Las condenas de Carlos Menem, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Domingo Cavallo, Felisa Miceli y María Julia Alsogaray fueron apenas una excepción. Sólo siete de 63 grandes causas de corrupción investigadas por la Justicia en las últimas dos décadas terminaron con condenas. Es una de las conclusiones a las que llegó el Observatorio de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Las condenas a funcionarios públicos en los escándalos de corrupción más resonantes de nuestra historia reciente apenas superan el 10% de las investigaciones que se instruyen en Comodoro Py.

Las sentencias son, en promedio, por cinco años de prisión, según el cálculo elaborado por LA NACION. La mayoría de los grandes casos de corrupción fueron excarcelables por diferentes motivos. Algunos ejemplos son las condenas menores a tres años, como sucedió en la investigación por las dádivas que recibió Jaime; o el amparo que otorgan los fueros parlamentarios, como sucedió con el ex presidente Menem, con sentencia por el tráfico de armas y por el pago de sobresueldos.

¿Hay algún funcionario preso por estas condenas? Sólo uno. Jaime, ex secretario de Transporte, pasa sus días en el penal de Ezeiza. Cumplieron parte de su condena en prisión María Julia Alsogaray, Carlos Menem y Víctor Alderete, entre otros.

Los pocos funcionarios condenados en las causas de corrupción gozaron de una impensada celeridad judicial: los casos se resolvieron, en promedio, en seis años. El resto, la mayoría de los grandes escándalos, pueden sufrir demoras de hasta 18 años. El 75% de los casos más resonantes todavía continúan en trámite, según los datos de ACIJ. Y sólo el 15% de las investigaciones llegó a la etapa de juicio oral.

Un buen ejemplo puede ser la investigación por el pago de sobornos de la empresa Skanska, el primer gran escándalo del kirchnerismo, cuyo expediente lleva más de una década en los despachos de Comodoro Py. La causa había sido cerrada en 2011, con el sobreseimiento del ex ministro Julio De Vido, pero fue reabierta en abril pasado por la Cámara de Casación.

El desembarco del kirchnerismo multiplicó las megacausas de corrupción. Una buena parte de los condenados en las grandes investigaciones, como Jaime, Schiavi y Miceli pertenecen a ese movimiento político. Las investigaciones contra los funcionarios del anterior gobierno crecieron especialmente desde la gestión de Cristina Kirchner.

Las denuncias por escándalos subieron entre 2008 y 2010, por ejemplo, con los casos de la mafia de la efedrina o las supuestas irregularidades en la compra de aviones Embraer, entre otras. Pero el salto en Comodoro Py se registró en 2012, con la apertura de seis causas por año, una tendencia que continuó hasta el año pasado inclusive.

El año de los escándalos de corrupción es 2016. Como si la disputa política se dirimiera en los tribunales, desde el cambio de gobierno se abrieron nueve grandes investigaciones por corrupción, la mayoría que involucra a primeras líneas del gobierno saliente como Cristina Kirchner y De Vido, entre otros.

Otras tantas que se reactivaron, como la causa por enriquecimiento ilícito de José López -iniciada en 2008-, que tomó impulso tras la cinematográfica captura del ex secretario de Obras Públicas mientras llevaba US$ 9 millones a un monasterio. O como la reapertura de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra De Vido, quien supo ser el todopoderoso ministro de Planificación, pero que en la actualidad es el ex funcionario imputado en más causas de corrupción (ver recuadro).

Aunque en menor medida, los primeros días de Mauricio Macri en la Casa Rosada también tuvieron su correlato en Comodoro Py. El Presidente está imputado en una causa que investiga su participación en sociedades offshore dentro de los Panamá Papers, que reveló LA NACION. Por ese mismo escándalo está imputado -en otra causa-, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, un hombre cercano a Macri.

Los jueces con más casos

El sistema de sorteo de las causas, que depende de la Cámara Federal, generó en los últimos años expectativa con cada denuncia nueva.

En algunos casos, la instrucción de los expedientes en determinados juzgados derivó en pedidos para apartar al juez de la investigación, como sucedió cuando Cristina Kirchner desplazó a Claudio Bonadio de Hotesur, o como ocurrió con Amado Boudou, que corrió a Daniel Rafecas del caso Ciccone. En otros casos subsistieron sospechas por afinidad política, como en varios casos que instruyó el ex juez Norberto Oyarbide.

Según el ranking que elaboró ACIJ, el juez con más expedientes sensibles en sus manos es Bonadio, que instruye ocho casos de corrupción resonantes, entre ellos dos que complican a la ex presidenta: el dólar futuro y Los Sauces.

María Servini de Cubría y Sebastián Casanello trabajan con siete expedientes de importancia pública cada uno. La magistrada está dedicada full time en la actualidad a las causas sobre la mafia de la efedrina y el triple crimen, que incluye las maratónicas indagatorias a Ibar Pérez Corradi. Casanello se ocupa de la causa por presunto lavado de dinero contra Lázaro Báez y las sociedades offshore de Macri que aparecieron en los Panamá Papers.

Ariel Lijo instruye seis causas sensibles, como el caso Ciccone; mientras que Luis Rodríguez instruye cinco causas, entre ellas el enriquecimiento ilícito de De Vido. Julián Ercolini, Rafecas y Marcelo Martínez Di Giorgi llevan cuatro expedientes importantes.