El Gobierno quiere zanjar y olvidarse de la fosa de los militares en San Fernando (Cádiz). El Ministerio de Defensa no asume «competencia ni responsabilidad alguna» en el caso, según la respuesta que ha dado el Ejecutivo a Unidos Podemos a una pregunta parlamentaria presentada tras la publicación en eldiario.es de la existencia de este enterramiento.

El Ejecutivo alega además como coartada que la Junta de Andalucía ya actúa de oficio en la tumba ilegal. Unos argumentos que insisten en la manera que el presidente Mariano Rajoy sigue echando balones fuera con la Memoria Histórica.

La propia réplica oficial más que «Cospedal no tenga ninguna muestra de sensibilidad con estos militares y sus familias» es «inadmisible», en opinión del diputado de Unidos Podemos-En Comú -En Marea Juan Antonio Delgado Ramos, que registró la pregunta en el Congreso de los Diputados.

Desde suelo andaluz responden con cierto grado de perplejidad. «Que se esté actuando desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía no exime que el Gobierno y Defensa puedan asumir su responsabilidad en un tema en el que además incumplen una ley estatal que está en vigor», señalan fuentes de la Junta. «En esta o en cualquier otra fosa«, puntualizan.

Familiares de estas víctimas del franquismo tampoco opinan igual que Defensa. «Le pido a Cospedal que dé valor a unos militares que obedecieron al Gobierno que les nombró y cumplieron con su labor» al no acatar la rebelión armada, declara Rosa María de Sancha, nieta de Manuel de Sancha Morales, Comandante en Jefe de las tropas de Infantería asesinado y arrojado a la fosa isleña. «Ojalá lo hicieran y sería un orgullo», dice, «porque ese es el valor que tienen los militares, ¿no?, estar a la orden del Gobierno que salga, como ahora está el PP».

Trabajos arqueológicos en la fosa de San Fernando (Cádiz). | JUAN MIGUEL BAQUERO

Militares opuestos al «glorioso Alzamiento Nacional»

El regate de la cartera dirigida por María Dolores de Cospedal revela «una actitud muy diferente a la que tomaron con el caso de Sanjurjo, por ejemplo», señala Delgado Ramos. En aquel caso el militar golpista acabó siendo enterrado «con honores» en el Panteón de los Héroes del cementerio de Melilla tras su exhumación obligada en Pamplona.

«Tiran balones fuera como si no tuviera nada que ver con ellos», afea el diputado de Unidos Podemos. «Dicen además que nadie les ha preguntado y que es una competencia regional pero tampoco se ponen a disposición de Andalucía» en relación a la excavación actual.

El enterramiento ilegal está siendo intervenido como una más de las actuaciones emprendidas desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Ya han aparecido los restos óseos de entre 24 y 26 ejecutados, todos con muestras de muerte violenta.

Diez de ellos han sido exhumados y el estudio antropológico y los análisis genéticos determinarán, o no, su identidad. La asociación memorialista local, responsable de los trabajos arqueológicos, requería hace escasas fechas nuevos permisos «y más implicación de las administraciones» para continuar con la excavación cerca de los nichos donde avanza una de las fosas.

Elementos de balística aparecidos en la tumba ilegal gaditana. | JUAN MIGUEL BAQUERO

«Mi abuelo está ahí, en la fosa»

«Mi abuelo sabemos donde está, ahí, es el sitio exacto». Rosa María de Sancha está a pie de fosa y señala el enorme agujero excavado en el cementerio de San Fernando. La tierra gaditana enseña restos óseos de varios ejecutados. «¿Leales a la República? Por supuesto», cuenta. Porque Manuel, su abuelo, » no sacó las tropas a la calle y no declaró el Estado de Guerra» como requerían los rebeldes.

Por eso fue «arrestado, encarcelado y después asesinado». Y por ello ella y su familia siguen buscando sus restos. Manuel «fue fusilado el 28 de agosto [del 36] y ese tiempo y el anterior [tras el golpe de Estado] eran todos militares los que están ahí, todos».

En esas centenas de historias enterradas hay «casos de militares que son emblemáticos», narra el investigador Miguel Ángel Lopez Moreno. Como el capitán de Corbeta Virgilio Pérez Pérez o el propio Comandante Manuel de Sancha Morales. «Ambos tuvieron la valentía de oponerse abiertamente a la sublevación militar y acabaron dando su vida en el acto de permanecer leales al juramento que ofrecieron a la República», explica.

Este medio preguntó a Defensa sobre la tumba colectiva pero el Ministerio no respondió si tenía algún plan para los militares ejecutados y arrojados a la tierra abierta en el camposanto isleño. De ahí, Unidos Podemos solicitó en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 2017, «respuestas» sobre las «víctimas del franquismo» asesinadas «por defender la democracia».

Documentos franquistas que ‘justifican’ las ejecuciones. | MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORENO

Y la respuesta del Gobierno de Rajoy y a la cartera de Cospedal, con fecha 9 de enero de 2018 y a la que ha tenido acceso eldiario.es, señala: «En el Ministerio de Defensa no se ha recibido solicitud alguna sobre cualquier tipo de actuación conforme a los puntos 1 y 2 del artículo 14 de la ley 52/2007». Y continúa el escrito apelando a «los trabajos» que realiza la Junta de Andalucía «al amparo» del Protocolo Andaluz de exhumaciones, «no teniendo competencia ni responsabilidad alguna el Ministerio de Defensa», finaliza.

«Ya tienen conocimiento a través de los medios de comunicación», subraya Juan Antonio Delgado Ramos, por lo que considera «inadmisible» la «falta de sensibilidad de Cospedal» y que para Rajoy «nunca haya dinero ni esfuerzo cuando se trata de víctimas del franquismo». El Ejecutivo nacional «se vanagloria de dar «cero euros» a la Memoria Histórica» y esta actitud «la ratifican con decisiones como esta», recuerda.

En la antigua Isla de León no hubo guerra civil. Como en gran parte del suroeste peninsular. Esta falta de resistencia republicana al golpe fascista no evitó el baño de sangre que en San Fernando dejó 204 víctimas de Franco. De estas, 108 eran miembros de la Armada opuestos al «glorioso Alzamiento Nacional» que permanecieron leales a la República. Andalucía busca los huesos. Sus familiares esperan darles un entierro digno. El Gobierno nacional, y Defensa, se desentiende del caso.

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