La irrupción de la nueva derecha de Ciudananos ha animado innumerables interpretaciones acerca del who's who en ese partido, así como de sus posibilidades de ascenso electoral. Algunas son tan sobresalientes como la de Jaime Palomera sobre los contextos sociales de su crecimiento en el área metropolitana de Barcelona. A pocos se le escapa que Ciudadanos es un partido establishment, formado por caras nuevas y sonrientes y que apenas intenta marcar diferencias cosméticas con el conservadurismo clásico del Partido Popular. Sus repetidos brindis a la regeneración democrática —ese velo fino que recubre un recambio de élites— a la transparencia y a la "buena gestión" común intentan distanciarse de un PP acosado por los casos de corrupción y la decadencia del orden institucional heredado.

Claves de la apuesta económica de Ciudadanos: contrato único y cambios en la negociación colectiva

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Ciudadanos comparte, no obstante, con los conservadores el acercamiento estratégico al campo de la materialidad de la economía política, algo así como el nuevo proyecto social de las élites. Un proyecto quizás de escaso recorrido —¿qué restauración del orden del capitalismo financiero podría aplicarse hoy?— pero que puede marcar la coyuntura política de los próximos meses. Nos queda el PSOE, pero cómo es ya clásico en el orden bipartidista el PSOE sólo pone las cartas boca arriba cuando está en el gobierno. Si llega ese momento, los de Sánchez asumirán (que nadie lo dude) el mismo vademecum estratégico.

Las recetas de PP-Ciudadanos no son originales. En primer lugar, apoyados en ese lugar común neoliberal de rechazo a los impuestos —o en otras palabras, a la redistribución de la riqueza— y de canto ideólogico a la iniciativa individual —"quién sabe mejor que uno mismo en qué gastar el dinero"—, ambos partidos pretenden hacer todo tipo de guiños fiscales, con muy poco componente redistributivo, a las rentas bajas y medias: un pequeño empujón al consumo privado, al tiempo que descapitalizan en el medio plazo las posibilidades de consumo colectivo. Se mantiene, por supuesto, el régimen de privilegio fiscal de las rentas altas y muy altas.

Pero en general, el único punto del sistema fiscal sobre el que ambos van a actuar políticamente es el IRPF, un impuesto que, hoy por hoy, deja sin tasar a la inmensa mayoría de la riqueza en España que proviene, mayoritariamente, de las rentas de capital y de los beneficios patrimoniales, y cada vez menos de los salarios. Valga decir que esta semana tuvimos noticia de que en los años que median entre 2011 y 2013, en plena crisis, la Comunidad de Madrid dejó de ingresar 1.500 millones de euros por la supresión del impuesto de patrimonio. Toda una amnistía fiscal a las grandes y medianas fortunas de la región. La consecuencia es clara: las enormes desigualdades que se ha han heredado de los treinta años de ciclo neoliberal seguirán creciendo. Y con ellas, el poder político de unas élites dispuestas a rapiñar una parte cada vez mayor del producto social.

Por otro lado, PP-Ciudanos apuesta por la contención del proceso de privatizaciones y de recortes en los servicios públicos. No deja de sorprender que los dos partidos mantengan una especie de pugna a ver cuál va a mantener más los servicios públicos en los próximos años. Naturalmente, ambos tienen muy claro que aquí se concentra el grueso del malestar social y de las luchas de este ciclo.

La última vez que el PP aplicó un programa de recortes de 20.000 millones descendió automáticamente diez puntos en las encuestas y vio como en educación y sanidad se formaban las mareas verde y blanca, que aún hoy resuenan en las demandas ciudadanas. En términos materiales, este sorprendente compromiso con lo público no se va a materializar más que en unas partidas presupuestarias que crecen nominalmente, aunque consideradas en el ciclo económico largo se vayan descapitalizando por la paulatina caída del ingreso fiscal, sobre unos niveles financiación de la sanidad y la educación ya de por sí muy por debajo de las necesidades.

Sea como sea, estas políticas de contención siguen subordinadas a la lectura de la coyuntura que se haga desde Berlín. Mientras Alemania perciba que España es un terreno de inestabilidad política para sus intereses mantendrá la contención. Pero basta una circular de la UE para dinamitar la estrategia. También esta semana la Unión Europea recordaba que el gobierno entrante tendrá que aplicar las medidas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a los presupuestos de 2016 para controlar el déficit público. Y conviene recordar que queda pendiente un programa de recortes y privatizaciones de 25.000 millones de euros, pospuesto por miedo a que España tienda un puente con Grecia y de un golpe serio a las políticas de austeridad. Por supuesto, la aplicación de un programa de recortes y privatizaciones de esta magnitud haría que los presupuestos, no sólo estatales, sino de Comunidades Autónomas y Municipios fueran poco más que papel mojado. Esto a menos que se plantee un desafío conjunto a las políticas de austeridad que ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE van siquiera a atreverse a nombrar. De poco servirá luego apelar a la "recuperación" económica: los protocolos europeos de control del déficit están pensados para volverse más estrictos cuanto más crezca la economía, y no al revés.

No obstante, el grueso del ataque a la población va a venir por la vía del mercado de trabajo. Ambos partidos manejan esquemas de intervención a partir del contrato único, abaratamiento del despido y, sobre todo, ayudas a la contratación, que en última instancia sirven para cubrir las perdidas del contratador y nunca para aumentar el poder de negociación de los contratados. En línea con la reforma laboral, se trata de inflar el perfil procíclico del mercado de trabajo para que se produzca una mayor contratación en la parte ascendente del ciclo, seguida de expulsiones rápidas en la parte descendente. De acompañamiento, y como simulacro de algo parecido a un "nuevo orden social", ambos partidos van a lanzarse a un refuerzo de la figura social, tanto en términos ideológicos como materiales, del "empresario/emprendedor".

El remate del esquema es la supresión paulatina de los subsidios de desempleo, bajo ese gran mantra de los think tanks neocon de "la mejor política social es el empleo". Así este año, los presupuestos generales del Estado van a reducirse en la salvaje de cifra de 5.000 millones (un 21%) en la rúbrica de subsidio de desempleo. Detrás de estas medidas se persigue, lanzar el beneficio por aumento de la explotación, destruyendo aún más la capacidad de negociación de los trabajadores, sin necesidad de una mayor inversión, que se ha puesto muy cara en aquellos sectores que no están relacionados con el inmobiliario. En términos políticos, ambos partidos saben perfectamente que este ha sido el flanco mas descubierto en nuestro ciclo de luchas y, muy posiblemente, pese más esta facilidad para intervenir políticamente que la magnitud de unos beneficios que se puedan obtener por la explotación creciente de una fuerza de trabajo ya muy atomizada y depauperada.

No obstante, en la más vieja tradición de nuestro capitalismo local, la apuesta de PP-Ciudadanos pasa por un nuevo ciclo inmobiliario que nos vuelva a traer la expansión del crédito familiar y los efectos riqueza de origen patrimonial. Estamos dentro ya de un mini ciclo inmobiliario, sobre todo en Madrid y en puntos del litoral, que requiere del relanzamiento de las políticas públicas. En el caso de Madrid, por ejemplo, el 30 % de la inversión extranjera, de la que el gobierno de Cifuentes se pavonea, llega directamente al sector de la construcción, la partida que más crece. A este respecto, las posiciones de los partidos conservadores tienen matices, sobre todo porque uno de ellos gobierna y otro no. En el caso del PP se reanima y amplia paulatinamente las viejas politices de expansión de infraestructuras, las mas "consensuales" de las medidas de burbuja. Basta considerar la panoplia de inauguraciones de lineas de AVE y autovías en la que anda el gobierno. Por su parte, Ciudadanos ofrece reservas, pero siempre sin cuestionar el armazón político y jurídico que tiende a favorecer de forma semi automática las burbujas en el Estado español. Algo que, por cierto, puede pasarle al Ayuntamiento de Madrid si no plantea una posición de fuerza sobre las operaciones Calderón y Chamartín.

Desde luego, ni PP, ni Ciudadanos, ni tampoco el PSOE tienen visos de reconstruir unas bases materiales mínimamente estables para que se encabalgue un nuevo régimen político con proyección de futuro. El relanzamiento inmobiliario es efecto de las políticas expansivas de los bancos centrales y, aunque estas políticas se estén alargando por falta de alternativas, no van a durar indefinidamente. De hecho, esta estrategia nos devuelve la imagen de un orden neoliberal alejado de sus mejores momentos ideólogicos, calculador y envuelto en el aparato de Estado para justificar sus líneas políticas que se rearma encontrando los flancos débiles de lo que queda del movimiento democrático de 2011. Queda por saber como vamos a articular políticamente una nueva ofensiva social que cierre los flancos débiles y abra nuevas líneas de ataque al gobierno de las finanzas y sus aliados en las escalas locales, autonómicas, estatales y europeas.