El juez federal Luis Rodríguez ordenó secuestrar documentos relativos a un concurso para ocupar cargos vacantes en fiscalías federales porteñas en base a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, Rodríguez emitió una orden de presentación llevada a la Procuración General de la Nación por la Policía Metropolitana con el objetivo de llevarse expedientes del concurso 102 de ese organismo, que tiene previsto ocupar las vacantes para las fiscalías federales 5 y 10 de Comodoro Py.

En la denuncia se aludió a la supuesta manipulación de los resultados del concurso, en el que resultaron ubicados en los mejores lugares tres funcionarios vinculados con el Gobierno y con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Discrecionalidad

La semana pasada, Stolbizer había ratificado su denuncia ante el juez Rodríguez y a pedido del fiscal. "En 2013, Gils Carbó modificó el reglamento para los concursos, asignándose a sí misma una cantidad de atribuciones que determinan una enorme discrecionalidad en la designación de los fiscales", argumentó entonces Stolbizer.

"Se puso ella misma como presidenta del tribunal de selección; eliminó los sorteos que designan a los evaluadores, para pasar a designarlos ella, y cambió la incidencia en el puntaje, con el propósito de disminuir el que corresponde a los antecedentes en favor del que se obtiene en los exámenes. Así es como terminan siendo ternados funcionarios que no tienen ningún antecedente, pero sí tienen estrecha vinculación personal y política con la funcionaria", explicó.

"Los resultados del concurso beneficiaron a un subsecretario del Ministerio de Justicia que responde a La Cámpora; al instructor del juez Sebastián Casanello en la causa contra Lázaro Báez, y a otro funcionario de la Procuración -insistió la diputada-. Perjudicaron al secretario del fiscal José María Campagnoli, que había dictaminado en contra de Báez, amigo del Gobierno", argumentó la diputada,

Por último, Stolbizer sostuvo que "de los 200 firmantes de una solicitada de la agrupación judicial oficialista que lidera Gils Carbó, más de 100 ocupan cargos vinculados con ella. Y si prospera el proyecto de reforma del Código Procesal Penal en el Congreso, podrá designar a muchos más y tendrá atribuciones discrecionales para asignarles causas. Realmente, un peligro para la independencia de la Justicia."