Nueve jóvenes cántabros, en su mayoría alumnos o antiguos alumnos de la Universidad de Cantabria (UC), se enfrentan a una petición de penas de hasta 12 años de cárcel que suman un total de 42 años de prisión por una protesta pacífica en defensa de la educación pública que protagonizaron hace tres años en el campus de la UC en Santander. En una resolución notificada el pasado 13 de enero, la Audiencia de Cantabria desestima el recurso de los acusados y confirma el auto del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que hace dos años imputó a los nueve jóvenes.

Los hechos se remontan al 17 de febrero de 2014, cuando el entonces presidente autonómico y actual líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, acudió a la UC para participar en un acto titulado ‘Tengo una pregunta para usted’, que fue publicitado como un “ejercicio de transparencia” para “plantear al presidente de nuestra comunidad nuestras reflexiones e inquietudes”. Cuando un grupo de jóvenes comprometidos con la defensa de la educación pública, que había decidido participar en el acto, trató de acceder al edificio para formular a Diego diversas preguntas relativas a los recortes educativos de su Gobierno, un dispositivo de seguridad privada se lo impidió, por lo que el grupo decidió esperar al final del encuentro para protestar pacíficamente tanto por los recortes educativos como por su exclusión del acto, que había sido anunciado como “de libre acceso hasta completar aforo” y al que acabó no acudiendo prácticamente nadie. Fue durante esa protesta tras finalizar el encuentro cuando se produjeron los hechos por los que nueve de aquellos jóvenes se enfrentan aún a penas de hasta 12 años de cárcel.

Consultados por este diario, los acusados –agrupados en el colectivo Preguntar No Es Delito– han reafirmado su compromiso con la defensa de la educación pública e insistido en que se consideran víctimas de un “montaje” que pretende “dar la vuelta a lo ocurrido aquel día y atemorizar la protesta social”, y para intentar contrarrestar ese supuesto montaje han difundido diversos vídeos de los hechos, grabados con móviles tanto por protagonistas de los mismos como por miembros del Consejo de Estudiantes de la UC desde sus oficinas. Tanto esos vídeos como el testimonio de una periodista que cubrió la protesta y que ya testificó ante el juez corroborarían la versión de los acusados y desmontarían la de Diego y sus entonces jefe de Gabinete, jefe de Seguridad, guardaespaldas y chófer. “Aquel día se nos prohibió el paso de forma absolutamente impropia de una universidad, esto dio lugar a una protesta legítima en defensa de la educación pública, sufrimos agresiones gratuitas de la escolta del presidente y ahora un proceso judicial injusto basado en flagrantes manipulaciones de los hechos que, por sus relatos coincidentes ante el juez o las facturas falsas presentadas, parecen haber sido diseñadas desde el poder”, insisten los jóvenes en su blog ‘preguntarnoesdelito.blogspot.com.es’.

Desde que hicieron público su caso, los nueve jóvenes no han dejado de recabar apoyos del ámbito universitario, del político –el propio presidente autonómico y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, expresó todo su apoyo a los acusados– y de la sociedad civil en general. Tras conocerse la resolución de la Audiencia de Cantabria notificada el viernes 13, esos apoyos –que incluían una multitudinaria rueda de prensa colectiva y una campaña de autoinculpaciones– se han intensificado. También las denuncias sobre el supuesto montaje del que estarían siendo víctimas. Así, el secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, ha manifestado que los acusados están siendo “perseguidos injustamente por defender una Cantabria mejor para todos”, el parlamentario autonómico de la formación morada José Ramón Blanco ha criticado las “mentiras” de los denunciantes, IU Cantabria ha destacado el “proceso represivo” que sufren los nueve jóvenes, y Cantabria No Se Vende ha asegurado que el poder que los persigue es “indigno de llamarse Justicia”.