La Comunidad de Madrid ha pedido que se desmantele el trazado y las estaciones de la antigua línea de Cercanías Renfe C-3a que llegaba hasta el Parque Warner. La Consejería de Transportes e Infraestructuras argumenta que las instalaciones de la línea, que está en desuso desde abril de 2012, están sufriendo episodios de "robos y vandalismo". Adif, dependiente de Renfe, ya está desmontando las vías, según ha adelantado El Mundo.

El tren de Cercanías, que costó 85 millones de euros, fue inaugurado en 2002 por el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón. Estaba pensado para dar servicio a las miles de personas que acudirían al parque de atracciones. Pero el boom de visitantes esperado no fue tal y los 15 kilómetros de línea ferroviaria y las dos estaciones de esta ampliación se convirtieron en un lastre por el que se escapaban "más de tres millones de euros al año", según cálculos oficiales. Así las cosas, en 2012 la Comunidad decidió suspender el servicio por falta de viajeros y sustituirlo por autobuses interurbanos. En ese momento usaban el tren unas 190 personas al día, frente al "aproximadamente millón de usuarios" que tiene toda la red, según Transportes.

Tras más de año y medio en desuso y sin ninguna vigilancia, las estaciones Parque de Ocio y San Martín de la Vega han sido objeto de robos y actos vandálicos que afectan a las vías, postes, cableado y otros materiales.

Pero esta no es la única inversión que le ha salido rana al Ejecutivo madrileño. Hay otras igual de escandalosas. O incluso más. Infraestructuras por las que los madrileños han desembolsado en conjunto más de 600 millones de euros. Y por las que, en algunos casos, siguen pagando. Algunas directamente no se han acabado, como la MP-203 o el tren a Navalcarnero. Otras están infrautilizadas, como el metro ligero oeste o el auditorio de San Lorenzo del Escorial. Y algunas más están terminadas pero permanecen cerradas, como la sede del Instituto de Medicina Legal en la fallida Ciudad de la Justicia o el hospital de Collado Villalba, que generan gastos aunque no se utilicen.

1. Hospital de Collado Villalba

El hospital de Collado Villalba es uno de los cuatro centros de gestión privada proyectados por la Comunidad de Madrid. Comenzó a construirse en 2010 con la idea de abrir sus puertas al año siguiente. Las obras, en efecto, terminaron en 2011. Pero sus "140 habitaciones individuales, 9 quirófanos, 12 puestos de cuidados intensivos, 12 puestos de diálisis, 12 de neonatología, 85 de urgencias, 87 consultas y gabinetes de exploración y 44 puestos de hospital de día", como se vendía en las notas de prensa, siguen sin entrar en funcionamiento.

Las cuentas oficiales de 2014 atribuyen 9.780.000 euros a la empresa adjudicataria, IDCSalud (exCapio Sanidad) mientras no haya actividad médica. Y es que ahora, con el centro acabado y aunque la apertura se había retrasado a mediados de 2013, Madrid dice que no puede permitírselo: "Costaría 4,5 millones al mes si funcionara", aseguran en la Consejería de Sanidad. Así que gasta unos 900.000 euros mensuales para mantenerlo cerrado.

2. El tren a Navalcarnero

En 2003 la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decide crear una conexión ferroviaria para conectar Navalcarnero, donde iban a levantarse más de 5.000 viviendas, con la cercana localidad de Móstoles. La inauguración estaba prevista para abril de 2007. Sobre la marcha, en 2006, se cambió el proyecto para que fuera una línea de Cercanías en lugar de un tranvía. La inauguración se retrasaba a 2008, con un coste de 190 millones de euros.

Finalmente, en mayo de 2007, a escasos días de las elecciones, la Comunidad saca a concurso la infraestructura y OHL se la queda por 366 millones de euros, más del doble de lo presupuestado inicialmente. La concesión le obligaba a construir y mantener, durante 20 años, este ramal de seis estaciones.

A finales de 2009 y con las obras muy avanzadas, OHL se queda sin financiación para concluir las obras y da orden de cerrar todos los tajos, dejando incluso una tuneladora enterrada en Móstoles. La Comunidad suma a Fomento a sus planes para ejecutar finalmente las obras en mayo de 2013. Aún no hay noticias. Este lunes trascendió que OHL ha presentado documentación técnica, económica y financiera para solicitar a la Comunidad de Madrid una modificación del contrato.

3. La sede del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia

En 2004 los mejores arquitectos del mundo veían Madrid como la ciudad prometida. Más de 300 estudios de arquitectura de todo el mundo participaron en el concurso internacional de ideas para el megaproyecto de la Ciudad de la Justicia: 15 edificios de todo tipo, color y forma, con un presupuesto que rondaba los 500 millones de euros.

El complejo, que se haría realidad en 2007 (luego se retrasó a 2011), sería el conjunto de órganos judiciales más estético y vanguardista de Europa, con más de 200.000 metros cuadrados. Las principales sedes estarían firmadas por dos premios Pritzker: el británico Norman Foster y la irakí Zaha Hadid.

De todo aquello que se había proyectado apenas se levantó un edificio, y no de los más importantes: el Instituto de Medicina Legal. Alejandro Zaera-Polo, el arquitecto que diseñó el edificio (conocido popularmente como donut por su forma esférica con un agujero central) abandonó el proyecto por falta de presupuesto. Costó 19,3 millones de euros y lleva más de tres años sin usarse. Hoy está vacío y vigilado las 24 horas para evitar el vandalismo. En 2010 incluso liquidó la sociedad Campus de la Justicia, que impulsaba el proyecto.

4. La autopista MP-203

La autopista MP-203 se sacó a concurso en 2005. La idea era aliviar los atascos en hora punta en la A-2 entre Alcalá de Henares y Madrid. Conectaría la M-203 y la A-2 por un extremo (Torrejón de Ardoz) y por el otro, con la M-208 y la R-3, a la altura de Mejorada del Campo. Pero los problemas de conexión con la radial R-3 y los obstáculos que plantean las vías del AVE paralizaron las obras hace ya seis años, cuando la concesionaria, Cintra, ya había construido el 70% de sus 12,5 kilómetros. Esta filial de Ferrovial ganó el concurso de construcción y explotación por 30 años.

Hoy la autopista acaba en un páramo polvoriento, y el asfalto se pierde en una montaña de tierra. La MP-203 ya ha costado 70 millones de euros, aunque UPyD calcula que su coste se puede disparar hasta los 100 millones.

5. El Metro Ligero Oeste

En 2004 la presidenta Esperanza Aguirre presentó uno de sus proyectos estrella junto a la entonces consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal. El Metro Ligero Oeste (MLO), el tranvía que uniría Aravaca (Madrid) con Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte fue también enérgicamente aplaudido por los alcaldes de la época en esas dos localidades: Jesús Sepúlveda y Antonio González Panero, ahora imputados por el caso Gürtel.

El MLO se inauguró en 2007 con la promesa de llegar a los 22 millones de viajes al año. Una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por OHL, había invertido 600 millones. Sin embargo, la ocupación no estuvo ni cerca de ser la prevista. En 2012 se registraron siete millones de trayectos. A pesar de ello, la Comunidad de Madrid pagó un canon a la concesionaria por 8 millones de viajes que nunca se produjeron. Ante la escasez de usuarios, la Comunidad llegó a un acuerdo en 2011 con los empresarios para pagar por el 68% de los viajes previstos, independientemente de si se realizaban o no. En 2012 eran 5,22 euros por trayecto. Unos 75 millones de euros.

6. Auditorio de San Lorenzo del Escorial

Alberto Ruiz-Gallardón tuvo siempre fama de melómano. Y, según muchos, también de megalómano. En su época de presidente de la Comunidad de Madrid proyectó y construyó un espectacular auditorio en la pequeña localidad de San Lorenzo del Escorial (población: 18.000 habitantes), en plena sierra madrileña. El edificio costó casi 100 millones de euros: 35 por los terrenos expropiados y 65 por la construcción y el equipamiento. El centro ha albergado 300 espectáculos en seis años, con un total de cerca de 133.000 espectadores, según datos de la Comunidad de Madrid. Con una capacidad de 1.324 butacas, podría decirse que ha colgado el cartel de "aforo completo" unas 100 veces en seis años, según una denuncia de UPyD. Esto es, un millón de euros invertidos por cada lleno.