Economistas agrupados en el proyecto Plan Fénix alertaron este jueves sobre la pérdida de 180.000 puestos de trabajo en el sector industrial en caso de que se apruebe el Tratado impulsado por el Mercosur con la Unión Europea.





Asimismo, el acuerdo también tendrá impacto negativo sobre otras actividades, que serán afectadas y desplazadas por la competencia europea.





"El Tratado que el Gobierno está encarando, junto con la posibilidad del ingreso a la OCDE y la probable firma de un programa con el FMI, da a entender que la política exterior argentina va a contramano de las tendencias que prevalecen a nivel mundial en materia geopolítica. Nuestro país está cediendo en todos los terrenos de la negociación, a cambio de mejoras insignificantes", destacaron en un informe.



Agregaron que "en simultáneo, la UE muestra una rigurosa conciencia de las 'líneas rojas' que no desea traspasar, la dirigencia negociadora del Mercosur parece no tener límites en materia de concesiones y renuncias a objetivos productivos o sociales".



Para el Plan Fénix, "es imposible disociar la aceleración de las negociaciones -que se vienen prolongando desde el 2004-, de la aparición de las gestiones neoliberales de los presidentes Michel Temer en Brasil y Mauricio Macri en Argentina".



En el caso argentino, de concretarse el Tratado, los economistas consideraron que "el impacto en materia de desocupación y, sobre todo, de pérdida de segmentos productivos medianamente sofisticados sería sumamente notorio, en tanto las ventajas estarían focalizadas en muy pocos sectores productivos, cuyos negocios no se traducirían necesariamente en mejores condiciones de vida para el conjunto de la población".



"Nos encontramos ante la presencia de un proyecto que condiciona la soberanía nacional a partir de la destrucción de capacidades productivas y tecnológicas en un renovado intento de sometimiento a los intereses de los países más avanzados, y en detrimento de las mayorías populares", enfatizaron.



Los economistas puntualizaron que "pareciera que busca lograr una inserción comercial 'a la chilena' basada en la exportación de bienes y servicios de un conjunto de actividades con bajo valor agregado (agro, pesca, minería, hidrocarburos, madera, turismo), mientras se resignan las actividades portadoras de cambio productivo y tecnológico, y creadoras de empleo calificado, en aras del libre comercio y la integración pasiva al orden global".



Detallaron que, según la información disponible desde el lado europeo, el acuerdo aparece como desequilibrado:



"Mientras se exige que América Latina reduzca aranceles en forma amplia, la Unión Europea sólo ofrece otorgar cuotas de importación en bienes sin elaborar que no afecten gravemente a ningún país o sector productivo interno. Estas cuotas, a su vez, no estarán libres de pagar aranceles.



Al mismo tiempo, la UE enfatiza en acordar en áreas en las que puede hacer valer su competitividad relativa: 1) propiedad intelectual (impacto fuertemente negativo sobre la industria de medicamentos); 2) denominación de origen; 3) compras gubernamentales: participación para europeos en igualdad de condiciones a nivel nacional, provincial y municipal; 4) e-commerce; 5) resolución de controversias en un Tribunal multilateral; 6) exportación de lácteos a América del Sur; 7) trato nacional a las empresas de servicios europeos; 8) libre navegación por los ríos y mares de países del Mercosur; 9) trabas al movimiento de profesionales sudamericanos hacia la Unión Europea; 10) exclusión de los servicios audiovisuales de las cláusulas de liberalización del Tratado; 11) liberalización automática de cualquier nuevo servicio que aparezca (lo que desprotege la actividad innovativa en nuestra región)".