Nadie sabe en qué se ha gastado el 98 por ciento de lo gastado hasta el momento en en proyecto del aeropuerto de Santa Lucía.

La Secretaría de la Defensa (Sedena) ya erogó 9 mil 114 millones de pesos entre enero y septiembre de este año.

De esa cantidad, 5 mil 299 millones de pesos se ejercieron en el periodo junio-septiembre, sin embargo, en esa etapa no era posible realizar ninguna obra pues estaban vigentes las suspensiones judiciales que lo impedían.

Tal información se desprende del Tercer Informe Trimestral de las Finanzas Públicas que envió la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión.

Se detalla que ya se ejerció el 9.9 por ciento de los 91 mil 777 millones de pesos hasta ahora contemplados para el proyecto de inversión.

Hasta el momento la Sedena no ha publicado en Compranet o en la Plataforma Nacional de Transparencia ninguna licitación, adjudicación, contrato o convenio relacionados con Santa Lucía.

Hasta ahora, se conocen públicamente tres contratos, vía solicitudes de información, los cuales se adjudicaron en marzo a las empresas francesas NavBlue y ADP Ingénierie para estudios de aeronavegabilidad, asistencia técnica y el plan maestro.

Tales contratos, que estarán vigentes hasta mediados de 2020, sumaron alrededor de 167 millones de pesos, lo que representa 1.8 por ciento del monto ya ejercido.

La Sedena publicó el 11 de noviembre en el portal de Santa Lucía, cuatro estudios preliminares, entre ellos uno de orografía que realizó NavBlue.

El segundo informe trimestral de Hacienda que se entregó en julio, como el tercero, afirman que el avance físico de la obra es de tres por ciento, lo que sumado a las suspensiones judiciales, que estuvieron vigentes entre el 30 de mayo y el 16 de octubre, confirmaría que el dinero no fue gastado en obras.

Por considerar que la totalidad de la información relacionada con el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto entran bajo el manto protector de la “seguridad nacional”, la Sedena la clasificó como reservada por cinco años.

Ahí incluyó su interconexión con el actual aeropuerto, y la reubicación de instalaciones militares existentes en la base aérea.

La compra de terrenos ejidales podría ser uno de los destinos del gasto ya ejercido, pero la Sedena también reservó por cinco años el acuerdo para adquirir 304 hectáreas del ejido de Xaltopan, aledaño a la base militar.

Los gastos para el aeropuerto son independientes de múltiples inversiones registradas en 2019 para mejoras en el AICM, que hasta ahora suman casi 7 mil millones de pesos.

Durante el tercer trimestre, el fideicomiso para el aeropuerto cancelado en Texcoco gastó 45 mil millones de pesos para finiquitar contratos.

Los recursos del fideicomiso vienen de la Tarifa de Uso de Aeropuerto que pagan los pasajeros de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

(Con información de Reforma)