En pleno Día Internacional de los Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que acota la libre manifestación de ideas y la libertad de asociación: el de la Ley de Manifestaciones en el Distrito Federal.

Con 30 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaron y enviaron al pleno, sin discutir una treintena de reservas planteadas, un documento que propone que las marchas en la capital tengan horario determinado y que puedan ser disueltas por la autoridad, iniciativa propuesta el pasado octubre por el diputado panista Jorge Sotomayor.

Los integrantes sesionaron en un ambiente de inconformidad e incomodidad. Se señalaron en distintos momentos errores de procedimiento, se cuestionó la prisa por aprobar el documento, el salón quedó chico para la cantidad de legisladores y asistentes. Tampoco hubo sillas suficientes para los diputados y, con el espacio abarrotado, las comisiones decidieron tratar el documento a puerta cerrada. Afuera quedó una decena de representantes de la sociedad civil que sólo pudieron entrar 10 minutos antes de que acabara el trámite.

¿Por qué ha generado tanta polémica la iniciativa? ¿Cuáles son las críticas que los diputados de izquierda señalan en el dictamen? Animal Político responde a estas preguntas.

Lo que hay que saber del documento al haber sido aprobado en lo general, el dictamen:

Propone que las manifestaciones sólo se hagan “con fines lícitos”.

Contempla que antes de una manifestación se de aviso a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación.

Propone la prohibición del “bloqueo total” de vialidades primarias, así como de calles de un solo carril.

Establece que las manifestaciones sólo se celebren entre 11:00 y 18:00 horas, “tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular”.

“tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular”. Otorga a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal la facultad de “controlar las manifestaciones”.

Prevé sanciones económicas a quien viole las disposiciones de la ley y a quienes “realicen acciones que alteren el orden público” en el desarrollo de las protestas.

Garantiza el derecho de asociación y reunión, pero sólo con un “objeto lícito” o que no sea contrario a las “buenas costumbres”.

Prohíbe proferir insultos o amenazas.

Plantea la prohibición o modificación de manifestaciones en función de la contaminación ambiental y del “factor de riesgo de protección civil”.

Permite a la autoridad “disolver” manifestaciones si se bloquean las vialidades.

Las consideraciones del PRD, PT y Movimiento Ciudadano

Los diputados perredistas Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Margarita Elena Tapia, Karen Quiroga, y Vicario Portillo Martínez, así como los diputados José Francisco Coroneto, de Movimiento Ciudadano y Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo, intervinieron en la sesión para señalar errores de procedimiento y la premura en la aprobación del dictamen. Posteriormente, en una conferencia de prensa junto con representantes de la sociedad civil, puntualizaron otras observaciones. Éstas son las más relevantes.

Karen Quiroga, secretaria de la Comisión del DF reclamó que el procedimiento no se agotara, es decir, que no se discutieran las reservas. Eso, señaló, violó el artículo 128 del reglamento de la Cámara. “Quiero invitarlos a que hagamos un procedimiento limpio, inimpugnable (…) La manifestación es algo que han conseguido las minorías a través de su lucha de años”.

Asimismo, la diputada Quiroga expresó su preocupación porque la rapidez con la que se busca que el dictamen llegue al pleno, esté relacionada con la intención de regular las eventuales manifestaciones por la aprobación de la Reforma Energética. “No nos hagan pensar que esto trae dedicatoria”, dijo.

“Es una simulación lo que están haciendo. Es muy desaseado. No cubre los procedimientos adecuados”, agregó el perredista Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

“El predictamen no corresponde a una realidad legal (…) Tiene por objeto inhibir cualquier tipo de manifestación que se dé en las calles tras la reforma energética”, agregó el legislador.

“Al no gozar de derechos ciudadanos como el plebiscito o la consulta ciudadana, la ciudadanía marcha para manifestar la violación de sus derechos. Violentar ese derecho nos convertiría en un Estado autoritario” , señaló la petista Loretta Ortiz.

, señaló la petista Loretta Ortiz. El dictamen, según el diputado del Movimiento Ciudadano Francisco Coronato Rodríguez, “invade” materias exclusivas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). La diputada Karen Quiroga detalló que con esa “invasión” se viola el artículo 122 apartado C de la Constitución, que establece que las cuestiones de justica cívica deben ser reguladas por la ALDF.

Las críticas de la sociedad civil

Representantes de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y JAS Asociadas por lo justo acudieron a la sesión de las Comisiones. Pese a que sólo pudieron presenciar los últimos minutos, tras la aprobación del dictamen ofrecieron una conferencia de prensa y en ella expresaron estas preocupaciones.

El abogador de Artículo 19 Leopoldo Maldonado, aseguró que el dictamen pretende “inhibir el derecho a la protesta social”, derecho básico para el avance de las democracias. “ Se pretende dejar en su mínima expresión los derechos a la libre manifestación de ideas, a la libertad de asociación, el derecho de petición y el derecho de participación política”.

“Nos preocupan los detalles de la iniciativa, como los criterios vagos, ambiguos, discrecionales, que se les están dando a la Secretaría de Gobierno para inhibir la protesta. Establece conceptos que no tienen ninguna sustancia como “comportamiento violento”, alteración del orden público” y la peor de todas, las “buenas costumbres” para limitar la protesta.

y la peor de todas, las “buenas costumbres” para limitar la protesta. “Nos preocupa que se haya cerrado el diálogo (…) el hecho de que estemos en contra no es pretexto para que no haya un intercambio de ideas”, agregó el abogado.

Por parte del Centro Pro, Víctor Hugo Carlos Banda señaló la ausencia de las voces de las organizaciones en el debate. “Tenían que ser escuchadas para este proceso legislativo y no lo están haciendo. Se contempla a la manifestación no como el ejercicio de un derecho, sino como un acto a reprimir, a criminalizar. No se ve desde el ejercicio de las garantías que se han construido a lo largo de la historia”.

Ve aquí un debate sobre la Ley de Marchas, moderado por la periodista Olivia Zerón y con la participación de los activistas Vladimir Chorny, Carlos Brito y el diputado panista Jorge Sotomayor.