Una euroorden sólo cumplimentada a medias, una malversación inexistente según el Tribunal Supremo y concomitancias para intentar convencer a la Justicia belga de falta de garantías en el proceso: por ejemplo, el hecho de que María Luisa Lamela, hermana de Carmen Lamela, la magistrada que pide la extradición, es la actual titular de la Intervención General del Estado y, por tanto, fiscaliza la aplicación del 155 en las partidas antes controladas por la propia Generalitat. A ese detalle -María Luisa Lamela ocupa el cargo desde hace un año, no ha sido nombrada ahora- aludirá la defensa de los prófugos como prueba de la supuesta falta de garantías del sistema español, por el posible conflicto de interés de la juez a la hora de conocer los hechos.

Esas son algunas de las murallas jurídicas que pretende levantar ante la Justicia belga la defensa del Govern en el exilio para evitar su traslado a España, según las fuentes a las que ha tenido acceso EL MUNDO. Siempre según esta versión, el sistema belga fue elegido ad hoc el mismo domingo tras la declaración de independencia, por su garantismo en este tipo de extradiciones, que lleva incluso a que, para evitar presiones, el juez que valorará la euroorden sea elegido apenas 30 minutos antes del comienzo de la vista (viernes, 14.00 horas).

La defensa de Puigdemont y sus ex consellers arrancará apuntando a un defecto procedimental de base de la juez Carmen Lamela a la hora de emitir la euroorden: no agotar todas las vías para que los exiliados pudieran declarar por medios telemáticos, ni entregarles las notificaciones en la forma adecuada, y ni siquiera incluir en la euroorden la información sobre estos particulares. Alegarán que la euroorden debe ser la última vía para que los consellers y Puigdemont respondan ante la Audiencia Nacional, y que en este caso ha sido utilizada por Lamela, sostienen, como vía prioritaria.

Se alegará también que Lamela aseguró a la Justicia belga que Puigdemont y sus ex consellers podrían haber incurrido en delitos de "corrupción". Según la defensa del Govern, dicha calificación se basa en el delito de malversación que se les imputa a los prófugos, pero dicho tipo delictivo, siempre en su versión, no encaja en los hechos ni en el Código Penal español ni en el belga.

Los abogados de los ex consellers asegurarán que en España dicho delito remite al de administración desleal, lo que no justifica su calificación como "corrupción" ante la Justicia belga -por ello se entiende en el derecho comparado, afirman, el cohecho y el tráfico de influencias, descartados en este caso-. Además, asegurarán que hay evidencias de que no se usó dinero público el 1-O, más allá de la ocupación de las escuelas, por ejemplo. Y apuntarán a que la Intervención de la Generalitat, según un escrito al que ha tenido acceso este diario, asegura que se bloquearon las partidas al declararlas nulas el Constitucional (5 de julio). En este punto, un párrafo de la resolución del Supremo en la rama Forcadell apoya la tesis del Govern en el exilio. El extracto dice: "Ninguna base probatoria se ha acompañado a la querella que apunte a que finalmente la celebración del referéndum fuera soportada con cargo a fondos públicos y menos aún a que lo fuera con el alcance económico inicialmente previsto que se pretende afianzar" (6,2 millones de euros).

Las euroórdenes serán analizadas este viernes en una sesión sin límite de tiempo en la que no habrá representante del Gobierno español, cuyos intereses deberían ser defendidos por la Fiscalía belga.

Se argumentará también que los delitos de rebelión y sedición no tienen encaje en el código penal belga, por lo que no concurriría la doble incriminación necesaria para acceder a la extradición (es decir, que los hechos sean delictivos en ambos países). Los argumentos serán acompañados, además, de un dossier de prensa con la visión sobre los hechos de diarios como el inglés The Guardian o el belga Le Soir.