Sergio Massa le ha hecho un favor a la política argentina. Su promesa inicial de “prohibir las importaciones”, atenuada luego en la redacción de un proyecto de ley, permite abrir un debate crucial que el país se debía. La Argentina es la nación con la economía más protegida del hemisferio occidental. ¿Debe seguir siéndolo? Primero hay que formular otras preguntas: ¿existe ahora, acaso, un masivo desembarco de importaciones comparable a lo que sucedió en los años 90, tal como lo describe Massa? ¿Cómo conciliar un país con una dirigencia mayoritariamente aislacionista y el proyecto unánime de hacer un “país exportador”? ¿En qué medida el aislacionismo económico afecta a la sociedad en general y a los trabajadores en particular?

Es cierto que hay en el mundo corrientes sociales que repudian el aperturismo y la globalización. Sobre esas mareas llegaron a la cima de la política, por ejemplo, Donald Trump y los partidos xenófobos de Europa.

La diferencia con la Argentina es que esos dirigentes extranjeros pertenecen a países con economías muy abiertas y que también ellos expresan el antisistema político. Aquí, donde el proteccionismo ya existe, es gran parte del propio sistema el que se refugia en el aislacionismo. Una realidad comprobable es que los resultados del aperturismo y la globalización son excelentes en muchos aspectos de la vida económica, pero producen, al mismo tiempo, insatisfacción en algunos sectores sociales.

Massa es un exponente destacado del sistema argentino, como Mauricio Macri representa, de alguna manera, el antisistema. Tanto el peronismo como el radicalismo han sido históricamente partidos proteccionistas, con la excepción de los años menemistas que los peronistas aceptaron sólo por su rating electoral. En esa corriente se inscriben también muchos empresarios (salvo los competitivos) y casi todos los sindicatos. Partidos históricos, empresarios y sindicatos son, en cualquier lado, la personificación del sistema. El Presidente debe nadar, incluso, contra su propia biografía, porque su padre fue una expresión cabal del empresariado proteccionista.

Una característica del debate es su antigüedad intelectual. El proteccionismo o la apertura se discutían con argumentos racionales hace cincuenta años. La globalización, el monumental progreso en las tecnologías de la comunicación y las experiencias mundiales en materia de integración convierten en rancio aquel viejo debate. Massa señaló que su prioridad es el consumo de la sociedad. No se trata de una novedad; es el proyecto de cualquier político. La pregunta que no respondió es qué clase de consumo quiere. Puede ser un consumo subsidiado e inconsistente en el tiempo (que es el que propuso siempre el populismo latinoamericano) o puede ser el consumo al estilo de las economías más avanzadas del mundo, que se respalda en la producción de bienes y en la capacidad exportadora. Este último modelo requiere de cierta apertura. No existe un estándar de comercio internacional para alguien que se propone vender y se niega rotundamente a comprar.

¿Está la economía argentina en condiciones de abrirse a la competencia con el mundo? No. El propio Macri suele decir que el país no puede, hoy por hoy, competir ni siquiera con Brasil. El ministro Alfonso Prat-Gay les aconsejó a los empresarios que hicieran “dieta y gimnasia” durante cuatro años, porque después tendrán que competir. Macri, entre tanto, apura el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y dio los primeros pasos para la futura integración del país con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). Competir no significa, desde ya, la apertura indiscriminada de la economía. Todos los países tienen algún filtro en su sistema aduanero, y aun los más aperturistas protegen ciertos sectores de su industria. Pero administrar el comercio exterior es una cosa y cerrarlo es otra.

La economía argentina tiene un enorme problema de precios relativos (es también uno de los países más caros del hemisferio occidental), sobrelleva un monumental déficit en sus cuentas públicas, padece muy altos índices inflacionarios y, encima, muchos empresarios están acostumbrados a aumentar los precios por las dudas. La economía cerrada permite esos desvaríos de los precios en tanto la presión sindical esté satisfecha con importantes aumentos salariales. El resultado es una economía chica, protegida e inflacionaria. Todos contentos, mientras el 30 por ciento de los argentinos se hunde bajo la línea de la pobreza. En rigor, gran parte del sistema se sentía más cómodo con el modelo de los Kirchner que con cualquier otro.

Massa, otros políticos peronistas y muchos empresarios clamaron al cielo en días recientes por la “ola importadora” que destruiría la industria y el trabajo. Primero: ¿qué hay de verdad en todo eso? Poco. Entre enero y julio de este año las importaciones cayeron un 11,8 por ciento. En julio, la caída de las importaciones fue del 17% con respecto a julio de 2015. El gobierno de Cristina dejó 100.000 expedientes sin resolver con autorizaciones para importaciones (DJAI), que incluían insumos básicos para la industria. La Organización Mundial del Comercio fijó el 31 de diciembre pasado como plazo para que dejaran de existir esas trabas aduaneras. El gobierno de Macri debió aprobar a las apuradas aquellas autorizaciones morosas para no frenar la industria por falta de insumos. A pesar de aquellas caídas en las importaciones, éstas tuvieron hasta junio un peso mayor por la influencia de las autorizaciones que hubo en diciembre.

Massa se limitó a pedir en su proyecto una autorización especial para cinco productos: motos, bicicletas, caucho, juguetes y zapatos. “Una cuestión aduanera”, la redujo el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien calificó al dirigente renovador de “irresponsable”. El tan mentado sector textil tendrá este año importaciones de menos del 6% sobre el consumo total. El último año de cierta normalidad, 2012 (después, la falta de divisas cerró a cal y canto las puertas de la Aduana legal), las importaciones de textiles fueron del 6,8%. En quesos, aceites, carne de vaca, dulce de leche, manzanas, peras y pollos, las importaciones serán en 2016 de menos del 1% sobre el total del consumo. El único salto en el porcentaje es de la zanahoria (10,50% del consumo), porque la producción local fue muy afectada por las lluvias.

Las licencias no automáticas vigentes en el gobierno de Macri (significan una revisión detallada y precisa de las importaciones) comprenden el 85% de las importaciones de juguetes; el 64% de motos; el 94% de calzado; el 57% de línea blanca; el 62% de maquinaria agrícola, y el 90% de artículos de vestir. Es verdad que hay, además, una sensibilidad especial con las importaciones por la recesión de la economía. A la caída del consumo (comenzó a remontar en agosto, según el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el economista Miguel Bein, antiguo asesor de Scioli) se sumaron nuevos, aunque pocos, oferentes. La piel del sistema se erizó.

La sensibilidad aparece con cualquier dato nuevo del extranjero, ya sea por la compra “puerta a puerta” en el exterior o por la adquisición de 120 kilos de dulce de leche chileno para un mercado argentino de 48 millones de kilos. Algunos pidieron el cierre inmediato de las importaciones de dulce de leche. Los argentinos deberían preocuparse por el dulce de leche chileno, pero por otras razones. Chile logró colocar en el mundo 3000 toneladas de dulce de leche en el primer semestre de 2015. La Argentina vendió sólo 2000 toneladas con una mayor capacidad de producción.

El único problema serio que existe aquí y en el mundo tiene nombre y apellido: China. No es una economía de libre mercado; las condiciones de trabajo en China son más que pésimas; no existen protocolos para el cuidado del medio ambiente, y hay créditos y subsidios del Estado para las exportaciones. La competencia es desigual para cualquier actor mundial. América y Europa podrían ser, en cambio, oportunidades para la Argentina cuando esté en condiciones de competir.

Cerrarse al mundo significa correr el riego de represalias internacionales que destruirían el trabajo argentino y la propia industria nacional. Pero la solución no es sencilla, porque es mucho más que un problema político: es un conflicto cultural. Hay un sistema político, económico y social convencido de que le están pisoteando un paraíso que nunca existió.