Caso Taula

Los extractos bancarios de las cuentas oficiales en Valencia no recogen las facturas o ingresos que halló la UCO en el Ayuntamiento

El grupo municipal usó dinero negro para promocionar a la senadora

Los gastos derivados de las últimas campañas electorales de la senadora popular, Rita Barberá, no figuran en ninguna de las cuentas oficiales que el Partido Popular de la provincia de Valencia abrió, en 2011 y 2015, para canalizar y fiscalizar las subvenciones públicas que reciben los partidos. Ninguno de los pagos que realizó el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento fue fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, pues las facturas se habrían abonado con donativos o fondos de origen desconocido que se ingresaban en cuentas corrientes abiertas al margen de los protocolos que marca el partido.

Así consta en la documentación que el Banco Popular ha remitido al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga las diligencias derivadas de la Operación Taula, después de que el magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, aceptara investigar por dos presuntos delitos electorales al PP de Barberá a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Una de las cuentas se abrió en la precampaña de 2011 -la numeración finaliza en 3338- y se cerró a mediados de julio. En ella sólo aparecen dos ingresos de 125.000 euros y 25.200 euros respectivamente. Estos fondos sí han sido fiscalizados y corresponden a los que asigna el partido por provincia para que los municipios organicen sus campañas.

Según esta documentación, la segunda cuenta electoral analizada -cuya numeración finaliza en 9464- refleja que estuvo abierta desde el mes de abril de 2015 hasta finales de junio. Los únicos ingresos que aparecen son los que corresponden a la subvención estatal -en este caso110.000 euros y 10.000 euros respectivamente-. Tampoco aparecen los pagos que se usaron para promocionar la figura de Barberá en Valencia ante la amenaza de perder la Alcaldía y que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró cuando en el mes de enero registró las oficinas del PP en el Ayuntamiento.

Banco Popular ya informó a los investigadores que en ambas cuentas aparece como persona autorizada Vicente Betoret, ex secretario general del PP con Alfonso Rus y actual presidente del partido en la provincia de Valencia. Junto a Betoret figuran como autorizados Juan José Medina, ex alcalde de Moncada y uno de los presuntos miembros de la «organización criminal» que lideraba Rus; Carmen Navarro, tesorera nacional del partido; José Antonio Moscardó, gerente del PP en la provincia en 2011; y Montserat Tello, gerente en 2015. Tello declara este lunes como investigada por un presunto delito electoral junto a la secretaria del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, para quien Anticorrupción pidió prisión provisional por blanqueo de capitales.

El grupo municipal

Esta documentación es muy importante para la investigación porque acreditaría los presuntos delitos electorales del PP de Barberá, pues refleja que el grupo municipal se financió durante años con fondos que se ingresaban en una cuenta abierta en el Sabadell al margen de las que utiliza el partido cada vez que se celebran elecciones.

La investigación apunta que esa cuenta sin fiscalizar del Sabadell -0081 0145 03 0002260237- es donde se almacenaban las donaciones anónimas de empresarios o terceros, ilegales, y en la que el medio centenar de cargos del PP ingresó los 1.000 euros que presuntamente fueron devueltos con dos billetes de 500.

Según la UCO, esta cuenta «se utilizaba como si de la cuenta del partido se tratara pero con la ventaja que suponía que al estar bajo la titularidad del grupo municipal, permaneciendo fuera de control de ningún órgano de fiscalización, pues huía de la aplicación plena tanto de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos como de Ley Orgánica del Régimen Electoral General».

Con el dinero de la presunta caja B, el sumario apunta que el equipo de Rita Barberá pudo gastar más de 116.000 euros en anuncios de prensa o cuñas de radio o vallas. Además, el grupo municipal editó cien mil servilletas impresas a dos tintas, 10.000 pegatinas con la cara de la senadora popular, 2.000 pinzas de color azul, 1.500 bolsas de poliéster, 2.000 pulseras reflectantes y hasta 5.000 senyeras.

Con ese dinero también se pagó el alquiler de la terraza de La Rambleta (242 euros), 165 euros en almuerzos, «libritos» por 10.254 euros, 4.743 euros en trípticos, 210 en globos, 338 en adhesivos, 27.378 en carteles o 907 euros en un vídeo electoral.