El pasado mes de octubre quedó visto para sentencia el que quizás sea el juicio más mediático de todos los que involucran a las malogradas cajas de ahorros, el juicio por la salida a bolsa de Bankia. A la espera de saber qué determinan los jueces para Rodrigo Rato, José Luis Olivas y el resto de la antigua cúpula de la entidad, cabe recordar que no en todos los casos los tribunales han dictaminado la culpabilidad de los acusados.

El ejemplo más claro es el de la antigua cúpula de CatalunyaCaixa, con Narcís Serra y Adolf Todó a la cabeza. El pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional exculpaba a los 41 acusados, antiguos miembros del consejo de administración, al considerar que no cometieron un delito de administración desleal ni de apropiación indebida cuando aprobaron un aumento de sueldo para Todó y para el que fuera su mano derecha en la entidad, Jaume Massana, en un contexto en que la entidad tuvo que ser rescatada por el FROB.

El tribunal eludió entrar en “consideraciones morales” y pese a los “sustanciosos aumentos salariales” consideró que la conducta de los directivos no fue delictiva. La Fiscalía había pedido tres años de prisión para el que fuera vicepresidente durante el Gobierno de Felipe González. El rescate de CatalunyaCaixa supuso unas pérdidas para las arcas públicas de 11.817 millones de euros.

La justicia también ha dado la razón por el momento en todas las ocasiones a Roberto López Abad, que ostentase el cargo de director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). El pasado verano el Supremo le absolvía, al igual que al exdirector general de inversiones y riesgos Francisco José Martínez García, del delito de falsedad contable por el que les había condenado la Audiencia Nacional. El alto tribunal consideró que no había quedado suficientemente acreditado que la alteración de las cuentas de la CAM en 2010 fuera “idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a un tercero”.

López Abad y Martínez García se libraron de penas de tres años de prisión y de dos años, nueve meses y un día, respectivamente. Menos suerte tuvieron otros de los condenados en este caso, la exdirectora general María Dolores Amorós y al exdirector general del área de planificación y control Teófilo Sogorb, si bien el Supremo rebajó sus penas, a un año y seis meses de cárcel y dos años, respectivamente.

No obstante, López Abad todavía tiene citas pendientes con la justicia, ya que está imputado en el caso que investiga los negocios de la CAM en el Caribe. El juicio en la Audiencia Nacional no se celebrará hasta marzo del próximo año. El rescate de la CAM costó 12.458 millones de euros, si bien en este caso los fondos no fueron puestos por el FRPB, sino por el Fondo de Garantía de Depósitos, financiado por la banca y que tiene por objetivo asegurar los depósitos de los pequeños ahorradores.

Apenas hace unas semanas, se conocía también que la Audiencia Nacional absolvía a cuatro exdirectivos de Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, que fueron juzgados por unas operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid. Gayoso se encuentra en la calle después de haber sido en 2017 uno de los primeros antiguos gestores de las cajas en entrar en prisión, junto a los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por unas prejubilaciones de 18,9 millones de euros.

Seis meses después, a Gayoso se le permitía salir de prisión a cambio la obligación de colaborar de forma altruista y sin contraprestación económica con la Fundación Asociación Érguete Integración.

El rescate de Novagalicia, entidad surgida de la fusión de las cajas gallegas, costó 8.621 millones de euros a los españoles.

Los condenados que no han pisado la cárcel

Al igual que en el caso de Gayoso, el cumplimiento de parte de la pena ha permitido a otros condenados volver a pisar la calle. Es el caso de 11 de los 15 condenados por las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid, a los que Instituciones Penitenciarias había concedido ya en verano el tercer grado o régimen de semilibertad. Se trata de José María de la Riva, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Rubén Cruz Orive, Gonzalo Martín Pascual, Miguel Ángel Abejón, Rodolfo Benito, Antonio del Rey, Javier de Miguel Sánchez, Francisco José Pérez Fernández, Jorge Gómez Moreno y Antonio Romero Lázaro.

En este caso se dio además la circunstancia de que los 15 condenados que entraron en prisión suponían menos de una cuarta parte de los 64 condenados en total, ya que fueron los únicos con penas superiores a los dos años. En otras palabras, de los 64 condenados por las ‘black’ solo cuatro permanecen en prisión: Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero y Estanislao Rodríguez-Ponga.

Y es que al número de banqueros a los que la justicia ha dado la razón, se suma además un buen puñado que fueron condenados, pero que no llegaron a pisar la cárcel. En 2014, por ejemplo, la Audiencia Nacional condenó a dos años al exdirector general de Caixa Penedès Ricardo Pagès y a otros tres directivos de la entidad –Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas– por el cobro de unas pensiones millonarias. Sin embargo, a cambio de devolver el dinero, unos 30 millones de euros, se libraron de tener que cumplir la pena.

También fueron condenados a dos años el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector Ildefonso Ortega. Al no tener antecedentes, esquivaron la entrada en prisión.

Fuente: El Boletín