El mayo de 2012 de la comuna de Freirina –Región de Atacama, provincia del Huasco, 6 mil habitantes–, fue convulso. Las protestas de sus pobladores arreciaban en contra de la presencia de una planta de Agrosuper que emanaba olores molestos que colmaron la paciencia de los habitantes de la comuna.

El sábado 19 de ese mes los manifestantes quemaron dos vehículos policiales. El contexto incluía cortes de ruta, barricadas y constantes enfrentamientos con carabineros, quienes buscaban despejar los caminos y permitir el ingreso y salida de los camiones de la planta de cerdos.

Un día después, Roger Robles –de 23 años al momento de ocurridos los hechos–, recorría la ruta C 46, que une las comunas de Freirina y Vallenar, en la camioneta Ford Ranger blanca de su padre, cuando tres conocidos del sector le hicieron dedo para que los llevara. Esos tres hombres eran Eleazar Castillo (27), Víctor Castillo (39) y Mauricio Carvajal (30), quien ese día estaba de cumpleaños y junto a sus amigos viajaba a Vallenar en busca de provisiones para la celebración.

Según la querella que los cuatro luego presentaron en tribunales, los problemas comenzaron cuando un contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros los detuvo justo en las afueras de la planta de Agrosuper, ubicada en el kilómetro 18 de la ruta C 46. Primero les pidieron su carné de identidad, después los documentos del vehículo y luego los hicieron descender del mismo. El primero al que golpearon fue a Roger, quien cuestionó que los obligaran a voltearse para ser revisados por la policía.

Después lo que vino, siempre de acuerdo a la versión de los cuatro pobladores de Freirina, fue una lluvia de combos y patadas. La querella es textual: “Eleazar fue tomado de la cabeza y violentamente golpeado contra el suelo lo que le produjo una profunda herida con sangramiento en su labio, mientras todos eran agredidos”.

“Roger gritaba que se detuvieran señalándoles que es hipertenso y que se dializa, intentando en vano mostrarles la fístula que tiene en su muñeca producto de las intervenciones médicas”, acusa la querella, pero sus peticiones no habrían tenido respuesta.

A medida que los golpeaban, los funcionarios de las Fuerzas Especiales los acusaban de “terroristas”, y aseguraban que los matarían, según denunciaron los cuatro hombres a la Justicia. El relato de la querella recrudece cuando asegura que “los agresores acuestan al grupo boca hacia el suelo, uno al lado de otro con las manos en la espalda, para proceder a caminar con sus botas sobre sus tobillos, rodillas y otras partes del cuerpo, mientras continuaban golpeándolos con los bastones retráctiles de servicio”.

Según los denunciantes, los “apremios ilegítimos” –que es la única figura legal que aparece en el Código Penal que se aproxima a la definición de tortura–, no consistieron solo en golpes, insultos y amenazas. Cuando los cuatro hombres ya estaban tendidos en el suelo, “uno de los funcionarios comenzó a gritar 'Violémonos a estos hueones', y en ese momento es que le bajan los pantalones a Víctor, para intentar introducir el bastón policial en su ano, por lo que Víctor giraba su cuerpo para impedir tal propósito, mientras que los funcionarios lo volvieron a girar en reiteradas ocasiones para insistir con la agresión sexual, logrando apoyar y presionar el bastón sobre su ano sin penetración”, asegura el escrito presentado en tribunales.

Según los denunciantes, los “apremios ilegítimos” –que es la única figura legal que aparece en el Código Penal que se aproxima a la definición de tortura–, no consistieron solo en golpes, insultos y amenazas. Cuando los cuatro hombres ya estaban tendidos en el suelo, “uno de los funcionarios comenzó a gritar 'Violémonos a estos hueones', y en ese momento es que le bajan los pantalones a Víctor, para intentar introducir el bastón policial en su ano, por lo que Víctor giraba su cuerpo para impedir tal propósito, mientras que los funcionarios lo volvieron a girar en reiteradas ocasiones para insistir con la agresión sexual, logrando apoyar y presionar el bastón sobre su ano sin penetración”, asegura el escrito presentado en tribunales.

“Luego, otro funcionario grita 'Mejor quememos a estos hueones', procediendo a prender encendedores cerca de la oreja izquierda de Eleazar para amedrentarlo. Roger insistía en que se detuvieran señalando una y otra vez que iba en búsqueda de su madre que traía su medicina, ante lo cual, las respuestas de Carabineros seguían siendo insultos y amenazas de muerte. Entre tanto, a Mauricio un funcionario lo toma por la garganta levantándolo, para decirle 'tú, hueón, quemaste los carros ayer', 'nos costaron 150 millones de pesos cada uno', 'ustedes son terroristas de Santiago'".

La querella fue acogida por el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, y el 20 de mayo de 2014 la Fiscalía formalizó a cuatro de los carabineros que formaban parte del contingente de Copiapó que detuvo a Roger, Eleazar, Mauricio y Víctor. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se sumaron como querellantes a la causa.

La defensa de los carabineros imputados la asumió la Defensoría Penal Pública (DPP) de Atacama. El jefe de estudios del organismo en esa región, Renato González, explica que la versión de sus defendidos es contraria a la que plantean los querellantes, y que existen tres hechos narrados en la querella que distancian las versiones: “Respecto de que a una persona se le habrían bajado los pantalones, ese hecho el carabinero lo niega. Otro hecho es que a una víctima se le habría intimidado con un encendedor, ese hecho es absolutamente negado por carabineros. Tercer hecho, que los carabineros habrían señalado que los iban a subir a un helicóptero y trasladar a Santiago como terroristas, eso también es negado por los funcionarios”, asegura el defensor.

González indica además que el hecho se desarrolló en un control vehicular de rutina, que los carabineros solo “aplicaron la fuerza necesaria para reducir a una persona en ese contexto”, y que a los detenidos se les incautaron miguelitos –usados en los cortes de ruta–, piedras y máscaras de gas, lo que haría presumir su participación en las protestas.

Esto es negado por uno de los querellantes, Roger Robles, quien relata que carabineros retiró los cargos y no los acusó por nada. Dice que luego de los golpes y amenazas “nos metieron a un carro policial que estaba dentro de la planta (de Agrosuper) y de ahí nos trasladaron a la tenencia de Vallenar por un camino largo en medio de los cerros, nosotros nos asustamos porque pensamos que nos iban a hacer algo peor. En el camino me dijeron que yo iba por estado de ebriedad, a otros por terroristas y a otros por negación de identidad. Al final fue por porte de arma blanca. No sabían de qué acusarnos”, comenta.

En Carabineros prefirieron no referirse a este caso, argumentando que se encuentra en tribunales. El juicio oral iba a comenzar la semana pasada, pero la defensa de los carabineros solicitó acceder a pruebas que no había conocido hasta ahora, por lo que el proceso se pospuso para el 6 de octubre. La abogada de los querellantes, Fabiola García, comenta que “el tribunal deberá determinar si hubo o no apremios ilegítimos. Pero a ellos les acercaron encendedores a los oídos, les ejercieron presión en su zona anal con los bastones de carabineros. Los pasearon por una serie de zonas arriba de carros policiales y les decían 'aquí los vamos a hacer desaparecer'. Además fueron golpeados y sometidos a tratos vejatorios”.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, plantea que en el Instituto se enteraron de estos hechos por una misión de observadores que enviaron mientras ocurrían las protestas en el sector, donde “se produjeron hechos de violencia policial. Uno de esos hechos fueron estos actos de tortura en contra de cuatro personas, donde hoy hay cuatro carabineros acusados”. Esos cuatro carabineros son Pablo Andrades Campos, Juan Pérez Astudillo, Cristián Opazo Salinas y el capitán Óscar Orellana Antigas, a quien no se acusa de participar en los hechos, pero sí de presenciarlos y de estar a cargo del grupo que habría incurrido en ellos.

“Es importante aclarar que estos actos de tortura se dan en el marco de un control de identidad, y eso es clave en el debate actual donde algunos buscan darle más facultades a la policía”, señala Bustos, haciendo referencia al debate instalado en el Congreso por quienes buscan reponer la llamada detención por sospecha.

“Carabineros tampoco ha sancionado a estas cuatro personas, realizaron un sumario interno y no los sancionaron. Por eso es tan importante que este caso y otros se conozcan en la justicia ordinaria y no en la justicia militar”, añade, poniendo el acento en una de las particularidades que tiene este caso y otros, en que las acusaciones contra uniformados en ejercicio han comenzado a procesarse en la justicia ordinaria.

Las otras querellas por torturas

Este no ha sido un año fácil para Carabineros. Durante las protestas del 21 de mayo en Valparaíso, dos chorros de uno de sus carros lanzagua dejaron al borde de la muerte al estudiante de la Universidad Católica, Rodrigo Avilés, y la madrugada del pasado 24 de julio varias balas disparadas por uniformados le quitaron la vida al minero subcontratado Nelson Quichillao.

Y aunque en esos dos casos ya existen acciones legales contra los carabineros que resulten responsables, el abogado del INDH hace referencia a otros en los que funcionarios policiales están siendo investigados por denuncias de civiles que aseguran que fueron torturados por ellos. Indica, además, que desde el año pasado existen fallos, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, que han determinado que estos casos sean vistos en la justicia civil.

En Rancagua hay cuatro carabineros formalizados por haber desnudado a estudiantes al interior de una comisaría, y en Temuco “son casos de torturas contra personas. Hay también varias querellas contra carabineros por torturas en el marco del conflicto del Estado con las comunidades mapuche”, agrega el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Pero uno de los casos más recientes es la denuncia presentada por dos estudiantes de la UTEM, Cristóbal Miranda (19) y Germán Urrutia (18), quienes fueron detenidos por carabineros en las protestas que el movimiento estudiantil convocó el pasado 18 de junio.

Según denunciaron ambos estudiantes, fueron golpeados, escupidos en la cara y torturados con bolsas plásticas en sus cabezas por miembros de las Fuerzas Especiales, quienes los detuvieron acusándolos por porte de bombas molotov. En este caso los supuestos apremios ilegítimos quedaron consignados en un informe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y en una querella que el INDH presentó contra los funcionarios que resulten responsables.