La Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, una enmienda presentada por el grupo 'popular' a la Ley de Acompañamiento por la que se incorpora la tasa del copago de centros o residencias para mayores y personas con discapacidad, y especifica que la cuantía se calculará en función del coste del servicio y de la capacidad económica del usuario.

De esta forma, las aportaciones económicas que hacen los usuarios tendrán la consideración de tasa y no de precio público, que es como hasta ahora estaba regulado. Así se ha decidido tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el decreto del Gobierno autonómico en el que se fijan los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.

En otra enmienda del PP al proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2015 —conocida como Ley de Acompañamiento—, se establecen los costes de los servicios, que varían entre 1.500 y 2.100 euros al mes en el caso de servicios de atención residual, y entre 550 y 845 euros para los centros de día, de noche u ocupacionales.

Los tres grupos de la oposición han criticado este copago, en la jornada en la que se conmemora el Día de la Discapacidad. El socialista Rafael Rubio ha pedido la revocación de los recortes del Consell en materia sanitaria y de bienestar social, y ha criticado que "hacen mucho más complicado el proyecto de vida" de las personas con discapacidad.

Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà, quien ha calificado de "vergonzoso" que el PP haya pasado directamente a votación sus enmiendas sin defenderlas, ha acusado al Consell de "teledirigir" al grupo parlamentario popular para incluir "de manera perversa, vía enmienda, este repago", que supone "la perversión pura y dura de la vulneración de la reglas democráticas".

"inversión en economía social"

Mollà ha destacado que este "servicio básico" no supone "un gasto", sino "una inversión en economía social", frente a "los gastos que no tienen retorno" que son aquellos "ligados a la corrupción, a los apellidos Cotino y Ortiz o al descontrol". Asimismo ha advertido de que al plantear este "repago" mediante una enmienda del PP, se "veta" a la oposición la posibilidad de poder enmendar esta medida.

Del mismo modo, el diputado de EUPV Lluís Torró ha tildado de "inmoral" que el PP "reintroduzca mediante una enmienda" el copago a un colectivo que "ya tiene muchos problemas". También ha criticado que se "penaliza", sobre todo, "a las personas más desfavorecidas de este colectivo".

La Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda ha debatido las 273 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios a la Ley de Acompañamiento, después de que el pasado 20 de noviembre el PP rechazara en el pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. En la sesión de este miércoles, se ha dado luz verde a las enmiendas presentadas por el grupo popular, a dos de la oposición y a otras que se han transaccionado.

RTVV

Entre las enmiendas aprobadas, destaca una del PP —a la que la oposición se ha abstenido— por la que el personal laboral adscrito al archivo de documentación de Radio Televisión Valenciana (RTVV) se adscribirá a CulturArts y los trabajadores de la red de difusión, a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). De este modo, CulturArts y EIGE serán los responsables de la gestión y custodia del archivo y de la red de difusión, respectivamente, por lo que soportarán los costes que de ahí se deriven.

Por parte del PSPV, los diputados Rafael Rubio y Francesc Signes han pedido que la rebaja autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se aplique sólo a las rentas de hasta 53.000 euros y que se elimine de la Ley de Movilidad la parte que regula el transporte, entre otros temas.

"casta funcionarial"

Asimismo, Rubio ha criticado que el director general del nuevo Instituto Valenciano de Administración Tributaria tenga que ser un funcionario del Estado, y se ha referido a éstos como "casta funcionarial". La diputada del PP Maritina Hernández lo ha justificado porque es un instituto "altamente especializado".

Sobre este mismo tema, Mireia Mollà ha pedido que se supriman las menciones al Instituto de Administración Tributaria, porque aunque ha dicho que son favorables a un centro así, considera que, tal y como está planteado, no supondrá "ningún avance en la lucha contra el fraude fiscal". La parlamentaria 'popular' Trini Miró ha resaltado que este instituto es "necesario".

Ayudas a ayuntamientos

Lluís Torró, que ha sido el encargado de presentar las enmiendas de EUPV, ha defendido un sistema tributario más "progresivo y redistributivo" y ha criticado que se establezca como requisito para el pago de subvenciones y ayudas a entidades locales la presentación de la Cuenta General aprobada a la Sindicatura de Comptes.

"No podemos generar vacíos que permitan que algunos responsables locales lleven a la ruina a sus ayuntamientos", ha manifestado el 'popular' César Sánchez, quien ha indicado que "al final, la mala gestión la pagan los ciudadanos". La diputada de Compromís, por su parte, ha subrayado que "los ciudadanos de estos municipios no tienen culpa de tener un gobierno que no esté haciendo frente a la labor que le correspondería".