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–Esto es la bomba.

Al otro lado del teléfono, la voz del abogado Mariano Benítez de Lugo sonríe. Lleva desde principios de 2015 peleando en los tribunales por los vecinos que vieron cómo Ana Botella vendía sus viviendas a un fondo buitre. Sus viviendas eran de propiedad municipal. Del municipio, de lo público, a un buitre, media un trecho. Un trecho de picos, garras, carroñero.

–¿Satisfecho?

–La importancia de esta sentencia es que no mira ya solo un caso concreto, sino que establece una teoría general sobre los inquilinos de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Aplica el Decreto 100/1986 (AQUÍ) que dice que tienen derecho a 15 años de contrato de arrendamiento y, cuando termine, a comprar la casa. Esto es una bomba, un hito judicial.

Vender una empresa o un espacio públicos a manos privadas no es lo mismo que vender una vivienda pública. En las viviendas, aunque a la alcaldesa Botella le pareciera dato menor, habitan familias. Botella vendió, en este lote, 1.860 viviendas. O sea, dejó a 1.860 familias en manos de los buitres. Los buitres, en este caso, se llaman Fidere.

Botella vendió, en este lote, 1.860 viviendas. O sea, dejó a 1.860 familias en manos de los buitres. Los buitres, en este caso, se llaman Fidere

–¿Qué dice Fidere?

–Fidere ahora recurrirá… Yo confío en que confirmen la sentencia.

Botella, además, mintió. Dijo a los vecinos que no iba a cambiar nada, que solamente cambiaban de casero.

La diferencia entre lo público y lo privado radica en que lo público busca el bien común, y lo privado el beneficio. Lo privado, en el caso que nos ocupa, se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Así pues, los vecinos que habitaban viviendas sociales se encontraron, de la noche a la mañana, con que Fidere les subía el alquiler y empezaba a enviarles órdenes de desahucio o burofaxes donde se les informaba de que su contrato había expirado.

–¿Cuál es el principal avance?

–La síntesis de la sentencia dice que no cabe considerar que ha expirado el término de contrato, como pretendía Fidere para desahuciar a esta familia, porque tienen derecho a estar 15 años y luego a la compra. Una bomba total.

–¿Cómo lo ha conseguido?

–En esto no caben guerras convencionales, hay que ir con armas de destrucción masiva. Entonces hemos expuesto ante el juez un puñado de argumentos, entre los cuales estaba este: que es una vivienda protegida y por tanto no se puede aplicar la LAU, que es la que permite que los contratos tengan una duración máxima de 3 años.

–¿Nos estamos acercando a Ana Botella?

–Es un paso más para evidenciar que la operación de venta aquella fue infame. Y bueno…

Al abogado Benítez de Lugo, la palabra “infame” le llena la boca. Queda un camino por recorrer, el que va desde aquella venta hasta los nombres y apellidos de quienes se beneficiaron, además de los buitres conocidos, de aquella infamia. Y aún otro camino más, que pasa por el actual consistorio madrileño.

–Yo, de paso, he aprovechado para preguntar qué hace el Ayuntamiento de Madrid –deja caer el letrado–. Porque, con el informe de la Cámara de Cuentas y el informe del técnico que contrataron ad hoc para saber qué debían hacer, lo que tenían que hacer era precisamente revertir la operación. La decisión se la he comunicado a la alcaldesa y a la primera teniente de alcalde. Y les he dicho: por cierto, aquello que prometisteis sobre la reversión, ¿qué pasos estáis dando?

–¿Y qué pasos están dando?

–Ninguno.