El mayor banco español se planta ante la reforma fiscal en la que trabaja el Gobierno de Pedro Sánchez. El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha avisado de que las medidas con las que se está especulando tendrían "efectos colaterales".

En especial, el número dos se ha quejado de que se puedan reformar los créditos fiscales, derechos que la banca ha generado durante la crisis por las pérdidas del ladrillo, que se pueden deducir a medida que vuelven los beneficios: "Si revisamos el pasado, la seguridad jurídica sería baja".

A Álvarez también le preocupa que el Gobierno pudiera imponer algún tipo de impuesto sobre el beneficio global del grupo. "No sería justo que sobre dividendos que traemos en Brasil tengamos una nueva tasa, eso podría llevar a que las empresas no sean tan multinacionales o se piensen su estructura legal". El consejero delegado ha defendido que la tasa fiscal del grupo es del 36%.

El banquero, en cualquier caso, ha matizado que la reforma fiscal que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez "probablemente" no supondrá trasladar las sedes de la entidad. "Cuando tengamos datos tendremos que tomar decisiones acorde con los datos que tengamos encima de la mesa. No hay ninguna intención de hacer algo o no", ha explicado.

Álvarez critica además otra posibilidad de la que se está hablando de que se haga un "impuesto al trabajo". "Lo primero es generar empleo y de calidad, penalizarlo no es buena idea", añade.

En esta línea, el consejero delegado de Santander cree que las prioridades del Gobierno deberían ser "seguir generando empleo" y, en materia fiscal, "resolver el problema de la escasez de ahorro".