“Irregularidades financieras”. Estas dos palabras sobrevuelan Podemos en uno de sus momentos más agridulces. Por un lado, el histórico acercamiento al Gobierno. Por el otro, una polémica que amenaza con alcanzar uno de los pilares del partido morado: la financiación a través de microcréditos.

Fuentes de Podemos explican que José Manuel Calvente, uno de los dos asesores legales del partido despedidos con polémica, maneja información confidencial sobre la financiación de las campañas electorales. Hablan directamente de los microcréditos, el sistema de recaudación de fondos que el partido de Pablo Iglesias utiliza para financiar sus campañas electorales, y del que presume para diferenciarse de los que piden préstamos a los bancos.

La cuestión no es baladí. Hasta ahora, en un duro comunicado que adelantó Vozpópuli,Mónica Carmona Segura (la segunda trabajadora despedida) ha hablado de posibles infracciones penales o administrativas. Ella y Calvente, según su tesis, estaban investigando varios casos sospechosos dentro del partido cuando se toparon con Alberto Rodríguez, actual secretario de Organización, quien frenó la investigación y les despidió vía burofax.

En un primer momento, el partido ha intentado justificar el cese hablando de “reorganización interna”. Tras estallar la polémica, ha cambiado su versión y ha apuntado a un caso de acoso sexual. Esta tesis ha sido negada por Calvente a El Mundo y otros miembros de Podemos coinciden en conversación con este diario de que se trata de una “maniobra” para “desviar el debate público”: “Si hay un caso de acoso se tiene que denunciar. En caso contrario, tiene pinta de ser una maniobra de despiste”, afirman.

Consultoras y financiación

“Calvente maneja información privilegiada y todo depende de lo que se ha podido llevar. Pero el asunto es de enorme gravedad”, reflexionan otros en el partido. El temor es que Calvente abra la caja de Pandora de los microcréditos, o sea, que confirme las sospechas existentes sobre la procedencia de los fondos para las campañas.

El esquema al que apuntan dirigentes de Podemos en conversación con este diario plantea que la financiación de los microcréditos pudo estar inflada a través de encargos recibidos por varias sociedades. Por ejemplo, en campañas electorales en países latinoaméricanos. Y que a través de una contratación tapadera en España, Podemos haya “blanqueado” (este es el término empleado por las fuentes consultadas) esos fondos en los microcréditos.

Más de un dirigente de Podemos menciona la consultora vinculada a Juan Carlos Monedero, sobre cuya existencia este diario dio las primeras informaciones. Esa consultora trabajó en la campaña electoral de Podemos en las generales del pasado abril, y también en las autonómicas de Madrid. El Confidencial, por su parte, apunta a otra empresa de la que fue dueño Rafa Mayoral y que también trabajó para el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Más fondos con menos votos

Otro elemento que alimenta la sospecha es que la recaudación de fondos se disparó cuando Podemos bajaba en peso electoral. “Algo extraño”, reconocen algunos en Podemos. Según los datos oficiales del partido morado, en las generales del 20 de diciembre de 2015, Podemos logró los 2,8 millones de euros en ayudas. El 26 de junio de 2016 obtuvo 1,2 millones. Mientras que en noviembre de este año, Podemos superó los dos millones, levantando la cifra récord de casi un millón en tan solo una semana. En cambio, desde 2016 hasta 2019 el partido ha perdido la mitad de sus diputados.

La sospecha es grave, aunque todas las fuentes consultadas reiteran que la autoridad que puede resolver las dudas es el Tribunal de Cuentas. “Se trata de analizar todas las facturas para comprender si hubo algo irregular”, explican. Calvente habla de “sobresueldos” a cargos de partido, presuntas votaciones internas manipuladas, además de las “irregularidades financieras” reiteradas en la carta confidencial enviada al Consejo Ciudadano de Podemos.

El Tribunal de Cuentas se encarga de analizar las donaciones que reciben los partidos políticos, distinguiendo de si se trata de periodos de campaña electoral o normales. En todo tipo de donación, incluida la “participativa” (es decir, el llamado crowdfunding), el Tribunal analiza si existen casos de fraccionamiento u otras malas prácticas. El problema es que hasta ahora el Tribunal de Cuentas solo ha analizado la fiscalización de los partidos hasta el año 2015.

Guerra interna

El caso de los despedidos abre, además, otra guerra interna. “Calvente estuvo al lado de Pablo e Irene durante todos estos años. Es una persona de confianza de Gloria Elizo y no sorprende que todo haya estallado cuando ella ha obtenido un cargo en la Mesa del Congreso”, señala un miembro de Podemos.

La clave para todas las fuentes consultadas es la gestora de fondos de Podemos. Aunque Calvente se encargaba de los asuntos legales y su otra compañera trabajaba en tema de protección de datos, "pueden tener información privilegiada del despacho de finanzas", repiten en Podemos.