El PP considera que el Congreso no puede investigar las actividades privadas de los diputados, no estima relevante que un parlamentario ocultara su participación en una empresa y ni siquiera entiende que deba informarse de esos acuerdos a los ciudadanos. Todo eso ha ocurrido en la reunión a puerta cerrada de la Comisión del Estatuto del Diputado que analizó la situación de los diputados del PP Vicente Martínez Pujalte y Agustín Conde.

Pujalte, según publicó EL PAÍS, recibió cinco mil euros mensuales de una constructora tal y como constaban en un informe de Hacienda sobre las comisiones por los molinos de energía eólica instalados en Castilla y León. PSOE e Izquierda Unida consideran que el diputado vulneró el artículo 17 del Reglamento del Congreso que impide invocar la condición de diputado para hacer negocios privados. Estos partidos de la oposición consideran que Pujalte debería ser sancionado con la suspensión de su condición de diputado, tal y como prevé la ley.

Sin embargo, el PP ha frenado durante dos meses las investigaciones a la espera de que pasaran las elecciones municipales y autonómicas y ahora ha forzado un plazo adicional de 15 días para que Pujalte formule alegaciones. Los populares explican que el Congreso no podrá entrar a investigar hechos que como estos tuvieron lugar en legislaturas anteriores.

Diputados a sueldo de una constructora En 2008 la constructora Collosa firmó un contrato con el despacho Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el Congreso. El contrato era de 5.000 euros al mes y en año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa. Federico Trillo, entonces diputado y hoy embajador en Londres recibió 354.560 euros en casi tres años a través de su despacho Estudio Jurídico Labor entre 2005 y 2008,

El caso de Conde fue desvelado por la Cadena Ser y se refería a que el diputado no había declarado una empresa para la que trabajaba y, además, su despacho de abogados trabaja para una entidad bancaria lo que está expresamente prohibido en la ley Electoral. Al hacerse público, Conde subsanó la omisión y este martes el PP lo dio por bueno con el voto en contra de PSOE, IU y PNV y la abstención de CiU.

Los populares presentaron al inicio de la reunión un informe jurídico de los servicios de la Cámara que el resto de grupos desconocía. En el informe se concluye que, efectivamente, Conde tenía que haber declarado su actividad pero que, una vez subsanada la omisión, no cabe ni investigación de la Cámara ni obviamente sanción o reproche alguno. En cumplimiento de ese precepto, el PP aprobó este martes en solitario conceder la compatibilidad a Conde, remitirla al Pleno y dar por zanjado el asunto.

Según el socialista Gabriel Echavarri y Ricardo Sixto (IU) se debería investigar, además, si efectivamente su despacho de abogado está contratado por un banco, en contra de la ley. El PP frenó esta pretensión.

El presidente de la comisión, Aurelio Romero (PP), no quiso explicar a los medios las decisiones que tomaron a puerta cerrada. "Los trabajos de la comisión son secretos, voy a cumplir como presidente e insto al resto de grupos a que lo haga", dijo a la salida.