Política

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, envió este lunes a la Junta Departamental un proyecto de decreto para ampliar a la rambla, los bulevares y avenidas la prohibición de colocar cartelería política. El decreto cambia el régimen punitivo y pasa a 1 UR por cartel mal colocado en alumbrado público y columnas y a 10 UR en el caso de que el cartel sea colocado en árboles o monumentos históricos.

Tras el anuncio, la lista 88600 del sector Ciudadanos del Partido Colorado emitió un comunicado criticando el proyecto por "limitar el derecho al acceso a ser elegible" y "restringir enormemente la eficacia de la forma de publicidad más básica, barata y accesible de todas". Además, afirma que esta medida "se enmarca en la tan criticada tesis de aumentar las penas como solución represiva a los problemas sociales".

"La afectación del derecho a ser elegible, si bien posible, debe ser extremadamente excepcional y amparada por los más sublimes móviles humanos y políticos, destinados a garantizar la pureza del sistema electoral y la credibilidad del sistema político en general y no por burdos móviles oportunistas y represores", indica.



La agrupación señala que la publicidad electoral en la vía pública "es tan popular debido a su bajo costo", lo que permite a los candidatos nuevos, "cuyo mayor capital son sus propuestas, hacerse conocer y competir realmente en las instancias electorales". Asimismo, señala que se trata de una "pésima señal" para los militantes "comprometidos con la construcción de ciudadanía", que, asegura, son los que salen a colgar los carteles.

"Claramente los favorecidos por esta clase de medidas son los políticos acaudalados que gracias a su dinero pueden darse el lujo de invertir en publicidad en masivos medios de comunicación, creando así condiciones injustas de competencia electoral y transformándose de hecho en un escollo insalvable para aquellos que -sin formar parte del ‘establishment'- buscan hacerse conocer, convencer en base a ideas y lograr ser electos", asevera.



Por otro lado, afirma que la propuesta "no solamente viola derechos, sino que es ineficiente", y argumenta: "Las grandes vías de tránsito (avenidas y bulevares) son las más transitadas, un solo cartel en una de estas arterias es visto por cientos de personas. Para lograr que la misma cantidad de gente vea el contenido de ese cartel, deberían colocarse cientos más en cada calle poco transitada de la ciudad, aumentando la cantidad de carteles necesarios para llegar a la misma cantidad de potenciales electores. Esto no solo aumenta el presupuesto y reduce el efecto publicitario, sino que aumenta la cantidad de desperdicios al final de la elección".

Finalmente, sostiene que la propuesta es "jurídicamente dudosa" y que "es mayoritaria la opinión en la Academia" acerca de la imposibilidad de los Gobiernos Departamentales de limitar los derechos contenidos en la Constitución y los Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. "Recordemos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Ley 13.751) recoge el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y sin restricciones indebidas, el derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores". "Además la Constitución prevé en su artículo 7 el derecho a la libertad, en el art. 29 a la libertad de comunicación, en el art. 39 el derecho a asociarse con fines lícitos", añade.



"Es por esto que la Lista 88600, a través de su secretario general Flavio Harguindeguy condena esta iniciativa represora e injustificadamente limitante de derechos humanos políticos fundamentales y reclama a la Junta Departamental de Montevideo que rechace este proyecto de efectos conservadores", concluye.