Si a las horas de violencia y represión frente al Congreso le siguieron las controversias por las motivaciones detrás de las protestas y también por los cuatro extranjeros detenidos, en medio de una discusión creciente y replicada dentro del propio Gobierno sobre el rol de las organizaciones sociales, las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al Congreso abrirá otro fuerte debate en el despunte de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Entre las novedades el proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes.

Mauricio Macri instruyó apurar los últimos detalles del texto para girarlo al Senado y que comience a discutirse luego del Presupuesto. El tratamiento llevará su tiempo, en línea con el volumen de la reforma -el Código Penal se sancionó en 1921, se sucedieron parches y otras leyes- y la diversidad de temas. Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó el anteproyecto durante un año y medio, el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. Será una de las discusiones que se moverá en el Congreso, en una etapa con baja actividad, algo que se potenciará el año próximo con la campaña electoral. Aun así en el Gobierno consideraron que empujar esos temas tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.

“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, dijo a Clarín un alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.

En este caso la disputa entre Nación (Macri-Patricia Bullrich) y Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta-Martín Ocampo) por la respuesta a la protesta en la calle -con un protocolo “antipiquete” ya descartado- parece haber quedado en suspenso: ambas administraciones trabajaron sobre los cambios. El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.

En las últimas semanas funcionarios advirtieron que las marchas con cortes vienen aumentando desde agosto y que el control de la calle se convirtió en una de las principales preocupaciones del Gobierno para lo que resta del año. La crisis económica potenció los reclamos, aunque en la Casa Rosada lo atribuyeron también a motivaciones políticas. Las organizaciones sociales replicaron las acusaciones y lo atribuyeron a una estrategia para criminalizar la protesta.

Desde la comisión redactora aseguraron que tomaron pronunciamientos de la Corte. “El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, dijo Borinsky a Clarín, y agregó: “Los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de manera que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.

A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años; de acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.

La lupa volvió a posarse sobre los extranjeros en época de crisis. “Tenemos que protegernos frente los que nos complican la existencia a todos”, dijo Macri la semana pasada. Bullrich, Miguel Pichetto y Rogelio Frigerio -si la Justicia encontraba pruebas- habían pedido que los detenidos en los incidentes frente al Congreso sean expulsados del país. “En nuestro caso no es por el triunfo de Bolsonaro. Desde el primer día estamos cambiando el paradigma en seguridad e inmigración”, esgrimió un integrante del Gabinete.