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El pleno del Tribunal Constitucional acordó este miércoles por unanimidad suspender la declaración independentista aprobada por el Parlament y advertir a la Mesa de la Cámara, al secretario y a los miembros del Gobierno de Artur Mas en funciones de que deben cumplir la decisión. El Constitucional les advierte de que han de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar esta decisión y les apercibe de las eventuales responsabilidades, incluso penales, en que pueden incurrir. Sin embargo, la decisión no acepta todas las peticiones del Gobierno que reclamaba que se les advirtiera de que podían ser suspendidos en sus funciones.

La decisión de admitir a trámite el recurso del Gobierno y, por tanto, de suspender la declaración independentista es rotunda. El pleno del Constitucional, sin grietas, decidió no solo adoptar la decisión que le marca la ley, sino advertir a 21 cargos de que deben respetar su decisión: "Se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El debate se prolongó casi dos horas y media en una sesión convocada para analizar el recurso presentado por el Gobierno después de que el lunes el Parlament aprobara la resolución con la que pretende iniciar el proceso de desconexión de España. El tribunal decidió, también de forma unánime, que la decisión fuese notificada personalmente, tal como pedía el Gobierno. Pero, de la misma manera, decidió que en su resolución figurara, expresamente, que la notificación nominal era una petición del Ejecutivo.

Pese a la rotundidad de la decisión del tribunal, la diferencia entre la petición del Gobierno y lo resuelto por el Constitucional es pequeña, pero importante. El Ejecutivo, en su recurso, pedía que el tribunal aplicara la reforma sobre el funcionamiento del Constitucional —recientemente aprobada por el PP en solitario— y apercibiera expresamente sobre la suspensión de funciones, recogida en el artículo 92. También pedía el recurso que esa advertencia recogiera que quienes incumplan la decisión del tribunal pueden incurrir en un delito de desobediencia. El pleno decidió ayer no atender esa petición, que hubiera supuesto que cualquier maniobra en favor de la secesión apoyada en la declaración del Parlamento conllevara la suspensión en funciones de, sobre todo, la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell. De esta forma, en el caso de que exista incumplimiento, aún quedaría margen hasta que el tribunal optara por suspender de sus funciones a un cargo público.

En su recurso, el Gobierno reclamaba que la notificación de su decisión se practicara a los 21 cargos "bajo apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones" y pedía que en esa notificación se prohibiera a los miembros de la Mesa del Parlament "admitir a trámite, ya sea para su toma en consideración, ya para su debate o votación, iniciativa alguna de carácter legislativo o de otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida".

Cinco meses

A partir de ahora, el tribunal cuenta con un plazo de cinco meses para dictar una sentencia sobre el fondo del asunto, de la que será ponente el magistrado Andrés Ollero, del sector conservador, o prorrogar la suspensión por un tiempo indefinido. Ante la decisión, el Parlamento catalán cuenta, además, con un plazo de diez días para presentar alegaciones después de personarse en el proceso.

Fuentes del tribunal consideraron que la decisión del Constitucional es "más templada" que la petición del Gobierno. Las mismas fuentes apuntaron que el debate se centró también en la necesidad de que las advertencias se notificaran a los 21 cargos que apuntaba el Gobierno en su recurso: la presidenta del Parlamento, los integrantes de la Mesa; el presidente en funciones, Artur Mas, su Gobierno, y el secretario de la Cámara catalana, o se dejara fuera al Govern que, al estar en funciones, no tienes apenas capacidad de movimiento.