La Policía ha puesto en marcha una nueva fase de la 'operación Edu', las actuaciones encaminadas a desentrañar el fraude en los cursos de formación en Andalucía. En concreto, está previsto realizar hasta 90 detenciones e imputaciones durante los próximos días.

En la primera tanda, los efectivos de la Policía Judicial han detenido a 14 presuntos implicados, casi todos ellos cargos políticos municipales, fundamentalmente del PSOE. En concreto, han actuado contra 12 cargos municipales del PSOE, uno del PP y un sacerdote. Entre los interrogados está la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, que presta declaración en una comisaría de Cádiz. Por el momento, se conoce que cinco son concejales socialistas, (uno de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega Paniagua, y otro de Arcos de la Frontera), otro es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (el del PP); y el sacerdote es el director de un centro educativo de Jerez, que también impartía cursos de formación.

Tras declarar ante la Policía Nacional, Pilar Sánchez ha explicado que "sólo ha testificado durante ocho minutos", para explicar el organigrama de la empresa Mercajerez, la empresa pública receptora de las ayudas para los cursos de formación.

Por su lado, el edil de Roquetas, el socialista Juan Fernando Ortega Paniagua, ha anunciado que va a presentar "voluntariamente" su renuncia a su acta y a la condición de militante socialista.

Posteriormente, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha anunciado que se suspenderá "de inmediato" de militancia a los socialistas que se demuestre que están implicados en el fraude de los cursos de formación en Andalucía entre los años entre 2007 y 2013.

La actuación se está llevando a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en tres provincias de Andalucía: Almería, Cadiz y Málaga, provincia esta última donde los efectivos de la Policía ya habían practicado detenciones en una primera fase.

La Policía, que ha llevado a cabo dos fases previas de contra este entramado (que se saldaron con más de medio centenar de detenidos) trata de actuar contra los administradores y propietarios de las sociedades mercantiles que se vieron beneficiadas por las adjudicaciones irregularidades de cursos que en muchas ocasiones ni se realizan o no reunían los requisitos exigidos por las convocatorias para resultar agraciados con estos cursos.

Por los diferentes juzgados ya se han librado todas las órdenes de detención, que se irán aplicando en las próximas fechas.