Un ex consejero de Susana Díaz concedía destinos ficticios a allegados del PSOE en Andalucía

HEMEROTECA: La Junta usó cargos 'fantasma' para colocar a hijos de alcaldes del PSOE

La utilización de los cargos de confianza en la administración pública para el pago de favores políticos o la contratación de familiares no es nueva ni exclusiva del Gobierno socialista de Andalucía que preside Susana Díaz. Pero los últimos casos destapados constituyen una vuelta de tuerca al clientelismo endémico en algunas administraciones, pues suponen la adjudicación deliberada de puestos fantasma, con la que se consiguen tres objetivos políticos: burlar los recortes presupuestarios, inflar la nómina de asesores de confianza y, cómo no, dar acomodo y sueldo público a militantes del partido o familiares.

La investigación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau Liaño ha servido para reconstruir con detalle cómo se amaña un destino ficticio y ha permitido desvelar la existencia de hasta tres nuevos cargos fantasma en la Consejería de Cultura durante la etapa de Luciano Alonso, investigado en la causa y en cuya actuación el juez observa indicios de prevaricación.

El primero de los cargos fantasma investigados fue el de Luis Guerrero Jiménez, nombrado por Luciano Alonso (en tiempos del presidente José Antonio Griñán) director del Centro de Andaluz del Flamenco (CAF), una institución que la Junta poco a poco ha ido vaciando de contenido hasta dejarla prácticamente sin actividad. Guerrero era coordinador del grupo socialista en la Diputación de Málaga en el momento de ser nombrado y nunca llegó a pisar las oficinas del CAF, que tiene su sede en Jerez de la Frontera, como así reconoció ante el juez. Sí se dedicó, según su testimonio, a realizar labores de asesoría cultural en Málaga.

Al hilo de su investigación, el juez ha desvelado también el nombramiento fraudulento de Alejandro Cárdenas Peñalver y María Centeno Sánchez como directores (en distintas fechas) de la Filmoteca de Andalucía, que tiene su sede en Córdoba, pero que tampoco pisaron jamás. Ambos se limitaron a realizar las labores de asesoría que les encomendaron desde la Consejería de Cultura. En su caso, además, se produce el agravante de que las funciones de director de la Filmoteca las ejercía en paralelo Pablo García Casado, que trabaja para la administración a través de un contrato laboral con la Agencia de Instituciones Culturales, uno de los organismos que integran la extensa y tupida administración paralela de la Junta de Andalucía. Como destapó EL MUNDO en julio, la Junta llegó a pagar dos veces por el mismo cargo. Y lo hizo de forma reincidente.

Hijos de dirigentes socialistas

Tanto Alejandro Cárdenas Peñalver -que acababa de terminar la carrera de Derecho y no tenía ninguna experiencia laboral con el sector del cine, según destaca el juez-, como María Centeno Sánchez -licenciada de Ciencias Políticas, en paro en el momento de ser fichada-, son hijos de destacados dirigentes socialistas andaluces: Carmen Peñalver, ex alcaldesa de Jaén, ex diputada y secretaria general de los socialistas jiennense; y Fernando Centeno López, alcalde socialista durante 20 años (desde 1983 a 2003) en el pueblo malagueño de Genalguacil.

Ambos fueron nombrados siguiendo la misma artimaña para eludir las restricciones de personal que se impusieron entonces, siendo ya presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. El juez subraya que el modus operandi del consejero de Cultura le permitió eludir los ajustes de personal y presupuestarios que habían llevado precisamente al Gobierno andaluz a unificar las consejerías de Educación, Cultura y Deportes. O sea, mientras públicamente se vendía de manera ejemplarizante la disminución del número de asesores, en la práctica se inflaba la nómina del personal de confianza nombrando a dos personas para ejercer la misma tarea. Por otro lado, este sistema le permitía al consejero contratar a dedo, eludiendo los requisitos del mérito y la capacidad inherentes al acceso a la función pública.

Otro caso destapado recientemente por EL MUNDO, esta vez en la Consejería de Educación, se puede catalogar también en la categoría de puestos fantasma. Se trata de la hija del inspector jefe de la delegación de Educación en Sevilla, Alberto Moreno. La Junta la contrató supuestamente como cargo de confianza (personal eventual) en el Comisionado para el Polígono Sur. Sin embargo, fuentes oficiales de esa institución negaron a EL MUNDO que hubiera prestado allí ningún servicio. En realidad, según se ha sabido más tarde, la joven trabajó durante dos cursos como maestra en un centro de educación de adultos en una plaza que nunca salió a concurso y para la que no reunía los requisitos. Ese puesto le ha servido para acumular tiempo de servicio y acceder para este curso a una plaza de interina.

También en la Consejería de Educación desempeñó un cargo fantasma la mujer del que entonces era secretario general de Universidades, Francisco Trigueros. Amparo Ruiz Sepúlveda, profesora en la Universidad de Málaga (UMA), tuvo durante años un puesto de asesora en un departamento dependiente de su marido pese a que su sueldo lo pagaba la UMA en virtud de un convenio cuya finalidad nunca llegó a aclararse.

También las Consejerías de Economía y Empleo han tenido su propia nómina de empleados fantasma. El caso más sonado lo destapó la Agencia Tributaria cuando corroboró en un informe que el ex alcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija Antonio Torres había cobrado durante 11 años de una fundación de la Junta sin ir a trabajar.

Y, sin duda, fantasma o mochilero fue también el sobrino de Felipe González, José María González Mejías, quien cobró de la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria, 61.000 euros anuales «como un trabajador fantasma o intruso», según un informe de la Policía Judicial.