La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha decidido este jueves extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por rebelión; por lo que podría enfrentarse a una condena de un máximo de 12 años mientras que el resto de políticos procesados por rebelión se enfrentan a más de 30.

La Fiscalía de este Land ha informado de que no puede recurrir la decisión de la Audiencia Territorial y recuerda que en su último escrito pidió la extradición del líder soberanista por ambos delitos. En las próximas horas informará sobre cómo y cuándo se llevará a cabo la extradición; aunque será el magistrado del Tribunal Supremo Llarena el que debe decidir si la acepta o no, ya que él había solicitado la extradición por rebelión o sedición.

Fuentes de su entorno confirman que el 'expresident' está "tranquilo" y "animado" y que a lo largo del día enviará un comunicado en el que pedirá la "inmediata" puesta en libertad de todos los políticos del 'procés'. Antes, ha publicado un mensaje en Twitter en el que afirma que han "derrotado la principal mentira sostenida por el Estado" y que "cada minuto que nuestros compañeros pasan en prisión es un minuto de injusticia y vergüenza". "Lucharemos hasta el final y ganaremos", añade.

No fue "líder espiritual" de la violencia del 1-O

El comunicado, además, descarta que Puigdemont ingrese de nuevo en prisión preventiva como pedía la Fiscalía alemana, alegando que en todo momento el diputado de JxCAT ha cumplido con sus obligaciones: pagar los 75.000 euros de fianza y no abandonar territorio alemán. Añade, además, que la imputación por rebelión es "inadmisible" porque no se produjo el grado de violencia "suficiente" para dictaminar que se produjo dicho delito y no hay equivalencia con el delito de alta traición que recoge el Código Penal alemán. Tampoco admite el delito de perturbación del orden público que planteó la Justicia española como alternativa, alegando que él no era el "líder espiritual" de los actos de violencia que ocurrieron el 1-O.

"El referéndum del 1 de octubre de 2017 en sí mismo no provocó este nivel de violencia, por la misma razón que no había sido capaz de conducir directamente a la separación de España y, según la voluntad de Puigdemont, solo pretendía ser el preludio de futuras negociaciones. Los violentos enfrentamientos entre quienes estaban dispuestos a votar y la Guardia Civil o la Policía Nacional, en particular frente a varios colegios electorales, no habrían alcanzado un grado que hubiera amenazado gravemente el orden constitucional español", remarca la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en el comunicado.

En el escrito, el tribunal de Schleswig-Holstein confirma que Puigdemont tuvo una "corresponsabilidad" en la decisiones que hicieron que el referéndum del 1 de octubre repercutiera en las arcas públicas de la Generalitat, algo que, insiste, debe demostrarse y juzgarse en España. "Como presidente regional, Puigdemont podía ver fácilmente que la celebración de un referéndum costaría dinero. Incluso la amenaza a los activos que suponen las obligaciones contraídas es, según el código alemán, un peligro suficiente", afirma el texto.

El TS pidió entregar a Puigdemont por sedición

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidió el pasado mes de mayo a la Justicia de Alemania entregar a Puigdemont por un delito de sedición y no por rebelión, alegando que "estamos convencidos de que los hechos que se relatan en el auto de procesamiento (y en la eurooden) son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania". Según informaron a El Confidencial fuentes jurídicas, el magistrado español destacó ante sus compañeros alemanes que no es necesario que entraran a valorar el componente de violencia que sería necesario para el tipo delictivo de la rebelión, ya que los hechos por los que se reclama la entrega pueden encajar también en otros ilícitos.

El 25 de marzo, Puigdemont fue detenido poco después de entrar en territorio alemán por Dinamarca. Ingresó en la prisión de Neumünster, donde pasó 12 días tras quedar en libertad condicional al pagar una fianza de 75.000 euros. Precisamente fue la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein la que descartó el pasado 5 de abril extraditar a Puigdemont por un delito rebelión, dejándole en libertad bajo fianza y prohibiéndole salir de Alemania mientras estudiaba la entrega por malversación, algo que ha confirmado tres meses después.

Según explicó el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal consideró que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible" por no cumplirse el requisito de la violencia, pero creía que sí podía ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición ha seguido adelante desde entonces. Además, la Audiencia no observó que Puigdemont corriera riesgo de persecución política: "Con la malversación de fondos públicos, al perseguido se le acusa de un acto concreto castigado también por la legislación alemana, no por sus ideas políticas".

Carles Puigdemont, a su salida de la prisión de Neumünster el pasado 6 de abril. (EFE)

Sus consejeros, 30 años de cárcel y él... 12

Si Llarena decide aceptar la extradición de Puigdemont por malversación, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses: ver a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a una pena máxima de 12 años, mientras a su lado los que fueron su vicepresidente, Oriol Junqueras, y sus exconsejeros podrían ser condenados a más de 30 años de cárcel al acumular los delitos de rebelión y malversación.

Si el magistrado diera su visto bueno a la entrega del expresidente, las autoridades alemanas pondrían a Puigdemont a disposición del alto tribunal, donde podría someterse a una 'vistilla' en la que lo más probable es que las acusaciones, ya sea el Ministerio Público o VOX, pedirían su ingreso en prisión provisional, ya que, tras ocho meses y medio huido, el riesgo de fuga del expresidente catalán es más que evidente.

Además, al estar acusado únicamente por malversación, podría recuperar su escaño en el Parlament. El expresidente catalán no podría ser suspendido de cargo público, ya que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que suspende a los cargos públicos contra los que se haya dictado prisión provisional y que estén procesados por terrorismo o rebelión.

Quim Torra: "¡Qué gran noticia!"

Las reacciones de los principales dirigentes soberanistas no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse ha sido el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, que esta mañana ha acudido a la prisión de Lledoners (Barcelona) para visitar a los políticos presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, que llegaron ayer desde Madrid. "Una gran noticia. Muy contento por el presidente Puigdemont y porque se demuestran una vez más los engaños y las mentiras de una causa judicial que nunca se debería haber iniciado. Será en Europa donde ganaremos", ha escrito en Twitter.