La titular de la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad (STPSP) de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano, nombró a su hija como jefa del Departamento Jurídico y de Amparos, incurriendo en nepotismo y conflicto de intereses.En un audio filtrado a medios de comunicación, se escucha a la titular de la dependencia informar a sus trabajadores sobre esta designación.Argüelles Lozano destaca que “para evitar malos entendidos” y por ser una mujer honesta y que impulsa la transparencia, decidió informar que su hija fue nombrada como jefa en el área jurídica.“No va a ser un tema de esconder, porque yo como secretaria se los voy a informar, porque es mi obligación decirles a ustedes cómo están las cosas y de mi parte van a tener siempre esa información”, se escucha en el audio.Es así que sin recato alguno, informó sobre la designación de su hija, aún, cuando esto se encuentra fuera de la ley.“En esta semana tomé la decisión de nombrar en el área de amparos a la licenciada Quetzalli Cárdenas Argüelles”, dijo.A decir de la secretaria, su hija es una mujer que cumplió con todos los requisitos para obtener el empleo y pasó los tres filtros que pidió el Gobernador del Estado.“Es honesta, tiene el perfil y participó de manera destacada para que se diera el cambio verdadero”.La funcionaria estatal, fue clara al señalar que por cumplir con estos tres requisitos, su hija ganó el puesto y destacó que nada tuvo que ver que sea parte de su familia, además de asegurar que no se trata de nepotismo.“Es mi hija y no por ser mi hija está ahí; sino porque es parte de esta transformación y por eso se los informo, para que no se diga que esto es nepotismo, ella es una empleada más como todos ustedes y como tal va a ser tratada”, recalcó al agregar que este tema es del dominio público y no se debe prestar a malas interpretaciones.Cabe mencionar que con este nombramiento se viola la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Veracruz, pues en el artículo 2 fracción V, se señala como conflicto de interés, la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios.Además, en el artículo 5 de la mencionada ley, se refiere que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia para regir en el cargo público; es decir, la ley no marca que se otorgue un cargo por ser honesta, cumplir con el perfil y participar en un cambio verdadero.Por último, es importante mencionar que en este artículo se puntualiza en el numeral ll, que para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las directrices siguientes:“ll. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros ...”.“lll. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población”.