El ministro de Economía y Hacienda que más alto había llegado terminó ayer en el nivel más bajo, denunciado por su propio ex Ministerio por los delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Rodrigo Rato, el único alto cargo público español que ha llegado a ostentar rango de jefe de Estado al haber sido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), abandonó en la tarde de ayer su domicilio detenido en una de las imágenes más demoledoras de la historia de la democracia española. Pesa contra él una denuncia presentada esta misma semana por la Agencia Tributaria en la que acredita un "alto perfil de riesgo" de fraude. Pasada la media noche, tras más de siete horas de registro, los agentes le permitieron regresar a su domicilio.

Entre otras operaciones ilícitas, la Agencia Tributaria le acusa de intentar ocultar patrimonio para evitar hacer frente a embargos y a la fianza derivadas del escándalo de Bankia, según aseguran a EL MUNDO fuentes judiciales.

El ex presidente de la entidad financiera nacionalizada en 2012 es sospechoso de intentar alzar bienes mediante un complejo entramado societario. En las empresas bajo investigación figuran como titulares miembros de su familia, incluidos los hijos fruto de su matrimonio con su ex esposa María Ángeles Alarcó, actual presidenta de la empresa pública Paradores. También se analizan empresas vinculadas a su hermana Ángeles y una sobrina.

La denuncia cuenta con más de 80 páginas y detalla propiedades vinculadas a Rato en paraísos fiscales, incluidos Gibraltar y Suazilandia, en contra de la versión facilitada por el ex ministro en la víspera sobre que no tenía ni había tenido sociedades en territorios opacos. En la denuncia también figuran sociedades vinculadas a Rato en Holanda, Reino Unido, Estados Unidos y República Dominicana.

La Agencia Tributaria también acusa a quien fuera guardián de la Hacienda española de perpetrar tráfico de divisas por valor de 12 millones mediante operaciones en Luxemburgo, Suiza, Gibraltar, Irlanda y Holanda. El periodo investigado abarca desde 2009 hasta 2014. Rato asumió la Presidencia de Caja Madrid en 2010 y dejó el cargo en mayo de 2012.

Registro y detención

Rato se encontraba en su domicilio a primera hora de la tarde de ayer cuando sus escoltas se vieron sorprendidos por la irrupción de agentes de la brigada móvil de los servicios centrales de Aduanas. La tensión entre unos y otros quedó rápidamente disipada: el juzgado número 35 de Madrid había dado orden de registrar los domicilios del ex vicepresidente del Gobierno a petición de la Fiscalía de Madrid, que había presentado la denuncia horas antes contra Rato y otras personas. Procedieron inicialmente a registrar el domicilio del ex presidente de Bankia en la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid y, posteriormente, su despacho en la calle Castelló, forzándole a estar presente en la investigación en todo momento.

Los agentes de Aduanas, dependientes de la Agencia Tributaria, estuvieron arropados en la operación por miembros de la Policía Nacional. Todos ellos trabajaban bajo la batuta del citado juzgado de Madrid, que declaró el secreto del sumario.

Fuentes de la investigación aseguran a este periódico que además de la vivienda del que fuera vicepresidente del Gobierno en el barrio de Salamanca de Madrid, también se han llevado a cabo otros registros, entre ellos un bufete de abogados en la localidad gaditana de Sotogrande, próxima a Gibraltar.

Los funcionarios de Hacienda se apoderaron de diversa documentación, tanto en soporte papel como en informático, que será analizada por el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción, que asumirá el caso a partir de ahora.

En círculos policiales sorprendió la actuación de los funcionarios de Hacienda con la entrada y registro. Aunque se ajusta por completo a la legalidad, no dejó de extrañar, ya que de forma habitual los juzgados y la Fiscalía acuden fundamentalmente a la Policía y a la Guardia Civil para llevar a cabo sus actuaciones.

La operación policial sorprende a Rato en un momento muy delicado para él. Por un lado, se encuentra imputado en el caso Bankia y requerido para que colabore en la fianza de 800 millones de euros que ha establecido el juez Fernando Andreu para responder a las demandas de accionistas particulares engañados por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

Por otro lado, está siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) a petición de la Agencia Tributaria, por no cuadrar sus declaraciones de la renta tras acogerse a la llamada amnistía fiscal en 2012.

El riesgo de destrucción de pruebas y alzamiento de bienes ha precipitado la investigación contra el ex ministro.

Los otros investigados

La investigación también ha puesto la lupa en personas que han podido colaborar con Rato en el entramado societario sospechoso. Entre ellos figura Miguel Ángel Montero Quevedo, según las citadas fuentes judiciales. Éste fue gerente de la sociedad Muinmo, que afloró en 2001 en la comisión parlamentaria de investigación del caso Gescartera. Se trata de la sociedad familiar de los hermanos Rato, en la que el ex vicepresidente contaba con un tercio del capital.

Muinmo recibió el 4 de diciembre de 2000 un préstamo de 3.155.315 euros (525 millones de pesetas) del banco británico HSBC, una de las entidades clave en el escándalo de la agencia de valores. Además, figura como uno de los apoderados de Rodanman Gestión 3L, una empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios domiciliada en la vivienda de Rodrigo Rato.

Montero figura como administrador único. También es apoderada María de los Ángeles de Rato Alarcó, hija del ex ministro. Su ex mujer, Ángeles Alarcó, fue administradora única de esta sociedad entre 2001 y 2013. También se investiga a Domingo Plazas y Ángel María Cobo.

Rato tenía domiciliadas en su vivienda diversas sociedades, aunque los investigadores muestran especial preocupación por sus movimientos en el exterior.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y ex lugarteniente de Rato en el Gobierno de José María Aznar, había endurecido su discurso a primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados proclamando: "En la lucha contra el fraude el respeto a la ley y el interés general está por encima de todo, por encima de intereses políticos o electorales, por encima de compañeros y de rivales, por encima de amigos y de enemigos y que cada cual responda de sus actos".

Tras tantos años en coche oficial en Madrid y Washington, el antaño todopoderoso vicepresidente subió ayer obligado a un vehículo policial para emprender el rumbo final de su trayectoria. Tiene 66 años.