La epidemia del abuso de sustancias opiáceas en Estados Unidos, esa catástrofe social silenciosa, continúa segando vidas a toda máquina. Su guadaña es inmensa; cada día acaba con unas 130 personas, y la sobredosis de este tipo de sustancias se ha convertido ya en la primera causa nacional de muerte evitable, superando a las caídas y los accidentes de tráfico. A día de hoy, la posibilidad de que un norteamericano muera de sobredosis de opiáceos es de 1 entre 96.

Estas conclusiones han sido publicadas por el National Safety Council, una organización sin ánimo de lucro dedicada a prevenir las heridas y muertes evitables. “Lo que empezó hace más de dos décadas como un problema de salud pública principalmente entre hombres blancos jóvenes y de mediana edad es ahora una epidemia de abuso de opiáceos con receta e ilícitos”, dice el informe. Una crisis que “está pasando factura a todos los segmentos de la sociedad estadounidense”.

El número de sobredosis letales de opiáceos (más de medicamentos que de su alternativa asequible, la heroína) ha elevado sustancialmente el número de muertes evitables en EEUU: estas han marcado la cifra de 169.936 en 2017. Un 5,3% más que el año anterior. La friolera de un 96% más con respecto a 1992. Son los opiáceos los que han marcado la diferencia, al acabar con la vida de casi 50.000 personas en 2017. Un 544% más que hace dos décadas.

Uno de los grandes problemas de esta crisis es que, desde un punto de vista mediático, resulta abstracta y difícil de retratar. No es un incendio voraz, ni una guerra, ni una caravana de personas vulnerables. No abre los informativos ni ocupa el primer lugar en la agenda del Gobierno. Es un goteo de muertes silenciosas, que, sin embargo, mata cada año a más estadounidenses que toda la guerra de Vietnam.

“Demasiada gente cree todavía que la crisis de los opiáceos es abstracta y que no tendrá un impacto en ellos. Muchos todavía no ven que es una gran amenaza para ellos o sus familias”, declaró a la CNN Maureen Vogel, portavoz de la National Safety Council, responsable del estudio. “Estos datos muestran la gravedad de la crisis. Hemos sabido desde hace tiempo que la sobredosis de opiáceos es un asesino cotidiano, y estas probabilidades lo ilustran de una manera estremecedora”.

Jeringuillas utilizadas para chutes de heroína en el vertedero de un parque en Kensington, Filadelfia, en octubre de 2017. (Reuters)

Incentivos para que las víctimas pacten

La epidemia ha crecido como una sombra en la intimidad de los hogares, sobre todo en las regiones rurales de clase trabajadora blanca, y cuando la sociedad y las autoridades han mirado, esta ya se había vuelto demasiado grande. A día de hoy los ayuntamientos han empapelado las calles con publicidad sobre tratamientos y calmantes no tan adictivos, no tan letales. Pero los resultados son limitados. Incluso las demandas contra las corporaciones responsables de vender estos medicamentos como si fueran una panacea no son capaces de recorrer todo el camino. Muchas de las demandas han acabado en un acuerdo entre la farmacéutica y el denunciante.

“Hay buenas razones para resolver estos casos rápidamente”, escribe Barry Meier, autor de “Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic” (Calmante: Un imperio del engaño y el origen de la epidemia de opiáceos de América). “Los fondos del acuerdo pueden ser usados para pagar por el tratamiento de la adicción. Al mismo tiempo, los abogados del denunciante contratados por el Gobierno para proseguir sus acusaciones están deseosos de cobrar”. Así, dice Meier, empresas como Purdue Pharma, una de las responsables, se desquitan pagando indemnizaciones que no les suponen un gran coste.

El gran negocio de los opiáceos en EEUU que está destruyendo a la clase obrera blanca Argemino Barro. Nueva York Desde 1999, las farmacéuticas han cuadruplicado la venta de estos medicamentos: la mitad de los tratamientos contra el dolor los incluyen. Un tercio de quienes los usan un mes se enganchan

Y mientras, el uso de sustancias legales como el fentanilo siguen causando estragos. Las sobredosis de este medicamento, diseñado, en principio, para tratar a los pacientes con cáncer o que tienen que superar un proceso de recuperación post-operatorio, se duplicaron entre 2013 y 2016 y lo han convertido en la droga más mortífera. El aumento más severo se ha dado entre las mujeres de 30 a 64 años.

El cierre parcial del Gobierno estadounidense, que marcó un récord de duración el sábado, también puede tener consecuencias en la salud de las personas adictas a los opiáceos. Una de las formas de tratar a los pacientes de manera más segura es suministrándoles Buprenorfina, un opiáceo que genera menos adicción y que tiene menor riesgo de sobredosis. Pero, para que un médico se lo pueda recetar a un paciente, primero tiene que pedir permiso a la DEA, la agencia del Gobierno encargada del control de sustancias en EEUU. Y una parte del personal de esta agencia está en casa sin cobrar. Así que no puede autorizar a los médicos.

El líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, resaltó este problema como uno de los más acuciantes del cierre de Gobierno. “Dicho simplemente, la DEA, en muchos sentidos, tiene las llaves para el acceso a importantes fármacos para el tratamiento anti-opiáceos que los pacientes y médicos de Nueva York y Long Island necesitan para combatir este azote mortal”, declaró en un comunicado.