La Guardia Civil toma el colegio electoral donde debía votar Carles Puigdemont para llevarse las urnas Un herido en el ojo por el impacto de un proyectil policial de goma, prohibidos en Cataluña Los incidentes se han reproducido en puntos de votación repartidos por toda Cataluña Tres detenidos, uno de ellos menor, por desobediencia y atentado a la autoridad

La inacción de los Mossos d'Esquadra tuvo como consecuencia ayer la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para frenar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Decenas de agentes de ambos cuerpos irrumpieron en colegios y cargaron contra las personas concentradas en puntos de votación de toda Cataluña para requisar urnas y papeletas. Un despliegue que, según la versión del Govern, dejó un balance de 893 heridos, dos de ellos graves.

El Ministerio del Interior informó de que 33 policías fueron heridos de levedad y cuatro personas detenidas, entre ellos un menor, acusadas de desobediencia y atentado contra la autoridad.

La tensión en las calles llegó también a la Justicia. Ocho juzgados abrieron una veintena de investigaciones contra los Mossos por permitir que se abrieran centros electorales pese a la orden del TSJC que lo prohibía. El Juzgado de Instrucción número 7 aceptó también la denuncia de la Generalitat por las cargas de la Policía y la Guardia Civil y varias por lesiones, igual que un juez de Lérida. Los Mossos investigan por su parte 48 denuncias contra la Policía y la Guardia Civil.

Las cargas en los colegios comenzaron a las 8.00 y se prolongaron durante diez horas. Los agentes golpearon y apartaron a la fuerza a centenares de personas, entre ellas ancianos y menores. Uno de los escenarios más simbólicos fue Sant Julià de Ramis (Gerona), donde estaba previsto que votara el president, Carles Puigdemont. El desalojo del lugar, no obstante, no evitó la imagen del presidente catalán votando. Mientras las cámaras grababan la operación policial, Puigdemont acudió a otro centro cercano. Lo mismo hizo Oriol Junqueras, que acudió a otro colegio al ser desalojado el suyo.

Barcelona concentró algunos de los episodios más tensos, con cargas en las que los antidisturbios de la Policía usaron bolas de goma -prohibidas por ley en Cataluña desde hace tres años- tras verse bloqueados por decenas de personas en la calle Sardenya. Una de las bolas alcanzó en el ojo a un hombre que fue operado de urgencia. Algunos manifestantes lanzaron en la misma zona vallas a las furgonetas de la Policía.

Agentes de la Guardia Civil también usaron gases lacrimógenos para entrar en un colegio electoral en Aiguaviva (Gerona), que dejaron diez heridos, siempre según el Govern. Escenas de dureza se vieron también en puntos de votación diseminados por la capital catalana. Hubo cargas en Drassanes, Horta, Barceloneta, en la Escola Industrial o el instituto Pau Claris. La tensión en la capital catalana se prolongó hasta el cierre de los colegios por el temor a que Policía y Guardia Civil regresaran.

En Tarragona fueron desmantelados los centros de votación de los barrios periféricos, además de puntos de votación en el centro. El peor momento se vivió en plena Plaça Imperial Tarraco. Tras entrar en el IES Tarragona, la presión de los manifestantes se tradujo en cargas ejecutadas con dureza que dejaron varios heridos sangrando en el suelo.

El operativo dejó un reguero de controvertidas imágenes y casos de enfrentamientos entre policías y guardias civiles con Bomberos de la Generalitat y Mossos. En uno de los vídeos, en Sant Joan de Vilatorrada, un agente de la Guardia Civil llega a golpear con la porra a un policía de la Generalitat. Una grabación realizada frente a un punto electoral de Gavà, en las afueras de Barcelona, también mostraba a un agente de los Mossos increpando a un Guardia Civil, que termina empujando al primero hacia una multitud que salió en su defensa.

El Gobierno, por su parte, denunció «violencia» contra sus agentes. Difundió, entre otros casos, imágenes con el lanzamiento de piedras contra la Guardia Civil en Sant Carles de la Ràpita que obligó a los agentes a abandonar la zona. También hubo incidentes en el barrio de Collblanc, en L'Hospitalet.

Juzgados catalanes abren diligencias por un posible delito de desobediencia por parte de los Mossos PABLO HERRÁIZ / QUICO ALSEDO Los juzgados catalanes han abierto una decena de investigaciones contra los Mossos d'Esquadra por permitir que se abran los puntos de votación pese a la orden del TSJC que lo prohibía. Un juzgado de Barcelona también investiga una denuncia contra la policía por lesiones en una carga y un juzgado de El Vendrell ha abierto diligencias por una denuncia contra la Generalitat por el uso indebido de sus datos para el 1-O.



Según ha informado el TSJC en un comunicado, las diligencias se han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, en juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d'Urgell (Lleida), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). En el caso de Lleida, el auto del juez del pasado 27 de septiembre, el TSJC ordenó a los Mossos que impidieran la utilización de edificios públicos para la celebración del referéndum y que se requisara todo el material relacionado.



Pero, al ser un "hecho notorio" que en Lleida hoy se están celebrando actos de referéndum, el juez decide abrir diligencias, ya que los destinatarios de la resolución del TSJC, o sea, los Mossos, "no están cumpliendo con ese concreto mandado". Asimismo, ya se ha citado en el juzgado al jefe de los Mossos de la comisaría de Ponent para que explique por qué sus agentes no cumplen la orden judicial.