Paco Morote, portavoz de la PAH

miércoles 26 de septiembre de 2018 , 06:00h

Frenar los alquileres “salvajes” y los desahucios, crear un parque público de viviendas o garantizar el gas, la electricidad y el agua. Estas son algunas de las reclamaciones que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trasladará al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en su reunión este miércoles. Una cita histórica, ya que nunca antes un Gobierno les había querido recibir.

Así lo destaca en declaraciones a EL BOLETIN Paco Morote, portavoz de la PAH, que asegura que “el hecho de que nos reciba el responsable de vivienda del Gobierno para nosotros es un paso bastante importante”. Dicho esto, el representante de este colectivo alerta sobre dos cosas: en primer lugar, por los 16.000 desahucios que se produjeron solo en el primer trimestre de este año, según datos del CGPJ; en segundo lugar, porque en su mayoría son consecuencia de impagos de alquiler.

Para Morote uno de los principales problemas es que no existe un parque público de vivienda para alquiler en España y el artículo 47 de la Constitución –que alude al derecho a una vivienda- “es papel muy mojado”. “El derecho a la vivienda está limitado al nivel de renta que tengan las familias, que tengan los ciudadanos. Sin renta para pagar un alquiler o para que un banco te pueda dar una vivienda no puedes acceder a la vivienda”, asegura el portavoz de la PAH.

Pregunta. Este miércoles se reúnen con José Luis Ábalos. Hasta ahora no se habían reunido con un titular de Fomento. ¿Qué ha cambiado?

Respuesta. Pensamos que ha cambiado el talante de este Gobierno. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació en 2009 y desde entonces hasta ahora ningún Gobierno se ha reunido con nosotros. Se han referido a propuestas nuestras, pero hasta ahora nadie había dado el paso de considerarnos formalmente interlocutores en temas de vivienda. El hecho de que nos reciba el responsable de vivienda del Gobierno para nosotros es un paso bastante importante. Vamos a ver luego los resultados.

P. ¿Notan un cambio de postura, un clima nuevo con la llegada de Sánchez a Moncloa?

R. Este Gobierno, casi desde su llegada, ha venido hablando de los problemas de vivienda. Parece que lo que hacen no es si no hacer caso un poco de las recomendaciones que hacemos desde la PAH. Hay que tener cuenta que en España vivimos un problema grave de emergencia habitacional. Según el CGPJ, solo en el primer trimestre hubo cerca de 16.000 desahucios. Esto nos da una proyección para final de año de en torno a los 70.000. Es necesario abordarlo.

Por otra parte, todos conocemos la situación de burbuja de los precios de alquiler y a la vez cómo los precios de compra de las viviendas están empezando a crecer a ritmos no tan fuertes como los de la época de la burbuja, pero poco a poco se van acercando. En paralelo, vemos que no existe parque público de vivienda para alquiler. Apenas roza el 2% mientras que en países como Francia hay parques públicos cercanos al 20%. Careciendo de parque público no paramos de ver noticias en las que fondos buitres se van apropiando de centenares de miles de viviendas que compran a la banca. Todo esto hace necesarias medidas de choque para ponerle freno.

P. ¿Está España atrasada en materia de vivienda respecto a Europa?

R. Sí, mucho. En el franquismo había una decisión del régimen de crear un país de propietarios y se construía muchísima vivienda social y pasamos de ahí a la compra mediante hipotecas. Todo esto se agudizó en la etapa de la burbuja, pero en realidad la inversión en vivienda está siendo muy baja. Además, es una inversión que no se hace de forma inteligente. Hay una inversión pública que termina siempre en bolsillos privados, pero sin generar riqueza pública. Esto lo vemos en el último plan de vivienda del ministro De la Serna, que recoge un gasto de 1.445 millones de dinero público, pero que tanto en su concepción como en su ejecución, si no se hace nada, terminará en los bolsillos de los grandes constructores, de los grandes poseedores de vivienda sin generar ningún tipo de riqueza. Habremos gastado ese dinero, pero seguiremos sin parque público.

P. Entonces, los ciudadanos no se están viendo beneficiados...

R. En realidad, no. Los principales beneficiados son las constructoras y promotoras de vivienda, los grandes propietarios y los fondos buitres, que utilizan ayudas públicas sin pagar impuestos para rehabilitar sus nuevas propiedades. A lo mejor algún grupo de ciudadanos recibe ayudas para pagar el alquiler, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, en el momento en el que cesen esas ayudas, si no pueden hacer frente a los alquileres salvajes y a la ley de arrendamientos urbanos, se verán abocados a tener que cambiar de vivienda.

P. ¿En qué queda el derecho a una vivienda digna y adecuada?

R. En España el artículo 47 de la Constitución es papel muy mojado. El derecho a la vivienda está limitado al nivel de renta que tengan las familias, que tengan los ciudadanos. Sin renta para pagar un alquiler o para que un banco te pueda dar una hipoteca no puedes acceder a la vivienda, porque en España no existe vivienda pública. Y hay otra parte del artículo que todavía se ignora más, que es el mandato que hace a las administraciones públicas para que eviten la especulación. Hasta ahora las políticas que se vienen haciendo hacen lo contrario, limitar el acceso a la vivienda y facilitar las inversiones especulativas.

P. ¿Cómo se puede frenar la escalada en los precios de los alquileres? ¿Puede convertirse en la antesala de más desahucios?

R. En estos momentos, y dado que hay centenares de miles de procedimientos de ejecución presupuestaria que están suspendidos en su tramitación en los juzgados a la espera de un pronunciamiento del tribunal de justicia europeo, ahora mismo el mayor número de desahucios son consecuencia de impagos de alquiler. Una vez se reactiven estos procedimientos hay una perspectiva de incremento brutal de los desahucios en España.

P. Ya estamos en otoño y pronto bajarán los termómetros. Llegará el frío y los problemas de muchas familias para encender la calefacción. ¿Qué se puede hacer al respecto?

R. Cada año mueren en España varios miles de personas en accidentes derivados de la pobreza energética, como son malas combustiones de los braseros que provocan asfixia o incendios. La Ley que la PAH ha llevado al Congreso contiene un capítulo para abordar precisamente esta lacra. Lo que planteamos es que cada persona tiene que tener derecho a un mínimo vital de energía que garantice que no haya esta pobreza. Hasta ahora el bono social es un bono en cuya financiación las eléctricas aportan muy poco y el planteamiento de la plataforma es que se debe de garantizar un mínimo, la obligatoriedad de un mínimo de supervivencia en cuanto a gas, electricidad y agua se refiere.

Es verdad que el Gobierno tiene que hacer algo antes porque la tramitación de la ley puede que supere el invierno. Ahora mismo parecen interesados en hacer cosas, pero lo planteado hasta ahora es insuficiente y habría que hacer una reforma y ponerla en marcha desde ya, con más ambición que la planteada hasta ahora por el Ejecutivo. Hay que hacer más cosas y asegurarse que lo que se haga repercuta directamente en la gente.