Flynn fue obligado a renunciar el mes pasado después que admitió haber engañado a altos funcionarios de la administración, incluyendo el vicepresidente Mike Pence, sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, durante la etapa de transición entre las dos administraciones.

Flynn sostuvo conversaciones con el diplomático sobre las sanciones impuestas por la administración de Barack Obama contra el Gobierno de Moscú, después de que el FBI identificó a dos diplomáticos y cuatro hackers rusos por interferir en los sistemas informáticos del Partido Demócrata. Flynn no estaba autorizado a mantener esas conversiones con un funcionario extranjero, lo cual constituye una violación flagrante del Acta Logan.

Además del FBI, la interferencia rusa está siendo investigada por los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado. La oferta de Flynn fue hecha a las tres entidades a través de su abogado, Robert Klener. Aún no hay detalles sobre si se ha producido una respuesta afirmativa.

Al solicitar inmunidad judicial, el exasesor de Seguridad Nacional y exgeneral de los Infantes de Marina, ha disparado las alarmas en Washington ya que su disposición indica que pudiera colocar en entredicho la postura de la Casa Blanca de que nada impropio ha sucedido durante la campaña, después o ya con la nueva Administración instalada.

Esta decisión es también un indicio de que su testimonio pudiera terminar por llevarlo a autoincriminarse, entre otras razones, porque Flynn cobró decenas de miles de dólares de tres empresas rusas, entre ellas la cadena televisiva Rusia Today, en la órbita del Kremlin, por una serie de discursos que hizo antes de devenir asesor de Trump y que no informó oficialmente, según documentos en poder de legisladores en el Congreso.