Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica, desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas concertadas". Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros. La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener beneficios personales".

La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre consejero de Presidencia. De él dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".

Un día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados", este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue controlado por Granados.

"Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones (autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas. "La investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22 consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la esfera de dominio y decisión de Granados".

Suelo sin desarrollar en el consorcio de Los Molinos, en Getafe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que adjudicaron suelo en la Comunidad". La Fiscalía está cetrando sus pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.

Los planes Prisma

La Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).

Todos fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.

La Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia, potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma abusiva y fraudulenta. Con este traspaso ilegal de competencias, Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la mesa de contratación. La legislación determina que los componentes deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza. Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".

El ex consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz. (EFE)

En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo, consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de 2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los consejos de administración de varios consorcios. "Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que "coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un enriquecimiento de su patrimonio".

La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013, que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a actividades profesionales que no han especificado". En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros. "En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de 3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.

Los 22 consorcios urbanísticos

La UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos consorcios, que han promocionado 40.000 pisos, estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de las mesas de contratación. "Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos, quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para construir vivienda pública", señala la Fiscalía.

"La investigación ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en reparto. A su vez, las parcelas sobre las que decidía el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".

El empresario y exsocio de Francisco Granados, David Marjaliza. (EFE)

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda. Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.

Otra de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez, también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados. Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".

"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas, participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en el Gobierno y orgánicas en el partido regional".

"El juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite. Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad".