El ex presidente Alberto Fujimori. AP

Un grupo de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales denunciaron en la Fiscalía de Perú a través de un escrito que "hubo esterilizaciones forzadas" perpetradas por el ex presidente Alberto Fujimori, exministros y un aparato organizado "para erradicar la pobreza".

Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer entregó al despacho del fiscal superior Luis Landa un escrito con pruebas de que las esterilizaciones forzadas deben ser denunciadas como crímenes de lesa humanidad perpetradas por Alberto Fujimori, exministros y un aparato organizado para erradicar la pobreza basada en la esterilización.

Según un informe entregado por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) al fiscal Luis Landa, 211.000 mujeres recibieron información incompleta sobre el proceso y las consecuencias de la ligadura de trompas, mientras que otras 25.000 mujeres no sabían que era una intervención irreversible.

En esta misma línea, las estimaciones surgen del estudio "Política de esterilizaciones con información incompleta: Perú 1995-2000", del economista Silvio Rendon, de la Universidad de Nueva York, y en otras investigaciones de Camila Gianella, del Instituto CHR Michelsen de Noruega.

Demus sostiene que su informe contiene pruebas que no habían sido consideradas hasta ahora por la Fiscalía para demostrar el carácter irregular o forzoso de las esterilizaciones y resalta que es considerable número de intervenciones realizadas a mujeres menores de 25 años, analfabetas, indígenas y hablantes del idioma quechua.

“Hubo un ataque generalizado a la población civil. De 1993 al 2000, hubo 211 000 mujeres esterilizadas que no recibieron información completa y 25 mil no fueron informadas sobre método irreversible, la mayoría quechuahablante, analfabeta, andina, indígena y en situación de pobreza. Las pruebas las estamos entregando al fiscal superior”, sostuvo Milton Campos, abogado de DEMUS según trascendió de esta organización.

El informe de Demus asegura que el 11 % de las mujeres esterilizadas entre 1995 y 2000 tenían menos de 25 años, una edad en la que no es recomendable la ligadura de trompas como método anticonceptivo. Mientras que en el caso de las mujeres quechuahablantes el porcentaje se eleva hasta 15,6 %.

Presentan pruebas sobre esterilizaciones forzadas como crimen de lesa humanidad durante el gobierno de Fujimori Gza. DEMUS

Esas esterilizaciones forzosas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000. La ONG responsabilizó a Fujimori de enviar al Congreso la Ley Nacional de Población del año 1996, que despenalizaba las ligaduras de trompas y las vasectomías como método anticonceptivo, lo que permitió que solo en el año siguiente se alcanzara un pico de 100.000 esterilizaciones.

La directora de Demus, María Ysabel Cedano, explicó que "han transcurrido nueve meses y el fiscal superior Luis Landa aún no se pronuncia sobre las quejas interpuestas frente al archivo parcial de la investigación sobre el caso", citó a la agencia de noticias EFE.

"Existe suficiente evidencia para que el Ministerio Público denuncie y el Poder Judicial investigue y juzgue", agregó Cedano, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por un grupo de mujeres que se declaran víctimas de esterilizaciones forzosas.

Más de 2000 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

Fujimori está en prisión desde 2009 por asesinatos cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000 en la lucha entre las fuerzas armadas y las guerrillas que sembraron terror en el país. Ya cumple una condena de 25 años de prisión como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras su "autogolpe" de Estado de 1992.

Agencia EFE y Télam