Recientemente, nuestra prensa ha publicado e informado sobre las investigaciones que están llevando a cabo los federales en una de nuestras Ramas Constitucionales: la Judicial. En específico, tenemos dos casos: el de un juez en la región judicial oeste y, más recientemente, en la región de Caguas. Esta prensa boricua, la cual es acreedora de mi crítica por no ser seria ni informativa, no se ha tomado la molestia de investigar y cuestionar varias cosas que aquí menciono.

Sobre estas investigaciones federales, que crean desasosiego en el Pueblo, dan la apariencia de que nuestro Tribunal Supremo carece de autoridad, cuando no es la realidad. La prensa local debió criticar la intevención federal a esta Rama Constitucional y no ser un ente pasivo, como ha sido por los últimos 20 años. A veces pienso que los periodistas disfrutan escribiendo de forma sensacionalista las intervenciones federales para que el Pueblo crea que son necesarias al fortalecimiento de nuestras instituciones gubernamentales. Nada más lejos de la realidad.

Si la prensa se tomara en serio su rol investigativo, el Pueblo estaría mejor informado y llegaría a conclusiones más inteligentes. Una prensa confiable hubiera planteado unas preguntas incisivas en cuanto a las investigaciones federales que laceran la confianza de nuestro pueblo en nuestra Rama Constitucional más importante. Algunos ejemplos de estas preguntas hubieran sido: ¿Por qué los federales son los que están tomando la jurisdicción en investigar a jueces de Puerto Rico ¿Ellos notificaron, antes de su intervención, a la Juez Presidenta y a la Administradora de OAT de su maniobra investigativa antes de montar el escenario teatral de su fortaleza política? ¿Acaso la Rama Judicial no tiene un sistema auto-regulador de sus miembros? y de tenerlo, le ¿han dado la oportunidad de implementarlo previo a cualquier intervención o, por lo menos, de invitar a actuar en conjunto y no por separado? ¿Dónde está la clase togada requiriendo una investigación de los jueces y sus oficiales o funcionarios cuando estos actúan, alegadamente, fuera del marco de la ley y el orden? o al menos aclarando la veracidad o no de los hechos, en específico en Caguas. ¿Cuál es el proceso por el cual estas personas que anhelan a ser jueces son sometidos? ¿Que conlleva tales nombramientos? ¿Cómo podemos mantener la pulcritud de la Rama Judicial para que el Pueblo no pierda la confianza en ella?

En esta ocasión contestaré dos de las preguntas aquí formuladas y una de ellas la contestaré en el cuerpo de este escrito. El resto de las preguntas las dejaré en el tintero y en la inquietud intelectual de ustedes para que sean ustedes mismos quienes se las conteste; yo tengo mis respuestas a base de la experiencia; pero procedamos a contestar dos de ellas:

¿Por qué los federales son los que están tomando la jurisdicción en investigar a jueces de Puerto Rico?

Sin entrar en los detalles de tales investigaciones y en los méritos de esto casos, Puerto Rico lleva bastante tiempo, a través de sus oficiales, renunciando a su obligación fiduciaria como aparato regulador y como gobierno. Esto me obliga a preguntar, ¿es esto evidencia de la incapacidad de limpiar la casa o una muestra más de cuán colonizados mentalmente nos encontramos? La respuesta es un sí limitado a la Rama Ejecutiva, quienes han doblado las rodillas desde hace tiempo; es una rama débil cuando tiene que enfrentarse a un problema y se ve forzada a recurrir al gobierno federal cuando su limitado intelecto no tiene una respuesta inmediata. Es ésta, la Ejecutiva, la que ha abierto las puertas para que otros nos fiscalicen mediante el tan famoso mecanismo de los Memorandum of Understanding con el gobierno federal y demostrando que no poseen el carisma ni el tesón para decir the buck stops here al estilo Harry Truman. Al parecer esto es prueba suficiente que muestra que la renuncia a nuestra jurisdiccion, de podernos gobernanr, se ha convertido en la norma y evidencia de que ellos, no el Pueblo, son incapaces de regir nuestros destinos. Esta es la respuesta al entrometimiento federal en nuestra juridicción y que ningún sector político ha criticado, o, de haberlo hecho, la crítica ha sido en una voz muy baja. Yo he buscado y no veo en las últimas noticias nada sobre este asunto.

Pero, ¿Acaso la Rama Judicial no tiene un sistema auto-regulador de sus miembros?

Sí lo tiene y la Rama Judicial no ha renunciado a su deber fiscalizador de sus miembros. Ésta, como ente regulador de sus oficiales, posee los mecanismos para poder salvaguardar su prestigio y reputación. Es importante señalar que este aparato regulador no funciona por sí solo, sino a través de sus miembros y de la clase togada; incluyendo la ciudadanía. Veamos en detalle porque digo que no funciona en un vacío.

Todo sistema regulador requiere de alguien para que inicie el funcionamiento del aparato disciplinario. Así el Canon 1 de los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico dispone: “Las juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y serán fieles al juramento de su cargo.” Véase http://www.ramajudicial.pr/opiniones/2005/2005TSPR39.pdf. Esto incluye sus cánones de ética y le impone la obligación de un juez de tomar acción cuando ve a un compañero juez dar la apariencia de inapropriedad en su cargo. A modo de ejemplo de apariencia que afecta la imagen de la judicatura tenemos unos casos típicos que les menciono a continuación: si un juez usa su cargo para intimidar a un oficial del orden público cuando comete una infraccion de tránsito, o mantiene comunicaciones ex-parte con un abogado o investiga un caso por su cuenta, su conducta constituye una desviación de lo que es lo que es la ley y de lo que se espera de una persona imparcial. Por lo tanto, ese juez es acreedor a una sanción disciplinaria; pero esto requiere de alguien que señale tal infracción y de que se inicie un proceso tipo juicio para preservar y conceder a ese juez su debido proceso de ley en la vista disciplinaria; ergo, el juez al igual que usted es acreedor a un debido proceso de ley cuando se le acusa de un acto ilegal que puede resultar en su remoción de su puesto judicial.

Por otro lado, de la misma forma que le requerimos a los jueces cumplir con la ley y a actuar de forma tal que el público mantenga la imagen intacta de un sistema judicial imparcial, también es requisito de los otros jueces el denunciar cualquier acto de inapariencia que cometa cualquiera de sus compañeros o de los abogados que postulan ante ellos; siempre y cuando advenga a su conocimiento. El o la juez debe denunciar cualquier conducta que afecte la imagen de la Judicatura siempre y cuando tenga conocimiento personal de tal hecho. Así, el Canon 7 de dicho cuerpo rector dispone:

Cuando los hechos les consten personalmente, las juezas y los jueces promoverán y cooperarán con los procedimientos disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez, abogada, abogado, funcionaria, funcionario, empleada o empleado de la Rama Judicial que actúe contrario a lo dispuesto en los cánones, en las normas administrativas, reglamentos y leyes vigentes.

¿Y que constituye una conducta impropia? Si tomamos lo que dispone el Model Code of Judicial Conduct de la American Bar Association y el preámbulo de lo que dispone los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico el lector podrá notar que el rol de los jueces es el de evitar toda apariencia de impropiedad y de velar que su conducta en y fuera de los tribunales sea la más “pura” o no sea mal vista por el ciudadano común -una regla poco amplia – para que éste no pierda la fe en esta Rama Constitucional. Así nos dice el préambulo:

Están obligados [juezas y jueces] a cumplir con las obligaciones de la Rama Judicial y respetar y honrar la función judicial. Además, al asumir el cargo aceptan también ciertas restricciones a su conducta, tanto en el ejercicio de sus funciones propiamente judiciales, como en sus demás actividades, ya sean personales o profesionales. Estas limitaciones, si bien no les privan de los derechos que poseen como miembros de nuestra sociedad, representan sacrificios en su vida pública y privada que enaltecen la integridad e independencia de su ministerio y estimulan el respeto y la confianza en la judicatura. (énfasis del autor).

Sólo me resta decir que la frase ennegrecida habla por sí sola y ese debe ser el norte que guíe a nuestros magistrados. Si se demuestra, mediante el mecanismo disciplinario que tal(es) juez(jueces) incidió(incidieron) en la conducta imputada, es al Tribunal Supremo quien le compete imponer la sanción indicada y, luego, que los federales hagan lo suyo pero no al revés. Una vez más alguien en las esferas del Olimpo ha pensado que está por encima de nuestro Tribunal Supremo y que puede actuar sin dar deferencia alguna a esta Rama Constitucional.

Por otro lado, si el conocimiento de la conducta improcedente de un juez fuera del conocimiento de un abogado o de una clase togada en una región en particular, es deber de nuestra profesión el poner en funcionamiento el mecanismo regulador para que el Tribunal Supremo determine si la conducta de ese (esa) juez (jueza) lacera o no la imparcialidad e integridad de la judicatura. Así el Canon 38 de los Cánones de Ética de la Profesión dispone: “…denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial…” Véase http://www.ramajudicial.pr/leyes/Codigo-de-Etica-Profesional-de-Puerto-Rico-1970.pdf. Nótese que en este caso si los fiscales entrevistados por ese gran diario conocen de conducta alguna que produce la apariencia de impropiedad, el deber de ellos era el de informarlo al Juez Administrador de esa Región o a sus superiores en el Departamento de Justicia para que la Oficina de Administración de Tribunales y el Tribunal Supremo tomaran carta en el asunto; cosa que no ocurrió hasta que los federales hicieron su aparición ante las cámaras y grabadoras de la prensa. Siempre he dicho que el silencio es malo, pero igual de malo es llevar los paños sucios a otra casa y no lavarlos en la nuestra.

A pesar de este show of force federal, nuestro Tribunal Supremo no se ha cruzado de brazos, ha revisado su sistema autorregulador y ha tomado carta en este asunto, el cual no le fue llevado originalmente. Es al Tribunal Supremo quien le compete tomar originalmente acción y no al revés, es esa forma el Pueblo no pierde la confianza en nuestro sistema judicial.

Por otro lado, debemos recordar que la conducta de unos pocos no debe ser motivo para perder la confianza de nuestra judicatura. Todos sabemos que el ser humano es un individuo débil que puede flaquear o desviarse de la ruta correcta; y los jueces no están exentos ni libres de estas debilidades. No debe haber espacio para perder la confianza en nuestro sistema judicial; Puerto Rico ha tenido, tiene y tendrá jueces competentes y comprometidos con su obligación de impartir justicia. Bajo el liderato de nuestra Juez Presidenta, no dudo que eso se pueda lograr a corto plazo y mantener así.

Yo peco de la confianza extrema de que la Justicia y el orden reina en nuestra Rama Judicial bajo la dirección de nuestra Juez Presidente. El resultado de tales investigaciones federales no van a llegar antes que las que realice nuestra Rama Judicial sobre la conducta de estos jueces. Estoy confiado de que pronto veremos resultados satisfactorios y que será nuestra Judicatura la que someta los casos y cargos criminales, si alguno, ante las autoridades correspondientes y no a la inversa.