El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José Carrillo, empleó este lunes el caso de los negocios paralelos a la enseñanza de uno de los líderes de Podemos, Juan Carlos Monedero, para criticar la reciente suspensión de las elecciones al Rectorado que se iban a celebrar en abril y en las que se jugaba la reelección. Carrillo llegó a acusar al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), de anular los comicios por “razones políticas”.

Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos y profesor de la Complutense, recibió de los Gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua contratos por valor de 425.000 euros y no los declaró a la Universidad como era obligatorio. Carrillo, que abrió un expediente informativo contra Monedero en enero que aún no ha cerrado, cree que el PP le castiga ahora anulando las elecciones universitarias.

La Comunidad replica que los comicios no se pueden celebrar porque la Complutense no ha ajustado sus estatutos a la nueva ley universitaria. Cuando lo haga, se celebrarán. En caso de no ser antes de junio, cuando Carrillo acaba su mandato, la Universidad podría quedar paralizada administrativamente.

Monedero es profesor de Ciencias Políticas y tiene exclusividad. Sin embargo, no cedió parte de los ingresos (hasta el 20%) obtenidos en Latinoamérica al campus como contemplan sus estatutos. Sin embargo, la resolución del expediente abierto por Carrillo tardará entre “un año y medio o dos”. “Hay que cumplir las garantías del sistema jurídico español”, dice el rector.

Al paso de Podemos Abril de 2011. José Carrillo gana las elecciones de la Complutense sin estatutos modificados. Pone en marcha los procedimientos para cambiarlos. 21 de mayo de 2014.El claustro no aprueba los estatutos. Semanas después Pablo Iglesias, que ha salido eurodiputado, es declarado profesor honorífico. 10 de diciembre de 2014. El claustro respalda cuatro artículos para poder celebrar las elecciones. 27 de enero. La universidad investiga a su profesor Juan Carlos Monedero por sus negocios. 16 de febrero. Ignacio González pide celeridad al expediente del político. 26 de febrero. Las elecciones quedan suspendidas por no reformarse los estatutos.

Por estos plazos, Ignacio González se quejó hace semanas de que se estaba retrasando deliberadamente el procedimiento: “No me gustaría pensar que Carrillo, que parece que ya está en precampaña electoral, quiera diluir este asunto [el caso Monedero] porque piense que le pueda interesar desde el punto de vista electoral. Espero que no, confío en que no, y espero que la resolución nos la dé en los próximos días”.

Carrillo le replicó ayer: “El presidente no es quién” para pedir responsabilidades, “porque prevalece sobre el Gobierno regional la autonomía universitaria”. De todas formas, las relaciones entre Carrillo y los líderes de Podemos son notorias. El rector de la Complutense y Jesús Montero, secretario general de Podemos en Madrid y técnico de gestión en la Complutense, mantienen una buena relación profesional y de amistad. Montero y Juan Carlos Monedero, a su vez, son amigos. Carrillo, además, nombró a Pablo Iglesias, líder máximo de Podemos, profesor honorífico de la Facultad de Políticas tras ser elegido eurodiputado en mayo del año pasado.

Carrillo no dejó de quejarse ayer de que el procedimiento administrativo contra Monedero está sujeto a “presiones públicas” de González, así como “presiones telefónicas privadas de varias personas”. “Creo que la Comunidad tiene interés en politizar las elecciones. No sé por qué, porque no favorece a la Universidad. Ni se entiende que los posibles cuatro candidatos se apunten a ese carro de dar la razón a la Comunidad de Madrid en una medida que va en contra de los intereses generales de la Complutense”, sostuvo el rector.

Rodeado de 12 vicerrectores, enumeró los supuestos motivos de la suspensión de las elecciones: “Puede que el deseo de mayor celeridad esté detrás de esta medida, pero también hemos ganado un juicio a la Comunidad que obliga a pagarnos 51 millones de euros. O puede que no les interese que yo gane las elecciones dos o tres semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas [24 de mayo]”.

Si las elecciones no se celebrasen antes de junio —cuando Carrillo termina su mandato— el rector actuaría en funciones, lo que de facto supone bloquear la vida universitaria. “Solo se pueden tratar asuntos cotidianos, pero no presupuestos o una estrategia de gestión”, detalla Carrillo.

Fuentes de la Consejería de Educación, insisten en que Carrillo tiene hasta mayo para reunir al claustro y aprobar toda la reforma de sus estatutos. El rector anunció ayer que ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su Consejo de Gobierno se reúne hoy y el jueves el claustro.

Los cuatro candidatos al rectorado de la Universidad Complutense —además de José Carrillo— cargaron el domingo pasado en una nota conjunta contra el actual rector. Consideran que ha obrado con “falta de transparencia”, pues en su opinión Carrillo les ocultó la posibilidad de que la Comunidad, como así hizo, suspendiese las elecciones.

Los contrincantes de José Carrillo son Federico Morán, que ha sido secretario de Universidad con el ministro José Ignacio Wert; el catedrático Rafael Calduch; Dámaso López García, catedrático de Filología Inglesa, y Carlos Andradas, del antiguo equipo rectoral.

Informe con doble polémica Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, ha realizado diversos trabajos de asesoría económica para los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Por estos estudios, relacionados con la creación de una moneda única, cobró un total de 425.000 euros. Cuando fueron conocidos, estos pagos causaron una doble polémica: por un lado, no los comunicó a la Complutense, para la que trabajaba en exclusividad, y los facturó a través de una empresa, Caja de Resistencia, que creó con posterioridad a la realización de los estudios. Monedero tenía que haber abonado a la Complutense hasta un 20% de la facturación lograda, según la normativa universitaria. Como no lo hizo, el centro le abrió una investigación que puede terminar en expediente. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) establece que los grupos de investigación pueden contratar con entidades públicas y privadas “para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación”, pero para ello tienen que pedir un reconocimiento expreso previo de compatibilidad por su centro. Por su parte, Caja de Resistencia es una sociedad sin empleados ni estructura empresarial. La Agencia Tributaria le ha abierto una inspección de oficio porque Monedero debió tributar esos ingresos como persona física, en lugar de a través de una sociedad, con lo que dejó de pagar 68.000 euros. Posteriormente, el dirigente de Podemos regularizó la situación.

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