La ley dice que todos los recintos públicos deben contar con al menos un equipo de salud disponible para realizarlo, y de lo contrario, deben "asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud".

A seis meses de que se promulgara la ley de despenaliza el aborto en tres causales, ya existen las primeras cifras que permiten vislumbrar el panorama con respecto a la objeción de conciencia y cuán accesible estará la prestación para las mujeres que la requieran.

Los médicos que quieran ampararse bajo dicha facultad deben hacer formal su postura ante el director del recinto en el que se desempeña y especificar la causal en específico a la que alude. Y según datos publicados por La Tercera, las cifras son dispares.

En Chile existen 69 hospitales públicos habilitados para estos procedimientos, y de los 24 que respondieron a las consultas, el 35% de los médicos se declaró como objetor. Es decir, de los 419 profesionales capacitados para realizar la interrupción en esos establecimientos, 146 presentaron algún tipo de reparo.

En el caso de la Región Metropolitana, todos los médicos ginecoobstetras de los hospitales San Borja, El Carmen y San José accedieron a hacer abortos, y lo mismo ocurre en el Biobío, con los profesionales del centro Las Higueras de Talcahuano y los recintos de Quellón y Ancud, en Chiloé.

En el hospital Eloísa Díaz de La Florida, en tanto, tres de sus 21 ginecólogos son objetores y en Luis Tisné de Peñalolén, el 40% de los especialistas ha rechazado hacer abortos en alguna de las causales.

Sin embargo, dos de los casos más problemáticos se encuentran en las regiones de Aysén y O’Higgins, donde se encuentran los hospitales de Puerto Aysén y San Fernando, y en los que todos los especialistas se negaron a realizar interrupciones de embarazos, principalmente por la causal de violación.

De acuerdo al protocolo de objeción de conciencia, todos los hospitales que estén habilitados para realizar este procedimiento deben garantizar la atención médica oportuna a las mujeres que lo requieran, y deben contar con al menos un equipo de salud disponible para realizarlo. De lo contrario, deben «asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud, para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo”.

Otra región que también complica la aplicación de la ley es en la del Bío Bío: en el Hospital Grant Benavente de Concepción, el 80% de los 44 médicos formalizó su negativa, así como también hicieron tres de los cinco ginecoobstetras del San José de Coronel y cuatro de los cinco doctores de Lota.

En otras regiones del país, el porcentaje de objetores es variable. En los principales recintos del norte, entre el 18% y el 25% de los ginecoobstetras se ha declarado objetor, como en el caso de los hospitales Juan Noé de Arica, Ernesto Torres de Iquique y el Leonardo Guzmán de Antofagasta.