Las mafias del realquiler han visto en la legislación española y en la suculenta demanda turística de Barcelona el pasto ideal para llevar a cabo un fraude a gran escala que goza de total impunidad.

El Ayuntamiento de Barcelona y los abogados confirman que esta es una realidad consolidada, difícil de combatir. El modus operandi siempre es el mismo: las mafias del alquiler como si fueran un particular arriendan un piso fingiendo una boyante nómina, utilizan un pasaporte falso, ofertan el piso en una plataforma de pisos turísticos del tipo Airbnb por el que ingresan una media de 200 a 400 euros por noche.

Siguen así hasta que el propietario se percata, los demanda y se dicta una orden judicial de desahucio que como mínimo se ejecuta pasados seis meses o un año dependiendo de la zona. En otros casos los estafadores pagan la primera mensualidad y luego retornan el recibo. Un sencillo cálculo permite estimar que las ganancias de estas bandas oscilan entre los 6.000 y 12.000 euros al mes por vivienda.

El caso más llamativo fue el de una propietaria de un piso de la Barceloneta que se dio cuenta de que el inquilino al que había arrendado su piso lo realquilaba por Airbnb

Cuando les descubren, lo máximo que les ocurre es que pierden el piso, pero sus tentáculos ya están desplegados en muchas más viviendas de la ciudad configurando una extensa red. El propietario, entonces, interpone una demanda por la vía civil para intentar recuperar el piso lo antes posible. En estos casos, los dueños descartan denunciar por la vía penal, la policía o la justicia no actúa de oficio,y la administración interpone sanciones administrativas contra personas que, o no existen, o a los que no se puede notificar porque desconoce su domicilio real. Las mafias del realquiler campan a sus anchas.

El caso más llamativo fue el de Montse Pérez, la propietaria de un piso de la Barceloneta que se dio cuenta de que el inquilino al que había arrendado su piso lo realquilaba por medio de la plataforma Airbnb.

El nombre del supuesto inquilino era Timur, de nacionalidad chilenorrusa que se presentó como un empresario recién enviado a Barcelona por una multinacional con cuantiosos emolumentos. El número de afectados por el fraude encarnado por Timur, que afloró tras la publicación del caso en La Vanguardia, se multiplicó. Se detectaron hasta 12 propietarios que cayeron en la trampa y que debían encontrar la manera de expulsarlos de sus pisos. El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha abierto nueve expedientes sancionadores de entre 30.000 y 600.000 euros contra Timur por el subarrendamiento. Aun así, nadie garantiza que el dinero se llegue a cobrar. Fuentes municipales reconocen que “son casos particularmente complejos, ya que no se pueden notificar las sanciones impuestas al infractor al no tener un domicilio conocido y esto acarrea que los plazos se alarguen en el tiempo”.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que está preparando un plan de choque para frenar este tipo de fraudes y adoptará medidas en los próximos tiempos que prefiere no detallar para evitar dar pistas a las mafias de realquiler debido a que tienen una gran capacidad de mutación para adaptarse y burlar la normativa. Según los últimos datos actualizados, desde junio de 2016 hasta la actualidad, el numero de expedientes sancionadores abiertos contra inquilinos por arrendar el piso a turistas sin tener licencia es del 15%. El resto se dirige contra propietarios.

La Vanguardia ha tenido conocimiento de otras dos mafias del realquiler que operan siguiendo el mismo patrón. Una de ellas se sirve de un pasaporte falso de un individuo del Reino Unido llamado Jayden S. Firmó el contrato y se esfumó. Imposible seguirle la pista. La Policía Nacional revisó en el registro de extranjeros la identidad del individuo y confirmó que no había nadie con ese nombre. Lo mismo ocurrió con un supuesto ciudadano ucraniano de nombre D. Shkuro. Selló el contrato y nunca más se supo. Con todo este panorama, los propietarios afectados tuvieron que emprender un calvario judicial que se inició con la interposición de demandas contra personas cuya identidad se desvaneció sin dejar ningún rastro.

En el caso de Timur y su acólitos, el reverberante eco mediático que desencadenó el caso de Montse Pérez provocó que la trama abandonara el piso y la mujer pudiera recuperarlo. Eso, sin embargo, no significa que Montse pueda alquilarlo de nuevo. La mujer interpuso una demanda por incumplimiento de contrato, fue al juzgado y el inquilino – el estafador – como era de prever no se presentó. La juez solicitó que se le buscara para podérselo notificar. El proceso lleva siete meses en marcha sin que Montse pueda poner el piso en alquiler puesto que el contrato de 3 años no puede rescindirse. Está a la espera a que el juez dicte una resolución para la cancelación del contrato. La próxima vista es en enero. “Realmente estoy muy harta de toda esta situación, me siento indefensa”, dice Montse con resignación. Además, durante todo este tiempo de espera, esta propietaria ha sido víctima de varios actos de sabotaje por parte de esta mafia del realquiler como represalia por haber perdido el control del piso. Se ha encontrado en dos ocasiones con la cerradura inutilizada con silicona o pegamento. Se ha gastado más de 600 euros en cambiarla.

Otro grupo de afectados por la banda de Timur optó por una medida más drástica: cambiar la cerradura aprovechando el momento en que los turistas salían del piso. La banda también tomó represalias. Se les inutilizó la cerradura con silicona e incluso en una ocasión una miembro del entramado se presentó y amenazó físicamente al propietario.

La operativa de estos grupos

se ve favorecida por la falta de persecución penal que les da una sensación de total impunidad. El abogado especialista en estos litigios Dan Miró cree que estas mafias

“se aprovechan del hecho que los propietarios sólo quieren recuperar su piso cuanto antes y denuncian la ocupación del piso, dejando en un segundo plano que los autores del fraude paguen por ello”. Si optaran por denunciar por la vía penal el proceso podría dilatarse un año y medio o quizás más y por eso desisten.

Desde el Ayuntamiento, la burocracia administrativa sigue a piñón fijo. Primero mandan un aviso al propietario quien luego debe demostrar que el responsable del subarrendamiento no es él, sino el inquilino. Esto fue lo que le pasó a una de las víctimas de Timur, Mercè Ros, una mujer de 70 años, que lamenta que nadie la haya ayudado en el Ayuntamiento a deshacerse de los estafadores. Todo lo contrario. Cuando descubrió el fraude, lo primero que hizo fue avisar a la administración. La respuesta fue mandarle la notificación de que el Ayuntamiento había abierto un expediente sancionador contra ella por alquilar el piso a turistas sin tener licencia. La mujer tuvo que mandar infinidad de papeles para demostrar que ella en realidad era la víctima. También recurrió a la justicia pero su abogado encontró un atajo para reducir el tiempo del proceso. La manera más rápida, según Dan Miró, es interponer una demanda por impago en lugar de presentar una por incumplimiento de contrato. De esta manera, en Barcelona “es posible recuperar el piso entre tres y cinco meses”. Los propietarios tras meses de enredo judicial – en algunos casos, años–logran deshacerse de los estafadores. Mientras, otras víctimas caen en la trampa. Nadie les persigue.