catalana

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Cuando Rajoy compareció en rueda de prensa el pasado jueves 7 de septiembre, tras la aprobación de la ley catalana del referéndum, la situación parecía favorable para el presidente. Con el Tribunal Constitucional y el Gobierno funcionando a bloque sus palabras, de tono sereno y coartada sensata, le hicieron vencedor en la representación de la legitimidad frente a un Parlament que estaba atravesando unas sesiones confusas y atropelladas. Sin embargo, tras la multitudinaria Diada el escenario ha ido cambiando progresivamente, pasando la excepcionalidad del órgano legislador catalán al Gobierno central. “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, dijo Rajoy el viernes 15 en la reunión de la directiva del PP de Cataluña, “no subestimen la fuerza de la democracia española”.

Este cambio de escenario no es más que el resultado de la postura inamovible del PP y sus socios, la de judicializar un problema político sin ofrecer ningún tipo de salida negociada a la situación, dejando el trabajo de despacho en manos de columnistas incendiarios, jueces salvapatrias y agentes del Instituto Armado. La legalidad, como es obvio, permanece a salvo, hermética al presente, mientras que la legitimidad se desliza hacia un referéndum, que aun teniendo una validez técnica simbólica, ya ha conseguido su objetivo: el de crear una crisis de Estado que sirva de contrapeso para una futura negociación. Al menos en teoría.

Como ya señalé en el artículo de hace un par de semanas, Defender el derecho a decidir en Cataluña es defender España, la cuestión catalana traspasaría sus límites geográficos llevando al resto del país debates en torno al Estado de derecho, a la naturaleza de la legalidad y los límites de la política institucionalizada. Pero también pondría de manifiesto, como así está siendo y así va a ser, el proyecto de restauración reaccionaria que la clase dirigente tiene para reformular España y barrer, definitivamente, el espíritu constituyente del periodo anterior, sus expresiones electorales y asociativas, así como el justo clima de ilegitimidad de un gobierno salpicado por la corrupción y que lo es, recordemos, gracias a un descabezamiento de la dirección, ya renacida, del PSOE. La lectura de la derecha es sencilla: la coyuntura catalana nos obligará a utilizar recortes democráticos, por lo tanto, ¿para qué quedarnos tan solo en un lugar y un momento concretos?

Ya estamos viendo los primeros resultados de tal operación. La casi segura intervención de las finanzas de la Generalitat, la amenaza de la fiscalía a los más de 700 alcaldes (de un total de 947) que van a colaborar con el referéndum, la ambigua advertencia del Constitucional a TV3 donde los límites entre información y apoyo al 1-O son poco claros y los registros de la Guardia Civil a publicaciones e imprentas sospechosas de imprimir cartelería y papeletas. El 155 planea como una guadaña sobre las espaldas de Puigdemont y Junqueras, pero sobre todo de una sociedad catalana que, si antes de este momento ya contaba con un sector notable que se declaraba independentista, favorable al derecho a decidir o simplemente dolido por lo que consideraban un reiterado menosprecio a su sentimiento nacional, ahora ve que sus miedos se convierten en certezas.

Fuera de Cataluña han sido dos, por el momento, los actos suspendidos por decisión judicial, uno en Madrid, el pasado día 12, y otro en Vitoria, el viernes 15. Este último fue interrumpido por la Policía Local de la capital vasca a instancias del juzgado tras la denuncia de Delegación del Gobierno cuando ya estaba en marcha, teniendo que abandonar la sala el público asistente y la ponente, Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que declaró que “el derecho de libertad de expresión y de manifestación están amenazados”. El acto en Madrid, que tuvo lugar el pasado domingo en el Teatro del Barrio, iba a celebrarse en un principio en un local municipal. Esta fue una de las razones que el juez Yusty Bastarreche utilizó para obligar al consistorio madrileño a no ceder el espacio: la de que una dependendencia municipal debe servir a los intereses generales de la ciudadanía. El auto, además, interpretaba que si el referéndum había sido declarado ilegal por el Constitucional, un acto, supuestamente de apoyo al mismo, también lo era.

Podemos poner en duda la parcialidad de un juez declaradamente hostil a la alcaldía madrileña, a la que calificó de tropa de aspecto poco presentable, y al proceso soberanista catalán, ya que era firmante de un manifiesto contrario al mismo. Podemos volver a los debates circulares sobre el Estado de derecho como ente ideal. Incluso, hipotéticamente respetuosos con las leyes y contrarios a la independencia de Cataluña, mirar para otro lado considerando estas prohibiciones un mal necesario que se desprende de un conflicto mayor. O tener memoria.

El cierre del periódico Egunkaria en 2003 y la acusación a su directiva de colaboración con banda armada pasaron de puntillas por la sociedad española, incluso por la más progresista, que atemorizada de criticar la medida para no ser tachada de simpatizante de ETA, calló en su mayor parte. En 2010, la propia Audiencia Nacional absolvió a los acusados sentenciando que: “La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”. Episodios de esta índole, si el camino no se corrige, van a volver a tener lugar no solo en Cataluña sino en cualquier parte del país, independientemente de tener que ver o no con el referéndum.

El poder, si es efectivo, no requiere de recordatorios. De hecho, el poder de un Estado es más notable cuanto menos tiene que utilizar sus sistemas coactivos, bien por la connivencia de sus gobernados, bien por el temor de estos a las consecuencias. Que el Gobierno tenga que recurrir a herramientas como prohibiciones que afectan a derechos fundamentales, multas, imputaciones y suspensiones lo que revela no es su fuerza, sino su debilidad para imponer o negociar una solución política a un problema político. Y en último término no ya la debilidad de este Gobierno concreto, sino del propio Régimen que se ha mostrado incapaz de articular una solución territorial definitiva, de defender la soberanía del tan citado pueblo español frente a la Troika o de funcionar sin una corrupción generalizada que, por cierto, afecta de igual forma al ya lejano oasis catalán.

Tratar la cuestión catalana como un simple problema de legalidad, de orden público, puede tener que ver con cierta ceguera táctica (la misma que creó esta situación en parte), pero sobre todo tiene que ver con un proyecto, con un modelo político regresivo que entiende las leyes desde una visión de clase, no confesable pero desacomplejada. Una visión que sabe que las leyes, más allá de su intencional espíritu de equidad, son producto de correlaciones de fuerza, de situaciones de poder cambiante entre actores sociales con intereses contrapuestos. Claro que existen normas que parten de una necesidad cotidiana y son de un uso común y casi lógico (como el ya terco ejemplo del semáforo), como hay otras muchas que son la plasmación de un interés ideológico o una necesidad de un grupo social con poder para imponerlas. Tratar de hacer pasar este tipo de leyes por una especie de tablas sagradas grabadas por Dios en el monte Sinaí es de una arbitrariedad pasmosa.

En general, en los momentos de la mal llamada paz social, es decir, las etapas en que las clases dirigentes imponen su políticas sin una oposición firme, son precisamente las leyes más cotidianas las que se ponen en cuestión (el botellón, la limitación de velocidad o alcohol en la conducción) en debates tan desesperantes como estériles. Es en los procesos de conflicto estructural cuando los que nunca ven su voluntad y necesidades reflejadas en las leyes buscan que así sea, provocando avances políticos que quedan plasmados en el cuerpo jurídico, no por la buena voluntad de los de arriba, sino por la irrefrenable demanda de los de abajo. No hace tanto divorciarse o abortar estaba prohibido en España y, efectivamente, las que luchaban para que así fuera estaban planteando algo, obviamente, ilegal. Que nuestra Constitución apellide al Estado de social responde a una correlación de fuerzas de un momento histórico, que se reformara esa Constitución para introducir el 135, una cláusula neoliberal, a otra.

Con la cuestión nacional ocurre lo mismo, pueden consultar cuál era el contexto en 1978, qué significaban los militares, el café para todos, el balancín de Suárez o las manifestaciones populares no solo en Cataluña, Euskadi o Galicia sino también en Andalucía. Utilizar la Constitución como un ariete y a los tribunales como mariscales de campo para resolver un problema político real en el que ya están inmiscuidas amplias capas sociales es una insensatez. A no ser que lo que se pretenda no sea solucionar el problema en Cataluña, sino eliminarlo, y de paso aprovechar la excepcionalidad para seguir un camino involucionista en España.

Lo que no es legal no es democrático, ha dicho Rajoy, a lo que el veterano exdiputado comunista Alcaraz ha contestado, lo que no es legal no es democrático: la institucionalización fosilizada de la política.