CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México perdió la batalla legal por el etiquetado de atún dolphin safe (libre de delfín), luego que la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que las últimas modificaciones que Estados Unidos hizo en la materia “ya no discrimina entre productos de atún mexicanos y productos de atún estadounidenses y de otros países”.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aseguraron que este resultado obliga a las autoridades del país a continuar la defensa y promoción de la industria atunera y un método de pesca altamente sustentable.

Además, se coordinarán los esfuerzos en foros multilaterales para lograr la protección no sólo de los delfines, sino de otras especies marinas afectadas por distintos métodos de pesca utilizados en otros países.

“México espera que más allá del fallo, Estados Unidos reconozca el efecto que tienen los métodos de pesca utilizados por su flota y la de otros países en el ecosistema marino”, señaló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La SE aseguró que el gobierno y la industria nacional han jugado un papel importante en la protección de los delfines contra los efectos adversos en la pesquería del atún.

“Gracias a los esfuerzos de México, Estados Unidos modificó su medida en dos ocasiones, lo que permitió que se incrementaran los requisitos en pesquerías distintas a usadas por México”, acotó.

El método que utiliza la flota atunera mexicana está regulado por el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) por ser el de mayor sustentabilidad.

La batalla

La “batalla del atún”, que llegó a la OMC en octubre de 2008, comenzó desde la década de los 90, cuando Estados Unidos puso restricciones a las importaciones del alimento proveniente de México alegando daño a los delfines.

En las aguas orientales de la zona tropical del Océano Pacífico es frecuente que por debajo de los grupos de delfines que nadan en la superficie del mar se desplacen bancos de atún aleta amarilla.

Cuando el atún se pesca con redes de cerco, los delfines quedan atrapados en ellas, y muchos de ellos mueren si no son liberados de las redes, relató la agencia Reuters.

La Ley de Estados Unidos contiene medidas de protección de los delfines que deben cumplir tanto su flota pesquera como los países cuyos barcos pesquen atún aleta amarilla en esa parte del Océano Pacífico.

Si un país exporta atún a los Estados Unidos y no puede demostrar a las autoridades estadunidenses que ha cumplido las normas de protección del delfín que establece la propia legislación estadunidense, el Gobierno dicta el embargo de todas las importaciones.

En este contexto, México recurrió a la Organización Mundial de Comercio acusando medidas discriminatorias al no otorgarle a sus pescadores la etiqueta Dolphin Save, que permite su venta en territorio estadunidense.

En 2011, la OMC falló a favor de México, señalando que los requisitos de etiquetado impuestos por Estados Unidos a las importaciones de atún mexicanas violaban normas de comercio internacionales.

Sin embargo, en enero del año siguiente Estados Unidos apeló ante la OMC, pero en mayo el organismo internacional determinó que debe permitir acceso a las exportaciones de atún mexicano, ratificando que el sello Dolphin Safe se le negaba a productores de México de forma discriminatoria.

Tras perder el caso, Estados Unidos modificó sus reglas en 2013, pero la OMC dijo que no era suficiente y que México seguía siendo injustamente tratado, lo que dio lugar a la resolución de permitirle fijar sanciones comerciales.

Estados Unidos volvió a cambiar sus reglas en 2016, ampliando las restricciones a todos los países.

Ese mismo año, México solicitó a la OMC autorización para imponer sanciones comerciales por la disputa tras los fallos a favor.

En abril de 2017, un árbitro de la OMC resolvió que México podría imponer sanciones comerciales por hasta 163.23 millones de dólares anuales contra Estados Unidos.

Las sanciones permitidas son de apenas una tercera parte de los 472.3 millones de dólares que México había solicitado y que planeaba imponer a importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa estadounidense.

Más tarde, Estados Unidos argumentó que había hecho lo suficiente para ajustar sus leyes y solicitó una exención de las normas de la OMC por razones de conservación ambiental.

Como respuesta, en octubre de 2017, la Organización Mundial de Comercio falló en contra de México debilitando su reclamo de sanciones comerciales en contra de Washington.

A esto, la Secretaría de Economía apeló el fallo, argumentando que no coincide con su razonamiento jurídico.