Versión en catalánEste fin de semana, José Antonio Zarzalejos firmaba un artículo titulado “Los presos, la fiscalía y el desafío al Estado”, publicado en “El Periódico”, en el que sostenía la tesis de que si la actual Fiscal General del Estado decidiera revisar la calificación jurídica como delito de rebelión que hizo en su día José Manuel Maza respecto de la conducta de Carles Puigdemont y varios consellers, estaríamos ante un atentado grave a la autonomía del Ministerio Fiscal, que, aunque cabe dentro de la legalidad vigente, desnaturalizaría la función propia de dicho Ministerio Fiscal.

A estas alturas del guión uno ya se sorprende de pocas cosas, pero el que no me sorprenda no quiere decir que no considere necesario subrayar el cinismo y la hipocresía de opiniones que se formulan como si fueran no una opinión, sino la constatación de un hecho indiscutible. Un caso flagrante de posverdad.

Empecemos por el principio. Fue el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el que decidió activar una querella por el delito de rebelión contra Carles Puigdemont y varios de los consellers del Govern por él presidido. Lo hizo al día siguiente de que el Presidente Mariano Rajoy en aplicación de las medidas aprobadas por el Senado de conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Constitución, decidiera la destitución del Govern y la disolución del Parlament. A la decisión política adoptada por el Senado seguida de la decisión política adoptada por el Gobierno de la Nación, se anudó sin solución de continuidad la querella de la Fiscalía General del Estado contra los miembros del Govern ante la Audiencia Nacional con la solicitud de las medidas cautelares que doy por supuesto que el lector conoce.

Que yo sepa, nadie ha considerado que la decisión del Fiscal General del Estado haya estado contaminada políticamente. Nadie ha puesto en cuestión la autonomía del Ministerio Fiscal, a pesar de que en la comunidad académica se expresaron opiniones muy fundamentadas de disconformidad con la calificación jurídica como delito de rebelión de la conducta de Carles Puigdemont y demás miembros del Govern, llegando a hacerse público un manifiesto de más de cien profesores de Derecho Penal de las distintas universidades españolas, en el que se afirmaba tajantemente que no había existido delito de rebelión. Y a pesar de que el recorrido de la calificación jurídica de la conducta de Carles Puigdemont como constitutiva del delito de rebelión ha tenido la receptividad sobradamente conocida por los tribunales de varios países de la Unión Europea. Las dudas sobre dicha calificación jurídica han sido y continúan siendo enormes. Y sin embargo, nadie ha puesto en cuestión la autonomía del Ministerio Fiscal para llegar a esa conclusión.

¿Por qué si la actual Fiscal General del Estado decidiera revisar la calificación que hizo el Fiscal General anterior, dicha decisión estaría contaminada políticamente y comprometería seriamente la autonomía del Ministerio Fiscal? ¿En qué se diferenciaría desde la perspectiva de la autonomía del Ministerio Fiscal la decisión que tomó en su día el Fiscal General Jose Manuel Maza de la que eventualmente podría adoptar María José Segarra, revisando aquella decisión? ¿No puede llegar la Fiscal General del Estado de forma autónoma a la conclusión de que Carles Puigdemont no debe ser acusado del delito de rebelión? ¿Únicamente podría explicarse que llegara a esa conclusión como consecuencia de la presión del Gobierno?

No dispongo del resultado de ninguna encuesta entre los profesores de las Universidades españolas, pero estoy convencido de que una mayoría muy consistente de los mismos no considera que la calificación jurídica como delito de rebelión sea la adecuada para la conducta de Carles Puigdemont y los consellers. Parece, por la trayectoria de ida y vuelta de la euroorden dictada por el Juez Pablo Llarena, que esa es también la opinión mayoritaria entre los jueces europeos. Y esa es la opinión que ha hecho pública esta misma semana un juez español, Pascual Sala, que ha sido presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Lo que se ajusta a la verdad es lo contrario de lo que sostiene el Sr. Zarzalejos. Sería mucho más explicable como expresión de la autonomía del Ministerio Fiscal la decisión de revisar la calificación de rebelión del Fiscal José Manuel Maza, que la de mantenerla. Lo que resulta difícil de explicar es la calificación inicial de rebelión de la conducta de Carles Puigdemont y de los consellers. De hecho no se ha podido explicar de manera persuasiva en las euroordenes cursadas. La revisión de dicha calificación la entiende todo el mundo. No hay que hacer el más mínimo esfuerzo de explicación.

22/10/2018

Avier Pérez Royo, Catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla

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