El viaje del presidente Maurizio Macrì a Estados Unidos, con el alegado propósito de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas y llevar tranquilidad a los inversores internacionales sobre la economía argentina, tiene como verdadero objetivo implorar en persona un auxilio extraordinario del Tesoro.

Las fuentes de financiamiento privado están clausuradas por lo que quede de su mandato y los aportes del Fondo Monetario Internacional no cubren las necesidades de lo que resta de este año y mucho menos del próximo.

Si alguien lleva desasosiego y no tranquilidad a quienes aún no han terminado de retirar todas sus apuestas del paño argentino es Macrì. Sus políticas han fracasado para cualquier otro propósito que no sea favorecer negocios propios y de sus allegados y transferir porciones sustanciales de recursos de la base a la cúspide de la pirámide social.

La crisis que se aproxima es de proporciones sólo comparables con las peores hecatombes de las últimas décadas, y las reiteradas invocaciones presidenciales a mantener la calma ya no consiguen otra cosa que el paradojal efecto contrario. Es demasiado evidente que ni el Presidente ni el mejor equipo de los últimos cincuenta discursos tienen la menor comprensión de lo que está sucediendo y como aprendices de brujo desatan catástrofes que no pueden controlar.

Macrì viajará en septiembre y lo único que se anunció hasta ahora es que se reunirá con los fondos Black Rock y Templeton, que ya se subieron a los Botes en la corrida de abril. Ellos serían los encargados de organizarle una agenda de contactos con otros financistas. En esta misma edición, Sebastián Soler sondea las condiciones en que Macrì podría conseguir el auxilio del Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en qué magnitudes y por qué lapso. Pero ni eso alcanzaría.

El precedente argentino más notorio no es alentador. En 1984, Alfonsín trató de reunir un club de deudores para reclamar a las naciones más desarrolladas y a los organismos multilaterales, planes que no se limitaran al ajuste y contemplaran también el crecimiento y las necesidades sociales. En ese momento Fidel Castro promovía desde Cuba un movimiento general de desconocimiento de la deuda y Alfonsín creía que ante ese temor se ablandarían billeteras y corazones. Estas demandas se canalizaron a través del Grupo de Contadora, formado a principios de los años ’80 para contribuir a una salida pacífica a los conflictos armados de Centroamérica. Los encuentros internacionales se reiteraron, pero al vencerse los plazos sin acuerdo, el 31 de marzo de 1984 se anunció una compleja operación destinada a impedir la moratoria argentina: Brasil, Colombia, México y Venezuela aportarían en conjunto 300 millones de dólares, la Argentina cedería 100 millones de sus escasas reservas y el Tesoro de Washington aportaría los 100 restantes para cubrir el vencimiento de 500 que angustiaba al flamante gobierno postdictatorial. Alfonsín y sus intelectuales, como Dante Caputo, se ilusionaron con que la socialdemocracia europea no abandonaría al primo pobre. El acuerdo de 1984 fue presentado como un ejemplo de solidaridad regional con el eslabón más débil de la cadena. Pero desde entonces, cada vez que Alfonsín quiso blandir la espada reluciente de la moratoria unilateral sólo despertó miradas de compasión y sonrisas suficientes. En 2002 Adolfo Rodríguez Saa se ilusionó con que la relación especial que había establecido en la década anterior como gobernador de San Luis con su colega de Texas, Georges W. Bush, podría servirle. Es inolvidable la expresión de Guillermo O’Donnell cuando lo supo. Rodríguez Saa no tuvo tiempo de desilusionarse porque su fantasía presidencial se disipó antes.

Del mismo tipo son las miradas que recibe hoy Macrì cuando pretende un trato preferencial porque ahora gobierna la Argentina «uno de ellos». Cada uno cree que volvió al mundo y que con él será distinto.

Aquel fue el momento en que el Ministro del Interior Antonio Tróccoli dijo que la deuda externa pesaría sobre el país durante 25 años. Entonces parecía mucho.

Las expectativas del gobierno nacional se depositan entonces en cuestiones por completo ajenas a la economía: a falta de gambetas y tiros libres de Messi, se conforma con la incomprobable caligrafía de Centeno, las andanzas de Stornelli y Bonadío y su repetición mediática. Si ya había dudas, Jorge Rodríguez disparó por debajo de la línea de flotación al admitir que tuvo una oficina en Munro donde lo indicó el chofer, pero recién un año después. Cosa de brujería, como diría Luli Salazar.

Durante su flamígero discurso en el Senado, Cristina dijo que sólo buscaban humillarla y alimentar la telenovela del mes. La Nación se deleitó con la existencia de un vestidor blindado y un columnista que nunca se sabe si escribe en serio o en broma dijo que contenía dos millones de dólares en ropa, así como antes las cámaras habían recorrido en horario central un edificio vacío, allanado tres veces, donde no se encontró nada relevante. Incluso el Centro de Información Judicial cuyo control intenta recuperar Lorenzetti, nostálgico de la que fue su oficina personal de imagen, reproduce fotografías de los escogidos para el escarnio público. El insustancial documento que Bonadío utilizó para resumir la causa en los llamados a declaración indagatoria y las órdenes de allanamiento, menciona en el mismo párrafo como objeto de la investigación a funcionarios como Baratta o Abal Medina, empresarios como Carlos Wagner y Héctor Sánchez Caballero, «entre otros». Esta novedosa técnica expositiva tiene una explicación: dentro del rubro otros se encubre a Angelo Calcaterra, El Innombrable, quien se arrepintió de… haber sido víctima de un delito.

A mediados del siglo pasado, estas producciones eran más cuidadas, los ciudadanos llevaban corbata y los obreros vestían mameluco. La entropía está haciendo estragos.

Al mismo tiempo que el jefe de gabinete Marcos Peña Braun aseguraba que el gobierno no tiene relación con lo que sucede en Comodoro Py, con ese gesto impávido que a nadie le sale tan bien, el Presidente estimaba que el kirchnerismo se robó 200.000 millones de dólares, un disparate sin tasa ni medida, ya que esa suma supera el total de la obra pública realizada en aquellos años. El principio de no contradicción no se enseña en el Cardenal Newman. O no todos lo entienden.

Tampoco el chiste del flan es original. El copyright pertenece a Barry Levinson, director del film Envy, de 2004. Ni humoristas serios van quedando.

Las CIFRAS que faltan

Sólo por vencimientos de capital e intereses de la deuda en moneda extranjera restan pagar entre septiembre y diciembre de este año 23.259 millones de dólares, a los cuales debe sumarse la fuga de capitales y los resultados de la balanza comercial y de servicios en el mismo lapso. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), creado por Eduardo Basualdo, estimó esas magnitudes con los supuestos más favorables: 1.692 millones de dólares mensuales de fuga (que es el promedio de la gestión macrista), y la balanza comercial y de servicios en equilibrio como resultado de la devaluación y la recesión. Si estas previsiones tan optimistas se cumplieran, se requeriría financiar 30.246 millones de dólares de aquí a fin de año. El FMI aportaría unos 13.000 de ellos. Aún así al gobierno le faltarían algo más de 17.000 millones este año. No es poco, si se tiene en cuenta que en lo que va de la corrida ya se fugaron 22.000 millones y que no hay prestamistas a mano.

El cuadro es mucho peor para 2019. Las necesidades de divisas del año próximo ascienden a 50.915 millones de dólares y el FMI cubriría en el mejor de los casos 11.640. Cómo financiar los 39.275 millones restantes es una incógnita que supera la capacidad de previsión del gobierno y de credulidad del mercado. De allí las plegarias a San Mnuchin.

Las cifras del nivel de actividad en mayo y junio indican la profundidad de la recesión, que deja atrás todas las previsiones anteriores. Caídas como éstas (-5,2% en mayo y -6,7% en junio) sólo se encuentran en julio de 2009, bajo el impacto recio e imprevisto de la crisis mundial.

Estimador Mensual de Actividad Económica, de Noviembre de 2015

a junio de 2018 (en % y número índice nov-15=100)

Variación interanual y serie desestacionalizada.

Los investigadores de CIFRA Mariano Barrera, María José Castells, Ana Laura Fernández, Mariana González y Pablo Manzanelli entienden que la estrategia del gobierno de disminuir el stock de LEBACs (una deuda en pesos a corto plazo), emitiendo en cambio Letes (deuda en dólares a seis o doce meses) agravará el problema, porque esa deuda se acumulará pesadamente en 2019. “En este marco se inscribe el hecho de que el gobierno ya tenga en cartera la posibilidad de solicitar un préstamo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual implicaría la consolidación de la hegemonía del capital financiero internacional en la economía argentina”, sostiene el informe, que se distribuirá el lunes 27.

¿Qué quedaría entonces de la soberanía argentina?

Fuga

El gobierno pone toda su atención en el déficit fiscal (en esto el FMI coincide) y omite la incapacidad de la economía para generar divisas genuinas, que no deban reemplazarse con endeudamiento. Pero aunque lo ignoren, el déficit comercial es el mayor problema real. A pesar de la devaluación y la recesión, el saldo comercial de los primeros siete meses del año sigue siendo negativo, en 5.861 millones de dólares. En julio y julio las cantidades importadas descendieron 4 y 11,7%, pero por el aumento de precios promedio (en 2,2% interanual) su valor se incrementó. En cambio las exportaciones cayeron en cantidad (-8,4%) pero creció su precio (1,7%). Así, el déficit comercial que había caído en junio, volvió a crecer en julio, con 789 millones de dólares.

En el gobierno neoliberal de Carlos Menem, la fuga de capitales sólo se revirtió en los primeros años, para aprovechar las superganancias ofrecidas con las privatizaciones. Bajo el actual gobierno, el flujo nunca se invirtió, pero mostró una cierta calma entre octubre de 2016 y marzo de 2017 a raíz del blanqueo, que permitió legalizar dinero negro pagando una bajísima penalidad y sin siquiera obligación de repatriar las divisas. Pero al vencer el plazo que establecía la Ley para inmovilizar 7.500 millones de dólares, la salida de capitales al exterior retomó impulso. Desde el primer baile de Macrì en el balcón de la Casa Rosada y hasta julio de este año, la valorización financiera, el levantamiento de los controles cambiarios y la desregulación en el movimiento de capitales redundaron en la formación de activos externos por 54.149 millones de dólares, de los cuales 49.862 millones constituyen fuga del sector privado no financiero. La diferencia son las divisas que regresan al mercado formal de divisas en forma de depósitos que el Banco Central contabiliza en sus pasivos.

Formación de activos externos del sector privado y fuga de capitales a través del método del

Balance Cambiario, noviembre de 2015/ julio de 2018 (en millones de dólares)

Con el primer desembolso del FMI de casi 15.000 millones de dólares en el segundo trimestre de 2018, la deuda pública total sobre el PIB subió al 70,8% o al 62,5% (según se calcule el PIB a precios corrientes del primer o del segundo trimestre de 2018). Y eso aún sin contabilizar los efectos del incremento neto de la deuda a través de otras emisiones como Letes o Botes. Y según el mismo método, la deuda externa pública creció al 37,6% o al 33,2%. En ambos casos por encima de los registros de 2001, previo al default, e implican que Macri nada menos que duplicó esos guarismos en su gestión.

Un punto clave del acuerdo stand-by es la reducción del déficit fiscal primario del sector público nacional no financiero: del 3,8% del PIB en 2017 a cero en 2020, pasando por el 2,7% en 2018 y el 1,3% del PIB en 2019. De cumplirse, al cabo de dos años casi se extinguirían las transferencias a las provincias (-75%), se reduciría la tercera parte de los subsidios y del gasto de capital, la masa salarial del empleo público caería en alrededor del 10% respecto a su incidencia en el PIB y las compras estatales en el 20%. Se trataría, por consiguiente, de un mega ajuste en el gasto público equivalente a casi el 14% de su incidencia en el PIB. Pero ni esto implicaría eliminar el déficit financiero ya que los intereses de la deuda van a trepar al 2,3% del PIB en 2018 y 2019 y al 3% en 2020, contra el 1,3% de 2015 y el 2,1% de 2017. De modo que lo que se achica en un rubro crece en otro, sólo cambian los destinatarios.

El ajuste fiscal es mucho más severo en el primer semestre de 2018 que lo sucedido en los dos años previos. La reducción de los gastos primarios en el primer semestre de este año alcanzó el 5,7% en términos reales, casi triplicando su ritmo de caída respecto a los años anteriores. Esto se explica por una reducción de 2,4% en gastos corrientes y de 36,7% en gastos de capital, es decir la obra pública nacional. El acuerdo con el FMI profundizará este sendero en el segundo semestre del año y con mayor virulencia en 2019. Dentro de los gastos corrientes, lo que más se redujo fueron las transferencias a las provincias (-25,3%) y los subsidios económicos (-14,5%), seguidos por un recorte de 5,6% en la masa de salarios de la administración pública nacional. La profundización de ese esquema provendrá tanto de reducciones en el salario real promedio como de una reducción en la planta estatal. Sólo las prestaciones sociales tuvieron un incremento en términos de poder adquisitivo (del 2,1%), empujado por las jubilaciones y pensiones que en conjunto crecieron 3,3%, casi lo mismo que cayeron las asignaciones familiar y universal por hijo.

El golpe a los trabajadores

En abril y mayo hubo 30.900 trabajadores registrados menos que en diciembre de 2017. Por la caída en el nivel de actividad, todas las modalidades ocupacionales se redujeron: asalariados del sector público y del sector privado, de casas particulares, independientes autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. La peor caída la sufrió la industria manufacturera, afectada estructuralmente por la apertura externa, que se suma a la retracción del mercado interno. En mayo hay 13.900 asalariados industriales menos que en diciembre del año pasado.

Trabajadores registrados 2015-2018. Sin estacionalidad

Además del empleo, en mayo cayó el salario real promedio de los asalariados registrados del sector privado. Su poder adquisitivo fue 1,3% más bajo que en abril y 5,4% menor que en marzo. Si se lo compara con noviembre de 2015, antes de la asunción del gobierno de Macri, se ubica 5,7% por debajo. Para los próximos meses sólo cabe esperar una reducción mayor como resultado de la aceleración inflacionaria. Si bien desde junio algunos pocos gremios como Camioneros y Comercio lograron aumentos anuales en torno al 25%, que se convirtió en el nuevo techo para el gobierno, ello tampoco garantiza mantener el poder adquisitivo ante proyecciones de inflación que superan el 30% anual y se van acercando al 35.

Como era de prever, la evolución de las remuneraciones en el sector público ha sido aún más desfavorable que en el sector privado registrado. Para el promedio del sector público (administración nacional, enseñanza y salud de jurisdicción nacional y provinciales) la caída de poder adquisitivo entre noviembre de 2017 y mayo de 2018 alcanza el 7%.

Ante la intención del gobierno de reducir la masa salarial como uno de las principales formas de ajuste fiscal comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (y Mario Quintana se jactó en Estados Unidos de que lo estaban logrando), cabe avizorar una importante disminución real para este año. Varios de los gremios representativos del sector público firmaron paritarias en torno al 15% y algunos incluso por debajo, sin haber podido reabrir negociaciones y varios no han podido alcanzar aún un acuerdo.

Remuneración promedio real del sector privado y del sector público entre enero de 2015 y mayo de 2018

(índice Noviembre de 2015=100).

También ha sido pronunciada la caída del salario mínimo y de las jubilaciones. El 8 de agosto, ante la falta de acuerdo entre sectores empresarios y centrales sindicales, el Ministerio de Trabajo dispuso unilateralmente un aumento en 4 tramos (septiembre y diciembre de este año, marzo y junio de 2019, con un acumulado a junio del 25%).

Salario Mínimo Vital y Móvil, nominal y real por IPC provincias (en %),

2015-2018

Un incremento tan mezquino comparado con la inflación proyectada garantiza que por tercer año consecutivo el salario mínimo, vital y móvil perderá parte de su poder adquisitivo. La caída en términos reales se estima en 8,6%, más profunda que en los dos años previos. La reducción entre 2015 y 2018 alcanzaría al 14,3%, que es equivalente a perder más de un mes y medio de salario en el año.

La repulsa social al gobierno no se detiene desde diciembre de 2017, cuando a pesar de las masivas protestas y por medio de un intimidatorio dispositivo de represión, el Congreso aprobó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria: 70% de la variación del IPC nacional y 30% de la variación del salario registrado promedio (RIPTE), cuyo resultado será un incremento inferior al de la fórmula vigente hasta aquel momento.

El haber mínimo, de $8.096 desde junio, se elevará a $8.636 desde septiembre. Las actualizaciones del año implicarían una caída en términos de poder adquisitivo del 4,9%.

Dado que el haber mínimo ya había sufrido una importante retracción en 2016, la comparación de 2018 con 2015 arroja una pérdida real que alcanza al 9,7%.

Jubilación mínima, nominal y real por IPC provincias (en %), 2015-2018

Cabe resaltar que existe un conjunto de jubilados con haberes inferiores a la mínima, que son quienes accedieron a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) establecida en julio de 2016. El valor actual de la PUAM es $ 6.477.

Pero a no preocuparse. Todos tranquilos. Como dijo Pagni que dijo un ministro, si no hay pan que haya circo.

Los acontecimientos dan lugar para todo. En un extenso reportaje en Infobae, el órgano de difusión de las Carmelitas Descalzas, el empresario y directivo del Rotary Club Luis Ovsejevich, director general ad honorem del Teatro Colón durante el menemismo, fijó su posición. El diálogo vale la pena:

—Este año se entregan los premios Konex a instituciones, comunidad y empresas justo cuando explota una megacausa por corrupción. ¿Revisó la lista por si algún premiado figura en las investigaciones judiciales?

—Si, por supuesto. El concepto número uno es el tema ético, gente que trate de mejorar la sociedad y que no tengan ningún problema desde ningún punto de vista, ni desde ser maleducados a gente que pueda tener negociados. Ahora estamos con el caso de los cuadernos y prácticamente no hay nadie de esas personas que esté mencionado

-¿Cree que en Argentina hay premios y castigos justos?

—En relación a los premios Konex creo que hemos cuidado tremendamente el tema. Podemos tener en cuenta qué pasó en su historial. Si me pongo a mirar los famosos ciudadanos ilustres de la Legislatura o personalidades destacadas en muchos casos es una vergüenza. En alguna oportunidad me ofrecieron si quería serlo y dije que no, no me parece un honor estar al lado de algunas personas que ofenden a la cultura o a la Argentina.

¿Este virtuoso ciudadano que no quiere que lo confundan, será el mismo Luis Ovsejevich que el 22 de diciembre de 2016 se presentó ante el fisco con el CUIT 20043736877 para blanquear una fortuna junto con su hija Mariana?