Hubo presión, manipulación o acarreo de votos, pero sale barato. La Junta Electoral de Zona acaba de dictaminar sobre el caso del acarreo de votos del PP en Amoeiro (Ourense), el mismo que, denunciado por el PSdeG de la localidad y desvelado por Eldiario.es, mostraba cómo ancianos eran presionados por miembros de la candidatura popular y personas afines para tramitar el voto por correo y votar por el partido. Las autoridades electorales admiten que, efectivamente, ha existido una infracción legal, pero no por acarrear o presionar, sino por pedir el voto en precampaña. Y el resultado son dos multas que suman 90 euros.

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Dos de las personas señaladas por la denuncia, Silvia G.M. y Beatriz A.P, son sancionadas con 50 y 40 euros, respectivamente, por solicitar el voto antes del inicio legal de la campaña y solamente por eso. El dictamen, según ha podido saber eldiario.es, no entra en el fondo de la cuestión, que no es otro que el presunto uso de la influencia que estas dos trabajadoras sociales pueden tener sobre los ancianos a los que atienden para orientar el sentido de su votación.

Según la JEC lo sucedido no es más que una infracción de estas dos personas, que ocupan los puestos 3 y 9 de la lista del PP en el pueblo. Por este motivo, la tercera persona señalada por la directora de la residencia de ancianos de la localidad como autora del acarreo, Natalia V.R., ni siquiera es sancionada porque no es miembro de la candidatura de los conservadores aunque su hermano sí lo es.

Con estas levísimas consecuencias termina un episodio en el que la intención última de la información aportada por el PSdeG ante las autoridades electorales, por escrito y también a través de videos, era llamar la atención sobre lo que, resalta el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, supone "un escándalo" que "en el inconsciente colectivo está instalado" como una circunstancia "normal". Aunque incluso uno de los afectados por las presiones, Sergio Vázquez, relató ante las cámaras lo acontecido el propio PP de Ourense salió al paso de la denuncia para afirmar que se trataba de una "campaña de desprestigio" encaminada a "tapar" la imputación del ex secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez.

Por el camino se quedan, por lo tanto, los testimonios en los que los mayores señalaban que las dos sancionadas se habían ofrecido a proporcionar gratis los servicios de notarios "del partido" siempre y cuando el voto fuera para el PP ya que, en caso contrario, la gestión del sufragio costaría 50 euros. Las mismas personas explicaron, además, que esta controvertida oferta incluía la oferta de certificados médicos que justificasen el estado de salud de los ancianos para poder votar por correo.