El gobierno ha optado por un discurso de púlpito de iglesia, vestuario de equipo de fútbol y comisaría en lugar de por decretar medidas urgentes para paliar una crisis social, económica y laboral

16 marzo, 2020

Es una sensación muy extraña, sí, pero acrecentada por el hecho de que el Gobierno no ha ayudado a rebajar una incertidumbre prácticamente tan fundamental como la de la salud más básica. En una sociedad fundada sobre las rentas del trabajo —una en la que es literalmente imposible vivir si no es con dinero, y casi imposible este de conseguir si no es mediante la venta de fuerza de trabajo—, el ejecutivo de coalición progresista no ha anunciado ni una medida económica para el periodo especial abierto por la crisis del coronavirus. Y llevamos ya casi una semana.

Vivimos un confinamiento especialmente duro para un sinfín de colectivos: el de personas mayores, las solas, las de movilidad reducida, las que se han visto cruelmente obligadas a convivir sin pausa con sus maltratadores cotidianos, los pisos en que hay que hacer turnos para dormir o aquellas que sufren trastornos emocionales, por enumerar las más obvias. No es ni siquiera fácil con niños. Las lecciones de saber estar, de creatividad, de solidaridad, de empatía con el vecino, el acortar las distancias con quien te rodea creo, estoy convencido (porque esto es, claro, solo una sensación) de que han sido mucho mayores en número que los comportamientos individualistas y egoístas de quien está infectado por otro virus mucho más viejo que el Covid-19, el del liberalismo que te hace pensar que las personas somos islas.

Pero si hay un rasgo de esta crisis que agrave el aislamiento físico es el de la incertidumbre material de qué va a ser de nuestras vidas cuando por fin logramos salir de cuatro paredes. Incluso antes. Muchas personas ni siquiera sabían ayer domingo por la noche si hoy lunes tendrían que acudir a su centro de trabajo. Conocemos de primera mano que las empresas están cometiendo verdaderas irregularidades obligando a coger vacaciones a sus empleados, no facilitándoles medidas sanitarias in situ o preparando despidos masivos que en algún caso afectarían, presumiblemente, a millares de personas en un solo grupo de negocio.

Sin embargo, no ha habido ninguna referencia en unas comunicaciones oficiales que han seguido un mismo patrón. El de poner el acento en el control poblacional, en la enumeración de lo que comporta el estado de alarma a un nivel burocrático, en los ánimos abstractos, mezcla de discurso presidencial de púlpito de iglesia, vestuario de equipo de fútbol y comisaría, a millones de personas a las que esta primavera les está cambiando la vida para siempre. Y no, sabemos que de esta no vamos a salir igual todos.

Tampoco se seleccionó, en dos ruedas de prensa —la de Sánchez el sábado; la de Illa, Robles, Grande-Marlaska y Ábalos el domingo— ninguna pregunta sobre medidas socioeconómicas y sí por la lealtad de Torra, la presencia de un vicepresidente en cuarentena en el Consejo de Ministros y una bochornosa curiosidad por saber si había habido tensiones en el debate interno del gobierno acerca de cómo afrontar esta crisis.

No está de más recordar que el pasado día 4 de marzo, hace 12 días que en términos mediáticos parecen tres meses, el Ministerio de Trabajo publicó una guía de actuación laboral para el coronavirus en la que se prevé la paralización de la actividad, incluso a instancia de los propios trabajadores, por riesgos de contagio, o el teletrabajo sin reducción de salario. La reacción de la patronal nos pone sobre la pista de lo que se está jugando estos días a puerta cerrada: la guía, según Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, era «un grave error» que generaba «alerta y confusión». El tiempo, la urgencia, las necesidades, como hemos dicho en otras ocasiones, no corre igual ni son las mismas en uno u otro lado de las relaciones trabajo-capital.

Este martes 17, mañana cuando se escriben estas líneas, será clave. Del Consejo de Ministros deberán salir medidas firmes y concretas en relación a cómo el primer gobierno de izquierda en coalición de la democracia va a ayudar a las miles de familias encerradas en sus casas o exponiéndose ahora mismo en diversos lugares de trabajo, temiendo por la salud propia y de seres queridos, pero también rehenes de la producción, coaccionados por sus empresas bajo amenaza de despido.

Una moratoria en el pago del alquiler y la hipoteca, la paralización de los desahucios, el bloqueo de los despidos y la lupa fiscal y legal sobre las empresas que traten de iniciar procesos de regulación de empleo, garantía de la cobertura salarial al 100% extendida a los trabajos de cuidados, actuación de excepción sobre negocios de plataforma que ponen en riesgo directo la vida de falsos autónomos, detención de la cuota de autónomos o la intervención estatal sobre las empresas de suministro eléctrico son solo algunas de las medidas más apremiantes para que no volvamos a pagar las y los mismos.