RÍO GALLEGOS.- El gobierno de Alicia Kirchner pagó mas de $ 27 millones durante 2016 al gremio de la construcción en concepto de aportes no reintegrables destinados a los desocupados, mientras responsabilizó al gobierno nacional de no destinar otra pública a Santa Cruz. Lo hizo mientras pagaba el sueldo fraccionado y tarde a los estatales.

De este modo, la gobernadora corrió con el costo de los despojos que la constructora de Lázaro Báez dejó en la provincia, tras una década en la que acaparó el 80% de la obra pública en Santa Cruz. Hoy, cada desocupado recibe $ 5000 y para eso debe estar enrolado en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de la filial provincial.

Según documentos oficiales que cotejó LA NACION, los beneficiarios fluctúan cada mes entre 551 y 1300 y para cobrar deben presentar un certificado de la Anses que indique que no reciben otros subsidios. Según fuentes de la Uocra, la bolsa de desocupados en la provincia llega a más de 2000, de los cuales la mayoría son ex trabajadores de Austral Construcciones y sus empresas satélites.

Los subsidios al gremio de la construcción, no son nuevos. Gestiones anteriores le entregaban al gremio un Aporte No Reintegrable durante la época de veda invernal. En 2016, con la obra pública parada, los subsidios se extendieron todo el año. "Alicia se garantizó así tener las rutas despejadas", consideró un ex funcionario de la gestión anterior.

Los desocupados, en su mayoría, son ex empleados de Báez. En 2013 el empresario afirmó ante los periodistas que contaba con 3600 empleados en sus empresas, la mayoría en las constructoras. En diciembre de 2015, con el cambio de gobierno, sobrevino la caída de Austral, los cortes de rutas y los despidos. Meses después, Báez terminaría trás las rejas.

Cuestionamientos

Alicia Kirchner tiene dos mantras a quienes culpa de sus males: el ex gobernador Daniel Peralta (PJ) y el presidente Mauricio Macri. Así lo fundamentó en los decretos: "Desde el mes de diciembre de 2015, la actividad de la construcción en Santa Cruz se ve gravemente afectada por la paralización de la obra pública nacional, motivada en un proceso de desinversión instrumentada por el Gobierno en la región patagónica", argumentan los decretos 0394, 0679, 0937, 1221, 1348, 1423 y 1656, de 2017, que firmó la gobernadora y ya fueron publicados en el Boletín Oficial.

Pedro Cormack , titular del gremio docente que llevó adelante duras medidas de fuerza en Santa Cruz, manifestó sobre los subsidios a la Uocra: "Nunca cuestionaría los subsidios a desocupados. Sí es cuestionable que ese subsidio sea utilizado de manera clientelar o para utilizar como fuerza de choque". Los montos de los subsidios a la construcción fueron variando cada mes, en función de la cantidad de subsidiados.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner Archivo

Los aportes a los obreros de la construcción despiertan cuestionamientos. "Los subsidios son sólo para los afiliados de la Uocra, y se los dan por su filiación al kirchnerismo, porque ellos son la guardia pretoriana del gobierno", afirmó Alejando Lugo, secretario general del Sitraic, el otro sindicato de la construcción con presencia en la provincia, con desocupados y sin subsidios.

"Para entrar en una obra obligan a la gente a afiliarse a la Uocra, hay un acuerdo firmado por Vialidad Nacional para que ningún sindicato tenga prioridad para trabajar, pero en los hechos no se cumple, la Uocra maneja todo", aseguró Lugo a LA NACION, desde Caleta Olivia.

En esa localidad se reactivó la primera obra pública, una de las obras más emblemáticas de la corrupción kirchnerista: la autovía Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, que se pagó con altos sobreprecios y que Báez abandonó sin concluir.

Allí hace pocos días los trabajadores del Sitraic bloquearon el obrador de la empresa CPC, del empresario chubutense, Cristóbal Lopez, y reclamaron ser incorporados.

Pese a todo, los desocupados y el gobierno se entusiasman con los últimos anuncios: el gobierno nacional financiará la construcción de 224 viviendas que serán financiadas a través del Programa Techo Digno y demandarán una inversión nacional de $ 250 millones.

Ayuda del gobierno para las represas

El gobierno nacional desembolsará $ 200 millones para que la firma que tiene a cargo la obra de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, la UTE Represas Patagonia, afronte parte de sus deudas, informó el diputado nacional Eduardo Costa, tras participar de reuniones con el presidente Mauricio Macri.

"Ya estamos trabajando para realizar las audiencias públicas y completar los informes necesarios para finalizar el estudio de impacto ambiental", dijo el legislador nacional, al ratificar el compromiso del Gobierno para resolver esta cuestión. Las reuniones de las que participó Costa se llevaron adelante luego de que Represas Patagonia despidiera a 328 trabajadores mientras se definen los estudios ambientales y pasos legales por los cambios requeridos por la Corte Suprema.