Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta, no está preparada para aprovechar el alza en el precio del crudo en los mercados internacionales. Tras alcanzar su nivel más bajo de producción en los últimos 28 años —1,6 millones de barriles al día, 216.000 barriles menos que un año antes— en diciembre pasado, lastrada por la desinversión y una escandalosa corrupción, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), antaño joya de la corona del país latinoamericano, ha llegado al punto de ni siquiera poder competir en el mercado internacional de crudo. Las sanciones de la Administración Trump, que prohíbe desde el pasado agosto la compra de bonos públicos y deuda del Gobierno de Nicolás Maduro y de la petrolera estatal, han puesto la guinda a un colapso anunciado.

Una espiral de factores ha acabado llevando al sector petrolero venezolano a la decadencia. Su precaria situación ha llevado a que el año pasado dejasen de entrar unos 5.500 millones de dólares producto de las ventas del crudo, una cantidad que habría podido ser abonada a la deuda externa y ser útil para la importación de medicinas o alimentos, explica el economista y diputado opositor José Guerra, que preside la Comisión de Finanzas de la Cámara, en un artículo publicado en Finanzas Digital.

Esta tendencia "agravará la crisis política y económica venezolana", valora Raúl Gallegos, analista sénior de la consultora Control Risks en Bogotá y autor de ¿Cuándo se jodió Venezuela? (Ariel, 2016). En un reciente análisis, la firma Oxford Economics -hermanada con Control Risks- pronostica que el declive en la producción afectará la economía del país sudamericana, a la capacidad para pagar obligaciones de la deuda externa y la potencial recuperación de las responsabilidades del Estado. Y, sobre todo, impedirá a la sexta mayor economía de América Latina "beneficiarse del reciente auge en los precios del crudo" -en máximos de dos años y medio-. Según las cifras de la casa de análisis británica, las exportaciones venezolanas de crudo caerán en 2018 por debajo de los 27.000 millones de dólares (22.000 millones de euros), 4.000 menos que en el ejercicio recién terminado.

El diagnóstico no podría ser menos catastrófico para un país con hiperinflación, con la amenaza del default (impago de las deudas asumidas) permanentemente encima de la mesa y en una situación de constante inestabilidad política. No hay salida de emergencia a la vista. El presidente, Nicolás Maduro, ha destituido a la antigua gerencia de la petrolera por un desfalco de 35.000 millones de dólares. En su reemplazo ha llenado a la empresa de militares inexpertos en el área energética, aunque leales a él. "La caída en la producción de 2017 fue relevante, pero este año, después de que Maduro haya situado en puestos de decisión de la industria a militares que no tienen ningún conocimiento del sector y cuyo único interés es llenarse las manos, puede ser peor", complementa Gallegos, de Control Risks. "El objetivo principal debería ser invertir para aumentar la producción, pero eso no se está dando. La corrupción cada vez toma un peso más preponderante en las actividades petroleras".

A la lacerante falta de renovación en las plantas extractivas se suma la falta de divisas para adquirir disolventes como nafta y para comprar crudo liviano para mezclar con el petróleo pesado -el que mayoritariamente produce Venezuela-. También el impago recurrente a empresas de servicios petroleros, como Halliburton, "las que hasta ahora habían permitido que el sector continuase operando", agrega Gallegos. "En estas circunstancias, por mucho que suban los precios [del crudo en los mercados globales], no se van a dar apenas ganancias Venezuela".

"Básicamente, el problema es que la producción sigue cayendo", completa Diego Moya-Ocampos, analista sénior de IHS para América. En esta tesitura, cualquier incremento en el precio se balancea negativamente en tanto que los bombeos continúen a la baja. Dicho de manera simple: la recuperación del precio no compensa la caída de producción. Según sus cálculos, este año la extracción de crudo venezolano disminuirá en entre 250.000 y 300.000 barriles diarios. "En un año y medio o dos años puede estar en un millón de barriles", augura. Venezuela tiene la tasa de extracción más baja del mundo: solo es capaz de comercializar cada año el 0,5% de sus reservas probadas. Y eso, en un país en el que la cuarta parte del PIB, la mitad de los ingresos fiscales y el 97% del ingreso de divisas extranjeras depende de este sector, es un problema de gran magnitud. "Cualquier ingreso adicional que llegue por el aumento del precio de venta se irá a la importación de comida y productos básicos por parte de los mandos militares, no redundará en una mejora de las capacidades de PDVSA", agrega Moya-Ocampos.

Los técnicos de Oxford Economics consideran que una alternativa se gesta en el proceso de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición: podría, subrayan, acelerar un cambio de “régimen” o una modificación en las políticas financieras. Pero los diálogos se han interrumpido abruptamente con el asesinato de Óscar Pérez, el piloto que atacó el Supremo y el Ministerio de Interior y Justicia, y de otros seis civiles a manos de la policía.

La caída del gigante petrolero era impensable hasta hace dos décadas. PDVSA, el pilar financiero de Venezuela, pasó lentamente de ser un baluarte a un triste ícono de decadencia. Las causas del declive son muchas, pero tres destacan por encima del resto: la desinversión, la politización de la administración y la corrupción. Su productividad tampoco fue aprovechada en tiempos de bonanza para fortalecer la economía del país. Durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) el incremento de los precios del petróleo en el mundo. El país recibió casi un billón de dólares por las ventas del crudo entre 1999 y 2014, pero la racha no fue destinada al desarrollo de la industria y de otros sectores. Ahora, Maduro ha quedado como un espectador ante el colapso de la petrolera. Su reacción inmediata ha sido apoyar el arresto de más 54 altos cargos y una investigación penal contra Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA; sin aportar una auténtica estrategia para la recuperación para la firma estatal.

Días sin ingresos

La incapacidad productiva de la compañía ha sido admitida por el Gobierno. “Cuando nosotros estamos evaluando el flujo de caja, mes a mes, día a día, a veces tenemos algunos días en los que no tenemos ingresos en la industria petrolera, algo que sería impensable, pero eso forma parte de lo que estamos revisando”, dijo Manuel Quevedo, ministro de Petróleo y Energía y presidente de PDVSA, hace una semana.

La ruina ha salpicado a los socios y acreedores de la estatal. Schlumberger, la compañía de servicios petroleros estadounidense, ha optado por asumir una pérdida contable de 938 millones de dólares por sus activos por operaciones en Venezuela. Así lo indica en su informe del último trimestre del 2017, que atribuye la decisión a los acontecimientos económicos y políticos del país sudamericano. Quevedo, sin experiencia en el sector energético, ha prometido elevar la producción a 2,4 millones de barriles al día este año, una cantidad que todavía no alcanzaría para la reinversión en la industria y generar suficientes ingresos que atenúen el déficit financiero en Venezuela.