Desde Palacio Nacional salieron ayer pesadas acusaciones de conflictos de interés de ex funcionarios públicos, algunas de las cuales ya fueron desmentidas y otras son verdaderos absurdos.

¿Ellos hablan de conflicto de interés?

El buen juez por su casa empieza, ha repetido con insistencia el presidente López Obrador, y sería muy saludable que tomara en serio sus palabras y atacara los conflictos de interés y simulaciones en el presente y en su equipo.

Ayer mismo vimos un caso que debería llamar la atención en el gobierno, por ser una bochornosa simulación: Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes es dueño de un departamento en Houston que no declaró.

El departamento se puso a nombre de la empresa Houston Relais Real Estate Inc., que él fundó en enero de 2016 y aparece como administrador único (Reforma de ayer).

Antes de asumir como titular de SCT, Jiménez Espriú cedió la titularidad de las acciones a su hijo Javier Jiménez Gutiérrez, quien ahora funge como administrador único de la empresa.

Es decir: Jiménez Espriú creó una empresa fantasma en Estados Unidos y se puso como administrador único de esa compañía que tiene una sola propiedad: el departamento en Houston.

¿Para qué una empresa fantasma?

Para pagar menos impuestos en Texas.

¿Por qué la puso a nombre de su hijo?

Porque él iba a entrar al gobierno de López Obrador donde poseer un departamento en Estados Unidos es mal visto pues tienen que aparentar ser pobres, casi franciscanos, y renegar de los bienes materiales.

Pura simulación, pues.

Otro caso de conflicto de interés: el presidente del PT –partido gobernante junto con Morena– maneja 75 estancias infantiles en 18 estados.

Para este año recibirá un presupuesto de 500 millones de pesos de parte de secretaría de Educación Pública (como documentó ayer Rubén Cortés en su Canela Fina).

Es decir, mientras se quita el presupuesto a las estancias infantiles, a las del PT le aumentan el presupuesto en 200 millones respecto al año pasado.

¿No ve ahí ningún conflicto de interés el gobierno del PT-Morena?

Se autoasignan 500 millones de pesos para estancias infantiles, algunas de ellas inexistentes (como la de Atlatlahuacan, Morelos, que es un terreno baldío, sin niños).

Por esa estancia que no da servicio a ningún niño recibieron 30 millones de pesos.

Treinta millones por una estafa.

Y le cierran la llave a las estancias que sí funcionan.

Más conflictos de interés aquí y ahora, en la cuarta transformación:

Para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contrapeso del Poder Ejecutivo, el Presidente propuso a Yasmín Esquivel Mossa, esposa del constructor favorito del mandatario, José María Riobóo.

Riobóo convenció a López Obrador de que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco era inviable, sin decir que él había perdido el concurso para hacer la ingeniería de las pistas.

En ese entonces Riobóo pensaba que el aeropuerto en Texcoco era tan buena idea que quería participar en su construcción. Y ganar dinero, se entiende.

¿Qué va a hacer la ministra Esquivel Mossa cuando se lleven a la Suprema Corte casos del Nuevo Aeropuerto?

El conflicto de interés es evidente.

Las otras dos personas propuestas para integrar ese poder “autónomo” son:

Loretta Ortiz Ahlf, ex activista de Morena, promotora de los fallidos Foros de Pacificación que tenían por objetivo dar respaldo social a una amnistía a criminales.

¿De qué lado va a estar la ministra Ortiz Ahlf? ¿Del lado de la ley que ella combatía como activista de Morena, o del lado de los criminales que pretendía amnistiar?

Y Celia Maya García, fundadora de Morena, ex candidata de ese partido al Senado por el estado de Querétaro en las recientes elecciones.

¿Ella va a ser contrapeso del Ejecutivo que encabeza el que la hizo candidata a gobernadora, a senadora, y ahora la propone para un asiento en la Suprema Corte?

¿Quieren ver conflictos de interés? Ahí hay algunos, y son suyos, no “presuntos del pasado”.

Falta espacio para ocuparnos de los fiscales carnales en lucha contra la corrupción y delitos electorales.

Excelente persona el fiscal electoral, documentado y justo. Pero desde el primer día de este sexenio tiene un jefe: Andrés Manuel López Obrador.

Sí, hay conflictos de interés.

También hay simulaciones ofensivas.

Lo vemos aquí y ahora.

Existen en este gobierno.

Pero es mejor buscar en “el pasado”, aunque no sea verdad.