México ha tenido pocas horas para digerir la gran cantidad de información que el Gobierno dio la tarde de este viernes para dibujar el horror de la matanza de Iguala. El fiscal Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ofreció por poco más de una hora en una conferencia de prensa la narrativa que sugiere que los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron ultimados por narcotraficantes de Guerreros Unidos. Con el paso de las horas la explicación oficial ha dejado ver que existen algunos huecos que requieren, según los padres de las víctimas, de una explicación más profusa para que México pueda procesar con todas las certezas una de las masacres más graves de su historia reciente.

Los autores materiales

El fiscal general citó los hechos basándose en el testimonio de tres integrantes de Guerreros Unidos detenidos: Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Gómez y Agustín García Reyes. Las autoridades aseguran que “confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas” que les fueron entregadas por las policías de Iguala y Cocula.

Las autoridades mostraron los vídeos de los testimonios de los acusados, que según Murillo, fueron obtenidos con el consentimiento de los acusados y sus abogados. En las imágenes se describía como se bajaban los estudiantes de dos camiones de carga en el basurero de Cocula, el lugar donde iban a ser ejecutados. “Dos de los detenidos declaran que algunas personas que trasladaron llegaron sin vida o inconscientes”, señaló el fiscal. No se ha especificado la causa por la que murieron “unos 15” jóvenes en el traslado.

Los familiares de las víctimas se resisten a creer esta versión y se preguntan si tres personas bastan para ser los verdugos de 43 jóvenes, además de los guardianes de la pira que consumió los cuerpos durante 15 horas y finalmente, quienes limpiaron la escena del crimen de las evidencias triturando los huesos y arrojándolos al río San Juan.

Pruebas de ADN

El relato de los tres detenidos asegura que los cuerpos fueron quemados en una hoguera alimentada con gasolina y llantas hasta por 15 horas. Cuando el fuego se consumió un sujeto llamado El Terco pidió a los verdugos “fracturar los restos de los huesos calcinados”. Estos fueron colocados en varias bolsas de basura y vaciadas en un río. Dos de ellas fueron arrojadas completas al cauce y halladas por las autoridades.

Los restos no han sido identificados, por lo que para la investigación de las autoridades los jóvenes continúan desaparecidos. Eso ha permitido a los familiares de las víctimas colgarse a una mínima esperanza. “No podemos aceptar una verdad sin pruebas científicas y sin evidencias”, señaló Francisco de la Cruz, que ha servido como vocero de los familiares.

Los peritos forenses creen que las llamas causaron “un alto nivel de degradación” en los restos, haciendo muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación de los cuerpos.

El fiscal ha señalado que los peritos recomendaron que las muestras sean enviadas a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que sean sometidas a estudios mitocondriales. Una célula tiene un centenar de mitocondrias y en cada una de estas coexisten entre 1000 y 1000 copias de ADN mitocondrial, por lo que su recuperación es más eficiente que la que se encuentra en el ADN nuclear. Este tipo de pruebas suelen realizarse en cadáveres que tienen un gran estado de descomposición y son frecuentes cuando se quiere hacer exámenes de ADN antiguo. Son exámanes muy recurridos por los antropólogos y arqueólogos.

Los científicos que analizarán los restos en el Instituto de Medicina Forense de la universidad están encabezados por el doctor Walther Parson, que ha dirigido investigaciones para identificar víctimas del tsunami que golpeó Asia en 2004 y ha analizado el supuesto cráneo de Mozart que se exhibe en un museo austriaco desde 1902. En este último caso, por cierto, sus esfuerzos por confirmar si los restos se trataban del genio musical fracasaron. “Hasta el día de hoy el misterio es aún más grande”, dijo el forense en 2006.

El procurador Murillo ha señalado que “no se puede especificar una fecha definida para la entrega de los resultados”.

Los padres de los estudiantes de Guerrero ya han advertido de que no aceptarán conclusiones científicas que no estén avalados por el grupo de peritos argentinos que han elegido para que llevar una investigación paralela a la que realiza la PGR.

Los cabos sueltos

Las autoridades han detenido hasta el momento a 74 personas involucradas con el caso. El grado de participación de los detenidos varía. Entre ellos se encuentran muchos integrantes de Guerreros Unidos, el cártel de la región, como Sidronio Casarrubias, el capo de la organización. También han sido arrestados José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes son considerados por la fiscalía como autores intelectuales del crimen.

El fiscal Murillo Karam mencionó que están por “cumplimentar” otras 10 órdenes de aprehensión. Los familiares consideran que cada una de ellas es una pieza faltante del rompecabezas. “Hay varias personas que tienen que ser detenidas, varias declaraciones que podrían cambiar el curso de las líneas de investigación”, señaló este viernes Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de las víctimas.

Hay al menos dos detenciones fundamentales que el Gobierno mexicano debe hacer. Una de ellas es la de Felipe Flores Velázquez, el exdirector de Seguridad Pública de Iguala. Él debió de haber recibido la orden del exalcalde Abarca para detener a los jóvenes. Y podría ser el responsable de dar la instrucción para que sus elementos entregaran a los normalistas a los narcotraficantes. La hipótesis permanece en el aire hasta que sea detenido.

Otro cabo suelto es el de Gildardo López Astudillo, apodado El Gil, un lugarteniente de los Guerreros Unidos. Fue él quien a través de un mensaje de texto avisó a Casarrubias de los desmanes del 26 de septiembre. En su comunicación acusó a los estudiantes de ser integrantes de Los Rojos, la banda rival. La PGR dio a conocer una fotografía de El Gil para pedir la “colaboración del público en la búsqueda de este individuo”. Casarrubias, según el fiscal, habría avalado “las acciones para defender su territorio”.