Participaron en la construcción de la ley. Fue tanta y tan evidente su mano en el resultado final que se le conoce como la Ley Uber. La cabildera que vino de la Ciudad de México regresó con la hoja de control llena de palomitas: había logrado todos y cada uno de los objetivos propuestos por la empresa. Los taxistas se quejaron, con razón, de que el Gobierno había hecho una ley a la medida de la plataforma de transporte líder en el mundo. Para el Gobierno de Jalisco era importante mandar la señal de modernización, que el Estado estaba a la altura en la transformación tecnológica.

La respuesta de Uber fue amparase contra la Ley Uber. Parece una locura, pero así lo hicieron.

La respuesta de Uber fue amparase contra la Ley Uber. Parece una locura, pero así lo hicieron. En la lógica de Uber ellos son simple y llanamente un servicio tecnológico que pone en contacto a dos particulares que necesitan el servicio y que pueden satisfacerlo, por ello se lleva 25 por ciento de la transacción, y que no se requieren más regulaciones. Hasta ahí todo es perfecto, la pregunta es qué pasa cuando las cosas salen mal, qué certeza tiene el usuario, por ejemplo, en caso de accidente, qué sucede si quien ofrece el servicio no tiene la pericia, cómo asegurar que la prestación de un servicio no se convierta en una oportunidad para delinquir o simplemente en una mala experiencia. Esto es lo que sí le toca al Gobierno y en todas las ciudades del mundo han ido adaptando su sistema de acuerdo a su historia e idiosincrasia para que pueda convivir la tecnología con la certeza jurídica y los derechos de los usuarios.

En Nueva York a los conductores de Uber se les pide la misma licencia que a los conductores de taxi, revisión anual de los vehículos y un seguro profesional idéntico al que le exigen a los taxistas. En Chicago a los tres requisitos anteriores se suma una licencia municipal, como la que se le pide a cualquier prestador de servicios. En Paris las reglas son mucho más estrictas y la licencia que se les pide, llamada VTC (Vehículo de Turismo con Chofer) es mucho más estricta y compleja que la de cualquier conductor.

Los conductores de Uber se quejan de que les están exigiendo cosas absurdas como una Guía Roji (para los menores de 50, se trata de un mapa de la ciudad) cuando justamente son plataformas tecnológicas que usan mapas virtuales. Se quejan también de que se les pide que traigan extinguidor o sillas para menores, que ciertamente no está en la Ley Uber, pero sí es un requisito de seguridad de todo auto, que tengan todas las verificaciones, que sean autos de menos de cinco años, etcétera. Sin embargo, lo más importante es que cumplan con su registro ante Movilidad, que sepamos quiénes son los prestadores de servicio. De acuerdo con la ley la empresa solo podría contratar autos y choferes que estén registrados; Uber tiene circulando más de 20 mil vehículos que no han hecho sus trámites y son, a fin de cuentas, un riesgo para todos.

Hay que evitar abusos de la autoridad, que por experiencia sabemos que pueden ocurrir, pero la seguridad de los usuarios debe estar por encima de cualquier cosa.

(diego.petersen@informador.com.mx)