Crimen y miedo: adonde las mañaneras no llegaron La mitad de los 815 secuestros cometidos en los últimos cinco años está en la impunidad; 39 personas —14 de ellas menores de edad— fueron asesinadas por sus plagiarios… De los más de tres mil homicidios ocurridos de 2001 a la fecha, 50 por ciento están sin resolver. Y se registran en la ciudad alrededor de 200 asaltos diariamente: 55 son robos a transeúnte, 70 de vehículo, 15 a transporte, 18 a casa-habitación y 32 a negocio; también se denuncian tres violaciones cada día… Ésta es la realidad que presentan las cifras de la Procuraduría capitalina en materia de seguridad pública. Es el tamaño de la impunidad que deja Andrés Manuel López Obrador para ir en busca de la silla presidencial. Aunque a decir del tabasqueño la inseguridad en la capital está a la baja, a diario la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recibe un promedio de 350 denuncias de quienes fueron víctimas de algún delito. La cifra podría ser mucho mayor, ya que decenas de afectados no acuden a la policía por dos motivos: la desconfianza que le tienen o el temor a sufrir represalias por parte de sus agresores. Aunado a ello, los capitalinos saben que la policía está involucrada con el hampa y su creencia no se basa en suposiciones: según son las estadísticas de la Fiscalía para Servidores Públicos, en sólo dos años, la PGJDF consignó ante un juez expedientes contra dos mil 668 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 594 agentes judiciales por cometer delitos como asaltos a mano armada, homicidios, violaciones y secuestros exprés y de larga duración. DELITOS Y QUEJAS. El problema de la delincuencia durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador provocó que la sociedad se movilizara como nunca antes en la historia. El 27 de junio de 2004 más de un millón de personas vestidas de blanco salieron a las calles de la ciudad para exigir a las autoridades que trabajaran para garantizar la tranquilidad y la seguridad a la que tienen derecho. El hecho se dio a conocer a nivel mundial; sin embargo, el tabasqueño lo minimizó, con el argumento de que se trataba de una maniobra de la ultraderecha y de sus adversarios políticos, para afectarlo. Incluso el Gobierno del Distrito Federal (GDF) lanzó un cómic en el que dibujaba a los participantes de esta marcha como personas frívolas, que no desconocían el hecho de que la delincuencia estaba a la baja. Los delitos de alto impacto, como el secuestro y homicidio, fueron los que más se recordaron en esa movilización. Y es que actualmente, según los promedios de la PGJDF, dos personas son asesinadas, hay dos plagios exprés y cada dos días uno de larga duración. Además, secuestradores asesinan a una víctima cada dos meses. En esa marcha se recordaron el secuestro y el homicidio de los hermanos Sebastián y Vicente Gutiérrez Moreno, a quienes mataron aunque su familia pagó más de dos millones de pesos de rescate; los asesinatos de la funcionaria del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Lizbeth Salinas Maciel, y de Beatriz González Casanova, hija del maestro Henrique González Casanova. A las dos las mataron luego de asaltarlas. A la fecha ninguno de estos homicidios está resuelto por completo. En los dos primeros casos no hay ninguna persona detenida y en el último aún permanece libre el sujeto que disparó. Otro hecho que conmocionó a la capital fue el homicidio de quien fuera la mujer del año en 1997. La doctora Carmen Gutiérrez de Velasco fue secuestrada y luego asesinada. Tres de sus captores siguen libres. IMPUNIDAD SERIAL. López Obrador también deja impune el caso de El Mataviejitas, el homicida serial de ancianas. Los registros policiacos indican que desde 1998 hasta la fecha 43 ancianas han sido asesinadas con el mismo modus operandi: las matan enredándoles un cable o un cordón en el cuello y de sus domicilios se roban muy poco. La PGJDF sabe que hay un asesino serial que se identifica como trabajador del GDF y así se gana la confianza de su víctima. Luego les quita la vida. De hecho, la policía ya tiene sus huellas digitales; sin embargo, ha podido capturarlo. Por todo lo anterior, la más reciente encuesta de Mitofsky da cuenta del temor de los capitalinos a salir a la calle. A nueve de cada diez les preocupa la inseguridad que se vive en la ciudad de México. Ante tal situación, el gobierno ha decidido reeditar la estrategia de victimizarse y ver ataques políticos en los reclamos de seguridad. Así ocurre con la campaña de medios de la organización México Unido contra la Delincuencia, desacreditada en días pasados por el jefe de gobierno y por su secretario de Seguridad Pública Joel Ortega. Aún con ello, los spots incómodos continúan y ya se conoce al DF como “la ciudad de miedo”, gracias al lema que usa la conductora Talina Fernández en el más reciente anuncio. [ Carlos Jiménez ] Los secuestros * 815 secuestros (uno cada dos días) * 39 personas asesinadas por sus plagiarios (una cada dos meses) 14 menores de edad, 25 adultos * Más de tres mil homicidios en cinco años. * 350 denuncias diarias por diversos delitos Gastar más y cobrar menos “La gente nos está ayudando”, solía repetir constantemente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionaba sobre la incapacidad recaudatoria de su gobierno, manifiesta en sus finanzas públicas. Ahora, tras cuatro años y siete meses de gestión, sus propias cifras revelan que su dicho era falso: el talón de Aquiles son las finanzas, pues cada vez gasta más pero genera menos. Prueba de ello es que de enero de 2001 a diciembre de 2004 el gobierno dejó de recaudar al menos unos seis mil 610 millones 81 mil 200 pesos. El cuadro se completa con los datos oficiales referentes a la deuda pública, la cual AMLO creció en 50 por ciento, para ubicarla en 43 mil 200 millones de pesos, el nivel más alto en la historia. Caracterizado por los desequilibrios en materia financiera, el gobierno de AMLO deja una situación de riesgo a su sustituto y a quien gane la elección en 2006, de acuerdo con datos de la más reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación. En ella se asienta que: “Se detectó que, en el mediano plazo, la sostenibilidad fiscal se verá afectada negativamente, ya que los ingresos disponibles se han estancado, mientras que el nivel de pagos del servicio de la deuda se incrementará significativamente”. Los años de riesgo para el Distrito Federal, identificados por el órgano fiscalizador, son 2007, 2008 y 2009, ya que en ese periodo de tres años los requerimientos de recursos para hacer frente a las amortizaciones superarán el promedio anual (ubicado actualmente en los dos mil 547 millones de pesos), de acuerdo con la curva de vencimiento de la deuda. MAL CRÓNICO. Desde el 2001 ha habido una caída en los ingresos del gobierno local. En diciembre de ese año el gobierno de López Obrador reportó haber obtenido ingresos de menos por dos mil 626 millones 701 mil 400 pesos. En 2002 el comportamiento fue similar y el GDF captó dos mil 242 millones 637 mil pesos de menos; sólo en 2003 se acercó a su meta, aunque dejó de obtener 27 millones 421 mil 400 pesos. Sin embargo, en 2004, año del que se tiene el último reporte, se dejaron de percibir mil 685 millones 900 mil pesos. Si se suman estas cantidades da un total de seis mil 610 millones 81 mil 200 pesos. Todos estos datos se pueden cotejar en las cuentas públicas de los años 2001, 2002, 2003 y 2004, mismas que se pueden consultar en la página de Internet del GDF. En todos los casos antes referidos se observa que la merma de los ingresos se presentó en la variable denominada “ingresos propios”, es decir, los que la administración local obtiene mediante el cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos. En 2001, por ejemplo, en el rubro de ingresos propios aparece que hubo un déficit de mil 649 millones 619 mil 700 pesos. Para 2002, se incrementó a dos mil 581 millones 404 mil 700 pesos. En 2003, los ingresos propios se castigaron de tal forma que alcanzaron los cuatro mil 904 millones 186 mil 600 pesos. El año pasado, la situación era la misma, aunque la cifra del déficit en los ingresos propios fue de 885 millones 500 mil pesos. En su más reciente informe financiero, al mes de marzo, el GDF reportó nuevamente una caída en los ingresos, principalmente del predial, a pesar de que este año se aprobó un incremento a dicho impuesto en 100 por ciento. Así, de los dos millones 924 mil pesos esperados, sólo obtuvo dos millones 829 mil pesos por impuesto predial. Esta cifra no resulta novedosa con respecto a la de otros años, pues se estima que en el cobro de impuestos siempre ha habido caídas: en el predial de 13.6 por ciento, en adquisición de inmuebles de 5.1 por ciento, en espectáculos públicos 16.9 por ciento y en tenencia de 10.9 por ciento. DEUDA. En materia de deuda pública, el gobierno ha mantenido un crecimiento sostenido. De acuerdo con las cifras reportadas en las cuentas públicas de 1999 a la fecha, Cuauhtémoc Cárdenas dejó, precisamente en 99, una deuda de 22 mil 962 millones de pesos. Al cierre de 2004, faltaban poco menos de dos mil millones de pesos para que ésta se duplicara, pues alcanzó los 42 mil 310 millones de pesos. Esta cantidad es superior al 50 por ciento del presupuesto anual aprobado para 2005. Para evadir las críticas por esta situación, el GDF suele señalar que el nivel de crecimiento de sus empréstitos ha sido menor en los últimos años, sin embargo no hace la comparación entre el tamaño del endeudamiento y el del presupuesto ni tampoco lo contrasta con su capacidad recaudadora. Actualmente la deuda de la capital representa 33.35% de la deuda de todos los estados, la cual asciende a 122 mil millones 851 mil 400 pesos. [ Adrian Castillo ] La falsa austeridad Aunque una de las banderas políticas del jefe de gobierno es la austeridad, en las cifras macro esta nunca se notó. De hecho, de 2003 a 2004, a pesar de la promesa de no incrementar los salarios de los funcionarios de primer nivel, toda la alta burocracia del GDF, conformada por secretarios, subsecretarios, secretarios particulares, asesores y directores, incluso el propio López Obrador se incrementaron el sueldo en 11.66 por ciento. Para este año, la inflación establecía que sólo se podían subir sus percepciones en tres por ciento. Con ello, el sueldo del chofer del jefe de gobierno, Nicolás Mollinedo, pasó, pro ejemplo, de 62 mil 997 a 70 mil 343 pesos mensuales y el del secretario particular del tabasqueño, Alejandro Esquer —el sustituto de René Bejarano—, se ubicó en 74 mil 397 pesos. Esto es, lo mismo que gana el procurador o el secretario de Seguridad Pública. Con este generoso incremento, ambos empleados ya cuentan con percepciones netas mayores a las de algunos presidentes sudamericanos como Luiz Inacio Lula Da Silva, de Brasil —sólo percibe al mes tres mil 300 dólares, unos 35 mil pesos— o Ricardo Lagos, de Chile, cuyos ingresos son de unos cuatro mil 200 dólares, alrededor de 46 mil 200 pesos. El peor en empleo —En lo referente al empleo, según cifras del INEGI, en 44 de 48 meses de gobierno de López Obrador —comprendidos entre enero de 2001 y diciembre de 2004— ha reportado una tasa de desempleo abierto por encima de la media nacional. —En 2001, el GDF tuvo un promedio de tres por ciento, mientras que la nacional fue de 2.5 por ciento; en 2002 registró tres por ciento, contra 2.7 de la nacional. —Para 2003 la nacional creció y se ubicó en 3.2, pero el GDF se fue más arriba y tuvo 3.6 por ciento. —2004 fue el peor año para la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues la ciudad de México, donde se ubica a la capital, alcanzó 4.7 por ciento en la tasa de desempleo abierto, mientras que en la nacional fue de 3.7 por ciento. —Esta situación se ha visto reflejada en el número de trabajadores afiliados al Seguro Social, pues la cifra cayó en 60 mil 168 al pasar de un millón 982 mil 428 en 2001, a un millón 912 mil 375 en 2004. Guerra a la transparencia En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la transparencia es, irónicamente, el capítulo más oscuro, pues el jefe de Gobierno ha obstaculizado el acceso a la información. El 7 de diciembre del 2001 se presenta la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un año y diez días después, se aprueba el dictamen en lo general y por unanimidad. Ahí comienzan los problemas para la ley, ya que el PRD, en desacuerdo con que el organismo fuera un ente público, se reserva un artículo. En realidad buscaba restarle autoridad y convertirlo en un consejo y sin financiamiento. El 20 de diciembre de 2002 el dictamen es remitido al jefe de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pero López Obrador lo regresa a la Asamblea con el interés de modificar la naturaleza del Consejo de Información y convertirlo en un consejo asesor. El 18 de febrero de 2003 la ALDF, en ese entonces sin mayoría perredista, como la de hoy, rechaza parcialmente las observaciones del jefe de Gobierno y ratifica el status dado al Consejo. Aunque al día siguiente López Obrador expresa que respetará la decisión, es hasta cincuenta días después de aprobada la ley cuando decide promulgarla, el 8 de mayo del 2003. El segundo capítulo del drama de la Ley de Transparencia comienza con el proceso de integración del Consejo de Información. El 8 de julio de 2003 la Asamblea nombra a los 3 ciudadanos que integrarán ese órgano y ese día se hacen del conocimiento del jefe de Gobierno los nombres de doce de quince consejeros no ciudadanos que lo integrarían. Entonces López Obrador reinicia el bombardeo desde el Zócalo. Refiere que no está dispuesto a pagar 60 millones de pesos para la operación y administración del Consejo y que tampoco quiere pagar sueldos millonarios a los consejeros, a pesar de que el organismo sólo tendría un presupuesto de 25 millones de pesos. El 21 de julio de 2003 rinden protesta los tres consejeros elegidos: Leoncio Lara Sáenz, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero. Pero el Consejo no puede instalarse porque el jefe de Gobierno había presentado una controversia constitucional en contra de la convocatoria y todos los actos subsecuentes tendientes a la designación de consejeros ciudadanos. Entonces la Cámara de Diputados interviene y el 27 de agosto presenta un punto de acuerdo en relación con la apertura y el acceso a la información en el DF. Durante una reunión de los consejeros con las comisiones de Administración Pública entrante y saliente de la ALDF, el nuevo líder de la Asamblea y operador político del jefe de Gobierno, René Bejarano, les solicita su renuncia. Además, propone la reposición del proceso de selección. El consejero Lara decide entregar su renuncia, la consejera Odette Rivas no expresa posición y la consejera Pérez-Jaén se niega a dimitir argumentando que aceptar la propuesta equivaldría a “avalar la descalificación de la institución y de las personas”. Por esas fechas se hace pública la relación del ministro Góngora, al cual le fue turnada la controversia sobre la elección de los consejeros, con López Obrador. El propio Góngora admite que hay una amistad. El 14 de noviembre de 2003, la segunda sala de la SCJN, con el voto unánime de los ministros (incluido el del Ministro Góngora), resuelve el recurso de reclamación, ordenando al jefe de Gobierno nombrar a sus tres representantes y que se dé por instalado el Consejo. La fracción del PRD de la Asamblea —ya para entonces fuerza mayoritaria— intenta llevar un dictamen de reformas de la ley al pleno de la Asamblea, para no acatar el mandato de la Suprema Corte. En esa acción se pierde tiempo y los capitalinos se quedan sin ley. Ante la presión de los medios, López Obrador dice: “la ley anterior estaba mejor”. El 31 de diciembre del 2003 se publica la ley para su entrada en vigor el día siguiente. El PRD anuncia que hará valer su mayoría imponiendo a Gustavo Velázquez como tercer consejero ciudadano, pero Crónica descubre que éste falseó información para obtener el cargo. Aún así, Velázquez recibe el 26 de mayo el apoyo de la Contraloría General del GDF, encabezada por Bertha Luján. María Elena Pérez-Jaén declara una parálisis en el Consejo (Consi) e invita a López Obrador a visitar las instalaciones. Los medios dan cuenta de condiciones deplorables del inmueble que se dio al órgano. Pese a que el 17 de febrero de 2004 el Gobierno de la ciudad publica como único criterio de clasificación de información para todas sus dependencias que todo será “público”, durante ese año prácticamente los 60 entes obligados —secretarías, órganos desconcentrados y delegaciones— emiten acuerdos que rebasan la ley al considerar como reservada información básica. Desde el avance en el ejercicio presupuestal hasta contratos de publicidad, se consideran confidenciales, al igual que sueldos de funcionarios, costo y planeación de las megaobras viales, datos de contratos y licitaciones de obra pública y adquisiciones. El 18 de marzo, tras revelarse el ocultamiento de información en la Jefatura de Gobierno, López Obrador emite un acuerdo para “abrir todo”. Sin embargo, eso fue sólo papel, pues las negativas de las dependencias a informar a cabalidad continúan, como ha evidenciado el Consi. El 7 de julio del 2005 se aprueban reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información con el voto en contra de las fracciones del PAN y PRI, pues con las enmiendas el PRD decide destituir a los integrantes del Consi. Además, se incluye una frase intimidatoria —en el artículo 44 bis— dirigida a quienes soliciten información pública. [ Raquel Vargas ] La reforma más reciente El pasado 7 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que tuvo buena recepción, pero que ya se le aplicará a López Obrador. Entre sus beneficios: * Se crea el Instituto de información Pública. * Se ciudadaniza con cinco personas de la sociedad civil. * Salen funcionarios, diputados y representantes de órganos autónomos del Instituto de Información Pública. * Podrán realizarse solicitudes de acceso a la información vía Internet. * Ya no será necesario presentar identificación para solicitar información. * El artículo 28 de la Ley de Transparencia obkliga al ente público a explicar y fundamentar el daño o perjuicio que le pueda causar dar a conocer información pública. * Desaparecen los acuerdos clasificatorias de información, por lo que sólo será reservada aquella que ponga en riesgo la salud o la seguridad pública o informes confidenciales que pongan en peligro la vida. * Se reduce de 10 a 7 años el plazo para de reserva de información clasificada. * Amplía la información de oficio. * Se incluye la excepción de lesa humanidad en la información reservada. * Determina la transparencia en expedientes jurisdiccionales. * Simplifica plazos en la tramitación y respuesta. * Las resoluciones del instituto son vinculatorias. * Establece la respuesta en sentido afirmativo ante la falta de respuesta con la obligación de entregarla gratuitamente. Venden cara su información —No obstante la transparencia que presume el Gobierno capitalino, el acceso a la información pública, no es una realidad en la ciudad, no sólo por la resistencia a abrir los archivos, sino por los altos costos para conocer datos de interés general. —Así, si un ciudadano común quiere detalles sobre las megaobras viales, por ejemplo, deberá tener listas cantidades de 200 a 700 mil pesos para, literalmente, “comprar” la información. —El encarecimiento de los datos, que los hace inaccesibles a los ciudadanos comunes, a quienes por tanto se les estaría vulnerando el derecho a la información, es el sustento de tres recursos interpuestos para avanzar en la transparencia en la ciudad. —Se trata de información solicitada a la Contraloría General del DF sobre las auditorías realizadas a los segundos pisos de Periférico y cuyo costo se valuó en cerca de 700 mil pesos. —Actualmente el Consejo de Información Pública (Consi) analiza un recurso en la materia. —Otros dos casos se ventilan por la vía jurisdiccional, ante los jueces de Distrito. —Uno se refiere a la solicitud del diputado panista Obdulio Ávila hecha al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), para conocer el Proyecto Ejecutivo del Segundo Piso. —El costo de cada plano es de 150 pesos, por lo que esta información cuesta 300 mil pesos. —El otro, sobre la agenda del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, tiene el módico precio de 200 mil pesos, por lo que serán los jueces los que decidan si ese costo cumple con el derecho a la información consagrado en la Constitución. Al 2º piso, todo, y para agua... gotas La gestión de Andrés Manuel López Obrador dejará unos 41 kilómetros de nuevas obras viales, como se anuncia desde hace meses en la televisión, pero también entrega descapitalizada el área de las obras hidráulicas —no se construyó ni un metro de drenaje profundo ni tampoco de acuaférico— y sumido en un deterioro progresivo al Sistema de Transporte Colectivo, (Metro). De acuerdo con las más recientes auditorías al Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vialidades (Fimevic), organismo constructor de las obras viales, casi mil millones de pesos de rubros, como seguridad pública, desarrollo social y Metro, fueron desviados tan sólo en 2003 para hacer los llamados segundos pisos y puentes. Y de 2002 a 2004 esta dependencia gastó cinco mil 619.4 millones de pesos, a pesar de que en el mismo periodo la Asamblea Legislativa sólo le había aprobado originalmente 469.2 millones de pesos, según indican las Cuentas Públicas y los Informes de Avance Trimestral. La mayoría perredista en la Asamblea Legislativa siempre aprobó las alteraciones presupuestales, a pesar de los riesgos que se advierten en el mediano plazo por el abandono de obras de transporte público y abastecimiento y desalojo de aguas que le dan sustentabilidad a la ciudad. Así, por ejemplo, en 2003 el Fimevic recibió de un plumazo dos mil 69 millones 636 mil pesos extra y en 2004 un incremento de dos mil 316 millones 773 mil pesos. Mientras que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) en 2004 sufrió un recorte de 297 millones 733 mil 916 pesos, lo que representó 13.23 por ciento menos de su presupuesto. Un estudio elaborado por el SACM, titulado “Evaluación de la Infraestructura Hidráulica de la Cuenca del Valle de México”, advirtió al jefe de Gobierno de los riesgos de dejar en segundo o tercer término en importancia las obras de drenaje y abastecimiento de agua. Actualmente, señala, existe una “sistemática descapitalización del sistema hidráulico”. “El presupuesto de 2004, así como los asignados en los últimos tres años, han sido insuficientes para cubrir los programas básicos de mantenimiento del sistema y para mantener los niveles de inversión necesarios para la ampliación y modernización de la operación de la infraestructura”. Sin embargo, el mandatario local ignoró las advertencias que este año se volvieron realidad: cinco delegaciones padecieron por la cancelación del suministro de agua por más de 20 días y en demarcaciones como Iztapalapa el delegado, Víctor Hugo Círigo, señaló incluso la posibilidad de un estallido social, pues se comprobaron secuestros de piperos y enfrentamientos entre vecinos por una cubeta del líquido. El del SACM no fue el único análisis que el tabasqueño pasó por alto. También desdeñó el Estudio Integral de Transporte y Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2000, que desde principios de su administración hizo un llamado urgente para que se construyeran las líneas 10, 12 y 13 del Metro y se ampliaran las líneas B, 4, 5, 6, 7 y 8. De acuerdo con el documento elaborado por el Estado de México y el propio GDF, ésta sería la única forma de resolver los conflictos viales y de transporte en la capital. Aún con ello, desde 2001 el mandatario local ordenó la cancelación de la construcción de la línea 10 y la ampliación de la 8, como tenía previsto la Secretaría de Obras. CAMBIO ESTRUCTURAL. Convencido por el ingeniero José María Rioboo, impulsor histórico del viejo proyecto de los segundos pisos, Andrés Manuel López Obrador le pagó sin licitación de por medio 140 millones 803 mil 18 pesos para la realización de todos los proyectos ejecutivos. Con el tiempo, Rioboo se consolidaría como el proyectista favorito de López Obrador, pues más tarde también lo elegirían para proyectar los puentes vehiculares de Prolongación San Antonio, Lorenzo Boturini, Fray Servando y avenida del Taller, el deprimido vehicular Av. Del Rosal, la primera etapa de la Ciclovía y las gazas elevadas del corredor de transporte público Metrobús. Aunado a ello, para la construcción de las obras viales la Secretaría de Obras y su titular, César Buenrostro, serían relegados y, en su lugar, habilitada la secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum. Así, el 11 de junio de 2003 se inauguró el distribuidor vial San Antonio. Sin embargo, desde entonces la información financiera y de resistencia sísmica no ha sido pública y ni a través de solicitudes con base en la ley de transparencia se puede conseguir. La fiscalización de las también llamadas megaobras tampoco se salvó de vicisitudes y bloqueos impuestos por el gobierno del DF y los diputados locales del PRD. Sólo hasta hace un par de semanas se conocieron los resultados de la primera auditoría al fideicomiso que hizo las obras viales. La Contaduría Mayor de Hacienda reveló el gasto irregular de al menos 706 millones de pesos, por pagos duplicados o no justificados, y ampliaciones de contratos aún no clarificadas, entre otras. Y más aún: la colocación de al menos 449 estructuras que presentaban deficiencias: daños al ser transportadas o montadas, otras (24) que no pasaron las pruebas de resistencia y especificaciones de concreto y algunos más —485, según la auditoría— que se manipularon o recortaron sin permiso, afectándose con ello su diseño estructural. [ Alejandra Sánchez Inzunza ] El diagnóstico De acuerdo con un estudio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, “el drenaje presenta condiciones de riesgo permanentesdebido al deterioro de la infraestrcutura, cuyos problemas básicamente son de tipo estructural motivados por haber rebasado su vida útil No ha recibido tratamiento preventivo y correctivo. La sobreexplotación del acuífero es del 35 por ciento y por ello se generan hundimientos diferenciales en diversas zonas Adjudicaciones al gusto —La construcción de obras viales no ha sido el área más transparente del gobierno, de acuerdo con estimaciones previas, pues el jefe de Gobierno se brincó procesos de licitación y adjudicó obras por al menos por 2.4 mil millones de pesos. —Entre ellas figuran, el segundo piso de Periférico, los puentes de Santa Fe, la remodelación de Reforma, el hospital de especialidades de Iztapalapa, el Metrobús y los túneles de Eje 5 Poniente. —Con base en adjudicaciones directas, invitaciones restringidas o intercambios de predios, el ejecutivo local ha justificado la entrega de obras a particulares sin un concurso de por medio. —Sólo a construcción de las 16 preparatorias y de la Universidad de la Ciudad de México no se reportaron anomalías mayores. En esos casos, la dependencia a cargo sí fue la secretaría de Obras. —No obstante, un hecho que en las inauguraciones del jefe de Gobierno hizo común fue que las obras se abrían al público casi siempre inconclusas. Por el bien de todos, primero... los coches Relegado durante cuatro años de las prioridades del Gobierno de la ciudad, el transporte público capitalino se debate hoy entre la insuficiencia, la mala calidad del servicio, el clientelismo y la corrupción. Pero en el ocaso de la administración de la ciudad a cargo de Andrés Manuel López Obrador la campaña publicitaria intensa ser convincente: “A mí, me cumplió”, rezan los carteles pegados en vagones y andenes del metro para hablar de la compra de 986 autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Otros difunden la adquisición de 45 trenes nuevos para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Pero a esas compras en casi cuatro años y medio de gobierno obradorista y la inauguración del Metrobús, único sistema de transporte masivo creado durante esta administración, se reducen a la atención prestada a la movilidad de casi seis millones de personas diariamente. Los mas afectados son los capitalinos con menores recursos económicos, sin automóvil particular y que se trasladan en el transporte público que presta el gobierno: Metro, camiones, trolebuses o en el concesionado: taxis y microbuses. SU MAJESTAD, EL AUTO. Es por las deficiencias y las insuficiencias del transporte público, sumadas a las facilidades de crédito, que de 2000 a 2004 se incrementó el parque de vehículos particulares en un millón de unidades, según cifras de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Esto no es gratuito. Si algo caracterizó a este gobierno fue el estímulo al uso del automóvil particular con construcción de vialidades en toda la ciudad, y el desaliento al empleo del transporte público. Así, se construyeron en el poniente el segundo piso de Periférico, el Circuito de los Poetas, Avenida Centenario y Eje 5 Poniente; en el oriente el Eje Troncal Metropolitano (integrado por los puentes de Zaragoza, Fray Servando, Taller, Muyuguarda, Ermita y Marruecos, estos dos aún en proceso) y en el Centro el Corredor de Reforma. El costo de esas vialidades contrasta, con el desinterés por construir otra línea del Metro o con el monto dedicado al Metrobús, 300 millones de pesos. Y aunque este sistema se dejó para el último tramo de la gestión de López Obrador, la mala planeación ha sido su característica, de modo que se destinaron 80 autobuses articulados, para 251 mil viajes diarios, en los que priva el hacinamiento de usuarios. Este gobierno propició, como nunca, la baja calidad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mismo que enfrenta hoy una reducción en sus tiempos de recorrido, del servicio y de sus instalaciones, además de frecuentes suspensiones por fallas eléctricas y mecánicas, más de una veintena en lo que va del año, mientras 40 vagones están abandonados e inutilizados por falta de refacciones. Otros sistemas olvidados son los de la Red de Trasporte de Pasajeros (RTP) con mil 400 unidades, de las cuales 30 por ciento ya tiene 12 años de antigüedad, y los trolebuses, cuya flotilla es de 489 unidades, pero sólo operan 344, pues el resto enfrenta continuos desperfectos y falta de refacciones. CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓN. El transporte público concesionado no es mejor, pues microbuses y taxis han sentado sus reales en la ciudad. Aunque en diciembre del 2000 López Obrador anunció que no se otorgaría ni una sola concesión de taxi por lo menos hasta 2003 y combatiría a los piratas, hoy éstos llegan, según cifras conservadoras, a 50 mil unidades. Según la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) ésta es la administración que más irregulares ha remitido al corralón. Pero la mayoría circulan sin ser molestados por al autoridad pues son éstos fuente de apoyo electoral, de movilización política y de recursos. No es gratuito que detrás de organizaciones de taxis piratas estén perredistas, entre ellos José Jiménez, Adolfo López Villanueva y Alfredo Hernández Raigosa. Y tanto taxis regulares como irregulares son fuente millonaria de recursos no sólo para los líderes sino también para el gobierno. Con o sin concesión, los casi 150 mil taxis pagan alrededor de cuatro mil 200 pesos por reemplacamiento, engomado, tarjeta de circulación, licencia tarjetón —incluidos cursos, examen médico, examen en simulador y derechos por tres años más— además de revista. [ Carina García ] Las promesas * Bando 9, 15 de diciembre del 2000. “En los próximos tres años no se otorgarán más concesiones para taxis… se combatirá, conforme a la ley, la circulación de taxis irregulares con la coordinación de la PGJDF, la SSP, la Setravi”. * Se reanudarán las obras para la ampliación y mejoramiento del Metro y el Tren Ligero, para comunicar fundamentalmente al sur de la ciudad. * Se evaluará la cartera de macroproyectos de transporte masivo, como el tren elevado, tren suburbano y tren ecológico. * El Sistema de Transportes Eléctricos se consolidará. Mejorará el aprovechamiento del parque vehicular de trolebuses y autobuses así como su mantenimiento, se rehabilitará el material rodante que ha envejecido. * A partir de un proyecto conjunto con instituciones de investigación y de educación superior públicas, se operará y resguardará el electrobús, implantándose inicialmente en una ruta de alto significado ecológico. * Habrá un Número Unico de Registro Vehicular. El problema —En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México circulan 3.5 millones de vehículos particulares. Sólo en el DF circulan 2.5 millones. —Diariamente se realizan 4 millones de viajes en auto particular, es decir, el 18 por ciento de los traslados que ocurren en la ciudad. Los viajes metropolitanos son 4.2 millones. —En contraste, el Metro, trolebuses, tren ligero y autobuses, en conjunto, sólo absorben el 17% de los traslados. Estos medios deberían constituir la oferta vertebral del transporte. —Tan sólo en las 11 líneas del Metro se trasladan 4.2 millones de pasajeros, por lo que cubre el 14 por ciento de la demanda de movilidad. —Los 489 trolebuses y el tren ligero cubren menos del 1% del total de la demanda de transporte.. —Los taxis —106 mil 604 regulares— presentan sobreoferta debido a la circulación de vehículos irregulares, que se estiman en 50 mil. Debido al exceso de unidades el 90% circula mucho tiempo vacía, lo que genera altas emisiones contaminantes. Realizan un millón 100 mil viajes diarios, es decir el 5 por ciento de la demanda de traslado de más de medio millón de pasajeros. —Existen 28 mil 504 microbuses y autobuses. —Se calcula que en transporte público concesionado (taxis, microbuses) se realizan el 65 por ciento de los viajes. —Operan 9 empresas concesionarias de autobuses, con mil 197 unidades en 97 rutas. Trasladan a un millón 200 mil personas. —La mayor parte de la población destina más de dos horas para trasladarse de su hogar al centro de trabajo. —La velocidad promedio de los vehículos en la ciudad es de 23 kilómetros por hora y se prevé que en cinco años sea de 18 km/hr. El “privilegio” de ser amarillo Deficiencias en el sistema de recuperación de créditos, beneficios para las organizaciones perredistas y déficit en construcción caracterizan al programa de vivienda de Andrés Manuel López Obrador. La falta de infraestructura, los problemas legales y la tolerancia de las autoridades han generado que el sistema de cobro de créditos para vivienda del GDF arrastre adeudos por 582 millones 948 mil 400 pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2004. BENEFICIO PERREDISTA. La lista de proyectos que posee el Instituto de Vivienda (Invi) alberga un amplio número de agrupaciones del PRD, entre ellas 14 organizaciones que se derivan de Asamblea de Barrios; seis del Frente Popular Francisco Villa y tres de Patria Nueva. Hasta enero del 2005, algunas de las organizaciones beneficiadas fueron la Asamblea de Barrios, que surgió a raíz de los sismos de 1985 como una de las principales demandantes de vivienda y que tuvo derivaciones a partir de 1993 como Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y Asamblea de Barrios Patria Nueva, esta última —surgida en 1996 y que tuvo como líder a David Cervantes, hoy director del Invi— ha recibido más de 600 créditos. Otras son Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, con mil 616 créditos; Asamblea del Comité de Lucha Urbana del DF, 94; Vanguardia Ciudadana, mil 892 y Asamblea de Barrios de la Nueva Ciudad de México, 499. Las Asambleas del Grupo Pensil recibieron dos mil 445; Independiente de Azcapotzalco, 40; Asamblea de Barrios Patria Nueva, 589. También están Patria Nueva Edcor, AC, con 24 créditos; Organización Social Patria Nueva, con 375, y Patria para Todos, 232. El Frente Popular Francisco Villa, creado en 1989 en la zona El Molino, Iztapalapa, agrupa 56 pequeñas organizaciones solicitantes de vivienda. Actualmente sus líderes son dirigentes del PRD o legisladores, como José Jiménez Magaña, presidente de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del DF. Autoridades de vivienda señalan que sobresalen las agrupaciones perredistas porque, históricamente, son las principales demandantes de vivienda, se organizan mejor y cumplen con los requisitos. DESCONTROL. Sin embargo, la constante entrega de créditos sin un mecanismo de control para recuperarlos ha ocasionado el incremento cada vez mayor de la cartera vencida del Instituto de Vivienda. Javier Granados, director de Vivienda en Conjunto del Invi, expresa que se ha tratado de mejorar la recuperación de créditos; pero la falta de infraestructura, algunos problemas legales y “porque es un programa social” dificultan el cobro. Señaló que en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han realizado 28 mil acciones de vivienda, de las que están dadas de alta aproximadamente 22 mil. No obstante, un 20 por ciento, cuatro mil 400, no cumple. A esto se suman las aproximadamente mil 500 acciones de vivienda que vienen desde la administración pasada con alguna problemática, y que equivalen a pérdidas, desde hace cinco años, por 45 millones de pesos. Granados detalló que si se considera que el promedio de mensualidad que paga el acreditado es entre 500 y 600 pesos, dependiendo del tamaño y el proyecto de la vivienda, al mes, por esas mil 500 viviendas, se dejan de recuperar entre 750 mil y 900 mil pesos; y al año entre nueve y 11 millones de pesos. De las cuatro mil 400 de esta administración no se recuperan al mes unos dos millones 640 mil pesos, y en un año unos 26 millones de pesos. SE CUELGAN DE LA LUZ. El GDF ha realizado, de 2001 a 2005, 126 mil acciones de vivienda, de las que 28 mil son de vivienda nueva en conjunto y 98 para mejoramiento de vivienda. Y aunque se ha tratado de agilizar la recuperación de cartera incentivando una cultura del pago, esto ha sido insuficiente Granados admitió que la estructura del instituto está diseñada más para el otorgamiento de los créditos, la construcción y entrega de las viviendas, y no para dar seguimiento a toda la entrega de créditos, lo que dificulta el trabajo. A la falta de pago de mensualidades se suma que en muchos casos la vivienda recién otorgada es traspasada, subarrendada, utilizada como bodega o no es ocupada por falta de servicios. Aunque las 28 mil acciones de vivienda están terminadas, algunas se encuentran en la etapa final de instalación de servicios: conexión de drenaje, agua potable y energía eléctrica, esta última de las más tardadas. Respecto a este último, Granados manifestó que generalmente las viviendas son ocupadas antes de que se instale la energía eléctrica. “A veces lo que se hace es contratar lo que se llama consumo ilícito; se permite, por parte de la compañía, que la gente se conecte a la red existente y pagan una cuota fija, pero no hay medidor. No son las mejores condiciones, porque a veces hay sobrecargas en las líneas y hay problemas. “Entonces, en algunos casos, la gente, por no tener su conexión bien, a veces no se va todavía a vivir o no acepta empezar a pagar la recuperación del crédito hasta que tienen todos los servicios”, expresó. [ Blanca Estela Botello ] Casitas y casotas En promedio, las casas entregadas por el GDF miden 50 metros cuadrados; pero hay algunas de 48 metros cuadrados y otras, las menos, de 60 metros cuadrados, de éstas últimas han sido beneficiados integrantes de la agrupación Patria Nueva, quienes han obtenido departamentos de hasta de 85 metros cuadrados en la colonia San Bartolo Atepehuacán, delegación Gustavo A. Madero, que llegan a tener tres recámaras e incluso estacionamiento. Pero en general se trata de espacios reducidos, si se considera que en promedio el número de integrantes de una familia es de cinco a seis personas, que deberán convivir en un área mínima con dos recámaras, estancia-comedor, un baño, mini cocina y un mini patio de servicio. —Viviendas al final del sexenio: 40 mil viviendas. —Demanda: 60 mil. —Predios adquiridos para construcción: 650 (se prevé llegar a 720 en dos años). —Inmuebles expropiados de 2001 a junio 2005: 577. —Acciones de vivienda hasta la fecha: 126 mil. —Meta al final del sexenio: 150 mil acciones. —Costo del suelo para vivienda de interés social: entre 2 mil y 3 mil 500 pesos el metro cuadrado. Primer paso: la toma del PRD En estos cinco años Andrés Manuel López Obrador actuó en dos frentes: el PRD y el GDF. Para fortalecerse en el primero se alió al grupo político del ex priista Manuel Camacho Solís, que una vez enquistado en el PRD sirvió para constituir la tribu de Los Pejes, y con ella arrebatarle, primero, el partido a la izquierda histórica, y luego la candidatura presidencial. Para tal efecto, en el camino eliminó a Cuauhtémoc Cárdenas, atacó a Rosario Robles y no tuvo rival en el resto de las tribus. A juicio del politólogo de la UAM Pablo Javier Becerra, desde 2003 López Obrador consiguió ser visto como candidato ideal. Fortalecido, este año impuso a los actuales dirigentes nacional y local del sol azteca y a la candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México, Yeidckol Polevnsky. En el GDF, López Obrador construyó su popularidad usando como herramienta programas clientelares y el control de la agenda mediática a través de las conferencias matutinas. Fue precisamente en este espacio donde usó la estrategia que le ha servido para obtener todos los cargos que ha buscado: la victimización. Alianzas. Derrotado en 1994 por Roberto Madrazo en su aspiración a ocupar la gubernatura de Tabasco, López Obrador se dedicó a tomar pozos petroleros y hacer marchas para denunciar un presunto fraude del priista. Según Becerra, el método de hacerse pasar por víctima incrementó sus simpatías al interior del PRD, por lo que buscó la presidencia nacional de ese partido, la cual obtuvo en 1996. “Carecía de un grupo propio, pues no venía de la élite perredista, sino de haber sido presidente estatal del PRI en Tabasco, y vio la necesidad de buscar alianzas con otros personajes similares a él”, dijo Becerra. Así, se alió con la corriente de la Corriente Izquierda Democrática, dirigida por René Bejarano, y al término de su periodo, en 1999, decide buscar la jefatura de Gobierno del DF, apoyado por esa tribu. “Ahora ocurre lo mismo. Es el caso de Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrard y todos estos ex priistas que se han integrado recientemente al PRD es una estrategia probada por él”, anotó el especialista. De hecho, a Ebrard, quien ha sido siempre mano derecha de Camacho, lo integró a su gabinete del GDF como secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó hasta noviembre del 2004, cuando fue destituido por el presidente Vicente Fox por el linchamiento de tres agentes de la PFP, en Tláhuac. Aún así, lo reacomodó en su equipo. En febrero de 2005 lo designa secretario de Desarrollo Social, es decir, encargado de la entrega de becas en efectivo a viejitos, madres solteras y discapacitados, además de desayunos escolares y útiles gratuitos a niños de primaria y secundaria. Ahora Ebrard está identificado por perredistas como el delfín de López Obrador para ocupar la jefatura de Gobierno de 2006 a 2012. Los Pejes. Las alianzas de López Obrador y el uso de su peso político logrado en el GDF provocaron que el PRD fuera infiltrado por personajes sin trayectoria dentro del partido. Crónica dio cuenta el 4 de julio que en el sol azteca había nacido otra tribu: “Los pejes”, cuyo objetivo es llevar a López Obrador a la Presidencia de la República, y a Marcelo Ebrard a la jefatura de Gobierno. A esta corriente pertenecen funcionarios del GDF y ex priistas que se definen como políticos de centro, y no de izquierda. Están los coordinadores de su campaña política: Ricardo Monreal, Manuel Camacho y Socorro Díaz, todos ex militantes del PRI, igual que el actual dirigente nacional del PRD, Leonel Cota. También el grupo Tabasco que llegó con López Obrador al GDF: el Oficial Mayor, Octavio Romero; su secretario particular, Marcos Herrerías, quien además es cuñado de Pedro López Obrador; el chofer logístico, Nicolás Mollinedo; su primo, Rafael Marín Mollinedo, director general de Servicios Urbanos, y el director de Patrimonio Inmobiliario, Alberto Pérez. Están además el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, y el de Finanzas, Arturo Herrera. El encumbramiento de esta tribu se dio con la imposición de Leonel Cota y Martí Batres en las dirigencias nacional y local del PRD, respectivamente. “El PRD siempre fue partido de un caudillo. Cuando se apagó el aura de Cuauhtémoc Cárdenas luego de tres intentos por llegar a la Presidencia, los grupos buscaron un nuevo caudillo y encontraron a López Obrador, por eso (Los pejes) controlan el partido”, apreció el politólogo de la UAM. Eliminar a Cárdenas. Esto no lo hubiera logrado López Obrador sin haber minimizado el poder de Cuauhtémoc Cárdenas, reconocido como líder moral del PRD. Los embates del tabasqueño hacia el ingeniero se hicieron notorios desde que asumió la jefatura de Gobierno, en diciembre del 2000. Lo hizo atacando directamente a Rosario Robles, quien suplió a Cárdenas en la jefatura de Gobierno cuando el ingeniero decidió lanzar su tercera candidatura presidencial. “López Obrador puso en marcha una agresiva campaña de exterminio de las bases y soportes del grupo en el que se apoyaba su padre político, Cuauhtémoc Cárdenas”, escribió el periodista Ricardo Alemán en su columna del 10 de julio pasado. Y es que, recuerda, López Obrador filtró en mayo de 2001 un “presunto fraude” cometido por Robles, al hacer contratos de publicidad con la empresa Publicorp, que derivó en el escándalo del “cochinito” con el que supuestamente promovería su imagen. En marzo del 2002 Robles gana la dirigencia nacional del PRD, al sobreponerse a Jesús Ortega, candidato de López Obrador a ocupar ese puesto. El grupo de Cárdenas había anotado un punto a su favor. La revancha llegó en 2003, cuando también desde el GDF se filtró información acerca de supuestos manejos irregulares de Robles como dirigente perredista. El escándalo fue tal que Robles renunció al puesto, y el 1 de abril de 2004 Cuauhtémoc Cárdenas dimitió de todos sus cargos dentro del partido “en protesta por el exterminio al que había sido sometido su grupo político”, apuntó Alemán. Con su grupo político aplastado, hace unas semanas, Cárdenas declinó a contender en el proceso interno del PRD para elegir candidato a la presidencia, dejando el camino libre a López Obrador. Y para mantener a raya a Robles, López Obrador encarceló en 2004 a su compañero sentimental, Carlos Ahumada, acusado de fraude genérico por el GDF, tras la exhibición de videos en que se ve al secretario de Finanzas del tabasqueño, Gustavo Ponce, apostando en Las Vegas y a su ex secretario particular, René Bejarano, recibiendo millones de dólares del empresario. [ Raymundo Sánchez ] Subir a golpes “La estrategia de hacerse pasar por víctima la ha usado muy bien López Obrador desde los últimos 15 años, su estrategia es forzar al enfrentamiento, hay que recordar esa foto de 1994 donde aparece sangrando de la cabeza, usa esa estrategia y la sabe usar muy bien”, asegura Pablo Javier Becerra. Ese comportamiento, dice el especialista, lo ha posicionado ante la opinión pública, y desde 2003 se perfila como el aspirante presidencial mejor colocado en las encuestas, además de que se aprovechó del foro del GDF para imponer su agenda a todos los actores políticos. Y lo hizo subiéndose al ring cuando así le conviene y en contra de quien sea: el presidente, el Congreso, partidos (incluyendo militantes del PRD), Poder Judicial, medios de comunicación y empresarios, entre otros. “Ha logrado crecer en este contexto de enfrentamiento, y es muy interesante porque es un político que no puede crecer si no está en constante pleito con alguien”, definió el politólogo. Los video escándalos El mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos ocurrió en marzo de 2004 cuando todo el país pudo ver cómo el secretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce, apostaba miles de dólares en un casino de Las Vegas. También a su operador y aliado político, René Bejarano, embolsándose fajos de dólares producto, según las denuncias, de sobornos que exigía. Ese hecho fue combatido por el tabasqueño haciéndose pasar por víctima de un complot en el que, según él, estaban involucrados Ahumada, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, el presidente Fox, PRI, PAN, Diego Fernández de Cevallos y hasta el departamento del Tesoro estadunidense, entre otros. Lo mismo hizo en Mayo, cuando la PGR decidió acatar la orden de un juez para enjuiciar a López Obrador por el presunto fraude que cometió al violar un amparo en el caso de El Encino. Igualmente alegó “complot” para “evitar que aparezca en las boletas electorales del 2006”. En esa supuesta “conspiración”, repetía todos los días, veía a Salinas, Fox, PRI y PAN. Varias veces movilizó a sus huestes en marchas para presionar, hasta que en abril del 2005 el presidente Fox ordenó a la PGR archivar el asunto.

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