Eliazar Velázquez / Staff Correo

Guanajuato.- El 2 de febrero se cumplieron trece años de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial mediante el cual se crea la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En México, constituye la categoría jurídica más alta para la protección y salvaguarda de un Área Natural.

Los procesos administrativos y estudios técnicos comenzaron en 2002-2003, en esa fase estuvo muy involucrado el entonces Instituto Estatal de Ecología (ahora SMAOT), pero fue en 2007 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, concluyeron que la Sierra Gorda “…posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial, constituyendo una zona de gran fragilidad, que alberga muestras representativas de ecosistemas originales que no han perdido su capacidad de regenerarse y recuperarse de manera natural y que reúnen los requisitos necesarios para ser declarados como Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera”.

Árbol que nace torcido…

Casi inmediatamente a la promulgación de la declaratoria en 2007, comenzó a evidenciarse que el trabajo técnico no estuvo acompañado de un diálogo amplio y cercano con los habitantes de la sierra. Hubo en esos primeros meses y años diversas expresiones de inconformidad social porque los campesinos argumentaban que no habían sido consultados, los enteraron hasta que ya era un hecho.

En 2007, en el jardín de Atarjea, sentado en una banca junto al kiosco y envuelto en humo de cigarrillo, un campesino definió lo que se despertó en el corazón de muchos serranos: “Yo veo esto como una dictadura porque únicamente se nos están imponiendo las cosas, no se ha tomado en cuenta nuestro parecer. El decreto ya está y apenas nos van a decir lo que queremos o no queremos… A nuestros ejidos nadie fue a preguntarnos si queríamos, nomás llegó como quien dice el trancazo, hasta ahorita nunca llegó el aviso, no ha habido nada de preguntar nuestra opinión”.

Cuando la gente cuestionaba a los funcionarios por qué actuaron así, hubo quienes contestaban con el falaz argumento de que se habían realizado consultas con los ayuntamientos y que el anteproyecto estuvo disponible para todos los interesados vía Internet, como si los habitantes de la sierra, sobre todo quienes viven en comunidades aisladas, acostumbraran dejar a un lado sus preocupaciones diarias y sus siembras para buscar una computadora, y menos cuando en ese entonces para acceder a una había que bajar hasta los pueblos o ciudades donde apenas comenzaban a popularizarse los llamados ‘ciber’.

Entre los hombres y mujeres campesinos de mayor edad era particularmente notable el desconcierto. Nacieron en tiempos de la Revolución o en los bordes de la Cristiada, y siguiendo el ejemplo de sus antepasados, habían hecho del amor a la tierra y a la naturaleza un acto de vida cotidiano, era gracias a ellos que se había preservado el patrimonio natural y cultural de la Sierra Gorda. “Ahora están hablando de reservas federales, pero lo que está en nuestros cerros es porque lo hemos cuidado nosotros, en esto hay gente agazapada que quiere seguir comiendo en las oficinas y a nosotros como siempre nomás nos quieren dar migajas. Desde nuestros antepasados ese cuidado lo hemos tenido, y ahora por qué otro forastero viene a invadirnos. Es lo que dicemos, y lo peor sin algún acuerdo de nada. Porque nos ignoraron. Nuestra inconformidad es porque deben tomarnos en cuenta para todo lo que pase en nuestra tierra, los tratos así son, cuando hay un acuerdo se hace y si no, no…”.

Y es que fue tal la ligereza y la irresponsabilidad institucional que, violentando la propia legislación ambiental, los funcionarios dejaron comunidades enteras dentro de lo que se denomina “zona núcleo”; aunque por otra parte, favoreciendo algunos intereses, por ejemplo, en ese mismo entorno casualmente situaron en “zona de amortiguamiento” un área boscosa donde pocos años después la Compañía Minera Autlán, de la mano con una empresa canadiense, pudo realizar sin ningún obstáculo un proyecto de exploración con una inversión de 300 mil dólares.

Sólo la fuerte tradición de institucionalidad que predomina entre los campesinos de la región, al paso del tiempo fue atenuando el conflicto, pero el daño ya estaba hecho: desde el comienzo se había propiciado una brecha entre los pobladores y el decreto.

Funcionarios fallidos…

Hacia finales del mismo año en que fue publicado el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comenzó a conformar el equipo humano asignado a la región. Para el 2008 ya había establecido una oficina en la cabecera municipal de San Luis de la Paz. Al frente de ese grupo de ocho servidores públicos (integrado por técnicos y administrativos) estaba Gabriel Vázquez Sánchez, originario de Jalisco, quién venía de fungir como secretario particular del entonces Comisionado Nacional, Ernesto Enkerlin, y desde ese cargo conocía de cerca todo el proceso.

Pero esos primeros años no pasaron de las buenas intenciones, y sin mayores avances en el cumplimiento de lo que mandata la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 2011 fue relevado por el ingeniero michoacano Víctor Manuel lIdefonso Apolinar, cuya administración se caracterizó por alejarse todavía más de los objetivos para los que fue creada la Reserva, pues este funcionario no tuvo reparo en convertirse en un abierto aliado y promotor de los proyectos mineros, actividad que convirtió en la prioridad de su gestión. Para asumir esas posturas tenía el respaldo de sus superiores, notablemente de Guillermo Ramírez Filippini, entonces director de la Región Centro y Eje Neovolcánico, jurisdicción con sede en Cuernavaca, Morelos, desde la que se coordina a los empleados de esta Reserva.

Sin embargo, el alejamiento de sus responsabilidades primordiales y su entusiasmo por alentar esos negocios fueron tan evidentes, que se generó una crisis en su propio equipo y con el recién creado Consejo Asesor (el cual es presidido de modo honorario por el gobernador o quien él designe, alcaldes de la zona, y ciudadanos representantes de diversos sectores sociales). Terminó siendo despedido en 2015, luego de realizarse cambios en los mandos que lo protegían.

Su lugar lo ocupó el también ingeniero Luis Felipe Vázquez Sandoval, originario de San Luis de la Paz, quien ya venía fungiendo como subdirector y es el único que aún permanece del equipo inicial de funcionarios designados al emitirse el decreto, por lo que ya está cumpliendo 13 años de laborar en esas oficinas. A finales de septiembre de 2015 fue nombrado encargado de despacho, y al poco tiempo confirmado como titular. Con este funcionario los muchos rezagos tampoco han podido solventarse, y siguen pendientes de solución asuntos de suma relevancia, como la conclusión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de lo que se denomina ‘Programa de Manejo0, sin el cual persiste un vacío y ambigüedad legal, pues dicho instrumento jurídico define las reglas administrativas de una Reserva de la Biósfera. La legislación ambiental indica, que al año de emitido el decreto debe formularse y publicarse, para luego ser sometido a revisión cada cinco. Lleva doce años de retraso.

Aunque se argumenta que para enmendar algunos errores de origen (cometidos por ellos mismos) tendrá que volver a transitarse todo el proceso institucional que requiere la modificación de un decreto presidencial, lo cierto es que los responsables de este tema en todos los niveles de gobierno, no han dado los pasos necesarios para que el decreto se convierta en un instrumento jurídico eficaz, y para que los habitantes y propietarios del territorio, se identifiquen y comprometan con los propósitos para los que fue creada la Reserva, pues después de una década, en la población en general, pesan más las vertientes prohibitivas de esa iniciativa, que la nobleza de sus fines. A esto se suma, que esa inestabilidad institucional, así como los desencuentros de los funcionarios federales con sus contrapartes estatales, han paralizado órganos de participación social decisivos como el Consejo Asesor.

De seguir en esa inercia, se fortalecerá el peor escenario, pues los funcionarios de Conanp, luego de 13 años no han consolidado un trabajo comunitario sólido, y han optado por el camino fácil de convertirse en una dependencia más del montón que reparte dinero como la vía para ganar clientela, incondicionales y consensos, sin detenerse a realizar diagnósticos rigurosos acerca de los impactos sociales de los proyectos que subsidian.

A lo largo del año, realizan ocasionalmente algunas acciones llamativas para efectos mediáticos y también se ocupan de temas tersos como el monitoreo de la mariposa monarca, el águila real y otras especies; pero las problemáticas complejas las evaden, sólo las administran, y descuidan muchas de sus funciones sustanciales, entre ellas la de la vigilancia eficaz y oportuna del Área Natural Protegida.

Todos estos años han continuado prácticas como la minería clandestina, tala de árboles, obras públicas sin el debido proceso, mal manejo de residuos sólidos por parte de los municipios, contaminación de aguas, creación de bancos de tierra y arena sin autorización, incendios provocados, extracción de plantas, hornos de carbón, cacería ilegal… Sin embargo, cuando ocasionalmente han actuado para interponer denuncias ante Profepa por algún presunto delito ambiental, muchas veces ha sido sólo bajo la presión de algún ciudadano que tomó la iniciativa, o cuando los hechos se hacen visibles en algún medio de comunicación.