¿Se puede volver a trabajar con cierta dignidad después de todo lo que se dijo o se escribió en estos ochenta y cinco días? ¿Hasta cuándo vamos a permitir la degradación de un oficio que en algún momento de la historia era un servicio y un derecho, y ahora es un rejunte de operaciones y divagues dispuestos por mercaderes de la palabra?

Los chauvinistas que todo el tiempo se jactan de que los argentinos inventamos el dulce de leche, el colectivo y la birome –y se olvidan que también inventamos la picana y el término desaparecido– pueden agregar, en este 2017, un ítem más a esa lista de invenciones: el periodismo más miserable de la historia. El peor y el más abyecto: el que traspasa todo tipo de límites, que no tiene fronteras morales ni éticas, que no coteja, que miente y que este año tuvo su Vietnam: el caso Santiago Maldonado.

La periodista Cecilia González, corresponsal mexicana en Buenos Aires, sintetizó este fin de semana todas las barbaridades que se publicaron desde los primeros días de agosto hasta los últimos días de octubre. Todo lo que salió de la boca o del tipeo de periodistas o de funcionarios ayudados por periodistas que en lugar de repreguntar o cuestionar, aceptaban disparates. Estos disparates:

Que Santiago ni siquiera había estado en la protesta mapuche.

Que un camionero lo había llevado a Entre Ríos.

Que estaba escondido a propósito.

Que lo habían secuestrado los mapuches terroristas, anarquistas y separatistas financiados por ingleses, las FARC, la guerrilla kurda y ETA.

Que era el muchacho filmado mientras compraba en un negocio en Entre Ríos.

Que cobraba un subsidio.

Que era sobrino de un ex montonero.

Que había un pueblo en donde todos se parecían a él.

Que lo había herido o matado un puestero.

Que tenía “libros revolucionarios”.

Que en Facebook se identificaba como “un feroz cacique mapuche”.

Que se había cortado las rastas en una peluquería de San Luis.

Que no se debía hablar de Santiago Maldonado ni de desapariciones en las escuelas.

Que se había “sacrificado” y planeado su “pase a clandestinidad” para ayudar a un líder mapuche ex “flogger”.

Que era un violento karateka y que nadie podría haberlo sometido.

Que una pareja lo había levantado en la ruta.

Que era un hippie artesano, tatuador y trotamundos “que se hizo humo”.

Que, si había estado en la protesta, merecía lo que le pasó porque “es delito bloquear rutas”.

Que, sospechosamente, la web santiagomaldonado.com se había abierto antes de la represión del 1 de agosto.

Que su desaparición era un montaje del kirchnerismo.

Que lo más probable era que “un gendarme suelto” lo hubiera golpeado y herido gravemente.

Que a lo mejor habían sido tres gendarmes. O siete. O 10.

Que, si preguntabas por Santiago Maldonado, eras kirchnerista.

Que usaba varios documentos de identidad con diferentes nombres.

Que se había escondido en Uruguay.

Que su hermano Germán era, en realidad, Santiago.

Que su hermano Sergio había escondido un teléfono y una maleta.

Que Santiago nunca había existido.

Que había 20% de probabilidades de que estuviera en Chile.

Que el cuerpo se había conservado gracias a las bajas temperaturas, como Walt Disney.

Todo quedó evidenciado y agudizado, encima, porque por suerte la familia Maldonado tuvo la entereza, en medio de su dolor y calvario, de interpelarlos: de decirles en la cara que mentían, que no les importaba nada. Que ni siquiera respetaban el dolor más hondo, que es el que provoca la desaparición de un familiar en manos de un Estado cómplice. “Señores periodistas y comunicadores: sean un poco más profesionales. No se imaginan el daño que causan las noticias inventadas”, leyó Germán Maldonado, uno de los hermanos de Santiago, el 1º de octubre en una Plaza de Mayo colmada. “Hay que ponerse un poquito más del lado humano. Si no tienen que poner, pasen música”, pidió Sergio, el hermano mayor, horas después de que apareció el cuerpo en el río Chubut y aún no se sabía si era Santiago.

Ahora habrá que discutir cómo seguimos. Al menos cómo seguimos los que todavía creemos en que podemos hacer algo más o menos digno, pero sobre todo queremos despegarnos de esa gente que causó tanta confusión y ni siquiera atendió el pedido de una familia destruida.

Despegarse de la mierda, esa es la cuestión.

Porque miserables hay en todos lados, en todos los oficios, pero en el nuestro, esos miserables tienen, por lo general, el poder de la masividad y la impunidad del poder. Son los que no chequean la información, no la cotejan, dan por válidas presunciones de partes interesadas y sobre todo inventan o divagan. Y encima son nuestros “colegas” para un sector importante de la sociedad que consume medios.

Victoria De Masi, periodista del diario Clarín, pidió hace unos días convertir al periodismo en una profesión colegiada. La idea generó un mini debate tuitero, que sirve poco pero puede ayudar a pensar la cuestión. En Uruguay, por ejemplo, existe un código de ética y pronunciamientos sobre cómo tratar o abordar los diferentes temas que plantea la coyuntura de ese país. Es un código no vinculante, pero sirve como una guía. Todo sale del sindicato, que es la Asociación de la Prensa Uruguaya, un organismo que no sólo es sindical, sino que se involucra en toda práctica periodística. Es un posible faro para el Sipreba, si es que quiere hacer algo más que luchar por salarios y denunciar ajustes patronales. También es un posible faro para los periodistas que intentamos mejorar nuestro desempeño profesional y perfeccionar, día tras día, el tratamiento de la información.

Hacer ese camino es necesario sobre todo porque acá, en Argentina, los que ofrecen recomendaciones son los mismos dueños de medios, disfrazados en siglas como FOPEA o ADEPA, que sólo aparecen para denunciar supuestos ataques a la libertad de prensa o de empresa, pero nunca cuestionan el tratamiento o la cobertura que periodistas o medios hacen sobre temas sensibles. Hacerlo sería dispararse en el pie.

Pero por suerte todavía somos muchos los que priorizamos el derecho a la información por sobre el de la libertad de expresión. Y porque anteponemos eso, creemos que lo que ocurrió con el caso Maldonado daña no sólo nuestro oficio o credibilidad, sino los tejidos de una sociedad engañada todo el tiempo por distintos actores de poder: la clase política, la Justicia y los medios de comunicación. Esos medios que encuentran en periodistas canallas la mejor manera de interpretar y publicar sus intereses.

Medios y periodistas que nunca aceptarían pasar música.

Porque la música no da rating ni caza clicks.