CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su informe anual 2019 “Derechos humanos en las américas”, Amnistía Internacional puso de manifiesto el desdén generalizado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hacia los derechos humanos en México, con la emisión de leyes imprecisas, compromisos incumplidos y acciones que aún no han dado resultados.

Por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, el organismo internacional comentó que, a pesar de que en 18 estados se mantuvieron 20 protocolos de “Alerta de Violencia de Género contra las mujeres” al final del año no había ninguna señal de que los mecanismos hubieran reducido la violencia.

En 2019, prosiguió, se iniciaron mil seis investigaciones sobre feminicidios, y no se encontraron datos actualizados sobre los homicidios y violencia de género.

Más: Hasta el 31 de diciembre de 2019, las autoridades federales declararon que había al menos 61 mil 637 personas desaparecidas y que se encontraron 873 fosas clandestinas con mil 124 cadáveres.

A pesar de que el gobierno anunció que reconocería la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para examinar los casos individuales, al terminar el año el reconocimiento no tuvo lugar.

Tortura: Investigaciones defectuosas

En el caso de la tortura, Amnistía Internacional destacó en su reporte que las investigaciones realizadas en ese renglón fueron generalmente defectuosas y que las personas responsables rara vez comparecieron ante la justicia.

También resaltaron que el gobierno y las ONG redactaron en abril último el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pero el documento no se había hecho público al terminar el 2019.

Ante esta situación el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el evado número de casos de tortura y malos tratos, incluida violencia sexual, de miembros de las fuerzas de seguridad y personal encargado de llevar las investigaciones.

Asimismo, dijo que el arresto y la detención arbitraria fueron generalizados en 2019, amén de que no se derogó el arraigo, que permite la detención sin cargos; y una reforma constitucional amplió la lista de delitos a los que era aplicable la prisión preventiva oficiosa obligatoria, con lo que se viola el derecho a la presunción de inocencia.

Guardia Nacional y migración

En el ámbito correspondiente a la policía y a las fuerzas de seguridad, se menciona la creación de la Guardia Nacional (GN), compuesta principalmente por miembros de las fuerzas armadas y con un mando militar, así como la ley de este organismo que les otorgó amplios poderes en la aplicación de la ley, el uso de la fuerza, la investigación de delitos –incluida la intervención de comunicaciones– y el control de flujos migratorios.

Durante 2019, dijo, se desplegaron seis mil agentes de la GN en la frontera entre México y Guatemala, luego de las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales, a pesar de que este hecho fue impugnado ante la Suprema Corte por la CNDH y el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, por el riesgo de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo acciones discriminatorias.

Al menos tres personas murieron bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración en circunstancias relacionadas con su detención, entre ellas una niña de 10 años, y se recluyeron al menos 51 mil 99 niños y niñas en centros de detención migratoria, violando las leyes mexicanas y las normas internacionales.

Amnistía Internacional refirió también que se presentaron varios casos de arresto y detención arbitraria masiva, como la detención de 400 personas en una autopista cerca de Tapachula, en Chiapas y fueron recibidas casi 60 mil personas solicitantes de asilo devueltas por Estados Unidos.

Las autoridades migratorias, recordó, detuvieron a 186 mil 750 personas en situación irregular y deportaron a 123 mil 239. Un 98% de estas personas procedían de Centroamérica, y casi la mitad de Honduras.

Defensores y periodistas

En su reporte, Amnistía destacó también que al menos 10 periodistas fueron asesinados en 2019 y que las autoridades no tuvieron avances significativos en las investigaciones de estos delitos. El gobierno federal no anunció ningún plan sustancial para proteger a este colectivo.

Según datos de Frontline Defenders, fueron asesinadas 23 defensores de los derechos humanos, de los cuales 14 eran defensores de los derechos del territorio, la tierra y el medio ambiente. Las investigaciones sobre estos delitos, subrayó, tampoco tuvieron avances significativos.

AI resaltó que la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza aprobada el año pasado no cumple con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. El decreto proporciona protección durante las manifestaciones solo si se considera que las protestas tienen un fin legítimo y no contempla la búsqueda de alternativas para evitar el uso de la fuerza. El dictamen fue impugnado por la CNDH, pero la decisión estaba pendiente al terminar el año.

AI destacó un par de aspectos positivos, uno de ellos que en 2019 se aprobó del matrimonio entre dos personas del mismo sexo en los estados de Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca por cambios legislativos y mediante órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa.

Asimismo, el organismo resaltó avances como las disculpas públicas por casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, el restablecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la creación de una comisión especial sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Pero criticó que el mandatario mexicano no asistió en junio pasado a la presentación del informe anual de la CNDH, algo que ningún jefe de estado había hecho en los 28 años de historia de la comisión y que menospreciara públicamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

El mandatario también prohibió la financiación pública federal de las ONG, afectando a albergues para personas migrantes, refugios para mujeres víctimas de violencia de género y las organizaciones de derechos humanos, y con un estricto plan de austeridad afectó a diversos programas del gobierno, poniendo en riesgo el acceso a la atención médica de las personas, especialmente a quienes vivían con VIH o cáncer.

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