Una niña saliendo del colegio de la mano de su abuelo. PORTODAS / ÁLVARO MINGUITO

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Este es el cuarto artículo de una serie dedicada a contar en profundidad la situación de los y las menores en entornos de violencia machista. Puedes leer los anteriores en #PorTodas:

Menores: cuando el sistema también es un agresor machista.

La convivencia diaria de menores con la violencia machista.

Los Puntos de Encuentro Familiar como instrumentos de maltrato.

Un feminicidio trae múltiples repercusiones para los hijos e hijas de las mujeres asesinadas. Hay algunos niños y niñas que, al no tener otros familiares, acaban bajo la tutela de la administración en acogida o en un centro de menores. Cuando no es así, las que asumen la mayor responsabilidad de cuidados son las familias maternas, en especial las abuelas. No hay cifras oficiales porque ni los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial ni del Ministerio de Igualdad en relación con la violencia machista recogen esta información y es revelador que la Administración no haya considerado necesario disponer de ella. Los datos aquí recogidos los aporta la experiencia de profesionales de diferentes ámbitos en la atención a víctimas.

Rosa Guiralt, fiscal de violencia de género de Valencia, lo señala: “Prácticamente en todos los casos que he visto la tutela de huérfanos y huérfanas de feminicidios son para los abuelos y las abuelas maternas”. Pero el peso de los cuidados los asumen mayormente las mujeres por imperativo patriarcal. Muchas de ellas proceden, por edad, de una generación sobre la que se ha depositado la responsabilidad de cuidar de la familia y además por encima del cuidado propio. Es la materialización de la idea patriarcal de que las mujeres son seres para otros. Y así, la cultura del patriarcado las golpea de manera reiterada. En estos casos un agresor machista ha asesinado a sus hijas y tendrán que sobreponerse a todo para cuidar de sus nietos y nietas. Pero no constan en las estadísticas oficiales. El sistema se descarga sobre ellas sin atenderlas. ¿Están recibiendo atención psicosocial estas abuelas, a veces tías, cuidadoras? No lo sabemos a ciencia cierta porque el seguimiento de sus casos, que son los casos también de los y las menores huérfanas, no se registra de forma sistemática ni se realiza sobre ellas un seguimiento protocolizado.

La Fundación Mujeres, en su informe de 2019 sostiene: “Seguimos constatando las dificultades que existen para encontrar a estas familias –de víctimas de violencia machista– y poder hacer seguimiento y un catálogo preciso de sus necesidades y de los protocolos de actuación que serían necesarios para mejorar su situación y lograr una justa reparación del daño sufrido”.

En el caso de A.A., cuya historia se recoge en #PorTodas, como en tantos otros, las hijas e hijos de la mujer asesinada recibieron atención psicológica, pero las abuelas y abuelos no. La rechazaron, algo que viene siendo habitual, según los servicios de la red de Centros Mujer de Comunitat Valenciana, y siguieron adelante con todo. A una cultura de cuidar de los otros y no dedicarse cuidados a sí mismas, fruto de creencias y prácticas sociales patriarcales que no contemplan la vulnerabilidad y necesidades de quienes cuidan, se suma el hecho de que el Estado no despliega los recursos suficientes para que la atención integral les llegue.

El equipo de atención psicológica a menores de la red de Centros Mujer explica que en esta comunidad autónoma, ”en caso de feminicidio, se ofrece la posibilidad de personación en el momento y se invita al entorno, a toda la familia, a acudir al centro para continuar el apoyo psicológico, sin límite temporal, obedeciendo a un criterio exclusivamente profesional terapéutico. Pero es inusual –añaden– que las principales cuidadoras, en estos casos las abuelas maternas, soliciten ayuda. Hay muchos bloqueos de ‘no quiero hablar’, porque hay mucho dolor y rechazan la atención. En esos casos recordamos el teléfono disponible para cuando lo necesiten”. Asociaciones de atención a mujeres víctimas y sobrevivientes, como Alanna, afirman que tampoco reciben solicitudes de ayuda de las familias de mujeres asesinadas.

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