La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció la colusión de 111 médicos cirujanos de la región de Valparaíso a través de un requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos de esa zona.

La FNE acusa a los profesionales de “actuar de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales otorgados por médicos especialistas en cirugía y sus respectivas subespecialidades, que son demandados por usuarios del sistema privado de salud en la V Región de Chile, mediante la fijación e implementación de precios de venta de las prestaciones médicas de consulta y procedimientos quirúrgicos de su especialidad”.

De acuerdo a la Fiscalía, los médicos especialistas han acordado, al menos desde 1985, actuar de manera colectiva en el mercado relevante, mediante la fijación de los aranceles que cobran por sus servicios médicos, suplantando a la competencia como mecanismo de determinación de precios.

“Los 111 médicos requeridos son aquéllos que han realizado una cantidad relevante de prestaciones al precio colusivo. Además, algunos de ellos, en su calidad de directivos de la asociación gremial, han tenido un rol activo en la adopción de los acuerdos de aranceles, en la negociación de éstos con las Isapres y en el monitoreo y sanción de los desvíos”, afirma la FNE.

Se acusa que la asociación que reúne a estos profesionales “ha operado como un instrumento de centralización y coordinación de la voluntad de sus asociados en el acuerdo anticompetitivo y que ha implementado y ejecutado el referido acuerdo mediante la suscripción de convenios con instituciones de salud previsional (Isapres) abiertas”.

“Consideramos muy grave la conducta de estos médicos, que al menos desde 1985 han usado a su asociación gremial para fijar de manera concertada los valores de sus consultas y procedimientos quirúrgicos, entorpeciendo la libre competencia en uno de los mercados más sensibles para la sociedad, como es la salud”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.

La Fiscalía pidió al TDLC que aplique una multa de 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, equivalentes a casi 569 millones de pesos) a la asociación gremial y que este monto sea pagado solidariamente por los médicos requeridos. Además, solicitó al mencionado Tribunal que ordene la disolución de dicho gremio.

Ésta es la tercera vez que la Fiscalía pide al TDLC la disolución de una asociación gremial debido al rol que éstas han ejercido en acuerdos colusorios. A la fecha, se ha acogido esta solicitud en el llamado Caso Pollos, donde la Corte Suprema sentenció que la Asociación de Productores Avícolas (APA) debía disolverse por haber coordinado el funcionamiento del cartel de productores y le ordenó, además, pagar una multa a beneficio fiscal.

El segundo gremio disuelto fue la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia del Ñuble, caso en el cual el máximo tribunal sentenció que el gremio intervino directamente y de manera principal en los actos contrarios a la libre competencia demostrados en el juicio.