19 de Junio de 2017

A menudo creemos que la situación que vivimos es sólo culpa del gobierno, resulta muy fácil culpar a otros de lo malo que nos pasa, más cuando nos negamos a reconocer nuestra actitud permisiva; caso contrario, cuando nos va bien, algunos damos gracias a Dios o a la suerte y, en el mejor de los casos a nosotros mismos, sí, así somos, aplicamos el autoengaño. Pues mire, la culpa es compartida, si bien es cierto que los gobiernos son los que diseñan la oferta política, ya sea responsable y eficaz o aquella encantadora, mesiánica y falsa, también es cierto que la decisión de adoptarla y creerla es nuestra, es del ciudadano.

Si de verdad deseamos cambiar las condiciones actuales, debemos, al menos, empezar por reconocer algunas realidades; primero, ubicarnos en el momento que vivimos y aceptar que el sistema que nos rige está agotado; segundo, dejar el autoengaño como proceso justificante para negar nuestra propia culpa y, tercero, trazar, juntos, la ruta de lo que queremos y hacia dónde vamos.

En diversas esferas del sistema, en el sistema social, el económico, el productivo, el político, el educativo y el religioso se aprecian ciertas desviaciones y hasta perversidades.

Por ejemplo, el sistema social que nos rige, eminentemente paternalista, está basado en el asistencialismo y el reclamo social. La política asistencialista es para los gobiernos una herramienta efectiva para mantener la estabilidad y manipular las voluntades electorales, al mismo tiempo que condiciona la productividad del ciudadano, limita su crecimiento e inhibe el emprendimiento. Por su parte, el reclamo social se convirtió en una exigencia ciudadana para que el gobierno provea satisfactores sin mayor esfuerzo, incluso al grado de configurarla como derecho social.

Esta fórmula ha sido empleada desde el siglo pasado, quienes buscan asumir el gobierno lucran con la expectativa y la necesidad ciudadana. La fórmula no ha logrado revertir los índices de desigualdad en la población ni ha llevado a mejorar las capacidades productivas e intelectuales de los ciudadanos, pero sí ha sido útil para el control social.

Como país no contamos con recursos financieros suficientes para instrumentar un Estado de bienestar, no, no los tenemos y si seguimos así, nunca los tendremos. El Estado de bienestar, en su génesis, busca redistribuir la riqueza, disminuir las desigualdades económicas, proteger a los más vulnerables y fomentar su desarrollo.

Nuestra realidad es demoledora, la política social, por décadas, ha sido la expresión del asistencialismo, desde la dotación gratuita de tierras y de insumos para cultivarlas, hasta las dádivas disfrazadas como programas sociales, mediante los cuales los gobiernos reparten despensas, vales, desayunos escolares, becas, uniformes y hasta zapatos, todo a cambio de mantener un sistema que garantice el estado actual de las cosas, dejando en segundo término la inversión en infraestructura, el impulso a la producción y el desarrollo personal de los habitantes.

Nuevamente la responsabilidad es de las dos partes, del gobernante, que utiliza esta herramienta como medio de control y manipulación de cierto segmento de la sociedad, y de los gobernados, que aceptan las condiciones de la dádiva como un resarcimiento de sus males y enfados. No conozco país avanzado, con economía fuerte y con igualdad social, que año con año regale dinero sin mayor esfuerzo a sus ciudadanos.

Apostar a esta política social es un aliento a continuar en una ruta perdedora. El momento que vivimos demanda el ejercicio de políticas públicas con visión de largo plazo, responsables y eficaces, aun con lo dolorosas que sean, pero también de la congruencia y la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de respetar la ley, de fortalecer las instituciones, de estimular la producción y el trabajo, de hacer valer el Estado de derecho, de promover la competencia leal, de impulsar las capacidades productivas y el crecimiento de los ciudadanos, quienes, al final, son los que construyen diariamente este país.

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