Columnistas

Martes 18 de junio de 2013

El Estado -observó Frédéric Bastiat- es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. Probablemente no existe una teoría que confirme mejor esta definición que la de los "derechos sociales". Cada vez que un grupo determinado pretende extraer un beneficio material de los demás miembros de la comunidad, lo hace escudado en el manto de moralidad que ofrece esta popular doctrina de los derechos. Un análisis exento de emotividad, sin embargo, permite advertir que la moralidad de estos supuestos derechos se sustenta en una serie de confusiones. De partida, "la sociedad" no es más que una abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones. Un derecho llamado "social", entonces, no es más que una exigencia de beneficios materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro grupo en general indeterminado de individuos sin ofrecer una contraprestación a cambio. En un mundo sin Estado, la única forma en que un grupo A podría obtener sin causa de un grupo B un beneficio material sería recurriendo directamente al uso de la violencia física. En el mundo en que vivimos, los encargados de ejercer esa violencia son los políticos que controlan el poder coactivo del Estado y que salen electos en la medida en que prometen beneficios bajo el argumento de satisfacer "derechos". El caso de la educación es un ejemplo de lo anterior. Políticos y académicos afirman una y otra vez que esta es un "derecho". Pero la educación, aunque el dogma de moda diga lo contrario, es un bien económico, y no un derecho. Los bienes económicos por definición son escasos y satisfacen necesidades o deseos. La educación claramente cuadra con esa definición. De ahí que el problema educativo sea uno esencialmente económico; es decir, de creación y asignación de recursos, y no ético o de "derechos". Desde luego, reconocer lo anterior tiene implicancias filosóficas y prácticas. Pues la diferencia esencial entre un derecho colectivo o "social" y derechos negativos, como la libertad de expresión, la vida o la propiedad, es que los primeros -que podemos llamar falsos derechos-, al referirse a bienes económicos, exigen que alguien sea forzado a trabajar para satisfacerlos. Los segundos, en cambio -que podemos calificar de auténticos derechos-, al no referirse a bienes económicos, solo exigen del resto el abstenerse de realizar una conducta. Así, por ejemplo, su derecho a la libertad de expresión implica la obligación del resto de no amordazarlo, su derecho a la vida el de no agredirlo y su derecho de propiedad, el que no le impidan disfrutar y disponer de lo que es suyo. La coerción del Estado en este caso se utiliza para protegerlo a usted de la agresión arbitraria de un tercero. Los derechos colectivistas o "sociales" invierten esa lógica. Con ellos, la coerción estatal opera no para protegerlo a usted de una agresión sobre su vida, libertad y propiedad, sino para forzarlo a dar a otros lo que estos quieren y que en una relación de cooperación voluntaria y pacífica probablemente no podrían obtener. El resultado de esta concepción colectivista de los derechos es así una perversión del rol del Estado, el que ya no actúa como protector de la libertad personal, sino, por el contrario, como su principal agresor. No es casualidad que las dictaduras socialistas hayan sido las grandes promotoras de los derechos "sociales". Ahora bien, desde el punto de vista económico, un país que busca satisfacer derechos "sociales", inevitablemente entra en la senda de la decadencia y el conflicto. Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades -como los deseos de los políticos de mantenerse en el poder- son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los "derechos sociales" solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la crisis del sistema económico y democrático.