Analiza bajar a negativa la evaluación a varios estados y municipios del país

[email protected] La calificadora de riesgos Moody’s no descartó que en el corto plazo, los municipios y entidades federativas del país presenten nuevos casos de incumplimientos en el pago de sus deudas. El gobierno de Morelos ha sido ubicado “en revisión para una posible baja de calificación” por la firma. Los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Nayarit y Quintana Roo se ubicaron en posición negativa. Estos gobiernos son identificados por la firma como administraciones que presentan claros signos de deterioro. A ellos se suma el gobierno de Jalisco, el cual cayó en incumplimiento de pagos y está en un proceso de reestructura de su deuda. En el caso de los municipios, Moody’s ubica “en revisión para una posible baja de calificación” a las presidencias municipales de Naucalpan, Coacalco y Acapulco. En posición “negativa” están las alcaldías de Guadalajara, Coatzacoalcos, Manzanillo, Tlaquepaque, Durango, Ixtapaluca, Mexicali, Acapulco, Benito Juárez, Sultepec, Tuxpan y Zapotlán en Grande. “En general, los que tienen las calificaciones más bajas y están señalados con perspectiva ‘negativa’ o en revisión son los que tienen una probabilidad de incumplimiento mayor”, dijo Francisco Uriostegui, analista de Estados de la firma. En su análisis, expuso que de los estados y municipios que califica, 30% de los emisores se encuentran en perspectiva negativa o baja revisión. Dijo que en el corto plazo habrá operaciones de reestructura de deuda. Aseguró que la contracción de la liquidez en estados y municipios ha desembocado en retrasos de pago de obligaciones de corto plazo. Agregó que esa situación “no representa un vínculo de contagio” que pudiera generalizarse en el sector. “Hasta ahora, no consideramos que esto represente un vínculo de contagio. No vemos una situación de carácter macroeconómico que nos lleve a considerar que podría generalizarse en el sector”, aclaró. Aseveró que el monto de incumplimientos es menor a 2% de los ingresos totales. “Lo que confirma que se trata de una situación de liquidez y no de un problema de insolvencia a largo plazo”, comentó. Aseguró que la determinación de Hacienda para que no se rescate a ninguna entidad es una señal positiva, ya que esos gobiernos son responsables de sus cuentas públicas. “En un escenario en el que viéramos que el gobierno cambiara su postura, consideramos que esta deuda no representaría más de 2.6% del PIB y es 10% de la deuda federal total, por lo que en el peor de los casos eso no afectaría la calificación del gobierno soberano”, dijo.