La idea general, es que la inyección del dinero provocará un cambio de clima, a partir de una mejora inevitable en el ritmo de ventas dentro del mercado interno. Y que a partir de allí, comiencen las decisiones de aumento de las líneas de producción y, en poco tiempo, una mejora en la actividad industrial. Hay un factor que puede alterar el optimismo: según datos de la COPAL, el uso de la capacidad instalada está ubicada en la mayoría de las plantas, en el mejor de los casos, en el 60%, con lo que si se da el incremento en la demanda, lo que probablemente hagan los privados es completar las líneas de producción ya existentes antes de pensar en inversiones directas.

Este plan de aumento con anabólicos para el consumo interno será presentado por el propio Alberto Fernández el 10 de diciembre; con un llamado a los industriales a confiar en la propuesta. Se comparará la idea con la herencia industrial recibida, mencionando que el Gobierno de Mauricio Macri tuvo tres años de caída en cuatro de gestión. Y que para el tercer trimestre de 2019 se mostrarán los peores números de la economía real de todos los años del macrismo en el poder. Será el momento, además, de develar los números generales que recibirá Alberto Fernández, para que se los tome como el punto de partida para que se lo juzgue en los próximos cuatro años de gestión. La variable que más polémica generará, porque será cuestionada por el propio macrismo, será el nivel de déficit fiscal que recibirá. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que le dejará la gestión de Mauricio Macri alcanzará un déficit de entre 1,5% y 1,8% del PBI, por encima incluso de la meta del 1% comprometida ante el FMI para este año, según reza el stand by vigente. Si se cumpliera la previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $250.000 millones.

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El actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirma y garantiza que el dato será mucho menor y que Alberto Fernández heredará, en el peor de los casos, una diferencia entre ingresos y gastos de no más del 0,5% del PBI. Esto es, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $160.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete post-PASO que lanzó Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones. La realidad tardará en conocerse. Recién para la tercera semana de enero se sabrá cuál es el resultado fiscal primario real que dejó Mauricio Macri en su paso por la administración nacional y, en consecuencia, qué tan lejos estará Alberto Fernández en garantizar el año en que logrará el equilibrio. Igualmente, la intención del próximo presidente es que no más allá de 2021, el superávit sea una realidad y que para el final de su mandato, puesta mostrar un superávit no menor al 1% del PBI. La intención es aún más ambiciosa: según el próximo gobierno, este resultado positivo se logrará con una expansión de la economía y no con ajuste.

Obviamente no será una tarea fácil y, a diferencia de lo que sucedió en el comienzo de la gestión de Mauricio Macri en el primer semestre de 2016, Alberto Fernández necesitará que haya un equipo económico cohesionado. O que, como mínimo, no aplique medidas económicas contradictorias entre sí. Esta coordinación será responsabilidad, probablemente, de Matías Kulfas y del presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Al menos en un primer momento. El primero será el responsable del diseño final y la puesta en práctica del plan de aumento del consumo interno. El segundo, de custodiar la emisión monetaria.