Cuatro hermanas menores de edad y residentes en el País Vasco fueron víctimas de la ablación del clítoris en un reciente viaje de vacaciones a Mali, el país de origen de sus padres. La Fiscalía de Menores del País Vasco está investigando los hechos tras la denuncia de la mayor de las hermanas, de sólo 14 años, a una trabajadora social. Los responsables de la mutilación genital de las pequeñas habrían sido sus abuelos.

En Mali, el país de origen de las cuatro hermanas, el 98% de las mujeres sufren la mutilación del clítoris, por lo que los viajes de vacaciones son un riesgo para estas niñas. Y así sucedió en este caso.

Fue la mayor de las cuatro hermanas, que cuenta apenas con 14 años, la que denunció a una trabajadora social lo que le había ocurrido en sus últimas vacaciones. Según la Fiscalía de Menores del País Vasco, los abuelos maternos de las niñas habrían aprovechado este viaje de la familia a su país de origen para someterles a la mutilación de parte de sus genitales.

Esta práctica, lejos de ser un delito en Mali como lo es en España, es una costumbre y en ocasiones hasta una fiesta para simbolizar el paso de niña a mujer. No consta que los padres pusieran impedimentos.

Los responsables de los hechos, probados por un forense, han sido los abuelos

La adolescente mostró también a la trabajadora social la sospecha de que sus tres hermanas menores habrían pasado por el mismo mal trago. Un médico forense examinó tanto a la denunciante como a las otras niñas y halló evidencias objetivas de que efectivamente las cuatro menores habían sido víctimas de la ablación clitoriana.

La Fiscalía de Menores del País Vasco está estudiando las medidas de protección que procurará ahora a las jóvenes. Fuentes judiciales conocedoras de este caso señalan, además, que la Audiencia Nacional «debería» incoar un procedimiento contra los abuelos, responsables materiales de los hechos y que viven en Mali. Sostienen que la restricción del principio de jurisdicción universal acometida esta legislatura por el Gobierno del PP no limita las investigaciones sobre este tipo de delitos graves.

No es el primer caso detectado en los últimos años en el País Vasco, donde residen unas 800 niñas en riesgo procedentes de los países donde la ablación es moneda corriente. En 2013, como ya publicó EL MUNDO, las víctimas fueron otra preadolescente de familia de Mali y una niña originaria de Guinea. Según la investigación judicial, también entonces la ablación vino ordenada por los respectivos abuelos.

La Fiscalía vasca determinó en aquel momento que no iba a solicitar la retirada a los padres de la custodia de las menores. Interpretó que, al no ser los responsables directos de los hechos, su separación de las niñas supondría para ellas una doble victimización.

No obstante, ya desde que se conocieron los primeros casos en 2013, el Ministerio público emplazó a todas las instituciones a establecer urgentemente un protocolo de prevención. «El riesgo se encuentra cuando las menores abandonan el territorio nacional para ir a sus países de origen. La protección supondría impedir que dichos viajes se produjeran», demandó públicamente a las administraciones competentes la fiscal de menores de la provincia de Álava, Carmen Cotelo.

El Gobierno vasco, a través del Instituto Vasco de la Mujer, recogió el guante y ultima un protocolo de actuación para prevenir la ablación genital femenina. Una de las medidas inmediatas será activar un sistema de alertas en los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma para detectar a mujeres adultas que en su juventud fueran víctimas de la ablación. Localizadas ellas, será más sencillo proteger a sus hijas cuando lleguen a la pubertad.

Asimismo, en los casos más graves, aquéllos en los que haya sospechas fundadas de que el viaje a determinados países de África pueda estar organizado para cometer esta práctica, se ha planteado la intervención incluso del área de Extranjería de la Policía Nacional para retirar los pasaportes a la familia y que no abandonen el territorio español. Hasta el momento, no ha trascendido ningún caso.

Respecto a la respuesta penal posterior tras la mutilación de las niñas, los juristas consultados coinciden en la enorme dificultad de perseguir a los familiares de las víctimas. Técnicamente, en países como Mali la ablación no es delito, por lo que cualquier petición de extradición por parte de la Audiencia Nacional sería inútil ante las autoridades de aquel país. En todo caso, el principio de jurisdicción universal permitiría actuar en defensa de unas menores que son residentes en España, como acordó el pleno del alto tribunal en 2014 tras analizar la reforma legislativa introducida por el Gobierno del PP. Desde el País Vasco, en medios judiciales se defiende que se «deberían» abrir investigaciones que resulten ejemplarizantes.

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