MADRID. -Son, prácticamente, las marcas de alimentación y productos para el hogar más grandes del mundo: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever. Pero una investigación de Amnistía Internacional hecha pública este miércoles desvela que estas nueve empresas, que venden productos tan conocidos y consumidos por todos como el helado Magnum, la pasta de dientes Colgate, los jabones Dove, la sopa Knorr, el KitKat o el detergente Ariel, utilizan para sus productos aceite de palma “manchado por estremecedores abusos contra los derechos humanos”.



A pesar de que la mayoría de ellas asegura en su etiqueta que utilizan “aceite de palma sostenible”, Amnistía ha encontrado en sus refinerías o fábricas aceite suministrado directamente por plantaciones de Indonesia donde se producen situaciones de explotación infantil, además de otros abusos.

Para su investigación, la organización de Derechos Humanos ha hablado con 120 trabajadores de varias plantaciones de palma que abastecen a la empresa agroalimentaria Wilmar, el mayor productor de este tipo de aceite del mundo. Entre otras situaciones, Amnistía ha detectado a niños de ocho años que no acuden a la escuela para realizar un trabajo físico duro y peligroso; mujeres que cobran sólo 2,5 dólares al día sin pensión ni seguro de enfermedad; trabajadores con lesiones por el paraquat, una sustancia química tóxica utilizada en las plantaciones a pesar de estar prohibida por la UE y la propia Wilmar; larguísimas jornadas de trabajo físico para “cumplir objetivos absurdamente altos” o personas trabajando al aire libre sin equipos de seguridad adecuados pese al riesgo de sufrir daños respiratorios.



“No voy a la escuela. [...] Transporto yo mismo la bolsa con los frutos sueltos pero sólo puedo llevarla medio llena. Es difícil transportarla, pesa mucho. Lo hago también bajo la lluvia pero es difícil. [...] Tengo las manos doloridas, y me duele todo el cuerpo”, asegura un menor de 10 años que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar seis horas diarias para un proveedor de Wilmar.

Las empresas antes mencionadas fueron consultadas por Amnistía Internacional, aunque sus respuestas fueron poco claras. Siete reconocieron que compran aceite de palma procedente de las actividades de Wilmar en Indonesia, aunque sólo dos, Kellogg’s y Reckitt Benckiser, detallaron cuáles de sus productos podrían estar afectados, según una lista que les facilitó la organización. Colgate y Nestlé dijeron que ninguno de los productos de la lista contenía aceite de palma de Wilmar, pero no señalaron cuáles sí. Unilever y Procter & Gamble, que no quisieron responder sobre las refinerías concretas de las que se abastecen, no corrigieron la lista, y las otras tres ofrecieron respuestas imprecisas o ni siquiera contestaron.



Aún así, señala Amnistía, ninguna de las empresas negó que los abusos tuvieran lugar, ni aportó ejemplos de medidas adoptadas al respecto.



“Los abusos descubiertos no son incidentes aislados sino hechos sistémicos y una consecuencia predecible de la práctica empresarial de Wilmar. Algo no está bien cuando nueve empresas que tuvieron unos ingresos conjuntos de 325.000 millones de dólares en 2015 no pueden tomar medidas para abordar el atroz trato que reciben las personas que trabajan en la producción de aceite de palma, que además ganan una miseria”, señala Meghna Abraham, investigadora principal de Amnistía Internacional.

La trampa de lo “sostenible”

Tras los escándalos medioambientales que se destaparon con los cultivos de palma, que están destruyendo las selvas tropicales indonesias y sus especies, en 2004 se creó la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, un organismo que integra a diferentes empresas del sector y que en teoría, debe velar por que se respeten los derechos laborales y de las comunidades indígenas, así como garantizar que no se ocupen zonas de elevado valor medioambiental, que no se amenace la biodiversidad del lugar y promover prácticas agrícolas más limpias.



Ocho de las nueve empresas denunciadas por Amnistía Internacional forman parte de esa Mesa Redonda y, según la organización, tres de los cinco palmicultores que investigó en Indonesia están certificados como productores de aceite “sostenible” por ese mismo organismo.



“Este informe muestra con claridad que las empresas han utilizado la Mesa Redonda a modo de escudo para desviar un mayor escrutinio. Nuestra investigación reveló que esas empresas tienen políticas firmes sobre el papel, pero ninguna pudo demostrar que hubiera identificado riesgos obvios de abusos en la cadena de suministro de Wilmar”, ha afirmado Seema Joshi, responsable de Empresas y Derechos Humanos de la ONG.



La organización ha pedido a las empresas que digan a los consumidores qué productos contienen aceite de palma derivado de esos cultivos y al gobierno de Indonesia que mejore la aplicación de la ley –que ya prohíbe estas prácticas- y que investigue los abusos denunciados.

