El viernes pasado anunciaba Rajoy una rebaja fiscal, recorte en los ingresos públicos, de 1.500 millones de euros. Este recorte en los ingresos viene precedido por recortes en los gastos por falta de ejecución del presupuesto aprobado en diciembre, entre los que destaca tanto por su cuantía como por su nivel de injusticia, el recorte en prestaciones por desempleo, y, entre los recortes de prestaciones, destaca el engaño en las ayudas vinculadas al Plan de activación no tanto por su cuantía como por la forma en que se ha realizado.

En los cinco primeros meses del año la media de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha sido de 2.271.814 personas que han supuesto un gasto de 8.918 millones de euros. La media de parados registrados en estos meses fue de 4.455.700 personas. En 2011, con 167.721 parados menos de media, hubo 635.307 beneficiarios más, lo que supuso un gasto superior en 3.827 millones de euros.

El Presupuesto de prestaciones por desempleo para 2015 se equiparó al gasto realizado en 2014: se gastaron 24.570 millones de euros en 2014 y el presupuesto de 2015 fue de 25.300 millones. La diferencia entre el gasto de uno y otro año es, por lo tanto, recorte en el gasto o falta de ejecución presupuestaria.

En los cinco primeros meses de 2014 se gastaron 10.940 millones de euros en prestaciones, lo que supone 2.022 millones más que este año. El recorte ha sido de un 18,5%. A final de este ejercicio es previsible que ronde los cinco mil millones de euros.

Este gobierno decide trasladar una parte del recorte a modo de rebaja fiscal. Otra vez repite la misma maniobra que ya realizó el año pasado: traslada a quienes tienen ingresos y especialmente a los que más ingresos tienen, los fondos destinados a quienes carecen de ellos.

El engaño del Programa de Activación para el Empleo

El 15 de diciembre de 2014 en la firma del Acuerdo entre el gobierno e interlocutores sociales sobre el Programa Extraordinario de Activación para el empleo Rajoy dijo textualmente: “Con el desarrollo del Acuerdo que hemos firmado hoy, aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral”.

El Consejo de Ministros del 6 de marzo aprobó un crédito extraordinario de 850 millones de euros para financiar durante 2015 el Programa de Activación para el Empleo dirigido a desempleados de larga duración con responsabilidades familiares.

El 24 de marzo de 2015 el senador socialista Ricardo Varela interpela a la Ministra de Empleo sobre la posibilidad de conseguir el objetivo adquirido de alcanzar la protección de 450.000 parados sin prestaciones, dados los términos y requisitos establecidos en el actual Programa Extraordinario de Activación para el Empleo.

La señora Báñez, después de mencionar una y otra vez la herencia recibida, dijo, tal y como figura en el Diario de Sesiones del Senado: “Ha sido fruto de un intenso diálogo, con aportaciones de todos, con más de tres meses de trabajo y numerosas reuniones. Diseñamos un programa novedoso y de urgencia que antes no se había hecho en nuestro país. Se consensuaron los requisitos de acceso y también la estimación del número de beneficiarios. Señor Varela, las propias intervenciones de los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras en el acto de la firma recogen lo que les estoy diciendo, la estimación de beneficiarios que usted cuestiona en su interpelación. Esa estimación se hace sobre una consulta con las comunidades autónomas, y decimos que habrá unos 400.000 o 450.000 potenciales beneficiarios de este programa de urgencia. Un stock a fecha de inicio del programa de entre 270.000 y 300.000 personas y un flujo en los meses posteriores, hasta su finalización, de entre 130.000 y 150.000 personas”.

Lo que la ministra Báñez afirmo en el Senado es que este Plan se desarrollaría en dos fases: se empezaría con 300.000 beneficiarios y mensualmente se incorporarían hasta otros ciento cincuenta mil. Dado que el programa tiene una vigencia de 15 meses, significa que cada mes debería unas diez mil incorporaciones.

Este esquema es absolutamente lógico porque la mayoría de las incorporaciones se realizan con las personas paradas que, figurando inscritas en las oficinas de empleo a uno de diciembre, tenían cargas familiares y no percibían prestaciones. Después solo se pueden incorporar quienes, figurando también inscritas a uno de diciembre, cumplan seis meses desde que agoten el Prepara o la tercera RAI.

Resulta preocupante que ante el fracaso del Plan de Activación, la ministra se escude en que “se consensuó” con los sindicatos la estimación de beneficiarios, máxime cuando estas afirmaciones de la ministra entran en contradicción con la afirmación realizada en esa misma respuesta de que a 19 de marzo ya había setenta mil solicitudes.

Los datos de partida para poder hacer las estimaciones no están en poder de los sindicatos. Estos desconocen el número de personas inscritas en los Servicios Públicos de Empleo a fecha uno de diciembre, cuántas de ellas han percibido el Prepara, el Prodi o han agotado la tercera RAI; cuántas tienen cargas familiares y llevan seis meses sin prestaciones y no están cobrando una renta social. Son datos que debe aportar el Ministerio de Empleo que es quien tiene los registros. Los sindicatos solamente pueden dar por buenas o no unas afirmaciones del Ministerio.

El engaño estaba servido. Los datos de los cinco meses transcurridos lo certifican.

PREVISIÓN DE BENEFICIARIOS Y GASTO EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN Y REALIDAD A MAYO



FUENTE: SEPE. Resumen mensual de datos estadísticos. Elaboración propia

El gasto que se debería haber realizado a mayo, según se tome un u otro extremo de las previsiones de la ministra, oscilaría entre los 426 y los 383 millones de euros. El gasto realizado ha sido de solamente 51 millones. El número de beneficiarios, también según el intervalo de las previsiones, debería oscilar entre las 287 mil y las 320 mil personas. A 31 de mayo solamente ha habido 55.886 parados con cargas que se han podido incorporar como beneficiarios de este programa.

Como respuesta a preguntas escritas realizadas por el mismo senador sobre las solicitudes y las denegaciones de este programa, ha habido 17.735 denegaciones de las que 3.334 corresponden a denegaciones por exigir que el programa por el que se solicite fuera la última prestación. El Programa de Activación para el Empleo tiene hasta el mes de abril un alto porcentaje de denegaciones, un 25,4% que se reduce al 20,6% si excluimos el anterior motivo mencionado que ha sido corregido en las instrucciones. Una de cada cinco solicitudes es denegada.

SOLICITUDES Y ALTAS AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN



FUENTE: SEPE Avance estadístico mensual. Elaboración propia

Como se puede comprobar en el gráfico anterior, entre febrero y marzo se producen 51.102 solicitudes y 36.139 altas en el programa; en el mes de abril 11.373 y en mayo 8.374. El stock a fecha de inicio, previsto por la ministra en 300.000 beneficiarios ha quedado reducido a solamente 36.139. Las altas mensuales también quedan algo por debajo de las diez mil previstas por la ministra y rondarán las 8.500 altas, 1.500 menos de lo previsto.

El gasto realizado hasta el mes de mayo ha sido de 51 millones de euros, frente a los 426 previstos. A finales de este año la diferencia entre el gasto que se realizará y el inicialmente previsto será de 705 millones de euros. La diferencia entre el gasto comprometido y el realizado servirá para financiar el 47% de la rebaja de impuestos. Era un gasto previsto y con una financiación adicional aprobada en Consejo de ministros que se desvía para financiar rebajas de impuestos de los que más tienen.

Los 426 euros que durante seis meses debían servir como ayuda para trescientas noventa mil familias sin ingresos solamente será recibida, como mucho, por ciento catorce mil. Si el propio Programa salía ya cojo porque solamente durante seis meses beneficiaría a menos de una de cada tres personas paradas con cargas familiares y sin ingresos, va a quedar reducido a poco más de una de cada diez personas que están en esa situación. El engaño en el Programa de activación para el Empleo servirá para financiar el 47% de la rebaja fiscal injusta y electoralista de Rajoy.