Pilar de Borbón, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha reconocido que tuvo junto a su marido, Luis Gómez-Acebo, una sociedad en Panamá entre 1974 y 2014, pero asegura que en ella nunca se hiceron ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales". La tía del rey y hermana de Don Juan Carlos asegura que no ha incumplido "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".

La infanta asegura que la propiedad nació en 1969 y era propiedad de Aleko Papamarkou, "conocido empresario y amigo personal de mi marido". Pero Luis Gómez-Acebo se unió a la sociedad en 1974 "a raíz del frustado intento de la banda terrorista ETA del secuestro simultáneo de mi padre y mi esposo", lo que le llevó a "iniciar actividades alejadas de España". Y, según ella, el señor Papamarkou "cedió a mi marido la titularidad de la referida sociedad".

Por "razones de seguridad personal" y "ante la gravedad de posibles eventualidades -en aquel momento y por desgracia nada descartables- se juzgó prudente que yo también figurase en la Junta Directiva", asegura Pilar de Borbón.

El comunicado continúa asegurando que en la década que va desde la formación de la sociedad hasta "la detección del cáncer que le fue diagnosticado en 1984" el marido desarrolló varios proyectos, pero sin éxito económico por "la grave recesión que experimentaba la economía en esos años". Y, después, la sociedad no realizó más actividades profesionales porque su "única prioridad" entonces era "el avance de su enfermedad".

"La decisión de disolver la sociedad se produjo en la fecha en que finalmente se llevó a cabo", asegura el comunicado, "sin mediar ninguna circunstancia ajena a mi propia voluntad de disolverla, al no contar con recursos suficientes ni expectativas que justificasen su mantenimiento". Y añade que "cualquier otra interpretación sobre la finalización de su actividad es sencillamente errónea".

La infanta también arguye que el hecho de que figurasen en la sociedad tanto ella, como su marido, "al igual que posteriormente uno de mis hijos" es una prueba de que no había "voluntad de ocultación". "De haber querido evitar que se conociese dicha vinculación, hubiéramos procedido de manera diferente desde el principio", asegura, aludiendo a la posibilidad de contratar testaferros, dado que antes había presumido de que la sociedad se fundase "sin necesidad de recurrir a terceras personas".

Por último, el comunicado asegura que "dicha sociedad nunca ha tenido ingresos fuera del control de las autoridades fiscales correspondientes ni tampoco ha incumplido ninguna obligación que exigiera la tributaria española".