El principal imputado del caso Gürtel, Francisco Correa, ofreció a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular un pacto para rebajar sus peticiones de condena a cambio de colaborar con la justicia y contar todo lo que sabe. La información que ofrecía Correa, su confesión, son datos desconocidos por los investigadores que implicaban a importantes políticos y empresarios que, por ahora, no están imputados en el caso.

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A cambio de su confesión, Correa también pedía poder conservar parte de su patrimonio: que Anticorrupción rebajase la petición de responsabilidad civil, la indemnización que tendría que pagar si es condenado, y que en su caso asciende hasta los 60 millones de euros.

La negociación fracasó en ambos frentes por motivos aparentemente distintos. La Fiscalía Anticorrupción rechazó el acuerdo porque Correa exigía demasiado a cambio. "Pedía el mundo", asegura una fuente de Anticorrupción. Sin embargo, desde las acusaciones populares afirman que las pretensiones que Correa les presentó podían ser asumibles, pero que, en un momento dado, el presunto cabecilla de la trama de corrupción se echó atrás sin que hubiera un motivo claro.

La iniciativa de Correa para buscar un acuerdo corrió paralela a la de otro imputado, el constructor Alfonso García Pozuelo, único acusado de la Gürtel que ha alcanzado por el momento un pacto con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión. García Pozuelo, que fue dueño de la Constructora Hispánica, se sentará finalmente en el banquillo acusado de prevaricación y cohecho, una condena que se puede quedar en solo dos años, lo que le permitiría no entrar en prisión ya que no tiene antecedentes.

El primer episodio de la negociación frustrada se produjo al poco de que Anticorrupción presentara en enero de este año su petición de condena para Correa y los otros 40 acusados. Francisco Miranda, por aquel entonces abogado de Correa, se reunió con el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas. No fue solo. Le acompañó el letrado Javier Iglesias, próximo a la cúpula del PP y que se encarga de la defensa del constructor Alfonso García Pozuelo.

Aquella reunión fue breve, de unos diez minutos, según dos fuentes conocedoras del encuentro. Javier Iglesias llevó la voz cantante y Francisco Miranda expuso el planteamiento de su cliente en segundo lugar. Antonio Salinas no se mostró receptivo a un pacto o a iniciar contactos, coinciden las mismas fuentes.

A pesar de ello, con posterioridad al encuentro con el fiscal jefe de Anticorrupción arrancaron una serie de reuniones con las fiscales de las piezas de Gürtel en las que está acusado Correa. A la primera, y por petición de Anticorrupción, el abogado de Correa acudió con un boceto de su propuesta. Las dos siguientes reuniones se produjeron de forma paralela a las que Iglesias mantenía con las fiscales de Madrid para abordar la situación de García Pozuelo, solo imputado en la pieza principal.

Hubo otros dos encuentros, también por separado, hasta que en el quinto, la Fiscalía Anticorrupción se plantó: en ningún caso habría una petición para Correa por debajo de los 18 años de prisión –el triple de la condena por el delito más grave, como establece el Código Penal-. La Fiscalía tampoco accedió a que rebajar la petición económica de responsabilidad fiscal para que pudiese quedarse con parte de su dinero.

Al menos en la preparación de uno de los encuentros participó la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, número dos de Salinas.

La oferta de Correa a la Fiscalía y la acusación popular incluía datos nuevos sobre personas ya imputadas y también información que implicaba a otros importantes políticos y empresarios que por ahora han escapado al banquillo, explican fuentes implicadas en la negociación. Eran sus "bombas de relojería", como el mismo Correa aseguraba.

Los contactos de Correa con la Fiscalía Anticorrupción se extendieron a la acusación popular, que también podía rebajar su propuesta de condena para el presunto cabecilla y el resto de imputados. Los encuentros se produjeron desde marzo hasta mediados de mayo. Que tanto las acusaciones como la Fiscalía accedieran a rebajar sus peticiones de pena era clave para el futuro de Correa: si ambas partes estaban de acuerdo, las posibilidades de una condena más suave se multiplicaban.

Francisco Correa y su abogado se reunieron en varias ocasiones con Gonzalo Boye, el abogado de Observatori Desc, una asociación que forma parte de las acusaciones populares del caso Bárcenas y que recientemente se ha personado también en la Gürtel. A su vez, Boye y el abogado de Correa contactaron con la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que también ejerce la acusación popular. En representación de ADADE, el abogado Mariano Benítez de Lugo respondió que su participación en un posible acuerdo dependía de la “carga probatoria” de las afirmaciones de Correa y en sí afectaban al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ADADE no volvió a tener noticias. A diferencia de lo que ocurrió con Anticorrupción, las negociaciones con la acusación popular fueron interrumpidas sorpresivamente por Correa sin que el resto de implicados haya recibido una explicación, según han confirmado ambos abogados a eldiario.es.

Durante las negociaciones se produjo un episodio que en parte aclara el cambio de criterio de Francisco Correa. Entre finales de marzo y principios de abril, el presunto cabecilla de la Gürtel fue convocado en la sede de la Jefatura Superior de Policía en Madrid para una reunión. El encuentro lo provocó el número dos de la Policía en la Comunidad de Madrid, Juan Manuel Calleja, a pesar de que éste no tenía ningún vínculo con la investigación del caso Gürtel. Para llegar hasta Correa, el comisario se sirvió de una persona del entorno del jefe mafioso ruso Zakhar Kalashov. Correa, sin embargo, se limitó a relatar información ya de sobra conocida por los investigadores y publicada por los medios de comunicación. No aportó en este encuentro un solo dato nuevo.

Como reveló el 29 de abril eldiario.es, Calleja había informado de la reunión al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, pero este no avisó de ella ni al director de la Policía, ni al ministro del Interior, Jorge Fernández. Tras este encuentro, el comisario Calleja fue destituido del puesto de jefe de Operaciones en Madrid.

Una entrevista en vídeo

Una tercera pata del pacto que buscó Correa incluía su confesión pública. El imputado se había comprometido a apoyar su pacto con Anticorrupción y las acusaciones populares con una entrevista en vídeo con eldiario.es, en la que quedara constancia del peso de sus afirmaciones. Durante los meses de abril y mayo, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, mantuvo varias reuniones con Francisco Correa para preparar esa entrevista. Los encuentros se celebraron en Madrid y en la casa de Correa en la urbanización Sotogrande, en Cádiz. Pero tras varios cambios de fecha, también en este extremo Correa se echó atrás.

Mientras las negociaciones de Correa no fructificaban, el abogado de García Pozuelo, Javier Iglesias, sí pudo culminar su pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

Javier Iglesias fue señalado por el diario El Mundo como la persona que acudió a la cárcel a entrevistarse con Luis Bárcenas en julio de 2013 para ofrecerle un pacto: "Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz-Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad”. Iglesias en aquel momento era letrado de Álvaro Lapuerta, el otro tesorero del PP que se ha resistido a confirmar la tesis de la financiación irregular en el seno del partido, a pesar de todos los indicios de veracidad que aportó la instrucción del juez Pablo Ruz.

Entre los hechos admitidos por el constructor García Pozuelo está el pago por un total de 56.491 euros a Correa por la adjudicación de dos obras en Pozuelo de Alarcón (Madrid): la Operación Asfalto y el expediente del Camino de las Huertas. En este último caso, la mordida equivalía exactamente al 3% del presupuesto. Las adjudicaciones se hicieron cuando el alcalde de Pozuelo era Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.

El constructor Alfonso García Pozuelo aparece en los papeles de Bárcenas como donante del PP en nueve entregas, que suman un total de 258.161,94 euros. Un informe de la UDEF incorporado a la investigación cifra en 1.126,44 millones de euros el montante de los contratos públicos de la Constructora Hispánica. De ello, 525,6 millones fueron adjudicados por Administraciones dirigidas por el PP. Sin embargo, García Pozuelo, como el resto de donantes, no están imputados en la pieza separada que investiga la financiación irregular del PP porque no fue posible demostrar que las donaciones fueron finalistas, esto es, que cada una de ellas respondiese a una adjudicación.

La negociación que habían iniciado Correa y García Pozuelo ante la Fiscalía Anticorrupción terminó de forma muy desigual para ambos. Al constructor y donante del PP le fue muy bien. Al presunto líder de la Gürtel, no. Además, la confesión de García Pozuelo se ha convertido en otra pesada losa contra el propio Correa, que queda directamente señalado en la declaración del constructor supuestamente arrepentido.

La petición de condena para Francisco Correa sigue siendo la misma que aparece en el escrito de acusación de la pieza denominada ‘Primera Época’: 109 años de cárcel y 10 meses de prisión. Correa no logró ningún acuerdo, mientras que García Pozuelo puede que consiga eludir la cárcel gracias a ella.