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HERMOSILLO.

El exmandatario panista Guillermo Padrés Elías no acudió a declarar ante el agente del Ministerio Público Especializado que lo citó a comparecer, en calidad de acusado, por una averiguación previa en su contra por varios delitos graves en perjuicio de Gisela Peraza Villa, la empleada doméstica que pasó cuatro años encarcelada durante su sexenio, señalada por un robo millonario ocurrido en la Casa de Gobierno en Sonora.

Ésta es la tercera ocasión en que el exgobernador de Sonora incumple con un citatorio judicial, luego que el pasado 13 de mayo tampoco asistió ante dos citatorios para declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, instancias que también lo investigan por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y delitos contra la administración de la justicia.

Ayer martes la cita estaba programada para las 11:00 horas (13:00 tiempo de la Ciudad de México) en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Sonora con el “propósito de llevar a cabo una diligencia de carácter penal”.

Como Guillermo Padrés no se presentó a declarar, el agente del Ministerio Público Especializado, Mario Domínguez Tonix, advirtió que la fiscalía enviará dos citatorios más y que en caso de no comparecer, el exmandatario podría ser llevado ante la justicia mediante el uso de la fuerza pública.

Juan Antonio Ortega García, abogado de la víctima, lamentó que el exgobernador Padrés esté incumpliendo con su obligación de acudir a declarar como estrategia legal para retrasar la acción de la justicia.

Además, denunció que los acusados han solicitado más de 60 amparos para entorpecer la investigación.

“Interpusieron una cantidad de amparos para amarrar de las manos a la Procuraduría de Justicia, son muchos los implicados y todos ellos, al igual que la cabecilla, que es Guillermo Padrés, se ampararon para no ser encarcelados como ellos lo hicieron con Gisela”, declaró el abogado.

La acusación

Fue el 13 de marzo del 2011 cuando la empleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padrés junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas valiosas que el exmandatario guardaba en su alcoba.

Según estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.

Actualmente hay 20 exfuncionarios sujetos a proceso penal por el caso de Gisela Peraza, quien interpuso la demanda por los delitos de abuso de autoridad, asociación delictuosa, tráfico de influencias, tortura, lesiones, privación ilegal de la libertad y los que resulten en la investigación.

En caso de ser encontrado culpable, Padrés podría ser sentenciado a más de 20 años de prisión, sin derecho a fianza, además que la condena aumenta al doble porque los delitos se cometieron cuando ostentaba un cargo público.

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