Los registros de admisión del Tribunal Supremo no dan abasto. Son tantas las normas y decretos aprobados por el Ministerio de Industria y Energía que son recurridos por las empresas afectadas que su titular, José Manuel Soria, no gana para pleitos.

Las andanadas vienen por todos lados. La más sonada ahora es la promovida por los miles de inversores renovables afectados por el hachazo a su retribución aprobado en junio de 2014 en el marco de la reforma energética.

Pero hay otra que comienza a complicarse, también en el Alto Tribunal. Se trata de la avalancha de recursos contencioso-administrativos presentados contra el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que afecta a una larga lista de 500 compañías que, en conjunto, tendrán que aportar este año 255,7 millones de euros.

Unas 500 empresas que aparecen en la lista del Fondo tendrán que pagar conjuntamente 255,7 millones de euros sólo en 2015

"Empresas de gas y electricidad, operadores petrolíferos y de gases licuados", entre otras compañías (las renovables también están incluidas), a las que se les fijará "una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional".

Y eso tiene un precio. Repsol tendrá que pagar este año 76,6 millones de euros al Fondo; Cepsa, 24,9 millones; Endesa e Iberdrola, 23 millones cada una; Gas Natural, 25,58 millones; Acciona, 1,68 millones; y así hasta completar los 255,7 millones.

El Fondo ha provocado el rechazo frontal de la mayoría de los afectados, que no comparten las cuotas fijadas por el criterio de Industria. Y para luchar contra ello han acudido al Supremo.

Kuwait Petroleum España, las grandes petroleras (Repsol, Cepsa y BP, ya sea de forma individual o a través de su patronal AOP), sus hermanos pequeños (La Unión de Petroleros Independientes -Disa, Meroil…), otras empresas como Galp, Villar Mir Energía, Esergui, Saras, Tamoil, Acciona, EDP España, E.ON, los instaladores eléctricos de Feni, las pequeñas comercializadoras y las distribuidores (Cide).

Todas ellas y muchas más han acudido al Alto Tribunal por no compartir el criterio de reparto establecido por el Ministerio, que creó el Fondo por indicación de la Comisión Europea, que ha establecido unas cuotas de ahorro de emisiones a todos los países miembros.