Agustín del Castillo

Un nuevo episodio de una disputa religiosa que tiene 30 años en la región wixárika de Jalisco se ha vivido ayer: alrededor de medio centenar de pobladores de la localidad de Tuxpan de Bolaños, anexo de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) fueron expulsados por profesar la fe de los Testigos de Jehová, de acuerdo a una queja interpuesta ante la Tercera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).



“Esta CEDHJ recibió el día de hoy [4 de diciembre] la noticia de que varios pobladores de la comunidad indígena de Tuxpan de Bolaños [sic] están siendo expulsados de su comunidad y amenazados por pertenecer y profesar una religión distinta a la cultura wixárika”, señala el oficio MC/ 154/2017, del que posee copia este diario.



“Con la finalidad de evitar la producción de daños de difícil reparación, así como la consumación de nuevos hechos que puedan redundar en violaciones de derechos humanos, con fundamento en los artículos 55 de la Ley de la CEDH, así como 105 y 106 de su reglamento interior, se determina solicitar al licenciado Raúl Juárez Valencia, subsecretario de Asuntos del Interior del gobierno del estado de Jalisco, y al licenciado Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal de Bolaños”, una serie de medidas cautelares:



Uno, “giren las instrucciones pertinentes para garantizar la integridad física, seguridad personal y propiedades de las personas que están siendo expulsadas de su comunidad o amenazadas de serlo, debiendo tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier acto de agresión en su contra”.



Dos, “giren las instrucciones necesarias para garantizar la atención médica, vivienda, alimentación y educación de las personas que han sido expulsadas”. Este día, ambas autoridades deberán responder la eventual aceptación de las medidas y en su caso, contarán con tres días hábiles para acreditar el cumplimiento.



La versión del desalojo más cercana geográficamente a los hechos es la que aportó a este diario el semanario La voz del Norte, que asegura que los desalojados son medio centenar de personas, quienes habrían cambiado la religión tradicional al monoteísmo de iglesias cristianas protestantes como Testigos de Jehová y, en otros sucesos de expulsión, Bautistas.



La versión de ese semanario es que se trata de la segunda expulsión de aborígenes que cambian de fe religiosa en lo que va de 2017, pues se habría registrado una salida en enero pasado.



La determinación se tomó, según esa fuente, en una asamblea comunal realizada los días 2 y 3 de diciembre. El argumento que se ha dado hacia fuera de la comunidad por parte de los representantes comunales es que la expulsión no obedece a la cuestión de libertad religiosa, sino a la negativa de los conversos a participar en las fiestas cívico-religiosas y a cumplir obligaciones de trabajo comunitario que vertebran los derechos colectivos de los wixaritaris. Pero los quejosos señalan que es un asunto de intolerancia religiosa. En el fondo, está indisolublemente ligado el tema religioso de la costumbre, lo que hace difícil conciliar este asunto desde 2004, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos falló una primera queja. Cuatro años después emitió la segunda.



Ayer, “el desalojo de las personas incluyó sus enseres domésticos muebles, utensilios de cocina, camas, roperos, etc., los cuales fueron trasladados en camionetas hasta afuera de los límites de la comunidad, ubicados a la altura del crucero llamado de Miguelón [cruice de la carretera Bolaños-Huejuquilla]; otros más fueron trasladados a las inmediaciones de Puente de Camotlán, municipio de la Yesca, Nayarit”, añade el semanario.





Claves



Expedientes viejos



En 1995 se abrió el primer expediente de los últimos años de enfrentamiento entre religión cristiana y costumbre indígena, en la sierra Huichola, luego de que la comunidad de Santa Catarina (Tuapurie) decidió expulsar una misión franciscana en Santa Clara, lo que derivó en una enérgica intervención del gobierno panista de Jalisco y una conciliación que no salvó el asentamiento de la orden mendicante



En Jalisco, la cuestión religiosa en la sierra ha motivado con posterioridad a ese hecho al menos dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a favor de minorías religiosas protestantes, que demandan el derecho constitucional a la libertad de conciencia y la libertad de adorar al dios que cada individuo decida, pero con pocos resultados reales



Las recomendaciones han sido inútiles para propiciar que esas minorías evangélicas (adventistas, testigos de Jehová y bautistas, fundamentalmente) permanezcan en tierras huicholas. Decenas de huicholes han debido migrar a comunidades más tolerantes, ubicadas en la zona nayarita de la sierra, o hacia la capital de ese estado, Tepic, con un costo en desarraigo y pobreza que no ha sido bien resuelto por las autoridades locales y nacionales.

SRN