Revista Proceso No. 1897, 10 de marzo de 2013

Marcela Turati

El presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores se embrollan cada vez más en lo que atañe a las personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran; luego, de manera inopinada la Secretaría de Gobernación difundió una lista en la que enumeraba a más de 27 mil. Pero cuando activistas sociales y familiares de los agraviados consultaron el registro de los desaparecidos, descubrieron que algunos de ellos tampoco estaban en las listas.

Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la lista oficial.

“Es indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.

Enumera los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.

A la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.

Hace un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“La cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”, dice Margarita a Proceso.

Si uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED) aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.

En cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.

El registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los municipios y entidades donde desa­pareció, la fecha del suceso y si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.

De las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.

De ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.

La lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).

En la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.

Por esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

Así, las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.

El informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.

Con la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se desconocía.

En entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas salieron en su apoyo.

Primeros problemas

La búsqueda avanzada del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renped) permite conocer que de los 26 mil, 15 mil 372 son hombres y 10 mil 199 mujeres. Sólo en 20 mil 915 casos existe una denuncia, de los 5 mil 206 restantes no hay información.

Las entidades que acumulan el mayor número de casos de personas extraviadas o desaparecidas son, en primer lugar, el Distrito Federal (6 mil 486); le siguen: Edomex (2 mil 986), Tamaulipas (2 mil 702), Jalisco (2 mil 230), Guanajuato (mil 345), Sinaloa (mil 301), Coahuila (mil 185), Nuevo León (857), Veracruz (799), Michoacán (642), Durango (594), Hidalgo (453) y Chihuahua (447).

Chihuahua, a pesar de sus niveles de violencia y del repunte de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, presenta cifras menores que las de Hidalgo o similares a las de Chiapas. Otro dato: las cifras de desaparición en Coahuila, reconocidas por el gobierno estatal, son de mil 835 personas, 650 más que las del Renped.

El politólogo Alejandro Hope, experto en seguridad, comenta: “La lista está muy rara. Me mete mucho ruido la distribución geográfica de los casos. Si sumas Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, tienen 54% del total de los casos. No es exactamente el mapa de la guerra contra el narcotráfico. Y si ves, Quintana Roo tiene dos veces más que Chihuahua. Quién sabe qué es lo que está registrado ahí”.

Ahora que se dio la cifra, el gobierno de Peña Nieto, dice, se metió “en un embrollo monumental”: “Tienen que buscar a esas 27 mil personas, ¿y qué va a pasar cuando digan que no eran 27 mil, sino 8 mil? (…) Dado que dieron a conocer el registro, hay un compromiso público de buscar o depurar (las listas). Cualquiera de los dos casos es complicado”.

Por su parte, la politóloga Sandra Ley manifiesta su preocupación porque, así como no se han explicado los criterios bajo los que se registró a la gente, tampoco se sabe cómo se hará la depuración.

Tras revisar esa base de datos y la que contiene 20 mil registros, dada a conocer en enero pasado por Propuesta Cívica y filtrada también desde la PGR, encontró que hay un “sesgo geográfico” en lugares donde impera el crimen organizado, donde posiblemente la gente no denunció por miedo. Indica que la información, como fue capturada, tampoco permite identificar los casos relacionados con desapariciones forzadas (cometidas por elementos de seguridad) o involuntarias (del narcotráfico), ni el modus operandi de los agresores y sus territorios. Tampoco permite identificar lo que falló en la estrategia calderonista.

Menciona que los casos ocurridos en el Distrito Federal, que son los que mayor información contienen, la mayoría “parecen ser casos de extravíos o conflictos entre familiares”. O Jalisco, por ejemplo, no reporta un solo caso en 2011.

“La falta de información marcó la administración de Calderón y necesitamos información para poder evaluar su estrategia (…) El gobierno actual ha estado tratando de dar información sin clarificar sus criterios y ese ha sido un problema”, dice Ley, candidata a doctora por la Universidad de Duke.

Véase desde donde se le vea, el Renped encarna el dicho popular de: “No están todos los que son ni son todos los que están”.

Al igual que en el caso de Margarita López, los agentes de Ministerio Público de la PGR tampoco encontraron los casos que llevan relacionados con las desapariciones

Cuando surgió esa inquietud, desde Gobernación se informó a las familias que por alguna razón en la lista del Cenapi no se incluyeron los casos “de alto impacto”, como se conoce a las denuncias presentadas al entonces presidente Calderón por organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y que, por sugerencia de las propias autoridades, fueron llevados al área antisecuestros de la SEIDO. Al parecer, tampoco las desapariciones forzadas.

Pero no son las únicas omisiones. De una lista de 32 migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos obtenida por Proceso y cuyos casos fueron denunciados por sus propias cancillerías ante el gobierno mexicano, sólo están registrados cinco, todos guatemaltecos.

Entre éstos está enlistado William Arnoldo Román Pérez, quien fue hallado en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. La PGR dijo haberlo identificado y lo incineró el último día del sexenio de Calderón con otros nueve cuerpos de migrantes.

El sitio de noticias Animal Político encontró que de los 140 casos documentados por Human Rights Watch como desaparición forzada –cometida por militares, marinos o policías federales, estatales o municipales–, 86 quedaron fuera del listado oficial de víctimas. Que a pesar de que Cenapi, de la PGR, armó el registro, no incluyó los nombres de 32 personas por los que la propia PGR ofrece recompensa a quien informe sobre su paradero. También omite nueve de los 14 nombres de periodistas desaparecidos que la organización Artículo 19 ha registrado, así como varios del Movimiento por la Paz.

En el Renped no están incluidos ni siquiera los seis hombres desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 2 y el 5 de junio de 2011, durante operativos de la Marina, hecho por el que la dependencia se hizo acreedora de la recomendación 39/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El director del Cenapi durante los meses de integración de la lista fue el contralmirante de la Secretaría de la Marina, asignado a la PGR, Horacio Fourzán Esperón. Proceso lo buscó la semana pasada para entrevistarlo. En la Marina dijeron desconocer su paradero.

Información rasurada

Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) y oriunda de Coahuila, se llevó una decepción cuando revisó la base de datos.

“A este registro le falta mucha información: cuando pongo el nombre de mi hijo aparece una pantalla que indica la desaparición en un año equivocado y que es de sexo masculino y el municipio donde desa­pareció. No dice que hay militares involucrados en la desaparición de mi hijo. Y sé de familias que señalan a funcionarios involucrados y casualmente no encuentran eso en los registros”, comenta.

No pudo acceder a más información sobre su hijo Dan Jereemel Fernández porque, dice, el sistema le pide claves que sólo poseen los funcionarios:

“¿Para qué nos piden fichas de varias hojas con información completa de mi hijo, cómo andaba vestido, sus cicatrices, de manos de quién desapareció y hasta datos de la abuela, si esa información no aparece? ¿Si tiene tantos candados y no tiene ni la foto, cómo va a aportar más información la gente?”

En ese mismo sentido, Jorge Verástegui, de Fundem, quien busca a su hermano y su sobrino, señala: “Esta información sin la ficha y la foto con las que las familias los reportamos solamente va a servirnos a los familiares para comprobar que lo tienen registrado, no sirve para otra cosa”.

En tanto, Juan López, el asesor legal de la organización, aplaude que el gobierno mexicano haya reconocido la magnitud del problema, que va acompañado de una demanda de integrar –junto con la sociedad– un verdadero registro nacional de personas desaparecidas, donde se establezcan criterios de a quién puede incluir bajo esa definición.

Brisa Solís, vocera del Movimiento por la Paz, dio la bienvenida a la publicación de la lista que evidencia el desorden del gobierno mexicano, cuyos funcionarios no han podido armar criterios básicos para catalogar desapariciones y armonizar cifras de varias instituciones.

Ella manifiesta su deseo de que se abran canales para que los ciudadanos que no están asesorados por organizaciones o agrupados con otras familias puedan registrar sus casos.

Para otros, este asunto supera la danza de las cifras. “No importa si son 3 mil o 30 mil casos, lo que importa es que no existe una constancia de que los casos se hubieran investigado”, expresa Carlos Martín Beristain, perito de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e integrante en comisiones de la verdad de varios países.

Para organizaciones de familias afectadas por las desapariciones, como Fundem, la lista difundida por el gobierno es “un primer paso en el reconocimiento de que el Estado mexicano ha perpetuado la impunidad, es un reconocimiento de que la administración calderonista conocía la problemática que se estaba viviendo y no se hizo nada. Prefirió pedir perdón porque no tuvo tiempo para buscarlos”, según Jorge Verástegui.

De estas listas, dice, deberían surgir órdenes de aprehensión contra los agentes del Ministerio Públicos que nunca investigaron los casos que les fueron asignados.

Agrega: “Quizás nunca vamos a saber el número de personas desaparecidas. Habrá que aceptar que estamos frente a una tragedia humanitaria innegable. Y lo más importante: que nos digan qué van a hacer, para buscar (y evitar más desapariciones)”.

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