El caso de los ERE se cruza con el fraude de la formación en Andalucía y marca la agenda política en contra del PSOE, mientras el PP sigue acorralado por sus propios casos en Valencia y Madrid. El mismo día en que se puso fecha a la citación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que deberán volver a declarar en una semana como investigados por prevaricación administrativa ante la justicia ordinaria en el caso de los ERE, la supuesta estafa de la formación comienza a revelarse con toda su dimensión en el Parlamento andaluz. Y el PSOE, lejos de empezar a elaborar un relato sobre lo que ha ocurrido con este dinero de los parados, la mayoría procedente de la Unión Europea, sigue dando a entender que ni ha existido menoscabo de fondos públicos ni ha pasado nada con esta partida de más de 3.000 millones de euros pendientes de justificar y repartidos entre 2005 y 2013. De momento, según los testimonios ofrecidos en la Cámara, no se ha recuperado el dinero público reclamado y además se abre la posibilidad de que muchas de estas ayudas no puedan recuperarse ante la prescripción de los expedientes.

El fraude de los cursos abre otro frente a un PSOE machacado por los ERE

El enfrentamiento del diputado socialista en la comisión parlamentaria de los cursos, Rodrigo Sánchez Haro, con el interventor de Huelva, el alto funcionario Miguel Ángel García Bermúdez, evidenció a las claras cuál es la situación. El interventor alertó sin medias tintas de un “menoscabo” de fondos públicos y apuntó a una dejación de funciones por parte de los responsables del SAE, a una “relajación” de los controles que permitió el supuesto fraude. El diputado socialista, que pese al caos descrito sobre las ayudas en algunos momentos llegó a defender que existió “un exceso de celo” por parte de la Consejería de Empleo, se enervó y trató de alterar sus declaraciones. “El PSOE trata de narrarnos un cuento bucólico infantil que ganaría premios de literatura fantástica”, advirtió la diputada de IU Elena Cortés, al término de las declaraciones de los interventores. “Se sigue tratando de defender lo indefendible y trasladar que no pasa nada”, se quejó la exconsejera andaluza.

Caos en los expedientes

Los interventores provinciales de la Junta de Andalucía dejaron claro en sede parlamentaria que fallaron los controles de estas ayudas por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y coincidieron en un relato esclarecedor sobre la falta de medios y el poco interés que existía en la Junta para detectar el fraude y recuperar las ayudas. Una versión muy lejos de la que hasta ahora ha hecho la Junta, que asegura estar empeñada en esclarecer lo ocurrido. Todo se había confiado a la fiscalización previa de las ayudas, a las auditorías privadas del SAE, y la fiscalización posterior fue la que hizo sonar las alarmas. En 2013, la Intervención General de la Junta decidió hacer un informe especial sobre las ayudas de formación. Con el escándalo de los ERE en plenitud, después de que el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán decidiera frenar los cursos y cambiar las competencias de Empleo a Educación, los interventores entran en acción. Justo antes de que arranca la comisión parlamentaria, dimitió el máximo responsable de este cuerpo de funcionarios en la Junta.

Los resultados de estas auditorías internas, que ya fueron narradas ante la Guardia Civil, revelan que estos departamentos estaban saturados de trabajo y carecían de medios humanos. Los miles de expedientes y millones de folios llegaron del SAE desordenados, con “fotocopias de fotocopias”, incompletos, hay justificaciones de las subvenciones perdidas... Una parte de los interventores que han desfilado por el Parlamento ha insistido en que las irregularidades detectadas no permiten hablar de “menoscabo de fondos públicos”, puesto que los expedientes no están concluidos, siguen vivos y la Junta puede reclamar la devolución de los fondos. Otros no coinciden con esa teoría repetida hasta la saciedad por la Junta. “Es como si se dijera que no hay robo hasta que los ladrones funden el oro porque la policía puede recuperar las joyas”, describió Cortés, de IU.

El enfrentamiento del diputado del PSOE con el interventor de Jaén reveló la tensión en el Gobierno

La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet reclamó a la Junta una explicación y calificó de “intolerable y vergonzoso” lo narrado por los funcionarios andaluces. El responsable de la Intervención en Huelva, que ante las arremetidas del PSOE quiso aclarar que lleva 36 años de funcionario, que siempre ha tratado de ser “ecuánime” y limitarse a reflejar “la verdad” y que su único ‘pecado’ ha sido no inhibirse de sus funciones, no cambió su guion pese a las presiones. Dejó escrito en el Diario de Sesiones que si la Intervención no hubiera actuado y realizado este informe especial, los expedientes seguirían hoy “metidos en sus carpetas”, evidenciando la falta de interés por destapar las supuestas ilegalidades. Insistió ante el cúmulo de infracciones que “sí hay menoscabo de fondos público” e ironizó con el extravío de documentos y con las auditorías contratadas por el SAE previas al reparto de ayudas. Se preguntó cómo se pueden perder papeles en una mudanza, cuando las competencias pasaron de Empleo a Educación, si “se contrató a una empresa especializada” para los traslados, e ironizó sobre el hecho de que todos los exámenes externos de su provincia sobre estas ayudas fueran realizados por la misma empresa de auditoría privada. “La encontrarían en las páginas amarillas”, ironizó.

Dos casos, la misma década

El caso de los ERE, que investiga el reparto de 855 millones de euros de ayudas sociolaborales, se comenzó a instruir hace ya cinco años. En 2012, el Parlamento andaluz acogió una investigación muy similar a la que ahora analiza las ayudas para formación de los parados andaluces. Entonces, como ahora, solo los interventores, ahora imputados, reconocieron haber alertado de las irregularidades. Vieron el humo, avisaron, pero ni vieron las llamas ni llamaron a los bomberos porque no era su responsabilidad, según relató el entonces máximo responsable de la Intervención. La situación ahora es distinta, porque con los cursos de formación hay responsables públicos que sí hicieron informes de actuación y alertaron de un fraude.

El fraude de los cursos abre otro frente a un PSOE machacado por los ERE

Por aquella comisión de los ERE, que se negó a fijar las responsabilidades políticas en los exconsejeros de Empleo, desfilaron los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La semana próxima, casi cuatro años después, declararán por segunda vez ante el juez, imputados por los ERE y a la espera de que el magistrado dictamine si hubo responsabilidad penal, y cabe que se sienten en el banquillo. En aquel caso, los socialistas se empeñaron en la teoría de los “cuatro golfos” y en depositar las responsabilidades en los directores generales, el tercer escalafón de la Administración autonómica. Pasaron años hasta que llegaron las dimisiones. Fue precisamente el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero uno de los que advirtieron ante la jueza de que los ERE iban a palidecer al lado de lo que había ocurrido con los fondos de formación.

De momento, a pesar de que hay más de 10 juzgados en Andalucía investigando una década de cursos de formación y dos exconsejeros imputados en una trama con decenas de exaltos cargos detenidos, el Gobierno andaluz insiste en que ni hubo fraude generalizado, ni se utilizaron las subvenciones sin control para apoyar a afines al PSOE. El Gobierno andaluz inició una investigación interna en 2013 y reclama 71,9 millones. Está previsto que Susana Díaz, que llegó a la Junta en 2012, cuando ya no había cursos, aunque antes tuvo importantes responsabilidades en el PSOE sevillano y andaluz, pase por la comisión parlamentaria el próximo junio. Los ERE y los cursos de formación, que investigan el mismo periodo de tiempo, la década que sigue al año 2000, continúan, por ahora, recorridos paralelos en un camino plagado de coincidencias y, sobre todo, de falta de controles.