Finalmente, el intendente metropolitano Felipe Guevara no acudió a la audiencia de control de garantía citada por el juez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, para explicar por qué prohíbe el derecho a reunión en el marco de una causa por una detención declarada ilegal por el magistrado, ya que a su juicio se vulneraron garantías constitucionales.

El argumento esgrimido por la Intendencia Metropolitana es que la principal autoridad regional “no fue notificada de esta citación, ni por correo electrónico, Oficina de Partes o Departamento Jurídico”, por lo que solicitaron al tribunal definir una nueva fecha.

En la Intendencia argumentan un problema de procedimientos jurídicos formales en la citación de Guevara. “Desde la Unidad Penal de la Intendencia Metropolitana se ingresó un escrito al 7° Juzgado de Garantía, donde se le indica al magistrado Daniel Urrutia que dicha citación no corresponde, en tanto la autoridad metropolitana no ha tenido conocimiento de ésta ni ha sido legalmente notificado, menos aún, requerido para informar hechos sobre una causa que al momento desconoce”, señala el gobierno regional.

Tras el término de la audiencia, donde el juez Urrutia declaró ilegal la posición esgrimida por el intendente Guevara de que las manifestaciones deben ser autorizadas, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Juan Cristóbal González, explicó que “la Intendencia no dio respuesta al oficio, simplemente dijeron que ellos no habían sido notificados adecuadamente del oficio del magistrado, pero tal cual estableció el magistrado en la audiencia existen registros de esas notificaciones, por lo que decidió resolver prescindiendo de una respuesta más de fondo de la Intendencia”.

González destacó que en su resolución, el juez Urrutia “estableció que la Intendencia debe proteger a través de Carabineros el derecho de manifestación y reunión pacífica en todas sus formas y que la práctica de autorizar las manifestaciones no debe ser tal porque eso va en contra de la Constitución y de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos porque no existe tal autorización previa (…) no se necesita autorización previa para manifestarse en la vía pública”.

Recurso de protección

La citación de Guevara se produce en un momento complejo para la autoridad metropolitana, considerando las múltiples críticas a la estrategia del “copamiento preventivo” desplegada por la Intendencia y Carabineros en el sector de Plaza Baquedano por dos viernes consecutivos y la acusación constitucional que interpondrá la oposición en su contra el próximo jueves en la Cámara de Diputados, con firmas desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, por infringir el derecho a la reunión y la libertad de expresión.

Además, la audiencia EN EL Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago estaba programada para esta mañana de martes, a horas de una nueva manifestación en Plaza Italia para esperar la llegada del Año Nuevo, donde nuevamente se pondrá a prueba el dispositivo policial y la "mano" de la autoridad regional, dado que ya se ha anunciado un fuerte despliegue de unos mil efectivos policiales en la zona cero de la protesta social desde el estallido del 18 de octubre.

Ante esta nueva situación, esta mañana un grupo de diputados del Frente Amplio ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección ante un eventual nuevo copamiento de Plaza Baquedano esta tarde, buscando así garantizar el derecho a reunión de los manifestantes. “El copamiento en Plaza Italia evidentemente vulnera los derechos de las personas y esperamos que le dé una instrucción clara al Intendente, al ministro del Interior y al Presidente Piñera", argumentó el diputado RD Giorgio Jackson.

La estrategia del “copamiento preventivo”, de la que Guevara responsabiliza a Carabineros, ha sido cuestionada incluso por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), a raíz de hechos como el brutal atropello del joven Oscar Pérez el viernes 20 de diciembre por parte de un carro policial, o los hechos del pasado viernes cuando se produjo la muerte de Mauricio Fredes al caer a una fosa y el incendio del Centro Arte Alameda.

Debate formal

La citación a Guevara surge en el marco de la investigación por la detención de Juan Yantén (18), aprehendido por personal de la 3° Comisaría de Carabineros la tarde del domingo 22 de diciembre en calle Merced por el delito de desórdenes públicos.

Dicha detención fue declarada ilegal por el juez Urrutia el pasado 23 de diciembre, ya que a su juicio se vulneraron sus garantías constitucionales. Urrutia ofició a la Intendencia Metropolitana y a la Tercera Comisaría de Santiago de Carabineros para explicar por qué “interrumpen y niegan el derecho de manifestación del imputado”, contraviniendo así el “artículo 19 N°13 de la Constitución Política del Estado y el artículo N°15 de la Convención Americana de Derechos Humanos no dejando desempeñar a las personas el derecho a manifestarse”. Sin embargo, no hubo respuesta por lo que Urrutia -ayer 30 de diciembre- decidió citar a Guevara a la audiencia, junto al mayor de la Tercera Comisaría de Santiago de Carabineros.

Sin embargo, la intendencia asegura que dicho oficio jamás llegó a sus dependencias. “A esta parte le ha sido absolutamente imposible contestar dentro del plazo indicado el oficio emitido el 23 de diciembre pasado, toda vez que no ha sido recibido por oficina de partes”, señala, añadiendo que la citación del 30 de diciembre “tampoco ha sido notificada correctamente toda vez que he llegado a corReos que utilizan funcionarios de la Unida Jurídico Penal que no es el correo que se ha dado institucionalmente para efectos de notificaciones”.

Es más, la intendencia añade que “para efectos de emitir un adecuado informe sean remitidos el registro de audio de audiencia realizada el pasado 23 de diciembre y se ordene a Fiscalía remitir a esta Intendencia copia de la carpeta investigativa” del caso.

Finalmente, la intendencia señala que “dado que la cautela de garantía trata de un control jurisdiccional restrictivo que se enmarca dentro de los derechos y garantías que tiene el imputado dentro de un procedimiento penal específico, y no siendo parte interviniente del mismo, esta no tiene mayores alegatos o argumentaciones que realizar en la misma, más allá de la respuesta al oficio pendiente, que será realizado una vez que la Intendencia tenga todos los antecedentes necesarios del caso particular para emitirlo”.