A Katiana Vicens, secretaria general de CC OO en Baleares, el fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel. Durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 subió a un autobús urbano, según consta en el escrito de acusación, “con ánimo de menoscabar la propiedad ajena y de sumar a la huelga al trabajador que cumplía los servicios mínimos”. Ella admite que entró en el autobús, acompañada de un policía: “Para informar”. Pero niega que el incidente acabara con una luna del autocar rota. El fiscal, a raíz de la denuncia del conductor del vehículo, asegura que Vicens increpó al empleado diciéndole “deja de trabajar”, “esquirol”, al tiempo que arrancaba el cartel de servicios mínimos y golpeaba “la luna delantera hasta fracturarla”. El ministerio público le reclama además una multa de 24 meses a razón de 18 euros al día (unos 13.000 euros) y 1.979 euros por la luna rota.

“No tengo intención de llegar a un acuerdo. No he hecho nada. Y si tengo que acabar en prisión, lo haré”, explica al otro lado del teléfono Vicens. Dice que está tranquila y defiende que su causa, como otras 81 abiertas en toda España contra 260 afiliados a Comisiones o UGT, responden a la intención del Gobierno de criminalizar la huelga. La fiscalía pide cárcel para otros once afiliados a CGT y para otros tantos del sindicato gallego CIG. Además, se han dictado condenas de más de dos años de prisión a personas que no están vinculadas con ninguna central. De forma agregada, según los cálculos de los sindicatos, los fiscales piden 120 años. Y la cifra puede subir cuando se concreten acusaciones pendientes.

Rubén Ranz.

Ni Tamara Vidal ni Ana Outerelo pertenecen a ningún sindicato. Se sumaron a una movilización sectorial convocada a principios de 2010 para que los trabajadores de las piscinas públicas de varias ciudades gallegas tuviesen un convenio colectivo común. Fue un conflicto laboral breve, que se resolvió en apenas dos meses, pero que a estas dos profesoras de gimnasia les ha arruinado como mínimo cuatro años de su vida. El ocho de febrero de ese año formaron parte de un grupo de unas 50 personas que, saltándose la oposición del gerente a empujones, entró en uno de los complejos afectados en Pontevedra al grito de “esquiroles”. Los manifestantes arrojaron pintura de color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas y a las gradas. El gerente denunció los hechos y solo tres personas del grupo fueron identificadas. Tamara, porque había trabajado allí y la conocían; Ana, porque reconoció que había estado con sus compañeros y una tercera afectada, que alegó que había llegado tarde y evitó el castigo.

La sentencia no consideró siquiera probado que fuesen ellas las que efectivamente dieron el empellón —el afectado culpó a un hombre— o vertieron los botes. Pero como estaban en el grupo, y la juez entendió que se produjo coacción, les cayeron seis meses de cárcel. Tras su apelación, la Audiencia Provincial de Pontevedra elevó posteriormente la pena por el mismo delito imputado a tres años y un día de prisión alegando que la magistrada de Vigo se había equivocado.

La sentencia, que ya es firme, se dictó hace dos meses y desde entonces las movilizaciones en apoyo a las dos mujeres no han cesado. Decenas de miles de firmas de los vecinos, manifestaciones periódicas, mociones unánimes clamando por el indulto tanto en el pleno municipal como en el Parlamento gallego y finalmente la aquiescencia de la fiscalía, que ahora también recomienda el perdón. De momento están a la espera de lo que suceda con su petición de indulto.

Tamara Vidal y Ana Outerelo. Lalo R. Villar

Desde el ámbito judicial se lamenta la severidad del artículo 315.3 del Código Penal, que marca un castigo de hasta tres años de prisión para quien, “actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Desde la Fiscalía General del Estado no se ha dado, según fuentes consultadas, ninguna instrucción particular para seguir al dedillo el Código Penal en estos casos. “Somos conscientes de que hay una alarma social, pero es un problema de la legislación”, razona desde la Unión Progresista de Fiscales Álvaro Ortiz. “En absoluto es una acción coordinada de los fiscales, los procedimientos distan varios años unos de otros”, añade, y recuerda que en el pasado se han dado casos. Pero la repentina severidad con que fiscales de todo el país están actuando escama en las organizaciones sindicales.

Más de 260 acusados UGT y CCOO han contabilizado la apertura de 81 procedimientos penales y administrativos en toda España que afectan a 260 afiliados. Once miembros de CGT en Cataluña, Cuenca, Madrid, Castellón y La Rioja se enfrentan a prisión por participar en protestas. En Galicia cuatro condenados a penas de cárcel, dos de ellos a tres años, son del sindicato CIG. En Granada y Vigo han condenado a penas de tres años de prisión a cuatro a personas no vinculadas a ningún sindicato. El supuesto penal más utilizado por la fiscalía es el artículo 315 del Código Penal contra los derechos de los trabajadores pensado curiosamente para quien limite el derecho de huelga.

Cándido Méndez, secretario general de UGT, denuncia que el Ministerio Público pide 120 años de cárcel en 13 de las 17 comunidades autónomas. “Durante 35 años se ha producido una interpretación constitucional correcta del derecho de huelga y ahora hay un desequilibrio a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores”, asegura. Para Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, se trata de un ataque “sin precedentes” a este derecho fundamental. Una forma de “ejemplarizar, de meter miedo, de desanimar”, añade, que se traduce en “actuaciones que buscan cambiar el derecho de huelga de facto”.

El artículo 315 del código penal al que se están agarrando las acusaciones está pensado para castigar a quien “impidiere o limitare el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”, por eso Toxo destaca lo para él es sarcástico: “El derecho al trabajo se vulnera a diario en este país y no precisamente por sindicalistas”.

CC OO y UGT han lanzado una ofensiva en la calle y en los despachos. El martes hay una concentración en Madrid, que se repetirá por toda España el 9 de julio. Ya han pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar los casos. También han enviado una carta a la fiscalía denunciando las actuaciones penales. Por ahora no tienen respuesta.

Por vulnerar el derecho al trabajo quieren castigar a Rubén Ranz, de 39 años, y a José Manuel N., que formaban parte de un numeroso piquete que participó en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ambos son afiliados y cargos orgánicos de UGT y habían acudido a las doce de la noche a Mercamadrid. Sobre las cuatro de la madrugada volvieron a la sede del sindicato para comer algo y organizar un piquete que actuaría por el centro de Madrid. “Llegamos hasta la Gran Vía, por la zona de los hoteles de cinco estrellas, con la intención de hacer ruido. No queríamos que los especuladores y los banqueros, culpables de la crisis, durmieran esa noche tranquilos”. Pero cerca del Hotel Ritz la cosa se complicó. Uno de sus compañeros dejó pasquines en la puerta de un bar y se generó una bronca. “Detrás teníamos dos lecheras de antidisturbios. Comenzó una carga policial que pilló de lleno a su compañero José Manuel. “Les dije: ‘cómo os vais a llevar al mayor [porque tiene más de 60 años]’ y empezaron conmigo, soltando palos en mi espalda. Como no me dejé caer me dieron más golpes que sonaban como huecos”. Horas después estaban en el calabozo de la comisaría de Moratalaz.

En la celda coincidieron con otros detenidos, como el actor Willy Toledo. Ahora esperan juicio: el fiscal pide siete años de prisión para cada uno por vulnerar el derecho de los trabajadores, lesiones y atentado a la autoridad. “El fiscal, que solicitó prisión provisional porque dijo que yo podría fugarme, ni me miró a la cara cuando solicitó al juez esa barbaridad”. Rubén contrapone a su caso al de los dueños de una panadería en Valencia, que abandonaron a un inmigrante sin contrato a 200 metros del hospital después de que una máquina le cortase un brazo. Los han sentenciado a 11 meses y 29 días.

El abogado de UGT que lleva el caso de Rubén Ranz, Bernardo García, admite que en su trayectoria profesional de varias décadas nunca había visto una actuación tan desmesurada de la fiscalía. “El fenómeno tiene un sesgo claramente criminalizador”, reflexiona.

Otros ocho trabajadores de Airbus en Madrid se enfrentan a 64 años de cárcel por unos hechos parecidos. Uno de ellos, José Alcázar, tiene 63 años y está prejubilado. En septiembre de 2010 participó en la huelga contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “Los ocho estábamos en una de las puertas de entrada a la fábrica. En cuanto llegamos me identifiqué ante los antidisturbios como máximo responsable del comité”. Eran las seis de la mañana. “Me sorprendió la cantidad de policía que había. Los vi bastante nerviosos, no me gustó. En un momento dado aquello se desmadró porque un trabajador quiso entrar en la planta. Cargaron contra nosotros, éramos como unas 400 personas, cargaron contra todos”.

La cosa se lio y un policía sacó su arma. “Dio siete disparos al aire. Traté de impedir que la cosa fuera a más, intenté que se calmaran. Reclamé la presencia de alguien de Airbus”, relata Alcázar. Cree que su actitud de identificarse desde el principio es muy significativa: “Si te identificas no lo haces para montar bronca”. Al día siguiente recibió una llamada de su mujer. La policía había ido a buscarlo a casa. “Fui acompañado por otros dos compañeros a los juzgados. Nos metieron a los tres en el calabozo”. El juez finalmente imputó a los ocho que esa madrugada habían pasado por la enfermería de la empresa. “Qué casualidad, los ocho estábamos en la lista de las últimas elecciones sindicales [siete de CC OO y uno de UGT]”. En abril de 2012, dos años después, se celebró una rueda de reconocimiento. Tuvieron que pasar otros dos años hasta que, el pasado febrero recibieron el escrito de acusación: el fiscal solicita 8 años y tres meses para cada uno. “Los peligrosos somos nosotros, los sindicalistas”, ironiza Alcázar. La multa, de 31.700 euros, la pagaron al día siguiente bajo la amenaza de embargo. Su abogado está intentando conseguir la anulación por defectos de forma. “No se conocía un caso así desde el franquismo. Tú te acuestas y te preguntas... ¿y si me pasa algo? Si la sociedad permite eso ya no sé... si nosotros hubiésemos cometido un atropello enorme... pero no, hice lo que debía y volvería a hacerlo, era mi obligación”. El juicio tardará otros dos años. “¿Cárcel? No quiero ni pensar en eso”.

Quien sí está a punto de ingresar en prisión son Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres años por su actuación como piquetes del 15-M durante la huelga general de marzo de 2012. La pena, dictada en mayo de 2013 por el juzgado de lo Penal 1 de Granada ha sido ratificada por la Audiencia Provincial, por lo que ya se ha ordenado su ejecución.

Acusados de amenazas, pintadas y destrozos, ambos fueron identificados en un piquete estaba compuesto por unas 40 personas más. El grupo jurídico que les presta apoyo ha presentado un incidente de nulidad de las actuaciones, aunque no descartan solicitar el indulto como último recurso. De momento, Carmen Bajo, en paro, ha conseguido aplazar su ingreso en prisión un mes más. Carlos, estudiante de medicina, no.

Con información de Víctor Honorato y Valme Cortés.