El viernes 5 de julio, Maribel recibió un correo electrónico para avisarle que debía acudir el lunes siguiente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para poder obtener una “compensación económica”, luego de que sus superiores le hicieron firmar un oficio para renunciar a su plaza en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde trabajó por más de 20 años por un sueldo mensual de 14 mil pesos.

Ella fue una de las aproximadamente 300 personas que acudieron al Tribunal entre el lunes 8 y miércoles 10 de julio, para concluir el proceso de separación de la administración pública de dependencias como la SEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de organismos como el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), y el Fideicomiso de Fomento Minero.

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Animal Político acudió al Tribunal en esas fechas y constató el proceso de conclusión laboral de cientos de exfuncionarios donde, incluso, los abogados conciliadores encargados de firmar las actas y entregar documentación fueron rebasados, pues es poco usual atender hasta 100 casos por día como ocurrió la semana pasada.

Este proceso fue el mecanismo aplicado por el gobierno Federal para terminar la relación laboral con cientos de empleados, y sobre todo, asegurarse de que nadie demandara, pues así lo debían dejar asentado en un acta ante el Tribunal.

Y es que ante los miles de despidos en la administración pública es posible que también pudiera haber cientos de demandas, pero eso implicaría gasto de recursos humanos y económicos para las dependencias y el propio Tribunal; por eso, este mecanismo fue una especie de “conciliación”, advierte una de las abogadas de éste organismo, que pidió que su nombre no fuera publicado.

A Maribel, nombre ficticio para proteger su identidad, le llevó unas seis horas terminar con su historia de trabajo de las últimas dos décadas, con la SEP. Llegó en uno de los tres horarios citados, entregó copias de su identificación y esperó su turno en el auditorio del Tribunal, junto con otras 100 personas aproximadamente, y en otro salón, otras 30 personas.

Mientras esperaban, el ánimo era de enojo por la falta de información en el Tribunal, desconcierto y hasta tristeza contando las experiencias en su paso por la respectiva dependencia. Desde las 9 de la mañana el abogado conciliador comenzó la labor. Llamaba a uno por uno por uno, y les entregaba tres documentos.

El primero de ellos fue el “convenio” entre la SEP, representada por la apoderada legal Ana Karen Escalona Báez, y el funcionario público, en el que asienta que éste “da por terminada la relación laboral que lo unió con la dependencia”, y a su vez, la SEP acuerda la entrega de la compensación económica planteada en el oficio emitido por Hacienda número 307-A.0264 en febrero pasado.

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El segundo fue el acta en el que confirmaban la entrega de la compensación y aceptaban el monto. Por lo tanto, “toda vez que me encuentro satisfecho plenamente de los pagos que se me realizan no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar en contra de la SEP”, dicen los documentos que fueron mostrados a este medio por cuatro exfuncionarios.

El último era el cheque con la compensación calculada por tres meses de salario sobre el sueldo base y la compensación garantizada, según lo estipulado en el oficio de Hacienda. Dicha cantidad ya estaba asentada en los documentos y en el cheque. Es decir, no hubo negociación con los exfuncionarios.

“En el Tribunal ya estaban los documentos hechos, todo listo. No hubo oportunidad ni siquiera de platicar acerca de eso. Éramos tantos que los conciliadores andaban en la locura, sólo nos daban a firmar los documentos, poner la huella y ya no había manera de conciliar”, cuenta Maribel.

Ni siquiera intentó reclamar por lo poco que le dieron, aunque tampoco pensaba demandar porque “es mucho tiempo el que se lleva y mucho dinero”. Ella era empleada del Servicio Profesional de Carrera, el mecanismo mediante el cual obtuvo y mantuvo su plaza aprobando exámenes.

Sin embargo, esta figura sólo aplicó en los últimos 8 años. Ella estuvo trabajando en la dependencia por dos décadas como empleada de confianza. En la “compensación”, sólo le reconocieron desde 2010. Por eso, después de estos años de trabajo recibió poco más de 155 mil pesos, pero “era eso o nada”.

La manera en que le quitaron la plaza es la misma que han contado empleados de otras dependencias. En su caso fue el 31 de mayo, conocido entre los funcionarios de la SEP como “el “viernes negro”, por la cantidad de despidos. Era un día normal de trabajo, pero los superiores informaron a sus subalternos que sus plazas “expiraban” ese día.

Aunque ella, como otros compañeros, pidieron tiempo para analizar el documento de “renuncia”, no se los permitieron. “O firmas en este momento, o no habrá finiquito de Hacienda. Si lo vas a firmar, lo haces ahorita o se acaba la oferta”, le dijeron. Por eso “decidí firmarlo en ese momento o si no me quedaré sin nada”, cuenta en entrevista.

Otros funcionarios entrevistados también llevaban décadas en la administración pública, sobre todo porque su trabajo era operativo, pero en todos los casos sólo tomaron en cuenta los últimos 8 o 10 años.

Si bien en cada administración ocurren cambios, son sobre todo en áreas de direcciones generales, y aunque en algunos casos éstos llevan a gente de su confianza para las subdirecciones, los jefes de departamento hacia abajo en los peores casos sólo eran cambiados de área; permanecían porque era quienes sacaban adelante el trabajo y conocían el funcionamiento de la dependencia, dice otro de los empleados consultados.

El mecanismo se repitió también el martes y el miércoles pasado con más funcionarios de la SEP y otras decenas de empleados del Fonapho y el Fondo Minero, también operativos, con sueldos que no sobrepasan los 15 mil pesos. Ellos también aceptaron la liquidación, aunque aún no saben qué harán después de estos años de trabajo en el mismo sitio.