Tan solo 48 días después de entrar en prisión el Departamento de Justicia de la Generalitat ha otorgado el tercer grado penitenciario a los expresidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Enric Roig y Antoni Herce, que fueron condenados a cuatro años y medio de prisión cada uno por malversar 2,7 millones de euros de las arcas públicas.

El tercer grado supone la aplicación del régimen abierto para ambos presos, que este martes ya abandonaron la cárcel. A partir de ahora solo tendrán la obligación de acudir para pernoctar de lunes a jueves. Y ni siquiera hará falta que lo hagan en Quatre Camins, sino que pueden acudir a un centro de régimen abierto que tiene la Generalitat en la prisión Modelo de la ciudad de Barcelona.

El tercer grado penitenciario fue acordado de manera unánime por la junta de tratamiento de la prisión el pasado lunes. La junta la preside el director de Quatre Camins, José Custodio, que puede delagr en el subdirector. De ella también forman parte el jurista del centro y diversos profesionales. Ninguno realizó objeciones al régimen abierto para los dos presos y se valoró que eran delincuentes primarios, con voluntad de devolver lo que se llevaron y con un entorno social y familiar estable.

Los dos presos habían intentado evitar su ingreso en la cárcel con la petición del indulto al Gobierno. Al ser denegado, la Audiencia de Barcelona ordenó el encarcelamiento para cumplir la pena. Enric Roig fue presidente de Ferrocarrils de la Generalitat entre 1993 y 1999 y le sucedió un año en el cargo Antonio Herce, cuando el presidente de la Generalitat era Jordi Pujol. La sentencia relata que en el año 1991 constituyeron un fondo de pensiones ilegal para directivos de espaldas a la Administración y sin control oficial. Al final, 15 de esos directivos se repartieron los 2,7 millones.

Por este mismo caso también fue juzgado Albert Vilalta, consejero de Medio Ambiente de la Generalitat con Pujol y secretario de Estado de Infraestructuras con José María Aznar. Los jueces sentenciaron que prevaricó como los demás, aunque él no cobrase ningún dinero. Fue absuelto porque el delito había prescrito.

Antoni Herce.

Diversas fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS coincidieron ayer en resaltar que la decisión de la Generalitat se ajusta a la legalidad, pero supone un trato de favor respecto a lo que es la práctica habitual con el resto de presos y a la aplicación de la legislación penitenciaria. El Departamento de Justicia dictó hace apenas un año la circular 2/12 en la que se asegura que el criterio general para la concesión del tercer grado penitenciario es haber cumplido la mitad de la condena. En el caso de Roig y Herce serían 27 meses y solo han estado en prisión mes y medio.

El tercer grado penitenciario implica también la concesión de 48 días de permiso al año, que Roig y Herce podrán empezar a disfrutar de manera inmediata, con lo que la libertad condicional estaría a la vuelta de la esquina.

El Código Penal establece que para la concesión de la libertad condicional se valorará el resarcimiento del daño causado. Es decir, el pago de la responsabilidad civil derivada del delito. Este requisito tampoco se da en el caso de Roig y Herce, que solo han devuelto a la empresa pública unos 646.660 euros, lo que ni siquiera cubre una cuarta parte de los 2,7 millones que el Tribunal Supremo les condenó a pagar, incluidos los intereses.

En septiembre del año pasado Ferrocarrils de la Generalitat solicitó a la Audiencia de Barcelona que averiguara el patrimonio de los dos expresidentes para que devolvieran el dinero. Hasta ahora Herce ha entregado a la empresa que presidió un total de 98.356 euros y ha llegado a un acuerdo por el que ingresará 200 euros mensuales a su cuenta. La cantidad devuelta es sensiblemente inferior a los 276.465 euros que se embolsó Herce en su día (46 millones de pesetas).

Roig ofrece dos fincas y Herce dice que pagará 200 euros al mes a Ferrocarrils de la Generalitat

Por su parte, Roig ha ofrecido dos fincas de su propiedad cuyo valor alcanza los 548.303 euros. La pensión que se llevó de manera ilegal superó el millón de euros (178 millones de pesetas). Una vez que la operación sea avalada por la Audiencia de Barcelona, las fincas pasarán a engrosar el patrimonio de Ferrocarrils de la Generalitat.

El tribunal de la Audiencia de Barcelona que les juzgó y condenó consideró probado que los dos idearon una “trama” para la creación del millonario plan de pensiones, “ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que le proporcionaría su retribución salarial”. Con la intención de “enmascarar su ilegal enriquecimiento”, añaden los jueces, hicieron extensivo el plan de pensiones a otros directivos, al punto que algunos de ellos cobraron su retribución sin cumplir los requisitos fijados.

En el caso de Albert Vilalta, nunca dispuso del dinero porque antes de ser nombrado consejero de la Generalitat constituyó un fondo de pensiones con una aseguradora. Por eso los jueces dicen en la sentencia que “no compartió el enriquecimiento ilícito” de Roig y Herce y no cometió delito de malversación, pero sí prevaricó como ellos al participar en la creación de ese plan de pensiones sabiendo que era ilegal. Sin embargo acabó absuelto por la prescripción del delito.

La concesión del tercer grado que les ha concedido la junta de tratamiento puede ser recurrido por el fiscal ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. El recurso, sin embargo, no paralizaría el régimen abierto del que ya disfrutan Roig y Herce desde ayer.