Como un año marcado por “irrupciones inesperadas” de justicia (Caso Quemados) y por la muerte del ex director de la DINA, Manuel Conteras, calificó el 2015 el capítulo del Informe de Derechos Humanos UDP sobre Trato actual de violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura, dado a conocer en vísperas de la conmemoración de los 42 años del Golpe de Estado de 1973. Los hechos del año, que provocaron debate acerca de los denominados pactos de silencio y el secreto Valech, incluyen importantes avances en materia de justicia, se indicó, pero aún muestran vacíos y falencias, sobre todo en relación con los derechos de las y los sobrevivientes de prisión política y tortura, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Si bien se reconoció “un notorio avance en el ritmo del trabajo judicial, con mejoras en receptividad a demandas civiles y en proporcionalidad de penas criminales que ojalá se mantengan”, los temas de reparación quedaron nuevamente postergados, se señaló. “Los legítimos anhelos de una generación de familiares y sobrevivientes, más el interés de un país entero en ver cumplida y saldada promesas y deudas históricas, requieren una solución más pronta y ágil que confiar el complejo manejo de deberes en justicia transicional a una sola instancia permanente como la Subsecretaría de Derechos Humanos”, que aún no se materializa, se concluyó.

El capítulo dado a conocer se llama "Silencios e Irrupciones: Verdad, Justicia y Reparaciones en la postdictadura chilena" y será parte del Informe Anual sobre de Derechos Humanos en Chile 2015 que elabora el Centro de DDHH de la UDP. Su autora principal es la académica e investigadora Cath Collins, quien se desempeña como directora del Observatorio de Justicia Transicional del Centro de Derechos Humanos. Junto a ella estuvieron la directora del Centro, Judith Schönsteiner, y el editor general del Informe, Tomás Vial, en una conferencia de prensa ofrecida en la Facultad de Derecho de la casa de estudios.

En el período estudiado –principalmente, julio 2014-junio 2015, con alguna cobertura de noticias de julio y agosto– se consigna que al momento de morir, a Manuel Contreras le restaban por cumplir 529 años de condenas judiciales, y que falleció estando preso en un hospital militar y en condición de detenido, pero ostentando aún el grado de general en retiro.

El año 2015 en particular, ha estado marcado por un resurgimiento de temas relacionados con tiempos de dictadura en la agenda pública, se afirmó, añadiendo que no obstante “ocasionales vorágines de cuestionamiento, propuestas y contrapropuestas en relación a hechos puntuales, no suelen ser la mejor receta para adoptar buenas políticas públicas sobre la materia. Las proposiciones y promesas realizadas en tales circunstancias, rara vez han prosperado a largo plazo, como queda en evidencia en la prolongada historia de proyectos ley, acuerdos marco y promesas de legislar que aún están pendientes, o que, por resultar parciales o deficientes, luego se empiezan a reformular con múltiples indicaciones”.

La investigación califica como preocupante el hecho de que “la eterna postergación de la urgente necesidad de mejorar el acceso a justicia, verdad y reparaciones para sobrevivientes de prisión política y tortura se haya interrumpido solamente a través de una larga y dañina huelga de hambre llevada a cabo por personas que vivieron ese flagelo”, y las propuestas que buscan “concesiones, inmunidades, o ‘delaciones compensadas’ para quienes, teniendo información, nunca la han querido entregar”.

Como es habitual, además del diagnóstico el Informe realiza recomendaciones que apuntan al cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado chileno respecto de estándares internacionales y regionales de derechos humanos en materia de justicia transicional. Entre ellas figuran: crear una instancia permanente de calificación de víctimas y sobrevivientes; tomar medidas tendientes a la degradación y retiro de beneficios y honores militares a condenados por violaciones a los DDHH e instar a las FFAA a que obren para que se cumpla este objetivo, y estudiar la pertinencia de que personas actualmente cumpliendo condenas por violaciones graves a los DDHH cumplan sus penas en cárceles regulares; revisar si corresponde o no la extensión de beneficios intra penitenciarios a dichas personas, además de velar por el estricto cumplimiento de los requisitos actuales en relación a estas concesiones, en particular en lo que respecta a la toma de conciencia y reconocimiento del daño causado.