En días en que se discute sobre mayor transparencia en la política, tras los escándalos de corrupción que han involucrado a todos los sectores, es bueno recordar que a nuestro país también le falta avanzar en transparencia en muchos otros aspectos. Uno de los más importantes es lo referente a las leyes secretas heredadas de la dictadura.

Tras 25 años de democracia, aún no conocemos el contenido de más de 100 leyes y decretos que se emitieron durante el régimen de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Al buscar en la Biblioteca del Congreso Nacional cualquiera de estas legislaciones reservadas, este mensaje es el que aparece de forma reiterada:

Y no es que no hayan intentado dar a conocer las leyes. Un proyecto de ley para desclasificar los documentos fue presentado en 2003 por los entonces diputados Gabriel Ascencio Mansilla, Jorge Burgos Varela (actual ministro del Interior), Fidel Espinoza Sandoval, Iván Paredes Fierro, Edgardo Riveros Marín, Rodolfo Seguel Molina, Laura Soto González y Patricio Walker Prieto. Éste llegó hasta el Senado, pero ahí se estancó.

Ahora, la reserva de estas legislaciones podría acabarse próximamente, dependiendo de la suerte que tengan un proyecto de ley presentado por un grupo de diputados, y un proyecto de acuerdo aprobado por la Sala de la Cámara hace apenas unas semanas, que describiremos a continuación.

¿De qué tratan las leyes secretas?

El listado que maneja el Congreso sobre las legislaciones secretas incluye 57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley secretos, que es el mismo que citan los diputados en los proyectos de ley que se han enviado para intentar desclasificar los documentos.

Por su parte, Michelle Bachelet indicó en la Cámara en 2004, cuando era ministra de Defensa, que la cartera estableció que “desde 1900 a 1998 se habían dictado 247 cuerpos legales de publicación restringida, de los cuales 175 correspondían al período que la moción considera (la dictadura); 69 a la época que le antecedía y 3 dictadas con posterioridad al advenimiento de la democracia”.

El contenido de algunos de estos decretos y leyes fue dado a conocer en la Cámara en 2003 por los ex diputados DC Gabriel Ascencio y Jorge Burgos (este último es el actual ministro del Interior), cuando encabezaron el proyecto para publicar las normativas.

Cabe mencionar que muchas de estas leyes ya no están vigentes, pero algunas sí siguen aplicándose hasta la actualidad. Esto fue aclarado por Jorge Burgos cuando éste era diputado en 2003.

En el informe emitido por la Cámara de la sesión en la Comisión de Constitución en diciembre de 2003, se especifica que “el diputado señor Burgos señaló que del análisis del listado de leyes secretas o reservadas, el 90% de ellas trataba asuntos que no tenían más vigencia que un año y que, en realidad, parecían obedecer al propósito de hacer secretos asuntos que no tenían mayor trascendencia”.

En dicha ocasión, también se estableció que 33 de las leyes y decretos reservados emitidos durante la dictadura debían ser excluidos de esta publicación masiva que planeaba realizarse, debido a que tienen relación directa con la seguridad del Estado y la defensa nacional (entre ellas la Ley del Cobre). Sobre el resto no se presentó ninguna objeción.

Del total de legislaciones que se planteaba revelar, la mayoría se refieren a modificaciones a la planta de las Fuerzas Armadas y de Orden (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones).

Entre el resto hay algunas que modifican la Ley del Cobre, la Ley sobre Movilización Nacional, más otras que tratan sobre fondos para el ministerio de Defensa o para reparticiones del área, y la venta del buque para transporte de pasajeros Argonauta.

Asimismo, hay varias autorizaciones para que quien ocupaba en ese entonces el cargo de Presidente de la República, el dictador Augusto Pinochet, pidiese multimillonarios préstamos. Los recursos derivados de esos créditos los podía destinar él como estimase conveniente.

Finalmente, aunque no menos importantes, hay otras relacionadas a la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Comisión de Asuntos Especiales, el Centro de Estudios Nucleares del Ejército, y una sobre personal para la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Tras este breve recuento, nos detendremos en algunas de estas legislaciones. En primer lugar, cabe destacar que las modificaciones a la Ley del Cobre durante dictadura, desnacionalizaron el recurso natural chileno, el cual había sido nacionalizado por el presidente Salvador Allende el 11 de julio de 1971.

Chile es el primer país productor de cobre en el mundo. De hecho, el año pasado el 31,2% de la producción mundial se originó en territorio nacional. Debido a esta desnacionalización, se privatizaron muchas minas en las últimas décadas. En 2014, el 71% del cobre chileno explotado fue por parte de privados, y sólo el 29% correspondió a la empresa estatal Codelco, de acuerdo a las cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El cobre es popularmente conocido como “el sueldo de Chile”, debido a las grandes ganancias que entrega a las arcas fiscales, por lo que se entiende que estos cambios afectan hasta la actualidad al país.

Además, estas leyes decretaron que el 10% de las ganancias de Codelco van a las Fuerzas Armadas, algo que continúa vigente. En diciembre de 2003 en una sesión en la Comisión de Constitución, el entonces diputado Ascencio detalló que esto fue determinado en “el decreto ley Nº 239, de 1973, que modifica la ley Nº 13.196, fundamentalmente en lo concerniente al porcentaje de 10% del ingreso total en moneda extranjera que se produzca por la venta al exterior de la producción de cobre, que se destina al Consejo Superior de la Defensa Nacional, y un 3,5%, porcentaje del producto nacional bruto anual, que puede destinarse a los presupuestos corrientes y de capital del Ministerio de Defensa Nacional”.

En segundo lugar, destacamos los cambios realizados a la Ley sobre Movilización Nacional, que rigieron hasta el fin de la dictadura. Éstos fueron dados a conocer en 2004 por el ex diputado Burgos.

En una sesión en Sala de la Cámara en ese entonces, Burgos indicó que “para ubicarnos en la materia, citaré brevemente un artículo de una ley secreta que rigió en Chile desde 1975 hasta el 9 de marzo de 1990. Se trata del decreto ley Nº 425, de 1975, que dicta normas sobre movilización nacional. Dice: ‘Artículo 32. Aquellos que propalaren noticias o divulgaren secretos, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio sobre las condiciones, características, especificaciones y fines de un invento utilizado por el Estado, de conformidad con el artículo 12, letra g) del presente decreto ley, serán penados con presidio mayor, en cualquiera de sus grados, a muerte’”.

“Durante catorce años estuvo vigente en el país una ley secreta que sancionaba con la pena de muerte. No sé si en alguna oportunidad se utilizó esta brutalidad jurídica”, añadió.

En tercer lugar, en la misma intervención en la Cámara mencionada hace unos párrafos, Ascencio dio a conocer resumidamente el contenido de otros decretos reservados. Aquí mostramos algunos de los más relevantes, en su mayoría relacionados con millonarios préstamos adquiridos por Pinochet y traspaso de recursos a las Fuerzas Armadas, según expuso el ex parlamentario:

-”El decreto ley Nº 487, de 1974, que constituye en Ministerio la Secretaría General de Gobierno. Según la Contraloría General, este decreto ley, que fijaba sus atribuciones y determinaba su organización, no fue publicado en el Diario Oficial”. -”El decreto ley Nº 521, de 1974, que creó la Dirección de Inteligencia Nacional como organismo militar dependiente directamente de la Junta de Gobierno, fijó su misión y organización; estableció su planta, franquicias aduaneras y tributarias, de contribuciones y organización, y facultó a la Dina para intervenir en el traslado, arresto, allanamiento y aprehensión de personas”. -”El decreto ley Nº 1.589, de 1976, que autorizó el traspaso de 1.017 millones de dólares de sobresueldos a gastos generales en la Armada”. -”El decreto ley Nº 1.590, de 1976, que autorizó la enajenación de venta directa a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, del buque denominado “Argonauta”, de propiedad del fisco”. -”El decreto ley Nº 1.599, de 1976, que autorizó el traspaso a la Armada de 150 mil dólares desde sobresueldos a material militar policial y gastos de maniobras”. -El decreto ley Nº 2.576, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para la Fuerza Aérea de Chile”. -”El decreto ley Nº 2.822, de 1979, que autorizó al fisco para contraer con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 100 millones de dólares para el Ejército” -”El decreto ley Nº 2.823, de 1979, que autorizó al Presidente de la República para contratar con el Banco Central de Chile préstamos hasta por 80 millones de dólares para la Armada”. -”El decreto ley Nº 3.466, de 1980, que autorizó al Presidente de la República de la época para contraer obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil 259 millones 640 mil schillings austriacos o dólares estadounidenses. Del objetivo de este decreto ley, obviamente, no existe información”. -”El decreto ley Nº 3.527, de 1980, que dispone que la Tesorería General de la República asignará 50 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de cubrir la diferencia generada por la adquisición de material bélico”. -”La ley Nº 18.090, que asigna 100 millones de dólares al Ministerio de Defensa Nacional”.

Intentos por revelar los secretos

En las últimas décadas se han presentado solicitudes a la Contraloría para que se pronuncie sobre el tema de las leyes reservadas, pero todas han fracasado. El proyecto de ley presentado en 2003 por los entonces diputados Ascencio, Burgos, Espinoza, Paredes, Riveros, Seguel, Soto y Walker, ha sido uno de los intentos que más lejos ha llegado en tratar de desclasificar las leyes secretas de la dictadura, aunque se estancó en el Senado en 2004.

El ex diputado Gabriel Ascencio, que encabezó la iniciativa, manifestó en una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara en 2003, que consideraba era necesario publicar los documentos clasificados porque su reserva no parece compatible con la democracia.

“Al discutirse la idea de legislar, el diputado señor Ascencio señaló que lo que se perseguía con esta iniciativa, era que todos los nacionales pudieran tomar conocimiento del conjunto de leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley, promulgados en calidad de secretos o reservados durante el Gobierno Militar. A su parecer, las materias tratadas en la gran mayoría de estos cuerpos legales, no justificaba el carácter reservado o secreto y, por lo mismo, estando vigente un sistema democrático no parecía conveniente ni compatible la persistencia de cuerpos legales que, a tantos años de su dictación, mantuvieran aún un carácter que impedía que fueran conocidos de todos los chilenos”, indicó la Cámara en un informe ese año.

En ese sentido, el ex diputado y actual ministro Jorge Burgos agregó en otra sesión en 2003, que “alguien señaló que las leyes secretas corresponden a un tema de principios. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. No pueden haber leyes secretas en regímenes de facto, autoritarios, totalitarios o dictaduras y tampoco en sistemas políticos democráticos, porque ello choca con algo esencial: con el estado de derecho y con principios que no son meramente teóricos”.

Por otra parte, hubo algunos diputados de la Alianza que criticaron en su momento algunos aspectos del proyecto. Si bien varios estaban de acuerdo con la necesidad de publicar algunas de las leyes secretas -no todas-, consideraban que la iniciativa contenía errores importantes.

Durante la discusión en la Sala de la Cámara en 2004, el diputado Jorge Ulloa (UDI), acotó que la Comisión de Defensa limitó las leyes secretas a publicarse, excluyendo del proyecto las 33 que tenían relación directa con la seguridad nacional, ya que “se consideró el inconveniente que pudiere significar que determinadas decisiones de carácter legislativo fueran del completo conocimiento público”. Entre ésas está la Ley del Cobre, que también pidieron mantener restringida.

Además, estimaron que “el proyecto adolecía de errores conceptuales serios, pues proponía publicar leyes secretas que ya fueron publicadas. Por lo tanto, no se puede proceder a republicar las mismas o a publicar aquello ya publicado, aún cuando fuera de circulación restringida”.

Esto fue contestado por Burgos, quien afirmó que “las leyes secretas que se dictaron entre 1973 y 1990, durante la dictadura militar, fueron publicadas con ese carácter porque aparecían en uno o dos diarios oficiales que fueron destruidos. ¡El peor de los mundos!”.

Por su parte, Lily Pérez, que en ese momento era diputada -ahora es senadora-, añadió que “presentamos una indicación para que el proyecto no sólo comprendiera el período posterior al 11 de septiembre de 1973, sino que incluyera una serie de leyes y decretos con fuerza de ley promulgados después de 1990, en plena democracia, y que suman cerca de 205, según el diputado informante. Desde ese punto de vista, muchos creemos que no debiera existir ningún tipo de leyes secretas, ni siquiera relacionadas con materias de mayor reserva”. Esto sacó aplausos de los otros parlamentarios en la Sala.

Un punto destacado es que la actual presidenta Michelle Bachelet era ministra de Defensa cuando este proyecto se discutía en la Cámara, entre 2003 y 2004, por lo que también jugó un rol en el asunto. En esa época, el Gobierno que encabezaba el ex mandatario Ricardo Lagos apoyó la idea de los congresistas.

Durante su intervención en el debate en la Cámara en 2004, la entonces ministra Bachelet dijo que “el Gobierno vio con muy buenos ojos la moción parlamentaria (…) Es la opinión y voluntad del Gobierno de que, en términos generales, las leyes no deben revestir el carácter de restringida. Por eso se hizo un estudio exhaustivo de todos esos cuerpos legales y se consideró que era perfectamente posible su desclasificación. Ello me pareció que era una mejor figura que el de la publicación de leyes que ya habían sido publicadas en forma restringida. Sólo se mantienen 32 cuerpos legales que, en razón de la sensibilidad del período histórico en que fueron promulgadas, se consideró que podían constituir un problema para la defensa nacional o para la política exterior de nuestro país”.

Bachelet agregó que no creían que la Ley del Cobre debiese permanecer como secreta, porque “todos sabemos, por otro lado, cuáles son los ingresos por el cobre. Por lo tanto, ésta no es una materia que, en términos globales, en su momento requiera ser secreta”.

Proyectos presentados este año

Este año finalmente el debate se ha reanudado. En los últimos meses se han presentado dos iniciativas legislativas para intentar publicar -o desclasificar- las leyes secretas de la dictadura.

La primera es un proyecto de acuerdo, aprobado el pasado 6 de mayo en la Cámara por 65 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones. Éste fue ingresado por los diputados y diputadas Marcela Hernando (PRSD), José Pérez (PRSD), Ricardo Rincón (DC), Pepe Auth (PPD), Iván Flores (DC), Marcos Espinosa (PRSD), Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Carlos Abel Jarpa (PRSD) y Joaquín Tuma (PPD).

En él piden a la presidenta Michelle Bachelet que “modifique a todos los cuerpos normativos denominados “Leyes Secretas”, dictados desde el año 1973 a 1990, con el fin de extinguir ese atributo. Así también, que se suspenda la categoría de “Secretas” a todas las otras leyes dictadas en el período 1973 y 1990″.

Cabe mencionar que en el sitio web de la Cámara, se explica que un proyecto de acuerdo es una “proposición que cinco o más diputados presentan por escrito a la Sala, con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos de Gobierno, o bien, obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general”.

El segundo es un proyecto de ley presentado el pasado 11 de junio, liderado por el diputado Ricardo Rincón (DC) junto a Pablo Lorenzini (DC), Víctor Torres (DC), Claudio Arriagada (DC), Fuad Chahin (DC), Jorge Teillier (PC), Marcelo Schilling (PS), Marcela Hernando (PRSD) y Jorge Tarud (PPD).

Éste actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara, recién en su primer trámite constitucional, y busca “adecuar el ordenamiento jurídico chileno a los estándares de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de Chile y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, ordenando la derogación del carácter de reservado o secreto de diferentes normas dictadas por la dictadura militar entre los años 1973 y 1990″.

Esta instancia tiene mayores probabilidades de avanzar que el anterior intento en 2003, debido a que actualmente rige la Ley de Transparencia. Ésta no existía cuando el proyecto de Ascencio y Burgos trató de desclasificar los documentos hace más de 10 años, lo cual supuso un inconveniente adicional.

Ello mismo lo considera el actual proyecto de Rincón, donde se consigna que “a través de las reformas constitucionales incorporadas por la Ley N° 20.050 del 26 de agosto del año 2005, se consagró en la Constitución Política el principio de la publicidad de todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado (…) Todo esto hace que la derogación de la calificación de la reserva o secreto de estas normas deba hacerse mediante una nueva norma de rango legal, que es lo que venimos a realizar mediante el presente proyecto de ley”.

Listado de leyes secretas de la dictadura

El listado de 57 leyes, 40 decretos leyes y 28 decretos con fuerza de ley secretos que maneja el Congreso fue dado a conocer hace seis años por Ciper Chile, quienes lograron obtenerlo tras varias solicitudes fallidas enviadas por medio de la Ley de Transparencia.

A continuación les presentamos ese listado, que contiene los datos básicos de cada legislación, es decir, si se trata de una ley o decreto, el número, fecha de emisión y el tema a grandes rasgos. Algunas de estas legislaciones fueron descritas con mayor detalle en la primera parte de este artículo.

En adición a esto, cabe mencionar que en mayo de 2010 el sitio Archivos Chile reveló de manera “extraoficial” una serie de documentos, presuntamente correspondientes a algunas de las leyes secretas de la dictadura, los cuales se pueden revisar y descargar aquí y aquí.

Para quienes no lo conozcan, Archivos Chile indica en su sitio web que es un “proyecto de investigación periodística basado en la búsqueda de información pública utilizando la Ley de Transparencia. Es un proyecto del Centro de Investigación e Información (CIINFO) de Washington, que organiza y financia el proyecto (…) En asociación con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI)”.

LEYES

-Ley Nº 18.024 de 1981, sobre plantas de Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.081 de 1981, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.090 de 1981, sobre fondos del ministerio de Defensa.

-Ley Nº 18.102 de 1982, sobre la planta del Ejército.

-Ley Nº 18.154 de 1982, sobre la planta del Ejército.

-Ley Nº 18.172 de 1982, sobre la planta del Ejército.

-Ley Nº 18.193 de 1982, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.197 de 1982, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.268 de 1983, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.276 de 1984, sobre la planta de la Fuerza Aérea. -Ley Nº 18.291 de 1984, sobre la planta de Carabineros.

-Ley Nº 18.333 de 1984, sobre la planta de Investigaciones.

-Ley Nº 18.351 de 1984, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.385 de 1985, sobre ascensos en la Armada.

-Ley Nº 18.386 de 1985, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.388 de 1985, sobre la planta de la subsecretaría de Aviación.

-Ley Nº 18.404 de 1985, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.408 de 1985, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.409 de 1985, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.435 de 1985, sobre la planta de la Armada. -Ley Nº 18.445 de 1985, modificó la Ley del Cobre Nº 13.196.

-Ley Nº 18.448 de 1985, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.452 de 1985, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.463 de 1985, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.492 de 1986, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.493 de 1986, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.516 de 1986, sobre la planta de Investigaciones.

-Ley Nº 18.529 de 1986, sobre la planta de Carabineros.

-Ley Nº 18.535 de 1986, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.539 de 1986, sobre la planta de la Fuerza Aérea. -Ley Nº 18.557 de 1986, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.558 de 1986, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.567 de 1986, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.581 de 1986, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.628 de 1987, modificó la Ley del Cobre Nº 13.196.

-Ley Nº 18.648 de 1987, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.651 de 1987, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.652 de 1987, sobre la planta de Carabineros.

-Ley Nº 18.666 de 1987, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.683 de 1988, sobre la planta de Carabineros. -Ley Nº 18.684 de 1988, sobre exenciones tributarias a empresas del sector de Defensa.

-Ley Nº 18.685 de 1987, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.686 de 1987, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.710 de 1988, sobre la planta de Carabineros.

-Ley Nº 18.734 de 1988, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.763 de 1988, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.792 de 1989, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.800 de 1989, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.819 de 1989, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Ley Nº 18.855 de 1989, sobre la planta de la Armada. -Ley Nº 18.861 de 1989, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.873 de 1989, sobre la planta de Carabineros.

-Ley Nº 18.894 de 1989, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.914 de 1990, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.934 de 1990, sobre la planta de la Armada.

-Ley Nº 18.954 de 1990, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Ley Nº 18.960 de 1990, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

DECRETOS LEYES

-Decreto ley Nº 37 de 1973, sobre la planta de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 69 de 1973, modifica la planta y el estatuto de Carabineros

-Decreto ley Nº 71 de 1973, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 117 de 1973, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 157 de 1973, modifica la planta y el estatuto del Ejército.

-Decreto ley Nº 239 de 1973, modifica la Ley del Cobre.

-Decreto ley Nº 250 de 1973, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 251 de 1973, sobre ascensos en la Armada.

-Decreto ley Nº 282 de 1974, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 344 de 1974, sobre la planta de la Fuerza Aérea. -Decreto ley Nº 356 de 1974, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 375 de 1974, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 396 de 1974, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 410 de 1974, sobre fondos del ministerio de Defensa.

-Decreto ley Nº 425 de 1974, Ley sobre Movilización Nacional (pena de muerte).

-Decreto ley Nº 427 de 1974, sobre saldos presupuestarios del ministerio de Defensa.

-Decreto ley Nº 470 de 1974, exime de la toma de razón a los decretos sobre Defensa, y modifica la Ley del Cobre.

-Decreto ley Nº 505 de 1974, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 521 de 1974, crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

-Decreto ley Nº 628 de 1974, sobre la planta de la Fuerza Aérea. -Decreto ley Nº 639 de 1974, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 647 de 1974, sobre la planta de Carabineros.

-Decreto ley Nº 696 de 1974, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 739 de 1974, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 747 de 1974, sobre el Centro de Estudios Nucleares del Ejército.

-Decreto ley Nº 843 de 1975, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 870 de 1975, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 968 de 1975, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 984 de 1975, texto refundido de la Ley del Cobre.

-Decreto ley Nº 989 de 1975, modifica la Ley de Movilizaciones (elimina publicación). -Decreto ley Nº 1.147 de 1975, sobre la planta de Investigaciones.

-Decreto ley Nº 1.177 de 1975, autoriza al Ejército a compra de predio del Instituto Forestal.

-Decreto ley Nº 1.242 de 1975, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 1.248 de 1975, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 1.279 de 1975, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 1.316 de 1975, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 1.507 de 1975, traspasa inmueble del ministerio de Defensa a Cochen.

-Decreto ley Nº 1.530 de 1976, fija texto definitivo de la Ley del Cobre.

-Decreto ley Nº 1.558 de 1976, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 1.589 de 1976, traspaso saldos subsecretaría de Marina. -Decreto ley Nº 1.590 de 1976, autoriza venta buque Argonauta.

-Decreto ley Nº 1.599 de 1976, traspaso saldos subsecretaría de Marina.

-Decreto ley Nº 1.621 de 1976, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 1.629 de 1976, modifica la Ley de Movilización Nacional (añade pena de muerte).

-Decreto ley Nº 1.630 de 1976, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 1.636 de 1976, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 1.637 de 1976, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 1.821 de 1977, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 2.048 de 1977, sobre las plantas y estatutos de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 2.060 de 1977, sobre la planta del Ejército. -Decreto ley Nº 2.069 de 1977, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 2.070 de 1977, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 2.089 de 1977, dispensa requisito ingreso Armada a persona que indica.

-Decreto ley Nº 2.127 de 1978, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 2.135 de 1978, sobre la planta de la Armada.

-Decreto ley Nº 2.141 de 1978, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 2.318 de 1978, modifica el estatuto de Investigaciones.

-Decreto ley Nº 2.328 de 1978, modifica el D.L. 410 sobre fondos del ministerio de Defensa.

-Decreto ley Nº 2.330 de 1978, fondos Consejo Superior Defensa Nacional.

-Decreto ley Nº 2.354 de 1978, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas. -Decreto ley Nº 2.454 de 1978, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 2.455 de 1978, ascenso en la Armada.

-Decreto ley Nº 2.456 de 1979, ascensos en la Armada.

-Decreto ley Nº 2.576 de 1979, autoriza préstamos a Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 2.822 de 1979, autoriza préstamos al Ejército.

-Decreto ley Nº 2.823 de 1979, autoriza préstamos a la Armada.

-Decreto ley Nº 2.880 de 1979, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 2.881 de 1979, sobre plantas y personal de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

-Decreto ley Nº 2.956 de 1979, modifica estatuto del personal de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 3.148 de 1980, faculta incorporación a planta Armada, de oficiales de la reserva. -Decreto ley Nº 3.273 de 1980, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 3.390 de 1980, sobre las plantas de las Fuerzas Armadas.

-Decreto ley Nº 3.466 de 1980, autoriza contratación de créditos, faculta al presidente para destinar los recursos.

-Decreto ley Nº 3.467 de 1980, autoriza contratación de créditos, faculta al presidente para destinar los recursos.

-Decreto ley Nº 3.510 de 1980, sobre la planta del Ejército.

-Decreto ley Nº 3.524 de 1980, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 3.527 de 1980, fondos ministerio de Defensa.

-Decreto ley Nº 3.550 de 1980, sobre la planta de la Fuerza Aérea.

-Decreto ley Nº 3.639 de 1981, modifica D.L. 3.148, sobre oficiales de la reserva de la Armada.

-Decreto ley Nº 3.654 de 1981, dispone que D.L. 3.653 no modifica Ley del Cobre.

DECRETO CON FUERZA DE LEY