¿Cuántas personas saldrán de la Junta de Andalucía si finalmente el PSOE es desalojado del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia, tras gobernar la comunidad durante casi cuatro décadas? ¿Cómo afectará a los 24.000 trabajadores de la tupida red de empresas públicas, consorcios y fundaciones que constituyen la conocida como 'Administración paralela'? ¿Cuánta gente perderá privilegios en forma de pluses o cargos directivos?

EL MUNDO ha recopilado datos en diversas fuentes para determinar cómo puede afectar el resultado de las elecciones del pasado 2-D a una administración gigantesca que tiene en nómina a unos 270.000 trabajadores. El batacazo de Susana Díaz, que ha perdido 14 diputados, y la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz podrían hacer posible la alternancia en Andalucía, la única comunidad en la que siempre ha gobernado el mismo partido, el PSOE. Los 59 escaños (cuatro por encima de la mayoría absoluta) que suman el PP, Ciudadanos y Vox pueden cerrar el paso a un gobierno socialista.

Para empezar, los 24.000 trabajadores de la 'administración paralela' de la Junta no irán a la calle de forma automática si Susana Díaz deja de ser presidenta. Plantear esta hipótesis sería como decir que la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, implicaba que echaría a la calle a todos los empleados de RTVE. Ni fue así en el Gobierno central ni será así tampoco en la Junta. Otra cosa es que el nuevo gobierno que se forme en Andalucía tras el 2-D pretenda cerrar empresas públicas o despedir a trabajadores. Pero ese es otro debate.

Quienes sí irán a la calle cuando Susana Díaz abandone la Presidencia del Gobierno andaluz son las 508 personas que actualmente son altos cargos y también el personal eventual y de asesoramiento que los acompaña. Altos cargos son 271, según el último listado colgado por la Administración andaluza en su Portal de Transparencia. En esa lista están la presidenta de la Junta, sus 13 consejeros, viceconsejeros, delegados provinciales, secretarios generales y otros cargos, además de los directores, gerentes, presidentes y secretarios generales de todo tipo de consorcios, patronatos y agencias que constituyen la 'Administración paralela'.

El Portal de la Transparencia también ofrece el listado de los 238 puestos de "personal eventual y de asesoramiento" que hay en cada consejería, un dato que durante años la Junta se ha resistido a ofrecer. Destaca la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática que dirige Manuel Jiménez Barrios, donde se concentra mayor número de trabajadores de este tipo, con 113 plazas ocupadas.

El personal eventual cuenta con un "nombramiento y cese discrecional por la autoridad que los nombró" y cesa también de "forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que preste su funciones". El Estatuto Básico del Empleado Público establece que este personal, "en virtud de su nombramiento y con carácter no permanente", "sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial".

Puestos 'a dedo'

La onda expansiva del desalojo del PSOE de la Junta podría afectar a otros casi 3.000 trabajadores más que actualmente y por decisión del político de turno están en puestos de libre designación, en cargos directivos en la sanidad pública o son profesores con destino 'a dedo' en funciones de administrativos o asesores, según la información facilitada a este diario por varios sindicatos consultados. Estos empleados de la Junta no van a perder su empleo porque son funcionarios con plaza fija y serán reubicados en otros destinos, pero sí podrían ver mermados sus ingresos si descienden en el escalafón administrativo.

Las fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) de la Junta indicaron que sólo en la Administración General andaluza hay unos 2.300 puestos de libre designación o 'a dedo'. Éstos no cesan automáticamente -los asesores sí- cuando lo haga el político que los designó. Estos funcionarios cobran pluses y perciben un salario mayor que el de su puesto base. La responsabilidad también es mayor.

Entre los casi 3.000 trabajadores que podrían verse afectados por un cambio de gobierno están también los 344 puestos directivos que hay en los hospitales públicos. Pero ellos cuentan con plaza fija a la que volver si pierden estos puestos de responsabilidad. "Oficialmente, los gerentes de los hospitales no son cargos políticos, pero es cierto que la vinculación con la Consejería de Salud es muy estrecha", señalaron las fuentes sindicales.

En educación, tal y como informó este diario, unos 300 profesores andaluces están destinados exclusivamente a tareas administrativas y de asesoramiento en las oficinas que la Consejería de Educación tiene tanto en los servicios centrales de Torretriana (Sevilla) como en las delegaciones provinciales. Son docentes designados 'a dedo' por delegados y directores generales para ocupar esos puestos, que se cubren sin que medie ningún tipo de proceso que garantice la igualdad de oportunidades y la transparencia. Con un cambio de gobierno, estos profesores podrían cambiar de puesto y regresar a las aulas, pero nunca irían a la calle porque son funcionarios con plaza fija.

En la lista de 271 altos cargos citada anteriormente solamente aparece el máximo responsable de cada empresa pública, consorcio o fundación. ¿Qué ocurre con el resto de directivos? ¿Podrían ser despedidos? Las fuentes dijeron que esa es la gran incógnita porque incluso puede haber directivos con contratos blindados. Si el nuevo gobierno quiere prescindir de ellos tendrían que indemnizarlos con cantidades más altas que las habituales.

La Ley del enchufismo

Todo parte de una Administración con parcelas fortificadas, especialmente desde la conocida como Ley del enchufismo, de 2011. Entonces, el temor de los socialistas a perder el poder en las elecciones autonómicas del año 2012 -las primeras que ganó en Andalucía el Partido Popular, si bien el PSOE se alió con IU, alejando la posibilidad de que gobernara Javier Arenas- derivó en la polémica reordenación del sector público andaluz, primero como 'decretazo' en julio de 2010 y después como ley en febrero de 2011.

Tanto rechazo generó la reforma que la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público es más conocida como 'Ley del enchufismo', ya que supuso la integración en la Administración autonómica de más de 20.000 empleados del entramado de empresas públicas. Entonces, tras treinta años gobernando en Andalucía y ante las encuestas que vaticinaban la alternancia, el PSOE quiso dejarlo todo bien atado ante su eventual marcha e hizo empleado público por la puerta de atrás al personal de los entes, también a los enchufados.

Buena parte de los funcionarios se levantaron en contra de esta reforma, protagonizando manifestaciones históricas, como la que recorrió el centro de Sevilla el 13 de noviembre de 2010, con más de 30.000 personas pidendo la derogación del 'decretazo'. El ex presidente de la Junta, Manuel Chaves en aquella fecha vicepresidente tercero del Gobierno de Zapatero, y el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, recibieron la primera pitada de los funcionarios en un acto en la Plaza de España el 17 de octubre de 2010. Más tarde, el entonces presidente e impulsor de la reordenación del sector público, José Antonio Griñán, los consejeros, altos cargos y hasta ministros socialistas fueron abucheados por los empleados públicos en sus visitas por las ocho provincias.

"Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba" o "Griñán, cariño, colócame a mi niño" fueron los cánticos más repetidos durante el año largo de protesta de los empleados públicos, que se lanzaron a la calle a criticar el despropósito que suponía que quedaran integrados en la Administración andaluza todos aquellos que habían sido colocados a dedo y sin superar ningún proceso de selección en entidades como la Fundación pública Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la misma que ahora está investigando una juez de Sevilla por el desvío de fondos para cursos a juergas en clubes de alterne.

Esta fundación de la Junta, creada en el año 2003, durante la etapa como consejero de Empleo del juzgado por los ERE José Antonio Viera, pasó de tener una plantilla de 120 trabajadores a 1.700. Durante los ocho años que mantuvo la actividad, gestionó más de 300 millones de euros. En aplicación de la Ley de Reordenación del Sector Público, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) absorbió a todo el personal de la Faffe, entre los que había numerosos ex alcaldes, ex concejales y familiares de destacados socialistas.

La Faffe encaja a la perfección con uno de los lemas utilizados por los funcionarios para combatir la ley del enchufimo: "La Administración partidista y clientelar es otra forma más de corrupción", denunciaron entonces los empleados públicos, anticipándose a todo lo que se ha sabido después de esta fundación y de su papel en el presunto fraude de los cursos de formación y en el escándalo de las tarjetas 'black' que se usaron en los prostíbulos. "Por la transparencia y el control del dinero público de todos los ciudadanos; no cabe la opacidad", clamaban los funcionarios, que salieron a la calle a decir "basta ya al nepotismo, a la corrupción y al despilfarro".