Por Maibort Petit

@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso N- 1:16-03705 de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral, en el condado Dade del estado de la Florida.





La información fue constatada por empleados de la oficina de casos cerrados o terminados. El expediente de los Díaz fue enviado a esa dependencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el viernes 17 de febrero de 2017. No respondieron a más preguntas sobre las razones del cierre, sólo confirmaron que ese número de caso fue dado por concluído.



¿Testigos cooperantes?





Según una fuente ligada al caso, la decisión del cierre del caso USA vs. Díaz podría deberse a que los dos hombres estarían dispuestos a negociar con los fiscales federales.



De darse la negociación, los acusados estarían obligados a colaborar con las autoridades e inclusive convertirse en testigos protegidos del gobierno estadounidense y, por ello, estarían obligados a entregar a la fiscalía presidida por Preet Bharara toda la información relacionada con sus clientes, que en su gran mayoría están ligados al gobierno venezolano.



Para confirmar el cierre del caso nos comunicamos con la oficina de los abogados defensores pero dijeron no tener ningún comentario al respecto. Seguiremos indagando sobre este tema.

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”. En combinación con empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares según la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.





El arresto





El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante el juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados.





En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.





Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017.





Nueva York es la jurisdicción del caso





El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.

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￼￼￼￼￼￼El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente.

El caso





Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y extranjeros pertenecientes a funcionarios del gobierno venezolano y otros.





La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.





El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno y narcotráfico.





Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre- de empresas de construcción venezolanas.





Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.





A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas venezolanas licitaron, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.





Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno venezolano.





El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.





De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “offshore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.





Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.





Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda.





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