El lunes 15 de octubre entrará en operación el sistema Conagua-Digital de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el cual grandes usuarios privados del agua, incluso acaparadores, "coyotes" y sobreexplotadores de acuíferos, podrán obtener automáticamente en línea, de manera masiva, sin mayor restricción, el número de concesiones deseadas a los volúmenes que quieran hasta agotar existencias, con vigencia de hasta 30 años a pesar de la escasez.

De manera tal, en el Buen Fin del sexenio, Enrique Peña Nieto pone las aguas nacionales a remate y cumple: hará efectivos los diez decretos privatizadores del agua nacional que promulgó el 5 de junio pasado, en lo que para el viejo regimen es el "Año de Hidalgo".

El lunes 1 de octubre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el "Acuerdo mediante el cual se establecen los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema Conagua-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional del Agua".

Roberto Ramírez de la Parra, director general de la Conagua, firmó el Acuerdo el 20 de septiembre de 2018 en la Ciudad de México; aprobación que entró en vigor el día 24 de ese mes.

Establece el artículo 2 que los trámites a presentar a partir del lunes 15 en el sistema Conagua-Digital, corresponden a concesión/asignación de aguas nacionales superficiales, concesión/asignación de aguas nacionales subterráneas, concesión para la ocupación de terrenos federales cuya administración competa a la Comisión Nacional del Agua, modificación de título o permiso, transmisión de derechos de título, prórroga de título y/o permiso, permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica y permiso de descarga de aguas residuales.

El Acuerdo permite la concesión de zonas federales con base en la delimitación de las mismas por los propios solicitantes.

Los solicitantes ni siquiera tendrán que comprobar la propiedad del punto de extracción de agua, ni que la toma o pozo no cause daños a terceros.

Tampoco habrá límite a los volúmenes de agua solicitados, excepto la cantidad total disponible, según cifras oficiales -controladas por la Conagua misma-, en la cuenca o acuífero.

Rebotará la petición el sistema Conagua-Digital sólo si hay veda de por medio.

Todo lo cual se indica del artículo 11 al 17.

El sistema discrimina a pueblos y comunidades de escasos recursos que no podrán solicitar volúmenes de agua al no contar con la Firma Electrónica y otros requisitos fiscales que indican los artículos del 3 al 6.

El artículo 11 establece que no serán exigibles para la concesión/asignación de aguas nacionales superficiales, para la concesión de terrenos federales cuya administración competa a la Conagua y para la modificación de título o permiso, el proyecto de obras a realizar ni las características de las obras existentes.

Más aún, se hará entrega automática de concesiones de aguas nacionales hasta llegar a los topes de disponibilidad para cada acuífero o cuenca. Las únicas zonas que serán protegidas contra la entrega indiscriminada de concesiones serán las que todavía cuentan con vedas.

El proceso carece de mecanismos que garanticen el Derecho Humano y de los Pueblos al Agua, tanto como de protección de los volúmenes requeridos por el medio ambiente sano y la no afectación a terceros.

La reforma al artículo 4° constitucional exige, sin embargo, una Ley General de Aguas que siente las bases para la participación ciudadana junto a la gubernamental para el logro del acceso equitativo y sustentable al agua.

Organizaciones civiles integrantes de la coordinadora nacional "Agua para Todos Agua para Siempre" llevan más de seis años consensando una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, la cual, dicen, respetaría la autodeterminación de los pueblos y pondría las decisiones sobre el acceso al agua nacional en manos de consejos de coadyuvancia ciudadana y gubernamental.

Exigen, por tanto, la abrogación del Acuerdo publicado en el DOF el 1 de octubre y responsabilizan al todavía presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, por las violaciones a derechos que ese mecanismo "inconstitucional", Conagua-Digital, pueda causar.

@kardenche