Compartir





















No se puede pretender hallar ahí excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia y coste. Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza catalana, que no cesa. Si Rajoy no encontrara el valor para tomar decisiones o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral debe enfrentarse al pulso separatista.

No es posible permitir que los diputados separatistas catalanes concedan a un fugitivo de la Justicia española la prerrogativa de mover los hilos de una parte del Estado representado en Cataluña por la Generalidad. Es el momento de actuar con firmeza y sin demora. De entrada, los exconsejeros excarcelados deben volver a prisión por su reiteración en los delitos que negaron ante el juez.

El principal desafío que tiene España no es la permanente actitud de insurrección de los secesionistas catalanes, sino la falta de respuesta gubernamental y de cómo ha generado una dramática sensación de abandono en muchos catalanes.

Las protestas violentas contra la presencia del Rey en Barcelona y la desafiante actitud de los funcionarios y altos cargos de la Generalidad, portando lazos amarillos, no hace más que agravar esa sensación de impunidad de los que saben que si consiguieran recuperar el control de la Generalidad, desalojarían, simbólica y realmente, al propio Estado.

Por todo ello, el Gobierno debe emplear todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar. Y de hacerlo inteligente y eficazmente. Su mayoría parlamentaria es suficiente para activar toda la potencia política prevista para la defensa de la unidad de España.

Acuerdo de investidura

El acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.

Según ha publicado el diario Ara, es una estrategia para dar una estructura que permita a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría un presidente que no fuera él, y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación actual.

El documento recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sea Jordi Sànchez (JxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo –las fechas no están cerradas–.

Los tres órganos a crear en Bruselas se asemejan a lo que puede considerarse un Parlament, un presidente y un Govern en el exilio, y que participen tanto miembros de JxCat, la CUP y ERC como representantes de la sociedad civil.

Bajo la etiqueta de Espai Lliure de Brussel·les, se prevé que los tres órganos actúen para defender la República, y que el Govern formado en Cataluña trabaje con la premisa «legalidad autonómica, obediencia republicana», según el documento.