Artículo publicado en konzapata.com

Por Gloria M. Bastidas @gloriabastidas.- Obama ya no tiene que apelar a los estereotipados argumentos del senador McCarthy: le basta con colocar en la misma lista a PDVSA y al capo de la mafia rusa, el multimillonario Semion Mogilevich, para demostrar cuán cerca está el poder de actividades ilícitas. Esta disputa no es de carácter ideológico: es de carácter penal. El crimen financiero, relativamente fácil de demostrar, le permite a Estados Unidos hacerse de un argumento poderosísimo para encuadrar a la élite chavista en la categoría de cartel.

La declaratoria de guerra que ha lanzado Estados Unidos al Gobierno no debe entenderse como una de esas clásicas pugnas que se producían en el marco de la Guerra Fría. Esta no es una cacería de brujas al más puro estilo del vehemente senador Joseph McCarthy. Una cacería que dio pie a todo tipo de arbitrariedades con tal de purgar a la sociedad norteamericana del “germen” comunista y que llevó, incluso, a la controversial ejecución, vía silla eléctrica, de los esposos Ethel y Julius Rosenberg bajo el cargo de haber filtrado a la URSS el secreto de la bomba atómica. Esta no es, tampoco, una de esas típicas querellas de David Contra Goliat como las que vimos en el pasado. Esto es muy diferente. El mensaje que Washington manda en esta oportunidad es que, más que tomar medidas contra un sistema político que va a contrapelo de lo que es su cartilla liberal, está pasándole la factura a un gobierno que, tal como precisara la analista Argelia Ríos, ha devenido en un cartel. Un cartel que para mantenerse en el poder recurre a flagrantes violaciones de los derechos humanos porque ha perdido la calle. Pero un cartel al fin.

No es porque la cúpula chavista abrace las banderas de Marx —al menos en teoría, y según rezan los propios estatutos del PSUV— por lo que Estados Unidos ha decidido actuar. Obama no es McCarthy. Esta pelea no es de carácter ideológico, aunque el Gobierno se empeñe en afirmar lo contrario. ¿No ha sido el propio Obama quien ha auspiciado el deshielo con Cuba después de medio siglo de enfrentamiento, incluida la invasión de Bahía de Cochinos?

La pelea que Washington ha entablado contra Venezuela (más bien contra figuras clave del Gobierno) es, si se quiere, de carácter penal. Estados Unidos como policía del mundo. Pero un policía que, en este caso, no se detiene en la iconografía socialista para extirpar el “demonio” del castrocomunismo, sino que apunta hacia los negocios turbios que emanan de la élite gobernante.

El match obedece a que los hijos de Chávez, obnubilados por el millón de millones de dólares que han entrado a las arcas públicas en estos 16 años de festín petrolero, llevan rato navegando en el submundo de los delitos financieros. Y allí, en ese terreno fangoso, como en el caso de los homicidios, no hay crimen perfecto. Siempre habrá un perito que rastree la intrincada ruta de los fondos así como un experto en criminalística recurre a la prueba del luminol para verificar el recorrido de la sangre cuando ha ocurrido un asesinato. El crimen financiero, relativamente fácil de demostrar, le permite a Estados Unidos hacerse de un argumento poderosísimo para encuadrar a la élite chavista en la categoría de cartel.

A cualquier sabueso de la geopolítica internacional le bastaría con preguntarse a dónde fueron a parar los 25 mil millones de dólares que se “extraviaron” de Cadivi —casi el doble de lo que requirió Europa para su reconstrucción después de la II Guerra Mundial, 13 mil millones de dólares, el llamado Plan Marshall— y seguir la ruta de esos fondos para constatar que no es precisamente la transparencia lo que distingue al régimen. Un régimen al que le ha entrado una millonada y que no cuenta, dada su naturaleza autoritaria, con contrapeso de ningún tipo para evitar que los fondos públicos se desvíen hacia actividades ilícitas.

Venezuela no constituye una amenaza para Estados Unidos porque un grupo de generales auspicie violaciones a los derechos humanos, aunque, desde luego, esa sea una conducta totalmente deplorable. Venezuela se constituye en una amenaza para Estados Unidos, y éste es el quid de la orden ejecutiva de Obama, porque figuras relevantes del gobierno (un gobierno-cartel) han incurrido en actos delictivos que son vistos con recelo por Washington, como el blanqueo de dinero y el vínculo con grupos guerrilleros y fundamentalistas.

No es casualidad que en el oficio que presentó el Departamento del Tesoro tras la intervención de la Banca Privada de Andorra, a través de la cual se habrían lavado cerca de 4 mil 200 millones de dólares provenientes de Venezuela, 2 mil de ellos por conducto de PDVSA, se mencione primero a Andrey Petrov, vinculado financieramente a Semion Mogilevich, el capo de la mafia rusa, uno de los diez hombres más buscados por el FBI, y acto seguido se detalle el caso de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué están Mogilevich y PDVSA en el mismo lote? Lo que quiere decir esto es que los delitos financieros que habrían cometido los funcionarios venezolanos son delitos que se cometen en un nivel superior: el de las grandes ligas del crimen organizado. Y esto es clave para entender la jugada de Obama y la nueva óptica con la que ve al Gobierno: la del cartel.

El asunto está en la magnitud de las operaciones. Para que tengamos claro el tamaño de las transacciones: los fondos provenientes de Venezuela que, según el Departamento del Tesoro, fueron legitimados al pasar por el BDA, es decir, los 4 mil 200 millones de dólares, equivalen a casi la mitad de la fortuna que se le calcula (el estimado lo hace el portal español Euribor.com.es) a Mogilevich, que son 10 mil millones de dólares. ¡Mogilevich es el mafioso más importante del mundo y los bolichicos compiten con él! Mogilevich encabeza el ranking como líder del crimen organizado en el mundo entero. Por eso, el FBI ofrece una recompensa de 100 mil dólares a quien suministre información que permita capturarlo. ¿No nos da esto una idea de la dimensión del problema en que se ha metido el gobierno venezolano por los actos delictivos cometidos por algunos de sus altos jerarcas? No olvidemos que en el oficio emitido por el Tesoro se habla explícitamente de funcionarios de rango superior involucrados en legitimación de fondos públicos.

Por donde se le mire, el monto resulta escandaloso. Y de esto se agarra Washington, que ya no tiene que apelar a los estereotipados argumentos del senador McCarthy: le basta con colocar en la misma lista a PDVSA y al excéntrico millonario Mogilevich. El portal español cita una entrevista que le hiciera un medio de Bruselas al padrino de la mafia rusa. Mogilevich, como un típico hombre de la cosa nostra que maneja sus códigos, dijo: “Me considero un ciudadano respetuoso de la Ley, que trabaja con seriedad y paga regularmente sus impuestos”.

Al menos Mogilevich dice algo. El Gobierno venezolano no ha dicho nada (hasta la hora en que escribo esta nota, cuatro días después de que reventara el escándalo del Andorra) sobre el blanqueo de dinero que se atribuye a funcionarios de alto rango y cuya identidad no ha sido revelada. ¿Está Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, detrás de esas operaciones ilícitas? Carlos Tablante recordaba en su cuenta de Twitter, que al primo de Ramírez, Diego Salazar, y quien se encargaba (¿todavía se encarga?) del manejo de los seguros de la estatal petrolera, Estados Unidos le sigue la pista desde 2013 y le habría congelado, según Tablante, una cuenta por 300 millones de dólares.

Ramírez, que ahora es embajador en Naciones Unidas y cuyo personal de confianza (los Parada) fue hecho preso, era (¿o es?) un pez gordo del chavismo. Así que, si resultara involucrado en los manejos turbios del BDA (y todo el que lo conoció en PDVSA dice que controlaba todo, absolutamente todo, desde un simple memorándum para dar permiso a un trabajador para que cursara un posgrado hasta los balances de la empresa), quedaría reforzada la tesis de que Obama ha cambiado el enfoque hacia el gobierno venezolano, al que vería más como una mafia que como un cuerpo político.

Porque no sólo está la intervención del Andorra y el escándalo de los 4 mil 200 millones de dólares. Esto hay que cruzarlo con las investigaciones que estaría realizando la DEA, según la información que revelara el diario ABC de España, en torno al Cartel de los Soles y su supuesta vinculación con altas figuras del chavismo. Si fuera cierto el testimonio que el periódico le atribuye al capitán Leamsy Salazar, ex jefe del anillo de seguridad de Chávez, y quien también trabajó en la custodia del diputado Diosdado Cabello, en el sentido de que habría una conexión entre el presidente de la Asamblea Nacional y la organización dedicada a actividades ilícitas, esto también reforzaría la tesis de que Estados Unidos ha decidido declararle la guerra a figuras emblemáticas del alto gobierno venezolano, pero no por su filiación ideológica, sino por su vocación por las operaciones turbias.

Washington lo que ha hecho es bajarle la calificación al gobierno venezolano. Lo ha degradado de facto. Igual que hacen las agencias norteamericanas de riesgo Moody’s y Standard and Poor’s o la china Dagong cuando disminuyen la nota de la deuda externa. Obama, sin decirlo, ha colocado a la élite chavista gobernante en un denigrante escalón. El del cartel. El de un grupo organizado cuyo objetivo es preservar el poder a toda costa porque ese poder le sirve de fachada para seguir cometiendo sus tropelías financieras y para, de paso, subyugar a sus detractores, es decir, a quienes constituyen la amenaza natural para desalojarlos de esa posición de control económico, político y militar que detentan y hacerlos pagar por sus delitos.

Y eso, cambiar la calificación de la mal llamada revolución bolivariana, implicará de ahora en adelante una diferencia sideral en el ajedrez que se jugará entre Caracas y Washington, en el cual Cuba desempeña un papel fundamental. Cuando uno ve que Obama decide pisar el acelerador y se saca al aire lo de la DEA y se destapa lo del Banco de Andorra y se adoptan sanciones contra militares (por cierto, algunos de ellos muy ligados a Cabello) y contra una fiscal del ministerio Público, no le queda más que preguntarse: ¿Por qué endurece Obama su posición justo en este momento? ¿Qué información privilegiada maneja?

¿Hay que darle crédito a quienes acusan a Obama de estar mal asesorado porque ha resucitado, con su orden ejecutiva, el fantasma del intervencionismo gringo y provocará el realineamiento del madurismo y el chavismo crítico, la cohesión de los hijos de Chávez, y la solidaridad de las bases, que ven en esto una pelea de un gigante contra un pigmeo? ¿O es que Obama, que ahora es socio de Castro, quien en buena medida escribe el guión de lo que pasa en Venezuela, está informado de cuáles son las intenciones del Gobierno si el tablero electoral se le complica y ha optado por presionar por la vía de considerar al chavismo como cartel para que la clase gobernante deponga su proyecto totalitario y acceda a una virtual alternancia? ¿Es que Washington teme que el chavismo termine de cerrar el círculo del despotismo y se ha decantado por ser más agresivo para arrinconar al Gobierno, se ha decantado por mostrar sus dientes y las cartas con las que cuenta?

Para Obama sería mucho más fácil dejar que la disputa se saldara por la vía electoral, sobre todo porque la oposición tiene mucho chance de ganar las parlamentarias. Pero lo que ha hecho indica que no confía mucho en el talante democrático del Gobierno, al que reduce a la categoría de cartel. Y ya sabemos que un cartel está siempre en el borderline. Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos por ser una potencia bélica. Venezuela no es Rusia ni China. Venezuela —ése es el razonamiento de Washington— es una piedra en el zapato para Estados Unidos porque esos cuantiosos fondos que salen del país (por la vía del narcotráfico, por la vía de la corrupción) no sólo estarían destinados a engrosar fortunas personales, sino también, dada su magnitud, a subsidiar a grupos fundamentalistas. Eso es lo que, en el fondo, preocupa a Obama y no que Venezuela tenga las mayores reservas de petróleo del mundo.

Hay que recordar que en enero pasado, días después de que el ABC divulgara la información sobre la deserción del capitán Leamsy Salazar, el FBI incluyó en su lista de terroristas buscados a Ghazi Nasr Al-Din, quien, según refería el diario español, habría participado en reuniones del Cartel de los Soles y habría facilitado pasaportes y visas a libaneses con la anuencia, agregaba ABC, del ex ministro del Interior y actual gobernador de Aragua, Tareck El Aissami. La nota periodística distinguía a Ghazi Nasr Al-Din por ser la puerta de Surámerica para el grupo fundamentalista Hizbolá. Según Estados Unidos, este libanés nacionalizado venezolano habría desempeñado funciones diplomáticas en Beirut y Damasco en representación de Venezuela.

Así que, de resultar cierta la información divulgada por el diario español (en cuanto a los supuestos vínculos de Ghazi Nasr Al-Din con Tareck El Aissami, porque su inclusión en la lista del FBI es oficial), la tesis de que Obama ha optado por quebrar más que a una revolución a un cartel cobra más fuerza todavía. Fijémonos bien en los cargos que detentan los funcionarios que han sido, de uno u otro modo, señalados por Washington, bien por la vía del Departamento del Tesoro, bien por la de la DEA, o bien por la del FBI: Diosdado Cabello es el primer vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional; Rafael Ramírez es embajador ante Naciones Unidas, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y fue presidente de la empresa que genera el 99 por ciento de los ingresos al país, PDVSA; y Tareck El Aissami es también miembro de la Dirección Nacional del PSUV y gobernador de Aragua.

La jugada de Obama, más allá de que tenga un impacto positivo para el Gobierno, porque puede apuntalarlo por la vía de la victimización, hay que verla desde ese otro punto de vista. Washington siente que el chavismo está en estado terminal (caída en las encuestas e inminente default) y ha decidido aplicarles la eutanasia a sus figuras emblemáticas. Otro asunto es si eso funcionará o no.