El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no contribuyó ayer a apaciguar los ánimos en la Agencia Tributaria. El ministro vinculó "el relevo" en la cúpula de grandes contribuyentes de la delegación central a que ese equipo estaba lleno de socialistas, según dijo ayer en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados, donde participó en el acto de celebración del 35º aniversario de la Constitución. Montoro achacó así a causas políticas las dimisiones en Hacienda.

Sin embargo, la mayoría de cargos destituidos en las últimas semanas fueron nombrados por el actual Gobierno del PP. Luis Jones, jefe de Inspección de la Agencia Tributaria, que dimitió esta semana por "notables diferencias" con la dirección, también fue nombrado por el Ejecutivo popular. Otro de los altos cargos que presentó su renuncia, Ignacio Ucelay, jefe de la dependencia técnica de grandes contribuyentes, era a su vez próximo a Jones y también fue respaldado por el PP.

El argumento oficial es que los cambios son por una reorganización

Las palabras de Montoro contribuyen a añadir gasolina a la crisis interna que vive la Agencia Tributaria. Aun así, el ministro negó que ese relevo suponga una purga o una caza de brujas. "Cesan porque no les gusta el director general", señaló.

El nuevo director general de la Agencia, Santiago Menéndez, ha destituido a 29 inspectores desde que llegó al cargo el pasado julio. Entre ellos, 9 de los 16 miembros de la cúpula de dirección del organismo público encargado de la gestión de los impuestos. Fuentes de la Agencia explican que Menéndez ha relevado a menos cargos de confianza que su antecesora y que durante los dos primeros años de Gobierno del PP se han producido menos destituciones que en los dos primeros años del anterior Ejecutivo socialista.

El líder de los socialistas acusó al ministro de “caza de brujas”

Además, desde que Menéndez ocupa la dirección general se han producido, al menos, cuatro dimisiones, la del director de inspección, Luis Jones —el tercer cargo en jerarquía de la Agencia—, y la de tres miembros de la cúpula de la unidad de grandes contribuyentes que abandonaron por estar desacuerdo con la destitución de una inspectora. Esta funcionaria había rechazado, en contra del criterio de la dirección, un recurso de reposición presentado por la multinacional cementera Cemex contra una supuesta sanción millonaria. Al parecer, según cuentan varios empleados del organismo, la dirección quería paralizar el expediente para estudiarlo con más detalle.

La mayoría de los cargos destituidos por el director general fueron designados por su antecesora en el cargo, Beatriz Viana, nombrada por el Gobierno del PP. Entre ellos, Luis Jones, el tercer cargo jerárquico de la institución, quien dimitió por "discrepancias" con la dirección de la Agencia "que constituyen ámbitos esenciales de decisión del departamento".

El ministro de Hacienda insistió ayer en restar importancia a la treintena de relevos recientes en la plantilla de la Agencia, que cuenta con cerca de 27.000 empleados, entre ellos 1.200 inspectores. Montoro comparó esta situación con las que se producen en las empresas tras la llegada de un nuevo director. Nada, en su opinión, tiene que ver con el caso Nóos y el error con el DNI de la infanta Cristina ni con la inspección en Cemex. Pero lo cierto es que todos estos casos han contribuido a socavar el prestigio y el aura de independencia de la institución y han creado malestar entre los trabajadores.

El Gobierno calificó como palabrería las acusaciones de Gestha

Los últimos ceses aprobados por el director de la Agencia Tributaria fueron publicados ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre ellos están, los de los delegados especiales de Cantabria, Galicia y Castilla y León. Así como el del jefe de inspección —que en realidad había dimitido— y la directora del servicio de planificación y relaciones institucionales. El BOE también publicó el nombre de sus sustitutos.

El ministro justificó los cambios en la Administración fiscal y argumentó que el nuevo director tiene el derecho a formar un nuevo equipo de confianza. Además, rechazó que haya una "caza de brujas", tal y como le acusó ayer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y calificó como "palabrerías" las declaraciones de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, quien acusa a Montoro de trato de favor a la infanta Cristina.

El ministro desvincula los relevos con los casos de Cemex o Nóos

El líder de los socialistas aseguró que está estudiando pedir la creación de una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer la escalada de destituciones y dimisiones en la administración fiscal. El dirigente socialista explicó que no descarta ninguna iniciativa y que espera las explicaciones del ministro en la interpelación que tiene el próximo miércoles en la Cámara baja.

En una charla distendida con periodistas en el acto de la Constitución en el Congreso, Rubalcaba consideró que el hecho de que Montoro atribuya el carrusel de ceses y dimisiones a un grupo de funcionarios próximos al PSOE confirma que es el propio Gobierno el que está inmerso en una operación "política" de purga dentro de la institución pública. Rubalcaba recordó que nunca antes había ocurrido algo similar en la administración fiscal y defendió la independencia de los trabajadores de la Agencia, al asegurar que nada tiene que ver la labor que hacen con la ideología personal que tengan. Rechazó que la crisis de la Agencia sea responsabilidad de los inspectores y razona que el hecho de que el ministro hable en esos términos confirma que se ha emprendido una "caza de brujas".

La crisis de la Agencia Tributaria fue uno de los temas de conversación más extendidos durante el acto de celebración del 35º aniversario de la Constitución en el Congreso. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también insistió en restar importancia a los relevos dentro de la carrera de los altos funcionarios y los enmarcó dentro de un proceso normal. La vicepresidenta recordó que ella misma es abogada del Estado y que durante el desempeño de su cargo tuvo varios destinos. El mismo argumento esgrimido por Montoro y Sáenz de Santamaría fue defendido por los políticos populares y los miembros del Gobierno. También el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se pronunció sobre el caso desde Bruselas al ser preguntado por los periodistas. "Creo que la Agencia Tributaria es una de las grandes instituciones de la Administración pública española, de la que más orgullosos nos tenemos que sentir los españoles, que funciona a unos niveles superiores al del resto de las agencias tributarias de la UE".