La ministra de Trabajo y Economía Social. ELVIRA MEGÍAS

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El de Yolanda Díaz es uno de los ministerios del nuevo gobierno que tiene más deberes. La precariedad laboral, de la mano con el aumento del precio de los alquileres de vivienda, dibuja un presente incierto y un futuro cercano descorazonador. Aun así, o quizá precisamente por eso, del Ministerio de Trabajo ha llegado la primera medida concreta de la legislatura: el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros.

Un avance social humilde pero relevante, tal y como la ministra le ha definido a La Marea en la entrevista que publicaremos íntegra en nuestro próximo número.

En el horizonte, y tratadas en la conversación que mantuvo Díaz con este medio, hay más medidas encaminadas a la recuperación de derechos perdidos por la clase trabajadora en estas últimas décadas. Una de las que seguirán al aumento del SMI será la anulación del despido por acumulación de bajas por enfermedad justificadas.

Recuperar fortaleza para los y las empleadas en la negociación colectiva, combatir el abaratamiento del despido y la temporalidad en la contratación y su incidencia en la brecha económica de género o intensificar la labor de la Inspección de Trabajo sobre falsos autónomos o vigilancia de despidos colectivos son tareas subrayadas en la agenda ministerial. También la puesta en marcha de un novedoso régimen de cotización por tramos de ingreso para autónomos. Todo mientras se avanza en la construcción de un nuevo Estatuto del Trabajo, el del siglo XXI.

Será un Estatuto que comprenda la superación del modelo anterior y que incorpore una visión de género, medioambiental y que recoja nuevas formas de empleo digital. Un particular, este último, en el que según ha declarado Díaz a La Marea, el gobierno no permitirá la figura del trade digital (o autónomo económicamente dependiente) por el que algunas plataformas del sector abogan. La ministra ha avanzado a este medio que ya trabaja en propuestas legislativas que garanticen la protección de los trabajadores de estas empresas de manera que no sean, por ejemplo, los riders, quienes soporten el peso de estar acudiendo a los tribunales para esclarecer la relación que dichos negocios mantienen con ellos.

“Un trabajador o trabajadora en una bicicleta con una aplicación móvil no es una persona autónoma”. Es otra de las respuestas que podrás leer en la entrevista íntegra a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en nuestro número 75, que puedes conseguir ya suscribiéndote aquí.