La cuantía de las llamadas pensiones no contributivas (PNC) ha sido durante el año 2019 de 392 euros mensuales, además de dos extras anuales por la misma cantidad (14 pagas). La actualización aprobada por el gobierno de unidad progresista supone -a partir de enero de 2020- un incremento del 0.9%, es decir que lxs PNC cobraremos ya 395,50 euros mes (¡un desastre!). En definitiva, como dijo Rodrigo Rato cuando escamoteaba en un debate institucional sus latrocinios, “¡es el capitalismo!”; frase que completaremos como contrapartida con la certera máxima de Proudhon: “¡la propiedad es el robo!”.

No están todxs lxs que son en las estadísticas del IMSERSO. Los últimos datos del año 2019 fijan un total de 451.146 personas pensionistas no contributivas, dispersas y de entidad diferente en las comunidades autónomas del país. Varias decenas de miles en Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, Canarias… menos en el resto. Pero conocemos bien los trucos de la ingeniería estadística y sabemos de mucha gente que, por unos u otros motivos, no está registrada en esos listados (o bien, van dejando este mundo, porque no alcanzan la esperanza de vida).

En cualquier caso, en el documento oficial sobre Pensiones 2020 se dice sobre PNC:

“El Estado a través de la Seguridad Social garantiza (…) o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social.

Las Pensiones no Contributivas, reguladas en dicha Ley, aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios; aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva” .

Como encabezan los datos de este artículo, lo referido a “prestación económica” es de todo punto miserable en un Estado social de derecho. Esa situación se agravó desde la contrarreforma laboral del PP que fijó en 15 los años cotizados para tener derecho a la pensión mínima.

Pero ¿cuál es la entidad de esos cientos de miles de personas pensionistas no contributivas? Su entidad es su invisibilidad. Desde luego que en muchísimos casos son mujeres, como bien denuncia Ana Tere Díaz en este artículo.

Ana incide en la brecha salarial de género y el trabajo de cuidados como algo históricamente considerado obligatorio y gratuito… inserto a la fuerza en el ADN de la mujer trabajadora. Pero a pesar de ser eso cierto y fundamental, conviene no olvidar otros ingredientes, a los que alude Ana, pero que enfatizaré aquí porque configuran también la situación de lxs PNC en nuestro país. Por ejemplo, el que muchas mujeres y hombres de entre quienes cumplimos hace tiempo los 65 años, desarrollamos parte de nuestra vida laboral durante el tardo franquismo en muy precarias condiciones. Los trabajos sin contrato eran moneda corriente, la militancia antifranquista, la represión, el exilio y la cárcel, nos marginaron de la vida laboral durante largos períodos y generaron secuelas y difícil inserción en la misma, secuelas a veces casi insuperables. Se trabajaba en la práctica como “autónomos” (con más rigor diremos que “en negro”) pero sin capacidad económica de cotizar como tales y eso ha tenido consecuencias en el largo plazo de muchxs y de minorías marginalizadas (e incluyo aquí las gentes ocupadas en el ejercicio de las llamadas profesiones creativas, como es el caso de artistas, periodistas, escritores, ilustradores gráficos…)

De modo que a día de hoy ciertamente hemos sobrevivido –y escribo en primera persona en mi calidad de PNC- pero en condiciones de extrema austeridad (y más austeridad la de quienes carecíamos de vivienda en propiedad). De modo y manera que en lo referente a pensionistas no contributivos, podemos señalar que unos viven en la calle -formando parte de las milicias de los sin techo- otros refugiados en minúsculas aldeas en las que aún se encuentran viviendas de bajo alquiler y… con más frecuencia de lo que se cree, muchxs más encuentran en la estructura familiar los mínimos complementos a este endeble Estado social que, como señalaba Ramón Fernández Durán en su ensayo Tercera piel (publicado en 2010 por Virus editorial) funciona como el Estado social de derecho realmente existente en el Reino de España, un territorio además ferozmente carcomido por las políticas del capitalismo neoliberal.

Es posible que en Euskadi -como escribe Ana Teresa Díaz en el artículo arriba citado- la problemática de las pensiones no contributivas logre adquirir relieve y llegue a formar parte relevante de las vindicaciones del movimiento de pensionistas en marcha… pero los pocos cientos de miles de PNC extendidos por las diversas comunidades autónomas del Reino de España, no tenemos entidad como masa crítica.

Añadiremos, con cierto malestar, que en bastantes casos (lxs viejos militantes) ocupados en el combate por la emancipación del género humano hemos olvidado nuestra propia situación que nos abocaba a ser PNC y por ello, la urgente labor de pelear nuestras concretas condiciones de vida digna en la vejez.

¿Es ya tarde? No debiera serlo, pero sorprende que el asunto PNC no destaque en el contexto de la actualización del 0,9%, que quede diluido en el más general de las pensiones mínimas y también en la tan justa exigencia de blindar la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC real.

En cualquier caso, el movimiento de pensionistas, los sindicatos, los partidos y el recién estrenado gobierno de unidad progresista (PSOE-UP) están moral, política y socialmente obligados a demostrar con las derogaciones de la contrarreforma laboral del gobierno Rajoy y las revisiones y actualizaciones pertinentes, que la situación de lxs pensionista no contributivos constituye una auténtica situación de emergencia humanitaria y que hay que resolverla. ¡Vamos a ver!

25/01/2020

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