Una manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación hace 10 días Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Instituciones que atienden a personas beneficiarias de Incluir Salud no cobran desde hace meses las prestaciones; desde el Gobierno responden que trabajan para regularizar la situación

María Ayuso Evangelina Bucari Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2018

Otra vez los más vulnerables están en el ojo de la tormenta. Organizaciones que trabajan en todo el país atendiendo a personas con discapacidad en situación de pobreza volvieron a reclamar por importantes deudas por parte del programa federal Incluir Salud (ex-Profe), que depende del gobierno nacional y financia la cobertura médica y asistencial de 1.012.336 titulares de pensiones no contributivas.

Las instituciones y ONG denuncian que la situación es crítica, que peligran las prestaciones y que las promesas que recibieron por parte de funcionarios fueron constantemente incumplidas. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y es la responsable de girar los fondos, aseguran a LA NACION que trabajan para solucionar la situación y que la semana pasada comenzaron a liberar pagos, y que es prioridad para el nuevo director ejecutivo, Santiago Ibárzabal.

Miembros del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrado por aproximadamente 500 asociaciones de toda la Argentina, indicaron que a una gran cantidad se les debe desde abril; a todas se les adeuda además el 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017. La situación es, sin embargo, muy dispar: hay casos que acumulan atrasos de siete meses e incluso un año.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad sostuvieron que "la semana pasada se pagó enero, febrero y marzo, quedando cubiertas el 87% del total de las prestaciones otorgadas y financiadas por el programa".

Por otra parte, aclararon que durante septiembre se cancelará lo correspondiente a lo que resta del primer trimestre del año, y también abril, mayo y parte de junio. "De esta forma se estaría al día con los pagos, dado que el programa financia las prestaciones a los 90 días de facturadas", señalaron. Y explicaron que uno de los factores de los atrasos fue que el programa ya ejecutó el presupuesto en su totalidad y se tuvo que pedir una ampliación.

Una manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación hace 10 días Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

El sacerdote Pablo Molero, quien preside el foro que agrupa a las organizaciones, subrayó: "Nos quieren correr diciendo que tenemos que entender la crisis actual, pero esta deuda no es de ahora", y aseguró que el mal funcionamiento de Incluir Salud es histórico. "Uno sabe que cuando hay interés en que algo se solucione, el dinero aparece", dijo.

Daniel Ramos, del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Caidis), señaló que desde la semana pasada empezaron a acreditarse algunas deudas de las más antiguas y aclaró que nadie dice nada de qué va a pasar después de octubre. "Se rompió la cadena de pagos, no hay previsibilidad y dicen que no van a actualizar los costos. El programa tiene un valor arancelario de hace más de un año, totalmente desfasado en un contexto inflacionario", remarcó.

Una bola de nieve

Las deudas llevaron a varias organizaciones a atrasarse en los pagos de los sueldos de su personal, en los aportes a la AFIP, con los proveedores de alimentos, las farmacias y los transportistas, entre otras dificultades que impactan de forma significativa en su funcionamiento diario. Ante esta realidad, familiares, personas con discapacidad y diferentes asociaciones se movilizaron días atrás en todo el país.

Detrás están las historias de los que esperan respuesta. Como Matías Osuna (31), que tiene microcefalia y un retraso madurativo grave, vive en Villa de Mayo, Islas Malvinas, y desde hace un año está becado en un centro de día de Capital. "Para ir y venir todos los días, Incluir Salud se hace cargo del transporte", explicó Jorge Fleitas, la pareja de su madre.

Sin embargo, desde octubre pasado hasta la fecha, el transportista de Matías no cobró nada y ya le dijeron a su familia que en breve el servicio se va a cortar. "Para nosotros sería imposible llevarlo, ya que deberíamos dejar de trabajar", señaló Fleitas.

La médica Paula Sixto, con una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

Beatriz Pérez, coordinadora técnica de la Obra Don Orione, advirtió que la situación es límite y que varias instituciones suspendieron sus actividades. "Es imposible para la mayoría sostenerse así. El atraso es dispar y confuso, ya que a algunas se les deben meses anteriores y se les paga uno posterior", detalló. "Pero lo que es una constante es que nunca se sabe cuándo ni qué se cobra: esta imprevisión vuelve imposible que una institución pueda funcionar".

En el caso del Cottolengo de Claypole -uno de los más grandes del mundo-, por la deuda acumulada aún no se pagaron los sueldos del personal de este mes. Sus autoridades están alarmadas: a la falta de pagos se suma la suspensión en la entrega de medicamentos y de insumos para quienes son alimentados por dispositivos enterales o sondas nasogástricas, así como la falta de cobertura de elementos ortopédicos y pañales hacen insostenible la atención a las 1300 personas con discapacidad que viven en los cottolengos y hogares de Don Orione.

Esta situación, subrayaron, se ve agravada por la suba de los costos a causa de la inflación y el aumento de salarios para el personal de sanidad, que por las paritarias fue del 27,5%.

Por otro lado, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y provincia de Buenos Aires (ARD) alertó hace unos días sobre la enorme dificultad de sostener los servicios de diálisis a los pacientes por la deuda que la Agencia Nacional de Discapacidad mantiene con el sector, que en algunos casos llega a seis meses.

Mientras tanto, Enrique Schinelli, gerente de la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal, indicó que ellos tienen casos con demoras de más de un año.

Un grupo de residentes del Cottolengo Don Orione de Claypole, cuya atención está en riesgo.

Unas 6500 personas que tienen Incluir Salud se realizan diálisis. "La vida de estos pacientes depende de la calidad y continuidad de los tratamientos. No pueden seguir haciendo oídos sordos, ignorando las enormes proporciones del problema", aseguró el doctor Alfredo Casaliba, presidente de la ARD.

Schinelli, señaló: "Se hacen tres sesiones semanales y no es posible suspenderlas o postergarlas". Destacó que además de financiero (por la falta de pagos), el problema también es económico, porque el valor del servicio no se actualiza desde hace más de un año y medio, y muchos de los insumos son importados.

Ramos concluye: "Hay muchos lugares que ya no reciben personas beneficiarias de este programa. Eso es muy triste. Este es el programa de los pobres. Quienes usan Incluir Salud son las personas más vulnerables. Es un tema de derechos humanos, no solo de pago de prestaciones".

Una realidad que atraviesa el país

Santiago del Estero y Chaco. "Tuvimos que cerrar un centro de día"

En mayo del año pasado, el Instituto Raíces tuvo que cerrar el centro de día que tenía en Puerto Tirol, Chaco, por los atrasos de Incluir Salud. Hoy, mantienen dos instituciones en Santiago del Estero: un centro educativo y otro de día. Le deben a los transportistas, al catering, a los profesionales y a los ayudantes terapéuticos. "Es una situación muy grave", contó Pedro Cáceres, presidente de la ONG.

Entre Ríos. "Nos están llevando a una situación límite e insostenible"

En Paraná, tres organizaciones se unieron para reclamar: Apana, la Obra Don Uva y la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís. La hermana Verónica Pérez, representante legal de la Obra Don Uva, explicó que Incluir Salud les debe 3.500.000 pesos. En Apana, la deuda de ocho meses es cercana a los 4.000.000. "A 51 años, hoy peligra la prestación del servicio", dijo Renzo Cumar, su presidente.

Ciudad de Buenos Aires. "Todo esto genera una gran incertidumbre"

Fundación CPI atienden y brindan propuestas de inclusión social para personas con discapacidad intelectual. El centro de día funciona como un espacio de capacitación, al que asisten 70 personas y un 25% son beneficiarios de Incluir Salud. También tienen talleres de inclusión laboral de dulces y conservas, cerámicas y estampados.

"Incluir Salud nos pagó la semana pasada enero, febrero y marzo de 2018. Pero nos deben aún el 20% de algunos meses de 2017, varias facturas complementarias y los meses de abril, mayo y junio. La deuda asciende a 1.800.000 pesos", explicó Mauricio Ruiz vicepresidente de la institución.

"A muchos de nuestros pacientes, este tema les genera una gran inseguridad, porque no es solo el tema del no pago, sino que requieren medicación, que no le están entregando en forma regular, con todas las consecuencias que eso tiene", señaló Ruiz.

Explicó que tuvieron que asumir un montón de gastos y que es imposible pensar en reformas o mejoras. "Todo esto afecta la calidad del trabajo", afirmó.

Por otra parte, remarcó que hay algunos pacientes que viajan con trasporte porque no cuentan con una estructura familiar que pueda responder o porque no tienen la posibilidad de hacerlo y que al no cobrar, los trasportistas no saben hasta cuándo los van a seguir llevando.

El vicepresidente de la Fundación CPI concluyó: "A muchos referentes del sector nos preocupa saber qué política se quiere sostener en relación a la discapacidad".

La Rioja. "Estamos sacando préstamos a intereses altísimos"

En la ciudad de La Rioja, el centro de día Crisol tiene 90 afiliados, 70 de Incluir Salud. Según Ludy Domínguez, su gerenta, acumulan siete meses de deuda. "Este instituto es el único en la región que atiende a personas con discapacidad intelectual severa", sostuvo. También advirtió que sus beneficiarios son personas muy vulnerables, para quienes la atención es indispensable. "Estamos en emergencia", concluyó.

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