Por primera vez desde su sanción, la Ley Antiterrorista podría ser aplicada en Santiago del Estero para penar la labor periodística de Juan Pablo Suárez durante los levantamientos policiales producidos a fin del año pasado. En tal ocasión el periodista -director del medio digital Última Hora- permaneció en el calabozo diez días acusado de «sedición», […]

Por primera vez desde su sanción, la Ley Antiterrorista podría ser aplicada en Santiago del Estero para penar la labor periodística de Juan Pablo Suárez durante los levantamientos policiales producidos a fin del año pasado. En tal ocasión el periodista -director del medio digital Última Hora- permaneció en el calabozo diez días acusado de «sedición», por la sospecha de que había instigado a tales hechos. La Justicia continúa investigando la labor supuestamente desestabilizadora de Suárez durante esas jornadas, pero incrementó el peso de la denuncia: no sólo lo acusa de sedición, sino que agrava la carátula con el artículo 212 del Código Penal y el artículo 41 quinqueis.

El artículo 212 señala: «Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.»

El artículo 41 quinqueis dice: «Artículo 41 quinquies: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas Nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo».

Se trata de la judicialización de la opinión en su máxima escala: si la Justicia dictaminara que Suárez es culpable del delito del que se lo acusa, debería pasar entre seis y doce años tras las rejas, debido a la duplicación de las penas previstas por la reforma aprobada por impulso del kirchnerismo en diciembre de 2011. El supuesto delito cometido por Suárez fue cubrir el encadenamiento del policía Nelson Villagrán, realizado durante las jornadas en las que varios destacamentos policiales provinciales se levantaron en reclamo de aumentos salariales -que fueron finalmente otorgados por el gobierno nacional-. Luego de que Suárez filmara el arresto de Villagrán, él mismo fue arrestado y detenido durante diez días acusado del delito de «sedición».

El reclamo por la libertad del periodista redundó en su puesta en libertad, sin embargo la investigación judicial continuó. «Se recaratuló la causa y ahora tiene los agravantes del artículo 212 y del 41 quinqueis, lo cual supone que mi cliente es un terrorista, que actuó contra los poders públicos y la democracia, es una calificación muy grave -señala el abogado Víctor Nazar, representante de Suárez-. No conozco un precedente nacional sobre esta situación. Yo creo que es un tiro por elevación a los periodistas de Santiago del Estero: ‘Si se atreven a contar lo que pasa acá, les puede llegar la ley antiterrorista’. Es muy grave todo».

«Se trata del delito de ‘sedición’ agravado por el artículo 41 quinqueis -confirma a plazademayo.com el fiscal de la causa Pedro Simón-. La acumulación de la prueba le fue entregada al juez, que determinó esta carátula». Este portal intentó comunicarse con el juez, sin resultados favorables. «Esto demuestra que quieren aplicar la Ley Antiterrorista en función de reprimir o callar las manifestaciones independientes del Estado -acusa la abogada Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)-. Es una situación muy grave».

Los acontecimientos producidos en Santiago del Estero tuvieron lugar el 10 de diciembre de 2013, en el fragor de los levantamientos policiales que se habían iniciado en Córdoba y que tuvieron su epicentro en Tucumán. Ese día, Nelson Villagrán se encadenó junto a su familia en la plaza central de Santiago del Estero en reclamo de aumentos salariales, y fue detenido por las fuerzas de seguridad, mientras era filmado por Suárez.



El video difundido por Suárez que determinó su acusación por terrorismo

«Supuestamente, haber cubierto el reclamo de Villagrán junto a su familia supuso que los dos queríamos atentar contra el Estado -deduce el acusado Suárez-. A mí me detuvieron el 9 de diciembre. El 10 de diciembre asumió la gobernadora Claudia Ledesma, esposa del ex gobernador Gerardo Zamora, y me sacaron del calabozo y me obligaron a ver por la televisión su asunción. Permanecí detenido hasta el 19 de diciembre, cuando finalmente me liberaron». Sobre la actualización -en términos legales, ‘tipificación’- de su carátula, Suárez explica: «Quieren que el periodismo se calle, pero no lo van a lograr». «No hay manera de que esta acusación fructifique, y por eso pienso que se trata de una intimidación a Suárez y al resto del periodismo -dice el abogado Nazar-. Vamos a pedir su sobreseimiento».



Sin embargo, la justicia federal acaba de solicitar que se juzgue y pene a un periodista por el delito de terrorismo. Y que se le doblen las penas, de acuerdo a las modificaciones de la Ley Antiterrorista, por el crimen de información. Se trata de la comprobación fáctica de la aplicación antidemocrática de aquella ley votada a mano alzada por los diputados del kirchnerismo. Durante las últimas semanas, el gobierno de Ledesma, esposa de Zamora y designada a dedo, realizó varias actuaciones represivas. El episodio judicial de Suárez es la culminación de una escalada fascistizante.

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