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Bajo el argumento de que no tenía personal suficiente, el agente del Ministerio Público Uriel “N” pidió a los hermanos Mauricio y Eduardo Vélez que participaran en las investigaciones del caso de su hermana Laura, asesinada de un balazo en la cabeza afuera de su departamento, en la alcaldía de Azcapotzalco.

Laura Vélez, de 48 años, falleció la noche del 8 de abril. Justo después de abrir la puerta principal de su edificio en la Unidad Cuitláhuac, le dispararon. Su cuerpo fue recogido por peritos después de varias horas del hecho.

A partir de las primeras diligencias, los hermanos notaron lentitud en el proceso, pues en el Ministerio Público los atendieron hasta el día siguiente. Además la carpeta CI-FAZ/AZ-1/UI-2S/D/00713/04-2019 se abrió por feminicidio, pero después, a razón de las primeras conclusiones del agente del Ministerio Público, se modificó como delito de homicidio, pues opinó que el móvil fue un asalto con arma de fuego.



Laura Vélez, de 48 años, falleció el 8de abril. Le dispararon justo despuésde abrir la puerta principal desu edificio en la Unidad Cuitláhuac.



“Ellos, de momento no nos dijeron nada, pero aquí en la Fiscalia 18, el licenciado Uriel, dijo que, en su experiencia, ‘para mi es un robo’… pero pues no, a mí hermana [sólo] le faltaba su bolsa”, dice uno de ellos.

Los hermanos Vélez se preguntaron por qué se averiguaba como robo si a Laura no le quitaron ni sus alhajas, celular y reloj. Además, les fue entregado de inmediato el teléfono móvil sin que los especialistas de la PGJ investigaran su contenido como ellos consideraron que debía hacerse en un asesinato.

Revisaron el smartphone y encontraron que desde hace ocho meses la mujer había recibido mensajes de acoso constante por parte de una expareja. También, durante el funeral los amigos de Vélez les dijeron que ese mismo exnovio fue a su casa y le hizo reclamos frente a todos.

Esto les hizo pensar que el crimen no fue robo, por lo que ampliaron su declaración y se ofrecieron a regresar el teléfono a la agencia del Ministerio Público, a lo que las autoridades les han dado largas.

“Como estaba mal integrado el expediente que mandaron de la Agencia 40, el licenciado Uriel se lo regresó. Se atravesó Semana Santa y no trabajaron. Regresando hicimos la ampliación de declaración y fue cuando sacamos los datos del teléfono. El teléfono no debieron de habérnoslo entregado porque es una evidencia, yo creo que pensaron que el celular no servía”, explica Mauricio.

Posteriormente, el agente les comentó que se rastrearon varios pagos en gasolineras con las tarjetas de Laura, pero que los policías de investigación no podrían recabar los videos de los establecimientos por falta de tiempo. Entonces, les propuso: “¿Me podrían ustedes hacer el favor?” y les extendió un oficio membretado para pedir las grabaciones.

Los deudos incluso insistieron al licenciado que podrían existir videos de cámaras del C5 y C2 cercanas a dichas estaciones de servicio, pero éste les comentó: “Es que luego no funcionan”, y al hacerle la observación de otro tipo de cámaras de locales cercanas, él respondió: “Bueno pero también lo borran”.

Después de varias semanas de ir y venir, el agente les dijo que dejaría el caso pues lo trasladarían. La carpeta de Laura, entonces, sería una de las 60 que tenía a su cargo el servidor público y que se repartirían a otros agentes de la fiscalía.

Mauricio y Eduardo buscan justicia y una investigación apegada a la ley, sin pretextos. “Pedimos que hagan su trabajo, no otra cosa, con nada nos la van a regresar, que hagan su trabajo porque no lo están haciendo”, acusaron.

Ante este asesinato y el actuar de la PGJCDMX, el abogado Rodrigo Guerra Wong opinó que: “Esto es, a mi consideración, impunidad, es falta de ejercicio del servicio público, lo cual también es un delito. La negación del servicio público es otro delito. Estos supuestos son en los que incurrieron los servidores públicos. Por supuesto que tienen responsabilidad”.

EL UNIVERSAL solicitó una postura respecto al caso a la PGJCDMX; sin embargo, la dependencia no emitió respuesta.