La defensa que hace el Gobierno mexicano de su plan contra el robo de combustible se mueve entre el triunfalismo y la vaguedad. El bloqueo de las cuentas a 14 investigados, la caída en picado del robo y el incremento de la vigilancia sobre las instalaciones petroleras componen una parte del balance de esta operación, lanzada a finales de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra cara de la estrategia es el hartazgo de los gobernadores de los Estados que llevan más de una semana con problemas de escasez, sin que se informe sobre un calendario claro para la normalización del suministro. “No todo ha sido miel sobre hojuelas”, ha reconocido este lunes el general Arturo Velázquez, a cargo de la operación.

López Obrador ha comparecido este lunes flanqueado por un buen número de altos cargos de su Ejecutivo, entre ellos dos generales. Todo un despliegue de autoridades para explicar los avances del plan contra el robo de combustible, tras las críticas recibidas por las fallas de comunicación y planeación que han provocado un caos de suministro en al menos siete Estados.

Las principales novedades de esta ofensiva vienen por el lado judicial. El Gobierno ha bloqueado la cuenta de 14 investigados e iniciado procedimientos penales contra tres funcionarios de Pemex, la empresa estatal de petróleo, por su presunta participación en un sistema de robo a gran escala. Si bien el Gobierno no lo ha querido confirmar, entre las personas con cuentas bloqueadas se encuentra, según afirma la revista Proceso, el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera responsable de seguridad de Pemex durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Además, la investigación ha sacado a relucir un sistema de blanqueo de capitales producto de la comercialización del combustible robado: transferencias internacionales que llegan a rondar los dos millones de dólares y la compra en efectivo de joyas y vehículos de lujo, según ha detallado este lunes el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Pero la investigación parece abarcar mucho más que esos 14 investigados cuyas cuentas han sido bloqueadas. Una auditoría del Servicio de Administración Tributaria ha detectado casi 200 contribuyentes asociados a estaciones de servicio con “inconsistencias fiscales” que suman 3.217 millones de pesos, alrededor de 160 millones de dólares. También se ha informado sobre 14.000 casos en que gasolineras reportaron ventas superiores a las compras realizadas ante Pemex. El Gobierno ha señalado que esa diferencia, cifrada en 10.000 millones de pesos, más de 500 millones de dólares, corresponde a la venta de combustible robado.

Por otro lado, el cierre de varios ductos para evitar las ordeñas clandestinas, y el despliegue de 5.000 militares para vigilar las instalaciones de Pemex han reducido de manera drástica el robo, según asegura Gobierno. De un promedio diario de 80.000 barriles robados antes de que se pusiera en marcha el plan, se ha bajado a unos 2.500.

Con esas cifras en la mano, el Gobierno ha redoblado su apuesta por la polémica estrategia. Más allá de los siete ductos que hasta ahora estaban siendo vigilados, el presidente mexicano ha autorizado la expansión del operativo de seguridad a otros cinco. No queda claro si eso puede acarrear nuevos cierres de tuberías, en caso de que se descubran más tomas clandestinas. Las Secretarías de Defensa, Marina, y Seguridad Pública, responsables del operativo, están evaluando cuántos efectivos, además de los 5.000 ya presentes, se van a necesitar para cubrir esas necesidades de vigilancia adicionales.

La vuelta a la normalidad está próxima, según el Ejecutivo. Lo lleva repitiendo desde hace una semana, pero sigue sin haber fecha. Tampoco aclara bajo qué circunstancias se podrán reabrir los ductos cerrados. En Guanajuato, uno de los Estados más golpeados por la crisis, solo el 11% de un total de 600 gasolineras estaba funcionando esta mañana, según un monitoreo realizado por medios locales. El gobernador de la entidad, Diego Sinhue, ha viajado este lunes a Texas, en Estados Unidos, para negociar el envío de gasolina mediante ferrocarril. Y sus homólogos de los Estados de Michoacán y Jalisco, Silvano Aureoles y Enrique Alfaro, respectivamente, se han quejado en los últimos días de la escasa información proporcionada por Pemex.

La Ciudad de México, con más de cinco millones de vehículos registrados, sigue con problemas de escasez. El ducto que abastece a la capital fue cerrado varias veces en los últimos días tras tener constancia de tomas clandestinas de combustible. Aunque ya ha sido reparado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó el domingo un plan semanal no obligatorio para regular el suministro de gasolina, según el número de matrícula de los vehículos.