La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto otra línea de investigación sobre la presunta entrada ilegal de fondos en el Partido Popular de Madrid a través de la trama Púnica, la red corrupta desarticulada en octubre de 2014 que supuestamente lideraban Francisco Granados y David Marjaliza. Según fuentes cercanas al caso, los agentes asignados a este procedimiento han requisado las cuentas presentadas entre 2010 y 2014 por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, ante los indicios que apuntan a que la entidad fue empleada por el PP de Esperanza Aguirre para canalizar el cobro de donaciones opacas al partido.

El análisis de las cuentas se está realizando en secreto dentro de la pieza separada de Púnica que abrió el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, para rastrear las presuntas comisiones ilegales que Granados habría entregado a la formación de la que llegó a ser secretario general. En una agenda encontrada en su vivienda aparecieron supuestas aportaciones a la caja B del PP madrileño por valor de 2.060.000 euros, la mayoría presuntamente entregadas por la constructora OHL a través de su consejero Javier López Madrid, imputado también en la causa.

Esa pista condujo el pasado febrero hasta Beltrán Gutiérrez, gerente del partido hasta 2014, tras descubrirse que era la persona que supuestamente recibía y gestionaba las donaciones B que captaba Granados. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en el ordenador y en los documentos encontrados en el despacho y la vivienda de Gutiérrez han aparecido nuevas pruebas que han terminado encaminando a los agentes de la UCO hasta Fundescam, en la que el gerente también ejerció como apoderado. El foco se centra en la actividad de ese organismo desde el inicio de esta década.

Un agente de la UCO. (EFE)

Pagos con facturas falsas

La entidad fue creada en 2000 por el PP autonómico con la supuesta intención de contribuir al desarrollo de la sociedad madrileña con acciones formativas y foros de debate. Sin embargo, en 2009, con el estallido del caso Gürtel, se descubrió que Fundescam había estado abonando facturas falsas a las empresas de la trama de Francisco Correa para ocultar la organización de actos electorales del PP, en paralelo a los que oficialmente costeaba el partido. Los fondos que acabaron en manos de Gürtel salieron de empresarios del entorno del PP madrileño. Solo un año más tarde, en 2010, la Fiscalía Anticorrupción consideró acreditado que el partido había financiado ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004, entre ellas, la del tamayazo. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que un hipotético delito electoral ya estaría prescrito en ese momento y el caso Fundescam acabó en una cuneta de Gürtel.

Los investigadores de la UCO no solo consideran ahora que hay indicios de delitos como blanqueo de capitales que no prescriben hasta los 10 años y, por tanto, aún podrían ser perseguidos penalmente. También han descubierto que Fundescam habría seguido operando como caja B de la formación después de que estallara Gürtel, según revelan fuentes próximas a las pesquisas. El propio Granados se habría encargado, con la ayuda de Beltrán Gutiérrez, de que las donaciones ilegales que entregaban contratistas de la Administración madrileña llegaran al partido a través de esa entidad sin ánimo de lucro para sortear los controles de los órganos de fiscalización.

El supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. (EFE)

Según ha podido saber este diario, la investigación afecta en concreto a las cuentas de Fundescam del periodo 2010-2014. Las de este último año fueron presentadas en 2016, y las del ejercicio 2013, en 2015. Los agentes también han requisado, por orden del juez Eloy Velasco, los estatutos y el registro de actos celebrados por la entidad desde su constitución. Las actuaciones se mantienen en secreto. Es la única pieza de Púnica a la que no tienen acceso los acusados ni las defensas.

Disolución en diferido

Cuando se conoció la vinculación de Fundescam con Gürtel en 2009, Esperanza Aguirre renunció a su cargo en el patronato de la entidad y puso al frente un equipo gestor, liderado por la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y exconsejera autonómica Gádor Ongil, que debía tener como único objetivo disolver la entidad. Pero la fundación continuó actuando al menos durante los cinco años siguientes. De hecho, aunque el patronato inició los trámites legales para liquidarla en 2015, oficialmente permanece activa.

La Guardia Civil investiga otra caja B del PP de Madrid que funcionó entre 2010 y 2014

Las pesquisas sobre Fundescam ya provocaron que agentes de la UCO se llevaran el pasado septiembre los contratos concedidos por la Asamblea de Madrid al grupo de restauración Arturo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM y exvicepresidente de la nacional CEOE Arturo Fernández. Como reveló este diario, los encargados del caso sospechan que esas concesiones, del periodo 2007-2012, están relacionadas con las donaciones que el empresario hizo a Fundescam. En concreto, como él mismo reconoció en conversación telefónica a este diario, aportó un total de 57.030 euros entre 2003 y 2004 que habrían servido para costear campañas de Aguirre. Las pesquisas ya afectan ahora a un periodo mucho más reciente y a otros empresarios.

Bucear en la hemeroteca sólo agrava las sospechas sobre las irregularidades. Cuando saltaron las noticias que vinculaban a Fundescam con Gürtel, el dirigente del PP que salió en defensa de las cuentas del partido fue precisamente Granados, que está a punto de cumplir dos años y medio en prisión. El entonces secretario general declaró que él mismo había comprobado personalmente que las contabilidades de la fundación y del partido eran correctas y acusó de mentir a quién se atreviera a afirmar lo contrario.