La ministra María Dolores de Cospedal ha reconocido la responsabilidad del Ministerio de Defensa, plasmada en el informe del Consejo de Estado, en el accidente del Yak-42, una desgracia que su correligionario Federico Trillo habría podido evitar si hubiera atendido las quejas y denuncias de los militares y también de una diputada socialista de la Comisión de Defensa sobre el mal estado de los aviones alquilados para trasladar a los soldados españoles a las guerras (misiones de paz) en Afganistán e Irak. Cospedal se ha comprometido ante los familiares de las víctimas a buscar “por tierra, mar y aire” el documento de la contratación del avión ucraniano en el que murieron los 62 militares españoles la madrugada del 26 de mayo de 2003, cuando el aparato se estrelló en un monte cercano al aeropuerto de Trebisonda, en la costa turca del Mar Negro. Y comparecerá este lunes (a las 16:00 horas) para dar explicaciones en el Congreso.

Para Ramón J. Campo (Huesca,1963) --el periodista de El Heraldo de Aragón que más y mejor investigó la negligencia y desmontó, día a día, mes tras mes y año a año, las falsedades, mentiras y manipulaciones tras las que se parapetó Trillo para no asumir su responsabilidad-- el compromiso de Cospedal es muy positivo para que prevalezca la verdad, aunque sea casi 14 años después. “Entonces nos desmentían la información, hicieron sufrir lo indecible a las familias, Trillo aseguró que el Yak era el avión más seguro del mundo, que estaba en perfecto estado, y atribuyó el accidente a la meteorología adversa”, recuerda Campo. “Visto en perspectiva, las mentiras sobre el Yak-42 respondían al mismo patrón que las proferidas casi un año después sobre los atentados del 11-M”, añade Campo, quien apunta que, “ya puesta, Cospedal también debería buscar los 42 contratos de vuelos anteriores a Manás (Kirguistán), Kabul (Afganistán) y Kuwait e Irak en las mismas condiciones peligrosas para los militares españoles”.

Las pruebas decisivas

Tal vez por aire no los encuentre, porque hayan sido destruidos por los elementos meteorológicos; por tierra resulten impracticables, porque hayan quedado embarrados e ilegibles, y por agua, sean papel mojado (y borrado), pero es lo cierto que aquel avión, “uno de los más seguros del mundo”, según Trillo, en el que además de los 62 españoles perecieron los doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso, fue alquilado por 149.000 euros. Los traslados de los militares a aquellas guerras no eran precisamente baratos, si bien, de la mencionada cantidad, la compañía propietaria del avión sólo recibía 30.000 euros. En todas las guerras alguien se enriquece. Lo que ocurría con el dinero público y los intermediarios era secreto. Defensa contrataba según las directrices de la agencia Chadman, un chiringuito de la OTAN que garantizaba el alto secreto militar.

Se comprende que el ministro Trillo, entonces compañero de Mariano Rajoy en el Gobierno de José María Aznar López y en la cúpula del PP, no prestara mucha (ninguna) atención a las quejas, por el conducto reglamentario y, por supuesto, clasificadas como secretas, que elevaron los militares. “La mañana del 26 de mayo, tras estrellarse el avión --dice Ramón J Campo--, hablamos en Zaragoza con los familiares y nos dijeron que los fallecidos ya les habían avisado de que el avión era muy peligroso, había quejas al Mando Aéreo de Levante, del que dependían, y al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), cuyo jefe era Francisco Moreno Barberá. Estaban muy tristes, desconsolados por la muerte de sus seres queridos, pero tuve la sensación de que también estaban muy enfadados por la reacción del Gobierno y cómo actuó”. En términos llanos, Trillo y su equipo no hicieron puñetero caso de las informaciones sobre aquellos vuelos en aviones en mal estado. Pudieron evitar aquella desgracia y no lo hicieron.

“Ten en cuenta además", añade Campo, "que algunos de los que murieron eran expertos en aviación y estaban a cargo de los aviones Hércules desplegados entre Manás (Kirgistán) y Kabul (Afganistán) para dar apoyo logístico a las tropas. Si sabrían ellos en qué condiciones estaban los aviones en los que eran embarcados para ir y volver a España, a 6.000 kilómetros... Veintiuno de los 62 muertos eran de aquí, de Zaragoza, estaban destinados en el Ala 31 del Ejército del Aire. Sabían de lo que hablaban. ¿Cómo se puede enviar a las personas en aquellas condiciones, sin un seguro de vida siquiera?” Sin embargo, para el ministro Trillo, todo se reducía a la fatalidad y la climatología. Para los periodistas no resultaba fácil desmontar las mentiras oficiales, "mentiras de Estado", dice Campo, con las que hasta el PSOE, entonces en la oposición, llegó a comulgar. En el PP y el Gobierno, aquel 26 de mayo se vivía la resaca de la euforia del triunfo electoral en los comicios autonómicos y locales, especialmente en Madrid, y la muerte de los militares no pasaba de ser una desgraciada fatalidad.

Campo, que después escribió un libro imprescindible, Yak-42, honor y verdad (Editorial Península), recuerda que él no sufrió tanta presión como otros medios de comunicación de alcance nacional, “pues a fin de cuentas, para Trillo éramos un periódico de provincias y eso nos permitía más margen de maniobra, aunque enseguida el ministro encargó a un propio para tener un ejemplar de su periódico en el despacho a las ocho de la mañana”. Cualquier versión que se apartara de la verdad oficial molestaba al señor ministro. El periodista se sentía como El Tercer Hombre, “hablábamos con los militares en lugares discretos, en Garrapinillos, y ellos se jugaban el tipo porque habían recibido la orden por escrito del general de cuatro estrellas Eduardo González-Gallarza Morales, de no hablar del Yak-42”. Este militar, hijo del ministro franquista del mismo nombre, se significó en 2015 desde la presidencia de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, por decir: “Es incomprensible que se haya tolerado a Podemos concurrir a las elecciones autonómicas y municipales, cuando lo que habría que haber hecho es declararles fuera de la ley”.

Desprecio oficial y solidaridad del Villareal

"El desprecio oficial a los familiares fue tremendo. Trillo les denegó la medalla al Mérito Militar con distintivo rojo. Se negó a hablar con ellos y pidió a su 'número dos', que le alejase el 'ruido' de aquella gente"

El desprecio oficial a los familiares fue tremendo. Trillo les negó la medalla al Mérito Militar con “distintivo rojo”, la máxima condecoración a los muertos en acto de servicio (se la reconoció José Bono). El ministro, al que los familiares habían increpado en el funeral celebrado en la base de Torrejón de Ardoz, con el rey Juan Carlos I y Aznar presentes, se negó a hablar con ellos. Encargó a su número dos, el diplomático Javier Jiménez Ugarte, que evitara el “ruido” de esa gente. (En 2012, Ugarte fue nombrado por Rajoy embajador en Suecia, al mismo tiempo que Trillo recibía el premio de la embajada de Londres, de la que dimitió el jueves cuando ya iba a ser relevado). Sin embargo, el ruido era imposible de evitar, porque las autoridades turcas habían abierto el mismo día del accidente un procedimiento penal, impulsado por la Fiscalía General de Maçka, y otro a instancia de los abogados de las víctimas. El periodista Campo obtiene algunos datos a través de un letrado, habla con el fiscal Nebi Kurtgoz, también con los controladores aéreos de Trebisonda, sujetos a otra investigación judicial por posible responsabilidad en el giro incorrecto del avión tras su segundo intento de aterrizar para repostar. Y publica la información de los análisis de los cuerpos de los pilotos: daban un índice alto de alcohol. Trillo reaccionó y envió al general Francisco Sánchez Borrallo a recabar el sumario y presionar a los turcos para que no hubiera filtraciones. “Tuvimos una suerte enorme, lo pillamos saliendo del juzgado de Maçka y pudimos hablar con él; en efecto, iba a buscar la documentación y a frenar todo lo posible a las autoridades turcas”.

Entonces, los familiares de las víctimas consiguen, gracias a las gestiones de Francisco Cardona, padre de uno de los fallecidos, viajar a Trebisonda con el equipo de fútbol de Villareal, que va a jugar un partido de la UEFA. Quieren conocer el lugar donde murieron sus seres queridos. El desprecio del Gobierno hacia las familias, en contraste con la solidaridad humana de un club de fútbol, queda de relieve ante la sociedad española. El periodista Campo viaja con ellos. “Los periódicos turcos destacan la presencia de los familiares más que la del equipo de Villareal. Van al monte donde se estrelló el avión y allí un imán local les entrega varias chapas de identificación que la gente ha encontrado en la zona del accidente. La sospecha de los familiares de que ni siquiera les identificaron correctamente es un clamor, pero Defensa asegura que fueron identificados por las chapas que llevaban al cuello y acusa a las familias y a la prensa de mentir”. Los familiares protagonizan una manifestación ante el Ministerio de Defensa, van solos, son 300, ninguna organización política o social les acompaña. Llegan ante el edificio ministerial, en La Castellana, encienden unas velas y las depositan. Apenas se han dado la vuelta y los guardias, debidamente instruidos, ya las han quitado.

Canallada con los restos

Pasa el tiempo y a finales de febrero de 2004, la abogada de las familias en la causa abierta en Turquía, Belkif Bayfal, les entrega el acta de las identificaciones. El asunto es muy grave. Trillo ha mentido. Los restos de 30 de los 62 fallecidos fueron entregados al azar a las familias, sin haber sido identificados. “Quedamos", dice Campo, "en la estación de Atocha, en una cafetería que hay junto al jardín tropical. Cuando la intérprete turca empieza a leer los nombres de los fallecidos de los que no hay elementos de identificación nos quedamos helados. Me fui de allí temblando. Mientras hablábamos observé cómo un sujeto nos tomaba fotografías desde la rampa que sube a los andenes. Ya sabíamos que estábamos siendo espiados, que nos tenían los teléfonos pinchados, en ocasiones se oían ruidos extraños por el auricular. El acta con la entrega de los fallecidos sin identificar fue firmada por los dos representantes del Ministerio de Defensa, el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que era subdirector de Política de Defensa, y el general médico Vicente Navarro”.

Los dos generales españoles declaran en respuesta al fiscal turco que han conseguido identificar 32 cadáveres, basándose en sus objetos personales, su graduación militar, sus chapas de identidad, sus pasaportes, su documentación militar y sus nombres sobre los uniformes. Tras enumerar las identidades de los cuerpos contenidos en 32 bolsas, los oficiales españoles dicen: “Además, hemos identificado y determinado que los cadáveres (contenidos en otras 30 bolsas) son ciudadanos españoles, nuestros soldados, aunque no sabemos sus nombres; solicitamos que nos sean entregados; garantizamos que realizaremos todos los trámites necesarios para la entrega a sus familias y asumimos la responsabilidad de estos cadáveres una vez que nos sean entregados”. Es la gota que colma el vaso de las tropelías y canalladas a las familias, a las que entregan aleatoriamente los féretros con cajas de cinc herméticamente cerradas. ¿Por qué? Los familiares habían sido alertados en un primer momento para que estuvieran prestos a enviar las muestras necesarias para realizar las pruebas de ADN. Después les dijeron que no era necesario. El equipo de forenses de la Guardia Civil (El Ejército no tenía y sigue sin tenerlo) estaba listo para viajar a Trebisonda. Tampoco fue llamado. No les entregaron los objetos, anillos y enseres personales, pues les dijeron que iban dentro de las cajas con los restos. Falso. La identificación con las pruebas de ADN habría demorado cuatro días como mucho la repatriación, según los expertos.

Ramón J. Campo, a quien la noticia le quemaba en las manos aguantó hasta poder hablar con el general Navarro. “Era cargarle la falsedad sobre 30 muertos y quería recoger su versión antes de publicar una línea. Pero él me negó que se hubieran entregado los restos sin identificar; la entrevista fue a gritos en la redacción. La información salió el día 2 y ya estábamos en plena campaña electoral para las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, y Jiménez Ugarte, el segundo de Trillo, aprovechó el momento para mandar cartas a las familias (envió cinco) diciendo que todo era falso, que se trataba de sensacionalismo y propaganda política contra el Gobierno”. Algo insólito. Y añade Campo: “Yo creo que si no hubiera cambiado el Gobierno, la identificación no se hubiera resuelto y los muertos seguirían ahí; con la autoría de los atentados del 11-M hicieron lo mismo, lanzaron mentiras cortadas por el mismo patrón”.

En el plano judicial sólo Navarro y Beltrán fueron condenados por la falsedad, junto con el comandante José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez, indultados por Rajoy a propuesta de su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en cuanto llegaron al Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlasca no halló responsabilidad penal en la cúpula de Defensa y archivó el caso, y lo propio hizo el Tribunal Supremo, sin citar siquiera a declarar al aforado Trillo. El Constitucional rechazó el amparo que pedían los familiares de las víctimas. La responsabilidad penal por la contratación de los ataúdes volantes no existió. Sin embargo, ante la información del dictamen del Consejo de Estado, el presidente Rajoy, dijo la semana pasada que no había visto el dictamen y le restó importancia porque “el asunto ya está sustanciado judicialmente”. Inicialmente, el PSOE pidió su comparecencia en el pleno del Congreso, aunque no ha vuelto a insistir y parece conformarse con la explicación que dé Cospedal mañana lunes.

Dictamen y pulso judicial

¿Puede reabrirse el caso? El exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, quien dio instrucciones de recurrir el primer carpetazo de la juez Teresa Palacios, opina que no. Algunos letrados creen que es posible si aparecen nuevas pruebas. El dictamen del Consejo de Estado alienta esa posibilidad. Su origen fue el pleito administrativo, inicialmente planteado por las familias de las víctimas. No hubo conciliación y la resolución quedó paralizada al aparecer indicios de delito que dieron lugar al proceso penal en la Audiencia Nacional y al civil en los juzgados de Zaragoza. Una vez concluidos los casos judiciales, se reabrió el procedimiento por la responsabilidad administrativa, que ahora ha resuelto el dictamen del Consejo de Estado. Meses atrás, el órgano que asesora al Gobierno y cuyo presidente, José Manuel Romay Beccaría, es designado por el jefe del Ejecutivo, envió una nota al ministro de Defensa solicitando el documento de contratación del Yak-42. El ministro Pedro Morenés contestó que no lo han encontrado. Es el documento que ahora Cospedal promete buscar “por tierra, mar y aire”. La nota fue también el aviso de que el Consejo de Estado estaba elaborando el dictamen.

Para las familias de los fallecidos, la resolución del Consejo de Estado tiene una gran importancia, porque confirma la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que recibió información sobre el riesgo de los aviones, de que los militares iban sin seguro, y no actuó. Literalmente dice que la Administración “no fue garante de los funcionarios” pese a que los responsables de las decisiones habían sido informados de los riesgos. “La cuestión", explica Campo, "es si con las pruebas recabadas y reconocidas por el Consejo de Estado, el juez de la Audiencia Nacional podía archivar el sumario, como hizo”. El pulso entre los familiares y el Gobierno sigue latente. “El otro día, antes de que Cospedal decidiera reunirse con las familias, me llamaron del Ministerio de Defensa", desvela Campo, "para sondearme sobre lo que podía querer esa gente. Por lo que yo sé, quieren que les pidan perdón por todas las humillaciones que han sufrido y les garanticen que un proceder como el que llevó a la muerte a sus seres queridos no volverá a producirse. Eso es oro moral para ellos. Quieren oro moral. Eso les dije”.

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