El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo echó este martes a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social, que había quedado en el ojo de la tormenta después de que trascendiera la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN. Otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia sus puestos y podrían irse más.

El pedido de renuncia a Calvo es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. En el ministerio no descartaron que otros funcionarios sean apartados. "Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios", expresaron fuentes oficiales.

Calvo había asumido en diciembre y en el pasado se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al intendente Mariano Cascallares.

El flamante ex funcionario era el encargado de mediar en los conflictos con las organizaciones sociales. De hecho la compra era para comedores, que son administrados por los movimientos en cuestión.

Allegados a Calvo precisaron a Clarín que fue él mismo quien ofreció su renuncia a Arroyo para descomprimir la situación. "Se puso a disposición de cualquier investigación. La compra fue en el marco de la emergencia", señalaron. Catorce de sus colaboradores presentaron su renuncia indeclinable, según dijeron fuentes de la secretaría de Articulación de Política Social. Sin embargo, cerca del ministro no lo confirmaban. A última hora de este martes, Arroyo se reunía con el Presidente en Olivos.

​Los 14 funcionarios que habrían presentado su renuncia indeclinable -según confiaron cerca de Calvo- son el subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.



Arroyo dispuso además​ revocar las compras de aceite y azúcar, que -según indicaron en el ministerio- eran las que estaban por encima de los precios testigo de la Sigen. "Se va a hacer una nueva convocatoria", destacaron.

Referentes de los movimientos -con cargos en el ministerio de Arroyo- mantienen una guerra subterránea con los intendentes del Conurbano.

"Quiero ver rodar una cabeza. No puede ser que esto pase impunemente", había reclamado en declaraciones a FM Millenium el referente de la CTEP Juan Grabois.

El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.

En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante -como insistieron en el Gobierno- de los "precios testigo" que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.

Tras conversar con el Arroyo, el Presidente respaldó a su ministro, pero advirtió que ordenaría que el Estado no pueda comprar insumos por encima de los precios fijados por la SIGEN. "Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo", sostuvo el mandatario en diálogo con TN.

El jefe de Estado no duda de la honestidad de Arroyo, que es cuestionado por diferentes actores dentro del Ejecutivo como Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cuyo nombre sonó para ocupar la Cartera de Desarrollo Social antes del 10 de diciembre. "Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y él tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente", sostuvo Fernández.

El Presidente habló de cartelización de los proveedores, que -como precisaban algunos funcionarios- trabajan con el Estado desde "la época de (Eduardo) Duhalde". Por ese motivo, algunos dirigentes apuntaron contra Carlos Castagneto, quien en 2002 fue designado subsecretario de coordinación de Desarrollo Social y entre 2003 y 2015 ocupó el cargo de secretario de Coordinación de la misma Cartera bajo la supervisión de Alicia Kirchner. "Hubo gente que él dejó y que permaneció durante la gestión del PRO. Esta es una oportunidad para arrancar el problema de cuajo", señalan funcionarios.

Por esa razón otra de los funcionarias que quedaron en la mira es la secretaria de Gestión Administrativa María Cecilia Lavot, aunque en Desarrollo Social por ahora lo negaban.

Desde algunas de las organizaciones sociales que hoy militan dentro del Frente de Todos también cargaron contra la secretaria de Inclusión Social de la Cartera y dirigente de La Cámpora, Laura Alonso.

En el ministerio defendieron su accionar y aclararon que la funcionaria se encarga de pensar los componentes nutricionales de las compras. También justificaron las compras a algunos proveedores, por los requisitos que deben presentar las empresas para venderle al Estado. Si Alonso y Lavot siguen finalmente los casos de Calvo algunos hablaban de una respuesta equilibrada. "Lavot puede ser, porque es de Castagneto, pero no creo que se metan con La Cámpora", señaló otro funcionario de Desarrollo Social.

Entre los ruidos entre los intendentes y las organizaciones sociales sobresalía antes de la irrupción del coronavirus el uso de las tarjetas alimentarias en comercios o en las ferias con trabajadores informales.

Con la amenaza latente que significa la pandemia y la profundización de la crisis por la cuarentena obligatoria en el Conurbano, Arroyo había convocado a un comité de emergencia social con intendentes y organizaciones y pretendía que el mismo se replicara en cada distrito.



