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MADRID // El fraude fiscal en España es de 59.500 millones de euros según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacenda, Getsha. Esta cantidad supera en más de 2.000 millones de euros el gasto total de todas las administraciones en sanidad. La organización Oxfam Intermón ha denunciado que el dinero que se podría conseguir combatiendo el fraude fiscal podría utilizarse para la cobertura económica de la sanidad española. Susana Ruiz, responsable de fiscalidad justa en esta ONG, declara que si el Estado realizara un esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal se podrían recaudar 25.500 millones de euros adicionales, con los que se podría financiar más servicios públicos.

El mayor porcentaje de ingresos (90%) a las arcas públicas proviene de los ciudadanos, mientras que la aportación de las grandes corporaciones supone un 2% de la recaudación total. Esto se debe a que el 72% de los impuestos impagados pertenecen a grandes fortunas y grandes empresas según recoge Oxfam en su «Análisis de las propuestas iniciales del anteproyecto de reforma fiscal». Ruiz considera que las grandes empresas «se están aprovechando de muchos mecanismos para evitar el pago de impuestos», tales como las «fugas por paraísos fiscales» y los «incentivos a empresas que no generan valor». El fraude de pymes, autónomos y particulares suponen un 28%.

La organización destaca que la evasión de grandes empresas y fortunas supera en más de seis veces «el presupuesto que España debería destinar a cooperación al desarrollo» si se cumpliera el objetivo del 0,7%. Un propósito firmado en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en el año 2000 y recogido en la Declaración del Milenio.

La reforma fiscal, anunciada el pasado 20 de junio, supone una rebaja para las clases medias de 40 euros al mes, un ahorro menor que el que ganan las grandes empresas que, según Ruiz, son los principales beneficiarios de la reforma. Además, declara que el Estado dejará de ingresar unos 9.000 millones de euros con la reforma fiscal que se traducen en una reducción de las «capacidades de recursos que el Estado tiene» para financiar la educación y la sanidad pública. Por ello, considera que la rebaja del pago de la clase media no tiene compensación con políticas sociales.

Oxfam Intermón ha presentado el Decálogo por una fiscalidad más justa que busca asegurar que «cada individuo o empresa contribuya en función de su capacidad económica real» y mejorar la propuesta de ley del ministro Montoro. La campaña de recogida de firmas, señala Ruiz, pretende informar a los ciudadanos sobre «las consecuencias de la reforma» y «llamar a la movilización» . Además, añade que la organización hará llegar los objetivos al gobierno para que entiendan que «la reforma se está haciendo a espaldas de la ciudadanía, sin tener en cuenta sus intereses».