De manera irregular los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa están presos hace más de un año y son juzgados por una deuda con la AFIP que ahora una pericia oficial de la Corte Suprema demostró que es falsa y que el principal responsable de la inestabilidad financiera de Oil Combustible es el actual administrador federal, Alberto Abad.

Según detalló Ámbito Financiero, la pericia oficial realizada por contadores de la Corte puso en crisis todos los pilares sobre la acusación de la AFIP contra el ex titular Ricardo Echegaray y los dos dueños del Grupo Indalo.

En las conclusiones, los contadores indicaron que el monto del impuesto adeudado por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) nunca fue de $8.000 millones, sino que una cifra mucho menor y advirtió que a diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cambio, los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Es más, con los activos de la empresa liquidados tras su quiebra, la AFIP todavía no consiguió cobrarse el dinero de los impuestos adeudados.

El Tribunal Oral Federal N°3 ordenó las pericias y que se incorporaran al juicio oral ya que el juez Julián Ercolini nunca lo pidió.

Los expertos Flavia Melzi por parte de la Corte junto a María Eleonora Feser y Natalia Zárate por el Ministerio Público Fiscal; Ezequiel Segura y Daniel Mogames (querella de AFIP), además de los representantes de la defensa Sergio Freidzon, Alfredo Barucca y Félix Rolando entregaron su informe el 17 de julio pasado.

Contestaron 13 puntos de análisis pedidos por el TOF. Su relevancia radica en que es la primera pericia externa que se incorpora a un expediente judicial seguido contra ex funcionarios, donde hasta ahora los proveedores de información habían sido distintos organismos del Estado dependientes en mayor o menor manera del Poder Ejecutivo, tales como la AFIP, la UIF, la OA o la propia Vialidad Nacional.

Conclusiones relevantes: