El héroe que desde el jueves por la tarde acorrala a Goldman Sachs-Azora al conseguir que el Tribunal Supremo anule definitivamente la venta de 3.000 viviendas de protección oficial al fondo por parte de la Comunidad de Madrid en 2013 es un paradigma de la precariedad que atenaza a los abogados en España. «A mi esto no me da para vivir», confesaba a este medio en junio César Pinto en una cafetería de la Gran Vía de Madrid.

Hace un mes, Pinto, que lleva 21 de sus 53 años de vida trabajando en el turno de oficio, dijo basta: defensor de las causas imposibles -como la que afecta al antiguo Instituto de la Vivienda Ivima-, cayó en una baja laboral por depresión y ansiedad. Su familia ha dado permiso a El Independiente para contarlo, ya que las razones de su enfermedad residen en el estrés laboral y en la precariedad que lo atenaza. La prueba de que la justicia no es igual para ricos o pobres, aunque esta vez hayan ganado los segundos.

Su familia indica que las razones de su enfermedad residen en el trabajo

Diezmado, este abogado ha logrado la victoria de su vida cuando menos lo esperaba y en su peor momento personal. Una victoria con implicaciones todavía mayores que el desahucio que logró paralizar solo pocas horas antes de que se ejecutara en diciembre de 2012, a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Padre de cuatro hijos y poseedor de un modestísimo despacho en el centro de la capital, el tono de Pinto resulta extremadamente suave. Nunca alza la voz ni pierde los papeles.

Se puede decir que los afectados por la venta de las 2.935 viviendas sociales del Ivima deben su victoria en exclusiva a la persistencia de Pinto y de su cliente, el residente de Navalcarnero Rachid Bouikou. Ningún partido les ha acompañado en su viaje judicial. Ninguna asociación. Solo ellos.

Ningún partido ha acompañado a Pinto y su cliente en su viaje judicial. Ninguna asociación

Bouikou accedió en 2007 a una vivienda del Ivima en el municipio madrileño tras años en listas de espera. Allí vivió apaciblemente abonando un alquiler asequible hasta que en 2013 se enteró de que su nuevo casero era un fondo buitre que había comprado su hogar y otros miles más por debajo del precio de mercado. Ignacio González, hoy investigado en el Caso Lezo, era el presidente autonómico cuando se produjo la operación, que reportó 200 millones a las arcas regionales en plena crisis.

El inquilino siguió pagando religiosamente el alquiler, aunque a un precio más elevado: una práctica generalizada en Madrid al cambiar la propiedad a Goldman-Azora. Pero decidió batallar junto al abogado César Pinto, especializado en Derecho Penal, Administrativo y de Extranjería y con reputación de defender a los que menos tienen: uno de los dominios de Pinto es, por ejemplo, llevar la causa de ex presidiarios absueltos tras pasar años en prisión que reclaman una indemnización al Estado, como le ocurrió al ex presidente del Barça Sandro Rosell.

El inquilino y su abogado sufrieron dos reveses judiciales en 2016 y 2017

Al principio les fue mal: en 2016 un juez de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo rechazó que Rachid Bouikou pudiera recurrir al no tener «legitimación activa». Animado por Pinto, Bouikou insistió ante el TSJM, que siguió negando la legitimidad al denunciante. A finales de 2017 la suerte les sonrió y el Supremo les reconoció la legitimidad porque las consecuencias de la venta eran «directas» para los inquilinos.

Aquí comenzaba otra etapa: el Supremo les reconocía el derecho a litigar, sin darles la razón en absoluto. Quedaba lo más duro. Inesperadamente, el 25 de mayo de 2018 el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid no solo reconocía el derecho de Bouikou a recuperar su vivienda sino que extendía ese derecho a las 3.000 vpo restantes.

Blackstone no hace declaraciones. En Casa Cibeles dice estar «analizando el fallo»

La pelota pasó al Tribunal Superior de Justicia, que deliberó durante tres meses. Durante la espera, César Pinto se mostró pesimista, pero también sorprendido de que la discusión del tribunal durase tanto. «Nunca me había pasado tanto», reconoció entonces. El TSJM también les dio la razón en junio pasado.

La guinda ha llegado este 12 de diciembre con el broche del Supremo. Los todopoderosos fondos y socimis que aterrizaron en España durante la crisis para invertir en negocios inmobiliarios y residenciales jamás imaginaron que un abogado precario iba a dejarlos besando la lona.

Se palpa el nerviosismo entre estos actores. Blackstone, que compró 2.000 viviendas al Ayuntamiento de Madrid en 2013 en una operación calcada a la del Ivima con Ana Botella de alcaldesa, no quiere hacer declaraciones. En Casa Cibeles, por su parte (heredera de Goldman-Azora), se limita a enviar declaraciones por correo electrónico: «Estamos analizando el fallo», indica un portavoz.

«Hay veces que César está en casa pero en realidad mentalmente está trabajando»

«Siempre hemos cumplido todos los contratos de inquilinos firmados con el Ivima, también en lo que respecta a las bonificaciones de renta que algunos de ellos tenían concedidas», continúa el fondo. «Hemos dado especial prioridad a aquellos casos de vulnerabilidad social, que son atendidos por su equipo de mediación social para buscar las alternativas y soluciones más adecuadas a cada situación».

La mujer de César Pinto espera que la sentencia inyecte una dosis de moral a su marido. «Tenías que verlo. Hay veces que César está en casa pero en realidad está trabajando, con la cabeza en otra parte». Aseguran que sufre, que analiza las cosas una y otra vez sin importarle la naturaleza del cliente, aunque siente predilección hacia los desarrapados, los desclasados.

«No se puede vivir de esto»

«No se puede vivir de ser abogado de oficio», reveló Pinto a eldiario.es en 2018. «Está muy mal pagado. En lo contencioso se cobran 300 euros por cada asunto en primera instancia, pero te llega a plazos y tarde. Cuando presentas la demanda, el 70%, y el 30% restante con la sentencia. Con estas cantidades nos vemos obligados a hacer otras cosas a la vez y por eso tenemos también mala fama, porque parece que no haces caso a las personas».