Nos enfrentamos a una profunda crisis democrática, social, económica y ecológica. Por tanto, lo que cabe esperar de cualquier acuerdo comercial es que sea útil para superarla. ¿Es el caso del CETA, el tratado de comercio e inversiones que han firmado la Unión Europea (UE) y Canadá? Veamos en detalle que nos reservaría este acuerdo —de referencia para otros tratados comerciales como el TTIP— en caso de ser ratificado.

Primero. El secretismo y la ausencia de debate democrático en la negociación de este acuerdo ha sido la norma. Hasta que la región de Valonia alzara la voz, el CETA ha pasado desapercibido y la información hacia el gran público y sus representantes directos, ya sea en el Parlamento Europeo o nacionales (pero no hacia las grandes corporaciones), ha brillado por su ausencia. ¿Alguien duda de que para tener un debate democrático sano y constructivo, necesitamos luz y transparencia?

Segundo. Este “TTIP canadiense” introduce un tribunal especial que otorga derechos exclusivos a los inversores para demandar a países, socavando nuestros sistemas judiciales en Europa y Canadá. Según varios expertos legales, incluyendo la Asociación Alemana de Jueces, estos tribunales podrían ser incompatibles con las leyes de la UE. Ante tal despropósito, Los Verdes Europeos hemos pedido que el Tribunal Europeo de Justicia se pronuncie sobre la posible incompatibilidad, algo que ha impedido el voto conjunto de la Gran Coalición en el Parlamento Europeo (incluyendo PP, PSOE, C's, PNV, PD). ¿Desde cuándo unos demócratas temen la justicia europea?

El acuerdo incentivar el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo más sucio, el ' fracking' o las arenas bituminosas

Tercero. El CETA no solo no crearía ni un solo empleo, sino que los destruirá: se estima una pérdida de 200.000 empleos en toda Europa y más de 20.000 en Canadá. Seguiría el camino marcado por su predecesor, el TAFTA (acuerdo de comercio entre EEUU, Canadá y México), cuya aplicación ha causado la pérdida de un millón de empleos en EEUU. Si fuera poco, y tal como lo denuncian el movimiento sindical canadiense y europeo, los derechos laborales de sindicación y negociación colectiva no aparecen firmemente recogidos en ningún capítulo del tratado. ¿A quién le sorprendería entonces que la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo votara hace poco en contra del CETA?

Cuarto. La UE ha negociado un tratado comercial con una "lista negativa" para los servicios, algo que no había hecho nunca antes. En pocas palabras, significa que a menos que los Gobiernos europeos excluyeran específicamente algunos servicios, todos se abrirían automáticamente a la competencia de proveedores extranjeros y sería muy difícil (y costoso) para los gobiernos devolver a la gestión pública los servicios privatizados. Después de la crisis del 2008, ¿quién en su sano juicio quiere más cláusulas de liberalización?

Quinto. Al igual que el TTIP, el CETA es un obstáculo para la lucha contra el cambio climático. Incentivar el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo más sucio, el fracking o las arenas bituminosas, frenar la producción de energía limpia local, dar más poder a las multinacionales energéticas y por ende aumentar de forma radical las emisiones de CO2, va exactamente en sentido contrario al recién ratificado Acuerdo Climático de París. ¿Alguien sigue pensando que puede haber comercio sin clima para sostenerlo?

Sexto. Los Estados miembros y la Comisión Europea se disponen a sacrificar el 90% las indicaciones geográficas a nivel europeo con denominación de origen. Con el CETA, los consumidores no tendrían ninguna garantía que el arroz valenciano, el vinagre de Jerez o el plátano de Canarias, hayan sido producidos con unos criterios de calidad en el País Valenciano, en Andalucía o en Canarias. Estos productos podrían entonces ser fabricados y plagiados en Canadá sin que los productores españoles puedan plantear una sola queja. ¿Acaso sabían ustedes que en Canadá ya existe la marca “Orange Valencia” lista para competir con la naranja valenciana?

Por las razones democráticas, sociales, económicas y ecológicas expuestas aquí, Los Verdes, y muchas organizaciones sociales, pedimos que antes de votar en el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie sobre la legalidad del tribunal de arbitraje para inversores. Y si la Gran Coalición mantiene su votación favorable en febrero en el Parlamento Europeo, animamos a la ciudadanía a que se movilice con una llamada a todas y todos los eurodiputados a votar en contra del CETA. Nuestro no a este acuerdo se debe a nuestro sí a favor de otra política comercial europea respetuosa con los derechos de las personas, la democracia y el clima. Rechacemos el CETA. Otro comercio es posible.

Florent Marcellesi es eurodiputado de EQUO / Primavera Europea.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.