La posible reapertura de la central nuclear más antigua de España ha movilizado a la mayoría de los partidos del Congreso. Pese a que todavía se están dando los primeros pasos de una legislatura que amenaza ser corta y con los diputados todavía instalándose en sus despachos, todos los grupos con representación parlamentaria menos el Partido Popular y Ciudadanos se han reunido este martes con representantes de Greenpeace para pactar medidas concretas que eviten que el Gobierno en funciones permita a la planta de Santa María de Garoña prologar su vida útil más allá de lo previsto.

Iberdrola y Endesa usan Garoña como moneda de cambio en la reforma eléctrica

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La reunión se produce un día antes de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el regulador que debe dar su visto bueno para poner en marcha de nuevo los reactores de la planta burgalesa, se reúna para analizar los informes presentados por las propietarias, Iberdrola y Endesa. Hace dos semanas, el organismo ya aplazó la decisión.

Los partidos se han reunido este martes en el Congreso con la ONG para poner en común todas las iniciativas planteadas. La semana pasada, por ejemplo, tanto el PSOE como Equo, integrado en el grupo de Podemos-En Comú-En Marea, presentaron sendas proposiciones no de ley para exigir que se paralizara el proceso de reapertura mientras el Gobierno siga en funciones y no se elija uno nuevo.

Los grupos presentes en la reunión han acordado remitir una carta conjunta al presidente del CSN, Fernando Marti Scharfhausen, con esta misma exigencia. El PP cuenta con mayoría en el Pleno del órgano, compuesto por cinco miembros.

Además, han acordado pedir su comparecencia tanto en las asambleas regionales de las comunidades autónomas más afectadas (Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja) como en la Comisión de Industria del Congreso una vez que ésta eche a andar en las próximas semanas.

La central, construida en 1971, se encuentra en parada desde hace años. El CSN exigió en 2013 una inversión aproximada de 130 millones de euros para dar su visto bueno. Los informes técnicos avisaban del deterioro de parte de la estructura. Unos informes que, según denunció la consejera a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, se hicieron con "presiones inaceptables".

Las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, a través de la firma Nuclenor, han mostrado su rechazo a dichas condiciones y han venido utilizando Garoña como moneda de cambio en las negociaciones con el Gobierno del Partido Popular. Mariano Rajoy y lo suyos han hecho de la central nuclear una de las banderas de su modelo energético. Y han prometido en campaña reiteradamente que prolongarán su vida. Su intención es que permanezca activa hasta 2031, cuando cumpla 60 años de edad.

Entre las inversiones que deberían acometer las dueñas está la construcción de un almacén temporal para los residuos que genera la central, ya que ésta ha superado el límite máximo en las instalaciones actuales. El diputado de Equo Juan López de Uralde asegura que el principal temor es que el CSN apruebe en sucesivas reuniones y uno a uno los distintos informes, en lugar de esperar a tenerlos todos y evaluarlos en su conjunto. "Es un proceso frankenstein de hechos consumados", dice Uralde.

DOCUMENTO: Carta enviada por los grupos parlamentarios al presidente del CSN