Pese a las críticas que recibe de organismos de derechos humanos, la Casa Rosada no desiste de impulsar cambios en materia migratoria.

A la reforma sobre la que trabaja con un sector del peronismo para expulsar a los extranjeros que delinquen; el Gobierno empezó a plantear un debate que promete aún más polémica: bajo el argumento de que en los últimos años hubo un "descontrol migratorio", sostiene que hay una "necesidad de ordenar" el flujo de extranjeros que se radican en el país. Y se apresta a crear un consejo federal para evaluar acciones al respecto.

Extranjeros realizando trámites en la Dirección Nacional de Migraciones. Foto: Alfredo Martinez

El primero en plantear el tema fue el director de Migraciones, Horacio García, en medio de la controversia que se generó luego de que el Gobierno anunciara su intención de expulsar a mil extranjeros que cometieron delitos en la Argentina.

"Si no se resuelve el problema de la minoría de extranjeros que vienen a delinquir, no podemos pasar a este segundo plano que es direccionarlos a las provincias. Y, si no resolvemos este tema, con la proyección a 10 años, Buenos Aires va a explotar", alertó, días atrás, en una entrevista con la agencia Télam.

¿En qué se basó su argumento? García expuso que "el 83 por ciento" de los 660.000 extranjeros que se radicaron en la Argentina en los últimos tres años, lo hicieron en Capital Federal y en el primer cordón del Conurbano bonaerense.



Este jueves, tras la reunión de Gabinete, el canciller Jorge Faurie redobló la apuesta: por un lado, en línea con el discurso de seguridad, enfatizó que "quien comete delitos no tiene que estar en la Argentina"; y, al mismo tiempo, marcó la "necesidad" de ordenar el flujo de extranjeros, al asegurar que en "la historia reciente" hubo "un completo descontrol del flujo migratorio". Planteó que "todos los argentinos tenemos que darle una mirada al tema".

"Es cierto -coincidió Faurie- que la concentración (de la inmigración) se ha dado sobre lo que se llama el AMBA, porque tiene que ver con un período en el que el mayor dinamismo de la economía se concentró sobre el Conurbano. Pero como el Presidente acaba de señalar, en este período tenemos un dinamismo de las economías regionales muy significativo que hace que sea muy importante que poblaciones que migraron puedan reubicarse en el Interior".

También sostuvo que "un ejemplo es Neuquén, que desde la segunda mitad de 2017 recibió un flujo migratorio de ingenieros venezolanos que se radicaron y son una contribución muy positiva. No todo tiene por qué ser en el Conurbano".

En ese sentido, Faurie evitó revelar en qué iniciativa trabaja el Gobierno al respecto, pero advirtió que no debe ser sólo un tema del oficialismo. "Creo que todos los argentinos tenemos que darle una mirada al tema migratorio porque a todos nos preocupa. Sobre todo, la inmigración desde el punto de vista de quien comete delitos", remarcó.

Por el momento, nadie se anima a hablar en público sobre la posibilidad de que el Estado le imponga a un extranjero dónde debe radicarse, sino que se plantea la intención de persuadir con la oferta de oportunidades laborales, como las que citó Faurie en Neuquén o los 10 mil puestos para el corredor frutihortícola del que habló García.

Según confirmaron altas fuentes oficiales a Clarín, el Gobierno trabaja en la creación de un "consejo federal e interministerial", en el que tengan representación la 24 provincias, para coordinar propuestas para aplicar a mediano y largo plazo.

Se trata de una iniciativa en paralelo a la reforma que el Gobierno tiene prevista para agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen, que cuenta con el aval del jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto.

"La idea es hacer una evaluación global y pensar juntos proyectos que den una solución a un tema que se debate en el mundo: qué hacer con los flujos migratorios", expusieron esas voces.

En la última presentación que le hicieron sus colaboradores, el Presidente se sorprendió cuando, tras exponerle el plan, le citaron la legislación sobre la que se basarían para discutir iniciativas para reordenar el flujo migratorio: se trataba del decreto 616/2010, que modificó la Ley 25.871 de Migraciones, firmado nada menos que por Cristina Kirchner y Aníbal Fernández.

Allí se le otorgó al Ministerio del Interior la posibilidad de "establecer los lineamientos y pautas generales de la política de población y migraciones, pudiendo determinar las zonas del país que se consideren prioritarias para el desarrollo de aquéllas y adoptar las medidas necesarias para su promoción y fomento". Es decir, un decreto de Macri le permitirá a Macri plantear un tema que el kirchnerismo -ahora- rechaza de plano.

Por las dudas, Faurie hizo equilibrio en la conferencia de prensa e insistió en que la gestión macrista propone un debate más profundo y no rechaza a extranjeros. "Todos los argentinos somos nietos de inmigrantes. Esta Nación construyó su fortaleza sobre la inmigración por lo tanto el factor de la migración es un elemento positivo en la sociedad", indicó.

Pero remarcó: "Hay que evitar que venga la gente que viene a cometer delitos, por lo que tenemos que conocer los antecedentes de los migrantes y que se hagan responsables de los hechos que tienen. Quien comete delitos, no tiene por qué estar en la argentina".