El llamado de atención que el general Cienfuegos hizo a finales del año pasado al gobierno federal puede resumirse en lo siguiente: el ejército no está preparado para enfrentar delincuentes en el fuero civil. En apoyo a esta conclusión, tras su discurso se lee la preocupación que esa realidad supone a las y los miembros de las fuerzas armadas, que radica en la incertidumbre que su actuación les plantea frente al respeto a los derechos humanos, porque en efecto, para ellas y ellos la disyuntiva es obedecer una orden y arriesgarse a violar derechos, o respetarlos y arriesgarse a incurrir en una falta a la disciplina militar. El tema no es menor y el general lo sabe, por eso, en el fondo, la solución que plantea es razonable: o se les devuelve a los cuarteles o se les dota de un marco jurídico que les permita hacer lo que saben —para lo que sí están capacitados, se entiende— sin que la sombra de las y los defensores de derechos humanos, institucionales y de sociedad civil, les siga los pasos.

Como he dicho, el diagnóstico es correcto y el planteamiento razonable; sin embargo, lo que no es ni lo uno ni lo otro es la respuesta que ha ofrecido el poder civil, que es la de aprobar una ley de seguridad interior para el país. Mis argumentos son los siguientes:

1. Todo el mundo reconoce que la presencia de las fuerzas armadas debe ser excepcional; así se planteó en principio y, no obstante, el ejército tiene ya una década haciendo labores de seguridad pública en el fuero civil. Una ley de seguridad interior, de prosperar, al legalizar la situación, la volverá permanente.

2. Si bien el problema de la debilidad del estado de derecho en México es generalizada, la situación de violencia extrema que justifica una medida excepcional como la de tener al ejército en la calle, se ciñe solo a algunas regiones del país. La ley tendría, en cambio, efectos generales y vigencia en todo el país, con lo que se estaría pensando en una solución que tendrá efectos generales, cuando el problema que la origina tiene una dimensión local.

3. La poca evidencia empírica que existe señala que el Ejercito es variable independiente de la violencia y no al revés. En otras palabras, la presencia del Ejercito en las calles ha incrementado la violencia, no la ha disminuido; como tampoco han disminuido el narcotráfico, los homicidios, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado, ni la tortura.

4. Lo que las iniciativas que al respecto se han presentado denominan “seguridad interior” corresponden al ámbito de la seguridad pública; se trata de delincuencia y es asunto del poder civil. Que las instituciones del poder civil no hayan logrado capacitarse para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada, que se hayan corrompido al punto de que resultan indistinguibles respecto de aquéllos a los que se supone deben combatir, o que estén absolutamente debilitadas, al grado de quedar subordinadas a los grupos criminales, no se resuelve con una ley de seguridad interior. Hemos perdido décadas enarbolando este argumento sin abordarlo de fondo y por tanto, sin resolverlo.

5. La delincuencia organizada no es un asunto de maldad intrínseca, es un mercado. Funciona, por tanto, bajo los mismos principios bajo los que funciona el mercado legal, salvo que la clandestinidad es la que le permite el recurso a la violencia abierta. Combatirlo con violencia no solo no lo resuelve, lo fortalece.

6. Cualquier intento por crear una jurisdicción inexistente en la constitución, que en los hechos significa extender el fuero militar y reducir el ámbito de los derechos humanos de la población es, por definición, inconstitucional. Lo es porque no tiene asidero constitucional y lo es porque contraviene el marco constitucional de derechos humanos que desde 2011 rige en el país.

No me parece que ni el gobierno federal, ni los legisladores que han impulsado las iniciativas que están en discusión, ignoren estos argumentos. Conocen bien los detalles, lo que motiva a pensar que el tema tiene que ver con conceder al general lo que les está solicitando. Las razones sólo las conocen ellos, pero el contexto es claro: por una parte, devolver al Ejército a los cuarteles deja al Estado sin su único modo de enfrentar un problema sobre el que se perdió el control hace mucho tiempo; por la otra, mantenerlo afuera sin obedecer al general implica abrirse un frente más, ni más ni menos que con el poder armado.

El tema, como siempre, es que se pondera la estabilidad del régimen sobre la seguridad ciudadana, porque al final, que el ejército esté en la calle es un riesgo a la seguridad ciudadana.

@LGlzPlacencia