El 20 de diciembre de 2015 el bipartidismo llegaba a las urnas herido de muerte, y tanto PP como PSOE tenían miedo porque no podían cuantificar el voto oculto que recibirían los emergentes y, en particular, Podemos.

No es extraño, pues, que un gobierno del PP acostumbrado a la corrupción tirara de los recursos disponibles en las cloacas contra aquel peligro. Y tampoco llama la atención que los dirigentes del PSOE tuvieran poco o nulo interés en vigilar esas ilegalidades. Al margen de lo que les pudiera salpicar, perjudicar a Podemos les beneficiaba.

Gracias a Villarejo, las cloacas del Ministerio de Interior se han convertido en parte de nuestras vidas. Pero nos falta mucho por conocer porque sabemos que, de repente, una mañana cualquiera se desvelarán nuevos delitos.

Lo que sí consta es que el gobierno del PP utilizó las cloacas que pagamos entre todos para torcer nuestras preferencias en las dos elecciones generales más recientes. Incluso podría ocurrir que no se hubieran limitado a la invención y divulgación de mentiras contra sus adversarios, que en algunos casos eran nuestros políticos favoritos. Veamos.

A principio de 2016 el Ministerio del Interior publicó en su web oficial los resultados de las Elecciones Generales de 2015. Durante la primavera de ese año, una investigación privada permitió descubrir importantes descuadres en los censos de todas las provincias de Castilla y León, y no tan relevantes en otras CC.AA. Se puso en conocimiento de los grupos parlamentarios de todos los partidos de ámbito estatal, excepto del PP por evidente falta de confianza, pero no hubo respuesta.

En cambio, sí se recibió el apoyo de la asociación Convocatoria Cívica, presidida por el juez Baltasar Garzón, desde donde se requirió al Ministerio. Esta vez Interior reaccionó con un comunicado oficial reconociendo “errores”, pero que no afectaban a los resultados. En 48 horas corrigieron la información y actualmente, en la web, no aparecen los descuadres. Aunque se le requirió de nuevo, el Ministerio no amplió información alguna sobre el motivo de la irregularidad manifiesta, y sobre cómo fue posible que durante casi diez meses se mantuviera una información electoral que no era veraz.

Pero cuando hay una sospecha sobre los censos electorales es imposible no recordar hechos relevantes de años anteriores, también bajo gobiernos del PP en el Estado y en la C.A. afectada.

La que la policía denominó Operación MAPAU consistió en la manipulación de los votos emitidos desde Argentina, por votantes de Baleares, para las elecciones autonómicas de 1999. El delito electoral consistió en contabilizarlos todos en la isla de Formentera, con la intención de quitar ese diputado a la izquierda, pues podía ser decisivo para formar gobierno. El líder del PP Balear era el hoy delincuente, convicto y confeso, Jaume Matas, y la Justicia sentenció que MAPAU no solo concentró votos de manera irregular en una circunscripción determinada, sino que falsificó los mismos votos en origen, hasta el punto que se descubrió que hubo quien salió de la tumba para acudir al colegio electoral. El mismo sistema de resurrección sirvió para que otro tribunal sentenciara, también contra el PP de Baleares, en unas elecciones municipales de los primeros años 80.

Resulta que, según la investigación privada, la posible manipulación de los censos de Castilla y León para las elecciones generales de 2015 habría consistido en una concentración en la de León de los votos del CERA correspondientes al resto de provincias de la C.A. En este caso, la pregunta a los culpables, si no se hubiera tratado de un error, se refiere al momento del recuento de votos durante la noche electoral, y sería la siguiente:

¿Se contabilizaron en la provincia de León todos los votos del CERA de esa C.A. que, a diferencia de MAPAU no estaban controlados por los tentáculos del PP en el exterior, con objeto de minimizar sorpresas desagradables en las provincias pequeñas, donde un solo voto puede significar un diputado menos?

Y aprovechando que usted, señor Villarejo, lo tenía todo controlado, ¿podría decirnos si desde el Ministerio del Interior de alguien tan embustero como el presidente Aznar, en 1999, echaron una mano a su compinche Matas con los censos electorales?

Y si no es mucho pedir, ¿tiene algo grabado sobre Castilla y León en 2015?

Quedamos a la espera, porque aquí nadie investiga.

Mientras tanto, anunciamos nuevas sospechas sobre el particular “efecto 2000”, quien no recuerda aquel trauma mundial que quedó en casi nada, sufrido por los censos y las poblaciones en España. Pero para hablar con propiedad de esto tenemos que seguir investigando.

Continuará…