El artículo 7 de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobada en julio por unanimidad de todos los partidos políticos, dice en su apartado «e» que todas las personas «que viven en un recurso residencial permanente de tipo social o sanitario» no pueden cobrar esta prestación. El caso es que los albergues para las personas sin hogar, en principio, son equipamientos temporales. Sin embargo, la Generalitat los interpreta como permanentes y por este motivo las personas sin techo que allí viven están quedando excluidas de esta ayuda, según ha podido saber Ser Cataluña. Una renta, precisamente, pensada para aquellas personas que se han quedado sin ingresos y no tienen ningún ingreso al que aferrarse.

Fuentes de la Generalitat aseguran que ellos se limitan a aplicar la ley al pie de la letra. Añaden que esta situación sólo se puede evitar de una manera: incluyendo una excepción para los sin hogar en el reglamento que desarrolla la aplicación de toda ley. El problema es que este reglamento, que aún no existe, sólo se puede aprobar si hay un gobierno constituido.

El portavoz de las entidades que impulsó esta ley, Diosdado Toledano, considera que esto es «muy injusto». «La ley se pensó para ayudar a las personas que no tienen ningún ingreso, y precisamente esto afecta a muchos sin techo, que por no tener nada no tienen ni casa donde vivir», afirma en declaraciones a SER Cataluña.

La administración que principalmente sufre esta situación es el Ayuntamiento de Barcelona, ​​la ciudad con más plazas para la atención de sin hogar. Son ellos quienes, precisamente, están recibiendo de manera «sistemática», según fuentes municipales, las denegaciones de la renta tramitadas desde los propios equipamientos. Fuentes municipales lamentan esta situación porque esperaban que la nueva prestación ayudara a que las personas sin techo salieran de la calle y pudieran hacer una vida autónoma. De hecho, el aumento de personas sin techo en la capital ha hecho que los albergues estén colapsados.