Después de 24 años de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, de decidir en solitario cuándo tocaba endeudarse y cuándo apretarse el cinturón, cuándo tener la sede en la Casa de la Villa y cuándo en Cibeles, el Partido Popular se prepara para dejar el cetro del Consistorio de la capital. Una coalición de partidos de izquierdas tiene respaldo, tras las elecciones celebradas ayer, para llegar a un acuerdo y decidir sobre el futuro de los madrileños durante los próximos cuatro años. Sin embargo, hay cosas a las que les costará meter mano, si es que pueden. Asuntos íntimamente ligados a lo que debería ser la gestión de una ciudad como quién arregla las aceras y por cuánto, quién limpia las calles y cómo se presta el servicio de recogida de basuras. Una malla de contratos a muy largo plazo tejidos en los últimos años por el equipo de la alcaldesa saliente, Ana Botella, tiene destinados algo más de 3.500 millones de los impuestos de los ciudadanos para un reducido grupo de empresas, la mayoría de ellas constructoras. Algunos de esos contratos estarán en vigor hasta 12 años.

El fenómeno se debe a la conjunción de dos hechos: que las empresas dedicadas a la construcción decidieron diversificar su negocio de hormigón para convertirse en empresas de servicios, visto que con la crisis se acababa lo de tender puentes hasta Mallorca, y que el Ayuntamiento de Madrid, gran amigo de este sector en las vacas gordas, ideó, precisamente con la crisis como argumento fundamental, una modalidad de contratación denominada contrato integral. Son adjudicaciones a muy largo plazo en su mayoría que, con el argumento del ahorro, desligaron la prestación de servicios del compromiso por parte de las empresas adjudicatarias de tener unos medios concretos (ni de personal ni materiales) para realizar su labor. Se mediría la calidad, no la cantidad, lo que ha dado lugar a situaciones desastrosas como el estado de suciedad de un buen número de calles de la capital.

El caso es que este tipo de contratos y la diversificación de las constructoras son lo que han provocado que, cuando vea recoger las calles de Madrid al servicio de limpieza urgente (Selur), utilice los parquímetros de la capital o tire algo a una papelera de Madrid Río; cuando escuche pasar el camión de la basura en la periferia o esquive a unos obreros que están arreglando la acera, detrás de cada uno de esos servicios pueda estar durante muchos años Florentino Pérez, o lo que es lo mismo, alguna de las filiales del grupo que preside, ACS. Lo mismo ocurre en mayor o menor medida con otro abanico de contratos logrados por Sacyr, FCC, Acciona o Ferrovial.

No todos los contratos son iguales aunque algunos superan el horizonte de una y hasta varias legislaturas. Van desde los dos años y dos meses del contrato de Urbaser, filial de ACS, por el servicio de recogida y transporte de residuos en la zona de la periferia de Madrid, que pese a su corta duración supondrá un ingreso de 76,9 millones de euros para la compañía (de los que 64 millones deben ser abonados este año). Hasta los 12 años de los contratos integrales de movilidad, en los que ACS, mediante su participación en una Unión Temporal de Empresas (UTE), se ha hecho con dos lotes. Los dos contratos, en los que participa API Movilidad, filial de ACS, suponen un total para las empresas integrantes de la UTE de 212 y 224 millones de euros y estarán en vigor, en principio, hasta 2025.

Otra constructora, Sacyr, a través de su filial Valoriza, también forma parte de una UTE que se hizo por 12 años con otros dos de los lotes del contrato integral de movilidad (es decir, la gestión de parquímetros), por importes de 199,5 y 201,9 millones respectivamente.

Y mientras recoge la basura y participa en el servicio de estacionamiento, ACS se encargará también de arreglar aceras, puentes y pasarelas merced a una especie de tarifa plana de ñapas de la que resultó adjudicataria, a principios de 2014, a través de su filial Dragados. Esta empresa se hizo con los tres lotes de la gestión integral de las infraestructuras viarias de Madrid, por un total de 261 millones de euros durante ocho años ampliables dos más. Esto significa que, al menos hasta 2022, será una empresa de Florentino Pérez la que tendrá garantizado el negocio de arreglar las aceras, los puentes y pasarelas, así como realizar la Operación Asfalto (que se recuperó con este contrato por mucho que Esperanza Aguirre prometiese recuperarla ella en su folio de programa a la alcaldía).

Si hay un contrato emblemático de lo que supone el modelo de gestión integral inaugurado por Ana Botella es el de la limpieza viaria y de zonas verdes, dividido en seis lotes con participación de una gran constructora en todos ellos como se obligó prácticamente ya desde las bases de la convocatoria. Son contratos a ocho años (prorrogables por dos más) que datan de mediados de 2013, por lo que en teoría seguirán en vigor hasta 2021, mucho más allá de lo que dura esta legislatura.

Gracias al lote que consiguió, Cespa, filial de Ferrovial, ingresará en el periodo que dura el contrato 340,6 millones de euros, mientras que Valoriza (del grupo Sacyr), ingresará por sus dos lotes 681 millones. OHL, por su parte, tiene adudicado un lote junto con Ascan por 321,8 millones y FCC participa junto con ABSA en otros dos, por un importe total de 600 millones.

Son, por lo tanto, otros 1.943 millones comprometidos para limpiar las calles de Madrid. La realidad es que el concurso dividió la ciudad en ejes principales y secundarios y que, dada la libertad de medios de estos concursos, varias de las adjudicatarias del servicio intentaron recortar drásticamente la plantilla a los pocos meses de empezar a prestarlo. Tras 13 días de huelga, aquello terminó con un expediente de regulación de empleo temporal que mermó la plantilla que limpia Madrid y la capital se ha convertido en una red de puntos negros de suciedad. La máxima penalización que pueden sufrir las empresas es del 20% del precio pactado, solo superable si se incumplen los mismos indicadores tres veces consecutivas.

Algo similar ocurre con los contratos de gestión integral del servicio de Parques y Viveros municipales, adjudicados a Acciona (89,4 millones); la UTE del Grupo Raga (111,8 millones) y la UTE de Ortiz Construcciones y Proyectos de Ingeniería (77 millones). Este tipo de concurso se adjudicó a finales de 2013 y tiene una vigencia de ocho años, por lo que seguirá en vigor en principio hasta 2021.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba el pasado 8 de enero con 98 millones de euros a un amplio grupo de empresas por haberse repartido el mercado de contratos públicos y privados de gestión de residuos, recuperación de papel y cartón, limpieza viaria y aguas. El 75% de las multas fueron para Urbaser y Sertego, de ACS (23,3 millones); FCC (16,8 millones); Valoriza, de Sacyr (15,3 millones); Cespa, de Ferrovial, (13,6 millones), y Saica (13,6 millones).

A la vista de lo ocurrido y de que el Ayuntamiento de Madrid, reconocido colaborador de la investigación de la CNMC, conocía la posibilidad de que las empresas estuviesen pactando entre sí para repartirse el mercado, los partidos de la oposición exigieron conocer cuál había sido el perjuicio económico para los ciudadanos de Madrid de los posibles pactos entre las empresas y qué medidas iba a tomar el equipo de Ana Botella. Según el hasta ahora responsable de Medioambiente, Diego Sanjuanbenito, se ha solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre las posibles acciones a seguir y se está elaborando el mencionado estudio de los perjuicios. Cuando se pregunta al respecto por ambas cosas no se consigue mucho. Mientras los partidos en la oposición hasta ahora se muestran convencidos de que nada se ha hecho, fuentes del Ayuntamiento consultadas por SABEMOS aseguran que se están elaborando los informes y se tendrán noticias al respecto cuando las haya. Por lo que se refiere a cómo puede afectar el cambio en el Consistorio, simplemente responden que no lo saben.

Lo más cercano a una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre lo que puede ocurrir aparece en las actas del pleno del pasado 25 de marzo cuando la secretaria general técnica, Adoración Muñoz Merchante, dijo que había que «dejar muy claro que la resolución de la CNMC no es firme en vía judicial» y que las empresas han anunciado que la van a recurrir.

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