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“Esta situación tiene que tener una solución política, votada por los ciudadanos, y esta debe ser respetada para buscar el mejor marco de convivencia”, ha afirmado esta mañana el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, a preguntas de su abogado en el juicio al Procés que se celebra en el Tribunal Supremo.

Junqueras se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, que le acusa de un delito de rebelión por el que le pide 25 años de cárcel. La Abogacía del Estado, por su parte, pide para él 12 años de prisión por un delito de sedición y la acusación popular ejercida por Vox hasta 74 años de cárcel por rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos.

“Impulsamos el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que apelaba a un 80% de la sociedad catalana que decía reiteradamente que le gustaría que hubiera una solución política a esta situación”, ha explicado el exvicepresidente catalán y presidente de ERC, que ha destacado que “yo amo a España y amo a las gentes de España, lo he dicho muchas veces porque es verdad”.

Junqueras ha insistido en la legitimidad del referéndum señalando que las urnas “acostumbran a ser una solución, aunque no sean el único instrumento de solución” y que la Ley catalana 10/2014 sobre consultas populares tenía como objetivo conocer la voluntad de los ciudadanos.

“Votar no es un delito porque no está en el Código Penal, el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente”, ha apuntado Junqueras durante su intervención. “Impedir votar sí es un delito”, ha reafirmado. “¿Dónde está escrito que trabajar para la independencia de Catalunya sea delito? No está en ninguna parte”, continúa subrayando que “nada de lo que hemos hecho es un delito”.

Junqueras ha recordado que el Parlamento de Catalunya se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre el derecho de autodeterminación, desde 1989, afirmando que el pueblo catalán no puede renunciar a este derecho. También ha afirmado que este derecho está reconocido por la legislación internacional y ha recordado que la comisión de estudio aprobada en el Parlamento catalán sobre la autodeterminación, que tenía un carácter académico, fue aprobada incluso por los parlamentarios del Partido Popular.

“Si pongo pasión en mis intervenciones es porque llevo un año sin poder hablar”

Tras excusarse por la intensidad de su declaración —“si pongo pasión en mis intervenciones es porque llevo un año sin poder hablar”, ha afirmado—, Junqueras ha narrado cómo surgió la idea del referéndum: “Hubo un debate presupuestario que acabó con los Presupuestos tumbados. Lo explico con una sonrisa porque yo defendía los presupuestos. La mayoría no los sustentó, y, fruto de la pérdida, había una posibilidad que era la moción de confianza y esa moción fue acompañada de la propuesta del referéndum. Tuvo un amplio apoyo no solo en la mayoría parlamentaria de 2015, sino más allá. El Pacto por derecho a decidir, en el que participaba gente de todas las tradiciones políticas, tuvo un amplio apoyo, mucho más que de la mayoría parlamentaria”.

«NO SE DESTINARON FONDOS PÚBLICOS AL REFERÉNDUM»

Tras un breve receso, la intervención de Junqueras se ha centrado en la parte financiera del referéndum. El presidente de ERC ha apuntado que había un estrecho control por parte de Hacienda, semanalmente desde julio de 2017, y, aunque la Ley de presupuestos 4/2017 incluía un partida para procesos electorales, no se hizo uso de ella. “No se destinaron fondos públicos al referéndum”, ha afirmado, y ha hecho referencia también a que incluso el entonces ministro de Economía y Hacienda Cristóbal Montoro ha desmentido que hubiera gasto para las arcas públicas.

Junqueras también se ha referido a la violencia policial que tuvo lugar el día del referéndum, cuando la Policía Nacional usó balas de goma, cuyo uso ya estaba prohibido en Catalunya. “El objetivo de la violencia que se ejerció sobre los votantes era para generar un ambiente de crispación al que nadie respondió”, ha afirmado el presidente de ERC explicando que todos los ciudadanos podían votar en cualquier colegio electoral, por lo que no tenía sentido cerrar algunos de ellos. También ha subrayado el carácter pacífico de las movilizaciones que tuvieron lugar en Catalunya y que para ellos “fue imposible prever” la actitud violenta que hubo por parte de varios agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Sobre el objetivo del referéndum, ha explicado que era plantear un diálogo al Ejecutivo español. “Siempre he defendido que esto debe resolverse desde las instituciones catalanas, españolas y europeas, desde el ámbito público y privado”. “Cualquier solución siempre debe ser multilateral si queremos que sea una solución real, por lo que hicimos nuevos llamamientos al diálogo y hubo propuestas del ámbito internacional para mediar, y la respuesta fue la silla vacía desde el ámbito español”, continúa. “Las responsabilidades que debo asumir por el referéndum son políticas, no penales, porque no es un delito”, ha concluido.

La tercera jornada del juicio al Procés ha comenzado con la respuesta por parte del magistrado presidente de la sala del Tribunal Supremo que juzga el Procés, Manuel Marchena, a las cuestiones previas presentadas en la primera jornada del juicio por los abogados de las defensas. Entre estas cuestiones previas, la petición de que declarara Carles Puigdemont a través de teleconferencia —que ha sido rechazada—, que los acusados pudieran testificar en catalán —aceptada—, la puesta en libertad provisional de los presos —rechazada—, la incorporación de pruebas previamente rechazadas o no aceptadas explícitamente consistentes en imágenes de la jornada del 1 de octubre —aceptadas— y los partes médicos de los policías lesionados, que antes no se habían aceptado incorporar a la causa —aceptada—.

Marchena también ha rechazado expulsar a Vox como acusación popular, aunque obliga al partido de extrema derecha a modificar su escrito de acusación, aunque sin que se quite de plano la acusación de pertenencia a organización criminal. Aunque ve en esta acusación “problemas de soporte fáctico”, señala que ya se rechazarán estos cargos en la sentencia. El magistrado también ha rechazado que se presente como prueba pericial un análisis de la cuenta de Twitter de Daniel Baena, el coronel de la Guardia Civil encargado de la investigación sobre el independentismo catalán, a pesar de que se ha desvelado como este insultaba en esta red social a las mismas personas a las que estaba investigando.

El Salto