A raíz de una denuncia cursada por la Delegación de Gobierno de Madrid, hoy se celebra el juicio contra un integrante del colectivo No Somos Delito, plataforma que lucha contra la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, conocida como Ley Mordaza.

La Administración le acusa de ser promotor y organizador de la protesta '20D, todos a la calle contra la Ley Mordaza' celebrada el pasado 20 de diciembre de 2014, por lo cual se enfrenta a una multa de 700 euros.

Mónica Hidalgo, integrante del colectivo, expone que "un derecho fundamental no tiene por qué ser comunicado, y así lo apunta la legislación europea y de Derechos Humanos. No se puede obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental por no haberlo comunicado, que es un trámite burocrático".

Desde el colectivo afirman que el compañero participó de manera activa en el acto, tomando el micrófono varias ocasiones y colaborando para que el evento transcurriera de forma pacífica. "¿Cómo negar esta participación cuando esta sanción supone el ejemplo más cristalino de las denuncias que No Somos Delito y muchas otras organizaciones que defienden los Derechos Humanos, llevamos haciendo de la Leyes Mordaza desde su origen?", se preguntan.

También reconocen que la manifestación no fue comunicada “por conducto oficial”, de manera premeditada, dado precisamente que es el mensaje que quieren transmitir. "¿Cómo íbamos a comunicar por sus vías impuestas, una manifestación que precisamente denuncia que estas comunicaciones son en verdad autorizaciones encubiertas del Gobierno?".

Desde la plataforma, que realiza de forma continuada actos y protestas contra la Ley Mordaza, exponen que "la comunicación oficial de las concentraciones a Delegación de Gobierno tiene como finalidad poner en conocimiento de ésta que se va a celebrar una manifestación, de manera que pueda tomar las medidas oportunas para proteger tanto a los manifestantes como a otras personas o intereses generales".

Así, la organización afirma que "las infracciones de estas leyes y de las anteriores, no están redactadas para castigar a aquellos que ponen en peligro la Seguridad Ciudadana,sino que son un obstáculo al ejercicio efectivo de varios derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y se enfocan en buscar el desaliento a aquellas/os ciudadanas/os que quieren ejercer sus libertades de manera habitual, pacífica y democrática en la vía pública".

No Somos Delito sostiene que la la comunicación ya se había realizado por otros cauces: fue tendencia estatal en Twitter durante 22 horas y alcanzó más de 550.000 visitas, además de ser publicada en "innumerables medios de comunicación". Además, apuntan: "De haberlo querido, Delegación de Gobierno podría haberse puesto en contacto con No Somos Delito, (no es que nos escondamos precisamente) y habernos prohibido realizarla. Nunca lo hizo".