Los agricultores y agencias de colocación aseguran contratar solo a temporeros con papeles y piden no criminalizar el sector por las malas prácticas de algunos.

Ahmed duerme con otras cinco personas en una mina abandonada en el pueblo Granja d’Escarp: «Solo quiero ganarme la vida».

Despertar entre los escombros de una mina abandonada, ducharse con el agua de una garrafa, salir a las afueras del pueblo, montar en el coche del jefe, coger cerezas durante diez horas, cobrar 55 euros, pagar 2 por el trayecto y volver a la mina. Este es, en el mejor de los casos, el día a día de Ahmed. En el peor, ni siquiera tiene trabajo, como le ocurrió este miércoles. Por esto Ahmed se encuentra a media mañana en el asentamiento de temporeros de la localidad leridana de la Granja d’Escarp, en el que duermen otras cinco personas, todos de origen magrebí.

Desde mediados de mayo la comarca del Segrià (Lleida) aumenta cerca de un 12% su población. Más de 25.000 personas, la mayoría extranjeras, muchas sin papeles, llegan al campo leridano para contribuir con sus brazos a una de las principales industrias productoras de fruta de Europa. Su alojamiento y condiciones laborales están estrictamente reguladas por convenio, pero una parte de ellos sigue malviviendo lejos de las cifras que mueve el sector, durmiendo en la calle, en cobertizos, en pequeños asentamientos o hasta en una mina en ruinas.

«Los otros cinco que duermen aquí están en el campo a esta hora, soy el único que hoy no tiene trabajo», relata Ahmed mientras se adentra en su estancia, hecha de cartones, plásticos y dos colchones, a resguardo de un calor que supera los 30 grados. Este argelino llegó a España hace seis meses y lleva 40 días en Lleida. Tras dormir en un albergue de la capital y en la calle, decidió seguir el río Segre abajo hasta llegar a la Granja d’Escarp, en busca de algún campesino que le contratara pese a no tener los papeles en regla. «Solo quiero ganarme la vida», resume.

Mina de la Granja d’Escarp Sònia Calvó

El pueblo en el que ha recalado Ahmed es el más meridional de una serie de municipios, a orillas del Segre, que aglutinan el mayor número de hectáreas de frutales de la zona, además de las principales centrales comercializadoras. Gran parte del medio millón de toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos que produce cada año la provincia de Lleida salen de estas tierras que lindan con el paisaje de los Monegros y que abastecen a los principales supermercados europeos.

Se trata de un sector que genera cada año más de 25.000 contratos a temporeros desde mayo, cuando se empieza con la cereza o el albaricoque, hasta septiembre, cuando se acaba con la manzana. Cobran un mínimo de 6,18 euros la hora, cotizan a la Seguridad Social, se les facilita alojamiento si se tienen que desplazar más de 75 kilómetros y se les paga el transporte diario. Así figura al menos en el convenio del sector agrario catalán, firmado en 2015. Pero en los márgenes de esta economía está la sumergida, la de los que emplean a personas sin papeles como Ahmed. Hombres, en su mayoría de origen subsahariano, que también acuden por decenas estos días a hacer la temporada. No hay cifras sobre cuántos son.

“En cualquier momento viene la inspección”

«No conozco a nadie que se arriesgue ahora a coger personas sin papeles», expresa Ramon Comes, responsable de temporeros de la Unió de Pagesos. Este sindicato agrario tiene una bolsa de trabajo a la que se pueden apuntar los temporeros. El único requisito es tener los permisos de residencia y trabajo en regla. «Me cuesta imaginar que alguien quiera contratar en negro, porque en cualquier momento te viene una inspección», añade. Las multas son de 6.000 euros para arriba.

Una de las pocas cifras que hay sobre temporeros en situación irregular es la que arroja la Oficina Única de Atención a las Personas Temporeras de Lleida, un pabellón en el que se asiste a todos aquellos que llegan al campo sin alojamiento. De los más de 800 que pasaron por sus dependencias el año pasado, más de un 30% eran irregulares, según datos proporcionados por el Ayuntamiento.

Por este pabellón no pasan sin embargo los que repiten cada año con el mismo agricultor, o los que teniendo ya un piso en el que dormir acuden directamente a las ETT y a las agencias de colocación de la ciudad, que son las que intermedian entre el temporero y el campesino. Por la pequeña oficina de Gent a Punt S. L. pasan cada verano 4.000 personas. «Aquí no seleccionamos; reclutamos», afirma su directora y propietaria, Carme Valls, que asegura que todos ellos tienen papeles.

«Lo único que me ha pasado alguna vez es descubrir al cabo de un tiempo que uno ha utilizado los papeles de otro, pero si vemos que no tiene documentación, le tenemos que decir que no, porque los agricultores no quieren», explica Valls. Su agencia se dedica a proporcionar trabajadores sobre todo a las cooperativas y empresas de segundo grado, las que se dedican al almacenamiento, clasificación, selección y comercialización de la fruta. Este año espera menos gente por la caída de la producción, de cerca del 15%, según las previsiones del sector.

Un bancal de nectarinas en Alcarràs, Lleida Sònia Calvó

Más de 70 personas en la calle en Lleida

Esta semana los activistas de ‘Fruita amb justícia social’, una plataforma impulsada por Crida per Lleida – CUP con el apoyo de varias entidades sociales, han recorrido las calles de Lleida para ofrecer asesoramiento legal a aquellos temporeros que duermen al raso en la capital y para calibrar la magnitud de la miseria. En el campo es más difícil, pero en las zonas urbanas se detecta fácilmente a la gente que duerme en la calle. Su trayecto empieza a las puertas de Jericó, el albergue para personas sin techo de la ciudad. Como cada año, sus 80 plazas se encuentran desbordadas al inicio de la campaña. No queda ni una cama libre, con lo que a las puertas del establecimiento duermen alrededor 30 personas.

Los cálculos de los activistas coinciden estos días con los del consistorio: hay como mínimo 70 personas durmiendo al raso. «Hace años que pedimos al Ayuntamiento que cree un albergue solo para temporeros, pero no hay manera», se lamenta Gemma Casal, impulsora de la plataforma y miembro de Crida per Lleida – CUP, mientras reparte panfletos y carteles por los comercios del centro de la ciudad.

Este año el consistorio reparte tickets a los temporeros sin techo para pasar un máximo de cuatro noches en el albergue, mientras que en campañas anteriores podían ser más de diez. La lógica del Ayuntamiento es que, partiendo de que la demanda para una plaza es muy superior a las que hay, una estancia de cuatro días produce una mayor rotación y así más gente puede utilizarlo. El consistorio asume que no es su cometido dar techo a los temporeros, puesto que según el convenio es el campesino quien se lo facilita. Pero el problema es que se cuentan por decenas los que se pasan más de cuatro días esperando su primer trabajo. Sobre todo, de nuevo, los que no tienen papeles.

«No puede ser que no tengamos sitio donde dormir», se queja Mamadou Mbaye (nombre ficticio), que tras pasar cuatro noches en el Jericó lleva ahora un mes durmiendo justo al lado, en unos soportales a escasos metros de su puerta. Por las mañanas se levanta, acude a la Oficina de Atención al Temporero, se da una ducha, deja allí su maleta y empieza a dar voces a conocidos a ver si alguien busca un temporero. Lo último que consiguió le duró cinco días, explica. Cogiendo cerezas. «El trabajo era bueno porque el jefe cumplía lo que decía: cinco euros la hora», detalla Mbaye. Les descontaba cinco por llevarles en coche.

Mamadou Mbaye, a la izquierda, duerme a las puertas del albergue Jericó de Lleida Sònia Calvó

Este joven, que llegó hace un año del Senegal, es uno de los usuarios que acuden cada mañana a la Oficina de los temporeros. Allí hay servicios de ducha, consigna, colada, comida y orientación laboral, en un operativo liderado por el consistorio pero con participación de entidades como Càrites. Desde su apertura el 11 de junio ha atendido a 108 personas, de momento un 28% menos que en 2017.

«Muchas de estas personas requieren de ayuda por cuestiones de vulnerabilidad social,en esto les ponemos todas las ayudas que podemos, pero en cuestiones de trabajo vienen a ser temporeros, y si no tienen papeles poco podemos hacer», argumenta Xavier Rodamilans, teniente de alcalde de políticas para los derechos de las personas del Ayuntamiento de Lleida. En el consistorio están convencidos de que habilitar un albergue para temporeros podría generar un efecto llamada que llevara a todos los que están por los pueblos de los alrededores a ir a dormir a la capital.

Rodamilans asegura que les preocupa sobre todo qué personas necesitan «atención social y humanitaria», para ponerles en contacto con las entidades sociales que trabajan en la Oficina. En las últimas semanas han llegado por ejemplo 21 inmigrantes subsaharianos desde Italia. «Aquí no tienen papeles de residencia, pero les ayudamos para que puedan pedir asilo», expresa. Con todo, algunos de ellos duermen también a las puertas del albergue, como pudo comprobar este diario.

Otro de los que va cada día a la Oficina de temporeros es Nelo, un hombre que desde 2004 viene siempre que puede desde Rumanía para hacer la campaña. Estos días no tiene trabajo y duerme en un cajero de la ciudad. Como la recolecta de cereza ya ha acabado y la de melocotón y nectarina está todavía empezando, algunos temporeros como Nelo tienen que dormir en la calle entre un contrato y otro.

Cuando le emplea un campesino, siempre le da alojamiento «en algún albergue o pensión», comenta mientras carga el teléfono móvil y espera turno para una entrevista con la orientadora laboral. «Lo que yo querría es tener un trabajo en España todo el año para poder traer a mi mujer y mis dos hijos», explica.

Nelo, de Rumanía, duerme en la calle mientras no encuentra trabajo de temporero Sònia Calvó

Fruta con justicia social

Modibo Coulibaly lleva desde 2009 trabajando en las fincas de Ramon Comes. Este maliense cobra 6,18 euros la hora, tal como estipula el convenio, y duerme en uno de los dos albergues para temporeros de que dispone la cooperativa de payeses del pueblo de Corbins. Trabaja de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. «El campo es duro, pero como muchas otras faenas, y aquí estamos en buenas condiciones», comenta.

Esto es lo que persigue la campaña ‘Fruita amb Justícia Social’: que todos los campesinos cumplan con el convenio del sector agrario. Sindicatos del sector, como Unió de Pagesos, aseguran que esta es la realidad para la gran mayoría de agricultores. Comes recuerda que el convenio de los temporeros siempre se ha negociado al alza en cuanto a salarios, aun cuando ha habido temporadas en las que los agricultores perdían dinero por el bajo precio de la fruta. «Si alguien lo hace mal, que se ponga el foco sobre ello, pero decir que los agricultores roban a los trabajadores es mentira», sostiene.

No lo tienen tan claro los activistas como Gemma Casals, que aseguran que, más allá de la situación extrema de los sin papeles, también en el caso de quienes tienen contratos existen incumplimientos del convenio. «A muchos no les pagan las horas extra tal como está establecido, o les cobran el transporte», asegura. A partir de las 8 horas de jornada, estas pasan a pagarse a 10 euros.

Además de exigir que se cumpla el convenio, la plataforma ‘Fruita amb justícia social’ también reclama a la Delegación del Gobierno que regularice la situación de quienes trabajan sin papeles, que haya alojamiento para todos, que aumenten las inspecciones y que, en última instancia, se avance hacia un modelo agrario de proximidad.

Los ocho temporeros contratados por Comes no hacen horas extra porque él considera que una jornada más extensa a pleno sol puede ser perjudicial. Menos aun cuando algunos de ellos hacían el Ramadán hasta hace poco.

Entre ellos, Coulibaly. Mientras poda las ramas más altas de los melocotoneros –las que impiden que el sol llegue de lleno a la fruta– relata cómo es su vida como temporero después de una década dedicado a ello. En primavera, hace la campaña de la fresa en Huelva. En junio viene a Lleida a trabajar para Comes, que le contrata hasta septiembre. Luego viaja a Valencia para empezar la colecta de la naranja hasta invierno. Al acabar, se va a su país unos meses. «Siempre que puedo», precisa.

Mientras explica que él consiguió los papeles en 2004, poco después de llegar a España, sus palabras se ven interrumpidas por los gritos un temporero en el bancal de al lado. Comes corre medio asustado hacia allí al tiempo que los gritos se intensifican. De detrás de un melocotonero aparece, sonriente, uno de sus trabajadores. «¡Segundo gol de Senegal contra Polonia!», celebra, pendiente a través de los auriculares de la victoria de su país en el Mundial de Rusia.