No cabe duda de que la mayor parte de nuestros políticos son "de Letras" –excusa clásica de los que son incapaces de manejar las cuatro reglas aritméticas básicas–, pero ahora resulta que también los investigadores de la Policía Judicial de Catalunya están negados para efectuar una sencilla suma.

Cosa incluso más grave que cuando a los políticos les regalan másteres universitarios para compensar sus magros currículos, ya que de los informes del grupo de la Guardia Civil que dirige el ínclito teniente coronel Daniel Baena –azote antisoberanista en su identidad oculta como el superhéroe enmascarado Tácito en Twitter–, dependen las órdenes de detención internacionales y la interminable prisión preventiva de los dirigentes políticos catalanes.

Sobre todo cuando los mismos que hacen caso omiso de los miles de asientos contables verificados por la Intervención General de Hacienda que fiscaliza las cuentas de la Generalitat, presentan al Supremo un conciso informe –mejor dicho, deforme– en el que imputan malversación de caudales públicos para el referéndum del 1-O en base a suposiciones inverosímiles, estimaciones temerarias y... sumas erróneas que le costarían el suspenso en Aritmética a un alumno de Primaria.

Tras levantarse el secreto del sumario este jueves –decisión tomada a la una de la madrugada por el insomne juez Llarena– el partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación particular en el caso, amanecía cacareando una nueva y precisa cifra total de la supuesta malversación independentista: 1.932.757,42 euros. Una cantidad de nueve números, exacta hasta la moneda final de dos céntimos.

Pero –como en los problemas mal planteados por el que hace un examen– ese resultado no cuadra con los datos parciales aportados por el grupo investigador de Baena si se les somete a la más simple de las operaciones aritméticas: la suma. El producto obtenido por los expertos de la Guardia Civil excede en 25.287,36 al de la mera adición de las sucesivas cantidades que ellos mismos desgranan en su informe.

Así que algunos periodistas nos pusimos a tratar de desentrañar el arcano.

Una vez descartado que los investigadores hubieran utilizado en sus cálculos alguno de los sistemas de geometría no euclidiana, el repaso de cada una de las sumas parciales desveló que en un caso se había engordado en 10.000 euros la adición 119.700+47.365 ("lo que supone un total de 177.065", reza el informe), desliz quizá atribuible a una errata del mecanógrafo.

Pero el verdadero misterio surgió de la compleja tabla de cálculo 18.835,76+2.416,00+3.180,10+872 cuyo resultado se fijó –quizás en virtud de la autoridad otorgada a la Guardia Civil– en 40.591,22 cuando en realidad esas cifras suman 25.303,86 euros. Nadie ha logrado resolver todavía el enigma de esa absoluta disparidad numérica, salvo que detrás se esconda algún tipo de función incompatible con el álgebra de Boole. Discrepancia que hubieran podido fácilmente evitar con el simple empleo de una calculadora.

Pero si los cómputos estrictamente matemáticos de ese informe ya aparentan no pertenecer al grupo conmutativo de los números reales –al menos, tal como nosotros lo conocemos–, las aproximaciones y proyecciones expresadas por los discípulos de Baena sobre los conceptos que se expresan con esas cifras parecen producto de una realidad aparte como la del famoso "Don Juan", maestro yaqui de Carlos Castaneda.

Porque resulta que los citados 177.065 euros corresponderían a una "cantidad [que] se desconoce si se abonó o no". Concepto que convierte en superfluo el hecho de que hayan sido sobrevalorados en 10.000 euros. Porque la pura existencia de facturas no demuestra malversación ninguna si no hay pruebas de que han sido abonadas... y de que además el importe se desembolsó con fondos públicos. Nada de eso se demuestra en los datos del informe rubricado por Baena.

Más aún, la Guardia Civil atribuye a la Conselleria d'Afers Exteriors de Raül Romeva el pago de "15.287 euros de fondos públicos" a observadores internacionales, pero es incapaz de detallar ese gasto ni de aportar un solo nombre de los perceptores del dinero, "ante la negativa a facilitar datos del Diplocat", entidad cuya sede ha sido registrada en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo sabe que fueron 15.287, y no 15.285 o cualquier otra cantidad?

Hay que subrayar aquí que la enigmática suma de cuatro cantidades presentada anteriormente –cuyo resultado no coincide, ni en uno solo de sus siete números, con la aritmética pitagórica elemental– corresponde, precisamente, a los gastos en "vuelos", "hoteles" y "actos" en los que supuestamente incurrieron esos mismos observadores internacionales desconocidos.

Tan esotéricas consideraciones se ponen, además, en cuestión por las propias confesiones de los autores del recuento policial, quienes admiten que en su anterior informe al Supremo afirmaron que la Generalitat se gastó 40.227,78 euros en material informático para el call center del CTTI destinado al referéndum, pero que ahora ya no tienen claro si esas compras a la Fujitsu realmente se destinaron a la consulta del 1 de octubre, o no.

Igualmente, los investigadores aducen que Òmnium Cultural se gastó en cartelería 61.879 euros procedentes de subvenciones, sin que prueben que se tratan de fondos públicos. Una asociación como ésa, con 54.000 socios militantes y 31 sedes territoriales, no debería tener problema ninguno en reunir esa cantidad mediante aportaciones privadas voluntarias.

Frente a todo este cúmulo de disparates aritméticos y lucubraciones sin sustentación probatoria, el equipo del teniente coronel Baena ha despreciado olímpicamente los certificados mensuales de la interventora general de la Generalitat (intervenida por el Gobierno central mediante el Artículo 155), Rosa Vidal Planella. Quizá lo haya hecho por ahorrarse la verificación de los 24.500 datos contables contenidos en las cien tablas de Excel correspondientes al mes de octubre de 2017 que ayer reprodujimos en Público y que demuestran que ninguno de esos pagos, créditos, autorizaciones, disposiciones u obligaciones corresponden a gastos relacionados con el referéndum del 1-O.

No quiero ni pensar lo que hubiera sido intentar verificar los cálculos con todas esas cifras acometidos mediante el cabalístico método de computación de los discípulos de Baena.

Tanto es así que el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, sólo ha asegurado que en la "información contable" que maneja el Gobierno no hay "ningún euro" destinado al referéndum. "Habrá que ver la verosimilitud contable y su calificación", apuntaba el también ministro de Educación, Cultura y Deporte, dejando la pelota de este juego matemático en el tejado del magistrado. Una techumbre que es de vidrio.

Que el juez Pablo Llarena rete al ministro Cristóbal Montoro a que "informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo" de sus afirmaciones de que no hubo gasto público alguno en la organización de la votación del 1-O, muestra una arrogancia sólo explicable como fruto de la ignorancia.

Primero, porque debería haber sido el magistrado quien hubiera solicitado a la Intervención General de la Generalitat o al Ministerio de Hacienda –no a su ministro, sino a los técnicos de la institución– información acerca de las cuentas de la Generalitat, antes de lanzar una orden de detención internacional bajo la imputación (entre otras) de malversación de caudales públicos. No es de extrañar que el tribunal alemán encargado del caso Puigdemont le haya pedido aclaraciones a su euroórden.

Segundo, porque –como sentenció Benjamin Franklin en 1789–, "en este mundo nada puede ser considerado incuestionable, salvo la muerte y los impuestos". Y el que propone y dispone sobre impuestos es el ministerio de Montoro, así que lo que certifica Hacienda es innegable... y si no me creen, intenten ponerle al Fisco un recurso contencioso-administrativo y verán.

Tercero, porque la chapuza del intento de auditoría del teniente coronel Baena y su gente es de tal calibre que haría sonrojar a cualquier técnico de la Administración Tributaria que se pusiera a revisar las argumentaciones meta-matemáticas de los guardias civiles.

Cuarto, y final, porque será mejor para el militar y para el magistrado que no se abra una investigación sobre los motivos de que se hayan omitido los certificados de Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat exclusivamente en el material probatorio empleado por el Supremo para imputar malversación a los miembros del Govern cesado por el 155; cuando sí aparecen esos certificados en los informes policiales enviados por los mismos equipos investigadores a los otros dos juzgados que instruyen las acusaciones contra los soberanistas catalanes: el de Instrucción 13 de Barcelona y el Número 3 de la Audiencia Nacional.

Está claro que en el duelo al sol entre Montoro y Llarena, este último lleva todas las de perder. Porque la "verosimilitud contable" del tándem que forman el juez y el teniente coronel es una progresión que, según el cálculo infinitesimal, tiende a cero.