LA HABANA, Cuba. – Este viernes fui citada, una vez más, a la estación policial. Ahora debí dirigirme a la estación de 7ma y 62, en Playa. Al llegar, sobre las 2 p.m., me estaba esperando el represor Alejandro, el mismo que desde hace meses está al frente del acoso a las mujeres cubanas disidentes en La Habana.

Me quitaron mis pertenencias, las revisaron y me realizaron un cacheo. Ya en la oficina de la oficial de guardia, capitana Rubisel Ortega, tres hombres se identificaron como inspectores del Ministerio de Comunicaciones; uno de ellos, Rolando Ballester, me mostró “evidencias” sobre publicaciones mías en Facebook que violaban el Decreto Ley 370 (se adjuntan las fotos de dichas publicaciones). Según el inciso i) de este Decreto, constituye un delito: difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.

Recibí una sanción de tres mil pesos de multa e incautación del teléfono celular (ya decomisado desde el día 9 de marzo cuando fuera arrestada e interrogada por el represor Alejandro) supuestamente, por “violar” este inciso.

Luego, Alejandro, quien guiaba a todos, me llevó a otra oficina donde le ordenó a un subteniente con número de placa 28415 que me pusiera una advertencia por “violación de domicilio”, ya que, según él, yo estaba ilegal en La Habana; o sea, ya no importa si tienes dirección de La Habana (como yo), si ellos dicen que estás ilegal, así es. El policía cumplía las órdenes sin chistar. Ni siquiera levantó la vista de su buró cuando Alejandro decía sus amenazas una tras otra:

Esto contigo va a ser “al duro y sin guante” y “vamos a ver cómo tocamos”, afirmó.

Camila Acosta frente a la estación de policía (Foto de la autora) (Foto de la autora)

“Y cuando salgas de aquí, voy a llamar a mis colegas de la Isla de la Juventud para que hagan su trabajo por allá, para que visiten a tu familia, sabemos que tus abuelos están delicados de salud, y lo que les pase a ellos a partir de ahora será tu culpa”.

El esbirro, con un gran complejo de inferioridad, un marcado machismo y evidente “retraso mental”, me advirtió además que me iba a acosar, a arrestarme en la calle, cada vez que saliera de la casa y, si tenía celular, me lo volvería a decomisar y a aplicarme los tres mil pesos de multa. “Lo consideraré un impuesto por hacer periodismo”, fue mi respuesta. Al escucharme aumentó su furia:

– ¡Tú no eres periodista!

-Ah, ¿no? Yo estudié en la Universidad de La Habana.

-No, tú fuiste periodista. A ver, enséñame tu carné de periodista o de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria).

-Bueno, dámelo. Ustedes son quienes no nos permiten acceder a él.

El diálogo con semejante psicópata pronto me resultó tedioso y banal. De nada valía responderle; mientras yo callaba y lo miraba fijamente a los ojos, Alejandro seguía con sus amenazas: eso es usurpación de funciones públicas, por lo que te podemos condenar de uno a tres años de privación de libertad, pero no en las cárceles, sino barriendo calles, con trabajo correccional. Así que, o entras por el aro o ya tú verás.

Para mí sorpresa, porque es un individuo al que le gusta escucharse a sí mismo, terminó su interpretación en menos de 20 minutos. Luego hizo que me devolvieran mi cartera y me dijo que me podía ir. Antes de retirarme le expresé ante todos los oficiales presentes: ¿oyeron? Después que no diga que me escapé.

No firmé nada, ni siquiera la multa.

Yo soy periodista de profesión, graduada en una de las mejores universidades del régimen. Eso es lo que les duele. Pero nada de lo que hagan hará que apague mi voz.