Luego de tener que devolver el bono de 500 mil pesos entregado por la Sociedad Rural en forma irregular, el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, quien consideró que existen fundadas sospechas de que el expresidente de la entidad agropecuaria pudo haber cometido un ilícito al recibir ese dinero en efectivo a pocos días de asumir su cargo público.

Etchevehere pasó por todas las argumentaciones posibles para justificar el cobro de ese dinero, cuyo pago incluso fue resistido por integrantes del directorio de La Rural. Primero dijo que se trataba de una compensación por las demoras que iba a tener para comenzar a percibir el sueldo del Estado, luego que era una compensación, finalmente, cuando desde la Oficina Anticorrupción (OA) se le aclaró que no podía recibir ninguna otra suma que no fuera de sueldos adeudados, dijo que el pago correspondía precisamente a eso. Finalmente, acorralado, decidió devolver el medio millón de pesos para tratar de zafar de los crecientes cuestionamientos.

La causa comenzó con la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero el pasado 28 de diciembre, quien acusó al ministro de los posibles delitos de “dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta”. Desmintiendo la estrategia oficial de sostener que se trataba de sueldos adeudados, versión que también convalidó el jefe de Gabinete Marcos Peña, Martínez Herrero explicó: “El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son ‘no rentados’ y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios”.

Este viernes el fiscal González “instó la acción penal” y pidió la producción de diligencias que permitan establecer si existió delito al juzgado federal N° 5 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, exigiendo además que se cite a declarar tanto al ministro como a los integrantes del directorio de la Sociedad Rural. El juez ya ordenó un allanamiento en la sede de la SRA de calle Florida al 400 para secuestrar toda la documentación contable correspondiente al pago del bono, incluyendo «los libros de actas en los que se asentó la votación de los integrantes de la comisión directiva de la Rural, que se expidieron en forma afirmativa y negativa por el pago del bono». El fiscal también solicitó la realización de peritajes contables sobre «toda la documentación secuestrada a fines de establecer los movimientos dinerarios»y pidió a la OA que aporte el expediente interno sobre el caso.

Etchevehere se encuentra investigado en varias otras causas, sobre todo a partir de denuncias de su hermana Dolores, quien hace tiempo lo viene acusando en la justicia civil y penal de una serie de delitos que incluyen la malversación de fondos y el lavado de dinero. Ahora Dolores Etchevehere presentó ante la Oficina Anticorrupción una voluminosa carpeta con documentación acerca de un posible incremento patrimonial del ministro de 505% en un año. A fines de 2015 el empresario rural había declarado bienes por 4,5 millones de pesos y en su más reciente declaración jurada ante la OA, a inicios de 2017, informó un patrimonio de 29 millones de pesos. El representante legal de la hermana del ministro, el abogado Santiago Yofre, manifestó al respecto: “Es inexplicable el incremento patrimonial de lo declarado ante la AFIP y lo informado a la OA. Aportamos todas las pruebas para que la funcionaria se expida”.