El fiscal general asegura que la decisión "no cambia ni paraliza nada en absoluto"

El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido relevar a los fiscales asignados a la investigación del caso 3% y remitir el procedimiento a la Fiscalía de Cataluña. Compromete de este modo una investigación de más de 10.000 folios dirigida de forma prolija y exhaustiva por los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, en el momento en el que varios testigos protegidos estaban empezando a señalar a Artur Mas tras arrinconar a Germà Gordó, uno de sus hombres de confianza, actual diputado y ex secretario de Gobierno de la Generalitat.

Según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico, los motivos de Moix para adoptar esta decisión -que para ser firme tendrá que ser ratificada por la Comisión Permanente del Consejo Fiscal- han sido varios. Algunos técnicos y otros menos técnicos, que compran los argumentarios nacionalistas, como es la preocupación por que el traslado de fiscales desde Madrid pudiera interpretarse como la existencia de una animadversión del Estado hacia Cataluña. Se trataría, según las citadas fuentes, de dar protagonismo a los fiscales catalanes para eliminar la sensación de que desde Madrid se pretende atacar el procés.

Los argumentos técnicos adelantados hoy por este periódico los ratificó poco después el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien explicó que las razones del relevo de los fiscales del caso eran «operativas y prácticas».

Según las fuentes consultadas, el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no considera razonable que habiendo fiscales muy competentes en Cataluña tengan que desplazarse otros desde Madrid. Moix tiene la intención de descargar de trabajo a unos funcionarios que están inmersos en una cincuentena de casos y, tal y como anunció cuando se presentó al cargo, tiene la intención de conferir más protagonismo a las fiscalías autonómicas, en este caso a la catalana.

El fiscal general añadió que la decisión, en caso de consumarse -no será firme hasta la semana próxima-, «no paraliza nada en absoluto» al ser «un cambio de personas dentro de lo que es la organización del trabajo del Ministerio Fiscal».

La investigación realizada por los dos fiscales y por la Guardia Civil en los últimos años se erigió de facto, involuntariamente, en el mayor problema político de Convergència, al demostrar las presuntas irregularidades en la financiación del partido a costa de la obra pública. Y el hecho es que la coyuntura política -en la que el Gobierno de Mariano Rajoy está intentando abrir una nueva relación institucional con la Generalitat- favorece que se realicen interpretaciones políticas y que la investigación en el caso 3% atraviese un momento delicado.

Actualmente hay varias líneas de investigación abiertas. Por una parte, los agentes de la Guardia Civil coordinados por ambos fiscales analizan centenares de documentos recabados en registros realizados en Cataluña y en Madrid en las sedes de las empresas investigadas por financiar de forma presuntamente irregular a CDC.

Por otra parte, en el procedimiento hay varios testigos protegidos dispuestos a ampliar sus testimonios sobre las irregularidades detectadas en Convergència y en sus responsables políticos, cuya disposición a facilitar pruebas y sugerir otras vías que pudiesen arrojar luz sobre lo investigado ha estado muy vinculada a Bermejo y a Grinda.

Estaba también pendiente la remisión, de nuevo, por parte de juez de El Vendrell, Josep Bosch, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de una exposición razonada sobre Gordó solicitando que sea este Tribunal el que se haga cargo del procedimiento relativo al hombre de confianza de Mas, dada su condición de aforado.

El primer paso en la investigación del caso 3% se dio hace cuatro años, después de que la ex concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull denunciara lo que consideraba irregularidades en la construcción de un aparcamiento por parte de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadora de CDC. El consejero delegado de esta firma, Jordi Sumarroca, fue detenido y el juez decidió que había suficiente información como para dar lugar a una pieza separada.

Una primera fase, que se sustanció en la llamada operación Petrum, señaló el posible pago de comisiones que, a través del alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, habrían llegado a CDC bajo la apariencia de donaciones a las fundaciones del partido, CatDem y Forum. El procedimiento se repetía en varios ayuntamientos y la investigación permitió la detención, entre otros, de Andreu Viloca, ex tesorero de Convergència.

En las investigaciones aparecía Viloca como el «señor conseguidor». Según la Fiscalía, era quien «controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones». Los empresarios se referían a él con nombres supuestos y alias. Del mismo modo que se referían a Gordó -a quien los fiscales Bermejo y Grinda atribuyeron seis delitos-, para protegerle, con nombres distintos al suyo.

Los dos fiscales recabaron testimonios que demostrarían que Gordó recibía en la Generalitat a los empresarios que aspiraban a adjudicaciones. Uno de esos testimonios sitúa a Mas en el mismo despacho en el momento en el que se habla de las comisiones por adjudicaciones y detalla cómo Gordó le comunicó el enfado del ex president por no seguir sus instrucciones. Este material es el que tendrán que abordar ahora los fiscales de Cataluña.

Podemos exige la dimisión del fiscal general Tras conocerse la noticia del relevo de los fiscales, la dirección de Podemos ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. La diputada y secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo, ha denunciado en el Congreso que tras estas "destituciones" es "imprescindible" ambas dimisiones porque su permanencia en el cargo hace "imposible mantener el crédito de las instituciones democráticas", informa Efe. Asimismo, Podemos alerta que tras lo sucedido en el caso de Ignacio González parece que se "intenta frenar cualquier tipo de investigación que tenga que ver con la corrupción".