El matiz del discurso público cara al problema de la pobreza se centra en las funciones positivas del Estado, sea para elogiar los esfuerzos de las políticas públicas, sea para reconocer, cuando los hechos no dejan más remedio, su ineficacia. Indistintamente, el razonamiento es el mismo: combatir la pobreza depende de la aplicación de recursos económicos gubernamentales.

Sin embargo, ¿no demuestra la experiencia internacional –Suecia, Chile, Singapur- que las condiciones institucionales son más determinantes que las transferencias económicas? A partir de tales casos podríamos afirmar que la mejor política pública contra la pobreza es la que no existe, y el desarrollo nace de garantizar el ejercicio de los derechos de libertad.

Soy consciente de las suspicacias que despierta esta postura -“otro neoliberal negando las responsabilidades sociales del Estado”, se dirá. No obstante, aun aceptando el papel de la redistribución en el desarrollo de las capacidades individuales -capabilities approach, en términos de Amartya Sen-, los bienes materiales tienen poco sentido sin libertad negativa para aprovecharlos.

¿Este otro plano, el de los derechos civiles, se encuentra garantizado en las regiones con mayor pobreza de México?

La pregunta puede resultar inverosímil. “¿Cómo tendrán derechos civiles si no tienen qué comer?”, podrá señalarse. No obstante, quien así piensa supone que el progreso material antecede a las libertades, y tanto la teoría como la evidencia demuestran la falsedad de tal premisa.

Las entidades con más pobres en términos absolutos, Estado de México y Veracruz, figuran entre las cinco que más deuda contrajeron, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; aparecen entre las cuatro que más participaciones federales recibieron este año, y, por si fuera poco, también encabezan el padrón de beneficiarios de los programas de Sedesol – 10 millones 181 mil 103 Estado de México y 5 millones 909 mil 984 Veracruz. Por otro lado, el estudio Desigualdad y exclusión social en Chiapas, financiado por Oxfam México y Colectivo Isitame, señala que entre 1990 y 2014 la entidad dispuso de 36 mil 911 millones de dólares en aportaciones federales destinadas al desarrollo social.

¿El resultado? Según Coneval, ni Estado de México, ni Veracruz, ni Chiapas redujeron sus niveles de pobreza. Todo lo contrario.

Pobreza y gasto público excesivo, sin embargo, no es lo único que tienen en común estas regiones; castigar la iniciativa privada, carecer de centralidad del poder, tolerar la delincuencia y menoscabar la dignidad humana, son otras características que comparten.

Oaxaca y Guerrero, dos de los estados más pobres en términos relativos, suelen ser poco amigables con las inversiones; junto a la Ciudad de México, se hallan en el fondo de la lista del informe Doing Bussines 2016 del Banco Mundial, abocado a estudiar la facilidad para hacer negocios. El Estado de México, pese a calificar segundo en el ranking, figura como el primer bastión de la delincuencia; estudios del INEGI lo ubican como el estado con mayor percepción de inseguridad entre la población mayor de 18 años (90.6%), y en la que un porcentaje más alto de mujeres dijo sentirse inseguro (91%).

A la par de las trampas legales y el clima de inseguridad, estas regiones conservan “usos y costumbres” bastante cuestionables: desplazamientos forzados en Oaxaca por incumplimiento del tequio o por intolerancia religiosa, matrimonios adolescentes en Chiapas derivados de la tradición, o resistencia al gobierno de las mujeres por parte de grupos radicales, como en Oxchuc y Chenalhó.

Los marcos institucionales que perpetúan la existencia de sociedades extractivas, que generan climas adversos a la inversión, que fomentan la exclusión, condicionan enormemente las posibilidades de escapar del subdesarrollo, y explican mejor la tragedia de la pobreza que los lastres de corrupción y clientelismo enquistados en los programas sociales.

Angus Deaton, en su obra The Great Escape, advierte sobre el efecto adverso que pueden tener las ayudas en regiones pobres cuando no existen condiciones institucionales para el desarrollo. Asimismo, el artículo Democracy, Redistribution and Inequality (Acemougle, Naidu, Restrepo, Robinson), apunta que no existe evidencia de que la desigualdad disminuya con más tributación, dado que los grupos de presión acaban capturando los recursos.

No es casual que las regiones institucionalmente más endebles concentren a los ejércitos de pobres del país. Las personas no permanecen en la pobreza debido a que los grupos de presión capturan las transferencias estatales, sino porque las transferencias estatales incentivan a los grupos de presión para preservar esquemas que fomentan la pobreza.

Los pobres de México están donde perdimos la batalla de las libertades y triunfó la retórica materialista. Mas no importan ahora las razones por las cuales equivocamos el camino: aún es tiempo de poner en orden las prioridades y comenzar a replantear la estrategia.

OFFSIDE: Estrategia, la de Rodolfo D’Onofrio, Presidente de River Plate. “Por el pase de Enzo (Pérez) no hemos hablado nada”, dijo a Radio La Red. Al día siguiente, el manager de River confirmó la llegada del volante proveniente del Valencia. Sucede que siempre que River anunciaba interés en un jugador, el precio se disparaba. La dirigencia aprendió la lección: públicamente mostró distanciamiento, mientras en lo privado avanzó las negociaciones.