Comisión Legal de COESPE

El pasado día 28 de diciembre, el mismísimo día de los Santos Inocentes, se publica en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Como si de una inocentada se tratara, se nos cuela en dicho Real Decreto, dos cuestiones que no podemos dejar pasar y que hace que la ciudadanía se vuelva a sentir ninguneada por el Gobierno actual: nos han mentido y además se han creído que pasaría desapercibido, faltándonos al respecto.

Si bien es cierto, dicho RD tiene cosas buenas, pero como dicen nuestros principios, no podemos pasar por algo dos puntos de transcendental importancia para machísimas personas:

Nos encontramos con que La Ley General de Seguridad Social (artículo 196.2 LGSS) recogía, para las Incapacidades Permanentes Totales (IPT) derivadas de una enfermedad común, que su cuantía mínima no podía «resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años”, cuya base mínima estaba referenciada al salario mínimo interprofesional (SMI). Lo que supuso en el año 2018 que la pensión mínima se fijase en los 404.77 € por mes y que en este año 2019, y con la subida del SMI, supondría una cuantía de 495 € por mes.

Pues en el RD publicado el 28/12/2018 desaparece ese mínimo marcado en la LGSS y establece que, cada año, se determinará la cuantía mínima mediante la LPGE, lo que afecta de manera sustancial a los ingresos de los trabajadores que reciben dicha prestación y para los futuros que puedan acceder a la misma.

Estamos hablando de que para el año 2019 los trabajadores con IPT tendrán, como cuantía mínima, 417 € al mes y no, los 495 € que les corresponderían; realizando un recorte de derechos y una modificación exprés de la LGSS con una pérdida de poder adquisitivo de las personas con IPT de unos 78€/mes.

Recordemos al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que dicha medida ya fue propuesta por el PP cuando estaba en el Gobierno Mariano Rajoy y a la que el PSOE (entonces en la oposición) se opuso rotundamente Ahora (en el Gobierno) ha aprobado la misma medida que rechazó en mayo de 2018.

A 1 de diciembre de 2018, 568.037 personas percibían una pensión por incapacidad permanente total. La pensión media era de 771.14 €. El Gobierno podría haber optado por aumentar la cuantía mínima de todas las pensiones por incapacidad total, pero no, opta por realizar un recorte encubierto.

Les recordamos que dicha medida es injusta y crea una gran desigualdad entre prestaciones sociales. Y lo que no se puede es dar por un lado, subiendo el SMI y quitar por otra, haciendo desaparecer el referencial del SMI.

No queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Les recordamos, también, que están dejando la puerta abierta a un posible recorte de estas pensiones por incapacidad permanente en función del partido político que gobierne en cada momento.

Y el segundo punto y no menos importante para nosotros, es que dicho RD-Ley prevé la revalorización de las pensiones públicas con arreglo al IPC para el 2019 y que en ningún momento establece que dicha revalorización se realizará con arreglo al IPC Real por Ley. Además añade que “En el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados en el apartado anterior (artículos 58 LGSS y articulo 27 Ley de Clases pasivas del Estado) y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social”.

En definitiva, lo que este Gobierno nos quiere hacer creer es que el acuerdo firmado el pasado septiembre en el Marco del Pacto de Toledo, donde se acordó la revalorización de las pensiones por IPC Real, es papel mojado. Vuelve a atrasar dicha regulación por Ley a seis meses y además espera conseguir el consentimiento de los agentes sociales para que dicha revalorización no sea con arreglo al IPC Real y sí nuevamente al invento de un nuevo índice de revalorización cuya fórmula puede utilizar otros baremos basados en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondría siempre una subida menor.

Les recordamos que dicha medida es injusta y crea una pérdida de poder adquisitivo de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Les recordamos que en el pasado mes de septiembre nos concentramos en todas las ciudades para demandar que la subida de las pensiones únicamente sería admisible si se realiza conforme al IPC Real y que ustedes llegaron a un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, acuerdo que hoy están vulnerando nuevamente.

Les anunciamos que, como hicimos en el pasado septiembre, saldremos a las calles y no las abandonaremos hasta que no dejen, marcado por ley y de forma clara, la revalorización de las pensiones con el IPC Real.

La Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas acordó, en su III Asamblea, llevar a cabo concentraciones y manifestaciones en todas las ciudades y pueblos del territorio español para el próximo día 2 de febrero, para denunciar la situación que estamos viviendo.

Les recordamos que los cerca de 9 millones de pensionistas que existen en este país movieron, en su momento, asientos en el Gobierno y que pueden volver a hacerlo.

#GobierneQuienGobierne

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN