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Las pretensiones de Odebrecht, tal como fueron planteadas, serán rechazadas. Así lo resolvió el Gobierno tras analizar el escrito que presentó la gigante brasileña el pasado martes. La empresa pretende no ser perseguida por la Justicia y seguir trabajando en el país a cambio de ofrecer detalles sobre los sobornos. Si bien el canal de negociación continúa abierto, el Poder Ejecutivo evaluó que la propuesta de la firma no es legal ni conveniente.

“El problema mayúsculo de la oferta de la empresa es que no tenemos marco normativo para aceptarlo”, señaló ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano .

Las reuniones con Odebrecht seguirán la semana que viene, mientras el oficialismo atiende distintos frentes. El Gobierno también debe calcular cuál es el resarcimiento que la empresa debería pagarle al Estado por los daños causados por las coimas y explorar nuevos caminos legales para que la gigante brasileña brinde datos de los sobornos.

Para sostener su estructura económica, en tanto, Odebrecht busca que el gobierno de Mauricio Macri lo habilite a continuar con las obras que están en marcha en la Argentina. Por ahora, el Gobierno le hizo un paréntesis a este punto.

“Revisaremos contrato por contrato para ver si existen irregularidades. Por ley, sólo si hay alguna falta podemos rescindir un proyecto; caso contrario, se necesita una orden judicial”, indicó a LA NACION Garavano, que comanda los diálogos con la empresa brasileña a pedido de Macri.

El encargado de auditar los contratos de Odebrecht será el nuevo procurador del Tesoro nacional, Bernardo Saravia Frías, que ya solicitó los expedientes a los ministerios que tienen obras con Odebrecht: Interior, Transporte y Energía. Pondrá la lupa, sobre todo, en los proyectos judicializados, como el soterramiento del Sarmiento y las plantas potabilizadoras de Aysa.

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Ya existe un antecedente de rescisión de contratos con Odebrecht. El Ministerio de Energía, en febrero, dio de baja el proyecto por la segunda ampliación de los gasoductos del Norte. Lo decidió luego de que distintos organismos de control detectaron presuntos sobreprecios e irregularidades contables, sin esperar a ninguna decisión judicial.

Multa

Respecto del resarcimiento al Estado por los daños causados, el valor "sugerido" por Odebrecht fue de US$ 35 millones, es decir, el monto de la coima argentina, admitida ante las autoridades de los Estados Unidos. Tal como reveló LA NACION, como forma de pago, la firma propuso "cuotas" a través de retenciones en las erogaciones que la empresa reciba por sus trabajos.

"Lo que más nos preocupa es la modalidad de pago que busca Odebrecht, no tanto el monto, porque es importante que el Estado recupere algo pronto", reconoció un alto funcionario a este medio.

Sin embargo, distintos expertos advirtieron que la oferta de Odebrecht es escasa. Según pudo conocer LA NACION, para estimar el precio de la "multa", el procurador del Tesoro trabajará con la Sindicatura General de la Nación (Sigen). En la ecuación, tendrán en cuenta los montos de los contratos viciados por las coimas.

Información y normativa

Más allá de los detalles, el gran escollo que tiene la gestión de Macri para avanzar con el acuerdo con Odebrecht es la falta de un paraguas legal. Según aseguran en Casa Rosada, la orden del Presidente fue "hacer todo para que se sepa quiénes recibieron las coimas". Pero eso no es fácil con la normativa argentina.

En su escrito, Odebrecht ofreció revelar "los delitos, sus autores, coautores y partícipes necesarios" y proveer documentos y pruebas. Eso, a cambio de "no iniciar, avalar, impulsar o ejercer ninguna acción penal contra la empresa".

"No podemos aceptarlo porque el Poder Ejecutivo no puede garantizar inpunidad", insistió ayer Garavano. No obstante, el ministro dejó abierta una ventana para seguir la negociación. "Estamos trabajando en una normativa que se ajuste a la posibilidad del acuerdo", deslizó.

El Gobierno cree que la llave para abrir el cofre de Odebrecht es el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria. Desde el Ejecutivo planean hacerle modificaciones a la inciativa original, con una cláusula que permita contemplar convenios de colaboración eficaz con empresas que hayan cometido ilícitos. También (de forma novedosa) buscarán que esto se aplique "de forma retroactiva" para que cuadre con el caso Lava Jato.

La Oficina Anticorrupción, en tanto, elabora un informe técnico en respuesta a la oferta de Odebrecht, que se prevé adverso para la empresa, con todas las reservas que genera la propuesta. En paralelo, el organismo conducido por Laura Alonso busca abrir canales de diálogo con los Estados Unidos.

También la Procuración del Tesoro orientó sus esfuerzos hacia el exterior en las últimas horas, ya que inició los procedimientos para que, tanto el Departamento de Estado o la SEC de los Estados Unidos como la Fiscalía de Brasil, entreguen información.

Todos los caminos podrían acortarse la semana que viene: la fiscalía general de Brasil ya confirmó que, a partir del jueves próximo, le entregará de forma confidencial a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por Odebrecht.

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Los términos de las tratativas

Inmunidad

Es el principal pedido de la empresa para cooperar con la Justicia y revelar quiénes recibieron coimas

Resarcimiento

Odebrecht también ofreció pagar US$ 35 millones para mantener sus proyectos en el país