El hombre que había amenazado de muerte al diputado comunista Gerardo Núñez se arrepintió desde un primer momento. Cuando la policía de la Dirección Nacional de Inteligencia golpeó la puerta de su casa este miércoles de mañana, les dijo que ya sabía por qué venían, y que aceptaba la responsabilidad.

Este jueves de tarde, la fiscal Ana Vallverdú lo llevó ante la justicia luego de llegar a un acuerdo con él.

El mensaje al diputado lo envió el domingo 1° de marzo, sobre las 21.30. Esa tarde, Núñez había estado presente en la Asamblea General en el acto de jura del nuevo presidente Luis Lacalle Pou, y llevaba una camiseta que tenía pintada la bandera de Cuba en protesta porque ese país no había sido invitado a la ceremonia, lo que le valió varias críticas en las redes sociales.

Pero ninguna tan grave como esta.

"Hijo de puta, si te veo, te mato, rata asquerosa; sos hombre muerto, zaparrastrado. Cuidá a tus hijos, porquería, sos hombre muerto", le escribió el indagado por Instagram, según lo citó la fiscal durante una audiencia que tuvo lugar este jueves sobre las 17.30. El hombre miraba al piso mientras escuchaba a Vallverdú.

Fue un momento de "ofuscación", reconoció luego, de acuerdo a lo informado por las fuentes del caso a El Observador.

La fiscal imputó el agresor de un delito de amenazas especialmente agravado, pero comunicó a la jueza Dolores Sánchez que habían llegado a un acuerdo: la suspensión condicional de la pena. Se trata de un instituto por el cual el imputado acepta determinadas condiciones durante un tiempo definido y negociadas con la fiscalía. Y si las cumple en su totalidad, se cancela la pena del delito.

En este caso, tras el acuerdo con la fiscal, el imputado aceptó no acercarse ni comunicarse mediante ninguna vía con el diputado Núñez, y durante cuatro meses deberá realizar tareas en beneficio de la sociedad, a las que deberá dedicar ocho horas semanales. Además, deberá fijar un domicilio fijo y presentarse ala comisaría de su barrio todas las semanas.

Tampoco tendrá acceso a su celular ni a su notebook, que quedaron en manos de la policía mientras se cumplen los cuatro meses de las medidas, y se comprometió asimismo con los investigadores a mantener cerrada su cuenta de Instagram durante el lapso acordado. Y por último, a instancia del propio responsable, solicitó que le hicieran llegar las disculpas al legislador, ya que él tiene la prohibición de comunicarse con la víctima.

Esta investigación, que permitió ubicar la casa del hombre –en el departamento de Maldonado– en poco más de una semana, fue liderado por la Dirección de Inteligencia, y promovida especialmente por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien se comprometió con el Partido Comunista a "investigar rápidamente los hechos", según lo difundió ese grupo político en un comunicado días atrás.

El propio Larrañaga también había sido amenazado de muerte en enero por otro usuario, y a través de Facebook. Quien lo amenazó tenía antecedentes por delitos de copamientos, lesiones, falsifaciones y estafa. En este caso, como en el anterior, los policías de Inteligencia intervinieron de inmediato y cuando el hombre fue detenido se mostró arrepentido.

"Dijo que la amenaza la hizo en un momento de ira y fue él quien propuso pedir disculpas", dijeron los informantes en su momento.

Este caso también se resolvió a través de un acuerdo entre la fiscalía y el imputado, quien se disculpó con el ministro.

El Código Penal establece, para el delito de amenazas, una multa de 25 a 700 unidades reajustables ($ 29.969 a $839.146)