Partía el corazón ver el desconsuelo y la rabia de familiares de las víctimas del Yak 42 aquel final de mayo de 2003. El día 26, un avión ucraniano de la UM Airlines se había estrellado en Turquía con 75 personas a bordo, entre ellas todo el pasaje: 62 militares españoles. Regresaban a casa tras una misión en Afganistán y Kirguistán de 4 meses y medio.Y habían advertido reiteradamente a sus allegados de las lamentables condiciones en las que viajaban. El comandante José Manuel Ripollés remitió a un amigo un correo electrónico 4 días antes del accidente mostrando su preocupación: "Son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite (...) la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia". Ripollés era hermano de una compañera de TVE, que sería incansable en la exigencia de responsabilidades.

El relato era similar en los distintos escenarios. Familias compungidas en las que nos colamos los periodistas, esta vez para saber las quejas previas de las víctimas y la impotencia de sus seres queridos. Velatorios sin el fallecido, o aquel entierro en Valencia en el que un padre roto empujó el féretro de su hijo en el nicho con una expresión difícil de olvidar. Ocurre que las víctimas se ven de forma distinta cuando se asiste a su tragedia, a la vida que dejan, a la sensación de la fatalidad eludible y es algo que deberíamos saber comunicar.

Llegó después el funeral de Estado en Torrejón de Ardoz. A toda prisa. Con presencia de los reyes y el príncipe de Asturias, y retransmitido en directo por las cadenas de televisión de ámbito nacional. Se declaró luto oficial, con sus banderas a media asta. Y se entregó a las familias unos ataúdes con los restos que no siempre correspondían a sus parientes. La chapuza de las identificaciones, para llegar a tiempo al solemne funeral, ha quedado inscrita en los anales de la ignominia patria.

Y comenzó un lío jurídico –no es exagerado emplear ese término- en el que el ministro de Defensa en ese momento, Federico Trillo, quedó absolutamente exonerado. Incluso revalidado. Mariano Rajoy le defendió reiteradamente, Trillo fue diputado por Alicante, y comentó que las urnas le habían avalado.

Ahora se ha conocido el dictamen del Consejo de Estado aprobado el 20 de octubre. El 3 de enero, desde el 20 de octubre. Por unanimidad de la Comisión Permanente reconocen oficialmente -por primera vez y después de 13 años- la responsabilidad del Ministerio de Defensa en los hechos. Afirman que “el accidente pudo haberse evitado si estos (los responsables de Defensa) hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados”, según informa El País. Diario que ha adelantado la noticia, la ha relegado después por alguna minucia de Podemos y no es fácil encontrarla en el resto de los medios.

Salomónicamente, según suele decirse, el Consejo de Estado admite la responsabilidad pero no la inculpación, tampoco ahora hay delito. Murieron 62 personas, que podrían seguir vivas de cumplirse las normas. Por cierto, nadie nos explicó por qué se contrataban esos aviones deplorables, disponiendo el ejército español de aparatos adecuados. Las consecuencias de tamañas irregularidades han quedado muy difusas.

La demanda económica contra la compañía ucraniana sí prosperó estipulando indemnizaciones. Las penales no. En 2012 se declaró el sobreseimiento de los seis altos mandos militares imputados. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el archivo de la causa. No había delito, sentenció.

En el proceso por las identificaciones, resultó condenado a tres años de prisión el general médico Vicente Navarro y a 18 meses los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez. Por un delito de falsedad en documento oficial al haber adulterado las identificaciones de 30 de los 62 militares fallecidos. El general murió antes de cumplir condena y los comandantes fueron indultados por Rajoy de su inhabilitación que implicaba la salida del ejército. Tampoco ingresaron en prisión, al ser pena inferior a dos años. Pagaron la multa de 900 euros.

Federico Trillo sigue de Embajador de España en Londres.