El Gobierno «fulmina» al abogado del Estado que proponía acusar por rebelión a los líderes del procés Edmundo Bal era el encargado de este caso como responsable penal de la Abogacía del Estado

El Gobierno ha destituido a Edmundo Bal, el abogado del Estado que proponía acusar por rebelión a los líderes del «procés», en desacuerdo con los criterios que impuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bal era el encargado de defender los intereses del Gobierno en esta causa como responsable penal de la Abogacía del Estado, un órgano que depende directamente del Ministerio de Justicia.

En contra de la posición técnica de Bal, la Abogacía del Estado acusó solo por los delitos de sedición y malversación a los 18 líderes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo. La mayor condena solicitada fue para Oriol Junqueras, con 12 años.

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado el cese por parte de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y han justificado que el cargo de abogado del Estado jefe de lo Penal es un puesto de confianza del cuerpo, que depende de la abogada general.

La acusación de la Abogacía del Estado chocó de frente con el relato de la Fiscalía, que no dudó en calificar de rebelión el plan secesionista ilegal, que asumió la violencia como un medio para empujar hacia la secesión catalana, según el Ministerio Público. La Abogacía del Estado no empleó la palabra «violencia» ni una sola vez en su descripción de los hechos del «procés» y redujo el desafío catalán a una cuestión de orden público, al acusar por sedición.

Esta decisión saca a Edmundo Bal del juicio oral que se celebrará en el Supremo contra los responsables del «procés», lo que impedirá entre otras cosas que defienda oralmente una tesis en la que no cree. Bal —un brillante abogado del Estado, que ha representado los intereses generales en juicios como el del caso Gürtel o la financiación ilegal del PP de Valencia— discrepaba de sus superiores y apoyaba sin dudar la acusación por rebelión en esta causa.

La Abogacía del Estado es el órgano que dirige los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas y está integrado en el Ministerio de Justicia. Sus representantes se personan en los procesos siempre que se lo pida un órgano administrativo o porque se lo ofrezca un juez siempre que previamente haya apreciado indicios de un delito que afecte al Estado. Así lo establece el reglamento de la Abogacía.