A fines de junio de 2010, cuando Pablo Zalaquett Said (UDI) era alcalde de Santiago y una figura política en ascenso, fue consultado por un periodista de la BBC sobre los tragamonedas clandestinos que proliferaban en su comuna. En esos días, Zalaquett había clausurado cerca de 40 locales de juegos de azar en el centro de Santiago, lo que hizo con un gran despliegue mediático. “Los locales representan un ambiente propicio para actos delictivos”, le dijo el alcalde de Santiago al periodista de la BBC (ver aquí).

Siete años más tarde, y después de haber perdido la elección a senador por Santiago Poniente en 2013, Zalaquett había cambiado bruscamente de ocupación, dedicando sus energías a tres tipos de negocios: el lobby, con su consultora “Triangular” (que creó en 2014 junto a su hermana Mónica); la importación y venta de zapatos y un tercer rubro mucho menos público. De allí que la tarde del jueves 2 de noviembre de 2017, el ex alcalde de Santiago la ocupara en revisar cuentas. En sus manos tenía dos informes contables con los resultados de uno de sus nuevos negocios. Las cifras que mostraban los documentos lo inquietaron y tomó el teléfono:

–Hola Seba, ¿cómo estay? Oye, estuve viendo los informes de lunes y martes, ¿por qué retienen tan poco weón?, nuevamente volvimos a retener 17.

Su interlocutor, Sebastián Salazar Bastidas, entonces presidente del gremio de los tragamonedas de barrio (FIDEN), lo calmó. Luego de una larga explicación, Zalaquett volvió a preguntar:

–¿Cuánto te tiray en sueldo esta semana?

­–Deberían ser como tres millones y medio, yo creo –respondió Salazar.

–Ya, o sea, cualquier cosa que quede, de aquí al domingo, sobre tres millones y medio es utilidad –contestó Zalaquett, que luego preguntó por otros detalles del negocio.

Para esa fecha, Zalaquett, en sociedad con Sebastián Salazar, presidente de la FIDEN, era uno de los flamantes empresarios de la industria de los tragamonedas, con máquinas repartidas en al menos tres comunas del país: Antofagasta, Linares y Quinta Normal. En esta última comuna, el local “Gran Millions”, en el que Zalaquett tiene participación, cuenta con 106 máquinas de azar.

Su arribo a este negocio informal tuvo un paso previo. Zalaquett aterrizó en esa industria en 2016 como asesor de la FIDEN y en ese rol ofreció su capital político y sus redes de contacto en el Ejecutivo y el Congreso para conseguir una ley que autorizara esa actividad. Las utilidades de esa industria ya entonces eran millonarias: testigos declararon a la PDI que en un día bueno el dueño de una máquina puede ganar hasta $1 millón. Por ello, legalizar el funcionamiento de los tragamonedas en el país pasó a ser un objetivo clave para los controladores de esa industria.

El poderoso directorio de la FIDEN fortaleció su estrategia de blanqueo de la mano de Pablo Zalaquett. Un ambicioso plan que el gremio había iniciado en 2013, cuando reclutó a quien hasta solo meses y durante siete años se había desempeñado como máxima autoridad de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ): Francisco Javier Leiva (ver reportaje de CIPER). Al igual que Zalaquett, Leiva también respondió en 2010 a las preguntas de la BBC sobre los casinos clandestinos en Santiago, indicando que no contaban con las garantías que sí tenían los casinos regulados por ley.

A Zalaquett y Leiva, la asociación gremial de los tragamonedas sumó un tercer lobista de peso y con fuerte ascendiente en el mundo político de la centro izquierda: el ex intendente, ex embajador y también asesor legislativo, Carlos Tudela Aroca (DC). No solo la FIDEN cruzó los destinos de Zalaquett y Tudela. Por vía paralela también lo hizo el Ministerio Público: en 2015 y 2016 (respectivamente) ambos fueron formalizados en investigaciones por el financiamiento ilícito de la política.

Hoy vuelven a encontrarse y nuevamente lo hacen en medio de una trama judicial: Zalaquett, Tudela, y también el ex superintendente Francisco Javier Leiva, están siendo investigados por tráfico de influencias en la causa que sigue la Fiscalía de Las Condes contra quienes hasta hace menos de seis meses conformaban la mesa directiva de la FIDEN. Todos ellos están siendo indagados por presunto lavado de dinero, asociación ilícita, fraude al Fisco, cohecho y financiamiento irregular de la política.

La suerte de los asesores, lobistas y miembros de la industria de tragamonedas podría complicarse aún más. La Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público indagó su patrimonio, y sus resultados fueron enviados a la Fiscalía de Las Condes en agosto de 2018. El informe señala que se detectaron compras al contado de vehículos, bienes raíces y títulos bursátiles por montos que no se condicen con los ingresos que cada cual declaró al Servicio de Impuestos Internos (SII). Una hebra delicada al tratarse de una industria bajo sospecha por mover grandes flujos de dinero en negro.

Las mayores incongruencias que consigna ese informe están en los reportes financieros de Pablo Zalaquett: en 2014 compró casi $400 millones en acciones, pero su declaración de impuestos para ese mismo año tributario consigna ingresos por solo $93 millones.