

07/07 – 12:25 – Algunos lo llaman técnicamente “Orden de presentación”, otros “allanamiento de baja intensidad” y nosotros lo definimos como “allanamiento encubierto” acción que encubre un acto coercitivo e intimidatorio, dado su carácter extraordinario en la forma de proceder, tanto de la justicia como de la policía, que llegaron al domicilio legal de nuestra empresa donde, para buscar un material periodístico difundido por OPI Santa Cruz, se destacaron seis policías, dos patrulleros con balizas encendidas, dos testigos y un Oficio con orden de “secuestrar” documentación “digital”.

El martes 5 de julio, seis policías en dos patrulleros con balizas encendidas, tomando dos testigos de la calle, ingresaron en las oficinas de Pje Manuel Molina Nº 668 de Río Gallegos, domicilio comercial de LosDos Multimedios SA, empresa que contiene a OPI Santa Cruz (Marca Registrada INPI Nº 2328826 /INPI Nº 2324721) y lugar de funcionamiento de FM News, a través de la empresa News Multimedios SA.

Una vez adentro, los efectivos, con un jefe a su cargo, le impusieron a los presentes el objeto de la diligencia que estaban realizando, munidos de un Oficio (Nº 2063/16) e informaron que tenían orden de “secuestrar” “toda la documentación gráfica, material sin procesar (fotos y videos) que estén relacionados con “los hechos acaecidos el día 23 de junio de 2016 en el Edificio de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, tanto en la parte externa como interna”, mencionaba la cédula.

Obviamente sin obtener resistencia y por el contrario, con absoluta colaboración de parte nuestra, cargaron los archivos digitales en un pendrive y procediendo de una manera bastante amateur, los oficiales advirtieron al juzgado por teléfono de que estaban en la Fm News y ahí mismo procedieron a “secuestrar” audios de la emisora. Lo realmente llamativo es que en el Oficio que traían en sus manos, no estaba incluido el “secuestro” de material a la radio y podría decirse, que todo se armó sobre la marcha; una especie de “ya que estamos aquí…”.

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Como el lector comprenderá, nosotros nos preocupamos por saber cuál era el motivo por el cual nos estaban allanando. Ahí, el oficial a cargo del procedimiento, negó que se tratara de un allanamiento y nos dejó claras las diferencias, sin embargo, no supo encasillar jurídicamente el procedimiento que estaban haciendo en ese momento, pero era más que obvio que si no colaborábamos ellos actuarían por la fuerza.

Después conformaron un Acta con algunas imprecisiones que fueron observadas por nosotros, pero que el oficial al mando se negó en aclararlas, enmendarlas y/o observarlas en el mismo documento y una vez logrado obtener el material de referencia, se fueron, previa firma del Acta correspondiente.

Del dicho al hecho

Hasta aquí relatamos los hechos como sucedieron. El Oficio Nº 2063/16 estaba fechado el 29 de junio, es decir seis días antes que se ejecutara la diligencia, lo cual le quita el carácter de “urgente” o “inmediato”, con lo cual habría que preguntarse por qué desde el Juzgado Nº 1 de la Jueza Dra María Quintana, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra Gabriela Mansilla no se cursó un oficio ordinario o bien no se produjo la correspondiente comunicación telefónica previa a la llegada de la comisión policial, advirtiendo con la debida anticipación el procedimiento en curso, el cual “durmió” seis días y cuando se despertó puso, imprevistamente, a seis policías y dos testigos dentro de nuestras oficinas.

Para ser más precisos, el procedimiento que hoy se realizó en el Banco Santa Cruz, ordenado por el Juez Ercolini, tuvo las mismas características y sin embargo, a la entidad bancaria le comunicaron con anticipación que llegarían para cumplir con el requerimiento denominado “Orden de Presentación”. También cabe aclarar que entre nosotros y los millones de dólares que tiene la familia Kirchner, obtenidos, en su mayoría, ilícitamente, hay una diferencia, que al relacionar un procedimiento con otro, pone en duda la validez del realizado a OPI Santa Cruz, porque básicamente no somos parte de ninguna causa ni estamos incursos en ningún delito, como sí lo están los integrantes de la familia que estuvo en la presidencia.

Tampoco se entiende, que si la diligencia es normal u ordinaria, desde el Juzgado se deba imponer el “secuestro” del material, que además es público, no contiene elementos que deban reservarse y/o preservarse y ha sido material de nuestras publicaciones. Algunas de las fuentes consultadas, indicaron que en la Cámara de Disputados, la jueza a cargo de la causa, ordenó un procedimiento similar; pero, tal vez en ese caso sea procedente actuar de tal manera porque la legislatura es el lugar donde ocurrieron los hechos. Nosotros (OPI Santa Cruz) ni siquiera somos parte en la causa; solo fuimos, como tantos otros medios y personas, meros observadores de lo ocurrido y registramos las alternativas de ese día porque con ella abastecemos nuestra producción propia y las enviamos a medios nacionales e internacionales a través de nuestra Agencia.¿A todos los medios de prensa de la localidad les llegó un procedimiento de este tipo?.

El Oficio, además, tiene un detalle que nos hace pensar que existe cierta tendencia a generar una confusión que no nos es extraña, ya que en el año 2007, cuando desde el COMFER, en Río Gallegos a cargo de Truco y Floridia y a nivel nacional con la firma de Julio Bárbaro, una comisión llegó a Fm News para secuestrar los equipos de la emisora, la cual estaba perfectamente habilitada, al día y con los equipos legalmente homologados. Lo peor es que ni siquiera traían un Oficio y mucho menos una Orden federal. Era un apriete liso y llano de la CNC de esta provincia, ante la relevancia que tenía la emisora en el conflicto social que ensuciaba al poder kirchnerista. Ese día los expusimos con nombres y apellidos, destacamos las intenciones, le dimos intervención a la prensa nacional y el caso se transformó en un escándalo en materia de medios de comunicación en Santa Cruz.

En aquella oportunidad, los responsables de la CNC local traían mencionadas en el expediente, a una o dos emisoras que supuestamente iban a recibir “la misma requisitoria que News”, sin embargo a esas radios, nunca fueron. En nuestro caso, en el oficio se menciona al diario Prensa Libre (ningún otro) y como datos no menor es que el domicilio del medio de Lázaro Báez Perito Moreno 218, no existe como asiento de ese medio que hace muchos años dejó de funcionar allí. Como en aquel allanamiento de News del 2007, nos queda la duda si este dato fue puesto para “distraer” y “rellenar” o fue producto de una equivocación genuina, algo gravísimo porque demuestra que la justicia acude a domicilios que no son los reales o al menos no sostiene actualizados.

En el caso que hoy nos ocupa, no podemos decir que la medida tomada por la jueza no es legal o que tiene, procedimentalmente, visos de ilegitimidad; en absoluto. El Oficio y la decisión de requerir el material es válida, lo que pretendemos resaltar es la forma y cómo se articularon los medios para efectuar un procedimiento, que hasta el momento no tenemos conocimiento que la misma justicia de Santa Cruz, haya tomado, por ejemplo, con el caso del valijero ex Secretario de Néstor y Cristina, Roberto Sosa, a quien lo secuestraron para extorsionarlo por la plata que tiene guardada del matrimonio presidencial (tal como lo confesó a OPI Diego López, hoy detenido). Extraña forma de actuar la de algunos jueces; mientras para algunos la sensibilidad es tal que un requerimiento de fotografías y videos (todo público) hace necesario un operativo policial con carácter de “secuestro”, para el otro, cuyo tema es realmente grave, porque se trata de dinero incautado a los argentinos, nadie le provee un allanamiento y la justicia ni siquiera lo obliga a un careo con su secuestrador, tratando que de ese cara a cara, no surjan novedades que puedan comprometer a gente de “más arriba”.

Bueno si, buenudo, no

Esta Agencia y particularmente la empresa que es el soporte legal de nuestro emprendimiento periodístico, le hizo llegar a la Jueza Quintana, en el Juzgado Nº 1 de esta capital, un respetuoso escrito a fin de plantearle nuestros reparos a la acción claramente intimidatoria y ostensiblemente desproporcionada en tenor y efecto, entendiendo que la acción emprendida para la obtención del material de referencia, la evaluamos como sobredimensionada, innecesaria e injustificada que le impuso a la situación, un carácter visiblemente compulsivo y coercitivo, teniendo en cuenta que la jueza manda a “secuestrar” cualquier elemento o documentación, quitándole deliberadamente y de antemano, la entidad de un hecho voluntario de nuestra parte.

Si bien nos encargamos de aclararle que el personal policial se dirigió a nosotros muy correctamente en todo momento y estaban cumpliendo una misión encomendada por SS, señalamos allí que no se nos pedía, sino se nos imponía la entrega del material y que de no mediar nuestra buena voluntad (la cual nunca estuvo en discusión, porque tampoco existían motivos) seguramente se haría uso de la aplicación de la fuerza por parte de los agentes encomendados a una tarea que se mostraba, en todo caso, como un allanamiento de baja intensidad, lindante más con un acto deliberadamente coercitivo, que podría encuadrarse en una clara intención de cercenar la libertad de prensa, en colisión con el Art.14 de la Constitución nacional, le apuntamos a la Magistrada.

Nadie es ajeno a nuestra línea editorial y la libertad con que OPI se maneja en materia informativa. Tampoco nos hemos victimizado, a pesar de los reiterados ataques que en estos años hemos recibido de parte del poder. Sin embargo, y sin querer hacer una interpretación forzada de los hechos, nos hemos alertado ante una situación realmente llamativa, donde no condice lo que se requiere con las formas en que se requiere.

Le ponemos un voto de confianza al Juzgado de la Dra Quintana, interpretando que la acción judicial fue en el marco de sus esfuerzos por cumplir con la causa y el exceso de celo profesional la hizo incurrir en lo que, a nuestro criterio, está excedido en la magnificencia del procedimiento. Sin embargo, encendemos las alertas por entender que más allá de las causas que se instruyan, está la libertad que tenemos los medios (de cualquier extracción) de ejercer con total libertad el derecho a informar, el cual no debe ni puede ser cercenado con ninguna acción intimidatoria abierta o encubierta por ningún estamento del poder, incluyendo la propia Justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)