Desde las tribunas oficiales se ha declamado con insistencia que el desendeudamiento ha sido un atributo virtuoso del actual gobierno nacional. Sin embargo, este anuncio no se compadece con la realidad. A poco que se la mida correctamente, la deuda pública ha crecido durante la gestión kirchnerista, y lo ha hecho en una magnitud importante. La reestructuración lograda en 2005 y ampliada en 2010 no produjo una reducción suficiente para compensar otros motivos de aumento.

Prácticamente todos los vencimientos de la deuda pública externa, incluyendo la cancelación del pasivo con el FMI, se pagaron con reservas del Banco Central que no fueron adquiridas con fondos excedentes del presupuesto. En cada caso, el Tesoro nacional entregó títulos públicos intransferibles nominados en dólares, por el monto recibido, con vencimiento a diez años. Esos bonos forman parte del activo del Banco Central, pero son un pasivo del Estado que debe computarse como deuda pública. Las obligaciones externas canceladas de esta forma sólo fueron el cambio de una deuda por otra. Similar carácter tienen los acuerdos de cancelación con acreedores externos tales como el Club de París, Repsol o los litigantes en el Ciadi. Esos pagos se hicieron emitiendo nueva deuda, que naturalmente deberá ser cancelada.

El carácter interno o externo de la deuda debe definirse por la moneda en que fue contraída. Un título emitido en dólares deberá pagarse en esa moneda, aunque esté en manos de un residente local. Si hay escasez de divisas al momento del pago, se producirá el mismo problema cualquiera sea el domicilio del acreedor. El juicio tramitado por el juez Thomas Griesa tuvo como actores no sólo a los fondos Elliot y Aurelius, sino también a un conjunto de bonistas argentinos. También debe considerarse como deuda asimilable a la externa la contraída en divisas por el Tesoro con el propio sector público. Tal es el caso de los aproximadamente 53.700 millones de dólares en bonos intransferibles en manos del Banco Central.

Comprendiendo este monto, la deuda pública en moneda extranjera formalizada alcanza actualmente a 131.700 millones de dólares. A esta cifra debe adicionársele la deuda con los holdouts por una cifra total estimada en el orden de los 15.000 millones, una parte de la cual tiene sentencia de pago y la otra tendrá que negociarse. Sin considerar algunos atrasos y nuevas sentencias del Ciadi, la deuda pública en divisas ronda hoy los 147.000 millones de dólares.

La deuda del Estado nacional en moneda extranjera en el año 2001 era de 139.775 millones de dólares. En ese entonces los vencimientos externos se habían afrontado con renovaciones o con nuevas emisiones o préstamos, sin extraer reservas del Banco Central sin contrapartida. Es por esto que una comparación válida requiere hoy incluir los bonos adeudados al Banco Central por el canje de reservas empleadas en los pagos de la deuda. Esta comparación expone, por lo tanto, un incremento de la deuda pública en divisas, no una reducción.

La deuda del Estado en pesos tuvo un crecimiento mucho más significativo. Desde una cifra cercana al equivalente de 30.000 millones de dólares en 2002, ha pasado hoy a alrededor de 75.000 millones de dólares. Pero esto no es todo. El Tesoro ha recurrido sistemáticamente en los últimos años a financiar su déficit mediante adelantos transitorios y utilidades no genuinas del Banco Central. En otras palabras, se financió con emisión monetaria. Pero para evitar un incontenible desborde inflacionario, el propio Banco Central ha absorbido pesos colocando en el mercado letras Nobac y Lebac. Es una forma indirecta del Tesoro de captar deuda del sector privado. El stock actual de estas letras alcanza a 264.931 millones de pesos, equivalentes a 30.986 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

Si se incluye este pasivo, la deuda pública total, en moneda extranjera y local, alcanza hoy a 253.000 millones de dólares. Es un 49 por ciento superior a la existente en 2001, un aumento más que significativo. Esta conclusión desmiente absolutamente el discurso oficial que pretende dar cuenta de un desendeudamiento.

Pero la falsedad no termina aquí. Hay deudas que se han devengado, pero no registrado. Nos referimos principalmente a los miles de juicios de jubilados, con o sin sentencias dictadas, que tarde o temprano deberán pagarse, al igual que las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia que obligan al Estado nacional a devolver aportes voluntarios que numerosos trabajadores efectuaron antes de la reestatización del sistema previsional y que el Gobierno se había apropiado. Por otro lado, al confiscarse los fondos de pensión administrados por las AFJP, el Gobierno se hizo de una suma considerable y del flujo mensual de los aportes al sistema. Pero al mismo tiempo cargó sobre las futuras administraciones nacionales con un inmenso pasivo. Esto es también una deuda que las generaciones venideras deberán pagar. El fenómeno del endeudamiento de estos últimos años es uno de los rasgos más característicos y destructivos del populismo.