El anuncio de que analizará datos de móviles españoles para un estudio de movilidad ha provocado un escándalo.Sin embargo, se los cedemos con gusto a Facebook, Amazon o Google. ¿A qué se debe esta contradicción? Mientras ellos nos 'regalan' algún servicio tangible a cambio, los proyectos públicos son difusos y a largo plazo

La geolocalización permite que cuando estás dando una vuelta por el barrio de aparezca en tu móvil un anuncio de una empresa textil que curiosamente tiene una tienda a 25 metros de distancia. El big data -el tratamiento masivo de datos- hará que, en un futuro no muy lejano, el banco decida si concederte un crédito es arriesgado de forma más efectiva que estudiando tu nómina. O si tu hijo será apto para estudiar en una universidad privada en función de su comportamiento en las redes sociales.

Sin embargo, esto no inquieta a los españoles.

Al menos no tanto como lo ha hecho un anuncio de esta semana del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo público seguirá la pista de los móviles españoles durante ocho días de este mes tras alcanzar un acuerdo con los tres principales operadores de telefonía a cambio de casi medio millón de euros. Su objetivo es realizar un estudio sobre movilidad.

El malestar colectivo ante esta acción se ha trasladado a las redes sociales. Hasta la Agencia de Protección de Datos ha pedido explicaciones al INE en relación a los protocolos establecidos en el acuerdo con las operadoras. Pero el caso INE plantea una cuestión que va más allá de si se ha cometido una vulneración de derechos: ¿se fían más los españoles de Google, Facebook o Amazon que del Estado?

Pues parece que sí.

En este caso, las compañías de telefonía entregarán al INE el recuento anónimo y agregado de posiciones de móviles en las 3.500 celdas en las que se divide el territorio nacional con un mínimo de 5.000 habitantes por cuadrícula. El INE sólo podrá conocer los movimientos de esas cuadrículas y le resultará imposible identificar a las personas rastreadas. Pero este anonimato no alivia la sensación de muchos que se sienten presos de la hipervigilancia, un daño colateral nacido en las sociedades que conviven entre dos mundos: el físico y el digital.

«No entiendo que la ciudadanía se alarme de que la información esté disponible y no del uso que se hace de ella: al menos conocemos el uso del INE, que es estadístico, cuando hay muchas empresas que hacen un uso ilegítimo de la información», alerta José Rosell, experto en ciberseguridad y socio de S2 grupo.

«Muchas veces estas alarmas sociales que se producen periódicamente se deben a una falta de transparencia, pero esto no significa que ese dinero se emplee erróneamente», apunta Eduard Blasi, experto en Derecho Digital y profesor de la UOC. «La transparencia es vital cuando hay tratamientos de este tipo que afectan a muchos ciudadanos».

Los expertos coinciden en que la razón de esta alarma es que somos más permisivos cuando se nos ofrece un servicio concreto a cambio. Y eso que el fin del estudio del INE podría mejorar la toma de decisiones públicas: desde saber qué línea de autobús necesita ser reforzada hasta, por ejemplo, si hay una demanda de alumnos en un barrio que requiera construir un nuevo instituto. Lo que pasa es que esto no es tangible a corto plazo.

A pesar de eso, no se registra una indignación colectiva cuando usamos Google Maps para llegar antes al cine o Amazon para comprar unos auriculares en oferta. Sobre todo si tenemos en cuenta que, al contrario del INE, el destino de nuestros datos con estas empresas es mucho más opaco.

El problema no está en que exista esa información, sino en el uso que se hace de ella José Rosell, experto en Ciberseguridad

Esta inconsciencia sobre la privacidad fascina a Rosell: «Hoy cualquier móvil tiene entre 10 y 20 sensores. Además de la geolocalización, hay cámaras, micrófonos... La gente no piensa en lo que esto implica. Me temo que la alarma sólo salta en casos puntuales como el del INE o como cuando se descubrió que un robot de cocina de Lidl con acceso a internet tenía un micrófono y un altavoz ocultos susceptibles de ser hackeados».

El móvil se ha convertido en cierta forma en nuestro DNI ambulante. Y un DNI tiene su valor en el mercado, especialmente en el ámbito de la publicidad. Los sensores del teléfono van dejando lo que se denomina huella digital: el rastro de cada individuo en la Red.

Los operadores de telefonía nos vigilan a través del rastreo de antenas. Esto tiene muchas implicaciones, tanto positivas como negativas. Estos datos pueden ayudar a los servicios de emergencia a localizar a alguien que está sufriendo un ataque al corazón o en la detención policial de un criminal, pero también inundar nuestros perfiles de fake news para tratar de condicionar nuestro voto en las elecciones.

Como el dios romano Jano, la tecnología tiene dos caras. «El problema no está en que exista esa información, sino en lo que se haga con ella», recalca Rosell.

En 2020 se estima que, según un informe de escuela de negocios OBS, en el mundo existirán más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet. O lo que es lo mismo, nuestra huella digital será cada día más grande por lo que el debate sobre la privacidad no ha hecho más que empezar.

El caso INE ha disparado el miedo a que los Estados manejen determinada información. Ya manejan mucha pero el empleo de big data irá a más no sólo por motivos de eficiencia, sino sobre todo de dinero: a la larga resulta más barato este tratamiento de información que el tradicional sistema de encuestas.

El caso INE ha disparado el miedo orwelliano a que el Estado maneje determinados datos

En plena era del auge de la hipervigilancia se amplía la perspectiva orwelliana arraigada en la memoria cultural de la gente. Es el miedo al Gran Hermano. Más aún cuando en los años 90 el mundo virtual fue vendido por Silicon Valley como el paradigma de la libertad y en el siglo XXI también es fuente de opresión, como se ve en dictaduras como la china.

Es indudable que, salvo excepciones, las invasiones de nuestra esfera personal nos molestan menos de lo que aparentamos. Somos más laxos con unos que con otros. El capitalismo de la vigilancia es cada vez más voraz. Y lo aceptamos.

Somos artículos del bazar digital, sujetos de la paradoja de la privacidad.