Tiene 11 años y está embarazada de 14 semanas. Se la conoce bajo el nombre supuesto de Belén. Es chilena, y su caso ha desatado un intenso debate sobre el aborto en ese país, donde la interrupción voluntaria del embarazo fue prohibida hace 24 años, durante los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet. No está permitida ni siquiera en el caso de Belén, embarazada a causa de las continuas violaciones —se estima que desde hace dos años— de su padrastro. En la piel de Belén, que no puede abortar legalmente, se encuentran cientos de mujeres de otros cuatro países de América —El Salvador, Honduras, República Dominicana, Surinam y Nicaragua— que prohíben esta práctica en cualquier circunstancia.

La mecha del debate que ahora prende en Chile la encendió hace pocas semanas El Salvador. En este país centroamericano la joven Beatriz, de 22 años, peleó contra el sistema legal para poder poner fin a un embarazo que hacía peligrar su vida. A pesar de las recomendaciones internacionales —incluido el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— no lo logró; aunque los médicos le practicaron una cesárea de emergencia que puso fin a su drama. La hija que esperaba nació sin cerebro y vivió cinco horas, como se había diagnosticado.

La historia de la pequeña Belén salió a la luz el jueves, en el noticiero nocturno del canal de la televisión pública. Fue la abuela de la menor, que vive en Puerto Montt (a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago) quien acudió a la policía a denunciar el caso. El supuesto agresor, padrastro de la pequeña, de 32 años, ha sido detenido. Sin embargo, a pesar de que ha confesado que mantuvo relaciones sexuales con la pequeña —algo, además, penado, porque la ley fija en 14 años la edad mínima para que las relaciones sexuales con una menor se consideren consentidas—, la madre de la niña, Pamela Echaura, asegura que estas fueron de mutuo acuerdo entre la menor y el adulto. Y que en ningún caso se trata de una violación. “Es una injusticia lo que están haciendo contra mi pareja”, dijo la mujer tras salir del tribunal el viernes. Sus palabras sirvieron para intensificar aún más la polémica que vive el país a raíz del caso, sobre todo en las redes sociales, donde se ha iniciado una fuerte campaña en favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

“El Gobierno está en contra de cualquier tipo de aborto”, declaró el ministro de Salud, Jaime Mañalich a CNN Chile, quien explicó que el Ejecutivo de Sebastián Piñera no es partidario de la despenalización. Mañalich recordó, de hecho, que el año pasado el Congreso desestimó la idea de discutir sobre el tema.

El caldeado debate coincide ahora, además, con el proceso electoral que vive el país, que celebrará elecciones presidenciales el próximo noviembre; y ha obligado a las autoridades a pronunciarse. Aunque el candidato oficialista, Pablo Longueira, no se ha referido específicamente a la polémica, otros dirigentes de su partido se han mostrado contrarios a despenalizar esta intervención médica. A favor de legalizarla en casos de violación, riesgo para la salud de la mujer o anomalías fetales está la favorita para ganar las elecciones, la expresidenta Michelle Bachelet, quien dirigía hasta hace poco ONU Mujeres.

Sin embargo, en abril de 2012 el Senado rechazó tres iniciativas que avanzaban en esa línea, y que proponían la despenalización en esos tres casos. “El Congreso rechazó la idea solo de discutir sobre el tema”, recuerda la socióloga Teresa Valdés, miembro del consejo asesor de ONU Mujeres para América Latina. Valdés cree que, “aunque sea terrible”, el caso de la menor de Puerto Montt puede ayudar despertar conciencias y lograr respaldos para que el aborto en caso de violación sea despenalizado. “Lamentablemente con esto se abre la oportunidad para que el Parlamento vuelva a discutir el tema”, dice.

Chile —uno de los países socialmente más conservadores del continente, donde el divorcio se aprobó en 2004—, ocupa el puesto 16 en la lista de países de Latinoamérica con mayor tasa de embarazo juvenil. Según los últimos datos de la Administración de Piñera, más del 12% de los adolescentes de entre 15 y 19 años son padres o madres.

Para prevenir los embarazos indeseados, desde el regreso de la democracia en 1990, las normativas se han centrado en charlas en colegios, debido a la presión explícita de grupos conservadores. No obstante, desde 2010 los centros de salud pública están autorizados a suministrar la píldora de día siguiente.