Hace dos semanas sonó el timbre de más de 200 hogares repartidos en 14 inmuebles en el centro de Madrid. Un joven trabajador de una empresa de paquetería se presentó con un burofax. “Vino un señor y me dio una carta sin más explicaciones”, cuenta María del Carmen Martínez, de 92 años, en el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2, de La Latina. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo pensé que era propaganda!”. Lo mismo le contaron al cocinero Luis Fernández sobre su local de la calle Santa Teresa 9: “No entiendo qué está pasando”. Es el primer paso: los 14 bloques de viviendas pertenecían a Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia que contaba con estos inmuebles en propiedad gracias a la herencia de dos familias adineradas. Hasta ahora. El 30 de julio se vendieron todos, pero Fusara no explica los detalles de la operación, la cuantía de la venta y tampoco confirma si el dinero irá en parte a crear un gran proyecto de educación concertada en Madrid.

Michael y Roberto, de 47 y 38 años, son un matrimonio holandés. “Nos dijeron que se iba a prorrogar cada año y que nunca se iba a vender”. Ellos invirtieron más de 4000 euros en la casa para instalar la calefacción con el permiso de Fusara. Víctor Sainz

Lo que parece claro es el negro futuro que les espera a los inquilinos. “Vine a esta casa con un año y ahora no nos quieren dejar morir a gusto”, dice la vecina María Teresa Alonso, de 79 años. Los receptores del burofax son inquilinos con contratos de alquiler en vigor: unos tienen rentas antiguas y otros, en su mayoría, por debajo del precio de mercado. Con sus mensualidades se mantenían los centros educativos con los que aún cuenta la fundación Fusara. Ahora los vecinos de los 14 bloques se están organizando. Su intención es denunciar a Fusara porque siempre les aseguró que sus casas no serían vendidas.

El patronato que gestiona Fusara lo forman seis miembros: el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la delegada del Gobierno, Paz García Vera; el decano del Tribunal de la Rota, Carlos Manuel Morán, y dos sacerdotes de la capital. La liquidación y venta de los 14 inmuebles se aprobó el 30 de julio. Los vecinos se preguntan ahora quién es el nuevo propietario y qué va a pasar con sus contratos.

“Se mantendrán todos los contratos que están en vigor”, cuenta Manuel Fernández Clemente, secretario de la fundación Fusara, que declara ser “abogado urbanista”. ¿Y los que caducan el mes que viene? “Eso ya no lo puedo controlar”. Fernández ha firmado un contrato de confidencialidad que le obliga a guardar silencio sobre el precio y el comprador de los 14 inmuebles. “Existía una problemática muy seria con el estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”. Hoy la mayoría de los pisos se encuentran en perfecto estado. Más de 40 vecinos cuentan que, cuando entraron a vivir, realizaron inversiones de miles de euros (otros de pesetas) para reformar sus viviendas con el visto bueno de Fusara.

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Fusara es un acrónimo que responde a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para orfanatos, colegios concertados y residencias. Su patrimonio entonces estaba valorado en 70 millones de euros.

“Esto es una fundación civil aunque esté el arzobispo”, cuenta un portavoz del arzobispado. Sin embargo, en el patronato también están dos párrocos: Pedro Pablo Dones, de la iglesia de Nuestra Señora de Madrid, y José Andrés Silva, de la parroquia de San Juan de Ribera. Fuentes del Ayuntamiento afirman que no tienen constancia de esta operación. La delegada del Gobierno no estuvo presente el día que se aprobó la venta y tampoco delegó su voto, según fuentes de la Delegación.

A Piedad Martínez, de 46 años, le caduca el contrato de alquiler en el mes de febrero. Víctor Sainz

“La venta del patrimonio se empezó a gestar en mayo y se dijo que fuera al mejor postor", cuenta uno de los miembros del patronato que prefiere mantenerse en el anonimato. “Se dijo que había un banco interesado. Nos reuníamos cada seis meses para observar que todo estuviera correcto. Quien tomaba las decisiones era David López Royo”. David López es abogado y representante del arzobispo de Madrid en el patronato. Este periódico se ha puesto en contacto varias veces con su entorno sin éxito. El cardenal Carlos Osoro le nombra delegado episcopal de fundaciones —son en total 64— en marzo de 2016. “La sociedad nos está exigiendo transparencia”, dijo en una entrevista para Alfa y Omega en 2017.

El 25 de septiembre llegó otro burofax a la casa de la vecina Carmen Martínez: “Venimos a informarles de que el pasado 30 de julio se formalizó la escritura pública de compraventa a favor de Alprozan Premium S.L del inmueble/local arrendado por usted”. La misma carta se envió a los vecinos de los otros 13 inmuebles que poseía Fusara: Fuencarral 113, Olivar 5, Castillo 4, Fúcar 13… Con una diferencia: el nombre de la empresa. Cada bloque de pisos ha sido adquirido por una sociedad limitada distinta: Neoxata Trade S.L, Prozarmo Partners S.L, Pirosca Market S.L... Estos nombres, más propios de marcas de medicamentos que de empresas, son los nuevos propietarios. O dicho de otra manera: sus nuevos caseros.

Pero ¿quién está detrás? Las 14 empresas que compraron los 14 inmuebles de Fusara se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de este año con un capital de 3.010 euros cada una. Todas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. Sin embargo, las 14 sociedades cambiaron de administrador días más tarde. La propietaria de este armazón empresarial de 14 empresas es otra sociedad limitada: Tapiamar Partners S.L.. El nuevo propietario del entramado es Roberto de Juan González, según el Registro Mercantil. De Juan cuenta con 31 sociedades situadas en un domicilio social cercano al opulento Paseo de La Habana. “Mi intención es que los vecinos estén tranquilos. Cosa diferente es que la gente que esté viviendo ahí considerara que, como esto era de la Iglesia, tendría una casa de por vida. Cuanto antes sepa la gente que los Reyes Magos son los padres, mejor”.

—¿Por qué se crearon las 14 sociedades?

— Yo no rindo cuentas a nadie.

—¿Representa a un fondo buitre?

— La gente habla por hablar.

—¿Tiene algún proyecto?

— No acostumbro a dar explicaciones a nadie. Y menos, a la prensa.

—¿Se respetarán los contratos de alquiler?

—Los contratos vigentes, sí.

Del precio de la venta de los inmuebles guarda silencio. Este martes llegaron más burofaxes a los vecinos: “Le comunicamos la decisión irrevocable de rescindir el contrato el mes que viene. Atentamente, Roberto de Juan”.

La vecina Maria Isabel Martinez, de 75 años, nació en una de las casas de Fusara. "Sabiamos que estas fincas no se podían vender porque nos dijeron que las rentas iban para un orfanato". Víctor Sainz

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