Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2019

El decreto de necesidad y urgencia 62/2019 establece una herramienta para recuperar los bienes. Sin debatir sobre su constitucionalidad, analizaremos aquí por qué la expresidenta saldrá airosa cuando intenten aplicarle el decreto. Y aquí una de sus principales falencias.

El articulo 5 del anexo del decreto 62/2019 (Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio) establece que estarán sujetos aquellos bienes incorporados con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. Veamos: en las causas Hotesur y Los Sauces fueron procesados por asociación ilícita y lavado de activos la familia Kirchner por el período comprendido entre 2010 y 2015. La mayoría de los inmuebles de los Kirchner fueron adquiridos en años anteriores. Los hoteles Alto Calafate, La Aldea de Chaltén y Las Dunas fueron adquiridos en 2008, como también los principales activos. Agrega el artículo 9 que solo será admisible como excepción de previo y especial pronunciamiento la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. Fácilmente los Kirchner demostrarían que sus bienes fueron adquiridos antes de los delitos.

Ahora bien, como Cristina Kirchner también fue procesada en otras causas, como por ejemplo las causas de los cuadernos de las coimas , y en esos casos el período abarca desde 2003, bien podría indicarse que los bienes fueron adquiridos con posterioridad a la fecha de comisión del delito.

Y aquí nos encontramos con un nuevo escollo para aplicar este DNU a los bienes de la familia Kirchner. Los sobreseimientos dictados (especialmente el del juez Norberto Oyarbide), en los cuales al analizar denuncias por enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner se resolvió sobreseer a Néstor y Cristina.

¿Podrá un juez civil y comercial federal ordenar la extinción de dominio de los bienes de los Kirchner sin avanzar en la Justicia Penal con la reapertura de la causa de enriquecimiento de los expresidentes? La realidad en la Argentina hubiera sido diferente si el exjuez Norberto Oyarbide no hubiera salido por la puerta grande y un juicio político lo hubiera destituido.

Como siempre, las mezquindades políticas prevalecieron sobre la racionalidad. Todos los ciudadanos reclamamos no solo una condena en tiempo justo, sino también poder recuperar el dinero robado. Todos sentimos de alguna u otra manera que lo que nos falta lo tienen los corruptos. Vemos el incremento patrimonial desmedido de los investigados en las múltiples causas de corrupción que proliferan en los tribunales de Comodoro Py . Fuimos testigos de herencias millonarias producto de la muerte de un expresidente que encabezó una asociación ilícita para saquear el Estado y dejarle el mando a su esposa, como sucede en la mafia.

Es necesaria la reapertura de la causa de enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner y su revisión para que proceda la extinción de dominio de sus bienes.

Exdirectora de la Inspección General de Justicia, abogada especialista en corrupción

Silvina Martínez

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