El hecho de que el Tribunal Supremo haya anulado el conocido como bono social, la tarifa eléctrica que suponía un descuento del 25% en la factura de la luz a familias con bajos ingresos, preocupa mucho a los representantes de Equo, que han puesto en marcha el ‘acelerador’ para que el Gobierno dé los pasos destinados para solucionar esta situación antes de que llegue el invierno.

Tras la sentencia del Alto Tribunal sobre el bono social, que “pone en riesgo de pobreza energética a más de 2,4 millones de personas en España”, Equo ha pedido al Gobierno que se rectifique la redacción del Real Decreto para que se adapte a la normativa de la UE, “con una definición clara en los requisitos de ‘hogar vulnerable’ vinculada a los ingresos del hogar, y la adopción de disposiciones relacionadas con la paralización del corte de suministro de los hogares económicamente vulnerables”.

Y además, a través del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada y coportavoz de Equo, Rosa Martínez, ha presentado en el Congreso una serie de preguntas con el objetivo de clarificar cómo se va a asumir el coste de este servicio destinado a los hogares más vulnerables.

Tras recordar la coportavoz de Equo que “la pobreza energética es una de las principales prioridades del grupo parlamentario Unidos Podemos, recalca que una de las preocupaciones de su grupo es saber quién y cómo va se va a asumir la cantidad que hay que reembolsar a las eléctricas según la sentencia (unos 500 millones).

Esperamos que esto sirva de punto de inflexión para una nueva normativa que nos permita definir la tarifa eléctrica en función de la renta para que la electricidad no sea un producto de lujo para muchas familias”, por lo que han registrado las siguientes preguntas al Gobierno:

– ¿La suma que deberá reembolsar el Gobierno a las eléctricas demandantes podría suponer una subida de este servicio público al conjunto de consumidores?

– ¿El Ministerio de Industria podría hacer frente al bono social con el superávit que ha logrado entre los años 2014 y 2016 que asciende a unos 1.000 millones de euros?

– ¿Ante esta nueva Sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno se está planteando realizar alguna reforma con el fin de reformular el bono social y el concepto de cliente vulnerable que suponga las disminución de las cuantías subvencionables o de sus beneficiarios?

Finalmente, Equo recomienda que lo sucedido “sirva de punto de inflexión para una nueva normativa que nos permita definir la tarifa eléctrica en función de la renta para que la electricidad no sea un producto de lujo para muchas familias” y recuerda que “es urgente que se ponga en marcha un plan para paliar la pobreza energética basada en la información al consumidor en todo lo que concierne a los suministros eléctricos, tipos de contrato y sus derechos; la rehabilitación de viviendas para minimizar los gastos energéticos y ahorrar energía y las ayudas directas a los colectivos más vulnerables ahora que las eléctricas no costearán la rebaja que se aplicaba con el bono social”.

Agencias