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Además de acusar a Daniel Sturla de "usar el altar como tribuna política", la Asociación de Librepensadores denunció la reciente participación de Guido Manini en una misa, y criticó a ambos por presentar a Artigas como una "una caricatura católica".

Dos años atrás, en esta misma fecha, hubo controversia por la participación de militares uniformados en una misa celebrada por el arzobispo Daniel Sturla.

Varias organizaciones y diputados denunciaron entonces como una violación a la laicidad la participación del Ejército en una misa en la Catedral Metropolitana - en ocasión de conmemorarse el aniversario del Ejército Nacional- en la que tomó la palabra el general Guido Manini Ríos.

Aquella vez, tras la polémica, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, aseguró que fue él quien autorizó la participación de oficiales del Ejército en la misa.

Este año, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, volvió a participar de la misa junto a otros uniformados. Y, una vez más, las organizaciones exigieron que se respete la laicidad.

"Una vez más, lamentablemente, la República y sus instituciones laicas asisten al triste espectáculo en el que el comandante en Jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, antepone sus convicciones personales religiosas al de representante de una de las Instituciones del Estado", señala el comunicado de la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores.

"Ofende la libertad de conciencia y de pensamiento de todos los ciudadanos y particularmente de sus subordinados, siendo partícipe de una ceremonia religiosa el pasado 18 de mayo, en homenaje al día del Ejército vestido con su uniforme militar. Esta actitud constituye una violación del principio de laicidad del Estado consagrado en la Constitución de la República, y por lo tanto, un peligroso desafío a las instituciones, a la vez que un acto de provocación al conjunto de los ciudadanos", agrega la comunicación.



La AULP considera que "llama la atención el silencio de sus mandos naturales, tanto del señor ministro de Defensa y el señor presidente de la República (éste en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas), como también del sistema político representado en el Parlamento Nacional, en los partidos políticos, entre otros".



"A esto se suma el indisimulado esfuerzo de Daniel Sturla, jefe de la Iglesia Católica en nuestro país, más interesado por aparecer en los medios de comunicación, que en colaborar con el Poder Judicial de la República denunciando los casos de pedofilia que involucran a miembros del clero católico que obran en su conocimiento", prosigue.



"Comportamientos como los del general Manini Ríos y de Daniel Sturla, pretendiendo reescribir la historia del Uruguay y la del prócer general Artigas, quién sentó las bases del Estado Laico en las Instrucciones del Año XIII al establecer que ‘'se promoverá la más amplia libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable', no contribuyen a favorecer la integración de nuestra sociedad uruguaya, tan preocupada legítimamente en estos tiempos en recuperar la convivencia pacífica, tolerante e imbuida en los valores cívicos republicanos tradicionales de laboriosidad, solidaridad, ideal de justicia, etcétera", opina la AULP.

Por el contrario, "sus actitudes promueven la polarización, el fanatismo dogmático y la falta de respeto flagrante al Estado Laico, sus Instituciones, la Constitución de la República que es la norma superior, y de la figura de José Artigas, al presentarlo a él y a la gesta artiguista, prácticamente como una caricatura católica".

"¿Qué pretenden Manini y Sturla con su accionar? ¿Imponernos a los uruguayos sus convicciones dogmáticas? Mientras Sturla usa el altar como tribuna política para hablar de integración, promueve la división de la sociedad planteando que ‘la iglesia católica fundó la patria'. No cuestionamos ninguna convicción religiosa, pero para practicarla tienen sus templos que están exonerados de impuestos (a diferencia de otras actividades) gracias al precepto constitucional de nuestro Estado Laico".



"Es el deber de los funcionarios del Estado y de los gobernantes en todos sus niveles, respetar las normas que los ciudadanos nos hemos dado para convivir pacíficamente. Quien no las cumple, por acción u omisión, se sitúa en un lugar de privilegio que agrede la convivencia democrática y lesiona a las instituciones republicanas y laicas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de la gravedad de estos asuntos y a defender los principios republicanos y laicos, y a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial intervenir para tomar las medidas que correspondan en aplicación del marco jurídico vigente", concluye la AULP.