Un recurso de protección presentaron las empresas Claro y Entel al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el congelamiento del ancho de banda 3,5 GHz, efectuado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, requerido para implementar la tecnología 5G en el país.

Ante esto, la Subtel argumentó que no se trataría de una “expropiación”, como lo calificaron las empresas de telefonía. El organismo explicó que la concesión efectuada sólo corresponde al derecho a usar dicho espectro y no la propiedad del mismo, que es administrado por el Estado.

La Subsecretaría indicó que la petición de Entel y Claro responde a un propósito de ventaja competitiva por sobre las demás empresas de telecomunicaciones, que no es ética, desde el punto de vista estatal. Así lo señaló el Diario Financiero.

“Este obrar no tiene otro objeto que consolidar ilegítimamente y a última hora una posición anticompetitiva y de privilegio por parte de Entel, que de ser amparada por esta autoridad (…) habría entorpecido el desarrollo competitivo de la futura tecnología 5G en desmedro de actores del mercado sin y/o con insuficiente asignación de espectro (ej. Wom y Movistar)”, señaló la Subtel.

El CDE indicó en el documento que “si fuese dable conferir un derecho de propiedad en una relación jurídica concesionada, esa propiedad se constituiría sobre el derecho a instalar, operar y explotar el servicio concedido, durante toda la vigencia del título habilitante, pero no sobre la capacidad espectral asignada, pues ella no es un bien apropiable por los particulares y corresponde al Estado su administración y control técnico exclusivos”.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado sostuvo que son las compañías quienes están cometiendo una “expropiación”, y que este cambio no afectará a los servicio que están contratados por los usuarios.