







El Juzgado Sexto Militar, el cual es dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha dictado sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en lo hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México.

A su vez, el séptimo militar que fue acusado, fue condenado solamente a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, por lo que también fue puesto en libertad.

Diversas organizaciones han manifestado que la absolución los militares y las omisiones de Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación más las decisiones que a tomado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han propiciado que se exista opacidad en el caso. A su vez, La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González, a la cual no se le reconoce como tal, el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada.

Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”. Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.

Y es que para Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.

El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.