La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que no es justificable que el 15.5 por ciento de la población no cuente aún con cobertura en salud. Esto pese a reconocer que se registró un avance, ya que hace ocho años el 42.8 por ciento de la población no tenía cobertura en materia de salud y actualmente disminuyó a 19.1 millones.

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, recordó que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las entidades federativas que en 2016 tenían porcentajes de población con carencias de acceso a los servicios de salud superiores al 15.5 por ciento eran Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz.

Por otro lado, apuntó que el gasto público en salud de ese año correspondió al 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

Expuso las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud, por lo que llamó a las autoridades para ratificar e integrar en nuestro sistema jurídico el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que permite al Comité DESC recibir comunicaciones de personas o grupos que consideren fueron violados sus derechos en estos ámbitos.

Explicó que ese panorama demanda políticas públicas y programas nacionales para garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en igualdad y no discriminación.

Acompañado por Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general, y por Mayela García Ramírez, directora ejecutiva de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, A. C., dijo que ese documento también recomienda asegurar que toda la población, especialmente la de bajos ingresos, acceda a servicios de salud adecuados, asequibles y de calidad; además, exhorta a asignar recursos suficientes al sector y continuar los esfuerzos para asegurar el acceso a la atención médica, en especial en regiones rurales y remotas.

A su vez, García Ramírez señaló que México tiene un marco normativo en materia de salud y, desde ahí, se tiene que planear, determinar, y ejecutar la política pública para garantizar efectivamente el derecho a la salud.