El Club de Campo Villa de Madrid, dependiente del Ayuntamiento (PP) y cuyas instalaciones se han financiado con dinero público, tiene una lista de espera de miles de personas y varias décadas. Pese a su carácter municipal, sus 22.000 socios disfrutan a precio simbólico de unos servicios que para el resto de ciudadanos tienen un coste prohibitivo. Excepto si se posee una tarjeta VIP.

Los hay que la tienen como atención protocolaria, en virtud de su cargo (concejal de Madrid, presidente del Gobierno o de la Comunidad, patrocinadores, etcétera). Pero también existe un largo listado de tarjetas VIP más dudosas. En 2011, la tenían, por ejemplo, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el asistente de José Luis Rodríguez Zapatero, la hermana de la presidenta regional, grandes empresarios, el instructor de equitación de la infanta Elena, el hermano de Mariano Rajoy, la familia al completo del aspirante al trono de Francia y un grupo de influyentes periodistas. Así, hasta sumar 650 tarjetas, la mayoría difícilmente explicables.

La diferencia entre tener o no tener pase VIP es fácil de cuantificar: una madrileña podría haber ido ayer al Club de Campo a bañarse en la piscina cubierta, mientras su acompañante sudaba en el gimnasio antes de unirse al chapuzón. Precio total: 172 euros. Si uno de ellos hubiera tenido tarjeta VIP, les habría costado 11,50.

La piscina cubierta y el gimnasio fueron pagados con dinero público. Las tarjetas VIP se entregaban a petición de los interesados. Con una salvedad: las tenían de oficio aquellos que, por su cargo, merecían tal atención. Algunos ni las habrán utilizado.

Políticos. La alcaldesa, Ana Botella, tiene tarjeta VIP, como el resto de ediles (UPyD ha renunciado). Su esposo, José María Aznar, la tiene por ser expresidente. También la tenían dos de sus hijos, según el listado de 2011, al que ha accedido EL PAÍS. Botella explicó la semana pasada que en 2001 recibió clases de golf junto a su familia, como desveló El Mundo, precisamente dentro de estas atenciones protocolarias al jefe del Ejecutivo. Pero, una década después, en 2011, conservaba aún su tarjeta el ex preparador físico de Aznar Bernardino Lombao.

La tenía, como presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Y su mujer y sus dos hijas. Y la secretaria personal de Zapatero. Y la secretaria de su mujer. Y el secretario general de Presidencia. Y la vicesecretaria. Y la hija de la vicesecretaria, casada con un buen amigo de Zapatero. Hasta el ayudante civil del expresidente tenía tarjeta VIP. No consta que la tuvieran sus ministros, ni la mayoría de diputados socialistas. La tenía José Bono (PSOE), presidente del Congreso. Y su hijo. Y su jefe de Gabinete. La tenían diputados del PP como Miguel Arias Cañete y Jaime García-Legaz. Y la entonces portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. Y Mariano Rajoy. Y un hermano suyo.

Porque, además de las autoridades en sí, tenían tarjeta VIP propia sus familiares. La tenía Alberto Ruiz-Gallardón, como alcalde. La tenía Manuel Cobo, como vicealcalde y responsable del club en el Ayuntamiento, pero también algunos de sus subordinados y familiares. La tenía el exresponsable de Madrid 2016, ahora imputado por corrupción; y el exresponsable de Madrid 2012, que había dimitido ya por conducir ebrio.

La tenía Ignacio González, como vicepresidente regional, y también su esposa. Cada tarjeta es válida para su titular y un acompañante. La tenía la eurodiputada Pilar del Castillo, y su marido. La tenía el esposo de la edil Concepción Dancausa. La mujer y una sobrina del exalcalde José María Álvarez del Manzano. Una hermana de la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre. Tenía tarjeta VIP Mercedes de la Merced, que había dejado el Ayuntamiento ocho años antes. Y su marido. Y su hermano.

Tenía tarjeta VIP Luis Bárcenas, tesorero del PP, imputado ya en 2011 en el caso Gürtel. Y Gonzalo Aguado, alcalde entonces de Pozuelo e imputado por corrupción, y una edil... también imputada.

Casa del Rey. Disfrutaban de esta atención protocolaria el jefe de Administración, Isaías Peral; Carlos García Revenga, secretario de las infantas; el instructor de hípica de la infanta Elena y una amiga de esta, entre otros.

Empresarios y altos cargos. Aunque quizá no la necesitaran por dinero (pero sí para saltarse la lista de espera), tenían tarjeta VIP grandes constructores y directivos de las principales compañías del país. Pero también hosteleros, miembros de la Cámara de Comercio y de la patronal, ejecutivos de banca, etcétera. En algunos casos, también sus hijos.

En el Club de Campo podían codearse con consejeros del Tribunal de Cuentas, fiscales de la Audiencia, el juez decano de Madrid... que también tenían tarjeta VIP. Como el director de Cáritas, un coronel, un exgobernador franquista... Y deportistas, claro. Jinetes y golfistas de renombre, pero también exjugadores del Real Madrid de fútbol y baloncesto, y hasta un piloto de rallies.

Periodistas. Botella eliminó en 2013 esas tarjetas VIP difíciles de explicar, limitándolas a altas autoridades... y a un “reducido” grupo de periodistas. La tenían un subdirector de EL PAÍS (José Manuel Romero), un directivo de El Mundo y uno de sus columnistas, el director y el presidente de La Razón, el consejero delegado de Vocento, el director de Interviú, dos presentadores de la Cope, el director y un cronista político de La Gaceta...

Una instalación de élite con dinero público El Club de Campo Villa de Madrid es una institución elitista fundada en los albores de la Segunda República. Desde 1984, el Ayuntamiento posee el 51% de su capital. El resto se lo dividen, a partes iguales, Patrimonio del Estado y la Real Sociedad Hípica. Ubicado junto a la Casa de Campo, ofrece, entre otras actividades, hípica, golf, hockey y tenis. Alberga regularmente campeonatos profesionales. Pese a que depende del área municipal de Cultura y Deportes, y a que es enteramente público y mayoritariamente municipal, funciona como una institución privada: tiene 22.000 socios y una larguísima lista de espera. La inscripción supera los 2.000 euros; la cuota anual son 700 euros. Cada actividad, además, se paga: usar la piscina, por ejemplo, vale tres euros; el gimnasio, 5,5 euros. Los no socios deben abonar 40 euros por entrar. La piscina en festivo les cuesta 36 euros adicionales. En 1984, cuando el Ayuntamiento se hizo cargo del club, era un escenario de la alta sociedad. Unos 7.000 de sus 20.000 socios eran militares. En nueve años debería haberse convertido en instalación pública. Pero, en 1991, el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), prorrogó su estatus hasta 2026. En 2003, ya con Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se amplió a 2034. La sociedad no tiene ánimo de lucro, y se mantiene con ingresos propios. En 2012 registró una menor demanda de sus instalaciones por parte de sus abonados, lo que supuso una caída de recaudación. Por ello, este año, además de subir las tarifas, prevé admitir “de forma excepcional” a 300 personas más. Esto último supondrá un ingreso adicional de 725.000 euros. Más o menos el mismo dinero que deberá pagar en concepto de IBI, un tributo local que debería haber abonado desde 2006, pero olvidó hacerlo hasta 2013. El Ayuntamiento ha pagado hasta ahora sus obras. En 2012 tenía presupuestado recibir un millón de euros para un depósito de agua. En 2011 obtuvo 3,4 millones. En 2010 fueron 3,6 millones. Entre 2004 y 2009, recibió 6,3 millones para una piscina cubierta, un gimnasio, etcétera. Solo en 2010 y 2011, recibió 400.000 euros más para competiciones. El club entrega anualmente tarjetas VIP. Sus beneficiarios se saltan la lista de espera, se ahorran la inscripción y el abono anual, y pueden usar las instalaciones a precios simbólicos. Existen dos tipos de tarjeta VIP: las de primera categoría dan derecho a acompañante. Ambas “son solicitadas por los interesados al Ayuntamiento, la Real Sociedad Hípica o Patrimonio del Estado”, según informa el club, aunque también se envían de oficio. No todos los políticos, empresarios o profesionales la tienen. En 2010 había 407 tarjetas de primera y 208 de segunda. En 2011, había 445 y 203. En 2012, 349 y 196. Este periódico no ha tenido acceso a los nuevos listados. Este año, Botella ha suprimido las de segunda categoría, y ha reducido las de primera. Los beneficiarios de oficio son el presidente del Gobierno (y sus predecesores) y el de la Comunidad; los concejales de la capital; embajadores; la directiva y delegados deportivos del club; y “un grupo reducido” de periodistas. Además, previa petición, la tendrían los ministros y secretarios de Estado, y los consejeros regionales.

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