El hombre encargado de la implacable campaña saudita para reprimir disidentes buscaba métodos para espiar a la gente que consideraba como una amenaza para el reino. Y sabía a quién acudir: una empresa israelí que ofrece tecnología desarrollada por exfuncionarios de las agencias de inteligencia.

Era finales de 2017 y Saudi Al Qahtani —en ese entonces asesor cercano del príncipe heredero de Arabia Saudita— estaba persiguiendo a disidentes sauditas de todo el mundo como parte de unos grandes operativos de vigilancia, con los que después fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi. En mensajes que intercambió con empleados de la compañía NSO Group, Al Qahtani habló de sus grandes planes para usar las herramientas de vigilancia en todo Medio Oriente y Europa, en países como Turquía, Catar, Francia e Inglaterra.

La dependencia del gobierno saudita en una firma con sede en Israel, su adversario político desde hace décadas, es muestra de una nueva manera de librar conflictos: de manera digital, con pocas reglas y en un mercado de ciberespías por comisión valuado en 12.000 millones de dólares.

Hoy en día hasta los países más pequeños pueden comprar servicios de espionaje digital, lo que les permite realizar operaciones sofisticadas de escuchas vía electrónica o influenciar campañas políticas, algo que en el pasado solo podían hacer los aparatos estatales de Estados Unidos y Rusia. Las corporaciones que quieren escudriñar los secretos de sus competidores o un individuo pudiente que tenga alguna rivalidad también pueden realizar estas operaciones de inteligencia si pagan el precio, como si pudieran tomar de un anaquel digital herramientas de la Mossad o la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).