Lealtad, reserva y perfil bajo son tres atributos fundamentales para cualquiera que quiera integrar el círculo íntimo de Tabaré Vázquez. Miguel Ángel Toma las reúne, y por eso se ganó la máxima confianza del presidente, que en esta última administración, llegó incluso a delegarle tareas que antes eran de su absoluta responsabilidad.

Escueto para comunicarse, este abogado de 67 años es lo más parecido a un jefe de gabinete que tiene el gobierno. No hay asunto jurídico que no pase por sus manos. Es la persona que redacta las resoluciones y decretos presidenciales y que muchas veces resuelve asuntos con los ministros. Su inteligencia, capacidad de trabajo y criterio para asesorar lo tenían al presidente en el mejor de los refugios. Hasta que patinó de forma insólita con un tema de especial sensibilidad para la izquierda.

En la segunda quincena de febrero, Vázquez recibió una llamada que lo alertó. Era el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, diciéndole que había recibido la sentencia de los tres casos de los Tribunales de Honor y adelantándole que había un informe del comandante Guido Manini Ríos que "tenía que ver". Se reunieron al día siguiente y Vázquez le pidió a Menéndez que "hable con el doctor Toma". "Decile que voy a firmar estas dos resoluciones y que esto pase a la Justicia", le dijo Vázquez, según reveló en una entrevista con el informativo de VTV Noticias.

De esta forma, el presidente confiaba el asunto en su hombre de mayor confianza. Toma y Menéndez se reunieron pocos días después. Esta vez, el ministro llevó algo más que las sentencias: el expediente completo que contenía las actas con la confesión de Gavazzo. "Toma vio las actuaciones, dijo esto hay que pasarlo a la Justicia, y el ministro de Defensa se llevó todo a su despacho para cumplir la orden", relató Vázquez. Las declaraciones de Gavazzo habían salido del Ministerio de Defensa y ahora la responsabilidad también era de la Presidencia de la República.

Presidencia

Pero tras la purga de autoridades que se dio este lunes, luego que El Observador informara sobre las confesiones de Gavazzo y el acceso que Defensa y Presidencia tenían a esas actas, Toma mantuvo su lugar a la derecha del presidente. Es el único sobreviviente.

De Batlle a Vázquez

De filiación colorada, Toma nunca fue un militante político y su ingreso como procurador en el Ministerio de Salud Pública en 1997 estaba justificado por sus calificados conocimientos en materia de derecho farmacéutico y legislación sanitaria, según se contó en este perfil publicado por El Observador. En Salud Pública hizo carrera y durante la presidencia de Jorge Batlle llegó a la Dirección General del ministerio a partir del año 2000.

Un alto funcionario del gobierno de Batlle recuerda que Toma era el hombre que "movía todo" en esa secretaría. Que así fuera resultó una sucesión natural de los hechos. Su primer ministro, Horacio Fernández Ameglio, era un hombre más vinculado al sector agropecuario que a la Salud y por eso él era quien lo acompañaba a los “acuerdos” con Batlle.

El presidente colorado le tenía especial consideración y lo distinguía por sus conocimientos y claridad así como por su agudeza y sagacidad, comentó una fuente que era muy cercana a Batlle. Además de Fernández Ameglio, Toma fue funcionario del ministerio de Luis Fraschini y Alfonso Varela. Cuando asumió Conrado Bonilla en el cargo en el 2003 hubo algún roce que lo llevó a alejarse del ministerio después de una larga trayectoria en la cartera.

La confianza que había inspirado en el presidente hizo que sobre el final del periodo lo intentaran llevar para Presidencia, una posibilidad que se llegó a plantear pero nunca se concretó. Pero para ese entonces la suerte ya estaba echada.

Conociendo al futuro jefe

El destino quiso que durante su trabajo en el ministerio Toma conociera a quien sería su futuro jefe durante la investigación que exoneró de culpas a Vázquez por la compra de equipos informáticos por parte del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del MSP, que el actual presidente dirigía, a la empresa de su hijo Javier.

Hubo otro caso que incumbió a Vázquez y en el que Toma estuvo directamente involucrado. Como director de la Secretaría General del MSP fue quien asesoró y preparó las resoluciones de clausura de varias clínicas de radioterapia en el año 2001.

Un año y medio después de irse del ministerio, el 1° de marzo de 2005, Toma asumió como director de la Oficina de Servicio Civil del gobierno de Tabaré Vázquez.

La decisión del ministerio de Fraschini seguía el consejo del experto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ramón Baeza, quien había hecho un informe lapidario sobre el estado de los centros clínicos en los que se trataba a enfermos de cáncer. El informe de Baeza se nutría de tres trabajos de campo anteriores: la misión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de 1996 y dos misiones de expertos argentinos en los años 1997 y 2000.

"La situación es francamente alarmante y requiere de corrección a la brevedad posible. Es necesario hacer presente que el problema no es solamente de equipos de irradiación sino que también de toda la infraestructura necesaria para poder realizar radioterapia", concluía el informe de Baeza que, de haber hecho público en esos días, hubiera provocado una alarma generalizada.

Leonardo Carreño

De las doce clínicas relevadas, la de los hermanos Leborgne y el Pereira Rosell era la única en condiciones "técnicamente aceptables". Los otros diez centros –entre los que estaba el Consultorio de Oncología y Radioterapia de Montevideo (COR), propiedad de Vázquez- no contaban con la infraestructura apta para el tratamiento clínico.

En el año 2001 el COR tenía dos equipos que usaban la tecnología de Cobalto-60: Eldorado 6 y Theratron 80. Según el informe de Baeza, Eldorado 6 debía ser retirado (arrastraba problemas diagnosticados desde 1997, la distancia entre la fuente y la piel era "inadecuada para el tratamiento de pacientes" y no había datos de cambio de la fuente desde la instalación del aparato hacía 14 años). El informe también concluía que el Theratron 80 debía ser "reinstalado o reemplazado". Según el informe del experto de la OPS-OMS, el COR y otras nueve clínicas habían irradiado a pacientes durante años sin tener las condiciones apropiadas de tratamiento clínico.

D. Battiste

Por eso el COR estaba en la lista de clausura del Ministerio de Salud Pública. Eran tres las personas que sabían que eso iba a pasar: el director de Salud, Eduardo Touya, el ministro Fraschini y Toma quien había asesorado jurídicamente al ministro en todo el proceso.

Horas antes de que el ministro se dispusiera a firmar las clausuras le llegó una resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería que permitía que los equipos del COR siguieran funcionando transitoriamente hasta que arreglara las observaciones que se le habían hecho. Con ese informe, la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (Dinaten) –que en aquel entonces era dirigida por Daniel Turcatti- le quitó al MSP la potestad de cerrar el centro por problemas con el equipo. Dinaten era el organismo que emitía los informes de contralor de los equipos.

A pesar de ofrecer condiciones de servicio tan irregulares como la de otros centros –según el informe de una autoridad mundial como Baeza- el COR siguió funcionando. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Turcatti dijo que la inclusión del COR en la lista de clínicas irregulares era un "error desde el punto de vista administrativo" debido a que ese centro ya había resuelto sus problemas.

Un año y medio después de irse del ministerio, el 1° de marzo de 2005, Toma asumió como director de la Oficina de Servicio Civil del gobierno de Tabaré Vázquez. Luego fue secretario de Presidencia y más tarde fiscal de gobierno durante la administración de Mujica para volver a ocupar la Secretaría de Presidencia.

Toma ha sido cuestionado ante la creencia que ha promovido acciones para defender los intereses del empresario Francisco Casal. En 2017 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que podría beneficiar al empresario Francisco Casal en su pelea por los derechos de televisación de las eliminatorias. El semanario Búsqueda lo consultó sobre el tema y él acusó al medio de estar "del lado de quienes intentan amedrentar a la autoridad". Toma junto a Daniel Borrelli fueron los fiscales de gobierno que recomendaron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI).