Un ejemplo práctico de esa regeneración que teoriza el Partido Popular: el pucherazo que acaba de aprobar en Castilla-La Mancha su secretaria general, un escándalo que tendría que indignar a cualquier ciudadano con el más mínimo respeto por la democracia, sea cual sea su color.

Es la segunda reforma electoral que aprueba De Cospedal en menos de dos años y las dos se han hecho para favorecer las perspectivas electorales del PP, ahora que las encuestas van mal. Primero aumentó los diputados autonómicos de 49 a 53, dando más escaños a las provincias donde el PP consigue más votos. Y ahora, como ni siquiera así tenía garantizado ganar, ha reducido los escaños hasta sólo 33.

Que el nuevo diseño favorece claramente al PP no es una opinión: es un dato sencillo de demostrar. Hemos hecho una simulación tomando como base los resultados de las elecciones europeas (GRÁFICO). Hemos calculado cómo quedarían las Cortes de Castilla-La Mancha dependiendo de qué ley electoral se aplique. En las europeas, el PP fue la fuerza más votada en esta comunidad autónoma, pero sólo consiguió el 37% de los votos. Con la reforma que aprobó la propia De Cospedal en 2012, el PP perdería la mayoría absoluta. Con su segunda reforma, la mantendría con comodidad.

La nueva ley electoral es tan radical que ha sido necesario modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y pasar ese cambio por el Congreso de los Diputados. Se ha aprobado sin el más mínimo consenso, sin pactar nada con nadie: ni con el PSOE ni con IU ni con UPyD. Es la primera vez en la historia democrática española que un estatuto autonómico se cambia unilateralmente y sin consenso, sólo con los votos del PP.

El pucherazo es tan brutal que se podría dar el absurdo de que el PP sea la segunda fuerza en número de votos, pero consiga una mayoría absoluta en escaños incluso si logra apenas el 35% de las papeletas. Absolutamente toda la oposición sale trasquilada con una reforma que eleva el porcentaje de votos necesarios para obtener un escaño hasta unos límites antidemocráticos, que buscan dejar fuera a los partidos pequeños ahora que el voto de izquierda está dividido. En las provincias más pequeñas, como Cuenca o Guadalajara, hará falta un mínimo del 14% para poder conseguir representación parlamentaria. Con un umbral mínimo así, el PP no tendría un solo escaño ni en el Parlamento vasco ni en el navarro ni en el catalán.

Por si todo esto fuera poco, el PP se guarda otro as en la manga, no vaya a ser que ni siquiera así logren ganar. Hasta tres meses antes de las elecciones, no se sabrá exactamente cuántos escaños tiene cada provincia. De ese modo, Cospedal puede apretar aún más las tuercas si las cosas van mal, decidiendo de forma arbitraria –basta con un decreto ley– qué provincias tienen número par o impar de diputados. ¿La trampa? Que podrá dejar con un número impar sólo aquellas provincias donde tengan la certeza de que van a ganar, aunque sea por un voto (Guadalajara es la candidata ideal). Como el número de escaños será tan bajo, hará falta una enorme ventaja, superior al 20% de los votos, para conseguir romper el empate en diputados en una provincia "par".

El modelo completo es un traje a medida para el Partido Popular y la excusa para aplicarlo a apenas diez meses de las elecciones no puede ser más falaz. Dice María Dolores de Cospedal que lo hace en aras de la austeridad. Pero ¿qué clase de "ahorro" supone reducir el número de unos diputados que ya no cobran sueldo? Sólo uno: un recorte en democracia. Un hachazo a las urnas imposible de aceptar.

ACTUALIZACIÓN, miércoles 23 de julio: He cambiado el gráfico. Lo explico aquí.