La entrada de Alcolea del Pinar (una localidad de 328 habitantes en Guadalajara), junto a la N-II, está enmarcada con un complejo de edificios vallados y en visible estado de abandono. Es la antigua casa cuartel. “En 2013 el Ministerio del Interior decidió trasladar este puesto a Sigüenza, nos resistimos, preguntamos, pero nunca nos dieron ni respuestas ni explicaciones”, dice Carmen Rojo, concejal de ese Ayuntamiento. Desde entonces viven “con 40 familias menos: Mujeres, niños... Nos hemos quedado más solos y desprotegidos. En este destacamento estaban destinados 40 guardias y sus patrullas salían y entraban todo el día”.

Desde hace meses sufren también una oleada de robos. “En sucursales bancarias, en la sede de la ITV, en casas con gente dentro, en vehículos, no paran, pese a las persecuciones de los vecinos”, enumera Rojo, que advierte: “Aquí más de uno ha pensado ya en coger la escopeta”. En Guadalajara han subido un 16,8% las infracciones penales según los últimos datos de criminalidad de Interior del primer trimestre de este año. Este sábado se reunían decenas de vecinos del pueblo para convocar una manifestación ante su cuartel cerrado. “Estamos desprotegidos”, “Más Guardia Civil”, se lee en los carteles.

Antes de salir por la puerta de su casa, el guardia Víctor Caballero, gaditano de 38 años, se giró y le dijo a su mujer: “Vamos a coger a ese cabrón y nos vamos a ir de vacaciones con una medalla”. Cinco horas más tarde era acribillado a tiros junto a su compañero de patrulla, Víctor Romero (30 años) en un páramo conocido como El Ventorrillo (Teruel). El serbio Norbert Feher, Igor El Ruso, se ocultaba en una masía del término municipal de Albalate del Arzobispo y les disparó a quemarropa. Se va a cumplir un año de aquello y Noelia Lorens, de 36 y viuda de Caballero, sigue esperando a que le reconozcan el derecho a una pensión. “Aquel día ellos perdieron la vida, pero yo lo perdí todo”, dice en una cafetería de Alcañiz (Teruel).

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“No hubo un operativo como tal; iban buscando a un ladrón armado que había disparado a varias personas, y solo se cubrió la zona con cuatro patrullas de los puestos más próximos”, recuerda Javier Armero, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Teruel, donde los índices de delincuencia han subido un 8,8%, y hasta un 46,1% los robos con fuerza en domicilios, según los últimos datos de criminalidad del Ministerio del Interior de 2018.

La otra 'casa' de la familia Roldán en Milmarcos Natividad Colas, vecina de Milmarcos (Guadalajara) de 86 años, lo tiene claro: “La Guardia Civil es sagrada, más que el cura”. Y añade: “Aquí tenemos un cuartel abandonado y otro nuevecito, que nos construyó “un pez gordo” del cuerpo, que debió de pensar que para hacerlo en otra parte, pues mejor en su pueblo; aunque está y no está porque cuando llamamos nos sale Guadalajara o Molina de Aragón, si vienen es a dormir”. En Milmarcos supuestamente hay destinados tres guardias pero, como la mayor parte de puestos, abren por horas algún día a la semana o permanecen cerrados (un cartel indica “llame al 062”), porque se prioriza sacar las patrullas a la calle. El “pez gordo” al que se refiere la señora es Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil, quien hizo parte de su fortuna construyendo cuarteles, como se vio en el juicio en el que fue condenado a 31 años de prisión. Roldán salió en 2010. Natividad Colás y sus vecinos aseguran que la sola presencia del puesto aleja a los delincuentes de estos pueblos “dejados de la mano de Dios”, en la España vacía, que supone el 90% de su extensión, aunque solo concentre el 20% de la población.

“Los delincuentes no son tontos, se esconden y delinquen allí donde se sienten menos vigilados”. Y recuerda que, “como en otras provincias de España, la mayor parte de los puestos de la Guardia Civil están cerrados y abren un día a la semana unas horas por falta de efectivos”. En Albalate del Arzobispo hay cuatro guardias que pueden llegar a cubrir un territorio de 1.600 kilómetros cuadrados (algo menos que toda Gipuzkoa) para abarcar las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.

La situación es extrapolable a toda España. Solo 28.400 de los aproximadamente 77.000 componentes de la Guardia Civil están destinados en los 1.942 cuarteles que hay en España. Hay algunos puestos en los que solo hay un guardia, muchos con dos, tres o cuatro, según el catálogo de 2017 al que ha tenido acceso EL PAÍS (ver gráfico). El resto de efectivos se supone que “están en especialidades (Tráfico, SEPRONA, Policía Judicial...) o son mandos o realizan labores burocráticas y no están de cara al ciudadano”, según fuentes del Instituto Armado.

Sin embargo, ni la Dirección General de la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior han activado el Plan de Redistribución Territorial que lleva años de cajón en cajón y que pretendía agrupar puestos para que —al menos— hubiera 20 efectivos por acuartelamiento.

Nadie parece dispuesto a abrir esa caja de Pandora. “No se ha entrado en materia, requiere un consenso político muy grande, nosotros ponemos el estudio técnico y operativo pero la puesta en marcha es una decisión política”, aseguran en la Dirección General de la Guardia Civil. “No es tiempo de hablar de ese tema aún”, dicen en Interior, después de que la semana pasada el ministro, Fernando Grande-Marlaska acudiera al cuartel de Berlanga de Duero (Soria) para anunciar la apertura de una comisaría y una cárcel rodeado de mandos que no pertenecían a ese puesto. “En Berlanga, que lleva unos 15 pueblos, ahora mismo solo hay cinco guardias y ni cabo ni sargento, es decir, uno hace las veces de comandante de puesto sin serlo, como en tantos sitios”, dice un guardia de la zona.

CUARTELES SEGÚN LA PLANTILLA Fuente: Guardia Civil. EL PAÍS

El general de Castilla y León, Clemente García Barrios, ordenaba hace dos semanas cerrar los cuarteles por falta de efectivos y la delegada del Gobierno, Virginia Barcones (del PSOE y natural de Berlanga), le obligaba a anular esa orden recordando que no se puede restar servicios básicos al ciudadano, como la seguridad, si se quiere evitar la despoblación de los pueblos y atender los casos de violencia de género.

“No tengo ninguna duda de que estos puestos deben seguir abiertos y hay que compatibilizar el estar presente en los cuarteles con tener unidades en la calle”, decía la delegada días después de enmendarle la plana al general.

“Ante la falta de efectivos, lo que se está haciendo es exactamente lo que ordenó el general: cerrar los cuarteles y sacar las patrullas con parejas de guardias formadas por agentes de puestos próximos para lograr hacer los turnos”, coinciden guardias de Soria, Guadalajara, Teruel, Burgos, Granada... Lo llaman “núcleos operativos”, pero “las extensiones de terreno que cubren son cada vez más grandes, pudiendo incluir hasta 40 pueblos”, explican.

El déficit de efectivos tiene supuestamente su origen en “la crisis”, que paralizó las convocatorias públicas de empleo y “no se han cubierto las plazas de todos los guardias que se han ido jubilando en los últimos años”.

El alcalde de Checa (Guadalajara), Jesús Alba, en el centro de la imagen con chaqueta gris, rodeado de vecinos delante del cuartel que mantienen. Alejandro Ruesga

Hace un mes, otro guardia del puesto de La Zubia (Granada), José Luis Arcos, de 49 años, moría tiroteado por un delincuente en Huétor Vega. Le acompañaba una guardia en prácticas, recién salida de la escuela. “Hay pocas patrullas, no hay gente para cubrir tanto territorio, nuestra demarcación acaba en Sierra Nevada o en el otro límite de Dúrcal y Padul”, dice un compañero de ese puesto, que recuerda que “entre bajas, cursos, comisionados, vacaciones...”, se hace casi imposible cubrir los turnos y siguen cerrando cuarteles: “Trevélez, Órgiva... muchos en Las Alpujarras. Esta distribución territorial es de la época de los bandoleros”.

Un somero recorrido por cuarteles de Soria (con algo más de 500 guardias y 19 puestos, en total), Teruel (670 guardias y 33 puestos) y Guadalajara (644 y 31 puestos), evidencia que, más allá del efecto disuasorio que pueden tener para potenciales delincuentes, esos cuarteles actúan como una suerte de ancla poblacional en una España con un 90% de territorio rural en el que habita aproximadamente un 20% de su población. En una gran mayoría de los 8.000 municipios del país la seguridad depende exclusivamente de la Guardia Civil, porque no cuentan ni con Policía Nacional (presente solo en pueblos de más de 20.000 habitantes), ni pueden permitirse una policía local. Y son cada vez más los casos en los que los ayuntamientos asumen el coste de mantener abiertos los cuarteles como medida de protección. Según los últimos estudios de la FEMP, mientras que la población ha crecido globalmente en España un 15% desde el año 2000, en el medio rural ha bajado un 8%.

Los alcaldes pagan

“Los cuarteles son importantísimos para los pueblos. Si no se siente segura, la gente se va”, dice Jesús Alba, alcalde socialista de Checa (Guadalajara), donde mantienen con dinero del consistorio (unos 6.000 euros al año) el cuartel para que siga siendo habitable. Al igual que hace la alcaldesa del vecino pueblo de Orea (184 habitantes), Marta Corella: “Hemos invertido más de 40.000 euros en arreglar el techo y dos pabellones (pisos) para que puedan vivir dos familias de guardias”, asegura. Así sucede, viven dos familias, pese a que ni tan siquiera pueden trabajar en el pueblo porque como ocurre en otros muchos de estos acuartelamientos, no tienen acceso a Internet. “Al menos que se vea que hay alguien, y si viene uno con malas intenciones, igual se lo piensa”, dice el alcalde de Checa.

“La seguridad, como la sanidad o la educación, son clave en la vertebración social de los municipios”, señala Joaquín Moreno (Compromiso con Aragón), alcalde del municipio turolense de Utrillas (3.000 habitantes), que lleva invertidos 85.000 euros en el proyecto técnico de un nuevo cuartel y en las catas de los suelos que ha cedido el consistorio para su construcción. El antiguo lo cerró hace dos años el Ministerio del Interior “por ruina”. Mientras lo construían, y como medida provisional, cedieron una nave industrial en la que hoy se alojan los 12 guardias de ese puesto y sus oficinas. “Pero en el próximo pleno decidiremos si les echamos porque llevamos dos años para que construyan un nuevo cuartel”.

Carmen Rojo, concejal de Alcolea del Pinar (Guadalajara), delante del cuartel cerrado. Alejandro Ruesga

En el caso de Monteagudo de las Vicarías (200 almas en Soria), el Ayuntamiento (PP) cede dos viviendas sociales para que hagan las veces de cuartel y viven tres guardias, que hacen turnos con los de Arcos de Jalón (1.500 habitantes).

En el cuartel de Abejar (Soria), como en el de Checa, Orea, Alustante o Milmarcos (Guadalajara), o en el de Alfambra (Teruel), o en los de Huétor Santillán, Tocón, Castril, Cacín, Moclín (en Granada), en la mayor parte de los acuartelamientos que no son cabecera de comarca, un cartel en la puerta (cerrada) indica que se llame al 062, el teléfono de emergencias de la Guardia Civil. Y a esperar, “más o menos, dependiendo de donde vengan”.