Aunque los funcionarios del Gobierno nacional se empeñen en asegurar que la inflación empezará a desacelerarse en los próximos meses, las novedades siguen complicando los planes y la meta de inflación oficial del 25% parece cada vez más lejana.

Es que el mes de mayo llegaría con un nuevo aumento de la nafta, un insumo que repercute en toda la cadena de precios y pone más presión sobre el costo de vida. Esta vez, el incremento de los combustibles podría llegar al 10 por ciento desde el próximo domingo.

Esta suba sería la cuarta del año, que ya registra un aumento del 19 por ciento promedio en las naftas. Los anteriores fueron todos en torno al 6 por ciento, por lo que se especula que finalmente podría ser esa la cifra que acepte el Gobierno. Para todo el año, se estimaba una suba del 30%.

Esa es la idea también de los estacioneros. El presidente de la Federación de Entidades del Combustible de la provincia de Buenos Aires (FECOBA), Luis Malchiodi, aseguró hoy que "no se justifica un aumento del 10 por ciento, ni siquiera dentro de cinco meses". "Parecería ser un regalo político más que una realidad", señaló.

En declaraciones a Radio 10, Malchiodi opinó que no debería haber otro aumento del combustible, ya que los precios "son similares a todo el entorno geográfico argentino". El empresario cuestionó también que los consumidores sigan "subvencionando a los productores y a las provincias petroleras" con el precio artificial del barril criollo.

La luz a fin de año

Mientras tanto, el Gobierno congeló ayer el precio mayorista de la energía eléctrica hasta el 31 de octubre, con lo que se descarta un aumento inmediato para los consumidores pero se abre la puerta para que en los últimos dos meses del año haya un nuevo ajuste.



Este tema había traído polémica entre los ministros de Hacienda y de Energía. Alfonso Prat Gay afirmó a principios de este mes que “no habrá más aumentos en los servicios públicos durante este año”, algo que reiteró ante cada consulta. Incluso el propio Mauricio Macri respaldó esta posición.

Es que el Gobierno necesita mantener congeladas las tarifas para frenar las expectativas inflacionarias y tratar de -si no se cumple, como parece- al menos no quedar tan arriba de la meta del 25% de inflación anual. Pero no sólo se trata de una cuestión económica sino también política: la imagen de Macri sufrió un desgaste muy fuerte con los tarifazos, como revelan las últimas encuestas.

Pero, como reveló LPO, estas promesas del presidente y el ministro de Hacienda chocaron con la realidad del Ministerio de Energía. Juan José Aranguren puso en marcha a comienzos de abril la denominada “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) de Edenor y Edesur que derivará, indefectiblemente, en un nuevo ajuste de tarifas en los últimos meses de 2016.

En privado, el ministro de Energía reconoce que antes de fin de año es necesario otro aumento. Lo mismo sostienen en las compañías, que presionan para que el próximo incremento para los usuarios sea sobre por aumentos de los precios de la energía y no por quita de subsidios, como el de principio de año.

En la resolución publicada ayer donde se ratifican los precios establecidos a comienzos de años, la Secretaría de Energía también sostiene que existe una "asimetría entre los costos reales y los precios vigentes", pero admite que hay que "prevenir un impacto negativo en la economía".

Según señala Ámbito, los cálculos oficiales indican que el costo de generar 1 megavatio es de U$S 70, mientras en las facturas de los usuarios residenciales de todo el país el precio incluido ronda los $320. Tarde o temprano, la idea es que esa diferencia la afronte el consumidor.

A esto se suma que en invierno los costos de generación de energía eléctrica son más altos (por el reemplazo de gas por combustibles líquidos), pero el Gobierno decidió no trasladarlos a los consumidores y destinará más subsidios, de acuerdo a la información de Clarín. Esto repercutirá a su vez en otro de los objetivos del Ministerio de Hacienda, que es reducir el gasto público para aliviar el déficit fiscal.