El Consejo de Defensa del Estado (CDE) llevó a la Corte de Apelaciones de Santiago, la petición de reapertura del caso Riggs, con el fin de que se investigue el origen y destino de las propiedades de Cema Chile, presidida a perpetuidad por Lucia Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet. La solicitud fue ingresada luego que se conociera la venta de un terreno en Chillán por más de 760 millones, que había sido donado por el municipio de esa ciudad, hasta ahora fuera de los 138 conocidos y que fueron donados o transferidos por el Ministerio de Bienes Nacionales. El escrito del CDE es la apelación a la resolución adoptada por el 34º Juzgado del Crimen de Santiago que recientemente rechazó la apertura del mencionado proceso, aludiendo a que la indagatoria estaba cerrada. En la presentación que hizo en primera instancia el organismo -y que publica-, asegura que “en los flujos originados en las ventas de propiedades, se detectan diferentes entregas de dinero a familiares directos de Lucía Hiriart, situación que evidentemente escapa a los objetivos de la entidad”. “Además, puede colegirse que dichas entregas pudieron ser incluso por montos mayores en aquella época en que no se tienen los registros contables, quedando claro que la señora Hiriart utilizaba la fundación para sus propios intereses”, señala el escrito. De hecho, sólo entre 1988 y 2003, de acuerdo a un informe de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas de la PDI, CEMA efectuó operaciones de venta de propiedades por más de $ 3.876 millones. Sin embargo, una publicación de noviembre pasado de Ciper Chile , aumenta la cifra a más de $ 6.300 millones, sumando la venta del terreno en Chillán y otras operaciones. Asimismo, reveló que existen al menos otras 105 propiedades desconocidas. Hay que recordar que en 2004 explotó el escándalo de las platas de Pinochet en el Banco Riggs, donde se hallaron además una serie de sociedades que tenía en los paraísos fiscales el ex dictador que sumaban, según logró acreditar la justicia más de US$ 27 millones y lo malversado poco más de seis palos verdes. En dicha entidad financiera Pinochet usaba la chapa de “Daniel López”. Pues bien, en esta investigación que pasó por tres magistrados distintos, se indagó a CEMA Chile, pero en agosto de 2013 el entonces ministro en visita Manuel Valderrama -hoy supremo- sobreseyó el caso. "Con respecto a la arista de CEMA Chile no hay nada más que investigar si hubo alguna desviación de fondos al patrimonio de Pinochet", dijo el magistrado en esa oportunidad. Por insólito que parezca, sólo en 2005 el Congreso suspendió los fondos que recibía CEMA Chile por parte de la Polla Chilena de Beneficencia y los únicos condenados fueron seis oficiales del Ejército en retiro por el delito de malversación de caudales públicos, quienes sirvieron a las órdenes del dictador.Como sea, el CDE indagó por sus propios medios -asegura en el escrito- y descubrió que CEMA no ha vendido propiedades registradas a su nombre. Sin embargo, sí encontró que algunas “no fueron inscritas a nombre de la Fundación, correspondiendo a tres inmuebles en las comunas de Santiago, Recoleta a Independencia”. El escrito agrega:De allí que la apelación que deberá ser analizada por una sala del tribunal de alzada capitalino, sea de vital importancia para conocer, señala el CDE, el destino de los fondos y evitar incluso potenciales ventas de inmuebles hasta ahora desconocidos para la propia autoridad. La acción judicial emprendida por el CDE, es la respuesta a la solicitud que hiciera formalmente en diciembre pasado el ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio ante el presidente de la entidad Juan Piña. En la oportunidad, Osorio señaló que habían encontrado evidencias de que CEMA incumplió el compromiso con el Estado, “en cuanto a destinar los inmuebles fiscales a los precisos fines sociales que entonces se consideraron para fundamentar el mecanismo excepcional de la transferencia gratuita”.Por lo anterior, el CDE solicitó en su oportunidad una serie de diligencias que si la causa es reabierta deberá ejecutar la autoridad judicial. Entre ellas, el CDE pide conocer el origen de los terrenos donde actualmente funcionan las universidad San Sebastián y Mayor “y en el caso de haber sido adquiridos a CEMA Chile, se obtenga toda la documentación relativa a las correspondientes enajenaciones”. Le siguen la identificación de las cuentas corrientes y productos bancarios, el destino de los bienes, su precio de venta y su valorización comercial a la época de la enajenación; también la entrega por parte del Ministerio de Justicia de las memorias, balances y “procesos de fiscalización que hubiere realizado en uso de sus atribuciones legales”. En esa línea indica el escrito, deberían declarar el jefe jurídico de la Municipalidad de Chillán y el administrador edilicio, Ricardo Vallejos y Pedro San Martín, respectivamente. Asimismo, el CDE pide que sea la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) la que lleve a cabo el procedimiento. Y en particular, que se efectúe un levantamiento patrimonial desde 1973 a la fecha, analizando además las fuentes de ingreso y actividades de CEMA Chile. Ahora bien, si el Corte de Apelaciones de Santiago rechaza la reapertura del caso Riggs, existiría una última y rebuscada posibilidad para el CDE -y de pronóstico negativo- en la Suprema.