Los estados de EEUU que han legalizado de algún modo el cannabis prescriben menos medicamentos a través del programa de seguros Medicaid. En concreto, la reducción se produce en la prescripción de fármacos para cinco dolencias que podrían ser tratadas con esta sustancia, como dolor, depresión, náuseas, psicosis y convulsiones. Esta es la principal conclusión de un estudio en el que se asegura que "los pacientes en estados con tales leyes están sustituyendo los medicamentos recetados por marihuana medicinal".

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"El ahorro total en Medicaid asociado a estas leyes [que regulan la marihuana medicinal] pasó de 260,8 millones de dólares en 2007 a 475,8 millones en 2014", dicen los datos.

"Tenemos pruebas de que las leyes de aprobación marihuana reducen el número de medicamentos recetados en programas de Medicaid", explica a eldiario.es el autor principal del estudio, el investigador de la Universidad de Georgia, David Bradford. "Nuestros hallazgos sugieren que los pacientes y los médicos están reaccionando a la disponibilidad de marihuana medicinal como si fuera un medicamento más".

Los autores del estudio, publicado en la revista Health Affairs, defienden que, si bien no existen datos administrativos que puedan utilizarse para examinar directamente los usos médicos de la marihuana, "es posible analizar los patrones de consumo de esta sustancia y de medicamentos recetados en los estados que han promulgado una ley sobre la marihuana medicinal y así evaluar si los pacientes están sustituyendo estos medicamentos por marihuana medicinal".

Un ahorro de mil millones de dólares

Actualmente, 28 de los 50 estados de EEUU han legalizado de algún modo el consumo de cannabis. Los autores del estudio aseguran que si todos los estados hubieran permitido el uso de marihuana medicinal en 2014, el ahorro total de ese año habría sido superior a los mil millones de dólares, una cifra que, según Bradford, "podría alcanzar los 4.000 millones si tenemos en cuenta que solo hemos analizado un tipo de prescripciones que solo suponen un 26% del gasto de Medicaid".

Además, el estudio de Bradford no solo ofrece información sobre los patrones de consumo de marihuana medicinal en EEUU, sino que también arroja algo de luz sobre la posibilidad de utilizar el cannabis como medio para atajar el problema de adicción a los opiáceos que sufre el país norteamericano y que en 2015 provocó la muerte de más de 33.000 personas, según datos del Centro de Control de Enfermedades.

Estudios anteriores ya habían mostrado que el abuso de opiáceos y las tasas de sobredosis disminuían en los estados que regulaban la marihuana medicinal. Sin embargo, la investigación de Bradford describe cómo la introducción de esta regulación coincide con un claro descenso en las recetas de este tipo de analgésicos.

"Las leyes que permiten el consumo de marihuana medicinal no solo reducen el consumo de analgésicos, siendo los opiáceos una parte importante de ese paquete de fármacos, sino que también hemos realizado otras investigaciones que muestran que este tipo de leyes conduce a menos muertes relacionadas con los opiáceos", explica Bradford.

Los investigadores piden un cambio de estatus

Por este motivo, Bradford considera que los organismos federales deberían replantearse la actual situación legal del cannabis. "Tanto nuestros resultados, como los de estudios anteriores, sugieren que hay una amplio uso médico de la marihuana, lo que indica que la DEA debe eliminar la marihuana de la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas".

Según la legislación estadounidense, la marihuana se encuentra actualmente en la Lista I de sustancias prohibidas, una clasificación en la que se encuentran aquellas drogas que tienen "un alto potencial para el abuso", "no tienen actualmente ningún uso médico aceptado" y se considera que su consumo no es seguro ni siquiera bajo supervisión médica.

Sin embargo, pese a las reiteradas ocasiones en las que miembros de la comunidad científica, e incluso congresistas y senadores de EEUU, han pedido un cambio en el estatus de esta sustancia, en agosto del pasado año la agencia antidrogas (Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés) anunció que mantendría la marihuana en su clasificación actual.

Según Bradford, esta decisión se ha tomado "a pesar de que las pruebas demuestran que no tener un uso médico aceptado es una exigencia que no cumple la marihuana", ya que su estudio es "una muestra indirecta de que la marihuana medicinal tiene usos médicos aceptados".

Sin embargo, la DEA asegura que para cambiar el estatus de la marihuana sería necesario probar que el cannabis no causa ningún daño y sus supuestos beneficios clínicos deberían demostrarse por medio de un ensayo clínico realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Bradford se muestra en desacuerdo con la agencia y recuerda que el criterio legislativo para que una sustancia sea clasificada en la Lista II, más laxa que la I, es que tenga un uso médico actualmente aceptado y que "cumplir este criterio no requiere que el beneficio del fármaco se demuestre mediante un ensayo de la FDA".

Los casos del kratom y el LSD

Aunque el estudio de Bradford solo analiza los patrones de consumo de la marihuana medicinal y no la eficacia de los posibles tratamientos, no es la primera vez que la comunidad científica pide retirar una droga de esta clasificación.

El motivo principal esgrimido por los científicos es que las licencias y los requisitos logísticos para trabajar con sustancias de la Lista I son muy difíciles de cumplir y suponen una traba importante a la hora de desarrollar estudios sobre estas drogas.

Además del cannabis, también se encuentran en esta clasificación sustancias como el LSD, que no tiene ningún potencial adictivo y es considerado como muy seguro en términos de toxicidad. La DEA también anunció el pasado año que se estaba planteando la inclusión de nuevas sustancias relativamente seguras como el kratom en la Lista I.