“Este es un gobierno de centroderecha, pero lo que pasa es que en este tipo de temas hay un poco de falta de convicciones”, dice la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, al abordar la ley de indultos conmutativos que impulsó La Moneda, frente a la que la senadora y otros parlamentarios oficialistas se enfrentaron en el Tribunal Constitucional.

En esta entrevista, la líder gremialista aborda ese episodio, su conversación con el Presidente Sebastián Piñera y el futuro que, a su juicio, tendrá la ley humanitaria del Ejecutivo.

Usted dijo que le dolía que el gobierno de ustedes aplique una “discriminación” en la ley de indultos, al dejar fuera a quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad...

Voy a hablar de manera personal y de personas de mi sector con las que he conversado: a nosotros nos dolió que nuestro gobierno haya generado una discriminación arbitraria en torno a personas que fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos, pero que no fueron autores intelectuales o materiales, que fueron condenados porque obedecieron órdenes de superiores y no tuvieron la visión o la fortaleza de decir “no”. Y por eso los condenador. Y esa una discriminación arbitraria que, más encima, hoy los estamos condenando a exponerse a contagiarse, siendo personas de alto riesgo. Nos dolió por sobre todo porque podemos entender que un sesgo de esa naturaleza surja desde la izquierda, pero nos cuesta mucho entender que surja desde un gobierno de centroderecha.

¿Para la UDI no hay ahí un factor que hay que considerar y entender? Por el coronavirus había que sacar rápido esa ley, y si se incluían a condenados por DD.HH. eso no iba a prosperar por falta de apoyo de la oposición…

Es que a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo, pero la connotación habría sido distinta si eso hubiese surgido como una discriminación de la izquierda, porque eso para nosotros es entendible. Sin duda que para ellos todo este tema tiene una connotación distinta que los hace tener una postura distinta. Pero es bastante incomprensible que esto surja desde el gobierno.

O sea, ¿el gobierno debió presentar desde el principio un proyecto sin excluir a los condenados por DD.HH. y que fuera la oposición la que introdujera esa exclusión?

Exactamente, para haber podido generar el debate y definir que no es lo mismo el autor material de un delito de lesa humanidad que aquel que no tenía mando, que su delito fue no haberse rebelado contra el mando.

Uno asume que detrás de la postura que usted defiende no se busca que el beneficio sea para personas como Miguel Krassnoff o Álvaro Corbalán…

Siempre planteamos que tenían que ser personas con penas bajas, por lo tanto, que no fueran autores materiales, e incluso con requisitos más altos que el resto: haber cumplido dos tercios de sus penas, tener 75 años o más y que tuvieran enfermedades concomitantes. Pero eso no fue escuchado, no fue atendido.

Era comprarse un problema para el gobierno y un costo…

Lo que pasa es que este tema necesariamente iba a tener un costo para el gobierno, pero es de todo sentido que alguien que era cabo cuando se generaron los hechos, que fue condenado porque condujo una camioneta, porque se lo ordenaron, y que hoy tiene 80 años y un enfisema pulmonar pueda hacer uso de esta ley. Esta discriminación del gobierno cae en la misma categoría que el ensañamiento judicial que normalmente tiene la izquierda en muchos de estos temas.

¿Cree que el gobierno actuó de esa manera por convicción o por realismo político?

No lo sé, no lo sé. Independiente de la razón, era una discriminación igual.

¿Es este un gobierno de convicciones, a su juicio?

Este todavía es mi gobierno. Por lo tanto, no voy a dar esa respuesta (se ríe).

Queda clara la respuesta, entonces…

(Se ríe). Yo creo que en este tema había personas que tenían la convicción de que esto no era una discriminación. Es probable. No tengo por qué pensar mal de ellos, pero creo que se equivocaron profundamente.

Usted habló con el Presidente Piñera hace unos días y le planteó sus aprensiones con la ley de indultos...

Yo no suelo comentar las conversaciones con el Presidente, pero en términos generales le dije que un porcentaje importante del electorado de centroderecha entendía que dentro de las violaciones a los derechos humanos hay distintos rangos y que, incluso, muchos de quienes están en Punta Peuco no tuvieron la posibilidad de defenderse con el sistema judicial actual; y que, por lo tanto, la forma en que fueron juzgados es con el sistema antiguo, que se cambió justamente porque no daba las garantías para una adecuada defensa. Así que le dije que esta era la oportunidad para poder demostrar eso y que fuese la izquierda la que hiciera la discriminación.

¿Han vuelto a conversar con el Presidente?

No, yo no.

¿No es dañino para la UDI liderar una ofensiva en este ámbito y seguir vinculándose con ese pasado? ¿O no les importa eso y, más bien, justamente quieren recuperar adhesión en un sector que se ha alejado de este gobierno?

Ni lo uno ni lo otro, y todas las anteriores. Esto para nosotros sí es un tema de convicciones. Nosotros, probablemente por un tema de historia, somos más cercanos al mundo militar que la izquierda y, por lo mismo, conocemos historias de vida de gente que ha sido condenada con pruebas absolutamente circunstanciales.

El gobierno reimpulsó la ley humanitaria, en la que sí se incluyen a condenados por delitos de lesa humanidad, como un gesto a Chile Vamos. ¿Qué futuro le ve usted a esa ley?

Si Juan Bustos, que era un dirigente de izquierda, era capaz de darse cuenta de eso, y el director de Human Rights Watch plantea lo mismo, es evidente que hay razones para poder avanzar en esa ley. Sin embargo, tengo el convencimiento profundo de que esa ley no se va a aprobar. Y estoy segura que el gobierno también.

¿Por qué tan segura de que el gobierno tiene esa misma convicción?

Porque hay que saber contar los votos en el Congreso no más. Es realismo político.

Si existe esa convicción de que no se va a aprobar, es como perder el tiempo, entonces, con ese proyecto de ley. De todas maneras, fue un intento del gobierno de hacerles un gesto a ustedes, a Chile Vamos…

Sí, pero no pasa de ser un intento, porque no es un gesto, si todo el mundo sabe que esa ley no se va a aprobar, eso fue una mascarada del gobierno.

En el primer gobierno de Piñera también hubo conflictos en la derecha por este tema: a raíz del cierre del Penal Cordillera y la declaración del Mandatario sobre los “cómplices pasivos”. En esa época se intentaba proyectar a un gobierno más cargado hacia el centro. En esta administración, se ve algo más difuso respecto de lo que se quiere proyectar. ¿Cómo lo ve usted?

Este es un gobierno de centroderecha, pero lo que pasa es que en este tipo de temas hay un poco de falta de convicciones… Hay áreas en las que a veces hay ciertos complejos en nuestro sector para poder defender las ideas con fuerza y claridad.

¿Cuál es la sensación que existe en la UDI con el gobierno?

Yo espero que esto sea una cosa puntual, pero sin duda que este tipo de cosas generan una cierta desafección.

Ahora, en La Moneda también podrían decir que ustedes -y RN en algunos casos- se comportan casi que como oposición al gobierno en algunos momentos al levantar ofensivas que complican al Ejecutivo…

Nosotros somos parte de este gobierno y ayudamos a que saliera electo. No ha habido nadie más leal en Chile Vamos… O sea, la UDI ha sido extremadamente leal en cada una de sus actuaciones, pero habemos muchos en la UDI que creemos en cosas muy importantes y que no estamos dispuestos a transar. Y esto pasó, por ejemplo, con la ley de identidad de género también.