“Lo de ayer en Xpujil, Campeche, no fue una asamblea consultiva sobre el proyecto integral del Tren Maya, fue una reunión para recibir solicitudes de los comisarios municipales y ejidales sobre agua, salud, hasta educación. No fue que las comunidades aceptaran, a través de sus autoridades, un proyecto del que saben su impacto real, fue un sí a cambio de obras y prebendas”, asegura Romel González, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

Este fin de semana se realizaron en los cinco estados del país por donde pasará el llamado Tren Maya dos ejercicios paralelos: 15 asambleas regionales consultivas con las autoridades de los pueblos. En estas, a decir del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), encargado de la consulta, lo que resultó fue un consenso por el sí al proyecto.

El otro ejercicio que se desarrolló fue una consulta ciudadana, en la que se repartieron boletas para que la gente se pronunciara por el sí o por el no al Tren Maya.

Desde el domingo por la tarde se empezó a difundir información sobre que las comunidades y la gente aceptaban el proyecto. Pero activistas y pobladores señalan que la información que se difundió sobre en tren fue incompleta y sesgada, y que el ejercicio de asambleas y consulta fue una burla.

“Lo que se difundió fue más bien propaganda, en la que se abordaron sólo los supuestos beneficios sin hablar de las afectaciones, que además no se han determinado porque no se han hecho las manifestaciones de impacto ambiental y social, y ni siquiera se conoce todo el proyecto”, explica Rodrigo Llanes, antropólogo e investigador de la UNAM sobre derechos de los pueblos indígenas e integrante de la misión de observación de la consulta del pueblo maya.

Hugo Aguilar, coordinador del Programa de Derechos Indígenas del INPI, dice que en efecto esos estudios no se han hecho.

Pero que por eso esta es solo una consulta genérica sobre si el tren va o no va. “Ya después con estos estudios si hay afectación al medio ambiente, a la cultura, se harán las consultas específicas a esas comunidades que tengan impacto”.

Cuando se le cuestiona por qué entonces se ha difundido este ejercicio como si fuera una consulta absolutamente determinante para hacer el tren maya y todo lo que implica, dice que no es así, que en el protocolo de la consulta se estableció que habrá otras específicas.

“Si en esas las comunidades afectadas por ciertos impactos dicen no, ese no se va a respetar y ya se verá qué solución se encuentra”, asegura Aguilar.

Además de que no se conocen por ahora todos los impactos, tampoco se conoce el proyecto completo y lo que implica. Los activistas y pobladores consultados coinciden en que la gente le dijo sí al tren y a las estaciones de este, pero no a lo que abarcarán los llamados polos de desarrollo, en los que se pretende llevar infraestructura de vivienda, hotelera y turística, en general.

Gabriel Arellano, asesor para el tema de la consulta indígena de Fonatur, admite que este es un proyecto en proceso de construcción, porque es algo muy grande, que abarca mil 480 kilómetros, es decir, admite que no se tiene el proyecto completo y que a la gente se le consultó una parte.

“Los estudios irán saliendo unos detrás de otros. Hay una concatenación de procesos que dependen unos de otros y vamos avanzando en ese sentido”.

Aunque asegura que la gente sí tiene información de que esto no es solo un medio de transporte sino un proyecto integral que conlleva inversión inmobiliaria, turística y urbanización. “Se repartieron varios materiales en las asambleas donde se habla de esto y también hubo gente en campo resolviendo dudas”, asegura

Sin embargo, Animal Político tuvo acceso al material que supuestamente se difundió y en ninguno de ellos se especifica con precisión en qué consistirán y qué incluirán los polos de desarrollo, solo se habla de generalidades, como que tendrán una planeación urbana y territorial para mejorar la calidad de vida acercando servicios básicos, médicos y oportunidades laborales. De los posibles impactos de estos no se dice nada.

Los supuestos beneficios esos sí que se difundieron hasta el momento último de tachar la boleta, señala Pedro Uc, activista yucateco de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, quien horas después de hablar con Animal Político, recibió una amenaza de muerte por su defensa de la tierra y el territorio.

“Se hizo una mezcla muy rara. Este fin de semana hubo en algunos lugares asambleas consultivas con las autoridades de los pueblos, y también una supuesta consulta ciudadana. Pero las boletas no estaban ni numeradas y en la parte de atrás venían enlístalos, de forma general, solo los supuestos beneficios del tren, de los impactos negativos nada”.

Eso es verdad, en la parte frontal de la boleta que se entregó a los ciudadanos, que en efecto no está numerada, hay una leyenda que pide a los votantes leer al reverso para informarse antes de emitir su opinión.

Pero solo se mencionaban las bondades del proyecto, como la población beneficiada: 12 millones de habitantes de los cinco estados y la llegada de 17 millones de turistas al año, que se respetará la selva y el medio ambiente, habrá miles de puestos de trabajo, se reducirán los costos del transporte y habrá ingresos por pasajeros de 15.7 millones de pesos al día.

De los riesgos de desabasto de agua, del que advierten investigadores y activistas, sobre todo en el tramo de Bacalar-Calakmul donde esto ya es un problema no se habla. Ni tampoco sobre cuántas comunidades podrían ser reubicadas y bajo qué figura, por ejemplo, o los efectos reales al medio ambiente por la construcción de infraestructura y la llegada de los miles de turistas que se esperan en los llamados polos de desarrollo.

De hecho, Marco Jerico Nava, del Consejo Bioregional de Bacalar dice que el colectivo asistió como observadores a la asamblea que se hizo en Xul-ha , en el municipio de Othon P. Blanco, donde realizaron seis entrevista a las autoridades de las comunidades indígenas que dieron el sí al proyecto.

“Por las repuestas nos dimos cuenta que la gente no tiene idea de qué serán exactamente los polos de desarrollo, ni tampoco saben acerca del modelo que el gobierno federal promoverá para llevar inversión a la zona, FIBRA (Fideicomisos para Infraestructura y Bienes Raíces), en los que participarán inversionistas privados en supuesta sociedad con los ejidatarios”.

Además del desconocimiento de la información completa del proyecto, una de las cosas más graves de la consulta, coinciden los entrevistados, es el intercambio de obras y servicios, que deberían ser un derecho de las comunidades, a cambio de aceptar el Tren Maya.

Eso de que se está cambiando el sí de la gente por prebendas es una interpretación de los activistas, ataja el funcionario del INPI, “esto es un proyecto de desarrollo y el desarrollo tiene una visión integral por lo tanto es procedente que las autoridades planten que se contemple el desarrollo social, económico, pero nada se está condicionado al sí”.