Con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley de acceso a la información pública que envió el Poder Ejecutivo. Sólo se opusieron los cuatro legisladores del Frente de Izquierda y se abstuvo Julio Solanas, del Frente para la Victoria. En una inédita votación, coincidieron los representantes de Cambiemos y también de la oposición, incluyendo el kirchnerismo, el massismo y el peronismo disidente.



El diputado oficialista Pablo Tonelli (PRO) presentó el proyecto oficial, que incluye la creación de una Agencia de Acceso a la Información Pública y un Consejo Federal para la Transparencia. El conocimiento de “los actos de gobierno es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción”, afirmó Tonelli. Este proyecto es “la consagración de muchas iniciativas frustradas en el Congreso y es producto de la decisión del Poder Ejecutivo”, dijo el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales.



Los diputados kirchneristas Diana Conti y Juan Cabandie avalaron el proyecto oficial, con leves disidencias, y destacaron el Decreto 1172/03, de Acceso a la Información Pública, que dictó el ex presidente Néstor Kirchner. “Fue el puntapié inicial para esta ley que ahora estamos discutiendo”, sostuvo Cabandié, aunque dijo que no alcanza con acceder a la información pública, ya que todavía “falta un IPC” en el INDEC para conocer cuál es la inflación, así como no hay información sobre “las empresas offshore del Presidente”.

Mario Negri, titular del bloque radical, sostuvo que con el proyecto oficial “se le pone punto final a la cultura del secretismo en los tres poderes”. Y agregó que el decreto 1172 estaba a mitad de camino, ya que había que ir a la Corte para conseguir la información que no daba el Poder Ejecutivo, “como la del PAMI y Desarrollo Social”, que el anterior Gobierno se negaba a entregar.



La jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, se quejó porque "no tenemos índice de pobreza ni de desocupación".



Para el diputado Pablo López (Frente de Izquierda) “es una ley de preservación de secretos”, que protege a los grupos que han fugado sistemáticamente capitales en la Argentina”.

