Juan Manuel Bustamante lleva un año y cuatro meses en prisión preventiva. Tiene 26 años y es conocido como Nahuel. Está acusado de presunta pertenencia a banda terrorista por la quema de varias sucursales bancarias. No hay una sola prueba que lo inculpe ni que demuestre cualquier clase de participación en los hechos, pero Nahuel sufre por tal presunción el régimen más duro, el FIES, que se aplica a los condenados por terrorismo: una dispersión que le ha llevado en este tiempo por cinco cárceles distintas y la denegación por cuatro veces de la libertad provisional. No se le ha concedido porque se consideró que había “riesgo de fuga” y “falta de arraigo” en España. Aunque tiene nacionalidad española, Nahuel es de origen peruano.

Nuestra indignación ante la absolución de Cristina de Borbón y la libertad provisional sin fianza de Iñaki Urdangarín se basa en que la realidad de la Justicia es justo la contraria de lo que dijo su padre y suegro, ex rey de España que conserva honores como el de no poder ser juzgado (por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza). Cuando el yerno Iñaki fue imputado, y en Zarzuela y aledaños se vio que la cosa se ponía fea y había que repartir unas culpas que podían salpicar, el emérito proclamó que la Justicia es igual para todos. Sabíamos que lo que decía no era cierto, pero las últimas decisiones judiciales lo confirman de manera alarmante.

Comparar las decisiones tomadas con Nahuel y las tomadas con Urdangarín y Borbón justifica toda la indignación que hemos sentido estos días. Y, en un Estado de derecho, genera un peligroso descrédito del poder judicial y la administración de justicia. Pensamos, por supuesto, que no, que todos no somos iguales ante la ley. Urdangarín, cuyos delitos han sido probados, y él condenado por ellos, puede esperar, por su “demostrado arraigo” (en Ginebra), a la resolución de su recurso en su cómoda casa suiza. Nahuel lleva 480 días sin pisar la suya, seguramente mucho más modesta, y privado de toda libertad. Urdangarín solo tendrá que presentarse una vez al mes ante la policía. Nahuel ha estado en aislamiento bajo ese régimen considerado una cárcel dentro de la cárcel que es el FIES, por el que ha tenido restringidas las llamadas o las horas de patio. Urdangarín está casado con una infanta de España a la que el fiscal y la abogada del Estado han protegido sin pudor. Nahuel formaba parte del grupo Straight Edge Madrid, antiespecista, antifascista y vinculado al anarquismo, y nadie de la Justicia, a excepción de sus abogados, se ha preocupado por él. No, la justicia no es igual para Urdangarín y para Nahuel.

Hay muchas formas de violencia. Hay una violencia de capucha negra, como aquella que provocó pequeños daños materiales y de la que acusan sin pruebas a Nahuel. Hay violencias de guante blanco, como las que le han probado a Urdangarín, que atentan en gran cuantía contra el erario público, es decir, contra las necesidades comunes. Y hay una violencia de corona y toga: la que privilegia a unos frente a otros, fomenta la desigualdad y genera quiebra social al provocar que los ciudadanos se sientan desprotegidos y humillados. Por la presunta e indemostrada violencia de Nahuel pueden llegar a caerle muchos años más de cárcel. Por la demostrada violencia de Urdangarín le han caído solo 6, muchos menos de los 19 que pedía el fiscal. A partir de cinco años de condena lo habitual es entrar directamente en prisión, pero Urdangarín la ha evitado incluso sin fianza. A Nahuel no le permitieron evitarla ni con las fianzas que exigieron a sus compañeras detenidas en la turbia Operación Ice. No, la Justicia no es igual para todos.

La infanta Cristina de Borbón ha sido absuelta a pesar de todos los indicios que la inculpaban en la gran estafa del caso Nóos. Es una injusticia que se añade a la otra: mientras los poderes (reales y fácticos) deciden qué hacer con su amado esposo, podrá disfrutar de su compañía, aunque es más que probable que no tenga que ponerse el delantal para preparar alguna comidita. Se lo harán otros. La madre de Nahuel, sin embargo, ha peleado desde fuera de las cinco prisiones por las que ha pasado hijo para que éste recibiera la dieta vegana que reclamaba y a la que tiene derecho según el Reglamento de Instituciones Penitenciarias y la Constitución española. Cuenta esta madre coraje que, aunque al final se ha conseguido que le den un simple arroz blanco o un par de patatas cocidas, la reclamación tampoco le ha favorecido dentro: un desobediente, un rebelde que no quiere comer animales, un radical.

Varios juristas expertos en delitos de terrorismo han calificado el auto que llevó a Nahuel a prisión de “banalización del concepto de terrorismo”, “aberración” o “auténtica locura”. Pero Nahuel sigue encarcelado. Veremos si Urdangarín llega a entrar en algún centro penitenciario a cumplir con su escasa condena por prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude, tráfico de influencia y delitos fiscales. Corrupción pura y dura. No sería de extrañar que no lo veamos en prisión, como no veremos a su esposa. Porque no son peruanos. Porque no son anarquistas. Porque no son veganos. Como el prisionero Nahuel. Una alarmante desigualdad.