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El Tribunal Supremo renuncia por ahora a juzgar a Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas fugados de la justicia española. El magistrado Pablo Llarena ha rechazado este jueves la entrega del expresidente catalán solo por el delito de malversación. Además, en un gesto que indica que asume su derrota, ha retirado las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresident y otros cinco huidos. El juez considera que el tribunal de Schleswig-Holstein, al negarse a entregar a Puigdemont por rebelión, ha “cortocircuitado” el mecanismo de cooperación europeo que establece la euroorden, pero descarta llevar la actuación alemana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre ella porque admite que no tiene competencia para hacerlo.

El rechazo a la entrega por malversación era la opción que defendía un sector del Tribunal Supremo desde que se conoció la respuesta de Alemania. En principio, implica condenar a Puigdemont a vivir fuera de España porque sí se mantiene la orden de detención nacional y el expresidente será arrestado si entra en el país. Esta situación se puede prolongar al menos durante los 20 años que tarda en prescribir el delito de rebelión. Pero esta opción implica también la renuncia a juzgar por ahora al expresidente y dejarle libertad de movimientos fuera de España, lo que se puede interpretar como un agravio respecto a los líderes independentistas que no se han fugado y se han puesto a disposición de la justicia española.

En el Supremo rechazan esta tesis y las fuentes consultadas sostienen que Llarena ha hecho lo mejor que podía hacer llegados a este punto. Niegan que se haya renunciado a juzgar a Puigdemont sino todo lo contrario: se mantiene abierta esa puerta porque la rebelión tarda 20 años en prescribir y en ese tiempo pueden surgir muchas opciones. Sin embargo, traerle ahora para juzgarlo solo por malversación supondría devolver al líder independentista a la primera fila del escenario político catalán porque sería muy cuestionable sostener un encarcelamiento preventivo solo con ese delito. Además, habría que levantar la suspensión temporal para ejercer como diputado (solo aplicable a procesados por rebelión), por lo que Puigdemont podría volver a ser presidente en cuestión de semanas.

El magistrado estudió hasta el último momento la posibilidad de cuestionar la decisión de Alemania ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero lo descartó porque había jurisprudencia reciente que indicaba que las dudas a la UE sobre la aplicación de la euroorden no debe plantearlas el juez que pide la detención (en este caso, Llarena) sino el que tiene que decidir sobre la entrega (Alemania). El riesgo de que el TJUE ni siquiera entrara a estudiar su demanda ha llevado al instructor español a renunciar a esta opción. Pero en el auto notificado ayer para comunicar su decisión, Llarena sostiene que Alemania sí debió acudir al tribunal con sede en Luxemburgo porque forzosamente tienen que haberle surgido “dudas interpretativas”, dada la posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, quien solicitaba la entrega por los dos delitos y no solo por malversación, y la información complementaria que les remitió el propio instructor español en defensa de sus tesis. “Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE”, advierte el juez.

Poco después de conocer la resolución del Supremo, fuentes del entorno de Puigdemont dieron por finalizado el proceso en Alemania y descartaron el recurso que habían anunciado ante el Tribunal Constitucional para intentar revocar el delito de malversación. “Ya no hay razón ni procedimiento sobre el que recurrir”, afirman estas fuentes, informa Ana Carbajosa. El tribunal superior de Schleswig-Holstein quitará “de inmediato” las medidas cautelares que dictó sobre el expresident cuando reciba la comunicación oficial de que el Supremo retira la orden de detención, indicó por teléfono la juez portavoz del tribunal, Frauke Holmer. Hasta entonces, el expresidente catalán no podrá mudarse a Bélgica, como ha anunciado que hará.

Retirada de euroórdenes

De todas las decisiones adoptadas ayer por Llarena, la que más sorprendió fue la renuncia a las euroórdenes que pesaban contra otros cinco líderes independentistas fugados: los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret (huidos a Bélgica), Clara Ponsatí (Escocia) y la secretaria general de ERC Marta Rovira (Suiza). Comín y Ponsatí están procesados por rebelión y malversación; Rovira, solo por rebelión; y Serret y Puig, por malversación y desobediencia. La exdiputada de la CUP Anna Gabriel también huyó a Suiza pero solo está procesada por desobediencia y no se dictó contra ella orden europea ni internacional de detención.

Los fugados (todos menos Rovira y Gabriel salieron de España a finales de octubre a la vez que Puigdemont), han sostenido durante nueve meses un pulso con Llarena y ayer este dejó caer su mano del lado de los huidos y les concedió la victoria. Falta por ver si de forma definitiva. Por ahora, todos recuperan la libertad para moverse fuera de España sin temor a ser detenidos.

Llarena aporta en su auto pocas explicaciones a esta decisión, aunque se deduce que, tras la resolución de Alemania, temía un rechazo en cadena por pate de los otros países. El instructor considera que se han vulnerado las reglas básicas de las euroórdenes, que se basan en el principio de confianza mutua, y los tribunales de los otros países estaban prejuzgando el caso y limitando la competencia de España paraperseguir los delitos supuestamente cometidos durante el procés. En esas condiciones, Llarena ha optado por renunciar al mecanismo de cooperación judicial que funciona entre los Estados miembros de la UE desde 2004.

El instructor hace referencia al rechazo a entregar a Comín, Puig y Serret acordado por Bélgica y recuerda que las autoridades de ese país no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres exconsejeros incluía una orden nacional de detención y de ingreso en prisión, tal y como exige la normativa. Según el magistrado, la valoración que hizo Bélgica del auto de procesamiento “discrepa abiertamente” de lo que el Supremo trasladó al tribunal de ese país, “despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico”. “Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga”, reitera Llarena.

Críticas al tribunal alemán

La actuación de la justicia de Bruselas y la del tribunal alemán “no solo cortocircuitan”, según el magistrado, la operatividad de la euroorden, sino que “deterioran indebidamente” los indicios de delito que recoge la investigación y el auto firme de procesamiento. En estas circunstancias basa el juez su decisión de renunciar a la entrega del expresident solo por malversación y retirar las órdenes europeas e internacionales contra los huidos.

El auto del juez hace un análisis muy crítico de la actuación de los jueces de Schleswig-Holstein. Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos “que podrían haber quebrantado el orden constitucional español”. Llarena argumenta que la justicia alemana debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos en el auto de procesamiento son delito en aquel país y si justificarían por ello que, de haber ocurrido los hechos allí, se impulsara una investigación penal semejante a la que se ha abierto en España.

El instructor considera también que Alemania ha dado un valor probatorio definitivo a la declaración del expresidente catalán ante los jueces de Schleswig-Holstein, pese a que su versión no pudo confrontarse con el resto de pruebas recogidas en la causa y sin que las acusaciones puedan intervenir en el proceso.