Cerca de la medianoche del miércoles el Senado aprobó el proyecto de hidrocarburos por 38 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones. El oficialismo voto acompañado por sus habituales aliados, mientras que la oposición rechazo en conjunto el proyecto. Ahora la discusión pasará a Diputados.

El articulado en cuestión es un complemento normativo para las leyes 17.319 y 26.197 y tiene como objetivo regular la explotación tradicional y la no convencional de hidrocarburos. Más allá de ser legislación de carácter nacional, existe el compromiso de que, una vez sancionada, las distintas legislaturas concreten las adhesiones necesarias para ejecutarla.

A su vez, la iniciativa propone requisitos mínimos en los mecanismos de selección de los concesionarios, el establecimiento conjunto de instrumentos de promoción para las actividades y el establecimiento de estándares comunes para el cuidado ambiental. En pos de concretar esos lineamientos, el texto estipula los plazos específicos para la obtención del insumo estratégico en los diferentes emprendimientos.

Respecto al rol de las provincias en relación con las compañías explotadoras, el proyecto estipula que deberán limitar sus ingresos a las regalías (fijadas en un 12 por ciento). Esta consigna parte de la premisa de que, logrando un mayor caudal de capital, aumentarán sus ingresos aunque dejen de cobrar derechos por transporte o acarreo.

Ese fue uno de los apartados más delicados puesto que supone una recaudación menor frente la expectativa de arcas más robustas en el futuro. Además, el acuerdo fijaría la alícuota de Ingresos Brutos en un 3 por ciento, en tanto que propiciará que las gobernaciones no graven con una tasa extra a la rúbrica de los contratos en la materia.

En forma de compensación, se prevén aportes a los distritos desde las compañías como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y del Estado Nacional para obras de infraestructura.

Asimismo, de prosperar en ambas cámaras, se establecerá de común acuerdo Pliegos Modelos para unificar los parámetros de licitación, que varían según cada provincia. De esta manera la intención es pautar requisitos uniformes para la explotación.

También, uno de los puntos centrales para lograr la soberanía energética es determinar un régimen especial para importar bienes de capital e insumos. En esa línea, existe la determinación para desgravar a la industria hidrocarburífera en el orden municipal.