El ex dirigente etarra accede a informes confidenciales franceses para defenderse de las acusaciones de delitos de lesa humanidad. La Justicia gala se pronunciará el próximo 4 de marzo sobre la reclamación de entrega a España

El que fuera dirigente de ETAJosé Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, ha fichado como abogado defensor al letrado Gonzalo Boye, quien ya fue condenado por colaborar con la organización terrorista en los años 90.

Ternera ha decidido nombrarle su defensor y así lo recoge ya la titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, receptora de la solicitud remitida desde Francia por el terrorista. Es su abogado desde el pasado día 20.

El ex dirigente de ETA se encuentra en Francia pendiente de que la justicia del país vecino se pronuncie sobre la extradición solicitada por España para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza.

Ahora, Ternera ha decidido incorporar a su defensa a uno de los abogados más mediáticos y polémicos. Boye fue detenido en 1992 junto con otras tres personas más de nacionalidad chilena. Pertenecían al MIR chileno. Se les vinculaba con el comando de ETA que secuestró a Emiliano Revilla.

Finalmente fue declarado culpable de colaborar en el secuestro de Revilla. En 1996 fue condenado a una pena de 14 años de prisión. Recientemente, la Audiencia Nacional decidió embargar el sueldo Boye, ya que no afrontó las indemnizaciones a las que fue condenado. Tendrá que pagar la indemnización que le impuso la Audiencia Nacional por ayudar a ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla en 1988 a manos del comando liderado por José Luis Urrusolo Sistiaga. Además de la pena de cárcel, el letrado fue condenado a indemnizar a Revilla con 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) de forma conjunta con los otros dos condenados en la misma vista oral, así como a pagar las costas del juicio.

Carles Puigdemont escucha a Gonzalo Boye (izqda.) mientras se dirige a la prensa en Bruselas. EFE

Información confidencial

A finales de 2017, Boye pasó a formar parte también de la defensa de Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña fugado de la Justicia. Ahora, este letrado se encargará de la defensa de Ternera, que trata de impedir que la Justicia francesa dé el visto bueno a la solicitud de España para ser extraditado y juzgado en la Audiencia Nacional.

Y para ello, el dirigente etarra ha tenido acceso a información de alto nivel confidencial, de los servicios de inteligencia franceses, para elaborar sus escritos de defensa.

En la documentación de la OED (orden europea de detención y entrega), la defensa cita informes elaborados por la UCLAT, servicio francés muy similar al Centro Nacional de Inteligencia, que cuestionan el papel de Josu Ternera en la dirección de la organización terrorista en alguno de los años requeridos. Con estos informes, la defensa del terrorista trata de eludir la presión judicial de la Audiencia Nacional, su reclamación por los delitos de lesa humanidad.

Será finalmente el próximo 4 de marzo cuando la Justicia francesa dictamine la situación del histórico etarra, uno de los más escurridizos, que logró sortear a policías, guardias civiles, agentes franceses y servicios de inteligencia durante lustros. Josu Ternera tuvo un papel clave en las negociaciones entre los terroristas y el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Causas pendientes

En la causa constan dos informes, uno de la Guardia Civil (prolijo y lleno de detalles) y otro de la Policía Nacional, algo más resumido, en el que se defendía ante la autoridad judicial la condición de dirigente político de ETA de José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. En concreto, como máximo responsable político.

Ternera está reclamado por el atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987 y en el que murieron 11 personas -cinco niñas de entre tres y 12 años y un adolescente de 16- y otras 88 personas resultaron heridas. Los investigadores consideran a Urrutikoetxea inductor de esta acción terrorista.

Igualmente, tiene pendiente el sumario por delitos de lesa humanidad, abierto por el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra los últimos jefes de la banda terrorista tras la querella pesentada por Dignidad y Justicia y la fundación Luis Portero. La causa se centra en los atentados cometidos por la banda a partir de octubre de 2004. Fue esa fecha cuando se introdujo en el Código Penal español el delito de lesa humanidad, castigado con hasta 20 años de prisión.

Esta causa, investigada por los magistrados Carmen Lamela y Juan Pablo González, atribuye a los dirigentes de la banda la máxima responsabilidad sobre los atentados mortales cometidos por ETA desde 2004, entre ellos el atentado de la T-4 de Madrid, en diciembre de 2006, en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio; el asesinato del concejal del PSE Isaías Carrasco, en marzo de 2008; la muerte del empresario Ignacio Uría, en diciembre de ese año; y la del inspector de policía Eduardo Puelles, en junio de 2009.