Fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, asegura que "hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos".

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, cerró la denominada Operación Huracán y abrió una investigación penal en contra de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Carabineros, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Lo anterior, en el marco de los antecedentes que entregó la institución policial al Ministerio Público en septiembre de 2017 en contra de una serie de comuneros mapuches por la presunta participación que habrían tenido en atentados incendiarios en la zona.

Dicha operación, que realizó Carabineros bajo la Ley de Inteligencia, recopiló diversos antecedentes de ocho comuneros mapuches vinculados a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y a otras organizaciones de característica similares. Tras meses de seguimientos e intervenciones a los aparatos telefónicos de los comuneros, Carabineros entregó a la fiscalía el oficio 130, el cual contenía supuestas conversaciones vía WhatsApp y Telegram entre comuneros, en las que coordinaban eventuales acciones violentas.

El oficio 130 fue entregado por Carabineros a la fiscalía el 20 de septiembre y en él se advertía, entre otros, que los comuneros preparaban un atentado en contra de la empresa de transportes Riquelme Correa, en las afueras de Temuco. Por ello, el Ministerio Público solicitó tres días después las órdenes de aprehensión en contra de los comuneros, las que fueron ejecutadas ese mismo 23 de septiembre. Tras ello, Carabineros hizo peritajes a los teléfonos celulares que requisó de los comuneros y emitió nuevos preinformes que avalaban la información de inteligencia que habían entregado inicialmente a través del oficio 130. Fue precisamente en esa parte del proceso cuando los caminos de fiscales y carabineros comenzaron a separarse, pues se realizaron una serie de peritajes por parte de la fiscalía que advirtieron vicios en las pruebas presentadas en el oficio 130, y los posteriores preinformes, de la institución policial.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revisó una querella en contra de Carabineros que presentó el viernes 19 de enero Luis Arroyo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía de Temuco. El libelo tiene relación con una arista de la Operación Huracán y en él, Arroyo da cuenta de supuestas pruebas falsas que le habría presentado Carabineros, mediante otro oficio, el 202, al Fiscal Nacional, Jorge Abott, para inculparlo en una eventual filtración de antecedentes del caso Huracán a los comuneros mapuches investigados. Precisamente, en el relato de los hechos de esa acción legal aparece la primera pista sobre el futuro de todo el caso.

“Al parecer (los autores del oficio 202) persiguen crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual que a la institución a la que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado de las investigaciones que dirijo y, a la vez, justificar el fracaso de sus operaciones investigativas”, dice la querella (revisa acá el escrito).

Arroyo, a través Felipe González, fiscal adjunto a cargo de la Operación Huracán, había advertido, de manera reservada, los vicios del oficio 130 de Carabineros, ordenando tres peritajes para compararlos con los que había hecho la institución policial. Uno de ellos se encuentra en desarrollo, mientras que los otros dos arrojaron como conclusión un montaje en las pruebas contra los comuneros mapuches. El oficio 202, que involucra al fiscal con una supuesta filtración de antecedentes, también es visto en el Ministerio Público como un posible montaje contra Arroyo, dado sus cuestionamientos iniciales a los procedimientos de Carabineros.

En medio de esta disputa subterránea, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío viajó hasta Temuco para recabar más antecedentes y entrevistar, en exclusiva, al fiscal Cristián Paredes, el jefe de Arroyo y González, quien reveló que se encuentra indagando penalmente a Carabineros por el supuesto montaje a los comuneros mapuches y que, en paralelo, cerró la Operación Huracán.

“Hoy la fiscalía ingresó al Tribunal de Garantía de Temuco un escrito comunicando el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento en la causa por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista conocida policialmente como Operación Huracán”, dijo Paredes a Radio Bío Bío. “Esta decisión fue tomada luego de recibir dos informes técnicos emanados de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Uldeco) de la fiscalía nacional, que confirman la existencia de irregularidades que podrían ser constitutivas de delitos en los preinformes e informes periciales informáticos practicados por el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros a los teléfonos incautados a los imputados en esta causa, el día 23 de septiembre”, agregó.

Según Paredes, “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.

“Estamos frente a un hecho gravísimo. Esta es la primera vez que esta fiscalía regional recibe una información de parte de Carabineros que se desarrolló íntegramente conforme al estatuto previsto en la Ley de Inteligencia, esto significa que se hizo con diligencias investigativas realizadas autónomamente por Carabineros y sin el control de los fiscales. En cuanto detectamos estas irregularidades, se instruyó la realización de peritajes para despejar estas dudas”, agregó el fiscal Paredes.

El “software chileno” de Carabineros

Si bien Carabineros ha sido hermético frente a los cuestionamientos que ha hecho, de manera reservada, el Ministerio Público al trabajo relacionado con la Operación Huracán, fuentes ligadas a la institución aseguran que todas las pruebas recolectadas e ingresadas a los respectivos oficios enviados a los fiscales son reales y obtenidas con las autorizaciones de las cortes de apelaciones, tal como exige la Ley de Inteligencia.

La tranquilidad, hasta ahora, de los equipos investigadores de Carabineros se basaría en el uso de nuevas tecnologías que les han ayudado, indicaron las fuentes policiales, a recolectar información de mensajería sin la necesidad de recurrir a las empresas extranjeras tales como: WhatsApp, Telegram u otras.

El sistema operaría a través de internet, vía con la cual se introducirían en el equipo y podrían tener copia “fiel” de las conversaciones o traspaso de material como audios, videos o fotografías. Es decir, se realiza una especie de clonación remota de la información que contiene el teléfono. Precisamente, de esa manera se habría construido el polémico oficio 130 y de ahí que se tuvieran que realizar peritajes a los celulares requisados de los comuneros mapuches para comparar si lo recabado por el software era correcto. Los preinformes de Carabineros dicen que sí lo es, mientras que dos peritajes de la fiscalía advierten un montaje de información que se habría realizado el mismo día que fueron detenidos los comuneros, pero en la noche, cuando los aparatos ya estaban en manos de Carabineros.

La Unidad de Investigación de Radio Bio Bio trató de comunicarse con el director Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, Gonzalo Blu Rodríguez, para conocer la posición oficial de la institución tanto sobre las acusaciones del Ministerio Público como el supuesto software que mantendrían en su poder, sin embargo, no contestó los llamados.

Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que el alto oficial participó el miércoles en una reunión de la comisión de Seguridad Pública. Pese a que la reunión fue de carácter secreto, presentes en el encuentro reconocieron que el tema principal abordado fue la crisis de desconfianza que se está generando entre los fiscales y la Dirección de Inteligencia de Carabineros.

El General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, al ser abordado por Radio Bío Bío sobre el tema, se excusó de entregar detalles respecto a la investigación y las “diferencias” con la fiscalía. Escuetamente, señaló que “como institución hemos actuado conforme a la Ley. Hemos puesto a disposición toda la información obtenida y que creemos debe contribuir a esclarecer los hechos que se investigan”.

En tanto, La Radio también contactó al abogado penalista y especialista en temas de inteligencia policial y de fuerzas armadas, Rodrigo Vera Lama, para analizar los pasos jurídicos que corresponden frente a la legitimidad de las pruebas recopiladas por Carabineros.

En este sentido, Vera Lama planteó que “no existe inconveniente jurídico para que un organismo de Inteligencia, si cuenta con la tecnología suficiente para realizar la intervención y con la respectiva autorización judicial, pueda ejecutar un procedimiento especial sin participación de un prestador de servicios de telecomunicaciones”.

El jurista, que ha escrito libros sobre la materia, entre ellos, “Sistema de Inteligencia del Estado a la Luz del Derecho”, dijo además “la Ley de Inteligencia protege todos los antecedentes que obren en un servicio de Inteligencia, y es así, puesto que esa Ley no está pensada para acreditar responsabilidad penales ante un Tribunal, pero si Carabineros desea que su información obtenida a través de la Ley de Inteligencia sea empleada en un proceso judicial -lo que ya es discutible- necesariamente debe entregar a la fiscalía y tribunales todos los datos relativos a los sistemas y tecnología empleada, pues de lo contrario esa información no puede ser valorada por los tribunales”.

Revisa acá el escrito que presentó la fiscalía para cerrar la Operación Huracán: