El expresidente peruano Alan García murió este mediodía luego de haber sido internado en el Hospital Casimiro Ulloa —en Miraflores, Lima— minutos después de dispararse luego que la policía lo detuviera en el marco de la investigación en el caso Odebrecht.

García se encontraba en su casa, a la que había llegado en diciembre, luego de permanecer 16 días en la embajada de Uruguay en Lima, donde solicitó asilo, el que fue rechazado por el gobierno de Tabaré Vázquez.

El 3 de diciembre, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Vázquez anunció que había negado la solicitud en consulta con el canciller Rodolfo Nin Novoa, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario Juan Andrés Roballo, tras recibir también un informe jurídico elaborado por técnicos de la Cancillería.

El presidente puso el tema sobre la mesa en el Consejo de Ministros, planteó los argumentos para rechazar el asilo y recibió la aprobación “por unanimidad” de los ministros, según supo El Observador en base a fuentes políticas.

Durante los 16 días en que Alan García permaneció en la residencia del embajador Carlos Barros en el exclusivo barrio de San Isidro en Lima, el tema fue analizado y discutido con absoluto hermetismo por el gobierno, que por la delicadeza del asunto no dio ninguna pista de la postura que iba a tomar.

La primera y única señal fue dada por el presidente Tabaré Vázquez en Tranqueras en una rueda de prensa durante la inauguración de la Ruta 30. Ese día, el mandatario citó al prestigioso jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga, cuya obra junto al tratado del profesor Manuel Vieira, constituyó el respaldo jurídico para tomar la decisión. En su trabajo, Vieira advierte sobre los graves "peligros” que podía causar el mal uso del de asilo para impedir el accionar de la Justicia “proclamando así la impunidad".

Diego Battiste

Pero además del respaldo jurídico, el presidente realizó consideraciones de carácter institucional para rechazar el asilo. En conferencia de prensa, Vázquez dijo que en Perú funcionan “libremente los tres poderes” y destacó que es el Poder Judicial “el que está llevando adelante las investigaciones de estos eventuales delitos económicos”.

García era investigado por colusión agravada, lavado de activos y negociación incompatible en agravio del Estado, en el marco del caso Odebrecht y la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial durante la administración de García, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, revelara que Nava y su hijo José Antonio Nava recibieron US$ 4 millones de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Mientras el gobierno uruguayo comunicaba la decisión, García salió en una camioneta bordó rumbo a la casa de su hija Carla para luego dirigirse a su casa en Miraflores acompañado por su secretario personal Ricardo Pinedo. Algunas horas después, Pinedo comunicó que no solicitaría asilo a otro país y leyó una carta en la que García se ponía a disposición “de todas las investigaciones” y negaba que hubiera pruebas de corrupción en su contra.

El rechazo del asilo cayó como un bálsamo para el gobierno peruano. El presidente Martín Vizcarra dijo que demostraba que en el país incaico “nadie tiene corona” y que la democracia “garantiza la independencia de poderes y el debido proceso.

García debía permanecer en Perú por 18 meses, ya que tenía cierre de fronteras dispuesto por la Justicia de ese país.

En Uruguay, la decisión fue celebrada por todo el espectro político. En la oposición, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry, Ernesto Talvi y Pablo Mieres, se mostraron de acuerdo con el gobierno.