La Guardia Civil detuvo este miércoles a 14 personas, entre ellas varios altos cargos del Govern, en el marco de la operación llevada a cabo en Cataluña contra el referéndum del 1 de octubre (1-O), ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona,y en la que se realizaron un total de 41 registros.

A última hora de este miércoles, tres de los detenidos quedaron en libertad tras negarse a declarar ante la Guardia Civil y tendrán que personarse ante el juez. Según fuentes de la investigación la cifra de detenciones por orden del juzgado podría ascender a 17 y cerca de una veintena de personas están siendo investigadas por los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los tres detenidos que quedaron el libertad son Joan Ignasi Sánchez, asesor del Departamento de Gobernación, David Palanques y David Franco, ambos cargos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI). Todos ellos habían sido trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), tras el registro de sus domicilios y despachos profesionales, y se acogieron a su derecho a no declarar, quedanso así en libertad con la condición de investigados, por lo que deberán comparecer ante el juez cuando les cite.

Entre los detenidos se encuentran Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico del 1-O que el pasado 26 de julio declaró como testigo ante la Guardia Civil; el presidente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Puignero; y un trabajador de Fundacio.cat.

Además fue detenida en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, Directora General de Servicio de la Generalitat y responsable de desarrollos informáticos y que ha sido conducida a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil. Las fuentes explican que será trasladada a Barcelona para su puesta a disposición judicial una vez el juez de guardia de detenidos de plaza de Castilla lo autorice. También fue detenido Josep Masolivé Puig (Técnico Informático).

Estas tres detenciones se suman a las del número dos de la Conselleria de Economía, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó; Josué Sallent Rivas, también del CTTI; y Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales. También fue arrestado Pau Furriol, propietario de una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona), donde los agentes incautaron numerosas papeletas de cara al 1-O.

A falta de su recuento definitivo, las fuentes consultadas cifran en millones las papeletas de votación intervenidas en esta nave del municipio barcelonés a la que también está vinculada Mercedes Martínez, otra de las arrestadas. Otros dos detenidos es Juan Manuel Gómez, de la Conselleria de Economía y Hacienda.

Registros en dependencias y domicilios

Además de estas detenciones se han practicado 41 registros en diferentes dependencias, entre ellas el despacho de Salvadó, número dos de Economía, situado en la sede central del Departamento, en la Rambla de Catalunya de Barcelona. También se está registrando el edificio del Departamento de Economía que alberga las oficinas de la secretaría de Hacienda, situado en la Gran Via, así como la sede de la Agencia Tributaria.

Con un amplio dispositivo, la Guardia Civil ha entrado así mismo esta mañana en la sede de la consellería de Asuntos Exteriores, situada en una parte de la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat, residencia oficial del presidente catalán.

También se está registrando la sede del Departamento de Trabajo y de Asuntos Sociales, el Consorcio de la Administración Abierta, que se encarga de facilitar herramientas tecnológicas para hacer más ágil y transparente la relación de la administración con los ciudadanos, y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La Guardia Civil ha entrado asimismo en los domicilios particulares del juez y exsenador de ERC Santi Vidal y del jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, director del Instituto de Estudios del Autogobierno.

El juez ha actuado de oficio

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha acordado de oficio las detenciones y registros sin que se lo solicitaran ni el instituto armado ni la Fiscalía, según han informado fuentes jurídicas.

El juez, que mantiene desde hace meses el secreto de sumario del caso, abrió esta causa para investigar los preparativos del referéndum a raíz de la denuncia que un particular presentó en febrero en los juzgados de guardia de Barcelona por unas declaraciones de Santi Vidal y que le correspondió instruir a él, por orden de reparto.

Así, ordenó a la Guardia Civil que investigara la veracidad de las revelaciones del exsenador de ERC de que el Govern tenía "camuflada" una partida de 400 millones de euros para el referéndum, según evaluó en su día el ex juez. Paralelamente, VOX presentó otra querella contra el Govern por las declaraciones de Vidal ante el TSJC, pero el alto tribunal catalán remitió la causa a instrucción 13 hasta comprobar si eran veraces o no.

Junqueras ha asegurado en un tweet que "están atacando las instituciones de este país y por tanto atacando a los ciudadanos". "No lo permitiremos", ha escrito el vicepresidente de la Generalitat.

Estan atacant les institucions d'aquest país i per tant atacant els ciutadans. No ho permetrem. — Oriol Junqueras (@junqueras) 20 de septiembre de 2017

El martes la Guardia Civil intervino 45.000 sobres nominales para la constitución de las mesas electorales del 1-O en los registros que llevó a cabo en diferentes sedes de la empresa de mensajería Unipost. Hasta ahora ha bloqueado 32 páginas web y también ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos prorreferéndum.

Una "quiebra" del Estado de Derecho

La diputada de ERC Ester Capella ha denunciado que las primeras detenciones de cargos públicos catalanes por su papel en la convocatoria del 1-O "quiebra el estado de derecho" y vulnera derechos fundamentales.

Tras abandonar el pleno del Congreso en protesta por la detención de Josep Maria Jové, Capella ha criticado el arresto de un cargo público que, a su juicio, lo único que ha hecho es "cumplir el mandato" del Parlamento de Cataluña.

"Esto ya no va de independentistas sino que se está quebrando el estado de derecho, y utilizando torticeramente el derecho, y utilizando el fiscal general del Estado como brazo armado y convirtiendo a las instituciones del Estado en títeres de un Gobierno corrupto", ha proclamado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas".