La Justicia confirmó las penas a Alejandro Radetic y Alejandro Biscardi, los dos jóvenes que corrieron una picada en la 9 de Julio, que en juicio abreviado y tras acordar con la fiscalía, fueron condenados un año de prisión en suspenso, dos años de inhabilitación para conducir y a difundir en la red social Instagram imágenes o videos sobre educación vial. Además, se ordenó el decomiso de los vehículos que formaron parte de la picada, dos camionetas, una Porsche Cayenne Turbo y una Dodge RAM 1500, que serán subastados.

El acuerdo se realizó en el marco de un juicio abreviado, entre el Ministerio Público Fiscal y los imputados; y fue homologado por la justicia porteña. Radetic y Biscardi están imputados por conducción riesgosa y daño agravado.

Alejandro Biscardi. Pasó varios días prófugo antes de presentarse ante la Justicia.

La causa se originó con la viralización de las imágenes, compartidas en las redes sociales por los mismos protagonistas. Luego, a través de las cámaras de la Ciudad, ubicadas en calles y avenidas, se pudo reconstruir el recorrido que realizaron: 9 de Julio, Autopista Illia, avenidas General Paz, Donado, Sarmiento, Santa Fe y Juan B. Justo. Esto sucedió en la madrugada del 23 de abril.

El juez a cargo de la causa, Pablo Casas (titular del juzgado Nro. 10 en lo Penal, Contravencional y de Faltas), determinó que la pena de un año de prisión quede "en suspenso por el término de dos años". Casas además condenó a los infractores "a difundir una vez al mes, en su cuenta de la red social Instagram, por la influencia que tiene en la misma, y la cantidad de seguidores, una campaña de seguridad vial, en imagen o video audio visual, que le será enviada mensualmente para tal fin”.

Según informaron desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Radetic y Biscardi tendrán que realizar 50 horas de trabajos no remunerados en una institución a designar. Y hacer un curso de ‘Reeducación Vial’ que dicta el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte porteño, que consta de cuatro módulos, de tres horas cada uno. El curso incluye “una jornada junto con ONGs de familiares de víctimas de tránsito con el fin de trabajar la concientización”.



Respecto al decomiso de los vehículos, el juez aclaró que los imputados no pueden decidir el destino de la donación: "Hacerlo es una función propia del Tribunal, pues se trata de un decomiso previsto en la ley y no de una donación. Por ello, ordenaré el decomiso para luego por la vía que corresponda proceder a su venta en subasta pública”, especificó Casas. Tras el acuerdo con la fiscalía trascendió que el destino del dinero será el comedor Los Piletones.



