Manuel Chaves y José Antonio Griñán en un acto electoral en 2011. EDUARDO RUIZ | ATLAS

El Tribunal Supremo investigará la implicación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el fraude de los ERE. La Sala de Admisión de lo Penal decidió ayer abrir una causa contra los expresidentes andaluces después de que la fiscalía concluyera la semana pasada que el Supremo es el tribunal competente para indagar la intervención “directa o indirecta” de los expresidentes en el diseño del fondo, dotado con 855 millones para subvencionar ERE y ayudas directas a empresas en crisis.

En un auto fechado ayer, el Supremo acepta hacerse cargo de la investigación de Chaves, Griñán y tres exconsejeros que también son aforados nacionales: los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno. El instructor de la causa será el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

En su resolución los jueces recogen los argumentos empleados por la instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, en la exposición razonada que remitió en agosto al alto tribunal para que investigara a los aforados. Eso sí, de momento el Supremo evita pronunciarse sobre si ve indicios de delito en la actuación de los expresidentes y abre una instrucción —que se prevé compleja— para determinar tal extremo. Los jueces consideran que los hechos, tal y como los describe Alaya, podrían ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos, pero recalcan que será el instructor el que decida si hay indicios de delito de los aforados.

Griñán y Chaves ya han mostrado su intención de comparecer de manera voluntaria antes de que el Supremo les cite formalmente. Para poder acudir, los cinco aforados deberán personarse en los próximos días en la causa y solicitar su declaración ante el instructor que, según fuentes del Supremo, aceptará la petición. Cuando acudan, lo harán como imputados acompañados por un abogado. En el auto difundido ayer, los jueces advierten de que si el instructor halla indicios de delito deberá exponerlos a la Sala de lo Penal antes de pedir el Suplicatorio “con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar”. Es decir, la imputación de los expresidentes se producirá previsiblemente cuando sean citados a declarar y no antes, tal y como ayer matizó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que precisó que la imputación solo llegará “cuando el tribunal decida otorgarles ese estatuto de imputación”.

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El alto tribunal recuerda un auto de octubre de 2013 en el que se fija que “bastará la posibilidad razonable de que los hechos que describe la exposición razonada” hayan ocurrido para que el Supremo proceda a la apertura de investigación que determine si ha habido o no delito.

Los jueces subrayan que, en este caso, los indicios contra los cinco aforados derivan de “la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban” y de su intervención “en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder”, en referencia al fondo que propició las subvenciones directas y para ERE. Respecto a alguno de los aforados, el Supremo advierte que en los hechos expuestos por Alaya hay indicios de que participó “en la ejecución de actuaciones concretas”.

“Resulta pues imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y la participación en los mismos” de Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno, señala el auto. La Sala de lo Penal ha asumido el criterio de la fiscalía, que la semana pasada emitió un informe en el que consideraba que la instrucción judicial debía dividirse ya en tres piezas separadas y que al alto tribunal le corresponde asumir solo la investigación sobre los cinco aforados nacionales. La investigación sobre los aforados autonómicos (los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Francisco Vallejo) se quedará, previsiblemente, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras que Alaya continuará instruyendo la parte relacionada con los 229 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), empresarios y ex altos cargos de la Junta imputados desde 2011.