A tres semanas de la entrega del informe final de la Comisión Bravo –encargada de diagnosticar y elaborar opciones para mejorar el sistema de pensiones– la discusión se ha centrado en las medidas y propuestas globales impulsadas por los comisionados para introducir mejoras al sistema.

Pero existe un ítem muy relevante en el informe que no se ha puesto en el tapete: la evaluación del funcionamiento del sistema liderado por las AFP en relación con la calidad de las jubilaciones que terminan recibiendo sus afiliados. Evaluación que a diferencia de las tres propuestas globales, que tuvieron respaldos divididos dentro del grupo, es transversal.

Este diagnóstico dio paso a las mencionadas propuestas: la “A”, que mantiene el sistema de capitalización individual con complementos estatales vinculados al pilar solidario y algunas modificaciones, obtuvo 12 votos, incluido el del presidente de la comisión, David Bravo; la propuesta “B”, que apuesta por un sistema mixto y que en la práctica es un cambio estructural a las AFP, obtuvo 11 votos; y la “C”, que prefiere volver al sistema de reparto, obtuvo 1 voto.

Según este análisis, hoy –cuando aún convive el antiguo sistema de reparto con el de capitalización individual– una alta proporción de la población chilena, el 75%, recibe pensiones bajas de cualquier forma que se midan, ya sea en tasas de reemplazo o respecto del salario mínimo. Esto, pese a que la cobertura de los chilenos es la más alta en Latinoamérica junto a Uruguay y Costa Rica.

Las proyecciones para los futuros pensionados no son más alegres. Los primeros afiliados que habrán contribuido durante toda su vida laboral con posterioridad a la reforma de 1981 –que crea el mecanismo de capitalización individual a través de las AFP– son los que comenzarían a retirarse a partir del año 2025 y, para proyectar los resultados para esa generación y las siguientes, “se estiman los perfiles futuros de ingresos laborales y participación en el mercado del trabajo, lo que en conjunto con la historia previsional previamente observada, permiten estimar el saldo acumulado y las pensiones que obtendría cada afiliado”, detalla el informe.

La comisión optó por presentar los datos como “medianas”, es decir, el punto que se encuentra justo en la mitad de la distribución de datos, ya que el promedio difiere de lo que la mayoría de los pensionados recibe en vista de las asimétricas realidades laborales.

Bajo este parámetro, la información presentada el 14 de septiembre a la Presidenta Michelle Bachelet es lapidaria y concluye que la mitad “de los pensionados entre los años 2025 y 2035 tendrían tasas de reemplazo –que se refiere a la cantidad que cobra una persona cuando se jubila en comparación con el último sueldo que tenía cuando trabajaba– igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años”.

Esto implica que, por ejemplo, una persona que gana 400 mil pesos, recibiría una jubilación de 60 mil pesos. Según la Fundación Sol, sobre base de microdatos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2014 (NESI), dos de cada tres trabajadores percibe menos de 400 mil pesos mensuales.

Un dato decidor es que, en un escenario ideal, con más de 400 o más meses cotizados a lo largo de la vida laboral de una persona, esto es, con más de 33 años de trabajo aportando al fondo de capitalización en forma autofinanciada, o sea, sin complemento fiscal del pilar solidario u otros, la mediana de la tasa de reemplazo alcanzaría 38,9%.

Para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, “ese dato es muy relevante. Es un golpe directo a la idea que ha instalado la industria y los defensores del modelo de que si se evitan las lagunas previsionales las jubilaciones alcanzarían 70% de los sueldos de las personas, según lo prometido cuando se creó el sistema. El informe nos dice que con más de 33 años cotizados, las tasas de reemplazo serán la mitad de lo que se dice. En el caso de las mujeres, incluso de 31%”.

Efectivamente, el informe de la Comisión Bravo concluye que en todos los escenarios, actuales y futuros, la suerte de las mujeres en sus pensiones es menor en varios puntos que las de los hombres. Por ejemplo, en este último caso, la mediana de tasa de reemplazo de ellas se proyecta en 31% versus 42,30% de los hombres.

Un dato decidor es que, en un escenario ideal, con más de 400 o más meses cotizados a lo largo de la vida laboral de una persona, esto es, con más de 33 años de trabajo aportando al fondo de capitalización en forma autofinanciada, o sea, sin complemento fiscal del pilar solidario u otros, la mediana de la tasa de reemplazo alcanzaría 38,9%.

En opinión del economista, “es una crisis global en el sistema y refuerza que el panorama de las pensiones es más grave de lo que actualmente se reconoce”.

Desde el mundo de las AFP se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de reducir las lagunas previsionales y paralelamente aumentar la tasa de cotización –que hoy es de 10%– con cargo al empleador para mejorar las pensiones.

En todo caso, si esto efectivamente sucediera, las pensiones de 2025 no mejorarían sustancialmente, porque el aporte mensual que hacen los cotizantes tiene efecto principalmente en la primera parte del período laboral. Por lo tanto, si se hace en los últimos 5 o 10 años tendría un efecto acotado, pues la rentabilidad no alcanza a multiplicar fuertemente los saldos.

Las conclusiones de la comisión también contienen proyecciones de las tasas de reemplazo incluyendo el aporte del pilar solidario, que aumenta la mediana de estas a 37,2%.

Sobre el diagnóstico de la comisión, el Presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, señala que “este un proceso complejo y técnico que requiere un análisis serio para opinar. Estamos evaluando y entendiendo bien algunos temas del diagnóstico que es necesario clarificar, para ver qué significan y cómo se llega a esos números. Estamos definiendo algunas posturas y vamos a emitir una opinión en algunos días más”.

Pensiones bajo la línea de la pobreza

La Comisión Bravo también analizó la situación actual en torno a las pensiones. De acuerdo a estos datos, la mitad de los jubilados con pensiones autofinanciadas –aquellas que no tienen complemento fiscal– recibe una tasa de reemplazo de 34% .

Este porcentaje, construido sobre el ingreso de los últimos 10 años antes de jubilar para el total de los pensionados, difiere según el número de meses cotizados. En el caso de quienes hayan cotizado 386 meses, vale decir, poco más de 32 años, la mitad de los jubilados obtienen tasas de reemplazo que pueden llegar al 46%.

Al igual que en las proyecciones futuras, las brechas entre hombres y mujeres en las medianas de tasas de reemplazo son importantes: 24% versus 48%.

Por otra parte, el valor mediano de las pensiones de vejez autofinanciadas otorgadas entre los años 2007 y 2014 es de $37.667. Cuando se le suma el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APS) –que permite acceder a un aporte monetario mensual, financiado por el Estado y que rige desde la Reforma de 2008– es de $82.650.

Entre las fórmulas que utilizó la comisión –compuesta por 24 comisionados y liderada por el economista David Bravo– para evaluar la suficiencia de las pensiones, se incluyó estimar las tasas de reemplazo respecto de una medida de consumo mínima. Para ello, se compararon las pensiones pagadas por el Sistema de Pensiones entre los años 2007 y 2014, incluyendo el monto de Aporte Previsional Solidario de Vejez APS –que permite acceder a un aporte monetario mensual, financiado por el Estado– cuando corresponda, con la línea de la pobreza y el salario mínimo del año respectivo.

Los resultados son decidores: 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, hoy en 241 mil pesos. Mientras, 44% de las pensiones pagadas por el sistema de pensiones son menores a la línea de la pobreza, que asciende a $ 66.084 en las zonas urbanas del país. Este ingreso corresponde al mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y se establece a partir del costo de una canasta básica de alimentos.

Lo mismo sucede cuando se comparan las tasas de reemplazo para hombres y mujeres asociadas al salario mínimo. Cuando se considera al total de pensionados, un 85% de las mujeres y un 72% de los hombres obtienen primeras pensiones pagadas inferiores al sueldo mínimo.

En ambos casos la brecha entre hombres y mujeres es importante: “Mientras un 59% de las mujeres obtienen primeras pensiones que se encuentran bajo la línea de la pobreza, un 26% de hombres se encuentra en la misma situación”.

Mala percepción de la ciudadanía

La Comisión Bravo también sumó a su informe los resultados de una encuesta de opinión a la ciudadanía, que “muestra una imagen negativa de las AFP en la mayoría de la población". Es así como un 72% de la población considera que “solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”.

En tanto, un 66% tiene la percepción de que “las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”. Mientras que 60% está muy en desacuerdo con la expresión: “Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión”.

Según la pregunta de confianza, son la cuarta institución en la que menos se confía después de los partidos políticos, el Congreso y las Isapres.

Por otra parte, 79% de los encuestados está de acuerdo con crear una AFP estatal y 69% se cambiaría a ella si existiera.

Este estudio fue dado a conocer por David Bravo antes de la entrega del informe, en mayo pasado, tras lo cual explicó que los principales problemas que se concluyen al ver las cifras son “la baja compensación económica, un modelo de planificación e inversión deficiente o mal distribuido y la desinformación de los cotizantes”.

Rodrigo Pérez Mackenna, de la Asociación de AFP, también apuntó a la desinformación de la población luego de conocerse esta encuesta hace cinco meses. Al respecto, señala que “hay un grave desconocimiento de cómo opera el sistema de pensiones en Chile”. El presidente de la asociación enfatizó que este “es un muy buen sistema de pensiones que es capaz de entregar buenas pensiones a quienes cotizan regularmente. Pero también tenemos una realidad en el mundo laboral que en muchos casos por desconocimiento o por precariedad en el empleo implica lagunas previsionales demasiado grandes y, por lo tanto, pensiones que no cumplen con las expectativas. Además, enfrentamos otros desafíos, como las mayores expectativas de vida, que han cambiado de forma impresionante durante los últimos 33 años desde que partió el sistema, una entrada al mundo del trabajo de los jóvenes más tarde, y esto implica que debemos financiar pensiones por un tiempo mucho más largo”, manifestó.