Publicidad

En este último medio año, los mass media se han hecho eco de cuatro casos de agresiones sexuales en la ciudad de Manresa, algunos de ellas múltiples. El abordaje mediático e institucional ha señalado ciertos espacios, comportamientos o colectivos sociales como parte responsable de estas violencias, generando asociaciones falaces e intentando establecer un clima de terror sexual. Y es que Manresa, estadísticamente, no es ni mucho menos una de las ciudades con más alto índice de denuncias [1] por agresiones y abusos sexuales de Cataluña. De hecho, la comarca del Bages se sitúa por debajo de la media en relación a abusos sexuales y dentro de la media en agresiones en Cataluña, según el visor de datos de delincuencia de los Mossos de Esquadra.

Mediatización de los casos

A principios de julio se juzgaba en la Audiencia Provincial de Barcelona un caso de violación múltiple que se remonta al año 2016, cuando una chica de 14 años fue agredida por varios hombres en una fiesta dentro de un espacio abandonado en las afueras de la ciudad. Este caso tuvo mucho seguimiento mediático y fue denominado en las crónicas de sucesos como el caso de “La Mandada de Manresa”. La expectación mediática no era casual, puesto que por estas fechas se tenía que hacer pública la sentencia del caso de los Sanfermines de 2016 y su tratamiento jurídico era un tema central. Pocos días después, el 13 de julio, se alertaba sobre una nueva denuncia de agresión múltiple por parte de una chica de 17 años que estaba en una fiesta en un piso ocupado en el barrio de las Escodines. Con este último hecho, el relato mediático sensacionalista afloró, iniciando el discurso del miedo. Algunas particularidades de estos casos, como la asistencia de chicas menores de edad a fiestas que se dan en pisos ocupados o en espacios abandonados, empezaron a condicionar una opinión pública que ponía en cuestión ciertos lugares y comportamientos.

El 31 de octubre salió la sentencia por el caso de 2016, que acusaba a cinco de los imputados a penas de entre 10 y 12 años por un delito de abuso sexual. La sentencia detalla que fue abuso y no agresión, porque según se acredita, la chica en el momento de los hechos se encontraba en estado de inconsciencia, por lo cual “ni aceptó ni se opuso a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los acusados, los cuales pudieron realizar sin ningún tipo de violencia o intimidación”. Este hecho generó mucha polvareda mediática y de nuevo se hicieron comparaciones con el caso de los Sanfermines, en torno la resistencia de la persona agredida o el consentimiento.

El día 17 de noviembre, se registra otra denuncia por agresión sexual a una chica de 17 años que subió al coche de un conocido con dos amigos más. El caso, no obstante, no se hizo público hasta el día 13 de diciembre, semana en la cual se filtraron a los medios las primeras detenciones y además un nuevo caso de agresión sexual. Este último, en otro piso ocupado en el barrio viejo de Manresa. Fueron estos dos últimos casos los que acabaron de hacer saltar las alarmas a todos niveles.

Alarma y criminalización

“Las representaciones sobre el peligro sexual son estrategias del sistema diseñadas para continuar reproduciendo violencia sexual. Por lo tanto, es un sistema de representación no fiable y que no nos identifica. Motivo por el cual, cualquier narrativa ha de ser puesta en cuarentena y cuestionada”, exponía Nerea Barjola en su trabajo Microfísica sexista del poder. En Manresa, lejos de guardar esta distancia, se generó un estado de peligro emitido de una forma acrítica y descontextualitzada que responde a una “imagen totalmente distorsionada sobre el impacto de la violencia sexual en la ciudad”, según afirma el Comité Feminista 8M de Manresa.

Hay que recordar que en Manresa, durante el año 2019, se registraron 19 casos de agresiones contra la libertad sexual de las mujeres, la mayoría de los cuales dentro del ámbito de la pareja o expareja, ámbitos donde se circunscriben la mayor parte de las violencias sexuales según fuentes policiales. Este dato no representa un aumento significativo respecto a otros años. Aun así, lejos de relativizar las agresiones sexuales hacia las mujeres, hay que enmarcar estas cifras en un grave problema estructural que impacta, sobre todo, en las esferas de lo privado [2]. En este sentido, es necesario puntualizar que la mayor parte de las violencias sexuales no se sitúan en la vía pública, sino en domicilios privados y por parte de personas conocidas. Dentro de las violaciones que se producen fuera del ámbito de la pareja — que como ya se ha comentado, son minoritarias—, un 81 por ciento son cometidas por conocidos, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015. Por lo tanto la lógica securitaria de “más presencia policial en las calles” como respuesta a estas agresiones, tal y como planteó en un inicio el Ayuntamiento de Manresa [3], es totalmente ineficaz.

Por otro lado, el hecho que algunos de los acusados fueran de origen migrante dio pie a la criminalización, agrandando el estigma de ciertos colectivos racializados y precarizados. Los relatos mediáticos potenciaron el tópico del “joven migrante como potencial violador” y se agravó el imaginario monstruoso de “la mandada”. Además, el gobierno municipal [4] y algunas asociaciones vecinales relacionaron las agresiones sexuales con la degradación de determinados barrios y la existencia de pisos ocupados, utilizando estos datos circunstanciales como causa directa. Sobre todo se estigmatizaron los barrios más populares y precarios, situados en el casco viejo, donde se acumulan muchas viviendas vacías fruto de la degradación de muchos edificios viejos, principalmente por la ausencia de inversión y mantenimiento por parte de las propiedades (muchas de ellas inmobiliarias o entidades bancarias).

Ante este tipo de asociaciones, hay que remarcar que más del 73 por ciento de las personas condenadas por delitos sexuales son de nacionalidad española, según datos del Instituto Nacional de Estadística; y que alcanzan todas las franjas de edad, siendo la más numerosa de los 41 a los 50 años. Además, estos tipos de delitos no se pueden situar en una clase social en concreto, puesto que los delitos se producen en todos los barrios y estratos sociales.

Mesa de emergencia y respuesta feminista

La respuesta en la calle no se hizo esperar y el rechazo de las violencias sexuales y la reivindicación de que no son hechos aislados y que responden a una violencia estructural que hay que combatir de raíz fueron los principales motores de las movilizaciones. Hay que destacar la marcha nocturna no-mixta, celebrada el 16 de diciembre, la cual reunió a más de medio millar de personas, y que contó también con una contra-manifestación, de repercusión anecdótica, protagonizada por militantes de VOX y grupos de extrema derecha.

Las muestras de apoyo a las personas agredidas también fueron muy importantes. Se hicieron varias convocatorias de acompañamiento y acciones de recogida de dinero para hacer frente a los gastos judiciales (hasta hace poco, las violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja no estaban incluidas en las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004).

Pero más allá de la denuncia judicial y de las muestras de repulsa en las calles, urgen medidas integrales y transversales para combatir estas violencias. En el ámbito institucional, los principales acuerdos dentro del marco de la expresamente creada Mesa de Emergencia para el Abordaje de las Violencias Sexuales serán la puesta en marcha en 2020 de un protocolo de abordaje, la intensificación de las tareas de educación y prevención en los centros de enseñanza y otros ámbitos sociales, generándose también una propuesta para que los centros educativos de Manresa incluyan la educación sexual y afectiva en los currículos escolares a partir del curso 2021/22. También se quiere impulsar una mesa de expertas en violencias sexuales para gestionar las actuaciones preventivas a partir del febrero de este año y la creación de un nuevo punto de Servicio de Intervención Especializada en Manresa. En esta Mesa, celebrada el 16 de diciembre, se reunieron representantes del Gobierno y de los grupos municipales, de varios departamentos de la Generalitat y el Instituto Catalán de las Mujeres, el Consejo Municipal de la Mujer, cuerpos de seguridad y representantes vecinales.

Por otro lado, el Comité Feminista, junto con más de una cuarentena de entidades y movimientos sociales de la ciudad, exigieron una serie de medidas a la administración para dar respuesta a las violencias estructurales. Algunas de éstas pasan por una educación pública feminista, más formación en clave feminista para todo el personal que interviene en la atención de los casos de violencias sexuales, talleres de autodefensa gratuitos para todas las personas vulnerables de sufrir violencias sexuales, medidas concretas y efectivas dirigidas a hombres con responsabilidad y seguimiento de los procesos de transformación en los casos de haber ejercido violencias o mejorar los procesos de denuncia. Sin embargo, la mayor parte de estas propuestas no han sido incluidas en el plan de acción de la administración y las pocas que han sido recogidas “no tienen partida presupuestaria destinada ni plazos de cumplimiento y por tanto no hay ninguna garantía que se acaben llevando a cabo”, según ha cuestionado el colectivo feminista Acció Lila.

Aun así, habrá que ver cuál es el protocolo que se está elaborando y qué propuestas se implementarán a los actuales. Unos protocolos, que en líneas generales, han sido criticados por varios sectores del movimiento feminista, puesto que se basan y se fundamentan en la emergencia y no en la escucha de las necesidades de la persona afectada. Montse Pineda, activista y coordinadora de Incidencia Política de Creación Positiva, en su ponencia en el 1.º Congreso Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas alertaba de la perspectiva jurídica en el actual tratamiento de las violencias sexuales, donde todo el peso de la atención estaba puesto en el proceso de denuncia (envío al hospital, preservación de pruebas, fase de denuncia, diligencias, juzgar la lógica riesgo/daños, etc.) y poco en la parte agredida (hace falta una atención de escucha, no naturalizar la agresión, aceptar los ritmos y espacios que la persona necesita…). De forma resumida, Pineda también destacaba la carencia de coordinación, los desequilibrios territoriales o la falta de recursos y formación para hacer frente a las violencias sexuales, situaciones que están incumpliendo la diligencia debida y generando violencia institucional.

Posiconamento no punitivo

“Nos preocupa que el hecho de alimentar mediáticamente un clima de terror sexual pueda justificar en un futuro medidas como una mayor presencia policial en las calles o un endurecimiento penal, teniendo en cuenta que ésto, lejos de beneficiarnos, facilita un aumento de los abusos y violencias que ya reciben las partes más vulnerabilizadas de la población ”, alerta el colectivo feminista Acción Lila. Y es que uno de los hechos distintivos en las movilizaciones feministas en Manresa es el alejamiento del populismo punitivo y la desconfianza hacia las instituciones para resolver las violencias heteropatriarcales.

Motivos no faltan. Por un lado, cuerpos policiales, justicia e instituciones de atención muchas veces generan revictimización y cuestionamiento a la persona afectada. Además, el poder judicial, y el sistema punitivo en general, ha sido señalado por varias organizaciones dentro del abolicionismo penal como un brazo más de la estructura heteropatriarcal con el fin de amplificar y perpetuar las violencias y las desigualdades.

Por otro lado, la Administración y determinados actores de influencia social también contribuyen a generar tolerancia en torno a las violencias sexuales. El hecho de no mostrar un rechazo contundente a estas violencias, las cometa quién las cometa, genera lagunas de permisividad que tienen repercusiones en su percepción y pueden evitar que se involucre la comunidad en la erradicación de estas. “La auténtica responsabilidad está en si la sociedad rechaza este dominio (…) En el caso de la Arandina lo vemos claramente. Hay instituciones deportivas, municipales, políticas que no salen a rechazar este dominio y callan, o bien ponen en entredicho la gravedad de la violencia o incluso la propia violencia”, explica Oriol Ginés, presidente de la asociación CONEXUS, referente en intervención con hombres que ejercen violencia dentro del ámbito de la pareja.

Son ya muchas voces dentro del movimiento feminista que apuestan por una intervención más transformadora que permita generar cambios en los patrones de masculinidad y el ejercicio de las violencias frente una intervención judicial basada en el castigo y el endurecimiento penal. Unas acciones punitivas que, como bien han estudiado autoras como Paz Francés, Diana Restrepo o Tamar Pitch, pueden ser desfavorables para el propio movimiento feminista y han servido como pretexto para endurecer medidas penales como la cadena perpetúa revisable o la libertad vigilada tras cumplir sentencia. Además, el recurso al derecho penal genera una victimización contraproducente que refuerza los roles de género, tal y como muy bien detalla la autora Patricia Laurenzo.

En los últimos años, han surgido algunas experiencias de resolución de conflictos que se alejan de la lógica punitiva hacia una vertiente más reparadora y con una intervención comunitaria. Neus Andreu Monsech, coordinadora de Fil a l´agulla y experta en gestión de agresiones machistas, apuesta por una gestión de la crisis con una mirada restaurativa, feminista y que permita un planteamiento comunitario. “Necesitamos que estos procesos tan dolorosos e injustos, sean también, en la medida de lo posible, una fuente de aprendizaje, de toma de conciencia y transformación individual y colectiva que sirvan para prevenir y evitar la reincidencia”, explica Andreu.

[1] Se habla de denuncias, porque la mayoría de abusos y agresiones sexuales no se denuncia. Según los últimos datos sobre violencia machista (2016), el 13,7 por ciento de mujeres de más 16 años de todo el Estado ha sufrido violencia sexual por parte de sus parejas o ex parejas; y, tan sólo en Cataluña, una de cada ocho mujeres han sufrido alguna violencia sexual grave a lo largo de su vida.

[2] Según el estudio de Judith Herman, citado en el informe ‘Mujeres Valientes’, «cuanto mayor es el grado de acceso mayor será la coerción permitida, por lo que una violencia sexual cometida por un extraño puede ser reconocida como violación, mientras que el mismo actor llevado a cabo por un conocido puede no serlo» (Judith Herman, 2015: 72).

[3] El Ayuntamiento hizo una comparecencia el 12 de diciembre para convocar de forma urgente una Junta Local de Seguridad ante los nuevos casos de agresiones sexuales en la ciudad. En la misma comparecencia, Valentí Junyent, actual alcalde de Manresa, anunció que intensificaría el seguimiento de las viviendas ocupadas, con más presencia policial y con técnicos municipales en aquellos barrios donde habían pasado las agresiones.

[4] Para la realización de este artículo hemos tratado de contactar con el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Manresa, pero desgraciadamente no hemos obtenido respuesta de las cuestiones planteadas.

Fuente: Pikara Magazine