La causa contra las ex autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) suma detalles escandalosos a medida que avanza la investigación. Lo más grave de la imputación es que la organización gremial que debería defender los derechos de todas las personas que cursan en la Universidad de Buenos Aires (UBA) quedó en la mira por administrar fraudulentamente el dinero de los estudiantes y desviarlo a partidos de izquierda.

Para entender el derrotero judicial del caso, hay que remitirse al 2015, cuando el abogado Ricardo Monner Sanz hizo una denuncia que fue delegada al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien ordenó una serie de medidas de prueba. Sin embargo, las tareas de los investigadores no fueron sencillas debido a la resistencia y la violencia ejercida por los representantes de los partidos de izquierda que hasta mediados de 2018 tuvieron el control de la entidad.

El personal de la AFIP que se presentó en los locales que controla la organización en cada sede del Ciclo Básico Común (CBC) vivió en carne propia el destrato de la patota de la FUBA. Una reacción lógica para un grupo que pretendía evitar que se verificara presencialmente lo que realmente sucede esos espacios cedidos por la Universidad de Buenos Aires.

Ante semejante reacción, se buscó otro camino. Se le encomendó a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal que realizara distintas tareas que permitieron constatar que esos locales se transformaron en centros de copiado en los cuales se disparaban varios negocios económicos de los que poco se sabe.

Dichas tareas solamente se limitaban a conocer las actividades comerciales que se realizaban en los espacios ocupados en al menos 8 sedes universitarias (Ciudad Universitaria, Ramos Mejía, Montes de Oca, Puán, Drago, San Isidro, Paternal y Avellaneda) y fueron ordenadas por Marijuan porque el juez Marcelo Martínez De Giorgi le había delegado la instrucción del caso.

El trabajo de los agentes no abarcó actividades académicas ni de otros sectores de la Universidad, como denuncian los abogados de los imputados con el objetivo de correr el foco del verdadero objeto de la investigación: una presunta defraudación millonaria.

A partir de allí, se pudieron conocer algunos detalles por los cuales deberán dar explicaciones los ex copresidentes Julián Ismael Asiner (Partido Obrero) y Adrián Lutwak (Izquierda Patria Grande) y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Diego Martín Cormick, quienes fueron citados a indagatoria.

Julián Asiner, ex presidente de la FUBA

La AFIP constató que en la mayoría de los locales -identificados con carteles de la FUBA- se desarrollaban tareas de copiado de apuntes con personal inscripto en el monotributo o incluso en el régimen general. La mayoría de los empleados decían que lo hacían en nombre de la organización gremial estudiantil, pero evitaba identificarse.

Las nuevas autoridades de la IGJ informaron en el expediente que desde el año de su constitución y hasta la actualidad no existe documentación alguna que acredite el funcionamiento regular de la FUBA. Además, se adeuda documentación correspondiente a sus estados contables desde el 2001 y no hay rastros sobre asambleas realizadas o inscripción de autoridades. Además se determinó que en el período comprendido entre 2007-2017 la organización no tuvo cuentas bancarias registradas.

En otras palabras, la FUBA realizó una explotación comercial de los locales que les cedieron con varios agravantes: no hay un solo dato oficial sobre el dinero que manejó, se halla en una situación irregular ante los organismos de control y ni siquiera realizó asambleas para la designación de sus autoridades.

La falta de balances impide conocer con exactitud el dinero que mueve la FUBA con las fotocopias y la venta de apuntes para el CBC, pero una cuenta austera eleva esa cifra por encima de los 60 millones de pesos. Para llegar a ese número basta con que los 60.000 estudiantes del Ciclo Básico todos los años compren unos 5 apuntes de 200 pesos por año. Fuentes universitarias coinciden en que un alumno que está cursando el ingreso a cualquier carrera de la UBA gasta mucho más, por lo que la suma podría multiplicarse dos o tres veces.

En una ampliación de denuncia, Monner Sans aportó algunos datos que podrían ser determinantes para seguir parte de la ruta del dinero. Especificó que se creó una sociedad de responsabilidad limitada denominada "La Copia" con un capital de USD 50.000, cuyo objeto era lucrar con la venta de apuntes. Su domicilio registrado ante la IGJ se encuentra en el Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, es decir, en la sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

En una artículo publicado en Juventud Informada se denunció que a través de La Copia se montaron incluso sociedades entre profesores -que ceden los derechos de los materiales de estudio de sus cátedras- y la FUBA, que es el principal comercializador y distribuidor de esos apuntes.

Los investigadores creen que con el cambio de autoridades -un frente reformista que nuclea a peronistas, radicales y socialistas que desplazó a la izquierda- podrán acceder a mayor información sobre el manejo de esta caja millonaria de los apuntes.