Tras año y medio de intensas pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va estrechando poco a poco el cerco sobre otros cargos públicos que pueden estar implicados en el caso Púnica. Se trata de una causa compleja, que el juez instructor, Eloy Velasco, ha dividido en 12 piezas porque cada línea de investigación está teniendo una velocidad distinta. Los agentes, por ejemplo, han hecho una criba de toda la documentación encontrada en la sede de Waiter Music (una de las empresas de la trama, encargada de organizar fiestas y conciertos en los municipios) y han detectado irregularidades en ocho localidades distintas a las ya investigadas hasta ahora. Estos nuevos indicios salpican a tres diputados autonómicos de Cristina Cifuentes y a un asesor municipal del equipo de Esperanza Aguirre, actualmente concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

Además, fuera de la pieza de Waiter Music, otros dos diputados de Cifuentes también están en el punto de mira. De hecho, la Fiscalía ya ha solicitado al juez Velasco que inicie los trámites para que se impute al parlamentario Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles. Pero hay más. Un testigo acaba de facilitar al magistrado información sobre una adjudicación de una obra que implicaría también al alcalde de una importante localidad madrileña.

Los investigadores creen que las adjudicaciones que se llevó Waiter Music en algunos municipios se traducían en contraprestaciones al partido

Waiter Music facturó en Valdemoro, el epicentro de la trama, 8,98 millones de euros entre los años 2004 y 2013. "Estos hechos motivaron la apertura de una línea de investigación específica para tratar de determinar si en la contratación pública adjudicada a las empresas de José Luis Huerta Valbuena [el dueño de Waiter] pudieran concurrir irregularidades que fueran de relevancia penal, así como averiguar la participación de algunas de las personas investigadas en la causa. Las indagaciones posteriores confirmaron las evidencias iniciales sobre la situación privilegiada de Waiter en cuanto a la contratación pública de festejos, no solo a nivel local sino también desde el ámbito autonómico en la Comunidad de Madrid", reza el sumario judicial.

En un principio, la UCO recabó información sobre más de 40 municipios madrileños que habían contratado con Waiter, la inmensa mayoría gobernados por el PP. Esta empresa se dedicaba a organizar fiestas patronales y conciertos. La Guardia Civil no tiene dudas de que las adjudicaciones que se llevaba Waiter se traducían a cambio en contraprestaciones para el partido, en financiación irregular. La pieza 7 se ocupa de los contratos de esta empresa y los agentes están ultimando un informe sobre otras localidades donde han detectado irregularidades. Ciudades donde Waiter empezó a trabajar solo cuando el PP empezó a gobernar.

Alcalá, Getafe y Alcorcón

Las conclusiones de este informe, según fuentes de la investigación, podrían salpicar a tres diputados autonómicos: Bartolomé González (exalcalde de Alcalá de Henares), Juan Soler (exalcalde de Getafe) y David Pérez (actualmente regidor de Alcorcón). En algunos casos, como en Alcalá, ya se han producido registros. En otros no, pero se está analizando concienzudamente la documentación intervenida en la sede de Waiter. En los tres casos, además, la oposición municipal ha forzado comisiones de investigación, cuyos dictámenes han acabado o acabarán en la Audiencia Nacional.

Bartolomé González fue alcalde de Alcalá de Henares entre 2003 y julio de 2012. En este municipio, la UCO no solo analiza contratos de Waiter sino de otra de las empresas de la trama, Cofely, que presta servicios de eficiencia energética. En este municipio, el caso Púnica se solapa con otro de la Policía Nacional, la operación Flauta, que investiga presuntos casos de corrupción en la contratación de festejos por parte del ayuntamiento. Aquí también está imputado José Luis Huerta.

David Pérez (Alcorcón), Juan Soler (Getafe) y Bartolomé González (Alcalá de Henares).

En Alcorcón, Waiter organizó las fiestas de 2011, 2012 y 2013, además de la cabalgata de Reyes de enero de 2013, facturando al Consistorio en torno a los 557.000 euros. Getafe firmó cuatro contratos con Waiter en febrero y mayo de 2012, mayo de 2013 y junio de 2014 por importes que suman 483.000 euros. La lista de municipios investigados con indicios de irregularidades se amplía a Arroyomolinos, Ciempozuelos, Coslada, Pinto y Algete.

En este último caso, Waiter Music tuvo el monopolio del municipio durante casi dos legislaturas. Entre 2007 y 2014 se presentó a 69 concursos. Todos los ganó, obteniendo 1,36 millones de euros. El concejal de Festejos durante un tiempo fue David Erguido, hoy asesor de Esperanza Aguirre en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. "Creo que todo se hizo dentro de la legalidad y a mí ni la UCO ni el juez me han requerido nada", explica a El Confidencial.

La Guardia Civil acaba de recibir una nueva pista gracias a la declaración de un testigo que implica a un alcalde del PP. De momento, no dan nombres

Los investigadores también se han detenido en Pinto. Las empresas de Waiter se llevaron contratos valorados en 450.000 euros, sobre todo con dos alcaldes: Miriam Rabaneda (PP, 2007-08 y 2011-14) y Juan José Martín (PSOE, 2009-11). Rabaneda es ahora alto cargo en el Gobierno regional, en la consejería que dirige Jaime González Taboada, implicado en el caso por el principal imputado, el constructor David Marjaliza. Los investigadores creen que otro de los imputados, el exconsejero Francisco Granados, durante siete años secretario general del PP madrileño, se sirvió de la influencia de su cargo para presionar a ayuntamientos controlados por el partido para que contrataran a Waiter.

Imputación que derivará al TSJM

Fuera de la pieza de Waiter Music, otros dos diputados autonómicos de Cifuentes están también siendo investigados. Fuentes jurídicas señalan a este diario que la Fiscalía ya ha solicitado al juez Velasco (al igual que ha hecho la UCO) que inicie los trámites para que se impute a Daniel Ortiz, exalcalde de Móstoles y actual parlamentario. El magistrado debe primero enviar un oficio a la Asamblea de Madrid para certificar que es diputado y por tanto aforado, paso previo para que el juez Velasco envíe una exposición razonada para inhibirse en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano competente para imputarlo.

La Guardia Civil atribuye a Ortiz los delitos de fraude y cohecho en el gran contrato de 74 millones que el consistorio que él dirigía adjudicó a Cofely. El informe de la UCO señala que ha podido "obtener sólidos indicios probatorios del modo en que el exalcalde Daniel Ortiz Espejo y el exconcejal Alejandro Utrilla Palombi habrían utilizado sus funciones públicas para influir en el desarrollo del proceso de adjudicación en beneficio de los intereses privados de Cofely, eliminando la concurrencia en igualdad de condiciones de los licitadores y vulnerando los principios de la contratación pública". Por este contrato ya está imputado el hermano de Alejandro, Mario Utrilla, que fue alcalde de Sevilla la Nueva. El contrato fue adjudicado en mayo de 2014. Ortiz fue alcalde hasta junio de 2015. Los multimillonarios contratos de eficiencia energética que Cofely se llevó en algunos municipios madrileños están siendo investigados en otra de las piezas del caso.

Ignacio García de Vinuesa.

Una tercera pieza se centra en los contratos de reputación 'online' que Eico y Madiva, empresas de otro de los imputados, Alejandro de Pedro, se llevaron, sobre todo en el Gobierno regional presidido por Ignacio González. Los investigadores ya han confirmado que Eico y Madiva hacían el seguimiento de las noticias publicadas en medios digitales sobre algunos consejeros y reproducían en otras páginas creadas ex profeso noticias positivas sobre esos políticos. Esta pieza ha dejado ya imputado al exconsejero Salvador Victoria.

Los agentes han puesto el foco ahora en algunos municipios, como Alcobendas, que también contrataron con Eico y Madiva. Su alcalde, Ignacio García de Vinuesa, es también diputado autonómico. La UCO ya acudió a este ayuntamiento en junio de 2015 a por documentación. Eico firmó tres contratos con Alcobendas en los años 2011, 2012 y 2013 por un valor conjunto de 55.000 euros. Madiva también firmó tres contratos en 2012, 2013 y 2014 por 18.000 euros. Cofely y Waiter Music también contrataron con Alcobendas.

Por último, los investigadores de la Guardia Civil acaban de recibir una nueva pista gracias a la declaración de un testigo que implica a un alcalde del PP de otro importante municipio de la región. Se trata de la adjudicación de una obra en esa localidad que se llevó una de las empresas de David Marjaliza. Los agentes prefieren ser prudentes y no hacer público el nombre hasta completar una serie de comprobaciones. Este testigo ha aportado grabaciones.