Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se han desentendido del fraude de los ERE, un caso que ha supuesto el presunto saqueo de 741 millones de euros de las arcas públicas. Así queda reflejado en los escritos de calificación que este jueves están leyendo sus letrados en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, en la que se sigue juicio contra los ex presidentes y otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación.

Además de desvincularse de las posibles ilegalidades vinculadas al reparto sin control de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis durante una década, ambos ex presidentes han cargado contra el interventor de la Junta, al que acusan de no informarles de las irregularidades. El ex interventor general de la Administración andaluza, Manuel Gómez, es uno de los 22 ex altos cargos que también se sientan en el banquillo, junto a los ex consejeros Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación (el PP-A añade otro de asociación ilícita por el que le pide dos años de cárcel), pide su absolución en el escrito de defensa leído porque "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas" al no ser ésta su función como presidente -que ejerció durante 19 años-.

"Ni conoció ni pudo conocer las irregularidades de las ayudas sociolaborales" porque el interventor "no le informó con ningún informe de actuación", ha remarcado el abogado Pablo Jiménez de Parga, que defiende a Chaves.

En similares términos se ha expresado José María Mohedano, el letrado de José Antonio Griñán, quien tras arremeter contra los "errores garrafales" que incluyen los relatos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PP, ha subrayado que su cliente "nunca" recibió los informes de la Intervención en los que se alertaba sobre las irregularidades del sistema opaco instaurado para repartir sin control las ayudas sociolaborales.

Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación porque la Fiscalía y el PP le acusan además de malversación de caudales públicos, defiende también que "todas las actuaciones del Consejo de Gobierno" con las ayudas sociolaborales se hicieron con los correspondientes "informes" favorables, y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.

Las tesis exculpatorias de los ex presidentes de la Junta, que piden ser absueltos, chocan frontalmente con el relato de la Fiscalía Anticorrupción y también del magistrado del Tribunal Supremo que investigó el caso, que concluyó en junio de 2015 que existen indicios de que ambos cometieron un delito continuado de prevaricación al poner en marcha y mantener un "sistema ilegal" con el que disponían sin apenas control de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales. El magistrado instructor, Alberto Jorge, llegó a calificar de "absurdas" las excusas presentadas por los ex presidentes, cuando comparecieron como imputados, de que sus subordinados no les mantenían al tanto del sistema.

"El presidente de la Junta conocía el nuevo sistema de ayudas implantado", dice con rotundidad el juez del Supremo al referirse a los indicios contra Chaves y Griñán. Añade que lo contrario resultaría "incoherente", como si hubiese "una especie de cortafuegos que impidiera la comunicación e información entre los dos primeros escalones de la pirámide (presidente y consejeros) y el tercero y el cuarto (viceconsejeros y directores generales)". "Tal conclusión, de la que se derivaría una especie de connivencia omisiva -un pacto de silencio- de los funcionarios intermedios cualificados de la Administración Autonómica con respecto a los altos cargos políticos, sin razón alguna que lo justifique, se opone a las reglas de la lógica de lo razonable y aboca prácticamente a una situación que linda con lo absurdo y lo inexplicable", remata el juez.

Magdalena Álvarez

También se ha desvinculado del fraude este jueves la ex consejera de la Junta Magdalena Álvarez, que fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ministra de Fomento. Álvarez debe responder de su etapa como consejera de Economía y Hacienda, un cargo en el que estuvo una década, entre 1994 y 2004. A partir del año 2000 fue cuando se instauró el 'fondo de reptiles' para repartir de forma discrecional y arbitraria ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis.

Sobre las modificaciones presupuestarias que dieron cobertura al conocido como 'fondo de reptiles' del que salieron los fondos para los ERE, la ex consejera alega que se aprobaron "por el Parlamento andaluz sin reparo alguno" y con "todos los requisitos legales".

Jamás dispuso de los fondos

El abogado Víctor Moreno Catena, que defiende a la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha subrayado que su cliente "jamás" pudo disponer de los fondos de los ERE irregulares, ya que la gestión de los mismos "correspondía a la Dirección General de Trabajo" de la Consejería de Empleo. Ha insistido en que la legislación andaluza no otorga a la Consejería de Hacienda competencias en la gestión de gastos de otras consejerías.

Para la ex consejera, las transferencias de financiación son un "instrumento de financiación ordinario y sin la relevancia" penal que le otorga la Fiscalía.

Amiguetes

Los argumentos más repetidos en la sesión de este jueves, en la que solo ha dado tiempo a leer los escritos de defensa de ocho acusados (el abogado del ex consejero José Antonio Viera ha renunciado a ello), se han centrado en que "no existe procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo" para idear un sistema para que "en Andalucía el dinero de los parados se diera a amiguetes".

"Sospecha ominosa", "conclusiones ridículas", "acusaciones enmarañadas" y "esperpénticas" o "errores garrafales" son algunos de los calificativos usados por los letrados de Chaves, Griñán y los ex consejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, para desmontar los delitos por los que se enfrentan a entre dos y diez años de cárcel.

El ex interventor Manuel Gómez durante la instrucción dijo haber realizado varios informes señalando que era "inadecuado" hacer transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la agencia pública IFA/IDEA -dependiente de Innovación- para que ésta pagara las ayudas (según la Fiscalía para eludir controles), pero no paralizó el sistema porque no vio fraude.