05 de Enero de 2016

Cuando el año pasado se machacaba tanto en la necesidad de debatir sobre la legalización o no de la mariguana, en esta columna insistimos, una y otra vez en que el tema era, por supuesto, debatible, pero que ni remotamente era uno de los capítulos prioritarios en materia de seguridad. Antes de debatir sobre la mariguana (y eso comenzaremos a hacerlo institucionalmente en las próximas semanas) había que debatir tres puntos claves: el sistema policial para todo el país, donde ni la administración de Felipe Calderón ni la actual de Enrique Peña han logrado convencer a los gobernadores ni éstos a los presidentes municipales (y, obviamente, tampoco se ha legislado) sobre la necesidad de tener un Mando Único policial, incluso, con todos los matices que las particularidades locales pudieran dar; sobre la situación en que se encuentra la implementación del nuevo sistema de justicia penal que debe estar funcionando sin excepciones en julio próximo, y que parece estar bastante rezagada en su implementación y comprensión, así como también sobre nuestro sistema de penales federales y estatales que son una verdadera zona de desastre desde donde se nutre, forma y opera la propia delincuencia. Cuando tengamos eso, por lo menos, encauzado debería haber tiempo para desperdiciar esfuerzos en la legalización de la mariguana.

Lo ocurrido en estos días en Morelos es una buena demostración de lo anterior. Por una de esas malas bromas de la historia, ha llegado a la presidencia municipal de Cuernavaca el futbolista Cuauhtémoc Blanco que, sin la más mínima experiencia política (bueno, ni vecino de esa ciudad es) y asesorado por un grupo de improvisados, rechazó el Mando Único en la policía municipal porque según él ello pondría en peligro su seguridad, y su idea es algo así como privatizarla, concesionarla.

El hecho es que si en algún lugar el Mando Único era necesario es en Cuernavaca y sus municipios limítrofes: Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, donde durante años han crecido fuerte grupos delincuenciales, encabezados en su momento por los Beltrán Leyva y ahora por el cártel de Los Rojos, el mismo que se disputa con Guerreros Unidos, Morelos y Guerrero y zonas del Estado de México y que estuvieron involucrados en los hechos de Ayotzinapa.

Los Rojos, además de la producción de heroína se han dedicado en Morelos, sobre todo, al secuestro, la extorsión y el robo, en muchas ocasiones desde las propias prisiones estatales y con el beneplácito de una justicia por lo menos blanda. Y con tanta influencia política que uno de sus jefes es uno de los líderes del Congreso local por el PT. La lucha de las autoridades contra Los Rojos ha tenido avances relativos, pero importantes desde la implementación, precisamente, del Mando Único, encabezado en el estado que gobierna Graco Ramírez por el policía Jesús Capella.

En el cambio de alcaldes, Los Rojos presionaron a los nuevos presidentes para que no implementaran el Mando Único en sus municipios porque ello obviamente conviene a sus intereses (y de allí a designar a los propios mandos locales hay sólo un paso). Varios presidentes municipales, siguiendo el ejemplo de Blanco y seguramente la presión de Los Rojos, decidieron que no aceptarían subordinar a sus policías al mando estatal. Aparentemente una de las principales, Gisela Mota, una joven mujer perredista, que acababa de asumir en Temixco, no siguió esa instrucción criminal. Fue asesinada en su casa el sábado en la mañana, menos de 72 horas después de asumir el cargo. Los asesinos han sido identificados como parte de Los Rojos.

El gobernador impuso en los 15 municipios que lo rechazaban el Mando Único, desarmó a las policías locales, sobre todo a la de Cuernavaca y con apoyo de la PF y la Gendarmería está intentando garantizar la seguridad en esos municipios.

Todo este conflicto, que tiene mucho de drama, pero también de comedia involuntaria, se hubiera podido evitar con una legislación clara y transparente sobre qué sistema de policía debe imperar en el país: lo han demandado dos presidentes de la República y el Congreso les ha negado esa legislación porque no existe acuerdo entre gobernadores, munícipes y dirigentes partidarios y, sobre todo, porque los intereses en juego son muchos.

El Mando Único por supuesto que no es una panacea, pero es el mecanismo que permitiría, por lo menos, centralizar esfuerzos y quitarle a la delincuencia uno de sus principales instrumentos, que es el control de las fuerzas de seguridad locales. Por supuesto que hay policías municipales muy fuertes y que podrían seguir teniendo, cumpliendo con normas estrictas vigentes para todos, una amplia autonomía, pero el tema es unificar mandos, sistemas de operación, información, capacidad de despliegue. Y dejar de seguir enterrando a presidentes municipales o policías locales que no aceptaron una amenaza de la delincuencia mientras otros, en forma casi obvia, están dispuestos a regalarles la seguridad en sus municipios.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.