GUADALAJARA — Como comisariado de bienes comunales en favor del territorio indígena wixárika de San Sebastian Teponahuaxtlán, Miguel Vázquez Torres estaba en la primera línea de la batalla legal para recobrar 10.000 hectáreas de las tierras ancestrales indígenas de las comunidades de rancheras que las rodeaban. Fue uno de los que instó repetidamente a los gobiernos federal y estatal a intervenir para prevenir la violencia en la región, que se encontraba en una situación cada vez más tensa, ya que había sido objeto de conflictos por la tierra durante más de un siglo y, más recientemente, con una creciente presencia por parte de los cárteles de la droga.

Por ello fue particularmente doloroso saber que Miguel y su hermano Agustín, un joven abogado que también formaba parte activa en el proyecto dedicado a la restitución de tierras, se convirtieron en víctimas de esa violencia, la misma por la que ellos habían trabajado duro para evitarla. Ambos fueron asesinados a tiros el sábado pasado. Las investigaciones preliminares acusan a una célula del crimen organizado que opera en la frontera entre los estados de Jalisco y Zacatecas.

Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de derechos humanos por el estado de Jalisco, trabajó extensivamente con ambas víctimas a lo largo de los años. Agustín acababa de terminar su práctica profesional bajo la supervisión de Hernández y se estaba preparando para tomar mayores responsabilidades en el caso de restitución de tierras.

“Era un hombre joven que estaba constantemente buscando superarse, un hombre de perfil pacífico, un hombre de trabajo”.

Agustín deja mujer y una hija joven, al igual que Miguel.

Hernández describe a Miguel como el líder que encabezó el mayor esfuerzo en muchos años por recobrar y defender el territorio de su gente – un esfuerzo histórico en muchos aspectos.

“En su gestión hizo acciones históricas por la recuperación de tierras y territorios. Entonces eso da un significado mayúsculo porque tiene un grado de estima muy grande y reconocimiento por la comunidad que respalda estas acciones, que incluyeron movilizaciones hacia otro estado de la república para recuperar sus tierras.

“Esto es un agravio al corazón de la comunidad, y no solamente para Tuxpan y San Sebastián, sino para todas las comunidades – ya que todos los líderes de las comunidades se sienten cada vez más expuestos, y con un mayor riesgo al representar y defender a sus pueblos.”

Hernández nos llamó desde su camino de vuelta a Guadalajara desde Tuxpán, triste después de visitar el martes a la comunidad para poder informarles sobre sus derechos como víctimas.

Allí en Tuxpán encontró a los miembros de la comunidad en un bajo estado de ánimo.

“Hay miedo. Hay tristeza. Hay coraje,” dijo. “Acabo de venir de la comunidad y así lo palpo.”

El trasfondo

Miguel Vázquez sirvió como guía y anfitrión de un equipo de Intercontinental Cry, quien fue a investigar el proceso de restitución de tierras de la comunidad el año pasado. Viajamos juntos a través del extenso territorio de 240.000 hectáreas de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños, en el estado de Jalisco. Después de una batalla de casi 50 años por 10.000 hectáreas a través de la línea estatal en Nayarit, los tribunales estaban ahora en el proceso de devolver esta tierra a la comunidad Wixárika, que tenía el título que databa de los años de la corona española. Los ganaderos que tenían títulos que databan de principios de 1900 habían cultivado la tierra por generaciones y se resistían a la devolución.

Después de la primera de una serie de resoluciones judiciales en favor de los wixaritari, algunos líderes comunitarios, entre ellos Miguel, habían pedido repetidamente al gobierno federal que indemnizara a los ganaderos bajo un fondo federal creado para prevenir la violencia en casos como éste. También pidieron a los gobiernos estatales y federales que proporcionan seguridad y hacer cumplir la transferencia del 22 de septiembre de la parcela de 184 hectáreas, un rancho abandonado cerca de la ciudad de Huajimic. A pesar de las amenazas de los ganaderos que no aceptaron la validez del fallo judicial, el gobierno no respondió a sus peticiones, dijo Vázquez. Así que el día en que el tribunal había fijado para la transferencia de tierras, él y otros líderes movilizaron a casi 1.000 miembros de la comunidad para reunirse con los funcionarios agrarios federales y ocupar la tierra.

Los enojados ganaderos rancheros respondieron con un bloqueo del camino y negándose a dejar que los funcionarios de la corte, abogados, periodistas y huicholes se fueran. Vázquez fue uno de los que negociaron directamente con los líderes de la comunidad ganadera de Huajimic para establecer una mesa de diálogo y durante meses el grupo se reunió en un intento de presionar al gobierno para que indemnizara a los ganaderos que estaban siendo obligados a abandonar sus tierras. El gobierno respondió que el país se enfrentaba a demasiadas disputas de tierras y no había suficiente dinero en el fondo especial.

En una entrevista telefónica en marzo con IC, Vázquez dijo que no había habido progreso en las negociaciones porque el gobierno no había respondido a peticiones adicionales por parte de la mesa de diálogo. Mencionó que se estaban preparando para actuar en otra demanda de restitución, y confirmó los informes de los medios de comunicación de que la comunidad estaba tratando de organizar un grupo armado de autodefensa. Vázquez y otros líderes de la comunidad estuvieron involucrados en discusiones con representantes de la fiscalía estatal sobre el establecimiento de la llamada policía comunitaria cuando él y su hermano fueron asesinados.

Viviendo con el miedo

Santos Hernández, el nuevo comisariado de bienes comunales que Miguel Vázquez había preparado para este papel, habló con IC por teléfono el martes, y confirmó la evaluación de Hernández.

“Ya no nos dan ganas de trabajar ni de viajar en vehículo, nos tienen checados a todos nosotros y a nuestras familias”, dijo de los agentes del cártel en la zona. El gobierno ha sido extremadamente lento para responder a las solicitudes de ayuda, añadió. Desde los homicidios el gobierno ha enviado en una fuerza especial, y Hernández dijo que espera que se establezcan puestos de control en las carreteras y poder así mantener una presencia permanente.

“Es la preocupación de la comunidad, ya lo hemos pedido y no se nos ha concedido. Y ahora con lo que pasó, creo que ya tenemos derecho a que haya más vigilancia.”

El inspector estatal de derechos humanos, Hernández Barrón, temía que los ataques representaran una amenaza para la integridad cultural del Pueblo Wixárika.

“La afectación no solo es la familia sino también la comunidad,” dijo. “Porque este es un pueblo originario que tiene el sentido de identidad comunal; porque se ven amenazado sus propios usos y costumbres “.

Para Santos Hernández, esta pérdida es casi imposible de soportar.

“Él siempre nos estaba mostrando un camino para el trabajo que íbamos a realizar, y hay muchos compromisos que dejó pendientes.

“A la comunidad le preocupan mucho las dos personas que se fueron, eran buenos amigos, trabajadores, comuneros, eran hermanos. La comunidad perdió dos elementos muy valiosos, estamos muy tristes.”

Advertencias no escuchadas

Las autoridades a nivel federal y estatal habían pedido repetidamente la intervención del gobierno en el área problemática. En los últimos meses se aprobaron dos resoluciones distintas del Congreso, una a nivel federal y otra a nivel estatal, instando a la indemnización de los ganaderos y a que los gobiernos estatales proporcionaran mayor seguridad en la región.

El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados en el Congreso Mexicano, dijo que los funcionarios del gobierno estatal deberían haber intervenido en la región de manera seria desde hace mucho tiempo.

“Los congresos federales y estatales dieron aviso oportuno a los gobiernos de Nayarit y Jalisco sobre los riesgos presentes en la zona norte, y sobre lo que podría ocurrir — y lo que lamentablemente acaba de ocurrir”, dijo Castañeda, que patrocinó una resolución llamando a la indemnización y a una mayor seguridad en la región. La resolución se aprobó en el pleno del Congreso mexicano el 14 de febrero de este año.

El homicidio de los hermanos puede o no estar relacionado con su papel público en el caso de restitución de tierras, dijo, pero si el gobierno sabía que el crimen organizado estaba operando en la zona, había aún más razones para tener una fuerte presencia ahí.

“Lo más fácil para construir una explicación es decir son casos aislados,” dijo. “Lo que tengo muy claro es que parece demasiada coincidencia que este asesinato se dé en medio de una disputa de tierras bastante prolongada, y que ha dejado la zona en un conflicto permanente. Yo no descarto ninguna de las hipótesis pero no puede hacer caso omiso de lo que está ocurriendo en la zona.”

La diputada Fela Pelayo, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Jalisco, ha estado solicitando al gobierno desde el otoño pasado que interviniera en el territorio. Presentó una resolución que aprobó el congreso estatal en octubre, menos de un mes después del tenso enfrentamiento en Huajimic. A finales de enero, se enteró de que los líderes wixáritari estaban planeando establecer una autodefensa ante la acción gubernamental y las amenazas continuadas. Se alarmó y convocó una conferencia de prensa para instar al gobierno a actuar.

“Yo personalmente organicé una rueda de prensa, solicitando al gobernador del estado que atendiera esta problemática. Decimos que la solución era delicada, y que podríamos tener la posibilidad de pérdida de vidas humanas. Ahora, dos meses después de desatender nuestras peticiones, tenemos que lamentar la pérdida de dos líderes de la comunidad de San Sebastián.”

El antropólogo especialista en relaciones étnicas Francisco Talavera Durón ha colaborado estrechamente con Pelayo y ha trabajado en la región wixárika durante más de diez años.

Recordó con tristeza algunas de las últimas palabras que escuchó de Miguel, que estaba hablando en una conferencia de prensa sobre la falta de intervención del gobierno.

‘Nosotros, los indígenas no representamos capital político para los partidos políticos, por eso no nos tienen en sus agendas.’ El decía que había este abandono tan fuerte – y estamos viéndolo ahora con su asesinato y el de su hermano.”

Talavera dijo que los territorios wixárika están entre los más abandonados en el país, no sólo a nivel físico, con la falta de carreteras e infraestructuras, sino también desde la perspectiva de la justicia y las protecciones legales básicas.

“Para mí la muerte de Miguel y Agustín representa un golpe muy fuerte a los liderazgos indígenas,” dijo. “Estamos muy preocupados porque hay muchos lideres indígenas en todo el estado que están defendiendo los territorios y que la muerte de estos dos compañeros les pone en una situación doblemente vulnerable y en alerta.

“Lo que nos llama mucha la atención es si ya el gobierno tenía conocimiento de que los carteles estaban operando y ya se tenía la cuestión clara de conflicto de territorio, ¿por qué no hubo una protección de parte del estado?” preguntó Talavera. “La comunidad tuvo que instalar cercas de seguridad y encargarse de la vigilancia de sus líderes, de eso debería ser responsable el estado de Jalisco.”