El pasado 16 de abril se celebró un referéndum constitucional en Turquía promovido por su presidente Recep Tayyip Erdogan. Según la Comisión Electoral Suprema, el «Sí» ganó con un 51,4 % de los votos frente al 48,6 % del «No», con una participación del 84% y un país dividido entre el interior y el Mar Negro, donde ganó el “Sí”, frente a las tres principales ciudades (Estambul, Ankara y Esmirna) y la costa mediterránea.

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal partido de la oposición, ha exigido anular el resultado por fraude e irregularidades en entre 1,5 y 2,5 millones de votos. También el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) -aliado de Podemos y cuya dirección está encarcelada por razones políticas así como un gran número de militantes 200 de los cuales están ahora mismo en una huelga de hambre que supera los 60 días, ha anunciado su intención de impugnar los resultados por manipulación en un 4% de los votos especialmente en el sureste del país donde parte de la población- desplazada de su hogares tras dos años de grave conflicto, no pudo votar. Desde el mismo domingo ha habido movilizaciones pacíficas en ciudades como Estambul reclamando un recuento justo y una democracia plena y con derechos, así como la necesidad de que Erdogan respete los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI.

La misión de observación internacional en el referéndum, con integrantes de la OSCE y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha afirmado que el referéndum se llevó a cabo en condiciones «no equitativas» por el uso de recursos públicos en favor del “Sí”, por la ausencia de información imparcial; impedirse la participación de organizaciones de la sociedad civil debido al estado de emergencia y limitarse la libertad de expresión con autocensura y acusaciones de apoyo al terrorismo para los partidarios del «No».

Desde Podemos recibimos con gran preocupación los resultados del referéndum en Turquía y las acusaciones sobre la campaña y desarrollo de la votación, cuya investigación exigimos. La reforma constitucional supone una concentración de poder en el Presidente turco y suprime algunos de los límites básicos al poder ejecutivo que impone la democracia parlamentaria. Esta reforma es solo un paso más que ahonda el camino autoritario que desde hace un tiempo ha emprendido Erdogan.

Pese a contar con muchos más medios y tras un año de ataques contra la oposición, medios de comunicación y universidades tras el frustrado intento de golpe de Estado, casi la mitad del país ha optado por no apoyar la reforma. Erdogan debe tomar en cuenta los derechos, polarización y pluralidad y de su país antes de aplicar cualquier cambio.

La Unión Europea debe cambiar su política hacia Turquía ya que los gobiernos europeos llevan años contemporizando con la deriva autoritaria de Erdogan, como sucedió con otra externalización de sus fronteras con el Acuerdo de la Vergüenza firmado para la contención de personas refugiadas y migrantes en marzo de 2016 a cambio de fondos y exención de visados para la ciudadanía turca, pese a lesionar gravemente la aplicación de las obligaciones en derechos humanos de los países de la UE. El resultado de la política europea con Turquía desde el inicio de las negociaciones para su ingreso en la UE ha acelerado el retroceso en democracia y derechos en ese país, ha otorgado más poder a Erdogan para chantajear a Europa, ha contribuido a alimentar los extremismos, como sucedió durante la campaña electoral holandesa, y ha ampliado la brecha política entre Turquía y la UE.

Secretaría de Relaciones Internacionales y Secretaría de Acción en Europa de Podemos