Con su decisión de ordenar el control de los ductos de Pemex por parte del Ejército y la Marina, y enfrentar con ello a la mafia interna y externa del robo de combustibles en la empresa del Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió sin duda la “caja de Pandora”. Ninguno de los gobiernos recientes, de Vicente Fox a la fecha, había querido o podido confrontar la enorme red de complicidades y corrupción de altos funcionarios, sindicato petrolero y crimen organizado que está detrás de la industria delictiva más lucrativa en México después del narcotráfico. Lo supieron desde los directores de Pemex hasta los secretarios de Hacienda y los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, y ninguno de ellos intentó, más allá de operativos militares esporádicos y ocasionales, desmantelar el lucrativo negocio que pasó de los 12 mil millones de pesos en 2002 a los 60 mil millones de pesos hasta 2018, según las cifras oficiales.

Y es que muchos se beneficiaron del “huachicoleo”; desde las altas esferas del gobierno donde permitían y toleraban todo un mercado negro de gasolina en México, hasta los funcionarios de Pemex y sus trabajadores que controlaban las redes de ductos y sus flujos y presiones —y sabían a detalle cómo y cuándo se realizaban los saqueos más importantes de todo tipo de combustibles—hasta gobernadores y candidatos de diversos partidos que obtenían beneficios de esa actividad delictiva. Ayer el propio López Obrador acusó a sus antecesores, desde Fox hasta Peña, de haber sido parte de esa corrupción que permitió un saqueo millonario de los recursos energéticos y económicos del país. La pregunta que se impone tras esa fuerte declaración del presidente es: ¿Habrá responsables, con nombre y apellido, de quienes permitieron y controlaron ese jugoso negocio desde las últimas administraciones amafiados con el crimen organizado?

Por el momento, hasta donde se sabe sólo hay tres funcionarios del área de Logística de Pemex que están siendo investigados y que podrían ser acusados formalmente, pero tan evidente es que la red de corrupción no paraba ahí, que hasta los secretarios de Hacienda de esos gobiernos, cuando hacían la proyección del Presupuesto de cada año, incluían ya como descuento de los ingresos proyectados la merma de los robos a Petróleos Mexicanos. Por algo se comenta también que, tras la cruzada que ha emprendido el gobierno lopezobradorista contra el huachicoleo, el ex senador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ha alargado sus vacaciones y no ha regresado aún al territorio nacional ¿Temerá que las investigaciones lleguen hasta las áreas del sindicato directamente involucradas en la operación de ductos y el trasporte de combustibles?

Y aunque el gobierno dice en el discurso que irá hasta el fondo y que reducirá de 60 mil a 10 mil millones el robo de combustibles, también hay un primer efecto colateral de la cruzada de López Obrador contra el robo de combustibles. La sustitución de los ductos, que fueron tomados y cerrados por el Ejército y la Marina desde el 27 de diciembre pasado, por pipas para transportar el combustible a todo el país ha ocasionado un grave problema de desabasto de gasolinas y diesel en al menos siete estados del país.

Las imágenes de automovilistas y transportistas desesperados haciendo filas de más de un kilómetro en Jalisco, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas son la prueba más clara de que no hubo una planeación adecuada del cambio del logística en el transporte y la capacidad terrestre de Pemex se vio superada por la demanda, tal y como ha reconocido la propia paraestatal. ¿Ese fue error de cálculo de alguien en el gabinete o en la empresa o simplemente, como dijo López Obrador, es parte de los efectos de los que “hay que tener paciencia” por decidir enfrentar a la mafia huachicolera?

Como sea, el tema del desabasto debe resolverse pronto —anoche Pemex anunció la reapertura de un primer tramo del ducto Salamanca-León— porque de lo contrario la desesperación, la irritación social y los daños económicos al transporte y la movilidad de personas y mercancías en el país serán mayores y contraproducentes a una decisión plausible y valiente que ha tomado este gobierno como es la de enfrentar el robo de combustibles que por más de 15 años ningún otro presidente decidió enfrentar de manera frontal y definitiva. La pregunta necesaria es si no tomaron esa decisión por qué no pudieron, porque no tenían los instrumentos necesarios o por qué se beneficiaban también de la industria ilegal que más floreció en el país en esos años al grado de que hasta los narcos la llegaron a considerar mucho “más fácil y lucrativa” que el negocio de las drogas. ¿Tendrán algo que decir los ex presidentes y ex directores de Pemex?

NOTAS INDISCRETAS…En el origen de todo este multimillonario negocio del huachicoleo y la enorme corrupción que lo alentó y permitió, hubo una reunión de gobernadores de la Conago con el secretario de Hacienda del gobierno de Fox, Francisco Gil, en octubre del 2002 en Metepec. A puerta cerrada los gobernadores le exigieron al gobierno de Fox que les diera parte de los excedentes del petróleo que entonces comenzaba a subir en el mundo hasta los 28 y 30 doláres, lo que estaba ocasionando ingresos millonarios extraordinarios para el gobierno mexicano. Miguel Alemán, de Veracruz; José Murat, de Oaxaca, y Ricardo Monreal de Zacatecas, encabezaron los cuestionamientos y las exigencias de que los estados también recibieran parte de esos excedentes. En respuesta, Paco Gil les contestó que “eso de los excedentes es un mito”. Pero Alemán le rebatió mostrándole cifras de los reportes que hacían Pemex y el gobierno federal en Wall Street, en donde había una enorme diferencia con la producción y los ingresos de la petrolera que reportaban en México. Gil respondió, acorralado, que esa diferencia obedecía al robo de combustibles, que en ese entonces, según el secretario de Hacienda ascendía a 12 mil millones. “Nosotros lo que tenemos que hacer es descontar ese dinero de los combustibles que se roban de las proyecciones y los ingresos, porque es dinero que no llega al gobierno”. Aquella historia terminaría con la creación del Fondo de Estabilización Petrolera, donde todos los excedentes que se recaudaran por encima de la proyección del precio del petróleo se distribuía a partes iguales, a los gobiernos estatales, a Pemex y al gobierno federal. Pero desde entonces a los más altos niveles del gobierno mexicano se sabía, y se daba por descontado, que miles de millones de pesos del presupuesto y de los recursos energéticos, eran robados. ¿Sabrían también en qué manos terminaban esos miles de millones que crecieron en 500 por ciento en 15 años?...Los dados mandan Serpiente doble. Y regresan recargados y agradecidos con todos los lectores, a los que desean un gran año 2019.

