El gobierno argentino no tiene un plan. Tiene dos, el Fondo Monetario Internacional lo sabe y no lo desaprueba. Con el pesimismo de la razón, el que se está aplicando hasta ahora es el Plan B, que supone que es inevitable el default de la deuda contraída con los acreedores privados. Las restricciones presupuestarias, el control fiscal y la reticencia a monetizar el déficit son consecuencia lógica de esa presunción. El Plan A, en cambio, parte del optimismo de la voluntad, según el cual se llegará a una negociación sustentable, es decir que pueda cumplirse y no recaiga en nuevas encrucijadas como la que provocaron los compromisos asumidos en forma irresponsable por el anterior gobierno. La declaración del equipo técnico del FMI que se reunió con las autoridades durante su visita del 12 al 19 de febrero es un espaldarazo inusual para la negociación con los acreedores privados. El dictamen de los técnicos ya fue respaldado por el directorio del FMI, que mantuvo una reunión informal para recibirlo. De otro modo no se hubiera publicado. La directora gerente Kristalina Georgieva participó por videoconferencia, porque estaba de viaje y ayer se reunió con el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán. Ambos declararon la voluntad de seguir trabajando juntos hasta llegar a una solución sostenible y ordenada de la deuda de la Argentina, mediante un programa respaldado por el FMI.

El certificado del auditor

Para el gobierno argentino la posición del Fondo constituye un certificado de calidad, emitido por el auditor. Pero hay que tomar en cuenta que en el último medio siglo, el FMI fue el auditor enviado por los gobiernos de las grandes potencias y por los acreedores privados para revisar las cuentas de los países que, ahorcados por la necesidad, recurrieron al salvataje de ese organismo multilateral. Como explica en otra nota de esta edición Miguel Fernández Pastor, el objetivo de los fondos de inversión es apoderarse del ahorro de los más pobres acumulado en el sistema previsional. Que ese auditor se haya pronunciado ahora a favor de la víctima, es tan novedoso como el mega préstamo entregado a Macrì. Lo que resta por ver es qué hacen con ese dictamen las naciones más poderosas y los tenedores de títulos argentos. Como mínimo, la opinión del Fondo puede servir como una póliza de seguro contra buitres: una vez que el FMI declaró que la deuda argentina no es sostenible, cualquier inversor que adquiera bonos soberanos al decaído precio de mercado sabe que no le será fácil encontrar un juez tan comprensivo como Thomas Griesa, que respalde la ambición de cobrarlos a su valor nominal. Esto fue posible, porque mientras CFK y su ministro Axel Kicillof encaraban una negociación dura en el juzgado federal de Wall Street y movilizaban a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su respaldo, el jefe de la oposición, que entonces era Macrì, anunció que si ganaba las elecciones del año siguiente pagaría al contado todo lo que reclamaban los buitres. Es una de las pocas promesas que cumplió y lo hizo con creces, porque la Argentina asumió hasta la cuenta de los abogados que litigaron en su contra. Como diría Jimena Barón, en porteño eso se llama hacer la puta y pagar la cama.

Este año los vencimientos de la deuda rondan los 9.000 millones de dólares, que la Argentina no tiene. Tampoco los quiere tener y por eso rechazó la entrega de la última cuota del stand-by con el Fondo, que sólo hubiera agravado el problema. A lo sumo conseguiría llegar a 6.000 millones. Pero no los pondrá sobre la mesa, porque eso implicaría profundizar la recesión con que Maurizio Macrì dejó el gobierno, de -2,1% en 2019, y que las medidas adoptadas desde el 10 de diciembre no alcanzan para revertir. Sirven, sí, para atenuar los efectos de la crisis sobre los sectores de menores ingresos, que pasaron hambre. Los programas en aplicación insumen alrededor de 1.000 millones de dólares. Por cierto, el default que el gobierno da por supuesto implicaría mayores restricciones para el país y sus empresas, que ni siquiera podrían acceder al crédito de cortísimo plazo para prefinanciar exportaciones. Pero una vez concretado el default, esos 6.000 millones podrían volcarse a la expansión de la economía, lo cual sí movería el amperímetro.

A través del FMI, los tenedores de bonos argentinos soberanos (lo cual, luego del cuatrienio cambiemita, parece un oxímoron) conocen esta alternativa, lo cual podría incidir en su decisión de aceptar la quita sustancial que les están reclamando la extraña pareja de Kristalina Georgieva y Martín Guzmán. El contexto internacional es favorable, porque la Argentina se endeudó a tasas que van del 7,5 al 10%. Bajarlas a 4% no sería un sacrificio para el mercado, cuando en el mundo tienden a cero. Si se allanaran a una renegociación aceptable para la Argentina, el gobierno igual utilizaría esos 6.000 millones, y a eso se refería el ministro cuando dijo en el Congreso que “no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica”.

La reunión de directorio

Hasta ahora se conoce poco sobre la reunión del directorio donde se aprobó el comunicado que se emitiría a su finalización. Que ese texto se haya publicado implica que contó con la aprobación, por informal que fuera, de la mayoría de los accionistas. Esto incluye a Estados Unidos y a las principales naciones de Europa Occidental, aquellas que Alberto y Guzmán visitaron luego de la tenida en el Vaticano. Por supuesto hubo matices, pero se refieren fundamentalmente al rol que cumplirá el Fondo en la negociación por venir, del país con los acreedores privados. Si bien no se admitió en forma explícita ninguna responsabilidad del Fondo sobre lo ocurrido, esto está implícito en la dura crítica a las políticas de Macrì, y en el reconocimiento del error de las misiones técnicas de 2019, cuando la cuarta revisión bajo el acuerdo de stand-by concluyó que la deuda pública argentina era sostenible pese a los riesgos sustanciales que existían. Ahora la misión que encabezó Julie Kozack admitió que esos riesgos se materializaron, lo que hizo que el peso se depreciara en más del 40 por ciento, el riesgo soberano aumentara cerca de 1.100 puntos básicos, las reservas internacionales disminuyeran alrededor de 20.000 millones de dólares y el PIB real se contrajera más de lo proyectado. “Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión”. En consecuencia, “el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de la Argentina no es sostenible”.

En forma bien detallada, la misión dijo varias cosas que implican aprobar decisiones ya adoptadas por el gobierno:

El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible.

Se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales (lo que aquí se conoce como cepo).

Se extendió el vencimiento de ciertas deudas (que en la Argentina se denomina reperfilamiento).

“Se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal” (que los economistas llaman monetizar el déficit, y los comentaristas emitir pesos).

Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país.

Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía.

Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables.

Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial.

La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses.

Sería interesante ver la cara de Alejandro Werner, aún jefe de lo que la burocracia estadounidense llama Hemisferio Occidental, al escuchar esa crítica devastadora de su segunda de a bordo.

Las intervenciones de los Directores del Fondo giraron sobre el proceso de reestructuración de deuda, el involucramiento que el Fondo tendrá de ahora en más y la comunicación. Pidieron que si el Fondo afirma que hubo una relación e intercambio positivos, la Argentina haga otro tanto. El gobierno cumplió sin dudar.

Las diferencias fueron notorias respecto del rol del Fondo en la reestructuración en ciernes con los privados. Para Alemania, el FMI debe tomar distancia en ese proceso, en cambio Estados Unidos y Gran Bretaña postularon que debía involucrarse, por supuesto en favor de los bonistas, que son en su enorme mayoría fondos estadounidenses y británicos. El anuncio de que pronto llegará una misión del FMI para realizar «una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo», no disipa esa duda. Alemania destacó su propia experiencia en el diálogo social entre sindicatos de patrones y de trabajadores, que fue positivo para desindexar la economía. El representante estadounidense sostuvo que el involucramiento del Fondo sería un estímulo para que los acreedores privados participaran de la reestructuración. Pese a la importancia de la posición del accionista mayoritario, el gobierno no va a complacer el deseo de Donald Trump de que la Argentina vote por la reelección de Luis Almagro o al menos se abstenga. Contra lo que afirman algunos medios poco informados, la decisión oficial es votar en contra del ex canciller uruguayo, por su aval al golpe contra Evo Morales en Bolivia.

Llevará tiempo acostumbrarse a un gobernante que mantiene su palabra, pero cuanto antes se empiece, mejor será.

Una de las intervenciones más interesantes en el directorio fue la de Brasil, acaso fruto de la gestión de Felipe Solá en el Planalto. El director por Brasil se declaró conforme con el grado de detalle del informe del staff sobre los desafíos de la situación actual de la Argentina y el alto nivel de diálogo sostenido. Agregó que era fundamental una reestructuración ordenada con apoyo de todos los miembros del FMI, ya que el éxito de la Argentina será el de la región y el del mismo Fondo.

El director por China alegó que tenían la gran responsabilidad de no fallar en el programa con la Argentina. Para el director ruso, la insostenibilidad de la deuda es lo menos que se podría decir. También exigió transparencia a los acreedores privados y dijo que le gustaría conocer sus tenencias de bonos soberanos, cuándo los compraron y a qué precio. Al gobierno argentino también, pero esta semana no pudo elegirse a la consultora que lo averiguará, porque se presentó una sola y no cumplía con todos los requisitos. A partir de mañana se realizará la segunda convocatoria.

La convención y el WhatsApp

Durante la reunión de Alberto con las autoridades alemanas, Angela Merkel preguntó con auténtica curiosidad por qué los argentinos más ricos no querían pagar impuestos, que en Alemania son más altos y nadie cuestiona, porque saben que así se levantó el país después de la Segunda Guerra Mundial.

El diálogo social encomiado por los alemanes requiere que los funcionarios controlen mejor sus esfínteres intelectuales y no se hablen encima, como el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Educación Nicolás Trotta, quienes dijeron que las negociaciones paritarias no deberían tener cláusula gatillo, algo que muy pocos gremios lograron y que en ese momento nadie estaba reclamando. Así instalaron el tema y obligaron a que dirigentes de distintas centrales de trabajadores debieran pagar el costo político de desvalorizar en público las cláusulas gatillo, entre ellos Héctor Daer y Hugo Yasky. Esta semana, Fernández almorzó en Olivos con Yasky. Antes había recibido a Hugo Moyano. La preocupación presidencial por la unidad de las centrales de trabajadores en vista a la discusión salarial con la contraparte patronal, podría derivar en la creación de alguna estructura de vinculación por encima de las centrales, de modo que cada una conserve su particular forma de representación pero eso no obstaculice la unidad conceptual. Tal vez sería útil que el gobierno consultara el proyecto que elaboró al respecto Héctor Recalde, cuando recién despuntaba la oposición dura al macrismo.

Sumadas estas poluciones discursivas a los anuncios de Cafiero sobre el aumento de tarifas eléctricas a partir de junio y del ministro de Transporte Mario Meoni acerca de que el boleto del colectivo debería costar un dólar, el Presidente tuvo su primer rapto de ira desde que asumió, reflejado en la pregunta que dirigió a uno de los incontinentes: “¿Qué pasa aquí, había una convención de pelotudos y yo no me enteré?”, y en un mensaje remitido al WhatsApp de los ministros, exigiendo que practicaran una abstinencia estricta, sin declaraciones por diez días. Fernández teme que algunos de sus colaboradores, de escaso contacto con el territorio, tiendan a creer que hacer política es dar entrevistas a los medios. (Él también lo hace, pero no suele hablar de lo que no sabe o de lo que no quiere.)

La actitud de la prensa comercial y de sesgo ideológico es inflexible. Ante el viaje de Guzmán a la cumbre ministerial del G20 en Arabia, el portal Infobae adujo que buscará «reducir a cerca de la mitad el interés anual del 9% que debe pagar el país tras el acuerdo firmado por el ex Ministro de Economía Axel Kicillof». Esa deuda con el Club de París fue contraída en partes iguales por la dictadura y por los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa. En la negociación de 2014 se pactó una tasa del 3%, que se incrementaría a 9% si el Estado no cumplía, que es lo que hizo Macrì. En sus primeros 60 días de gobierno, Kicillof cosechó 29 tapas negativas de Clarín, un porcentaje de goles digno de Batistuta, pero en este caso en contra.

Un ingreso no declarado

En el caso de las tarifas eléctricas y el boleto del transporte, los anuncios opacaron el informe del FMI, contradijeron lo que Fernández viene diciendo en presentaciones públicas e incluso lo que está a estudio en el ministerio de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas. Tal como aclaró el Presidente para que nadie de su entorno siguiera trastabillando con un tema tan sensible, antes de cualquier modificación tarifaria el gobierno quiere saber cuál fue la rentabilidad de las empresas. Un borrador que circula en despachos oficiales afirma que, en el caso de las distribuidoras Edenor y Edesur, antes del congelamiento de agosto de 2019 tuvieron un ingreso adicional no declarado, debido a la actualización parcial otorgada en agosto de 2018. Recién cuando ese punto se determine con exactitud podrá estudiarse si corresponde un aumento tarifario y de qué magnitud.

Pese a todo, la semana terminó con una buena noticia: el gobierno acordó con los sindicatos docentes la paritaria nacional, la primera en tres años, que se anunciará la semana próxima. Para eso, Fernández debió convencer a Guzmán de incrementar en un 30% la suma global que el Ministro había reservado para eso.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí