El manual, al que ha tenido acceso EL MUNDO, indica de forma didáctica cómo burlar los controles del Tribunal de Cuentas

El documento fue utilizado durante la etapa de 'Gürtel' y aconseja desviar ayudas de campaña a cuentas ordinarias

ESTEBAN URREIZTIETA

Madrid

@eurreiztieta

Decenas de alcaldes del PP aprendieron a financiar irregularmente sus campañas durante los años de la trama Gürtel gracias a un detallado powerpoint explicativo al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Los responsables nacionales del partido trasladaban verbalmente a los dirigentes regionales las directrices básicas para superar el límite legal de gasto sin ser descubiertos por el Tribunal de Cuentas.

Algunos de ellos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, plasmaron las instrucciones en diapositivas para transmitir el mensaje en cadena a sus primeros ediles.

En sus proyecciones se instaba a los cargos populares a desviar los donativos a las cuentas corrientes ordinarias para, desde allí, camuflar gastos electorales y no pasar por la cuenta oficial de campaña. Y es que habitualmente con los fondos transferidos por la sede central a estos depósitos se alcanzaba el tope legal.

Por eso se sugería comprar vallas o publicidad en prensa desde las cuentas ordinarias siempre que se falseara la factura para evitar el concepto «para la campaña».

El partido alertaba asimismo del riesgo de «delito electoral» si el partido declaraba al Tribunal las cifras electorales maquilladas y sus proveedores, las reales.

LA SEGUNDA CLASE Tras aconsejar el desvío de donativos a la cuenta corriente ordinaria, el PP alertaba de que el partido declara, por un lado, los gastos de campaña al Tribunal de Cuentas mientras que las empresas los comunican por su cuenta. Al engañar al órgano fiscalizador, ambas partes debían declarar lo mismo.

Este periódico ha tenido acceso al documento que utilizó el PP en sedes regionales como la de Madrid y en el que se explica de forma clara y didáctica cómo debían canalizarse en campaña los fondos recaudados para no levantar las sospechas del Tribunal de Cuentas.

El documento fue bautizado «presentación pueblos financiación de campaña», consta de apenas una decena de páginas y detalla cómo manejar adecuadamente los donativos para gastar lo necesario sorteando las limitaciones legales.

Este periódico ha podido acreditar que fue manejado durante años, los que coincidieron con el apogeo de la trama Gürtel, al menos por los responsables de las campañas electorales en la Comunidad de Madrid y exhibido a primeros ediles del partido en sesiones privadas.

El archivo informático se custodiaba en el ordenador de un destacado responsable del Comité Electoral del PP madrileño y conserva la huella digital de creación del mismo, que identifica su autoría, y la fecha de su primera consulta: el 13 de enero de 1999 a las once y media de la noche.

Por su parte, según precisan a este periódico fuentes de la antigua dirección del PP, este powerpoint recoge fielmente las instrucciones verbales dadas previamente por los dirigentes de Génova a las distintas sedes regionales y describe unas prácticas que la Justicia ya ha acreditado que se llevaron a cabo.

Con su contenido el partido pretendía advertir de los riesgos en los que podían incurrir sus responsables si se instrumentaban los donativos al partido sin control alguno o si se gastaba de más sin tomar las debidas precauciones.

La primera de las imágenes de la proyección aborda en términos generales cómo funciona la «financiación de los partidos políticos» en España. En ella se explica de forma esquemática que, en condiciones normales, la cuenta corriente ordinaria de cualquier sede regional del PP se nutre de las «cuotas ordinarias y extraordinarias» de los afiliados así como de «extras» provenientes de «cenas, loterías y otras actividades organizadas por la formación».

Con los fondos ya en esta cuenta, el partido hace uso de los mismos para «gastos ordinarios y de gestión; alquiler (de las sedes); luz, teléfono y agua; actividades del partido; y personal». Y deja claro que, a priori, «no» se pueden destinar estos para sufragar gastos derivados de las «elecciones».

No en vano, para ello establece la ley que los partidos deben abrir una cuenta de campaña que fiscaliza el Tribunal de Cuentas.

PAGO DE GASTOS EXTRA CON FACTURAS FALSAS En esta diapositiva se alertaba a los cargos del PP de que antes de unas elecciones no se pueden abonar gastos de campaña. Por lo tanto, en el caso de hacerlo, debían encargar facturas falsas en las que no figurase «para la campaña» o «de campaña electoral».

Al mismo tiempo se explicaba a los primeros ediles populares que existía una «cuenta corriente de donaciones» a la que iban a parar las «donaciones particulares» ya sean «nominales» o «anónimas», prohibidas por ley, y las procedentes de «empresas». Siempre teniendo en cuenta que a las entidades que contratan con la Administración no les está permitido donar ni tampoco pagar gastos de campaña o derivados del funcionamiento ordinario de la formación política. Y que los particulares ponían donar con un límite de hasta 6.000 euros.

Con estos dos canales de ingresos abiertos, el partido se encontraba con un gran problema que pasaba a resolverse en la primera página del powerpoint.

Y es que junto a estas dos cuentas corrientes, se encontraba la referida de la campaña electoral, que se nutría básicamente de las aportaciones realizadas por la tesorería nacional del partido.

El nudo gordiano estriba en que sólo con la asignación nacional se cubría habitualmente el límite legal de gasto para las campañas. Por lo tanto, había que idear un subterfugio para gastar lo que se quisiera sin pasar por este último canal, evitar superar el listón establecido, y no levantar sospechas.

Por eso en esta diapositiva figura una flecha que dirige los fondos procedentes de la cuenta de donaciones a la cuenta ordinaria. La explicación es sencilla: si se canalizaban directamente las ayudas a la cuenta de campaña se superaría automáticamente el tope.

Al abrir este ramal bancario los donativos se diluían entre el resto de operaciones habituales y desde dicho depósito se realizaban pagos relacionados con la campaña pasando inadvertidos.

CÓMO EVITAR EL TEMIDO DELITO ELECTORAL Si el PP declaraba gastos de campaña por valor de «5.000» y las empresas que hicieron los trabajos comunicaban al Tribunal de Cuentas haber cobrado «5.600» se incurría en un delito. Por lo tanto, el partido instaba a consensuar las cifras con los contratistas.

Una vez sentadas estas normas básicas de funcionamiento, se alertaba a los cargos populares en la siguiente página de otro importante riesgo latente. El de que se produjera un descuadre entre la cifra que declaraba el partido al Tribunal de Cuentas por los gastos de campaña y los que declaraban las empresas proveedoras a las que habían contratado las diferentes sedes.

Es decir, existía el peligro de que se contrapusiesen de golpe las cifras oficiales con las reales evidenciándose el descuadre.

De esta forma, y de una manera gráfica, se explicaba a los cargos públicos que cabía la posibilidad de que las sedes pagasen a las empresas proveedoras «5.600», como cifra indicativa, y que tanto el partido a nivel «nacional» como «regional» declaren sólo «5.000» para no superar los límites de gasto fijados.

De esta forma uno de los problemas a los que se enfrentaba habitualmente la formación era que el órgano fiscalizador disponía, por un lado, de una cifra de gasto que se ajustaba casi siempre a la realidad, la que declaraban las empresas que participaban, ajenas a los límites del Tribunal de Cuentas. Y, al mismo tiempo, de otra mucho mucho menor y falsa, la facilitada por la propia formación política.

De ahí que el powerpoint recalcara que se podía dar perfectamente la circunstancia de que «comunicamos 5.000» y, a renglón seguido, las empresas «informen al Tribunal, 5.600». De darse esta circunstancia, se incurriría en «delito electoral».

LA HUELLA DIGITAL DE LA «PRESENTACIÓN» El archivo informático de las diapositivas conserva la identidad del ex responsable de las campañas del PP madrileño que, según los metadatos a los que ha podido tener acceso EL MUNDO, creó en 1999 y manejó durante años este detallado manual de financiación irregular.

Por eso se aleccionaba a los cargos del PP de la importancia de consensuar con los proveedores y con el propio partido las cifras que iban a ser comunicadas finalmente al órgano fiscalizador. Este apartado se resalta con una gran flecha de color rojo y con la referencia al temido «delito electoral» en mayúsculas, con un tipo de letra mayor en señal de peligro.

Junto a las dos bloques de diapositivas anteriores, se incorporaba a la presentación una filmina en la que se recalcaba otro apartado muy a tener en cuenta: lo que «se puede hacer y lo que no antes de la campaña y en campaña».

Con anterioridad a los comicios se establece como funcionamiento normal que las «donaciones» se canalicen a través de la «cuenta corriente regional de donaciones», que de ahí pasen a la «cuenta corriente ordinaria» y que acaben transfiriéndose a las empresas que prestan los servicios para el funcionamiento rutinario. Hasta ahí ningún problema.

En vísperas de unas elecciones esta dinámica no representa ningún peligro siempre y cuando se tuviera en cuenta que «no se puede pagar» algo «para suministrar en campaña».

Por eso, si se hacía, lo cual constituía una práctica habitual, ya fuera abonar con antelación «inserciones en prensa o radio» o «vallas», se debía emitir una factura falsa para burlar los controles legales.

En los recibos no debía figurar bajo ningún concepto «nada» que pudiera relacionar el pago con la «campaña». Debiendo eliminarse referencias del tipo «para la campaña», «de campaña electoral, etc.».

Una vez ya en plenos comicios autonómicos y municipales, se explica en la misma diapositiva, las donaciones debían seguir el mismo orden descrito anteriormente. Esto es, que pasaran directamente de la cuenta de donaciones a la cuenta corriente regional. Para, desde allí, sufragar gastos extra. En ningún caso el trasvase de los donativos debía realizarse directamente a la cuenta de campaña para no superar los límites establecidos.

Mediante esta fórmula, como se ha mencionado anteriormente, se diluían en la cuenta corriente habitual y se camuflaban los pagos electorales situándolos lejos del foco del Tribunal de Cuentas, que concentraba todos sus esfuerzos en la cuenta oficial de campaña.

Por último, había que tener en cuenta, tal y como se explica en otra diapositiva, que los fondos «presupuestados» para la campaña y, por lo tanto, declarados al Tribunal de Cuentas, debían canalizarse a través de la cuenta corriente de campaña para, desde allí, pagar «sobres y papeletas, propaganda y publicidad, alquiler de locales, personal, transporte de candidatos, correspondencia y franqueo; intereses de crédito; y varios». Si se quería inflar el canal oficial las únicas «soluciones» pasaban por «aumentar el presupuesto» siempre y cuando se redujera «el de otras comunidades». O colar los gastos en las cuentas de funcionamiento ordinario.