No soy periodista, pero siempre me han comentado amigos que sí lo son que la mejor forma de atraer la atención hacia un artículo es ponerle un título atractivo, un título que incite al lector a ver qué se esconde tras el mismo. Creo que la frase que titula estas líneas, “la primera víctima de la Caja B del Partido Popular”, es lo menos llamativo de lo que voy a escribir.

Si uno atiende a mi breve reseña en las páginas de eldiario.es, descubrirá que uno de los “privilegios” que tengo es poder trabajar en un partido político. Eso me permite conocer algunas de sus intimidades, entender las decisiones que se toman -también las complicadas o aparentemente equivocadas- y, en general, participar en el día a día del mismo. Con éstas, el pasado martes recibía en el correo electrónico notificación de un Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, por el cual se nos citaba a un acto de conciliación con el Partido Popular, paso previo a la interposición por parte de éstos de una querella por injurias y calumnias contra Unión Progreso y Democracia.

¿Por qué? Bueno, parece que en el partido del Gobierno no sentó nada bien un tuit, publicado en el perfil de UPyD el pasado 20 de marzo, en el que se podía leer: “Con B de ladrones, con B de corruptos, con B de estafadores: Génova se escribe con B de caja B #Génoba”, seguido de una imagen. Se puede discutir el mejor o peor gusto con el que se ha expresado la idea, pero lo que creo que desconoce el Partido Popular es que nuestro Tribunal Constitucional, a la hora de ponderar la prevalencia entre el Derecho al honor y la Libertad de expresión, tiene dicho que “ni la Constitución ni la ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de sus propios actos”.

Y precisamente lo que aquí subyace, al margen de la forma de expresarse, es la denuncia que hacía UPyD en su Twitter (como otros cientos de miles de ciudadanos y colectivos de todo tipo) de la existencia de una Caja B en el Partido Popular, que resulta el ejemplo paradigmático de la corrupción que rodea a ese partido y su entorno desde hace años (Gürtel, Bárcenas, Bankia, etc.) y que como es fácil de comprender, nada tiene que ver con el partido magenta, y sí con la forma que han tenido de hacer las cosas en el PP, por lo visto, desde su nacimiento.

Lo cierto es que esta semana, junto con el incansable Andrés Herzog, teníamos la nada desdeñable tarea de articular un recurso contundente contra el archivo de la causa de las ‘tarjetas black’ respecto de 12 directivos de Caja Madrid y Bankia (entre ellos Rafael Spottorno, exJefe de la Casa Real) que se gastaron sin control y sin vergüenza más de 3 millones de euros. No tengo ninguna duda de que algunos quieren que el fraude de las tarjetas opacas y el resto del caso Bankia acabe en un cajón de la Audiencia Nacional y les debe parecer buena idea abrirle otro frente al único partido que da la batalla -con hechos- en esta guerra, más si cabe ahora que ven flaquear nuestros medios materiales. Lo que siento tener que recordarles, es que nosotros tenemos prioridades, así que me temo que tendrán que perdonarnos porque de momento no tengamos tiempo para diseñar nuestra estrategia en su pequeña guerra contra nosotros (también es cierto que no somos nuevos en estos ‘otros’ asuntos).

De todos modos., y aunque aún es pronto para articular nuestra defensa y creo sinceramente que la posibilidad de que UPyD acabe condenado es muy remota, lo que resulta quizá más anecdótico de todo este asunto es que, vistos los tiempos de nuestra justicia, el primer partido en ‘sentarse’ delante de un juez en un juicio relacionado con la Caja B del Partido Popular podría ser Unión Progreso y Democracia, precisamente por hacerse eco de un hecho noticioso que hasta el propio juez instructor y fiscal han dado por suficientemente acreditado: que el partido que sustenta al Gobierno tenía una Caja B y se financiaba ilegalmente.

No se encuentra exenta la vida de paradojas, cuando -ideologías al margen- resulta que el partido que no sólo ha denunciado la corrupción con dialéctica televisiva, sino que se ha plantado en los tribunales para defender a los ciudadanos iniciando o impulsando casos como el de Bankia, las preferentes, la familia Pujol o los cursos de formación en Andalucía, pueda ser el primero en sentarse en un banquillo, precisamente por denunciar las vergüenzas de la vieja política. En todo caso y como he dicho, como abogado veo prácticamente imposible tal posibilidad. Como ciudadano, además, todo esto me parece ejemplo de bochornoso cinismo.