La Corte Suprema resolvió en 2009 la inconstitucionalidad de aplicar una pena a la tenencia de drogas para consumo personal. Esa sentencia se conoció como falló Arriola y trató el caso de dos jóvenes detenidos en la vía pública con dos cigarrillos de marihuana, con una posesión total de apenas dos gramos de esa sustancia. Desde entonces, esa definición del máximo tribunal fue motivo de controversias. Pese a que los argumentos de los jueces fueron claros sobre la definición de consumo personal se abrió un vacío legal que cada tribunal inferior completó con sus propios criterios. Fracasaron los intentos de tratar el tema en el Congreso. Pero ahora sumó su voz la ONU y pidió al Gobierno la modificación de la ley de drogas para despenalizar la tenencia de drogas para consumo.

El 26 de enero pasado llegó a la Cancillería el informe especial elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Se trata de la misión de la ONU que notifica cada año los escenarios de tráfico y consumo de drogas. En su próximo documento mundial figurarán 11 puntos referidos a la Argentina, uno de los países elegido para la evaluación durante 2016. Las conclusiones son, en general, positivas sobre la acción del Gobierno, pero aporta varias recomendaciones. Entre ellas el necesario cambio a la ley 23.737, la llamada ley de drogas.

La ONU pidió despenalizar la tenencia de drogas para consumo Archivo

En los despachos oficiales fue bien recibido el análisis de los enviados de la ONU. Incluso en el punto referido a la reforma legal. El Gobierno quiere poner en debate esa ley, tanto para modificaciones dirigidas al control de la oferta de drogas como a la prevención de la demanda. Funcionarios estiman que la posición de la JIFE permitirá abrir la discusión legislativa.

Aquellos que conocieron el informe de la ONU, reservado hasta su publicación oficial, afirman que se dejó consignado la preocupación de los expertos internacionales por el tiempo pasado desde aquel fallo de 2009 sin que fuese adaptada la norma legal. Pero en el lenguaje diplomático cada palabra tiene su peso propio. Y en la evaluación se hace referencia al fallo de la Corte, aclarándose que apunta a pequeñas cantidades de marihuana y con fuertes delimitaciones para su aplicación. Esa mención tiene relevancia, porque el Gobierno quiere que el debate de la ley no implique una visión de legalización absoluta de la posesión de drogas, sino que espera partir de la base fijada por la Corte: permiso para una droga específica, en dosis mínimas y sin posibilidad de consumirse en público.

El Gobierno espera con un cambio legal fijar concretamente la cantidad a ser tomada en cuenta como tenencia para consumo personal. Esa definición será importante para un paso posterior que tiene en carpeta el Ministerio de Justicia. El ministro Germán Garavano proyecta en su agenda de reformas procesales poner en debate legislativo en 2018 la constitución de tribunales especiales para casos de drogas.

Más allá del pedido de adaptación de la ley de drogas, el informe de la ONU destacó la reorganización del sistema de fiscalización de narcotráfico y adicciones que se realizó el año pasado. Y señaló con especial énfasis el trabajo de la Sedronar, a cargo de Roberto Moro. La comisión que evaluó a la Argentina consideró positiva la reconstrucción del Observatorio de Drogas y llamó a utilizar datos actualizados para elaborar estrategias de reducción de la demanda de estupefacientes.

Mayor coordinación

Entre otros puntos que figuran en el documento remitido por la JIFE se solicita también al gobierno argentino la creación de un mecanismo de coordinación efectivo sobre fiscalización de drogas, integrado por todos los actores gubernamentales que se ocupan de la represión del narcotráfico, la prevención del consumo y el tratamiento de adictos.

Los expertos internacionales reconocieron los pasos dados por el Gobierno para luchar contra el blanqueo de dinero, pero también exigieron un mayor control sobre las empresas que se dedican a la fabricación e importación de sustancias utilizadas como precursores para la elaboración de estupefacientes.

El Gobierno reaccionó positivamente a la evaluación internacional. Hizo pública su posición con un comunicado de la Cancillería: "En su informe, la JIFE evalúa positivamente el accionar del actual Gobierno frente a la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico a la vez que lo felicita por su compromiso con los tratados de fiscalización internacional de drogas, su determinación para abordar el problema de las drogas en el país y su labor en la lucha contra el lavado de activos."

No se hizo en ese mensaje oficial referencias sobre el pedido de cambio de la ley de drogas, pero en los despachos gubernamentales tomaron nota del pedido de la ONU para no figurar en un próximo informe como país que no cumplió con una recomendación de la JIFE.