Cobran hasta $55 millones por año para permitirle a YPF explotar sus yacimientos. El pago es a modo de peaje por el uso de tierras consideradas sagradas

La desaparición de Santiago Maldonado tras su participación en una protesta mapuche en Chubut fue apenas la punta del ovillo.

A partir de allí, la sociedad en su conjunto comenzó a familiarizarse con la situación de los pueblos originarios, sus reclamos, sus luchas... y también sus negocios.

Es que las reivindicaciones históricas que vienen izando como banderas desde hace décadas, tanto en Argentina como en Chile, involucran áreas muy ricas en recursos naturales, especialmente en hidrocarburos.

Y, a medida que se conoce más sobre la situación, mayor es la atención de los argentinos que siguen muy de cerca este tema.

Sin embargo, hay un gran protagonista en esta historia al que no le resulta nada novedosa la confluencia entre el negocio petrolero y los reclamos de los pueblos originarios: la propia YPF.

Pasan los gobiernos (militar, radical, peronista y Cambiemos), también los tipos de sociedad (estatal, privada nacional, privada extranjera y restatizada), pero la petrolera de bandera ha mantenido una constante: pagarle a los mapuches.

El concepto principal es el pago por "servidumbre". Una especie de peaje que las empresas deben abonar por ley a los dueños de las tierras y que sigue siendo un tema de conflicto permanente con los "propietarios" de los terrenos.

El caso de YPF en Neuquén sintetiza esa relación entre los grandes grupos hidrocarburíferos con la comunidad mapuche.

Tal es así que en los últimos tres años, la compañía estatal lleva aportados la friolera de $100 millones para poder explotar Loma de La Lata, en el centro de la cuenca neuquina, a cien kilómetros de Plaza Huincul.

Juicio y reparación El yacimiento, que fue descubierto en 1977 y que hoy es considerado una de las áreas productoras más importantes del país, alberga a dos comunidades mapuches: la Payndemil y la Kaxipayiñ.

La primera llegó a la zona desde Tandil en 1900, mientras que la segunda lo hizo en 1950.

El conflicto con ambas ha sido de tal magnitud que YPF se vio obligada a crear una unidad específica con el solo fin de negociar con estos pueblos asentados en las tierras donde explota sus yacimientos.

De hecho, hasta soporta un histórico juicio por daño ambiental, que data del 2000, y que fue heredado de la ex Repsol-YPF por una suma cercana nada menos que a los u$s500 millones.

La causa ya tuvo varios fallos, algunos favorables a los demandantes, al punto que la petrolera reconoció el daño al medio ambiente y presentó un plan de remediación.

Sin embargo, en algunas zonas no logró avanzar con ese proceso, a raíz de haberse topado con los líderes mapuches que siguen reclamando dinero a cambio del uso de territorios.

Por caso, sólo la comunidad Kaxipayiñ se llevó en concepto de aportes de dinero realizados por la petrolera:

- $24 millones en 2014

- $32 millones en 2015

- $55 millones en 2016

Pero esto no es todo, ya que otro tanto debió ser volcado a cubrir las "necesidades" de los Payndemil.

En YPF admiten la existencia de conflictos con los mapuches y consideran que los reclamos de las comunidades por temas ambientales, en realidad, persiguen otro tipo de intereses.

"No guardan ningún tipo de relación con la defensa del medio ambiente y con los valores de la comunidad que representan", aseguran en YPF.

Ante la consulta de iProfesional, agregan que desde hace un largo período vienen presentando planes para resolver posibles inconvenientes vinculados con sus inversiones.

"Durante los últimos seis años, YPF ha logrado remediar 370.000 metros cúbicos de suelo afectado", añaden.

Sin embargo, afirman que persisten los problemas con la comunidad Kaxipayiñ "porque sus líderes impiden las tareas por intereses que resultan totalmente ajenos a la preocupación ambiental".

Como contrapartida, "con otras comunidades hemos logrado acuerdos y encarado acciones conjuntas y participativas", añadieron las fuentes consultadas por iProfesional.

El administrador de negocios tercerizados El dinero que debe pagar la petrolera, como consecuencia de estos fallos desfavorables, es depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad, Gabriel Cherqui.

¿La "contraprestación"? Sencillamente el uso de la tierra, al que suman otros conceptos que aplican los mapuches aprovechando, precisamente, la presión social sobre sus reclamos.

Adicionalmente, se ven beneficiados por la condición de prestadores de "servicios tercerizados" a las petroleras.

Sin embargo, revisten una condición de contratación bastante especial: según fuentes de YPF, estos grupos no participan en las licitaciones en pie de igualdad con otros competidores. Más bien, ejercen su presión para que sean contratados de manera directa.

Son varios los empresarios del sector que califican a su red de negocios como el resultado de maniobras extorsivas.

Además, no ocultan su irritación al describir cómo Cherqui circula en camionetas 4x4 de alta gama, se comunica con celulares iPhone y, al mismo tiempo, se autodenomina representante de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Como si esto fuese poco, señalan que la petrolera estatal se ve obligada a contratar empresas de limpieza y de transporte que fueron creadas, precisamente, por miembros de esta comunidad.

Las mismas fuentes hacen referencia a sus intentos para priorizar el diálogo y la consulta como herramienta de gestión. Sin embargo, lejos están de haber podido aplacar los incidentes con el aporte de fondos millonarios.

Más aun, YPF mantiene "en el freezer" un proyecto para la explotación de 14 pozos no convencionales por una causa: todavía no pudo llegar a un acuerdo económico con los Kaxipayiñ por la explotación de las tierras.

Esta firma no es la única que enfrenta una situación de este tipo con los mapuches. Shell, que tiene un acuerdo con la estatal para ingresar a Loma de La Lata, aún no ha podido hacerlo por presiones de los mapuches.

La normalización de la negociación violenta

Esta situación es posible a raíz de un contexto político muy particular en la región patagónica: los gobiernos provinciales han otorgado personería jurídica a las empresas y, a la vez, reconocido a grupos originarios como los dueños ancestrales de las tierras.

Esto provee una cobertura legal para que los reclamos de contrataciones tengan un sustento de legitimidad y así se desarrollen los negocios.

Gracias a este paraguas, crean casi siempre firmas bajo la figura de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) con la que ofrecen a las petroleras sus servicios de combis, de limpieza, de alquiler de autos o camiones

Estas, a su vez, utilizan estos vehículos para el mantenimiento o traslado del personal afectado a los yacimientos.

No sólo de transporte y limpieza se trata. También los mapuches han fundado compañías de seguridad que le prestan servicios a la empresa.

Cuando surge algún diferendo con YPF vinculado con las condiciones de contratación, se producen (ya como práctica habitual de presión) los cortes de ruta, piquetes, agresiones a vehículos y bienes de las firmas.

De hecho, este escenario de conflictividad fue el que llevó a Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a viajar a Chubut el 31 de julio pasado.

El funcionario mantuvo reuniones con Gendarmería y miembros de los gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro la noche previa a la desaparición de Maldonado.

Su accionar quedó en la mira de las organizaciones de derechos humanos al ser señalado como uno de los responsables de lo sucedido con el joven artesano.

También, lo acusan de haber aconsejado a la Gendarmería no esperar la orden de la Justicia para despejar un piquete e identificar a manifestantes para poder tener información sobre la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y otros grupos afines.

Tanto en YPF como el resto de las petroleras admiten la existencia de fuertes disputas con los mapuches por la forma de vincularse con las empresas.

Algunas, como la RAM, privilegian la violencia; otras, el diálogo.

De todos modos, el fin último sigue siendo hacerse de millonarios contratos que les permitan sostener el statu quo ancestral. Loma de La Lata es la zona donde ambos modelos conviven:

- La comunidad Payndemil (controlada por Elba Paydemil) si bien aplica un formato más light y conciliador, percibe compensaciones millonarias de parte, más que nada, de YPF.

- Los Kaxipayiñ (de la familia Cherqui) se muestran más propensos a las acciones violentas y a los cortes de ruta.

Vaca Muerta, ¿nuevo objetivo? Según un informe privado que circula entre las compañías que operan en la zona, Gabriel Cherqui habría creado un verdadero imperio comercial gracias a:

- Los fondos petroleros con sociedades para la cría de caballos de carrera

- La explotación de negocios turísticos

- La prestación de servicios de mantenimiento y alquiler de vehículos

En la zona aseguran que es dueño de varias empresas vinculadas con las actividades de YPF en Loma de La Lata y que presiona con el pago de aportes.

Estos últimos, indican, no tienen fundamento legal alguno y están muy por encima de lo que el resto de los propietarios de las tierras perciben.

Un caso es el de un conflicto por el uso de dos equipos de perforación para los 145 pozos que YPF tiene en carpeta y por los cuales el reclamo se eleva a $50 millones, sólo para permitir el ingreso de las máquinas.

Lo identifican también como promotor de nuevas comunidades creadas a la vera de campos petroleros de Vaca Muerta para que se autoproclamen bajo su ala de representación.

Así, acaba de surgir la comunidad Campo Maripe en Añelo, que ya inició una demanda sobre 11.000 hectáreas en Vaca Muerta.

Como argumento público, Cherqui y el resto de los líderes mapuches sostienen que viven en territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera.

Tal situación fue admitida por YPF para los campos de Loma de La Lata allá por 2008, cuando presentó un plan de saneamiento para las tierras concesionadas.

El problema es que los Kaxipayiñ vienen impidiendo ese proceso, hecho que YPF ya denunció ante las autoridades provinciales.

La petrolera también hizo pública la contratación de una consultora ambiental, vinculada con esta comunidad mapuche, bajo el nombre de Femun.

Por lo pronto, ya lleva cobrados $10 millones para el desarrollo de tareas que aún no han sido concluidas.

En territorios de esta comunidad es donde la petrolera viene padeciendo más situaciones conflictivas, con cortes, piquetes, amenazas y agresiones verbales al personal de la compañía.

"Tanto los miembros de esta comunidad como los de Campo Maripe no quieren dialogar ni acordar. Sólo se dedican a impedir los trabajos y el saneamiento de situaciones ambientales en Loma de La Lata", acusan desde la empresa estatal.

Por lo pronto, el dominio de la tierra no sólo responde a cuestiones de tipo cultural. Cuando hay plata de por medio y tantos negocios a medida, el dominio del territorio va más allá del culto a la tradición.