El Gobierno decidió extender el congelamiento de precios otros 60 días sin que se sepa qué efectividad tuvo durante sus primeros dos meses de vigencia.

Hasta ahora, por la manipulación de las cifras, no hay registros del congelamiento ni siquiera en las estadísticas oficiales.

Lo que sucedió es que para el INDEC, en febrero los precios de los alimentos aumentaron el 0,4%, cuando en enero habían subido el 0,3% y en diciembre el 0,2%. O sea que aun con el congelamiento, las subas habrían sido superiores a las de los dos meses precedentes.

Lo mismo pasó en los supermercados. Para el INDEC, en febrero los precios en ese sector subieron el 0,55%, casi lo mismo que en enero, y un poco más arriba del 0,5% de diciembre.

Por su parte, en las mediciones de los pocos institutos provinciales oficiales que aún miden los precios en forma independiente del INDEC directamente no hay registros del supuesto congelamiento.

En San Luis, en promedio, los precios subieron el 2,5%, impulsado por un alza del 3,4% en los alimentos y bebidas y un 3,2% en indumentaria.

En Tierra del Fuego, los precios minoristas subieron el 1,7% en Río Grande y el 2,5% en Ushuaia.

En la capital fueguina, los precios de los alimentos tuvieron un incremento del 2,55 % y la ropa el 4,52%. En Rio Grande, los alimentos aumentaron el 2,02% y la ropa el 1%. La inflación anual se eleva al 20,9% en Ushuaia y 24,9% en Rio Grande.

En otras provincias, las mediciones están atrasadas o directamente, por la presión desde la Casa Rosada, dejaron de medir la inflación. Hoy sólo 4 ó 5 distritos tienen alguna credibilidad en sus estadísticas.

A su vez, las mediciones privadas se acercan a estos números provinciales. También en este segmento, por temor a las multas y sanciones, la mayoría dejó de difundir sus mediciones.

Por otro lado, ni el Gobierno ni los supermercados informaron cuáles eran los precios congelados al 31 de enero que sirvieran como una referencia a los consumidores a la hora de hacer sus compras. Tampoco ahora hay un listado de referencia.

En tanto, desde el Gobierno autorizaron futuros aumentos de precios a los proveedores de alimentos que, según la versión oficial, los supermercados podrán absorber con la baja de las comisiones sobre las tarjetas. Pero eso hasta ahora es sólo una hipótesis ya que hasta tanto las menores comisiones no se hagan efectivas no podrán absorber ningún tipo de incremento de precios. Y el resto de las cadenas de comercialización, incluidos los supermercados de capitales extranjeros, quedaron al margen de la nueva y futura tarjeta, con lo cual no podrán sostener ese argumento para evitar futuras subas.

En estos dos meses el resto de las variables económicas no mejoraron. El Banco Central siguió perdiendo reservas, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se amplió, se aceleró el ritmo de la devaluación oficial del peso, el Tesoro aumentó los subsidios; según los datos a febrero, el déficit fiscal hasta marzo se mantendría elevado y algunos gremios acordaron subas salariales con el consiguiente incremento de costos. La única novedad es que el Gobierno frenó los aumentos de tarifas de energía, trenes y colectivos que agregaron “combustible” a la inflación en diciembre y enero. Eso le permitió bajar la factura de subsidios a costa de los usuarios, pero en febrero volvió a pegar un estirón.

Así las cosas, la inflación sigue en torno del 25% anual. Y la presión devaluatoria, que proviene inclusive de banqueros e industriales amigos del Gobierno con sus quejas de “atraso cambiario” ponen más presión a las expectativas inflacionarias.