Han trascendido en las últimas semanas algunos de los debates que están teniendo lugar en el Consejo de Ministros de cara a afrontar la crisis creada por la pandemia del coronavirus covid-19. Dos posturas y tres sectores en el Gobierno que no se enmarcan precisamente en la división entre las dos formaciones que conforman la coalición: PSOE y Unidas Podemos.

Así, sabemos que hay un núcleo duro compuesto por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aplaudidas por la vicepresidenta primera y responsable de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, que apuesta por mantener un orden en el gasto público durante la crisis con el argumento de que será más fácil salir adelante en la crisis económica que se vislumbra después. También se podría añadir a este grupo el del responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Por otro lado, los representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz Alberto Garzón y Manuel Castells, pues Irene Montero ha estado apartada al dar positivo por covid-19, apuestan por una mayor inversión pública para paliar la gran crisis no solo sanitaria, también económica y social, actual. A este grupo, además, también se suman algunos ministros socialistas, como el responsable de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el de Transportes, José Luis Ábalos, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, o la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Un tercer sector del Gobierno se suele mantener neutral en estos debates. El presidente del Gobierno suele escuchar a ambos sectores para luego tomar la decisión. Esta dinámica quedó patente en las reuniones posteriores a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo. Calviño fue la máxima defensora, según ha trascendido, de retrasar esta medida lo máximo posible. El primer grupo también ha sido reticente a las principales medidas sociales que el Gobierno ha hecho llamar “escudo social” contra la actual crisis.

Unidas Podemos quiere que el Consejo de Ministros apruebe tres medidas sociales nuevas. Una de ellas tiene que ver con el anuncio que hizo ayer en el Congreso de los Diputados la ministra de Trabajo, Díaz, en relación con la prestación por el desempleo de las empleadas del hogar afectadas por la crisis actual. Las otras dos tienen que ver con la suspensión del pago del alquiler durante estos meses de crisis total y por la creación de una renta mínima de inserción.

Alquileres

Según fuentes de Unidas Podemos, la propuesta es la suspensión, no un retraso o moratoria, del pago del alquiler para personas que han quedado en situación de vulnerabilidad por esta crisis. De esta propuesta se podrían beneficiar aquellas personas que a raíz de esta crisis no puedan hacer frente a este pago por pérdida de empleo reducción de jornada, por ERTE o por deberes de cuidado. También autónomos y pymes que hayan sufrido una caída sustancial de sus ingresos. En el caso de autónomos y Pymes también se incluiría el alquiler del local u oficina.

Esta suspensión del pago del alquiler sería de dos meses, y se podrá prorrogar hasta el mes siguiente a la finalización del estado de alarma, según propone Unidas Podemos. Además, los contratos de arrendamiento de viviendas y de inmuebles cuya finalización se produzca durante el periodo de vigencia del estado de alarma se prorrogarían automáticamente tres meses más.

En cuanto a los arrendadores, la propuesta contempla una compensación económica, que será progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga el arrendador en el mercado de alquiler. En el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler la compensación será del 100% de la cuantía, mientras que los que posean más de ocho inmuebles recibirán, tan solo, un 5%. Por otro lado, en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no podrán darse subidas abusivas de los contratos de alquiler.

Esta propuesta de los ministros de Unidas Podemos está siendo estudiada por todo el Gobierno. La responsable económica Calviño va dando por hecho que el Gobierno tendrá que intervenir en los alquileres, algo a lo que hasta ahora ha sido bastante reacia, pero no es partidaria de una medida de tanto calado como esta.

Renta mínima

El Gobierno debate una propuesta de renta para aquellas personas que no pueden acogerse al paquete de ayudas aprobadas hasta ahora. Se trataría de una ayuda para personas con bajos ingresos, una forma de ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus. El principal objetivo es garantizar un ingreso suficiente a todas las personas que lo necesiten durante y tras la crisis del covid-19.

Subsidio empleadas del hogar

Sería un subsidio de desempleo extraordinario para empleadas del hogar, integradas en este sistema especial, que hubieran dejado de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la actual crisis sanitaria. La trabajadora (o trabajador) acreditará que no está prestando servicios, total o parcialmente en la actualidad.

También podrá acceder a este subsidio si su contrato se ha extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Se trata de una prestación compatible con otra actividad, por lo que la trabajadora o trabajador, podría mantener algunos de sus trabajos, de darse esa situación, e ir dejando poco a poco de recibir esta prestación.

El subsidio de desempleo extraordinario consistiría, de ser aceptado en el Consejo de Ministros, en el 70% de la base reguladora o, si tiene esta persona distintos trabajos, por la suma de todas las bases correspondientes. Sería una prestación temporal de un mes, prorrogable hasta que expresamente se establezca la finalización de este subsidio extraordinario. Esta medida impulsada por Trabajo se ha hecho en colaboración con el Ministerio de Igualdad, ya que inmensa mayoría de las afectadas son mujeres.