La directora de Asuntos Legales del Senado, Graciana Peñafort -bajo la órbita de la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner- denunció penalmente a la ex vicepresidenta de Cambiemos, Gabriela Michetti, por "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles" en el manejo del Senado.

Michetti, por su parte, aseguró que la denuncia "es infundada".

La denuncia se desprende un proceso de auditoria interna que, como contó Clarín, la vicepresidenta puso en marcha en diciembre, cuando asumió su nuevo rol.

"Michetti le dió más de 180 millones a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación. La empresa no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación de la obra. Se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares y esos anticipos entregados por adelantos financieros y certificados de obra no coinciden con el avance de la misma", plantearon desde el Frente de Todos.

La denuncia fue presentada en el juzgado Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en Comodoro Py, y por sorteo recayó en el Juzgado N°11, que tras la muerte de Claudio Bonadio subroga el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La acusación involucra también a Helio Rebot, entonces Secretario Administrativo de la Cámara alta y a Germán De Vincenzo, presidente de la constructora DINALE S.A.

La letrada -que es también abogada del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone- pide investigar “vicios e irregularidades” en “la apertura a licitación, posterior adjudicación y ejecución” en tres obras realizadas en el edificio Alfredo Palacios, un anexo de oficinas del Senado ubicado frente a la Plaza Congreso, que fueron realizadas por la constructora DINALE S.A

En la presentación, Peñafort señala como hechos sospechosos que las tres obras fueron adjudicadas a la misma empresa, que la misma no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores, que había "diferencias presupuestarias" que pueden constituir un “posible sobreprecio” y que se otorgaron anticipos financieros -de hasta un 30%- “sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas”.

Las obras en cuestión son: la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio; la reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera, nuevo ascensor; y readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida.



Como adelantó Clarín, la presidencia del Senado encabezada por Cristina Kirchner se propuso en diciembre auditar parte de la gestión de su antecesora, Gabriela Michetti​, en la Cámara alta.

En esa línea, la Dirección de Auditoría (a cargo de Susana Baum, nombrada por Cristina) emitió los informes que fueron elevados a la secretaría jurídica, Graciana Peñafort. "Si observa que se configura un delito debe presentar una denuncia", habían advertido desde el FdT.



Horas después de la denuncia, Gabriela Michetti hizo un descargo en Twitter. "Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la Justicia toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada", escribió.

Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) March 6, 2020

"Estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y nos parece bien que auditen. Nosotros lo hicimos con la UBA cuando empezamos nuestra gestión en 2015 y otra este año antes de irnos, que está subida en la página del Senado. Ellos lo harán con funcionarios suyos", apuntó en ese entonces a Clarín Helio Rebot, ex secretario administrativo de la gestión de Michetti.

La administración de Cristina Kirchner asegura que se encontró con un “descalabro” por deudas, expedientes sin procesar, faltantes de equipos de telefonía celular y de claves de los sistemas.

A su vez, conformó también una comisión para evaluar las contrataciones realizadas en los últimos 12 meses -antes al recambio de autoridades- el plazo que fija la ley de empleados legislativos para poder hacer revisiones.

“Vimos casos de empleados que en el término de dos días pasaron de planta política a planta transitoria y después a planta permanente. Eso no está bien”, relataron.

También se quejan por deudas recibidas. Entre ellas mencionan $ 45 millones que la Cámara le debe a Optar S.A -la empresa estatal que gestiona los viajes aéreos de los senadores- $ 21 millones con empresas de transporte terrestre, y deudas por $50 millones por licencias vencidas de software.

Desde el equipo de administración que llevó adelante la gestión de Michetti negaron que se trate de deudas, sino de gastos corrientes.

La denuncia completa



