Las sanciones que el 15M acumuló en Madrid el año de su nacimiento fueron decenas, pero con la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno en 2012 se dispararon a 305 en solo un año. Este gran incremento hizo que los activistas acuñaran el término “burorrepresión” para referirse al uso de multas por parte de las instituciones para desactivar la protesta social. A día de hoy, la Comisión Legal Sol ha logrado recuperar 81.200 de los 174.400 euros con los que la Administración sancionó a los miembros del movimiento entre 2011 y 2014.

Durante estos años, los miembros del 15M en la capital española recibieron 492 sanciones. De todas ellas, han logrado que se anulen 237 (un 48%) mediante trámites administrativos y judiciales, mientras que han perdido sólo 43 (un 9%). En 14 de ellas, un juez ha estimado que se han vulnerado los derechos fundamentales de los sancionados.

Los activistas suelen tener éxito ante la Justicia, pero muchos de los afectados, en concreto 150 (un 30%), han acabado aceptando el pago de la multa para evitar un proceso que suele eternizarse. “Esto tiene que ver con lo perverso que es todo el procedimiento de impugnar una sanción, algo que dura tanto tiempo que hay muchas personas que no aguantan”, ha indicado en declaraciones a cuartopoder.es el abogado Eric Sanz de Bremond, de Comisión Legal Sol.

Todavía les quedan pendientes 62 sanciones que suman unos de 24.000 euros. Según Sanz de Bremond, las sanciones más numerosas son por desobediencia (212), le siguen los desórdenes graves (101), la convocatoria de manifestaciones no autorizadas (56), las alteraciones del orden (52), la desobediencia y las alteraciones (40), la provocación de reacciones (24) y, por último, hay sólo un caso de tenencia de armas.

Las multas más elevadas han sido para aquellos señalados por ser organizadores de concentraciones no comunicadas, que pueden llegar a enfrentar una sanción de 2.000 a 3.000 euros. Según Sanz de Bremond, la estrategia ha cambiado con el paso de los años. Mientras que con Cristina Cifuentes en la Delegación del Gobierno la intención era “meter sanciones indiscriminadas a todo el mundo” para desarticular el movimiento, el hecho de que se empezaran a “ganar las sanciones en los juzgados” motivó que en 2013 se comenzara a multar sólo a aquellos que supuestamente eran los promotores. “En vez de poner diez sanciones de 300 euros a cualquiera, interponían una de 2.000 euros al que ellos decían que era el promotor”, ha explicado el abogado.

A día de hoy, en 2017, los abogados de la Comisión Legal Sol, que realizan su trabajo de manera voluntaria, siguen adelante con los procedimientos legales de las sanciones interpuestas hasta 2014, cuando se vieron incapaces de asumir más sanciones y elaboraron un manual para aquellos miembros de los movimientos sociales que pudieran recibir multas en sus actos de protesta. “Los juzgados están hasta arriba. Para este mes nos quedan unas cuantas”, indica Sanz de Bremond.

La semana pasada la Comisión logró una nueva victoria en una vista por la manifestación del primer aniversario del 15M de 2012 en la que fueron sancionadas más de 200 personas por negarse a abandonar la Puerta del Sol. La sentencia anuló la multa de 300 euros a una manifestante con costas, es decir, con la cobertura de los gastos inherentes al proceso como notificaciones y tasas.

(*) María F. Sánchez es periodista.