El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció ayer un paquete de medidas para combatir la pandemia que está sacudiendo el país y el mundo. Además de las partidas extraordinarias para sanidad -que suman algo más de 2.000 millones de euros- anunció el desembolso de 600 millones para reforzar la atención a colectivos vulnerables.

Cifras realmente ridículas si atendemos a las enormes necesidades socio-sanitarias que están estallando, y que contrastan con el volúmen total de dinero publico que se promete movilizar: 100.000 millones en avales a las empresas y 17.000 de gasto directo, que se consumirá en su mayoría en cubrir el agujero que van a producir los ERTEs y la no entrada de cotizaciones sociales en las próximas semanas o meses.

Entre las medidas que se financiarán con esos 600 millones están las destinadas a socorrer a los sectores más vulnerables, como las 45.000 personas sin hogar que hay en todo el Estado. Como educador social, que trabaja día a día con personas en esta situación, no me pude indignar más cuando escuché las medidas.

Iglesias anunció que se aplicaría un “refuerzo de choque” de los servicios sociales, consistente en medidas como la de un “kit de higiene” y de alimentación por parte del Ejército, la aberturas de espacios “amplios” para atender a las personas afectadas -es decir campamentos supervisados por militares- y un seguimiento diario de estas personas.

Unas medidas que dejan a las personas sin hogar como estaban, sin un hogar digno, aunque todo el país esté bajo cuarentena. Algo que, en esta situación, es extensible a otros muchos servicios residenciales del Estado, como los centros de salud mental, los centros de menores -de por sí saturadísimos- y pisos terapéuticos. Todos estos colectivos sociales van a verse confinados en condiciones de hacinamiento en infraestructuras en absoluto preparadas para un confinamiento prolongado.

Pueden sufrir desde la propagación del virus de forma fácil, por la precariedad de recursos en el servicio y la sobrepoblación de estos, hasta graves problemas de convivencia. En algunos centros como los CIES o centros de menores inmigrantes se han producido los primeros motines en contra de las pésimas condiciones.

Esta imagen es de hace 10 días, es un centro de menores en Melilla, muchos centros de menores de este país están sobre poblados con condiciones precarias. Ahora añade 1 mes de cuarentena. Mientras tanto los hoteles están vacíos gracias al gobierno. #YoNoPuedoQuedarmeEnCasa pic.twitter.com/8DHrWz3WNG — herrerax (@Makarenko77) March 19, 2020

¿Hay otra solución? Claro que la hay. El problema es que el gobierno “progresista” prefiere no tocar a los interés de los grandes empresarios para luchar contra la pandemia. De la misma manera que se han intervenido algunos hoteles para medicalizarlos, se tendrían que habilitar las camas de los hoteles necesarias para poder ofrecer una residencia digna a todos estos colectivos.

Pero también a otros que no están contemplados en los planes de este gobierno “feminista”, como las mujeres en situación de violencia machista que están siendo obligadas a confinarse con sus maltratadores. O incluso los trabajadores y trabajadoras sanitarios que están reclamando poder pernoctar fuera de casa para evitar el riesgo de contagio a familiares de grupos de riesgo.

Hay que recordar que el lobby turístico cerró cerró el 2019 con el récord histórico de turistas extranjeros que visitaron España, 80 millones, que gastaron 92.278 millones de euros. Ahora, ante la caída de la actividad estos días pasados, y la orden de su cierre de actividad que contempla el Estado de Alarma, están anunciando el despidos y ERTEs para decenas de miles de sus trabajadores.

Contra estas medidas, que ni atienden estas necesidades sociales, ni los empleos y condiciones de decenas de miles de trabajadores de la industria hotelera, hay que exigir la puesta bajo control de sus plantillas, con el asesoramiento de trabajadores del tercer sector y sanitario, de todas las grandes cadenas de hoteles. Son estos profesionales, y no los militares, quienes deben atender a estos colectivos sociales.

Que se garantice así que quienes deban quedarse en casa por ser parte de un grupo de riesgo tener que cuidar a una tercera persona pueda hacerlo con el 100% del sueldo, y que quienes permanecen trabajando lo hacen con tods las medidas de higiene y seguridad necesarias, y no con los ritmos y explotación que denuncian colectivos como las Kellys. Y que sus habitaciones, cocinas, lavanderías... sean puestas al servicio de dar una salida a esta grave crisis que, a diferencia de 2008, salve a la clase trabajadora y los sectores populares y no a los capitalistas.