La intención fue poner límites a todos: a la corporación política, que venía presionando con sus postulantes, y a la Corte. Y transmitir un mensaje de autoridad. Así explican en el Gobierno las motivaciones de Mauricio Macri para nombrar por decreto, en comisión, a dos jueces de la Corte sin esperar a que reabra el Congreso en marzo. Recién entonces podrá someter a los ya magistrados al escrutinio público y deberán pasar la prueba del Senado para dejar de ser jueces supremos en comisión para serlo de manera completa.

En el Gobierno señalan que ahora el macrismo se sentará con los senadores a negociar en otras condiciones: con los jueces sentados en sus bancas, el acuerdo será más amplio. Una negociación subterránea de un sector del peronismo con Emilio Monzó precedió el anuncio, lo que hace pensar en el Gobierno que en marzo podrán empezar el trámite del decreto 222 para darles transparencia a la designaciones y pactar para que los jueces del decreto obtengan acuerdo.

La decisión de designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fue tomada por Macri y su círculo más íntimo. No pusieron objeciones a los decretos. Ayer fueron recibidos por Garavano. El ideólogo de la controversial medida fue Fabián Rodríguez Simón, amigo del Newman del Presidente y abogado que firmó la cautelar que pidió Macri para tener certeza sobre el fin del mandato de su antecesora. Pablo Clusellas, otro amigo de infancia de Macri y secretario legal y técnico de su gobierno, avaló la medida.

Pero la decisión fue de Macri y la evaluación de los costos políticos, de Marcos Peña. De nadie más.

-Te van a salir a putear todos -le advirtió un ministro.

-No importa, hay que hacerlo -contestó Macri.

De hecho, el coro de objeciones que mereció la medida generó preocupación en otro sector del macrismo que ve cómo se escurre de entre sus dedos el capital político conseguido en las urnas.

Garavano salió a defender los decretos, dijo que la Constitución los contempla y Clusellas y Rodríguez Simón mandaban mails con las copias del decreto ley del 58 que habilitó nombramientos de este tipo, previstos ahora en el artículo 99 de la Constitución. Desde el Gobierno respondieron a las críticas de los académicos con el argumento de que esos mismos académicos aspiraban a los cargos. Nada más lejos. Al menos los constitucionalistas que están lejos de la política no contemplaban esa posibilidad.

Macri sólo consiguió acallar a Lilita Carrió y obtener el apoyo del radical Ernesto Sanz. Ricardo Gil Lavedra fue duro con Macri.

El senador kirchnerista Miguel Ángel Pichetto en público desafió a que reabran el Congreso. Garavano le contestó que no podían llamar a extraordinarias porque no hubieran hecho a tiempo a cumplir con el procedimiento previsto en el Senado, lo que los hubiera demorado hasta junio.

Un sector del gabinete desaconsejó la metodología de los jueces en comisión por decreto para cubrir las vacantes en la Corte, pero sus objeciones no fueron oídas. Lo mismo ocurrió con los nombres de otros candidatos de perfil más jurídico, como los constitucionalistas Alejandro Carrió o la propia María Angélica Gelli. Primaron las razones políticas para elegir a Rosatti, por su cercanía con el peronismo, lo que permite negociar en el Senado, y el deseo personal de Macri de elegir a Rosenkrantz, a quien no conoce pero estima por sus antecedentes académicos y creencias.

La decisión de Macri, apurada al punto de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, corrió anteayer a avisar a Ricardo Lorenzetti en la Corte antes de que la noticia se filtrara, buscó aplacar de una vez la demanda de los peronistas y radicales que presionaban con sus candidatos, dicen en el Gobierno.

También marcó un límite al propio Lorenzetti, que podía impulsar una decisión contraria a los intereses del Gobierno. Ahora ya son cinco jueces. Lorenzetti tomará juramento a los nuevos, aunque Elena Highton de Nolasco estaba más contenta que él por los recién llegados. Una alta fuente del Gobierno explicó que era necesaria esta Corte, conformada de inmediato, porque el Gobierno se apresta a firmar decretos de necesidad y urgencia que necesitan un blindaje judicial para superar la prueba.

Los DNU no sólo serán la palanca para mover la política económica inmediata, sino que serán la herramienta para avanzar con la instrumentación del Código Procesal Penal, con la designación de jueces subrogantes, con la reforma de la ley del ministerio público, incluida la salida de al procuradora Alejandra Gils Carbó del Gobierno, entre otras decisiones. Todas estas controversiales medidas -mientras el Congreso siga cerrado- necesitarán más temprano que tarde de un aval judicial, pues el Gobierno descarta que serán judicializadas.

En el Gobierno tomaron nota ayer del fuerte malestar que esto provocó en ámbitos jurídicos de alto nivel. Voceros oficiales de Macri en la Casa Rosada evitaron hablar del tema y aseguraban: "No estamos en ese clima y no vamos a hacer declaraciones al respecto".

No obstante, en el Gobierno dicen que nadie piensa en retroceder.