El pasado 7 de julio, el Gobierno de Marruecos aprobó una ley y un decreto para delimitar sus aguas territoriales y frontera marítima con las Islas Canarias, apropiándose de los espacios marítimos del Sáhara Occidental en clara violación del derecho internacional de un territorio no autónomo pendiente de descolonización por parte de Naciones Unidas.

Estas leyes son contrarias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, promulgada el 21 de diciembre de 2016, que reconoció que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos y estableció consecuentemente que los beneficios comerciales de los Acuerdos Euromediterráneos entre la UE y Marruecos no son aplicables a sus recursos naturales y productos, demanda histórica de activistas saharauis por los derechos humanos, como Aminatou Haidar.

Así lo han recogido en respuesta a preguntas parlamentarias tanto el Gobierno de España, que reconocía el contenido de la sentencia, como la Comisión Europea, que aclaraba que la Declaración de la Cumbre de Marrakech se aplicará “teniendo en cuenta debidamente la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional”.

La ley promulgada por Marruecos entra en conflicto con los intereses de España y Canarias, tanto en materia de recursos naturales -debido a las prospecciones de minerales como el telurio y petróleo en la zona- como en lo que concierne la protección del medio ambiente, ya que nuestro país solicitó a Naciones Unidas la ampliación hasta 350 millas náuticas de las aguas territoriales canarias en 2014. Precisamente ese mismo año, el pueblo canario protagonizó marchas multitudinarias contra la concesión de permisos de prospección petrolera en las islas. El Gobierno de España dio la autorización con la opinión en contra también del Gobierno de Canarias, que ha sido incapaz de desarrollar un marco competencial autonómico para resolver conflictos sobre los recursos naturales desde la promulgación del Estatuto de Canarias, actualmente en proceso de reforma.

España no puede permitir la política de hechos consumados del Reino de Marruecos ni permitir violaciones del derecho internacional y de la sentencia de obligado cumplimiento del TJUE. Desde Podemos defendemos la libre determinación del pueblo saharaui, acorde con la responsabilidad histórica de nuestro país y mediante una solución política basada en las resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como única vía para acabar con un conflicto que dura ya 41 años y que ha generado violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos con consecuencias especialmente graves para las mujeres saharauis. Pese a la difícil situación que experimentan, las mujeres saharauis cuentan con mayor número de representantes políticas y un estatus jurídico y político más avanzado que las mujeres de otros países de la zona.

Desde Podemos también defendemos que la relación con Marruecos -país con el que compartimos fronteras, intercambios económicos, importantes flujos migratorios y poblacionales, una larga historia de encuentros y desencuentros y un futuro de vecindad común- debe afrontarse con sinceridad, respeto, firmeza y haciendo compatibles el respeto al derecho internacional con los intereses de España y del pueblo marroquí.