El ejercicio 2017 seguirá siendo negativo para una parte no desdeñable de la población española, en sintonía con las líneas básicas que preconiza el sistema capitalista financiero que nos invade. Este sistema apuesta por implementar un crecimiento basado en procesos de endeudamiento masivo, que acaban diseñando burbujas financieras que, a su vez, permiten engordar las cuentas de resultados de un conjunto de empresas ligadas a las finanzas, normalmente especulativas.

Más allá de cifras concretas, que casi nunca se cumplen, tenemos una realidad económica y social en España que está sujetada únicamente por factores coyunturales, y normalmente exógenos: precio del petróleo, tipos de interés, tipos de cambio, turismo internacional y compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE). Todos estos factores son los que van a condicionar el devenir teórico de las principales cifras de crecimiento, precios y empleo, pero por debajo de los números, que en muchos casos están mal calculados, la sociedad española sigue sufriendo daños estructurales que no tienen visos de ser superados en las próximas décadas.

La economía española no es autónoma y depende en exceso de factores de nuestro entorno y algunos de ellos van a cambiar de signo, lo que sin duda moverá el viento de la actividad hacia un nuevo tobogán bajista. En 2017, veremos nuevas subidas de precios del petróleo, aunque no por factores de demanda, sino más bien por elementos de geopolítica, en un tablero de ajedrez en el que no pintamos nada. Este encarecimiento de los precios de la energía va a disparar la inflación, tras unos años en que nos habíamos acostumbrado a que las cifras oficiales de precios descendían, aunque muchos ciudadanos no lo notaban en exceso. Este primer efecto se dejará notar en el consumo de una parte de la población, la más vulnerable, que no puede utilizar fuentes alternativas. Pero también será una mala noticia para la industria y sectores muy intensivos en el uso de las energías fósiles, lo que restará una parte del crecimiento sin alma que seguirá instalado en la sociedad española.

Esta histórica falta de diversificación energética, que ha venido para quedarse, se asemeja a las fuentes de crecimiento basadas en los servicios de bajo valor añadido. Si analizamos por qué crece España, uno se encuentra con que se debe a una posición dominante en unos sectores que hacen un uso muy intensivo de la mano de obra, como la agricultura o el turismo, que aportan una parte importante del crecimiento del PIB, por el lado de la oferta, y que no tienen alternativa a corto y medio plazo. Aquí, los factores exógenos que reduzcan la renta y riqueza de los países demandantes de estos servicios y productos básicos nos perjudicarán, por lo que tendremos que estar muy atentos a lo que ocurra en Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. Cualquier susto en estos países, principales emisores de turistas, nos afectará y drenará aún más el crecimiento de mala calidad del que todavía presumimos, igual que hacia la dictadura.

La política monetaria será también otro factor a tener en cuenta para preservar la velocidad de crucero de quienes optan por invertir sus fondos en activos financieros, en lugar de apostar por actividades productivas. Esta política de compra masiva de deuda, en muchos casos de mala calidad, favorece mantener unos tipos de financiación de la deuda poco acorde con nuestra posición en el ciclo, ya que nos correspondería tipos de interés más elevados. Pero el BCE pretende mantener la respiración asistida, siempre que cumplamos los preceptos que nos empobrecen más y que permiten extraer mayor volumen de rentas a los percentiles más altos de la distribución. Aquí los vientos internacionales han cambiado de tono, por ejemplo, en Estados Unidos. La subida de tipos en EEUU puede influir en que la política en la Unión Europea (UE) puede tener los días contados, lo que restablecería una normalidad que permitiese diferenciar el riesgo entre Alemania y España, lo cual solo favorece a las sucesivas burbujas financieras.

Pero los verdaderos problemas de España, la falta de tejido productivo, el escaso capital humano y tecnológico, la mala calidad de las instituciones públicas, la deficiente gobernanza pública y privada, la enorme brecha entre percentiles de renta y el escaso sentido crítico de una sociedad adocenada, siguen ahí y sin visos de solución. Una consecuencia de todo ello es que, a pesar del crecimiento estadístico, en 2017 el empleo no mejorará de calidad, ni los salarios permitirán vivir dignamente a una gran parte de la población, sin entrar a valorar el deterioro del sistema público de pensiones.

El tema del empleo es crucial, ya que de él depende el bienestar de la sociedad y la dignidad de muchas familias, que viven atemorizadas por una costumbre del sistema que debería erradicarse: la precariedad y la mala calidad del empleo nada tiene con ver con la posición en el ciclo. Una evidencia es que si comparamos la calidad del empleo en España, utilizando la metodología de la OCDE, España apenas ha mejorado nada desde el año 2007. Esta metodología utiliza los ingresos, dólares por hora, inestabilidad laboral y tensión en el trabajo como fuente de comparación entre países y los resultados son tristísimos. España lidera la inestabilidad laboral y la tensión laboral, y es del furgón de cola en ingresos por hora. Lo más grave es que esa situación ya era así en 2007, cuando la tasa de paro era del 8%, lo cual indica que la situación del mercado laboral es estructural y no coyuntural.

Para 2017, se anuncian que se crearán más de 400.000 empleos, algo difícil de cumplir en un entorno de incertidumbre internacional, de cambio de rumbo en política monetaria y de alza del precio del crudo. Los empleos que se creen seguirán manteniendo el patrón de nuestro mercado laboral: mal pagado, precario, con abusos en las condiciones laborales y sin expectativas de cambio normativo que mejore esta situación, de esclavitud en algunos casos. La reciente aprobación de la subida del Salario Mínimo Internacional (SMI) y las cláusulas que eviten el dumping salarial en la maraña de la subcontratación no van a cambiar la tendencia, por más que los opinólogos que no leen el Boletín Oficial del Estado (BOE) apuesten por un cambio drástico, simplemente para apoyar al fantasma político que es hoy el PSOE.

La productividad, no la aparente del factor trabajo, sino la que verdaderamente genera avances en el crecimiento vía innovación y cambio de modelo productivo, seguirá bajo mínimos, sin que nadie la defienda, encantados como están todos con las cifras, en muchos casos trucadas, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). La industria seguirá perdiendo terreno, en primer lugar, porque no hay política industrial, y en segundo porque el auge del precio de la energía es la peor noticia para un sector despreciado por los sucesivos gobiernos, que han preferido mimar al turismo, que apenas necesita inversión en capital físico y humano. Un ejemplo es el sector aeronáutico, cuyas necesidades en materia de financiación y formación no son satisfechas ni por el gobierno central ni por los regionales, lo que da idea del desprecio hacia un sector que genera el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) y algo más el 6% del empleo a nivel nacional.

Esta falta de avance de la productividad se explica por una falta de diseño institucional, público y privado, que permita garantizar la inversión y el mantenimiento de unas estructuras científicas que inyecten savia nueva al sistema nacional de ciencia y se interconecten con un sector empresarial poco habituado a la inversión distinta del ladrillo. La asunción de riesgos y el escaso capital disponible hacen imposible avanzar en la mejora de la productividad. A todo esto contribuye un sistema educativo obsoleto, anquilosado y mal financiado en sus estadios iniciales, y una etapa universitaria de pésima calidad y endogamia insoportable.

Sin mejoras en productividad no habrá ganancia salarial en 2017, lo que hará estructural la pérdida de poder de compra de asalariados, pero también de los pensionistas y de los empleados públicos. Ello consolidará el agujero de la Seguridad Social, lo que nos obligará a tomar prestados más fondos en los mercados financieros, lo que agrandará nuestro volumen de deuda sobre PIB. Si se mantiene también el rescate de nuevos sectores deficitarios, como las autopistas, no cumpliremos el Plan de Estabilidad mandado a Bruselas, que se basa en unas previsiones de crecimiento e ingresos públicos que no se cumplirán un año más.

En resumen, 2017 será otro año de ahondamiento en la desigualdad y crecimiento de la pobreza, con más familias al borde de la exclusión. Con más inflación y menos empleo de calidad, España no resolverá ninguno de los problemas estructurales que atesora, empezando por un nivel de endeudamiento insoportable. En un contexto internacional de mayor aversión al riesgo, y de cambio en la política monetaria en algunos países, nada de lo que leamos y escuchemos por parte de los opinologos a sueldo de la derecha y de la izquierda –que nos avergüenzan por igual los sábados por la noche– sobre las bondades de nuestra economía tiene sentido. España está condenada a ser un país de trabajadores mal pagados, con empresas pequeñas e ineficientes, un Estado que no cumple su función constitucional, dentro de un club europeo en franca decadencia que no tiene visos de superar la crisis estructural que tiene su origen en el diseño institucional, viciado, además, por la presión de los lobbys conservador y socialdemócrata para que nada cambie.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral