MADRID.- Los fiscales y jueces españoles se enfrentan a una carrera contrarreloj para revisar las alrededor de 650.000 causas abiertas en España en seis meses en cumplimiento de la reforma procesal penal, bajo la amenaza de tener que archivarlas o verse forzados a abrir juicio sin suficientes pruebas.



La reforma del proceso penal entró en vigor el pasado 6 de diciembre, a 14 días de las elecciones generales y cuando el Gobierno estaba en funciones. Limita a seis meses el plazo de instrucción de una causa, prorrogable a 18 si es compleja. Al ser una reforma procesal, afecta a los casos que están 'vivos' en todos los juzgados y tribunales de España.



Todas las asociaciones de fiscales y todas las de jueces pidieron al Gobierno que recapacitara y que suspendiera su entrada en vigor, tras haber sido aprobada a contrarreloj dos meses antes por el Parlamento. El Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial… Todos los órganos de consulta prelegislativa emitieron informes contrarios, pero el Gobierno de Mariano Rajoy siguió adelante sin tener en cuenta estas observaciones.



Los especialistas y catedráticos de Procesal clamaron contra esta reforma. Además, 1.000 fiscales firmaron en sólo cuatro días una carta pidiendo al Ejecutivo que aplazara su entrada en vigor. Y los miembros electos del Consejo Fiscal tildaron de "insólito e inexplicable"



Sólo los fiscales podrán pedir la prórroga a 18 meses, cuando en España son los jueces los que instruyen las causas penales. Por si fuera poco, los fiscales no tienen acceso a los sistemas informáticos de gestión procesal, ya que son parte de un proceso penal -la acusación pública- y, en su lugar, tienen las causas numeradas de otra manera.



La sorpresa llegó el pasado 6 de octubre cuando se publicó la reforma en el Boletín Oficial del Estado: no sólo seguía adelante, sino que establecía un plazo de dos meses para su entrada en vigor –vacatio legis–, cuando lo habitual en reformas de esta profundidad es que este plazo sea de 6 meses o de un año, para dar tiempo a la adaptación a todos los operadores jurídicos. Por si fuera poco, no permitía una dotación extraordinaria económica para hacer frente a este cambio.



Las asociaciones de jueces y fiscales consultadas coinciden en que esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal les ha puesto en un difícil brete, el de revisar cientos de miles de causas en un tiempo récord, hasta el 5 de junio de 2016, y con los mismos medios, informa Efe.

Falta de realismo 'increíble'



"Nos estamos moviendo en una falta de realismo increíble", resume Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que habla en boca del colectivo que sufre en primer lugar las consecuencias de la reforma.



Y es que los fiscales son los que deben ahora revisar una a una todas las causas en fase de investigación, una labor para la que han contado con un refuerzo de tan solo ochenta y siete personas, por lo que prevén que tendrán que echarle muchas horas extras sin dejar de lado el día a día de las causas que se abren ahora.

Una ley inaplicable



"Ochenta y siete personas para acabar con el atasco de la justicia en España", critica García, y recuerda la circular que envió hace unos días la Fiscalía General -que tuvo que anular ante las protestas- en la que pedía a cada fiscal revisar veinticinco causas a la semana, cuando veinticinco calificaciones (escritos de acusación) es lo que, afirma, hace un fiscal por mes.



Para García, con esta ley "inaplicable" se producirán dos problemas: el de las causas "incontroladas", es decir, casos abiertos guardados en algún rincón del juzgado de los que no hay registro informático y que se archivarán de facto, y los propios plazos de instrucción cerrados y poco realistas.



A modo de ejemplo, explica que un exhorto a un juzgado de Málaga tarda cuatro meses en contestarse, una comisión rogatoria a Suiza puede tardar fácilmente un año y un informe psicosocial, seis meses.



"No debemos asumir estos riesgos, porque el día que pase un caso Mariluz o un caso Gürtel que no podamos perseguir, nos echaremos las manos a la cabeza", opina el fiscal en referencia al caso de corrupción del PP con 25 comisiones rogatorias a diversos países y al asesinato de la niña Mari Luz Cortes, en 2008 por parte de Santiago del Valle, quien tenía que estar en la cárcel desde el 2002 por haber sido condenado por pederasta pero se encontraba en libertad por un error de papeleo en el juzgado con la orden de su ingreso en prisión.



Los jueces serán los siguientes afectados. Cuando informe el fiscal de cada caso - explicando si es simple o complejo, si se necesitan más diligencias o si debe ser archivado o mandarse a juicio-, ellos deberán decidir qué hacer con la causa.

Reforma hecha a espaldas de los especialistas



Manuel Almenar, presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, reconoce que supondrá un incremento en la carga de trabajo, pero cree que no quedarán causas impunes porque los jueces harán los esfuerzos necesarios para que no ocurra "a costa de tiempo libre o la dedicación por entero".



Almenar opina, como todas las otras asociaciones consultadas, que esta reforma se tenía que haber hecho contando con ellos y que el modelo de instrucción penal tendría que simplificarse con medidas como la limitación de los recursos que pueden presentar las partes y que colapsan los juzgados.



Raimundo Prado, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Victoria, cree que el trabajo "al final se hará, pero a costa de mucho sacrificio personal que la gente no valora" y sin ningún tipo de contraprestación.



Más pesimista se muestra Conrado Gallardo, que preside el Foro Judicial Independiente: "Cuando el legislador legisla, lo hace como si un juez llevase una causa cada día y la realidad es que lleva cientos al mismo tiempo. Es como jugar a los platos chinos, tratando de mantenerlos todos girando", explica.

'Un gran día para los corruptos'



Para Gallardo, los efectos de la reforma se verán en un año, cuando no encontremos con "decenas de miles de causas sobreseídas, delitos que no se persiguen y un aumento de la criminalidad". Entonces, agrega, será cuando "los políticos se lleven las manos a la cabeza.".



La reforma es fruto, denuncia Gallardo, de un Gobierno del PP que se enfrenta "en un momento dado a un problema concreto: que las causas que afectan a políticos duran mucho tiempo y los mantienen en la picota", una manera de legislar que, según remarca, tiene consecuencias negativas como estas.



Por su parte, Jueces para la Democracia lleva clamando meses contra esta reforma. Su portavoz, Joaquim Bosch, considera que acortar los plazos de instrucción -sin aportar medios para lograrlo- y eliminar juzgados fomentan la corrupción. La reforma pone límites al juez instructor "y facilita la impunidad de la corrupción. Es un gran día para los corruptos", destacó el día de la entrada en vigor de la reforma.​