Se aprecian aguas turbulentas para el Ministerio Público.

Fuera de los ejercicios comunicacionales para reforzar la imagen del Fiscal Nacional, Jorge Abbott –cuestionado por su falta de liderazgo y de orientación clara en las causas de platas políticas–, su última decisión de remover del caso Corpesca al Fiscal Regional Emiliano Arias y de abrirle un sumario administrativo –leída por algunos como un golpe de autoridad y, por otros, como un desacierto institucional–, ha agitado las aguas mucho más de lo previsto, abriéndole un nuevo flanco que genera suspicacias e incertidumbres: el cambio de fiscal se produce a días de que venciera el plazo perentorio que Arias le dio al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que respondiera a un oficio en que le solicitaba datos tributarios claves de varias empresas controladas por grupos económicos influyentes e históricos donantes de partidos políticos.

Más allá de las razones públicas que esgrimió la Fiscalía para sacar del caso a Arias, entre ellas haber concedido una entrevista al diario La Tercera donde supuestamente reveló antecedentes reservados –decisión que fiscales y penalistas han calificado desde “abuso de poder” hasta “desinteligencia”–, fuentes que conocen la investigación recalcan la importancia de mirar la línea temporal en la que ocurrieron los hechos, que ilustraría “una intención política de limitar la investigación para, así, evitar un escándalo mayor, tipo SQM”.

¿Por qué? Porque los indicios dan cuenta de un intenso lobby, que podría rayar en un modelo de corrupción –acreditado con el estándar de la prisión preventiva en el caso de Jaime Orpis–, que operaría en el norte, centro y sur del país; y porque la inquietud en la clase política crece en la medida que puedan seguir surgiendo nombres, algunos de ellos ya mencionados en la querella presentada por Hugo Gutiérrez contra los miembros de la Comisión Permanente de la Ley Pesca. Y por el poder e influencia de los grupos de poder en juego.

La consecución de hechos que despiertan dudas comenzó pocos días después de que el fiscal Arias, a comienzos de julio, ordenara una serie de diligencias en torno a las pesqueras de la zona austral, agrupadas en el gremio Fipes (Industrias Pesqueras del Sur Austral), a raíz de la denuncia que realizó 'Informe Especial', de TVN, que reveló las gestiones del senador DC Patricio Walker con un empresario de la zona para obtener recursos para la candidatura del hoy diputado y ex vocero de los pescadores de Aysén, Iván Fuentes.

Las primeras gestiones –reveladas por The Clinic– fueron una veintena de oficios destinados a conocer la contabilidad de diversas empresas que presentaron rectificaciones al Servicio de Impuestos Internos. Entre estas no estaban solo las de la zona austral, sino también las del centro sur, que operan desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos, y que tienen como motor el puerto de Talcahuano. El foco estaba puesto en un año: el 2012, que es cuando comienza la discusión de la Ley de Pesca.

Estas diligencias, además, cobraban mayor relevancia en tanto podrían relacionarse con la existencia de una serie de correos electrónicos incautados en el marco de Corpesca, donde se registra un intenso lobby por parte de empresas pesqueras que tenían como destinatarios a los parlamentarios Jorge Ulloa (UDI), Antonio Horvath (IND, ex RN), Clemira Pacheco (PS), Iván Fuentes (pro DC) y Patricio Walker (DC).

La información que solicitó Arias, sin embargo, no solo se relacionaba con las empresas de la zona austral, sino que también con las poderosas pesqueras de la Región del Biobío, las que podía investigar en virtud de la legitimidad que le brindaba estar a cargo de Corpesca, la causa madre.

Esto no es menor, ya que en la querella presentada en abril de 2015 por el diputado Hugo Gutiérrez contra los entonces miembros de la Comisión de Pesca del Senado (Carlos Bianchi, Fulvio Rossi, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Hosain Sabag), el parlamentario PC ya ponía el foco en la posibilidad de que en el origen de la ley existiera algún delito, como el cohecho. Al extenderse la querella contra los que resulten responsables, el equipo de Arias contaba con la legitimidad para investigar todo el espectro político que hubiera tenido participación en la discusión de la ley.

En esos días de julio, a raíz de la arista abierta en la zona de Aysén, Arias solicitó al SII que entregara la información tributaria con el detalle de las rectificaciones de una serie de empresas pesqueras ligadas a importantes grupos económicos, que, a su vez, figuran como aportantes históricos a partidos políticos. Dio como plazo máximo dos semanas.

A los dos días de solicitada la información, Jorge Abbott decide dar “una señal” e instruye sacar al Fiscal Regional Emiliano Arias –ex investigador de SQM– de esta arista de Corpesca (la Fipes) al tiempo que ordena su reasignación al Fiscal Regional de Aysén, Pedro Salgado. Según fuentes internas, el motivo habría sido para evitar demasiada figuración de unos fiscales por sobre otros, aunque el nuevo equipo designado contara con cero experiencia en investigar materias de corrupción.

La información que solicitó Arias, sin embargo, no solo se relacionaba con las empresas de la zona austral, sino que también con las poderosas pesqueras de la Región del Biobío, las que sí podía seguir investigando en virtud de la legitimidad que le brindaba estar a cargo de Corpesca, la causa madre.

Unas de estas empresas eran Pesquera Alimentos del Mar S.A., vinculada a la familia Izquierdo Menéndez, y Pesquera Coloso S.A., de la familia Lecaros Menéndez. Estas familias, que son conocidas como los “dueños de la Patagonia”, mantienen una estrecha cercanía política con la UDI, además de ser importantes donantes de la Universidad de Los Andes.

Arias también solicitó información de la Pesquera Los Fiordos Ltda., del empresario Gonzalo Vial, dueño de Agrosuper y pro RN, con cercanía política a la UDI.

Además se requirió información de Pesquera Emdepes S.A y Pesquera Grimar S.A, que forman parte del grupo económico Friosur, de propiedad de japoneses y de la familia Del Río, quienes son cercanos a la DC e históricos aportantes a este partido.

De la misma manera aparece la Pesquera Blumar S.A., de propiedad de los grupos Sarquis y Yaconi, otros históricos donantes, pero de la UDI. No solo eso: se requirió información al SII de Pesquera Orizon S.A., del holding Copec, que lidera el grupo Angelini, quienes son los mayores controladores de la pesca industrial en el país.

El requerimiento de información sobre estas empresas debía haber llegado los primeros días de agosto, pero el Servicio de Impuestos Internos (SII) no respondió a la solicitud.

Habiéndose vencido con creces el plazo de 15 días que Arias y su equipo le dio al SII, el entonces fiscal a cargo de la causa envió el 9 de agosto un nuevo oficio, reiterándoles el requerimiento de información y dándoles un plazo perentorio de otros 5 días.

Esta diligencia resulta importantísima para la investigación, ya que de su análisis puede desprenderse si hubo o no financiamiento ilegal de la política de parte de estas empresas y, en el caso de haberlas, si estas se realizaron en el período de discusión de la Ley de Pesca.

El penúltimo día antes de que venciera el plazo, el Fiscal Nacional volvió a intervenir con una nueva señal, esta vez con un “golpe de timón”.

A través de un comunicado público, Jorge Abbott, anunció que resolvía sacar de la causa a Emiliano Arias (y su equipo) y reasignar la investigación completa de Corpesca a Julio Contardo, Fiscal Regional del Biobío.

Adicionalmente informaba la instrucción de un sumario administrativo contra Arias por presuntamente revelar antecedentes reservados en una entrevista que concedió al diario La Tercera.

De esta forma, en menos de un mes se realizaron cambios en la dirección de la investigación Corpesca, que hasta ese momento estaba avanzando a gran velocidad, y que, de acuerdo a fuentes con conocimiento de la causa, podrían haber abierto una nueva caja de Pandora en el mundo político.