La libertad de Carlos Cano, estudiante de Medicina de 25 años, y Carmen Bajo, parada de 56, puede tener las horas contadas. Participaron en un piquete informativo del 15-M durante la huelga general de marzo de 2012 y el juez Manuel Piñar les condenó a tres años de prisión por un delito contra el derecho de los trabajadores. Ambos recurrieron, pero la Audiencia de Granada confirmó la pena, que tanto ellos como un amplio sector de la ciudadanía considera “desproporcionada”.

Las coacciones que, según el juez, ejercieron en el establecimiento de la denunciante para que dejara de trabajar les pueden conducir a la cárcel. Ellos reconocen que estuvieron en el establecimiento, un local de la capital, pero niegan las amenazas, pintadas y destrozos en el bar. Sin embargo, en la vista oral fueron acusados de promover esas acciones. Así consta en los hechos probados de la sentencia, por lo que judicialmente es lo que ocurrió.

Ya apenas aparecen en los medios. Los dos condenados están “fatigados por toda esta situación, pero serenos”, explica el hermano de Carlos, Pedro, quien asegura que “están poniendo todos los medios posibles para retrasar su encarcelamiento”. Aunque en principio no querían el indulto, finalmente y tras la sentencia firme, están dispuestos a solicitarlo y para ello recogen ahora firmas a través de varios canales.

“Mi familia ha estado toda la semana buscando apoyos y me consta que por parte de Carmen, también”, añade. El Defensor del Pueblo es “favorable” e incluso los propietarios del bar en el que se manifestaron han señalado, recalca Pedro, la “desproporción” de la sentencia.

La solidaridad les llega desde distintas voces destacadas como el lingüista Noam Chomsky a políticos locales. Los dos sindicatos CC OO y UGT critican que “se les vaya a arruinar la vida” a dos personas hasta entonces sin antecedentes, por participar en un piquete. Así lo han manifestado Francisco Carbonero y Carmen Castilla, responsables respectivamente de estas organizaciones en Andalucía.

Las familias están “bastante enteras” por el cariño que reciben. “Esperamos que todo este sufrimiento sirva para algo más”, dice Pedro. Pocas vías quedan, “la justicia ha dado lugar a que esto sea así”, lamenta uno de los portavoces de Stop Represión, Gabriel Octavio. De ahí las movilizaciones que van a continuar. “Solo el pueblo salva al pueblo”, zanja el hermano del condenado.

El piquete estaba formado por unas 40 personas pero los agentes solo identificaron a ellos dos. El caso es que su acción, que la fiscalía tildó de “instigadora”, les ha supuesto una condena de tres años de prisión. Miembros del 15-M consideran que su entrada en la cárcel evidenciaría el “doble rasero” de la justicia en España y defienden que “la lucha social no es delito”.

En mayo de 2013 el juez Manuel Piñar les condenó en primera instancia al considerar probado que ambos amenazaron y presionaron a la dueña del establecimiento para que secundara la huelga. El fiscal pidió una sentencia condenatoria “como una cuestión intimidatoria para los que se extralimiten en el ejercicio del derecho a la huelga”, según las manifestaciones recogidas por Europa Press. La polémica condena fue ratificada en mayo de este año por la Audiencia.