Popularizado por Edward de Bono, el pensamiento lateral “se caracteriza por producir ideas que estén fuera del patrón de pensamiento habitual”1. En este artículo trataremos de aplicarlo al conflicto por el subte.

Dentro del patrón de pensamiento habitual, los argentinos pensamos que los servicios públicos los debe pagar el gobierno (nacional, municipal, provincial…) y que la solución al conflicto del subte pasa porque los líderes lleguen a un amistoso acuerdo.

Sin embargo, si miramos los incentivos que las partes tienen, se observa que difícilmente la solución se alcance por esta vía:

Por un lado, al gobierno nacional le conviene la situación de caos porque genera la idea de que si Macri no puede administrar la pequeña ciudad de Buenos Aires entonces menos podrá administrar eficientemente el país. Es decir, el caos le quita del medio un adversario político que podría ganarle las elecciones de 2015.

Por el otro lado, a Macri también le conviene porque sabe que si acepta el traspaso sin fondos para subsidios tendrá que elevar la tarifa y enfrentar el costo político necesariamente asociado a ello. Es decir que mientras el subtepass siga costando $2,5 y se crea que el caos es culpa de los “palos en la rueda” de Cristina, Mauricio incrementa sus chances de obtener una victoria en 2015.

En tercer lugar, cualquiera sea el deseo de los “metrodelegados” para el 2015, lo cierto es que poco interés tienen en que los pasajeros del subte viajen bien. Lo que a ellos interesa es conseguir compensación salarial y demás cuestiones sindicales que poco se relacionan con la calidad del servicio.

Como se observa, ninguna de las partes del conflicto tiene interés alguno en mejorar la calidad de vida de los que vivimos y trabajamos en Buenos Aires. Ergo, parece al menos ingenua la petición de que ambos gobiernos y los sindicalistas lleguen a un acuerdo por el cual las cosas comiencen a funcionar.

He aquí, entonces, donde entra el pensamiento lateral. Si lo importante es que la gente viaje bien, cómo podemos hacer para que los incentivos se alineen en ese sentido. Es decir, ¿existe un mundo en el que podamos evitar, por un lado, la lucha por los subsidios y, por el otro, mejorar el salario de los trabajadores y normalizar el servicio para los usuarios, todo al mismo tiempo?

Tal vez sea mucho pedir, pero si pensamos fuera del patrón de pensamiento habitual podríamos sugerir que, de ahora en más, el gobierno nacional y el municipal traspasen la propiedad y la administración total del subte a los metrodelegados (sin ningún compromiso económico, es decir, sin subsidios) para que estos lo administren como administrarían una cooperativa.

En el futuro, los trabajadores del subte establecerían una tarifa que sirva para solventar gastos de mantenimiento, inversiones, infraestructura y – por qué no – mejoras salariales. Además, los trabajadores tendrían todo el incentivo para atraer clientes, con lo que tanto servicio como tarifa tendrían que estar acorde a las necesidades de los usuarios.

Por último, es imposible afirmar que esto terminaría la guerra política entre la presidenta Cristina Fernández y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Pero con seguridad podemos decir que éstas no versarán más sobre el tema en cuestión y que, al menos en lo que al subte refiere, no se volverá a dar esta vergonzosa “toma” de la que somos rehenes más de un millón de personas.