En su primer mes de gestión, Mauricio Macri dictó cuatro decretos de necesidad y urgencia (DNU), una marca que ninguno de sus antecesores en la presidencia alcanzó en ese período, ni siquiera el matrimonio Kirchner, adalid de los DNU. El FPV adelantó que los rechazará no bien arranquen las sesiones ordinarias en el Congreso -hoy en receso-, mientras que entre los socios del oficialismo se observa cierta incomodidad por el uso reiterado de una herramienta que la Constitución consagra sólo para casos de emergencia nacional.

Pero el Gobierno no parece dispuesto a ceder. "El Congreso va a empezar a sesionar normalmente en marzo y a partir de ese momento las iniciativas del Gobierno van a pasar por su lugar natural, que es el Legislativo. Mientras tanto, gobernamos legítimamente a través de los decretos", dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio

En entrevista con LA NACION, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, argumentó en la misma línea: "El 1° de marzo vamos a plantear una extensísima agenda parlamentaria. Y como todos los presidentes de la democracia usamos las herramientas que te da la Constitución".

Los cuatro DNU en cuestión son de fuerte contenido político: con el primero, Macri modificó el organigrama de los ministerios, que incluye la fusión de los órganos ejecutores que creó el kirchnerismo en la ley de medios. Esto último se tradujo en un posterior DNU, que además modifica aspectos centrales de la ley de comunicación audiovisual. Los otros dos decretos abundan en temas penales: uno de ellos transfiere la tarea de escuchas telefónicas a la Corte Suprema y el otro posterga la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal.

Primera pregunta: ¿responden a una verdadera situación de necesidad y urgencia estos cuatro decretos que emitió Macri? En su mayoría, los legisladores opositores responden que no. Es más, algunos opositores afirman que incluso violan la ley. Segunda pregunta: ¿por qué Macri apela a esta medida excepcional? El macrismo se justifica en que no cuenta con mayoría en el Congreso. En el Senado, el FPV es clara mayoría y en la Cámara de Diputados ejerce la primera minoría. Argumentan que, hasta tanto el oficialismo logre aceitar las negociaciones con los bloques opositores -sobre todo con el FPV-, la medida más expeditiva es el decreto.

Este argumento es discutible. Porque los DNU que emitió Macri no hicieron otra cosa que romper los primeros puentes que había tendido el oficialismo parlamentario con el FPV y distintos sectores de la oposición en el Congreso. Los opositores ahora le achacan a Macri no sólo pretender modificar leyes por decreto, sino incluso designar jueces de la Corte en comisión por decreto, la decisión más polémica que hasta ahora tomó el Gobierno. Le reprochan, además, que durante la campaña se haya mostrado como el abanderado de la institucionalidad y ahora esquive la discusión parlamentaria al no convocar a sesiones extraordinarias.

El riesgo que corre el oficialismo es que, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, el enojo contenido de varios bloques opositores se traduzca en un rechazo a los decretos macristas. El oficialismo, consciente de ello, confía en poder aplacar el enojo de los legisladores tras endulzar con fondos y obras a sus respectivos gobernadores.

¿Lo logrará? Es posible, pero no será tan sencillo. Incluso los sectores de la oposición más conciliadores, como el Frente Renovador o el GEN, miran con recelo estos decretos.

"Hubo temas, como la designación de los jueces en comisión para la Corte, en los que perfectamente se pudo haber obviado el decreto. Se creó un antecedente peligrosísimo -sostuvo Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador-. Otro tema es la cuestión penal: la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo legislar en esta materia, lo que abre una discusión sobre si los dos decretos de Macri sobre el Ministerio Público Fiscal y la entrada en vigor del Código Procesal Penal son viables."

"Está a la vista que el Gobierno decidió prescindir del Congreso lo más que pueda y está legislando por fuera de las atribuciones que tiene, por ejemplo en materia penal. Después del papelón de los jueces «en comisión» se está viendo de no cometer otro error. Se puede dictar un DNU, pero eso tiene el límite de la revisión parlamentaria. En definitiva, habrá que ver si logran los consensos en marzo", dijo Camaño.

Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN) justificó que se dicten DNU en caso de necesidad, como la reformulación de los ministerios, pero anticipó su rechazo a la decisión de modificar leyes por decreto. La oposición más virulenta la ejerce el kirchnerismo. Exige sesiones extraordinarias y no descarta promover la autoconvocatoria de sesiones. Además, ya presentó su dictamen de rechazo al decreto que modifica la ley de ministerios y hará lo propio con los otros cuatro DNU presidenciales.

La ley que regula el uso de los DNU establece plazos perentorios para su tratamiento en la comisión bicameral ad hoc y, posteriormente, en el recinto. Sin embargo, con con el Congreso en receso, el oficialismo pateó la discusión a marzo. El diputado Marcos Cleri (FPV) presentó una ampliación de su denuncia contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo acusa de "obstruir el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente prevista en la ley 26122", y pide que se dicte una medida cautelar para impedir que entre en vigor el decreto 13/2015, referido a la ley de ministerios.