El 16 de junio pasado, a las 7.07 de la mañana, un corte de luz afectó de forma simultánea a casi toda la Argentina y partes de Uruguay y Paraguay. Esta mañana, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó el informe que surge de las investigaciones realizadas acerca de las causas del incidente. Apuntó contra Transener, tal como anticipó este medio. Lo hizo ante la comisión de Minería, Energía y Combustibles, que preside el neuquino Guillermo Pereyra.

“Ya sabemos lo que ocurrió y quiénes son los responsables” sostuvo Lopetegui esta mañana ante los senadores, al presentar el informe, realizado por la Secretaría y con citas a una investigación realizada por la Universidad Nacional de La Plata.

También destacó que será el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE) quien determine las sanciones que correspondan a las empresas.

Por otro lado, desmintió también algunos rumores que habían surgido. Por ejemplo, sostuvo que “la línea (de Yacyretá) no estaba sobrecargada. Nunca operó por encima de sus parámetros de seguridad”.

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Sobre el evento ocurrido, Lopetegui explicó que hubo una sucesión de hechos que generaron que el apagón haya tenido tal magnitud.

“La falla se produjo en la mañana del domingo, donde la demanda de energía es muy baja. Era del 70% de la media de un día hábil”, comparó el secretario. A continuación, explicó que a las 7.06 h se produjo un cortocircuito, pero que a continuación “tendría que haber funcionado la DAG”, en referencia a la Desconexión Automática de Generación, lo que es responsabilidad de las empresas transportistas. De esta forma, el corte no se hubiera extendido por casi todo el país.

“Por un error operativo, esa DAG no se disparó. Esto fue reconocido por Transener en sus informes”, agregó. En esta línea, sostuvo que si se hubiese desconectado la carga, el apagón hubiera alcanzado al 40% del país y no al 98%, como ocurrió. “Si los generadores y distribuidores hubieran actuado como corresponde, el apagón no hubiera sido total”, consideró.

Para Lopetegui, entonces, hubo tres problemas sucesivos: no actuación la DAG, desconexión de generación fuera de rango e insuficiente actuación de alivio de carga.

Las responsabilidades del apagón, según la Secretaría de Energía

En resumen, “la conjunción de las circunstancias preexistentes (baja demanda, mucha oferta) con el cortocircuito (evento aleatorio pero habitual), con ausencia de reprogramación de la DAG, junto con una desconexión prematura de rotores, junto con la insuficiente alivio por parte de los cortes terminó generando el colapso total”.

De cara a las sanciones, el problema principal según el secretario estuvo en la transportista nacional, Transener. Pero también responsabiliza a las generadoras –empresas públicas y privadas– y distribuidoras.

A continuación desarrolló cómo se recuperó la energía tras el incidente. Contó que varió según la región y que duró 14 horas en total debido a que si querían acelerar el proceso podrían haberse generado más cortes o daños.

También explicó que el informe presentado es preliminar, y que el definitivo estará en dos meses. A partir de allí, la multa que se aplique dependerá del ENRE.

Según se desprende del mismo informe, la sanción máxima podría ascender al 10% de la remuneración anual de la empresa Transener o del 10% de la mensual. En el primer trimestre del año, según consigna NA, Transener facturó $ 2671 millones, por lo que calcula que la multa podría ascender hasta los $445 millones.

A pesar de haber responsabilizado a Transener, también destacó que “la inversión realizada en los últimos tres años triplica la de los 14 años anteriores”, si se mide de forma anual. Entre 2016 y 2018, según el informe, Transener y Transba invirtieron en promedio $1921 millones por año, a valores actuales.

Por eso, destaca que “las reservas del sistema en el pico de demanda pasaron del 1,5% en 2016 al 10,3% en 2018”.

Sobre las responsabilidades del Estado, aseguró que “en ningún país se hace vigilancia continua cuando se regula la actividad del sector privado, sino que se establecen reglas y protocolos”. En esta línea, añadió que se mide la calidad del servicio, no lo que “se hace adentro”, y que “el Estado controla que se hagan las inversiones prometidas. Y, cuando los resultados no se dan, aplica sanciones”.