Soy diseñador en comunicación visual de la UTEM, tengo 39 años y soy homosexual. Durante una década fui empleado del Comando de Bienestar del Ejército, donde trabajé como diseñador y museógrafo. A mi cargo estaban todos los edificios del país donde se exhibe el patrimonio del Estado que están en manos del Ejército. Mi trayectoria […]

Soy diseñador en comunicación visual de la UTEM, tengo 39 años y soy homosexual. Durante una década fui empleado del Comando de Bienestar del Ejército, donde trabajé como diseñador y museógrafo. A mi cargo estaban todos los edificios del país donde se exhibe el patrimonio del Estado que están en manos del Ejército. Mi trayectoria era celebrada por mis superiores y maestros de universidad, que me invitaban a dar charlas de museografía y a supervisar prácticas y títulos profesionales.

Todo eso se vino abajo en 2010, cuando la mesa directiva del museo fue cambiada por la nueva comandancia. Apenas se enteraron en la nueva jefatura de mi condición sexual, comenzaron los malos tratos y el hostigamiento. Le preguntaban a mis compañeros sobre mi vida privada y hacían comentarios homofóbicos a mis espaldas. Luego de un receso laboral a causa del terremoto de febrero de ese año, mis funciones se vieron completamente alteradas, ya que los nuevos administrativos nos ordenaron ejercer turnos de guardia, seguridad y aseo, creando un clima de hostigamiento desgastador con todo el personal a través de constantes amenazas de despidos, castigos y sanciones, como quitarnos las tardes libres, entre otras cosas.

El 2011 me enfermé. Me hice el examen de VIH. Resultó positivo. Fui hospitalizado dos veces por violentas infecciones. Mi ánimo decayó notoriamente. Luego de la segunda hospitalización, en septiembre de ese año, y a pocos días de haber regresado de la licencia, firmé mi hoja de calificaciones como empleado público con una destacada evaluación pese a mi precaria salud. Tenía contrato hasta diciembre, sin embargo en octubre fui despedido. No me lo esperaba para nada. Fue algo brutal y agresivo, ya que fui presionado a firmar mi despido entre los gritos que proferían los militares a cargo, sometiéndome a acatar sin consultar.

El daño fue tremendo: me quitaron mi refugio laboral y los recursos necesarios para enfrentar mi enfermedad. Tuve que vender mi auto, cambiarme de casa y desligarme de la isapre, pasando a atenderme en el sistema público para no perder el tratamiento y de paso, luchar con una cesantía que aún no supero. El daño se acrecentó cuando recién despedido, un fuerte temblor se apoderó de mi mano derecha. Eso me ha impedido trabajar. El diagnóstico: daño físico con un 50% de pérdida de movilidad a causa de stress y daño emocional. Esto derivó en una pensión de invalidez de $160 mil, con lo que he vivido durante todo este tiempo.

Pensaba en demandar al Ejército, pero ingenuamente creí durante meses que podría recuperar mi puesto laboral. En esta etapa de documentación me enteré de que en Chile existe la Ley Nº 19.779, que da protección laboral a los diagnosticados con VIH-SIDA “real o supuesto”, entre otros acuerdos. A pesar de que mi diagnóstico lo mantuve en reserva, varios de mis antiguos compañeros me confirmaron que fui despedido por mi condición sexual y padecer SIDA.

Todos ellos me contaron cómo se rumoreaba a mis espaldas sobre mi condición sexual y, sobre todo, sobre mi enfermedad. Algunos incluso relatan de cómo una vez uno de los nuevos jefes señaló que todos los problemas que habían ocurrido en el Museo Histórico Militar, incluidos los daños del terremoto, se debían a mi presencia. “Debe ser porque hay un maricón”, dijo.

Acudí a Carola Rivero, concejala de Independencia, contándole mi historia. Ella solicitó una entrevista con el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y una audiencia con el entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand. Dicha solicitud nunca fue respondida.

En cambio, a través de un oficio firmado por el secretario general Alberto González Martín, el general Fuente-Alba nos derivó al jefe de Personal del Ejército, el general Curt Witt Sánchez. Él nos atendió junto a su abogado, a quienes les informamos todos los antecedentes en noviembre de 2012, presentando un petitorio de reincorporación laboral. Luego de 10 meses de espera recibí una absurda respuesta indicándome que no podían hacer nada para solucionar mi despido, pues yo pertenecía a un sistema de salud diferente al del Ejército. Yo no estaba pidiendo que me dieran salud, pues mi tratamiento está bajo control en el Hospital del Salvador. En definitiva, no dieron respuesta a mi petitorio.

Todo esto me ha obligado a endeudarme y a enfrentar demandas en tribunales bajo amenaza de embargo. En este escenario de depresión, la búsqueda de trabajo ha sido muy difícil de llevar, pues los exámenes sicológicos revelan mi estado de ánimo convirtiendo esta situación en un círculo que me impide volver a levantarme.

Mi vida y privacidad a estas alturas estaban tan vapuleadas que poco me importa que se sepa mi nombre y mi diagnóstico. Este mes, después de dos años de reunir pruebas, presentamos junto a mis abogados una demanda en tribunales en contra del Consejo de Defensa del Estado y del Comando de Bienestar del Ejército por daño moral y lucro cesante. Confío que a través de esta carta pueda destapar la canallada de la que fui víctima y que pueda remediar en algo el daño que me ocasionaron por homofobia. Espero también que en el Ejército se hagan responsables del daño causado.