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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero.- El ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco Bernardino Rico Maya, así como Alberto Reyes Campos, subdelegado de la PGR en esa entidad, cometieron un fraude por 27 millones 968 mil pesos al usar recursos públicos para viajes a Las Vegas, Nevada, y a otros destinos, compra de aparatos electrónicos y hasta pago de gastos funerarios de terceros, gastos que nada tienen que ver con los fines de la PGR.

Rico Maya estuvo como delegado de la PGR en Tabasco desde enero de 2008, fue destituido en abril de 2010 y fue inhabilitado para ejercer su cargo por 10 años. Reyes Campos, quien fue subdelegado de enero de 2007 a junio de 2009, fue inhabilitado por 11 años y ambos deberán pagar multas de casi 6 millones de pesos.

La emisión de los 279 cheques por el total de los 27 millones 968 mil pesos fue aprobada por Néstor Que Baños, quien era el Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, y quien también fue inhabilitado por 10 años como funcionario público y deberá pagar una multa de 5 millones 991 mil pesos.

“Las sanciones se originaron en una investigación de la SFP que detectó deficiencias en el ejercicio, justificación y comprobación del gasto de recursos públicos asignados a la Delegación Estatal de la PGR, durante los ejercicios fiscales 2007, 2008 y de enero a marzo de 2009”, dio a conocer la dependencia.

Durante la auditoría a esos ejercicios fiscales se descubrió que había un uso indebido de 27 millones de pesos del Fondo Revolvente. Este fondo es usado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar liquidez inmediata a las dependencias de gobierno y que puedan cubrir las necesidades apremiantes de la institución.

Sin embargo, durante la auditoría a la delegación de la PGR en Tabasco, ésta no presentó los documentos que comprobaran la erogación de 9 millones 120 mil 39 pesos del ejercicio fiscal 2007: “la Delegación Estatal argumentó que la información que soporta las erogaciones desapareció con motivo del fenómeno meteorológico que azotó el estado en 2007”, pero no entregaron evidencias que justificaran tal afirmación.

La delegación estatal de la PGR en Tabasco tampoco entregó la documentación que justificara el gasto de 11 millones 891 mil 974 pesos en 2009, y durante la auditoría se descubrió además que se habían adquirido bienes y servicios con valor de seis millones 70 mil pesos, los cuales tampoco estaban documentados.

Los funcionarios implicados en el fraude jamás entregaron las pólizas de los cheques, por lo que de acuerdo con la SFP, “no fue posible identificar a los beneficiarios y los conceptos de los mismos”.

Hay 30 casos en donde los importes y los beneficiarios de las pólizas de los cheques no coinciden con los importes que aparecen en los informes trimestrales de la delegación de la PGR en Tabasco. Además “se identificaron gastos por 300 mil 471 pesos, amparados con tickets o facturas, que corresponden a la adquisición de artículos o bienes como: videojuegos (Wii), pantallas LCD, discos duros, salas, comedores, reproductores de DVD, accesorios domésticos, bicicletas, agendas de lujo, microcomponentes, autoestéreos, boletos de avión nacionales e internacionales, entre otros”, dio a conocer la SFP.

Otro de los hallazgos son gastos por 43 mil 832 pesos en facturas de centros comerciales, pero no existe un desglose que permita saber qué bienes se compraron con ese dinero. Por otro lado se econtraron gastos en pasajes nacionales e internacionales por 191 mil 32 pesos, que no fueron autorizados, así como un gasto por un millón 454 mil 522 pesos, sin que exista un recibo, factura o documento alguno que explique en qué se gastó ese dinero.

Durante la investigación se descubrió incluso que los funcionarios realizaron gastos funerarios en favor de terceros, que nada tienen que ver con la PGR. El gasto funerario fue de 37 mil pesos.

Se han presentado denuncias penales contra los tres y también está implicado en el caso César Romero Valenzuela, quien fuera delagado estatal de la PGR en Tabasco de enero de 2007 a diciembre del mismo año, quien aunque no resultó administrativamente responsable durante la investigación, de acuerdo con la SFP sí tiene probable responsabilidad penal.

A él se le acusa de la no comprobación de gastos por 9.1 millones de pesos, a reserva de que pueda comprobar que la documentación “fue destruida por el paso del huracán”, informó la Función Pública.

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