Crucifijo en un aula escolar.

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El Tribunal Constitucional (TC) apoyará la ponencia redactada del magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert. Entre otros, apoyará tres apartados muy cuestionables de esta norma impulsada por el exministro de Educación que ya fueron recurridos por el PSOE: las subvenciones públicas a los centros educativos que segregan a su alumnado por sexo; la potestad de los centros para seleccionar a su alumnado y segregarlo en «itinerarios académicos»; y aquella que incluye la clase de Religión en el currículo académico, a la que se debe imponer una alternativa obligatoria.

Según ha avanzado la Cadena Ser, la ponencia ultraconservadora «será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del tribunal». El TC considera que la defensa de la segregación por sexos, una de las medidas más polémicas, «entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo». Así pues, la decisión del TC no solo supondrá un golpe a la educación pública, sino también un apoyo claro a las escuelas privadas religiosas.

Esto sucede en un momento especialmente delicado, cuando se discute en el Congreso un posible pacto educativo que, con este varapalo, parece llamado a fracasar. De nuevo. En España, las leyes educativas se han ido sucediendo de manera que cada Gobierno entrante ha aprobado la suya. En 1980 se aprobó La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que no entró en vigor; en 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE); en el año 90 hizo lo propio con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE). Por su parte, el Partido Popular aprobó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que tampoco llegó a aplicarse; el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso en 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta última, también llamada Ley Wert, es la que viene a refrendar el Tribunal Constitucional.

Situación preocupante

«Hoy son pocos los partidos políticos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica», explica Antonio Movellán, presidente de Europa Laica. «Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación. etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria». Ahí es donde viene a incidir la aprobación del capítulo destinado a avalar la selección de los alumnos por parte de los centros. Esto tiene como consecuencia la creación de guetos educativos, y lo que se denomina «segregación escolar por nivel socioeconómico», es decir, que los alumnos ricos estudien con los ricos y los pobres, con los pobres, fuente de abismales desigualdades económicas y sociales, según los expertos.

No hay que olvidar que España, según un informe reciente elaborado por varios investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es el sexto país de la Unión Europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás solo quedan Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría. Y especialmente preocupante resulta el caso de la Comunidad de Madrid, segunda región europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás de esta solo queda Hungría.

Movellán, implicado en la negociación del pacto educativo, puntualiza que «sin embargo, y teniendo en cuenta el desmadre de la escuela concertada en España, algunos entonan el mea culpa, caso del PSOE, y ahora dicen ‘hemos ido demasiado lejos y tenemos que poner ciertos límites'». Y añade que resulta significativo el caso de Ciudadanos, que «defiende con uñas y dientes una escuela neoliberal como si la educación fuera un negocio como otro cualquiera y donde se escudan en la libertad educativa para defender, en verdad, el mercado de la educación».

Religión y religiosos

En cuanto a la segregación de los alumnos por sexo, supone un apoyo abierto a los centros privados de orientación religiosa, que este curso 2016-2017 cuentan con más de dos millones de alumnos en sus filas. Y, por lo tanto, favorece a la Iglesia católica, institución que regenta la inmensa mayoría de los centros concertados, es decir, aquellas escuelas privadas que reciben subvenciones por parte del Estado.

Cabe recordar que, según datos de Europa Laica, los aproximadamente 4.000 centros privados concertados que existen en España hoy suponen a las arcas públicas más de 5.500 millones de euros anuales.