Para el presidente de Unesa, Eduardo Montes, "la pobreza energética es posible que no sea la más acuciante" de las diferentes formas de penurias existentes en España, por lo que ha pedido no hablar de ese término nacido en Reino Unido y asumir que se debe hablar de "pobreza en general". Su negativa a utilizar el término ha chocado con el inicio de su intervención en una conferencia en Barcelona, en la que ha explicado que cuando habla con amas de casa siempre sostiene que es mucho peor que un hogar se quede sin electricidad que sin agua, otro "bien básico", porque en una tienda no se puede comprar energía con una potencia de 220 voltios mientras que sí venden botellas de agua.

En 2012 un total de 1,2 millones de hogares españoles tuvieron que afrontar cortes eléctricos por su incapacidad para pagar el recibo de la luz y, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, el porcentaje de familias que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas.

Pese a esos datos, Montes apuesta por "arrimar el hombro" entre todos para tratar el tema "como un problema de pobreza en general". Desde esa óptica, el ejecutivo ha rechazado -"me aterra", ha dicho"- la propuesta de Podemos de introducir un sistema de factura de la ley basado en los niveles de renta, de manera que quienes menos ingresos acrediten menos tendrán que pagar. "No se puede tomar el sistema eléctrico como el mal del sistema, que se tiene que pagar en función de la declaración a Hacienda", ha afirmado a una pregunta del público, en el marco de una conferencia organizada por Forum Europa. Montes se ha mostrado abierto a debatir cambios en el sistema eléctrico con cualquier formación política para que los cambios sean "lo menos lesivos" posibles.

El máximo representante de las cinco grandes eléctricas españolas ha realizado un discurso duro contra las diferentes reformas para el sector eléctrico por el Gobierno, al que ha acusado de cargar gran parte de la culpa a las productoras de energía. Montes considera que el Ejecutivo considere un "bien público" la electricidad y que, en cambio, haya cargado el recibo con más cargas que no están vinculadas con los costes del suministro: impuestos (el 28%) y los costes de política energética y social (33%). En todo caso, ha señalado que "si todo el mundo cumple con sus compromisos" el déficit de tarifa eléctrica "sería pequeño este año".