La Universidad Autónoma del Estado de México fue la primera institución en denunciar penalmente el presunto desvío de más de 21 millones de pesos para hacer supuestos servicios a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desde el 1 de abril de 2015, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la ignoró y la nueva Fiscalía tampoco ha realizado diligencia alguna o consulta adicional desde que entró en funciones.

Esta denuncia fue hecha incluso antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusiera seis denuncias penales por presuntos desvíos en contra de la Sedesol y las Universidades del Estado de México y de Morelos, en octubre de 2015, aunque tampoco ha sido procesado ningún funcionario por ello.

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Este esquema de presunto desvío fue investigado en La Estafa Maestra, el trabajo periodístico realizado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el que se reveló que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios que no se cumplieron pues utilizaron a 128 empresas ilegales o fantasma, y, por lo tanto, los recursos públicos desaparecieron.

La denuncia de la Universidad Autónoma del Estado de México estuvo dirigida a la unidad de PGR en la entidad y fue presentado por los representantes legales de la institución Hiram Raúl Piña y Heriberto Mercado durante la administración del exrector Jorge Olvera el 1 de julio de 2015.

Sin embargo, en todo este tiempo no ha habido ni una sola diligencia o citatorio, asegura el abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez, en entrevista con Animal Político.

De hecho, el pasado 20 de mayo, el actual rector de la Universidad, Alfredo Barrera Baca, envió el oficio 179/2019 al delegado de la ahora Fiscalía General de la República en el Edomex, Raciel López Salazar, para poder conocer el estatus de la denuncia de 2015, porque nunca han recibido notificación alguna; dicho documento fue entregado a este medio.

En el oficio también preguntó “qué diligencias se han efectuado hasta la fecha y cuál es el resultado de las mismas. Si existe acto, diligencia o documento alguno que podamos efectuar para efecto de coadyuvar en la investigación de los hechos presumiblemente constitutivos de delito. Si el delito en cuestión no prescribe o qué medidas se deben implementar para interrumpir la prescripción”.

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Pero tampoco ha habido respuesta por parte de la Fiscalía en los últimos tres meses. “Estamos extrañados de que la Fiscalía no nos ha (requerido) para participar ni como testigos, mucho menos como presuntos responsables, ni como coadyuvantes o terceros interesados”, advierte el abogado general de la Universidad, Luis Raúl Ortiz Ramírez.

Y asegura que no es la institución quien está bajo la lupa, sino “personas que en su momento hicieron esos acuerdos”, por eso tienen toda la disposición de entregar la información en caso de ser requerida por la Fiscalía.

En la denuncia de 2015 se expuso que de la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación a los convenios suscritos entre diferentes dependencias de gobierno y la Universidad del Estado de México para realizar diferentes servicios, hecha del 18 de febrero de 2015, se detectó que funcionarios de la Universidad contrataron en 2014 a Zulma, S. A. de C. V. que no fue localizada en su domicilio y que a su vez subcontrató a IT Guardian Auditing & Consulting Services.

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Los supuestos servicios que la universidad debía hacer en este contrato era “monitoreo de ventanillas del programa de adultos mayores para pruebas de supervivencia”, para la Sedesol, y aunque la empresa Zulma no cumplió, cobró 21 millones 177 mil pesos por lo que se concluía que había habido “un pago injustificado” en 2013 que significaba “un probable daño al erario”.

Dicho convenio fue firmado, durante la rectoría de Eduardo Gasca, entre el apoderado legal de la Universidad, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y Ramiro Ornelas, Director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Sedesol en febrero de 2013, de acuerdo con el documento obtenido por Animal Político vía transparencia durante la investigación de La Estafa Maestra.

Las observaciones de la auditoría por este convenio fueron recibidas durante la administración, de Jorge Olvera que fue electo rector en mayo de 2013. Por ello, la nueva gestión universitaria interpuso la denuncia ante la PGR para que investigara los hechos que podían constituir “una conducta delictiva cometida en agravio del patrimonio de la Universidad, la Hacienda Pública Federal y lo que resulte en contra de quienes resulten responsables”.

Además, los denunciantes se ofrecían para ayudar a la Procuraduría para entregarle “los datos o elementos de prueba para la debida integración de la carpeta de investigación”, pero no han sido requeridos.