Hace cuatro años llegaron a bombo y platillo y ahora se están marchando de puntillas. Así de radical ha sido el cambio experimentado por el sector del 'fracking' en España. En este tiempo, todo lo que le podía salir mal le ha salido mal a la industria de extracción de gas y petróleo por fragmentación hidráulica de esquisto y pizarras: los precios se han hundido, dificultando la rentabilidad, la Administración les ha escamoteado los permisos para operar, y encima los ecologistas se han opuesto a todas las prospecciones, ganando importantes batallas políticas, sobre todo en el ámbito autonómico. Para colmo, el efecto Castor ha paralizado a buena parte de los técnicos responsables de tutelar los proyectos.

Empresas como la petrolera canadiense BNK, la estadounidense Heyco o la norteamericana San Leon, que desembarcaron en España hace un lustro, hoy están de retirada según todas las fuentes del sector consultadas. En cuatro años, ni estos grupos ni tampoco los españoles que operan en el sector han conseguido ninguna declaración de impacto ambiental, trámite imprescindible para poder llevar a cabo las prospecciones. Así que la mayoría de las multinacionales están haciendo las maletas para una retirada paulatina y lo más discreta posible.

Portavoces de BNK se han negado a comentar sus planes e insisten en que por ahora siguen en España. Sin embargo, BNK ha renunciado a su proyecto de 'fracking' en Burgos, el denominado proyecto Sedano. Todavía se encuentra a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental para la zona de Urraca en Burgos. Mientras que Sedano dependía del Ministerio de Agricultura, al ocupar dos CCAA —Castilla León y Euskadi—, Urraca solo está en Burgos, y depende de las autoridades autonómicas, pero las perspectivas tampoco son buenas en este caso.

Los reyes del 'fracking' se retiran de España por la puerta de atrás

El sector tiene comprometidos con la Administración avales por cientos de millones, ya que para solicitar los permisos hay que cubrir avales casi por el valor de cada prospección, cerca de cinco millones de euros. Según explica la presidenta de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), Margarita Hernando, "hay empresas que ya están recuperando los avales, que se devuelven por silencio administativo”. Hernando asegura que de forma oficial ningún grupo ha reconocido que se va, pero advierte de que “el dinero y la inversión tienen unos planes y calendarios, y si no se cumplen, es posible que haya empresas que busquen otros lugares en los que se pueda trabajar”. Hernando advierte de que todos los proyectos en este momento “se encuentran fuera de plazo”.

El número de permisos en vigor y solicitados en las diversas administraciones ha caído de manera generalizada: entre el 50% y el 30% en tres años

La filial de Heyco, Heyco Energy España SL, ya aparece en el registro mercantil como sociedad en extinción. Y el 'lobby' del sector, Shale Gas España, que hace apenas dos años era extremadamente activo en los medios de comunicación, hoy no contesta ni a los correos electrónicos ni al teléfono. Tampoco ha sido posible contactar con David Alameda, director de esta asociación, de la que formaban parte todos estos grupos internacionales.

Números de lotería

El consultor especializado en prospecciones geológicas Isaac Álvarez, vinculado a la Universidad de Oviedo, reconoce que “no se han podido hacer los sondeos porque no se han dado las declaraciones de impacto ambiental. En teoría, había gas en España que hubiera podido extraerse gracias al 'fracking' y cubrir las necesidades del país durante 70 años. Son recursos exploratorios, no reservas declaradas, pero es como si España tuviera un número de lotería y nos hubiésemos negado a saber si nos había tocado”.

Álvarez acepta que hay riesgo sísmico y también de contaminación de acuíferos, tal y como alegan las plataformas 'antifracking', pero explica que este es muy reducido. “En Estados Unidos, estamos hablando de cuatro casos sobre 70.000. Es un riesgo bajísimo, mucho menor que conducir un coche, y en cambio miles de personas se suben a un coche cada día”, detalla Álvarez.

Pero los ecologistas han ganado todas las batallas, las reales y las simbólicas. Entre las primeras, consiguieron que Cantabria prohibiera el 'fracking' o que el plan de energía vasco renunciase a esta técnica no convencional en su última versión. Entre las segundas, por ejemplo, que el Parlament declarase Cataluña libre de 'fraking', algo del todo superfluo, porque el mapa geológico catalán carece del nivel de esquisto necesario para que tuviese sentido llevar a cabo prospecciones. Para colmo, el Tribunal Constitucional acabó tumbando esa ley.

La excepción vasca

Mientras los grupos internacionales se retiran, fuentes del sector explican que la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, controlada por el Gobierno vasco, tiene otra estrategia. Ir renovando los permisos y mantener los avales a la espera en que en unos años cambie el clima político. Todo con un perfil bajo en comunicación. El País Vasco vendría a ser la pequeña aldea gala del 'fracking', que resistiría una y otra vez al invasor.

En todo caso, las cifras oficiales que ofrece el Ministerio de Industria resultan demoledoras. En 2012, había 57 permisos estatales en vigor para prospecciones en general, sin discriminar el 'fracking' o no 'fracking'. En 2015, la cifra se recortó a 40. Los permisos solicitados al Gobierno eran en 2012 un total de 48, mientras que tres años después esta cantidad se rebajaba a solo 30. Por otro lado, los permisos vigentes en las CCAA a 31 de diciembre de 2012 eran un total de 18, y estos sí que crecen: en 2015 se situaron en 37, pero sin la declaración medioambiental correspondiente: esto solo quiere decir que se han ido acumulando, sin concretarse en proyectos concretos. Por último, en 2012 se habían cursado en las autonomías 28 solicitudes para hacer sondeos. Una cifra que tres años después se ha recortado a solo 11. Signos, todos, de que el 'fracking' va de baja en España. Las caídas oscilan entre el 30% y el 50%.

En Estados Unidos, un propietario de tierra lo es también de todo lo que albergue el subsuelo, pero ese marco legal nunca se ha aplicado así en España

El fracaso del 'fracking' no es soólo por la presión ecologista. El marco legal tampoco ayuda. En España, un propietario inmobiliario no posee ningún derecho sobre el subsuelo, al contrario de lo que pasa en Estados Unidos. En este contexto, las multinacionales del 'fracking' quisieron seguir la estrategia de las eólicas: manguerazos de dinero a los ayuntamientos. Pero los alcaldes han sido más remisos, visto los problemas de las renovables, el más destacado el que ha acabado con la alcadesa de La Muela (Zaragoza) condenada por corrupción.

“España ingresa por turismo 50.000 millones al año. Y luego se gasta en comprar gas y petróleo casi 40.000 millones, ahora que han bajado los precios. El 'fracking' hubiera servido para rebajar esta factura energética. Lo que ha pasado ha sido una lástima”, apunta Isaac Álvarez, quien se muestra convencido de que “es un recurso del que acabarán disponiendo las generaciones futuras”.