El cupo vasco es el secreto mejor guardado por los gobiernos de España y el País Vasco. Para el gobierno de turno, este acuerdo ha sido siempre la vía para conseguir el apoyo del PNV en el Congreso, por lo que necesitaban mantener el secreto del cálculo. Sin embargo, a partir de ahora tendrán que publicar el acuerdo íntegro con todos los detalles del cálculo, lo que obligará a que el cupo vuelva a responder a motivos puramente económicos y no políticos. Así lo determina la sentencia 88/18 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid, en la que critica la opacidad del Ministerio de Hacienda y obliga a publicar el acuerdo firmado por el Gobierno central y el País Vasco en mayo de 2017. De esta forma, aclara el tribunal, los ciudadanos podrán realizar un verdadero control sobre el gasto público para que no sea simplemente una factura que pagan todos los contribuyentes del Estado para que el partido en el gobierno obtenga el apoyo del PNV.

Esta sentencia permitirá conocer todos los detalles del cálculo del cupo por primera vez. El fallo viene motivado por el requerimiento de un investigador que hizo al Ministerio de Hacienda a través de la Ley de Transparencia para un estudio sobre la financiación autonómica y el sistema de cupos. El ministerio rechazó la petición y el investigador se vio obligado a recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que le dio la razón en una de las últimas resoluciones firmadas por Esther Arizmendi, fallecida hace casi un año.

Hacienda decidió no acatar el dictamen del CTBG y lo trasladó a los tribunales, que han avalado jurídicamente todos los argumentos esgrimidos por el Consejo. La sentencia es firme desde esta semana, ya que el ministerio, ahora liderado por María Jesús Montero, decidió no recurrir el fallo. En los próximos días, Hacienda tendrá que publicar todos los datos y, por fin, los investigadores podrán analizar cómo se ha realizado el cálculo durante todos estos años sin tener que recurrir a estimaciones inexactas.

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La sentencia del tribunal es clara y además muy dura con el ministerio —en esos meses estaba encabezado por el exministro Cristóbal Montoro— por su empecinamiento en mantener la opacidad del acuerdo firmado entre el PP y el PNV para fijar el cupo quinquenal hasta 2021 y la liquidación de los cupos anteriores. El tribunal critica que diera hasta tres excusas diferentes para no ofrecer la información que se solicitaba. En primer lugar, alegó que era "un documento que está pendiente de completar su tramitación ante la Comisión Mixta". Una vez fue aprobado, el ministerio alega que no es un documento elaborado por el Gobierno, por lo que no puede ofrecerlo. Para rematar la enumeración de justificaciones, el ministerio sostuvo que "no dispone del mismo, en la medida en que no forma parte de expediente administrativo alguno".

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El fallo critica con dureza estas justificaciones de Hacienda, hasta el punto de afirmar sobre la tercera alegación que "no resulta verosímil más que como excusa" para no ofrecer la información. En este sentido, la magistrada Ana María Jimena Calleja sentencia: "Siendo notorio que el acuerdo en cuestión, de marcada significación política, debe condicionar y constituir la base de la fijación del cupo quinquenal hasta el año 2021, es obvio que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local debe o debería necesariamente disponer de él para el ejercicio de sus funciones propias".

Parte del fallo sobre la publicidad del acuerdo firmado en 2017 entre PP y PNV sobre el Cupo Vasco.

Por todo ello, el juzgado aprecia "un interés público superior en obtener dicha información, que debe prevalecer sobre la hipotética falta de virtualidad del acuerdo o la necesidad de otros trámites o actuaciones para la plasmación efectiva de lo acordado".

Moneda de cambio

En el año 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy comenzó a necesitar los votos del PNV para sacar adelante sus Presupuestos. En su primera legislatura no necesitó la ayuda de los nacionalistas vascos gracias a su mayoría absoluta, pero en la segunda, los cinco diputados vascos era imprescindible. Para ganarse su apoyo, el Ejecutivo decidió actualizar el cupo vasco que llevaba ocho años pendiente de revisión.

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El acuerdo resultó muy favorable para el País Vasco. La liquidación pendiente desde 2011 resultó en una transferencia del Estado a la comunidad autónoma de 1.400 millones de euros. A esto se sumó el nuevo cálculo quinquenal del cupo para el periodo 2017-2021, que rebajó la aportación del País Vasco al Estado desde 1.500 millones hasta 945 millones anuales.

Este resultado tan favorable para el País Vasco disparó las críticas contra el acuerdo. Un grupo de expertos en financiación autonómica liderado por Alain Cuenca, actual director del Instituto de Estudios Fiscales, solicitó al Defensor del Pueblo que recurriese ante el Tribunal Constitucional el acuerdo. La petición fue rechazada, pero la opacidad del cálculo siguió generando sospechas. El verdadero problema es que los gobiernos de turno han empleado el cálculo del cupo como moneda de cambio para conseguir el apoyo del PNV en Madrid, de modo que han hecho siempre esfuerzos en mantener su opacidad.

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El cupo es la aportación anual que realiza el País Vasco al Estado por los servicios que reciben los ciudadanos de la comunidad y que no financian por estar centralizados. El ejemplo más claro es el del ejército, que sirve a todo el país aunque lo financia la Administración Central. Como el País Vasco recauda sus propios tributos, después tiene que darle al Estado la parte correspondiente de todos esos servicios.

Ahí está el problema: es necesario calcular el coste de esos servicios, así como la recaudación del Estado que corresponde al País Vasco y viceversa. En primer lugar, se estima el índice de imputación, que es la financiación Estatal que tendría que asumir el País Vasco, y que se calcula como el porcentaje de la población de la región sobre el total nacional. A partir de esta cifra inicial, se realizan una gran cantidad de ajustes sobre estimaciones del coste de los servicios, tributos recaudados, etc.

Hacienda tendrá que ofrecer el acuerdo del cupo firmado en 2017 entre PP y PNV para los próximos años y la liquidación de los últimos ejercicios

Todos estos cálculos no son públicos y ahí es donde reside el problema. Como consecuencia de esta opacidad, los expertos son incapaces de predecir cuál va a ser el cupo y la liquidación anual y tampoco pueden juzgar si las revisiones realizadas por los gobiernos estatal y autonómico son correctas.

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El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el acuerdo firmado en 2017, el importe de los cupos fijados a País Vasco y Navarra desde el año 1978, el coste estimado para las competencias transferidas y no transferidas desde 2000 y "otra información relevante a efectos de realizar un trabajo de investigación sobre el sistema de financiación autonómica y el sistema de cupos". El ministerio se negó a ofrecer estos datos, lo que motivó que el ciudadano presentara un recurso ante el CTBG, quien le dio la razón en cuanto al primer punto. Sobre los otros dos, el Consejo consideró que no resulta de aplicación la Ley de Transparencia, sino la normativa sobre archivos estatales, que contempla un proceso diferente para el acceso a información pública más antigua.

Este empeño en mantener oculta esta información ha sido siempre motivo de sospecha para los expertos. La decisión del nuevo equipo ministerial, ahora con el PSOE en el Gobierno, de no recurrir la sentencia en primera instancia marca un claro gesto respecto al anterior Ejecutivo. Para el Consejo de Transparencia, la sentencia es "muy contundente", lo que refleja la voluntad de los tribunales de mejorar la transparencia de las Administraciones Públicas.