Casi siete años después de que la jueza Mercedes Alaya abriese las primeras diligencias por un supuesto macrofraude de ayudas sociolaborales que salpicaba a varios Gobiernos de Andalucía, el caso ERE va tomando forma.

22 exaltos cargos del Gobierno andaluz se sientan en el banquillo. Se trata de un caso complicado, lleno de ramificaciones que implican a unas 200 empresas beneficiadas por la Junta de Andalucía, a consultoras que cobraban sobrecomisiones por intermediar en la concesión de ayudas irregulares y a altos cargos que gestionaban los fondos públicos que financiaban todo esto. Según cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, el desfalco a las arcas públicas es de 742 millones de euros.

En el banquillo se sientan 15 políticos acusados de prevaricación y malversación de fondos y se enfrentan a penas de seis a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público; los otros siete afrontan 10 años de inhabilitación.

Hoy martes las acusaciones y las defensas empiezan a mostrar sus estrategias, proponiendo a los magistrados cuestiones preliminares que deben tenerse en consideración antes de entrar en el núcleo duro del juicio.

Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los otros 20 exaltos cargos imputados sólo tendrán que someterse a un único juicio relacionado con los ERE. Se trata del juicio de la pieza política, el que va a juzgar si el fraude se facilitó desde lo más alto del Gobierno andaluz, a través de un procedimiento de pago específicamente diseñado para eludir los controles y así disponer de libertad para usar los fondos públicos a conveniencia.

José María Mohedano, abogado de José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel por malversar fondos, intentará lograr que se anule el juicio en esta fase inicial por una cuestión procedimental. Mohedano sostiene que el juez Álvaro Martín, que pilotó la pieza política tras la marcha de Mercedes Alaya, la instructora inicial del caso, no era el competente para hacerse cargo del proceso.

El abogado de Griñán cree que el objeto de la comisión de servicio del juez Álvaro Martín en el juzgado de Alaya era descargar a esta de las causas ordinarias para que se centrase en los ERE, no asumir una parte de la macrocausa, como ha tenido que hacer finalmente. Al hacerlo, se está vulnerando “el derecho al juez predeterminado por la ley” recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, según Mohedano.

Si los magistrados aceptan la declaración de nulidad, el juicio de los ERE será suspendido y el sumario volvería al juzgado de origen, dando por válidas sólo las actuaciones anteriores a la designación de Álvaro Martín como juez instructor.

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