El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una querella por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los magistrados que encarcelaron personas LGTBI, en su mayoría homosexuales, durante el franquismo. En concreto, la querella hace referencia a 553 condenas dictadas por jueces franquistas que, como buena parte de las cuestiones vinculadas a la dictadura, han permanecido totalmente impunes durante la democracia.

La represión de la homosexualidad o de cualquier otra tendencia sexual alejada de la relación heterosexual fue una constante durante la dictadura, hasta el punto que el franquismo llegó a considerar las personas LGTBI como enemigas de la patria, contrarias a la moral y las vinculó con la enfermedad y la delincuencia. El marco legal en el que se regían las condenas era la Ley de Vagos y Maleantes, que se aprobó en 1933, durante la II República. La normativa, sin embargo, se modificó en 1954, en plena dictadura, para incorporar explícitamente la represión a los homosexuales. Ya en 1970, en las postrimerías del franquismo, se aprobó una nueva normativa, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, encarada a incrementar la represión contra personas homosexuales y transexuales.

En una rueda de prensa ofrecida para presentar la querella, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Jaume Asens, ha manifestado este lunes que “no podremos acabar con LGTBIfobia del presente sin remover la impunidad de sus crímenes en el pasado. El régimen franquista es quien los cometió, pero es el actual régimen quien los ignora. Por eso estas iniciativas tienen un valor reparador pero también pedagógico”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha querido subrayar que durante más de dos décadas la dictadura “perseguía, enjuiciaba y condenaba las personas homosexuales en una persecución manifiesta por razones de género y condición sexual”.

Paralelamente, el gobierno municipal barcelonés ha anunciado que las personas represaliadas por su condición de género o sexual, que obviamente pueden ser testigos en la causa del TSJC, podrán presentar su caso en la comisión de valoración de las víctimas del tardofranquismo.

La pretensión municipal es crear el organismo en los próximos meses para “reconocer a las personas que sufrieron violaciones de los derechos a la vida ya la integridad física, moral o sexual durante su lucha por la defensa y la recuperación de las libertades democráticas, sindicales o de los derechos nacionales o del autogobierno de Catalunya, o por la igualdad entre hombres y mujeres entre 1960 y 1978 “. Todas ellas serán declaradas “personas represaliadas” por el tardofranquismo.

La comisión se fija tres objetivos: reconocer y rendir homenaje a las personas que sufrieron vulneraciones de los derechos a la vida o la integridad física, psíquica, moral o sexual durante la dictadura; promover el conocimiento y la reflexión sobre el pasado de la ciudad para “fomentar una ciudadanía democrática”; y reconocer y mostrar la gratitud de la ciudad a las entidades de memoria histórica que han llevado a cabo una lucha por la “justicia, la reparación y la verdad”.

No es la primera iniciativa del gobierno de Colau contra los crímenes de la dictadura. De hecho, la ciudad de Barcelona preside la Red de Ciudades Contra la Impunidad Franquista, contra los crímenes cometidos durante la dictadura y la Guerra Civil. Desde la primavera de 2015, el consistorio barcelonés se ha personado en la causa abierta en Argentina contra los crímenes del régimen franquista, así como contra los bombardeos que sufrió la población de la ciudad en la Guerra Civil, con especial intensidad durante 1938. También ha presentado otras querellas penales, entre ellas una contra Carlos Rey González, el militar que en 1974 firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich.