La Comisión de Gastos Reservados del Congreso se creó en el verano de 1994, años después de la explosión del ‘Caso Filesa’, para analizar y fiscalizar los documentos reservados y secretos del Estado. Esta Comisión puede investigar, desde entonces, archivos privados del CNI, asuntos dedicados a la lucha antiterrorista, o la utilización de fondos reservados para cuestiones secretas.

Esta Comisión, cuyas sesiones son secretas y los diputados participantes – los portavoces de los grupos parlamentarios – tienen la obligación de no revelar su contenido, es la única competente para investigar, si así lo decidiera la Mesa del Congreso, la presunta utilización de dinero público para ‘comprar’ el silencio de la actriz Bárbara Rey.

Según informaciones recientes, miembros del CNI “pagaron a Bárbara Rey con fondos reservados a fin de que la vedette no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el Rey Don Juan Carlos y no difundiera unos vídeos privados».

Izquierda Unida ha tratado de inscribir en la Mesa del Congreso una pregunta sobre este asunto. Sin embargo, la Mesa la ha rechazado porque alega que la figura del Rey es “inviolable” y porque, según Europa Press, la Cámara no puede autorizar que se pidan explicaciones sobre fondos reservados fuera de la comisión parlamentaria encargada, que es la de Gastos Reservados.

Lo llamativo es que, para más inri, esa Comisión no ha sido creada todavía en esta legislatura. Es más, la última vez que se reunió fue después del verano de 2015 y en ella aún estaban presentes Jesús Posada (PP), Josep Antonio Duran i Lleida (CiU), Rafael Hernando (PP), Antonio Hernando (PSOE), Cayo Lara (IU), Aitor Esteban (PNV) y Rosa Díez (UPYD).

Agencias/Prensa