El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que los expertos relatores de Derechos Humanos de la ONU no saben lo que dicen cuando critican la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘ley Mordaza’ por el recorte que supone de las libertades individuales y los derechos fundamentales de expresión, información y reunión.

“Los relatores de Naciones Unidas no se han leído esta ley. Yo le aseguro que no”.

Así lo ha expresado el ministro del Ejecutivo del Partido Popular este miércoles en el programa matinal radiofónico de Catalunya Radio, en una entrevista, realizada en catalán, en la que el ministro ha hablado del nuevo pacto antiterrorista, la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Al ser preguntado sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y la postura de los relatores de Derechos Humanos de la ONU, que instan a España a revisar la ley porque está traspasando líneas rojas de los derechos individuales de los ciudadanos, la respuesta de Fernández Díaz ha sido rotunda, a pesar de asegurar que no se ha entrevistado con los expertos de la ONU.

“No he hablado con ellos pero he visto lo que han dicho y lo que dicen no tiene nada que ver con lo que dice la ley, y por lo tanto no se han leído la ley. Yo sí que conozco la ley. Lo he pedido muchas veces: dígame una libertad pública, un derecho fundamental que quede recortado con esta ley, porque si es verdad, quedará fuera de esta ley”, ha insistido el ministro, ignorando la campaña de la plataforma No Somos Delito que ya daba respuesta a esa petición de Fernández Díaz.

El ministro de Interior se ha mantenido firme en que, tras ver la postura de los relatores de la ONU, sigue sin ver en la ley ningún aspecto que deba ser modificado, y ha insistido en la constitucionalidad de la ley por su larga tramitación parlamentaria, aunque haya sido aprobada en solitario con los únicos votos del Partido Popular y el compromiso en firme del total de los grupos de la oposición a retirarla en cuanto cambie la composición de la Cámara.

Solo un “debate político”

Para Fernández Díaz, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana posee todas las garantías constitucionales porque ha sido avalada por los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, sin considerar en ningún momento que en España no existe una verdadera separación de poderes y que, por ejemplo, los altos jueces del CGPJ son elegidos por los diputados.

Con el visto bueno de estos tres consejos, el ministro dice entender “a partir de aquí, el debate político”, ignorando el debate social y el rechazo generalizado a la ‘ley Mordaza’. Ni uno solo de los ejemplos de recortes de libertades aportados por la periodista ha sido admitido por Jorge Fernández Díaz, que ha defendido su ley con saña en cada uno de los puntos.

La “inmigración económica” es una “invasión de nuestro territorio”

Con respecto al polémico apartado referido a las ‘devoluciones en caliente’ y su posible conflicto con la legalidad internacional, el ministro ha defendido la soberanía de España y ha afirmado que Ceuta y Melilla tienen unas singularidades geográficas como fronteras no solo de España sino de Europa y que por ello merecen una respuesta singular.

Para Fernández Díaz, solo las personas que huyen de conflictos armados u otras circunstancias que merezcan la protección internacional tienen derecho a asilo en nuestro país, para cuya solicitud pueden dirigirse a las oficinas pertinentes de petición de asilo. Sin embargo, las personas que no se encuentran en esa situación y pretenden entrar en España constituyen una inmigración económica que supone “una invasión del territorio español” y “el Estado tiene derecho a defender sus fronteras”, aun privando a las personas migrantes de su derecho a presentarse ante un juez para ser expulsadas.

Adoctrinamiento terrorista en las redes sociales

En cuanto a las leyes antiterroristas, el ministro considera que la antigua regulación era “muy eficiente para derrotar a un terrorismo que podríamos llamar convencional como es el de ETA o el de Grapo”, donde la característica era la integración en una organización jerarquizada a la que solo se podía acceder si se conocía personalmente a sus integrantes. La justificación del cambio, para Fernández Díaz, se halla en la aparición de Internet, donde “hoy en día el 80% del adoctrinamiento se hace a través de las redes sociales, y eso no estaba bien tipificado”.

“Estos delitos están ahora tipificados en el Código Penal con una precisión jurídica que antes no tenían, y gracias a esta precisión jurídica, los fiscales y jueces pueden actuar como están actuando en estos momentos. Más de uno, más de dos y más de tres operaciones que ahora estamos llevando a término y que está imputando a los detenidos por integración en organización terrorista, colaboración con organización terrorista, adoctrinamiento pasivo a través de la red, etc., no estaban antes en el Código Penal especificados con la precisión necesaria para luchar desde el Estado democrático y de derecho con las herramientas legales y necesarias para hacer frente a esta amenaza”.

Entre las operaciones que cita el ministro que se están llevando a término actualmente se encuentra la ‘operación Pandora’ contra el movimiento libertario, con sucesivas entradas en centros sociales autogestionados que han culminado con la detención de decenas de personas acusadas de pertenecer a supuestas organizaciones anarquistas con fines terroristas.

La intervención radiofónica ha indignado además a la sociedad catalana por la aseveración del ministro de que la fundación Nous Catalans, dirigida por el exdirigente de ERC Ángel Colom, ha acogido a musulmanes extremistas, ligando así el independentismo al terrorismo islamista.

«A raíz del proceso independentista, recuerdo que en la fundación Nous Catalans a mucha de esta gente se la intentaba captar y hacer proselitismo de esta comunidad con el hecho de la independencia», ha expresado el ministro.