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La procuradora general, Arely Gómez, identificó sin llamarlos aún por su nombre, a quienes se puede considerar los responsables primarios de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán: Eugenio Imaz, director del Cisen, y Manuel Mondragón, primer comisionado nacional de Seguridad. Importante reiterar: son responsables, no culpables. La referencia indirecta la hizo este miércoles, al leer la procuradora una declaración ante los medios, donde reveló la desarticulación del grupo que organizó la logística de la evasión y la construcción del túnel por donde se escapó. El párrafo clave es el quinto, donde dijo:



“El principal operador y organizador de la evasión, quien al amparo de la coordinación de la defensa legal de Guzmán Loera, utilizó esa cobertura para ser enlace con los responsables de la construcción del túnel e incluso, quien habría realizado los pagos. Es la persona que constantemente ingresaba al penal con el hoy evadido para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”.



Para comprender el alcance de la imputación, hay que desagregar el párrafo y explicar su contexto:



1.- “El principal operador y organizador de la evasión” es Manuel Gómez Núñez, el abogado que se identificó como “Óscar Quintanar” cuando se acreditó como defensor de Guzmán al ingresar El Chapo a El Altiplano. Gómez Núñez, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1991, representó a Vicente Zambada Niebla y a Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo y sobrino de Ismael El Mayo Zambada, compadre de Guzmán y parte del triunvirato que maneja el Cártel del Pacífico –el otro es José El Azul Esparragosa.



2.- Gómez Núñez “es la persona que constantemente ingresaba al penal con el hoy evadido para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes”. También fue parte de la estrategia legal de Guzmán, que se cimentó en la presentación de amparos para ir ampliando el movimiento de El Chapo dentro de El Altiplano, que le permitió pasar largas horas en los locutorios con sus abogados.



Gómez Núñez era el abogado que más tiempo pasaba con él, aunque el día de su fuga no fue él quien lo acompañó durante dos horas, prácticamente sin hablar en los locutorios, hasta casi el momento en que se retiró a su celda y se acostó vestido, sino Adrián Granados, quien no tiene ninguna acusación de la PGR. Los abogados le permitieron a Guzmán ir ganando batallas en los juzgados. La más importante le permitió acreditar hasta 14 defensores, que fueron derrumbando las barreras de la incomunicación y le permitieron, por ejemplo, tener una televisión que mantenía siempre con un nivel muy alto, para ayudar a saturar el ruido de la parte final en la construcción del túnel.



Los abogados fueron logrando privilegios para El Chapo gracias a los amparos. Los jueces dentro del penal de El Altiplano los fueron otorgando pese a las quejas regulares de los responsables del Órgano Desconcentrado de Reclusorios Federales, que se vieron perjudicados por la política que implementó el primer comisionado nacional de Seguridad, Mondragón, quien aduciendo la salvaguarda de los derechos humanos de El Chapo y otros criminales de alta peligrosidad dio entrada a todos los amparos interpuestos por los capos del narcotráfico, en un giro radical a la política previamente establecida. Mondragón fue quien, en primera instancia, relajó los controles de seguridad dentro de los penales federales, pero cuando fue sustituido por Monte Alejandro Rubido, el nuevo comisionado no corrigió esa instrucción.



La movilidad que tuvo Guzmán dentro de la cárcel, que además de sus largas estancias en los locutorios amplió sus visitas personales, ayudó a mantener fluida la comunicación establecida a través de Gómez Núñez. La forma como hablaban entre sí los narcotraficantes dentro de la cárcel en las audiencias colectivas que permitieron los jueces dentro del penal, llamó la atención de la División de Inteligencia de la Policía Federal, pero en el Consejo de la Judicatura, a donde llegaron los reclamos, hicieron muy poco por resolverlo.



Todas esas comunicaciones y las privadas, sin embargo, eran monitoreadas por la Policía Federal y el Cisen. Las dos áreas, que no se hablaban entre sí, disponían de las mismas imágenes de circuito cerrado, pero a diferencia de la Policía Federal, que por las razones de violación a los derechos humanos aducidas por Mondragón, también se eliminaron –y con ello cortó una fuente de contrainteligencia–, el Cisen, cuyo personal llegó junto con El Chapo con la encomienda exclusiva de vigilarlo, no. Los monitoristas del Cisen, en El Altiplano y en la sede en la delegación Magdalena Contreras, podrían ver y oír permanentemente a Guzmán.



El Cisen tenía toda la información de lo que hacía y decía Guzmán, y debió haber anticipado, mediante el análisis de la inteligencia recabada de esa vigilancia, sus planes. No sucedió así. ¿Por qué falló el Cisen? La pregunta no podrá ser respondida mientras el director, Eugenio Imaz, no lo explique ante la PGR para aclarar todas las dudas sobre complicidad, omisiones o incompetencia. Tampoco se podrá entender la razón del desmantelamiento de los sistemas de inteligencia de la Policía Federal, hasta que Mondragón no sea también llamado a declarar.

¿Por qué estos dos funcionarios continúan al margen de la investigación? Es un misterio. Pero su ausencia ante el Ministerio Público federal alimenta sospechas que deben ser despejadas.



Twitter: @rivapa



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