31 de Julio de 2017

Todo indica que 2017 será el año más violento que ha vivido México desde que comenzaron a llevarse estadísticas delictivas en el país a finales de los años noventas. Más violento que en 2004, cuando la ciudadanía salió a protestar por la inseguridad en marchas multitudinarias. Más violento que el peor año de la guerra en contra del crimen organizado del presidente Calderón (2011). Se están rompiendo los récords de homicidios, secuestros, extorsiones, robos con arma de fuego, asaltos a viviendas, robos de automóviles. Y sin embargo, la ciudadanía está como anestesiada. No reacciona. No sale a las calles a protestar. No presiona a las autoridades. No se queja públicamente. ¿Acaso ya nos acostumbramos a la violencia?

El problema está más que diagnosticado. Si algo han dejado estos años de tanta criminalidad es un grupo de expertos serios que, con base en evidencia empírica, han explicado las raíces de la violencia. Son, desde luego, muchas las variables involucradas. Pero la que más peso tiene es la impunidad. Como en México no se castiga a los que violan la ley, los incentivos para delinquir son altos. Luego entonces, el país requiere fortalecer toda la cadena de procuración de justicia criminal: policías, fiscales, jueces y cárceles.

A la distancia, hoy sabemos que fue un gran error del entonces presidente Calderón el declarar la guerra al crimen organizado. No tenía los recursos para enfrentarla. En su lugar, sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para realizar labores policiacas por todos los rincones del país (gobiernos anteriores utilizaron al Ejército y la Marina para ciertos operativos, sobre todo relacionados con el narcotráfico, pero nunca de manera generalizada). Soldados y marinos no estaban capacitados para ser policías. Están entrenados para matar. Eso es lo que hicieron generando aún más violencia. Las estadísticas no mienten. Calderón se lanzó a la guerra en 2007, el año más pacífico de la historia reciente del país. En menos de cuatro años, el país estaba en llamas.

Hay que reconocer, sin embargo, que Calderón, a la vez de utilizar a las Fuerzas Armadas, también fortaleció uno de los eslabones de la cadena de justicia criminal: la policía. El mejor legado de su Presidencia fue la Policía Federal que no sólo creció en número, sino en sus capacidades policiacas.

La violencia comenzó a bajar en 2011. En 2012, los mexicanos elegimos a un nuevo Presidente que le bajó el perfil al tema de la inseguridad pública. La realidad se lo permitió porque el problema parecía que estaba resolviéndose. Peña, intencionalmente, dejó de hablar del tema, dando a entender su baja prioridad. En la práctica, continuó con la decisión de tener a las Fuerzas Armadas en labores policiacas y, a la par, descuidó el fortalecimiento del sistema judicial criminal. Desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y la integró a Gobernación, politizando así, a la Policía Federal. Ésta ya no creció ni en número ni en capacidades policiacas. El gobierno supuestamente le apostó a una mayor “coordinación” con los estados para combatir la criminalidad. Resultó pura retórica.

La violencia, sin embargo, dio un giro en 2014. Volvió a crecer de tal suerte que actualmente estamos peor que en 2011. Hoy es posible concluir, con tristeza, que el de Peña fue un sexenio perdido en combate a la criminalidad. Peor aún, si seguimos así, a diferencia de las elecciones presidenciales pasadas, vamos a llegar al 2018 con una tendencia al alza.

¿Y dónde están los ciudadanos en esta sombría realidad?

Es cierto que hoy existen múltiples organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. Pero no podemos quedarnos sólo ahí.

Peor aún, percibo un creciente individualismo en torno al problema. Si el Estado no puede proveer seguridad, los individuos buscan soluciones por su cuenta. En los vecindarios ricos y de clase media proliferan los guardias privados cada vez más armados. Hoy se les ve hasta con ametralladoras y feroces perros. Como siempre, los más pobres, que no tienen recursos, son los más afectados. Algunos se organizan en su barrio en patrullajes vecinales para cuidar los pocos bienes que tienen y ejercen, cuando pueden, la justicia con sus propias manos.

Así no se va a resolver el problema. Sólo la organización y presión social obligará al gobierno a desarrollar un sistema de justicia penal que castigue a los delincuentes. La impunidad genera violencia, una violencia que cada día se está tornando más en algo normal, cotidiano, rutinario; una costumbre más del paisaje mexicano.

Twitter: @leozuckermann

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