El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el día de la salida a Bolsa del banco, el 21 de julio de 2011.

Seis años, cuatro meses y 22 días tuvieron que pasar para que el grupo financiero BFA-Bankia y los que fueran sus máximos responsables entre 2010 y 2012 se han sentado en el banquillo de los acusados por estafar, presuntamente, a los inversores que apoyaron la salida a Bolsa del banco tras la fusión de siete cajas de ahorros: Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

"Los miembros de los consejos de administración de BFA y de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las mismas [...], con el consiguiente perjuicio tanto para los que que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada como para el Estado". Así consta en el auto de apertura del juicio oral que arranca este lunes y se prolongará, al menos, hasta el próximo mes de junio.

Fue el 4 de julio de 2012 cuando Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, decidió investigar la querella que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) interpuso contra Bankia, Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y las 33 personas que conformaban sus consejos de administración.

El partido les acusó de haber estafado a los inversores en salida a Bolsa -el 21 de julio de 2011- y de falsificar las cuentas anuales, administrar de forma fraudulenta y maquinar para alterar el precio de las cosas.

Seis días después, el magistrado acumuló a esa querella otra presentada por el movimiento ciudadano 15M, representante de pequeños accionistas que invirtieron sus ahorros en el estreno bursátil de Bankia. A partir de entonces arrancó un procedimiento que destapó el uso de tarjetas de crédito black por parte de los consejeros de las entidades, y la comercialización de productos complejos -participaciones preferentes- a 82.000 clientes de Caja Madrid sin conocimientos financieros.

Seis acusados están en prisión

El caso de las black supuso la condena de 65 personas. Catorce están en prisión, de los que seis se sentarán en el juicio. Se trata de Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez Ponga, José María de la Riva y José Gómez Moreno.

En cuanto a la pieza de las preferentes, fue archivada por el juez Andreu al considerar que no hubo un plan preconcebido para engañar a los clientes.

Bankia fue "un error", reconoció en 2012 el que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso de los Diputados. "La fusión de las entidades no era la más adecuada, ni la salida a Bolsa".

"A nosotros se nos dijo que el tema de la salida a Bolsa tenía que ser sí o sí", declaró José Antonio Casaus, el inspector del Banco de España que cuestionó a sus jefes la viabilidad del grupo financiero tres meses antes del estreno bursátil. "La gobernanza estaba a lo que estaba. A no tener problemas, a pagar bonus, a compararse con el Santander y el BBVA", respondió Casaus al juez Andreu en la declaración que prestó el 16 de marzo de 2017.

Un total de 34 personas, tres de ellas jurídicas -Bankia, BFA y Deloitte-, están encausadas en este procedimiento tras ser procesadas por delitos de estafa de inversores y falseamiento de cuentas. Conviene recordar que dos de los investigados fallecieron a lo largo de la instrucción. Mercedes de la Merced, en 2013, y Francisco Alcoy, en 2018.

La ausencia del Banco de España

La sorpresa es la ausencia en el banquillo de los que fueran los supervisores del sistema financiero y bursátil. En concreto, el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura. Ambos fueron imputados por orden de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal -en contra del juez y del fiscal-, pero se levantó la imputación por considerar que no colaboraron de forma dolosa en el caso.

La Fiscalía Anticorrupción sólo acusa a cuatro personas -Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú-, a los que atribuye un único delito, estafa de inversores. Para el resto pide el sobreseimiento.

El Ministerio Fiscal está representado por Carmen Launa, en sustitución de Alejandro Luzón, que fue el encargado del caso hasta su nombramiento como jefe de Anticorrupción.

El máximo responsable de la causa es el que fuera presidente de Bankia, para el que la Fiscalía pide cinco años de cárcel. Rato se encuentra en prisión cumpliendo una condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black.

La 'doctrina Botín'

Rato alega que "las entidades BFA y Bankia y sus administradores cumplieron en todo momento con cuantos requerimientos, recomendaciones y directrices les fueron dirigidos por el Banco de España", según su escrito de defensa.

Fuentes jurídicas reconocieron a este diario que la mayor parte de los acusados pedirá la nulidad del juicio y reclamará aplicar la doctrina Botín, que avala archivar la causa si no acusa la Fiscalía y sólo lo hace la acusación popular. En este caso, la ejerce la Confederación Sindical de Crédito (CIC), representada por el abogado Andrés Herzog, y la Confederación General del Trabajo.

"No sabemos de qué se nos acusa, ni quiénes", precisa uno de los encausados, que prefiere quedar en el anonimato, no sin antes denunciar "indefensión judicial".

De los 11.000 pequeños accionistas personados en el juicio, a 168 aún no se les reintegró el dinero que invirtieron. Bankia devolvió casi 1.900 millones de euros. Faltan por reintegran dos millones. El rescate de BFA-Bankia costó a los españoles 23.450 millones.