Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. Echegaray detalló además que Calvento SA ya había sido incluso catalogada por la AFIP como "una usina de facturas falsas" porque carecía de "actividad comercial", tal como el inspector de la AFIP determinó en mayo de 2013, aunque sólo se incluyó en la base Apoc del organismo en octubre de 2014, cuando LA NACION reveló el entramado de Bahía Blanca.

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales. Detectaron que Grupo Penta carecía de empleados, vehículos o gastos de combustibles para cumplir con los supuestos trabajos para los que había sido contratado, pero aún así le facturó millones a Austral Construcciones. No sólo eso. El cuadro irregular del Grupo Penta quedó asentado dentro la AFIP con la "orden de intervención" O.I.635602, según reconstruyó LA NACION. A tal punto que los Ficcadenti rectificaron el cuadro fiscal de esa sociedad por $ 21 millones y se acogieron a un plan de 120 cuotas.

Los Ficcadenti recién tomaron esa decisión tras quedar acorralados por los sabuesos, que verificaron que muchas de sus facturas eran inverosímiles. Peor aún: cuando les exigieron que probaran la operatoria, respondieron que les habían robado de un automóvil toda la documentación contable, lo que probaron con la copia de una supuesta denuncia policial. Lo más curioso es que cuando Casanello pidió más datos a la comisaría 2° de Bahía Blanca en septiembre pasado, la respuesta que recibió fue que "no hay registro de inicio de las actuaciones". Y según probó LA NACION, tampoco llegó jamás a los Tribunales de esa ciudad.

Allí no se agotan las sorpresas. Para pagar la primera de las 120 cuotas de la moratoria, uno de los contadores del Grupo Penta se presentó en el Banco Nación, donde un cajero le preguntó sobre el origen de los fondos, ya que Penta no tenía cuenta bancaria y por entonces ni operaba. Pero el contador presentó una nota, sin certificar la firma. Y calló su verdadero origen: Báez.

Para Báez, de todos modos, la facturación bajo sospecha que acumuló su nave insignia no son más que otra "operación mediática" que no registra "correlato alguno en la realidad", según argumentó en su escrito, en el que también criticó a Casanello por "dejarse llevar por los medios".

En su nuevo escrito judicial, sin embargo, el empresario con más vínculos comerciales verificados hasta ahora con la familia Kirchner calló sobre otros múltiples indicios incómodos. Por ejemplo, el viaje de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio de 2014. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que terminó por acogerse el Grupo Penta. Toda la operatoria cuestionada generó además consecuencias en cascada. Desde la disolución de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, y el desplazamiento del juez subrogante que estaba a cargo de la investigación en aquella ciudad, Santiago Ulpiano Martínez.

En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y funcionario local de la AFIP en Bahía Blanca, Norberto Filipini, ya fueron imputados por el fiscal federal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una "asociación ilícita fiscal", tras una presentación judicial de la diputada Margarita Stolbizer.

Tanto el fiscal Marijuan como el juez Casanello apuntan a lo que ocurre en Bahía Blanca ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también disponer de fondos negros por fuera de su contabilidad que puede entonces girar a cuentas bancarias en el exterior, pagar sobornos u otros destinos ilícitos.

Pero Báez niega todo. "No hubo facturas falsas ni utilización de ninguna 'usina de facturas falsas'", planteó en su escrito. "Todos los servicios prestados por esas empresas a ACSA están debidamente facturados", añadió. Entre otras, con la concesionaria de López.