Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte entre 2003 y 2008, se convirtió hoy en el primer alto cargo kirchnerista detenido por corrupción de la era Macri. Jaime se entregó a la Policía después de que un juez federal argentino ordenase su detención por supuestas irregularidades en una compra de trenes. El lunes deberá responder en los tribunales por la adquisición de material ferroviario en pésimo estado a España y Portugal en 2005 por un valor superior a los 100 millones de euros.

El juez Julián Ercolini solicitó la detención de Jaime por considerar que "los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hacer presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública". Jaime, quien ya acumula tres condenas en su contra, negó haber cometido algún delito antes de entregarse.

En esa supuesta maniobra la administración pública del entonces presidente Néstor Kirchner presuntamente pagó sobreprecios e importantes comisiones a una empresa argentina por su asistencia en la compra de trenes que no fueron utilizados ni siquiera para repuestos.

Jaime es el ex funcionario kirchnerista con más causas de corrupción abiertas. Su detención supone un balón de oxígeno para el presidente argentino, Mauricio Macri, tras una semana centrada en las malas noticias de las subidas de la luz, el gas, el agua, el transporte y la gasolina. Nada caliente más el debate y centra la atención que los escándalos de corrupción del kirchnerismo, que están debilitando mucho la imagen de este grupo, sobre todo ahora que se ha conocido un video del hijo de Lázaro Báez contando hasta 5 millones de dólares en su empresa, una financiera.

En los ambientes políticos argentinos, y en especial dentro del Gobierno hay un asunto que monopoliza las conversaciones y genera intensos debates: ¿Cristina Fernández de Kirchner acabará en la cárcel? ¿Y su entorno más cercano? ¿Y sus empresarios amigos? La respuesta más frecuente es que ella no, pero algún empresario cercano sí. "Parece que Cristóbal López [principal empresario del kirchnerismo, ahora en apuros fiscales] tiene todas las papeletas para ser el Odebrecht argentino", asegura un macrista en refencia al gran empresario brasileño encarcelado.

El debate dentro del Ejecutivo va más allá: ¿debe Macri presionar para que la expresidenta vaya a la cárcel como reclaman muchos de los votantes macristas? En plena polémica por los despidos y sobre todo por las enormes subidas de tarifas y la inflación desbocada, la presión política para buscar algo con lo que desviar la atención es creciente dentro del Ejecutivo.

La tensión es tan fuerte que el presidente se ha visto obligado a desmentir públicamente que él esté intentando presionar a los jueces que tratan los distintos casos en los que está involucrada la familia Kirchner y su entorno. Sin embargo, mientras prometía que él no se va a meter y respetará la independencia judicial, Macri recrudecía su ofensiva contra los Kirchner y su entorno a través de Laura Alonso, jefa la Oficina Anticorrupción y persona de máxima confianza del presidente. Alonso, una luchadora contra la corrupción que viene de la sección argentina de Transparencia Internacional, decidió solicitar al juez Daniel Rafecas sumarse como querellante en el expediente judicial que más preocupa a la expresidenta: la llamada "causa Hotesur", en la que se investiga un posible blanqueo de dinero en los hoteles de la familia Kirchner.

La decisión es estratégica, porque la causa está bastante parada después de que en julio del año pasado un tribunal se la quitara al juez Claudio Bonadío, muy duro, para dársela al juez Rafecas, más suave hasta ahora. Este caso inquieta a la presidenta porque, según fuentes judiciales, con las pruebas que ya recabó Bonadío parece muy evidente que la empresa de la expresidenta, que posee tres hoteles en El Calafate, un paraíso turístico al lado del glaciar Perito Moreno, facturó centenares de habitaciones a la empresa de Lázaro Báez, el principal constructor de la provincia de Santa Cruz e íntimo de los Kirchner, que en realidad nunca se ocuparon, en plena temporada de invierno, cuando en El Calafate hay poquísimos turistas. La presencia de la Oficina Anticorrupción y por tanto el Gobierno en la causa, si la acepta el juez, no solo puede ofrecer información y capacidad de maniobra al Ejecutivo sino que además manda un mensaje político muy claro: Macri quiere ir hasta el fondo.

Los juzgados son políticamente claves en Argentina, y más ahora que todos miran el ejemplo de Brasil, donde los jueces se pueden llevar por delante el Gobierno. Muchos macristas presionan para que los jueces acaben con la posibilidad de que la expresidenta vuelva a la primera línea de la política. De hecho ella sigue en silencio y su regreso será precisamente en el juzgado, el 13 de abril, cuando está citada como imputada por el juez Bonadío en otro caso, que no es de corrupción sino de presunta mala gestión de las reservas del Banco Central.