E

stados Unidos (EU) no es un país democrático. Allí no gana quien convence con sus propuestas, sino quien cuenta con mayor respaldo de las redes de corrupción pública y privada. La única razón por la cual Hillary Clinton hoy aventaja a Donald Trump hacia la elección presidencial de noviembre es porque cuenta con el apoyo de la oligarguía financiera y el poder político del país vecino.

La campaña de Clinton ha recaudado un total de 375 millones de dólares, en comparación con los 99 millones de Trump (véase). Clinton lleva una ventaja contundente en donaciones de parte de los capitanes de todos los sectores claves de la economía estadunidense: defensa, bancario, agroindustria, energía, tecnología, etcétera. Estas contribuciones serían estrictamente ilegales si las avanzadas leyes mexicanas en materia de financiamiento electoral fueran vigentes del otro lado de la frontera.

Clinton también cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno en turno. Tanto el presidente como el vicepresidente en funciones, Barack Obama y Joseph Biden, participan activamente en su campaña, gastando enormes cantidades de recursos públicos en actividades proselitistas. La semana pasada, ambos funcionarios participaron durante sus horas laborales en la Convención Nacional del Partido Demócrata para expresar su apoyo decidido para Clinton. Este intervencionismo gubernamental en las campañas también sería ilegal en México.

El Partido Demócrata manipuló las elecciones internas con el fin de asegurar que Clinton fuera su candidata en lugar de Bernie Sanders. La más reciente filtración de Wikileaks demuestra que los altos funcionarios del partido celebraron pactos con donantes, medios de comunicación y el gobierno de Obama con el fin de cerrarle el paso al candidato socialista. A ello hay que agregar las denuncias públicas de Sanders durante la campaña sobre la exclusión de votantes independientes de las elecciones primarias y la abierta parcialidad de los superdelegados, congresistas nombrados por dedazo por el partido, hacia Clinton.