Hace un año les contamos que el gobierno de Coahuila anunció la compra de 1,100 cámaras de vigilancia para instalarse en Saltillo y Torreón, usando tecnología con reconocimiento facial proveniente de China. Ahora un grupo de ciudadanos de Coahuila ya interpusieron un amparo en contra de la instalación de estas cámaras.

Solicitarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que atraiga un juicio para sentar jurisprudencia sobre este tipo de dispositivos. Álvaro Cárdenas, responsable de la estrategia jurídica, mencionó que las cámaras violan los derechos humanos de las personas que caminan todos los días por las calles del estado.

El INE se negó a entregar información al gobierno

Cárdenas señaló que, al utilizar este tipo de tecnología, se les trata como criminales al estar investigando y espiando a los ciudadanos en cualquier momento. Los amparos mencionan que se viola el derecho a la privacidad y de manera indirecta se limita la libertad de expresión y de reunión.

Otra denuncia que realizaron es contra la transferencia ilegal de datos, comentan que, dentro del funcionamiento de las cámaras, se tiene que relacionar las imágenes que capturan con la información personal, facial y biométrica que el gobierno estatal le solicitó al INE, a Plataforma México y a la dirección de tránsito estatal, responsable de las licencias de conducir.

Para finalizar, aclaró que gracias a los amparos descubrieron que el INE se negó a entregar la información al gobierno de Coahuila. Hasta el momento las cámaras siguen funcionando de manera normal y ningún amparo ha logrado la suspensión del servicio.

Imagen | Milenio