El próximo viernes no será un día más en Argentina. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner viene anunciando desde hace meses el 7D en propagandas radiales y televisivas. Es el día límite para que 21 grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones para adecuarse a la ley de servicios audiovisuales, que en 2009 fue aprobada con el lema de acabar con la concentración económica en el sector. Pero, según los anuncios del Gobierno, solo un conglomerado se ha mostrado renuente a hacerlo: se trata del más grande de ellos, Clarín, el grupo local que tras el conflicto agrario de 2008 devino el enemigo número uno del kirchnerismo, más que cualquier partido opositor. Este conglomerado dominado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto ha respondido con una fuerte contrapropaganda con la que intenta desmentir las acusaciones de “monopolio” que le propina el Ejecutivo.

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, ha dicho que esperará hasta la medianoche del viernes para que los grupos presenten sus propuestas. La fecha del 7D fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo de la ley de medios, el referido a la obligación de desinvertir para aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se encuentra muy extendido. A partir del lunes próximo, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para llamar a subasta de las licencias que incumplan con la norma.

De momento, unos 14 grupos ya han presentado sus planes de adecuación a la legislación. Se trata en su mayoría de conglomerados con líneas editoriales afines al Gobierno. Algunos de ellos son grupos familiares y han propuesto dividirse en varias empresas en las que cada pariente sea dueño de una. Sabbatella ha considerado válida la oferta, pese a las críticas de algunos defensores de la ley de medios, que en su momento no solo fue aprobada por el kirchnerismo sino también por el socialismo y otras fuerzas de izquierda.

Falta que otros siete conglomerados presenten sus propuestas, entre ellos, Clarín y otros que se han mostrado proclives a hacerlo, como Prisa (editora de El País), Telefónica y la norteamericana DirecTV. Más de 330 medios de comunicación deberán cambiar de dueños en Argentina, según un informe del periódico El Cronista Comercial. De ellos, a Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200.

Clarín había gozado de una estrecha relación con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), que en su última medida como presidente aprobó la fusión de su operadora de televisión por cable con la principal competidora. Cablevisión, del grupo de Noble y Magnetto, dice que provee del servicio al 47% del mercado argentino de la televisión de pago, es la número uno en la materia (el Ejecutivo calcula que eso supone el 58% del servicio por cable), pero la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Según el Gobierno, Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, cuando la norma solo permite contar con hasta 24. Clarín dice que tiene 158.

Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico. Según el Gobierno, Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excedido. Pero el conglomerado argentino dice que solo cuenta con 11 licencias, cuatro de televisión y siete de radio.

La norma establece, asimismo, que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. El “monopolio”, como lo apoda el Gobierno, viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino, Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.

Clarín asegura que la ley busca destruirlo y que ello conllevará también el desarme de su negocio de proveedor de Internet, que va unido al de televisión por cable. Denuncia que otros competidores como Telefónica no son tratados por el Gobierno con la misma vara, y en eso coinciden defensores de la ley, que además se quejan de que hasta ahora se incumplió la norma que dice un tercio de licencias de radio y televisión abiertas deben repartirse entre organizaciones sociales.

La legislación dice que ningún grupo extranjero puede tener más del 30% de una radio o un canal. Pero Telefónica podrá seguir teniendo sus emisoras porque invirtió antes de 2002, cuando otra ley, la de bienes culturales, impulsada por Clarín, había establecido ese mismo límite. El grupo español alega, con el apoyo gubernamental, que en ese momento nadie lo objetó y su situación entonces ya no se puede modificar. En cambio, Prisa, que invirtió después de 2002, tendrá que vender la mayor parte de sus participaciones en radios. Telefónica además es cuestionada porque incumpliría con la disposición que prohíbe disponer de emisoras a los operadores de servicios públicos, como el de telefonía. Sin embargo, Telefónica y el Gobierno dicen que el grupo televisivo Telefé no guarda vinculación alguna con Telefónica de Argentina sino que pertenece directamente a la casa matriz con sede en Madrid. Tanto Telefónica como Prisa sí deberán desinvertir porque sus canales y radios, respectivamente, exceden una cobertura del 35% de la población argentina.

Pero Clarín es el único de los 21 grupos en cuestión que ha cuestionado ante la justicia la constitucionalidad del artículo que obliga a desinvertir. Cuestiona que una norma tenga efectivo retroactivo. Pese a que la ley fue sancionada hace tres años, el juez de primera instancia aún no se ha expedido en la materia. También está pendiente una petición de Clarín a un tribunal de apelaciones para que aplique una medida cautelar que congele las desinversiones hasta que la justicia decida sobre el fondo de la demanda. Cualquier novedad sobre ambas resoluciones judiciales podría dejar sin efecto la fecha límite del 7D.