Esta vez, no se habla sólo de mujeres con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley describe como sujeto de derecho al aborto a “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”. Esto, detalló la Campaña, se dio “en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

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La cobertura de la práctica, en tanto, deberá ser “integral y gratuita” en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado). Asimismo, no se requerirá autorización judicial y deberá realizarse “en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento”.

Por su parte, el plazo de las 14 semanas de gestación podrá extenderse en casos de violación o si corre riesgo la vida o salud integral de la mujer o persona gestante.

En cuanto a la despenalización, el proyecto es más que claro: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”.

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La ley no incluye la objeción de conciencia, ya que entiende a la interrupción legal del embarazo como un derecho. Además, establece una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena “la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena se elevará de uno a tres años de prisión si, como resultado de esta conducta se hubiera generado perjuicio en la salud de la mujer o persona gestante. Si como consecuencia de esa conducta resultara la muerte de la mujer o persona gestante, la pena se elevará a cinco años de prisión”.

Por último, la iniciativa exige la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y asegura que “el contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”. También insta a garantizar a la persona que demanda el aborto “información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión” de los mismos.

Expectativa

En diálogo con ámbito.com, Martha Rosenberg, medica, psicoanalista y una de las pioneras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito destacó la importancia de la nueva presentación. “La Campaña sigue con más impulso que nunca. Queremos que sea ley, éste no es un tema que varíe con el paso de los gobiernos, lo hemos sostenido desde hace mucho tiempo. Estamos por la legalización del aborto porque es un asunto de justicia, de derechos humanos y de ampliación de la democracia. No es sólo para que no se mueran más mujeres ni para que no tengan que atravesar una maternidad forzada, sino que es también un avance importantísimo de ampliación de la ciudadanía para toda la sociedad”, dijo.

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Para la profesional, es imprescindible que “las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones libres y autónomas cuando atraviesan un embarazo que no pueden llevar adelante cualquiera sea el motivo de esto”. En ese sentido, añadió que la interrupción del embarazo debe ser “legal y segura”, en contraposición a lo que sucede actualmente, donde se “discrimina el acceso según las posibilidades económicas para comprar un aborto seguro en el mercado clandestino”.

Consultada acerca de las posibilidades reales del tratamiento del proyecto en el marco de un año electoral, Rosenberg aseguró: “La situación está tan incierta que yo no descarto que se trate. Vamos a ver cuando empiecen a pronunciarse los candidatos; tienen que hacerlo todos porque es un tema que está en la agenda política”. Al mismo tiempo, descartó que mostrarse a favor de la IVE pueda ser contraproducente para los postulantes a diferentes cargos, ya que “está visto que hay un apoyo masivo” a la iniciativa.

“Tenemos enorme apoyo a nivel de la sociedad, que ha dejado de considerar al aborto como un tema tabú, que puede hablar de eso y que exige que haya alguna forma de acción frente a la situación actual, donde la mayoría de los abortos se practican fuera del sistema de salud. Los abortos tienen que practicarse dentro del sistema porque son un problema de justicia y de salud pública. Muchas mujeres mueren, muchas quedan con secuelas muy importantes y las condiciones son traumáticas y riesgosas por la clandestinidad”, concluyó.