María y Mario son una pareja joven que vive en el Distrito Federal. Él, como trabajador de una empresa privada, tiene derecho a las prestaciones que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (la seguridad social en el país). Ella, comerciante independiente, no cuenta con afiliación de ningún tipo. En enero pasado trataron de inscribir a su hijo en una de las guarderías cercanas a su domicilio. Al consultar los requisitos para el trámite descubrieron que la ley los excluía: María no está asegurada y Mario no es viudo o divorciado con la patria potestad y custodia del menor, por lo que el niño no tiene derecho al servicio.

En este caso, la legislación “presupone que si una mujer no está afiliada a alguna institución de seguridad social, no trabaja, y por lo tanto, no requiere los servicios de guardería”, denuncia la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el informe Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México, presentado este miércoles. “En cuanto al hombre, establece que si vive en pareja, la mujer se hace cargo del cuidado de los hijos, una visión que perpetúa los roles de género tradicionales”, añade el organismo.

En México, la mayor parte de las mujeres carece de seguridad social (tan sólo el 40% aparece inscrita en el IMSS o el ISSSTE, este último para trabajadoras públicas), ya sea porque está desempleada, trabaja de forma remunerada en el hogar o forma parte del sector informal. Según datos de la encuesta nacional de empleo y seguridad social de 2013, el 50,1% de las mujeres que requirieron atención por parto, aborto o alguna complicación del embarazo ese año, no obtuvieron una baja.

Sin embargo, las prestaciones, en caso de existir, están todavía lejos de equipararse con las de otros países de la región. Venezuela, Chile o Cuba, por ejemplo, ofrecen un mínimo de 18 semanas. México, en cambio, concede tan solo seis semanas previas al parto y otras seis después (o un mes antes y otros dos tras el nacimiento si se trata de empleadas públicas), lo mismo que Nigeria o Irán. En el caso de los hombres están contemplados cinco días de permiso. En Ecuador, Cuba o Venezuela, los plazos llegan a los 10 y 14 días.

La Organización Internacional del Trabajo establece en los convenios 183 y 156 varias obligaciones específicas para la protección de la maternidad, incluido un permiso de al menos 14 semanas. Estos dos convenios, sin embargo, no han sido ratificados por el Estado mexicano. "En este país no existe la posibilidad de compatibilizar la vida familiar y la laboral",manifestó la directora de GIRE, Regina Tamés, durante de los datos.

Muerte materna, una asignatura pendiente

Según se recoge en el informe, entre 1990 y 2013 fallecieron en México casi 30.000 mujeres (29.822) por causas maternas. En el último año hubo un total de 861 muertes. De estas, 129 correspondieron a menores de 19 años y seis de ellas tenían entre 10 y 14 años. La razón de muertes maternas es en la actualidad de 38.2 por cada 1.000 nacidos. Aunque la evolución en los últimos años ha sido positiva, para alcanzar la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio la razón no debería sobrepasar los 22. Por otro lado, el estudio revela que la reducción de la muerte materna no ha sido homogénea en el país. Mientras Tlaxcala consiguió disminuir un 75% esta lacra, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo han incrementado el número de fallecidas por nacido.

Cesáreas

En 2012, el Sistema Nacional de Salud mexicano identificó instituciones donde más del 50% de los nacimientos habían sido mediante cesárea, porcentaje mayor al recomendado por la Organización Mundial de Salud, fijado en un máximo del 15%. El aumento de esta cirugía, general en todo el mundo, se debe en buena medida a causas secundarias: cobertura de las compañías de seguros, mala información a las mujeres embarazadas y práctica médica inadecuada.