Hoy se aprobó en el Congreso la ley nacional que prevé la creación del registro nacional "No llame", que permite al usuario no recibir publicidad ni ofertas no solicitadas a través de su celular.

La iniciativa "protege a titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados".

Podrá inscribirse en el registro "toda persona física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios".

El proyecto también dispone que la inscripción al Registro debe ser gratuita, por medios sencillos y eficientes, y que el cliente tiene derecho a obtener una constancia de su inscripción.

La duración en el Registro, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será de dos años y la baja se podrá realizar en cualquier momento.

Las empresas prestadoras de servicios telefónicos y los call center que trabajen de manera tercerizada con las operadoras deberán actualizar la nómina de registrados con una periodicidad de 30 días.

Entre las excepciones se contemplan las campañas de bien público, las llamadas de emergencia pública, las campañas electorales y las llamadas que deben ser realizadas por razones contractuales, estas últimas en "horarios razonables", señala el texto del proyecto.

Resguardo de la privacidad

La diputada nacional del GEN-FAP, Virginia Linares - autora de uno de los proyectos tomados en consideración al momento de redactar la Ley aprobada hoy, saludó la aprobación del Registro Público Nacional denominado "No Llame", que tiene por objeto resguardar la privacidad de las personas ante las llamadas de empresas de telemercadeo.

Linares indicó: "Resultaba necesario contar con un Registro Nacional para evitar conflictos entre jurisdicciones y posibles abusos de las empresas de telefonía" y agregó que "la iniciativa permite bajo el concepto de que el receptor tiene derecho a manifestar su deseo de no seguir recibiendo las llamadas, y que ese deseo debe ser respetado".

Hace casi un año la provincia de Buenos Aires había aprobado una ley en la misma dirección para proteger a los usuarios bonaerenses.