¡Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 11 Noviembre, 2015 17:42 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos Atención! Este artículo tiene más de un año y puede contener datos desactualizados 11 Noviembre, 2015 17:42 pm | Tiempo de lectura: 2 minutos

La firma mencionada recibió pagos por licitaciones de gestiones previas al PRO, pero otra sociedad de la que participa el empresario sí obtuvo contratos con el Gobierno porteño por varios millones de pesos.

A raíz de una pregunta del periodista Jorge Lanata, el candidato presidencial por Cambiemos, Mauricio Macri, señaló que el empresario Nicolás Caputo es como un “hermano de la vida” ya que fueron juntos al colegio desde la primaria. “Tuvo contratos por más de $1.000 millones durante tus dos mandatos”, apuntó el periodista, a lo que Macri respondió: “Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Las obras que terminó son las que ganó con [Jorge] Telerman”.

La constructora Caputo Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera (Caputo SAICyF) que señaló Macri tuvo pagos del Gobierno porteño estos años, pero que responden a contrataciones realizadas en gestiones previas. Se trata de “redeterminaciones (reajustes) de precios tanto para la obra de la puesta en valor del Teatro 25 de Mayo o de la Sede Definitiva Orquesta Filarmónica, Ciudad de la Música, entre otras”, como mencionó a Chequeado Facundo Di Filippo, ex legislador porteño por el ARI e integrante del Partido Social.

Sin embargo, Caputo, quien según la declaración jurada de Macri tiene una deuda con el jefe de Gobierno porteño por $18 millones, sigue relacionado a la obra pública de la ciudad a través de otra empresa, SES SA. Como informa en sus estados financieros (ver punto 4.3.1), Caputo SAICyF controla el 50% de SES SA, que sí ganó varias licitaciones millonarias de la gestión Macri, por lo que es engañoso afirmar que no hubo contratos entre el Gobierno porteño y compañías ligadas al empresario.

El auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ex legislador porteño por el Frente Progresista y Popular de Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn, informó a este medio que desde 2008 SES SA recibió más de $1.200 millones del Gobierno porteño, ya sea en soledad ($700 millones) o a través de distintas uniones temporales de empresas (UTEs) entre las que participó SES SA, algo que se desprende de información pública y disponible en el Boletín Oficial porteño. Di Filippo señaló una cifra similar.

Entre otros contratos, SES SA fue adjudicada en abril de 2015 con la obra para la adecuación del Palacio Lezama (ex fábrica Canale) para nuevas oficinas del Gobierno de la Ciudad, por un monto total de $52,8 millones; para el mantenimiento de áreas verdes a través de una UTE junto a la empresa Mantelectric ICISA por $149,8 millones; y para el mantenimiento integral y limpieza del Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú por otros $115 millones.

Si bien la adjudicación de obras públicas a empresas de amigos, familiares o conocidos de los funcionarios puede presentar conflictos de interés, la legislación no es muy efectiva en su regulación.

“Tanto en la Nación como en la Ciudad las categorías por las que puede llegar a entenderse que hay un conflicto de interés son muy limitadas y no alcanzan a cubrir los típicos problemas en este tipo de casos en compras públicas. Además, no hay una regulación sobre los procedimientos a llevar adelante en los casos en que existan dichos conflictos”, explicó a este medio Natalia Volosin, master en Derecho por la Universidad de Yale y especialista en contrataciones públicas. Además, diferenció la situación de la tendencia en la región, donde se tiende a utilizar categorías más amplias para que más casos queden incluídos.

Volosin, quien trabaja en la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, agregó que “más allá de que el caso no sea ilegal, entra en contradicción con los principios generales de la ley de ética pública y de la ley de compras de la Ciudad (como el principio de “igualdad” en las contrataciones públicas) o con los principios de republicanismo que surgen de la Constitución, por más que se pudiera ofrecer el mejor precio o calidad en las obras”.

La situación no es exclusiva del Gobierno porteño. El Gobierno nacional, por ejemplo, tiene contratos con el Grupo Austral, conglomerado del que participa el empresario Lázaro Báez y con quién la presidenta Cristina Fernández de Kirchner posee una deuda de $12.000 según su última declaración jurada.

Agradecemos a todos los lectores que nos sugirieron este chequeo.

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