CANCUN, Q.Roo (apro).- El sábado 30 de marzo, Christian Vicente Córdoba salió de su casa poco antes de las seis de la mañana, en compañía de su madre Paula Córdova Díaz, quien trabaja en un hotel de esta ciudad.

Ese día la temperatura era particularmente baja por los remanentes del frente frío número 37, por lo que el estudiante de gastronomía decidió abrigarse con un suéter rojo y una boina blanca.

En determinado punto, Christian se separó de su madre para dirigirse al hotel donde realiza sus prácticas por las tardes. Esta vez, sin embargo, lo citaron temprano por la alta ocupación que había en el hotel.

El aspirante a ‘Chef’ se dirigió, sólo, al “´paradero” del transporte de personal de “Tony”, ubicado en la avenida López Portillo con Kabah, frente a la sucursal de una cadena de papelerías del mismo nombre y al que llegan miles de trabajadores para ser transportados a hoteles y restaurantes de Cancún y la Riviera Maya.

Sin embargo, Christian nunca llegó al paradero. a unos metros de ese sitio, escuchó una voz que decía: “Ahí está, el de rojo”.

Y de repente se vio rodeado de elementos de la Policía Preventiva Municipal (PPM) que le pidieron que los acompañara, seguido de otra frase: “está detenido”.

Minutos antes de su captura, un par de sujetos ingresaron al Spa “La Diosa” y dispararon contra Juan Luis Robera Rodríguez, de 33 años de edad, el supuesto encargado de la casa de citas “disfrazada” de casa de masajes.

En sus primeras declaraciones, una de las “masajistas” dijo a la policía que uno de los victimarios vestía suéter rojo.

Más tarde, Paula Córdova se enteró de la detención de su hijo. “Lo acusan de homicidio”, le informaron.

Desesperada, llegó a la sede de la Subprocuraduría General de Justicia del estado. No sabía ni por dónde empezar, hasta que de pronto se topó con un sujeto de nombre, Francisco, quien se presentó como abogado.

Confiada, Paula le contó la historia y el supuesto licenciado se comprometió a sacar a su hijo en cuestión de “horas”. Pero antes le pidió por adelantado cuatro mil pesos.

Por la noche, Paula puso al tanto de la situación a su esposo, Vicente Córdova, quien llegó procedente de Tulum, donde trabaja. La pareja es originaria del estado de Tabasco, pero residen en esta ciudad desde hace 22 años.

Pasaron las horas y Christian no salió. El abogado nunca más volvió.

Christian fue consignado en el Juzgado Tercero Penal, acusado del presunto delito de homicidio calificado.

Un amigo de la familia contactó a otro abogado, quien ahora les pidió 10 mil pesos.

Sin embargo, el litigante también los defraudó. Ni siquiera estuvo presente en la audiencia en la que declararon el auto de formal prisión a su hijo, el pasado domingo 7.

“Ya nos seguimos con él, pues no quiso venir el domingo dizque porque era su día de descanso”, refirió Marcos.

El caso de Christian acaparó la atención de los medios de comunicación locales no sólo por tratarse de la ejecución número 21 del año, relacionada con el crimen organizado, sino también por la serie de irregularidades en el proceso.

Hasta ahora se manejan dos versión sobre el móvil del crimen: que los extorsionadores fueron a cobrar el derecho de piso al encargado del Spa y que se trató de un robo en el que Lobera Rodríguez amenazó a los delincuentes con un machete y que estos últimos regresaron y lo mataron.

El diario Novedades dio cuenta de un dato fundamental: que las autoridades no le practicaron la prueba de radizonato de sodio a Christian porque no cuentan con el reactivo, por falta de presupuesto.

“No tienen nada de evidencia. Ni siquiera tiene la prueba del radizonato”, dice Paula Córdova.

De acuerdo con los padres de Christián, el único indicio que tiene la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) es el testimonio de una de las cinco sexoservidoras que trabajan en el Spa.

Sin embargo, la chica desapareció. “Ya no aparece. La han buscado para citarla, pero no la encuentran”, dijo Paula.

Familiares de Christian y compañeros de la Universidad Tecnológica, donde estudia, han realizado tres manifestaciones para exigir su liberación.

En una de las protestas, la que se llevó a cabo en el parque “Las Palapas”, encararon al gobernador Roberto Borge, pero no los atendió. Uno de sus asistentes los canalizó con el subprocurador General, Juan Ignacio Hernández Mora.

El funcionario les explicó que el caso está en manos del juez. “No puedo hacer nada. Ahora tiene que reunir las pruebas”, fue lo único que les dijo.

Marcos tiene claro por qué está su hijo en la cárcel: “La Justicia tiene que tener un culpable”.