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La irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía debe interpretarse como una última señal de alarma antes de que el Gobierno de España caiga en manos de la extrema derecha, con la unión del aznarismo desacomplejado de Pablo Casado, el nacionalismo populista de Albert Rivera y el neofranquismo de Santiago Abascal. La España más oscura, heredera sin ruptura de aquella que acabó con las aspiraciones democráticas de la Segunda República, está a un paso de hacerse con la mayoría del poder legislativo, con el control del poder ejecutivo y, por consiguiente, con la capacidad de diseñar las altas instancias del poder judicial. El peligro para la ya debilitada –o jamás fortalecida– democracia española es real y, además, se da en un contexto global de auge de la derecha alternativa impulsada por líderes como Donald Trump, Matteo Salvini o Jair Bolsonaro.

Si algo define el discurso de la nueva derecha surgida en la presente década es la incorrección política y la caída de todos los tabúes propios del establishment anterior al colapso financiero de 2008. El estilo Trump, que siendo presidente de Estados Unidos publica comentarios en Twitter como lo haría un troll anónimo de la alt-right, ha revolucionado el lenguaje de las derechas conservadoras en todo el mundo, especialmente en sociedades con pasados dictatoriales. Que el líder más poderoso del mundo insulte a periodistas, desprecie a las mujeres o deshumanice a los inmigrantes sin ruborizarse es una credencial de autoridad de valor incalculable para los partidos de extrema derecha que llevan décadas trabajando por presentarse ante la sociedad como opciones legítimas dentro de los sistemas democráticos.

España, 40 años después de la aprobación de la presente Constitución, está a muy poquito de un nuevo “drama histórico incomparable”, parafraseando al historiador Antonio Ramos Oliveira, que se refería así al periodo 1808-1939. Los resultados de las elecciones en Andalucía forzarán a Partido Popular y Ciudadanos a quitarse la máscara ante Europa, lo que permitirá a ambas formaciones impulsar un discurso aún más desacomplejado contra los enemigos de la causa nacional. Estamos hablando de partidos que proponen ilegalizar el aborto, que quieren ilegalizar partidos políticos independentistas, que quieren endurecer las penas por ultraje a los símbolos nacionales, que abrazan el revisionismo histórico y que –no se olviden, porque aquí está la clave de su viabilidad– incluyen en sus programas propuestas económicamente liberales para ganarse el favor o el silencio de los mercados.

“Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y de la depuración de responsabilidades civiles y penales”, reza el punto uno del ideario de Vox. Punto dos: “Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía”. Utilizando PP y C’s un lenguaje y un ideario calcado al de Vox en la cuestión catalana, debemos temer la formación de un gobierno autoritario que viole de forma flagrante derechos fundamentales como la libertad de expresión o de libre asociación.

Es real la opción de un gobierno preparado para azuzar un conflicto incluso físico en Cataluña, con niveles de represión policial, judicial y social aún mayores que los conocidos hasta la fecha. De hecho, para blindarse ante la justicia internacional, Vox propone “recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales”, lo que dejaría sin amparo fuera de territorio nacional a las personas condenadas en España.

Ante este escenario desolador debemos apelar a las fuerzas progresistas de todo el Estado a unirse para proponer una reformulación del sistema que movilice a esa ciudadanía que, aunque decepcionada con la élite política actual, espera ansiosa una segunda Transición que rompa de una vez por todas con las herencias y los límites del franquismo. Existe la España retrógrada, sí. Pero también existe una España que se abstiene o que vota con desgana por la falta de alternativas. La única opción para vencer en las urnas y en las calles a la extrema derecha es la bella idea de la República. Esa palabra tabú, que molesta tanto al Borbón y a la derecha postfranquista, es el único salvavidas para un momento histórico tan trascendental como el actual.

En torno al concepto de República pueden y deben converger todas las fuerzas nacionalistas e independentistas, la izquierda y el centro socialista con dos objetivos principales: impulsar la Tercera República y proponer soluciones democráticas –es decir, dar la palabra a la ciudadanía– para afrontar las tensiones territoriales existentes. República y más democracia son el clamor de la España progresista, la única que puede impedir la irrupción en el Congreso de la mayoría de Casado, Rivera y Abascal.

Escribo este texto con el desánimo del que sabe que habla de un proyecto casi utópico en la España actual. Estamos lejos de una revolución democrática en la que el PSOE debería tener un papel central que parece rechazar. Si Pedro Sánchez continúa pensando a corto plazo y defendiendo a capa y espada la monarquía española ante la necesaria refundación de España, la extrema derecha arrollará en las próximas elecciones nacionales y el Tripartito de la Reconquista tomará el control de un país a la deriva democrática. Cierto es que el peso de la responsabilidad del momento no debe caer tan solo en las espaldas del PSOE. La izquierda heredera del 15-M y los partidos nacionalistas e independentistas, así como movimientos sociales progresistas –¡la calle, no nos olvidemos de llenar las calles contra la ultraderecha!–, deben calibrar muy bien sus estrategias para no facilitar el trabajo de Vox, PP y C’s. No se trata de renunciar a nada, y menos a las luchas por derechos fundamentales, sino de evitar que los que blanquean y se nutren del fascismo vuelvan al poder reforzados por las urnas y el contexto internacional.