En 13 meses de mandato, el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido el triple de resoluciones de transparencia que el Ejecutivo de Mariano Rajoy en tres años. Así lo ponen de manifiesto los datos publicados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y analizados por El Confidencial sobre el cumplimiento de sus resoluciones. En total, el Ejecutivo socialista ha ignorado hasta el momento 56 reclamaciones estimatorias a favor de los ciudadanos por las 17 del Gobierno del PP. Además, otras 22 resoluciones se encontraban en tramitación a 30 de junio, es decir, la administración aún estaba en plazo de remitir la información solicitada.

La Ley de Transparencia ampara a cualquier ciudadano a pedir –con una serie de limitaciones– información a las administraciones públicas. En caso de que estas denieguen el acceso a la misma, el solicitante puede recurrir ante el Consejo de Transparencia, y si estima la reclamación, insta a la administración a facilitar la información en un plazo determinado. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez está exprimiendo al máximo un vacío legal: Transparencia no tiene capacidad para sancionar el incumplimiento de las resoluciones, por lo que las administraciones las pueden ignorar sin ninguna consecuencia legal.

Transparencia censura a Sánchez por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes Jesús Escudero El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no considera válida la "clasificación previa" de los viajes del presidente del Gobierno para no informar de su coste y acompañantes

Desde su nombramiento, Pedro Sánchez ha aprovechado este resquicio legal para ignorar las resoluciones de Transparencia. Las resoluciones de las que "no consta cumplimiento" se disparan a partir de diciembre, cuando el CTBG empieza a resolver las primeras reclamaciones que tienen por objeto información sobre el Gobierno socialista formado en junio de 2018, como el coste del famoso viaje de Sánchez al FIB de Benicássim en el Falcon presidencial. La opacidad del Ejecutivo se agrava en aquellas solicitudes sobre el uso de los aviones y helicópteros presidenciales, y el coste y los acompañantes en los viajes oficiales.

Por ejemplo, siete meses después de que el Consejo de Transparencia diera la razón a El Confidencial, Presidencia del Gobierno aún no ha remitido la información sobre el coste y la relación de personas que acompañaron a Pedro Sánchez en su gira latinoamericana el pasado verano. La Moncloa recurrió al secreto oficial para ocultar esta información, práctica censurada por el CTBG al considerarla abusiva.

El frecuente incumplimiento de estas resoluciones por parte del Gobierno socialista, y específicamente de Presidencia del Gobierno, le ha valido la reprimenda del propio Consejo de Transparencia. En varias resoluciones, el CTBG ha puesto de manifiesto, “con cierta preocupación, que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno desatiende tanto las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos como los requerimientos en vía de reclamación” del propio Consejo, tal y como informó esta semana ‘El Independiente’. Desde La Moncloa señalaron que el CTBG "se extralimita" algunas veces en sus funciones.

Interior, el que más incumple

El conflicto entre Presidencia del Gobierno y el Consejo de Transparencia se ha trasladado a otros ministerios del Ejecutivo socialista, especialmente a Interior. Desde que Fernando Grande-Marlaska asumiera el cargo de ministro, el departamento ha ignorado 17 requerimientos del CTBG, en algunos casos por partida doble, como el acceso a los informes sobre el fallecimiento del coreógrafo Pedro Aunión en el Mad Cool 2017 o el coste del dispositivo de seguridad de la final de la Copa Libertadores celebrada en Madrid.

Tras Interior se sitúa Defensa, que hasta la fecha ha ignorado ocho resoluciones de Transparencia, todas ellas bajo el Gobierno socialista. Entre ellas se encuentran dos solicitudes idénticas sobre el uso del helicóptero oficial en los viajes de los presidentes y vicepresidentes del Gobierno.

En la tabla interactiva inferior puede buscar las resoluciones del Consejo de Transparencia favorables a los ciudadanos de las que "no consta cumplimiento" por parte de la Administración General del Estado.