Inversión inmobiliaria en el sur de la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO | VIDEO: EPV

La reforma fiscal de Trump se ha convertido en un regalo de Navidad adelantado para las grandes corporaciones radicadas en Estados Unidos, que verán reducido el tipo fiscal nominal al que tributan sus ganancias del 35% al 21%. También en un quebradero de cabeza para quienes velan por la estabilidad del erario estadounidense, que verá mermados sus ingresos y para quienes ven los tributos una herramienta útil para reducir la desigualdad: los cambios incrementarán la regresividad del sistema fiscal en su conjunto. Pero sus efectos van más allá de las fronteras de la primera potencia mundial. Las grandes potencias europeas se han puesto en pie de guerra por los efectos que, temen, pueda causar sobre el comercio y la inversión bilateral. Y México, quizá el país que más directamente depende económicamente de EE UU, teme un auténtico tsunami en forma de huida —o, mejor dicho, repatriación— de capitales hacia su vecino del norte.

¿Es para tanto? En torno a esta pregunta han girado en las últimas semanas foros especializados, estudios de casas de análisis y artículos de opinión en prensa especializada. Y horas y ríos de tinta después, la respuesta no es rotunda. Ni siquiera en el propio sector privado hay consenso: mientras las grandes organizaciones empresariales tratan de llevar el agua a su molino y aprovechar la coyuntura para aligerar su facturar fiscal, el Gobierno, la banca y los académicos especializados piden cautela a la espera de que afloren los efectos de la reforma o, directamente, niegan rotundamente la necesidad de bajar impuestos en México como respuesta. Aunque la deuda pública está bajo control –apenas supera el 50% y bajando– y el país norteamericano cosechará este año su primer déficit primario (métrica que no tiene en cuenta el coste de repagar los pasivos) desde 2010, la presión fiscal en el país norteamericano es una de las más bajas de los países avanzados y una vuelta de tuerca adicional reduciría aún más las ya de por sí reducidas posibilidades de recaudación.

La semana pasada, la principal patronal mexicana, Coparmex –cuyos afiliados suman la tercera parte del PIB–, urgió al Ejecutivo de Enrique Peña Nieto (PRI) a acometer una remodelación en el esquema tributario mexicano que le haga "recuperar la competitividad internacional". La petición de los empresarios pasa por una reducción del impuesto sobre la renta a cargo de las empresas a razón de un punto porcentual por año hasta alcanzar el promedio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): algo menos del 25%, frente al 30% del país latinoamericano —aunque la tasa efectiva ronda, en realidad, el 12%—. A cambio, apuntan desde Coparmex, el IVA podría ampliarse "con estrategias compensatorias para los hogares de menores ingresos".

En la misma línea, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (el paraguas bajo el cual se reúnen todas las grandes organizaciones patronales mexicanas), Juan Pablo Castañón, aboga, en conversación con EL PAÍS, por la "desregulación" como eje rector de las políticas públicas. En otras palabras: impuestos los más bajos posibles, sobre todo para las compañías de menor tamaño, "siempre y cuando no se atente contra la deuda y la balanza fiscal". El jefe de los empresarios ya ha pedido a la Secretaría (Ministerio) de Hacienda la creación de una mesa de trabajo para "responder a la reforma fiscal" de Trump.

La preocupación es, hasta cierto punto, comprensible. EE UU es, por mucho, el primer país de origen de la inversión extranjera en México y suma tanto como las cinco naciones que le siguen en la tabla: España, Alemania, Israel, Canadá y Japón. Pero la decisión drástica de rebajar los impuestos empresariales quizá no sea la más acertada. "No creemos que México tenga que rebajar su presión fiscal sobre las grandes empresas; no lo necesita para competir", apunta Carlos Serrano, el economista jefe del mayor banco de México, BBVA Bancomer. "El coste laboral por hora en manufactura es seis veces menor aquí que en EE UU y solo ese factor mantendría la competitividad mexicana incluso reforma tributaria mediante. Pero hay más: la depreciación del peso, en un esquema de tipo de cambio flexible como el actual, también ayuda y mucho". Desde que Trump se empezó a convertir en una alternativa real para alcanzar la Casa Blanca, la moneda mexicana se ha depreciado más de un 10% frente al dólar lo que, en la práctica, ha hecho a los productos mexicanos un 10% más baratos a ojos estadounidenses sin haber cambiado nada en su cadena de producción.

La fiscalidad "no es el único motivo, ni siquiera el principal" cuando una empresa sopesa si invertir o no en un país: "otros factores pesan mucho más", apostilla Serrano. Y, teniendo en cuenta todos esos motivos, "México seguiría siendo, en el peor de los casos, un 20% más competitivo que EE UU", añade el jefe de análisis de Bancomer. "Bajar los impuestos a las empresas solo porque Trump lo hace sería fiscalmente irresponsable".

Desde Citibanamex, otro de los grandes bancos mexicanos, el diagnóstico es similar: "El efecto neto de la reforma fiscal estadounidense sobre México quizá no sea tan negativo como se supone; el punto de vista que actualmente predomina puede estar sesgado prematuramente en una dirección negativa", apunta su equipo de análisis en una reciente nota para clientes. "No vemos necesidad de precipitar una respuesta política". En otras palabras: nada de una rebaja fiscal en el corto plazo; en largo, ya veremos. "México tendrá tiempo suficiente para realizar potenciales ajustes durante el proceso normal de negociación del paquete económico federal [los presupuestos]. En vez de una respuesta quid pro quo, vemos una buena oportunidad para un debate sólido y objetivo sobre lo que podemos hacer para mejorar el sistema fiscal mexicano".

En la misma línea, Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pide antes que nada un "diagnóstico, a través de modelos, del efecto macroeconómico sobre México". Para ello, subraya, sería muy importante "contar con un consejo fiscal independiente" que brinde a Hacienda la información necesaria para tomar decisiones. La puesta en marcha de este ente ha sido una de las grandes recomendaciones —desatendida por el Gobierno de Peña Nieto— del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los últimos años. En segundo lugar, De la Torre ve necesaria una "recomposición" del gasto público, recortando la parte corriente y aumentando la inversión en infraestructuras para "ganar competitividad y neutralizar la menor competitividad fiscal de México".

"Solo si no es suficiente, podría ser necesario reducir la tasa corporativa", agrega el economista. Sin embargo, esa reducción de la carga tributaria sobre las empresas —por definición, regresiva—, debería ir acompañada por un aumento de dos impuestos de titularidad estatal o local: el predial (que recae sobre bienes raíces) y el de tenencia vehicular. Ambos recaen sobre las rentas más altas, por lo que su incremento ayudaría a paliar el aumento de la desigualdad fiscal que generaría la rebaja fiscal a las empresas. "Todos los análisis que he visto hasta ahora me parecen superficiales", completa Manuel Molano, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). "Lo más importante es la tasa efectiva para las empresas que quede tras la reforma, y tengo muchas dudas de que sea más baja a la que tienen hoy", cierra. "En todo cado, de hacer algo, habría que reducir el impuesto al trabajo, en especial a los empleados que menos ganan: no se nos puede olvidar que la ventaja competitiva de EE UU está en el capital y la nuestra, en la mano de obra".