El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que instituciones y gobiernos de todo el mundo conmemoran desde entonces cada año bajo el título de Día Internacional, en lo que quizá sea el mayor ejercicio de cinismo que se puede dar a escala planetaria.

Solo con esa palabra, cinismo, puede definirse, por ejemplo, el acto oficial que ha convocado este martes el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda. Desde que comenzaron las protestas el pasado mes de octubre por la subida del precio del transporte público, cerca de 20.000 personas han sido detenidas, 23 han muerto como consecuencia de la represión militar y policial y en torno a 2.000 han resultado heridas. Según el Instituto de Derechos Humanos, se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y 787 por uso excesivo de la fuerza.

Lo que está sucediendo en Chile lo hemos visto primero en Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno, aplastó las protestas contra su pacto con el Fondo Monetario Internacional; y en Bolivia, donde la extrema derecha golpista derrocó con la ayuda del Ejército y la Policía a Evo Morales y ha emprendido una persecución sin precedentes contra dirigentes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo y la población indígena.

Pero también en Colombia, donde los acuerdos de paz de la Habana son pisoteados una y otra vez por el Gobierno de Iván Duque, heredero político de Álvaro Uribe. Cientos de líderes sindicales, campesinos, exguerrilleros y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en el último año bajo la mirada impasible de un Ejecutivo que tenía ante sí una oportunidad histórica, pero que ha decidido declararle la guerra a los pobres y, usando las mismas técnicas que sus homólogos, ha recurrido a la represión y a la violencia militar y policial para acallar las protestas por sus políticas económicas.

Al otro lado del mundo, Israel sigue bloqueando, asfixiando y arrasando Palestina con agresiones militares, sometiendo y asesinando a su población, realizando detenciones sistemáticas e incumpliendo cualquier tipo de convención internacional. La situación del Sáhara Occidental no es muy distinta. Marruecos continúa persiguiendo y torturando a los activistas de los derechos humanos y mientras perpetúa la ocupación con la complicidad europea, expolia sus recursos naturales e incumple las resoluciones de Naciones Unidas sobre el legítimo derecho del pueblo saharaui a su independencia.

EUU tiene mucho que ver en todos estos conflictos. Alienta golpes de Estado, desestabiliza economías enteras a golpe de tuit, genera y provoca guerras que duran décadas y organiza y reorganiza el tablero global como mejor se acomode a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Pero en Europa, no nos engañemos, no somos mucho mejores que otros países que vulneran los derechos humanos. Nuestras democracias son, quizá, más sofisticadas a la hora de hacerlo y conseguir que no parezca que se están vulnerando. Con la excusa de la crisis económica los Estados iniciaron una época de recortes de derechos sociales, laborales y de libertades que no hace sino ir en aumento. La entrada en juego de la extrema derecha ha afianzado esta tendencia reaccionaria en toda Europa y cuestiones que parecía imposible que estuvieran en discusión, hoy se ven amenazadas.

La Unión Europea no es el paraíso de los derechos humanos, por mucho que las instituciones comunitarias se empeñen en promover de forma propagandística la idea de que como en Europa no se vive en ningún sitio. La desigualdad, la pobreza, la precariedad, la homofobia, la violencia machista, la represión policial o el revisionismo histórico son problemas instalados en nuestras sociedades que vulneran la famosa Declaración de 1948.

Y la mayor parte de las políticas que emanan de Bruselas están encaminadas a salvaguardar el bienestar de unos pocos por encima de la explotación y el sufrimiento de nuestros propios Estados, de terceros países o de continentes enteros. La política migratoria de la Unión Europea es el ejemplo más gráfico de ello. La externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo, las deportaciones exprés, los acuerdos con países como Turquía o Libia y la financiación de centros de detención de las personas migrantes y refugiadas son fruto de esas políticas y conllevan violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como también lo hacen los acuerdos comerciales como Mercosur, la venta de armas a países como Arabia Saudí, los Acuerdos de Asociación como el que mantenemos con Israel, o la deriva armamentística en la que estamos inmersos y que ha quedado patente en la última cumbre de la OTAN celebrada en Londres la pasada semana.

Hoy viviremos un día de grandes discursos, de declaraciones impecables, de ceremonias de altos vuelos, de loas a la libertad y a los derechos fundamentales. Pero abajo hay un pueblo que sufre y que, cuando se levanta con dignidad, como estamos viendo estos días en América Latina, es reprimido a sangre y fuego con total impunidad.

Este 10 de diciembre debe ser el día de la defensa de los derechos humanos, no el de las alabanzas a los derechos humanos. Y las instituciones que tienen capacidad para garantizarlos deben cumplir con el mandato de unas mayorías sociales conscientes de que los derechos humanos no son patrimonio propagandístico de unos cuantos, sino el último reducto de la dignidad que compartimos, como personas, como trabajadoras y trabajadores, como seres libres, como habitantes de un planeta en riesgo de ser destruido.

Setenta y un años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la ONU ha llegado la hora de que los discursos se conviertan en hechos. Ha llegado el momento de decir alto y claro que el sistema económico y las políticas neoliberales están provocando una división mundial sin precedentes. Un mundo en el que el uno por ciento de los seres humanos se queda con el 82 por ciento de la renta mundial de todos y todas. Donde el hambre, la destrucción de nuestro planeta, la desaparición de nuestra diversidad cultural, la miseria, la violencia sobre las mujeres, la represión y el crimen son la norma.

Solo la democracia, en su máxima expresión, podrá devolver los derechos humanos a la humanidad, poniendo en el centro de la economía y de la sociedad la vida de las personas y la soberanía de los pueblos.