Publicidad

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha denuncia, una vez más, en nota de prensa “la ilegalidad de las actuaciones del Ejecutivo de Cospedal con las personas en situación de dependencia”. Agregan que sigue el abandono de este colectivo justo cuando se cumple un año de la muerte de Jomián.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha utiliza los últimos datos del Imserso para acusar a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, de “mentir” en relación a la atención a personas dependientes de la comunidad autónoma, unas denuncias que este colectivo realiza “cuanto se cumple el primer aniversario de la muerte de Jomián, el niño de 13 años gran dependiente al que se le negó la prestación económica en el entorno familiar a pesar de tener todos los informes favorables”.

Según afirman, “la Orden de julio de 2013 en la que se establece las intensidades de las prestaciones y servicios estipula en su Artículo 16, Punto 1 que la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), lo que llaman despectivamente «nominillas», debe superar un informe favorable del equipo regional de valoración”.

Por ello, esta plataforma sostiene estar en condiciones de afirmar que dicho “equipo regional de valoración no existe, no ha sido creado, no hay ninguna disposición normativa en la que se haya creado dicho equipo por lo que el Gobierno de Cospedal está actuando de forma ilegal, incumpliendo la normativa que el mismo ha legislado”.

Los más de 7.600 familias que han perdido la prestación, casi 1.000 en el último mes, casi uno y media a la hora, matizan, “estarían siendo objeto por parte de quién tendría que asegurarles la atención que la ley les otorga de un obstáculo insalvable para poder acceder a la prestación económica, todo ello con plena conciencia de la actuación que está llevando a cabo”.

Además, el colectivo comunica que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y que dirige Echaniz, “está retirando y denegando de forma sistemática, no sabemos en base a que normativa legal y que persona física lo está haciendo, todas las prestaciones económicas a los grandes dependientes, todo ello a pesar de los informes favorables de los trabajadores sociales, consciente de estar haciéndolo de forma ilegal al no haber constituido, como su propia normativa les obliga, el equipo regional de valoración por el que tienen que pasar todas estas prestaciones”.

La asociación entiende que éste es un “hecho gravísimo que quizás pudiera tener consecuencias penales al establecer por parte del Gobierno que dirige la Señora Cospedal, un requisito de imposible incumplimiento”.

Por todo ello, instan a la presidenta regional a restituir “de forma inmediata las prestaciones eliminadas bajo está Orden y a constituir el equipo regional de valoración a la que está obligada por esa Orden que ella mismo firmó”.

Fuentes: Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha/ El Boletín/ La Comarca de Puertollano