El caso Iguala tiene en el 27 Batallón de Infantería uno de sus grandes interrogantes. Los intentos de implicar a este destacamento en las atrocidades han centrado todas las teorías conspiratorias. Pero hasta la fecha, ninguna prueba ni declaración lo ha logrado. No hay testigo que les viese disparar ni detener. Tampoco hay vínculos demostrados con el narco. La gran sombra, de momento, se ciñe a su pasividad ante la salvaje cacería que sufrieron los normalistas.

Esa inacción ha levantado profundos resquemores. No es un fenómeno extraño. En un país convulsionado por una guerra contra el narco que arrastra más de 100.000 muertos y 25.000 desaparecidos, el Ejército no solo es en una presencia permanente en todos los focos de tensión sino también un catalizador emocional. Las encuestas le otorgan un fuerte respaldo popular, los sucesivos gobiernos le defienden a capa y espada, y a los ojos de muchos ciudadanos forma la médula del Estado. Pero sus desmanes no pasan inadvertidos y, su poder, en zonas como Guerrero, generan una desconfianza abismal.

Entre 35.000 y 45.000 soldados se movilizan a diario en el combaten contra el crimen organizado. Los abusos de las tropas, denunciados por las organizaciones de derechos humanos, han llegado a extremos sangrientos, como el caso Tlatlaya, donde el Ejército, según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mató a sangre fría a 15 supuestos narcos una vez detenidos y desarmados. Tras el crimen, los militares atribuyeron oficialmente las muertes a un enfrentamiento. Cuando emergió la verdad, ningún alto mando, más allá de un teniente y unos pocos elementos de tropa, respondió por la matanza.

Esa impunidad ha alentado la sospecha, sobre todo, en Guerrero, uno de los territorios más pobres y violentos de México. El Estado fue de 1969 a 1985 el principal caladero de las guerrillas marxistas. Y también el escenario de una devastadora operación limpieza. Cientos de insurgentes desaparecieron a manos del Ejército y la policía. Hubo centros de tortura y vuelos de la muerte. Aquella trama criminal, amparada por el Estado, nunca se ha sentado en el banquillo, pero su espectro se mantiene vivo, sobre todo, en lugares como la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Este centro magisterial fue el principal semillero de la guerrilla, y el espacio donde se forjó su histórico líder, Lucio Cabañas, caído en 1974 en un enfrentamiento con los militares. Tras los muros de la escuela, donde aún ondean banderas rojas, el Ejército es visto como un enemigo. O al menos, como un sospechoso.