En México la impunidad persiste, así ha calificado la organización Amnistía Internacional el panorama por violaciones a derechos humanos cometidos durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su informe anual “Los Derechos Humanos en las Américas: retrospectiva 2019”, Amnistía expone que pese a la creación de la Guardia Nacional, se cometieron crímenes graves como ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como contra mujeres, migrantes y comunidad LGBTI+.

“Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, incluidos homicidios. México prometió adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos pero, ante la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales, cambió su posición, con graves consecuencias para las personas migrantes y solicitantes de asilo”, apuntó.

También cuestionó el nuevo plan de austeridad de la actual administración por afectar no solo a programas del gobierno federal, como las estancias infantiles, sino por poner en peligro el acceso a la atención médica de las personas, como pacientes que viven con el VIH o con cáncer.

Delitos contra mujeres

Amnistía Internacional señaló que las Alertas de violencia de género contra las mujeres no han dado ninguna señal de reducir la violencia contra ellas.

Incluso, recordó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas ocurridos en agosto pasado que “suscitaron indignación y manifestaciones en la Ciudad de México y otras ciudades. El gobierno de la Ciudad de México hizo inicialmente caso omiso de las protestas, a las que tachó de actos de provocación, y declaró que pondría en marcha investigaciones penales contra manifestantes por daños a edificios. Posteriormente, y al parecer como reacción a la indignación ciudadana, el gobierno cambió su postura y declaró que respetaría el derecho a la libertad de reunión e investigaría los casos de violencia contra mujeres y niñas”.

Defensores siguen recibiendo amenazas

Para el organismo internacional las autoridades mexicanas “no realizaron avances significativos” en las investigaciones sobre los homicidios de personas defensoras de los derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente.

Tras citar casos como el del defensor Samir Flores asesinado en Morelos, Amnistía insistió en que México no había ratificado aún el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que prevé la protección de los defensores y defensoras de los derechos ambientales.

Cacería de migrantes

El informe resalta el cambio en la política migratoria de México, la cual pasó de tener un enfoque de derechos humanos, a una persecutoria tras las amenazas del gobierno de Estado Unidos de imponer aranceles comerciales a menos que se establecieran más controles migratorios.

Amnistía señaló el uso de la Guardia Nacional para el arresto y detención arbitraria y masiva de migrantes en la frontera sur, así como las condiciones de centros de detención migratoria, y la muerte de persona bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en circunstancias relacionadas con su detención.

“El gobierno mexicano proporcionó a estas personas unos simples permisos para permanecer en el país, pero devolvió a muchas a sus países de origen en lo que podría constituir una violación del principio de no devolución (non-refoulement)”, detalló tras la detención de 186 mil 750 personas y la deportación de 123 mil 239 cometidas hasta diciembre pasado.

10 periodistas asesinados

El organismo internacional documentó que al menos 10 periodistas fueron asesinados el año pasado, sin que las autoridades hicieran “avances significativos en las investigaciones”.

“El gobierno federal no anunció en el curso del año ningún plan sustancial para proteger a este colectivo. Los periodistas expresaron su preocupación por el menosprecio mostrado por el presidente hacia los y las profesionales del sector y los medios de comunicación que criticaban sus políticas”.

También puso como ejemplo de las restricciones a la libertad de expresión la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que condenó al periodista Sergio Aguayo al pago de 10 millones de pesos mexicanos por daños y perjuicios en artículo de opinión sobre el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés

Detenciones ilegales, desapariciones y tortura persisten

El documento indicó que la reforma constitucional que amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión preventiva oficiosa impidió que los jueces evaluaran en cada caso la necesidad de la prisión preventiva y eludía la revisión periódica de la detención, por lo que se violaba el derecho a la presunción de inocencia en los procedimientos penales.

En cuanto a las desapariciones forzadas, el organismo no solo alertó el incremento de casos. También hizo notar que México no ha anunciado la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para examinar casos individuales.

También externó su preocupación por las investigaciones sobre los informes de tortura ya que son “generalmente defectuosas, y las personas responsables rara vez comparecían ante la justicia”.

Incluso, señaló que no se ha hecho público el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizado también para combatir otros malos tratos como violencia sexual, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.