El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad denegar la suspensión cautelar de las resoluciones del Tribunal Supremo que acordaron impedir el ejercicio de sus funciones como diputados a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull y Raül Romeva. Todos ellos quedaron suspendidos en el ejercicio del cargo al ser procesados por rebelión y pesar sobre ellos una orden de prisión.

El Tribunal desestima el recurso de amparo presentado por un grupo de particulares, encabezado por Jaume Cabré Fabré, quienes consideraban que la decisión del Supremo había vulnerado su derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones. Los recurrentes reclamaron al TC que mientras estudiaba ese recurso de amparo, dejara sin efecto la suspensión de funciones acordada por el juez Pablo Llarena en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto del TC, fechado el martes, ha denegado esa medida cautelar, por lo que los diputados seguirán suspendidos mientras se estudia el fondo recurso de amparo, que se resolverá en una futura sentencia.

El auto explica que "acceder a la suspensión equivaldría a anticipar un eventual fallo estimatorio del recurso de amparo y supondría no aplicar temporalmente una norma de rango legal, el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya utilización jurisdiccional goza de presunción de legitimidad". La resolución judicial, apoyándose en la doctrina constitucional, señala que "en este trámite procesal no puede efectuarse el análisis de la cuestión de fondo, ni cabe cuestionar las bases fácticas que la sustentan ni tampoco anticipar indebidamente lo que debe ser resuelto en la oportuna sentencia".

Recurso del Gobierno

Por otra parte, el TC también ha acordado este jueves estimar parte del recurso del Gobierno central y anular una moción del Parlament del pasado mes de julio en la que se reiteraba la decisión de seguir adelante con el procés pese a las actuaciones judiciales para impedirlo. En concreto, los magistrados anulan tres de los cinco punto recurridos. El primero de ellos afirmaba que el "Parlamento de Cataluña, ante las actuaciones del Estado, por medio del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con su mandato democrático ratifica su firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña".

En otros puntos el Parlament se declaraba depositario de la soberanía del pueblo de Cataluña y reiteraba la resolución anulada por el TC que activaba el "proceso político" hacia la independencia. La moción añadía que este proceso se había visto "legitimado por los resultados del referéndum del 1 de octubre".

Los dos puntos recurridos que finalmente no se anulan no afectaban estrictamente al proceso independentista. Por el contrario, instaban al Govern a hacer efectivos artículos de una gran variedad de leyes (cambio climático, energía, comercio, cannabis, personas jurídicas...) que habían quedado suspendidos como consecuencia de recursos del Gobierno central.