La organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila. La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Recientemente, Sergio Aguayo, académico del Colegio de México, fue demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por difamación. Por su parte, el también articulista sostuvo que el trasfondo es precisamente una investigación que realiza sobre lo sucedido en Allende.

Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdez será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas.

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional.

“Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista.

En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.

Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.

Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.

La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.

“Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes”, dijo García.

La mayoría de desapariciones en Coahuila fueron realizadas en grupo, detalló Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hace un mes y durante la presentación del informe “Atrocidades innegables” de Open Society. Para muestra un botón, dijo, pues el Centro Juan de Larios registró entre el 2007 y el 2015 un total de 494 personas desaparecidas, agrupadas en 164 casos.

En entrevista con SinEmbargo, García Bosque explicó por qué se puede decir que los Gobiernos de los hermanos Moreira cometieron desapariciones forzadas:

—¿Cómo están documentando la información de desapariciones forzadas?

—Tenemos tres años trabajando. Sabemos de antemano que presentar una denuncia de esa naturaleza en la CPI no se trata sólo de ir a decir que está pasando algo. Al día de hoy tiene más sustento lo que estamos trabajando, porque es de todos sabido que en Estados Unidos hay un juicio, en contra de una persona que tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ya se recopiló la totalidad de los documentos que se necesitaban, de los testimonios y ahorita estamos trabajando para presentar todo esto ante la CPI.

—¿Qué testimonios incorporan y qué relación tendrá el juicio con la denuncia?

—Tenemos lo vertido y que es público, a través de diferentes publicaciones como el San Antonio Express News. Y, obviamente, los archivos que se convierten en públicos del juicio. Tenemos testimonios donde aparecen nombres que son de personas que nosotros registramos como desaparecidas. Es por eso que se vincularía este testimonio con lo que ha acontecido en el estado. Además, tenemos casos desde el 2007, pese a que la asociación empezó a trabajar en el 2013. Se han acercado a nosotros personas que tenían temor de denunciar la desaparición, a raíz del reproche de la propia autoridad, de hacerlos desistir, con la consigna de que si denunciaban podía suceder algo peor.

—¿Tienen ustedes registrado algún indicio de ocultamiento u alteración de los casos de desapariciones por parte de las autoridades estatales?

—Han sido dos ocasiones en las que el estado ha manejado teorías de lo que supuestamente aconteció en Allende. La primera de ellas fue en el 2014 con un hallazgo de hasta 4 mil fragmentos de osamentas, de acuerdo con la versión del Procurador. Públicamente dijeron que estos fragmentos eran imposibles de cotejar con el ADN de sus familias. No pasaron ni 15 días, cuando ya teníamos publicaciones en las que les estaban entregando los restos a las familias. Pero más allá de eso, el Gobernador del estado [Humberto Moreira] en una entrevista pública reconoció que no eran restos sino que se les había entregado tierra del lugar de los hechos, e hicieron una justificación de que esto había sido una entrega simbólica a petición de las familias. Lo que preguntamos fue que si esto era una entrega simbólica por qué también se han estado entregando actas de defunción.

—¿De cuántos actas estaríamos hablando?

—Se hace presumible, por información de quien aquel entonces era Subprocurador en el área de no localizados, de que se trataba de 11 casos.

—¿Y cuántos testimonios integrarán la denuncia que presentarán ante la CPI?

—No podríamos dar una cifra en cuanto a los testimonios, porque de un solo caso podrían desprenderse varios testimonios. Aquí el punto es que hablamos de dos etapas en las que se han perpetrado desapariciones en el estado. Una es el desafortunado caso de Allende en donde se empiezan a perpetrar desapariciones desde el 2009, aunque no es sino hasta el 2012 cuando se habla del terror que implementaron estos grupos criminales. Y a partir del 2013, tenemos otro tipo de desapariciones, documentadas por nosotros como desaparición forzada y que fueron perpetradas por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales [GATE] del Gobierno del Estado, que ahora se denomina Fuerza Coahuila.

—¿Cómo operaba el GATE?

—El detalle es que realizaron detenciones arbitrarias, después de eso mantenían oculta a la persona. Los testimonios que se desprenden aseveran que privaban de la libertad a una persona. La familias salían a las instituciones a buscarlos, para ver si se encontraban detenidos en alguna celda, y encontraban una negativa. A veces pasaban hasta tres o cuatro días para que las familias pudieran tener conocimiento de dónde estaban. A esto se le llama desaparición forzada, porque es una desaparición, seguida por el ocultamiento de una persona, y sus perpetradores fueron directamente una corporación policial. Tenemos 15 personas aún no localizadas [15 de 85 casos de desaparición forzada].

—¿Qué sucedió con los que sí aparecieron?

—Las demás, al se encontrados, tenemos testimonios vivos de que fueron objetos de tortura por parte de esa corporación. Esta corporación llamada GATE no tenía sustento legal cuando comenzó a operar. Se habla de su creación desde el 2009, y para el 2015 esta corporación no había sido reconocida dentro de un marco jurídico. Que omite la ley orgánica de la Comisión estatal de Seguridad, porque no existía. Posterior a ello, pues hacen un cambio de denominación llamarle a esa corporación Fuerza Coahuila.

—Tanto las presuntas desapariciones cometidas por la GATE, como las de Allende se cometieron durante el Gobierno de Humberto Moreira y del actual Gobernador Rubén Moreira. ¿La denuncia tendrá alguna implicación para ellos?

—Obviamente, aquí hablamos de una participación de los perpetradores. Pero también hablamos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, todos los funcionarios superiores: es decir, Gobernador, Secretario de Gobierno, Procurador y Comisionado de Seguridad, todos tienen responsabilidad por omisión. Ellos estaban obligados por ver y velar por la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Resulta a veces imposible de creer que estas personas no se dieron cuenta jamás de lo que estaba sucediendo. Entonces, cabría una posibilidad de responsabilidad para los funcionarios. Ya en su momento cada instancia tendría que advertir si sí o no, de acuerdo a las obligaciones de cada funcionario. Y ver si tenía la obligación o el deber de saber lo que estaba sucediendo.

—¿Cómo influirá la denuncia ya presentada por un aspirante a Gobernador Armando Guadiana a la que ustedes pueda presentar?

—Supongo que es un proceso muy aparte. Desconozco exactamente los rubros que están manejando en esa denuncia. Nosotros estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Los más evidentes son homicidio, tortura y desaparición forzada. Existe la participación de un ente del Estado, concretamente, de los directivos del centro penitenciario. Esto va documentado en la denuncia por los manejos que han hecho el estado. Tomando en cuenta la pura declaración del estado en cuanto este supuesto error de que se introdujeron personas al centro penitenciario y que ahí fueron calcinadas. Se habla de un número de hasta 150 personas. Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes.