Artículo Original: Denis Seleznev / Vzglyad

Durante todo el verano, en Ucrania se ha desarrollado un conflicto de baja intensidad relacionado con las acusaciones de Naciones Unidas de la existencia de prisiones secretas y torturas del SBU.

Todo comenzó en mayo, cuando una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU suspendió prematuramente su visita a Ucrania. El motivo de la suspensión fue la negativa de Ucrania a permitir el acceso de la misión a varias prisiones situadas en Kramatorsk y Mariupol. Días después, The Times, citando a Ivan Šimonović, Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos, publicó un artículo en el que afirmaba que el SBU ha realizado detenciones masivas de partidarios de la RPD y la RPL y utiliza sistemáticamente la tortura.

Por supuesto, esas acusaciones recibieron una respuesta a modo de excusas por parte del actual director del SBU. Hrytsak afirmó que el Servicio de Seguridad cumple con la legislación ucraniana y las obligaciones internacionales. Finalmente, decayó hasta perder toda relación con la realidad, con acusaciones contra Naciones Unidas de ser enemigos de la humanidad y prácticamente agentes del Kremlin. Sin embargo, hubo momentos en los que su argumentación prácticamente admitía que dichos incidentes han podido ocurrir, aunque no sabía nada de ellos. Pero el sentimiento hacia Ucrania no es tan fuerte y nadie quiere que en un futuro se le acuse de ser responsable de crímenes contra la humanidad. Así que durante todo el verano se han producido intentos de dar un aspecto e legalidad y humanismo. Para ello se ha producido una serie de representaciones, como mostrar a los periodistas celdas cómodas y limpias o presos bien cuidados y contentos que agradecen al SBU su buena suerte.

En la prensa, un busto parlante habla de la defensa de los derechos humanos. Es el Comisionado ucraniano para los derechos humanos. El 12 de agosto, Lutkovsky acudió a una de las prisiones y quedó muy satisfecho: por supuesto que no se cometen irregularidades, ni hay nada secreto ni inaccesible para los observadores, todo fue un error.

Antiguos prisioneros que han tenido la suerte de salir de esas prisiones cuentan cómo son esas visitas. Antes de la llegada del busto parlante o del grupo de leales periodistas, todos los presos suben a un autobús y son llevados a algún lugar cercano para esperar hasta que acabe la espectacular ceremonia. Así que el efecto de estos eventos era escaso. Pero entonces un grupo de apoyo a la democracia ucraniana tuvo otra brillante idea.

A finales de julio, dos experimentadas organizaciones de defensa de los derechos humanos – Amnistía Internacional y Human Rights Watch – traicionaron al país más justo y humano del mundo y, de repente, publicaron un informe que indirectamente confirma los datos de Naciones Unidas. Bajo el dramático título “Tú no existes”, el informe cuenta con los testimonios de personas que han sido secuestradas, detenidas de forma ilegal o extraoficial y casos de torturas. Aparentemente, incluso aquellos que se habían mantenido leales a “nuestro hijo de puta” habían decidido de repente cambiar su voto.

Pero no se hagan esperanzas. El matiz de esos informes es que, al leer los documentos en profundidad, puede dar la impresión de que tan solo se trata de casos aislados. En las revelaciones de esas organizaciones internacionales aparecen diez o quince casos de personas que supuestamente son ejemplos de violaciones del derecho internacional y de la propia legislación ucraniana.

El problema está precisamente en los detalles. El hecho es que dichos informes no pretenden revelar la realidad del sistema ucraniano sino, al contrario, taparlo.

Al crear la impresión de que se trata de casos aislados (cinco, diez, quince casos a lo largo de todo el país), Amnistía Internacional y Human Rights Watch buscan crear la ilusión de que Ucrania es un país democrático en el que se respeta la ley, aunque haya ciertos errores que se pueden justificar por la situación militar. Sin embargo, una lista parcial de detenidos (que se actualiza regularmente) contiene al menos 850 nombres.

Concretamente, en esa lista aparecía el nombre de Nikolay Wakarusa, que recientemente fue puesto en libertad tras 18 meses de detención ilegal y torturas por parte del SBU. Natural de la región de Donetsk, fue acusado solo por conocer a otros sospechosos, sus entrevistas muestran, no solo casos individuales, sino la esencia del actual sistema ucraniano.

Brevemente, la mecánica del sistema ucraniano de justicia. Un sospechoso es detenido y en la gran mayoría de los casos (el 75%) es acusado de creación de grupo terrorista o formación armada ilegal. Con presión psicológica, amenazas o incluso tortura, se le fuerza a confesar y a delatar a sus “asociados” a cambio de salir en libertad con cargos. Tras este tratamiento, los oficiales de las agencias del orden de Ucrania están convencidos de que, con esas amenazas de ser acusado de terrorismo, la persona ya no es un peligro para el sistema.

Este sistema funciona de la misma manera al margen de edad y género. Por ejemplo, según este esquema se está ahora acusando a la periodista de Kiev Miroslava Berdnik, a la que el SBU investiga por organizar un grupo terrorista. La prueba de la existencia de dicho grupo terrorista es un icono de San Jorge.

Otro ejemplo: una chica de 19 años de Artyomovsk que antes de la guerra comenzó la universidad en Donetsk. En el otoño de 2014, joven e ingenua, se fotografió con soldados locales en la residencia de la universidad, que en aquel momento se utilizaba como barracones para las milicias, y publicó la fotografía en Vkontakte. Ese error le costó caro.

Cuando volvió a casa de sus padres en vacaciones, hombres armados y enmascarados la secuestraron y permaneció incomunicada durante semanas. Finalmente, se conoció que estaba en la prisión de Járkov, la misma que aparece en el informe de Naciones Unidas como prisión secreta.

Con la misma estrategia, obligaron a la chica a confesar su participación en la creación de organización terrorista, tras lo cual recibió una sentencia suspendida. Por si acaso, para mayor seguridad. De la misma forma, se acusa de creación de grupo terrorista incluso mujeres mayores de 70 años, que también están en la lista. Además, el paradero de cientos de personas en esta lista es desconocido e incluso hay casos en los que ni siquiera las fuerzas de seguridad de Ucrania son capaces de determinar exactamente el estatus de las personas a las que ellos mismos han detenido.

Con esto solo nos estamos refiriendo a aquellas personas detenidas por las instituciones más o menos oficiales de Ucrania: la Fiscalía o e SBU. El destino de cientos de personas detenidas por batallones voluntarios no queda registrado en ninguna parte y solo se da a conocer durante procesos criminales como el que se está desarrollando contra el batallón Tornado.

Conocido por hablar tanto, el periodista ucraniano Yuriy Butusov, que tanto ha per hecho por la propaganda del terror y las detenciones extrajudiciales, comentó el 1 de septiembre sobre la realidad ucraniana: “Ha habido algunos oficiales del SBU, del Ministerio del Interior o de los militantes que han ido más allá del Código Penal de Ucrania. Esas operaciones no aparecerán en ningún registro ni darán medallas a nadie.

Sí, se ha secuestrado a aquellos relacionados con las Fuerzas Especiales rusas o agitadores rusos sin órdenes ni ceremonias. Sí, fue duro. Si se hubiera declarado la guerra, todos aquellos que izaron banderas rusas en ciudades ucranianas o que dieron información al enemigo por teléfono sobre los movimientos de tropas ucranianas serían detenidos.

Y los tribunales justificarían cualquier acción. Pero no se ha declarado la guerra. Por eso, los que están en el frente llevan una lucha secreta fuera de la ley. Eso es muy injusto”.

De facto, Poroshenko admite que el sistema legal de Ucrania funciona a medio gas, sobre la base de afiliaciones de partido y prácticas revolucionarias. Es decir, no estamos hablando de incidentes aislados como intentan convencernos las palomas de Amnistía Internacional o Human Rights Watch, sino de una práctica consciente de ejecuciones extrajudiciales y violencia preventiva.

Los intentos de tapar estas practicas son costosos y ya han pasado factura a Ucrania. En un país en el que las fuerzas de seguridad pueden detener arbitrariamente, torturar, o secuestrar con impunidad y mantener encarcelados durante meses, sin siquiera presentar cargos, no se puede esperar un futuro a medio plazo en el que reine un orden tolerable.

Ya observamos las consecuencias de todo esto con ejemplos como la quema de canales de televisión, enfrentamientos por las propiedades, asesinatos de periodistas o abogados independientemente de su grado de patriotismo y en el aumento de la criminalidad.

Y así, los empleados de organizaciones de defensa debido derechos humanos o “periodistas” como Butusov deben pensar cuidadosamente en su futuro, teniendo en cuenta la fragilidad del sistema de justicia que tratan de justificar.

Quien siembra vientos, recoge tempestades.