Eran los tiernos años ochenta y noventa, y, al menos en estos asuntos, Argentina era tan desoladora como la Rumania de Ceausescu que se pintaba en 4 meses, 3 semanas, 2 días, aquella película imprescindible de Cristian Mungiu. Esa Bucarest de esos hoteles tristes en los que los ginecólogos hacían cash podría haber sido cualquier rincón de cualquier ciudad argentina. Todavía hay huecos que lo son un poco, aquellos en los que, a la desesperada, organizaciones llamadas provida se sacan de la manga argumentos peregrinos; sobre todo ahora, cuando la Ley de Interrupción Legal del Embarazo está por fin a punto de ser aprobada. Mañana, 8 de agosto, pasa por el Senado.

El conflicto podía deberse a un preservativo roto en una noche de juerga universitaria o podía ser uno de esos casos que se contaban a toneladas en las villas miseria, niñas o adolescentes violadas por su tío o su vecino. La diferencia era abismal e importaba, sí, pero la cuestión es que todas estábamos decididas a no ser madres de esa manera ni en ese momento. Y también estábamos condenadas a la clandestinidad, y a la culpa, en condiciones muy diferentes, dependiendo del dinero que pudiéramos destinar al aborto.

Cientos de mujeres celebraron el pasado 14 de junio la legalización del aborto a las puertas del Congreso de Argentina, en Buenos Aires. La Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14ª, mañana, 8 de agosto, tendrá que ser refrendado por el Senado. France Press

Llamemos "ella" a la mujer de esta historia.

Ella tuvo que hacerse un análisis de orina en un laboratorio de análisis clínicos con la primera falta (aún no había tests de farmacia). A escondidas, el trauma seguía construyéndose. A la clínica clandestina en la zona más pija del centro de su ciudad la acompañó una amiga, en horario de clases de la facultad, para evitar las preguntas familiares. Ella no quiso la compañía su novio, la prueba del pecado, porque a partir de ese momento, todo es pecado y ella cargará esa mácula para siempre, más allá de cualquier religión. Él, compungido, se quedó todo el tiempo en una cafetería a pocos metros de la clínica pirata, esperando el permiso de ella para acercarse.

Decenas de personas integrantes de grupos contra la legalización del aborto participaron en una concentración ayer, lunes 6 de agosto, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ( Argentina). David Fernández EFE

Antes de entrar al quirófano, a ella le dieron una habitación de hotel con una cama individual. A los diez minutos, entró la enfermera y le pidió el dinero. Su amiga le acercó los billetes. En medio de la oscuridad real o imaginaria de los pasillos, ella vio aparecer al ginecólogo robusto y cojo. La parte del quirófano ya casi no puede describirla porque todo fue angustia bañada por chorros de luz de los tubos fluorescentes. El proceso fue rápido pero muy humillante, no hubo ninguna contención profesional, ni pizca de cariño o consuelo. Las piernas abiertas, sangrando. Aquello dolió y hubo que pasar el posoperatorio como si nada, sin baja en el trabajo ni ausencias en la facultad ni cara de dolor en casa.

Un paréntesis. Unos años más tarde, el ginecólogo robusto y cojo que intervenía en las condiciones que podía (o que su afán de rédito le permitía), resultó procesado por la muerte de una paciente. Ella leyó la noticia, estremecida y muda. Muda.

Ella pertenece a la generación de las hermanas menores de los desaparecidos de la dictadura (entre el 1976 y 1983), que están viviendo los albores de una primavera constitucional y, sin embargo, aceptan en silencio el hecho de que el aborto sea un crimen que se paga con la cárcel. Poco después de su propia incursión en el crimen, ella acompañó a una amiga de la infancia a practicarse un aborto a una consulta instalada en el garaje de una casa unifamiliar de barrio. Otra compañera de facultad pidió una recomendación o la nueva dirección del ginecólogo cojo (porque ellos mudan sus consultas a menudo, claro).

En las charlas casi adolescentes de estas mujeres se coló siempre la historia amenazante de una infección mal atendida con tal o cual partero y el cargo de conciencia eterno con esa noción de la vida impuesta. En cada una de esas chicas creció el remordimiento de tantos años de educación culpógena bien fortificada gracias a las deplorables prácticas clandestinas. Era difícil discutir abiertamente este asunto: incluso en el ámbito de la militancia de izquierda el aborto se escondía, como palabra y como derecho.

“La lucha por la secularización es la lucha por el derecho”, explicó la jurista argentina Aída Kemelmajer hace unos días ante el Senado, la cámara que mañana 8 de agosto tendrá que convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de los Diputados desde el pasado junio. En la calle, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito compensa en voz alta todas esas décadas de mancha muda.

La amiga que abortó en aquel garaje optó años después por integrar activamente un grupo antiabortista. Ella le preguntó por qué: “Porque me arrepentí”. Sin embargo, a todas nos sucede ese remordimiento y no pensamos que una solución general al tema del embarazo no deseado sea siempre llevarlo a término. ¿Qué hay de la mujer obligada a ser una máquina de reproducción antes que persona?

El estrés postraumático ya parece venir unido en esta maquinaria moral perfecta que se nos construye como mujeres. Lidiaremos para siempre, más o menos calladas, con estos momentos de dolorosas decisiones, aunque nos manifestemos en la calle contra la criminalización de nuestros actos de autonomía. Y si tras un aborto decidimos ser madres el sufrimiento por aquel episodio se volverá aun más intenso. Créannos: no es necesario someternos al castigo de la ilegalidad.

Las hijas de las secuestradas de los militares genocidas se convirtieron en mujeres, son las nietas de las Madres de Plaza de Mayo, compran tests de embarazo en la farmacia cuando a ellas o a sus hijas se les rompe el preservativo. Si ahora, en 2018, no pueden llevar el embarazo adelante, tienen que conseguir el teléfono de alguien que no tendrá nombre propio y que les devolverá la llamada desde un número sin registrar.

Abortar está penado con cárcel y es punible también ayudar a alguien a hacerlo. Mujeres bravas de asociaciones solidarias les devolverán la llamada desde un número anónimo y les darán las indicaciones sobre la píldora a comprar, sus efectos y cómo sobrellevar los síntomas de un aborto químico. No pueden dejarse ver ni estar presentes. Ellas, unas y otras —las que lo tuvieron que experimentar antes, las que lo sufren después, las que tiemblan y tienen el dinero ahorrado por las dudas— acumulan desolación y más estigma. Las niñas más pobres de los barrios que hoy son mucho más pobres mueren cada día en los dispensarios rurales y en las salas de espera de los hospitales. Las cifras son apabullantes. Hace 20 años, un médico de referencia como René Favaloro lo expresó gráficamente: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantener el secreto. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto (…) Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

La realidad social del aborto y su clandestinidad forzosa no resuelven el asunto de las vidas en gestación, pero sí “condena a las mujeres sin recursos que, en muchos casos, son niñas abusadas”, explicaba la reputada jurista Kemelmajer, con aplomo, sin la emoción de los discursos encendidos de hace algo más de un mes en la Cámara de Diputados. Se han dado todos los pasos, con paciencia. Quizá demasiada.

Es la hora.