Al cumplirse un año de la muerte del ex policía Óscar Pérez y otras seis personas que lo acompañaban, el ex embajador de Venezuela en India, Walter Márquez, y defensor de derechos humanos señaló que el caso está paralizado y no se han establecido responsabilidades por lo que el caso será llevado a instancias internacionales.

“Las investigaciones están totalmente paralizadas, por esa razón la próxima semana iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington en virtud de que no se ha cumplido el debido proceso y el régimen ha silenciado cualquier tipo de investigación empezando por el ministerio Público”, dijo Márquez.

La muerte de Pérez, José Pimentel, Daniel Soto, Abraham y Jairo Lugo, Abraham Agostini y Lizbeth Ramírez fue denunciado formalmente ante la Corte Penal Internacional por Luisa Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, y el abogado tachirense William Cárdenas.

Además, señaló que algunos son pesimistas respecto de los resultados de estas gestiones ante instancias internacionales; sin embargo, recordó que el ex presidente Alberto Fujimori fue investigado, procesado y sentenciado por ordenar masacres en Perú.

“Estamos reconstruyendo los documentos para que los autores materiales e intelectuales paguen por eso. Entre las 11:00 am y las 11:30 am fueron transmitidos 14 vídeos y hubo retransmisión de cuerpos policiales a través de comunicaciones internas en las cuales se comprueba que Óscar Pérez y sus acompañantes se rindieron y luego fueron ajusticiados. Estamos en presencia de un asesinato de Estado que tiene que ser investigado”, agregó Márquez.

Familia de Lisbeth Andreína

Lisbeth Andrína Ramírez era la única mujer del grupo que acompañaba a Oscar Pérez. Márquez contó que su familia está desmotivada y algunos de sus miembros se sientes amenazados.

“Incluso un hermano de ella se fue al exterior”, dijo.

Este martes 15 de enero, sus padres le harán un homenaje en el Parque Cementerio de La Consolación, camposanto ubicado a las afueras de San Cristóbal donde por decisión gubernamental fue sepultado el cadáver de Lisbeth Andreína.