Lo peor que puede pasar en España (peor que la corrupción) es que nos acostumbremos a las salvajadas de los políticos y empresarios más ruines del país. Datos tenemos para aburrir, pero en vez de hacer una lista de la corrupción en España, vamos a comentar algunos datos, sintetizado y analizando tres puntos clave por donde se va nuestro dinero legalmente. Saquen la calculadora y vayan sumando:

1. Los bancos tradicionales nos roban, pero no pasa nada (son bancos)

Para superar la crisis, el gobierno prestó dinero a los bancos y nos aseguró a todos los ciudadanos que se recuperaría todo: “que no cueste un euro al contribuyente“, fueron las palabras precisas de Soraya Sáenz de Santamaría. Todo mentira. Ahora ya sabemos que los bancos se han quedado 60.000 millones que no van a devolver. La palabra de nuestro gobierno no vale nada.

Si no pagas la hipoteca al banco, te vas a la calle, desahuciado y sin casa (y puede que hasta con deudas). Pero si los bancos no pagan sus deudas, no pasa nada, porque son bancos (empresas privadas con privilegios desmedidos). El gobierno que permitimos que gobierne puede hacer lo que quiera con tu dinero, hasta regalarlo a los que son parcialmente culpables de la crisis.

También podemos sumar los 11.500 millones perdidos por el Estado en el caso Catalunya Banc, a favor de BBVA.

El invento de las cláusulas suelo era el timo perfecto para estafar a la gente. Tras muchos recursos y sentencias, algunos bancos están devolviendo el dinero, pero a veces los clientes tienen que denunciar ante los tribunales si quieren recuperar lo que les corresponde. Es obvio, que estas cosas ocurrirían menos si la gente exigiera algo de ética a sus bancos.

2. Las grandes fortunas no pagan sus impuestos, pero no pasa nada (son ricos)

El gobierno volvió a engañarnos con su “Amnistía Fiscal”. Nos dijo que íbamos a conseguir mucho dinero de los defraudadores, pero también fue mentira. Los que defraudaron no pagaron ni ese 10% que anunció el gobierno: no llegó ni al 3% (unos 1.200 millones), cuando en realidad deberíamos haber recuperado al menos 8.000 millones (considerando un 20% de los 40.000 millones regularizados, que es lo mínimo que paga cualquier trabajador español). De nada sirvió que el Tribunal Constitucional dijera que la Amnistía Fiscal es nula, porque su sentencia es la que fue nula y no sirvió para nada: Ninguno de los que se acogieron a esa Amnistía Fiscal pagará nunca todo lo que debe. Estamos en España y lo que diga el Constitucional sirve, o no sirve, dependiendo de a quien afecte.

Cristóbal Montoro, el ministro artífice de la Amnistía Fiscal, ha sido reprobado por el Congreso (y van dos ministros reprobados en la legislatura). Además, está implicado en varios casos de posible prevaricación porque su consultora asesoraba a empresas que se aprovechaban de los cambios legislativos.

Pero sigan sumando: 15.600 millones de euros es lo que deben los morosos de Hacienda, unas 4.855 personas que no pagan sus impuestos (pero que tampoco defraudan como otros). En cabeza están empresas como Reyal Urbis, Nozar, Grupo Prasa, Banreal, Aifos… pero hay también gente ilustre, como Mario Conde, Dani Pedrosa, Lorenzo Sanz… y curiosidades como la del Aeropuerto de Ciudad Real o el grupo Intereconomía.

No nos olvidemos de los que defraudan usando paraísos fiscales, como las empresas del IBEX, la familia Pujol o Amancio Ortega. Para limpiar su imagen, este último ha donado dinero a los hospitales, lo cual está muy bien, pero ¿por qué no dona dinero a Hacienda para que ponga más inspectores? Ni Amancio Ortega ni este gobierno tienen interés en que haya muchos inspectores: Hacienda pierde 9 inspectores al mes desde que gobierna Rajoy, y eso explica los 90.000 millones al año que se pierden por fraude fiscal.

3. Grandes empresas saquean lo público, pero no pasa nada (son el futuro laboral de políticos de Puertas Giratorias)

La política energética es, quizás, la que más indignación genera entre los ecologistas, pues los recientes ministros del ramo, Nadal o Soria (lean esos enlaces si aún no están suficientemente indignados). Ambos tienen demostrada incompetencia para el puesto, y generan severos daños ambientales beneficiando a las grandes compañías eléctricas, a costa de los ciudadanos: más de 3.000 millones deberían devolver las grandes compañías eléctricas por los pagos por capacidad, por ser ayudas ilegales según el Derecho de la UE, y otros 3.400 millones deberían devolver por lo cobrado de más por los CTC.

Y sigan sumando: 1.700 millones de nuestro dinero han ido a parar a ACS por el caso Castor, el ejemplo más claro de cómo una mala gestión (del gas), la acabamos pagando todos. Si sale bien, los beneficios son para la empresa y si sale mal, lo pagamos entre todos. Esto no pasa para todas las empresas. Sólo para bancos, eléctricas y grandes constructoras, que, por supuesto, son amigos de los que mandan.

El tren AVE representa muy bien el tipo de progreso de España en el que priman la imagen y los beneficios para una minoría, mientras los daños quedan sin reparar y muy silenciados. Decía López de Uralde que destinamos a luchar contra el cambio climático el coste de 1 kilómetro de AVE y no olvidemos que mientras el AVE es un transporte de minorías, el cambio climático lo sufrimos todos (y lo sufriremos más aún).

Hasta nuestro patrimonio natural más protegido, nuestros Parques Nacionales, están al servicio de intereses privados como el de los cazadores (está permitido cazar en Parques Nacionales hasta 2020), el de los agricultores ilegales (agricultores de Doñana o Murcia con sus pozos ilegales), o el de empresas privadas como Gas Natural, que quiere construir un almacén de gas en Doñana, con el visto bueno de los gobernantes.

Concluyendo

Sumando sólo las cantidades citadas de dinero perdido (sin contar las que los bancos han usurpado a sus clientes directamente), tenemos que España ha perdido recientemente MÁS DE 190.000 MILLONES DE EUROS (se incluyen los 90.000 estimados en fraude fiscal anual).

Compare esa cifra con las cantidades totales dedicadas en los Presupuestos Generales del Estado 2017 para Sanidad (unos 4.000 millones), investigación (unos 6.000 millones) o cooperación (512 millones, la cuarta parte que en 2011). Resulta llamativo y totalmente desconocido que, en esos presupuestos, también encontramos 900.000 euros en subvenciones para fundaciones dependientes de partidos políticos, mientras que para ONG sólo quedan 150.000 euros.

Si España no perdiera tanto dinero público, podríamos aumentar 19 veces los presupuestos en sanidad e investigación, en vez de recortarlos, y no tendríamos que pedir préstamos para pagar las pensiones. Cuando alguien diga que no hay dinero, muéstrenle estos datos.

Ante tanta injusticia no es raro que la indignación sea el mayor activo español. El movimiento 15M, ligeramente dormido, podría estar cogiendo fuerza si el gobierno (el que sea) no pone fin a tanta iniquidad.

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