A base de multiplicar el urbanismo a pie de costa y las infraestructuras, el litoral español, sobre todo el Levante, ha perdido la principal barrera de protección que lo protegía de borrascas como Gloria: una playa ancha y natural. Se le ha desprovisto de defensa ante los temporales cada vez más frecuentes y virulentos que trae la crisis climática.

Tras el paso de este último temporal, el Colegio de Geólogos (ICOG) ha puesto sobre la mesa la idea de "deconstruir la costa" como solución a medio y largo plazo. "No significa demolición sino reconstrucción para que la naturaleza recupere lo que es suyo", explica a eldiario.es el experto en riesgos naturales del ICOG Joan Manuel Vilaplana. "Usar la playa como barrera de protección" en una costa "que hemos estado ocupando durante décadas".

El alcalde de la localidad valenciana de Bellreguard, situada justo al sur de Gandía, Àlex Ruiz (Compromís), ha afirmado tras la destrucción creada por este último episodio extremo en su municipio que se plantea si se deben revertir los paseos marítimos para que se renaturalicen "en lugar de "malgastar millonadas" que cíclicamente son engullidas por el mar".

Una reflexión que Clara Megías, coordinadora del informe Banderas Negras de Ecologistas en Acción, traduce en que "la cuestión es replantear el modelo de gestión y ordenación del territorio. Que la playa vuelva a ser playa. No es viable demoler todo, pero sí habrá que hacer algunas cosas o mover edificaciones a una línea más adentro", explica.

En este sentido, Guillem Alsina (PSPV), alcalde de la localidad castellonense de Vinaròs –golpeada directamente por Gloria–, comenta a eldiario.es que "el mal está hecho desde las décadas de los setenta y los ochenta y ahora no podemos abandonar lo que hay, con viviendas consolidadas, y dejarlo caer. No tendría sentido". Así, aunque reconoce que no todos los casos son iguales y que hay puntos en los que se puede abogar por revertir esas construcciones, reclama políticas integrales con la instalación de escolleras en toda la costa para intentar proteger el litoral.

La magnitud de la ocupación del litoral ha hecho que más de un 35% de la costa mediterránea esté urbanizada. Algunas provincias como Málaga, Barcelona o Valencia superan el 60%.

"Las playas de arena a lo largo del levante mediterráneo se encuentran en un estado de retroceso de la línea de costa, que se ha visto agravado por las presiones antrópicas a las que se han visto sometidas durante las últimas décadas", describe un análisis sobre la evolución de la línea de costa realizado por las universidades de Alicante y Politécnica de Valencia en 2017. Se combina la proliferación de construcciones y la falta de sedimentos que alimenten la playa.

La arena se queda en presas y diques. Encuentra su camino cortado por infraestructuras y urbanizaciones. Así que, cada año, se dedican millones de euros de dinero público para rellenar playas con arena y adecuar las zonas a las necesidades a corto plazo de la industria turística.

Este documento ilustra cómo la playa del Saler (Valencia) sufrió una regresión de 31 metros entre 1956 y 2015. Padeció una tasa de dos metros al año desde 1996. "En la zona no urbanizada, las dunas alimentan la playa y la erosión es la mitad", recoge el trabajo. Una de las urbanizaciones que tenía 50 metros de playa en 1977 vio como el oleaje destrozó su paseo en 2017.

De igual manera, la playa de Poniente de Benidorm (Alicante), en 1990 había pasado de 35 a 14 metros. En 1992 se puso arena para dejarla en 84 metros. Dos años después se había estrechado 14 metros. En Guardamar del Segura el litoral ha perdido entre 50 y 70 metros de anchura en diferentes puntos a lo largo de 10 kilómetros. En el Mar Menor, la playa de la Ensenada se había estrechado hasta medir 21 metros en los años 80. Con la urbanización masiva, la tasa de erosión se disparó a dos metros anuales hasta hacerla desaparecer.

Cambio del Reglamento de Costas

Megías recuerda que "el 25% de los enclaves naturales a lo largo de esta costa han sido ocupados y destruidos. Se trata de dunas y deltas que tienen un papel fundamental en el sistema costero". De hecho, la ecologista indica que no solo es importante la parte de playa que se ve. "Desde las praderas de posidonia en el fondo hasta las dunas, todo el sistema pacifica el litoral".

En la Región de Murcia, los municipios padecen, además, la ocupación de los cursos que deberían conducir el agua de las precipitaciones. Hace unos días, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, achacaba las inundaciones a la ocupación agrícola y urbanística en el Campo de Cartagena. El alcalde de San Javier, José Manuel Luengo ha admitido que necesitan ayuda: "No podemos gestionar la ingente cantidad de agua que nos llega".

La Asociación de Geógrafos ya demandó en 2018 que se eliminaran algunas partes de la ley de Costas aprobada en 2013 por la mayoría del PP como la prórroga hasta los 75 años de las concesiones en primera línea del litoral. De momento, la Vicepresidencia de Transición Ecológica tiene en proceso la remodelación del Reglamento de Costas al haber detectado, explica el borrador, que algunos artículos no permitían la "efectiva conservación y protección de las características naturales" del dominio público marítimo-terrestre.

La principal corrección del proyecto se centra, precisamente, en cómo computar los plazos de concesión de ocupación del dominio y le añade una batería restricciones de protección ambiental según "los efectos del cambio climático, la intrusión salina, la erosión costera, los cambios en los ecosistemas, la reducción de caudales de ríos y la pérdida de humedales".

Obstáculos a la hora de la verdad

Aunque el diagnóstico técnico está claro, la puesta en marcha de planes se topa con resistencias. La Junta de Andalucía aprobó en 2015 un Plan de Protección del Corredor Litoral que acotaba la expansión urbanística por la costa. Recurrido por algunos municipios y las diputaciones litorales gobernadas por el Partido Popular, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2017 al haberse tramitado cuando el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) estaba en funciones.

El Supremo rechazó las alegaciones de la Junta en septiembre de 2018. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), prometió en su campaña electoral que se desharía de este plan de protección de la costa para favorecer las inversiones.

En la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha puesto en funcionamiento un Plan de Acción para el Litoral (Pativel) para intentar preservar 7.500 hectáreas. El plan, aprobado en mayo de 2018, regula y restringe el urbanismo. La encargada de Territorio y Vivienda del PP en Les Corts, Elisa Díaz, acusó a la medida de querer "vestir de luto el litoral". El programa ha sido recurrido por algunos municipios afectados, como Oropesa del Mar, Peñíscola o Villajoyosa, un puñado de empresas inmobiliarias y la Sareb.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha recordado tras el paso del temporal que los poderes públicos afrontan ya la "obligación" de tener en cuenta el cambio climático en cualquier proyecto que se quiera desarrollar, "ya sea grande o pequeño". Sin embargo, el geólogo Vilaplana contrapone que "cuando se ve la magnitud y complejidad de estas medidas, chocan con el ritmo electoral. Haría falta un compromiso de país porque es preciso tiempo y decisión".