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A estas alturas, los ciudadanos disponen de datos más que sobrados para alcanzar una conclusión demoledora: el partido que gobierna España, el Partido Popular, es una organización putrefacta, que lleva décadas saltándose la legalidad. De Sanchís a Bárcenas ha tenido sin solución de continuidad una gestión económica fraudulenta que se ha canalizado a través de una caja B con la que pagaba sobresueldos a sus dirigentes y en la que ingresaba donaciones de empresarios debidamente recompensadas luego con contratos públicos. Hasta la sede en la que se reúne todos los lunes su comité de dirección, y en la que tiene su despacho el presidente del partido, se reformó con dinero negro. Es un insulto a los ciudadanos sostener que todo ello era obra de unos tesoreros golfos que actuaban a espaldas de sus líderes: Fraga, Aznar, Rajoy.

A pesar de todas las evidencias acumuladas hasta el momento, el PP se mantiene en una actitud de negacionismo cerril. Sus dirigentes están aplicando sin contemplaciones la estrategia clásica del “cariño, no es lo que parece”. Incluso tras el escrito presentado por la fiscalía anticorrupción la semana pasada ante el juzgado central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el PP tiene la desfachatez de presentarse como una víctima expoliada por unos desaprensivos que pasaban por allí.

El PP puede permitirse el lujo de negar la realidad porque cuenta con el apoyo de los grandes grupos mediáticos y económicos. Cualquier otro partido que hubiera quedado expuesto como el Partido Popular habría sufrido ya una catarsis interna, una refundación. Es escandaloso que en una democracia consolidada, el responsable último de ese partido, Mariano Rajoy, continúe gobernando el país. Por decirlo con una expresión que el presidente usa frecuentemente, “es insólito”.

Ante un partido que disimula con ese descaro la basura acumulada, no basta con dejar que los jueces actúen. La justicia tiene sus plazos y sus procedimientos. Y constituye la última palabra en cuestión de legalidad. Pero una democracia es algo más que mera legalidad; es sobre todo rendición de cuentas. La sociedad civil debe reaccionar ante tamaña ofensa democrática, pero parece habituada a convivir con la putrefacción del PP, que recibe un trato de partido honorable salvo por alguna resolución judicial o alguna que otra interpelación parlamentaria.

Quizá haya llegado el momento de plantear el aislamiento democrático del partido de Gobierno. Hasta que no reconozca su financiación ilegal y depure responsabilidades al más alto nivel, los demás partidos deberían rehuir cualquier pacto, y cada vez que se dirijan a miembros del PP en debates o comisiones parlamentarias, deberían iniciar sus intervenciones recordando que es imperativo que el PP dé explicaciones creíbles y eche a todos los implicados en este gigantesco escándalo, empezando por el presidente del partido.

A los medios de comunicación cabe exigirnos que en cada comparecencia de dirigentes del PP preguntemos machaconamente sobre este asunto, sin permitir que se esfumen con el cuento de la recuperación económica. Si el PP persiste en no reconocer sus prácticas corruptas, la sociedad no debería transigir. Dadas las acusaciones que soporta y la reacción que ha desplegado ante las mismas, ha perdido toda legitimidad para dirigir un país. La clase política debería establecer una suerte de cordón sanitario a su alrededor que evite que la podredumbre acabe infectando al propio sistema democrático.