En una contienda legal que parece no tener fin, al menos a corto plazo, el Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, Martín Lapadú, solicitó la detención de los directivos de la empresa UBER por incumplir la clausura impuesta por la justicia para la realización del juicio oral. Además, pidió que el bloqueo preventivo de la página web y la aplicación UBER, dispuesta por la justicia el 22 de abril de 2016, se haga extensiva a todo el territorio nacional.

La primera oficina de Uber sólo duró abierta seis días, el Municipio de Vicente López la cerró porque no estaba habilitada.

El pedido de detención alcanza a Diego Mariano Oliveira, gerente general de UBER Argentina, y a Mariano Otero, CEO de la empresa, y fue presentado ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, que lo rechazó por ser “manifiestamente improcedente”.

Ambas solicitudes (detención y bloqueo de página y aplicación) se basan en que los directivos de UBER nunca cesaron en sus contravenciones, sino que siguen omitiendo por completo los mandatos judiciales, continuando con la actividad ilícita. Hace nueve meses que los ejecutivos de la empresa se encuentran violando la clausura impuesta y continúan haciendo uso indebido del espacio público.

Los imputados se hicieron presentes en la Fiscalía Oeste junto a su abogado defensor, quien presentó una eximición de prisión para sus defendidos justo el día posterior a la petición del fiscal. Asimismo, ante el pedido de extender a nivel nacional el bloqueo de la página web y de la aplicación, la Jueza Maria Fernanda Botana hizo lugar para que las empresas que dan servicios de Internet desarticulen ambas opciones. Desde Uber apelaron el fallo y ahora deberá resolver la Cámara.

La última protesta contra Uber en Buenos Aires. Fue en Tribunales, tras el fallo judicial que fue confirmado. Foto: AFP

Durante la investigación, se pudo comprobar que hay riesgos para preservar pruebas sumamente trascendentes para la pesquisa. Se conoció que la firma UBER tiene la capacidad de alterar o borrar remotamente a través de su aplicación los registros de los socios de la empresa, y esa situación representa un riesgo para la prueba, por lo que el bloqueo supone un resguardo mucho más efectivo de éstas.

Las contravenciones por las que se los señala son sancionadas en los artículos 73 y 83 del Código Contravencional, y provocan un serio peligro para la salud y seguridad de las personas.



El artículo 83 prevé que "Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, es sancionado/a con multa de doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos". En tanto que el 73 describe que "Quien viola una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, o incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial es sancionado/a con cinco mil ($ 5.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos de multa o arresto de cinco (5) a veinte (20) días".