Juntos escribieron El secuestro de la Justicia, un libro en el que Ignacio Escolar y el magistrado Joaquim Bosch arrojaban luz sobre la crisis del sistema judicial centrándose, entre otros temas, en la lucha contra la corrupción y las múltiples injerencias del poder político en el sistema.

Este martes, el director de eldiario.es y el ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia se han vuelto a ver las caras a través de las pantallas en Confinados para tratar las múltiples cuestiones relacionadas con los derechos en torno a la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Respondiendo a varios socios y socias que se interesaban sobre la posible sanción de los bulos, Joaquim Bosch ha intentado arrojar algo de luz al respecto.

"La libertad de expresión ampara las opiniones subjetivas y las criticas, pero no ampara el derecho a mentir", ha afirmado, incidiendo en que "la Constitución ampara el derecho a difundir información veraz" pero que no existe protección constitucional "contra la mentira".

Así, el magistrado ponía como ejemplo algunas informaciones y afirmaciones que señalan al 8M y sus manifestaciones como el origen de la pandemia en nuestro país. "Que el 8M es el origen del contagio me parece una opinión disparatada y absurda pero es una opinión", explicaba. Otra cosa es "que alguien publique que antes del 8M hubo una reunión de feministas en la que se acordó difundir el virus. Eso es un bulo tóxico, no una opinión, y ahí puede haber consecuencias jurídicas", ha señalado.

El juez ha añadido que en toda esta polémica sobre los bulos y cómo perseguirlos "la cuestión es quién tiene que resolver esas consecuencias jurídicas de la mentira".

"El gobierno no puede impedir las criticas, pero el estado de derecho a través del sistema judicial tiene que tener la capacidad de resolver estas cuestiones e implementar instrumentos para desenmascarar a los que mienten", ha abundado.

Preguntado por un ejemplo concreto, sobre si hacer pasar por un documento del BOE afirmaciones falsas en este momento sería perseguible, Bosch ha explicado que "falsificar documentos es un delito". "Habría que ir al caso concreto, pero la falsedad documental es alterar elementos fundamentales de un documento de manera que pueda generar confusión sobre su veracidad, por lo que se podría incurrir en ese delito".

Sobre las declaraciones de algunos miembros del parlamento que han llegado a pedir la intervención del ejército contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado ha asegurado que "nunca había visto algo así" aunque por ahora no le ve "encaje en el código penal".

Sin embargo, ha señalado que el hecho de que "no tengan relevancia penal no significa que no haya que estar alerta" y ha reconocido su preocupación por la crispación que existe en el ambiente.

Derechos individuales y estado de alarma

Sobre si son constitucionales las medidas extraordinarias que se han tomado para restringir la circulación de personas durante el estado de alarma, Bosch ha afirmado que "hay juristas muy críticos que consideran que estos límites a las libertades solo se pueden acordar bajo restado de excepción".

Sin embargo, esta opinión no es compartida por el magistrado, que cree que "el estado de excepción está para otro tipo de supuestos y alteraciones gravísimas del orden público, como un golpe de estado" y que es una opción que da muchos más poderes restrictivos al gobierno.

El ex portavoz de Juezas y Jueces para la democracia se ha mostrado crítico con el exceso de sanciones a la ciudadanía y ha pedido "cierta apertura mental" al respecto. Si hay "600.000 denuncias, estas afectan seguro a personas en situación precaria que no pueden hacer frente a las multas y les puede ser difícil asumirlas".

Según Bosch, si se aplican sanciones, estas deben ser "poco discutibles" ya que la ley lo que castiga es la "desobediencia a una orden concreta o a los agentes y si estos acaban decidiendo algo que no dice la ley es más que probable que muchas sanciones acaben siendo anuladas".

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