Enrique Peña Nieto tiene ante sí un país desgarrado por la violencia criminal, el narcotráfico desbordado y enquistado en las propias instancias del poder y una alianza perniciosa con Televisa. Los retos que el mexiquense enfrentará a partir del 1 de diciembre son múltiples: ¿cuál será su estrategia para enfrentar esos problemas, cuál será su agenda, cómo negociará con Washington? De la REVISTA VARIOPINTO / Especial para SinEmbargo.MX

Pese a las múltiples descalificaciones desde el inicio de su campaña y la guerra sucia enderezada en su contra, Enrique Peña Nieto logró sortear todos los embates e imponerse en las urnas a su contrincante más cercano: el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, por lo que el 1 de diciembre asumirá la Presidencia de la República.

Perteneciente al emblemático Grupo Atlacomulco y arropado por Televisa, desde sus tiempos como gobernador del Estado de México, mucho antes de los tiempos electorales, Peña Nieto comenzó a proyectar su imagen con la mira puesta en Los Pinos. La suya fue una vertiginosa carrera política alimentada por el derroche, en la cual abundaron las encuestas manipuladas, pero en buena medida alentada por los desatinos del panismo, que en sólo 12 años sumió al país en una profunda crisis de seguridad humana.

Y aunque en 2000 Vicente Fox le dio una estocada a siete décadas de régimen priista, el cambio se agotó al término de su sexenio, pues con Felipe Calderón el proyecto panista se desdibujó y ahora, justo el domingo 1 de julio el PRI vuelve por sus fueros. Desplazado el PAN por los votos ciudadanos –haya sido como haya sido– el dinosaurio despertó. Y aquí surgen las dudas.

Durante su gestión, Fox –a quien hoy sus correligionarios consideran traidor por sus insanas actuaciones que un día hacían sentirse seguidor de Josefina Vázquez Mota y otras pronunciarse por su amigo Enrique Peña Nieto– gobernó en medio de tropiezos y terminó inmerso en el escándalo por actos de corrupción, uso indiscriminado de los instrumentos de justicia del Estado, incluido el desafuero contra López Obrador.

Su sucesor en Los Pinos, Felipe Calderón, no pudo darle impulso al ya por entonces periclitado panismo y terminó por enterrar el proyecto de continuidad. Sus yerros

precipitaron en el abismo a su partido, el PAN, obligado ahora a replantear sus esquemas porvenir, pues fue casi borrado del mapa político nacional, con la «honrosa excepción» de Guanajuato, donde retuvo la gubernatura.

Pero es en la izquierda donde sus partidarios deben trabajar a fondo para diseñar el futuro inmediato, sobre todo por la segunda derrota de López Obrador, en quien fincaron muchas esperanzas y sin embargo se quedó en el camino con una diferencia de votos superior a los cinco millones.

Reciclado, el PRI está de regreso y en su reconquista del poder viene acompañado por Televisa –ese gran poder fáctico–, y personajes de infausta memoria: el expresidente Carlos Salinas, los mexiquenses Jorge Hank, Arturo Montiel. Todo ese aparataje contribuyó a colocar a Peña Nieto en la Presidencia. Millonarios fueron los pagos al consorcio televisivo durante los últimos años –como lo recordó hace varias semanas el diario británico The Guardian– para posicionar al mexiquense como mercancía electoral.

La campaña de Peña Nieto no estuvo exenta de ataques, alimentados incluso por las pifias del propio candidato en los últimos meses. Pero los golpes no fueron certeros, ni siquiera los procedentes de Estados Unidos, donde se atacó a los exgobernadores priistas tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández por sus presuntos nexos con el narcotráfico y su participación en redes ligadas al lavado de dinero.

Lo cierto es que, pese a ello y a las impugnaciones postelectorales, Peña Nieto llegará a Los Pinos desde donde gobernará un país devorado por la violencia del narcotráfico, enquistada en todo el territorio nacional. Tendrá que enfrentar también los reclamos de miles de víctimas del crimen organizado, incluidos los muertos, desaparecidos y desplazados. Su demanda de justicia es atendible.

Pero sobre todo, Pena Nieto debe definir, ahora sí, una estrategia para combatir las redes criminales cuyos alcances trascienden ya las fronteras del país. Atrás quedaron las promesas de campaña en la cual sólo abordó por encima los temas de seguridad y del crimen organizado. El punto nodal será el de Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», quien escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, al mes siguiente de que Fox asumiera el poder. ¿Acaso Peña Nieto encarcelará al jefe del cártel de Sinaloa?

El 1 de diciembre próximo, cuando el presidente Felipe Calderón entregue la banda presidencial a su sucesor, el país estará controlado por las redes criminales y con un sistema de seguridad vulnerado, pues más del 80% de las corporaciones policiacas no sólo están infiltradas por el narcotráfico, sino al servicio de algún grupo criminal.

Así sucede en Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz, Morelos, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Hidalgo, donde las corporaciones policiacas actúan como verdaderos escuadrones de la muerte, pues secuestran, torturan y asesinan por órdenes de sus verdaderos jefes: los capos.

LA SOMBRA DEL NARCO

Hoy el mapa del narcotráfico es más complejo que en 2006. Al inicio del sexenio de Felipe Calderón el territorio y el mercado de las drogas eran disputados por siete cárteles: Sinaloa, Golfo, Zetas, Tijuana, Juárez, los Díaz Parada y La Familia Michoacana. Seis años después, el número de bandas casi se duplicó. A las organizaciones citadas se sumaron Los Caballeros Templarios, el cártel del Pacífico Sur, La Resistencia, el cártel de Guadalajara Nueva Generación (CJNG), Los Matazetas y La Mano con Ojos.

Además, durante el sexenio calderonista, el narcotráfico se internacionalizó. Ahora su dominio es continental. De hecho están presentes en buena parte de América Latina, donde controlan el transporte de drogas desde Colombia a México por diferentes rutas, en particular las del Caribe y del Pacífico, de Europa, África y Asia. El cártel de Sinaloa, el del Chapo, por ejemplo, está presente en 50 países, en los cuales controla el tráfico de drogas y sus redes criminales más allá del Atlántico. En tanto Los Zetas y el cártel del Golfo tienen enclaves en Centroamérica.

Y cuando el PRI fue derrotado en 2000, las bandas criminales buscaron nuevos asideros en el país y se coludieron con policías y autoridades municipales y estatales. Y eso detonó en los años siguientes un auge de la narcopolítica, que hoy mantiene postrado al Estado.

Actualmente, 75 por ciento de los municipios del país están gobernados por autoridades vinculadas –directa o indirectamente– con alguna modalidad del crimen organizado, lo cual se convierte en un problema mayor por su capacidad para infiltrar a los partidos políticos.

El 2 de julio, apenas conocidos los resultados preliminares que lo colocaban adelante, Peña Nieto envió un mensaje a Washington en el cual expuso que durante su gobierno no habrá tregua ni pactos con el crimen organizado. El mes pasado ya había enviado señales al presentar al general Óscar Naranjo, de Colombia, como su futuro asesor en materia de seguridad, una vez que llegara a Los Pinos. Naranjo, a quien muchos de sus coterráneos consideran el superpolicía, también es cuestionado por testigos protegidos que lo acusan de beneficiar a uno de los cárteles de su país.

Aun así, el gobierno de Estados Unidos intentará imponer a México su agenda en materia de combate al crimen organizado. Washington dirá incluso si el futuro presidente de México continuará su lucha contra la criminalidad. El 19 de junio último, el congresista por Wisconsin, James Sensenbrenner, calificó el triunfo de Peña Nieto como un retroceso:

«Cuando estuvo en el poder, el PRI redujo la violencia al mínimo haciéndose de la vista gorda ante los grupos criminales y el presidente Felipe Calderón cambió esa estrategia y combatió agresivamente al crimen organizado.

»Me preocupa que nuestra relación (con México) esté llegando a su punto más alto con el inminente cambio en la oficina de la presidencia. El señor (Peña) Nieto no enfatiza decomisar cargamentos de droga o capturar a los capos».

El congresista recordó una entrevista reciente de The New York Times, según la cual Peña Nieto se refirió al tema de las drogas y dijo que mientras México continuara trabajando con Estados Unidos, no se subordinaría a las estrategias de otro país. Expuso, según el diario, que se abocaría a reducir la violencia, no a desmantelar a las organizaciones criminales.

Las dudas de Washington tienen sentido. Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto no se distinguió por combatir a la criminalidad, mucho menos al narcotráfico, su expresión más violenta. Tan no lo hizo que mientras él buscaba consolidar su proyecto político con miras a la Presidencia de la República, el cártel de La Familia Michoacana se enquistó en esa entidad.

Hace tres años, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) integró una averiguación (PGR/SIEDO/UEIDCS/2008) en la cual señala que la procuraduría mexiquense, las policías federal, ministerial y las municipales protegieron actos criminales de ese cártel durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con ese documento, algunos policías protegían la venta de drogas e incluso brindaban seguridad a las narcotienditas. Entre los testimonios se incluyen los de algunos integrantes del cártel mencionado, quienes actualmente purgan condenas por los delitos de tráfico de drogas, secuestro y homicidio, entre otros ilícitos.

Uno de los más relevantes es el de Ahiezer Noé Sánchez Avendaño, identificado como Sergio Pérez, quien durante años fue vendedor de droga y administrador de narcotienditas en municipios mexiquenses. Su voz fue acallada junto con sus escoltas, los agentes federales César Noé Nava Gómez y Luis Enrique Cruz Ruiz por agentes federales afuera de un restaurante en La Marquesa. El 21 de agosto de 2008, semanas después de su primera declaración.

Según el testimonio de Sergio Pérez, durante el tiempo que ejerció el narcomenudeo en territorio mexiquense, la organización criminal a la que perteneció nunca tuvo problemas con las autoridades locales. Él y sus cómplices se arreglaban con funcionarios como José Manzur Ocaña, quien hasta el 6 de julio de 2008 fungió como delegado de la PGR en el Estado de México.

LAS PREGUNTAS

Enrique Peña Nieto está obligado a escuchar las voces de la población agraviada por los asesinatos, desapariciones, extorsiones y desplazamientos derivados de la violencia que claman justicia. La incógnita a despejar es si Peña Nieto regresará al Ejército a sus cuarteles y si se lo permitirá Washington.

¿Será Estados Unidos quien marque la agenda mexicana contra el crimen organizado? ¿Habrá purga en las policías y en los gobiernos estatales? ¿Se someterán los gobernadores, como en el pasado, al poder único representado por el presidente de la República? ¿Volverá la censura a los medios de comunicación? ¿Se perseguirá a los periodistas críticos? ¿Habrá democracia real con el retorno del PRI al poder? ¿Se ocupará el próximo mandatario de resolver los problemas de corrupción y el tráfico de influencias en el país?

Y aunque Peña Nieto pregonó durante su campaña, justo después del incidente con los jóvenes de la Universidad Iberoamericana que durante su gobierno no habrá regreso al pasado, aún no puede desprenderse de su cercanía con Elba Esther Gordillo, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; tampoco le es ajeno el influyentismo de Carlos Romero Deschamps, sempiterno dirigente de los petroleros.

No obstante, el escenario del país que hereda Enrique Peña Nieto es aún más ominoso en materia económica: ahí están más de 40 millones de pobres con su futuro hipotecado, cuya cifra es similar a los que buscan trabajo; el depauperado campo mexicano; la industria, que requiere inversión y nuevos empleos, y los millones de estudiantes sin posibilidades de continuar sus estudios y presas potenciales para la delincuencia organizada.

Los cacicazgos aun imponen su ley en gran parte del territorio nacional, algunos a la sombra de gobernadores y alcaldes. En contraste, los grupos étnicos luchan por la defensa de sus territorios y tradiciones –los huicholes, los tarahumaras– ante la sordera de los poderosos.

* Ricardo Ravelo es periodista desde hace más de 20 años y ha publicado seis libros sobre crimen organizado. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2008.