Durante una entrevista realizada en noviembre de 2014, cuando ya Salvador Sánchez Cerén había ganado la presidencia, le pregunté a Munguía Payés por las ganancias electorales que la tregua había dejado a la izquierda política. Fueron un “efecto secundario”, me dijo. Fue la administración Funes la que apostó por la tregua, y terminó siendo obvio que los miembros de pandillas iban a apoyar al partido que era parte de esa administración, puede resumirse el razonamiento del general.

La tregua entre pandillas de 2012 y 2013 fue siempre un plan político pensado, discutido y operado desde el despacho del general David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad Pública y ahora ministro de la Defensa Nacional.

Cuando el general accedió a ese despacho, en noviembre de 2011, sus primeras acciones políticas tuvieron, en esencia, dos motivaciones: desarmar por completo el aparato de seguridad montado por el FMLN, que se había apropiado del ministerio, del mando de la Policía Nacional Civil y de la inteligencia del Estado como parte del pacto de gobernabilidad acordado con el presidente Mauricio Funes en 2009; y, una vez reemplazados los funcionarios del partido por sus propios hombres de confianza, la mayoría provenientes del Ejército, iniciar la gestión de la tregua.

La idea de ensanchar, relanzar o volver a iniciar el diálogo con las pandillas desde el Ejecutivo –tenemos claro ahora, como apunta un editorial de El Faro, que las comunicaciones con la MS-13 y el Barrio 18 iniciaron en el gobierno de Francisco Flores– había llegado al comando central de Munguía Payés, cuando el general era ministro de la Defensa, de la mano de Raúl Mijango, el exdiputado y exguerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, a quien el militar había rescatado años antes del ostracismo político al que lo había sometido la dirigencia política del FMLN. De eso han hablado bastante Mijango y Munguía Payés.

El objetivo final del plan varía dependiendo a quién se le pregunte. En septiembre de 2013, oficiales cercanos a Munguía y funcionarios que tuvieron acceso a las reuniones en las que el general hablaba con el presidente Funes sobre la tregua me dijeron que el argumento más importante del militar fue siempre la baja de homicidios. Eso fue lo que Funes compró y a lo que siempre dio el aval.

De lo que no se habló tanto es de cómo los primeros mensajes empezaron a llegar hasta las cárceles en las que estaban presos los líderes pandilleros que, a la postre, serían los ejecutores de la tregua.

Poco después de la Nochevieja de 2011, los primeros movimientos estratégicos estaban en marcha aun cuando Munguía Payés no había terminado de colocar todas sus piezas en el tablero.

Entrado enero ya el coronel Simón Alberto Molina Montoya, uno de los colaboradores más cercados del general Munguía Payés y el hombre que ha sido su principal operador de inteligencia, nombrado como interino en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), había despachado a los primeros enlaces del OIE a las cárceles para empezar a afinar la operatividad de la tregua. Así me lo confirmaron, aquel enero de 2012, dos jefes policiales que se enteraron del plan a través del Centro de Inteligencia Policial, manejado todavía por oficiales afines al FMLN.

Uno de los primeros enlaces con la pandilla, en específico con el Barrio 18, fue el oficial Roberto Díaz Castillo, un oficial de la PNC también conocido por el indicativo “Alfil”, según me confirmaron a principios de 2014 un alto jefe policial y un excolaborador de Molina Montoya en el OIE.

“Molina Montoya llamó a operadores del organismo que él había llevado para plantear el inicio de pláticas con la pandilla”, me aseguró uno de esos operadores, quien estuvo presente en aquellas reuniones. Esta versión, que recogí mientras investigaba en El Salvador sobre la tregua para un estudio académico, recalcaban lo que a principios de 2012, cuando yo aún era funcionario de la administración Funes en Washington, me había asegurado un alto jefe policial en un pequeño hotel de San Salvador: el recién nombrado Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el general Munguía Payés, tenía entre sus principales planes ejecutar el pacto entre las pandillas.

El general, de hecho, empezó a mover la máquina de la tregua inmediatamente después de asumir su nuevo despacho. Pero para enero de 2012, cuando ya en la PNC que aún dirigía el comisionado Carlos Ascencio los planes pactados de la tregua se daban por hechos, Munguía Payés aún enfrentaba un escollo importante: la Policía no estaba bajo sus dominios, lo cual añadía grados de dificultad insalvables.

De acuerdo a los planes iniciales, según me los explicó en 2012 el oficial de la PNC y me los confirmó a principios de 2014 el propio general Munguía Payés en su despacho, la arquitectura de la tregua implicaba, sobre todo, dar a los jefes pandilleros encarcelados los medios de comunicación necesarios para afianzar su liderazgo con los jefes de clicas en las calles con el fin de que pudiesen trasladar las condiciones esenciales del pacto: la mejoría de condiciones carcelarias para los líderes, el cese del acoso policial en zonas bajo control pandillero y, en el mediano plazo, la colocación de fondos públicos para financiar proyectos de reinserción; todo a cambio de que las pandillas redujeran las cifras de homicidios.

En la práctica aquello implicaba dejar que los líderes encarcelados tuvieran acceso irrestricto a telefonía celular. Pero también, y sobre todo, que los mandos policiales ejecutaran a pie juntillas las órdenes de no perseguir a los pandilleros en las calles. Fue para garantizar lo primero que la gente del general empezó a maniobrar desde el OIE. Para lo segundo, sin embargo, hacía falta un mando amigable a la tregua en la PNC… pero el estado mayor del comisionado Ascencio se oponía.

La Policía se incorpora al plan

Los cambios que le faltaban al general Munguía tardarían aún unas semanas en llegar. Fue hasta el 23 de enero de 2012 que el militar logró que Funes nombrara a otro de sus hombres de confianza, el general Francisco Salinas, como director general de la PNC. Funes no se había atrevido a nombrar a Salinas al mismo tiempo que a Munguía por temor a que la reacción interna en la PNC y en el FMLN se le saliera de las manos, según me confirmaron en 2014 uno de los oficiales de confianza del comisionado Ascencio, un militante del FMLN y ex miembro del gabinete de Funes, y un colaborador cercano al ex presidente en Casa Presidencial.

Hubo reuniones en Capres para intentar frenar el nombramiento de Salinas, en las que participaron, entre otros, el entonces secretario estratégico de la presidencia, Franzi Hato Hasbún, y Ricardo Perdomo, quien había sido nombrado director del OIE y luego asumió la cartera de seguridad cuando la Corte Suprema falló que la condición de militar de Munguía era incompatible con la conducción de ese ministerio. Munguía, sin embargo, presionó a Funes: sin el control absoluto del aparato de seguridad la tregua no sería posible.

Cuando Salinas ocupó el despacho de director general en el cuartel central de la PNC en San Salvador, conocido como El Castillo, el camino estaba libre.

Escribí al respecto en mi libro “Infiltrados”. Aquí unos extractos:

“El 28 de enero, menos de una semana después de su juramentación, pero rodeado ya de su gente de confianza, el general Salinas hizo pública una orden general de cambios. No eran cambios rutinarios… aquel memo representaba una redefinición completa de la estrategia.

“Un oficial de la PNC confirmó, en febrero de 2012, que había escuchado que el coronel Molina Montoya coordinaba la reestructuración del OIE antes de la llegada de Ricardo Perdomo y adelantaba pláticas con líderes pandilleros de cara a la tregua que comenzó un mes después…

“…Tras la publicación (que hizo El Faro el 14 de marzo de 2012 en la que revelaba detalles de la tregua)… Molina Montoya apresuró las reestructuraciones… a los cambios iniciales siguió una purga general. El polígrafo se aplicó a todo el personal del CIP y varios agentes del OIE en busca de información sobre las filtraciones a la prensa sobre la tregua.”

Como sea, para finales de marzo y principios de abril de 2012, la tregua estaba en pie. El pacto estaba sellado y los principales resultados empezaban a notarse en las cifras de homicidios. De un mes a otro, febrero a marzo de 2012, la cifra bajó de 14 homicidios diarios a poco más de cinco al día. La semilla de la catástrofe que vendría después también estaba sembrada.

Para hacer viable la tregua, para hacerla operativa, Munguía necesitaba lealtad absoluta en el ejército y en la Policía. Lo primero fue más fácil: el general la afianzó gracias a su influencia en Casa Presidencial y al control total del aparato de inteligencia militar. Lo segundo implicó una grieta más en la ya débil institucionalidad de la PNC.

A los ya comunes pleitos de poder entre los oficiales provenientes del ejército, azuzados por las envidias y esquemas de corrupción y connivencia con el narcotráfico que enfrentaron, por ejemplo, a los ex directores Ricardo Menesses y José Luis Tobar Prieto, se había agregado la grieta generada por la llegada de Ascencio y los oficiales del FMLN a los mandos más importantes tras 20 años de control de oficiales militares. Munguía llevó consigo una combinación de ambos bandos, la mayoría, como Díaz Castillo o el subcomisionado Hernández Aguilar, señalados por actos de corrupción.

A esa policía fragmentada, desmoralizada y salpicada por la corrupción se le ordenaba ahora replegarse y dejar la calle libre a los pandilleros, los que según todos los directores policiales desde la primera gestión de Rodrigo Ávila, que inició en 1994, eran los principales enemigos de la paz pública. La nueva orden era ceder por completo el control del territorio para que los jefes pandilleros pudiesen poner en práctica el pacto.

La trampa en la retaguardia

Es noviembre de 2014. El general Munguía Payés me recibe en la sala de conferencias anexa a su despacho en el Ministerio de Defensa. Han pasado 20 meses desde que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional su nombramiento como ministro de Seguridad Pública y poco menos de seis meses desde que su sucesor, Ricardo Perdomo, dio por finalizada la tregua. Las cifras de homicidios han vuelto a subir: el promedio, entre junio y noviembre de 2014 ha vuelto a oscilar alrededor de los 14 homicidios diarios.

Luego de una presentación de cuadros estadísticas y de explicaciones sobre las medias verdades o mentiras que él o su jefe, el presidente Funes, dijeron al público salvadoreño para justificar una tregua que, a pesar de mostrarse efectiva para reducir los homicidios, siempre gozó de muy baja aprobación en las encuestas de opinión pública, hice varias preguntas a Munguía. Dos son las más importantes.

— Usted entiende, general, que para lograr esa baja negoció con asesinos, con violadores, con un grupo criminal que controla territorios, que cobra extorsiones…

— Sabíamos con quienes estábamos lidiando, pero era la única forma de hacerlo. Era el menor de dos males, responde.

El general no tiene reparos en reconocer que pactó con criminales, pero insiste en que aquel diálogo era la única forma de lidiar con el creciente problema de violencia.

Luego, la segunda pregunta:

— ¿General, el presidente siempre estuvo al tanto de esas negociaciones, de lo que implicaban?

— El presidente siempre fue informado de todo, dice.

Desde que la tregua empezó, la oposición política –el partido ARENA– y sus operadores de inteligencia, propaganda y de campaña, además de varios columnistas, acusaron al gobierno de Funes y al partido FMLN de orquestar la tregua para afianzar votos de cara a las presidenciales de 2014.

Durante la entrevista de noviembre, cuando ya Salvador Sánchez Cerén había ganado la presidencia, le pregunté a Munguía por las ganancias políticas que la tregua había dejado a la izquierda política. Fueron un “efecto secundario”, me dijo: Fue la administración Funes la que apostó por la tregua, y terminó siendo obvio que los miembros de pandillas iban a apoyar al partido que era parte de esa administración, puede resumirse el razonamiento del general.

Le hice la misma pregunta a uno de los oficiales de la PNC afines al FMLN, quien accedió hablar conmigo del tema con la condición de no ser nombrado para poder hacerlo con libertad. En un restaurante mexicano de San Salvador este comisionado, supervisor de las unidades de investigación de la Policía y opositor acérrimo de la tregua, me dijo que coincidía con el general Munguía en una cosa: el pacto tuvo efectos electorales positivos para el FMLN, pero no porque los líderes encarcelados hayan ordenado a sus filas en la calle votar por el partido de izquierda. Esa orden, dice el Policía, es inviable.

Para explicarlo, el comisionado recurre a las reglas internas de la pandilla y a su naturaleza fragmentada, heterogénea.

El policía recuerda que hace ya algún tiempo un jefe de clica le explicó, con palabras sencillas, como funciona la pandilla: “Cada quien crece hasta donde puede crecer”. El marero se lo dijo cuando el comisionado era apenas un subjefe de delegación en el occidente del país en los años en que por el tronco del fenómeno pandillero, alimentado siempre por sus raíces de marginación social, corría ya la savia criminal que lo convertiría en lo que es ahora, una máquina de matar.

“Lo que el bicho me estaba diciendo es que la clica, el programa, la ranfla están unidos por un hilo muy fino y lo que tienen en común, en el caso de la MS, son esas dos letras”. Más allá de eso, cada quien crece hasta donde puede crecer, de acuerdo a sus circunstancias particulares, que suelen ser disímiles entre una clica y otra, como disímiles son, por ejemplo, la geografía donde crecen esas clicas, las personalidades de sus líderes o la de los jefes policiales locales que lidian con la mara en cada lugar, o, en algunos casos, la de los caudillos políticos locales.

Ese hilo del que habla el oficial es fino, sí, pero resistente, como un nylon, y suele manejarlo el liderazgo nacional. Entendiendo eso fue que el general Munguía decidió abrir sin restricciones la comunicación de los líderes presos para que bajaran la orden de no matar durante la tregua.

— ¿Por qué no bajaron, entonces, la orden de no extorsionar?, le pregunté al jefe policial.

— Porque esa orden, como la de votar por un partido x o y, es inejecutable, me insistió.

La lógica de este policía va más o menos así: La ranfla no puede dar línea sobre un voto por las mismas razones que no puede pedir a las clicas que dejen de extorsionar, porque de recolectar dinero a cambio de no matar y de pactos subrepticios con los jefes políticos locales ha dependido, en gran medida, la supervivencia de la pandilla y su capacidad de expandirse.

El ejemplo más público de esto último es, hoy lo sabemos, el municipio de Ilopango, gobernado por Salvador Ruano de ARENA desde 2012, pero que antes había sido gobernado por el FMLN.

El viernes 11 de marzo de 2016, el periódico digital El Faro subió un vídeo que muestra a Ruano y a uno de sus jefes en ARENA, el diputado Ernesto Muyshondt, hablando con jefes pandilleros del Barrio 18 sobre una nueva tregua, esta prometida por los areneros a cambio de que los mareros les ayuden con votos para la segunda vuelta presidencial de 2014. Ese vídeo confirma algo que era ya un secreto a voces en el partido de derecha, en la Policía y entre los mediadores de la tregua de Munguía: ARENA tenía su propio pacto en Ilopango, como el FMLN lo había tenido antes en ese y otros municipios.

También el oficial de policía con el que hablé me lo había confirmado: Las pandillas llevan ya años siendo parte de los ejércitos electorales de los dos partidos grandes, que los han usado como cuerpos de vigilancia electoral en las zonas con alta influencia pandillera.

En Ilopango, una fuente cercana al despacho del alcalde Ruano me confirmó en 2014 que en varios de los eventos organizados por la municipalidad la seguridad la proveía la pandilla. “Ellos hacían los perímetros, y eso era algo normal, se hablaba con la Policía y el partido lo sabía”, me dijo este funcionario local.

La pandilla y el estado después de la tregua

La política salvadoreña lleva ya años determinada en parte por el fenómeno pandillero. En la primera mitad de la década pasada, cuando las deportaciones masivas promovidas por la administración de George W. Bush en Estados Unidos complicaron el asunto en los barrios y cantones salvadoreños, la derecha política encontró en las maras el chivo expiatorio perfecto para tapar sus incapacidades en materia de seguridad pública y para desviar la atención de la corrupción sistémica en el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

La Mano Dura, la propuesta de política pública diseñada y ejecutada por el ex presidente Francisco Flores, tuvo desde el inicio un componente partidario. En el primer diseño de ese plan participaron, entre otros, Juan José Daboub, el ex hombre fuerte de la administración Flores; Mark Klugman, un asesor estadounidense especializado en guerra sucia; y Manuel Meléndez, publicista afín al partido ARENA. Los objetivos iniciales eran dos, según me confirmaron dos ex ministros de Flores que supieron de aquellas discusiones: dar una sensación de eficiencia con las capturas masivas de jóvenes, pandilleros o no; y perfilar al enemigo político, el FMLN, como “bondadoso” con los delincuentes.

En esa narrativa, que se mantuvo vigente durante todo el quinquenio de Antonio Saca, el sucesor de Flores, y la primera mitad del de Mauricio Funes, hablar de un pacto con los enemigos más temidos de la sociedad era un sinsentido político. Por eso el temor de Funes de hacer suya la idea de negociación que le llevó su ministro de Seguridad Pública, el general Munguía Payés, a finales de 2012. A finales de 2014, cuando era ya ex presidente, Funes dijo en Radio 102.9 que se arrepentía de no haber apoyado más la tregua, pero seguía negándose a aceptar que él sabía de todos los planes del general.

El resultado final del cóctel político, marcado por el oportunismo electoral de los dos partidos, por la indecisión de Funes de seguir adelante con su plan y por el debilitamiento de la fuerza pública es el caos actual. La MS13 y en menor medida el Barrio 18 –debido sobre todo a su fragmentación interna y a que el pacto inicial de Mijango siempre se apoyó más en la MS- consolidó su retaguardia territorial, su capacidad de ejecutar estados reales de excepción en amplias porciones de la periferia urbana de San Salvador y, sobre todo, su convicción de que es capaz de guerrear con el estado hasta las últimas consecuencias.

Epílogo (al cierre)

El vicepresidente Óscar Ortiz dijo hace poco que a El Salvador aún le esperan muchos meses oscuros, de homicidios y venganzas, que ese es el costo que el país va a pagar por la decisión del estado de llevar a cabo un plan para golpear a las pandillas hasta las últimas consecuencias. La fotos que publican a diario los periódicos y los testimonios que aún recogen los reporteros y fotógrafos que patean territorios controlados por las maras le dan la razón a Ortiz en algo: hay sangre, mucha, en la calle, y en los barrios no hay dudas sobre quién controla el territorio.

Lo que no está tan claro aún es en qué consiste el plan del que habla. Su jefe, el presidente, ha hablado de medidas propias del estado de excepción, pero en las últimas horas ha dejado la decisión sobre eso a la Asamblea Legislativa.

Y tampoco está claro si, en el futuro, el gobierno del FMLN recurrirá a algún tipo de acercamiento con las pandillas. Megáfono en mano, Sánchez Cerén y sus funcionarios dicen que no, que este gobierno no negocia con criminales, pero al menos hasta noviembre de 2014, con la tregua de Munguía oficialmente finalizada funcionarios de este gobierno seguían platicando con líderes pandilleros de acuerdo a llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía General.

Parece que sí, que el vicepresidente tiene razón. Quedan muchos meses oscuros.

Foto principal: pandilleros del Barrio 18 detenidos en Ilopango, San Salvador. Foto de Salvador Meléndez.

Lea también: