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El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Rodrigo Sbarra , el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante el macrismo al que se le atribuye haberse olvidado un sobre con USD 10 mil dólares en un cajón de la oficina que ocupaba durante su gestión, indicaron fuentes judiciales. El pedido se lo había hecho este viernes el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación.

“Existen elementos de prueba suficientes como para tener por acreditada la verosimilitud respecto de tal hecho pues, cuanto menos, Rodrigo Sbarra ocultó al Fisco Nacional la tenencia de dinero y bienes, extremo que torna urgente y necesario el dictado de la medida cautelar a su respecto”, sostuvo la presentación del fiscal a la que accedió Infobae.

Sbarra quedó imputado por el delito de lavado de dinero, luego de que se comprobara que había comprado un terreno en un predio en el barrio privado Nordelta que no había sido informado en sus declaraciones juradas. Según la información acumulada en el expediente, la compra del lote se hizo en cuotas, luego del pago de un adelanto, entre el 13 de abril de 2016 y el 17 de abril de 2019. El monto pagado por la casa en el barrio desarrollado por Nordelta fue de 186.086 dólares. El dinero hallado en el sobre equivalía a tres cuotas de las pactadas en 3.300 dólares.

En las últimas horas, surgió una nueva denuncia que indica que el ex funcionario también tendría otra propiedad en la localidad de Navarro. “Al igual que el lote adquirido a Nordelta S.A. por Rodrigo Sbarra, referido algunos párrafos atrás, la significativa mejora introducida en los lotes de terreno de su propiedad en la localidad de Navarro, Pcia. de Buenos Aires, no fue declarada por el ex-funcionario con motivo de presentar sus declaraciones juradas patrimoniales”, sostuvo el fiscal en su dictamen. Pero, añadió, “la fuerza de seguridad asignada a la diligencia hizo saber que en el lote de terreno al que le corresponde la numeración catastral ’1459 hay también una vivienda construida de mampostería compacta, con ladrillos a la vista y techo de chapa, tipo chalet, cercada en su frente y lateral con un alambrado de Navarro”.

La causa se inició en enero pasado por el hallazgo de un sobre con USD 10 mil que habían quedado olvidados en un cajón de la oficina que solía ocupar mientras se desempeñó para el gobierno de Mauricio Macri, en el quinto piso del edificio de Paseo Colón 189. La denuncia fue hecha por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

Apenas se supo la noticia de la denuncia, el ex funcionario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que el dinero fue “plantado”. Al comenzar la investigación, Pollicita confirmó a través de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Sbarra, correspondientes al período comprendido entre 2015 y 2019, aportadas por la Oficina Anticorrupción que “quedó demostrado que durante su tiempo como funcionario público el nombrado no declaró la existencia del lote adquirido a Nordelta S.A., además de que, teniendo en cuenta la fecha de las erogaciones, sus declaraciones juradas no reflejan la existencia del dinero que le habría permitido concretar la adquisición”.

A criterio del fiscal, se puede establecer “con el grado de probabilidad relativa requerido para esta instancia, que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como Subsecretario y Secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente”, Sbarra “habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos”.

Y como “el Estado argentino ha asumido obligaciones a nivel internacional en materia de delitos vinculados a la criminalidad compleja con la firma, aprobación y ratificación de diversos instrumentos internacionales”, se solicitó la inhibición de sus bienes, en el marco del dictado de “todas las medidas precautorias necesarias para asegurar los activos susceptibles de ser decomisados, tanto como de aquellos útiles para garantizar la indemnización y las costas del proceso, y para evitar que siga disfrutándose del producto del ilícito”.

Tras el planteo del fiscal, el juez decretó la inhibición general de bienes, mientras se profundizan con más diligencias y recolección de testimonios.