Este viernes se esperaba la intervención del Tribunal Supremo en la crisis abierta en Catalunya y, fiel a su cita, el magistrado Pablo Llarena ha emitido un auto de procesamiento en el que se declara procesados por un delito de rebelión a trece figuras políticas del independentismo catalán. Otros cinco son acusados de delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia. Y en el caso de los trece acusados de rebelión penden sobre ellos otros posibles delitos.

Siete políticas, cinco de la mesa del Parlament, la expresidenta del grupo Parlamentario de las CUP y su portavoz, son acusadas de un delito de Desobediencia.

El magistrado ha dictaminado que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Joaquim Forn permanezcan en prisión sin fianza por riesgo de fuga.

El auto de Llarena hace un recorrido del llamado Procés para terminar en lo que pudo ser. Así, el magistrado relata los hechos del día 20 de septiembre de 2017, cuando se produjo una manifestación ante la sede de la Consejería de Economía y Hacienda en protesta por las detenciones que estaban teniendo lugar, como «una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza» y añade una valoración controvertida «tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire».

Los hechos del día 20 y los del referéndum del 1 de octubre son los momentos que destaca Llarena, que explica su convicción de que los líderes independentistas «desde luego se representaron que el fanatismo violento de muchos de sus seguidores había de desatarse». Hay que recordar que los Comités de Defensa del Referéndum del 1-O desplegaron una defensa noviolenta de los puntos de votación y que, en el transcurso de la jornada, fueron las imágenes de la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado las que fueron censuradas por observadores y prensa internacional.

El magistrado ha fijado una fianza de 2,1 millones de euros a los trece acusados del delito de rebelión, que, según el Código Penal, comporta penas de entre 15 y 30 años de prisión. Llarena destaca en su auto la importancia del «Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña», presentado por el expresident, Artur Mas, que no ha sido incluido en ninguno de los delitos imputados por Llarena. Tampoco Marta Pascal y Neus Lloveras.

Jordi Turull, que ayer perdió la primera ronda para ser investido president de la Generalitat, es imputado también por los delitos con más penas del «pack» que maneja Llarena. Se le acusa de rebelión y malversación, según Llarena, Turull: «Impulsó la movilización desde sus funciones de portavoz del Gobierno de la Generalitat. Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum. Coordinó infraestructuras informáticas para votación y reclutamiento de voluntarios».

Como se esperaba, la imputación por parte de Turull, unido a la salida hacia Suiza de Marta Rovira y la dimisión de dos diputadas del Parlament, ha trastornado la agenda política del día. La ruptura del Procés, escenificada ayer con el rechazo de las CUP de apoyar la investidura de Jordi Turull, mantiene el artículo 155 —impulsado por PP, PSOE y Ciudadanos— como guía de la política en Catalunya.