Entre julio y diciembre de 2017, más de 3.000 niños de colegios rurales recibieron dos bebidas de la marca Kufu. Sin claridad sobre el cumplimiento de los protocolos que exige el Ministerio de Salud, la empresa les hizo exámenes de sangre a algunos menores para evaluar los efectos del consumo de los productos.

Franklyn Gogriyú es un niño de diez años que vive en el resguardo indígena wayúu de Mayapo, a veinte minutos de Riohacha, en el departamento de La Guajira. En la segunda semana de diciembre de 2017, Gogriyú salió del comedor de la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo con una docena de bebidas Kufu que le habían regalado. Mientras La Liga Contra el Silencio lo visitaba, con una sonrisa tímida le dijo a su maestro que las compartiría con los cinco hermanos que lo esperaban en casa. Luego comentó que antes no tomaba “gaseosas”, pero que ahora lo hacía todos los días.

El niño forma parte de un grupo de 3.130 estudiantes de La Guajira que entre el 24 de julio y el 15 de diciembre de 2017 recibieron de lunes a viernes un combo que incluye dos bebidas: una gasificada, con sabor a “mora azul” (fortificada, de acuerdo al empaque, con vitaminas B5, B6, B9, B12, magnesio y zinc), y otra que contiene avena y mango, empacada en una cajita de cartón, fortificada con vitaminas A, C, E y con adiciones de zinc y selenio, según dice en las etiquetas. Ambos productos, en cuya presentación aparece un oso sonriente y bonachón, están identificados con la marca Kufu.

La repartición de los combos de Kufu es parte de la primera etapa de un programa de la poderosa empresa colombiana de bebidas Postobón que, según la compañía le explicó al Invima durante una visita de inspección en octubre de 2017, tiene por objeto “contribuir a la nutrición de los niños en edad escolar no desnutridos mayores de cinco años, a través de la entrega del producto en conjunto con la alimentación escolar en los centros educativos, como un aporte a la prevención de la deserción escolar”.

Hasta diciembre de 2017, Postobón entregó las bebidas a través de la Fundación para el Desarrollo Panamericano en la Guajira (Fupad), la cual brindó el apoyo técnico para implementar el programa Kufu.

Desde hace siete años, la Asociación Wayuú Araurayú administra la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo, que tiene veintisiete sedes para atender a la población estudiantil de diferentes comunidades indígenas. La sede principal recibe a 1.200 estudiantes, 200 de los cuales están internados. Las subsedes, distribuidas en los resguardos, acogen a 1.452 estudiantes más. Durante seis meses, los combos llegaron no solo aquí, sino también a la escuela Divina Pastora, en Riohacha, y al Internado Indígena de Nazareth, en Uribia.

Todos estos lugares están ubicados en La Guajira, una región cuyos indicadores de desnutrición se encuentran por encima del promedio de los demás departamentos del país, de acuerdo a un informe del Banco de la República de abril 2017, el más reciente disponible.

Entregar a una población altamente vulnerable como la de La Guajira productos que no han sido certificados como suplementos nutricionales ni naturales, tal como reconoce Postobón, produce cuestionamientos éticos. La empresa de gaseosas sostiene en una nota institucional que se trata de “bebidas fortificadas con micronutrientes diseñadas para acompañar los planes alimenticios de los niños y niñas”. En un cuestionario que Postobón le respondió al centro de estudios Dejusticia a finales de 2017, la empresa dice que “Kufu no es un suplemento nutricional, y mucho menos un medicamento”, y añade que “tampoco suple los alimentos necesarios para el desarrollo, pero sí acompaña la alimentación de los niños”. Sin embargo, desde que los primeros informes sobre los combos Kufu salieron a la luz, médicos, expertos y algunos periodistas han expresado críticas sobre los motivos y los efectos del supuesto ‘acompañamiento alimenticio’ que da la bebida.

A la cuestionable repartición de los combos de Kufu se suma algo más. Según diversas fuentes que La Liga Contra el Silencio consultó, entre las cuales se encuentran maestros de la zona, funcionarios del Ministerio de Salud, la rectora de una de las instituciones y funcionarios de la Fupad, algunos niños involucrados en la campaña fueron sometidos a pruebas de laboratorio. En el Ministerio hay alarma, según le contó a La Liga Contra el Silencio un funcionario del despacho familiarizado con el caso, pues Postobón no solicitó la autorización necesaria para una “investigación experimental” con una comunidad.

En una conversación telefónica, así como en un correo que la gerencia de comunicaciones de Postobón les hizo llegar a La Liga Contra el Silencio el pasado 8 de febrero, Postobón sostuvo que no se trata de una investigación experimental y que no ha faltado a la norma. La empresa dice que lo que hizo con los niños wayúu que recibieron las bebidas Kufu fue un “seguimiento técnico” y que hoy analiza “la información producto del seguimiento”.

Más allá de la discusión entre el Ministerio y la empresa, una serie de hechos que La Liga Contra el Silencio documentó dejan saber con cierta claridad lo que hizo Postobón con sus combos de Kufu en La Guajira en el segundo semestre de 2017.

Postobón también enfatiza que “el trabajo que se hizo en este estudio es integral pues incluyó también la realización de talleres, sensibilizaciones y capacitaciones en estilos de vida activos y en hábitos de vida responsables a los padres de familias, docentes y estudiantes de las instituciones mencionadas”. “Nos interesa conocer el aporte [de] KUFU como bebida fortificada en minerales y vitaminas en el acompañamiento a la alimentación de los niños que la reciben”, dice la comunicación.

Sin embargo, el Ministerio de Salud no parece estar conforme con la información que hasta ahora ha dado la empresa. El 9 de noviembre de 2017, el Ministerio le solicitó a Postobón el protocolo del estudio que lleva a cabo con la bebida Kufu. Según el Ministerio, la empresa respondió mediante una comunicación firmada por la directora de Asuntos Regulatorios que dice que “sobre la solicitud acerca del protocolo de investigación, estaremos enviando esta información una vez que concluya el estudio y se obtengan los correspondientes resultados. Estos resultados los podremos tener para marzo de 2018”.

Tres meses después, el pasado lunes 12 de febrero, pocos días antes de la publicación de esta historia, el Director de Promoción y Prevención del Ministerio hizo llegar a la Dirección de Asuntos Regulatorios de Postobón una nueva solicitud de información. Allí le exige a la compañía “el documento que soporta el proyecto [Kufu] que incluya, entre otros, el objetivo y propósito de la investigación, el protocolo de la misma, los avances y resultados, así como los demás aspectos relacionados con dicho proyecto […] de acuerdo a lo establecido en la Resolución 8430 de 1993”.

Esta resolución dice que “las investigaciones experimentales en comunidades sólo podrán ser realizadas por establecimientos” que cuenten con un comité de ética, con una autorización del Ministerio y, en el caso de un menor de edad, con el consentimiento de su representante legal. Según César Rodríguez, director de Dejusticia, “si Postobón en efecto no cumplió las normas al realizar las pruebas, es posible suponer una presunta ilegalidad”.

Al respecto, el director nacional de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Alejandro Gómez, explica que en Colombia se puede hacer investigación de mercado, pero que ésta debe tener el aval de un comité de ética. “Parece que Postobón quiere acopiar evidencia de las bondades de un producto, pero no lo puede hacer vulnerando los derechos de los niños”, dice Gómez. Y añade: “Vamos a investigar”.

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Más allá de la discusión entre el Ministerio y la empresa, una serie de hechos que La Liga Contra el Silencio documentó dejan saber con cierta claridad lo que hizo Postobón con sus combos de Kufu en La Guajira en el segundo semestre de 2017.

En el cuestionario que Postobón le respondió a Dejusticia, la empresa admitió que había hecho “el estudio” con un grupo de 200 estudiantes que recibieron de lunes a viernes dos bebidas Kufu y que luego había comparado los resultados con otro grupo de control de veinte estudiantes, que no las había recibido.

En una de sus respuestas a Dejusticia, Postobón dice que “el estudio comenzó el 24 de julio y tiene una duración de seis meses”. El objetivo, según el documento, había sido “determinar los cambios físicos del desarrollo y los cambios bioquímicos derivados del consumo de esta bebida fortificada con vitaminas y minerales, en una muestra representativa de niños que reciben la bebida”. La empresa sostiene en el mismo cuestionario que su intención “también es evaluar la aceptación, uso y consumo de la bebida en sus dos presentaciones, así como capacitar en nutrición a padres de los 220 niños de las instituciones educativas”.

Delfina Díaz, la rectora de la Institución Etnoeducativa Rural Laachón-Mayapo, cuenta que las primeras pruebas se hicieron en julio de 2017 y que las más recientes se dieron en diciembre del mismo año. Esto también lo dice una profesional de monitoreo de la Fupad. Al hablar con La Liga Contra el Silencio, la profesional solicitó no mencionar su nombre en este artículo.

Díaz es una docente indígena que lleva una gestión, según dice, “de puertas abiertas”. Sobre los productos que recibió de Postobón con el apoyo logístico de la Fupad, Díaz dice que “es lógico considerarlos […] beneficiosos”, cuando ellos en esas zonas están “acostumbrados a la precariedad”. “Los niños, entre las siete y las nueve de la mañana reciben el desayuno del Programa de Alimentación Escolar. A las diez les dan el Kufu, y a mediodía reciben el almuerzo”, cuenta.

“Todavía no se conocen los resultados de las pruebas de laboratorio, pero nos dijeron que con la ingesta de los Kufu los niños han aumentado sus valores en cuanto a hemoglobina. Y estamos seguros de que los pone más activos, porque estos muchachos tienen mucha energía”, dijo la rectora en conversación con La Liga Contra el Silencio.

Al hablar de “valores”, Díaz se refiere a los resultados de las muestras de sangre que, según dice, les tomaron a los niños en julio de 2017, cuando comenzó lo que ella llama “la estrategia social Kufu”.

La rectora cuenta que también en ese mes de julio les hicieron controles de talla, peso y medidas a 130 alumnos en Mayapo. En Riohacha, añade, les hicieron las mismas pruebas de laboratorio y mediciones a otros 110 niños. Uno de los maestros de Mayapo, entrevistado por La Liga Contra el Silencio, cuenta que los funcionarios de la Fupad les dijeron que buscaban “comprobar las ventajas del consumo de Kufu”. El maestro también contó que se les pidió autorización a los padres de familia. El equipo que investigó esta historia y para ello viajó a La Guajira no logró tener acceso a las autorizaciones. Pero otros maestros, así como funcionarios de la Fupad afirmaron que habían sido solicitadas. Lo mismo asegura la propia empresa.

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Diversas fuentes consultadas por La Liga Contra el Silencio también ponen en cuestión que Postobón hable de Kufu como un “acompañamiento a la alimentación”. “Es muy claro que la empresa de gaseosas lo que persigue es fidelización con la marca. No es ilegal, pero es antiético”, dice Diana Vivas, de la organización Educar Consumidores. “Están criando a su cliente desde chiquito”, dice Diana Guarnizo, de Dejusticia. “El sector privado debería abstenerse de introducir nuevos productos que no llenan las necesidades nutricionales, confunden a la población y crean falsas expectativas, anteponiendo intereses privados al bien común”, dice en un comunicado la Sociedad Colombiana de Pediatría.

Ante las peticiones de la Alianza para la Salud Alimentaria, el ICBF tomó el 5 de diciembre de 2017 una postura oficial. El oficio, que lleva la firma de Gómez, dice que “la institución apoya las compras locales de productos que van en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, pero no permite en sus modalidades de atención que se suministren productos como Kufu, ultraprocesados o relacionados”. Esto quiere decir que la campaña de Postobón no cuenta con el respaldo del ICBF. Sin embargo, está fuera de la competencia del instituto fiscalizar o controlar las donaciones que un tercero pueda hacerle a una institución educativa.

¿Por qué escoge Postobón como objeto de investigación a una población con enormes necesidades nutricionales? ¿Qué hará la empresa con los resultados de la investigación en menores de edad que recibieron combos de Kufu?

Diana Guarnizo, abogada de Dejusticia, la organización que desde el comienzo ha liderado el debate ético sobre “la estrategia Kufu”, dice que “Postobón podría tener un interés por introducir los productos Kufu al mercado y por eso, para sostener sus promesas futuras, hace mediciones y exámenes de laboratorio”. Según ella, las estrategias de este tipo “generan empatía de los niños hacia la marca y, más tarde, se podría traducir en una lealtad que se refleja en las ventas”.

Por su parte, Diana Vivas, del equipo de abogados de Educar Consumidores, otra de las organizaciones que se ha puesto al frente del debate sobre los combos de Kufu en La Guajira, dice que “la proclama de Postobón, al presentar a Kufu como una bebida de interés social, atenta contra la verdad y muestra un comportamiento poco ético que interpone los intereses económicos”.

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Los primeros en especular sobre la intención detrás de la repartición de bebidas Kufu a niños wayúu en La Guajira fueron los miembros de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En un comunicado de prensa del 12 de septiembre de 2017, el gremio manifiesta: “Postobón, en lugar de apoyar las iniciativas gubernamentales que pretenden prevenir y corregir la desnutrición en La Guajira, más bien se avoca a promover el consumo de bebidas consideradas como no saludables”.

El documento, que trae la firma del presidente de la Sociedad, Ernesto Durán Strauch, entra luego puntualmente a analizar las bebidas. “[S]i bien tienen adición de ciertos micronutrientes, no contienen otros micronutrientes esenciales para mejorar la nutrición de las niñas y niños del país como el calcio y el hierro”, dice el comunicado.

Luego añade que, “además, no contienen nada de proteínas y aportan escasas o ninguna caloría”. Y concluye: “Teniendo en cuenta que la más grave problemática nutricional del país se concentra en la primera infancia, estas bebidas podrían promover en las nuevas generaciones el consumo de bebidas gaseosas y bebidas no naturales empacadas, las cuales no hacen parte de la alimentación recomendada para un buen crecimiento y desarrollo y para lograr una buena salud”.

Expertos consultados por La Liga Contra el Silencio coinciden en que los problemas nutricionales de La Guajira están relacionados con diversos factores, entre los cuales se encuentran características geográficas de la región que impiden la producción agrícola, la insuficiencia de las vías de acceso, la poca disponibilidad de agua potable, la dependencia comercial de Venezuela, las escasas políticas públicas de salud preventiva, la corrupción y la abundancia de iniciativas dispersas que no se articulan con estrategias estatales.

Datos del Ministerio de Salud muestran que entre 2013 y 2016 la cantidad de niños menores de cinco años fallecidos en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición se triplicó. De veinticuatro casos en 2013, la cifra pasó a noventa en 2016. El boletín epidemiológico de la semana cincuenta y dos de 2017, la última de diciembre, registra cuarenta y seis casos de muerte asociados con la desnutrición en el departamento.

Laura González Zapata, nutricionista dietista y PhD en Salud Pública, expresa dudas sobre el programa de Postobón en La Guajira: “Si lo que quieren es contribuir, aunque sea de forma colaborativa, con los esquemas alimenticios de las comunidades vulnerables de La Guajira, ¿por qué no les llevan el agua y los alimentos que verdaderamente los nutren? Nadie puede dudar de que lo que necesitan estos niños, sean o no desnutridos, es agua, frutas, verduras y hortalizas. Si es tan noble la labor, que la hagan de la mejor manera”.

Caben más preguntas. ¿Por qué escoge Postobón como objeto de investigación a una población con enormes necesidades nutricionales? ¿Qué hará la empresa con los resultados de la investigación en menores de edad que recibieron combos de Kufu? ¿Hasta qué punto refleja ese estudio realmente un esfuerzo de responsabilidad social? ¿No se convertirá más bien en un insumo para futuras estrategias de mercadeo?

Hasta hoy la empresa no le habría presentado al Ministerio de Salud soportes detallados del proyecto Kufu y de la investigación Urge que Postobón haga públicos los pormenores de sus actividades relacionadas con la bebida del osito en La Guajira y del estudio que realizó. Si la empresa en efecto tomó a un grupo de niños para hacer pruebas de laboratorio sin cumplir lo que exige la ley, los colombianos estarían ante un escándalo.

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Esta investigación es un producto de La Liga Contra el Silencio, un esfuerzo colectivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y varios medios de comunicación para contrarrestar la autocensura en el periodismo colombiano y contribuir así a la libertad de expresión y el derecho a la información sobre asuntos de interés público.

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