El Barça ingresará mañana mismo en la delegación de Hacienda de Barcelona los más de 9 millones de euros en los que la Fiscalía y el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional han cifrado el importe de impuestos supuestamente eludidos por la entidad en los diversos contratos firmados para la contratación el año pasado del futbolista brasileño Neymar Da Silva júnior, según las fuentes consultadas por este diario. La decisión podría formalizarse en la junta directiva que el Barça celebra precisamente mañana. La cantidad corresponde a las retenciones a cuenta del 25% que el club debería haber hecho en los pagos a sociedades ligadas a Neymar por casi 38 millones de euros.



Los asesores fiscales contratados por el club, el bufete barcelonés Cuatrecasas, defensor de la iniciativa que emprenderá la entidad deportiva, han estado preparando en las últimas horas la presentación de lo que técnicamente se denomina una declaración de impuestos complementaria, es decir realizada fuera de plazo y que exoneraría de responsabilidades penales sin asumir los hechos denunciados. Fuentes próximas aseguran que el movimiento pretende reducir el impacto económico y legal.



En cualquier caso, se trata de un asunto que motivará un intenso debate jurídico sobre sus consecuencias en el caso.



Para el ámbito penal, el club ha contratado al abogado Cristóbal Martell. Como es sabido, el juez Ruz ha imputado en el caso al Fútbol Club Barcelona y ha dejado a las puertas de esta misma situación a su expresidente Sandro Rosell, pendiente sólo de ser citado por el juez para prestar declaración.



Pero esto puede ser sólo el principio. La pasada semana el juez Ruz emitió un auto en respuesta a una denuncia presentada por el grupo ultraderechista Manos Limpias contra el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y el vicepresidente Javier Faus, ambos firmantes, junto con Rosell, de los contratos ahora considerados una simulación, en la que anunciaba que aceptaba parcialmente la querella si los demandantes depositaban antes de diez días una fianza de 45.000 euros. Algo que puede producirse en cualquier momento, según las fuentes jurídicas consultadas.



La precipitación de estos hechos judiciales ha provocado ya nerviosismo entre los miembros de la junta barcelonista más alejados del núcleo ejecutivo y que han recibido información sobre la evolución de la contratación de Neymar a través de las reuniones oficiales.



El Código Penal fija diversas penas y multas de hasta seis veces la cantidad considerada defraudada para los delitos fiscales. Obviamente, la presentación de la declaración complementaria, con la que el club reconoce la existencia de una deuda con el fisco, busca reducir ese impacto penal y económico.



El Código Penal establece que la responsabilidad penal desaparece si esa declaración complementaria se presenta antes de que la Agencia Tributaria haya notificado que está inspeccionando al contribuyente o antes de que la Fiscalía o un juez hayan presentado la querella o le hayan imputado.



En el caso del Barça, el club efectivamente ha sido imputado por el magistrado Ruz, aunque en lo que se refiere a los directivos involucrados en la contratación de Neymar, se puede producir un debate jurídico sobre su situación y si la presentación de la declaración fiscal complementaria puede cambiar o no su situación judicial.



El hecho de que los responsables del club hayan optado por una declaración complementaria implica que no consideran que la entidad azulgrana haya tenido conocimiento formal de la imputación acordada por el juez.



Caso de ser así, la única opción reconocida por la ley, aseguran los asesores fiscales y legales consultados, es la de ingresar la cuota considerada defraudada, los 9,1 millones, en un plazo no superior a los dos meses desde la decisión del juez.



Este ingreso implica que, a diferencia de la declaración complementaria, se aceptan los hechos denunciados. A cambio, el Código Penal, lo reconoce como un atenuante penal, además de limitar el importe económico del asunto al rebajar el volumen de la multa.



Sin esa rebaja, el Código Penal establece una sanción de hasta seis veces la cantidad defraudada. Es decir, en el hipotético caso de ser condenado, el club debería pagar, además de los nueve millones de la complementaria hasta 54 millones más y los intereses desde que se efectuó el pago a las sociedades vinculadas a Neymar.



Con la aceptación que implica el ingreso de la cuota, el importe de la sanción podría reducirse hasta el 62 por ciento de la cuota, unos 5,5 millones de euros.



Sea cual sea el desenlace final de todo este embrollo, se trata del inicio de un caso que se dilatará en el tiempo.