Se confirma la desaceleración de la economía, tanto en la zona euro como en España, con efectos que ya se reflejan en la creación de empleo. La clave para evitar que el peso de la desaceleración recaiga sobre los trabajadores y las trabajadoras se encuentra en las políticas económicas del próximo Gobierno. Con la puesta en marcha de un ambicioso plan de inversión pública, la recuperación de los salarios y un programa de garantías sociales, se puede afrontar la desaceleración de manera alternativa a la austeridad fiscal y a la devaluación salarial introducidas por PSOE y PP.

1. Contexto económico actual

El nuevo Gobierno tendrá que hacer frente a una situación en la que se prevé una disminución importante del crecimiento económico que se había registrado en 2015-2017 y, lo que es especialmente importante para España, una ralentización de la creación de empleo, cuando la tasa de paro todavía es el doble que la media europea.

Es cierto que España sigue creciendo por encima de la media europea (ver gráfico), pero también que nuestra tasa de paro es más elevada que la media de la zona euro (14,1 % frente a 7,6 %). Por eso, es necesario que este mayor crecimiento del PIB se mantenga, para asegurar que la tasa de paro se reduce.

Esta desaceleración, además, tiene lugar en un contexto de «vulnerabilidad» para una parte importante de la población por dos tipos de razones:

Muchas personas, especialmente las que se sitúan en niveles de renta más bajos, pero también integrantes de la «clase media», aún no se han recuperado de los efectos de los años más agudos de la crisis de 2008.

La «salida» de la crisis que se estaba produciendo en los años anteriores no solo no resolvía, sino que agravaba, problemas que afectan muy directamente a la vida de las personas, como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda a un precio asequible.

Mientras que la crisis afectó casi por igual a trabajadoras y trabajadores fijos y precarios, durante la recuperación se han creado mayoritariamente puestos precarios (tres de cada cuatro). Esta situación de precariedad laboral, junto con el aumento de algunos precios de bienes básicos o los alquileres en las grandes ciudades, se ha traducido en un incremento de la población que se encuentra en riesgo de pobreza.

Adicionalmente, España se enfrenta a desafíos de gran calado que condicionan el futuro y es necesario abordar de manera más decidida que hasta la fecha: cambio climático, igualdad de género, digitalización y desequilibrios territoriales (España vaciada).

La recuperación del crecimiento iniciada en 2014, además, no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales tradicionales de nuestra economía (especialización en sectores de bajo valor añadido, dependencia energética y tecnológica, infradesarrollo del Estado de bienestar).

2. Principales consideraciones

Un Gobierno progresista debe renunciar claramente a la aplicación de recortes en los servicios sociales o en la inversión pública como reacción a la desaceleración económica, o a volver a proponer medidas de devaluación salarial.

No existe una contradicción entre una actuación «a corto plazo» y los problemas «estructurales» o los desafíos a medio plazo de la economía española. Al contrario, el nexo común entre ambos es poner en marcha un programa de inversiones (verde, morado, digital) que a la vez que estimula la actividad económica y crea buenos empleos, lo hace en la dirección adecuada y promoviendo los cambios necesarios (no es «gastar», sino «invertir en futuro»).

Es el momento para recuperar el papel de la política fiscal. En primer lugar, el déficit público ya se sitúa por debajo del umbral del 3 %, mientras que la deuda pública se reduce y el Gobierno puede financiarse actualmente con tipos de interés negativos, restándole valor al argumento del estrecho «margen fiscal». En segundo lugar, la política monetaria se encuentra agotada, con tipos de interés muy bajos. En tercer lugar, las políticas de austeridad han resultado contraproducentes. Por último, tanto economistas «ortodoxos» como los organismos internacionales (OCDE, FMI, BCE) reconocen la utilidad de esta herramienta y piden una revisión de las reglas fiscales.

Hay que desarrollar estas políticas «con las personas dentro», garantizando estabilidad y seguridad en el empleo, acceso a la vivienda, servicios públicos, garantía de ingresos y pensiones dignas. Ni queremos impulsar un crecimiento inseguro, precario o excluyente, ni esta crisis la pueden volver a pagar los de abajo.

3. Principales medidas

Nuestras propuestas concretas para llevar este plan a cabo son:

Liderar la transición ecológica y fomentar la inversión

Poner en marcha un ambicioso programa de inversiones verdes (rehabilitación de viviendas, energías renovables, movilidad eléctrica) para impulsar la transición ecológica y reducir un 90 % las emisiones de CO2 antes de 2040. Crear un banco público de inversión que financie la transición ecológica, un nuevo modelo industrial e impulse una digitalización al servicio de la mayoría social.

Más garantías sociales

Establecer la renta garantizada para hogares con ingresos bajos: 600 € por hogar unipersonal y 900 € en hogares de dos personas, priorizando terminar con la pobreza infantil. Actualizar las pensiones al IPC por ley e instaurar un plan para subir las pensiones mínimas. ntervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios, garantizar un alquiler estable y seguro, y crear un gran parque de alquiler público de precio asequible (50.000 viviendas más al año, durante toda la legislatura).

Mejorar el empleo y asegurar unas condiciones laborales justas

Acabar con la precariedad. La contratación temporal se limitará a tareas exclusivamente temporales. La norma ha de ser el contrato indefinido. Perseguir el fraude de las personas que son falsas autónomas y hacer real que las y los autónomos solo coticen por los ingresos que tengan. Instaurar la jornada laboral de 34 horas, para impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar. Derogar la reforma laboral de 2012 para crear un nuevo marco laboral que permita que los salarios crezcan con la productividad y recuperar la estabilidad de los contratos. Seguir subiendo el salario mínimo, hasta alcanzar el 60 % del salario medio (1000 € de forma inmediata y 1200 € al final de la legislatura).

Seguir dando pasos en materia de igualdad y cuidados

Construir una economía igualitaria para mujeres y hombres, universalizando la educación infantil de 0 a 3 años, impulsando un verdadero sistema de dependencia. Establecer permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles (equiparación inmediata a dieciséis semanas y aumento de dos semanas al año hasta alcanzar las veinticuatro semanas al final de la legislatura).

Justicia fiscal

Realizar una reforma fiscal para cerrar a la mitad la brecha de recaudación que tenemos con la UE, reforzando la progresividad, con un tipo mínimo efectivo del 15 % para que las grandes empresas no puedan pagar menos y un nuevo impuesto a las fortunas de más de 1.000.000 €. Perseguir el fraude fiscal de los grandes patrimonios, reduciendo el límite para considerar el delito fiscal a 50.000 € defraudados.

Regular el sector eléctrico

Reducir la factura de la luz de hogares y empresas, acabando con la sobrerretribución de hidroeléctricas y nucleares.

Viernes, 18 de octubre de 2019