Este sábado se cumple un año desde que el SII presentó la querella contra el ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, formalizado en la arista Penta. La acción del hoy cuestionado Servicio fue la que allanó el camino para que el fiscal Carlos Gajardo, que por entonces conducía las indagatorias, comenzara a seguir la veta de los aportes irregulares de SQM a la actividad política.

La querella no estuvo exenta de polémica en su momento, hubo quienes criticaron que estaba restringida solo al año 2009 y dejaba fuera el período de la última campaña presidencial. Pero la hebra SQM creció y se convirtió en una bomba de racimo que alcanzó durante el 2015 a toda la clase política, desde la UDI a ME-O, y especialmente a la Nueva Mayoría.

El 25 de febrero próximo termina el plazo de investigación, pero lo más probable –dicen cercanos a la Fiscalía– es que Pablo Gómez, Fiscal de la V región a cargo de este caso, pediría una extensión del plazo de investigación ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Peñailillo y Ponce Lerou, ¿fuera de peligro?

El SII solo presentó querellas en contra de Giorgio Martelli como representante legal de Asesorías y Negocios (AyN), la sociedad que se utilizó para allegar recursos de las empresas a personeros del oficialismo, durante los años previos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. También lo hizo en contra de Patricio Contesse, el ex gerente general de SQM. Sin embargo, no se han tomado acciones en el caso de los dos personajes que tienen mayor peso en el plano político y empresarial: el ex ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, y el controlador indirecto de la minera, Julio Ponce Lerou.

En el caso del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, resulta “inverosímil” que se hayan pagado “varios millones de dólares sin que él tuviera conocimiento”, según el abogado de Ciudadano Inteligente –querellante en la causa– Mauricio Daza.

En el caso del primero, se aprecia un manto de protección, tal como publicó este medio. Peñailillo fue sacado del Ministerio de Interior luego de que se conociera su vínculo con AyN, empresa que recibió recursos desde SQM-Salar, Copec y Arauco, durante 2012 y 2013, años en los que sirvió como caja pagadora a varios personeros del bacheletismo.

Hasta ahora el SII no ha presentado denuncia ni querella en contra del ex ministro. La institución se encuentra cuestionada desde que SQM apareció en la ruta de las platas políticas. El ejemplo más evidente es el cambio en la presentación de querellas, tal como publicó El Mostrador hace algunos meses. Si se comparan las primeras, presentadas el 2014 durante el caso Penta, con las últimas ingresadas por el organismo a la Justicia, se evidencia que las actuales son más acotadas e intentan delimitar la acción de la Fiscalía, por lo que carecen de fuerza y contundencia jurídica.

Por lo mismo, diversas fuentes ligadas al caso señalaron a El Mostrador, en un reportaje de noviembre, que “no habrá querella porque hay un acuerdo político cuyo objetivo es evitar abrir una caja de Pandora”. Esta afectaría directamente al Gobierno y la llave estaría en manos de Peñailillo, lo que queda claro si se revisa la velada amenaza que subyace en su testimonio, como imputado, ante la Fiscalía en junio pasado.

En la oportunidad le preguntaron si la Presidenta estaba en conocimiento del modus operandi de AyN, de las relaciones de esta con Somae –empresa administradora de su última campaña presidencial– y de otros temas relacionados. Peñailillo optó por guardar silencio “a sugerencia de mi abogado”.

En el caso del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, resulta “inverosímil” que se hayan pagado “varios millones de dólares sin que él tuviera conocimiento”, según el abogado de Ciudadano Inteligente –querellante en la causa– Mauricio Daza.

Para el abogado, resulta evidente que era él quien manejaba la administración y gestión de la empresa. “Hay un manto, una trayectoria de impunidad que se extiende por varias décadas y cuyo origen es la adquisición de una empresa estatal, SQM, que hoy está entre las más grandes del mundo. Ponce Lerou es la persona que maneja la empresa que concretó el financiamiento, no solo a la Nueva Mayoría sino que a distintos sectores políticos”, sostiene.

El Ministerio Público y el SII no quieren caer en el “activismo judicial”, según la mirada de Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. “Se activa en situaciones de bloqueo político, pero este no sería el caso, ya que, dada la trama de intereses y responsabilidades de carácter transversal a todo el sistema político, se instala un cierto manto de opacidad para no resultar afectados por daños colaterales”.

Por su parte, Daza agrega que no existe “voluntad” de avanzar y presentar una querella por parte del SII, tanto para el caso de Ponce Lerou como para el de Peñailillo.

Más allá de si existe o no voluntad del parte del Servicio de Impuestos Internos, fuentes de la Fiscalía afirman que la única razón de peso por la cual Ponce Lerou no es objeto de investigación en la causa SQM es “porque no hay ningún antecedente que lo vincule con un delito”.

En octubre El Mostrador realizó un focus group entre nueve personalidades de distintos ámbitos –abogados, analistas políticos, empresarios y líderes de opinión–, a quienes les fueron formuladas dos preguntas para recoger sus percepciones. La primera: ¿Cree usted que Julio Ponce Lerou no tuvo conocimiento ni participación en los aportes irregulares a la política y que las decisiones las tomó Patricio Contesse, el histórico gerente general de SQM? Y la segunda: ¿Por qué cree que Ponce Lerou no ha sido formalizado? El veredicto fue que en SQM no se movía una hoja sin que Ponce Lerou lo supiera.

Jorge Errázuriz, empresario, vicepresidente del Banco BTG Pactual y presidente de la aseguradora BTG Pactual, señaló, para ese mismo artículo, que “no hay nada que lo incrimine, ningún correo, papel, conversación grabada, una nota. Nada. Es un fantasma. Ponce debe haber conversado con Contesse, quien le debe haber pedido instrucciones. Contesse está dispuesto a echarse toda la culpa y es la única persona que podría incriminar a Ponce, pero incluso si dijera algo, el otro (Ponce) diría perfecto, pruébenmelo”.

Cambios internos

El equipo de investigación ahora conducido por el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, tiene nuevos integrantes. A Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias, que llevaban la causa con antelación, se sumaron cuatro nuevos fiscales de la región: Ricardo Reinoso, Paola Castiglione, y los miembros de la Unidad Regional Anticorrupción (Urac) de Valparaíso, Claudio Rebeco y Patricio Toro. También se sumaron, en calidad de asesores, los abogados Freddy González y Felipe Marchat, todos del círculo de confianza de Gómez, según ha trascendido.

Los nuevos movimientos que se han dado –dicen en la interna del equipo de fiscales– permiten tener “más apoyo” y “despersonalizar” la causa que está próxima a cumplir un año y donde se quiere “cerrar la investigación” aunque no se ha avizorado un horizonte. “La idea es ir formalizando lo que queda, llegar a abreviado los que quieran y los que no a juicio oral”, señala una fuente que está al tanto de la referida interna.

Los cambios en el equipo de fiscales permitieron ordenar las causas, pero también que se “divida”, es decir, “cada uno de los integrantes se hará cargo de líneas de investigación bien específicas”, dice una fuente cercana a la investigación. Y agrega que “hasta el momento están todos a cargo de todo, no hay ninguno responsable. Entonces, una vez que quede eso, vamos viendo quién se formaliza”, y apunta a que los criterios debieran ser similares a los del caso Penta.

Una de las probabilidades que están dentro de las opciones del equipo de fiscales es que se pueda llegar a suspensiones condicionales del procedimiento en aquellos casos de emisores de boletas sin reiteración que cooperen efectivamente con la investigación, y cuya pena posible no sea superior a 61 días de presidio.

La definición de criterios procesales para cada uno de los imputados, como asimismo la nueva distribución de la causa en varios fiscales son antecedentes que refuerzan la idea de que al interior de la Fiscalía existiría la convicción de que la causa SQM “debe irse cerrando”, y que el término de la misma debería comenzar a verse en cuestión de meses.