El Poder Ejecutivo se apresta a enviar el Congreso -probablemente esta semana- el proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Se trata de un cambio radical en los procesos penales, que le otorgará mayor poder a los fiscales, les quitará funciones de investigadores a los jueces y hasta podría provocar la muerte sin sentencia de varias causas actuales, especialmente las de corrupción, por la transición del cambio, según advirtieron fuentes judiciales.

La idea de la Casa Rosada era enviar el proyecto al Congreso la semana pasada, pero todavía se pulen los detalles, según admitieron a Clarín fuentes del Ministerio de Justicia.

“Todo el poder al Procurador es un poco pesado”, dijo una fuente con actuación no muy lejana en la función pública durante el kirchnerismo en referencia a la injerencia que pasaría a tener el procurador general de la Nación -actualmente Alejandra Gils Carbó- dadas la “autonomía abstracta” que le asigna a éste la ley del Ministerio Público y “el poder político mucho mayor” que pasaría a tener con el nuevo Código Procesal Penal en ciernes, según advirtió otra fuente del ámbito tribunalicio.

De hecho, parte de la oposición ya adelantó que no acompañará la iniciativa kirchnerista si ésta no incluye una reforma a la ley del Ministerio Público. Las principales quejas opositoras apuntan al poco control existente hoy sobre la Procuración General de la Nación. Hay una comisión bicameral que poco y nada funciona, dijeron. El procurador es el jefe de todos los fiscales, y si bien no puede dar a ellos instrucciones particulares sí puede transmitir “instrucciones generales”.

La modificación al Código de Procedimiento se dará en paralelo con la avanzada oficial sobre los fiscales (ver Avanzan nombramientos...). “Ustedes (por los periodistas) se quejan de nuestros concursos, pero ¿vieron lo que son los de la Procuración?”, preguntó una fuente del Consejo de la Magistratura, donde con notable lentitud se selecciona a los jueces. El Senado tiene a estudio casi 40 pliegos por aprobar tanto de fiscales como de jueces. Pero los de los fiscales han salido más rápido en los dos últimos años que los de los jueces.

Por ejemplo, aunque no era necesario ni obligatorio, Gils Carbó se puso como presidenta del jurado para elegir a los dos fiscales que ocuparán sendas fiscalías vacantes en la primera instancia del fuero federal penal de Comodoro Py, donde se investigan los casos de corrupción. Y allí quedó primero en el examen escrito el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia, Franco Picardi, relacionado con La Cámpora. Es un ejemplo de cómo el Ejecutivo toma control de las fiscalías, que ahora serán clave para las investigaciones penales.

Del nuevo Código de Procedimiento Penal circula por estas horas un borrador por despachos oficiales, al que tuvo acceso Clarín. Según la iniciativa (que debe aprobar el Congreso) los fiscales pasarán a ser los instructores de un proceso penal y los jueces quedarán relegados a una suerte de garantes de que todo se haga según la ley, además de ordenar un allanamiento o el decomiso de un bien, según enumeraron las fuentes. Hay que ver cómo reaccionan ante la iniciativa los jueces y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una de las preocupaciones en la oposición es la fijación de plazos para que un fiscal acuse a alguien por un delito o desista de ello. Sería de hasta un año, según el borrador oficial. Casi toda la academia elogia esta propuesta de una Justicia más veloz, pero varios se preguntan si esto no será contraproducente para los casos de corrupción: las causas por esos delitos superan largamente la década antes de tener fallos.

En la versión borrador del Código que manejan los funcionarios, el tema está incluido en los artículos 105 y 106, que estipulan que el fiscal tiene dos meses para la instrucción de la causa, y que puede pedir prórrogas hasta para un año. Luego, la causa queda archivada.

La reforma sería una mezcla de diversos proyectos elaborados en los últimos años y aplicados en provincias y otros países, pero tendría principal influencia de la realizada en la provincia de Buenos Aires hace poco menos de dos décadas. Pero la reforma bonaerense no funciona bien. La diferencia, de acuerdo con fuentes cercanas a quienes trabajan en el asunto, sería la oralización de los procesos y la supuesta velocidad que esto le dará a las causas, amén de la incorporación del juicio por jurados, previsto en la Constitución hace más de cien años, otra de las novedades que traería el proyecto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene también un sistema procesal penal donde prevalece la actuación del fiscal por sobre la del juez. Yendo al extranjero, Paraguay y Guatemala adoptaron cambios en la materia en base a proyectos argentinos y también tendrían inconsistencias, según las fuentes.

Pero hay otro punto importante. “La transición de un código a otro significará una gran amnistía y la prescripción de varias causas. Ya pasó con la reforma de 1991”, expresó otra fuente judicial en referencia a los cambios introducidos en la Justicia penal al crearse la Cámara de Casación y los juicios orales y públicos.

Además, advirtieron varias fuentes, habrá que transferir millonarios recursos del Poder Judicial -léase la Corte Suprema de Justicia de la Nación- al Ministerio Público Fiscal (MPF), dirigido por Gils Carbó. Esto incluye, por ejemplo, al Cuerpo Médico Forense, al de los peritos contadores y varias dependencias más que hoy están bajo la órbita de la Corte.