La crisis de las autopistas de peaje quebradas está cada vez más cerca de resolverse sin saber todavía por cuánto le va a salir la operación a los españoles. El Tribunal de Cuentas se ha pronunciado por primera vez sobre el despilfarro y, en un informe de auditoría de las cuentas del país, apunta que la factura pública podría escalar a 3.718 millones de euros.

Este es el importe al que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por el carácter fallido de las concesiones y la reversión de los activos a manos públicas. Un hecho que se producirá en los primeros meses de 2018, tal y como confirmó ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El objetivo del departamento es relicitar los activos en el mismo año por un importe aproximado a los 700 millones de euros y amortiguar el impacto del rescate sobre el déficit público.

A la cifra marcada por el organismo fiscalizador habrá que restar parte de los ingresos obtenidos por la explotación de las autopistas durante los años de concesión. No obstante, el Tribunal advierte de que la factura podría elevarse por las «indemnizaciones por expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar en virtud de resoluciones judiciales que se puedan producir en futuros ejercicios». Sólo en el caso de las radiales R-3 y R-5, de acceso a Madrid, el riesgo por estas expropiaciones asciende a 229 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas también amonesta a Fomento por no recoger el posible impacto de la quiebra de las radiales en las cuentas del departamento. Según su criterio, esta cifra debería haber sido notificada como «pasivo contingente» en la memoria «al menos entre los hechos posteriores al cierre». El departamento de Fomento, entonces dirigido por Ana Pastor, se excusó en que no tenía la información suficiente para desglosar el posible impacto.

Modelo sin peajes

Por otro lado, De la Serna anunció ayer un plan de inversiones en materia de carreteras para impulsar la construcción de nueva infraestructura a través de modelos de colaboración público-privada. El titular de Fomento avanzó que mantiene conversaciones avanzadas con las grandes constructoras del país -agrupadas en la patronal Seopan- y que «pronto» se conocerá con detalle en qué consistirá este nuevo plan.

No obstante, el ministro de Fomento aseguró que el modelo en el que trabaja el departamento no contempla el pago de peajes o por uso de la infraestructura. El Gobierno tiene que desvelar aún qué va a hacer con las grandes concesiones que vencen a partir de 2018 -AP1, AP-7 y AP-4- tras anunciar que no va a prorrogarlas:por un lado podría volver a licitarlas con peajes más blandos o, en línea con sus palabras de ayer, levantar las barreras a la libre circulación de vehículos. Esto, según las empresas, supondría un coste de 450 millones de euros al año para las arcas públicas.

El plan de carreteras se suma al AVE entre Valencia y Barcelona anunciado el miércoles por el ministro por 1.200 millones de euros y al optimismo desplegado por su número 2, Julio Gómez-Pomar, que el lunes vaticinó un próximo incremento de la inversión en obra pública tras siete años de recortes.