Hasta hace poco, el régimen que fundó Hugo Chávez era objeto de fascinación para los progresistas del mundo entero. Viajar a Venezuela a ver los logros de la revolución bolivariana se hizo parte de la agenda de una buena cantidad de activistas altermundialistas. La Venezuela de Chávez era celebrada.

Eso se acabó. La calamidad no se celebra. Y culpar de la catástrofe venezolana a Estados Unidos, a la oposición o a la caída de los precios del petróleo solo convence a un menguante grupo de ingenuos —o fanáticos—. El régimen chavista ha perdido su máscara: su militarismo, autoritarismo, corrupción y desprecio por los pobres están a la vista.

¿Por qué tardó tanto el mundo en enterarse? Porque Chávez acuñó un nuevo modo de actuar en política en el siglo XXI conjugando un simulacro de democracia con poder ilimitado y un boom petrolero.

El primer ingrediente fue la manipulación del sistema electoral. Chávez rápidamente entendió la importancia de no aparecer ante el mundo como un militar más que gobierna autocráticamente. Mientras hubiese elecciones, él era un demócrata. A muy pocos fuera de Venezuela parecían interesarles los aburridos detalles acerca de listas de electores sigilosamente falseadas, el ventajismo descarado, el uso masivo del dinero del Estado para comprar votos o discriminar a la oposición o el hecho de que los árbitros electorales fuesen activistas del partido del Gobierno.

Fue así como Chávez se volvió un maestro en el paradójico arte de destruir la democracia a punta de elecciones. Sigilosamente.

Los venezolanos han votado 19 veces desde 1999, y el chavismo ha ganado 17 veces. Y después de cada elección, la Constitución era violada un poco más, los tribunales y organismos de control más cooptados, los contrapesos institucionales más debilitados y las libertades más coartadas. El mundo no dijo nada.

El torrente de petrodólares que entró al país durante la larga bonanza petrolera de 2003-2014 se vio amplificado por un masivo endeudamiento que hoy llega a 185.000 millones de impagables dólares. El dinero se usó con dos propósitos: subsidiar el consumo de las clases populares y la corrupción de la oligarquía chavista. Mientras tanto, la economía real se desbarrancaba. Con la desaceleración económica y el colapso de los servicios públicos (seguridad, salud, educación, etc.) fue menguando la popularidad del Gobierno, lo cual lo forzó a cambiar de táctica: ahora toleraría derrotas electorales, pero no la pérdida de poder. Así, poco después de perder el control de una institución pública por la vía electoral, Chávez procedía arbitraria e ilegalmente a quitarle recursos y poderes.

Cuando Caracas eligió a un alcalde de oposición, Chávez primero le retiró sus principales competencias y luego Maduro terminó encarcelándolo. Cuando los votantes le dieron el control de la Asamblea Nacional a la oposición, el Tribunal Supremo, abarrotado de chavistas, bloqueó cada uno de sus actos. Ahora el Gobierno habla con desparpajo de eliminar por completo la Asamblea.

El compromiso de Hugo Chávez con la democracia duró exactamente lo que duró su mayoría electoral.

Algo parecido ocurrió con los medios de comunicación. Chávez entendió que cerrar medios independientes dañaría su reputación internacional. Pero para la Revolución Bolivariana la libertad de expresión es una amenaza inaceptable. La solución fue comprar los medios de comunicación independientes a través de empresarios privados. Los nuevos propietarios inmediatamente los transformaron en vehículos para la propaganda oficial. Decenas de periodistas fueron silenciados y la libertad de prensa en Venezuela se convirtió en una farsa: la disidencia desapareció de los medios que llegan a la mayoría de la población. La retórica chavista de solidaridad con los más desfavorecidos también resultó ser fraudulenta. Los discursos de amor a los pobres encubrían el saqueo del país por parte de Cuba y la inconmensurable corrupción de militares y de la burguesía bolivariana o boliburguesía. Un revelador ejemplo de esta corrupción son los 100.000 millones de dólares en ingresos petroleros que desaparecieron del Fondo de Desarrollo Nacional, donde estaban depositados. El Gobierno jamás rindió cuentas.

Las acciones del régimen revelan un cruel desprecio por los pobres. Al tiempo que las protestas de gente desesperada por el hambre son reprimidas con inusitada violencia, líderes chavistas aparecen ebrios en los vídeos de redes sociales encallando sus lujosos yates. Mientras niños recién nacidos mueren por la carencia de medicinas, el Tribunal Supremo leal al Gobierno censura a la Asamblea por haber solicitado asistencia humanitaria internacional. Las autoridades no tienen respuestas para la crisis y su indiferencia al sufrimiento del pueblo es indignante.

Es válido suponer que saquear el país con las mayores reservas de petróleo del mundo debería ser suficiente incluso para la más voraz élite cleptocrática; pero no. El régimen también está profundamente implicado en el narcotráfico. Las agencias antidrogas tienen a decenas de altos cargos del Gobierno venezolano en sus listas de capos de redes de traficantes.

A finales del año pasado, dos sobrinos de la primera dama fueron grabados en Haití ofreciendo cientos de kilos de cocaína a compradores que resultaron ser agentes de la DEA. Los sobrinos están tras las rejas en Nueva York, esperando su juicio. Su tía, la esposa del presidente, ha acusado a Estados Unidos de haberlos secuestrado. Uno pensaría que el mundo ya debería haber perdido la paciencia con estas aberraciones. Y eso ha comenzado a suceder, pero muy tímidamente. La comunidad internacional reitera solemnemente su preocupación por Venezuela, pero estas declaraciones no han tenido consecuencias.

Lo mínimo que podemos hacer para honrar la memoria de los miles de venezolanos asesinados y los millones hambreados es hablar claro: la fachada democrática del chavismo se ha derrumbado; la cruel y ladrona dictadura que solía esconderse tras ella está al descubierto. La izquierda del mundo que se dice progresista no puede seguir callada ante la tragedia de Venezuela. La ideología no puede seguir justificando el silencio cómplice.

Moisés Naím es distinguished fellow de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Francisco Toro es editor de CaracasChronicles.com