En los próximos tres años vencen las concesiones de varias autopistas de peaje en España (concretamente parte de la AP-1, casi toda la AP-7, la AP-2 y la AP-4). Las concesiones han durado 50 años y ahora el nuevo Gobierno tiene que decidir qué hacer con ellas.

Todas las presiones van encaminadas a que las libere y se conviertan en vías de circulación gratuita. Esto tiene sus pros y sus contras, y personalmente creo que tiene más inconvenientes que ventajas.

Las externalidades hay que gravarlas

El uso del vehículo privado genera una gran externalidad: contaminación y ruido es lo más obvio, pero también el coste de mantenimiento de las infraestructuras y la masiva importación de combustibles que sufre nuestro país. Por tanto el uso del vehículo está gravado con muchos impuestos, desde el de circulación y matriculación (que prácticamente está desaparecido) hasta los especiales que se pagan al repostar.

Las autopistas de peaje también son una forma de desincentivar el uso del vehículo. Si algo que es de pago pasa a ser gratuito su uso se incrementará, y por tanto la disuasión en el uso del coche desaparecerá.

Los costes de mantenimiento, ¿quién los paga?

Si estas autopistas pasan a ser libres el Estado se tendrá que hacer cargo, vía Presupuestos, de su coste de mantenimiento. En un momento en el que las cuentas públicas siguen en déficit solo podemos concluir que ese dinero que irá al mantenimiento de estas autopistas se detraerá de otras partidas, ya sean de nuevas inversiones o del mantenimiento del Estado del Bienestar.

Pero no nos engañemos, la posición cómoda del Gobierno es levantar los peajes, todo el mundo estará contento ya que la externalidades a corto plazo no se ven y la merma de recursos públicos quedan diluidos en un Presupuesto gigante, mientras que los beneficiados (los que usan habitualmente estas vías) ven el alivio económico de forma inmediata en su bolsillo. ¿Pero qué debería hacer el Estado?

Mantener los peajes pero con otro modelo

Lo que debería hacer el Estado es mantener los peajes pero con otro modelo. Las autopistas ya están pagadas y los concesionarios ya han recuperado su inversión (y si no es así, mala suerte, en 50 años ya ha habido tiempo). Relicitarlas con concesiones de otros 50 años a cambio de unas pequeñas obras (cosa muy típica en España) no es una opción deseable. Si las concesiones finanlizan, el Estado es el dueño de las mismas.

Yo creo que el Estado debería mantener los peajes para al menos cubrir el mantenimiento, y si hay que hacer obras de mejora, que también las cubra. Con esta estrategia se desincentiva el uso del vehículo y además el impacto en el Presupuesto es neutro.

¿El modelo a aplicar? Hay dos: el primero es que los peajes los gestione directamente el Estado como ya está haciendo a través de la empresa pública Seittsa en las autpistas rescatadas; otra opción es sacarlas a concurso por tiempos más limitados y que sea un proceso competitivo, a ver quién paga más, para asegurar ingresos al Estado.

Ojo, si se decide hacer el concurso debería eliminarse la clausula de responsabilidad subsidiaria del Estado que tan mal nos ha ido con las autopistas rescatadas: si una empresa licita y al final paga por ello más de lo que recauda, mala suerte, el Estado no se hace cargo. Esa clausula no es una buena idea, pero menos aún cuando la autopista lleva construida 50 años y funcionando sin problemas.

Imagen | darioalvarez