En seis años el Estado ha gastado más de $92 mil millones en arriendo de camiones aljibe para llevar agua potable a 400 mil personas. CIPER pidió a la Onemi, intendencias y gobernaciones la nómina de proveedores, montos pagados y litros por comuna en las cinco regiones con mayor gasto en este ítem. El análisis de la información arroja miles de millones sin respaldo, diferencias sustantivas de precios por el mismo servicio, caos administrativo y proveedores favoritos. En Biobío un solo empresario se ha beneficiado con más de $23 mil millones y en Petorca el desorden impide saber la ejecución del gasto (Actualizado).

La prolongada crisis hídrica que azota al país desde hace varios años –y que no es solo atribuible a la falta de lluvias (ver reportaje de CIPER)– tiene una contracara: el pujante y lucrativo negocio del transporte y distribución de agua potable. La información recogida por CIPER en la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) e intendencias y gobernaciones regionales, indica que entre 2010 y agosto de 2016, el Estado ha desembolsado más de $92 mil millones en el arriendo de camiones aljibe. El objetivo: suministrar agua a más de 400 mil habitantes de 175 comunas del país (ver gasto por regiones).

De esos $92 mil millones para contratar camiones aljibe, un 25% ha sido destinado a la Región del Biobío, donde la falta de agua potable afecta a más de 40 mil habitantes de 45 comunas. La indagación de CIPER detectó que en la nómina de proveedores contratados por esa intendencia regional para transportar y distribuir agua potable, solo figuran dos empresas en los últimos siete años.

Ambas empresas pertenecen al mismo dueño: un transportista e importante dirigente gremial de la zona, quien se ha visto beneficiado con contratos por más de $23 mil millones, la mayoría adjudicados por trato directo.

Esa realidad contrasta con lo que sucede en la vecina Región de La Araucanía, donde la investigación de CIPER constató contratos con más de 220 proveedores de camiones aljibe en el mismo periodo. No es lo único llamativo de los datos de la Región del Biobío. De la información entregada por la intendencia regional, se desprende que en 2013 se invirtieron $3.533 millones en el arriendo de camiones aljibe para abastecer a 45.341 personas. Al año siguiente (2014), el monto subió a $6.562 millones, pese a queel suministro de agua potable solo llegó a 41.784 personas, 3.500 menos que el año anterior.

“No existe a la fecha ningún respaldo que acredite que ese número de personas (las de 2013) realmente existió”, contestaron por escrito desde la propia intendencia, tras ser consultados sobre las bruscas variaciones en los datos oficiales que ellos mismos entregaron a CIPER.

Diferencias sustantivas en los precios de arriendo de camiones aljibe también se detectaron en la Región del Maule, donde se han firmado contratos con 37 proveedores en el periodo 2010-2016. La comparación de los datos entregados a CIPER por las gobernaciones regionales arroja millonarias diferencias en los montos que un proveedor puede cobrar por el mismo servicio. En La Araucanía, en tanto, se detectó la adjudicación de casi 1.500 contratos a través de trato directo, los que en total suman más de $4 mil millones.

Desorden administrativo, falta de controles y millonarios gastos sin respaldo, es lo que se pudo constatar de la revisión y cruce de los miles de datos entregados por la Onemi y por las intendencias y gobernaciones de las cinco regiones del país que registran mayor gasto en arriendo de camiones aljibe: Biobío, La Araucanía, El Maule, Coquimbo y Valparaíso.

Petorca, en la Región de Valparaíso, merece capítulo aparte. En la última década, esa provincia, una de las más afectadas a nivel nacional por la escasez hídrica (ver reportaje de CIPER), se ha transformado en un emblema de la lucha por la recuperación del agua. CIPER pidió a la gobernación provincial el detalle del gasto en camiones aljibe de 2010 a 2016. Pero la información no está: la gobernación solo entregó, y de manera incompleta, los datos de los años 2015 y 2016, denegando la petición hecha por CIPER vía Ley de Transparencia para los años anteriores.

La información disponible a la que CIPER pudo acceder, también refleja sustantivas diferencias de precios en lo que cobran los proveedores de camiones aljibe en esa provincia. Los montos pueden llegar incluso a triplicarse por la prestación del mismo servicio. Un proveedor, por ejemplo, repartió en dos oportunidades casi la misma cantidad de agua en La Ligua, cobrando $209 millones y $79 millones de un año a otro. Además, tres “proveedores favoritos” se han adjudicado contratos con el gobierno regional por más de mil millones de pesos cada uno.

La Onemi es el órgano que debe tramitar los fondos de emergencia hídrica con la Subsecretaría del Interior, y las intendencias (o gobernaciones, dependiendo del caso) son las encargadas de ejecutar esos dineros. Por ello, el gasto global en camiones aljibe reportado a nivel central (por la Onemi) y regional (por intendencias y gobernaciones) debiese arrojar cifras equivalentes. CIPER solicitó los datos por ambas vías y detectó que ello no siempre ocurre así. Mientras en 2014, por ejemplo, la Onemi informó a CIPER un gasto total de $7.234 millones en arriendo de camiones aljibe para el Biobío, la intendencia regional reportó una cifra casi mil millones inferior para el mismo año: $6.395 millones.

Desde la Subsecretaría del Interior señalaron a CIPER que las diferencias tienen una explicación: además del arriendo de camiones aljibe, la Onemi incorpora en sus rendiciones gastos que no ejecutan las intendencias, como la compra de estanques, mangueras y geomembranas. Indicaron que los montos consignados por la Onemi “no tienen necesariamente que calzar con los de las intendencias”, que solo reportan el gasto asociado a la contratación de los vehículos que distribuyen agua potable.

Pero el oficio enviado por la Onemi a CIPER con los montos invertidos en cada una de las regiones del país, señala claramente que las cifras reportadas corresponden al “arriendo de camiones aljibe por déficit hídrico”. No hay mención a otros gastos (ver documento).

BIOBÍO: EL BARÓN DEL ALJIBE

Germán Faúndez Fuentes, empresario de la Región del Biobío, sabe de éxitos económicos. Faúndez ha constituido sociedades dedicadas a distintos rubros: inversiones, construcción de obras, proyectos de ingeniería, asesorías y consultorías. Pero ninguna de esas actividades le ha traído tanto rédito como su negocio de camiones aljibe que creó en 2010.

Dos empresas de transporte pertenecientes a Faúndez son las proveedoras exclusivas de la intendencia para la distribución de agua potable en la Región del Biobío: Transportes y Logística Chile, constituida en agosto de 2010, y Empresas Antártida de Chile, creada en mayo de 2012. En ambas figuran como propietarios Faúndez y su esposa. Además de empresario, Germán Faúndez ha sido un activo dirigente gremial ocupando cargos como presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga por Carreteras y presidente de la Asociación de Dueños de Transportadores de Contenedores de la Región del Biobío.

En los últimos seis años, a través de sus dos empresas, Faúndez ha facturado a la Intendencia del Biobío $23.242 millones por el arriendo de sus camiones aljibe. Ese monto corresponde al total de los fondos de emergencia por déficit hídrico traspasados por la Subsecretaría del Interior a la intendencia regional entre 2010 y agosto de 2016.

A pesar que desde la Intendencia del Biobío fueron enfáticos en rechazar que bajo la actual administración se hayan adjudicado a las empresas de Faúndez “contratos por el mecanismo de trato directo”, un informe de Contraloría de noviembre de 2015 indica lo contrario. Allí se lee que desde el 2010, “atendida la emergencia producida por la escasez hídrica”, las adjudicaciones a Transportes y Logística Chile se han realizado “vía trato directo” (ver informe).

Lo anterior está avalado por un oficio (N° 932) enviado por la propia intendencia al órgano contralor en 2015. Cabe señalar que el “trato directo” es una fórmula de contratación contemplada en la ley para casos excepcionales, como el de emergencia hídrica, por ejemplo.

Desde la intendencia señalaron además, que “por el hecho de no contar con disponibilidad presupuestaria al momento de ocurrido el evento de emergencia, no es posible efectuar un llamado a licitación pública o privada, por lo que se utiliza el procedimiento regulado en la Ley denominado ‘consulta al mercado’, como la única posibilidad de acceder a un servicio conveniente y acorde a las necesidades de la institución, lo que permite la libre concurrencia de los oferentes”.

CIPER revisó en el portal Mercado Público las siete consultas realizadas por la Intendencia del Biobío en los años 2015 y 2016. En cada una de ellas, la administración regional solicitó cotizaciones de arriendo de camiones aljibe. Pese a que en la Intendencia insistieron en que esas siete consultas al mercado tuvieron como objetivo “buscar nuevos proveedores”, lo concreto es que todas fueron respondidas por un solo interesado, el que adjuntó en cada consulta una cotización por sus servicios: Germán Faúndez Fuentes (ver aquí un ejemplo).

El consultor en compras del sector público, Roberto Salas, es claro en señalar que una consulta al mercado en ningún caso es un mecanismo diseñado para cotizar: “Son consultas para saber cómo funciona una industria o las características de un producto o servicio, por ejemplo, pero no para solicitar cotizaciones. Hay otra herramienta en el sistema (Mercado Público) que sí está diseñada para cotizar, lo que indica que están ocupando mal el mecanismo”.

La autoridad regional insistió en que se han “explorado, dentro de los marcos legales, todas las alternativas para buscar proveedores que estén dispuestos a prestar el servicio de distribución de agua para consumo humano”.

En los papeles eso es efectivo. En septiembre de 2015 la Intendencia del Biobío contrató a un nuevo proveedor de camiones aljibe: Antártida de Chile. Da la casualidad que Antártida de Chile y Transportes y Logística tienen los mismos dueños: Germán Faúndez y su esposa.

El alza de costos en el arriendo de camiones aljibe entre 2013 y 2014 en la Región del Biobío (de $3.533 millones a $6.562 millones) es otro de los puntos que levantan dudas respecto de la administración y control de los fondos de emergencia en esa región. Uno de los ejemplos que relevó CIPER de la información entregada por la intendencia, es la comuna de Hualqui. Allí, Transportes y Logística recibió $194 millones por distribuir agua a 2.300 personas en 2013. Al año siguiente, la empresa de Faúndez facturó $381 millones, aunque los beneficiados fueron solo 637 personas.

En la comuna de Quirihue, la misma empresa suministró agua potable a 1.750 personas en 2013 y a otras 1.750 personas en 2014. Si en 2013 el empresario recibió $208 millones, en 2014 obtuvo $273 millones.

Las diferencias de precios como las aquí descritas se repiten en varias otras comunas de la Región del Biobío. La explicación desde la intendencia para cada una de las incongruencias detectadas en los precios de los años 2013 y 2014 fue la misma:

“Hasta antes del 2014, no existe un registro que nos permita identificar quiénes eran y dónde estaban específicamente, dentro de cada comuna, los afectados por déficit hídrico, puesto que los municipios solo indicaban un número estimado de personas, situación que nos pareció irregular”.

La conclusión que se desprende de esta respuesta es que nadie –ni intendencia ni municipalidades– sabe a ciencia cierta cuántas personas recibieron efectivamente suministro de agua potable de los camiones aljibe. Lo que sí consta son los millones que recibieron las dos empresas de Germán Faúndez.

EL MAULE: MERCADO EN ALZA

En el Maule se han gastado $13.775 millones entre 2010 y 2016 (agosto) para abastecer de agua a sectores rurales de 26 de las 30 comunas de la región. A diferencia de lo que sucede en el Biobío, acá no es la intendencia, sino las gobernaciones las que ejecutan los fondos de emergencia para déficit hídrico transferidos por la Subsecretaría del Interior.

Los datos reportados a CIPER por las gobernaciones de Cauquenes, Curicó, Talca y Linares, registran a 37 proveedores prestando el servicio de distribución de agua potable en la región desde 2010 a 2016.

El proveedor que más se repite es Transportes y Servicios Mataquito, empresa que ha facturado más de $1.628 millones. Le sigue Jorge Devia Núñez, con casi $900 millones; Israel Roa Antilef con $831 millones; la empresa Eco Sweep, con $781 millones y Transportes Verco, con $665 millones (ver cuadro con los 10 proveedores con más adjudicaciones).

Si bien en El Maule figuran más proveedores que en el Biobío, aquí también existen varios ejemplos de millonarias diferencias en los precios que ofrece un mismo proveedor por entregar exactamente el mismo servicio.

En la comuna de Parral, por ejemplo, el proveedor Silvio Vallejo Cancino –que se ha adjudicado contratos en la región por $214 millones durante el periodo (2010-2016)­­– repartió 5.220 m3 de agua en 2014 y por ello recibió $75,8 millones­. Al año siguiente, distribuyó 5.200 m3 de agua en la misma comuna (20 mil litros menos que el año anterior), recibiendo $108 millones por sus servicios. CIPER preguntó por esa alza de precio a la Gobernación de Linares, la que al cierre de esta edición rectificó las cifras originales, aunque no envió los documentos oficiales que prueban que efectivamente hubo un error de digitación, como se argumentó.

De todas maneras, los nuevos datos entregados por la Gobernación de Linares siguen abriendo interrogantes. Un solo ejemplo: en 2015 el proveedor Juan Vergara Henríquez –con adjudicaciones por más de $600 millones en el periodo 2010-2016– repartió agua potable prácticamente todos los meses del año en la comuna de Linares. El valor/día de sus servicios fluctúa entre $150 mil y $238 mil, dependiendo del mes. En abril y octubre distribuyó la misma cantidad de agua –220 mil litros–, pero facturó distinto: $3,9 millones y $5,2 millones respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados con solo meses de diferencia y portrato directo.

CIPER consultó a tres funcionarios de gobierno, a nivel central y regional, sobre la fluctuación de los costos de los proveedores en periodos de emergencia hídrica. La respuesta, en sordina, apuntó a lo mismo: las emergencias, en general, traen aparejada especulación de precios.

Linares no es la única comuna donde se registran diferencias significativas de precios por la entrega del mismo servicio. La indagación de CIPER también las detectó en las comunas de Curicó, Teno, Rauco, Hualañé y Constitución, entre otras. La mayoría de las explicaciones entregadas por las gobernaciones regionales del Maule apuntan a lo mismo: el origen está en “errores de digitación” en la información oficial que entregaron ellos mismos a CIPER o se trata de “procesos de adjudicación distintos”, con meses de diferencia, en los que “siempre se privilegiaron las ofertas de menor valor”.

Para otras preguntas no hubo respuesta clarificadora. Se le consultó a la Gobernación de Talca, por ejemplo, por qué en un mismo año (2014) la Sociedad de Transportes Verco pasó de cobrar por sus servicios de distribución de agua potable en Constitución $261.000 por día a $476.000 por día por el transporte de la misma cantidad de agua (20 mil litros). La respuesta fue:

“La fecha de inicio de dicha adjudicación es el 10 de marzo de 2014, por tanto, corresponde a la administración municipal y provincial anterior explicar el aumento de costos de $261.800 a $476.000 pesos diarios por la entrega de 20 mil litros”.

LA ARAUCANÍA: TRATO DIRECTO

La Araucanía (abarca 32 comunas) es otra de las regiones que está bajo emergencia hídrica. Datos entregados por la Onemi y procesados por CIPER, indican que es la segunda región en la que el Estado ha invertido más recursos en la distribución de agua potable a la población vía camiones aljibe: $17.996 millones entre 2010 y agosto de 2016.

Son 30 las comunas de la región de La Araucanía que han sido abastecidas de agua para consumo humano por camiones aljibe en ese periodo. Debido a que en la información enviada a CIPER por la intendencia regional no se identifican unidades de medida –días contratados o número de gente beneficiada–, no es posible saber si las cuantiosas diferencias de precios podrían corresponder a cobros excesivos e injustificados. Los datos muestran, por ejemplo, cómo un proveedor repartió 15 mil litros de agua más de doce veces en la comuna de Padre Las Casas –entre 2013 y 2014– cobrando entre $3,2 millones y $12,8 millones.

En la Región de la Araucanía es notoria la gran cantidad de adjudicaciones vía trato directo a proveedores. La norma establece que el trato directo es un “mecanismo excepcional de compra que implica la contratación de un solo proveedor previa resolución fundada (…) solicitando un mínimo de tres cotizaciones para contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM, salvo las causales establecidas en el artículo 10 del reglamento de la Ley 19.886”. Entre esas causales, se consideran casos de emergencia o imprevistos.

La torta de los casi $18 mil millones desembolsados en esa región por el Estado entre 2010 y 2016 se la reparten 227 proveedores de camiones aljibe con los cuales la intendencia regional ha firmado 2.950 convenios. De ellos, la mitad (1.464) han sido adjudicados vía trato directo y suman $4.087 millones (ver nómina de mayores proveedores).

Un experto en compras públicas, que pidió reserva de su identidad, hace el punto en que si bien la contratación por trato directo está permitida bajo causal de emergencia, en la práctica no todas las emergencias responden a eventos imprevistos: “La erupción de un volcán o un terremoto no es lo mismo que una emergencia prolongada como la hídrica, que ya se extiende por varios años. Cuando la emergencia responde a una constante, el presupuesto puede ejecutarse de modo más eficiente y con una mayor planificación, sin tener que recurrir al trato directo”.

Los proveedores de la Región de La Araucanía que más se han adjudicado licitaciones de la intendencia por “trato directo” son: Luis Farías Cisternas, con $328 millones; Gustavo Ketterer Figueroa, con $300 millones (si se suman los contratos obtenidos vía licitación, es el principal proveedor de la región con ingresos por más de $466 millones); Transportes Hettich Limitada, con $202 millones; y Construcción, Ingeniería, Inmobiliaria y Servicios Newen, con $170 millones.

El caos estructural en el sistema de administración y ejecución de los fondos de emergencia para déficit hídrico fue advertido hace unos meses por la propia Subsecretaría del Interior. En agosto pasado, emitió un instructivo con los nuevos procedimientos que a contar del 31 de marzo próximo –y de manera perentoria– se pondrán en marcha para la solicitud y gasto de esos fondos de emergencia a nivel nacional.

Respecto de la gestión y uso de esos dineros, en el mismo documento se reconoce que se ha utilizado “una diversidad de procedimientos administrativos, con escasos controles sobre el gasto de los recursos económicos asociados”. Y se hace además un llamado a todas las intendencias y gobernaciones a “implementar el mecanismo de contratación más adecuado, conforme a la normativa vigente de compras públicas” (ver oficio).

PETORCA: MERCADO INFORMAL

“Valores dispares entre lo que se cobraba”, fue la frase que utilizó el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, al ser consultado en febrero pasado por Biobío Chile respecto de la existencia de un mercado informal del agua en Petorca, una de las comunas más afectadas por la crisis hídrica. En ese mismo artículo, el propio seremi de Obras Públicas de la región, Miguel Saavedra, reconoció que las diferencias de precio que cobran los camiones aljibe datan de 2015. CIPER quiso ahondar en los dichos de ambas autoridades de gobierno, pero declinaron referirse al tema.

El 28 de octubre de 2016, CIPER solicitó a la Intendencia de Valparaíso la nómina de proveedores, montos adjudicados y litros de agua repartidos por camiones aljibe en las 38 comunas de la región entre 2010 y 2016. La petición fue derivada a todas las gobernaciones provinciales. La respuesta de Petorca recién llegó el 20 de enero pasado y en ella se afirma que la gobernación “no cuenta con el personal suficiente para responder adecuadamente toda la solicitud, pues implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”, por lo que denegó parcialmente la información.

Sí adjuntó una nómina con las contrataciones efectuadas durante 2015 y 2016. Pero la información es ininteligible: no solo está incompleta (sin claridad sobre fechas, ni proveedores), además fragmentada.

A pesar de que la Subsecretaría del Interior ha transferido a la Quinta Región casi $12 mil millones para el arriendo de camiones aljibe en los últimos seis años, recursos que en su mayoría han ido a Petorca, en esa gobernación no hay registro actualizado ni en orden de la ejecución y rendición de esos fondos.

A solo días del cierre de esta investigación –y después de que CIPER hiciera ver los reparos por la calidad de los datos entregados– la gobernación envió una nueva planilla con información de 2014, 2015 y 2016. No hubo ni un solo dato sobre los años anteriores (2010-2013).

De acuerdo a esta última información, entre 2014 y 2016 se han gastado $6.927 millones en el arriendo de camiones aljibe para las comunas de Petorca, Cabildo, La Ligua y Zapallar. En la nómina de pagos figuran 17 proveedores, tres de ellos con montos superiores a los mil millones de pesos en adjudicaciones (ver cuadro de proveedores).

Aquí también aparecen inconsistencias en los montos facturados. En 2015, por ejemplo, Marcelo Navarro Olivares distribuyó 20.480 m3 de agua en la Ligua y por ello cobró $209 millones. Al año siguiente, el mismo proveedor repartió 22.410 m3 (2 millones de litros más), pero facturó casi un tercio: $79 millones. En la misma comuna, este año, Renato Torres Rodríguez distribuyó 10.240 m3 de agua con un costo de $67 millones. En 2015, la Sociedad de Inversiones BFJ, entregó en La Ligua solo 440 m3 más de agua que su competidor (10.680 m3), recibiendo más del doble ($160 millones).

La explicación que dio la Gobernación de Petorca fue: “La variación en los precios responde principalmente a la distancia que deben recorrer los camiones desde la fuente de abastecimiento hasta el sistema de agua potable, lo que incluso podría estar en diferente comuna”.

Actualmente, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso, un proyecto de ley que modifica el Código de Aguas de 1981, y que busca asegurar una mayor equidad en el acceso de la población al agua potable.

Corregir las inequidades no será fácil: el código redactado en dictadura entregó a los privados el dominio a perpetuidad del recurso y al mercado la tarea de asignarlo. Y ello a pesar de que es ampliamente conocido que las transacciones de agua alcanzan valores millonarios en el mercado paralelo.

El proyecto de ley busca establecer nuevas restricciones en el uso de los derechos de agua que podrían, ahora, ser entregados bajo la modalidad de concesión y, por tanto, ser recuperados por el Estado. Pero, según estimaciones oficiales, el 90% de los derechos de agua en el país ya fue entregado a empresas y personas naturales. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen.

Nota de la Redacción (Actualización): El 15 de enero de 2019, Radio Biobío informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por delitos tributarios en contra del empresario transportista Germán Faúndez, quien desde 2012 habría presentado facturas y declaraciones tributarias falsas, lo que le habría causado al Fisco pérdidas por $1.215 millones (ver aquí).