La aritmética de La estafa maestra es sorprendente. 517 de solicitudes de información, más de 100 entrevistas y largas jornadas de reporterismo en zonas marginales y entornos hostiles. El resultado es el descubrimiento de un fraude de más de 7.760 millones de pesos (unos 420 millones de dólares) en el que están involucrados 11 dependencias del Gobierno mexicano, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios.

Pero quizás el dato más impresionante que ha arrojado este trabajo periodístico es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. Ninguno de los implicados ha pisado la cárcel, nadie ha pagado ni dado la cara por los desvíos masivos de recursos públicos. Los premios Ortega y Gasset de este año han premiado una investigación que debió sacudir un país, pero no lo hizo. Seis meses después de su publicación, el galardón ha vuelto a colocar en la agenda los reclamos ciudadanos de transparencia y justicia cuando parecía que ya habían sido olvidados.

La estafa maestra desentrama una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto, delegaron programas y políticas públicas a universidades. Las casas de estudio cobraron una comisión millonaria y subcontrataron a empresas fantasma que no tenían la capacidad de cumplir con esas tareas y que llevaron el dinero a otras compañías opacas. “No se trata de una manzana podrida, se trata de un sistema perfectamente engranado por la corrupción”, señala Nayeli Roldán, coautora de la investigación. “La guinda del pastel es la impunidad”, agrega Manu Ureste, su colega en el portal Animal Político.

Roldán, Ureste y Miriam Castillo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta de que gran parte del fraude se realizó a partir de dos de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Peña Nieto. Una es la reforma energética, que borró el monopolio de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y quitó los candados para la participación de inversores extranjeros. Los contratos analizados por La estafa maestra se firmaron entre 2013 y 2014 durante la administración de Emilio Lozoya, el principal señalado por la trama de corrupción de Odebrecht en México. Lozoya dejó Pemex a principios de 2016 y ha negado cualquier responsabilidad.

Miriam Castillo, Nayeli Roldán y Manuel Ureste. EFE

La segunda es la Cruzada contra el Hambre y toca fibras más sensibles: el desvío se perpetró a costa de la población más vulnerable de México. Las dudas sobre el destino final del dinero que debía destinar la Secretaría de Desarrollo Social a los más pobres se materializan en más de 2.220 millones de pesos (más de 100 millones de dólares), según la investigación. “Hubo una doble utilización de los más pobres, se les quitaron recursos y se les usó como testaferros para formar las empresas fantasma”, apunta Roldán.

El reparto de responsabilidades entre los titulares de las dependencias involucradas es complejo porque su firma no aparece en ninguno de los contratos. Todos están rubricados por mandos medios. Los autores, que pidieron una explicación a los funcionarios al frente de esas carteras, argumentan que existe al menos una responsabilidad “por omisión” en la cadena de mando y por no cuidar los recursos ni desempeñar de forma correcta sus tareas. “Nuestras fuentes nos dicen que los mecanismos de fiscalización en el Gobierno son muy exigentes y que si esto ocurre es porque alguien lo está permitiendo”, asegura Roldán.

Los periodistas agregan que desenmascarar un sistema y no un caso de corrupción incide directamente en las consecuencias de la investigación y entraña una dificultad adicional: no hay un chivo expiatorio a quien culpar, sino que los dedos de ambas manos no alcanzan para señalar a los culpables.

El trabajo tomó casi un año y fueron cuatro meses dedicados solo a llenar bases de datos con miles y miles de celdas. “¿Cuál es la nota?”, preguntaba una y otra vez Daniel Moreno, director de Animal Político, recuerdan los autores entre risas. Había vértigo por la magnitud del trabajo, por descifrar el titular, por varias hipótesis que se desvanecieron en el terreno, por obtener datos irrefutables. “Fue extenuante y una lección de disciplina trabajar todos los días como hormiguitas sin saber si esa jornada trabajo iba a llegar a buen puerto”, confiesa Roldán.

A diferencia de otros países latinoamericanos que han castigado los escándalos recientes de corrupción, en México no hay un caso similar a los de Lula en Brasil, Ollanta Humala en Perú y Otto Pérez en Guatemala en gran parte porque no hay fiscalías independientes. La Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Función Pública dependen del Ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación, del Congreso. “Los amigos no se investigan entre sí”, dice Roldán. “No queremos que rueden cabezas, solo exigimos que haya una investigación real”, agrega Ureste.

¿Tiene valor el periodismo de investigación aunque no provoque la defenestración de un Gobierno? La pregunta ronda por las redacciones del mundo desde los escándalos de Watergate, al menos. Ureste y Roldán no tienen dudas. “Nuestro principal propósito está cumplido, la gente se enteró de este megadesvío”, dice Ureste y complementa Roldán: “A lo mejor ya hay una semilla de indignación en los lectores (…) lo que ocurra después ya no está en nuestras manos”.

El segundo aire de La estafa maestra ha llegado a poco menos de tres meses que se celebren las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio y con la publicación de un libro que pinta “el cuadro completo” de la trama. “La gente no es la misma que en 2006 o en 2012 y eso se debe en gran parte por el periodismo que se hizo durante este sexenio”, afirma Roldán. El Ortega y Gasset ha supuesto un espaldarazo y ha dado un impulso al tema más allá de México, comentan y ponen la mirada en el próximo trabajo. “La creatividad de los corruptos es el gran reto de los periodistas de investigación”, sentencia Ureste.