Los políticos siempre dicen estar a la merced de la opinión pública. Sus decisiones y posturas políticas reflejan la voluntad del pueblo; ellos son los representantes de los ciudadanos, y se deben a sus votantes. Cuando aprueban leyes y llevan a cabo programas de calado, lo hacen porque han escuchado lo que le pide la ciudadanía y sus bases, y obran en consecuencia.

Es una historia mil veces repetida, pero no necesariamente verdadera. En una democracia representativa, cierto, los partidos políticos son opinión organizada, y canalizan las preferencias de sus votantes reflejando sus intereses de clase. Lo que también es cierto es que la inmensa mayoría de votantes tiene poco tiempo para pensar en política, no tiene demasiado claro qué intereses tiene su clase social (o saben en cuál caen), y tienen preferencias entre vagas e inexistentes en la inmensa mayoría de materias, así que en el fondo no tienen mucho que decirle a nadie sobre cuál es su opinión. Si el político quiere escuchar la voluntad del pueblo, muchas veces el pueblo le responderá con un gesto confundido.

¿De dónde sacan los votantes, entonces, sus preferencias políticas? A finales del años pasado Michael Barber y Jeremy Pope sacaron un estudio fascinante dirigido precisamente a dibujar un modelo de elaboración de preferencias para el votante medio americano (vía). Su análisis saca partido de la tendencia de Donald Trump a decir una cosa y su contraria repetidas veces sobre un montón de temas políticos. Dado que Trump ha defendido a lo largo de su carrera pública ideas radicalmente opuestas en un montón de medidas y programas sociales, a menudo en un mismo discurso. Eso les permitió crear un experimento muy sencillo con votantes conservadores, enseñándoles videos del presidente defendiendo una postura u otra al azar y después preguntándoles si estaban de acuerdo con sus ideas o no. Para comparar, a otro grupo de votantes se les hizo la misma pregunta pero sin mostrarles imágenes del presidente, dejando que dirimieran si una medidas era conservadora o no sin interferencia alguna.

El resultado fue curioso: cuanto más conservador era un votante, más probable era que sus opiniones copiaran lo que estaba diciendo Trump. Si el presidente dice que la sanidad tiene que ser universal y gratuita (algo que dijo varias veces durante las primarias), eso es lo que debe defender un buen republicano. Si el presidente dice que meter a niños de tres años en campos de concentración es necesario para evitar que entren terroristas en el país, pues eso es lo digo yo como conservador y punto. Los votantes, al ver al presidente, redefinen sus opiniones según lo que este dice.

Lo que estamos viendo no es una especie de hipnosis colectiva del GOP con el presidente, sino una idea mucho más simple: en política la identificación partidista es a menudo mucho más poderosa que la ideología. El debate público es muy complicado, y todas esas medidas y programas y cosas que hacen los gobiernos son cosas muy técnicas y confusas. La inmensa mayoría de votantes tienen ideas, pinceladas, valores que quieren defender, pero no tienen una ideología desarrollada coherente. En ese caso, la política no es una cuestión de principios o ideas concretas, sino una cuestión de identidad, de lealtad de grupo. Si el presidente de mi partido dice que los republicanos deben oponerse a las medidas para combatir el cambio climático, mi autoidentificación como republicano hará que le dé la razón. «Damn your principles! stick to your party«, que diría Disraeli.

Esto no quiere decir, por cierto, que los votantes sean idiotas. Simplemente, la política es complicada, nadie quiere pasarse horas estudiando informes sobre calentamiento global, y utilizamos atajos como creer «a los nuestros» para tomar decisiones complejas. En las cosas en las que se tiene experiencia directa (digamos, educación si tienes hijos, o regulación urbanística si eres arquitecto) las opiniones serán más elaboradas, pero son más la excepción que la regla.

Mi sospecha, obviamente, es que esta clase de resultados no es exclusiva a votantes republicanos en Estados Unidos. De hecho, mirando a los políticos españoles más adictos de todos a decir que lo suyo es respetar la voluntat d’un poble, mi sensación es que esta clase de efectos son casi seguro muy prevalentes en temas de identidad nacional.

Miremos, entonces, algunos sondeos. El CEO, desde tiempo inmemorial, pregunta a los catalanes eso de si creen que Cataluña debe ser una región de España, una comunidad autónoma, un estado dentro de una España federal o un estado independiente (la pregunta binaria sobre independencia si o no es relativamente reciente). Así, en el CEO de enero del 2008, un 19,4% de los encuestados quiere que Catalunya sea un estado independiente. La cifra oscilaba con cierta pereza de un mes a otro; subió al 21,6% en diciembre del 2009 (un crecimiento dentro del margen de error), pero volvía a estar en el 19,4% a principios del 2010.

Los independentistas a menudo hablan sobre la sentencia del Estatut de junio del 2010 como el gran punto de inflexión en la opinión pública catalana, el punto de partida del renacer independentista. Mirando los sondeos, sin embargo, podemos ver una cosa curiosa: el apoyo a la secesión antes y después de la sentencia no varia de forma apreciable. A finales del 2010 el apoyo a la secesión está en el 25,2%; una subida moderada, pero no extraordinaria. Lo curioso es que esa cifra no se mueve apenas durante todo el 2011 (24,5%; 25,5%; 28,2%), con oscilaciones dentro del margen de error.

En el 2012, sin embargo, algo cambia. A principios de año el apoyo está en el 29%, en la segunda oleada del sondeo salta al 34%, y a finales de año se llega al 44,3%. Esa cifra se ha mantenido con relativamente pocas variaciones hasta ahora; en el último sondeo ronda el 40%.

¿Qué sucede el 2012? Lo he señalado varias veces, pero lo repito. En noviembre del 2011 el PP gana las elecciones generales en España con mayoría absoluta. CiU rompe el acuerdo de gobierno con ellos en Catalunya que les había permitido aprobar presupuestos durante los dos años anteriores. Artur Mas empieza a hablar de independencia y referèndums el 2012 de forma insistente, y CDC abraza la secesión sin reservas a mediados de año. La gran manifestación del 11-S es posterior al giro de CDC y los choques con el PP, no anterior. Un 20% del electorado cambia de opinión no cuando el malvado tribunal constitucional humilla Catalunya, sino cuando el partido político con el que se sienten identificados gira hacia el soberanismo.

Por supuesto, esta aseveración es una conjetura, no una certeza. Sospecho que eso es lo que está sucediendo porque los datos parecen ir en esa dirección y porque hay abundante literatura académica que señala que la opinión pública actúa de este modo, pero es difícil decir con total seguridad que el motor del secesionismo catalán no es estructural, sino fruto de decisiones partidistas.

Si estuviera en lo cierto, sin embargo, «solucionar» el desafio soberanista es mucho más fácil de lo que parece. Si se llegara a un acuerdo sobre un régimen foral o una reforma autonómica con los líderes del independentismo (ERC, dado que es el partido dominante estos días) y estos lo vendieran con convicción a su electorado, es probable que los votantes aceptaran el nuevo modelo y el numero de votantes pro-secesión disminuyera. La inmensa mayoría de votantes son incapaces de describir qué cambió el constitucional en la sentencia del estatut (nota: casi nada) pero muchos hablan de ella como el gran motivo para justificar la secesión. Un acuerdo «federal» sería igual de confuso, pero muchos votantes lo apoyarían por pura lealtad partidista.

Lo divertido es que esto resulta ser una visión a la vez cínica y optimista sobre el funcionamiento de la democracia española. Podemos arreglar este problema que parece casi intratable básicamente porque los votantes no están prestándole demasiada atención.

La democracia es algo maravilloso.