Por Joan Ramon Sanchis Palacio, Catedrático de Economía de la Empresa Universitat de València

Ilustración: Javier F. Ferrero

La crisis económica iniciada en 2007 ha dejado patente la inestabilidad y precariedad del empleo y la existencia de un modelo productivo ineficaz e ineficiente. Este es un problema estructural de la economía española que perdura desde hace décadas y que se ha visto agravado con las diferentes reformas laborales que se han ido sucediendo a lo largo de los años. La famosa dualidad del mercado de trabajo, que dicho sea de paso no se va a resolver con la propuesta del contrato único que hacen algunos partidos políticos, favorece la creación de empleo de muy baja calidad (temporal, inestable, mal remunerado), que en épocas de crisis es muy fácil de destruir.

De todo ello se deduce que las elevadas tasas de desempleo en las que nos movemos no son consecuencia de las crisis económicas (éstas solo lo agravan aún más), si no de una estructura productiva muy poco sostenible basada en una oferta de bienes y servicios de escaso valor añadido y en un sistema de management muy poco profesionalizado. Por lo que la solución no está en la reducción de los costes salariales, como proponen muchos, si no en la mejora de la gestión empresarial a través de la profesionalización de los sistemas de dirección de las empresas. Dicho de otro modo, existe una clase empresarial muy poco formada, de escasa calidad, con una visión cortoplacista y miope de la realidad económica, que solamente sabe destruir puestos de trabajo y bajar salarios como medidas para salir de la crisis. Pero de esto no habla nadie, porque supongo que no es políticamente correcto.

Otro elemento destacable en las causas del desempleo en España es la gran dependencia que la economía española tiene de las empresas multinacionales. Es cierto que estas empresas crean empleo en el territorio, pero también es cierto que este empleo está supeditado a los cambios de rumbo de las posiciones estratégicas de las casas matriz, de manera que cuando éstas deciden deslocalizar su producción, los efectos sobre el empleo local son devastadores, no solo por los empleos directos que destruye la multinacional si no también por el efecto arrastre que genera en sus proveedores, pequeñas empresas locales que trabajan con exclusividad para estas multinacionales y que se ven abocadas al cierre. Tenemos numerosos ejemplos de estos en España, pero sin duda el caso más reciente es el de la planta industrial de Bosal en Sagunto (Comunidad Valenciana). Se trata de una multinacional belga que produce componentes para automoción y que tras su decisión de deslocalizar la producción y marcharse a Chequia, ha dejado en la calle a 333 trabajadores. Son en su gran mayoría personas de más de 45 años que han trabajado casi toda su vida laboral en esta empresa y que, por tanto, es casi imposible que se puedan recolocar en otras empresas. La multinacional tramó un plan de desmantelamiento de la fábrica que ha acabado con un concurso de acreedores en el que a los trabajadores se les adeuda más de 15 millones de euros en concepto de nóminas e indemnizaciones. La deslocalización productiva, no solo no está prohibida legalmente, a pesar de sus efectos tan negativos desde el punto de vista económico y social, si no que incluso muchos gobiernos (nacionales, autonómicos y locales) la incentivan, por sus efectos positivos a corto plazo.

Pero, ¿qué soluciones existen ante los procesos de deslocalización de las grandes empresas?, ¿qué medidas habría que tomar para transformar el modelo productivo hacia un modelo sostenible? y ¿cómo podemos generar empleo estable y de calidad para que se pueda mantener en tiempos de crisis?. Tres preguntas que desde mi punto de vista van muy unidas y cuya respuesta resolvería en parte los problemas estructurales de la economía española. No es objeto de este artículo abordar en profundidad cómo reformar el modelo productivo español, si no más bien proponer una medida concreta que pensamos puede ayudar a paliar en parte la sangría de desempleo que se está produciendo.

La creación de empresas recuperadas por sus trabajadores es un fórmula que puede contribuir a mantener el empleo y a crear empleo de calidad. Se trata de un proceso de transformación de empresas de capitales en crisis en el que los propios trabajadores asumen la gestión de la empresa, convirtiéndola en una organización de Economía Social (Cooperativa de Trabajo Asociado o Sociedad Laboral). En este tipo de organizaciones, la mayoría de los trabajadores son propietarios de la empresa: el 75% como mínimo en el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado y el 51% como mínimo en el caso de las Sociedades Laborales (que pueden ser Limitadas o Anónimas). Ante situaciones de crisis empresariales donde la única solución es el cierre como consecuencia de una mala gestión directiva o de un proceso de deslocalización productiva por parte de una multinacional, se plantea la posibilidad de conservar los puestos de trabajo mediante una transformación jurídica liderada por sus trabajadores. No estamos inventando nada nuevo, pues es una fórmula ya muy antigua ampliamente utilizada en países latinoamericanos en situaciones de crisis económica, como ha sido el caso principalmente de Argentina y de Uruguay. En España se utilizó también durante la crisis de los años setenta del Siglo XX y fue de donde surgieron las Sociedades Anónimas Laborales. Con esta medida, no solo se conservan los puestos de trabajo si no que se consigue transformar empleo precario en empleo estable y de calidad. La estructura económica de un territorio determinado no solo no se ve dañada si no que se mejora.

Transformar una empresa de capitales en una empresa social, con garantías de éxito, supone contribuir a crear un tejido empresarial sostenible que garantice el desarrollo del territorio.

Muy poco se habla de este tipo de iniciativas en los medios económicos a pesar de sus posibilidades de éxito. No cabe ninguna duda que detrás de este proyecto de transformación empresarial ha de haber un plan de negocio viable y una adecuada capacidad de gestión que no siempre es fácil, pero con estas medidas se puede crear una estructura empresarial sostenible y equilibrada en el tiempo, contribuyendo así al cambio de modelo productivo del que tanto se habla y del que tan poco se ha hecho hasta ahora. Porque las empresas de la Economía Social son organizaciones donde se prioriza la persona y el trabajo sobre el capital y en las que la Responsabilidad Social es parte ineludible de su proyecto. Transformar una empresa de capitales en una empresa social, con garantías de éxito, supone contribuir a crear un tejido empresarial sostenible que garantice el desarrollo del territorio. Supone sustituir el enfoque cortoplacista e individualista de una empresa gestionada por un único empresario o unos pocos accionistas mayoritarios por otro a largo plazo y colectivo donde la gestión de la empresa queda en manos de los mismos trabajadores. Las empresas de la Economía Social son empresas locales que se enraizan en el territorio, contribuyendo activamente a su desarrollo económico y social a través de la autogestión.

Durante la crisis económica iniciada en el 2007, se ha demostrado que las empresas de la Economía Social son empresas más resistentes a las crisis, pues consiguen conservar sus puestos de trabajo en mayor medida que las empresas de capitales. Se estima en 10 puntos porcentuales la diferencia de destrucción de empleo entre unas y otras a favor de las empresas sociales. Esto es así porque al ser empresas gestionadas por sus propios trabajadores, las medidas de despidos son las últimas en aplicarse. Solo se llevan a cabo Expedientes de Regulación de Empleo cuando el negocio empresarial es realmente inviable, pero nunca antes y en ningún caso para reducir costes salariales. Los trabajadores asumen sacrificios, bajándose los sueldos o reduciendo su jornada laboral, superando así las situaciones de crisis, y sabiendo que cuando vuelvan a la normalidad económica podrán volver a recuperar sus posiciones laborales iniciales o incluso mejorarlas. En las empresas de capitales, las medidas de despidos y de reducciones salariales no siempre son la respuesta a una crisis, si no que obedecen a una lógica capitalista en la que se prioriza la maximización del beneficio económico y los intereses particulares sobre los fines sociales y el bien común. Muchas de estas empresas de capitales aprovechan los contextos de crisis económica para empeorar las condiciones laborales de sus trabajadores y conseguir así mayores ganancias. La deslocalización de empresas es un claro ejemplo de lo que comentamos. Las empresas sociales, en cambio, están pensadas para favorecer el trabajo, relegando el capital a un segundo plano como un simple instrumento para alcanzar unos fines sociales que van dirigidos a conseguir un empleo estable y de calidad, como ya hemos señalado. Son empresas basadas en un modelo de gestión de proximidad, tanto interna como externa: proximidad interna porque son los propios trabajadores los propietarios del negocio y quienes lo gestionan y proximidad externa porque los clientes también pueden formar parte del negocio, pudiendo incluso adquirir la condición de socios, como sucede en el caso de las cooperativas de consumidores y usuarios. Muchas cooperativas de trabajo asociado (gestionadas por sus trabajadores) son a la vez cooperativas de consumidores, de manera que se produce una gestión compartida entre trabajadores y clientes. Todos ellos son socios y participan en las decisiones de la cooperativa al pertenecer a la asamblea de socios con criterios de igualdad y de democracia directa (un socio un voto, independientemente del capital aportado por cada uno de ellos).

Se hace necesario implementar planes de actuación dirigidos al fomento de la creación de empresas recuperadas por sus trabajadores y dentro de sectores económicos con expectativas de éxito.

Por este motivo, durante el período de crisis económica (2007-2016) se están creando en Europa nuevas empresas sociales, muchas de ellas resultado de la transformación de empresas de capitales en crisis. La propia Unión Europea ha reconocido esta necesidad y está contribuyendo económicamente a incentivar la constitución de cooperativas en el contexto de crisis económica. Se ha aprobado un Plan de financiación dirigido a apoyar la creación de empresas recuperadas por sus trabajadores, lo que abre las puertas a potenciar este tipo de iniciativas en España. De hecho, España es uno de los países de la Unión Europea donde más cooperativas de trabajo asociado se han creado durante estos años de crisis. Pero no siempre cuentan con el apoyo de la Administración Pública, más bien al contrario, pues los obstáculos para su constitución son realmente considerables. Se hace necesario pues, implementar planes de actuación dirigidos al fomento de la creación de empresas recuperadas por sus trabajadores, principalmente en los ámbitos autonómicos y locales, y dentro de sectores económicos con expectativas de éxito. La ocasión lo merece.

Sin embargo, la creación de empresas recuperadas por sus trabajadores no resuelve por sí solo el problema económico que padece nuestro país ni garantiza el cambio de modelo productivo hacia un modelo sostenible y equilibrado, aunque sí que ayuda a ello. No podemos obviar la responsabilidad pública en todo este proceso ni olvidar que el cambio de sistema ha de incluir fuerzas mucho más amplias. Seguramente se trata de una medida reformista que no garantiza una revolución social pero que sí permite resolver situaciones personales de desigualdades económicas y sociales, lo que justifica su aplicación. El objetivo de este artículo era dar a conocer una medida de economía social muy poco conocida por la sociedad en su conjunto y ocultada por los medios económicos ortodoxos y que sin embargo puede ayudar a resolver en parte las situaciones actuales de desequilibrio económico ocasionadas por un paro masivo. Espero haberlo conseguido.

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