Resolución. La Suprema Corte resolvió sobre el caso de la legislación electoral en Tamaulipas, que a juicio de varios partidos políticos afecta las candidaturas independientes. Foto: /Archivo

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de septiembre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversos límites que en legislaciones electorales estatales, como la de Tamaulipas, se han puesto a las candidaturas independientes y que habían sido impugnadas por las dificultades que provocan a quienes quieren llegar por esa vía a un cargo de elección popular.

Por ejemplo, la SCJN validó ayer la ley que exige a los candidatos independientes reunir las firmas de al menos tres por ciento del padrón electoral para obtener su registro.

A propuesta de su compañero Juan Silva Meza, los ministros de la Suprema Corte consideraron que obligar a los candidatos independientes a anexar copias de las credenciales de elector de todos los ciudadanos que los apoyan no es un requisito que sea excesivo o imposible de cumplir.

Hay libertad de configuración de las Legislaturas de los Estados y que la credencial para votar que se exige se anexe a las cédulas de respaldo ciudadano no constituye un requisito desproporcionado ni excesivo, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la propuesta”, consideró el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar.

Durante el debate en el pleno, el ministro Fernando Franco votó en contra de validar dichas disposiciones, con el argumento de que se estaría obligando a los candidatos independientes a contar con una infraestructura similar a la de los partidos políticos para lograr el número de adhesiones que las leyes les imponen.

No digo que sea imposible, ya en la práctica hemos visto que esto es posible; sin embargo, si vemos el número de candidatos independientes que se han registrado a la luz de esta posibilidad, son muy pocos, y la mayoría lo que alega son las terribles dificultades que tienen para cumplir con estos requisitos”, sostuvo.

Así, la SCJN determinó que la legislación electoral en Tamaulipas, vigente desde junio pasado y que interpone esa serie de restricciones a los candidatos independientes, no violenta lo estipulado en la Constitución.

Sin embargo, la Suprema Corte invalidó el artículo que exigía que únicamente los ciudadanos que firmaron para que el candidato independiente consiga el registro puedan apoyarlo con recursos económicos, es decir, para el financiamiento de su campaña electoral.

No encuentro, de entrada, una finalidad constitucionalmente válida que justifique limitar los recursos de los candidatos independientes, con lo cual se limitan seriamente sus posibilidades de contienda, se les hace participar en una condición de falta de equidad y, consecuentemente, creo que la medida no es razonable y, por ende, desde mi perspectiva es inconstitucional”, dijo Arturo Zaldívar.

De esa manera, la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Morena contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Tamaulipas, según el proyecto del ministro ponente, Juan Silva Meza.

EN CONTRA

También fue invalidada la legislación que en Tamaulipas regulaban la distribución de los 14 diputados de representación proporcional, pues consideraron que violentan los principios de certeza, seguridad jurídica y equidad.

Además se argumentó que dichas disposiciones permitían que un partido que obtuviera el 1.5 por ciento de la votación estatal pudiera contar con un diputado de representación proporcional, a pesar de no alcanzar el tres por ciento de la votación que se requiere para conservar el registro.

(Si se avala), se le va a pues casi casi a obsequiar un diputado a aquellos partidos que ya no tienen registro, cuando la idea fundamental de la representación proporcional es darle precisamente esa representación a los partidos políticos pues que sí están vigentes”, expuso la ministra Margarita Luna Ramos.

Ayer, también el pleno de la SCJN se pronunció por declarar la validez de los artículos 197 y 201 de la Ley Electoral tamaulipeca que definen la manera en que se integrarán los ayuntamientos y el número de regidores de representación proporcional.

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