Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno para que, cada uno de ellos, pueda organizar una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscriben dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que son cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación.

Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de 'personal eventual de gabinete' y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.

Igualmente, se pone a disposición de cada uno un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y se les otorga "libre pase" en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

Además, se les facilita una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. Esa cuantía se reparte a partes iguales y desde 2012 supone 74.580 euros para cada uno, según datos facilitados por el Portal de Transparencia.

En los Presupuestos de 2018 aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy y prorrogados por el de Pedro Sánchez, esa partida se fijó en 223.740 euros a repartir entre los expresidentes de ese momento, que eran Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras la moción de censura, Mariano Rajoy pasó a engrosar la lista de expresidentes y en el segundo semestre del año la cuantía que recibía cada uno se redujo. Ahora, en el proyecto de Presupuestos Generales de 2019 presentado este lunes en el Congreso, esa partida aumenta hasta los 298.320 euros, de tal manera que el último presidente del PP pueda disponer de sus casi 75.000 euros anuales sin que se le reste a los demás.

Asimismo, y según el estatuto de los expresidentes, estos gozarán siempre "de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado este cargo". Por eso deben ser tratados como 'presidente', ocuparán un lugar protocolario especial en los actos institucionales y cuando viajen al extranjero podrán contar con apoyo diplomático de las embajadas.

Al margen de estas cuestiones, los presidentes, como cualquier otro cargo alto cargo, tienen derecho a percibir una 'pensión' o indemnización por cese que asciende al 80% del sueldo durante un tiempo máximo de dos años desde el cese.

Esa indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público y, por lo tanto, Rajoy renunció a ella al volver a su condición de registrador de la propiedad.