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La semilla que el Parlament plantó el pasado 23 de diciembre con la aprobación del decreto de medidas urgentes para el acceso a la vivienda ya ha dado un primer brote bien verde. El Sindicat de Llogaters ha anunciado como una gran victoria el hecho de que una jueza de Barcelona ha ordenado detener el desahucio de seis familias previsto para el próximo lunes a partir de lo que ese decreto establece, es decir, que los grandes propietarios, antes de poder reclamar esa medida extrema, tienen la obligación de ofrecer un alquiler social a las familias afectadas. La nueva norma entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Ni medio mes ha necesitado para demostrar su importancia.

El caso es, además, una batalla sobradamente conocida entre los movimientos sociales que luchan por la regulación a la baja del precio de la vivienda. Es el llamado Bloc Llavors, de la calle de Lleida, en el distrito de Sants-Montjuïc. El pasado 10 de octubre, media docena de furgonetas de los Mossos d’Esquadra, con sus correspondientes agentes cada una de ellas, intentaron ejecutar el desahucio ordenado por la justicia a petición de un fon de inversión que adquirió la finca. En el edificio viven desde hace aproximadamente dos años media docena de familias. Había, pues, una furgoneta por familia. Los grupos antidesahucios, sin embargo, responden cada vez con mayor agilidad. Ocasiones para entrenar no les han faltado. Solo en el 2018 hubo más de 13.000 desahucios en Catalunya. Aquel día, el 10 de octubre, la concentración de manifestantes aconsejó a los agentes batirse en retirada. El fondo de inversión no se resignó.

Seis días más tarde se presentaron en el Bloc Llavors cuatro empleados de una especializada en lograr desahucios al límite de la ley. A veces ese límite claramente se rebasa. Ese día, pretendieron regular el acceso a la finca, como si fuera una frontera. Pedían la documentación a todo aquel que siquiera entrar o salir. De nuevo, una rápida respuesta de las plataformas vecinales y la presencia de los Mossos d’Esquadra abortó la operación.

Petición de los Mossos

Lo que ahora ha hecho la jueza es consecuencia directa de una petición que realizaron el pasado 8 de enero los Mossos para zanjar definitivamente este conflicto. Solicitaron a la jueza que les permitiera ejecutar un desahucio con fecha abierta, una perversión de la ley muy polémica y, pese a ello, muy habitual. En lugar de fijar una fecha para que se lleva a cabo la operación bajo mandato judicial, lo que desean los agentes es carta blanca para elegir el día y a la hora en función de su criterio. Es, como han contado en ocasiones las familias desahuciadas por este método, una angustia insoportable. Si así lo consideraran, los policías podrían ejecutar el desalojo cuando la familia aún duerme y sin que sepa que ese es el día señalado. Ha sido al dar respuesta a la petición de los Mossos que la titular del juzgado de primera instancia número 48 ha recordado a las partes que hay una nueva norma vigente que, entre otras muchas medidas, exige responsabilidad social a los grandes propietarios de vivienda.

Los vecinos del Bloc Llavors y del Sindicat de Barri de Poble Sec han celebrado como una gran victoria lo sucedido. Igual opina el Sindicat de Llogaters, aunque esta no es, ni mucho menos, la primera batalla que gana desde que en septiembre del 2017 se presentó en sociedad. En aquella ocasión, cómo iban a lograr aquel grupo de personas pinchar la burbuja de los alquileres era una gran incógnita. Probablemente, ni ellos lo sabían. Aspiraban, como mínimo, a ser una voz escuchada en cualquier mesa en la que se tomaran decisiones sobre esta cuestión. No tardaron en desbordar sus propias previsiones. Primero, radiografiaron como no se había hecho antes quiénes son los mayores propietarios de vivienda del mercado en Barcelona. Con ese dato en la mano, doblaron la apuesta. Se propusieron forzar negociaciones colectivas de alquileres, bajo amenaza de insumisión de los inquilinos. Por esta vía han cosechado varios éxitos. El decreto que el pasado diciembre aprobó el Parlament también tiene, poco o mucho, su influencia. Han sido el Pepito Grillo de los partidos políticos. Han ejercido de lobi. Por eso la decisión de la jueza la han celebrado con especial efusividad.

Imagen de portada: El edificio situado en el número 38 de la calle Lleida de Barcelona, en el barrio del Poble Sec, el pasado 10 de octubre, cuando la presión ciudadana logró paralizar el desahucio. / ÁNGEL GARCÍA

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