Este es el papel clave. Una página redactada hace al menos ocho años y que es fundamental para entender por qué Ignacio González duerme hoy entre rejas. Fue comprado a un detective privado por varios de los enemigos políticos de Ignacio González, por los tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, entre otros. Pagaron por este documento 38.000 euros. Era una información incompleta e inexacta, pero los datos que hay en este folio son los que permitieron a la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional iniciar la operación Lezo: la investigación de una de las mayores tramas corruptas de la historia española.

A mediados de 2009, un detective privado contactó con los tesoreros del PP. Vendía dos informaciones nada baratas: el número de la cuenta corriente en Suiza de Ignacio González y también el cheque de una supuesta comisión de 1,4 millones de euros que la constructora OHL había pagado a González a cambio de la adjudicación del tren de Nalvacarnero.

Según la versión que contó el detective a Bárcenas y Lapuerta, el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, había pagado esa mordida a regañadientes, a través de un cheque. Y como consideraba que ese pago era una extorsión injusta –el proyecto de aquel cercanías fue un fiasco que nunca se completó–, Villar Mir había ordenado rastrear el destino de ese dinero por medio de una agencia de detectives. Gracias al cheque envenenado, esos detectives habían localizado el supuesto número de cuenta en el Anglo Irish Bank donde Ignacio González escondía su botín.

El momento en el que los tesoreros se pusieron en contacto con ese detective no era casual. En 2009, con la explosión del caso Gürtel, también había estallado una guerra entre dos bandas enfrentadas en el PP, dos grupos de recaudadores rivales: los de Génova contra los del partido en Madrid. Álvaro Lapuerta, el tesorero nacional, había tenido ya enfrentamientos muy serios contra el PP de Esperanza Aguirre, contra Ignacio González y Francisco Granados, a los que tachaba de corruptos.

Las primeras escaramuzas entre ambos bandos se habían iniciado mucho antes, en noviembre de 2004, al año de que Esperanza Aguirre llegara al poder en Madrid. Unos constructores donantes de la caja B del partido se habían quejado de que desde el PP de Madrid les pedían una comisión. En una reunión en Génova 13, con Rajoy y Bárcenas de testigo, Lapuerta había avisado a Aguirre de que su delfín, Ignacio González, estaba pidiendo una mordida por la adjudicación de una enorme parcela en Arganda del Rey a la constructora Martinsa, un pelotazo millonario que fue la mayor operación urbanística en la que también participó Francisco Correa.

La acusación de Lapuerta y Bárcenas contra Ignacio González provocó un fuego cruzado entre los dos bandos que en 2009, con los primeros autos de la Gürtel, había ido a mucho más. Los tesoreros del PP responsabilizaban al entonces vicepresidente de Madrid de varias informaciones contra ellos que había publicado el diario El Mundo, que desveló unas supuestas comisiones con contratos de seguridad en Madrid. Así que decidieron pasar al contraataque, y pagar al detective por las supuestas pruebas de la corrupción de Ignacio González.

El detective pedía mucho dinero por el primer documento –el número de cuenta y los datos del entramado panameño tras el que se ocultaba Ignacio González– y aún más por una copia del cheque en cuestión. Lapuerta y Bárcenas, entre otros, le dieron 38.000 euros por el primer papel, pero no quisieron pagar los 75.000 euros que pedía el detective por la segunda entrega, por la fotocopia del cheque.

Con ese papel en la mano, Álvaro Lapuerta se reunió con el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y le preguntó por esa mordida de 1,4 millones que reflejaba ese papel, pero el dueño de OHL negó toda la información. También se lo contó al propio Mariano Rajoy e incluso hizo intentos para llevar el documento a a Fiscalía, que no fructificaron.

La investigación de la Guardia Civil

Bárcenas y Lapuerta, frustrados por no lograr arrancar el caso, lo dejaron estar. Ambos estaban por entonces ya más preocupados por su futuro penal que por denunciar a Ignacio González. Pero años después, el documento acabó llegando a través de varias fuentes a la Guardia Civil.

Un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, consiguió hacerse con el papel el 16 de mayo de 2015. Poco después otras dos fuentes distintas aportaron la misma documentación a la investigación. Y en septiembre de 2015, otra fuente más corroboró el origen de esa documentación: la compra por parte de Lapuerta y Bárcenas de la información.

La UCO descubrió que el papel tenía datos buenos –la estructura societaria en Panamá– pero una falsedad fundamental: el número de cuenta no era el correcto. La Guardia Civil sí logró descubrir después cuál era el auténtico, que hoy está pendiente de una petición de información. Otra fuente pudo aportar la cuenta con la numeración real.

Ese error en el número de cuenta ¿fue una trampa tendida por la gente de González a sus enemigos del PP en Génova? ¿Fue un fallo de los detectives privados que elaboraron ese dossier? Aún es un misterio. Pero lo cierto es que ese papel, a pesar de este error, fue clave en el arranque de la Operación Lezo, una investigación judicial a la que después se sumó la denuncia que en junio de 2016 presentó la actual dirección del Canal de Isabel II, controlada por Cristina Cifuentes.

A través de otra fuente –el exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, que llegó a certificarlo ante un notario, según publica El Español–, el documento circuló durante 2016 por varios medios más, y también por el PP. Lo vio Carlos Floriano, José Carlos Vera, Esperanza Aguirre, Salvador Victoria... El propio Ignacio González negó a El Mundo su autenticidad, según ha contado ese periódico.

Esperanza Aguirre presumía de “haber destapado el caso Gürtel”. Irónicamente, fueron Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas quienes destaparon el caso Lezo; la consecuencia de una guerra por las comisiones y donaciones que cobraba el partido entre dos bandos enfrentados del PP.