La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha paralizado la adjudicación de la mina de Aznalcóllar después de que un auto judicial haya alertado de que el concurso se resolvió “sin el más mínimo rigor” a pesar del grave accidente medioambiental de 1998. Poco después, dos altos cargos de la Consejería de Economía han comparecido durante más de una hora para asegurar que el Gobierno andaluz pone “la mano en el fuego” sobre el concurso, defender su “limpieza” y la “honestidad” de los trece funcionarios que han intervenido directamente en la mesa de contratación. Han negado que haya existido ninguna instrucción política a las empresas sobre cómo debían organizarse para optar a la explotación del yacimiento minero. Alegan que es un concurso “novedoso”, “innovador” y “especialmente complejo” y por ello quizás la juez, que ha abierto diligencias en un duro auto, no ha sabido entenderlo. Se mostraron convencidos del archivo del caso una vez que los funcionarios y responsables políticos del concurso puedan explicarse.

Los funcionarios comenzaron a declarar hace solo un día ante la policía judicial. Ni la directora general de Industria, María José Asensio, ni el secretario general técnico, Vicente Fernández, han recibido ninguna citación, aunque la juez ya ha pedido que se les tome declaración. Ambos han dado la cara sin el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, a pesar de que las repercusiones políticas de este nuevo caso son importantes y han acabado por reventar la investidura de Susana Díaz a solo 24 horas de la tercera votación en el Parlamento andaluz.

Imagen de la mina de Aználcollar. (EFE)

El alto cargo de mayor rango aparece directamente señalado en la denuncia interpuesta por Emerita, la otra empresa que optó al concurso y que acudió a los tribunales por “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal”. Según relatan los denunciantes el pasado día 11 de abril el presidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, se dirigió las oficinas de Emerita “con la supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación”, proclamando que ellos “tenían la llave del concurso” y anunciando, para demostrarlo, que “en cinco minutos después de que él se fuera íbamos a recibir una llamada de alguien de la Consejería”. “Para nuestra sorpresa transcurrido ese tiempo recibimos la llamada de Vicente Fernández, secretario general de la Consejería, para interesarse por el resultado de la reunión”. Aseguran que hay “varios testigos” de esa llamada.

El alto cargo aludido ha sostenido que las declaraciones hacen referencia a un periodo en el que todavía no se había producido la apertura concurso y estaba realizando una “labor informativa con las empresas” porque se trataba de un concurso “internacional y singular”. Ha querido ser “muy rotundo” para descartar que avalara en ningún caso esa afirmación de Magtel de que tenía “la llave” del concurso. “No hemos dicho que las empresas se organizasen de ninguna manera”, “no hemos predeterminado quien iba a ganar”, ha añadido. La conversación se produjo, admite Fernández, pero no para teledirigir el concurso, defiende. No ha querido contestar si el hecho de que llamara cinco minutos después de que lo indicara el presidente de Magtel fue pura casualidad. No recuerda, añade, el momento exacto de la conversación.

El escándalo de Aznalcóllar dificulta más la investidura de Susana Díaz

Los responsables del Gobierno andaluz han eludido responder sobre la empresa Magtel, dentro del consorcio ganador junto a Grupo México. Esta empresa ha sido beneficiada con múltiples subvenciones de la Junta, incentivos de la Agencia Idea, adjudicataria de varios proyectos públicos y también favorecida en el reparto de los fondos de formación bajo investigación judicial. Magtel estuvo vinculada con el exdelegado de la Consejería de Innovación en Córdoba Andrés Luque, que tras salir del Gobierno andaluz en 2008 constituyó la empresa Fisur Análisis y Gestión de Proyectos SL. Luque se convirtió en la principal asesora de Magtel mientras recibía jugosas subvenciones públicas de su anterior departamento. Magtel aseguró que su relación empresarial con Luque finalizó en mayo de 2012. Sobre este peligroso juego de las puertas giratorias, los responsables del Gobierno andaluz han defendido que es un dato “exógeno” al concurso. “No hay ningún incumplimiento de la ley de incompatibilidades de la Junta. Ningún exalto cargo ha participado en la negociación”, ha defendido el secretario general de Industria. Consideró que “no tiene ninguna relevancia”.

Sobre el hecho de que Grupo México sea uno de los responsables de una grave catástrofe medioambiental en su país han defendido que se introdujeron todo tipo de controles para dar al proyecto garantías adicionales y ante la imposibilidad de encontrar “una empresa con un currículum impoluto” decidieron prohibir expresamente la apertura de una balsa de lodos, como la que originó la tragedia de 1998.

El dirigente de Izquierda Unida, Antonio Maillo. (EFE)

Los responsables de la Consejería de Economía han desvinculado la adjudicación del concurso de la convocatoria de elecciones y el inicio de la campaña electoral. Tras dos años para reabrir la mina, el proceso se aceleró tras romperse el anterior pacto de Gobierno de PSOE e IU y a las puertas de las elecciones autonómicas. Fue uno de los grandes proyectos económicos abanderados por la presidenta Susana Díaz en campaña. La directora general de Minas defiende que la fecha de cierre del concurso el 14 de marzo estaba fijada mucho antes de que nadie se imaginara el adelanto electoral y se resolvió con un mes de antelación.

Admite que le pidió al equipo técnico que se “mataran a trabajar” para disponer de tiempo para analizar el informe técnico y agradeció el “esfuerzo”. “Les pedimos que lo hicieran muy rápido para tener tiempo de reaccionar”, ha insistido sin dejar claro por qué se adjudicó un mes antes de lo previsto. Aseguró que mientras que IU estuvo en el Gobierno “no puso ningún inconveniente” aunque sí ha admitido que después un diputado de este partido pidió y tuvo acceso directo a los expedientes del concurso. IU ya había deslizado sus sospechas sobre irregularidades en la adjudicación.

La Junta ha descartado que los funcionarios vayan a ser apartados de sus responsabilidades. La presidenta en funciones no tiene capacidad para destituir a miembros de su gobierno ni designar nuevos cargos. Desde la Consejería de Economía insistieron en que el auto judicial es previo a las declaraciones de los técnicos, se mostraron convencidos de que se aclararán todas las dudas técnicas y llamaron la atención sobre el hecho de que la denuncia se esté resolviendo en el ámbito penal y no en el contencioso administrativo.

Según ha podido saber El Confidencial, el secretario general de Industria, Vicente Fernández, emprenderá acciones legales contra los denunciantes y prepara un escrito, que ha intentando registrar sin éxito esta tarde en el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, en el que pide a la juez comparecer de forma voluntaria para aclarar todos los extremos del concurso abajo sospecha.