Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo

Un juez dicta orden de arresto, por un presunto soborno de más de tres millones de dólares, para la compra a Brasil de ocho aviones Súper Tuca, contra el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio; el coronel de la aviación Carlos Picini y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, padre e hijo. Estos últimos ya se encuentran detenidos.

Las órdenes de arresto fueron emitidas por el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, acogiendo un pedimento del Procuraduría Especializada contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), según explicó la titular de este organismo Laura Guerrero.

Guerrero dijo que el general retirado y el coronel se resisten acudir a ese organismo, alegando que debían contar con la autorización del Ministerio de Defensa.

Guerrero dijo que en torno al caso se encuentran bajo arresto los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández. Asimismo, informó que se estarán investigando a varios legisladores, pero no mencionó los nombres ni los partidos a los que pertenecen.

Dijo que también están siendo investigadas cuatro empresas, incluyendo las 4Q, propiedad de los empresarios detenidos, que se encargaban de los negocios del banco en Brasil.

Se recuerda que la investigación fue iniciada por el PEPCA, luego que fuera instruida por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para determinar si hubo soborno en la compra de los aviones adquiridos con préstamos de 93.7 millones de dólares, aprobados por el Congreso Nacional.

Laura Guerrero dijo que la investigación tiene un soporte de más de dos mil documentos que fueron enviados por las autoridades de Brasil para ayudar en la pesquisa.

El proyecto de los Súper Tucanos fue impulsado por las Fuerzas Armadas que defendió la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.

Los empresarios se encuentran en el despacho de la titular del PEPCA y se espera que sean trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá medida de coerción.

Guerrero dijo que tanto el coronel como el general retirado enviaron sendas comunicaciones informando que no comparecerían por ante su despacho, porque no tienen autorización del Ministerio de Defensa.