Es 7 de septiembre de 2012 y Fernanda Rubí llega al Bulldog Bar de Orizaba, a las 22:30 horas, cuando la fiesta apenas inicia. “Estoy bien –le dice en ese momento a su madre, Araceli, por teléfono–, en un rato voy para la casa, bye mami, te amo…” Quince minutos después, cuatro sujetos entran al negocio y se llevan a rastras a esta joven de 21 años; ella pide auxilio, pero nadie la asiste, ni siquiera los vigilantes del bar. Durante ese fin de semana, otras siete personas son también secuestradas en este municipio de Veracruz, y al cabo de un año, nada se sabe de ellos.

Por ninguna de estas víctimas se pidió un rescate. Simplemente fueron raptadas y desaparecidas, algunas en lugares públicos, como el caso de Fernanda, o el de Joshua, un niño de 14 años plagiado en la alameda central de Orizaba un día después, el 8 de septiembre.

Sus captores nunca se comunicaron ni pidieron dinero por devolverlos con vida y, de hecho, los únicos que pretendieron medrar económicamente con estas desapariciones fueron las autoridades municipales de Orizaba que, en enero pasado, intentaron cobrar 990 pesos a los padres de estas víctimas, por cada manta de búsqueda que quisieran colocar en la vía pública.

“Las autoridades de Veracruz dicen que mi hija le gustó a algún narco –narra Araceli–, dicen que, como era bonita, alguien la mandó pedir… ¿Se vale que le digan eso a una madre? No, no se vale, porque ni siquiera de eso pueden estar seguros en la procuraduría estatal, ya que, en realidad, no han investigado nada.”

El bar donde fue raptada Fernanda Rubí, destaca su madre, se encuentra a menos de 50 metros de la comandancia de la policía municipal, en un punto rodeado de cámaras de seguridad pública, además de que el establecimiento también contaba con un circuito cerrado de videovigilancia.

No obstante, dice Araceli, a un año del rapto, esas imágenes no han sido recabadas por el gobierno de Veracruz, aún cuando éste mismo coordina la operación de las cámaras en vía pública, y que permitirían conocer los rostros de las cuatro personas que la secuestraron, así como las placas del auto Ibiza amarillo en el que la obligaron a abordar, para huir en él.

“Las autoridades de Veracruz dicen que mi hija le gustó a algún narco, dicen que, como era bonita, alguien la mandó pedir… ¿Se vale que le digan eso a una madre?”. Araceli Jiménez, madre de una desaparecida.

Fernanda Rubí Salcedo Jiménez se preparaba para iniciar los estudios universitarios, cuando fue secuestrada y desaparecida. “Su sueño es ser chef –rememora su mamá, entre el llanto–… ella es una niña sana, deportista… ella sabe que su madre la busca y que su mamá la va a encontrar, ella decía que yo era su supermami, y su supermami aquí está, de pie, buscándola, porque nadie más lo hace…”

Al día siguiente del secuestro, narra Araceli, “fui a denunciar a la Procuraduría estatal, en las oficinas de Orizaba, y ahí me dijeron que tenía que esperar 72 horas, porque seguramente se había ido con el novio; no les importó que hubiera testigos de que mi niña fue raptada contra su voluntad, testimonios de que cuatro sujetos entraron al bar, la cargaron y se la llevaron, testigos de que ella pidió auxilio, y aún así se negaron a investigar nada durante los primeros tres días… y luego se han negado a realizar una investigación real, sólo dicen que están trabajando pero, en los hechos, no nos han entregado el más mínimo resultado.”

Fue ante la total omisión de las autoridades para emprender la búsqueda de víctimas de desaparición forzada que, el pasado 5 de mayo, Araceli y familias de otras siete personas raptadas en el estado entre 2011 y 2013 emboscaron, literalmente, al gobernador Javier Duarte, cuando visitó Orizaba para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

A mitad del acto oficial organizado por el gobierno de extracción priista en el centro recreativo Paso Coyol, recuerda Araceli, “nosotras nos pusimos en pie frente a Duarte y desplegamos las mantas con los rostros de nuestros hijos e hijas, y de nuestros esposos y hermanos, y en ese momento denunciamos públicamente que el gobierno estatal nada estaba haciendo por encontrarlos… entonces, a Duarte no le quedó de otra que atendernos, al concluir el acto. Ahí nos prometió que daría seguimiento personal a los ocho casos de desaparición que le presentamos, y se comprometió a atendernos cada semana, para darnos un reporte de avances en las investigaciones; sin embargo, nunca más nos volvió a dar la cara y, por supuesto, en la Procuraduría de Veracruz no investigaron nada ni se cumplió con las reuniones semanales que nos ofreció el gobernador.”

Cabe destacar que de las ocho víctimas desaparecidas entre el 7 y el 8 de septiembre de 2012 en Orizaba, en la actualidad sólo se mantiene la búsqueda de dos, Fernanda y Joshua, ya que “los papás del resto están asustados –se lamenta Araceli–, ellos tienen miedo de movilizarse, y yo respeto mucho esa decisión, pero en mi caso, si yo vivo un día más, ese día es para buscar a Fernanda, yo no puedo vivir sin mi hija, yo no puedo retomar mi vida como si nada hubiera pasado, porque si yo sufro mucho, más debe estar sufriendo ella, y no voy a parar hasta encontrarla”.