"Todo el dinero que ganamos lo gastamos en pagar la luz, el agua, el gas y la hipoteca, por eso muchas veces usamos velas o dormimos todos juntos en la misma habitación para aprovechar la única estufa que tenemos y gastar menos electricidad".

Así de cruda es la realidad que viven Carlos y Silvia (nombres ficticios), un matrimonio con una hija de 9 años y con otra de 16 meses que vive en Benetússer (Valencia).

Ambos están en el paro y sus únicos ingresos vienen de los 388 euros que cobra Carlos de la prestación por desempleo (está sin trabajo desde septiembre), un pago que seguirá recibiendo hasta abril.

Tanto Carlos como Silvia tenían buenos trabajos. Él en el sector de la metalurgia y ella en protocolo e informática. Sin embargo, la crisis zancadilleó bruscamente sus caminos. Desde entonces, "todos los trabajos han sido precarios, la mayoría sin contrato o sin un sueldo fijo".

Ahora, pese su búsqueda incansable y desesperada, hacen lo que les va saliendo, por ejemplo, "descaragar algún camión, o reparar algún ordenador".

Sacar adelante a una familia en estas circunstancias se antoja poco menos que imposible, de no ser por la ayuda de entidades como Cruz Roja: "Una amiga nos dijo que les pidiéramos ayuda y por suerte, además de abonarnos algunos recibos de suministros para evitar que nos los corten, nos ayudan mucho con la comida y las necesidades básicas de las niñas", explican.

La ayuda de esta entidad no solo se reduce a la mera aportación económica, alimentaria o de material. Según Enric Valls, psicólogo de Cruz Roja, "a todos los beneficiarios se les da un tratamiento integral y un seguimiento hasta que se revierte su situación".

Entre otros aspectos, "se les presta apoyo emocional y motivacional, se les ayuda en la búsqueda de empleo, se les enseña a ahorrar en casa y a manejar el estrés y la ansiedad", comenta Valls, quien añade que también hay "asistencia psicológica personalizada".

Otra de las fórmulas que usan Carlos y Silvia para ahorrar gas y agua llega a la hora de la ducha. "Nos duchamos en dos minutos Silvia y yo y aprovechamos que el cuarto de baño se caldea para duchar enseguida a las niñas al mismo tiempo". explica Carlos.

Y es que, todo vale con tal de rebajar la factura, aunque no siempre lo consiguen. "De los 35 ó 40 euros que solíamos pagar de luz, en enero el recibo se ha disparado a los 90 euros", explican.

Sobre el incremento del recibo de la luz recientmente anunciado por el Gobierno, la portavoz de la zona de Cruz Roja, Ana Huertas, ha comentado que "es injusto que no tengan en cuenta las necesidades existentes, sobre todo sabiendo que los afectados son personas vulnerables como niños y mayores".

Ayudas para 1.933 personas

Cruz Roja ofrece ayudas mediante su Programa de Personas en Situación de Extrema Vulnerabilida. Según han explicado desde la entidad, cuando alguien acude a pedirles ayuda, un técnico analiza su situación y determina si cumple las condiciones para acceder a este programa, que ofrece una atención integral y continuada en función de cada caso.

A lo largo del año pasado, Cruz Roja benefició a 8.439 personas en virtud de este programa tan solo en la provincia de Valencia, según datos provisionales de cierre de ejercicio.

Esto supone un incremento de beneficiarios del 40%, si bien es cierto que el aumento se debe en parte a que Cruz Roja ha incrementado considerablemente sus asambleas locales, y por tanto, su campo de acción en la provincia.

Del total de beneficiarios, 1.933 corresponden a pagos de suministros del abono de 709 recibos, con una inversión por parte de la entidad de 300.000 euros.

Sobre la procedencia de esta financiación, las ayudas se realizan gracias a fondos propios (socios y donaciones), la financiación de programas del IRPF 'Otros fines de interés social' del Ministerio de Sanidad y Política Social, de aportaciones de la Generalitat Valenciana y campañas como la de Carrefour y sus clientes (Campaña Vuelta al Cole solidaria).

Nueva ley para paliar la pobreza energética

Precisamente el pasado 25 de enero, el pleno de las Corts Valencianes aprobó la ley para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunitat Valenciana, que contempla ayudas para que los hogares considerados vulnerables puedan hacer frente al pago de las tarifas de la electricidad, el agua y el gas.

La normativa recoge que las ayudas deberán garantizar siempre que en todos los hogares en situación de pobreza energética se tenga "un acceso mínimo a un suministro de energía y agua que asegure una vida digna a todos los miembros de la familia".

También prevé sanciones para las empresas comercializadoras, que pueden ir desde los 3.000 a los 600.000 euros en el caso de cortes de suministro a familias acogidas a ayudas que no hayan pagado la factura, la no comunicación previa a los servicios sociales del corte o la reincidencia.