Aunque el Gobierno no se cansa de decir que la crisis ha terminado la realidad nos confirma que en lo referido a la vivienda no es así. Más bien al contrario. En el informe «La crisis de la vivienda no ha terminado» de Amnistía Internacional afirma que las autoridades públicas, en lugar de tomar medidas de protección a las personas más vulnerables, han dado pasos atrás al liberalizar el mercado del alquiler y flexibilizar los contratos de arrendamiento y los procesos de desahucio como consecuencia de las distintas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estos hechos, según Amnistía, violan el derecho a la vivienda en España. Las principales víctimas de esta situación son las mujeres, sobre todo las que encabezan hogares monoparentales y las víctimas de la violencia machista.

Según ha afirmado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España «La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión […] Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución».

Amnistía Internacional señala que la crisis de la vivienda sigue rodeada de oscurantismo ya que no existen datos desagregados sobre los más de treinta y cuatro mil desahucios por impago del alquiler ejecutados en 2.016. «Es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad», ha señalado Eva Suárez-Llanos.

La crisis de la vivienda en España no ha terminado porque las autoridades se olvidan de que se trata de un derecho humano

En la Ley de Enjuiciamiento Civil no hay obligación para los jueces de analizar la proporcionalidad de un desahucio ni tampoco de que estudien exhaustivamente cada caso concreto. Tampoco se tiene en cuenta la desigualdad de género, lo que lleva a una discriminación hacia las mujeres ya que son ellas las que más sufren la precariedad laboral y la brecha salarial, además de ser quienes se hacen cargo del cuidado de los familiares dependientes.

Esta desigualdad también se comprueba en la dificultad de acceso a la vivienda social para muchas mujeres víctimas de violencia machista a pesar de que deberían tener prioridad, según estipula la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2.004. Amnistía Internacional pone el ejemplo de Madrid, donde se les exige la presentación de una sentencia condenatoria o de una orden de protección. Koldo Casla, uno de los autores del informe, señaló que «La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social».

En Madrid se obliga a las mujeres víctimas de violencia machista a presentar sentencia condenatoria u orden de protección para solicitar una vivienda pública

Madrid y Barcelona son las provincias en las que más desahucios por impago de alquiler se produjeron, un 34% del total. En Madrid es preocupante el hecho de que haya personas que estén siendo desahuciadas por la venta de 4.800 viviendas por el Ayuntamiento y la Comunidad a fondos buitres entre 2.011 y 2.013. En el informe aparecen casos concretos de personas afectadas por estas operaciones especulativas puestas en marcha por el Partido Popular de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Ana Botella. Han pasado cuatro años y las víctimas aún no han recibido una solución.

Para concluir el informe, Amnistía Internacional hace una serie de recomendaciones a las autoridades públicas. Al Gobierno, que «garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad. Debe además adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados. Asimismo, debe presentar ante el Parlamento español un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico». A ayuntamientos y Comunidades Autónomas que «destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres».