Un agente de la Guardia Civil se lleva material de uno de los domicilios registrados el lunes durante la Operación Judas. En vídeo, los detenidos prestarán declaración en la Audiencia Nacional. FOTO: ENRIC FONTCUBERTA (EFE) | VÍDEO: ATLAS

Dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos por terrorismo el pasado lunes han confesado que estaban fabricando explosivos y haciendo pruebas con ellos, según han confirmado fuentes de la investigación. Estas han precisado que los investigadores tienen grabaciones en vídeo de algunos de los arrestados haciendo estos ensayos y declaraciones de testigos que han reconocido a varios de los integrantes del grupo como los compradores de las sustancias químicas utilizadas para elaborar los explosivos. Además, los primeros análisis realizados por los expertos de la Guardia Civil sobre las sustancias sospechosas intervenidas durante los registros de la Operación Judas a los miembros de los CDR han arrojado el hallazgo de un nuevo precursor de explosivos: nitrato amónico. Así lo han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación que detallan que este producto químico, que se utiliza habitualmente como fertilizante, puede ser usado para elaborar mezclas explosivas, como el amonal. Otros dos detenidos han presentado, por su parte, un habeas corpus para ser puestos de forma inmediata a disposición judicial.

La Guardia Civil ya había intervenido a los arrestados ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina —todos ellos susceptibles de ser empleados también para fabricar artefactos caseros—, además de termita, una composición pirotécnica con alta capacidad incendiaria. Los agentes también encontraron durante los registros diversos documentos en los que se detallaban los componentes necesarios para elaborar explosivos industriales como la Goma-2. Lo que no ha trascendido aún es qué tipo de acciones preparaban ni dónde ni cuándo.

El nitrato amónico ahora detectado es uno de los productos químicos más usados por grupos terroristas por su facilidad para adquirirlo. El pasado septiembre, entraron en vigor las nuevas medidas puestas en marcha por el Ministerio del Interior para intentar dificultar al máximo precisamente que los terroristas puedan adquirir esta y otras sustancias químicas, como acetona y ácido sulfúrico, susceptibles de ser empleadas para elaborar explosivos caseros. Los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 destaparon cierto descontrol en la venta de los llamados precursores de explosivos que había permitido a los integrantes de la célula yihadista adquirir los componentes necesarios para elaborar cientos de kilos de triperóxido de triacetona (un potente explosivo conocido como madre de Satán) sin ser detectados. La vigilancia e inspección puesta entonces en marcha se centra en las empresas que comercializan estos productos —desde farmacias y ferreterías a grandes centros comerciales, establecimientos de jardinería y empresas de mantenimiento de piscinas— y fija unas pautas para aumentar la colaboración de los comerciales de estos negocios en la detección e identificación de compradores sospechosos.

La investigación sobre los integrantes de los CDR detenidos el lunes —que se prolongó durante más de un año— reveló que llevaban meses elaborando presuntamente mezclas susceptibles de ser utilizadas en artefactos incendiarios. Incluso habían realizado pruebas en canteras abandonadas y en una de las masías que fue registrada el lunes. Uno de los detenidos, Jordi R., arrestado en Sabadell, sufrió hace tres meses en su domicilio un incendio que obligó a desalojar a los vecinos. Él lo achacó entonces a que estaba cocinando al baño maría y se olvidó de apagar el fuego cuando se fue de casa. Los investigadores sospechan que, en realidad, el suceso se produjo durante un ensayo para elaborar explosivos.

Él y los otros seis presuntos integrantes del grupo que continúan detenidos pasan este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para ser interrogados. Según fuentes jurídicas, cinco se han negado a declarar ante la Guardia Civil. Otros dos, asistidos por abogados de oficio, lo han hecho de manera voluntaria durante siete y ocho horas, respectivamente.