Paolo Rocca sonríe: ya no está procesado por los cuadernos de la corrupción (Adrián Escandar)

Paolo Rocca, uno de los empresarios más poderosos del país, recibió buenas noticias. La Justicia decidió "desprocesar" al CEO del grupo Techint en la causa de los cuadernos. La Cámara Federal revocó este lunes el procesamiento que había firmado en noviembre pasado el juez Claudio Bonadio por asociación ilicita y cohecho, y el embargo por $4 mil millones. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rivolo habían incluso pretendido elevar la apuesta con un pedido de prisión preventiva, que, sin embargo, el fiscal de Cámara Germán Moldes no avaló.

Sin embargo, según revelaron a Infobae fuentes judiciales, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que era creíble el planteo de Rocca en torno a que podía no saber las decisiones que habían tomado en su compañía. "La responsabilidad de Rocca cimentada fundamentalmente en su posicionamiento jerárquico dentro del holding carece de sustento necesario y suficiente para vincularlo a este proceso", sostuvo la resolución a la que accedió Infobae firmada esta tarde.

El fallo también apura el envío de la causa a juicio oral, no sin antes profundizar sobre algunos puntos pendientes.

Primera visita contada por Centeno a Techint, el 3 de abril de 2018

El pronunciamiento de la Cámara Federal llega justo cuando hace unos días el Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, reclamó las indagatorias por lavado de dinero de 68 acusados, encabezados por Cristina Kirchner y los principales empresarios como Rocca, Angelo Calcaterra y Marcelo Mindlin.

Tal como publicó Infobae apenas estalló el escándalo, la empresa Techint aparecía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Primero fue detenido Héctor Zabaleta, encargado de entregar dinero negro a Roberto Baratta, y declaró como arrepentido, admitiendo los pagos. Luego declaró Luis Betnaza, director de la compañía, quien admitió haber hecho pagos al Gobierno porque se buscaba que la administración K intercediera ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor que pertenecía al Grupo Techint.

Cuando Bonadio llamó a indagatoria, Rocca declaró: "Con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas". Hizo una detallada descripción de cómo funciona el grupo empresarial argentino que opera en diferentes países y emplea a miles de personas. También relató que por sus responsabilidades en el Grupo Techint en el exterior viaja buena parte del año y eso lo aleja de las decisiones que se toman en la Argentina.

"Paolo Rocca habría participado junto a Luis María Cayetano Betnaza de las maniobras investigadas en la presente causa, ordenado los pagos efectuados a Roberto Baratta", dijo Bonadio.

Aunque Rocca aseguró en su indagatoria que no sabía de los pagos que entregó el directivo de su firma Betnaza, ya procesado en la causa, el juez no dio crédito a esas afirmaciones: "El cargo que ostentaba no podía desconocer la existencia de los pagos efectuados por el Grupo económico al cual pertenecía".

Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa interpretación. "No es posible ciertamente soslayar la jerarquía del nombrado dentro del conglomerado empresario y las posibilidades de conocer el estado de las diversas sociedades que esa posición le otorgaba a los fines de diseñar el rumbo de sus negocios así como de invertir en su desarrollo. Sin embargo considerados que tales extremos por sí solos resultan insuficientes para fundar un reproche en virtud de los hechos investigados", sostuvieron los jueces.

Si bien Rocca "ocupaba una elevada posición dentro del holding, lo cierto es que -a diferencia de otras estructuras empresarias- la especialización y diversificación de este grupo económico es lo que obsta en este caso a inferir que el nombrado haya intervenido en orden a las exigencias de dinero a las que aludieron los computados ordenando que se efectivizaron esos pagos", señaló la Cámara.

Y añadió: "Ni la empresa radicada en Venezuela ni las asentadas en este país son meras sucursales y una misma compañía sino que ellas constituyen por sí mismas sociedades de gran magnitud con sus directivos y esperemos empresarios propios".

Según se sostuvo, ni Betnaza ni Zabaleta "eran meros dependientes que limitan su obrar al ciego cumplimiento de una orden".

Leopoldo Bruglia, camarista federal

Pablo Bertuzzi

Se trata de la tercera vez que la Cámara Federal se pronuncia sobre las situaciones procesales en el caso que nació con las anotaciones del chofer Osca Centeno que detalló los viajes que hacía para Roberto Baratta, la mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, recaudando y repartiendo dinero de la corrupción, según la hipótesis de la causa.

En la causa Cristina Kirchner, De Vido y Baratta fueron procesados por liderar la banda mientras que un grupo de ex funcionarios y los principales empresarios de la Argentina fueron considerados parte de la organización por el juez Bonadio. Cuando el caso llegó a la Cámara Federal, los empresarios quedaron afuera de la asociación ilícita, aunque procesados por cohecho (no por dádivas) y en la pirámide de la banda también fueron ubicados tres arrepentidos: el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens.

La segunda vez que intervino la Cámara Federal fue el 28 de diciembre cuando los jueces Bruglia y Bertuzzi revisaron el caso de los secretarios privados de Cristina Kirchner que habían sido procesados por Bonadio y la mayoría de ellos estaban presos. Dictaron la falta de mérito por la asociación ilícita.

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