"En el PP no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas", aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en febrero. "Se confirman los indicios de la presunta existencia en el PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el partido al Tribunal de Cuentas", le ha contradicho el juez Pablo Ruz nueve meses después.

El magistrado que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha dado un paso más y ha citado a declarar como imputado al arquitecto que remodeló su sede nacional. El pago en dinero B ascendería esta vez a 888.000 euros.

Paso a paso, modelo hormiguita, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continúa haciendo sus propias anotaciones sobre los llamados papeles de Bárcenas, cuya "realidad" ha vuelto a "constatar" a nivel "indiciario" en un auto dictado ayer y que pone el foco sobre cómo financió el Partido Popular la costosa remodelación de su sede nacional en la calle Génova de Madrid.

'Se confirman los indicios de la presunta existencia de una cierta corriente de cobros y pagos al margen de la contabilidad remitida'

Más allá de su trascendencia procesal para la siete personas mencionadas en la resolución, el auto judicial tiene su derivada política porque viene a poner en solfa las afirmaciones que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha realizado sobre el asunto Bárcenas en dos foros cualificados: la reunión del Comité Ejecutivo de su partido celebrada el 2 de febrero y su comparecencia parlamentaria del 1 de agosto.

"En este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas", "cualquier deducción de irregularidad alguna en nuestro comportamiento a partir de los papeles apócrifos que motivan esta situación no responde a la verdad, es total y radicalmente falsa", dijo Rajoy el pasado febrero.

El 1 de agosto, ya con Bárcenas entre rejas, el jefe del Gobierno y presidente del PP manifestó: "El juez determinará lo que proceda sobre cada una de las insinuaciones, pero ya les adelanto yo que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito".

'Presunta existencia' de contabilidad extraoficial

Lo que por el momento el juez va determinando puede leerse -destacado en cursiva por el propio magistrado- en la resolución conocida ayer. Las diligencias practicadas hasta ahora permiten "confirmar, a nivel indiciario, (...) la presunta existencia en el Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el partido al Tribunal de Cuentas".

Esa contabilidad extraoficial "habría sido utilizada para atender a determinados pagos a Gonzalo Urquijo, arquitecto y responsable de la empresa Unifica", encargada de la remodelación de la sede central del PP entre 2005 y 2011.

Pagos a Urquijo por importe de 888.000 euros -el más cuantioso de los apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas- "no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela". Pagos, en definitiva, que "se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido".

El juez cita a Urquijo a declarar

Las afirmaciones realizadas en el ámbito de los indicios por Ruz se desprenden del informe que la UDEF le acaba de entregar con sus conclusiones sobre la documentación intervenida en el registro practicado los días 27 y 28 de septiembre en la sede de Unifica. Un registro fructífero a la luz de la interpretación que la Policía da a lo que encontró: facturas y recibís firmados por Urquijo cuyas cuantías y fechas se corresponden con los apuntes realizados por Bárcenas en su supuesta contabilidad B.

El juez atribuye a Urquijo posibles delitos fiscales y de falsedad documental por los que le ha citado a declarar el próximo 16 de diciembre. Pero también atribuye la responsabilidad al propio Bárcenas y a su antecesor en el cargo de tesorero, Álvaro Lapuerta, así como a Cristóbal Páez, que sucedió a Luis Bárcenas en la gerencia del PP. Páez, que declaró como testigo el pasado 13 de agosto, tendrá que comparecer como imputado también el 16 de diciembre.

Deberá volver, igualmente, a la Audiencia Nacional el cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, para declarar como testigo porque desde su puesto de jefe de seguridad del PP habría participado en el seguimiento y toma de decisiones de la reforma de la sede nacional.

El juez ha citado, asimismo, como testigos a dos empleadas de la empresa Unifica relacionadas con esa reforma.