A nivel nacional, es todo un órdago. Albert Rivera ha impuesto seis condiciones innegociables de "regeneración democrática" para intentar desbloquear la investidura de Mariano Rajoy. La primera de ellas es clara: el compromiso de que ningún imputado por corrupción política esté sentado en un escaño u ocupe un cargo público. En la Comunidad de Madrid, no obstante, Ciudadanos ha decidido no ser tan exigente. Y permite, de momento, que dos alcaldes del PP, procesados por "apología de la prevaricación", "desobediencia" y "usurpación de funciones públicas" sigan gobernando en minoría en sus municipios: Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares.

Fuentes de la dirección madrileña de la formación emergente explican que la situación política en Colmenar y en Hoyo condiciona las decisiones a tomar. En Colmenar, por ejemplo, donde Ciudadanos tiene tres concejales hace falta un acuerdo a tres bandas para quitar la alcaldía al PP, un pacto muy difícil de alcanzar. Entre otras cosas porque desde Ciudadanos señalan que la alternativa no les resulta nada atractiva. Ganemos Colmenar, una candidatura de unidad popular próxima a Podemos, es la segunda fuerza, con cinco ediles, y la que podría encabezar esa alternativa junto a PSOE (tres ediles) y Ciudadanos (otros tres). UPYD tiene otro concejal, pero matemáticamente no es necesario para echar al PP del ayuntamiento. "Preferimos que las cosas sigan como están a que gobierne Ganemos Colmenar", señalan las mismas fuentes.

Ciudadanos asegura que han impulsado la regeneración democrática en muchos municipios forzando comisiones de investigación sobre la Púnica

Desde Ciudadanos, no obstante, aseguran que su partido ha marcado en Madrid la agenda de regeneración democrática y que ha impuesto en muchos municipios comisiones de investigación para dilucidar si se cometieron irregularidades en los contratos que empresas de la trama Púnica se llevaron en esas localidades. También señalan que en la Asamblea de Madrid, bajo la dirección de Ignacio Aguado, han impuesto un "estricto control" al Ejecutivo de Cristina Cifuentes, imponiendo también dos comisiones (una de corrupción y otra de auditoría de la deuda) y supeditando su acuerdo de investidura a que cualquier cargo público autonómico que acabe imputado tenga que dimitir.

Un tripartito complicado

En Colmenar, no obstante, Ciudadanos no acaba de mover ficha. "El PP no puede seguir gobernando, pero nos tememos que aquí en el municipio sus tres concejales no pueden hacer nada y cumplen a rajatabla las instrucciones de su dirección en Madrid. Es necesario un cambio", señala Mariano Martín, portavoz de Ganemos Colmenar. Lo cierto es que Colmenar ninguno de los partidos de la oposición ha propuesto una moción de censura para desalojar al PP. "Se dan las circunstancias para promover una moción", señala Fernando del Valle, portavoz del PSOE. "El acuerdo es complicado. Somos tres partidos, Ciudadanos, PSOE y Ganemos, con tres programas políticos distintos. No forzaremos un cambio en la alcaldía", concluyen desde Ciudadanos.

Miguel Ángel Santamaría, alcalde de Colmenar Viejo.

La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de solicitar, en su escrito de acusación, tres años y seis meses de prisión para el alcalde de Colmenar, Miguel Ángel Santamaría Novoa; para su antecesor en el cargo, José María de Federico Corral, y para seis concejales que han formado parte de sus equipos municipales en los últimos 10 años. También pide para todos ellos 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.200 euros. Para otros cuatro ediles solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación. Todos los procesados forman parte de la actual cúpula del PP de este municipio de 47.000 habitantes de la sierra norte madrileña. Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

A principios de marzo, el juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo procesó a 12 cargos públicos que han ocupado responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en la última década. La Fiscalía de Medio Ambiente había interpuesto una querella criminal al ver indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística. Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal rechaza los recursos de los imputados, pide la apertura de juicio oral y acusa a los dos alcaldes y 10 ediles de "auténtica apología de la prevaricación".

Una concejala que será expulsada

En Hoyo, la situación es distinta. El PP gobierna en minoría con seis ediles. La oposición suma siete y la llave la tiene la única concejala de Ciudadanos. El problema es que Ciudadanos quiere expulsarla después de que El Confidencial publicara unas grabaciones en las que Elena Talavera aparecía menospreciando a sus compañeros. La mayoría de los militantes de Ciudadanos en Hoyo han abandonado la formación, tras acusar a Talavera de "venderse" a los intereses del alcalde del PP, incumplir el programa electoral, ocultar deudas e incluso deber dinero a la agrupación. "El expediente está en trámite", señalan desde Ciudadanos, que esperan que Talavera renuncie al alta de concejal y puedan sustituirla, aunque temen que no lo hará y que se quedará como concejal no adscrita durante toda esta legislatura.

En Hoyo (7.800 vecinos) haría falta también un acuerdo a cuatro bandas entre PSOE, Izquierda Unida, Unidos por Hoyo y Ciudadanos para desbancar al alcalde Ramón Regueiras. La Fiscalía pide dos años de prisión para él y le acusa de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas porque se convirtió en alcalde gracias a una moción de censura que no tuvo validez jurídica. No es la única causa que tiene abierta. El juzgado de instrucción número 1 de Colmenar Viejo le citó como investigado (la nueva denominación jurídica de la imputación) después de que la Fiscalía viera indicios de un delito de prevaricación por perseguir laboralmente al ex secretario municipal. De hecho, otro juzgado de lo contencioso-administrativo ya ha condenado al Ayuntamiento a pagar 50.374 euros al ya exfuncionario porque el regidor le sancionó 13 veces injustificadamente.

La presidenta regional Cristina Cifuentes, a la sazón presidenta de la gestora que dirige el PP madrileño, sigue apoyando a Santamaría y en principio a Regueiras. La gestora aprobó su código ético en marzo de este año, que según su reglamento "será de aplicación a los miembros de la comisión gestora, presidentes y secretarios generales, locales y de distrito, en la Comunidad de Madrid". Miguel Ángel Santamaría es el presidente del PP de Colmenar. El código obliga a dejar el cargo si se "es investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social".