El juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ha imputado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y le citará a declarar el 6 de febrero. La citación se formaliza, de acuerdo con el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, al alzarse el secreto judicial sobre los 2.700 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos,un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente.

El magistrado,además, advierte al duque de Palma que le detendrá si finalmente no comparece sin causa justificada. El texto del auto, como por otro lado suele ser habitual en estos procedimientos, deja claro que "de no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, la orden de citación podría convertirse en orden de detención".

El abogado del duque de Palma ha informado que el juzgado le ha enviado por fax el auto a su domicilio de Washington, donde reside con su esposa, la infanta Cristina, desde el verano de 2009. Pese a ello, tras dos horas de intentos aún no se había podido comunicar el contenido del auto porque la línea comunicaba.

El juez Castro también ha llamado a declarar el día 5 de enero como imputados al socio de Urdangarin, Diego Torres, así como a otros cargos del Instituto Nóos como Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

Los primeros en declarar como imputados en esta causa serán, sin embargo, el exdirector general de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, José Luis Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, que han sido citados para el 25 de enero.

El TSJIB ha señalado que cabe recurso de reforma contra el auto dictado hoy por Castro ante el propio juzgado, en un plazo de tres días, y de apelación ante la Audiencia de Palma.

En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.

El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.

La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.

Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.

Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.

Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Esta entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz ade que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.

El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.

Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.