El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo en enero pasado que los pagos a comisionados sindicales estaban cancelados; los datos de la nómina magisterial al segundo trimestre de 2016 muestran que esos pagos continúan, pese a que la reforma educativa lo prohíbe.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó a Animal Político que de abril a junio del presente año, erogó 2 millones 489 mil 389 pesos para el pago de salarios de 289 maestros “comisionados” a labores sindicales.

Los comisionados sindicales son maestros que en lugar de estar frente a un grupo realizan funciones administrativas y de gestión para el sindicato. De acuerdo con la Ley del servicio profesional docente, las comisiones sindicales están permitidas, pero prohíbe que reciban su sueldo como maestro en tanto mantengan dicha comisión.

La SEP explicó que pagó el salario de estos comisionados se dio porque los estados no entregaron la información sobre el periodo de las comisiones. Es decir, cuando la dependencia etiquetó el dinero para el pago de nómina, las entidades no habían informado la fecha en que los maestros dejaron de dar clases para incorporarse a alguna labor administrativa o sindical.

Esto, “no permite a la SEP bloquear oportunamente los pagos en los casos en que las nóminas que remiten las autoridades educativas locales, los incluyan”, respondió la dependencia.

Para esos casos, la Secretaría de Educación Pública dijo que inició un “trámite de recuperación” en el que solicitó a los estados gestionar que el dinero sea devuelto, pero no advirtió cuándo ocurrirá.

A estos 289 maestros se suman 323 comisionados que también recibieron salario aunque, según la SEP, corresponden a pagos atrasados o percepciones anteriores al inicio de la comisión. Por ellos, la SEP erogó 883 mil pesos de abril a junio de este año.

En total, la SEP pagó 3 millones 373 mil 027 pesos a 612 comisiones sindicales, ya sea porque los estados no informaron sobre el inicio de la comisión o por “adeudos y remuneraciones devengadas” durante el segundo trimestre del año.

Según los registros de la SEP, hasta marzo pasado había 4 mil 914 plazas en manos de 2 mil 172 comisionados sindicales -un maestro podía tener doble plaza- que recibían salario del gobierno federal, pese a que la Ley del servicio profesional docente lo prohíbe.

Según el artículo 78 de dicha Ley, (uno de los tres reglamentos de la Reforma educativa) quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, “deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.

Este es uno de los puntos fundamentales de la reforma educativa promovida por el presidente Enrique Peña Nieto para que el Estado recuperara la “rectoría de la educación”, porque, entre otras cosas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvo el control de las comisiones.

Incluso, también los gobernadores de los estados tenían a comisionados trabajando en su administración con salarios provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el rubro federal etiquetado para pagar la nómina magisterial.

Esto encareció la nómina educativa, según los análisis de la organización Mexicanos Primero. Sólo durante el primer trimestre de 2011, hubo 21 mil 178 maestros comisionados, lo cual representó un gasto trimestral de 708 millones de pesos.

Otro intento por depurar la nómina, fue la reforma al artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la cual desapareció al FAEB y fue sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir de 2015. Con ello, supuestamente, acabarían con los comisionados y aviadores debido a que la Federación revisaría la nómina de cada entidad.

A pesar de la prohibición de comisiones sindicales con goce de sueldo en una de las leyes secundarias de la Reforma educativa, el gobierno federal no ha podido desaparecerlas y los maestros que no dan clase siguen recibiendo sus salarios.