Varios exconsellers llegan a la Audiencia Nacional. álvaro garcía | atlas

El Estado dio este jueves la respuesta más dura al proceso independentista catalán. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers del Ejecutivo autonómico por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso que culminó el pasado 27 de septiembre con la declaración de independencia. La Fiscalía reclamó a la magistrada que emita una orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros del Govern que han escapado a Bélgica para ponerse a salvo de la Justicia. Interior envió a los hombres a la cárcel de Estremera y a las mujeres a Alcalá-Meco.

La juez Lamela, a petición de la Fiscalía, solo hizo una excepción a las órdenes de prisión incondicional contra todos los miembros del Govern destituidos el pasado viernes en aplicación del artículo 155 de la Constitución: el exconsejero de Empresa Santi Vila, encuadrado en el sector moderado del PDeCAT y que dimitió la víspera de la declaración de independencia, saldrá, previsiblemente hoy, de la cárcel, en cuanto deposite la fianza de 50.000 euros que le impuso la magistrada.

La decisión de enviar a prisión provisional a los exconsejeros se fundamenta en los tres supuestos que contempla la ley. El riesgo de fuga lo basa en el hecho de que “algunos querellados ya se han desplazado a otros países” para eludir “posibles responsabilidades penales”. Desde el lunes, Puigdemont está en Bélgica, donde ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de la justicia española. El temor a una huida de los investigados también la fundamenta tanto en la elevada pena que conllevan los delitos de rebelión (hasta 25 años de prisión en este caso), sedición (15 años) y malversación (de ocho a diez años), como en su elevado “poder adquisitivo”. Esa capacidad les permitiría “abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero”.

La juez también cree que podrían destruir pruebas —porque “han ostentado hasta hace solo unos días” cargos públicos— y volver a delinquir, tal como lo han hecho, de forma “planificada y consciente”, durante los últimos dos años.

El primero en llegar ayer a la Audiencia fue el exvicepresidente Oriol Junqueras. A continuación, llegaron los exconsejeros Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior). Fueron recibidos con aplausos y ovaciones por un grupo de cargos del Govern y parlamentarios del PDeCAT y ERC. El último en comparecer fue Vila, que recibió el silencio de los suyos y los insultos de un pequeño grupo de nacionalistas españoles.

Santi Vila, sin riesgo de fuga A diferencia del resto de consejeros, la juez ha fijado prisión eludible con fianza para el exconsejero de Empresa Santi Vila. El auto le atribuye los mismos hechos supuestamente delictivos que al resto. En Vila, sin embargo, no concurre uno de los tres motivos que justifican la prisión provisional: el riesgo de reiteración delictiva. La juez recuerda que el exconsejero “desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista” el pasado 26 de octubre, “un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament”. Esa renuncia, que fue criticada por los soberanistas, “pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento secesionista”. “En atención a las especiales circunstancias” que se dan en el caso de Vila, la juez decide enviarle a prisión eludible si paga una fianza de 50.000 euros en metálico. Vila, de todos modos, pasará la primera noche en prisión. Según fuentes de la defensa, desembolsará el dinero este viernes. En caso de que lo haga, la juez recuerda que le impondrá diversas medidas cautelares: le prohibirá salir del territorio español, le obligará a entregar el pasaporte y a presentarse, cada quince días, en el juzgado más próximo a su domicilio.

En su auto, la magistrada asume las tesis, e incluso los términos, de la querella presentada el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra el expresident Puigdemont y sus 13 consejeros. La juez considera que los políticos, en una estrategia coordinada con ANC y Òmnium —las entidades encargadas de las grandes movilizaciones independentistas— “se valieron de la población” y “alentaron actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”.

Todos los exmiembros del Govern se acogieron a su derecho a contestar solo a sus abogados, e insistieron en que “no están de acuerdo con la violencia” y “no han propugnado actos violentos”. Santi Vila, asesorado por el penalista Pau Molins —uno de los abogados que lograron la absolución de la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos—, sí respondió a las preguntas del fiscal y la juez.

La magistrada señala en su auto de prisión dos documentos fundamentales. El primero es el plan EnfoCATs, intervenido el 20 de septiembre en el Departamento de Economía, dirigido por Junqueras. Este documento contiene la “hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña” y el papel que debería desempeñar cada uno de los actores del procés, que se inició el 9 de noviembre de 2015 con la resolución soberanista del Parlament suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional. “Este documento (...) se corresponde perfectamente con los pasos ejecutados por la Generalitat durante los más de dos años transcurridos, incluida la declaración unilateral de independencia (DUI)”, del 27 de octubre.

Lamela describe el reparto de tareas entre las instituciones catalanas —Parlament y Govern— y las entidades soberanistas ANC y Òmnium, presididas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encarcelados en Soto del Real desde el 16 de octubre. Según el relato de la juez, los trabajos parlamentarios “se orientaban a dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión”. La actuación de los movimientos populares, auspiciada por los políticos, “iba encaminada”, sostiene Lamela, “a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo” hacia el Estado para justificar una posterior desobediencia civil.

En este punto entronca el segundo documento citado por la juez: un plan de la ANC elaborado en abril de 2015 en el que se habla de promover “movilizaciones masivas, pacíficas, puntuales, ágiles y, cuando sea necesario, espectaculares” para impulsar la hipotética república catalana independiente. La juez desconfía absolutamente del carácter pacífico de esas movilizaciones.

Espionaje de Mossos

La resolución repasa los hitos del procés y cita la carta que, el 6 de septiembre —después de que el Parlament convocara el referéndum— Puigdemont envió a los alcaldes para que cedieran locales para votar. Dos días después, en un acto, el expresident “hizo un llamamiento al enfrentamiento”, interpreta la juez, cuando animó a los ciudadanos a “mirar a los ojos” a los alcaldes y preguntarles si les permitirían votar.

El auto recuerda las detenciones del 20 de septiembre y el posterior acoso a la comitiva judicial. Y el referéndum del 1 de octubre, donde “numerosas personas ofrecieron resistencia” para impedir el acceso de la policía a los colegios electorales. La juez atribuye a los consejeros, además, haber “alentado” las “acciones de rechazo” contra los agentes desplegados en Cataluña. Las palabras más duras se las llevan los Mossos. “En la mayoría de los casos, su actitud fue pasiva”. Incluso “evitaron intervenir en los casos en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos”. Los Mossos, lamenta, “llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional” para alertar a los ciudadanos de su presencia en los colegios electorales.