El control directo que ejerce el Ministerio de Industria en la fijación de parte del recibo de la luz puede acabar llevando a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ya ha comunicado al Gobierno su amenaza de denunciar al país si sigue blindando su potestad de fijar el importe de los peajes eléctricos y no adopta medidas para evitarlo una vez que tome posesión el nuevo Ejecutivo, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del expediente.

Los peajes de acceso que determina el Ministerio de Industria sirven para cubrir los costes regulados del sistema (transporte, distribución, primas a renovables, ayudas al carbón…) y representan cerca de un 45% de la factura total que acaban pagando los clientes. El resto del recibo lo constituye el precio de la propia electricidad (33%), que se establece con la cotización del mercado eléctrico mayorista, y los impuestos (22%).

El Gobierno español fija directamente una parte de la factura, pero la UE exige que sea la CNMC

La Comisión Europea abrió en 2013 un expediente de oficio por la incorrecta aplicación de las directivas europeas del mercado interior de la energía. Una legislación que establece que debe ser el supervisor –en el caso de España, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)- el encargado de fijar la cuantía de los peajes eléctricos o al menos su metodología de cálculo. Pero en España el regulador sólo asigna formalmente esos peajes, mientras que es directamente el Gobierno el que los fija previamente.

El año pasado la Comisión finalizó su larga investigación y comunicó a Madrid la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva, en el que el Gobierno tenía derecho a presentar sus alegaciones. Las aclaraciones aportadas por el Gobierno español no han cambiado el parecer de Bruselas, que se ha decidido por avanzar hacia en el procedimiento con una opinión razonada afeando que el Gobierno haya usurpado competencias propias del regulador (y que anteriormente en España tenía la extinta Comisión Nacional de la Energía, integrada en la actual CNMC).

La reprobación a España por la mala aplicación de la normativa comunitaria inicialmente tendría que haber sido tratada por la reunión del Colegio de Comisarios celebrada el pasado julio, pero se acabó sacando de la agenda del encuentro por encontrarse en funciones el Gobierno. Ahora que se forma un nuevo Ejecutivo tras diez meses de interinidad el caso se reactivará.

La normativa europea trata de evitar que los gobiernos hagan política con la manipulación del precio de la luz. En España, los peajes eléctricos sirven para cubrir los costes reconocidos del sistema, tales como el transporte de la electricidad, la distribución, la interrumpibilidad (una ayuda a las grandes industrias por si tienen que parar en caso de un pico de demanda), los costes extranpeninsulares, los pagos por capacidad (una ayuda a las eléctricas por tener disponibles plantas de generación infrautilizadas por si las renovables y la nuclear no cubren el total de demanda), las primas a las renovables, las ayudas al carbón, el coste financiero de pagar la deuda que arrastra el propio sistema…

Esto es, los peajes sirven para financiar costes que en buena parte son fruto de decisiones de política energética adoptadas por el propio Gobierno, o por gobiernos anteriores, y los pagan todos los consumidores con su recibo. En el caso español determina su cuantía directamente el Ministerio de Industria, dejando fuera del proceso de decisión al regulador, al contrario de lo que sucede en el resto de países europeos. Una fórmula que ha hecho posible, por ejemplo, que el Gobierno utilizara el superávit del sistema eléctrico para aplicar rebajas de los peajes en año electoral.