El Gobierno de los Estados Unidos sancionó este jueves, por medio de la Ley Magnitsky, a tres funcionarios nicaragüenses por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Se trata del comisionado general Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega,Francisco López, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, SA, y Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua.

Al primero, los funcionarios estadounidenses lo responsabilizan de la represión ocurrida contra la población desde abril pasado, lo que incluye ejecuciones extrajudiciales, y en las que se cuentan, entre las víctimas, incluso niños, ha explicado un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. «La Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua», aseguró la portavoz del Departamento de Estado.

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En el caso de López Centeno es sancionado por actos de corrupción. El tesorero del FSLN es el administrador local de la cooperación venezolana, que Ortega ha administrado sin ningún control desde 2007 y que suma más de 3, 600 millones de dólares. «Ha sido acusado de utilizado su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno», afirmó la portavoz.

Moreno, según la portavoz , «ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense».

¿Cuáles son las sanciones?

La sanción impuesta se da en el marco de la ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de Estados Unidos a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción.

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La ley Magnitsky castiga a funcionarios y personas señalados de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Los activos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos quedan bloqueados, cancelación de visas, los ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones con los implicados, que pasan a integrar la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), conocida como la lista negra y se trata de una muerte financiera.

2/6 Como resultado, quedan bloqueados todos los bienes o participación en bienes, dentro de la jurisdicción de EEUU. Además, se prohíbe a estadounidenses realizar transacciones con estas personas, sus entidades o aquellas que están controladas por personas designadas. — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) 5 de julio de 2018

La Ley Magnitsky ofrece una ruta alternativa a la justicia en casos de impunidad, sin reemplazar la justicia.

Estas sanciones ocurren tras meses de pronunciamiento del Departamento de Estado, embajadores y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que hicieron un llamado al cese de la violencia en Nicaragua.

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Primer nicaragüense sancionado

El primer funcionario nicaragüense que fue sancionado por esta misma ley fue el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas el 20 diciembre de 2017, cuando el Departamento del Tesoro congeló sus activos y denunció públicamente «los atroces actos que han cometido, enviando un mensaje de que hay un alto precio para pagar sus fechorías».

El pasado 5 de junio, 12 senadores y congresistas (demócratas y republicanos) enviaron una carta al presidente Donald Trump, solicitando sancionar con esta ley al tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa), Francisco López, y al director de facto de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro del designado presidente Daniel Ortega.

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La Ley Magnitsky Act inicialmente fue creada para sancionar únicamente a los funcionarios rusos relacionados con la muerte del abogado Serguéi Magnitsky, quien después de denunciar un fraude fiscal terminó encarcelado y muerto. Sin embargo, la Ley ha tomado trascendencia internacional.

Además de la aprobación de la Ley Magnitsky en Estados Unidos, otros cuatro países han adoptado una legislación similar. Se trata de Inglaterra, Estonia, Lituania y Canadá, este último país, cuya legislación aprobó en noviembre de 2017, ya emitió sanciones a 52 violadores de los derechos humanos de Rusia, Venezuela y Sudán.