domingo 4 mayo, 2014

Es 29 de agosto de 2012. Cristina Kirchner anuncia un megaemprendimiento: la construcción de un polo audiovisual en la Isla Demarchi. Una suerte de “Hollywood argentino”. Hoy, a un año y medio del anuncio, las obras no empezaron y el proyecto sigue siendo una promesa. Se trata de una licitación, en estado de preadjudicación, cuyo negocio supera los $ 2 mil millones y por el que compiten Cristóbal López, Eduardo Elsztain (dueño de los principales shoppings del país) y la constructora Riva SA.

Según aseguraron en dos de las tres empresas que pelean por el negocio y el titular del sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt, “está todo parado, no tuvimos novedades. Nosotros estamos trabajando acá”, expresó el gremialista aliado a Hugo Moyano a PERFIL.

En la isla Demarchi, un predio de 12 hectáreas lindero a Puerto Madero y ubicado en la Dársena Sur frente al barrio de la Boca, funciona la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Allí trabajan unas mil personas, 400 vinculadas al gremio moyanista y el resto empleados públicos con tareas administrativas. También funciona la Escuela Naval Fluvial, que tiene unos 200 alumnos y treinta profesores.

“Ni sabía que existía esto que se llama isla Demarchi... un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad”, declaró Cristina Kirchner cuando lo anunció. El proyecto será solventado por la Anses, y según el pliego de licitación, tendría 18 mil metros cuadrados de sets de filmación. El pliego aclara que además deberían preverse áreas de servicios de casting, maquillaje, vestuario, doblaje, posproducción y efectos especiales. Además, se proyectan dos estudios abiertos de 2.500 m2.

Sin embargo, no bien se dictó el Decreto 1722/12, que plantea que el predio está “subutilizado” y ordena “desafectar los inmuebles para destinarlos a la creación de un Polo Audiovisual”, el gremio de Dragado y los estatales de ATE, con el apoyo de asociaciones ambientalistas y partidos de izquierda, comenzaron una protesta para intentar impedir la megaobra. Si bien el año pasado hubo en reiteradas oportunidades rumores de desalojo, nunca se llevaron a cabo. Schmidt había adelantado que los empleados “resistirían”. Pino Solanas llegó incluso a filmar un documental sobre la isla en defensa del trabajo que allí se realiza.

Un par de meses después de la presentación del “Hollywood argentino”, el sindicato de Dragado y Balizamiento presentó un amparo para impedir cualquier desalojo. La Justicia dictaminó que, al no haber comenzado las obras ni a ejecutarse el proyecto, se trata de un tema abstracto y no se expidió sobre el fondo de la cuestión.

El proyecto necesita el aval de la Legislatura porteña, que tendría que rezonificar el predio a través de una ley que modifique el Código de Planeamiento Urbano. La iniciativa no llegó siquiera a tener despacho de comisión, de modo que a fin de año podría caer si no se trata durante 2014. El proyecto original supone la construcción de un estadio para 20 mil personas para recitales, eventos audiovisuales y shows en 3D, y un distrito gubernamental con oficinas del Gobierno en modernos edificios con vista al río.

“Nos alegra que esté frenado. Aún no hay novedades, pero no descartamos que forme parte de un nuevo paquete de negociación de los K con el PRO”, advierte a este diario Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. La próxima palabra la tendrá la Anses, que debe decidir quién se hará cargo de la megaobra y su financiación.

Tres gigantes pujan por el negocio

Tres empresas compiten por quedarse con el “Hollywood argentino”. CPC, la constructora del zar del juego, Cristóbal López, propuso edificar 375.700 m2 en una serie de edificios para oficinas, también de uso residencial, un hotel y un espacio de entrenamiento de 32 pisos con una inversión de $ 3.954 millones. Riva SA quiere construir 216 mil m2 con un “edificio híbrido” de 300 metros de altura (sería el más alto de Buenos Aires) con una inversión de $ 2.277 millones.

Por su parte, la oferta de IRSA, de Eduardo Elsztain (que estuvo en primera fila en la presentación del proyecto), es distinta a las otras dos. La firma propone arrancar con $ 300 millones para avanzar en etapas. El Estado sería dueño mayoritario (51%) del proyecto e IRSA se comprometió a buscar hasta un 70% del financiamiento.