Susana tuvo que esperar desnuda, en una camilla de hospital, 48 horas. La falta de diligencia de los médicos fue mortal: tardaron dos días en practicarle una cesárea que debió ser inmediata. No lo resistió; le vino una hemorragia. Murió desangrada. Esta indígena mexicana de 26 años es una de las 925 mujeres que, en su intento por dar vida, murieron el año pasado en México, según datos de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Una cadena de errores, exhibida en su expediente clínico, se conjugaron en un desenlace fatal que dejó a su recién nacida huérfana. Desde hace décadas el país carga con esta deshonra. Casi siempre, las mismas víctimas: pobres o indígenas que vivían en comunidades de muy alto rezago social, alejadas de un centro de salud hasta por cuatro o cinco horas en caminos de caprichosas topografías.

“No sólo la mató la negligencia de los doctores, también la falta del instrumental médico básico que pudo salvarle la vida. Susana terminó muriendo debido a que no se le trasladó a la unidad de terapia intensiva, porque simplemente no había una en el hospital”, relató Lilia Elena Iñiguez, la abogada de la familia de la fallecida.

Entre 1990 y 2013, diversas complicaciones del embarazo, parto o puerperio terminaron por llevar a la tumba a cerca de 30.000 mexicanas, según estiman las organizaciones sociales agrupadas en la Coalición por la Salud de las Mujeres. Son miles de historias de negligencia médica, falta de personal y hasta del equipo médico más elemental. De tragedias que se pudieron evitar y que empantanan el compromiso internacional de México de reducir la razón de mortalidad materna a 22,3 por cada 100.000 nacidos vivos, para el próximo año.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR), mecanismo que agrupa los esfuerzos de diversas agencias del sistema de Naciones Unidas, si bien ha habido reducciones importantes en la razón de mortalidad materna (RMM) en Latinoamérica el progreso no ha sido suficiente. Un monitoreo del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal encontró en 2008 que Chile y Uruguay tenían las tasas más bajas de mortalidad materna, mientras que Ecuador y Bolivia las peores. Según el reporte en Chile la razón de mortalidad materna se ubicó en ese año en 26 muertes por cada 100 mil nacidos vivos mientras que en Uruguay en 27 por cada cien mil nacidos vivos. En Ecuador y Bolivia para ese año fue de 140 y 180 muertes respectivamente.

Es importante señalar que México tienen una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces mayor que países similares como es el caso de Chile. En el país hay diferencias importantes, así, los municipios con población indígena (70% y más) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos municipios sin población indígena.



“Tenemos una tasa de mortalidad materna que fue de 41,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2013; desgraciadamente la meta para el 2015 no podría alcanzarse en la proporción comprometida”, reconoció Ricardo García Cavazos, director general adjunto de salud materna y perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. De seguir con la tendencia de los últimos años, no será hasta el 2040 (con 25 años de retraso) cuando se podrá llegar la meta establecida en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, de acuerdo con un informe de la Auditoria Superior de la Federación.

Las metas se mueren en el hospital

Horas antes de morir, Azalea llegó al servicio de urgencias con una muy elevada presión arterial e intenso dolor de estómago, pero en lugar de detectar el inicio de lo que terminaría como una pre eclampsia severa (enfermedad de carácter convulsivo que normalmente conlleva la pérdida más o menos completa de las facultades sensitivas e intelectuales), los doctores atribuyeron sus síntomas a una ingesta de tacos y decidieron prescribirle ranitidina (un antiácido). Después de perder la conciencia y convulsionar, la joven de 27 años falleció en la unidad de cuidados intensivos.

Ocho de cada diez muertes maternas, como la de Azalea ocurren dentro de las propias salas de expulsión o quirófanos de un hospital, revelan las estadísticas oficiales.

“El problema es que en las zonas de mayor riesgo a veces sólo hay edificios vacíos aparentando ser hospitales”, advierte Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas) dedicado a la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y sociales en México. Habla de unidades sin baumanómetros para tomar la presión o termómetros con que medir la temperatura. E incluso de la carenica de médicos preparados para salvar vidas.

Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Sureste (Ciesas) de 2011 encontró que el personal de salud en el primer y segundo nivel de atención no reconoce signos de alarma ni para los casos de hemorragia, y cuenta con una capacidad de apenas el 55% para la identificación de factores de riesgo para la preeclampsia-eclampsia. Ignorancia que terminó con la vida a mujeres como Azalea y Susana.

“La deficiente formación del personal de salud, que en ocasiones no cuenta con habilidades y competencias para resolver los problemas a los que se enfrenta, y da un tratamiento incorrecto, termina también matando”, alerta Graciela Freyermuth Enciso, directora del Observatorio de Mortalidad Materna en México.

Pero la muerte no es el único impacto. A Susanita, –como le pusieron en honor a su madre muerta– , que en abril cumplirá medio año, le ha sido arrebatado hasta el simple derecho de ser amamantada.