Miguel Galuccio deberá sacarle brillo a su apodo, "el Mago", si se confirmara en las próximas semanas un fallo arbitral internacional que condenaría a la empresa estatizada YPF a pagar US$ 1633 millones por cortarle el suministro de gas a Brasil.

Fuentes ligadas al caso expresaron a LA NACION que "es altamente probable" que la Cámara de Comercio Internacional, ubicada en París, emita un dictamen desfavorable para YPF, luego de cuatro años de una compleja disputa.

El Gobierno heredará así el final de este arbitraje, iniciado por demanda de las empresas Companhia de Gas do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgas) y AES Uruguaiana Empreendimentos (AESU).

El proceso legal se inició cuando YPF estaba controlada por la española Repsol. En particular, el contrato se había firmado en 1999.

Voceros de YPF indicaron a LA NACION que "no existe una decisión del tribunal arbitral, porque tiene fecha para laudar hasta el 31 de diciembre" próximo. En la empresa pública creen que cualquier pronóstico sobre el veredicto es "una especulación", aunque aclararon que tienen un "sólido fundamento" para pensar en un resultado favorable, dado que el gas se cortó por decisión del gobierno argentino y no de la firma. Sin embargo, en el ánimo de los árbitros podría estar pesando el hecho de que, justamente desde este año, ambos actores se han mimetizado luego de que el Gobierno tomara la mayoría de las acciones de Repsol.

"Si antes YPF podía argumentar, como lo hizo ante los árbitros, que tomó una decisión por razones de fuerza mayor, ahora el dueño de la empresa, el Estado, es el mismo que tomó la decisión de cortar el gas", explicó una de las fuentes.

El otro demandante es la firma Transportadora de Gas del Mercosur (TGM, controlada por las firmas Tecpetrol Internacional, del grupo Techint; CGC, Total Gas y Electricidad Argentina, y RPM Gas).

En 2004, la Argentina frenó todos los despachos de gas al exterior para paliar la crisis en el mercado doméstico. Esto afectó tanto los envíos a Brasil como a Chile.

Pero en el caso que generó esta demanda, originalmente por US$ 1052 millones, el perjuicio fue especialmente importante, porque en Uruguayana ambas empresas brasileñas construyeron una central eléctrica que debía funcionar a gas. Como el combustible no llegó por la disposición argentina, el proyecto energético quedó frenado.

Fuentes ligadas al caso indicaron que el tribunal arbitral, integrado por dos argentinos (Roque Caivano y Alejandro Garro) y presidido por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, ex integrante del consejo directivo del banco UBS, está decidiendo la redacción final de esta sentencia arbitral.

Mientras los abogados ligados a la empresa nacionalizada creen que es probable un escenario de "empate" –con compensaciones cruzadas–, las fuentes ligadas a los acreedores locales y extranjeros confían en una pronta resolución favorable a sus intereses.

La demanda es de US$ 1300 millones para AESU y US$ 330 millones para TGM, precisaron.

Previsión favorable

En cambio, en la empresa creen que no se puede culpar a YPF de una decisión adoptada por el Gobierno hace ocho años. La debilidad de este argumento es que, salvo por algunos correos electrónicos, no habría una constancia por escrito de la orden oficial para efectuar el corte del gas al vecino país.

Aunque las previsiones de YPF en sus balances anticipan un desenlace favorable para la empresa argentina, si se confirma el escenario en contra, el grave problema para YPF será que el arbitraje tendrá ejecución inmediata.

Por lo tanto, a diferencia de las armas legales con las que cuenta el Gobierno para dilatar el cumplimiento de un proceso internacional en su contra o proteger a sus activos soberanos, YPF es una empresa pública con actividad comercial.

Como tal, explicaron dos abogados, sus bienes pueden ser embargados sin ningún tipo de rodeo.

Inversiones en Santa Cruz

YPF invertirá en Santa Cruz más de US$ 3100 millones en los próximos cinco años, una cifra que duplica, según la empresa, el promedio de inversiones que había realizado en el último lustro. De acuerdo con un comunicado, "esta decisión revierte drásticamente la desinversión planificada" por la gestión de Repsol.