Cuando se cumple un siglo de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa, Ecologistas en Acción y WWF, organizaciones integrantes del Consejo de la Red de Parques Nacionales, denuncian que el plan presentado recientemente por las administraciones gestoras en el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa para diezmar las poblaciones de lobos es totalmente contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales.

Dicho plan antepone claramente ciertos intereses privados y las presiones locales de sectores escasamente representativos al interés general que debe primar en estos espacios protegidos, recogido de forma explícita en la legislación básica del Estado como prioritario y preferente.

El documento Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa, promovido por el Principado de Asturias con el apoyo del gobierno de Cantabria y el de Castilla y León, se ha realizado sin la más mínima justificación científica o técnica y basándose únicamente en una presunta “enorme demanda social” no cuantificada. El plan pretende incrementar la persecución del lobo hasta alcanzar un nivel de daños a la ganadería “tolerable”, algo que tampoco se cuantifica.

Sin datos que lo corroboren y basándose, al parecer, en las opiniones de determinados alcaldes y ganaderos, el documento descarta la eficacia de las medidas de compensación y prevención y responsabiliza al lobo del declive de la ganadería extensiva dentro del Parque Nacional, concluyendo que “la clave es regular la población de lobo” aún más. No existe ningún dato técnico, ni informe oficial, ni aval alguno de la comunidad científica que justifique esa decisión.

El plan afirma además que, en caso de que las poblaciones de lobo se “saturen” dentro del Parque Nacional, podrían exportarse los lobos a los terrenos colindantes provocando un nivel de daños impredecible, lo que justificaría el mantener a raya sus poblaciones dentro del espacio protegido. Esto supone continuar con la política de eliminación de camadas y aumentar la caza de adultos con armas de fuego hasta que se considere necesario.

Además de los cupos de “extracción” fijados cada año, en caso de producirse daños reiterados al ganado, el protocolo faculta para matar lobos en cualquier momento del año. También permite que los lobos no solo sean abatidos por funcionarios, sino que a partir de ahora pueden participar cazadores autorizados ajenos al Parque Nacional.

Por último, se pretende dejar en manos del Comité Técnico y de la Comisión de Gestión, (formada por las tres comunidades autónomas implicadas, un representante de la Administración General del Estado –con voz pero sin voto– y un representante de los propios ayuntamientos del Parque Nacional) la decisión sobre el cupo de lobos a matar o sobre la realización de los controles excepcionales. Todo ello de espaldas a la sociedad, sin transparencia ni información, sin ninguna participación social y sin ningún tipo de análisis previo por parte de la comunidad científica.

Las organizaciones ecologistas denuncian que con este modelo el Principado de Asturias, con la complicidad de Cantabria y Castilla y León, pretenden extender al interior del Parque Nacional el modelo arbitrario, acientífico y caótico con el que se está manejando en la actualidad la población de lobos en el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa. Un modelo que igualmente se extendería al resto de la Cordillera Cantábrica y que está promoviendo la agresividad social contra la especie.

Ecologistas en Acción y WWF, con representación en los patronatos de la mayor parte de los Parques Nacionales de nuestro país y en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, consideran este plan como una auténtica involución. Además, es un precedente peligroso y un grave desprestigio para toda la Red de Parques Nacionales que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) no puede consentir.

Estas organizaciones consideran, además, que se trata de un grave incumplimiento, a sabiendas, de la legislación básica del Estado en materia de Parques Nacionales por parte de aquellas instituciones y organismos garantes de su cumplimiento, lo cual puede entrañar responsabilidades e ilícitos contemplados en la legislación penal del Estado.

El Parque Nacional de Picos de Europa está declarado de Interés General de la Nación y su gestión supone una enorme responsabilidad. No puede gestionarse como si se tratara de un espacio natural más, atendiendo a las conveniencias políticas de una determinada administración autonómica, una peligrosa deriva en la que se encuentran ya algunos de los parques de nuestra Red de Parques Nacionales. No hay que olvidar que este Parque Nacional fue creado para garantizar en las mejores condiciones posibles la conservación de una muestra representativa de la biodiversidad de la Cordillera Cantábrica, siendo este el único Parque Nacional español que cuenta con poblaciones de lobo ibérico, por lo que la conservación de esta especie en el mejor estado posible debe ser un objetivo prioritario para este espacio protegido.

El Parque Nacional de Picos de Europa atrae cada año a casi dos millones de visitantes que contribuyen a la economía de los municipios incluidos en este espacio protegido. Por otro lado, los ayuntamientos reciben importantes ayudas e inversiones anuales para compensar las posibles limitaciones del Parque Nacional. La ganadería es, asimismo, receptora de importantes subvenciones públicas además de la indemnización de cualquier daño ocasionado por el lobo, por lo que es injustificable exigir que se persiga aún más a esta especie, uno de los principales iconos del Parque Nacional.

Ecologistas en Acción y WWF lamentan que los gobiernos del PSOE en Asturias, del PRC en Cantabria y del PP en Castilla y León hayan decidido celebrar el centenario de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa con un broche tan bochornoso, intensificando la matanza de lobos y poniendo al Parque Nacional en el punto de mira de la opinión pública nacional e internacional. Esto muestra la clara falta de consideración que se tiene en realidad por la preservación de un espacio ejemplar en un año tan singular.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas exigen la retirada definitiva del Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa y en caso de aprobación anuncian que iniciarán acciones legales contra los responsables del plan y reclaman la intervención del MAPAMA por entender que colisiona con la Declaración de Interés de la Nación. Además, durante la reunión que mantendrán hoy con la ministra Isabel García Tejerina, reclamarán un plan eficaz para fomentar la coexistencia entre la ganadería extensiva y el lobo dentro del Parque Nacional que incida en la prevención de daños y en la mejora de la comercialización y calidad de vida de las ganaderas y ganaderos tradicionales que contribuyen a la conservación de este ecosistema único.