Juan Andrés Benítez murió el 5 de octubre de 2013 tras sufrir una paliza a manos de varios mossos d'esquadra en el barrio barcelonés del Raval. El crimen nunca será juzgado porque no habrá juicio. Las defensas y las acusaciones han llegado a un pacto por el que los policías reconocen una cierta culpabilidad –aunque esto no es cierto en absoluto– y la Fiscalía y la acusación popular han retirado los cargos más graves, en este caso, penas de hasta 14 años por el delito de homicidio.

La maquinaria de la justicia tiene reglas y limitaciones que los profanos desconocemos. Lo que se aplica es la ley, y eso no siempre coincide con la justicia. Para enviar a alguien a prisión, hay que tener pruebas, no sólo sospechas. El fiscal debe valorar si podrá conseguir una sentencia de culpabilidad con los resultados de la instrucción. En un juicio con jurado, intervienen también otros factores que ambas partes no pueden controlar. En este caso, hubo otros elementos que intervinieron en la muerte de Juan Andrés Benítez, pero hay una cosa que está clara. Sin la intervención de los policías, Benítez no habría muerto ese día.

Sin embargo, en el caso de los delitos más graves, el fiscal tiene la obligación de ir hasta el final a nada que la instrucción haya permitido llegar a la conclusión de que los derechos de alguien han sido violentados, en especial si se trata del derecho a la vida. Y si el delito ha sido cometido por funcionarios públicos, por los responsables de hacer cumplir la ley, esa necesidad se convierte en ineludible. De lo contrario, los ciudadanos terminarán convencidos de que ciertas personas con poder gozan de impunidad.

Eso es lo que ha ocurrido en Barcelona, donde un caso de brutalidad policial se ha cerrado con una condena pactada a dos años de prisión para seis mossos –por un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la integridad moral– que no supondrá el ingreso en prisión. Además, sufrirán una pena de inhabilitación de dos años que aún no está claro a partir de qué fecha empieza a contar.

Y ahora viene lo peor. Sí, hay algo peor que una condena mínima por un delito de homicidio. Es la constatación de al impunidad que siempre se buscó, de la intención que ha existido siempre de que los causantes de la muerte no pagaran el precio que estipula la ley y volvieran a vestir el uniforme policial que no se merecen. La Conselleria de Interior de la Generalitat ha comunicado que esos seis agentes, además de otros dos condenados por obstrucción a la justicia, volverán a ser mossos d'esquadra cuando cumplan la pena de inhabilitación. No habrá investigación interna, que se interrumpió al iniciarse la instrucción judicial. No habrá expediente disciplinario por haberse comportado de la forma que lo hicieron, en clara violación de las normas internas del Cuerpo.

Eso sí, en un gesto que sólo se puede definir como un cruel sarcasmo, los agentes-delincuentes tendrán que hacer un curso de derechos humanos. Olvidaron todo lo que habían aprendido en la academia policial y provocaron la muerte de una persona. Ahora, con un cursillo se considerará que están en condiciones en su momento de volver a hacer cumplir la ley, la misma que violaron de forma evidente.

Dudo de que el cursillo les quite de la cabeza la idea de que nada se les puede reprochar. Según su abogado, los agentes están "moralmente convencidos" de que su actuación fue correcta. Esto es lo que consideran correcto, según el análisis que escribe Oriol Solé: "Los condenados han reconocido que propinaron dos patadas y cinco puñetazos en la zona superior del cuerpo de Benítez, seis puñetazos y golpes de rodilla en sus extremidades inferiores, así como "varias patadas" en la parte lateral izquierda inferior del cuerpo del fallecido. Los condenados han admitido que su actuación fue desproporcionada y que sólo autorizaron la atención médica a Benítez cuando cayó inconsciente, pese a que el fallecido estuvo suplicando y jadeando por lo menos 12 minutos".

Incluso con independencia del resultado, esos 12 minutos les descalifican para volver a ejercer como policías en la función que sea. Lo mismo se puede decir de los dos agentes condenados por obstrucción a la justicia, por limpiar la sangre de Benítez del suelo eliminando una de las pruebas.

En Barcelona los delincuentes quedan impunes si visten uniforme policial.