Iris Salaberry, quien intentó evitar que el titular de la Subdere fuera infraccionado luego de pasarse tres luces rojas, insultar al fiscalizador municipal y huir, fue denunciada por dos mujeres emprendedoras a fines de 2016, cuando fungía como Jefa de Fomento de la Municipalidad de Ñuñoa. Por lo anterior renunció a su puesto, luego de 17 años como funcionaria de planta. El 6 de enero de 2017 se ordenó un sumario administrativo por hechos de corrupción a cargo de un abogado interno. Durante 2018, el alcalde Andrés Zarhi (ind. ex RN) formuló -en dos oportunidades- observaciones a la “vista fiscal” del caso, lo que permitió que el proceso se extendiera de forma innecesaria. En enero de 2019, Zarhi recontrató a Iris Salaberry con la indagatoria administrativa aún abierta por 1 millón 300 mil pesos mensuales para “estudiar y diagnosticar los (...) lugares que posibilitan la instalación de parquímetros”. Un mes más tarde, el jefe comunal le subió el sueldo a 1 millón 430 mil pesos sin explicación alguna. El 28 de agosto pasado, en tanto, el alcalde devolvió por tercera vez la indagatoria administrativa para nuevas correcciones evitando así adoptar una decisión. En tanto, en la investigación que lleva la Fiscalía Oriente en contra de Iris Salaberry por tráfico de influencias, declara hoy a las 09:00 en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad la concejala Patricia Hidalgo (PPD). La historia y los documentos, los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Iris Salaberry, actual funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa y hermana del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), está sumariada.

La indagatoria por actos de corrupción administrativa se originó a raíz de la denuncia presentada por dos emprendedoras, que la acusaron de cobrarles dinero “por fuera” para obtener un cupo en ferias comunales donde podían exhibir sus productos, pero que pese al pago nunca lograron hacerlo. Hubo otras situaciones donde incluso Iris Salaberry pidió dinero para reservar espacios en eventos gratuitos y auspiciados con fondos edilicios.

La información consta en el decreto Nº 7 fechado el 6 de enero de 2017, donde la entonces alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, designó como fiscal interno al abogado Gonzalo Zúñiga Hortuvia, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Lea el decreto

Semanas antes de la firma de este documento, Iris Salaberry renunció al puesto como Jefa de Fomento en la sede comunal, cargo de planta que ocupó durante 17 años.

En 2018 el expediente sustanciado por Zúñiga Hortuvia fue analizado en dos oportunidades por el Departamento de Asesoría Jurídica de Ñuñoa que formuló “observaciones” a la vista fiscal, las que fueron avaladas por el alcalde Andrés Zarhi.

Vea la renuncia

En enero de 2019, y estando abierta la indagatoria por faltas a la probidad, el propio Zarhi la recontrató por un sueldo de 1 millón 300 mil pesos mensuales. El decreto establece que la diseñadora de vestuario Iris Salaberry deberá “estudiar y diagnosticar los puntos o lugares que posibilitan la instalación de parquímetros en diversos sectores de la comuna”. En la resolución que valida el acto administrativo aparece firmando -además- el fiscal que la investiga por cobros ilegales a personas que buscaban salir de la exclusión económica.

Lea el contrato

Lo particular es que en febrero del corriente, el mismo edil le aumentó el sueldo a 1 millón 450 mil pesos, sin que exista justificación para ello.

Lea el aumento

La mujer salió de su anonimato la semana pasada, luego que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el intento de evitar que su hermano, Felipe Salaberry, fuera multado -el 25 de agosto de 2019- por pasarse tres luces rojas, insultar al fiscalizador municipal y huir, de acuerdo al informe preparado por el Departamento de Seguridad Ciudadana de Ñuñoa.

Al día siguiente del hecho, el alcalde Zarhi se reunió con el inquilino de La Moneda en su oficina gubernamental. A través de Twitter dijo que Felipe Salaberry se comprometió a entregarle más dinero para implementar luminarias “Led” en la comuna. El hecho es llamativo, porque ambos coincidirían al día siguiente -miércoles 27- en una ceremonia comunal para inaugurar luces “Led”.

Coincidencia o no, lo cierto es que el 29 de agosto Zarhi devolvió por tercera vez el sumario que se sustancia en contra de Iris Salaberry, para que el fiscal del caso Gonzalo Zúñiga Hortuvia, el mismo que visó su recontratación, subsane otras “observaciones” en el expediente.

Lea el documento

La ayuda de Iris Salaberry a su hermano derivó en una investigación de la Fiscalía Oriente por el delito de tráfico de influencias el viernes de la semana pasada.

Hoy lunes declarará a las 09:00 horas, en el denominado caso “Salaberrygate” concejala de Ñuñoa, Patricia Hidalgo (PPD), quien se ha convertido en la “bestia negra” de la administración Zarhi y del propio subsecretario de Desarrollo Regional y su hermana Iris.

Voy y vuelvo

Pasado el mediodía del martes 15 de noviembre de 2016, Iris Salaberry Soto presentó su renuncia a la Jefatura de Fomento en la Municipalidad de Ñuñoa, después de 17 años como funcionaria de planta.

No es que Salaberry buscara mejores horizontes laborales, sino que una denuncia por corrupción, presentada por dos emprendedoras, le pisaba los talones. Las mujeres le habían pagado en efectivo con el objeto de obtener un cupo en una feria para exhibir sus productos, pero el acuerdo fuera de toda norma nunca se cumplió.

Los hechos expuestos se formalizaron el 27 de diciembre a través de un email enviado por la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) a la entonces alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, quien tres días más tarde firmó el decreto Nº 7, ordenando un sumario administrativo en contra de Salaberry.

Iris Salaberry, diseñadora de vestuario, es la hermana del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry quien la semana pasada sumió al Gobierno en un escándalo, luego que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revelara un informe del Departamento de Seguridad comunal, donde consta que el 25 de agosto pasado no respetó tres luces rojas, insultó a un guardia municipal que intentó fiscalizarlo y huyó.

La actual funcionaria de la sede edilicia, llamó a la central de seguridad y trató de evitar que el hecho quedara estampado en una bitácora, como también la emisión del parte. Su voz quedó grabada y será una de las pruebas claves en la investigación que abrió la Fiscalía Oriente.

Este hecho tiene hoy complicada a La Moneda, ya que Felipe Salaberry ha “rejurado” que el incidente nunca existió, menos la violación a la Ley del Tránsito. Sin embargo, de la actuación de su hermana, hasta ahora, ha declinado pronunciarse.

Reparo y observaciones

El sumario que ordenó la alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, se inició el 6 de enero de 2017 y se designó como fiscal a Gonzalo Zúñiga Hortuvia, atendido, señala el decreto Nº 7, a que podría “existir responsabilidad de la actual Jefa de fomento y una persona que prestó servicios para la unidad”.

Aceptada la renuncia de Iris Salaberry el 11 de enero de 2017, la indagatoria administrativa siguió su curso, bajo la administración del alcalde Andrés Zarhi.

El fiscal Gonzalo Zúñiga Hortuvia tramitó el sumario y el 12 de abril de 2018 dictó la vista fiscal en el expediente. Sin embargo, Iris Salaberry ya no era empleada municipal.

Zúñiga Hortuvia hizo las modificaciones y redactó nuevamente la vista fiscal, el 19 de julio pasado. Nuevamente, Asesoría Jurídica hizo reparos. El documento siguió el mismo camino: llegó a Zarhi y el 20 de agosto, lo devolvió al sustanciador.

El 5 de septiembre del presente la Dirección de Asesoría Jurídica le envió al alcalde la orden 357, mediante la cual -una vez más- se formularon “observaciones” en la causa administrativa. El 12 de igual mes Zarhi se lo devolvió al fiscal acogiendo los cambios propuestos. Pese a lo anterior, un nuevo cambio estaba por venir.

Sin explicación

La partida de Iris Salaberry se prolongó por casi dos años. Y pese al sumario abierto, Zarhi la recontrató el 10 de enero de 2019, tal como consta en el decreto 23, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La labor encomendada hasta el 31 de diciembre del corriente es “estudiar y diagnosticar los puntos o lugares que posibilitan la instalación de parquímetros en diversos sectores de la comuna (…) debiendo presentar un informe mensual del contenido asignado. Por su trabajo, recibe un millón 300 mil pesos mensuales.

Sin embargo, todo indica que Zarhi cambió de opinión y consideró que el salario era muy bajo y el 28 de febrero de esta anualidad instruyó expresamente que Iris Salaberry debía ganar más, se lee en el decreto 127. Desde ese momento la técnico en vestuario comenzó a percibir 1 millón 430 mil pesos.

Lo llamativo es que una de las firmas estampadas en el documento, como secretario municipal (s), pertenece a Gonzalo Zúñiga Hortuvia, precisamente el fiscal del sumario.

Pero no terminó allí, porque el 29 de agosto pasado Zarhi devolvió por tercera vez la causa administrativa que se sustancia en contra de Iris Salaberry, para que el fiscal del caso Gonzalo Zúñiga Hortuvia, el mismo que visó su recontratación, subsane otras “observaciones” en el expediente.

Papa caliente

Para La Moneda el caso es un tizón en las manos. Felipe Salaberry ha insistido en que nunca se pasó una luz roja, que jamás insultó al fiscalizador, pero ha declinado pronunciarse sobre la actuación de su hermana Iris para salvarlo del altercado.

En paralelo al problema político, la semana pasada la Municipalidad de Ñuñoa reconoció que se cursó el parte al auto de manejaba Salaberry y como balde de agua fría, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, inició una investigación por el delito de tráfico de influencias.

Pese a todo, Salaberry sigue en su puesto y Zarhi se ha negado a responder si iniciará un investigación administrativa en contra de la hermana del subsecretario por usar su cargo de forma indebida. De ser así, sumaría dos.

En tanto, para las 09:00 horas está citada a las dependencias del Ministerio Público, la concejala de Ñuñoa, Patricia Hidalgo, quien hasta ahora se ha convertido en la principal detractora de la administración comunal.