La empresa pública, presidida por el ex alto cargo socialista Óscar López, reduce a cero la prima de producción a sus empleados y les ofrece adelantar vacaciones para cobrar su salario íntegro.

Los recortes con motivo del coronavirus comienzan a llegar a las empresas públicas cuando se cumple un mes de estado de alarma y paralización económica. El grupo Paradores comunicó ayer a sus empleados que reducirá el sueldo de sus más de 4.000 trabajadores ante la drástica parada de la facturación motivada por el cierre de sus establecimientos.

La medida consiste en dejar en cero la prima de producción que cobra la plantilla y que supone de media 391 euros al final de mes. Esto supondrá, según un comunicado remitido por Csif a sus afiliados, un ajuste de hasta el 50% en la retribución de algunos empleados.

La dirección de Paradores, que encabeza el ex diputado y ex secretario de Organización del PSOE, Óscar López, propone como alternativa a sus empleados que adelanten sus vacaciones para cobrar de manera íntegra su salario. La empresa argumenta que el cobro de la prima va vinculada a la facturación del grupo, que ha quedado reducida a cero en las últimas semanas por los efectos de la pandemia.

Hasta ahora, el grupo había intentado no llevar a cabo ningún tipo de ajuste a pesar de que sus hoteles permanecen cerrados desde el pasado 16 de marzo. El grueso de la plantilla ha permanecido desde entonces en casa sin trabajar consumiendo el exceso de horas realizadas el pasado ejercicio y acogiéndose al permiso retribuido recuperable aprobado por el Gobierno entre los días 30 de marzo y 9 de abril.

"Este ERTE camuflado no es admisible porque la empresa cerró el año pasado con un beneficio neto de 14 millones. Habría un amplio colectivo de trabajadores que no llegarían a cobrar ni el salario mínimo dados los sueldos que se manejan en la empresa pública", ha denunciado en un comunicado el sindicato de empleados públicos Csif.

Desde la dirección de la empresa señalan a EL MUNDO que la prima supone de media un 23,47% del salario de la plantillas. Además, insisten en que el grupo turístico está realizando un esfuerzo enorme para lograr que sus empleados sigan cobrando el 100% de su salario base mientras están en casa. 3.200 empleados ingresarán más de un 70% de su nómina, 660 entre un 60 y un 70%, y menos de 40 por debajo del 60%.

Empresa y sindicatos rompieron el domingo las negociaciones que llevaban a cabo para intentar paliar la situación del grupo. La empresa había puesto sobre la mesa una reducción salarial próxima al 15% a cambio de que los trabajadores cedieran a la dirección de Paradores la potestad para elegir sus días de vacaciones una vez que se retome la actividad. Se trata, según explican en la dirección, de una medida que pretendía mejorar la gestión una vez que el Gobierno levante el confinamiento de los hogares y relance el sector turístico.

Sin Erte por ahora en la empresa pública

Se trata del primer gran recorte llevado a cabo en una empresa pública en la crisis del coronavirus. Las sociedades participadas por el Estado han evitado durante el último mes llevar a cabo fuertes ajustes como los que se están acometiendo en empresas similares del sector privado.

La instrucción que se ha trasladado desde el Ejecutivo a los gestores de la Sepi, el hólding empresarial que aglutina las participaciones del Estado en distintas compañías, es que se busquen todo tipo de fórmulas alternativas a la suspensión temporal de los puestos de trabajo. Es decir, que se mantenga el empleo para dar ejemplo en la respuesta a la crisis del coronavirus.

Esta situación que ha provocado en las últimas semanas la reinvención 'exprés' de grupos como Hunosa, el almacén del carbón nacional que fue ha sido habilitado de urgencia por el Ministerio de Transición Ecológica para llevar a cabo obras de restauración medioambiental conservando su actual estructura. Según los sindicatos, este permiso aliviará la presión sobre el empleo de un sector en declive.

De la misma forma, los gestores del grupo Tragsa, dedicado a la conservación de espacios naturales, han llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para crear un permiso retribuido recuperable mientras dure el Estado de alarma que luego los empleados tendrán que devolver antes de que finalice 2021.

La empresa participada por el Estado que más cerca ha estado de aplicar un gran ERTE por ahora ha sido Indra. El grupo tecnológico cotizado ha protagonizado un inusual rectificado en dos comunicados mandados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero con fecha 27 de marzo y firmado por el vicesecretario general del consejo, Carlos González, anuncia la presentación de un plan de contingencia contra el coronavirus que incluiría un ERTE para cerca de 2.000 empleados y una reducción salarial escalonada para el conjunto de la plantilla.

"Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de actuaciones que Indra está llevando a cabo para adecuar su estructura de costes a la caída de la demanda y a la aparición de dificultades en la ejecución en algunos proyectos internacionales como consecuencia del COVID-19", respondía el comunicado remitido a los inversores.

Justo una semana más tarde, el mismo vicesecretario del consejo comunicaba a la propia CNMV que la compañía decidía retirar su propuesta de ajuste para iniciar un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores y analizar las decisiones a llevar a cabo. No obstante, el plan sí mantiene la rebaja salarial del 25% para el presidente Fernando Abril-Martorell y la alta dirección de la compañía.

Fuentes oficiales de la empresa niegan que detrás de este rectificado se encuentre la mano del Gobierno y aseguran que la intención del grupo es llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Otras fuentes próximas al consejo de administración insisten en la necesidad de adoptar medidas de contención frente a la brusca caída de la actividad pero señalan que no ha habido órdenes de Moncloa para evitar el Erte. "No se ha querido imponer por la fuerza", matizan.