MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La periodista y defensora de los derechos de las mujeres, Lydia Cacho, sostuvo hoy un careo con el mando de los policías que la torturaron en diciembre de 2005, al ser detenida por presunta difamación tras la publicación de su libro Los demonios del edén, en el que reveló una red de pornografía infantil.

La periodista declaró ante un juzgado en el Reclusorio Oriente, en esta capital, a solicitud de la defensa del policía que fue detenido por la tortura que ejerció contra la periodista, según informó la organización Artículo 19 en un comunicado.

En 2005 Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo y llevada a Puebla, luego de que Kamel Nacif Borge la acusó de “difamación” a propósito del libro en el que la periodista revela los presuntos vínculos del empresario textilero con una red de pederastia.

Hace 10 años, el policía hoy detenido e identificado únicamente como Montaño, encabezó el grupo de agentes poblanos que durante 20 horas torturaron a Cacho, quien al cierre de esta edición continuaba declarando y respondiendo a las preguntas de quien señala como el líder de sus torturadores.

“Una puede pensar que después de tantos años de hacer terapia psicológica y de reconstruir tu vida, todo sería más sencillo, pero no lo es; estoy inquieta, los recuerdos vuelven, la tortura y las amenazas han vuelto a mí como si hubiese sucedido apenas hace unos días.

“Recuerdo lo que el policía Montaño me lo dejó claro al dejarme en la cárcel de Puebla, advirtiéndome que adentro sería violada por las presas pagadas para ello, me advirtió que si lo detenían, él se encargaría de mi muerte, lenta y dolorosa”, comentó Cacho a Artículo 19.

Asimismo, la periodista y sus abogados denunciaron que tienen información clara de que el despacho del abogado Óscar Jorge Fink Serra, radicado en Cancún, y quien hace años defendió a Kamel Nacif Borge, es ahora el defensor legal del policía, por lo que los “vínculos mafiosos” entre ellos siguen vigentes.

“Eso significa que la protección de las mafias de tratantes de niñas y niños con mis torturadores probablemente siga viva”, alertó la también autora de Esclavas del poder y Memorias de una infamia.

Artículo 19 enfatizó en su comunicado que la detención y procesamiento de uno de los policías detenidos no garantiza el derecho a la justicia, puesto que todavía queda pendiente la captura y enjuiciamiento de los actores intelectuales de las agresiones que sufrió la periodista en 2005.

El organismo internacional defensor de los derechos de los periodistas, recordó que en octubre de 2014, junto con Lydia Cacho, presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición individual para que el caso fuera revisado ante esa instancia.

A decir de los abogados, esto permitió que se activara el proceso judicial en México, ya que en diciembre de 2014, tan sólo dos meses después de presentar la petición ante la ONU, la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra dos policías judiciales de Puebla.

La PGR decidió perseguir y enjuiciar a dos de los responsables, pese a que la averiguación previa se encontraba en integración desde 2006. Uno de los presuntos responsables fue capturado y sujeto a proceso, mientras que otro está prófugo.

Sin embargo no hay avances en el proceso contra los autores intelectuales de la detención arbitraria, tortura y violaciones a las garantías procesales de Cacho, y de acuerdo con sus abogados, en este tiempo la periodista ha sufrido amenazas y hostigamientos que han puesto en riesgo su vida, integridad y seguridad personal.

Ante esta situación, Artículo 19 destacó que es importante que se garantice plenamente la seguridad e integridad de Lydia Cacho durante el proceso penal, y además declaró que este proceso judicial es “paliativo” y no una verdadera garantía de acceso a la justicia porque se hace casi 10 años después de las agresiones.