“El hombre que gana pase lo que pase”, lo describió un artículo de The New York Times apenas hace poco más de un mes, el 18 de junio. Dos semanas después de esa información, Ricardo Anaya, abanderado de una coalición de tres partidos con larga trayectoria (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), no alcanzó siquiera la mitad de los votos obtenidos por Andrés Manuel López Obrador.

Anaya se aproxima ahora a otro episodio desafiante. Si se equivoca, si incurre en un error de cálculo, lo que pondrá en juego será más grave.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) han determinado seguir adelante con las indagatorias sobre el patrimonio personal y familiar del queretano, e intentarán desentrañar, de una vez por todas, la lógica de varias de sus operaciones inmobiliarias en México y otros países.

Información consultada por este espacio indica que los fiscales de la PGR retuvieron hace meses las solicitudes de órdenes de aprehensión que presentarían ante jueces sobre Anaya y familiares cercanos.

Las razones de ello fueron dos: Primero, se consideró políticamente explosivo arrestar a un candidato presidencial que había hecho de estos señalamientos el eje de su campaña, en doble sentido. Buscan meterme a la cárcel porque quiero llevar a juicio al presidente Enrique Peña Nieto, dijo en diversas ocasiones, incluso durante los debates.

El segundo motivo del impasse judicial sobre el caso Anaya fue que las evidencias que habrían permitido detenciones iniciales no estaban orientadas a él en lo inmediato, sino a su entorno familiar. En ese contexto, hubo voces de que sería lesivo para el proceso someter a juicio a parientes suyos si no había garantía de que él sería eventualmente vinculado a proceso.

Las pesquisas de PGR se han concretado a profundizar en aquellos asuntos directamente relacionados con Anaya. Se estima que en las próximas semanas podría disponerse por parte de otras naciones reportes concluyentes sobre bienes obtenidos en forma ilegal, lo que de comprobarse abriría acusaciones penales en México y terceros países.

La incógnita en este momento no es ya si la PGR ampliará investigaciones sobre el caso Anaya. La duda radica en los recursos legales pero también políticos de los que el también ex presidente del PAN podrá echar mano para defenderse.

Dirigentes de Acción Nacional consultados dijeron que desde que se produjeron los primeros señalamientos sobre los bienes de Anaya, su familia y amistades cercanas, él pidió una exhaustiva auditoría de sus finanzas personales y las de parientes cercanos, en particular su suegro, un respetado empresario de Querétaro que sin embargo, en los meses recientes dejó atónito a más de uno de sus colegas al revelarse la dimensión de su patrimonio.

De acuerdo con estas fuentes, los registros contables de Anaya y este círculo familiar “están totalmente blindados”.

Otra pregunta es qué políticos saldrán a defender a Ricardo Anaya ante una acusación penal que la PGR presente formalmente.

Ya en este espacio ha sido abordado el paulatino distanciamiento que el ex candidato tuvo frente a personajes clave del panismo, donde radica su base más sólida. Pocos pueden apostar que voces del PRD o de MC surjan en su apoyo bajo las actuales condiciones.

Quizá la duda quede expresa mejor si surge el escenario de una acusación judicial y se dirima en ese momento si Anaya conserva la imagen de un combativo líder opositor o se convierte en un político acorralado por señalamientos de corrupción.

Es posible que en las próximas semanas debamos buscar las respuestas en las señales que surjan de los gobernadores que conserva el PAN. De ellos deberá venir el respaldo que el ex presidente de su partido esperará, o la decisión de mirar hacia otro lado y dejar en la estocada a este personaje.

Como se ha escrito en este mismo espacio, el ex presidente panista lleva consigo la fama de aquel que creció pisando las cabezas de los que fueron sus aliados, incluso sus mentores. Desde sus primeros pasos en la política, de la mano de su preceptor, el panista Francisco Garrido, que lo forjó primero siendo alcalde (1997-2000) y luego gobernador de Querétaro (2002-2009); en sus acuerdos con el ex gobernador priista, José Calzada, o los pactos rotos con su antecesor en la presidencia del PAN, Gustavo Madero. Incluso en Los Pinos se le atribuye haber filtrado un sensible acuerdo en torno a los comicios en el Estado de México. Todos ellos y muchos otros políticos, coinciden en la misma característica cuando hablan de Anaya: traición.

Tras la derrota del 1º de julio se pensaba que no faltaba mucho para conocer el desenlace de la historia de Anaya: humillación y ostracismo. Pero al parecer la PGR tiene otros planes.



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