Si se tratara de un programa oficial del Gobierno argentino que lideró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se hubiera llamado “Pollos para todos y todas”. Y si el nombre se lo hubiera puesto el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez (1999-2013), hubiera sido conocido como “Misión Pollo para el Pueblo”.

Pero, más allá del nombre, lo importante es qué ocurrió: entre 2008 y 2013, una maniobra millonaria movilizó miles de toneladas de pollo producido en Argentina con destino a Venezuela a través de unas pocas empresas que hicieron grandes negocios en tiempos del kirchnerismo. La justicia argentina investiga el caso por la existencia de sobreprecios.

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de Argentina al que tuvo acceso esta investigación confirma la existencia de sobreprecios en la venta. Las irregularidades incluyen precios “inflados”, facturas apócrifas, comprobantes de exportación que no figuran en los registros oficiales, pagos duplicados de servicios de flete y transporte, o triangulaciones con China que no figuran en los términos de los acuerdos originales entre ambos países. De acuerdo al informe de los auditores, Venezuela pagó el pollo más caro del mundo con valores de entre un 15 a un 30% por encima del precio internacional de este alimento.

El final del camino muestra un negocio millonario para las empresas avícolas argentinas que creció de forma exponencial en los años de alianza entre el kirchnerismo y el gobierno de Hugo Chávez. Y así como creció, se desplomó al finalizar el mandato de la expresidenta Cristina Fernández (2015).

La maniobra permitió generar un mercado casi exclusivo para la producción avícola argentina, que entre 2008 y 2014 pasó de la inexistencia absoluta de operaciones comerciales con Venezuela a exportar miles de toneladas de pollo congelado por año.

La auditoría de la SIGEN da cuenta de que la tonelada de pollo que exportaba Argentina con destino a Venezuela se vendió entre 25 y hasta 35 por ciento por encima del precio internacional. El reporte de la Auditoría documenta que mientras el precio internacional debió haber sido de 400 millones de dólares, Venezuela pagó por los pollos 445 millones de dólares.