El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de tres militares luego de ser absueltos de los “delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo” por falta de pruebas.

México, 15 may (EFE).- La orden de liberación de un juez de los últimos tres militares implicados en la muerte de 22 civiles en una bodega en el centro de México, en 2014, prueba la impunidad que rodea el Ejército y la Marina y revela las fallas del sistema judicial, señaló la ONG Centro Prodh.

“El Ejército y la Marina conforman hoy un poder ajeno a la rendición de cuentas y ajeno al respeto a los derechos humanos. (…) Hoy el Poder Judicial de la federación ha contribuido a que haya ejecuciones extrajudiciales”, declaró a Efe el subdirector de esta entidad, Santiago Aguirre.

Así, este veredicto “confirma que en México las instancias de impartición de justicia no garantizan a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que los hechos sean esclarecidos y los responsables sancionados”, agregó.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), esta decisión judicial refleja una “cara más de la crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en México”.

El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de tres militares luego de ser absueltos de los “delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo”, informó la Fiscalía General.

Aguirre destacó que cuando el tribunal militar exoneró en marzo a seis de siete militares, la ONG advirtió que el crimen podía quedar impune y pidió transparencia en el proceso.

“Esto (la liberación) que se da a conocer hoy confirma nuestro peores temores”, sentenció.

Además, es una muestra de las “falencias de las instituciones mexicanas” frente a “graves” casos de violaciones de derechos humanos, pues la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) fue quien debería haber dado pruebas suficientes para sostener el caso. “Y no lo hizo”, sentenció.

Aunado a ello, si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación considerando probado que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas, la entidad “no fue proactiva” porque ni asesoró a las víctimas y se desentendió del proceso penal, dijo el subdirector.

Este suceso “exhibe un poder judicial federal que cundo se trata de imponer sentencias condenatorias al Ejercito por violaciones a derechos humanos son condescendientes y tienden a la protección”, agregó.

A pesar de ello, remarcó que la sentencia “no es definitiva” y esperó que los familiares de las ocho víctimas -de 22 muertos en total- que sí reconoció la PGR como ejecuciones extrajudiciales y aparecen en el expediente judicial recurran a un amparo.

El Centro Prodh representa a Clara Gómez, una de las sobrevivientes de la matanza y madre de la joven Erika, que falleció en la noche del 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, en el central estado de México.

Si bien Gómez ha pedido en reiteradas ocasiones ser reconocida como víctima del suceso ante instancias jurídicas estas no la han reconocido como tal, recordó hoy Aguirre.

El representante de la ONG señaló que hay otra averiguación previa que sigue todavía abierta, si bien creyó que la resolución también será favorable para los militares.

En septiembre de 2014 fueron detenidos ocho militares, incluido un oficial, pero uno quedó en libertad poco después al demostrarse que no llegó a entrar en la bodega.

Un juez ordenó en octubre pasado exonerar a cuatro de los militares implicados en la matanza alegando que la Fiscalía no fue clara el explicar los hechos por los que se les acusaba.

La liberación de estos otros tres militares implica que todos los miembros del Ejército relacionados con el caso se encuentran ya fuera de prisión.