Miki, en la casa donde se oculta en una villa de la zona sur (Guille Llamos)

El miércoles 8 de este mes, Diego Agüero, titular del Juzgado de Garantías Nº6 de Florencio Varela, el encargado del expediente que investiga la violación en manada a Miki, una menor de 17 años del barrio Santa Rosa de Florencio Varela, decidió la prisión preventiva para diez de los once detenidos del caso, el restante un menor bajo un juez de responsabilidad juvenil. Lo hizo en el plazo límite que le permitía la ley, luego de que los familiares de los acusados, todos varones del Santa Rosa de 18 a 24 años, cortaran la calle de su juzgado en Florencio Varela y le exigieran una audiencia privada.

El juez los recibió, escuchó cómo le echaban la culpa a Miki, que había "escabiado y fumado porro", que se "hacía la santa", que había consentido todo. Miki no decía lo mismo: aseguraba que había sido sometida una y otra vez en una previa de alcohol en la casa de dos de los acusados, los hermanos Krick, para terminar apenas con su corpiño puesto, llorando, apestando a lavandina.

Corrió a denunciar tras despertar. Su relato fue consistente; ante la Justicia, ante sus amigas, en redes sociales. Las pericias la apoyaron, en parte. La Superintendencia de Policía Científica descubrió semen y sangre en su corpiño y bombacha, en material genético extraído mediante hisopados en sus orificios.

Todos los acusados, la gran mayoría de ellos defendidos por abogados particulares, se negaron a declarar. Por otra parte, tres testimonios apoyaban el relato de la víctima.

Los familiares de los acusados se fueron aplaudiendo de la sala de audiencias donde Agüero los recibió, creían quizás haber sido escuchados.

Apenas cerraron la puerta, Agüero firmó el documento. Decidió la prisión preventiva para todos, en un fallo poco común para la Justicia bonaerense, marcado por la empatía con la víctima y la perspectiva de género con una chica de 17 años que había conocido el sexo en su vida casi exclusivamente por el abuso, abandonada por su madre, violada y embarazada con su padrastro, el padre, según ella, de su beba de dos años.

El barrio Santa Rosa, donde ocurrió el ataque (Guille Llamos)

"Soy partidario de la política judicial de género", afirmó Agüero en su resolución, sin rodeos, mientras aseguraba que los acusados "aprovecharon la desigualdad histórica entre el hombre y la mujer existente en la cultura argentina, tratando a la mujer como un objeto sexual, como una cosa que luego se abusa, se la deja ultrajada y humillada".

Parecía inaudito para un sistema todavía minado por prácticas de revictimización, en donde hasta psicólogas cuestionan a las víctimas en el medio de pericias, en donde las chicas abusadas tienen que esperar horas sentadas en una comisaría para luego terminar muertas porque alguien no escuchó del todo la primera vez.

Días después de esa resolución, al juez lo acusaron de feminista.

Su feminismo, razonó Oscar Serrano, era un atentado a la parcialidad. Así, pidió que el juez sea recusado, que se vaya de la causa.

Serrano es un abogado defensor en la causa, representa a cuatro de los detenidos, los hermanos Laureano y Octavio Joel Coria, Leonardo Ezequiel Silva, Matías Guillermo Lamboglia. En la mesa de entradas del Juzgado Nº6, presentó poco después de la firma un escrito de cuatro carillas en donde aseguraba que los razonamientos de Agüero "afectan su independencia e imparcialidad en perjuicio de mis defendidos" y que también se ven amenazadas "las garantías constitucionales del principio de inocencia".

Objetaba, por ejemplo, que recibiera a Miki a puertas cerradas, sin la presencia de personal de la fiscalía del caso, sin abogados defensores enfrente, que se nutriera de investigaciones periodísticas, de la de Infobae, por ejemplo, una entrevista a Miki que ocupó tres de las 44 páginas de la resolución de prisión preventiva. Al decir que los acusados aprovecharon la "desigualdad histórica entre hombre y mujer", consideró Serrano, el juez "ha adelantado que va a castigar a la totalidad de los hombres imputados -no importa su grado de participación ni de responsabilidad penal- sino por el hecho de la llamada 'desigualdad histórica'".

Es decir, en sus cálculos, solo por ser varones.

Laureano y Octavio Joel Coria, dos de los defendidos por el abogado Serrano.

Serrano incluso critica en su escrito que el juez cite letras "de grupos argentinos de reggaetón lésbico y feminista que nada tiene que ver con el caso que nos ocupa" como el grupo Chocolate Remix con su canción Ni Una Menos, Agüero cita también al Colectivo Actrices Argentinas, a Thelma Fardín, a una parte de una época, a un espíritu.

El juez podría haber rechazado el planteo de Serrano, podría haberle dicho que no. El miércoles 15 por la mañana, una notificación electrónica salía de las computadoras del Juzgado Nº6: el juez aceptaba ser recusado. Sin embargo, en su decisión, Agüero no retrocedía: la política de género era la política del juzgado a su cargo.

Su forma era tal vez menos ortodoxa que la del resto. Su puerta, quizás, más abierta. Y Miki no es un tipo de víctima con lazos de contención, sino una chica virtualmente sola, sin herramientas para enfrentar al sistema con su hermano que tiene apenas 18 años como su único apoyo, que acababa de salir de un hogar de madres solteras antes del ataque.

Así, logró que Miki y su hermano confiaran en él.

La ayudó, junto al personal del juzgado. Crearon un banco de ropa para que Miki vistiera a su bebé, instaron a la fiscalía que investiga los abusos de su padrastro a que motorice el expediente: el padrastro está libre, vive a metros de Miki según el relato de la chica. Hay una vulnerabilidad clara: Agüiero la comprendió. No hacerlo, tal vez, significaba perder. Con el tiempo, el hermano de Miki comenzó a acercarse a los empleados del juzgado, confiaba más en ellos que en la policía. Miki se sentó frente al juez una sola vez, asegura el magistrado. Pudieron conversar.

"Soy partidario de la política judicial de género", ratificó de nuevo el juez en su respuesta donde admite ser recusado. "El mencionado incidente es una práctica del Juzgado a mi cargo, estando el mismo protocolizado para que cada uno de los funcionarios y empleados puedan realizar las tareas concernientes a la temática", dijo el juez, un protocolo abierto "para que todos los letrados tomen conocimiento de él". Tener perspectiva de género, en sus cálculos, alude directamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales.

(Guille Llamos)

Será la Sala II de la Cámara de Casación de Quilmes la que decida si Agüero se queda en el expediente o no. Por lo pronto, en su juzgado no temen que la causa vuelva a foja cero: la prueba, según sus cálculos, es sólida.

La Superintendencia de Policía Científica, por su parte, continúa con el peritaje más crucial de la causa: la comparación del semen encontrado en Miki con la sangre extraída a los detenidos.

Así, se sabrá finalmente qué le corresponde a quién.

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