La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la Fundación Para la Confianza deseamos expresar nuestra profunda preocupación por el convenio suscrito entre la Fiscalía de Chile y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Nos preguntamos por qué sería necesario realizar tal acto jurídico toda vez que el Ministerio Público es un órgano del Estado destinado con funciones persecutoras muy claras y la Iglesia Chilena se encuentra investigada precisamente por la justicia. No entendemos los beneficios que este Convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos, hoy sospechados y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de ciudadanos chilenos.





Nuestras preocupaciones aumentan cuando sabemos que los obispos invitaron a firmar a las congregaciones religiosas actualmente investigadas y acudieron a la cita los superiores de los Maristas, Salesianos y el Instituto Padres de Schoenstatt.





Muchos de quienes fuimos víctimas de abusos por parte de religiosos fuimos doblemente abusador por el sistema canónico que amparó delincuentes, ganó tiempo en favor de los mismos y luego quiso cerrar nuestros casos con pseudo sentencias que en el mejor de los casos condenaron a los delincuentes sexuales a retiros dorados o a gozar de protección en otros territorios. ¿Es con esa falsa justicia con quien el Ministerio Público desea transar?





Emplazamos al fiscal nacional a explicarle al país porqué los criminales de la Iglesia Católica recibirán un trato especial. Basta de privilegios. La independencia del Estado de Chile queda en entredicho cuando se rubrican este tipo de documentos toda vez que quienes son contraparte tienen voto de obediencia con el monarca de un estado extranjero. El poder legislativo chileno está dando claras muestras del camino que la sociedad reclama al respecto con leyes aprobadas que eliminan privilegios a los jerarcas religiosos y otras en tratamiento para levantar parte de la máquina encubridora que usa la confesión como excusa para no denunciar delitos contra la infancia. Queremos seguir confiando en la justicia chilena, queremos poder resolver nuestras causas dentro de nuestro territorio y que no se nos empuje a buscar justicia en los tribunales internacionales.