Tom Kucharz, portavoz de la plataforma estatal 'No al TTIP, CETA y TiSA'

miércoles 27 de septiembre de 2017 , 07:00h

A sólo unos días de distancia de la entrada en vigor provisional del CETA y coincidiendo con la petición en el Senado de un estudio de constitucionalidad del tratado esta misma mañana, el portavoz de la Campaña estatal 'No al TTIP, CETA y TiSA' , Tom Kucharz, conversa con El Boletín acerca de las implicaciones del acuerdo con Canadá, de la Europa de Jean Claude Juncker y del papel del PSOE y la socialdemocracia europea en el futuro andamiaje de la política comercial de los 27.

Miembro de Ecologistas en Acción, Kucharz ve efectos “directos” de los polémicos acuerdos de libre comercio sobre el día a día de la política nacional, regional e incluso local. Rechaza la idea de que la UE deba competir por imponer sus reglas al comercio internacional porque el mundo “ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas”. Cree que culpar a actores externos o a la propia globalización no hace sino “desviarnos del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas”.

¿Tendrá el CETA influencia real, en términos de PIB, o es más bien un símbolo para abrazar o rechazar la política comercial de la UE?

Los impactos de estos tratados no solamente deberíamos mirarlos desde la economía. Mucho más perversos y peligrosos son los impedimentos, la chaqueta de fuerza que se pone a los gobiernos al activar determinados cambios políticos. Ahora mismo es urgente regular el sector financiero, poner en marcha la transición energética, luchar contra la pobreza, la exclusión social y la violencia de género; todo esto requiere políticas económicas nacionales, regionales y locales. Lo que busca el CETA es lo contrario: que haya la mínima intervención política en la economía.

¿No debería ser la UE soberana para firmar este tipo de acuerdos en nombre de sus miembros?

Tomemos como ejemplo el CETA, que incluye la aplicación provisional del capítulo sobre servicios financieros. Esto permite al sector bancario la venta transfronteriza de servicios financieros de alto riesgo. Si ahora un parlamento quiere prohibir las transacciones especulativas o poner una tasa a las transacciones financieras internacionales, con el CETA sería mucho más difícil porque las futuras medidas para desregular el comercio transfronterizo entre Canadá y la UE se regirán por este pacto, lo que dará más derechos a los bancos impidiendo regulaciones en el sector, y a su vez nos pone en riesgo de nuevas burbujas especulativas.

Afecta a las políticas nacionales. Aunque argumenten que en muchos casos se trata de competencias exclusivas de la UE, ¿cómo dejar en manos de instituciones enormemente autoritarias como la propia Comisión Europea decisiones que, durante no sólo años sino décadas, rigen políticas públicas que luego serán muy difíciles de revertir en el ámbito nacional, regional y local?

Tenemos que invertir esa lógica, es enorme la cantidad de competencias que recaen sobre instituciones de la UE, sin procesos democráticos reales, que están afectando a la vida de la mayorías sociales.

¿Los tratados fomentan las privatizaciones?

Claramente. Ya de por sí quedan muy pocos sectores públicos protegidos tras las olas privatizadoras de los ultimos 30 años. Pero especialmente el CETA, negociado por el sistema de la lista negativa, excluye de los mecanismos de privatización a menos de una veintena de servicios. Y por ejemplo, la gestión del agua, que debería ser un sector absolutamente excluido de los tratados, no está.

Pero el gran peligro del CETA es que intenta hacer muy difícil o imposible revertir los procesos de privatización del pasado. Amenaza a la actual tendencia a remunicipalizar, por ejemplo el agua, los servicios de recogida de basura, limpieza, alumbrado público, etc. Como las funerarias en Madrid o la limpieza de las playas en Cádiz. Porque siempre pensamos en educación y sanidad, pero hay una gran cantidad de otros servicios que fueron privatizados y es urgente recuperarlos, y el CETA va a hacerlo muy difícil.

La cúspide europea argumenta que debe liderar la globalización para defenderse de actores como EEUU o China. ¿Qué responden los críticos?

No es cierto que ahora sean otros los que deciden las reglas internacionales de comercio. En gran medida se definieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y en el 95 con la Organización Mundial de Comercio. Sabemos perfectamente que quienes dictaron las bases jurídicas y políticas entonces fueron las grandes corporaciones transnacionales, que en los ‘80 coescribieron con funcionarios de diferentes países, y en concreto de la Comisión Europea, gran parte del rumbo de la política comercial internacional.

Ahí se creó una arquitectura que busca la impunidad por las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y los derechos laborales, por la contaminación que produce gran parte de la industrias vinculada a las exportaciones, relacionadas con comportamientos por la bajada de salarios, del dumping social etc. Y ha tenido consecuencias nefastas.

De hecho, gran parte de las industrias exportadoras e importadoras de la UE producen en China. Y es bastante hipócrita referirse ahora a este país porque pueda dictar las normas internacionales de comercio. China, desde la entrada a la OMC, ha asumido las normas que dictaron EEUU, la UE y Japón durante muchas décadas, y son normas que no permitieron un comercio internacional justo.

Concretamente la crisis en España, el enorme desempleo, las desigualdades sociales y salariales tienen que ver con el desmantelamiento de sectores productivos empobrecidos a base de aumentar la capacidad productiva de Alemania. Y el superávit comercial de Alemania, que en 2016 fue de 300.000 millones de euros, se traduce en países de la propia periferia europea con déficit comercial. Alemania exporta mucho más de lo que importa y eso tiene como consecuencia que España importa mucho más de lo que exporta. Lo que causa desempleo injusto y una deuda publica ilegítima en nuestra opinión.

Referirse siempre a actores como China para culparles de todo nos desvía completamente del tema fundamental: que las políticas comerciales neoliberales son intrínsecamente injustas, contrarias al estado de derecho y producen muchísimas desigualdades. Mientras se protegen los intereses de los inversores se descuidan los derechos laborales, sociales y climáticos, lo que conduce sistemáticamente a situaciones de enormes injusticias.

¿Es posible dar marcha atrás en la actual política comercial de la Comisión Juncker?

Estamos en una situación enormemente preocupante, porque ya son 30 años de políticas comerciales liberales que se han llevado por delante el estado del bienestar, que han privatizado servicios públicos, han empeorado las condiciones sociales y laborales de cientos de millones de personas en el mundo y son la causa fundamental del empeoramiento del cambio climático, la pobreza y las desigualdades. Y la Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos del Consejo no muestran voluntad de atajarlo.

Sin embargo, la campaña de estos últimos años contra el TTIP, ahora congelado, pero sobre todo el rechazo social y político contra el CETA, ha abierto una brecha grande. No sólo porque millones de personas se han manifestado en la calle, sino porque la mayoría de sindicatos en Europa se está oponiendo a este tipo de tratados.

Han reaccionado muchísimos sectores que antes no se habían planteado el peligro de las políticas de comercio e inversión: desde empresas públicas, gestores públicos de agua, empresas públicas de radiotelevisión, asociaciones de pymes con campañas en Alemania, Austria y Francia... Más de 2.100 gobiernos regionales y locales en Europa se han declarado en oposición a estos tratados. También la Asociación Europea de Jueces, asociaciones de magistrados y fiscales de varios países, el más destacado Alemania (DBR), cuyos miembros han demostrado que los mecanismos de arbitraje son contrarios al derecho comunitario.

Es un cuestionamiento igualmente alimentado en organizaciones ecologistas, feministas, y una gran movilización del sector agrario por la soberanía alimentaria. Porque ya en el mundo rural hay una crisis enorme: lo que se paga a los productores muchas veces no cubre el coste de producción, y hay despoblación y falta de perspectiva para las generaciones futuras. Este tipo de tratados acelera esa crisis.

Cada vez son más las voces que defienden una renacionalización de las decisiones sobre las políticas comerciales, como ocurrió en Valonia. Y ese debate está abierto en una parte de la socialdemocracia europea, está claramente en los sindicatos, pero la oligarquía y las instituciones que solo representan a intereses corporativos están permanentemente moviéndose y reorganizándose. De hecho ya hay un nuevo peligro: el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la UE, Bernd Lange, usó la mayor fundación de la socialdemocracia alemana (la Friedrich Ebert Stiftung) para impulsar un informe defendiendo un pequeño maquillaje a los capítulos laborales y de Desarrollo Sostenible de los tratados comerciales, con la intención de romper así la resistencia de las mayores confederaciones sindicales - la Federación Alemana de Sindicatos, el DGB- a textos como el CETA. Hablamos de sindicatos con millones de afiliados. Sería un revés tremendo que la socialdemocracia lograra frenar el actual rechazo a la nueva generación de tratados.

¿Tiene entonces el PSOE en España y la socialdemocracia en la UE el poder de inclinar la balanza?

Claramente. Lo vimos en la votación del CETA en el Congreso: durante meses el PSOE más neoliberal defendió el sí incondicional junto a PP y Ciudadanos. Y sólo por la campaña estatal de ‘No al TTIP, CETA y TISA’ se logró que el PSOE se abstuviera, a raíz de su cambio interno y la nueva ejecutiva. En ese equipo hay personas que ya habían mostrado su rechazo al CETA, como Núria Parlón, Manuel Escudero, o la propia Cristina Narbona. De todas formas la abstención es absolutamente insuficiente para cambiar la situación, pero a medio o largo plazo podría convertirse en un ‘no’.

De ahí y de los posibles cambios políticos en Cataluña y quizá pueda haber un cambio en futuras constelaciones del Congreso. Y quizá con un gobierno del PSOE y Unidos Podemos se podría revertir esta política comercial, pero no sólo impidiendo futuros tratados sino abriendo la caja de Pandora y renegociando los tratados firmados en el pasado.

¿Hay avances en la transparencia de las negociaciones de este tipo de tratados, según los propósitos de enmienda del equipo Juncker?

Los pocos avances que hay son consecuencia de toda la movilización social y presión política de los últimos tres años. Que hace dos semanas la comisaria europea de Comercio y el vicepresidente de la Comisión hayan tenido que publicar los mandatos para negociar con Australia y Nueva Zelanda, y otros documentos, es gracias a esa presión. Pero no es suficiente: más transparencia sería que los parlamentos nacionales ahora tengan esos mandatos, puedan discutirlos y decidir sobre ellos antes de que se tome una decisión en el Consejo.

Pero la Comisión está preparando justo lo contrario, dividiendo los tratados en dos: la mayor parte de contenidos quedarían como competencias exclusivas de la UE, y requerirían solo la votación del Consejo y el Parlamento Europeo, sin pasar más por las cámaras nacionales. Se dejaría así la parte de protección a la inversión y los mecanismos de arbitraje fuera. Y esa sección se abordará con la propuesta que ahora plantea la Comisión: un ‘mega ISDS’ global que se llamaría el tribunal multilateral de inversiones.

La UE intenta que a partir de ahora los parlamentos nacionales no puedan vetar los tratados comerciales para que no les ocurra como en octubre de 2016, que los cuatro parlamentos regionales de Bélgica bloquearon la firma del gobierno belga al CETA en el Consejo Europeo. Esto es una enorme contradicción con las supuestas mejoras en la transparencia.