La democracia en México no pasa por su mejor momento. Según el más reciente estudio de Latinobarómetro, solo 18% de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de las instituciones democráticas. A cuatro de cada diez entrevistados, le da igual tener un régimen democrático o uno autoritario.

En este mar de desilusión, no hay instituciones más vilipendiadas que los partidos políticos. Sólo 9% de los mexicanos expresó tener mucha o algo de confianza en los partidos.

Uno supondría que, ante tamaña crisis de legitimidad, los partidos políticos tratarían de preservar el poco prestigio que les queda. Uno lo supondría, pero uno se equivocaría. El proceso electoral de 2018 está arrancando con una simulación grosera, ejecutada por todos los partidos y avalada por la autoridad.

La campaña electoral empieza formalmente hasta el primero de abril. Por los siguientes dos meses, los partidos políticos deberían de estar enfrascados en sus procesos de selección de candidatos presidenciales.

Pero eso supone que existe competencia interna. Y resulta que las tres coaliciones que agrupan a los nueve partidos nacionales ya tienen candidato: Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Sobre eso, nadie con tres dedos de frente y un mínimo de información tiene la menor duda. No hay contienda interna, no hay rivales que queden de pie, no faltan más que semanas para que cada uno de esos tres hombres sea ungido como abanderado de su respectiva coalición.

Entonces, ¿para qué tener precampañas si el resultado ya está definido? Pues para darle la vuelta al calendario legal. Para empezar la campaña cinco meses antes de lo que marca la norma. Para colocar a los candidatos en la mente de los votantes.

El ejercicio no es barato. En total, el INE autorizó un gasto superior a 200 millones de pesos para las precampañas. Añádase una avalancha de spots en radio y televisión: 11.4 millones entre el 14 de diciembre y el 12 de febrero. Todos engalanados con un mensaje de cierre, alegando que los spots están dirigidos en exclusiva a los militantes de los partidos políticos en cuestión. Los demás tendríamos que taparnos ojos y oídos, supongo.

Tenemos entonces precampañas que son campañas, precandidatos que son candidatos y spots dirigidos a militantes que acaban viendo o escuchando todos los tienen radio y televisión. Un triple embuste a costa del contribuyente.

¿Y dónde está la autoridad electoral en todo esto? Dándole luz verde el enjuague. Hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló el uso de spots en procesos internos con precandidatos únicos. Es decir, le dio el sello de aprobación a arrancar desde ya las campañas.

El problema real no es que las contiendas electorales sean más o menos largas. O la avalancha de spots. O el subsidio inmoderado de los partidos.

El problema de fondo es que los políticos se den normas, para luego proceder a burlarlas a la primera oportunidad. El problema es que la trampa ocurra de manera transparente, sin rubor, sin siquiera un intento mínimo de camuflaje. El problema es que la autoridad electoral no haga nada ante la simulación, por desidia o por impotencia. El problema es que se sigue abonando al desprestigio de las instituciones democráticas.

Entonces, hago desde esta columna un llamado (respetuoso, aunque inútil) a partidos políticos, dirigentes y candidatos: detengan sus precampañas. Deténganlas hoy mismo. De manera unilateral, sin que se los pida o se los ordene el INE.

No se burlen de los votantes y no se mofen de la norma. Esperen a abril. Esperen a los tiempos legales. Sorpréndannos con un gesto de audacia y generosidad.

El país se los agradecerá.



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@ahope71