En la reunión que tuvieron los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre en Los Pinos, dijeron que el Ejército había participado en el crimen de 43 jóvenes. La respuesta vino después, en voz de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien dijo que no había ninguna línea de investigación que apuntara a los militares. La negación per se no impidió que los militares estén bajo una cascada de acusaciones y le ganó al gobierno imputaciones de encubrimiento.

¿Estuvo el Ejército involucrado en los hechos? Se podría argumentar que como institución, no lo estuvo. Desde los 1970’s, los años de la Guerra Sucia, el Ejército no desarrolla una política de represión masiva y aniquilamiento. Pero de manera excepcional, tratándose del 27 Batallón de Infantería en el caso de Iguala, se puede alegar que sí estuvo involucrado, cuando menos, por omisión. La falta de una investigación que deslindara responsabilidad de sus mandos en Guerrero, le abrió la puerta a la sospecha y allanó el camino para la acusación abierta, con indicios que apuntan su culpabilidad.

Su participación no es presunta. El 27 Batallón de Infantería se encuentra en Iguala, y recibieron información directa de que a unos cuantos cientos metros del cuartel, se estaban registrando balaceras. El Ejército salió a las calles de Iguala, pero, afirma, el procurador Jesús Murillo Karam, el Ejército no participó “activamente” en los sucesos de la noche del 26 de septiembre. Su afirmación es imprecisa. Nuevos datos sobre el comportamiento militar esa noche sugieren que sí tuvieron una participación activa, no en el secuestro –y quizás tampoco en el asesinato de los jóvenes-, sino en el perímetro de seguridad en Iguala y en negar apoyo a las autoridades estatales que buscaban cumplir con la ley.

Testimonios de los pobladores de Iguala han establecido que las fuerzas federales salieron esa noche mientras atacaban a los normalistas y al equipo de futbol “Los Avispones”, de Chilpancingo, que quedó atrapado en la acción violenta, para tender un cerco en Iguala donde nadie entraba ni salía de la ciudad. Los soldados –en una información conocida desde el 27 de septiembre- impidieron que varios normalistas heridos de bala fueran atendidos en una clínica privada a la que llegaron de emergencia, y dieron parte que había un cuerpo sin vida en las calles. Es decir, sí salieron a patrullar las calles.

El gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, recibió información de las balaceras alrededor de las 11 de la noche, y pidió a los entonces secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez, al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud, Lázaro Mazón, ex alcalde de Iguala, que se desplazaran al municipio. Aguirre le habló también al jefe de la 35ª Zona Militar, en Chilpancingo, general Alejandro Saavedra, a quien le informó lo que sucedía. El general le aseguró que se abocaría al tema, pero nunca hizo nada.

Vázquez, Blanco y Mazón encontraron en los soldados y en la Policía Federal en Iguala, hostilidad y abandono institucional. Tardaron tres horas para recorrer los 107 kilómetros entre Chilpancingo e Iguala, cuyo viaje se hace en una hora y 20 en promedio, porque encontraron retenes de transportes en la carretera. De acuerdo con las investigaciones, transportistas de la CTM trabajan para la delincuencia organizada en la región. La Policía Federal, que patrulla las carreteras, nunca apareció.

Cuando llegaron a Iguala, como procedimiento de rutina, llamaron a todos los policías municipales que habían participado en los hechos en ese momento aún oscuros, a su cuartel general, y desarmaron y detuvieron a 22 presuntamente involucrados. Vázquez y Blanco, ante la falta de refuerzos estatales, pidieron a la Policía Federal que les brindara protección para poder iniciar las averiguaciones, pero se la negaron. Entonces se comunicaron con el jefe del 27 Batallón de Infantería, coronel José Rodríguez, para pedirle que les abrieran las puertas del cuartel para llevar ahí a los policías. Se los negó.

Los funcionarios estatales tuvieron que permanecer en las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, hasta donde comenzaron a llegar personas de civil a hostigarlos. Una persona que estuvo adentro cuando esto sucedía, dijo que iban a lincharlos. Vázquez, Blanco y Mazón, lograron escapar porque fueron evacuados en un helicóptero. La liberación ilegal de los municipales no se dio porque llegaron a tiempo los refuerzos de Chilpancingo.

El Ejército no inició ninguna averiguación sobre los sucesos de esa noche, ni se sabe nada de la suerte del coronel Rodríguez o de dos militares bajo su mando, identificados como “el teniente Barbosa” y “el capitán Crespo”, a quienes públicamente han señalado en Guerrero como miembros de Guerreros Unidos, la organización señalada por la PGR como autora material del crimen. ¿Estuvo el Ejército involucrado en los hechos? La pregunta ya tiene respuesta.

El Batallón 27 de Infantería sí actuó, por lo menos, por no actuar para garantizar la aplicación de la ley y por haber sido omiso cuando en actos donde se violaba la ley en flagrancia, se replegó. El general de división Saavedra tendría que estar respondiendo por esos actos, pero está blindado. Más aún, el 20 de noviembre, el presidente Peña Nieto lo ascendió a general de división. En Guerrero, todo ha ido encaminado a proteger a sus militares, hasta que el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, demuestre lo contrario.