El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quiere impulsar una ley al respecto, y Rogelio Frigerio lo puso en el tapete en la inauguración de un seminario. Además, será uno de los temas que abordará Macri en su discurso del jueves en el Congreso.

En la previa del discurso de Mauricio Macri, en lo que será su tercera apertura del período legislativo, distintos sectores del gobierno alistan una serie de proyectos a futuro que, además, formarán parte seguramente de lo que tenga para decir el presidente el jueves por la mañana en el Congreso Nacional.

En ese contexto, y bajo el paraguas de un seminario denominado "Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y desafíos", organizado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se volvieron a poner en agenda algunos temas que Cambiemos debió encarpetar en un par de ocasiones. Temas, además, que a priori tienen un consenso que se supone mayoritario en la sociedad.

Dos de esas cuestiones se encargaron de subrayarlas hoy mismo el propio Pérez y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: de dónde sale la plata que bancan las campañas políticas y la implementación del polémico sistema de voto electrónico, al menos en el formato de boleta única. Este último punto es el que mayor rechazo puede encontrar en el ámbito parlamentario, sobre todo en el Senado, que es lo mismo que decir en la relación del gobierno con los gobernadores, aliados fundamentales hasta aquí de muchas de sus leyes impopulares.

Sobre la necesidad de transparentar el origen de los recursos desde donde se sustentas las campañas electorales, Pérez se explayó con argumentos con los que nadie puede estar en desacuerdo: El Estado no debe ser un lugar para el clientelismo, no es un lugar para hacer política. Hay que tener una sanción dura para aquel que usa los recursos del Estado con fines partidarios o para una campaña, o para aquel que pretende conseguir un voto con algún plan. Todo tipo de política clientelar tiene que estar sancionada y nosotros proponemos discutir esto: sancionar la mala utilización de los recursos públicos con fines electoralistas. Y ahondó: Todos sabemos que en materia de financiamiento hay mucho dinero en negro, hay mucho prestanombre, gente que aparece prestando el nombre para una empresa que financia. El aporte privado tendría que poder ser habilitado y también el aporte empresario, pero con un tope. Es decir, que nadie pueda tener el financiamiento único de una campaña pero sí que pueda haber pequeños aportes tanto de personas físicas como de personas jurídicas y que eso sea auditado por la Justicia.

El segundo de los asuntos que Cambiemos piensa volver a instalar en agenda de cara al 2019 es la reforma electoral con sistema de boleta única electrónica (BUE). Cabe recordar que en ese sentido existió un proyecto que logró media sanción en diputados en octubre de 2016, pero que terminó cajoneado en la Cámara Alta -sin demasiada queja oficialista por ello -, justamente para no dañar la relación del propio Macri con los gobernadores. Aquel proyecto de ley el mismo que introdujo la paridad de género entre los candidatos ante cada elección- establecía el fin de las boletas sábanas y la prohibición de las candidaturas múltiples. Lo que la oposición criticó entonces con mayor énfasis fue la instalación de un chip o código QR en la boleta para un escrutinio digital, es decir, un conteo a través de un sistema similar al de la lectura de un código de barras. Por su parte, Cambiemos sostuvo todo el tiempo el argumento de que el sistema actual es obsoleto y vulnerable a distintos tipos de trampas como la adulteración de las actas o el robo de boletas.

Ahora, el debate vuelve a instalarse, claramente con dos intenciones posibles. O bien el gobierno tiene avanzado un acuerdo con las provincias para lograr al fin su tan promocionada ley; o sabe que volverá a perder en el Congreso, pero al compás de un buen acompañamiento mediático donde todo se discute sin profundidad, esa derrota puede significarle una buena ganancia en la opinión pública. Habrá que esperar.

