Si el Gobierno decretó el aumento de salario de 30 por ciento y ajuste del cestatique alimentario y aplica “torniquete” a las empresas para evitar variaciones en precios finales de productos, conociendo que los costos operativos se incrementan, la “distorsión económica” es un hecho que impactará en la oferta de bienes y servicios, y “forzará al mercado tener que desistir de la venta definitivamente de esos que están regulados”, asegura Gilberto Gudiño Millán, directivo de Consecomercio y presidente de la Ucez.

La modificación a la Ley de Precios Justos con las disposiciones que otorgan al Estado decretar ganancias de acuerdo a ubicación geográfica, sector y tipo de producto es “un análisis escueto” de los elementos que causan inflación y desabastecimiento de bienes. “El control de precios, más el de cambio -para importar bienes primarios- se han convertido en un torniquete al libre mercado, generando una asfixia de tal impacto que hoy, la calidad de vida de los venezolanos se condena a la pervivencia”.

El gremio recuerda que ante las medidas de presión con regulaciones e imposiciones, sin tomar en cuenta las consecuencias económicas, son contrarias a las que necesita el aparato productivo nacional en sus eslabones: primario, secundario y terciario.

Lo palpable está en los hogares. El incremento de salarios y controles de precios poco garantizan que la canasta alimentaria no siga aumentando su costo mensual y roce los 40 mil bolívares. Gudiño señala que al obligar precios al productor, industria y servicios, “indistintamente de sus costos directos”, como el aumento de salarios, ahoga la capacidad de producción de las empresas.

El Ejecutivo afirma que “productores e importadores deberán hacer el marcaje y dichos precios no podrán ser cambiados por los comerciantes”. Para Gudiño Millán queda claro que “no están comprendiendo que cada una tiene su propia estructura de costos. No es lo mismo una que tiene cinco trabajadores que una con 100 trabajadores. No es lo mismo una empresa con local propio, que otra con alquiler, con costos adicional por arrendamiento”, recalca el directivo.

Decretar precios es una medida que “no corrige la situación. Se sigue alimentando un modelo que no ha sabido corregir la distorsión económica y nos encontramos con un impacto aún mayor en costos desde la vida y el salario no alcanza para acceder a tener calidad de vida”. Próxima a las fechas en las que el consumo de bienes y servicios aumenta por la circulación de dinero, se insta a una solución con el “desmontaje de control de precios y cambios que permita recuperar el valor de la moneda”.