A pesar del manifiesto fracaso de la reforma de la Ley Electoral de 2011, que modificaba las condiciones para poder ejercer el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, y cuyo resultado fue el desplome de la participación de más de un 30% a menos de un 5%, el Partido Popular se ha negado una vez más a reconsiderar una nueva modificación que facilite la participación antes de las próximas elecciones generales.

El procedimiento del conocido como “voto rogado” (o “voto robado”, según la Marea Granate), debido a que los emigrantes deben solicitar el voto antes de poder ejercerlo mediante un dificultoso sistema plagado de errores administrativos y tras tener que registrarse en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) –perdiendo el derecho a la atención sanitaria en España con ello–, continuará existiendo en los próximos comicios y, con él, la baja participación.

Tan solo la voluntad política del Gobierno con su mayoría absoluta, como hicieron constar la mayoría de los grupos políticos en la Comisión Constitucional del pasado miércoles, habría bastado para hacer posible el inicio de un procedimiento de urgencia que permitiera cumplir los plazos a tiempo antes de la disolución de las Cámaras, pero el rechazo del PP a una iniciativa de la Izquierda Plural, apoyada por PSOE, CIU, PNV, UPyD y Grupo Mixto, ha dado al traste con el derecho constitucional de cerca de 2 millones de españoles.

El debate sobre la supresión del ‘voto rogado’ no es nuevo, la iniciativa de IU ya fue presentada en mayo de 2014 antes de la elecciones europeas, tras las que se confirmó que solo un 4,2% de los emigrantes españoles pudieron votar, un cifra muy similar a la de las pasadas elecciones autonómicas.

En su proposición no de ley, el ponente Ricardo Sixto, además de la derogación del ‘voto rogado’, incluía medidas como la implementación del voto electrónico, la creación de una circunscripción electoral exterior, la simplificación del proceso del voto por correo, la ampliación de los plazos y una mayor información más clara y más concisa para facilitar el proceso de voto desde el extranjero.

En esta ocasión, la Izquierda Plural, en busca de un consenso amplio, ha aceptado incluir una enmienda del PSOE que dejaba al Gobierno la iniciativa de presentar un proyecto de ley y tramitarlo, por vía de urgencia y en lectura única, en un plazo de quince días, algo a lo que el PP se ha negado a pesar de reconocer el fracaso de participación de la reforma legislativa.

Para el portavoz del PP, Alfredo Prada, la reforma de la ley electoral es correcta porque ha conseguido el supuesto objetivo de garantizar la seguridad y luchar contra el fraude, y aunque el descenso en la participación es evidente, lo único que falla en el sistema “son los cortos plazos para la solicitud que establece la LOREG y, sobre todo, el funcionamiento de los servicios de correos en otros países, especialmente en Latinoamérica”, donde, según él, si en el sobre no se especifica que la dirección del destinatario “es enfrente del bar tal, el cartero no sabe dónde tiene que llevar el sobre”.

Prada ha calificado la propuesta de Sixto de “electoralista y demagógica” para justificar su votación en contra. Como respuesta, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha dicho en su intervención haber “comprobado”, tras un trabajo intenso con emigrantes españoles en el extranjero, “que el voto rogado solo beneficia a un determinado partido político, que es el que está gobernando y tiene posibilidades de que el voto rogado esté vinculado a determinadas posiciones de favor o favorecimiento”.