Cuatro mujeres fueron imputadas por integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial a través de la carga de horas cátedra irreales o falsas en el sistema informático del Ministerio de Educación, para luego cobrarlas. La atribución de los delitos se llevó a cabo en una audiencia que comenzó pasadas las 18 y finalizó cerca de las 20.30 en el subsuelo de Tribunales de la capital provincial. El juez de la Investigación Penal Preparatoria fue Roberto Pegassano.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el fiscal interviniente en el caso Roberto Apullán –quien trabajó junta a la fiscal María Laura Martí– confirmó la detención e imputación de 4 docentes (tienen entre 36 y 45 años y sus iniciales son MMM; MTS; AA; y AMIR). “Se intervino por una denuncia hecha desde el Ministerio de Educación que advirtió irregularidades en el sistema de liquidación de reemplazos, en ese momento se asentaban informáticamente. En diferentes escuelas detectaron reemplazos inexistentes, se hizo la denuncia y además de las actuaciones administrativas empezamos a hacer las investigaciones y concluimos en una serie de perjuicios contra el erario público, maniobras ilícitas por un monto total que hasta la fecha es de unos 130 mil pesos”, señaló.

De acuerdo a lo que indicó en conversación con los periodistas Roberto Caferra y Eveliln Machain, la primera de las mujeres fue imputada por ser la jefa y organizadora de una asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 que quedaron en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública. Ambos delitos (asociación ilícita y defraudación), fueron imputados en concurso real.

Por su parte, a las otras tres mujeres los fiscales les atribuyeron los mismos delitos, pero sólo en condición de organizadoras.

Apullán advirtió que “hasta ahora” no hay relación con personas que trabajan en el Ministerio de Educación pero advirtió que una coimputada “dejó trascender algo por estilo aunque aún no tenemos nada”.

Luego, explicó que las imputadas accedieron al sistema porque conocieron las claves de algunas escuelas aprovechando la vulnerabilidad del sistema. En cuanto a los certificados médicos que tendrían que haber presentado, observó: “Eran agentes informáticos falsos, la maniobra se consuma al incorporar al sistema e incorporar esos reemplazos”.

Además, de acuerdo a información oficial, “el sistema delictivo que utilizaron en las escuelas públicas del departamento La Capital ya había sido ejecutado en el ámbito de un colegio privado religioso ubicado en el microcentro de la capital provincial”.

Apullán y Martí adelantaron que hay al menos otras 10 personas involucradas y que fueron beneficiarias del dinero. Aclararon que están todos identificados, informaron que serán imputados, pero –por el momento– conservarán su libertad.

Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación valoraron las tareas de investigación realizadas en los últimos seis meses y destacaron la colaboración en el proceso de investigación de los asesores jurídicos del ministerio de Educación y de otras reparticiones de la cartera. También consideraron de importancia el trabajo de especialistas de la sección Delitos Tecnológicos y del grupo de Análisis Criminal de la Policía de Investigación (PDI) de la provincia.

En tanto, se informó que los fiscales solicitarán la prisión preventiva de las cuatro mujeres detenidas.