Multa de 600 euros por intentar grabar un pleno de Arenas de San Pedro (Ávila)

MIEMBRO DEL FORO DE LA MEMORIA HISTÓRICA

La Subdelegación del Gobierno ha impuesto una multa de 601 euros por intentar grabar parte del pleno municipal de Arenas de San Pedro.

La infracción administrativa grave a la Ley de Seguridad Ciudadana la ha recibido una integrante del Foro de la Memoria Histórica del Tiétar y la Vera, que fue a grabar el pleno, el 23 de febrero, en el que se debatió la retirada del monumento franquista situado junto a la parroquia de la localidad.

IU ha criticado esta sanción y ha explicado que el alcalde, Juan Carlos Sánchez Mesón (PP), le dijo a la denunciada que no estaba permitido grabar cuando es habitual hacerlo.

La vecina alegó que sí podía grabar porque es un derecho amparado por la Constitución y agentes de la Policía Local entonces le requirieron la identificación. Según la versión de los policías, ella se negó a dársela «de malas maneras», aunque mostró su carné de prensa, en el que figuran su nombre completo, fotografía y DNI.

El escrito de la Subdelegación del Gobierno, que recoge la denuncia de la Policía, señala que la denunciada “facilitó datos falsos e inexactos de su filiación”, lo que ella niega, ya que se asegura que es una técnico audiovisual que estaba montando su cámara para grabar el pleno cuando el alcalde le dijo que no estaba permitido. Entonces un agente le pidió la documentación y amenazó con retenerla si no acataba sus requerimientos, sujetándola por el brazo, según su versión.

Sin grabar

Ella no se negó identificarse -dicen los testigos que cita IU- y mostró su carné de prensa porque no llevaba en ese momento su DNI. El policía tomó nota de sus datos y la amenazó con presentar una denuncia ante la Subdelegación. El pleno continuó y la denunciada desmontó la cámara y permaneció sentada durante el resto de la sesión.

IU ha criticado a la Policía por actuar «de manera excesiva y precipitada contra una profesional que en ningún momento incumplió la ley, ni impidió el normal desarrollo de la sesión plenaria», ya que cualquier persona puede acudir y grabar un pleno sin necesidad de permiso previo.

Lamentan que se trata de un nuevo caso de «abuso de autoridad» con la aplicación de la Ley Mordaza, que impide el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información.

Claramente intencionada

Por su parte, el Foro por la memoria del Tiétar y La Vera ha indicado que los hechos no son ciertos y la denuncia es «claramente intencionada», por lo que será recurrida, y contemplan presentar una denuncia sobre «los verdaderos hechos acaecidos en el pleno, con más de 20 testigos presenciales».

Aseguran que la integrante del foro fue «amedrentada y amenazada» y aceptó la prohibición renunciando a sus derechos, a la vez que proponen denunciar al alcalde por impedir el ejercicio de un derecho constitucional a la información de acuerdo a diversas sentencias.

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