Diez temporeras escaparon de una finca de Huelva, donde denuncian abusos sexuales, además de duras condiciones laborales. En vídeo, así relataron los abusos las jornaleras. Sara Rosati (EPV)

Diez jornaleras marroquíes, que han llevado a los tribunales episodios de acoso sexual y laboral durante la última campaña de la fresa en Huelva, han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas mediáticamente para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero que recibieron de una compatriota.

La denuncia, presentada ante la Guardia Civil el 29 de septiembre por dos abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que las representan, destaca la “cosificación” que se ha hecho de las temporeras y argumenta que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de las mujeres. Los letrados subrayan que la situación se da porque ni juzgados, ni autoridades policiales, autonómicas o estatales "han hecho nada por activar el Protocolo Marco en materia de trata o cualquier otro acto de protección hacia las denunciantes”.

Las diez marroquíes llegaron a España en abril en el marco de un convenio de contratación en origen que mantienen España y Marruecos para la recogida anual de la cosecha de frutos rojos en Huelva. Ese mismo mes la publicación alemana Corrective.org, con la colaboración del medio digital BuzzFeed News, expuso los abusos sexuales y laborales a los que se sometía a algunas de estas mujeres, todas ellas de origen humilde y rural, con cargas familiares y, en buena parte, analfabetas.

Tras la publicación surgió un goteo de denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, entre las que se encontraba la de estas diez mujeres, entrevistadas por EL PAÍS en junio. Una de ellas, madre de dos hijos, relató cómo uno de sus jefes intentó besarla a la fuerza y bajarle el pantalón, mientras ella chillaba y lloraba. En agosto, los abogados llevaron el caso por delitos de lesa humanidad y trata de seres humanos hasta la Audiencia Nacional que aún estudia si tiene competencia para asumir la investigación en lugar de los Juzgados de Instrucción 1 y 3 de Palma del Condado (Huelva).

El SAT abrazó la causa, se comprometió por escrito a asumir los gastos de manutención y alojamiento de las jornaleras el tiempo que fuera necesario y escondió a las mujeres en una casa de un pueblo de Málaga mientras avanzaba el caso por la vía penal y laboral. Sin embargo, la denuncia acusa al representante del sindicato en este municipio, José Blanco Burgos, de aprovecharse de su imagen y de su trabajo y de gastarse parte del dinero del que disponían las mujeres para enviar a sus familias. El SAT, a través de su secretario general, Óscar Reina, reivindica que "ha dado apoyo en todo momento a las temporeras" y ha sido gracias a ellos que se ha podido garantizar su alojamiento y manutención.

Extracto del compromiso escrito y firmado por el secretario general del SAT de asumir la manutención de las jornaleras que fue presentado en la denuncia.

Según los abogados de las temporeras, el sindicato sufragó parte de los gastos de las mujeres que se había comprometido a asumir con el trabajo irregular de las propias jornaleras en el pueblo (no fueron dadas de alta, ni su situación migratoria en España lo permitiría). Una de las marroquíes, detalla el escrito, fue a trabajar “varios días” a casa de la propietaria de la vivienda donde se hospedaban, también denunciada, sin que se le advirtiera de que el dinero que ganaría se destinaría a un fondo común para cubrir las necesidades de las diez mujeres.

Contactado por este periódico, Blanco reconoce que las temporeras trabajaron sin cobertura legal en diversas funciones en el pueblo, como el cuidado de ancianos o servicios de limpieza, pero mantiene que hubo una conversación previa con ellas, mediante intérprete, de la que se desprendió un acuerdo: el salario de las que trabajasen iría a un fondo conjunto para pagar gastos de todas, como las recargas telefónicas.

Pagar un móvil prestado

Otra de las denunciantes mantiene que fue obligada a trabajar nueve días en el huerto del sindicalista “sin cumplir ningún requisito legal” con el fin, dice la denuncia, de recuperar el importe de un teléfono viejo que Blanco le había prestado y que se rompió por accidente. Esta mujer, “con las manos heridas por el trabajo impuesto”, llegó a quejarse y relató a sus abogados que el denunciado, “con una sonrisa irónica”, le respondió que era para que “aprendiese el valor del dinero”. Blanco niega rotundamente que dijese esa frase y que fuesen nueve días de trabajo, pero sí reconoce que la retribución por el servicio se destinó a compensar el móvil roto. “Ella tenía que trabajar para pagar ese móvil. Es lógico, ¿no?”, cuestionó el sindicalista a este periódico.

La situación se complicó cuando, en agosto, la asociación de los abogados lanzó en Internet una campaña de apoyo a las temporeras con el objetivo de recaudar fondos. El dinero sería, esencialmente, para enviar remesas a sus familias. Para la recaudación era necesario abrir una cuenta bancaria y se hizo a nombre de una de las mujeres en representación del resto. Blanco, que no era promotor de la campaña, se puso como autorizado.

En esa cuenta en la que el sindicato participaba, una compatriota marroquí ingresó 3.000 euros para que las jornaleras enviasen una ayuda a sus familias la víspera del Eid al Adha, la principal festividad de los musulmanes. El dinero quedó bloqueado durante unos días por la ley contra el blanqueo de capitales que exige, a partir de esa cantidad, justificar el origen del dinero. Una vez desbloqueado, el 22 de agosto, el denunciado hizo tres reintegros de la cuenta por valor de 1.380 euros “sin comunicarlo a nadie y desconociéndose el destino del dinero”, afirma la denuncia. La abogada, Belén Luján, asegura que tuvo que poner dinero de su bolsillo para viabilizar el envío a las familias.

Enfrentados por estos hechos, los dos abogados, Belén Luján y Jesús Formoso, acabaron sacando a las jornaleras del pueblo de Málaga donde se mantenían escondidas y actualmente son ellos los que se encargan de su alojamiento y manutención.

El sindicalista confirma que retiró ese importe y que, aunque conocía el destino deseado de ese dinero, lo usó para pagar el alquiler de la vivienda de las mujeres, saldar deudas asumidas por ellas en los comercios locales y otros gastos de manutención porque el sindicato no contaba con más fondos. Blanco insiste en el “uso legítimo” de ese dinero y entiende que la manutención de las mujeres también estaba contemplaba en la campaña de recaudación, aunque su sindicato se hubiese comprometido a asumirla y el dinero tuviese un fin específico que no era el de los gastos corrientes. El sindicalista no ha mostrado a este periódico los recibos que afirmó que tenía para “acreditar hasta el último céntimo”.