De todos los frentes que ha abierto Enrique Alfaro, el del Poder Judicial es sin duda el más arriesgado, pero también el más importante.

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La no ratificación de Leonel Sandoval (Papá Leonel) como magistrado por parte del Congreso del Estado (MC y PAN votaron en contra del dictamen que proponía que continuara) abrió una batalla legal y política. Primero el magistrado se amparó, recurriendo a una leguleyada, y después del Poder Judicial en pleno recurrió a una controversia constitucional con el Poder Legislativo alegando una cuestión formal. Hasta ahí se trataba sólo de recursos jurídicos, en medio de la molestia de quien de facto manda en el Poder Judicial: el papá del gobernador.

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Sin embargo, en los últimos días el enfrentamiento se fue al ámbito político. El rechazo del Gobierno del Estado a la Agencia de Seguridad Metropolitana tiene, más allá de los argumentos válidos, pero relativamente fáciles de resolver, un claro componente político. La respuesta de MC fue filtrar una conversación donde el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, le solicita al Comisario de Guadalajara, Salvador Caro, que libere a unos detenidos, en posesión de armas ilegales y sospechosos de robo, con el argumento de que trabajaban para una empresa amiga. Al ser negada la petición el magistrado dice que va a hablar directamente a la Procuraduría y el resultado es que las personas fueron liberadas.

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El golpe al presidente del Poder Judicial es letal. El máximo representante de la justicia en el Estado no puede andar litigando asuntos ilegales de sus amigos. Cualquier explicación sale sobrando: la llamada habla por sí sola. Muestra un presidente del Poder Judicial abyecto, operando para otros, haciendo favores, liberando presuntos delincuentes y pasándose por el arco del triunfo el debido proceso. Defendiendo en la llamada la vía corta de la justicia, el magistrado hace pedazos la credibilidad del Poder que representa.

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Aun suponiendo que el magistrado tuviera razón, que la Policía de Guadalajara hubiese detenido a un par de inocentes y cándidos pistoleros, la falta de respeto a las formas y a la investidura ameritaría la renuncia de Vega Pámanes. No va a suceder, porque en este país nadie renuncia “por esas nimiedades”, ni en el Gobierno federal, el estatal o el mismo municipio de Guadalajara, mucho menos en el Poder Judicial o el Legislativo. Lo que si va a suceder es que la batalla política entre los alfaristas y los aristotélicos va a pasar a un nivel mucho mayor de donde no hay retorno.

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Mientras el pleito sirva para evidenciar los abusos de poder de unos y otros, bienvenido, pero me temo que el único resultado tangible será la obstaculización del desarrollo del Estado.

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