Por Guillermo LoCane*

Mal debut del nuevo gobierno con Ganancias, porque fue lento y amarrete para aumentar el monto de las deducciones largamente esperado por trabajadores y jubilados. Mal, también, porque se embarulló con el tema de los jubilados y otros que, estando exentos, volvieron a pagar y mal, además, porque el Gobierno equivocó el camino reglamentario y se complicó solo. De la oposición, ni hablar, sólo especulación y chicanas. Veamos la trama de un nuevo capítulo para la ya vieja, muy vieja, novela del Mínimo No Imponible.

La ley del impuesto a las ganancias establece, desde siempre, en su artículo 23° el monto de las deducciones y el mínimo no imponible para las personas físicas. Su aumento requiere, obviamente, otra ley, con el moroso trámite que ello conlleva. Teniendo en cuenta esto, con el objetivo de lograr mayor presteza y agilidad, a fines del año 2011 el Congreso Nacional le otorgó al Poder Ejecutivo una facultad extraordinaria que (bien leída) es una obligación: "Incrementar los montos previstos en el artículo 23° de la Ley de Impuesto a las Ganancias en orden a evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica y salarial asumidas" (ley 26.731, artículo cuarto).

A partir de esta delegación legislativa, el Presidente puede, en cualquier momento, mediante un simple decreto, aumentar el mínimo no imponible y todas las deducciones del artículo 23° (no se requiere un DNU, ni la intervención de la Comisión Bicameral que los controla, porque ya el Congreso intervino en la delegación. Es más, fue el propio Congreso el que le dijo al Presidente: Hágalo usted y hágalo cuando sea necesario).

En 2013, el decreto 1.242 del PEN utilizó esa atribución. Y en 2015, otro decreto hizo una pequeña corrección limitada de los montos del, ya famoso, artículo 23°. En ningún caso se corrigió la Tabla de Liquidación del gravamen (artículo 90°) porque ello no es posible por decreto. En febrero 2016, el gobierno del presidente Macri, haciendo uso de las atribuciones que le otorga aquella ley del año 2011, sancionó el decreto 394 aumentando las deducciones y el mínimo no imponible, pero erróneamente lo somete a la Comisión Bicameral que controla los DNU, que es la que ahora, en marzo, a nivel Diputados, se lo rechaza. Ese decreto 394, es un simple decreto, no un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Su artículo cuarto se equivoca al ordenar “dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente”. También se equivocan quienes creen que el decreto está herido porque se lo rechazó en Diputados, o puede llegar a morir, si Senadores también se pronuncia en contra.

Esa Comisión Bicameral no tiene poder sobre ese decreto. El decreto de Macri es moroso (podría haberse sancionando en enero) es amarrete (podría haber copiado los importes del Proyecto Carrió que es bastante más generoso sin ser dilapidador) y atolondrado (se “olvidó” del daño a los jubilados que estaban exentos y tuvo que corregirse). Además, fue erróneamente enviado al control Bicameral del Congreso, pero su vigencia está fuera de discusión y hay que aplicarlo sin dilación (y sin chicanas opositoras) en beneficio de los trabajadores y jubilados alcanzados. En poco tiempo el Congreso podrá abocarse a cambios más integrales y estables.