La activista social y líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, saldrá mañana libre después de que fuera encarcelada por secuestros que nunca se comprobaron. Distintos organismos internacionales, e incluso la ONU, habían señalado irregularidades durante su proceso.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Tras 31 meses de permanecer en prisión, un juez dictó dictó hoy auto de formal libertad a la activista social y comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.

Este viernes después de las 8:00 de la mañana Nestora abandonará el penal de Tepepan.

El abogado de Nestora Salgado, Sandino Rivera Espinosa, dijo a SinEmbargo que lograr la libertad de la activista fue uno de los procesos más difíciles que ha llevado en su carrera, y aseguró que el caso marcará un precedente en el país que pueda desencadenar en la libertad de los más de 10 policías comunitarios encarcelados de Guerrero.

“Como abogados estamos convencidos de que en casos de esta naturaleza se puede lograr la justicia, dentro de lo que cabe. El caso de Nestora implicará un precedente, hay 10 policías comunitarios presos todavía”, dijo.

El que fue también el litigante en el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, encarcelado durante 13 años en Chiapas, indicó que tuvo que luchar no sólo en el ámbito jurídico, sino personal para poder liberar a Nestora.

“Ha sido uno de los asuntos más difíciles que hemos tenido, además del aspecto jurídico, asuntos que nos ha llevado al límite como equipo, pero afortunadamente hubo la confianza de Nestora y de sus hijas”, indicó.

Sandino Rivera agregó que la activista “está muy contenta”. “Ya le notificaron los autos de libertad en los tres procesos pendientes, ella ya no tiene procesos ni órdenes de aprehensión. Va de regreso esta noche a Tepepan y de ahí saldrá mañana entre nueve y 10 de la mañana”, dijo en entrevista.

El abogado reiteró que luego de salir a la calle, Salgado viajará a Estados Unidos para realizarse un chequeo médico y después regresará a México. Durante el tiempo que estuvo recluida, dijo, no recibió el tratamiento y medicamento necesarios. Nestora tiene ambas nacionalidades: la mexicana y la norteamericana.

Grupos civiles mexicanos y extranjeras exigieron al Estado mexicano que la liberara, lo mismo que un panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los grupos civiles han calificado el caso de Nestora Salgado como “representativo”, ya que el propio Gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

La líder de la policía de la Montaña de Guerrero fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) tendría dentro de sus funciones detener personas. En varias ocasiones, los procesos ameritaban simples castigos de trabajo voluntario. Sin embargo, algunos detenidos acusaron haber sido maltratados y que sus detenciones fueron, más bien, secuestros.

“La aprehendieron por cinco supuestos secuestros, pero los siguientes días la suma llegó a 50 que se repartieron en tres procesos. En todos ya se determinó su libertad [la semana pasada]”, detalló el abogado Sandino Rivero Espinosa en entrevista realizada la semana pasada.

El involucramiento de Nestora con la CRAC-PC no se dio sino hasta en el último lustro, con el arrecio del narcotráfico en la zona.

Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.

Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.

Sin embargo, pese a que los grupos de autodefensa en Guerrero están reconocidos en la propia Ley 701 como auxiliares de las fuerzas de seguridad pública estatal, y, además, el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero les dio recursos para la compra de armas y equipo, las operaciones de la policía comunitaria no terminan por ser avaladas en todos los ámbitos.

La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos, en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla, por lo que Nestora no pudo ser dejada libre.

Esta semana, según explicaron los abogados, se tomaron las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión.

El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.

“Su salud es buena. Sin embargo, ella sufrió un accidente automovilístico hace más de 10 años. Y viene arrastrando esas secuelas”, dijo Sandino.

NESTORA Y SU RESPONSABILIDAD

A pesar de que la Coordinadora tiene cientos de integrantes, a Nestora la Fiscalía la acusó de ser responsable por los secuestros.

“En particular detuvieron a Nestora y a otros nueve líderes que hay en Guerrero porque son la gente más emblemática que era más conocida, y era una forma de dar un mensaje a toda la coordinadora”, dijo Sandino.

Distintas organizaciones se opusieron en su momento a la liberación de la líder comunitaria. Entre ellas, Alto al Secuestro y México SOS, que dirigen Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, respectivamente.

El 13 de enero del 2015, Martí acusó que el Gobierno de Guerrero se había vuelto “narcoguerrillero”, por la convivencia entre autoridades y otros grupos. En conferencia de prensa presentó a cinco personas que aseguraron haber sido secuestradas por la Coordinadora.

“Desconozco cuál sea el móvil de estas personas. Pero al no haber un proceso donde haya sentencia, la presunción de inocencia siempre prevalece. Pero, fíjese, esto va más allá de un problema de particulares [en referencia a Martí y a Wallace], se trata de un proyecto de comunidades indígenas que pretenden su autodeterminación”, dijo Sandino.

El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.

“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.

A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.

Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.

-Con información de Juan Luis García