La Cámara de Diputados avaló los ajustes que hizo el Senado a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que entre otras medidas, duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.

La medida afectará a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y jefes de unidad.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el dictamen remitido por el Senado de la República.

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Los diputados del PAN, PRI y PRD cuestionaron la prohibición de 10 años para que los altos funcionarios se desempeñen en empresas relacionadas al cargo que tuviesen, mientras que Morena aseguró que con esta ley se eliminan décadas de gobiernos despilfarradores y corruptos.

En el debate, la oposición calificó como un exceso la prohibición, incluso al arrancar la discusión en lo particular, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, coincidió y propuso llevar esa determinación a un punto intermedio de cinco años, pero se desechó su propuesta por 272 votos de sus compañeros de bancada.

Los funcionarios del más alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que puedan utilizar la información privilegiada que manejaron como servidores públicos.

A nombre de la Comisión de Presupuesto, el morenista Erasmo González explicó que en el tema de la prohibición se considera como información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sean del dominio público.

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Dijo que el dictamen busca garantizar que la política de austeridad republicana “persevere en el tiempo” y regular las acciones de austeridad aplicables al gasto público, así como contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos.

El dictamen señala que “por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto”.

También se incluyen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La ley establece que los servidores públicos “se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos”.