La Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de cinco ejecutivos de Novagalicia que fueron condenados a dos años de prisión por administración desleal y apropiación indebida. Los directivos cobraron, conjuntamente, indemnizaciones por 18,9 millones y deberán devolver 10 millones, según el Supremo. Todos se subieron el sueldo tras pedir ayudas públicas para la caja. Son los primeros banqueros que entran en prisión en España por la crisis financiera, al margen de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que salió a las dos semanas. La Audiencia tuvo en cuenta que han devuelto menos de la mitad del dinero reclamado.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, rechazó ayer la suspensión de condena que habitualmente concede para las penas inferiores a dos años cuando no se tienen antecedentes penales.

La razón de esta decisión es la especial gravedad de los hechos ya que la entidad —que se fusionó por decisión política, impulsada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo—, quebró produciendo un quebranto a los contribuyentes de 8.269 millones de euros y de 511 millones a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según los datos del Tribunal de Cuentas. Abanca, propiedad del banco venezolano Banesco, se quedó con Novagalicia tras pagar 1.003 millones de euros en subasta pública.

Los exdirectivos encarcelados son José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, acusados de cobro indebido de prejubilaciones millonarias. El expresidente Julio Fernández Gayoso, de 85 años de edad, y el abogado Ricardo Pradas fueron condenados a dos años cada uno como cooperadores necesarios. Gorriarán y Pradas fueron detenidos ayer por la mañana en Madrid, por lo que se daba por hecho, en fuentes judiciales, que habrían sido conducidos a Soto del Real. Los otros tres fueron detenidos en Vigo, donde mantienen su residencia, para ser conducidos al Centro Penitenciario de A Lama, en Pontevedra.

Todos ellos procedían de Caixanova, con sede en Vigo. Quedó absuelto Javier García de Paredes, codirector de la caja fusionada procedente de Caixa Galicia.

Sin devolver todo el dinero

En ambientes privados, los acusados han manifestado su temor a acabar en prisión. Sin embargo, según la sala de la Audiencia Nacional, no han demostrado gran arrepentimiento ya que han devuelto menos de la mitad de lo reclamado vía embargos o por devolución de efectivo.

En la decisión de la Audiencia también ha pesado, según fuentes oficiales, que en el recurso al Tribunal Supremo, este afirmó que le parecía benévola la pena de dos años, ya que lo que hicieron los directivos fue más allá de meros “excesos y abusos”. Los contratos de alta dirección se modificaron en 2010 en un momento en que se había reclamado 1.162 millones al fondo público de rescate para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia).

El Supremo consideró “exigua” la pena, pero reconoció que no podía incrementarlas porque ninguna parte las cuestionó al alza. Fuentes judiciales comentan que en la Audiencia Nacional resultó extraño que la Fiscalía Anticorrupción rebajara de seis a tres años la petición de condena, sobre todo porque el escrito de acusación era contundente con graves acusaciones a los directivos. Ante esta situación, la Sala condenó a dos años, ya que siempre se suele imponer una pena menor a la reclamada por la Fiscalía.

También se apunta desde medios judiciales que esta decisión, de gran impacto público, llega poco después de que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, haya sido nombrado fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal. Maza está considerado de sensibilidad conservadora.

En línea con la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo estableció que los condenados hicieron suyas las cantidades millonarias “a través de un mecanismo que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración”.

Los cuatro exdirectivos de la caja gallega fusionada Novagalicia ejecutaron, según el Supremo, “inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal” en el marco de sus competencias para asignarse indemnizaciones por prejubilación por 13,2 millones.

Entre esos actos, el escrito del fiscal recuerda que Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, con la entidad ya socorrida por el FROB, acordaron “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial” modificar sus contratos para obtener “rentas vitalicias futuras en caso de producirse su previsible salida de la entidad” tras la fusión. Las cláusulas de los nuevos contratos fueron redactadas por el letrado Ricardo Pradas. Incluso hubo ocultación a la comisión de retribuciones de la caja y al consejo de estas maniobras. Un caso de impunidad y codicia, como en otras cajas, que llevó al desastre a la entidad.