Han pasado ya siete años desde que nos sacudiera el despertar de los pueblos árabes y la llamada a manifestarse y a clamar por sus derechos sociales a través del uso novedoso de las redes sociales. En la España de hoy son los jueces los que hacen arder sus correos corporativos, que funcionan a modo de chat en poderjudicial.es . Reventaban la semana pasada el foro a modo de rebelión low-cost, de derecho al pataleo, pero también de propuesta de acciones reivindicativas que no descartan la huelga. No se quedan cortos a la hora de clamar por la dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y de todos sus mariachis de la Permanente del CGPJ, un instrumento de dominación y control inventado por los chicos de Rajoy para evitar que se les desmandasen ni un poco los vocales una vez electos.

Los magistrados y jueces de este país están hasta las gónadas. Hartos. Hastiados. Chinificados. Ninguneados. Mientras el poder se ocupa de utilizar los nombramientos y mover piezas en un juego que les afecta exclusivamente a ellos y a la minoría de magistrados beneficiada, la inmensa mayoría de sus señorías ilustrísimas encadena dificultades cada vez mayores para poder ejercer una labor cuya calidad, no lo olvidemos, redunda en beneficio de los ciudadanos implicados y de la sociedad en general. Están hartos también de la soberbia de Carlos Lesmes, llamado por la Constitución y por la ley a defender su independencia y sus intereses profesionales y que se ha convertido en su peor fustigador. Olvidan que les advirtió desde el principio. "Al juez se le controla con el palo y la zanahoria", se descolgó al tomar posesión. Tan humillante frase no es sino el destilado del desprecio que se adivina por los magistrados a los que gobierna y por su función. Los trata poco más que como a subalternos molestos de los que lo que prefiere es que no interfieran en su objetivo primordial que es el sometimiento del sistema a los intereses de los mandantes. A fin de cuentas, Lesmes parece más bien un político al que se le ha colgado el collar de ojos de la Justicia sobre una toga que no defiende.

Los jueces se remueven y hacen ruido pero a la chita callando. Les va de serie. Los ropones no son gentes levantiscas ni revolucionarias y hasta cuando protestan lo hacen dentro de un orden. Los mensajes van y vienen llenos de cabreo y plantean la consolidación de una plataforma reivindicativa que no excluya la huelga. Hay asociaciones judiciales que ya hablan de convocar las Juntas de Jueces de los distintos partidos judiciales y las Salas de Audiencias de toda España -órganos democráticos de representación de los jueces- para que los magistrados se pronuncien sobre un calendario de movilizaciones que la contemplen.

Lesmes y el ministro reprobado comienzan a oír como ruge el hormiguero y deben estar ya empleándose en utilizar los extintores a su alcance para sofocar los focos de ignición.

¿Y qué quieren los jueces? Quieren que se ponga orden en cuestiones relativas a la independencia, la carga de trabajo, la organización judicial y las condiciones profesionales. Cada uno de estos apartados tiene repercusión directa sobre los ciudadanos y sobre ellos pivota el deterioro de un sistema de Justicia que está a punto de gripar el Estado de Derecho.

Quieren independencia. Todas estas semanas les he contado cómo funcionan algunos de los mecanismos por los que el poder político se inmiscuye en el judicial y mina la independencia, que no es una prerrogativa de los jueces sino una garantía de derechos para los ciudadanos. Hablan los jueces de conseguir la autonomía presupuestaria del CGPJ y de deshacer la manipulación en la elección politizada de los vocales. Algunos batallan también por la eliminación del podrido sistema de libre designación de los cargos judiciales. Otros proponen que los presidentes de los previstos Tribunales de Instancia -que sustituirán a los juzgados unipersonales- sean elegidos de forma democrática, como actualmente lo son los jueces decanos.

Exigen además que se eliminen las adscripciones forzosas de jueces a determinadas tareas o juzgados, como se ha propuesto por el CGPJ al pretender que se fuerce a jueces de Menores a hacerse cargo de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Este arreglo que se sacan de la manga, ante la falta de jueces y de oposiciones para crearlos, resulta para muchos además abstruso puesto que nada tienen que ver unas funciones con otras. Se copia en esta situación lo sucedido en su día en la Audiencia Nacional, dónde existe un juzgado de Menores sin carga de trabajo al que se le adscribió la Vigilancia Penitenciaria. He de decirles que tampoco fue esta la verdadera razón sino el hecho de que a los entonces mandantes les gustaba la idea de que el juez de Menores obrante también se hiciera cargo de los expedientes de los etarras. Cosas de la vida que ahora se pretenden exportar como si fuera una idea meramente profesional y de utilidad pública.

Y, para terminar, quieren acabar con el instrumento que se han sacado de la manga para entorpecer las reclamaciones sobre cláusulas suelo que van a llover ahora de los ciudadanos. Nunca crearon un juzgado único y sin medios para sepultarlo con los desahucios que pedían los bancos. Ahora, cuando son los ciudadanos los que reclamaran en masa, se han inventado unos juzgados que nacen muertos y al frente de los cuales han puesto a los jueces salidos de la Escuela Judicial que aún están en proceso de evaluación, es decir, que podrían ser "suspendidos" si lo que hacen no gusta. Este asunto es uno de los que más cabreados les tiene. No quieren ni los juzgados de cláusula suelo ni la forma en que se han cubierto.

No son sus únicas reivindicaciones. Las hay también y muy amplias respecto a la forma en que deben llevar a cabo su trabajo, que se ha chinificado con unas cargas de trabajo inasumibles que impiden que el ciudadano pueda ver resuelto su caso con la atención debida. La cosa ha dejado de ser anecdótica después de que se admitiera la sobrecarga de trabajo como causa de la muerte de un magistrado de Sevilla.

Exigen además los jueces que Lesmes cumpla su promesa de reclamarle a Catalá que les devuelva el poder adquisitivo que perdieron por los recortes de la crisis y quieren que las mejoras en materia de conciliación y permisos que rijan para la Administración Pública les sean aplicadas.

Para vergüenza de Catalá, y de su venta del Papel 0 en los juzgados como si fuera un crecepelo, los jueces de España claman por un expediente electrónico "que en lugar de entorpecer o dificultar la función jurisdiccional" les ayude a trabajar. A ellos y a los abogados que están también hasta los bebes del fiasco de modernización llevado a cabo por los ministerios del Partido Popular. Ya no les hablo de goteras, bichos, sedes insalubres y otras, que son competencias de las comunidades autónomas, porque creo que están cubiertos con las fotos de la vergüenza que se comparten cada día en las redes sociales.

La Justicia española es una cochambre. Los jueces apenas tienen capacidad de darse cuenta de cómo la están matando, enterrados ellos mismos en papeles y señalando juicios que no se celebrarán hasta dentro de varios años. El Consejo de Europa acaba de volver a ponernos a la cola en independencia judicial.

¿Saben a quién beneficia esto? A los ciudadanos, no. No hay más preguntas, señorías.