Juan Carlos Rois

Tortuga

Me propongo exponer algunas razones por la que se hace más actual y perentorio desencadenar movilización social para construir comunitariamente seguridad humana, lo cual pasa por luchar contra el militarismo, particularmente contra el gasto militar y contra las estructuras de defensa pensadas para hacer la guerra, no para construir la paz.

El texto es largo, pero el tiempo mucho, pues, quienes hemos podido «autoconfinarnos» en nuestras casas para cuidar de los demás y no ser un problema más añadido a los que ya tenemos ( porque no nos han obligado a trabajar para enriquecer a los de siempre o no formamos parte de ese pelotón anónimo de gentes que se sacrifican para cuidar de los demás (reponedores, comercios alimentarios, sanitarios, solidaridad espontánea, . . . ) podemos aplicarnos a una lectura paciente (seguramente no tan amena como la que ofrecen las editoriales en su campaña de marketing solidario con los libros «free») y crítica del propio texto pero, esperemos, sobre todo del propio discurso de defensa y de las políticas que nos lo imponen contra nuestros intereses y derechos.

Objeción fiscal al gasto militar

No es nueva la reivindicación de revertir el gasto militar -brutal e innecesario- que el planeta soporta, para destinarlo a necesidades sociales más justas. La propia Organización de Naciones Unidas, nada sospechosa de radicalismos ni utopías, lo viene exigiendo como una de las condiciones para la construcción de un orden internacional justo. El Relator de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, lo viene reclamando desde que emitió su informe del año 2014, aprobado por la Asamblea General de la ONU, ante la pasividad de los gobiernos mundiales.

También el pacifismo, desde el más institucional al más de andar por casa y el antimilitarismo lo venimos reclamando con diversa intensidad y desde hace varios decenios.

En el Estado español la lucha por la desmilitarización mantiene, de forma permanente, una propuesta de rechazo al gasto militar desde hace casi cuatro décadas; la conocida propuesta de objeción fiscal al gasto militar.

Si siempre ha sido uno de los ejes más relevantes de acción y crítica social al gasto militar, hoy se nos antoja más pertinente, pues la actual situación que padecemos desvela con una claridad meridiana la necesidad de atender con cuidados, recursos sanitarios y sociales una verdadera necesidad para la seguridad humana, y desacredita la supuesta «defensa» militar que, respecto a ésta «amenaza», no sirve absolutamente para nada (quiero decir para nada bueno) a pesar de dilapidar anualmente algo más de 30.000 millones de Euros (que amenazan con crecer por exigencias de EE.UU).

Para quienes aún no conocen suficientemente esta propuesta, diremos que plantea comprometer un acto personal en una desobediencia civil, consistente en detraer de los impuestos del IRPF de forma pública una cantidad concreta (un porcentaje igual al gasto militar, una cuota fija, una cantidad simbólica, . . .) y en donarla a una organización que represente más y mejor que los ejércitos la defensa de la sociedad, con el fin de propiciar el debate social sobre el gasto militar y de ofrecer una alternativa de desmontaje de éste desde abajo.

Aunque algunos de los grupos e instituciones que participan en la objeción fiscal se conformarían con conseguir un «derecho de exclusión» (que me excluyan por razones ideológicas o de conciencia de destinar mi contribución personal a los impuestos directos al gasto militar) o de «determinación» (que me dejen elegir a qué partidas del presupuesto destino mis impuestos), lo cierto es que la campaña apunta más bien a cuestionar el propio gasto militar y a servir como instrumento político (mediante la desobediencia que comporta) tanto al debate sobre su sinsentido, como a su desescalada, sustitución por otros gastos enfocados a la seguridad humana y/o su eliminación.

Por tanto, uno de los perfiles de la idea de objeción fiscal es el de pretender ser una campaña de desobediencia colectiva, pública y política (lo que implica incumplir una norma que consideramos injusta o ilegítima), potencialmente capaz de dinamizar un ciclo de movilización desde abajo para alcanzar un propósito político concreto: erosionar el gasto militar y garantizar la seguridad humana.

Seguro que no es la panacea, pero tiene su significado social y, si somos capaces de desencadenar en un momento dado una vinculación abrumadora a la misma, podría permitir otro tipo de luchas contra el gasto militar e incluso ponerlo contra las cuerdas.

Gasto militar versus necesidades sociales.

En otras ocasiones nos hemos referido a la extraordinaria magnitud del gasto militar y su desastrosa utilidad y funcionalidad para el mantenimiento del estatus quo y de un orden injusto. En el caso español este gasto sirve para favorecer:

Un ejército de enfoque intervencionista que participa en múltiples conflictos internacionales (actualmente 12 y 90 desde la transición hasta la fecha, con más de 15.000 millones de euros destinados a éstas, con la participación total de más de 150.000 efectivos en estas operaciones y actuación en 41 escenarios bélicos).

Un estímulo desde lo público de una industria militar agresiva (séptima potencia mundial vendedora de armas, incluso a países en guerra) y enfocada a la venta de armas y a la promoción de la escalada de conflictos (cuando no al negocio de la guerra en si).

Una estructura militar enfocada y subordinada a la geoestrategia de dominación-violencia de la OTAN y de su socio principal, EE.UU.

Una extensión y refuerzo del enfoque militarista y securitizador tanto a la seguridad interior (enemigo interno, políticas restrictivas de orden público y seguridad cada vez más militarizada, represión de la protesta, política criminal punitivista, consideración de la sociedad como hipotético enemigo interno) como de problemas globales complejos (movilidad humana e inmigración, ecosistemas y problemas ecológicos, comunicación, ciencia, . . .) y de la política internacional.

Una subordinación de intereses sociales al llamado «interés para la defensa» que condiciona desde los usos del territorio hasta los recursos y actividades sociales y que expande la ideología y las prácticas militaristas a la organización de la sociedad.

Un abrumador despilfarro de las cuentas públicas.

Un gasto militar anual brutal, cercano a los 30.000 millones de euros, y una deuda por adquisición de armamentos innecesarios de más de 45.000 millones de euros que condiciona el resto de las políticas públicas.

Podríamos seguir aumentando la lista.

La organización de este entramado de estructuras policiales, militares, financieras, industriales y administrativas, el sostenimiento de unos recursos humanos sobredimensionados, el mantenimiento de una reserva innecesaria de oficiales privilegiados que cuesta más de 500 millones de euros al año con el único objetivo de que no hagan ruido, la participación en las guerras o actividades de control que realizan estas estructuras, el condicionamiento político que supone un ejército al que se considera «garante» de la propia estructura política del Estado, la expansión de los valores culturales y prácticas militares a la vida civil, el fomento de la venta de armas y la implicación tanto de la banca y el mundo financiero en el negocio de la guerra, ..., las prebendas y las mil caras que componen este amplio poliedro que es en sí el militarismo, no sólo implica un monumental esfuerzo y un desmesurado gasto público sin otras consecuencias, sino que es además un impedimento al desarrollo social y facilita considerable desplazamiento de los recursos necesarios para garantizar la seguridad humana a, nada menos, que a agudizar los problemas y a provocar otros donde se supone que se buscan soluciones.

Resulta un contrasentido comprobar que aun cuando el esfuerzo militar y el gasto asociado a ello, teóricamente tiene como objetivo garantizar nuestra seguridad, vivimos cada vez en un planeta más inseguro e inestable en el que entre las causas de dicha inseguridad se encuentra también el propio militarismo y la funcionalidad de ésta al sistema de capitalismo global al que defiende asegurando los ejes de dominación-violencia propios de su paradigma.

Aparece por ello legítimo comparar el militarismo con las necesidades sociales. De ahí algunos hemos llegado a la conclusión de que unas y otro son como el agua y el aceite. Donde abunda el primero mengua la atención a las segundas.

Es el caso, por ejemplo, de la enorme crisis ecológica, que nos sitúa al borde del colapso, en la que todo lo invertido en gasto militar (casi dos billones de dólares al año en el planeta) y toda la actividad militar que se desarrolla con dicho gasto no sólo no sirve para resolver ni un ápice la desenfrenada caída en el vacío que se avecina, sino que, incluso, sirve para potenciarlo más aún.

O es el caso de la pandemia actual de COVID-19 (según diversos informes científicos provocada por el desenfreno violento de nuestro capitalismo salvaje y su modelo de producción-devastación) que es actualmente un problema de salud pública y seguridad humana a escala mundial para el que se requiere un enfoque sanitario y recursos sanitarios, científicos y de cuidados colectivos, hasta ahora insuficientes.

Seguridad sanitaria y estado de alarma

Que en este contexto el poder político haya apostado -al menos en su discurso y en el modo en que se ha visibilizado como Poder con mayúsculas ante la sociedad- por priorizar un enfoque securitizador y basado en el control policial-militar, resulta, cuando menos, revelador de las verdaderas prioridades de nuestra casta y de sus necesidades de autoafirmación en plena decadencia del régimen. Pero también desvelador de la inutilidad del militarismo para abordar los problemas que nos aquejan, porque es evidente que un ejército y toda una estructura militar que nos cuesta más de 30.000 millones de euros al año, no están pensados fundamentalmente para asumir funciones de presencia en la calle (la ministra del ramo dice), ni para fumigar calles e instalaciones, ni para prestar servicios de traslado funerario, supliendo las necesidades de contratar personal para ello, o para llevar la bolsa de la compra a las ancianitas.

Seguramente son acciones loables todas las que nos publicitan hasta la saciedad en la televisión y en este momento de tantos héroes anónimos, qué duda cabe que también los efectivos militares que actúan en medio de este desastre tendrán sus anécdotas que contar (de hecho les suponemos no el valor, como dice el dicho, sino su corazoncito), pero, siendo serios, los labradores sin nombre ni reconocimiento que fumigan con sus tractores en las calles de diversos pueblos a iniciativa propia, o las redes de voluntarios que ya están actuando para apoyar emocionalmente y en labores diversas a los ancianos y ancianas más desprotegidas, o los trabajadores y trabajadoras que siguen al pie del cañón facilitando las redes alimentarias y de recursos básicos, o las miles de mujeres y hombres que se han puesto a elaborar mascarillas u otros útiles de extrema necesidad, o quienes se están dedicando a reconvertir su producción, o quienes, con impresoras digitales y una inteligencia colaborativa, están produciendo respiradores u otras herramientas sanitarias, o los científicos que se empeñan en encontrar fármacos o vacunas, o los vecinos y vecinas que se preocupan de sus convecinos, o los particulares que donan para responder a la pandemia y tantas otras formas creativas de actuar ante la epidemia, además de no costar un duro del presupuesto estatal, resultan mucho más idóneos que el despliegue militar hoy escenificado.

La actual crisis es un buen ejemplo en el que se desenmascara la incapacidad de la respuesta militar para enfrentarse a los verdaderos problemas de la seguridad humana y convierte en más patéticos los esfuerzos efectuados desde ese nefasto consenso político que persiste en torno al ejército para sobrevalorar a las fuerzas armadas y cuerpos asimilados como baluarte de la respuesta estatal al problema de seguridad que atravesamos.

En mi opinión, ni siquiera es necesario el aparataje militar para regular la respuesta social de confinamiento preventivo (militares o guardia civiles controlando la calle) ante la, en general, muy responsable y pacífica respuesta ciudadana a las prescripciones que desde el mundo médico se nos han efectuado para el autoconfinamiento y protección de los demás. Y no me quiero imaginar la capacidad cívica de autoprotección y protección a la comunidad si en vez de haberse invertido tanto en militares y otros expertos, lo hubiéramos hecho en educación enfocada a tejer redes comunitarias de protección.

Qué duda cabe que los recursos que posee el ejército (camiones, aviones, redes de comunicación, infraestructuras hospitalarias, recursos sanitarios, farmacia, etcétera) deben ser bienvenidos. Tanto como los homólogos civiles que hay y no menos de lo que echamos de menos que lo civil no cuente con medios suficientes. Pero ni siquiera eso les confiere ningún plus justificativo, ya que lo que hay que cuestionar es por qué esos recursos, a veces en exclusiva, los posee el ejército y no la sociedad. ¿De que manera quieren los que mandan proteger nuestra seguridad humana? ¿recortando plantillas y presupuestos sociales? ¿legislando en pro de una voraz privatización que desplaza el contenido de bienes públicos de ciertas necesidades al de puro negocio lucrativo? ¿favoreciendo leyes a favor de las entidades financieras?

Seguramente las actividades que ahora desarrollan los efectivos militares para responder a la pandemia (al alto coste de 30.000 millones al año en alimentar una estructura innecesaria) podrían ser efectuadas con igual o superior pertinencia por parte de especialistas civiles competentes, o de personas en paro, lo que redundaría de paso en un alivio a las economías que se verán atrapadas en la crisis económica que nos anuncian y prefabrican.

Por otra parte, si el ejército pretende reconvertirse a un cuerpo de asistencia a la seguridad humana (algo que algunos generales ilustres han criticado aclarándonos que un ejército no es una oenegé ni viene a cuidar ancianitas) tal como ahora se nos presenta en su cara más amable, también está diciendo mucho de lo injustificado de su otra actividad, la de siempre, y de lo racional de desmantelarla, aunque sea transfiriendo lo aprovechable a otro tipo de enfoque de seguridad, más bien el de la seguridad humana y no de la defensa en el sentido de toda la vida; concepto de seguridad humana que se nos antoja antagónico al de la seguridad militar.

De modo que nos encontramos ante el mismísimo cuento del rey desnudo. El poder que ha pretendido mostrar músculo militar exhibiéndose con sus charreteras, se encuentra con que el militarismo, en esta crisis, nos viene en pelota picada, desvelando su inutilidad como estructura de atención a las necesidades sociales, cuando no la urgencia de su desaparición al menos en cuanto que estructura militar de preparación de la guerra.

Porque, por otra parte, no estamos en ninguna guerra, ni lo vamos a estar más allá de la retórica de las cabezas de cartón de nuestros patriotas variopintos y en el lenguaje alambicado y bien manipulador del poder: en las guerras se mata, pero aquí se trata de todo lo contrario, de cuidar la vida, de recuperar a las personas, de extender redes de cuidados y solidaridad. En la guerra el enemigo está fuera y hay que aniquilarlo, pero la aniquilación en nuestro caso no es posible ni factible sin aniquilarnos a nosotros mismos, porque reside en cada uno de nosotros. En la guerra se predica la venganza y la violencia, aquí la solidaridad y el apoyo mutuo como principales instrumentos y prácticas. En la guerra se destruye, pero aquí se trata de reconstruir y prevenir.

De este modo y en cierto sentido el COVID-19 servirá para reabrir el debate esencial sobre la seguridad humana y sobre la obsolescencia del propio sistema militar de defensa, que ni defiende lo que hay que defender ni puede hacerlo, sino que es más un problema que una solución.

Gasto militar y gasto sanitario.

Me gustaría ahora, precisamente porque creo que es evidente que el gasto militar siempre se produce en detrimento de la atención a las necesidades sociales, comparar el tratamiento que ha tenido éste en relación con la atención a la salud en los propios Presupuestos Generales del Estado.

Es cierto que en un Estado descentralizado, como es el español, el gasto de sanidad no se encuentra ni única ni principalmente en el gasto del Ministerio de Sanidad (unido en nuestra estructura ministerial en unas ocasiones a Servicios Sociales, e igualdad, en otras a seguridad social y en la actualidad a Bienestar social y consumo, lo que ya de por sí demuestra la poca relevancia que se le ofrece a este capítulo a nivel estatal), pero, así y todo, es un dato significativo que nos permite ver qué esfuerzo destina la administración central a determinadas prioridades sociales en relación al que destina al gasto militar.

Luego completaré la información acudiendo a otros datos de evaluación de la sanidad efectuados por la OCDE que acaban de retratar la fotografía del esfuerzo en España en sanidad.

Empecemos por comparar en términos reales, la evolución del esfuerzo sanitario en relación con el esfuerzo en gasto militar español.

El presupuesto estatal para sanidad se contempla en una serie de programas de los Presupuestos Generales del Estado (programas 311O, 313ª, 313B, 313C y 313D) unas veces incorporados a un mega ministerio llamado Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y en los PGE de 2019 prorrogados para 2020, a otro que se llama «Sanidad, Consumo y Bienestar Social».

Aunque la crisis que introdujo los recortes más significativos en Sanidad tuvo reflejo a partir del presupuesto de 2009, nosotros vamos a verificar el tratamiento de la sanidad en comparación con el gasto militar desde 2015 a 2020, un lustro, en el que, aparentemente, ha existido una recuperación de la inversión pública en aspectos sociales que con antelación habían sido drásticamente recortadas.

En una primera gráfica compararemos la evolución y magnitud del gasto militar total (recordemos que éste se compone de tres grandes bloques: un gasto consignado en el Ministerio de Defensa como presupuesto de defensa, un segundo gasto disperso por el resto de ministerios, casi todos menos justicia, y oculto, y un tercer grupo de gasto distribuido en la deuda que pagamos anualmente y arrastramos por el gasto militar, al que sumar las cantidades de «sobregasto» respecto al presupuestado y que autoriza posteriormente el Gobierno, ya sea para inversiones, necesidades imprevistas o financiación de adquisición de armas o de operaciones militares en el exterior) con el total del gasto del Ministerio donde en cada caso se ha incluido el Ministerio de Sanidad.

Bien, pues ahí va la gráfica, que consigna los millones de euros de una y otra partida:

El cuadro muestra las enormes diferencias en las preferencias estatales: el gasto militar supera año tras año, en casi 8 veces de sanidad, asuntos sociales e igualdad (o consumo) juntos en 2015, casi en cuatro al de 2016, casi 4,5 al de 2017, 4.7 veces en 201.87, 6 veces en 2019 y 2020.

Marca toda una tendencia de mayor disparidad entre gasto militar y gasto en atención a la comunidad.

La gráfica resultante también es curiosa si sólo comparamos el gasto consignado en el Ministerio de Defensa (es decir, menos de 1/3 del gasto militar anual) con el correlativo del Ministerio de Sanidad y sus acompañamientos.

Veamos:

Se evidencia no sólo la desigual preferencia por la «defensa militar» frente a uno de los componentes más importantes de la seguridad humana, pero no solo: también podemos sacar una conclusión provisional (luego la confirmaremos con más datos) de que eso de que tenemos la mejor sanidad del mundo (una trola que PSOE y PP han utilizado como caladero de votos) es pura mentira. SI hay una preferencia es por el gasto militar.

Y otra evidencia más, que en años que podemos considerar «de bonanza» la diferencia entre el trato que se da al Ministerio de Defensa (cada vez más mimado) y al de Sanidad, Consumo y Bienestar es apabullante. La preferencia por el gasto militar es grosera y persistente, gobierne el PP o el PSOE (y mucho nos tememos que no variará mucho la cosa en un gobierno de coalición si no hay presión en la calle para que mantener el pasteleo les salga caro).

Si acudimos a una comparativa entre el gasto militar oculto en otras partidas en los restantes ministerios y el del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, veremos que si los recursos escondidos (¿mala conciencia?) en ministerios ajenos (en principio) al militarismo, se destinaran a seguridad humana en vez de a defensa militar por la puerta de atrás, podría haber sido un chute de apoyo a las necesidades sociales para incrementar los presupuestos de necesidades sociales básicas, con solo restárselas al grosero militarismo.

Veamos el cuadro:

Evidentemente podríamos multiplicar casi por tres el presupuesto de este ministerio con sólo traspasar el gasto militar oculto en los restantes ministerios al de Sanidad, Consumo y Bienestar. ¿No merece una reflexión?

Pero aquí no acaba la cosa, porque el Ministerio de Sanidad y sus acompañantes distribuye recursos entre sanidad y otras muchas cosas, y en el grueso de su presupuesto Sanidad es la partida chica.

Si la comparación la hacemos esta vez entre las partidas puramente de sanidad en comparación con el gasto militar, lo menos que nos sale de la mollera es la indignación y, ojalá, el modo de hacerla operativa y concretar acciones para revertir esta situación tan impresentable.

Veamos ahora:

Aquí tenemos la comparación de la hormiga y el elefante: la hormiga, el aprecio que tiene nuestro gobierno de turno y el PGE por sostener la cacareada (y desmentida) «mejor sanidad del mundo», en comparación con la no menos cacareada (y que se desmiente sola) mala financiación del gasto militar español y la igualmente predicada como dogma infradotación del presupuesto de defensa. El elefante, el sobrepeso del gasto militar en el conjunto de a financiación de las políticas públicas en general, pues, salvando el presupuesto destinado a pago de pensiones y prestaciones de seguridad social, ningún ministerio cuenta con el dineral con el que cuenta el militarismo.

La situación sigue siendo de agravio comparativo si sólo comparáramos el presupuesto del Ministerio de Defensa con el gasto sanitario de carácter estatal, como vemos en el siguiente cuadro:

Una nueva muestra del maltrato a nuestra salud y la despreocupación por nuestra seguridad humana en el aspecto sanitario.

Gasto sanitario en el PGE y gasto sanitario militar

La misma lógica podemos aplicar con relación a los programas de sanidad militar que, ¡oh, maravilla! se financian desde el PGE de forma autónoma y diferenciada del resto de la sanidad pública desde el gasto militar. Veamos entonces.

La sanidad militar se ha encargado al ISFAS, un instituto autónomo militar al que se le entregan ingentes cantidades económicas para atender a las prestaciones sanitarias y asistenciales del ejército y la guardia civil.

Concretamente son dos los programas que el Ministerio de Defensa consigna de pago a la asistencia sanitaria militar: el primero (Programa 312A) consigna la «Asistencia hospitalaria a las FAS» (que por cierto está en parte muy considerable privatizada) y el segundo (programa 312E) la «Asistencia sanitaria del mutualismo militar» (osea de los militares y sus familias).

Pues bien, el trato de la sanidad militar y la civil también demuestra un agravio comparativo como un piano. Veamos

¿Se han pellizcado la piel? ¿Se han mirado al espejo? ¿A que no tienen cara de idiotas? Entonces ¿por qué nos toman por tal los mandarines que nos mandan y manipulan?

Advertimos que en el gasto sanitario de las FAS y el gasto del ISFAS no estamos incluyendo una tercera partida, que es el de las cuotas sociales que se pagan desde un capítulo aparte y ajeno al Ministerio de Defensa al ISFAS por un importe superior a otros 700 millones de euros anuales.

Es asombroso. O se menosprecia a la sociedad en general en lo que se refiere al refuerzo de sus necesidades sanitarias, o se sobreestima mucho a los militares. Los pobres deben ser muy debiluchos y enfermizos y necesitan mucho apoyo sanitario. Si hacemos caso a los números del presupuesto, no podría ser otra la conclusión.

Pero hagamos un nuevo cálculo. Supuesto que tenemos 127000 militares en activo, más otros 50000 guardias civiles, ¿a cuánto sale por cabeza al año la inversión en sanidad militar (sin tener en cuenta los otros 700 millones anuales que se destinan a pago de sus cuotas y prestaciones)? SI las cuentas no me fallan, arroja un gasto sanitario per cápita de 4.810,5 euros casi un 60% por encima de la media pér cápita de la inversión sanitaria para la población civil en España, si usamos datos de la OCDE.

Más abrumador es el agravio comparativo si sumáramos además los otros 700 millones anuales que el INVIED se calza de cotizaciones sanitarias del mutualismo militar. Entonces nuestros militares tendrían una inversión sanitaria por encima de la que arroja Alemania para su población. ¿Me van a decir que no renta en los aspectos sanitarios ser militar?

¿Y la UME qué?

Pero como las comparaciones son odiosas, sobre todo si caben otras peores, veamos ahora la diferencia de trato que podemos consignar entre el que se ofrece, fuera de su porcentaje en las prestaciones sanitarias y hospitalarias, a la UME, el cuerpo publicitario más manoseado en la actual crisis del COVID-19, comparándole con el que se da a la sanidad financiada desde los PGE.

La UME cuenta con 5000 miembros y un material abrumador del que no dispone ningún otro dispositivo de emergencias del Estado. Alguno de los PGE que generan deuda militar se ha consignado precisamente para la adquisición de hidroaviones destinados a esta unidad.

En líneas generales, la UME viene a costar presupuestariamente unos 32 millones de euros al año, a los que habría que sumar el coste laboral y sanitario de estos 5000 militares destacados a esta unidad, así como el que se destina a su participación en operaciones militares en el exterior, que al no ser un gasto que se produce todos los años no es fácil estimar ni calcular.

El cálculo de personal de la UME sólo podemos estimarlo a raíz de las cantidades anuales que se destinan al personal militar en total, que ascienden por media en los 5000 millones de euros. Aunque es una fórmula un poco de andar por casa, pues no cobra lo mismo un general que un cabo ( y por desgracia el ejército mantiene más generales en activo de los que por ley debería tener sin que nadie diga nada) podemos dividir los 5000 millones promedio entre los 127.000 miembros del ejército en activo para conocer lo que cuesta un militar en gastos de personal y de ahí deducir una estimación del gasto de personal de la UME.

Ello nos arrojaría la cifra de otros 186 millones de euros aproximadamente, que sumados a los 32 millones de su infraestructura nos arroja un coste calculado de 196 millones de euros anuales de estimación, muy por encima a lo que se gasta el PGE en sanidad, que no llega a los 130 millones de euros.

Comparemos ahora la verdadera eficacia de la UME en el COVID-19 y de la sanidad civil para sacar conclusiones. Quien dice defendernos no nos puede defender, pero gasta ingentes cantidades inútiles, y quien nos cuida en esta crisis en realidad no recibe los medios necesarios para hacerlo, ¿cabe más despropósito?

Podrían decirme que hago trampas, porque el grueso del gasto sanitario es competencia de las comunidades autónomas y no estoy contabilizando el esfuerzo de éstas en el mantenimiento de nuestra seguridad sanitaria.

Ello no haría más que sumar más recursos a la sanidad, pero no quitaría un solo ápice a la incuestionable desmesura de un gasto militar inútil que no nos sirve para responder a los problemas efectivos de seguridad de nuestras sociedades y que debe ser visto como una dilapidación de gastos que bien podrían aplicarse a nuestra verdadera seguridad humana.

Pero, por desgracia, la desatención sanitaria por parte de nuestra casta política no es una ilusión sino una terrible realidad.

O así lo cree la OCDE.

El desastre sanitario según la OCDE

Según las estadísticas que maneja la OCDE, el gasto sanitario español es de unos 3.300 euros por habitante y año. Sin duda por encima del gasto militar estimado para este 2020, que alcanza los 638,22 euros por persona y año (gasto que se elevaría a 818 euros por persona y año si añadimos el gasto total de securitización dependiente de la administración estatal, es decir, sin contar las policías autónomas, locales y privadas existentes).

Quiere decirse que gastamos cinco veces más (cuatro si contabilizamos la securitización) en sanidad que en defensa. ¿Suficiente? ¿normal? ¿Justo? ¿Nuestras necesidades de sanidad son únicamente cuatro veces mayores a las del militarismo? Es un debate que hay que abordar y que hasta ahora ha sido eludido en la mayoría de las instancias institucionales y desde luego en las que deciden el gasto público por completo.

Según la OCDE el gasto sanitario español es muy insuficiente y desproporcionado. Alemania gasta por ciudadano un 81% más que España en sanidad y Francia un 49% más, pero esta desproporción no ocurre en los gastos de estos países Defensa. ¿Por qué? Tal vez la percepción de la seguridad sanitaria de los pueblos vecinos está muy por encima de la que muestran nuestros gobernantes. O tal vez sus sociedades no admitirían los recortes y el maltrato institucional que aquí son moneda común.

Un cuadro de la OCDE del gasto sanitario per cápita en el mundo nos sitúa en el cuarto peor país por la cola en gasto sanitario y uno de los principales protagonistas de los recortes draconianos en sanidad (no sólo en sanidad, dicho sea de paso) de entre los estados con los que nos dicen que nos queremos emparentar. El cuadro debe leerse contemplando tanto el aumento o descenso de la inversión o recortes per cápita en los períodos 2008-2013 (azul) y 2013-2018 (naranja) sino, también el lugar que ocupa en términos reales cada país en la clasificación de inversión mundial, situándose de peor a mejor posición desde la izquierda a la derecha.

Los recortes de 2008 a la fecha han hacho decrecer nuestro porcentaje de gasto sanitario respecto del PIB desde el 7% que alcanzaba entonces al 6´2 actual, más de 7.600 millones de recorte, lo que ha supuesto una drástica reducción en el número de sanitarios por cada mil habitantes, actualmente situada en 5,7, frente a los 11 de Francia, 12 de Bélgica o 19 con que Alemania protege su seguridad humana.

El recorte es más drástico producido en España lo ha sido en personal auxiliar sanitario y en desmantelamiento de infraestructuras. Con razón ahora nos faltan enfermeros y enfermeras y otro personal auxiliar, camas, respiradores y todo lo necesario para atender una urgencia masiva. En parte, porque se ha retirado en cerca de 13 años de sistemático desmantelamiento de la sanidad.

Por poner algunos ejemplos, nuestra comparativa de camas con las de las economías circundantes no soporta comparación. Incluso nuestra media de camas UCI es de 0´9 frente a una media de más de 3 por cada 1000 habitantes en los países de nuestro entorno.

Mientras la mayoría de los países de nuestro entorno han aumentado significativamente su gasto sanitario desde 2008 hasta la fecha, España los ha reducido de forma brutal. Nada menos que 7.000 millones de recorte.

Pero el atentado contra la sanidad como bien público esencial viene de antiguo y de la mano de otra estrategia más: el desmontaje gradual de la sanidad como bien público y el montaje paralelo del negocio de la salud, entregada a grandes corporaciones internacionales a cambio de los recursos públicos que iban detrayéndose del sistema público.

El proceso de privatización de la sanidad ni siquiera es de ahora ni tampoco idea de las cabezas del cachorro de Esperanza Aguirre, el fracasado desmantelador Fernández Lasketty (por cierto ahora barbado, como su jefe de filas) y otros entusiastas de Hayek. Aznar antes había hecho aprobar la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional de salud (con los votos a favor del PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria) desde donde empezó el derrumbe de la sanidad pública.

Desde entonces en adelante la gradualidad de deterioro de nuestro sistema de salud no ha seguido una línea regular, pero sí constante, con su epicentro en la crisis de 2008 y los ajustes al gasto social que tanto PP como PSOE, ciertamente con desigual entusiasmo, han ido provocando hasta llegar a la situación actual.

Objeción fiscal y reivindicación de la seguridad humana

Resulta asombroso.

Nuestro presupuesto militar se garantiza más de 30.000 millones de euros al año y no sirve para nada bueno.

Además nos ha arrastrado hasta la fecha a una deuda ilegítima por adquisición de programas de armas que asciende en la actualidad a más de 43.000 millones de euros y no para de crecer.

Y mientras tanto, ante una pandemia que, ciertamente, no era previsible y por tanto no tenía una respuesta ni siquiera teórica adecuada, pero que encima nos ha pillado con recursos desmantelados y en medio de un absurdo rifirrafe de las élites siamesas competidoras por el poder, non encontramos sin medios.

Se hace urgente responder a la pandemia, pero se hace necesario establecer de cara al futuro una nueva estrategia de apuesta por una sanidad que garantice medios y eficacia ante escenarios pandémicos previsiblemente más frecuentes, lo que requiere más investigación y medios para la ciencia, reenfoque de las industrias para la producción de bienes sanitarios, recursos hospitalarios enfocados también para pandemias, mayor educación y articulación social para la prevención de la salud, acumulación de stocks de instrumental y medicinas de todo tipo, mejor atención de los recursos humanos . . . Y ello sin olvidar que las causas de estos nuevos riesgos a la salud mundial tienen que ver con problemas provocados por nuestro modelo capitalista, lo que implica también lucha para la reducción de la pobreza y la desigualdad, atención y reversión de la deforestación y el dispendio de recursos naturales, lucha contra el calentamiento, . . .

Un cambio de paradigma de seguridad que importa un cambio elemental de prioridades.

Si vamos al plano más casero, con sólo los 43.000 millones de deuda militar comprometidos para compra de armas que lejos de ser una solución para los problemas son parte del problema que hay que solucionar, podríamos emprender un camino alternativo de cuidados a la gente.

Con los más de 15000 millones que hemos gastado en militarizar los conflictos, enviando soldados al exterior, podríamos reforzar múltiples políticas sanitarias encaminadas a la seguridad sanitaria.

Con todo el gasto militar camuflado en otros ministerios sería posible un plan de choque para proteger a las personas más vulnerables en esta pandemia.

Pero todo ello es el cuento de la lechera, porque, desengáñense, los que mandan no van a mover un dedo en esa dirección . . . a menos que no les quede otro remedio.

Estimo que, más que nunca, la objeción fiscal puede ser una palanca para desencadenar una lucha, sin dejarnos engañar más, por el derecho a la salud, nuestro y de los otros pueblos.

Principalmente lo estimo porque no se me ocurre ninguna otra manera de similar potencialidad de problematizar esta situación y en que la gente normal podamos mover para obligar a cambios sustanciales en la distribución de los recursos públicos y de las prioridades políticas en un sistema de representación donde los elegidos pueden hacer lo que se les ponga en las narices con la seguridad de que no podemos responder eficazmente a sus decisiones.

La objeción fiscal, dado que atenta contra una de las fuentes de ingresos del Estado (ciertamente no la más importante), obliga a una respuesta estatal que, si es represiva, puede desbordar sus capacidades de actuación y muestra la perversidad de las decisiones políticas contra activistas noviolentos cargados de razones legítimas, y ofrece un horizonte de aspiraciones y simbólico más allá de la miseria que se nos ofrece.

La objeción fiscal permite, en el actual contexto de confrontación entre la respuesta militar desmesurada e ineficaz y la respuesta civil sanadora a pesar de los recortes r incompetencias de unos «gestores» políticos incompetentes, alzar una reivindicación esclarecedora de nuestras necesidades sociales y de la seguridad humana.

La objeción fiscal puede formar parte de las agendas propias de múltiples expresiones sociales y organizaciones de todo tipo en la apuesta por un cambio de las prioridades militares a necesidades sociales.

Puede ser un nuevo punto de arranque para desencadenar un círculo virtuoso de lucha social movilizadora y expresiva de las necesidades de seguridad humana más sentidas y apreciadas por la sociedad.

Y para colmo, la propia desobediencia civil desencadenada en su día por el antimilitarismo en la campaña de insumisión ha demostrado que es posible alcanzar y arrancar al poder logros sociales impensables tanto por el unilateralismo parlamentario como por la violencia. Sin lo uno y sin lo otro, y contra lo uno y lo otro, podemos obtener éxito en pretensiones aparentemente inalcanzables, como lo fue en su día acabar con la idea heredada como poco del franquismo de que todos somos soldados.