El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este miércoles una proposición de ley que tiene por objetivo sacar del Código Penal la eutanasia y el suicidio asistido. El fin es evitar la imposición del "deber de vivir en condiciones penosas e irreversibles en contra de los deseos y convicciones más intimas de uno mismo".

"Quiero que me dejen morir cuando yo lo decida"

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"Toda persona podrá solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida". Este es uno de los principios de la ley, que en la exposición de motivos argumenta que expandir los derechos relacionados con la llamada buena muerte "es necesario", ya que "resulta acorde con la defensa de una vida digna hasta el final". Esto implica, afirma, "el fin de la confusión entre el derecho a vivir y el deber de vivir".

Unidos Podemos justifica sus postulados, entre otras consideraciones, en base a la percepción que tiene la población de la eutanasia el suicidio asistido. "La sociedad española ha manifestado en diversos estudios cuantitativos y cualitativos su apoyo creciente, hoy ya francamente mayoritario, a la regulación de la eutanasia", señala. "Esta situación favorable a la eutanasia, sin embargo, no se ha visto reflejada en nuestro ordenamiento jurídico estatal", prosigue.

La eutanasia está penalizada en el artículo 143 del Código Penal con penas de prisión. El grupo propone que quede redactado de la siguiente manera: "No será punible la conducta de aquel que con actos necesarios y directos coopere en o cause la muerte a otro cuando este lo haya solicitado de manera expresa, inequívoca y reiterada con arreglo a lo que establezca la legislación específica. La persona solicitante habrá de ser una persona con una enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte o que padezca sufrimientos físicos o psíquicos que ella considere insoportables".

Cuáles son los requisitos

Los requisitos que contempla la ley, que propone incluir estas prestaciones en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, son ser mayor de 18 años, formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días y no siendo el resultado de una presión externa, encontrarse en la fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables y haber recibido información de todas las alternativas de tratamiento existentes.

La proposición de ley, que debe ser aprobada en el pleno del Congreso para empezar a debatirse y pasar al periodo de enmiendas, garantiza la "objeción de conciencia" como decisión individual de los profesionales de la salud siempre, pero les obliga a "ofrecer al solicitante de eutanasia otro médico" no objetor "compartiendo con éste la información necesaria para el correcto manejo del caso".

Una Comisión de Evaluación en cada comunidad

En ningún caso, el derecho a la objeción -recoge el texto- puede impedir "el ejercicio del derecho a la eutanasia". Si así sucediera, tendrán que actuar las comisiones de evaluación, grupos creados en cada comunidad autónoma y formados por siete especialistas seleccionados por cada Parlamento Autonómico "atendiendo a criterios de paridad de género". La iniciativa también prevé la creación de una Comisión Estatal de Seguimiento, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Dependerá de los servicios autonómicos de salud la elaboración de un plan que "especifique la manera de prestar y garantizar" los derechos que recoge la iniciativa del grupo. Tendrán tres meses para hacerlo desde la aprobación de la ley, dice la hoja de ruta trazada por Unidos Podemos.

El Congreso ha tumbado con el rodillo parlamentario del PP en la última legislatura dos iniciativas sobre los derechos de las personas a elegir sobre el final de su vida. La primera la presentó Izquierda Unida en 2012; la segunda, el PSOE en 2015. Ambas decayeron por la mayoría absoluta de los 'populares', un escenario muy diferente al actual de fragmentación.