Decía Antonio Machado que “se canta lo que se pierde”. Por eso no faltan nostálgicos en las redacciones de los medios.

En los cines de todo el país se exhibe desde hace unas semanas Los papeles del Pentágono, una digna película de Steven Spielberg que narra la historia de una filtración -de miles de documentos secretos- que permitió saber a los estadounidenses el sinsentido de la Guerra de Vietnam y ser conscientes de que aquello no tenía por objetivo llevar la libertad y la democracia a un país oprimido, sino exhibir músculo ante el resto de los contendientes de la Guerra Fría. También cuenta el dilema al que se enfrentó entonces la editora de The Washington Post, quien tuvo que elegir entre publicar la noticia o disgustar a los bancos que financian el negocio. Es decir, entre el periodismo y la cuenta corriente. La referencia viene al pelo en esta época de la posverdad en la que tantos medios y periodistas -por necesidad o por conveniencia- han antepuesto los intereses personales y empresariales a la información. En algunos casos, con escasa dignidad.

Publicaba 'eldiario.es' hace unos días una noticia que debería haber provocado un debate inmediato entre las asociaciones de la prensa. No ha sido así y por algo será. El artículo revelaba que el Gobierno de Francisco Camps -nada más y nada menos- realizó pagos encubiertos a un grupo de periodistas de Las Provincias, TVE, El Mundo o La Razón para que escribieran artículos en una revista de sanidad. Evidentemente, para destacar las bonanzas de los hospitales, nunca para señalar las deficiencias.

Cada uno de estos profesionales se embolsaba al mes entre 300 y 500 euros por realizar esta tarea, tan sencilla como indigna.

Estos hechos demuestran que los fondos de reptiles ni han desaparecido ni están mal dotados. Todavía sirven para comprar las voluntades más quebradizas -no pierdan de vista la precarización que ha sufrido la profesión- y para trasladar a los lectores mensajes contaminados. Por un político, por un empresario o por cualquier parte interesada en que se difunda información sesgada. Suena a perogrullada, pero no conviene olvidarlo en un momento en el que la posverdad y las fake news están en el centro del debate. Quizá el monstruo no está escondido en el Kremlin. Quizá está en el papel que usted lee o en la televisión que sintoniza cuando termina de trabajar.

Un servicio especial

No está de más recordar que en los papeles de Bárcenas figuraba el nombre de algún que otro periodista. Entre otros, del presidente de Radiotelevisión Española, José Antonio Sánchez (J.A. Sánchez), quien presuntamente percibió 1,1 millones de pesetas mientras ejercía de cronista parlamentario de ABC.

Estas prácticas no son exclusivas del alto mando, sino que también implican a los soldados rasos de las redacciones. De hecho, se ha convertido en algo común en la profesión que los periodistas incluyan enlaces en sus informaciones que benefician a una determinada empresa. La acción es casi imperceptible, apenas deja rastro y se realiza a espaldas de los responsables de los medios. Por supuesto, permite obtener un sobresueldo de algunos cientos de euros.

Sobra decir que el periodista que cobra de una empresa o que obtiene réditos de cualquier tipo de un partido político no va a dedicar un esfuerzo excesivo a airear sus asuntos más turbios. Al revés, quizá se convierta en uno de esos hooligans de columna y tertulia que tanto abundan en la prensa con la que desayunamos.

La 'dedocracia' de las autonómicas

Cuando cerró Canal 9, fueron muchos quienes lamentaron la desaparición de un servicio público. En su juicio, obviaron que una buena parte de sus periodistas rieron durante años las gracias al Gobierno autonómico que les pagaba. Los propios sindicatos de la cadena denunciaron que muchas contrataciones se realizaron por los 'nexos sentimentales' que unían a determinados informadores con el Partido Popular. En esas condiciones, los silencios cómplices sobre los casos de corrupción fueron mayores que el prurito profesional. Desde luego, ejercer de 'periodista de corte' del cacique de turno -con ánimo de lucro- no puede ser incluido dentro de ninguna lista de buenas prácticas profesionales.

No muy lejos de allí, en Cataluña, los fondos reptiles se han entregado -por decenas de millones- con la excusa de impulsar la lengua catalana. Esto ha servido para llevar al independentismo a todo el territorio y para neutralizar los mensajes que hablaban de las (presuntas) corruptelas de los Pujol y Convergència; o de los sucesivos tijeretazos del Govern al Estado del bienestar.

La lista de subvencionados es enorme: desde El Punt Avui hasta algunas gacetillas religiosas. Desde la revista del ínclito Albano Dante Fachín hasta los proyectos del propio Carles Puigdemont. Sin este dinero público, una gran parte de los pequeños medios de Cataluña desaparecerían. Desde luego, los secesionistas saben muy bien lo que hacen al comprar estas voluntades.

¿Quién denuncia a estos periodistas?

Mientras el periodismo español es señalado una y otra vez por este tipo de prácticas, muchas asociaciones profesionales pierden el tiempo librando una absurda batalla contra el intrusismo, como si el título de cualquier facultad mediocre convirtiera a alguien en periodista. En paralelo, la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Defensa echan balones fuera y hablan de la necesidad de luchar contra las fake news que proceden de los países enemigos. Y algunos medios compran sin hacer excesivos ascos esa teoría de la conspiración.

La estrategia consiste en coger el globo terráqueo y señalar cualquier punto que esté muy lejos de aquí. Así se evita que la atención se ponga sobre los periodistas que se encuentran a sueldo de determinados políticos o sobre articulistas que enfocan su información en función del beneficio económico que pueden obtener. O sobre quienes conceden tal o cual favor para poder hundir sus posaderas en la silla de determinadas tertulias televisivas.

Porque la posverdad no sólo está en Rusia. También se encuentra en la pluma de quien publica un infundio esperando obtener, posteriormente, una primicia de esa fuente. Y en quien reparte publicidad institucional -el nuevo plan estatal está dotado de 78 millones de euros- para algo más que para difundir información útil para la ciudadanía. O en quien cercena la cabeza de un periodista por ser incómodo para un partido o una empresa. La posverdad está en los lúgubres pasillos del Kremlin, pero también en la gacetilla sanitaria que financiaba Francisco Camps. Y en las televisiones públicas, ésas que, como TV3 o TVE, son definidas como un servicio público absolutamente necesario por quienes más las han manipulado y emponzoñado.

Una parte de las fake news ayudaron a ganar a Donald Trump, sí. Pero también sirvieron para mejorar la reputación en internet de algunos políticos de renombre que aparecen en el sumario de la Púnica. O para golpear a quienes no quisieron pagar el diezmo a los responsables de la revista de Ausbanc. O a los de esos medios cuyos jefes acuden a los despachos del Íbex-35 en tono amenazante. O me financias o te pego". Y, por supuesto, la posverdad también está en el buzón -en forma de sobre- de determinados periodistas. Allí donde reciben sobresueldos como los que pagaba Camps. Todo esto existía antes de que la prensa estadounidense se cayera del guindo y comenzara a hablar de las noticias falsas. Aquí ya lo habíamos inventado.

Defiendo que la mayoría de quienes ejercen este oficio juegan limpio. Pero para buscar bandidos no hace falta viajar a Moscú.