La Fiscalía Superior de Catalunya ha desestimado los recursos de apelación del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau contra el auto que mantiene la acusación contra ellos por presunta desobediencia y prevaricación administrativa en la organización de la consulta soberanista del 9-N. El Ministerio Público no pedirá penas de prisión para los acusados ya que ha renunciado a acusarles del delito de malversación de fondos públicos. Los dos delitos que, a juicio de la Fiscalía, sí cometieron Mas, Rigau y Ortega –prevariación y desobediencia– comportan penas de inhabilitación, no de cárcel.

El juez deja a Artur Mas a un paso de ir a juicio por desobediencia y malversación por el 9-N

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El escrito de la Fiscalía considera que Mas, Rigau y Ortega "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así". Los fiscales consideran "evidente, patente, flagrante y clamorosa" la conducta de los acusados ya que "convirtieron irrazonablemente su voluntad en aparente fuente de normatividad".

En ese sentido, asegura que la instrucción ha demostrado que la preparación de la consulta se intensificó tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional: "Sin los medios de la administración autonómica empleados antes pero también y especialmente después de la suspensión cautelar" no hubiera podido celebrarse, apunta.

Sobre el delito de desobediencia, expone que los investigados, encabezados por Mas, "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la Providencia del Tribunal Constitucional, la cual era clara e inequívoca, y resueltamente decidieron no acatarla".

Respecto a la prevaricación administrativa, considera que los exmiembros del Govern "dejaron respectivamente de suspender oficialmente tanto la convocatoria que aquel [Mas] había efectuado como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecución".

En sus alegaciones, Mas, Ortega y Rigau recurrieron la decisión de dejarles a las puertas de ir a juicio al considerar que la causa tiene un "contenido marcadamente político" y que ni desobedecieron ni prevaricaron. Por ello, solicitaron el archivo de la causa al entender que se atribuyen "responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica".