Reporteros Sin Fronteras sitúa a España en el puesto 35 en cuanto a libertad de prensa, por detrás de países como Namibia o Surinam. Parece que el poder político controla los medios a su antojo, pero realmente ¿quién está detrás del control mediático que padecemos en nuestro país?

Siempre que se habla de falta de libertad de prensa, se suele pensar en gobiernos de países convulsos. Casualmente, casi nunca se mira hacia España. Sin embargo, la tendencia empieza a cambiar. Las ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas pactadas de antemano se han convertido en la tónica de este Gobierno, que parece reacio a tener que dar explicaciones o a justificar nada de lo que dice o hace. Y todo ello se ve amplificado gracias a un sinfín de “voceros mediáticos” que se encarga de elevar a los altares el mensaje del político de turno.

Aun así, parece que poco a poco va calando el mensaje que algunos periodistas repetimos desde hace años: España pierde su libertad de prensa. En la última clasificación mundial publicada por Reporteros Sin Fronteras, España está situada en el puesto 35 en cuanto a libertad de prensa, por detrás de países como Ghana, Surinam o Namibia. Sin duda, un dato cuanto menos llamativo, pero lógico, especialmente cuando se percibe la represión que sufre quien ejerce su libertad de expresión con ahínco. Muy sonados han sido los casos de Pedro J. Ramírez y Javier Moreno, ambos apartados casi a la vez de la dirección de El Mundo y El País, respectivamente. Dos medios que, casualmente, han suavizado su línea editorial desde entonces. ¿Existe manía persecutoria del Gobierno hacia quienes piensan u opinan de forma contraria a sus intereses?

Más allá del control político

Aun así, este análisis va un poco más allá. Y pone el punto de mira en los tentáculos invisibles de quienes verdaderamente dirigen el entramado mediático que existe en nuestro país: las multinacionales. Porque ni siquiera Rajoy puede frenarlas. El gobierno es también un mero títere que se mueve bajo las directrices que imponen los de arriba, esas elites inalcanzables, intocables y, hasta no hace mucho tiempo, invisibles.

Si se fijan bien, en el elenco mediático actual existen opciones para muy diferentes tendencias. La gente más progresista o de izquierdas, los más comprometidos con la justicia social, se decidirán por La Sexta, mientras que los más conservadores podrán leer La Razón o escuchar la COPE. Parece que siempre hay hueco para denunciar públicamente una injusticia o para criticar al partido X o al partido Y. Hasta ahí, la supuesta democracia mediática parece funcionar correctamente. Tanto que periodistas tan dispares como Jordi Évole o Paco Marhuenda pertenecen a la misma empresa, el Grupo Planeta. Son nichos de mercado que los diferentes grupos de comunicación pretenden cubrir. Pero ¿verdaderamente se respeta el cacareado artículo 20 de la Constitución?

Antes de responder, les invito a que hagan un sencillo ejercicio de reflexión: ¿Cuántas veces han escuchado una noticia negativa sobre El Corte Inglés, Zara o Repsol en algún medio generalista español? Al fin y al cabo, todos y todas pudimos atacar a Esperanza Aguirre cuando se dio a la fuga con su vehículo y volcó la moto del Policía o cuando Jorge Moragas le colgó el teléfono a Jordi Évole en el Salvados del último domingo. Pero ¿cuándo han escuchado críticas hacia la pésima situación en la que viven los trabajadores de Inditex? ¿O les han informado acerca de la explotación laboral a la que están sometidos los empleados de un hipermercado? Esas voces críticas con los grandes poderes empresariales de este país solo se pueden leer en blogs y páginas webs que, muchas veces, son incluso censuradas o perseguidas.

He aquí el gran dilema: la gran parte de la información que leemos y escuchamos está controlada por Repsol, el BBVA, el Grupo Planeta, al Banco Santander o Telefónica. Así lo explica el periodista y gran experto en estas lides Pascual Serrano, que en el documental “Una mosca en la Coca-Cola”, dirigido por Javier Couso, hermano del periodista asesinado en Irak, José Couso, explica las dificultades que tuvo para publicar su libro Traficantes de información, donde cuenta todos los lazos económicos que se esconden tras los grandes grupos de comunicación. “Cuando el libro llegó no al editor, que es quien controla lo que se escribe, sino a los accionistas, optaron por decir que no se publicaba, que me lo pagaban, pero que no lo publicaban”, explica en el documental.

Serrano, que trabajaba en un periódico regional del Grupo Vocento, tenía libertad para criticar al político que quisiera, fuera del partido político que fuera. Podía poner verde a Bush y hablar mal de la OTAN. Nunca pasaba nada. “Hasta el día en que se me ocurrió hablar de la jubilación de un alto cargo del BBVA, accionista del Grupo Vocento”, indica. Ese día, tuvo que hacer la maleta. “Creemos ser libres porque podemos dar golpes al político de turno, pero los verdaderamente poderosos, los accionistas o los dueños del grupo, son intocables”, remarca.

En definitiva, ese es el gran reto al que se enfrentan los periodistas de hoy en día. ¿Han de seguir lamiendo la mano de quien les da de comer? ¿Es de recibo que se proteja a entidades financieras y multinacionales hagan lo que hagan? ¿Se puede tolerar que un gobierno como el valenciano manipule, controle y cierre una televisión como Canal 9 a su antojo? ¿Se puede permitir que gobiernos y empresas dirijan las cúpulas de los medios de comunicación? La ciudadanía ha de responder, pero también los propios profesionales del Periodismo. En un día como hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es intolerable que todavía seamos muy pocos quienes alcemos la voz contra la manipulación mediática que sufre este país. Sin embargo, tras leer este artículo sé que mucha gente dirá eso de… pues en Cuba y en Venezuela, ni te digo. Probablemente tengan toda la razón, pero por suerte o por desgracia, yo vivo aquí y analizo la realidad que me rodea, no la que acontece a más de 6.000 kilómetros de distancia.