Tengo para mí que está haciendo falta una reflexión más cuidadosa sobre el curso que están tomando nuestras múltiples inconformidades con el sistema político mexicano. En términos llanos, me preocupa que ante la falta de alternativas razonables y cursos de acción plausibles, el remedio acabe siendo peor que la enfermedad.

De un lado, hay al menos tres graves motivos de agravio social que no tienen una solución fácil: la inseguridad pública, que está asociada a la impunidad reiterada y que produce una extendida sensación de desamparo social; la pobreza y la desigualdad, que ha abierto un abismo entre pobres y ricos cuya profundidad se mantiene intacta desde hace por lo menos dos décadas; y la corrupción, que explica en buena medida los dos problemas anteriores y que, tanto en la percepción pública como en la relación cotidiana entre autoridades y sociedad, se sigue extendiendo como mala hierba.

Por supuesto, hay otros problemas públicos que están conectados con aquellos tres principales: la mala calidad de la educación, las deficiencias de los servicios públicos —desde la atención a la salud hasta el transporte, pasando por un largo etcétera—, las trampas burocráticas del sistema de administración de justicia en casi todas sus esferas fundamentales y las múltiples manifestaciones del abuso de autoridad, cosa que incluye desde la lista de privilegios otorgados a los más altos funcionarios, hasta los repartos más o menos descarados de los puestos y los dineros públicos para fines clientelares y electorales.

Estos últimos son la expresión cotidiana de los primeros: si los asuntos públicos no funcionan, es porque están cruzados por la corrupción, por la impunidad y por la violencia. Pero entre ellos hay un círculo vicioso, pues para resolver las cuestiones prácticas que están dañando a los ciudadanos, es necesario contar con un buen sistema político. De aquí que la reacción social extendida sea apostar por algo que ni siquiera está concebido como proyecto acabado, pero que en sus trazos fundamentales supone echar abajo la representación política partidaria para suplirla por ciudadanos decentes y sustituir las tareas de gobierno por aparatos autónomos.

Ya que los partidos no están respondiendo a la altura de aquellos agravios sociales, se propone que haya candidatos independientes para ocupar los cargos de elección popular; y ya que los gobiernos no están resolviendo los problemas fundamentales, se exige que haya organismos autónomos que les hagan frente. Pero ruego que se ponga atención al matiz: no es lo mismo pedir que las cosas funcionen bien y que las instituciones formales cumplan con su deber y su cometido, que buscar la derrota de los partidos mediante ciudadanos independientes y el gobierno de los asuntos públicos a través de cuerpos colegiados autónomos.

Me hago cargo del desencanto justificado que está en el origen de esa corriente y de su apuesta por la democracia directa. A todas luces, se trata de una reacción a los agravios y a los problemas ya mencionados. Sin embargo, si se piensa con más cuidado, esa solución lleva a una doble trampa: al posible empoderamiento de líderes que no habrán de responder más que ante sí mismos y a la multiplicación de órganos colegiados sin contrapesos. Quizás cabe considerar esa ruta como táctica de presión hacia partidos y gobernantes. Pero espeluzna imaginar que realmente se convierta en la desembocadura principal de los malestares que nos agobian.

Antes que tirarla al bote de la basura y suplirla por ciudadanos perfectos, habría que pensar en las mejores formas posibles de hacer funcionar nuestra democracia inmadura. A pesar de todo, prefiero imaginar que todavía es posible exigir y lograr que los representantes y las instituciones cumplan con su deber.

Investigador del CIDE