Un fallo de la Cámara Nacional Electoral habilitó el pago de cuatro años de sueldos de manera retroactiva a un legislador del Parlasur​. La decisión además de habilitar a unos tres miembros más del llamado parlamento del Mercosur para que presenten sus reclamos judiciales y cobrar esos salarios de manera retroactiva, puede generar el precedente de un reclamo generalizado para que los miembros argentinos de ese cuerpo, hoy 43, reciban salario en caso de que no tengan otros puestos en el Estado que se superpongan con dicho sueldo.

El diputado del Parlasur beneficiado es Alejandro Hernán Karlen, del Frente para la Victoria. Es presidente de la Comisión Asuntos Económicos, Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios de ese parlamento.

Dirigente que quiere lanzarse a competir por la gobernación de Corrientes, Karlen inició su demanda hace cuatro años representaría unos 160.000 pesos por 48 meses, sin dietas ni viáticos. En total casi 8 millones de pesos, a cobrar sólo por un legislador cuando así lo disponga la jefatura de Gabinete. Miembros del Parlasur señalaron que, como también hicieron su presentación judicial otros tres legisladores, si la justicia fallara a favor de ellos habrá que pagarles: cerca de $ 24 millones más. En total serían $ 32 millones de pesos.

Fuentes del parlamento del Mercosur dijeron a este diario que también podrían estar en su misma situación los parlamentarios Nelson Nicoletti (Partido Justicialista), Cecilia Britto, y Fernanda Gil Lozano (ambas dos del Frente para la Victoria)

Alejandro Karlen con José López en el Parlasur.

En ese sentido, el fallo obliga al Estado a incluir el pago de todo lo que le corresponde a Karlen en el presupuesto nacional. Debe pasar por Finanzas y luego ser aprobado por Jefatura de Gabinete .

La situación expresa también la negligencia y la falta de una política de Estado sobre qué hacer con el Parlasur y sus parlamentarios, donde además, en el caso argentino se han dado debates intensos que hacen a la grieta política interna.

Una de ellas fue tuvo lugar en los primeros días de 2016, tras asumir Mauricio Macri el gobierno, y cuando la dirigente kirchnerista jujeña Milagro Sala fue detenida por la Justicia. Había sido electa diputada del Parlasur para el Frente de la Victoria pero nunca llegó a asumir. Eso generó una dura pelea entre kirchneristas y macristas dentro de este cuerpo legislativo que debería ocuparse de los temas sudamericanos.

Si bien al llegar al poder Alberto Fernández, el presidente del Parlasur, el argentino Oscar Laborde, y el resto del grupo recibió señales de que recibirían el apoyo nacional para levantar perfil y actividades tras cuatro años de parálisis, no hay presupuesto para responder a ciertas demandas. Y además la agenda del Mercosur está convulsionada.

La Justicia ya determinó que reciban dietas y viáticos que la gestión de Macri recortó, sin contemplar la posibilidad de juicios. Y es claramente otro tema a resolver cómo será su elección. Los actuales parlamentarios seguirán hasta las elecciones legislativas de 2021, aunque sus reuniones, son muy esporádicas.

Macri había suspendido junto a Brasil, Paraguay y Uruguay la elección directa de los próximos legisladores. Iba a ser en octubre pasado, y ahora se impuso una situación confusa.



Por su parte, Karlen, presentó ante el juzgado de Maria Romilda Servini de Cubría, en febrero de 2016. La magistrada falló diciendo que el Parlasur debía pagar a sus Parlamentarios. Recurrió entonces a la Cámara. Posteriormente la Cámara rechazó un recurso extraordinario a la Corte Corte Suprema y el Poder Ejecutivo fue en queja a la Corte Suprema, donde está sin resolver la cuestión

En la ejecución de Sentencia Servini dice lo mismo de nuevo y la defensa de Karlen planteó que era el Estado Argentino el que tenía que pagar en esta etapa transitoria hasta que todos los países del Mercosur elijan sus representantes por el voto directo y que como el Congreso nacional no incorporó a los mimsio, lo debía hacer el Jefe de Gabinete en base a las atribuciones de este otorgadas en la ley de presupuesto. Pero en una apelación contra ello, la Cámara lo rechazó y también rechazó el recurso extraordinario a la corte, por consiguiente tanto el juicio como el insistente de ejecución de sentencia están firmes y tienen que cumplir en favor del legislador, que dijo a Clarín no haber recibido ni pagos de obra social ni dietas ni viáticos.