El consenso parece abrumador. Políticos, taxistas, banqueros, panelistas de la tele, exponentes del jet set, comisarios-consultores y oyentes de radio coinciden en que debe imponerse la mano dura para terminar con la delincuencia. Hay que acabar con el garantismo abolicionista, dotar de poder de fuego a las policías, frenar la inmigración de países limítrofes, construir más cárceles y comprar armas israelíes.

Los gobernantes se rinden ante el “rey zócalo”. En los útimos días, el presidente Mauricio Macri puso al Poder Ejecutivo a pleno a premiar a un policía que mató por la espalda a un delincuente que huía.

Los hombres fuertes de la Seguridad del último tramo kirchnerista, Sergio Berni y Alejandro Granados, miran con admiración y algo de envidia cómo sus proclamas campean ahora sin inhibiciones.

Así las cosas, cabe repasar las ocho premisas que sostienen el clamor que subyace bajo aquella máxima de que “el que mata tiene que morir”.

1. “La puerta giratoria deja libres a los delincuentes”

La afirmación supondría o bien que hay celdas vacantes a la espera de delincuentes que no llegan, o que existe una altísima rotación de presos que van entrando y saliendo por la puerta giratoria.

Sin embargo, los datos oficiales desmienten esa afirmación.

El 70% de los detenidos son “primarios”, es decir, es la primera vez que son procesados o condenados por algún delito, por lo que no se da el caso de un mismo delincuente que se pasea en calesita entre la cárcel y la calle. Ese porcentaje se mantiene estable desde hace dos décadas.

El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Penas contabiliza que en la Argentina, hacia fin de 2016, había 76.261 personas detenidas en 290 cárceles provinciales y federales; 5.714, en comisarías; y 1.686, en su domicilio. En total, 81.975.

La estadística, publicada en noviembre pasado por dicha dependencia de la Subsecretaría de Política Criminal, revela que, hace un año, la población carcelaria era 41% más que diez años antes y el doble que en 2000, cuando comenzó a ser publicado el registro.

En provincias emblemáticas de fuerzas atravesadas por la corrupción y el gatillo fácil, como Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, la población carcelaria se disparó, pero ninguna alcanza a las patagónicas Chubut y Santa Cruz, que cuadruplicaron la cantidad de presos en una década.

Más datos reveladores. El 70% de los detenidos son “primarios”, es decir, es la primera vez que son procesados o condenados por algún delito, por lo que no se da el caso de un mismo delincuente que se pasea en calesita entre la cárcel y la calle. Ese porcentaje se mantiene estable desde hace dos décadas.

Podría argumentarse también que hay más detenidos porque se cometen más delitos, pero eso será chequeado más abajo.

Analizado lateralmente, el número de 175 presos en cárceles argentinas cada 100.000 habitantes es cerca de un tercio del que se registra en Estados Unidos (666) o Cuba (510), dos de los países más punitivistas del mundo; la mitad que en Brasil (319); bastante menos que en Uruguay (297); similar a Chile (235) y Paraguay (180); y el doble que en Italia (94), Suiza (82) o Alemania (76).

2. “Los derechos humanos son para los delincuentes”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirma que el Gobierno que integra cambió el enfoque; que antes se trataba de proteger los derechos del delincuente y ahora, los de la víctima; y que en caso de duda, la razón se le asigna a la Policía. Así, Bullrich pone punto final al supuesto rigor imperante de derechos humanos sólo para los delincuentes.

.@PatoBullrich en #YAQPA: "Estamos cambiando la doctrina donde se posicionaba al policía como victimario" #RCV899 — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) February 6, 2018

Más allá de disquisiciones sobre el concepto “derechos humanos”, cualquier informe internacional, sea de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Departamento de Estado de Estados Unidos, da cuenta de que si hay un ámbito en la Argentina en el que se vulneran derechos básicos es el de las cárceles y las comisarías.

Vayamos a los números. Sólo en enero pasado, se registraron ocho muertes -cuatro de ellas violentas- en cárceles federales -que albergan sólo a un octavo del total de la población carcelaria-, según la Procuración Penitenciaria. Para la entidad, el de enero es un aumento que supera las cifras de por sí “alarmantes” registradas desde 2009, que oscilaron entre 9 y 29 muertes anuales.

Desde 2013, la misma Procuración viene registrando más de 700 casos anuales de torturas y agresiones físicas en las cárceles federales, con tendencia creciente.

Mientras, en la provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Casación informó que desde 2000 fueron reportados 11.754 casos de tormentos y maltratos. En 2016, la cifra fue de 673 casos.

3. “Somos Colombia”

Está claro que la Argentina no “es” Colombia porque no tiene un Premio Nobel de Literatura, ni playas con aguas cálidas ni la dulce tonada de los paisas. Tampoco tuvo hasta fecha reciente una organización guerrillera ni bandas paramilitares con poder territorial. Pero si se toma la afirmación como que en ambos países se registran similares índices delictivos, la falacia es palmaria.

Por ejemplo, el índice de homicidios cada 100.000 habitantes en la Argentina, tomado como válido por el Banco Mundial, fue de 7 en 2015. Para Colombia y Brasil, el registro marcó casi cuatro veces más: 27.

Se ha armado una pequeña industria de la consultoría en seguridad en torno a Medellín, cuyo índice de asesinatos es de 20 cada 100.000. Sin dudas, un progreso astronómico con respecto al indicador de 266 en 1991, pero todavía inaplicable para un país como Argentina, que afronta problemas de delito diferentes.

Si hay que forzar identidades, más bien “somos Uruguay” -ocho cada 100.000- antes que Colombia.

4. “Estamos cada vez peor, ya no se puede salir a la calle”

El récord de homicidios dolosos en la Argentina se produjo en 2002, año de megacrisis, cuando alcanzó los 4.630 casos. En 2003 comenzó un abrupto descenso y se estabilizó durante los quince años posteriores en alrededor de 2.900 casos -2.837 en 2015-.

Las salidas transitorias, regímenes de semilibertad o reducción de las condenas representaban un porcentaje ínfimo. Un 97% de los condenados no tuvo reducción de la pena, 95% cumplía su condena en la cárcel y 91% no gozó de salidas temporarias.

La Universidad Di Tella viene registrando el “indice de victimización”, que marca un nivel alto de robo o hurto. Ante la pregunta de si algún miembro del hogar fue víctima de algún delito -desde violentos hasta estafas- en los últimos 12 meses, el indicador marcó 31,9% en enero, un aumento de 0,7 punto con respecto a igual mes de 2017.

De ese casi tercio de los hogares argentinos víctimas de algún delito, veinte puntos corresponden a hechos violentos.

El porcentaje es preocupante pero estable en la última década -aunque aumenta la incidencia de la violencia- y no lejano del que registran encuestas similares en Chile o Uruguay.

5. “Los jueces y fiscales son todos garantistas”

Los números citados de población carcelaria y la negligencia judicial ante casos flagrantes de gatillo fácil no parecen avalar la afirmación. De todas formas, al ser una aseveración política, podría ser desmentida de otro modo. Por ejemplo, con el resultado de las elecciones en las que votan jueces y fiscales, que si bien no son un fiel reflejo de la ideología de los magistrados penales, podrían aportar un indicio.

.@PatoBullrich en #YAQPA: "Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías" #RCV899 pic.twitter.com/5y9xATovIo — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) February 6, 2018

Las últimas elecciones de la Asociación de Magistrados marcaron un nuevo triunfo de la lista Bordó, con 48% de los votos, seguida por la Celeste, con 31%, y Compromiso Judicial, con 21%. La lista ganadora es la tradicional de la magistratura y, aunque no tiene un color político definido, su perfil es asimilable al estamento radical-conservador. Similar tendencia se expresa en los representantes votados por los jueces para el Consejo de la Magistratura, por no citar el caso de figuras tan relevantes para el fuero criminal como el fiscal general de Capital Federal, Ricardo Sáenz, un hombre de abierta adhesión al oficialismo.

6. “Las fronteras son un colador de delincuentes”

La suposición de que inmigrantes de países vecinos vienen a cometer delitos debería tener un correlato en la población carcelaria. Eficiente o ineficiente, no hay ningún motivo para intuir que las policías son más benévolas con extranjeros que con los argentinos. Sino más bien, dada la permeabilidad del discurso xenófobo en los funcionarios de seguridad, lo contrario.

#Cambiemos | Así es el plan del Gobierno para que las FF.AA. participen en seguridad interior https://t.co/0tHg9pRLp4 pic.twitter.com/GgVbo4wbg2 — LETRA P (@Letra_P) February 8, 2018

Pues bien. La Organización Internacional para las Migraciones indicó el año pasado que los extranjeros representaban el 4,8% de la población local. En tanto, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Penas (SNEEP) informó que los extranjeros constituían en el 6% de los habitantes de las cárceles, apenas un punto más que su representatividad extramuros. De ellos, 3.015 -71% del total de extranjeros- eran paraguayos, peruanos o bolivianos, inmigrantes que por lo general se ubican en los estamentos de menores ingresos.

7. “Es necesario endurecer las penas y terminar con las salidas transitorias”

La tendencia que marca el SNEEP es que, en la población carcelaria, aumenta la proporción de condenados sobre procesados y, en este momento, los primeros son una leve mayoría: 51%.

De los 39.373 condenados que habitaban las cárceles a fin de 2016, 41% habían recibido penas de hasta seis años. Es decir, el 59% restante no fue condenado a reclusiones leves, precisamente.

Las salidas transitorias, regímenes de semilibertad o reducción de las condenas representaban un porcentaje ínfimo. Un 97% de los condenados no tuvo reducción de la pena, 95% cumplía su condena en la cárcel y 91% no gozó de salidas temporarias.

8. “Cada vez matan a más policías, que se sienten indefensos ante el garantismo”

La afirmación es, nuevamente, falsa.

En 2017, murieron 39 policías en enfrentamientos que tuvieron lugar en el área de Capital Federal y el conurbano, de acuerdo a estadísticas oficiales tomadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Tras el pico que supuso la crisis 2000-2003 -107 policías murieron en 2002-, el número de bajas policiales osciló entre 43 y 31 desde 2004.

También es parejo el número de bajas de civiles a manos de las policías: entre 85 y 154 desde 2004, con un registro de 107 en 2017.

De todas formas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) viene marcando un aumento exponencial de abusos y detenciones arbitrarias en los últimos dos años, en línea con los casos de gatillo fácil.

Al cierre de esta nota, la última víctima había sido Fabián Enrique, de 17 años, a quien un integrante del Grupo Halcón mató de dos balazos por la espalda. El policía dijo que Enrique había intentado robarle el celular el martes pasado, en una esquina de Quilmes Oeste. El adolescente estaba desarmado.