Por la suspensión de la "ley de Economía del Conocimiento", las empresas de software de Mendoza anticipan posibles pérdidas de puestos de trabajo. Es que la normativa otorgaba beneficios que abarataban el costo de las contribuciones patronales, pero ahora no hay un panorama claro que garantice la persistencia de esas ventajas impositivas hacia el futuro.

De hecho, le decisión del Gobierno Nacional podría representar un giro de 180° para esa actividad. El 31 de diciembre de 2019 venció la "ley de software", que establecía beneficios impositivos para las empresas de ese sector. El 1 de enero, en tanto, entró en vigencia "ley del Economía del Conocimiento", que ampliaba los incentivos e incluía a nuevos rubros. Sin embargo, el lunes, a través de la Resolución 30/2020, el Gobierno nacional suspendió su aplicación para "analizar algunas modificaciones".

La preocupación del sector no parece exagerada, teniendo en cuenta que las ventajas impositivas aplicadas en 2005 le han permitido a las empresas de informática y tecnología tener un crecimiento constante, aun en tiempos de crisis. De hecho, la industria del software pasó de no figurar en las estadísticas a representar el 11% de las exportaciones de Mendoza, con una facturación anual de U$S 160 millones por sus ventas en el exterior. Al mismo tiempo, algunos subsectores han logrado expandirse de manera exponencial, como el de desarrollo de videojuegos, que ya factura más de $ 6 millones al año.

El peso del sector sobre la economía provincial queda en evidencia también con las estadísticas de empleo. La industria de Servicios Basados en el Conocimiento emplea, en todo el país, a unas 850 mil personas. Mendoza ocupa, según datos del ex Ministerio de Producción y Trabajo, el quinto lugar en cantidad de trabajadores registrados, con 19.700 ocupados.

Además, la industria del conocimiento sufre de un marcado déficit de profesionales, por lo que tiene potencial para generar miles puestos de trabajo nuevos, en un contexto en el que el empleo privado registrado de la provincia viene cayendo y las actividades económicas tradicionales, como el agro, el petróleo y el comercio, se están achicando.

Preocupación sectorial

Rodolfo Giro, de Interbrain, resaltó que la industria ya no sólo incorpora programadores, sino que ha ido sumando a otros profesionales, como diseñadores, músicos, médicos, contadores. Por otro lado, el también director de Relaciones Institucionales del Polo TIC, comentó que la ley de conocimiento no fue pensada desde un punto de vista coyuntural, sino que responde a una política de Estado, y que lo más importante no son los beneficios fiscales -aunque sean sustanciales-, sino el reconocimiento que implica para el sector. "Además, se nos otorgó estabilidad fiscal, lo que permitió hacer proyecciones de largo plazo, con la confianza de que no se cambiarán las reglas", apuntó.

Sin embargo, esto fue precisamente lo que perdieron con la resolución 30/2020. Gabriel Hermida, socio del Departamento de Impuestos de Auren, una firma multinacional de servicios profesionales, planteó que hubo compañías que hicieron inversiones y tomaron personal en función de presupuestos que contemplaban un beneficio impositivo, que ahora no saben si recibirán.

Es que la suspensión estaría vinculada a una decisión de revisar qué tipo de empresas estarán incluidas en la promoción. Se habla de que se diferenciaría entre las grandes, que quedarían fuera, de las pymes.

El socio de Auren manifestó que el sector mueve cerca de 3 mil millones de dólares anuales y genera un valor agregado a la economía muy significativo. La ley de promoción favorecía que se generaran más puestos de trabajo y se incrementara el consumo. Con la "marcha atrás del gobierno", ahora los empleos corren peligro.

Mauricio Barzola, socio fundador de Wakapi, una empresa que brinda servicios de outsourcing tecnológico, opinó que es razonable que los beneficios se limiten a las pymes y no se apliquen a las multinacionales, pero planteó que, hasta que se resuelva su implementación, están en una situación precaria, porque hicieron un análisis de costos y operaciones basadas en un incentivo que no saben si van a recibir.

Además, Barzola expresó que la decisión del gobierno significa un retroceso respecto a una política que promovía a una industria que amplía el modelo exportador tradicional de la Argentina.

Giro explicó que el sector está trabajando para que la ley se aplique y consideró que hay voluntad del gobierno provincial para resolverlo, pero reconoció que hay incertidumbre porque no se sabe si la implementación será retroactiva al 1 de enero, ya que el proceso de validación, posterior a la inscripción, toma un par de meses.

Por su parte, el subsecretario de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía y Energía de la provincia, Alejandro Zlotolow, recordó que se está trabajando con el sector, con programas específicos, financiamiento y promoción. "Esas actividades se van a sostener. Estamos convencidos de que la diversificación de la matriz productiva de Mendoza se debe profundizar", comentó.



Medidas en juegos

La "ley de Economía del Conocimiento" que fue suspendida por el Gobierno, otorgaba estos beneficios (entre otros):

Aportes patronales: Las empresas tendrían un mínimo no imponible mayor al del resto de las compañías para computar el pago de aportes patronales. Eso les permitiría gastar menos dinero por cada empleado.

Impuesto a las ganancias: La tasa del impuesto a las ganancias sería del 15% (en vez del 25%), siempre que las empresas exportaran al menos el 13% de sus producción.

Impuesto al Valor Agregado: Las entidades que se registraran en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no tendrían retenciones y percepciones de IVA.

