En España se producen al día 42 robos de cobre y se asalta un oleoducto cada mes. Ambas prácticas se han disparado en los últimos años y han obligado al Ministerio del Interior a endurecer las penas en la nueva revisión del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio, para introducir la cárcel como castigo a estos robos.

El pasado año se registraron en el país un total de 15.605 «hechos conocidos» relacionados con la sustracción de cobre y 14 robos en la red de oleoductos, según se recoge en la estadística policial a la que ha tenido acceso este diario.

En el caso del cobre, la cifra casi duplica los 8.459 robos registrados en el año 2007 y llevó aparejada un total de 2.308 detenciones e imputaciones. En el de los oleoductos, los ataques de mafias organizadas han elevado por encima de 70 el número de casos detectados desde el inicio de la crisis por CLH, la empresa propietaria de la red de tubos por los que circulan los carburantes.

Los robos de ambas infraestructuras implican graves perjuicios económicos y sobre el interés general al llevar aparejados falta de suministro en sectores básicos como la energía o las telecomunicaciones. Por este motivo, la última reforma del Código Penal establece penas de entre 4 y 8 años de cárcel para los autores de estos hurtos, frente a las multas o las penas de 1 a 3 años de cárcel que establecía el anterior texto.

«Debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las redes de servicio público e interés general, también se ha considerado conveniente incorporar una agravación cuando los delitos de hurto o robo afecten a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Esta misma agravación se prevé para las conducciones o infraestructuras de hidrocarburos», marca ahora el nuevo Código Penal.

El incremento de los robos de ambos productos va ligado al encarecimiento de sus precios internacionales, de cara a su venta posteriormente en el mercado negro. La cotización del cobre en las Bolsas de Metales llegó a superar los 6.000 euros por tonelada en el año 2013, tras repuntar casi un 40% desde los 4.300 euros que marcaba en el inicio de 2007. En el caso del petróleo y sus derivados, el barril de Brent ha marcado en los últimos años cotas superiores a los 125 dólares.

En el caso de los oleoductos, los robos son perpetrados por mafias especializadas y que actúan de forma profesional. El asalto requiere de una enorme complejidad técnica e implica grandes riesgos para la seguridad, al obligar a desenterrar el oleoducto -excavando agujeros de hasta tres metros de profundidad-, perforarlo usando distintas herramientas y absorber el carburante que circula en su interior con una manguera para introducirlo en un camión con bidones.

En un solo robo han llegado a ser sustraídos hasta 1.000 litros de carburantes. En un intento de no llamar la atención, las bandas volvían a enterrar la tubería y dejaban conectada la manguera al camión a través de un agujero en la parte baja del vehículo.

«El riesgo que esta práctica supone para la seguridad pública es altísimo, ya que si el taladro soltara alguna chispa y se mezclara con el combustible, las probabilidades de producirse una deflagración son elevadas», explican en la Guardia Civil.El asalto suele implicar también el pacto con alguna estación de servicio compinchada en la trama, que se encarga de dar salida a la mercancía.

El robo de oleoductos es habitual en otros países como México, donde los continuos asaltos a estas tuberías por parte de mafias organizadas han llegado a provocar desabastecimiento en algunas regiones y obligado a la petrolera estatal Pemex a utilizar camiones como alternativa para prevenir hurtos.

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