TOLEDO.- Mariano Rajoy vuelve a recurrir ante los tribunales una medida aprobada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Igual que hizo anteriormente con la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos y con la convocatoria de diversas ofertas de empleo, el Gobierno central ha emprendido acciones judiciales para tumbar las cláusulas sociales que regulan la contratación del sector público de Castilla-La Mancha y que entraron en vigor el pasado mes de octubre.

En concreto, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, a instancias de la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Tras conocerse la demanda, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que el Gobierno de Rajoy, con la complicidad de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, “haya impugnado la inclusión de estas cláusulas que aumentan los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública”.

Ruiz Molina ha denunciado que "todo aquello que tiene que ver con la recuperación social" de Castilla-La Mancha es "objeto continuo de recurso por parte de la Administración del Estado, fundamentalmente, por la intercesión de Cospedal, que intervino de forma muy decidida para recurrir la reducción a las 35 horas para los empleados públicos de la Junta o poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo regional, especialmente en sanidad y educación”.

Con ello, ha defendido que la instrucción que aprobó el Consejo de Gobierno se ajusta a derecho y, por lo tanto, "el objetivo de la Abogacía del Estado por mandato de Cospedal y del delegado del Gobierno en la región es meter miedo a los ciudadanos", algo a lo que les "tuvieron acostumbrados en los últimos cuatro años de esta legislatura", a su juicio.

¿QUÉ ESTÁ RECURRIENDO EXACTAMENTE RAJOY?

Las cláusulas incluyen importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista. Estos son solo algunos de los casos por los que la Administración regional puede resolver los contratos o imponer penalizaciones económicas.

Entre las causas de resolución de un contrato también está que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas.

Otra novedad es que se debe favorecer la contratación por parte de las empresas adjudicatarias de personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo. En relación con la subrogación, se establece que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, es obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos.