Arturo Medina todavía no logra hablar en público de los años que pasó encerrado injustamente y sin derecho siquiera a defenderse, por tener una discapacidad intelectual, en el Centro de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi) del Reclusorio Sur.

“Una experiencia dura… Cuatro años de mi vida…”, dice trastabillando.

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Se queda callado, se le enturbian los ojos, se agarra la frente, mira hacia arriba. Pasa un minuto y repite que perdió cuatro años de su vida. Vuelve a respirar, vuelve a intentarlo, pero solo logra articular que salió adelante y desiste de contar más.

El 14 de septiembre de 2011, cuando tenía 21 años, salió a comprar un periódico en la colonia Morelos, en el centro de la Ciudad de México, de alta incidencia delictiva. La policía lo detuvo y hasta 12 horas después, su madre, Judith, recibió una llamada para informarle dónde estaba y pedirle que fuera porque no lograban comunicarse con él, ya que en situaciones de estrés, Arturo casi no puede hablar.

Cuando llegó, le dijeron que había sido arrestado por tratar de robarse un auto, empujándolo dos cuadras. Judith cuenta que nunca le mostraron los supuestos videos de cámaras de vigilancia que probaran eso, y que el propio dueño del vehículo, un coche viejo, dijo que estaba en el mismo lugar en el que lo dejó.

“Definitivamente fue por cumplir una cuota de detenidos. Fue un caso armado completamente”, asegura en entrevista con Animal Político.

Pero lo peor que le pasó a Arturo no fue caer en manos de policías que lo acusaron sin pruebas. Lo peor vendría después por su discapacidad intelectual: a los dos días de ser detenido lo declararon “inimputable”, una figura legal que considera que no comprende sus actos y anula su derecho a tomar decisiones como declarar y nombrar un abogado.

Esto llevó a que en lugar de una sentencia, le impusieran una “medida de seguridad” de pasar cuatro años encerrado, no en una cárcel común, sino en un área psiquiátrica bajo control penitenciario, y estar medicado obligatoriamente.

“El abogado de oficio me dijo que ya me hiciera a la idea de que a mi hijo no me lo iban a entregar, que era más fácil, si fuera una persona normal y hubiera ido a asaltar en un micro con una pistola, que a él me lo entregaban en tres meses. Pero a él por ser discapacitado lo iban a meter en una medida de seguridad. Las medidas de seguridad no se apelan, las sentencias sí. Él nunca pudo apelar, nunca se pudo hacer absolutamente nada”, recuerda Judith.

La ONU emite recomendación histórica de reformar la figura de inimputabilidad

Pasados otros cuatro años de que Arturo salió libre y aunque todavía no se recupera del todo, su caso acaba de hacer historia porque llegó hasta la ONU. Hace un par de días, la familia Medina y la ONG que llevó su caso, Documenta, recibieron la noticia de que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad resolvió el pasado 6 de septiembre que el Estado Mexicano cometió una violación de derechos humanos.

Es la primera vez que este Comité se pronuncia sobre un caso individual en México, pero tendrá implicaciones para todo el sistema de justicia mexicano porque es un problema de discriminación estructural, explicó en conferencia de prensa Jan Jarab, representante de la ONU en México.

“El sistema como existe hoy en México está, se puede decir, diseñado para excluirlos, no para hacerlos parte. La figura de inimputabilidad es muy problemática porque va mucho más allá del caso individual de Arturo”, señaló.

“La persona es suplantada, excluida del proceso. Entonces es una figura que no protege, sino quita los derechos procesales. Y la medida de sanción, la privación de libertad, se establece con base en la discapacidad de la persona, no en el acto delictivo que pudo haber cometido, y dicha medida suele privilegiar la privación de la libertad como la medida estándar y no como último recurso. Y bajo esta figura se puede someter a las personas con discapacidad a medicación forzosa, y se mantiene un estigma sobre la supuesta peligrosidad de las personas con discapacidad”.

Para Arturo tendrá que haber medidas de reparación del daño, incluyendo reembolsarle gastos judiciales, y una disculpa pública.

Pero además, el Estado mexicano recibió recomendaciones para reformar sus leyes tanto a nivel estatal como federal sobre esta figura de inimputabilidad, que viene de los años 70, y las medidas de seguridad, consideradas discriminatorias.

La ONU recomienda estas reformas, tomar acciones para evitar que de repitan violaciones de derechos similares, capacitar de forma adecuada a su personal sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y brindar a quienes tienen discapacidad y se ven involucrados en un proceso penal los apoyos razonables.

La directora de Documenta, María Sirvent, remarcó que esta declaración de la ONU impactará a muchas otras personas, aunque ni siquiera se se sabe cuántas de las declaradas inimputables tienen discapacidad intelectual o psicosocial, ya que ni el sistema penitenciario lo tiene desagregado así. Pero desde hace dos años, la ONG ha acompañado alrededor de mil audiencias, por lo que creen que podría haber muchos otros casos de violaciones de derechos a personas con discapacidad.

Arturo, ahora de 29 años, trata de seguir con su vida. Hace un año le pidió a su madre ir a terapia, y aunque no ha podido conseguir un trabajo, ahora ayuda a limpiar una iglesia cercana, para tener alguna actividad.

En los próximos días, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación tendrá que ponerse en contacto con él para acatar la recomendación de la ONU y ofrecerle un disculpa y reparación.