El freno a esos proyectos coincide con la apertura del mercado a satélites y firmas extranjeras. Además, se aprobó un recorte presupuestario en la estatal VENG, que desarrolla los lanzadores Tronador, y no se avanzará en el Centro Espacial Manuel Belgrano.

Fue un orgullo argentino, pero actualmente navega entre la inercia y el vaciamiento. Desde la llegada del macrismo, la política satelital combinó despidos, desmantelamiento de programas y la desregulación del mercado en favor de actores privados. Y los últimos días fueron una muestra: se anunció que la empresa estatal VENG no realizará inversiones y se habilitó un nuevo ingreso extranjero como proveedor al sistema satelital argentino. El futuro de la soberanía espacial permanece en terapia intensiva.

Mediante la Resolución 496, el Ministerio de Hacienda aprobó el 11 de junio un recorte presupuestario en Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG SA), que paraliza el programa de acceso al espacio. Sin tanto nombre como Arsat o Invap, es una firma estatal clave en el sistema satelital argentino. Se trata del brazo ejecutor de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en el lanzamiento de dispositivos al espacio, con el programa ISCUL (Inyector Satelital de Cargas Útiles Livianas), que se ocupa del desarrollo de los vehículos de lanzamiento Tronador II y III, hoy casi abandonados. A su vez, VENG fabrica componentes, antenas, electrónica y software para misiones como SAC-D/Aquarius y el Satélite Argentino de Observación de Microondas (SAOCOM). En el último perdió 60 puestos de trabajo (de los 520 que eran en 2018), y el plan presentado para la empresa no contempla nuevas inversiones. Establece, por el contrario, una "reestructuración" que la enfoca en servicios de ingeniería y la comercialización de los datos de la misión del SAOCOM a terceros. Este año directamente se eliminó como objetivo el avance de las instalaciones de lanzamiento en el Centro Espacial Manuel Belgrano. Su presupuesto para 2019 es de $ 535 millones: $ 268 millones menos que lo pautado el año pasado, con una inflación del 50% y en un mercado netamente dolarizado.

"El último ensayo del vector experimental fue en 2017. Fracasó y después se frenó todo. La inercia incluye los SAOCOM, que se construían desde hacía 20 años. La inversión en la CONAE cayó de 200 millones de dólares a 50 millones con esta gestión", remarca Guillermo Rus, ex vicepresidente de Arsat y actual director del sitio especializado Latam Satelital. "No es sólo lo que se dejó de hacer, tampoco se les cae una idea. No hubo una sola propuesta nueva".

Por goteo

Invap y Arsat son dos claves del sistema satelital. Ambas firmas están atravesadas por despidos realizados "por goteo", según denuncian los trabajadores, para evitar que llamen la atención. En marzo echaron a once personas de Invap, sin causa. El directorio habló de "un cambio de perfil en Recursos Humanos".

Bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Invap (firma estatal de Río Negro) multiplicó por cuatro su planta. La Argentina terminó incluida entre las siete naciones capaces de desarrollar y lanzar sus propios satélites. Pero todo fue frenado. Durante una visita a Invap, Mauricio Macri aseveró: "Los contratos que tenía la Nación en Invap eran de la época de la magia, y la plata no está".

De acuerdo al informe que la empresa envió a la Legislatura rionegrina en noviembre pasado, la deuda del Gobierno Nacional por distintos proyectos supera los 660 millones de pesos. Entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, Cambiemos suspendió el desarrollo del grupo de satélites SARE, los SARA-UAV, y el más paradigmático: el Arsat-3, con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat SA), creada en 2006 y que lanzó el Arsat-1 (en 2014) y el Arsat-2 (en 2015).

Dejar de fabricar el Arsat-3 tiene su costo. El Estado argentino debe salir a adquirir servicios extranjeros que ofrezcan lo que iba a generar el satélite propio, y también para no perder la posición orbital. Son más de 25 los satélites extranjeros que habilitó el macrismo desde que asumió el poder. En febrero autorizó el alquiler del satélite Astra-1H a la empresa europea SES, para evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones le quite los derechos de uso en la posición orbital 81 grados Oeste. El alquiler de este satélite, con más de 20 años de uso, costó siete millones de euros. En abril se sumó en esa misma frecuencia de banda Ka la empresa brasileña Hispamar SA, subsidiaria de la española Hispasat. Lo último ocurrió el miércoles, cuando la Jefatura de Gabinete dictó la Resolución 1103, que incorpora el satélite Telstar-19 VANTAGE, del operador canadiense Telesat.

"El desarrollo de Arsat en la actualidad es casi nulo –se lamentan en diálogo con Tiempo trabajadores de la empresa, que pidieron reserva por la ola de despidos–. La política actual en el mercado satelital es nefasta y lo único que indica es propiciar el negocio privado".

Ya a principios de año, y con el justificativo de promover la "competencia" y el "desarrollo regional", se modificó por decreto la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada en 2015, para otorgar "participación a prestadores de Servicios de TIC de carácter regional o local, públicos o privados". Las licitaciones del espectro, antes potestad de Arsat, serían entre julio y agosto. La soberanía satelital quedó sepultada.

Del satélite a su mesa

El plan satelital no fue pensado sólo para el espacio. Comprende productos y servicios de uso cotidiano. El mayor ejemplo es la Televisión Digital Abierta (TDA). Pensada para democratizar el acceso a los canales de televisión, languideció bajo la gestión macrista. "Desde 2016 funciona con cortes en todo el país. Ya no tiene web ni se hacen contenidos, ni tampoco hay servicio de instalación a domicilio, y los móviles comprados no se sabe donde están", enumera una fuente interna del programa, y continúa: "No hay teléfonos para que los usuarios reporten problemas y no se hizo casi ninguna de la 15 estaciones de TDA prometidas desde 2016. A Arsat le bajaron el presupuesto y por eso no cumple con el mantenimiento ni la expansión de la red proyectada. Y tampoco se hicieron nuevos concursos para que más señales privadas emitan en el sistema. El proyecto TDA estatal no existe más como tal". «

Ajuste en investigación

Al presente incierto del plan satelital argentino se agrega un futuro aún más frágil, basado en el vaciamiento de especialistas en el área, sobre todo a partir del progresivo recorte de la cantidad de ingresantes a la Carrera de Investigador del Conicet. En la última convocatoria, cuyos resultados se publicaron a principios de abril, sobre 18 postulantes de Astronomía, entraron apenas cinco; y 22 de Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, sobre un total de 88 doctores que presentaron sus proyectos.

Para el físico Jorge Aliaga, exdecano de Ciencias Exactas (UBA) y ex subsecretario de Evaluación Institucional de Ciencia, "el problema no se restringe al Conicet. Ningún organismo puede incorporar a los nuevos doctores porque el ajuste es generalizado". Durante el último encuentro del Plenario de directoras y directores de institutos del Conicet, Aliaga expuso las tremendas subejecuciones presupuestarias que padecen la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE, 47% en todo 2018) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, 68 por ciento).

La situación de la CONAE no mejoró en 2019: transcurridos seis meses, ejecutaron apenas el 30% de los 1470 millones presupuestados. El programa "Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio" lleva invertido sólo el 11% de lo pautado.



(Foto: AFP)





Mientras tanto, Pinedo propone "minería espacial"

En medio del vaciamiento satelital, Federico Pinedo impulsa un proyecto de ley para explotar la minería espacial. La iniciativa del senador de Cambiemos insta a que "toda persona humana o jurídica" domiciliada en el país pueda solicitar "permisos para explorar y explotar con fines comerciales minerales ubicados en el espacio ultraterrestre", o bien "provenientes de asteroides ubicados en el mismo".

¿Qué es la "minería espacial"? Pinedo la define como "la explotación de materias primas de asteroides y planetas; los minerales y demás compuestos (hidrocarburos incluidos) podrán ser extraídos 'in situ' o mediante diversos procedimientos capturar asteroides y traerlos hasta la órbita cercana a la Tierra para su posterior procesamiento".

El texto sostiene que la ley sería una "herramienta hábil para promover la radicación de nuevas empresas en el país, no sólo por las posibilidades económicas que implica sino también porque supondrá avances tecnológicos que tendrán claras repercusiones en otros sectores económicos y sociales". Al mismo tiempo, el Ejecutivo profundiza los recortes en la ciencia argentina, en detrimento de posibles avances científicos, económicos y sociales en esta área.

El proyecto también pasa por encima del Tratado Internacional de 1967, que suscribió la Argentina, que establece que el espacio ultraterrestre no podrá ser objeto de apropiación nacional, ni su uso ni su ocupación. Si bien países como Estados Unidos, Rusia y Alemania han avanzado legislaciones similares, en la Argentina el ajuste de la política satelital, encarado por el mismo gobierno del que Pinedo forma parte, torna bastante improbable semejante aspiración.