Luis Caputo, ministro de Finanzas

El juez federal Claudio Bonadio ordenó realizar ocho allanamientos en reparticiones estatales y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones con bonos y acciones realizadas con fondos del Estado.

Bonadio tiene a su cargo una investigación en la que el fiscal Jorge Di Lello imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, y a otros funcionarios del gobierno nacional. En el expediente se investiga si se cometió delito en dos operaciones con acciones y bonos que realizó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se nutre de dinero del sistema previsional.

Di Lello había imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública a los integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino: Luis Andrés Caputo, actual ministro de Finanzas de la Nación; Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo; Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, y Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.

Claudio Bonadio, juez federal (Adrián Escandar)

A partir de una denuncia que hizo el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, se investiga si hubo delito en la compra que hizo el FGS de un bono en dólares emitido por la provincia de Córdoba y en la venta de títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. El denunciante aseguró que el bono comprado tenía menos rendimiento que el vendido, por lo tanto el Estado habría perdido unos 75 millones de dólares. También se investiga si Blaquier y Caputo, al ofrecer el bono en venta a varios bancos (Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC), pudieron haber favorecido a gente con la que tenían relación. Blaquier, según la denuncia, había trabajado en Goldman Sachs y Caputo en el Deutsche Bank y en JP Morgan.

En el mismo expediente se investiga otro hecho denunciado por el diputado kirchnerista. Bonadio debe determinar si hubo delito en la venta de acciones en poder del FGS de la firma Indupa luego de que esa empresa fuera comprada por una compañía brasileña. En el FGS también están las acciones de empresas privadas que pasaron a manos del Estado cuando se estatizaron los activos que estaban en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) .

En el expediente se sumó una presentación hecha por la Unidad Especializada en Delitos de la Seguridad (UFISES) que explicó la operación bajo investigación: la compra de Solvay Indupa por parte de Unipar Carbocloro, contralada por la firma Braskem Argentina, que a su vez pertenece a la brasileña Braskem Brasil que tiene como socio mayoritario a la cuestionada Odebrecht.

Según lo calculado por el diputado denunciante, el Estado perdió $20 millones en la venta de las acciones de Indupa.

Victoria Donda es una de los denunciantes (Télam)

En el expediente que tiene Bonadio a su cargo se sumó una denuncia de la diputada de Libres del Sur Victoria Donda, quien pidió que se investigue si hubo delito en la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del FGS y pasaron a manos de la firma Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, que había adquirido el paquete mayoritario de la compañía brasileña.

La adquisición se produjo en noviembre pasado, luego de que Pampa Energía comprara el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. Eso llevó al grupo de Mindlin a lanzar una oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) para ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS tenía el 11,85% y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción.

Para Donda, según explicó luego de formalizar la denuncia, se sacrificaron "no sólo los activos del FGS, sino también importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones".

Tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los $18. "Pareció hecho a la medida de los empresarios amigos de la familia Macri", dijo la legisladora.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, Bonadio ordenó los allanamientos que comenzaron este viernes cerca del mediodía y que realiza la Policía Federal en la sede del Ministerio de Finanzas, de ANSES, del FGS y de la Comisión Nacional de Valores (CNV). También se realizan allanamientos en las oficinas de las firmas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA.

En un comunicado, Braskem informó que no tiene "ninguna relación societaria con Unipar Carbocloro, controladora de Solvay Indupa, empresa independiente y competidora de Braskem en el mercado de PVC, cloro y soda".

La investigación recién se ha iniciado. Y los procedimientos tienen como objeto obtener información para determinar si se cometieron los delitos que fueron denunciados.