Los internos del complejo penitenciario marplatense actuaron como jurados en la simulación de un proceso judicial por femicidio Crédito: Prensa Batán

Germán Wille Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2018 • 13:41

Los 12 miembros del jurado, el juez, el abogado defensor y todo el auditorio tienen los ojos posados en él. Casimiro Galán declara como testigo en un juicio por femicidio. La víctima es su madre y el imputado, sentado a metros de él, su propio padre. "Escuché desde mi habitación un golpe fuerte -narra Casimiro-. Salí y estaba mi mamá en el piso boca arriba, muerta. Entonces agarré a mi papá del brazo y le dije ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡La mataste!".

El relato es crudo e intenso. Pero también es ficticio. La escena forma parte de un simulacro de juicio por jurados que tiene lugar en un escenario original: la cárcel de Batán, distante a unos 13 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Como parte sustancial de esta experiencia, la docena de personas designada como jurado para declarar al acusado culpable o inocente está conformada por internos de ese complejo carcelario. Sí, en este particular juicio, los presos son los que imparten justicia.

El testigo del femicidio imaginario, en tanto, es Juan Francisco Tapia, juez de garantías de la provincia de Buenos Aires. Los demás roles de este proceso simulado están interpretados por otros miembros de la justicia bonaerense.

El juicio por jurados es una modalidad procesal vigente en la provincia de Buenos Aires desde el año 2013, con la sanción de la ley 14.543, que modificó el código procesal penal bonaerense. Sin embargo, su bautismo de fuego se dio un tiempo más tarde, en marzo de 2015, en el partido de San Martín, cuando el primer jurado de la historia judicial de la provincia absolvió con su veredicto a Guillermo Barros, acusado de homicidio. Las otras dos provincias que actualmente aplican activamente este tipo de juicios, aunque con diferencias, son Córdoba y Neuquén.

El fiscal interroga a uno de los testigos, ante la mirada del jurado - a la derecha de la imagen - y de unos 60 internos Crédito: Prensa Batán

Se pone en marcha el juicio

El recinto donde se desarrolla la simulación es el salón de actos de la escuela 734, que se encuentra dentro de la Unidad Penitenciaria 15 de Batán. Es el primer lunes de julio, una tarde de invierno fría. Para llegar al salón es necesario recorrer pasillos gélidos y atravesar varios portones enrejados.

Comienza el proceso. Al espacio cuadrangular de la improvisada sala de juicio hace su ingreso el acusado, Belisario Galán, cuyo nombre real es Sebastián Pereiro, Subsecretario de Protección de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Llega escoltado por un policía y esposado. Se sienta. A su derecha e izquierda se encuentran, respectivamente el abogado defensor y el fiscal, ambos con sus ayudantes. Frente a él, el juez. Detrás, unos 60 internos que siguen con silenciosa atención las contingencias del juicio. Y adelante, sobre el costado derecho, está el jurado. Todos ellos están sentados en sillas escolares, mientras que hay gente de pie en los alrededores del salón. También está de pie la decena de agentes de policía penitenciaria que se encuentra justo detrás de los miembros del jurado.

Quien hace de juez en este simulacro lo es también en la vida real. Se trata de Mario Juliano, Juez del Tribunal en lo Criminal I de Necochea y Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal (APP), entidad que ideó y planificó esta inédita experiencia.

Juliano explica a LA NACIÓN los objetivos de la simulación: "La idea es poner a personas que usualmente han estado sentados como acusados a jugar un rol distinto, nada menos que el del juez ciudadano. Es en algún punto como juzgarse a sí mismos. Por otra parte, también es bueno hacer un ejercicio de ciudadanía y cumplir con el deseo de quienes están privados de su libertad de ejercer sus derechos y ser considerados personas".

Otra vez en el recinto, el juez Juliano solicita que se le quiten las esposas al imputado por no considerarlo peligroso. Acto seguido, lee la acusación: "Homicidio agravado por el vínculo y mediando violencia de género por ser cometido por un hombre a una mujer. La víctima era la señora María Magdalena". No decae la atención entre los presentes.

El abogado defensor, Martín de la Canal y quien hace de acusado, Sebastián Pereiro Crédito: Prensa Batán

Alegatos iniciales

El hecho de que la víctima recibiera una golpiza por parte de Belisario Galán  le pegaba desde que perdió su trabajo y se dio a la bebida, cinco años atrás  y de que muriera a consecuencia de un golpe en la cabeza en una de sus caídas, despertó diferentes perspectivas que fueron expuestas en el alegato inicial por el abogado defensor y el fiscal de este caso.

Para Martín de la Canal, abogado en la representación y en el terreno de lo real, el homicidio no fue intencional. Para el fiscal José Luis Cipoletti, fuera del simulacro fiscal de la UFI II de Necochea, la intención del asesinato "arrancó desde el primer día en que Belisario golpeó a María Magdalena y fue ejecutado con bronca".

Ambos exponen sus argumentos de pie frente al jurado. Utilizan un lenguaje llano, sin recurrir a artilugios idiomáticos ni a jerigonzas jurídicas. A diferencia de los juicios tradicionales, quienes darán el veredicto son ciudadanos comunes, por lo cual los funcionarios judiciales se ven obligados a modificar la manera de comunicar sus puntos de vista. Lo importante es que el mensaje llegue de manera directa a sus destinatarios.

Y el jurado escucha. Uno de ellos, incluso, toma nota en una pequeña libreta.

Jurados y testigos

La ley que regula los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires establece que los jueces ciudadanos deben ser 12, seis mujeres y seis hombres. En Batán, la regla se respeta: hay seis internos de la Unidad 15, cinco internas de la Unidad 50 y una interna trans de la Unidad 44. La seriedad de sus rostros en el desarrollo del proceso da cuenta de que este simulacro no es ningún juego para ellos.

El juez Tapia, quien representa al hijo del acusado, dice, en relación a la perspectiva del jurado popular: "Ellos reivindican algunos aspectos del juzgamiento de las cuestiones humanas que no son necesariamente jurídicas. Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, con la comprensión de la forma de vida de la víctima y el victimario".

En la provincia de Buenos Aires pueden ir a juicio por jurados aquellos acusados de crímenes cuyas penas merezcan un castigo de 15 años de cárcel o más. Es el propio presunto criminal el que puede optar por ser juzgado mediante esta metodología. Para declarar la culpabilidad del imputado deben votar en ese sentido 10 de los 12 miembros. En el caso de que la pena sea la prisión perpetua, el voto de culpabilidad debe ser unánime.

Una vez determinada la culpabilidad, el juez, junto al fiscal y al abogado, resuelven el tiempo de pena correspondiente, pero el veredicto de ningún modo puede modificarse.

Juan Francisco Tapia -sentado- es el juez que interpreta al hijo de la víctima y el presunto victimario Crédito: Prensa Batán

Desfilan ahora los testigos en el escenario del juicio simulado. Son interrogados por el fiscal y el abogado mientras un rayo de sol enclenque entra de vez en cuando por el amplio ventanal cuadriculado de la sala. El auditorio siempre en silencio.

Esteban Viñas, Juez de Cámara (todos los jueces/testigos son de Mar del Plata), es un oficial de policía que brinda testimonio sobre lo que vio en la escena del crimen; el Juez de Garantías Gabriel Bombini, en el rol de médico por escasos minutos, detalla el estado del cuerpo de la occisa; Juan Sebastián Galarreta, juez de Ejecución Penal número 2, es el apócrifo vecino del criminal y la víctima, y narra detalles de cómo vivía el presunto asesino, alcoholizado y violento la mayoría del tiempo. Y el juez Tapia, como se vio anteriormente, juega el rol del hijo de la víctima y el victimario.

Llegan los alegatos finales del abogado y fiscal. Cada cual fija su posición en una alocución sencilla de 10 minutos. A su término, el juez comunica al jurado las posibles variantes que puede tener su veredicto, entre las que se cuenta la del homicidio preterintencional, esto es, el asesinato que se produce sin la intención de hacerlo. Los jurados marchan a una sala cerrada a deliberar.

Andrés Harfuch, abogado, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados Penales y Sociales (Inecip), enumera a LA NACIÓN los beneficios de esta metodología judicial: "Las encuestas realizadas en Neuquén y Buenos Aires demuestran que con estos juicios los ciudadanos empiezan a entender muchas cosas de los procesos que antes no entendían y a tener más confianza en la justicia".

El fiscal José Luis Cipoletti da su alegato final

En cuanto a lo institucional, Harfuch dice: "Estos juicios se realizan con una celeridad increíble, se hace en dos o tres días lo que de otro modo se hace en tres o cuatro meses. Además, los jurados son más exigentes en materia de pruebas y exigen que todo se haga delante de sus ojos, nada de cuestiones secretas. En Neuquén y provincia de Buenos Aires ya hay unos 300 juicios realizados y todo ha ido bien".El veredicto

Se dicta el veredicto

Pasados unos 20 minutos, el jurado regresa a su lugar en el tribunal. Sus miembros ya tienen una decisión tomada. Son los protagonistas de este momento de la fría tarde invernal. Parada en el extremo izquierdo del grupo conformado por sus compañeros, Marina, la presidente del jurado, expresa: "Se declara al acusado culpable de homicidio preterintencional".

El auditorio estalla en un aplauso cerrado. Parecen estar conformes con el veredicto. Algunos, desde atrás, gritan "¡Justicia! ¡Justicia!". Se llevan al ficticio culpable, nuevamente esposado.

Cuando se calma el revuelo del final tras el veredicto, Diego, uno de los jurados, realiza una reflexión sobre su experiencia: "Esto me hizo tomar conciencia del lugar que ocupamos hoy y del lugar que ocupan ustedes (los jueces), porque a veces nosotros decimos ese juez es un hijo de mil , pero hay que ponerse en su lugar para decidir. Es difícil ser justo. Creo que el juicio por jurados ayudaría a mejorar el estado de la justicia en general".

"Me pareció algo muy positivo para conocer el sistema de juicio por jurados, para conocer cómo se aplica la ley y cómo actúan los jueces en este tema. No me costó nada tomar la decisión final", dice Juan, otro de los integrantes del jurado.

El juez Mario Juliano, que preside el simulacro, lee instrucciones al jurado minutos antes de que estos debatan el veredicto

Segundos antes de que se la lleven las agentes penitenciarias nuevamente a su unidad carcelaria, Marina, presidente del jurado, cuenta a LA NACIÓN: "Fue una experiencia única, muy buena para mí. Aprendí cosas que no tenía en claro. Y el debate con mis compañeros fue muy bueno. A mí me encantó". Marina sonríe ante la pregunta de por qué la eligieron a ella como presidente: "¡Qué sé yo! Debe ser porque hablo mucho".

Según el juez Juliano, esta experiencia fue extremadamente satisfactoria: "Hicimos muchos simulacros de juicios por jurados, pero esta es la primera vez que se hace en una unidad penitenciaria. Es una experiencia histórica y es un paso más para reafirmar la legitimidad del juicio por jurados como herramienta idónea para la resolución de conflictos graves al alcance de cualquier ciudadano".

Finaliza el simulacro. Por un par de horas, un grupo de internos de una unidad carcelaria bonaerense pudieron ponerse en la piel de los que imparten justicia y ser protagonistas de una historia que siempre vivieron desde otro lado.

La tarde es cada vez más fría y gris. Mucho más vista desde las ventanas pequeñas de los largos corredores de la prisión. En el aire de la unidad penitenciaria número 15 de Batán, entre los muros y rejas donde se estrellan como pájaros perdidos los sueños de libertad de unos 1300 reclusos, queda flotando una frase: "Es difícil ser justo".

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