Hace pocas semanas, el presidente del PP, Pablo Casado, anunciaba una propuesta por la que la okupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con entre 1 y 3 años de prisión y que la policía pueda desalojar a los okupas en 24 horas. Regresaba a primer plano uno de los temas que más preocupan a arrendadores o a propietarios de pisos vacíos.

Una cuestión que se dirimió el pasado verano con la aprobación de la nueva ley de desahucio exprés (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) y que, tras medio año de existencia, está empezando a dejar ver mejoras respecto a un problema que, hasta entonces, podía suponer una pesadilla de hasta dos años para el propietario al que le ocupaban la casa.

El problema en España de la ocupación ilegal de viviendas ha ido en aumento en España en los últimos años. Según los datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, estamos ante una práctica que no ha dejado de crecer hasta donde se tienen datos (año 2017) situándose por encima de los 10.000 los casos de viviendas ocupadas denunciadas o investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el Instituto Cerdà, se estima que más de 87.000 viviendas están ocupadas en España de forma ilegal y que hasta en otros 100.000 casos los propietarios no denuncian por coacciones. Además, la proliferación de mafias en este campo ha provocado que los okupas ya no sean únicamente familias sin recursos y que haya cada vez más viviendas ocupadas en urbanizaciones de lujo.

Por el momento, parece que la nueva ley de desahucio exprés va logrando resultados, aunque no mitiga por completo el problema. ¿Cómo funciona esta ley? Desde El País explican que la principal mejora viene dada por el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía hasta el pasado verano, cuando se aprobó esta nueva norma.

A partir de la presentación de una demanda civil de desahucio, se establece un plazo aproximado de 30 días en la que se suele recuperar la vivienda, aunque esto siempre depende de la carga de trabajo que tenga el juzgado de primera instancia correspondiente. En el peor de los casos, el propietario suele recuperar la vivienda en un plazo de tres a cinco meses.

Esta ley protege a propietarios, pero también a Administraciones públicas cuyas viviendas sociales sean objeto de ocupaciones ilegales. No incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversión.

Desde su entrada en vigor el pasado año, todo okupa que no acredite en un plazo de cinco días un título jurídico de la vivienda (escritura de compra o contrato de alquiler), se enfrenta a un auto judicial irrecurrible, con hora y fecha concreta, que autorice el desahucio. Los okupas suelen presentar títulos (falsos y sin valor jurídico) que supuestamente les habilitan para permanecer en la vivienda.

El propietario también cuenta con otros aliados, como cláusulas en pólizas de hogar multirriesgo en las que compañías de seguros cubren los gastos judicial que pueda generar echar a los okupas. Además, existen otros sistemas anti-okupa, dirigidos a hacer puertas y ventanas más efectivos ante estas mafias.