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PAH de Oviedo denuncia esta nueva vulneración por el Ayuntamiento y el Gobierno del Principado del derecho fundamental de las familias en riesgo de exclusión a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades.

Oviedo, 11 de septiembre de 2019

Continúa en Oviedo imparable la sangría de desahucios por impago de alquiler. En esta ocasión, una joven madre y su bebé de cuatro meses serán expulsados de su vivienda a las 09:00 de la mañana del próximo viernes 13 de septiembre. La alternativa ofrecida por los Servicios Sociales municipales y el Gobierno del Principado de Asturias es su alojamiento provisional en el Albergue Cano Mata de Oviedo durante tres meses. Como en el caso de la pareja desahuciada el pasado 8 de enero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo denuncia que esta solución resulta inadmisible e inadecuada para esta joven y su hija de tan corta edad, puesto que no cumple los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad en la tenencia necesarios para poder desarrollar su proyecto vital. Responsables del Albergue han reconocido públicamente que la instalación, por el perfil propio de sus usuarios, no es un lugar adecuado para menores y que en la mayoría de los casos las estancias se prologan mucho más de los tres meses inicialmente previstos.

La familia no percibe el salario social básico, pendiente de aprobación desde hace cuatro meses. Sus únicos ingresos consisten en una ayuda de emergencia concedida por el Ayuntamiento y tampoco han recibido respuesta a su solicitud de una vivienda social.

Ante este acuciante problema que afecta a 25.000 hogares asturianos, la respuesta del nuevo Gobierno del Principado, hasta el momento, es la negación de la realidad, el inmovilismo y la continuidad de las políticas fracasadas de los gobiernos anteriores. Así lo demuestra el mantenimiento en la Dirección General de Vivienda de Fermín Bravo, que ha ocupado el puesto en los últimos cuatro años. PAH Oviedo exige una vez más al Ayuntamiento y al Principado que adopten medidas para una verdadera mediación entre inquilinos y propietarios que eviten el callejón sin salida del desahucio, y les reclama que utilicen todas las herramientas a su alcance y dispongan los recursos presupuestarios precisos para movilizar las viviendas desocupadas, ponerlas a disposición de las familias en riesgo de exclusión residencial y garantizar así su derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada.