Política

El proyecto prevé hasta diez años de prisión para los funcionarios públicos que no puedan justificar su patrimonio generado a partir de la asunción de su cargo y también afecta a testaferros.

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La comisión de Legislación y Constitución del Senado analizará hoy la tipificación de enriquecimiento ilícito planteada por el senador Pedro Bordaberry a inicios de este período de gobierno.

El proyecto plantea que todo funcionarios públicos que a requerimiento de la Justicia no pueda justificar un aumento patrimonial ocurrido con posterioridad a la asunción de su cargo y hasta cinco años después de dejarlo tendrá entre 18 meses y seis años de prisión.

Además integra el aumento patrimonial de “personas interpuestas” con la finalidad de disimular el enriquecimiento, de manera de evitar la participación de testaferros para cubrir el hecho.

Además de la prisión está previsto que el funcionario quede inhabilitado por entre dos y cinco años y se lo obliga a pagar una multa de entre 50 Unidades Reajustables a 20 mil Unidades. Los testaferros también serán castigados con esa sanción económica. Reajustables.

El proyecto agrega que también se entenderá como enriquecimiento ilícito la cancelación de deudas u obligaciones que afectaban al funcionario y que no se justifiquen a partir de sus ingresos.

En el caso de quienes ocupen un cargo electivo, de especial confianza, o que haya sido habilitado con la venia del Parlamento, la pena será mayor alcanzando hasta diez años de penitenciaría y una sanción económica de entre 300 y 30 mil unidades reajustables.

El senador colorado Pedro Bordaberry sostiene en la argumentación del proyecto que la ley uruguaya no contempla esa figura, que de crear contribuye a adecuar la normativa con la convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

“El derecho penal y la política criminal deben tender a satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad, como forma de prevenir conductas que tienden a tomarse habituales y de las cuales la sociedad debe protegerse velando por el bien jurídico superior de la defensa de la administración pública y de la sociedad en general”, sostiene el texto.

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