La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera oficialmente “desaparecida” a ETA tras el anuncio de su disolución, escenificada el 4 de mayo de 2018; y constata que “el principal vector de amenaza” son ahora los “sectores disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale”, en especial una fracción de los presos de la extinta banda terrorista y la organización residual Amnistia Ta Askatasuna (ATA, siglas en euskera de Amnistía y Libertad), contraria al cese de la violencia como vía para lograr la independencia del País Vasco. Así consta en la memoria de 2018 del ministerio público, que se ha presentado este lunes coincidiendo con la apertura solemne del año judicial. El documento firmado por la fiscal general de Estado, María José Segarra, considera que el terrorismo yihadista sigue siendo “la mayor amenaza a la que se enfrentan las democracias occidentales”.

En el documento, la Fiscalía parece dar por buena la disolución de la banda y el desmantelamiento total de sus estructuras, tras medio siglo de violencia terrorista, con un balance de 854 asesinatos y miles de heridos. El reconocimiento de que ETA es una banda “desaparecida” supone un cambio en la doctrina oficial de la Fiscalía, que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica sobre los movimientos de la organización terrorista. No obstante, el ministerio público considera que los últimos pasos de ETA hacia su desaparición en la primavera del año pasado —los comunicados en los que reconocen el “daño causado” y piden perdón, aunque solo a algunas víctimas; la entrega de un mapa con sus arsenales y que dan por finalizado su “ciclo histórico”— obedecen a una “estrategia propagandística” con la que buscan “magnificar y rentabilizar” el anuncio de su final. La Fiscalía recuerda que la desaparición de la banda “realmente ha sido motivada por la extrema debilidad en que están sumidas sus estructuras”.

En su discurso de presentación de la memoria anual, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha manifestado que la disolución de ETA no es sino la “ratificación de su derrota”, que ha sido posible “por la respuesta decidida del Estado de derecho”. Y ha añadido: “La aplicación de la ley es la mejor forma de erradicar el terrorismo”.

Sin embargo, los fiscales no dan por extinguida la posibilidad de un rebrote del terrorismo independentista vasco, “sin duda, con una menor capacidad lesiva y con un ámbito de actuación circunscrito a la comunidad autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. El documento señala que los grupos disidentes, con individuos más radicalizados, han llevado a cabo actos de sabotaje de carácter leve contra bancos e infraestructuras ferroviarias, generalmente para reclamar la libertad de los presos de ETA enfermos y mayores de 70 años y el acercamiento de los reclusos a las cárceles próximas al País Vasco. El informe señala que el sindicato de estudiantes Ikasle Abertzaleak ha sido expulsado por Sortu de la izquierda abertzale oficial y ha pasado a formar parte del movimiento disidente y, más concretamente, de la organización radical ATA.

Yihadismo, la principal inquietud. En cualquier caso, el terrorismo nacionalista ha cedido definitivamente el paso ante el yihadismo como principal inquietud de la Audiencia Nacional. La Fiscalía constata que la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak está generando un “terrorismo de ida y vuelta”, con el retorno de los combatientes desplazados a esa zona de conflicto. El yihadista busca “regresar con un sólido entrenamiento en el combate o en el manejo de armas y explosivos. Y ahora más que nunca quiere actuar 'en casa”, escribe el ministerio público.

La Fiscalía trabaja actualmente en la creación de una base de datos “completa y adecuada” que permita cruzar “perfiles de los investigados, [su] relación y vínculos entre investigaciones, y la evolución de operativos en su radicalización”. “España continúa siendo uno de los objetivos de las organizaciones yihadistas a nivel global, al igual que gran parte de los países de nuestro entorno”, señala el documento, que hace hincapié en la cooperación internacional y en la necesidad de reformar las leyes de protección de testigos. La ley hasta ahora vigente [de 1994] ha quedado “no solo obsoleta sino corta”, denuncian los fiscales.

Delitos de odio y contra la discriminación: repunte en Cataluña por el procés. La memoria de la Fiscalía cifra en 744 los procedimientos judiciales abiertos por este tipo de delitos. El ministerio público ha formulado 149 acusaciones y se han dictado 133 sentencias condenatorias. Los motivos más habituales de discriminación son el racismo y la xenofobia, los motivos ideológicos, la orientación sexual y las creencias religiosas. Pero el texto firmado por la fiscal general llama también la atención sobre “un incremento” de procedimientos judiciales sobre este tipo de delitos en Cataluña debido al procés. El documento no aporta cifras ni datos estadísticos, solo el hecho de que “desde Barcelona y, en general los compañeros de Cataluña, se comenta” el crecimiento de estos delitos “entre otras razones” por el aumento de denuncias por hechos delictivos “cometidos en el contexto de las tensiones sociales y políticas consecuencia de la elevada polarización que está sufriendo la sociedad catalana, especialmente desde el mes de septiembre de 2017”.

Pique Audiencia-Anticorrupción. Una lectura atenta del documento deja entrever un pique profesional entre las dos Fiscalías estrellas del ministerio público español: la de la Audiencia Nacional y la Anticorrupción. El descenso de asuntos de terrorismo ha hecho que los principales asuntos de la Audiencia Nacional sean de delitos económicos y escándalos políticos, donde Anticorrupción lleva la dirección de las investigaciones. Los fiscales de la Audiencia piden “el reforzamiento de su papel (…) en los asuntos que le son propios, así como la redefinición de las competencias con las otras Fiscalías Especiales, debiendo establecerse con las mismas los oportunos mecanismos de cooperación y coordinación”. Una manera velada de dar a entender que están entrando en su terreno.

Por su parte, Anticorrupción dice que “resulta llamativo que los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción estén aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y no ante el Tribunal Supremo, incluso cuando actúan ante los órganos de la Audiencia Nacional. Una disparidad difícilmente explicable con los fiscales de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo aforamiento ante el Tribunal Supremo ha sido reiteradamente admitido por el alto tribunal”.

Cooperación judicial internacional, sensación “agridulce”. En líneas generales, la cooperación judicial internacional se ha incrementado en los últimos años, pero el ministerio público admite que 2018 dejó una “sensación agridulce” porque la sintonía mostrada con las Fiscalías de otros países miembros de la Unión Europea no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales. El informe no cita expresamente ningún caso, pero la reflexión que recoge parece surgir, sobre todo, del fracaso con las órdenes de detención dictadas contra los líderes independentistas catalanes huidos de España, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont.

“En este punto conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados”, se quejan los fiscales.

Droga: proliferan las plantaciones de cannabis. La Fiscalía Especial Antidroga pone de manifiesto que, durante el ejercicio 2018, las actividades delictivas tradicionalmente vinculadas al tráfico de sustancias estupefacientes han ido mutando “hacia otras formas más elaboradas cuya aparente discreción no debe ocultar su relevancia” para la salud pública. Así, “destaca la proliferación de plantaciones de cannabis —especialmente indoor— con instalaciones muy sofisticadas; o el incremento y extensión a todo el territorio nacional de las asociaciones o clubes cannábicos en los que, bajo una falsa apariencia de consumo compartido, se favorece la distribución a terceros”. Otro fenómeno preocupante son los denominados narcopisos que, generalmente ubicados en los centros de grandes ciudades, provocan una grave distorsión de la convivencia social.

Seguridad vial: el riesgo de los patinetes. La Fiscalía está realizando un estudio sobre “la nueva realidad” que suponen los llamados vehículos de movilidad personal (VMP), denominación que incluye a los patinetes. El ministerio público advierte en su memoria que la “alegalidad” de la situación actual, en cuanto a los requisitos técnicos, registro, documentación y seguros, dificulta dar respuesta “al evidente incremento del riesgo que genera su uso, sobre todo para las personas más vulnerables”. En los 11 primeros meses de 2018 se contabilizaron 273 accidentes en 44 ciudades. En 203 de ellos habría, en principio, algún tipo de responsabilidad del usuario de VMP, según los datos de la Fiscalía. “Se trata solo de una estimación muy provisional que, casi con seguridad, oculta cifras de mayor entidad”, advierte el ministerio público.