Unos funcionarios de la Comunidad de Madrid, bajo el nombre de ‘Grupo Pontejos’, han repartido un informe contra el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, en el que le acusan de irregularidades durante su gestión cuando era director general de Cooperación. El documento no ha sido elaborado en la actualidad, corresponde a los años en los que González Taboada ocupaba dicho cargo (hasta mayo de 2015), en una de las legislaturas en las que el consejero era Francisco Granados, en la cárcel por la ‘Operación Púnica’, y tuvo lugar después de que el cabecilla de la trama, David Marjaliza, hiciera una declaración ante el juez en el que implicara en algunas operaciones a Taboada, actual consejero de Cristina Cifuentes.

Los funcionarios le acusan de actuar como mandado de Granados "para todo tipo de asuntos poco claros"

El inicio del informe es contundente: “Los profesionales de la Administración, y muchos representantes del ámbito municipal madrileño, no comprenden como un perfil como el de Jaime González Taboada, sin ningún tipo de titulación ni jurídica, ni técnica, ni económica, un auténtico semianalfabeto, está desempeñando un cargo de la complejidad y amplitud de conocimientos de la Dirección General que ocupa”. Estos funcionarios acusan al actual consejero de Medio Ambiente de utilizar “abusivamente” a los profesionales de la Administración y una vez que ha realizado sus deseos “y exprimido” a los empleados los expulsa o los margina.

“Se da la circunstancia increíble –añaden- de que ha ocupado la Dirección General durante tres legislaturas seguidas. Sobre todo durante la segunda actuó como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros”. En otro de los párrafos añade que sus años de gestión “están plagados de arbitrariedades e irregularidades, convirtiéndose en un vividor de la política que utiliza su puesto en beneficio propio”.

En la liquidación del Plan Prisma del 2001-2005 obligó, junto a Miguel Ángel Ruiz director de otro organismo de la Comunidad, a varios funcionarios a ir a siete municipios para paralizar expedientes y retener o impedir el pago de certificaciones modificando informes técnicos ya existentes. Al poner pegas, cuatro de los cinco empleados públicos fueron apartados de sus funciones. Igualmente, los funcionarios relatan en su denuncia la relación de algunas de las irregularidades de las que acusan al consejero y los ayuntamientos afectados.

Acusan a González Taboada y Miguel Ángel Ruiz de “pedir regalos personales de gran importancia en Navidad” y citan entre estos palos de golf Callaway, televisores de plasma, etc… Como conclusión señalan que “no es posible ni prudente subestimar el daño que Jaime González Taboada y Miguel Ángel Ruiz han hecho a tantas personas y a tantas instituciones, incluido el propio partido al que ambos dicen servir”.