La tapa de la alcantarilla que ha cobijado durante cuatro años investigaciones policiales contra la oposición sin control judicial ha saltado a las puertas de las elecciones del 26 de junio. La grabación que revela publico.es del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conspirando con el director de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, es el último capítulo de una historia que arranca en el mismo momento que el Partido Popular designa a su cúpula policial. Un grupo de comisarios ha convertido la dirección de la Policía en un impostado servicio de inteligencia, alejada de las funciones de policía judicial que le atribuye la ley y dirigida contra los rivales políticos del PP.

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Al servicio de cruzadas como la salvación de España de la amenaza independentista o, más recientemente, de un posible triunfo electoral de Podemos, la fábrica de informes policiales sin firma ni sello, ha satisfecho a medios de comunicación de diversa inclinación ideológica, asegurándose además de que los métodos empleados para su confección no fueran objeto del interés periodístico y, en consecuencia, del debate público.

El Partido Popular eligió para dirigir el Cuerpo al comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con Aznar y relegado durante los gobiernos socialistas a tareas menores. Al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Pino creó una estructura secreta que ha cobijado a un grupo de agentes dedicados a combatir las preocupaciones políticas del Gobierno, en lugar de las amenazas que sufre España en el ámbito de la seguridad.

eldiario.es reveló en noviembre de 2014 la estructura que operaba sobre el terreno en Cataluña y la que elaboraba después los informes que acababan en los medios de comunicación, coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista. Muy pronto, Pino se convirtió en el hombre que susurraba al oído del ministro del Interior. Entre ambos construyeron un puente que aislaba al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con el que Fernández Díaz no tardó en chocar.

En esa estructura se erigió en pieza clave la Unidad de Asuntos Internos (UAI), objeto de deseo para quien quisiera pervertir sus funciones, debido a la facilidad que otorga el secretismo concedido por la ley. Ni el número de integrantes que tiene se conoce. Como jefe de la misma, el PP eligió a Marcelino Martín-Blas Aranda, un comisario muy conservador, colaborador del partido en la oposición, al que se negaban los privilegios de pertenecer a la Junta de Gobierno. A cambio estaría al frente de una unidad para la que Pino tenía reservadas importantes misiones.

La guerra de fondo

Hoy, Martín-Blas mantiene un enfrentamiento encarnizado con sus antiguos aliados para las maniobras en Cataluña. Así queda reflejado en sus investigaciones de la pieza secreta de la Operación Nicolay, la que persigue al autor de la grabación ilegal de un extracto de la reunión en su despacho con dos agentes del CNI, mientras trataban las pesquisas contra el Pequeño Nicolás. A las órdenes del juez, Martín Blas señala directamente a José Manuel Villarejo Pérez, el comisario que por sí solo constituye una de las piezas claves de todo este engranaje.

El exjefe de Asuntos Internos ha pedido al juez la detención de Villarejo, así como la imputación de Pino; el que fuera su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago; y el comisario de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño. Los delitos que atribuyen los investigadores a los policías y un grupo de periodistas son “blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales”. El fiscal se opone y el Ministerio ni se ha pronunciado al respecto. En el tráfico de llamadas analizado aparece el número dos de Interior, Francisco Martínez, hablando con Villarejo mientras los hombres de Martín Blas registraban la casa del Pequeño Nicolás y encontraban anotaciones sobre el comisario.

La enemistad entre Martín Blas y Villarejo surge cuando Asuntos Internos investiga a un grupo de policías, uno de ellos íntimo del agente especial, en el marco de la Operación Emperador sobre la mafia china. En los informes policiales también se mencionaba a un hijo del comisario Villarejo, sin que llegara a ser imputado. En medios policiales aseguran que el poderoso comisario Villarejo juró venganza. Martín Blas fue destituido como jefe de Asuntos Internos en abril de 2015, en un intento de Interior por frenar la guerra entre los comisarios a los que había aupado. A la postre, resultó solo ser un hito más de un enfrentamiento al que, por lo acaecido en los últimos días, aún restan relevantes capítulos.

Villarejo fue condecorado con una medalla pensionada en marzo de 2014 por sus éxitos en las maniobras policiales en Cataluña. Por aquella época, el comisario y Martín-Blas mantenían una relación cordial. Ambos participaban de una misma estrategia, destacada y secreta, del Ministerio del Interior.

eldiario.es reveló la concesión de la medalla en marzo de 2015, poco después de que El País informara del patrimonio multimillonario del Villarejo. El comisario ha trabajado hasta para diez ministros del Interior, según publicó el mismo periódico. De hecho, fue con Alfredo Pérez Rubalcaba en ese departamento cuando se decidió implicarle en la investigación sobre el ático de Ignacio González, surgida del caso Gürtel.

El apoyo mediático

“Informes de inteligencia”, “apócrifos”… Con diversas denominaciones, supuestas prácticas corruptas de los líderes del soberanismo catalán llenaban portadas, escritas y digitales, y abrían boletines de radio. Los millones que la familia Pujol mantenía en el extranjero copaban titulares. Todas esas informaciones se han depurado en dos investigaciones que sigue la Audiencia Nacional, una en el juzgado de Instrucción número 5 y otra en el 1, ésta última referida solo a Oleguer Pujol. El resto de informes no llegaron nunca a los juzgados; no pasaron de las primeras páginas.

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias se querelló por una información que le atribuyó una cuenta en un banco suizo que nunca ha existido, como se encargó de desmentir la propia entidad. ¿Cómo se accedió a esa información? ¿Qué agentes la obtuvieron? ¿Se desplazaron al extranjero? ¿Pagaron con dinero de los fondos reservados? Todas esas preguntas tienen respuestas precisas entre miembros de la escala de mando de la Policía, avergonzada en gran parte de la utilización política de estos años. Pero las pruebas, o no existen, o permanecerán a buen recaudo mientras gobierne el PP.

El próximo DAO, implicado en las maniobras

La primera constancia de la maniobra que diseñó Interior para luchar contra el proceso soberanista dejó un rastro imborrable el 29 de octubre de 2012 en Barcelona. Ese día se desplazaron a la capital catalana Martín-Blas y otro comisario clave en el pasado reciente, el presente y el futuro de la Policía, José Luis Olivera. Ambos trataron de convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez Ulled de que relanzaran de inmediato la investigación del caso Palau y pidieran al juez el registro de la sede de CDC a dos semanas de las elecciones autonómicas. Los fiscales desconfiaron de que dos policías próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso, les presentaran nuevos y endebles indicios.

La actuación de los comisarios motivó incluso una queja formal del Consejo Fiscal, pero los dos comisarios fueron condecorados con la Medalla Roja, un reconocimiento que conlleva pensión. Interior aseguró que el viaje se debía a que Asuntos Internos quería anunciar a los fiscales un nuevo grupo dentro de la unidad dedicada a recuperar casos perdidos por la Policía por la dejadez de sus agentes. Olivera habría viajado porque conocía a los fiscales de su etapa en la UDEF.

El comisario Olivera fue creciendo en influencia y poder en el Ministerio del Interior, hasta que en los últimos días ha sido señalado como sustituto de, nada menos, Eugenio Pino, el hombre que creó la estructura secreta contra la oposición política. Pino se jubila mañana jueves con todas las costuras al aire. Interior podía haber hecho DAO en funciones al subdirector de Recursos Humanos, a la espera de un nuevo Gobierno, pero ha rechazado esa opción. El comisario Villarejo también se jubila, solo de la Policía, el próximo mes de agosto.

En la grabación de publico.es aparece mencionado otra pieza clave de este puzle, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Expresidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), fue recuperado por Pino de su destino en Cantabria para actuar, presuntamente, como una suerte de jefe de gabinete. La investigación del Pequeño Nicolás y la información sobre la conversación de Fernández Díaz le colocan en el epicentro de las maniobras de Interior. Actualmente está destinado en La Haya. Cobra más de 10.000 euros al mes. Su mujer, también policía, está destinada en la misma ciudad con un sueldo similar.