"Cristina puede ir presa". La frase la pronunciaron ayer, casi en simultáneo, dos dirigentes que se encuentran en las antípodas en cuanto a su pensamiento político. Graciela Ocaña, legisladora porteña por Confianza Pública, la mencionó casi como una expresión de deseo. Diana Conti, diputada nacional por el Frente para la Victoria, se refirió al tema con preocupación. Pero no sólo ellas ven en el horizonte un pedido de detención para la ex presidenta de la Nación. En los tribunales de Comodoro Py el tema circula desde hace varias semanas y son muchas las fuentes que aseguran que una orden de arresto contra Cristina dependerá más del impacto social que puede tener para el Gobierno nacional que de los avatares judiciales de la ex mandataria.

"No está claro por qué expediente se va a avanzar en su detención; lo seguro es que el pedido va a salir", admiten fuentes tribunalicias que consideran que después de la feria de invierno habrá novedades trascendentes en los expedientes más sensibles que involucran a Cristina y a su familia.

Hotesur aparece como el expediente más complejo para la ex mandataria, en cuanto a su entramado judicial. Salió a la luz hace menos de dos años, pero su historial incluye tres jueces.

Primero fue desplazado Claudio Bonadio, por pedido de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta y parte del caso; luego lo tomó Daniel Rafecas, acusado por el oficialismo de "dormirlo" hasta que se declaró incompetente y fue sorteado Julián Ercolini. Es justamente el titular del juzgado número 10 el actual responsable de la causa. "Da puntadas prolijas, sin prisa, porque es el caso más redondo contra los Kirchner", sostienen fuentes del sector. Fue Ercolini quien a fines de junio levantó el secreto fiscal sobre la familia Kirchner y quien la semana pasada ordenó abrir las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en las que se hallaron u$s 5,6 millones. El próximo paso podría ser citar a declarar a Cristina, Florencia y Máximo Kirchner, todos apuntados por irregularidades en el alquiler de habitaciones del Alto Calafate.

Quizás el expediente en el que menos se haya involucrado judicialmente a la ex presidenta, por ahora, sea el que investiga la denominada ruta del dinero K, por el que el empresario santacruceño Lázaro Báez se encuentra detenido por lavado. Sin embargo, la Cámara Federal parece haber empezado a cambiar ese escenario, luego de que instara al juez Sebastián Casanello a investigar el rol de la ex presidenta en esas maniobras de desvío del clan Báez. Los jueces de la sala II creen que ese dinero puede provenir directamente de los Kirchner y, por eso, le pidieron acelerar la causa. Casanello acaba de dictar secreto de sumario y de ordenar múltiples allanamientos. Una citación a indagatoria también es probable.

El caso Los Sauces responde a la investigación sobre alquileres que los Kirchner habrían realizado a empresarios como Báez y Cristóbal López, a través de dicha sociedad inmobiliaria. Denunciada por Margarita Stolbizer el 10 de agosto deberá someterse a un careo con ella, Cristina fue inhibida por Bonadio para disponer de sus bienes. El juez la investiga por enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos en maniobras realizadas desde allí.

Finalmente, el expediente dólar futuro es el que más encaminado a juicio oral se encuentra de todos los que involucran a Cristina. Procesada, la ex presidenta ya declaró en abril y se espera que Bonadio resuelva en el segundo semestre elevar el caso a juicio. Cristina está acusada por administración infiel. Se le adjudica, junto al ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, haber generado un perjuicio por $ 76.000 millones a la entidad monetaria.