CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un mensaje claro: no habrá persecución de políticos ni empresarios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el político que, en las lides de oposición, desde 2006, denunciaba a “la mafia del poder” y advertía que estos impedían su victoria por la vía del fraude.

En la presentación de uno de sus programas más anunciados durante la campaña electoral, al que desde los días que siguieron a su triunfo electoral impuso por nombre “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el presidente electo dejó en segundo plano su oferta de política pública, pues en su intento por garantizar discursivamente que no permitirá la corrupción, terminó anunciando que “ningún famoso”, político o empresario, será perseguido ni preso en su gobierno.

“No vamos a perseguir a nadie. No es mi fuerte la venganza. No vamos a la política de siempre de, por razones de espectacularidad, meter a la cárcel a algún famoso de la política o el sector empresarial o del mundo, incluso del espectáculo. Nada de eso. No necesitamos eso, pero, desde luego, hay procesos en curso”, dijo.

La declaración ocurre en medio del nuevo escándalo que involucra a Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) quien, el pasado martes, en conferencia de prensa, desafió a la siguiente administración a investigarla, como parte de su reacción a un reportaje del diario Reforma en el que se acreditó el desvío de 700 millones de pesos en efectivo durante su gestión en la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que es extitular.

El escándalo de Robles se suma al cúmulo de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el desvío de siete mil 670 millones de pesos; la desaparición de 13 mil 500 millones destinados a población indígena inexistente, así como a otros tantos casos de corrupción encontrados durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Entre ellos destacan el contratismo irregular con las trasnacionales Odebrecht y OHL, así como con Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la llamada “Casa Blanca”, que reveló en noviembre de 2014 el portal de internet Aristegui Noticias.

Persistencia

No obstante, López Obrador ha sido persistente en esa declaración, pues desde el 12 de agosto de 2016 ofreció una amnistía a las clase política y empresarial que en la década previa fue central en sus mensajes, libros y declaraciones a la que solía identificar como “la mafia del poder”.

En aquella ocasión, al parecer primera vez que aludió al asunto, el entonces dirigente del partido Morena se refirió a gobernantes y cierto sector de la cúpula empresarial como una “minoría rapaz”. De hecho, con una cita del novelista León Tolstoi, dijo que por ser un gobierno que no servía a la justicia, eran solo una banda de malhechores y añadió:

“Ahora, de nueva cuenta, les decimos a los integrantes del grupo en el poder que, a pesar del gran daño que le han causado al pueblo y a la nación, no les guardamos ningún rencor y les aseguramos que, ante su posible derrota en 2018, no habrá represalias o persecución para nadie”.

En el mismo sentido, López Obrador explicitó el pasado 3 de mayo, en plena campaña electoral, que erradicaría la corrupción pero que sus acciones implicarían aquello que ocurriera a partir del 1 de julio. Lo hizo en el programa “Tercer Grado” de Televisa donde, cuestionado por los comunicadores participantes, concedió que dejaría avanzar los procesos en curso.

En el acto de esta tarde, la presentación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” permitió conocer los pormenores que plantea un trabajo conjunto con el sector privado y que perfiló desde la semana que siguió a la elección, es decir, la primera de julio, en las reuniones que sostuvo con cámaras y organismos empresariales: pagar la nómina de jóvenes que pueden aprender tareas y oficios en empresas.

Entre los asistentes a dichas reuniones, así como hoy, destacan varios que en el pasado fueron identificados como “la mafia del poder”.

La alusión de esta tarde se relaciona también con la costumbre de los regímenes priistas de dar un manotazo autoritario para afianzar el poder presidencial, apenas iniciando el sexenio: Lázaro Cárdenas lo hizo con el expresidente Plutarco Elías Calles y su grupo político-militar y, desde entonces, prácticamente ningún presidente evitó la práctica.

Entre los casos más sonados de las últimas décadas, destaca el de Arturo El Negro Durazo, al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid; Joaquín Hernández La Quina, en el de Carlos Salinas de Gortari; Raúl Salinas de Gortari, en el de Ernesto Zedillo. Vicente Fox no pudo encarcelar al exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor, y Felipe Calderón optó por militarizar el país. En el sexenio que concluye, la costumbre se materializó con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), recientemente liberada.