Publicidad

El pasado 19 de junio un buque encontraba una patera con 27 personas a bordo, entre ellas una niña muy pequeña. Relatan los tripulantes del ‘Vronskiy’ que cuando llegaron hasta la embarcación que se encontraba a la deriva, los supervivientes alertaron de la muerte de otras 22 personas. Habían fallecido durante la travesía y tuvieron que arrojar sus cuerpos al mar.

Activistas y oenegés alertaron de la situación en la que se encontraban estas personas. Lo hicieron como siempre, pidiendo a las autoridades españolas que se apresuraran en recogerles para evitar una desgracia. Pero esta vez –y todo apunta a que no será la última-, el Estado español no puso en marcha ningún mecanismo de ayuda. La consecuencia es que 22 seres humanos, con esperanzas e ilusiones, han perdido la vida injustamente. La consecuencia, creo yo, debería dar para un escándalo en nuestra sociedad, debería remover las conciencias de quienes andan apoyando y fomentando discursos de odio hacia las personas refugiadas y migrantes. Pero nada de eso ocurre. Ni nos escandalizamos ni nuestro primer mundo se paraliza. Nos estamos acostumbrando a que lo que ocurre en la Frontera Sur sea algo rutinario, algo que “tiene” que pasar irremediablemente. Están y estamos normalizando la muerte de personas que vienen pidiendo auxilio. La muerte de gente que no quiere pasar hambre, que no quiere ser esclava, que no quiere sufrir persecuciones por motivos ideológicos o religiosos, que no quiere ver crecer a sus hijos e hijas en países saqueados y en los que hoy por hoy no tienen ningún futuro.

Salvamento Marítimo, organismo público dependiente de Fomento, lleva meses funcionando con un cambio de protocolo en cuanto a la gestión de las emergencias que se producen en la mar, sobre todo en relación a las que tienen que ver con la atención de personas migrantes que utilizan la ruta del Mediterráneo para llegar hasta Europa. Desde que el gobierno socialista de Pedro Sánchez decidiera que un militar se encargase de ello el pasado verano, creando la figura del “Mando Único”, la prioridad viene siendo otra.

Hemos podido saber que Salvamento Marítimo, ante este último naufragio ocurrido en el mar de Alborán el 19 de junio, recibió órdenes de no buscar la embarcación. Tampoco se inició la búsqueda de los cuerpos de las 22 personas que iban a bordo de la misma. La unidad que se movilizó para esta emergencia solo se limitó a recoger a las personas que el ‘Vronskiy’ había encontrado y a trasladar en helicóptero hasta hospitales de Almería a 6 ellas que presentaban un cuadro bastante grave de salud.

Desde la dirección de Sasemar justifican esta decisión en base a que la patera se encontraba en aguas del Estado de Marruecos. Sin embargo, y como corroboran los propios trabajadores del servicio, siempre se han realizado rescates –cuando la situación así lo ha requerido- en aguas marroquíes. Uno de estos trabajadores, sindicalista de la CGT, explicaba en una entrevista en Ràdio Klara con motivo del Día Mundial del Refugiado, que en la mar las fronteras dejan de tener sentido cuando la vida de alguien corre peligro. “Hemos entrado en aguas marroquíes muchas veces y más cuando lo que te separa de una emergencia son solo unos pocos metros mientras ves cómo la gente se va al fondo del mar”, decía Ismael Furió. Ahora, según el compañero, avisan a Marruecos para que sean sus servicios de salvamento los que se encarguen de los rescates. Como el que deberían haber realizado el miércoles, 19 de junio de 2019, o como el que tampoco lograron llevar a cabo con éxito a mediados de marzo de 2019, cuando otras 45 personas se ahogaron en otro naufragio denunciado por oenegés y activistas.

CGT, a través de estos trabajadores, también señaló hace meses que por un lado, uno de los objetivos de este Gobierno es el de militarizar las labores de rescate y salvamento marítimo –como demostraría la presencia durante meses de policías en buques de un organismo público y civil como Sasemar-, y por otro reducir el número de rescates, incluso haciéndolos desaparecer de las noticias sobre sucesos de gran parte de los medios de comunicación. Por eso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido recientemente “cautela” a la hora de informar sobre rescates en el Mediterráneo, dejando claro que quien debe “controlar” los datos sobre los mismos es el Mando Único.

Las reuniones para llegar a acuerdos sobre migración entre España y Marruecos son también una realidad, como lo es que desde las instituciones del Estado español se esté desmantelando un servicio público imprescindible, como demuestra la retirada de medios y refuerzos en las unidades de rescate más activas.

Ante todas estas evidencias los socialistas, que se preparan nuevamente para continuar gobernando, niegan a través de su ministro del Interior que existan cambios en la forma de rescatar, culpando de las tragedias a las que asistimos casi todos los días a las mafias que trafican con personas.

En cuanto a las mafias, es interesante recordar lo que Nino Trillo –abogado y miembro de la caravana ‘Abriendo Fronteras’- concretaba sobre las mismas en un artículo llamado ‘La deriva criminalizadora en la crisis migratoria del Mediterráneo’. Según Trillo, se culpa a las mafias pero la realidad es que estas, como ocurriera con la Ley Seca, no dejan de proliferar gracias a unas políticas migratorias que están convirtiendo las rutas en caminos infranqueables. Apuntaba también el compañero a que estas mafias, junto con las fuerzas de seguridad de estos países, como Marruecos, son las grandes beneficiarias unidas a las empresas que suministran y mantienen los dispositivos tecnológicos de control y vigilancia. No se olvidaba Nino Trillo, en este artículo, del papel que juega Frontex (la agencia europea de control de fronteras), dejando claro que Europa, la Europa Fortaleza, no se ocupa de salvar vidas sino de controlar y vigilar sus fronteras haciendo de estas rutas un camino cada vez más peligroso y mortífero para miles de seres humanos… como los que acaban de [dejar] morir en el Mediterráneo hace cinco días.

El Salto