En 1948, el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, pidió asilo en la embajada de Colombia en Lima. Acusado de haber preparado una revuelta militar en su tierra, su caso fue el primero remitido —en 1949— por América Latina al Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ). Los jueces, que llevaban apenas tres años en ejercicio, decidieron que el asilo debía cesar, aunque Bogotá no estaba obligada a entregar al refugiado. En 1954, Haya de la Torre fue autorizado a salir del Perú. En 1958, Honduras demandó a Nicaragua por no haber aplicado un arbitraje de delimitación del límite común, emitido en 1906 por el rey Alfonso XIII de España. Ganaron los hondureños y América Latina desapareció de la órbita del TIJ por largo tiempo.

En 1986 Nicaragua denunció a Costa Rica y también a Honduras, y El Salvador hizo lo propio contra Honduras, todos por cuestiones de fronteras. Desde entonces, el interés por la justicia internacional en cuestión de límites territoriales ha ido en aumento hasta desembocar en el frenesí actual: seis de las 11 causas pendientes del Tribunal tienen sello hispano.

Perú contra Chile. Ambos países andinos se enfrentan por su frontera en el océano Pacífico y el fallo se prevé que se hará público este lunes. Esperado con expectación en ambas capitales, Lima asegura que la partición marítima no está fijada, y pide una línea equidistante desde la costa que divida las aguas por igual. Santiago esgrime los tratados chileno-peruanos de 1952 y 1954 para defender la situación actual. Es decir, la línea paralela sobre el océano que dibuja el mar territorial y la zona económica exclusiva. El contencioso levanta pasiones. Para los peruanos, se trata de lograr el trazado definitivo de toda su frontera estatal. Los chilenos consideran que no hay cuentas pendientes y esperan mantener su soberanía. Sin olvidar el valor comercial de los 38.000 kilómetros cuadrados de zona pesquera (de anchoveta), que sería de Perú de modificarse la divisoria. Los países son los dos mayores exportadores de harina de pescado.

Bolivia contra Chile. Dado que Bolivia perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883), librada contra Chile, y donde era aliada de Lima, es previsible que intente recuperar 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, ante el propio Tribunal de la ONU. En abril de 2013, el presidente Evo Morales ordenó presentar una demanda contra Santiago “para que negocie de buena fe un acuerdo pronto y efectivo que otorgue un acceso soberano boliviano al océano Pacífico”. Con el caso (preparado en Madrid con asesores extranjeros) en marcha, La Paz enviará el 27 de enero observadores a La Haya.

Costa Rica contra Nicaragua y viceversa. A pesar de que el Tribunal dejó en 2009 la navegación por el río San Juan en manos de Costa Rica, mientras Nicaragua gestiona el tráfico fluvial, el contencioso fronterizo sigue abierto. En una primera demanda de 2010, aún sin fallo definitivo, San José alegó que Managua construía un canal de tres kilómetros para darle al río —frontera natural— una salida al mar. Al considerar propio el territorio donde habrían sido estacionadas tropas nicaragüenses, pidió su retirada. En 2011, los jueces dictaron medidas cautelares exigiendo que ambas partes desalojaran el lugar. En 2013, Costa Rica volvió a la carga porque sus vecinos seguían abriendo vías fluviales, con el consiguiente deterioro ambiental. Managua lo negó. Ambos lados reclaman, asimismo, la posesión de un humedal de tres kilómetros cuadrados situado al este del borde común. San Juan lo llama Isla Portillos. Para Managua, es Harbour Head. En noviembre de 2012, los jueces dictaron por segunda vez medidas cautelares y ordenaron a Nicaragua la retirada de todo su personal del lugar. También exigió que detuviera el dragado de dos canales y el cierre de otro. Espoleado por esta derrota, Managua denunció a San José por la construcción de una carretera paralela al río San Juán, que supondría una violación de su soberanía en la frontera compartida. Nicaragua también alegó daños medioambientales, pero el Tribunal rechazó la petición por no observar “riesgo inminente o irrecuperable” para el entorno.

Nicaragua contra Colombia (con dos causas). En noviembre de 2012, el Tribunal resolvió sobre la demanda presentada por Managua contra Bogotá en 2001, causando gran revuelo. Ambos países carecen de linde terrestre, pero se disputaban en el mar un área de cayos e islas ricos en pesca. Al ver que la nueva frontera marítima amplía los derechos de Nicaragua al este del mar Caribe, Colombia se enfureció. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció su retirada del Pacto de Bogotá, que faculta la jurisdicción del TIJ. También dijo que resultaba “imposible aplicar la decisión”.

Un año después, Managua, una de las capitales más prolíficas en este campo, presentó otra demanda contra Bogotá. Quiere saber cuál es su plataforma continental por encima de las 200 millas naúticas, “para establecer los espacios marítimos propios que limitan con Colombia”. Transcurridos apenas dos meses, Nicaragua volvió a la carga. Esta vez aducía que Bogotá violaba, supuestamente, “los derechos marítimos reconocidos en la resolución de 2012”, y la amenazaba “con usar la fuerza para imponer unas fronteras marítimas autoproclamadas”.