MADRID.- Todos a una, las asociaciones de jueces y fiscales de Europa se movilizan contra la purga de sus colegas turcos. Se calcula que entre 300 y 700 jueces y fiscales de Turquía permanecen encarcelados en el contragolpe del presidente, Tayyip Erdoğan, tras la asonada fallida del pasado viernes.



El propio Erdogan ha reconocido que cerca de 11.000 personas han sido detenidas, cifras difíciles de contrastar con fuentes independientes. Se teme por la integridad física de todas ellas porque, además, se les ha denegado la asistencia de un abogado defensor, según fuentes jurídicas consultadas por Público este miércoles.

Uno de los principales líderes de la movilización internacional es la organización profesional progresista Medel (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) a la que pertenecen buena parte de los jueces y fiscales turcos detenidos a través de la Asociación Turca de Jueces y Fiscales (Yarsav).

La dirección de Medel habla de "cientos" de jueces y fiscales detenidos, sin poder precisar la cifra. Esta organización tiene previsto acudir al Consejo de Europa (CE) para quejarse por este "brutal ataque a la independencia judicial" realizado por estas purgas de Erdogan, según Álvaro García Ortiz, representante español y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales.



Las protestas de Medel se elevarán ante dos órganos claves del CE y desde donde se emanan los estándares democráticos de la justicia europea: el Consejo Consultivo de Jueces y el Consejo Consultivo de Fiscales. Al mismo tiempo, acudirán ante el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes.



Por su parte, la Asociación Internacional de Jueces (IAJ-UIM), que representa a 84 organizaciones de todos los continentes ha lanzado una campaña de recogida de firmas en apoyo de sus colegas turcos, que en sólo 24 horas ha recogido más de 3.000 apoyos.



"Esperar a que la Policía llame a mi puerta"

El día 15 de julio, la víspera del fallido golpe de Estado en Turquía, los jueces y fiscales de Yarsav emitieron un elaborado mensaje de condena por el atentado de Niza, documento que requirió del consenso de los integrantes de esta asociación profesional por lo que difícilmente sus redactores estaban involucrados en la asonada que se iba a producir el día siguiente.

"Esta puede ser la última llamada emitida por nosotros para el mundo libre". Así se despedían en marzo los jueces y fiscales de Turquía en una carta a sus colegas europeos

“Esperar a que la Policía llame a mi puerta es muy deprimente. Mi esposa llora". Este fue el último mensaje lanzado por un juez desde su móvil a sus colegas europeos minutos antes de ser detenido el pasado 17 de julio, al ser preguntado por una colega francesa. Su esposa confirmó la detención poco después en otro correo electrónico: "El no es miembro de ningún grupo. Estoy orgullosa de él. Espero vuestra ayuda. Muchas gracias".



Y un juez informó, poco antes de ser detenido también, que este juez había sido acusado de integrar una organización terrorista. "No sé cómo explicarlo. Yo sólo he hecho mi trabajo y he criticado al Gobierno por el desarrollo de los acontecimientos judiciales que ya conocéis bien”, explicó otro juez a sus compañeros europeos. “Puede que no nos volvamos a ver”, se despedía.



"No existe ninguna diferencia entre estos jueces y fiscales turcos con los españoles. Defienden el Estado de Derecho y las libertades públicas, como todos nosotros. Es como asegurar que Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales planean un golpe de Estado porque no nos guste Mariano Rajoy ", denuncia García Ortiz.

Los jueces enviaron un SOS en marzo

"Esta puede ser la última llamada emitida por nosotros para el mundo libre". Así se despedían el pasado marzo los jueces y fiscales de Turquía en una carta dirigida a sus colegas europeos, que suponía toda una petición de auxilio ante el temor de la instauración de una dictadura en su país.



Estaban "aterrorizados", recuerda un colega que habló con ellos: un periódico afín a Erdogan (Sabah) había publicado que se investigaban a 5.000 jueces, de los que existía una lista de 650 sospechosos de integrar una estructura paralela y ser simpatizantes del predicador Fethullah Gülen. "Es obvio que esta noticia está sentando las bases para una gran purga", aseguraba el SOS lanzado al resto de la red judicial europea.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan. - REUTERS

Pinchazos telefónicos

Las presiones contra la independencia judicial se arrastran desde hace una década. En el año 2009 se desveló el pinchazo de los teléfonos de 56 magistrados, con la excusa de que estarían planificando un golpe de Estado, dentro del escándalo Ergenekon, una organización secreta ultra-nacionalista que conectaba políticos, policías y la mafia turca.

Tensiones con la familia Erdogan

Las presiones contra la independencia judicial se arrastran desde hace

una década

Las tensiones entre los jueces y fiscales han salpicado también a la familia de Erdogan. En el año 2013 fiscales turcos vincularon a Bilal Erdogan, hijo del presidente turco, en un caso de corrupción que fue después archivado. Bilal, junto a altos cargos del partido en el poder (AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo) fueron vinculados en una operación desplegada por supuestos casos de soborno, corrupción, fraude, lavado de dinero y contrabando de oro.



Bilal Erdogan tiene intereses comerciales en el transporte de petróleo y fue acusado por Rusia de haberse aprovechado junto a su familia del contrabando ilegal de petróleo desde Siria, en territorios controlados por el llamado Estado Islámico.

Encarcelados por investigar un convoy de armas camino de Siria

La organización Medel denunció hace dos años que dos jueces y tres fiscales permanecen en prisión por realizar su trabajo al investigar dos camiones con armas en la frontera con Siria. Aún no han sido juzgados. Ocurrió el 19 de enero de 2014. Un fiscal acudió a un registro porque se había descubierto dos camiones llenos de armas: obuses, proyectiles, municiones antiaéreas... Ordenó grabarlo.

Medel denunció hace dos años que dos jueces y tres fiscales permanecen en prisión por realizar su trabajo al investigar dos camiones con armas en la frontera con Siria

El convoy resultó ser una operación del servicio secreto turco (Organización Nacional de Inteligencia, MIT). El gobernador civil ordenó al fiscal que se retirara del registro por instrucciones del entonces primer ministro Erdogan. Pero el fiscal pidió que los conductores se identificaran o que se presentara un papel acreditando que eran agentes del MIT.



El Gobierno de Turquía insistió ante la opinión pública internacional que los camiones transportaban ayuda humanitaria. En mayo de 2015 el periódico Cumhuriyet publicó un vídeo que revelaban que los camiones transportaban armas destinadas a combatientes islamistas y no medicamentos.

El precio de la libertad de expresión

Erdogán vio hundida su reputación internacional y declaró que quienes habían publicado esta noticia "pagarán un alto precio por ello". El presidente turco se presentó como acusación en el juicio contra el director de este diario, Can Dündar, y su mano derecha, Erdem Gül, para quienes la Fiscalía pidió cadena perpetua por "revelación de secretos de Estado" y "amenaza a la seguridad nacional". El director Can Dündar fue condenado el pasado mayo a cinco años y diez meses de prisión, mientras que Erdem Gül fue condenado a cinco años.

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