El jueves 12 de septiembre, varias de las personas que participaron en los procesos por videoconferencia en las carpas de Laredo provenían de Honduras, pero otras eran cubanas. Formaban parte del programa para que los migrantes que soliciten asilo esperen en México, desde donde son transportados en autobús para que asistan a sus audiencias ante los tribunales y después son enviados de regreso al otro lado de la frontera. Varios de los migrantes que se presentaron ese jueves primero habían tratado de entrar a Estados Unidos a través de un puente internacional en Laredo a mediados de agosto. Muchos tenían otras audiencias ya programadas, para el 7 de noviembre.

Con la ayuda de un intérprete, el juez Craig A. Harlow podía ver y escuchar a los migrantes mediante el sistema de videoconferencias, y parecía que los migrantes lo escuchaban claramente y respondían todas sus preguntas. Pocos eran representados por abogados. La mayoría de ellos estaban sentados solos o con sus familiares en la mesa y le decían al juez, por medio de intérprete, que aceptaban hablar por voluntad propia. Los que dijeron que sí querían continuar la solicitud de refugio tuvieron visto bueno para eso por parte del juez, que les pidió a los funcionarios de Laredo que les proporcionaran solicitudes.

Lorena, la mujer cubana, tenía abogado, pero el juez escuchó su caso antes de que su representante legal llegara al tribunal en San Antonio. El juez le dio a Lorena una nueva fecha en la corte en noviembre.

José Díaz-Hazim, el abogado de Lorena, dijo en una entrevista después de que terminaran las audiencias que la mujer cubana se estaba quedando en Nuevo Laredo, la ciudad mexicana que esta justo al otro lado del río Bravo. No estaba seguro de dónde vivía —quizá en un refugio, un hotel o algún otro lugar—, pero dijo que planeaba visitarla pronto. Se preguntó si su clienta, que pidió que fuera identificada solo con su primer nombre, podría permanecer segura mientras esperaba la fecha de su siguiente audiencia.

“Allá hay corrupción”, dijo Díaz-Hazim. “Hay pandillas y también cárteles de la droga. Estas personas buscan ayuda, pero el gobierno está aumentando su sufrimiento. Es un obstáculo adicional”.

La política que tiene como objetivo que los migrantes se queden en México ha provocado una situación caótica ahí. Judy Rabinovitz, directora adjunta del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que más de 40.000 personas han sido enviadas de regreso a ciudades fronterizas mexicanas consideradas peligrosas. Los refugiados en ocasiones se han mostrado abrumados, y a algunos se les ha acabado el dinero y han tenido problemas para encontrar empleo.