Hay cosas que sirven para distraer a la gente durante un día. Un paseo por el pasado, por ejemplo. No pueden, en cambio, frenar los procesos que están en marcha. Cristina Kirchner recordó a los argentinos que lidera una corriente agresiva, fanática y minoritaria. Fue un relámpago cargado de imágenes viejas. Sólo un Macri ingrato no le agradecería semejante favor cuando sobrelleva el momento más impopular de su plan de estabilización económica. La justicia federal, sin embargo, no se detendrá por esas ficciones políticas. Un consenso entre jueces federales y la Corte decidió que continuará, como si nada hubiera pasado, la revisión de las causas de corrupción durante el kirchnerismo. Habrá más presos y nuevos procesados, dijo un juez federal un día después de la parranda cristinista.

¿Cómo sigue entonces? La próxima novedad sobre la ex presidenta la dará el juez Claudio Bonadio, que la procesará por el delito de defraudación a la administración probablemente sobre el final de la semana que se inicia.

Hay que hacer una precisión: Cristina Kirchner no está siendo juzgada en esta causa por asociación ilícita, como ella aseguró en su discurso en la vereda de los tribunales. La figura le sirvió para adornar una frase de autoelogio. Pero no es verdad.

Antes del procesamiento, Bonadio debe pronunciarse sobre la recusación que le hizo Cristina. La recusación es floja: Cristina recordó que Bonadio había dicho que tenía una opinión sobre ella, pero que no la haría pública. Es cierto. Bonadio dijo eso. ¿Está prohibido que un juez tenga una opinión sobre una persona? No. Lo que un juez no puede hacer es expresarla públicamente, sobre todo si esa persona está siendo juzgada por él. Es lo que hizo Bonadio.

Cristinistas y no cristinistas (todos políticos) están cuestionando que se juzgue una decisión política. La política amplió con demasiada generosidad la interpretación de lo que es una decisión política no justiciable. Con palabras claras: una decisión política también puede implicar un delito. El segundo reproche que le hacen al juez es que haya permitido con su citación un regreso a la política de una ex presidenta que estaba arrumbada en el confín del Sur. Si bien es dudoso que la citación haya resucitado a Cristina, las preguntas son otras. ¿Por qué pedirle a un juez que mida con exactitud las repercusiones políticas de sus decisiones judiciales? Si lo hiciera, ¿no se convertiría, acaso, en un militante de fuerzas políticas concretas, oficialistas u opositoras?

Ocurre también que hay una incipiente preocupación de influyentes sectores empresariales por el curso de los acontecimientos judiciales. Comenzaron recibiendo con alegría las noticias que venían de los tribunales, pero cambiaron la cara cuando descubrieron que las investigaciones judiciales podrían terminar en algunos de ellos. El camino es inevitable; la corrupción política se alimenta de la corrupción privada. Ese cambio entre ciertos empresarios fue percibido por el Gobierno y por los jueces.

Hay un ejemplo en estos días de esa supuesta vinculación entre políticos y empresarios. El fiscal Guillermo Marijuan adelantó desde Nueva York que accedió a una voluminosa y devastadora información sobre las concesiones petroleras de Cerro Dragón. La investigación sobre presuntos sobornos involucra al ex ministro Julio De Vido, que se encontró con su destino judicial, y a empresarios nacionales y extranjeros.

Un mensaje nuevo apareció en el espacio público: es mejor, dice, dejar tranquilo al cristinismo y no darle la oportunidad del regreso. Que todo quede como está (o como estaba). La corrupción es posible porque alguien recibe dinero y porque otro lo paga. Una verdad simple y obvia, que a veces es necesario recordarla. Las investigaciones deben comprender a todos sus actores, no importa si estuvieron en la gestión pública o en la privada. El debate supuestamente político sobre la oportunidad de avanzar en las causas de corrupción es el pretexto perfecto para la impunidad.

Suelta de viejas ataduras y de más viejos temores, la Justicia parece impermeable a ese mensaje. Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez y excitado contador de dólares en La Rosadita, irá preso dentro de poco. Más integrantes del grupo de Báez acompañarán a Martín y a su padre en la cárcel. Dicen que su padre se convertiría en un Fariña mucho más preciso y caudaloso si su hijo terminara entre rejas. Lo único cierto, por ahora, es que Lázaro Báez está buscando un diálogo con la política o con la Justicia. Ese puente no se habilitó todavía, pero podría construirse en los próximos días.

La resolución de la Cámara Federal que ratificó su prisión le aclaró al juez Sebastián Casanello que el peligro de fuga de Báez no existió porque se subió a un avión sin plan de vuelo. El peligro existe, dice la única sala prestigiosa de ese tribunal, porque la cantidad de dinero lavado es enorme y porque Báez podría usar su libertad para seguir escondiendo su fortuna mal habida. Los tres jueces que firmaron la resolución (Irurzun, Cattani y Farah) hasta deslizan que podría haber dinero en efectivo escondido en covachas de Báez. La Cámara fue, en síntesis, mucho más allá que el propio juez Casanello. Báez no tiene ninguna razón para serenar la ansiedad que padece en estos días.

Los hermanos Schoklender volverán pronto a prisión por la causa que investiga el despilfarro de dinero público en el programa Sueños Compartidos, que también involucra al ex ministro De Vido y a Hebe de Bonafini. Tres ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner (Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina) fueron llamados a indagatoria por el derroche de recursos del Estado en Fútbol para Todos. Funcionarios cercanos a la jueza María Servini de Cubría, que es quien los citó, señalaron que es más fácil procesar a Aníbal Fernández por esa causa que por la de la efedrina.

El juez Julián Ercolini decidió crear una unidad fiscal de investigación por la muerte de Alberto Nisman. Le encomendó al fiscal Eduardo Taiano, de su más estrecha confianza, que designara a dos fiscales más. Es decir, que la muerte más importante de la democracia argentina será investigada por tres fiscales. La justicia federal evitó que la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, se metiera en el asunto.

El consenso de los jueces resolvió, en fin, que irán tomando decisiones de manera dosificada, pero permanente. El espectáculo sólo ha comenzado.

Desde la cresta del Poder Judicial hasta los pasillos de Comodoro Py sorprendió la información que daba cuenta de cierta desconfianza del Gobierno con el juez Ariel Lijo, que mantiene una excelente relación con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. "Lijo es una presencia importante entre los jueces y está convencido de la necesidad de avanzar en las causas que investigan la corrupción", dijeron en la más alta instancia de la Justicia. ¿Un ejemplo? Lo dieron: Lijo estuvo muy cerca de Casanello cuando éste dispuso la detención de Báez. Lo ayudó con algunos consejos prácticos y le sugirió que no permitiera la posibilidad siquiera de una fuga del empresario kirchnerista. Es probable que el Gobierno haya tenido información parcial sobre Lijo, pero lo cierto es que muy pocas veces repercutió tanto una información que afectaba a un juez. Lijo es más que un juez federal. Es un referente (o amigo personal) de varios de sus colegas.

El peronismo sabe de antemano los tiempos que vienen. La reaparición de Cristina Kirchner y la ofensiva judicial son más un problema del peronismo que de Macri. Si algo les quedó claro a los dirigentes peronistas más inteligentes es que ellos no volverán al gobierno con el espectáculo de Cristina Kirchner en Comodoro Py. Tendrán la calle, pero no el poder. Agresiones físicas y verbales a periodistas y un discurso amarrado al pasado. Pedazos de libertad, un derecho que se había recuperado plenamente, parecían otra vez en riesgo. Encuestas que recibió el peronismo aseguran que un 70 por ciento de la sociedad rechaza el acto de Cristina. Y a Cristina.

Poco después del violento pasatiempo cristinista, dirigentes peronistas golpearon la puerta de Servini de Cubría, también jueza electoral. Le suplicaron que acepte que la lista de unidad liderada por José Luís Gioja y Daniel Scioli está en condiciones legales de hacerse cargo de la conducción del peronismo. Hay un solo gobernador peronista que no integra esa lista. Es Alicia Kirchner. Hay un solo sector entre tantos que tampoco fue incluido en la eventual futura conducción del peronismo. Es La Cámpora. No fue casualidad. Tampoco fue magia.