Durante la mañana de hoy, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela hizo de conocimiento público la captura de cuatro venezolanos que se dedicaban a la minería de criptomonedas en dicho país.

Los funcionarios de la División de Delitos Informáticos del mencionado organismo policial detuvieron a tres hombres y una mujer en la ciudad de Charallave, estado Miranda, ubicada aproximadamente a una hora y media de Caracas. Los detenidos fueron identificados como Néstor Rafael Amundaray Precilla (57), Ana Cecilia Farías Villanueva (25), Kevin David Ojeda Díaz (26), Alberto José Zapata Orta (23). Fueron acusados de dedicarse al fraude cibernético y hurto de energía eléctrica.

Según una publicación realizada en la cuenta de Instagram del director del Cicpc, Douglas Rico, los detenidos poseían más de 300 mineros Antminers de la empresa Bitmain que, a juzgar por las fotografías, parecen ser del modelo S4, mientras que otros parecen ser SP31/35 de la difunta empresa Spoondolies. Además, la publicación argumenta que los bitcoins generados se intercambiaban en Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza que ha estado en medio de la polémica por la crisis económica que atraviesa Venezuela.

El modus operandi de estos ciudadanos: a través de Internet tenían más de 300 mineros Aintminers para obtener los Bitcoins para luego comercializarlos en una página electrónica comercial. Para luego comercializarlos en la frontera colombo venezolana en Cúcuta, afectando el consumo y la estabilidad del servicio eléctrico en el lugar. Douglas Rico

Director

A su vez, mediante la red social Twitter, el Cicpc publicó fotografías de las instalaciones donde se realizaba la actividad minera, al igual que las imágenes de los implicados en el caso.

Hasta el momento no se ha especificado de qué manera se comete fraude al minar bitcoins, como tampoco se ha especificado si estas personas pagaban el servicio de energía eléctrica o si lo estaban robando. De igual forma, el marco legal venezolano no contempla ninguna resolución que expresamente considere como delito la minería de criptomonedas, actividad necesaria para la confirmación de transacciones en las cadenas de bloques de la red bitcoin.

Con anterioridad se han presentado casos similares en Venezuela, aunque algunos no confirmados oficialmente, de persecución en contra de mineros y usuarios de Bitcoin. La tensa situación política y económica del país ha propiciado que la adopción de la criptomoneda se incremente en este país, pues bitcoin ofrece muchas libertades que los venezolanos no pueden disfrutar en una economía excesivamente controlada y en clara recesión, sin embargo es un fenómeno silente por miedo a las represalias que pudieran sufrirse.

Si bien existe la posibilidad de lavar capitales a través de las criptomonedas, como con cualquier otra moneda, incluyendo el bolívar, los venezolanos buscan tener bitcoins para poder realizar compras en tiendas en línea de productos que escasean en el país y que son realmente básicos y fundamentales para satisfacer las condiciones de vida mínimas a las que se aspiran hoy en día, tales como harina de maíz, leche, pañales para bebés, mantequilla, jabón, detergente, antitranspirantes y crema dental. Sin mencionar las medicinas para tratamientos contra múltiples enfermedades, las cuáles no se consiguen en los dispensarios del país, algo que ha levantado alarmas internacionales y ha causado que muchos hablen de una crisis humanitaria en proceso.

Para muestra de otra utilidad que pueden dar los venezolanos a Bitcoin, se encuentra abierta la posibilidad de comprar pasajes aéreos con la empresa Destinia, que acepta pagos en bitcoin a sabiendas de las dificultades para realizar pagos con tarjetas de crédito o para conseguir dólares en el país.

No es la primera vez que una institución gubernamental persigue a quienes realizan minería o emplean bitcoin, pero también se han realizado ataques no fundamentados desde los medios de comunicación oficiales, los cuáles han sido oportunamente aclarados desde CriptoNoticias.