Iñigo Sáenz de Ugarte | El Diario | 06/11/2018

La guerra de Yemen y la venta de armamento español a Arabia Saudí han colocado en una difícil posición al Gobierno de Pedro Sánchez y provocado varias iniciativas parlamentarias para que el Ministerio de Exteriores explique la posición española ante el conflicto.

El ministro de Exteriores tuvo que responder el martes a una pregunta de la senadora de Podemos Idoia Villanueva sobre las relaciones con Arabia Saudí. Josep Borrell legitimó la intervención militar saudí en Yemen con el argumento de que los bombardeos masivos sobre ese país están amparados por la resolución de la ONU.

Es falso que Naciones Unidas haya defendido el uso de la fuerza a través de los bombardeos aéreos saudíes que se iniciaron en marzo de 2015 y que han matado a miles de personas.

«Arabia Saudí lidera una coalición militar árabe que respondió a la petición de un Gobierno que la comunidad internacional considera legítimo de Yemen», dijo Borrell en el pleno del Senado. «La intervención está amparada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, no la califique usted de ilegal. ¿Por qué la califica usted de ilegal? ¿Qué clase de legalidad quiere usted más?».

La primera frase de Borrell es cierta en lo que se refiere al reconocimiento por la ONU del Gobierno del presidente Mansur Hadi, que tuvo que huir de la capital, Saná, cuando las milicias hutíes se hicieron con su control en enero de 2015. La segunda frase no es cierta. No hay ninguna resolución de Naciones Unidas que amparara antes la intervención saudí o la legalizara a posteriori de forma específica.

La resolución del Consejo de Seguridad posterior al inicio de los ataques saudíes se aprobó el 14 de abril de 2015. La resolución 2216 condena a las milicias hutíes por su avance sobre la ciudad de Adén, donde se había refugiado el presidente Hadi, y les ordena que ponga fin a su despliegue militar y que entreguen el poder a las instituciones yemeníes. La decisión, tomada por 14 votos a favor y la abstención de Rusia, supuso un claro respaldo político para el presidente Hadi, pero en ningún momento apoyó de forma directa la intervención militar saudí.

En su parte dispositiva, la resolución ordena a los hutíes que «pongan fin al uso de la violencia», retire sus fuerzas de la capital Saná y entregue las armas conseguidas de los depósitos militares del país. La orden se hace de forma explícita «bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas», que regula el uso de la fuerza, lo que supone una amenaza explícita, pero que nunca se concretó desde el Consejo de Seguridad.

Al igual que en resoluciones y comunicados anteriores sobre la guerra de Yemen, el Consejo de Seguridad reconoce la legitimidad del presidente Hadi y reclama negociaciones directas que permitan una solución política que acabe con el conflicto. No ordena la continuación de la guerra hasta la derrota de los hutíes.

La campaña de bombardeos saudíes y de sus aliados tuvo la oportunidad inicial de centrarse en objetivos militares relacionados con las milicias hutíes. Pero muy pronto comenzó a destruir elementos básicos de la infraestructura civil del país con el ataque a zonas habitadas por civiles. «Los bombardeos indiscriminados de zonas pobladas, con o sin previo aviso, contravienen el Derecho humanitario internacional», dijo en mayo de 2015 Johannes van der Klaauw, coordinador humanitario de la ONU para Yemen. El Gobierno saudí había declarado que toda la ciudad de Saná, controlada por los hutíes, era un objetivo militar legítimo.

Fue el inicio de la larga serie de denuncias realizadas por agencias de Naciones Unidas contra las operaciones militares saudíes.

La intervención militar había comenzado a petición del presidente Hadi, según la versión saudí. En realidad, todas las órdenes partían de los gobiernos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, y en concreto del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán. Miembros de la escolta personal de Bin Salmán, bajo el mando del número dos de los servicios de inteligencia nombrado por el príncipe, viajaron a Estambul para asesinar al periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul.

En noviembre de 2017, Associated Press informó que Hadi llevaba varios meses en arresto domiciliario en su residencia de Riad. En una ocasión, intentó volar a la localidad yemení de Adén junto a sus hijos y sus asesores, pero fue detenido en el aeropuerto y devuelto a la casa. La información confirmaba que Hadi estaba en manos de las autoridades saudíes y que no tenía libertad de movimientos.

Acusaciones a Arabia Saudí por la ONU

El último informe de los expertos asignados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU acusó a la coalición saudí de ser la responsable de la mayor parte de las víctimas civiles ocasionadas por la guerra. La Comisión decidió en septiembre por 21 votos a ocho prorrogar la investigación ante las airadas objeciones de saudíes y emiratíes.

«En los últimos tres años, los ataques aéreos (de la coalición saudí) han alcanzado a zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, instalaciones de detención, barcos civiles e incluso instalaciones médicas», dijo el informe de los expertos. Tales ataques violan las normas que protegen a los civiles en los conflictos bélicos, afirmaron los expertos de la Comisión, y pueden catalogarse de crímenes de guerra. El informe también acusa a los hutíes de utilizar a niños como combatientes y de posibles crímenes de guerra.

El informe se dio a conocer semanas después de que un ataque aéreo de la coalición saudí matara a 40 niños en un autobús escolar en agosto. El arma utilizada era una bomba guiada por láser de fabricación norteamericana.

Naciones Unidas dejó de difundir datos del número de muertos causados por la guerra cuando alcanzó la cifra de 10.000 hace dos años. Otros análisis independientes calculan que al menos han muerto 16.000 personas. El bloqueo naval saudí ha impedido la llegada de alimentos y medicamentos. Ocho millones de personas corren el peligro de morir de hambre por la crisis humanitaria, según Unicef y otras agencias de la ONU.