Los cuerpos de seguridad exigían varios miles de dólares so pena de incautar las máquinas. Según el abogado, el Estado venezolano está en deuda con una legislación en el área.

En una entrevista hecha por DiarioBitcoin a Israel Efraín Pérez, ex Fiscal Superior del estado Bolívar, Venezuela, el funcionario comentó su experiencia judicial en el área de las criptomonedas y la minería digital. El abogado estimó que entre los años 2016 y 2017 pudieron haber ocurrido hasta 400 casos de extorsión extrajudicial a mineros por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Al respecto, Pérez aseguró que los casos judiciales de denuncia y detención a mineros son escasos, y puntualizó que no ha conocido ningún caso que haya llegado a instancias judiciales, solo estuvo al tanto de tres situaciones extrajudiciales. No obstante, sostiene que, a nivel nacional, “especialmente en los estados más poblados”, la cifra de este tipo de casos extra oficiales pudo llegar a varios cientos.

En estas situaciones extra judiciales el ex Fiscal asegura que los cuerpos de seguridad pudieron exigir montos que ascendían a varios miles de dólares para extorsionar a los mineros.

Cómo empezaron los hechos

Según el abogado, los primeros casos extrajudiciales se debieron a una orden dada al Ministerio Público en el año 2016, para que, en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado, se identificara a aquellos individuos que estuvieran realizando actividades de minería digital, ya que se presumía que estos podían estar incurriendo en delitos como lavado de dinero.

Debido a la falta de conocimiento de los cuerpos del Estado en materia de criptomonedas y minería digital, aunado con la ausencia de un marco legal claro, y el claro aprovechamiento que se da en este tipo de situaciones, la orden dio pie a que pequeños mineros digitales fuesen interpelados y extorsionados por cuerpos de seguridad, so pena de ser denunciados o imposibilitados de continuar con la actividad minera.

Uno de los mineros afectados declaró a DiarioBitcoin haber sido objeto de extorsión en el 2017 por parte de cuerpos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes le exigían alrededor de 20 mil dólares estadounidenses por la recuperación de sus máquinas incautadas.

El ex Fiscal recuerda que, a partir de aquella orden, las autoridades se encontraban alerta ante posibles grupos de delincuencia organizada, quienes, mediante el uso de las máquinas de minería, estarían incurriendo en delitos como legitimación de capital y uso fraudulento del sistema eléctrico.

Esto llevó a la detención de numerosos grupos de minería, que fueron reportados por DiarioBitcoin entre 2015 y 2017. Estas son algunas de las historias que publicamos en marzo 2016, diciembre 2016, diciembre 2017, 21 marzo 2016, marzo 2017, entre otras.

La declaración del ex Fiscal no es la única que ha dado cuenta de la existencia de casos de extorsión extrajudiciales a mineros. En una entrevista realizada a Daniel Peña, secretario general del Observatorio Blockchain, el ingeniero estimó haber conocido alrededor de 10 casos extraoficiales de este tipo, los cuales incluyeron la incautación de máquinas de minería.

Por otro lado, el Superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, en el programa televiso “Con Amorín” del pasado 8 de enero, confirmó la existencia de este tipo de casos, haciendo hincapié en las acciones que la Superintendencia está tomando para enfrentar la actitud que han tenido ciertos cuerpos de seguridad del Estado contra mineros digitales.

Historia de una extorsión

Uno de los casos extrajudiciales de extorsión a mineros que recuerda el ex Fiscal Pérez es el de un comerciante, quien accedió a contar su versión de los hechos y cuya identidad prefiere mantener en el anonimato.

El comerciante, que utilizaba cuatro equipos para la actividad minera, relata que en el 2017 los cuerpos del SEBIN le incautaron dos de sus máquinas alegando que estaba incumpliendo con el uso excesivo de la electricidad y cometiendo delito por lavado de dinero. Por temor a que alguno de sus trabajadores, o incluso él mismo, fuese detenido, accedió a entregar parte de su maquinaria.

Cuenta que los cuerpos de seguridad le exigieron 20 mil dólares estadounidenses para no llevarse ningún detenido y prometiendo devolverle sus máquinas al recibir este pago:

Yo por temor a que se llevaran a los muchachos, accedí a darles los 20 mil dólares y luego, al solicitar la devolución de las máquinas, me dijeron que éstas habían sido decomisadas”.

Veinte días después, recuerda el comerciante, los funcionarios le llamaron para ofrecerle que podía comprar una o varias máquinas de minería: estos aseguraban tener en su poder más de 25 equipos que estaban dispuestos a vender.

Finalmente, el minero se negó a hacer negocios con los funcionarios y no logró recuperar las dos máquinas incautadas, provocando que a partir de aquella amarga experiencia suspendiera todas las operaciones mineras.

Sobre esta situación el ex Fiscal Pérez señala que existía mucho desconocimiento por parte de los cuerpos de seguridad, para quienes las máquinas de minería digital “no eran muy diferentes a un cpu corriente”.

De cara a esta situación el ex Fiscal expresó: “Aplaudo al registro nacional de mineros que está llevando a cabo la superintendencia (…) por lo menos con este sistema los mineros pueden advertir sobre la irregularidad de estos casos”.

También destacó la necesidad de la creación de un marco legal: “A mi parecer, desde el área legal, estas actividades son ilícitas porque no existe ningún tipo de regulación”, y en esta misma línea hizo un llamado:

El Estado venezolano está en deuda en el ámbito legal con los mineros y con el tema de las criptomonedas y las actividades relacionadas a la minería.”

Artículo de Hannah Estefanía Pérez para Diario Bitcoin

Imagen creada con Canva y Pixabay