La seguridad pública se utiliza de nuevo como coartada para atentar contra la libertad.

Ninguna negociación, ningún intercambio de promesas ni ninguna lealtad «constitucional» pueden justificar el silencio o la ambigüedad ante una norma aprobada para restringir derechos elementales de las personas o de las colectividades.

El texto del Real Decreto-ley de «Medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones» parece redactado en algunos de sus puntos por persona o personas incapacitadas por el respeto de las libertades democráticas. Es tan bestia lo que se puede leer que si no estuviera publicado en el BOE parecería escrito por algún ensayista cargado de ironía y voluntad de desacreditar el Gobierno español.

«Los recientes y graves acontecimientos que han tenido lugar en una parte del territorio español han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación», se dice en el texto del decreto ley. No aportan datos ni detalles sobre los acontecimientos de los que hablan, pero dando por supuesto que todos los conocemos y aseguran que se trata de «hechos» que «piden una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de este tipo estableciendo un marco preventivo con esta finalidad, cuyo objetivo sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos».

Todo el mundo sabe que se trata de otro intento de restringir el margen de actuación del soberanismo catalán. Pocos días antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones del pasado 10 de noviembre, en uno de los momentos álgidos de explotación de la catalanofobia, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció la aprobación del decreto contra la «república digital».

Las «nuevas tecnologías» plantean «retos», se dice en la explicación de la norma aprobada por el Gobierno español y convalidada en la Diputación Permanente del Congreso. Y entre estos retos se encuentran, según el mismo texto, «actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje».

Para responder a este reto, el decreto modifica la Ley General de Telecomunicaciones de tal manera que la Administración española pueda, «con carácter excepcional y transitorio», asumir «la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional». «En concreto», reiteran los autores del decreto, por si no quedaba claro, «esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

El Gobierno español, por tanto, puede cortar a discreción redes y comunicaciones, es decir, también internet, siempre que considere que existe un problema de orden público. En la nueva norma ya vigente, dictada y aprobada por vía de urgencia, se dicen más cosas también preocupantes sobre quién puede controlar y de qué manera datos personales, empadronamientos, fiscales… y también sobre la ubicación de los servidores en los que se almacene información. Todo esto es bastante grave, pero lo que da más miedo es la facultad que otorga al Gobierno español para censurar contenidos publicados en la red, cerrar páginas web o pinchar cualquier canal de comunicación.

Esto degrada el nivel de respeto a la libertad de expresión hasta extremos propios de países totalitarios. Montse Bassa, diputada de ERC y hermana de la exconsellera encarcelada Dolors Bassa, preguntó al PSOE, a la propia Diputación Permanente, hasta donde piensan llegar con la ola represiva. La diputada de JxCat Laura Borràs lo ilustró con una comparación bastante elocuente: Es la «ley Corcuera digital», «la ley de la patada en el servidor».

Obviamente Bassa y Borràs votaron en contra, al igual que los representantes del PNV, EH Bildu y Compromís, pero el PSOE salvó su decreto con los votos favorables de PP y Cs. Unidas Podemos se abstuvo, y eso resulta doblemente inquietante, no sólo por lo que significa que esta formación haya optado por la equidistancia entre la razón y el disparate, sino por cómo se han querido justificar posteriormente ante sus seguidores.

Dicen que, a cambio de su abstención, han conseguido que el PSOE se comprometa a hacer modificaciones, cuando comience la legislatura, para que se respeten los derechos y libertades de la ciudadanía. Es decir, que entienden que este decreto-ley las pone en cuestión. ¿Entonces porque se han abstenido?

Parece absurdo decir que una ley destinada a restringir libertades se modificará para hacer respetar derechos básicos. O se respetan o se restringen.

Argumentan que con estas modificaciones posteriores que el PSOE les ha prometido habrá control jurisdiccional inmediato de las decisiones de concesión o denegación de autorizaciones que puedan suponer la suspensión de un servicio por parte de la Administración central y que cualquier resolución en este sentido deberá ser motivada.

¿En qué consistirán estas garantías jurisdiccionales suplementarias? ¿O es que alguien había pensado que, además de arbitrarios, los cortes en las redes o las comunicaciones serían inapelables?

Aparte de la solidez de las garantías, o de las medidas cautelares que se puedan tomar, si estas tienen que venir dadas por la cúpula judicial de este Estado, vista la experiencia y la politización de los magistrados de los altos tribunales, la verdad sea dicha, no resultan muy tranquilizadoras.

¡Ah! Y las resoluciones deberán ser motivadas. Es decir, que la decisión de cerrar una página web o censurar contenidos no se podrá tomar sólo porque tal o cual gobernante competente en la materia tenga un mal día. Muy convincente… Sobre todo si se asegura, como han dicho desde UP, que estas intervenciones de la Administración pública «nunca podrán implicar un recorte de libertades y derechos fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico». Alguien debería explicar mejor cómo se pueden intervenir comunicaciones, cerrar medios o censurar contenidos sin recortar libertades.

Para ser aún más convincentes en la defensa de su abstención, prometen que habrá intervención de las Comunidades Autónomas a través de organismo interterritorial, de tal forma que podrán opinar. Tanta flexibilidad descentralizadora quizás es excesiva…

El último argumento para justificar la abstención es que, aunque hubieran votado en contra, el Real Decreto se habría aprobado. La duda que surge es inevitable. Cada vez que el PSOE quiera sacar adelante una norma con el apoyo de PP y Cs, ¿habrá que abstenerse para ver si a cambio se obtiene algún tipo de propósito de enmienda? ¿Alguna contrapartida?