«En caso de no tener una respuesta positiva a la paralización de los desahucios, se ha acordado retirar las cuentas bancarias en cada entidad». Muchos apostarían a que el compositor de la música y la letra de esta frase es algún miembro de Podemos, pero no. Javier Sánchez Camacho (PSOE), alcalde del municipio jiennense de Arjona, cuenta con los derechos de autor del entrecomillado. Lo pronunció hace dos años en un pleno municipal en el que declaró al municipio libre de desahucios. La cancelación de las cuentas bancarias que la Junta posee en entidades que aplican este tipo de desalojos sin alternativa habitacional es una de las exigencias que el partido morado ha puesto para dejar paso en la investidura de Susana Díaz. «CiU era el negociador más duro en Madrid. Nosotros somos más duros que ellos, porque sabemos más cosas que ellos. El PSOE no ha ofrecido nada, quiere que les votemos porque sí», dice Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos.

En los últimos días ambos partidos se han intercambiado documentación en la que cada parte defiende su tesis. Un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Hacienda, aportado por el PSOE, mantiene que la Junta y sus entes instrumentales no pueden excluir a los bancos que permitan desahucios sin alternativa habitacional. «Podría infringirse principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos», expone, es decir, podría incurrirse en un delito de prevaricación. Del otro lado, Podemos sostiene que las cuentas ordinarias, es decir, aquellas que se limitan a una gestión como la que puede hacer cualquier ciudadano, están excluidas de la Ley de Contratación del Sector Público (según recoge el artículo 4.1 apartado l de dicha norma). El partido se agarra también al apartado 4.1.c del Manual de Procedimientos de la Tesorería General de la Junta que recoge un listado de supuestos para cancelar una cuenta, entre ellos: «Otras circunstancias que así lo aconsejen». Podemos cree que desahuciar a una familia es motivo más que suficiente para ordenar el cierre. «El PSOE dice que cada vez que ha abierto una cuenta corriente usó el sistema de licitación y contratación. Déme los contratos, entonces», sostiene Yagüe.

Este periódico se puso en contacto con la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) y la Asociación Española de Banca (AEB) y ninguno de los dos quiso poner algo de luz en el asunto. José Manuel Carrión, miembro de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) cree que la Consejería de Hacienda sí puede ordenar el cierre de una cuenta. «Hablamos de cuentas que no están sujetas a cláusula alguna y si su función es para hacer simples operaciones de tesorería, la norma es transparente a la hora de excluirla de la Ley de Contratación». Carrión argumenta que si Hacienda puede autorizar una operación de lease back para obtener liquidez, vendiendo 75 edificios públicos, «no tiene sentido alguno que no pueda cerrar una cuenta bancaria ordinaria».

Además del ejemplo de Arjona, en los últimos años ha habido otras administraciones que han cerrado cuentas bancarias. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retiró a finales de 2012 su saldo disponible en las cuentas de Bankia, unos 1,5 millones de euros, al no haber recibido respuesta por parte de la entidad en relación a la carta enviada como parte del protocolo antidesahucios que lleva a cabo la corporación. «Que tú no sepas cómo se hacen las cosas, no significa que no se puedan hacer. Se pueden cambiar, pero no se quieren enseñar las cuentas», dice Yagüe. Podemos matiza que su intención no es cerrar todas las cuentas, ya que hay algunas que habrán sido suscritas para operaciones de préstamo y sí estarán bajo contrato. El partido insiste en que quiere tener conocimiento de todas las cuentas que tiene abiertas la Junta, «y las que podamos mover, las movemos. Las que están bajo contrato, no. Con ese gesto pondremos un muro contra la corrupción y las mentiras políticas».

En una reflexión más amplia sobre el proceso de negociación con el PSOE desde el partido morado se lanza una queja: «Nos están tratando como pardillitos y no somos tontos. No se han dado cuenta de que los recién llegados sabemos de primera mano cómo se hacen las cosas. Queremos que los compromisos de Díaz se vean en el BOJA, queremos verlos, tocarlos, comprobar que se hacen».