El Ayuntamiento de Barcelona va a cerrar esta semana dos expedientes sancionadores por valor de 2,8 millones de euros contra dos fondos de inversión por tener hasta 24 pisos vacíos en dos fincas del barrio del Eixample. Se trata de la multa más abultada que ha impuesto nunca el consistorio en su campaña para que los grandes propietarios saquen al mercado toda su vivienda en desuso.

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Los pisos, ubicados en las calles Pau Claris y Aragó, llevan seis y diez años vacíos, respectivamente, cuando la ley catalana del derecho a la vivienda, de 2007, permite sancionar a aquellos propietarios que mantengan un piso desocupado injustificadamente más de dos años. "Una ciudad como Barcelona esto no se lo puede permitir", ha declarado la alcaldesa Ada Colau en una entrevista en la cadena SER, que ha insistido en que estas multas no son para recaudar más, sino para forzar a que los grandes tenedores de vivienda la movilicen.

En lo que va de mandato, el Ayuntamiento ha abierto un total de 28 procedimientos sancionadores por este motivo, de los cuales se han cerrado muy pocos a estas alturas. El único caso que había dado a conocer hasta ahora el consistorio era la multa de 315.000 euros por dos pisos vacíos de la Sareb, uno del BBVA y uno del Banco Santander. También otras ciudades, como Terrassa, Sabadell o Manresa han impulsado expedientes parecidos en base a la ley catalana de vivienda.

Los dos edificios sancionados esta semana, sin embargo, son para el consistorio paradigmáticos de la especulación inmobiliaria en la ciudad. El de Pau Claris (cuya propiedad lleva el nombre del bloque: Pau Claris 89-91) tiene 17 viviendas que están desocupadas desde 2013 y, según el Ayuntamiento, se ha negado a darles salida pese a haberle ofrecido los servicios de la Borsa de Alquiler de Vivienda y ayudas a la rehabilitación. En 2015 la sociedad propietaria pidió una licencia para cambiar su uso y hacer un hotel, pero el trámite fue denegado.

El bloque de la calle Aragó (cuya propiedad también lleva el nombre de la finca: Aragó 402), de siete pisos, lleva vacío diez años, según ha explicado Colau. Además, al la sanción por desocupación -que la propiedad rebate alegando que no tiene cédula de habitabilidad- se le añade otra por mantener la finca en mal estado de conservación, otra infracción que se considera "muy grave".

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), certificó en 2016 que había un total de 268 pisos vacíos propiedad de los bancos, a quienes amenazó con sanciones si no los movilizaban para venta o alquiler. "Cuando un gran propietario tiene pisos y fincas enteras vacías yo estaría a favor de la expropiación del usufructo, para que se pongan en alquiler asequible y que estén ocupados por una familia", ha valorado la alcaldesa.