En los últimos años, el gasto público ha aumentado fuertemente en la Argentina, aun cuando muchas veces no sabemos siquiera en qué se gasta el dinero. Pareciera que prevalece la visión de que cada peso que se nos saca en impuestos (impuestos legislados o financiados con el mecanismo de emisión-inflación) está mejor gastado por el Estado que si quedara en manos de las millones de familias argentinas. Con esta concepción no tiene mayor mérito evaluar la utilidad social de ese gasto porque todo gasto está justificado en sí mismo. Pareciera que no existe la menor conciencia de que cada peso gastado por el Estado tiene que ser pagado por la comunidad en su conjunto.

Así los impuestos siguen subiendo y los servicios públicos siguen sin aparecer. Por eso llega el momento en que tenemos que empezar a preguntarnos en qué se gasta el dinero público y empezar a darle bolilla a las buenas prácticas presupuestarias que exigen que cada gasto, sobre todo las inversiones, tengan su análisis de rentabilidad. Un caso muy sencillo para ilustrar que tipo de análisis son necesarios realizar nos lo permite el Metrobus de la 9 de Julio.

Por este corredor transitan aproximadamente unas 100.000 personas, que como consecuencia de la obra ahorran aproximadamente una hora por día (media hora en cada sentido de circulación). Asumiendo únicamente los ahorros en días laborales, da el equivalente a 2 millones de horas ahorradas por mes, esto es unas 24 millones al año. A un costo promedio de 20 pesos por hora, los ahorros anuales del Metrobus suman, al menos, 480 millones de pesos al año.

Para una obra que costó unos 150 millones, quiere decir que se paga en 114 días de uso, en otras palabras, tomando su fecha de inauguración del 24 de julio, la obra ya había generado para el pasado viernes, 15 de noviembre, el valor de su costo.

El cálculo es muy crudo, porque habría que sumar al costo las demoras que el público sufrió durante la obra, y la increíble disminución en contaminación sonora y por combustión, y el aumento en el arbolado como beneficios adicionales. Pero nada de estos refinamientos cambiarán lo esencial del análisis.

Un contraste siempre útil lo provee Aerolíneas Argentinas. Los miles de millones de dólares (sí dólares, no pesos) que insumen sus viajes internacionales no representan un beneficio alguno para ningún argentino que tiene la opción de usar compañías privadas para las mismas rutas a costos y con tiempos similares. De hecho, no hay beneficio social que se pueda identificar, sobre, repito, los tramos internacionales volados (tampoco los hay sobre los domésticos, pero uso el segmento internacional para hacer más evidente el punto). No por nada, a esta altura del partido, no hay país en Latinoamérica que tenga una aerolínea estatal.

Esperemos que nuestra práctica presupuestaria vaya girando a incluir estos análisis como un prerrequisito para el análisis de toda inversión. Quizás entonces algún día no nos encontraremos con el absurdo de que las inversiones viales en la provincia de Santa Cruz sumen el doble de recursos que las realizadas en la Provincia de Buenos Aires o que lo que se podría usar para hacer la autopista ribereña se consume en aviones supersónicos que luego quedarán en tierra por falta de combustible.

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