Ciudad de México, 16 de ene (SinEmbargo).– México no debe esperar, con Enrique Peña Nieto, un cambio en la estrategia contra el crimen organizado que siguió Felipe Calderón Hinojosa. El nuevo plan de seguridad nacional no es otra cosa que la continuación de la política implementada por el ex Presidente panista.

Así lo resume un análisis realizado por el Baker Institute sobre la estrategia contra los criminales lanzada por el nuevo gobierno mexicano. Firmado por Nathan Jones, estudiante postdoctoral en Políticas de Drogas de la Universidad Rice, el ensayo afirma:

“Con un nuevo año y una nueva administración en México, podemos esperar una continuidad en la política sustantiva y cambio estilístico en la retórica que justifica esas políticas. Mientras que la nueva administración del Presidente de México, Enrique Peña Nieto (PRI), ha pregonado propuestas de reforma, hay más similitudes que diferencias al comparar su ‘nueva’ política de seguridad con la de la administración de Calderón”.

Agrega: “En 2012, Enrique Peña Nieto regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia por primera vez en doce años, ganando en gran parte debido al deseo del público mexicano de castigar al Partido Acción Nacional (PAN) por los altos índices de violencia que siguieron al asalto militarizado del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado”.

Pero, dice, “los únicos cambios reales en el status quo de la política antidrogas en México no ocurrieron en México, sino en Estados Unidos”. Menciona la aprobación del uso por entretenimiento de la mariguana en Washington y Colorado y señala que tienen “el potencial a largo plazo para reducir significativamente las ganancias de los cárteles, como los analistas mexicanos han señalado”.

“Además –abunda–, el impacto de la tragedia Newtown, Connecticut, tiene el poder de mejorar la cooperación México-Estados Unidos sobre el flujo de armas hacia México, en la medida en que galvaniza la opinión pública de los Estados Unidos”.

“La violencia en México podría bajar con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque en su primer mes en el cargo tuvo 755 homicidios relacionados con las drogas que sugieren que esto no va a ser inmediatamente. Pero incluso si los niveles de violencia se reducen en su administración, para determinar si éste es el resultado de sus políticas o el disfrute de la tendencia preexistente, será difícil de analizar. Su política de seguridad no difieren mucho de las políticas de la administración anterior desde 2010. Los cambios principales han sido en el estilo y la retórica, no en la sustancia. Por lo tanto, al evaluar México, siempre se apuesta por la continuidad en el cambio”.

El analista del Baker Institute polemiza sobre las supuestas “nuevas políticas” de seguridad de Peña Nieto. Pone cuatro ejemplos.

En el primero recuerda que Peña Nieto ha prometido una nueva política de seguridad que hace hincapié en contrarrestar la violencia de la lucha contra el narcotráfico. Mientras que la administración anterior se jactó de capturar o matar a 25 de 37 capos más buscados, dice, el nuevo gobierno dice que quiere centrarse en la reducción de los delitos como homicidio, extorsión y secuestro. “En un examen más detenido”, agrega, “muchos de los cambios son estilísticos y no sustantivos, dado que desde por lo menos 2010 la administración de Calderón se dirigió a las organizaciones más violentas como Los Zetas, precisamente por esos crímenes”.

Sin lugar a dudas, el asesinato de Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas (octubre de 2012) fue uno de los éxitos más importantes de la administración del Presidente Calderón, dice, si bien la estrategia de matar o detener a los cabecillas del crimen organizado está ahora bajo fuego debido a que la misma estrategia irrumpe en las organizaciones y por lo tanto aumenta las tasas de homicidio y secuestro mediante el incremento de los conflictos internos.

Como resultado, agrega el análisis, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, ahora calcula que, en lugar de los siete grupos de narcotraficantes grandes que estaban presentes en el inicio del gobierno de Calderón en 2006, el nuevo gobierno se enfrenta a unas 80 pequeñas y más violenta organizaciones criminales que han sobrevivido y se ha fragmentado.

“El Ejército seguirá desempeñando su papel en la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes más violentas en el corto plazo. Por lo tanto, la política [de Calderón] continúa”, afirma.

El análisis también cuestiona la verdadera intención de pasar a la Policía Federal bajo el mando político de Gobernación. “Al poner la Secretaría de Seguridad Pública, que incluye a la Policía Federa,l bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación, la nueva administración ha decidido reorganizar las sillas. La única consecuencia real que este cambio organizacional puede tener es aumentar la centralización del poder político y el control sobre el aparato de seguridad. Algunos temen poner la SSP bajo la SEGOB da demasiado poder interno a una estructura inherentemente política. ¿La Policía Federal se utilizará para espiar a los rivales políticos?”, cuestiona.

“Peña Nieto parece ir hacia adelante con la creación de un nuevo programa nacional de gendarmería o fuerza paramilitar , supuestamente destinada a mediar entre la necesidad de un poder militar contra el crimen organizado y el deseo de respetar los derechos civiles. El grupo comenzará con 10,000 hombres, de acuerdo con la estrategia de seguridad nacional recientemente lanzada, y con el tiempo crecerá a 40,000, según anteriores declaraciones de Peña Nieto. La fuerza ha sido ampliamente criticada por los analistas como innecesaria, redundante, y como un reciclaje de una ‘idea fallida’, aunque otros, como John Sullivan [analistas] ver más eficacia potencial de la fuerza”.