La fiscalidad de las multinacionales amenaza el equilibrio económico del planeta. Este es el mensaje que lanza la OCDE. La organización que agrupa a una treintena de países industrializados quiere finiquitar el festín fiscal que determinadas multinacionales, sobre todo tecnológicas y estadounidenses, se están dando en Europa con la artimaña —legal, por ahora— de trasladar de forma artificial los beneficios que obtienen en un país, pongamos España, a otro, digamos Irlanda, para beneficiarse del bajo gravamen (12,5%) que este último territorio aplica sobre los beneficios de las empresas. En la jerga del sector lo llaman "erosión de las bases imponibles". En el lenguaje de todos sería "inequidad". Otra treta que aplican algunas grandes corporaciones es utilizar sofisticados esquemas de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos. A esto lo denominan "propuestas fiscales agresivas". Cualquiera diría "injusticia".

Subterfugios y recovecos que recuerdan aquel intuitivo verso del escritor Rafael Sánchez Ferlosio: "Vendrán más años malos y nos harán más ciegos". Pues bien, en este entorno fiscal, que según algunos expertos está entrando "en una nueva era", Greg Wiebe, responsable mundial de fiscalidad de KPMG, resulta una voz clave en el debate sobre transparencia y moral fiscal. Pues sabe que tiene que lidiar con tiempos de cambios. "El problema que tenemos con el sistema impositivo internacional es que las normas son nacionales, pero los negocios hoy día resultan globales", recalca. "Además, las reglas se crearon hace 10 o 20 años y las transacciones comerciales han cambiado mucho desde entonces".

Sin duda el gran motor de la transformación han sido los negocios digitales, que venden en cualquier país del mundo, pero que casi eligen a conveniencia dónde tributan. La OCDE quiere aplicar el principio de que paguen allí donde generan las ganancias. Por eso ha planteado algunas ideas —que se debatirán hasta 2015— para proteger la base imponible de los Gobiernos y ofrecer más seguridad a los contribuyentes. Por ejemplo, las multinacionales deberán detallar en cada país sobre sus beneficios, activos, pagos de impuestos efectuados y derechos de propiedad. En el papel son 15 propuestas.

Sobre ellas, Greg Wiebe plantea un delicado equilibrio en el fiel de la balanza. De un lado admite las carencias. "Con la nueva realidad económica que hay alrededor de los negocios, la fiscalidad en la economía digital no funciona muy bien", señala. Y advierte de que "ya no basta simplemente con cumplir con la legislación de cada país, la sociedad exige más, y si las multinacionales no lo tienen en cuenta, asumirán un riesgo reputacional enorme". Tanto es así que Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, avisa de que este tema se está convirtiendo en un problema político.

El gran motor de la transformación han sido los negocios digitales

Al tiempo, en la bancada de las fortalezas, Wiebe reconoce "que la política impositiva pertenece a cada país" y entiende que un territorio pueda usarla para atraer inversiones o generar empleo. Por esta razón, Inglaterra quiere bajar su gravamen de sociedades del 29% al 20%. ¿Suficiente para eludir la desconfianza hacia ciertas corporaciones? "Nunca he visto una multinacional que trabaje o se sitúe fuera del sistema impositivo", apunta. "Todas quieren operar dentro. Por eso creo que ha sido injusta toda esta discusión política cuyo objetivo es señalar a las grandes corporaciones". Ahora bien, "si queremos formar parte del nuevo orden internacional que se está creando, significa que los países tendrán que trabajar juntos con estrategias, guías y principios comunes. Esto supone que van a tener que despedirse de cierta autonomía fiscal".

Como se ve, la geometría resulta a veces imprecisa. Aunque no se trata de un juego de suma cero. Hay ganadores y perdedores. "Cada vez sentimos menos demanda por parte de las multinacionales de planes fiscales agresivos. De hecho, muchos de los planes que hemos visto desde hace una década, probablemente nunca más los volveremos a ver", matiza el experto. Al contrario. "Las empresas están centrando sus esfuerzos en cumplir con una normativa que es muy complicada y que varía en cada país. Imagínese la pesadilla que supone trabajar, por ejemplo, con 90 regulaciones distintas en el mundo de la economía global", puntualiza Wiebe.

Nadie dijo que fuera fácil, lo que sí parece es urgente. Pese a todo, los cambios consumirán su tiempo. La propuesta de la OCDE supone modificar toda la estructura fiscal internacional. Tanto es así que Greg Wiebe cree que "implantar los cambios llevará entre un lustro y una década". Y reconoce el reto. "Es un buen plan y está haciendo excelentes progresos. Sin embargo, resulta muy complicado alinear a todos los países para hacer las transformaciones necesarias". Por esta razón ya vemos algunos palos en las ruedas. Los legisladores republicanos Orrin Hatch y Dave Camp se oponen a la iniciativa de la OCDE porque "se está usando como una forma para que otros países suban los impuestos de los contribuyentes estadounidenses".

Wiebe prefiere no entrar a valorar actitudes personales y remarca la dificultad del empeño. Pero a la vez mantiene la "profunda convicción de que vamos hacia un sistema impositivo mejor para todos", asevera. Para llegar hasta ahí, "los Gobiernos tienen también que afrontar su responsabilidad de cara a la sociedad. Y esta pasa por asegurarse de que las empresas tienen un entorno competitivo para hacer negocios. Lo cual incluye un régimen fiscal que resulte fácilmente comprensible y que no haga muy difícil la gestión de la compañía".

El cambio exigirá reformar las políticas fiscales a nivel global

Porque a su juicio está muy clara la actitud y las necesidades de las empresas. "Su deseo es cumplir la normativa fiscal, evitar los daños a la marca —que podría verse muy deteriorada, especialmente en un mundo donde las redes sociales tienen tanto peso, si la sociedad percibe que la planificación fiscal resulta muy agresiva o injusta— y beneficiarse de ventajas fiscales legítimas que hay disponibles", desgrana Greg Wiebe.

Todo ello antes de mirar la bola de cristal y elaborar su listado de deseos para la próxima década. "En ese tiempo", relata el especialista, "me gustaría que los países tuvieran un tipo impositivo para las corporaciones próximo al 20%; también querría seguir viendo que las naciones cuentan con la oportunidad de utilizar su sistema tributario para crear incentivos que atraigan capitales y creen puestos de trabajo, y, desde luego, desearía ver una relación distinta entre las autoridades fiscales y las corporaciones. Estas tienen que ser más transparentes y deben compartir toda la información en tiempo real con los responsables fiscales".

Esa colaboración entre los territorios y las autoridades será difícil conseguirla, y la posibilidad de que surjan consecuencias imprevistas es elevada, pero "creo que se pueden lograr acuerdos si se emplea el diálogo y la comunicación", indica Wiebe. Un optimismo que, acorde con este experto, tiene su sentido. Ya que la transformación está en marcha. "Solo hay que ver el cambio de la normativa sobre el secreto bancario. O pensar en la falta de transparencia que existía en las transacciones financieras en 2008 y cómo ha cambiado en la actualidad. Había además muchos países que no proporcionaban información y esto ya no sucede. Existe un movimiento muy profundo hacia una mayor transparencia". Quizá porque la sociedad, que ha pasado años malos, cada vez es menos ciega.