La situación es insostenible. Esta semana hemos asistido a la visualización pública y general de lo que muchos llevamos años denunciando. La promiscuidad pornográfica de la oligarquía con otros poderes del Estado, incluido el llamado a controlarlos, que sitúa a nuestra democracia a un paso del precipicio.

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De todo lo que podríamos reseñar me quedo con la necesidad imperiosa de hacer frente al hecho de que existen indicios serios de que una magistrada de la Audiencia Nacional haya delinquido. Y no sólo ella sino también quien le hizo partícipe del secreto que ella posteriormente habría revelado a terceros. No se trata de un delito menor, sino de una revelación de secretos cualificada y por tanto penada en su tramo máximo con entre dos y medio y cuatro años de prisión. La responsable no podría siquiera obviar su ingreso en prisión. Esa es la gravedad del panorama. Los indicios apuntan a que la Ilustrísima Señora X ha revelado secretos y además ha entorpecido la acción de la Justicia, así que habría que sumarle otros delitos contra la Administración de Justicia. Hay pues una persona en la Audiencia Nacional, o más de una, que deberían pasar una temporada en prisión y son personas que administran Justicia. Digo más de una porque si en efecto una de las nueve magistradas del tribunal -verán que tampoco el campo de investigación es tan amplio- alertó de que había escuchas activas ordenadas por el juez Eloy Velasco, alguien tuvo que decírselo a ella. Y o fue el propio Velasco o fueron los fiscales o los investigadores de la Guardia Civil. Todos los que lo hicieran delinquieron.

Ahora no le queda más remedio al magistrado Velasco que poner su conocimiento de la posible comisión de un delito en manos de la Fiscalía y que esta lo lleve ante un juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla que será el competente para instruir este caso. La Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar revelaciones de secretos aunque sean de sus propios miembros. ¡Habrá que ver a un juez de Plaza de Castilla tomando declaración a los magistrados de la Audiencia Nacional! ¿O no lo veremos? Porque dicen las malas lenguas que si el propio Eloy Velasco le contó la existencia de las escuchas a uno de sus compañeros o a otra persona, él mismo estaría implicado y por tanto le convendría más dejar morir el asunto. Sería un escándalo pero ...¡cuántos escándalos mayores estamos viendo pasar!

Existe otra opción y es que una acusación popular presente querella en Plaza de Castilla por la comisión de delitos de revelación de secretos y otros contra la Administración de Justicia. Sí, esa acusación popular que el PP y el PSOE se quieren encargar de laminar.

Además de esta vía penal, insoslayable, es responsabilidad del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, realizar una investigación administrativa interna para conocer qué ha sucedido dentro de su propio tribunal. Ellos saben, mejor que yo, qué posibilidades reales hay y a quién beneficiaba mostrarse próximo y obsequioso con el Partido Popular. Desgraciadamente, existen magistrados y magistradas que creen que vendiéndose moral y en este caso hasta legalmente pueden conseguir los puestos y la promoción que ansían.

No deberían dejar de lado el hecho de que la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional va a quedar vacante en breve cuando Grande-Marlaska pase a formar parte del núcleo duro del CGPJ -la Comisión Permanente- puesto que es incompatible con su actual cargo. El todopoderoso sillón de la presidencia de la Sala de lo Penal, el bombón, el caramelo, está a la puerta del colegio esperando a ver quién puede cogerlo. Todos los rumores apuntan a que esta vez será elegida una mujer, puesto que ese puesto siempre lo han ocupado varones y además existe ya una norma de discriminación positiva. Las entrevistas de los candidatos -una apariencia de imparcialidad y de transparencia que es sólo un trámite- tendrán lugar los primeros días de mayo. El pasilleo ha tenido que comenzar mucho antes. A este puesto aspiran tres magistradas de la Audiencia Nacional junto con varios compañeros varones. Se trata de Manuela Fernández-Prado (de Jueces para la Democracia); de Concepción Espejel (Querida Concha) y de Teresa Palacios (APM).

Esta y otras cuestiones relativas a puestos apetecibles son bien conocidas en la Casa. Incluidos aquellos a los que ha optado el propio Eloy Velasco. Ellos saben mejor que nadie quién está próximo a quién y a quién puede beneficiarle hacer favores. Ahora no les queda más remedio que pasar de saber a buscar. La sociedad no puede exigir otra cosa. La sombra de la duda amenaza a todo el tribunal. Si la Audiencia Nacional no es capaz de averiguar quién de entre los suyos está jugando en el bando equivocado, sin importarle siquiera delinquir, entonces no hará falta argumentar nada respecto a su propia existencia.

No voy a dejar de lado tampoco el inasumible caso del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Hace muchos años que le conozco y su sintonía con Esperanza Aguirre, primero, y con el resto de partido, después, ha empujado con viento de popa su carrera profesional. Dado que el intento del fiscal jefe Anticorrupción de impedir medidas de investigación acabó en una Junta de Fiscales, todo se achacará a una discrepancia técnico-jurídica sin relevancia penal. No obstante, es evidente que el fiscal jefe estaba intentando que la investigación penal no llegara a algunas conclusiones o a algunas personas. Eso, en este caso, y tras su polémico nombramiento que responde al agrado con el que le contemplaban los propios investigados -las grabaciones cantan- hacen que sea imposible su continuación al frente de la Fiscalía Anticorrupción. La posición de su jefe Maza no es mucho más firme.

Tengo que confesar que me alegro de que este episodio se haya producido. Las grabaciones de las conversaciones de los imputados dejan a la vista de la sociedad algo que unos pocos ya sabíamos y que llevamos denunciando hace mucho tiempo. Esta trama no visible es algo más compleja de lo que hace ver la campaña de Podemos que no visibiliza sino a las cabezas visibles sin reparar en que estas nada podrían hacer sin este segundo escalón. El escalón de la banalidad del mal. Los que haciendo en su propio beneficio o callando lo que otros hacen están permitiendo el desmoronamiento de nuestro Estado de Derecho.