La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar el ingreso en prisión incondicional para el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por un presunto delito de sedición al entender que existe riesgo de reiteración delictiva. La juez Carmen Lamela, que ha dejado en libertad a la intendente del cuerpo aunque le prohíbe salir de España y le obliga a presentarse cada 15 días en el juzgado, decidirá a partir de las 18.00 la situación de Trapero.

Tanto el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, como el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, declararán a partir de esa hora después de que la juez haya decretado un receso.

Para el Ministerio Público, si Trapero sigue en libertad con el mando de la policía autonómica se corre el peligro de que siga dando órdenes a sus agentes contrarias a las órdenes judiciales de impedir la declaración de independencia de Catalunya, según explican fuentes jurídicas.

La Fiscalía, apoyada en la investigación de la Guardia Civil, considera que Trapero es el “brazo ejecutor” del plan estratégico ideado para llegar hasta la independencia. De la investigación se desprende que hubo una orden generalizada a los agentes para no colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en evitar el referéndum del 1 de octubre.

Distante con los Jordis

El interrogatorio de Trapero ha durado algo menos de dos horas. Primero declaró la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que estuvo encerrada en la conselleria de Economia el 20 de septiembre. Después, dos guardias civiles que formaban parte de la misma comitiva judiciales, y que explicaron que desde que solicitaron auxilio a los Mossos pasaron cuatro horas hasta que un mando apareció por la Consellería para preguntar lo que ocurría.

Después de estas testificales comenzó el interrogatorio a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, responsable de lo ocurrido el 20 de septiembre. Tras una declaración de una hora y media -realizada por videoconferencia-, el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó para ello el ingreso en prisión bajo una fianza de 40.000 euros.

En su caso, la juez rechazó la medida y optó por otras menos gravosas, como la prohibición de salir del país, para reducir un posible riesgo se fuga, y la obligación de acudir cada quince días al Juzgado para estar controlada.

Después, llegó el turno de Trapero. Estuvo esperando cuatro horas en la sede de la Audiencia Nacional en la madrileña calle Génova. Según diversos testigos, durante ese tiempo se mantuvo distante con los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también citados como investigados.

Sin uniforme

A diferencia de primera vez que declaró ante la juez Carmen Lamela, en esta ocasión Trapero decidió acudir vestido en traje y corbata y no con el uniforme de los Mossos, por recomendación de sus abogados. El Major siempre ha defendido que el cuerpo policial que él dirige sí ha acatado las órdenes judiciales y en ningún momento ha formado parte de ningún plan estratégico para conseguir la independencia de Catalunya.

El fiscal no ha considerado creíbles sus explicaciones y tras finalizar el interrogatorio ha solicitado a la instructora que le envíe a prisión de manera incondicional dado que existe el riesgo de que no deponga su actitud de “inacción” frente al desafío independentista.

La Guardia Civil le sitúa como el máximo responsable de los Mossos aunque fuentes jurídicas recuerdan que en los informes del Instituto Armado no hay ninguna prueba directa que le señale como responsable de las órdenes a sus subordinados.