COMPARTIR share

MADRID// La construcción del Estado liberal durante el siglo XIX fue intensamente represiva. Existió una represión que podríamos llamar fundacional. Montar una administración centralizada requirió acabar, muchas veces manu militari, con todos los cuerpos intermedios que formaban la sociedad premoderna. Y concentrar en un solo poder central la producción del derecho, y la coacción para su cumplimiento, obligó a liquidar costumbres, tradiciones y viejas solidaridades. Contemplado en perspectiva, cabe preguntarse si el resultado racionalizador mereció un proceso tan conflictivo y tortuoso, sobre todo porque el fin anhelado de la unificación social parecía no llegar nunca.

Existió después una represión estructural que podríamos llamar operativa. El Estado liberal, no ya para fundarse, sino para funcionar, requería de grandes dosis represivas. Las necesarias para mantener a raya a la parte de población, posiblemente mayoritaria, no identificada con las nuevas instituciones. Se trató, en efecto, de una organización sumamente elitista y excluyente. Bajo la divisa de la “soberanía de la inteligencia” solo podían participar en las instituciones unos cuantos ciudadanos varones y propietarios. En nombre de la “soberanía nacional” se promulgaban unas leyes y se articulaban unas instituciones que respondían solo al interés de una minoría. Las capas populares solo podían contemplar aquel montaje como una agresiva intromisión en su vida y costumbres. No es de extrañar que algunos despreciasen entonces al Estado como un entramado político al servicio de la clase económicamente dominante.

En España, este rasgo general del Estado liberal se agravó aún más por mediar un relato nacional de carácter integrista. En la imaginación de los dirigentes, la nación que prestaba base a ese nuevo Estado era una nación católica, con instituciones naturales, como la monarquía o su confesionalidad, que resultaban intocables. De este modo, otras confesiones y sensibilidades políticas no eran definidas simplemente como adversarios dentro de una esfera pública plural, sino como enemigos de la propia comunidad de vida nacional. Y de aquellos polvos decimonónicos, los lodos que después nos enterraron en el siglo posterior.

Un Estado semejante, donde solo una minoría se sentía con el derecho natural de gobernar, estaba condenado a padecer una crisis permanente y a echar mano constante de la represión para integrar forzadamente a todos los sectores excluidos. El carácter acusadamente cerrado y elitista de la dirigencia española provocó que los sectores alternativos, de republicanos a obreros, de socialistas o ateos a anarquistas o demócratas, construyesen su identidad y se organizasen colectivamente fuera del Estado. Y por eso el Estado liberal español fue siempre un Estado sumamente débil, incapaz de incorporar, seduciendo, a la pluralidad real que atravesaba la sociedad.

No diré que estemos, sin más, volviendo a aquellos tiempos, pero en los presentes volvemos a presenciar la cerrazón de una élite dirigente incapaz de reciclarse, abrirse e incorporar de forma natural a las nuevas sensibilidades políticas. El escándalo mostrado hace unos meses tanto por populares como por socialistas ante la pretensión de Podemos de ocupar puestos claves en la Administración, reveló de modo inconsciente su creencia de que solo ellos están llamados a sentarse en sillones tan principales. Los propios lamentos del PSOE ante su desplome en favor de Podemos, señalando que éstos solo aspiran a quedarse con su electorado, muestran una muy discutible patrimonialización de sus votantes tradicionales y una significativa indisposición a someterse a una competencia electoral limpia y democrática. Si la democracia representativa sirve para algo es precisamente para que la ciudadanía pueda destituir a una élite gobernante corrupta e ineficaz, para remplazarla por otra que sea sustantivamente diversa, y no un mero calco.

Lo más elocuente de los ataques propinados a Unidos Podemos por el resto de las formaciones estatales es la proyección psicológica que revelan. No hemos parado de escuchar que este “populismo de izquierdas”, con sus relatos de la casta y el arriba y abajo, “divide la sociedad”, enfrenta entre sí a los colectivos políticos, polariza el debate y termina imposibilitando el entendimiento. Sin embargo, a los únicos que hemos visto hasta ahora rodear con un cordón sanitario a un grupo concreto en razón de su inclinación política, y tratar a sus miembros como apestados sociales, es al resto de los partidos con respecto a Unidos Podemos y sus votantes y simpatizantes. Están dispuestos a todo tipo de pacto, componenda o cesión con tal de que un partido que puede llegar a los siete millones de votantes en las próximas elecciones no toque un solo vértice del poder estatal. Incluso a que no gobierne ninguno de sus tres líderes y dirija el ejecutivo un tecnócrata “independiente”.

Este bloqueo verdaderamente pernicioso en democracia, que ha venido acompañado de una bochornosa campaña mediática sembrando el terror frente a la nueva formación, solo puede desactivarlo el Partido Socialista. Lo que sus élites plenamente oligarquizadas mandan, para el caso de que solo alcancen el tercer puesto, es que se retiren del juego para recomponerse, absteniéndose en la investidura y dando, en consecuencia, el gobierno al Partido Popular. Muy pocos entre los dirigentes, algunos más entre los militantes y muchos de sus votantes aprecian, no obstante, que la salida ideológica y democrática natural ante esa coyuntura sería constituir un gobierno de coalición de signo progresista con un programa negociado.

Pero en el muy probable caso de que así no ocurra, asistiremos a un repliegue institucional de nuestra desgastada dirigencia que, para mantenerse en el presente contexto, va a requerir, de nuevo, grandes dosis de represión. El divorcio entre la sociedad y el Estado se recrudecerá. El desafío presente de aproximar todo lo posible ambos polos, para reparar la brecha abierta tras tantos años de corrupción, se arruinará, y se franqueará el paso a una organización política deslegitimada, todavía más vertical y construida otra vez a espaldas de la efervescente y politizada realidad social.

Si el PSOE no renuncia a su posición de confrontación con Podemos, si no llega a entender que está obligado a entenderse con quien comparte espacio electoral, si no deja de considerarlo su enemigo preferente, no solo se suicidará políticamente hasta convertirse, en las próximas elecciones, en un partido regional de carácter clientelar, sino que arrastrará con él a todo el Estado a una situación de bloqueo, crisis y represión de la que difícilmente podremos reponernos con brevedad.