Contenido

Las empresas que se vieron afectadas por el reciente fallo del titular del Juzgado de Feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, juez Roberto Andrés Gallardo, emitieron un comunicado en conjunto: "Las plataformas cumplen con las normas y regulaciones locales y nacionales, y también han respondido en tiempo y forma a las resoluciones dictadas anteriormente por el juzgado". En este sentido, arremetieron: "Apelaremos la sentencia y las medidas cautelares para lograr la suspensión de las mismas".

User registration form Para qué registrarme? Para recibir las noticias por e-mail. Y participar en eventos organizados por Urgente24.com Dirección de correo electrónico Urgente24.com publica muchas noticias diarias

Podés recibir la noticia completa, en tiempo real, por ALERTA. Ya tenés una cuenta? Ingresá aquí

En consecuencia, el juez Andrés Gallardo, que suspendió el funcionamiento de estas plataformas de delivery (Rappi, PedidosYa y Glovo) hasta tanto “respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales", respondió.

El magistrado opinó: “la actitud, evidentemente, es seguir confundiendo a la opinión pública. Se montan en un discurso sensible en el marco de una crisis económica, diciendo que generan empleos, pero la verdad es que eso no es empleo. Es una ocupación precarizada, sin estabilidad, sin seguro y sin la previsión social adecuada”.

“La ley local Nº 5526 (2016) establece cuáles son las condiciones bajo las cuales deben operar estas empresas. El juzgado realizó varios procedimientos de constatación que demostraron que esas condiciones no se cumplen: los repartidores circulan, en su gran mayoría, sin casco, con la mochila en la espalda, sin libreta sanitaria y sin señales luminosas”, aseguró Gallardo a Página/12.

Entre el 15 de febrero y el 31 de marzo, según informó el magistrado, el juzgado ordenó “procedimientos en los cuales la policía, antes de ordenar el decomiso, tenía que parar al repartidor y hacer un informe. Eso nos dio la posibilidad de hacer estadísticas: de 471 ciclorrodados, el 67% circulaba sin casco, el 77% utilizaba la caja en la espalda y el 70% no poseía seguro”, recordó.

"Todas las resoluciones fueron incumplidas", dijo el juez al respecto, "el Registro Único de Transporte en Motovehículos y Ciclorrodados (RUTraMyC) requiere de una serie de procedimientos para inscribir a una empresa. Se supone que no podés funcionar hasta no tener la habilitación del RUTraMyC. Sin embargo, ninguna de las tres empresas está habilitada, ninguna de las tres terminó el trámite del Registro que ordena la ley. Con lo cual, mal pueden decir que cumplieron en tiempo y forma” .

Además, sostuvo que las empresas "deben cumplir con la normativa laboral y previsional" y "tienen que estar inscriptas como empleadoras y los empleados como personal dependiente".

Además, dijo que no hay registros de que estas empresas hayan "fomentado una política activa centrada en la seguridad vial". “La ley exige la dotación de determinados elementos de seguridad y la acreditación de esa entrega. Eso nunca quedó acreditado", dijo el juez. "Las mochilas en la espalda son una trampa para el que maneja: le resta movilidad, le dificulta agarrar curvas, hacer maniobras seguras”.

Además de las empresas, también apeló la decisión del juez el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Lo de Gallardo es cualquier cosa. El tema es que después todas (las resoluciones) se las apelamos y se las ganamos”.

“Larreta está desinformando, porque la resolución que ejecuté el día viernes está confirmada por la Cámara de Apelaciones”, opinó. Y aclaró: “Formalmente, tanto las empresas como el Gobierno pueden apelar. Pero la apelación va a ir a una sala que ya resolvió y que no va a ir en contra de lo que ya resolvió”.

Además, concluyó, "fue su gobierno (el de Rodríguez Larreta) el que motorizó la ley 5526. Tendría que estar preocupado para que se cumpla la ley que él mismo promulgó, no pensando cómo apelar”.

