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Las cloacas del Estado, las sombras peligrosas que mueven los hilos del poder, los espías que pululan por los bajos fondos de Madrid, los policías que traspasan todas las líneas, los señores X que dan órdenes y luego se evaporan… Y toda esa ponzoña vuelve ahora a salir (un poco) a la luz y a ser investigada por la Audiencia Nacional. Esa España negra. En el centro de la polémica: el excomisario José Manuel Villarejo, la policía política del PP y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Objetivo: tumbar al partido morado y evitar un Gobierno de izquierdas. ¿Qué se está investigando? El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está investigando el robo de un móvil a una persona cercana al líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuya información podría haber servido presuntamente para hacer informes por parte de la “policía política” y perjudicar al partido morado con filtraciones periodísticas. Se trata de una pieza secreta, denominada “Dina”, que surge dentro de la operación Tándem -que investiga las operaciones del excomisario Villarejo- y a raíz de que se encontrara ese teléfono en los registros que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre. El móvil fue robado en ciernes de la campaña de las generales de 2016 y contenía mensajes con información y fotos sobre el líder y del partido. Algunos de los contenidos fueron difundidos posteriormente en algunos medios de comunicación, como OK Diario. Por ejemplo, el mensaje en Telegram en un grupo interno en el que el secretario general de los morados decían sobre la presentadora Mariló Montero que “la azotaría hasta que sangrase”. El propio Iglesias, tras declarar este miércoles ante la Audiencia, ha apuntado que se está investigando una “trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”. El excomisario Villarejo, según ha relatado su abogado, ha admitido este jueves en la Audiencia que participó en una “investigación policial” sobre Iglesias, No obstante, el letrado ha defendido a su cliente: “Villarejo no ha hecho ningún robo de ningún material”, de “ningún documento ni de ese pendrive ni de nada”, “no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias” y “no ha participado en ninguna campaña” contra él.

EFE

¿Por qué la pieza ‘Dina’? El teléfono robado pertenecía a Dina Bousselham, que fue asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado. Era su auténtico cerebro en la sombra, sabía todas las estrategias políticas e información personal. Los que robaron el móvil en un centro comercial conocían perfectamente que ahí tenían lo que necesitaban. En algunos medios incluso se llegó a publicar que era pareja de Iglesias. Actualmente, Bousselham es cargo de Podemos en la Comunidad de Madrid. Nacida en Tánger (Marruecos) en 1990, es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid (fue alumna de Iglesias). Estuvo ligada al 15-M y se fue tras las europeas como asesora del líder a Europa. Luego volvería a Madrid cuando acabó el periplo de Iglesias allende los Pirineos para presentarse a las elecciones generales.

INSTAGRAM / DINA BOUSSELHAM

¿Qué es el informe PISA? No, no tiene nada que ver con el informe educativo. La Audiencia no está investigando solo el robo del móvil y la información que contenía, sino que también se está recopilando información sobre la autoría del llamado Informe Pisa (Pablo Iglesias SA), que es un documento policial anónimo sobre las finanzas de Podemos que se utilizó por políticos y medios contra el nuevo partido. No tenía sello policial ni ningún funcionario se identificaba en él. A pesar de no tener membrete oficial, el Ministerio del Interior del entonces Gobierno del Partido Popular admitía su existencia y lo atribuía a la “inteligencia policial”, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) -en la que operaba Villarejo-. A la vez, desde ámbitos políticos y mediáticos se esgrimía para atacar a los morados por la financiación iraní. Este informe llegó a los tribunales judiciales por dos vías, pero no lo envió sospechosamente el Gobierno popular. A la Audiencia Nacional lo llevó el partido Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España. El juez Alejandro Abascal archivaría más tarde el caso y diría que ese “supuesto” informe carecía “de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba”. Es más, el magistrado hacía suyo el argumento del fiscal para tumbar la denuncia contra Podemos y su financiación: se trataba de “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa” y ese dosier “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”. También este documento llegó al Tribunal Supremo, a través de Manos Limpias. El Alto Tribunal tumbaba la querella presentada contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por financiación ilegal: las acusaciones se basaban en “informaciones no autentificadas difundidas por los medios de comunicación”.

¿Qué se intentaba con el robo del móvil y esos informes? Según informa la Cadena Ser, los investigadores del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional apuntan a que se extrajeron esas conversaciones privadas y fotografías para una “maniobra de la organización criminal del Ministerio del Interior”, con el objetivo de “extorsionarle -a Pablo Iglesias- y boicotear” un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos tras las elecciones de 2016. Los investigadores sostienen que esta causa apuntala la acusación que se sigue contra la “policía política” de Jorge Fernández Díaz y la cúpula de Interior entonces para intentar hundir a líderes independentistas, la izquierda y destruir pruebas contra la caja B del PP, apunta la Ser. En julio de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó el dictamen que concluía que el PP montó una policía política. Se declaró que bajo el mandato de Fernández Díaz se produjo una “utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”. La DAO estaba dirigida por el comisario Eugenio Pino, presunto jefe de la “policía política”, según la comisión de investigación del Congreso. Hoy está imputado en causas como Kitchen o el pendrive de los Pujol y tiene prohibido salir fuera de España. Pero estos casos no son aislados. De hecho, se vincula a esta “policía política” del PP filtraciones y actuaciones relacionadas con Cataluña, como las supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas o Xavier Trias -que luego no tuvieron recorrido judicial-.

EFE