Arde Portugal en la peor semana de incendios en su historia reciente. Desde el pasado fin de semana, 64 personas han fallecido a causa de las llamas o en la lucha contra el fuego, una pelea que protagonizan más de 34.000 bomberos voluntarios en el país vecino y que supuso un importante negocio para las principales empresas españolas de extinción de incendios con medios aéreos. Investigadas desde 2015 por pactar precios y según la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, seis de las principales empresas del sector en España intentaron manipular al menos desde 2006 los contratos públicos lusos con ofertas falsas para copar todas las licitaciones. Los informes policiales calculan que juntas se repartieron de forma irregular más de 100 millones de euros tanto en España como en suelo luso.

Las pruebas de sus presuntos amaños, sus pretensiones y su voracidad a la hora de conseguir contratos públicos se acumulan en la llamada Operación Concentración, la investigación abierta contra ellos en la localidad valenciana de Sagunto, y que la pasada semana quedó en manos de la Audiencia Nacional. Según el sumario del caso, los responsables de las firmas Avialsa, Espejo, Martínez Ridao, Cegisa y Faasa quedaban varias veces al año en un hotel de carretera llamado El Curce, ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real). Allí, entre ragut de ternera y caldereta de cordero se repartían las concesiones públicas de Baleares, Extremadura, Andalucía o incluso Portugal, donde por falta de fondos solo siete grandes ciudades tienen equipos profesionales de extinción de incendios, con independencia de la voluntad de las administraciones.

Según el sumario del caso, el método de manipulación de los concursos era sencillo: por un lado, las empresas decidían de antemano el ganador de la licitación en un reparto previo. Y para conseguir sus intereses, fijaban una serie de “ofertas cebo” que eran presentadas al alza por el resto de sus supuestos competidores, que en realidad estaban concertados entre sí.

Así se repartieron por ejemplo 1,6 millones de euros en el pastel de los hidroaviones en Portugal durante 2010. “El precio del contrato es de 1.992.000 euros y se han volado un total de 714 horas, que al precio de 500 euros/hora suponen un total de 357.000 euros. Si descontamos, el precio fijo del contrato a repartir entre las seis compañías sería de 1.634.930 euros”, refleja un correo remitido en octubre de 2010 por una de las empresas investigadas. En ese caso, la rentabilidad del alquiler de los aviones cisterna cuadruplicaba el coste real del servicio.

“Ganar como sea el concurso de este año”

“No hay ninguna compañía, aparte de nosotros más el club, con seis Fire Boss [un tipo de avión cisterna] libres para Portugal, es decir, que tendrían que unirse como mínimo cuatro compañías para el concurso. Siendo que las españolas están bajo control por nuestros acuerdos, es casi imposible reunirlos”, escribía sobre Portugal en febrero de 2010 Vicente Huerta, dueño de Avialsa y uno de los principales investigados en la causa. “Es verdad que puede presentarse alguien al concurso sin tener los aviones, pero en ese caso nos enteraremos por AT y Wipaire [fabricantes de ese modelo]. Un pedido de seis FB no pasa desapercibido”.

Así, Huerta plantea que la estrategia en suelo luso debe ser “Ganar COMO SEA el concurso de este año. Tenemos el apoyo del club español de compañías para hacer y deshacer lo que queramos en Portugal [...] Tras la campaña de 2010 enfocar el ataque para 2011 (que elimina la posibilidad de que nadie consiga aviones) con Fire Boss-67F biplaza con cámara de transmisón de imágenes certificada. Ningún competidor podrá llegar a esto, ni aun uniéndose todos los operadores del mundo de FB [...] El plato fuerte lo tenemos este año en Portugal. y vamos a atacar con todo el arsenal disponible”.

La “oferta Cebo”

Un mes después de este correo, arranca la maquinaria por parte del cártel para amañar el concurso en luso.“Para empezar os planteo la idea de presentar dos ofertas con dos empresas distintas, una con Avialsa y otra con Aviación Agrícola”, escribió el 2 de marzo de 2010 Francisco Alandí, exgerente de Avialsa y primer denunciante del caso. “La idea es presentar la oferta primera a últimos de esta semana y la más baja el mismo lunes 8 (se cierra el plazo a las 17h)”, concluye.

Dos días después es Angel Martínez Ridao quien escribe al resto de los integrantes del grupo empresarial: “Nos parece correcta la estrategia ya comentada en la reunión de Manzanares. En cuanto a los precios, consideramos que la “oferta cebo”, por si tiene acceso a ella la competencia, tendría que ser más elevada (380.000 - 390.000 euros) para que la diferencia con la definitiva sea más grande”.

Según la declaración de los propios investigados, sus años de mayor actividad en Portugal fueron 2006 y 2007, pero el sumario del caso investiga adjudicaciones en el país vecino hasta 2015, año en el que se lanza el operativo y se dictan las primeras detenciones. El documento fundacional del cártel, que incluía de forma original a cuatro empresas, reflejaba ya la voluntad de los participantes de repartirse el mercado portugués en 2001. Por el momento, hay 26 personas investigadas en España pero las pruebas de la manipulación en suelo luso han sido trasladadas a la iscalía del país vecino para que depure sus posibles implicaciones penales allí.