6/01/2017 -

VALENCIA. Feria Valencia pagó 17 millones de euros directamente a la consultora Áreas, Ingeniería y Arquitectura por la redacción de los proyectos de sus obras de ampliación, un proyecto cuyo coste final superó los 587 millones de euros avalados por la Generalitat. El recinto asumió ese pago como un coste adicional que podría haberse ahorrado, ya que en los contratos que firmó con las constructoras adjudicatarias quedó fijado que era un gasto del que debían hacerse cargo las empresas.

Así consta en el informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción a los interventores de la Generalitat que, en calidad de peritos judiciales, han analizado si la contratación y ejecución de estas obras se ajustaron a la legalidad. Según ese mismo documento, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, sólo en el principal contrato para la ampliación de los pabellones Feria Valencia pagó a la UTE encargada de la obra al menos 47,5 millones de euros en sobrecostes por modificaciones en el contrato y por la adjudicación de las obras por 14,81 millones de euros sobre el presupuesto de licitación.

La Fiscalía Anticorrupción archivó recientemente las actuaciones al no apreciar indicios de delito a pesar de que el informe pericial concluye que "gran parte" de las obras se certificaron por un importe superior al que figuraba en los contratos. Esos acuerdos fueron firmados por el entonces presidente ejecutivo del recinto, Alberto Catalá, durante la etapa de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta del patronato.

Las conclusiones del informe, entregado al Ministerio Público a principios del año pasado, surgen del análisis de veinte contratos para la obra civil y trece adendas por un valor total de 322,69 millones de euros sin IVA. Entre ellos están los tres principales contratos para la construcción, cuyo presupuesto de adjudicación supera los 221 millones de euros.

En todos esos contratos se indica que los costes de redacción de proyectos, dirección de obras, asistencia técnica y control de calidad son exigibles al contratista. Sin embargo, los interventores manifiestan no tener constancia de que Feria Valencia exigiera a las constructoras los gastos de redacción de los proyectos, ya que la institución abonó directamente al estudio 17,21 millones por ese concepto.

Ello supuso un coste adicional que Feria Valencia "podría haberse ahorrado y un beneficio para las empresas adjudicatarias, que conocían desde la licitación que era un coste que debían asumir y del que fueron eximidas", sin que se haya encontrado justificación documental del porqué, alertan los autores del informe.

Posible pago por duplicado

De hecho, tras constatar en los expedientes revisados el abono por parte de Feria Valencia de esos 17,21 millones, el informe no descarta que Áreas, Ingeniería y Arquitectura S.L., estudio del arquitecto José María Tomás, cobrase por duplicado ese concepto, ya que en los contratos se incluyó una partida de gastos exigibles al contratista de hasta el 10% del coste de la obra. "Habría que esclarecer si dicho pago se ha producido, pues en tal caso la redacción del proyecto se habría abonado por duplicado", asegura el informe.

Hasta llegar a esa conclusión, el equipo responsable del informe estudió doce contratos suscritos con esta consultora. Para la redacción del proyecto inicial, Feria Valencia contrató directamente a Áreas, Ingeniería y Arquitectura sin publicidad ni concurrencia. Así se hizo también en todos los contratos que se firmaron posteriormente con esta firma, tanto para la redacción de proyectos como para la dirección de las obras "sin límite económico".

Así, la firma pasó del contrato inicial de asesoramiento urbanístico por 62.805 euros a un conjunto de contratos abonados tanto por Feria como por los contratistas de las obras que superan los 58,32 millones, IVA incluido.

De los 29,06 millones de euros que el estudio ingresó por redacción de proyectos, Feria Valencia aportó los 17,21 millones de euros citados y el resto las dos UTE adjudicatarias. Una de ellas estaba formada por FCC, Lubasa y Pavasal y, la otra, por ACS, Ferrovial y Enrique Ortiz. En el caso de la dirección de obras, el recinto Feria pagó a la consultora 433.000 euros y las constructoras 28,82.

En este sentido, el informe llama la atención sobre la incompatibilidad para percibir honorarios por la dirección de obra por parte de las propias constructoras. "Es difícil mantener la exigencia y el control de calidad y de ejecución sobre una empresa contratista que, a su vez, es la responsable de abonar los honorarios de la dirección de obra", alerta el documento.

El informe también advierte de una serie de subidas "injustificadas" en los precios de las unidades que provocaban que las obras se certificaran con unidades que nada tenían que ver con lo previsto en el proyecto y que eran hasta un 50% más caras. Al respecto, el trabajo concluye que el control económico de la obra "era inexistente".

Documentación incompleta

Los peritos judiciales destacan, además, que desde que solicitaron a las dos principales UTE responsables de la obra la relación de los pagos satisfechos directamente a Áreas, Ingeniería y Arquitectura hasta que se les entregó esta documentación pasaron dos años.

Sin embargo, lamentan que Feria Valencia no llegase a facilitarles ni los contratos para la elaboración del proyecto básico ni los del proyecto de ejecución de la fase III de la ampliación. Tampoco fueron aportados a los investigadores los proyectos finales de liquidación.

Los peritos cuestionan la calidad técnica de los proyectos de ejecución realizados por el estudio, sobre todo de los modificados o adendas, que pese a ser el origen de los sobrecostes del proyecto se caracterizan por ser "totalmente insuficientes" tanto en su alcance como en la justificación de las obras.