Los extranjeros cometen al menos el 20 por ciento de los delitos en la ciudad de Buenos Aires, según la información oficial del Gobierno. Así se desprende de un cruce de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio Público de la Defensa.

La Casa Rosada no planteará reformas de la ley migratoria y en el Ministerio de Seguridad la decodificación del mensaje de Sergio Berni, quien propuso la inmediata expulsión de extranjeros arrestados, pasa por apuntar a los jueces para agilizar los trámites de expulsión previstos en la ley 25.871. Ocurre que por el inciso C del artículo 29 de esta norma se promovió, entre 2010 y mayo de este año, la salida del país de 3016 extranjeros con condenas en la Argentina.

Pero las autoridades nacionales critican que los jueces informen a Migraciones sobre la situación legal de un extranjero sólo cuando éste recibe una condena. Y en la Argentina pasan años entre el arresto y el fallo judicial. En la mayoría de los casos, los sospechosos -extranjeros o argentinos- esperan en libertad el veredicto y en la repetición de arrestos generan la sensación de puerta judicial giratoria.

En las prisiones federales están alojados 2259 procesados o condenados sin ciudadanía argentina. El último informe en el Senado del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich -realizado a comienzos de este mes-, estuvo rodeado del escándalo alrededor del procesado vicepresidente Amado Boudou, pero, más allá del retiro de la oposición del recinto, el chaqueño dejó por escrito las respuestas a los senadores opositores.

En ese documento oficial se especificó que, al 13 de junio pasado, el 22,4% de los internos de las cárceles federales son de origen extranjero. De ese total de personas custodiadas por el Servicio Penitenciario Federal, la mayoría se encuentra procesada por causas de delitos callejeros y no por drogas, como podría pensarse. De esos 2259 presos, 1999 son nacidos en el continente americano, con mayor número de internos repartidos entre las tres nacionalidades con comunidades más grandes en la Argentina, ya que 535 presos son nacidos en Paraguay, 500 en Perú y 378 en Bolivia.

Pese a ser una de las nacionalidades más investigadas por situaciones de trata de personas y sicariatos, sólo 19 chinos están arrestados en prisiones federales. La evolución del delito en manos de extranjeros en la ciudad de Buenos Aires también señala un permanente ascenso desde 2010 en las estadísticas anuales del Ministerio Público de la Defensa. En sus últimos cuatro documentos, ese organismo consignó que los defensores oficiales trabajaron con 8777 extranjeros imputados de delitos en el fuero criminal hasta el primer semestre de 2013, es decir, en causas que no tienen que ver con el narcotráfico.

Se trata de delitos comunes, relacionados con la droga sólo en forma lateral por la evaluación que hacen los especialistas de los ministerios de Seguridad de la Nación y porteño sobre estructuras criminales extranjeras montadas en la cadena de protección y comercialización minorista narco que toman parte de "oportunidades comerciales" adicionales. Desde actividades de motochorros hasta entraderas en edificios, dos especialidades para extranjeros nacidos en Colombia, cuya participación en delitos (169 presos actualmente) aumentó en los últimos años.

Los informes del Ministerio Público de la Defensa establecen que hasta el primer semestre de 2011 los extranjeros representaban al 9% de los imputados en causas en el fuero criminal. El porcentaje de acusados sin ciudadanía argentina creció radicalmente desde entonces, con el 17,3% registrado en los primeros seis meses de 2012 hasta el 27,5% consignado para las causas tratadas entre julio de ese año y julio de 2013.

Otra estadística oficial también ubica el nivel de delito en manos de extranjeros en una proporción de dos de cada diez crímenes cometidos. La ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, indicó que es de origen extranjero el 19% de los detenidos en el primer semestre de este año por parte de las fuerzas de seguridad federales. "Hemos visto a través de inteligencia criminal y las cifras que tenemos que sí ha aumentado, lamentablemente, el porcentaje de extranjeros involucrados en delitos", dijo la funcionaria.

La posición en el Ministerio de Seguridad pasa por pedir a la Justicia una mayor velocidad en la información a Migraciones de arrestos de extranjeros para que se pueda iniciar otro expediente judicial de expulsión por infracción al artículo 29 de la ley 25.871, que abre la posibilidad de una salida forzada del país para los extranjeros con procesos penales. En esos casos, más allá de empezarse el trámite hoy sólo tras una condena firme, la Justicia evalúa si el acusado tiene familia o arraigo en nuestro país -en esa situación nunca se aplica la expulsión- o si su presencia es importante para la investigación en curso.

"Debe aclararse que la gran mayoría de los jueces de todo el país suelen no informar a la Dirección Nacional de Migraciones la formación de procesos penales sino hasta el dictado de la sentencia previa", expresó por escrito Capitanich en su respuesta este mes a senadores de la UCR y del peronismo no oficialista.

El problema mayor del delito en manos de extranjeros lo padece la ciudad de Buenos Aires, ya que incluso en su vecino conurbano es bastante menor la proporción de extranjeros (un 4%) en prisiones bonaerenses. Hace tiempo que las autoridades del gobierno de la ciudad se quejan por la radicación no controlada de extranjeros en los asentamientos porteños, sustentados por planes sociales.

Las frases que dispararon la controversia

Sergio Berni

Secretario de Seguridad

"En un fin de semana detuvimos a más de 60 extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir"

"Quiero que los legisladores le den a la sociedad la respuesta merecen y que los delincuentes extranjeros vuelvan a su lugar de origen"