El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marco Aurélio Mello, determinó que la Fiscalía analice un informe de delito presentado contra el presidente Jair Bolsonaro.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marco Aurélio Mello, solicitó a la Fiscalía General analizar un pedido para apartar de su cargo al presidente Jair Bolsonaro durante 180 días, por haber cometido diversas acciones que pusieron al país en riesgo ante la emergencia sanitaria del Covid-19

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Mello remitió a la Procuraduría General un informe presentado por el diputado del Partido de los Trabajadores por el Estado de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, contra el mandatario Bolsonaro.

Lopes notificó oficialmente al STF de Brasil sobre los hechos presuntamente delictivos cometidos por Bolsonaro, relacionados con su conducta irresponsable en la gestión de la pandemia de Covid-19.

La petición, presentada en el STF el pasado 25 por el diputado federal, solicita a la oficina del fiscal que presente una queja contra Bolsonaro debido a la "historia de declaraciones repetidas e irresponsables" hechas por él sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Mello determinó que la Fiscalía analice un informe de delito presentado contra el presidente Bolsonaro.

Atención a Brasil: el ministro de la Corte Suprema Marco Aurélio Mello envió a la Fiscalía General de la República un pedido de retirada del presidente Jair Bolsonaro de su cargo durante 180 días por haber cometido diversas acciones que pusieron al país en riesgo ante el #Covid19 pic.twitter.com/DIXI1oRFxX — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) March 31, 2020

Los hechos denunciados contra Bolsonaro son públicos y notorios, dada la repercusión mediática que han tenido sus llamados a concentraciones y sus visitas a plazas, centros comerciales y otros. A ello se une su reticencia a adoptar medidas de aislamiento social y su minimización de la epidemia, todo lo que ha sido criticado y contradicho por su propio equipo de Gobierno.

Al ponerse los hechos en conocimiento de la Fiscalía, este órgano debe evaluarla y, si considera que existen méritos para una investigación, es imperioso notificar al Parlamento, dada la inmunidad de que está revestido Bolsonaro por su alto cargo.

La Cámara de Diputados puede autorizar o no el procesamiento, siempre sobre la base de los hechos denunciados y las evidencias que existen de los mismos. De autorizar el inicio de las investigaciones, inhabilitaría de inmediato a Bolsonaro para el ejercicio del cargo por 180 días.

No es el primer pronunciamiento judicial sobre la conducción del Gobierno ante la pandemia por parte de Bolsonaro. En días pasados, una jueza federal de Río de Janeiro ordenó al presidente suspender una campaña publicitaria promovida por la presidencia, en la que se llamaba a no respectar la cuarentena social.

En ese contexto, miles de brasileños están convocados para realizar este martes un cacerolazo, en protesta ante la gestión del Ejecutivo ante la Covid-19. Las entidades convocantes son los frentes Brasil popular y Pueblo sin Miedo, los que instaron a que las personas suenen las ollas desde sus portales y balcones, para no infringir el aislamiento social.