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CIUDAD DE MÉXICO.

Con el argumento de que revelar los datos podría hacerla blanco de atentados y dañar la estabilidad financiera del país, Pemex determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las pérdidas que ocasiona el huachicoleo a su red de ductos.

Desde noviembre, Excélsior solicitó a la paraestatal, vía transparencia, detalles sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos ilícitos le generan.

Sin embargo, el pasado 9 de enero el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte para mantener bajo reserva, hasta por cinco años, la confidencialidad de la información requerida.

Otros argumentos señalados fueron que la divulgación de los datos pone en riesgo la vida de personas, a la infraestructura y el medio ambiente, además de que las cifras forman parte de las investigaciones judiciales y también son un secreto comercial e industrial.

De enero a octubre de 2017, Pemex registró ocho mil 664 tomas clandestinas, la cifra más alta de su historia, y que superó el total de las de 2016, según la propia dependencia.

Reservan daño huachicolero

La empresa afirma que revelar las pérdidas por ordeña podría hacerla víctima de atentados.

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó reservar hasta por cinco años la información sobre las millonarias pérdidas económicas por el robo de hidrocarburos a su red de ductos, por considerar que se trata de un tema de seguridad nacional, ya que dichos datos podrían contribuir a hacerla víctima de atentados y dañar la estabilidad financiera del país.

Excélsior solicitó vía Transparencia, desde noviembre del año pasado, los datos sobre el volumen de los hidrocarburos hurtados, así como el impacto económico que estos actos ilícitos generaban en la empresa.

Sin embargo, el pasado 9 de enero, el Comité de Transparencia de Pemex Logística aceptó la solicitud de la Subdirección de Transporte, de mantener bajo “Reserva hasta por cinco años la confidencialidad de la información requerida”, pues la empresa del Estado lo considera como un tema de seguridad nacional”.

Argumenta que su divulgación pone en riesgo la vida de personas, de la infraestructura y el medio ambiente, además de que dichos datos forman parte de las investigaciones judiciales.

Pemex se niega a hacer públicos los datos por considerar que se trata de un secreto comercial e industrial, con cuya publicidad les estaría otorgando ventaja competitiva a las empresas que no son parte de su esquema.

“El proporcionar esta información coloca en alta posibilidad a esta empresa de sufrir algún tipo de atentado o que se destruya la infraestructura de transporte, con lo cual se puede dañar la estabilidad financiera y económica del país, ya que se podrían perder capitales de inversión extranjera y nacionales, así como afectar de manera directa a la economía de las familias mexicanas, derivado de desabasto de petróleo y demás hidrocarburos. Esto se trata sin duda alguna de un tema de seguridad nacional”.

Es así que en la resolución CTPLOG-5/2018 a la solicitud de información hecha por Excélsior, ha sido determinada en un momento en que el índice delictivo ha rebasado a las autoridades, pues el número de tomas clandestinas se sigue incrementando de manera significativa pese a los cambios en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que tipifica esta actividad como un delito grave con sanciones que van de dos a 25 años de prisión, así como multas de dos mil y hasta 25 mil salarios mínimos.

Vulnerabilidad

En los argumentos de la resolución, la empresa insiste en que la pérdida económica por el robo de combustibles es un elemento que debe mantenerse en secretismo, para no colocarse en un estado de vulnerabilidad.

La empresa considera necesario blindar la información y no hacerla pública, asegurando que se estaría involucrando de manera indirecta datos de los ductos y el tipo de producto que se transporta por ellos, los cuales asegura son sustancias tóxicas y altamente explosivas, esto pese a que la solicitud de transparencia sólo buscaba conocer el monto económico, expresado en pesos, que en pérdidas genera para la empresa, así como el volumen, en barriles o litros, de los combustibles robados.

“La trayectoria de los ductos es diversa y pasa por zonas desérticas, pero también en zonas densamente pobladas, cerca de hospitales, escuelas y casas habitación”.

Reconoce que “las acciones ilícitas e indebidas sobre los ductos han provocado que los productos se fuguen y, dependiendo de la magnitud de la toma, se ha afectado a la población, se contaminan áreas naturales como cuerpos de agua y zonas verdes, vitales para los seres vivos, bloqueos de medios de comunicación, y potencialmente se puede llegar a la destrucción de comunidades”.

Afirma que los hechos antes descritos no son calculados, sino que han ocurrido, afectando con ello a la industria petrolera.

La empresa alude al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se señala que los registros de investigación deben reservarse y que sólo las partes involucradas pueden tener acceso a dichos datos.

Asegura que con la entrega de la información solicitada se harían públicos datos recopilados en una carpeta de investigación que sigue el Ministerio Público de la Federación, vulnerando los resultados de estos trabajos.

Pemex también menciona que hacer público el monto de pérdida económica por el robo de combustibles, que hasta ahora se ha calculado en 20 mil millones de pesos anuales, se afectaría la persecución del delito.

Es por ello que el pasado 9 de enero de este año, en sesión, el Comité de Transparencia de Pemex Logística acordó clasificar la información y reservarla por cinco años.

La ordeña sigue imparable

Al cierre de octubre de 2017, el número de tomas clandestinas registró un aumento significativo de 57.4 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016, esto a pesar de las estrategias que ha puesto en marcha el gobierno federal, en conjunto con Petróleos Mexicanos (Pemex) para disminuir esta práctica delictiva.

De acuerdo con el último reporte de la empresa del Estado, el número de ataques a la red de ductos sumó más de ocho mil 664, entre enero y octubre; sin embargo, muestra que desde septiembre pasado se superaron las 6 mil 873 tomas detectadas durante todo 2016.

Es así que el número de perforaciones ilegales registradas en los primeros diez meses del año pasado, representan tres mil 159 más, equivalente a un aumento de 57.4 por ciento en comparación con las cinco mil 505 del mismo periodo de 2016.

Dicha cifra es la más alta en la historia de Pemetróleos Mexicanos, que le está dejando perdidas millonarias, estimadas en 20 mil millones de pesos al año por las propias autoridades, y lo cual demuestra que los denominados huachicoleros siguen operando a pesar de los operativos y estrategias que implementa el gobierno federal y la empresa para desincentivar estas actividades ilegales.

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