El recibo de la luz se encarecerá en 11 comunidades a partir de este mes de septiembre. Los consumidores tendrán que abonar un recargo en su factura para hacer frente a un suplemento territorial relacionado con los peajes de acceso que no se aplicó en el año 2013.

Las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. En ellas, los consumidores tendrán que abonar la cantidad requerida de una sola vez o bien prorrateada en 12 pagos mensuales, en función de la cantidad requerida.

"Las cantidades correspondientes a dichas regularizaciones serán aplicadas en un solo pago incluido en la primera factura siempre que el importe total de la regularización para dicho consumidor sea inferior o igual a dos euros, sin incluir impuestos", recoge la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

"En caso de que el importe total de la regularización supere los dos euros, sin incluir impuestos, el mismo será fraccionado en partes iguales superiores a un euro por las empresas distribuidoras en las facturas que se emitan en el plazo máximo de doce meses a partir de la primera regularización", añade.

Las distribuidoras o comercializadoras deberán informar a los consumidores sobre las regularizaciones, que vendrán reflejadas en la factura con la denominación "Suplemento territorial por tributos autonómicos de la Comunidad Autónoma donde se ubica su suministro del año 2013".

En el caso de que durante el periodo de regularización se efectúe una baja de un punto de suministro afectado o cambio de titularidad, la comercializadora facturará las cantidades restantes de dicho fraccionamiento al consumidor en la última factura. Asimismo, en el caso de que se produzca un cambio de comercializador, el comercializador entrante continuará con el calendario de fraccionamiento del pago.

Estos cambios son el resultado de un largo proceso judicial que comenzó en 2012. Ese año se estableció como obligatorio el cobro a los ciudadanos de estos impuestos autonómicos a la actividad eléctrica, pero las tarifas de acceso no llegaron a reflejar la diferencia. Por tanto, el suplemento no fue contemplado por el Gobierno y fueron las empresas comercializadoras las que se hicieron cargo de él. Sin embargo, dichas compañías recurrieron la cuestión ante la Justicia, que acabó dándoles la razón. El Tribunal Supremo dictaminó la obligación de pagar ese recargo para cubrir esa tasa que debía sumar al peaje de acceso un extra con origen regional y que sería abonado por los usuarios.