Cuatro generaciones bajo el mismo techo: su madre, de 73 años, su hija y su nieta, que entonces tenía apenas un año, se quedaron en la calle. También su yerno Raúl Barreto, que tras ser desahuciado culminó la aciaga jornada en comisaría.

«Estaba tan nervioso que prácticamente no me acuerdo de nada, pero hubo un momento de tensión en el que estaban pegando a mi cuñado, me puse de por medio y me esposaron», relata Raúl, que ahora tiene 31 años, es técnico de iluminación y lleva cinco meses trabajando en una gira por toda España.

El lunes le toca volver a Madrid, su ciudad: tiene que acudir a un juzgado de lo penal imputado por un delito de resistencia y con una petición de un año de prisión. Junto a Raúl, en el banquillo se sentará Chema Ruiz, que en 2011 era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid y sobre el que pesa la misma acusación.

«Esto es un despropósito», afirma Chema, de 43 años, que aquella mañana acudió a la convocatoria promovida por asambleas del 15M para negociar con la comisión judicial un aplazamiento de la ejecución. «Pero la Policía ni siquiera nos dejó hablar con ellos», recuerda detallando todas las circunstancias de aquel desahucio.

Por ejemplo, que la familia perdiera una casa que estaba pagada y de la que eran propietarios. La vivienda, ubicada en Canillas, en el madrileño distrito de Hortaleza, formaba parte de un Poblado de Absorción levantado en 1956 por el franquismo para cobijar a familias que habían sido expropiadas en otras zonas de la capital para acometer obras como la construcción de la M-30.

Las viviendas de este poblado, a las que el vecindario bautizó como ‘palomares’ por sus pequeños ventanucos y estrechas estancias, se construyeron como una estancia temporal que pasaría a ser propiedad de sus inquilinos si 50 años después de la entrega de llaves no habían sido realojados en otra vivienda definitiva.

El franquismo no cumplió con su promesa de trasladar a las familias del Poblado de Canillas a sus nuevos hogares, y esa deuda pendiente la acabó asumiendo el IVIMA, organismo de la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, que desde los años 80 remodela el barrio por fases y a ritmo lento. Cuando llegó el turno de la familia de Estrella, un error de la administración los dejó fuera del sorteo abocándolos a una situación sin salida: el IVIMA tenía que derribar su casa para liberar suelo y avanzar con la remodelación del barrio, pero no les ofrecía una alternativa habitacional.

«Después el IVIMA nos dijo, para compensar el error, que podíamos irnos a otro barrio de Madrid», apunta Estrella, que regenta un bar en el barrio de Canillas, donde ahora preside su asociación vecinal. Entonces rechazó el ofrecimiento del organismo público porque su madre, enferma, requería cuidados que la distancia habría hecho imposibles. El caso se acabaría judicializando, y los tribunales sentenciaron desahucio.

«Pero aquel día los antidisturbios aparecen por una decisión política, porque lo decide Delegación de Gobierno (entonces con María Dolores Carrión al frente)», sostiene Chema Ruiz, que califica como desproporcionado aquel despliegue policial, con siete furgonetas de antidisturbios de la Policía Nacional que fueron sacando «a rastras» a las decenas de vecinos y activistas que se plantaron delante de la vivienda de Estrella y su familia para impedir el desalojo con una sentada. La escena fue grabada en vídeo, incluso apareció en el programa Callejeros de Cuatro, y en ella se escucha como las personas que participaron en la acción gritaban «No a la violencia» mientras intervenían los agentes.

«A mí me detienen porque se les antoja y porque estaba significado por mi trabajo en la PAH», interpreta Chema, que pocas semanas después del desahucio fue citado a declarar ante el juez, junto a Raúl, sin saber de qué le acusaban. «Fuimos con Rafa Mayoral (ahora diputado de Podemos) y lo único que nos dijeron es que estaban valorando el delito de sedición», asegura el activista.

Tras el desahucio, en 2011, se destruyó la casa frente a los inquilinos / Fotogracción

Su abogada actual, Angélica Domínguez, recuerda que las diligencias policiales se acompañaron de ocho partes médicos de los agentes que participaron en el desahucio, y que un médico forense no pudo vincular con los dos detenidos. «Los intentaban emplumar», afirma la letrada, destacando que durante la instrucción no se admitieron como prueba las imágenes grabadas durante el desahucio. «Los vídeos no se han llegado a visualizar ni a tener en cuenta, y si se hubiera hecho, no habríamos llegado a este punto de apertura de juicio oral, porque existe una prueba gráfica de que no hubo ningún delito, ni resistencia a la autoridad», lamenta.

Tanto la PAH Madrid como otras plataformas de vivienda y vecinales han convocado el lunes 16 de enero, a las 12 horas, una concentración frente a los juzgados de la calle Julián Camarillo de Madrid para apoyar a Chema y Raúl en su cita con el juez. «En el peor de los casos, no ocurrirá nada porque no tenemos antecedentes, pero pretenden darnos el toque de atención para que la próxima vez nos quedemos en casa», según el antiguo portavoz de la PAH.

Cinco años después, la parcela que ocupaba la vivienda de la familia de Estrella sigue siendo un solar donde la Comunidad de Madrid no ha construido las viviendas de realojo que apremiaron el desahucio. «Un descampao para que caguen los perros», sentencia Raúl.

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