Por primera vez desde que se iniciara la investigación sobre la fortuna de la familia Pujol-Ferrusola, en el año 2010, el juez instructor ha recibido de manos de la policía una cuantificación de su alcance: en un informe remitido por la UDEF (la unidad encargada del blanqueo de capitales) al juez que indaga el asunto se dice que es de 290 millones de euros.

En el último mes, esta unidad policial ha remitido diversos atestados al juez José de la Mata, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional y que está a cargo de la causa, en los que detalla diversos aspectos de la operativa de la familia Pujol. En un auto el magistrado señala que los Pujol-Ferrusola han aprovechado “su posición privilegiada de ascendencia en la vida política /social/económica catalana, para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.

Jordi Pujol Ferrusola fue el tesorero de facto de CDC e hizo del partido un sitio opaco, según el informe

En esta línea, en los informes policiales, se mencionan operaciones en las que aparecerían empresas implicadas en otros sumarios, como el del Palau de la Música o el del 3%; ambos vinculados a la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. De hecho, la UDEF señala que Jordi Pujol Ferrusola actuó como miembro clave de la sustentación económica de este partido y que de hecho la familia internacionalizó sus cuentas bancarias en el año 2003, justo cuando Jordi Pujol i Soley dejó de ser president de la Generalitat.

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En el auto de De la Mata se asegura que las “facturaciones millonarias realizadas a través de las sociedades instrumentales asociadas a Jordi Pujol Ferrusola no tienen justificación alguna, no sustentándose en ningún caso la prestación real de servicio alguno asociado al concepto que se trasladó a las facturas”. Para los investigadores policiales no hay dudas: “En función de este informe –escriben– no nos cabe duda de incardinar las conductas descritas dentro del concepto de crimen organizado”. En uno de estos informes de la UDEF, entregado el pasado 30 de julio, se expone que la familia actuó como un grupo criminal desde el momento en que abrió su primera cuenta en el extranjero en Andorra, en 1990, con lo cual viene a desmentir que el origen de la fortuna fuera un legado del padre de Pujol i Soley, Florenci, tal como dijo ahora hace cinco años el expresident al admitir que tenía dinero en el exterior. Desde entonces, asegura la policía, la familia ha recibido plusvalías ilícitas “de forma sistemática y recurrente” provenientes “de prácticas corruptas”. Así, se estima que el total del dinero amasado sería de 290 millones de euros hasta ahora, si bien se admite que esta valoración puede tener errores por los efectos de la inflación y el cambio de las divisas.

La gestión de este ingente patrimonio recayó en Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, que actuó como tesorero de facto de CDC. El informe asegura que “habría desarrollado las funciones atribuibles a Andreu Viloca (tesorero del partido e imputado en el caso del 3%) en los primeros gobiernos autonómicos catalanes”, pero de hecho “derivó” parte de la recaudación de las comisiones hacia el patrimonio familiar. “Jordi Pujol Ferrusola ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites, que ha favorecido la corrupción”.

El inspector de la UDEF que ha elaborado el informe afirma que durante la investigación se han recabado “muchos testimonios” de personas que no se atrevían a denunciar el pago de sobornos,

ya que ello equivaldría a estar “muertos civilmente. La utilización de la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su modus vivendi ha sido la práctica diaria”.

Según medios de las investigaciones, a falta de algunos datos del exterior, la causa contra la familia está casi concluida.