Imagen del operativo de allanamiento en los domicilios sospechados.

Cuando ya pasaba al olvido el insólito episodio con los falsos terroristas de Twitter, ocurrió otro hecho similar que provocó alarma y preocupación entre los allegados del entorno presidencial. Durante la madrugada del viernes, se produjo una amenaza de bomba en el departamento de Mauricio Macri, ubicado en Avenida Del Libertador 2712. Debido a la envergadura de la afrenta, las fuerzas de seguridad y personal de inteligencia encontraron a dos sospechosos y los detuvieron en menos de 24 horas, aunque una de las personas investigadas está prófuga.

Fuentes vinculadas al operativo que desbarató la amenaza señalaron a Infobae que en el domicilio ya no vive el Presidente de la Nación, sino el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El funcionario, amigo de Macri desde los tiempos en que presidía Boca Juniors, le alquila la propiedad al jefe de Estado desde comienzos de 2016, donde vive con su familia.

Al igual que en el escándalo ocurrido con los falsos terroristas tuiteros, la denuncia fue caratulada como delito de "intimidación pública" y quedó radicada en el juzgado en lo Criminal y Correccional N°2 del juez Sebastián Ramos.

El llamado llegó alrededor de las 3 de la mañana del viernes. Luego de la autorización judicial, personal de la AFI y de la Policía Federal Argentina (PFA) emprendieron un trabajo conjunto para rastrear el origen de la comunicación telefónica intimidatoria.

Verónica Morinico es una de las presuntas autoras de la intimidación telefónica.

Según consta en las actuaciones, y después de intensas operaciones de inteligencia y análisis de cruces telefónicos, los efectivos pidieron una orden de allanamiento a dos viviendas vinculadas a los presuntos artífices de la maniobra, ubicadas en las localidades bonaerenses de Martínez y Presidente Derqui.

Del procedimiento participó personal de la PFA y de la AFI, de la sección Ciberterrorismo, del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y de la brigada de explosivos, entre otras divisiones. Tras la realización de un perímetro en Martínez, los uniformados encontraron a dos parejas de sospechosos, de las cuales una intentó fugarse.

En la acción fueron apresados en el interior del domicilio Veronica Morinico y Sergio Darci Alves, presuntos autores de la amenaza, mientras que la uruguaya María Rita Gómez, la tercera persona sobre quien había sido labrada una orden de detención, no fue encontrada en la casa ya que viajó a su país natal, según pudo constatar Migraciones.

Gómez y Alves son madre e hijo, siendo la primera titular de la línea de donde provino la amenaza y que el segundo utilizaba en calidad. Los investigadores también detectaron que el número telefónico estaba agendado a nombre de "Vero", coincidentemente con la mujer detenida.

Sergio Alves utilizaba frecuentemente la línea telefónica de donde surgió la intimidación.

Al observar al personal policial irrumpiendo en la casa, Morinico arrojó el celular al piso e intentó destruirlo. En todo el procedimiento se mostró alterada y agredió a los efectivos, hasta que se descompensó y debió que ser trasladada al Hospital Central de San Isidro por un cuadro de "hipertensión arterial e hipoglucemia".

Durante el operativo, los efectivos secuestraron siete teléfonos celulares a Martínez. El celular que Morinico tiró al suelo y de donde surgió la intimidación con destino al domicilio de Macri, tenía más de 300 llamadas entrantes y salientes.

En tanto, en Derqui la policía retuvo otros nueve teléfonos móviles; cuatro tarjetas SIM; un modem; un disco rígido y una tablet.

La detención de los responsables de la amenaza de bomba ratifica uno de los giros en la política de seguridad con respecto al gobierno kirchnerista. Con acciones "ejemplares" de esta índole, el gobierno macrista busca desalentar las bromas pesadas y aleccionar a los artífices.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció al respecto y aseguró: “Tal como actuamos días atrás, lo volvimos a hacer en esta ocasión; mantenemos nuestra firme posición de que este tipo de actos no permanezcan impunes”.