El ex vicepresidente del Gobierno fue "consciente" de la inconsistencia del proyecto de Bankia y "adoptó decisiones" que ocultaron los déficits de saneamientos del banco

Rodrigo Rato ha escuchado en persona, en la mañana de este lunes, cómo la Fiscalía Anticorrupción le ha elevabado la pena de prisión solicitada por estafar, presuntamente, a los inversores que apoyaron la salida a Bolsa de Bankia tras la fusión de siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

La fiscal Carmen Launa ha modificado su acusación y ha pedido ocho años y medio de cárcel para el que fuera presidente del grupo BFA-Bankia y vicepresidente del Gobierno, tal y como advirtió en la primera sesión de este juicio, el pasado 26 de noviembre. La representante del Ministerio Público considera que Rato no sólo cometió un delito de estafa de inversores -por el que había pedido cinco años de prisión-, sino que también hay hechos que permiten atribuirle un presunto delito de falsedad de cuentas.

Rato fue "plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto de Bankia y de su debilidad financiera". Es más, el que fuera presidente del banco entre 2010 y 2012 y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007 "permitió la salida a Bolsa a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo una información incompleta e inveraz que ocultaba la situación crítica de Bankia". Incluso, sabiendo que el precio de la Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS) "dañaba inexorablemente a BFA y el futuro del banco cotizado".

Así de contundente se muestra la fiscal en el escrito de conclusiones definitivas que ha presentado en el juicio que se sigue en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, el 21 de julio de 2011, al que tuvo acceso este diario.

Launa considera que Rato adoptó decisiones siendo presidente del grupo financiero BFA-Bankia que "ocultaron déficits de saneamientos superiores a los 6.000 millones de euros" en las cuentas de 2010, que "arrastraron a las siguientes tanto en BFA como en Bankia". "Rato encarnó el mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia muy alejadas de la realidad", prosigue.

Es más, la representante del Ministerio Público no ha pasado por alto el hecho de que, "a ojos de buena parte de los inversores minoristas", sus pasadas responsabilidades en el Gobierno y en el Fondo Monetario Internacional aportaba "el prestigio que le otorgaban".

Los que tomaron las decisiones

Según la Fiscalía Anticorrupción, fueron Rato, José Luis Olivas -vicepresidente de la entidad- y el consejero José Manuel Fernández Norniella, con la colaboración de Ildefonso Sánchez Barcoj -director financiero- y la participación de Francisco Celma -socio de la firma Deloitte que auditó las cuentas-, los que tomaron las decisiones que motivaron que la información que se incluyó en el folleto de la salida a Bolsa "no fuese acorde a la realidad económica y patrimonial de la entidad".

Dicho esto, el Ministerio Público ha modificado también su lista de acusados y ha incluido a otras 10 personas, además de los cuatro a los que acusó en sus conclusiones previas -Rato, Olivas, Norniella y Francisco Verdú-. La fiscal amplió su acusación a Barcoj, Celma, Sergio Dura Mañas -actual interventor general de Bankia-, Ángel Acebes -ex presidente de la Comisión de Auditoría de Bankia-, Pedro Bedía -ex consejero de BFA-, Remigio Pellicer Segarra -ex consejero de BFA-, José Rafael García-Fuster -ex consejero de Bankia-, Miguel Ángel Soria Navarro -ex director general de auditoría interna-, José Alberto Ibáñez -ex consejero de Bankia- y Araceli Mora -ex consejera de Bankia-.

Anticorrupción les atribuye a los 14 acusados delitos de falsedad contable y señala a cinco de ellos por un delito de estafa de inversores. Es el caso de Rato, Olivas y Norniella, a quienes considera autores del delito, y de Barcoj y Celma, a quienes señala como cooperadores necesarios. Ha retirado la acusación por el delito de estafa de inversores contra Verdú.

Dicho esto, el Ministerio Público ha aumentado la petición de condena para Olivas de cuatro a cinco años, así como la de Norniella, de tres años a seis. En lo que respecta a Barcoj y Celma, la fiscal ha pedido dos años y medio de cárcel para el director financiero del grupo y dos para el socio de Deloitte.

Rato "contó con la imprescindible colaboración" de Barcoj para ejecutar "todas y cada una" de sus actuaciones, señala la Fiscalía en su escrito. Y Celma "fue fundamental al emitir auditorías positivas sin salvedades en las cuentas" que se incluyeron en el folleto de la salida a Bolsa, advierte.

Por otra parte, para el que fuera ministro del Interior entre 2002 y 2004, el Ministerio Público reclama un año y seis meses de prisión para Acebes por considerar que hizo "una consciente y voluntaria dejación de sus funciones impidiendo la función auditora y el afloramiento de los deterioros que pretendían mantener al margen de su registro contable".

En cuanto a las responsabilidades penales de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la firma Deloitte como personas jurídicas, la Fiscalía pide la absolución de las tres empresas. No obstante, no descarta las responsabilidad civiles de estas sociedades en el procedimiento.