Jueves, 26 de marzo de 2015. Se abre el telón y sube a la tribuna de oradores del Congreso el señor José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo parlamentario del PP. En la misma semana en la que un juez acaba de acreditar que este partido se financió de forma ilegal durante casi dos décadas, el PP presenta un “plan de regeneración democrática” para combatir la corrupción. En negrita van algunas de las frases de Bermúdez de Castro ante el pleno del Congreso de los Diputados. Entre medias, mis apostillas.

Bermúdez de Castro es el mismo diputado que una vez perdió un sobre lleno de billetes en un bar, para pasmo de los parroquianos.

“Muchas gracias, señora vicepresidenta.”

Gracias, señora Villalobos, por no jugar al Candy Crush durante este debate.

“Señorías, finaliza hoy la tramitación parlamentaria de (…) el plan más amplio, más ambicioso y más completo que nunca antes esta Cámara había debatido en favor de la mejora de la calidad de nuestra democracia, en respuesta a la desafección ciudadana y de manera especial en la lucha contra la corrupción política.”

Ese “ambicioso” plan es, en realidad, el de siempre: las mismas medidas propagandísticas que lleva anunciando Mariano Rajoy desde hace ya dos años y que apenas cambian gran cosa. Ya es mala suerte que estas reformas tan “ambiciosas” se hayan votado justo unos días después de que el juez Pablo Ruz considere probada la financiación ilegal del partido desde prácticamente su nacimiento, y apenas unas horas después de que el PP haya tenido que pagar un cuarto de millón de euros en la Audiencia Nacional por el lucro que obtuvo de la trama Gürtel.

“Fortalecer la democracia consiste en reformar lo que funciona para que funcione mejor, en corregir sus defectos y desviaciones, en mejorar la calidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y eso es precisamente lo que hacemos con estas leyes.”

Fortalecer la democracia, al parecer, también pasa por presionar a medios de comunicación para que silencien a periodistas incómodos, como Jesús Cintora. O por sacar de Jerusalén a una periodista de la televisión pública que no gustaba al gobierno de Israel. O porque un diputado del PP, impunemente, llame a esta misma periodista portavoz de Hamás, O porque el Supremo mande a la cárcel a unos manifestantes que ejercían su libertad de expresión. O por aprobar la ley mordaza. Todo esto, en apenas dos semanas. ¿En Venezuela? No. En España.

“Con la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establecemos los requisitos de idoneidad, de honorabilidad, de experiencia y de competencia profesional de quienes hayan sido llamados a ejercer un alto cargo en la Administración General del Estado.”

La idoneidad del hijo de Esperanza Aguirre. La experiencia de la hija de Eduardo Zaplana. La competencia de la exnovia de Alberto Núñez Feijóo. Todos estos nombramientos tan familiares, y muchos más, forman parte de esos más de 600 asesores y altos cargos del Gobierno que, con la nueva ley, podrán seguir siendo nombrados a dedo, exactamente igual que pasa ahora.

“Además, reforzamos –que no se diga otra cosa– las limitaciones de la denominada puerta giratoria, lo que pasa es que lo hacemos huyendo de criterios populistas.”

Antes de la reforma, el tiempo necesario para que un alto cargo se pudiese largar a la empresa privada a hacer negocios en los mismos sectores que administró desde lo público era de dos años.

Después de esta ambiciosa reforma, el plazo para tomar la puerta giratoria sigue siendo de dos años. Un gran refuerzo, sin duda.

“A partir de ahora van a quedar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos”.

Casualmente, el PP hace décadas que no recurre a las condonaciones de deuda para tapar sus agujeros. En Génova eran más de donativos ilegales.

“Van a quedar prohibidas las donaciones de personas jurídicas a los partidos para separar con carácter definitivo el mundo de la política del mundo de los negocios”.

Pero la nueva ley permitirá que las personas jurídicas –es decir, las empresas– sigan donando a las fundaciones de los partidos sin límite alguno en las cantidades. Y tampoco hay problema alguno en los donativos de los empresarios.

“Vamos a reforzar los mecanismos de fiscalización de las fundaciones vinculadas a los partidos”.

Pero esa “fiscalización” la seguirá haciendo el nada imparcial Tribunal de Cuentas, controlado por reconocidos “independientes”, como el hermano de José María Aznar o la exministra del PP Mariscal de Gante.

“El ajuste en estos años ha sido muy duro y la financiación pública de los partidos se ha reducido ni más ni menos que en un 40%”.

El recorte no ha afectado por igual a todos los partidos. El PP ha aprovechado que sus cuentas estaban más saneadas –el legado de Luis Bárcenas– para reducir estos fondos, y dejar a muchas otras formaciones políticas al borde de la bancarrota.

“Hemos tipificado de manera muy severa las infracciones en las que puede incurrir un partido y sus correspondientes sanciones, que por su gravedad pueden alcanzar la calificación del nuevo tipo penal de financiación ilegal que hemos introducido en la reforma del Código Penal”.

Así que al fin, apenas cuatro décadas después, la financiación ilegal de un partido será un delito. Gracias a que esta medida tan evidente llega tan tarde, los dirigentes del PP han podido librarse de tener que sentarse en el banquillo de los acusados.

“…la suspensión temporal de afiliación de aquellos incursos en un procedimiento penal por delitos de corrupción cuando se haya dictado un auto de apertura de juicio oral, suspensión que se convertirá en expulsión definitiva si tras el juicio recayese sentencia condenatoria. Lo hacemos, señorías, porque entendemos que la corrupción es incompatible con la pertenencia y afiliación a un partido político”.

Y al mismo tiempo que el PP mete estos requisitos en la legislación, pone como número uno en su lista para el Ayuntamiento de Valladolid a un alcalde, León de la Riva, que el 27 de abril se sentará en el banquillo para ser juzgado por desobedencia, por no cumplir una sentencia que ilegalizó el ático donde vive.

Se corrompen las personas, no las siglas. Si creemos en el Estado de derecho, no extendamos nunca la responsabilidad más allá de quien la tiene, del daño responden los culpables, nunca los inocentes. (Aplausos).

Y cuando un juez pone negro sobre blanco en un auto que el PP se financió de forma ilegal desde que existe, ¿quién es el culpable? ¿Quién asume la responsabilidad política?