El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tuvo que salir ayer al cruce de las críticas que le hizo la oposición por el alcance de un anteproyecto de ley de su cartera que impulsa planes para expropiar tierras privadas por parte del Estado.

Si bien el ministro negó que el Poder Ejecutivo intente establecer un política de expropiaciones que avasalle la propiedad privada, admitió que hay un proyecto de ley en esa dirección en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (Cofeplan), que está bajo la órbita de su ministerio.

"Lo único que el Cofeplan sugirió fue que con los instrumentos legales vigentes, la ley de expropiación o la potestad del Ejecutivo de declarar de interés público alguna tierra, tiene la facultad de expropiar", afirmó De Vido en una suerte de frágil desmentida a la información que publicó ayer LA NACION. En ese sentido, De Vido agregó: "No esperen una política de expropiación, sino que vamos a llevar adelante un plan estratégico de desarrollo territorial que plantea los ejes de desarrollo de la Argentina".

En rigor, el anteproyecto que figura en la página web del Ministerio de Planificación prevé la posibilidad de que cualquier propiedad privada pueda ser declarada de utilidad pública y expropiada por el Estado. La iniciativa fue diseñada por el Cofeplan, que preside De Vido. "Lo único que el Cofeplan sugirió fue que con los instrumentos legales vigentes, la ley de expropiación o la potestad del Ejecutivo de declarar de interés público alguna tierra para hacer pasar una autopista, un canal de riego o una represa, tiene la facultad de declarar de interés y expropiar", trató de minimizar.

Sin embargo, desde la oposición y organizaciones sectoriales ayer se sumaron nuevas voces críticas ante el conocimiento de las intenciones del Cofeplan. Así, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti, destacó que "el respeto por el derecho de propiedad es el pilar fundamental" de la Argentina, razón por la cual consideró "indispensable que desde el Gobierno se aclare acerca de este proyecto, que pondría en juego una garantía constitucional ineludible".

Más crítico aún fue el senador José Cano (UCR-Tucumán), quien aseguró que el proyecto "implica un avance sobre la propiedad privada", situación que consideró "muy complicada. El mensaje que se da desde el Estado es que no se da seguridad jurídica sobre lo que es privado", sentenció.

Por su parte, el diputado Francisco de Narváez adelantó el rechazo del peronismo disidente a cualquier iniciativa que el oficialismo presente en el mismo sentido que el anteproyecto defendido por De Vido. "Vamos a trabajar para que no salga", afirmó el jefe del bloque Unión Celeste y Blanco, quien advirtió que "el gobierno kirchnerista está tomando un rumbo muy peligroso para todos los argentinos".

A su vez, el diputado Oscar Aguad (UCR-Córdoba) descalificó de plano la iniciativa y aclaró que "esto no podría ser un proyecto de ley porque es absolutamente inconstitucional". Añadió: "Es un avance sobre derechos consagrados en la Constitución".