La irritación de los fontaneros presidenciales era vengativa cuando hace 20 años escribí que la impunidad en México superaba el 90% y que los jefes policiales de varios Estados eran tan secuestradores como Daniel Arizmendi, que prosperaba en el negocio de los rehenes desorejándolos con una tijera de destazar pollos. A los sacristanes de Los Pinos les sulfuraba leer en la prensa extranjera que políticos, magistrados, funcionarios e instituciones eran presa fácil de las chingaderas y el poder corruptor del narco. Hubieran preferido monografías sobre la modernidad nacional, la pujanza del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos o la lúcida inteligencia de Carlos Monsiváis.

Ni entonces pudieron ocultar las truculentas complicidades, ni sus émulos negar hoy los exiguos o nulos avances de Andrés Manuel López Obrador en la defensa del Estado de derecho, humillado por los pistoleros del cartel de Sinaloa. El debate sobre derechos humanos y seguridad pública en México nace del enquistamiento de la criminalidad, la incapacidad gubernamental para atajarla y un sistema judicial desnortado, responsable de la impunidad desde los tiempos en que Arizmendi rebanaba apéndices con escolta oficial.

La Constitución consagra la división de poderes, el sistema federal y una amplia gama de derechos, pero ni la impecable dictadura del PRI, ni el conservadurismo del PAN, ni el batiburrillo ideológico de MORENA pueden con los cánceres de la arbitrariedad y la corrupción, que pervierten a los servidores públicos, minan la calidad de las leyes y disocian los reglamentos. Las autocracias se acompañan de legislaciones a gusto del déspota. No es el caso de la Nación azteca, comprometida con la democracia y la limitación de mandatos, pero alejada de un verdadero Estado de derecho porque derechos que son de todos, la vida, la propiedad y la libertad, se vulneran sin que los tribunales castiguen a los infractores.

México tiene 50 millones de pobres y un pavoroso déficit de fiscalías capacitadas para investigar delitos y actuar contra los cárteles de la droga. Semanas antes de que el hijo del Chapo Guzmán fuera liberado a tiros en Culiacán, un celestino negociaba el suministro de mujeres a un capo de Jalisco encarcelado. Le decía a la seleccionada que iba a estar súper bien en el penal porque su comprador vivía como en una suite, con lacayos y chef. De lujo, chiquita. Un rey. Guapo, guapísimo. Ya verás. El delincuente, de recreo, y la sociedad, en la ciénaga de la inseguridad, resignada a la obsolescencia de las leyes y al fracaso de las policías municipales, estatales y federales que debieran protegerla.

Buena parte de los latinoamericanos devalúan la democracia, y abrazarían al tirano que les garantizase amparo y paz. López Obrador ganó las elecciones ofreciendo justicia social y decencia. Casi un año después, los arsenales y descaro del hampa en Sinaloa evidencian la fragilidad del Estado de derecho y la vacuidad de las promesas presidenciales.

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