En 2017, mientras cientos de personas habían perdido su patrimonio, a familiares, se recuperaban en hospitales y algunos perecían entre los escombros tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, la ayuda internacional comenzó a fluir. México recibió donativos en dólares americanos, canadienses y euros que suman más de 91 millones de pesos, pero no se sabe cómo ni en qué se gastaron.

Tampoco dónde terminaron los donativos del Fideicomiso “Fuerza México” donde se concentró la ayuda nacional, porque no hubo mecanismos de control, administración ni distribución, y no hubo seguimiento al destino del dinero y, por tanto, no se pudo determinar si se utilizó de manera eficiente.

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Así lo informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su evaluación de los trabajos de reconstrucción tras los sismos ocurridos en 2017. Los resultados, revelados en el primer informe de la Cuenta Pública de 2018, también arrojan retrasos, omisiones y fallas importantes en la reparación de hospitales, viviendas y centros educativos.

En el tema específico de los donativos, la revisión comprendió el trabajo realizado con ellos por la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, entonces encabezadas por José Antonio Meade y por Luis Videgaray, respectivamente.

La Auditoría señaló que la falta de claridad del destino de los donativos tanto nacionales como internacionales se debió a la falta de transparencia y de coordinación entre las dependencias, de transparencia en el registro y seguimiento de los donativos, pero no determinó ninguna responsabilidad a funcionarios ni instruyó a que los Órganos Internos de Control o la Auditoría Superior de la Federación a que sigan investigando.

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Tras la catástrofe, el Ejecutivo estimó en 48 mil millones de pesos el costo de la reconstrucción, y ante las escenas de hombres y mujeres trabajando intentando rescatar gente con vida entre los escombros y cientos que literalmente se quedaron en la calle por las afectaciones o derrumbes en sus casas, la ayuda de particulares se monetizó.

Por eso, el gobierno fconstituyó el Fideicomiso Fuerza México para supuestamente “coordinar” y “conjuntar esfuerzos” con la iniciativa privada. De hecho, este instrumento financiero no es ni totalmente público ni privado, toda vez que “el fideicomitente forma parte de la iniciativa del sector privado, liderada por el Consejo Coordinador Empresarial y la fiduciaria fue una entidad pública, Nacional Financiera (NAFIN).

Esto “impidió que las entidades y dependencias del estado mexicano recibieran donativos, los administraran y destinaran a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública, y dejó esa tarea al sector privado. Lo anterior evidenció la falta de un marco jurídico ordinario, en materia de donativos que permita regular los donativos que recibe el gobierno federal”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño 52-GB.

Aunque el gobierno federal creó Plataforma Fuerza México donde publicó información respecto al avance de reconstrucción y entrega de apoyos, pero los datos de actualización “no son consistentes entre los apartados de “’Apoyo a la emergencia y “Datos abiertos’”, además, ahí no se publicó información sobre el Fideicomiso.

Por lo tanto, la Auditoría concluyó que la gestión de la Secretaría de Hacienda respecto a los donativos, “fue deficiente, ya que no estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos; no acreditó que se coordinó con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México, para la recepción y distribución de los donativos”.

En la Auditoría de desempeño número 74-GB a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se determinó que sin bien dicha dependencia informó que no recibió aportaciones financieras debido a la instrucción de Hacienda que todo se concentraría en el Fideicomiso Fuerza México y a la Cruz Roja Mexicana, se comprobó que por medio de notas diplomáticas, la Cancillería tuvo conocimiento de 22 aportaciones financieras pero no inscribió todos en el Registro Nacional de la Cooperación Internacional.

Hasta 2018, se realizaron donativos en dinero que ascendieron a 3 millones 234 mil dólares americanos; 48 mil 494 euros; 20 millones 161 mil pesos mexicanos; 600 mil dólares canadienses y 500 mil pesos filipinos. Lo que a conversión al tipo de cambio a septiembre de 2017 sumó 91 millones 803 mil pesos.

La dependencia sólo reportó 16 apoyos “por tanto, no se contó con un registro de información útil y confiable sobre este tipo de donativos, en tanto, se desconoce la recepción y distribución de las aportaciones”, señaló la Auditoría.

Respecto a la ayuda internacional en especie, entre 2017 y 2018, se recibieron donativos de 18 gobiernos y organismos internacionales que correspondió a 12,267.0 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de ayuda en especie.

De los 18 donativos, la dependencia sólo reportó 14 y nada más elaboró actas de entrega recepción para 10 donativos. Pero los datos contenidos en ellas, como el donante, la donataria o la cantidad donada “no son sólidos con la documentación soporte. Por ello se determinó que no se contó con información útil, confiable y oportuna sobre la entrega, recepción y distribución de los apoyos lo que impidió darles seguimiento”.

Solo 1 de cada 5 hospitales dañados están reparados, y de forma dudosa

De los hospitales que resultaron afectados por los sismos de 2017 en el país, en promedio solo 1 de cada 5 se encuentra supuestamente rehabilitado hasta la fecha, sin que tampoco existan datos que lo acrediten plenamente. Se trata de una atención deficiente de parte de la Secretaría de Salud a un proceso prioritario de reconstrucción.

Así lo concluye una evaluación practicada por la ASF al proceso de atención de los 132 centros de salud afectados en seis entidades, la cual muestra fallas desde la fase de evaluación de los inmuebles afectados hasta la supuesta conclusión de los trabajos.

El informe detalla, por ejemplo, que en los formatos de los diagnósticos de los centros afectados no se incluyeron cerca de la mitad de los datos que la normatividad marca, entre ellos el de clave de la localidad donde se encuentra el edificio afectado, tipo de centro de salud dañado y su capacidad. Ello, según los auditores, vuelve al diagnóstico poco confiable.

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Lo anterior trae como consecuencia que tampoco haya una base sólida y técnica que justifique los 491 millones de pesos que se cuantificaron para la reparación de los centros afectados, monto que ya de por sí es superior en 179 millones de pesos a lo que originalmente se había solicitado, sin que tampoco haya una razón que justifique esta amplia diferencia.

A su vez los auditores encontraron problemas graves en la planeación de los trabajos ya que solo se documentaron estrategias de rehabilitación basadas en evaluaciones documentadas para 44 de los 132 inmuebles afectados, sin que hubiera justificación de porque en los 88 centros restantes no se hizo esta labor.

LA ASF también revisó cinco informes de avances trimestrales físicos y financieros de estas obras en donde sin embargo, se consignaron datos de manera genérica e incompleta, sin que quede claro como se aplicaron los recursos siguiendo los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales, que es de donde provienen.

“También existieron inconsistencias respecto de los avances registrados en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, debido al registro de una disminución en los porcentajes de avance, sin que la Secretaría de Salud explicara las causas de dichas variaciones”, indica el informe de los auditores

Y lo más preocupante: un avance de solo el 21.2% en los trabajos de rehabilitación de los centros de salud afectados, al haberse reportado como listos a 28 de los 132.

“Y aun cuando se reportó solo ese nivel de avance se careció de la información sobre los objetivos y las metas, así como la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos reportados”, indicaron los auditores.

Por este tema la ASF emitió 13 recomendaciones a la Secretaría de Salud y promovió la apertura de tres expedientes de investigación internos.

Omisiones y sobrecostos en reconstrucción de escuelas

La ASF acreditó múltiples problemas en el proceso de reparación y reconstrucción de 19 mil 194 planteles que resultaron afectados por el sismo de 2017, desde deficiencias en los dictámenes que acreditaran los daños y por ende el presupuesto requerido, hasta la falta de un seguimiento adecuado al punto en que no se tiene acreditado que la sobras hayan concluido. Todo ello responsabilidad de la SEP.

A ello se suma un presunto sobrecosto en las obras ya que para 2018 la Secretaria de Educación Pública reportó el ejercicio de 606 millones de pesos, que es casi 20% arriba de lo que se había autorizado.

“Esto sin que la dependencia remitiera la documentación comprobatoria del gasto, ni explicara las causas que originaron tal situación” señalaron los auditores.

El informe de resultados de la ASF arroja que se evaluaron daños en 5 mil 10 escuelas a las que se destinaron recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y en 10 mil 901 planteles a las que se destinaron recursos del Programa de Reforma Educativa.

“Sin embargo, la secretaría careció de la evidencia documental para comprobar la viabilidad de la inclusión y la ejecución de las obras de reconstrucción y rehabilitación, por lo que se desconoció si las obras propuestas contaron con el sustento técnico que acreditara su inclusión”, señala el informe.

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Incluso, en poco más del 40% de los planteles reportados ni siquiera se acreditó una correcta evaluación de daños.

La ASF también encontró deficiencias en cuanto al seguimiento de las obras que se propusieron, ya que no se presentaron todos los informes de avance trimestrales que tendían que elaborarse, y tampoco se dio constancia de las visitas de supervisión que se deberían de haber llevado a cabo.

La SEP informó a los auditores que en 2018 se visitaron el 75% de los planteles afectados, pero no hay evidencia documental que acredite los resultados de dichas visitas ni las conclusiones que tendría que haber arrojado.

Y finalmente, la dependencia tampoco proporcionó información que diera cuenta de la presunta conclusión de las obras y de que estas se llevaron de forma adecuada.

“En opinión de la ASF, la gestión gubernamental de la SEP en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas del nivel básico afectadas por los sismos de 2017 fue deficiente” concluyeron los auditores.

Por estas anomalías, la ASF emitió 17 recomendaciones a la SEP y le pidió abrir a través de su Órgano Interno de Control tres investigaciones.

Viviendas afectadas: padrones contradictorios y mínima supervisión

¿Cuántas viviendas exactamente resultaron afectadas por los sismos registrados hace más de año y medio? Esa es una información que no está clara pues los padrones oficiales resultan contradictorias, pese a que todos ellos dependen de la propia Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbanos (Sedatu).

La ASF reportó que de acuerdo con los diagnósticos definitivos fueron 172 mil 57 las viviendas dañadas, de las cuales el 64.9% son viviendas con daño parcial; 34.8% con daño total; y el resto con daño menor.

Sin embargo, el padrón de viviendas contemplado en la base de datos de programas y acciones arroja solo 168 mil 256 inmuebles, mientras que en el padrón para la entrega de apoyos con tarjetas electrónicas aparecen solamente 170 mil 871 viviendas. Todas las cantidades difieren.

“En relación con la supervisión, sólo se contrató la supervisión de 59 mil 866 viviendas con daño total, lo que representó el 34.9% de las 171 mil 494 viviendas afectadas registradas en sus diagnósticos y que difieren de las 170 mil 871 incluidas en sus bases finales, de las que supervisó 59 mil 380 (34.6%)” señala el informe.

De las viviendas en donde sí se realizó un trabajo de supervisión, la Sedatu informó que solo en 25 mil 584, es decir menos de la mitad, se reportaron avances del 75 al 100% en los trabajos. En el resto de las viviendas los avances fueron inferiores al 50% e incluso en algunos casos se desconoce por completo.

Estas irregularidades, señalan los auditores, arrojan dudas en la correcta aplicación de casi 118 millones de pesos que se distribuyeron a los beneficiarios de las viviendas afectadas para los trabajos de reparación.

A ello se suma que la Comisión Nacional de Vivienda sólo proporcionó asistencia técnica a 15 mil 373 viviendas de las 60 mil 302 viviendas con daño total que la Sedatu reportó como en daño total. Dicha Comisión también mostró deficiencias en los registros relacionados con las viviendas afectadas.