Columna de Hugo Alconada Mon 13:54

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Hugo Alconada Mon Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 18:42

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario Ángelo Calcaterra y otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada, por medio de "maniobras defraudatorias" por casi 5 millones de dólares.

La AFIP consideró que existen evidencias suficientes para concluir que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa-, recurrieron a un supuesto contrato con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA (más conocida por las siglas DSC) para extraer US$4,95 millones de los balances.

Para el fiscal federal Franco Picardi, ese contrato con DSC fue una de las vías que utilizó el consorcio paratriangular dinero a través del Principado de Andorra, enviarlo al Uruguay y, desde allí, pagar los sobornos acordados en la Argentina.

La AFIP avanzó por la misma senda que el fiscal Picardi, pero sin abordar la hipótesis de los sobornos, lo que excedería sus atribuciones. Pero quedó a un paso de plantearlo. Expuso que "constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado".

El organismo tributario también le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sus técnicos analizaron la documentación, detectaron inconsistencias y faltantes, y concluyeron que el supuesto contrato con DSC es "apócrifo ideológicamente", por lo que dieron "por acreditadas las maniobras de evasión" en 2011 y 2012.

El juez Martínez de Giorgi deberá evaluar ahora si ordena la indagatoria de Calcaterra y los restantes miembros de los directorios y representantes legales de Iecsa, Odebrecht y Ghella, tras dictarles a mediados de abril pasado la falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos.

En su escrito judicial, la AFIP explicó que analizó la información que envió la Justicia andorrana y la documentación que aportaron las empresas, material que combinó con sus propios trabajos de veeduría, y que como resultado confirmó "la naturaleza apócrifa de los instrumentos acompañados [por el consorcio] tendientes a justificar las erogaciones".

¿Por qué? ¿Qué detectó? Para empezar, "errores en la redacción dentro de los contratos [.] que no pueden en modo alguno ser interpretados como meros descuidos carentes de importancia, como pretende la defensa". Por ejemplo, en las cláusulas sobre la vigencia misma de los contratos con DSC. O el monto previsto como anticipo financiero a recibir por los españoles, que en letras se fijó en el 15 por ciento, pero en números se cifró en el 20 por ciento.

Esta contradicción entre lo escrito (15%) y lo numerado (20%), abundaron los técnicos de la AFIP, se conservó en el contrato sin que "se emitiera siquiera un pedido de aclaratoria" aunque implicara cientos de miles de dólares de diferencia entre una y otra.

A esto se sumó, remarcó el organismo en su presentación judicial, "que la documentación acompañada en toda esta instancia [de revisión por sus sabuesos] se corresponde a fotocopias simples, sin sus respectivos originales ni ninguna otra documentación original de respaldo, extremo que agrava aún más la hipótesis de investigación".

Junto a Calcaterra, defienden la autenticidad y la legalidad del contrato con DSC. Afirmaron que la firma española desarrolló un "control de calidad" sobre los planos de la obra, aunque no aportó originales, ni constancias a la Justicia, pero sí fotocopias con un sello de DSC y una autorización que emitió el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (IMPI) para contratar a los españoles, aunque el IMPI le informó a su vez a la Justicia que no es su función certificar que ese contrato fuera real.

Por su parte, desde Madrid y ante la consulta de LA NACION, los responsables de DSC indicaron que "Odebrecht nos encargó la revisión de unos trabajos relacionados con esta obra con, al parecer, la finalidad de desviar dinero de su balance". Este diario también preguntó si el rol de DSC en las obras para soterrar el tren Sarmiento pudo ser una pantalla. "Te confirmo que tu comprensión es correcta", replicaron.

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