Un muy singular oficio dirigido a mí, llegó a las oficinas de W Radio el martes. Venía de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval, para hacerme una notificación. Hacía referencia a “Operación Saqueo”, el reportaje en el que se revelan las grabaciones clandestinas a exfuncionarios de Pemex en las que detallan cómo operaba la corrupción ahí adentro en el sexenio pasado, y que fue publicado el lunes en estas páginas y en el programa de radio a mi cargo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) “solicita su colaboración con esta autoridad investigadora, a fin de que dentro del término de 07 días hábiles, contando a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio, tenga a bien remitir a esta autoridad administrativa copia certificada de toda la documentación con que cuente respecto de los hechos antes referidos, así como de los audios, videos y/o videograbaciones que tenga, en torno a la nota periodística relacionada con la empresa Black Cube y funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos”.

Siguen dos párrafos citando leyes, reglamentos, artículos, fracciones, en las que se supone se basa esta solicitud-notificación-emplazamiento. La firma el Licenciado Arturo Betancourt Meléndez. Su cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Exploración y Producción Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos (todo eso). Logotipo grandote de la Secretaría de la Función Pública. Oficio número UR-DPED-AQDI-1763-2019.

Voy a dejar de lado la discusión sobre si le tengo confianza a la Secretaría de la Función Pública, para destacar tres puntos.

1.- Ahora resulta que un periodista le tiene que hacer la chamba a las autoridades. Frente a los enormes recursos que tiene una secretaría, toca al periodista presentar las pruebas. Todito: documentos, audios, videos. Y certificadas, eh. Y en 07 días hábiles a más tardar.

2.- El gobierno federal mexicano tiene esas grabaciones clandestinas. Las tiene la Secretaría de Economía. Es la que tramita el panel de arbitraje del TLC, en el marco del cual se presentaron las grabaciones como prueba. Al exhibirlas a este panel, los denunciantes marcan copia a la contraparte, que es la Secretaría de Economía. Bastaría que la secretaria Irma Eréndira Sandoval le echara un telefonazo a su colega secretaria Gabriela Márquez para pedirle documentos y audios. O que la emplace a entregar copias certificadas en un lapso no mayor a 07 días hábiles. Encima, las grabaciones son públicas.

3.- El oficio cita el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Habla desde multas hasta uso de la fuerza pública. ¿Tienen contemplado aprehenderme si no atiendo su solicitud?

4.- Un dato curioso: en estos mismos espacios periodísticos se denunciaron las 23 casas y 12 empresas vinculadas a Manuel Bartlett. Y no me llegó ninguna solicitud ni petición de colaborar ni mandar copia certificada de nada. ¿Será que la SFP escoge políticamente qué expedientes perseguir? ¿Será que un reportaje que denuncia corrupción en el sexenio pasado amerita una notificación inmediata a un periodista, pero no un reportaje que denuncia corrupción en el actual gobierno?

Por si tenían duda: no les voy a hacer su trabajo.

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