Consulta íntegra la documentación presentada por el Ayuntamiento de Rivas

Durante la última semana de las primarias de Izquierda Unidad de Madrid, la candidata que finalmente se alzó con la victoria, Tania Sánchez, fue objeto de varias informaciones que apuntaban a actos supuestamente irregulares en su etapa como concejala del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Las acusaciones apuntaban a diversos tratos de favor del Consistorio hacia la familia Sánchez, en especial hacia su hermano. Este es un resumen de las denuncias publicadas y de las explicaciones ofrecidas tanto por el Consistorio como por los afectados.

Los contratos

El segundo frente contra Tania Sánchez se refiere a nueve contratos firmados entre el Ayuntamiento de Rivas y una cooperativa en la que participaba su hermano, Héctor Sánchez. Estas adjudicaciones serán revisadas en una comisión de investigación que aprobó el Consistorio ripense por unanimidad este mismo jueves a propuesta de IU, que cuenta con la mayoría absoluta. Estará presidida por la oposición y se retransmitirá por Internet.

El propio Ayuntamiento ha puesto a disposición de los medios de comunicación toda la información pública relativa a la tramitación de estos documentos. De su análisis se desprenden varias conclusiones:

De los nueve contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Rivas a la cooperativa Aúpa, solo uno se produjo cuando Tania Sánchez era concejala. La diputada regional entró en el Gobierno local tras las elecciones de mayo de 2007 en el área de Cultura. El contrato fue promovido por la Concejalía de Juventud e Infancia, que en aquel momento ocupaba el actual alcalde, Pedro del Cura. El proceso de este contrato, el 123/08, fue ordinario y abierto.

El contrato fue adjudicado finalmente en octubre de 2008 por un total de 136.851 euros, IVA incluido. En los pliegos del concurso se señalaba que, de ellos, un mínimo de 113.212 euros debían ir destinados a pagar sueldos. En caso de prórroga del contrato, esta cantidad debería verse incrementada en el mismo porcentaje en que lo hiciera el total.

La Mesa de Contratación que celebró el acto de apertura de las plicas, donde las empresas presentan las ofertas, estaba presidida por el entonces concejal del PSOE Guillermo Magadán como concejal delegado de Hacienda, según el acta. IU gobernaba entonces sin mayoría absoluta.

El trámite se realizó el 8 de octubre de 2008 y solo la cooperativa Aúpa se presentó al concurso. La Mesa de Contratación aseguró entonces: “Se califica la documentación positivamente, admitiéndose todas las proposiciones”, sin que figure ninguna incidencia.

IU gobierna Rivas desde 1991 pero solo en la actual legislatura lo ha hecho con mayoría absoluta; hasta entonces, siempre lo ha hecho con el apoyo de otros partidos.

La adjudicación a Aúpa, el 15 de octubre, fue aprobada por otra Mesa de Contratación presidida por el concejal de IU Marcos Sanz.

El 21 de octubre, la Junta de Gobierno de Rivas ratificó "por unanimidad" la adjudicación del contrato a Aúpa, tal y como consta en el certificado que ha aportado el Ayuntamiento. El acuerdo lo firmó el entonces alcalde, José Masa. En esa reunión, de acuerdo con documentos publicados por Abc, estaba presente Tania Sánchez, si bien la diputada regional de IU afirmó en una entrevista en Carne Cruda: "No tengo recuerdo de haber estado en el momento de esa aprobación".

El Ayuntamiento de Rivas ha presentado un informe jurídico solicitado ex profeso a la Secretaría Técnica municipal y que firman la secretaria del Consistorio, el jefe de Contratación y el jefe de Asesoría Jurídica, para el caso de que no se hubiera abstenido de participar en la deliberación. Ocupa 19 páginas.

En él, recurriendo a legislación vigente en aquella época y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se asegura: "Si la intervención del interesado no fuera decisiva, por ser el resto de votos favorables suficientes para la adopción del acuerdo, el acto se considera válido". Y añade: "El Supremo salva la anulación del acto cuando el interés personal no ha sido incompatible con la defensa del intereses (sic) del municipio y que el acuerdo aun siendo definitivo en vía administrativa, venía ya marcado en la parte material y sustantiva por lo acordado por otro órgano interviniente con anterioridad". Y concluye: "El acuerdo mantiene su eficacia si, al tomarse por unanimidad, la eliminación de quien debió abstenerse no hubiera alterado el resultado de la votación".

Este contrato, el 123/08, fue el último que recibió la cooperativa Aúpa del Ayuntamiento de Rivas.

Antes, la sociedad fue adjudicataria de otros ocho contratos. En total, la cooperativa de Héctor Sánchez recibió adjudicaciones por valor de 1,2 millones de euros entre 2002 y 2008, lo que representa un 13,3% de los 9,02 millones que gastó la Concejalía de Juventud e Infancia en contratos en el mismo periodo, según los datos aportados por el Ayuntamiento. En esos años, fue adjudicataria de nueve contratos, pero su oferta fue rechazada en otras 19 ocasiones, siempre según el Consistorio.

En la documentación que ha puesto el Consistorio a disposición de los medios se comprueba que el mecanismo que se siguió para adjudicar el contrato de 2008 es muy similar a los anteriores. En varias de las mesas de contratación figuran, bien en el momento de la apertura de la plica o de la adjudicación definitiva, miembros del PP o del PSOE, así como funcionarios del Ayuntamiento. En ninguno de los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es a través del Ayuntamiento, aparece incidencia alguna sobre los asistentes.

En varias de las actas de la Mesa de Contratación también figura como asistente Raúl Sánchez, concejal del Consistorio durante varias épocas y en distintas áreas y padre de Héctor Sánchez y de Tania Sánchez. No obstante, Raúl Sánchez no figura como asistente en ninguna de las Mesas de Contratación que aprobaban las adjudicaciones, sino en las que se abrían las plicas, es decir, las ofertas de las distintas empresas.

Los funcionarios

Las informaciones sobre los contratos supuestamente irregulares en Rivas comenzaron con dos que, en realidad, afectan más a algunos de los funcionarios que los tramitaron que a los miembros del equipo de Gobierno.

El primero de los casos, publicado por Vozpopuli, desvela una irregularidad en la prórroga de los contratos que, desde finales de los años 90, el Ayuntamiento de Rivas suscribió con una empresa para las clases de tenis municipales. Uno de los funcionarios que estampó su firma en uno de los trámites de concesión de la prórroga del contrato había sido socio de la empresa adjudicataria.

Tras lograr la plaza en el Ayuntamiento, en 2005, el funcionario vendió su participación pero continuó figurando como apoderado de la empresa hasta noviembre de 2008. Según el Ayuntamiento, se trata de un error de la sociedad, que no informó al registro de la salida del exsocio del accionariado de la empresa.

En 2008 se prorrogó dicho contrato, con Tania Sánchez como concejala y responsable del área de la que dependía la adjudicación. En una entrevista con eldiario.es, la diputada defendió que ella no intervino en el proceso en ningún momento y que el funcionario en cuestión lo hizo de forma accidental.

El segundo caso es similar. Un funcionario participó en la tramitación de un contrato con un club de baloncesto con el que tenía relación. Según Vozpopuli, Tania Sánchez "dio su visto bueno en septiembre de 2009, como responsable del área, a la contratación de un servicio anual de monitores de basket por un importe que rondó los 12.000 euros". La adjudicación, a la que la diputada dio el visto bueno, venía avalada por un técnico municipal que en aquel momento era gerente del club de baloncesto que logró el contrato, según la información.

El Ayuntamiento anunció el jueves la apertura de sendos expedientes informativos a los funcionarios municipales para, según explicó el propio alcalde, determinar qué ocurrió. "Si hay alguna mala praxis se le tiene que abrir la correspondiente sanción, pero si no la hay, que esos funcionarios puedan defenderse", aseguró Del Cura.

Los pisos

Tania Sánchez y su familia han sido señalados por varios medios de comunicación por vivir en pisos con distintos grados de protección. "Tania Sánchez recibió un piso de protección que vendió al portavoz de IU en Rivas", señalaba La Razón el pasado 25 de noviembre.

La diputada regional no "recibió" un piso de protección en Rivas. Junto a otras personas, creó una cooperativa a través de la cual accedió a suelo protegido y promocionó viviendas, según explicó en una entrevista en eldiario.es. Es decir, no fue el Ayuntamiento quien promocionó, construyó o financió los pisos, sino que fue por iniciativa privada.

En cuanto a la protección, en Madrid existen dos modelos, la Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y la Viviendas con Protección Pública Libre (VPPL), el aplicado a la vivienda de Sánchez. La diferencia entre ambas radica en el tamaño (un máximo de 110 o de 150 metros cuadrados) y el nivel máximo de renta que los compradores pueden tener (5,5 o 7,5 veces el IPREM). Este sistema de protección ha sido ampliamente utilizado en el desarrollo urbanístico de la Comunidad de Madrid. La calificación la otorga el Gobierno regional.

La diputada entró a vivir en la casa en 2003 y pagó por ella 99.000 euros, según La Razón. En 2010 vendió el inmueble al actual portavoz municipal del Ayuntamiento de Rivas por 150.000. Como el precio de un piso con protección está tasado durante 20 años, según la legislación madrileña, para venderlo la hoy diputada regional tuvo que avisar por escrito a la Comunidad de Madrid y dar un tiempo a que la Administración pudiera ejercer el derecho de retracto. Pasado el periodo, Sánchez procedió a la venta por el precio tasado.

La Razón también publicó que el padre de Tania Sánchez, Raúl Sánchez, era propietario de un piso de protección en el barrio de Vicálvaro de Madrid. La información era falsa. Días después tuvo que rectificar porque era de otra persona con el mismo nombre.

Por último, Abc aseguró en otra información que el hermano de Tania Sánchez, Héctor Sánchez, fue adjudicatario de un piso protegido en Rivas, esta vez sí promocionado por la Empresa Municipal de la Vivienda. La noticia asegura que la adjudicación se produjo en abril de 2007, cuando Tania Sánchez era concejala municipal, pero las elecciones que le permitieron entrar al Gobierno local se produjeron en mayo de ese mismo año.

Según datos oficiales, en Rivas el 50% del parque de viviendas tiene algún nivel de protección. Y el 20% de los jóvenes de la localidad vive en casas de la EMV.