En el país, por otra parte, no existen datos certeros sobre cuánta agua utilizan los privados que gozan de concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala que todos los titulares de una concesión deben contar con un medidor, pero eso no se cumple.

Darcy Víctor Tetreault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destaca que de acuerdo con datos que él ha solicitado a la Conagua, solo 11% de los usuarios tienen medidores. Sí, uno de cada diez, en términos llanos.

En 2011 la Conagua contrató a la empresa Agua de México para que se encargara de realizar la medición y recolección de datos de los volúmenes de agua extraídos por uso industrial y de servicios. Como parte del contrato se instalaron solo 1169 medidores automatizados a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la propia Conagua.

Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en esa entidad, apenas 78 cuentan con medición automatizada, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

La Conagua también es la responsable de llevar el registro de los pagos que deben realizar quienes tienen una concesión de aprovechamiento de agua. Hay que destacar que no todos los usuarios están obligados a pagar por el agua que utilizan. Por ley, están exentos aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Los que sí deben pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco más de 500 mil que hay registrados.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, a mayo de 2019 la dependencia solo tenía registradas 50 mil 888 cuentas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la Conagua. Es decir, menos del 37 por ciento de cuantos debían pagar.

Encima, el estar inscritos no garantiza que se realicen los pagos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32% de los registrados en el padrón en 2016.

Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan.

La Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara. La dependencia solo cuenta con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra manera, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios.

La falta de inspección se suma al rezago en los trámites relacionados con las concesiones. En entrevista, Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua, asegura que la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no se han atendido. Esto ha provocado, entre otras cosas, un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios que tienen a la Conagua como protagonista.