LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

SANCIONA CON FUERZA DE LEY



ARTÍCULO 1º: Los portales de Internet que habiliten la introducción de comentarios en los sitios que poseen en la Red Informática Mundial (World Wide Web), deberán prever los mecanismos informáticos que fueren necesarios, a los efectos de que los emisores acrediten, previamente y de manera fehaciente, su identidad (nombre y apellido, documento nacional de identidad, domicilio real); la que deberá ser exhibida de manera inequívoca en el portal. En ningún caso podrán publicarse expresiones y/o comentarios en dichos sitios virtuales, sin previo cumplimiento de este requisito.



ARTÍCULO 2º: Se establece la obligación a cargo de los portales de Internet comprendidos en la presente norma, de exhibir un anuncio en el espacio destinado a los comentarios de los usuarios, con la siguiente leyenda que diga: "SR. USUARIO: QUEDAN BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LOS COMENTARIOS QUE REALICE EN EL PRESENTE PORTAL DIGITAL, DEBIENDO UTILIZAR EL MISMO DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Ley Provincial Nº..-".

ARTÍCULO 3º: Aquellas personas físicas y/o jurídicas que resulten propietarias de los derechos intelectuales de los medios digitales de comunicación y/o que se encuentren inscriptos como propietarios de dominios ante la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet dependiente de la Subsecretaría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, cuyo domicilio se encuentre registrado en la Provincia del Chaco, serán responsables ante el incumplimiento de los términos establecidos en la presente norma.



ARTÍCULO 4º: La autoridad de aplicación de la presente norma, será la Secretaría General de la Gobernación u Organismo que en el futuro lo reemplace, quien deberá intervenir de oficio o a petición de parte interesada y/o damnificada.



ARTÍCULO 5º: La Secretaría General de la Gobernación se encuentra facultada a aplicar sanciones ante el incumplimiento de lo normado en la presente, previo procedimiento que será establecido por vía reglamentaria y en el que se garantizará el derecho de defensa del presunto infractor. Las sanciones serán las siguientes:



a) Apercibimiento;

b) Multa: que será fijada entre uno (1) a quince (15) Salarios Mínimo Vital y Móvil, de acuerdo a los antecedentes, reincidencia y/o reiteración de la infracción cometida.



ARTÍCULO 6º: El Poder Ejecutivo de la Provincia deberá reglamentar la presente Ley en un plazo máximo de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación.



ARTÍCULO 7º: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.-





FUNDAMENTOS



La presente Iniciativa tiene por objeto propiciar un uso responsable de aquéllos espacios comunicacionales que las nuevas tecnologías han colocado al alcance de las más amplias capas de la población.



Antes de proseguir estimo necesario precisar que a tenor del contenido literal del articulado propuesto, el mismo denota y así queda debidamente explicitado en su redacción- que el propósito específico de la normativa se limita y circunscribe a favorecer la asunción de la elemental responsabilidad que les asiste, por parte de todos aquéllos que publiquen comentarios a través de los portales digitales existentes en Internet.



En efecto, como puede apreciarse, las incidencias jurídicas de la presente iniciativa de ningún modo avanzan ocasionando detrimento o menoscabo alguno en desmedro de la libertad de expresión; libertad que persiste y permanece absolutamente salvaguardada, y completamente exenta de la más mínima intrusión restrictiva.



En tal sentido, es oportuno poner de resalto que el precepto propuesto halla su fundamento cardinal, en verdad, en el Principio liminar de la RESPONSABILIDAD; en tanto que dicho Principio sustancial es un componente que adviene indisolublemente imbricado a todo ejercicio de la LIBERTAD.



Es por ello que entiendo pertinente reparar en lo prescripto por el Artículo 19 de la Constitución Nacional; cláusula que postula lo siguiente: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados?"



Queda claro, pues, conforme anticipara, que este Proyecto de Ley preserva y mantiene completamente incólume ese ámbito de reserva que le es propio a las "acciones privadas", dedicándose a legislar en perfecta concordancia con lo establecido por nuestro Texto Supremo. Y a este respecto, también considero propicio insistir en que la propuesta que aquí acerco al Cuerpo, no se inmiscuye en ese terreno -vedado para la Ley- de las "acciones privadas"; sino que va a repercutir, exclusivamente, sobre actos que, al momento de conllevar una inmanente trascendencia pública, son susceptibles de generar "perjuicios a terceros".



Por ende, de lo expuesto se extraen dos corolarios simultáneos de significativa relevancia: Por un lado, que se trata de una materia susceptible de ser reglada por la Ley; por otro, que esa regulación deviene indispensable, a los efectos de brindar algún tipo de cobertura a aquéllos derechos de los terceros que eventualmente pudieran resultar afectados.



Así las cosas, habiendo zanjado por la afirmativa la cuestión inicial relativa a la facultad que le asiste al Poder Legislativo para abocarse al tratamiento de esta temática, luego, lo que pasa a adquirir determinante primacía cual directriz insoslayable de la labor parlamentaria, es el estricto apego al llamado "Principio de Razonabilidad" que la Carta Magna erige como condicionante genérico de validez de toda normatividad reglamentaria. Algo que la Constitución contempla en el consabido Artículo 28, que dice: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio."



Y en cuanto atañe a este tópico, es dable reafirmar, una vez más, la exacta concurrencia de la premisa de construcción legal que comentamos, en razón de los términos y condiciones en que se halla elaborada esta propuesta; circunstancia que aporta vigorosa procedencia a su oportuna sanción institucional.



En esa perspectiva, es del caso advertir que este Proyecto de Ley jamás instituye una irrupción desorbitada o arbitraria que traiga aparejada la odiosa imposición de cercenamientos o censuras de alguna especie. No se establecen prohibiciones. Por el contrario; todo el mundo está en plenas condiciones de emitir y publicar cualquier expresión que le venga en ganas, por todos los medios disponibles a su alcance, y sin restricciones de ninguna índole. Asimismo, la materia sobre la que versen los comentarios, su contenido concreto, es un aspecto en el cual la Ley no se entromete, dejándolo completamente librado al libre arbitrio y albedrío del emisor. Lo único que plantea la innovación que aquí se propicia, es la verificación de su identidad; cual corolario básico de la responsabilidad que posee sobre los dichos vertidos.

En virtud de los elementos de análisis relacionados, la cristalina presencia de este Principio de Razonabilidad -que nutre y se vivifica en la presente Iniciativa-, es un factor que se infiere, con nítida elocuencia, en tanto la misma simplemente se limita a hacer jugar, en la especie, la elemental premisa de la responsabilidad por los actos propios. Postulado que constituye una pauta ordenadora básica de nuestra comunidad de destino, y que ya rige en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Ello así, toda vez que tal prospectiva de comportamiento ciudadano, es uno de los pilares en que se asienta la más saludable convivencia en nuestro Estado Social de Derecho. En definitiva, si el principio de responsabilidad ya impera como soporte implícito y preliminar de todas las relaciones interpersonales, no se advierte motivación atendible que justifique la exclusión de su vigencia, en esta esfera puntual de la realidad.



Por su parte, también es necesario apreciar que la categoría relacional en trato (me refiero a la de responsabilidad recíproca), constituye un componente de primerísima importancia en toda construcción de un devenir societario armonioso; en la preservación de los lazos sociales; en la promoción de una cultura para la paz y la concordia, junto al más amplio respeto de la diversidad y pluralidad.



Por último, la universal apelación a la responsabilidad individual,cual sustrato originario de esta Iniciativa-, de ningún modo puede interpretarse como un avasallamiento arbitrario de la libertad. Más bien por el contrario, esta invocación universal se presenta como una manera esencial de incorporar al prójimo (a todos los otros y a todas las otras con quienes compartimos nuestro discurrir existencial) al momento de poner en práctica la libertad fundante. Entiendo que en tales condiciones, la norma brinda una adecuada respuesta a la siempre compleja vinculación entre lo individual y lo social, entre lo particular y lo colectivo, entre lo personal y lo general; contribuyendo a desactivar instancias de impunidad que, en cuanto tales, son generadoras de dolorosas violencias que estamos llamados a prevenir.



Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Ley.-



