"Decidí aceptar que era originario de Guatemala", relató un indígena mexicano. Esta frase extraída de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resume el absurdo episodio de tres tzeltales de Chiapas a los que agentes de migración de su país detuvieron durante nueve días y quisieron expulsar al vecino del sur, ignorando sus reclamos de que eran nacionales.

El caso, que eleva a cotas kafkianas la discriminación étnica en México, ocurrió en septiembre de 2015 y Derechos Humanos acaba de publicar un informe. El día 3 cuatro tzeltales que cruzaban el país en autobús para ir a Sonora a la recogida de calabaza fueron obligados a bajar del vehículo en Querétaro en un control migratorio. Mostraron copias de sus documentos de identidad mexicanos pero los agentes dijeron que eran falsos y los llevaron a un centro de retención.

Los tres eran hermanos. Dos apenas hablaban español. La tercera, su hermana pequeña, sí lo hablaba y era menor de edad, lo que no mereció una consideración especial. Ella hacía de traductora entre sus hermanos y los agentes. Permanecieron privados de libertad nueve días, hasta el 11, y en el colmo del sinsentido se llegó a iniciar un proceso de repatriación con la embajada de Guatemala, que por alguna razón reconoció el día 4 su imaginaria nacionalidad guatemalteca y a la jornada siguiente se desdijo al corroborar bien los datos.

Alguien alertó el día 7 a la Comisión de lo que pasaba y el 10 dos visitadores de Derechos Humanos acudieron al centro a asistir a los retenidos. Un día después los soltaron.

Uno de ellos afirma que lo forzaron a firmar un documento en español, lengua que estaba bastante lejos de comprender bien, en el que asumía que era guatemalteco. Según la versión que dio a la Comisión -con ayuda de un intérprete de tzeltal- lo amedrentaron amenazándolo con tenerlo allí tres meses, dándole una patada y aplicándole una descarga eléctrica en una mano. Los peritos del organismo de derechos humanos han concluido que no se puede determinar si hubo esos abusos pero sí que "el examinado tuvo sufrimientos psicológicos durante la detención".

En el momento de la detención en el autobús los tres iban acompañados por el marido de la menor, al que no retuvieron porque llevaba un documento de identidad original. Al hombre no le alcanzaba para pagarse un alojamiento y pasó esos días durmiendo en un parque. No dejaba de ir al centro a preguntar por ellos y acabaron soltándole que sospechaban que él había sido "el guía". "Ya di la verdad", le dijeron, según su testimonio; "¿cuánto te pagaron para traerlos? Porque ellos no son mexicanos...". Al final le permitieron ver a su esposa, no sin antes aconsejarle "que se despidiera de ella" antes de ser enviada a su país, Guatemala.

El desmán de racismo burocrático no comenzó a enderezarse hasta el día 9, seis días después de la detención, cuando un funcionario de migración de Querétaro decidió hacer lo que según la Comisión debió hacerse desde el instante en que bajaron a los hermanos del bus y ellos mostraron las fotocopias de sus documentos: llamar al Registro Civil de Chiapas para corroborar sus datos. La respuesta fue afirmativa. Con una sola llamada se reveló la cuestión.

A las preguntas de la Comisión sobre lo ocurrido, la oficina de migración ha argumentado que la confusión se debió a que los retenidos afirmaron que eran de Guatemala, al mismo tiempo que esgrimían papeles que mostraban lo contrario. Derechos Humanos exhibe el endeble argumento: "Es ilógico pensar que si lo que pretendían era identificarse con los documentos exhibidos y en los que constaba que eran mexicanos, hubiesen decidido ser guatemaltecos".

En las consideraciones jurídicas del informe, publicado el martes, se parte de la base de que según la Constitución ningún mexicano "en tránsito dentro del territorio nacional" tiene la obligación de portar un documento de identidad y se concluye que de cualquier modo "la autoridad migratoria tiene la obligación de corroborar, en el momento mismo de la revisión y sin que sea trasladado a un recinto migratorio, su nacionalidad". Operación para la que en el caso de los tres hermanos tzeltales de Chiapas contaban con "elementos suficientes" para hacerlo "inmediatamente".

La Comisión acredita que el disparatado episodio implicó "violaciones de los derechos humanos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia". Exige que se diriman las responsabilidades de los agentes de migración y que se reparen los perjuicios causados a las víctimas, que, según los psicólogos que los examinaron, no parecen dispuestos a volver a salir de su pobre tierra a buscar sustento.