Por primera vez, la Justicia planteó lo que hasta ahora era un riesgo. El Estado argentino jamás recuperará los $8000 millones en impuestos impagos que acumuló Cristóbal López durante años y que con multas e intereses llegó a superar ya los $17.000 millones.

La admisión llegó de la mano de los interventores que designó el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, quienes tomaron el control de la petrolera Oil Combustibles -el corazón y motor del Grupo Indalo-, tras desplazar al sucesor de López, Ignacio Rosner, al frente del holding.

Los flamantes administradores judiciales -Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova- plantearon que todos los acreedores de Oil -y en particular la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP )- deberán aceptar "una quita muy relevante y a la vez una espera prolongada" si es que desean, algún día, cobrar algo. Y esto, si la petrolera no quiebra porque hoy, indicaron, es "inviable".

El juez del concurso convocó a una audiencia "urgente" para definir qué hacer con la petrolera Oil Marcelo Manera / LA NACION - Archivo

"El pago de la deuda acumulada, si no se admitiera una quita muy relevante y a la vez una espera prolongada, aparece, con los números que exhibe actualmente la empresa, inviable", alertaron en el escrito que presentaron ayer en el expediente del concurso de Oil Combustibles. "Es convicción de esta intervención que la AFIP debe conocer, al igual que el resto de los acreedores, que resulta de difícil concreción, cuanto menos, el recupero íntegro de sus acreencias", abundaron.

¿Por qué? "Lo cierto es que no se prevé ningún escenario con un flujo de fondos suficiente para el pago de la deuda posconcursal y, en forma simultánea, a partir de una eventual homologación de un acuerdo preventivo, de la deuda preconcursal", indicaron.

Por ese motivo, los ahora timoneles de Oil Combustibles solicitaron al juez Cosentino que convoque a una "audiencia urgente" con el titular de la AFIP, Alberto Abad, para evaluar los pasos a seguir, cuyos trazos anticiparon por escrito. "Esta intervención está en condiciones de afirmar que, en su visión, solo sería viable avanzar con algún acuerdo comercial con un tercero orientado a poner en marcha la actividad, si se dispusiera de un acuerdo de reestructuración de las deudas preconcursales y posconcursal que contemplen quitas, o cuanto menos de una espera a efectos de intentar esa puesta en marcha".

Para López y su socio Fabián de Sousa, el planteo de los interventores era previsible. Desde hace dos años responsabilizan a la actual gestión de la AFIP por la debacle del holding y por verse obligados a ceder el timón a Rosner, con quien el "zar del juego" se reunió anteayer en su departamento del complejo Madero Center.

Según los cálculos de los tres auxiliares del juez, Oil acumuló al menos $2000 millones en nuevas deudas desde que se inició el concurso de acreedores. Por eso, indicaron, "es prácticamente imposible que la concursada afronte el pago de esa deuda posconcursal".

"Audiencia urgente"

Así, el pasivo de la petrolera -y, por tanto, del Grupo Indalo- continúa en crecimiento. Rondaba los $8000 millones cuando LA NACION reveló, dos años atrás, la operatoria de López y De Sousa, con la anuencia de la AFIP liderada por Ricardo Echegaray.

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A partir de entonces, la deuda aumentó por la acumulación de los intereses y las multas que aplicó el organismo tributario, hasta llegar a cerca de $17.000 millones, según estimó Ricardo Gil Lavedra, el abogado que designó la AFIP para coordinar su estrategia judicial en este caso. "López no pagaba y se adhería a un plan general de facilidades de pago, que tampoco cumplía y se acogía a otro y así sucesivamente. Y al final se sumó a dos planes particulares de pago que tampoco cumplió. Es decir, nunca abonó y se llevó la plata", sintetizó, para luego detallar que Echegaray llegó a darle 100 planes consecutivos de facilidades de pago a la petrolera de López y De Sousa.

En ese contexto -y con la posibilidad creciente del colapso y quiebra de Oil Combustibles que arrastre al resto del Grupo Indalo-, el juez Cosentino accedió al pedido de los interventores y citó a Abad "o autoridad con facultades suficientes" a una audiencia para el lunes, en Tribunales.

¿Qué facultades? Las necesarias para definir si Oil Combustibles puede acceder a una quita, "esperas u otros mecanismos de reestructuración" de la deuda acumulada, y disponer el levantamiento de medidas cautelares. Y si eso no es posible -y a la petrolera solo le queda el irrealizable "pago inmediato" y completo de su deuda- "manifieste cuanto corresponda peticionar en relación a la continuidad de este proceso". En otras palabras, ¿pide la quiebra?