MÉXICO, D.F. (apro).- En medio de la presión de organismos internacionales por encontrar vivos a los 43 normalistas desaparecidos, el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, confirmó que los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes son el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda.

A está última la identificó como la principal operadora del grupo delictivo Guerreros Unidos en esa ciudad, pero a pesar de que el pasado sábado 18 fue detenido el líder de la banda criminal, Sidronio Casarrubias, se desconoce el paradero de los normalistas.

En conferencia de prensa, Murillo Karam precisó que la orden de enfrentar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa les llegó a los policías municipales vía radio desde la Central, de parte de A-5, clave con la que identificaban al alcalde de Iguala.

La PGR también acreditó que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba a las órdenes de Guerreros Unidos, y señaló que existe una línea de investigación para averiguar si la penetración del crimen organizado en ese municipio guerrerense llegó a niveles superiores.

La dependencia solicitó órdenes de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de

septiembre, independientemente de la consignación por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013.

El pasado sábado 11, en una nota publicada en el periódico La Jornada, se señaló que una de las líneas de investigación sugería que la pareja podía ser la autora intelectual de esos delitos.

Días antes, el miércoles 8, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa, hermano de la esposa de Abarca, ambos prófugos.

“Él había sido detenido en 2009 y tenía ocho meses de haber salido de una prisión de máxima seguridad, porque el Ministerio Público no pudo sostener las acusaciones que se le formularon en el sentido de que pertenecía a una banda de secuestradores encabezada por sus hermanos Mario y Alberto, conocidos como El MP y El Borrado, respectivamente”, señaló el diario.

El sábado 18, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, quien aportó información sobre los hechos acontecidos en Iguala.

La PGR estableció que el grupo delictivo tejió una red de complicidad en varias alcaldías, sobre todo con personal de seguridad municipal. En el caso concreto de Iguala, dicha complicidad abarcaba desde autoridades municipales hasta la policía local.

Guerrero Unidos, apuntó, recibía del presidente municipal de dos a tres millones de pesos de manera regular, de los que al menos 600 mil, según declaración de los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local.

Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal –que decidía el ingreso de los nuevos policías municipales–, fue quien señaló a María de los Ángeles Pineda Villa como la principal operadora de las actividades delictivas desde la presidencia municipal, en complicidad con su esposo y el secretario de Seguridad.

Y más: la mujer es pariente en grado directo de dos operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leyva.

Como antecedente, Murillo Karam señaló que en julio de 2013 la alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal, fue agredida tras un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata.

De acuerdo con los antecedentes y las declaraciones de integrantes del ayuntamiento, en ese incidente, ocurrido hace más de un año, participaron estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Respecto de los hechos registrados el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, el procurador general de la República indicó que alrededor de las 18 horas del primer día los normalistas abordaron dos camiones Estrella de Oro con destino a Iguala, que arribaron a esta localidad alrededor de las 21 horas.

Los estudiantes tomaron dos unidades adicionales, esta vez de la empresa Costa Online. El chofer de una tercera unidad de la misma empresa, dijo, resultó lesionado al resistirse a la toma del autobús. En ese momento, detalló, los estudiantes contaban con cuatro camiones: los dos obtenidos en Chilpancingo y los otros dos en Iguala.

El funcionario federal agregó que algunas personas relataron otro incidente enfrente de un lavado de autos, también en la ciudad de Iguala, donde resultó herida una dependiente. Esta sublínea de investigación sigue abierta.

Según el testimonio de David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública de Iguala y quien estaba a cargo del Centro de Control de la Policía, informantes de Guerreros Unidos y policías municipales reportaron el arribo de estudiantes de Ayotzinapa.

Murillo Karam sostuvo que este funcionario local inició el levantamiento de los reportes y envió las comunicaciones a las unidades de la policía de Iguala.

A esos dichos se suman las declaraciones de Marco Antonio Ríos Verder, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, y de policías aprehendidos, quienes aseguraron que el grupo iba a sabotear el informe de actividades que en esos momentos realizaba la esposa del alcalde, María de Ángeles Pineda.

Y previendo que pudiera repetirse el conflicto que se vivió en junio de 2013 en la alcaldía de Iguala, se les ordenó reaccionar y pedir apoyo a uniformados de Cocula.

Entre ambas policías –continuó el procurador– bloquearon la carretera y evitaron el desplazamiento de los autobuses en que se movían los estudiantes. En ese primer incidente, siguió, un policía municipal privó de la vida con arma de fuego a uno de los estudiantes.

Tras esta agresión, parte del grupo de normalistas y otros sujetos intentaron darse a la fuga en un camión, por lo que la policía de Iguala empezó el rastreo de la unidad.

En la confusión, la policía de Iguala detuvo y disparó al autobús que transportaba al equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, pero al darse cuenta del error los liberó de inmediato.

Minutos después detuvieron el camión que se había escapado. El grupo de detenidos fue ingresado a la Central de Policía de Iguala y tiempo después fueron sacados por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala.

Para encubrir sus hechos delictivos, la policía de Cocula cambió el balizado de sus unidades y alteró las bitácoras y registro de hechos relevantes, cuestión que fue detectada por peritos de la PGR, debido a que se logró rescatar las bitácoras originales localizadas en un chaleco de uno de los policías de Cocula, además de que se ubicó el taller donde cambiaron la numeración de las patrullas.

En ese momento, el grupo de personas en el que supuestamente se encontraban algunos estudiantes fueron subidos a una camioneta de redilas blanca que tomó un camino de terracería que los llevó a la zona de Pueblo Viejo.

En esa coyuntura, Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, fue contactado por su lugarteniente, conocido como El Gil, quien vía mensaje celular reportó los conflictos que se estaban suscitando en ese momento en Iguala, atribuyéndolos a un grupo delictivo contrario.

Ante ello, Sidronio Casarrubias avaló las acciones para “la defensa de su territorio” de influencia en Iguala.

El camino de terracería que tomaron los delincuentes es muy conocido por El Gil, quien vive en esa zona, cercana al paraje donde se localizaron nueve fosas.

Con las investigaciones realizadas, se detuvo y consignó a 52 personas, entre policías locales, funcionarios municipales e integrantes de Guerreros Unidos, apuntó el procurador.

Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas y los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre, dijo, constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala, con motivo del informe de la segunda.

En resumen, agregó, “se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo, de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula. Se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias a los elementos. Se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial. Se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, y además se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de desaparición forzada por parte de funcionarios municipales”.