Las organizaciones sociales tensan la cuerda de su relación con el Gobierno. Con desconfianza por los escasos avances en la puesta en marcha de la ley de emergencia social, el triunvirato piquetero que conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) apuesta por llevar nuevamente el conflicto a la calle "para obtener rápidas respuestas".

El martes estaba pautada una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se iba a conformar el Consejo de la Economía Popular, el novedoso organismo integrado por las organizaciones, funcionarios de Trabajo, de Desarrollo Social y de Hacienda que administrará los $ 30.000 millones que financian la emergencia social. Iba a ser el primer paso para la reglamentación y la puesta en marcha de la ley, aprobada el 14 de diciembre en el Congreso. Sin embargo, hasta ayer el cónclave no había sido confirmado y crecía el malestar ante la posibilidad -concreta- de que se cancelara.

De forma contradictoria a la versión de los referentes piqueteros, cerca de la ministra Carolina Stanley aseguraron a LA NACION que el encuentro se había postergado hasta mediados de marzo "por propio pedido de las organizaciones". "El Ministerio de Trabajo está poniendo un freno para que no se aplique la ley. Nos cuesta creer cuando se están dilatando tanto las cosas", dijo Juan Carlos Alderete, líder de la CCC.

En las organizaciones piensan que el ala más "dura" del Gobierno -donde sitúan al ministro de Trabajo, Jorge Triaca- está imponiéndose al sector más "dialoguista" -allí ubican a Stanley- y traba la implementación de la ley y el consiguiente vuelco de recursos hacia los sectores informales.

Los líderes piqueteros aseguran que la "falta de respuesta del Gobierno a una situación de deterioro social creciente" comienza a configurar un nuevo escenario de conflictividad.

Cuando se preparan para institucionalizar su mesa de diálogo con el Gobierno a través del Consejo de la Economía Popular, miran con recelo la reciente ruptura de las conversaciones que la CGT había entablado con funcionarios y las cámaras empresarias por incumplimiento de los acuerdos.

"Nos interesa que el Consejo sea lo que tiene que ser, no una pantomima donde no se resuelvan los problemas de los más humildes", dijo a LA NACION Juan Grabois, referente de la CTEP. "El Gobierno tiene que empezar a hacer las erogaciones, tiene que ser urgente porque estamos en emergencia. Parece que el único objetivo que tenían era que no hubiera quilombo en diciembre", agregó.

La prioridad es la reglamentación de la ley y la confección del registro de trabajadores de la economía popular, contemplado en uno de los artículos. Es la herramienta para que los trabajadores que allí se registren puedan acceder a un "salario social complementario" que equipare sus ingresos con los de un salario mínimo.

"La emergencia social requiere de una rápida aplicación porque la situación en los barrios no puede esperar. Incumplen una ley que tiene la mitad del presupuesto que la deuda que pretenden condonar por el correo", señalaron en el Movimiento Evita-CTEP.

En la agenda del triunvirato piquetero aparece la movilización a Plaza de Mayo el 13 de marzo bajo la consigna "Tierra, techo y Trabajo". El tenor de la actividad, que coincidirá con un nuevo aniversario de la elección de Francisco como Papa, "dependerá de los avances que haya". Confían en que una expresión de protesta muy grande pueda acelerar los tiempos. El respaldo de la CGT lo tienen garantizado.

"Nuestros cañones empiezan a apuntar nuevamente a la movilización y la protesta en la calle. Sin eso, el Gobierno demuestra que no tiene la voluntad de avanzar y dar respuestas a los excluidos", aseguró Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie.