El impacto pegó en la industria y agroindustria, revela indagatoria

VILLAHERMOSA.- El saqueo a las finanzas públicas de Tabasco en la administración de Andrés Granier Melo repercutió principalmente en el sector económico —industria y agroindustria—, donde manejos irregulares de los programas para créditos y generación de empleo dejaron una cartera vencida de 32 millones de pesos. Esto afectó proyectos productivos, provocó que empresarios locales y foráneos detuvieran sus inversiones o salieran del estado ante el riego de perder su patrimonio. Tabasco es una de las entidades con mayor ingreso petrolero a nivel nacional, pero también ocupa el lugar 11 a nivel nacional en tasa de desocupación 5.8%, por encima del porcentaje nacional de 5.2%. En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDT) detectó que 32 millones de pesos de cartera vencida de cinco fideicomisos destinados a la generación de empleos y apoyos a los pequeños empresarios nunca llegaron a los beneficiarios, pero sí a “decenas” de “empresas fantasma” que fueron otorgados por la pasada administración sin el mínimo control de los recursos. En lo que fue la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), bajo la administración de Andrés Granier, se otorgaron créditos irregulares por medio de varias consultorías —Conserva, Microsol, Asefi y Produce—, que presuntamente gestionaron los créditos sin garantías, con documentación apócrifa o muchas veces los recursos se entregaron a empresas fachada. Deuda pública, similar a inundación David Gustavo Rodríguez, titular SEDT, explicó que estiman que el desfalco financiero tendría un costo similar al de la inundación de 2007, cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calculó las pérdidas en un tercio del PIB de Tabasco. “Estamos en una economía donde los créditos no llegan a tiempo y cuando lo hay es muy caro. A la grave situación que enfrentamos, las tasas de desocupación alta de desempleo de 5.8% son resultado de eso que no hizo el gobierno. “No hay economía que funcione bien si no hay confianza. Aquí no sólo hablamos de los recursos del gobierno sino de un particular, nadie va a poner sus recursos donde se roban todo, muchos inversionistas se fueron”, explicó el funcionario. Comentó que todos los sectores resultaron afectados, pero principalmente la industria y la manufactura quedaron quebrados o algunas empresas se fueron. Gustavo Rodríguez aseguró que por esas irregularidades se presentaron denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia de Tabasco, entre ellas, destacó una sobre el caso de un ex funcionario —cuyo nombre reservó por la investigación— que manejó una de las cuentas de cheques como patrimonio personal. “Tenemos reportes de una fuga de capital de más de un millón de pesos y seguimos investigando. Esta persona manejaban la cuenta, lo cual no podía ser así, ya que el coordinador administrativo del fideicomiso es quien tiene la representación legal y debe manejarla, sin embargo, lo hacía y simplemente transfirió (los recursos) a su cuenta personal y le daba el uso como si fuera su dinero”. El titular de la SEDT abundó que además tienen documentos en los que se tiene comprobado que la anterior administración no depositó aportaciones al Fideicomiso por 117 millones de pesos; así como al Fideicomiso de la Oficina de Convenciones y Visitantes (Turismo), que se fondea del impuesto sobre el hospedaje, tampoco recibió aportaciones por 4.5 millones de pesos. “No transfirieron los recursos y no reportaron dónde está ese dinero”. El responsable de las finanzas estatales durante los seis años de la administración priísta fue José Sáinz Pineda, quien autorizaba todos los gastos gubernamentales. Otros beneficiarios En el gobierno de Granier, otro de los beneficiados fue su familia y los amigos de El Químico, quienes desde el inicio de su administración gozaron de camionetas blindadas para uso personal, con costo al erario, que fueron arrendadas con la empresa Autos Monterrey SA de CV, propiedad del empresario Antonio Espinosa de los Monteros. De acuerdo al último contrato con clave de registro CAK6AL 1-08/12, el gobierno estatal pagó al año en promedio 16.2 millones de pesos por el alquiler de 18 camionetas con blindaje, en un contrato anual otorgado en adjudicación directa con opción a compra de los vehículos al término del mismo. Aunque los autos fueron arrendados para Ganier, su familia y parte de su gabinete, el acuerdo se suscribió con la Secretaría de Finanzas por medio del subsecretario de Administración, Carlos Alberto Vega Celorio, con la arrendadora. A la par, el hijo del ex gobernador Fabián Granier Calles “despachó” por cuatro años en tres casas, una de ellas en el interior de la Quinta Grijalva —residencia oficial del mandatario en turno. Según testimonios de los funcionarios consultados, sin estar contratado por el gobierno del estado, Fabián Granier se dedicó a atender las peticiones de los ciudadanos para gestionar becas escolares, despensas, bicicletas y “hasta dinero en efectivo”. Según un informe preliminar del Equipo de Transición, la Secretaría de Desarrollo estatal de la pasada administración reportó que 1.5 millones de personas estaban inscritas al seguro popular. Tabasco que tiene una población de más de 2.3 millones de personas, es decir, casi 75% se le entregaba un “apoyo”. “El dinero del seguro popular lo desviaron, la Auditoría Superior de la Federación les metió observaciones y repusieron el dinero quitándoselo a hospitales. Cuando esto ocurre la normatividad federal te manda a la Contraloría estatal para que sancione, lo que no se hizo”, dijo Rosalinda López, encargada de la transición del gobernador Arturo Núñez. Pagos exorbitantes Durante la transición, la también diputada local del PRD dijo que se detectaron arrendamientos irregulares a inmuebles destinados a la renta de oficinas en condiciones deplorables y a “precios inflados”. Su equipo encontró al menos 123 contratos de arrendamientos, que la subsecretaría de Finanzas rentaba a dependencias estatales como la secretarías de Gobierno, de Comunicaciones y Transportes, de Educación, Procuraduría de Justicia, en algunos casos a precios de oro, e incluso dos departamentos con valor de 3 millones de pesos en el Parque Hundido, de la Ciudad de México, “que no pueden valer eso”. Destacan el caso del inmueble rentado a la SCT local, por lo cual el gobierno pagaba 3.9 millones de pesos al año. Se trata de un edificio con estacionamiento que abarca 2 mil 672 metros cuadrados en el Periférico José Pagés Llergo, cuyas instalaciones carecen de mantenimiento, sin mobiliario y con vidrios rotos. Otro caso es el las antiguas Oficinas de Atención Ciudadana de la Gubernatura. Se trata de un edificio de aproximadamente 700 metros cuadrados, en la colonia del Águila de esta ciudad, por la que se erogaba una renta de 1.6 millones de pesos al año.