A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones iniciadas con el FMI.

En rigor, lo que se conoce -aún no oficialmente- es que la Argentina canceló la construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central. Ante la consulta de BAE Negocios al Ministerio de Energía y Minería sobre este tema, manifestaron que se mantienen “sin comentarios”, como en las últimas dos semanas.

La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los próximos años a partir del impulso de las dos centrales nucleares nuevas. En 2016 la energía nuclear produjo el récord anual de generación de energía, superando a la generada en 2009. Durante 2016 la generación neta nuclear anual alcanzó el récord de 7.677 GWh, un 5,56% del total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), según información oficial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.

BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, un ingeniero especializado en seguridad radiológica, nuclear, de salvaguardias y la protección y seguridad física, que trabaja en el sector nuclear desde hace 40 años y desde hace más de 20 años lo hace en la Autoridad Regulatoria Nacional (ARN).

“Me cuesta entender la racionalidad y conveniencia para el país de suspender el acuerdo nuclear con China. En mi opinión, es una medida absurda por parte del gobierno porque era un acuerdo ventajoso, estaba dirigido a obra pública, involucraba tecnología avanzada y producía un efecto derrame sobre gran parte de la industria nacional y nos colocaba ante la posibilidad futura de contar con cinco centrales nucleares y tener la posibilidad de poder financiar otras nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).

El acuerdo nuclear alcanzado producto también de la diplomacia beneficiaba a ambos países. “Este gobierno venía respetando el acuerdo alcanzado con China por el anterior gobierno. Decidió seguir adelante y lo que hizo, que no fue poco, fue revisar los contratos y conseguir una reducción en los costos. Todo esto se suspendió sorpresivamente”, describió el ingeniero Arbor.

Atucha III iba a ser una central nuclear de tipo Candu (Canada Deuterium Uranium) que funciona con uranio natural y agua pesada, y que iba a aporta 745 MW al sistema. La quinta central era del tipo PWR, que funciona con uranio enriquecido como combustible y agua liviana, y estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 MW.

Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, que es del tipo Candu, similar a la central de Embalse, que utiliza uranio natural y agua pesada producida en la planta industrial PIAP, pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y económicos para nuestro país”.

También señaló que, además de “perderse la posibilidad de crear 5.000 puestos laborales calificados”, otra consecuencia “tiene que ver con la desactivación de los sectores nucleares de las empresas nacionales involucradas como proveedores de ingeniería, componentes, equipos y montaje o la desactivación de la PIAP en Neuquén, con la pérdida de alrededor de 600 puestos de trabajo calificado”.

Además, el ingeniero Arbor advirtió que peligra “el capital intelectual nuclear de las empresas del sector, de los organismos nucleares, de institutos y de distintos laboratorios que le costó años y mucho esfuerzo al país poder desarrollarlos. El capital intelectual es justamente donde radica el secreto del desarrollo de un país y la cancelación del acuerdo nuclear aporta a desactivarlo”.

La decisión del gobierno está sorprendiendo a todo el sector. Es que el proyecto de Atucha III estaba avanzado y ya tenía el predio de 110 hectáreas destinado. Iba a funcionar junto a Atucha I y II en la localidad de Lima, en Zárate. El 3 de enero de 2017 Nucleoeléctrica Argentina había firmado la escritura de los terrenos.

Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la asociación de profesionales amitió un comunicado expresando la preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.

“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.

El acuerdo nuclear con China, que rubricó el anterior gobierno y continuó el actual hasta hace 15 días atrás, implicaba la construcción de dos centrales nucleares por un total de 14.000 millones de dólares a través de un préstamo blando donde China financiaba el 85%. El plazo de construcción de Atucha III era de 7 años y había un período de gracia de 8 años para comenzar a devolver el préstamo al país asiático.

Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y provoca la desactivación a futuro del plan nuclear argentino”.

*Especial para BAE Negocios