VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso propuso hoy un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Arturo Núñez a incluir al exmandatario Andrés Granier Melo en las denuncias interpuestas ante las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de la entidad (PGJ) por el saqueo de recursos.

Desde la tribuna, el diputado Francisco Castillo Ramírez presentó la propuesta, pero la mayoría perredista rechazó que fuera votado como de urgente resolución, por lo que el planteamiento fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y discusión.

Los perredistas no apoyaron la petición del PAN de tratar el caso Granier como de urgente resolución, a pesar de que públicamente han exigido cárcel para el exgobernador priista.

Castillo Ramírez anunció que a partir de este miércoles 13, instalará una mesa en el parque Juárez de esta capital para recibir firmas de ciudadanos que respalden su propuesta.

El legislador panista señaló que no presentar denuncias contra Granier sería dejar a la consideración de las procuradurías el poder inmiscuirlo o no, por lo que el exmandatario tiene que ser demandado de manera formal.

“La magnitud del quebranto financiero es una prueba de que Granier tuvo conocimiento de los malos manejos de recursos en su gobierno, los cuales consintió y propició, lo que lo convierte en cómplice”, acusó Castillo Ramírez.

“Hay indicios suficientes para acusar directamente al exgobernador”, aseguró.

El diputado perredista Alipio Ovando Magaña consideró “lamentable y preocupante” que la mayoría de su bancada se haya opuesto al exhorto dirigido al gobernador Arturo Núñez, en el sentido de que incluya a Granier Melo en las demandas penales contra exfuncionarios de su gobierno.

El legislador del PRD reprochó que sus correligionarios de partido no sean congruentes, porque por un lado exigen encarcelar al exgobernador y por el otro frenan su inclusión en las demandas penales ante la PGJE y PGR.

En tanto, el gobierno del estado puso en marcha un plan de austeridad para tratar de ahorrar unos 500 millones de pesos este año a través de la racionalidad y la disciplina del gasto público.

Entre las medidas destaca el no aumento salarial desde el cargo de gobernador hasta directores; la puesta en marcha de un programa de retiro voluntario de trabajadores de base y reducción de por lo menos 5% del recurso asociado a gasto corriente.

Además, reducción al mínimo de los contratos de servicios profesionales de asesoría y representación legal, debiendo realizar estas tareas, en la medida de lo posible, con personal de cada dependencia o entidad.