El proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en octubre del año pasado, todavía no salió de las comisiones con acuerdo para que pase al recinto.

Sí hay un borrador en el que se modificaron dos ítems, uno de ellos sustancial, según la Oficina Anticorrupción (OA): el llamado "acuerdo de colaboración eficaz", que en el artículo 21° del proyecto original contemplaba que "el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo por medio del cual ésta se obligue a cooperar a cambio de la suspensión de la persecución, a través de la revelación de datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito". Esa figura fue descartada hasta ahora en las discusiones.

Al respecto, la titular de la OA, Laura Alonso , dijo que "a la Oficina Anticorrupción le preocupa la eliminación del acuerdo de colaboración eficaz. Esperamos que durante el debate esta cuestión vuelva al dictamen, ya que se trata de un incentivo muy importante para que las empresas cooperen con la Justicia".

Corrupción en las empresas: sin avances en el proyecto de ley que impulsa el Gobierno Archivo

Por otro lado, el actual dictámen de comisión también cuestiona el atenuante para la empresa que significa tener un correcto programa de compliance (como se llama en la jerga corporativa a los planes de buenas prácticas), aunque sí lo recomienda y sugiere "una política de protección de denunciantes contra represalias".

Un capítulo muy importante para las empresas será el control de terceros o socios del negocio, incluyendo proveedores, distribuidores, intermediarios, etcétera, ya que acciones de corrupción de su parte podrían afectarlas directamente.

De aprobarse la ley, las empresas serán penalmente responsables si sobornan a funcionarios públicos para obtener beneficios, y esto podría implicar, en casos extremos, la quita de su personería jurídica. Si hasta ahora la mirada legal estaba puesta en las personas que cometían un delito de estas características, el cambio radica en que la misma empresa también tendrá que pagar por ello.

Para avanzar sobre el tema, y sobre todo para incluir a sectores empresariales que no se han pronunciado sobre la importancia de que esta ley sea finalmente promulgada, la comisión de Legislación Penal, presidida por la radical jujeña Gabriela Burgos, y la de Legislación General, cuyo presidente es el diputado Daniel Lipovetzky, convocaron para el próximo miércoles a una reunión que, se espera, conduzca a que el proyecto de dictamen pase al recinto.

El presidente de la Copal (la cámara que agrupa a la industria de los alimentos), Daniel Funes de Rioja, afirmó que los abogados de la entidad están analizando el proyecto y estudiando algunos puntos importantes, como es el de la responsabilidad de las acciones de proveedores, entre otros.

Por qué es importante

En muchos de los países desarrollados y varios de los que están en vías de desarrollo ya existe una ley de este tipo, que funciona como disuasivo para que las empresas sobornen a autoridades o funcionarios públicos para obtener beneficios. Y "han adoptado penalmente la responsabilidad de las organizaciones en materia de corrupción", asegura Carlos Rozen, socio de BDO y director de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. "Esta ley contiene una invitación tácita a hacer las cosas bien, a transitar por el camino correcto. Los montos de las condenas que constan en el proyecto hacen temblar a los empresarios", advierte el especialista.

También, y cada vez más, es una exigencia para hacer negocios, ya que muchos países que ya cuentan con esta legislación tienen un principio de extra territorialidad (es decir, que las empresas son penalizadas en su propio país si pagan coimas en el extranjero).

Además, es uno de los principales requisitos para que la Argentina pueda pasar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una meta de este gobierno.

Formar parte de la OCDE es estar dentro de un exclusivo club de países con buenas prácticas, al que la Argentina golpea la puerta para entrar, pero antes de ser aceptada debe cumplir con una serie de requisitos. Combatir la corrupción es uno de ellos.

Los alcances de la norma

Penalidades

En el proyecto de ley se fija una multa de entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales de la empresa condenada. Pero será de entre el 10 y el 20% si el delito se hubiera cometido con la intervención, conocimiento o tolerancia de la alta dirección; también si se provocaron daños a la comunidad.

Destino de los fondos

Los montos recaudados por las multas serán distribuidos entre los ministerios de Educación y de Salud.

Suspensión

También se establece una suspensión total o parcial de actividades, que no podrá exceder los diez años.

Patentes

La suspensión de hasta 10 años también está contemplada para el uso de patentes y marcas.

Cancelación

En caso de que la empresa hubiese sido creada para la comisión del delito, la norma prevé la posibilidad de cancelación de su personería jurídica.