El sector forestal es el tercer sector primario de exportaciones del país. Para lograr tener esa posición relativa, CONAF, por más de cuarenta años, mediante el derogado Decreto Ley 701, subvencionó las plantaciones forestales de monocultivos de especies exóticas. Inicialmente, para recuperar los suelos erosionados, posteriormente, para financiar un negocio rentable. El año 2015 cuando la prórroga del DL 701 estaba a punto de ser aprobada sin mucho cuestionamiento, se destapó el escándalo de la colusión del papel higiénico y el proyecto perdió total legitimidad. Las plantaciones forestales de pino en Chile disminuyen la calidad y provisión de agua en las cuencas, aumentan la incidencia de incendios forestales, homogenizan el paisaje y conllevan una pérdida de la biodiversidad, fragmentan bosques nativos e incrementan la invasión de especies exóticas y de plagas. Asimismo, las plantaciones forestales de esas especies han tenido efectos sociales en las áreas rurales, generando condiciones de pobreza, precarizando el empleo por subcontratación, temporalidad y bajos salarios, fomentando la migración campo-ciudad e intensificando la desigualdad de ingresos y oportunidades. Estas licitaciones financiarían la materia prima para el duopolio de Arauco y Mininco, que posteriormente controlaría los precios mediante su poder de compra de madera. Los bosques nativos mitigan el cambio climático, aseguran la provisión de agua limpia, resguardan la biodiversidad y proveen medicinas, alimentos, energía y materia prima a la humanidad, constituyendo parte de la identidad local y nacional, por lo que es importante resguardarlos. Un desarrollo sustentable de la industria forestal debiera contemplar al 2020 -como lo indica el Consejo de Política Forestal- 100.000 hectáreas de bosques nativos incorporados a manejo forestal sustentable con fines de producción de bienes de alto valor, y la restauración de 50.000 hectáreas con nueva cobertura arbórea y arbustiva, principalmente de especies nativas en áreas prioritarias. Necesitamos que el gobierno actúe en base a la actual condición de escasez hídrica, con las predicciones y efectos del cambio climático. Para ello es fundamental que se desarrolle una planificación territorial, donde la infraestructura ecológica sea considerada para diseñar paisajes sostenibles y resilientes. Como elementos básicos de esta planificación aparecen el incentivo y fiscalización de la restauración ecológica en quebradas, para asegurar y recuperar la provisión y calidad del agua; la restricción del acceso del ganado a los bosques nativos, especialmente si estos se han incendiado; y la combinación de oportunidades de recreación y turismo con actividades productivas madereras, además de la ampliación de la generación de productos forestales no madereros. Por ello, hemos citado a CONAF a la sesión de Comisión de Medio Ambiente del Senado para el día 7 de mayo para que nos explique el porqué de estas licitaciones. Chile debe actuar en consecuencia con la urgencia ambiental y social de los tiempos, fomentando el manejo sustentable del bosque nativo y de sus productos forestales no madereros. Ello permitirá la recuperación y la conservación de la biodiversidad en las regiones que cuentan con reducidas superficies de bosque mediterráneo, de alto endemismo y alto grado de amenaza, y que no ponga en riesgo la provisión de agua para las comunidades y los ecosistemas. Esto es especialmente relevante de cara a la COP25, donde la comunidad internacional nos estará evaluando.