El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, a la izquierda, con el portavoz de Vox, José María Llanos. MÒNICA TORRES / atlas

Las Cortes Valencianas no solo no van a tramitar la petición de Vox para que la Generalitat le entregue los nombres de los miembros del colectivo LGTBI que acuden a los colegios a dar charlas a los alumnos, sino que el presidente del Parlamento autónomo, Enric Morera, ha afirmado este martes que va a trasladar la solicitud a la Fiscalía por si pudiera entrañar un delito de odio.

La diputada de Vox Ángeles Criado solicitó el lunes las identidades y otros datos de los activistas LGTBI que van a las escuelas a desempeñar actividades dirigidas a prevenir la homofobia. Entre ellos, los documentos que acreditan su formación o que carecen de antecedentes penales. Criado manifestó la preocupación de su formación por saber "en manos de quién" dejan a sus hijos "y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos".

La solicitud, ha sostenido Morera, dirigente de Compromís, puede implicar un delito por fomentar "una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva, protegida constitucionalmente por la legislación vigente y los tratados internacionales adoptados por el Estado español". El presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, ha respaldado la negativa a que la Cámara autónoma tramite la petición del partido de ultraderecha. "Esto es un retroceso que no nos podemos permitir".