El Gobierno de Nuevo León hizo público el contrato que la administración del priista Rodrigo Medina de la Cruz firmó con la empresa coreana KIA Motors. El documento es una serie de cláusulas en las que el gobierno cedió en servicios e infraestructura sin ningún costo para la empresa.

Nota actualizada el 15 de diciembre a las 17:15 horas

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– En los últimos dos años la industria automotriz en México logró consolidar un escenario de estabilidad a pesar de las complicaciones económicas y políticas del país. A lo largo de 2015, los números fueron positivos y en las ocasiones en las que se registraron variaciones negativas éstas fueron mínimas.

También durante estos dos últimos años se anunció la llegada de importantes empresas extranjeras al país junto con sus respectivas inversiones millonarias. Estas empresas hablaron de México como un sitio perfecto para sus negocios por su posición geográfica, su mano de obra, su promesa de crecimiento y por la implementación de las reformas estructurales impulsadas por la actual administración.

KIA Motors fue una de las empresas que decidió apostar por México y en 2014 firmó con autoridades de Nuevo León un contrato par instalar en el municipio de La Pesquería una planta de ensamblaje que generaría 14 mil empleos directos y 56 mil indirectos, con una inversión inicial de 2 mil millones de dólares.

Y aunque la firma del contrato se realizó en 2014 y en septiembre de ese mismo año inició la construcción del proyecto de KIA, que se prevé que empiece a funcionar en mayo de 2016, el cambio de administración en la gubernatura del Estado no le benefició de la mejor manera.

El pasado 20 de noviembre, Jaime Rodríguez Calderón, actual Gobernador de la entidad, dio a conocer el contrato firmado por Hyoung Keun Lee, vicepresidente del Consejo y director general de KIA Motors; Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León; Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León; Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y José Gloria López, Alcalde del municipio de La Pesquería.

Rodríguez Calderón, “El Bronco”, la calificó como un contrato “ventajoso e irrealizable”, mientras que Fernando Turner Dávila, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, comentó que lo prometido por Rodrigo Medina carecía de sustento legal, por lo que se tendría que buscar un nuevo convenio, ya que los incentivos prometidos por Medina fueron de más de 8 mil millones de pesos, el 28 por ciento de la inversión que trajo la empresa coreana.

La respuesta de la empresa se concentró en exigir certeza jurídica a sus planes que se iniciaron en la administración anterior e incluso se habló de una demanda por la violación de la cláusula de confidencialidad del contrato.

En entrevista para este medio, Turner Dávila explicó que el Gobierno local no está en contra de la empresa, ya que reconocen la inversión y la generación de empleos, pero que lo que se busca es disminuir el costo de los incentivos para reducir costos, para lo que también se ha incluido al Gobierno federal.

“El programa de la industria automotriz es nacional y lo maneja la Secretaría de Economía (SE) y el Gobierno federal. Ellos también participaron en el proceso de negociación y de instalación de esta planta […] por eso tenemos que hablar con ellos y quedar en una posición común con ellos y junto con la SE hemos llegado a un acuerdo para actuar en forma conjunta para resolver la problemática que vemos”, comentó el funcionario y empresario.

Sin embargo, el contenido del documento refleja toda una serie de incentivos en los que incluso está involucrado el Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El Gobierno estatal acordó arreglar para KIA su abastecimiento de agua, gas, impuestos, dinero para carreteras, casas, actividades recreativas y hasta apoyos para obtener concesiones que pudieran ayudarle a continuar con su expansión en el Estado.

Según Turner, se ha propuesto que el Gobierno federal pueda apoyar con parte de los incentivos, mientras que el Gobierno estatal busca utilizar parte de la obra que ya existe para dar los servicios a KIA, pero sin duplicar obras.

Cabe señalar que la automotriz coreana desató polémica desde la asignación del terreno donde es construida la planta, ya que la entidad compró esas tierras a Bernardo Castillón Gómez y otros cuatro propietarios, a un precio mayor del que la empresa inmobiliaria Galord compró dicho terreno, que fue por 55.3 millones de pesos; 15 meses después, el Gobierno lo compró en 186.4 millones de pesos.

“El contrato y la negociación con KIA fue manejada en medio de una gran opacidad. Ni la gente ni el gobierno entrante conocía, lo que impidió que se estudiara o se conociera, no se sabía qué contenía y el resultado es el que planteamos: es un convenio lesivo para el estado y la responsabilidad de haberlo hecho con esta empresa es del gobierno anterior. Actuaron de una forma muy opaca e ineficaz. Lesionaron al estado de Nuevo León”, agregó Turner.

El contrato es una serie de puntos en los que sobresale una especificación; después de la descripción de un servicio se puede leer: “Sin ningún costo para KMC (y/o a quien designe) y sus proveedores”.

LAS EXIGENCIAS DE LA EMPRESA

KIA, con el contrato que acordó con la administración pasada, quedó exenta de impuestos y de inversiones que se requieren para poner en marcha la planta ensambladora y quedó con el “derecho absoluto” de ocupar y utilizar todo o parte del sitio designado conforme a sus necesidades y a su discreción.

En otro punto establece también que en caso de que KIA deba pagar impuestos por cualesquier incentivo otorgado a ella, el Estado le deberá pasar el dinero a la empresa a más tardar tres días antes.

También se cuidó de problemáticas que pudieran surgir, como en caso de que los lotes donados, que tienen que estar libres de cualquier gravamen, derechos de paso y servidumbres y en caso de no ser así, el Gobierno se tiene que hacer responsable de absolutamente todo lo que suceda o puedan ocasionar los terrenos si se comprueba que los daños eran previos a la venta de los terrenos a KIA.

El Gobierno estatal quedó obligado a realizar mejoras alrededor del sitio del proyecto a ningún costo de KIA, para que ésta pueda cumplir con cualquier ley ambiental, además de que cada dos semanas, durante la preparación del sitio, el gobierno presta sin ningún costo el helicóptero a KIA para tomar fotos aéreas del proyecto.

En otra parte del proyecto la empresa también se defendió de posible competencia futura: “para asegurar un suministro suficiente de mano de obra”, el Gobierno acordó que no proporcionaría incentivos o asistencia a infraestructura a otros proyectos de fabricación de equipos originales automotrices, salvo los ya existentes en una distancia de cuarenta millas a la redonda del sitio de KIA.

Cabe señalar que en algunos puntos los beneficios también se extienden a los proveedores de KIA.

Además de la inversión que el gobierno le debe asegurar, también se contempla que serán utilizados los diseños de la empresa, así el Gobierno del estado declara y garantiza que todas las construcciones y mejoras de a los caminos serán diseñadas y coordinadas por KIA.

La construcción e implementación de todas las mejoras comenzará tan pronto como sea práctico después de que los diseños de la construcción y mejoras de caminos sean acordados mutuamente por KIA, la SCT y el Gobierno estatal, hasta que este reciba fondos federales, “el gobierno del estado declara y garantiza que procederá a completar las obras que le corresponde completar”, señalan en el contrato.

También quedó obligado a mantener y reparar o hacer que la SCT mantenga y repare, sin costo para KIA y sus proveedores, todos los caminos públicos.

Debe proporcionar sin costo o cargo para KIA, cierta construcción de vías férreas, extensiones y mejoras relacionadas a las mismas con respecto al sitio del proyecto.

AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y CASAS

Otra de las tantas obligaciones en las que quedó el Gobierno del estado fue la de hacer que el agua y el agua residual y otras mejoras relacionadas, no tuvieran ningún costo o cargo para KIA y sus proveedores.

Además, debe proporcionar suficiente recuperación de agua, debe construir un suministro de agua circular y tanques de almacenamiento de agua (que deben llevar la marca KIA).

Cada extensión y mejoras (construcción, instalación, mantenimiento, reparación) serán responsabilidad del Gobierno del estado.

Desde la fecha de la entrada en vigor del contrato, el Gobierno local queda obligado a realizar de forma continua y asumir todos los costos asociados con todo el mantenimiento y reparaciones a dichas líneas de agua y drenaje, demás de que se le deben brindar líneas de distribución de transmisión eléctrica, también sin coso para la empresa.

También se señala que en caso de que KIA lo solicite, el gobierno deberá ayudarla, “en la mayor medida posible” para adquirir los títulos de concesión necesarios para extraer agua del subsuelo a una tasa preferencial.

En lo que respecta al abastecimiento de gas, KIA solicitó al gobierno que redireccionara el gasoducto que está a las afueras del denominado sitio del proyecto; remover el existente e instalar y conectar un nuevo gasoducto, todo sin costo para KIA y sus proveedores.

También que el gobierno construirá “a su propio costo” la infraestructura adicional y hará las mejoras necesarias para cumplir con los requisitos de KIA y sus proveedores, conforme a las especificaciones de KIA.

Los servicios de seguridad de la empresa también corren a cargo del Estado. Estos deben los necesarios, los adecuados y los suficientes para satisfacer a KIA y sus proveedores.

El Gobierno del estado deberá construir una estación de bomberos a unos 1.5 kilómetros de la planta. Esta deberá contar con una unidad de materiales peligrosos, tener un tiempo de respuesta de máximo dos minutos.

Se financiará con dinero público todos los aspectos operativos y otros de la estación de bomberos y la tratará también conforme se haga la expansión de KIA.

“Cualquier mantenimiento del equipo y servicios para controlar el fuego, incluyendo los salarios del personal requerido para la operación de la estación de bomberos, serán asumidos por el municipio”, dice el contrato.

OTRAS ESPECIFICACIONES

La construcción del centro de capacitación de KIA, también correrá a cargo del gobierno, pero se hará bajo las especificaciones que la empresa establezca. Los costos a ser incurridos en relación con el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Centro, serán pagado exclusivamente por el Gobierno del Estado, y se fijó un costo para este proyecto de no más de 15 millones de dólares.

En el apartado de ayuda general, se acordó que el Estado sería el encargado de proporcionar o coordinar bajo ningún costo y “sin limitar” a sus empleados expatriados: servicios de traducción, búsqueda de escuelas, de casas, clínicas médicas, hospitales, hospedaje en hoteles a tasas preferenciales, búsqueda de empleo para las esposas; también debe organizar actividades de bienvenida, incluyendo un tour por la ciudad.

En el contrato también se especifica que el Gobierno pagó la ceremonia de colocación de la primera piedra. La ceremonia se hizo conforme a los requisitos de KIA, así como que también se indica que en caso de terminación del contrato, KIA no se verá obligado a devolver, pagar o reembolsar los costos de cualesquier incentivo o cualquier otro apoyo relacionado.