La plata que el FMI entregó al país como parte del acuerdo de stand-by firmado en el mes de junio se acaba más rápido de lo esperado. Teóricamente el desembolso inicial de 15.000 millones de dólares se distribuyó en partes equivalentes entre el Tesoro y el Banco Central. Como parte de esos compromisos la autoridad monetaria, actuando por cuenta y orden del Tesoro Nacional, efectúa colocaciones en subastas diarias de 100 millones de dólares.

Los cálculos proyectados indicaban que la plata afectada a subastas diarias alcanzaba a cubrir operaciones cambiarías hasta mediados de octubre. Sin embargo, la reducción del monto informada por el Ministerio de Hacienda, primero en 75 millones de dólares

para las jornadas del jueves y viernes y, luego de 50 millones a partir del lunes 6, se explican porque el FMI percibe el carácter terminal de la crisis cambiaria, cada vez que examina los resultados financieros diarios del país. La magnitud del drenaje de divisas no se aplaca y genera impactos directos sobre el nivel de reservas del Banco Central que no hizo más que descender desde que el gobierno acordó con el Fondo Monetario.

El 28 de diciembre del año pasado, momento en que aún la discusión monetaria giraba en torno al cumplimiento (o recalibración) de las metas de inflación equívocamente diseñadas por el ahora ex Presidente Federico Sturzenegger, las reservas internacionales rondaban los 56.149 millones. De allí saltaron a 63.906 millones cuando el 11 de enero ingresó el dinero que Luis Caputo —en ese entonces Ministro de Finanzas— consiguió por última vez en el mercado financiero internacional. Luego la canilla del financiamiento se cerró y en los meses siguientes arremetió la crisis cambiaria inducida por el propio gobierno, a pesar que a modo de autoencubrimiento la catalogue como tormenta imprevista. Para el 21 de junio, las reservas internacionales eran de 48.478 millones de dólares, es decir que el equipo de especialistas en materia financiera que originalmente había reunido Sturzenegger (Llach, Reidel, Collazo, Liendo, Flores Vidal), habían dilapidado unos 15.428 millones de reservas en operaciones realizadas en el mercado de cambios con miras a frenar la corrida cambiaria, que provocó la renuncia de algunos miembros del directorio (aunque también el apoltronamiento de otros en sus sillas). El 22 de junio las reservas dieron un salto a través de la incorporación de la asistencia del FMI para ubicarse en los 63.274 millones, pero desde allí fueron paulatinamente descendiendo para ubicarse al 26 de julio en 59.112 y al 31 de julio en 57.996 millones de dólares. Esta progresiva caída de divisas marca una nueva pérdida por el orden de otros 5.278 millones. Pasado más de un semestre desde aquel 28 de diciembre, que marcó el principio del fin del sueño monetarista, el nivel de reservas se encuentra casi a ese mismo nivel. La diferencia es que en el medio la elite financiera que mantiene subyugado el destino del país dilapidó unos 20.000 millones de reservas internacionales.

Esa suma de dinero es la que están demandando los bancos y grandes operadores del sistema financiero local para garantizar el desarme de sus tenencias financieras en el país, haciendo de la fuga de capitales un proceso relativamente ordenado y bajo la custodia del Fondo Monetario.

Ni bien se hizo público el anuncio, el dólar se recalentó y empezó a trepar en el mercado mayorista obligando al nuevo Presidente del Central a colocar contratos de dólar futuro para contener la corrida. Durante la jornada del jueves el BCRA continuó vendiendo contratos de futuro para mantener la calma en el mercado local. El volumen operado rondó los 270 millones de dólares. Durante esa jornada, la tasa de call para operaciones interbancarias paso del 40 al 47% reflejando un agostamiento de la liquidez entre bancos, que impactó también en la cotización a la baja del tipo de cambio. Durante la jornada del viernes el dólar mayorista cayó unos doce centavos más a raíz de que la tasa de LEBAC superó el 48%. Esta situación no se aguanta más, tal como lo evidenciaron los datos de actividad económica que el propio INDEC dio a conocer el día jueves: la actividad industrial manufacturera bajo un 8.1% respecto al mismo mes del año 2017.

Si bien algunos operadores del mercado ven que el BCRA podría encontrar algún sendero de calma en los próximos meses, las necesidades de financiamiento para el año próximo, la caída en la actividad económica y las proyecciones de inflación acumulada (que según datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, superan el 32%), reflejan que después de octubre el stress financiero podría romper la costosa paz cambiaria que el gobierno pareciera haber conseguido tras el abandono de cualquier objetivo anti inflacionario y de crecimiento económico para el país.

Salir y entrar al FMI

En los primeros días de 2006, por orden del entonces Presidente Néstor Kirchner, la Argentina canceló la deuda con el FMI. La serie histórica de variación de reservas del BCRA computa un pago de 9.530 millones de dólares con dicho organismo financiero, momento que inauguró un proceso clave en el camino de la independencia financiera y soberana de la República Argentina. Aquella decisión implicó en los hechos un sacrificio de reservas que estuvo acompañado de una política destinada a recuperar el stock mediante compras directas realizadas en el mercado de cambios. Como resultado de ese proceso, el año 2006 culminó con un nivel de 32.037 millones de dólares. La política de acumulación de reservas continuó hasta 2010, pero en 2011 comenzaron a descender. Aquel año la fuga de capitales se duplicó con relación a las cifras que habían resultado el año anterior (2010: 11.510 millones vs. 2011: 21.504 millones). Durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la fuga de divisas adquirió la fisonomía del golpe económico contra un gobierno cuyas políticas fueron resistidas por el establishment, principalmente el campo y las finanzas. Entre 2003 y 2008, la fuga de capitales alcanzó la suma de 87.300 millones de dólares. Aquel año, en medio de la crisis financiera internacional, el gobierno adoptó una medida clave en materia financiera, como fue la estatización de los fondos jubilatorios que tuvo un impacto directo en varios niveles, entre ellos generar un fondo financiero anti-cíclico que jugó un rol clave en varios momentos de tensión financiera, y que en los últimos meses de este año lleva perdidos unos 13.000 millones ya que el FMI pide liquidarlo. Durante los años siguientes se continuó con la cancelación de compromisos internacionales que habían sido contraídos por el país durante la experiencia neoliberal de los ’90, buscando hacer de la política monetaria, cambiaria y fiscal un medio eficaz para la construcción de independencia económica. Las políticas cambiarías y, posteriormente, de control de capitales, fueron concebidas como regulaciones prudenciales destinadas a evitar el impacto de la crisis financiera internacional en la misma línea que organismos como el G20 promovía para las economías emergentes. La modificación de la Carta Orgánica, orientada a generar objetivos de pleno empleo y desarrollo económico, también fueron avances importantes en el sendero de la independencia del país. Durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner, mientras se intentaba llegar a algún acuerdo con los fondos buitre liderados por Paul Singer, quienes hoy ocupan las principales carteras en materia económica ofrecían mejores condiciones de pago en caso de ser electos en las presidenciales de octubre de 2015.

Luego del recambio presidencial, quienes hoy son responsables de la entrega del país acordaban con aquellos el pago con intereses, sin ningún tipo de verificación sobre el alcance de sus pretensiones crediticias. Los años de administración financiera del actual gobierno se concentraron en profundizar el endeudamiento externo y la fuga de capitales al mismo tiempo, a través de la completa desregulación financiera y la apertura irrestricta del comercio exterior. De acuerdo a los datos publicados por ITE – Fundación Germán Abdala, el nivel de endeudamiento externo total a diciembre de 2016 era de 275.446 millones de dólares, a diciembre de 2017 de 315.769 millones, y a junio de este año ronda los 359.683 millones, cifras nunca vistas en otros tiempos de la historia financiera del país. El 90% de la composición de esta deuda es de carácter público. Según indica el último informe publicado por ITE, “Con la reciente devaluación del peso y el desembolso del primer tramo del acuerdo con el FMI, estimamos que en el primer semestre del año la deuda pública en términos del PIB habría aumentado en 29,9 p.p. desde fines de 2017, alcanzando un nivel de 87%, máximo desde el período 2004 – 2005….” (http://itegaweb.org/wp-content/uploads/2018/07/Observatorio-de-la-deuda-Junio-18.pdf)

Después de 12 años de haber salido del FMI, este gobierno nos devolvió al punto de partida, cancelando los destinos de independencia que se venían construyendo a partir de aquella decisión. Como siempre, junto a la deuda externa, en menos de tres años la fuga de capitales supera los 50.000 millones de dólares. Estos aspectos han llevado al gobierno a recurrir al FMI, tal como hemos desarrollado en extenso en otras vuelos de este Cohete.

El siguiente gráfico muestra como aquella decisión soberana de pagarle al FMI terminó siendo fulminada con la emisión de nueva deuda durante la administración macrista, marcando un sendero de políticas caracterizadas por la subordinación de la industria, el trabajo y el bienestar de todxs lxs argentinxs a un puñado de operadores financieros.

Sin embargo, los recientes indicadores relacionados con la vida económica demuestran que el organismo internacional no puede hacer más que ofrecer financiamiento a cambio de reformas estructurales seguidas de reestructuraciones de deuda, un camino tortuoso que hay que cortar de raíz.

Un claro ejemplo de ello es el dato de recaudación que se conoció el miércoles 1° de agosto por la tarde. Mientras la inflación anual se ubica en torno al 30%, los datos de recaudación de julio cerraron en torno al 23.8%, es decir que el impacto recesivo está pegando en el costado que más preocupa al FMI: la recaudación tributaria y la recuperación del equilibro fiscal. En el capítulo de Política Fiscal de Memorándum presentado a Lagarde, el gobierno se comprometió, entre otras cosas a:

1. continuar la reducción de subsidios a la energía y transporte, para aumentar la incidencia del precio que pagan los consumidores sobre el costo total de producción de estos servicios que dejaron de ser índole pública;

2. no renovar puestos de trabajo en el sector público, congelar contrataciones de personal y reducir puestos considerados superfluos, como los despedidos de Télam;

3. congelar proyectos de obra pública;

4. eliminar impuestos considerados distorsivos;

5. vender los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

De esto se trata el paquete del FMI: reducir empleos, congelar salarios, frenar obras públicas y por ende actividades asociadas y rematar acciones de la ANSES. Ninguna de las medidas supone la adopción de políticas orientadas a estimular la recaudación, que el FMI proyectó se mantendría en el mismo nivel de incidencia sobre el PBI para este año y el próximo (23.2% del PBI). Ni en la concepción del Fondo ni mucho menos en la cabeza de los funcionarios de este gobierno es un objetivo estimular la recaudación de impuestos y el conjunto de políticas conexas como la persecución de la evasión fiscal de grandes contribuyentes, que utilizan complejos mecanismos financieros para girar divisas al exterior y reducir la base imponible de sus cargas tributarias.

De eso y no de otra cosa, se trata el universo offshore. Esta semana se conoció, a través de un estudio del Observatorio de las Elites de la UNSAM, que unos 269 funcionarios (distribuidos en diferentes áreas de gobierno), poseen participación societaria en unas 890 empresas, de las que el 50% son sociedades anónimas, el 15% sociedades de responsabilidad limitada y el 30% restante, sociedades del exterior. Parte de estas últimas son offshore.

Un balance que encoge

También se conoció esta semana el resultado del balance contable del BCRA que por primera vez arrojó pérdidas del orden de los 69.505.121 millones de pesos. El patrimonio neto de la entidad se redujo un 94%, pasando de 126.978.154 millones a 7.542.072 millones de pesos. Las notas contables al balance afirman, curiosamente que “la variación se explica, en gran medida por el cambio en la estimación de la valuación de letras intransferibles”. La verdadera explicación de las pérdidas registradas es la puesta en funcionamiento de un mecanismo destinado a transferir ingresos a los sectores concentrados de la economía, a través de la valorización financiera. A diciembre del año 2016, el balance del BCRA contabilizó pago de intereses por títulos emitidos en la suma de 153.344.158.000 pesos, que al tipo de cambio de referencia al 31 de diciembre de ese año (Com A 3500= 15,85), representaban unos 9.674 millones de dólares. Aquel año los intereses pagados por el BCRA en virtud del rendimiento de letras, se habían disparado en un 99% con relación al balance de 2015. De acuerdo a los registros del balance anual 2017, los intereses pagados por el rendimiento de las letras del Banco Central alcanzaron la suma de 209.576.177.000 pesos (es decir un 36% mayor que el año anterior), que al tipo de cambio de referencia al 31 de diciembre de 2017 (Com A=18,77), representaban unos 11.165 millones de dólares. La jugada del carry trade es tan pesada que en el mes de julio volvió a registrar el mayor grado de especulación financiera desde que arrancó el año. El patrimonio neto de la entidad también cayó significativamente. Desde el inicio de la gestión Cambiemos se redujo unos 169.146.514 miles de pesos, en comparación con los resultados del balance al 31 de diciembre de 2015, año en que mostró su mejor desempeño.

Los resultados del balance de la entidad al igual que el cúmulo abonado por intereses financieros motivados en la emisión de letras son significativos, porque reflejan la adopción de una serie de decisiones desregulatorias orientadas a estimular la especulación y quitar margen de maniobra al BCRA, en relación con sus objetivos de estabilidad y desarrollo previstos en la Carta Orgánica. Y es que tal como le dijo la diputada Emilia Soria en la cara al Jefe de Gabinete de Ministros, el gobierno lleva adelante actos revestidos por notas de criminalidad, tal como fue la firma del Decreto 702/18, que horas después fue suspendido por 30 días en busca de nuevas alternativas. El desmanejo de la política monetaria y financiera del país, que causó todos los impactos que estamos viendo sobre la actividad económica, el grado de dependencia a organismos internacionales y la enorme vulnerabilidad externa, sirvió para estimular la transferencia de riquezas y la apropiación de porciones significativas de la renta en pocas manos. Todo ese entramado lucrativo que se viene realizando en perjuicio de las arcas públicas, tiene lugar porque los sectores más poderosos del país se han adueñado del manejo del Estado, con el único propósito de hacer negocios, como también quedó demostrado en la fuerte presencia de conflictos de interés en las principales áreas de gestión del Poder Ejecutivo Nacional. En el año 1996, el profesor de Derecho Penal David Baigún publicó un artículo dedicado a analizar si los delitos económicos cometidos por sectores de poder, especialmente bancos y financieras, podían además revestir notas específicas de asociación criminal. Aquellas reflexiones concluían en la necesidad de tipificar de manera autónoma el delito de asociación ilícita financiera, con miras a sancionar penalmente los delitos asociativos de bancos.

En aquel texto, Baigún señalaba que “las características del delito financiero requieren el manejo de una red de regulaciones normativas —leyes, reglamentos, comunicaciones— innecesarias en la actividad de la asociación [ilícita] común” y que “las asociaciones ilícitas financieras, que se destacan por la manipulación no violenta de los medios instrumentados para conseguir su finalidad, se apoyan en el manejo de la red de regulaciones normativas, típicas de los aparatos institucionales”. A través de esa manipulación, de la modificación de regulaciones normativas, de la generación de vacíos regulatorios, las asociaciones dedicadas a la actividad financiera poseen capacidad suficiente de afectar la convivencia pacífica, que abarca —tal como dice en otra parte del texto— “desde hace siglos, la confianza en la regulación económica, en el normal cumplimiento de las reglas destinadas a gobernar los sucesos que se producen en el ámbito bancario, financiero y todos aquellos incluidos en un régimen económico; esa confianza no es más que una partícula del cuadro más amplio de la coexistencia pacífica”.

Cito estos tramos de ese enorme trabajo del profesor Baigún porque son propicios para afirmar que durante los años de gestión del gobierno de Macri, el Banco Central de la República Argentina fue convertido en un aparato organizado al servicio de la comisión de delitos financieros de distinta índole. La destrucción del tejido regulatorio no ha hecho otra cosa que instigar al universo de entidades financieras a hacer negocios a costa de la fortaleza de la autonomía que el organismo regulador debe mantener frente al mercado financiero. Los acuerdos con el Fondo Monetario, los resultados de salidas monetarias bajo el concepto de pago de intereses, la falta de supervisión eficaz sobre la actividad diaria de las entidades, la enorme fuga de divisas del país y su impacto en la balanza de pagos (allí reside el germen de la crisis), son condiciones de posibilidad para la acumulación financiera, realizada a costa de minar la confianza en la moneda nacional y generar incertidumbre en la sociedad argentina respecto del manejo de variables básicas de la economía.

El país está en manos de la voracidad más predatoria del capital financiero y a medida que la crisis se profundiza, vuelve mucho más violenta otras formas de extorsión sobre la vida democrática que le son necesarias para garantizar la impunidad del poder económico, como demostró la alineación de intereses entre Comodoro Py, el poder político oficial y el periódico La Nación, al lanzar la historia de los cuadernos Gloria que no aparecen por ningún lado, pero cuyas fotocopias gozaron de fuerza jurídica suficiente para ordenar 14 detenciones y pedir el allanamiento de la Cámara de Senadores para registrar la oficina de la Senadora Cristina Fernández. Si la misma vara probatoria se aplicara con relación al escándalo de los aportantes truchos, utilizados para ocultar el origen de los fondos de los financiadores de la campaña política de Cambiemos, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el Senador Esteban Bullrich y la diputada Graciela Ocaña deberían estar declarando en indagatoria y sus oficinas bajo registro probatorio. La justicia parece estar al servicio de los portavoces del poder financiero.

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