El estado de emergencia declarado por el Gobierno para intentar frenar la expansión del Covid-19 contempla que todas las entidades de salud privadas, así como su personal médico y asistencial quedan bajo la dirección del Ministerio de Salud con el fin de reforzar la atención de la población.

Según el Decreto de Urgencia 044-2020-PCM, el Ejecutivo le puede imponer a las clínicas la ejecución de “servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”. “El Ministerio de Salud (Minsa) puede ejercer aquellas facultades que resulten necesarias respecto de los centros, servicios y establecimientos de salud de titularidad privada, de acuerdo a la disponibilidad de cada establecimiento y previa evaluación de la Autoridad Sanitaria Nacional”, añade.

Ayer por la tarde, un equipo del Minsa sostuvo reuniones para precisar el tipo de apoyo que se les solicitará a los establecimientos privados. Por lo pronto, se les ordenó cancelar la atención de consultas externas y enfocarse solo en la cobertura de emergencias y el cuidado de pacientes que ya están internados en sus instalaciones.

De acuerdo con información del sector, el Minsa cuenta con 1.080 camas para cuidados intermedios e intensivos, pero solo 250 cuentan con equipos y personal indicados para recibir a los pacientes que desarrollen síntomas extremos y requieran asistencia para respirar. En este sentido, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, señaló ayer que se ha adoptado un plan nacional, en coordinación con EsSalud y la sanidad de las Fuerzas Armadas, para comprar 100 ventiladores mecánicos adicionales.

Foto: Minsa.

Alejandro Langberg La Rosa, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), gremio que reúne a más de 65 de estos centros médicos -entre ellos Sanna, Jockey Salud, Anglo Americana y Centenario- explicó que sus asociados en Lima cuentan, en total, con 295 camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 193 ventiladores; mientras que en provincia tienen otras 48 camas y 43 ventiladores, pero muchos están en uso.

"Estamos acudiendo a todas las convocatorias del Ministerio de Salud y acatando las disposiciones que resultan del proceso epidémico que estamos viviendo. Además, tratamos de disminuir al máximo la movilización de personas fuera de sus domicilios con la suspensión de la consulta externa y las cirugías electivas en nuestras instituciones, el reforzamiento de las emergencias, la notificación de los pacientes sospechosos, el seguimiento domiciliario y el traslado de los casos positivos a coronavirus complicados a los hospitales de referencia", señaló a OjoPúblico.

El pasado viernes 13 la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, envió un comunicado asegurando que el Gobierno “aceptó el ofrecimiento del sector privado para participar en el diagnóstico temprano del Covid-19”. Sin embargo, el Minsa, a través del Instituto Nacional de Salud (INS) sigue siendo la única institución que realiza las pruebas para detectar el coronavirus, tal y como lo confirmó Langberg.

"Creo que debemos funcionar en forma integrada, tanto en las labores de prevención como en las de tratamiento. El acontecimiento es grave y requiere la participación de todas las fuerzas del país", añadió el presidente de la ACP.

Foto: PCM.

Prevención y deficiencias

El pasado 8 de marzo, el Minsa aprobó el documento técnico “Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19: Escenario de Transmisión Focalizada” para orientar al personal de salud sobre el reconocimiento y atención oportuna de casos sospechosos.

Su aplicación es obligatoria para todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del Ministerio de Salud y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa); mientras que es de referencia para los establecimientos municipales, de Essalud, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e instituciones privadas.

Para Ciro Maguiña, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Gobierno está actuando de manera correcta al emitir este tipo de documentos y convocar a expertos a mesas de trabajo multisectoriales, pero el principal problema es la deficiente infraestructura, falta de equipos y de personal que caracteriza a nuestro sistema de salud desde hace cuatro décadas. Y si bien el Ministerio de Economía acaba de transferir S/100 millones al Minsa para cubrir algunas de estas necesidades, el experto estima que no será suficiente.

El último gran censo de infraestructura sanitaria que realizó el Ejecutivo en todo el país data del 2006, y desde entonces ya se mostraban deficiencias en el equipamiento de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El mismo problema fue detectado por la Defensoría del Pueblo en abril del 2018, pues se encontró que el 20,3% de los hospitales de nivel III, es decir, los de mayor complejidad, carecían de equipos adecuados y modernos para asistir a los pacientes.

“Tenemos un déficit de 17 mil especialistas, y los que hay se concentran en Lima, Trujillo y Arequipa. La situación de nuestro sistema de salud es crítica; si el brote empieza a crecer, lo que tenemos no será suficiente”, señala Maguiña, quien ayer asistió a una reunión técnica presidida por la Viceministra de Salud Pública, Nancy Serpa, para debatir estrategias ante la pandemia.

En la cita, que reunió a expertos de universidades, hospitales y representantes de instituciones públicas y privadas, se decidió que serán cinco los hospitales que concentrarán la atención de infectados. El principal será el Hospital de Vitarte, donde se habilitarán 150 camas con los fondos que se han destinado por la emergencia, seguido del Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima y el Hospital Hipólito Unánue en El Agustino.

“Convocar a las clínicas privadas en una situación de emergencia sucede en varios países, y hemos notado buena disposición de parte de sus representantes. La medida permitirá, por ejemplo, que una clínica ceda todas sus instalaciones para una labor específica”, añadió Maguiña.

En efecto, desde el domingo 15, el gobierno de España intervino la sanidad privada para atender las necesidades que se presenten por la crisis del coronavirus, así como la suspensión de las rotaciones de residentes que aún no hayan obtenido su especialización.