Solo quedan 6 del medio centenar de saharauis demandantes de asilo que comenzaron una huelga de hambre el pasado martes en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en protesta por el trato recibido y las condiciones precarias en la sala de inadmitidos. El mismo día que comenzaba la protesta, Juan Ignacio Zoido se reunía en Rabat con su homólogo marroquí para estrechar lazos en la lucha contra el terrorismo yihadista y reforzar “el control” de los flujos migratorios. Marruecos es país “vecino y amigo”, socio principal, y los saharauis, principales víctimas de esta 'nutrida' relación entre ambos Gobiernos: quienes han pasado por las dependencias aeroportuarias viven en la parálisis y el aislamiento de los Campamentos de Refugiados de Tinduf (Argelia) a causa de que España abandonara el Sahara Occidental en manos de Marruecos en 1976.

En las últimas semanas unos 70 saharauis han pasado por Barajas. De todos ellos, cerca de 50 han sido deportados y una veintena han logrado tramitar su solicitud de asilo, cifras que manejan las organizaciones ante la opacidad de la Administración y debido a que han estado en contacto con ellos únicamente a través del teléfono situado en la sala de inadmitidos. No conformaban un grupo organizado, volaban desde Argelia y su llegada es fruto de la desesperación: desde hace 42 años la mayoría de la población saharaui vive en los Campamentos de Refugiados, pero la situación es cada año más insostenible.

La crisis ha mermado la ayuda humanitaria internacional, de la que dependen exclusivamente, y hay una situación de grave escasez de recursos alimentarios o sanitarios básicos. El PP ha recortado la ayuda a los campamentos en un 70% desde su llegada al Gobierno en 2011. “Algunos tienen 35 años ya. Han nacido en la hamada (el desierto pedregoso argelino), tienen estudios y carreras, y no ven una salida. Están matando a base de tiempo al pueblo saharaui, que al final se ve obligado a migrar”, explica a este medio Javier García Raboso, miembro de la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui (PAPPS).

El motivo del comienzo la huelga de hambre fue algo que han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): las dificultades que se encuentran los demandantes de asilo para poder acceder a un proceso al que tienen derecho, así como la precaria situación que se vive en las salas de inadmitidos del aeropuerto. Habían estado durante 48 horas todos juntos, prácticamente hacinados, sin espacios en los que dormir. Raboso reconoce que la situación de estas personas no es motivo legal de asilo, porque han emprendido una “huida económica”, pero incide en la vulneración de sus derechos. “No estamos diciendo que la demanda de asilo se tenga que aceptar, pero sí que puedan solicitarlo y con todas garantías. Tenerlos allí durante diez días, sin teléfono móvil, es una detención ilegal en toda regla”, explica.

La solución al exilio es política, recuerdan las autoridades saharauis. El Estado español, potencia administradora del Sahara Occidental, no efectuó una descolonización efectiva del territorio y debería trabajar para conseguir la plena autodeterminación del pueblo saharaui, según las resoluciones que han sido aprobadas en la Asamblea General de la ONU desde 1991. No obstante, la situación se encuentra bloqueada y el Gobierno sigue cayendo en una contradicción al no reconocer a los nietos de aquellos que portaban DNI español, critican las organizaciones. “Tienen derecho de adquisición de la nacionalidad por ius sanguinus. Estamos echando a españoles. Esto podría lucharse si se pudiera acceder a un juez, pero se encuentran en territorio policial”, explica en referencia a las dependencias aeroportuarias el director de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero.

Una amistad interesada que sale cara a los saharauis

En su visita a Rabat, como es tradición, Zoido evitó la mínima crítica a Marruecos: la autodeterminación del pueblo saharaui está totalmente fuera del escenario político. Los atentados de Barcelona han puesto de nuevo el foco en la necesidad de entendimiento con el reino alauí: once de los doce terroristas yihadistas de la célula catalana eran marroquíes. El ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, se ha mostrado dispuesto a colaborar en la captación de individuos violentos y en la lucha contra la radicalización. Ambos gobiernos también han acordado mantener el control de los flujos migratorios en las rutas de la fachada atlántica y el Estrecho de Gibraltar, así como los perímetros de Ceuta y Melilla, como respuesta al incremento de las llegadas con pateras a las costas españolas de este verano, que triplican las de 2016.

A pesar de los vaivenes en las relaciones a lo largo de la historia entre Marruecos y España, los expertos consideran que las últimas tres décadas han estado marcadas por una relativa estabilidad. Los intereses con el país vecino van más allá de la seguridad y la inmigración en su frontera sur: España es el principal socio comercial junto con Francia. Sin embargo, según señala en un artículo de Instituto Elcano el experto Haizam Amirah Fernández a España le conviene un país vecino que modernice sus instituciones y vele por los Derechos Humanos, una manera de garantizar su seguridad, por lo que sería adecuado “abordar los asuntos delicados y mantener un diálogo fluido y crítico cuando sea necesario”.

El primer desencuentro diplomático de importancia tuvo lugar en 2001, cuando el rey Mohamed VI decidió retirar a su embajador en Madrid, quien tardaría dos años en regresar. El monarca nunca desveló los motivos de su decisión, pero la búsqueda de una solución para la situación del Sahara Occidental, algo que llegó a llamar “la traición de Aznar”, es la hipótesis principal. El expresidente del Gobierno apoyó el censo de saharauis que realizó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y el plan del Consejo de la ONU para poner fin al contencioso. Otros episodios para no recordar fueron el 'asalto' de Perejil por parte de Marruecos en 2002, año en el que Mohamed VI también denunció “la ocupación” de Ceuta, Melilla y los demás islotes del Mediterráneo y los reivindicó como propios.