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Cada vez más los gobiernos y los estados están reduciendo los conflictos sociales y políticos a un problema de orden público y la policía recurre a instrumentos cada vez más sofisticados y también agresivos contra las movilizaciones a la calle. El arsenal represivo -en forma de leyes y en la actuación policial en las manifestaciones- se endurece, también en contextos democráticos.

Reconocimiento facial y bases de datos

Hace años que varios cuerpos policiales británicos acumulan bases de datos sobre la gente que se manifiesta en el Reino Unido, a la cual etiquetan de “extremistas”. “No sabemos exactamente qué información se archiva, pero hablamos de una lista que ha tenido entre 2.000 y 9.000 personas, muchas de las cuales están solo por haber participado en las movilizaciones contra el comercio de armas, contra el fracking o por la emergencia climática”, explicaba Kevin Bowe, investigador británico, en las jornadas sobre el derecho a la protesta organizadas por Novact y Iridia la semana pasada en Barcelona. Las bases de datos contienen las imágenes grabadas por cámaras de seguridad instaladas en la calle o bien por las cámaras que la policía lleva en las manifestaciones y que después son procesadas con tecnología de reconocimiento facial.

Infiltración de teléfonos móviles de manifestantes

Llevar el móvil a una manifestación no es una buena idea, al menos en algunos países, como en el Reino Unido, donde la policía usa la tecnología IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Se trata de unos aparatos que infiltran todos los móviles que hay en una zona, simulando ser una torre de telefonía. Esto permite interceptar las llamadas y los mensajes, saber donde ha estado el teléfono y seguirlo. “Tampoco hay que pensar que cuando un móvil está apagado es seguro: los manifestantes detenidos tienen que entregar sus teléfonos en la comisaría y entonces es muy fácil obtener todos los datos”, recuerda Bowe.

Inteligencia de vigilancia de redes sociales

Dictaduras como la de Egipto no son las únicas que destinan policías a la monitorización de las redes sociales, como Facebook o Twitter. Según denuncia Privacy International, “la inteligencia de redes sociales incluye la vigilancia de los contenidos, como mensajes o imágenes, y otros datos que tienen que ver con las relaciones entre personas, de una persona con un grupo o entre grupos, y que incluyen tanto mensajes públicos como privados”. Esta información sobre las relaciones es a menudo más valiosa para la policía que la de los mismos mensajes, eso sin contar la infiltración de la policía con perfiles de usuario falsos.

Granadas explosivas de gas y bombas de fragmentación

“En Francia, el establecimiento del estado de emergencia después de los atentados de noviembre del 2015 dio poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad. Después, la movilización de los chalecos amarillos ha topado con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, que hasta ahora solo se había visto en la represión de protestas en los suburbios”, explica Giada Negri, del European Civic Forum. Se ha criticado el uso por parte de las fuerzas de la orden de los LBD40, un tipo de pistolas que disparan munición de 40 milímetros de diferentes tipos: balas de goma, de foam, ensordecedoras, lacrimógenas o de humo. Más polémico es el uso de granadas explosivas GLIFO 4, cargadas con dinamita y un agresivo gas lacrimógeno, que provocan una explosión atronadora y con ola expansiva.

En la cuna de la democracia moderna la policía también utiliza contra la multitud granadas de dispersión, que lanzan pequeños perdigones de goma a gran velocidad. Con todo ello, el balance de casi un año de chalecos amarillos en las calles de las ciudades y pueblos de Francia es contundente: hasta el 21 de noviembre se han contabilizado 2.448 heridos, de los cuales más de la mitad son policías o gendarmes. Cinco manifestantes han perdido una mano, 25 un ojo y 316 han sufrido heridas en la cabeza, según el periodista David Dufresne, que se dedica a documentar la represión policial. Mañana se conmemorará el primer cumpleaños de la muerte de Zineb Redouane, una abuela octogenaria de Marsella que murió cuando le impactó en la cara uno de estos proyectiles lacrimógenos en balcón de su casa, en un quinto piso, cuando intentaba cerrar la ventana para que los gases no le entraran en casa.

Prohibido manifestarse sin autorización

A veces los gobiernos combaten las protestas con medidas administrativas. El 1 de octubre del 2018 entró en vigor la nueva ley del gobierno de Viktor Orbán en Hungría que faculta a la policía a prohibir las manifestaciones con todo tipo de excusas: la seguridad, los derechos de los que no se manifiestan, la dignidad nacional o la protección de líderes internacionales, una medida que se estrenó con la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para la cual solo se autorizaron las manifestaciones que le eran favorables. “Los gobiernos autoritarios suelen acusar a los que se oponen a sus medidas antidemocráticas de no ser democráticos, porque creen que, como ganaron unas elecciones, la mayoría tiene un poder ilimitado para decidir como se gobierna la sociedad”, alerta Orsolya Reich, del Civil Liberties Union for Europe.

Multas para pensárselo antes de salir a la calle

En tiempo de crisis, la represión económica también es una herramienta útil en manos de los estados. En Italia, por ejemplo, el decreto de seguridad del ultraderechista Matteo Salvini que se aprobó en junio pasado prevé multas de entre 2.000 y 6.000 euros y penas de entre dos y tres años de prisión contra los manifestantes que lleven cascos o cualquier otra cosa que impida que se les vea la cara. En Hungría, los manifestantes se exponen a la imposición de multas de tráfico por el solo hecho de bajar de la acera.

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