El Gobierno ha vendido un paquete de subidas de impuestos con el que pretende satisfacer a Bruselas y a la oposición. Con muy poco detalle, el Ejecutivo ha anunciado una mejora de los ingresos de 7.000 millones, la cifra que le reclama Bruselas para reducir el déficit hasta el 3,1% pactado en 2017. La "mancha" como ha calificado Montoro al déficit necesita ser enmendada especialmente por la vía de los ingresos, no solo de los fiscales sino, sobre todo, por el lado de la Seguridad Social.

Como respuesta, Hacienda ha preparado una batería de retoques presupuestarios de muy escaso calado. Pese a lo apabullante de las cifras, el 60% de estos ingresos comprometidos vendrá por el Impuesto de Sociedades y en gran medida por la limitación de una de las medidas. El Ejecutivo no ha tocado las bajadas de IRPF previas a la campaña electoral ni ha subido el IVA de algunos sectores, como la hostelería, que le reclamaban los expertos y que llegó a barajar. Tampoco ha acometido retoques en Patrimonio o en la dispar aplicación del Impuesto de Sucesiones. Y ni de lejos se ha atrevido a abordar una de las subidas más evidentes: la de la subida a los hidrocarburos. Estos son, por el momento, las medidas con las que cuenta el Ejecutivo para mejorar los ingresos del Estado.

Retraso en los impuestos

El tipo tributario de los impuestos, que el Gobierno bajó al 25% en la anterior legislatura, no se modifica y lo que trata el Gobierno es de subir el tipo efectivo, esto es, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios. Con el último dato, este tipo está en el 21%. Desde el Ejecutivo aseguran que no han calculado en cuánto se quedaría el tipo real con las medidas anunciadas, pero esperan que alcance los 25.000 millones de euros.

En los años de la bonanza, el Impuesto de Sociedades alcanzaba los 44.000 millones de euros, lo que deja claro lo alejado que está la reforma de ser suficiente para compensar el agujero en las arcas del Estado. Las empresas siguen teniendo miles de millones de euros en créditos fiscales que aún no han consumido por las pérdidas que tuvieron en los ejercicios más duros de la crisis. Hacienda dio vía libre en la reforma anterior a que se los pudieran deducir sin límite de tiempo. Ahora reduce la cuantía que se podrán descontar año a año de su factura fiscal, lo que supone un cambio en su calendario pero no una subida de impuestos real.

La reciente reforma permitía deducirse hasta el 60% de las pérdidas de años anteriores. Esto supone que si una empresa tiene una base imponible de 100, puede pasar a tributar por una base imposible de 40 que pasaría a ser 30 en 2017.

Ahora el Ejecutivo recupera la norma que regía durante los años en crisis. Las empresas que tengo una cifra de negocio neto superior a 60 millones de euros, tendrán que tributar al menos por el 75%. Y si tienen entre 20 y 60 millones de euros, por el 50% de su base imponible.

Según los expertos, este es el cambio que más dinero reportará al erario público de los anunciados. Pero en ningún caso es una subida como tal de impuestos, sino un retraso temporal, ya que las empresas pagarán lo mismo pero distribuido de forma diferente.

Las otras modificaciones afectan especialmente a las grandes empresas que tienen filiales en el extranjero y en cómo contabilizaban sus dividendos o pérdidas. Por ejemplo, no se podrá tener en cuentas las pérdidas que genere una participación en entidades ubicadas en paraísos fiscales o en territorios que no alcancen "un nivel de tributación adecuado".

Cuánto recaudan los países de la UE en impuestos (% PIB) Fuente: Eurostat

Tabaco y alcohol

En el caso de las labores del tabaco, que tendrán una subida de casi el 7% y del 2,5% en el caso de los cigarrillos normales, el Ejecutivo estaba obligado a reformar el actual gravamen acorde con la normativa europea. Es una subida obligada, por lo tanto, y la única de importancia entre las anunciadas que afectarán al bolsillo de los consumidores (de tabaco). En 2016 el Ejecutivo esperaba recaudar por el impuesto al tabaco 6.778 millones de euros.

El impuesto a los alcoholes de alta graduación, que este año dejaron 810 millones de euros en las arcas del Estado, apenas reportará 50 millones de euros extra.

Sin azúcar ni gasolina

El impuesto a las bebidas azucaradas, que el Ejecutivo ha cifrado en 200 millones de euros, no solo no se ha aprobado formalmente sino que ni siquiera tiene gravamen, ya que el Gobierno quiere negociarlo en trámite parlamentario. Se da la paradoja de que Hacienda ha hecho una estimación de ingresos sin tener un gravamen, lo que pone más que en cuestión cómo se ha obtenido esta cifra. Así, que aunque el Ejecutivo la haya incluido en la mejora de la recaudación anunciada, este impuesto no estará listo hasta el mes de marzo como mínimo.

El impuesto en el que el Ejecutivo tiene más margen para subir es el de los hidrocarburos. España está a la cola de recaudación de este impuesto y desde Bruselas se ha instado recurrentemente al Gobierno a que lo eleve. Pero para Mariano Rajoy esto era chocar con una de sus promesas electorales, ya que eso sí tocaría directamente el bolsillo de más españoles y, en especial, de los transportistas, un colectivo especialmente sensible. Como en Hacienda son conscientes de que en Bruselas le van a dar el toque por esta ausencia, han anunciado que abordarán su revisión al alza también en trámite parlamentario.

Presión fiscal por impuestos especiales sobre hidrocarburos en la UE (% PIB) Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas

Más cotizaciones

Las cargas impositivas de los empresarios han subido también por la vía de las cotizaciones sociales. El Ejecutivo ha subido la base máxima de cotización en un 3%. Montoro ha llamado a esto "destopar" pero ese no es el significado. Destopar significaría que las nóminas tributaran por toda la nómina, y seguirá sin ser así. Solo tributarán por los primeros 3.751 euros, y el resto de la nómina (huelga decir que son nóminas muy elevadas) seguirá sin estar gravada con cotizaciones sociales.

La razón para este tope es que también existe una pensión máxima. Y se rompería el principio de proporcionalidad, al cobrar de más por una pensión que no se puede pagar. Pero el sistema tampoco resistiría pagar pensiones más elevadas.

Esta subida en las cotizaciones supondrá que para las nóminas por encima de alrededor de 45.000 euros brutos anuales, los empresarios pagarán 35 euros más al mes y al empleado se le restarán casi siete euros al mes. En total, se recaudarán 330 millones de euros más, una proporción ínfima de las necesidades de la Seguridad Social.

Lucha contra el fraude

Otra fuente de ingresos será la lucha contra el fraude. El Ejecutivo cree que sus modificaciones en la forma de pago del IVA, que a partir de ahora serán automáticas y que han bautizado como "Suministro Automático de Información", le reportarán 700 millones de euros, según cifra el Ministerio. El resto de medidas de lucha contra el fraude se desarrollará también en un proyecto de ley, y las calculan en 2.000 millones de euros.

El límite para pagar en efectivo 1.000 euros tampoco entra en vigor hoy sábado ya que se tramitará como un Proyecto de Ley.