Con sorpresa tomaron en algunos sectores de la DC y el PR las declaraciones que dio esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en las que aseguró que el nuevo ente público que comprometió para destrabar la aprobación de la reforma previsional –consiguiendo votos clave de la oposición– "no necesariamente" tendrá a cargo la administración del 4% adicional que contempla el proyecto de La Moneda.

"No necesariamente el Consejo lo va a administrar (el 4% adicional), nosotros estamos pensando en un Consejo que va a estar a cargo, eso es lo que dijimos: va a estar a cargo del 4%. Ahora, los detalles vamos a tener tiempo para discutirlos, pero eso es parte de la discusión, no lo tenemos definido", sostuvo el titular de Hacienda, generando confusión en esas bancadas de la centroizquierda, desde donde aseguraron que el acuerdo con el Ejecutivo contemplaba la creación de un nuevo organismo público y único que administrara el aumento de la tasa de cotización adicional, dejando así fuera a las AFP y a organismos privados.

"Yo entendí lo mismo que dice hoy el titular de La Tercera en letras grandes. Y lo escuchamos en la sala de parte del ministro Larraín y del ministro Monckeberg. Y si ese compromiso se debilita, en lo más mínimo, será rechazado en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda y en la sala", señaló a 24Horas el diputado integrante de la bancada radical, Pepe Auth.

El parlamentario, quien fue uno de los interlocutores entre el gobierno y su bancada para lograr revertir el revés que sufrió el lunes luego que la Comisión de Trabajo rechazara la idea de legislar de la reforma, aseguró que "él (Larraín) ha relativizado el acuerdo y si la indicación no refleja lo que concordamos, será rechazada". Y agregó: "Si se materializa lo que él está diciendo, yo y todos los diputados que permitimos que este proyecto continuara su trámite legislativo, vamos a votar en contra".

Pero a las palabras del ministro Larraín se sumó luego su par de Trabajo, Nicolás Monckeberg, generando aún más dudas en la oposición. El secretario de Estado dijo durante la mañana que el ente público que se creará será "responsable de la correcta administración" de esos fondos "para garantizar que ese monto de cotización tenga la adecuada rentabilidad que incida en una mejor pensión para todos adultos mayores". Así, Monckeberg aseguró que el organismo podrá "licitar" la administración de los fondos para cumplir con ese objetivo y no los administrará directamente como, según la oposición, se habría acordado con ellos.

Ante las declaraciones de los ministros, el diputado DC Gabriel Silber afirmó que "nosotros defenderemos la creación de un ente público inspirado en normas de seguridad social y no un consejo que administre o licite una cartera de inversiones lo cual desnaturaliza esta iniciativa". Y agregó, sobre los dichos de Larraín y Monckeberg, que: "Son erráticos y ambiguos de un compromiso que se debe honrar sin matices ni dobles lecturas. Desde la DC dijimos con fuerza ni un peso más para las AFP. Ese fue el compromiso que tuvimos con el Ejecutivo a la hora de votar en general y, en consecuencia, estos anuncios deben ser sin letra chica".

Pese a la confusión, el diputado Matías Walker (DC) dijo que conversó hoy en privado con el ministro Larraín y que éste le habría entregado una versión distinta a la que dio públicamente durante la mañana. "Nosotros ya lo aclaramos con el ministro Larraín. Lo que está en la carta que nosotros le entregamos al gobierno, y que recogieron en la intervención de los ministros en la sala, es que va a haber una nueva entidad pública que va a administrar este 4% de cotización adicional. En eso no hay ninguna duda y lo que está pensando el gobierno y que tendremos que discutir es que haya un Consejo de esta entidad pública que determine en qué instrumentos se van a impartir en definitiva los fondos de los trabajadores. Obviamente que la idea es que este Consejo lo administre y aumente la rentabilidad", dijo Walker.

Con todo, en el gobierno aseguran, con respecto al nuevo Consejo que se creará, que existen otros modelos que han funcionado de manera exitosa, por ejemplo, el fondo de seguro de cesantía. Y, aseguran las mismas fuentes, que eso fue lo que se acordó con la DC, además de dejar claro que las AFP no participarán de la administración de estos fondos.

"Esos son los principios concordados", aseguran en el Ejecutivo. Además, recalcan que los equipos técnicos del gobierno y el partido liderado por Fuad Chahin trabajarán en conjunto y "darán forma a las indicaciones respectivas para ver la administración y los detalles durante la discusión en particular".

La UDI acusa "capricho"

La solución a la que echó mano el gobierno con tal de salvar en la Cámara el inicio de la tramitación de la reforma a pensiones también impactó de lleno en la derecha. La figura de un ente público que administre el 4% de cotización adicional cayó de distintas formas: como algo que linda con la traición a los principios del sector, como el principio del fin de las AFPs, como un "capricho" y como un "grave error de diseño".

En algo contribuyó a morigerar reacciones -pero con claras advertencias- la aclaración que hizo el ministro de Hacienda en una ronda por canales de televisión esta mañana. El cuadro matinal fue de confusión en las filas gobiernistas, con poca claridad y certezas.

Mientras más a la derecha, más molestia. "Si elegimos un gobierno de derecha fue precisamente para que la izquierda no nos siga coartando nuestras libertades. Desde ya anuncio mi voto en contra de que los pensionados pierdan el derecho a elegir que hacer con su plata #NoMasEstado", tuiteó la diputada RN Camila Flores, en un post que fue replicado por el ex UDI y líder de Acción Republicana, José Antonio Kast.

Más indignado estaba el el ex vicepresidente de Enap y conductor de Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera: "A contar de hoy comienza la cuenta regresiva para que se acaben las AFP. Ya está escrito el guión de cómo hacerlo. Una campaña de mentiras logra convencer al centro y el gobierno cede. Desde hoy entramos en los descuentos del modelo".

Luego apuntó al Presidente: "Se imaginan 200 mil millones de USD en manos del FA para distribuir en clientelismo. La gran fiesta que podrían darse. Durante un buen tiempo podrían decir que había que acabar con el modelo neoliberal hasta que se les acabe nuestro dinero. Un Piñera las creo y el otro las acabó".

A la presidenta UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, le cayó como "un mero capricho ideológico por parte de la oposición, porque no genera ningún beneficio para los cotizantes, para los pensionados y los que se van a pensionar. Espero que durante la tramitación se pueda revertir porque no genera mejores pensiones, no genera nada".

El senador Evópoli Felipe Kast se centró en que "aplicar un monopolio estatal para el 4% sería un grave error de diseño institucional. Deben ser las personas, no los políticos, quienes tengan libertad de elegir dónde poner sus ahorros".

Mientras, Guillermo Ramírez (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, hizo ver que esto "tiene que pasar por un filtro técnico y si finalmente se demuestra que esto aumenta las pensiones de los jubilados por supuesto que la vamos a apoyar. Pero hasta ahora no he visto una razón de fondo que me permita aprobar una idea como la que un ente estatal administre".

LYD dice esperar que ministros "se mantengan dentro de los postulados de gobierno"

Quien sí amaneció con la película más diáfana fue el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, quien asegura que ya anoche tenía claro que "es que se comprometió la participación de un ente público en la definición de la administración del 4%. Eso es muy distinto a la administración estatal y monopólica del 4%; esto último a mi juicio es inaceptable, y va en contra de toda la filosofía del sistema de pensiones".

Esa figura, admite "puede haberse entendido, o se entendió por algunos. Cada cual puede interpretar a su gusto como ocurrió". Insiste en que "unca hubo una oferta de un administrador estatal monopólico, sino un ente público. Y desde ese punto de vista, eso está dentro de lo que uno tiene que hacer y lo razonable".

Sobre todo, resalta "dentro de la lógica de negociación que tienes que tener cuando no tienes mayoría de votos en el Congreso".

Eso sí, admite que "no está claro -y entiendo que aún está en estudio- la forma precisa en que participaría un ente público. Entiendo que la idea, más o menos, es que un ente público participe en la licitación de esos fondos". Y que "entiendo que puede ser un consejo público que dicte las normas de una licitación, o alguna otra manera de administrar los fondos. Eso último, sí, entra dentro de los límites del consenso".

Si son límites, está bien cerca de la aduana, ¿no?

Bueno, acá, como lo he dicho antes, hay una delgada línea roja. Ahí mis amigos Larraín, Blumel y todos, se mueven en esa delgada línea roja. Y con el riesgo de caerse para uno u otro lado.

Desde su posición, ¿añade tensión ese juego de la delgada línea roja? ¿O es lo que hay que hacer cuando se es minoría?

No me gusta hacer críticas injustas cuando no tengo todos los elementos de juicio. Espero, por lo que los conozco, que ellos se van a mantener dentro de lo que son los postulados del gobierno. Conozco el programa de Sebastián Piñera, sé las discusiones que hubo, y me parece que esto no se escapa. Pero en esta formulación, digamos.

Pero al final, los privados quedan fuera de este 4%, ¿O no está claro?

No, entiendo que esto no significa que los privados queden fuera, porque en esto podría haber una licitación, y los administradores de fondos podrían ser privados, extranjeros, no sé. Una cosa es la administración de los fondos, y otra el ente regulador de esto. Entonces, podría haber privados administrando; entiendo que forma parte de las alternativas.

Usted fue muy crítico del primer gobierno de Piñera cuando estimaba que se salía del marco de las convicciones y principios del sector. En este segundo cuatrienio algunos paralamentarios han cuestionado que se haya cedido. Más allá de este caso, ¿qué sabor de boca le ha ido dejando la conducta del gobierno en esto?

Es una noticia en desarrollo. Hay aprobación de idea de legislar de dos proyectos muy importantes, las reforma a pensiones y la modernización tributaria. Creo que hasta aquí nos hemos mantenido (sonríe) en la delgada línea roja. Pero queda camino por delante, y nosotros estamos siempre alerta a lo que pase.