Agentes de la Guardia Civil han registrado durante algo más de cinco horas la sede central del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Madrid en busca de documentación relacionada con los mecanismos de justificación de los cursos de formación en UGT Andalucía.

Los registros, que por primera vez se han extendido a las estructuras centrales de la fundación del sindicato, se han practicado por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que dirige Juan Jesús García Vélez y que instruye el caso de las facturas falsas de UGT- A. En el marco de estas mismas diligencias, el Instituto Armado entró este jueves por la mañana también en la delegación andaluza de IFES en Sevilla.

Como ya publicó EL MUNDO, los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyeron que el sindicato justificó gastos de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía con lo que consideran una "maniobra de ficción mercantil": el sindicato cede sus instalaciones a una empresa participada al 100% por la organización para que dicha sociedad, ya liberada de siglas, alquile las dependencias a otra entidad, también dependiente del sindicato, para la realización de cursos de formación.

Soralpe y más empresas del sindicato

En el caso de Andalucía, la empresa a la que recurría el sindicato para llevar a cabo esta operativa era Soralpe, propiedad al 100% del UGT y a la que se cedían los locales. Soralpe facturaba después a IFES por los cursos impartidos en las instalaciones de UGT. En cualquier caso, este mecanismo empleado por el sindicato se reproduce en otras CCAA y con otras empresas también vinculadas a otras uniones territoriales, como es el caso de Infastur y la UGT de Asturias.

El caso de las facturas falsas acumula una veintena de imputados, con nombres destacados como los ex secretarios generales de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla; el ex tesorero Federico Fresneda; y la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín. También está imputada Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras en la organización, y los empresarios que presuntamente emitían las facturas falsas.

A estos frentes judiciales se le añaden los problemas internos de IFES, derivados de la caída de las subvenciones para formación y de una deficiente gestión económica que arrojó en 2014 pérdidas de 4,06 millones de euros. Por estos motivos, sus trabajadores están inmersos hasta el próximo 31 de enero de 2016,en un ERTE para el 78% de su plantilla, tal y como avanzó este diario.

Cándido Méndez: 'tranquilidad absoluta'

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha declarado al respecto que tiene "una tranquilidad absoluta" porque la documentación de IFES es "transparente" y cumple "estrictamente todos los requisitos de legalidad" y de ejecución de los cursos de formación.

Durante la presentación del Anuario de la Agricultura Familiar, Méndez ha asegurado en declaraciones a Efe que el IFES muestra una "disponibilidad abierta y absoluta" para aportar toda la documentación requerida. Incluso ha declarado tener "una tranquilidad añadida", ya que el juez podrá analizar los hechos sobre documentación y no sobre noticias.

En este sentido, Méndez ha dicho que la actuación del juez es la correcta y ha afirmado que lo necesario es que el procedimiento vaya avanzando para que se clarifique la situación ya que, cuando eso suceda, "las cosas quedarán en su justo término".