El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, sufrieron esta mañana un fuerte revés al tratar de evitar ser investigados por presuntos actos de corrupción durante sus gobiernos, pues la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores, por las normas avaladas en esas entidades que se consideran violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

“En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez.

Durante una rueda de prensa explicó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se presentaron estas acciones porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.

Durante la conferencia, en la que participó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, se dejó en claro que los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo no pueden hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, porque se generaría inseguridad jurídica.

Asimismo, dejaron en claro que el Ejecutivo federal no permitirá legislaciones y medidas que vayan en contra del Sistema Nacional Anticorrupción ni que operen a modo para proteger a algún alto funcionario.

Recientemente, los Congresos Estatales de #QuintanaRoo y #Veracruz, aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del #SNA. — Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) July 11, 2016

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Por esto es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise dichas legislaciones estatales, las cuales han sido catalogadas como medidas de blindaje promovidas por el veracruzano Javier Duarte y el quintanarroense Roberto Borge –que buscan realizar reformas en las fiscalías y nombramientos de última hora–, en su respectivo congreso.

#México requiere de un marco institucional, sólido y confiable para prevenir y combatir la corrupción, un desafío que compromete a todos — Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) July 11, 2016

Salvador Sandoval Silva explicó que con estas acciones de inconstitucionalidad se busca que la Suprema Corte advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción y que no pueden nombrar funcionarios en dichas materias

“(Serán) la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas las leyes generales, el medio que el Congreso de la Unión utilice para marcar la misión y la visión que debe tener ese Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó Sandoval.

Por su parte, el gobernador de Veracruz dijo a través de su cuenta de Twitter, que los candidatos a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción abandonaron el proceso y que exhortó a la comisión encargada en el Congreso estatal a declarar desierta dicha convocatoria.

Exhorto a la Comisión de Procuración de Justicia de la @LegisVer declarar desierta la convocatoria para nombrar al Fiscal Anticorrupción — Javier Duarte (@Javier_Duarte) July 11, 2016

Por su parte, el quintanarroense Borge no ha dado declaraciones o comentarios vía redes sociales, y no se ha emitido un comunicado de su administración al respecto.

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