El inicio de la crisis popularizó una figura laboral –de escueta legalidad- que cabalga entre el trabajador general y el autónomo: el falso autónomo. En España hay más de 200.000 y provocan pérdidas a la Seguridad Social de más de 500 millones de euros al año. Y es que a parte del fraude, las inspecciones laborales han caído desde 2015.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año cuantificó 250.000 trabajadores autónomos por cuenta ajena. Sin embargo, sólo hay 10.500 registrados en el sistema de autónomos. Es decir, que hay alrededor de 240.000 falsos autónomos.

Un falso autónomo es un trabajador con una serie de peculiaridades. Trabaja para una empresa, pero cotiza él mismo a la Seguridad Social. No es un TRADE -Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente- porque a pesar de tener las mismas características, el falso autónomo no está dado de alta como tal.

Se trata de un chanchullo en el que sale ganando la empresa. Generalmente las empresas obligan o fuerzan a la gente a hacerse autónomos. Si no lo hacen no les contratan. De esta forma se ahorran el pago a la Seguridad Social y a ese ‘autónomo’ le paga lo mismo que al resto de trabajadores. No les paga las vacaciones ni los permisos médicos o por maternidad. Pero eso no lo es todo. La empresa puede despedirlo cuando quiere y no tiene que pagarle indemnización.

Los falsos autónomos se duplicaron entre 2013 y 2017

La figura del falso autónomo ha proliferado a lo largo de los años. Durante la crisis, muchas empresas sólo ofrecían este tipo de contratos. En 2013 había alrededor de 150.000 falsos autónomos. Un poco más de la mitad de los que hay ahora.

Se trata de un término que las organizaciones de autónomos no utilizan. Incluso niegan su existencia. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, se refirió a ello hace unos meses. En la EPA del segundo trimestre del año se contabilizaron 22.500 nuevos emprendedores; 32.700 autónomos crearon empleo y había 6.500 autónomos menos sin asalariados. Aprovechó los datos para desmontar “los argumentos de aquellos que afirman que el empleo autónomo que se está generando es de falsos autónomos”. Además, la propia organización intenta restar importancia al asunto. Dice que algunos trabajadores se consideran a sí mismos falsos autónomos cuando no lo son.

Pone varios ejemplos, los jubilados que complementan su pensión con el trabajo de autónomo o las personas pluriempleadas. También autónomos que trabajan en exclusiva para una empresa durante un tiempo determinado porque está desarrollando un proyecto. Fuentes de ATA explican que estos ejemplos son profesionales contratados para un trabajo o un proyecto temporal y que dejarán de trabajar con esa empresa cuando termine el proyecto.

El Secretario General de UPTA, Eduardo Abad, también niega su existencia. Para él “todos son autónomos y los que no cumplan con la ley son trabajadores dependientes”. Lo que sí ha hecho es una caza de brujas empresarial. Ha creado una lista negra con aquellas empresas que utilizan mal la figura del autónomo.

Un fraude de 500 millones de euros

Los falsos autónomos y las empresas que los contratan vulneran la legalidad. Al final, estos trabajadores no son ni una cosa ni la otra. Lo peor de todo es que afecta a ellos mismos y al tejido económico en general. Según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), el fraude de los falsos autónomos provoca un agujero de más de 500 millones de euros al año en la Seguridad Social.

Estas pérdidas podrían haber aumentado en los últimos años. Las inspecciones laborales para detectar este tipo de fraudes cayeron desde 2015. En ese año se llevaron a cabo 3.376 inspecciones. Hasta octubre de 2017 sólo 887 inspecciones. Es decir, que se hicieron una media de 89 inspecciones cada mes. De seguir así, se cerrará el año con apenas 1.064 inspecciones, un 68% menos que hace dos años.

Cómo salir de la situación

La única forma de salir de la situación es denunciando. Para hacer frente al continuo aumento de esta práctica, organizaciones y sindicatos crearon portales que asesoran y ayudan a hacerlo. Hay cuatro vías para ello.

Se puede hacer de forma anónima a través del Buzón del Fraude. La persona afectada o interesada en denunciarlo tiene que rellenar un cuestionario que se envía a las autoridades competentes. Estas últimas estudian el tema y, si consideran que hay suficientes indicios, realizarán una inspección de trabajo.

También se puede denunciar formalmente ante Inspección de Trabajo. Hay tres formas de hacerlo a través de este mecanismo: presencial, telemática o por correo postal. Eso sí, el denunciante tiene que hacerlo mientras trabaja para la empresa porque sólo así podrá el inspector analizar la situación.

Las otras dos formas son denunciando antes los Juzgados de lo Social durante el tiempo de trabajo o tras un despido.

Eso sí, si el trabajador quiere recuperar el dinero que se le denegó durante su actividad tiene que denunciar la situación en los 20 días hábiles después del despido. Si lo hace en este tiempo tendrá derecho a una indemnización por despido improcedente o ser readmitido como trabajador por cuenta ajena.

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También podrá reclamar otros derechos salariales que ha dejado de prescribir durante el último año. Estos son diferencias salariales, pagas extras, vacaciones y pluses.

Los falsos autónomos existen. Por mucho que cueste reconocerlo, cada vez hay más. Y seguirá habiendo más si se siguen reduciendo las inspecciones laborales. El Gobierno dice que prevé empezar nuevas campañas e intensificar las actuaciones de control para 2018. Y es que si no lo hace seguirá perdiendo dinero.