La expresidenta vinculó en su denuncia a funcionarios públicos, sectores del Poder Judicial y a los medios de comunicación "hegemónicos" Crédito: Télam

Mariela Arias Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020 • 09:34

EL CALAFATE. Cristina Kirchner denunció que durante el gobierno de Mauricio Macri la AFIP realizó una "operación en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal" en su contra. A través de un escrito, la vicepresidenta planteó ayer la nulidad de la deuda de más de $8 millones por impuestos a las ganancias mal liquidados en 2011, 2012 y 2016. Argumentó que la AFIP no la notificó y le negó así el derecho de defensa.

Si bien Cristina Kirchner negó la deuda, aclaró que tampoco podría pagarla por los diez embargos millonarios que tiene sobre sus bienes en diferentes juicios.

En la denuncia que presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos, patrocinada por su sobrina Romina Mercado, la vicepresidenta señaló un "accionar ilegal de distintas dependencias del Estado" en su contra y dijo que esas acciones vulneran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.

Agregó que ese hostigamiento que sufre "permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas del país".

En el escrito, de 73 páginas, la expresidenta denuncia que la Fiscalía Federal de Río Gallegos ordenó, en noviembre de 2017, a la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia una investigación sobre la liquidación del impuesto a las ganancias en 2011, 2012 y 2016, y que recién fue notificada de ello el 19 de diciembre pasado. "Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia", afirmó.

También denunció que la fiscalía habría ordenado a los agentes de la AFIP que no debían tomar contacto con ella ni notificarla, con lo que le habrían impedido ejercer su derecho a la defensa en el proceso administrativo.

Pedido de sanciones

La vicepresidenta no se quedó en la denuncia: solicitó que la AFIP, hoy dirigida por Mercedes Marcó del Pont, le informe qué tipo de sanciones les corresponderían a todos los agentes que habrían infringido los procedimientos administrativos que la afectaron.

La AFIP la intimó al pago de $8.133.812,71 en concepto de capital, intereses y multas, en diciembre pasado. Cristina Kirchner aseguró que, además de no haber sido notificada, toda la documentación contable estaba en manos de quien era su contador, Víctor Manzanares, que fue detenido con prisión preventiva en julio de 2017 y cuyos papeles fueron secuestrados.

"Se dispuso en su momento el allanamiento y el secuestro de documentación contable de nuestra familia, razón por la cual me encuentro en un verdadero estado de indefensión en la presente ejecución, ya que al no contar con dicha documentación me resulta materialmente imposible poder articular las defensas pertinentes y aportar las pruebas necesarias para desacreditar la pretensión fiscal que se ejecuta", dice la presentación en la que solicita recuperar esos documentos.

En ese punto, la vicepresidenta consideró que Manzanares fue detenido por haber sido su contador. Sería la primera defensa que hace del profesional, que estuvo casi dos años detenido y se convirtió en un arrepentido explosivo en 2019, al relatar con detalle cómo el entonces secretario presidencial Daniel Muñoz llevaba las valijas de dinero de la supuesta recaudación de los empresarios de la obra pública y las guardaba en la casa de la madre de Néstor Kirchner.

Cristina dio un paso más. Trazó un paralelo entre la investigación por supuestas deudas impositivas en su contra y los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. "Repugnaría al Estado de Derecho que los agentes intervinientes de la AFIP alegaran que cumplían órdenes del Poder Judicial. Instalaríamos de esa manera, una vez más, el concepto de obediencia debida", postuló en su escrito, para señalar, en referencia a esos funcionarios judiciales y del ente recaudador, que actuaron como un "verdadero grupo de tareas que trabajaba en la clandestinidad".ß.

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