El primer atentado del narcotráfico contra la población civil en México ha quedado sin culpables. Un juez absolvió y dejó en libertad a cuatro presuntos integrantes del cártel de Los Zetas que habían sido acusados de lanzar granadas en una verbena popular el 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán, matando a ocho personas e hiriendo a más de 100. El magistrado consideró que los cuatro imputados fueron obligados a confesar con torturas y determinó que la Fiscalía fabricó pruebas para inculparlos.

En el juicio se demostró que tres de los acusados señalados como autores materiales, Julio César Mondragón, Juan Carlos Castro, Alfredo Rosas estaban en el puerto de Lázaro Cárdenas, a 200 kilómetros de la capital, el día del atentado. El nombre del cuarto sospechoso ha sido reservado por las autoridades. La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) ha anunciado que apelará la sentencia absolutoria del juez Enrique Pedroza.

Los supuestos zetas fueron entregados a la PGR por otros criminales después de la conmoción que causó el atentado en los festejos de la Independencia de México. Los Zetas controlaban esa parte de Michoacán. Durante la investigación se supo que otro cártel, La Familia Michoacana, había sido el autor de la agresión. Este grupo quería provocar con el ataque una ofensiva del Gobierno que barriera con Los Zetas para apoderarse de las ciudades y las rutas de trasiego de drogas en el Estado.

Los acusados fueron entregados a las autoridades severamente golpeados. “En lugar de respetar sus derechos fundamentales y atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando se encontraban bajo los efectos de aquella tortura”, concluye el juez Pedroza. También fueron exhibidos como culpables ante la opinión pública en una serie de vídeos grabados sin sus abogados defensores.

Este caso se suma a los varios vicios cometidos por Marisela Morales como fiscal de delincuencia organizada en el periodo de Eduardo Medina Mora como procurador general. Medina Mora es hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia. Su nombramiento fue cuestionado en marzo por varias ONG que aseguraban que su paso por la Fiscalía había dejado cientos de violaciones a derechos humanos.