Fue un clásico durante casi toda la era K, salvo el corto período que siguió al 2009, tras una mala elección del Gobierno post conflicto con el campo. Aun cuando quedó instalada la idea de la escribanía, modo despectivo para reflejar la imposición de temas que siempre logró el oficialismo, en la mayoría de los casos contaron con alternativos apoyos de sectores de la oposición. Ayer no hubo excepción y se confirmó la regla: en una tensa sesión en el Senado, cuatro legisladores anti K dieron su apoyo para aprobar un polémico proyecto.

El debate era por la creación de una comisión bicameral parlamentaria que deberá investigar la responsabilidad empresaria durante la última dictadura, entre 1976 y 1983. El grueso de la oposición ya había manifestado su rechazo al proyecto y avisó que se abstendría en la votación. Y ayer esta actitud era un golpe letal para la iniciativa. Ocurre que si bien el oficialismo con aliados goza de una mayoría cómoda en la Cámara alta, esta vez "apenas" lograba reunir 35 presencias y votos afirmativos sobre los 37 necesarios.

Pero finalmente apareció un grupo de senadores, que se quedaron en sus bancas para habilitar la votación. ¿Quiénes fueron? Según detalló el sitio Parlamentario, cuatro integrantes del interbloque FAP-UNEN-CCARI: Fernando “Pino” Solanas, Rubén Giustiniani, Magdalena Odarda y Jaime Linares. Norma Morandini, quien también pertenece a ese espacio, se retiró del recinto junto con la UCR, el PRO y el peronismo opositor.

Curiosamente, en un tamizado Senado, los cuatro opositores forman monobloques: Solanas el de Proyecto Sur, Giustiniani el Socialista, Odarda el de la Coalición Cívica y Linares el del GEN.

"¿Por qué tenemos que hacer nosotros un juicio civil y moral? No es tarea nuestra", se quejó el salteño Juan Carlos Romero, ex gobernador y aliado circunstancial de Sergio Massa y Mauricio Macri. "La investigación de las violaciones a los derechos humanos es una política del Estado que debe seguir" y agregó que "los jueces no deben tener ninguna interferencia".

"Los juicios son para nosotros el paradigma de la búsqueda de la verdad", coincidió el gobernador electo de Jujuy, Gerardo Morales, quien propuso que el proyecto vuelva a comisión para analizar modificaciones, entre ellas la de investigar también a los sindicatos.

Antes de irse, Morandini señaló que "La deuda que tienen el Parlamento y el Estado es que no nos han dicho nada del destino de los desaparecidos a lo largo de estos 12 años". La cruzó el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, le salió al cruce: "Morandini es injusta planteando una cuestión donde nuestro gobierno ha trabajado con mucha intensidad".

La iniciativa fue del diputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde (Frente para la Victoria) y, recuerda Palarmantario, en la Cámara baja había contado con el apoyo de todos los bloques a excepción del PRO, que se abstuvo.

Cuando se conoció el proyecto, hubo una fuerte resistencia del sectore empresario. La Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras asociaciones, manifestó su rechazo público. Algunas de las compañías denunciadas durante el debate fueron Mercedes Benz, Ledesma, Loma Negra y Papel Prensa.