Más de 150 mil personas fueron asesinadas en México entre 2006 y 2015, y existen “fundamentos razonables” para considerar que fueron ejecutados tanto por el crimen organizado como por las fuerzas militares, sostuvo un informe difundido hoy por Open Society Justice Initiative. El documento señala que además del Ejército, el cártel de Los Zetas es uno de los principales actores de la violencia y que su “ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil” constituye un acto de lesa humanidad. Recomendó al Gobierno mexicano “tomar decisiones valientes”, como crear equipos de investigación de desapariciones, establecer que los sistemas de protección a testigos sean autónomos y fuera del control de la fiscalía, retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y regular su uso de la fuerza.

Ciudad de México, 7 de junio (SinEmbargo).- Las fuerzas gubernamentales de México y el cártel de Los Zetas han cometido de forma generalizada, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad contra la población civil: asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, reveló un informe de Open Society Justice Iniciative y cinco organizaciones mexicanas.

“Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, acusa que los distintos niveles de gobierno son “incapaces de garantizar la rendición de cuentas” por estos crímenes por lo que, al no existir un adecuado marco regulatorio sobre el uso de la fuerza, exige a México crear un organismo de investigación internacional basado en el país para investigar y castigar estos hechos.

Durante la presentación del estudio, el directivo de Open Society, James Goldston, destacó que, a raíz del despliegue de elementos del Ejército y de la Policía Federal como parte de la nueva estrategia de seguridad nacional, los crímenes atroces han aumentado.

Entre diciembre de 2006 y finales de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México por “el uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza”.

Sin embargo, de 2007 a 2013, solo se realizaron 29 averiguaciones militares con respecto a los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas armadas. Ninguna resultó en condena.

El número registrado de personas desaparecidas ha aumentado constantemente desde 2006 y en 2014 se alcanzó el máximo anual de 5 mil 194 desapariciones.

Pero hasta agosto de 2015, solo un soldado ha sido condenado por el crimen de desaparición forzada.

Además, citó Goldston, las denuncias de tortura ante la CNDH se cuadruplicaron con creces seis años después del lanzamiento de la estrategia de seguridad: 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos entre enero de 2007 y diciembre de 2015. De ellas, solamente se han expuesto seis condenas en el fuero federal.

Las administraciones sucesivas mexicanas, señala Open Society, han negado y minimizado la magnitud de las atrocidades que acechan a México incluso al declarar, con frecuencia sin fundamento, que las víctimas eran criminales.

También se registran ataques a organizaciones nacionales e internacionales que advierten la crisis y la ocultación de información, por ejemplo, un mapeo de las fosas comunes y clandestinas.

Juan Carlos Gutiérrez, uno de los autores de este informe, aseguró que “no existe voluntad política” para investigar los crímenes atroces.

Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia, recordó que las masacres contra inmigrantes han permanecido impunes: los 72 de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; 193 restos en ese mismo municipio en abril de 2011 y la de Cadereyta en mayo de 2012.

Las autoridades, dijo, se han empeñado en asegurar que son crímenes aislados y que ellas no son responsables. “Estas hipótesis son falsas (…) las víctimas tienen derecho a saber qué pasó”.

“El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe tomar inmediatamente medidas extraordinarias, incluida la convocatoria para recibir ayuda internacional a fin de garantizar que se lleven a cabo averiguaciones y genuinas investigaciones independientes”, concluye el estudio.

MEDIDAS QUE MÉXICO DEBE TOMAR

El informe presentado hoy exhorta al gobierno mexicano a tomar las siguientes medidas:

-Crear un organismo internacional de investigación con sede en México para investigar independientemente los crímenes atroces y los casos de corrupción para someterlos a tribunales.

-Que este organismo tenga la facultad de producir informes públicos sobre la reforma del sector judicial del Estado.

-Creación urgente de equipos integrados para investigar desapariciones que incluyan fiscales, investigadores policiales y trabajadores sociales.

-Creación de servicios forenses y de protección a testigos autónomos que operen con independencia del Ministerio Público.

-Retirar al ejército de las operaciones de seguridad pública y aprobar una regulación que regule el uso de la fuerza.

DESAPARECIDOS

En febrero del 2016 la cifra total de desaparecidos era de 26 mil 672. El mayor número de desapariciones reportadas fue en 2014, con cinco mil 194 personas. Sin embargo, dice el informe, los números son problemáticos, y la conclusión que se puede extraer es que algo causó un aumento significativo en los informes de personas desaparecidas desde 2007.

Respecto a la aplicación de la justicia por dichas desapariciones establece que “No ha habido prácticamente ninguna responsabilidad penal por los probables cientos de miles de desapariciones desde 2006, incluidas las desapariciones y las desapariciones forzadas perpetradas por actores no estatales. El Gobierno federal ha proporcionado datos contradictorios. Sin embargo, es evidente que en comparación con el número de desapariciones, el número de investigaciones y enjuiciamientos han sido muy pequeña, y el número de condenas aún más pequeño”.

TORTURA

A pesar de que México forma parte de diversos tratados que prohíben la tortura y otros actos crueles, comúnmente las autoridades recurren a ella como otro método de investigación criminal.

Según el reporte “existen fuertes indicios de que funcionarios del Gobierno han participado en actos de tortura y malos tratos a un ritmo acelerado notablemente tras el lanzamiento de la estrategia de seguridad militarizada del Gobierno federal en diciembre de 2006”.

De nueva cuenta, los esfuerzos del Gobierno mexicano por resolver los casos de tortura han sido muy limitados. Según cifras oficiales, a finales de diciembre de 2014 se había registrado mil 884 investigaciones criminales de presunta tortura; el 86 por ciento se abrió en 2014.

En los casos en los que la tortura ha sido investigada y enjuiciada, el crimen se clasifica como un delito menor, incluyendo “la utilización no autorizada de la autoridad pública” y “abuso de autoridad”, dice la investigación.