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Los pensionistas están hartos. Primero, hicieron de red familiar cuando el mercado laboral fagocitó a sus hijos y les condenó al paro o a salarios precarios. Después, asumieron el copago sanitario y fueron perdiendo poder adquisitivo de manera progresiva. Ahora le hacen frente a la inflación con una raquitíca subida del 0,25% en sus prestaciones. ¿Lo último? Los líderes políticos y los analistas que quieren responsabilizarles de vaciar la hucha con el reproche de que viven demasiado. Todo este cúmulo de circunstancias ha hecho que en los últimos meses se hayan intensificado las protestas de los mayores. La próxima cita será el 22 de febrero.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones confirma que la convocatoria estará apoyada por unas 80 asociaciones de toda España. Su lema no deja lugar a dudas: “Contra las pensiones de miseria: no al 0,25%”. “Rajoy aplica políticas de terrorismo social. Hay una tasa de paro estructural que ronda el 18% y que hace que los jóvenes tengan que irse. Las reformas laborales de PSOE y PP han precarizado el trabajo y destruido los ingresos a la seguridad social y las reformas de pensiones que hicieron nos ha llevado a una degradación de nuestra calidad de vida”, explica Leopoldo Pelayo, portavoz de esta plataforma, que asegura que en los últimos meses ha notado un crecimiento de esta organización. Los más veteranos están inquietos.

La descapitalización de los últimos años, la entrada en vigor del factor sostenibilidad de 2019 y el pesimismo de este colectivo han hecho que vuelvan a la calle. UGT, por su parte, ya ha anunciado nuevas movilizaciones el 1 y el 15 de marzo. En su caso, también acusan al Gobierno de no negociar y llaman al resto de partidos a dialogar para “blindar” estas prestaciones: “Hay que hacer un pacto nacional. Si no, serán monedas de cambio en manos del gobierno de turno”, explica el Secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT), Anatolio Díez, contra el trabajo que tienen que hacer los políticos sobre el patrimonio común que los ciudadanos les han prestado. “Las pensiones no van a desaparecer, pero hay que ver cómo quedan”, concluye.

Trabajadores precarios, pensionistas pobres

Saturnino Álvarez, de la veterana Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), habla del último capítulo que ha soliviantado a los ciudadanos: “Hace poco recibimos la carta anunciando una subida del famoso 0,25%, que ha colmado el vaso de la paciencia de los pensionistas. Es tan ridícula que ha levantado ampollas”, asegura. La recuperación económica no acaba de llegar a este sector de la población, un colectivo que no puede hacer huelga: “Solo nos queda protestar”.

Álvarez también percibe que desde algunos sectores “se está responsabilizando a los pensionistas de esta situación. Se dice que están cobrando más del tiempo trabajado, pero realmente están percibiendo una prestación porque lo han pagado antes”. Este representante cree que se intenta enfrentar a los mayores con los jóvenes, un punto en el que también está de acuerdo Díez: “Hay algunos que dicen que no es lógico que los jubilados ganen más que los hijos, pero esto ocurre porque los hijos están cobrando muy poco, es a ellos a los que hay que subir el salario”.

El debate sobre las pensiones está en la agenda política, pero a veces es confuso. Las declaraciones de responsables públicos como Celia Villalobos, que aseguraba que “hay pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando” suenan temerarias en pleno debate sobre su sostenibilidad. Otras, como las del presidente del Gobierno alarman. Rajoy pidió hace unos días a los españoles que ahorren para complementar sus pensiones.

Los veteranos extrabajadores creen que esta posibilidad es alcanzable solo para unos pocos. Los sueldos actuales hacen imposible ahorrar: “¿Quién puede ahorrar cobrando 700 u 800 euros?”, reflexiona Álvarez. Todas las fuentes consultadas sospechan que tras este alarmismo e inmovilismo hay otro objetivo: la privatización.

Aunque parezcan antagónicas, la situación precaria de los jóvenes y el debate sobre las jubilaciones son las dos caras de la misma moneda. “Están precarizando el trabajo y destruyendo los ingresos a la Seguridad Social”, argumenta Leopoldo Pelayo. Aunque parezca lejano, los más afectados por algunas modificaciones del Gobierno, como el factor de sostenibilidad, serán los jóvenes. Por eso, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones también apoyó la manifestación antiprecariedad convocada el pasado 9 de febrero. Los abuelos también luchan por las condiciones vitales de sus nietos.

Los movimientos de mayores están activos y combativos. Cuando cruzan la barrera de los 65, muchas personas dedican su tiempo y su talento a ayudar a otras, como en la red de voluntarios de UDP. Además, los veteranos cuentan con una amplia experiencia en luchas: son la generación que peleó por traer la democracia española y, después, por construirla. Ahora ven que el Estado del Bienestar, que ellos ayudaron a levantar, se derrumba, justo en el momento que más lo necesitan. Pero Pelayo hace una advertencia al Gobierno: “Somos una generación resistente, somos los que vivimos el final de la dictadura, y vamos a rebelarnos”.