Organizaciones y asociaciones feministas se están planteando solicitar la ilegalización de Vox en los tribunales acogiéndose a la ley de partidos políticos que fue aprobada en el año 2002 y que permitió aislar a Batasuna y dejarla fuera del juego político. En la exposición de motivos de la citada ley se recoge que su objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, “atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”.

En concreto, el artículo 9 de la ley persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos y a los derechos humanos. Además, “desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo”. Difícilmente puede encajar en ese artículo un partido que coquetea con la xenofobia para conseguir votos y que pretende expulsar del país a 52.000 inmigrantes sin mayor argumento que el de ser extranjeros.

La ley de 2002 establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, en particular “las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual”.

Tampoco admite la ley a los partidos que utilicen como instrumentos de su actividad, “conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la violencia”. No son pocos los votantes de Vox que acostumbran a exhibir banderas preconstitucionales en actos públicos o mítines de sus líderes políticos, una conducta que supone una clara apología de un régimen fanático y dictatorial que practicó el terrorismo de Estado mediante la represión, la ejecución de los disidentes y el encarcelamiento de miles de personas por sus ideas políticas. En ese sentido, cabe recordar que en países como Alemania la mera exhibición de una bandera nazi es delito.

Por otra parte, tratar de liquidar la legislación que protege a las mujeres del terrorismo machista podría considerarse no solo otro atentado contra la Constitución española ‒que promueve el valor de la igualdad sin discriminación por razones de sexo‒, sino contra los convenios de protección de los derechos humanos que España ha firmado en los organismos internacionales. Tratar de derogar la ley de violencia de género con mentiras y datos falsos supone, de alguna manera, asumir ser cómplice de quienes practican ese terrorismo machista casi a diario. Ningún Estado democrático puede tolerar semejante aberración.

Argumentos jurídicos para solicitar la ilegalización de Vox no le faltan a las asociaciones feministas de todo el país, que han decidido plantar cara a la ideología patriarcal de Vox mediante manifestaciones en todo el territorio nacional. En ese sentido, más de un centenar de asociaciones feministas han firmado un manifiesto contra la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, una medida “intolerable” que exige el partido ultra para apoyar al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.

Por su parte, la homofobia que parece transpirar el programa político del nuevo partido de extrema derecha española, como forma del discurso del odio que parece promover, sería otro motivo más para solicitar su ilegalización en los tribunales, ya que esta ideología atenta también, directamente, contra el derecho a la no discriminación de las personas constitucionalmente reconocido.

La iniciativa de ilegalización contaría con las directivas y recomendaciones de la UE. Así, una resolución del Parlamento Europeo sobre el auge de la violencia neofascista en Europa (2018/2869(RSP), insta en su artículo 20 a “luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional”.

Finalmente, otras propuestas programáticas de Vox como la eliminación del modelo territorial de las autonomías también suponen un ataque directo contra otro pilar fundamental de la Constitución. La España que pretende instaurar el partido ultra sería una España preconstitucional, franquista, que nada tendría que ver con la actual, y llevaría a nuestro país a retroceder 40 años en el tiempo. Esa idea de España “una, grande y libre” es abiertamente inconstitucional y no tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Para imponerla, Vox tendría que reformar la Constitución del 78 o promover otra Carta Magna que sin duda no contaría con el consenso de aquella que votamos todos los españoles.