Con la aprobación del Poder Ejecutivo bonaerense, la Legislatura resolvería, después del receso invernal, poner en tratamiento un proyecto de reforma de la actual ley de alquileres para que –según la propuesta- los gastos de los contratos como honorarios, adelantos en garantía u otros adicionales no recaigan en su totalidad sobre el bolsillo de los inquilinos.

María Eugenia Vidal acompaña. Hasta ahora, la iniciativa formal es de la oposición. El oficialismo adheriría o conformaría un proyecto propio, en los mismo términos. El formato es igual a la reforma aplicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2017.

¿Qué establece la norma? Aquellos gastos originados en el contrato confeccionado por un martillero matriculado (incluye trámites de libres deudas, inhibiciones, garantías, etc) deberán ser afrontados por el propietario. Es decir, se aliviana la carga del locatario. El riesgo es que el locador traslade esos costos al precio final del alquiler.

Los fundamentos pueden ser hallados en la declaración de la Asociación Platense de Inquilinos: “Con este proyecto buscamos reducir en más del 50% el costo de hacer un nuevo contrato, buscando revertir una situación injusta donde al inquilino se le cobra la totalidad de los mismos, a pesar de que debe ser compartido. En el mismo sentido buscamos flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda, y evitar que el inquilino se endeude cada dos años para enfrentar una renovación o un nuevo contrato”.

Esas entidades se muestran muy activas para sancionar la reforma de la ley 10973. De hecho, el proyecto comenzó a debatirse en la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales. Allí se presentó un informe a partir de una encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional, donde el muestreo de 19 mil casos determinó que las preocupaciones de los inquilinos son el precio del alquiler, los requisitos económicos para ingresar a una vivienda en alquiler (pagarés, depósitos en efectivo, mes adelantado), la comisión inmobiliaria y la garantía propietaria que se exige.

Según los datos que se desprende de los censos nacionales, hubo un fuerte incremento de hogares alquilados en el país. De 11.1 % en 2001, al 16.1% en el 2010 (más de 7 millones de personas viven actualmente en viviendas alquiladas). Asimismo, en la provincia de Buenos Aires se destacan diferentes realidades que se vuelven significativas: el 25% de los habitantes alquilan en Bahía Blanca, el 18% en la ciudad de La Plata y el 11% en el gran Buenos Aires.

En los contratos tipos, entre los gastos se cobra: el mes de alquiler adelantado, la certificación de las firmas que pueden costar aproximadamente 700 pesos cada una; el sellado que representa el 1,2%, del total del monto del contrato por dos años; el costo de los informes para conocer el historial crediticio del titular y el garante; el depósito (no puede superar el equivalente a dos meses de alquiler); y los honorarios de la inmobiliaria del 4%.

El proyecto reformista en la Legislatura provincial fue presentado por los diputados José Ottavis y Rocío Giaccone, del bloque “Peronismo Kirchnerista”. La legisladora explicó que “en términos económicos, estos gastos representan un gran esfuerzo por parte de los inquilinos, que cada dos años como máximo, y en muchas ocasiones, se ven obligados a contraer deudas para poder pagarlo”. Cambiemos adheriría en términos generales o, llegado el caso, sus integrantes se encargarían de redactar un nuevo proyecto más amplio.