La investigación de la Audiencia Nacional por el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II afecta de lleno al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la "información tributaria completa" del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de "operaciones con terceros de actividades profesionales", según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo a los que ha tenido acceso eldiario.es.

Gallardón, el fiscal Moix y el pelotazo colombiano del Canal

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Estas solicitudes se enmarcan en la parte de la causa que investiga el posible desvío de fondos en la compra-venta de la sociedad colombiana Inassa, el primer paso de la expansión por Latinoamérica de la empresa pública Canal de Isabel II en 2001. Alberto Ruiz-Gallardón presidía entonces el Consejo de Gobierno que autorizó la adquisición y el método empleado para la misma, la creación previa de una sociedad en Panamá.

La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del "supuesto desvío de fondos públicos" abunda que se utilizara una sociedad radicada en un "paraíso fiscal", según el término utilizado por Anticorrupción.

La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación de la investigación, que arrancó el 19 de abril.

Uno de los indicios contra Gallardón había sido obtenido por la UCO el 11 de noviembre de 2016 en el despacho profesional de Ignacio González. Allí se habían dado cita el expresidente de la Comunidad, su antiguo compañero de partido Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. La conversación fue recogida por los micrófonos instalados por la Guardia Civil con autorización del juez.

En un momento de la charla, los interlocutores comienzan a hablar de Ruiz-Gallardón. Zaplana afirma que se lo encontró en un acto de FAES, que hablaron de un próximo viaje a México del exministro de Justicia y que éste, "sin cortarse", le dijo: "Tengo que recuperar el tiempo perdido y no salgo de América porque tengo que ganar mucho dinero". "Delante de cinco o seis personas", añade Zaplana, quien apostilla: "Como diciendo que está ganando una fortuna… O aflorando algo".

Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1 millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apuntan a irregularidades en este proceso.

El 28 de noviembre de 2016, a punto de cumplirse quince años del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la compra de Inassa, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez una resolución que interrumpiera el plazo de prescripción de los posibles delitos. Los destinatarios eran Ruiz-Gallardón y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y el de Canal Extensia e Inassa, así como "aquellas autoridades o funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, informaron o auditaron la operación sin reparo alguno". De este modo, Anticorrupción se reservaba la posibilidad de solicitar la imputación de Gallardón y otros miembros de su equipo de Gobierno cuando los tiempos de la instrucción lo aconsejen.

En otro escrito del 17 de abril, dos días antes de que explotara la Operación Lezo, los fiscales vuelven a aludir al presunto pelotazo con Inassa y señalan de nuevo a todos aquellos para los que ha pedido la diligencia de ordenación, además de a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, el expresidente de la firma en Colombia tras su adquisición por el Canal, en prisión provisional como el político. Yáñez y García Cerdá dicen en ese escrito que "la acción penal por estos hechos debe dirigirse contra" todos ellos, "sin perjuicio de la individualización que se realice en el curso de la instrucción judicial".

A continuación, los fiscales enumeran los delitos que aprecian en el pelotazo de Inassa: "Los hechos narrados indiciariamente son constitutivos de delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos cualificada, sin perjuicio de las falsedades documentales que pudieran tener relación con estos hechos y las actividades dirigidas a la ocultación y afloramiento de capitales".

"Le robaron 25 millones al Canal"

Cuatro meses antes de la conversación grabada en el despacho de González, los agentes de la UCO fotografiaron y captaron la charla entre el expresidente Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario colombiano José Manuel Daes Abuchaibe, conocido como Yuyo. El encuentro se celebró el 21 de julio de 2016 en el Hotel Villamagna de Madrid. Rodríguez Sobrino se ofrecía a colaborar con Yuyo en posibles inversiones de éste en Colombia, a pesar de que llevaba ya meses fuera de la empresa pública madrileña.

"¿Cuánto le entraba al Canal?", pregunta en un momento el empresario colombiano. Y Rodríguez Sobrino comienza sus explicaciones: "A Canal le han entrao, te digo la cifra total, a Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao" (…) "A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10".

En un informe del 10 de abril, la UCO se refiere a las gestiones realizadas por sus agentes, la información aportada por la Fiscalía y de sus unidades de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) para afirmar que "concurren una serie de indicios que apuntan a que en la ejecución y planificación de esta operación (la compraventa de Inassa) se pudieron producir ilícitos penales, así como un supuesto desvío de fondos públicos -calificado por Edmundo Rodríguez como un robo de 25 millones-, hechos que no podrían haberse llegado a ejecutar sin la aprobación del Acuerdo de Gobierno de la Comunidad de Madrid".

La Guardia Civil añade a continuación que ese acuerdo fue "suscrito por el entonces presidente de la Comunidad de Madrid y del Consejo de Gobierno de la CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, y el consejero de Economía y Hacienda, Juan Bravo". "Igualmente -continúa- hay que recordar que la solicitud partió de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida en aquellos momentos por Carlos Mayor Oreja, quien compatibilizaba este cargo con el de presidente del Canal de Isabel II".

"Pacto de silencio" entre González y Gallardón

Con esta información en su poder, la Fiscalía Anticorrupción firmó el escrito del mencionado antes, de fecha 17 de abril. En el mismo, los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman que "presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", quien se convirtió en presidente del Canal como número dos de Esperanza Aguirre y que habría repetido una operación similar a la de Inassa con otra firma brasileña en 2013. De hecho, los investigadores se interesan por el presunto pelotazo de Inassa a partir de la investigación de la compraventa de la sociedad brasileña.

Para señalar a Ruiz-Gallardón, Anticorrupción y la UCO se sirven de otro tramo de la conversación grabada el 11 de noviembre en el despacho de Ignacio González, en el barrio de Salamanca. Zaplana se extraña de que "Alberto" no hubiera vendido en su época el Canal a los "Buines" (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). "Claro, no se atrevía", afirma González. "Le faltaron cojones", se suma Zaplana. Y apostilla el expresidente de la Comunidad: "No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".

González añade: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar".

Las diligencias de investigación sobre la época de Gallardón que solicitó Anticorrupción motivaron el primer enfrentamiento entre el jefe, Manuel Moix, por una parte, y los fiscales del caso y sus compañeros, por otra. Moix se oponía a incluir en la causa de Lezo la investigación de Inassa por falta de conexidad con el resto de hechos de las pesquisas. También quería retirar la acusación por organización criminal contra los imputados.

Los fiscales Yáñez y Cerdá invocaron el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite reunir a la Junta de Fiscales para analizar la situación. La práctica totalidad de los miembros de Anticorrupción respaldaron a sus compañeros y Moix, que podía haber ignorado su posicionamiento, accedió a que se solicitara el registro vinculado a Inassa y el resto de diligencias.

Este medio ha intentado ponerse en contacto con Ruiz-Gallardón y los otros dos miembros de su Gobierno señalados en los informes para recabar su versión, Juan Bravo y Carlos Mayor Oreja, pero de los tres solo este último ha contestado."De toda la información que he recabado, lo único que puedo decir es que se ajusta a derecho", ha afirmado, y añade que él ya no era consejero de Medio Ambiente ni presidente de Canal cuando se materializó la compra. Abandonó esos puestos apenas unas semanas antes de que se firmase el acuerdo de Gobierno, ya con Pedro Calvo Poch al frente de la empresa pública.