De 2010 a 2015, el total de deuda de los estados se disparó un 70 por ciento a 536 mil 269 millones de pesos. A la par, la caída de los préstamos bancarios a las entidades este año ha sido la más fuerte desde la última crisis financiera mundial, sobre todo a las más endeudadas: Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, cuyos Gobernadores son señalados de corrupción e intentaron blindarse de la justicia mediante iniciativas enviadas a sus Congresos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza su inconstitucionalidad por oponerse a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– Los bancos mexicanos están frenando préstamos a gobiernos muy endeudados como Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, cuyos gobernadores han sido acusados de corrupción. La banca comercial firmó 11 préstamos con gobiernos locales por 8 mil 471 millones de pesos en los primeros seis meses del año, menos de la mitad de lo otorgado por una treintena de préstamos en el mismo periodo del año pasado, y apenas una tercera parte de lo desembolsado en el mismo lapso del 2014, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La caída de los préstamos bancarios a los estados este año ha sido la más fuerte desde la última crisis financiera mundial, y sucede después de que varios estados registraran un incremento en sus pasivos en los últimos cinco años”, expuso la agencia Reuters.

Al cierre de 2015, Veracruz acumuló una deuda por 45 mil 879 millones de pesos. Aunque el titular del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barceleta Chávez, calcula que la deúda pública estatal será de 170 mil millones de pesos al terminar la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente enfrenta demandas por enriquecimiento ilícito e investigaciones por supuesto uso de preestanombres por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Al cierre de 2015, Chihuahua alcanzó una deuda por 42 mil 762 millones de pesos. El mandatario, César Duarte Jáquez, fue denunciado penalmente en 2014 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades por participar en la creación del Banco Progreso en su entidad. Además, hace un mes un juzgado español giró una orden de embargo en contra de sus propiedades luego de que procediera una demanda en su contra. por intentar pagar a una empresa con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

Al cierre de 2015, Quintana Roo sumó una deuda por 22 mil 442 millones de pesos. Además de caracterizarse por agredir a la prensa y haber apoyado el polémico proyecto de Tajamar, su Gobierno estuvo caracterizado por los desalojos. En mayo, alrededor de 30 familias del municipio de Bacalar lo acusaron de quitarles diversos predios en el boulevard de la localidad con el fin de entregarlas a manos de desarrolladores inmobiliarios.

Ambos Duarte y Borge Angulo enviaron a sus Congresos locales iniciativas que la oposición y analistas interpretaron como un intento por blindarse de la justicia ante los señalamientos por corrupción. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emprendió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que estas reformas “se oponen a los lineamientos generales” del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al cierre de 2015, Nuevo León tuvo una deuda por 63 mil 832 millones de pesos. Actualmente, su ex Gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, ha sido citado a una audiencia respecto al caso de la entrega de terrenos a la automotriz coreana Kia.

De 2010 a 2015 –el periodo de administración de los Gobernadores que se van– el total de deuda de los estados se disparó un 70 por ciento a 536 mil 269 millones de pesos.

Armando Acevedo, ejecutivo a cargo del préstamo a gobiernos locales en el Grupo Financiero Interacciones, dijo a Reuters que ahora tienen políticas “muy cautelosas” para evitar casos de sobre endeudamiento. El presidente del Consejo de BBVA Bancomer, Luis Robles Miaja, añadió que su prudencia radica en “justamente a qué estados le estamos prestando”. Otro ejecutivo financiero, que pidió omitir su nombre, dijo a a la agencia que estaba muy preocupado por la corrupción y la mala gestión económica en varias entidades y había tratado de reducir su exposición a esos prestatarios.

En junio, Moody’s rebajó su recomendación sobre las notas del banco, al enfatizar su alta exposición a los gobiernos locales y regionales.

Después, la calificadora hizo lo mismo con Veracruz y Chihuahua, mientras que Standard & Poor’s colocó en “negativa” la perspectiva crediticia de Quintana Roo.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), entre diciembre del 2015 y junio del 2016 el total de préstamos de bancos comerciales entre estados y municipios se redujo un 3.1 por ciento mientras que los préstamos al sector privado aumentaron un 5.6 por ciento.

La deuda estados y municipios representa una pequeña parte del endeudamiento total de México.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ESTADOS

Ante el impago de deuda, México tuvo que nacionalizar la banca en 1982. Pero posteriormente hubo un exceso en el otorgamiento de préstamos que provocó una fuerte depreciación del peso y el rescate de la banca –que ya había sido nuevamente privatizada– en la crisis de 1994-1995 conocida como “Efecto Tequila”.

Actualmente, a pesar de que la deuda se acerca a esas épocas, el Gobierno insiste en que no hay problemas y enfatiza en la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).

“Denoto una banca mucho más analítica”, dijo a Reuters Marcela Andrade, de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. “Ya se ve un poco más el trabajo de ver a quién le están prestando”.

Aunque reconoce que los bancos están siendo más cautelosos.

La Ley de Disciplina Financiera pone un límite para el nivel de endeudamiento y genera mayor transparencia, pero “se queda corta” en sanciones y, si se hubiera realizado antes, los gobiernos salientes ya no podrían contratar deuda a corto plazo en sus últimos tres meses de administración, de acuerdo con especialistas.

Entre las medidas para controlar la contratación de deuda, la ley implementa un sistema de alertas para su medición y crea el Registro Público Único, el cual inscribirá todas las obligaciones y empréstitos contratados por todos los entes públicos locales. Esto exige a los estados con niveles insostenibles de deuda reportarlo a sus respectivos congresos y pedir autorizaciones para poder seguir accediendo a créditos, expuso a este medio Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Es un contrapeso por parte del Poder Legislativo.

Mariana Campos –coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa– destacó que marca límites para que la deuda se utilice para inversiones productivas y regulariza los ingresos excedentes –los que los estados reciben posterior a la aprobación de sus presupuestos– para que un porcentaje importante de ellos sea destinado al pago de la deuda que tienen.

Sin embargo, el coordinador de Finanzas Públicas del IMCO aseguró que se deben incorporar “mecanismos de sanción específicos por el incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera”. Para los funcionarios públicos “se queda corta” porque no existe un catálogo de tipos de sanciones ya sea administrativa o penal. “Solo remite a las mismas leyes de responsabilidad de los servidores públicos que hemos visto que no funcionan bastante bien”, dijo.

Manuel Guadarrama enfatizó que si la ley hubiera llegado antes de las elecciones, al no ser publicada aún, hay una oportunidad perdida: existe una medida que prohibe que se contrate deuda de corto plazo en los últimos tres meses de administración.

Una opción para que los estados no dependan tanto de las transferencias federales, consideró Mariana Campos, es mejorar el cobro de algunos impuestos como el predial, ya que actualmente es “ineficiente” y no tiene una cobranza efectiva: los valores de las propiedades no están actualizados y no hay mecanismos efectivos para presionar u obligar a pagarlo, aseguró.