Massimiliano Patierno

Ingeniero Ambiental del IIDMA

La contaminación ambiental es el mayor desafío para la salud pública mundial. No es una declaración gratuita, sino la preocupante advertencia de la Organización Mundial de la Salud tras hacer públicos los datos de su último estudio en mayo de 2018. Los números no pueden dejar indiferente a nadie: más de 4 millones de muertes en el mundo en 2016 por causas directamente relacionadas con la contaminación del aire exterior, una cifra inasumible para nuestro planeta. ¿Lo más preocupante? La organización alerta de que las cifras se han estabilizado y que no se aprecia ninguna tendencia de mejora.

La contaminación atmosférica no conoce barreras y afecta de forma transversal a todos los países. Los problemas que las emisiones contaminantes causan en nuestra salud son cada vez más importantes: enfermedades cardiovasculares y respiratorias provocada por las mismas son causas frecuentes de muerte en casi cualquier área de población, siendo los niños, los ancianos y las familias de bajos ingresos con acceso limitado a la atención médica los grupos más vulnerables.

La generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de contaminación del aire, además de los sectores de la industria, la agricultura y el transporte. En particular, la producción con carbón se ha relacionado con numerosos efectos adversos para la salud, existiendo múltiples estudios epidemiológicos y toxicológicos que han proporcionado pruebas concluyentes de estos efectos. A ese respecto, según un estudio presentado por IIDMA en 2017, las emisiones procedentes de las centrales térmicas de carbón españolas causaron más de 700 muertes prematuras en 2014.

Cada vez son más las investigaciones que ponen de relieve la estrecha relación existente entre medio ambiente y salud. Este vínculo también se pone de manifiesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 de la ONU. En concreto, en el ODS 3 (Salud y bienestar), cuya meta 3.9 pretende conseguir reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas, entre otros, por la polución y contaminación del aire. De esta forma, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente saludable también están apareciendo cada vez más ligados.

Vivir en un medio ambiente saludable es, también jurídicamente, un factor fundamental para el bienestar y el desarrollo de la persona. Es por ello que numerosos tratados internacionales y cartas fundamentales de diferentes estados lo recogen de esta manera. Así aparece, de hecho, en la Constitución Española, que da al derecho a la salud y al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona rango constitucional (art. 43 y 45) y encomienda a los poderes públicos su protección. Sin embargo, muchas veces todo parece quedarse en una mera declaración de principios y no como lo que debería ser: una prioridad política, siendo derechos protegidos en nuestra normativa de forma firme.

¿La mejor forma de evitar los problemas de salud derivados del mal estado de nuestro entorno? Prevenir las conductas más dañinas para el medio ambiente. A ese respecto, el Derecho Ambiental es, sin duda, una de las mejores herramientas para proteger al medio ambiente de los impactos nocivos de la actividad humana. A través de nuestro Estado de Derecho damos una tutela especial a los bienes que son fundamentales para la convivencia y desarrollo de una comunidad.

Con nuestra normativa encima de la mesa, nuestro Estado tiene la obligación de adoptar y aplicar estrategias transversales y asegurarse de que el medio ambiente está presente como clave en los planes de salud pública. Todas estas estrategias deben, además, seguir un proceso de participación pública y una revisión constante, y deben incluir objetivos claros para un control efectivo de los resultados. El Derecho ambiental es una herramienta efectiva para la lucha contra los graves problemas que la contaminación del entorno causa en nuestra salud, pero para una defensa efectiva los gobiernos deben estar implicados. Reconocer la evidencia científica del vínculo entre salud y medio ambiente y adoptar políticas que tengan este vínculo en cuenta es clave para tomar medidas protectoras que mejoren de forma real la sostenibilidad de nuestro futuro.

Sin embargo, gobiernos en todo el mundo están siendo denunciados ante los tribunales por el incumplimiento de sus compromisos y obligaciones. Por ejemplo, no llevar a cabo los pasos correctos para una transición energética que reduzca de forma efectiva las emisiones que están dañando la salud de muchas personas a nivel global, afectando incluso a derechos fundamentales de los niños, que son víctimas especialmente vulnerables, algo que un país no debería permitir en ningún caso.

A pesar de los progresos realizados en las últimas décadas para mejorar la calidad del aire, la contaminación atmosférica sigue siendo una de las mayores problemáticas a nivel mundial, y plantea graves riesgos para la salud humana. Ante estos nuevos problemas de semejante dimensión, debemos ser conscientes de que no se puede actuar con las viejas reglas: se requiere un nuevo enfoque de gobernanza global y se debe intervenir de forma urgente ya que el tiempo para tomar medidas es muy limitado.

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