Tras rescatar a 124 personas de dos naufragios en el Mediterráneo, el Gobierno del Estado español, junto con el italiano y el maltés, han dado la espalda al buque del Open Arms y se han negado a ofrecer un puerto seguro donde desembarcar a estas personas refugiadas

Foto: Open Arms

En la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada el Open Arms recogió del mar a 69 personas con signos evidentes de la violencia sufrida en Libia, entre ellas, dos niños y dos mujeres embarazadas (una de ellas de 9 meses con contracciones). Unas horas antes la organización de rescate humanitario subía a bordo del buque a otras 55 personas, 16 mujeres y dos bebés mellizos de nueve meses.

Pese a que el sábado fueron evacuadas de urgencia en Italia a tres mujeres, entre ellas las dos embarazadas, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha echado balones fuera y ha asegurado que “España no puede ser el único puerto seguro”. Unas declaraciones dirigidas para el resto de Estados de la Unión Europea que, sin embargo, no vienen acompañadas de ninguna alternativa o iniciativa oficial por parte del Gobierno de Sánchez.

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha respondido al ministro en una entrevista en La Ser que precisamente lo que necesita ese barco de rescate es un paso adelante de las instituciones que aseguran defender los derechos humanos. “Comparto que tanto Italia como Malta tienen que asumir su responsabilidad. Estamos agotando todas la vías ordinarias y legales para conseguirlo. Si España se anima a acompañarnos al tribunal de Hamburgo --Tribunal Internacional del Derecho del Mar-- podremos denunciarles por el incumplimiento, pero no podemos ir solos. Lo que no podemos hacer es bloquear a los barcos", señalaba el director de la ONG.

A este respecto, Camps ha recordado que para que la Comisión Europea inicie los contactos con Italia o Malta es necesario que un Estado miembro lo solicite, sin duda, una oportunidad única para que Pedro Sánchez demuestre de qué lado está. En su libro, el presidente en funciones del Estado español aseguraba que “el haber salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política".

Hasta el momento los gobiernos del País Valencià y Catalunya han ofrecido abrir sus puertos y el Gobierno vasco también se ha ofrecido a acoger a estas personas refugiadas, sin embargo, el Gobierno del Estado español ha confirmado tras la reunión con Compromís que el Open Arms no atracará en las costas del Estado. Para ello, Ábalos se ha empleado a fondo utilizando toda la retórica de la que dispone para defender los derechos humanos pero sin los humanos: “No es que no vaya a venir, porque no solamente se ha ofrecido València” y ha añadido, “no puede ser que solo España constituya puertos seguros porque eso sería dramático desde el punto de vista del derecho humanitario, de las convenciones internacionales y de la propia Comisión Europea”.

De esta forma, ha recordado el rescate del año pasado del Aquarius, una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez que finalmente pasó de ser una apuesta por una política continuada a convertirse en el primer intento de lavado de cara de la “nueva política del PSOE”.

Multas por salvar vidas

Mientras el Gobierno de Sánchez sigue demostrando que el discurso sobre la igualdad, diversidad y solidaridad es tan solo eso, palabras, el barco de rescate atraviesa su quinto día a unas 26 millas de Lampedusa con más de un centenar de personas migrantes a bordo.

En Italia la política racista, violenta y fascista del ministro del Interior, Matteo Salvini, sigue dando pasos hacia la “legalidad” y este lunes el Senado ha aprobado una moción de confianza de un decreto que multará a las organizaciones no gubernamentales que participen en operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

Por todo ello, ya se ha abierto en Change.org una petición de firmas que fuerce al Estado español a abrir un puerto seguro o a presionar a la Unión Europea para que abra una vía segura de paso de personas refugiadas.