14 de Mayo de 2018

Igualmente, es común, prometer “atender las causas profundas” de la criminalidad. La tesis subyacente es que “el pueblo es bueno y noble”, pero la falta de oportunidades lo obliga a delinquir. Vamos a suponer que esto fuera cierto. Lo común serían, entonces, los delitos por hambre, por modestas cantidades de dinero. Pero a menos que creamos que entre nosotros hay extraterrestres de maldad inaudita, con la hipótesis del “pueblo bueno y noble” es imposible explicarnos los crímenes de extrema crueldad que hemos visto desde la masacre de San Fernando contra 72 migrantes, la de Allende contra más de 300 moradores de ese pueblo, la desaparición de los 43 estudiantes de

Ayotzinapa, la desaparición de más de 20 mil personas hasta llegar a la cruel desaparición de los tres estudiantes de cine de Jalisco.

Las estadísticas cuestionan la hipótesis de que hay una causa directa entre criminalidad y falta de oportunidades económicas o de estudio para los jóvenes. En 1950 por malas razones teníamos un índice de desigualdad mejor que el actual: había una inmensa mayoría de pobres. 88 % de los mexicanos tenía pobreza patrimonial, 73.2% de capacidades (educación, salud, etc.) y 61.8 % pobreza alimentaria. Los mexicanos acumulaban apenas 2.7 años de estudios y más de la mitad de la población era analfabeta. Se podría argumentar que en ese entonces había más movilidad social. Pero vemos que las estadísticas de desempleo más recientes —con la movilidad social prácticamente congelada desde los años 80— tampoco coinciden con aumentos desmedidos en la comisión de delitos. Con la crisis de 1983 aumenta el desempleo a 6.9%; en 1995 con el “error de diciembre” el desempleo vuelve a aumentar a 6.9% y 72% de los mexicanos puede clasificarse como pobre. Ese mismo año el ingreso real promedio de los trabajadores urbanos cae 27% y la caída llega hasta una pérdida del 35% en 1997. El desempleo vuelve a aumentar a 5.4% con la crisis financiera internacional de las hipotecas 2009 y aunque hay un aumento importante de los delitos de alto impacto, la mayoría de los estudios lo atribuye a una estrategia fallida de combate al crimen organizado. En este sentido, vale la pena hacer notar que durante la crisis de 2008-2009 el aumento de la pobreza fue mucho menor que durante la de 1995 porque el gobierno implementó medidas contracíclicas y aumentó el monto de las transferencias a los grupos beneficiarios de programas sociales.

La meta prioritaria de cualquier gobierno debe ser la de eliminar la pobreza extrema, disminuir radicalmente la pobreza y atemperar la

desigualdad incentivando la formación de una clase media amplia y resiliente. Pero la razón primordial para ello no debe ser la de resolver la crisis de seguridad. En algo ayudará a la seguridad el crecimiento económico y la recuperación de la movilidad social, pero la motivación principal es más simple: todo mexicano, de hecho toda persona que viva en nuestro territorio, debe tener derecho a una vida digna, plena de oportunidades para el desarrollo de sus talentos y para ser feliz. Hay numerosas hipótesis para intentar explicar conductas inusualmente crueles en personas aparentemente “normales”: desde la tesis del “efecto Lucifer”, desarrollada por Philip Zimbardo, hasta aquellas que atribuyen al plomo en la gasolina la destrucción de capacidades cognitivas y emocionales en niños y jóvenes. La única certeza que tenemos es que esas conductas existen.

En cuanto a delitos más comunes, los que más preocupan y afectan a la ciudadanía, quizá haya que trasladar a la investigación en seguridad la rica experiencia desarrollada en la corriente conocida como Economía Conductual. Ésta parte de una hipótesis contrastante con la economía tradicional: el sujeto económico no es racional. En el caso de la seguridad podría decirse que el ciudadano común tiene un importante potencial de delinquir y que ese potencial puede o no traducirse en delitos dependiendo de las oportunidades para hacerlo, del repudio o tolerancia social al delito, de la percepción de los posibles castigos, pérdida del prestigio social, etc. Por ello, prevención del delito no, necesariamente, significa más parques y jardines porque los jóvenes van a entretenerse, sino porque esos espacios están iluminados y hay menos oportunidad de delinquir. O las dos cosas.

Mi argumento en esta discusión es sencillo: se puede reducir de manera importante la actividad delicuencial por vías paralelas pero no iguales y quizá más cortas que las que combatan la pobreza y la desigualdad. Tomé referencias estadísticas de Miguel Székely y Gonzalo Hernández Licona que difundiré en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx.

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