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Las malas noticias en materia de seguridad se siguen acumulando. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, en el tercer trimestre de 2017 se registraron cuatro mil 722 homicidios vinculados con el crimen organizado o 'ejecuciones'. Con esta cifra se superó el récord previo (cuatro mil 587 ejecuciones, del segundo trimestre de 2011). Tuvimos, en términos de violencia, el peor trimestre en la historia reciente del país.



Las malas noticias vienen de todas partes. En el tercer trimestre Guerrero fue, como ya es una triste costumbre, el estado más violento del país, con 499 ejecuciones. En segundo lugar, muy cerca de Guerrero, se ubicó Guanajuato, con 474. El caso de Guanajuato es preocupante, porque se trata de un estado que no tiene tradición de altos índices de homicidio, y que a principios del actual sexenio podía todavía considerarse 'tranquilo'. En Guanajuato, la actual crisis de violencia se relaciona directamente con el robo de combustible, y con la estrategia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de apropiarse de las enormes rentas que genera dicho ilícito: en septiembre pasado circuló un video donde El Marro –líder de un grupo local de huachicoleros– amenaza con llevar a cabo una limpia en contra del CJNG.



La siguiente entidad con mayores niveles de ejecuciones durante el tercer trimestre fue Veracruz. Al igual que en Guanajuato, el robo de combustible es un negocio en auge; al igual que en Guanajuato, el CJNG destaca como uno de los principales generadores de violencia (en este caso, en conflicto con distintas células que se desprendieron de Los Zetas y del Cártel del Golfo). En Veracruz el panorama se agrava por el desastre que el gobierno de Javier Duarte dejó en términos de finanzas públicas, de corrupción en las instituciones de seguridad y de temor por parte de los medios de comunicación. Ante este escenario, los criminales se han sentido con libertad plena para cometer los crímenes más atroces. Las masacres, incluyendo a familias enteras con niños, se han hecho frecuentes (sólo en Coatzacoalcos una familia fue masacrada en junio y otra más a fines de septiembre).



La lista del horror continúa con Chihuahua, un estado que había experimentado por años una notable recuperación, pero donde los hechos de los últimos meses (como el reciente asesinato de 15 personas en un centro de rehabilitación en la capital estatal) recuerdan a los peores tiempos. De continuar la tendencia registrada hasta septiembre, las ejecuciones registradas en 2017 superarán en 80 por ciento a las observadas en 2016.



¿Hay algo positivo que comentar? Francamente poco. Este año es probable que el número de ejecuciones disminuya en Sonora, y que se quede estable en Michoacán y en Morelos. En el resto del país las cosas van empeorando. Incluso las entidades donde 'no pasa nada' han registrado un crecimiento acelerado de las ejecuciones (me refiero en concreto a Campeche, Querétaro y Yucatán).



Al igual que durante el gobierno de Calderón, pareciera que todas las organizaciones criminales del país se pusieron de acuerdo para generar la mayor violencia posible. Al igual que en tiempos de Calderón, no es plausible que el recrudecimiento simultáneo de conflictos criminales de naturaleza diversa y que ocurren en distintas regiones, sea pura casualidad. En aquel entonces la causa de la violencia fue un conjunto de decisiones audaces, pero desatinadas (en particular una política agresiva de 'descabezamiento' de cárteles).



La crisis actual se explica mejor por el agotamiento del gobierno federal. El crimen organizado ha seguido ampliando su presencia y ha diversificado las actividades en las que participa. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el robo de combustible ha experimentado un verdadero boom, y este año el robo de trenes se ha convertido en la nueva mina de oro de los criminales. Ante los nuevos fenómenos delictivos, cada vez son más los gobernadores que buscan que la federación les mande elementos. Sin embargo, no se han hecho inversiones para ampliar las capacidades de las instituciones de seguridad pública, y la cobija simplemente ya no alcanza. A lo anterior hay que sumar el notorio hartazgo de las Fuerzas Armadas.



Ya no se puede esperar, al menos hasta 2019, que el gobierno federal asuma una postura enérgica para revertir la crisis de violencia criminal. Los tiempos ya no dan. La respuesta tendría que venir de otro lado. A los gobernadores, por su parte, habitualmente les tiembla la mano frente a las redes de protección criminal que operan de forma más o menos descarada en sus policías y sus ministerios públicos. Sin embargo, la magnitud de la crisis es tal, que no deberíamos descartar que surja por fin desde el orden estatal un proyecto serio para recuperar la paz. Esa sí sería una apuesta interesante para cualquier gobernador con la ambición de convertirse en una figura política nacional.



Twitter: @laloguerrero



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