MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la economía ilegal y la piratería ponen en entredicho el estado de derecho y el desarrollo integral del país, al grado de representar un verdadero problema de gobernabilidad y de seguridad pública.

Al emitir su mensaje semanal, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani advirtió:

“La piratería se ha convertido en un desafío no sólo económico, sino de seguridad pública y gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, las arraigadas distorsiones que la reproducen, sus vínculos con la delincuencia y la tendencia preocupante de volverse un fenómeno considerado como normal e inclusive legítimo, cada vez más aceptado socialmente”, acusó.

De acuerdo con la cúpula empresarial, se estima que prácticamente nueve de cada diez mexicanos han adquirido productos pirata en alguna ocasión y que cerca de dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública de las ciudades del país es de procedencia ilegal.

Según diferentes encuestas, la población con una percepción negativa respecto de la piratería es inferior a 60%, y el principal motivo no es su carácter ilegal, sino factores como la falta de calidad.

El CCE consideró que las autoridades han dado margen para que este fenómeno crezca; además de que han actuado en forma “simulada”, pese a que México ha firmado diversos tratados y convenios internacionales para proteger la propiedad intelectual.

“Se han incrementado los decomisos y, aunque nuestro país ha firmado diversos tratados y convenios internacionales para proteger la propiedad intelectual, la sensación que priva es de simulación, cuando no de rendición a los hechos por parte de autoridades y ciudadanos”, señaló.

El CCE también denunció que se trata de “un comercio que se realiza a la luz del día, sin disimulo por parte de los vendedores y los compradores, inclusive a unos pasos de oficinas o instalaciones de gobierno, del fisco, de policías o instituciones de procuración de justicia, con especial intensidad en grandes ciudades, como el área metropolitana del Valle de México”.

En un país donde seis de cada diez mexicanos laboran en el sector informal, es decir, sin seguridad social, salarios fijos, sin acceso a servicios de salud de calidad ni prestaciones laborales, la piratería se convierte en la opción.

De hecho, el CCE advirtió que se estima un menoscabo de más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado directamente por la piratería y el contrabando.

“Es dinero que en gran parte va a parar a las arcas del crimen organizado, que ha puesto en crisis la seguridad pública en México”, enfatizó.

Como muestra, la cúpula empresarial dio los siguientes números:

“El golpe es muy fuerte en industrias como vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas, televisión por cable, cigarros, cine y video. Nueve de cada diez películas que se compran en México son piratas. Al menos la mitad de la mercancía que se desplaza de fonogramas, calzado y vestido, donde han desaparecido unos 200 mil empleos en gran medida por esta causa, es de procedencia ilegal”.

Mientras, las pérdidas estimadas para productos de software aumentaron casi 600% en una década, para llegar a alrededor de mil 250 millones de dólares. Es decir, 59% de los programas instalados en computadoras mexicanas carece de licencia.

Y día a día la sombra de la piratería abarca más campo de los sectores formales:

“Suponiendo que los artículos ilegales que se desplazan en el país se vendieran, en promedio, a 20% de su precio en el comercio establecido, las ventas de quienes se dedican a esta actividad delictiva pueden sobrepasar los 15 mil millones de dólares, cifra superior a la derrama anual de divisas por concepto de turismo”, detalló el CCE.

El líder empresarial aprovechó también para alertar sobre la importación masiva de automotores usados, ya que sostuvo es un fenómeno devastador para el mercado interno automotriz.

Y destacó que, el año pasado, los autos chocolate que se introdujeron al país representaron más de 46% del total de ventas de vehículos nuevos, y la tendencia ha ido al alza.

Con este panorama, el CCE dijo que el combate a la piratería, el contrabando y la economía ilegal en general debería ser un elemento fundamental en la estrategia nacional contra la inseguridad pública y el crimen organizado, tanto en términos de persecución como de prevención.

Finalmente, el CCE aplaudió retomar la Comisión Intersecretarial de Combate a Piratería y Contrabando, en la que están representados tanto gobierno federal como iniciativa privada.