El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y su ex gerente Cristóbal Páez, por el caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la caja B del partido, que deberá responder como responsable civil subsidiario de los 1,2 millones de euros que se dejaron de ingresar a Hacienda. [Lea el auto en PDF]

También se sentarán en el banquillo los socios del estudio de arquitectura Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede del PP, en la calle Génova en Madrid. Se trata de Gonzalo Urquijo y Belén García. El magistrado también entiende que debe ser juzgada la empleada Laura Montero, a la que no acusaban ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

En su auto, de 102 páginas, el magistrado considera acreditada la existencia de los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública.

El juez acuerda también abrir juicio oral contra la empresa Unifica y contra el Partido Popular, como responsable civil subsidiario, y le fija una fianza por valor de 1,2 millones de euros (220.000 euros, como cantidad que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2008 y algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa Unifica). Sobre la cantidad que deberá depositar por Unifica, el juez hace constar que se ha seguido el criterio de la Abogacía del Estado, que en esta causa actúa en nombre de la Agencia Tributaria.

Para las seis personas que se sentarán en el banquillo de los acusados el juez fija fianzas que oscilan entre los casi 9 millones de euros para Bárcenas y Lapuerta, y los 6,1 millones para el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García y Laura Montero. Al sexto de los acusados le impone una fianza de 7,4 millones de euros. Estas cantidades incluyen el concepto de multa, la responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

El juez da un plazo de 20 días a las defensas para que presenten sus escritos de defensa. Tanto los acusados como los responsables civiles subsidiarios disponen de 10 días para depositar en el juzgado las fianzas impuestas por el juez, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de sus bienes.