Al día siguiente de que la agencia Moody’s alertó sobre el riesgo de bajar no sólo la calificación de Pemex, sino de la deuda soberana de México, si realmente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, suspende las exportaciones de petróleo, Fitch Ratings mantuvo sin cambios la calificación de Pemex, pero bajó la perspectiva de estable a negativa, lo que coloca a la empresa en la antesala de una posible baja en su calificación. Fitch explicó que su decisión se debió a la incertidumbre sobre la futura estrategia comercial de Pemex y el deterioro en la métrica de crédito después de impuestos.

Aunque muchos sostienen que los mercados serán el principal contrapeso en la Cuarta Transformación, la respuesta de López Obrador fue criticar a Fitch y a la Reforma Energética. Aseguró que se trata “sólo de una opinión” que no representa ningún riesgo para Pemex, y pidió a Fitch que “asuma su responsabilidad por avalar la reforma” que, dijo, ha resultado un fracaso porque no se ha extraído “ni un solo barril de petróleo en cuatro años”.

Por su parte, la futura secretaria de Energía, Roció Nahle, calificó de “absurda” a Fitch y aseguró que no entiende a qué se refiere con incertidumbre sobre estrategia comercial cuando se han anunciado que habrá inversiones de más de 70 mil millones de pesos para incrementar la producción petrolera, rehabilitar las refinerías y construir una nueva.

Lo que deben entender tanto López Obrador como Nahle es que Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s y HR Ratings, no dan avales a ningún programa o reforma gubernamental. Lo que califican es la capacidad de pago de las deudas de una empresa o de un gobierno. Y tampoco reaccionan ante críticas sino ante medidas correctivas por parte de las empresas o de los gobiernos para mejorar su perfil de deuda.

López Obrador y los miembros de su gabinete tienen que ser muy cuidadosos con sus declaraciones para no afectar a los mercados. Decir que Pemex no exportará petróleo sin lugar a dudas afecta la capacidad de pago de la empresa porque 87% de su deuda está en divisas extranjeras y cambiar a negativa la perspectiva de Pemex, no es una simple opinión, es una alerta del riesgo de bajar la calificación lo que desde luego sí afectaría a Pemex porque elevaría el costo de su financiamiento.

JANA PALACIOS, DEFENSA DE LA COMPETENCIA

El Premio Naranja Dulce es para la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Jana Palacios, porque interpondrá una controversia constitucional ante las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y la Ley de Obras Públicas de Tabasco, porque aumentan la discrecionalidad en la asignación directa de contratos, en detrimento de la competencia y en violación a los artículos 28 y 134 de la Constitución. Pese a las recomendación de la Cofece, ya se aprobó en el Congreso la nueva legislación y la controversia constitucional buscará no sólo que se revierta esta ley, sino evitar que en otras entidades de la República se aprueben leyes laxas que permitan asignaciones directas en grandes obras de infraestructura.

JIMÉNEZ ESPRIÚ: DADOS CARGADOS

El Premio Limón Agrio es para el futuro titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, quien sigue sin ocultar su abierta preferencia por Santa Lucía. Además, se había comprometido, y no cumplió, con presentar la semana pasada un estudio de expertos franceses que supuestamente afirman que no hay riesgo en materia de seguridad aérea por mantener operando simultáneamente los aeropuertos de Santa Lucía y el AICM.

SE ROMPIÓ LA LUNA DE MIEL CON IP

La consulta sobre NAIM ya se tradujo en el primer rompimiento entre el sector privado y el equipo de transición porque, desafortunadamente todo indica que no será una salida política para que López Obrador acepte continuar con Texcoco, sino la justificación para elegir Santa Lucía sin importarle la opinión unánime del sector privado.

El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, se pronunció en contra de la consulta señalando que no ofrece garantías de imparcialidad, no tiene validez ni consecuencia jurídica y no puede considerase vinculante.

Reitera que debe continuar Texcoco como la mejor opción de largo plazo en términos económicos y sociales si se crea una zona especial de alto impacto social que detone inversiones y empleo en municipios aledaños. Cancelarlo, además de los costos jurídicos y financieros, generaría una clara señal de desconfianza.