MÉXICO, D.F. (apro).- El Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito canceló hoy la medida precautoria que impedía desde septiembre de 2013 a empresas transnacionales, entre ellas Monsanto y Syngenta, sembrar maíz genéticamente modificado en México.

Al conocer la decisión, el grupo de ciudadanos integrantes de Demanda Colectiva AC, que promovió la demanda que bloqueó la siembra de maíz transgénico en el país, interpuso un recurso de apelación, confirmó a Apro el abogado René Sánchez Galindo.

Por lo anterior, puntualizó Sánchez Galindo, la entrega de permisos sigue detenida hasta que la justicia confirme o deseche su decisión de “tumbar” la medida precautoria.

En septiembre de 2013 el Juzgado XII de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal había considerado que, al permitirse el otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico, existiría el riesgo de vulnerar las decenas de especies nativas, debido a que México es considerado como lugar de origen del grano.

Por lo anterior, aplicó la medida precautoria que congeló los permisos de siembra durante el tiempo que duraría el juicio, a través del cual Demanda Colectiva busca que la justicia determine si la siembra de maíz transgénico es legal o no.

Desde la emisión de la medida precautoria, ésta resistió 93 impugnaciones y 22 amparos, tanto por parte de las transnacionales como de dependencias federales.

AgroBIO, la asociación que agrupa las empresas y sectores interesados en la siembra de transgénicos en México, afirmó que, a raíz de la decisión que dio a conocer hoy el juez, las Secretarías de Agricultura (Sagarpa) y de Medio Ambiente (Semarnat) podrán reanudar la emisión de permisos de siembra del grano modificado, a la par que llamó al gobierno a retomar “de inmediato” esta práctica detenida desde hace dos años.

Sánchez Galindo insistió en que la apelación que interpuso el colectivo sigue frenando la entrega de permisos.

El presidente del Consejo Directivo de AgroBIO México -y también presidente de la multinacional Dow AgroSciences-, Ricardo Guimaraes, celebró que “se haya privilegiado el estado de derecho al levantar esta medida”, y afirmó que los transgénicos llevan “beneficios económicos y ambientales”.

En un boletín emitido en la noche, el colectivo deploró que “la decisión judicial omitió resolver sobre todos nuestros argumentos y pruebas”, entre ellas que, una vez liberados en el ambiente, los transgénicos se vuelven “incontrolables” –a través de la polinización, pero sobre todo por el sistema de intercambio de semillas de los campesinos– y ponen en riesgo la biodiversidad del maíz en el país.

“En la apelación”, plantearon los activistas en el boletín, los argumentos “podrán ser escuchados” y confiaron en que “obtendrán una decisión favorable”.