Entramos en dos edificios de Punta Llisera de Benidorm, salimos al balcón y vemos como solo les separan unos escasos metros del mar. Tienen 22 plantas cada uno y 168 apartamentos que costaron entre 400.000 y 700.000 euros y que ahora tendrán que ser demolidos por no respetar la Ley de Costas.

La denuncia partió de un inquilino del edificio que está justo detrás, que cuando abre su ventana se encuentra con las vistas a esos dos edificios.

Para entender la orden del derribo hay que viajar al pasado, a 1998, cuando se concede la primera licencia: en 2005 Camps da el visto bueno y comienzan las obras aunque ya se alertaba de que infringía la ley.

En 2008 el Tribunal Superior de Valencia falla a favor, el Estado recurre, y en 2012 el Supremo considera nula la obra. Hace unos días ha ordenado finalmente la demolición.

La factura es que

la Generalitat, con dinero público, deberá indemnizar a los vecinos con 100 millones de euros, por lo que percibirán un 20% más de lo que les costó.

A

las indemnizaciones se sumará el coste de derribarlo, una operación ardua, dicen los expertos, por su cercanía a la costa.