lunes 5 octubre, 2015

El primer muerto fue el soldado que estaba más cerca de la puerta de la Guardia, Antonio Arrieta, de 21 años, que era el telefonista de turno y no tenía armas; un tiro le perforó la cabeza, que quedó levemente recostada contra el respaldo de la silla, como si estuviera durmiendo frente al panel y al cablerío de la central telefónica, con los auriculares todavía conectados a sus oídos.

Lo mató alguno de los ocho jóvenes como él que se habían bajado a la carrera de un Rastrojero beige, en el inicio del ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29, ubicado en las afueras de la ciudad de Formosa, frente al río Paraguay.

El local de la Guardia era el foco principal del ataque; por eso, Montoneros envió allí a sus “oficiales” mejor preparados, más confiables, que venían de Rosario. Eso ocurrió minutos después de las cuatro de la tarde el domingo 5 de octubre de 1975, hace cuarenta años.

Era la primera vez que Montoneros atacaba un cuartel del Ejército; a esa altura la cúpula de la guerrilla peronista, encabezada por el “oficial superior” Mario Firmenich, estaba convencida de que el golpe de Estado del que tanto se hablaba era inexorable y que, incluso podía beneficiarlos. Por ese motivo, crearon el Ejército Montonero, con sus uniformes color azul y sus grados, que debutó precisamente con ese ataque, llamado “Operación Primicia”. Para enfrentar al Ejército “gorila”, un mero instrumento de “la oligarquía y el imperialismo”.

La apuesta de Montoneros era que en ese enfrentamiento el pueblo se inclinara por ellos al comprender que eran quienes defendían sus verdaderos intereses. Ese Ejército Montonero debía conducir al pueblo, más tarde o más temprano, a “la liberación nacional y la Patria Socialista”.

El ataque fue también un reflejo de la división dentro del peronismo, de donde venía Montoneros, ya que el país era gobernado no por una dictadura sino por la presidenta Isabel Perón, la viuda de Juan Perón. Era un gobierno constitucional aunque muy debilitado por la violencia política, la inflación, el desabastecimiento, la falta de liderazgo de Isabelita y los presuntos hechos de corrupción.

Los montoneros pensaban que los soldados que aquel domingo estaban de guardia no iban a pelear contra ellos, pero sucedió lo imprevisto: los conscriptos —el servicio militar era obligatorio y duraba un año— los enfrentaron, y se produjo un combate que duró media hora y terminó con veinticuatro muertos, doce guerrilleros y doce defensores del cuartel, entre ellos diez soldados. En total, unos setenta combatientes participaron en esta operación, que tuvo cinco etapas, algunas de ellas simultáneas.

En primer lugar, un pelotón secuestró el Vuelo 706 de Aerolíneas Argentinas, con ciento dos pasajeros y seis tripulantes, que se dirigía a Corrientes pero fue desviado a Formosa, a 1.190 kilómetros de Buenos Aires. Mientras tanto, otro pelotón copaba el aeropuerto internacional “El Pucú”. Hubo allí un policía muerto.

En ese mismo momento, una columna encabezada por el número 4 de Montoneros a nivel nacional, Raúl Yaguer, atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29, el segundo en poder de fuego de todo el país. Los guerrilleros que lograron sobrevivir escaparon en un par de vehículos, llegaron al aeropuerto y se fugaron en el moderno Boeing 737-200 de Aerolíneas y en un Cessna 182 de cuatro plazas que sirvió para confundir en el aire a los perseguidores.

El avión aterrizó a 700 kilómetros de Formosa, en una pista preparada para la ocasión en una estancia cerca de Rafaela, la “Perla del Oeste” santafesino. El Cessna bajó en un arrozal en las afueras de Corrientes. Luego del ataque, cuando los guerrilleros ya habían huido, patrullas militares salieron del cuartel y mataron a tres vecinos —entre ellos, un estudiante secundario de 15 años— que no habían tenido nada que ver. En total, hubo veintiocho muertos.

El ataque provocó una fuerte conmoción nacional y desencadenó una serie de reuniones de urgencia entre políticos, sindicalistas y militares que derivaron en la decisión del general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera —ya eran los jefes del Ejército y la Marina— de fijar la fecha del golpe para el 24 de marzo de 1976.

Lo que más impactó en la opinión pública fue la muerte de los diez “colimbas”; tanto que La Opinión, el diario de Jacobo Timerman, considerado de centroizquierda, afirmó en tapa: “El país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio”.

El gobierno peronista reaccionó con tres decretos que ordenaron a las Fuerzas Armadas la ejecución de “las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

Con el tiempo, los parientes de los guerrilleros muertos en Formosa fueron indemnizados como si hubieran sido Víctimas del Terrorismo de Estado y desde 2006 —con Néstor Kirchner como presidente— figuran en los anexos del Nunca Más.

Ellos han sido homenajeados en los pueblos y ciudades donde nacieron y en las facultades que frecuentaban, y sus nombres están incluidos en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado que se levanta en la Costanera porteña. En cambio, los soldados muertos solo son recordados en Formosa y sus padres cobran una pensión miserable.

En 2010, cuando publiqué la primera edición de Operación Primicia, ese subsidio era de 842 pesos mensuales. Muy poco en comparación con los 620.919 pesos a los que ascendía la indemnización cobrada por los parientes de cada uno de los guerrilleros muertos en aquel combate. Un cálculo simple indicaba que los padres de cada soldado debían cobrar esa pensión todos los meses durante 61 años y medio de su vida para llegar a la suma ya percibida por los parientes de cada guerrillero.

Los conscriptos muertos eran, en general, los más pobres del cuartel y no habían podido aprovechar el franco del fin de semana porque no tenían dinero para viajar a sus pueblos del interior de la provincia; por eso, acostumbraban a cambiar sus francos por algunos pesos.

Tres años atrás, el diputado formoseño Ricardo Buryaile, del radicalismo, presentó un proyecto de ley para igualar esos subsidios y que los parientes de los soldados fueran indemnizados con el mismo dinero que ya cobraron los herederos de los guerrilleros. Pero, luego de muchas idas y vueltas, el proyecto no fue aprobado por la oposición de los diputados kirchneristas.

Esas indemnizaciones son investigadas ahora por el juez federal Claudio Bonadio, que ya allanó dos veces la secretaría de Derechos Humanos para incautar los legajos cuestionados. La causa avanza lentamente, tal vez a la espera de tiempos políticos más propicios.

(*) Editor ejecutivo de la revista Fortuna, autor de Operación Primicia.