A partir del próximo año, los automovilistas y transportistas de nuestro país tendrán que pagar entre 3.52 y 4.58 pesos por cada litro de gasolina o diésel que compren, adicionales al precio vigente del energético.

Ello, a través de un impuesto especial que la Cámara de Diputados aprobó como parte de la miscelánea fiscal de 2016, cuya aplicación plantea la liberación del precio de los combustibles a la oferta y la demanda y el establecimiento –desde el Gobierno federal– de un costo de referencia mensual al cual se sumaría dicho gravamen.

De acuerdo al dictamen de la miscelánea, que fue enviado al Senado de la República para su ratificación, los consumidores deberán cubrir una tasa fija adicional de 4.16 pesos por litro de gasolina Magna, de 3.52 pesos por litro de Premium y de 4.58 pesos por cada litro de diésel.

¿Cómo se aplica el impuesto a las gasolinas?

Raúl Feliz, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó dichos montos se cobrarían durante todo el año sin importar si el costo de referencia que publique el Gobierno suba o baje.

En una entrevista con Publimetro, señaló que, de acuerdo a lo aprobado por los diputados, la Secretarías de Hacienda y Energía harían un análisis del precio internacional de los combustibles para fijar un precio de referencia, al cual se le aplicarían los impuestos antes mencionados.

“Si baja el el precio internacional, tendremos precios más bajos –independiente del impuesto especial por el tipo de gasolina que compremos–, pero si suben por factores externos como una baja en los inventarios por un crudo invierno, podríamos llegar hasta el doble del costo actual” dijo el investigador del CIDE.

El problema, apuntó, es que los consumidores de nuestro país no están preparados para lidiar con la volatilidad internacional de los energéticos, porque están acostumbrados a un precio fijo; lo cual podría generar conflictos sociales.

En teoría, gravamen al combustible es benéfico

Por su parte, Raymundo Tenorio Aguilar, director de las Carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, señaló que “en teoría” la liberación de los combustibles a la oferta y demanda y el cobro de de un gravamen fijo representa un beneficio a los consumidores.

Debido a que ello significa la entrada de empresas e importadores de combustibles al mercado mexicano, lo cual implica que Pemex tendría que ceder el monopolio de la distribución y de los costos de los energéticos, pero ello no será de manera inmediata a partir de enero de 2016.

“Tampoco existe la garantía de que los transportistas (de pasajeros o de carga) reduzcan sus tarifas cuando baje el valor de los combustibles y, por el contrario, no se tocarán corazón para subirlas si se dispara el precio de las gasolinas”, dijo.

Con tales medidas, apuntó el especialista, los que sí garantiza el Gobierno federal es la recaudación del impuesto especial al combustible y deja una eventual reducción en el precio de las gasolinas en manos del mercado y de la participación de las empresas que importen energéticos para competir con Pemex.

Nada garantiza que bajen los refrescos

En cuanto a la reducción de 50% en el impuesto a las bebidas saborizadas con hasta cinco gramos de azúcares por cada 100 mililitros, los especialistas coincidieron en que, al igual que en el caso de los combustibles, no existe la garantía de que las empresas refresqueras trasladen esa baja al precio final de sus productos.

Ello, debido a que el precio de los refrescos lo imponen las propias empresas y nada las obliga a hacerlo, lo cual significa que si –de acuerdo a sus estudios y proyecciones de mercado– consideran que deben mantener sus precios, lo único que pasará es que obtendrían mayor margen de ganancia.

“La baja del impuesto a las bebidas azucaradas es una decisión a ciegas, que no tiene sustento en estudios o análisis y no garantiza que bajen los precios al consumidor. Ello, parece más un acuerdo de lobby” entre los diputados y las empresas”, dijo Raúl Feliz, especialista del CIDE.

¿Qué otras medidas aprobaron los diputados?

El dictamen de la Miscelánea Fiscal aprobado por los diputados para 2016 establece:

• Aumentar el monto de las deducciones personales de 4 a 5 salarios mínimos anuales.

• La posibilidad de que las personas físicas puedan deducir las aportaciones de recursos en instrumentos de ahorro a largo plazo.

• La deducción al 100% de los gastos vinculados con la incapacidad laboral. Para tener acceso a este beneficio el contribuyente deberá contar con el certificado de incapacidad expedido por las instituciones públicas de seguridad social.

• La deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo.

• Un incremento en el monto que se puede deducir por la adquisición de automóviles de 130 mil pesos a 175 mil pesos.

• Y exentar del pago del ISR los ingresos que obtengan las personas físicas proveniente de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras hasta por un monto de un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.