El “sueño bonito” de Guillermina Sánchez no tardó en convertirse en un sueño fantasma. Siempre quiso tener una casa, rodeada de parques, con escuelas y supermercados cerca; algo sencillo. En 2013, su marido pidió un crédito público y compró un apartamento en Lomas del Mirador, un fraccionamiento nuevo a dos horas de la ciudad de Guadalajara, en el centro de México. Por fin eran propietarios. Las llaves les abrieron las puertas, no a la vida soñada, sino a una pesadilla de cemento.

Unos meses después de la adquisición, la empresa Homex quebró y dejó la urbanización a medio construir, sin agua ni luz. “Nos dejaron aquí solos, en el olvido”, cuenta esta ama de casa de 47 años. “Somos como muertos vivientes”. Apenas 30 familias viven en este condominio pensado para 900, un paisaje de cascarones con ventanas y puertas que dan al vacío. Sin árboles donde cobijarse, Sánchez se protege del sol con un paraguas mientras hace una ronda seguida por sus seis perros. Corta las malas hierbas, riega algunos arbolitos recién plantados y cuida de un altar que ella misma construyó para la Virgen de Guadalupe. A la Virgen le pide fuerza, salud y trabajo; sus perros se encargan de cubrirle las espaldas.

La soledad de Guillermina Sánchez es la de miles de personas que viven en y junto al abandono. México tiene cinco millones de viviendas deshabitadas, alrededor del 14% del total, según un censo de 2010. De estas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha identificado al menos 650.000 casas abandonadas, aunque este organismo público reconoce que la cifra está seguramente subestimada. Son el producto de una política que durante años ha subvencionado la construcción sin importar la ubicación o la existencia de equipamientos básicos. Tras décadas de este modelo, vecinos y autoridades intentan ahora recuperar lo abandonado y frenar la gangrena.

Bajo los sexenios de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), del Partido de Acción Nacional (PAN), se construyeron más de 10 millones de viviendas. Una "sobreoferta", en palabras del urbanista Alfonso Iracheta, que el Infonavit alimentó con créditos hipotecarios blandos a ciudadanos de bajos recursos. “La mayor parte ha sido producida en series industrializadas. Predomina el interés de las instituciones y las empresas, no las del habitante”, dice Iracheta.

Los municipios también tienen parte de culpa. El académico Mario Silva, que ahora encabeza el Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara, apunta a las irregularidades en la concesión de licencias de suelo. “Cuando llegaban los promotores de vivienda al municipio, se encontraban a personas con nulas capacidades técnicas. Los permisos se daban de forma exprés”, dice. Y esto se hacía, asegura, bajo la creencia de que a más construcción y a mayor población, más recaudación mediante impuestos de suelo y subvenciones estatales y federales.

Tlajomulco, el municipio de Guillermina Sánchez, es un caso de libro. Es el tercero con mayor índice de abandono del país —alrededor de un 30%—, solo por detrás de Tijuana y Ciudad Juárez, y hasta hace unos meses ni siquiera tenía un departamento encargado de la vivienda. La población creció en un 700% entre 1990 y 2015. Su parque habitacional, impulsado por las subvenciones públicas, lo hizo a un ritmo aún mayor: en 25 años pasó de 12.479 a las 145.157 de la actualidad, un crecimiento de más del 1000% según datos del Inegi.

En el fraccionamiento de Los Silos, formado por hileras e hileras de cajas de zapatos idénticas y atravesado por una línea de alta tensión, casi el 60% de las viviendas están abandonadas, según una encuesta interna de 2016. Sus dueños las compraron como inversión, ya irrecuperable, o las dejaron en busca de algo mejor. Según el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, ha habido un problema de falta de transparencia en el momento de adquirir. “Las instancias crediticias no dan la información correspondiente sobre el costo del notario, de mantenimiento, sobre si esa vivienda cumple con las características de su familia”, explica.

María Granado, de 49 años y madre de tres hijos, compró su casa de dos recámaras en Los Silos por Internet. “Las imágenes se veían bien bonitas, pero cuando llegué y vi esto empecé a llorar”, recuerda. El álbum de bienvenida de la constructora Arcor, que ella todavía conserva algo desteñido, promete centro de salud, transporte urbano, ciclopista... Nada de esto saltó del plano a la realidad. Granado tiene apenas una hora de agua al día y casi no sale de su casa por miedo a que le entren a robar. La inseguridad acecha; las casas deshabitadas a veces sirven de narcotiendas y sus patios traseros, de fosas para enterrar a las víctimas de la delincuencia organizada.

Las familias de una sección de Los Silos pasan su vida bajo el sonido producido por los cables de alta tensión. Héctor Guerrero

Frenar el abandono

Acostumbrados al abandono de las autoridades, los vecinos de Tlajomulco han aprendido a no necesitarlas. Algunos de ellos “cuidan” de las casas deshabitadas; las barren y se aseguran de que las puertas cierran bien. Mitzy Morales, criminóloga de 24 años, y Rosy Martínez, ama de casa de 44 años, también tapian puertas y ventanas, y tienen un grupo de WhatsApp vecinal. “Todavía sigue su techumbre ahí”, tranquiliza Martínez a una vecina que le había pedido echar un ojo a su vivienda, en la que de momento no vive.

Más allá de las acciones vecinales, el Gobierno federal está ultimando un plan que pasa, entre otras cosas, por revisar los parámetros de construcción y cortar el grifo de crédito para la compra en fraccionamientos inviables. A una escala menor, Tlajomulco ha empezado a subvencionar el alquiler de casas deshabitadas —los inquilinos pagan un fijo al mes y el Ayuntamiento pone el resto hasta cubrir el precio— y ha modificado una norma municipal para dar protección legal a los vecinos que tapian casas.

También hay cambios en el mundo de las constructoras. Lo que durante años fue un buen negocio ha terminado por costarles caro. Homex, una de las grandes beneficiadas por la burbuja, entró en suspensión de pagos en 2014, aunque un año después logró reestructurar su deuda y salir del concurso mercantil. Casas Geo, otra de las líderes del sector, fue declarada en quiebra en marzo pasado, tras una disminución de los subsidios y un descenso continuo en las ventas; no encontraba compradores para sus casas.

Algunas desarrolladoras han olido negocio en el fracaso de empresas como Homex o Casas Geo. El empresario José Antonio Díaz, fundador de Comunidades que Renacen, compra casas abandonadas, las arregla e invierte 2% de los beneficios en el tejido vecinal. “Recibimos un cascarón sin muebles de baño, cocina o cables y la vendemos con garantías de casa nueva”, cuenta. “Durante 15 años se vendió solo vivienda nueva y no había mercado secundario para la ya existente que es lo que estamos generando nosotros”.

Pese a estos esfuerzos, la recuperación de vivienda abandonada en ciertos lugares, demasiado lejanos o deteriorados, no es viable; al cabo de un tiempo, los nuevos inquilinos las vuelven a dejar. De las 650.000 casas que el Infonavit ha identificado, solo se prevé la recuperación de un 26% en los primeros tres años del plan del Gobierno. Para los casos más difíciles, las autoridades se plantean la demolición y la reubicación de sus habitantes.

Guillermina Sánchez ni se rinde ni piensa mudarse: “Es mi patrimonio; tengo que luchar hasta el final”. Uno de los bloques abandonados del fraccionamiento sirve desde hace un mes de cuartel para un pelotón de militares que patrulla la zona. El Ayuntamiento ha repintado sus apartamentos y colocado cortinas azules y verdes, un toque alegre entre tanto cemento. El despliegue ha insuflado ánimos a Sánchez. “¿Dónde quedó el sacrificio? A lo mejor algún día se habita”, dice, “aunque quizás no veo cuándo”.