La compleja situación fronteriza de México enfrenta un nuevo reto: el cambio de su ecosistema económico. El presidente Enrique Peña Nieto está a punto de acabar con la singularidad fiscal de las ciudades y regiones que colindan con Estados Unidos y con Centroamérica, vigentes desde hace más de 30 años. La reforma fiscal aprobada en la madrugada del miércoles en el Senado propone homologar el IVA al del resto de la república (del 11 al 16%) y elimina deducciones y bonificaciones que tenían las maquiladoras, una de las locomotoras de la economía nacional.

El presidente (y diputados y senadores que tenían en sus manos aprobar el texto) ha soportado en los últimos meses una enorme presión por parte de empresarios locales y compañías extranjeras instaladas en el norte que amenazan con abandonar el país tras la subida de impuestos. Se proponen también ir a la huelga, lo que afectaría la actividad económica de la frontera más transitada del mundo. Este nuevo estrés se suma al que la región padece desde hace años por el problema de inseguridad derivado del enfrentamiento entre los cárteles del narcotráfico por dominar el territorio.

Los que están a favor de la reforma argumentan que el Estado recaudará más dinero que se podrá invertir en beneficio de los propios ciudadanos fronterizos. Las voces críticas, en cambio, advierten que se avecina una pérdida de competitividad respecto al vecino del norte que sumirá a la nación en una crisis de la que será difícil salir.

La sensación de estos últimos es que el futuro del norte del país se estaba decidiendo a casi tres mil de kilómetros, en la Ciudad de México. Las plantas maquiladoras (17% del PIB según el INEGI) tributarán de manera diferente. El diputado panista -derecha mexicana- Carlos Ángulo ha hecho campaña en contra de esta medida. Según sus cálculos, refrendados por diversas patronales, la mitad de las fábricas abandonará el país."Esta reforma hacendaria va a generar un caos económico por los impactos en la renta. Además la medida es inconstitucional porque atenta contra el principio de competitividad", ahonda Angulo.

La industria se instaló en el lado mexicano de la frontera a partir de la década de los 60. El Gobierno aprovechó la cercanía de EE UU y la gran oferta de mano de obra barata para impulsar la entrada de fabricantes de camisetas, televisiones, zapatillas, muebles y un largo etcétera. Las empresas de capital extranjero importan materia prima y componentes libres de impuestos y exportan productos acabados. El sector ha pasado por varias crisis que ha superado, en ocasiones, con ayudas estatales. Los empresarios del ramo creen que con esta reforma van a perder competitividad a nivel mundial y cifran en 235.000 los empleos directos que se pueden ir por el sumidero.

Hay empresas en la frontera que trabajan con márgenes de beneficio muy pequeños. La amenaza de las fábricas asiáticas, que hacen lo mismo pero más barato, ha resultado ser muy real. Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, espera que el Gobierno haya acabado con los privilegios hacendarios pero no con el dinamismo empresarial del lugar. A su entender, Peña Nieto deja de lado ocho meses de discurso sobre la importancia de la productividad y muestra una profunda contradicción entre la visión económica de su gabinete y la política fiscal que ejecuta. "Hay un cambio de reglas muy violento. Algo más racional hubiera sido aplicar estas medidas de forma gradual. Se suben los impuestos en dos o tres años y de esa forma se manda una señal al sector privado", continúa Pardiñas. Bajo esa visión, las compañías pueden quejarse de que ya no cuentan con los mismos incentivos que les hicieron asentarse del lado mexicano.

En el noroeste del país, meses atrás, surgió un movimiento ciudadano en contra del aumento del gravamen. Aunque aparentemente tiene tintes independentistas, de hecho su lema recalca que separarse del resto del país "es la única forma de alcanzar el bienestar y el desarrollo", lo cierto es que la república de (baja) California buscaba sobre todo evitar el aumento de las tasas. En Facebook su página cuenta con casi 130.000 seguidores y desde ahí han ido informando a diario sobre el peregrinaje de la reforma, aprobada en el Congreso y refrendada en el Senado. La plataforma ofrece fondos de escritorio y carteles con el retrato de los diputados "traicioneros" que votaron a favor. "Personas non-gratas. En mi casa o en mi negocio no son bienvenidos", se lee en los descargables.

El senador Armando Ríos Píter (PRD, izquierda mexicana) es de los que con su voto ha logrado que una de las reformas más polémicas que ha vivido el país en décadas salga adelante. Considera que las voces críticas provienen de un sector minoritario que se privilegia pagando un cinco por ciento menos de IVA. "Ese ahorro no se traslada a tener mejores precios para los consumidores, va a parar a los bolsillos de unos cuantos empresarios. Ese dinero tiene que hacerse público y revertir en beneficio de la frontera y el país", explica desde el Senado. Este cambio de gran calado llega después de que México registre un primer trimestre del año de estancamiento y un segundo de contracción, aunque falta conocer los datos del tercero para poder realizar un diagnóstico más certero.

Peña Nieto ha ido hacia delante con la reforma, que también afecta al Estado turístico de Quintana Roo, ignorando el costo electoral que pueda suponer para su partido. El PRI tiene un gran caldero de votos en la frontera norte, donde prácticamente se reparte el gobierno de esos municipios y los diputados correspondientes con el PAN. El problema es que estos últimos han batallado en el Congreso en contra de equiparar los impuestos al resto del país, una postura que en las elecciones legislativas de 2015 pueden utilizar como argumento político. Consta en acta que todos los diputados fronterizos del PRI votaron a favor de la subida, pese a las protestas en sus Estados de origen.

La diferenciación de IVA entró en vigor el 1 de enero de 1980. Ciudad Juárez y el resto de la frontera siempre ha tenido un trato preferencial basado en la creencia de que solo así se puede competir con el mercado estadounidense. En Texas el impuesto al consumo es del 8.25. En Nuevo México, del 6.75. La fuga de capital derivado de los mexicanos que van al otro lado a hacer sus compras se cifra, solo en Juárez, en torno a los 2.300 millones de dólares anuales. El 43% de los habitantes de esa ciudad tienen visa y, de acuerdo a los estudios realizados por el Colegio de la Frontera Norte y el Tec de Monterrey, crecerá en un 20% el número de mexicanos que compren fuera de su país.

"Estamos ante una problema real de competencia", concluye Juan Carlos Talavera, director regional de la empresa Vesta y presidente de la asociación Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. La desigualdad fiscal existente, a su juicio, no supone ningún agravio al resto del país porque el norte tiene la peculiaridad de competir directamente con EE UU. Esa salvedad fue incluso declarada legal por la Suprema Corte de Justicia, que tuvo que dirimir en los ochenta que el trato exclusivo era constitucional.

Las voces en contra se han multiplicado en los últimos días. Las maquiladoras de algunas ciudades como Reynosa y Matamoros han hecho un paro de un par de horas por jornada como medida de protesta. La presión puede ir a más. El sector, bajo el paraguas del sistema federal Inmex que otorga facilidades a las empresas para importar temporalmente mercancía que manipular y después regresar a su país de origen, exportó en 2012 un total de 24.000 millones de dólares, el 64% del total de las exportaciones mexicanas. Solo en Nuevo León se cuenta 670 maquilas. Los empresarios consideran que la reforma puede suponer un frenazo o directamente finiquitar su actividad. En el sur de México, frontera con Centroamérica, argumentan que están mucho peor. "No hay maquiladoras, hay maras salvatruchas", dijo el senador de izquierdas Zoe Robledo, quien añadió que se compara más bien con estándares africanos.

En medio de la tormenta que ha supuesto la aprobación de la reforma, han aparecido muestras de apoyo. El Instituto para la Transición Democrática (IETD), integrado por políticos, economistas y académicos de distintas sensibilidades, considera que es un paso audaz y decidido para lograr un México más competitivo, donde se priorice el empleo y el crecimiento. "Sostenemos que en ella hay avances muy importantes y cambia las coordenadas de la discusión fiscal hegemónica hasta ahora", escribió la institución en un texto que hizo llegar a los senadores esta semana.

Aún así, los Estados del norte consideran un agravio lo dictaminado. La disputa amenaza con hacer brotar tensiones regionalistas presentes en otros países, inmersos en un debate sobre los principios de igualdad y solidaridad fiscal entre comunidades.

Las reglas del juego están a punto de cambiar a este lado de la frontera.