· Un plaguicida prohibido sigue aplicándose rutinariamente en España debido al mal uso de las autorizaciones excepcionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

· 14 países europeos se oponen a España en un intento de hacer prevalecer la sanidad de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente sobre los beneficios económicos.

Este año está teniendo lugar un debate en la Unión Europea, dentro del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea (SCPAFF por sus siglas en inglés), sobre la nueva aprobación de la sustancia tóxica 1,3-dicloropropeno destinada a la esterilización de los suelos. Este plaguicida elimina toda vida orgánica –beneficiosa o parasitaria– que pudiera competir con los cultivos que se pretenden realizar.

En el año 1999 la Agencia para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, catalogó al 1,3-dicloropropeno como posible carcinogénico en humanos. El uso de esta sustancia está prohibido en Europa desde 2007.

Tres años después, ante el recurso presentado por la empresa agroquímica propietaria de sus derechos, el Consejo Europeo prohibió definitivamente su comercio y uso por liberar al medio ambiente grandes cantidades de impurezas policloradas, conocidas y desconocidas. No se disponía de información sobre su persistencia, comportamiento toxicológico, absorción por los cultivos, acumulación, evolución metabólica y contenido de residuos. Otros de los motivos que fundamentaron esta prohibición fueron el carácter no concluyente de la evaluación del riesgo para los consumidores, el posible riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y el peligro para las aves, los mamíferos, los organismos acuáticos y otros organismos no objetivo.

Esta sustancia sigue aplicándose regular y rutinariamente en España debido, según manifiesta Ecologistas en Acción, al mal uso de las autorizaciones excepcionales que permite el artículo 53 del Reglamento (CE) nº 1107/2009. En las distintas resoluciones de autorización excepcional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justifican la necesidad del uso excepcional en que el 1,3-dicloropropeno es, junto con la sustancia activa cloropicrina, el único sustituto eficaz del ya desaparecido bromuro de metilo para la desinfección de suelos.

En lo que se refiere a la falta de alternativas, el informe de la Universidad Politécnica de Madrid de enero de 2018 ‘Efectos de la cloropicrina y del 1,3 dicloropropeno. Diagnóstico de la situación y análisis de viabilidad de alternativas’ muestra que la biosolarización (empleo de la luz solar como desinfectante) es tan efectiva como el uso de estas dos sustancias prohibidas. También concluye que la utilización de otros productos químicos autorizados alcanza una eficacia del 74 %.

En estos últimos años, la empresa comunicó que había mejorado su método de producción y depurado en lo posible las impurezas de fabricación detectadas, una afirmación rebatida por los informes europeos tras detectar al menos diez impurezas.

Por ello, y sin tener en cuenta el resto de razones que llevaron a su prohibición, se ha vuelto a iniciar la evaluación de este tóxico con el fin de volver a autorizarlo, para lo cual se solicitó el informe de España, en su calidad del país de la Unión Europea encargado de emitir el primer informe de evaluación (país ponente), y a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), la cual emitió un informe nuevamente desfavorable a la autorización de este pesticida.

Francia, otro de los países ponentes, emitió asimismo un informe desfavorable tanto a la pretendida autorización de dicha sustancia, posición a la que hasta la fecha se han adherido otros trece países europeos, como a derogaciones temporales basándose en el artículo 53 del reglamento europeo, utilizadas hasta la actualidad de manera amplia, sistemática y rutinaria por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español para la emisión de autorizaciones excepcionales de esta y otras sustancias contrarias a las leyes y normativas europeas, por lo que en la actualidad Ecologistas en Acción tiene en curso un proceso judicial contencioso-administrativo contra las derogaciones temporales emitidas por la administración española respecto a esta sustancia.

Pero a pesar del informe de la EFSA y de la posición contraria de 14 países europeos contrarios a la autorización, tanto temporal como permanente, de la comercialización y uso del 1,3-dicloropropeno, la representación española continúa decidida a que se obvien los informes técnicos y las posiciones de países en que entienden que la salubridad de la población y el respeto al medio ambiente, que al fin y al cabo es el pilar de la sostenibilidad (también de las explotaciones agrícolas), deben prevalecer sobre los intereses económicos de las grandes empresas del sector agrícola, especialmente de los grandes beneficios de las corporaciones internacionales de agroquímicos y agrotóxicos.

Ecologistas en Acción considera que España está perdiendo el tren europeo en materia de agricultura y gestión integral de plagas. De hecho la Unión Europea, desde 2009, estableció una estrategia respecto a la Gestión Integrada de Plagas por el que se determina que se debe trabajar en planes nacionales para la reducción de uso de sustancias tóxicas químicas, sustituyéndolas por métodos menos lesivos para la salud y el medio ambiente como son el barbecho, la rotación de cultivos, la solarización y los métodos biológicos.