La juez del 'caso Aznalcóllar', Patricia Fernández, sigue instruyendo a todo gas en pleno agosto y ahora quiere que la Junta de Andalucía aclare definitivamente los efectos de la orden dada el pasado 13 de mayo por la presidenta, la socialista Susana Díaz, de paralizar el polémico procedimiento de adjudicación de la mina al Grupo Magtel.

Por tercera vez, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla pregunta a la Administración andaluza si Grupo México-Minorbis, la firma formalmente reconocida como adjudicataria de la explotación minera, ha aceptado las condiciones fijadas por la Junta o si dicha aceptación está pendiente de la suspensión del concurso ordenada por Díaz.

En un auto al que tuvo acceso Efe, la magistrada inquiere de nuevo a la Dirección General de Minas tras la destitución hace diez días de la imputada María José Asensio, quien el pasado 7 de julio no terminó de aclarar este extremo en un escrito remitido al juzgado donde indicaba que la aceptación se encontraba «pendiente de la condición suspensiva cuyo trámite se inicia».

La denunciante, Emerita Resources, había cuestionado que la Junta no pusiera pega alguna a que el 11 de mayo la conformidad con las condiciones no la realizara directamente Grupo México-Minorbis sino Minera Los Frailes SL. También resaltó en el escrito elevado la semana pasada que la Administración andaluza centra sus esfuerzos en negar trascendencia alguna a esta fase del proceso administrativo que, a juicio de los abogados de Emerita, podría generar graves perjuicios tanto a las partes como al interés general.

Antes de decidir sobre la petición para que suspenda cautelarmente con carácter provisional la adjudicación a Minorbis y la aceptación por Minera Los Frailes, la juez Fernández pide que la Junta aclare definitivamente si la orden de paralización efectuada por la presidenta, Susana Díaz, afecta a esta fase del proceso burocrático en suspenso, lo que puede ser determinante para justificar una hipotética intervención judicial de semejante calado. Y pregunta por la aceptación de México-Minorbis, avalando las dudas de Emerita sobre la participación de otra empresa en esta fase embrionaria del proceso de adjucación de los derechos mineros.

Otro elemento que llama la atención del nuevo auto es que Patricia Fernández cita a declarar el 14 de septiembre en calidad de testigos a J.A.A.G. y M.E.S., encargado y operario de la depuradora de la mina, respectivamente, que estuvieron el 9 de julio con los agentes de la UDEF y la Policía Científica en la visita tras la que se denunció un vertido de agua «altamente contaminada» al río Agrio. Ambos trabajadores -ex empleados de la empresa pública Egmasa integrados ahora en la Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía- habrían reconocido que la depuradora no funcionaba, alertando además del peligro de desprendimientos en el talud sur.

La instructora escuchará sus testimonios antes de que comparezca en el juzgado el 17 de septiembre la ex directora general de Minas junto a los otros dos imputados citados para esa jornada: la letrada de la Junta Pastora Sánchez y el interventor José Marcos Acosta. El 25 de septiembre pasarán por Instrucción 3 el funcionario de Hacienda Julio Ramos; el jefe de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Alberto Fernández; la asesora y funcionaria del Cuerpo Superior de Ingenieros de la Junta Pilar Orche; y el gerente de inversiones de la empresa pública de capital riesgo, Juan José García Bartolomé, al que por cierto la juez permite personarse en la causa, algo que por el contrario deniega a la Asociación de Letrados de la Junta.

La citación como testigos de J.A.A.G. y M.E.S. se produce también a petición de Emerita, que quiere aprovechar la presencia de ambos en el juzgado para preguntarles no sólo por el estado de la depuradora, sino por si, pese a la supuesta suspensión del concurso decretada por Susana Díaz hace tres meses, pueden confirmar que a las instalaciones mineras accede personal de Minorbis o del Grupo Magtel.

En el nuevo auto, la magistrada también libra un oficio al BBVA para que informe si continúan en una cuenta bancaria los 92 millones de euros de la ampliación de capital que llevó a cabo Minera Los Frailes días antes de la aceptación de los derechos de explotación. Además, requiere a Minorbis para que acredite la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados correspondiente a la ampliación de capital del 8 de mayo.

Patricia Fernández también reclama a la empresa que documente la liquidación del IVA correspondiente a la factura de 1,2 millones de euros con la que compensó el pago de las 13.049 participaciones de Los Frailes que se adquirieron por Minorbis a AMC Mining Iberia SLU el 11 de mayo.

En relación a las escrituras de compraventa de las participaciones sociales de Los Frailes que adquirió Minorbis a AMC Mining, la magistrada pide a una notaría de Madrid que aporte los datos sobre las notas marginales de pignoración de participaciones.

Por último, reclama el justificante bancario de pago de la operación de compraventa de participaciones realizada el 25 de mayo por la cual AMC Mining Iberia SLU transmite a la primera 13.912 participaciones por 1.290.000 euros.