Reparaciones a las mujeres víctimas del Franquismo, centros de internamiento de extranjeros (CIEs), mujeres empleadas en el servicio doméstico, políticas de austeridad: suspenso. Reforma laboral, migración, educación y acceso a la justicia: suspenso. Evaluación general de España en cuanto a políticas de igualdad de género: suspenso.

Naciones Unidas presentó el pasado 2 de julio un informe demoledor en el que analizaba la situación de las mujeres en España en el periodo 2008-2013. “Lo que nos preocupa es cómo va a reaccionar España, porque pensamos que va a justificar lo injustificable”, explica Montserrat Pineda, miembro de Acción Positi­va, una de las más de 250 organizaciones que forman el Comité Cedaw, que presentó en septiembre de 2014 el Informe Sombra, a partir del cual el ‘Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica’ de la ONU ha emitido sus recomendaciones al Estado español. Pineda recalca que el informe, al analizar hasta el año 2013, no incluye puntos sobre las posibles consecuencias que pueda tener la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana ni la eliminación de las subvenciones que antes sostenían a numerosas organizaciones que daban apoyo a mujeres.

Pineda resalta que la institución internacional pone en evidencia el incumplimiento del marco de igualdad de género, “no sólo en políticas concretas; hay una vulneración general de los tratados internacionales a nivel general, es estructural. Ha­blamos de un desmantelamiento real de las estructuras de igualdad”.

Uno de los puntos que destaca el informe es la Ley contra la Violencia de Género. A pesar de las mejoras en la legislación y de los sistemas de prevención y control, la institución señala un fallo en el sistema del que ya venían advirtiendo colectivos de mujeres como Feminicidio: la ley no cubre todos los supuestos de violencia por razones de género, sólo los relacionados con la violencia en el entorno de la pareja. También subraya el caso de Ángeles González Carreño, quien denunció ante la ONU cómo, a pesar de sus denuncias ante la justicia española y la petición de medidas de protección, éstas no se llevaron a cabo y su expareja acabó asesinando a su hija en 2003. Once años después, el organismo internacional condenó a España por negligencia judicial y policial. “No consta que se haya aplicado medidas reparadoras en cuanto a Ángela ni que se hayan desarrollado instrumentos para que esto no vuelva a pasar. España no está cumpliendo sus compromisos”, destaca Pineda.

Desde Médicos del Mundo señalan también la falta de datos por parte del Gobierno sobre por ejemplo, la trata de mujeres, tema del que ha presentado los números elaborados por las ONG.

De educación a economía

Las reformas a nivel laboral, sanitario, económico y social son otros de los puntos que contempla el informe: “La suma de estos cambios se ha dirigido a institucionalizar una intencionalidad de reducir la presencia de las mujeres de forma consciente”. Entre las reformas que han agudizado esta marginalidad se cuentan las reformas laborales aprobadas entre los años 2008 y 2013, el Decreto 16/2012, que hace tres años daba carpetazo a la sanidad universal, o la reforma de la Ley del Aborto, que obliga a las menores de 16 años a tener el permiso paterno para interrumpir un embarazo no deseado.

También hace referencia a la LOMCE, que elimina la asignatura Educación para la Ciudadanía como obligatoria. “Realmente no se están tomando medidas concretas para acabar con la discriminación en el ámbito escolar, y esto muestra el poco interés por parte de las instituciones del Estado, que no le dan a este tema la importancia que deberían”.

“Pero ¿qué significa esto para quienes trabajamos por los derechos de las mujeres? ¿Para qué sirven éste y otros informes que provienen de organismos expertos en derechos humanos internacionales?”, se pregunta Gema Fernández, de Womans Link, otra de las organizaciones que han participado en el Comité Cedaw. “Nosotros nos hemos constituido en una fuente alternativa de información para las expertas que evalúan al Estado”, apunta. Ahora, Fernández señala que queda por vislumbrar otra cuestión, quizás la más importante: “¿Qué vamos a hacer para que no sean papel mojado?”.