Chile atraviesa por la crisis política más profunda de las últimas décadas y el complejo escenario, compuesto por diferentes tramas, ha terminado por arrastrar en cosa de meses a distintos sectores. El último capítulo, sin embargo, todavía tiene consecuencias insospechadas. El Servicio de Impuestos Internos (SII), encargado de aplicar la normativa tributaria, denunció el jueves ante la Fiscalía a los representantes de la firma minera Soquimich, cuyo principal controlador es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet. Paralelamente, el organismo fiscalizador entregó al Ministerio Público una lista con nombres de políticos, familiares de parlamentarios y dirigentes, militantes de distintas corrientes, asesores y funcionarios públicos de diferentes administraciones que entre 2009 y 2013 emitieron boletas y facturas presuntamente irregulares a esta empresa.

En una investigación que tiene como sospecha la financiación irregular de campañas y la corrupción política, el SII denunció a los tres representantes legales de Soquimich “por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto de su contabilidad 846 documentos tributarios falsos por un monto superior a los 4.340.000.000 de pesos chilenos” (unos 6.944.000 dólares). Los fiscalizadores detectaron que al menos cinco personas entregaron boletas de honorarios por trabajos que nunca realizaron, que otros tres contribuyentes emitieron documentos a nombre de Soquimich aunque prestaron servicios para una empresa distinta, que existen 144 personas que dieron boletas de honorarios “presumiblemente falsas” y que 24 sociedades o empresas facturaron a nombre de la minera sin que el SII haya podido encontrar un respaldo.

Aunque Soquimich es una compañía gigante, por lo que requiere de cientos de servicios y trabajos externos, uno de los asuntos que llama la atención al revisar el listado es que, de las boletas y facturas consideradas como sospechosas por el SII, la mayor cantidad está relacionada con políticos, sus familiares, militantes, asesores y funcionarios públicos de esta Administración y de las anteriores. Hijos jóvenes de candidatos y parlamentarios emitieron documentos para Soquimich, a título personal o a nombre de sociedades, con pagos millonarios de por medio.

Entre los investigados hay funcionarios públicos tanto del Gobierno de Sebastian Piñeira como del actual

En la misma situación se encuentran funcionarios públicos, tanto del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) como del actual. Dos o más miembros de una misma familia y personas sin mayores estudios, pero vinculados a políticos, también giraron boletas millonarias para la empresa del exyerno de Pinochet. En el transcurso de la investigación previa del SII, algunos testimonios dan cuenta de que hubo quienes nunca trabajaron para Soquimich y que el dinero que recibieron a cambio de las boletas o facturas lo entregaron a partidos y dirigentes.

En el lista aparece una empresa que prestó servicios a la campaña de Bachelet en 2013, Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, aunque el Gobierno ha señalado que la factura con que se pagaron esos trabajos no es investigada por el SII y fue aprobada por el Servicio Electoral. En la nómina también se observan dos empresas vinculadas al expresidente Sebastián Piñera, Administradora Bancorp S.A. y Vox Populi S.A. El actual embajador chileno en Paraguay, Alejandro Bahamondes, de centroizquierda, también emitió una factura a Soquimich. Una sociedad de los hijos del senador democristiano Jorge Pizarro, presidente electo de su partido, también aparece dentro de la lista de documentos sospechosos.

Las 173 personas y sociedades nombradas en esta denuncia no necesariamente son culpables de algún delito. La Fiscalía debe investigar estos nuevos antecedentes que se suman a los que el SII les hizo llegar el 24 de marzo pasado, que eran bastante más acotados. Pero la clase política parece inmovilizada ante este nuevo escándalo que ha causado indignación ciudadana. Los dirigentes se mueven entre la idea de que se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y la necesidad de llegar a un acuerdo y que se legisle para que en el futuro este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. “¿Quieren echar a todo el mundo y que llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar?”, señaló el exministro de centroizquierda Sergio Bitar, en el vespertino La Segunda.

La clase política parece inmovilizada ante este nuevo escándalo que ha causado indignación ciudadana

La arista Soquimich llega antecedida de dos escándalos mayores en la política chilena. La Fiscalía investiga los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en los negocios millonarios que llevaron adelante el hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. El Ministerio Público también indaga el caso Penta sobre financiamiento ilegal de la política y evasión de impuestos, que afecta sobre todo a la derecha y tiene a importantes empresarios en prisión preventiva desde el 7 de marzo. De esta última trama surgió en enero la hebra investigativa a la empresa del exyerno de Pinochet, un ingeniero forestal que durante la dictadura (1973-1990) se benefició del proceso privatizador del régimen. “Sus cargos públicos y sus lazos familiares, le ayudaron a cohesionar una próspera posición económica”, señala el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, de la periodista María Olivia Monckeberg.

Mientras a la ciudadanía le parece incomprensible que políticos de centroizquierda hayan podido ser financiados por Ponce Lerou, la Presidenta ha llamado a la prudencia. Desde el norte de Chile, donde se encuentra por la emergencia causada por el temporal de la semana pasada, Bachelet pidió no destruir “la honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. “Que investiguen y, si hay algo, a lo mejor las personas tienen una explicación perfectamente clara. Entonces ¿por qué lincharlos antes de que se sepa lo que estamos hablando?”, indicó la Jefa de Estado, que enfrenta el más bajo nivel de popularidad de sus dos gobiernos. De acuerdo a la encuesta Adimark dada a conocer hace unos días, la socialista tiene un 31% de respaldo, ocho puntos menos que hace un mes.