Las trabajadores y trabajadores de Eulen habían levantado la huelga por respeto a las víctimas y en una situación extraordinaria frente a los brutales atentados del 17A. Pero los empresarios capitalistas aprovecharon para machacarlos. Sin “respetar” así la unidad nacional de “sus gobernantes” despidiendo a los huelguistas.

En estos momentos los trabajadores y trabajadoras están a la espera de conocer el laudo de obligado cumplimiento que debe redactar el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, decidido en un consejo de ministros de carácter urgente, aunque el comité de huelga ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales por considerarlo ilegal.

Este laudo de obligado cumplimiento que está previsto legalmente para casos extraordinarios y como una medida excepcional, es algo realmente desproporcionado y carente de fundamento jurídico en este caso.

Desde la administración se pensó en seguir la misma táctica que con los controladores aéreos en su día, es decir volcar a la opinión pública en contra, como ya hiciera la alcaldesa de Barcelona con los trabajadores de TMB la empresa pública de transportes. Pero esta vez se quedaron sin argumentos, no se trataba de “trabajadores privilegiados con altos sueldos y condiciones laborales adecuadas”, como denunciaba Mercé Vidal a pesar de que estaban luchando por los derechos de los sectores más precarizados del sector.

Los huelguistas de Eulen luchan también por sus condiciones de precariedad. Salario medio de 900 euros, con turnos endiablados, falta de personal que ha dejado a los vigilantes sin relevos por bajas o periodos vacacionales, jornadas ininterrumpidas, sin un momento para descansar, ir al baño o descansar la vista del escáner. En temporada alta, cuando el aeropuerto pone a funcionar a máximo rendimiento la veintena de arcos de seguridad de los que dispone, los trabajadores aseguran que se encuentran en un estado de alerta permanente que genera estrés.

Otro de los objetivos de la huelga es aumentar hasta el 50% las mujeres en plantilla, (ahora solo son un tercio) para encargarse del control físico de las pasajeras, si una empleada de seguridad de Eulen está atendiendo un escáner y no hay otra compañera en ese mismo puesto, se ve obligada a abandonar el escáner en caso de tener que cachear a una pasajera.

Por lo tanto para cambiar de estrategia la administración acusa a los huelguistas de afectar a la “marca España”, al considerar que el control de seguridad de un aeropuerto es un servicio esencial para el Estado, los mismos que defendieron su privatización no hace tantos años alegando que era un servicio de carácter auxiliar no esencial.

Una marca España que no se avergüenza de mandar a la Guardia Civil a presionar a los trabajadores y trabajadoras y controlar que se cumplan los servicios mínimos, que por cierto estaban en el 90%.

Una marca España pensada para engordar las arcas de los de siempre, que no le importa tener gobiernos corruptos que no paran de sentarse en los banquillos de los juzgados, pero que cuando se ve afectada, la culpa y responsabilidad es exclusivamente de los trabajadores y trabajadoras que van de contrata en contrata, perdiendo en cada cambio derechos laborales, de sufrir externalizaciones y caer en manos de grupos de empresas que en un oscuro tramado de licitaciones y con el visto bueno de las administraciones van poniendo a la clase obrera contra la pared.

La huelga continuará a partir del 8 de septiembre, según decidieron este domingo en asamblea en El Prat, en protesta por las “represalias” que ha tomado la empresa contra cuatro trabajadores por incumplir los servicios mínimos. Los paros, que se producirán todos los viernes en dos franjas horarias al día, de 10.30 a 11.30 y de 18.30 a 19.30 horas. Por su parte, Juan Carlos Giménez, asesor externo del comité de huelga, anunció que la duración de los paros podrían modificarse si la multinacional Eulen no retira las sanciones impuestas a los trabajadores.