Testimonio

Imponen a una mujer que espera un trasplante de pulmón una multa de 600 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana por resistirse a identificarse ante la Policía

REBECA YANKE

Madrid

@RebecaYanke

Como a cualquiera en agosto, a Rosa Utrilla (61 años) le apetece salir de Madrid. Si consiguiera llegar hasta la playa la satisfacción sería total. Pero esta mujer no sólo no puede salir de la capital sino que tampoco puede separarse del carrito de oxígeno que le permite respirar. Un sábado de octubre de 2015 acudió con su marido al mercado de su localidad, Majadahonda, a comprar algo de verdura.

Un arrebato que terminó con una multa de 601 euros; una denuncia de su ayuntamiento por "infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 36.06 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana", conocida por sus detractores como ley mordaza. A falta de oxígeno, mordaza. Una ley que el PP acaba de acordar con Ciudadanos que se revisará "para mejorar diferentes aspectos de su regulación, intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia".

Rosa espera un nuevo pulmón desde junio de 2014 y, como persona con una discapacidad que es, aparca donde le corresponde. Aquel sábado, las dos plazas que podía usar cerca del mercado estaban ocupadas pero, como en Majadahonda quienes las emplean se conocen entre ellos, suelen pegarse al máximo para que un tercer coche halle lugar.

"Si los vehículos son pequeños solemos hacerlo con el correspondiente permiso de la Policía Local", rememora Rosa, "pero, en aquella ocasión, los agentes nos negaron la autorización. 'Ustedes verán si lo dejan ahí', nos dijeron, cuando a lo que estamos acostumbrados es a que nos pregunten si tenemos el carnet que acredita la discapacidad y a que nos dejen aparcar".

Así que Enrique, su marido, se fue a buscar aparcamiento lejos del mercadillo y Rosa -y su carrito de oxígeno- esperó en la entrada. A su regreso, "al volver por el lugar donde se hallaba la Policía Local", Enrique solicitó que "aplicaran el mismo celo con el resto de vehículos que, en aquel momento, se encontraban mal aparcados".

Como respuesta obtuvieron "sonrisas y comentarios", así que insistieron, advirtiendo de que, "en caso contrario", pondrían "una reclamación en el Ayuntamiento". Fue entonces cuando la Policía Municipal pidió a Rosa que se identificara.

"Me molesta que me intimiden o avasallen, siempre me ha pasado, pero ahora más [refiriéndose a su discapacidad]. Eran cinco hombres y una mujer, y fue ella la que me pidió que me identificara; cinco hombres grandes te impresionan, no es tontería... Yo me la quedé mirando y dije: 'No, no, identífiquese usted primero'. Por lo menos se lo dije tres veces. Hasta que Enrique me dijo: 'Ya está, Rosa, ya está', y le di el DNI. Llegaron a amenazarme con llevarme al cuartelillo;pues llévenme, pero no lo hicieron, ya es que hubiera sido... Cogieron el DNI, cogieron los datos, compramos la verdura y para casa...", resume Rosa ahora, un mes después de que le llegara a casa "la denuncia formulada por el Ayuntamiento de Majadahonda".

Lo que dice la ley

La Ley Orgánica 4/2015 de protección de Seguridad Ciudadana obliga a "exhibir" el documento nacional de identidad a petición de "la autoridad o sus agentes" (artículo 9). Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "pueden" requerirlo "cuando existan indicios de que [las personas] han podido participar en la comisión de una infracción" y "cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito".

La denuncia sostiene que Rosa se negó a facilitar su identificación, "solicitada ocho veces", y que se la pudo identificar tras "las oportunas comprobaciones", sin especificar cuáles. Rosa lo niega e insiste en que les entregó el DNI. Y se hace un par de preguntas. Una, cómo llega una denuncia a su nombre sin que ella, según indican, se identificase. Y dos, ¿qué indicios existían de que iba a cometer o ya había cometido una infracción?

"Asumo que he hecho algo mal. De acuerdo, yo tengo que identificarme. Son las formas de la Policía lo que no me parecen bien, que intenten intimidar a quien tienen enfrente, que se les dé esa autoridad por ley, porque al final es la palabra del policía contra la tuya. Y eso que mi multa es mínima, que puede ascender hasta los 30.000 euros, pero yo no sabía lo de la ley mordaza, ni me había enterado, por eso lo estoy contando, para que la gente se entere de qué va esto", argumenta Rosa.

Tal y como advirtieron a los agentes de Policía, Enrique y Rosa enviaron un escrito al Ayuntamiento de Majadahonda el 2 de noviembre del año pasado, es decir, el lunes siguiente al incidente acaecido en el mercadillo del sábado. Lo acompañaron de cuatro imágenes de aquel día, de los coches aparcados en doble fila y del espacio restante tras los dos coches en las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad.

"¿Por qué tanto celo con las personas con discapacidad?"

Su texto decía así: "No habiendo plazas para dispacitados, aparcamos nuestro vehículo (Ford Ka) en la zona rayada a continuación de dichas plazas. Nos dirigimos a la Policía Municipal para comunicarles el hecho, ellos nos disuadieron porque, según su opinión, dificultaba el paso de cebra. (...) Les avisamos de que había al menos cinco coches mal aparcados en las inmediaciones. (...) Cuando anunciamos que íbamos a llevar a cabo una reclamación, de forma intimidatoria requirieron la identificación".

Al día siguiente, 3 de noviembre, Manuel Ortiz Lázaro, concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías, respondió al escrito anterior afirmando: "De manera inmediata he puesto los hechos ocurridos en conocimiento de los mandos de la Policía Local, para que se realicen las actuaciones oportunas para evitar dichas situaciones y así lograr un mejor servicio a los ciudadanos".

EL MUNDO se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Majadahonda, y ha intentado también hablar con la Policía Local. Desde el consistorio, sólo se afirma que "la autoridad tiene presunción de veracidad", y que Rosa se acercó al ayuntamiento tras recibir la denuncia para que se retirara y "eso no se puede hacer porque se incurriría en una prevaricación". La Policía no se pronuncia.

La pregunta no hecha hasta ahora en estas líneas es la primera que Enrique y Rosa transmitieron a este periódico: "¿Por qué tanto celo con las personas con discapacidad? No sabemos lo que supone la ley mordaza. La Policía miente. ¿Por qué no aplicáis el mismo celo a los demás? Por lo menos, con los discapacitados no seáis así".