25/08/2016 -

VALENCIA. Los matices del pacto anticorrupción sellado este miércoles entre el Partido Popular y Ciudadanos son un balón de oxígeno en toda regla para los investigados por corrupción del Ayuntamiento de Valencia. Con el pacto alcanzado, ni la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni ninguno de sus concejales y asesores deberá dimitir.

Albert Rivera impuso entre sus seis condiciones para negociar un pacto de investidura con el PP la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. Tras las primeras reuniones con el PP, esta exigencia ha quedado matizada y condicionada a la existencia de un “enriquecimiento personal y la financiación ilegal”.

En este punto, conviene recordar que el delito de financiación irregular de partido entró en vigor con la reforma del Código Penal en junio de 2015, por lo que es imposible que ninguno de los investigados en la pieza principal del caso Imelsa haya cometido dicho delito, ya que todos están acusados por hechos sucedidos hasta mayo de ese año.

Pero además, hasta ahora, los concejales y asesores están siendo investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales y, ese delito, no implica el haber sustraído dinero del erario público, por lo que la segunda parte del acuerdo tampoco les afectaría.

Es más, con el pacto, los únicos que deberían dimitir dentro del marco de la operación Taula son aquellos investigados que, a día de hoy, ya no tienen ninguna vinculación con el Partido Popular como el expresidente de la Diputación Alfonso Rus o la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón.

Sin dimisiones

Así, con la firma de este acuerdo, el PP de Mariano Rajoy logra que ninguno de sus principales cargos políticos en Valencia tenga que dejar su puesto por muy investigados por corrupción que estén. Es más, ahora todo queda en manos del Comité de Derechos y Garantías del PP que es el que está tramitando el expediente contra Barberá y su grupo municipal.

Si el comité se centra solo en lo estipulado por los estatutos, ninguno de ellos deberá dejar su cargo hasta que se abra juicio oral. Pero por otro lado, podrían acogerse a la petición del PPCV que sí solicitaba la expulsión por falta grave de los investigados.

De pronunciarse a favor de los concejales y Barberá, todos ellos podrían estar cerca de un año en sus cargos a la vez que permanecen como investigados por corrupción en una causa judicial. En el caso de la exalcaldesa eso sucedería de pronunciarse el Tribunal Supremo a favor de la Fiscalía del Alto Tribunal.

Delito electoral

La gran pregunta es si la formación naranja querrá hacer pasar el delito electoral por delito de financiación irregular. Pero aunque fuera así, a día de hoy tampoco hay ningún cargo del PP de Valencia ciudad imputado por esos hechos.

Fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza tachan el acuerdo de “venta de humo a la ciudadanía” ya que, las mismas fuentes aseveran que es imposible que los asesores jurídicos de Ciudadanos no les hayan alertado de las consecuencias de la firma del mismo.