El PP se ha defendido en los últimos años de las acusaciones por corrupción en el caso Gürtel atacando al PSOE por el caso ERE: “Robaron 1.000 millones de euros de dinero público destinado a la lucha contra el paro”. Es una cifra inflada sobre el supuesto fraude —la Fiscalía calcula que fueron 680 millones— y sobre los hechos probados, que descartan el enriquecimiento de los principales dirigentes políticos procesados.

El PSOE aprovechó la sentencia del caso Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta, para presentar una moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy del poder y situó en la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez.

La sentencia del caso ERE reabre ahora la batalla entre partidos a cuenta de la corrupción. Lo que sigue intenta resumir las similitudes y diferencias en dos procesos por corrupción que han deteriorado la imagen de las dos formaciones políticas mayoritarias en España.

El mecanismo de la corrupción. El caso Gürtel es un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” en Administraciones gobernadas por el Partido Popular durante al menos una década, según la definición contenida en la sentencia principal de la causa, dividida en una decena de piezas separadas.

El caso ERE es un sistema de ayudas públicas a empresas en crisis fuera del control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía, lo que permitió el desvío irregular de fondos públicos a decenas de trabajadores y empresas durante una década, según el juez instructor de la causa.

El daño económico. En el caso Gürtel, las empresas de Francisco Correa se lucraron gracias a la adjudicación de contratos públicos amañados y al cobro de comisiones ilegales por su intermediación en otros negocios vinculados a Administraciones gobernadas por el PP. La investigación del caso Gürtel acredita más de 20 millones de euros en contratos públicos amañados a favor de la trama, aunque esta cifra puede ser muy superior si se suman otras cantidades pertenecientes a piezas separadas pendientes de juzgar. Una de ellas, que investiga la caja b del PP, recoge la contabilidad paralela donde el extesorero Luis Bárcenas escribió las donaciones de empresas al partido entre 1993 y 2009 por más de ocho millones de euros, todos ellos ocultos a Hacienda.

En el caso ERE, las empresas encargadas de gestionar las pólizas de seguro para el pago de las prejubilaciones cobraron un sobreprecio de más de 66 millones de euros, según la investigación. Además, al menos 141 trabajadores de los 6.000 que recibieron las ayudas no pertenecían a las empresas afectadas por los ERE, por lo que hubo un fraude al erario andaluz próximo a los 12 millones de euros. Estos dos extremos no forman parte de la sentencia y se concretarán cuando se celebre juicio por otras piezas separadas del sumario. Los fiscales sostuvieron durante la vista oral que el fraude alcanza a todo el dinero destinado a las ayudas sociolaborales durante 10 años: 680 millones de euros. La sentencia recoge en el apartado 22º de los hechos probados un cuadro con las cantidades adjudicadas año a año —2000 a 2009— por un sistema fraudulento, que suman los 680 millones que apuntó la Fiscalía.

Financiación ilegal de partidos. En el caso Gürtel, el tribunal consideró probado que una parte del dinero ganado por la trama corrupta gracias a las adjudicaciones irregulares de contratos se utilizó para financiar actos electorales del PP y, por tanto, se financió ilegalmente a esta formación política.

En el caso ERE, la investigación de otras ayudas para empresas en dificultades descubrió un trato de favor a determinadas zonas, como la sierra Norte sevillana, con Gobiernos del PSOE o a empresas propiedad de exdirigentes socialistas. En la causa no consta que los delitos cometidos permitieran la financiación ilegal del PSOE, a pesar de que la primera instructora, Mercedes Alaya, lo plasmó sin pruebas en sus autos.

Enriquecimiento ilícito de políticos. En el caso Gürtel, uno de los principales condenados, Alberto López Viejo, era consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y fue condenado por el cobro de comisiones ilegales de la trama corrupta por la adjudicación de contratos de la Comunidad de Madrid.

En el caso ERE, los expresidentes y consejeros procesados no fueron acusados de haberse lucrado como consecuencia de sus gestiones en relación con las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.

Penas de cárcel. En el caso Gürtel fueron condenados a altas penas de cárcel cinco altos cargos del PP (un exdiputado, dos exalcaldes, dos extesoreros) y otras 24 personas. El castigo para tres de los altos cargos supera los 30 años de prisión. La sentencia también condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

En el caso ERE, han sido condenadas 19 personas, entre ellas parte de la cúpula del Gobierno andaluz: el expresidente autonómico José Antonio Griñán y dos exconsejeros, José Antonio Viera y Antonio Fernández, por malversación como pedía la Fiscalía. El tribunal ha impuesto casi ocho años de cárcel a los dos exconsejeros de empleo; seis años de cárcel a Griñán por malversación, y nueve años de inhabilitación a Chaves por prevaricación.