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En nuestro país, cuando se ha pretendido dedicar calles y honores a perpetradores de atentados y agresiones contra víctimas de otros tipos de violencia, se ha legislado para impedirlo, y la intervención de la Justicia y de los responsables políticos ha sido inmediata y contundente. Las víctimas del franquismo seguimos soportando el insulto y la humillación de ver calles y plazas de nuestro país dedicadas a los asesinos de nuestros padres y abuelos; a quienes nos encarcelaron y nos torturaron. Creemos -coincidiendo con las recomendaciones al Estado español de los organismos internacionales de derechos humanos - que las víctimas del franquismo son merecedoras del reconocimiento legal y de la consideración que se les niega, simplemente la misma que es exigible hacia las víctimas del terrorismo o del Holocausto, por ejemplo.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria lleva años reivindicando el cambio de toda calle, en cualquier lugar del Estado español, que rinda homenaje a los militares perjuros; a los torturadores y a los criminales de guerra; a los dirigentes del partido único fascista; a los jerarcas del régimen que mantuvo secuestrada por la fuerza la soberanía nacional durante 40 años. Una retirada que debería extenderse a toda la simbología franquista y a los honores concedidos por las instituciones: alcaldes honorarios, hijos predilectos, hijos adoptivos…

La llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 hizo abrigar ciertas esperanzas en que se diese una solución definitiva a esta cuestión, pero la ausencia de desarrollo de la misma- fundamentalmente un Reglamento que estableciese una tipología clara de elementos a eliminar, unos plazos, y un régimen sancionador contra las administraciones que incumpliesen la Ley- consiguió que esas esperanzas resultasen defraudadas. El avance de las fuerzas políticas conservadoras en las elecciones municipales de 2007 y 2011, hicieron más difícil aún una solución satisfactoria.

La llegada de los llamados “ayuntamientos del cambio” en mayo de 2015, ha abierto amplias expectativas, que parece que en muchos casos no van a resultar frustradas. Conocemos diariamente noticias sobre cambios de nombre en los callejeros y la eliminación de monumentos franquistas.

De la solución que dé la capital a su siniestro callejero depende lo que pueda pasar en muchas otras ciudades y pueblos

Aunque una década larga de reivindicación del movimiento memorialista ha conseguido poner este tema en la agenda y los programas políticos, las resistencias siguen siendo enormes, y no sólo por parte de muchos ayuntamientos conservadores que se aferran a las deficiencias de la Ley de Memoria para incumplirla. Un claro ejemplo de las dificultades existentes es el Ayuntamiento de Madrid, con las célebres controversias sobre actuaciones municipales, la campaña en contra de la Cátedra de la Complutense y la constitución de un Comisionado de Memoria Histórica, unánimemente criticado por las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo. Obviamente, de la solución que dé Madrid a su siniestro callejero depende lo que pueda pasar en muchas otras ciudades y pueblos.

Hemos observado con preocupación las presiones mediáticas y políticas que recibe el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para impedir la retirada de la simbología franquista, con argumentaciones falsas y demagógicas que sólo pretenden mantener la injusta situación actual. De cualquier modo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento y los grupos políticos que lo respaldan, deberían ser conscientes de que políticas de apaciguamiento no van a conseguir frenar las agresiones.

¿Qué interés puede tener la derecha mediática y política en mantener el callejero franquista? ¿Son compatibles Franco, Yagüe, Maurrás… con una derecha democrática y europeísta? ¿Tan en deuda se sienten con ellos? ¿Por qué ese afán de defender la permanencia de la Plaza de Arriba España, la del Caudillo, o el monolito a los Alféreces provisionales? Exigen consenso quienes han incumplido sistemáticamente la ley; quienes ni han ofrecido ni buscado el consenso durante 24 años de gobierno de la ciudad de Madrid.

No debería ser necesario recordar al equipo de gobierno y a las fuerzas políticas que lo sustentan, que la primera obligación del Ayuntamiento de Madrid es, en primer lugar, cumplir la Ley vigente por insuficiente que sea esta. Por otro lado, existe un claro compromiso programático adquirido con las ciudadanas y ciudadanos de Madrid en las elecciones de mayo de 2015.

La primera obligación del Ayuntamiento de Madrid es, en primer lugar, cumplir la Ley vigente por insuficiente que sea esta

También pensamos que esta es una oportunidad única para hacer pedagogía democrática y de los derechos humanos dirigida a los vecinos y vecinas de Madrid, incorporando a las calles que han de retirarse los nombres de personas y hechos que representen esos valores, especialmente de víctimas del franquismo, funcionarios municipales represaliados, y luchadores por la democracia contra los fascismos español y europeo.

Diversas organizaciones hemos convocado el domingo 20 de noviembre (coincidiendo con el 41 aniversario de la muerte física del dictador) una manifestación en Madrid, con el fin de continuar exigiendo la retirada completa de la simbología franquista, así como los nombres en el callejero madrileño de golpistas de 1936, criminales de guerra y jerarcas de la dictadura.

Estamos convencidos/as de que este tema se solucionará más pronto que tarde de manera satisfactoria, en la ciudad de Madrid y en cada una de las poblaciones del Estado español. De cualquier modo, no cejaremos en exigir la retirada completa de toda la simbología, honores y nomenclatura urbana vinculada al franquismo y a los fascismos europeos, con el fin de que dejemos de ser una anomalía con respecto al resto de países democráticos.

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Arturo Peinado Cano @apces, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria