Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil, la semana pasada en Brasilia. FOTO: AP VIDEO: REUTERS

El Gobierno de Brasil pierde temporalmente a su ministro más popular. El antiguo juez Sérgio Moro dejará la cartera de Justicia durante cinco días (del 15 al 19 de julio) para resolver “asuntos particulares”. Moro se echa a un lado mientras sigue el goteo de informaciones que acrecientan la sospecha de que actuó irregularmente cuando era juez en el caso Lava Jato. Cuando el viernes el presidente Jair Bolsonaro fue preguntado por las revelaciones de The Intercept, el mandatario respondió que Moro le acompañaría a la final de la Copa América y añadió: “El pueblo dirá si estamos en lo correcto o no”. Y el pueblo habló en Maracaná. Una parte de la grada abucheó al mandatario cuando pisó el césped para entregar el trofeo a su selección, que ganó a Perú. Moro vio el partido en el palco, a la derecha del jefe del Estado.

El abucheo, entre los aplausos de otro sector de seguidores de la Canarinha, es un síntoma de que el descontento con el Gobierno que encabeza el ultraderechista también avanza entre sus más fieles, una clase media mayoritariamente blanca con suficiente dinero para pagar una entrada a la final. El presidente pierde popularidad y el juez símbolo de la lucha contra la corrupción al que encomendó combatir desde el Gobierno esa lacra y el crimen que tanto preocupa a la ciudadanía también ha visto cómo las revelaciones de sus mensajes privados con los fiscales erosionan su imagen como nunca. El anuncio del permiso, sin sueldo, como destaca la prensa local, ha sido publicado este lunes por el Diario Oficial de la Unión.

Una encuesta de Datafolha cifra este lunes el descontento en un país donde el cisma político se consolida. Para un 33%, Bolsonaro ha sido un mal o pésimo presidente en estos seis meses, para un 31% ha sido regular y para el 33% restante, bueno u óptimo. Unos índices que le colocan como el mandatario peor valorado a estas alturas desde 1990.

The Intercept Brasil lleva un mes desgranando la información exclusiva que le filtró una fuente anónima. Aunque empezó en solitario, se ha aliado con los principales medios locales –el diario Folha de S. Paulo y el semanario Veja– para analizar juntos mensajes intercambiados durante años por Moro con el jefe de los fiscales de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, y su equipo en la red Telegram.

El asunto ha llevado a Moro a comparecer en la Cámara de Diputados y el Senado y a miles de sus seguidores a manifestarse en defensa de su cruzada anticorrupción. El ministro ha basado su defensa en sostener que los mensajes quizá están manipulados y en culpar a un grupo criminal que buscaría revertir los éxitos en la lucha contra la corrupción política y en acusar a The Intercept de sensacionalismo. El fundador de The Intercept, el estadounidense Green Greenwald, acude esta semana a la Cámara alta tras haber estado en la baja.

Pero las revelaciones no parece que vayan a cesar pronto. Lo publicado hasta ahora es una ínfima parte del material. Varios ejemplos desvelados en los últimos días: el juez supuestamente oculta información a un magistrado del Supremo para que el caso no pase a un tribunal superior; en julio de 2017 y ante unos rumores, Moro se mostró contrario a que la Fiscalía pactara con el expresidente del Congreso Eduardo Cunha –el que puso en marcha el impeachment contra Dilma Rousseff– para que implicara a terceros a cambio de mitigar su condena, conforme al sistema de delaciones premiadas. Y un mes después, el 5 de agosto de 2017, Moro le escribe a Dallagnol que “tal vez sea el momento de hacer pública la delación de Odebrecht sobre sobornos en Venezuela. ¿Eso está aquí o en la Fiscalía General de la República?”, una información que estaba bajo secreto de sumario. Precisamente ese día, el venezolano Nicolás Maduro destituyó a la entonces fiscal general, Luisa Ortega.

Que un semanario como Veja, gran defensor de la actuación de Moro al frente de Lava Jato, titulara “Nuevos diálogos revelan que Moro orientaba ilegalmente acciones de la Lava Jato” muestra que las sospechas de falta de imparcialidad van mucho más allá del entorno afín al expresidente Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores. El Supremo retomará en agosto, tras un receso, el análisis de una demanda de los abogados de Lula para suspender a Moro por parcial.

Moro y el bautizado como VazaJato —en un juego de palabras entre el nombre del caso y vazamento (filtración en portugués)— han robado protagonismo durante todas estas semanas al proyecto estrella del Gobierno, la reforma de las pensiones que tramita el Parlamento, que entra en una semana clave y que es fundamental para atraer inversiones y que la economía despegue. Aunque la mayoría (58%) considera que el comportamiento de Moro fue inadecuado, el 54% no ve motivos para que deje definitivamente el cargo, según una encuesta de Datafolha de este domingo que revela también que el 54% considera que la sentencia contra Lula –dictada en primera instancia por Moro– fue justa; un 42% la considera injusta.