A las lideresas de las comunidades afrodescendientes del norte del departamento la angustia por su seguridad les quebrantó su voluntad y decidieron abandonar la Mesa Contra la Minería Ilegal, instalada en Bogotá el año anterior.



El puesto que ocupaban en esta instancia, luego de una manifestación que inició en la zona rural de Suárez, ante la notable presencia de hombres armados con maquinaria pesada extrayendo oro en el río Ovejas, quedó vacío.



Argumentan sus voceras que el malestar surgió ante el incumplimiento del Gobierno nacional, que de acuerdo con testimonios de la propia comunidad, ha sido notable. De manera concreta, aseguran, no ha habido ninguna intervención tras el reporte de amenazas de muerte en contra de quienes se oponen a la explotación de oro por ilegales. Por el contrario, estas han aumentado en la región.



Francia Márquez, una de las lideresas, quien fue blanco de amenazas que obligaron a su salida de Suárez hace unos meses, señaló que no volverá a la mesa hasta que sean atendidas por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, así como por los viceministros con los que se firmaron los acuerdos en la capital.



“Nos levantamos de la mesa donde el Gobierno había establecido una serie de acuerdos en materia de la protección de los derechos de las comunidades negras, que hemos venido sufriendo el flagelo de la minería no solo ilegal sino también inconstitucional. Ha sido ese tipo de minería que el Gobierno ha venido entregando títulos de explotación minera violando el debido proceso de la consulta previa y el consentimiento libre e informado al que tenemos derecho”, señaló la vocera de la comunidad.



El movimiento del que hace parte Márquez, junto a voceras y voceros de otras zonas del Cauca, tiene como fin expulsar de sus territorios a quienes han llevado con sus máquinas el flagelo de la minería ilegal.



Pero luego de cuatro meses de espera por acciones concretas de las autoridades nacionales desistieron de continuar por ahora en su resistencia como medida para conservar el medio ambiente.



A la falta de compromiso del Estado reclaman medidas urgentes para poner fin a intimidaciones, persecuciones a voceros y desplazamientos forzados.



Recuerdan sus voceras, que en medio del difícil panorama, a finales del año pasado, un grupo de mujeres marchó desde el Cauca hasta Bogotá, como símbolo de rechazo a la minería ilegal.



Entonces solicitaron a las autoridades luchar contra el flagelo, que además de generar descomposición social deja consecuencias irreversibles en el medio ambiente.



El 1 de diciembre de 2014 en La Casa Giralda, en Bogotá, se firmó un acuerdo con las Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.



En ese momento se llegó a un acuerdo en función del cual el Gobierno nacional se comprometía a “adoptar medidas con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el departamento y a brindar las garantías de seguridad, prevención y protección de las lideresas, sus familias y las comunidades donde existirá intervención”.



Se planeaba así la continuación de la negociación de los puntos de la movilización por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, pero semanas después las comunidades dieron a conocer que no se realizaban operativos y las máquinas retroexcavadoras seguían extrayendo oro ilegalmente en el río Ovejas.



Las amenazas aumentaron y la paciencia de los afectados llegó a su límite generando la posición actual.

POPAYÁN