Texto de Daniel Martínez García

Decía Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala”. Es decir, pese al papel fundamental que juega el sistema sanitario en el abordaje agudo de muchas enfermedades, por encima de todo, lo que determina la salud de la población (salud pública) son las condiciones en las que vive: precariedad en los contratos, jornada laboral, seguridad en el puesto de trabajo, seguro de desempleo y otros servicios de protección social, exposición a agentes tóxicos, disfrutar de una vivienda digna, acceso a una alimentación de calidad, agua potable, etc. La crisis capitalista está arrasando tanto las conquistas en el sistema sanitario como en la salud pública. La salud de los trabajadores está en la picota.

Y es que por mucho que desde la derecha, y la socialdemocracia que le hace el juego, se jacten de haber sido capaces de recortar en sanidad y en prestaciones sociales sin repercusiones en la calidad de la asistencia, las cifras hablan por sí solas. El presupuesto estatal de Sanidad se ha reducido un 10’6% desde la llegada del PP, la media de reducción de gasto por habitante en las autonomías ha sido de un 10’4% y en el caso de Catalunya (bajo la batuta de CiU y con el consentimiento de ERC), el sablazo ha sido de un 16% en Sanitat y un 12% en Benestar Social i Família.

A día de hoy en Catalunya tenemos en lista de espera para ser operadas a 27.643 personas más que en 2010. En el Hospital de Bellvitge falleció un paciente tras llevar 22 meses en lista para ser operado de una hernia abdominal y en el Vall d’Hebrón el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca denunció la muerte a causa de los recortes de dos pacientes que estaban en espera, tras lo cual fue cesado de su cargo. Otros ejemplos de medidas draconianas son la eliminación de la asistencia 24 horas en 58 CAP, además de que 31 han reducido horario y cuatro han cerrado; el presupuesto en ambulancias ha disminuido un 12% y 1.134 camas de hospital se han inutilizado, etc.

A día de hoy en Catalunya tenemos en lista de espera para ser operadas a 27.643 personas más que en 2010

Para valorar la calidad de un sistema sanitario un indicador muy utilizado es el % de hospitalizaciones evitables por atención primaria sobre el total de hospitalizaciones (cuanto mayor es el porcentaje, peor la calidad). Bajo el Gobierno de CiU en Catalunya hemos pasado de un 13’2% a un 16’4%. Si a esto le sumamos los recortes en transporte sanitario y que la mayoría de cierres de CAP se han producido en zonas rurales (donde suele vivir población envejecida con dificultades para desplazase a un hospital), no hace falta ser muy lúcido para concluir las dramáticas consecuencias que estas medidas comportan.

La otra cara de los recortes en sanidad es el empeoramiento de las condiciones laborales. Esto supone un doble ataque (a profesionales y pacientes), ya que todo retroceso en derechos, todo despido de un compañero, tendrá una traslación en la calidad de la atención recibida por los usuarios. En Catalunya, sólo en el ICS (existen muchos otros proveedores públicos de salud) se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo y el conjunto de trabajadores públicos de la sanidad (también la concertada) han tenido que sufrir un recorte en su salario de un 5% por parte del Estado, además de un 3% autonómico, sumado a la eliminación total o parcial de las pagas extra de 2012 y 2013.

El modelo sanitario que pretenden imponer

Todas estas medidas tienen como objetivo final sacar tajada del suculento negocio que algunos quieren hacer de la sanidad. La estrategia es muy clásica: primero devaluar lo público, segundo hacer una campaña mediática para desprestigiarlo y finalmente privatizarlo.

Como no se atreven a, de golpe y porrazo, acabar con la sanidad pública, siguen todo tipo de caminos intermedios que preparan el terreno y generan jugosos beneficios para los magnates de la privada. Un claro ejemplo lo tenemos en el Consorci Sanitari de Lleida, una institución que pretende agrupar al conjunto de servicios sanitarios de la provincia bajo la excusa de una mayor coordinación. El aspecto central aquí es que la fórmula “consorcio” permite adscribirse a un régimen jurídico privado, sitúa sus finanzas fuera del control del Parlament y allana el camino a integrar instituciones con ánimo de lucro dentro los centros públicos.

Parece evidente dónde reside el interés de constituir consorcios cuando uno conoce que éstos representan el 20% de los servicios sanitarios públicos catalanes pero en cambio acumulan el 95% de los casos de corrupción. Dos ejemplos, de los muchos que hay son los 2,4 millones de euros desaparecidos en manos de los gestores de los hospitales de Blanes y Calella, así como el escándalo de los directivos del Hospital de Sant Pau que cobraban sueldos de decenas de miles de euros sin acudir a su puesto de trabajo.

También en esta línea se encuentra el ejercicio de la institución privada Barnaclínic dentro de las instalaciones del Hospital Clínic de Barcelona. Se utiliza la excusa de que atendiendo a pacientes de mutuas con recursos y profesionales públicos se consigue financiación que repercute en la calidad del sistema. Pero esto es una falacia. Las zonas de trabajo, tecnologías y recursos humanos son limitados; mientras un paciente de la privada es atendido por vía exprés, un paciente de la pública sigue en lista de espera. Sin mencionar que Barnaclínic le adeuda al hospital más de un millón de euros.

Boi Ruiz, consejero catalán de Sanidad: “La salud depende de uno mismo, no del Estado. No hay un derecho a la salud”

No menos alarmante es el hecho de los conciertos que muchas autonomías tienen con hospitales privados pertenecientes a grupos como el IDC Salud-Quirón. Del dinero de los trabajadores salen jugosos beneficios repartidos entre accionistas. Por si esto fuera poco, los recortes no han afectado por igual a pública y a privada-concertada. En el caso de Catalunya, mientras en 2010 el presupuesto para la privada-concertada llegaba al 50% del gasto total en sanidad, en 2014 ya superó el 54%. Junto a Catalunya, como campeonas del desmantelamiento de la sanidad pública, cabe premiar a Madrid. Las dos comunidades autónomas que más fondos públicos destinan a la gestión privada de la sanidad.

Claramente lo que pretenden es poco a poco imponer un sistema donde la sanidad pública sea algo residual, destinado a los sectores más pobres de la sociedad, y donde cualquiera que quiera recibir una atención de una mínima calidad se vea obligado a pagarse una mutua. Boi Ruiz, consejero catalán de Sanidad y antiguo presidente de la patronal sanitaria catalana, no lo pudo dejar más claro: “La salud depende de uno mismo, no del Estado. No hay un derecho a la salud”. Albano Dante, antaño miembro editor de la revista Cafè amb Llet (conocida por destapar los escándalos de corrupción de la sanidad catalana) y ahora diputado por Catalunya Sí que es Pot, ha denunciado el vínculo de la Assemblea Nacional Catalana con la sanidad privada. En sus documentos programáticos, firmados por destacados directivos de la patronal sanitaria, apuestan por el copago y elogian el sistema de la privada-concertada.

Pretenden crear un sistema a la imagen y semejanza del de los Estados Unidos. ¿Pero… es un sistema así más eficiente u obtiene mejores resultados en salud? Los datos claramente lo niegan. Estados Unidos es el país del mundo con un mayor gasto en sanidad por habitante y sin embargo un 16% de la población censada carece de ningún tipo de cobertura y la que tienen 62 millones de ciudadanos se considera insuficiente. La consecuencia de esto es que entre 45.000 y 100.000 pacientes mueren al año por falta de atención médica. Para muchos de los que tienen la suerte de poderse costear la atención que su enfermedad requiere la situación no es muy halagüeña tampoco: en los EE UU cada minuto dos personas se convierten en pobres debido al pago de servicios sanitarios. El 60% de la gente que entra en bancarrota lo hace por tener que hacer frente a deudas con las aseguradoras médicas.

En este siniestro plan para potenciar las mutuas encaja al dedillo el proyecto Visc+ de Convergència, el cual pretende vender los datos sanitarios de los pacientes de la pública a empresas privadas. Degradan la sanidad pública y fuerzan a que quien pueda permitírselo se costee una mutua, no sin antes darle la información a las aseguradoras de qué problemas de salud tiene esa persona para que con esa información puedan encarecer las pólizas.

La salud es política

En palabras del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud GREDS-EMCONET, “la lucha de clases constituye un elemento fundamental de una política igualitaria radical de salud pública”. Y esto es así porque la lucha de clases es tanto el motor de las mejoras en sanidad como el único camino que lleva a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. La peor epidemia de nuestro tiempo es la desigualdad social, y así lo reconoce la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que sitúa la pobreza extrema como la principal causa de enfermedad en el planeta.

La peor epidemia de nuestro tiempo es la desigualdad social

Cuando uno hace afirmaciones así piensa en países del “tercer mundo”, pero nada más lejos de la realidad. La desigualdad en salud inunda nuestra sociedad occidental. Un estudio realizado en los años 90 por profesionales del Harlem Hospital determinó que es menos probable llegar a los 65 años en dicho barrio que en Bangladesh. Reclamaron ser declarados zona catastrófica pero recibieron el silencio por respuesta. Dos décadas después y una crisis económica salvaje de por medio la situación no ha hecho más que empeorar.

En el Reino Unido, país donde más se han investigado los determinantes sociales de salud, se estima que al año se producen 42.000 muertes en pacientes de entre 16 y 74 años por vivir en condiciones socioeconómicas desfavorecidas. Esto equivale a decir que en el Reino Unido cada día se estrella un avión con la gente más pobre del país.

¿Es diferente la situación en el Estado Español? Desgraciadamente, no. Por dar algunas cifras, se calcula que al año se producen 35.000 muertes “socialmente evitables”, lo que vendrían a ser cuatro muertes a la hora; 120.000 muertes al año por accidente o enfermedad laboral (7.000 por cáncer); uno de cada cuatro trabajadores respira tóxicos cancerígenos en su puesto de trabajo; y en Barcelona, por ejemplo, la diferencia en esperanza de vida entre los barrios más ricos y los más pobres llega casi a los diez años. Está demostradísimo que en la salud y la esperanza de vida influye más el código postal que factores como el sistema sanitario o ser fumador.

Por tanto, mejorar la salud de los trabajadores jamás pasará únicamente por los avances científicos ni por la promoción de estilos de vida saludables. La mejora de la salud pública no responde a la suma de pequeños esfuerzos individuales, se trata de una tarea colectiva que debe enmarcarse en la lucha de los trabajadores por la transformación social. Parafraseando otra vez a Virchow: “La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito […]. La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones”.