La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma; sin embargo, según las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los desvíos no sólo son “históricos” sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos.

La Auditoría alertó al gobierno mexicano sobre las irregularidades cometidas en Veracruz desde 2012 y lo reiteró en los siguientes cinco años a través de los informes de la Cuenta Pública, sin que ninguna autoridad del gobierno federal investigara la red del entonces gobernador.

El organismo de fiscalización ha hecho 64 denuncias penales por las irregularidades detectadas en Veracruz, ocurridas sobre todo durante la administración de Javier Duarte. Esto ubica a la entidad con el mayor número de procedimientos penales en todo el país.

Sin embargo, la PGR apenas firmará un convenio de colaboración con la ASF para seguir investigando este y otros casos, según informó el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán, en entrevista radiofónica.

Aunque cada año la Auditoría detecta presuntos daños al erario por miles de millones de pesos cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles, en noviembre pasado, Juan Manuel Portal, titular del organismo, informó que los desvíos en Veracruz eran “históricos” y el dinero etiquetado para educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros rubros, no fueron ocupados para ese fin.

Los incumplimientos provocaron afectaciones inmediatas; por ejemplo, los estudiantes y académicos de la Universidad de Veracruz marcharon para exigir la entrega del presupuesto; pensionados se manifestaron para exigir sus pagos, pero fueron desalojados violentamente por policías estatales y trabajadores de la administración local también sufrieron retrasos e incumplimientos en el pago de sus salarios.

Aunque estos casos fueron visibles, ninguna auditoría estatal, ni el Congreso local señalaron las faltas en el presupuesto estatal.

Salud, educación, infraestructura…

La Auditoría Superior de la Federación está facultada para revisar el destino del dinero público, pero sólo en el ámbito federal. Es por eso que no podía fiscalizar las finanzas de Veracruz, pero sí pudo revisar los recursos que la Federación distribuye a los estados.

Así detectó las irregularidades millonarias durante la administración de Javier Duarte en los informes de la Cuenta Pública de 2012 a 2015. Sólo 2013 y 2014 existen 82 señalamientos para comprobación de recursos federales y observaciones sin solventar que podrían derivar en más denuncias.

Sólo en 2011, un año después de asumir la gubernatura, la Auditoría señaló que Veracruz recibió 652 millones de pesos para el programa Habilidades Digitales para Todos, sin que hubiera alguna prueba de haber equipado las 3 mil aulas con proyectores, computadoras e internet en las escuelas previstas. Sólo dinero es casi tres veces el monto por el que la PGR investiga a Javier Duarte (223 millones de pesos).

En 2013, Veracruz recibió 190 millones de pesos –el mayor monto asignado con respecto al resto de entidades– para el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, pero no llegó a ninguna clínica ni hospital en el estado.

Según la Cuenta Pública de ese año, la administración de Javier Duarte entregó “minutas de trabajo” y se comprometió a “comprobar la aplicación de los recursos”, pero nunca lo hizo.

Cuando la Auditoría señalaba irregularidades, los funcionarios del gobierno de Veracruz simulaban solventarlas y regresaban el dinero a las cuentas bancarias previstas para manejar el dinero federal, pero después nuevamente lo retiraban. Por estas acciones, la Auditoría interpuso 15 denuncias en 2014.

El auditor Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría, aseguró que Veracruz fue la entidad el monto pendiente por aclarar en ese año, incluso mayor a las irregularidades de 16 entidades.

Para profesionalizar a sus policías, Veracruz recibió 114 millones de pesos de subsidio federal en 2013, pero el dinero lo sacó de la cuenta bancaria y tampoco se pudo comprobar el destino. El objetivo de ese presupuesto era capacitar a los agentes, aplicar mejores exámenes de control de confianza y comprar uniformes y equipos.

La Fiscalía de Veracruz también investiga a Flavino Ríos y otros 14 exfuncionarios de la administración de Duarte por retirar casi 200 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz para una supuesta inversión bancaria que generaría intereses para los trabajadores, pero el dinero nunca fue devuelto.

En 2015, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, se desviaron y malversaron 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación en Veracruz, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública de ese año.

Los recursos debían llegar a programas como Escuelas de Tiempo Completo, al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, donde se incluye a la Universidad Veracruzana.

Tampoco recibieron recursos ese año los hospitales incluidos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), del Seguro Popular, el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud y al Componente de Salud de PROSPERA.

En el último año de gobierno, la administración de Duarte no sólo ejerció el dinero etiquetado, sino que incluso pidió crédito más de mil millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) para construir un museo, un periférico, un centro penitenciario, ampliación de un planetario y pavimentar caminos.

La Auditoría detectó que ninguna de esas obras se concluyó. O nunca se iniciaron o se dejaron a medias por falta de pago a los contratistas.

La administración estatal también se quedó con la parte del presupuesto federal que debía llegar a los municipios de la entidad. En noviembre del año pasado, los ediles denunciaron que el estado no distribuyó 3 mil 300 millones de pesos de 6 fondos federales, utilizados para el pago de empleados y policías, abastecer de gasolina a patrullas, remodelar calles, recolectar basura y pagar el alumbrado público, entre otros servicios.

Pese a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante seis años, la PGR inició la investigación contra Duarte luego de las denuncias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado. El organismo indagó el caso tras la publicación del reportaje de Animal Políticoque documentó la triangulación de recursos a través de empresas fantasma.