Uno de los objetivos que se planteó el presidente Mauricio Macri en la administración del Estado fue revertir la tendencia de crecimiento del empleo público nacional, que aumentó 47,8% entre los años 2005 y 2015, según datos del Gobierno, hasta alcanzar 798.702 empleados.

Para lograrlo, impulsó numerosas medidas de reestructuración estatal, con incentivos y sanciones, que redundaron en una caída del 7,4% del empleo público nacional (59.553 empleados menos), en sus cuatro años de gobierno, incluyendo fuerzas de seguridad, docentes, salud y de empresas estatales, entre otros.

Pero en simultáneo aumentó un 5,2% la cantidad de empleados a nivel municipal, con 30.184 agentes más; y a nivel provincial, donde se incrementó un 3% la dotación laboral, con la incorporación de 69.739 empleados en los gobiernos provinciales. Eso provocó un leve aumento del empleo público total durante los últimos cuatro años.

Uno de los mecanismos que utilizó el gobierno de Macri para reducir el empleo a nivel nacional fue la caída de contratos, que estaban en programas que se discontinuaron, como ocurrió en el Sistema Nacional de Medios Públicos. También hubo transferencia de empleados de Nación, como el pase de la Policía Federal a la nueva Policía de la Ciudad; y la sinergia entre organismos, como AFSCA y AFTIC, que se fusionaron en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).

Además hace dos años se implementó un control de presentismo más estricto, que provocó la renuncia de más de 2.000 empleados por no poder cumplir con los horarios que quedaron registrados en los sistemas biométricos de control de asistencia.

"En la Administración Pública Nacional (APN) esa caída se profundizó. Nosotros bajamos 18,5% la cantidad de empleados", dijo Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, en una reunión de prensa donde hizo un balance de su gestión. Y agregó: "También redujimos un 8,2% la cantidad de cargos de conducción, donde tuvimos una baja de 758 cargos totales".

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Sin embargo, el martes pasado el Gobierno publicó un decreto que garantiza la estabilidad laboral durante cinco años a coordinadores y directores que ganaron sus concursos durante el gobierno actual y la anterior gestión kirchnerista.

Esa decisión contó con el aval de UPCN, pero fue muy criticada por el otro gremio estatal, ATE, cuyo secretario gremial de la seccional Capital, Luciano Fernández, sostuvo que se trata de una herramienta para "colonizar el Estado nacional con funcionarios de la fuerza política que se está yendo.

Incluso el presidente electo, Alberto Fernández, cuestionó "todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos, con cifras siderales de sueldos y la efectivización de empleados que hicieron entrar por la ventana".

Es que el Gobierno concursó "328 cargos de alta dirección, de los cuales 100 ya están formalizados y el resto está en trámite", planteó Ibarra. Y otros 4.883 cargos simples de empleados, frente a los 2.850 cargos que se concursaron en los 10 años anteriores.

En simultáneo, casi 100.000 empleados cobraron un plus por presentismo en algún momento del año, desde junio de 2017, que es de $1.964 mensuales para los que tuvieron asistencia perfecta durante un cuatrimestre, $1.375 para los que faltaron hasta una vez por mes y $786 para los que tuvieron hasta dos faltas mensuales, según informó el Gobierno nacional.

Eso forma parte de una estrategia más amplia que diseñó la Secretaría de Modernización, que incluye el congelamiento del ingreso de nuevos empleados públicos y un mecanismo de movilidad interna entre las diferentes dependencias estatales, junto con planes de capacitación y concursos para los empleados públicos. A la vez, el Gobierno potenció el programa de Movilidad y Búsquedas Internas de personal público, ya que desde julio del año pasado no pueden ingresar nuevos empleados a la Administración Pública Nacional, con algunas excepciones.



"Tuvimos dos grandes objetivos: jerarquizar el empleo público y mejorar la organización del Estado", aseguró Ibarra. En ese sentido, el funcionario destacó que se relanzó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), con itinerarios formativos, cursos de inducción al Estado, un nuevo campus virtual, articulación con universidades y 1.300 becas para empleados.

Según datos de Modernización, ya se caratularon 17 millones de expedientes electrónicos, que generaron un ahorro de $1.500 millones "en traslado físico de expedientes"; y se implementaron 1.800 trámites a distancia, que antes eran presenciales y permitieron ahorrar $2.000 millones en costo administrativo.

Además, se crearon dos plataformas digitales de compras y licitaciones abiertas, que tuvieron $115.000 millones en compras adjudicadas (por el portal Compr.ar) y $21.000 millones en obras públicas adjudicadas (por Contrat.ar). Uno de los organismos que más usa esta plataforma es Vialidad Nacional, para sus obras de infraestructura, que buscó alejarse de las licitaciones que caracterizaron a la gestión kirchnerista, con el emblema de Lázaro Báez como uno de sus principales beneficiarios.

