La crónica de la tragedia de Barracas de la que hoy se cumplen seis años es como una foto fija. En ese tiempo se acumularon las pruebas, las pericias, los imputados, un expediente voluminoso y también los puntos oscuros de una causa que se paralizó y ahora debe dar un paso clave. La sala II de la Cámara Nacional de Casación decidirá a partir de una audiencia citada para el 10 de febrero si acepta como querellantes a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 en un depósito de la multinacional Iron Mountain. Fueron ocho bomberos y dos integrantes de Defensa Civil los muertos. Son diecisiete los procesados: doce funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tres ejecutivos de la empresa estadounidense, el director de la compañía que le hacía mantenimiento a la planta y un empleado de seguridad.



Para Rolando Monticelli, el padre de Juan Matías y uno de los fallecidos (26 años, bombero de Policía Federal) “este caso es paradigmático, comprueba que la corrupción mata. Llegó la hora de la verdad y de hacer Justicia. Pero lo más doloroso es que pasaron seis años y todo sigue como estaba, en la nada absoluta. Los funcionarios continúan en sus cargos y la empresa con sus negocios”.

Para Javier Moral, el abogado de varios familiares, “los involucrados deben ir a juicio y los van a condenar porque el hecho tiene gravedad institucional y les costó la vida a diez servidores públicos”. El tribunal que integran Daniel Morín, Horacio Dias y Eugenio Sarrabayrouse tiene que definir una situación considerada trascendente por las partes. Que los parientes de las víctimas puedan sumarse al proceso penal como querellantes.

En el proceso que se extendió por seis años los imputados todavía no fueron juzgados. Hasta el 5 de marzo de 2018 había acusadas 35 personas, pero 18 de ellas fueron sobreseídas. Entre las 17 a quienes el juez de instrucción Pablo Ormaechea les dictó su procesamiento se encuentran el gerente general de Iron Mountain Argentina, Guillermo Eduardo Lockhart y la funcionaria del gobierno porteño Vanesa Ileana Berkowski que le da nombre a la carátula del expediente “sobre incendio u otro estrago con muerte de persona damnificada”.

Desde aquel marzo de hace dos años la causa no tuvo avances porque un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional señaló que los familiares no podían ser querellantes. Lo extraño del caso es que el mismo tribunal -pero con otra composición-, había sostenido antes lo contrario. Lo cuenta Moral: “La defensa de Iron Mountain planteó que no podían querellar porque les había pagado en la Justicia Civil y debían apartarse de la causa. El juez Ormaechea dijo que estaban en condiciones de hacerlo quienes no habían firmado ese acuerdo o se podía ir contra los funcionarios del gobierno, la gente de seguridad, pero no contra la empresa. Seguimos querellando, los procesaron y la defensa de la compañía volvió a decir que la gente ya había cobrado. Hasta que en la Sala VI apareció el juez González Palazzo y con otra integración, borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Había pasado un mes entre una resolución y la otra”.

Aquel fallo que firmaron los camaristas Julio Lucini y Mariano González Palazzo –un juez cercano al ex presidente Mauricio Macri, a quien colocó en el Colegio de Árbitros de la AFA cuando gobernaba en Boca– determinó que dos querellantes, Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey, no podían seguir en la causa penal. El argumento fue que habían aceptado cobrar indemnizaciones. No se les permitió querellar contra los directivos de IM y la compañía de seguros Zurich que intervino en el siniestro. La resolución se extendió a los demás familiares.

El abogado Moral sostiene que “el arreglo se produjo al poco tiempo del fallecimiento de los bomberos y sus familiares estaban con la cabeza en otra cosa. Cobraron 12.500 dólares por muerto en el mejor de los casos, cuando la UIF y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dijeron que se venían investigando maniobras de documentación guardada en Iron Mountain por 23 mil millones de dólares del lavado de dinero”.

Liliana Baricola, hermana de Pedro, un trabajador precarizado de Defensa Civil que murió aplastado por la frágil pared del depósito de IM, le cuenta hoy a Página/12: “Hace seis años nos cambió la vida para siempre. Nos pusieron una mochila terrible de cargar y en ella nosotros metimos lo que nos quedaba de nuestras vidas: tristezas, ausencias y vacío legal. Los inescrupulosos y corruptos del gobierno de Macri también nos obligaron a poner lo que quisieron, pero seguimos en el camino de la justicia por y para Pedro, ese ser solidario y gracioso que nos arrebataron. No nos detendrán”.

A la causa penal contra IM y los funcionarios de la CABA se agrega otra por presunto lavado de dinero. En ella quedaron involucradas 29 empresas tras el incendio deliberado del depósito ubicado en la calle Azara 1245.

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