Se conoce como "Masacre de Laja". Ocurrió a una semana del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Entonces un piquete de Carabineros asesinó a diecinueve personas pertenecientes a las localidades de Laja y San Rosendo.

El hecho, que se mantuvo bajo un manto de silencio por más de cuatro décadas, actualmente tiene a más de 10 procesados y revela la colusión entre policías, empresa privada, justicia y gobierno para la comisión y encubrimiento de un delito de lesa humanidad.

Anoche, en el programa 'En la Mira' de Chilevisión, Samuel Vidal, ex Carabinero mencionado en el proceso, rompió el pacto de silencio.

"Yo, por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973, yo prestaba servicio para la Tenencia Laja, tenía como 22 años (...). A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de Estado me fueron a buscar a mi domicilio", señaló el ex uniformado.

"Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Había dos civiles y éramos 13 Carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas la familia o uno", agregó.

"Sentí pena, amargura y pensé por qué yo estaba metido en esto. Yo entré por vocación a Carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón. Acataré lo que la justicia diga", dijo Vidal.

Además el reportaje contó con el testimonio de Sebastián Cifuentes, un ex camionero, que en esos días buscaba leña en un bosque cercano al lugar donde fueron asesinados los trabajadores.

"De hecho, uno al ver lo que había afuera, uno sospechaba de que ahí mataron gente, pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor, ya que se llenó de funcionarios de la empresa", acotó Cifuentes.

Cronología

El teniente Alberto Fernández Michell ordenó el 11 de septiembre de 1973 el acuartelamiento de los 16 carabineros de la Tenencia de Laja.

Los dos suboficiales a su cargo eran el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos.

Ese mismo día recibió órdenes de sus superiores en Los Ángeles de detener a todas las autoridades del gobierno derrocado, sus subdelegados y al alcalde de la ciudad de Laja.

Por tal motivo, una patrulla de Carabineros procedió a detener a un grupo de trabajadores de la planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlada por la familia Matte.

A la salida de la jornada, les ordenaron formarse en fila y se efectuaron las detenciones a partir de una lista negra confeccionada por el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido.

Los detenidos fueron llevados al Regimiento de Los Ángeles.

Posteriormente, fue detenido Manuel Becerra en la estación de ferrocarriles de Laja, donde se despedía de su madre para volver a Curacautín donde asistía a la escuela industrial. Su culpa fue "ser del MIR".

Más tarde fue detenido en la Barraca Burgos el obrero comunista Luis Armando Ulloa de 41 años, casado y con cinco hijos.

En la tarde del 13 de septiembre a la salida de CMPC fueron detenidos por Carabineros Juan de Dios Villarroel (34 años y cuatro hijos); Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, militante del Partido Socialista de Chile (PS); y Federico Riquelme. Fueron llevados detenidos a la tenencia, a donde llegó también Alfonso Macaya, regidor de la comuna, quien se presentó voluntariamente al informarse por radio que se le buscaba.

El 14 de septiembre fueron detenidos a la salida de la CMPC Wilson Muñoz y Fernando Grandón, (34 años, ocho hijos).

El 15 de septiembre fueron detenidas en San Rosendo siete personas.

Posteriormente, fue detenido Luis Alberto Araneda, 43 años, maquinista, dirigente del sindicato Federación Santiago Watt de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, militante del PS y presidente de la Junta de Abastecimientos y Precios.

El mismo piquete llegó hasta la casa de Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles donde el piquete de carabineros lo arrestó.

Luego fueron detenidos también el empleado de la CMPC Dagoberto Garfias (23 años), Mario Jara (21 años), Raúl Urra (23 años) y el director de la Escuela 45 de San Rosendo Óscar Sanhueza (23 años). Los detenidos fueron llevados primero a la plaza de San Rosendo, donde fue detenido Jorge Zorrilla, un obrero de 25 años que se presentó voluntariamente.

El grupo cruzó a pie el puente peatonal del Río Laja y en un microbús puesto a disposición por la CMPC los detenidos fueron llevados a la Tenencia de Laja.

En la noche del 15 de septiembre se presentó voluntariamente en la Tenencia de Laja el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, donde quedó detenido.

El 16 de septiembre llegaron detenidos a la tenencia Juan Carlos Jara, de 17 años, por una riña callejera, y Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja.

En la madrugada del 18 de septiembre un microbús con los 19 detenidos, más otros vehículos con todos los policías de la tenencia a excepción de tres que se quedaron haciendo la guardia, tomaron el camino a Los Ángeles por la ribera sur del Río Laja, cruzaron el Puente Perales y, guiados por el agricultor Peter Wilkens, llegaron a un claro del bosque de pinos a unos 300 metros del camino, dentro del Fundo San Juan, donde con las palas cavaron una fosa de un metro y medio de profundidad. En ese lugar hicieron descender a los detenidos y los llevaron hasta el borde de la fosa. Alterados y tras discusiones se dio la orden de disparar sobre los indefensos. Todos los uniformados dispararon.

Los cuerpos de las víctimas que no cayeron a la fosa fueron arrastrados y todos cubiertos con arena. Colocaron unas ramas sobre la tierra removida y volvieron a Laja en silencio y siguieron bebiendo y juraron una vez más no decir palabra sobre lo sucedido, so pena de compartir la suerte de los detenidos.

El 20 de septiembre se presentó voluntariamente a Carabineros de la ciudad de Los Ángeles el obrero de la CMPC Luis Sáez, dirigente sindical y militante del MAPU, quien habría sido buscado por la autoridad. Fue detenido y su cuerpo apareció seis años después cerca del lugar donde fueron fusilados los diecinueve detenidos.

En octubre de 1973 un agricultor de la zona avisó a Carabineros de Yumbel, una ciudad a 20 kilómetros al norte de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos. El parte oficial del hecho fue enviado al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel, pero la jueza Corina Mera ordenó esconderlo y nunca se investigó. El teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el cementerio parroquial de Yumbel.

En 2010 la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa.

El ministro Carlos Aldana revisó los antecedentes, dejo sin efecto el sobreseimiento y reabrió la causa. De los 17 carabineros de la tenencia, tres murieron, otros tres fueron sobreseídos porque estuvieron de guardia en la tenencia y los otros once están siendo procesados por el delito, entre ellos el oficial que es acusado como autor del homicidio. Todos los procesados están en libertad condicional mientras dura el proceso.

Silencio judicial



Familiares de ejecutados políticos de la región del Bío Bío demandan la renuncia de la ministra de la Corte Suprema Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.

El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera, entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de una licencia médica.

Egnem –como jueza subrogante– guardó el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró registros judiciales.

Cuarenta años después, con la causa a cargo del ministro especial por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios, resurge el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema.

Por la omisión que impidió conocer antes la verdad sobre esos crímenes, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Laja-San Rosendo demandó la renuncia de Egnem. Así lo expresó su vicepresidenta, Fresia Ponce, sobrina de una las víctimas, Alfonso Macaya.

“Se supone que ella no tiene por qué estar en ese cargo cuando ella no hizo nada de todo lo que estaba pasando y vio los hechos, que era en ese momento cuando encontraron los cuerpos en Yumbel. Queremos que esa gente dé la cara y diga la verdad y diga realmente qué pasó, por qué no siguieron con todo el proceso”, dijo.

Vea reportaje 'En la Mira'...