Pretendía ser una referencia del turismo de lujo en la Galicia interior, un hotel con balneario, helipuerto y suites que podían costar hasta 750 euros por noche. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió a su inauguración, en octubre de 2010, en el municipio lucense de Sober, al tiempo que su Gobierno se volcaba con el proyecto, para el que movilizó cerca de cuatro millones de euros entre créditos y ayudas. La iniciativa, en plena crisis, nunca acabó de arrancar y ha acabado en fiasco total después de que la empresa propietaria haya solicitado en un juzgado de Madrid el concurso de acreedores.

La compañía promotora del hotel, la madrileña Alvaher 98, había adquirido el considerado mayor pazo de Galicia en 2007 a los padres de la actual delegada de la Xunta en Lugo y entonces alcaldesa de Sober, Raquel Arias. Ellos lo habían comprado, junto a una finca de 4.000 metros cuadrados, en los años noventa, cuando llevaba medio siglo deshabitado. En el proyecto del hotel, según los datos facilitados en su día por sus promotores, se invirtieron 7,8 millones de euros, de los cuales casi cuatro los aportó la Xunta: el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) gestionó un crédito de 2,5 millones del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que la empresa recibía otros 887.000 euros de incentivos a la inversión y 418.000 de fondos regionales del Ministerio de Economía tramitados por el Gobierno autónomo.

Los problemas surgieron al poco de su apertura . “Fue un proyecto mal parido desde el principio”, señalaron ayer los diputados socialistas Juan Carlos González Santín y Vicente Docasar, que anunciaron que exigirán explicaciones a la Xunta en el Parlamento. La constructora subcontratada para remodelar el edificio se quejó de retrasos en los pagos, un práctica que pronto empezaron a sufrir también los 36 empleados y proveedores de la comarca.

A comienzos de 2013, la empresa solicitó un ERE temporal presentado como un intento de salvar las dificultades. Pero desde el verano de 2014, el establecimiento ya permaneció cerrado. Según los socialistas lucenses, solo quedan cuatro trabajadores dedicados a mantenimiento y seguridad. “Es el momento de que el presidente Feijóo dé la cara, porque esto fue una apuesta personal suya y de la delegada de la Xunta”, señalaron los diputados del PSdeG.