La charla dictada por Agustín Laje y Nicolás Márquez fue escandalosa. Incluso agredieron verbalmente a los estudiantes que les reprocharon sus posturas.(Foto: Juan Thomes )

El escándalo ocurrido el viernes pasado en una escuela evangélica con dos expositores que maltrataron a estudiantes por cuestionar sus afirmaciones sobre la homofobia y el colectivo LGBTI reflotó el debate acerca del control del Estado sobre esas instituciones y los aportes públicos que destinan a su financiamiento. La Legislatura tiene pendiente hace más de tres años la sanción de una ley que regule la educación privada en la provincia, pero la discusión nunca logró puntos de acuerdo.

La Asociación Mutualista Evangélica de Neuquén (AMEN) cobra una cuota mensual de 5.000 pesos a sus estudiantes secundarios y es una de las que gozan del 100% de aporte estatal para el pago de los salarios de su personal. Según datos del Consejo Provincial de Educación (CPE), este mes recibió 954.540 pesos netos para el colegio secundario y otros 962.464 pesos para la primaria. “Es una escuela que recibe un millonario aporte del Estado, cobra cuota y no tiene a resguardo a sus estudiantes ante este tipo de ataques”, cuestionó el vocal gremial del CPE, Gustavo Aguirre.

A los cuatro proyectos cajoneados para regular las escuelas privadas se sumó ayer una resolución del diputado Raúl Godoy (FIT) que insta al CPE a que “evalúe la suspensión del subsidio, aporte y cualquier tipo de financiamiento estatal” al colegio por los hechos ocurridos la semana pasada. También los legisladores Gabriel Romero (FR) y Alejandro Vidal (UCR) presentaron un proyecto para multar a los colegios confesionales “que desarrollen o promuevan actividades fundamentalistas y contrarias a toda ley”.

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En el 2015, el cuerpo colegiado del CPE emitió una resolución para recomendar a la Legislatura algunos criterios a observar en la ley de educación privada. Uno era la obligación de garantizar el cumplimiento de contenidos estipulados en los diseños curriculares y planes de estudio. Los alumnos del AMEN reclamaron que el colegio se niega a aplicar los contenidos de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

Otra recomendación del CPE fue que los aportes estatales se otorgaran sólo a las propuestas educativas que fueran gratuitas y atendieran a población vulnerable. Este es uno de los principales puntos de desacuerdo en los proyectos. “Hubo una gran movilización de esta comunidad y de otras escuelas confesionales para derogarla”, recordó Aguirre. La norma fue anulada en pocos días por las autoridades de Educación.

El vocal dijo que impulsarán una investigación sumaria contra el colegio. “No se puede tener una escuela que no cumple los programas oficiales y que, además, recibe subsidios del Estado”, planteó.

En números

Storioni se reunió con los directivos y padres del AMEN

“El Consejo Provincial de Educación no tiene injerencia sobre lo que ocurrió con la presencia de estos invitados, no conocíamos la actividad. Tomó estado público gracias a que los estudiantes pudieron expresarse y trascender las paredes de la escuela”, planteó ayer la ministra de Educación, Cristina Storioni, sobre lo que ocurrió el viernes en el colegio AMEN.

Ayer a la tarde se reunió con directivos del establecimiento para “conversar y ofrecer los equipos técnicos que están formados en el tratamiento de la diversidad, la Educación Sexual Integral, para trabajar estas temáticas” y también recibieron a familiares de estudiantes.

Storioni recordó que hay leyes nacionales y provinciales “muy de avanzada como la 2222 del ‘98 que indica la obligatoriedad de enseñar estos contenidos en las escuelas”. “Donde alguien manifieste una dificultad, estamos a disposición, porque ESI es un contenido prioritario en las escuelas secundarias”, dijo.