Cuando se cumplen cien días de su toma de posesión y el 84º aniversario de la fundación del PRI, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, logró este domingo un cambio histórico en los estatutos de su partido, un giro liberal que rompe con su tradición estatalista y allana el camino para las reformas energéticas y fiscal que prepara el nuevo Gobierno. Más de 4.000 delegados nacionales votaron el domingo a favor de eliminar dos tabúes del viejo partido: el veto a la inversión privada en el monopolio de petróleos, Pemex, y a la aplicación del IVA a medicinas y alimentos, hasta ahora exentos.

“El PRI se ha transformado para poder transformar México”, sentenció Peña Nieto. “No hay intereses intocables, el único interés que protegeré será el de los mexicanos. Demostraremos con actitud, con voz y acción que somos una nueva generación de priistas”, añadió el presidente, que se ha hecho sin duda con el control de un partido, que pretende abierto a la sociedad.

La modernización del sistema fiscal y del sector energético es considerada crucial para detonar el crecimiento de la segunda economía de América Latina. El nuevo Gobierno del PRI se ha fijado como objetivo un crecimiento anual del 6%, cuando el actual es de tan solo el 2%. El hecho de que los beneficios de Pemex representen un tercio de los ingresos del Estado ha limitado la inversión de la petrolera en la modernización de sus infraestructuras, así como en exploración, producción y capacidad de refino. La producción de petróleo ha bajado de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a menos de 2,6 millones de barriles en 2012. México necesita importar, además, gasolina y gas de Estados Unidos.

La modificación de los estatutos del PRI aprobada este domingo ratifica el control del Estado sobre los recursos energéticos mexicanos —Pemex es una seña de identidad nacional desde su nacionalización por el expresidente Lázaro Cárdenas en 1938—, pero añade que “se designarán mecanismos para generar mayor participación del sector privado en la producción de energía”.

México tiene la más baja presión fiscal de todos los países de la OCDE. Sin embargo, gravar con IVA, aunque sea con un tipo reducido, medicinas y alimentos por primera vez desencadenará una fuerte polémica ya que impactará de lleno en los pobres, que suponen casi la mitad de la población del país, y la más que probable movilización de la izquierda radical. No obstante, las dos reformas figuran en el Pacto por México firmado por las principales fuerzas políticas.

El Gobierno ha insistido en que en ningún caso pretende privatizar Pemex, tan solo permitir que pueda asociarse con inversores extranjeros en empresas de riesgo compartido en determinadas áreas, siguiendo el modelo de la brasileña Petrobras. La futura reforma fiscal, de la que es parte la aplicación del IVA a medicinas y alimentos, pretende sacar a millones de mexicanos de la economía informal, que actualmente ocupa más de un tercio de la población activa. El Gobierno las justifica para poder llevar a cabo dos de sus grandes objetivos en este sexenio: la construcción de un sistema de seguridad social universal digno de tal nombre y la llamada Cruzada contra el Hambre, que acaba de poner en marcha.

El PRI, que carece de mayoría en el Congreso, —ningún partido la ha tenido desde 1997— ha bloqueado iniciativas en la misma dirección planteadas por las dos anteriores presidencias del Partido Acción Nacional (PAN), entre 2000 y 2012. Su presidente nacional, César Camacho, orientó el debate de la asamblea priista con ambigüedad calculada: “Decidiremos orientados por principios, no obedeciendo dogmas” (…) sin dejar de ser esencialmente los mismos, procederemos de manera diferente…”. El dirigente del PRI insistió en que una recaudación más eficaz de los impuestos y el combate contra la evasión y los privilegios fiscales son necesarios para reducir la desigualdad social del país a medio plazo y resaltó el hecho de que el viejo partido necesita los votos de las fuerzas de oposición para sacarlas adelante.

El Gobierno envió el viernes al Senado la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 en la que propone, entre otras medidas, el fomento de las inversiones privadas, la aplicación gradual de esquemas tarifarios acordes al mercado, lo que supondrá una fuerte subida de los precios para los consumidores, y el fin de los subsidios indiscriminados a los carburantes como ocurre actualmente. Todo lo cual exigirá arduas negociaciones políticas y vencer las resistencias de empresas, sindicatos y público general.

El economista Gerardo Esquivel, profesor del Colegio de México, está de acuerdo con “ajustar los precios energéticos para que reflejen los costes de producción y eliminar los subsidios en esta materia porque son profundamente regresivos y promueven un patrón de desarrollo industrial y urbano muy costoso en términos ambientales”. Sin embargo, añade, quedan en su opinión ambigüedades sobre el desarrollo del shale gas, de las energías no renovables o la política a seguir en refinación.

El PRI quiere aprobar en este sexenio una serie de reformas estructurales que atraigan capital extranjero y disparen el crecimiento del país, pero su orden de ejecución puede no ser la que esperan los mercados financieros. De momento, ha promulgado la reforma educativa y purgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el encarcelamiento por delitos de corrupción de su líder vitalicia, Elba Esther Gordillo, pero la aprobación de las reformas fiscal y energética está prevista para el verano y no tendrán efectos en 2013. Un informe de la Secretaría de Hacienda advertía el viernes que los ingresos del Estado disminuyeron el pasado enero por la caída de los ingresos petroleros, asociada a un menor precio de exportación del crudo, y la apreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar.