El 14 de marzo salió la nota periodística de que 5 de las 6 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. Entre las 50 más violentas, 15 son mexicanas. Esto nos da una idea de la escala del reto que enfrenta el presidente López Obrador ahora que ha cumplido tres meses de gobierno.

Por su lado, el Presidente ha dejado en claro por lo menos una parte de su estrategia para combatir la violencia en México: la Guardia Nacional. El dictamen establece que la Guardia Nacional participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Sin embargo, aún no está claro cuál va a ser la estrategia integral de política pública que va a implementar para que todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública funcione. Y es que no basta con contar con un mando civil e incorruptible para asegurar la paz en México; urge contar con una estrategia que atienda la naturaleza real de la delincuencia. Aquí enlisto sugerencias a tomar en cuenta en su política pública:

1) Fragmentación de cárteles

La influencia de un cártel sobre un territorio específico está constantemente en flujo. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, el panorama geográfico de tráfico de drogas cambió radicalmente. Según el servicio de investigación del Congreso estadounidense, la violencia en México aumentó recientemente debido a la fragmentación del cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa del continente según Estados Unidos y México. Ello debido a que estos controlaban la mayor parte del territorio mexicano, territorio que se encuentra ahora en disputa y ha sido tomado en gran medida por el cártel Jalisco Nueva Generación. No es coincidencia que, para mediados de 2017, cuando se neutralizaron 107 de los 122 cabecillas más influyentes, fue también el año en el que se registraron más homicidios a nivel histórico en el país. Récord que lamentablemente se rompió en 2018. Podemos deducir entonces que el panorama cambie otra vez y que identifiquemos nuevos participantes y métodos violentos por parte del crimen organizado.

2) El mercado de narcóticos está cambiando

Las drogas usualmente traficadas como marihuana, cocaína y heroína están siendo desplazadas por drogas sintéticas como el fentanilo, el opioide más letal en Estados Unidos. Según una investigación recientemente publicada por el Instituto de México en el Wilson Center, las zonas rurales en el triángulo dorado, así como en Nayarit y Guerrero, han dependido económicamente de cultivar amapolas desde 1920, sin embargo, el mercado ha hecho que se adapten a producir heroína en años recientes. Tan sólo el cultivo de amapolas les representó 19 billones de pesos en 2017, ingreso único de dichos agricultores por lo que se necesita también de un esfuerzo en materia legislativa y económica para que estos cambien su giro económico y dejen de dedicarse a las organizaciones criminales. Pero la llegada de toneladas de fentanilo a los Estados Unidos implicó el colapso de los precios de heroína, y como consecuencia los niveles de violencia en áreas rurales aumentaron de nuevo. Según algunos periodistas e investigadores estos mismos campesinos ahora están produciendo fentanilo, otro reto para el gobierno federal.

3) Los mexicanos también consumen droga

Por mucho tiempo el principal argumento para explicar al narcotráfico en México era que nuestro vecino del norte consumía grandes cantidades de droga y al ser el país de transición era de esperarse que se crearan organizaciones para abastecer esa demanda. Sin embargo, eso deja de ser menos cierto año con año, aunque el consumo en EU sigue siendo mucho mayor que en México, cada vez permanecen más drogas en el país. Según la Secretaría de Salud, el uso de drogas en hombres entre los 12 y 65 años se ha duplicado de 2008 a 2016, mientras que sólo en adolescentes esta cifra se duplicó de 2011 a 2016. En algunos estados el problema de consumo es mayor, estos son Jalisco, Baja California y Quintana Roo. Estados donde también ha aumentado la violencia en la última década. Una tendencia muy preocupante es que el consumo de cristal esta creciendo en áreas rurales, implicando otro reto para las autoridades.

4) Las fuentes de violencia se han diversificado

El crimen organizado dejó de ser la única variable explicativa en índices de homicidios. México está en una situación crítica: 2018 fue el año más violento en la historia según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Se registraron 34 mil 202 homicidios, un aumento de 15% en comparación con 2017. Sin embargo, 75% de esos crímenes están ligados con el narcotráfico, el otro 25% se comprende por otro tipo de razones, entre ellos feminicidios. Y es que, la violencia ya no se concentra solamente en los estados del triángulo dorado y guerrero, en 2018 los homicidios crecieron en 27 estados y en 15 alcanzaron niveles récord. Según el índice de paz del Institute for Economics and Peace, la violencia está creciendo en los grupos de delincuencia organizada, delincuencia común y violencia interpersonal.

5) Impunidad en el país

El nivel de impunidad en el sistema de justicia penal acusatorio es de 87.3% a nivel nacional según México Evalúa. Estados como Jalisco y Tlaxcala son impunes en más de 99% de los casos, mientras que Guanajuato, estado con menos impunidad en el país, deja impune a casi 60% de los casos, índice significativamente alto. Esto no es de extrañarse si tomamos en cuenta que México tiene 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes mientras que el promedio global es de 16.2 jueces. Además, según el Índice de Paz 2018, se le suma una deficiencia en recursos financieros. El gasto del gobierno federal en el sistema judicial, policía y prisiones equivale a 60% del gasto promedio de los países de la OCDE.

6) Sistema Judicial Mexicano

La reforma penal aprobada en 2008 se creó para hacer eficiente y transparente la implementación de justicia; hacer los juicios de manera oral y rápida (30 días) donde los jueces estén presentes en cada audiencia y la sesión sea videograbada; utilizar la presunción de inocencia del acusado y habilitar soluciones alternas para evitar prisión siempre y cuando la víctima acepte hablar con el imputado. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial tuvo 8 años para implementarse en México, y a pesar de que ese plazo venció en 2016, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), todas las entidades del país están lejos de cumplir con la plena implementación del nuevo modelo de justicia penal. Apuntalan a que una razón por la que no ha funcionado es una falta de coordinación entre instituciones de seguridad y justicia, así como la falta de capacitación y recursos materiales, otra oportunidad de mejora para el gobierno.

7) Ecosistema de seguridad

En los planes de la Guardia Nacional se contempla reclutar a más de 100 mil elementos para finales del sexenio. Estos tendrán un entrenamiento capacitado, un chequeo de antecedentes penales y capacitación para proteger a los civiles. El programa cuenta además con el presupuesto asignado suficiente para llevarse a cabo. Sin embargo, para salvaguardar la seguridad diaria a nivel nacional, es necesario que las policías municipales y estatales cumplan también sus funciones. Es por ello que la inversión en la Guardia Nacional es necesaria, pero insuficiente. Tenemos también que invertir en la profesionalización de las fuerzas de seguridad a todos los niveles. Como en el caso de la Guardia Nacional, lo anterior incluye capacitación, presupuesto, mecanismos de coordinación y un entendimiento de los últimos métodos policíacos internacionales.

En conclusión, la Guardia Nacional por sí misma no puede solucionar el problema de violencia en México. Esto no es culpa de AMLO ni de su administración, es simplemente una realidad compleja que debe atender, no sólo a los cuerpos policiales, sino a los varios factores enlistados. Para esto se necesita una política pública integral que tome en cuenta el panorama cambiante –y alarmante– del país y, sobre todo, debe retomar tareas pendientes como la implementación del sistema judicial, el fortalecimiento y coordinación de las instituciones de seguridad, así como establecer una estrategia con Estados Unidos para el combate de drogas que comprenda un crecimiento en la economía rural y lícita en México.

Duncan Wood

*Director, Instituto de México Woodrow Wilson Center