Según datos de La Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza, solo por detrás de Grecia (del 28,1% al 35,6%) y Chipre (del 23,3% al 27,7%). A pesar de que la pobreza en la UE ha descendido un 0,3% desde 2008, en España se ha producido un preocupante aumento del 4,1%, situando los datos oficiales europeos en el 22,3% el porcentaje de personas en riesgo de pobreza en nuestro país.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social confirma que cerca del 6,4% de la población española, más de 2,9 millones de personas, vive en pobreza severa, pues los ingresos en sus hogares, por unidad de consumo, son inferiores a 342€ al mes.

Los datos del Informe indican que que el 14% de las personas con empleo están por debajo del umbral de la pobreza y casi una tercera parte de la población pobre en edad de trabajar, el 32,6 %, lo continúa siendo a pesar de tener trabajo.

¿Qué marca el umbral de la pobreza?

La UE considera que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social cuando está en uno de estos tres supuestos:

Cuando los ingresos no alcanzan el umbral de la pobreza (el 60% del ingreso nacional medio después de pagar impuestos)

Cuando está “severamente privada de medios materiales” (cuando no puede pagar el alquiler, la hipoteca o las facturas, la calefacción, imprevistos, carne o pescado, no tiene coche, lavadora, teléfono o no puede irse de vacaciones ni una semana al año)

Cuando vive en un hogar con muy baja intensidad laboral (donde los mayores de 18 años no estudiantes hayan trabajado menos del 20% de su potencial de trabajo en el último año).

La lucha contra la pobreza

Hay determinados perfiles y colectivos que son más susceptibles de caer en la pobreza y la exclusión social. Es el caso de la infancia, de las familias monoparentales, de las personas con baja cualificación o de los pensionistas. La pobreza y su perdurabilidad en el tiempo se han convertido en uno de los mayores dramas a los que se enfrenta la sociedad española, y es una manifestación no solo de la crisis, sino una consecuencia de los reiterados recortes sobre el Estado de Bienestar llevados a cabo por el Gobierno desde hace años

Para luchar contra esto, es necesaria la revalorización de salarios y pensiones, una mayor protección para las personas con menos recursos, asegurar unos ingresos mínimos y el refuerzo de la equidad, progresividad y suficiencia del sistema tributario español, de forma tal que contribuya al reparto de la riqueza y que permita el mantenimiento del Estado de Bienestar.

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