La resolución, a la que tuvo acceso en exclusiva Ámbito Financiero, establece en su artículo 1°: "Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente , su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la ley 23.551".





La resolución que busca depurar el lote de casi 3000 gremios inscriptos ante el Ministerio de Trabajo está a la firma de Karina Palacios, la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, quien completaría el trámite este viernes. El Gobierno nacional intentará así normalizar el macro cosmos sindical después de un aluvión de sindicatos y "sellos de goma", de acuerdo a la evaluación de las autoridades, inscriptos durante la gestión del kirchnerista Carlos Tomada. Más allá de la eficiencia en la gestión y la consonancia con los principios de celeridad, economía y sencillez previstos en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en términos políticos la resolución apunta a fortalecer a las principales ramas gremiales de la CGT que sufrieron una merma de afiliados, y aportes, durante los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner a través del reconocimiento de asociaciones gremiales disidentes y con base de militantes de partidos de izquierda. Por ejemplo, en 2013, Tomada inscribió como asociación gremial al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) que salió a competir con la UOCRA de Gerardo Martínez, uno de los caciques de la CGT más cercanos a Mauricio Macri. Durante el kirchnerismo, Tomada también procedió a la inscripción de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro (AGTSyP), un sindicato nuevo que le disputa poder y representación a la UTA de Roberto Fernández.



De acuerdo a la información que trascendió ayer, estarían a salvo gremios ortodoxos y "oficiales" como camioneros de Pablo Moyano o gastronómicos de Luis Barrionuevo, luego de la paranoia sindical desatada por el arresto de Juan Pablo "Pata" Medina y, antes, de Omar "Caballo" Suárez. De hecho, la resolución reforzará el poder de los gremios tradicionales asociados a la "burocracia sindical" hoy nucleados en la Confederación General del Trabajo que se reunieron el lunes y ayer para blindar el proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Hoy el sector de Pablo Moyano y las dos CTA marcharán al Congreso de la Nación para rechazar junto al kirchnerismo la iniciativa que acordó el Ministerio de Trabajo con la CGT.



En el sexto considerando de la resolución a la firma de Palacios se menciona que "la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos (...) por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho a integrar ese registro y por lo tanto debe ser dada de baja de dicho instrumento de control y publicidad". Esos deberes se refieren a obligaciones como la presentación de balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización de del registro de afiliados, entre otras.



De acuerdo a la disposición del Ministerio de Trabajo que se firmará el viernes, están en la mira los gremios que "en el plazo perentorio de 3 años contados a partir del comienzo de su inactividad o inoperatividad" no puedan demostrar su efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales". En ese universo de sindicatos flojos de papeles es de casi 450 asociaciones gremiales que serán dadas de baja del Registro que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación.



El artículo 2° de la Resolución a la firma ordena además la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio y, en artículo 3° otorga un plazo de gracia de 60 días extra para "acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos por la ley 23.551 que hacen al mantenimiento de su vida institucional y así procurar su mantenimiento en el Registro mencionado". Transcurrido ese plazo, el ministerio ordenará la baja del registro y el traslado a la Justicia para proceder a la quita de la personería gremial.



La embestida de la cartera de Triaca se enmarca en la decisión del presidente Mauricio Macri de avanzar contra "las mafias de los juicios laborales" que, de acuerdo al oficialismo, lucran a partir de la constitución de nuevos sindicatos que, a su vez, promueven nuevos litigios en el fuero del trabajo. A pesar del rechazo de Pablo Moyano, Sergio Palazzo (Bancarios) y las CTA, el proyecto de ley de reforma laboral podría avanzar en el Congreso y convertirse en ley antes de fin de año. Tras el aval oficial del Consejo Directivo de la CGT a la reforma laboral, a través de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, ahora sólo falta que Miguel Pichetto, jefe de los senadores del Frente para la Victoria, se muestre en condiciones de ordenar a su tropa.