La querella que representa al gobierno nacional en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se diferenció ayer de la Unidad Fiscal AMIA y de los familiares de las víctimas al pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados de participar en el pago de coimas, las amenazas y la construcción de pruebas falsas para desviar la investigación. “Hoy el gobierno nacional encubre a los encubridores y, como siempre, tiene ayuda del blindaje mediático”, denunció Memoria Activa. “El Gobierno a través del ministro Germán Garavano decide salvar a sus amigos, los ex fiscales que encubrieron junto al juez Juan José Galeano y nos privaron de la verdad”, advirtió y se preguntó: “¿por qué el gobierno está tan comprometido con la impunidad? ¿Qué tanto esconderán Mullen y Barbaccia sobre AMIA que el gobierno de Macri no quiere que se sepa?”.

La Unidad AMIA del Ministerio de Justicia inició ayer su alegato en el juicio a trece imputados, encabezados por el ex presidente Carlos Menem, y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. La acusación iba a estar a cargo de Enrique Ventos, uno de los tres abogados –junto con José Console y Carlos Ortea– contratados tras el apartamiento de Mariana Stilman, quien al renunciar denunció que la nueva línea política “alejaba (a esa querella) de la verdad y la justicia” e implicaba un “acercamiento a los imputados”.

Sin embargo, el miércoles hubo un abrupto cambio de planes. Santiago Otamendi, secretario de Justicia de Garavano, le ordenó al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, que le revocara el poder a Ventos para evitar que participara del alegato y que en su lugar se presentaran Console u Horacio De Filipo. En esa notificación, que difundió Memoria Activa, consta que la posición informada por el radical Cimadevilla y desestimada por Garavano era alegar en concordancia con la UFI AMIA, que en diciembre pasado pidió ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia.

Ya en su introducción, Console anticipó que acordaba con la fiscalía en todo, inclusive en el pedido de absolución del polémico espía Fino Palacios, pero no en la acusación a los ex fiscales por entender que no hay “plena convicción de su participación”. Mullen y Barbaccia actuaron de la primera etapa de investigación del atentado, a cargo de Galeano. En 2006, el juez Ariel Lijo los procesó por peculado, coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad por haber construido pruebas falsas a fuerza de coimas y amenazas para inculpar a cuatro ex policías bonaerenses que luego fueron absueltos. La acusación indica que Barbaccia estaba al tanto de la coima al desarmador de autos Carlos Telleldín a cambio de declarar en contra de los policías, y que inclusive estaba en el juzgado en el momento del pago. Ambos renunciaron a sus cargos: Barbaccia alegó “cansancio moral” y Mullen “un estricto pedido” de su familia.