"Ellos sabían que este documento era inasumible para nosotros. Y lo sabían cuando lo estaban redactando". Así describe el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, los más de 60 folios del acuerdo sellado entre PSOE y Ciudadanos para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Su contenido, cerrado mientras los equipos negociadores de PSOE, Podemos, Compromís e IU negociaban un posible Gobierno de izquierdas, motivó que los enviados de Pablo Iglesias se levantaran de la mesa: "Da carta de naturaleza a las reformas de Mariano Rajoy", sentencia Álvarez en conversación con eldiario.es

El PSOE negocia a dos bandas y simultáneamente con Ciudadanos y las fuerzas de izquierdas

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El grueso de las reticencias de Podemos son, precisamente, económicas. Álvarez formaba parte del equipo negociador de Podemos y estuvo en la primera y única reunió bilateral que mantuvieron con el PSOE el martes por la tarde y en la que empezaron a sondear acuerdos en materia laboral, fiscal y presupuestaria. En esa reunión Podemos se sorprendió de lo lento que avanzaban los negociadores socialistas. Al día siguiente, según reveló su portavoz, Iñigo Errejón, entendieron por qué.

Se mantienen las reformas laborales

El debate se ha centrado en el abaratamiento del despido en determinados tipos de contratos que, tras su difusión, obligó al PSOE y a Ciudadanos a rectificar.

Pero no es el único elemento del acuerdo que rechaza Podemos. "Hay elementos de corrección pero no se abordan los grandes recortes", señala Álvarez. Por ejemplo, se recupera la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de la empresa "en materia de jornada y salario base". Pero no en todo lo demás, por lo que no se recupera la capacidad de negociación colectiva que predicaba el PSOE.

Más aún, denuncia Álvarez, se mantienen las causas para el descuelgue de las empresas de los convenios colectivos y se cierra definitivamente la puerta a las indemnizaciones de 45 días. Algo que rechazó de plano el candidato socialista durante la campaña electoral. "Nosotros queremos derogar las reformas laborales. Las del PP y la del PSOE", recuerda el secretario de Economía de Podemos.

Otro de los elementos clave es la propuesta del incremento del Salario Mínimo Interprofesional de un 1%. "En campaña ellos nos adelantaron por la izquierda", recuerda Nacho Álvarez. El PSOE prometió elevar el SMI hasta los 1.000 euros, un incremento imposible desde los 650 actuales al ritmo del 1%, señalan desde Podemos.

Por último, en materia laboral, está el llamado fondo austriaco. Una suerte de mochila que acompaña al trabajador durante su vida laboral y que le permite complementar su indemnización por despido o la jubilación. El problema, señala Álvarez, es que el documento no concreta quién financia dicho fondo: las empresas, los trabajadores o los contribuyentes. "Esto no estaba en el programa del PSOE, por lo que la explicación es incompleta".

Complemento salarial e Ingreso Mínimo Vital

Una de las figuras que más rechazo causa en Podemos es el complemento salarial, una propuesta de Ciudadanos que regula una aportación del Estado a los sueldos que son muy bajos y que, critica Podemos, supondría subvencionar la precariedad laboral.

Desde el PSOE se han apresurado a recordar que el partido de Pablo Iglesias también reflejaba en su programa una medida similar. Nacho Álvarez se defiende recordando que Podemos lo propone junto con una Renta Mínima Garantizada que desincentivaría el uso masivo del complemento.

Otra vez desde el PSOE recuerdan que el documento pactado con Ciudadanos recoge también el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aquí Álvarez señala que "el único número" que aparece en este sentido en el texto del acuerdo es que se destinarían a ambas partidas 7.000 millones. "En campaña el PSOE dijo que irían 8.000 millones al IMV. Ciudadanos, que 7.000 al complemento salarial, que es la cifra que se da. Lo otro no se concreta".

El economista de Podemos advierte de que esta medida, en solitario, "nos llevaría a un modelo anglosajón" y que si no se acompaña de un fuerte incremento del SMI "es contraproducente".

La guerra del déficit y el artículo 135

El documento pactado por PSOE y Ciudadanos pide renegociar los objetivos del déficit con la UE situándolo "por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura". Aquí está la clave para Nacho Álvarez. "Se refuerza el mensaje de que hay que cumplir los objetivos de déficit", asegura.

Álvarez lamenta además que "no haya números". Y que no se busque realmente un cambio en la política europea de austeridad. "Intentan regatear un año de cumplimiento del déficit y no se trata de eso. Hay que dar la idea de que vamos a dar la batalla", añade.

En este mismo saco meten en Podemos las referencias a la modificación del artículo 135 de la Constitución, objeto de una reforma exprés en el verano de 2011 ante las presiones de Europa. El partido de Iglesias aboga por utilizar la misma fórmula para revertirlo. O al menos para introducir salvedades y anteponer la defensa de los servicios públicos. El PSOE y Ciudadanos engloban su revisión en una reforma amplia de la Constitución cuya tramitación no es de urgencia, precisa de la participación del PP y supone disolver las Cortes y ser aprobada por referéndum.

El dirigente de Podemos añade: "Al final de legislatura tiene que haber equilibrio" según el documento. "Y eso no es compatible con mantener los impuestos y con recuperar los derechos sociales y el Estado del bienestar", concluye Álvarez.

Porque si los impuestos no se tocan, ¿cómo se recuperan los servicios recortados?

El texto de PSOE y Ciudadanos es claro: "Reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos". Este planteamiento choca con el de Podemos, que propone rehacer el impuesto sobre la renta, uno de los principales para la recaudación del Estado, y subírselo a quienes ganan por encima de los 60.000 euros.

Desde Podemos y las confluencias estaban dispuestos a negociar los porcentajes y los tramos. Pero en ningún caso a apoyar un mantenimiento de los impuestos. Nacho Álvarez recuerda que el documento del acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera se habla de revertir los recortes en Sanidad impuestos a España por la troika. "Son 18.000 millones de euros, ¿de dónde salen? Critican nuestra memoria económica pero ellos no ponen ni un número sobre la mesa", zanja.

El documento del PSOE y Ciudadanos sí recoge subidas de impuestos como el de Sociedades. O "armonizar" los de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones. La principal queja de Podemos es que no hay tampoco cifras ni cálculos. En Sociedades "pensamos que se renuncia a una propuesta muy buena que hizo el PSOE en campaña que era un mínimo de tributación del 15%". "Sin ese mínimo", explica Álvarez, "Sociedades seguirá siendo un impuesto dónde el tipo nominal y el tipo efectivo mantienen una importante distancia.

Lo mismo sucede con lo demás. En el novedoso impuesto extraordinario a grandes fortunas "no concretan nada" y, denuncian desde Podemos, solo se habla de que "se estudiará" su creación. Lo mismo pasa con Donaciones, Sucesiones y Patrimonio.

Los elementos políticos

La cuestión económica ha sido el detonante del fracaso de las conversaciones por ser un elemento transversal y que toca al resto de políticas. Pero hay otros elementos que han molestado a Podemos, como hablar de "violencia intrafamiliar" y equipararla, como hizo Ciudadanos en Twitter, con la violencia machista. O desechar la propuesta inicial del PSOE de establecer permisos de paternidad y maternidad intransferibles y que desaparece en el texto sellado el martes.

En Podemos, con todo, muestran su "profunda decepción" con lo que consideran una negociación fallida. En público y en privado, sus dirigentes aseguran que su propuesta e intenciones iban muy en serio. Y creen que el PSOE, no. Su acuerdo con Ciudadanos para la Mesa del Congreso fue un aviso, dicen. Y las negociaciones paralelas, otro.

El documento firmado el martes es el definitivo, de momento. El contador se pondrá a cero tras la segunda votación de investidura, prevista para el próximo 5 de marzo. Se abrirá entonces un periodo constitucional inédito en España de dos meses en los que se abrirán otra vez opciones de negociación.