Uno de los “arrepentidos” sostuvo: "…para que no quede preso Ricardo González, que le dicen ‘Caballo’, le pagué al abogado Vallejos… le di la plata a Ricardo, él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y ahí nos aseguramos que Ricardo no quede preso. El "arreglo" funcionó, porque firmaron la libertad, Ricardo después fue a declarar y no quedó preso. Fueron unos 100 mil pesos que pagué".

“…Yo tengo un abogado ahí que se está moviendo y que mis papeles pasan para Soto Dávila, si pasan para Soto Dávila que es piola que es el juez piola este de Corrientes, ese si le tiran una punta y se arregla, ¿viste?… que si agarra ¿viste?, si el abogado, si el abogado salta y si me cambian al otro juez, el otro juez no va a dar la pasada porque me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada ¿viste?, le tirás unos pesos, se arregla. Pero por eso, por eso, yo ando y ando atrás, y me cuido de no ir para los pagos porque ¿viste?, por las dudas”, otro de los diálogos del expediente.

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento y prisión preventiva al ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a narcotraficantes. A cambio los beneficiaba con resoluciones judiciales.

La causa se inició ante la sospecha de una presunta actuación irregular por parte del titular del Juzgado Federal n° 1 de Corrientes, dos de sus secretarios y de distintos abogados que litigaban en esa sede.

Todos habían sido procesados en su momento por el juez Sergio Torres, acusados de participar de la cadena de coimas con el entonces magistrado a la cabeza.

Los camaristas coincidieron con el juez en cuanto a la importancia que tuvieron en la investigación, “las intervenciones telefónicas ordenadas, los relatos brindados tanto por quienes testificaron bajo reserva de identidad como por aquellos imputados que manifestaron acogerse a la figura del ‘arrepentido’, y los datos de las propias causas que tramitaron en la sede judicial donde prestaban funciones Soto Dávila”.

Para la Justicia se logró probar que “Carlos Vicente Soto Dávila –titular del Juzgado Federal de Primera Instancia n°1 de la ciudad de Corrientes- y sus principales colaboradores en la función judicial, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau –titulares de las Secretarías Penales n° 2 y n° 6 de dicha judicatura-, en connivencia con los abogados Barboza Galeano, Serial, Giménez, Viglione y Vallejos -grupo de letrados que asesoraba y representaba legalmente a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico… y Juan Manuel Faraone –ex intendente de la localidad de Empedrado y persona afín al referido magistrado y a Federico Sebastián Marín–, habrían coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas vinculadas con actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte, ocupándose de la coordinación y obtención de los desembolsos de dinero”, remarcó la resolución.

Respecto de los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione, se los procesó pero sin preventiva y se ordenó su libertad.