La vicepresidenta Carmen Calvo tuvo que admitir que detrás del acuerdo celebrado de acuerdo al calendario de renovación se encontraban los cuestionamientos del pueblo a las decisiones judiciales. Ya “que los ciudadanos consideran ya que es un problema de funcionamiento y es la respuesta en la administración de Justicia”. Y, por ahora, Socialistas y populares suman mayoría suficiente en la cámara baja para renovar el CGPJ, sin tener que incluir a “terceros” (aunque podemos se ha apuntado a la «fiesta»).

Las asociaciones judiciales lloraban lágrimas de cocodrilo por el anuncio realizado. Lamentaban, que el Presidente del CGPJ debía ser elegido por los vocales que integran su pleno, y no antes por los partidos políticos. Denunciaban así que la justicia está dominada por los partidos políticos mayoritarios. Sin embargo, esa denuncia llega 40 años tardes puesto que el entramado institucional pactado entre el búnker y el PSOE-PCE dejaba “atado y bien atado” cómo se “gestionaría” la justicia en el Estado español.

De hecho, la renovación siempre se ha basado en el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Incluso cuando el acuerdo tardaba en llegar como les pasó a Rajoy y Pérez Rubalcaba con negociaciones que llevaron meses de retraso. Que en aquel momento solo se votaron vocales afiliados a las asociaciones de juristas afines. Y, en la renovación de 2013 el PP logró un acuerdo con PSOE, CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y Unión del Pueblo Navarro. Todos han participado en la constitución del CGPJ que ahora sale.

Las decisiones de éste sistema judicial demuestran que están siempre del lado de los ricos y los poderosos. La cláusula suelo y el impuesto derivado de las hipotecas, son ejemplos. También lo son la sentencia del caso de la manada y la libertad provisional que le dieron, a pesar de tener antecedentes. Los casos de aplicar delito de odio para proteger a la policía que cuenta con armas y mucha más protección judicial. Los juicios contra los dirigentes independentistas con los cuales están forjando un relato completamente falso, etc…

El acuerdo consiste centralmente en que el PSOE contará con una mayoría de jueces “progresistas” y el PP mantiene la presidencia de ambos organismos. Presidencia que con Lesmes entró en una crisis bestial y que ahora con el juez Manuel Marchena trataran de superar. Y, lo que es más grave aún es que Podemos ha puesto su granito de arena en la operación lavado de cara de la casta de las togas, aportando 4 vocales a la «mayoría progresista». Otro paso más de la integración de la formación morada en el Régimen del 78.

¿Quién es Manuel Marchena?

El futuro presidente del Supremo se ha distinguido por estar en la primera línea de represión judicial contra el pueblo catalán y su derecho de autodeterminación. Junto con Maza y Lesmes, entre otros, se podría decir que forma parte de la guardia pretoriana de la “unidad de España”, al menos, en el ámbito judicial. Se le conoce como el hombre del PP. De hecho tuvo diversos cargos en diferentes ministerios durante las legislaturas de Aznar y Rajoy.

Llegó a presidir la Sala Penal del Supremo con los votos del PP y de la jueza que fuera promovida con el apoyo de Convergència y el PSC. La Sala Penal que Marchena preside rechazó por falta de indicios delictivos la denuncia que pesaba sobre el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera Fiscal anticorrupción, Daniel de Alfonso por las conversaciones en las que decían que la “Fiscalía te lo afina” o que se habían cargado el sistema sanitario de Catalunya.

También rechazó una querella que había contra Rita Barberá por no querer el nombre de las calles valencianas con figuras de la dictadura franquista. También rebajó de 6 años a 9 meses la condena a Jaume Matas (expresident de la Generalitat de Balears) por el tema de Palma Arena. Archivó la querella de Pablo González, en ese momento Presidente de la Comunidad de Madrid, por el ático de Marbella. También archivó el caso contra el expresidente Extremadura, José Antonio Monago, por los 34 viajes que hizo a Canarias a cargo del erario público pero para ir a visitar a una “amiguita”.

Digamos que ha dado claras muestras por cual pierna cojea. Sin embargo, se inicia en la carrera judicial de la mano de Eligio Hernández, un fiscal afín al PSOE. Digamos que todo queda en casa “y bien atado”. El acuerdo entre el PP y el PSOE beneficia a ambas formaciones y fortifica un poder judicial en horas bajas.

El Supremo y el CGPJ son las instituciones que se encargan de proteger a los dirigentes políticos que “han servido” a los intereses de los grandes empresarios, del Rey y el Régimen del 78. Y, si hay alguno que hizo “mal las cosas” también se encarga de castigarlo como estamos viendo en el proceso contra los dirigentes catalanes.

Los trabajadores y el pueblo no tenemos beneficio alguno con éste sistema judicial. Un sistema patriarcal y clasista capaz de condenar a una persona que roba comida igual que a Rato que robo millones de euros (con lo que pueden comer miles de familias) o que deja a la Manada libre y niega la violación en aquel San Fermín de 2017.

Hay que transformarlo completamente. En primer lugar, hay que apelar a la elección de los jueces por sufragio general. Basta que se lo cocinen los partidos burgueses entre ellos. También hay que imponer jurados populares para que sean ellos quienes juzguen los hechos y no el “amiguito” de turno. Y, los jueces no tienen por qué vivir con salarios estratosféricos. Con lo que gana un obrero medio hay suficiente para vivir. Estas son medida mínimas y de urgencia para acabar con el poder judicial heredado del franquismo y el búnker.

No serán el PP y el PSOE quienes la implementen. De hecho, son ellos los más firmes defensores puesto que se aprovechan de la justicia. Menos aún Ciudadanos, ni tampoco Podemos que ha olvidado eso de reventar los candados de la Transición. Serán los trabajadores y el pueblo desde abajo, mediante la movilización y la organización la que deberá torcer el brazo al régimen del 78 y al Ibex 35 para imponer Cortes constituyentes en las cuales se pueda discutir y resolver todo: desde el poder judicial hasta el encaje territorial, desde la precariedad hasta la propiedad de las empresas.

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