En esta coyuntura, la Doctrina Sinatra (todo “a mi manera”) que Trump aplica a México obliga a nuestro país a una decisión de triaje: contener al presidente estadounidense en la medida que sea posible; blindar y proteger mecanismos y procesos vitales de nuestro andamiaje bilateral, evitando la contaminación temática de los distintos compartimientos-estanco de la relación y dedicando la mayor banda ancha posible a crear y fortalecer alianzas con gobernadores y alcaldes; y fijar posturas ofensivas en temas y casos en que se pueda hacer sin generar más disrupción.

México, además de subrayar —como ya lo ha hecho— que rechaza cualquier proceso de certificación unilateral en la lucha contra las drogas y el crimen organizado trasnacional, tiene que dejar en claro que la epidemia de opiáceos y opioides en Estados Unidos es de hechura doméstica, cortesía de la industria farmacéutica de ese país. Pero también debemos declarar oficialmente que a partir de este momento, en virtud de las políticas de legalización de cannabis en algunos estados de Estados Unidos, nuestro país ya no gastará más presupuesto en erradicar y asegurar cannabis en suelo mexicano, y que esos recursos se canalizarán a combatir a los grupos criminales más violentos y las sustancias más peligrosas.

La segunda acción sería iniciar, a nombre de los deudos de cada uno de los policías, soldados y marinos mexicanos abatidos combatiendo al crimen organizado, procesos de litigio individuales y caso por caso en cortes estadounidenses cuando el arma traficada hacia México y usada por los criminales haya sido rastreada exitosamente (mediante el programa E-Trace) a una armería o feria de armerías en ese país, en contra de los responsables de la venta de dicha arma.

Por último, México debe mejorar de manera urgente las capacidades de control y monitoreo fronterizo al sur y al norte. Para bailar salsa se necesitan dos: así como en 2007 México le exigió a Estados Unidos asumir un paradigma de responsabilidad compartida para combatir al crimen organiziado, hoy nosotros debemos fortalecer nuestras fronteras. El Instituto Nacional de Migración (Inami), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Aduanas no pueden seguir siendo canibalizadas; Aduanas en particular tiene que acabar de migrar de ser una dependencia enfocada a la recaudación hacia una de control, sobre todo de cara al trasiego de armas, dinero en efectivo, fentanilo o precursores químicos.

La política migratoria de mano dura de México para frenar la transmigración conlleva consecuencias y costos que no se han aquilatado del todo en nuestro país. Como resultado de nuestras acciones encaminadas a aplacar a Trump, se están acumulando facturas políticas —con legisladores, gobernadores, alcaldes y otros actores mediáticos y sociales estadounidenses—, diplomáticas —con el sur y para nuestra propia política de protección hacia nuestros connacionales en Estados Unidos— y de imagen y reputación mexicanas, ante actores globales y foros multilaterales y ONG.

Por ello México debe rechazar el paradigma de política migratoria impuesto por la Casa Blanca y desarrollar en su lugar uno propio que cumpla de manera irrestricta con nuestras obligaciones internacionales en materia de refugio y asilo y la canalización de recursos y personal a la COMAR y el Inami. Es necesario diseñar un programa de trabajo temporal, circular, legal, ordenado y seguro con los países del Triángulo Norte centroamericano; fortalecer redes y organizaciones locales en México y con alcaldes y gobernadores para crear mecanismos de integración e inclusión; usar el atril presidencial mexicano para contrarrestar la xenofobia antiinmigrante que de manera deplorable ha surgido en México; y retomar los esfuerzos de empoderamiento político de nuestra comunidad diáspora en Estados Unidos.

México debe además articular, como narrativa aglutinadora de estos esfuerzos, un discurso en el que subraye que es imposible resolver una crisis migratoria vía la disuasión o con políticas que solo privilegian controles fronterizos y la aplicación de la ley.