¿Es la humillación —o el avergonzar a los ciudadanos— un instrumento legítimo del Estado? ¿Provocar vergüenza es un castigo infamante e indebido? ¿Se extralimita la autoridad al exhibir a través de las redes sociales a presuntos infractores en la vía pública? Me parece que tanto los defensores a ultranza del polémico funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, que exhibe en vivo a presuntos infractores a través de la aplicación Periscope, como quienes lo condenan categóricamente, ignoran aspectos relevantes de un tema que tiene numerosas aristas.

Hace unos años una polémica similar se desató en la ciudad de Nueva York a propósito de una campaña para prevenir que las adolescentes se embarazaran. Las autoridades produjeron carteles que buscaban explícitamente avergonzar a las potenciales jóvenes, aduciendo que sus hijos probablemente sufrirían las consecuencias negativas de sus decisiones. “Tengo el doble de probabilidad de que no termine la preparatoria porque me tuviste cuando eras adolescente”, reza un niño pequeño llorando en uno de los posters. La campaña puso en la discusión pública la legitimidad de utilizar la vergüenza (shaming) como un instrumento legítimo de la política pública. A primera vista la campaña parecería una intrusión en la esfera privada de los individuos, una manifestación insidiosa de lo que el teórico político inglés John Stuart Mill llamó la “tiranía de la mayoría”. Por eso es notable que una de las voces que se alzaron para defender la campaña sea la del emigrado británico Richard Reeves. En un artículo en el New York Times Reeves defendió el uso de la vergüenza.1 No sólo eso, sino que hallaba la práctica compatible con los principios liberales; nada menos que con los de Stuart Mill. Reeves es autor de John Stuart Mill: Victorian Firebrand (2008), una biografía intelectual del filósofo inglés.2 Conviene atender los argumentos de Reeves antes de condenar a rajatabla las andanzas del funcionario que ha desatado el debate en México.

Los liberales deberían pensar dos veces antes de condenar a la vergüenza, alega Reeves: “la vergüenza es un ingrediente esencial de una sociedad sana, particularmente de una sociedad liberal. Funciona como una forma de regulación moral”. Es una forma de alentar ciertos comportamientos al tiempo que se conserva la libertad individual. Por ello, los liberales no deberían huirle a la vergüenza. La pregunta relevante es cuando y cómo debe emplearse este instrumento. Para responderla Reeves echa mano de Mill: hay una diferencia crítica entre aquellas acciones de los individuos que pueden parecernos reprobables, pero que no perjudican a terceros y aquellas que dañan a los demás. En Sobre la libertad Mill escribió: “El simple hecho de vivir en sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o más bien, ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea por un acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos; segundo, en tomar cada uno su parte (que debe fijarse según principio equitativo) de los trabajos y los sacrificios necesarios para defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier daño o vejación”. Las salvaguardas de la individualidad, con lo importantes que son, no pueden ser empleadas para extenderle impunidad a los gandallas: “la sociedad tiene el derecho absoluto de imponer estas obligaciones a los que querrían prescindir de ellas. Y esto no es todo lo que la sociedad puede hacer. Los actos de un individuo pueden ser perjudiciales a los demás, o no tomar en consideración suficiente su bienestar, sin llegar hasta la violación de sus derechos constituidos. El culpable puede entonces ser castigado por la opinión con toda justicia, aunque no lo sea por la ley. Desde el momento en que la conducta de una persona es perjudicial a los intereses de otra, la sociedad tiene el derecho de juzgarla, y la pregunta sobre si esta intervención favorecerá o no el bienestar general se convierte en tema de discusión”.

Sin embargo, aquí no se refiere el teórico a las violaciones a los derechos de otros. Cuando esto ocurre —cuando nos hallamos en el terreno abierto de la ilegalidad, así sea de infracciones no serias— Mill es bastante categórico: “los actos perjudiciales a los demás requieren un tratamiento totalmente diferente. La violación de sus derechos; la irrogación de una pérdida o un daño no justificables por sus propios derechos; la falsedad o doblez ante ellos; la utilización de ventajas sobre ellos, desleales o simplemente poco generosas; e incluso la abstención egoísta de preservarles de algún daño, todo ello merece, en verdad, la reprobación moral, y en casos graves, la animadversión y los castigos morales”.

Las violaciones a la ley en los espacios públicos caen llanamente en esta categoría. Quien sube un vehículo a la banqueta impide el tránsito a los peatones. Tirar la basura en la calle contamina el espacio que habitan otros. Nótese que Mill cuando habla de la sociedad incluye a la autoridad; por ello el tema de si el funcionario está limitado estrictamente por lo que mandata la ley, aunque importante, me parece secundario al tema central del debate. La autoridad no es sino una manifestación coercitiva de la sociedad. Tiene razón Mill cuando señala que, “la distinción entre el descrédito, al que justamente se expone una persona por falta de prudencia o dignidad personal, y la reprobación, a la que se hace acreedora cuando ataca a los derechos de sus semejantes, no es una distinción puramente nominal”. En efecto, es de consecuencia: “existe una gran diferencia, tanto en nuestros sentimientos como en nuestra conducta en relación a una persona, según que ella nos desagrade en cosas en que pensamos tenemos derecho a controlarla, o en cosas en que sabemos que no lo tenemos. Si nos desagrada, podemos expresar nuestro disgusto y también mantenernos a distancia de un ser, o de una cosa, que nos enfada; pero no nos sentiremos llamados por ello a hacerle la vida insoportable”, pero “muy otro será el caso si esa persona ha infringido las reglas establecidas para la protección de sus semejantes, individual o colectivamente. Entonces, pues, las consecuencias funestas de sus actos recaen, no sobre ella, sino sobre los demás, y la sociedad, como protectora de todos sus miembros, debe vengarse del individuo culpable, debe infligirle un castigo, y un castigo suficientemente severo, con intención expresa de castigarle. En este caso, se trata de un culpable que comparece delante de nuestro tribunal, y nosotros estamos llamados no solamente a juzgarle, sino también a ejecutar de un modo o de otro la sentencia que demos”.

¿Debemos hacer que los conductores ebrios se avergüencen de su conducta? Sin duda alguna, responde Reeves. Dañan a terceros de manera clara: pueden matar niños. Al igual que conducir intoxicado, las infracciones en la vía pública, la prepotencia e incivilidad de los guardaespaldas, no son meros actos que encontramos reprobables: son ilegales. Para Reeves, la presión moral es crítica para que se cumpla la ley. ¿Por qué es tan efectiva la vergüenza? La respuesta está en el papel que desempeñan las emociones: no somos seres puramente racionales. El temor, el disgusto o la vergüenza, cree Reeves, pueden tener un efecto más poderoso en la conducta humana que el razonamiento o la información objetiva. Este es, qué duda cabe, la parte más perturbadora del empleo de la vergüenza. Lo es porque acude a la parte irracional, instintiva, de las personas. Ese es un expediente que siempre será riesgoso. Como reconoce el propio Reeves, la vergüenza puede constituir una fuerza social negativa, que aplasta la libertad y el bienestar. Por eso tienen motivos fundados quienes advierten sobre sus peligros. La estigmatización, después de todo, tiene efectos terribles. Cuando la vergüenza falla como herramienta disuasiva las consecuencias pueden ser de consideración.3

Los críticos del funcionario delegacional tienen razón en que no se trata de un ciudadano, sino de una autoridad, limitada por las leyes. Y debería tenerlo muy claro. Su papel no es denunciar, sino hacer cumplir la ley. Lo que puede legítimamente transmitir en vivo es precisamente el momento en que se hace cumplir la ley. Nada más. Exhibir cómo se conduce un funcionario en ejercicio de sus atribuciones legales es perfectamente legítimo. Y ante las injusticias cometidas por este servidor público debe existir el mismo procedimiento de queja y resarcimiento que en cualquier otra actuación del poder público. Más aún, la lupa no sólo se dirige a los presuntos infractores, observamos también, qué duda cabe, al que graba. ¿Por qué no se ha procedido contra el empresario que insultó a la autoridad a través del teléfono que le sostenía diligentemente su guarura? ¿Por qué no hay una averiguación previa contra el mismo personaje, que es el patrón del guardaespaldas que agredió físicamente al funcionario? ¿Se negocia la ley? El recurso de avergonzar, hay que recordarlo, es un arma de dos filos: puede acabar avergonzando al avergonzador. Sin embargo, a diferencia de los embarazos de adolescentes, en México no hay debate sobre el hecho de que tirar basura, estacionar los autos en las banquetas y otras linduras que cometemos a diario nos deberían dar pena. Eso es, claro, si tuviéramos un ápice de vergüenza.

José Antonio Aguilar Rivera

Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

1http://www.nytimes.com/2013/03/16/opinion/a-case-for-shaming-teenage-pregnancy.html

2 http://amzn.to/1nhcum4

3 Julian Petley, Media and Public Shaming, New York, Tauris, 2013