Victoria moral para Azvi. El primer grupo de construcción andaluz ha obtenido una sentencia favorable en un juzgado de Santiago de Chile a su demanda contra el Gobierno de este país, que rescindió la obra del conocido puente móvil Cau Cau alegando que era la empresa quien había cometido errores que llevaron a que no se pudiesen levantar los brazos levadizos. La compañía sevillana siempre defendió que fueron graves errores en los diseños facilitados por el Ministerio de Obras Públicas chileno los que derivaron en las fallas en su funcionamiento. Se lo conoció mundialmente, debido a reportajes de la cadena CNN, como "el puente al revés", aunque no fue ese el fallo que impidió que se pudiera usar como estaba planificado.

El Ejecutivo del país sudamericano, que adjudicó la obra en 2011 a Azvi por 22 millones de euros, deberá ahora indemnizar a la empresa con 1,1 millones de euros por la cancelación anticipada del contrato en junio de 2015. Ahora, la sentencia, según recoge la prensa chilena, señala literalmente: "Es posible concluir que no existe error en la ejecución de los trabajos de la obra atribuible a Azvi, ya que la falla del vástago de uno de los cilindros del sistema mecánico, ocurrida el 24 de febrero de 2015, tiene como causa basal la deficiente concepción y diseño del sistema de levante del puente, materia que es responsabilidad exclusiva del demandado". Es decir, el ministerio chileno.

Azvi negocia comprar una constructora en EEUU tras cumplir con la banca en España Carlos Pizá. Sevilla La compañía de la familia Contreras se orienta cada vez más a las concesiones, que quiere que sean el 50% del negocio. Negocia con fondos para crecer en España, México y Chile.

Obras Públicas señaló tras conocerse la sentencia, siempre según la prensa local, que aún no se le ha notificado la misma y que no puede valorarla. También se reservó el derecho, una vez la examine, de alegar o recurrirla, ya que ha sido dictada por el juzgado civil número 28 de la capital chilena, Santiago. Azvi había solicitado, al recurrir en 2015, una indemnización sustancialmente mayor, de 6,2 millones, por no permitirle terminar la obra y no haberle remitido un modificado del diseño que le permitiera culminarla satisfactoriamente.

La resolución judicial señala además que la infraestructura, ubicada en Valdivia, está siendo utilizada con ciertas restricciones y que ya se ha aprobado un proyecto para reparar el sistema hidráulico para que pueda cumplir plenamente la función para la que fue diseñado (un puente levadizo, en definitiva). El proyecto se inició en 2006 y fue adjudicado cinco años después al grupo propiedad de la familia Contreras, que tiene múltiples intereses empresariales en Chile, como zonas logísticas, un puerto seco e incluso gestiona un aeropuerto. Como consecuencia de esa rescisión del contrato, Azvi sufrió además un veto de dos años en los que no pudo licitar por ninguna obra pública en el país.

La compañía que dirige Manuel Contreras buscará ahora un acuerdo directo con el Gobierno chileno para pactar pagos pendientes por otros cinco millones de euros, ya que los 1,1 millones reconocidos en la sentencia se refieren únicamente a la última certificación de la obra que no se abonó al rescindirse el contrato. La empresa no pretende seguir litigando en los juzgados por este tema.