El Gobierno da marcha atrás con el polémico artículo que otorgaba poderes a Alberto Fernández para reformar al Estado Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2019 • 09:58

Después de la andanada de críticas, el Gobierno dio marcha atrás ayer con el artículo 85 de la ley, que le otorgaba al presidente Alberto Fernández amplias facultades para reformar unos 60 organismos autárquicos del Estado.

Así lo anunció temprano el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez (Frente de Todos).

La decisión llegó después de los cuestionamientos de la oposición y de la exhibición de diferencias en el propio gobierno.

"Es un superpoder para que Alberto Fernández pueda intervenir o cerrar organismos de control o de regulación de actividades de la vida de todos los argentinos", dijo el diputado Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio. Fue uno de los múltiples cuestionamientos que estallaron tras difundirse el contenido del proyecto.

En la Casa Rosada, la Jefatura de Gabinete, que encabeza Santiago Cafiero, se atribuyó la autoría del artículo, mientras que otras áreas tomaban distancia de su contenido.

¿Cuál fue el objetivo de incorporarlo? Ayer, la hipótesis más repetida era que formó parte del "toma y daca" de la negociación, es decir, que se agregó desde el principio para ofrecerlo como una concesión a la oposición. Otra explicación era que surgió como un experimento de poder de los referentes más audaces del Gobierno, a ver si pasaba.

El artículo de la polémica le otorgaba a Fernández amplios poderes para reformular la estructura del Estado.

Polémica por un artículo que otorga poderes a Alberto Fernández para reformar el Estado

Entre los organismos descentralizados abarcados aparecían, por caso, desde los entes reguladores de la electricidad y el gas hasta una variedad de institutos nacionales, pasando por las superintendencias de seguros y los servicios de salud. También figura la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que tiene un sensible rol por sus atribuciones para realizar inteligencia financiera. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende de la Presidencia, pero que tiene autonomía y autarquía para auditar a todas las áreas del gabinete.

El polémico artículo le permitía a Alberto Fernández intervenir más de 60 organismos descentralizados que tienen atribuciones sensibles

Alberto Fernández ingresa a la Casa de Gobierno con el vocero Juan Pablo Biondi Crédito: Ricardo Pristupluk

El martes, el titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri, había anticipado en su comunicado de rechazo al proyecto de ley: "Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la administración pública nacional supera las facultades de la ley Dromi, del menemismo; nos parece exorbitante".

Fuentes del Gobierno argumentaron que se trataba únicamente de una cláusula por el "reordenamiento general" que implicaría la aplicación de nuevas medidas económicas.

"Como la ley plantea una estructuración general, pueden quedar algunas áreas desalineadas. El concepto es solo para optimizar el funcionamiento, no es para realizar cambios fuera del control público", justificaron desde la Casa Rosada a LA NACION.

El artículo había sido rechazado por legisladores y referentes de la oposición que advirtieron que, más allá de la voluntad de la gestión de Fernández, otorga facultades para "hacer una reforma del Estado".

"Los organismos descentralizados son el equivalente al 40% del gasto en personal y la mitad de los trabajadores del sector público", advirtieron desde la UCR en diálogo con LA NACION.

También dirigentes de la Coalición Cívica habían planteado reparos constitucionales sobre el artículo 85 del proyecto de emergencia. Y señalaron que, según el artículo 76 de la Constitución nacional "se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".

"Las reformas de organismos autárquicos deberían pasar por el Congreso, no es lo mismo que la ley de ministerios que le da facultades al Presidente para definir su ordenamiento. Esto es más de que lo que solicitó Eduardo Duhalde en 2002", agregó por su parte Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.

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