Este miércoles en el Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata se realizó el juicio el extitular de Defensa Civil de la capital bonaerense Sergio Lezana, quien enfrentaba el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por los hechos ocurridos el 2 y 3 de abril de 2013. El 15 de marzo se conocerá la sentencia.

El exfuncionario, de rango menor en el esquema de responsabilidades políticas e institucionales, es hasta el momento la única persona sentada en el banquillo de los acusados por el crimen social que dejó al menos 89 víctimas fatales y mostró de forma descarnada toda la desidia estatal y la voluntad de encubrimiento tanto de la intendencia de Pablo Bruera como de la gobernación de Daniel Scioli (ambos del Frente para la Victoria).

En las afueras de los Tribunales, en calle 8 entre 56 y 57, desde temprano se congregaron integrantes de las asambleas de los barrios que nuclean a quienes perdieron todo en esos momentos, incluyendo a familiares de las personas fallecidas. Allí hicieron una radio abierta, expusieron fotos y carteles denunciando las responsabilidades y la impunidad.

Lo “curioso” del juicio de este miércoles es que, así como comenzó, terminó. Con un trámite exprés, el juzgado aceptó que el imputado Lezana se declare culpable y, en lo que se conoce como “juicio abreviado”, se lo condene a una pena excarcelable, se lo inhabilite para ejercer cargos públicos y se lo multe por unos pocos miles de pesos.

Al conocer el desarrollo de la audiencia, familiares de las víctimas y sobrevivientes de la inundación expresaron su bronca por la consumación de la impunidad.

En el juicio la acusación estuvo a cargo del fiscal Jorge Paolini, el mismo que llevó adelante la instrucción tanto de esta causa como de la causa principal (de la cual la primera es un desprendimiento parcial). Por ese mismo doble rol de instructor y fiscal del juicio, las querellas recusaron a Paolini al considerar que tuvo una parcialidad manifiesta en la instrucción, garantizando que solo llegue a juicio un desprendimiento de la causa principal y que la causa madre no avanzara como debería haber avanzado, por el estrago doloso que significó el crimen social.

Una de las querellas (en representación de una de las asambleas de vecinos) pidió además que se revoque la presencia del Municipio de La Plata como “particular damnificado”, lo que resulta un absurdo en función de que en este juicio está imputado precisamente un funcionario del Municipio y fue la gestión municipal de conjunto una de las responsables directas del desastre.

Según se supo, el único acusado en el juicio abreviado admitió su responsabilidad tras pactar con la fiscalía el pago de una multa de $ 12.500 y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un año. Algo que, lógicamente, indignó sobremanera a las víctimas y sobrevivientes.