La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto un proceso "de información reservada" a Juan Carlos Monedero, tras hacerse público que cobró 425.000 euros por contratos de asesoría con los Gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, efectuados en 2010 y pagados en 2013, según señaló el profesor y dirigente de Podemos.

En un comunicado, la UCM señala que el rector, José Carrillo, ha acordado esta medida "ante las noticias publicadas en los últimos días en distintos medios de información". La información reservada es el paso previo a la apertura de un expediente, si procede, o de cualquier otro tipo de sanción. El jefe de la inspección de servicio de la universidad es quien asume este tipo de actuaciones. Durante la investigación se llamará a Monedero para que explique lo ocurrido y aporte documentación, explican desde la UCM. Para la formación política se trata de "un trámite normal", señala Luis Alegre, secretario de Participación de la formación. "La institución tiene que informarse, como no puede ser de otro modo", ha añadido Alegre.

El lunes, Juan Carlos Monedero no acudió a la rueda de prensa convocada por la formación para valorar la victoria de Syriza. Estaba dando clases en la Universidad Complutense, según dijo Pablo Iglesias. La plana mayor del partido cerró filas con el cofundador y responsable del Programa. Y calificaron este episodio “de anécdota” frente al caso Bárcenas las sospechas por sus ingresos de más de 420.000 euros por los trabajos de asesoría. Pese a no aclarar cuándo tiene previsto enseñar las facturas correspondientes —Monedero prometió mostrarlas cuando obtenga la autorización de esos Gobiernos— se mostró convencido de que no será sancionado por la universidad por no haber comunicado la realización de esos trabajos.

Monedero debería haber solicitado permiso a la universidad antes de hacer esos trabajos como consultor y los tendría que haber cobrado a través de la institución universitaria en calidad de proyecto de investigación, según explicaron el viernes a EL PAÍS fuentes de la Complutense.

Cuando un profesor a tiempo completo quiere realizar una investigación externa tiene que acogerse al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que recoge que los grupos de investigación pueden contratar con entidades públicas y privadas “para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”. Los profesores a tiempo parcial deben obtener un reconocimiento expreso previo de compatibilidad por su centro.

El artículo 83 de la LOU establece también que son los estatutos universitarios los que establecen “los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos [los trabajos] se obtengan”. Fuentes de la Complutense explicaron el viernes que, en este caso, los ingresos se deberían haber cobrado a través de la universidad y que un porcentaje de estos fondos debería haberse quedado en el campus, algo que no ha sucedido. El dirigente de Podemos solicitó el permiso para desarrollar trabajos externos a la universidad el pasado diciembre de 2014, cuatro años después de haber realizado los trabajos.