En una carta dirigida a Christi A. Grimm, subinspectora general adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), la congresista Katie Porter manifestó su preocupación por el abuso que podrían cometer compañías de suministros médicos potencialmente fraudulentas, una de las cuales pertenece a un ex recaudador de fondos republicano.

La congresista señaló particularmente a la compañía Blue Flame Medical, que se ostenta como “la red mundial más grande de proveedores médicos de COVID-19 que proporciona logística de atención y suministros médicos difíciles de encontrar para combatir el brote (de coronavirus)”.

Porter indicó que el origen de esta empresa no está en el campo de los suministros médicos ni en ramas similares y que el historial del CEO Mike Gula y de su socio comercial John Thomas tampoco muestra ninguna experiencia previa en las cadenas de suministro en el campo médico.

De acuerdo con un reporte del sitio Político, Gula era un recaudador de fondos republicano, quien dijo que se retiraría del negocio de la política y se enfocaría en otro que había construido en 14 días.

Cuando se le preguntó cómo había logrado adquirir dicho equipo cuando hay escasez en los hospitales de todo el país, Gula dijo: “relaciones con mucha gente”, indicó Político.

Porter criticó que aunque la empresa promete tener la capacidad de cumplir con la entrega de 100 millones de mascarillas, no hay información disponible sobre el precio en que las venden ni a quién. De igual forma, tampoco se puede saber si la empresa cuenta con el aval de las entidades reguladoras en el área de la salud de Estados Unidos.

Por ello pidió información sobre las precauciones que se toman para garantizar que los gobiernos de Estados Unidos contraten proveedores fiables de recursos médicos y obtengan servicios de calidad.

Resaltó que deben cerciorarse de que las mascarillas N95 que se ofrecen cuenten con las medidas de seguridad para evitar la filtración de partículas y bacterias.

También señaló que la necesidad de insumos médicos está creando un mercado de intermediarios costoso que deberán pagar los gobiernos locales y cuestionó a la HSS sobre las medidas que están tomando para evitar que esto siga ocurriendo.