Puerto Rico tiene la condición de estado libre asociado a EEUU y, aunque sus habitantes carecen de derecho a voto en las elecciones presidenciales, son ciudadanos estadounidenses desde la promulgación de la ley Jones-Shafroth en 1917. Esta norma eliminaba la tutela directa que Washington ejercía sobre la isla y autorizaba la creación de un Senado y, en cierta forma, dio carta legal a un movimiento nacionalista que poco a poco fue creciendo y obligó al gobernador a dictar en 1948 lo que se conoció como Ley 53 o Ley Mordaza, para tratar de ahogar ese activismo.

El deseo de independencia por el que abogaban algunos políticos como José de Diego y Eugenio María de Hostos tras pasar la isla de manos españolas a estadounidenses se vio frustrado desde el primer momento cuando estos últimos optaron claramente por la anexión, sometiendo su nuevo territorio a un gobierno militar a despecho de la petición de la Cámara de Delegados portorriqueña de que se les concediera la independencia. El estallido de la Primera Guerra Mundial no sólo ahogó ese grito sino que permitió al ejército de EEUU reclutar hombres en Puerto Rico.

Sin embargo, la idea siguió latente y tomó forma en 1917 con la fundación del PNPR (Partido Nacionalista de Puerto Rico) por José Coll y Cuchi, un abogado y escritor metido en política y ardiente opositor a la Ley Orgánica de 1900, la que el gobierno estadounidense usaba para regir a los portorriqueños desde el año homónimo y que, por tanto, precedió a la citada Jones-Shafroth. La ley, conocida también como Ley Foraker por el apellido del senador que la impulsó, equiparaba el inglés al español, establecía fuertes aranceles a los productos insulares e imponía el dólar como moneda oficial.

Todo lo cual creó un considerable malestar que encauzó Coll hacia lo que se llamó la Unión Nacionalista, formada por miembros del Partido Unión de Puerto Rico, que aglutinaba a varios partidos de corte independentista; de ahí salió el citado PNPR, del que fue presidente Coll con Pedro Albizu Campos en la vicepresidencia. Albizu, nacido en Ponce en 1891, había estudiado ingeniería química en Vermont y derecho en Harvard, trabajando luego como letrado pero siempre evitando representar a empresas yanquis. Aunque había combatido en la Primera Guerra Mundial en el ejército de EEUU, era simpatizante de la demanda de libertad de Irlanda y la India, manteniendo buena relación con líderes como Eamon de Valera, Subhas Chandra Bose o el propio Gandhi, al considerar que Puerto Rico también estaba en situación de sometimiento colonial.

Era mucho más radical que el presidente del partido -defendía incluso la lucha armada-, por lo que no tardaron en chocar. Coll, se retiró y Albizu quedó así como líder de un movimiento que, además, en 1922 se vio sacudido por el llamado Caso Balzac vs. Porto Rico: el periodista portorriqueño Jesús M. Balzac, condenado por difamación en tribunales insulares, apeló a la Corte Suprema de EEUU pero ésta dictaminó que no tenía los mismos derechos que los estadounidenses natos al no ser Puerto Rico un territorio incorporado.

La sensación de ser, pues, un país anexionado dio alas al PNPR pero no se plasmaron en resultados en las elecciones de 1932, en las que apenas obtuvo cinco mil votos. Eso, la represión desatada contra los simpatizantes de la independencia y el difícil contexto de la Gran Depresión, decidieron a Albizu a renunciar al juego democrático mientras los comicios fueran organizados por EEUU, llamando a la desobediencia primero y a la lucha armada después. En 1936 fue detenido y condenado por conspiración junto a otras figuras independentistas, permaneciendo encerrados en una prisión de Atlanta hasta su liberación en 1947.

Entremedias, la policía sofocó a tiros una manifestación en recuerdo de la abolición de la esclavitud que derivó en protesta contra las sentencias. El episodio tuvo lugar en la primavera de 1937 y terminó bañado en sangre: diecinueve muertos y un centenar de heridos, entre los que había un niño y varias bajas colaterales ajenas (transeúntes, conductores e incluso dos agentes que cayeron por las balas de sus propios compañeros) que le costaron el puesto al gobernador, el general Blanton Winship, y originaron que al suceso se lo conozca como la Masacre de Ponce.

En 1947, después de que Truman asumiera la presidencia y reorientara la política gubernamental para reducir la tensión, nombrando a un gobernador autóctono y concediendo el derecho a elegirlo cada cuatro años, Albizu regresó a su tierra. Aquella década de cárcel no sólo no le había cambiado sino que volvía dispuesto a empuñar las armas, viendo que los cambios empezaban a tener éxito y se preparaba la conversión del estatus de la isla a estado libre asociado. De hecho, muchos nacionalistas habían abandonado la isla para escapar a la represión, instalándose en Nueva York al aprovechar el creciente flujo de emigrantes hacia esa ciudad.

Paradójicamente, el responsable de esa persecución era Jesús Toribio Piñero, el primer gobernador nacido in situ. Piñero también había estudiado ingeniería en EEUU (en su caso en Pensilvania) pero orientó su vida a la política colaborando con el senador liberal Luis Muñoz Marín en la formación del PPD (Partido Popular Democrático), fundado en 1938 y que había cambiado su posicionamiento inicial independentista por otro favorable al estado libre asociado, lo que originaría una escisión ocho años después. El PPD se hizo hegemónico y Piñero gozó de bastante poder.

Gracias a ello y a las medidas económicas introducidas mano a mano con Muñoz, que alternaban cierto reformismo agrícola con la defensa de derechos para la clase obrera, obtuvo el apoyo de Truman en tiempos en los que el New Deal estaba de moda. Eso le dejó manos libres para desatar una campaña de persecución contra los independentistas, que consideraban que la condición de estado libre asociado era una cesión de la soberanía a EEUU (curiosamente, también se oponían los partidarios de una integración total como estado de pleno derecho).

Era el 10 de junio de 1948 cuando Piñero, que contaba con el respaldo del Senado -controlado por su amigo Muñoz Marín-, promulgó entonces la Ley 53, una norma mordaza (así la llamaron en EEUU, Gag Law) que restringía cualquier manifestación ideológica relacionada con el nacionalismo. De hecho, se trataba de una copia de la Ley Smith estadounidense de 1940, que perseguía acciones e ideas tendentes a derribar al gobierno y se había aprobado en el contexto de la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial.

Sólo que la Ley 53 no se enmarcaba en una contienda, a pesar de lo cual penaba exhibir una bandera portorriqueña, cantar melodías patrióticas, criticar a EEUU, hacer proclamas a favor de la independencia, imprimir o distribuir material contrario al ejecutivo y organizar grupos o reuniones con fines subversivos, a riesgo de ser condenado a penas entre diez mil dólares de multa y diez años de prisión (o ambas cosas). La única protesta oficial contra el ataque a la libertad de expresión que suponía la ley y que contrariaba la propia constitución estadounidense la hizo un senador llamado Leopoldo Figueroa porque era el único de toda la cámara que no militaba en el PPD.

Ahora bien, fuera de las instituciones sí hubo un clamor popular de oposición que, en cierta forma, encabezó Santos Primo Amadeo Semidey, al que se apodaba el Campeón del habeas corpus. Era un abogado y educador que antaño había tenido escaño en el Senado y que recurrió ante la Corte Suprema de EEUU, centrando su demanda en dos puntos: por un lado, la detención de Enrique Ayoroa Abreu y otros quince líderes del Partido Nacionalista Puertorriqueño; por otro, considerar inconstitucional la Ley 53, ya que los portorriqueños tenían concedida la ciudadanía estadounidense.

Los ánimos se fueron caldeando y el 21 de junio Albizu Campos reunió a opositores de toda la isla en Manatí para un discurso público mientras otros, a caballo entre Puerto Rico y Nueva york, empezaban a preparar una insurrección armada. Antes de que acabara el año se celebraron elecciones y Piñero cedió el puesto de gobernador a Muñoz Marín; si el cesante había sido el primer gobernador nativo, el segundo era el primero elegido por votación en vez de designado. Tomó posesión del cargo el 2 de enero de 1949, así que sería él quien tendría que desarrollar la aplicación de la Ley 53.

El alzamiento estaba previsto para 1952, fecha prevista para que el Congreso de EEUU declarase a Puerto Rico estado libre asociado, pero las circunstancias llevaron a adelantarlo dos años. Fue lo que se conoce como el Grito de Jayuya, en alusión al municipio del centro insular donde tuvo lugar. El día 26 de octubre de 1950, la policía rodeó la casa de Albizu Campos para detenerle por declarar que el nuevo estatus de la isla sólo sería una farsa colonial, aunque no le encontraron porque fue previamente advertido.

A la jornada siguiente fueron arrestados varios miembros del PNPR cuando viajaban en un coche lleno de armas. El 28, varios nacionalistas presos organizaron un motín en la cárcel que permitió la fuga de más de un centenar y provocó el fallecimiento de dos agentes. Finalmente, todo estalló el 30 simultáneamente en varias localidades de Jajuya, entre ellas Peñuelas, Mayagüez, Naranjito, Arecibo y Ponce. No obstante, las revueltas más graves fueron en Utuado, San Juan y la propia Jayuya. En esta última los insurgentes lograron hacerse con el dominio del pueblo gracias a que la familia de una de sus líderes, la profesora boricua Blanca Canales, habían escondido un arsenal en casa.

Corrió la sangre. La policía había disparado el 27 contra una caravana de nacionalistas matando a cuatro, mientras que el 29 hizo otro tanto contra el domicilio familiar del líder del PNPR de Peñuelas acabando con otros dos pero al coste de desatar una batalla campal que un día después se reprodujo en Jayuya cuando los revolucionarios asaltaron la comisaría y, en venganza, asesinaron a los oficiales. A continuación ocuparon la oficina de correos y cortaron las líneas telefónicas, aislando el lugar e izando la bandera en la plaza principal mientras declaraban a Puerto Rico república libre.

La república duró setenta y dos horas. Durante ese tiempo, fracasaron las intentonas de Utuado, donde los rebeldes fueron masacrados, y San Juan, la antigua capital, en la que se frustró un intento de magnicidio contra Muñoz Marín. No fue el único porque el 1 de noviembre dos nacionalistas atentaron contra la casa de Harry S. Truman, lo que llevó a EEUU a implicarse abiertamente en la represión de Jayuya enviando aviones y tropas de su Guardia Nacional en ayuda de la de Puerto Rico, que había sitiado la localidad. Los bombardeos aéreos, artillería y la superioridad numérica terminaron por aplastar a los independentistas ese primero de noviembre.

Así acabó aquel golpe, que registró veintiocho muertos (dieciséis nacionalistas, siete policías y un guardia) y cuarenta y nueve heridos (nueve nacionalistas, veintitrés policías, seis guardias y once transeúntes). Albizu pasó quince años en prisión y no salió hasta 1964, en que se le otorgó un indulto por el grave estado de salud que presentaba, al parecer consecuencia de ser sometido a experimentos con radiación (de hecho, murió cinco meses después). Blanca Canales fue sentenciada a cadena perpetua, salió en 1967.

Truman tuvo perspicacia para darse cuenta del problema y en 1952 dio el visto bueno a la celebración de un plebiscito sobre el futuro de Puerto Rico. El ochenta y dos por ciento de los participantes votaron a favor de la constitución que establecía el estado libre asociado. Quizá debería haberse acabado todo ahí pero en 1954, durante una visita a la Cámara de Representantes de EEUU, cuatro miembros del PNPR efectuaron varios disparos mientras ondeaban una bandera portorriqueña. Varios congresistas resultaron heridos, aunque los agresores aseguraron que sólo querían llamar la atención. Pasaron un cuarto de siglo en prisión y su acción interrumpió un indulto que había previsto para Albizu.

Resulta curioso que la mayoría de los represaliados por el Grito Jajuya no fueran acusados de tomar parte en las acciones armadas, ya que a pocos se les pudo probar su implicación, sino de vulnerar la Ley 53. Respecto a ésta, permaneció en vigor hasta 1957, cuando fue derogada al considerarla inconstitucional la Corte Suprema. Para entonces hacía un lustro que la perseguidísima bandera había pasado a ser oficial.

Fuentes: La nación puertorriqueña: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos (VVAA)/Puerto Rico. Una interpretación histórico-social (Manuel Maldonado-Denis)/America’s Colony. The Political and Cultural Conflict Between the United States and Puerto Rico (Pedro A. Malavet)/Puerto Rico. The Trials of the Oldest Colony in the World (José Trías Monge)/Guerra contra todos los puertorriqueños. Revolución y terror en la colonia americana (Nelson A. Denis)/The Nationalist Insurrection of 1950 (Write to Fight)/Wikipedia