Mendoza sufrió esta semana uno de los ataques políticos contra el medio ambiente más graves que se hayan visto en las últimas décadas: la reforma de la Ley 7722, conquistada en el 2007 con enormes movilizaciones populares, que prohibía el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. En la práctica lo que esta ley impedía era el proceso de separación de metales y otros minerales a través del peligroso y contaminante método de lixiviación con soluciones químicas con cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares; rentables para emprendimientos de la “megaminería” pero profundamente contaminantes de los cursos hídricos sometidos a derrames, filtraciones y otro tipo de incidentes que pueden llegar a tomar dimensiones catastróficas como los derrumbes de los diques de cola que se han cobrado la vida de cientos de personas en países como Brasil.

La destrucción de esta ley ambiental fue negociada entre el gobierno de Mendoza del macrista de Rodolfo Suárez y el gobierno nacional de Alberto Fernández, con fuertes intereses en el desarrollo de la megaminería, a través de su ministro del área, Alberto Hensel, proveniente del gobierno de San Juan, donde estuvo encargado de proteger la impunidad de la empresa Barrick Gold, responsable de contaminar cinco ríos tras sucesivos derrames de millones de litros de solución cianurada. La negociación entre Suárez y Fernández fue presentada por el presidente como un logro de su gestión en la cena que tuvo con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, donde dio por aprobada la reforma de la Ley 7722 y anunció el objetivo de eliminar esas restricciones ambientales también en otras provincias como Chubut. Al igual que lo había hecho Mauricio Macri, el nuevo gobierno nacional instrumentó también una rebaja de las retenciones a las exportaciones mineras en el paquete de la “ley de emergencia económica” votada simultáneamente en el Congreso.

El pacto fue anunciado en Mendoza por la ex candidata a gobernadora del PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien –a pesar de haberse comprometido en su campaña a respetar el marco legal de la Ley 7722– instruyó a sus legisladores para que en menos de una semana consensuaran un despacho con el bloque macrista de Cambia Mendoza donde se garantizase la legalización del cianuro, el ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares a gran escala, para que pudiese avanzar la megaminería. Como así también, la eliminación del requisito previsto en la ley 7722 de que las Declaraciones de Impacto Ambiental con las que el Ejecutivo provincial autoriza estos megaemprendimientos sobre la Cordillera, sus ríos y glaciares, deban pasar por la Legislatura y quedar sujetas a su ratificación o rechazo por ley.

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Una respuesta de la burguesía y sus partidos a la crisis

Sin embargo la cámara de empresarios mineros, apoyada por la cúpula empresaria mendocina, el PJ y la UCR, ha definido como política estratégica lo que denominan una “ampliación de la matriz productiva”, que implica terminar con la legislación ambiental que le impide avanzar en veinte emprendimientos de minería metalífera en la cordillera, la mayoría de ellos radicados incluso en áreas naturales protegidas. Además del avance en prácticas altamente contaminantes dentro de la explotación de los hidrocarburos como es el fracking.

El apoyo de la cúpula capitalista y sus partidos tradicionales (UCR, PJ y PD) al lobby de la megaminería -que amenaza el desarrollo de la propia agricultura o la comercialización de la misma industria vitivinícola-, muestra un momento de crisis profunda en sus perspectivas de desarrollo frustradas por más de una década de crisis capitalista internacional y ocho años de estancamiento económico. La débil y “angustiada” clase capitalista local, abandonada por el capital financiero y frustrada en sus expectativas de que la devaluación favoreciese la exportación en un contexto internacional tan distinto al de la década pasada, ha encontrado su única esperanza de negocios en la asociación con el capital minero internacional que pareciera interesarse en hacerse de áreas mineras de la provincia en las que puedan desarrollar o retener derechos mineros, según oscilen los precios y la demanda internacional de estos minerales.

Han decidido profundizar entonces, un proceso que el geógrafo marxista David Harvey ha denominado como “acumulación por desposesión”, a través de la entrega de nuestra cordillera a grandes multinacionales de la megaminería. Este proceso es parte de una respuesta profunda del imperialismo y el capital financiero a la tendencia a desarrollar crisis de sobreacumulación -explicadas teóricamente por la noción de caída de la tasa de ganancia- arrastrada durante décadas, y que no pudo resolver la ofensiva neoliberal. Y que explica la incapacidad de acumular capital a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable, y lleva a las potencias imperialistas a intentar acumular cada vez más mediante la desposesión.

Esta asociación de las burguesías latinoamericanas con el imperialismo a través de capitales extractivistas que imponen condiciones brutales sobre la sociedad y el medioambiente, lleva cada vez a relaciones más peligrosas y una vinculación directa con las tendencias al golpismo y gobiernos autoritarios capaces de garantizarles orden y subordinación a sus negocios, como pudimos ver en Bolivia y las estrechas relaciones entre el golpismo y las disputas por el extractivismo en minería y el agronegocio.

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La amenaza capitalista y el cambio climático

Como podemos ver en las siguientes tablas y los gráficos tomados de informes del Departamento General de Irrigación, Mendoza atraviesa la peor emergencia hídrica que haya vivido en décadas.

Tomando al río Diamante como ejemplo, se observa que desde 2010 experimentamos una crisis hídrica con caudales menores al promedio histórico, y que la temporada actual está resultando ser la más crítica del período 2005–2019. En todos los ríos de la provincia, esta crisis implica una dramática escasez de agua para el riego de los oasis productivos y el abastecimiento de agua potable para consumo de los mendocinos.

Afectadas tanto por el cambio climático como por un ciclo más coyuntural –las escasas nevadas del invierno 2018 y menores aún en 2019–, agudizan la crisis hídrica más severa de los últimos 110 años en los Andes del oeste argentino, como muestran estos gráficos y mapas aportados por el IANIGLA.

Los glaciares pierden masa y superficie, los ríos transportan caudales cada vez menores y los diques-embalses se encuentran muy por debajo de sus promedios históricos. Los turnos de riego en las fincas se hacen cada vez más esporádicos, y toda la población urbana es controlada mediante graves multas y sanciones para no regar jardines o limpiar autos fuera de estrictos horarios. El propio consumo de agua potable se ve también afectado en zonas aquejadas por el avance de la desertificación provocada tanto por factores climáticos como por el manejo de la irrigación de la agricultura local.

Es en ese contexto crítico que el pacto entre la UCR y el PJ para destruir esta ley ambiental ha conmocionado a la sociedad y despertado un enorme repudio, movilizando a miles de personas a las puertas de la Legislatura provincial y convocando a masivos cortes de ruta en Gral. Alvear, Uspallata, Tunuyán, San Carlos y otros departamentos del interior provincial que duraron todo el día, con las banderas de “La 7722 no se toca” y “El agua de Mendoza no se negocia”. Nuevas movilizaciones y cortes están siendo convocadas también en este momento.

Extractivismo y crímenes ambientales

El capital minero no requiere de ningún relato, está acusado de todo tipo de crímenes a lo largo y ancho del planeta y prosigue sus negocios sin problemas. Pero la corrompida casta política mendocina sí. Partidos políticos tradicionalistas que gustan de celebrarse a sí mismos como continuadores de los proyectos de San Martín, los pioneros inmigrantes que desarrollaron la vitivinicultura moderna y el turismo, no pueden habilitar sin más un crimen social y ambiental como es el uso del cianuro y el ácido sulfúrico a gran escala.

Para eso han justificado su decisión en dos argumentos centrales: que la ampliación de la matriz productiva hacia la minería metalífera que ya ha desarrollado San Juan, permitiría crear muchos y mejores puestos de trabajo. Y que las regalías que podría recibir la provincia posibilitarían, entre otras cosas, mejorar el propio uso del agua creando un fondo que financie este tipo de obras. En su defensa, minimizan los riesgos del uso de sustancias tóxicas a gran escala y la creación de diques de cola con esos residuos emplazados en las cuencas hídricas que nacen en la Cordillera, requiriéndole a las empresas que se apeguen a determinados protocolos o normas de seguridad.

Para desmentir esta última falacia no hace falta mucho más que señalar que la propia Barrick, responsable de los derrames en San Juan, había certificado con éxito esos mismos protocolos y exigencias de los organismos de control antes de ocasionar los enormes derrames provocados por roturas de válvulas y cañerías de sus valles de lixiviación.

Las promesas de “estrictos controles ajustados a los estándares internacionales” realizadas por el gobernador Suárez o el planteo irrisorio de “riesgo cero de contaminación para el agua de Mendoza” planteado por Anabel Fernández Sagasti como condición al apoyo prestado a la reforma de la 7722 y la habilitación del uso de estas mismas sustancias y diques de cola en plena cordillera de Mendoza, no tienen ningún tipo de sustento nacional ni internacional, y el pueblo de Mendoza que vivió de cerca el drama de la vecina provincia de San Juan tras los derrames de la Barrick no les cree.

Pero veamos también los otros dos argumentos que utilizaron y si es cierto que la matriz extractiva de la megaminería en San Juan es mejor o peor a la que actualmente tiene Mendoza.

Las mentiras del lobby

La primera falacia sobre la que se monta el discurso de este lobby es que la provincia no estaría haciendo uso de los recursos de su subsuelo. Lo que es falso, ya que se siguen explotando sus hidrocarburos, además de su minería no metalífera, que ubica a Mendoza muy por encima de San Juan en la cantidad de trabajadores empleados en el sector y con mejores salarios. Las falsas promesas de los políticos radicales y peronistas, pero también de medios de comunicación comprados por el lobby de la megaminería, y la de la creación de hasta 130.000 puestos de trabajo si se autoriza el uso del cianuro en la minería metalífera modificando la Ley 7722, caen en el ridículo cuando el número de trabajadores registrados en la minería metalífera en todo el país fue apenas 9.682 en el primer trimestre de 2019, según el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Pero además podemos ver cómo las provincias basadas en la matriz extractivista de la megaminería, como San Juan y Catamarca, son mucho más vulnerables en materia de empleo que el promedio nacional y la propia provincia de Mendoza (que ya se encuentra de por sí en una situación crítica), como se puede ver en este gráfico que muestra la enorme caída en la cantidad de asalariados comparativamente.

Otro argumento repetido hasta el cansancio durante la campaña contra la 7722 eran las regalías que Mendoza estaba perdiendo por no entregarle el oro y el cobre a capitales rusos como “Proyecto San Jorge” en Uspallata. Lo cierto es que a pesar de la enorme envergadura (y riesgos) de este emprendimiento minero, el impacto de sus regalías (basadas en la Ley menemista de inversiones mineras todavía vigente) sería absolutamente ínfimo para el presupuesto público provincial. Como podemos ver en estas series y gráficos.

Incluso podemos ver cómo los ingresos por regalías que tiene Mendoza a partir de los hidrocarburos en la actualidad son mucho mayores a los que tiene San Juan a partir de la megaminería.

Un verdadero y profundo cambio de la matriz productiva, no extractivista, sino planificado en base los intereses de las grandes mayorías y las futuras generaciones, necesita basarse en la nacionalización integral del petróleo -que sigue siendo la principal renta de la región- que permitiría usar la explotación y refinación del petróleo convencional para financiar un plan de obras públicas que ayuden a mejorar el uso del agua, la necesidad de viviendas, fijar tarifas de combustibles y servicios que dependen de este, más accesibles para la población. Así como utilizar una buena parte de esa renta para financiar un plan de reconversión profunda y estratégica hacia una matriz energética limpia y renovable, que requiere altos niveles de inversión tecnológica e industrial, y poder dejar progresivamente de utilizar combustibles fósiles que afectan al calentamiento global y la contaminación del planeta.

Para esto tenemos que unir la lucha ambiental del pueblo de Mendoza y Argentina a las fuerzas de la juventud y la clase trabajadora. Debemos derrotar esta ofensiva tóxica de la megaminería impulsada por el gobierno nacional de Alberto Fernández y los gobiernos provinciales comprados por este lobby. La lucha por salvar el agua de Mendoza es parte de la lucha por darle un futuro a la juventud, que no es otra cosa que darle un futuro al mundo.