Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México hace nueve meses con una cuádruple promesa económica: ampliar y redefinir los programas sociales en un país en el que la pobreza afecta a cuatro de cada 10 personas —“primero los pobres”—, abatir la corrupción, invertir en un puñado de proyectos de infraestructura (tren maya, refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía) y no subir los impuestos hasta, al menos, el ecuador del sexenio. Tras un primer año marcado por la austeridad, sin embargo, los números empiezan a no cuadrar: la economía se ha frenado —y, con ella, la recaudación del fisco— y el Presupuesto de 2020 no contendrá alzas fiscales de calado, salvo, quizá, una tasa sobre las actividades digitales. Para sostener la ambiciosa agenda social del nuevo Gobierno, México tiene que ingresar más. Cuanto antes.

El margen es cada vez más estrecho. Un lustro después de la última reforma fiscal, aún en tiempos de Enrique Peña Nieto —“relativamente exitosa, pero que se quedó corta en algunos aspectos y no eliminó muchos privilegios fiscales que hoy siguen existiendo”, en palabras de Hugo Beteta, jefe de la Cepal en México—, el impulso recaudatorio inicial se ha diluido. Y a unos ingresos estancados y, aún peor, desacoplados del resto de América Latina —donde, aunque moderadamente, la recaudación ha subido— se suma una coyuntura cuando menos desafiante.

México sorteó la recesión in extremis en la primera mitad del año, un periodo en el que la inversión tocó su mínimo en casi cinco años y la creación de empleo siguió desacelerándose. Un cóctel de difícil digestión en el que ni la retórica y ni las primeras decisiones del Ejecutivo han ayudado: la cancelación, incluso antes de enfundarse la banda presidencial, del nuevo aeropuerto de la capital y su sustitución por un proyecto, el de Santa Lucía, que rezuma dudas; la salida de su secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aireando severas discrepancias; la indefinición de la política energética.

Los ingresos públicos, estructuralmente débiles, tienen varios lastres históricos: un mercado laboral con más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y con uno de los salarios medios más bajos de América Latina, y una evasión que, pese a los esfuerzos, sigue cabalgando a niveles incompatibles con la construcción de un Estado de bienestar. Con la recaudación en el entorno del 14% del PIB, diez puntos por debajo de la media de la OCDE —lejos incluso de Chile y Turquía, los otros dos emergentes del club—, muchos esperaban que con la llegada de López Obrador al poder se produciría un viraje en la senda tributaria. De momento, agua.

La austeridad a ultranza se acerca a su límite: tras cortar grasa y gastos superfluos, las tijeras han llegado al músculo, afectando a sectores tan sensibles para el futuro como la salud o la investigación o promoción del comercio. Y con los tambores de la recesión redoblando en medio mundo, el gran debe es reforzar las entradas de caja cobra aún más importancia. La teoría de los ciclos —y estamos en el periodo de crecimiento más largo de la historia de EE UU— amenaza con imponer pronto su ley. La pregunta empieza a no ser tanto si viene una sacudida, sino cuándo llegará: China sufre los rigores de la guerra comercial; el catarro de la industria automovilística acecha a Alemania; en el principal socio comercial mexicano y casi único origen de las remesas, Donald Trump batalla contra la Reserva Federal para que rebaje los tipos. Y una verdad tan irrefutable como la teoría de los ciclos: cuando la macro no acompaña, el erario lo pasa mal: el Presupuesto de 2019, como recuerda Luis Foncerrada, director de la Universidad Anáhuac Mayab, se hizo con una previsión de crecimiento de entre el 1,5% y el 2,5% y la expansión va a quedar finalmente en la mitad. Menos ingresos, menos margen de maniobra para el Ejecutivo.

“Si la recaudación sigue siendo igual de baja será muy difícil invertir en salud, educación o desarrollo”, constata Carlos Serrano, economista jefe de BBVA, que ve “urgente” la puesta en marcha de una “reforma fiscal importante” a riesgo de que el país pierda el grado de inversión. “El momento es ahora y no a mitad del sexenio: el humor social todavía es bueno, el Gobierno tiene fuerza y puede convencer a la ciudadanía de que, aunque vaya a pagar más impuestos, también va a recibir mejores servicios”, abunda Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Pensar en una reforma tributaria es, en primera instancia, pensar en nuevos ingresos. Y en México, salvo en el impuesto sobre la renta, que recuerda Fausto Hernández, del ITESM, no dista mucho del resto de países industrializados, ese es un campo de enorme recorrido. Solo eliminando la tasa cero del IVA sobre alimentos y retirando las tasas reducidas sobre las medicinas se ingresaría algo más de un punto porcentual del PIB, según los cálculos del CIEP. Sendos impuestos sobre la riqueza y las herencias, como pide uno de los grandes popes de la economía del desarrollo, Branko Milanovic y hasta la ortodoxa OCDE, sumaría otras décimas y ayudaría a suturar una brecha, la de la desigualdad, que parte México en dos desde tiempos inmemoriales. “Ambos son fundamentales. También una tasa sobre las transacciones financieras”, completa Carlos Tello, exdirector del Banco de México y exministro de Programación y Presupuesto. Un dato: los impuestos al capital —propiedad inmobiliaria, riqueza y herencias— recaudan en México el 0,3% del PIB, frente al 4,2% de EE UU y el 1,9% del promedio de la OCDE.

El otro gran agujero está en los Estados y municipios. Mientras la recaudación federal es equiparable a la de economías avanzadas como EE UU o Alemania (ambas, eso sí, muy descentralizadas), estos “apenas se esfuerzan en ingresar por sí mismos y dependen en gran medida de las transferencias del Ejecutivo central”, subraya Carlos Petersen, de Eurasia, que pide cambios en el pacto fiscal para “obligarles a cobrar más”.

La ralentización económica y el incremento del gasto en pensiones, que no dejarán de crecer hasta 2030, meten prisa. Otro dato: los ingresos del sector público caen casi un 3% en lo que va de año, según los últimos datos de Hacienda, arrastrados a la baja por la menor recaudación por IVA (casi 2% a la baja, en parte por una rebaja en la frontera norte que compensa los efectos del muy necesario aumento del salario mínimo, pero que adelgaza aún más el erario) y, sobre todo, por el desplome de doble dígito de la renta petrolera. “A este paso, los tiempos van a acabar ganándole al Gobierno”, subraya Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la UNAM, que critica el “conservadurismo fiscal” de López Obrador. “Si no cambia de rumbo, México no tiene suficiente capacidad para hacer políticas contracíclicas”. El amplísimo margen en política monetaria, con los tipos de interés aún en el 8%, contrasta con una estrechez fiscal parcialmente autoimpuesta, constreñida por la negativa a hacer una reforma fiscal.

Las voces que subrayan el imperativo que supone la aprobación de cambios de calado en la política recaudatoria del Ejecutivo, han crecido incluso en el seno del partido de Gobierno (Morena) y de la Administración, donde algunos altos funcionarios reconocen en privado desde hace semanas que ese es el único camino posible: o se ingresa más pronto o no habrá dinero para sufragar los ambiciosos programas sociales que necesita México, sobre todo en el sur. En un extraño consenso que reúne desde hace tiempo al triunvirato formado por FMI, OCDE y Cepal, los organismos internacionales también se han puesto de acuerdo en la necesidad imperiosa de aumentar su músculo recaudatorio. Solo falta el presidente.