Lo que vamos a exponer a continuación, aunque lo refiramos en contexto a la Comunidad de Madrid del Estado Español, bien puede ser extrapolado a otras Comunidades Autónomas, y por supuesto, al resto de países del planeta, pues todos están viéndose afectados en mayor o menor medida por la pandemia de Covid-19. Y además, puede ser también extrapolado a futuro, pensando en sucesivas pandemias que nos puedan afectar. Bien, la situación es la siguiente: los datos diarios de contagio, de contagios acumulados, de hospitalizaciones, de ingresos en UCI y de fallecimientos llevan muchas semanas incrementándose vertiginosamente en Madrid, con el riesgo que supone para la salud de todos. La curva de contagios sube sin cesar. El Gobierno de la Comunidad acaba de aprobar un nuevo conjunto de medidas de restricción, que afectan, como en la mayoría de los casos, a las limitaciones de movilidad, de entrada y salida de un determinado perímetro geográfico (sobre todo los barrios del sur de Madrid, tales como Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel…), de horarios de determinados negocios (hostelería sobre todo), de reducción de aforos para reuniones familiares y determinados eventos, etc. La casuística de la excepcionalidad es bien amplia, de tal manera que no se trata de un confinamiento en toda regla, ya que se puede salir de casa por motivos laborales, médicos, para hacer compras, para gestiones administrativas, para cuidar a personas dependientes, para tareas de estudio, etc.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a repetir como un mantra que “hay que evitar el confinamiento a toda costa”, ya que dicha situación sería letal para la economía de la Comunidad. Parece que la economía ha de ser rescatada, aunque para ello haya que arriesgar vidas. Pero sin vida…¿para qué queremos economía? Las presiones de los sectores empresariales son muchas y variadas, llegan desde múltiples sectores (sector cultural, sector del ocio nocturno, sector de la hostelería, sector del pequeño comercio…), e incluso han llegado a recurrir a las instancias judiciales para intentar revocar las decisiones administrativas de los respectivos Gobiernos. El confinamiento general, respaldado por una declaración de Estado de Alarma (el Presidente Pedro Sánchez avisó en su última rueda de prensa de la disponibilidad del Gobierno central para respaldar la petición de Estado de Alarma por parte de cualquier Comunidad Autónoma) sería la situación ideal para reducir drásticamente la peligrosidad de la situación, limitando los contagios y dotando a los servicios sanitarios de un mayor respiro. ¿Por qué entonces se rehúye esta petición de forma insistente y reiterada? ¿Por qué se descarta con tanto ahínco y vehemencia la solución más completa e integral para atajar la situación?

La razón es bien sencilla: porque se equipara, peligrosamente, la salud pública y la economía de la sociedad. Ambos aspectos se sitúan, de forma equivocada, en equidistancia. A la par que se afirma que la salud pública es importante, se asegura que la economía no puede cerrar, que la actividad económica no puede apagarse (diariamente nos enseñan cifras estimativas de la caída del PIB, del ascenso del paro, y del tiempo que tardaremos en “recuperar” los niveles anteriores), que el país tiene que continuar su ritmo. A la vez que se reconocen los colapsos en las urgencias hospitalarias, en las salas UCI, en los centros de atención primaria, en las Administraciones Públicas, en los colegios e institutos, etc., se intentan poner pequeños parches a una herida que sangra profunda y profusamente. Ésta, por tanto, no parece ser la solución. La solución se encuentra en priorizar, en llevar las medidas a una estricta prelación de importancia, destacando EN PRIMER LUGAR la protección de la salud pública, y EN SEGUNDO LUGAR la continuación de la actividad económica. Hasta que no hayamos conseguido niveles razonables para la primera, no debemos atender a la segunda. Continuar diseñando experimentos de equilibrismo entre ambas solo nos conducirá al desastre. De hecho ya lo está haciendo.

La pandemia nos ha puesto ante una realidad incómoda, que la sociedad capitalista desea esquivar, no quiere enfrentarse a ella: personas que se dedican por ejemplo al comercio ambulante, gestores e intermediarios culturales que dependen de las actividades de determinadas entidades, pequeños empresarios o falsos autónomos que dependen totalmente de las actividades de otras empresas…todos unidos bajo el lema “¡Queremos Trabajar!”, todos proclamando desesperadamente su protesta contra las restricciones que ahogan sus vidas, pero resulta que no se puede (o mejor dicho, no se debe) trabajar, porque, con la excepción de los que pueden hacerlo vía telemática, continuar con sus actividades representa un riesgo para ellos/as mismos/as y para los demás. Quizá la situación más sangrante de todas se produce cuando las personas que se dedican a la economía informal, que por tanto no están cubiertas por un ERTE, NECESITAN IMPERIOSAMENTE continuar con sus actividades laborales, porque su vida cotidiana, sus más perentorias necesidades, dependen de que puedan conseguir ingresos diarios, semanales o mensuales. ¿Cómo obligar al confinamiento estricto a todas estas personas, sabiendo que estás cortando así su única vía de subsistencia? La solución se nos ofrece clara y nítida: la RENTA BASICA UNIVERSAL.

Pero como siempre, la solución ofrecida por el Gobierno ha sido de nuevo una solución burda y claramente insuficiente: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta nueva prestación condicionada (además del tremendo fiasco que representa tener que solicitarla cuando las Administraciones Públicas están absolutamente bloqueadas y paralizadas por la pandemia, y el Gobierno no aumenta las plantillas de personal) solo está pensada para claros y extremos casos de pobreza, pero no para liberar a las personas del continuo yugo de tener que trabajar para poder comer diariamente. Se sigue escudando en los ingresos de la “Unidad Familiar” (suma de las rentas de todos los miembros que la forman), por lo cual ni es universal, ni es incondicional, ni es individual, como debiera ser si de verdad se quisiera arreglar este problema. Sigue siendo limitada, condicionada y se concede a un grupo humano, aunque sea una persona individual la solicitante. Si disfrutáramos de una Renta Básica Universal (RBU), la solución para el lema “¡Queremos Trabajar!” seguiría sin poderse atender mientras la pandemia estuviera activa, pero toda esa gente que lo demanda estaría protegida antes, durante y después de la pandemia, antes, durante y después de períodos de inactividad, paro forzoso, paro voluntario, accidente, incapacidad, edad, circunstancias familiares, y demás condicionantes que pudieran afectar a sus vidas en el tiempo. La RBU liberaría totalmente a esas personas de la asfixiante necesidad de tener que salir a la calle todos los días para conseguir el sustento diario, para ellos/as y sus familias.

¿Por qué entonces no se implementa esta medida, sabiendo que de esta forma liberaríamos a cientos de miles de personas (quizá millones) de la obligatoriedad vital de tener que trabajar, y por tanto enfrentarse diariamente a los contagios? Muy simple: porque la financiación de esta medida, al ser universal (es decir, cobrarla TODO EL MUNDO) requeriría de una profunda reforma fiscal justa y progresiva, donde realmente contribuyeran más los que más tienen y los que más ganan. Y ello representa un grave peligro para los privilegios y el estatus de los poderosos, esos pocos que tienen ingresos abundantes (algunos de ellos milmillonarios), y que se verían abocados a Declaraciones de Renta, digamos, incómodas. Una RBU permitiría afrontar una situación de confinamiento integral, estricta pero tranquila, sabiendo que aunque muchas personas tuvieran que renunciar a su nivel de ingresos habitual, siempre estarían cubiertas por unos ingresos dignos que les permitieran continuar atendiendo a sus necesidades. Los contagios se atajarían mucho más rápida y eficazmente, y de nuevo volveríamos, cada uno a nuestras actividades, con la tranquilidad de saber que nuestra salud pública ha sido priorizada y protegida. Lo primero es lo primero, no se pueden poner parches: sí pero no, confinamiento a medias, restricciones con infinidad de excepciones, etc., quedarían erradicadas, porque nadie tendría la imperiosa necesidad de trabajar para poder vivir. Pero la fuerza del poder económico es tal (junto al poder político que se repliega al mismo) que impone, antes de implementar medidas como la RBU, continuar sometiendo a la población a experimentos sociales, jugando con la vida de las personas, obligando a restringir actividades sabiendo que muchas personas dependen de ellas, y practicando un peligroso juego de equidistancia entre la vida y la economía. Así nos va.