La Junta de Andalucía, gobernada por PP-A y Ciudadanos (Cs) desde enero, está abonando cesantías a 71 ex altos cargos del anterior Ejecutivo que presidía la socialista Susana Díaz, por importes mensuales que superan los 4.000 euros en todos los casos, y también los 5.000 en algunos de ellos, sin llegar a los 6.000.

Entre dichos ex altos cargos de la Administración socialista que cobraban cesantías a fecha del pasado 31 de marzo, según información publicada en el Portal de Transparencia y adelantada por el diario 'El Mundo' este jueves, figuran la exconsejera de Educación Adelaida de la Calle y quien fuera titular de Cultura, Miguel Ángel Vázquez.

En concreto, la exconsejera De la Calle tiene un importe mensual reconocido de 5.142,67 euros a cobrar durante un plazo de 24 meses, que vencerá el próximo 9 de junio, mientras que Vázquez --que fue elegido senador por designación autonómica al inicio de la legislatura-- tiene derecho a cobrar 4.443,39 euros desde el pasado 22 de enero, por un periodo de siete meses.

Otros ex altos cargos que han percibido asignación económica por razón de cese son el último portavoz del Gobierno de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco --por un importe de 5.268 euros durante tres meses, desde el pasado 28 de enero--, y quien fuera secretario general de la Presidencia, Máximo Díaz Cano, a quien se le reconocen 5.619,71 euros a cobrar al mes desde el pasado 28 de enero y durante seis meses.

El referido listado de 71 ex altos cargos viene completado por nombres de antiguos viceconsejeros, directores y secretarios generales, así como delegados del Gobierno de la Junta durante la presidencia de Susana Díaz.

El cambio de gobierno que protagonizaron PP-A y Cs tras las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre afectaba a 660 cargos de confianza, de los que 273 eran altos cargos y asimilados, entre los que figuraban 141 con derecho a una asignación económica con motivo de su cese siempre que, además, acreditasen como mínimo un año de desempeño como personal alto cargo.

En concreto, inicialmente tenían derecho a dicha cesantía la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz; el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, y los titulares de las 12 consejerías restantes de aquel Gobierno socialista, siempre que reunieran los requisitos establecidos.

También, 100 titulares de viceconsejerías, secretarías generales, secretarías generales técnicas y direcciones generales; 19 titulares de los centros directivos de los Servicios Centrales de las Agencias administrativas y agencias de régimen especial, y ocho titulares de las delegaciones del Gobierno andaluz.

No obstante, según recoge la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, el derecho a dicha asignación "decaerá en el momento en que, dentro del periodo en que la perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado, o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público".

Además, dichas asignaciones económicas son "incompatibles con la percepción de retribuciones que pudieran corresponder a las personas que cesan (...), caso de ser designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia, o altos cargos de otras administraciones públicas, así como con cualquier otra percepción o prestación económica a que tuvieran derecho como consecuencia del cese en los citados cargos".