El expresidente de la República del último gobierno de Arena (2004-2009), Elías Antonio Saca González, admitió el 17 de julio de 2018 que sustrajo dinero de Casa Presidencial para beneficiarse a sí mismo y a terceras personas; además, aceptó haber ocultado el origen ilícito del dinero que malversó. Para poder obtener beneficios jurídicos, Saca admitió a la Fiscalía General de la República haber cometido los delitos de peculado y lavado de dinero.

Así, Saca se ha convertido en el primer expresidente salvadoreño en la historia de la República en declararse culpable por delitos de corrupción, según el historiador Carlos Cañas Dinarte.

De hecho, la Fiscalía ha investigado por delitos de corrupción a los tres últimos presidentes que gobernaron el país antes de Salvador Sánchez Cerén. Francisco Flores (Arena, 1999-2004) fue investigado por lavado de dinero y peculado, pero falleció antes que su caso fuese resuelto. Después fue el período de Saca. El siguiente fue Mauricio Funes (FMLN, 2009-2014), quien fue condenado por enriquecimiento ilícito y ahora la Fiscalía busca procesarlo por lavado de dinero y peculado, pero está prófugo de la justicia.

El expresidente Saca y tres de sus exsecretarios 𑁋el Privado, de Juventud y de Comunicaciones𑁋 también admitieron haber participado en el desvío de casi $301 millones entre 2004 y 2009. Con esto lograron un acuerdo con la Fiscalía para que, cuando se les condene, la pena carcelaria no sea abultada. Este acuerdo fue aprobado, según dijo el fiscal Mario Huezo, por el propio fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en una resolución del 23 de julio pasado.

Élmer Charlaix, exsecretario privado de la presidencia; Antonio Saca, expresidente de la República y (atrás) Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en el período de Saca durante el inicio de la audiencia pública. Foto: Fred Ramos.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, permitirá que Saca y su exsecretario privado, Élmer Roberto Charlaix Urquilla, sean condenados a 10 años de prisión: cinco años por cada uno de los delitos de los que están acusados: lavado de dinero y peculado. Julio Humberto Rank Romero y César Daniel Funes Durán, exsecretarios de Juventud y de Comunicaciones, respectivamente, serán condendados a cinco años de cárcel porque solo habían sido acusados por el delito de lavado de dinero. Ambos confesaron que ayudaron a Saca y a Charlaix a ocultar que sacaron dinero de la cuenta subsidiaria institucional del tesoro de Casa Presidencial entre junio de 2004 y mayo de 2009. Es decir, contribuyeron a ocultar que el dinero que se malversó provenía de una cuenta que es para uso de la Presidencia y no para intereses privados.

Los fiscales señalaron que el dinero peculado o malversado asciende a $300,347,117.17, de los cuales, $298,683,945 quedaron en el sistema bancario. Los restantes $2 millones fueron cambiados en efectivo, mediante cheques de caja, dijo el fiscal Mario Huezo. Según la Fiscalía, Saca confesó que con los fondos públicos adquirió vehículos, ranchos, haciendas, residencias de lujo, sociedades, acciones, entre otros.

La ley obliga a los exfuncionarios condenados por corrupción a compensar el daño que ocasionaron al Estado con los bienes que usaron para provecho personal. En este sentido, el fiscal Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), recordó que buscarán afectar el patrimonio (bienes) de los procesados. Solo Saca devolverá inmuebles y propiedades por un valor estimado en $25 millones.

En términos legales, el acuerdo alcanzado es un “juicio abreviado” que, como su nombre lo indica, no tendrá la misma duración que un proceso ordinario, porque se prescinde del desfile de pruebas. Saca, Charlaix, Funes y Rank ya rindieron una confesión ante fiscales en la que explican los detalles de cómo cometieron los delitos. Los cuatro tendrán que volver a confesar sus delitos frente a los jueces durante la vista pública que inició este martes 7 de agosto y se extenderá durante semanas. La Fiscalía explicó que los cuatro imputados leerán su confesión, que ya habían hecho previamente. El juicio está previsto que dure dos meses.

El proceso abreviado está contemplado como un beneficio para el acusado, según el artículo 417 del Código Procesal Penal. El procedimiento conlleva una disminución de la pena, que en este caso, será una tercera parte de lo que pudieron haber recibido los implicados si recibían la condena máxima. Saca y Charlaix, por ejemplo, se exponían a una condena de 30 años por ambos delitos de peculado y lavado de dinero; pero ahora solo purgarán una condena de 10 años cada uno. Mientras que Funes y Rank, que enfrentaban una pena máxima de 15 años encerrados, ahora recibirán solo cinco años de cárcel.

La pena carcelaria en el procedimiento abreviado debe estar dentro de ciertos límites: entre la pena mínima y la tercera parte de la pena mínima. Por el delito de peculado, la pena ordinaria es de entre 12 y 15 años, es decir, que con el proceso abreviado la pena oscilaría entre cuatro y 12 años. En este caso, el acuerdo con la Fiscalía indica que la pena será de cinco años para los que están acusados por este delito: Saca y Charlaix.

En el delito de lavado de dinero, la sanción es de cinco a 15 años. La tercera parte de la condena mínima es de 1 año y ocho meses. Sin embargo, el fiscal general Meléndez consideró que esa no era una condena proporcional a la gravedad de los hechos, por lo que resolvió que la pena mínima debía ser de cinco años y así quedó consignado en el acuerdo. Quienes recibirán esta pena, además de Saca y Charlaix, son Funes y Rank.

Cuando el procedimiento abreviado termine, tres exempleados de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia que fueron detenidos junto a Saca, en octubre de 2016, seguirán siendo enjuiciados bajo un procedimiento ordinario. No obstante, estos técnicos también habían pedido a la Fiscalía una negociación, pero la institución todavía no ha tomado una decisión al respecto. “Está en trámite”, dijo Cortez.

En la noche, la Fiscalía detalló en un comunicado que los referidos imputados habían pedido una pena mínima de dos años y sobreseimiento definitivo (liberarse de todos los cargos), "peticiones que resultaron improcedentes", consigna el comunicado.

De los tres exempleados, el exjefe de UFI, Francisco Rodríguez Arteaga, y su asistente técnico, Pablo Gómez, están acusados también de lavado de dinero y peculado. En el caso del extesorero de la Presidencia, Jorge Herrera Castellanos, solo está acusado de peculado.

El jefe fiscal Cortez no explicó las razones por las cuales negoció con Saca y compañía el proceso abreviado. Hasta la fecha, Cortez había señalado que contaban con suficientes pruebas para lograr una condena de los exfuncionarios. El jefe fiscal se limitó a decir, en breves declaraciones a la prensa, que el procedimiento abreviado es legal y que así se está logrando una condena histórica. “Es el primer expresidente de la República que será condenado a pena de prisión y que estará por un largo tiempo detenido. Es la primera vez. Es un hecho histórico en El Salvador, a ningún presidente se le había condenado por actos de corrupción”, dijo.

El Faro le preguntó a Cortez cuál había sido la necesidad de buscar un acuerdo para un proceso abreviado. “Estamos actuando dentro de la ley. No significa que el caso se ha perdido: es un caso abreviado. Hemos pedido 10 años de cárcel para Saca y Charlaix y además estamos trabajando la parte patrimonial”, dijo Cortez. El jefe fiscal se refiere a que todavía están buscando de qué manera Saca y sus cómplices devolverán los bienes que han sustraído del Estado por buscar un beneficio privado.

“Este no es una prerrogativa ni una concesión. No es temor de perder el caso. Tenemos evidencias”, señaló el jefe fiscal, y ante la insistencia de por qué entonces habían buscado un proceso abreviado, Cortez se defendió diciendo que había sido solicitud de los procesados. Ante la pregunta de si ese era el concepto de la justicia de la Fiscalía, Cortez no respondió.

El único antecedente de un presidente que admitió corrupción es el del expresidente Napoleón Duarte, en la administración 1984-1989 con la bandera del entonces Partido Demócrata Cristiano. Duarte devolvió al erario un cheque por $2 millones por un desfalco en el que fue pillado uno de sus hijos.

Saca admite lo que antes negó

El expresidente Saca tuvo un giro de 180 grados en su postura sobre los delitos que le imputa la Fiscalía. Ahora admite lo que antes negó.

Durante la audiencia preliminar de abril pasado en el juzgado de instrucción, Saca rindió una declaración en la que negó los hechos. “Yo dije que prefería estar muerto que andar huyendo, porque yo no le debía nada al país, y que yo prefería enfrentar la justicia y por eso estoy aquí dando la cara”, dijo, como parte de su declaración indagatoria ante el Juzgado 4o de Instrucción de San Salvador, el viernes 27 de abril. “Yo no peculé ni lavé. Yo contraté agencias para hacer publicidad sobre trabajos especiales del Presidente de la República”, decía Saca hace tres meses y medio.

Antonio Saca, expresidente de la República y (atrás) Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en el período de Saca durante el inicio de la audiencia pública. Foto: Fred Ramos.

Pero ahora el expresidente parece haberse retractado. “Sí, efectivamente, doy mi consentimiento a este proceso abreviado”, dijo Saca este martes siete de agosto, ante el tribunal de sentencia.

Saca y Charlaix firmaron una solicitud que enviaron a la Fiscalía el 17 de julio pasado. La Fiscalía aprobó esa solicitud de proceso abreviado el día 23. Un proceso similar siguieron Funes y Rank.

La noticia del acuerdo se conoció al inicio de la vista pública, en la mañana de este martes siete. Minutos después de la instalación de la audiencia, alrededor de las 9 de la mañana, el tribunal dio el turno para hablar a las partes, para que presentaran “incidentes” antes de que comenzara el desfile de pruebas de cargo y descargo. Fue en ese momento que el fiscal Mario Huezo pidió un receso de cuatro horas para afinar algunos detalles de los incidentes que iba a presentar. Acto seguido, el defensor de Julio Rank, Lizandro Quintanilla, acuerpó al fiscal y pidió que se les permitiera 𑁋a él, los fiscales, y los otros abogados𑁋 acercarse al estrado de los jueces para exponer la situación a los jueces.

El tribunal rechazó la idea de que los abogados se acercaran al estrado. El juez presidente del tribunal, José Luis Giamattei, dijo que si tenían una solicitud que hacer, debían hacerla desde sus asientos, usando el micrófono. “Esto es así en aras de la transparencia”, dijo Giamattei. La Fiscalía volvió a pedir un receso de cinco minutos para ordenar su exposición pero en eso el abogado Quintanilla intervino nuevamente. “Se va a pedir un incidente que va a influir en las estipulaciones probatorias”, dijo Quintanilla, en referencia al desfile de pruebas. El tribunal entonces accedió a que la Fiscalía y la defensa plantearan el incidente que habían acordado.

Fue entonces cuando el fiscal Mario Huezo soltó la bomba y dijo que querían presentar ante el tribunal la solicitud de un procedimiento abreviado para Saca, Charlaix, Rank y Funes. “Es requisito para hacer esta solicitud que los procesados acepten el delito, que haya habido dolo en el cometimiento, que demuestren que tenían voluntad de cometerlo, de hacer esa actuación pese a la ilegalidad que conlleva”, dijo Huezo y en seguida añadió que ya los procesados habían admitido la responsabilidad por esos delitos. Luego los abogados de los exfuncionarios y los procesados dijeron que estaban de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía.

En ese momento intervino una de los cuatro defensores de los otros exfuncionarios de Casa Presidencial, Ana Cindy Rivera. Explicó que sus clientes también habían hecho una solicitud a la Fiscalía para alcanzar un acuerdo, pero que aún no había respuesta. La abogada pidió la suspensión de la audiencia, pero su pretensión fue rechazada por la Fiscalía y por el mismo tribunal. Los fiscales dijeron que se corría el riesgo de dilatar más el proceso, que en octubre cumple dos años. La ley establece que ningún reo puede estar detenido provisionalmente por más de 24 meses.

Los jueces también rechazaron una solicitud de la Fiscalía para que se les procese a los técnicos de Casa Presidencial en otro juzgado. Los fiscales argumentaron que, si no se separaba el expediente, la prueba “contaminaría” a los jueces y que estos no serían imparciales a la hora de juzgar a Rodríguez Arteaga, Gómez y Herrera. El juez Giamattei dijo que hay jurisprudencia que indica que no pueden separarse los procesos por esas circunstancias y ordenó que el proceso abreviado corra paralelo al proceso ordinario, que, por el momento, enfrentan los otros imputados.

El juicio continuó por la tarde. El tribunal señaló que si cuatro imputados habían decidido admitir su participación en la red criminal, su confesión debía limitarse a los hechos que había planteado la Fiscalía en su acusación. Por eso, al filo del mediodía del martes, el juzgado dio la palabra a la Fiscalía para que comenzara su exposición de los hechos.

Los fiscales también señalaron que el esquema de lavado de dinero se mantuvo, por lo menos, hasta 2013 y 2014, los últimos años del mandato Funes; aunque no precisó si eso ya incluía la administración del segundo gobierno del FMLN. Lo cierto es que los tres operarios de la UFI que ahora están en prisión provisional aún eran empleados de Casa Presidencial en este período de Salvador Sánchez Cerén. Fueron detenidos en octubre de 2016.

El fiscal Cortez dijo que aún tramitan la solicitud de procedimiento abreviado que pidieron los tres exempleados de Capres y no aclaró si buscarán la misma salida en las otras dos etapas del proceso. En esa segunda etapa están procesados empresarios publicistas, el expresentador de televisión Jorge Hernández y la esposa de Saca, Ana Ligia Mixco.