El Gobierno ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a ser un organismo privado, dispone de documentos clasificados como secretos y ha pedido que se retiren de consulta pública y que se traslade a la Administración la oportuna información sobre los mismos para poder protegerlos convenientemente y que no se divulguen.

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Así se lo ha hecho saber el Gobierno en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien se interesó por este asunto temeroso de que esos documentos secretos en manos de la citada entidad privada, no estuvieran adecuadamente custodiados.

En una pregunta registrada en el Congreso, Garzón alertó al Gobierno de que la Fundación Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.

Según detallaba en su iniciativa, todos esos documentos deberían "estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada". "Deberían permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales o en el Archivo General de Palacio", argumentaba el también portavoz adjunto de Unidos Podemos.

Además, Garzón señalaba que, vista la documentación digitalizada y depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica como consecuencia de las ayudas concedidas a principio de los años 2000 a la Fundación Francisco Franco, "se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secretos".

Subvenciones para los archivos

Ahora el Gobierno le ha contestado que, efectivamente, como consecuencia de las subvenciones concedidas a esa fundación para la organización de su archivo, "tuvo entrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica copia de la documentación referida por su señoría".

Tras remarcar que estas ayudas concedidas a la fundación fueron "de libre concurrencia a entidades privadas sin ánimo de lucro" y tenían como finalidad "el desarrollo de proyectos archivísticos", el Ejecutivo, detalla a Garzón cómo ha actuado en este asunto.

Así, le explica que, una vez analizados por los técnicos facultativos los contenidos documentales de las copias enviadas por la fundación, "se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales".

Para empezar, la Secretaría de Estado de Cultura remitió a la fundación de un escrito para que retirase del posible acceso público la mencionada documentación y también le solicitó que remitiera la oportuna información a los organismos competentes "a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de su contenido".