El rescate de las autopistas de peaje es sólo el penúltimo episodio de la utilización del dinero público para sufragar las pérdidas de las grandes empresas españolas. Los cánones del liberalismo económico parece que no sirven para los “poderosos”. Entre todas ellas, destacan en los rescates las empresas de Florentino Pérez. El palco del Bernabéu parece que da más juego que aquel que puede verse sobre el verde tapete.

El emporio de Pérez controla construcciones y servicios en toda España. Le falta el sector energético y ahí está su lunar negro. No puede o no sabe entrar en ese mundo. Ni mediante la gestión, ni a través de la construcción. El gran fracaso en su intento de OPA de Iberdrola (lo intentó de la misma forma en que se hizo con Dragados), que contaba con la negativa de los March, le deja fuera del control total de los servicios en España. Y en la construcción energética no puede competir con Foster Wheeler, ni con Técnicas Reunidas porque lo importante no es tanto el precio como la calidad del proyecto. Y ahí ACS no tiene con qué competir.

¿Juega con red? Siempre se ha rumoreado que el equipo de la entretelas de Pérez tenía a su favor las bolas calientes de los sorteos UEFA. Pero, sin embargo, es en el mundo político-empresarial donde realmente Pérez utiliza toda su influencia para no perder nunca. Sus proyectos suelen estar protegidos por cláusulas de rescate o por primeras necesidades si no funcionan. Por este motivo, es el erario público o, lo que es lo mismo, el grueso de los españoles, el que acaba abonando sus errores.

El florentinato es mucho más amplio y poderoso en el mundo empresarial que en el mundo balompédico. Mas este poder podría costar a los bolsillos de los españoles cerca de 2.646 millones de euros que irían directos a pagar los errores de Florentino Pérez.

El caso Castor: 1.649 millones perdidos

Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se fomentaron las vías alternativas de energía y almacenamiento energético. Una de ellas era la construcción de almacenes de gas aprovechando los pozos petrolíferos vacíos. A este respecto Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio de la época, concedió la construcción del complejo Castor a la empresa Escal UGS. Esta empresa estaba participada en un 66,6% por ACS y en un 33,3% por Dundee Energy (empresa petroquímica canadiense). Se suponía que los canadienses ponían el saber y la española la construcción.

En la concesión el ministerio de industria aceptó una cláusula por la que indemnizarían a la empresa si el negocio iba mal. Lo más asombroso es que en esa cláusula se afirmaba que la “indemnización sería equivalente al valor de las instalaciones, incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa adjudicataria”. Vamos que si el negocio iba mal, fuese de quien fuese la culpa, Escal UGS recuperaría su dinero totalmente.

El almacenamiento de gas Castor hubo de cerrarse por una serie de terremotos que se produjeron en la costa valenciana y catalana. Por este motivo se puso en marcha la cláusula de penalización al Estado con el primer rescate de 1.350 millones mediante el Decreto Ley 13/2014. Se supone fueron los gastos de construcción y de pérdida comercial los que se abonaron. Pero Esal UGS hizo una segunda petición por Operación y Mantenimiento.

ACS quiso inflar los costes

La segunda petición surtió efecto parcialmente. Los técnicos del ministerio de Industria analizaron al detalle la petición de esos sobrecostes no recogidos en el primer rescate y observaron que ACS intentó inflar los costes. Según demuestran los dictámenes del Ministerio, los procesos de Operación y Mantenimiento de la planta se habían concedido a la UTE ACS-Cobra. Es decir, a una UTE del mismo grupo empresarial por lo que fue desestimada esta parte de la petición. Este rechazo supuso un ahorro al Estado del 10% de la reclamación.

El segundo punto de intento de sobrecostes fueron mediante intentar “colar” los gastos de asesoramiento financiero que se utilizaron para que Esal UGS refinanciara el proyecto antes de que éste fuese paralizado. De esta forma eliminarían la emisión de bonos que se pretendía llevar a cabo.

Sin embargo, sí hubo generosidad en el ministerio de José Manuel Soria al conceder 77 millones de los 295 millones totales por remuneración financiera de los años 2012, 2013 y 2014. Esta remuneración supone una rentabilidad del 8.76%. Una rentabilidad superior al bono español de la época (1,69% a diez años) y a la rentabilidad de los bonos que ofrecía la propia empresa (5,75% a 21,5 años).

Los 1.649 millones de euros que se han abonado hasta la fecha serán pagados con el déficit del gas que se cobra cada mes en la factura de todos los españoles. Así que cada vez que se paga la factura del gas algunos euros van a los bolsillos de Florentino Pérez.

Desaladora de Escombreras (Murcia): 570 millones

En 2006 Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, concedió sin concurso público a la empresa Desaladora de Escombreras SA la construcción y gestión de la planta de desalación del mismo nombre que la empresa. La citada empresa se creó el 25 de enero de 2006 mediante la participación de un 80% del capital de Cobra y el 20% de Moncobra. Dos empresas del grupo ACS. Al día siguiente de constituirse se firmaron dos contratos de gestión con Hydromanagement, por arriendo de 25 años con opción de compra, y con Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua). Ambas empresas igualmente participadas por ACS.

El 17 de febrero, apenas veinte días después de su constitución, Desaladora de Escombreras para a ser empresa pública al ser participada en un 51% Hidronosum (creación del Ente Público del Agua de la comunidad murciana). Queda el 49% restante repartido entre Cobra (39%) y Moncobra (10%). Hydromanagement solicita un crédito a Banesto por 116 millones para construir la planta. Algo que se encarga a Tedagua. Todo ello está bajo instrucción judicial. Pero la comisión de investigación que se ha llevado a cabo ha concluido que la creación de la planta se utilizó con el fin de recalificar terrenos y cambiar los planes urbanísticos de la zona.

Es Hydromanagement la empresa que requiere en la actualidad a la región de Murcia el pago de 570 millones de euros por lucro cesante. O lo que es lo mismo. El rendimiento del negocio ha bajado hasta el 20% del funcionamiento de la planta. Según los datos aportados por la Comisión de Investigación de la Asamblea de la Región de Murcia, el coste de construcción no habría superado nunca los 140 millones de euros. Según el acuerdo la comunidad murciana debería haber abonado 600 millones hasta 2034 en concepto de explotación, pero la empresa de Florentino Pérez se ha adelantado a solicitar la indemnización pues no ve futuro a la planta. Según algunas fuentes del grupo ACS, la empresa se contentaría con 210 millones de euros al menos.

El Túnel de Pertús: 288 millones

La comunicación mediante AVE entre España y Francia se previó hacerla a través del túnel de Pertús. Para ello Francia, España y la Unión Europea concedieron a la UTE TP Ferro la construcción y mantenimiento del túnel de 8,3 kilómetros y 44 kilómetros de vía férrea. Dentro de la UTE están al 50% la española ACS y la francesa Eiffage. Para la construcción se adjudicaron 600 millones de euros a la UTE por las administraciones públicas y la propia UTE consiguió 400 millones de préstamos bancarios.

El tráfico esperado ha sido menor (se pagaba un coste por tren que circulara) y la comunicación vía Alta Velocidad no ha concluido por la crisis económica. Esto ha provocado que la UTE TP Ferro se encuentre en administración concursal al no haber podido refinanciar la deuda de 570 millones. Serán, por tanto, Adif y SNCF Réseau quienes se hagan cargo de la empresa y la deuda financiera que mantiene la misma. En este caso Florentino Pérez no ingresa, pero se quita un pasivo de 288 millones de sus cuentas. Algo parecido a lo que ha sucedido con las autopistas de peaje.

Autovías Radiales y de Peaje: ¿700 millones?

Diario16 ya informó ampliamente del caso del rescate de las autovías radiales y de peaje. Dentro de todo este entramado de empresas Florentino Pérez controlaba directamente la R3, R5 y la Circunvalación de Alicante. Las empresas constructoras reclaman al Estado por la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración entre 5.000 y 8.000 millones de euros, dependiendo de la solicitud de responsabilidad para la variación de esa cifra.

No se disponen de datos concretos sobre las deudas de cada una de las empresas adjudicatarias al haber entrado en fase concursal y no haberse entregado los informes. Pero haciendo una valoración de los préstamos solicitados por cada empresa y los posibles sobrecostes de expropiación según los datos judiciales. Se puede concluir que a Florentino Pérez se le rescatará con cerca de 700 millones de euros por su participación en las autopistas de peaje.

Esta cifra podría aumentar, incluso, porque los costes de construcción de la M50 acabarán viéndose reflejados en las cuentas. Ya que, cabe recordar, que toda la trama de la autopistas fue un invento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre para dotar a Madrid de unas entradas similares a Paris (obsesión de Aznar) y la construcción sin coste de la circunvalación madrileña M50.