Tal como anticipó Clarín, la Corte Suprema confirmó hoy que realizará un nuevo fallo en torno a la polémica del 2x1 a represores condenador por delitos de lesa humanidad tras la sanción de la ley en el Congreso. "Se informa que, en los casos que aún se encuentran en trámite ante la Corte Suprema, en los que se discute la aplicación del cómputo de prisión preventiva denominado “2 x 1” ─previsto en el artículo 7° de la ley 24.390─ en cuanto a delitos de lesa humanidad, se instruyó a la secretaría del Tribunal para que reúna los expedientes", expresó el organismo en un comunicado.



"Se informa que, en la semana próxima y por disposición de la Secretaría, como corresponde legalmente y es habitual, se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362", agregó el cuerpo supremo.

Esta mañana, Clarín dio cuenta de los movimientos de los jueces para dejar atrás el temblor político de los últimos días y la decisión de la Corte de reglar cómo se aplica los límites a ley del 2x1 que aprobó el Congreso en forma éxpres y hoy publicó el Gobierno en el Boletín Oficial.



Las fuentes judiciales afirmaron que no se esperará meses a que llegue desde los tribunales inferiores una nueva causa, sino que se votará sobre “uno de los varios recursos de ex represores que ya están en la Corte”. “La idea es aplicar el nuevo marco jurídico que dio el Congreso para ordenar los criterios en los juicios y condenas a represores en toda la Justicia”, explicaron las fuentes.

Ayer seguían conociéndose fallos de tribunales que rechazaban pedidos de represores para que se le acorten las condenas por la aplicación del 2x1, a pesar de que por lo menos en dos casos las cámaras federal porteña y de Casación Penal habían aceptado la reducción en causas que no habían sido publicadas en los medios masivos, antes del polémico fallo de la Corte.

El proyecto de ley aprobado el miércoles, de cuatro artículos, establece en el 1° que el beneficio del 2x1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra” y que es para causas “en trámite”. La aprobación de ambas cámaras en menos de dos días fue coronada con una marcha multitudinaria en la Plaza de Mayo -organizada por organismos de derechos humanos como las Abuelas de Plaza de Mayo- para repudiar el fallo que habían aprobado por mayoría los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, contra el voto en minoría de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El sector de Rosatti quiere que se vote “en pocas semanas más”. Habrá que ver que disposición política tiene Lorenzetti, quien libra una sorda interna con Rosatti por la futura presidencia del máximo tribunal.

En el sector de ese voto mayoritario se admite que “hay que hacerse cargo de que hubo una respuesta social mayor a la que se esperaba” al fallo sobre el caso del ex parapolicial Luis Muiña, quien actuó en 1976 en la represión del Hospital Posadas.

De todos modos, se señaló en esas fuentes que “el Congreso, con la sanción de esta nueva ley, asumió que había un vacío legal” y que “los jueces no deben legislar”.

La necesidad de que exista un criterio judicial para todo el sistema judicial tendrá su prueba de fuego en cómo se aplica el fallo de la Corte en el caso de Muiña. El tribunal oral federal 2 puede reducirle la condena en un año por cada dos en que estuvo preso sin condena o el fiscal puede apelar en virtud de la ley que se publicará hoy y entrará en vigencia en ocho días. Los legisladores para que entre en vigencia hoy debería haber escrito expresamente que su aplicación era automática, explicó una fuente de la Casa Rosada.

¿Cómo votará ahora la Corte? No se sabe, aunque la mayoría de este caso tiene una salida jurídica y política con la ley que sancionó el Congreso en forma casi unánime. Por un lado, hay doctrina que señala que una interpretación como la vota “se abrocha automáticamente” a la ley original que se sancionó en 1994 a instancias del gobierno de Carlos Menem. “Antes teníamos un traje claro, ahora el Congreso dice que tenemos un traje celeste claro. Entonces, no hay contradicción”, graficó un abogado que recorre los pasillos de la Corte. Además, dice que es retroactiva porque será aplicable “a las causas en trámite”. De una primera lectura, se podría esperar un fallo en consonancia con la ley del Congreso. Pero desde el lado de algunos abogados de los 2.300 militares o policías condenados o procesados por delitos de lesa humanidad de podrían pedir la inconstitucionalidad de la nueva ley porque va contra el principio de la ley más benigna que establece la Constitución y el Código Penal. Es decir, se tratará -luego del nuevo fallo por el 2x1- de un debate de fondo y de largo alcance.

El martes de la semana pasada, la Corte por mayoría de tres votos contra dos, avaló la aplicación del viejo "2x1" para Luis Muiña condenado por crímenes durante la dictadura y convalidó la reducción de su pena. Muiña fue condenado en 2011 a cumplir una pena de trece años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La mayoría del tribunal entendió que a Muiña le correspondía la aplicación de la ley más benigna ya que la desaparición forzada de personas es un delito permanente. Por ello, según esos magistrados, lo alcanza la reducción de pena prevista en una ley que tuvo vigencia de 1994 a 2001.

Se trata de la ley 24.390, más conocida como la del "2x1". Esto es que se consideraba doble cada día de prisión preventiva superados los dos años del encarcelamiento y sin sentencia firme.

La norma se sancionó en 1994 para descomprimir la situación de las cárceles, llenas de procesados sin condena, situación expuesta en la carnicería del motín en el penal de Sierra Chica, donde hubo casos de canibalismo. Pero en 2001 esa norma fue reemplazada por la ley 25.430, que quitó ese beneficio para los procesados. Así, a los dos años de prisión los procesados sin sentencia pueden pedir y obtienen sus excarcelaciones.

La discusión en la Corte pasó por interpretar si estaba vigente la ley del 2x1 para alguien detenido en 2007 y condenado en 2011. La mayoría del tribunal, compuesta por los dos nuevos ministros del cuerpo, Rosatti y Rosenkrantz, más la vicepresidenta del mismo, Highton, dieron su voto positivo.

El argumento de esos tres jueces fue que las desapariciones de personas son un delito permanente y que por ende a Muiña le correspondía el principio de la ley más benigna ya que debían considerarse todas las normas existentes entre la comisión del delito, marzo de 1976, y su sanción penal, es decir la condena de 2011 dictada respecto de él por el tribunal oral federal 2.

"La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho", dijeron en su voto los jueces Highton y Rosenkrantz en defensa de la aplicación de la ley más benigna.