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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español hasta en ocho ocasiones este año, recuerda en un informe Rights International Spain

El ordenamiento jurídico de España parece inefectivo a la hora de combatir la discriminación racial

La Ley de Amnistía de 1977 y los escasos recursos destinados a la Ley de Memoria Histórica impiden que se resuelvan los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo

Lagunas en materia de lucha contra el racismo, falta de aplicación de los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas y trabas a una verdadera independencia judicial. Estos son algunos de los puntos a destacar en el Balance de 2016: los derechos humanos en España, elaborado por la ONG Rights International Spain.

Dicho informe destaca el elevado número de condenas impuestas al Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a años anteriores. En 2016, España ha sido condenada hasta en ocho ocasiones por este tribunal, que identificó diversas vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde la libertad de expresión hasta el derecho a un juicio justo.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó sentencias relevantes acerca del derecho a un juicio justo y el derecho a la vida familiar. A su vez, advierten sobre la falta de adecuación de la Ley de Extranjería al Derecho Comunitario.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU puso de manifiesto en un informe las «importantes lagunas» en materia de lucha contra el racismo en España. Esta opinión también es compartida por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que hizo un llamamiento para que se erradiquen las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla, además de criticar la falta de aplicación de los estándares internacionales en materia de desaparición forzada a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Todo ello, junto a algunos aspectos más, dibujan una situación cuanto menos mejorable en España en lo que a derechos humanos se refiere.

1. RACISMO E INMIGRACIÓN

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, tras someter a examen la situación de España en esta materia, advirtió de que nuestro ordenamiento jurídico no sirve para luchar «de forma eficaz» contra la discriminación racial, en parte por la «falta de recogida del Gobierno de los datos necesarios para diseñar políticas contra el racismo». En este punto, lamentan la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley de Igualdad de Trato, que sí parecía implementar los principales estándares internacionales en este aspecto. La Federación estatal SOS Racismo sumó en 2015 un total de 247 denuncias por casos de racismo y xenofobia, de las cuales 96 podrían constituir un delito de odio.

Las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla, la «desproporción» en la fuerza empleada en dichas fronteras y las «malas condiciones» de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son otros de los puntos a revisar en España, según este Comité. El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa llegó a remitir al Ministerio de Interior una carta en la que instaba a esta institución a adoptar un marco procesal que asegurase que los agentes de fronteras en Ceuta y Melilla recibieran instrucciones claras sobre cómo gestionar los flujos migratorios de acuerdo con los estándares de derechos humanos.

Este año se han producido intentos de fuga e incluso huelgas de hambre entre los extranjeros internos en los CIE pidiendo su liberación, además de manifestaciones de ciudadanos que exigían el cierre de estos centros. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llegó a asegurar que este tipo de centros «no están preparados», mientras que tres juzgados de instrucción de Madrid exigieron la instalación de cámaras de seguridad en los mismos.

2. DESAPARICIONES FORZADAS Y CRÍMENES DEL FRANQUISMO

El mismo Comisario puso también el foco de atención en la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Amnistía de 1977. De laa primera destaca que su implementación es «deficiente» y «limitada», dada la escasez de recursos destinados a esta ley. La segunda, explica, ha impedido en gran medida la investigación y castigo de los crímes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Este mismo martes, PP, PSOE y Ciudadanos rechazaron excluir de dicha ley a los torturadores del franquismo. Los populares alegaron que «una cosa es conocer los hechos y otra iniciar responsabilidades penales.

En este contexto, los esfuerzos y recursos familiares son el único modo de exhumar e identificar a personas desaparecidas durante esta época, a lo que se suman las numerosas trabas a las que deben hacer frente. Del mismo modo, el derecho a la verdad queda enterrado bajo todas las dificultades existentes para acceder a archivos históricos que arrojen nuevos datos referentes a la Guerra Civil y a la posterior época franquista.

3. DESAFÍOS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos y el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos publicaron en marzo un informe elaborado a petición del Secretario General del Consejo de Europa, titulado Desafíos a la independencia judicial y a la imparcialidad en los estados miembro del Consejo de Europa.

Preocupan, entre otras cosas, el hecho de que el Fiscal General del Estado sea nombrado por el rey, además del hecho de que solo rinda cuentas ante el mismo Gobierno que le ha elegido.

Del mismo modo, advierten de que el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial «pone en entredicho la independencia judicial». Estos miembros, recuerdan, son elegidos por el Parlamento como resultado de un acuerdo de cuotas entre los partidos políticos mayoritarios. Los expertos tachan este sistema de «amenaza potencial para la independencia».

Los recortes en los presupuestos destinados al poder judicial y a la justicia gratuita, el escaso número tanto de jueces como de fiscales y los menores recursos con que estos últimos cuentan respecto a sus homólogos de Europa son algunas de las causas por las que España es uno de los países más criticados en el Informe Anual sobre Eficiencia y Calidad de la Justicia en los sistemas judiciales europeos, elaborado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia en Europa. Los ciudadanos, por su parte, culpan a las interferencias del Gobierno como el principal agravante de este problema.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/21/derechos_humanos_59032_1012.html