Contraataque fujimorista. El Tribunal Constitucional debe resolver una reforma en el reglamento del Congreso que restringió la cuestión de confianza y la disolución d

el Congreso. Hay cuatro votos, falta uno para la inconstitucionalidad de la norma.

Tras la aprobación de la cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra sin definirse si el Congreso dará pase en el tiempo requerido a la reforma política-judicial, las miradas se vuelven ahora al Tribunal Constitucional.

Diversas fuentes señalan que los fujimoristas y apristas presionan para que el TC rechace la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR que restringe la moción de censura y la cuestión de confianza.

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Esta demanda debe evaluarse el próximo viernes 28 de septiembre. Si el TC señala que esa modificación es conforme a la Carta Magna, el presidente Vizcarra no podría hacer nada si el Congreso no aprueba los restantes proyectos de reforma judicial y política e impide la convocatoria al referéndum.

En cambio, con el texto original de la Constitución, si el Congreso no aprueba las reformas, el premier podría considerarse burlado, renunciar y provocar la segunda crisis ministerial, que permita al jefe de Estado disolver el Congreso.

Demanda

Lo que decida el Tribunal Constitucional puede ser clave para la aprobación de todas las reformas planteadas por el Presidente, la convocatoria al referéndum o, incluso, el cierre del Congreso.

La demanda se verá en una audiencia pública que se realizará en Arequipa, el 28 de septiembre. El presidente del TC, Ricardo Blume, aclaró ayer que realizada la vista de la causa, hay 30 días hábiles -no cuentan sábados, domingos ni feriados-.

“En estos casos que son de interés público evidentemente actuaremos con la absoluta convicción, con ponderación, mesura, con serenidad, con sentido patriótico y vamos a resolver lo que corresponde en el marco de la Constitución y la ley”, precisó.

Presiones

Aunque el presidente del TC habló de 30 días hábiles para resolver, fuentes internas del TC indican que hay una corriente de opinión a favor de votar este caso con prontitud, esto es antes del 4 de octubre.

Para declarar inconstitucional una norma se necesitan cinco votos. Si no se alcanza ese número de votos, la norma se considera acorde con la Constitución, así una mayoría haya votado por acoger la demanda.

Las fuentes señalan que sectores afines al fujimorismo y el Apra estarían presionando a Blume Fortini para que no se obtengan los cinco votos.

Corrientes

El ponente en esta demanda es el magistrado Augusto Ferrero Costa. En anteriores casos, Ferrero y José Luis Sardón de Taboada han votado a favor de los intereses del fujimorismo.

Ferrero se encuentra de vacaciones, pero puede volver para la audiencia del 28 de septiembre, o enterarse del caso revisando, luego, la audiencia en video, lo que antes ha rechazado. En otros casos, ha programado una nueva audiencia para escuchar él solo a las partes.

Si no altera su práctica será poco probable que haya una sentencia antes del 4 de octubre. Luego que escuche las partes, el ponente debe redactar un proyecto de sentencia que debatirán todos los magistrados.

Se espera que Ferrero y Sardón de Taboada, como en anteriores ocasiones, voten a favor de las posiciones del fujimorismo para evitar que el presidente Martín Vizcarra avance con las reformas y no pueda plantear la disolución del Congreso, si Fuerza Popular no cumple con lo ofrecido en la cuestión de confianza.

Al frente estaría la posición de los magistrados Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera. Han votado juntos en otros casos, aunque últimamente han tenido diferencias.

Así, de mantenerse las posiciones, Blume Fortini tendría el voto decisivo. Por eso, dicen las fuentes, es él quien resiste las mayores presiones y sobre quien recaen todas las dudas.

Por eso, la reforma judicial y política que reclama todo el país y promueve el presidente Vizcarra se definirá en los próximos días y semanas en las salas y despachos de los magistrados del TC. De ellos dependerá la segunda fase de la lucha contra la corrupción.

El cambio en el reglamento del Congreso

- La Resolución Legislativa 007-2017-2018-CR estableció que “no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o procedimiento legislativo o control político”.

- Además, indica que la facultad presidencial de disolución del Congreso establecida en el artículo 134 de la Constitución procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales del Gabinete. “No se considera que hay crisis total del Gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, ni cuando el presidente de la República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el Gabinete”, precisa.

- La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por 33 congresistas, encabezados por el partido de gobierno.