Tal y como anticipó Metro en su edición de hoy lunes, dos de las posiciones más sensitivas en el gobierno de Puerto Rico sufrirán cambios, pues salen de sus cargos la secretaria de Educación, Julia Keleher y el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Aunque ningún funcionario oficial de La Fortaleza respondió la solicitud de información de este diario, las salidas de Keleher y Pesquera son un hecho constatado por diversas vías. En el caso de Pesquera, este sale del cargo pues se cumple el término negociado durante su reclutamiento. Pesquera retornará a Estados Unidos donde residía antes de volver al servicio público en la Isla.

En el caso de Keleher, la contratista ya no ocupará la posición de secretaria de Educación y pasaría a otro cargo de asesoría y gerencia de proyectos en áreas de iniciativa social que le permitirán mantener injerencia en áreas educativas.

Por los pasados dos años, Keleher se vio abrumada ante controversias que iniciaron con su salario, el cierre de escuelas, los choques con las organizaciones magisteriales, el contrato de Tus Valores Cuentan, la complejidad del área de educación especial y compras en el área de comedores escolares.

Se desconoce si con las nuevas funciones que le asignó el Gobernador habrá algún diferencial en su salario de $250,000 anuales que proceden de su contrato en Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Una petición de información en el propio Departamento de Educación sobre un cambio de funciones de Keleher tampoco prosperó.

Mientras, en la Policía ya hay un sustituto para Pesquera. El anuncio del nuevo secretario se haría mañana.

Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública / Archivo

El paso de Pesquera en el gobierno también fue controversial. Los mayores cuestionamientos al Secretario de Seguridad Pública surgieron por el manejo del andamiaje de seguridad después del azote del huracán María y su negativa a reconocer que cientos de puertorriqueños morían por situaciones asociadas al ciclón. Luego hubo más controversia por la acumulación de cuerpos en el Instituto de Ciencias Forenses. Además, también chocó con las organizaciones que agrupan a los policías que reclamaban pago de horas extras y mejores condiciones laborales. En el caso de la monitor federal por violaciones de derechos civiles, también hubo momentos de tensión. De hecho, en las pasadas manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores se registró uso de fuerza excesiva contra manifestantes, vendedores ambulantes y la prensa. Mediante el caso federal sobre derechos civiles se forzó la convocatoria a una nueva Academia de la Policía que aún está en proceso de iniciarse. Se dio paso a una investigación por el uso de helicópteros de las Fuerzas Armadas de Rápida Acción (FURA) y hubo cuestionamientos por la compra de una nueva guagua oficial para el Secretario con fondos del Sistema de Emergencias 911, así como sobre el pago de horas extras a escoltas oficiales. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal cuestionó el manejo de los recursos en las agencias de seguridad y realizó una vista pública sobre el asunto.

También hubo una petición de información oficial por parte de Metro en el Departamento de Seguridad Pública sobre el cambio de mando, pero tampoco prosperó.

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