Al contrario de lo que opina mi amigo Hebert Gatto, en su artículo “Un conflicto del pasado” sobre los reclamos de los Autoconvocados, el actual tiene muchas diferencias con los del pasado. En primer lugar, porque no nace de un enfrentamiento partidario. La formación de la nación estuvo signada por una cadena de guerras protagonizadas por los dos partidos fundadores. Este conflicto surge en el Interior, es cierto, tiene lógica que se comience allí, por ser parte del territorio nacional, y por ser en el Interior donde la agroindustria produce el 76% de las exportaciones con que los buenos y los malos gobiernos deben administrar el país.

Las reivindicaciones con lucha, con medidas de fuerza, con reclamaciones insólitas, como las de los pocos funcionarios que quedan en AFE, se las toma como lícitas. Son parte del ser nacional que nos hemos inventado para vivir al estilo bosquimano. Del Interior se ha hecho una caricatura cuando lo primero que deberían preguntarse nuestros intelectuales es por qué el renunciante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmaba que el Uruguay produce alimentos para seis países de igual demografía que el nuestro. Eso debería ser tomado como un éxito, como un gran aporte al país, debiera llamar la atención. Lo hace porque el campo uruguayo está poblado por gente que conoce esos oficios desde los albores de nuestra vida como nación, porque hay gente que corre el riesgo, y porque el país ha desarrollado la tecnología que lo hace competitivo en calidad. Uruguay se ganó el respeto internacional produciendo alimentos biológicamente seguros.

Según la BBC, Uruguay produce arroz con un rendimiento similar al que se produce en las mejores tierras de Estados Unidos. 8000 kilos de arroz seco por hectárea, que es igual o superior al que se produce en Estados Unidos y Australia, y un rendimiento muy superior al de cualquier otro país del mundo. A los productores arroceros uruguayos el Presidente Vázquez les aconsejó aumentar la productividad. Ese es el grado de desconexión entre el gobierno y el sistema político con la realidad del Uruguay.

El discurso del latifundio se saltea olímpicamente la expansión de sociedades anónimas y de empresarios extranjeros que hoy poseen más de la mitad de las tierras útiles del país. Esto ha sido el fruto de una política discriminatoria, con exenciones fiscales que se les niega a los propios uruguayos, y de un uso demasiado flexible de la aplicación de la ley de sociedades anónimas. Veamos: Union Agriculture Group UAG, 320 mil hectáreas; Stora Enso, 308 mil hectáreas; Agronegocios del Plata 157 mil hectáreas; Guanaré (Forestal Atlántio Sur) 112 mil hectáreas; UPM 116 mil hectáreas; Uruwood 115 mil hectáreas; Eufores (Arauco y Stora Enso), 369 mil hectáreas; Forestal Cono Sur, 84 mil hectáreas; Colonvade, 72 mil hectáreas. Entre las sociedades anónimas Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, poseen 65 mil hectáres. La lista es larga, también figuran Aratirí, Del Carmen y Santa Margarita, Semillera Hinkely, Ingleby, Calyx Agro, Ginker y Adecoagro, del magnate Soros, con 42 mil hectáreas. Siguen y siguen otras sociedades anónimas que son quienes a la sordina se hicieron con la mitad de las tierras del país

¿Por qué la protesta ante este estado de cosas se inició, felizmente, en el Interior? Hoy las principales chimeneas del Uruguay no están en Montevideo. Tampoco quienes producen la mayoría de la riqueza con que cuenta el país. Pero el fenómeno sociocultural del Uruguay reproduce la predominancia de una ciudad colonial, que apenas sobrevive por el goteo del comercio y la enorme burocracia, financiada con los recursos de la producción nacional, mayoritariamente, relacionados al agro.

¿Está entendiendo esta situación el sistema político uruguayo, mayoritariamente democrático pero lerdo? Los Autoconvocados utilizaron las herramientas digitales para convocar al primer encuentro de Durazno, donde a los quince días acudieron entre 40 y 50 mil personas. Las redes sociales son parte práctica de la sociedad actual, pero, ojo, las redes sociales no actúan por sí solas. Los que atravesaron el país para concurrir a Durazno no lo hicieron como las ratas siguiendo al flautista de Hamelín, sabían a qué iban, y no, precisamente, a un suicidio colectivo, sino con entusiasmo, a pelear por un futuro mejor. Lo mismo se podría decir de los trescientos y tantos fogones que se realizaron en todo el país, donde se volvió a cantar el himno, se leyó una proclama junto al pabellón nacional, la única bandera que se ha visto en todas las manifestaciones de los Autoconvocados. ¿Cómo se le puede decir a eso “un retorno al pasado superado”? En todo caso es algo tan nuevo y sentido como, en su momento, fue el acto del Obelisco, en 1983, donde estaban todos, desde Semproni –notorio tupa-, y Pereira Reverbel –por dos veces rehén de los tupamaros-.

Quien haya leído las reivindicaciones de los Autoconvocados va a encontrar más puntos de contacto con las pesadas cargas que deben soportar todos los uruguayos que reivindicaciones propias de la actividad agropecuaria. El movimiento sigue creciendo. Es más, esto es un conflicto que encuentra al Frente Amplio en el gobierno, pero está equivocado, muy equivocado, el que vea en estas movilizaciones un jaque al gobierno frenteamplista. Cualquier otro partido que hubiese estado en el gobierno, o el que venga en el 2020, tendría que dar respuesta a los mismos reclamos que comenzó planteando el interior del país.

Son estas las cosas que hay que ubicar en su contexto. Y hace muy mal el gobierno actual en generar un clima adverso hacia los productores agropecuarios, sean grandes o chicos. ¿Acaso los grandes comerciantes de Montevideo no merecen el mismo tratamiento discriminatorio, con el manual de la lucha de clases en la mano? ¿Por qué un productor grande, incluso dueño de un latifundio, que invierte en genética y en pasturas, y es de esos que contribuyen a que al país le entren 1517 millones de dólares por año, sólo en el rubro carne bovina, es más culpable ante la sociedad que el dueño de un shopping center, de varias torres de edificios, o de una clínica especializada?

A las familias que siguen viviendo en extensiones medianas, donde 50 años atrás era posible vivir, no las desaloja el latifundio, las corre del campo la ausencia de políticas de fomento, y de planes sociales que les haga la vida menos incierta y más rentable. Esa imparable migración no sólo produce una pérdida de identidad sino que, agrega problemas en zonas donde no hay soluciones. De lo mucho que el Estado podría hacer por afincar familias jóvenes en nuestros campos, sólo aplica algunas mínimas medidas, como aspirinas en un entorno de extranjerización y asfixia económica por la vía de un dólar caro, costos altos para la producción agropecuaria, y un Instituto de Colonización que desde hace décadas hace la plancha.

El gobierno se tomó las movilizaciones como algo personal, sin tomar en cuenta que estas demandas son las que se vienen oyendo desde hace mucho, y no por boca de oligarcas y terratenientes, sino por boca de la propia oposición política que ha hecho denuncias penales contra Ancap, que ha obligado a renunciar nada menos que al vicepresidente, pero que también ha permitido esta fiesta interminable. O el sistema político reacciona ante el desorden o pagará con lo que más aprecia: los votos de la ciudadanía.