Horacio Rodríguez Larreta Rodrigo Néspolo - Archivo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , tomó nota del pedido de Mauricio Macri de reducir gastos en la administración pública y la forma que eligió para hacer caso a la sugerencia fue la de poner un tope a los sueldos de mayor jerarquía, limitarlos y hasta reducirlos en el caso de que excedan lo que cobra un ministro.

La decisión, que había sido adelantada la semana pasada por LA NACION, se materializó el martes último con la publicación en el Boletín Oficial porteño del decreto 446/17, que establece en su artículo primero: “Ninguna autoridad superior que preste servicios en el ámbito de la Administración Pública, incluyendo sus reparticiones centralizadas, descentralizadas o entidades autárquicas o los presidentes de los directorios que ejerzan funciones ejecutivas, o el personal jerárquico de las Sociedades del Estado o Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria donde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea accionista mayoritario, podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior a la remuneración bruta que, de acuerdo con lo determinado por el Decreto N° 363/15 y modificatorios, corresponda percibir al cargo de autoridad superior del Poder Ejecutivo que se determine como equivalente”.

¿Qué significa esto? Que desde el 1° de enero ningún funcionario de la administración porteña podrá cobrar más que el sueldo bruto de un ministro, que era de 166.308 pesos en octubre último.

La elección de tomar como parámetro a los ministros porteños tiene que ver con que son los de mayor ingreso dentro del Ejecutivo ya que tanto Larreta como su vice, Diego Santilli , cobran un sueldo bruto de 133.308 pesos, es decir, 30 mil pesos menos que los titulares de las diferentes carteras.

En el caso de que algún funcionario cobrase más que un ministro, como sucede en algunos organismos descentralizados o empresas con participación mayoritaria de la Ciudad, los sueldos deberán reducirse también en el comienzo del año próximo con un máximo del 20 por ciento. Si con esta reducción aún siguiera percibiendo un salario mayor al de un ministro, ese sueldo se mantendrá fijo hasta que, con los sucesivos aumentos, el sueldo del funcionario de primera línea lo iguale o supere. Es decir, no tendrá recomposición.

Un claro ejemplo de funcionarios que cobran más que los ministros se ve en los directorios de entes autárquicos y descentralizados, como Autopistas Urbanas (AUSA) y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). Según pudo averiguar LA NACION, el presidente de AUSA cobra $250 mil pesos, un 50% más que María Soledad Acuña, que dirige la cartera de Educación o Martín Ocampo, de Seguridad. También ocurre con miembros del Gobierno de la Ciudad: Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad, es quien tiene el mejor ingreso y cobra $233.941.

Otros de los alcanzados por el decreto de Larreta son los Directores y Síndicos de las Sociedades del Estado o Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria. Para estos casos, el artículo 5° del decreto establece que el sueldo máximo será “un treinta por ciento (30%) de la remuneración bruta mensual que legalmente corresponda percibir al cargo de Ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir 49.892,40 pesos.

También aclara que, dentro de este grupo, habrá excepciones “dispuestas en forma conjunta por el Ministro de Hacienda y Jefe de Gabinete de Ministros, hasta un límite del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración bruta mensual que legalmente corresponda percibir al cargo de Ministro del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Ahorro

En números, esto significa que el Gobierno gastará $ 470 millones menos el año próximo. La convergencia salarial generará un ahorro de 158 millones de pesos mientras que mediante la eliminación de 116 puestos cargos políticos -29 de autoridades superiores y 87 autoridades medias- se ahorrarán otros $200 millones.

Además, según informaron fuentes del Gobierno de la Ciudad a LA NACION, habrá una reestructuración en Ausa y Sbase, donde se reducirá el gasto en $ 50 millones, y se eliminará la Agencia de Bienes del Estado (ABSE), lo que permitirá un ahorro de $ 60 millones. Las tareas del ABSE, un ente cuya función es administrar y optimizar el uso y destino de los inmuebles de dominio privado que tiene la Ciudad, quedará a cargo de la Jefatura de Gobierno.

En tanto, las fuentes remarcaron que las disposiciones del decreto no alcanzan a los empleados de planta permanente y que lo que se busca con la medida es reducir el gasto político en sintonía con lo planteado por la Casa Rosada.

La propuesta de Vidal

A diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal optó por la reducción de más de 220 cargos públicos. Para esto, la mandataria envió a la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Ministerios que dará un marco general a la nueva organización administrativa, que prevé la reducción de cargos y que generará un ahorro de 600 millones.

En concreto, la propuesta de Vidal plantea la reducción de los cargos políticos que seguirá el siguiente esquema: se eliminarán 14 subsecretarías de las 80 que existen hasta hoy; desaparecerán 82 direcciones provinciales de 277 y 125 direcciones de las 633 que hay. Esto implicará una reducción en cada uno de los 14 ministerios que en total rondará el 22% de ahorro en la estructura política del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Se mantendrán los 14 ministerios y, tal como adelantó LA NACION, se creará un área que tendrá como función la urbanización de villas. Se trata del Organismo Provincial de Integración Barrial que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Entre otras funciones, tendrá el de "diseñar la planificación de base para la progresiva creación de barrio en donde se encuentran ubicados núcleos habitacionales en estado de precariedad, con la finalidad de propender a efectivizar su plena integración a la trama de las ciudades".

El decreto completo