Al hacer click en enviar quedaras regitrad@ a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre.- Cuatro de los seis candidatos propuestos por el presidente Felipe Calderón para sustituir a Salvador Aguirre Anguiano y a Guillermo Ortiz Mayagoitia como ministros de la Suprema Corte han participado en resoluciones de casos polémicos.

Los expedientes de las dos ternas enviadas por el Presidente serán revisados de manera inédita por legisladores, para identificar puntos “débiles y errores”, acordó ayer la Comisión de Justicia del Senado.

Por unanimidad, los legisladores determinaron solicitar al Consejo de la Judicatura Federal el estado de las quejas presentadas en contra de las resoluciones o actuaciones de los aspirantes.

Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Pablo Monroy Gómez trabajaron en asuntos relacionados con Onésimo Cepeda, ex obispo de Ecatepec; Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas; Mario Marín, ex gobernador de Puebla, así como con el caso del predio El Encino, que involucró a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe del gobierno capitalino, y con sentencias condenatorias al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Baráibar Constantino integró el tribunal colegiado del Estado de México que, en junio de 2005, declaró inocente a Raúl Salinas de Gortari, preso durante diez años por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

En 2011 fue parte de la votación que revocó un amparo promovido por la empresa Arthinia contra Onésimo Cepeda, donde se disputaban 130 millones de dólares y obras de arte.

Pérez Dayán, en 2002, presidió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que otorgó un amparo a la Promotora Internacional Santa Fe para que el gobierno del DF, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, les indemnizara por la expropiación del predio El Encino.

Como juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del DF, a mediados de la década de los años 90, el actual magistrado Monroy Gómez dictó dos sentencias condenatorias por un total de 13 años de prisión contra El Chapo Guzmán, quien está prófugo desde 2001.

Casos con polémica rodean a aspirantes

En sus manos tuvieron expedientes como el de Raúl Salinas, El Chapo Guzmán y El Encino.

Cuatro de los seis magistrados propuestos por el presidente Felipe Calderón para ocupar los puestos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han visto envueltos en la polémica por algunas de las resoluciones que han tomado en sus juicios.

Son Manuel Baráibar Constantino, Emma Meza Fonseca, Alberto Gelacio Pérez y Pablo Monroy, quienes han llevado casos como el del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda; el del hermano del ex presidente Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari; el del ex gobernador de Puebla Mario Marín o el del predio El Encino.

Baráibar Constantino pertenecía al Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México que en junio de 2005 declaró inocente a Raúl Salinas de Gortari, quien permaneció diez años en prisión, en el asunto del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Los magistrados José Nieves Luna, Adalid Ambriz y Manuel Baráibar votaron en favor del otorgamiento del amparo que permitió la libertad a Raúl Salinas, al no acreditarse a plenitud su responsabilidad en la autoría intelectual de ese crimen.

El 16 de junio de 2011, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que pertenece actualmente Manuel Baráibar, revocó el amparo dictado por un juez federal y promovido por la empresa Arthinia en contra del ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, mediante la cual se canceló la orden de reabrir una indagatoria contra el mitrado por la presunta simulación de un préstamo por 130 millones de dólares y de supuestamente tratar de apropiarse de una colección de obras de pintores extranjeros y mexicanos.

En ese entonces con dos votos a favor, de Manuel Baráibar Constantino y José Pablo Pérez Villalba, y uno en contra, de Carlos Enrique Rueda Dávila, los magistrados determinaron conceder el amparo.

Manuel Baráibar, siendo magistrado también, formó parte de la comisión creada por la SCJN para investigar el conflicto de 2006 en Oaxaca. Durante año y medio fueron investigados los hechos de violencia que involucraron a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos estatal y Federal.

“No se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”, concluyeron Baráibar y el magistrado Roberto Lara en 2009.

Condenó a El Chapo

Como juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del DF, a mediados de la década de 1990, el actual magistrado Pablo Vicente Monroy tuvo conocimiento del caso de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y dictó dos sentencias condenatorias por un total de 13 años de prisión al narcotraficante, quien se fugó en 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.

El tema fue un ex gobernador

En cuanto a Emma Meza Fonseca, fue integrante de la Comisión Investigadora designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para indagar las “violaciones graves”, cometidas presuntamente por el ex gobernador de Puebla Mario Marín y otros funcionarios en contra de los derechos individuales de la periodista Lydia Cacho.

En noviembre de 2007, Marín fue exonerado luego de que fue tomada como base la investigación de la comisión especial que determinó que las grabaciones telefónicas entre Marín y el empresario Kamel Nacif habían sido obtenidas ilícitamente y no podían ser consideradas como pruebas de conspiración en contra de Cacho.

Problemática con un predio

En tanto que en 2002 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al cual pertenece el magistrado Alberto Gelacio Pérez y quien en ese momento fungía como su presidente, confirmó el amparo promovido por la empresa Promotora Internacional Santa Fe contra el decreto por el cual fueron expropiadas dos fracciones del predio conocido como El Encino con el propósito de construir la ampliación de vialidades.

Fue la Corte la que finalmente dictaminó en 2011 sobre este tema que el gobierno del Distrito Federal debía indemnizar a los dueños del predio y cerrar una disputa legal que en su momento motivó el desafuero del entonces jefe del gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador.

Otro caso para Pérez Dayán fue el amparo otorgado en 2011 a Telmex en el cual se resolvió que la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió opinión favorable sobre el cumplimiento para lograr la modificación de su título de concesión y permitirle incursionar en la televisión de paga. El conflicto sigue hasta el momento.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.