Si no hubiera sido por los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils ( 1 2) , el curso político hubiera comenzado el 30 de agosto con el plenario del Congreso de los Diputados sobre porqué el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se niega a asumir sus responsabilidades políticas cuando era secretario general del Partido Popular en el “caso Gürtel”. El alambicado enunciado de la propuesta del grupo mixto y ERC dio pie a una cuidadosa exposición del hilemorfismo político radical que profesa Rajoy, apoyado en una talmúdica argumentación constitucional sobre la responsabilidad política.

Cuando hace unos años se preguntó en las pruebas de reválida, sección de filosofía, en qué consistía la teoría aristotélica del hilemorfismo y su influencia en la escolástica cristiana, se produjo el mayor número de suspensos registrado en estas pruebas de acceso a la Universidad. Eran otros tiempos, pero el poso queda. Mariano Rajoy es la prueba de ello.

Efectivamente, según la doctrina original, aunque la materia es el sustrato básico de toda realidad, solo puede existir mediante la forma, lo que implica que mientras la materia no puede existir pura, siempre hay que reconocer la existencia de una forma pura inicial. La traducción política de Rajoy del hilemorfismo no deja de asombrar por su radicalidad: la razón de estado (es decir, los intereses de las clases dominantes) son el motor primero, que requiere de la materia política, pero esta no puede existir pura (la democracia), sino siempre en forma corrupta singular.

La responsabilidad política en el hilemorfismo de Rajoy

Y como se trataba de entrar en materia, nada mejor que la cadena de atribuciones que conforman la responsabilidad política en la Constitución de 1978: “Así se exige hoy en España la responsabilidad política. Esta es una responsabilidad que nada tiene que ver con las infracciones civiles, administrativas o penales que se sustancian en otras instancias y que también es distinta del reproche que puede hacerse de la acción del Gobierno mediante los diferentes instrumentos de control, información o investigación que recoge el Reglamento del Congreso y que todos ustedes conocen muy bien y utilizan con fruición. O, dicho de otra forma, la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política; para ello, es preciso que la Cámara por mayoría retire la confianza al Gobierno y nombre otro presidente, es decir, apruebe una moción de censura, tal y como exige nuestra Constitución”.

Dicho lo cual, Rajoy se quejó de que la Cámara en su derecho, pero inapropiadamente, no le dejará dedicarse a lo importante en periodo de vacaciones parlamentarias, es decir, a gestionar los graves problemas del terrorismo, el soberanismo catalán y la consolidación de la recuperación económica. Que es lo que importa a los españoles y por lo que 8 millones le votan (obviando que otros 16 millones lo hagan en contra).

En un alarde de contención, no pronunció una sola vez la palabra “Gürtel”. E hizo un indignado inventario de sus 52 intervenciones para hablar de la corrupción desde su comparecencia del 1 de agosto de 2013. Y no pudiendo contenerse más, expuso su teoría del hilemorfirmo político:

“Dicho esto, permítanme dos consideraciones más. Lo primero que me llama la atención de esta petición de comparecencia —y no sé si debo congratularme por ello— es que se justifique no por actuaciones de mi Gobierno, como estipula la Constitución española —es lo habitual y sería lo lógico—, sino por actuaciones de mi partido, y algunas, por cierto, de hace más de veinte años. Francamente, señorías, a la vista de este insólito desinterés por la gestión del Ejecutivo, debo pensar que lo hacemos con tanto acierto que no ofrecemos motivos para sus críticas (Risas.—Aplausos) o que ustedes no se toman el trabajo de buscarlos —me refiero a los motivos— y prefieren seguir transitando por un camino que, de tan trillado, amenaza con no llevarles a ningún lado. En segundo lugar, señorías, también resulta bastante pintoresca su obsesión en pretender juzgar y condenar en esta Cámara a mi formación política, porque no es al Gobierno de España, es a mi formación política. Lo hacen cada vez que tienen ocasión. Sus alianzas les permiten sumar los votos para ello —es verdad que no siempre—, pero permítanme que les diga que su suma de minorías no sirve para enmendarle la plana a la voluntad clara y nítida que los españoles han expresado en las tres últimas ocasiones en que fueron convocados a las urnas”.

El principio de singularidad no solo separa al donante del militante, sino al partido del (su) gobierno, a los funcionarios de los dirigentes políticos gubernamentales (de los que dependen), a los concesionarios de los concesionistas… y a Rajoy como encarnación material de la forma pura del resto de todos esos materialistas que insisten, contra toda evidencia, que el régimen del 78 se basa en la corrupción y que esta legislatura es una ciénaga.

Su problema, en esta irrefutable cadena de atributos causales, es el auto de procedimiento del juez Ruz de 24 de noviembre de 2014, cuyo evidente agnosticismo filosófico le ha costado a su autor no ser prorrogado al frente de la investigación del “caso Gürtel”.

El juez Ruz y las preguntas pendientes

El punto de partida de la solicitud de la comparecencia extraordinaria y urgente de Rajoy ante el Congreso de los Diputados para responder a 16 años de corrupción en el Partido Popular a cambio de contratos públicos de sus diferentes gobiernos, siendo él secretario general y responsable de las campañas electorales, no es otra que las afirmaciones vertidas por el Juez Ruz en su auto, respaldadas por pruebas judiciales, y las respuestas o falta de explicaciones, de Rajoy como testigo cuando fue llamado a declarar recientemente ante la Audiencia Nacional.

En ello se concentraron las intervenciones de la portavoz socialista, Margarita Robles, y de Unidos Podemos y sus confluencias, Pablo Iglesias.

La primera, para volcar su autoridad y prestigio como jueza para recordarle el carácter sistémico de la corrupción, la anulación por el Tribunal Constitucional de la amnistía fiscal de Montoro, la Caja B del Partido Popular, los 22 millones de euros de Luis Bárcenas en Suiza, los sobresueldos pagados con fondos no declarados a los diputados y dirigentes del PP, incluyendo a Rajoy, o las reformas pagadas con los mismos fondos de la sede nacional del PP y sus reuniones sobre estos temas con Lapuerta, Bárcenas o Esperanza Aguirre.

Pablo Iglesias adoptó el papel de fiscal para formular seis preguntas, oralmente y por escrito, y exigir, en una lectura literal del artículo 203 del reglamento del Congreso, que Rajoy le contestara: ¿Por qué envió un SMS -“Luis, sé fuerte”- a Bárcenas, sabiendo que tenía dinero ilegal en Suiza?; ¿Por qué nombró tesorero del PP a Bárcenas y aceptó pagos de la Caja B de 1997 a 2008?; ¿Mintió al detallar los costes de la campaña electoral o cuando afirmó ante la Audiencia Nacional desconocerlos?; ¿Cuándo se enteró de la financiación ilegal del PP?; ¿Considera acertada sus designaciones políticas de implicados por corrupción como Ana Matos, Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre o José Manuel Soria?; ¿Piensa que los ciudadanos le creen cuando afirma que no sabía nada?

Para concluir ambos con la afirmación compartida de que Rajoy es un presidente de gobierno bajo sospecha, que debe dimitir por incompetencia, al desconocer lo que ocurría ante sus narices, o por responsabilidad directa.

Tardá, de ERC, hizo una brillante contraposición de la virtud republicana como teoría política frente al hilemorfismo radical de Rajoy, recordando con una sucesión de ejemplos concretos las consecuencias de que las campañas se hagan con Cajas B, que ganen las elecciones partidos corruptos, que sus cómplices sean grandes grupos económicos, que se prostituyan las instituciones y que la prevaricación se adueñe del Tribunal Constitucional. Y cuando el olor de la materia impregna por completo a la forma, no queda más alternativa que recurrir a la virtud y que los ciudadanos recuperen la res pública.

Menos dado al debate filosófico, el valenciano Baldoví, portavoz de Compromís, aceptó desde la izquierda las conclusiones de Rajoy: “el señor Rajoy, tengo que admitirlo, tiene razón. Aritméticamente es posible hacerlo venir para que hable sobre corrupción, pero aritméticamente es imposible hacer que se vaya a la oposición”.

El desplante de los aliados

Sin embargo, la satisfacción de Rajoy, no por voluntariosa, evitó algunas salpicaduras de materia corrupta sobre su pretendida forma pura. Los pilares de su Plan B para esta legislatura ciénaga, tras la ruptura de puentes con el PSOE, no dejaron de apretarle la soga al cuello con la que lo sostienen en nombre de sus propios intereses electorales. Nada que ver con la lealtad sumisa de Coalición Canaria, Foro por Asturias, Unión del Pueblo Navarro o Nueva Canaria (cuyo portavoz recordó, sin dudas para tranquilizar a sus señorías, que él iba a presidir a petición del PP la comisión de investigación sobre su corrupción…).

Albert Rivera, de Ciudadanos, aprovechó para pasar factura en público de los desplantes y ninguneos de Rajoy. Aseguró que no tenía palabra y le dio, a falta de una, dos cuchilladas frontales: la propuesta de limitar a dos los mandatos presidenciales, lo que bloquearía que Rajoy pudiera volver a presentarse de nuevo y abriría la lucha sucesora en el PP; y la elección del fiscal general por el Congreso, para que “fuese un fiscal de estado, no de gobierno”, es decir, dependiese de una nueva y lacerante negociación con Ciudadanos. A condición de que PSOE y Unidos Podemos apoyen las reformas de Ciudadanos. Porque, tras el error denunciado por el clarividente Rivera de que Rajoy puede “no decir la verdad” y “dar un mitin” en un pleno, en una comisión de investigación, como la que él propuso, tiene obligación legal de decir la verdad.

Y Esteban Bravo, del PNV, justificó sus votos en la Mesa del Congreso que permitieron el pleno extraordinario, alegando que unos “polluelos” como ellos no se podían entrometer cuando peleaban “gallos” como PSOE y Unidos Podemos por liderar una oposición cuya inconsistencia justifica que sostuvieran presupuestariamente a un gobierno corrupto como el de Rajoy, cuya moción de investidura no habían votado favorablemente. Tras este despliegue impecable de maquiavelismo jesuítico, fue evidente que el PNV no era partidario del hilemorfismo radical de Rajoy, a menos que se conviertan en un medio para sus fines. Lo que no dejó de crear cierta incomodidad entre los que han hecho de la estabilidad del gobierno del PP una razón de estado, obvia por si misma.

La contrarréplica de Rajoy y su alter ego frankestiniano

Rajoy, por supuesto, no tiró de la cuerda que le sostiene, y dedicó su irónica retranca al PSOE y a su portavoz parlamentaria, sin dignarse a citar ni una vez al “ausente”, Pedro Sánchez, dirigente ex muris de la oposición. Margarita Robles se vio de pronto ante el reproche de haber contribuido a descubrir como testigo, cuando dirigía la Guardia Civil, a los responsables del asesinato y desaparición de los militantes de ETA Laza y Zabala y de haber roto así la “unidad antiterrorista” por denunciar la trama de la “guerra sucia”.

Y ese reproche se extendió al abandono del PSOE del bipartidismo, del que ha sido parte beneficiada como demuestran, Rajoy dixit, los casos de corrupción que le afectan en Asturias y, sobre todo, Andalucía. Una señal indirecta del alcance de la derrota de los antiguos responsables de la gestora socialista que desbancó a Pedro Sánchez en nombre de los pactos de estado con Rajoy.

A Pablo Iglesias, Rajoy le respondió sus seis preguntas con una sola: ¿han dado explicaciones de su financiación por Venezuela e Irán? Eso, según dijo, le interesa mucho, a pesar de las sentencias absolutorias en firme existentes; así como el contenido de sus cenas políticas con Oriol Junqueras; no vaya a ser que Unidos Podemos acabe apoyando la movilización del 1 de octubre por el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Para que quedasen claras las amenazas de Rajoy sobre su defensa del estado de derecho, es decir, de la razón de estado, es decir, de los intereses de las clases dominantes, intervino su alter ego frankestiniano, Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario del PP. Superando su propia caricatura, consiguió repartir materia a diestro y siniestro en nombre de la honradez del Partido Popular. Convenció a los convencidos y hasta debió hacer pensar a alguno, quizás el propio Rajoy, sino será posible incorporar a la teoría del hilemorfismo político radical el concepto de “materia singular esencial”.

No en vano, su tarea principal es humillar, aún más si cabe, al resto de los partidos, recordándoles que aunque representan al doble del número de votantes del PP, son incapaces de estructurar una alternativa de gobierno. Y que, por lo tanto, están condenados a chapotear en la misma ciénaga del régimen del 78, a pesar del gran hedor provocado -por parafrasear la famosa fórmula- por “la materia inadecuada en el lugar equivocado”.

Ni siquiera es el comienzo del curso político, sino un mero prolegómeno de lo que nos espera en este otoño de reivindicaciones sociales y democrático-nacionales. ¿Vamos comprendiendo la teoría del hilemorfirmo político radical de Rajoy?