En un hecho que prácticamente no tiene antecedentes, efectivos de la Gendarmería nacional allanaron y ocuparon sorpresivamente la sede de la empresa Cablevisión en el barrio porteño de Barracas. Fue por una orden de la justicia de Mendoza, donde la compañía no tiene operaciones, a raíz de una denuncia presentada por la empresa Supercanal, del grupo Vila-Manzano, alineado con el kirchnerismo. El juez que ordenó la medida, Walter Bento, también designó un interventor/coadministrador en la empresa de cable.







El operativo empezó a las 10 y se extendió hasta las 13. Los funcionarios judiciales y los gendarmes se retiraron luego de que los abogados de la empresa les reclamaran que no tenían jurisdicción para llevar a cabo el allanamiento, aunque no está claro quién dio la orden para que se retirara la Gendarmería, un cuerpo que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.





Ya terminada la ocupación de la sede, el apoderado de Cablevisión, Damián Cassino, informó que la empresa ya presentó sendas denuncias penales por allanamiento ilegal, violación de domicilio, abuso de autoridad y exhibición de armas.





Por su parte, ante un llamado de Clarín, el propio Daniel Vila aclaró que en las próximas horas no hará declaraciones y que nobrará un vocero para que explique su posición.







Todo empezó alrededor de las 10 de la mañana, cuando más de 50 efectivos de la Gendarmería llegaron a la sede de Cablevisión y Fibertel en el barrio de Barracas acompañados no solo por funcionarios judiciales sino, también, por las cámaras de 6, 7, 8, el programa ultraoficialista del canal estatal. Los gendarmes ocuparon el noveno piso del edificio, donde se encerraron pidiendo todo tipo de documentación a ejecutivos de la compañía. Luego fueron ocupando las otras plantas de la sede de Cablevisión. También revisaron las bolsas de cada persona que entraba a la sede de la compañía. Llamativamente, un primo del empresario Daniel Vila que se presentó como abogado comandó el operativo y le dio órdenes precisas a los gendarmes.







La orden fue dictada por el juez de Mendoza Walter Bento, que designó además como interventor/coadministrador a Enrique Anzoise, quien estuvo presente en el operativo y se retiró en medio de abucheos de los trabajadores de la compañía de cable. La denuncia que originó la decisión judicial fue hecha por Supercanal, del grupo Vila-Manzano, un multimedios con empresas de medios en Mendoza pero también en otras partes del país. El grupo es un aliado fundamental del Gobierno y uno de los principales beneficiarios de la pauta oficial.





La denuncia es por supuesto abuso de posición dominante, aunque se tramitó en Mendoza, donde Cablevisión no tiene operaciones. El abogado Ricardo Mastronardi, representante del interventor designado por Bento, dijo que la intervención será por 60 días y que "está firme y debe ejecutarse", aunque por el momento "quedó trunca por imposibilidad de iniciarla". También adelantó que habrá una presentación completa al juez Bento.







Mientras se llevaba a cabo el operativo, Bento participaba de otro operativo en la aduana de Mendoza. Desde su juzgado -el Federal número uno de Mendoza- aseguraron que no darán más información sobre el caso que la que ya circula, aunque en declaraciones que recoge el diario El Sol de Mendoza, el magistrado negó que la ocupación del edificio de Cablevisión por parte de 50 gendarmes se tratara de un allanamiento. Según esas declaraciones del juez, la intervención apunta a deshacer la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Este mediodía, el apoderado de Cablevisión adelantó también que apelarán la intervención.







En un comunicado, Cablevisión acusó a Vila-Manzano de llevar adelante “una maniobra con el auxilio de un juez mendocino para intentar intervenir Cablevision” y resaltó que se trata de un hecho “sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el Gobierno nacional realiza a las empresas del Grupo Clarín”.





“El mismo Grupo de medios mendocinos que ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, ahora está apelando a un Forum Shopping (elección a dedo de un juzgado), en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones, pretendiendo cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo e intentando avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos”, añade el texto de la empresa de cable.





El único antecedente con el que cuenta el inusual y sorpresivo operativo de esta mañana es el allanamiento que realizaron más de 200 inspectores de la AFIP a Clarín en septiembre de 2009. En ese momento, el propio titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, salió a despegarse del cuestionado operativo, del que, dijo, se enteró por Internet.