La principal constructora de Perú, Graña y Montero (GyM), es investigada por la justicia de ese país por el pago de coimas para adjudicarse obras de infraestructura en sociedad con la brasileña Odebrecht. CAM Chile, la subsidiaria de GyM, ha firmado contratos en nuestro país por $11.500 millones con el sector público desde 2011. Cuando ya se conocían las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht, ganó dos importantes licitaciones: una en Maipú por $1.700 millones en un cuestionado concurso y otra, por $4.800 millones, con el Metro, precisamente uno de los rubros en que GyM pagó sobornos en Lima.

El 5 de diciembre pasado la justicia peruana ordenó la captura de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, investigados por pagar millonarias coimas en sociedad con la multinacional brasileña Odebrecht. Ese mismo día entraron a la cárcel. Apenas unas semanas antes, una empresa controlada por los Graña se había adjudicado una licitación por $1.700 millones para reponer luminarias en Maipú, en un concurso que ha levantado sospechas entre sus competidores. En agosto pasado, la misma compañía controlada por los empresarios peruanos firmó un contrato con el Metro de Santiago por $4.800 millones, para el mantenimiento del alumbrado de la red durante cuatro años.

José Graña fue presidente de Graña y Montero (GyM), la constructora más grande de Perú. Hernando Graña, integraba su directorio. Ambos renunciaron a sus cargos en febrero de 2017, cuando ya se investigaban en Perú los sobornos pagados por Odebrecht, actuando en consorcio con GyM, a autoridades y mandos medios para adjudicarse dos mega obras de infraestructura: un par de tramos de la carretera interoceánica (que une la costa peruana con Brasil) y la construcción de la Línea 1 del metro de Lima.

La justicia peruana investiga a los Graña por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en complicidad con Odebrecht, la compañía protagonista del que ha sido llamado “el mayor caso de soborno internacional de la historia”. A pesar de estos antecedentes, poco más de un mes antes del encarcelamiento de los dueños de GyM, la empresa subsidiaria que estos controlan en nuestro país, CAM Chile, se adjudicó en Maipú la licitación de $1.700 millones para la reposición parcial de las luminarias públicas del casco antiguo de esa comuna. El contrato ha levantado sospechas. No solo por el historial de corrupción de sus controladores en Perú, sino que por dos cambios de última hora en el proceso de compra que parecieron ser adoptados por la municipalidad para beneficio de CAM, según señalaron a CIPER otros oferentes.

La primera modificación ocurrió cuando ya habían sido publicadas las bases del concurso: se cambió el tipo y modo de encendido de las luminarias, lo que dejó fuera de competencia a gran parte de los proveedores. Luego, cuando ya se habían asignado los puntajes finales y CAM había perdido la licitación, se reevaluaron los certificados de garantía del proveedor de sus luminarias, lo que aumentó su nota, factor que le permitió adjudicarse el contrato.

Graña y Montero opera en nuestro país a través de CAM Chile desde febrero de 2011. Para entonces, la empresa peruana ya llevaba por lo menos tres años asociada a Odebrecht. En estos siete años, la subsidiaria de la constructora investigada en Perú, ha firmado contratos con el Estado chileno por más de $11.500 millones.

Entre los contratos que le han permitido obtener recursos públicos chilenos, el más grande es precisamente en el sector que tiene a los Graña bajo el microscopio de los fiscales peruanos: el Metro. En agosto del año pasado, CAM Chile se adjudicó el “servicio de mantenimiento de sistemas de alumbrado y fuerza en baja tensión” para toda la red del Metro de Santiago. Con una duración de 48 meses, el negocio le significará a la empresa ingresos por US$7,6 millones (unos $4.800 millones al cambio actual).

Además del contrato con el Metro de Santiago, según la información recogida por CIPER en la plataforma de Mercado Público, desde que CAM Chile actúa como subsidiaria de GyM se ha adjudicado, al menos, otras 15 licitaciones con el Estado por un total de $6.700 millones. Entre sus ventas más importantes, además de la de Maipú, está un contrato para reponer el alumbrado público de Antofagasta, por $1.800 millones, en octubre de 2011.

La propiedad de CAM Chile se divide entre tres sociedades. Desde las oficinas de GyM en Lima informaron a CIPER que esa compañía es dueña de un 73,16% de la subsidiaria. El resto se reparte entre Inversiones y Asesorías Samburu SpA –propietaria de un 2,45% y controlada por Klaus Winkler, vicepresidente ejecutivo de CAM– y El Cóndor Combustibles, con un 24,39% y perteneciente al grupo Santa Cruz.

Hay otro antecedente sobre irregularidades cometidas en Perú por una de las empresas relacionadas con CAM. El Cóndor Combustibles tiene también participación en Lipigas. Su filial peruana, Limagas, fue multada el 22 de diciembre con US$2 millones por concertarse con otras dos compañías para subir el precio del balón de gas por lo menos entre 2005 y 2011. Lipigas se defendió argumentando que compraron Limagas en 2013 pero, según un artículo del diario peruano El Comercio, Limagas ya entonces era controlada por un consorcio de empresas chilenas: “Entre las que figuran El Cóndor Combustibles, Inversiones Baracaldo y San Javier Combustibles”.

LUMINARIAS EN MAIPÚ

En 2017, CAM Chile consiguió dos grandes negocios: el contrato firmado en agosto con el Metro de Santiago y la licitación de las luminarias en Maipú.

El 15 de mayo del año pasado se publicaron las bases del concurso público en Maipú. Dos semanas después, el municipio hizo una modificación que causó suspicacias entre los oferentes, pues, en la práctica, significó una barrera para muchos de ellos: especificó, entre otros puntos, que el “encendido es individual por lámpara y no centralizado por circuitos” y que “la base de fotocelda será para 7 pines” (ver documento). Este cambio, que en concreto significa que el encendido de las luminarias puede manejarse a distancia, fue el que levantó sospechas entre los demás proveedores.

Representantes de algunas de las firmas que entraron en la competencia indicaron a CIPER que la nueva exigencia era “muy específica” y difícil de conseguir en Chile a tiempo. Un ejecutivo de una de las compañías, quien pidió la reserva de su identidad, dijo que fue“como si buscaran algún punto para dejar fuera a la mayoría de las empresas”. De hecho, de las 11 propuestas que llegaron inicialmente, cinco no pudieron cumplir con ese requerimiento (entre ellas una segunda oferta presentada por CAM). Otra quedó fuera por no adjuntar un certificado bancario.

Uno de los oferentes incluso elevó un reclamo ante el Tribunal de Contratación Pública. El 21 de julio, CITELUM Chile pidió la suspensión del proceso, alegando que había sido excluida de manera injusta precisamente por la modificación del tipo de luminaria. En su impugnación, CITELUM indicó que su eliminación se debió a que la Comisión Evaluadora consideró que no cumplía con la exigencia de una base de fotocelda de 7 pines, pero a su juicio la muestra que presentó se ajustaba “cabalmente con lo solicitado en las especificaciones técnicas y aclaraciones de la licitación” (vea aquí el reclamo).

El 27 de septiembre, CITELUM desistió de la acción legal porque, según aseguraron ejecutivos de la empresa a CIPER, “preferimos no seguir peleando”.

A fines de julio, cuando las ofertas ya habían sido evaluadas y los puntajes asignados, CAM Chile perdió la licitación. Su nota final era 6,4 y la superaba ENEL, con un 6,6. Entonces le llegó un salvavidas: el 28 de julio la comisión evaluadora acogió un cambio solicitado por CAM y reestudió los documentos que acreditaban que sus luminarias estaban garantizadas por más de diez años: “Se comprueba que la empresa presenta un certificado de proveedor cuya garantía supera los diez años de vida útil” (ver documento). Con esto, la nota de la subsidiaria de GyM pasó de 6,4 a 7, quedándose con el contrato por los próximos cuatro años con Maipú.

CIPER se comunicó con CAM Chile para solicitar detalles de su participación en el concurso de Maipú. Carlos Abarca, gerente regional de la División de Servicios Eléctricos de la empresa, explicó que la licitación se desarrolló normalmente y que las condiciones de competencia le parecieron “razonables”. Desde CAM Chile también se facilitó la comunicación entre CIPER y GyM en Perú.

Si bien un decreto del intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), enviado a la alcaldesa Cathy Barriga el 20 de octubre –aprobando la adjudicación a CAM– solicita “hacer llegar a la brevedad” una copia del contrato (ver documento), eso aún no ocurre.

Hasta la publicación de este reportaje, la copia del contrato no se encontraba disponible ni en Mercado Público ni en el sitio web de la Municipalidad de Maipú.

CIPER visitó, llamó y escribió al municipio –siete correos electrónicos entre el 9 y el 15 de enero– para conseguir la versión de sus autoridades sobre este proceso, pero la respuesta nunca llegó.

NEGOCIOS CON EL METRO DE SANTIAGO

En la web de Metro S.A. hay un apartado donde se detallan las licitaciones de esa empresa pública. Ahí aparece el concurso para proveer el mantenimiento del alumbrado de la red del tren subterráneo. Pero no hay información que indique que esa licitación se adjudicó a CAM Chile. Metro no publica en su web las propuestas de los oferentes a sus licitaciones, ni informes de evaluación que permitan revisar el proceso.

Como esta licitación tampoco está registrada en los archivos de ChileCompra, la única referencia pública que permite conectar a CAM Chile con este contrato es unaconstancia que quedó en el sitio de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú. En un hecho esencial del 22 de agosto del año pasado, que CIPER revisó, GyM indicó: “Nuestra subsidiaria CAM Chile S.A. ha sido adjudicada por la Red de Metro S.A. para el servicio de mantenimiento de sistemas de alumbrado y fuerza en baja tensión para toda la red del Metro de Santiago de Chile”.

Según el mismo documento, “la compañía CAM Chile, perteneciente al Grupo Graña y Montero”, firmó un “importante contrato (que) comprende, entre otros servicios, el mantenimiento preventivo, correctivo, los servicios de conservación y la atención de averías de las 109 estaciones que conforman la red del Metro de Santiago, por un periodo de 48 meses” (vea el texto del hecho esencial).

CIPER consultó a Metro por este contrato. Un vocero de la empresa indicó, por correo electrónico, que el proceso se hizo “mediante licitación pública, a través del portal de licitaciones de la página web de Metro, y publicado también mediante aviso en el diario El Mercurio”. Agregó que compitieron “seis oferentes, entre los cuales fue adjudicado a la empresa CAM Chile S.A. por cumplir con los requerimientos técnicos y presentar la mejor oferta económica para la empresa”, pero no entregó detalles. El correo indica también que no hubo quejas por el proceso.

Representantes de dos de los oferentes que participaron en el concurso de Metro, consultados por CIPER, comentaron que no advirtieron irregularidades.

Un mes antes de que el Metro adjudicara la licitación a CAM Chile, ya se habían conocido los antecedentes que vinculaban a los controladores de ese empresa con el escándalo Odebrecht. La primera campanada la dio la revista brasileña Piauí en su edición de julio –disponible en portugués y en español en su versión digital–, cuando publicó un reportaje que acreditaba los nexos de Odebrecht con empresas peruanas y cómo estas sobornaron a distintas autoridades de ese país. Poco después, el 6 de julio, el diario peruano La República apuntó directo a los dueños de GyM: “Graña y Montero habría cedido ganancias a Odebrecht para pago de sobornos”.

El artículo de La República detalla: “La mayor constructora del Perú optó por renunciar a una parte de sus ganancias por la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima por ‘riesgos adicionales’ que tomó Odebrecht”. Esta cesión de utilidades por los supuestos “riesgos adicionales” que corrió Odebrechet, sería el dinero con el que se pagaron las coimas, según la acusación de los fiscales peruanos.

PROBLEMAS EN PERÚ

Cuando Odebrecht se instaló en Perú no solo llevó consigo servicios y obras. También instaló una forma de “hacer negocios”. Una de las más importantes investigaciones sobre los sobornos pagados por Odebrecht, es la que lleva el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esa indagatoria ha declarado Jorge Barata, quien era director ejecutivo de Odebrecht (2011-2016), lo que ha permitido establecer que entre 2003 y 2014la empresa brasileña pagó US$788 millones en coimas a presidentes y funcionarios de alto rango de 11 países de Latinoamérica y África.

La investigación estadounidense determinó que durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), se repartieron al menos US$29 millones en coimas. Según el reportaje de Piauí ya citado, un informe de la “Comisión Lava Jato”, creada por el congreso peruano para investigar los alcances de la corrupción, mencionó “un soborno de US$20 millones a cambio de la victoria en la licitación de un proyecto de infraestructura en 2005”. La revista interpretó que solo podía tratarse de la autopista Interoceánica, que se licitó por una cifra inicial de US$814 millones, pero que finalmente tuvo un costo real de US$2 mil millones.

Según la misma versión de Piauí, el informe de la Comisión Lava Jato también levantó sospechas sobre otra importante contratación pública, ya que “mencionaba un soborno de US$1,4 millón en 2009 por la victoria en otra licitación en el área de transportes”. La revista relacionó este antecedente con la construcción del metro de Lima, adjudicado por US$410 millones y con costo final de US$520 millones.

Para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, Graña y Montero constituyó junto a la filial peruana de Odebrecht, el “Consorcio Tren Eléctrico Lima”. El 23 de diciembre de 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, el consorcio firmó el contrato. En el “Acuerdo de Distribución de Resultados” firmado por GyM y Odebrecht el 29 de febrero de 2012 y publicado por La República, las empresas indican: “La Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú ha asumido riesgos adicionales a los que correspondían por su participación en el Consorcio, en la ejecución de las Obras de Construcción encargadas al Consorcio“. Por estos “riesgos adicionales” GyM habría cedido una parte de sus utilidades para financiar las coimas pagadas por Odebrecht.

EL ATERRIZAJE EN CHILE

“Hemos venido para quedarnos”, dijo Mario Alvarado Pflucker, el entonces gerente general corporativo de Graña y Montero poco después de aterrizar en Chile, en enero de 2011. Alvarado venía, según publicó El Mercurio, a concretar el primer gran negocio de GyM en nuestro país: la compra de la Compañía Americana de Multiservicios (CAM), filial del grupo Enersis, por la que pagó US$20 millones ($9.480 millones al cambio de la época) y que pasó a llamarse CAM Chile S.A.

Antes, la constructora había preparado el terreno para instalarse en Chile: el 5 de enero de 2011 la empresa peruana Graña y Montero constituyó en nuestro país la sociedad CAM Holding SpA. A través de esta última, se hizo del control de CAM junto a otra filial del mismo consorcio: Inversiones y Construcción GYM Limitada, la que había sido creada en 2003 y que en 2010 dio origen a GYM Minería S.A.

Desde entonces, el grupo ha crecido considerablemente: ha constituido una decena de empresas de variados rubros, como constructoras, sociedades de inversión y asesorías, y de telecomunicaciones.

Entre los clientes que ha tenido CAM Chile en el sector público, figuran el Ejército, que le compró materiales para la mantención y reparación de inmuebles en 2011; la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que requirió la provisión y montaje de equipos de fiscalización; la Universidad del Bío Bío, por un servicio de calibración de equipos en septiembre de 2017, y varios municipios: Padre Hurtado, Cartagena, Antofagasta, San Bernardo, Calera de Tango, La Cisterna, Lo Barnechea, La Pintana y Maipú. El resto de las empresas relacionadas con Graña y Montero no registra ventas en Mercado Público.