La persecución contra twitteros, titiriteros, raperos, artistas o periodistas, es el eje central del informe anual de Amnistía Internacional sobre el Estado español. La involución democrática y las nuevas legislaciones mordaza están en el punto de mira del nuevo informe de la Organización, que señala el artículo 578 del Código Penal como «especialmente preocupante» y denuncia que «el estigma asociado a los cargos de “enaltecimiento” del terrorismo puede tener también efectos duraderos y devastadoresen personas cuyo fín era expresar libre y legítimamente ideas y opiniones».

El Informe dedica un apartado a las personas represaliadas en el marco de las llamadas «operaciones araña», a través de los casos de Arkaitz Terrón y J.C.V. (Ambos de Barcelona), el informe expone que el objetivo de estas operaciones ha sido el de «crear un clima de autocensura en la población».

Otro de los apartados del extenso informe presentado por la organización pone el punto de atención en los ataques contra la libertad artística, a través de los casos de La Insurgencia, Nyto, Pablo Hasel o Cesar Strawberry y conclye que «estos casos reflejan una intolerancia creciente y peligrosa hacia cualquier expresión,incluida la artística, que pueda considerarse provocativa, inquietante o incluso ofensiva. Pero escandalizar a personas diciendo o tuiteando ocantando cosas ofensivas no es delito. Aplicar el derecho penal a estas expresiones no sólo estigmatiza, sino que las graves consecuenciasque puede conllevar —como los antecedentes penales, la cárcel y la inhabilitación— son preocupantemente desproporcionadas».

En su capítulo dedicado a las restricciones a la libertad de prensa, el informe arroja luz sobre los casos de nuestro compañero Boro LH o el cineasta Alejandro García, de Resistencia Films, advirtiendo de que «es un reflejo inquietante de la situación de la libertad de expresión en España que la mera repetición de una frase utilizada por un grupo armado, como en el caso de Boro, o entrevistar a personas que según el Estado han“enaltecido” a un grupo armado, como en el caso de Alex, sea causa de un procesamiento penal».

El informe advierte de que «en toda Europa, los Estados están restringiendo diversas formas de expresión, incluida la expresión en Internet, so pretexto de la seguridad nacional». Y concluye, que «con el uso de estas disposiciones para penalizar expresiones legítimas, las autoridades españolas incumplen las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El impacto del artículo 578 es devastador para las personas: desde cuantiosas multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión.Pero incluso más allá de estas sanciones, este uso abusivo de las disposiciones antiterroristas lleva a las personas a autocensurarse por miedo a sufrir la represión. La criminalización de unabanico tan amplio de expresiones tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos.Esta limitación y reducción del espacio del debate público y abierto, el análisis y la crítica representa una amenaza más a largo plazo para la fuerza de la sociedad civil y la capacidad de garantizar no sólo el derecho a la libertad de expresión, sino la defensa de toda una serie de derechos humanos fundamentales.»

Informe de Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en España by Carles Villalonga on Scribd

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