El Comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, lanzó la bomba el pasado 24 de abril en Madrid: Bruselas está investigando si las subvenciones a las energías renovables pueden considerarse ayudas de Estado, algo que de ser así sería declarado ilegal por violar las normas comunitarias.

La investigación, que se abrió el 13 de febrero y de la que estaba informado el Gobierno, ha venido como anillo al dedo al Ministerio de Industria y Energía, acorralado en las últimas semanas por el Tribunal Supremo, que le ha exigido que aporte toda la documentación que utilizó para sustentar la metodología del hachazo a las retribuciones renovables, de unos 3.000 millones de euros, aprobado en junio de 2014.

El Departamento que dirige el ministro José Manuel Soria ha jugado la baza que le ha puesto a tiro su compañero de filas y ex ministro de Agricultura y ha pedido a la Abogacía del Estado que sustente jurídicamente la petición ante el Supremo de la suspensión de los cientos de recursos contencioso-administrativos contra las normas que han recortado drásticamente la retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos.

A los cuatro días del anuncio de Cañete, la Abogacía del Estado ha pasado a la carga y ha pedido al Alto Tribunal que paralice la tramitación de estos recursos y espere a que la Comisión se pronuncie al respecto, un proceso que se puede alargar varios años.

El ministro Soria ha jugado la baza que le ha puesto su compañero de filas en el PP y ha pedido a la Abogacía del Estado que solicite la suspensión de los cientos de procesos abiertos contra sus normas antirrenovables

Es todo un balón de oxígeno para Soria y su equipo, en caso de que el Supremo acepte la petición de los abogados del Estado, cuya posición en los procesos judiciales abiertos se ha debilitado en las últimas semanas. El Alto Tribunal, a petición de los abogados de los empresas, inversores y patronales renovables que han denunciado, ha exigido a Industria que aporte toda la documentación del recorte en general y los informes de las consultoras, en particular.

Hay serias sospechas de que el Ministerio y su 'brazo armado' energético, el IDAE, presionaron a Roland Berger y a Boston Consulting (esta consultora no se sometió a las intenciones del Ministerio y abandonó) para que diseñaran informes a la carta para llevar el hachazo renovable al BOE, tal y como adelantó este diario.

Además, gracias a esta aportación de nueva información exigida por el Supremo se ha sabido que, finalmente, Industria no utilizó estos informes, porque el de Roland que se dio por bueno, tras haber sido convenientemente adaptado a los intereses del Ministerio, se presentó cuatro meses y medio después(31 de octubre) de la aprobación de la norma (16 de junio).

Si el Supremo acepta la petición de suspensión de tramitación de los recursos, el Gobierno se quitará un gran problema de encima en plena campaña electoral

Con estos mimbres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables han redactado ya una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusan a Soria y su equipo por unos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Con el ministro acorralado por varios frentes en plena campaña electoral por un tema tan sensible como el de las energías renovables, la Abogacía del Estado, puesta en la pista por Cañete, ha salido al paso con el objetivo de salvar al ministro y, por extensión, al Gobierno de los procesos abiertos.

Según el escrito avanzado por El País, la investigación de Bruselas "obliga a suspender la tramitación procesal de este recurso contencioso-administrativo en el estado en que se encuentra actualmente, a resultas de la decisión que, en su momento, adopte la Comisión".

Si Bruselas considera que las primas renovables son y han sido ayudas de Estado, esto traería consecuencias "en orden a establecer, en su caso, la antijuricidad (sic) del daño alegada en las acciones de responsabilidad patrimonial ejercitadas en este proceso y otros de idéntico objeto, así como la determinación de una indemnización que podría constituir una ayuda de Estado prohibida", añade el escrito registrado en el Supremo el pasado 28 de abril.

El Supremo tendrá que preguntar al Tribunal de la UE si la investigación abierta en Bruselas provocaría la suspensión de los procesos abiertos en España

La Abogacía, asimismo, pide "suspender la práctica de la prueba pericial (encargada a un perito economista y a un perito ingeniero industrial para que elaboren un informe independiente) acordada mediante diligencia final a resultas de la decisión que adopte la Comisión Europea en el marco del procedimiento".

Si el Supremo acepta la petición de la Abogacía, todos los contenciosos quedarían suspendidos, no sólo los que se presentaron contra las normas aprobadas por el actual Gobierno en 2014, sino también sobre aquellas que fijaron recortes en la retribución y fueron aprobadas en la última legislatura de Zapatero (esencialmente contra dos Reales Decretos de 2010, si bien la investigación se extiende en el tiempo a partir de los RD de 2007 y 2008, que establecieron los regímenes retributivos de las plantas solares fotovoltaicas).

El sector se ha echado las manos a la cabeza ante la estrategia coordinada, al menos en las últimas actuaciones, entre el Comisario Cañete y el Gobierno español, al que perteneció hasta el año pasado. Sin embargo, fuentes jurídicas señalan que el Supremo, que vela por la aplicación del derecho nacional pero también comunitario, suele actuar de forma estricta ante los movimientos de la Abogacía y que su siguiente paso será preguntar al Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo si el proceso abierto en Bruselas no sólo contra España sino contra otros países podría paralizar el avance de los recursos presentados por los afectados.

En paralelo a ellos hay más de 15 arbitrajes internacionales en los que grandes fondos y empresas renovables internacionales han denunciado al Reino de España por sus sucesivos recortes en la retribución a las renovables y la ruptura de la seguridad jurídica tras los cambios normativos.