Es un gran triunfo para Argentina, principal impulsora del documento que defiende el pago de la deuda soberana de los países sin desatender el desarrollo económico y los derechos humanos. La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves por amplísima mayoría una serie de principios básicos para regir las negociaciones entre los gobiernos y sus acreedores, en pleno conflicto entre el Estado argentino y los fondos buitre.

Tan protagonista era la nación sudamericana en este asunto que el del canciller Héctor Timerman fue uno de los nombres más mencionados en la 69º sesión plenaria, a la que también asistió el ministro de Economía, Axel Kicillof. Para Timerman, la resolución aprobada es una "forma de ponerle límite a los fondos buitre que, a falta de una legislación global, han usufructuado la pobreza de muchos países que están aquí presentes".

El respaldo al documento que ya había sido aprobado por un comité especial tras seis meses de deliberaciones, llegó desde Latinoamérica, África y Asia, mientras que Europa –salvo Reino Unido y Alemania que votaron en contra– optó por la abstención. Los negativos fueron seis en total, sumando los de Estados Unidos, Canadá, Israel y Japón. Estados Unidos defendió que la ONU no es el "foro adecuado" para tratar el tema de las deudas soberanas. Precisamente lo contrario sostuvo el premio Nobel Joseph Stiglitz, uno de los principales asesores de la comisión, cuando presentó el documento hace poco más de un mes. "El lugar para llevar a cabo esta discusión no es el FMI. Allí se congregan solamente los acreedores, entonces ningún debate equilibrado puede surgir. El espacio indicado es la ONU, es el único lugar donde se pueden sentar en la mesa acreedores y deudores", aseguró.

Soberanía y derechos humanos

Muchas de las intervenciones tras la votación señalaron la aprobación del texto como "un hito" para la soberanía de los países. La resolución consagra el derecho de cualquier Estado a "elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de la deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".

Además, introduce el concepto de "pago sustentable". Señala que tanto el país deudor como sus acreedores deberían implicarse en las negociaciones de reestructuración para garantizar la "sustentabilidad de la deuda". La idea es que el cumplimiento de las obligaciones no ponga en riesgo el desarrollo del país y por tanto, los pagos futuros.

Para ello, la reestructuración debe promover "un crecimiento económico sostenido e inclusivo", "minimizando los costos económicos y sociales" y "respetando los derechos humanos". Toda una declaración en un momento en el que se cuestionan los efectos que ocasionan en la población los recortes exigidos a Grecia para evitar su default.

Respaldo político pero no legal

Los Gobiernos en problemas tendrían que "lograr el apoyo de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración". Este punto es fundamental para Argentina. Tras el default de principios de siglo, Argentina consiguió el acuerdo con casi el 93% de sus acreedores. Con esta regla en vigor, eso le hubiera bastado para extender las condiciones negociadas a los demás. Sin embargo, ahora el país se enfrenta a la reclamación de los fondos buitre que compraron parte de esa deuda y que han obtenido el respaldo de la justicia norteamericana para exigir el pago del valor nominal de sus bonos.

También hay una referencia a la inmunidad soberana, "un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros" y cuyas "excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente", de acuerdo con la resolución. Este enunciado supone un fuerte espaldarazo político para el gobierno de Cristina Kirchner –y para el próximo, que asumirá en diciembre y heredará este problema– pero no desactiva la causa por la que el juez de Nueva York Thomas Griesa ampara la reclamación de NML Capital Ltd. Este fondo buitre reclama el 100% del valor de los bonos de deuda argentinos que adquirió. El problema es que Argentina no puede negociar ese pago. Si lo hiciera, debería extender ese valor a todos los acreedores, incluidos aquellos que sí aceptaron una quita.

Timerman consideró que se trata de "una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos". "Estamos viviendo historia viva", señaló, por su parte, su colega venezolana, Delcy Rodríguez, que mañana se reúne con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.