Horror, es la palabra que más se escucha ante las revelaciones de Fernando Guzmán, el conscripto que hace 29 años participó en la operación de quemar vivos a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Fue el castigo ejemplarizador para quienes, desde hacía tres años, salían a las calles a protestar contra la dictadura de Pinochet. Ese era el contexto.

Volver a escuchar los detalles de aquella operación criminal y comprobar el consecuente pacto de silencio de sus autores resulta escalofriante. No porque no se supiera, cualquier chileno medianamente informado sabe desde el mismo 2 de julio de 1986 qué fue lo que ocurrió. También sabemos desde hace años que existe un juramento inmoral para ocultar la verdad de los crímenes protagonizados por militares. Los casos resueltos son el resultado de la lucha imperturbable de los familiares de las víctimas y el tesón por investigar de algunos jueces ejemplares. Los detalles de lo ocurrido resultan espeluznantes por su barbarie, inclemencia y crueldad. ¡Un grupo de militares pensó que hacía lo correcto quemando vivos a dos jóvenes que aún no cumplían los 20 años!

Rodrigo Rojas murió después de cuatro días de agonía y Carmen Gloria Quintana continúa sufriendo las secuelas de ese encuentro fatídico con un grupo de hombres desquiciados que pudieron seguir viviendo como si nada hubiese ocurrido. No sé cómo opera la conciencia para ser capaz de guardar secretos de esta naturaleza mientras se construye una familia, se asciende en el trabajo, se festejan partidos de fútbol, se celebran cumpleaños.

Después de 25 años de democracia, el secretario general del principal partido de derecha estima que hay contextos que explican que se pueda quemar viva a una persona. Este fue el razonamiento de Ramírez en radio Cooperativa: “Hoy día la violencia política a este nivel sería una cuestión totalmente incomprensible, habría que estar loco de remate como para proponer una cosa así. Antes se generó un ambiente en que estas cosas podían efectivamente pasar”.

En medio del estupor generalizado y de las heridas reabiertas, el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, se dio el lujo de insistir con el argumento de la “falta de contexto”, tal como lo han reiterado los dirigentes políticos de derecha frente a cada crimen de la dictadura y, con especial énfasis, ante el Museo de la Memoria que intentan desprestigiar desde su inauguración.

Después de 25 años de democracia, el secretario general del principal partido de derecha estima que hay contextos que explican que se pueda quemar viva a una persona. Este fue el razonamiento de Ramírez en radio Cooperativa: “Hoy día la violencia política a este nivel sería una cuestión totalmente incomprensible, habría que estar loco de remate como para proponer una cosa así. Antes se generó un ambiente en que estas cosas podían efectivamente pasar”.

Más aún, en la misma intervención, aprovechó de exculpar de cualquier responsabilidad a los civiles que trabajaron para la dictadura, como Jovino Novoa y Alberto Cardemil (estos fueron los ejemplos que mencionó). Sostuvo que hubo mucha gente que no sabía lo que ocurría, “porque no salía en los diarios, porque la prensa no podía reportear”.

Se equivoca el dirigente de la UDI. En Chile, a diferencia de otros países, siempre hubo medios de comunicación informando de los horrores que se vivían. Efectivamente, estas verdades no las reporteaban los diarios de la cadena El Mercurio, ni los canales de televisión, pero sí los periodistas de otros medios que se atrevieron a mantener su ética profesional y su compromiso con la libertad. Al comienzo fue la radio Balmaceda, luego las radios Chilena y Cooperativa (la misma donde Ramírez hizo estas declaraciones), las revistas de la Iglesia Católica como Solidaridad y Mensaje, las revistas HOY, APSI, Análisis, Cauce, entre otros.

A pesar de estas publicaciones, es posible que haya chilenos y chilenas que no supieron de estos crímenes hasta muy avanzada la dictadura, pero no es el caso de quienes trabajaban para el gobierno militar. Ellos no sólo leían todas las publicaciones, sino que además cumplían con la tarea de censurarlas cada vez que lo estimaban conveniente.

Las declaraciones del dirigente de la UDI son aberrantes. No existe contexto alguno que justifique lo ocurrido a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. No existe tampoco un contexto que ampare un pacto para ocultar crímenes de lesa humanidad.

En una democracia consolidada, ningún político puede emitir impunemente declaraciones como las de Guillermo Ramírez. Sus dichos habrían significado inmediatamente la renuncia a su cargo.

Algo hemos hecho mal, muy mal, para que 25 años después del fin de la dictadura un líder de opinión se permita estas argumentaciones, convencido de que dice lo correcto.

Algo hemos hecho mal, muy mal, para que el Ejército no saque la voz ante la evidencia de un pacto de silencio entre criminales que pertenecieron –o pertenecen, no lo sabemos– a sus filas. El ejército debe ser una institución respetada por todos los ciudadanos, y este no es el camino. Muchos esperamos su reacción.

Algo hemos hecho mal, muy mal, para que aún haya visiones contrapuestas cuando hablamos de quemar vivos a dos jóvenes que salen a la calle a protestar. Algo hemos hecho mal, muy mal.