La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que 31 de las 32 entidades del país presentaron irregularidades y subejercicios por 7 mil 62 millones 276 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), al revisar los recursos de la Cuenta Pública 2016.

En suma, la ASF auditó 72 mil 245 millones 606 mil pesos, 84.5 % del total del dinero destinado a las 32 entidades federativas a través del FASSA, observando inconsistencias en más de 10% de los recursos.

Como resultado de las auditorías, se determinaron recuperaciones por 5 mil 945.5 millones de pesos, que representaron 6.9% del universo y 8.2% de la muestra. Adicionalmente, se determinó un subejercicio de mil 116.8 mdp.

El objetivo principal del FASSA consiste en prestar servicios de salud a la población abierta, aquella que no está incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.

Sobre las entidades que más irregularidades y subejercicios tuvieron en 2016, destacan el Estado de México (1,273 mdp), Guerrero (977 mdp), Veracruz (920 mdp) y Oaxaca (872 mdp), que juntos concentraron 57% del monto total de los recursos observados.

El FASSA es uno de los fondos federales, dentro del ramo 33, que cada año presenta recursos observados (recuperaciones determinadas y subejercicios). De 2011 a 2015, la ASF ha determinado que los estados tienen observaciones pendientes de solventar por 18 millones 687 mil pesos.

Las principales irregularidades

En su revisión, la ASF detectó que Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz no informaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recursos por 3 mil 25 millones de pesos, 42.8 % del monto observado.

La ASF también encontró que Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, México, Michoacán, Nayarit y Nuevo León no presentaron documentación justificativa y comprobatoria del gasto por mil 239.8 millones de pesos, 17.6 % del monto observado.

En el renglón de recursos no devengados, la ASF concluyó que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no gastaron mil 116.8 millones de pesos, 15.8% del recurso observado.

Además, en el tema de transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, se concluyó que Baja California, Guerrero, Morelos, Veracruz y Yucatán no reintegraron recursos por mil 60.1 millones de pesos, que representa 15.0% del monto observado.

Aparte, los estados de México y Colima realizaron pagos improcedentes o en exceso por 117.8 millones de pesos, 1.7 % del monto total observado.

Estados deben justificar 25,894 millones de recursos federales que recibieron en 2016: ASF.

Las recomendaciones de la ASF

Tras practicar 32 auditorías y determinar 270 observaciones, de las cuales 84 se solventaron en el transcurso de la auditoría, quedando pendientes 186, la ASF lanzó una serie de recomendaciones para que los recursos del FASSA se gasten correctamente.

Analizar la factibilidad de integrar los recursos del FASSA, del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, y de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular), al considerar que tienen objetivos concurrentes, en una sola fuente de financiamiento.

Precisar en la normativa del FASSA, la emisión de reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos del fondo, ya que en este momento no se establece específicamente el destino del gasto.

Considerar en la distribución del FASSA las necesidades de salud de cada entidad federativa, con base en diagnósticos e indicadores que realicen instituciones oficiales.

A fin de evitar el posible desvío de recursos o la falta de enteros a las instituciones correspondientes, se considera conveniente analizar la factibilidad de centralizar el pago de la nómina.

Establecer en la Ley de Coordinación Fiscal sanciones de carácter penal para aquellos servidores públicos que no transfieran al ejecutor o desvíen los recursos para objetivos distintos a los programados.

Fortalecer la supervisión en la aplicación de los recursos y al sistema de control de expedientes, a fin de evitar faltante de documentación original, comprobantes y justificantes del gasto del fondo.

Realizar la evaluación del fondo a nivel estatal con la finalidad de medir la eficiencia, eficacia, calidad e impacto del fondo.

Establecer acciones que aseguren una oportuna rendición de cuentas del ejercicio de los recursos asignados al fondo y que la información cumpla con la congruencia requerida.

Diseñar mecanismos de control y seguimiento a la transferencia oportuna de los recursos a los ejecutores, así como a las cuentas bancarias abiertas para su administración.