Teodoro L.R., denunciado en 2013 por su expareja por abusar de su hijo de ocho años y encausado después por este asunto, reclama ahora al Estado más de dos millones de euros por los tres años, dos meses y cuatro días que pasó en prisión preventiva antes de quedar absuelto –repetición del juicio mediante– del delito continuado de abusos sexuales del que venía siendo acusado.

Así consta en la reclamación de responsabilidad patrimonial que su abogada, Ana de Silva, ha remitido al Ministerio de Justicia y a la que ha tenido acceso en primicia Huelva Información. Los motivos son dos: el haber estado en situación de "prisión preventiva indebida" y el "funcionamiento anormal" de la administración de Justicia.

Por el primer concepto pide 1.953.243,35 euros, teniendo en cuenta que "la sentencia absolutoria declara la inexistencia del hecho objeto de la imputación". Así consta en los hechos probados de la sentencia absolutoria, donde los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Huelva señalan que "tras valorar en conciencia la prueba practicada, el tribunal no ha alcanzado convencimiento sobre la existencia de los restantes hechos objeto de acusación".

Ana de Silva "He pedido la libertad de este hombre desde el inicio, no he hecho más recursos en toda mi vida, porque creía firmemente en su inocencia"

La letrada recuerda en la reclamación que lo que comenzó como una primera denuncia por parte de la expareja de su patrocinado -en la que esta refería la supuesta descarga de vídeos pornográficos a su móvil-, se fue ampliando hasta concluir en un auto de procesamiento contra Teodoro "en el que se le imputa un delito de agresión sexual continuado, consistiendo en el más amplio y bizarro catálogo de las llamadas perversiones sexuales". Por ello ahora alega que "la versión de la denunciante no se ha acreditado por la sencilla razón de que nunca se han producido".

A ese 1.953.243 euros –cifra que surge de un cálculo estimativo conforme al baremo de la Ley del Contrato del Seguro– habría que añadirle los intereses legales del dinero.

Por el segundo concepto, el del funcionamiento anómalo de la Justicia, el absuelto reclama una indemnización de 58.000 euros más intereses. En total, por tanto, la reclamación se centra en 2.011.243 euros más el interés legal del dinero.

Los daños sufridos por este onubense "han sido numerosos". De un lado, por la privación de libertad sabiéndose inocente. La letrada remarca a este periódico que "he pedido la libertad de este hombre desde el inicio, no he hecho más recursos en toda mi vida, de todo tipo, hasta de amparo y de nulidad, porque creía firmemente en su inocencia".

Teodoro sufre un trastorno de estrés postraumático que se ha cronificado y cuadro clínico compatible con un episodio depresivo mayor

De Silva apunta en el escrito dirigido al Ministerio que padre e hijo no tienen relación desde el 6 de febrero de 2013, cuando el crío tenía ocho años. "Ahora es inviable retomar la relación con el niño", quien ha sido sometido a más de 150 sesiones como víctima de abuso sexual que el psiquiatra forense José Miguel Gaona, perito en la causa, "calificó de ensañamiento terapéutico; ese niño ya no sabe qué es verdad y qué es mentira", subraya la letrada. Solo sería posible el reencuentro con una terapia bidireccional que "Teodoro no puede costear".

Pese a la absolución, recuerda la juristaa que fue condenado a 14 años de cárcel en el primer juicio (después el Supremo ordenó su repetición), lo que le afectó mucho. El peritaje psicológico de este hombre determina que la "acusación infundada de abusos sexuales, y con ello el dilatado proceso de encarcelamiento, denostación pública, difamación social, pérdida de posibilidades laborales y el alejamiento de la relación afectiva y de convivencia con su hijo" le ha producido un trastorno de estrés postraumático que se ha cronificado y un "claro cuadro clínico compatible con un episodio depresivo mayor".

La reclamación de responsabilidad patrimonial está en este momento "en trámite", explica a este rotativo Ana de Silva. El asunto remitido al Ministerio de Justicia tiene que pasar antes por el Consejo del Poder Judicial, que tiene que emitir su informe preceptivo, y luego por el Consejo de Estado, que tiene que elaborar otro documento antes de que el Gobierno apruebe o no la reclamación. La letrada onubense entiende que su petición "debe ser estimada". De ser así, desconoce si el Estado se acogerá al baremo que ella ha aplicado o a otro, "este es un cálculo estimativo de lo que le puede pertenecer a Teodoro".