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“Todo exceso es mucho”, dicen algunos peninsulares, y eso viene como anillo al dedo para estos días de agitados y apasionantes debates sobre la legislación anticorrupción.



Lo que se alcanzó fue muchísimo: una Fiscalía Anticorrupción autónoma.



Un Comité de Participación Ciudadana integrado por representantes de la sociedad civil para dar seguimiento al patrimonio y bienes de los funcionarios públicos.



Cárcel hasta por 14 años a los diputados locales y federales que pidan moches para asignar presupuesto.



Cárcel por 14 años a los particulares que entreguen algún beneficio a servidores públicos a cambio de un contrato.



Todos los empleados públicos deben entregar su 3de3 al Comité de Participación Ciudadana, que incluye declaración patrimonial, declaración de impuestos y declaración de conflicto de interés.

Se trata de un magnífico sistema nacional anticorrupción.



Ésta no se va a abatir por completo mientras no se castiguen los actos de cohecho o de conflicto de interés, pero las herramientas para hacerlo ahí están.



El problema es que nadie ha quedado contento con esta red de leyes porque se hizo de la 3de3 un “mantra” (como dijo Sergio Sarmiento el viernes), y de su ampliación al sector privado, una venganza.



Hubiera resultado humillante para los funcionarios federales, estatales y municipales exhibir públicamente su patrimonio, el de su familia, sus bienes y sus chequeras. Eso tenía que ir al Comité de Participación Ciudadana para que lo fiscalice, como en definitiva quedó la ley.



No es sensato que los centenares de servidores públicos de Tamaulipas, por ejemplo, digan públicamente cuánto tienen y dónde lo tienen. En ese estado ningún candidato, de ningún partido en las recientes elecciones, presentó su 3de3.



¿Todos son ladrones? Claro que no. Simplemente no son insensatos.



Me parece inaceptable que a todo servidor público se le trate como un delincuente desde el momento que ingresa a trabajar en alguna de las ramas del gobierno. Y peor, que exhiba públicamente todo lo que tiene.



Hay un Comité de Participación Ciudadana que tendrá esa información, y esperemos que no se filtre la información como ha ocurrido con la lista nominal de electores del país.



Del lado del PRI se lanzó una ofensiva llena de venganza contra el sector privado, al obligarlo a presentar su 3de3 en los mismos términos que los servidores públicos.



Es cierto que la corrupción siempre tiene dos lados: el que se deja corromper (el funcionario) y el que corrompe (el empresario), pero no se puede partir de la base de que todo industrial o proveedor privado es un ladrón en potencia.



Las exageraciones a veces corresponden al tamaño del hartazgo por corrupción, pero no podemos perder de vista que llevarlas a la práctica desvirtúa el propósito de tener una sociedad mejor y nos convierte en un país de sospechosos y de presuntos delincuentes.



Esa ley debe ser vetada y revisada cuanto antes.



Twitter: @PabloHiriart



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