Más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil han desahuciado a lo largo de la mañana de este jueves a las cincuenta familias que vivían en el asentamiento conocido como El Cavero, en el término municipal de la localidad toledana de Olías del Rey.

Según ha podido saber periodicoclm.es, a partir de ahora la mayoría de estas personas tendrán que vivir en un campamento cercano que ha improvisado el consistorio con tiendas de campaña y con un tanque de agua, por lo que una vez desalojado el asentamiento, varias familias se han reunido con el alcalde de la localidad, el ‘popular’ José Manuel Trigo, para exigirle que acondicione correctamente el recinto en el que tendrán que vivir, una negociación que ha acabado con el compromiso de instalar calentadores, hacer llegar más tiendas de campaña y suministrar generadores de luz.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha se ha autorizado un gasto de 1.800 euros para cada familia para poder atender gastos de alquiler en los primeros meses tras el realojo, pero según distintas fuentes, las familias que han acudido esta mañana al banco para retirar estas ayudas prometidas se han encontrado sin el ingreso.

Las familias desalojadas critican la actuación del Gobierno de Page y del Ejecutivo de Rajoy

De esta forma se ha pronunciado Ángel Benito Pérez, el abogado del casi medio centenar de familias que residían en el asentamiento de 'El Cavero' en la localidad toledana de Olías del Rey. A su juicio, considera que la solución puesta en marcha por el Gobierno regional -que va a dar 1.800 euros de ayuda a cada familia- es un "parche" que no resuelve el problema de estas personas, "cuando se lleve a cabo el desalojo, no van a tener un techo para cobijarse".

Según ha señalado el abogado, hace unos días los representantes de las familias fueron convocados por el Gobierno de García-Page a una reunión en la que se les explicó que la vía de facilitarles una vivienda social era "imposible" y se les instó a tramitar la solicitud de ayuda social con carácter de urgencia.

"Esto ha sido como un partido de tenis, uno tirando la pelota al otro", ha manifestado el representante legal de los habitantes de El Cavero, que ha criticado el cruce de declaraciones que ha enfrentado estos días al Gobierno regional y a los representantes del Ejecutivo central.

Además, ha dicho que la intención del Ejecutivo de García-Page de adquirir el edificio donde se ubica esta asentamiento a la Tesorería de la Seguridad Social, actual propietaria, "no ha sido real", pues este proceso hubiese llevado un tiempo y además lo tendría que haber tramitado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, como responsable de la Tesorería.

L a Guardia Civil se preparan para desalojar a las familias | Foto: Julio Pérez del Campo

El Ejecutivo de Page dice haber sido la única institución que ha aportado soluciones

Por su parte, el Gobierno de García-Page ha expresado su "rechazo y desacuerdo" con el desalojo del casi medio centenar de familias que residen en dicho asentamiento, puesto que consideran que esta situación "se podría haber evitado si hubiera existido una verdadera voluntad política por parte del Gobierno de Rajoy".

Desde el Ejecutivo castellano-manchego han querido dejar claro que han sido la "única" administración que en los últimos cuatro meses ha ofrecido soluciones concretas para evitar este desalojo con diversas gestiones con la Tesorería General de la Seguridad, propietaria del terreno, y el juzgado, con el objetivo de ampliar en varias ocasiones el plazo del lanzamiento de estas familias, has incluso poder adquirir la parcela en la que se ubican.

Ante la negativa de la Tesorería General de la Seguridad Social para vender dicha parcela, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado conceder una Ayuda Extraordinaria de Emergencia Social por cada unidad familiar para garantizar al menos seis meses de alquiler de una vivienda y que también pueden destinarse a manutención, garantizando así unas condiciones dignas a estas familias, sobre todo a personas mayores y niños.

Para finalizar, el Gobierno de García-Page ha criticado duramente la "intransigencia y la falta de sensibilidad" mostrada por el Gobierno de Rajoy.

El PP mete a las familias en tiendas de campaña tras el desalojo

Esta idea ha salido desde el consistorio de esta localidad toledana, cuyo regidor es del Partido Popular. “El Ayuntamiento de Olías del Rey ha comprado diverso material, como tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas y lotes de comida, para montar un campamento de urgencia destinado a acoger a las 47 familias desalojadas”, de esta manera anunciaba el alcalde, José Manuel Trigo, su propuesta para reubicar a las personas afectadas por el lanzamiento.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han lamentado esta medida puesto que "el alcalde de Olías del Rey no ha querido colaborar en ganar tiempo para llevar a cabo el plan social, viéndose obligado como es su responsabilidad, en el último momento, a buscar un verdadero parche en forma de tiendas de campaña, que dada la climatología ofrece a las familias una salida poco digna a su situación”.

Por su parte, alcalde ha recordado al Ejecutivo regional que “esto no es de urgencia, porque todo el mundo sabía que el desalojo se iba a llevar a cabo el 5 de noviembre". Además, ha asegurado haber solicitado tres entrevistas al presidente Emiliano García-Page debido a la envergadura del asunto, unas solicitudes de las que critica “no haber recibido respuesta alguna”.

Podemos lamenta las “batallas entre partidos e instituciones”

Desde la formación morada castellano-manchega han tachado como "fallidas, sectoriales y cogidas por los pelos" las soluciones que plantearon tanto el Ayuntamiento de Olías del Rey, como la Junta de Comunidades, para detener el desalojo de las familias de El Cavero.

Para el secretario general de Podemos en la región, José García Molina, el realojo en tiendas de campaña o dar a las familias una cantidad económica solo son "pan para hoy y hambre para mañana".

Molina ha mostrado su "tristeza" porque considera que "cuando las administraciones son de distinto color la altura de miras es muy baja", y ha lamentado que "las batallas entre partidos y entre administraciones acaben pagándolas la gente".

"No voy a decir que los culpables sean unos u otros, me parece que si tenemos que buscar responsables los podemos encontrar en una cierta forma de entender la política que privilegia la pelea y los intereses de cada partido por encima de las personas", ha asegurado el diputado.