El Tribunal de Cuentas, el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del sector público, aprobó ayer un informe demoledor sobre las presuntas irregularidades en las obras de la futura estación del AVE en la Sagrera . El documento, que será remitido en breve al Congreso y del que informó en primer lugar la web de El País, ha detectado irregularidades por “un importe de 133,8 millones de euros que podrían haberse abonado indebidamente”. La cifra eleva la cuantía de las supuestas corruptelas que investigan dos jueces de Barcelona y que una auditoría de Adif evaluó en el 2014 en 84 millones.

El informe es un catálogo de lo que no debería ocurrir jamás en una contratación de obra pública y de los sobrecostes que se pueden producir “por deficiencias”. Los investigadores enumeran casos de “contratos sin las formalizaciones necesarias” o “sin la documentación requerida”, además de criterios “incongruentes” e “irregularidades” en la constitución de las uniones temporales de empresas.

Las críticas cobran una especial relevancia porque proceden de un ente reconocido por la Constitución como el responsable de controlar que la actividad económica pública se atenga a los principios de “legalidad y buena gestión financiera”. El Tribunal de Cuentas depende directamente del Congreso y sus miembros tienen las mismas incompatibilidades que los jueces.

Mala planificación, criterios incongruentes, sobrecostes y errores en el proyecto inicial

Identificar a los culpables del megafraude corresponde a la justicia, pero ya hay 14 investigados por sobornos, entre directivos de las empresas contratistas bajo sospecha y personal supuestamente desleal de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Algunos trabajos siguen paralizados por orden judicial, lo que ha tenido un efecto indeseado y ha retrasado más unas obras que ya tenían “significativos retrasos sin motivos acreditados”.

El memorial de agravios del Tribunal de Cuentas incluye puntuaciones “muy poco representativas” en los criterios de valoración de ejecución de obras y presupuestos irreales, a la baja, “lo que motivó problemas y dilaciones”. Los investigadores critican elecciones discrecionales “que no se ajustan a la normativa”, vulneraciones “de los principios de transparencia e igualdad de trato”, “deficiencias en la planificación” y sobrecostes y otras anomalías no motivados por “causas sobrevenidas o necesidades nuevas”, sino por “errores u omisiones en el proyecto inicial”.

Y, lo peor de todo, “importantes diferencias entre las obras abonadas y las realmente ejecutadas”, además de “contrataciones verbales sin cobertura contractual”, algo que apunta a la contratación a dedo y que resulta “inadmisible en el sector público”. El capítulo de conclusiones del informe analiza hasta 16 expedientes con supuestas irregularidades.

No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas examina con lupa las obras de la alta velocidad. En el 2013 ya detectó incrementos de precio de hasta el 230% en el tramo l’Hospitalet-La Torrassa del AVE Madrid-Barcelona y “deficiencias” en los tramos Castellbisbal-El Papiol, l’Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants, que motivaron sobrecostes “sin que conste que se exigieran responsabilidades a los contratistas”.

Tales hechos motivaron la apertura de las diligencias preliminares 106/2013, aún pendientes de juicio. Pero si hace cuatro años un incremento del 230% ya parecía inconcebible, el récord ha sido destrozado ahora. Por ejemplo, en el expediente 41, uno de los que ha analizado el Tribunal de Cuentas, los auditores han descubierto un incremento de más de 9,5 millones de euros, con “un 258% respecto del precio de adjudicación”.