Estaban enterados el poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Todos tuvieron información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.

Desde mayo de 2011, tres meses antes de que las llamas en el casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.

Gobernación sabía desde 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.

Gobernación sabía desde 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.

Desde mayo de 2011, tres meses antes de que las llamas en el casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.

Estaban enterados el poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Todos tuvieron información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.

Se mantuvieron en un silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que documentación salía de Segob a oficinas privadas, y nadie parecía darse cuenta.

La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía personal suficiente para inspeccionar.

La información que conoció Talía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el exfuncionario de Gobernación Juan Iván Peña Neder también la tuvo, por una investigación propia, Lizbeth García Coronado.

Entonces era diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al interior de la Cámara.

En entrevista reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Segob después fallecido, Francisco Blake Mora: un grupo de exfuncionarios otorgaban permisos ilegales y Gobernación lo permitía.

Oídos sordos

Desde el 17 de septiembre de 2009 la Segob posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual incluía al Royale de Monterrey.

La entregó públicamente en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Mont, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación.

“Le entregó una lista de establecimientos en los que operan casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su Secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley”, dijo el perredista al titular de Segob.

Esto consta en la versión estenográfica del encuentro.

Gómez Mont era entonces funcionario público, pero en su vida personal era –y lo sigue siendo– socio del bufete de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont.

Otro de los socios de este despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como protector de la mafia de los casinos que ha revelado Reporte Indigo, aunque él lo negó en una carta dirigida a este diario.

La Segob no emitió respuesta sobre esta lista de casinos ilegales y al año siguiente, cuando el titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de Diputados revivió el tema.

Lo hizo en voz de la diputada del PRD por el Estado de México, Lizbeth García Coronado, quien era secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la operación de casinos.

“(La lista) era de los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos que estaban trabajando de manera irregular y que se tenía que hacer algo”.

“Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación pero se hace caso omiso, se deja seguir trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos, sino un sinnúmero de establecimientos que seguían operando así”, recuerda en entrevista.

El 2 de mayo de 2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era del Royale.

“No tiene permiso de la secretaría de Gobernación ni anuencia municipal (…) además se permiten juegos aún prohibidos por la ley como son naipes, ruletas y dados”, se lee en la averiguación previa AP/PGR/UEDICSPCAJ/SP/M-X/156/2011.

La diputada se reunió con las directoras de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares y Araceli Barroso Rodríguez; con el encargado de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, para pedir informes sobre la inspección a los casinos ilegales.

“Guadalupe López Mares nos decía: ‘hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el sinnúmero de establecimientos que hay en el país, y no se puede, no pueden, inspeccionar los centros de apuestas’. Que se salía de control porque había muy poco personal.

“En el caso de Araceli (Barroso) sí te escuchaban, te daban un reporte de cuántos permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente reportes. Cuando de un momento a otro tú visitabas la página en internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la directora (…) era un discurso falso de los funcionarios de Gobernación”, recalca la política.

La otra respuesta de Gobernación era que la responsabilidad recaía en el poder judicial, porque eran los jueces quienes autorizaban ampliaciones repetidas a los permisos que tenían las empresas de casinos.

El 5 de agosto de 2011 la Comisión Permanente de la Cámara baja aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal informara “sobre el número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casas de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han dictado”.

García Coronado asegura que nunca obtuvieron respuesta, como tampoco supieron los resultados de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación, sobre este tema.

Solo dijeron que la posible corrupción en los permisos emitidos había prescrito, por lo que no había posibilidad de que alguien fuera sancionado.

Corrupción oficial

Las denuncias de García Coronado contra Peña Neder no tuvieron nunca como fuente de información a Talía Vázquez, esposa de Peña, asegura la exdiputada.

“En el caso particular de Juan Iván Peña Neder se entregó información en la que se probaba que él estaba relacionado con un casino llamado Fortuna, en Michoacán, en (el municipio de) La Piedad,”.

Cuando la hermana del expresidente Calderón, Luisa María, se presentó en noviembre de 2011 como aspirante al Senado, nombró como suplente a Antonio León Heredia, presidente del comité municipal del PAN precisamente en La Piedad, donde se ubica el casino supuestamente propiedad de Peña Neder.

Luego se realizó un cambio en el registro y se colocó como su suplente a Lizette Clavel, quien ha reconocido mantener una relación estrecha con el exfuncionario Peña Neder.

La información de la exdiputada del PRD coincide con la de Talía Vázquez, también en una sospecha de corrupción hacia el agente del ministerio público de la PGR, Mauricio Huato, a quien la exesposa de Peña Neder acusó de ser su empleado.

“Siento que en últimos momentos no sé si tuvieron contacto con él los empresarios de esta industria, pero hubo un momento en que no me contestaba. Al principio todo el tiempo recibía mis ampliaciones, pero particularmente en el tema de (Comercializadora de Entretenimientos S.A. de C.V.) Chihuahua, había elementos para revocar ese permiso.

“Ya no hablaba, nos decía que Gobernación no les entregaba información, que ellos estaban haciendo su trabajo y empezaba a alargar todo”.

La información obtenida por la diputada provino en gran medida de otros permisionarios, quienes aludían que ellos sí eran regulares y pagaban impuestos.

“Hablaban de millones de dólares que les costaba un permiso, no tenemos claro cuánto podían costar los permisos que obtenían de Juan Iván (Peña Neder), pero sin duda hablamos de cantidades millonarias.

“Operaban con papelería con fechas anteriores que sacaban de Gobernación (…) como no había una regulación podían dar permisos en cualquier municipio, no verificaban, no hacían inspecciones”.

Los casineros ilegales tenían a sus gestores, en este caso a exfuncionarios de Gobernación, que hacían la papelería para convertirse en operadoras y luego en permisionarias. “Eran particularmente Roberto Correa y Juan Iván (Peña Neder). Hacían equipo, trabajaban juntos en otorgar permisos”.

García Coronado reitera su preocupación en torno al permiso de Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua, S.A. de C.V. porque “creemos es apócrifo. La misma directora Araceli Barroso me decía que no tenían el permiso físico, pero ahora en la administración de Calderón se reconoció el permiso como tal, como si hubiera existido desde un principio”.

Esta empresa tiene actualmente autorizados 60 centros de apuestas remotas con 60 salas de sorteos de números, juego de dados y captación de apuestas vía internet. En México no está autorizado el juego en línea.

— Los personajes

Dos secretarios de Gobernación fueron informados del tráfico de permisos ilegales para la apertura de centros de apuestas, pero ninguno de ellos actuó para detener a la mafia casinera.

Fernando Gómez Mont

El 17 de septiembre del 2009 Jesús Zambrano, coordinador de los diputados del PRD, le entregó una lista de 46 casinos que operaban irregularmente al entonces secretario de Gobernación y le pidió que se investigarán.

Francisco Blake

El 2 de mayo del 2011 se presentó una denuncia a la PGR y le informaron al titular de la Segob, pero tampoco actúo. La Secretaría dijo que era una cuestionen que le competía a las autoridades judiciales.

Juan Iván Peña Neder

El exfuncionario de Gobernación obtenía la papelería y sellos oficiales de la Secretaría para falsificar los permisos. Junto a él también hacía gestoría Roberto Correa. Primero convertían a las empresas en operadoras y después en permisonarias para seguir vendiendo las autorizaciones para más establecimientos.