Ángel Hernández sale libertad tras declarar por un delito de cooperación al suicidio. En vídeo, declaraciones de Hernández y Daniel Aser. CARLOS ROSILLO | ep

En plena pelea política y sin un Gobierno a la vista desde las elecciones generales del 28 de abril, los ciudadanos quieren hablar a los políticos y lo hacen presentando este viernes en el Congreso un millón de firmas para que se despenalice la eutanasia. El médico Marcos Hourmann ha recabado más de 600.000 apoyos en la plataforma Change.org para que la Fiscalía no presentara cargos contra Ángel Hernández, que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, con un preparado letal, como ella le había pedido. La esclerosis múltiple que sufría Carrasco apenas le dejaba ya tragar el líquido. Txema Lorente vio morir a su mujer, aquejada de alzhéimer, sin poder cumplir la palabra que le dio de ofrecerle un final digno cuando ya no reconociera a los suyos. La recogida de firmas que inició esta familia ha conseguido más de 374.000 apoyos en la misma plataforma. Y la viuda de Luis de Marcos, María Asunción Gómez, sumó la voluntad de otras 99.000 personas al mismo objetivo.

La eutanasia es uno de esos casos en los que la sociedad va por delante de la política. Las encuestas de las últimas décadas son inequívocas, alrededor de un 84% de la población muestra su respaldo a regular la muerte deseada. El último Sociómetro del País Vasco, la más reciente, dio un 86%. “El apoyo se mantiene estable en el tiempo, es transversal a las ideologías, con apenas un escalón cuando se trata de creencias religiosas. Eso nos habla de que la sociedad ha madurado la idea, de que quiere alcanzar este derecho de salida”, explica Rafael Serrano del Rosal, investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.

En la Transición se habló de “derecho de entrada”, cuando se regulaba el uso de anticonceptivos para decidir si traer o no a alguien al mundo. Cuarenta años después, el “derecho de salida” no acaba de encontrar su sitio en el Congreso. El PSOE presentó en 2018 una ley para la despenalización de la eutanasia que Ciudadanos bloqueó en la Mesa del Congreso. “Lo que queremos ahora es que salga la ley adelante. Cualquier ley que salga será un avance. Si la despenalización es casuística, dejará a gente fuera, pero será un avance. La ley que ha presentado el PSOE, recogería el caso de nuestra ama [madre en euskera] lo recogería, pero ¿cómo le digo yo luego al vecino que él no puede morir porque no está tan mal como mi ama? Tampoco recoge los casos existenciales, la gente que está bien pero que un día quiere morir porque sí. Estos casos se quedarían fuera y nosotros queremos que se respete el motivo de cada cual para abandonar la vida, pero nos basta con que se apruebe la ley presentada, será un avance. Si cada partido saca la suya todas serían diferentes y no avanzaríamos nunca”, dice David Lorente, hijo de Maribel Tellaetxe, que murió en Portugalete el 6 de marzo.

A pesar del amplio apoyo social, a los partidos les cuesta hablar de este asunto. Se queja de ello el argentino Marcos Hourmann, el primer médico que fue condenado en España por practicar una eutanasia. Se enfrentaba a 10 años de cárcel pero consiguió eludirla. La familia de la fallecida lo apoyaba. Corría 2005. “Y aquí seguimos, estos días los de izquierdas y los de derechas se andan peleando pero en los acuerdos de los que hablan para montar Gobierno este asunto ni se menciona, ni lo nombran. Ya sabemos que es verano, pero hemos decidido que en esta inestabilidad política estaba bien presentar estas firmas para meter el dedo en el ojo para que los políticos dejen de jugar a partiditos”.

Hourmann inició su recogida de firmas para que Ángel Hernández no fuera procesado por ayuda a María José Carrasco a acabar con su vida. Su caso está ahora en un juzgado de violencia de género a la espera de que se determine lo ocurrido, que dejaron grabado en un vídeo donde la enferma, con las facultades físicas muy deterioradas confiesa su voluntad de acabar con su vida con luz y taquígrafos para que su marido, quien la cuidó en todo momento, no fuera inculpado. Pasó la noche en el calabozo, donde recibió el apoyo explícito de los guardias que lo custodiaban. Lo contó por la mañana al salir. Este caso, ocurrido semanas antes de las elecciones, ocasionó una polvareda electoral que pasó con el curso de unas horas.

“La eutanasia se ha metido en el marco de la disputa política, no de los derechos o de las necesidades de los ciudadanos. Algún partido decidió que estaban ‘a favor de la vida’ y los demás tenían que situarse ‘a favor de la muerte’. Y de esa forma burda se ha tratado el tema a pesar del apoyo popular que suscita”, dice Rafael Serrano del Rosal, que es, además, presidente de la Red de Investigación sobre el Final de la Vida, una organización multidisciplinar donde debaten y estudian sobre ello filósofos, médicos, sociólogos… Opina que ese miedo a abordar esta cuestión, también entre la ciudadanía se debe a que el asunto se presta a un ataque fácil, ramplón. “Basta con acusarte de que no quieres cuidar de los tuyos o que si se abre esa puerta luego vendrá la eugenesia para acabar con los seres que nos estorben”. Los estudios empíricos, que los hay, demuestran que no es así, dice Del Rosal. “Tampoco va a ir la gente en masa a que le practiquen una eutanasia como dicen algunos. Esto ya se ha visto en Bélgica que no es así, país donde está legalizada desde hace tiempo. Hay gente que sufre y hay gente que sencillamente no quiere estar, y eso afecta a ricos y pobres. María José Carrasco tenía recursos pero llegó un momento en que, sencillamente no quería seguir”, afirma el investigador.

Por último, la asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD) también estará apoyando esta iniciativa en el Congreso este viernes porque “detrás de cada testimonio que sale en los medios de comunicación y que conmueve a todo el mundo hay miles de casos que se quedan en la oscuridad, porque no quieren salir a la luz o porque planean organizar su muerte de la forma más digna que puedan”, dice Fernando Martín, de la DMD.