El regreso del servicio "Puerta a Puerta" se hace esperar, porque la Aduana quiere evitar el ingreso de drogas ilegales por esa vía.

Además, el Correo Argentino pidió garantías para que toda la rentabilidad del negocio no se quede en manos del sector privado.

Tras el anuncio registrado hace casi dos meses, la prestación prohibida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 2014, todavía no puedo ser rehabilitada.

El encargado de hacer el anuncio a principios de marzo fue el jefe de la AFIP, Alberto Abad, quien pretende firmar cuanto antes la correspondiente resolución, que se trabaja con el Ministerio de la Producción que conduce Francisco Cabrera.

En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas Abad expresó a principios de marzo: "Vamos a volver a implementar el courier para evitar esas colas infames de gente. Las personas que quieren comprar un libro, para alguien que está estudiando, o que quiere leer un buen libro, se tienen que pasar dos horas cerca del puerto, después hacer un VEP".

En 2014, la AFIP estableció un límite de compras de US$ 50 por dos compras anuales y la persona que adquiere el bien por vía electrónica tiene que retirarlo en la sede portuaria de la Aduana, teniendo que afrontar varios trámites burocráticos, que ahora quedarían de lado.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que la cuestión está paralizada en la Dirección General de Aduanas que conduce Juan José Gómez Centurión, porque allí aseguran que por esa vía "se introducía al país una importante cantidad de drogas ilegales". Por lo tanto, quieren evitar que se restablezca el servicio sin ningún control.

En tanto, el Correo Argentino que preside Jorge Irigoin también tiene sus reparos, aunque la empresa sabe que la decisión final depende de la AFIP.

En concreto, lo que planteó el Correo es que se podrían establecer dos alternativas para que los couriers privados no se queden "con todo el negocio".La primera sería gratuita, manteniendo el requisito de tener que ir a la sede de Retiro, y la segunda sería con una comisión a cargo del cliente, con el "puerta a puerta" propiamente dicho.

En tanto, todos los organismos involucrados trabajan en la letra chica de la cuestión: hasta qué monto se autorizarán las compras y si la apertura será para toda clase de productos o no.

Tiempo atrás, desde la Secretaría de Comercio indicaron al respecto que "este es un proyecto serio y amplio que apunta a tener una normativa similar a la de países vecinos, que le facilite la vida a los ciudadanos y sobre todo a las pymes, que necesitan ingresar elementos como repuestos, que son pequeños pero importantes para su desenvolvimiento".

Desde la cartera que conduce Cabrera agregaron que "el proyecto involucra varias áreas de trabajo; por ejemplo con los couriers, la revisión de todo lo que hace al sistema de controles aduaneros y diversos aspectos más".

También sigue bajo análisis el aumento del límite de US$ 300 fijado para traer bienes del exterior sin pagar impuestos, fijado en la década del 90.