Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó el día de ayer artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo en las oficinas ubicadas en Polanco, en la Ciudad de México, de las empresa Infraiber los cuales, de acuerdo con la dependencia, fueron utilizados “en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas”.

Esta mañana, Paulo Díez Gargari , abogado de la compañía de control vehicular, no descartó que al igual que –como revela un video– agentes de la PGR le sembraron un arma en su vehículo, se haya hecho lo mismo con el equipo de espionaje. En entrevista con Radio Fórmula dijo que hay que acreditar que no fue colocado ahí por la autoridad que, aseguró, fueron los mismos miembros que lo detuvieron.

Díez Gargari fue detenido el pasado lunes 7 de septiembre al salir de su despacho para declarar en el caso de la intervención de comunicaciones privadas en agravio de la constructora española. Al momento de ser arrestado, denunció que autoridades de la PGR le sembraron un arma.

La constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) México interpuso el pasado 10 de septiembre una denuncia en contra de la firma de tecnología aplicada Infraiber por publicar comunicados, desplegados y grabaciones “ilícitas y manipuladas”. La serie de filtraciones a las que se refirió la empresa española comenzó el 7 de mayo. En los audios han sido involucrados funcionarios de los gobiernos Federal y del Estado de México en presuntos actos de corrupción.

Un día después de la denuncia, elementos de la PGR catearon las oficinas de Infraiber ubicadas en el noveno piso del número 223 de la calle Campos Eliseos en la colonia Polanco, en la Delegación Miguel Hidalgo. En esa dirección, la PGR informó que ayer localizó diversos artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo.

En ese inmueble fueron asegurados: un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles de 3 ½ pulgadas, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades, dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y video, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo todo en uno, siete Tablets, un adaptador de memoria Micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología.

La diligencia efectuada atendió a la probable responsabilidad en la comisión del delito sancionado por el artículo 117 del Código Penal Federal que señala: “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de ‘autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa'”, informó el domingo la PGR.