Los dos primeros acusados en declarar este jueves en el juicio por el proceso independentista de Cataluña demostraron no estar alineados. Mientras el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras comenzó negándose a responder las preguntas de las acusaciones, el que fuera responsable de la Consejería de Interior cuando sucedieron los hechos enjuiciados, Joaquim Forn, contestó a todas las cuestiones planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Tampoco el contenido de las respuestas estuvo sincronizado. Mientras Junqueras defendió la legitimidad de la votación y por ende, del referéndum del 1 de octubre de 2017, Forn reconoció expresamente que la votación era "ilegal". Lo hizo en varias ocasiones, incluida en su última intervención.

Forn aprovechó la última pregunta de su abogado, Javier Melero, sobre si consideraba que podía haber hecho "algo más humanamente posible" para cumplir con la orden judicial de impedir el referéndum para reconocer la ilegalidad del mismo.

"Se pusieron todos los efectivos [de los Mossos d'Esquadra] disponibles. Nunca se habían usado tantos efectivos para unas elecciones para un referéndum, en este caso ilegal", respondió Forn, lejos de lo que cinco horas antes declaró su compañero en el Govern. Junqueras defendió que "votar en un referéndum no es delito, pero impedirlo por la fuerza, sí" y que "trabajar por la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito". "Que quede claro que desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada".

Junqueras, que se presentó con corbata negra para la ocasión, arrancó su intervención lanzando reproches y acusando al Ministerio Fiscal de promover "un juicio político". "Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", señaló, para catalogarse de "preso político". Sin embargo, el ex vicepresidente, para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel, terminó convirtiendo su declaración, precisamente, en un discurso político.

Empezó defendiendo a su partido, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), del que presumió ser "un partido con 88 años de historia y ningún caso de corrupción". Prosiguió haciendo gala de que seguirá intentando conseguir la independencia de Cataluña. "El derecho de autodeterminación es la aplicación del principio democrático", declaró, señalando después que "eso es algo que hemos intentado y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso". Y concluyó advirtiendo de que "esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel". Junqueras está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.

El abogado del ex vicepresidente, Andreu Van den Eynde, se preocupó de que su cliente asegurara al tribunal que "nunca" usó la violencia. En tres ocasiones consecutivas repitió este adverbio. "Nunca, nunca, nunca", respondió cuando su letrado le preguntó por el uso de la violencia para conseguir sus fines. "Hemos rechazado la violencia y lo seguiremos haciendo", declaró, aprovechando para decir que su "objetivo político" era "noble". Junqueras está acusado de rebelión, sedición, malversación y organización criminal.

El ex vicepresidente aprovechó el juicio para reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy que les hubiera negado el diálogo. "Ante una propuesta mayoritaria y pacífica, siempre se niega el diálogo y siempre está vacía la silla de enfrente", declaró. Es más, no dudó en criticar la actuación del Tribunal Constitucional al prohibir el referéndum. "El Constitucional lo que debería hacer es actuar ex post, pero no limitando el debate previamente, porque el debate está protegido por la inviolabilidad", señaló a preguntas de su abogado.

En relación al delito de malversación, Junqueras, máximo responsable de la Consejería de Economía cuando se produjeron los hechos, aseguró que la Generalitat "nunca destinó al referéndum" ninguna partida contemplada en la ley de presupuestos. Según el acusado, sus recursos estaban "totalmente controlados, semanalmente controlados", por el Ministerio de Hacienda.

También echó balones cuando se le preguntó por el uso de la violencia el 1-O. Para Junqueras, la población mantuvo "un comportamiento absolutamente cívico y pacífico", acusando a los cuerpos policiales de "generar un ambiente de crispación".

La guinda de su declaración la puso al asegurar su amor por España. "En muchas ocasiones he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y la lengua y la cultura españolas. Porque es verdad", afirmó. Dicho esto, intentó explicar que ese sentimiento "es compatible" con ser "un republicano catalán".

El segundo acusado de la lista de la Fiscalía, Joaquim Forn, mostró desde el comienzo una actitud muy distinta, aceptando contestar al fiscal y limitando las referencias políticas.

El eje de su defensa fue que, en meses previos al 1-O, había dos Forn: el político del PDeCAT y el consejero. "Mi compromiso político siempre ha sido de apoyo al referéndum y yo lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma forma que defendía el referéndum dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de los mandatos judiciales", afirmó.

Otro mantra que empleó en sus respuestas al fiscal, la Abogacía del Estado y su propia defensa fue que los Mossos, mientras estaban bajo su competencia, "cumplieron con el mandato judicial" y que nunca les dio "órdenes políticas". El tercer bloque de su defensa consistió en explicar que no hubo nada parecido a declaración de independencia. "No se votó nada", dijo, dentro de una secuencia de preguntas en la que su abogado, Javier Melero, iba listando cosas que el Govern y el Parlament tenían que haber hecho para declararla y nunca se hicieron. "Fue una declaración política" y "sin efectos jurídicos", dijo de la DUI.

El interrogatorio del fiscal se centró en dos episodios: el asedio a la Consejería de Economía y la propia jornada de votación. En cuanto al primer bloque, el acusado describió lo sucedido como un ejercicio del "derecho a la protesta contra decisiones de los jueces" y culpó en parte de los incidentes a la Guardia Civil, por no advertirles de la operación.

Sobre la votación, afirmó que se hizo todo lo posible para cumplir las órdenes judiciales. "El 1-O fue la movilización policial más grande que hemos hecho nunca", dijo Forn, que subrayó que había menos mossos que en unas elecciones normales, pero que trabajaron más horas. Y lo explicó reconociendo la ilegalidad del 1-O. En unas elecciones "legales" hay que dar horas libres a los agentes para ir votar, pero en el 1-O, "como no era legal", no hacía falta. "Con un binomio [dos agentes] en un colegio electoral y 200, o 100, o 50 personas que iban a votar era difícil hacer un tipo de actuación diferente a la que se hizo", añadió.

El último eje de su defensa fue que no pudo anticipar los enfrentamientos del 1-O. "Si pregunta si había información de violencia generalizada el 1-O le digo que no. Hubo violencia en algunos puntos y, en mi opinión, por actuaciones erróneas de las Fuerzas de Seguridad".