Manini Ríos advirtió que si no disminuye la carga fiscal el precio de la nafta y el gasoil, aunque se importen, “bajará poco y nada”.

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Según los datos que divulgó esta semana la consultora internacional Global Petrol, Uruguay se ubicó en febrero en el puesto 25 con el precio de nafta más caro al público entre 153 países estudiados. En el caso del gasoil, se ubica en el puesto 55.



Cifras como estas subrayan la eterna discusión sobre si el país debería conservar en manos del Estado el monopolio y la distribución de los combustibles o si debería habilitar la libre importación.



Al respecto, el informe correspondiente a enero de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) otorga nuevas pistas.



Si se pudiera importar libremente, la nafta costaría apenas 4% más barata. El ahorro del gasoil sería menor: 2%. La mayor diferencia se observaría en el fueloil pesado, 16%.



En el caso del supergás, sería 26% más caro traerlo desde el exterior que producirlo, como hasta ahora, a nivel local.



Así surge al determinar los precios por paridad de importación, al calcular el precio en el mercado local de productos terminados de similar calidad a los producidos por Ancap en la hipótesis de que pudieran ser importados libremente.



El Partido Nacional pretendía derogar el monopolio de importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, en manos del ente estatal desde 1931.



Así lo prevé un artículo incluido en el borrador del proyecto de ley de urgente consideración que será enviado al Parlamento en marzo.



Una iniciativa que tiene importantes chances de quedar por el camino, debido a la resistencias que genera en el Partido Colorado y en Cabildo Abierto, los dos socios más importantes de la coalición multicolor.



Así lo dejó en claro el senador Guido Manini Ríos, para el que la cuestión “no es Ancap sí o Ancap no”, sino cómo bajar el precio de los combustibles, que tiene un alto componente ajeno al costo de la refinación.



En su visión, si no disminuye la carga fiscal y otros aportes, el precio de los combustibles bajará poco y nada, aunque sea importado.



Su posición fue destacada por el senador frenteamplista Oscar Andrade. “Lo mejor de las empresas públicas es eso, que son públicas”, manifestó. “Defender Ancap es estar del lado de la soberanía, de mejorar la matriz energética, de garantizar combustibles de calidad y de las políticas públicas como palanca del desarrollo productivo”.



Andrade prevé discutir este tema con Manini. “Lo vemos en el Senado”, le anunció.



En el razonamiento de Manini pareció coincidir la Federación Ancap (Fancap), que desde hace varias semanas se viene movilizando en rechazo a la iniciativa contenida en el proyecto de urgente consideración.



Un informe del sindicato señaló que, en el caso de la nafta, el Impuesto Específico Interno (Imesi) tiene un peso del 43% en el precio final, superando al porcentaje que percibe Ancap por la venta.



Sin este tributo, el litro costaría $ 31. Otro 13% constituye el margen para las distribuidoras y estaciones de servicio.



En el caso del gasoil, el IVA se lleva el 18%, los estacioneros el 14% y el fideicomiso para subsidiar el boleto del transporte otro 9%. Si al precio final se le restara el IVA y el fideicomiso, quedaría en $ 29,63.



“La filosofía de los impuestos es permitir recaudar ingresos para financiar el gasto público, en particular el gasto social”, señala el sindicato. “Pero al mismo tiempo debe ser un factor proactivo en la redistribución del ingreso y la riqueza, y el estímulo a la producción”.



Lo que Fancap propone es reducir el Imesi a las naftas en $5,70 por litro, y que el gasoil tribute según la tasa mínima de IVA, compartiendo a partes iguales con Rentas Generales el financiamiento al fideicomiso del boleto.



También reducir en 10% el margen de los distribuidores y reducir el diferencial de las bonificaciones de acuerdo al volumen de ventas.



Para equiparar la renuncia fiscal, el sindicato plantea aumentar de 25% a 30% el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) , tal como era antes de la reforma tributaria de 2007.



Esta medida, se subraya, permitiría recaudar US$ 300 millones.



También se propone incrementar el Impuesto al Patrimonio (IP), aumentando las tasas actuales, eliminando o reduciendo las exoneraciones y actualizando aforos.



En este caso, la Federación calcula que podrían recaudarse US$ 500 millones adicionales.