“Todo lo hicimos bien, pero todo nos está saliendo mal”. Jindy Morales, periodista venezolana de 29 años, trabajó y ahorró para poder estudiar Artes Audiovisuales en Madrid. Llegó a la capital española hace seis meses y no puede disponer de su dinero, ya que el Gobierno de su país no le permite cambiar a una divisa extranjera los bolívares que tiene. Como ella, muchos de sus compatriotas emigrados no saben si podrán comer mañana. “Estoy aprendiendo a sobrevivir”. “Mi principal preocupación es tener comida”. Los lamentos aumentan a medida que pasan los días y los ahorros de los venezolanos que decidieron estudiar en España disminuyen.

Morales pidió las divisas antes de abandonar Venezuela. El órgano encargado de gestionar la demanda es el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). Hace cuatro meses, cuando Morales ya llevaba dos en España, su petición entró en estado de “análisis”, una especie de lista de espera de cuya resolución depende que Morales pueda pagar el alquiler o tener con qué comer. “Es difícil saber que trabajé y que ahora mi dinero está atrapado”, lamenta.

La normativa que regula la prestación de divisas en Venezuela establece, en una de sus cláusulas, que su adjudicación dependerá de si el Banco Central tiene o no los recursos para otorgarlas. Por eso, los estudiantes no reciben el capital que necesitan, explica José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. El pasado viernes, el Ejecutivo venezolano aprobó otra normativa que agrega más restricciones, entre ellas, limita la cantidad que se puede gastar con tarjeta de crédito. En el caso de España, un máximo de 2.000 dólares si se viaja más de ocho días.

“Salimos de nuestro país para estudiar, pero ahora estamos en el borde de quedar en la calle. Aunque hay un límite de 1.300 euros mensuales para manutención, nos están negando las solicitudes. No estamos pidiendo nada regalado. Lo que exigimos es nuestro”, dice Henry Sosa, presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España, que surgió para dar voz a quienes no reciben el dinero que tienen en su país.

Las barreras para acceder a su propio dinero comienzan, sin embargo, mucho antes de salir de su país. El Gobierno tiene definidas unas carreras que considera “prioritarias”. Es decir, si un venezolano elige una profesión que no está en esa lista, no tiene derecho a pedir sus divisas. Si la vocación del estudiante está dentro de esas áreas, el máximo que puede solicitar —aunque disponga de mucho más dinero— ronda los mil dólares mensuales. Después dependerá de que el Cencoex lo apruebe. En palabras del profesor Carrasquero, “el Gobierno le está diciendo a los estudiantes: ‘te vas, pero a tu propio riesgo”. Un riesgo que se ha convertido en drama: las universidades ya han dado de baja a varios por no tener dinero para pagar la matrícula; otros han llegado a dormir en la calle; y, de no ser por los centros de acopio que se han abierto para ayudarlos, la mayoría no tendrían con qué alimentarse.

Salimos de nuestro país para estudiar, pero ahora estamos en el borde de quedar en la calle" Henry Sosa, uno de los estudiantes afectados

Ricardo Álvarez, presidente en Madrid del Centro Cristiano para las Naciones, es una de las personas que ayuda a estos jóvenes. Cuando leyó en la prensa la situación que atraviesan, él y el resto de su congregación —unas 30 personas— reunieron alimentos no perecederos, ropa y productos de higiene personal. Después, contactaron con los estudiantes a través de Twitter y Facebook y les informaron de que habían instalado un centro de provisiones cerca de la madrileña glorieta de Marqués de Vadillo, en la casa de la pastora evangélica Martha Martínez, para que pudieran recoger el material.

En casa de Martínez, platos de queso y jamón esperan a los estudiantes, que saben que tienen las puertas abiertas los martes y los jueves a partir de las cuatro de la tarde. “Llegan unos 10 a la semana”, afirma Álvarez. Hay de todo: desde jóvenes que rondan la veintena a familias con hijos. “Es gente que en su país no ha necesitado nunca un plato de comida”, explica Álvarez. La necesidad es lo único que lleva a los estudiantes a vencer el pudor para acudir a algunos de los nueve centros de almacenamiento que hay ya en Madrid. “No es fácil encontrar la manera de sobrevivir, por eso estos lugares son una gran ayuda”, dice Andrea Parra, una abogada de 24 años que cursa un máster en la Universidad de Alcalá y que lidera el movimiento.

Los estudiantes, con la ayuda del abogado Williams Cárdenas, han recurrido al consulado de Venezuela en Madrid y han enviado comunicados a la Unión Europea y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relatando su situación. “Algunos rayan en la indigencia. Es necesario que la comunidad internacional sepa lo que está pasando”, dice el abogado.

Iván Simonovis-Pertiñez, uno de los jóvenes afectados residente Barcelona, dirigió un vídeo de 12 minutos, A la deriva, en el que relata cómo viven con la angustia de no poder recibir su dinero. Según él, las palabras de ese título son las que mejor describen sus días.