por Carlos Alberto Montaner

(FIRMAS PRESS) Los estudiantes universitarios chilenos protestan porque el Estado se resiste a pagarles los estudios a todos. No quieren invertir recursos en su propio futuro. Quieren que otros lo hagan por ellos. En Colombia sucede más o menos lo mismo. Se les ha dicho, desde hace muchas décadas, que estudiar es un derecho, y han interpretado que, por lo tanto, debe ser gratis. Creen que no proporcionarles esos estudios es una suerte de “desposeimiento”, verbo que implica que nos han quitado algo que nos pertenece.

En realidad, el derecho a estudiar no implica la gratuidad, sino el acceso. Quien paga la factura depende de factores culturales -la historia, la mentalidad social- y, sobre todo, de la riqueza disponible. Durante siglos, los esclavos, las mujeres y los judíos no tuvieron derecho a estudiar. En algunas naciones islámicas todavía las mujeres no han conquistado ese derecho. En Cuba, un lema oficial advierte que “la universidad es para los revolucionarios”. En ese país, durante décadas los católicos, los homosexuales y otras peligrosas criaturas no podían ingresar en la universidad o, si les descubrían, eran expulsados mediante escandalosos juicios públicos.

No hay duda de que crece entre muchos jóvenes la certeza de que el Estado los ha traicionado. Esa convicción se palpa en cualquier manifestación de “indignados”, estén acampados en la madrileña Puerta del Sol o en Wall Street en Nueva York. La sociedad les da menos de lo que creen merecer, incluido un puesto de trabajo decente, un techo digno o estudios de calidad.

Es curioso que estos jóvenes furiosos sean capaces de ver lo que la sociedad no les da, acaso porque no puede, pero ignoren lo mucho que les entrega. Esos españolitos o chilenitos rabiosos no advierten la sangre, sudor y lágrimas que les costó a sus antepasados, desde los más remotos hasta sus padres, crear y mantener las infraestructuras que ellos disfrutan: puentes y carreteras, calles asfaltadas, hospitales, escuelas, parques, edificios, acueductos, puertos marítimos y aéreos o vías férreas. Ellos son los herederos privilegiados de esas infraestructuras pagadas con el trabajo de muchas generaciones que vivieron miserablemente porque ninguna de ellas consiguió el nivel de prosperidad que se ha alcanzado en Occidente a principios del siglo XXI.

Estos jóvenes, empeñados en sentirse ofendidos, son incapaces de valorar el capital intangible que reciben de sus mayores cuando abren los ojos: las instituciones de derecho que armonizan la vida en común y dirimen los conflictos, la existencia de redes comerciales y financieras apoyadas en buenos hábitos y prácticas comerciales, los lazos de colaboración espontánea, el conocimiento vivo en las cátedras universitarias o en los medios de comunicación, las sofisticadas normas de convivencia. Ellos no se imaginan cuánto dolor y sacrificio ha costado esa obra admirable que les han legado y a la que nada o muy poco han contribuido.

El Banco Mundial en el 2006 se atrevió a medir la riqueza de más de un centenar de naciones. Sus mejores expertos sumaron lo que valían las riquezas naturales de cada una de ellas tierras de pastoreo, minerales, maderas, etc., le agregaron la riqueza producida -infraestructuras, artefactos, cosechas, etc.-, le añadieron el capital intangible y dividieron la cifra resultante entre el número de habitantes. Ese era el capital per cápita que disfrutaba cada ciudadano aportado por la sociedad en que vivía.

Los diez más ricos, con su intenso trabajo, habían logrado acumular entre US$ 650.000 y US$ 450.000 per cápita. Suiza, a la cabeza del planeta, ponía a la disposición de sus moradores un capital calculado en US$ 648.241. Es importante señalar que el factor más importante en esta fabulosa acumulación de riqueza es el capital intangible: más del ochenta por ciento.

Nueve de los diez países más pobres son africanos sub-saharianos. El más desdichado es Etiopía: apenas “vale” US$ 1.965 per cápita. Chile, por cierto, con US$ 77.726 está en el cuarto lugar de América Latina tras Argentina, Uruguay y Brasil. Los españoles alcanzan la nada desdeñable suma de US$ 261.205. Sería interesante averiguar si esos jóvenes, que tanto piden, son capaces de reconocer lo tanto que les han dado.