Mordidas, comisiones del 3%, pagos en ‘B’, sobres y políticos que cuentan billetes de uno en uno. El trapicheo que se esconde detrás de los contratos públicos sigue escandalizando a cada día. Mientras el goteo de escándalos continua, la mayoría de las Administraciones públicas españolas incumple la normativa que les obliga a publicar las licitaciones. Una opacidad que favorece las irregularidades.

La falta de publicidad de un contrato público no significa que detrás de la oferta haya algo ilegal. Sin embargo, la transparencia podría haber evitado muchos de los actuales casos de corrupción, cuyo origen y desarrollo se encuentra en la falta de control que se hace del dinero público. La opacidad ha favorecido el delito y, a pesar del estupor generalizado, la mayoría de las instituciones públicas españolas siguen sin dar información sobre los contratos que firman con empresas y proveedores, según concluye un informe elaborado por Transparencia Internacional (TI) con la colaboración del Observatorio de Contratación Pública (OBCP).

Tres de cada cuatro ayuntamientos españoles, del total de 110 analizados, infringen la obligación legal de publicar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP). También lo hacen tres de cada cuatro parlamentos, contado con el Congreso de los Diputados, el Senado y los 17 Parlamentos autonómicos. De los 17 gobiernos de las Comunidades Autonómas, sólo tres, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, cumplen la con la ley de publicidad de los contratos.

Desde 2011, todos los organismos públicos están obligados a publicar sus contratos en el Portal de Contratación del Sector Público

Esta plataforma, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recoge la información sobre todas las licitaciones públicas y la hace accesible a las empresas interesadas. Sirve de nexo de unión entre ambas partes en un negocio que representa cerca del 18,25% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según cálculos del OBCP.

"Incumplen porque no publican sus ofertas no porque sean irregulares", advierte Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y uno de los responsables del estudio. Pero esta situación sí pone en duda el destino de los fondos públicos e impide el cálculo de lo que se gasta y quién se lo lleva. "La corrupción real de este país nadie la conoce", apunta Villoria.

Desde 2011, todos los organismos públicos están obligados a publicar sus contratos en esta web, tal y como establece el artículo artículo 334 de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). La Ley de Transparencia, que entró en vigor en diciembre de 2014, endurece estas condiciones, pero las administraciones públicas no estaban obligadas a cumplirla hasta diciembre de 2015.

El Congreso y el Senado no cumplen

Entre los resultados del estudio llama la atención que los dos principales organismos de gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, no publiquen en la plataforma los contratos de los servicios que suscriben con proveedores privados. El Parlamento, en su caso, notifica los pliegos de las licitaciones en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pero no lo hace en la web del Ministerio. El Senado los difunde a través de su página web. Un método insuficiente para la ley de contratación pública.

Hay un problema de fondo. El de las empresas que salen continuamente pagando sobornos Manuel Villoria Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos

Estas prácticas han llevado al Congreso a ser objeto de polémicas por las concesiones de sus servicios. La más destacada fue la concesión durante 20 años del servicio de comedor de la Cámara Baja a la firma de restauración Arturo Cantoblanco, propiedad del exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. El empresario sólo perdió su contrato con el Congreso cuando le acusaron de pagar en 'B' a sus trabajadores.

La adjudicación de contratos a dedo se sitúa en el epicentro de la corrupción. "Todos estos casos revelan un problema de fondo, el de las empresas que salen continuamente pagando sobornos", apunta Villoria. El catedrático considera que esta es "una situación inaceptable" y pide a la Fiscalía que "actúe contra las empresas".

La connivencia entre políticos y empresarios, o simples comisionistas, ha vuelto a aflorar con los recientes casos que han salpicado a la empresa pública de gestión del agua, Acuamed, o la 'Operación Taula', que investiga a todo el Partido Popular Valenciano por el presunto amaño de contratos públicos. Unas prácticas irregulares que, junto con el cobro de comisiones, han proliferado por toda la geografía española.

Los cuatro grandes ayuntamientos no cumplen

Como en el caso de Valencia, los ayuntamientos españoles han sido uno de los focos más importantes de corrupción procedente, en su mayoría, de las recalificaciones urbanísticas. Una circunstancia que no ha favorecido la transparencia en los consistorios. Tampoco en los cuatro más grandes que manejan los presupuestos más abultados. Las alcaldías de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia no dan publicidad a sus ofertas, según concluye el informe.

Sólo 29 del total de 110 ayuntamientos analizados publican sus contratos en la plataforma. Y de estos, sólo el 16 cumplen al 100% con la ley. Los 14 restantes hacen llegar la información al portal de internet de manera indirecta, como hacen algunos ayuntamientos catalanes a través de la Plataforma de contratación pública de Cataluña, o publican las ofertas de forma parcial, según concluye el estudio.

Los consistorios más cumplidores son los de capitales de provincia como Cuenca, Elche, Gijón, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Málaga, Oviedo, Pontevedra, Soria y Teruel. Entre los que no cumplen, además de los cuatro grandes, destacan el de Alicante, Marbella, Palma de Mallorca y el de Santiago de Compostela, todos ellos salpicados por casos de concesiones irregulares o cobro de comisiones ilegales en los últimos años.

La ausencia de Gobierno retrasa la transparencia

La transparencia en España mejora poco a poco y la situación política actual no ayuda. "Su desarrollo se ve ahora retrasado por la situación de interinidad política que vive el país", apunta Villoria. El PSOE, UPyD, Ciudadanos y Convergencia y Unió son los únicos partidos que han firmado un convenio con Transparencia Internacional para comprometerse a la lucha contra la corrupción.

El PP, por su parte, no mostró interés hacia la propuesta de la organización, según explicó su presidente, Jesús Lizcano. Podemos, Equo y Coalición Canaria, por su parte, también han recibido el convenio de la organización, pero aún se lo están pensando. "Esperemos que quien gobierne cumpla con sus compromisos electorales", apuntó Lizcano, el pasado miércoles en la presentación del índice de Percepción de la Corrupción de TI.

Los expertos reclaman un sistema de alerta en las instituciones públicas

Otra de las aristas del problema es la falta de recursos que tiene la justicia para detectar estos casos. Para ello, Transparencia Internacional reclama la instalación de sistemas de alerta en las instituciones públicas para que los funcionarios puedan avisar de las presuntas irregularidades sin correr ningún riesgo. Una herramienta que serviría para remitir la información directamente a los jueces para que estos pudieran anular las adjudicaciones.

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas tampoco son un ejemplo en transparencia. De los 17 gobiernos autonómicos, sólo Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco cumplen con la ley de publicidad de los contratos públicos. Por todo esto, España ha registrado la peor puntuación de la historia en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, que elabora cada año Transparencia Internacional.