Los ciudadanos catalanes deberán pagar a partir del año que viene el nuevo tributo para turismos y furgonetas, destinado a penalizar las emisiones de CO 2 causantes del cambio climático. Así lo recordó ayer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al dar cuenta del informe sobre contaminación del aire del 2016, donde se confirma que la polución en la conurbación de Barcelona sigue estando por encima de los límites fijados por la UE. Los recursos obtenidos con el tributo servirán para nutrir un fondo para renovar la flota de vehículos.

El impuesto del cambio climático es fruto de la entrada en vigor de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, que adelantó esta medida ya recogida en el proyecto de ley de Cambio Climático. Con él, la Generalitat espera recaudar 75 millones de euros los dos primeros años y hasta 110 millones de euros en el 2020. La introducción de esta medida de fiscalidad ambiental permitirá nutrir un fondo climático, que servirá para financiar las ayudas a la renovación de la flota de automóviles, aunque un reglamento fijará los criterios. El conseller Rull sacó a relucir esta medida como arma defensiva para aplacar las críticas de cuantos juzgan que las futuras restricciones anunciadas para los vehículos más contaminantes no van acompañadas de soluciones alternativas para renovar el parque de coches.

La contaminación por NO 2 en el área de Barcelona sigue superando los límites de la UE, pero está estable

La Generalitat deberá decidir ahora qué tratamiento dará a las subvenciones que puedan recibir los coches diésel, vehículos en el punto de mira al descubrirse (tras el fraude de los motores trucados), que sus emisiones por NOx son muy superiores a las reguladas por las normas europeas. Rull dijo que este asunto deberá ser discutido, aunque no descartó que estos vehículos puedan merecer las ayudas “si los fabricantes demuestran que han introducido mejoras”.

Las emisiones de los óxidos de nitrogeno es uno de los factores que siguen condicionando la pobre calidad del aire en el área de Barcelona. Así se expone en el informe presentado ayer por el conseller Rull, que calificó el problema de “preocupante, real, actual y crónico”.

En el caso de la polución por dióxido de nitrógeno (NO 2 ), los niveles registrados en el área de Barcelona superan los valores límite anuales (40 microgramos por m3), aunque se detecta una estabilización en los últimos años. Los puntos negros para este contaminante están en el Eixample, Gràcia y Poblenou de Barcelona, así como en Mollet, Terrassa y Sant Andreu de la Barca. La buena noticia es que no se superan los valores límite horarios (sino la media anual), lo que significa que no se dan muchos episodios de emergencias por polución (como sí ocurre en Madrid), pero deben tomarse medidas estructurales para combatir este problema.

En el caso de las partículas en suspensión (PM10, con un diámetro menor de 10 micras) se observa una ligera tendencia a la baja. No superan los límites que fija la UE; pero el 84% de las estaciones de control rebasan los límites que recomienda la OMS (20 microg/m3). Las zonas con un aire más sucio por partículas están en El Papiol, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Mollet, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada y Barcelona (Eixample y Universitat). Además, ha aparecido un punto negro en la Plana de Vic.

En este panorama, el aspecto más positivo es que el incremento de la actividad económica y del transporte no ha comportado un empeoramiento de la calidad del aire. La mayor parte de contaminantes evaluados (15) registran niveles muy inferiores a los máximos permitidos. Sin embargo, se han detectado diez episodios en los que se ha superado el nivel de polución por O 3 (ozono en las capas bajas de la atmósfera), concretamente en la Plana de Vic y en el Pirineo Oriental.

Los datos han sido dados a conocer pocas semanas después del acuerdo político suscrito por todas las administraciones destinado a reducir las emisiones un 30% en un plazo de 15 años. La primera medida del plan será restringir la circulación en las vías interurbanas de la conurbación de Barcelona a todos los vehículos de más de 20 años y a las furgonetas de más de 23 años. Esta actuación se aplicará en los episodios de contaminación a partir de diciembre de este año, si bien la medida tendrá un carácter estructural a partir de enero del año 2019. En momentos de contaminación se pondrá a la venta la tarjeta T-2 de transporte público, más barata que la habitual; se reforzaría el transporte público, y se daría flexibilidad a la entrada laboral de los funcionarios. El conseller Rull ha prometido que 81 de los 389 nuevos vehículos que adquirirá la Generalitat este año será híbridos o eléctricos.

El tributo del cambio climático