Tan sólo un proyecto de autoconsumo con potencia de menos de 10 kilovatios (kW), propia de usuarios domésticos, se ha dado de alta en el registro público del Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde que en octubre entrara en vigor el real decreto que regula esta actividad.

Es lo que se podría denominar el efecto devastador del ‘impuesto al sol’.

En concreto, este único proyecto fotovoltaico que ha sido registrado se encuentra localizado en la localidad de Úbeda (Jaén) y cuenta con una potencia instalada de 2,2 kW.

En el caso de instalaciones de más de 10 kW, las destinadas a empresas de servicios y pymes, el número de proyectos registrados apenas sube hasta cuatro desde la entrada en vigor de la normativa.

El mayor número de proyectos registrados, con seis, corresponde a las instalaciones de modalidad Tipo 2, aquellas que pueden vender energía eléctrica a la red, según datos recogidos por Europa Press del registro del Ministerio.

Estos datos confirman el estancamiento en el desarrollo del autoconsumo, a pesar del intento del Gobierno por regularlo con el real decreto y establecer las condiciones para la instalación de los primeros equipos domésticos conectados a la red.

La normativa aprobada por el Gobierno del PP, una de las últimas piezas del puzzle de la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno del PP a lo largo de la legislatura, fue especialmente criticada por el sector fotovoltaico y diversas organizaciones políticas y ecologistas por impedir en vez de facilitar el desarrollo del autoconsumo.

Al tiempo que exime de cargas a los autoconsumidores no conectados a la red, el real decreto obliga a los autoconsumidores conectados a contribuir en la parte fija de su contrato con los costes regulados del sistema eléctrico, entre ellos el déficit eléctrico acumulado, los gastos extrapeninsulares, los incentivos a las renovables o los pagos por capacidad. Esta contribución ha recibido el nombre de ‘impuesto al sol’ por las organizaciones críticas con la norma.

El reglamento, que al mismo tiempo exime provisionalmente a los autoconsumidores de pagar los costes regulados en la parte variable de su contrato, reconoce además dos exenciones más, una para los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW y otra para las instalaciones extrapeninsuales (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

En el caso de los usuarios domésticos, no se les reconoce el denominado balance neto, una fórmula que permite compensar los saldos entre la electricidad que se produce y la que se demanda. El sector fotovoltaico critica además la cantidad de trabas regulatorias de la nueva norma.

Fuerte oposición política

El real decreto ha contado con la oposición de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha considerado que los cambios introducidos en los borradores de real decreto de autoconsumo por el Ejecutivo eran «cosméticos» y que las empresas de servicios y pymes eran «las más afectadas» con su actual redacción, ya que «cargaba sobre ellas el mayor peso».

También ha generado debate por parte de los partidos de la oposición, que se han comprometido a derogar la actual normativa sobre autoconsumo.

A este respecto, PSOE y Ciudadanos han mostrado su compromiso de reformar el real decreto sobre consumo energético, incluido el denominado «impuesto al sol» y aprobar en su lugar un «marco regulatorio estable» que regule el balance neto.