En silencio, incomunicado y alejado de los círculos de poder, el ex ministro prepara su versión definitiva de la trama sobre el financiamiento de la precampaña de Bachelet. Mientras tanto, La Moneda intenta afirmar su estrategia de blindar a la mandataria y endosar el costo político al ex jefe de gabinete. Pero hay otro factor: el testimonio de Giorgio Martelli ante la fiscalía mantiene en suspenso el desenlace de esta historia.

“¿Será creíble?”. La pregunta de la presidenta del PS, Isabel Allende, encendió aún más el acalorado debate a puertas cerradas del lunes en el comité político. Entre los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría había coincidencia en que era urgente blindar a Bachelet, desmarcándola de la acciones del ex ministro PPD.

No contesta el celular. Dejó de revisar el mail. No ha contactado a nadie del gobierno ni de la directiva de su partido. Rodrigo Peñailillo dejó su casa en Santiago y se fue unos días a Cabrero, su tierra natal, y luego con su familia a la V y a la IV Región. Está dolido. A los pocos con que ha conversado estos días, un reducido grupo de aliados de la G-90 del PPD, les ha dicho que ha dormido mucho porque está descansando de sus “intensos 10 años de trabajo político”. De la década que le dedicó a Michelle Bachelet. Y dice que quiere hablar. Que llegó la hora. Que volverá este fin de semana a la capital y que dará una entrevista para asumir los errores que le costaron el cargo de ministro del Interior. Quiere contar la verdad sobre la labor de la empresa del recaudador de fondos de campaña Giorgio Martelli, Asesorías y Negocios SpA.

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Esta es la historia oficial para La Moneda: Bachelet dudó hasta último minuto si sería candidata presidencial y tomó su decisión recién en marzo de 2013, poco antes de volver a Chile desde Nueva York. Por eso, todo lo que hicieron durante los meses previos, Peñailillo preparando la campaña y Martelli pidiendo fondos, se hizo sin el conocimiento ni la autorización de la mandataria.

“¿Será creíble?”. La pregunta de la presidenta del PS, Isabel Allende, encendió aún más el acalorado debate a puertas cerradas del lunes en el comité político. Entre los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría había coincidencia de que era urgente blindar a Bachelet, desmarcándola de la acciones del destituido ministro PPD. Pero no había consenso respecto a la fórmula. El presidente del MAS, Alejandro Navarro; del PR, Ernesto Velasco, y en menor medida el del PC, Guillermo Teillier, insistieron en que había que sincerar que hubo una precampaña entre 2012 y 2013, pero otros, como el DC Jorge Pizarro, argumentaron que había que decir que sólo hubo un período sin candidata en que se afinaron contenidos.

La discusión fue subiendo de tono, hasta que la cada vez más influyente jefa de gabinete de la mandataria, Ana Lya Uriarte intervino: la presidenta no sabía de la existencia de una precampaña ni autorizó sistema alguno de recaudación, sentenció. Sus palabras cerraron el debate, aunque causaron extrañeza entre los timoneles, ya que era primera vez que Uriarte expresaba una opinión en el comité político. La única interpretación posible era que la propia Bachelet estaba detrás de la nueva estrategia.

En el gobierno venían discutiendo desde hace una semana si era conveniente o no dejar caer al ex ministro del Interior, endosándole las responsabilidades por las irregularidades de financiamiento. La acusación del ex director del SIIMichel Jorratt -el viernes 22 de mayo en Qué Pasa- respecto a que Peñailillo lo habría presionado para no indagar el caso SQM, fue el golpe definitivo que inclinó la balanza y definió que ya era hora de aislar a Bachelet de las acciones de su “hijo político”. El análisis en el palacio presidencial es que había que adelantarse a la declaración de Martelli ante la fiscalía del día miércoles y poner un corta fuegos. El recaudador debía asumir en solitario los costos legales de recibir para su empresa, Asesorías y Negocios (AyN), financiamiento de SQM y del grupo Angelini sin contraprestaciones reales, y Peñailillo pagar los costos políticos.

El primer disparo lo dio el domingo en Tolerancia Cero, el nuevo titular de Interior, Jorge Burgos, declarando que “la presidenta asumió su decisión de ser candidata, si mal no recuerdo, en marzo de 2013. Lo complicado es que en el período previo aparentemente algunas personas, usando el nombre de la Presidenta de la República, establecieron fórmulas recaudatorias, y esa es una cuestión que hoy está en sede judicial”. Para algunos personeros de La Moneda el tiro de gracia de Burgos fue demasiado lejos, ya que incluso abrió la compuerta para que se sospechara de un eventual enriquecimiento personal de quienes prepararon el desembarco de Bachelet, principalmente miembros del lote G-90 del PPD que recibieron pagos de AyN. La oposición no tardó en pedir que se indagara a este grupo, que supuestamente trabajaba a espaldas de la presidenta, e incluso lo hicieron sectores de la Nueva Mayoría, como el diputado PS Juan Luis Castro, quien declaró que “aquí lo que hay que preguntarse es cómo se hizo una asociación irregular de personas que usando el nombre de la presidenta allegaron recursos financiando a un equipo”.

Sostener durante toda la semana la versión del desconocimiento de Bachelet sobre lo que ocurría en Chile fue el bautizo de fuego del recién estrenado comité político. Como era de esperar, no tardaron en aparecer antecedentes que desvirtuaban la historia del gobierno: viajes de Peñailillo a Nueva York pagados por Martelli para hablar con Bachelet; pagos de AyN a quienes realizaron el video promocional de Bachelet con que lanzó la candidatura; traspasos de dinero de AyN a Somae, la empresa que administró el comando de campaña, entre otros. El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, debió ir adecuando el relato a medida que se conocían los nuevos documentos. Si el lunes sostenía que la presidenta tomó la decisión de ser candidata en marzo de 2013 y recién entonces comienza a organizarse el trabajo electoral, el martes reconoció que es natural que existan trabajos previos a los períodos de campaña para poder instalar una candidatura; el miércoles, en tanto, agregó que Peñailillo, en efecto, jugó un rol de articulación previo “que tenía como propósito convencer a la presidenta Bachelet, que asumiera una candidatura”, y eso explicaría sus viajes a Nueva York.

La estrategia fue reforzada la madrugada del jueves cuando el diario El País de España liberó su edición que contenía una entrevista de la mandataria. La señal volvía a ser clara. “Ningún candidato sabe cuándo hay empresas que lo financian. Pero nosotros decimos que no es suficiente, hay que prohibir que las empresas entreguen aportes”, espetó Bachelet.

A LA DERIVA

Cercanos a Peñailillo comenzaron a buscarle abogado. Señalan que contactaron a importantes estudios como Bofill, Mir & Álvarez Jana y Albagli Zaliasnik, aunque los profesionales no confirman el dato.

El ex ministro sabe que se ha quedado solo. Hasta el PPD esta semana marcó distancia. Tras infructuosas llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y mensajes personales a través de amigos y ex colaboradores, el presidente del partido, Jaime Quintana, desistió de seguir intentando hablar con él. Hasta el lunes en la mañana, la idea de la mesa era coordinar con Peñailillo señales de respaldo, pero finalmente llegaron a la convicción de que no era conveniente hundirse juntos. Ese día, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, convocó a los integrantes de la directiva PPD a una reunión privada en su oficina en el ex Congreso, donde concordaron que la cuenta corriente se había agotado y que no podían hacerse cargo de las informaciones por goteo que afectan al ex hombre fuerte de Bachelet. Así se daba por rota la alianza instrumental que tuvieron durante el último año el sector girardista, que maneja el partido, con los G-90, que tenían mayor poder en el gobierno. En el PPD resentían que Peñailillo y su grupo siempre se movieron con autonomía, velando por sus intereses personales y que nunca estuvieron verdaderamente representados como partido al interior del equipo político de La Moneda.

Aunque Peñailillo sigue recibiendo la solidaridad de sectores laguistas, como Ricardo Lagos Weber y Sergio Bitar. “Puedo dar fe que ni Rodrigo Peñailillo y ni ninguno de los jóvenes que trabajaron con él en el regreso de Michelle Bachelet se hayan enriquecido. No tiene nada de malo que un grupo de personas haya dedicado tiempo a tareas políticas y a conseguir recursos. Cuál era el método de financiamiento, no lo sé, pero es una obsesión del algunos sectores contra este grupo de profesionales”, señaló a Qué Pasa el ex ministro.

El martes, el propio Quintana fue a comunicar al nuevo ministro PPD Jorge Insunza la decisión oficial del partido de desmarcarse. “El partido no puede responder por lo que Peñailillo haga o no haga, quien tiene que hablar es él”, dijo Quintana en La Moneda.

Pero al interior de la G-90 también se ha dejado sentir el impacto de la caída en desgracia de su líder. Hasta hace apenas un par de meses lo miraban incluso como eventual carta presidencial, pero hoy salieron del gobierno prácticamente todos los funcionarios que lo acompañaron en Interior. Sólo sobreviven los que Peñailillo distribuyó estratégicamente en distintos ministerios, a quienes hoy en el gobierno llaman “los asilados” y que están bajo evaluación para decidir si permanecen en sus cargos. Algunos, sin embargo, también comenzaron a descolgarse del grupo, críticos al manejo que tuvo el saliente ministro y a la seguidilla de errores que cometió. Entre sus cercanos, responsabilizan al ex asesor Robinson Pérez por el desastroso manejo de crisis del ex secretario de Estado. En el entorno de Peñailillo, eso sí, hay una sospecha que han lanzado abiertamente en los últimos días: la nueva izquierda del PS y en particular, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, estarían detrás de la operación que sacó al ex ministro. No obstante, este último negó esta semana ser responsable de las filtraciones que debilitaron al ex jefe de gabinete.

LA HISTORIA NO OFICIAL

Asesores en La Moneda relatan que Bachelet se indignó al saber que el dinero para su precampaña provenía de la empresa de Julio Ponce Lerou. También que consideró un “abuso de confianza” el enterarse cómo operó su ex ministro del Interior. Antes de anunciar el cambio de gabinete, había pedido un completo informe a Ana Lya Uriarte sobre el rol de Peñailillo y cómo las boletas de SQM podían afectar a los funcionarios del gobierno. Fue este documento el que la llevó a tomar la decisión.

Asesorías y Negocios fue creada por Martelli en noviembre de 2011, días después de la llegada de Peñailillo a Chile, quien se encontraba estudiando un postgrado en Madrid. Según cuentan en La Moneda, su primera misión, el primer semestre de 2012, fue coordinar la defensa comunicacional y legal de Bachelet por el juicio del tsunami del 27/F, asunto que era necesario despejar antes de cualquier candidatura. En ese entonces, el gobierno del presidente Sebastián Piñera había iniciado una fuerte campaña para contrarrestar la alta popularidad que aún mantenía Bachelet en las encuestas. La estrategia contaba con la colaboración de Imaginacción de Enrique Correa, quienes aportaron con estudios de opinión sobre el impacto de la ofensiva contra la entonces directora de ONU Mujeres. Parte del trabajo consistía además en coordinar las defensas de los diferentes funcionarios públicos implicados en el caso, en particular la del ex subecretario del Interior, Patricio Rosende, principal imputado en la causa.

A partir del segundo semestre de ese año, un reducido equipo, conformado por Peñailillo, comenzó a reunirse periódicamente en distintas casas para diseñar el regreso a Chile de Bachelet. Fuentes del empresariado dicen que en esa época no era extraño recibir a Martelli, quien incluso a veces iba acompañado de Peñailillo a pedir financiamiento para la futura campaña.

Aunque Nicolás Eyzaguirre y Estela Ortiz, dos de las personas de mayor cercanía y confianza de la presidenta, dieron sendas entrevistas desclasificando sus conversaciones con Bachelet en Nueva York, y asegurando que ella no estaba convencida el 2012 de ser candidata y recién lo decide en marzo de 2013, otros de sus cercanos en La Moneda sostienen que fue justo después de las elecciones municipales de octubre de 2012 -en que los candidatos de izquierda arrasaron con campañas centradas en levantar la imagen de Bachelet y en su probable regreso a Chile- el momento en que ella define que es la única carta presidencial con opciones reales. A partir de entonces comenzó a pedir que le enviaran a la ONU informes de contingencia sobre la realidad del país.

También se enviaron a Manhattan propuestas económicas que coordinaba el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas y entre las cuales se incluyeron estudios del ex director del SII Michel Jorratt, quien esbozaba los fundamentos de lo que sería la propuesta de reforma tributaria, así como propuestas sociales y en materia de educación para ir definiendo un programa. Peñailillo viajó varias veces a Nueva York para definir el cronograma de su regreso y contarle a Bachelet del detalle del trabajo en Santiago. Sólo ellos dos conocen la verdad de esas conversaciones.