Buitres leonados comiendo carroña en el parque nacional de Monfragüe. FOTO:David Serrano VIDEO: Getty-Quality

Un buitre puede volar entre 300 y 400 kilómetros diarios en busca de carroña para comer. Poco le importa si este viaje le lleva de un país a otro. Sin embargo, los buitres de España —que suman más del 90% de todas las rapaces carroñeras de Europa—, evitan el territorio portugués con la precisión de quien conoce geografía política. Naturalmente, las aves no entienden de fronteras, pero sí entienden de comida y en Portugal no la hay. La diferencia no está en el clima, la topografía o los ecosistemas, sino en las distintas políticas sanitarias de los países vecinos: mientras que en España los cadáveres del ganado permanecen en el campo, el gobierno portugués exige la recogida inmediata de las reses muertas para su entierro o incineración. Así lo afirman investigadores de los dos países tras realizar un estudio de seguimiento a 71 buitres que aparece publicado en Biological conservation.

“En Portugal todavía sigue vigente la prohibición de 2001”, explica Eneko Arrondo, un estudiante doctoral de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y principal autor del estudio. Arrondo hace referencia a las medidas históricas aprobadas en la Unión Europea para contener la epidemia de las vacas locas, que él califica de “muy drásticas, tomadas desde despachos”. Según Arrondo, se decidió “cortar por lo sano” con una prohibición generalizada del abandono de carroña. La península Ibérica sufrió especialmente por ser un reservorio internacional de aves carroñeras, que de repente se quedaron sin comida. "Gracias al trabajo científico y a la implicación de muchos gestores de España, se comprobó que [la legislación europea] tenía un impacto medioambiental muy negativo. Se pusieron tantos datos sobre la mesa que Europa entendió”, cuenta el biólogo.

Varios años después de la prohibición, una resolución a la reglamentación europea volvió a permitir el depósito de cadáveres, con determinadas condiciones. “Cada país lo traspuso a su ordenamiento jurídico nacional y reguló en consecuencia”, explica Nicolás López, responsable de especies amenazadas de SEO/BirdLife. En España esta legislación es competencia de las comunidades autónomas, que en 2011 tuvieron que adaptarse a un Real Decreto para permitir el depósito de cadáveres en ciertas zonas. Portugal nunca cambió su política sanitaria. “Ahora se da la paradoja de que hay una regulación diferente dentro de la península Ibérica en cada país”, lamenta López, “y las especies amenazadas pagan el pato por las fronteras administrativas”.

Las especies amenazadas pagan el pato por las fronteras administrativas

Arrondo y sus compañeros atraparon 60 buitres leonados (Gyps fulvus) y 11 buitres negros (Aegypius monachus) en el territorio español para colocarles unas mochilitas con localizadores GPS de baterías recargables por una placa fotovoltaica. Gracias al seguimiento de las aves durante dos (en algunos casos tres) años, pudieron comprobar que apenas se adentran en Portugal y aún menos para posarse sobre la tierra —señal para los biólogos de que podrían estar comiendo—. De hecho, solo 13 buitres de todos los estudiados visitaron Portugal durante el periodo de investigación.

ampliar foto Puntos visitados por los buitres leonados (a) y negros (b) durante el tiempo de estudio. Arrondo et al.

Los autores exponen que la integración internacional de políticas sanitarias es vital para la conservación de animales con capacidades de movimiento tan grandes como los buitres. “Probablemente el efecto sea más importante para la recuperación de las poblaciones en Portugal. Sus poblaciones tienen números mucho más bajos y su recuperación está siendo mucho más lenta”, señala Arrondo.

Los buitres no mueren de viejos Las rapaces carroñeras se enfrentan a amenazas de todo tipo: electrocuciones, disparos, atropellos, envenenamientos, turbinas eólicas, etcétera. “Siempre decimos la broma de que no conocemos ningún buitre que haya muerto de viejo”, cuenta el biólogo Eneko Arrondo. Uno de los mayores problemas, según Nicolás López, es la ingesta de diclofenaco, un medicamento que a menudo está presente en las reses muertas de las que se alimentan. Este antiinflamatorio para mamíferos, comercializado por la empresa italiana FATRO, produce fallo renal en las aves y ha diezmado las poblaciones de buitres en países asiáticos como India. SEO/BirdLife pide que se sustituya su uso en España por alternativas más seguras y de precio similar. El mes que viene está prevista una revisión acerca del uso de este fármaco en la ganadería española.

El problema es conocido en Portugal, asegura Joaquim Teodósio, un portavoz de la ONG conservacionista portuguesa SPEA, filial de BirdLife International. “Todas las colonias grandes de buitres [en Portugal] están cerca de la frontera con España y es posible apreciar que casi todos campean en el lado español”, explica Teodósio. Su organización, junto con la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV) y el Instituto de Conservación de Bosques y Naturaleza (ICNF, por sus siglas en portugués), están colaborando para solventar la escasez de carroña en el país. “Podrían implementarse áreas cerradas en las que dejar los cadáveres o incluso conceder permisos a granjas para abandonar el ganado muerto en zonas de campo autorizadas”, sugiere Teodósio. Además de contribuir a la conservación de las poblaciones de buitres, estas medidas paliarían el considerable coste —económico y medioambiental— de recoger los animales muertos, transportarlos y deshacerse de ellos.

Según López, la transformación de una frontera administrativa en una barrera ecológica no es un hecho inaudito: “Está ocurriendo con las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid no se autoriza [abandonar cadáveres] y se está produciendo un flujo de buitres hacia el vertedero de Colmenar Viejo, con lo cual están alimentándose de porquería, en lugar de alimentarse de cadáveres de reses”. Además, López advierte que esto supone un riesgo para la navegación aérea, por la proximidad del vertedero al aeropuerto de Barajas. “Es por la falta de regulación de la Comunidad de Madrid”, denuncia, “que desde el año 2011 [en que se aprobó el Real Decreto] tenía que haber regulado esta cuestión y sigue sin hacerlo”.