El 15 de abril de 2017 un agente de Policía rompió varios dedos de una mano a un ciudadano senegalés de un 'porrazo' tras una persecución por el centro de la ciudad. El motivo: vender en el 'top manta'. El 14 de mayo del mismo año un agente de los Mossos d'Esquadra, en el desalojo del Centro Social La Rimaia (Barcelona), retuerce los dedos, tira del pelo, golpea en la boca y empuja a una joven de 19 años, tal y como ella misma afirma. El caso está en los tribunales. El 22 de diciembre de 2017 una grabación de un ciudadano recoge cómo un agente de Policía propina una fortísima bofetada a una mujer, que sale desplazada y cae al suelo. El compañero del agente mira impasible el golpe.

Son tres ejemplos reales sucedidos durante el año anterior. Pero hay muchos más. El informe de 2017 de la Coordinadora para la Prevención y de la Denuncia de la Tortura (CPDT) recoge hasta 1.014 casos de personas que han denunciado social o judicialmente torturas, abusos y/o malos tratos policiales. Se trata del dato más alto desde 2004, cuando la Coordinadora comenzó a recopilar estos datos. Es más, la cifra prácticamente multiplica por cuatro el número de casos respecto a 2016. La clave: las 473 personas que denunciaron haber sido víctimas de la violencia policial en Catalunya el pasado 1 de octubre.

"El año 2017 ha sido en el que mayor número de personas ha denunciado haber sufrido algún tipo de agresión policial durante su participación en movilizaciones sociales, una categoría que supone un 58% del total de personas afectadas", explica el Informe sobre la tortura y los malos tratos policiales en el Estado español.

Se trata del dato más alto desde 2004, cuando la Coordinadora comenzó a recopilar estos datos

La cifra supera ampliamente los datos registrados en 2015 y 2016 cuando se registraron 232 y 259 casos de personas que denunciaron haber sufrido violencia policial respectivamente. Es decir, se ha multiplicado por cuatro. Los datos de agresiones policiales durante movilizaciones sociales en 2017, de hecho, solo son comparables con los de 2011, año en el que se extendió por todo el país el movimiento 15-M. Así, en 2011 fueron 591 las personas que denunciaron este tipo de agresiones durante protestas y movilizaciones y en 2017 han sido 618. En años anteriores, por ejemplo en 2016 o en 2015, está cifra quedó limitada a 20 y 89 personas respectivamente.

Como dato positivo cabe destacar que es el tercer año consecutivo que el informe no recoge ninguna denuncia por tortura en situación de detención Incomunicada. Sin embargo, pervive la legislación que permite la detención incomunicada y, por tanto, la posibilidad de que se produzcan en un futuro, más o menos próximo, casos de tortura y malos tratos en estas circunstancias. "Es por ello por lo que, una vez más, exigimos la derogación absoluta del régimen de detención incomunicada", dice la Coordinadora.



Más personas migrantes agredidas

Los datos de la CPDT también recogen un aumento de las agresiones a personas migrantes por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, en 2015 se recogieron los casos de 50 personas; en 2016, la cifra aumenta a 147; y en 2017, a 287 personas. El dato de 2017 es el segundo más alto desde 2004, solo superado por la cifra de 2014, cuando se registraron 355.

La razón del extraordinario aumento es el número de personas que denunciaron agresiones durante el 1-O en Catalunya

La CPDT muestra su "honda preocupación" por el elevado número de denuncias de agresiones dentro de los Centros de Internamiento para Extranjeros, popularmente conocidos como CIE. El informe señala que hubo 112 personas afectadas por presuntos malos tratos o tortura dentro de estos espacios de privación de libertad. "Reiteramos nuestra exigencia de su cierre inmediato, por ser espacios de vulneración de derechos y de frecuentes malos tratos", señala el la Coordinadora en el informe.

La tortura como premio

La CPDT también denuncia "la sensación" de que en España la tortura por parte del Estado no solo "no se persigue" sino que "se premia". "En este contexto queremos recordar que el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, fue acusado de torturar a una persona detenida en régimen de incomunicación en 1992 y fue juzgado por esos hechos en 1997. Entendemos que encargar estas responsabilidades a personas con este pasado da un mensaje de 'premio' a determinadas actitudes y conductas, que valoramos como muy peligroso", señala el Informe.

En este sentido, la Coordinadora también señala como preocupante el nombramiento de Héctor Moreno como jefe de la Policía Nacional de Cantabria ya que, como informó este periódico, Moreno había sido condenado en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de torturas y había sido parcialmente indultado por el Gobierno de José María Aznar en 1998.

La metodología

La CPDT, una plataforma integrada por más de 40 organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos, reconoce, no obstante, que "estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos. Por una parte, una misma situación con diversos afectados podrá dar lugar a una o a varias causas diferentes, dependiendo de las circunstancias concretas de la situación. Por otra, puede que algunas de las personas afectadas tras hacer una denuncia pública y obtener un parte médico de lesiones, no haya acudido a ratificar la denuncia al Juzgado".

"Hay que insistir en que este informe no recoge la totalidad de las

situaciones de tortura y/o malos tratos ocurridos en el Estado español durante el

año 2017, ni siquiera contiene la totalidad de las denuncias formulada en los

tribunales; sino sólo aquellas que, dadas las condiciones antes indicadas, han

llegado a nuestro conocimiento y hemos podido contrastar", insiste la Coordinadora, que también apunta a la ausencia de datos oficiales y a su desigual implantación a lo largo de todo el territorio estatal.

Las fuentes utilizadas por la Coordinadora para elaborar este informe son entrevistas personales con las personas denunciantes y/o sus familiares; información facilitada por las abogadas de las personas afectadas, cuando estas abogadas no forman parte de ninguna de las organizaciones de la CPDT; informes de otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos no pertenecientes a la CPDT; resoluciones judiciales (sentencias y autos) y otras fuentes oficiales; y, por último, medios de comunicación, siempre que su información haya podido ser contrastada por otras fuentes.