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Por A. RAMÍREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La corrupción es la base estructural que sostiene al denominado Régimen del 78 que, con buena salud, acoge a los recién llegados partidos de nueva generación. Se sustenta esencialmente en “olvidos y perdones”, de antes y de hoy. Para garantizarlo, las instituciones del Estado se crearon para favorecer la corrupción a través de las propias leyes.

Como se suele decir, “la legislación está hecha para castigar al "robagallinas", no a los corruptos”. Y no son palabras. La prescripción, una de las instituciones del Derecho Penal más contradictorias e inmorales de la “justicia” nacional, y que más garantías ofrece para la funcionalidad del sistema, ha vuelto a demostrarnos esa verdad, que no ven u olvidan quienes se jactan diciendo: “Confío en el estado de derecho”.

El paso del tiempo, que fomenta supuestamente la seguridad jurídica, impondrá a la jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, el archivo de la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 imputados por las “ayudas” concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos.

Como han transcurrido más de diez años desde que se concedieron esas ayudas y se inició la causa los delitos se extinguen.

O sea, que por el simple paso del tiempo, el Estado renuncia a su ’derecho’ a castigarlos porque, se comprende, que ya no es “razonable” imponer una pena a un supuesto delito que sucedió hace tantísimo tiempo.

Según da a conocer la agencia Europa Press la magistrada Núñez Bolaños se encuentra trabajando en la redacción de un auto por el que se archivará la causa contra estos 12 imputados, condicionada por la solicitud que a tal efecto le hiciesen el Ministerio Público en marzo de 2015 y la Audiencia Provincial de Sevilla. Ambas, declaran prescritos los delitos de malversación y prevaricación que la juez Alaya les imputó a dos beneficiarios de las ayudas prestadas a entidades de la Sierra Norte.







Cabe destacar que de estas primeras prescripciones, que se decretarán en el caso de los ERE de 2011, y que involucran en su investigación a unas 300 personas, los primeros beneficiados serán los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.





