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Publicada el 08/01/2017 a las 17:51 Actualizada el 08/01/2017 a las 19:05

El Gobierno sostiene que no dispone de datos sobre las inmatriculaciones que la iglesia católica ha adquirido entre 1998 y el 2015. Así lo ha señalado este viernes el senador territorial de Compromís,, quien presentó dos preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo central para pedir explicaciones porEl parlamentario afirma que, "según alguna fuente", estas inmatriculaciones le habrían permitido a la iglesia "inscribir a su nombre de manera más que extrañaen todo el territorio del Estado, algunas tan sonadas como la Mezquita de Córdoba, con un gasto de solo 30 euros". Por ello, Mulet cuestionó si existen datos oficiales sobre los inmuebles que la iglesia católica ha matriculado año por año, desde 1998, en todas y cada una de las demarcaciones provinciales. Preguntó además si, en caso afirmativo, existen datos pormenorizados y si se ha iniciado algún procedimiento para comprobar que no existe ningún uso abusivo de la situación.El Gobierno sostiene, en respuesta a las cuestiones formuladas, que los datos referentes a las titularidades de la iglesia no están a disposición del Ministerio de Justicia "al tratarse de unaal ámbito de sus competencias" y que, además, "tampoco los Decanatos Autonómicos o Territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles disponen de tales datos". La publicidad de ellos, asegura el Ejecutivo, "deben proporcionarla los Registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes".Niega, asimismo, que la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 permitiera a la iglesia católica inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas, sino que "la posibilidad de inmatriculación de fincas por la vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria se ha mantenido inalterada desde el texto original de la actual Ley Hipotecaria publicado en el BOE el día 27 de febrero de 1946 hasta la entrada en vigor de la reforma" operada en 2015, que "la posibilidad de inmatricular fincas previamente reconocida a la iglesia católica". Finalmente, entiende que debe "acudirse a la vía judicial y no a la administrativa para demostrar los pretendidos abusos que en su caso se hayan podido producir".A juicio de Mulet, "el Gobierno tenía mecanismos suficientes para obtener" dichos datos, además de "en un caso donde muchas entidades cívicas entienden ha habido un abuso y un posible usurpación de la titularidad". El parlamentario afirma que el Ejecutivo "miente en su respuesta", y que "la reforma de Aznar permitió que se equiparase al obispo de turno con un fedatario notario". Por tanto, aunque "el artículo 206 pida escrituras, con la palabra del obispo (que obviamente no va a ser parcial en estos caso), se permiten estas inmatriculaciones sin ningún tipo de garantía de veracidad".Según el senador de Compromís, el propio preámbulo de la ley del 2015 deja claroexistente hasta esta fecha, al destacar "la desaparición de la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la iglesia católica de utilizar el procedimiento especial que regulaba" el artículo 206 sobre la inmatriculación de las fincas. "La utilización de este procedimiento especial por la iglesia católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria", señala el texto legal del pasado año. Pese a ello, la reforma del año pasado –finaliza Mulet–, "continúa manteniendo los mismos privilegios para la iglesia en inmatriculaciones, simplemente los maquilla más".