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MADRID-. El fiscal de la causa del pequeño Nicolás, Alfonso San Román, ha logrado paralizar temporalmente las actuaciones de la comisión judicial que investiga la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos realizada en dependencias judiciales en octubre de 2014 y por la que son investigados el comisario José Manuel Villarejo Pérez, su mujer y un periodista de su página digital.

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Hace dos días, San Román presentó un escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita que se anule el auto del titular del juzgado instrucción número 2, Arturo Zamarriego, en el que ratifica la confianza en la investigación que encargó al comisario de policía Marcelino Martín Blas, al inspector Rubén López y a otros seis agentes que desde hace año y medio sólo rinden cuentas ante el juez y no ante sus superiores policiales ni del Ministerio de Interior.

La investigación se inició a petición del fiscal y se encargó a estos investigadores con el visto bueno del ministerio público en 2015, después de que se descubriera que alguien les había grabado hablando con unos agentes del CNI. Esa reunión estaba autorizada, pues seguía el protocolo de colaboración ya que la denuncia se había interpuesto por Vicepresidencia del Gobierno y la oficina económica de Rajoy a través del ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y de la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario Eugenio Pino.



Pruebas que podrían resolver el misterio de las grabaciones al ministro

La grabación ilegal se llevó a cabo el 20 de octubre de 2014 en unas dependencias supuestamente seguras, puesto que eran las de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía. Poco antes, los días 2 y el 16 de ese mes, alguien que aún no ha sido investigado en ninguna causa –no se ha abierto ningún procedimiento, a pesar de haber entregado Público las grabaciones a la Fiscalía General del Estado– grabó también al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, conversando en unas dependencias que deberían ser de máxima seguridad: el propio despacho del ministro.



En el caso del pequeño Nicolás todo apunta a que eran conocedores de la reunión entre el CNI y a Asuntos Internos algunos miembros de la cúpula policial como Eugenio Pino, su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, y el comisario José Manuel Villarejo (ya imputado en el procedimiento). En el caso de las reuniones mantenidas entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el inspector jefe Gago también tenía conocimiento de las mismas, tal como reconocen en su conversación grabada, en la cual conspiran para fabricar dossieres con los que desprestigiar a políticos soberanistas catalanes.



Según explican algunas acusaciones, "la actitud de la Fiscalía se ha vuelto más dura según avanzan las investigaciones que apuntan a la anterior cúpula policial como conocedora de esa grabación ilegal e incluso indican que participó en su filtración tanto al pequeño Nicolás como a Eduardo Inda, con la intención de que Francisco Nicolás consiguiera archivar el procedimiento".



Estas fuentes explican que algunas de las pruebas que aún no han podido ser incorporadas al procedimiento a causa de la empecinada oposición de la Fiscalía –como los emails que ese mes de octubre se cruzaron estos miembros de la anterior cúpula policial– "pueden ser cruciales incluso para saber quién grabó a Fernández Díaz en su despacho, o si alguno de ellos tenían conocimiento de esa grabación".



La actitud obstruccionista de la Fiscalía retrasa la investigación

La actitud obstruccionista de la Fiscalía ya ha sido varias veces contrarrestada por las negativas de la Audiencia Provincial de Madrid a anular las decisiones del juez con los argumentos que el ministerio público aporta.



Por ejemplo, el fiscal se sumó a la petición de la defensa del pequeño Nicolás para paralizar la causa conocida como viaje a Ribadeo y llegó a decir que no había suficientes pruebas para acusar. Finalmente, y después de que la Audiencia echase abajo esos recursos, San Román ha pedido para el presunto estafador 7 años de prisión.



Las acusación también se quejan de que el fiscal siempre se ha negado a las solicitudes de pruebas de los investigadores o de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) de interrogar al ex secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, al exsecretario de la infantas, Carlos García Revenga o a Miguel Bernad, líder del sindicato ultraderechista Manos Limpias que ahora está en prisión.



"Esta claro que alguien grabó a los investigadores para sacarles de la causa y que no se investigase la causa principal. Llevamos dos años dando vueltas a la grabación y, ahora que parece que está claro cómo se hizo y difundió, y que se habían iniciado los interrogatorios y las imputaciones, se vuelve otra vez a intentar disolver la comisión judicial. Eso lo que hace es que se siga retrasando la investigación de la causa principal", explica una acusación.

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