En un país donde el 65% de sus habitantes dice estar contento con su vida, un 83% confiesa que no le cree a nadie. Esto ocurre en nuestro Chile. No es la única contradicción. Más del 80% declara que nunca lee, ve o escucha algo sobre política y, sin embargo, un 90% tiene la peor opinión sobre los políticos y las instituciones existentes.

Más de 30 años sin cursos de Educación Cívica, el abandono de su rol formador de los partidos políticos, las iglesias, las universidades y el activo papel de muchos medios de comunicación, en especial de la TV para desinformar sobre los grandes temas y destacar las fallas reales de muchos políticos, explican parte de esas contradicciones.

Como otro subproducto nefasto, los grupos económicos usan los Fondos de los Trabajadores para controlar la mayoría de los medios de comunicación y compran influencia política, logrando tener una clase política debilitada, incapaz de controlar sus abusos.

Pero también hay hechos públicos y notorios que justifican estas percepciones tan negativas. He recordado en varias publicaciones una cita que me parece muy expresiva de una situación mundial, que es creación de un autor europeo, pero que tiene especial aplicación en Chile: “Nuestros gobernantes se han convertido en una elite que se perpetúa a sí misma y que gobierna –más bien administra– a masas de gentes pasivas o privatizadas. Los representantes no actúan como agentes del pueblo sino simplemente en lugar de él. Viven física y mentalmente dentro de una campana”.

Veamos algunos de estos hechos.

Antes de ser elegido, el nuevo Fiscal Nacional declara que no actuará contra los políticos y empresarios involucrados en los fraudes tributarios si el SII no se querella. Esta conducta no es respaldada por decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional que reconoce el rango constitucional de la Fiscalía Nacional, lo que no pude ser negado por la ley que cita el funcionario respecto al SII. No es casualidad entonces que esta persona reciba el apoyo unánime del Senado. Para quien tuvo el honor de integrar por 8 años esa Corporación, es muy doloroso constatar que cerca del 20% de sus integrantes están cuestionados por los financiamientos ilegales denunciados y nos parece inaceptable éticamente que casi todos hayan participado en ese nombramiento.

Por su parte, se nombra a un nuevo director del SII, el que no pierde oportunidad para declarar que a este Servicio solo le compete recaudar impuestos, lo que es cuestionado fundadamente y públicamente por una abogada que desempeñó altos cargos en esa repartición. Su nombramiento proviene del Ejecutivo, por lo tanto, compromete al Gobierno en la protección de personajes comprometidos en actividades tan burdas como las que se han publicado del señor Pablo Longueira. Antecedentes recientemente conocidos demuestran, sin duda alguna, que Soquimich no solo le pagó sino que también le redactó un proyecto de ley para beneficio de esa empresa, iniciativa legal que fue aprobada por el Congreso.

Para decirlo de un modo simple y claro: todos los involucrados en los fraudes tributarios para financiar actividades políticas pueden respirar tranquilos. La colusión de estas autoridades les permitirá, cuando mucho, pagar modestas sumas de dinero por multas, cargadas convenientemente a gastos de las respectivas empresas y se evitarán la sanción pública mínima de desfilar por los tribunales.

Más pruebas. El gobierno designa como nuevo superintendente de Pensiones a una persona que de una manera precipitada y con una liviandad jurídica increíble, ratifica lo obrado por la anterior superintendenta, renunciada ante la presión ejercida por la ministra del Trabajo, la Cámara de Diputados, la Contraloría y organizaciones como ACUSA AFP, que hicimos marchas y actos callejeros denunciando este verdadero despojo al país.

La falta de respeto a las instituciones y a la moral ciudadana de la decisión del nuevo funcionario se constata al leer sus declaraciones. Señala que “es improcedente invalidar las resoluciones” que aprobaron las fusiones de Cuprum y Provida con empresas de papel con la declarada intención de no pagar impuestos por 410 millones de dólares, ya que "no corresponde declarar la invalidación de las fusiones, en virtud de la doctrina de confianza legítima sostenida en la jurisprudencia uniforme de la CGR. En consecuencia, esta Superintendencia se encuentra limitada para invalidar dichos actos administrativos, a fin de no infringir el principio de la certeza jurídica que ha sido recogida por la CGR en su jurisprudencia como el respeto a la confianza legítima”.

Pero ¿cómo tiene la desfachatez de usar la jurisprudencia de la CGR para otras situaciones y descartar las recientes conclusiones de la misma Contraloría General, que en dos sólidas opiniones jurídicas declaró que dichas fusiones no se ajustaban a la ley?

¿Dónde queda la doctrina de la confianza legítima de los ciudadanos en que sus autoridades actuarán conforme a las normas de probidad establecidas en las normas constitucionales y legales vigentes? ¿Qué hay de la certeza jurídica respecto a los artículos 6 y 7 de la Constitución, en cuanto a que ninguna autoridad puede actuar fuera del marco de sus atribuciones? El Artículo 7° dispone a la letra: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale".

¿Y qué hay del artículo 8 que prescribe lo siguiente?: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones".

No hay duda que personeros del Gobierno, como los ministros Burgos y Valdés, han ejercido influencia sobre estos funcionarios. No me constan las directas pero sí las indirectas, como las declaraciones públicas de estos personeros respaldando a la anterior superintendenta, las que se hicieron cuando ya eran conocidos los ácidos e infundados ataques que Tamara Agnic hizo a la ministra del Trabajo Ximena Rincón. Es decir, ausencia de una solidaridad mínima con una colega de gabinete.

Tres ejemplos concretos para comprobar la razón del descontento y la desconfianza ciudadana. Ante esta situación corresponde destacar la posición asumida por los diputados democratacristianos, los únicos que han seguido activos en contra de este fraude y que en estos días han anunciado que no aceptan estas decisiones y que perseverarán en sus acciones judiciales y políticas, incluso ampliándolas en contra del nuevo superintendente de Pensiones por su increíble proceder.

Las directivas de los partidos políticos han aportado un ominoso silencio y se encierran en su microclima de termopanel a elegir candidatos, sin hacer análisis y reflexiones serias sobre sus responsabilidades en una de las mayores crisis de confianza política que ha experimentado el país.

También debemos señalar como signos positivos que dos senadores de posiciones políticas muy opuestas se hayan pronunciado sobre esta materia. El senador Navarro, actuando además ante los Tribunales, y el senador UDI Víctor Pérez, que en carta a El Mercurio exige que el SII cobre los impuestos a estas empresas.

¿Y los demás parlamentarios seguirán guardando silencio ante una tarea nacional de carácter ético, político y jurídico?

El fraude que se está consolidando significa que el Estado chileno dejará de percibir más de 410 millones de dólares, suma equivalente a más del 80% de la reducción del gasto fiscal que ha ordenado el mismo ministro de Hacienda que defiende a estas AFP.

Recuerdo que bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, tan añorado por los grupos económicos, este se negó a aceptar una petición de una sociedad minera que pretendía devoluciones de impuestos al terminar la explotación de la empresa. Hubo una decisión política clara que tuvo un resultado positivo. Nada de eso hemos visto ahora.

Supongo que cuando el presidente de la Fundación Salvador Allende, miembro del directorio de Provida, visitó al ex Presidente Lagos para felicitarlo por su cumpleaños, no tocaron este tema. ¿Mis amigos socialistas y los allendistas de otros partidos se sienten cómodos con que el presidente de esta Fundación sea parte de esta maniobra?

Yo, por mi parte, siento vergüenza de que el presidente de CUPRUM sea militante de mi partido, la DC, y por ello pediré su expulsión. Aunque tenga protección garantizada.

Las directivas de los partidos políticos han aportado un ominoso silencio y se encierran en su microclima de termopanel a elegir candidatos, sin hacer análisis y reflexiones serias sobre sus responsabilidades en una de las mayores crisis de confianza política que ha experimentado el país.

La ciudadanía está fundadamente indignada, pero no hay signos de estos liderazgos políticos, militares o empresariales que indiquen que están dispuestos a reconocer las responsabilidades personales en estas acciones repudiables.

La recepción de dineros sucios mediante maniobras ilegales, la maquinación de Cuprum y Provida, requiere de respuestas apropiadas. Hay que exigir a los responsables de los servicios públicos que actúen. No podemos aceptar la impunidad.

Para enfrentar los abusos de Cuprum y Provida invitamos a sus afiliados a cambiarse a otra AFP. No mejorarán sus pensiones, pero pueden enviar un mensaje claro: no aceptamos sus abusos. Además, si se cambian a las más baratas, podrán incrementar sus remuneraciones líquidas en un 1%.

Para evitar la impunidad que pretende imponer la colusión de nuevos designados en funciones relevantes, deberemos iniciar una activa, pacífica pero perseverante y creciente movilización popular.

Si las élites se autoprotegen, nos corresponde a los ciudadanos defendernos de ellos. Recordemos una frase muy decidora: cuando las autoridades pierden la vergüenza, los gobernados les perdemos el respeto. Sin odio, sin violencia, podemos empezar a cambiarlos.

Partamos en las municipales próximas. Si usted no vota, ellos acarrearán a su clientela y nos seguirán pisoteando. Si nos preocupamos de buscar personas decentes en todos los sectores, que los hay, las cosas empezarán a cambiar. Pero nada podrá hacerse si seguimos indignados sin actuar.

No olvidemos que votar por un corrupto ya no es ingenuidad. Es complicidad.