La Guardia Civil ha implicado por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama Púnica. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa a la expresidenta madrileña en reuniones con altos cargos de su Gobierno donde presuntamente se dieron instrucciones para favorecer mediante contratos públicos a una empresa de la trama corrupta que trabajó en las campañas electorales del PP en 2003 y 2007. El documento, adelantado este viernes por el diario El País, no concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que desempeño Aguirre, que ha negado su participación en las reuniones.

La UCO asegura en su informe que tiene "constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo" en las que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, además de Aguirre, el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado, imputado en la Púnica y en el caso sobre la financiación irregular del PP en Baleares con Jaume Matas. En los encuentros también intervinieron el viceconsejero Alberto López Viejo, condenado por el caso Gürtel, el consejero de Sanidad Manuel Lamela e Isabel Gallego, responsable de Comunicación.

De acuerdo al documento, el Ejecutivo de Aguirre utilizó “la publicidad institucional […] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. El informe policial detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con el entramado de sociedades de marketing y publicidad de Mercado, que recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros gracias a la mediación de Aguirre. Entre otras cosas, las empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento.

Según la información de El País, el Gobierno de Aguirre modificó varias leyes autonómicas en el año 2006 para beneficiar a Mercado. Con el cambio normativo, se dieron "instrucciones precisas" a varios consejeros para que las sociedades del empresario recibieran adjudicaciones, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad. El proceso requería de una "autorización previa" de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, entonces en manos de Ignacio González, igualmente imputado en la trama Púnica, como Francisco Granados, otro de los hombres de confianza de Aguirre.

La UCO apuntala su tesis con la declaración que Lamela prestó en sede policial, donde detalló en calidad de testigo la celebración de una reunión en la que se indicó que "se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla". Según el informe de la UCO, este "supuesto trato de favor" hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.

Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios.

"De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO. Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid "no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año.

Doce organismos públicos amañaron contratos tras la reunión de Aguirre con Púnica



Los informes destapan supuestas irregularidades en las adjudicaciones de doce organismos madrileños, entre ellas seis consejerías del Gobierno regional. En todas ellas, las empresas beneficiadas pertenecían al publicista que asistió a estas reuniones y que trabajaba para las campañas electorales del PP de Madrid. Sus sociedades recibieron 7,4 millones en contratos públicos.

El informe al que ha tenido acceso El País, incorporado el 25 de marzo al sumario del caso Púnica que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas” con Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América –todas ellas propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado– ante la sospecha de que sirvieron para financiar de manera irregular las campañas electorales del PP de Madrid de los años 2003 y 2007.