Un dictamen del fiscal Franco Picardi afirma que está comprobado que con el esquema de coimas utilizado por la constructora Odebrecht en distintos países, también en Argentina pagó sobornos junto con su socia local Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, para direccionar la licitación de las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Iecsa es una empresa vinculada en sus orígenes a la familia Macri y que luego tuvo como accionista al primo del presidente, Angelo Calcaterra. Este empresario, según Picardi, tuvo un poder especial y amplio en el manejo del proceso de adjudicación en el cual se produjo el pago de coimas a ex funcionarios. El fiscal le pidió al juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi que trabe embargos por un total de 300 millones de pesos sobre las compañías, sobre sus directivos y sobre el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su ex mano derecha Manuel Vázquez. Uno de los montos más altos, 54 millones de pesos, recayó sobre Calcaterra en persona, ya que vendió la compañía. El próximo paso serán las citaciones a indagatoria.

La punta del ovillo de esta investigación estuvo en Brasil, donde en medio de la causa conocida como “Lava Jato”, centra en pago de sobornos de Odebrecht, surgieron una serie de datos que conducían a las operaciones de esa constructora en Argentina. Un informe de la Policía brasileña señalaba la existencia de una sociedad, Controles y Auditorías Especiales (en una versión radicada en España llamada CYAES y otra en Argentina, CAESA) que se habría utilizado para recibir pagos de coimas. Para corroborar la existencia y los movimientos de esa firma en el país no hizo falta que declarara ningún arrepentido o delator en Brasil, algo sumamente difícil porque la legislación de ese país prevé para los delatores la posibilidad de quedar desvinculados de la causa, algo que en Argentina no tiene su equivalente. De todos modos, en base a allanamientos en las firmas adjudicatarias del soterramiento del Sarmiento, la fiscalía estableció que CAESA es una empresa fantasma, creada y manejada por Manuel Vázquez, colaborador y aparente testaferro de Jaime. Ese nombre se utilizó para simular contratos de asesoría o consultoría que no existieron, sino que eran una forma de disfrazar lo que aparecería como sobreprecios.

Según los datos recogidos por la policía brasileña las coimas recibidas por CAESA llegaban a través de un circuito de empresas y operaciones offshore (que incluye a las firmas Pribont Corporation S.A. y Klienfeld Services Ltd). La denunciante Graciela Ocaña aportó material en manos de la justicia brasileña, donde hay un intercambio de correos electrónicos entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, de Odebrecht Brasil vinculado con los pagos. Picardi aguarda información sobre esas firmas y cuentas en paraísos fiscales, pero sostiene que independientemente de esas confirmaciones, ya está claro en el expediente que hubo una manipulación de la licitación para las obras del Sarmiento, tanto para la adjudicación a la unión de empresas que incluye la sociedad Odebrecht-Iecsa, Ghella y Comsa y como a su continuidad en el tiempo. El dictamen de Picardi afirma que “se ha podido identificar que las coimas en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA por servicios de consultoría inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su ‘División de Operaciones Estructuradas’ concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”. El texto aclara que no se descartan otros mecanismos como pagos en efectivo. Asegura que existió “cartelización” en la licitación. Y tomo como referencia la confesión de Odebrecht en Estados Unidos, de que pagó en Argentina 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014.

El pedido de embargos, a modo de medidas cautelares, tiene como fin asegurar recuperar el dinero de la corrupción. Los imputados, empresas o personas físicas, deben cubrir los montos con bienes o dinero. De las personas a Calcaterra le tocó el monto más elevado, ya que Picardi considera que no se lo pueden hacer pagar a los dueños actuales de Iecsa (que hoy se llama Sacde y es controlada por Marcelo Mindlin, un empresario muy cercano a los Macri). Calcaterra era accionista minoritario en Iecsa, pero mayoritario en ODS, la firma controlante, a su vez integrada por los italianos Ghella. El año pasado, cuando Macri firmaba un decreto con el mayor desembolso en obra pública para el tren Sarmiento (45.000 millones) Calcaterra anunciaba en la Bolsa de Valores el retiro de Iecsa de la oferta pública. El fiscal Picardi sostiene que Calcaterra debe responder al embargo en forma personal, con 54 millones de pesos. Y en el dictamen hace notar que tuvo un poder muy grande sobre todas la negociación de la licitación en nombre de la unión de empresas. Para Comsa estableció un embargo de 20 millones; para Ghella de 60 millones y para Odebrecht también 60 millones. Luego, a sus accionistas, a Ricardo Jaime y Vázquez, pidió imponerles embargos de 4.350.000 cada uno. Ahora debe resolver el juez y luego vendrían las indagatorias.