Efectivos de la Policía Federal allanaron dos departamentos del edificio de la calle Juncal al 1300, esquina Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, habitual residencia de la ex presidenta Cristina Kirchner. Pero no ingresaron a su departamento porque está protegido por sus fueros de senadora.

Operativo de la Policía Federal en el edificio de Cristina Kirchner. (Marcelo Carroll)

El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa conocida como "los cuadernos de las coimas". Fuentes judiciales aseguraron a Clarín que el objetivo de la búsqueda se centró en los departamentos del 1° y 4 ° piso, se sospechaba que podía haber dinero en efectivo.

Ambos inmuebles están a nombre de Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López y preso en el penal de Marcos Paz.

La abogada de la ex diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, explicó que en el 2014 De Sousa vendió los departamentos al titular del grupo Indalo.

El departamento del quinto piso, donde hoy vive Cristina, hasta fines del 2015 estuvo alquilado por Cristóbal López, quien a su vez se lo subalquilaba al abogado de Indalo Petróleo, Mauro Ismael Sánchez y su esposa Natalia Inés Lima, tal como reveló Clarín en el 2016 en exclusiva.



El juez ya dictó una orden de allanamiento para el departamento de Juncal y Uruguay y otros dos inmuebles de Cristina, pero no se concretaron debido a que cuenta con la protección de los fueros parlamentarios.

En el departamento de Recoleta, según los cuadernos que escribió el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, se entregaban bolsos con miles de dólares. Allí, de acuerdo con la reconstrucción que surgen de los cuadernos, el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido el equipaje cargado de dinero negro.

Ante la imposibilidad de ingresar al departamento de Fernández de Kirchner, el miércoles el Senado podría autorizarlos, en una sesión que se observa con especial atención la actuación del peronismo.

Se barajan dos posibilidades. Una sería la aprobación del permiso en el recinto de la Cámara alta. A su vez, no se descarta que la autorización surja de un acuerdo entre los bloques políticos, que delegarían en la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti, la respuesta al juez.