Artículo Original: Artyom Buzila

El 30 de junio, la corte del distrito de Kiev de la ciudad de Járkov ordenó prisión preventiva de 60 días para Alla Alexandrovskaya, líder de la organización local del ilegalizado Partido Comunista, dos veces diputada del consejo regional y cuatro veces diputada del Parlamento. Para cuando el tribunal decidió la medida, la mujer, de 67 años, había enfermado, por lo que se vio obligada a asistir a la sesión con un gotero. Además de ser enviada a prisión, el tribunal requisó también sus posesiones.

Antes, los investigadores habían registrado el domicilio de Alexandrovskaya, donde requisaron material informático y lo enviaron al lugar de custodia. La sospechosa está acusada de cometer crímenes según dos artículos del Código Penal de Ucrania: el artículo 110 (separatismo) y el 369 (sobornar a un oficial). Según la acusación, Alexandrovskaya, junto a su hijo Alexander (que ahora reside en la Federación Rusa) pagó grandes sumas de dinero para sobornar a los diputados de los consejos municipales (especialmente el de la ciudad de Yuzhnoye) con el objetivo de lograr votos de apoyo a la federalización del país. Por supuesto, según el SBU, dichas actividades estaban dirigidas por los servicios secretos rusos (FSB).

La defensa de Alexandrovskaya niega los cargos e insiste en que la política actuó siempre de forma acorde a la legislación ucraniana.

En primer lugar, es necesario mencionar algunos detalles sobre la personalidad y actividades de Alexandrovskaya. Estarán pensando: ¿fue esa “separatista” una de las participantes anti-Maidan que capturaron la administración regional o del consejo municipal en la primavera de 2014? ¿O al menos ha sido una comentarista política activa en los medios de comunicación rusos? En absoluto: después del golpe de Maidan, Alexandrovskaya trabajó en la organización pública “Sloboda”. El objetivo de la organización era pacífico incluso para los estándares del actual régimen político: conseguir más poder para la región de Járkov en el marco de la reforma gubernamental para descentralizar el poder y la capacidad para aplicar medidas económicas propias. No había ni palabra sobre la autodeterminación de Járkov, autonomía para los ciudadanos de etnia o cultura rusa, un parlamento propio ni, por supuesto, autonomía.

Durante casi un año, Alexandrovskaya ejerció sus actividades pública y abiertamente. Sloboda celebraba sus reuniones en hoteles de Járkov, nunca en secreto. Oganizaba manifestaciones en la capital. Incluso recogió firmas para una petición al presidente de Ucrania. Y lo que es más, recibió una respuesta del jefe adjunto de la administración de Poroshenko, Alexey Filatov, que aseguró que la petición sería considerada. En todo ese tiempo no recibió presiones de los servicios de inteligencia ni amenazas de acusación de actividades ilegales.

Y ahora sigamos.

¿Por qué se está haciendo esto? Obviamente parece algo personal. La amenaza “separatista”, cuando políticos y ciudadanos comunes salieron a las calles portando cintas de San Jorge, banderas rusas y gritando eslóganes como “abajo la junta” desapareció hace mucho tiempo. Al menos a corto plazo. Pero el régimen se tambalea: millones de personas sufren la situación económica, aumento de las tarifas y muchos están hartos del estado policial. Sin embargo, los valientes servicios de seguridad (SBU) mantienen a los ciudadanos que piensan libremente encerrados en las mazmorras.

El único riesgo posible es, en teoría, la oposición legítima, la que formalmente está permitida por la ley y permanece en Ucrania. Ellos, esa oposición, no hacen protestas contra la guerra civil en Donbass, no exigen cancelar la criminal política de integración europea y se niegan a aceptar que Crimea se ha perdido para siempre. Critica las políticas socio-económicas de las autoridades, de vez en cuando piden la dimisión de alguna figura pública para apoyar el acuerdo de Minsk. Es decir, mientras sea posible, intentan no vender su conciencia mientras intentan mantenerse fuera de la cárcel.

En esa lista se puede meter a algunos diputados del Bloque Opositor (al menos al ala izquierda de sus filas, como Vadim Rabinovich o Evgeny Muraev), el líder de la Unión de Fuerzas de Izquierda Vasyl Volga o Natalia Vitrenko, del Partido Socialista Progresista. A ellos se puede añadir a Alexandrovskaya, que actuaba según la ley, pero que claramente no aceptaba a Poroshenko y compañía. Acabar con la oposición legítima se ha convertido en la siguiente tarea del SBU (y del régimen de Kiev en general) después de acabar con los radicales “separatistas” y los restos de la primavera rusa que se mantenían en la clandestinidad.

Y esa persecución no se limita a políticos, sino a figuras públicas, periodistas e intelectuales.

Por ejemplo, los miembros del Consejo Popular de Bessarabia, que actuaban dentro de la ley, a pesar de su carácter draconiano y dictatorial, también recibieron acusaciones similares. Yo mismo, que trabajaba para un medio digital importante, Navspravda, y escribía esporádicamente artículos y reportajes para el diario Vzglyad, también intentaba mantenerme dentro de la ley [Artyom Buzila se declaró culpable de los cargos de separatismo para evitar así una pena que podía llegar a los 5 años de cárcel. Pasó 11 meses en prisión y abandonó el país inmediatamente después de ser puesto en libertad]. O Elena Glischinskaya y Vitaly Didenko: sus actividades periodísticas profesionales jamás se centraron en la búsqueda de tanques rusos en Odessa o la proclamación del Estado independiente de Bessarabia y Odessa. [Sus actividades se centraban en la defensa de los derechos de las minorías, aunque no llegaban siquiera a reclamar autonomía].

El caso más reciente ha aparecido hace tan solo unos días. El líder del Praviy Sektor en Odessa, Serhiy Sternenko, exige a la dirección de la Universidad Nacional de Odessa que despida a Elena Radzykhovskaya, profesora asociada y doctora en Historia. Le acusa de ser exactamente como su hijo, que murió en el Casa de los Sindicatos el 2 de mayo de 2014. Y se atrevió a hablar sobre ello en el Parlamento Europeo. Ahora se enfrenta a perder su puesto de trabajo ante el acoso organizado por los que posiblemente sean los mismos radicales que fueron a por su hijo. No sería una sorpresa que el SBU se interesara por el caso, no para investigar los actos del Praviy Sektor sino las opiniones de Radzykhovskaya.

Ucrania continúa hundiéndose en un lodazal de autoritarismo. Detenciones, acoso, todo es posible. Muchos de mis colegas rusos preguntan directamente: “¿qué hace el sudeste ¿Por qué no alzan la voz Odessa, Járkov, Jerson?”. Siempre respondo citando algún caso como el de Alexandrovskaya. Cualquier actividad social o política, por no mencionar acciones de protesta, supone como mínimo ser acosado y amenazado por los radicales. En el peor de los casos, puede suponer una detención y un tiempo en las prisiones del SBU. Si se atreven con exdiputados o periodistas conocidos, ¿qué harán con los ciudadanos comunes? Ninguna actividad es posible sin antes llegar a un acuerdo con el régimen.

Y mientras tanto, la represión continúa sin que el final esté a la vista. ¿Quién será el siguiente?