Encuentran anomalías por pagos de cheques sin fondos

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VILLAHERMOSA.- La familia Granier, ex funcionarios y colaboradores —que están bajo investigación por desfalco y enriquecimiento ilícito— utilizaron un mecanismo de contratación de deuda pública para obtener recursos en su beneficio; el pago excesivo a proveedores y empresas por servicios o bienes o la sustracción de cuotas sindicales que presuntamente serían destinadas al pago de seguros, que nunca se hicieron.

Se conoció que las autoridades locales, que encabeza el gobernador Arturo Núñez Jiménez, realizan un “mapeo” de las vías por medio de las cuáles cometieron una serie de irregularidades que van desde la “desaparición” de mil 900 millones de recursos federales a programas como salud, educación y seguridad, que son reclamados por la Federación, y más de 17 mil millones de deuda pública contratada con bancos.

Las pesquisas de la Procuraduría de Justicia de Tabasco apuntan a que los ex funcionarios realizaron operaciones financieras en varios estados, pero sobre todo en la ciudad de México, por lo cual la dependencia solicitó la cooperación de su homóloga del Distrito Federal.

“Tenemos una colaboración estrecha con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, porque muchas de las operaciones mercantiles y financieras se hacen desde la capital y dentro de la investigación tenemos indicios al respecto y sobre eso trabajamos”, comentó el procurador Fernando Valenzuela, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que en el caso también colaboran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y con la Procuraduría General de la República (PGR).

Desvío de recursos

El gobernador Arturo Núñez ha señalado que la CNBV congeló dos cuentas bancarias con depósitos de 14 millones de pesos a Mariana Granier, hija del ex mandatario, por un problema de cobro de impuestos.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este diario, funcionarios del gobierno de Granier cometieron irregularidades como desvío de recursos públicos, la contratación de empresas de “outsourcing” para triangular las finanzas, o el pago de servicios con “cheques sin fondo”, para el desfalco.

El responsable de las finanzas estatales durante los seis años de la administración priísta —que gobernó Tabasco por casi 80 años— fue José Sáinz Pineda, quien autorizaba todos los gastos gubernamentales.

Al ex secretario de Finanzas se le ha vinculado con el empresario Amílcar Salas, ex asesor de la dependencia, presunto operador financiero de Granier Melo, y con el empresario Martín Alberto Medina, a quien en noviembre del año 2009 la PGR le aseguró 8 millones de pesos en el aeropuerto de en Mérida, Yucatán.

Según reportes de la secretaría de Finanzas, el quebranto asciende a 2 mil 320 millones de pesos por conceptos de proveedores, rentas, pagos a contratistas y créditos.

Los informes

Con el cambio de gobierno, la nueva administración de Planeación y Finanzas detectó diversas irregularidades como el pago con “cheques sin fondo” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el suministro eléctrico, un desfalco por alrededor de 176 millones de pesos a las “deductivas” (cuotas) de los trabajadores sindicalizados que sí se cobraron, vía nómina, pero no llegaron a las cuentas para las cuales estaban destinadas como el pago de seguros.

Así como pagos onerosos a empresas “outsourcing” para “llevar las finanzas” de la Secretaría de Planeación y Finanzas o la contratación de software para un sistema contable por 35 millones de pesos que nunca funcionó.

El principal rubro donde la pasada administración dejó de pagar fue en el de proveedores, donde hasta el 27 de diciembre pasado se debe el acumulado de 514 millones de pesos por los últimos seis años de gobierno.

En el pago a proveedores de servicios, la CFE reclamó al gobierno estatal 800 millones de pesos por concepto de subsidio al servicio; pero también la liquidación de un adeudo de 45 millones de pesos por el servicio de luz a diversas dependencias de la administración estatal, que intentaron solventarse con cheques sin recursos.

La CFE informó a la ex titular del Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Clisceria Rodríguez, que un cheque por 25 millones 76 mil pesos fue devuelto por “insuficiencia de fondos”, por lo que deben pagar una penalización de 5 millones de pesos (20%) y que el servicio a esa dependencia sería suspendido.

La Subsecretaría de Egresos de Finanzas acordó la firma de un pagaré por 15.7 millones de pesos, toda vez que CFE exigió la entrega por adeudos a “ajustes y facturaciones por consumo de energía eléctrica”, a diciembre de 2012 que corresponde al servicio de otorgado a 38 dependencias y que no habían sido solventados.

En el caso del “outsourcing”, Finanzas halló dos contratos en el último año de gestión de Granier con cobros excesivos en asesoría para planeación estratégica, contable y presupuestal, uno de ellos con por con el despacho Vargas, Martínez Palacios SC. Contadores Públicos y Asesores de la ciudad de México.

El fiscal Valenzuela dijo que hasta el momento la Contraloría estatal ha presentado siete denuncias penales contra de ex servidores, pero concentrarán otras tres que fueron abiertas en la pasada administración.

Explicó que una de ellas es de agosto de 2012, donde hubo la denuncia por el robo una camioneta, en la que el chofer dijo que llevaba 100 cajas con información documental, “pero no declaró que se tratara de información sobre la contabilidad gubernamental, sino (la denuncia fue) por el robo de la camioneta”.

No habrá alza de impuestos

El secretario de Planeación y Finanzas, Víctor Lamoyi, aseguró que el gobierno de Núñez implementará un programa para hacer eficientes los ingresos por medio de la recaudación, así como atender de manera correcta el gasto, demandas sociales, obras y servicios públicos, sin aumentar impuestos.

Explicó que replantearán el Presupuesto 2013, porque el elaborado por la pasada administración “está mal programado”, pues los egresos proyectados son 36 mil millones de pesos, sin embargo para cubrir las necesidades del estado se necesitan 41 mil millones de pesos.