La presidenta Cristina Kirchner anunció hoy desde Casa Rosada que el Estado denunció penalmente a la imprenta Donnelley, evocando a la controvertida ley antiterrorista, tras acusar a la firma de generar un "falso estado de quiebra para generar temor".

La filial argentina de la multinacional Donnelley cerró el lunes su planta de Garín y dejó a más de 400 empleados en la calle, tras presentar la semana pasada un pedido de quiebra ante la Justicia.

Hoy, la Presidenta se refirió al episodio y aseguró que se trató de "una maniobra" para generar "un clima de temor".

"La quiebra la pide un viernes 8 de agosto y el auto de quiebra salió el lunes 11. Fue una quiebra exprés. Hasta Thomas Griesa es más lento", ironizó la mandataria. La Presidenta aseguró que la firma tenía una buena situación patrimonial. "Se creó un estado de quiebra que no es tal para crear temor en la población", aseguró Cristina Kirchner.

Fue entonces cuando anunció que el Gobierno, "por primera vez", aplicará la Ley Antiterrorista. "Hemos formulado denuncia penal ante la Justicia federal por alteración al orden económico y financiero", anunció la Presidenta. Agregó, además, que la AFIP se presentó ante el juez de la quiebra para que la revoque y se extraigan testimonios para el delito de defraudación".

La Ley antiterrorista fue sancionada por el kirchnerismo en diciembre de 2011 y generó una fuerte polémica en la oposición y en organizaciones sociales.

Qué pasó

El lunes por la mañana, los trabajadores que se disponían a ingresar a la planta de la empresa gráfica de Escobar se encontraron con un cartel que informaba que la filial argentina de la compañía norteamericana pedirá la quiebra y cerrará definitivamente sus puertas. Tras una asamblea, los trabajadores decidieron cortar la colectora de la autopista Panamericana.

Al día siguiente, los trabajadores de la imprenta denunciaron esta mañana que la empresa no acató la conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno bonaerense ante el cierre sorpresivo e ingresaron a la fábrica ubicada en la localidad de Garín "para poder producir y cuidar los 400 puestos".

El gobierno nacional acusó a la imprenta de haber adoptado una decisión "política", el gobernador bonaerense culpó a los gremios "más radicalizados" de agravar la situación en las disputas gremiales y la cámara que agrupa a las industrias gráficas debió ratificar que el sector no está en crisis.