Siete diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han presentado ante la Fiscalía General del Estado de España tres querellas contra un total de 91 miembros del gobierno de Hugo Chávez, que abandonaron el país tras su muerte y durante los primeros años de Nicolás Maduro, así como empresarios relacionados con Petróleos de Venezuela S.A (PdVSA), a quienes acusan de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y contra el orden socioeconómico. Tres de los querellados han sido usados por el comisario encarcelado José Manuel Villarejo en sus trabajos de la 'brigada política' contra Podemos, incluso actualmente en el sumario de Tándem.

La comitiva ha estado encabezada por Conrado Pérez, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea -órgano similar al Tribunal de Cuentas español-, y junto a él Richard Eloy Arteaga Blakma (miembro de la Comisión Permanente de Contraloría), Luis Eduardo Parra Rivero, José Luis Pirela Romero, Adolfo Ramón Superlano, José Dionisio Brito Rodríguez y Chaim José Bucaran Paraguan.



Es el segundo país europeo donde hacen escala para presentar querellas contra los "saqueadores de Venezuela", aseguran fuentes de Activat Abogados consultados por Público. Primero estuvieron en Italia, donde reside Rafael Ramírez, ex presidente de PdVSA entre 2002 y 2014 y a quién se acusa de haber creado una red entre familiares, amigos y empresarios con la que salieron del país 100.000 millones de dólares. También a la que fuera directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013, Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido Adrián Velásquez. Precisamente estos tres fueron los cooperadores necesarios de la brigada política que dirigía Eugenio Pino por mandato del ex ministro, Jorge Fernández Díaz.

La enfermera de Chávez y el falso documento del Europacific Bank

A mediados de marzo de 2016, Público desvelaba que Interior no ceja en su campaña y envía policías a Venezuela para investigar a Podemos. En concreto, Villarejo viajaba a Venezuela para reunirse con la oposición del país, y también a Miami, donde se vio con diferentes investigados por Estados Unidos relacionados con la red de blanqueo de capitales que ahora se denuncia en España. Entre ellos estaban Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como 'la enfermera de Hugo Chávez' y directora de la Oficina del Tesoro de Venezuela entre 2011 y 2013; y su marido, el capitán Adrián José Velásquez Figueroa, alias Guarapiche y exjefe de seguridad del difunto.



Un mes después, entre el 19 y 27 de abril, cinco ex altos cargos del gobierno venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, se hospedaban en el hotel Orfila de Madrid para ayudar a la Policía a hacer una segunda versión del apócrifo Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) antes de las elecciones generales del 26 de junio, como muestra el documento que Público desveló en 2016, en el artículo La 'brigada política' buscó testigos contra Podemos en Venezuela ante el 26J pero resultaron ser unos falsarios.



Documento interno de la Policía que recoge el hospedaje en el hotel Orfila de los testigos falsos contra Podemos.

El matrimonio había salido en los papeles de Panamá por ser clientes del despacho Mossack Fonseca. Están acusados de esconder 2.000 millones de dólares en paraísos fiscales y “querían negociar con España un permiso de residencia o la nacionalidad a cambio de la información aportada contra diferentes dirigentes de Podemos”, explicaba una fuente policial que participó en la operación.



En la comisión de investigación de la Asamblea de Venezuela se llegó a la conclusión de que durante el Gobierno de Chávez, “alrededor de la Oficina Nacional del Tesoro del Banco Central de Venezuela, del Ministerio de Finanzas y de la Vicepresidencia de Finanzas de PdVSA se crearon estructuras de productos financieros, es decir, papeles, bonos y notas estructuradas que se vendían en bolívares y con pagaderos en dólares”. Además de las cuentas en Panamá, también se detectaron cuentas del matrimonio en las islas Seychelles y en Suiza.



Semanas después de la reunión de los agentes de Eugenio Pino con el matrimonio y los tres ex dirigentes chavistas, el digital de Eudardo Inda publicaba el falso documento de pago del Europacific Bank que le fue facilitado por el jefe de la brigada política.

El fugado ex presidente de PdVSA, testigo estrella de Villarejo en Tándem para defenderse de Podemos

Como destacan en sus querellas los diputados de Venezuela, el rey del saqueo fue el presidente de la petrolera nacional, Rafael Ramírez, que creó una red que manejó irregularmente más de 100.000 millones de euros que "debían ser destinados a atender el Sistema Eléctrico Nacional, los cuales, y como consecuencia de actos dolosos y negligencia, fueron desviados, terminando en manos de sus aliados, familiares y los denominados "bolichicos", generando en el tiempo la desinversión en el sector antes mencionado, llevándolos a un colapso y paralización".

Añaden: "Acto de corrupción que por sus consecuencias, inciden en la crisis épica que actualmente atraviesa el sistema eléctrico nacional y por la cual debe responder ante la justicia, al igual que sus cómplices y cooperadores, dada la evidente malversación que se hizo de ese dinero, el que demás está decir, no generó beneficio para el Estado venezolano y sus habitantes".

Como el de otros ex chavistas que están siendo investigados en diferentes juzgados españoles, italianos o en Estados Unidos, parte de el dinero de Ramírez acabó entre otras entidades en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde según diferentes investigaciones podrían haber sido ocultados más de 4.000 millones de euros.

Entre los compinches de Ramírez estaría su primo, Diego Salazar. Según investigaciones de la Guardia Civil, los dueños de la BPA contrataron al ex juez Baltasar Garzón para que les ayudara con las investigaciones sobre el banco y estos clientes ex chavistas. Al menos, a Público le reconoció el ex juez que había trabajado para el banco de los hermanos Cierco y que sigue estando en el punto de mira de diferentes investigaciones. Da la casualidad de que Villarejo y Baltasar Garzón están siendo investigados en la causa Tándem por un presunto negocio internacional relacionado con Guatemala, para lo que serían necesarias las influencias de ambos en la Audiencia Nacional y por la que fueron detenidos la pasada semana los empresarios Adrián de la Joya, Francisco Javier Soucheiron Marcet, los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura y el abogado Enrique Maestre Cavanna.

Precisamente Rafael Ramírez es el testigo estrella del comisario encarcelado contra Podemos en una pieza que aún está secreta, según uno de los últimos escritos remitido por la defensa de Villarejo al juez de la Audiencia Nacional que le mantiene en prisión por la causa Tándem. El policía jubilado solicita al juez Manuel García Castellón que tome declaración por videoconferencia al ex presidente de PdVSA, ya que reside en Italia. Fuentes de la Fiscalía explican a Público en tono irónico: "A lo mejor Villarejo está preocupado por si su testigo acaba detenido".