La Plataforma Trans el día del registro del Proyecto de Ley en 2018. PLATAFORMA TRANS

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Nunca antes había estado tan cerca una ley que proteja los derechos de las personas trans. El texto programático de PSOE y Unidas Podemos la define así: «Que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos». Esta legislatura, además, es la primera que contará, dentro del nuevo Ministerio de Igualdad, con una Dirección General de Diversidad Sexual y LGTBI. Su responsable es Boti García Rodrigo, una histórica activista por los derechos LGTBI que fue presidenta de la FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales. Las plataformas y colectivos implicados ya tienen redactado un proyecto de ley que fue actualizado a finales de enero y esperan que, más allá de los compromisos, se apruebe en los próximos meses.

«Solo nos queda confiar: si con este gobierno no sale, está claro que no hay alternativas parlamentarias en este sentido», afirma Daniela Ferrández, presidenta de la Asociación Trans Amizando, de Galicia. «Las personas trans llevamos esperando más de 41 años: es el momento no solo de reconocer sino también de reparar la discriminación que hemos sufrido», sostiene Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

La propuesta que hay sobre la mesa tiene como principal objetivo «brindar protección jurídica a las personas identificadas como trans y regular el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de todas las personas a través de un conjunto de medidas dirigidas a garantizar su ejercicio pleno en el ámbito sanitario, educativo, laboral, social, económico y político«. Según Cambrollé, este texto «supera en calidad y participación al que ya se registró en 2018», que fue presentado por Unidas Podemos en el Congreso. El proceso de ampliación se ha producido en las últimas semanas y acaba de finalizar. Desde la Plataforma Trans, además, explican que cerca de 600 profesionales de diferentes ámbitos apoyan el trámite de esta ley e instan al Gobierno a que se lleve a cabo «de manera urgente».

Derecho de autodeterminación de género

«Que se nos deje de considerar enfermas mentales». Esa es la línea principal bajo la que se ha construido el texto de esta propuesta. Así lo explica Daniela Ferrández: «Esto lo trasladamos al papel como derecho de autodeterminación de género. La Ley pone sobre la mesa la necesidad de extrapolarlo a todos los ámbitos de la sociedad; una cuestión que se extiende, entre otros, al ámbito laboral –hay un 85% de paro entre las personas trans–». En definitiva, «lo que queremos es que se nos empiece a tratar en igualdad», concluye Ferrández.

A esto, Mar Cambrollé añade que «lo más importante de todo es que cuenta con la legitimidad del sujeto político: no es una ley impuesta por ningún tipo de academia sino que es una ley que se ha elaborado de manera participativa, en la que hemos determinado el sujeto político». Así, cuenta con el apoyo de más de 140 entidades, entre colectivos LGTBI, asociaciones de mujeres y organizaciones de personas trans y sus familias. «Nunca antes esta ley había sido tan reclamada; ahora somos un sujeto político organizado y coordinado, capaz de determinar las opciones. No queremos cualquier ley, queremos nuestra ley», considera Cambrollé.

Otro de los compromisos del nuevo Ejecutivo es la aprobación de una Ley Estatal de Igualdad para las personas LGTBI, que quedó en al aire en la pasada legislatura por la falta de acuerdos y la convocatoria de nuevas elecciones. Esta vez tendrá que enfrentarse a la postura homófoba y tránsfoba de Vox, que ahora cuenta con 52 diputados. No obstante, Mar Cambrollé recuerda que, de forma paralela, es necesaria una Ley trans que recoja sus especificidades. «La discriminación que sufrimos las personas trans es específica y estructural», por lo que «es hora de dar una respuesta de raíz«, añade la presidenta de la Plataforma Trans.

Esta transversalidad se ve reflejada en el texto que ya está redactado. Así, por ejemplo, en el ámbito deportivo se obliga a respetar el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de manera que fuera inadmisible que cualquier competición deportiva celebrada en España no lo tuviera en cuenta. El proyecto de ley también guarda un apartado para los medios de comunicación. «Como ha advertido la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el conocimiento sobre la situación de las personas trans es generalmente insuficiente y son escasas las informaciones exactas e imparciales difundidas por los medios sobre este tema», puede leerse en el documento. Y añade que «esto genera mayores niveles de prejuicio y de hostilidad, que podrían ser evitados».

En un artículo de opinión publicado en El Salto, Daniela Ferrández repara en que, de hecho, «la aprobación inminente de una ley trans es peligrosa porque ha reactivado los discursos tránsfobos». «Y no precisamente de la mano de Santiago Abascal, sino de algunas feministas que considerábamos referentes», añade. Ferrández explica a La Marea que los discursos de odio hacia las personas trans «están ahí desde que la sociedad sabe que existen las personas trans». «Ahora somos más visibles y estamos rozando con el dedo los derechos que llevamos mucho tiempo pidiendo, así que hay sectores que se manifiestan a modo de reacción. Esta es más explícita cuanto más cerca estamos de conseguir derechos», termina.

El Partido Feminista Español, con Lidia Falcón a la cabeza e integrado en Izquierda Unida, ha sido uno de los actores que se han manifestado contra la inclusión de este punto en el programa del nuevo Gobierno. En diciembre escribieron una carta dirigida a Podemos para que reconsideraran la propuesta.