En noviembre del año pasado, poco antes de dejar el poder, el gobierno anterior promulgó una ley que fijó la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta en las carreras de grado y garantizó la gratuidad de la educación universitaria pública.

Las universidades públicas son no aranceladas, pero no por eso son gratuitas. Representan una gran inversión anual por parte del Estado nacional. Durante 2015, el presupuesto de las universidades nacionales ascendió a casi 40.000 millones de pesos y alcanzó el 0,8% del PBI. En promedio, el Estado invirtió en 2015 unos 25.000 pesos por cada estudiante universitario del sistema público, según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA).

Si se tiene en cuenta que, según indica el mismo centro, el sistema público de educación superior logró graduar aproximadamente a 82.000 estudiantes durante 2015, el ratio entre los graduados y la inversión anual arroja la suma de casi 500.000 pesos por cada estudiante que finalizó su carrera. Este ratio pone en evidencia el problema de la alta deserción universitaria. Por supuesto, siempre es mejor que una persona haya recibido educación superior incompleta a que nunca haya accedido a la universidad. Sin embargo, no podemos conformarnos con una baja tasa de graduación con dicho argumento. La alta tasa de deserción y las dificultades para garantizar la permanencia en la universidad -especialmente para los alumnos que provienen de estratos socioeconómicos más bajos- son una constante de nuestro sistema universitario.

Con los cambios propuestos, la nueva ley pretende "garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas". Sin embargo, cabe preguntarse si realmente la gratuidad indiscriminada asegura el acceso, la permanencia y la graduación.

¿Tiene las mismas posibilidades de graduarse un estudiante que proviene de una escuela secundaria privada bilingüe con alto nivel de exigencia que un estudiante de una escuela secundaria pública? Si una familia asume un costo de varios miles de pesos mensuales por un colegio secundario privado para sus hijos, ¿es razonable que luego esos estudiantes accedan a una universidad pública sin ningún tipo de tarifa? ¿No sería más progresista que quien pudiera pagar lo hiciera y que esos recursos se destinaran a becas en dinero en efectivo para que los alumnos con menores recursos puedan solventar gastos de estudio, como compra de libros, materiales y movilidad?

Ciertamente, el Estado debe asegurar la universalidad y obligatoriedad de la educación básica. Pero hasta que se cumpla la meta de garantizar la educación básica, ¿qué nivel de prioridad debería tener la educación superior no arancelada para quienes pueden pagarla?

Las alternativas a la gratuidad indiscriminada son muy diversas: no es necesario cobrar un arancel a los estudiantes, por ejemplo, sino a los graduados (quienes, de alguna manera, estarían retribuyendo por lo que recibieron y contribuyendo a un fondo de becas orientado a lograr una mayor equidad del sistema). Este mecanismo podría, aun, articularse con una política tendiente a promover las carreras de interés público para el país, en la cuales existe falta de graduados (como en las ingenierías), bajo un modelo de gratuidad y becas para quienes las necesiten. La propuesta es que pague por la educación superior pública sólo quien esté en condiciones de hacerlo. Con esos fondos, se lograría financiar becas que permitieran a los ingresantes con menores recursos afrontar los costos de viajes, bibliografía y materiales de estudio. De esta forma, se mejorarían los indicadores de permanencia y graduación.

Los recursos son siempre escasos. Algunas universidades nacionales se caracterizan por brindar un espacio de formación a una primera generación de estudiantes universitarios. Pero en otras el estudiante promedio proviene de sectores medios y altos, de buen pasar económico. Si el objetivo que se persigue es la equidad mediante el aseguramiento del acceso, de la permanencia y de la graduación: ¿debe la gratuidad de los estudios universitarios ser un derecho incuestionable? No pretendemos dar una respuesta definitiva, sino abrir el debate sobre cómo lograr un sistema de educación superior de calidad, que sea realmente inclusivo y que promueva igualdad de oportunidades, especialmente para quienes provienen de los sectores menos favorecidos, aplicando de la mejor manera los recursos que tenemos disponibles.

Miembro de la Academia Nacional de Educación