TORTURA, 1-O

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CATALUNYA PLURAL // El 1 de octubre 1.066 personas resultaron heridas, según cifras facilitadas por el Departament de Salut de la Generalitat. La ONG Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía el 1-O y reclamó una “investigación efectiva” de la actuación del cuerpo por parte de expertos internacionales. “La policía puede haber tenido la ley de su parte para hacer cumplir una orden judicial, pero no les daba el derecho de usar la violencia contra manifestantes pacíficos”, afirmó Kartik Raj, investigador para Europa occidental de HRW. Ante esto, Jorge del Cura va un paso más allá y asegura que en el 1 de octubre se torturó.

Este ingeniero naval de formación empezó a frecuentar círculos antirrepresivos y antifranquistas a partir del asesinato de Salvador Puigantich en 1974. Pocos años más tarde, en 1977, con el motín de Carabanchel, del Cura comenzó a colaborar con el Comité en Apoyo a la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL). A partir de ahí, su lucha siguió a través de los comités de apoyo del caso Scala, a presos anarquistas, la CNT… Hasta que se creó, en 1985, la Asociación Contra la Tortura. Ahora trabaja como funcionario de justicia en Madrid y es portavoz de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT). Hablamos con él a raíz de las jornadas organizadas por el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH) sobre violencia institucional en Catalunya.

Las Naciones Unidas definen la tortura como cualquier acto en el que un funcionario público inflija intencionadamente a una persona dolores, físicos o mentales, con el fin de obtener una información, castigarla, intimidarla o coaccionarla. ¿Podemos diferenciar tortura de malos tratos?

La convención de las Naciones Unidas de 1984 se ha quedado anticuada, ya que está más enfocada al daño físico que al psíquico. Además, distingue tortura o malos tratos según la gravedad del daño producido. Esto hay que cambiarlo. Las secuelas pueden ser más o menos graves, pero es tortura. Hay otro problema que es la intencionalidad, las Naciones Unidas recoge la obligatoriedad de que para ser tortura sea un daño intencional, pero esto a día de hoy habría que superarlo. Es el caso de los entornos torturantes que están diseñados con el objetivo de causar daño.

¿Por ejemplo?

Las cárceles de máxima seguridad o las celdas de aislamiento en las prisiones. No es un funcionario el que te aísla para torturarte, sino que el propio aislamiento está generado para condicionar esas situaciones de daño, dolor y castigo. Cumplen todas las funciones, por eso hay que actualizar la convención.

El Código Penal tiene un artículo que hace referencia a las torturas y otros delitos contra la integridad moral.

Hay muchas variedades entre tortura, maltrato y pena cruel, inhumana y degradante, es un proceso largo. Por un lado está la tortura y luego las secuelas. Una cosa es la sanción, qué pena corresponde a cada caso de tortura, que ahí habría que ver si es tortura, trato cruel, inhumano, degradante, de lesiones, etc. Y otra cosa es la tortura como figura e intencionalidad, hay que separarlo. Si empezamos a distinguir entre tortura y maltrato, esa distinción está bien desde el punto de vista penal, pero no del punto de vista ético o educacional.

Hay una tendencia preocupante que es judicializar toda lucha por los derechos humanos. Una cosa es que hay que judicializar pero no es la única ni la más importante. Nos hemos olvidado de la función de formación, tanto a los funcionarios como de la sociedad civil, a los particulares, individuos. Hay que combatir la tortura en ese campo ideológico. Cuando planteamos esa diferencia creo que no estamos haciendo mucho bien a la lucha contra la tortura.

Con lo dicho hasta ahora, las imágenes que dejó en algunos casos la actuación policial del 1-O, ¿se podría llegar a considerar mal trato o incluso tortura?

Según el último informe del Relator Especial de la Tortura, por la definición que hace de tortura, lo que pasó el 1 de octubre es tortura, porque entra en la definición de las Naciones Unidas, que es que funcionarios públicos castigaron a alguien por algo que ha hecho o se supone que ha hecho, además se coaccionó a todo un colectivo. Es un caso de tortura generalizada. Las lesiones no son especialmente graves, pero el miedo que se generó en la sociedad es muy grave.

Es un caso claro de tortura punitiva, donde se castiga a una serie de personas por desobedecer unas órdenes, por ser independentistas, hay un castigo en la sociedad catalana por haber desobedecido o incluso haberse enfrentado al Estado español. Es un caso de tortura evidente si bien las consecuencias personales de cada uno no son especialmente graves. Insisto, el Código Penal español así lo recoge, una cosa es el delito de torturas, que tiene que ir acompañado del delito de lesiones, que irá según las secuelas.

Hace años que entidades que defienden los derechos humanos piden que se incorpore el Protocolo de Estambul como mecanismo para prevenir la tortura, ya que permite hacer una evaluación psicológica y determinar el grado de maltrato o tortura. ¿España cumple con este protocolo?

El Protocolo de Estambul no es de obligado cumplimiento, es una recomendación de las Naciones Unidas. Eso hace que los jueces no lo conozcan o no le den credibilidad. Luego, en los juzgados españoles, todas las valoraciones periciales psicológicas son rechazadas y despreciadas. Para ellos o hay un hueso roto o no hay dolor. No están preparados para ser sensibles al dolor del ciudadano. Es un problema importante.

En el caso de las prisiones, concretamente, hay un problema importante con el protocolo y en general con el sufrimiento psíquico. Cuando el suceso de torturas es puntual o reducido a un espacio temporal limitado, de pocos días de aislamiento o detención, es fácil acreditar que ha habido tortura y qué secuelas ha habido en ese espacio de tiempo. Pero en situaciones de privación de libertad prolongada es más complicado. Con el Protocolo de Estambul, si ha habido sucesos de tortura prolongados en un tiempo se puede acreditar que hay estrés postraumático, aunque es difícil de concretar donde, cuando y como. Alguien que ha estado 25 años en la prisión y que ha vivido varios momentos de tortura, el daño se ha acumulado. En este sentido los jueces lo ponen muy difícil porque necesitan un culpable. Esto es parte del error que cometemos cuando hablamos de tortura: aunque no haya un culpable hay tortura.

Entonces, ante estas dificultades, ¿vale la pena denunciar?

El objetivo de denunciar tortura no debe ser la condena de una persona. Muchas veces caemos en la trampa de la impunidad, pero la impunidad no es el problema, es el síntoma. Cuando alguien dice que no pone una denuncia porque “no sirve para nada” o porque “se va a archivar”, debemos cambiar el discurso. La denuncia tiene un objetivo legítimo que es la responsabilidad personal, que el torturador sea investigado y sufra la sanción que corresponda. Pero la denuncia tiene otros objetivos como saber qué esta ocurriendo y cómo se está tratando a las personas. Cuando sepamos esto, podremos poner solución.

¿Puede poner algún ejemplo?

Muchas de las denuncias de la CPDT no llegan a buen término, en el sentido de conseguir que se juzgue o se condene a alguien, pero cuando conseguimos focalizar la atención en un centro de detención, sea una comisaria, una prisión o un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), somos conscientes de que aunque nos digan que no es verdad lo que estamos denunciando, la administración pone medidas. Durante un tiempo el régimen de vida en esos centros mejora, disminuye la agresividad, disminuye la presión… Es efectivo. Nunca nos reconocerán que hay tortura, pero mejora. Por eso el objetivo de la denuncia no tiene que ser castigar, sino visibilizar qué sucede para poner remedio y sensibilizar a la ciudadanía. Hay impunidad porque la sociedad no está en contra de la tortura.

Durante el franquismo, por ejemplo, se torturaba con el fin de obtener información. ¿Esto ha cambiado?

La tortura tiene tres objetivos principales: obtener información, castigar o coaccionar. Hay otro objetivo claro que es el de generar miedo, tanto a la persona concreta que se tortura, por ejemplo por disidencia política, como a su entorno. No obstante, con las nuevas técnicas de tortura hay personas que no saben que están siendo torturadas. La gente cuando habla de tortura está pensando en las palizas, en arrancar las uñas, rotura de huesos, golpes… la parte física y más sangrienta. Sin embargo, la tortura, la más habitual actualmente, es la que intenta romper a la persona para luego conseguir lo que sea, información, justificaciones o coacciones.

Nos encontramos muchas personas que han participado en una manifestación, han sido detenidas, y que cuando son puestas en libertad y les preguntamos cómo les han tratado, nos dicen: “Bien, me pegaron cuatro bofetadas y no me dejaron dormir, me obligaron a estar contra la pared, pero bien”. Al cabo de unos días empiezan las pesadillas y la ansiedad. Pero como las secuelas físicas aparentemente no son graves, nadie asocia eso con tortura. Por ejemplo, si no te dejan dormir, tu capacidad de reacción es menor, eres más dócil, hay un castigo y un objetivo claro de humillar y destrozar psíquicamente a esa persona. Si tú como funcionario tienes a una persona privada de libertad, si la destrozas y la desquicias anímicamente, va a ser mucho más fácil poder gestionar la vida de ese centro.

Un caso así, en una prisión, debe ser difícil de denunciar.

Sí, las prisiones tienen un problema en general que es que son centros muy cerrados. Los muros de la prisión no solamente tienen el objetivo de que el preso no se escape, sino de que la sociedad no entre y no vea lo que pasa dentro. Por eso se intenta que las cárceles cada vez estén más lejos del resto de la sociedad. Luchamos por romper esto, con información y sensibilización. Por ejemplo, el protocolo de prevención de suicidios de las prisiones no funciona bien ni se aplica correctamente, eso es por desinterés, por falta de medios y por la deshumanización de las prisiones y de las personas presas.

Entonces, ¿podemos decir que hay tortura en democracia?

En los medios de comunicación la palabra tortura viene aparejada normalmente a una situación que se vive fuera de Europa, ya que se supone que las democracias no torturan. Pero justamente las democracias son las que más han investigado en tortura. Hay el ejemplo de Francia, después de la guerra de Argelia, o Estados Unidos con Guantánamo. Hay otro problema que es que todo el mundo rechaza la tortura cuando “soy yo” el torturado, pero cuando el torturado es un culpable o “un malo”, prefiero no saberlo pero no me opongo. En Europa, el apoyo a la tortura en casos de terrorismo está en las encuestas a un 20% en España o un 60% en Francia. La tortura no se aplica a los buenos, eso es inadmisible, pero a los malos, como no son personas, sí que se puede. Es la deshumanización de la persona. En España la tortura sigue siendo sistemática en todo el Estado. Obviamente no todos los funcionarios torturan, pero es una práctica mucho más que habitual, pero seguimos sin llegar a ciertos sitios ni conseguimos dar todo el apoyo jurídico ni psicosocial a los torturados que querríamos.

¿Qué recomienda que haga una persona que ha sufrido tortura?

Lo primero es tener ayuda, ya sea a través del protocolo de Estambul o de tratamiento psicológico o apoyo psicosocial. La gente que ha sufrido tortura se puede recuperar con apoyo, sobre todo de su entorno más cercano. Es igual de crucial el apoyo jurídico como el social. Es muy importante no decir que “algo habrán hecho” porque, independientemente de si o han hecho algo o no, no se puede torturar a las personas.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.