El 27 de octubre de 2014, el nombre de la empresa Cofely saltaba a todas las portadas: la empresa era considerada por el juez Eloy Velasco como uno de los ejes de la ‘trama Púnica’, acusando a sus directivos en España de amañar contratos públicos en numerosos municipios de la Comunidad de Madrid por valor de más de cien millones de euros. Además de la propia entidad – filial de la multinacional francesa GDF Suez – fueron imputados varios de sus directivos y trabajadores.

Un año después del estallido de esta operación contra la corrupción, la Comunidad de Madrid siguió adjudicando contratos públicos a esta empresa: hasta 18 contratos adjudicados desde cuatro consejerías por valor de 69.472,70 euros entre los meses de julio y noviembre. Ninguno de estos contratos está bajo la lupa de la justicia ni está referenciado en el sumario de la investigación.

Diecisiete de estos contratos adjudicados a Cofely son contratos menores por servicios relacionados con la climatización de distintos locales, como por ejemplo arreglar una caldera o instalar un ventilador. De estos contratos menores, diez fueron adjudicados por el Servicio Madrileño de Salud – dependiente de la Consejería de Sanidad – otro por la Consejería de Presidencia y otros seis por la Agencia Madrileña de Atención Social – dependiente de la Consejería de Políticas Sociales – por un valor total de 7.846 euros. La documentación hecha pública por la Comunidad no incluye los contratos menores suscritos con anterioridad ni posterioridad al tercer trimestre de 2015.

El resto del montante corresponde a un contrato de 61.626 euros que la Consejería de Economía adjudicó a Cofely el pasado mes de noviembre por la climatización de las oficinas de la Consejería y centros de formación. Según consta en la documentación relativa a este contrato, la oferta de Cofely fue la “económicamente más ventajosa” en un procedimiento de adjudicación abierto y con publicidad.

El eje de la trama Púnica

La empresa Cofely es considerada por el juez Eloy Velasco como pieza indispensable del entramado de corrupción que investiga la Audiencia Nacional en la operación Púnica: la empresa a través de la cual la trama habría supuestamente amañado contratos millonarios en municipios madrileños como Móstoles – donde Cofely tenía “una garganta profunda” – Collado Villalba oValdemoro.

La empresa es investigada y tanto como su exdirector en España y varios empleados fueron imputados por el juez, y posteriormente destituidos por GDF-Suez.

Contratos bajo vigilancia

Recientemente han sido diversas administraciones públicas madrileñas las que han decidido contabilizar los contratos firmados con esta empresa y otras relacionadas con la Púnica tras el estallido de la operación: recientemente el Ayuntamiento de Madrid sumó hasta 32,4 millones de euros adjudicados a empresas relacionadas con la Púnica, así como el consistorio de Pinto ha remitido a la Asamblea de Madrid un listado de más de 200 facturas adjudicadas a Cofely y a Waiter Music. Otros municipios como Collado Villalba han decidido rescindir un contrato investigado por valor de más de cuarenta millones de euros.