Pero mientras que estos eventos suelen poner de manifiesto la urgencia por encontrar soluciones, quienes asisten a ellos raramente salen con la sensación de haber presenciado un intercambio argumentado de ideas, con conclusiones o recomendaciones que se puedan aplicar de forma concreta. Y es que la constatación de lo obvio y la acumulación de diagnósticos sin soluciones aparejadas, parecen ser el común y único hilo conductor.

Paralelamente a esta radical caída en la financiación de la cultura, ha surgido un fenómeno inversamente proporcional: la abundancia de diagnósticos de la situación (con calidad y fiabilidad desigual) unida a la creciente organización de congresos y conferencias dedicados a la situación financiera del sector.

No ha de extrañar pues que infinidad de organizaciones y proyectos culturales, especialmente los más débiles y minoritarios, hayan entonado en los últimos años agónicas llamadas de socorro o, incluso, desaparecido.

Por si fuera poco, la inminencia electoral promete una efervescencia todavía mayor de artificios teóricos que a la hora de enfrentar el día a día resultan bastante estériles.

Parte del problema es que España es un país poco acostumbrado a intercambiar ideas. Cabe reconocer que culturalmente está muy lejos del «freedom of speech» anglosajón. Mientras que los adolescentes británicos se entrenan en la argumentación y ejercitan su capacidad de análisis del arte en el espléndido concurso escolar ARTiculation Prize, asegurando con ello futuros públicos y profesionales de enorme calidad crítica para las organizaciones culturales de su país; en España todavía se está tratando de encontrar la piedra filosofal para la integración del arte en la educación formal.

Pero pese a la falta de «cultura de debate», el principal problema que afecta a las soluciones sobre la financiación de la cultura en España es que su tratamiento sigue planteándose en términos casi exclusivamente economicistas. Esto conduce a la recurrente conclusión de que, para que haya cultura, hace falta dinero, el cual aflorará (supuestamente) cuando exista una Ley de Mecenazgo.

No obstante, es necesario señalar que en España, no solo existen medidas fiscales que incentivan la cultura, sino que además existen algunas leyes de mecenazgo de ámbito autonómico, como la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, la Ley 9/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de impulso de la actividad y del mecenazgo cultural en la Comunitat Valenciana o el Anteproyecto de Ley por el que se adoptan medidas tributarias y administrativas destinadas a estimular la actividad cultural en Andalucía; algunas de ellas con propuestas interesantes que se podrían extender al resto del Estado y que merecerían un análisis específico en un artículo aparte.

Pero al margen de incentivos fiscales, la cuestión relevante a priori es qué modelo es necesario promover para que la cultura pueda disponer, de manera sostenible, de la necesaria financiación.

Una cultura sostenible no significa una cultura «autofinanciada» por el mercado

En estos extraordinarios tiempos en los que la sostenibilidad económica de la cultura se está planteando en términos de autofinanciación, parece inevitable recordar que la cultura pública ha de ser, necesariamente, deficitaria. En otras palabras: está diseñada para perder dinero, un dinero que el Estado recibe de los ciudadanos y reinvierte en su beneficio.

Si, por ejemplo, el Teatro Real cobrara por butaca lo que en realidad le cuesta la producción de una ópera, se estaría hablando de entradas que aproximadamente multiplicarían por 20 su actual venta al público. Parece pues claro que una política de precios reales sería inasumible, además de opuesta al deber constitucional que el Estado tiene de garantizar el acceso a la cultura a los ciudadanos.

Otra cuestión es que el déficit estructural propio de las actuaciones públicas degenere en la irracionalidad e insostenibilidad del propio sistema, situación a la que al parecer se ha llegado por una combinación de excesos y desinterés. Por eso, es tiempo de pensar un modelo de financiación de la cultura, sostenible, y distinto del que entiende que se ha de autofinanciar por la vía única del mercado.

Las exigencias de los votantes responsables han de ser los compromisos de los programas políticos

La cultura no es un negocio, sino un horizonte hacia el que caminar que ha de estar presente siempre en la gestión de los bienes, sin duda finitos, con los que cuenta lo público. Entonces, ¿qué se puede hacer si, efectivamente, el dinero para la cultura es escaso y finito? En este tiempo de campañas electorales, profuso en palabras y promesas, es necesario incorporar el debate de las políticas culturales a la arena electoral. Es responsabilidad de los ciudadanos que así sea.

Mientas que muchos defienden que la precaria situación actual de la cultura se debe a los recortes gubernamentales sobre los presupuestos de cultura, otros creen que se trata de un problema que, incluyendo eso, tiene más largo recorrido y se alimenta de la falta de reconocimiento y valoración que la cultura tiene en la sociedad. Lo que no se valora, no se apoya, y consecuentemente no se protege.

Así pues, parece claro que es necesario impulsar medidas que pongan en valor la aportación de la cultura a la sociedad y la confianza en sus instituciones, para que precisamente sea la sociedad, sus ciudadanos, quienes la apoyen y velen por su protección. No hay mayor fuerza política que esa.

Lejos de requerir grandes reformas para su implantación, las dos propuestas que a continuación se proponen sólo necesitan ser incluidas como condición dentro de las convocatorias ya existentes de ayudas y subvenciones para la cultura. Pese a que por sí mismas puedan resultar insuficientes, sí son absolutamente imprescindibles para devolver la confianza de los ciudadanos en la cultura y sus instituciones.

1. Apoye el verdadero éxito en cultura: el cumplimiento de la misión

La crisis económica parece haber difuminado el foco sobre cuál es el verdadero éxito de las organizaciones culturales, que lejos de la rentabilidad económica, no es otro que el cumplimiento de su misión. La misión es la razón por la que las instituciones existen, por la cual trabajan y por la que reciben el apoyo de los ciudadanos a través de sus impuestos y de otras organizaciones.

Resulta pues lógico que estos grupos de interés quieran conocer los resultados de la actividad que realizan las organizaciones culturales. Pero ¿cómo se puede saber si las organizaciones culturales están cumpliendo con su misión? Mediante la medición de impacto y la rendición de cuentas.

La cuestión de fondo es que muchas organizaciones no tienen claramente formulada su misión por lo que, consecuentemente, muy difícilmente podrán conocer y transmitir cuáles son sus resultados. Y es que la cuenta de resultados de una organización cultural se ha de medir en base a indicadores sobre el cumplimiento de su misión, no sobre sus ganancias económicas o con una simple enumeración de actividades.

Así pues, quienes apoyan a la cultura con su dinero (que en lo público son todos los ciudadanos), deberían exigir a las organizaciones culturales -como condición inexorable a recibir donaciones privadas y ayudas públicas- una preceptiva rendición de cuentas que explique la forma en la que se gestiona y se gobierna cada proyecto cultural, que presente cómo se va a medir el impacto de su proyecto y que posteriormente explique cuáles han sido sus resultados y si estos, efectivamente, han contribuido al desarrollo de la misión.

Eso es, exactamente, el éxito de un proyecto cultural y esa debería ser la condición para un sistema sostenible de apoyo económico. Pero, ¿por qué «sostenible»? Porque genera confianza y por tanto, apoyo social (y económico) hacia la cultura.

En realidad no hay por qué inventar demasiado, sino prestar atención a modelos y propuestas ya existentes tanto en otros países, como en España. Por ejemplo, la Fundación Autor establece en su Manual de buenas prácticas en materia de ayudas a colectivos, asociaciones de autores o grupos profesionales:

«…se aconseja que los responsables hagan un esfuerzo encaminado a abrir un proceso transparente y accesible a todos los colectivos. Se deberían establecer condiciones de acceso a las ayudas y a la correspondiente adjudicación, basarse en programas de acciones medibles y cuantificables en su realización. Se aconseja también establecer mecanismos de supervisión y verificación de gastos, se recomienda que estas acciones sean asumidas por comisiones independientes”.

“Se sugiere una cláusula que exija la devolución de las subvenciones en el caso de no realización, total o parcial, de los proyectos, lo que significa que es necesario el seguimiento efectivo del destino de las ayudas”.

A esta propuesta genérica se podría añadir la condición para las organizaciones receptoras de ayudas, de elaborar un informe que incluya una adecuada evaluación de desempeño basado en indicadores claros y estandarizados en las buenas prácticas en gestión. ¿Por qué si no habría que, por ejemplo, conceder beneficios fiscales a las fundaciones culturales? Estos beneficios, que ya se están aplicando sin necesidad de una Ley de Mecenazgo, se justifican en la base de que las fundaciones son organizaciones que ejercen un bien social. La medida que se propone sólo pide probar que estos retornos se están produciendo de forma efectiva.

2. Promueva los incentivos sociales (además de los fiscales)

Lo decía Donald Sassoon, profesor de historia comparada de la Universidad de Londres, sobre lo que es cardinal para la cultura: «Es mucho más importante el tiempo para disfrutarla, que el dinero». Por eso, los incentivos para hacer que la cultura sea sostenible deberían ir encaminados hacia lo social, y no sólo hacia lo fiscal que, según opinan expertos como el propio Sassoon, no es garantía de una suficiente financiación de la cultura ni de su estabilidad, diversidad y sostenibilidad.

Sassoon defiende que lo que se debe patrocinar no son las artes, sino el disfrute de las artes. Por eso, se debería comenzar a considerar al usuario, espectador o público cultural como el verdadero protagonista de las políticas de financiación de la cultura y no sólo a sus profesionales como ha venido siendo hasta ahora.

Así pues, la diversidad efectiva de públicos y manifestaciones culturales ha de ser un indicador a la hora de promocionar políticas y medir resultados si se quiere mantener un sistema de la cultura sostenible.

Por esta razón, es imprescindible que la administración pública ejerza su papel como agente compensatorio y activo de la cultura, puesto que la intervención única del mercado anularía, como ya está pasando, todas las expresiones minoritarias y de menor impacto mediático.

¿Cómo fomentar políticas culturales de incentivos sociales? Una posibilidad es, sin duda, rebajando el llamado «IVA cultural», pero no es la única vía.

Es posible aplicar medidas como el establecimiento de bonos culturales, como los que ya se impulsan desde el Gobierno de Extremadura para favorecer el acceso a la cultura de los jóvenes o la Bizkaiko Kultur Txartela, una iniciativa del Departamento Foral de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia dirigido a incentivar el consumo de productos culturales en sus múltiples soportes.

Sin embargo, existen otras posibilidades vinculadas a otros aspectos sociales distintos del simple precio de venta al público, como por ejemplo, la promoción de horarios diversos que favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional o la incorporación de Consejos de Cultura -vinculantes- a los órganos de gobierno de las administraciones.

Además de las expuestas, las medidas concretas a implantar para favorecer el establecimiento de un sistema sostenible para la cultura pueden ser muchas más. Ahora, lo que es crucial es que los ciudadanos las reclamen.