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La Seguridad Social fue la conquista de la clase trabajadora como elemento equilibrador y garante de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores dentro del no completamente alcanzado Estado del Bienestar. Esa generación, hoy en forma de pensionistas, vuelve a la acción para indicarles el camino a la nueva clase trabajadora, para que nadie que no defienda sus derechos pueda hablar en su nombre.

Estamos en 1995 en un periodo de crisis económica, donde las empresas optaron por las jubilaciones anticipadas para reestructurar sus plantillas y aumentaron el número de despidos, existía un paro estructural agrario consolidado por la entrada en la Unión Europea, fraude en las cotizaciones sociales empresariales cuya consecuencia fue gran descenso de las aportaciones y el incremento de los gastos… Todo esto sometía a presión al Sistema Público de Pensiones cuya estabilidad ponía interesadamente en duda la derecha política y económica.

Con la hegemonía del discurso neoliberal, la práctica totalidad del arco parlamentario crea los Pactos de Toledo, como un elemento estabilizador de dicho Sistema Público de Pensiones, contando con la aprobación de los agentes sociales “representativos”.

Si a día de hoy yo tuviese que definir el Pacto del Toledo, diría que es el órgano que adapta las necesidades del capital financiero respecto a la Seguridad Social, convenientemente maquillado de “necesidades”, “reformas” y “sostenibilidad” para que las cúpulas que hablan en nombre de la clase obrera puedan justificar a ésta sus políticas de recortes. O como dice el Catedrático Juan Torres “es una expresión paradigmática del camino más tortuoso de privatización atenuada, progresiva o implícita que se ha seguido en muchos países en donde existe un cierto equilibrio de poder y, al mismo tiempo, grandes dificultades para afrontar rotundamente los costes sociales de todo tipo que conlleva la privatización explícita del sistema público de pensiones”.

Hoy 22 años más tarde aquella clase trabajadora de 1995, se siente engañada y hoy, convertida en pensionista, no formando parte del ámbito de representación ni actuación sindical, observa la ineptitud y la incapacidad tanto de los partidos políticos como de los mal llamados agentes sociales que “pretenden representarlos” sin legitimidad jurídica alguna.

Por parte de los partidos políticos se encuentran con que el PSOE en 2011 saca adelante la contrarreforma de las pensiones mediante la ley 27/2011, de 1 de agosto, con el voto a favor de CIU, y gracias al acuerdo del 2 de febrero de 2011 con UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, pero, en un mero ardid político y sabiéndolo aprobado, con el voto en contra del PP.

Pero cuando éste llega al poder no solo no la ha derogado, tal y como prometió en la elecciones, sino que la impulsó. Luego el PSOE, actuando igual que el PP en 2011, vota en contra de la ley 5/2013 del Índice de Revalorización y Factor de Sostenibilidad que el Gobierno del PP aprueba, pasándose de nuevo por alto el Pacto de Toledo. Con aquella ley, nacida del informe del famoso “Comité de Expertos” de Fátima Báñez, del cual formaban parte varios ex altos cargos de Zapatero y Miguel Ángel García, vinculado a CCOO, que avaló el informe con un voto particular, se dejó la decisión de subir las pensiones, en mayor o menor medida, a los gobiernos de turno. Siendo cómplices uno de las reformas del otro, ya que el PSOE, aunque todos los días critica la reforma del PP, solo se limita a presentar Proposiciones No de Ley al respecto y sigue apoyando el articulo 135CE –pactando por ambos partidos con nocturnidad y alevosía y piedra angular del techo de gasto y de la pérdida de soberanía económica de nuestro país-, lo que todo indica que si nuevamente gobernasen, nada garantiza que deroguen ni el Índice de Revalorización ni el Factor de Sostenibilidad.

Por otro lado, los pensionistas se preguntan y cuestionan cual ha sido el papel de los famosos agentes sociales que tenían que salvaguardar sus intereses. Según CCOO, “la presencia de sindicatos y empresarios en el Acuerdo de Reforma del 2011 (en el cual el poder adquisitivo de los pensionistas se vio reducido en un 20% anual), garantiza la continuidad del método de reformas negociadas asegurando el papel de los agentes sociales en el seguimiento del sistema y blindando su capacidad para seguir incidiendo sobre el mismo en el futuro. El Gobierno ha aceptado que la reforma siga la lógica de equilibrio propuesta por las organizaciones sindicales, y los sindicatos mayoritarios han aceptado adelantar reformas que habrían de hacerse en próximos años”.

Las palabras y la nula actuación por parte de los agentes sociales desde el 2010, donde no dejan claro si lo que garantizan es el futuro de los trabajadores y trabajadoras, o garantizan el futuro de sus propias estructuras en el gobierno de las Pensiones convirtiendo el Pacto de Toledo en, exclusivamente, el acuerdo político-social de consentimiento para realizar dichas reformas. Miles de jubilados han decidido organizarse y lanzarse a las calles “contra las pensiones de miseria” y contra un sistema que no los representa: “el Pacto de Toledo”.

Dichas centrales sindicales, bien es cierto que han exigido la derogación de la reforma del PP, pero no la del 2011. Para el colectivo de los pensionistas y jubilados, exigir la derogación de todas las reformas de pensiones es una obligación democrática de cualquiera que diga querer representar los intereses de los trabajadores. Y cualquier comisión político-social en defensa de la viabilidad del sistema público de pensiones debe tener representación del colectivo afectado, y no de aquellos que se llaman agentes sociales que no pueden demostrar su representatividad en éste sector de los pensionistas, y menos aún por organizaciones empresariales que en el momento de la jubilación ya desaparecen de la vida de éste colectivo.

Aunque tanto el Gobierno como el lobby financiero intente discutir su papel en el diseño de una reforma integral del sistema que salvaguarde sus intereses y su futuro de forma digna y suficiente, éste colectivo de la sociedad –ya organizado en toda España por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones- no se va a resignar, y con la presión que ejercen en las calles y siendo consciente del poder electoral que poseen, lucharán para que la clase obrera vuelva a recuperar su sueldo diferido en las pensiones, que por derecho les corresponden.

La Seguridad Social fue la conquista de la clase trabajadora como elemento equilibrador y garante de los derechos sociales y democráticos de los trabajadores dentro del no completamente alcanzado Estado del Bienestar. Esa generación, hoy en forma de pensionistas, vuelve a la acción para indicarles el camino a la nueva clase trabajadora, para que nadie que no defienda sus derechos pueda hablar en su nombre.

Victoria Portas es portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones