Tras la feria judicial de invierno, se retomaron las audiencias del juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner-entre otros acusados-, por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas del grupo Austral, de Báez. En la etapa de los planteos preliminares, antes del receso, la mayoría de las defensas -entre ellas la de la ex presidenta- había solicitado la suspensión del juicio. Pero este lunes, el fiscal Diego Luciani fue el primero en hablar ante el Tribunal oral Federal 2 (TOF 2), para manifestar su oposición "a que este juicio no se realice", y sostuvo que no hay margen para los pedidos formulados.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, había sido uno de los que solicitó la suspensión de las audiencias. Para el defensor, el caso de la ex presidenta "es inédito porque se la persigue de manera reiterada hasta límites absurdos". El suyo fue uno de los nueve planteos realizados por los trece acusados en esta etapa de cuestiones preliminares, todos requiriendo la suspensión.

En su planteo, el defensor de Cristina insistió con el reclamo -rechazado varias veces por la Cámara Federal y la Casación- respecto a que el TOF 2 no es competente en este caso, ya que según él "49 obras -de las que están bajo la lupa- fueron juzgadas en Santa Cruz". La senadora pidió que la causa sea remitida al sur, y el planteo se encuentra a resolver en la Corte Suprema de Justicia.

"Este ministerio se va a oponer a que este juicio no se realice", remarcó el fiscal Luciani. Y sostuvo: "Quieren que la causa se vaya a Santa Cruz. Han planteado 51 planteos preliminares, algo inusual. Hay un interés en las defensas que este juicio no comience", remarcó.

En el juicio ya se leyeron las acusaciones en contra de los 13 imputados. A Cristina Kirchner se la procesó por haber "formado parte de una asociación ilícita, en calidad de jefe, junto con otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado, entre los que se encontrarían Néstor Kirchner, Julio De Vido, José López Carlos Santiago Kirchner, Nelson Periotti y al menos el empresario Báez”.

Según la justicia, esa asociación “habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, con el objeto de cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, a través de, entre otras maniobras, la defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero".

En plena campaña electoral, el abogado de Cristina dijo: "Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político, para eso está la ciudadanía, que gracias a Dios en unos meses lo va a votar".

Para que expliquen cómo fue la adjudicación de partidas presupuestarias para la obra pública vial, la ex presidenta requirió que sean citados como testigos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, entre ellos sus ahora socios Alberto Fernández y Sergio Massa.

Bajo esa misma línea, en su momento Beraldi se refirió al actual candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, como jefe de la bancada del PJ, al recordar que en 2009 el senador dijo que nunca su adjudicaron fondos para obra pública de forma irregular.

"No comparto con el TOF 2 que las partes no estén durante estas audiencias. Tienen que estar, porque es la forma en que pueden defenderse", indicó Luciani, quien en la jornada de este lunes responderá "cada uno de los planteos de las defensas, lo que me llevará unas cinco horas".

Como la mayoría de los acusados, y tal como se lo permite la ley, Cristina Kirchner no está presente en la audiencia.