La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido por registro una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, exigiendo al Gobierno "respeto" al trabajo de la Justicia Argentina en la investigación que la jueza María Servini inició en el año 2010, a instancias de la asociación, para juzgar las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista.

La carta pone énfasis en las familias denunciantes: “El tiempo corre especialmente veloz para familiares que llevan años esperando a que la justicia se ocupe de sus derechos. Decenas de miles de familiares han muerto en los años de la recuperada democracia sin recibir ninguna atención por parte de ninguno de los poderes del Estado, ignorados por la justicia española que debería haberse ocupado de perseguir los terribles crímenes y violaciones de Derechos Humanos cometidos por los responsables de la dictadura franquista y que por su gravedad no pueden ser cubiertos de impunidad por leyes de amnistía ni decisiones políticas, como bien han señalado diversos organismos internacionales y acuerdos que el Estado español ha ratificado”.

“Todos los obstáculos que el Gobierno Español está poniendo a las víctimas de la dictadura para impedir su acceso a la justicia son formas de trato humillante y degradante”, afirma la ARMH

La ARMH acusa al Gobierno de "obstaculizar" la visita que la jueza argentina María Servini tenía prevista hacer el próximo 20 de marzo para, entre otras cosas, interrogar a Rodolfo Martín Villa.

“Todos los obstáculos que el Gobierno español está poniendo a las víctimas de la dictadura para impedir su acceso a la justicia son formas de trato humillante y degradante, además de medidas inhumanas que generan un enorme sufrimiento”, señala el colectivo.

La carta finaliza con una petición: “Por esa razón queremos solicitarle que desde el ejercicio de sus funciones ponga los medios y los recursos políticos necesarios para facilitar el acceso de las víctimas del franquismo a la justicia y que termine con esa doble impunidad en la que los juzgados españoles no trabajan para defender sus derechos y cuando la justicia argentina asume esa responsabilidad se dedican a impedir que la ejerza”.