Angélica Mercado

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, presentó una iniciativa de ley para que el Estado asuma la responsabilidad del control del mercado de la mariguana, mediante la expedición de licencias que se otorgarían a "dispensarios" donde los consumidores puedan adquirir dosis con precios controlados por el propio gobierno.

El panista Roberto Gil detalló el contenido de la iniciativa para despenalizar la mariguana en todas sus modalidades, propuesta por la sociedad civil, al asegurar que no se pretende provocar un consumo generalizado en la ciudadanía, sino que el Estado asuman el control y que se combata por este medio y el mercado negro que ha generado violencia.

Ante el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, el legislador explicó que el país destina cerca de 2 millones de pesos diarios para mantener a los consumidores en prisión, 720 millones anuales exclusivamente para manutención e reclusos pro portación de mariguana sin contar con los costos operativos que general, la detención, el juicio, por ejemplo.

No hay despenalización efectiva mientras no se resuelva la cuestión de la oferta.

"De nada sirven los umbrales de portación para consumo si no hay manera lícita de acceder a las dosis. El mercado negro se mantendrá intocado si no hay forma lícita racional y controlada de abastecimiento. Regular la mariguana significa que miles de personas no tengan que enfrentar la prisión por el simple hecho de consumir, pero también significa una alternativa para los ciudadanos que hoy viven bajo la ley de la plata o el plomo que imponen los criminales", dijo.

Resulta ilógico que Estados Unidos sea quien avance ya en decisiones regulatorias que le permitirá producir esa droga mientras que los campesinos mexicanos no tendrán otras opciones que someterse a las bandas criminales o la pobreza o desplazamientos internos.

Detalló que el primer objetivo es reducir el mercado negro, sin fomentar el consumo. Por ello se permitirá el consumo doméstico de hasta 6 plantas para consumo estrictamente personal a fin de evitar ese mercado negro de abastecimiento.

Se abre la posibilidad de sociedad o cooperativas de producción para proveer a los socios una cantidad regulada al mes, con condiciones de calidad y obligaciones de detección d consumo problemático.

Se prohíbe el consumo presencial y solo habrán de regular estas cooperativas en la entrega a los consumidores.

"Se excluye la participación de la iniciativa privada y se hace del Estado el único comprador de la producción y el único vendedor de los productos".

"Se propone que el Estado regule las características del bien, la cantidad producida, intercambiada y el precio con el propósito de disminuir los incentivos de ir a un mercado negro y disuadir por la vía de la oferta el consumo, tal como sucede en Canadá para el caso del alcohol".

En entrevista Fernando Gómez Mont, quien estuvo presente en la presentación de la iniciativa dijo que el gobierno de Felipe Calderón no se equivocó en el enfoque de combate a la violencia porque precisamente la estrategia fue combatir el crimen y no controlar el consumo y este mercado negro.

La iniciativa presentada por Gil Zuarth tiene el respaldo de gobernadores, como el de Morelos Graco Ramírez, legisladores y organizaciones civiles. Además de investigadores del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de integrantes del Colectivo que se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SMART) para consumir el enervante en forma lúdica.

Con la ley se eliminan los límites para la portación de mariguana, además de que sería el gobierno quien, a través de licencias, permita a los campesinos sembrar en sus terrenos la planta que se podrá vender solo al Estado mexicano, para que este fije los precios.

La ley busca retomar los modelos de Washington y de Uruguay, según los cuales, no habrá sanciones penales, sino administrativas para inhibir el consumo, como quitar la licencia a conductores que manejen bajo el influjo de la droga.

Además, plantea arrestos administrativos de hasta 36 horas a quienes violen la restricción de no fumar en lugares públicos.

Prevé que los consumidores solo puedan consumir mariguana en espacios privados y no podrán hacerlo ante menores, dado que ese delito sí está considerado como tal en el Código Penal como "corrupción de menores".

En la iniciativa construida con expertos, se contempla como sanción el trabajo comunitario.