Tras siete años de grave crisis económica y de recortes sociales, los políticos parecen haberse dado cuenta de la situación de desigualdad que existe en nuestro país. El nivel de paro, precariedad laboral, pobreza y exclusión social no solo es injusto, sino que pone en peligro la propia esencia de la democracia. En un informe que publica hoy EL PAÍS se pone de manifiesto la situación de emergencia social en España: una de cada cuatro personas que quiere trabajar está en paro; uno de cada tres parados no cobra prestación; uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo; unas 120 familias pierden su vivienda cada día; 2,3 millones de niños viven bajo el umbral de la pobreza; 13 millones de personas están en riesgo de pobreza; 2,5 millones de personas reciben ayudas de Cáritas España...

Las principales formaciones políticas han empezado a anunciar propuestas para atajar este terrible problema que nos sitúa a la cola de la Unión Europea en igualdad, justicia social, calidad democrática y capital humano.

La reacción coincide con el año en el que habrá más citas electorales desde que estrenamos democracia. Es de agradecer que los partidos políticos afronten estas cuestiones, aunque hay que pedirles que no planteen solamente propuestas coyunturales, sino que aprovechen la ocasión para realizar reformas estructurales que ayuden a cerrar esa brecha a medio y largo plazo.

Además de debatir medidas para crear empleo y recuperar las ayudas y subsidios que se han recortado en estos años de crisis, son imprescindibles varias reformas de calado. La primera de ellas, sin duda, es la de la educación. No se puede cerrar la brecha social sin asegurar la igualdad de oportunidades; para ello es imprescindible reformar el sistema educativo de forma que salgan de él unos ciudadanos con habilidades profesionales adecuadas a los nuevos tiempos.

En segundo lugar, se hace imprescindible una reforma fiscal que permita al Estado hacer frente a las necesidades sociales de la gente. Es incongruente plantear bajadas de impuestos cuando la economía empieza a recuperarse; al contrario, habría que mantener las tasas, o incluso subirlas, para aumentar los ingresos públicos y poder recuperar las ayudas a la educación y la sanidad que se han recortado estos últimos años. Y, por supuesto, plantear una agresiva política de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Además, sería conveniente blindar constitucionalmente los derechos sociales de los ciudadanos, plantear políticas activas de empleo y garantizar unos ingresos básicos para las personas más desfavorecidas.

La buena noticia es que la mayoría de las fuerzas políticas se han dado cuenta del dilema: o se buscan soluciones contra la desigualdad, o el ambiente social puede enrarecerse hasta posiciones de riesgo del sistema democrático español.

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