El 20 de septiembre por la tarde, Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y María Victoria Álvarez fueron interceptados por agentes policiales a la salida de un cajero del Nuevo Banco de Entre Ríos de calle Alsina de Paraná, con una mochila llena de dinero.



El hecho ocurrió luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito, encendiendo la mecha de un caso que en la Procuración General se trabaja a tiempo completo y podría desatar un escándalo. Esa misma madrugada, se allanó el domicilio de Bekman y se secuestró documentación y más plásticos, dictándose la prisión preventiva de los tres sospechosos.



Avanzando aún más en la investigación, este miércoles se allanaron dos estudios contables que la Justicia entiende están ligados a la Legislatura provincial, donde aparentemente pudieron recopilar más información de interés.



La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario hasta el viernes, es llevada adelante por la fiscal Patricia Yedro, bajo las órdenes de la flamante fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche. La jueza de Garantías, en tanto, es Marina Barbagelata. Dos posibles delitos Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal, en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”. Defraudar al Estado y financiar la política Todo indica que no es una cuestión privada, sino que se está ante un sistema por el cual se defrauda al Estado y se financia la política a través de contratos por parte de legisladores (diputados y senadores) a nombre de personas a las cuales se les adjudica una tarjeta de débito: es precisamente eso lo que llamó la atención de la Justicia, que una mujer tenga encima varios plásticos de diferentes personas sacando dinero en un mismo acto.



Los legisladores tienen lo que se conoce como “módulo”, una dieta destinada a contratos de asesores o colaboradores. En este caso, se sospecha que se trata de un sistema que viene desde arriba y estarían implicados parlamentarios de todos los partidos políticos.

Fuente: Página Judicial