El logo de Pemex, en una estación de gas en Ciudad Juárez (Chihuahua). José Luis González / REUTERS

Pemex es un cuerpo doblemente enfermo. Desde hace más de una década, su producción de crudo no deja de menguar, arrastrando pérdidas millonarias y engordando una deuda −110.000 millones de dólares al cierre del año pasado− que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo. Ahora, la herida es doble. El estallido del coronavirus ha desplomado también el precio del petróleo, amenazando el plan de salvamento de la empresa estatal más grande de México, clave en el equilibro de las finanzas públicas del país, y colocada por Andrés Manuel López Obrador como la piedra angular de su política energética.

El desencuentro entre Rusia y la OPEP para recortar la demanda y contener la caída de los precios han llevado al barril de Brent al entorno de los 35 dólares. El pánico en los mercados provocó esta semana el mayor colapso desde enero de 1991, durante los últimos coletazos de la Guerra del Golfo. En realidad, la pandemia ha desencadenado una guerra también con dos frentes abiertos: por el lado de la oferta, una pelea de precios en la que Rusia pretende erosionar a sus competidores, sobre todo la entrada de EE UU en Europa y China. Por el de la demanda, una formidable crisis por la suspensión preventiva del transporte y el comercio.

Y en medio de la batalla se encuentra la moribunda Pemex, que ha visto como el precio de la mezcla mexicana, por definición más barato que los barriles de referencia, se hundía por debajo de los 25 dólares, mínimos de enero de 2016, cuando las tensiones entre Irán y Arabia, además del pico de sobreproducción de EE UU, provocaron otra crisis de oferta. Rusia ya ha lanzado esta semana el órdago de que puede resistir hasta siete años de precios bajos. Mientras que las previsiones del Departamento de Energía estadounidense pasan por alcanzar un punto de estabilidad al final de año en el entorno de los 40 dólares para el Brent, lo que se traduciría en unos 20 billetes verdes para la mezcla mexicana.

Pemex necesita que el suelo medio no baje a menos de los 49 dólares el barril para rentabilizar sus operaciones. Para cubrirse ante posibles percances, México contrató a principios de 2020 seguros por un valor de 1.000 millones de dólares que lo protegen de caídas por debajo de ese umbral mínimo. El plan, en todo caso, tiene fisuras. La inestabilidad del mercado encareció el precio de los seguros un 56% más que lo pagado el año pasado. Además, el Gobierno no ha especificado cuántos barriles estarían cubiertos por el programa. “Es una ayuda pero no es suficiente”, apunta Alicia Puyana, profesora de Flacso. “Tradicionalmente estos seguros no cubren el 100% de la producción, suele ser solamente la mitad. A México le va a tocar apretar los dientes”.

Las llamadas coberturas petroleras están diseñadas además para garantizar, no los ingresos de Pemex, sino los hacendarios. Ese es el principal objetivo de México: asegurar la trasferencia del petróleo a las arcas públicas, que aún supone el 18% del presupuesto público. Desde su llegada al poder, López Obrador ha asumido casi como una misión personal el salvamento de la compañía. A lo largo del año, el Gobierno mexicano ha rebajado su carga fiscal, ha realizados aportaciones de capital −casi 26.800 millones de dólares−, ha inyectado unos 5.000 millones para el pago de la deuda y ha anunciado la construcción de una refinería −con otros 8.000 millones de presupuesto− capaz de procesar 340.000 barriles de petróleo al día.

Un andamiaje que por ahora ha logrado apenas reducir en un 5% la deuda y resucitar casi testimonialmente la producción a datos de enero. Pero que corre el riesgo de ser derribado de nuevo por la tormenta que asola a los mercados. “Ha sido dinero tirado a la basura”, opina Miriam Grunstein, académica asociada de Rice University. Algo parecido interpretaron en su momento las agencias de calificación crediticia: son medidas de alivio temporal para las exigencias financieras inmediatas, pero el problema de liquidez y recursos suficientes para invertir en levantar la producción sigue sin solución.

El daño puede ser aún mayor. Las mismas agencias de rating tienen en el punto de mira la deuda de Pemex. En junio, Fitch rebajó su nota hasta el grado especulativo o bono basura. El listón de Moodys está solo un escalón por encima y, dos, en el caso de Standard & Poor’s. El riego mayor es que una bajada arrastre también a la deuda soberana mexicana. “Es un riesgo real porque en los contratos con los bonistas se establece la imposibilidad de que Pemex entre en default porque esa deuda está garantizada por el Estado”, añade Grunstein.

Ante la decadencia de la que fuera símbolo esplendoroso del desarrollo mexicano, el Gobierno de Enrique Peña Nieto aprobó en 2013 una histórica reforma energética, al dar acceso a la tarta también a las manos privadas. La liberalización del sector, que tampoco logró en el corto plazo resucitar al gigante estatal, alumbró 111 licitaciones de proyectos de exploración y perforación a compañías tanto mexicanas como extranjeras. Además de otro puñado de asociaciones público-privadas.

Con la llegada de López Obrador, heredero del nacionalismo energético del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), no habrá más rondas de licitación. El mandatario mexicano se ha comprometido, eso sí, a respetar −vía el nuevo TLCAN− los acuerdos ya firmados. De los 111 contratos, solo 29 están produciendo; el resto se encuentran en fase de exploración. Desde 2015, la iniciativa privada ha invertido 2.700 millones de dólares según la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, que se han traducido en 47.000 barriles diarios a finales de 2019.

Las estimaciones del Gobierno para este año pasan por ser capaces de levantar en total 1,9 millones de barriles diarios. El año pasado cerró con 1,69, logrando alcanzar este enero los 1,7. Los analistas dan por hecho que las ambiciosas metas no podrán concretarse sin ayuda. Aunque también reconocen que el contexto no es nada favorecedor . “En las condiciones actuales, con tanto petróleo y tan barato, nadie va a venir a invertir aquí”, dice Puyana. “En 2013 pudiera haber sido una buena solución −añade Grunstein− aprovechar la apertura para sacar la compañía a la Bolsa. Ahora no, nadie querría comprar una acción de Pemex”.



