A dos años de la aprobación de la ley de identidad de género, que se sancionó el 9 de mayo de 2012 en el Senado de la Nación, cerca de 6000 personas trans accedieron al reconocimiento de su identidad por vía administrativa. Tuvieron el nombre que los identificaba desde hacía años, estampado en su nuevo DNI.

Sin embargo, según las organizaciones que representan a este colectivo, quedan materias pendientes para que exista una verdadera integración de estas personas: por este motivo elaboraron un proyecto de ley para pedir una "asignación para la ciudadanía trans".

La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT) y la Asociación de Travestis, transexuales, transgéneros de Argentina (ATTTA) celebran la esperada ley de identidad de género y destacan los casi 6000 reconocimientos de identidad que se han tramitado en todo el país desde su entrada en vigencia. Hace un año, la cifra era exactamente la mitad.

El texto de la ley garantiza el derecho a la identidad al colectivo de travestis, transexuales y transgéneros en todo el territorio nacional por medio de un trámite administrativo y sin requisitos especiales. Esta ley es la primera en el mundo que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de adecuación corporal, para el acceso a este derecho, y fue impulsada desde 2007 por la FALGBT y ATTTA. Por esta razón se la considera la más progresista del mundo.

Las cifras oficiales muestran que el 85% de los que accedieron a este cambio son mujeres trans; el resto, los invisibilizados varones trans.

Materias pendientes

Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación sigue sin reglamentar los aspectos sanitarios de la ley. Por este motivo, en las organizaciones de defensa de este colectivo señalan que se han dado pasos positivos, aunque insuficientes, hacia la inclusión plena de las personas trans.

Según enuncian en un comunicado, "el más grave sin dudas tiene que ver con la negativa de Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, a reglamentar el artículo 11 de la ley, lo que impide el ejercicio del acceso integral a la atención sanitaria de las personas trans, y profundiza las desigualdades geográficas y sociales que en la mayor parte del país experimentan mujeres y varones trans ante este derecho consagrado por la ley, pero de difícil ejercicio".

Agregan que otro tema pendiente es una política de previsión social que contemple la baja edad en la expectativa de vida del colectivo trans que, según diversos estudios realizados en el país, se sitúa en apenas 45 años de promedio.

Para paliar estas faltas, la FALGBT y ATTTA presentarán ante el Congreso iniciativas para la creación de un programa nacional de salud integral trans y la creación de la asignación para la ciudadanía trans en todo el país. Esto -señalan- es una "necesaria política de Estado para la real inclusión e igualdad de oportunidades de las mujeres y varones trans".

El presidente de la FALGBT, Esteban Paulón, expresó: "A dos años de la ley de identidad de género tenemos mucho para celebrar. Cerca de 6000 ciudadanas y ciudadanos han recuperado la condición de ciudadanía, con una ley que repara en parte las graves vulneraciones de derechos que han sufrido a través de décadas. Sin embargo, es muy grave que pasado este plazo sigamos esperando que el Ministro Manzur decida reglamentar el Artículo 11 de la ley, y no comprendemos a qué se debe la negativa a hacerlo".

Marcela Romero, presidenta ATTTA y secretaria general de la FALGBT, agregó: "En estos dos años de aprobación de la ley nos llena de orgullo que estas compañeras y compañeros trans en todas las provincias argentinas hayan recuperado el derecho a la identidad. Valoramos positivamente los avances pero seguimos reclamando por todo lo que falta. En especial, al ministerio de Salud de la Nación por la reglamentación que garantice el derecho a la salud integral en todo el país, y no como ocurre hoy sólo en algunas provincias y municipios".

Para finalizar, Romero apuntó: "También estamos presentando el proyecto de ley para la creación de la Asignación para la Ciudadanía Trans, como una política de protección social que permita la igualdad de oportunidades reales a las compañeras y compañeros mayores de 40 años, que aún esperan por una reparación del Estado argentino".