Pese a las negociaciones entre el Gobierno y los trabajadores, la avícola Cresta Roja quebró hace minutos. De esta manera, lo que viene es un proceso de liquidación de activos que tendrá como fin mantener la actividad de la compañía y las fuentes de trabajo.

Todo parece indicar que la política se retiró de la mesa de la contención que muchas veces tuvieron este tipo de conflictos sindicales y judiciales. Esta vez, sin los fondos públicos que frenen el engranaje procesal, la justicia comercial no tuvo más opciones que ir por la medida más drástica que tiene el derecho.

Poco a poco, y sobre todo después de la llegada al poder del nuevo Gobierno, el camino de la avícola Cresta Roja abandonó la política y empezó a encuadrarse dentro de la cuestión judicial. Y la jueza actuó como lo hacen los magistrados ante estos casos.

De acuerdo al decreto, la quiebra no se decreta en el concurso preventivo sino por un pasivo postconcursal. Esto significa que no solo los problemas comprenden el pasivo del concurso sino que claramente la empresa no puede sostenerse y aquel proceso concursal no tiene sentido.

Otra de las consecuencias del fallo es que la jueza puso orden al proceso, y de esta manera, dió intervención a Poder Ejecutivo en aquéllo en lo que incumbe a la política: resolver la situación de los empleados, su situación social, además de pagar los compromisos asumidos.

Las opciones que tuvo la jueza comercial Valeria Pérez Casado en estos días fueron tres. La primera es que los dueños regularicen los pagos y presentaran un plan para conformar los acreedores. Luego, aprobación de por medio, que, una vez aprobado, se cumpla mientras la empresa funciona normalmente.

La segunda opción fue que aparezca alguien con ganas de quedarse con las acciones, y la tercera, es la quiebra. No hubo compradores para la empresa.

La idea de el decreto de quiebra es que se proceda rápidamente a la venta de los bienes para salvar las fuentes laborales mediante la continuidad de la explotación comercial. Durante los últimos años, estos remedios pocas veces se aplicaron. Antes de que se decrete la quiebra, en la mayoría de los casos, los trabajadores tomaban las plantas, constituían una cooperativa de trabajo y frenaban los procedimientos judiciales. Luego venía un sistema de subsidios, pedidos a los proveedores de servicios para que no cobren las facturas y una situación de hecho que en varias oportunidades se prorrogó por años. Otras veces, los acreedores se enredaron en los vericuetos de los expedientes, los empleados perdieron su trabajo y los bienes fueron vendidos años después como chatarra.