Grupo Higa y OHL México sobreviven en un mar de sospechas de corrupción, críticas, alegatos jurídicos y disputas sociales. Algunos de sus proyectos no pueden avanzar como la autopista Toluca-Naucalpan o el Acueducto Monterrey VI, ambas concesiones otorgadas al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Otras están bajo auditoría como el Viaducto Bicentenario, la mayor que recibió OHL México en el Estado de México. Pero ninguna de las dos entidades privadas más señaladas durante el sexenio peñista, se ha rendido. Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León.

Por Daniela Barragán. Alejandra Padilla y Linaloe R. Flores

CUARTA PARTE | Ver aquí PRIMERA PARTE | Ver aquí SEGUNDA PARTE | Ver aquí TERCERA PARTE

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Grupo Higa y OHL México son, entre el conjunto de entidades privadas que tienen convenios con dinero público, sobre las que podría caer la mayor crítica política, moral y hasta penal, una vez que concluya el sexenio peñista. Ambas sobreviven en un mar de sospechas de corrupción, litigios y alegatos sociales por haberse expandido al amparo de la presente Administración federal. Pero ninguna se ha rendido.

Juntas suman 70 mil 721 millones de pesos en obras que se reparten en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León, según arrojó un ejercicio de SinEmbargo, basado en más de mil solicitudes de información a los sistemas de Transparencia en las 32 entidades federativas.

No hay obra que OHL México o Grupo Higa hayan levantado que no implique problemas.

Ahí está la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada al Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú, en el Estado de México, que implicó el desalojo de los habitantes de la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en abril pasado.

Ahí están, también en la tierra mexiquense, el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, concesiones para OHL-México. La información de ambas está bajo reserva y sobre la primera pesa una auditoría por parte del Gobierno del Estado.

En Puebla están el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el segundo piso de la Autopista México-Puebla. El Museo resultó de un contrato con el Grupo Higa y la carretera de otro con OHL México. Se trata de las dos obras más criticadas de la gestión del Gobernador Rafael Moreno Valle por su alto costo.

En la Ciudad de México, OHL México se hizo cargo de la Supervía Poniente de la Ciudad (Poetas) y la Autopista Urbana Norte. La primera fue emblema de la exageración optimista en las estimaciones, estilo adjudicado a la empresa en los audios publicados en YouTube por una mano anónima a partir de julio de 2015. Los datos reales se alejaron de los que presentó la empresa al obtener el título de concesión. Según el reporte del primer trimestre de 2015 entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, en 2012 circularon siete mil 103 vehículos cuando se habían calculado 41 mil 505 a 46 mil 460 autos al día.

Frenado por el mismo Gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, por no asegurar abastecimiento de agua, ahí están paradas las obras del acueducto Monterrey VI, de 372 kilómetros a lo largo y 2.13 metros a lo ancho que atraviesa San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y desemboca en Linares, Nuevo León.

Se trata de construcciones controvertidas, pero en las que el dinero no hace falta. OHL México suma 47,121 millones de pesos por las siguientes obras: Viaducto Bicentenario (10 mil 071 millones de pesos), Circuito Exterior Mexiquense (24 mil 921 millones de pesos), Autopista Urbana Norte (9 mil 522 millones de pesos) y la Supervía Poetas (2 mil 607 millones de pesos).

Por su parte, Grupo Higa tiene una suma de 23 mil 600 con el MIB en Puebla (recibirá a lo largo de 23 años, más de 7 mil millones de pesos) y por el Acueducto Monterrey VI en Nuevo León (unos 9 mil 400 millones de pesos de los 7 mil millones de pesos comprometidos para el consorcio formado por Ingenieros Civiles y Asociados, Productos y Estructuras de Concreto, Desarrollos Rogar y Concretos y Obra Civil del Pacífico) y la autopista Toluca-Naucalpan (7 mil 200 millones de pesos).

Es el alcance en los estados de las dos empresas privadas más controvertidas de este sexenio, por supuestas tramas de corrupción en sus entrañas.

LOS ENIGMAS SE QUEDARON EL EDOMEX

En el acercamiento a OHL o Higa, todos los caminos llevan al Estado de México, la tierra del Presidente Enrique Peña Nieto. Juntas, en obras, tienen 42 mil 192 millones de pesos en esa entidad preponderante en el Valle de México, según la investigación de SinEmbargo.

Pero en esa entidad, de donde surgió el llamado grupo de políticos identificado como Atlacomulco, guarda secretos fundamentales. Una Ley de Transparencia, flexible en sus plazos, le permitió al Gobernador Eruviel Ávila Villegas reservar la información de Higa y OHL, en algunos casos hasta 2024, cuando el Presidente Peña Nieto tenga un sexenio de haber dejado Los Pinos.

Entre los secretos guardados están las condiciones de operación del Viaducto Bicentenario. El argumento del Gobierno es que se encuentra bajo auditoría de la Contraloría del Estado de México. Ha transcurrido un año desde que el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas anunció en un comunicado que pondría bajo fiscalización este proyecto y es la hora en que no ha mostrado resultados.

La información del Circuito Exterior Mexiquense también está reservada. El año marcado para la apertura de la información es 2024. El conductor que transita cada día por esa vía ha pagado 50 centavos para ser monitoreado con ese sistema, pero si pregunta por el destino de sus pagos, no obtendrá ninguna respuesta.

Según el Gobierno del Estado de México, la concesión del Circuito está inmersa en un proceso judicial. En mayo de 2015, canceló el contrato por considerar que la empresa encargada, Infraiber, cobraría un monto excesivo por el servicio, de 50 centavos. Luego, el mismo Gobierno mexiquense acordó con OHL México continuar con ese mismo cobro. La decisión de la remoción del contrato fue una supuesta orden del propio Presidente Enrique Peña Nieto, según uno de los audios colgados en el canal Youtube sobre presuntos actos de corrupción del corporativo. Pero Infraiber se inconformó en juzgados.

LA VIDA EN SUSPENSO EN XOCHICUAUTLA

La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.

Los detalles de la concesión no pueden saberse. El Gobierno de Eruviel Ávila clasificó la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio. Higa no ha avanzado en sus trabajos.

Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias Organizaciones no Gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación, firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.

La información relativa a los estudios de impacto social que debió hacer el Gobierno del Estado de México antes de otorgar el título de concesión para la obra también se encuentra clasificada.

LA OBRA MÁS CONTROVERTIDA EN PUEBLA ES DE HIGA

La negó más de tres veces, pero el Museo Internacional del Barroco (MIB) sí fue concedido por el Gobierno de Moreno Valle, Gobernador de Puebla por la vía de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) al Grupo Higa.

En 2014, el Gobernador rechazó que la mano de Hinojosa Cantú estuviera en ese proyecto a través de un boletín: “El fallo se dio a conocer el 27 de agosto de 2014 y establece como ganadora a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. empresa del Grupo Hermes, en consorcio con otras empresas dentro de las cuales no se encuentra Grupo Higa S.A. y, por ende, no participa en el proyecto referido”.

Pero en marzo de 2015, la negación de Moreno Valle se desvaneció por completo. En un informe al Congreso de la Unión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expuso que la administración poblana adjudicó a la Sociedad Museo Barroco S.A. de C.V. la construcción del edificio mediante el concurso con el registro SFA-CP-APP-2014-002, un documento en el que se precisa que en efecto, el fallo para la adjudicación benefició a La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. la cual colocó en sinergia a tres empresas: Operadora y Administración Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Grupo Higa.

Cuando SinEmbargo le preguntó al Gobierno de Puebla si había firmado algún contrato con Higa entre 2005 y 2016, respondió que ese documento era inexistente en los archivos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno y Carreteras de Cuota Puebla.

MONTERREY VI FRENTE A LA PRUEBA DE FUEGO

Cuestionado por organizaciones ambientalistas, el Acueducto Monterrey VI, a cargo de un consorcio en el que participa Higa, se enfrenta a su prueba de fuego. Se trata de la obra más grande del país en abastecimiento de agua en construcción o licitación.

Uno de los estudios más serios sobre el caso, elaborado por The Nature Conservancy, revela que la capacidad del acueducto es insuficiente para las necesidades de la zona en los siguientes 30 años, a lo que se suman los problemas que traería al propio Río Pánuco en Veracruz.

En septiembre de 2015, el equipo de transición del Gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, informó que se buscarían alternativas al proyecto. Así ocurrió. Según el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM), el contrato que firmó la administración pasada está vivo, pero su arranque tendrá que esperar un año para que se analicen 20 propuestas alternativas.

La concesión para construir el acueducto Monterrey VI, tendría una longitud total de 372 kilómetros, así como cinco estaciones de bombeo que se inician en San Luis Potosí, cruzan Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Linares, en Nuevo León, para interconectar con el Acueducto existente Cerro Prieto-Monterrey. La concesión se expidió en marzo de 2014 y se han concedido varias prórrogas.

LA SUPERVÍA VENCIÓ LOS OBSTÁCULOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Era 2008 y cientos de vecinos de Cuajimalpa interpusieron una demanda ante Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal para impedir la construcción de una autopista. La queja la basaron en el decreto de la expropiación de cinco poligonales que hizo el Gobierno del Distrito Federal.

Pero OHL México, junto con la Inmobiliaria Copri y la Constructora Atco bajo la denominación social de Controladora Vía Rápida Poetas, recibió el título de concesión.

El GDF, en ese entonces a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, le impuso 125 medidas para compensar el daño causado a la barranca donde fue construida. El maltrato en que incurrió la empresa fue sobre los residuos sólidos o peligrosos y su vertimiento al suelo; además de que no había contenedores adecuados. Durante algunos meses, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del DF y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informaron sobre el seguimiento a las medidas. Cuando la cresta del escándalo sobre OHL se encuentra arriba, han dejado de hacerlo. La última actualización en la página de la PAOT es del 18 de junio de 2013, mientras que el último reporte de la SMA es de abril del 2012.

Para SinEmbargo no hubo respuesta sobre los contratos sobre la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Norte. Varias dependencias indicaron que eran “inexistentes” en sus archivos. Respecto a si tenía convenios con Grupo Higa, la solicitud fue turnada a la Jefatura de Gobierno y la respuesta no llegó hasta el cierre de esta edición.