Una empresa que administra Eduardo Guerrero, a quien el gobierno de Jaime Rodríguez contrató para reorganizar el sistema penitenciario en Nuevo León y cerrar Topo Chico, cobró más de 20 millones de pesos por el diagnóstico integral

El Gobierno de Nuevo León presumió que un experto que vigiló a Joaquín “El Chapo” Guzmán se encargaría de la reorganización del Sistema Penitenciario estatal. Era Eduardo Guerrero Durán, pero la administración de Jaime Rodríguez nunca aclaró los señalamientos en su contra ni el monto que cobró a cambio.

“Son profesionales, son expertos, gente que viene de otras partes. Se contrató a un equipo, los que se encargaban de cuidar a ‘El Chapo’ para que no se escapara, después de la última vez que lo atraparon. Vienen de muchas partes de la República. Es un tema planeado, están trabajando en la operación”, anunció el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, en noviembre de 2018.

Días después fue la firma del contrato. La versión pública del documento No. SEE/DASG/15-11- 18-14:00 revela que la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León fue la contratante; la Secretaría de Seguridad Pública, la requirente, y la Agencia de Administración Penitenciaria, que encabeza Raúl Salvador Ferráez Arreola, la usuaria de servicios para la realización de un diagnóstico integral del Sistema Penitenciario del Estado de Nuevo León que costó 20 millones 880 mil pesos.

El dinero provino de la partida presupuestal 33905-1, de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. El cargo fue al año fiscal en curso, es decir 2018, a precio fijo.

La contratante, la Secretaría de Administración que encabeza Mauricio Torres Elizondo, hizo una excepción del proceso de contratación a través de licitación pública y se realizó una adjudicación directa. Mientras que el proveedor se comprometió a no difundir los resultados obtenidos y la información proporcionada con motivo del diagnóstico y a no subcontratar a otras empresas.

La empresa que asesoró al Sistema penitenciario

Escoltas Especializadas de Seguridad Privada S.A. de C.V. es la empresa que cobró 20 millones 880 mil pesos por realizar el diagnóstico integral del sistema penitenciario. Así lo constata el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en el dictamen de la revisión de la Cuenta Pública 2018.

La firma debía contar con registro vigente en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado de Nuevo León, como requisito de contrato. Al 30 de septiembre de 2019, tras el cierre del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, Escoltas Especializadas de Seguridad Privada seguía en la lista de quienes participan en la adquisición de bienes y contratación de servicios para la Secretaría de Administración. Su dirección, en la calle Escudero, número exterior 903, colonia San Felipe I, del estado de Chihuahua, aparece en este documento.

Ese día, el asesor en Políticas Penitenciarias, Eduardo Guerrero, dijo que la clausura de Topo Chico era un triunfo del orden sobre la anarquía.

“Representa el cómo con voluntad, análisis y estrategia se pueden combatir los círculos viciosos de la violencia en nuestras sociedades”, pronunció luego de que “El Bronco” colocó un candado en el portón del penal.

Pero ¿cómo es que Escoltas Especializadas de Seguridad Privada está ligada al asesor Eduardo Guerrero? El acta constitutiva del Registro Público de Comercio menciona que se conformó como sociedad anónima de capital variable el 16 de enero de 2012 en el municipio de Juárez, Chihuahua.

En la contratación de la empresa Escoltas Especializadas de Seguridad Privada no hubo proceso de licitación

Su objeto social es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, y tienen la posibilidad de desarrollar dichas actividades en toda la República Mexicana con particulares y empresas del sector público y privado.

El Registro Público de Comercio se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles. Un documento de esta institución señala que el 17 de junio de 2019 se formalizó el acta de asamblea general llevada a cabo el 5 de enero de ese mismo año.

En esa reunión se tomaron acuerdos tales como que Eduardo Guerrero sería el administrador único con facultades generales para pleitos y cobranzas, solicitar adjudicaciones y firmar contratos de tipo laboral a nombre de la empresa, entre otras.

Soborno por fuga de “El Chapo”

Eduardo Guerrero fue responsable de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas en Chihuahua entre 2010 y 2015, durante el sexenio del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Duarte, quien está prófugo y tiene 19 órdenes de aprehensión.

Guerrero Durán fue titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Comisión Nacional de Seguridad, la cual depende de la Secretaría de Gobernación hasta octubre de 2016.

En noviembre de 2018, la contratación de Eduardo Guerrero Durán como asesor fue el último intento del Gobierno de Jaime Rodríguez para tratar de solucionar la ingobernabilidad en los penales de Nuevo León, que hasta entonces había cobrado la vida de 90 personas en prisión durante 20 motines.

Sin embargo, una publicación de Eje Central reveló en enero de 2019 que el narcotraficante Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, acusó a Guerrero Durán de recibir un soborno de 2 millones de dólares de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, para que, como encargado de los penales federales, permitiera una tercera fuga de “El Chapo” del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”.

La asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) mostró preocupación porque la reorganización del sistema penitenciario de Nuevo León estuviera en manos de Eduardo Guerrero y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acusó que, pese a su asesoría, en los penales de Nuevo León se seguían violando las garantías de las personas privadas de su libertad.

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