Primero fueron las Tarjetas Black, luego los Correos de Blesa, y ahora se une la voluntad de arrojar luz sobre paraísos fiscales a través de proyectos como Luxleaks, Swissleaks y los Papeles de Panamá, recientemente descubiertos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Apenas diez días después de que se revelaran los perfiles mundiales de quienes han mantenido sociedades en paraísos offshore, el Parlamento Europeo ha aprobado la Directiva Trade Secrets (Secretos Comerciales).

La Directiva de Protección de Secretos Comerciales (Trade Secrets Protection Directive) obtuvo ayer el beneplácito en Estrasburgo, con 503 votos a favor y 131 en contra. El apoyo de los conservadores, los socialdemócratas y los liberales ha servido para darle el empujón definitivo. A pesar del debate interno entre los socialdemócratas a apenas 24 horas de la votación, finalmente han optado por aliarse con la Gran Coalición de la derecha. Esta Directiva pretende, entre otros asuntos, preservar información comercial y establece la prohibición de su uso y difusión pública. Amparados en una supuesta protección frente al espionaje industrial, el texto se ha visto reforzado y aprobado en medio de un clima de tensión política y empresarial tras las últimas revelaciones sobre sociedades opacas por todo el mundo. Y el texto va más allá, afectando a posibles revelaciones empresariales relacionadas con irregularidades y corruptelas: esta Directiva apoya la opacidad absoluta de las empresas para evitar la filtración y posterior publicación de informaciones internas.

Esta Directiva se une así a la absoluta protección comercial que la UE otorga a los marcos comerciales con otras legislaciones como el tratado TTIP. Y pone de nuevo en peligro figuras fundamentales para la revelación de irregularidades comerciales: los filtradores. 46 organizaciones de todo el mundo, entre ellas XNet, ATTAC o Ecologistas en Acción, se unieron para denunciar la puesta en marcha de esta legislación ya que “prevé una definición de secretos comerciales tan amplia que prácticamente toda información interna de una empresa puede considerarse un secreto comercial por defecto”. Y otorga un poder fundamental a las empresas, ya que éstas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento [que] pueda considerarse un secreto comercial, aunque esa persona no tenga ninguna motivación económica”. O lo que es lo mismo, no sólo se reduce a la mera protección frente al espionaje industrial y al robo de ideas comerciales entre empresas, sino que la sola revelación de información contenida en documentos internos podrá ser perseguida. Otra de las notas de este marco es la inexactitud y lo abstracto es uno de los peligros en la aplicación futura de esta directiva.

Filtrar en España, un derecho con altos riesgos

La misma línea de inexactitud y abstracción se puso en marcha en España, un año atrás, con la legislación hermana a nivel nacional, la llamada “Ley Mordaza”. Esta Ley parte de principios inconcretos, se escuda en el ejercicio de las multas administrativas -con lo cual los procesos punitivos son mucho más rápidos- e incluye como delito de terrorismo “el acceso a datos contenidos en un sistema” y su posterior difusión. Con esta Ley bajo el brazo, la difusión y publicación de la Lista Falciani habría sido imposible, al tratarse de documentos procedentes del banco suizo HSBC "robados" del sistema interno por un trabajador, Hervé Falciani. También habría sido imposible conocer que José Manuel Soria tuvo una sociedad registrada en un paraíso fiscal, al igual que la tía del rey Felipe VI, Pilar de Borbón, o Vargas Llosa, nombres que figuran en los Papeles de Panamá. También entre estos 11,5 millones de documentos se encontraban mandatarios internacionales como Mauricio Macri, presidente de Argentina y han precipitado la dimisión del primer ministro de Islandia, tras aparecer en los documentos pertenecientes a la firma Mossack Fonseca, la empresa panameña especializada en opacidad fiscal.

Por suerte, estos papeles de Panamá llegaron al diario alemán, Süddeutsche Zeitung, y fueron tratados desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington. Por suerte, porque España además destaca a nivel internacional por ser uno de los cuatro países de la OCDE que no contempla legislación alguna en materia de protección a los whistleblowers o chivatos e impide, por tanto, que los ciudadanos puedan filtrar información como método de denuncia de irregularidades y corruptelas.

Sortear las barreras legislativas

Sin embargo, en España aún quedan reductos donde es posible denunciar y hacerlo de manera anónima y segura. Eso sí, será necesario desterrar sistemas de comunicaciones online demasiado anclados. En la actualidad operan dos buzones de filtraciones en España: Fíltrala es una organización que lleva dos años trabajando con denuncias ciudadanas a través de documentos filtrados y "soplos" de ciudadanos anónimos. La ventaja radica en su buzón: sostenido por un sistema internacional y fiable de anonimización y seguridad: nadie podrá saber -ni siquiera desde dentro de la organización- quién o desde dónde se envía esa información.

Buzón X fue la organización que recibió los Correos de Blesa, presidente de Caja Madrid. Además de recibir chivatazos ciudadanos, se dedica a "evangelizar" en la cultura de la filtración. Para ello, además de información en su página web, realizan formaciones sobre seguridad en Red, cultura libre y mecanismos de democracia online.

(*) Ana Isabel Cordobés es periodista.