En esas maniobras, los fiscales del Estado entendieron que hubo un "proceder plenamente intencional tendiente a apoderarse de dichos fondos y desviarlos de la utilización que correspondía dárseles". De esta manera, por ser la presunta "jefe" del accionar delictivo, Sala fue acusada de "asociación ilícita agravada" y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública, ya que habría "un daño directo" al apropiarse de fondos "necesariamente destinados a la construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales e infraestructura".