En marzo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, anunció que constituiría un equipo técnico para redactar un proyecto de isapres que perfeccionara la iniciativa impulsada en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

La comisión, dijo entonces, quedaría integrada por el director de Fonasa, Marcelo Mosso; Carolina Velasco, del Centro de Estudios Públicos (CEP); Juan Gabriel Fernández, de la Universidad de Los Andes; y Francesco Paolucci, reconocido como una autoridad mundial en esta materia.

La misión era avanzar para que la iniciativa pudiera ser discutida en el Congreso en el año 2019, pero la entidad nunca funcionó ni tampoco se informó que no operaría. En vez de ello se optó por configurar equipo técnico interministerial con Hacienda, Segrpres y Presidencia, y se contrató una consultoría con Paolucci para liderar el trabajo. Ciudadano italiano, Paolucci ha escrito para el CEP y posee un amplio currículo: es Ph.D. de la Universidad Erasmus de Rotterdam y director de Políticas de Salud en la Universidad de Murdoch, Australia.

El contrato, que rige desde abril y al que accedió La Tercera PM, fija un trato directo vía resolución exenta por un monto anual de $111.223.529 equivalentes a 2.365 UTM o $12.358.170 mensuales, superior incluso al salario del Presidente de la República, Sebastián Piñera, que bordea los $10 millones sin descuentos. El monto llama la atención debido a la instrucción que envió el propio Piñera en febrero a sus ministros en que les pedía, como publicó Ciper, "especial consideración" respecto de las ofertas salariales a asesores y directores de programa y les ordenó que los sueldos ofrecidos "en ningún caso" superen el 90% de la remuneración bruta mensual del jefe o superior de servicio. En el caso del este experto, a pesar de ser una labor mensual por un año, no figura como honorarios, sino como "consultoría".

El escrito figura firmado el 1 de agosto, establece, según pudo revisar este medio, que Paolucci realizará entre el 17 de abril y el 31 de diciembre una "consultoría, asesoría e investigación, para el estudio y formulación de un proyecto de ley que modifique la actual legislación de las ISAPRES, con énfasis en el término de la discriminación por sexo, edad, preexistencia, que permita resolver los problemas de sus beneficiarios".

Además detalla que en el cumplimiento de la prestación de servicios se compromete a entregar: Un informe con el detalle de sus propuestas técnicas para la reforma de la actual legislación del sistema privado de salud, ISAPRES a más tardar, el día 29 de junio 2018; un informe final a través del cual se describirán, desarrollarán, analizarán e interpretarán las propuestas técnicas que ya ha formulado con fecha tope el 31 de diciembre de 2018, en paralelo a informes de avance en los formatos requeridos por el ministerio.

El pago se fija en siete cuotas, la primera de $37.074.509 y otras seis, de más de $12 millones. Todos montos brutos. Paolucci, quien debió inscribirse para desarrollar esta labor en el Registro de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, debió dejar una boleta de garantía por un monto de $5.561.176, que corresponde al 5% del valor total del contrato.

Hoy, como publicó La Tercera, Santelices se comprometió a enviar en el último trimestre de este año la propuesta de reforma de Isapres que establece en líneas generales, que no habrá tarifa plana y los pagos serán diferenciados por el riesgo de cada afiliado, pero que contempla oscilaciones menores a las que hay actualmente y que llevan a que una mujer pague hasta tres veces más que un hombre. No mencionó el costo asociado al proyecto.

Salud: "No es un contrato de personal"

Desde el Ministerio de Salud, explicaron que "el contrato del Dr. Paolucci no es un contrato de honorarios personales, regido por las disposiciones del Estatuto Administrativo. Por el contrario, el contrato del Dr. Paolucci no es por sus servicios personales, como en los contratos a honorarios de los que trata el Estatuto Administrativo, sino que por consultorías e informes, lo que se encuentra regido por las disposiciones de la Ley de Compras (Ley 19.886 y su reglamento aprobado por el D.S. 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda). En consecuencia, dado que no es un contrato de personal, no procede que esté publicado en el sitio web de Transparencia Activa en el acápite correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, todos los actos administrativos que realiza este Ministerio son públicos y pueden ser solicitados según las normas generales".

También detallaron "que dentro de las modalidades de la Ley de Compras, normativa que rige el contrato del Dr. Paolucci, se encuentra la posibilidad de contratar por trato directo" y consignaron la expertise de Paolucci: "Ha publicado más de 55 artículos relativos a la materia. Su trayectoria involucra consultorías y actividades académicas en Australia, Chile, Colombia, Italia, Holanda, Sudáfrica y Reino Unido, entre otros".

Dudas legales

Una visión diferente tiene el abogado administrativo Gabriel Osorio, del Estudio Osorio Vargas. Consultado por este medio, aseveró que "en principio, estamos en presencia de un contratos de honorarios simulado".

Explicó, tras revisar el documento, que "mediante esta figura se permiten saltar los requisitos señalados en el Estatuto Administrativo para la contratación de personas. También constituye un artilugio para omitir el cumplimiento de la ley 20.880, sobre probidad en la función pública, respecto de la obligación de hacer una declaración de patrimonio e intereses. Por tanto no podremos recabar información sobre conflictos de interés del consultor. Además, el Ministerio de Salud no observó las instrucciones del Ministerio de Hacienda respecto de los límites de montos para la contratación de personas naturales, superando largamente la remuneración que recibe el Presidente de la República, Diputados, Senadores, Ministros de Estado, el Contralor y Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia. En definitiva, un contrato irregular y multimillonario".

El profesional recalcó además que la forma en que se redacta el contrato permite que la Contraloría, al tratarse de menos de 2.500 UTM no deba tomar razón, lo que impide una revisión exhaustiva del ente fiscalizador.