Ferroatlántica, una de las empresas que componen el emporio del exministro Juan Miguel Villar Mir, no solo se lucró durante una década con un permiso ilegal concedido por la Xunta de Galicia que presidía Manuel Fraga en 2001 para secar una cascada natural y aumentar la producción de energía en su central hidroeléctrica de Dumbría, en la Costa da Morte.

Un cambio legal permite a Villar Mir evitar un pleito de ocho millones por secar una cascada con permiso de Fraga

Saber más

Ferroatlántica reclamó una indemnización millonaria cuando otro Gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, decidió en 2011 –coincidiendo con el inicio del procedimiento penal que investigaba esa concesión– anular la orden que permitió a la empresa dejar la catarata sin agua durante más de diez años a cambio de abrirla una hora los domingos para turistas.

Primero la exigió al Gobierno gallego y tras la negativa de este, después agotó todas las instancias posibles en los tribunales. Ni el consorcio empresarial de Villar Mir, que se encuentra en pleno proceso de venta de sus activos en Galicia, ni la Xunta habían informado de esta segunda batalla judicial, que se zanjó con una sentencia dictada en febrero por el Tribunal Supremo.

Según la documentación en poder de esta redacción, la sociedad de Villar Mir presentó meses después de que la Xunta de Feijóo le ordenase durante la primavera de 2011 devolver la cascada a su estado original un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que exigía a la Administración gallega 56 millones de euros más intereses como compensación por no poder seguir explotando el caudal de la catarata para producir energía.

En ese pleito en el contencioso –paralelo al que se seguía en un juzgado penal de Santiago contra el alto cargo de Fraga Francisco Pan-Montojo que firmó la autorización para secar el cauce del río Xallas en su desembocadura y contra la propia empresa por beneficiarse de la resolución– Ferroatlántica esgrimió el perjuicio patrimonial que le causaba la anulación del permiso, que, de paso, consideraba contraria a la ley.

Desde entonces, dos tribunales distintos, el Superior de Galicia, y el Supremo, al que la empresa de Villar Mir acudió en casación el 24 de noviembre de 2015, han dado la razón al Gobierno de Feijóo en su decisión de enmendar a la Xunta de Fraga y restituir el estado original del río Xallas, uno de las pocos en Europa que cae directamente al mar en forma de cascada. Las sentencias, a las que ha tenido acceso eldiario.es, son algo más que una simple negativa a las pretensiones de Ferroatláncia de cobrar por devolver el agua a la catarata y de anular el acto administrativo de 2011, según el cual la única obligación de la empresa era soltar una hora de agua los domingos para deleite de los turistas que se congregaban en la desembocadura.

Supervivencia de las especies

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recuerda en su fallo dictado el 5 de noviembre de 2015 que la autorización que el Gobierno de Fraga expidió a la empresa de su amigo Villar Mir era ilegal, puesto que vulneró la Lei de Pesca Fluvial de Galicia, que establece la obligación de que los saltos en los ríos respeten un caudal ecológico y no pongan en peligro la supervivencia de las especies. Por eso, señala la sentencia: "siendo ilegal [la orden de 2001 dictada por la Xunta de Fraga] nada impedía el ejercicio de la revisión, que por ello no es contrario a la equidad ni a la buena fe, por cuanto se afectaba a un bien jurídico importante, perjudicando a bienes jurídicos colectivos".

El Tribunal Superior de Galicia establece además que la declaración de impacto ambiental aprobada por el gabinete de Fraga en 2000 e imprescindible para poder secar la cascada fue "contraria a derecho". Los tres jueces que conforman la Sala Segunda del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Galicia en su fallo recurren al dictamen realizado en marzo de 2013 por el Consello Consultivo - un órgano de juristas similar al Consejo de Estado que existe en algunas autonomías- "en sentido desfavorable a la pretensión de indemnización por responsabilidad patrimonial". Dicho informe, señala la sentencia, considera que Ferroatlántica "era consciente de la ilegalidad" del permiso que se le otorgó en 2001 "porque es concesionaria de importantes aprovechamientos hidroeléctricos y solicitó la modificación del título concesional sobre los recursos hídricos, y por ello no se puede considerar vulnerado el principio de confianza legítima".

El Tribunal Supremo acaba de avalar en una sentencia firmada el pasado 15 de febrero el criterio de los jueces gallegos. En la batalla del contencioso administrativo la moneda ha salido cruz para los intereses de Villar Mir, que sin embargo se ha librado del otro pleito en penal en el que el fiscal le exigía ocho millones de euros por lucrarse con la orden ilegal que le permitió secar la cascada. Esa causa se ha archivado al entender el juez y el fiscal siguiendo la nueva doctrina del Tribunal Constitucional que los presuntos delitos –por los que se juzgaba al alto cargo de Fraga que firmó los documentos para avalar el permiso– están prescritos.

Ferroatlántica y el Grupo Villar Mir han declinado hacer comentario alguno sobre ambas sentencias.