El Partido Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bárcenas, que no sea este tribunal el que juzgue el caso, sino la Audiencia Provincial, ya que la cantidad supuestamente defraudada por la formación política apenas alcanza los 1,7 millones de euros, un montante que para el PP no tiene una “grave repercusión en la economía nacional”.

El recurrente recuerda que la ley exige esta condición para que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo del caso o que el delito se haya cometido en multitud de provincias de España, extremo que a juicio de los populares tampoco se ha producido en este caso. La formación, argumentan, “es un partido político cuyo domicilio fiscal se encuentra en Madrid”, al igual que los de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.

Para justificar que el montante de 1,7 millones de euros no es suficiente para que se encargue la Audiencia Nacional, el PP pone como ejemplo otros casos que investigan cantidades claramente superiores a los dos millones de euros, como el de Rodrigo Rato, que instruye el Juzgado número 31 de Madrid, o el de Neymar, donde el juez rastrea un fraude que sobrepasaría los 12 millones de euros y que investiga el Juzgado número 22 de Barcelona tras ser rechazado por la Audiencia Nacional.

El extesorero, Álvaro Lapuerta. (EFE)

En el caso Bárcenas, considera el PP, “es una perogrullada remarcar que su impacto grave en la economía nacional o en la seguridad del tráfico mercantil es inexistente, pero es que tampoco puede soportarse (ni lo hacen las acusaciones) que las mismas hayan afectado a una pluralidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.

Por otro lado, el escrito rechaza las responsabilidades civiles acordadas por el Juzgado tras solicitarlo las acusaciones populares (1,2 millones por no abonar el PP el Impuesto de Sociedades de 2008 y un millón por no hacerlo Unifica en 2007). Defiende que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado las han solicitado porque entienden que “las donaciones (que son la base del supuesto delito que se le atribuye a la formación) se encuentran exentas de tributar” por el mencionado impuesto.

Además, argumenta que el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación está afectado por la doctrina Atutxa, que entiende que este tipo penal afecta a intereses colectivos y sociales y que, por lo tanto, la acusación popular puede solicitar la apertura de juicio oral. Sin embargo, según el mismo tribunal (STS 4/2015) –continúa el PP–, el delito fiscal (que es el que se dirime en este caso) no ataca intereses colectivos y, por lo tanto, la acusación popular no puede solicitar la apertura de juicio. “El delito contra la Hacienda Pública carece de suficiente entidad en su afectación a intereses colectivos como para habilitar dicha doctrina”, resume el PP.

Este delito, continúa, “debe caer necesariamente en el ámbito de la doctrina Botín”, que se estableció en el Juzgado Central Numero 3 de la Audiencia Nacional, en un caso que investigaba presuntos delitos fiscales cometidos por el Santander, donde se rechazó a la acusación popular al considerar que el delito contra la Hacienda Pública no puede ser perseguido únicamente por ésta.

El escrito del PP argumenta también que en el caso Bárcenas no existe delito fiscal en relación con el Impuesto de Sociedades. Afirma que la Agencia Tributaria no lo considera delito y que eso debería ser suficiente, pero también arguye que la Intervención General del Estado ha constatado “la falta de fiabilidad” de los papeles de Bárcenas.

“No es posible imputar la existencia de un delito fiscal fundado en las fotocopias publicadas por el diario El País, que no merecen ninguna credibilidad (como han reconocido los informes de la Intervención) y no constituyen en absoluto prueba de la existencia de donaciones ilegales”, remarca el PP.