BRUSELAS.– El Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá que se ha negociado durante casi siete años y que en los próximos meses verá la luz. Lo hace en medio de una enorme polémica suscitada por la creciente oposición al acuerdo de una parte de la ciudadanía europea, así como de numerosas organizaciones y partidos políticos. En cuartopoder.es destacamos los diez aspectos más importantes relativos al Tratado.

1. El Tratado aspira a rebajar al máximo las barreras al comercio entre la UE y Canadá. El objetivo del CETA es reducir al máximo los obstáculos para aumentar el flujo comercial entre la Unión Europea y Canadá. Esto implica una reducción de los aranceles al mínimo e incluso su desaparición en muchos casos. Pero también la restricción de barreras técnicas o la armonización de determinadas prácticas para recortar costes, por ejemplo, en la realización de tests de seguridad a automóviles o juguetes. Aunque la UE ha insistido en que ningún producto que no cumpla las normas europeas podrá ser exportado, quienes se oponen al Tratado dudan de la exhaustividad de los controles. Además, el Tratado incluye un Foro de Cooperación Reguladora. Este foro, defiende la UE, no es más que un espacio de intercambio de buenas prácticas cuyo objetivo es trabajar en la armonización de las legislaciones europea y canadiense para continuar eliminando trabas al comercio. Sin embargo, quienes se oponen al CETA creen que esto abre la puerta a prácticas comunes en Canadá, como el fracking para la extracción de gas o el comercio de organismos genéticamente modificados (OGM), que están actualmente prohibidos o son minoritarios en la UE e incluso a la rebaja de los estándares sanitarios, medioambientales o sociales.

2. Todos los sectores están incluidos en el CETA, incluido el público. El CETA supondrá la liberalización del comercio entre la UE y Canadá en todos los ámbitos: agricultura, pesca, ganadería, industria, servicios, inversiones... Y también de los servicios públicos. Aunque los básicos como la educación, la sanidad o el suministro de agua están excluidos del Tratado, preocupa que éste menoscabe la capacidad de los Estados para gestionarlos y legislar sobre ellos, especialmente en lo referente a la privatización o nacionalización de determinadas prestaciones. Otros sectores también han mostrado su disconformidad con el tratado. Sin ir más lejos, el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo ha alertado sobre el impacto negativo del CETA en las comunidades rurales y las prácticas agrícolas tradicionales.

3. El Tribunal de Arbitraje, ¿un ataque a la democracia? Según la UE, el Sistema de Resolución de Litigios de Inversión está destinado "a proteger las inversiones extranjeras de un trato discriminatorio o injusto ante las administraciones", ya que el Tratado recoge el principio de justicia y equidad para las empresas de ambas partes. Aunque el CETA protege específicamente la capacidad de los Estados para legislar en materias como el medio ambiente, la salud pública o el ámbito social, entre los críticos con el texto preocupa que las diferencias entre la actual legislación de Canadá y los miembros de la UE puedan igualmente llevar a litigios. Es por eso que, insisten, este sistema menoscaba la capacidad de los países para legislar por miedo a enfrentarse a una demanda. Además, entienden, el Estado de Derecho tanto en Canadá como en la Unión es lo suficientemente fiable como para que no se explique la necesidad de un tribunal específico al acuerdo. Para hacer frente a las críticas suscitadas y ofrecer más garantías, la Comisión ha incluido varias modificaciones como que los miembros del Tribunal sean elegidos por las partes (Canadá y la UE) y no por los litigantes, o la inclusión de un Tribunal de Apelación.

4. Las dudas sobre la legalidad el CETA. Organizaciones como Jueces para la Democracia en España o la Asociación de Jueces Alemanes han puesto en tela de juicio la legalidad de la instauración de tribunales que menoscaben las capacidades de las instituciones judiciales nacionales y europeas. Los opositores al acuerdo entienden que el CETA atenta contra la independencia de la justicia y el derecho europeo. Uno de los veredictos más esperados al respecto era el del Tribunal Constitucional alemán que examinó el Tratado. Sin embargo, la corte alemana dio ayer su consentimiento a la firma del acuerdo. Entre las posibilidades que barajan algunos eurodiputados para frenar el acuerdo está denunciar ante el Tribunal de la UE, en Luxemburgo, el capítulo referente a las inversiones que consideran abusivo. Para hacerlo, necesitan una mayoría simple en el Parlamento Europeo que consideran difícil, pero factible.

5. El CETA, clave en la negociación del TTIP. La visibilización de la negociación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con Estados Unidos ha aumentado la atención sobre el acuerdo con Canadá. En cualquier caso, los movimientos sociales que desde hace meses se oponen al CETA lo hacen también contra el TTIP y el TISA, poniendo así en tela de juicio toda la política comercial de la UE. Un fracaso en la firma del tratado con Canadá seguramente tendría un impacto importante en la negociación con EEUU. Pero de aprobarse, por ejemplo, las empresas estadounidenses que tengan sede en Canadá se beneficiarían de la apertura al mercado europeo que implica el CETA.

6. Tres millones de firmas y decenas de protestas contra el CETA y el TTIP. La sociedad civil se ha organizado en contra de los tratados de libre comercio que la UE ha negociado o negocia. Sólo en España, organizaciones como Greenpeace, ATTAC o Ecologistas en Acción; sindicatos como CCOO, UGT o CGT o partidos políticos como Izquierda Unida, Podemos o Equo rechazan el acuerdo. Decenas de manifestaciones se han organizado en los últimos meses reuniendo a cientos de miles de personas en Alemania o Bruselas. También en España, una veintena de organizaciones ha llamado a la movilización durante toda esta semana.

7. La firma del CETA ya tiene fecha: el próximo 27 de octubre. La Unión Europea y Canadá han negociado el CETA durante casi siete años. El acuerdo debe ser ahora aprobado por el Consejo Europeo, el Parlamento y, en última instancia, por los Estados miembros, ya que ha sido declarado 'mixto', a pesar de la competencia exclusiva de la UE en materia comercial. El Consejo de Ministros de la UE se reúne el próximo 18 de octubre en Luxemburgo donde debería dar el 'ok' a la firma. De ser así, la ceremonia formal tendría lugar en Bruselas el próximo día 27, en una cumbre de los líderes de la UE con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que aunque no negoció el acuerdo, lo apoya.

8. El 'ok' de la Eurocámara, pendiente de los socialistas. El grupo de los Populares Europeos y Demócratas Cristianos (PPE-ED), la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa y los Conservadores y Reformistas Europeos apoyan el tratado; la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes, se oponen y los Socialistas y Demócratas aún debaten su posición. Mientras los alemanes han confirmado que apoyarán la firma, los belgas o los austriacos están en contra. El PSOE, por su parte, tampoco ha tomado aún una decisión al respecto. El veredicto del Parlamento Europeo sigue siendo una incógnita a pocos meses la votación.

9. Una región belga podría parar el CETA. Bélgica, cuyo sistema político es bastante complejo, podría determinar el destino del acuerdo con Canadá. El Gobierno federal, una coalición de centro-derecha, está a favor del mismo pero necesita la aprobación no sólo del Parlamento Federal, donde tiene mayoría, sino también de los regionales para ratificar el acuerdo. Y sólo la Región de Flandes se ha posicionado a favor. La Región Valona, gobernada por una coalición de centro-izquierda, propuso el pasado miércoles una resolución para retirar la delegación de poderes al Gobierno en la firma del Tratado y por tanto, bloquearlo. Hoy, ha confirmado su veto.

10. El CETA comenzará a aplicarse en 2017. Una vez firmado, el Tratado necesita el visto bueno de las instancias canadienses y también de la Eurocámara, además de ser ratificado por todos los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión ha introducido una propuesta, aprobada por el Consejo, mediante la cual, el acuerdo entrará en vigor provisionalmente a principios del próximo año. Una medida que ha sido tachada de antidemocrática.

(*) Beatriz Ríos es periodista.