La factura del Palacio de Cibeles, al que Alberto Ruiz-Gallardón (PP) trasladó el Ayuntamiento en 2011, sigue subiendo. Su reforma costó un 75% más de lo presupuestado, elevando el coste final a 500 millones. Pero, además, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el intercambio de edificios con el Gobierno que permitió a Gallardón hacerse con el palacio incluía un peaje en la sombra: un alquiler blindado durante 14 años que sobrepasará los 80 millones.

ampliar foto El edificio del número 45 de la calle de Alcalá. JOSÉ HUESCA EFE

El traslado del Ayuntamiento desde la plaza de la Villa, con 300 años de historia, hasta el Palacio de Cibeles se puede dividir en dos partes: la adquisición del edificio, propiedad del Gobierno central, mediante un canje de edificios; y la posterior reforma para convertirlo en sede municipal.

Para hacerse con el Palacio de Cibeles, Gallardón entregó al Ministerio de Cultura el edificio Cariátides, en el número 49 de la calle de Alcalá (tasado en 140 millones), que ahora es sede del Instituto Cervantes. Además, compró el inmueble del número 41 de Capitán Haya, por 133 millones, para dárselo al Ministerio de Ciencia. A esos dos edificios se sumaron otros inmuebles y solares y un espacio de 2.886 metros cuadrados reservado para Correos en el Palacio de Telecomunicaciones (hasta entonces su sede) hasta sumar en total 360 millones.

Gallardón siempre defendió que ese canje de edificios no supuso coste para las arcas municipales porque a cambio obtuvo el Palacio de Cibeles. Las obras posteriores de reforma, con un presupuesto inicial de 80 millones, terminaron costando 138 (un 72% más). En total, 500 millones.

Pero el intercambio de edificios implicó otra operación inmobiliaria con un coste adicional hasta ahora no revelado que podría superar los 80 millones. Para comprar (y luego traspasar al Gobierno) el inmueble de Capitán Haya, valorado en 133 millones, el Ayuntamiento entregó a su entonces propietaria (Sacyr) el edificio de la calle de Alcalá (tasado en 100 millones) y una parcela urbanizable de 152.791 metros cuadrados en Valdebebas, entonces un barrio aún en ciernes (tasada en 33 millones). Pero, además, Gallardón se comprometió a quedarse en alquiler en el edificio del número 45 de Alcalá al menos una década, un contrato blindado que aseguraba a Sacyr ingresos millonarios pero encarecía al mismo tiempo toda la operación para las arcas municipales.

15 años de alquiler El compromiso inicial. El Ayuntamiento de Madrid vendió a Sacyr el edificio del número 45 de la calle de Alcalá por 100 millones con el compromiso de quedarse 10 años de alquiler. La renta inicial: 375.000 euros (todos los precios son sin IVA).

El Ayuntamiento de Madrid vendió a Sacyr el edificio del número 45 de la calle de Alcalá por 100 millones con el compromiso de quedarse 10 años de alquiler. La renta inicial: 375.000 euros (todos los precios son sin IVA). La revisión de 2010. Seis años después, el Ayuntamiento (aún en manos de Alberto Ruiz-Gallardón) extendió hasta 2019 el contrato. Por entonces (seis años después), le correspondía pagar ya 435.000 euros (por el incremento anual de la inflación). Pero, a cambio de ampliar el contrato, pactó una bonificación del 8% en 2011, el 10% en 2012, el 7% en 2013 y el 5% en 2014.

Seis años después, el Ayuntamiento (aún en manos de Alberto Ruiz-Gallardón) extendió hasta 2019 el contrato. Por entonces (seis años después), le correspondía pagar ya 435.000 euros (por el incremento anual de la inflación). Pero, a cambio de ampliar el contrato, pactó una bonificación del 8% en 2011, el 10% en 2012, el 7% en 2013 y el 5% en 2014. Cuatro años más. En 2015 abona 463.000 euros al mes. A ese precio, en diciembre de 2019 habría pagado ya en total más de 80 millones de euros.

El Ayuntamiento había comprado el edificio de la calle de Alcalá en diciembre de 2011 por 86 millones de euros. El exalcalde José María Álvarez del Manzano quería instalar allí la Concejalía de Obras, pero acabó siendo la sede de la Concejalía de Hacienda. Cuando Gallardón se la vendió a Sacyr, trabajaban allí cerca de 2.000 empleados públicos (ahora son 620, según el Ayuntamiento).

Ante la imposibilidad de trasladarlos a otra ubicación, optó por quedarse allí en alquiler: en diciembre de 2004 firmó un contrato blindado de 10 años con una renta mensual de 375.000 euros (25 euros / metro cuadrado), un precio que entonces se tasó adecuado para un edificio monumental junto a la plaza de Cibeles.

Seis años después, en diciembre de 2010, el Ayuntamiento prorrogó ese contrato hasta 2019, acordando a cambio una rebaja temporal (entre el 5% y el 10% de 2011 a 2014) por la caída de precios del mercado inmobiliario.

En 2015 esa bonificación ya ha expirado y el Ayuntamiento, ahora en manos de Manuela Carmena (Ahora Madrid), paga 463.000 euros mensuales (el precio ha ido revisándose por la inflación).

El gobierno de Carmena querría resolver el contrato, pero está blindado hasta diciembre de 2019: aunque se mudara del edificio, el Ayuntamiento tendría que pagar todo el dinero pendiente.

El alquiler supera ahora los 30 euros por metros cuadrado, cuando, según un informe interno de la dirección municipal de Patrimonio al que ha tenido acceso EL PAÍS, el precio de mercado del edificio a 1 de enero de 2015 es sensiblemente inferior: 21,5 euros por metro cuadrado. El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha prometido hacer todo lo que esté en su mano por resolver el contrato, pero, por ahora, la operación del Palacio de Cibeles sigue encareciéndose mes a mes.

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