Sergio García

La resaca de las elecciones andaluzas ha tenido como resultado la irrupción, en uno de los parlamentos regionales más grandes de nuestro país, de políticos que representan posiciones ultraconservadoras y que se esfuerzan en reivindicar la peor cara de la realidad política que se vivió en España a mediados del siglo pasado.

Este lamentable fenómeno acentúa una preocupante tendencia que, amparándose en la defensa de la “cultura y de los valores tradicionales”, trasciende los límites autonómicos de Andalucía, alcanzando a otras regiones como Extremadura y Castilla la Mancha en las que, sin llegar a esos extremos (al menos por el momento), tanto PP como PSOE ofrecen un perfil tan similar en cuestiones como la defensa a ultranza de la caza o la tauromaquia que resulta enormemente complejo distinguir a los unos de los otros.

Al margen de las conclusiones de tipo político y moral que pueden extraerse, hay un aspecto especialmente llamativo por el que se pretende identificar a estas prácticas no sólo como unas supuestas “referencias de identidad”, sino también como estandartes para la defensa de la supervivencia del mundo rural frente a sus amenazas (reales o imaginarias).

Y como decíamos, no es algo exclusivo de alguna comunidad autónoma o región en particular, ya que el fenómeno se repite en otras zonas del país sobre la base de distintas variantes, como ocurre en el norte con la identificación del lobo como enemigo del desarrollo rural y propicio chivo expiatorio en los campos más arriba del Ebro.

En realidad se trata de una pérfida interpretación de los males a los que se enfrenta el mundo rural. Y es que para quienes intentan rentabilizar -bien sea en lo político o en lo económico- las amenazas para el mundo rural no hay límites. La cuestión es buscar enemigos que hagan plausible lo que se pretenda justificar. Desde la llegada de migrantes que supuestamente no se integran en nuestra cultura y tradiciones, hasta la necesidad de exterminar a presuntos competidores naturales por el espacio rural. El caso es que siempre haya un culpable externo que venga a poner en riesgo la supervivencia del mundo rural pero, ¿de qué supervivencia hablamos?

La simplificación de esas supuestas amenazas no resiste cualquier análisis medianamente serio. Por seguir con los dos ejemplos aportados, resulta paradójico señalar a la migración como causa de los males del país -también en el ámbito rural- cuando cada año se reduce el número de nacimientos en España, se acentúa el envejecimiento de la población y se abandonan más pueblos.

Y en el caso del lobo, señalado como culpable de muchos de los problemas del campo, es llamativo cómo se sigue apostando por un modelo de compensaciones económicas por sus ataques que, generalmente, llegan tarde y su distribución es muy opaca. Y todo ello mientras se ignoran otras soluciones para estos problemas, como la introducción del mastín español en los rebaños u otras alternativas. Sin lugar a dudas, es más fácil señalar a un enemigo natural que ver, por ejemplo, cómo cualquier enfermedad mata más animales que el lobo. Enfermedades muchas veces transmitidas por los animales denominados “de siembra” que son criados en cautividad y utilizados posteriormente para la caza.

Pongamos algunos datos para contextualizar: los ataques del lobo se han cifrado este año en 2.000 incidencias. Una cantidad importante, sin duda. Sin embargo, conviene situarla en porcentajes relativos respecto a la cabaña nacional. Si lo comparamos con las 114.652 explotaciones de ovino en España, con un censo total de 16,5 millones de cabezas, pronto nos daremos cuenta de que estamos hablando de un 0,017% de ataques por explotación ganadera. Lo que nos lleva a concluir que si lo comparamos con el número de animales explotados, la posibilidad de morir por un ataque de lobos es menor a la de que les caiga un meteorito.

Bajo estas circunstancias la pregunta es obvia: ¿de verdad el lobo es un problema estructural en el mundo rural? Sin duda no es así, todo parece indicar que es sólo el que paga las frustraciones de un medio rural cada vez más empobrecido, precarizado y envejecido.

Sobre la caza también aportaremos algún dato: el 80% del territorio en el Estado goza de algún tipo de catalogación cinegética. Hagamos otro par de preguntas obvias: ¿realmente aporta la caza tanta riqueza al mundo rural como para ocupar un espacio tan grande?, ¿o por el contrario, quizás evita el desarrollo del mismo?

Y aún ofreceremos más datos relevantes: en los años 60 había cerca de 3.000 explotaciones agrícolas en nuestro país, mientras que en la actualidad han descendido a menos de la mitad. Sin embargo, aumenta el tamaño de las que quedan. Esto evidencia que se pierden los minifundios en beneficio de los grandes acumuladores de tierras. De hecho, actualmente el 10% de la población es propietaria del 80% de la tierra. Las políticas agrarias de la UE han favorecido esta concentración, y tanto el Estado como las comunidades autónomas no han sabido poner freno a esta deriva que va en detrimento de nuestro mundo rural.

Y el problema se ha trasladado también a la ganadería. Las macrogranjas son el resultado de un modelo que empobrece a los habitantes del mundo rural, al tiempo que estas fábricas de carne barata generan un grave impacto ambiental. El mercado manda: en la actualidad es necesario aumentar el número de cabezas de ganado a menor coste, para poder competir con las compañías low cost. Espacios en los que al ganadero se le llama “integrador” y en los que la rentabilidad económica es el único aliciente. Por encima del bienestar animal, la calidad del producto o el cuidado del medio ambiente.

Así las cosas, el mundo rural se debate entre lo malo conocido y lo peor por llegar. La realidad se impone y el goteo de despoblación y de abandono del trabajo agrario no está siendo suficientemente visibilizado ni explicada para que quienes habitan en el entorno opten por nuevos gestores políticos. Por nuevas propuestas que implementen modelos productivos más eficaces, que provoquen cambios que se materialicen en la modernización de su contexto social y económico.

La mitad de los municipios españoles (más de 4.500) están en riesgo de perder su población. La sangría no cesa y no se aplican políticas públicas para evitarlo. En la actualidad nuestro país se enfrenta a un déficit de más de 67.000 personas. Sin embargo, en las zonas rurales cala el discurso de que los migrantes nos invaden, a pesar de que no llegan a 30.000 las personas que han entrado en España. Sin duda, con una buena canalización de la migración, dotándola de formación y recursos apropiados y suficientes, estos nuevos vecinos y vecinas podrían ayudar a revitalizar y renovar el mundo rural, evitando su despoblación y abandono.

Desde Podemos queremos conectar con el mundo rural. Porque hacen falta alternativas reales para paliar el envejecimiento de la población o el abandono de los usos tradicionales. También para potenciar la comunicación de estos espacios, las ayudas a la modernización de los negocios y el cambio de un modelo que transite de ser la despensa de las ciudades hacia espacios sostenibles, autogestionados. Y todo ello sin depender de ayudas (muchas veces mal distribuidas) y acabando con dependencias de las distintas administraciones y suprimiendo las redes clientelares.

Proponemos gestión de los espacios forestales, redistribución de tierras e intervención en la regulación de sus precios para ponerlas al servicio de nuevos habitantes que quieran trabajarlas. Recuperar el valor de la producción agrícola, fomentar el trabajo cooperativo y reivindicar los productos locales y de cercanía mediante una nueva visión de la relación con la cultura y con las tradiciones, haciendo pedagogía sobre asuntos como la caza y la tauromaquia.

Debemos aprender a identificar bien las necesidades de un medio rural del que dependemos todas. Sobre todo la gente que las disfruta y las sufre a diario. Debemos ofrecer respuestas y soluciones reales a los problemas estructurales, sin caer en la tentación de enarbolar banderas o crear chivos expiatorios que no son los verdaderos responsables de los problemas de nuestros campos y pueblos.

Sergio García es responsable de Medio Ambiente y de Derechos de los Animales de Podemos Comunidad de Madrid.