"El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país". Con esta rotundidad se expresó en 2014 el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, poco después del atentado contra la Basílica del Pilar. Durante los meses siguientes se sucedieron tres operaciones policiales contra grupos vinculados a ese supuesto nuevo tipo de terrorismo, siempre con el fantasma de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) de fondo. La Audiencia Nacional ha cerrado todas esas aparatosas investigaciones sin una sola condena.

Los informes policiales sobre los "artefactos explosivos" de Straight Edge: petardos, vinagre y azúcar

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Apenas un año separó las operaciones Pandora -que tuvo dos fases-, Piñata y Ice. La primera corrió a cargo de los Mossos d’Escuadra y las otras dos fueron obra de la Policía Nacional. Decenas de detenidos, muchos de los cuales pasaron varios meses en prisión preventiva, y unas investigaciones que se prolongaron durante años. La Audiencia Nacional archivó Pandora y Piñata por falta de pruebas. La Operación Ice sí llegó a juicio, aunque muy desinflada, y ha acabado con la absolución de todos los detenidos, que pasaron de estar acusados tenencia de explosivos y de pertenencia a organización terrorista a ser juzgados por unos tuits.

Todas esas operaciones siguieron al atentado en Zaragoza. Una pareja colocó un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar que estalló en la nave central y causó daños a una mujer en el oído. Cosidó utilizó ese atentado para proclamar que una serie de grupos anarquistas estaban "intentando subvertir nuestra democracia" mediante el uso de la violencia. "Frente a estos violentos, máxima firmeza y determinación", añadió.

Unos meses después de que pronunciase esas palabras tuvo lugar la Operación Pandora. Los Mossos detuvieron en la primera fase a 11 personas, a las que el juez Javier Gómez Bermúdez acusó de "constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, en relación con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y delitos de daños y estragos con finalidad terrorista". Siete detenidos estuvieron mes y medio en prisión.

Pandora tuvo una segunda fase en octubre de 2015 con la detención de nueve personas más en espacios libertarios de Barcelona, también bajo la acusación de haber constituido una "organización terrorista de corte anarquista". La Audiencia Nacional archivó primero esta segunda fase entre duros reproches a la investigación de los Mossos. La jueza Carmen Lamela afirmó que del conjunto de pinchazos telefónicos y de la documentación incautada en los registros "el único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista".

Nada más que la "sospecha policial"

"No se advierte en definitiva ningún avance sustancial que permita continuar con la investigación", escribió Lamela en junio de 2016. Casi un año más tarde, en mayo de 2017, la jueza tomaba la misma decisión sobre la primera fase de Pandora. El auto era prácticamente calcado al anterior, con los mismos reproches a los Mossos, y la conclusión de que "no se han averiguado hechos nuevos" para sustentar la "sospecha policial" de que los detenidos estaban vinculados con grupos terroristas.

Entre los dos capítulos de Pandora se desarrolló la Operación Piñata, en marzo de 2015. En total, 15 detenciones en varias ciudades españolas de nuevo por su supuesta vinculación a una organización terrorista de ideología anarquista. Las primeras informaciones de la Policía apuntaban a su relación con el atentado de Zaragoza, con un ataque en la Catedral de la Almudena de Madrid, y hablaban de la detención de los principales líderes de los GAC.

Tres meses después, en un duro auto contra Eloy Velasco, el juez que mandó a algunos de los detenidos a prisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional criticaba esa decisión por tomarse sin haber concretado los indicios delictivos y las "circunstancias personales" de los imputados. La medida de prisión provisional era "innecesaria e inadecuada", dijo la Sala.

En febrero de este año llegó el archivo definitivo de la causa. Lo habían pedido las defensas de los acusados y se unió la Fiscalía. "No ha podido acreditarse suficientemente que los investigados fueran autores de los hechos investigados", sostuvo la Audiencia Nacional para concluir la segunda gran operación contra el "terrorismo anarquista".

La última en cerrarse ha sido la Operación Ice, en esta ocasión con una sentencia absolutoria. La Policía detuvo en noviembre de 2015 a seis activistas de Straight Edge a los que acusó de haber atentado contra entidades bancarias. Formaban, dijeron, un grupo terrorista anarquista vinculado, de nuevo, con el atentado de Zaragoza, y aseguraron que en su casa se habían encontrado artefactos explosivos.

La investigación se desinfló rápidamente, pero eso no impidió que el principal acusado pasase 16 meses en prisión en el régimen más duro mientras los Tedax analizaban petardos y botes con azúcar y vinagre. Los presuntos terroristas llegaron al juicio con una única acusación por su actividad en redes sociales, de la que fueron finalmente absueltos. La Fiscalía ha renunciado a presentar recurso ante el Supremo y el caso ha muerto ahí.

El fantasma de los GAC

Tras cada operación contra el terrorismo anarquista los investigadores situaban a las mismas siglas. Los detenidos estaba siempre vinculados, según los policías, con los GAC, los Grupos Anarquistas Coordinados. La Policía los situó tras el atentado contra la Basílica del Pilar y los jueces, en sus autos de prisión contra los detenidos en la sucesivas redadas, siempre les asociaban con esta supuesta organización terrorista.

Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo acabaron por rechazar que los condenados por el atentado de Zaragoza tuvieran relación con los GAC. Ambos estaban guiados por guiados "por sus ideas anarquistas insurreccionistas, pero sin que conste que estuvieran integrados en algún grupo de afinidad de FAI-FRI, ni de los GAC, y actuando de manera autónoma".

La tesis de los investigadores siempre ha sido que los GAC eran el brazo armado de FAR-FRI (Federación Anarquista Informal / Frente Revolucionario Internacional). Esta organización, según el Supremo, está formada por "un numeroso conjunto de pequeños grupos diseminados por múltiples puntos del planeta, que conforma una especie de organización informal y desestructurada, que tienen como denominador común poseer una ideología de corte anarquista insurreccionista basada en el principio de atacar al Estado en cualquier lugar".

Los GAC sería, por tanto, su facción en España. Según el alto tribunal, "los GAC se constituyeron en una especie de coordinadora de un número indeterminado de grupos de afinidad insurrecionistas". Habían nacido unos años antes, en 2012, cuando se anunciaron "en diferentes páginas de contrainformación". Su única actividad acreditada, la publicación de un libro llamado 'Contra la democracia'.

Sin embargo, no hay constancia de que hayan estado detrás de nada más. Los tribunales descartaron su vinculación con el atentado de Zaragoza y han rechazado que estén vinculados con los detenidos en las distintas operaciones contra el anarquismo. "La vinculación que se lleva a cabo de estos grupos es absolutamente gratuita. (…) No se ha acreditado la existencia de tales grupos (GAC) y mucho menos la pertenencia a los mismos del ahora recurrente. Sus actividades eran absolutamente legales y no tenía nada que ocultar, como lo demuestra el hecho de que conocía que eran objeto de investigación policial, dijo la Audiencia Nacional en uno de sus autos.

Los abogados de Red Jurídica, que han asistido a detenidos de las tres operaciones, han calificado la persecución de los GAC como una "película de ficción". En un artículo titulado 'El extraño caso de la organización terrorista anarquista sin terroristas ni organización' destacaron las conclusiones a las que llegó la Audiencia Nacional en su sentencia sobre el atentado de Zaragoza, en la que desvincularon a los autores de los GAC: "Si se considerase a la FAI/FRI-GAC organizaciones terroristas, serían tan defectuosas, incapaces y objetivamente disfuncionales que ni siquiera tendrían relevancia penal. Y es que una organización horizontal no es una organización".