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a Procuraduría General de la República se encuentra lista para cerrar con broche de alpaca el sexenio de la impunidad. Sin procurador, ni fiscal electoral, ni fiscal anticorrupción, la institución responsable de procurar la justicia en el país deambula como zombi, muerto en vida, listo para archivar, congelar, desechar o simplemente desaparecer todos los voluminosos expedientes donde algún amigo, cómplice o socio de Enrique Peña Nieto pudiera estar implicado en algún delito.

El plan original de Peña Nieto era lograr la tradicional impunidad transexenal por medio de la colocación de personajes leales en las nuevas fiscalías general y anticorrupción. Al fracasar esta estrategia, el inquilino de Los Pinos aparentemente ha decidido pasar al plan B: simplemente desmantelar la PGR y hacer perdidizos los expedientes problemáticos.

Sólo un observador ingenuo creería que el senador priísta Raúl Cervantes haya renunciado su cargo de procurador general con el fin de facilitar la transición a la nueva fiscalía general de la nación . El verdadero propósito de Cervantes sería evitar un futuro proceso penal por encubrimiento o destrucción de evidencias. Prefiere que uno de sus súbditos haga el trabajo sucio de limpiar las inmundas tropelías del sexenio, mientras él toma champaña y juega golf con sus amigos Emilio Gamboa y Jesús Murillo Karam.

El miedo no anda en burro. La lista de graves atropellos a la ley durante el sexenio actual no tiene fin: Ayotzinapa, Odebrecht, Nochixtlán, Javier Duarte, Los papeles de Panamá, Tepic, Tomás Yarrington, la Casa Blanca, César Duarte, Apatzingán, los cientos de presos políticos, Roberto Borge, Ixmiquilpan, Eugenio Hernández, Tlatlaya, el espionaje y el asesinato de periodistas, entre muchos otros escándalos.

Las investigaciones iniciales de estos casos, realizadas por Cervantes, Murillo Karam y Arely Gómez, no son más que cortinas de humo para engañar a la opinión pública. Sin embargo, con un gobierno renovado y un nuevo fiscal general los expedientes ministeriales y judiciales podrían rápidamente tomar el cauce de la justicia.

El despido sumario, sin justificación, del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, responde a la misma búsqueda de impunidad transexenal. Nieto siempre ha sido un funcionario incómodo para el régimen. No es socio, ni amigo, ni familiar del Presidente. Es más, el fiscal ni siquiera recibió su nombramiento de parte del príncipe de Atlacomulco. Nieto fue nombrado directamente por el Senado, con una votación casi unánime, el 19 de febrero de 2015.