Otro tsunami educativo llega desde la provincia de Buenos Aires: la Cámara de Senadores provincial sancionó la semana pasada la Ley de Incorporación de la Modalidad de Educación Comunitaria al Sistema de Educación Formal. A partir de su entrada en vigencia, los militantes sociales y vecinos responsables de al menos 350 centros maternales y jardines de infantes de nivel inicial que estén al frente de salas de 4 y 5 años, serán nombrados docentes sin serlo.

Esos centros maternales y jardines fueron creados de manera improvisada hace años a la luz de las necesidades de numerosos barrios vulnerables. A partir de la sanción de la ley, quedan oficializadas como "escuelas comunitarias" pertenecientes al área de Educación, aunque su tarea es muchas veces más social que educativa.

El proyecto -una iniciativa de la diputada por el Frente para la Victoria Alicia Sánchez, pareja de Luis D’Elía- fue aprobado en el Senado el miércoles 10, un día antes del Día del Maestro.

Si bien la UCR se había abstenido en la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto en junio de 2013, otorgó su apoyo en Senadores. También votaron a favor, además del Frente para Victoria, los monobloques de Unión Pro Peronista, GEN, PJ Néstor Kirchner y Nuevo Encuentro.

De acuerdo con la nueva ley de Educación Comunitaria, a lo largo de sus 5 capítulos y 15 artículos, los militantes-docentes, sin título oficial, gozarán de todos los derechos y obligaciones que establece el Estatuto Docente de la provincia.

Además, se habilita la creación de nuevas "escuelas comunitarias" que sí deberán contar con docentes con título oficial para las salas de 4 y 5, pero no para el resto de las salas, desde los 45 días a los 3 años.

Por otra parte, la designación de los docentes que se nombrarán en las futuras salas de 4 y 5 "será competencia de la autoridad de aplicación (la Dirección de Escuelas provincial) en coordinación con las instituciones comunitarias educativas de nivel inicial". En la práctica, los docentes nombrados no saldrán del listado oficial público a partir del que compiten por los cargos los docentes estatales sino que será una decisión de cada centro a qué docente nombrar.

Entre los fundamentos del proyecto convertido en ley, Sánchez sostuvo la necesidad de sacar de la precarización y compensar formalmente la tarea de "la comunidad organizada", que reemplazó al Estado "dando respuestas a los niños y niñas excluidos del sistema educativo formal".

"El Estado está desertando de sus obligaciones más importantes. Después de diez años de gobierno, no se puede hablar de la entelequia de `la comunidad organizada´. El Estado es la primera comunidad organizada", indicó a LA NACION un diputado del bloque massista, que prefirió reservar su nombre.