La llegada de empresas internacionales de delivery a nuestra ciudad viene provocando una fuerte polémica. Es que al tener un sistema de contratación de servicios vía aplicaciones telefónicas, no operan desde un lugar físico y, por lo tanto, no tributan impuestos provinciales ni tasas municipales.

Por eso la semana pasada fue presentada en el Concejo Deliberante una iniciativa que pretende regularlas y obligarlas a reunir determinados requisitos para operar en la Ciudad, entre ellos, el de tener un lugar físico para operar, integrar un registro municipal de prestadores y el de que el personal que realice la tarea mantenga determinadas pautas.

Hasta ahora las compañías de este estilo conocidas en La Plata son “Glovo” y “Pedidos Ya”, las que, a pesar de algunas diferencias en su forma de operar, tienen en común que los clientes las contratan a través de una aplicación telefónica para recibir en sus domicilios comida o hacer cualquier tipo de trámite de carácter de mensajería. Los trabajadores -la mayoría jóvenes- son monotributistas de estas empresas y mantienen con ellas una relación “virtual”, dado que sus domicilios están en el exterior.

Esta última característica es una de las señaladas para reclamar una regulación, dado que impide el cobro de la tasa de seguridad e higiene y también el del impuesto de Ingresos Brutos. En este último caso, trascendió ayer que la Provincia también analiza la manera de poder aplicarles ese gravamen.

Pero, además, en los fundamentos del proyecto de ordenanza presentado en el Concejo local se advierte de que la metodología utilizada “atenta contra el buen uso de las leyes laborales” para con los trabajadores. Así lo expuso el concejal peronista Fabián Lugli, autor de la iniciativa al explicar a EL DÍA el espíritu del expediente.

En rigor, se trata de la reforma de la actual ordenanza que regula la actividad de delivery en la Ciudad, sancionada en 2013, incorporando así a las empresas que utilizan estas modernas metodologías.

En el caso de Glovo, la aplicación que llegó a La Plata hace unos seis meses vino creciendo exponencialmente. Lugli detalló a este diario que actualmente hay unos 700 jóvenes trabajando con ese sistema, cuando en marzo eran 250, y que este incremento de personal limitó la cantidad de horas de trabajo y, por lo tanto, la ganancia, que es “a comisión”.

“Los trabajadores no conocen a la gente de la empresa para la cual trabajan, sólo reciben los pedidos a través de la aplicación, realizan el dinero y lo depositan en una cuenta bancaria”, describió.

Y advirtió que, como no existe relación de dependencia, “lo que le ocurra al trabajador en la calle no reviste ninguna responsabilidad por parte de la empresa”.

REFORMA DE LA ORDENANZA

En este marco de discusión es que la propuesta del edil es la de incorporar esta nueva modalidad de contratación de servicios a la vigente ordenanza que regula la actividad de delivery, estableciendo que este tipo de mensajería urbana y reparto de alimentos a domicilio tenga una autoridad de aplicación municipal y un registro de prestadores con el requisito de constituir un domicilio en nuestra ciudad y habilitar un local u oficina para el desarrollo de la actividad. Este ítem obligaría a estas compañías “sin domicilio” a tributar una tasa a nivel municipal e Ingresos Brutos a nivel provincial. Además, se le reclamará especificar la composición societaria con los repartidores y el porcentual de participación.

“En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, estas compañías tienen actualmente radicado un domicilio y sus trabajadores nucleados en una asociación sindical que les permite abrigar determinadas reivindicaciones. En nuestra ciudad toda esta regulación aún no se ha contemplado”, finalizó Lugli.