electorales del PP.

Por el reciente libro del autor de La gran migración, el alemán Hans Magnus Enzersberger, sabemos que ni el sabio señor Z es capaz de cuantificar el dinero que hay y se mueve en el mundo. Sabemos cuántos desplazados y refugiados provocan las guerras, la pobreza, las hambrunas. Se pueden contar. Conocemos las necesidades de millones de seres humanos en situación de pobreza extrema. Se pueden cuantificar. Sin embargo, no es posible saber el dinero disponible en sus múltiples formas. Sus poseedores o titulares evitan a toda costa que las autoridades políticas lo puedan evaluar y, mucho menos, controlar. De ahí el comentario de Felipe González al presidente francés Nicolás Sarkozy cuando, en 2010, defendió la tasa Tobin en el G20: “Lo de menos es la cuantía de la tasa, eso no les importa gran cosa; lo que no quieren es que los gobiernos controlen sus manejos financieros y sus transacciones internacionales. Eso de ninguna manera”.