El proyecto ya se presentó varias veces sobre la base del trabajo de la ONG "Red Federal de Familias" y llegó a tener 108 firmas entre ellos acompañaron la iniciativa Juan Brügge (Córdoba Federal); Graciela Caselles y Silvina Frana (FpV); Beatriz Avila (Partido Justicia Social); Julián Dindart (UCR), Graciela Navarro (Frente Cívico por Santiago); Alicia Terada y Cecilia Vera González (Coalición Cívica); Jorge Enríquez, Martín Maquieyra, Karina Molina, Stella Maris Huczak, Carlos Roma y David Schelereth (PRO) y Alejandro Snopek y Mariana Morales (UNA). Ahora lo promueven en los bloques del oficialismo con el objetivo de frenar argumentos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Un argumento que tratan de desechar en Cambiemos es que la IVE es una demanda de toda la sociedad: la atribuyen solo a la clase media o a las clases altas. Dicen también que las mujeres embarazadas más desprotegidas consideran como "una bendición" a sus bebés.

Por eso para los embarazos no deseados producto de una violación proponen una asignación más alta que la AUH, de manera tal de desalentar la idea del aborto (ya considerado no punible aunque la ley que no siempre se aplica) y ayudar a las futuras madres humildes a mantener a esos niños hasta los 18 años.

El artículo 13 de la iniciativa promueve una "Asignación Universal por Hijo por Nacer" que consistirá en "una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, que se abonará a la mujer durante todo el curso del embarazo, siempre que no estuviere empleada, emancipada o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714, modificatorias y complementarias. Esta prestación será equivalente a la fijada en el Decreto 1602/09 para los hijos menores de edad".

La diputada Lucila Lehmann, de la Coalición Cívica de Santa Fe, defendió en declaraciones radiales el proyecto que firmó entre más de un centenar de legisladores y que incluye la apertura de centros médicos con ginecólogos, psicólogos, asistencia legal y social: "Para que una mujer que fue violada y decide seguir adelante esté acompañada" y "que cobre una remuneración superior a la AUH con un bono hasta que el chico cumpla los 18 años, una forma de atacar este problema con una solución, además de una política de educación sexual en escuelas y universidades".

La diputada del bloque de Elisa Carrió (férrea opositora del aborto) también recordó que "si una mujer se acerca con una hemorragia o alguna infección, el médico, más allá de su secreto profesional, tiene la obligación de hacer la denuncia en la policía" . Por eso impulsan quitarle al profesional esa obligación. "La mujer no se anima a ir a un hospital y termina muriendo porque piensa que va a ir presa, en todo caso hay que ir contra el médico que ha hecho el aborto clandestino pero se puede eximir a la mujer", defendió una propuesta que seduce a los diputados opositores a la IVE.

Hoy arrancó el debate en un plenario de comisiones con representantes de distintos sectores a favor y en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Seguí leyendo