Asociación denuncia ante el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado la existencia de una «Mafia de la intimidación judicial»

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Fiscal General del Estado y resto de los miembros del Consejo Fiscal

C/ Manuel Silvela, 4

28010 MADRID

Les solicito que ordenen a la Fiscalía Anticorrupción que interponga querella por los delitos de pertenencia a banda criminal, prevaricación judicial o administrativa según los casos, coacciones, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, encubrimiento, denuncia falsa, malversación de caudales públicos y los delitos que surjan de la investigación de sus actuaciones, contra la MAFIA DE LA INTIMIDACIÓN JUDICIAL que nos consta que ha atentado contra seis abogados (uno de ellos es Presidente de una asociación de víctimas judiciales y otro es el promotor de una fundación contra la corrupción), dos víctimas judiciales (uno de ellos Presidente de una asociación de víctimas judiciales), dos periodistas y una presentadora de televisión, así como contra varios ciudadanos por expresar sus opiniones contra el autorismo español en tuits o en canciones.

No puede desligarse esta MAFIA del aumento de la represión del régimen, como es el aumento del número de condenas por ofensas a sentimientos religiosos o a manifestantes y las consecuencias de la Ley MORDAZA, criticada incluso por dirigentes de la Unión Europea y por asociaciones de derechos humanos.

Una parte de esta MAFIA tiene el mismo modo de operación: informa a los denunciados o acusados que se les ha protegido, de esta forma obtienen beneficios por el servicio y lo hacen también para que puedan tomar represalias contra las víctimas, intimidándolas y extendiendo el terrorismo institucional para aumentar la represión y el autoritarismo.

Gran parte de las operaciones de esta MAFIA ha sido ampliamente criticada por los medios de comunicación.

Cabe destacar que esta MAFIA actúa implacablemente contra los dirigentes y abogados de las asociaciones de víctimas judiciales, para evitar que hagan visible que la corrupción judicial es sistémica y para que no defiendan a las víctimas judiciales.

Esta MAFIA DE LA INTIMIDACIÓN JUDICIAL tiene como miembros conocidos a los siguientes 79 o más funcionarios públicos del sistema judicial (1 LAJ, 14 o más fiscales (3 Fiscales Jefes y 2 de la Audiencia Nacional), 15 jueces, 49 magistrados (7 del Tribunal Constitucional, 5 del Tribunal Supremo, 16 de la Audiencia Nacional, 15 de Audiencias Provinciales y 6 de TSJs):

Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Las Palmas (Canarias) Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Juez del Juzgado de lo Penal Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria. Fiscal querellante en el procedimiento anterior. Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Fiscal-Jefe TSJ de Valencia Enrique Beltrán Ballester Juez del Juzgado de Instrucción nº 4 de Paterna (Valencia). Juez JUAN BENEYTO MENGÓ del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia. Magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia. Fiscal y Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm. Fiscal y Juez del Juzgado de lo Penal de Benidorm. Magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia. Juez Miriam de Rosa Palacio del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona Magistrados de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Fiscal y Juez del Juzgado de Instrucción nº22 de Barcelona. Juez Julia Tortosa García-Vaso del Juzgado de lo Penal nº 8 de Barcelona. Fiscal Fernando Meneses. Juez Luis Enrique García Delgado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander. Jueza MARTA DIEZ PEREZ-CABALLERO del Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid. Fiscal de Madrid BARTHE Gª DE CASTRO. Fiscal Jefe de Madrid JOSE JAVIER POLO RODRIGUEZ. Juez JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Magistrados PILAR OLIVAN LACASTA, CARLOS MARTIN MEIZOSO y PILAR ALHAMBRA PEREZ de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid. Juez CARMEN VALCARCE CODES del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid. Magistrados de la Sala Penal del TSJ de Madrid en DPA 97/2016: Francisco Javier Vieira Morante, Susana Polo García y Jesús María Santos Vijande. Autos 21-1-2017 y 28-2-2017. Jueces ANGEL JOSE LERA CARRASCO y LUISA MARIA PRIETO RAMIREZ por DPA 326/2017 del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid. LAJ por DPA 326/2017 del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid. Magistrados Mª PILAR ABAD ARROYO, ROSA ESPERANZA REBOLLO HIDALGO, AGUSTÍN MORALES PÉREZ-ROLDÁN de la Sección nº 03 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fiscal R. Cabrera Garballo de los Juzgados de VILANOVA I LA GELTRÚ. Juez del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 4 DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Fiscal Pedro Martínez Torrijos de la Audiencia Nacional. Magistrados TERESA PALACIOS CRIADO, CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR y JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO por ROLLO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 3/17 de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fiscal Ignacio Gordillo de la Audiencia Nacional. Magistrados de la Audiencia Nacional: Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo Bordillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado Adrián, Teresa Palacios Criado, Manuela Fernández Prado, Paloma González Pastor, Angeles Barreiro Avellaneda, Javier Martínez Lázaro, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel Rivero, Nicolás Poveda Peñas y Enrique López López. Tribunal Constitucional, concretamente los Magistrados Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Andrés Ollero Tassara, Juan José González Rivas, Santiago Martínez-Vares García, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho y Antonio Narváez Rodríguez. Magistrados CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA y JUAN PABLO GONZALEZ GONZALEZ de los Juzgados Centrales de lo Penal, Sección 2, de la Audiencia Nacional. Magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Alberto Jorge Barreiro y Ana María Ferrer García, de la Sección 1ª del Tribunal Supremo. Otros fiscales, jueces y magistrados intervinientes.

A) VÍCTIMA: LETRADO FRR

1.- El Juez del Juzgado de Primera Instancia no 13 de Las Palmas (Canarias) pidió al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se querellara contra esta víctima judicial.

2.- El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, acepto este encargo mafioso y ordenó a un fiscal que interpusiera querella contra esta víctima judicial.

3.- La querella del Fiscal por un falso delito de calumnias a un Juez “prevaricador” en palabras del propia víctima, fue resuelta por el Juez del Juzgado de lo Penal Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a esta víctima por el delito referido aunque no lo había cometido y a pagar 8.100 euros de multa.

4.- Los Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmaron la injusta condena.

5.- El TEDH anuló la condena, mediante sentencia donde se dice:

El TEDH ha subrayado en numerosas ocasiones que una vulneración de la libertad de expresión puede probablemente tener un efecto disuasorio en cuanto al ejercicio de esta libertad.

De una manera general, aunque sea legítimo que las Instituciones del Estado sean protegidas por las Autoridades competentes en su condición de garantes del orden público institucional, la posición dominante que esas Instituciones ocupan, exigen a la Autoridades que den muestras de mesura en el uso de la vía penal.

Sin embargo, aunque la imposición de las penas sea competencia de las jurisdicciones nacionales, el TEDH recuerda que, según su jurisprudencia, sólo excepcionalmente una restricción a la libertad de expresión del abogado de la defensa, incluso mediante una leve sanción penal, puede considerarse necesaria en una sociedad democrática.

Es inevitable que la imposición de una pena de prisión a un abogado conlleve, por su misma naturaleza, un “efecto disuasorio”, no sólo para el abogado afectado, sino también para la profesión en su conjunto.

Todo “efecto disuasorio” es un factor importante a tener en cuenta para ponderar un justo equilibrio entre los tribunales y los abogados en el marco de una buena administración de la justicia.

Compete, en primer lugar a los propios abogados, sin perjuicio del control del juez, el valorar la oportunidad y la utilidad de un argumento aportado en la defensa sin dejarse influenciar por el “efecto disuasorio” que podría revestir una sanción penal incluso relativamente leve.

, el TEDH no está convencido del argumento del Gobierno según el cual, la pena impuesta al demandante era proporcionada a la gravedad de la infracción cometida (párrafo 34 anterior). Considera por el contrario, que el mismo hecho de haber sido condenado penalmente, junto con el carácter grave de la pena impuesta al demandante es de naturaleza a producir un “efecto disuasorio” sobre los abogados en situaciones en las que para ellos se trata de defender a sus clientes.

Por consiguiente las sanciones penales entre las cuales, principalmente, las que conllevan eventualmente una privación de libertad que limitan la libertad de expresión del abogado de la defensa, difícilmente pueden encontrar una justificación.

En estas condiciones, el TEDH considera que la condena del demandante, que incluso implicaba un riesgo de encarcelamiento, no era proporcionada al fin perseguido y no era por ello “necesaria en una sociedad democrática”.

Pocas veces se puede encontrar en una sentencia un reproche tan duro, no sólo hacia los fiscales, jueces y magistrados intervinientes, sino hacia el propio “Gobierno”, evidenciando que esta condena persigue un “efecto disuasorio”, abusando de “la posición dominante que esas Instituciones ocupan” que no “puede considerarse necesaria en una sociedad democrática”.

El TEDH reprocha a los poderes ejecutivo y judicial de España que sean poco democráticos, su forma de entender el poder público y que intimiden a la población, utilizando su poder coercitivo. En otras palabras, le reprocha por actuar como una mafia en el sentido de: abuso de poder, intimidación, rebeldía legislativa, rebeldía judicial (jurisprudencia del TEDH), a lo que cabe añadir con afán de lucro.

Cabe señalar que en la actividad de esta trama existe beneficio económico, porque es público y notorio que la obtención de ingresos extras al Estado se premia con promociones (ascensos), igual que la “disuasión” (intimidación) hacia grupos de personas. De hecho, es cuanto menos dudoso que exista un alto cargo institucional que no utilice estas dos practicas: intimidación y obtención de ingresos al Estado mediante abuso de su poder institucional.

Se aporta como DOCUMENTO Nº UNO , la Sentencia del TEDH donde aparece toda esta información de los órganos judiciales y de los fiscales.

B) CASO ALCÁCER – VÍCTIMAS: VÍCTIMA JUDICIAL , DOS PERIODISTAS, UNA PRESENTADORA DE TELEVISION Y UNA CADENA DE TELEVISIÓN

1.- En un programa especial de televisión, el padre de una de las niñas asesinadas en Alcáser, harto de la incompetencia policial, criticó estas actuaciones de una forma muy contenida, como es este señor, en opinión de cualquier persona normal.

2.- A pesar de ello, el Fiscal-Jefe del TSJ de Valencia Enrique Beltrán Ballester, interpuso querella por varios posibles delitos de Injurias y Calumnias, contra cuatro personas y una cadena de televisión.

3.- La querella fue instruida en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Paterna (Valencia) que, en lugar de archivarla, continuó la tramitacion.

4.-El Juez Juan Beneyto Mengó del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia condenó a dos de los querellados y a la cadena de televisión por delitos de injurias y de calumnias, así como a indemnizar a los funcionarios públicos citados.

5.- Magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia que desestimaron la apelación del anterior.

Los condenados tuvieron que indemnizar a las siguientes 5 autoridades públicas:

30.000 euros para el Fiscal Jefe Enrique Beltrán ( el mismo que interpuso la querella como Fiscal-Jefe en lugar de hacerlo como particular ) (En la sentencia se refiere a él con dos apellidos como querellante, pero como particular se elimina el segundo apellido con la intención de que parezca otro y así disimular su delito, salvo al final de la Sentencia). 100.000 euros para cada uno de los cuatro miembros de la Guardia Civil. 30.000 euros para cada uno de tres médicos forenses y 70.000 para otro.

La corrupción es tan grande que esto es el mundo al revés, en lugar de tener que indemnizar las incompetentes autoridades públicas a su víctima, es éste quien indemniza a aquellos por la actuación de esta MAFIA DE LA INTIMIDACIÓN JUDICIAL.

Se aporta sentencia como DOCUMENTO Nº DOS .

C) VÍCTIMA: ABOGADO Y PRESIDENTE DE UNA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS JUDICIALES

1.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante interpuso denuncia por injurias a ellos y a otros de la misma banda .

2.- La querella fue tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, donde se produjeron las supuestas injurias y el Fiscal no se opuso a esta clara incompetencia del Juez, puede que el Fiscal fuera uno de los falsamente injuriados .

3.- Otro Fiscal solicitó la condena y el Juez del Juzgado nº 1 de lo Penal de Benidorm condenó a esta víctima judicial a pagar una multa de 1.500 euros .

4.- Resulta especialmente criminal que todos los intervinientes supieran que esta víctima es el Presidente de una asociación judicial, porque supone una coacción de mucha mayor amplitud, concretamente una intimidación contra todo el colectivo del sector social , donde está, sin duda alguna, el futuro de la Humanidad, tras el fracaso del Estado y del liberalismo empresarial. Cabe señalar que el Foro Social Mundial, desde 2001, recomienda a la población que se organice en asociaciones para defenderse de la “violencia que ejerce el Estado“. En el propio Auto de incoación se dice que la información aparece en el website de dicha Asocaición.

Se aporta Auto de incoación como DOCUMENTO Nº TRES y noticia periodística de la condena como DOCUMENTO Nº CUATRO .

D) VÍCTIMA: ABOGADO JAVIER FERNÁNDEZ, PROMOTOR DE ABOGADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE LA FUNDACIÓN DE ABOGADOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1.- En la tramitación de las DPA 2463/11 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona, la Juez incumplió sus obligaciones, según esta víctima, por lo que éste abogado interpuso un recurso de queja.

2.- Dicho recurso fue tramitado por la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordó la remisión a la Fiscalía para que condenaran a esta víctima por calumnias a la Juez en el recurso de queja.

3.- El Fiscal Fernando Meneses interpuso querella contra esta víctima por inexistentes injurias a la Juez.

4.- Dicha querella fue tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona.

5.- Esta víctima fue condenada por la Juez Julia Tortosa García-Vaso del Juzgado de lo Penal nº 8 de Barcelona, a indemnizar con 2.000 euros a la Juez Juez Miriam de Rosa Palacio del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona.

Se aporta sentencia condenatoria como DOCUMENTO Nº CINCO .

E) ABOGADO DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LOS PROFESIONALES DEL ESTADO DE DERECHO (ANVIPED)

A1.- En una denuncia contra una autoridad pública política, el Juez Luis Enrique García Delgado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander resolvió encubriendo al político, por que esta víctima interpuso recurso calificando de arbitraria la sentencia por numerosas infracciones de ley concretas.

A2.- El Juez desestimó el recurso y acordó abrir pieza separada sancionadora contra esta víctima, siendo juez y parte .

Se aporta este Auto mafioso como DOCUMENTO Nº SEIS .

B1.- En un procedimiento civil en el Juzgado de 1ª Instancia nº 67 de Madrid, esta víctima aportó un escrito del Presidente de su Asociación donde se calificaba de pesuntos delitos las actuaciones de las dos autoridades de este Juzgado, así como de las contrapartes.

B2.- Por ello, la Jueza MARTA DIEZ PEREZ-CABALLERO acordó abrir pieza separada sancionadora contra esta víctima, siendo juez y parte .

Se aporta Providencia de incoación de la Pieza sancionadora como DOCUMENTO Nº SIETE

B3.- Además, acordó la remisión de las actuaciones a la Fiscalía para que se querellara contra esta víctima.

C1.- El Fiscal Jefe de Madrid JOSE JAVIER POLO RODRIGUEZ, ordenó a una Fiscal que interpusiera dicha querella.

C2.- La Fiscal BARTHE Gª DE CASTRO fue quien interpuso dicha querella.

C3.- El Juez JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA la admitió a trámite en las DPA 1168/2017 del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.

C4.- Se apeló la admisión a trámite por no haber delito según el TEDH, pero fue desestimado por los Magistrados PILAR OLIVAN LACASTA, CARLOS MARTIN MEIZOSO y PILAR ALHAMBRA PEREZ de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid.

C5.- El Juez hizo ir a declarar tres veces al querellado.

C6.- Dado que el escrito donde se dice que contiene las calumnias fue redactado y firmado por el Presidente de ANVIPED, el querellado solicitó que se le tomara declaración.

C7.- El Juzgado envió a la Policía al declarante a su casa para intimidarle.

C8.- El Juzgado no tomó declaración, sabiendo que el declarante tuvo que recorrer doscientos kilómetros para enfrentarse a esta MAFIA.

C9.- El querellado solicitó que se anulara dicha declaración para evitar nuevas coacciones.

C10.- El Juez ha abierto la fase de juicio oral, por lo que esta MAFIA seguirá creciendo.

Se aporta querella de la Fiscal como DOCUMENTO Nº OCHO y Auto de incoación como DOCUMENTO Nº NUEVE .

D1.- En el anterior procedimiento, como consecuencia del escrito de defensa, redactado y firmado por el Presidente de ANVIPED, el propio Fiscal Jefe de Madrid JOSE JAVIER POLO RODRIGUEZ, interpuso otra querella por inexistentes calumnias contra este abogado.

D2.- La querella fue admitida a trámite en las “Diligencias previas 2324/2017 (Diligencias Indeterminadas)“ ( Diligencias Previas e Indeterminadas, prueba de la pertenencia de la Juez a esta MAFIA ) del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, por la Juez CARMEN VALCARCE CODES.

D3.- Se solicitó el sobreseimiento libre fundamentado en la jurisprudencia del TEDH por el caso Ravelo.

D4.- Siguiendo las directrices de esta MAFIA, la Juez lo desestimó.

D5.- El Auto ha sido recurrido en reforma y apelación, por lo que esta MAFIA seguirá creciendo.

Se aporta querella de la Fiscal como DOCUMENTO Nº DIEZ y Auto desestimando el sobreseimiento como DOCUMENTO Nº ONCE .

F) JAVIER MARZAL. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LOS PROFESIONALES DEL ESTADO DE DERECHO (ANVIPED)

1.- Esta víctima interpuso querella contra una mafia judicial compuesta por tres jueces de Arganda del Rey (Madrid) y cuatro Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

2.- Los Magistrados Francisco Javier Vieira Morante, Susana Polo García y Jesús María Santos Vijande, de la Sala Penal del TSJ de Madrid, acordaron encubrir a los anteriores y, como represalia por la querella, ordenaron al Juzgado que por turno correspondiera, aperturar Diligencias Previas contra esta víctima porque en la querella se hacía referencia a que era víctima de una mafia policial y judicial desde 2010, de la que formaban parte los querellados.

3.- Esta orden se está tramitando en las DPA 326/2017 del Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid, por el Juez ANGEL JOSE LERA CARRASCO que fue recusado.

4.- El Juzgado sólo está tramitande la recusación del Juez y no la del LAJ.

5.- El Juez acuerda la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 45, que debe ser parte de esta MAFIA, para que continue la tramitación declarándose en rebeldía legislativa por no suspender el procedimiento, según establece el artículo 225.4 de la LOPJ y como se les ha dicho en el recurso pertinente que no se resuelve para continuar con la tramitación.

6.- Aparece la Juez LUISA MARIA PRIETO RAMIREZ que no resuelve varios recursos pendientes y continua con esta tramitación mafiosa por “delitos sin especificar“, citándole mafiosamente a través de la Policía Local para perjudicarle ya que vive en un pueblo de 2.000 habitantes, por lo que todo se sabe.

7.- El fiscal solicita el sobreseimiento provisional en lugar del libre, como estaba solicitado.

8.- La Juez LUISA MARIA PRIETO RAMIREZ, entiende la solicitud mafiosa del Fiscal y dicta el sobreseimiento provisional, para mantener cinco años más el perjuicio, a sabiendas de que la Audiencia Provincial de Madrid siempre encubre estas resoluciones mafiosas. Además, así hace que prescriba la responsabilidad disciplinaria de los denunciantes (tres Magistrados del TSJ de Madrid).

9.- Habiendo apelado por la incoación, otra irregularidad y el sobreseimiento provisional en lugar de libre, las tres apelaciones fueron desestimadas por los Magistrados Mª PILAR ABAD ARROYO, ROSA ESPERANZA REBOLLO HIDALGO, AGUSTÍN MORALES PÉREZ-ROLDÁN de la Sección nº 03 de la Audiencia Provincial de Madrid

Se aportan dos resoluciones como DOCUMENTO Nº DOCE y Nº TRECE y las tres resoluciones de la Audiencia Provincial como DOCUMENTO Nº CATORCE, Nº QUINCE y Nº DIECISEIS .

G) Abogado de Mallorca Vicente Campaner

1.- Este abogado interpuso una querella contra el Fiscal y el Juez del llamado “Caso Cursach“.

2.- Como es habitual en los TSJ, el de Baleares la desestimó.

3.- Como es habitual en los TSJ, el de Baleares denunció al querellante por calumniar a los querellados.

Se aporta noticia peridística como DOCUMENTO Nº DIECISIETE .

H) ABOGADO DE BARCELONA José Ángel Gallegos Gómez

1.- El 17-12 2017 el Fiscal R. Cabrera Garballo interpuso una querella contra este abogado por inexistentes coacciones a un Juez.

2.- La querella fue admitida a trámite en el PA 54/2016 del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

3.- El abogado remitió un escrito dejando en evidencia la querella y la admisión.

Se aporta querella como DOCUMENTO Nº DIECIOCHO y escrito del querellado como DOCUMENTO Nº DIECINUEVE .

I) TUITERO sobre Carrero Blanco

1.- El Fiscal Pedro Martínez Torrijos “calificó los hechos como constitutivos de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo“.

2.- Sus cómplices, los Magistrados de la Audiencia Nacional TERESA PALACIOS CRIADO, CARMEN PALOMA GONZÁLEZ PASTOR y JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO le condenaron para defender el franquismo por el referido delito sin que lo hubiera cometido.

3.- El Tribunal Supremo anuló esta condena mafiosa.

Se aporta la Sentencia de la Audiencia Nacional como DOCUMENTO Nº VEINTE y la Sentencia del Supremo como DOCUMENTO Nº VEINTIUNO .

J) Enric Stern Taulats (requête Y Jaume Roura Capellera (quema foto del rey en 2007)

1.- Estas dos personas quemaron una foto del Rey.

2.- El Fiscal Ignacio Gordillo “calificó los hechos procesales como constitutivos de un DELITO DE INJURIAS CONTRA LA CORONA“.

3.- El Magistrado JOSÉ LUIS DE CASTRO ANTONIO de los Juzgados Centrales de lo Penal, Sección 1, de la Audiencia Nacional condenó a estas dos personas.

4.- Estas dos víctimas de esta MAFIA apelaron y el Pleno de esta mafiosa instancia judicial desestimó el recurso. Concretamente los Magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás, Ángela Murillo Bordillo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado Adrián, Teresa Palacios Criado, Manuela Fernández Prado, Paloma González Pastor, Angeles Barreiro Avellaneda, Javier Martínez Lázaro, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel Rivero, Nicolás Poveda Peñas y Enrique López López.

5.- Sólo los Magistrados Ramón Sáez Valcárcel y F. Alfonso Guevara Marcos discreparon con esta MAFIA que condenaron a dos personas inocentes.

6.- El recurso de amparo fue desestimado por el Pleno del Tribunal Constitucional, concretamente por los Magistrados Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Andrés Ollero Tassara, Juan José González Rivas, Santiago Martínez-Vares García, Pedro José González-Trevijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho y Antonio Narváez Rodríguez.

7.- Discreparon los Magistrados Adela Asua Batarrita, Fernando Valdés Dal-Ré, Encarnación Roca Trías y Juan Antonio Xiol Ríos.

8.- El TEDH absolvió a estas dos víctimas de esta MAFIA DE LA INTIMIDACIÓN JUDICIAL.

Se aportan las sentencias de la Audiencia Nacional como DOCUMENTO Nº VEINTIDOS y Nº VEINTITRES , la Sentencia del Constitucional como DOCUMENTO Nº VEINTICUATRO y la Sentencia del TEDH como DOCUMENTO Nº VEINTICINCO .

k) RAPERO VALTONYC

1.- Este cantante cantó criticando a unas personas y a la Corona.

2.- De nuevo el Fiscal Pedro Martínez Torrijos calificó los hechos como “Un delito de calumnias e injurias graves contra la Corona“ y “Un delito de enaltecimiento y de humillación a las víctimas del terrorismo“.

3.- Los Magistrados CONCEPCION ESPEJEL JORQUERA, JUAN PABLO GONZALEZ GONZALEZ y, de nuevo, ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ, de los Juzgados Centrales de lo Penal, Sección 2, de la Audiencia Nacional le condenaron por ambos delitos.

4.- En apelación, los Magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Alberto Jorge Barreiro y Ana María Ferrer García, de la Sección 1ª del Tribunal Supremo, ratificaron la condena.

Se aportan las sentencias como DOCUMENTO Nº VEINTISEIS y Nº VEINTISIETE .

Francisco Javier Marzal Mercader

Víctima judicial, librepensador, escritor y activista social

Presidente de la Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho

Autor del Manifiesto contra la corrupicón judicial (español, inglés y alemán)

Creador de www.stopjudicialcorruption.org

Promotor del European Movement for Justice