Este jueves se tratará en la Legislatura porteña un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que reforma el Código de Tránsito y el Régimen de Faltas. Uno de sus puntos más salientes es que establecerá sanciones más duras contra los choferes de UBER, la aplicación de transporte de pasajeros que ya funciona en la Ciudad a pesar de la resistencia del Gobierno porteño y de los taxistas.

Si bien los pagos con tarjeta fueron bloqueados por la Justicia, la app ya tiene más de un millón de usuarios y declara unos 50 mil conductores en el área metropolitana.

Con el objetivo de aplicar "mayores controles al transporte público" en pos de mejorar la seguridad vial, el proyecto permitirá la retención de las licencias de conducir cuando se brinde un servicio "sin habilitación". En estos casos, los agentes de tránsito le entregarán al conductor un talonario provisorio con el que podrá manejar por 72 horas.

Además, se fijaron importantes multas (10 mil unidades fijas, unos $200 mil) e inhabilitaciones (cinco días) para el "titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente".

Por otro lado, debido a la "gravedad de esta conducta", la falta de habilitación se incluirá entre las sanciones que descuentan puntos en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores.

Según el texto del proyecto, los "peligros e inconvenientes" relacionados con los transportes sin habilitación obligan "a sumar esfuerzos para impedir que funcione en la ilegalidad". Y agrega: "Las exigencias de esta reforma buscan mejorar la eficacia de estos controles teniendo mayores herramientas para sancionarlo e impedir que continúe incumpliendo la ley".

La autora del proyecto, Cristina García (Vamos Juntos), explicó a Infobae que las penas que existen en la actualidad "no alcanzan para que sea algo disuasivo".

"Nosotros venimos desde hace tiempo desalentando el uso del auto particular, buscamos que la mayoría decida viajar en el transporte masivo de pasajeros. Si incorporamos UBER estamos sumando más autos particulares, que brindan un servicio que ya está contemplado en la Ciudad: hay oferta más que suficiente, 2.500 habilitaciones para remises (incluye Cabify) y 38 mil taxis", señaló.

No obstante, García adelantó que se presentó otro proyecto la semana pasada para "modernizar el servicio de taxis" y así cubrir la demanda de quienes quieren pagar con tarjeta, conocer al conductor, y otras características que ofrece UBER.

Con esta reforma también se agravan las penas para otras faltas. En el caso de la motos, por ejemplo, se retendrá el vehículo y la licencia por circular en contramano o por la vereda, al igual que si se lleva un acompañante menor de 16 años. Según las estadísticas, 4 de cada 10 víctimas fatales en siniestros viales son conductores de motos. A su vez, se agravan las sanciones (retención) para los vehículos de transporte de pasajeros que circulen por la metrovía, con alcohol en sangre o a más de 20 kilómetros por encima del límite permitido.

El bloque de Unidad Ciudadana acompañará el proyecto. Mientras que el Bloque Peronista, que no firmó el dictamen, pidió algunas modificaciones que el oficialismo evalúa incorporar para alcanzar un mayor consenso.

Marcelo Guouman, representante de Evolución en la comisión de Transporte, adelantó a Infobae que su bloque acompañará los artículos relacionados con incrementar las faltas contra infractores. No obstante, señaló que "la filosofía del proyecto busca la prohibición respecto del avance tecnológico y la historia de la humanidad nos marca que los avances bien regulados siempre favorecieron el bienestar general". Por lo tanto, votarán en contra "de los artículos que reprimen en lugar de regular".

Por su parte, Patricio del Corro, del Frente de Izquierda, explicó a Infobae que si bien están en contra de UBER, porque implica una "precarización laboral", tampoco votarán a favor de la "penalización de los trabajadores que muchas veces ni siquiera son los dueños de los autos". En la misma línea se posicionaron los dos legisladores de Autodeterminación y Libertad, Fernando Vilardo y Marta Martínez.

Consultados por Infobae, desde UBER sostuvieron que "este es un proyecto para un sector". "Cuando Buenos Aires abra un diálogo participativo, nosotros vamos a estar ahí. Mendoza es un gran ejemplo para las ciudades del país que quieran brindar más y mejores opciones para la gente. Mientras tanto, nosotros avanzamos", afirmaron.

El antecedente de Mendoza

A principios de octubre UBER logró ser legalizado en Mendoza, lo cual marcó un primer precedente en nuestro país.

La flamante Ley de Movilidad obliga a las "Empresas de Redes de Transporte" (UBER, Cabify, etc.) a inscribirse en la Dirección Provincial de Transporte. Los dueños de los autos, por su parte, deberán pagar una tasa de inscripción y fiscalización. Los choferes tendrán que acreditar su identidad y contar con registro profesional. Otra novedad es que los taxistas también estarán habilitados para trabajar con la aplicación. A todos se les exige un seguro contra terceros y se aclara que las empresas son "solidariamente responsables del servicio".

Tras la legalización, la empresa informó que tuvo un boom de inscriptos para conducir y de viajes contratados.

Un proyecto que propone la legalización en la Ciudad

Desde Evolución, el espacio de Martín Lousteau, también apuntan a avanzar por el camino de la legalización. Es por eso que el legislador Marcelo Guouman, integrante de la Comisión de Transporte, presentó un proyecto para regular los servicios que se brinda a través de plataformas (como UBER o Lyft).

Esta iniciativa, que según reclaman fue "cajoneada" por el oficialismo, plantea la necesidad de formalizar un servicio que hoy en día genera "inequidades profundas" con los servicios ya establecidos (taxis y Cabify). También apunta a controlar las relaciones laborales de los choferes, que hoy se encuentran en una suerte de limbo legal.

En ese sentido, proponen un límite al cupo de permisos, que además serían intransferibles, limitación geográfica para la circulación, prohibición del arrendamiento del vehículo e inscripción en AFIP.

También se crearía un Fondo de Movilidad Sustentable compuesto por el 3% de cada viaje para destinarlo a mejorar el tránsito y el medio ambiente en la Ciudad, a lo que se suma el valor de la recaudación por los permisos otorgados por el Gobierno porteño a las empresas administradoras.

Por otra parte, se establece la obligatoriedad de las empresas de tener domicilio fiscal en CABA e inscripción en todos los impuestos requeridos. Los conductores deberán ser propietarios de al menos el 50% del vehículo, que a su vez no podrá tener más de 7 años de antigüedad.

Tanto los choferes como las Administradoras de Plataformas serán responsables solidarios por los daños que se ocasionen durante la prestación del servicio a los usuarios o a terceros en caso de un eventual siniestro.