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El mismo día en que los periódicos nos informan de la carta suscrita por varios dirigentes del PSOE, con José Antonio Pérez Tapias (Izquierda Socialista) a la cabeza, en la que instan al secretario general de ese partido a un pacto de izquierda, Pedro Sánchez visita Portugal en el que será su primer acto oficial del año en curso. Esto es, Sánchez viaja a Lisboa, donde ha sido posible un pacto de izquierda para impedir el Gobierno de la derecha en Portugal, con la misiva de sus compañeros en el bolsillo, reclamando similar actitud por su parte y en contra de lo que Susana Díaz y el felipismo en extinción reclama.

Como se recordará, Antonio Costa, actual primero ministro portugués, perdió las pasadas elecciones, al igual que su compañero Pedro Sánchez, pero fue apoyado por otros partidos a su izquierda (Partido Comunista y Bloque de Izquierda) para que finalmente presidiera el Gobierno de aquel país, haciendo imposible el de centro-derecha, que carecía de la mayoría absoluta.

En la carta firmada por Pérez Tapias y otros dirigentes se le dice a Sánchez que el PSOE tiene la responsabilidad de encauzar su acción hacia políticas transformadoras, de emancipación y solidaridad, contribuyendo desde su posición de izquierda a articular su pluralidad y a reforzar sus potenciales de cambio. Entienden quienes suscriben la misiva que hay que aprovechar las posibilidades de negociación que se abren con Podemos y el resto de fuerzas políticas: "Esa posibilidad hay que hacerla realidad, no resignándonos de antemano a unas elecciones anticipadas sin haberlo intentado".

Recientemente decía Jorge Moruno, dirigente de Podemos, a propósito de las posibilidad de un pacto con el PSOE, que harán lo posible por impedir que Rajoy forme gobierno. Para eso es imprescindible llegar a acuerdos para revertir los recortes, frenar la política de austeridad que fomenta la desigualdad, arrancar de raíz la corrupción y construir un nuevo marco de convivencia territorial sobre bases sólidas dentro de una España plurinacional.

En la agenda inmediata de Podemos está la Ley 25, basada en contemplar los derechos humanos, algo muy básico que entronca con el artículo 25 de la Declaración Universal. Se trata, en principio, de un rescate social que ponga fin a la pobreza energética y a los desahucios sin alternativa habitacional. ¿No sería un buen primer punto de arranque coincidir en esto para tender sobre tal base esos puentes que se reclaman desde el partido emergido -ya no emergente- y la carta de Pérez Tapias?

Si hubiera una mínima voluntad de entendimiento por ambas partes, ya se debería haber puesto en marcha ese diálogo entre una y otra. Lo que no se puede o no se debería hacer es posponer ese posible entendimiento, relegando asuntos de tanta urgencia como los que afectan a la política social, porque la mayor dificultad para el pacto estriba en lo que a mi juicio no debería ser ahora prioritario.

Al lado de esa emergencia social, latente y lacerante tanto en Cataluña como en el resto de España desde hace años, el diseño de un nuevo marco de convivencia territorial sobre la plurinacionalidad que Podemos reclama, bien podría esperar, tanto por la complejidad de su articulación como por la lamentable sucesión de despropósitos que se están dado últimamente en Cataluña.