El Ayuntamiento de Catarroja, en Valencia aprobó el pasado 12 de enero una resolución que autoriza a la alcaldesa, la popular Soledad Ramón, a repartir vales de compra de comida y de productos de necesidad básica por valor de 5 euros entre sus vecinos. La resolución autoriza la gestión de esos vales, a canjear en una conocida cadena de supermercados, por parte de la Alcaldía «según su criterio».

El Ayuntamiento justifica la iniciativa, que llega cuando faltan apenas cuatro meses para las próximas elecciones municipales, porque «la demanda de atención de necesidades básicas urgentes de determinados núcleos familiares requiere inmediatez por parte de la administración» y admite en el propio texto que se está esquivando el «procedimiento administrativo común».

«Algunas familias acuden a la alcaldía ante situaciones extremas y el procedimiento administrativo común requiere de unos trámites que hacen que se demore la respuesta de la Administración ante este tipo de necesidad emergente, por lo que de seguirlo devendría inútil la respuesta ante la situación de urgente necesidad que fundamentalmente es de carácter alimenticio», explica textualmente la resolución número 22/2015.

El Ayuntamiento ha aprobado la adquisición de 2.000 euros en vales de compra a través de un supermercado y repartirá cheques de 5 euros cada uno a los vecinos que considere más necesitados. «La alcaldía gestionará ante situaciones que le llegan de extrema gravedad y urgencia la respuesta a éstas de una manera eficaz, entregando a dicha familia un número de vales suficientes para paliar la urgente necesidad planteada».

El texto de la resolución justifica la polémica medida recordando que los municipios tienen la «potestad de promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal».

«La alcaldesa no puede repartir dinero desde su despacho», denuncia el grupo Compromís

Sin embargo, la oposición ya ha alertado de las posibles irregularidades de la medida. Martí Raga, concejal de Compromís, reclamó explicaciones en el último pleno de Catarroja y la alcaldesa se comprometió a aclarar su contenido. «La persona que necesite ayuda no puede acudir al despacho de la alcaldesa, sino a Servicios Sociales, para que sean los técnicos quienes, siguiendo criterios profesionales, decidan las ayudas, su cuantía y el beneficiario», reclama Raga.

Compromís ha exigido una ordenanza municipal que regule las ayudas sociales y ha denunciado el reparto «arbitrario y opaco» de dinero. «Una alcaldesa no puede repartir dinero desde su despacho. Debe poner en marcha políticas de solidaridad con transparencia y no de caridad o de clientelismo. ¿Quién se beneficia de esta iniciativa, sólo quienes van al despacho de la alcaldesa?», se ha preguntado el concejal de Compromís.

El Ayuntamiento dice que es 'un error' pero en julio de 2014 aprobó una resolución idéntica

EL MUNDO se puso ayer en contacto con la alcaldesa de Catarroja y con su jefe de gabinete y ambos aseguraron que la resolución, que ya ha autorizado y ordenado el pago de los 2.000 euros, es «un error», y que las ayudas siempre contarán con informes de Bienestar Social. No supieron aclarar, no obstante, qué se va a modificar del polémico texto y atribuyeron a «un fallo de redacción» el punto que asegura que los cheques se gestionarán desde la alcaldía.

Sin embargo, la idea de Soledad Ramón no es nueva. Según ha podido comprobar este periódico, en julio de 2014 su equipo de gobierno ya aprobó una resolución similar con los mismos argumentos, ya repartió «vales canjeables por productos de alimentación» por otros 2.000 euros y fue aún más claro en las atribuciones de la alcaldía. «La lista de familiares necesitadas está en posesión de la alcaldía y será desde la propia alcaldía desde donde se repartirán los tiques, se controlará el orden y la prioridad para la entrega de los mismos, así como el procedimiento de la empresa adjudicataria», dice textualmente la resolución del Ayuntamiento del 11 de julio del año pasado.