Ana Luisa Priego, jueza décimo tercera de Distrito en Materia Administrativa, concedió al menos cuatro suspensiones de plano mediante las cuales ordenó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador realizar las acciones necesarias para detectar a personas infectadas con COVID-19.

“Las autoridades no están adoptando las medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales al riesgo que se enfrenta el país, para la prevención, evitabilidad de contagio, detección y reacción al virus SARS-COV-2 y la enfermedad por COVID-19”, señaló Priego este jueves en una de las dos suspensiones otorgadas a favor de integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La jueza aseguró que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho lineamiento se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida.

La jueza Priego es la que estará de guardia en materia administrativa en la Ciudad de México durante el mes en que el Poder Judicial estará sin actividad jurisdiccional para mantener la recomendación de “sana distancia” y evitar la propagación del COVID-19.

El lunes pasado, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo en el que ordenó la suspensión de la actividad jurisdiccional y aseguró que solo se aceptarán a trámite amparos por temas urgentes, como en este caso que se refiere a la pandemia del COVID-19, que justo fue la que motivó la suspensión de la actividad jurisdiccional federal.

Los promoventes de al menos cuatro amparos, entre ellos Luis Eduardo Montaño y Ana Laura Hernández, señalaron como acto de reclamo la omisión del presidente de la República para establecer medidas de seguridad eficaces para evitar el contagio del COVID-19 que en México ya cobró su primera vida y mantiene contagiadas a 118 personas y 314 más están bajo observación médica por ser casos sospechosos.

Prieto aseguró que el efecto de la suspensión es que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con los lineamientos clínicos y los derechos humanos de los quejosos.

Advirtió que se estima la existencia de peligro si se demora la identificación de casos, ya que ello generaría daños de difícil e incluso de imposible reparación, “pues es un hecho notorio para la sociedad que al día de hoy dicha epidemia se extendió a más de 160 países”.

Por ello, agregó, “se deben tomar las medidas y acciones sanitarias y de cuidados necesarios para detectar los casos de personas infectadas".

Con ambas resoluciones, la jueza dio un plazo de 24 horas, a partir de la notificación del acuerdo firmado el miércoles, para que el presidente de la República, el secretario de Salud y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informen al Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento de la orden, esto de forma escrita.

Suspensiones similares ya habían sido otorgadas por jueces federales de Michoacán y Oaxaca.