Familiares de las 14 niñas violadas y asesinadas por el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez, solicitaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que se detenga la emisión de "La Cacería".

Según una declaración publicada en El Desconcierto, las madres de las víctimas acusan que la serie de Mega fue financiada de manera ilegítima, ya que una de sus miembros, Marigen Hornkohl Venegas, se vio involucrada directamente en el caso.

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Hornkohl participó en la aprobación del presupuesto de la producción pese a ser objeto de una querella en 2001 por los delitos de desacato y omisión de denuncia mientras era jefa de gabinete de Soledad Alvear, entonces ministra de Justicia.

Particularmente, se denunció su actitud en la desaparición y muerte de Graciela Monserrat Saravia Tapia, una de las víctimas que fue encontrada muerta en las cercanías de la caleta Chanavayita en 1998.

Pese a la insistente solicitud de las madres de las víctimas de Alto Hospicio, Hornkohl se comprometió con iniciar sumarios internos, pero jamás hizo nada.





Además, los madres de las jóvenes advirtieron que la serie "poco o nada hay de basado en cosas reales" y criticaron que "a nuestras niñas se las muestra como prostitutas, drogadictas y delincuentes, lo cual nos tiene devastadas".

"Sólo estigmatiza nuevamente con la prostitución, drogas y delincuencia a todo Alto Hospicio", disparan. Además, aseguran que se han sentido "retraumatizadas" a tal punto que se han manifestado intenciones de suicidio por parte de algunas madres.

En una declaración pública, critican "la falta de ética, profesionalismo y sentido de la humanidad, en circunstancias que (el CNTV) debe velar por contenidos que mejoren a nuestra sociedad".

"El CNTV, con esta serie, sólo incentiva y justifica la violencia hacia la mujer y los femicidios", cierran.

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