Luego de que se diera a conocer la existencia de un chat de WhatsApp en el que se compartían fotografías íntimas de mujeres indígenas, en el que presuntamente participaron funcionarios federales, organizaciones exigieron castigo a los implicados y protección para las víctimas.

A través de una carta dirigida al presidente López Obrador, 214 organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, así como 344 defensoras de derechos humanos, exigieron que se investigue a los funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) acusados de estar dentro del grupo de WhatsApp “Sierra XXX”.

Te puede interesar: Mujeres purépechas luchan contra el machismo y la violencia para liderar su comunidad sin partidos

“Manifestamos nuestra preocupación por la violencia ejercida por personal del INPI, mediante la difusión de fotografías íntimas de mujeres indígenas de la nación ayuuk, en el grupo de WhatsApp “Sierra XXX””, señalaron.

Asimismo, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las víctimas directas se encuentren en riesgo, “pues se debe considerar que en las comunidades indígenas el ser funcionario público aporta facilidades por pactos patriarcales y de impunidad”.

INPI debe investigar a funcionarios: ONG

Un funcionario del INPI que presuntamente participaba en el chat dejó el cargo después de que se denunciara a través de redes sociales la existencia del grupo “Sierra XXX”, sin embargo, las organizaciones consideraron que es necesario que se le investigue y que se castigue también a otros servidores relacionados.

“El director Nacional del INPI debe realizar los actos administrativos correspondientes ante los posibles hechos delictivos, para que de oficio se inicien las investigaciones contra los servidores públicos federales que se encontraban en el grupo”, señalaron.

Las firmantes también exigieron al director del INPI, Adelfo Regino Montes, una disculpa individua y una institucional, “frente a este hecho que victimiza a las mujeres que fueron exhibidas sexualmente sin su consentimiento, reprobar los hechos y enviar un mensaje contundente contra los servidores públicos, reprochando estos hechos”.

#Difunde

🚨Organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes y defensoras de #DDHH, exigen acciones reales y efectivas para sancionar a los funcionarios del @INPImx en #Oaxaca, que participaban en el #WhatsApp 'Sierra XXX', y reparar daño a víctimas exhibidas sexualmente. pic.twitter.com/oQ6LnuepOV — Codigo DH (@CodigoDH) March 24, 2020

A la Fiscalía General de la República, pidieron atraer el caso de forma oficiosa “no solo como medida afirmativa ante la violencia múltiple que representa para las mujeres indígenas, sino para garantizar la imparcialidad de la investigación del caso.

Asimismo, que se investigue a los servidores públicos que obstaculizaron el proceso de denuncia y omitieron dar garantías de protección a una mujer cuya foto fue difundida y quien difundió la existencia del chat.

Lee más: Mujeres rompen la tradición de los matrimonios forzados y venta de niñas en Guerrero

Exigieron también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación inicien quejas de oficio por el caso y las diligencias para esclarecer las violaciones cometidas por funcionarios federales contra mujeres indígenas ayuuk.

Finalmente, pidieron que se garantice el acceso a la verdad, la justicia y reparación, bajo los principios de debida diligencia, debido proceso y máxima protección.

Respuesta del INPI

En un comunicado, el INPI aseguró que una política de cero tolerancia a la violencia de género, e indicó que “de manera inmediata” se pidió la renuncia de un implicado en el caso, Rolando Vásquez Pérez, ahora exfuncionario del Instituto.

“Fue separado de la institución, como una clara muestra de que para nosotros son totalmente inaceptables conductas y acciones que atenten contra la dignidad e integridad de las mujeres”, refirió el INPI.

Como una consecuencia de lo anterior, agregó, “se dio vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, instancia que ya se encuentra realizando las investigaciones para establecer las responsabilidades institucionales que correspondan y se aplique la sanción correspondiente”.

Además, según el INPI, “se formuló la denuncia respectiva ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), para que proceda de conformidad con sus facultades legales; desde luego, se puso a disposición de la autoridad investigadora toda la información que el Instituto dispone y se ofreció total colaboración para el esclarecimiento de los hechos a fin de que se haga justicia a la víctima o víctimas de estos condenables actos”.

El 20 de marzo pasado, continuó en su mensaje, la Dirección General del Instituto se puso en contacto con la víctima “para expresarle la solidaridad y acompañamiento del Instituto frente a los actos de que fue objeto. Este mismo acompañamiento y solidaridad se brindará a todas las mujeres que hayan sido víctimas de estos actos”.

El Instituto aseguró que no minimiza la denuncia pública “y es falso que normalice la violencia contra las mujeres, por el contrario, conscientes que las mujeres, en especial las mujeres indígenas, han vivido un lamentable contexto de violencia, discriminación y exclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el INPI expresa una disculpa por cualquier acción u omisión en su relación con este importante sector de nuestras sociedades, y reafirma su compromiso de continuar trabajando por una sociedad en el que mujeres y hombres tengamos una vida en condiciones de igualdad y dignidad, convencidos de que no habrá una transformación sustantiva sin el respeto a los derechos de las mujeres”.