La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera de enormemente grave que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra haya señalado reiteradamente a través de su cuenta oficial en Twitter (@NavarraSUP) a la periodista Cristina Fallarás tanto por sus opiniones en una tertulia televisiva como por un reportaje periodístico, y exige la desautorización oficial por parte de la Policía y de la Delegación del Gobierno en Navarra de estos comentarios que suponen un ataque inaceptable a la libertad de información por parte de este colectivo de agentes.

Nos parece muy grave el señalamiento de la periodista @LaFallaras por parte de @NavarraSup. Preparamos comunicado de condena. https://t.co/wi9Grcs4rH — PDLI (@PDLI_) 5 de septiembre de 2017

Este sindicato policial dedicó varios mensajes en Twitter a increpar personalmente a Fallarás por valorar en el programa de actualidad política ‘Las Mañanas de Cuatro’ uno de los temas noticiosos del día que se debatían en el espacio: La aparición de una pintada fascista en un monumento de la sierra navarra de Urbasa a fusilados republicanos.

Aunque el hecho fue comentado por varios de los analistas del espacio, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra censuró expresamente la opinión de la periodista por criticar este hecho, acusándola de callar “ante ETA”.

Alguien está metiéndose en 1 jardín.

No creo q el papel del sindicato d la @policia sea insultar a una periodista x criticar 1 pintada facha https://t.co/8ZnKfkGjO8 — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 4 de septiembre de 2017

Como era previsible, este señalamiento personal relacionado con una acusación tan seria, fue la provocación de una oleada de mensajes contra la periodista:

“Tal y como suponía, y como avisé desde el principio a estos funcionarios de la Policía, el hecho de que ellos me señalaran ponía en marcha una campaña de insultos y amenazas, algo que por supuesto estos policías no ignoran, de lo que cabría deducir que era su intención”, explica Fallarás en el artículo ‘Muy preocupada tras recibir este ataque policial’.

El acoso del sindicato policial contra Fallarás no se limitó a estas acusaciones difamatorias: también la increparon por un trabajo periodístico sobre las ‘devoluciones en caliente’ en Melilla.

“Más allá de que se trata de una mentira hecha pública, y por lo tanto una calumnia, tanto ellos como cualquiera conoce las repercusiones de señalar a alguien y de acusarle de callar ante el terrorismo. Para empezar, que una vez publicado, son muchas las personas que lo leen y le dan crédito. En fin, no lo dice un troll, sino un sindicato policial. O sea, un grupo de policías. No será la primera vez que me insulten o amenacen por la calle a causa de mis opiniones y mi trabajo periodístico. Sin embargo, el hecho de que puedan escudarse en las afirmaciones de policías cambia la dimensión del asunto.

Por otra parte, el hecho de que miembros de un cuerpo de seguridad, funcionarios del Estado, pasen a valorar e intervenir en el trabajo de una periodista me parece extraordinariamente grave. Porque, tras señalar públicamente mi opinión en las Mañanas de Cuatro, el mismo SUP pasó a responderme que nos veríamos en los juzgados a causa de un reportaje mío publicado en CTXT y reproducido en este mismo medio, en Público.”

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que ha trasmitido su apoyo y solidaridad a Cristina Fallarás, considera inaceptable que un colectivo policial pueda acosar y atacar a periodistas por su labor informativa, o por sus opiniones, y exige una desautorización inmediata por parte de las autoridades de Interior.

La PDLI va a dar traslado de estos hechos a los Grupos Parlamentarios para instarles, de nuevo, a que pidan explicaciones.

Ya el pasado mes de junio, la PDLI exigía al ministro del Interior que cesasen las amenazas policiales a periodistas: La presidenta de la Plataforma, Virginia Pérez Alonso, se dirigió entonces a Juan Ignacio Zoido para transmitirle su “más firme queja ante repetidas actuaciones policiales contra el ejercicio de la libertad de información y ante las trabas a la labor de periodistas en el ejercicio de su función”.

Ante la falta de respuesta, unas semanas después la PDLI presentaba en el Congreso de los Diputados un escrito reclamando a los partidos medidas para impedir las frecuentes actuaciones policiales contra periodistas.