El papa Francisco, en el Vaticano a finales de noviembre. En vídeo, declaraciones del canonista Santiago Bueno, vicario judicial del Arzobispado de Barcelona. FOTO: MAX ROSSI (REUTERS) | VÍDEO: EFE

El papa Francisco, en el día de su 83º cumpleaños, puso fin a una de las históricas excusas sobre las que se edificó durante décadas el muro de silencio en torno a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia. El Pontífice ha promulgado dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidarán el secreto pontificio —que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones de particular gravedad— en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia. La nueva norma se propone eliminar el entorpecimiento deliberado en los casos de pederastia y agilizar la tramitación de las denuncias y su posible traspaso a las autoridades civiles en caso de que el país donde se hayan producido obligue a ello, tal y como sucede ya en Estados Unidos. La ley no afecta al secreto de confesión, que sigue completamente vigente también cuando ampare este tipo de delitos.

La norma, que entrará en vigor inmediatamente, también subraya que existirá el deber general de cooperar con la justicia cuando haya mandatos ejecutivos. Es decir, se terminó esconder detalles de investigaciones o denuncias con el pretexto del secreto pontificio. A partir de ahora, las diócesis de cada país deberán proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias en curso que posean y que solicite la autoridad judicial para casos “de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abuso de menores y de personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos”.

El obispo Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explica a El PAÍS que a partir de ahora “se llevarán adelante este tipo de procesos con un nivel de reserva menos rígido que antes y con el deber de aportar mayor información a las personas que tienen derecho a acceder a ella”. ¿Significa eso que están obligados a aportar la documentación solicitada? “Esa es la idea. Pero hay dos cosas distintas. A nivel individual, todos los sujetos están obligados a cumplir las leyes de cada Estado, que son muy distintas en cada país. Por otro lado, a nivel institucional, esta ley aclara que es necesario que los tribunales e instituciones eclesiásticas den auxilio judicial y cedan la documentación de fuero externo que pida la autoridad judicial cuando se presentan causas de este estilo”.

La nueva norma es un paso más en la apertura del actual pontificado al problema de los abusos a menores y uno de los aspectos que se reclamó en la cumbre dedicada al asunto en febrero. Además, va acompañada de la prohibición de imponer a las denuncias de las víctimas una obligación de silencio.

Otra de las grandes novedades al levantar el secreto pontificio es que las víctimas podrán tener acceso a parte de la documentación de su caso. Especialmente a la sentencia porque, como señala Arrieta, ellas no son parte personada y el acceso, como en los tribunales civiles, está restringido. “Las víctimas tienen derecho a la información que según justicia les corresponda. En el proceso penal canónico, el denunciante o la víctima no son partes procesales, por eso no pueden tener el mismo acceso a la documentación que les corresponde a las partes. La reserva se debe mantener para no lesionar derechos de terceros o para no transmitir una información a la cual no tienes título para acceder. Pero esto ayudará a que las víctimas estén mejor informadas de las causas en las que estén implicadas”. Hasta ahora, una vez concluidos los procesos administrativos, se encontraban ante un muro informativo y ni siquiera podían tener su sentencia físicamente.

Las víctimas celebran la decisión y creen que supondrá un punto de inflexión en el tratamiento y seguimiento de sus casos. El chileno Juan Carlos Cruz —una de las personas abusadas por el obispo Fernando Karadima—, convertido en uno de los portavoces internacionales de las víctimas, recuerda que esta medida “se venía pidiendo desde hace muchos años porque [el secreto pontificio] permitía que obispos y cardenales se escudaran para esconder crímenes espantosos”. “A muchos obispos se les acabó el carnaval de la oscuridad y ahora tienen que colaborar con la justicia y dejar de escudarse tras esta pared del secretismo”, añadió.

Los canonistas consideran que el paso dado por el Papa para suprimir una norma que hasta 1974 se llamaba “secreto del Santo Oficio” es un gran avance hacia la transparencia que reclaman las víctimas. Davide Cito, profesor de la Universidad de la Santa Croce en Roma, cree que permitirá que “Estado e Iglesia colaboren en la búsqueda de la verdad en casos fundamentales”. “Pero eso no significa que todo sea de dominio público, porque el secreto deberá seguir siendo un instrumento para proteger la honorabilidad, pero no para encubrir”, añade.

La ley establece también que “no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos”. Una novedad que también busca resquebrajar la omertà alrededor de este asunto. En el segundo motu proprio promulgado por el Papa, además, se eleva formalmente a 18 años la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil (antes eran 14 años). Una medida que ya anunció el Pontífice y que ahora se refuerza con esta ley.