Por Joaquin Silva y Leonardo Haberkorn

No fue un preso! ¡Lo mató la guardia! ¡Fue la guardia! Los gritos llegaban desde todas las celdas. Era el jueves 11 de octubre y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, recorría el penal de Libertad en compañía del fiscal de esa ciudad del departamento de San José, Césare Cingia.

Habían coincidido allí de casualidad, los dos investigando la muerte del interno Carlos Alberto Núñez Santos. Las autoridades decían que lo había matado otro preso, un ajuste de cuentas, que a Núñez lo habían asesinado con un arma blanca.

Petit relató en el Parlamento que al principio le dijo a algunos presos que luego hablaría con ellos. Pero el griterío aumentaba. Insistían en que a Núñez lo había matado la guardia. El comisionado entonces se paró en la mitad de la planchada y él también gritó para que todos los reclusos lo oyeran: “Les trasmití a viva voz que estaba el fiscal, que quería darle prioridad a él y que después hablaría con ellos”, dijo Petit este jueves en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Petit presentó a los legisladores las conclusiones de esa investigación –en la que trabajó durante varias semanas y para la que entrevistó a 70 protagonistas y testigos– que demostraba que la cartera de seguridad había, en efecto, publicado una información falsa, que mantuvo durante varios días en su pagina oficial pese a que el comisionado le había informado lo correcto al ministro Eduardo Bonomi a comienzos de noviembre.

Fue en esa reunión personal entre Petit y Bonomi que el ministro y sus asesores tomaron conocimiento de lo ocurrido en Libertad, pese a que este viernes autoridades del Ministerio del Interior insistieron en que se enteraron recién este jueves con la presentación del informe de Petit.

El comisionado para las cárceles explicó a los legisladores que en cuanto llegó “a una conclusión sobre estos episodios”, hace ya varios días, se había reunido con el ministro del Interior. “Me parecía muy importante que él supiera de primera mano lo que había ocurrido, al menos desde mi versión, fruto de mi investigación, de mi relevamiento”, dijo y agregó: “No es la verdad divina, pero creo que tengo elementos muy abundantes, muy detallados y de fuentes muy distintas sobre lo que pasó. Para mí era importante decirle al ministro cuál era mi conclusión”.

Y su conclusión era que Núñez –un recluso de buena conducta que estaba próximo a salir en libertad– se había acercado al guardia que le disparó con las manos en alto. “Múltiples testimonios ante este Comisionado que dieron su consentimiento informado sobre los hechos y aceptaron testificar judicialmente –escribió Petit en su informe–, aseguraron que a Núñez le dijeron que se tirara al piso y que, cuando estaba haciéndolo, le dispararon”.

La senadora Ivonne Passada, presidente de la Comisión Bicameral y compañera de Bonomi en el Movimiento de Participación Popular (MPP) también sabía desde hacía varias semanas lo que Petit había descubierto, porque el mismo día que pidió reunirse con el ministro el comisionado solicitó a la legisladora ser recibido en esa comisión parlamentaria.

«A Núñez le dijeron que se tirara al piso y cuando estaba haciéndolo, le dispararon”.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles

No había forma que la cartera de seguridad lo ignorara: el 1° de noviembre, la cuenta oficial de Twitter de la Oficina del Comisionado Parlamentario anunciaba que Petit había elevado un adelanto de su indagatoria al fiscal Cingia y varios medios de prensa lo difundieron.

Uno de ellos fue el programa radial En Perspectiva, que el 2 de noviembre divulgó parte del documento que entonces ya estaba en manos del fiscal de Libertad, con quien El Observador intentó hablar, sin éxito.

“Todo indica que no fue muerto por un corte carcelario sino por un disparo hecho contrariando las normas dadas por las autoridades”, había escrito Petit, y ya advertía: “Espero presentar en breve un informe a la Comisión de Seguimiento Carcelario detallando sobre lo ocurrido, sobre su gestación, sobre lo que pasó y cómo se manejó el hecho, que nos deja muchas y duras lecciones”. Lo mismo reprodujo Montevideo Portal y radio Sarandí.

Sin embargo, en la web del Ministerio del Interior se mantenía la versión errónea.

L. Carreño

Remoción

Cuando el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, se despertó este viernes, luego de pocas horas de sueño, “intuía” lo que podía pasar. Recibió una llamada del director de la Secretaría del Ministerio del Interior, Federico Laca, que lo citaba a su despacho a las 11 de la mañana para comunicarle la decisión del ministro de cesarlo.

Según supo El Observador, Laca le explicó a Larrosa que una de las razones por las cuales era cesado era el “proceso de cambios” por el que estaba atravesando el sistema penitenciario, que el Poder Ejecutivo planea convertir en un servicio descentralizado que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura en 2021.

Fuentes de la cartera admitieron que el motivo no era otro que el error en el que incurrió el Ministerio del Interior al consignar en un comunicado la Unidad de Comunicación de la cartera (Unicom) la versión de que Núñez había muerto a manos de otro recluso. Ese comunicado se mantuvo publicado en la web del ministerio hasta este jueves en la tarde cuando estalló el escándalo con la presentación de Petit en el Parlamento.

“No le mentimos nunca a nadie, y si hay algo que me caracteriza como director nacional es que siempre he peleado por los derechos humanos de los presos”.

Gonzalo Larrosa, director del INR cesado por Bonomi este viernes

“La nota original fue despublicada de nuestro sitio web, las conclusiones de las investigaciones forenses que aportó el Comisionado y el detalle de los indicios periciados (comunicado a Unicom por la dirección de Policía Científica) dan cuenta de la falsedad de aquella información primaria que indujo a error al propio director del INR, fuente oficial de nuestro reporte”, informó el Ministerio del Interior este viernes.

Bonomi se negó a hacer declaraciones y decidió que ese comunicado sería la forma de responder al tercer cuestionamiento de la opinión pública en menos de una semana por demás complicada.

Camilo dos Santos

El lunes había impedido que un grupo de tabacaleros se manifestara contra el gobierno en Artigas –por lo que dos trabajadores fueron detenidos y llevados a la seccional durante más de una hora–, y al otro día avaló que su cartera publicara los antecedentes penales de uno de ellos como forma de justificar el atropello. Unicom informó que, entre otros procesamientos, uno de los manifestantes que había molestado a Bonomi había sido procesado por un homicidio en 2011, entre otros delitos anteriores.

Ambas actitudes le valieron al secretario de estado dos comunicados de rechazo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En el primer caso, se consideró que Bonomi, al empujar con su espalda y cola a los trabajadores que pretendían extender una pancarta, afectó “de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.

Además, la Inddhh cuestionó al ministerio por difundir los antecedentes del manifestante. No obstante, Bonomi, utilizó el argumento de que como uno de los trabajadores que estaba a su lado “era un homicida” , corría riesgo y la guardia estuvo bien en detenerlo.

Contradicción



Antes de que le comunicaran formalmente que sería cesado de la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa dijo a El Observador que estaba molesto con el informe de Petit. “Parece como si él hubiera descubierto o deschavado que había una maniobra para tapar a los funcionarios, cuando está la Justicia trabajando e interrogando a todo el mundo, además de la investigación administrativa que iniciamos desde un primer momento”, había dicho el jerarca, quien también defendió que no hubo intencionalidad en ocultar que el homicida del recluso de Libertad era un policía. “No le mentimos absolutamente a nadie, y si hay algo que me caracteriza como director nacional es luchar por los derechos humanos de los presos”, defendió.