Colas que llegan a la calle para hacer trámites en Edesur Ricardo Pristupluk - LA NACION

Oportunismo criollo o respuesta masiva de la población de menores recursos para evitar el mayor aumento de las tarifas de luz en décadas. Sólo el análisis pormenorizado que harán el Gobierno y las distribuidoras de energía en los próximos días lo podrá determinar. Pero hay al menos una cosa clara: miles de usuarios que reciben el servicio eléctrico de Edenor y de Edesur no están dispuestos a pagar las boletas con subas promedio superiores al 500% que estipuló la administración de Mauricio Macri, incremento que rige desde el lunes.

Así lo demuestra la multitudinaria asistencia de clientes a las oficinas de ambas distribuidoras metropolitanas con el objetivo de poner la titularidad del servicio a nombre de alguien que podría ser beneficiado por la llamada tarifa social. Quien supere con éxito el análisis del pedido y obtenga una respuesta positiva podrá tener un premio grande: recibir un bloque gratis de electricidad todos los meses y pagar una cifra módica por el consumo excedente.

La primera muestra de ese frenesí comenzó el fin de semana. Entre el sábado y el domingo se tramitaron por la página web de Edesur más de 300 cambios de titularidad del servicio, la misma cantidad de pedidos que la empresa solía recibir en un mes. Ocurrió luego de que, el viernes pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó los aumentos.

En una conferencia de prensa, Aranguren sostuvo que la factura promedio de luz para el 80% de los consumidores del área metropolitana subiría desde $ 25 hasta $ 150 para un usuario de 182 kWh mensuales, es decir, 507%.

El lunes, cuando las oficinas comerciales de Edesur abrieron las puertas, el aluvión de pedidos dejó de ser virtual y se transformó en físico. Unas 10.000 personas asistieron ese día a todos los centros de atención de la compañía. El número supera en 50% a la cantidad habitual de consultas. El número se repitió anteayer y ayer.

En Edenor ocurrió algo similar. Ayer habían asistido unas 8000 personas a los centros de atención de la compañía para todo tipo de consultas. Sin embargo, hay un dato que muestra la nueva preocupación de sus clientes: la asistencia fue 40% mayor al promedio.

Tanto el Gobierno como las empresas están al tanto de la situación. En los últimos días una idea sugestiva recorrió los despachos del sector eléctrico. Sugería que las empresas quitaran la posibilidad de cambiar la titularidad del servicio a través de Internet, tal como lo permite la página de Edesur, o a través del teléfono, como en el caso de Edenor. Hasta ahora no prosperó. De todas maneras, tanto el Gobierno como los empresarios quieren que la tarifa social sólo caiga en manos de quienes corresponde. El primero, porque así reducirá la cantidad de subsidios que destinará este año al negocio eléctrico, y los segundos, porque de esa manera podrán cobrar más por su servicio. En el caso de quienes alquilan un inmueble, por ejemplo, las empresas piden el contrato que demuestre esa relación para iniciar el cambio de titularidad.

Los requisitos que dispuso el Gobierno para acceder a los beneficios son rigurosos. Hay que ser jubilado o pensionado y no recibir más de 8598 pesos mensuales, ser empleado en relación de dependencia con un ingreso bruto menor a $ 12.120 mensuales, recibir programas sociales, formar parte del servicio doméstico, cobrar un seguro de desempleo o sufrir una discapacidad.

Pero no alcanza sólo con eso, ya que hay una lista de exclusiones. De manera que un desempleado que tenga más de un inmueble o un auto de hasta 15 años de antigüedad, o sea dueño de un avión o una embarcación de lujo tampoco podrá recibir el beneficio.

Aunque los trámites de cambio de titularidad se solicitan en las empresas, la palabra final la tiene el ENRE, el ente que regula el sector. El organismo está a cargo de Ricardo Martínez Leone, un ex funcionario del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich que perduró en su silla pese al cambio de gobierno.

El ENRE habilitará en las próximas horas una línea telefónica 0-800 para responder consultas. Y trabaja en la elaboración de una planilla donde las empresas deben volcar las solicitudes de tarifa social, algo que luego evaluará caso por caso.

Si en el primer pedido no prospera, el usuario puede intentarlo una vez más. Después de la segunda respuesta negativa, el ente no analizará más su reclamo y ya no podrá contar con la tarifa social.

La avidez por quedar excluido de los aumentos puede devolver una cara inesperada. Sucede que un usuario que cambie la titularidad del servicio y no entre en la tarifa social se perderá la posibilidad de acceder al aumento menor en las boletas que habilita el ahorro en el consumo, porque tiene que esperar un año para volver a tener una base de comparación que le permita a las empresas confirmar que efectivamente consumió menos. Un ejemplo: quien hasta enero recibió subsidios y pagó $ 25 por mes pasará a desembolsar $ 150, es decir, un 507% más. Pero si ahorra hasta un 10% de su consumo pondrá $ 122 (388% más) o $ 103 (312% más) si reduce en más de 20% su demanda.

Edenor no ve mejoras