Carles Puigdemont y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Andreu Dalmau / ATLAS

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno central a través del Abogado del Estado. Esta decisión supone la suspensión automática durante un máximo de hasta cinco meses —pasado ese plazo deberá ratificarla o levantarla— de la resolución que el Parlament aprobó la semana pasada para abrir una vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.

El Gobierno había reclamado al Constitucional que abriera la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser “la persona claramente implicada y afectada” que lidera una institución que vulnera “de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional”. Forcadell, por su parte, respondió que consideraba “profundamente antidemocrático” que la inhabilitaran por aprobar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

Tras una reunión de una hora y media, los miembros del pleno han adoptado una decisión que contempla solo una parte de las reclamaciones que hizo el Gobierno a través del Abogado del Estado. Así, han acordado notificar personalmente a Forcadell, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros de la Mesa de la Cámara y del Gobierno catalán su eventual responsabilidad, incluso penal, si ignoran la suspensión. Y advierten a todos “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”, según una nota oficial.

20 días para responder

Los magistrados también requieren a Forcadell, a los demás miembros de la Mesa de la Cámara y al secretario general del Parlament que les informen en un plazo de 20 días sobre si han desobedecido la sentencia del Constitucional de diciembre en la que dejó sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre. También preguntan sobre el posible incumplimiento del auto del 19 de julio, en el que los magistrados advertían de que no siguieran con la denominada hoja de ruta de la independencia.

Es la primera vez que el tribunal de garantías abre la vía para “la eventual adopción de las medidas previstas” en el artículo 92 de la ley que regula su funcionamiento. El Gobierno aprobó una reforma de esta normativa en septiembre con la intención de frenar los planes de la Generalitat. El enunciado contempla multas de 3.000 a 30.000 euros por incumplir sus resoluciones, la inhabilitación de las autoridades o empleados públicos de la Administración “responsable del incumplimiento” y a la deducción de testimonio para abrir la citada vía penal contra los dirigentes independentistas.

El Gobierno también pidió al Constitucional —sin que este, de momento, lo haya atendido— que prohibiera “expresamente” a la presidenta del Parlament, a la Mesa y al secretario general de las Cámara catalana debatir y votar cualquier iniciativa relacionada con este proceso. El Ejecutivo reclamó además el veto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su consejo de Gobierno para tramitar iniciativas legislativas.

El Constitucional da 20 días al fiscal y al Parlament para que respondan a la solicitud de nulidad que pidió de la Abogacía del Estado.

La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente el 27 de julio. La votación supuso un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral de independencia. La unidad con la CUP allanó el camino para que el Gobierno catalán supere esa prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones, se negó a votar.