Tratándose de administraciones municipales, el resultado no es positivo para las autoridades panistas. Durante el trienio de Jorge Astiazarán Orcí, se contabilizaron mil 891 asesinatos dolosos, mientras en la inacabada administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ya van 3 mil 847 ejecuciones. El incremento ha sido del 103%.

“Hay partes de México que están comenzando a parecer un estado fallido”, declaró en 2012 la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice. Seis años después, la frase sigue vigente en Baja California, ante la pérdida del control territorial por parte del Estado. Del monopolio del uso de la fuerza que tienen los criminales ante la discapacidad de la autoridad para combatir, frenar el avance y crecimiento económico de los cárteles de la droga y neutralizar a los líderes de células, desde otros estados dirigen a sangre y plomo en Baja California.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), pronunció al respecto: “No hay mucha novedad, no se ve un cambio de estrategia ni en la entidad, ni en la ciudad, ni en el país, no se ve ningún esfuerzo por hacer algo nuevo. Dan muchas explicaciones, unos dicen que se está descomponiendo porque entró Jalisco, otros que el recrudecimiento de la violencia viene de los amarres de algunos funcionarios con los delincuentes; pero lo que llama la atención es que el alcalde -maravilloso- todo el tiempo que le preguntan de los muertos y la inseguridad, no sabe, ‘no es el momento, ahorita no’, pero no ha habido una respuesta clara de qué está pasando.

“Tampoco el gobernador Francisco Vega sale a levantar la voz, a poner su capital político para que la Federación sea copartícipe, y la Federación sigue con lo mismo, el supuesto Operativo Titán, pero evidentemente no están teniendo resultados, porque mes con mes se rompen récords”, subrayó.

EL PERFIL DE LAS EJECUCIONES

La muerte invadió calles, cerros y laderas en nueve de las once delegaciones de Tijuana. En un desafío mortal de los operadores de los cárteles de Sinaloa, CAF y Jalisco Nueva Generación (CNJG) -de acuerdo a información de homicidas detenidos-, mandan matar a vendedores y consumidores de droga en los cientos de puntos de venta de narcóticos, sólo como “medida de terror” para obligar al resto de los narcomenudistas a vender enervantes para su respectiva célula. Además, en “tienditas”, también están volviendo “comunes” los ataques armados y en talleres mecánicos relacionados con cruces de droga en dobles fondos.

El año 2017 tenía el mayor registro de muertes dolosas y, aunque las estadísticas difieren, (Procuraduría General de Justicia del Estado cerró con mil 749 ejecuciones, Secretaría de Seguridad Pública del Estado con mil 871 asesinatos), cualquiera que sea la cifra, fue superada en menos de nueve meses transcurridos de 2018.

Considerando los mil 749 ejecutados reportados por la procuraduría estatal en 2017, este año fueron rebasados el viernes 14 de septiembre, mientras los mil 781 dela Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fueron superados la noche del miércoles 18 de septiembre.

La vida no tiene precio, pero en los cárteles de la droga, acabar con una les sale en nada. De acuerdo a declaraciones de homicidas detenidos, “ Sinaloa paga 5 mil pesos, Jalisco 2 mil pesos, pero a veces droga, a veces 500 pesos, a veces hay deudas y se cambian por asesinatos”.

La “contratación” de asesinos amateur ha dejado cientos de personas heridas. Los homicidas refieren que ante los “errores”, ahora los líderes de célula “no pagan a menos que se muestre una foto del muerto, y verifican que sea el que andaban buscando”.

La violencia en la región está evidenciada también por los números del Secretariado Ejecutivo Nacional publicados hasta julio de 2018. En los comparativos con otros mil 800 municipios, Tijuana es la segunda ciudad con más homicidios dolosos (en 2017 ocupó el lugar 17) y es el tercer lugar en homicidios por arma de fuego (posición 9 en 2017).

Estas cifras, analizadas por el ONC, muestran cómo de un promedio de 51 asesinatos al mes que se registraban en Tijuana en 2015, cuando se admitió la presencia de los tres cárteles, la cifra fue en ascenso y en 2018 el promedio es de 183 ejecuciones al mes; mientras las autoridades continúan justificando la matanza con un “pleito por las calles”.

Respecto a los autores intelectuales y a veces materiales, policías y fiscalías, identifican a los mandos medios de Sinaloa, Tijuana Nueva Generación (CTNG) y CAF. En cuanto a los más activos, los nombres se repiten: Edgar Alejandro Herrera Pardo “El Cabo 8” (CJNG); Luis Arturo Jain Peña “El Arcángel”; Iván Leonardo Peña Peralta “El Turbo” y Francisco Rabadán “El Aguacate”, pero estos se mencionan sólo en las “declaraciones informales”. Ninguno de los detenidos se atreve a hacer señalamientos oficiales en expedientes. Lo mismo sucede con los heridos, “no son capaces de denunciar al narcomenudista que conocen y les acaba de disparar de frente, menos a uno de los jefes, lo que hacen usualmente es vengarse”, comentó un investigador.

DEJARON CRECER AL CJNG, EMPISTOLADOS LIBERADOS SIN CONTROL

“De lo que hemos visto y nos explican todas las corporaciones, el incremento -de muertos- se está teniendo desde que entra el CJNG por la plaza que tenían controlada el Cártel de Sinaloa y los Arellano, eran dos y desde entonces son tres en pugna”, expuso el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.

—Pero eso ya sucedía en 2015 ¿qué les dicen del motivo de que el número de homicidios siga incrementando?

“La expansión de los cárteles. Los dejaron crecer a todos, sobre todo al CJNG, se ha ido emancipando y, en la medida que esto sucede, se recrudece la violencia.

“También el tema de las armas. En 2015, el 58% de estos homicidios se cometían con arma de fuego, y ahora es el 71%. Cuando son detenidas en posesión de arma, estas personas quedan libres bajo proceso y les aplican alguna medida cautelar, el problema es que en lo federal, la Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Umecas) en Baja California sólo cuenta con una persona, que ni auto tiene para notificar y dar seguimiento a ese 68% de gente liberada bajo caución -información que les proporcionó la autoridad-, que no regresa cumplir las medidas cautelares y, como no se acredita el incumplimiento, no se puede concretar la solicitud de una prisión preventiva”, detalló el consejero.

“Además, el 60% de los muertos no son de aquí, y de nuevo, por lo que nos han informado, entiendo un recrudecimiento del pleito con gente de afuera. Los homicidios están muy localizados en tres o cuatro delegaciones, en una gráfica que vimos con el subprocurador (Jorge) Álvarez, van relacionados a las ‘tienditas’ -de droga- y los muertos, la geolocalización de la incidencia está relacionada. Y ahí es donde está aumentando la presencia de los grupos coordinados para inhibir”, remató.