Comisión que investiga dicha infraestructura en Asamblea remitirá el dictamen al Consejo Gobierno, Tribunal de Cuentas y Ministerio Fiscal

CARTAGENA (MURCIA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en la Asamblea Regional ha concluido este miércoles que dicha infraestructura se hizo para recalificar hasta 180 millones de metros cuadrados y construir más de 300.000 viviendas "y así cambiar el modelo socioeconómico de la Región".

El presidente de dicha comisión, Miguel Sánchez, ha afirmado tras la reunión de esta que esta "trama urbanística" se realizó "sorteando la legalidad vigente" y apunta que en las conclusiones que han votado los grupos parlamentarios que los principales responsables políticos son el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel y al exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

Si bien en el documento que han elaborado los grupos también se indica que hay "responsabilidades" de los distintos consejos de Gobierno y de los consejos de administración del Ente Público del Agua.

Asimismo, ha informado de que se ha acordado remitir dicho dictamen al Consejo de Gobierno, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal. Sánchez ha manifestado que el PP ha sido el único partido que ha votado en contra de dichas conclusiones y se ha reservado el derecho a emitir un voto particular.

"Las conclusiones son demoledoras", ha dicho el parlamentario al tiempo que considera que durante los meses que ha durado la comisión "se ha hecho un trabajo magnífico".

El socialista Jesús Navarro ha asegurado que se de las 30 conclusiones que se han aprobado 21 corresponden a su partido, por lo cual se ha mostrado "satisfecho" con el trabajo realizado y para él las conclusiones más destacadas son el entramado societario que se creó para la construcción de la desaladora y los "perjuicios económicos que ha generado al erario público".

En cuanto al diputado de Podemos Antonio Urbina, las conclusiones demuestran el "fraude de ley" que se cometió en la construcción y puesta en marcha de la desaladora porque, según ha añadido, "se intentó saltar la ley de aguas y de contratos públicos".

En su opinión debería haberse sacado a concurso o público. Además dice que se ha abierto la posibilidad de revertir los contratos que obligan a la Comunidad a aportar fondos al grupo ACS. Él es partidario de que la infraestructura se mantenga "y pase a ser propiedad de la Comunidad Autónoma y se hagan los arreglos necesarios para que funcione al 100%".

Por último, el diputado del PP Juan Luis Pedreño mantiene que las conclusiones "estaban redactadas desde el principio". Justifica el voto en contra de su grupo a las mismas porque "no hay conclusión que apunte a la ilegalidad, solo un cambio de circunstancias que ha hecho que la venta de agua producida por la desaladora no tenga la rentabilidad que había al principio". Bajo su punto de vista las conclusiones "aportan juicios de valor".

El dictamen elaborado por la comisión deberá ser elevado a Pleno para su aprobación definitiva.