La crisis de la Universidad del Pacífico sorprendió a sus estudiantes y sus familias, pero no a las autoridades. Ya en 2014 la Comisión Nacional de Acreditación recibió las pruebas que demostraban la precaria situación financiera del plantel y el desangramiento de sus recursos. CIPER revela el entramado de los negocios que asfixiaron a esa casa de estudios. Sólo en 2013, se pagaron $1.504 millones en sueldos a directivos, los que incluían a cinco hijos y un yerno del controlador Julio Ortúzar. Entre 2009 y 2013 salieron $6.751 millones en arriendos relacionados con una fundación de la familia.

La crisis es total. En la base de datos del Poder Judicial, la Universidad del Pacífico (UP) registra una avalancha de demandas civiles que comenzó a mediados de 2017. Carga en su mochila con millonarios montos impagos que reclaman empresas de servicios, publicidad y de medios de comunicación, como El Mercurio y Publimetro. Su boletín comercial registra cheques protestados y deudas con el Fondo de Seguro de Cesantía, con todas las AFP del mercado, con el Instituto de Previsión Social (IPS) y con dos Isapre. La precaria situación que anuncia el fin de la UP es casi un emblema de la crisis global que afecta a universidades que pusieron el negocio por sobre los fines educativos. Después de la caída de las universidades Del Mar, Arcis e Iberoamericana, la UP se anota en una nómina que promete seguir creciendo.

La Universidad del Pacífico enfrenta una crisis financiera que acumula pérdidas al menos desde hace dos años, según sus estados financieros publicados por el Ministerio de Educación (Mineduc). Sumadas a la merma proyectada para 2018, la cifra podría llegar a los $5 mil millones. Hace pocos días sus directivos se comprometieron ante el Mineduc a no abrir matrículas para 2019. Los sueldos de sus trabajadores se están pagando por goteras. Esta semana les cancelaron el 24% del salario de octubre, y antes habían abonado otro 35% correspondiente a ese mismo mes. Los profesores ya advirtieron que si no reciben su sueldo íntegro, no cerrarán el semestre, y los estudiantes se tomaron la casa central en Las Condes. La incertidumbre reina.

La UP fue fundada en 1990 y desde un inicio ha sido controlada por la familia Ortúzar Muñoz. El patriarca del clan, Julio Ortúzar Prado (publicista y escritor) ha estado también al frente de la Fundación Julio Ortúzar Rojas, ligada estrechamente a la gestión de la casa de estudios. Entre la universidad y esa fundación familiar permanentemente ha habido un millonario cruce de dinero.

Ya en 2014 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) advirtió la precaria situación de la UP. El 22 de octubre de ese año, la CNA le comunicó a los directivos del plantel que no certificaría a la institución. La decisión encendió todas las alarmas en la familia Ortúzar. Ser despojados del sello oficial de la CNA no sólo significaba perder prestigio, sino también perder millones por los alumnos que desistirían de matricularse en 2015 al no acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE). Sin acreditación, no hay CAE.

Pero ese informe de octubre de 2014 de la CNA contenía una amenaza aún peor. Los evaluadores concluyeron que la Universidad del Pacífico evidenciaba en su estructura situaciones irregulares: arriendos de propiedades a empresas relacionadas, conflictos de interés entre el directorio y la estructura administrativa de la institución, niveles de liquidez financiera mínimos, deudas de “dudosa recuperación” y “ninguna explicación válida” para justificar los distintos convenios económicos entre la UP y la Fundación Julio Ortúzar Rojas.

El informe de 2014 de la CNA señala:

“(La universidad) es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la Fundación (Julio Ortúzar Rojas) por los edificios de las sedes Las Condes y Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la fundación, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la universidad, y además la universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Fundación a la banca, sin razón aparente (…). No hay una explicación válida respecto a los motivos de dichas fianzas –que además son a título gratuito (…)”.

Así, el lucro que estaba desangrando a la UP quedo advertido ya en 2014, pero nadie hizo nada. Cuatro años después, la universidad está prácticamente en el suelo y sus alumnos a la deriva. El probable cierre de la institución dejará en el aire a los 2.600 estudiantes que están matriculados allí. Su futuro es una incógnita, toda vez que desde el Ministerio de Educación no se ha generado un programa tipo para atender los derrumbes de universidades, que se han sucedido uno tras otro durante los últimos años.

Solo con el cierre de la Universidad del Mar el Estado gastó $46 mil millones. El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló a CIPER que respecto de los cierres de las universidades Arcis e Iberoamericana, “hasta el momento no se han efectuado gastos. Y en el caso de CFT e IP (que han cerrado) los costos los han asumido las propias instituciones”.