En junio de 2016, cinco alumnos del Liceo Valentín Letelier (comuna de Recoleta), atacaron con bombas molotov a un piquete de Carabineros. El director del establecimiento, Víctor Jofré, los expulsó. Lo hizo dos años antes de que el gobierno enviara a trámite parlamentario la Ley de Aula Segura, cuyo objetivo es que los directores de colegios puedan expulsar a los alumnos que cometen faltas gravísimas. Una facultad que, como lo demuestra el caso de Jofré, los directores ya tienen: estadísticas de la Superintendencia de Educación, citadas por La Tercera, indican que en el último año, 745 escolares fueron expulsados en todo el país, con un promedio de seis por semana.

A pesar de la significativa cifra de alumnos castigados con la máxima sanción, oposición y gobierno han puesto el debate del proyecto Aula Segura en blanco y negro. De hecho, el Presidente Sebastián Piñera difundió un tweet que puso a los senadores entre la espada y la pared: o están del lado de los estudiantes que quieren aprender en paz o de los “delincuentes con overol” (en referencia a los ultraizquierdistas o anarquistas que arrojan bombas molotov en violentas protestas sin petitorios). Así puestas las cosas, el 76% de los consultados por una encuesta Cadem (408 personas) apoyó la iniciativa del gobierno, bajo la errada creencia de que hoy los escolares violentos gozan de impunidad.

CIPER recorrió liceos de cinco comunas con alta población vulnerable (Puente Alto, La Pintana, Recoleta, Renca y Quinta Normal). Allí preguntamos qué piensan sobre el proyecto de ley los profesores que se enfrentan a diario con una violencia escolar dura, que no es la de las molotov y los overoles, sino de chicos que trafican drogas en las salas, amenazan con armas blancas, golpean a profesores, asaltan y abusan a sus propios compañeros. Y todos rechazan el proyecto de ley, por insuficiente.

De los 745 alumnos expulsados en 2017, el 49% de ellos lo fue por agresiones contra sus compañeros, el 14% por violencia contra docentes o asistentes de la educación y 37% por otros motivos de gravedad, como porte de armas y tráfico de drogas. Pero de esa violencia, que se está “normalizando” en los liceos de comunas populares, prácticamente nadie ha hablado en el debate de sordos en que se ha convertido la tramitación de Aula Segura.

Hasta ahora, tras su paso por el Senado y su ingreso a tramitación en la Cámara, el único cambio concreto que ofrece el proyecto es que acorta el plazo para hacer efectiva la expulsión de un alumno por actos violentos: hoy puede tomar sobre 20 días y de aprobarse la nueva ley quedaría en no más de 15. Un avance muy poco significativo, a juicio de los docentes consultados por CIPER.

Aunque en La Moneda aseguran que todo aquel que está en contra de su proyecto está del lado de los violentistas, el recorrido de CIPER por liceos de zonas vulnerables muestra lo contrario. Todos los profesores consultados –la mayoría pidió la reserva de sus nombres por temor a represalias– concuerdan en que los alumnos que cometen faltan gravísimas deben ser expulsados, pero aun así no están de acuerdo con la ley propuesta.

Para los maestros, la principal falla del proyecto es que no considera financiar las herramientas profesionales que corresponden para enfrentar la creciente violencia que se vive en sus liceos, sino que solo la castiga. En particular, estiman que la nueva norma debiese incluir presupuesto para dos objetivos: capacitación masiva de profesores en programas para intervenir de forma eficaz en los conflictos y fortalecer la convivencia; y contratar personal especializado (psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales) en cantidad suficiente, porque muchos colegios ya cuentan con una “dupla psico-social” (psicólogo y asistente social), pero que no da abasto por la cantidad y complejidad de los casos.

Esta demanda, que se repitió en todos los liceos que recorrió CIPER, apunta a la misma carencia histórica que muestra la catastrófica situación de los niños que están bajo el cuidado del Estado en el Sename.

Un segundo punto no considerado en el proyecto Aula Segura, a juicio de los docentes, es que no incluye medidas para “reforzar” a los liceos que terminan recibiendo a los expulsados. Los profesores consultados por CIPER manifestaron su temor de que la ley termine simplemente “trasladando” el problema desde los liceos emblemáticos del centro de Santiago hacia los liceos periféricos, agravando los conflictos y la violencia que estos últimos ya sufren.

Ejemplos ya hay: hace un par de meses el Liceo Valentín Letelier recibió a dos expulsados provenientes del Liceo de Aplicación, uno de los principales focos de la violencia de los “overoles blancos”. De hecho, la situación del Aplicación, junto con la del Internado Nacional Barros Arana (donde la brutal agresión a un carabinero y los ataques a su rector coparon la agenda noticiosa), prácticamente ha monopolizado el debate por el proyecto de ley Aula Segura.

Los docentes entrevistados por CIPER también hicieron hincapié en que la normativa establezca una comunicación fluida, coherente y oportuna con la Superintendencia de Educación. Esto, principalmente, para evitar que ese organismo revoque las sanciones (expulsiones, suspensiones, cancelación de matrículas) aplicadas por los liceos. Eso ha ocurrido en varias ocasiones, obligando a que las comunidades escolares sigan conviviendo con alumnos que cometieron faltas graves. Es allí donde los profesores entrevistados por CIPER identifican la principal falla del sistema educacional que genera impunidad: los castigos anulados provocan una sensación de temor y desamparo en profesores y alumnos que han sido víctimas de agresiones.

Las expulsiones pueden ser anuladas por la superintendencia por discordancias entre los lineamientos de ese organismo y los reglamentos internos de cada liceo. Este es un resquicio, plantean los profesores, que permite a los apoderados de los estudiantes sancionados apelar con éxito, para dejar sin efecto la sanción.

El creciente clima de violencia que se vive en esos establecimientos educacionales es uno de los factores que explica la caída de la matrícula en el sector municipal: en diez años –desde 2006 a 2016- bajó de 1,5 millón de alumnos a 1,3 millón. Un detrimento que no fue peor por la integración de las familias de inmigrantes al sistema en los últimos años.