La empresa Woonter Well solo estuvo activa tres años, pero fueron suficientes para ganar 24.2 millones de pesos en contratos por sus servicios a autoridades estatales, municipales y partidos políticos de Puebla.

En esos años de bonanza lo mismo vendía botas para policías al ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que equipaba escuelas, vendía servicios de vallas publicitarias al gobierno de Puebla u ofrecía servicios de logística para el Instituto de Cultura de la capital poblana.

A pesar de sus fructíferos contratos con entidades de gobierno, incluido el Comité Directivo Estatal del PAN poblano, la compañía Woonter Well, fundada en febrero de 2014 por dos mujeres, Verónica Morales León y Araceli León Cruz, se disolvió el 25 de enero de 2017.

Un mes después, el 28 de febrero el Sistema de Administración Tributaria (SAT) recibió un documento de su oficina en Veracruz, donde le notificaba la presunción de que Woonter Well era en realidad una empresa de papel.

El pasado 26 de octubre la sospecha se confirmó. La empresa apareció en un listado de 242 compañías y personas físicas identificadas como fantasmas, publicado por el SAT en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Estas empresas no pudieron “acreditar activos, personal o infraestructura, capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios”, según el artículo 69B del Código Fiscal Federal.

“¿Si tuviéramos una empresa usted cree que viviríamos aquí?”

La colonia Ampliación Momoxpan está justo en el lindero entre dos municipios conurbados a la capital poblana: San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Ninguno de los dos tiene altos niveles de marginación, pues son zonas de desarrollo habitacional medio y residencial.

Pero el desarrollo en esos dos municipios no es parejo. En Cuautlancingo, por poner un ejemplo, 38 mil 756 personas, de las 103 mil 457 que ahí habitan, según la medición de Coneval de 2010, viven en condiciones de pobreza.

Araceli León Cruz y su hija Verónica Morales León viven en la calle Independencia de la Ampliación Momoxpan en un terreno que comparten con otras cuatro familias. Entre 2013 y 2014 –no precisan la fecha– las registraron en un padrón de Sedesol, y les dijeron que era para recibir un apoyo pero, dice Verónica, “nunca nos hablaron ni nada para ese apoyo”.

Pero al poco tiempo las dos mujeres dieron de alta una empresa en la notaría número 1 de la ciudad de Puebla.

La notaria Sandra Giovanna Rivero Pastor registró la creación de Woonter Well SA de CV, una empresa especializada en la compra y venta de productos de exportación, comercialización de software, en resumen, como dice en su punto del objeto social: “La comercialización y distribución de toda clase de insumos, así como la prestación de toda clase de servicios”.

Incluso servicios de desarrollo de campañas políticas, consultoría jurídica, publicidad para ese tipo de campañas y estudios de mercado. La lista de actividades de su objeto social es larga y amplia.

Verónica Morales quedó registrada en el acta constitutiva –de la que tiene copia este portal— como directora general de la empresa con el 70% de las acciones, y el resto quedó en manos de la señora Araceli León.

De acuerdo con 27 contratos y procesos de adjudicación consultados por Animal Político la empresa ubicó sus oficinas en el número 4321, Torre 1 A del bulevar héroes del 5 de mayo, donde se ubica una empresa de oficinas virtuales.

Pero ni Verónica ni Araceli saben nada de esa compañía. La única referencia que tienen es que hace unas semanas le hablaron por teléfono preguntando por la empresa, “pero yo no sé nada de eso, yo sólo firmé lo de Sedesol”, dice Verónica.

Araceli confirma lo dicho, “¿usted cree que si tuviéramos esa empresa que dice, con esos contratos de millones, viviríamos así?”.

No respondió al INE

En junio de 2016, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado y representante del PRI en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia señalando un presunto rebase de tope de campaña de Antonio Gali Fayad, entonces candidato a la gubernatura de Puebla.

En la investigación que inició la Unidad de Fiscalización del INE el nombre de Woonter Well apareció como una de las proveedoras de servicios de la campaña, específicamente para la rotulación de autobuses de pasajeros.

El INE envió un escrito a la empresa pidiendo información sobre la relación comercial con la coalición Sigamos Adelante que postuló a Gali Fayad, montos, contratos y servicios prestados, la empresa nunca contestó el requerimiento.

El PAN estatal, que preside Jesús Gilles, y que hasta el sábado pasado tuvo como secretaria general a Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, presentó documentos para comprobar el pago de 850 mil pesos por la rotulación de 850 vehículos.

No fue la única ocasión en la que Woonter Well vendió servicios publicitarios. En noviembre de 2016 el organismo estatal Puebla Comunicaciones reconoció en una solicitud de información que se le pagaron 957 mil pesos por un servicio de “vallas” para promocionar las acciones de gobierno de la administración que encabezó Rafael Moreno Valle.

¿Contratos fraccionados?

El 4 de noviembre de 2016, dos meses antes de que la empresa se disolviera, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) emitió el fallo de siete contratos, todos realizados bajo la modalidad de licitación cerrada –invitación a cuando menos tres personas–, y por el mismo concepto: suministro de mobiliario y equipo para un aula de medios para bachilleratos ubicados en diferentes municipios poblanos.

En seis de los siete contratos el monto fue exactamente el mismo: 1 millón 301 mil pesos, en el séptimo la variación del monto fue mínima: 1 millón 323 mil pesos. Un monto por debajo del tope de 1 millón 724 mil pesos que la ley de egresos de Puebla del 2016 estipula para los contratos en la modalidad de adjudicación por invitación.

El número de expediente asignado por el sistema Compranet a los contratos del Capcee fue seriado, del 263 al 269. Esto significa que los expedientes ingresaron uno detrás del otro al sistema. En todos los casos el funcionario responsable fue David Servando Rodríguez Sánchez de la Dirección de Desarrollo y Seguimiento Operacional del Capcee.

Todos los contratos fueron asignados a Woonter Well por un total de 9.1 millones de pesos.

De hecho, en 24 de los 28 contratos que Animal Político pudo revisar, el proceso de adjudicación fue el mismo, invitación a cuando menos tres proveedores. En los otros cuatro los documentos consultados no detallan la modalidad de adjudicación.

Se disuelven cuando ganaban millones

Noviembre y diciembre de 2016 fueron de los mejores momentos para la empresa; en esos dos meses obtuvo contratos por 11.7 millones, incluidos los 9.1 millones del Capcee.

El último de sus contratos lo firmó el 8 de diciembre de ese año, cuando el ayuntamiento de Puebla le contrató una serie de servicios de papelería e impresión, pero una semana después, el 17 diciembre, las socias Verónica Morales y Araceli León decidían entregar sus acciones a Reyna Trinidad Ortega González y Salvador Conde Arbizu quienes de inmediato iniciaron el proceso de disolución contratando al abogado José Karim Velasco Esquivel como liquidador de la sociedad.

Aunque el movimiento se hizo oficial hasta el 25 de enero que se registró el acta notarial de la asamblea de socios.