Los próximos 8 y 9 de febrero se llevará a cabo el debate para la aprobación o no de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2017. Las cuentas contemplan un nuevo impuesto para hacer frente a los efectos negativos que la radiactividad de las centrales nucleares catalanas tiene sobre la salud de las personas. Así pues, el apartado específico del proyecto reconoce el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico.

De ser aprobado, estaríamos ante un nuevo intento del Parlamento de Cataluña de grabar las nucleares por los riesgos derivados de su actividad. En 2014, el cuarto ya aprobó los llamados impostostos verdes, destinados a penalizar las centrales por los riesgos derivados de la introducción de metales pesados ​​en los reactores. El gravamen, sin embargo, no se llegó a hacer efectivo, ya que en abril de 2016 el Tribunal Constitucional lo declaró nulo al considerarlo una duplicación de lo que ya existe en el ámbito del Estado español.

En 2014, la cámara catalana ya aprobó un gravamen a las centrales por los riesgos derivados de la introducción de metales pesados ​​en los reactores, suspendido por el Constitucional

Pero desde el movimiento antinuclear, la aprobación del nuevo impuesto se ve como un grave obstáculo para la desnuclearización, mientras que no representa un gasto significativo ni disuasoria para las nucleares, en comparación con las enormes ganancias que obtienen. La recaudación total que supondría oscila, según las estimaciones del propio Gobierno catalán, entre 30 y 45 millones de euros anuales a corto plazo, con la posibilidad de llegar a los 60 millones anuales a partir del 2018. La cifra contrasta con las estimaciones de Ecologistas en Acción, para quien el impuesto no llegaría ni al 3% de los beneficios netos que recaudan las empresas propietarias de las plantas, cerca de tres millones de euros diarios por reactor en funcionamiento.

Dos caras de la moneda

La noticia se ha percibido como las dos caras de una moneda. La positiva, es el reconocimiento oficial y pionero de que la industria nuclear conlleva, desde su inicio y de manera rutinaria, un efecto negativo para la salud. Es decir, además de un riesgo que ya está reflejado en los impostostos estatal -el peligro de accidente-, la Generalitat reconoce que existe un perjuicio derivado de las emisiones rutinarias. El impacto sobre la salud que conlleva la actividad nuclear diaria está provocado por las bajas dosis radiactivas que emiten las centrales, y que hasta ahora, la industria nuclear no ha querido reconocer. La cara negativa, según han denunciado diversas plataformas y asociaciones ecologistas y antinucleares, es que este impuesto, que no viene acompañado de ninguna medida que impulse la reducción del impacto negativo, se puede interpretar como una «legalización de la contaminación radiactiva». Además, el impuesto se puede leer como la oportunidad del lobby nuclear de poder compensar esta degradación de la salud pública y del medio ambiente.

Una manifestación del movimiento antinuclear en Ascó

Los estudios sobre el efecto de la radiación de las instalaciones nucleares españolas en la población cercana son escasos. En 2009, el estudio médico elaborado por el Instituto Carlos III reconocía que no se detectaba un aumento significativo y generalizado de la mortalidad por cáncer que se pudiera relacionar con las radiaciones ionizantes de las centrales. En cuanto a los casos específicos de las centrales catalanas, si detecta un aumento de mortalidad por cáncer de pulmón estadísticamente relacionada con la dosis (Vandellós) y de mortalidad por un tipo específico de linfomas (Ascò). Hay que recordar que las centrales de Ascò y Vandellòs son las que presentan el mayor número de incidencias de todo el Estado español.

Manifiesto y apoyo público

Una de las iniciativas para dar difusión a la oposición al nuevo impuesto, planteada desde el Colectivo 2020 Libre de Nucleares, es la publicación de un manifiesto el pasado 15 de enero, con el apoyo hasta ahora de más de 500 personas activas en diferentes contextos -profesorado universitario, movimientos sociales y ambientales, entre otros. La iniciativa acompaña otras campañas de recogidas de firmas que se harán llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente ya la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, para mostrar el rechazo al que tachan de «legalización de la contaminación nuclear» .

Por el Movimiento Ibérico Antinuclear, el nuevo impuesto es una «cortina de humo» para no hablar del calendario de cierre de las centrales

Desde la publicación del Proyecto de Ley de los presupuestos en noviembre pasado, asociaciones ecologistas y antinucleares agrupadas bajo el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), han denunciado los peligros que conlleva la aprobación del impuesto nuclear si no va acompañada de medidas claras y efectivas que garanticen la disminución del riesgo para radioctivitat. Desde Ecologistas en Acción entiende que, con esta medida, se estaría «poniendo un precio a la salud y la seguridad de las personas».

Según el MIA, sin acompañar la decisión de ningún estudio concreto, el Gobierno de la Generalitat ha encontrado en esta medida una nueva fuente de ingresos, pero que difícilmente se puede entender como medida de protección real de la población. Más bien, a juicio de esta plataforma, la medida parece una «cortina de humo» para no hablar del calendario de cierre de las centrales.

Reactores que han sobrepasado el «tiempo de vida útil»

Los tres reactores nucleares de Ascó y de Vandellós llevan entre 29 y 33 años en funcionamiento y son en la actualidad propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (28%). Los reactores estuvieron diseñados para tener una vida útil de 40 años y sus permisos de explotación expirarán en los próximos años, el 2021 y 2010, respectivamente. Esta situación ha llevado a la Asociación que las gestiona -l’ANAV- a declarar que comenzará a pedir la ampliación de los permisos el próximo verano. Tanto en Cataluña como en el resto del Estado, la proximidad del final las licencias ha hecho que los protagonistas de la industria nuclear inician una pugna por conseguir la extensión de los permisos de los 40 años a los 60 años de funcionamiento. Este debate,

Una concentración antinuclear en Ascó, pueblo que alberga una de las dos centrales nucleares de Cataluña.

Durante el 2016, las sociedades gestoras de las centrales nucleares han mantenido reuniones con los diferentes actores políticos para obtener apoyo a la hora de prolongar las licencias. La decisión final la tiene que tomar el Gobierno, pero deberá contar con informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El debate sobre la renovación de los permisos se prevé intenso y puede suponer el enfrentamiento de las posiciones políticas del PDECat y ERC

Hasta ahora, las licencias de actividad de las centrales siempre han sido competencia del Estado español. El año pasado, a petición de Cataluña Si Que Se Puede, el Parlamento de Cataluña aprobó una petición al Gobierno estatal para pedir el traslado de las competencias de las centrales tarraconenses a la administración cataluña. El debate sobre los mecanismos para incidir en la no renovación de los permisos de funcionamiento se prevé intenso y supondrá el enfrentamiento de trayectorias políticas opuestas de los dos grupos que actualmente forman el Gobierno: la de PDECat (antigua Convergencia) en apoyo a la industria nuclear , y la de ERC, en contra.

Desde el MIA, se ha instado al Gobierno Catalán a tomar una actitud firme y responsable en la decisión de no renovación de los permisos, que supondría un aumento considerable de los riesgos derivados de esta industria debido al envejecimiento de las centrales. Según Eloi Chica, portavoz de Cerramos las Nucleares, aunque los grupos parlamentarios catalanes -a excepción del PP- se muestran favorables a la desnuclearización «existe una falta de medidas concretas para llevarla a cabo».

https://directa.cat/grups-ecologistes-alerten-sobre-perill-del-nou-impost-nuclear-previst-al-pressupostos-catalans