El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró en su declaración ante el juez tras su detención el pasado 19 de abril que su antecesora tuvo conocimiento de la modificación del proyecto del Canal golf. Esta modificación, que lleva la firma de la entonces presidenta madrileña, fue autorizada de manera presuntamente irregular y está bajo sospecha por ser un posible desvío de fondos para González a través de su hermano y su cuñado.

”¿Recuerda usted si la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, conocía los términos particulares de la modificación cuando el Consejo de Gobierno aprueba dicho acuerdo?”, le preguntan a González los fiscales encargado del ‘caso Lezo’ durante su interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el pasado 21 de abril, y al que ha tenido acceso La Vanguardia.

”No sé, porque es la modificación de planeamiento pero me imagino que ella conoció cual era el proyecto que se iba a hacer en la cubierta”, contestó el vicepresidente de Aguirre y su sucesor en la presidencia, que se encuentra en prisión incondicional desde que se celebró este interrogatorio.

500.000 euros de comisión

La Fiscalía Anticorrupción junto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid, dependiente del Canal de Isabel II que presidía González, a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, actualmente presidida por José Antonio Clemente, y que sólo dispone de un trabajador.

Dos años después de la adjudicación, Pablo González, el hermano del exdirigente popular y también detenido en la ‘Operación Lezo’, compró más del 30% de las acciones de dicha empresa, quedándose un porcentaje similar un cuñado de Ignacio González, José Juan Caballero.

La Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, adjudicó la construcción del campo de golf a un consorcio de tres empresas, entre ellas Tecnoconcret. Todas ellas tenían la concesión para su explotación y para ello crearon otra sociedad, Green Canal Golf.

Se sospecha que Pablo González utilizó Tecnoconcret como una sociedad instrumental para cobrar parte de la adjudicación aunque en realidad no habría realizado ningún trabajo. Parte de ese dinero podría haber acabado, según las sospechas de los investigadores, en manos del expresidente de la Comunidad. Concretamente, se ha descubierto que se sacó de las cuentas de la sociedad más de 500.000 euros por ventanilla, que podría ser la comisión del expresidente.

”¿Sabe si su hermano junto a su cuñado pretendían presentarse al concurso para la adjudicación de la explotación, y que parece que se filtró una noticia en la prensa y decidió no presentarse por esa empresa?”, le preguntó la Fiscalía durante el interrogatorio.

Desconocía los negocios familiares

”Jamás he dado ninguna adjudicación a ningún familiar, y menos a sabiendas, jamás, ni he dado ninguna orden para que se le diera a ningún familiar, ninguna adjudicación ni nada de eso”, insistió González con la voz quebrada.

En sus respuestas, González incluso llegó a negar que conociera que su hermano y su cuñado tuvieran algún negocio juntos y que ese negocio hubiera formado parte de una adjudicación otorgada por su Gobierno.

”¿Su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero fueron socios de Tecnoconcret?”, preguntaron los fiscales. “No lo sé”, contestó. “Es que nosotros hemos estado un tiempo escuchándole y la relación que tiene con su hermano es la de llamarse muchas veces al día y ¿no sabe si su hermano no tiene relación con Tecnoconcret?. Es que nos daba la sensación que le asesoraba usted, le comentaba lo que hacia, que le cuenta todo lo que hace, me extraña que no sepa lo que su hermano formaba parte de Tecnoconcret”, le contestaron.

Negó todo

En un informe de la Agencia Tributaria que consta en la causa se sostiene que los más de 3,8 millones de euros que la empresa Tecnoconcret recibió de Dragados y Green Canal no tienen fundamento en una actividad empresarial real y que podría tratarse del pago de comisiones. Los investigadores sospechan que cuando Pablo González y su cuñado entraron en el accionariado de la sociedad investigada se produjo una mera desvinculación formal del consorcio que explotaba Canal Golf. Pudo tratarse, según la Guardia Civil, de un “ardid” para obtener un beneficio económico del contrato.

Por otro lado, la declaración de González estuvo plagado de negaciones de todas las acusaciones vertidas sobre él por la Fiscalía. Negó que recibiera una comisión por parte de la constructora OHL por la adjudicación del tren de Navalcarnero y que la cobrara a través de una cuenta en Suiza; negó haber recibido una comisión por la compra por parte del Cnaal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao; y negó que hubiera so0licitado a empresas como Indra que financiaran al PP de Madrid a cambio de adjudicaciones de obra pública.