El Ministerio Fiscal señala a los presidentes de ANC y Omnium Cultural como instigadores de los hechos La Guardia Civil cercena el 1-O

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado un presunto delito de sedición en los disturbios que se produjeron en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, durante la operación policial Anubis, en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional", según consta en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal en la mañana de este viernes [lea el escrito en PDF].

"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial", resalta el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, firmante de la denuncia.

El fiscal deja claro que "la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España", sin pasar por alto que los manifestantes son "conscientes" de que el referéndum se hace "al margen de las vías legales".

En este sentido, considera "necesario adoptar las medidas necesarias para investigar quienes son las personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" y requiere a la Guardia Civil un atestado de lo sucedido.

La denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia hace un relato pormenorizado de los hechos, advirtiendo de que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales", señalando al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al presidente de la asociación Omnium Cultural, Jordi Cuixart, como intervinientes en los hechos denunciados.

La denuncia recayó en el juez Moreno

Dicha denuncia, cuya decisión de investigar deberá tomar el juez instructor Ismael Moreno -magistrado que instruyó el caso de los titiriteros-, resalta que la concentración de manifestantes se realizó "a través de redes sociales", donde "se difundió una convocatoria para oponerse a la práctica de las diligencias, reuniéndose inicialmente unas 400 personas en el lugar concertado y provocando el corte de la Gran Vía de las Cortes Catalanas de Barcelona", además de colapsar calles circundantes.

El fiscal destaca que hubo "individuos que no han podido ser identificados, aprovechando la situación", y se dedicaron a pinchar las ruedas de coches patrulla de la Guardia Civil que estaban aparcados frente a la Conselleria de Economía, mientras se hacían los registros, "a fin de impedir su legítima actuación".

La Fiscalía no pasa por alto que los congregados, a los que define con la palabra "turba", entonaban "cánticos dirigidos a la comisión judicial", con el lema Aquesta nit la passareu aquí (Esta noche la pasaremos aquí). En este sentido, los hechos investigados revelan que la ANC "montó" un puesto para voluntarios, en donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y desde donde se organizaban los turnos de relevo.

Dicho esto, el fiscal deja constancia de que voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana, con petos de color verde, "conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial", hicieron un cordón ante la puerta de la Conselleria de Economía, para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos. Según los hechos denunciados, los manifestantes gritaron a los Mossos d'Esquadra que protegían a los guardias civiles: "No us mereixeu la senyera que porteu" (No os merecéis la señera que portáis).

Carballo advierte también de que los manifestantes llegaron a sentarse en el suelo, delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil, "para impedir su movilidad", además de "empujar a los agentes, tanto Mossos como de la Guardia Civil, que resistían sin utilizar material antidisturbios".

Los disturbios fueron 'planificados'

La denuncia deja claro que los disturbios se planificaron. "La planificación de estas actuaciones llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados", advierte, no sin pasar por alto que Jordi Sánchez, el presidente de la ANC, manifestó ante los concentrados: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa".

En el relato de los hechos, el fiscal Carballo resalta que los registros finalizaron a las 22.00 horas, pero los agentes y la secretaria judicial no pudieron salir del edificio hasta dos horas después, al menos dos de ellos, ya el resto tuvo que permanecer en el interior hasta las 07.00 horas del día siguiente.

En este sentido, la denuncia destaca cómo esos dos agentes de la Guardia Civil intentaron salir por el Cinema Coliseum, edificio aledaño, pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron que lo hicieran. Es más, resalta como la Letrada de la Administración de Justicia -secretaria judicial- tuvo que salir ya de madrugada a través de la azotea del edificio, al impedir los manifestantes su salida por la puerta.

En cuanto al presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, el fiscal destaca que pidió que la movilización no se detuviera. "Subido a un coche de la Guardia Civil con Jordi Sánchez llamaron a la movilización permanente" a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo, según relata la denuncia.

Los hechos describen cómo tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados "por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio de Hacienda". "La turba destrozó los tres vehículos oficiales", concluye el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que señala también que "centenares de personas" lanzaron "objetos contundentes contra los Mossos".

"Agresiones" a militantes socialistas

Los hechos denunciados advierten también de incidentes en los aledaños de la consellerias de Exteriores y de Gobernación, así como en la sede del PSC, donde llegaron a producirse "agresiones" a militantes socialistas.

Incluso, en la sede de la CUP hubo incidentes como consecuencia de la llegada de una docena de furgonetas de la Policía Nacional. El fiscal destaca cómo un portavoz de la CUP dijo: "Si volen entrar hauran de passar per damunt dels nostres cossos" (Si quieren entrar tendrán que pasar por encima de nuestros cuerpos). Los agentes tuvieron que realizar disparos "para evitar el ataque inminente a un furgón policial".

El teniente fiscal firmante de la denuncia no pasa por alto recordar que "mientras estos hechos se producían en Barcelona", se encontraron papeletas de voto del referéndum en un registro realizado en la imprenta de Bigues i Riells por la Guardia Civil, donde también los agentes tuvieron dificultades para salir. En concreto, 9.894.350 papeletas.

El delito de sedición está contemplado en el artículo 544 del Código Penal. Según su textualidad, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Este delito contempla penas de prisión de ocho a 10 años de cárcel para las personas que indujeron o dirigieron la sedición, o aparecieron en ella como autores y de hasta 15 años si fueran personas con autoridad.