Por Sanjuana Martínez y Jaime Hernández

Ciudad de México/San Luis Potosí, 23 de mayo (SinEmbargo/Pulso).– El abogado de la Arquidiócesis de San Luis Potosí que dijo anoche apoyar a las víctimas del cura Eduardo Córdova Bautista es el mismo que, en el pasado, logró la liberación de otros sacerdotes acusados de pederastas, y uno de ellos de homicidio.

El apoderado legal de la Arquidiocesis de San Luis Potosí, Armando Martínez Gómez, dijo haber presentado una denuncia penal contra el sacerdote Eduardo Córdova Batuista, acusado de abusar sexualmente de más de 100 menores. Pertenece al Colegio de Abogados Católicos de México, una organización ultraderechistas, con un largo historial vinculado a la defensa del clero en todo tipo de asuntos, incluido los delitos sexuales relacionados con la pederastia clerical.

En San Luis Potosí defendió al sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez, acusado del asesinato de una estudiante del Colegio Carlos Gómez.

Ayer dijo en el programa de Carmen Aristegui transmitido por la cadena CNN México que desconoce el paradero del sacerdote acusado de abusos sexuales por varias víctimas.

Martínez Gómez preside el Consejo de Analistas Católicos de México, al lado de Jorge Serrano Limón de Provida o Paola Villela de Yo Influyo, cuya labor consiste en la promoción de la defensa de la jerarquía católica en los medios de comunicación.

Egresado de la Universidad Anahuac, perteneciente a los Legionarios de Cristo, es también apoderado legal de la Arquidiócesis de México, donde ha defendido al cardenal Norberto Rivera Carrera, acusado en la Corte Superior de California por conspiración a la pederastia ante el caso del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera.

El abogado que ahora dice defenderá a las víctimas del sacerdote Córdova Bautista, ha respaldado al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, señalado por dirigir una clínica para sacerdotes con “problemas de conductas” como la pederastia, ubicada en Tlaquepaque, bajo el nombre de “Casa Alberione”.

La supuesta denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí en contra del padre Eduardo Córdova Bautista por un presunto caso de abuso sexual en contra de un menor de edad ocurrido en 2012, “podría significar una cortina de humo, ya que lo más importante en este momento es localizar al supuesto cura pederasta, a quien dijo, se desconoce su paradero”, dijo un activista consultado por SinEmbargo.

REPORTE ESPECIAL

• Los casos de abuso: Primera Parte | Segunda Parte

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LOS TRES PADRES

A mediados de junio de 2004, cuatro niñas de la primaria del Instituto Potosino –en el que años antes laborara Córdova Bautista y en donde presuntamente cometió la mayoría de los abusos de los que se le acusa– denunciaron al director, el sacerdote marista Carlos González González.

Las autoridades judiciales del gobierno estatal, entonces a cargo del panista Marcelo de los Santos Fraga, lo detuvieron y lo arraigaron.

La reacción de la comunidad de ese centro educativo fue rápida y en un solo sentido: defender al sacerdote, a través de desplegados y con algunas manifestaciones. Protestaron en contra de su encarcelamiento.

El arzobispado potosino también abogó por él. Pero el apoyo mayor vino de la comunidad del Instituto Potosino, a tal grado que las familias de las niñas presuntamente afectadas tuvieron que sacarlas del colegio.

Y en julio de 2004, tras el pago de una fianza de 132 mil pesos, el sacerdote salió libre. Se reintegró a las labores administrativas del colegio.

El caso de empantanó y naufragó en los laberintos del sistema judicial potosino.

Todavía en 2008, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) reclamó a De los Santos Fraga y al entonces arzobispo Luis Morales Reyes la protección brindada al acusado.

La mañana del 22 de octubre de 2007 fue descubierto dentro de uno de los salones del Instituto Salesiano Carlos Gómez el cuerpo de la alumna Itzachel Shantal Gonález González, de 16 años de edad y cursante del primer año de bachillerato. Su cadáver presentaba huellas de violación.

La defensa legal de los salesianos la tuvo en ese entonces Cándido Ochoa Rojas, quien en 2009 sería nombrado Procurador de Justicia del gobierno del priista Fernando Toranzo Fernández. Casi dos años después, el 7 de octubre de 2009, el sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez fue capturado por la dependencia dirigida por su ex abogado y presentado como presunto responsable del crimen.

La acción desató una reacción más airada que en el caso del marista. Fue iniciada por la comunidad de religiosos salesianos, pero también recibieron apoyo de maestros y alumnos, que realizaban “peregrinaciones” (su manera de llamar a las marchas) al Palacio de Gobierno. Clamaban por su “inocencia”.

También tuvieron presencia en redes sociales, particularmente en Facebook.

En su defensa participó incluso la Asociación de Abogados Católicos de México: Armando Martínez, presidente de esa agrupación, se convirtió en visitante frecuente de San Luis Potosí, en donde organizaba incendiarias conferencias en las que criticaba al ex defensor del sacerdote y Procurador.

Contreras Rodríguez pasó cuatro años recluido en el Centro de Readaptación Social de La Pila, la principal cárcel del estado. Las acciones de sus abogados rindieron fruto el 21 de agosto de 2013, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “inmediata y absoluta libertad” del religioso.

Los magistrados encontraron los indicios aportados por la Procuraduría “fuera de lógica” y “carentes de sentido común”.

Contreras Rodríguez se reintegró a sus labores en el Instituto Salesiano y, hasta ahora, el asesinato de la joven Shantal es un crimen sin culpable.

El más reciente caso de esta naturaleza en San Luis, hasta antes del de Córdova Martínez, fue el del padre Noé Trujillo, adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital.

El 22 de febrero de este año, elementos de la Policía Ministerial acudieron a la parroquia ante las denuncias de la madre de una adolescente de 14 años de que el sacerdote, con engaños, la llevó a un despoblado y la violó.

Los policías sólo encontraron el auto del religioso, quien desde entonces fue considerado prófugo. El arzobispado potosino, por vía de su vocero Juan Jesús Priego Rivera, lo conminaba a entregarse, pero reprochaba también que se le hubiera culpabilizado sin pruebas.

Más vehementes fueron los feligreses de Trujillo. Más de 200 se manifestaron en las calles de Soledad, afirmando que era inocente y exigiendo el cese de su persecución.

No fue hasta marzo en que reapareció con un amparo en contra de cualquier acción legal en su contra.

Su caso sigue en proceso.