PETORCA, EL KILÓMETRO CERO

Verónica Vilches Olivares no cree que su pueblo, San José de Cabildo, se haya secado solo por el cambio climático. Cuando abre la llave de paso del sistema de Agua Potable Rural (APR), en su mano, con el chorro de agua, cae un puñado de arena.

—¿Ven cómo viene el agua? Por esto no podemos relajarnos ni un momento—, explica la pequeña agricultora de 48 años.

Verónica también es dirigenta de la agrupación que vela por la calidad del agua que abastece a las mil personas que viven cerro arriba en las 172 casas que integran San José, en la provincia de Petorca (Región de Valparaíso). Todos los días abre esa llave de paso azul para revisar el recurso que llega por un conducto desde el APR de Los Molinos, una localidad a poco menos de cuatro kilómetros al noreste.

Con una llave inglesa echa a andar el sistema de filtros y motores del engranaje. Debe asegurarse de que agua limpia y potable llegue a todo el pueblo, para que nadie se enferme.

Antes, mucho antes, en San José de Cabildo los lugareños se bañaban en el canal de La Ligua, en cuya orilla había un sauce que daba sombra. Ahora, el agua es retenida en los cerros por los paltos de las agrícolas que han proliferado en los últimos treinta años, o por pozos ilegales. Por eso, Verónica no cree que su pueblo se haya secado solo por el cambio climático.

Acusa el abuso de la tierra y del agua por parte de algunos empresarios de la zona. Y su reclamo tiene asidero. Solo este año, la Dirección General de Aguas (DGA) ha fiscalizado once puntos de captación ilegal en Petorca, La Ligua y Cabildo. Una de esas fiscalizaciones terminó con una multa de 144,7 millones de pesos contra Agrícola Viento Norte Limitada, cursada en tres resoluciones (N° 784, 786 y 788, del 3 de mayo de 2019).

Agrícola Viento Norte no es cualquier empresa. Su representante legal es Francisco Ignacio Servando Álamos Jordán. Secretario, paradójicamente, de una de las comunidades de aguas subterráneas (Casub) de La Ligua y Cabildo, organizaciones que deben gestionar su uso. Además, Álamos Jordán es cuñado del senador UDI Juan Antonio Coloma Correa, y tío del diputado del mismo partido, Juan Antonio Coloma Álamos.

Los documentos explican que la empresa había instalado una bomba eléctrica a trece metros de profundidad, con la que extrajo ilegalmente un «mayor caudal al autorizado» por la DGA. La bomba debía estar a esa profundidad porque el río Petorca, superficialmente, ya no existe. Se secó. La resolución N° 784 de la DGA de Valparaíso lo explicita: «La afectación recae en aguas de naturaleza subterránea ya que el curso del río Petorca no presenta escorrentías superficiales al momento de la inspección».

Lo que abulta el monto que debe pagar la empresa es un recargo de un 75% de la multa por una razón clave: «Se debe recordar que el sector en donde se produce la extracción de aguas, corresponde a un área de restricción, así como también mantiene la declaratoria de zona de escasez».

Un 9% de la población del país —1.726.319 personas, exactamente— depende del sistema de Agua Potable Rural para hacer las actividades más básicas: tomar agua, ducharse en la mañana, lavar los platos, cocinar, tirar la cadena. Las cañerías de sus casas se alimentan a través de 1.876 APR, cuyas directivas gestionan el mecanismo estrictamente, y administran, en consecuencia, cuentas de agua y distribución de los litros por segundo (l/s) recibidos por cada familia. «Arranques», les llaman. Una casa es un arranque.

En Petorca, por lo menos siete mil personas (8,9% de la población) se abastecen por APR como Hierro Viejo, Pedegua, Artificio, Chañaco, Peña Blanco, Montegrande, San Lorenzo, La Viña y La Vega. Otro 20% de los habitantes de Petorca subsiste gracias a la cuestionada solución estatal de los camiones aljibes. Camiones que acarrean y entregan el agua. No todos los beneficiados por los camiones aprueban esta medida. Aunque el servicio es gratis, nadie asegura la potabilidad del agua que va dentro de los estanques. Que no venga contaminada. Cuando en San José de Cabildo recibían el agua de los aljibes, comprobaron en una ocasión que venía con óxido, y en otra —cuentan las dirigentes— contenía coliformes fecales.

El polvo en suspensión del relave de la minera de oro El Bronce, que está frente a la Comunidad El Bronce de Petorca, es otra amenaza.

La tierra de Cabildo está agrietada y una que otra maleza emerge sin vigor en el camino llamado Oro Verde, nombrado así en honor a la palta, el fruto del conflicto, al costado de la carretera E35. La Región de Valparaíso concentra el 65% de las plantaciones de paltos del país, ocupando casi veinte mil hectáreas que, en su mayoría, están en Petorca y Quillota. Cada habitante recibe cincuenta litros de agua al día. Doscientos litros, cada tres días, son consumidos por un árbol de paltas. Es decir, un palto, en promedio, consume más agua que una persona en Petorca (66,6 litros de agua/árbol/día).

En el pasado se plantaban en una distancia de seis por tres metros, lo que permite cerca de quinientos cincuenta árboles por hectárea. Pero hoy en el sector productivo, en una hectárea se plantan en 2,5 por 1,25 metros, lo que permite hasta tres mil doscientos árboles por hectárea.

Los cerros de oro verde de Petorca, La Ligua y Cabildo son el rostro de la agricultura moderna versus la agricultura campesina. Y en esa colisión, la Comisión Nacional de Riego (CNR, que depende del Ministerio de Agricultura) juega un rol clave, entregando un importante apoyo económico a las clasificadas como «grandes empresas».

El 5 de septiembre de 2019, el actual ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto, escribió a través de su Twitter personal: «Quiero felicitar a todo el equipo de CNR Chile (Comisión Nacional de Riego) en sus 44 años al servicio de nuestra gran agricultura chilena. Su labor es fundamental para nuestro campo y para enfrentar la sequía».

Probablemente el espaldarazo a esta institución no se debe solo a su relación como autoridad en el ministerio del rubro, sino que también a su calidad de empresario agricultor. El ministro Walker es dueño de Asesorías e Inversiones Antonio Walker Prieto E.I.R.L, a través de la cual participa, junto a su familia, en Agropecuaria Walker Prieto (Wapri).

Según su declaración de patrimonio, a abril de 2019 el valor de sus acciones en la E.I.R.L supera los 1.530 millones de pesos. Esta firma, que fue dividida en el tiempo, ha recibido ocho aportes en las últimas décadas por un total de 181 millones de pesos, ubicándose entre las veinte con mayores recursos de la CNR. El objetivo de estos subsidios es aumentar las superficies de riego y mejorar las áreas de riego deficitario.

Pero, además, el ministro tiene otras sociedades que han recibido aportes de la CNR. Así, aparece Asesorías e Inversiones W y L, que figura en su declaración y la valoriza en 528 millones de pesos.

El 8 de marzo de 2018, antes de asumir como ministro, Walker modificó la sociedad junto a su mujer, Andrea Lecaros Vergara, dejándola a ella como administradora, aunque sin cambiar la propiedad. Esta sociedad también recibió aportes de la CNR en 2000 y 2009.

En 2005, además, constituyó a través de W y L la sociedad Agrícola Matriz Limitada junto a Rodrigo Balbontín Vicuña. En febrero de 2006, W y L se retira de la sociedad, y cede su participación a la mujer de Walker Prieto. Agrícola Matriz recibió tres aportes de la CNR, en 2009, 2011 y 2014, por un total de 54,6 millones de pesos. Finalmente, en 2007 crea junto al hermano de Andrés Allamand, Miguel, Frutícola Porvenir S.A. Dicha firma recibió 39 millones de pesos en 2009 de la Comisión Nacional de Riego. La misma que fue felicitada en su tuit.

En el listado de sus beneficiados abundan exitosos empresarios y sus familias, que diversifican y dosifican las sociedades. La familia de Manuel Bulnes Muzard, exgerente general de Larraín Vial Corredores de Bolsa —la mayor corredora del país—, es la que más se repite en los subsidios entregados por el Estado en el negocio de los paltos.

También aparecen en la nómina Agrícola Bucalemu y Sociedad Exportadora Agrícola SpA, que tienen como representante legal a Felipe de la Carrera del Río. Ambas están ligadas a compañías estadounidenses creadas al alero de la Universidad de Harvard. Ambas, también, están vinculadas a empresas investigadas por tala ilegal de bosques en Chiloé, según un reportaje del Centro de Investigación Periodística (CIPER). Sus accionistas son Clag SpA y Phemus. Clag ha hecho varios cambios en el capital de Agrícola Bucalemu: en 2017 lo aumentó, de tres millones de pesos a casi tres mil millones de pesos, a través de la capitalización de un crédito que Clag debía cobrarle. En 2018 el capital aumentó de nuevo: pasó de 7.633 millones de pesos a más de veinte mil millones de pesos.

Otra de las seis grandes empresas apoyadas por la CNR es Enrique Manzur y Compañía Limitada. Gonzalo Manzur Maturana (hijo del empresario Enrique Jorge Manzur Manzur) es accionista de Agrícola El Encon, que se dedica también al cultivo de uva de mesa en Panquehue. Enrique Manzur y Compañía Limitada llama particularmente la atención. Su dueño fue procesado por el caso de red de prostitución infantil en que estaba implicado Guido Vallejos, creador de Barrabases, en 2012.

En Petorca, el extenso y prolífico cultivo de paltas alimentado con recursos públicos contrasta con los suelos infértiles y el árido camino de tierra que antes fue el río La Ligua.

«Las plantaciones de los paltos se realizan mediante camellones (montículos) de forma continua y dispuestos en el sentido de la pendiente, sustituyendo vegetación nativa, generando una disminución en la infiltración del agua en el suelo y el aumento del agua que escurre de manera superficial, promoviendo procesos de erosión hídrica», afirma el artículo Las sombras del poder agroexportador del palto en Chile, publicado en el Atlas del Agronegocio, de 2018.

Los empresarios Alfonso Ríos Larraín (hoy del Partido Republicano de José Antonio Kast); Osvaldo Junemann Gazmuri, cuñado de otro empresario de la zona y exministro democratacristiano, Edmundo Pérez Yoma; el diputado Eduardo Cerda Lecaros (del mismo partido); y Francisco Contardo Sfeir, gerente general de Comité de Paltas Hass, son algunos de los nombres de ese poder en las sombras.

Algunos incluso organizaron una comitiva para ir, en 2018, a Europa. La misión: defenderse de las críticas sobre las evidentes consecuencias del negocio de las paltas en el agua y en el suelo, que en un 70% son exportadas a Estados Unidos y Europa. En mayo de ese año el medio inglés The Guardian publicó un artículo que denunciaba que los productores chilenos de palta habían sido acusados de instalar tuberías ilegales para robar agua, acelerar la sequía regional y amenazar a grupos ambientalistas y civiles que los cuestionan.

Las críticas rápidamente se extendieron. La misma publicación señalaba que el Consorcio del Retail Británico (que agrupa a las mayores cadenas de supermercados del país) ya estaba al tanto de la situación, y que iniciaría una investigación. Solo en 2016, más de diecisiete mil toneladas de palta fueron exportadas al Reino Unido. Según el medio, el 67% de estas son cultivadas en la Región de Valparaíso.

Durante la visita, dieron una entrevista a la revista inglesa de agricultura Fresh Produce Journal. «Estamos acá por el injusto retrato que se está haciendo de nuestro negocio», dijo Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex). Alfonso Ríos (presidente de Agropetorca) argumentó que las tuberías ilegales fueron «cerradas hace mucho tiempo, y que Chile está llena de ellas». Luis Oyanedel, productor de paltas de la zona, le bajó el perfil a la situación diciendo que «lo que realmente está sucediendo en Petorca es que ha sido una de las zonas más afectadas por la sequía en el país, y donde hemos dado prioridad al agua potable para los habitantes locales». Francisco Contardo, gerente general del Comité de Palta Hass de Chile, agregó: «No se ocupan mil litros para un kilo de paltas, sino 389».

Pero el apoyo al negocio agropecuario, que ocupa el 85% de los derechos de aguas consuntivos del país (aquellos donde las aguas no deben devolverse al cauce), viene asegurado desde las más altas esferas políticas. Esto porque es entendido como un ingreso robusto de dinero al país: el PIB Integrado que aporta este rubro se acerca al 11%.

Al asumir como ministro de Agricultura en el verano de 2018, Antonio Walker Prieto, conocido empresario con una trayectoria de más de tres décadas en el rubro de la producción y exportación de frutas, anunció con orgullo: «Tenemos un poder económico que antes no teníamos. Exportamos 16.500 millones de dólares, tenemos una cobertura territorial de Arica a Punta Arenas. Estimamos que el 2025 vamos a estar exportando cerca de los 25 mil millones de dólares en la industria silvoagropecuaria».

Un año y medio después, el ministro apoyó un inserto publicado en dieciocho medios de comunicación del país, que exigía a los parlamentarios no aprobar la iniciativa de ponerle fecha de caducidad a los derechos perpetuos sobre el recurso en el Código de Aguas.

Titulada como «Alerta», la carta advertía que «la reforma al Código de Aguas amenaza la certeza jurídica y el bienestar de la sociedad y las personas», porque «afecta uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo país: el derecho de propiedad». La publicación fue articulada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, y firmada por las seis ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (Cámara Nacional de Comercio, Cámara de la Construcción, Asociación de Bancos, Sociedad Nacional de Minería y Sociedad de Fomento Fabril, más la SNA). Ante las críticas al gremio, el ministro Walker argumentó: «El inserto es una manifestación razonable hacia el mundo agrícola que dice relación con no afectar la certeza jurídica, cosa en la que el gobierno y el Ministerio de Agricultura están muy de acuerdo».

Pero hay una balanza que equilibrar. Chile es el primer país exportador de frutas del Cono Sur y el tercero de paltas, después de México y Perú. Es una de las razones por las que se tiene un 70% menos de caudal en los ríos en Coquimbo y Valparaíso, y ha bajado las correntías de los acuíferos a lo largo de todo el país. Esto ha cambiado hasta el paisaje. En la Región de Valparaíso, por ejemplo, su anterior panorama de zonas crianceras, de ganado y caprinas, y de plantaciones de hortalizas y papas fue reemplazado, en los años noventa, por paltos y cítricos.

En treinta años, la estructura productiva agrícola de la región y de la provincia de Petorca tuvo variaciones significativas, especialmente por la disminución en cuarenta mil hectáreas de la superficie de cultivos anuales de trigo, cebada, avena, maíz, poroto, garbanzo, lenteja, arveja y papa; al tiempo que crecía la superficie de frutales, también lo hacía el área de los paltos.

El siguiente cuadro presenta la variación de los principales grupos de cultivos en la Región de Valparaíso y su Provincia de Petorca de acuerdo a los censos agropecuarios, en 1976 y 2007. No existe otro censo de estas características después de 2007.

Las cifras se ven plasmadas en los campos, y los agricultores más beneficiados por el Estado son también los más productivos. También ocurre que son, en muchos casos, de propiedad de importantes familias de la zona. De los 170 proyectos ganados por agricultores (pequeños, medianos y grandes), Manuel Bulnes Muzard se repite como un axioma en las casillas del Excel. Bulnes Muzard es hijo del abogado Manuel Bulnes Cerda, nieto del ministro de Defensa del presidente Gabriel González Videla, Manuel Bulnes Sanfuentes, y descendiente directo de los presidentes Manuel Bulnes Prieto y Juan Luis Sanfuentes.

Bulnes Muzard también es sobrino directo de Juan Bulnes Cerda, hermano de su padre, condenado a diez años por el asesinato del general René Schneider Chereau en 1970, por un grupo de ultraderecha. Por este motivo, Juan Bulnes fue escondido en la Parroquia de El Bosque por el exsacerdote Fernando Karadima Fariña.

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