Patricia Simón

01/12/2016

Una veintena de juezas y jueces participantes en un curso del Consejo General del Poder Judicial visitaron hace unos días el área destinada a las mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche. Reconstruimos la visita a través de los testimonios de varias magistradas y magistrados, porque el acceso a los CIE está vetado para la prensa.

Ocio aquí es darle fotocopias de dibujos de conejos delineados para colorear a mujeres adultas que han sido encarceladas, sin haber cometido ningún delito, mientras esperan ser deportadas. Ir al médico, si la doctora no habla tu idioma, que le teclees en Google Translator tus dolores o malestar. Que el encargado, supuestamente, de protegerte mientras dure tu reclusión, defina su función como “esto es como que te toque bailar con la más fea”. Descansar entre estas paredes es dormir rodeada de extrañas, en unas literas metálicas sobre un fino colchón de plástico. Vivir en este otrora hospital penitenciario es gastar las horas encerrada en estancias con cristaleras opacas, envuelta en un ambiente grisáceo permanente.

Ver la luz del día aquí es salir a un patio minúsculo en el que tienes que alzar el cuello como si fueses una grulla para atisbar el pequeño rectángulo de cielo al que tienes derecho. Ser mujer aquí es escribir a tu hermano para decirle que mañana vas a ser deportada a República Dominicana después de haber llegado al Estado español -al destino, al inicio de la nueva vida, al paraíso prometido- haciendo la ruta Turquía-Grecia. Habitar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del madrileño barrio de Aluche es cruzarte con una decena de antidisturbios, pertrechados con chalecos antibalas, porras, pistolas y cascos, cuando vas al comedor. Dar aquí con tus huesos es sentir en carne propia, en el cuerpo que somos, toda la violencia institucional en forma de cerrojos, celdas, cámaras, horarios para no hacer nada más que dormir-comer-esperar-dormir. Todo por nada más que por ser extranjera y pobre, el enemigo a evitar, el mismo que el Estado deja que se cuele por aeropuertos, vallas, pateras, para que puedan ser explotados desde su situación de clandestinidad, de otredad.

Ver la luz del día aquí es salir a un patio minúsculo en el que tienes que alzar el cuello como si fueses una grulla para atisbar el pequeño rectángulo de cielo al que tienes derecho

Bienvenidas al kilómetro cero de la política de criminalización de la migración, de la negación de los derechos de las personas migrantes, del retorno a la casilla de salida del Juego de la Oca de la yincana de explotación, redadas racistas, detenciones, amenazas de devolución, en el que sobreviven decenas de miles de personas en situación administrativa irregular en el Estado español.

Recorremos las estancias del CIE de Aluche, a través de los testimonios de juezas y jueces que han participado en un curso del Consejo General del Poder Judicial, porque el acceso está a los CIE está vetado a la prensa.

Mentiras y arbitrariedades

El director del CIE muestra la bolsa con el kit de higiene que se entrega a las recién llegadas: gel de baño, jabón, pasta y cepillo de dientes, un desodorante de marca destinada publicitariamente a hombres, supuestamente por su estética y perfume. “¿Y las compresas?”, preguntan. “¿Las compresas? Se las entregamos cuando nos las piden”. “¿Pero una a una, como se hace en otros CIE? ¿Por qué no les entregan un paquete a su llegada?”. “Bueno, no sé, pero no, les damos un paquete cuando nos las piden”.A continuación muestra la bolsa con la muda que entregan a quienes que la soliciten. Chándal, zapatillas deportivas, dos bragas. “¿Y sujetadores?”. “Sujetadores no”, responde el director. Se ahorran el por qué, hay que administrarlos con austeridad ante tanta sinrazón.

Y hay muchas mentiras que desmontar. Por ejemplo, dicen: “El 98 por ciento de los internos tienen antecedentes penales”. “Pero eso es imposible, según los datos de la Fiscalía sólo unas 400 de las 6.900 personas que fueron encerradas en los CIE en 2015 tenían antecedentes penales o su reclusión era una sustitución de la condena a prisión”. “Antecedentes penales o policiales”, amplía el directivo. “Los antecedentes policiales no son nada, eso significa que han sido absueltos”, le replican. “Tengo la potestad de admitir o denegar el ingreso de personas. Y, normalmente, no los admito por estancia ilegal en el país”, contraataca poco después. De nuevo mentira, como arrojan todos los datos y experiencias que periodistas, abogadas, abogados y oenegés han recopilado a lo largo de estos años. “Las colchonetas son más gruesas que las de los calabozos de las comisarías”, espeta el director. Si así es, piensan cuando ven los pocos centímetros de grosor de los colchones plastificados, difícilmente alguien pueda dormir en esos calabozos. “Tienen acceso a su teléfono de 4 a 8 de la tarde”, añade, como si de un catálogo de servicios hoteleros se tratase.

No fue hasta 2015, cuando el juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, obligó a través de un auto a que cumpliesen con este derecho a la comunicación. Todo ello después de que la dirección del centro llevara incumpliendo desde 2010 un acuerdo que se había alcanzado entre ésta y los tres jueces de control para que se les permitiera el acceso a sus teléfonos. Paradójicamente, aunque el auto de 2015 sólo prohíbe hacer fotos con los móviles, el director sostiene que tampoco tienen derecho a conectarse a internet. Una arbitrariedad más que se confirma en la visita a la habitación donde custodian los móviles. Apenas hay smartphones, la mayoría son terminales antiguos sin conexión web. Cuando preguntan si este sorprendentemente envejecido párking telefónico tiene algo que ver con la prohibición de acceder a internet lo niegan. En esta realidad paralela, pretenden hacer creer que el 90 por ciento de las personas migrantes sólo tienen teléfonos de otra época. No merece la pena seguir ahondando en esta cuestión, cuando la mayoría de las respuestas son “no lo sé” por parte de su responsable.

“No lo sé” fue la respuesta cuando preguntaron por qué las duchas de los baños de mujeres no tenían cortinillas. Lo que sí sabemos es que al menos ahora están divididas por un tabique gracias a otro auto judicial del juez de control. “No lo sé” fue la respuesta cuando preguntaron por qué todas las ventanas tenían cristales de un blancuzco opaco, antes de añadir la otra respuesta más recurrente: “Será por cuestiones de seguridad”.

Antidisturbios en el CIE

En la llamada ‘sala de ocio’ -retorcida falacia conceptual- cuatro mujeres conversan entre ellas y con una trabajadora de la Cruz Roja mientras una televisión emite imágenes y ruidos a los que nadie atiende. Una de ellas será deportada al día siguiente a su país de origen, República Dominicana. “No he avisado a nadie más que a mi hermano para no preocuparles”. Para llegar a España hizo la ahora famosa ruta de las personas que buscan refugio: voló hasta Turquía, para desde ahí cruzar hasta Grecia, antes de poner rumbo a España. A su lado, una mujer venezolana muestra las actas de defunción de uno de sus hermanos. Otros tres, según dicen, han sido asesinados. “No puedo volver a Venezuela, mi vida corre riesgo allí”. Sala de ocio. Donde les dan fotocopias para colorear a mujeres adultas en plenitud de sus facultades.

A unos metros de aquí, un grupo de antidisturbios, pertrechados con sus chalecos antibalas, cascos, armas y porras, vigilan el pasillo que da al ala destinada a los internos hombres. “Acérquense, queremos contarles. Nos pegan”, gritan. Tres portones de rejas impiden el acercamiento. Sin embargo, varias fuentes confirman que algunos internos han denunciado las humillaciones y malos tratos que les llevaron hace unas semanas a protestar en la azotea del CIE. Según sus testimonios, aprovechando la ausencia del director, varios policías habrían decidido castigar a algunos internos poniendo el sonido de películas pornográficas por los altavoces, dejando las luces encendidas durante toda la noche para que no pudieran dormir, pegando a varios de ellos. Una denuncia ha sido interpuesta ante uno de los juzgados encargados de la vigilancia del centro.

Varios policías habrían decidido castigar a algunos internos poniendo el sonido de películas pornográficas por los altavoces, dejando las luces encendidas durante toda la noche para que no pudieran dormir, pegando a varios de ello

“Aquí atendemos como en cualquier consulta”, responde en varias ocasiones la doctora de Clínica Madrid, la empresa subcontratada para atender a las personas internadas en el CIE. “¿Y cómo se entiende con ellas?”, preguntan. “Como en cualquier consulta médica”, repite. “Pero, ¿y si no entiende su idioma, tienen intérpretes?”. “Tenemos una aplicación, como el Google Translator, y nos entendemos perfectamente”. “¿Les hacen un análisis en esa primera consulta?”. “No, ¿a usted se lo hacen cuando va a su médica de cabecera?”. “Pero, entonces, ¿tienen al menos acceso a los historiales médicos de estas personas? ¿Se los hacen llegar cuando vienen de otro CIE?”. La respuesta varía, desde un “no”, a un “si solicitan su historial médico, entonces lo pedimos, aunque no siempre es fácil”, hasta un “sí, nos los hacen llegar”. Todo en la misma conversación y todas estas opciones pese a que no pertenecen a la red de la Seguridad Social al ser una empresa privada. “¿Tienen protocolo antisuicidio? En esos casos, ¿les recetan ansiolíticos?”. “Es que no los necesitan, la mayoría de la gente que viene a la consulta está muy bien, muy tranquila”.

En la consulta no hay más que una camilla y una mesa. Ni máquina de radiografías, ni posibilidad de hacer análisis. En este CIE murió en 2011 Samba Martine. Fue a la consulta -en la que había otro equipo médico- en diez ocasiones. Sólo en una contó con intérprete. Cuando finalmente fue trasladada al hospital por una crisis de hiperventilación, ya era demasiado tarde. Murió por una infección supuestamente derivada del VIH que en ningún momento le fue diagnosticado.

Cruzan el área de visitas, donde como contamos en Pikara Magazine, las personas tienen que comunicarse con sus seres queridos a través de un teléfono por la mampara que les separa. Fuentes vinculadas con oenegés que visitan habitualmente el centro confirman que se siguen cerrando a menudo, pese a que el director lo niega. Al otro lado, la oficina de la Cruz Roja en la que hay tres trabajadoras sociales que hablan español, inglés, francés y árabe. “¿Y si la persona usuaria de sus servicios no habla ninguno de esos idiomas?”. “Siempre hablan un poco de alguno de ellos, pero si no, pedimos ayuda a otros internos para que le traduzcan?”. “¿Y la confidencialidad?”, le preguntan. “También tenemos el Google Translator”. “¿Pero no tienen servicio de intérpretes?”. “Sí, si lo necesitamos lo podemos pedir”. Las respuestas de las personas trabajadoras del CIE tienen en común que van adaptándose y variando dependiendo de cuántas veces les pregunten.

Las celdas -a las que llaman habitaciones- cuentan que están compuestas por tres o cuatro literas metálicas, sobre las que descansan los finísimos colchones, más pequeños que el somier enrejado. A los lados, unos poyetes hacen las veces de mesita de noche: los escasos productos de higiene que les son entregados, las toallas, algún libro -hay una estantería con un puñado de libros a la que, siguiendo con esta enajenación semántica, llaman librería los responsables del centro-. Poco más. En una esquina, una minúscula estancia destinada al wáter y un lavabo. Como el resto del mobiliario, todo es metalizado. Todo desprovisto de cualquier detalle que lo haga acogedor. Todo tan funcional, nos dicen, que pareciera querer gritar: ¡no estamos destinados a acoger seres humanos!

Lo único que reivindica que ahí hay personas vivas son esos dibujos infantiles, que cuelgan de las paredes, que han sido pintados por mujeres adultas, supervivientes, en plena posesión de sus facultades, y que aquí son despojadas de cualquier capacidad de decisión, de autonomía.

“Los CIE son centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”, denuncia incansablemente Ramiro García de Dios, uno de los jueces de control del CIE de Aluche desde hace siete años. Y, por tanto, una de las personas que mejor lo conoce. “Los CIE son peores que las prisiones, no sólo por el conjunto de carencias de medios que tienen, sino por el intenso régimen policial de control que somete a las personas internadas a una tensión durísima que provoca lo que provoca. Porque lo que ocurrió hace unas semanas no fue un motín, sino una protesta derivada del régimen de internamiento y de ese acusado régimen de control policial”, añade.

Todo un entramado supuestamente creado como antesala a la expulsión. Pero si sólo fueron ejecutadas el 22 por ciento de las órdenes de devolución incoadas en 2015, ¿para qué sirven los CIE? El investigador Eduardo Romero, como otras fuentes expertas, lo tiene claro: “Buscan eternizar el desarraigo, poner a los pies del mercado a millones de trabajadores dispuestos a aceptar cualquier cosa por el miedo y la vulnerabilidad jurídica en la que viven”.

Así que cuando escuchen hablar de motines, como advierte García de Dios, activen las alertas: la enajenación semántica no se queda encerrada en los CIE, ésta sí traspasa sus rejas. Piensen en ese miedo y esa vulnerabilidad transformándose en valentía, en protestas. Y pregúntense por qué las periodistas no podemos entrar en los CIE, pero sí en las cárceles. Por qué no podemos ser nosotras sus ojos, cumpliendo con la función social que tenemos reconocida constitucionalmente. No es a nosotras a quienes ocultan lo que pasa allí adentro, es a usted.