Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner quedaron a un paso de ir a juicio oral. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presentaron ante el juez Julián Ercolini el pedido de elevación a la próxima instancia de la causa Los Sauces SA.

La acusación sobre los dueños de la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Cristóbal López y Lázaro Báez -ambos presos-, es la de asociación ilícita “de carácter estable y permanente”, donde la ex presidenta está señalada como máxima responsable y su hijo como organizador. En la Justicia creen que usaron toda la operatoria como una pantalla para lavar plata proveniente de sobornos. Además, se les atribuye el delito de dádivas.

A juicio oral irán también los empresarios K detenidos, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares (ex contador de CFK), los hijos de Báez, entre otros.

Romina Mercado (a la izquierda), con Cristina, Florencia y Máximo Kirchner.

Para los fiscales, durante la instrucción se corroboró la existencia de una maniobra por la cual la "una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial, mediante el pago de dádivas en virtud de los beneficios y concesiones otorgadas, etc.—, a los ex presidentes y a su núcleo familiar".

Esto se concretó a través de un "montado en base a la actividad inmobiliaria y hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Los Sauces".

Pollicita y Mahiques hablan directamente de "asociación ilícita".

El objetivo, según los fiscales, era "sustraer y apoderarse y de forma de millonarios fondos públicos". Y habrían operado durante más de 10 años, "hasta el 14 de diciembre de 2016".

Esta maniobra es parte de una "gran matriz de corrupción" que tiene como delito precedente la defraudación al Estado a través del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez. Allí, Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio por asociación ilícita.

La operatoria contó con un grupo estable de personas, según el requerimiento al que accedió Clarín, empezando con los dos principales inquilinos: Báez y López que garantizaron el 86% de la facturación de Los Sauces SA y en fondos unos $ 26 millones que fueron “a parar al patrimonio de los Kirchner”, mientras ambos empresarios eran “contratistas del Estado”.

Además, los empresarios K “habían recibido beneficios impositivos ilegítimos, y por ello, recurrieron a distintos esquemas de lavado de activos para canalizar a través de aquellos decenas de millones de pesos que aumentaron significativamente su patrimonio”.

Ellos fueron los responsables “junto a los ex presidentes”, de “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias”, de modo que una parte “pudieran llegar a manos de los ex mandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal”.

Lázaro Báez tras ser detenido. (Foto: Pedro Lázaro Fernández)

De este esquema participaron Máximo y Florencia Kirchner. Al diputado nacional se le bajó la calificación a “organizador” y no quedó como “jefe” de la asociación ilícita. Como presidente de la firma realizó en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se “canalizaban los fondos, la firma de contratos de locación, y todos los demás actos a los fines de configurar, ejecutar y sostener la asociación delictiva, beneficiándose a su vez con su producido”.

Por su lado, la menor de las hijas de Cristina Kirchner, después del fallecimiento del ex presidente se incorporó a Los Sauces, y brindó “su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venía desarrollando sus padres y su hermano a través de las sociedades y del patrimonio personal de su padre”.

También, como vicepresidente de la inmobiliaria y empleada de la misma, se “ocupó de la adquisición de propiedades y retiró dinero que previamente habían sido aplicados a las actividades hotelera e inmobiliaria bajo los cuales la organización reciclaba los fondos ilícitos”.

Los pasos de la maniobra

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Primero se creó la sociedad dedicada a la actividad inmobiliaria y hotelera para que “recibiera de manera regular y permanente la canalización de fondos” con la “connivencia de los ex presidentes y los distintos organismos del Estado” para favorecer a López, Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Báez (dueño del Grupo Austral).

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La firma comenzó a adquirir propiedades: más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años.

El hotel Los Sauces cerrado propiedad de la familia Kirchner en Calafate. (Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

Las propiedades son: un lote en El Calafate por 445.000 pesos según el Tribunal de Tasación de la Nación; el dúplex de Puerto Madero que no logra alquilarse por 1.407.000 dólares, otro departamento en Puerto Madero por 943.00 dólares, dos terrenos en la villa turística por 27.000 pesos, el hotel La Aldea por 200.000 pesos, otro terreno por 100.000 pesos, una casa que le vendió Austral Construcciones en Río Gallegos por 97.000 dólares; la casa de la calle Mascarello donde reside la ex Presidenta por 250.000 dólares y el departamento en el barrio de Monserrat donde vive Florencia Kirchner, por 370.000 dólares.

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Al tener las propiedades, se canalizaron los fondos a través de “alquileres simulados”. En total López y Báez garantizaron a los Kirchner: 25.968.040 pesos con este mecanismo " de forma irregular y continúa, fondos que fueron al patrimonio de los Kirchner".

Finalmente todo esto permitió que la familia Kirchner retirara de Los Sauces SA 10 millones de pesos en concepto de “devolución de créditos” a nombre de sus integrantes. Tanto la ex Presidenta como sus hijos fueron retirando en pocos años esa suma de dinero.