El sexto aniversario de la aprobación de la reforma laboral este 10 de febrero se ha convertido en un revulsivo para sacar a la luz "el impacto muy negativo sobre el empleo y sobre las condiciones laborales" de los trabajadores, según los sindicatos y los partidos de la oposición.

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Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que la medida puesta en marcha por el ministerio de Empleo bajo el mandato de Fátima Báñez se ha traducido en la incorporación al mercado laboral de miles de personas para conseguir que la última Encuesta de Población Activa (EPA) cierre 2017 con una tasa de paro del 16,55% y 18,9 millones de personas ocupadas (en 2012 la ocupación era de 16,9 millones y la tasa de desempleo era del 26,02%), centrales sindicales y partidos subrayan que bajo las cifras triunfalistas del Gobierno se esconde "precariedad, temporalidad, fraude y abuso empresarial". Estas son algunas de las consecuencias que denuncian:

Pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores

La reforma laboral supuso una pérdida de capacidad negociadora del conjunto de los trabajadores. En el sindicato UGT apuntan que la medida laboral aprobada por el Gobierno se ha traducido "un desequilibrio en las relaciones laborales, al primar los convenios de empresa frente a los sectoriales". Esta situación ha provocado "un cambio estructural a peor en el mercado laboral, al fomentar el empleo de mala calidad, precario y de baja productividad".

Desde Comisiones Obreras (CCOO) se argumenta que la devaluación salarial no obedece a los acuerdos recogidos en los convenios colectivos –1,75% de subida en los convenios firmados en 2017–, sino "a la capacidad empresarial para modificar posteriormente los salarios pactados".

En el PSOE añaden que con la reforma laboral "el empresario tiene mayor poder para imponer sus condiciones de trabajo, y de hecho la prueba es que en los convenios de empresa predomina la reducción de la cuantía salarial frente a los convenios de ámbito superior.

Otro elemento que la reforma laboral facilita es la posibilidad de que "el empresario se acoja a cláusulas de descuelgue del Convenio, por causas económicas". Desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2017 se han producido un total de 9.172 inaplicaciones de convenios, que afectan a 353.967 trabajadores, según los datos de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios.

Tanto UGT como CCOO denuncian que surgen "empresas multiservicios" que generan "condiciones muy perniciosas para los trabajadores" porque "están burlando las garantías mínimas que establecen los convenios colectivos de sector y están promoviendo empleos en condiciones laborales y salariales penosas".

Caída de los salarios

El sindicato UGT señala que la "devaluación salarial" se cuantifica "en más de siete puntos desde 2009". Según el sindicato "de 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 26.900 millones de euros, mientras que el excedente empresarial ha crecido en 5.900 millones".

El secretario ejecutivo de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, ha presentado el informe Consecuencias de la reforma laboral. Balance seis años después de su aprobación en el que apunta que la normativa laboral del Gobierno "transfiere 2,4 puntos de rentas de la remuneración de los asalariados al excedente empresarial. Sitúa la remuneración de los asalariados en el 52% del VAB (Valor añadido Bruto) casi dos puntos por debajo la media europea".

Los socialistas subrayan que "el coste salarial medio mensual ha pasado de 2.033,78 euros anuales en el segundo trimestre de 2011 en datos actualizados por la variación del IPC, a 1.942,01 euros en 2017, una caída de un 4,9%".

En el caso de CCOO apuntan que "los salarios han perdido un 7,6% de poder adquisitivo entre 2008 y 2017", y ponen el acento en que "el 10% de los salarios más bajos han perdido un 22% y el segundo 10%, un 13,7%".

Aunque los sindicatos admiten que ha habido un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4% en 2018, también recuerdan que "el 32,75% de los asalariados tenían ingresos equivalentes o inferiores al SMI en 2016, según la Agencia Tributaria, lo que supone un total de 4.380.000 trabajadores".

Más despidos colectivos

En los inicios de la crisis los despidos colectivos, los despidos individuales por causas objetivas y el desempleo parcial supusieron el 23% de todas las altas iniciales en las prestaciones contributivas por desempleo que no eran por terminar un contrato temporal. Desde la reforma laboral, según el PSOE, entre 2012 y 2017 "han pasado a suponer el 42%, prácticamente se han duplicado: de 906.005 altas a 1.715.423, un 89,3% más".

Déficit de la Seguridad Social

El PSOE asegura que otra consecuencia ha sido el aumento del déficit estructural de la Seguridad Social provocada por "la disminución de ingresos por la vía de cotizaciones sociales menores, dado el descenso general de salarios".

"Estos ingresos se han revelado como insuficientes para financiar los gastos contributivos, lo que ha llevado al Gobierno a paliar esta situación recurriendo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha pasado de contar con casi 67.000 millones de euros a finales de 2011, a situarse hoy en día con poco más de 8.000 millones de euros", según señalan los dirigentes socialistas.

La temporalidad, sin freno

UGT también apunta que la reforma laboral no solo no ha acabado con la temporalidad, sino que la ha ampliado. Según la central sindical "dos de cada tres empleos creados han sido de carácter temporal, y la tasa de temporalidad ha escalado hasta el 26,7% en 2017, la más alta desde 2008, y 4,8 puntos más que a principios de 2013".

La temporalidad ha alcanzado niveles estratosféricos. "El 91% de los contratos que se realizan son temporales y, de ellos, el 80% se realiza mediante la modalidad de obra y servicio o eventuales por circunstancias de la producción". A esta situación hay que añadir el incremento de la precariedad a través del "aumento del empleo a tiempo parcial involuntario, que alcanza el 57,3% es de este tipo; y del crecimiento de los contratos de muy corta duración, uno de cada cuatro dura menos de siete días".

Alto índice de precariedad

El índice de precariedad elaborado por Eurostat señala que el 56,8% del empleo creado en España es precario frente al 22% en el conjunto de la Unión Europea. Los socialistas puntualizan que "la tasa de precariedad, los asalariados con contrato temporal, después de ir disminuyendo con la crisis hasta llegar a representar el 23,1% en 2013, ha ido creciendo año a año y en 2017 es el 26,7% de todos los asalariados".

Contratos fijos a emprendedores, que no lo son

Los sindicatos han pedido reiteradamente la eliminación del contrato de apoyo a emprendedores "por ser un contrato temporal encubierto". Esta modalidad de contratación "ha pasado de representar el 5,4% del total de la contratación indefinida en 2012 al 12,8% en 2017".

Tanto UGT como CCOO recuerdan que en el fondo supone mantener un puesto de trabajo durante un año sin indemnización a la finalización del mismo. CCOO explica que "además de suponer peores condiciones laborales, solo el 49,1% de este tipo de contratos se mantiene transcurrido el periodo de prueba". De hecho, la organización de trabajadores comenta que de este tipo de contratos "solo sobreviven 0,98 de cada dos firmados, lo que supone que haría falta firmar 2,04 contratos de emprendedores para consolidar un empleo indefinido que al menos perviva 13 meses".