Una investigación de la Agencia Tributaria ha sacado a la luz la relación entre Alfonso Rus, la familia González Pons y la trama Púnica. Según la información de la que dispone EL MUNDO, Hacienda ha detectado un desfase presupuestario de 5,7 millones de euros en el contrato que la Diputación de Valencia aprobó para crear una red que asegure a todos los municipios de la provincia el acceso a internet y su conexión por medio del sistema wifi y que debería estar ya casi al 100% ejecutado.

En 2009, el ex presidente Alfonso Rus dio luz verde al inicio del expediente encaminado a la contratación de dicho servicio, que se enmarcó en el plan Sona la Dipu, Valencia Provincia Wifi. Fijó un presupuesto máximo de 14 millones de euros y, pese a que la previsión era que en 2014 el servicio llegase a todos los municipios de la provincia, la inspección ha acreditado que la inversión ha quedado reducida a los 8,3 millones, según esta documentación. Rus adjudicó este servicio a Indra, una sociedad manchada por Púnica, y los detalles del suministro se negociaron con el hermano del eurodiputado del PP Esteban González Pons, Rafael González Pons, responsable de su delegación de Valencia. Es el directivo que dirige su desarrollo de negocio en la provincia y se encarga de la relación con las Administraciones, o al menos lo era en esas fechas.

El plan Sona la Dipu, Valencia Provincia Wifi es uno de esos programas que Rus se sacó de la chistera en su primera legislatura como presidente sin informes técnicos que justificaran la inversión. Con un presupuesto de 14 millones de euros, el proyecto fue pionero para el suministro, instalación, configuración y explotación «de la mayor red inalámbrica de Europa». Rus quería que los ciudadanos de los 265 municipios de la provincia tuvieran un mejor acceso a la sociedad de la información, costase lo que costase, logrando así una «provincia gigaconectada». Pero parece que fracasó.

EL CONTRATO

Según se desprende de la inspección de Hacienda, en 2010 la Diputación de Valencia firmó un contrato de colaboración con una empresa privada -en un primer momento con la UTE Indra Sistemas SA-Cesser Informática y Organización SL y posteriormente, en junio de 2012, sólo con la empresa vinculada al hermano de González Pons- mediante el cual el contratista tenía que instalar una red wifi en la provincia de Valencia, cediéndole la explotación de la misma durante 10 años prorrogables por dos periodos de 5 años cada uno, hasta completar un total de 20 años.

Un acuerdo ventajoso, muy ventajoso, para la adjudicataria, pues el contrato cede la explotación de la banda ancha sobrante para que Indra pueda ofrecer a particulares de las distintas poblaciones el servicio wifi mediante el pago del mismo. Indra sólo tuvo que comprometerse a transferir a la Diputación los activos cuando finalizase el contrato. Indra, por su cuenta, dio a Eurona Wireless Telecom SA el contrato para explotar la capacidad excedentaria existente en la red. Esta sociedad abona un canon a la empresa del hermano de González Pons y fue la propia Indra la que redactó el pliego de condiciones y adjudicó el servicio sin aparente control público.

Rus presenta el plan wifi de la Diputación.

Según los datos a los que ha tenido acceso esta redacción, sólo entre los años 2013 y 2014 Eurona ganó 598.433 euros suministrando wifi e Indra se llevó su correspondiente comisión. Según la investigación de Hacienda, Indra no ha facilitado la información sobre los costes de las infraestructuras asignados a cada uno de los emplazamientos, ayuntamientos y telecentros. Tampoco ha aportado el certificado final de obra o acta de entrega a la Diputación aunque sí ha remitido certificaciones de las infraestructuras realizadas.

Según fuentes de la Diputación, este proyecto se puso en marcha para llevar la red inalámbrica a zonas rurales con dificultades de conexión. Con el paso del tiempo, sin embargo, los servicios se ampliaron, había que llegar a todos los municipios de la provincia y el contrato dejó de ser rentable. Sólo Indra, que llevó la voz cantante en las negociaciones, se interesó por él. Según estas fuentes, el hermano de González Pons era el que negoció las condiciones y el que se dirigía a los funcionarios para resolver cuestiones del contrato.

LA CONEXIÓN CON PÚNICA

El sumario de Púnica, la trama que saltó de las instituciones madrileñas a las valencianas, sitúa a Indra en el epicentro del supuesto fraude. Según refleja la declaración del supuesto 'conseguidor', Alejandro De Pedro, administrador de una empresa de posicionamiento on line en Valencia, Indra le entregó un sobre con 10.000 euros que corresponderían a una deuda de la Comunidad de Madrid con la red. Según su propia declaración, el dinero se lo escondieron debajo del asiento de un coche y se lo debía la Comunidad de Madrid. Le dijeron «coge el dinero y vete».

Salvador Victoria, ex número dos de la Comunidad de Madrid, habría llamado personalmente a Indra en septiembre de 2014, según los pinchazos policiales, para que esta empresa hiciera un pago en B a De Pedro. Es el mismo patrón que la trama siguió con el PP de Gandía y el ex alcalde Arturo Torró.

El familiar de González Pons también ha asumido otros contratos de la Generalitat, en concreto de la Conselleria de Sanidad, mediante acuerdos de sociedades investigadas en el caso Cooperación, una trama que mantiene en prisión al ex conseller Rafael Blasco.