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Las más de 3000 amenazas de bomba recibidas en escuelas bonaerenses durante las últimas semanas activaron las respuestas oficiales, con un objetivo claro: que el domingo se vote sin inconvenientes en el principal distrito del país.

El gobierno de María Eugenia Vidal acordó ayer con el juez electoral Juan Manuel Culotta una serie de medidas para evitar que las amenazas tengan influencia en el resultado electoral, que las encuestas prenuncian en favor de los candidatos de Cambiemos. La idea es simple: proteger los votos ya emitidos en el momento en el que se produzca la eventual amenaza y asegurarse de que quienes llegaron a los centro de votación puedan sufragar, aunque sea más tarde.

"Acordamos con el juez un protocolo de guarda de las actas y los votos emitidos si es que se produce alguna amenaza. Y también queremos dar un certificado o constancia a aquellos que ya llegaron, para que puedan esperar y votar cuando se termine de revisar un colegio", explicó a LA NACION el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Cerca de Vidal también confirmaron que habrá una "revisación exhaustiva" de las escuelas el día anterior a los comicios y que eso permitirá "reactivar de inmediato" el acto electoral una vez despejada la eventual amenaza.

Tal como publicó LA NACION en su edición de ayer, al Gobierno le preocupa que la ola de amenazas telefónicas de las últimas semanas termine complicando no sólo a quienes van a votar, sino también a aquellos votantes que dudan en ir a los centros de votación. "Hay que aclarar que las tres mil llamadas que se recibieron (y que obligaron en muchos casos a evacuar los colegios) fueron falsas. Es muy importante que la gente se sienta segura, va a estar garantizada la normalidad del comicio", agregó Ferrari, quien habló de "campaña" para sembrar "miedo".

Sospechas

En la Casa Rosada, con el ministro Rogelio Frigerio a la cabeza, y también en la gobernación bonaerense, se preguntan por qué las amenazas se dan sólo en la provincia de Buenos Aires. Y también transmiten la "perplejidad" por el "llamativo silencio" de las fuerzas opositoras, "empezando por Unidad Ciudadana", de Cristina Kirchner, en relación con estos hechos. La ex presidenta, que ayer cerró su campaña en Avellaneda, viene insistiendo en que "no están dadas las garantías" para un escrutinio transparente y apuntó a la demora en la carga de los datos que finalmente le dieron el triunfo en las PASO del 13 de agosto. "Lo que decimos claramente es que está garantizada la transparencia de los comicios, no hay ningún problema sobre eso. Es un proceso electoral absolutamente confiable", le volvió a contestar ayer el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

El Gobierno seguirá con atención el tema. Pérez y Culotta se verán hoy por este tema, y el jueves está prevista la reunión de funcionarios de Frigerio con la junta electoral provincial y el Comando General Electoral (CGE) que integran las Fuerzas Armadas, a cargo de la seguridad del comicio y la custodia de las urnas.