¿Has entrado a buscar información en las páginas de transparencia gubernamentales, o en la Plataforma Nacional de Transparencia, y no has encontrado lo que buscas, a pesar de ser información básica?

Desde mayo de 2017, existe la posibilidad de denunciar a los responsables de los datos gubernamentales, para que el INAI o los organismos estatales de transparencia presionen y sancionen el incumplimiento.

En esos nueve meses, el INAI registró un total de 96 denuncias, prácticamente una cada tres días.

No se detalló contra quién es cada una de las denuncias, y cuál es el contenido de cada una de ellas.

Sin embargo el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, adelantó que es en el “estamento electoral”, que integran órgano y tribunal electoral y los partidos, los que más denuncias de usuarios acumulan, pero que son básicamente los institutos políticos los más denunciados con 26 casos y sólo uno para el INE.

Les sigue el poder Ejecutivo con 19 denuncias, y luego los organismos autónomos y los descentralizados con 15 cada uno; en cuarto lugar los sindicatos y el poder judicial, con 4 denuncias respectivamente.

Será hasta el arranque de 2018, cuando los órganos garantes, nacional y estatales, comiencen a sancionar a los incumplidos. Esto porque se les otorgó un periodo de gracia para adaptarse a las nuevas obligaciones que trajo consigo la Ley General de Transparencia.

“Ha sido un proceso complicado –dice Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)— porque con la aprobación de la nueva ley se incrementó el número de las obligaciones de transparencia de 17 a 47 comunes, más las específicas dependiendo del tipo de Sujeto Obligado”.

El volumen de información prácticamente se triplicó.

“Hubo muchas instituciones que tuvieron que pedir refuerzos para sus áreas de transparencia”, agrega el presidente del INAI.

“Mucha gente –dice Acuña– puede quedarse con la sensación de que ‘esos dientes del INAI todavía no se ve que puedan aplicarse o morder o generar incisión’, son procesos paulatinos. Esas primeras 96 denuncias no tendrán sanciones, pero sí habrá un costo mediático para los incumplidos, pues en enero se hará público el resultado de las dos evaluaciones diagnósticas realizadas a lo largo de 2017, y también se dará a conocer el detalle de las denuncias y sus resultados”.

En el Sistema Nacional de Transparencia –que agrupa a los representantes de todos los órganos estatales de transparencia, más la Auditoria Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— se acordó además que, durante todo el 2017, se realizarían dos evaluaciones al cumplimiento de las obligaciones.

Esta evaluación es independiente de las denuncias que presenten los ciudadanos.

La primera ya se realizó, y el promedio de cumplimiento registrado fue del 62.7%.

Las instancias que obtuvieron las peores evaluaciones, son el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con cero de 100 puntos posibles.

Fondos federales como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) o el Fondo de Recompensas de la PGR, ambos también con cero puntos.

Y los partidos políticos Morena, 8.9 puntos; PRD, 30.4 puntos, y PT con 52 de 100 puntos posibles.