La subida del SMI y el aumento de la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades son las dos piezas que se han cobrado los socialistas por respaldar la nueva senda de reducción del déficit público pactada con Bruselas. Esto supone que el techo de gasto —que es el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado— saldrá adelante con un amplio respaldo. En concreto, además del PP, Ciudadanos y el PSOE, que todavía insiste en que está muy lejos de dar vía libre a los Presupuestos que remitirá el Gobierno a principios del año que viene.

El PSOE exige un aumento del salario mínimo interprofesional del 8% en 2017, hasta los 707,6 euros mensuales por ocho horas de trabajo. Es decir, en línea con lo reclamado por CCOO y UGT, quienes este jueves se reunirán con los altos cargos del Ministerio de Empleo.

El respaldo del techo de gasto y de los nuevos objetivos de déficit no significa, sin embargo, que el Partido Socialista vaya a respaldar los Presupuestos Generales de 2017. Antonio Hernando, el portavoz del grupo socialista, ha dicho que esa es una posibilidad “remota”, y dependerá, en cualquier caso, del propio equilibrio de fuerzas dentro del PSOE, que aún debe celebrar primarias para elegir un secretario general que sustituya a la gestora. La aprobación del techo de gasto sería a cambio de una subida del SMI y del incremento de la presión fiscal en Sociedades.

Además, como se sabe, el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes en Consejo de Ministros una serie de medidas fiscales, que incluyen la subida de los impuestos al alcohol y al tabaco, así como un gravamen para las bebidas carbonatadas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. (EFE)

El mayor margen de maniobra de las administraciones públicas tiene que ver con la nueva senda de reducción del déficit público fijada por Bruselas. Si anteriormente el desequilibrio entre ingresos y gastos para el conjunto del Estado en 2017 se situaba en el 1,4% del PIB, ahora será del 3,1%, lo que significa, lógicamente, que las distintas administraciones podrán gastar más. Aun así, y dado que el déficit global pasará del 4,6% al 3,1%, eso supone que el ajuste —entre ingresos y gastos— será de unos 15.000 millones de euros.

Inflación y gasto público

Desde los ingresos, la mayor recaudación saldrá del Impuesto de Sociedades, mientras que desde el lado de los gastos, el recorte será básicamente por la vía de la inflación, el PIB nominal crecerá un 4% y eso supone, automáticamente, una mejora del déficit, toda vez que el desequilibrio se mide respecto al producto interior bruto a precios de mercado.

Las comunidades autónomas tenían un déficit del 0,1%, y ahora se les permitirá alcanzar el 0,7%. Las corporaciones locales quedan en el 0,0% —de ahí que los socialistas pidan flexibilizar la regla de gasto—, y el resto, 2,4 puntos de PIB (algo más 25.000 millones de euros), correrá a cuenta de la Administración central y de la Seguridad Social.

El techo de gasto aprobado para 2016 fue de 123.394 millones de euros. El objetivo de deuda pública quedó fijado en 2016 en el 98,5% del PIB, y con toda probabilidad se rebasará ese límite. Para 2017 quedó establecido en el 96,5%, e, igualmente, se incumplirá. La deuda se situará muy ligeramente por encima del 100% del PIB.