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Óscar Camps, presidente de Proactiva Open Arms, afirma: «Mientras estamos en el puerto, hay gente que se está muriendo en el Mediterráneo. No sé como pueden dormir tranquilos».

La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado el permiso de salida al barco Open Arms debido al cierre de los puertos de Italia y Malta

La resolución bloquea al Open Arms «hasta que haya un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades de las zonas de salvamento (Italia y Malta)»

La ONG ha recurrido la resolución: «No se atribuye ningún incumplimiento al capitán ni a su tripulación, sino a los Estados»

La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha denegado el permiso de salida al barco humanitario Open Arms para zarpar hacia aguas internacionales próximas a Libia con el objetivo de salvar vidas de migrantes en peligro. La razón: el cierre de los puertos de Italia y Malta.

Según expone la resolución de despacho de salida emitida el 8 de enero por la Capitanía Marítima y amparada por la Dirección General de la Marina Mercante, desde el cierre de los puertos europeos, «el buque se está viendo forzado a navegar durante varios días, cruzando el Mediterráneo, para desembarcar a las personas rescatadas en el mar muy lejos del lugar de rescate», un hecho que «se aparta de los procedimientos relativos a las operaciones de salvamento reguladas por la normativa internacional».

Por esta razón, según el escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, la Capitanía Marítima bloquea la salida del Open Arms hacia la zona de rescate «hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades de las zona SAR concernidas (Italia y Malta)», lo que supone de facto el bloqueo del barco humanitario en el puerto de Barcelona o, en su caso, en la zona SAR española.

Fuentes de la Dirección General de la Marina Mercante aseguran a eldiario.es que «en anteriores peticiones de despacho de salida, el Open Arms ha solicitado navegar a la zona SAR libia en misiones de observación y vigilancia pero la realidad es que ha hecho funciones de rescate, entre otras cosas porque no puede inhibirse». Desde la institución dependiente de Fomento concluyen que «se produce una situación que acaba contradiciendo la normativa de salvamento marítimo».

La Marina Mercante considera que, en las circunstancias actuales, el Open Arms «acaba realizando una actividad de transporte de pasajeros, porque los Estados cercanos no le permiten el desembarco, y el barco no está pensado para recorrer largas distancias con tanta gente, sino para acudir al puerto más próximo».

En su resolución, la Capitanía Marítima destaca la última operación de salvamento del Open Arms en la que, a su juicio, «se vulneró la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cercano posible al lugar del rescate».

Durante su última misión, tras salvar a 311 vidas en riesgo de las aguas del Mediterráneo, el Open Arms tuvo que recorrer centenares de millas para desembarcar a las personas auxiliadas en España ya que los Estados más próximos, Malta e Italia, no permiten el acceso a sus puertos. La ONG esgrime haber llamado a todas las autoridades competentes cercanas, pero no respondieron a su solicitud. El Gobierno español contestó y ofreció Algeciras, que tampoco es el más próximo a la zona del rescate.

Ante los obstáculos impuestos al desembarco de las personas rescatadas en los puertos seguros más cercanos, la Capitanía Marítima entiende que el Open Arms, además, debería contar con «certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino», exigido para el transporte «de un elevado número de personas a bordo».

Según la institución, el barco de rescate, reconocido para un número de 18 personas en su funcionamiento normal, debería contar con un certificado que permitiese el traslado de un mayor número de personas, pues en las circunstancias actuales el rescate de náufragos no concluye con un desembarco rápido, como obliga la normativa.

La ONG alega que los náufragos localizados en peligro en el mar «no ocupan plaza en base a la normativa» de salvamento. Por su parte, la Dirección General de la Marina Mercante defiende que «no ocupan plaza en condiciones habituales de rescate pero, cuando son pasajeros en la situación actual».

A lo largo del escrito de denegación de salida, se menciona una serie de regulaciones supuestamente «vulneradas» en las últimas operaciones de rescate de Open Arms. Todos los artículos citados hacen referencia a la exigencia de desembarcar a las personas rescatadas en el puerto seguro más cercano y garantizar «una desviación mínima del viaje proyectado» del buque en cuestión.

A su vez, la Dirección General de la Marina Mercante reconoce que los países ribereños (Malta e Italia en este caso) «deberían permitir desembarcar a los náufragos como dice a la normativa internacional». La responsabilidad, por tanto, recae en los Estados que incumplen esa obligación pero, insisten, «de facto esa situación no se da, por lo que el Open Arms ha de adaptarse a esas circunstancias para cumplir la normativa».

«No es nuestro papel determinar quién es el responsable de esa situación, sino garantizar el cumplimiento de la normativa marítima», enfatizan desde la Marina Mercante.

«Si el buque no puede desembarcar a los rescatados en un lugar seguro de la zona SAR de rescatar, y actuando bajo la coordinación de la autoridad responsable de la misma, tal y como ha venido sucediendo hasta ahora, el buque de nuevo se verá abocado a actuar de forma contraria a los convenios internacionales antes citados», enfatiza el capitán marítimo.

Open Arms recurre la resolución

La ONG Proactiva Open Arms ha recurrido la resolución de la Capitanía Marítima de Barcelona al entender que esta «no atribuye uno sólo de los incumplimientos al capitán del buque Open Arms ni a su tripulación», sino que «todos» se asignan «en abstracto y en tercera persona a las autoridades responsables. En definitiva a los Estados».

Por esta razón, la organización catalana propone al Gobierno en sus alegaciones reclamar «su cumplimiento a los Estados» a través del Tribunal Internacional del Mar», con base en Hamburgo. «Obviamente Open Arms plantearía mañana mismo la citada demanda, si tiene la aceptación del Reino de España».

En su recurso de alzada, al que ha tenido acceso eldiario.es, Proactiva Open Arms enumera una serie de convenios internacionales, como la Convención de Salvamento Búsqueda y Recate (SAR) o el Convenio de Ginebra, incumplidos por parte de los Estados europeos que cierran sus puertos al desembarco de náufragos rescatados en alta mar, señalan.

No obstante, para la ONG «estos incumplimientos no tienen nada que ver con los requisitos» que debe comprobar la Capitanía Marítina para autorizar la salida del buque Open Arms «en base a lo dispuesto en el Reglamento sobre Despacho de Buques».

A través de sus alegaciones, la organización recuerda que el Open Arms reúne todos los requisitos técnicos exigibles para sus tareas «de observación y vigilancia» por lo que, a su juicio, «no se puede denegar el despacho sólo porque en alguna ocasión cumpla con su deber de auxiliar a personas en peligro».

Para la ONG, todo apunta a que su bloqueo en Barcelona «obedece más a una medida preventiva o cautelar, sin motivo que lo justifique».

Óscar Camps, presidente de Proactiva Open Arms, considera «absurda» la resolución de la Capitanía Marítima. «Teniendo los papeles en regla, todo a punto, el barco inspeccionado, el capitán marítimo nos da una charla sobre las responsabilidades de otros países y por culpa de otros Estados, ¿ahora resultará que ningún barco español puede cruzar a la zona SAR libia?», cuestiona en conversación con eldiario.es

«Nosotros no entendemos ningún incumplimiento. Porque siempre contactamos con todos los centros de coordinación de salvamento marítimo», continúa Camps, quien asegura que, en la última misión Italia, Malta, Francia y Túnez «no respondieron» a su solicitud de puerto seguro.

«Como ningún puerto nos va a abrir si rescatamos, no nos dejan salir. ¿Tampoco van a dejar navegar a esta zona a los pesqueros o mercantes por si se encuentran a náufragos en peligro? ¿O es solo a nosotros», critica el presidente de la ONG.

Para Camps, se trata de una resolución «política». «La orden viene de arriba», sostiene el presidente de la ONG, que recuerda las consecuencias que puede tener el bloqueo del buque humanitario en el puerto durante «los meses» que calcula que tardará en resolverse el procedimiento administrativo abierto: «Mientras estamos en el puerto, hay gente que se está muriendo en el Mediterráneo. No sé como pueden dormir tranquilos».

Cuestionadas sobre la posibilidad de que el bloqueo de la salida del Open Arms se traduzca en la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo Central, las fuentes oficiales de la Marina Mercante consultadas por eldiario.es responden que «eso no les compete».

El diario