Ciudad ed México. El debate sobre la subcontratación en parlamento abierto tiene el objetivo de regular la figura bajo la que se emplean alrededor de 5 millones de personas. No obstante, el gobierno federal es uno de los principales consumidores del servicio, a grado tal que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó pliegos de observaciones por esa práctica que rebasan 2 mil millones de pesos sólo para la cuenta pública de 2018.

Las irregularidades alcanzan a Liconsa; Exportadora de la Sal; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional del Agua; el suspendido Nuevo Aeropuerto Internacional de México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el gobierno de Nuevo León; la Secretaría de Bienestar, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

No obstante, se distingue el seguimiento al Consorcio Empresarial ADPER; Global Intermex; Intermex Comercializadora Internacional, e Impulsora Quebec, con registro en Naucalpan, estado de México, y Torreón, Coahuila. El grupo fue beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto con 59 contratos entre 2013 y 2017 por un monto de 5 mil 85 millones de pesos.

El grupo obtuvo 36 contratos por adjudicación directa con un valor de 3 mil 114 millones de pesos; uno mediante invitación, a cuando menos tres personas, por 650 millones, y 22 mediante licitación pública por mil 971 millones. Observaciones que se contienen en una acción de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria en el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).