Un taxista que en diciembre pasado conducía borracho y se subió a la vereda, en Bernardo de Irigoyen y Moreno, pasará diez días preso. Es la primera vez que un conductor recibe la pena máxima posible por tener más alcohol del permitido en sangre. Se la aplicaron a pedido de un fiscal de la Ciudad, porque le detectaron 2,6 gramos, una cantidad que indica un estado de ebriedad severo. El chofer debía presentarse anoche en la Cárcel de Contraventores de Pompeya para cumplir su condena. En Capital, según la Fiscalía porteña, se detectan diez casos de alcoholemia por día.

El condenado es un peón de taxi de origen tucumano de 30 años que vive en San Telmo. Cerca de la 1.30 de la madrugada del 28 de diciembre pasado, conducía el vehículo que alquilaba por Bernardo de Irigoyen al 300, en el barrio de Monserrat, cuando se subió a la vereda y comenzó a circular sobre ella. Al ver la situación, intervino la Policía, que logró que frene. En el auto había dos botellas vacías de cerveza.

Fuentes del caso contaron que el taxista estaba irascible y que, como intentó darle un cabezazo a un policía, fue detenido por resistencia a la autoridad. En la comisaría le midieron la alcoholemia y detectaron que tenía 2,6 gramos de alcohol por litro de sangre. Más allá de que para los conductores profesionales la tolerancia es cero, con ese dosaje una persona es un grave peligro al volante, porque su estado de ebriedad es severo y sus conductas imprevisibles.

Primer carcel para contraventores, de la Ciudad. Foto: Gustavo Castaing

La causa quedó en manos de Federico Villalba Díaz, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 38 de la Ciudad, quién logró que el taxista vaya a juicio por infringir el artículo 111 del Código Contravencional porteño. Este artículo establece una multa de $ 200 a $ 2.000 o una pena de entre uno y diez días de arresto para el que conduce en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. Y según la ley, para los conductores particulares, el máximo de alcohol permitido es de 0,5 gramos, para los motociclistas 0,2 y para los profesionales, 0.

"Pedí la pena máxima, que son diez días de arresto de cumplimiento efectivo, porque el caso lo ameritaba. Por eso mismo no accedí a una probation. El conductor tenía una cantidad de alcohol en sangre muy alta y generó una situación de peligro importante. Lo que no se pudo probar es si en el momento del episodio se encontraba trabajando con el vehículo", contó el fiscal Villalba Díaz.

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Durante el juicio penal, la defensa sostuvo que el chofer estaba al borde de un coma alcohólico y que no tenía la posibilidad de comprender la criminalidad de sus actos. Por su parte, el acusado aseguró que no se acordaba de nada de aquella madrugada, aunque sostuvo que estaba arrepentido de lo que hizo. Sin embargo, el fiscal consideró que nada de eso era un atenuante.

La jueza Cristina Lara, titular del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21 de la Ciudad, le dio la razón a Díaz Villaba y, a pesar de que no tenía antecendentes, le impuso al taxista una pena de diez días de arresto. El condenado debía presentarse anoche en la cárcel de contraventores de la Ciudad, ubicada en la calle Beazley 3860, en Pompeya. En cambio, la jueza rechazó otro pedido del fiscal para que lo inhabilitaran a conducir por un año, porque el chofer tiene hijos menores de edad y necesita trabajar en el taxi para mantenerlos.

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"Se trata de una sentencia ajustada, proporcional al hecho, porque esta persona puso en grave riesgo a la seguridad vial -sostuvo Villalba Díaz-. Es atípico que a una persona sin antecedentes le apliquen el máximo de pensa de cumplimiento efectivo. Además, se le descontaron diez de los veinte puntos del scoring de su licencia de conducir".



En el primer semestre de este año, a la Fiscalía de la Ciudad ingresaron 1.955 casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas, a razón de un promedio de más de diez por día. En el mismo período de 2015, hubo 1.912 casos.

Cuando se detecta que un conductor supera los niveles de alcohol permitidos, le secuestran el vehículo, le quitan el registro y le abren un proceso penal. Si el contraventor reconoce su error, puede acceder a una probation, es decir que le conmuten la pena por hacer tareas comunitarias o un curso de seguridad vial. Pero esa posibilidad no existe para los casos de conductores profesionales o que hayan puesto en riesgo la vida de terceros.