A finales de este mes de junio la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) entregaba al fiscal Daniel Campos, de la Audiencia Nacional, el segundo informe de una operación, llamada Operación Parqué. Una operación que, como venimos informando en ELPLURAL.COM, a nivel judicial se había abierto un año antes con la presentación de un primer informe, pero en el que la UDEF trabajaba desde que en 2012 se presentó ante ellos una demanda de una empresa afectada, Dracon Partners.

La existencia de banda criminal organizada

Según ha confirmado ELPLURAL.COM en fuentes que conocen la investigación de primera mano, estos informes que la UDEF ha entregado a Anticorrupción ofrecen de manera detallada un relato indiciario de lo que sería la existencia en la alta dirección de la CNMV de una trama delictiva. En este relato se apuntan pruebas que en la UDEF consideran sólidas de prevaricación, falsedad documental, infidelidad en custodia de documentos, extorsión y amenazas e indicios de cohecho, que afectarían a varios directivos que están al frente, en algún caso desde su creación en 1989, de diversos departamentos del regulador bursátil.

El segundo informe de la UDEF presentado al inicio de este verano, más de 80 páginas que se apoyan en miles de folios anexos resultado de las investigaciones, viene a corroborar la idea, apuntada ya en sus primeras conclusiones, en el sentido de que el comportamiento de estos directivos de la CNMV se integra en la definición de banda criminal organizada, ya que se comprueba la existencia de confluencia de personas que se complementan y necesitan mutuamente para cometer actos ilícitos, que tienen una estructura jerárquica en la que se ha establecido una división de funciones y especialización de los diferentes miembros y que se rige por una serie de normas y códigos de actuación. Todo esto, además, mantenido en el tiempo.

La gravedad del asunto es tal que, nos dicen, la cautela procesal con la que se mueve el fiscal, aunque la UDEF le eligió para presentarle el caso a él por la confianza absoluta en su integridad y decisión, está siendo proverbial, y a pesar de la duración que lleva la investigación, ya más de cuatro años, sigue sin judicializarse. De momento, y tras la presentación del segundo informe, el fiscal Campos lo que ha hecho ha sido mantener abierta la investigación otros seis meses, hasta finales de noviembre, para que puedan seguir investigando los policías judiciales.

Judicializar el caso significaría un salto adelante

Básicamente, según hemos sabido en este periódico, y ante la dificultad que a veces conlleva que los delitos de prevaricación puedan sacarse adelante como casos penales, lo que busca la investigación en ese tiempo debe ser dar cuerpo a los posibles delitos de cohecho de los que tiene ahora indicios, en algún caso sólido. El problema para los investigadores es que para dar un empujón a esta investigación sería preciso que el fiscal pasara a un juez la investigación. Es decir, el proceso se judicializara, ya que determinadas pruebas y acciones sólo pueden ponerse en práctica cuando hay una orden de un juez. La fiscalía no está autorizada, por ejemplo, para permitir pinchazos telefónicos o informáticos, o solicitar determinadas acciones bancarias.

Este paso además resulta especialmente necesario en este caso, según nos cuentan, dados los altos conocimientos financieros de los investigados, lo que hace especialmente sofisticada su capacidad para el posible manejo de dinero en los mercados y entidades bancarias tanto nacionales como internacionales. Un paso que el fiscal Campos aún se ha resistido a dar pese a los informes que tiene sobre la mesa.

En estos informes, según hemos podido contrastar, y como hemos apuntado, se recogen lo que por parte policial se considera pruebas contundentes de amenazas y extorsiones a entidades bursátiles reguladas, pero incómodas por diversas causas, hasta sacarlas del mercado forzándolas a devolver licencias o entregar listados de clientes a otras empresas supuestamente de alguna manera afines o preferidas por los directivos de la CNMV objeto de la investigación de la policía judicial.

ELPLURAL.COM ha podido confirmar en fuentes que conocen la investigación que la UDEF cuenta con denuncias de contenido muy similar de cuatro diferentes empresas, pero además ha detectado otros casos, hasta una decena, de empresas que habrían sido tratadas de la misma manera por quienes la policía judicial, como decimos, considera indiciariamente víctimas de la banda criminal organizada que funcionaría en el interior de la CNMV, pero que ante el temor de represalias y campañas de desprestigio habrían cedido ante las presiones y no se atreverían, al menos de momento, a presentar demanda.