Hace unos meses el "Reino de España" enviaba a Bruselas su Programa Nacional de Reformas (PNR), un mecanismo con el que dar cuentas a la UE acerca de lo que se va a hacer, entre otras cosas, en materia de empleo y trabajo. Al calor del debate político que propicia la campaña estos días se ha hecho especialmente visible que este documento contiene una propuesta dirigida a reducir la "segmentación del mercado laboral" que pasa por "simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo" y en, segundo lugar, "abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación".



No nos detendremos ahora en el "menú de contratos", que supone un lapsus especialmente elocuente, una vez que en nuestro país los contratos no son a gusto del consumidor, sino que cada uno se prevé para una finalidad específica y es el incumplimiento generalizado y vergonzante de esta legislación, en buena medida impune, el que genera esa sensación de contratación a la carta.

Centremos nuestra atención en ese fondo de capitalización al que se compromete el Reino de España y que, por cierto, como el mismo documento permite comprobar, es algo que también reclama la patronal española (p. 59). Este fondo, también conocido como mochila austriaca, es una nueva vieja receta de la agenda reformista laboral más neoliberal. La UE nunca ha ocultado su pasión por este sistema, inspirado en la legislación austriaca donde se implantó en 2003, y desde 2007 lo viene poniendo como ejemplo de buena práctica para conseguir mercados de trabajo basados en la "flexiguridad", un palabro con el que muchas veces se hace referencia a la pérdida de derechos laborales bajo la promesa de compensación a través de la protección social y la formación. También la OCDE lo alaba.

De hecho, la mochila ya fue aprobada entre nosotros hace casi una década. La reforma laboral socialista de 2010 introdujo este mecanismo, aunque sometiéndolo a lo que dijera una comisión de expertos que finalmente desaconsejó la medida y acabó guardada en un cajón. Hace unos meses volvió sobre ella Ciudadanos, aunque su intento fracasó por abrumadora mayoría parlamentaria, incluido el rechazo del PSOE. Sin embargo, poco tiempo después, el Gobierno, a través de su ministra de economía, presenta la "Agenda del Cambio" que vuelve a poner encima de la mesa la mochila austriaca previendo su implantación en 2020 y de ahí pasa al PNR con el que abríamos estas líneas.

¿En qué consiste? Naturalmente hay muchas formas de diseñar una medida como esta, pero la idea principal es que durante la relación de trabajo las empresas incorporen a un fondo titularidad del trabajador un porcentaje del salario. Este fondo o cuenta individual se nutre así cuando el trabajador está en activo y su cuantía se puede rescatar o recuperar, entre otros, en caso de despido, movilidad geográfica, desarrollo de actividades de formación o jubilación. Así, por ejemplo, si el trabajador resulta despedido será indemnizado por el fondo y la empresa se verá exonerada, o compensará una parte, de la indemnización de despido, una vez que la ha venido abonando de forma anticipada mediante contribuciones a la mochila.

Entre las virtudes del mecanismo suelen indicarse al menos tres: favorece la movilidad de los trabajadores, pues al funcionar como una mochila es posible aceptar una oferta o buscar un trabajo mejor y abandonar la empresa actual sin perder la indemnización acumulada hasta ese momento. En segundo lugar, evita que las empresas tomen las decisiones de despedir basándose en la antigüedad y no en otros factores como la productividad ya que el coste indemnizatorio se ha ido asumiendo a lo largo de la relación laboral y deja de ser decisivo en el momento del despido. Y, muy similar, evita estrategias empresariales destinadas a prescindir de trabajadores con el propósito de que no acumulen antigüedad encareciendo su despido, algo que en España se consigue a través de la temporalidad.

Estas ventajas (algunas por cierto dudosas como prescindir de la antigüedad en la elección de los despedidos, muy propia de la retórica liberal-productivista tan despiadada con otros elementos esenciales para la vida cotidiana) parten de ocultar la principal de todas: es un mecanismo al servicio de facilitar el despido de los trabajadores incorporando de tapadillo el contrato único (si a todos los podemos despedir recurriendo al fondo no hay diferencia entre temporales y fijos). Difícilmente el atractivo de la movilidad de los trabajadores, muy poco decisivo en un país asolado por la precariedad como el nuestro, puede contrabalancear los evidentes beneficios que para los empresarios reviste el modelo austriaco.

Un buen eslogan para definirlo, al menos en su vertiente pura, sería el de "despida libremente pagando la indemnización en cómodos plazos". El hecho de que el PNR advierta que se podría recurrir al fondo en los casos de despido improcedente es una muestra de esta escandalosa función facilita-despidos de la mochila austriaca. Recuerde el lector lo que es un despido improcedente: es un despido injustificado para el que el empresario no tiene motivos y por eso es indemnizado, porque la empresa está incumpliendo sus obligaciones poniendo fin caprichosamente al contrato de trabajo. En estos casos la función de la mochila se pone al servicio de amortiguar la indemnización, haciéndole perder su eficacia disuasoria.

La finalidad de las indemnizaciones por improcedencia en nuestro sistema no es solo la de compensar al trabajador por la pérdida injusta de su empleo, sino, lo que es incluso más importante, disuadir al empresario de que despida cuando carece de motivos para hacerlo. Si ya en la actualidad a duras penas cumplen esta función imagínense lo que sucedería en un contexto de indemnizaciones compensadas por un fondo que, por cierto, sería muy difícil que no acabara saliendo del propio bolsillo del trabajador. No se olvide que en 2010 se estableció expresamente que la implantación de la mochila no podía suponer la elevación de las cotizaciones sociales empresariales, de forma que sería difícil de contrarrestar la tendencia de las empresas a compensar las aportaciones al fondo con una rebaja del salario bruto de sus trabajadores.

Se trata, por todo ello, de un modelo que tiende a eliminar la naturaleza preventiva de la protección frente al despido, igualando injustamente a empresarios responsables con quienes utilizan el despido de forma arbitraria y despótica. Un sistema que pone el acento en la pérdida del empleo en lugar de en su mantenimiento, convirtiendo el despido en un acto cotidiano y banal, ocultando lo que de verdad es: un ejercicio violento del poder privado. El despido como mero coste económico que además puede ser planificado y convertido en predecible, pues desde el mismo momento en que comienza la relación laboral se empieza a pagar la futura indemnización.

Y ello por no hablar desde otras latitudes distintas al despido. Piénsese en la relación de la mochila austriaca con el sistema público de pensiones ¿es la manera de crear por fin un sistema capitalización obligatorio que complemente el público y le libere de ser suficiente? ¿quién gestionará el fondo? ¿será el sistema bancario el que especule con las indemnizaciones por despido de los trabajadores? Nadie oculta lo beneficioso que el sistema puede resultar para el mercado de capitales.

Demasiadas incógnitas sobre una institución sobre la que si algo es seguro es que no se mueve en el territorio de recuperación de los derechos laborales perdidos por las sucesivas reformas laborales. Al contrario, vuelve a jugar con la idea de evitar la segmentación de nuestro mercado de trabajo, producto por cierto de esas mismas reformas, con la extensión generalizada de la precariedad. Trampantojos mágicos para no abordar decididamente los problemas del trabajo en nuestro país y que pasan por garantizar la estabilidad en el empleo y evitar con igual contundencia la huida del derecho del trabajo a la que es posible que un fondo de esta naturaleza, que en otros lugares se ha extendido también al trabajo autónomo, pudiera incluso contribuir.

No parece excesivo concluir que rescatando esta propuesta, el Gobierno de Sánchez insiste en su giro hacia posiciones conservadoras y crea las condiciones para un espacio de confluencia con Ciudadanos que además sea bien visto por la ortodoxia liberal instalada en la UE. Alejado ya del discurso de derogar la reforma laboral, el PSOE vuelve a demostrar lo difícil que le resulta cuestionar la apropiación neoliberal de las relaciones laborales, que, en nuestro país, es responsable de la degradación de las condiciones materiales de las trabajadoras y los trabajadores y de sus instrumentos de resistencia sindical.