La sentencia del caso Palau, conocida ayer lunes, es concluyente: entre el año 2000 y el 2009, la histórica institución cultural sirvió para desviar la formación nacionalista comisiones ilícitas provenientes de la constructora Ferrovial Agroman SA.

Toccata y fuga es una de las piezas más emblemáticas de Johan Sebastian Bach, utilizada entre otros en el largometraje Sunset Boulevard , un clásico del cine negro norteamericano que mezcla thriller, drama y humor. La melodía serviría como banda sonora para interpretar la trama de corrupción que los responsables del Palau de la Música urdieron durante diez años con el objetivo de engordar sus bolsillos y financiar la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

La sentencia del caso Palau, conocida ayer lunes, es concluyente: entre el año 2000 y el 2009, la histórica institución cultural sirvió para desviar a la formación nacionalista comisiones ilícitas provenientes de la constructora Ferrovial Agroman SA. En total, esta empresa abonó el Palau 17,91 millones de euros, el 4% por cada obra pública adjudicada desde los despachos de la Generalitat, de los cuales el 1,5% fueron a parar a los entonces responsables de la entidad, Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, y el resto, el 2,5%, el equivalente a 6.676.105 euros, a CDC.

/ Pau Fabregat

Según detalla el auto, el partido les cobró mediante cheques al portador, facturas falsas o en «aparentes convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas (después Fundación CatDem), vinculada a la formación». El encargado de cerrar las operaciones era Daniel Osàcar, ex tesorero del partido, que recibía de Millet y Montull el cobro de las partidas previamente apalabradas.

Por estos hechos, el presidente del Palau ha sido condenado a 9 años y ocho meses de prisión, su mano derecha a 7 años y seis meses, Osàcar a cuatro años y cinco meses ya una multa de 3,8 millones de euros para tráfico de influencias, mientras que en la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, se le ha impuesto cuatro años y medio de condena. Sólo la ex directora general de la entidad, Rosa Garcian, y los dos directivos de Ferrovial acusados ​​en la trama, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, han sido absueltos, si bien, tal y como indica el fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, «a través de todas estas personas se forjó un pacto criminal estable entre el Palau de la Música, Convergencia Democrática y Ferrovial».

sistema corrupto

La sentencia del caso Palau obliga a la extinguida CDC a pagar 6,6 millones de euros de indemnización a las arcas del Palau de la Música, en considera probado que se pagaron comisiones ilegales por obra pública, lo que sitúa la formación -hoy rebautizada como PdCAT- como responsable civil de un delito de financiación ilegal con fines lucrativos.

No es la primera vez que un partido es condenado por financiación irregular. Con anterioridad, ya lo había sido Unión Democrática de Cataluña (UDC), el antiguo socio de Convergencia, a raíz del caso Pallerols

No es la primera vez que un partido es condenado por financiación irregular. Con anterioridad, ya lo había sido Unión Democrática de Cataluña (UDC), el antiguo socio de Convergencia, a raíz del caso Pallerols, en la que se acreditó que había recibido «aportaciones directas» que provenían de subvenciones de la Unión Europea (el año 2013, la Audiencia de Barcelona condenó la extinta formación a asumir la responsabilidad civil en calidad de «partícipe a título lucrativo» de diversas cantidades); y el PSC-PSOE en el marco del caso Filesa, por el que el ex senador Josep Maria Sala y el ex diputado Carlos Navarro ingresaron en prisión en 1997 por haber financiado il·legalament las campañas del PSOE de 1989 con comisiones obtenidas a cambio de inflar contratos públicos.

A estas alturas, también el Partido Popular está inmerso en numerosas causas torno al supuesta financiación irregular que se derivaría de la trama Gürtel, por la que están involucrados el antiguo tesorero y ex senador, Luis Barcenas, y decenas de dirigentes que han ostentado cargos de responsabilidad en la esfera pública.

El caso Palau, pero, adopta un significado que va más allá del mismo dictamen de los tribunales. No sólo porque certifica el modus operandi con el que los grandes partidos han lucrado con dinero público. Según la acusación popular, representada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), confirma las sospechas que se cernían en torno la etapa pujolista y que, hace 13 años, el ex presidente Pasqual Maragall elevó en sede parlamentaria cuando , dirigiéndose a Artur Mas, entonces líderes de CiU, le soltó: «ustedes tienen un problema y se llama 3%».

La aseveración de Maragall, que quedó enterrada en el polvo de la memoria, indicaba el alcance del saqueo que ha permitido Convergencia actuar fuera de la ley para dominar el mostrador político durante buena parte del período autonómico. «Todos sabíamos que el emperador estaba desnudo, y ahora ha quedado demostrado», afirma Alex Solà, abogado de la FAVB en el caso Palau.

Sombras en la platea

La sentencia, que los condenados piensan recurrir, pone luz a una realidad de la que todo el mundo tenía indicios de que algunos de sus protagonistas ya se habían referido en confesiones cruzadas. Uno de ellos, el mismo fundador de CDC y ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuando a propósito de la causa insinuó que «si entramos por aquí, saldremos mal», al tiempo que, durante su paso por la comisión que tuvo lugar en el Parlamento sobre corrupción y fraude fiscal en 2009, insistía: «Si se corta una rama, el árbol entero puede caer». La otra confesión había venido del mismo Fèlix Millet, que en unas declaraciones reproducidas en el libro El Oasis Catalán (Planeta, 2001), afirmó: «Somos unas cuatrocientas personas y nos encuentran en el Palau, el Liceo, en el núcleo familiar y coincidimos en muchos lugares, seamos parientes o no».

El caso Palau retrata una época donde las élites lucraron mutuamente a costa del erario público, aprovechando argucias más o menos refinadas y un marco de impunidad que les hacía intocables

El caso Palau retrata una época donde las élites lucraron mutuamente a costa del erario público, aprovechando argucias más o menos refinadas y un marco de impunidad que les hacía intocables. Con la sentencia cae un símbolo que políticamente ya había quedado metabolizado, pero también abre la caja de pandora para saber mucho más. Porque, según Sánchez Ulled y la acusación popular, el auto del juez no llega hasta el fondo de la cuestión: ¿cuáles fueron los responsables políticos del expolio.

Al ritmo de ‘Toccata y fuga’, pues, se cierra una opereta que ha tardado ocho años y medio a dirimirse. Ahora veremos si es el final de una pesadilla o el inicio de otras piezas que podrían explicar mucho más sobre la corrupción en Cataluña.