Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

Amigo y compinche de negocios de Brito -al que la Justicia sospecha que buscó cubrirle las espaldas cuando estalló el escándalo-, ahora Moneta terminó sin embargo por bajarse del multimillonario reclamo judicial que había iniciado contra el Estado.

El encargado de comunicar su decisión fue su abogado, Alberto Petracchi. Lo hizo en nombre de Mayer Business Corporation, la firma panameña que Moneta y Vandenbroele sumaron al entramado cuando ya había estallado el escándalo por el que Boudou está con procesamiento confirmado, rumbo al juicio oral.

Según planteó Petracchi, Moneta "ha llegado a la conclusión" de que debía desistir de su reclamo "vinculado con el objeto de la demanda", por lo que consideró que "lo razonable es dar por terminada la contienda", según consta en el escrito que presentó en noviembre pero que no había trascendido.

Según explicó el letrado a la jueza del fuero, María Alejandra Biotti, el final llegó cuando el juez en lo Comercial a cargo de la quiebra de la ex Ciccone, Javier Cosentino, demolió los documentos y las pretensiones con que Vandenbroele sostenía que Moneta era el dueño de los millones que entraron a The Old Fund.

"Con fecha 28 de agosto de 2015, [el juez Cosentino] declaró la ineficacia de pleno derecho del reconocimiento de deuda y refinanciación suscripto por Alejandro Vandenbroele en su doble carácter de presidente de The Old Fund y Compañía de Valores Sudamericana", explicó Petracchi, que citó a la ex Ciccone por su nuevo nombre comercial.

¿Qué decían esos supuestos documentos que demolió la Justicia? Que a través de Mayer Business Corporation, Moneta le había prestado a The Old Fund poco más de $35,5 millones -43,8 millones sumados los intereses- y se habían aportado las acciones de esa sociedad como última garantía, por lo que ante el incumplimiento de los pagos, Moneta se convertiría en el "socio capitalista" detrás de la ex Ciccone.

Esos documentos, sin embargo, pronto acumularon objeciones. Primero fue el entonces titular de la unidad fiscal antilavado, Raúl Plee, que alertó poco antes de ser removido de su cargo que esos documentos podían estar antedatados "más de un año y un mes". Luego se sumó el síndico de la quiebra, Martín Stolkiner, quien puso en duda varios datos formales y remarcó que esos papeles representaban "un acto a título gratuito, realizado sin la autorización del magistrado y sin la conformidad de sus acreedores".

A Plee y Stolkiner se sumó después el Banco Central y la Justicia del fuero Crimen Organizado de Uruguay, que tras las publicaciones de LA NACION impulsaron una investigación por presunto lavado y terminaron por citar a indagatoria a Vandenbroele. Y como se negó a comparecer, se ordenó su captura internacional.

Los abogados del Ministerio de Economía tampoco ayudaron a la versión difundida por Vandenbroele y Moneta. A cargo de la ex Ciccone desde su intervención, negaron "enfáticamente" que en los libros de la imprenta existieran constancias de esa supuesta operación financiera.

Así, la última estocada la dio Cosentino en agosto pasado, cuando determinó como juez de la quiebra que el acuerdo que firmaron Moneta y Vandenbroele -y que se certificó apenas horas antes de que el Gobierno kirchnerista ordenara la intervención de la ex Ciccone- era "ineficaz de pleno derecho".

Con todos esos antecedentes, Moneta terminó por "desistir del derecho en autos". El ex banquero lo hizo "en los términos del artículo 305" del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este artículo establece que quien pidió su desistimiento, luego no podrá promover "otro proceso por el mismo objeto y causa". Es decir, que Moneta quedó, por decisión propia, afuera de la ruta del dinero del "caso Ciccone".