La vulnerabilidad interna

Cuando el miércoles 27 de marzo el tipo de cambio cotizaba cerca de los 45 pesos por dólar y en el mercado cambiario se operaban 850 millones dólares (el mayor volumen durante el mes), los contratos de futuro sobre dólar se pactaban en $49,52 para el mes de junio y $56,60 para el mes de octubre. El riesgo país arrancó la semana en 768 puntos, el jueves rondaba los 787, y luego de las medidas del BCRA, bajó —apenas— a los 772 puntos. Sin duda, el escenario financiero estuvo marcado por un grado mayor de aversión al riesgo que derivó en la dolarización de carteras de los bancos e inversores.

Los meses próximos van a estar marcados por este patrón de comportamiento, ante la evidencia empírica que demuestra que el actual gobierno inicia los últimos meses de su gestión sin poder mostrar algún resultado exitoso en materia económica y social. Sólo pueden festejar algunas empresas del sector energético y algunos bancos, aunque no todos, dados los serios problemas de liquidez que enfrentan la banca pública y el mayor deterioro de carteras de consumo que, asociado a la caída del crédito y la suba de costos operativos, complica el balance de aquellos bancos del sistema financiero dedicados exclusivamente a colocar carteras de consumo.

Si bien es cierto que durante la semana también se movieron las monedas del resto de las economías emergentes (en Turquía, a raíz del mayor riesgo de default; en Brasil por las señales hacia la devaluación del real que parecen asomar de la mano de Pablo Guedes), y que el índice dólar —DXY— se fortaleció, nuestro país sintió el impacto en forma relativamente más severa que el resto, tal como ilustra el gráfico siguiente en el que se puede apreciar el desplome del peso nacional (en ocre) en comparación con la lira turca (TRY, en negro) y el Rand Sudafricano (ZAR, en rojo).

El mayor impacto sobre nuestra moneda nacional, que es el peso de curso legal emitido por el BCRA a partir del mandato conferido por el Congreso Nacional (y que vale la pena recordarlo, frente a las reiteradas alusiones que se escuchan por doquier, acerca de que nuestro país no tiene moneda), es el resultado de la vulnerabilidad interna frente a la externa. Las economías emergentes sufren crisis recurrentes en sus balances de pago, provocadas por la escasez de dólares para afrontar compromisos de importación y el impacto negativo quela fuga de capitales provoca sobre la estabilidad financiera.

Esos dos elementos estructurantes de nuestra economía se combinan con la mayor inestabilidad de los mercados financieros internacionales, especialmente frente al surgimiento de síntomas que parecieran indicar que las principales economías del mundo no le encuentran la vuelta al proceso de recuperación económica y, a la vez, permanecen irresolubles las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China.

Al dato de la vulnerabilidad externa, hay que sumar la vulnerabilidad interna, estimulada por el tipo de políticas que el gobierno implementó en materia financiera. La inicial eliminación de retenciones, la decisión de dejar flotar libremente el tipo de cambio, la apertura de la cuenta capital, la eliminación de todo tipo de medidas destinadas a regular los flujos de capital y la adopción de una política de tasa de interés sin pisos ni techos y pensada para estimular el carry trade (que aquí se llama bicicleta financiera), son signos de una evidente falta de claridad en el manejo defensivo frente al shock externo. Ningún país que asume como propio el desafío de cuidar su soberanía monetaria, que es el único instrumento eficaz para resolver los problemas de inflación y generar las condiciones para el desarrollo económico, deja librada la administración de los flujos financieros al despotismo de la plena libertad de mercado. El gobierno generó durante todo este tiempo las condiciones de oportunidad de una crisis sin precedentes. Es responsable directo de los daños que se están generando a nivel social, económico y en el plano de los compromisos financieros internacionales que deberán asumir las próximas generaciones.

Los pactos espurios

En su ceguera ideológica, el gobierno se empeña en subordinar el ejercicio de la soberanía monetaria a los criterios del FMI mediante los que se prohibió al BCRA hacer uso de la herramienta de intervención en el mercado de cambios para estabilizar el dólar y evitar que el impacto inflacionario continúe carcomiendo el poder adquisitivo del salario. Esa imposición, cuya validez constitucional debiera discutirse al menos en el Congreso Nacional, que es el que define el valor de la moneda nacional (y, por tanto, tiene las atribuciones para decidir con qué estrategia defender el valor externo de la moneda), no se condice con los criterios que utilizan otros países de la región.

De acuerdo a la Carta Orgánica del Banco Central de Colombia, país que no puede ser reputado de populista, el Ministro de Hacienda y Crédito Público forma parte del Directorio de la entidad y en tal carácter, dispone conjuntamente con ese cuerpo “la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario como comprador o vendedor de divisas”. La regla parece clara: el tipo de cambio lo define el organismo rector en materia monetaria, las atribuciones de intervención corresponden a esa institución e incluso decide conjuntamente con el Tesoro, la conveniencia de intervenir o no y en que medida.

Fruto de esa ceguera conceptual que condujo al país hacia el peor de los destinos, que no es otro que el haber postrado nuevamente al conjunto de los argentinos en el endeudamiento externo, el uso de las herramientas de política monetaria y cambiaria dejó de estar al servicio del desarrollo inclusivo y la generación de empleo, para volcarse en su totalidad a la promoción de negocios financieros en beneficio de los grandes bancos.

Ese es el verdadero sentido que tiene la tasa de política monetaria actual y el corte de tasas en la licitación diaria de LELIQs, que conjuntamente con la perniciosa política de remunerar encajes a las entidades, condujo a la conformación de sucesivos pactos espurios entre el BCRA y las principales casas bancarias de la City. La primer fase del pacto tuvo lugar cuando se les permitió a los bancos sustituir encajes —que debían integrarse en billetes y monedas— por letras de liquidez remunerada. La Carta Orgánica no lo permite. Ese segmento del acuerdo fue justificado por el necesario desarme de la bomba de LEBAC; luego de ello, y a pesar de haberse denunciado en diferentes oportunidades que las LELIQs conducían al mismo problema pero en plazos de 7 días (aunque en realidad, la licitación diaria implica que cada 24 horas hay nuevos vencimientos), se profundizó la política de afectación de encajes a través de criterios de remuneración. Esto se debe a que los bancos sólo están dispuestos a invertir en un título —cuyo destino saben que es el canje por un bono sustituto— a cambio de no poner fondos propios. El dinero salió de los depositantes hasta que la tasa de plazo fijo empezó a perder frente a la inflación. Los datos de los primeros dos meses del año arrojaron resultados, que marcan una tendencia cuyo desenlace esperado es una proyección a fin de año en torno al 35%-40% (si no acontece ningún escenario adverso de magnitud) y, a costa de pagarle a los bancos LELIQs al 94.05% si se toma la tasa efectiva anual.

Ese esquema que destruye la industria, arrastra tras de sí la capacidad de pago de los principales deudores del sistema financiero. La proliferación de concursos y quiebras muestra que uno de los síntomas del comportamiento empresario es cerrar las puertas, dolarizar y fugar al exterior. Ese proceso comenzó a vislumbrarse con mayor nitidez durante febrero y derivó en la emisión de la Comunicación A 6647, que impuso un límite a la adquisición de LELIQs en torno al 65% de los depósitos y que en simultáneo, marcó el inicio de una nueva fase del corrimiento del tipo de cambio que se prolongó hasta el día miércoles.

Pero el jueves se emitió una nueva comunicación, la número 6661, que le permite a los bancos poner el 100% de los depósitos en LELIQs, excluyendo del cómputo los del sector financiero, ya que en finanzas nadie arriesga con fondos propios. Esa norma que representa el segundo pacto espurio entre el gobierno y los bancos, se intuía ya semanas atrás cuando el propio Sandleris les sugirió a los bancos hacer “contabilidad creativa” (reprimida en el código penal mediante los delitos de balance falso, actos indebidos, administración fraudulenta, y lavado de dinero), para que las ganancias usurarias que extraen a esa tasa no se note tanto.

El fin y los medios

El fin justifica los medios, especialmente cuando el mercado financiero sabe que en materia monetaria ya se jugaron todas las cartas. El rey esta desnudo y sometido a una imposición más peligrosa aún, puesto que el aumento del límite de 65% a 100% implica que la política de encajes sobre depósitos queda virtualmente diluída, generando un escenario de desprotección patrimonial del ahorrista que no hace más que reeditar la famosa calificación de gaucho banking, con que nos hicimos conocidos en el mundo hace 13 décadas.

El principal peligro que plantea este escenario es la potencial corrida sobre depósitos que podría generar una espiralización de la desconfianza del público sobre el sistema financiero, que como todos sabemos está indirectamente ligada al riesgo país que prevé el riesgo de default en los mercados internacionales.

Si ese índice crece, la presión sobre la estabilidad bancaria podría marcar una nueva fase de la crisis, esta vez de consecuencias irreversibles para el conjunto de los argentinos. En ese marco, es clave el papel que pueda cumplir la Superintendencia de Bancos, que a pesar de ser un organismo conducido por funcionarios que no tienen una visión proclive a la defensa de los usuarios del sistema ni al cuidado de la estabilidad sistémica, es el único con funciones para intervenir fijando pautas sobre los bancos. El devenir de estos acontecimientos, especialmente la entrega de los depósitos a cambio de unos puntitos adicionales de tasa de interés en el plazo fijo, refleja la necesidad estratégica de impulsar la creación de una defensoría del usuario financiero, que fiscalice el funcionamiento de una actividad que lejos está de actuar bajo parámetros de servicio publico.

La Comunicación A 6661 demuestra que el BCRA adoptó el peor de los caminos puesto que perdió el control sobre el manejo de depósitos del publico a cambio de la promesa de los banqueros de subir la tasa de interés, que hoy está marcadamente retrasada frente a la LELIQ y al tipo de cambio. Durante la gestión de Alejandro Vanoli en el BCRA, se estableció como criterio básico destinado a la defensa del peso un piso de tasa de interés que beneficiaba a los ahorristas. Ahora se estimula el negocio financiero con tasas que paga el BCRA a los bancos que compran letras con dinero de los ahorristas.

Es inevitable pensar en una nueva bola de nieve, aunque esta vez atrape directamente los ahorros del público. La dinámica de crecimiento de las colocaciones conducirá más temprano que tarde al ofrecimiento de algún instrumento de inversión para que los clientes de bancos inviertan en un producto asociado a LELIQ. Aunque vayan a presentarlo como una regulación de contrato financiero a favor del ahorrista, en realidad no serás más que que una versión edulcorada del viejo Plan Bonex de 30 años atrás.

La propuesta de modificar la Carta Orgánica

Al cierre de esta nota, recibí la presentación de un nuevo proyecto de carta orgánica del BCRA. El Ejecutivo cumple con otro de los compromisos impuestos por el FMI en las negociaciones pero el proyecto es una verdadera trampa para el conjunto de los argentinos/as, condiciona la soberanía política y monetaria del país, elimina los objetivos de empleo y desarrollo y está basado en la falacia de suponer que la inflación se reduce con un Banco Central que no financie al Tesoro. La inflación que el gobierno generó durante su mandato es responsabilidad de la flotación cambiaria y la desregulación tarifaria; es inflación de costos y no por aumento de la masa monetaria. La idea de que financiar al Tesoro es malo en sí mismo desconoce la dinámica de funcionamiento de la moneda y, además no se condice con las disposiciones de las legislaciones de países como Inglaterra, Japón, China, Canadá (que incluso admiten que el banco financie a gobiernos subnacionales).

A contramano de estos países, los intelectuales orgánicos del capital financiero internacional, además de vedar el financiamiento al Tesoro, proponen que la nueva ley prohíba expresamente al BCRA usar reservas para pagar deuda. El negocio funciona así. El Tesoro no puede tomar financiamiento barato del Banco Central, ergo se ve obligado a pedir prestado a la tasa que el mercado imponga según el riesgo país de la Argentina. Con esa deuda, el gobierno paga compromisos en pesos pero devuelve capital más interés en dólares a un tipo de cambio flotante, en escenarios de escasez de divisas y sin poder usar reservas.

Pregunta: ¿de dónde saldrán los dólares para pagar esos compromisos? ¿No debería el BCRA actuar como un instrumento impulsor del desarrollo y, a la vez, garante de la estabilidad frente a la reversión de los flujos de capital?

La propuesta definida en la ley está diseñada a la medida de los intereses del mercado financiero, que no son otros que profundizar la dependencia del país al poder de los mercados financieros. Tal vez por eso tampoco se fijan en la ley reglas para cerrar la puerta giratoria por la que ingresa el conflicto de interés en el seno del directorio, donde la presencia de fondos de inversión y bancos internacionales es marcadamente significativa. Si el gobierno dice promover políticas de transparencia —entre ellas la reforma de la ley de ética pública—, ¿no hubiera sido conveniente regular estos mecanismos para evitar que el mercado controle directamente la mesa de operaciones de banco, o el proceso de elaboración de normas regulatorias? Pareciera que no es este el criterio de independencia que tienen en mente.

Por otro lado, el proyecto se encarga de aclarar que la designación de directores por parte del Ejecutivo se perfecciona si el Senado no se pronuncia durante el período legislativo en que se presentó el pliego. Es decir que el silencio se considera una aprobación tácita. Si el Banco Central tiene su origen en una atribución exclusiva del Congreso, el criterio de aprobación tácita, que no es más que un criterio ficto, ¿no es una intromisión indebida en el ámbito de autonomía del Poder Legislativo? ¿No sería conveniente acaso que el proyecto establezca expresamente que si el Ejecutivo no logra la aprobación de pliegos en un lapso determinado, el Senado los devuelve mandando a proponer nuevos candidatos? Sería bueno para evitar la situación actual en que el Directorio del BCRA gobierna de facto porque ninguno de sus miembros tiene acuerdo del Senado. Para evitar ese tipo de irregularidad, Uruguay prevé que «si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado». (Artículo 187 Constitución Nacional).

Sin duda nuestro país necesita volver a discutir un modelo eficaz de legislación organizativa del funcionamiento de la actividad financiera, pero sería un error reducir el margen de intervención del gobierno en los asuntos más importantes del manejo de la política monetaria, cambiaria y financiera. La idea del mandato único atado a un objetivo anti inflacionario (a pesar de que el proyecto pretenda disimularlo detrás de la idea de mandato múltiple y priorizado, acompañado además con notas tan imprecisas como la referencia al objetivo “salud financiera”), tiene por misión eliminar el pleno empleo y el desarrollo inclusivo como norte organizativo de la actividad financiera. Ningún país dedicado a promover el desarrollo y el pleno empleo se limita a controlar la inflación. Los casos norteamericano, ingles y japonés son ilustrativos en el sentido de la amalgama de estos objetivos, tanto como Ecuador y Chile tienen bancos centrales en los que la política monetaria se encuentra fuertemente restringida por la imposición de una visión profundamente neoliberal.

De tener lugar en los próximos meses, la hipótesis de sustitución de depósitos por un bono atado a letras de liquidez, el vínculo entre el sistema financiero y los depositantes ingresará en un cono de sombras, difícil de digerir. Se avecinan momentos de mayor fragilidad financiera y de mucha dureza en términos de descomposición del tejido social, tal como mostró el indice de pobreza e indigencia que se conoció el jueves (32% de pobres). Las fuerzas productivas de la economía, las empresas nacionales, los trabajadores y trabajadoras, los movimientos sociales, de la economía popular y el movimiento feminista, deben formar parte de las discusiones sobre qué tipo de sistema financiero queremos, porque estamos seguros que no queremos uno basado en la imposición de un puñado de funcionarios a quienes nadie autorizó para atarnos al FMI, que además no recibieron autorización para endeudar al país en cifras siderales y que ningún resorte democrático eligió para tomar ese tipo de decisiones.

La discusión sobre el sistema financiero debe basarse en criterios de democracia y participación social. Esos vectores no está presentes en el proyecto de ley de Carta Orgánica. De continuarse por ese camino, los sucesivos gobiernos seguirán perdiendo legitimidad.

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