En solo dos semanas dos protestas han logrado articular una respuesta masiva en las calles contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado 22 de marzo una marea estatal de miles de jubilados en defensa de las pensiones públicas dignas pilló por sorpresa a las autoridades del Congreso de los Diputados y logró quebrantar el cordón policial que protege la Cámara. Este 8 de marzo una oleada feminista desbordó las calles y paralizó la vida laboral. Los sindicatos calculan que casi 6 millones de personas se sumaron a los paros de todo el país y cientos de miles salieron a manifestarse. Es solo la antesala de lo que viene: el movimiento feminista ya planea traducir su fuerza en acciones concretas, los pensionistas volverán a protestar en un centenar de localidades de todo el Estado el próximo 17 de marzo. Ese mismo día, la Plataforma No Somos Delito saldrá a la calle en todo el país contra la 'ley Mordaza'.

¿Y qué tienen en común todas la movilización social? Son una respuesta activa en las calles en contra de la parálisis que vive el Congreso de los Diputados, donde el tiempo parece haberse congelado. El Ejecutivo de Mariano Rajoy es el que más iniciativas legislativas ha bloqueado en la historia de la democracia. Solo se han aprobado ocho proposiciones de ley de las 220 presentadas por la oposición en lo que va de legislatura. La gran mayoría se encuentran atascadas – la subida del salario mínimo ha sido prorrogada hasta 43 veces-- y casi unas cincuenta han sido bloqueadas por el Gobierno por razones presupuestarias, amparándose en el polémico artículo 135 de la Constitución.

El Gobierno bloquea sistemáticamente aquellas iniciativas parlamentarias que recogen las demandas de los movimientos sociales. Esta semana el Gobierno ha comunicado al Congreso su veto por razones presupuestarias a la proposición de ley de Unidos Podemos que plantea que las pensiones se revaloricen a inicios de año con el IPC previsto y que, en caso de no cumplirse ese dato, se abone la diferencia en un pago único. Por otro lado, continúa sin ejecutarse la financiación comprometida para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género al que dieron luz verde PP, PSOE y Ciudadanos con la abstención de los morados. El acuerdo prevé una dotación de 200 millones para este año, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy la condiciona a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El PP se enfrenta a enormes dificultades para sacar adelante los presupuestos. A pesar de que Rajoy tiene previsto presentarlos el próximo 23 de marzo, carece de los apoyos necesarios. Tanto Ciudadanos como el PNV mantienen unas condiciones difíciles de cumplir para el Ejecutivo. Los vascos supeditan su apoyo a la retirada del artículo 155 que mantiene Catalunya intervenida, pero este solo se dejará de aplicar en caso de que el independentismo articule un gobierno. De momento, no se ve la luz al final del túnel. Por su parte, los naranjas exigen que la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada por cinco delitos de corrupción, dé un paso al lado, y que se asegure la equiparación salarial entre la Policía y la Guardia Civil en un plazo de tres años.

El descontento parece traducirse de nuevo en las calles, después de unos meses en los que el poder de convocatoria de las protestas había sido escaso. La preocupación del Ejecutivo es palpable en la moderación su discurso respecto a la huelga del 8 de Marzo y respecto a los pensionistas. En enero Rajoy quitó importancia a la brecha salarial entre hombres y mujeres con un “no nos metamos ahora en eso” y el PP tachó la huelga de “insolidaria y elitista”, pero el presidente ha pasado a retractarse y han comenzado a emerger las voces del partido que buscan incorporar algunas demandas del movimiento feminista. Respecto a las protestas de jubilados, el presidente ha pedido comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar la situación de las pensiones.

Las movilizaciones que vendrán con la primavera

Lejos de calmarse tras el éxito de sus convocatorias, los movimientos sociales pretenden protagonizar el espacio público y seguir luchando por sus demandas. Desde la Comisión 8 de Marzo, organizadora de la movilización, reclaman medidas concretas: la aprobación de los primeros 200 millones para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, la revisión de la brecha de género en las pensiones o que se modifique la Ley de Dependencia para que se descargue a las mujeres, quienes se dedican fundamentalmente al cuidado de las personas dependientes, entre otras demandas.

Los pensionistas planean una gran movilización para este sábado 17 de marzo respaldada por UGT y CCOO. La Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones ha convocado protestas en todas las plazas de las principales localidades de España, como ya hicieron el pasado 22 de febrero, para exigir una subida de las pensiones acorde con el encarecimiento de la vida, pero también para pedir la derogación de las dos reformas laborales o la ley 27/11 de Zapatero. Casi la mitad de los pensionistas cobran menos de 736 euros al mes y casi cinco millones de mayores de 65 años están en riesgo de pobreza.

Ese mismo día, el 17 de Marzo, la Plataforma No Somos Delito ha convocado una manifestación en Madrid y en varias ciudades españolas para denunciar “el inmovilismo político de la Legislatura” que todavía mantiene la polémica 'ley Mordaza'. Bajo el lema 'Amordazadas, no olvidamos' los convocantes recuerdan que hace más de un año que el Congreso se propuso modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero que el proceso se encuentra paralizado. A su vez, unos 60 caminantes han partido de León en la Marcha por lo Básico, que tiene previsto llegar a la capital el próximo 24 de Marzo y exige una renta básica universal que no sean inferior a los 674 euros. Todavía es pronto para saber si las movilizaciones continuarán siendo incendiarias y pueden erosionar el Gobierno de Rajoy.