Hemos oído muchas veces que el territorio rural abarca el 80% del territorio del Estado en el que tan solo vive el 20% de la población. Pero, más allá de esta cifra, se trata de un espacio social, ecológico y económico rico y diverso, portador de valores culturales que constituyen la esencia de la diversidad de pueblos y nacionalidades de nuestro país. Sin embargo, el proceso de urbanización acelerada, el descuido de las administraciones públicas y, sobre todo, las sucesivas políticas implementadas (económicas, ambientales, territoriales, agrarias o pesqueras), lo han ido desvertebrando y relegando a una realidad de segunda. La población que vive en el medio rural tiene un enorme sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos. Es una sensación, mezcla de frustración e indignación, que abarca todos los ámbitos en los que debería actuar la política y que se hace más profunda cuanto más nos adentramos en la realidad rural de zonas de montaña o en las mesetas interiores. Las personas que viven en el medio rural están hartas de que se les ignore. Nuestro medio rural debe formar parte fundamental del proceso de cambio democrático y de modelo productivo para España.

Llevamos años de inacción política en este sentido. Sin embargo, lejos de apagarse la conciencia ciudadana sobre este asunto, las raíces de una parte medular de nuestra sociedad salen a la luz y volvemos a sentir que es un elemento esencial de nuestro futuro común. Lo pudimos comprobar hace apenas dos semanas con la proyección del documental de Jordi Évole dedicado al despoblamiento de las zonas rurales.

La Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural vino a cubrir un gran vacío en la política nacional. Fue entonces, en 2007, una propuesta legislativa que trataba de incorporar a los grandes acuerdos de Estado la necesidad de una Política Rural Nacional, integral e integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de cada ámbito de poder autonómico y municipal. Además, proponía una metodología de acción política participativa, de abajo hacia arriba, al servicio del desarrollo sostenible rural y que incorporaba instrumentos novedosos de planificación. Esta ley era y es necesaria porque, desde que España se incorporó a la Unión Europea y comenzamos a recibir tanto fondos estructurales como fondo de la PAC, nuestra política rural quedó reducida a gestionar y ejecutar lo que recibíamos, sin que nadie aportara una visión a largo plazo –una visión nacional- de lo que se quería para el medio rural. La Ley tiene ya 10 años de vigencia, se impulsó en el Gobierno de Zapatero y fue diseñada por personas ampliamente conocedoras de la realidad rural y de las políticas europeas. Además, gozó de amplísimo respaldo por parte de la mayoría de las organizaciones agrarias y sociales con presencia en el medio rural que siguen reclamando su aplicación y desarrollo como se evidencia en todos los documentos políticos de organizaciones como UPA (Unión de Pequeños Agricultores) COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas) Foro de Acción Rural, Plataforma Rural Española, o la Red Española de Desarrollo Rural.

Desde el año 2012, el Gobierno del PP no ha vuelto a convocar ninguno de los espacios de coordinación de la política de desarrollo rural.

La ley parte de un reconocimiento que es fundamental para entenderla, y es el hecho de que existe desequilibrio y desigualdad territorial. Una desigualdad que, eventualmente, se traduce en vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Por arrojar un dato ejemplificador, la renta media de una familia que reside en el medio rural en España es uno 400 euros inferior a la de una familia en el medio urbano. La renta agraria se ha reducido en los últimos 10 años un 37% y los recientes informes de EUROSTAT arrojan datos desoladores relacionados con el paro, la pobreza y la privación que muestran el deterioro de la calidad de vida en las zonas rurales frente a las urbanas en estos años. Estos datos desmontan ciertas ideas que en ocasiones existen respecto a los estándares de calidad de vida en los pueblos. Así, por ejemplo, en España la población en riesgo de exclusión en el medio rural es del 33%, mientras que en las ciudades es del 25%, y la población en riesgo de privación material es del 28%, mientras que en el medio urbano es del 18%[1].

Pues bien, la aplicación de esta Ley debía suponer un esfuerzo presupuestario para el periodo de 2010 a 2015 (prorrogable al 2016) de 1.810 millones de euros. Cubría actuaciones que eran competencia de las Comunidades Autónomas pero que se financiaban al 50% vía Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, el compromiso de aportación era de 905 millones de euros, con una senda financiera constante de unos 180 millones de euros cada año. Adicionalmente, el Programa de Desarrollo Sostenible preveía una serie de actuaciones consideradas de interés general que le correspondían ejecutar directamente a la Administración General del Estado, para la que se tenía una previsión de gasto de unos 53 millones de euros. Sin embargo, nunca se presentó memoria de ejecución de estos presupuestos; ni de unos ni de otros. ¿Por qué? Seguramente, porque ya desde el comienzo del periodo, pero especialmente a partir de 2013, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha una sigilosa estrategia de recortes sobre estos planes; recortes tan salvajes como los que han sufrido la mayoría de partidas presupuestarias destinadas a gasto social, y que han redundado en el deterioro de la calidad de vida de muchos españoles y españolas.

Finalmente, con su habitual falta de sensibilidad democrática, el Gobierno del Partido Popular ha despreciado a las organizaciones sociales, la mayoría de las cuales llevan muchos años luchando por la recuperación del medio rural. Desde el año 2012, no ha vuelto a convocar ninguno de los espacios de coordinación de la política de desarrollo rural; ni el Consejo para el Medio Rural, ni la Mesa Nacional de Asociaciones por el Medio Rural, cuya función era dar seguimiento a la aplicación de la ley.

Es por ello urgente recuperar los presupuestos y los mecanismos políticos que se habían previsto para incidir positivamente en las zonas rurales. Se trata de leyes que el Gobierno está obligado a cumplir, como tantas veces nos repiten sus portavoces al hilo de otros muchos debates públicos. Sin embargo, pareciera que el argumento sólo les vale cuando se trata de coartar cualquier aspiración legítima de mejora, porque luego, cuando estas mismas leyes obligan al Gobierno a atender a la población, éste, sencillamente, se las salta a la torera.

[1] Fuente EU –SILC (EUROSTAT. 2016)