Los seres humanos debiéramos poder aspirar a procurar el más amplio desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades individuales. Para ello, como seres sociales, necesariamente tenemos que relacionarnos y cooperar de distintas formas con otros miembros de la comunidad; interacción que debiera producirse de forma pacífica y responsable, en respeto al derecho igualitario de los demás de procurar y gestar también su máximo crecimiento individual. Idealmente, cada cual debiera gozar de la mayor libertad posible de acción y pensamiento para trazar su propio camino y manifestar su ser individual que resulte compatible con un orden civil básico; y contar con similares incentivos, oportunidades y herramientas sociales para conseguirlo. Idealmente, además, no debía ser dado a unos explotar las capacidades de otros en beneficio suyo y menoscabo de aquellos.

Para que los individuos puedan desarrollar al máximo ese potencial de desarrollo personal, resulta necesario que tengan pleno derecho a participar de las desiciones colectivas tomadas por los grupos de lo que forman parte, y que tales grupos gocen a su vez de autonomía frente a agentes externos. Toda comunidad humana debiera tener derecho a autogobernarse, y a que sus instancias de gobierno se encuentren lo más cercano posible a quienes la componen; para así garantizar que sus derechos de participación no queden diluidos y puedan ser ejercitados con efectividad de la forma más directa posible. Cuanto más una decisión afecte a los miembros de un grupo o comunidad, más control debieran tener estos sobre la misma, y mayor debe ser su derecho a decidir con preferencia de otros sobre los cuales las determinaciones en cuestión no tendrán efectos o implicaciones directas. De tal modo, el control sobre una comunidad por agentes externos o distantes resulta claramente contrario al principio democrático de gobierno por los afectados; y constituye en sí mismo un atentado contra las posibilidades de desarrollo de las capacidaes de sus miembros. Ello, además de que normalmente ese control externo se ejerce en función de procurarle beneficios a quienes controlan desde fuera, en perjuicio de esa comunidad.

En atención a esos postulados, defiendo la independencia para Puerto Rico como un imperativo libertario y democrático. La concibo no como un fin en sí misma, sino como un medio para que esta comunidad particular pueda contar con las mejores herramientas y poderes colectivos necesarios para poder crear condiciones generales de vida que nos permitan proveer a nuestros conciudadanos las mayores oportunidades posibles para el libre desarrollo de sus potencialidades individuales; lo que en última instancia redundará en beneficio de toda nuestra sociedad.

No creo en reivindicar nuestro derecho a la independencia como un asunto primordialmente de naturaleza nacional-cultural. Puede ser por ignorancia, pero ni siquiera sé de qué hablamos cuando nos referimos a “la cultura, valores y tradiciones puertorriqueñas”. Más bien, quisiera pensar que en un Puerto Rico independiente, cada uno de nosotros tendrá derecho a escoger sus preferencias culturales de todo tipo, manteniendo a la vez brazos abiertos a las aportaciones de otros hermanos caribeños y de cualesquiera otros confines del mundo que estén comprometidos con el bienestar de una comunidad de todos. Una sociedad abierta, que, sin renegar de su herencia histórica, genere una cultura nueva que emerja del conjunto de las más diversas aportaciones de todos aquellos dispuestos a convivir en este geografía, provengan de donde vengan, sin tener que someterse a la norma de lo que una mayoría pudiera considerar como “la cultura puertorriqueña”.

Tampoco creo en abogar por la independencia como un fin en sí misma. Nada de eso de “independencia hasta con monarquía”; ni mucho menos para tener la libertad de aniquilar nuestro ambiente o superexplotar a nuestra gente pobre y trabajadora. Defiendo la independencia porque racionalmente me encuentro convencido de que nos brindaría la oportunidad de trazar un camino distinto en cuanto a lo que han sido las premisas sobre las que se ha articulado nuestro modelo de crecimiento económico (capitalista dependiente), para finalmente conseguir establecer las bases de una sociedad más democrática, igualitaria y participativa, mediante el desarrollo de un modelo económico justo y solidario. Una sociedad donde la gente no tenga como prioridad individual la acumulación de dinero y bienes de consumo, pero en la cual podamos garantizar oportunidades de educación y trabajo digno para la generalidad de la población, que nos permita alcanzar estándares de vida razonables.

Por eso, no puedo condenar a tantos miles de puertorriqueños que, educados en una cultura eminentemente individualista y colonialista, en su objetivo de asegurarse mejores condiciones económicas y sociales de vida inmediatas; se aferran desesperadamente a alternativas de relaciones políticas con Estados Unidos que, en mayor o menor grado, nos condenan a subsistir en perenne situación de subordinación colectiva (política, psicocultural y socioeconómica) frente a los intereses de dicha metrópolis. Condenarlos simplemente por aferrarse a lo que conciben como su seguridad y bienestar, me parece absurdo. Ante el colapso del presente modelo colonial, queda de mí intentar convencerlos de que existe otra ruta más eficiente y conveniente de crecimiento económico, que a la larga nos permitiría generar un verdadero desarrollo comprensivo y sostenido de las diversas potencialidades de nuestro país; la cual resultaría ser, además, más justa y democrática y digna. Y es que una cosa es estar de acuerdo con que el presente modelo colonial está gastado y en franca decadencia, y otra el gestar una verdadera unión de voluntades sobre alternativas a largo plazo de soluciones al problema. Por eso, repetir el clásico discurso independentista construido fundamentalmente sobre consideraciones de salvaguardar la cultura nacional y obtener soberanía política como fines últimos, no me resulta suficiente.

Recientemente he experimentado preguntar a varios amigos, compañeros independentistas, su parecer sobre si piensan que las cosas en general hubiesen estado mejor que ahora, de haber advenido Puerto Rico un país independiente en los albores del siglo pasado. Curiosamente, la respuesta casi unánime ha sido que no. Imaginaron que hubiésemos tenido más corrupción, exclusión, miseria y explotación. También parece haber consenso en elucubrar que habríamos sufrido sangrientas dictaduras, seríamos una sociedad menos tolerante, habríamos contaminado mucho más el ambiente, e igual seríamos una economía totalmente dependiente y subordinada a EEUU. Nunca lo sabremos. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a hechos evidentes como los que nuestra clase trabajadora se ha beneficiado de muchas de las reivindicaciones alcanzadas por la clase obrera de la economía industrial más desarrollada del planeta; nuestra población marginada ha aprovechado y se encuentran grandemente condicionada por los programas de un Estado benefactor producto de las contradicciones de clase al seno de esa economía desarrollada, y que, en el ajedrez del imperialismo global, en muchos aspectos hemos gravitado más cerca de la metrópolis que del tercer mundo.

Son asuntos que debiéramos reconocer los independentistas a la hora de establecer un programa que nos permita convencer a nuestra población sobre las posibilidades de una independencia de cara al futuro, a partir de las circunstancias particulares del Puerto Rico de hoy. Un proyecto que tenga la honestidad de reconocer las cosas positivas (sí positivas) que nos ha dejado nuestra herencia colonial, al igual que aquellas severamente detrimentales. En ese sentido, sostengo que la alternativa de la independencia para Puerto Rico no puede estar de ninguna manera divorciada de lo que constituye un proyecto social mayor, orientado a generar una economía solidaria que promueva mayores y mejores oportunidades para todos, así como una mayor participación verdaderamente democrática de las grandes masas puertorriqueñas. De otro modo, sinceramente, paso.