¿Por qué la mujer tiroteada el pasado viernes por su exmarido junto al centro comercial Aragonia de Zaragoza se tuvo que marchar dos días antes de comisaría sin poder denunciarle? ¿Por qué los agentes que le atendieron no creyeron fundado el miedo que tenía a que el hombre le disparara con las armas que guardaba en casa? Y ¿por qué ni siquiera llegaron a escuchar las grabaciones que su hija llevaba en el móvil con supuestas amenazas directas hacia su madre? Todas estas preguntas son las que ahora intenta responder la Policía Nacional tras constatar, como ayer adelantó HERALDO, que M. A. G. S. se presentó el pasado miércoles en el viejo cuartel de general Mayandía acompañada de su hija para avisar de que su exesposo era peligroso y temía que pudiera atacarle.

Según informó ayer la Jefatura Superior de Aragón, dada la importancia de los hechos, se ha decidido abrir una investigación interna para recabar toda la información posible e intentar responder a los muchos interrogantes que ahora están en el aire. Los primeros en sorprenderse de lo ocurrido fueron los funcionarios del Grupo de Homicidios, ya que fueron ellos los que al tomar declaración este viernes a la hija del matrimonio que conducía el Mercedes tiroteado a la salida del garaje del número 22 de la calle de Juan Pablo II se enteraron de la mala experiencia que habían tenido esta semana madre e hija en la comisaría de Centro.

Durante su comparecencia en Jefatura, apenas unas horas después del trágico suceso, la joven reveló que cuando acudió con su madre a comisaría a poner la denuncia llevaba consigo varias grabaciones que ella misma había hecho con el móvil y en las que supuestamente se escuchaba cómo Juan Antonio Ruiz amenazaba a su exmujer. Según el relato de la testigo, al saber que el matrimonio se había separado y estaban en trámites de divorcio, los agentes que les recibieron ni siquiera se mostraron interesados por oírlas, lo que tanto a ella como a su madre les causó una gran desazón e impotencia.

Homicidios ha oído la grabación

Los que sí han podido escuchar esas grabaciones son los funcionarios del Grupo de Homicidios, que ahora podrán utilizarlas como prueba en la investigación por tentativa de asesinato abierta contra el empresario de Torres de Berrellén. Respecto a la existencia de estas amenazas y al hecho de que no llegaran a escucharlas el pasado día 10 de agosto en la comisaría de General Mayandía, desde la Jefatura Superior dijeron ayer que "se va a estudiar todo, pero habrá que ser prudentes y esperar a conocer los resultados de la investigación interna".

Según fuentes próximas al caso, dado el delicado estado de salud de su madre, la joven tuvo que interrumpir su declaración para acudir a acompañarla al hospital Clínico, donde se le iba a practicar una primera intervención quirúrgica. Por ello, esta previsto que esta regrese en los próximos días a las dependencias del paseo de María Agustín. Lo hará acompañada de su abogado, Simón Lahoz, quien dado lo "delicado" del tema ha preferido no hacer manifestaciones. "Hay que dejar trabajar a la Policía y al juez", se limitó a decir.

Lo que también ha podido saber este periódico es que la centralita del 016 teléfono de asistencia a las víctimas de malos tratos recibió esta semana varias llamadas de la tiroteada. Al parecer, las efectuó después de sentirse desatendida en comisaría y para contar que tenía miedo y no le habían hecho caso. Al juez instructor corresponderá ahora también comprobar las existencia de esas comunicaciones para aclarar qué tipo de atención se dispensó a esta última víctima de la violencia machista en Aragón.

Cuando se recupere de las operaciones y esté en condiciones de prestar declaración, la propia mujer podrá contar en primera persona a la Policía su experiencia.