Cientos de familias jornaleras migrantes se encuentran en indefensión y ante el riesgo de explotación laboral en los campos de cultivo del norte del país.

Eliminado el programa federal Jornaleros Migrantes, los institutos de atención a migrantes carecen de control sobre las empresas contratantes.

La titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al. Migrante (IOAM) , Aida Ruiz García, indicó que hasta este momento el grupo de migrantes que denunciaron públicamente condiciones de semi esclavitud en Rancho Constitución, Baja California, no han solicitado la intervención del gobierno de Oaxaca de manera formal, por lo que el IOAM no ha podido solicitar una investigación.

La titular del IOAM indicó que hasta ayer por la mañana desconocían las condiciones en las que fueron contratados y trasladados el grupo de migrantes que denunciaron públicamente estar en condición de esclavitud.

“Lo que nos preocupa de ese tipo de contrataciones es que, al desaparecer el programa de jornaleros agrícolas, ya no tenemos la certeza de las condiciones en las que las familias jornaleras salen a otros estados de la república. Había un control en las comunidades de cuántas familias salían, hacia qué comunidades se van a trabajar, ahora ya no”, sostuvo.

Hasta antes de la desaparición del programa Jornaleros Agrícolas, la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Servicio Estatal de Empleo revisaban que la empresa reclutadora fuera seria y que no se tratara de estafadores o traficantes de personas, sino que realmente se cumpliera el contrato con el cual las familias jornaleras salían de sus comunidades de origen.

Además de las condiciones de explotación a las que quedan expuestas -dijo- se suma la falta de seguros de viaje que garantiza asistencia médica o servicios funerarios en caso de accidentes durante el traslado.

Vía telefónica jornaleros migrantes denunciaron que al menos 45 personas originarias de Oaxaca viven en condiciones de esclavización en Rancho Constitución, ubicado en Baja California. Las condiciones son de hacinamiento e insalubres en cuartos de lámina, con una paga mínima y sin seguridad social.

Las fotografías enviadas como prueba de su denuncia, muestran las condiciones ínfimas en las que viven en galeras con colchones viejos, en algunos casos empotrados sobre cajas de plásticos sólo para no estar a ras de piso. En otros casos las habitaciones sólo son carpas y paredes armadas de huacales de madera y recubierta por plástico. Los sanitarios son baños portátiles carentes de toda higiene.