Los ataques de obvio tinte mafioso que en tan sólo cuatro días sufrió el fiscal bonaerense Fernando Cartasegna, quien investiga delitos vinculados con la trata de personas, la pedofilia y una causa derivada de otra de corrupción en la policía bonaerense, constituyen una gravísima señal de alerta y pueden interpretarse como un claro desafío a la Justicia y a la política de saneamiento de esa fuerza policial que lleva adelante la gobernadora María Eugenia Vidal.

El pasado sábado, dos hombres y una mujer vestidos con uniformes policiales agredieron a Cartasegna en la calle, cerca de su fiscalía, y el domingo, unos desconocidos ingresaron en el garaje de su casa y dejaron allí panfletos con la leyenda: "Conozca al próximo Nisman" y "Muerte a Nisman". La muerte, en 2015, del fiscal del caso AMIA aún no se ha esclarecido.

Anteayer, alguien logró introducirse en el despacho de Cartasegna en los tribunales platenses y lo atacó por la espalda golpeándolo y produciéndole un principio de asfixia, para luego maniatarlo y amordazarlo. Antes de huir, el agresor escribió con azúcar en el piso el apellido Nisman.

"Estaba muy bien planeado lo que han hecho", dijo ayer, luego de abandonar el hospital, el fiscal que el viernes pasado había recibido de un colega una causa desprendida de la investigación de los sobres con presuntas coimas hallados en la Departamental de La Plata. Cartasegna apenas llegó a leer las primeras fojas del flamante expediente sobre la eventual vinculación de oficiales de la policía bonaerense con "caranchos" o abogados que intervienen en casos de accidentes de tránsito para el cobro de seguros.

Ya se trate de una mafia policial o de una integrada exclusivamente por delincuentes, el mensaje es inconfundible: consiste en amedrentar a la justicia provincial y poner de manifiesto que el Estado es incapaz de garantizar la mínima seguridad de quienes son los encargados de investigar esas mafias y acusar a sus integrantes. En este sentido, tampoco ayudó el prolongado y extraño silencio de las máximas autoridades provinciales. Anteayer, el único funcionario bonaerense que hizo declaraciones fue el procurador de la provincia, Julio Conte Grand. Nada dijeron la gobernadora ni su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

Sólo ayer se conoció un comunicado del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, en el que manifestaron su más enérgico repudio a las agresiones. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien además exigió que se investiguen a fondo los hechos, pues "son cosas que en democracia no se pueden permitir".

A partir de ahora, el desafío planteado es doble. Por un lado, la justicia bonaerense deberá mostrar que no se arredra ante lo ocurrido, y por el otro, las autoridades provinciales deberán demostrar que pueden asegurar la normal actividad de los funcionarios judiciales.

En ambos casos se requiere un rápido esclarecimiento de los ataques al fiscal Cartasegna. Desde el momento en que el objetivo de los agresores es lograr la impunidad, el mejor mensaje que debe salirles al cruce es el del pleno esclarecimiento y el castigo a los culpables.

No caben dudas de que desde el momento en que asumió, la gobernadora decidió combatir el denso entrelazamiento que se verifica desde hace mucho en la provincia, entre la delincuencia y ciertos sectores policiales, y de ahí que pronto se verificaron las represalias, como el espionaje que realizaban dos agentes sorprendidos mientras revolvían los cajones de un escritorio en la antesala del despacho de Vidal, y el ingreso de desconocidos en la residencia que Federico Salvai, ministro de Gobierno de la provincia, tiene en La Plata, donde hurgaron en sus pertenencias sin llevarse nada.

Sin perder un ápice de gravedad, las reiteradas agresiones a Cartasegna podrían inscribirse en esa línea de contraataques y, por eso, es indispensable hacer a un lado el silencio y mostrar con hechos que no habrá cuartel en la guerra contra la delincuencia.