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Operación policial en la sede de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). El Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona coordina la actuación de los agentes, que ha empezado este lunes por la mañana.

La entrada busca indicios de presunta malversación por parte del ente que representa al municipalismo catalán más próximo en lo político a PDeCAT entre 2011 y 2018, según ha avanzado El Confidencial. Un periodo de tiempo en el que su presidente era el actual consejero de Interior, Miquel Buch.

Adjudicaciones

Este dispositivo se ha puesto en marcha tras un año de investigación. Las pesquisas también incluyen el registro de algunas empresas que estarían implicadas en la causa. Entre ellas, una agencia de viajes de Vic "que habría recibido contratos" de la asociación que están bajo la lupa judicial.

Los responsables de la ACM habrían concedido adjudicaciones por un precio superior al de mercado, según apuntan los indicios investigados. Este dinero habría ido a parar a los bolsillos de los cabecillas de la trama.

El tribunal de Barcelona no ha dictado ninguna medida contra Buch. Cabe recordar que es aforado del Parlament, por lo que cualquier acción contra su persona debería decidirse en el Tribunal Suprerior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Desobediencia y prevaricación

El pasado julio, Alto Tribunal catalán volvió a investigar a Buch por desobediencia y prevaricación por ceder locales para el referéndum ilegal del 1-O. La Fiscalía aportaba como pruebas varios correos del ahora consejero de Interior y la exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú y expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. Ambos están investigados en la misma causa.

Según el Ministerio Público, tanto el exalcalde de Premià como Lloveras habrían remitido estas comunicaciones electrónica a los primeros ediles de Cataluña para pedir información sobre los locales para celebrar la votación.