La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información afirma que 2017 ha sido un año tan grave que tardaremos en asimilar su alcance

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En su informe 2017, la organización resume el año que acaba “como el año de los delitos de opinión”.

Así lo ha denunciado la plataforma balance anual sobre el estado de la libertad de expresión e información en España, donde recuerda que en 2017 entró en prisión el primer tuitero por opinar en redes sociales, Alfredo Remírez.

En este sentido, ha rechazado que este año también fueron condenados a prisión el líder de Def con Dos César Strawberry, la tuitera Cassandra, el rapero Valtonyc y el colectivo La Insurgencia. Además, la plataforma señala que en febrero la Fiscalía de Las Palmas abría diligencias contra ‘Drag Sethlas’ por posible ofensa religiosa.

“Cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI. Es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”, hadenunciado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.

No obstante, la PDLI destaca como noticias positivas la reforma de la ley de RTVE; la sentencia de Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo, clarificando los criterios de cuando una opinión en redes sociales puede ser calificada de delito, la decisión del Parlamento Europeo instando a los Estados a regular la protección de los filtradores o el rechazo por parte de España de las peticiones de extradición de Turquía contra dos periodistas tras una intensa campaña de la PDLI.

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Por otra parte, Periodistas de Aragón comenta que además de estas noticias pésimas, hay algunos aspectos positivos para destacar este año 2017:

Entre las noticias positivas del año, la PDLI destaca la reforma de RTVE para recuperar la independencia de su presidente; la sentencia de Luciano Varela, magistrado del Tribunal Supremo, clarificando los criterios de cuándo una opinión en redes sociales puede ser calificada de delito, la decisión del Parlamento Europeo instando a los Estados a regular la protección de los filtradores [‘whistleblowers’] o el rechazo por parte de España de las peticiones de extradición de Erdogan contra dos periodistas turcos tras una intensa campaña de la PDLI.

Las acciones de la PDLI también tuvieron su impacto en la retirada por el gobierno de la Comunidad de Madrid de su Proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, calificado por la PDLI como una “aberración jurídica” por pretender regular la libertad de expresión por la vía administrativa, con multas de hasta 45.000 euros por mensajes en redes sociales. En la misma línea, Podemos rectificó igualmente su Proposición de Ley “contra la discriminación por orientación sexual” para eliminar los artículos del texto que vulneraban la libertad de expresión.

En mayo, la Plataforma recibía el premio a la libertad de expresión concedido por la Unió de Periodistes; Virginia Pérez Alonso fue nominada a los premios José Couso y los juristas de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida y David Bravo a los de la fundación Hay Derecho por su defensa de la libertades. La PDLI también estuvo presente en la Conferencia Internacional de Doha, donde denunció el deterioro de la libertad de información en todo el mundo.

En 2017 también se manifestó la exigencia social y el consenso de medios, periodistas y organizaciones por un periodismo responsable. El decálogo impulsado por la PDLI en septiembre de este año, y relanzado en octubre con motivo del conflicto en Cataluña, ha sumado ya la firma de más de doscientas entidades y profesionales.

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