Laura Leticia García Rodríguez tiene 32 años y el 14 de septiembre dio a luz por primera vez. Su hija se llama Sofía. Ella es madre soltera.

Su gran problema ahora es que no sabe cómo va a mantenerla. Cuando se embarazó tenía una fuente de ingresos: su empleo en Industrias JLC SA de CV, donde trabajó los últimos dos años. Esta es una empresa familiar cuyo principal producto es Clarasol, un limpiador para el hogar. Su dueño es Samuel José Luis Canal Álvarez y sus cuatro hijos: Pablo, Francisco, Pedro y Samuel José Luis.

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Allí trabajó hasta el miércoles, 13 de noviembre. La que debía ser su primera jornada tras disfrutar de los tres meses de baja por maternidad que le corresponden por ley se convirtió en el día de su despido.

En lugar de la felicitación, en la empresa le entregaron una carta de despido sin más razones que ser madre.

“Me despiden por haber sido mamá, eso no me lo han negado”, protesta García Rodríguez. Está enojada pero, sobre todo, preocupada por su futuro. No es solo perder su empleo y con él su sustento y el de su hija. Es también dejar de pagar las cuotas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), perder la guardería de la recién nacida, las citas con el pediatra o las vacunas.

Ahora tendrá que recurrir a servicios privados por los que deberá pagar un dinero que ha dejado de percibir.

“Estoy muy muy preocupada. Esto me afecta mucho”, asegura, en conversación con Animal Político.

Su hermano, Miguel Ángel García, es abogado especializado en asuntos laborales. Ya ha presentado una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y está previsto que esta semana se dirija también ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la secretaría de Trabajo y Previsión Social.

“Esto es violencia de género. Es discriminación”, protesta.

Animal Político quiso conocer la versión de Industrias JLC SA de CV, pero esta declinó hacer declaraciones. Después de tres llamadas, rechazaron incluso poner en la línea a los responsables de comunicación social de la compañía.

También se puso en contacto en varias ocasiones con el despacho del abogado Juan Luis Proal Herrejón, del bufete Alba Proal y Asociados, que asesora a la empresa. Su asistente prometió que devolvería el recado, pero la llamada nunca se produjo.

Según la Conapred, entre 2015 y 2019 se recogieron 8 quejas por despido a causa de embarazo, de los 443 expedientes de quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación. En el último mes ya se han registrado dos: la de Laura Leticia y la de Alma Elizalde, exdirectora de marca de L’Oreal que aseguró que la multinacional le pidió la renuncia un día antes de regresar tras su baja por maternidad.

Sin problemas cuando comunicó el embarazo

“En la entrevista de trabajo me preguntaron cuál era mi proyecto de vida. Yo les dije que quería tener familia y crecer profesionalmente”. García Rodríguez, licenciada en Relaciones Exteriores por la Universidad del Valle, dice que nunca pensó que quedarse embarazada iba a resultar un problema. Llevaba más de año y medio en la empresa, había apoyado en la ampliación del negocio a Estados Unidos y Centroamérica e incluso su jefe, Pablo Canal Palomar, le prometió un aumento de sueldo y un bono.

Pero quedó embarazada.

“A partir del tercer mes que sabes que tienes el bebé y que no habrá problemas, les informé de que estoy embarazada. Ellos me comentan que no hay problema, que contratarán a alguien para los tres meses de incapacidad”, dice la mujer.

Incluso, según relata, mantuvo reuniones y coordinó actividades empresariales.

Dos semanas antes de regresar, su jefe le pidió que entregase su computadora. Además, quedó fuera del sistema tecnológico. Pero García Rodríguez, según relata, no se preocupó, ya que le argumentaron que necesitaban el material para seguir los trabajos desde la oficina.

El martes 12 de noviembre regresó a la oficina. Su jefe le dijo que volviese al día siguiente. Y al día siguiente lo que se encontró fue al personal de Recursos Humanos y un abogado externo que le ofrecían dos meses de salario como finiquito.

Ella llamó a su hermano, abogado laboralista. Este explica que, en un despido, lo habitual es el conocido como “3, 20, 12”. Es decir, tres meses de sueldo, 20 días por año trabajado y las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. A García Rodríguez incluso le ofrecieron menos.

“Cuando llamé a mi hermano empezaron a hacerme otras ofertas. Me dijeron que podía regresar a mi puesto, o que me pagarían el IMSS durante un año”, explica la mujer. Dice que, llegados a este punto, no podía aceptar un regreso.

“Me iban a cansar, a agotar, hasta que me marchase por propia voluntad”, afirma.

Esta tesis la sostiene también su hermano Miguel Ángel, que asegura que la oferta era una estrategia de litigio.

“Este es un tema de discriminación”, afirma el hermano. “Su despido es sin argumentos. Solo por haber tenido un hijo. Eso es violencia de género”, dice.

Ni la empresa ni el abogado que estaba presente en la reunión dicen nada a pesar de que se les preguntó en diversas ocasiones.

Ahora las quejas de García Rodríguez tienen dos vías. Por un lado, Conapred. Por el otro, el arbitraje en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si Conapred entiende que existe una discriminación puede imponer una multa a la compañía. En arbritraje, se intenta que empleada y patrón lleguen a un acuerdo antes de que el caso pase a un tribunal laboral.

A Laura Leticia le preocupan ahora cuestiones más inmediatas: pañales, guardería, vacunas, pediatra.

“Estoy viendo cómo obtener otro empleo, pero estando a fin de año es complicado”, dice.

Asegura que, si se lo hubieran preguntado hace unos meses, jamás hubiese imaginado que sería despedida nada más regresar a su trabajo casi con un bebé bajo el brazo.