Desde hace mucho tiempo Patricia Bullrich venía amenazando con publicar datos y estadísticas que desmentirían, de forma “categórica”, las innumerables denuncias de organismos de derechos humanos (entre ellos la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi) y referentes políticos y sociales sobre gatillo fácil, violencia institucional y demás hechos criminales a manos de las fuerzas represivas del Estado.

Finalmente este lunes el Ministerio de Seguridad publicó un informe de 77 páginas (ver completo abajo) en el que pretende haber alcanzado ese objetivo. Pero no solo las huestes de Bullrich se quedaron cortas en esa empresa sino que queda en evidencia que su único propósito era buscar desprestigiar a quienes llevan años luchando contra la represión estatal y la impunidad de sus ejecutores.

Mentira versus verdad

El informe del Ministerio dice que, “desde el primer día de gestión de la Dra. Patricia Bullrich”, en esa cartera “se trabaja todos los días para cuidar a todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino”. Un chiste de mal gusto, que no se sostiene con ningún indicador serio de la gestión de la ministra.

Y para “demostrar” lo que dicen, se apoyan en la propia información oficial de las “Fuerzas de Seguridad Federales”, de la “Justicia” y del “Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego”. Desde ya, esa información no hace otra cosa que avalar las forzadas conclusiones.

A su vez cuestionan el informe anual de Correpi sobre casos de represión policial e institucional, porque se trata de “una organización civil” que basa sus investigaciones en “artículos periodísticos” y en “testimonios aislados sin material probatorio a nivel judicial”.

Sin embargo, el Ministerio reconoce que Correpi sistematiza información provenientes del “contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas”, del “chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales”, de los aportes que realizan miembros de la organización desde las provincias, de los “informes de otras organizaciones” y de “organismos oficiales que registran datos de interés”.

Todo eso, parece, es menos convincente para los funcionarios que la información armada por las propias Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, jueces y fiscales. Es decir, por los propios ejecutores de la llamada “violencia institucional”.

Ministrucho de Seguridad

El Ministerio dice que realizó “un análisis exhaustivo y comparativo” de los informes anuales de Correpi publicados entre 2016 y 2018. Y que de ellos solo analizó “los casos que corresponden a las Fuerzas Federales”, que para los funcionarios serían 98 para el período 2016-2018.

De ese “exhaustivo” análisis ministerial, deducen que “el 75,5 % de los casos no son violencia institucional”, que “el 22,5 % están sometidos a investigación” (entre ellos el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel y la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado) y que solo el “2 % tienen condena”. Ergo, Correpi y todos los que reproducen sus informes mienten.

Tanto se afanaron los subordinados de Patricia Bullrich en confeccionar un contrainforme, que hasta llegan a la conclusión de que entre 2016 y 2018 “ha disminuido la cantidad de víctimas de civiles fallecidos con intervención de Fuerzas Federales” en un 36 %. Sí, aún con la Doctrina Chocobar corriendo a pleno y en el marco de una crisis social en aumento, donde la pobreza extrema es criminalizada en las barriadas de todo el país.

Y por si eso fuera poco, el informe dice que “de los 98 casos que fueron catalogados por Correpi como ‘casos que implican la aplicación de políticas represivas estatal

y la utilización de los recursos del aparato estatal’ (…) 74 hechos NO corresponden a ese concepto”.

La respuesta de Correpi

Apenas conocido el informe elaborado por el Ministerio de Seguridad, la organización conducida por María del Carmen Verdú e Ismael Jalil salió a responderle a semejante operación macrista.

Correpi arranca ironizando al decir que “la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por una vez, cumplió su palabra, y convocó hoy a un grupo de periodistas para presentarles el tan demorado ‘contrainforme’”. Y continúa diciendo que para el gobierno “más represor que el pueblo argentino debió padecer desde diciembre de 1983”, una de las mayores preocupaciones es “desmentir los datos que erróneamente llama ‘de Correpi’”.

Lo de erróneamente hace referencia a que “los datos del Archivo no son ‘nuestros’ sino los de los gobiernos; son lxs muertxs que matan ellos, nosotrxs no sólo los contamos y ordenamos para denunciarlos, sino que militamos todos los días para visibilizarlos y combatirlos”, expresan.

Yendo a los fundamentos de Bullrich y compañía, Correpi afirma que “el ‘contrainforme’, bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de nuestra información. En ningún caso pudieron decir ‘es un invento’ o ‘esto no pasó’”.

Respecto a las “fuentes” usadas por el Ministerio para su informe, el organismo de derechos humanos cuestiona que el Gobierno use “como única fuente las Fuerzas de Seguridad Federales, la Justicia y el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del propio ministerio. Es decir, una vez más, ‘la versión de las fuerzas es versión de verdad’”.

Correpi también destaca “la media verdad -y por lo tanto, verdadera mentira- de que ‘las fuerzas federales están matando menos civiles’”, ya que la Policía Federal “bajó notablemente su incidencia en el total de casos porque hoy esa tropa pertenece a la fuerza que depende del GCBA, que, dicho sea de paso, supera 60 asesinatos en menos de tres años de existencia”.

“Con el mismo criterio de Bullrich”, afirma Correpi, “mañana podría salir Rodríguez Larreta a ufanarse de que la (Policía) Metropolitana no mató una sola persona entre 2017 y 2019, lo que sería también cierto. Ex Metropolitana y ex PFA hoy matan con uniforme celeste y granate”, sentencian.

Verdú, Jalil y sus compañeras y compañeros denuncian que Bullrich y sus cómplices “sesgan sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo, que naturalmente jamás podría coincidir con nuestros criterios, abundantemente explicados en la presentación del Archivo de Casos”.

En diálogo con La Izquierda Diario María del Carmen Verdú agregó que para ella “lo mejor de este informe es el reconocimiento explícito que hace Bullrich de que Correpi ha logrado el objetivo que se propuso hace más de treinta años: ser un férreo opositor a todo gobierno represor, poniéndonos entre ellos y la gente para visibilizar y promover la organización por la lucha antirrepresiva”.

Vale decir que Verdú, abogada de dilatada trayectoria, es además candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Desde allí comparte lista con Myriam Bregman, Liliana Mazea, Alejandrina Barry y demás luchadoras y luchadores.

La afrenta de Bullrich contra Correpi excede el ataque y el intento de desprestigio de una organización en particular. Es una perversa burla a cientos de familiares de víctimas del gatillo fácil y la violencia estatal, a sobrevivientes de las torturas del Estado y a organizaciones que luchan día a día contra la represión y la impunidad.

Por eso hay que seguir enfrentándola. A ella y a quien la reemplace en el Ministerio de Seguridad. Porque la historia reciente argentina demuestra que gobierne quien gobierne el gatillo fácil y la muerte a manos del Estado es sistemática y constante.

El informe trucho del Ministerio de Seguridad

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