El ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías ve una persecución política por parte de su sucesora, la priísta Claudia Pavlovich, con el objetivo de denostar al Partido Acción Nacional (PAN) y enmarcarlo como un instituto político corrupto. Al menos así lo explica en un documento de defensa ante la Comisión Anticorrupción blanquiazul, que encabeza Luis Felipe Bravo Mena.

El órgano de sanción interna panista recibió el 10 de octubre —casi un mes antes de entregarse ante la justicia, el 11 de noviembre— la defensa de Padrés ante el intento de expulsarlo del partido. Por ahora, el político detenido en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México tiene suspendidos sus derechos como militante.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al texto de 182 páginas donde afirma que las imputaciones a su persona se acrecentaron, debido a que es una época de elecciones tanto locales como federales, “con la finalidad no sólo de desacreditar al suscrito, sino de denostar al PAN, al que pertenezco”, haciendo parecer que en esa fuerza política hay “funcionarios de cuestionable solvencia moral”.

Considera que las acusaciones permitieron a Pavlovich obtener el triunfo electoral en 2015 y fueron hechos por “activistas políticos” que fungieron como denunciantes, y que actualmente desempeñan cargos públicos en el gobierno de la ex senadora.

Rebeca Villanueva Oviedo es un ejemplo, expone. A ella se le asoció como representante de “Sonora Transparente”, y hoy es directora de Cultura del Agua en el organismo operador de Agua de Hermosillo.

Villanueva Oviedo presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos que resulten.

Esto por contar presuntamente con una presa con un valor de 170 millones de pesos, para beneficio exclusivo de la familia Padrés en los ranchos “El Pozo Nuevo” y “El Derrumbadero”.

Otro caso es el de Luis Miguel Vargas Delgado, líder del grupo denominado Los Malnacidos, miembro de la misma organización que Rebeca Villanueva, y actualmente director de Seguridad Escolar de la Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar de Sonora.

El panista precisa que Vargas Delgado recolectó firmas para presentarlas ante la PGR, exigiendo la aceleración de las investigaciones en su contra, según información periodística con fecha del 1 de julio 2015, “en la denuncia manejan una serie de conjeturas y aseveraciones que carecen de relevancia jurídica penal, como el hecho de que los ranchos (…) se iniciaron actos jurídicos por demás extraños e irregulares”.

Guillermo Padrés explica a su partido que por los ataques mediáticos sobre presuntos actos de corrupción cometidos por él y su familia, el 24 de febrero de 2015, ofreció una conferencia conjunta con sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César, en Hermosillo, Sonora, para dar información sobre su patrimonio y el origen de éste.

Posteriormente —el 16 de abril— exhibió a la entonces procuradora general Arely Gómez documentales para acreditar la propiedad de sus bienes y los instrumentos notariales que demuestran su constitución, así como de las sociedades. “Pruebas a efecto de acreditar nuestra absoluta inocencia en los hechos presuntamente delictivos que a través de medios [de comunicación] se nos atribuían, para el caso de que esa dependencia las agregue a las investigaciones que llevará a cabo”.

Guillermo Padrés expone que el 14 de mayo del mismo año se emitió un oficio signado por el licenciado José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, donde se señala:

“[Que] del análisis exhaustivo y pormenorizado de su escrito de cuenta, se advierte que no constituye denuncia o querella alguna, sino simples apreciaciones de hecho y de derecho”.

Refiere que también acudió de manera personal con los senadores blanquiazules para explicarles de manera puntual la realidad sobre el represo ubicado en el rancho “El Pozo Nuevo”, que “maliciosamente” se señaló como presa.

Detalla que solicitó un amparo por este hecho porque no conocía los delitos imputados. Además, exhibió 28 pruebas documentales para acreditar la legítima posesión de los ranchos desde 1958, y de la inexistencia de una presa hidráulica en atención de que se trata de un represo y la legal concesión de seis pozos.

“A partir de que tuve acceso a ambas averiguaciones previas, he comparecido presentando pruebas que acreditan que los hechos que se me imputan no son constitutivos de conducta alguna y he demostrado su falsedad”, afirma.

Sobre la destrucción de la presa, Padrés Elías comunica que no fue intencional, sino que debido a las precipitaciones pluviales ocurridas en Bacanuchi, municipio de Arizpe, ocasionó el crecimiento del arroyo El Manzanal, lo que provocó daños al represo y que hay dictámenes técnicos que lo sustentan.

Uniformes escolares

En cuanto a las supuestas irregularidades en el otorgamiento de licitaciones para la elaboración de uniformes escolares durante su gestión, la Fiscalía Especializada de Sonora “declinó” competencia a favor de la PGR, misma que se encuentra en la averiguación previa.

Además de que el proceso para otorgar las licitaciones estuvieron a cargo de las Secretarías de Educación y Cultura, Hacienda, la Contraloría General y de Economía (todas de Sonora), acota.

A la acusación por parte del director de Procesos Legales B, de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rodrigo González Bolaños, de haber beneficiado a las empresas Confecciones Industriales S.A. de C.V. y No.1 Sonora Aparel S.A. de C.V., por más de 260 millones de pesos, Guillermo Padrés expone que es falso, porque él no participó en las licitaciones sino las dependencias locales, con el acompañamiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora.

Situación fiscal

El ex mandatario, quien tiene suspendidos sus derechos partidistas por seis meses a resolución de la Comisión de Anticorrupción del blanquiazul, expuso que su situación fiscal ha sido aclarada ante las conjeturas de haber cometido actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Explica a los miembros de la Comisión panista que el pasado 23 de septiembre, exhibió ante las autoridades pertinentes los acuses y declaraciones de impuestos rendidos ante el SAT, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.

Sobre los recursos detectados en la cuenta en el Wells Fargo Bank, en Estados Unidos, Padrés refiere que los montos correspondientes a la empresa Dolphinius CVS, sociedad holandesa de responsabilidad limitada, estaban a su nombre por ser el titular del proyecto y administrador, lo que no significa que sea el propietario, pues en la sociedad también participan los inversionistas Francisco Monreal, su hermano Miguel Padrés Elías y Torres Peña y Avaluos, S.A. de C.V.

Refiere que al modificar el contrato de asociación el 15 de diciembre de 2010, se acordó con los inversionistas que los recursos de la cuenta 8528-3207 sean traídos a México y depositados a la cuenta de la empresa Minera SWF, S.A. de C.V. (Banamex), en donde el sonorense, junto con su hermano Miguel, son socios.

“Se les informa a los inversionistas que sus aportaciones, de acuerdo al esquema financiero aprobado, han obtenido ganancias que ascienden a 8 mil 500 millones de dólares”, especifica.

El documento entregado por Antonio Lozano Gracia, defensa del ex gobernador Guillermo Padres, a la Comisión panista, añade que del cúmulo probatorio exhibido se puede concluir que “no hay conducta alguna” que pudiera ser constitutiva del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En razón de que las cuentas bancarias y depósitos del numerario a que hace referencia la denuncia por parte de la SHCP, quedan debidamente detalladas en el escrito, así como en los diversos documentales que se adjuntan.

El ex gobernador acusa que en respuesta a que nunca tuvo acceso a las cinco averiguaciones previas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, en donde se le imputa los delitos de incumplimiento de un deber legal, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias y lo que resulte, tuvo que ampararse una vez más, dado que se violaban sus derechos de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y debida defensa, así como a acceso a la justicia, añade.

Padrés informa que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, pues no se cumplió el proceso legislativo correspondiente y el titular no se sometió a los exámenes de confianza que exige el puesto, ya que la creación del órgano fue mediante un decreto que reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado y no bajo un proceso legislativo.

Según Padrés, significa que la creación de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, es inconstitucional e ilegal, acción que se reafirmó el pasado 5 de septiembre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR contra las fiscalías similares en Veracruz y Chihuahua.

En su defensa, el ex gobernador sustenta que ha solicitado que la averiguación previa se realice en una sola dependencia, ya que las acusaciones en su contra ante la PGR son las mismas que las de la Fiscalía Anticorrupción.

Guillermo Padrés reitera que los señalamientos en su contra son una campaña para denostarlo, atribuyéndole supuestos actos de corrupción que como lo ha demostrado son “completamente inexistentes”.