Fuente: LA NACION

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019 • 12:17

La férrea negativa de los padres de dos niños mendocinos a cumplir con el calendario de vacunación de sus hijos motivó el accionar de las autoridades sanitarias y, posteriormente, de la Justicia. Así, en un fallo inédito para la provincia, un magistrado de Familia obligó a los progenitores a inocular de manera urgente a los pequeños. En la decisión, en base a premisas constitucionales y a diversa jurisprudencia, primó el bien colectivo por sobre el individual.

Se trata de la primera decisión judicial al respecto en tierra cuyana, luego de la sanción de la nueva Ley de Vacunación, aprobado en diciembre pasado, pero que aún se espera la reglamentación final. De todos modos, la Justicia decidió avanzar contra la postura de los padres de dos chicos de 5 y 7 años ya que se mantenían reticentes a seguir las indicaciones sanitarias previstas para cada edad. En este punto, luego de ser abordados por personal del Ministerio de Salud y de mantener la postura intransigente, fueron anotados en un formulario de notificación negativa, para luego pasar a manos de los tribunales.

"Es una muy buena noticia desde el punto de vista de salud pública porque sabemos que la vacunación para que sea efectiva debe tener altas tasas de vacunación, altas coberturas y de esta manera lograr la detección o la inmunidad colectiva o de grupo para que se beneficien aquellas personas que no se pueden vacunar por alguna contraindicación puntual del médico", indicó Iris Aguilar, directora del departamento de Inmunizaciones de Mendoza, y agregó: "Es importante porque en Mendoza existe implementado un formulario de notificación negativa a vacunar a menores. Por eso, los vacunadores que ven esta situación pueden hacer la presentación judicial correspondiente".

Según pudo saber LA NACION entre los argumentos que aducían los padres, de quienes se reserva la identidad para proteger a los menores, prevalecía la creencia y el mito de que las vacunas carecen de seguridad, sobre todo por guiarse en base a "noticias falsas". Es más, se ampararon en la postura de movimientos internacionales acerca de que la inoculación puede traer graves secuelas para la salud, a pesar de haberse confirmado que se trata de falsos riesgos, como un resonante caso de una publicación científica británico que tuvo que retractarse al difundir que la vacunación de niños con la triple viral (contra la rubeola, el sarampión y las paperas) desarrollaba comportamientos autistas y severa inflamación intestinal.

También se refirió a la situación el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, acerca del concepto de bien colectivo por sobre la decisión personal. "Si vacuno a una parte de la población y al resto no, la efectividad deja de ser lo que se pretende con esa vacunación", indicó el funcionario.

Por otra parte, además de la normativa vigente en la materia, existe el Código de Faltas de Mendoza que contempla sanciones económicas de hasta 10.000 pesos para padres o tutores que incumplan con la responsabilidade vacunar a sus hijos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 119, en base a una unidad fiscal de 12 pesos. "Serán sancionados con multa desde doscientas (200) U.F. hasta ochocientas (800) U.F. o arresto de cinco (5) días o su equivalente en trabajo comunitario en centros asistenciales u hospitales públicos para menores de edad".

"Las vacunas siguen siendo gratuitas y obligatorias como siempre, pero ahora se trabaja en la vacunación de los adolescentes adultos y embarazadas, no solo de los bebés, así que tiene tres ejes fundamentales que son disminuir la fragmentación del sistema de salud, asegurar que las vacunas sean una política de Estado y favorecer las vacunas en todas las etapas de la vida. Desde ese punto de vista; informarse, empoderarse y poder empezar a aplicarlas desde ahora mismo", expresó Carla Vizzotti, presidente de Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

En todo el país se han presentado otros pocos casos similares, donde finalmente tuvo que intervenir la Justicia e intimar a los responsable bajo la condición de ser sometidos a la vacunación compulsiva.

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