Penalizar al cliente de la prostitución, perseguir a quienes faciliten pisos donde se ejerza esta actividad, consideración de la trata con fines de explotación sexual como violencia de género y despenalización total de la víctima, que “no será considerada culpable en ningún caso y en consecuencia no será sancionada”. Son los puntos clave del borrador del PSOE, titulado Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación sexual. El documento lo conoce el Gobierno, desde donde en un primer momento lo calificaron de “preliminar”. Este texto es uno de los tres documentos que, aseguran en el Ejecutivo, se manejan para elaborar la primera ley de trata de España, que fue anunciada por el equipo de Pedro Sánchez. Desde el Ejecutivo se expresa distanciamiento hacia este borrador, que consideran “el más alejado” de sus planteamientos.

El texto, de 50 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, incluye 93 artículos, dispuestos en 13 títulos con cinco disposiciones adicionales, una transitoria y dos derogatorias. Modifica media docena de leyes, entre ellas el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La propuesta persigue “erradicar la prostitución por su estrecha vinculación con la trata con fines de explotación sexual”. Toda la filosofía gira en torno a la protección de las víctimas. La prostitución es alegal en España. Con este documento, la demanda de prostitución pasaría a ser ilegal.

Un fondo para indemnizar a las víctimas El borrador que el PSOE ha preparado como proyecto de ley contra la trata establece, en su artículo 43, "la creación de un Fondo para la indemnización de las víctimas de trata", y da potestad al Gobierno para regular su funcionamiento: cuándo se pagará la indemnización con cargo al Fondo, la base para calcularla, cómo se solicita o cómo se reclama. El texto establece también el dinero para dotarlo: vendrá "de los Presupuestos Generales del Estado", "de las sumas confiscadas y el producto de la venta de bienes o activos decomisados a los responsables de los delitos de trata o delitos conexos, una vez satisfechas en vía judicial las indemnizaciones a las víctimas", "de pagos voluntarios o donaciones", "de los ingresos, intereses o beneficios derivados de las inversiones del Fondo", y cualquier otra "fuente designada por los administradores".

Distintas fuentes confirmaron a EL PAÍS que el Gobierno estudia este documento al que quiere incorporar voces de otros ámbitos, como la de colectivos y asociaciones que trabajan con las mujeres prostituidas. “Es uno de los borradores encargados y trabajaremos sobre todos ellos”, apunta una portavoz del Ejecutivo. Para sacarlo adelante como ley orgánica, el Gobierno necesitará sumar a sus 84 diputados el respaldo de otros 92.

La postura oficial del Ejecutivo y del PSOE es abolicionista. Pero dentro del partido, según las fuentes consultadas, hay debate sobre el contenido de esta nueva normativa —si debería centrarse solo en la trata con fines de explotación sexual o en general— y sobre el nombre de la futura ley —si ha de incluir o no la palabra prostitución—. El borrador inicial de trabajo contempla distintas formas de trata de personas aunque se centra en la explotación sexual, la mayoritaria. Entre otras, “los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o similar, la servidumbre, la mendicidad, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados”.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en desarrollo, incluye la aprobación de una ley orgánica contra la trata con fines de explotación sexual y desincentivar la demanda de prostitución con campañas públicas. Este borrador, elaborado como una ley integral con perspectiva de género, sería la primera en España, donde se calcula que el negocio de la explotación sexual de mujeres mueve 3.700 millones de euros anuales, lo que supone más del 10% de los beneficios ilícitos de ese ámbito a nivel mundial. En 2017, la policía identificó a 13.000 víctimas de las que, dicen, “al menos un 80% eran explotadas sexualmente”. Y según los últimos datos a los que hace referencia el borrador, de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito y la UE, “las mujeres y niñas representan el 71% de las víctimas detectadas en todo el mundo y el 80% de las identificadas en Europa occidental. El 95% de ellas acaban explotadas por la prostitución, lo que pone de manifiesto la muy estrecha relación que hay entre la trata y la prostitución y un claro componente de género”.

Distintos modelos de oposición Abolicionismo. Suecia fue pionera en el camino de la abolición en 1999. Este modelo penaliza a los clientes, que en su caso pueden llegar a cumplir un año de cárcel. Francia se sumó en 2016 con una normativa que incluye multas económicas al que paga por tener relaciones sexuales. En Finlandia funciona un modelo que castiga al cliente solo si la prostituta es víctima de las redes de trata. La penalización de quienes pagan por mantener sexo se ha extendido también a Islandia, Sudáfrica, Canadá, Corea del Sur, Singapur o Irlanda del Norte. Regulacionista. En Holanda, la prostitución se considera un trabajo desde el año 2000. La ley obliga a los propietarios de los burdeles a pagar impuestos y la Seguridad Social de las prostitutas. Es el modelo que se da también en Alemania, que liberalizó la prostitución en 2002. El objetivo previsto era empoderar a las mujeres, que tuvieran mejores condiciones de trabajo o evitar que sean estigmatizadas. A falta de informes en profundidad, tanto el relator especial de Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos como el Parlamento Europeo consideran que ese objetivo no se ha cumplido. Alegal. En España la prostitución es alegal, aunque el Código Penal sí penaliza el proxenetismo y además existen distintas ordenanzas municipales que persiguen y multan tanto a clientes como a las mujeres. Este modelo también rige en Italia. Prohibicionista. En Hungría la prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo, a la mujer que ejerza en “zonas protegidas” y se enfrentan hasta a penas de cárcel. Para los clientes solo contempla sanciones si “acepta” los servicios de una menor.

Estas son las principales claves del borrador.

Castigo al cliente

En España existe medio centenar de ordenanzas municipales que persiguen la prostitución. Algunas de ellas, como la de Sevilla, solo castigan al cliente. En Madrid, el PSOE ha intentado poner en marcha una iniciativa similar, de momento sin éxito. Si este borrador se convierte en ley, sería obligatorio el castigo penal para los consumidores de la prostitución (artículo 67). Supondría un delito con multa de 12 a 24 meses, que debe fijar el juez, y que oscilaría entre los 720 euros y los 288.000 euros, según cálculos a partir de la tipología de multas recogidas en el Código Penal. Si el cliente se sirve de una menor se prevén penas de cárcel de uno a tres años y de 24 a 48 meses de multa (de 1.440 a 576.000 euros).

Una fiscalía específica

El texto prevé el nombramiento de un fiscal contra la Trata de Seres Humanos y Extranjería, con categoría de fiscal de Sala —figura similar a la que hay contra la violencia de género— y la creación de secciones en las fiscalías provinciales. El documento designa a las delegaciones del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad, y la dirección general de Trata de Seres Humanos, dependiente de la secretaría de Seguridad, como los responsables de impulsar, coordinar y asesorar todas las medidas.

Pisos y proxenetas

El castigo al proxeneta —la persona que se lucra con la prostitución— queda en la nueva propuesta igual que en el Código Penal, que contempla prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses “a quien se lucre con la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. La novedad es que se podrían doblar las penas y las multas a los que “a sabiendas” faciliten inmuebles o medios de transporte en un intento de atajar el auge de pisos a los que se ha trasladado la prostitución.

Sobre prostíbulos

Distintas estimaciones señalan que en España hay unos 1.500 burdeles, lo que supone tres prostíbulos por cada hospital. La normativa en estudio obliga a cerrar todos estos locales previa sentencia. Podrá ser una clausura temporal de un máximo de cinco años o definitiva. Añade la suspensión de las actividades y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

Víctimas de violencia de género

La prostitución es “una forma de violencia sobre las mujeres, un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujer y hombres y una violación de la dignidad humana”, señala el borrador. Estas son consideradas como víctimas de violencia de género a todos los efectos, lo que supone que tendrán acceso a los recursos previstos para ellas, desde casas de acogida a atención psicológica.

Formación

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas asegurarán, señala el documento, la formación específica sobre trata y explotación sexual con enfoque de género y derechos humanos.