La primera de las votaciones obtuvo 171 sufragios a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, que fueron del bloque kirchnerista, mientras que la segunda iniciativa logró 129 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, éstas últimas de Compromiso Federal.



De esa manera, Cambiemos contó con el respaldo del Frente Renovador para ambas propuestas de ley, y del Frente para la Victoria en el caso del proyecto sobre flagrancia, que sufrió numerosas modificaciones a pedido de la oposición.



Sin embargo, el kirchnerismo se retiró al momento de votar las nuevas figuras para la investigación policial, en rechazo al proyecto más allá de los cambios que pudieran introducirse.



En tanto, el Frente de Izquierda y el interbloque Progresista votaron en contra de los proyectos, mientras que el bloque Justicialista, a favor.



"Vamos a defender al imputado en sus derechos, asistir a la víctima y atender el reclamo de la sociedad", afirmó el diputado radical Luis Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior, en relación con la modificación del procedimiento de flagrancia, establecido en el Código Procesal Penal de la Nación.



De esta manera, el legislador por Mendoza defendió al proyecto presentado el 12 de abril pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de las críticas de algunos diputados de la oposición, que sostuvieron que esta modificación produce una "condena sin juicio", y al respecto señaló que la iniciativa ratifica "las garantías del debido proceso".



Según el proyecto, el detenido debería ser llevado de inmediato al juez, tras lo cual se realiza una audiencia oral primera en 24 horas, a la que debe asistir la persona imputada con su defensor, el juez, el fiscal y la víctima, si quisiera.



Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, defendió la creación de las figuras de informante, agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, establecidas en el proyecto de ley de "nuevas herramientas de investigación para los delitos complejos".



"Estas son herramientas ampliamente utilizadas a nivel internacional para la persecución de organizaciones criminales que nos están pegando hondamente y que en nuestro país han penetrado, porque tenemos fronteras sumamente permeables que han permitido el desenvolvimiento del narcotráfico", afirmó la diputada por Jujuy.



La diputada trotskista Myriam Bregan criticó con dureza ambas iniciativas gubernamentales y señaló que servirán "para que tengan mucho más poder las fuerzas represivas, bajo la forma de un proceso en apariencia más expeditivo".



"Se van a legalizar todas las detenciones arbitrarias, van a ser blanqueadas por la Policía como que la persona fue detenida en flagrancia", afirmó Bregman, abogada defensora de derechos humanos y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).



Bregman acusó al Gobierno de Mauricio Macri de "no buscar justicia, sino más condenas sin juicio, sin investigar" y de instrumentar una "política de mano dura".



De acuerdo con el dictamen de mayoría, el agente encubierto es "todo aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación".



El agente revelador, en tanto, es un integrante de las fuerzas de seguridad "designado a fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos".



En cambio, según el texto del proyecto, "el informante no será considerado agente del Estado", sino que "debe ser notificado de que colaborará en la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta reserva".



Al respecto, la diputada Burgos señaló que "el informante ya existe" como figura policial utilizada y que con esta ley "se busca formalizarla".



La entrega vigilada, por su parte, supone que "el juez podrá suspender la interceptación en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir que entren, circulen o salgan del territorio nacional, sin interferencia de la autoridad competente y bajo su control y vigilancia, con el fin de identificar a los partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y cuando tuviere la seguridad de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de destino".



Por último, la prórroga de jurisdicción supone que "cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o su integridad psíquica o física o la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar".