Moncloa asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el “arsenal Villarejo”. Explican que “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.

De esa forma, “todas las instituciones”, empezando por la monarquía pero también los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por las nuevas filtraciones que pueda lanzar el propio ex comisario, sino porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran parte de la documentación acumulada por Villarejo, precisamente para proceder contra él.

No va a tolerar ninguna desestabilización

En Moncloa reconocen en privado que tienen una “gran incomodidad” con el ‘escándalo Corinna’.

Dan por supuesto que los grupos de izquierdas y los nacionalistas, que son los apoyos parlamentarios del Ejecutivo, “van a ir a muerte” para que el PSOE acabe apoyando la comisión de investigación en el Congreso.

En concreto, admiten “preocupación” ante los próximos movimientos de Pablo Iglesias y de los nacionalistas catalanes y vascos, especialmente críticos con la Corona y defensores de los valores republicanos.

A pesar de eso el Gobierno, no tiene intención alguna de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Aunque tampoco puede evitar que la Justicia desvele nuevas informaciones cuando finalice la instrucción del sumario contra el comisario Villarejo.

Más dinero para que “aflojen” con la Corona

Ante este escenario, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, Moncloa y Hacienda han comenzado a negociar con los socios del PSOE, que la apoyaron para sacar adelante la moción de censura, que “no pongan a Pedro Sánchez contra las cuerdas con el tema de la monarquía”.

Están aprovechando para ello las conversaciones discretas sobre el techo de gasto de 2019, que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes, para transmitirles que los socialistas se encuentran ahora en el Gobierno, y que por tanto no deben contribuir a la desestabilización de las instituciones.

A cambio de que “aflojen” en su ofensiva contra la Jefatura del Estado, el Gobierno ha empezado a ofrecerles, a cada uno de ellos, una serie de contrapartidas.

Casi 15.000 millones para políticas sociales

Con la flexibilización del objetivo de déficit por parte de la UE, Sánchez ha conseguido una baza para negociar con Podemos la “pacificación” del escándalo. Sin romper con principios que no se cuestionan en el PSOE, como la estabilidad presupuestaria.

El propio presidente se ha implicado en las conversaciones con el partido de Pablo Iglesias. Les ha transmitido que Europa es capaz de atenuar las condiciones si se le aportan razones, como considera que ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Podemos siempre ha sido partidario de que España logre más margen para reducir el objetivo de déficit público a un nivel menor del 3% del PIB. Ahora, el Gobierno ha anunciado públicamente que se saltará las directrices marcadas por Europa.

Ganada esa batalla a Bruselas, el Gobierno cuenta con que Podemos rebajará la presión al PSOE por el ‘escándalo Corinna’, y da por hecho que podrá pactar también con ellos el techo de gesto de 2019.

El motivo es que el poder rebajar el déficit a un ritmo más lento facilita que el techo de gasto, la base para la elaboración de los Presupuestos del próximo año, destine más dinero a gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia o pensiones), tal como demanda Podemos. Una cifra que se aproximará a los 15.000 millones que exigía.

Un mayor endeudamiento de las autonomías

Según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno “se está trabajando” también a los partidos catalanes tras el escándalo que salpica al rey Juan Carlos, en un momento en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado la ruptura total de relaciones con Felipe VI.

El Govern había reclamado a Hacienda que relaje el objetivo de reducción del déficit público de las comunidades autónomas, pasando del 0,1 al 0,4%, y también que levante el control reforzado que existe desde 2015 sobre los pagos que recibe Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

ECD ha podido confirmar que esa fue la condición que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, trasladó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el encuentro que mantuvieron hace una semana, tras reunirse previamente con la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Pedro Sánchez anunció este martes, durante la presentación de su programa de Gobierno en el Congreso, que suavizará el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, que en 2019 deberán cerrar el año con una desviación del 0,3% en lugar del 0,1% previsto.

De esta manera, el Ejecutivo central desvía a las autonomías dos de las cinco décimas adicionales que logró en la nueva senda que comunicó a Bruselas, y otorga al conjunto de las comunidades un margen de gasto de unos 2.500 millones de euros.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Confidencial Digital, esa respuesta que ha ofrecido el Gobierno a la Generalitat “va a facilitar una marcha atrás en el ataque feroz al rey Juan Carlos” y el apoyo también de los grupos catalanes al techo de gasto.