El presidente de la Comunidad de Madrid pidió en persona a la Policía que tapara el escándalo de su ático en Marbella. Ignacio González mantuvo una reunión secreta con varios mandos policiales a las 11.00 horas del 29 de noviembre de 2011, sólo tres meses después de que comenzaran las pesquisas sobre su dúplex de lujo, adquirido por un testaferro profesional, a través de una empresa creada sólo unos meses antes y que está domiciliada en un paraíso fiscal.

Así consta en un informe aportado por la Dirección General de la Policía al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, al que ha tenido acceso EL MUNDO, y en el que se hace constar tanto el referido encuentro como su contenido. La cita de González con los mandos policiales se produjo en una cafetería de la Puerta del Sol, lugar donde también tiene su sede la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El ático de Ignacio González

Según este documento policial, Ignacio González "solicitó" la reunión y en ella "se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore".

González disfruta desde 2008 de un ático de 500 metros cuadrados en la Urbanización La Alhambra del Golf que fue adquirido por un testaferro profesional, el mexicano Rudy Valner, a través de una sociedad creada ad hoc días antes: Coast Investors LLC, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

A partir de la compra del inmueble por parte de este fiduciario, que comercializa la creación de "escudos societarios" para ocultar la identidad de sus clientes y trabaja habitualmente para el presidente del Atlético de Madrid y contratista del Gobierno madrileño, Enrique Cerezo, el presidente popular y su mujer Lourdes Cavero, suscribieron un contrato de alquiler.

La Policía sostiene desde el primer momento que se trata de un contrato ficticio y que el inmueble fue adquirido por González a través de Valner, con fondos que apunta a que procederían del cobro de comisiones.

"En una entrevista personal con IG a las 11 H del 29.11.11", refleja el informe policial, "se le solicitó de manera discreta la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino de dicho ático a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler ni, por supuesto, en qué entidad abonaba dicho importe".

"Sólo se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado, o al menos molesto, ante la 'insólita situación' que suponía la reunión en sí, que fue solicitada por él"; como tampoco por "las preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta", apostilla el documento.

Apertura de un procedimiento penal

El presidente de la Comunidad de Madrid solicitó en marzo de 2013 al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid la apertura de un procedimiento penal contra los policías que investigaron su ático. Eligió para ello este juzgado ya que está dirigido por Adolfo Carretero, hermano del director general de Justicia en la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero.

González instó este proceso, utilizando a los Servicios Jurídicos del Gobierno madrileño, para denunciar que las pesquisas que se llevaron a cabo, carecían "de mandato judicial que las habilitara". El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya replicó entonces a González que si la Policía judicializa cada uno de sus movimientos colapsaría la Administración de Justicia, y subrayó que en este caso la investigación se encontraba justificada al existir indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sin embargo, el juez Carretero decidió abrir un nuevo sumario en el que ha exigido a la Policía toda la documentación que posea sobre este asunto.

Bien, pues ha sido precisamente este procedimiento impulsado por González, el que se acaba de volver en su contra al aflorar este informe, que no sólo revela que el presidente de la Comunidad de Madrid conocía la existencia de la investigación policial -cuando EL MUNDO la desveló en marzo de 2012 la negó rotundamente-, sino que intentó pararla.

Las maniobras del presidente madrileño se saldaron con la sorprendente destitución del comisario de Marbella, Agapito Hermés, que se había limitado a cumplir órdenes de la Dirección Operativa de la Policía tras recibir la información de que el ático era el pago de una comisión a Ignacio González.

De hecho, esta misma nota señalaba que habían llegado a la Policía "diferentes informaciones" que apuntaban a que González había recibido "unos dos millones de euros" a cambio de la adjudicación de una parcela en Arganda. "Una parte en efectivo y el resto, mediante la entrega de un inmueble de alto standing en la Costa del Sol".

Los indicios de la policía y la reacción de González llevaron al SUP a denunciar esta operación ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. La juez y la Fiscalía Anticorrupción advirtieron de inmediato indicios de delito y procedieron a librar comisiones rogatorias a Delaware y Panamá para averiguar quién se oculta tras las sociedad Coast Investors que adquirió el ático y de su matriz panameña.