BILBAO.- El final de ETA ha dejado varios momentos históricos, imposibles de obviar en cualquier cronología. Uno de ellos se registró el 28 de diciembre de 2013. En pleno periodo de Navidades, el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, que engloba a reclusos abertzales) hacía pública una declaración inédita: por primera vez, anunciaba su compromiso con el “nuevo escenario político”, admitía su “responsabilidad” y comunicaba que sus miembros estaban dispuestos a aceptar los cauces legales para salir de la cárcel.



La decisión era fruto de un proceso impulsado en las cárceles y respaldado desde fuera. A este lado de los barrotes, una de las personas que trabajó a favor de ese cambio fue una conocida abogada bilbaína. Su nombre: Arantza Zulueta. Conocida por sus tareas de defensa de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale, esta letrada vizcaína había sido designada por el propio EPPK como una de sus interlocutoras en el exterior de las prisiones.



También había ejercido la defensa legal del dirigente independentista Arnaldo Otegi en 2006, cuando el líder de la ilegalizada Batasuna enfrentaba uno de los tantos procedimientos judiciales abiertos en su contra. En su calidad de abogada, le tocó desplazarse en innumerables ocasiones a la Audiencia Nacional (AN), el tribunal que actúa en todos los casos relacionados con terrorismo. Siempre, o casi siempre, acudió con la toga. Hasta que llegó su día.

En enero de 2014, el juez de la AN Eloy Velasco lanzó una operación contra los abogados que solían defender a presos abertzales. Hubo ocho personas detenidas, entre ellas Zulueta. Los medios de comunicación pudieron registrar el momento en el que salía de su despacho –esposada y escoltada por guardias civiles fuertemente armados- gracias a una polémica filtración del Ministerio del Interior: la cartera dirigida por Jorge Fernández Díaz informó de la operación cuando los agentes ni siquiera habían salido del cuartel.



Casi al instante, la foto de Zulueta recorrió todas las redacciones del país. Velasco la señalaba como presunta integrante del denominado Koordinazio Taldea (Grupo de Coordinación), un supuesto órgano utilizado por ETA para garantizar la “concienciación y homogeneidad ideológica” de los presos.



Tras permanecer cinco días incomunicada, el juez ordenó su ingreso en prisión a la espera de juicio. La operación policial tuvo su segunda parte en enero de 2015, cuando Velasco ordenó otra redada contra los abogados de los reclusos. El número de personas investigadas ascendió entonces a 46. De todas ellas, hoy solamente Zulueta continúa en prisión. De hecho, es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva. El fiscal ha pedido para ella 19 años de prisión.

“Imputaciones falsas”

Según consta en un informe elaborado por el abogado Alfonso Zenón, esta letrada ya había permanecido encarcelada de manera preventiva en otros dos periodos –en 2010 y 2011-, bajo idénticas acusaciones. Por ello, el encargado de su defensa sostiene que Zulueta “está sujeta a dos procedimientos penales bajo la misma acusación”. “Mientras en uno se encuentra en libertad bajo fianza –apuntó-, en el otro se le mantiene en prisión”. No es la única irregularidad que observa Zenón, quien asegura que su defendida ha sido objeto de “imputaciones falsas, sin base probatoria alguna”.

Zulueta es la única persona presuntamente vinculada a ETA que continúa encarcelada de manera preventiva

En cualquier caso, lo que más preocupa en su entorno son las condiciones de su encarcelamiento. “Está en un régimen de aislamiento totalmente anormal”, afirma su amiga Lola Gómez, quien habitualmente ejerce de portavoz de la plataforma creada para pedir su libertad.



El informe de Zenón da fe de ello: “El régimen de vida al que se ve sometida supone no tener derecho a ninguna actividad, salir a un patio de reducidas dimensiones y cerrado en su parte superior durante cuatro horas al día sola, sin la compañía de ninguna otra presa. Tiene limitados los efectos que puede tener en su celda, efectos de limpieza, higiene personal, ropa o libros. No tiene contacto con ningún otro preso”.



Del mismo modo, “en estos módulos especiales o de aislamiento el cacheo corporal por palpación es automático cada vez que el preso sale de la celda” mientras que los registros “son continuos y terminan con los pocos efectos que uno tiene por el suelo”. En ese contexto, Zenón advierte que “la severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado”, además de vulnerar la propia normativa de Instituciones Penitenciarias, que establece que la “medida de aislamiento debe ser excepcional”, mientras que en este caso “se está convirtiendo en normal por lo prolongado en el tiempo”.

“La severidad de sus condiciones de encarcelamiento supone un maltrato continuado”, denuncia el abogado de Zulueta

Por tales motivos, el caso de Zulueta ha sido puesto en conocimiento del Relator Especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Además, sus abogados no descartan trasladarlo a instancias europeas. “Creemos que no hay motivos para que siga bajo ese régimen de castigo”, dice su amiga Lola Gómez, quien defiende el papel de la abogada bilbaína a favor del nuevo escenario que se vive en Euskadi desde el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el final de la violencia. “Arantza había sido elegida por los presos para que fuera su portavoz para este tiempo de paz, pero parece que el Gobierno español aún no se ha dado cuenta que estamos viviendo ese nuevo tiempo”, subrayó.



Su encarcelamiento también fue puesto en duda por el magistrado José Ricardo de Prada, quien en diciembre de 2014 emitió un voto particular ante el recurso que habían presentado sus abogados para pedir su libertad, lo que fue rechazado por la mayoría de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN. En ese escrito, el juez planteaba sus “serias dudas” en torno a esto caso, al tiempo que destacaba que la actividad de Zulueta, “en un claro contexto de cese de actividad terrorista real y aparentemente irreversible”, iba dirigido a la “coordinación y búsqueda de soluciones políticas” para los “presos penados de larga duración”, algo que “difícilmente admite ser penalmente reprochable”.

Manifestaciones por su libertad

Esos argumentos siguen muy presentes entre quienes reclaman su libertad, tal como se plasmará este sábado en las calles de Bilbao. A las 18.00, la plataforma Arantza Askatu! realizará una movilización para denunciar las condiciones en las que sigue encarcelada.



No será la única acción prevista para este mes: el próximo día 26, el pleno del Ayuntamiento de Bilbao tratará una moción presentada por ese colectivo para reclamar el fin de los castigos contra la abogada vasca, aislada a 1.000 kilómetros de esta ciudad.

