Este martes es el 38 aniversario de la Constitución de 1978 y no todos lo celebramos de la misma forma. Quienes se autodenominan «constitucionalistas» -un adjetivo que pretende delimitar el campo de lo políticamente aceptable, arrinconando al adversario político- van a una solemne ceremonia en la que admirar un jarrón chino, añorando los años de «concordia y consenso» que su propia gestión hizo añicos. Otros honramos la Constitución abriendo el necesario debate de su adaptación a la España de hoy, que no es la de hace 40 años.

La Constitución vigente se diseñó como traje a medida para un sistema de partidos que ya no existe. Lejos de buscar fórmulas para ampliar el acuerdo constitucional, PSOE y PP han ido estrechándolo a marchas forzadas en los últimos años. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional contra un Estatut refrendado por la ciudadanía catalana en el 2010 hasta la reforma del artículo 135 que supedita el gasto social -es decir, la garantía de ejercicio de buena parte de los derechos del Título I- al pago de los intereses de la deuda en el 2011; pasando por el cepo que en el 2013 puso a los ayuntamientos la ley Montoro, que reducía al absurdo la autonomía municipal consagrada en el artículo 137.

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Tenemos hoy una Constitución recortada en lo municipal, lo social y lo territorial, pero no son estos sus únicos problemas: la corrupción ha hecho trizas la confianza ciudadana en las instituciones, al tiempo que el modelo de empleo que sostenía nuestro sistema de bienestar se encuentra en peligro de extinción.

En el 2015 concurrimos a las elecciones planteando cinco grandes acuerdos para la reforma constitucional sobre los que levantar un nuevo acuerdo como país. El primero es el blindaje de los derechos económicos y sociales, articulando una suerte de '135 a la inversa' que garantice el suelo de financiación para que que la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la igualdad no se conviertan en papel mojado.

Tenemos una Constitución recortada en lo municipal, lo social y lo territorial

El segundo es la reforma de la justicia, para hacerla más independiente del poder político, garantizar su acceso universal y dotarla de medios suficientes. El tercero supone avanzar hacia la Democracia Real que exigía el 15-M: una ley electoral más proporcional, reforzar la autonomía municipal y dar más voz a la ciudadanía en la toma de decisiones. El cuarto acuerdo debe ser un paquete eficaz de vacunas contra la corrupción: de la prohibición de puertas giratorias a la regulación de los lobis, pasando por un mayor control de la financiación de partidos políticos y sus fundaciones.

DESDE LAS PERIFERIAS Y DESDE ABAJO

El quinto acuerdo se refiere al ámbito donde más limitaciones muestra el modelo del 78: la cuestión territorial. Creemos indispensable el reconocimiento constitucional de la realidad plurinacional de España para poder avanzar hacia un nuevo acuerdo en el que se conjuguen las aspiraciones de mayor soberanía y solidaridad de las comunidades y naciones. Si el modelo actual se construyó desde arriba y desde el centro del Estado, la solución a sus problemas vendrá desde las periferias y desde abajo.

Hace solo cuatro años la reforma era tabú para unos y utopía para otros, hoy está en boca de todos, incluido el PP

Hace apenas cuatro años la reforma constitucional era tabú para unos y utopía para otros, hoy está en boca de todos, incluido el PP. Esta puede y debe ser la legislatura en la que se abra el debate sobre el cambio constitucional, pero los procesos constituyentes requieren grandes consensos que no será fácil alcanzar con la actual correlación de fuerzas en las Cortes. En especial, un Senado con mayoría absoluta del PP puede servir de candado contra el cambio: vemos ahora el precio de la negativa del PSOE a nuestra propuesta de presentar listas conjuntas al Senado el pasado 26-J.

EL RIESGO DE UNA REFORMA COSMÉTICA

Existe el riesgo de que algunos intenten forzar una reforma cosmética, pero se encontrarán hoy con un obstáculo que no existió en el 2011: un grupo parlamentario con fuerza suficiente como para poner en práctica el artículo 167.3 de la propia Constitución, que permite someter cualquier modificación a consulta ciudadana.

Estas son las propuestas y garantías que Podemos ofrece para la apertura del proceso constituyente. Seguimos a la espera, en este 38 aniversario de la Constitución de 1978, de conocer cuáles son las del resto de fuerzas políticas.