Hace dos años abdicaba Juan Carlos I a favor de Felipe VI. Entre la catarata de artículos que se publicaron entonces, uno llevaba por título “desgraciadamente, lo han entendido todo”. En lo que ya se vislumbraba como un bajón de las movilizaciones iniciadas el 15 de mayo de 2011, los estrategas del régimen del 78 sacrificaban a una pieza para salvar al conjunto. La coronación de Felipe VI era el primer paso de una recomposición que el pasado 26 de junio completó otra etapa con la imagen de un Rajoy eufórico en el balcón de la calle Génova.

Con la victoria de Rajoy y la resistencia del PSOE a Unidos Podemos, el régimen ha respirado de nuevo. El cambio político se ralentiza en España, una muy buena noticia también para la gobernanza europea, en un incendio múltiple e interconectado –gestión de fronteras, austeridad, brexit– que actualmente tiene en Francia y Reino Unido sus principales focos.

La papeleta de la troika, principal vencedora de las elecciones post-Brexit del 26J, mantiene su primer puesto en España pese a la creciente ola de desafección popular a la Unión Europea en todo el continente, una ola que no ha llegado a España en ninguna de sus formas.

Las elecciones presidenciales de Francia en abril y mayo de 2017 con su desalentador panorama –sólo tendrían opciones, según las encuestas, candidatos de régimen como François Hollande y Nicolas Sarkozy o la xenófoba Marine LePen– inducen a pensar en una derechización de la escena político-institucional europea que conviene poner en discusión. La lucha contra la reforma laboral, las huelgas generales en Francia, la persistencia de la movilización en Grecia, con el ejemplo de la empresa recuperada Vio.me, o las transformaciones del espectro político en Italia y Portugal, ponen en cuestión el arrollador y anunciado avance de la extrema derecha.

Dentro de la deficiente e incompleta federación europea, los resultados del 26J en el departamento español señalan la obviedad de que el problema del cambio político no es sólo el problema de Podemos.

Tras la fase de expansión de este proyecto político, corremos el riesgo de entrar en una desgastante batalla por la atribución del relativo fracaso del 26J a las distintas opciones estratégicas que concurrían –unidas– a la que fue anunciada como segunda vuelta electoral. Batallas que se trasladarán pronto a un Parlamento en el que Unidos Podemos tendrá que disputar la oposición con un PSOE facilitador del casi inevitable gobierno del PP o embarcarse en un incierto pacto múltiple con el PSOE y fuerzas de centro-derecha como CDC y PNV.

Más interesante que atribuir paternidades a aquella derrota, que tiene mucho de simbólica, es necesario centrarse en el posible efecto de despolitización introducida por este ciclo institucional. El problema del cambio político no es sólo el problema de Podemos, sino el de todas y todos. Desde febrero de 2014, momento de la irrupción de Podemos, el ritmo electoral se ha adueñado de la atención y las expectativas de la gente.

Dejando de lado los debates acerca de si ese vaciamiento de la calle es responsabilidad de la “máquina de guerra electoral” de la Complutense o síntoma de la debilidad de los movimientos, quizá es más apropiado señalar algunos de los rastros –y cadáveres– que está dejando esa estrategia: la aceptación de la lógica de la representación y delegación, el verticalismo al estilo pequeña y mediana empresa de los partidos o la “cooptación por contratación” de activistas, cuadros y técnicos para el proyecto de partido. El Podemos real ha tenido mucho de esto, pero no sólo. Es una deriva que arrastra también a los ayuntamientos del cambio: el ‘olvido’ interesado del mandato radicalmente democrático del 15M parece muy interiorizado entre muchos de los actores del asalto institucional. Por eso resultan enigmáticas, en su calculada ambigüedad, las declaraciones de Iglesias y Errejón post 26J en torno a la idea de “normalizar” Podemos con la figura de los partidos tradicionales como referente.

La resaca electoral ha dejado también lamentos amargos sobre el dominio de los grandes medios de comunicación, y especialmente las televisiones, acerca de los temas que han dominado la campaña. Conviene repetirlo: confiar la estrategia de cambio a mantener una buena agenda de contactos que aseguren apariciones en horarios de máxima audiencia no siempre es una buena idea. La dependencia de ese monstruo con dos cabezas (Atresmedia/Mediaset) que es ahora mismo la oligarquía de las cadenas privadas es también una mala noticia que nos ha dejado esta campaña electoral, y en realidad este ciclo iniciado hace dos años. El peso que ha tenido el factor mediático en la explicación de los resultados electorales justifica una reflexión algo más detallada.

Es cierto que no se puede desechar el uso inteligente de las apariciones selectivas en el ‘prime time’ (incluído el indigesto y poco favorable formato de la tertulia televisiva) y la apuesta general por lo televisivo (ahí están La Tuerka y Fort Apache, los programas donde el candidato Iglesias se fogueó antes de dar el salto a las ‘teles de verdad’). Pero duele ya la poca reflexión estratégica sobre qué otros medios necesitamos para romper los discursos que saltan a la mínima cuando se otea un cambio –cualquier cambio– en el horizonte: Venezuela, miedo a los comunistas, si ganan los de Podemos te van a quitar el piso. La incoherencia mostrada por los gobiernos del cambio en momentos de sobreexposición mediática –la lista es ya larga: casos Zapata y titiriteros en Madrid, caso manteros y huelga de metro en Barcelona, la huelga de autobuses en Zaragoza– muestra la insensatez de confiar en que las grandes cadenas privadas, y sus agendas, bendigan las políticas del cambio sin tener un plan b.

Allí donde han llegado, los gobiernos del cambio no han protagonizado iniciativa alguna reseñable –ni siquiera en lo teórico– sobre cómo hacer que los medios de comunicación públicos sean realmente públicos. Donde aún existen medios de titularidad estatal, autonómica o local, es necesaria una alianza con quienes defienden la independencia informativa y apostar por abrir la gestión y el acceso a contenidos a la ciudadanía, algo que desde el ámbito de los medios comunitarios se lleva pidiendo desde los años 80. Donde no existen medios de comunicación públicos, como en el caso del País Valenciano y su extinta televisión autonómica, convendría que cualquier iniciativa de refundación sea honesta y no se limite a cambiar unos jefes del cotarro por otros.

En cuanto al cada vez más ancho espacio mediático que no es ni público ni estrictamente privado, como mucho se apuesta, pero con desinterés y falta de incidencia crecientes, por el uso de las redes sociales, como si de verdad la posición institucional fuera una continuación de la posición que se tenía en las plazas en 2011. Hasta ahora se ha apelado a ‘la gente’ para colaborar en la campaña viral de turno, pero definitivamente no hay ningún tipo de apuesta por impulsar un tercer sector de la comunicación. Probablemente, los costes económicos (aunque bajos) no superarían los costes políticos de hacer hueco a proyectos independientes que no garanticen una adhesión inquebrantable.

En el amago de desencanto generado por el diseño de la “máquina” morada –siempre que se trata de Podemos resuenan, de forma casi paródica, los ecos del PSOE post 82– y en la crisis que Izquierda Unida arrastra al menos desde 2011, se pueden buscar las justificaciones del primer aviso serio al proyecto de unión de las izquierdas. No obstante, la tarea sobrepasa las consecuencias a “nivel interno” que tendrá este derrape electoral. Un Gobierno de gran coalición, fuerte o blanda, tendrá como objetivo preparar el terreno para consolidar el régimen en un periodo que se abre hacia más turbulencias.

Para consolidar el régimen no bastará con mantener a los viejos partidos en La Moncloa, sino que se buscará profundizar la precarización de las frágiles clases medias y la pauperización de las clases populares, mediante estrategias de desposesión como la que se ha anunciado después de las elecciones a cuenta del desmantelamiento de la hucha de las pensiones. Para el nuevo ciclo, independientemente de que termine con elecciones a seis meses, a dos años o a tres años vista, es imprescindible impugnar ese programa de desposesión (a través de herramientas de sindicalismo social y auditoría popular).

Pasos como priorizar los derechos a los servicios públicos, como el derecho a un sistema de Seguridad Social garantizado en los presupuestos generales del Estado, o la reivindicación de un derecho a la vivienda universal, son oportunidades para recuperar el pulso en la lucha que tiene lugar desde el triunfo de las políticas de austeridad en 2010. La campaña por una renta mínima, iniciada desde los sindicatos de concertación CC OO y UGT con escaso debate social, puede ser asimismo un buen punto de partida para afrontar una transformación económica, ecológica y social, que –para mal o para bien– ya está teniendo lugar en todo el planeta.

Tras los resultados del 26 de junio, cabe preguntarnos si hemos entendido que de nada vale obtener el respaldo electoral si no ponemos en común un plan para afrontar el problema de la crisis, del trabajo y del diseño y ejecución de la UE actual. Y éste es defendido desde la sociedad –organizada o no–.