Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Una manta de 130 metros cuadrados con la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto bañado en petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, causó la ira del gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de seis activistas de la organización Greenpeace.

Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en edificio de Pemex Refinación en Veracruz, el pasado 1 de marzo, en señal de protesta por la Reforma Energética y el escaso apoyo gubernamental a las energías renovables, arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.

Fueron aprehendidos y ahora una de ellos, Rosina González, de 26 años, enfrenta cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena, que podrían concluir en una pena de entre cuatro y 10 años de prisión.

“Rosina está acusada por un monto de 78 mil pesos por el daño a una lámpara, las imputaciones no han sido comprobadas y son ridículas y frente a estos cargos que nos han hecho el Ministerio Público con sede en Veracruz, pedimos que no sean detenidos, ni presentados de ninguna manera los seis activistas”, dijo María Collín, abogada de Greenpeace.

El día de la manifestación, los activistas fueron detenidos por la Policía Naval y detenidos durante varias horas en Playa Linda, para después ser trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Veracruz en donde permanecieron 28 horas.

La organización pagó 100 mil pesos para garantizar el pago de la lámpara dañada y de las multas por protestar en el edificio de Pemex y solicitó un amparo indirecto para obtener la libertad bajo fianza de Rosina.

De acuerdo con la abogada el juicio podría extenderse a meses si Pemex no retira los cargos en contra de los activistas y Rosina, en caso de ser declarada culpable, podría pisar la cárcel.

“Esta acusación vincula al delito de daño con el de robo simple. De acuerdo con el Código Penal Federal, podrían ser entre cuatro y 10 años de prisión para ella”, dijo Collín.

Héctor Magallón, vocero de la campaña Energía y Cambio Climático de Greenpeace, dijo que “es la primera vez que la organización sufre una embestida de ese tipo en México, es inédita”.

“En vez de que Pemex se ocupe en solucionar sus problemas de seguridad en las plataformas y por los daños ambientales que genera, se empeña en reprimir la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Son derechos consagrados en la leyes mexicanas y en tratados internacionales de los que México es firmante”, dijo Magallón.

El activista recordó que el año pasado 30 activistas de Greenpeace fueron detenidos en Rusia por manifestarse en una plataforma petrolera, bajo cargos de vandalismo.

“Estuvieron detenidos por dos meses. Esperemos que México no se quiera comparar con otros países donde existe este tipo de represión y que Pemex retire esa acusación. Estamos muy preocupados de que se esté criminalizando la manifestación libre de las ideas”, dijo.

La organización interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y solicitó recomendaciones para todas las autoridades implicadas, tanto federales, como estatales.

La denuncia de Greenpeace es por violación y penalización del derecho a la libertad de expresión, la detención por 28 horas, ataques a su libertad personal fuera del procedimiento judicial y el pago de una fianza para alcanzar la libertad.

Algunas de las autoridades señaladas directamente por la organización son: el agente del Ministerio Público federal de la mesa VI investigadora con sede en Veracruz, el coordinador de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, el coordinador de la Policía Naval en Veracruz-Boca del Río y al delegado de la PGR.

SEGUIRÁ COMO ACTIVISTA

Mientras se realiza el proceso iniciado en su contra por Pemex, Rosina González continuará con su vida normal y su activismo a favor del medio ambiente.

La joven originaria de Puebla estudió Cultura Física, radica en el Distrito Federal y desde hace siete años es activista de Greenpeace.

“Estoy preocupada por el medio ambiente, necesitaba hacer algo, actuar y busqué organizaciones que apoyaran las mismas causas y encontré a Greenpeace, fue cuando decidí unirme como voluntaria”, recordó.

Rosina nunca imaginó el desenlace de la protesta del 1 de marzo y lo que aquella enorme manta de Peña Nieto le acarrearía.

“Es muy injusto que por manifestarse, te levanten cargos y digan que es un delito, es como cualquier derecho que tenemos como seres humanos y ciudadanos”, dijo.

La joven aseguró que aunque sus padres están preocupados por los cargos que enfrenta, ella está tranquila debido al apoyo legal y moral que recibe de Greenpeace.

Aunque lo ocurrido puede ser estresante, para Rosina la lucha por el medio ambiente no acaba. Ella seguirá.

Rosina no es la única activista ambiental perseguida en México. Muchos de ellos no sólo fueron amenazados, sino asesinados.

De acuerdo con los registros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), los asesinatos de defensores del ambiente en el país se dispararon a partir de 2005 hasta 2013 se registraron 44 homicidios.

No sólo los crímenes que terminaron en la privación de la vida de los ambientalistas crecieron, sino que durante el mismo periodo hubo 53 amenazas, 64 detenciones ilegales, 16 casos de criminalización y 14 de uso indebido de la fuerza pública, dijo a SinEmbargo el año pasado Andrea Ulisse Cerami, abogado del Área de Defensa y del Área de Políticas Públicas de la organización.

Como la mayoría de los crímenes en el país, el caso de los ambientalistas no es la excepción. Todos se encuentran impunes y el mecanismo de protección que se originó a partir de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el año pasado, no funciona para evitar ni prevenir los casos de ataques a los luchadores sociales por el medio ambiente, indicó el abogado.

“Hay una situación de riesgo. La mayoría de los asesinatos están ligados a megaproyectos donde los defensores tocan intereses empresariales. A partir de 2009 ha habido una situación de aumento de las amenazas y crímenes”, explicó.

Las autoridades mexicanas no sólo no investigan y resuelven las ejecuciones y las amenazas, sino que han esperado a que haya un repunte en las víctimas.

De 2005 y 2009 fueron 12 los asesinatos que se registraron y a partir de 2009 a la fecha, ya son 32, detalló Andrea Ulisse.

“Nosotros creemos que estos datos son sólo para dar una idea de lo que está ocurriendo, el problema es mucho mayor, pues hay muchos casos que no se registran, hay amenazas que no se denuncian”, dijo.

A partir de 2012 existe en México un mecanismo de protección para los luchadores sociales, de derechos humanos y periodistas.

Para todos los casos, el mecanismo ha fracasado, pues a pesar de su existencia las autoridades no han logrado disminuir ni las amenazas ni los asesinatos.

El abogado del CEMDA detalló que el problema que enfrenta esta medida es la falta de fuerza institucional, experiencia para atender a los casos colectivos y el escaso personal.

“Estamos en un diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para impulsar medidas más acordes para proteger a los defensores. Es bastante complicado, cada situación es diferente y las medidas también deben serlo. El mecanismo está pensando con tres unidades: una la de recepción de caso, la segunda de evaluación de riesgo y una tercera es la prevención de las agresiones. Las únicas que funcionan son las primeras dos”, dijo.

Andrea Ulisse explicó que las autoridades carecen de capacidades para prevenir una situación de riesgo para los defensores.

El especialista aseguró que la probabilidad de que la situación en el país para los ambientalistas mejore, es escasa. El mecanismo de protección aún está en proceso y mientras tanto, los defensores, continúan enfrentando al peligro en sus regiones.