La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de oponerse a la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha acabado este jueves con la intervención del ministro de Justicia. Rafael Catalá ha criticado a las fiscales del caso, Gemma García y María Teresa Gálvez, al asegurar que tienen un problema porque su criterio no era compartido por sus superiores. "Yo me pongo del lado de sus jefes", ha dicho, al tiempo que ha advertido de consecuencias contra ellas por dejar constancia de su discrepancia.

Catalá admite que el presidente de Murcia accedió a información reservada de la Fiscalía General en el caso Púnica

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La Unión Progresista de Fiscales ha pedido la dimisión de Catalá por estas palabras, por criticar que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito de Anticorrupción. Su portavoz, Álvaro García Ortiz, explica en este entrevista con eldiario.es que las declaraciones del ministro suponen una intromisión intolerable en el trabajo del Ministerio Fiscal.

¿Qué le parecen las declaraciones del ministro Catalá contra las fiscales del caso Púnica por no seguir las directrices de sus superiores?

Las palabras de Catalá dan miedo. Asusta que un ministro pueda despreciar así el trabajo de unas fiscales, hacerlo en los términos, en el tono en el que lo ha hecho y además amenazar a unas compañeras con la instrucción de un expediente disciplinario y que se adopten medidas dentro de la Fiscalía. Revela, por un lado, que el ministro desconoce absolutamente el funcionamiento de la carrera fiscal, algo grave siendo ministro de Justicia, y lo segundo, que se permite el lujo de opinar sobre qué se debe hacer sobre el trabajo profesional de los fiscales, lo que para un ministro de Justicia debería estar vedado, prohibido, y debería ser consciente de ello.

Catalá ha asegurado que la decisión de las fiscales de no firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía". ¿A qué consecuencias se exponen?

¿Quién es el ministro para hacer esa afirmación y tratar de atemorizar a unas profesionales como son las fiscales que se han encargado del caso? ¿Con qué legitimidad, con qué conocimiento y con qué atribuciones el ministro se permite el lujo de hacer eso? Es una intromisión en la autonomía del Ministerio Fiscal.

El ministro nunca debería haber dicho esas palabras. Por eso la UPF ha solicitado su dimisión, porque nos parece que ha excedido sus competencias de una manera intencionada. En segundo lugar, las compañeras tienen todo el derecho del mundo a tener una postura procesal, a elevarla y a mantenerla ante sus superiores. Eso es innegable. A partir de ahí se activan mecanismos internos de la Fiscalía en los que pueden ocurrir muchas cosas. Entre otras, que las fiscales hagan una oposición formal a la orden que reciban, aunque no ha sido el caso.

También hay unos mecanismos de sustitución entre fiscales porque el principio de jerarquía no significa que un fiscal tenga que ir contra sus propios actos. En ningún caso. Y no se le puede exigir a una persona que ha firmado un informe y una resolución, si no está convencida de ello, que firme el informe y la resolución contrarias. La propia estructura del Ministerio Fiscal permite que esto no sea así. Quien no debe meterse en esto es el ministro.

¿Cree que el Ministerio debería investigar esta filtración?

Si es una filtración, sería deseable, conveniente y democráticamente saludable que todas las decisiones que tome el Ministerio Fiscal, incluso las decisiones internas en las que se indica por parte del fiscal General del Estado que se debe acusar o no a una persona, puedan ser transparentes, motivadas y sometidas a la opinión pública. Siempre que no perjudique a las propias investigaciones, en un supuesto en el que hay una investigación secreta.

La decisión de la institución, la que tome el fiscal general, no tiene por qué no estar sometida al control la opinión pública. Eso haría que cualquier decisión de esta naturaleza fuese conocida por todos y pudiese ser criticada por todos. Y quien toma esas decisiones supiese que hay un control democrático de toda la sociedad, de todo lo que hace una institución del Estado como es el Ministerio Fiscal.

Catalá ha considerado normal que Pedro Antonio Sánchez haya accedido al decreto con el criterio de los fiscales del Supremo sobre su caso. ¿Es normal que un político objeto de investigación acceda a este tipo de información reservada de la Fiscalía General?

No sé qué fuentes de información puede tener un investigado, no sé cómo le puede llegar esa información. Lo que me parece lamentable es que se haga ostentación de ese hecho como bandera política. Eso es lo que sí que nos parece impresentable.

¿Comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de no investigar al presidente de Murcia?

Ahí es imposible entrar. Lo que nos demuestra este caso, como otros muchos, es que si las decisiones de las fiscales son revocadas o analizadas por los órganos superiores del Ministerio Fiscal, lo sano es que ese funcionamiento interno de la Fiscalía pueda ser sometido a control de la opinión pública. Es una potestad que tiene el fiscal general del Estado, pero es un acto que es de un organismo del Estado, en el que hay una discrepancia que es legítima y es normal, que afecta al ciudadano. Y afecta, lo que es más importante, a la credibilidad de la carrera fiscal y de la autonomía de los fiscales.

Si ese sistema de discrepancias es público, lo conoce todo el mundo y todo el mundo puede opinar, no habría sombra de dudas sobre si es una discrepancia de naturaleza técnica, que puede serlo, o es una orden impuesta manu militari. Esa es la diferencia fundamental en enseñar, motivar y ser transparentes o en ocultar, y simplemente que le llegue a la opinión pública que "el fiscal general dio la orden de...". Son unos requisitos democráticos.

¿Es habitual este modo de actuar de la Fiscalía, haciendo pública su posición en el caso con una nota de prensa?

La política de comunicación del nuevo fiscal general está por hacer, está empezando. Supongo que esto quizá provoque que se sea más transparente y se compartan las motivaciones de las decisiones de la Fiscalía General para que no se cuestionen en sí mismas.

Es lógico que, si tú das una nota de prensa en la que sólo dices eso, enseguida surjan más dudas y parte del revuelo que se ha montado. Si tú motivas y explicas, seguramente las dudas serán menores y nos beneficiará a todos los fiscales.

¿Debe el fiscal general, José Manuel Maza, dar explicaciones por lo ocurrido con este caso?

Yo entiendo que el fiscal debe estar a disposición de los ciudadanos. Me gusta la figura de un fiscal general activo, accesible a los ciudadanos y a los medios de comunicación y que explique las decisiones de la Fiscalía General. Yo creo que sería no solo deseable, sino que sería un síntoma de salud democrática.

Maza asegura que es "insensato" pensar que ha habido presiones al Ministerio Fiscal en este caso. ¿Lo es?

No tengo datos para decir lo contrario. Si el fiscal dice que no le han presionado, habrá que entender que el fiscal está diciendo lo que él ha percibido. Lo que pasa es que las decisiones de no acusar a alguien, si son opuestas a la tesis de las fiscales que llevan el caso, hay que explicarlas para evitar estas sospechas de dudas.

¿Cómo valora los primeros meses de Maza y su papel en este caso?

De momento es pronto. Queda mucho tiempo, mucha legislatura, algunos están por llegar la semana que viene, en cuanto a nombramientos, para que nos podamos hacer una idea de cuál va a ser la actuación del fiscal general. En todo caso, la UPF no suele valorar los actos del fiscal sin más perspectiva. Es una persona que esperamos, porque ese será nuestro bien, que tenga un recorrido exitoso en todos los sentidos.

El puesto vacante de fiscal jefe de Anticorrupción está a punto de cubrirse. ¿Puede esta circunstancia estar afectando a esta investigación?

No debería, no lo sé, pero no debería. El mecanismo de sustitución de la Fiscalía es un mecanismo reglado. Lo que sí nos debería hacer reflexionar es la importancia de que la Fiscalía Anticorrupción sea una Fiscalía con una estructura y una impronta fuerte dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado, y se le dé la importancia que merece, porque es en estos casos cuando se cuestiona más la autonomía del Ministerio Fiscal.

¿Teme que se elija a un fiscal para Anticorrupción por lo manejable que resulte?

Entendemos que deben ser los méritos, siempre los méritos profesionales y la capacidad para afrontar una dificilísima tarea y un difícil legado como el que dejó Antonio Salinas. Hemos de buscar que sea un fiscal lo más capaz posible, porque la misión es difícil.

¿En qué lugar deja todo esto los planes de reforma para que la Fiscalía instruya los casos?

Pues creo que debe ser un ejemplo, en primer lugar, de que el ministro de Justicia no opine sobre la Fiscalía y menos sobre su actuación interna. Porque si hablamos de autonomía del Ministerio Fiscal, hay que hablar ya de esa autonomía.

En segundo lugar, hay que ganarse la confianza de los ciudadanos para que crean en los fiscales y en su profesionalidad. Estas reflexiones tenemos que hacerlas todos, los propios fiscales, pero especialmente los legisladores y el Ejecutivo a la hora de comentar, hacer o justificarse con determinadas actuaciones en las que intervienen los fiscales.