Concejales de Ciudadanos y ex miembros del partido denuncian que en algunos municipios de la Comunidad de Madrid los candidatos tuvieron que pagar por ocupar un puesto concreto en la lista para los comicios de 2015, mientras en otros como mínimo se planteó la posibilidad de aplicar dicha fórmula para la financiación de la campaña. Las cantidades variaban en función de la posición y del censo de población y costeaban directamente gastos electorales del partido.

Así se lo han confirmado a EL MUNDO los ediles Horacio Rico, de Alcobendas, y Juan José González, de Arroyomolinos, que explican que abonaron de sus bolsillos 2.500 y 600 euros, respectivamente, por concurrir como número uno y número seis de sus candidaturas. Otros dos ex militantes de la formación 'naranja' de Navalcarnero y Fuenlabrada, José Felipe Garrido y Sergio Blázquez, aseguran que en ambas sedes también se expuso tal posibilidad a sugerencia de la dirección regional de la formación naranja, si bien en el primer caso no llegó a aplicarse y en el segundo el antiguo afiliado no tiene constancia de si se hizo o no porque fue expulsado antes de la cita con las urnas por denunciar, según su testimonio, que ésta era «una práctica ilegal».

En Ciudadanos, en cambio, aseguran que la campaña municipal de 2015 «se financió estrictamente dentro de los márgenes que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg)». Asimismo, subrayan que su financiación ha sido «auditada por el Tribunal de Cuentas, organismo absolutamente independiente, que a finales de 2018 estableció, de forma literal y tras unas acusaciones del PP, que no existe infracción alguna sancionable imputable a Cs».

Este periódico ha tenido acceso a los documentos con el membrete oficial de dos agrupaciones madrileñas de la formación naranja, la de Arroyomolinos y la de Móstoles, en las que se especificaban las características de este sistema de pago por ocupar un puesto determinado en las listas de las elecciones de 2015 y las cantidades a abonar. En ambos casos se explicaba literalmente y de forma calcada que las aportaciones serían «a fondo perdido en el caso de obtener el acta de concejal», mientras que los que no entraran en el Ayuntamiento tendrían derecho a que los que sí habían logrado un sueldo público les devolvieran el dinero que habían pagado «en una prorrata de 36 meses», es decir, en varias cuotas a lo largo de tres años.

Antes de los comicios, Ciudadanos decidió prescindir del hasta entonces coordinador del partido en Móstoles, Pedro Benayas, y finalmente no pudo presentar candidatura, así que en el municipio más grande de Madrid (206.589 habitantes) no se pudo consumar este sistema de autofinanciación por parte de los candidatos. Sí se utilizó en cambio en Arroyomolinos (30.081 vecinos), donde optar a ser alcalde se fijó en 1.500 euros y se elevó posteriormente a 2.000.

Juan José González fue concejal de Cs en esta localidad del suroeste de Madrid desde julio de 2015 hasta julio de 2018, cuando la dirección regional lo expulsó porque su nombre apareció en un auto de investigación de la 'Operación Enredadera', sobre supuestos amaños de multas (el anterior regidor, Carlos Ruipérez, tuvo que dimitir por su implicación en este caso). Tras declarar «voluntariamente», no llegó a ser imputado, y desde entonces permanece como edil no adscrito en el Ayuntamiento.

Juan José González, concejal de Arroyomolinos. ÁNGEL NAVARRETE

González ocupó en las elecciones municipales de 2015 el sexto puesto de la lista 'naranja' en Arroyomolinos, que tenía un precio de 600 euros. Su hija iba en el quinto, valorado en 1.200 euros, que también abonó él.

«Pagué con la tarjeta del banco unos 1.000 euros de una factura de publicidad para la campaña en una imprenta que está en el polígono local. Lo demás lo puse en efectivo. Luego entramos [Cs obtuvo cinco concejales pero la hija de González renunció al acta y él cubrió su escaño] y nadie le devolvió dinero a nadie», asegura el concejal independiente desde hace nueve meses.

Un caso similar es el de Horacio Rico, portavoz 'naranja' en el Ayuntamiento de Alcobendas (117.618 residentes), donde el partido de Albert Rivera consiguió tres representantes. Para ser el cabeza de lista, él pagó mediante transferencia el coste de confeccionar el programa electoral e imprimirlo después.

Horario Rico, edil de Cs en Alcobendas. ÁNGEL NAVARRETE MUNDO

«Entonces no sabíamos que era financiación ilegal», justifica el concejal en este municipio del norte de Madrid, que como la mayoría de sus compañeros de partido se estrenó como político en 2015, y que no repetirá como candidato de esta formación. «Siempre nos daban las instrucciones de viva voz», añade sobre la procedencia de la indicación para costear los gastos de la campaña.

A Navalcarnero (27.570 habitantes) también llegó la directriz sobre «el procedimiento que había que seguir: el número uno tenía que pagar una cantidad, el dos otra y así sucesivamente en los cinco primeros puestos». Lo confirma José Felipe Garrido, entonces portavoz y cabeza de lista de Cs y ahora también edil no adscrito a ningún partido en el Ayuntamiento tras su desvinculación de la formación naranja. Garrido explica que, finalmente, no tuvieron necesidad de seguir este procedimiento porque encontraron un donante «que siguió todos los trámites legales e incluso se desgravó en la declaración de la renta».

El mismo planteamiento se hizo en la agrupación de Fuenlabrada (194.669 vecinos), según asegura Sergio Blázquez, entonces su responsable de Comunicación. «En una reunión en marzo de 2015 ,Patricia de Frutos, que ya era la candidata, dijo que ella como número uno iba a poner 3.000 euros y que el resto, del puesto dos al cinco, tenían que poner 2.000 euros porque así se lo habían dicho en Madrid», explica este ex afiliado, expulsado del partido por poner reparos a dicho sistema de financiación, según denuncia.

Este periódico ha tratado de contactar con De Frutos, para recabar su versión de los hechos, pero no ha obtenido respuesta. De haber «pagado 11.000 euros por la compra de los cinco primeros puestos» de la lista acusó también a la concejala en este Ayuntamiento del sur y número 29 de la lista de Cs al Congreso otro ex militante, Alberto Ganga, durante la Comisión de Investigación sobre financiación de partidos en el Senado, en la sesión del pasado 16 de febrero. La aludida aseguró posteriormente que esto era «falso», según recogió Europa Press.

En la dirección regional de Cs señalan que «no es la primera vez que se intentan sembrar dudas» sobre su financiación. «Cualquier imputación o comentario en sentido contrario son rotundamente falsos, como se ha demostrado hasta el momento», concluyen.