MADRID.- El inicio del debate sobre la reforma del sistema de pensiones, en el seno de la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo, ha obligado al Gobierno a poner sus cartas encima de la mesa.



La comparecencia, a mediados de esta misma semana, de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue muy clarificadora: no hizo referencia alguna al impacto que la precariedad laboral está teniendo en las cuentas de la Seguridad Social, sino que se limitó a proponer que ésta no corra con algunos de los gastos que en la actualidad soporta.

En concreto, se refirió a las bonificaciones en las cuotas de las que se benefician los autónomos y los empresarios que crean empleo y a las pensiones de viudedad y orfandad, que pasarían a ser cubiertas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.



El problema es que eso cuesta casi 22.000 millones de euros anuales y resulta difícilmente compatible con los objetivos de reducción del déficit, a no ser que el Gobierno recurra a subidas de impuestos o nuevos recortes, para lo que necesita un apoyo parlamentario que hoy no tiene.

Con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social sólo se puede contar ya hasta finales del año próximo

Ante semejante realidad, Báñez matizó posteriormente, en declaraciones a la prensa, que los cambios en la financiación del sistema deben ser progresivos, lo que casa mal con la urgente necesidad de atajar un desfase que en 2016 rondará los 18.000 millones de euros, como ha reconocido el propio Gobierno a las autoridades europeas. Con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, además, sólo se puede contar ya hasta finales del año próximo, pues en ese momento se habrá consumido el dinero que aún guarda.

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Ahora mismo, en la hucha de las pensiones quedan unos 25.000 millones de euros, bastante menos de la mitad de los 66.000 millones que había cuando Mariano Rajoy llegó al poder tras las elecciones generales de noviembre de 2011.



Con eso se pueden sufragar la próxima paga de Navidad y la de verano de 2017, así como las retenciones a cuenta del IRPF; pero no la extra de diciembre del año que viene en su totalidad, salvo que entretanto se produjera un imprevisible aumento de los ingresos o una rebaja de las prestaciones.

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Teniendo en cuenta que el desfase de la Seguridad Social ronda los 9.000 millones de euros por semestre, el sistema necesitaría unos 27.000 millones en lo que queda de 2016 y todo 2017; es decir, 2.000 más, en números redondos, de lo que a día de hoy hay en la hucha. Esa cifra coincide casi exactamente con el ahorro que supondría endosar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las bonificaciones sociales, que asciende a los 1.900 millones de euros anuales. ¿Pero qué pasaría después?



Si no cambian las cosas sustancialmente a mejor, en 2018 habría un déficit del 25.000 millones, que no se podría costear con la ya para entonces desaparecida hucha de las pensiones, ni es probable que corriera por cuenta de los Presupuestos, pues supone el triple del ajuste fiscal que Bruselas exige para los dos próximos años. En tal caso, ¿cómo cumpliría la Seguridad Social íntegramente sus compromisos con los pensionistas? Sobre eso el Gobierno todavía no ha dado ninguna pista, salvo confiar en una clara mejora del empleo.