CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2014).- En medio de una gran cautela y a puerta cerrada, las comisiones Unidas de Derechos Humanos, Gobernación, Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la la ley reglamentaria del Artículo 29 constitucional que tiene por objeto regular el procedimiento para decretar la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías.



El dictamen, que todavía requiere la aprobación del Pleno, contempla la concesión de autorizaciones que se estimen necesarias para que el titular del Ejecutivo federal declare un estado de excepción frente a una situación o en un lugar determinado con motivo de una amenaza.



De acuerdo a los senadores, la reforma señala que la suspensión tendrá como único fin reestablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos.



Sin embargo, ayer diversas organizaciones expresaron su total rechazo a la aprobación de la Ley, ya que dijeron es “regresiva, ambigua y discrecional” ya que permite la criminalización de la protesta social.



También expresaron un extrañamiento a las declaraciones de la senadora Angélica de la Peña, quien afirmó que consultaron a diversas organizaciones antes de aprobarla.



“Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor difusión”, finalizaron las ONG.



Con información de Sinembargo.mx



SABER MÁS

¿En qué consiste?



La restricción o suspensión de garantías procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u “otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.



El Ejecutivo someterá la medida al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente. Los legisladores deberá resolver la medida en un periodo máximo de 48 horas.