Francisco García Suárez

Secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO

Tras la reforma de las enseñanzas no universitarias, ahora le toca el turno a la educación superior. El gobierno parece dispuesto a transitar por el mismo sendero de la falta de diálogo y la imposición de unas políticas que suscitan un amplio rechazo, tanto en la comunidad educativa como en la sociedad. Los procesos de reforma educativa emprendidos por el Ministerio de Educación tienen un denominador común: el debilitamiento de la enseñanza pública, la quiebra de la equidad y la igualdad de oportunidades y la mercantilización de nuestro sistema educativo.

El 24 de marzo la comunidad universitaria está llamada a movilizarse contra las políticas de recorte y los decretos promovidos desde el Ministerio, mediante una huelga universitaria en la que participarán conjuntamente profesorado, personal de administración y servicios y alumnado. También lo está la sociedad, convocada a manifestar su rechazo en las calles.

El Gobierno no quiere irse sin dejar los deberes hechos, también en el ámbito de la educación superior. Los tiempos políticos, con los procesos electorales a la vuelta de la esquina, desaconsejan abrir un debate en torno a una nueva ley universitaria. Pero nos engañaríamos si consideramos que la ausencia de ley va a cortapisar las ambiciones reformistas del Ministerio, porque a través de tres Reales Decretos se van a llevar a cabo reformas estructurales que van a tener consecuencias de hondo calado en nuestro sistema de educación superior. Eso sí, se ahorran el diagnóstico previo, el debate social, el control del Parlamento, la evaluación de cómo está funcionando el actual sistema de grados y postgrados (que empieza a producir los primeros egresados)…, lo que les permite legitimar sus políticas con medias verdades. Así, tratan de apuntalar su reforma de la estructura de las enseñanzas (duración de los estudios de grado y de postgrado), con la afirmación de que el 3+2 es el modelo hegemónico en Europa, lo que es desmentido por un análisis mínimamente riguroso de la realidad de los países de nuestro entorno. Los estudios del profesor Guy Haug ponen de manifiesto la diversidad de modelos existentes en Europa. En una conferencia recientemente pronunciada en Madrid, el profesor Haug señalaba que no hay una preeminencia clara de un modelo en Europa y se mostraba partidario de grados "robustos" de cuatro años, que otorgaran conocimientos y competencias suficientes para el desempeño profesional.

Los tres decretos guardan una rigurosa coherencia entre sí, encajan como las piezas de un puzle y constituyen una reforma universitaria en toda regla, llevada a cabo por la puerta de atrás. Los decretos tendrán consecuencias sobre la financiación de nuestras universidades públicas que, de generalizarse los grados de tres años, perderán 1.000 millones de euros, que se sumarán a los 1.500 millones que han dejado de percibir en los últimos cuatro años como consecuencia de los recortes. Esta nueva merma gravitará fundamentalmente sobre el capítulo de gastos de personal y sobre lo poco que queda del capítulo de inversiones, lo que nos coloca ante un doble escenario: por un lado, se abre la puerta a nuevos recortes en el empleo (a sumar a los más de 8.100 puestos de trabajo perdidos en los últimos dos años) y con ello al consiguiente deterioro de la calidad de la enseñanza y del empeoramiento de los servicios (bibliotecas, administración…); por otro, el deterioro de las inversiones (capítulo que ya ha sido esquilmado por los recortes) incapacita a las universidades públicas no solo para crecer y adaptarse a las nuevas exigencias o para crear infraestructuras para la docencia o la investigación, sino también para remozar infraestructuras obsoletas (hay que tener en cuenta la antigüedad de algunos campus).

Pero los decretos tienen también un claro sesgo privatizador. Las universidades privadas se están "especializando" en la formación de postgrado. Mientras han ido experimentando un incremento lento aunque sostenido en la escolarización de estudiantes de grado -epígrafe en el que alcanzan el 12% del total-, en los estudios de postgrado matriculan a más del 28% del total del alumnado. En este contexto, disminuir la duración de los grados y aumentar la de los másteres, favorece objetivamente que las universidades privadas accedan a una parte progresivamente creciente del "pastel" de la educación superior. Para dejar las cosas más claras, uno de los decretos preparados por el gobierno desregula los requisitos exigidos hasta ahora para crear centros de educación superior, que pasarán a ser mucho menos exigentes. Por tanto, florecerán las "universidades internacionales del garaje".

Pero las consecuencias van mucho más allá: se dibuja una universidad menos pública, menos democrática y de menor calidad. Los grados de 3 años quedarán devaluados respecto a los actuales y solo podrán garantizar una formación muy generalista que exigirá ser completada con un máster cuyo coste duplica -en el mejor de los casos- el de un curso ordinario, lo que incrementará de forma sustancial el gasto de las familias. La tendencia a derivar a las familias una parte creciente del coste de la educación superior se ha agudizado con la crisis y con los recortes presupuestarios. A medida que iba reduciéndose el gasto público en educación superior (el gasto por alumno ha caído de 7.760 euros en 2010 a 6.481 en 2014, una reducción del 16,5%), aumentaba el gasto privado, que ha pasado del 0,8% al 1% del PIB. El único capítulo de ingresos de las universidades que ha crecido en los últimos cuatro años es el de tasas, que ha pasado de representar el 16% del total de los ingresos en el año 2010, al 22,8% en 2014, lo que refuerza la idea enunciada: una buena parte de lo que las administraciones han detraído de la financiación de las universidades, lo ponen las familias a través del incremento de las tasas. En un contexto de reducción de las becas y de endurecimiento de los requisitos para acceder a las mismas, estas medidas dibujan un modelo universitario con un creciente sesgo clasista, en el que la igualdad de oportunidades y la equidad se convertirán en una entelequia.

Para redondear la faena, tanto el ministro Wert como su secretaria de estado hablan, cada vez que la ocasión se lo permite, de la oportunidad de sustituir las becas universitarias por un sistema de créditos. Así, hipotecarían a nuestros jóvenes, generarían una burbuja de créditos universitarios como la que estalló en EEUU durante la crisis y garantizarían que sólo fueran a la universidad los hijos de las clases más favorecidas, que es realmente en lo que están pensando. La ocurrencia podría mover a la risa si no viniera de donde viene y no supiéramos el daño que le están haciendo a la educación en nuestro país. A mí me preocupa porque "donde ponen el ojo, ponen la bala". Y porque el modelo de universidad que se dibuja con estas reformas ni garantiza la cohesión social, ni servirá de motor del desarrollo económico y social.