La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza Trujillo, ha dictado un auto de procesamiento contra la concejal de Arganzuela y Usera Rommy Arce por un delito de injurias graves contra la Policía Municipal de Madrid, al atribuir la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye a una persecución de agentes de este cuerpo. En el escrito judicial también pide que se abra un procedimiento de diligencias previas contra el presidente del Sindicato de Manteros, Malick Gueye.

La juez interpreta que la concejal puede ser autora de un delito tipificado en el artículo 208 del Código Penal, que recoge multas de seis a catorce meses. En caso del artículo 504.2, esas multas pueden llegar hasta los 18 meses.

Rommy Arce difundió algunos mensajes en su cuenta de Twitter que el inmigrante senegalés Mame Mbaye, fallecido tras sufrir un ataque al corazón en Lavapiés el 15 de marzo de 2018, en el que se acusaba de su muerte por la persecución de la policía. También exigía “el fin del hostigamiento policial”.

A sabiendas

“Con conocimiento del fallecimiento por causas naturales del ciudadano senegalés, los investigados, con la intención de menoscabar la dignidad del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, difunden mensajes atribuyendo dicho fallecimiento a una actuación violenta de la Policía Municipal”, afirma la juez, que recuerda que ese día se produjeron graves disturbios que pusieron en peligro no solo bienes materiales, “sino también la integridad física de policías y ciudadanos”.

La juez determina que "concurren indicios bastantes para acordar la continuación del procedimiento, y que por tanto, sea en el juicio oral, donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en este trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal".

La conclusión de la causa se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalase la investigación tras rechazar los recursos de la edil madrileña y del portavoz de manteros. Ambos impugnaron el auto en el que la juez admitía las querellas interpuestas por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y la de la Unión de Policía Municipal (UPM).

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