La coyuntura nacional está marcada por los acuerdos de los sectores de poder económico encaminados a garantizar que no estén todos los que deberían estar siendo investigados, juzgados y condenados. Es decir, se mantienen los pactos de impunidad. Mientras que en otros países salen con claridad los involucrados (personajes y empresas) en el caso de Odebrecht, en Panamá no pasa nada, más allá de shows mediáticos.

Otro elemento es la continuidad de la entrega de los recursos y espacios territoriales. Un insulto a nuestra soberanía la acción de los diputados. ¿Sabías que el 28 de abril de 2017 será conocido como el Día de la Entrega? Se creó el distrito minero, el cual lleva el nombre de Omar Torrijos, un distrito especial que cede derechos soberanos a la transnacional minera; es decir, se constituye en un enclave colonial. En 1997 el Contrato-Ley 9 le permite a Minera Panamá la explotación de depósitos minerales sin tener que pagar un solo centavo a Panamá, estos beneficios son extendidos con la Ley 374 de 28 de abril de 2017 que perfecciona la entrega de la soberanía y permite la constitución de la minera en otro estado dentro del territorio nacional.

La mora quirúrgica también acaparó la coyuntura. Recordar que, en enero de 2010, a solo siete meses del Gobierno Martinelli-Varela, suspendieron la Operación Milagro, proyecto solidario concebido por Fidel Castro y Hugo Chávez para devolverle la vista a millones de latinoamericanos. Desde que la operación inició en 2005 en Panamá, los médicos cubanos atendieron a más de 50 mil pacientes sin que significara gastos para el Estado panameño. Por mezquinas razones ideológicas e influidos por mercaderes de la medicina que ven en la salud una mercancía, los médicos cubanos fueron prácticamente expulsados. El ministro de Salud de aquél entonces, Franklin Vergara, señaló que la Operación Milagro sería sustituida por el Programa Visión 20-20 y que se daría seguimiento al trabajo de los médicos cubanos, una total falacia. Hoy, en razón de la improvisada y emocional decisión del presidente Varela, motivada por las denuncias del uso de las partidas discrecionales, de ‘acabar con la mora quirúrgica’, nos enteramos de que casi una tercera parte de las cirugías que se han venido acumulando son de oftalmología. En cinco años los médicos cubanos atendieron a 50 mil panameños y en siete años (Gobiernos de Martinelli y Varela) dejaron de atender a cinco mil panameños, negándoles la posibilidad de visión.

En la coyuntura, la sanción de la ley de Reformas Electorales, mejor conocida como ‘sacaplata’. Son 600 millones de dólares que se le entregarán a la partidocracia para seguir con el clientelismo político. La ley, sancionada en su integridad, es inequitativa y discriminatoria. Un sector beneficiado con la ley son los propietarios de los medios de comunicación social.

En el escenario también estuvo el proyecto privatizador del agua. Movilizaciones del sector trabajador pusieron en alerta a la población, el mismo violentaba los derechos de los trabajadores, establecía el agua como una mercancía y no derecho, planteaba los mecanismos para aumentar las tarifas, los mecanismos de externalización (privatización). Si bien el proyecto ley 396, que presentó el diputado Juan Carlos Arango (Partido Popular), fue retirado, no menos cierto es que las intenciones privatizadoras se mantienen, asesoradas por consultores del BID.

Después del atraso de las cifras oficiales, el Gobierno presenta tasas de crecimiento del 6.2 % para el primer trimestre, con lo cual pretende vender la idea de una situación positiva de la economía nacional, a pesar del deterioro de las condiciones de vida que enfrenta la mayoría de los panameños. En el escenario sigue el decrecimiento del sector agropecuario, ante una política que favorece la importación de alimentos, tal como denuncian los productores (Ver protesta de arroceros, lecheros y cebolleros).

En la coyuntura sobresalió el accionar del movimiento social en las calles. Significativas las acciones de educadores, trabajadores del Idaan, pilotos de COPA, Suntracs-Frenadeso, pobladores campesinos y comunitarios, productores, todos exigiendo el respeto a sus derechos humanos y la atención a sus problemas sociales.