Tras un año de investigaciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) concluyó que, en marzo de 2017, policías municipales de Altotonga, en dicha entidad, abrieron fuego en contra del conductor de un vehículo particular, cuyo único delito fue manejar frente a las oficinas de ese ayuntamiento, de madrugada, con el volumen de su estéreo a un nivel alto.

Los policías, además, utilizaron pruebas falseadas para atribuir al conductor la responsabilidad de los hechos, al acusarlo de haber disparado contra las oficinas del municipio.

No obstante, al conductor del vehículo no le fue encontrada ningún arma.

“El lunes 6 de marzo de 2017 –narró la víctima del ataque policiaco, cuyo nombre se mantuvo en reserva para proteger su intimidad–, aproximadamente a la 1:20 de la mañana pasaba por el palacio municipal de la ciudad de Altotonga, a bordo de mi unidad, color blanco, modelo atrasado, con dirección a mi domicilio, iba escuchando música y con mis vidrios arriba”, momento en el que, denunció, “escuché que se hicieron disparos e inmediatamente sentí que me dolía la espalda, a la altura del omóplato derecho: una bala me había alcanzado”.

Al detener la marcha del automóvil, el conductor herido se percató que los disparos (que no cesaban) provenían de dos patrullas estacionadas frente al ayuntamiento, de las que descendieron entre 10 y 15 policías municipales.

“Aún estando ya detenido completamente mi vehículo –señaló la víctima–, los policías me siguieron disparando, se me acercan varios elementos policiales y uno de ellos me dice ‘¡bájate hijo de tu puta madre'”.

Aunque el conductor les informó que estaba herido, señala su testimonio, “los policías me esposaron y me subieron a golpes a una patrulla”, en la que fue trasladado, sangrante, a la cárcel municipal.

Ya ahí, el “comandante” a cargo les ordenó a los agentes llevar al detenido al Hospital General de Altotonga, donde fue atendido por la herida de bala en la espalda. Luego, los mismos agentes municipales lo condujeron a la “Unidad Integral de Procuración de Justicia” de Jalacingo, Veracruz, en donde, en contubernio fue puesto a disposición del Ministerio Público estatal, que forma parte de la Fiscalía General del estado.

Las declaraciones rendidas por los policías involucrados en la agresión, sin embargo, son contradictorias: mientras unos aseguraron que el conductor disparó contra el palacio municipal (a pesar de que no le fue encontrada ningún arma), otros policías aseguraron que les “aventó” el auto, y por eso abrieron fuego, y unos más dijeron que en la detención no se usaron armas, aún cuando el detenido llevaba un disparo en la espalda.

En un último intento de incriminarlo, el personal de la Fiscalía estatal extrajo una muestra de sangre al detenido, de forma obligada, para verificar si estaba alcohilizado o bajo los efectos de alguna droga, intento igualmente fallido.

Por ello, el conductor finalmente fue puesto en libertad, por lo que él mismo interpuso en ese momento una denuncia contra los funcionarios involucrados en el ataque que acababa de sufrir.

Cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz solicitó a la Fiscalía del estado conocer los avances en la investigación por dichos abusos, este organismo de gobierno le notificó oficialmente su negativa a abordar el tema.

Esta postura fue calificada por la CEDHV como un acto de “obstrucción” de sus investigaciones.

Aunque las conclusiones de esta investigación fueron emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz desde abril pasado, su contenido no se hizo público sino hasta julio.