Tras cinco meses defendiendo a brazo partido su proceso para documentar las muertes ocurridas por el huracán María en Puerto Rico, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, hoy estuvo callado, sentado en una silla, durante la conferencia de prensa en que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reasignó la responsabilidad de hacer el recuento a un grupo de expertos en salud pública del Instituto Milken de la Universidad de George Washington.

El Gobernador, quien ha defendido a Pesquera incondicionalmente durante todo este tiempo, dio un giro y esta vez anunció que además del recuento, el grupo hará un estudio que será “objetivo” e “independiente”, para dar al gobierno herramientas para prevenir muertes en futuros huracanes y recomendaciones para adecuar los procesos de documentación de estas fatalidades. Los dos objetivos iniciales del grupo son evaluar los procesos que se usaron para documentar las muertes vinculadas a María y producir un nuevo estimado a tono con los estándares modernos de documentación de fatalidades en desastres.

“Para nosotros es un día muy importante porque hemos llegado a este acuerdo. Contamos con una institución académica y con dos personas de renombre para liderar este esfuerzo y, como ellos estarán hablando, esto llevará a cabo una serie de colaboraciones con el objetivo de cumplir esos dos principios iniciales y con el potencial posterior de que este estudio pueda ser uno mucho más abarcador que pueda rendir mayor resultado no solo para Puerto Rico sino para la ciencia y el estudio de la epidemiología posterior a eventos catastróficos como este”, dijo Rosselló.

La decisión de Rosselló atrasa hasta mayo la esperada publicación del informe del recuento de muertes, encomendado a Pesquera en diciembre y plasmado en Orden Ejecutiva en enero, que sería publicado originalmente en marzo.

El nuevo grupo, que estará encabezado por el epidemiólogo Carlos Santos-Burgoa, hará un estudio “completamente independiente”, según aseguraron, para documentar científicamente el exceso de muertes en Puerto Rico tras los huracanes Irma y María, y pasará juicio sobre los procesos de documentación de las muertes utilizados tanto por las agencias del gobierno de Puerto Rico que participaron del proceso como del propio Centro para la Detección y Protección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), agencia federal que provee al gobierno local guías cónsonas con los estándares en Estados Unidos y los sistemas internacionales.

“Sí presenta muchos retos. Estamos tomando el estudio varios meses pasado el evento”, sostuvo el Dr. Santos-Burgoa a preguntas de la prensa sobre cuán difícil será hacer el estudio en esta etapa.

A preguntas sobre por qué ha mantenido la cifra oficial de muertes por María tan baja y si fue presionado de alguna forma para que así fuese, Rosselló dijo que ha recibido “cero presión” y atribuyó la tardanza de su gobierno en comenzar un estudio científico a que estaba en el proceso de identificar los recursos adecuados para la tarea.

El Gobernador estuvo acompañado en tarima por Santos-Burgoa y la Dra. Lynn Goldman, directora del Instituto Milken de Salud Pública. Los tres fueron enfáticos en que de ahora en adelante el gobierno de Puerto Rico no tendrá ninguna injerencia en el mismo hasta que se difundan sus hallazgos que se harán públicos a todo el mundo. “Nosotros tenemos completa libertad académica. Conduciremos este estudio con total integridad. Las cantaremos como las veamos. Y eso, lo prometo”, dijo la Dra. Goldman.

Según sus biografías, Goldman es epidemióloga y tiene amplia experiencia en asuntos de política pública de salud, particularmente en el tema de uso de pesticidas, y Santos-Burgoa, también en política pública de salud en asuntos de equidad y riesgos ambientales en América Latina. A preguntas del CPI sobre quién en el equipo tiene experiencia en estudios de mortalidad en desastres naturales, Santos-Burgoa dijo que ambos, pero no precisó en cuáles áreas.

La primera fase del estudio de las muertes en Puerto Rico comenzaría de inmediato y durará tres meses. En esta etapa -que costará $305,000 a ser pagados por el gobierno de Puerto Rico- analizarán las estadísticas vitales del Registro Demográfico y publicarían un informe preliminar con un estimado del exceso de muertes en la Isla a raíz de los problemas ocasionados por huracanes Irma y María desde el 1ero de septiembre de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. Asimismo, identificarán casos a investigar en mayor profundidad en una segunda etapa, ya con entrevistas a familiares y a entidades que puedan arrojar luz sobre todo lo sucedido, tales como hospitales y funerarias, dijeron los académicos. La segunda etapa tomaría nueve meses adicionales, costaría $1.1 millones, y sería la que produciría un informe a profundidad sobre cuáles fueron las circunstancias que produjeron las muertes, qué puede hacer el gobierno para evitarlas la próxima vez que la Isla sea azotada por huracanes de tamaña magnitud y cómo debe de modificar sus procesos de documentar muertes en desastres naturales, para corregir las fallas que tiene el sistema actual. El dinero para costear esta fase no ha sido identificados aún, pero Rosselló aseguró que el estudio se completará y los científicos dijeron que están identificando posibles fuentes alternas de fondos para esto.

Los científicos dijeron que están en conversaciones con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico para integrarlos al esfuerzo.

La movida es la primera en la que el gobierno finalmente pone en manos de personas del ámbito de la salud pública y la ciencia el análisis del aumento significativo en muertes que vivió Puerto Rico a raíz de la devastación del huracán María el pasado 20 de septiembre, validando las investigaciones que el Centro de Periodismo Investigativo ha estado publicando desde el 28 de septiembre. El CPI sostuvo que las muertes eran muchas más de las que estaba informando el gobierno -que mantuvo su cifra oficial en 16 muertes durante semanas-, que posiblemente ya eran cientos y que respondían a situaciones causadas por la emergencia como la falta de electricidad, de servicios de salud y de transporte. Asimismo, citando a expertos en epidemiología y salud pública, los artículos planteaban que la compleja tarea de documentar las muertes relacionadas a un estado de emergencia como el que atravesaba y aún enfrenta Puerto Rico en algunas áreas era tarea propia de profesionales de salud pública y de la ciencia, en lugar de un ente policiaco como lo es el Departamento de Salud Pública.

Finalmente, en noviembre el CPI publicó en primicia un análisis de las propias estadísticas de mortalidad del gobierno que ubicaban el exceso de muertes en Puerto Rico en septiembre y octubre en más de 1,000. La información fue también divulgada posteriormente por The New York Times.

Pesquera descartó la investigación publicada por el CPI y por otros medios locales e internacionales como “ficción” y sostuvo que no era necesario envolver a epidemiólogos en su proceso de análisis porque en Puerto Rico “no hay una epidemia”.

En la conferencia de prensa este jueves, tanto el Gobernador como los doctores Goldman y Burgoa dijeron claramente que la institución hará de inmediato su estudio, y que el DSP se limitaría facilitarles la información que soliciten de parte de las agencias del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el CPI solicitó clarificación a las secretarias de prensa de Fortaleza y de Seguridad Pública, Yeniffer Álvarez Jaimes y Karixia Ortiz, respectivamente, sobre si esto significa que Pesquera termina inmediato su función como líder del recuento de las muertes, ambas dijeron que no.

“Pesquera sigue liderando el esfuerzo y coordinando. El análisis científico se le delega a la Universidad de George Washington”, respondió Álvarez Jaimes a la pregunta del CPI al señalar que la vigencia de la orden ejecutiva original se extenderá para dar a los científicos los citados 90 días.

No quedó claro qué en específico ha producido el equipo de Pesquera en más de dos meses que llevaba a cargo de la tarea del recuento, ni cuál será el producto que harán público de ese esfuerzo. Se le preguntó Álvarez Jaimes qué pasará con el trabajo realizado por este grupo, e indicó que compartirá los datos recopilados hasta el momento con George Washington.

La Orden Ejecutiva 2018-001 ponía en manos de Pesquera, en coordinación con el Registro Demográfico y con el Negociado de Ciencias Forenses, establecer un procedimiento de revisión de las muertes ocurridas luego del huracán María para determinar si estuvieron o no relacionadas al evento. Pesquera nunca explicó cuál sería este procedimiento pese a múltiples peticiones del CPI.