Marisa Kohan Revsin

Cíteme tres prioridades en la lucha contra la violencia de género.

Una ley integral contra las violencias sexuales. La ley de 2004, que en su momento fue puntera, se ha quedado viejecita. Es necesario incluir las violencias que no son cometidas por la pareja o expareja de la mujer, sino por un tercero. Y englobar otro tipo de violencias que para el convenio de Estambul y para la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) son violencias de género y machistas. Esta ley ha tenido su momento, pero hay que ir más allá.

Además, deberíamos plantearnos si las campañas de esta Delegación no deberían ser tan de arriba para abajo, sino más de abajo a arriba. Pensando sobre todo en la gente joven y también en la gente mayor. Creo que la sociedad quiere participar y decirle al Gobierno cosas sobre las violencias machistas que quizás siempre se han enfocado en campañas divulgativas decididas por cabezas pensantes que dejaron atrás su juventud hace demasiado tiempo como para dirigirse a esa gran bolsa de inicio de violencias que está siendo la adolescencia y la juventud. Se está produciendo un retroceso que no esperábamos, pero que está ahí.

Justo cuando se produce este incremento de la violencia asistimos a un negacionismo de la violencia de género. ¿Por qué sucede esto?

Tenemos una adolescencia y una juventud que han crecido en un momento de recortes. Primero dijeron que eran recortes económicos, pero después fueron claramente recortes en derechos civiles, recortes en democracia y recortes en igualdad. Estos recortes han desprotegido a las víctimas. Además, se ha recortado, y en algunos sitios prácticamente suprimido, la educación afectivo sexual y la educación para la igualdad. La gente joven busca fuentes de formación y de información, y si no la tienen reglada la buscan por sitios menos regulares. Han sustituido la formación afectivo-sexual por el porno. Un porno cada vez más violento, cada vez más humillante y que cada vez refleja más la violación grupal.

Los recortes en aquello que nos define como democracia, como país avanzado en derechos humanos, son además un caldo de cultivo propicio para teorías populistas, utilitarias, negacionistas… Adultos y políticos que dicen que las mujeres son objetivamente iguales que los hombres, lo que es falso. Se basan en una meritocracia absolutamente falsa y es gente que se apoya en la vida de mujeres sin cuyo trabajo productivo ellos no serían nada. Pero no lo sacan a la luz. Hablan de una igualdad formal, que no existe en la realidad, y crean una reacción apelando a los miedos, a la seguridad… Pero no a la seguridad de los derechos humanos, sino a la seguridad del encierro, del punitivismo y de estas teorías que hacen que la gente tenga miedo y venda su libertad a cambio de seguridad. Estamos comprando una falsa seguridad que no nos lleva más que a la desigualdad.

Apuntaba que la legislación española sobre igualdad y violencia de género se consideraba puntera en todo el mundo. ¿Necesitamos ahora revisarla?

Con toda claridad. La Ley integral de violencia contra las mujeres fue puntera y, de hecho, fue copiada e imitada por gran parte del mundo civilizado y por los países que quería avanzar en igualdad. A los tres años se aprobó la ley 3/2007 de Igualdad entre hombres y mujeres, que realmente nunca se llegó a aplicar. Y en 2010 la Ley de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo de Bibiana Aído. Pero, a partir de entonces, vivimos dos fenómenos. Uno fue el de no legislar en sentido progresista y en pro de los derechos humanos sino en recortes que iban en el sentido contrario, de retroceso de los derechos civiles. Y, por otro lado, teniendo esas mismas leyes en vigor, no cumplirlas. Hemos tenido un Estado que no cumplía su propio Derecho. Suena gravísimo pero era así.

Se incumplían la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad y la Ley contra la violencia sobre las mujeres. Si a las víctimas y a sus hijos e hijas no les das seguridad, si les quitas las casas de acogida, las ayudas, si comienzas a poner en duda las denuncias… Esto es disuasorio para denunciar y esas políticas desprotegen a las víctimas de una manera clamorosa. Pero estoy convencida de que con este Gobierno de coalición progresista eso va a cambiar. Vamos a recuperar la potencia que fuimos en derechos humanos y nos van a volver a copiar. Volveremos a ser ejemplo en Europa y en el mundo en la lucha por la igualdad.

¿Cómo se hace lo de incorporar la protección frente a todas las violencias?

La recopilación de datos es esencial. Llega un momento en el que, con la mejor de las intenciones, si sigues fijándote sólo en los hechos más graves, en los datos más llamativos, estás invisibilizando la enorme bolsa de violencia que hay debajo de la punta del iceberg, que son las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. Por una parte, hay que sacar a la luz los datos de mujeres heridas graves, de mujeres lesionadas, de mujeres en tratamiento físico y psíquico por haber sufrido maltrato, que no están muertas. Esos datos están invisibilizados. Y hay que apostar por las medidas que no son penales. Aunque parezca paradójico que lo diga una magistrada de lo Penal con 22 o 23 años de experiencia… por eso mismo sé que el Derecho Penal por sí solo nunca es la solución. No es capaz de prevenir. Sólo actúa a posteriori. Hay que sacar esos datos a la luz. También los de delitos sexuales.

La ciudadanía española ya no entiende que puedas tener derecho a una orden de protección si tu expareja te ha agredido y no puedas tenerla si un desconocido te ha violado. Creo que eso es ya muy evidente.

¿Esto supone también aplicar tratados internacionales que España ha firmado y que sin embargo no aplica?

Es verdad. Hay medidas de igualdad que llevan firmadas tiempo y no hemos adaptado la legislación como se recomienda en esos tratados. Hay muchas medidas que tomar en otros ámbitos, como el laboral. Hay que firmar el Convenio 189 de la OIT para el trabajo doméstico. Hay también una gran cifra invisibilizada de trabajo femenino que sostiene este mundo y hay que reconocerlo como tal.

Los nuevos datos recopilados, así como la macroencuesta que elaboró la Delegación, ¿qué pistas nos dan?

Creo que nos indican que habrá que poner más atención en colectivos que hasta ahora no han participado en sus propios procesos de lucha contra la violencia de género. Para mí es también muy importante la formación en el colectivo del que yo provengo, en la Justicia. Judicatura, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen que formarse en perspectiva de género y es un proceso que es preciso aprender. Es un aprendizaje serio, es estudio. Es sorprendente cuando te vas dando cuenta de los prejuicios y los sesgos que aplicas en tu trabajo, sea en comunicación o en cualquier otro campo.

Pero es mucho más peligroso cuando tu trabajo es juzgar. O cuando tienes contacto con las víctimas… No solo en los juzgados de lo Penal, también cuando decides cuestiones de Derecho de Familia, que tiene una tradición muy patriarcal. De hecho, en nuestro Código Civil el paradigma es el ‘buen padre de familia’. El Derecho es una construcción basada en los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y que no está hecha para las mujeres.

Algunos expertos critican la utilización del Viogén como herramienta para evaluar el riesgo en materia de violencia de género. ¿Hay algo más que debiéramos estar haciendo para proteger a las víctimas y a sus hijos?

Sí, por supuesto. Hay que potenciar las unidades de valoración integral forense. No solo para las mujeres, sino también para sus hijos e hijas. Pero hay que abrir los ojos a todo lo que está antes, durante y después del proceso penal. Hay que detectar las violencias institucionales en el sistema de Justicia, pero también en el sanitario, en el educativo, en la publicidad, en los medios… La ley de 1/2004 tenía cuatro títulos y lo único que conoce la ciudadanía es el cuarto. El de la protección penal, las órdenes de alejamiento, los medios telemáticos de control. Pero era integral precisamente porque nos integraba a toda la sociedad y porque no era solo para la justicia.

Quienes venimos del ámbito penal tenemos muy claro que la solución viene por la educación. Como dice la Asociación de Mujeres Juezas, el machismo es una enfermedad de transmisión social y la única vacuna es la educación.