El próximo 22 de marzo, ocho millones y medio de andaluces elegirán a un nuevo gobierno para Andalucía. Vaya, disculpen, he tenido un lapsus, hay que restar a más de un millón y seiscientas mil personas que no tienen derecho a votar. Aquellas que tienen menos de 18 años, las niñas y niños. De entre los cuáles, casi la mitad -un 45,3% - se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.

Estar en situación de pobreza o exclusión social afecta a derechos fundamentales de los niños, como el derecho a la calidad de vida que se garantiza cuando su familia cuenta con los recursos económicos adecuados para mantener unas mínimas condiciones de vida; o el derecho a la educación que se realiza cuando se accede a una educación que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso a la misma, así como a unas actividades culturales y recreativas apropiadas a su desarrollo personal; también su derecho a la salud se ve afectado cuando las circunstancias de pobreza les impiden tener el nivel más alto posible de salud que deben; y por último, pero la lista no se acaba aquí, se ve amenazado su derecho a estar protegido contra cualquier forma de violencia ejercida contra ellos por adultos o iguales.

Pero en esta ocasión es su derecho a ser oídos, a participar en las decisiones que les afecten -que por cierto, son muchas, ¿no creen?- el que tampoco se asegura. En Andalucía, 1.632.962 de menores de 18 años no van a decidir sobre su futuro el próximo 22 de marzo, a pesar de ser el grupo de edad que más sufre la pobreza, no solo en Andalucía sino en todo el Estado. Todas estas carencias que vulneran sus derechos impiden su correcto desarrollo y los lastra de una manera implacable en su edad adulta.

Para todo el territorio español, este es el año electoral más intenso que hemos tenido en esta democracia. Se trata de una oportunidad inmejorable para incidir en el presente, para arrancar el futuro. No sólo de los niños que peor lo están pasando sino de todos los ciudadanos.

Andalucía es la primera comunidad en celebrar elecciones. Posteriormente vendrán las municipales y las autonómicas en mayo y en septiembre. Es probable que el año electoral se cierre con las generales. Diecinueve procesos electorales, diecinueve oportunidades para situar a la infancia en el centro de las decisiones políticas destinadas a reducir la pobreza infantil, en el lugar que les corresponde dentro de las políticas públicas.

Save the Children es una organización independiente, líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo y en España trabaja día a día con más de 5.000 niñas y niños. Es desde el conocimiento, el análisis y la experiencia estamos planteamos a cada uno de los grupos políticos que concurren a los diferentes comicios, las recomendaciones y demandas que valoramos necesarias para garantizar los derechos que viene recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. La agenda política de Save the Children en Andalucía y en el resto del Estado gira en torno a dos pilares fundamentales: exigir el compromiso de las fuerzas políticas, gobiernos y oposición, para hacer de la pobreza infantil una causa común a erradicar; y contribuir a hacer eficaces las políticas públicas destinadas a la infancia. Cualquier decisión debe estar dotada de presupuesto desglosado, contar con un sistema de seguimiento y evaluación y contar con los propios niños y niñas en su diseño.

Lo que Save the Children pide a los grupos políticos es:

Promover un mejor conocimiento de la situación de pobreza infantil en España , que incluya a todos los menores de 18 años y que sirva para identificar las causas de la pobreza con el objetivo de mejorar el impacto de las políticas públicas.

, que incluya a todos los menores de 18 años y que sirva para identificar las causas de la pobreza con el objetivo de mejorar el impacto de las políticas públicas. Aumentar la transparencia de la información relativa a los recursos públicos destinados por cada administración en sus diferentes ámbitos de actuación a la promoción, protección y realización de los derechos de todos los niños y todas las niñas

destinados por cada administración en sus diferentes ámbitos de actuación a la promoción, protección y realización de los derechos de todos los niños y todas las niñas Trabajar en un modelo de protección social , incluidas las prestaciones, que tenga un impacto directo y positivo en los niños y las niñas en situación de pobrez

, incluidas las prestaciones, que tenga un impacto directo y positivo en los niños y las niñas en situación de pobrez Incluir en el cálculo de la tasa AROPE, tasa europea que mide la pobreza infantil, los indicadores existentes de la pobreza multidimensional de los niños, como por ejemplo las condiciones de la vivienda y el acceso a una educación y atención a la primera infancia

Aumentar la inversión pública en España en políticas de protección social a la infancia, que actualmente (1,4%) es netamente inferior a la media de la UE28 (2,2%) o UE17 (2,3%).

A pesar del compromiso expresado por parte de los poderes públicos con la lucha contra la pobreza infantil, las iniciativas aprobadas hasta el momento son claramente insuficientes. Aprovechemos las 19 oportunidades electorales para reclamar a los gobiernos municipales, autonómicos y generales que inviertan y sitúen a la infancia en el centro de las decisiones políticas y prioricen la lucha contra la pobreza infantil.

Garantizar la protección de los niños frente a la pobreza es una obligación legal de los Estados, pero también una decisión económica que permite romper el ciclo de transmisión de la pobreza. Invertir en infancia es la base de una sociedad más próspera y cohesionada.