Son pocos los que en México hacen el reconocimiento que busca afanosamente el presidente Enrique Peña Nieto a lo que ha hecho su gobierno. ¿Cómo podría comprender la sociedad lo que se ha alcanzado en su mandato?, preguntó el otro día Peña Nieto a una audiencia en Sonora. Con memoria, respondió. El presidente se refería a las reformas negociadas en los primeros 18 meses de su gobierno, que ciertamente fueron de gran envergadura y que necesitaron coraje político para hacerlo. Pero esas reformas son nada sin un Estado de Derecho. Un país sin leyes no tiene cuerpo ni sangre. No hay reforma que perdure si no está blindada por la ley. Tampoco hay ley que funcione si está dominada por la impunidad.

El martes hubo una audiencia en el Comité Selecto de Inteligencia en el Capitolio donde los jefes de la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos hicieron su evaluación de las amenazas mundiales para ese país. México fue uno de los siete países latinoamericanos que son motivo de su preocupación, pero el que más tinta invirtieron para subrayar la vulnerabilidad en que se encuentra este país durante 2018. “Una clase media más amplia y crecientemente sofisticada, con mayor acceso a las redes sociales, está demandando más rendición de cuentas de sus gobiernos”, explicó Daniel Coats, director de Inteligencia Nacional.

En su declaración pública añadió: “Las elecciones presidenciales, incluidas las de México, se realizarán en un momento donde el apoyo a los partidos políticos y las instituciones de gobierno están en sus niveles más bajos y pueden impulsar la preferencia para candidatos no oficiales. Los mexicanos están enfocados en las elecciones presidenciales y legislativas de julio, en el cual la corrupción, la alta violencia y la desilusionadora economía serán los temas claves”.

El jefe de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos se mostró decepcionado del gobierno de Peña Nieto. Ha tenido un lento avance para implementar las reformas al Estado de Derecho, dijo, cuestionando que las iniciativas que lo apuntalarían se encuentren en la congeladora legislativa ante la complacencia del Ejecutivo, como la aprobación de un Fiscal General y otro Anticorrupción. El presidente podrá clamar todo lo que quiera por el reconocimiento público de sus reformas, pero lo único que va a encontrar, en aquellos lugares donde la pasión no existe y se evalúa a partir de la medición de los edificios institucionales, es que en lo importante, la procuración y administración de justicia, que es lo que cubre y da viabilidad a largo plazo a las reformas en una democracia, nos debe a todos.

El Estado de Derecho, en la definición universal de la Organización de las Naciones Unidas, es “un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, son responsables ante las leyes promulgadas, aplicadas equitativamente y adjudicadas independientemente, que sean consistentes con las normas internacionales y los estándares de derechos humanos. Asimismo, requieren medidas para asegurar la adherencia a los principios de la supremacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas a la ley, justifica en su aplicación, separación de poderes, participación en el proceso de toma de decisión, certidumbre legal, alejamiento de las arbitrariedades y transparencia legal”. ¿Cuántos de estos preceptos se violan sistemáticamente en México todos los días, son omitidos en la vida cotidiana o soslayados en función de intereses políticos particulares?

El World Justice Project, que mide el Estado de Derecho en 113 países, reportó una caída de cuatro lugares en su índice global del último registro en 2016 al informe de 2017, dado a conocer a finales de enero pasado. México ocupa el lugar 92 del total de países evaluados, el quinto peor en América Latina y el Caribe, y el antepenúltimo entre las 36 naciones de ingreso medio alto. Su ubicación dentro del ranking mundial es vergonzosa: en límites al poder gubernamental, está en el lugar 83; en ausencia de corrupción, en el 102; en gobierno abierto, en el 36; en derechos fundamentales, en el 72; en orden y seguridad, en el 99; en cumplimiento regulatorio, en el 87; en justicia civil en el 113; y en justicia penal, en el 105.

La impunidad es la externalidad del pobre rendimiento del gobierno peñista en la construcción de un país de leyes. La impunidad se da en ecosistemas donde la corrupción tiene infectadas a las instituciones por la mala gestión y administración de sus cabezas. El reclamo al presidente se centra en la falta de aplicación de la ley que detona abusos. En el extranjero, el fenómeno se ve en su justa dimensión y es más grave. Por ejemplo, en el Capitolio, el jefe de la comunidad de inteligencia habló del crimen organizado trasnacional, como uno de los riesgos más altos para esa nación. “En los casos más severos en el extranjero”, dijo Coats, incluyendo a México en ese paquete, “las empresas criminales contribuyen a aumentar la violencia social, erosionan a las autoridades y los gobiernos, minan la integridad de los sistemas financieros internacionales, y dañan críticamente la infraestructura”.

Sólo hay que sumar dos más dos y unir los dichos con los hechos para llegar a la conclusión sobre el enorme deterioro que tiene el gobierno de Peña Nieto por su complacencia y limitación de miras para construir un Estado de Derecho. Está obsesionado en el reconocimiento de sus reformas, sin ver que lo más importante, lo fundamental sobre lo que se levanta todo, ni siquiera le importa o, peor aún, no se da cuenta de lo que significa.

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