La intendencia de Rosario y el gobierno provincial se encuentran en gestiones desde hace un año para recuperar el terreno ocupado por la Zona Franca de Bolivia. Pese a que los representantes municipales y provinciales ya hicieron sendas ofertas a los embajadores bolivianos, estos siguen disconformes y se reusan a renunciar a su derecho sobre el frente de atraque sobre el Paraná. La última instancia en la disputa por la potestad sería la denuncia del contrato de cesión, aunque hay confianza de llegar a un acuerdo mucho antes.

Pablo Jukic, secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, pasó por la mañana radial de Fisherton CNN y arrojó algo de luz sobre el tema. En primer lugar, detalló cuál es la situación de las instalaciones en la actualidad: “Han tenido escaso uso. Hoy en día tienen cero utilidad porque los muelles se han derrumbado y el espacio, que es muy angosto, no tiene utilidad para una operación de transbordo y otra operación portuaria moderna”. Por otro lado, contó que las autoridades bolivianas reconocen el deterioro de la zona franca y la falta de inversión, pero se niegan a ceder una salida al Atlántico.

Las ofertas presentadas por los negociantes santafesinos fueron en primera instancia brindar el servicio a través de la Terminal Puerto Rosario; en segundo término, se ofertó reubicar el sitio en Villa Constitución. La última alternativa sugerida es el otorgamiento de un espacio con la misma cantidad de hectáreas en la Zona de Reserva Portuaria, ubicada al sur de la dársena en donde funciona Servicios Portuarios.

El argumento esgrimido desde Bolivia es que no se ha ofrecido un lugar con el mismo frente de atraque con el que cuenta el emplazamiento actual, en el cual pueden entrar hasta dos buques. “Lo que pasa es que hoy dentro de lo que es el espacio administrado por el Ente Administrador del Puerto Rosario, no hay otro espacio para otorgarles como frente de atraque. Pero, en realidad, esto es un engaña pichanga porque hoy los muelles están derrumbados”, explicó Jukic.

Cabe destacar que la cesión inicial fue concedida por el gobierno nacional argentino, cuando los terrenos portuarios eran propiedad estatal. El contrato no tiene ningún plazo y tampoco cuenta con carta reversal, con lo cual, hoy la potestad está en manos de Bolivia. Mientras tanto, la Municipalidad de Rosario cuenta con que la situación se destrabe y poder recuperar la zona como espacio público que forme parte del Parque Nacional a la Bandera.