Si hay fuga de gas o peligro de ella, que se interrumpa el suministro. Pero si ya no hay más riesgo, que se restablezca sin demora. Esto es lo que propone la nueva ley que fue aprobada este jueves en la Legislatura. Es la primera vez que la Ciudad legisle sobre servicios concesionados por la Nación, en un intento de poner un freno a los cortes de gas eternos, que en los últimos años cada vez son más.

Cocinar. Si falta el gas hay que usar electricidad. / DyN

Después de que una fuga hiciera explotar un edificio en Rosario y murieran 22 personas en 2013, el número de cortes de gas en la Ciudad se disparó. Tan sólo en un año -entre 2013 y 2014- aumentaron un 6%, como publicó Clarín en ese momento.

Muchas veces, la interrupción del servicio se debe a fugas. Otras tantas, a inadecuaciones del edificio a las nuevas normativas, que suelen cambiar frecuentemente. Esos últimos casos son los que el autor de la ley, el legislador Sergio Abrevaya (GEN), considera que no ameritan un corte de gas, sino que siga la provisión mientras se hacen las reformas correspondientes. Esa es la propuesta clave de la nueva norma aprobada este jueves.

En esa línea piensan los administradores. “Si no hay riesgo de fuga, debería dárseles a los edificios un plazo de hasta diez días hábiles para las adecuaciones antes de dejar sin servicio a los vecinos. Hoy restablecer el gas es, a veces, un proceso largo y caro”, sostiene Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI).

La distribuidora Metrogas, que concreta los cortes, dice que sólo ocurren en el 0,25% de los edificios que utilizan su servicio. Esto equivale a 5.750 construcciones que no tienen gas por motivos de seguridad en la Ciudad y en los 11 municipios del sur del GBA (entre ellos, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes). La empresa también aclara que es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) el que debe instruir en caso de que decida incluir esta nueva norma en su marco regulatorio.

Otras fuentes del sector de la industria ven impracticable la aplicación de esta ley: destacan que es un marco normativo porteño para una regulación federal. Y que, sobre todo, ningún inspector querrá hacerse responsable de aprobar instalaciones que no cumplan con las regulaciones actuales, ya que aunque no haya peligro de fuga sí puede haber muertes por inhalación de monóxido de carbono en ambientes no ventilados adecuadamente.



Otro punto clave de la nueva ley es que las distribuidoras “no deberían exigir modificaciones que tengan que ver con la estructura edilicia de algo que ya fue aprobado anteriormente, sean ventilaciones nuevas o modificaciones para los artefactos de agua caliente”. En resumen, que las nuevas normativas sobre adecuaciones del edificio no sean retroactivas. Como máximo, dice Abrevaya, deberían hacerse sugerencias y que los consorcistas decidan.



Hay un punto innegable: atender a la seguridad de las instalaciones de gas es imprescindible para prevenir tragedias. Lo que no es necesario son las demoras en la reconexión una vez que la fuga ya fue eliminada, y que sí han sido ampliamente denunciadas por inquilinos y consorcistas.

Es que la mitad de las obras de adecuación a la reglamentación actual son rechazadas por Metrogas durante las inspecciones, según datos de la Asociación de Instaladores de Gas, Agua y Sanitarios de la República Argentina (AIGASRA).

Así las cosas, este problema puede convertirse en un verdadero calvario para los usuarios afectados. No es fácil vivir en una vivienda que siempre contó con gas y que, de un día para el otro, no lo tiene: hay que instalar artefactos eléctricos -termotanque, horno eléctrico, microondas-, o resignarse a la ducha fría, bañarse en el gimnasio y gastar en comida de rotisería. Esto además puede generar conflictos entre propietarios e inquilinos, porque los primeros en muchos casos no quieren comprar ninguno de esos electrodomésticos “de urgencia”.

A su vez, “muchos inquilinos no logran que les bajen el monto del alquiler y, por las demoras, terminan yéndose del departamento y pagando multa, aunque no les corresponda”, cuenta Gervasio Muñoz, referente de la asociación Inquilinos Agrupados. Según el artículo 1.201 del Código Civil, el locatario puede rescindir el contrato sin multa o bien exigir el descuento en el pago.

Otro problema que sufren quienes alquilan es que muchas veces terminan pagando arreglos de conexión de sus bolsillos, ya que estos aparecen incluidos en las expensas ordinarias en lugar de en las extraordinarias.

En este panorama, falta otro actor, sobre el que Abrevaya llama la atención en un punto del proyecto: el Gobierno porteño, que para el legislador debería aumentar su intervención en relación a las reformas edilicias. “En criollo”, que impliquen romper pared. En ese sentido, menciona que los usuarios, además de los amparos fundamentados en esta ley, tienen otro recurso a la mano: la denuncia ante la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras porteña.