El PP perdió casi tres millones y medio de votos en las elecciones generales de diciembre de 2015 y un año antes había sufrido otro formidable batacazo en las municipales y autonómicas. La corrupción fue la explicación unánime de tales desastres, que la recuperación de 700.000 votantes en las generales de junio de 2016 no palió en lo sustancial. A pesar de esos datos clamorosos, muchos, y no pocos en la oposición, siguen diciendo que la corrupción no hace daño al PP. No es cierto. Y lo que en estos momentos cabe preguntarse es si los escándalos de los que hoy habla todo el país pueden terminar siendo un golpe del que el partido de Mariano Rajoy no consiga recuperarse.

No se puede descartar que si logra capear el temporal, aun dejando algunos cadáveres por el camino, entre ellos el de Esperanza Aguirre, en unas cuantas semanas el Gobierno puede retomar el mando de la situación. Pero hay otros elementos de la actual crisis que permiten pensar lo contrario. El más relevante de ellos es que lo que está ocurriendo es mucho más que la acción judicial contra prácticas corruptas del pasado. Escandalosas, por cierto, seguramente las que más en la larga saga de hechos de este tipo.

Aunque la escuadra mediática del PP esté haciendo todo lo que puede por ocultarlo, está también en juego el hecho de que el jefe del Gobierno haya sido llamado a testificar en un proceso en el que se acusa de graves delitos de corrupción al partido que él preside. Los usos democráticos le llevarían a dimitir sólo por ese motivo. No lo va a hacer, faltaría más. Pero eso no lo va a eximir del daño político que para él supone la iniciativa judicial. Su implicación directa en el proceso, como un testigo que se parece mucho a un acusado, es una expresión de debilidad, de vulnerabilidad de la que no va a poder recuperarse.

Y eso es de lo peor que le puede pasar a un líder. Dentro y fuera de su partido. Es muy posible que esa convocatoria a testificar haga aún más difícil que Rajoy encabece la lista del PP en unas futuras elecciones. Ya lo tenía complicado. Encontrar no sólo a su sustituto sino también el modo menos doloroso de proceder al relevo es desde hace ya un tiempo uno de los debates internos que agitan al PP, aunque el asunto no tenga repercusión pública alguna. Ahora ya está encima de la mesa y se hable o no de ello eso no va a fortalecer a Rajoy, sino todo lo contrario. Porque ese es el tipo de cosas de las que se discute en los más altos e íntimos círculos del poder económico y también en los de los gobiernos extranjeros.

Otra novedad del actual episodio de corrupción es la actuación judicial, sin ambages hasta ahora, contra los dirigentes empresariales que pagaron a Ignacio González y los suyos. En el pasado había habido algún escarceo en esa dirección. Pero ahora los están metiendo en la cárcel. Posiblemente saldrán pronto y su juicio tendrá lugar quién sabe cuándo. Pero el mensaje ya ha sido transmitido. Y los empresarios que han hecho cosas parecidas que los actualmente encausados, que no deben ser unos pocos, han debido interpretar la iniciativa del juez Velasco en la única dirección posible. La que el Gobierno ya no es capaz de garantizarles la inmunidad absoluta. Y eso va a poner nervioso a más de uno.

Cuando en Italia, en 1992, empezó a ocurrir algo parecido a eso, aunque en mayores dimensiones, la operación de Manos Limpias se aceleró. Porque más de un gran empresario se apuntó a ella como mal menor. El hecho de que el título de OHL haya caído un 12% en la bolsa habrá provocado alguna reflexión.

Otro hecho nuevo es la revelación, con pelos y señales, de que el fiscal Anticorrupción trató de impedir que el juez y la Guardia Civil realizaran un registro en la operación contra González y a los demás, y que sólo una especie de rebelión por parte de sus subordinados hizo posible esa actuación. Tan significativos, y gravísimos, como los hechos en sí mismos son los antecedentes que los explican. Uno de ellos es que se nombrara fiscal anticorrupción a Manuel Moix, cuyos antecedentes hablaban de que era alguien perfectamente disponible para hacer la barbaridad que ha hecho. Otro es que se eligiera como fiscal general del Estado a otro personaje de tan poco presentable trayectoria anterior como es José Manuel Mata.

Ambos nombramientos, el del primero es consecuencia del segundo, expresan bien a las claras que Rajoy y su Gobierno no tenían intención alguna de luchar contra la corrupción, sino únicamente de proteger a los suyos de la acción de la justicia, al coste que fuera y ladraran lo que ladraran los demás. Después de casi un año de haberse estado jugando su permanencia en el Gobierno, también o sobre todo por culpa de la corrupción, cabía esperar algo más inteligente por parte de Mariano Rajoy. Lo que a la vista de los hechos cabe concluir es que no puede emprender otro camino que no sea el de la resistencia. Y encima lo ha hecho muy mal. La corrupción lo tiene acogotado y no sabe cómo soltarse de su abrazo. Y eso, se mire por donde se mire, compromete su futuro.

Rajoy tiene sus días contados. Lo malo es que éstos pueden ser muchos. Dependerá de las reacciones internas que los hechos de estos días generen dentro del partido y en su entorno social. Ahora o más tarde. Pero también de cómo actúen los demás partidos. El primero, el PSOE. El escándalo de Ignacio González refuerza los argumentos de Pedro Sánchez. "¿Para esto queríais absteneros y dar el Gobierno a Rajoy?", podrá espetar ahora a Susana Díaz. Lo haga o no, la presidenta andaluza está obligada a introducir nuevos elementos en discurso o, cuando menos, rechazar abiertamente la posibilidad de que un PSOE por ella liderado sostenga nuevamente, de la manera que sea, al PP. La elección le puede ir en ello.

También Ciudadanos está llamado a reaccionar. En las últimas horas ha endurecido su posición en Murcia, exigiendo que Pedro Antonio Sánchez dimita como diputado autonómico. No se puede olvidar que ha sido el partido de Albert Rivera el que le ha apartado de la presidencia. Y si la hipótesis de la debilidad de Rajoy se confirma, Ciudadanos podría dar algún paso más. Distanciarse del PP en esas circunstancias sería una garantía de su futuro.

Con todo, el partido que tiene más poder decisorio a corto plazo es el PNV. De él depende que Rajoy pueda aprobar el presupuesto, lo cual sería un balón de oxígeno que le permitiría respirar unos cuantos meses. Lo que pueda ocurrir en este capítulo es hoy por hoy una incógnita. Los problemas del PP podrían impulsar a los nacionalistas vascos a exigir mucho más a cambio de su apoyo. Pero ceder ahí podría ser una fuente de graves problemas para el PP. No sólo en lo que a su equilibrio presupuestario se refiere, sino en su posición política ante Ciudadanos y también ante los nacionalistas catalanes.

El que menos problemas tiene sobre qué hacer es Podemos. Su posición ante la corrupción es nítida y militante. Su autobús contra la trama ha cosechado un éxito seguramente muy por encima de las previsiones que tenían sus impulsores. Han tenido suerte, pero la suerte solo favorece a los que están en la cancha, no a los mirones. No hay más remedio que reconocer que la estrategia de "todo contra el PP" como prioridad política que propugna Pablo Iglesias frente a otras opciones es acertada en estos momentos. Podemos es el referente indiscutible de la lucha contra la corrupción y es muy probable que eso condicione también la dinámica interna el PSOE.

A menos que Rajoy desmienta lo que parece ser la más aplastante lógica política y las anticipe creyendo que eso le va a salvar in extremis, no hay elecciones generales a la vista. Lo más probable es que en las que vengan sea otro el cabeza de lista del PP. El panorama se ha enturbiado en el interior del partido de la derecha. La sucesión es más complicada que antes y las autonómicas y municipales pueden ser un trago mucho más difícil de lo que se creía hace sólo un par de meses. La corrupción hace mucho daño al PP. Habrá que ver cuánto y hasta donde.