El próximo viernes 3 de agosto, Felipe Irarrázabal pondrá fin a ocho años al mando de la Fiscalía Nacional Económica. Bajará por el ascensor desde el octavo piso del edificio ubicado en Huérfanos N°670, en pleno centro de Santiago, para cerrar un extenso periodo que lo llevó a ser calificado incluso por la prensa como el "sheriff anticolusión". A días de cerrar el capítulo, la institución que aún dirige respondió –tal como estaba previsto en los plazos– con todo a las críticas que lanzó la Asociación Nacional de Notarios y Conservadores al informe que elaboró la FNE sobre ese mercado.

El gremio liderado por el abogado Alfredo Martin calificó el informe de la FNE como "sesgado" pues a su juicio solo tomaba una parte de las notarías, lo que hacía que los resultados sean menos representativos, sobre todo en materia de rentas. Ante dicha afirmación la FNE respondió que esta es "errada", pues "las rentas globales, esto es la totalidad de las rentas de los notarios –no el promedio- efectivamente constituyen una subestimación. Ello, puesto que se consideran solo los notarios que no cumplen con otras funciones (como ser además conservador y/o archivero judicial), siendo estos 235 para el año 2017 y no la totalidad de notarios del país", puntualizó.

Hoy la FNE publicó el informe final del Estudio de Mercado sobre Notarios, reiterando la necesidad de realizar una reforma estructural a este mercado, la que podría traducirse en ahorros cercanos a los US$ 149 millones anuales para al país. Más duro en el tono, la Fiscalía discrepó frente a la afirmación que hiciera el gremio de que "la función notarial chilena sigue los principios del régimen del notario latino".

"Aun cuando la Asociación de Notarios se encuentra adscrita internacionalmente a la Unión Internacional del Notariado Latino, las funciones que cumplen los notarios en Chile no se condicen, a nuestro juicio, con las funciones que realiza un notario latino arquetípico, muy especialmente porque en nuestro país los notarios cumplen tareas que podrían calificarse como primordialmente mecánicas, y no sustantivas –que requieren de conocimiento legal de cierta sofisticación-, según se encuentra establecido en la regulación", respondió la FNE.

En su informe definitivo, la FNE reconoció la importancia de la certeza jurídica y de la justicia preventiva, bienes que bajo la regulación vigente son provistos por los notarios que actualmente ejercen dicha función. Sin embargo, "estima que esos mismos bienes pueden ser provistos por otros medios (distintos a los notarios actuales), y, de hecho, potencialmente de manera aún más efectiva y a menor precio".

Para el gremio de notarios el estudio no considera los costos asociados a los servicios gratuitos que realizan los Notarios. No obstante, ante dicha afirmación, la FNE explicó que dichas funciones "no implican que no sean realizadas por quienes cumplan las funciones notariales en un sistema regulado de manera distinta".

Más dura en sus afirmaciones, la FNE respondió directamente a la crítica que apuntaba sobre los costos que implicaría la eliminación de las restricciones geográficas. "No resulta idóneo, desde un punto de vista de políticas públicas, sostener una regulación sumamente ineficiente y con alto costo para la productividad del país, sólo porque podría beneficiar a un grupo reducido de localidades, pero perjudicaría de manera grave a la mayor parte de la población. Si un nuevo sistema efectivamente produjera falta de cobertura en zonas específicas –cuestión que se estima no ocurriría según ya se argumentó-, entonces podría pensarse en otras soluciones eficientes aplicables únicamente a tales zonas".

Para la FNE sus propuestas permitirán que el costo fijo para ingresar al mercado sea más bajo que el actual, lo que, junto a la posibilidad de ingreso de tecnologías, y de libertad territorial, debería –contrario a lo que apunta el comentario- permitir aún mayor cobertura que la que actualmente existe.

"Por lo demás, en las localidades que normalmente se citan como ejemplo de esta cobertura territorial, aquellas personas que ocupan el cargo suelen acceder a una notaría de mayor renta con posterioridad, puesto que la duración en los cargos en dichas localidades es baja. Por ejemplo, en los últimos 10 años ha habido 5 notarios titulares en Juan Fernández, 5 notarios titulares en Chile Chico, 4 notarios titulares en Hualaihué, y 4 notarios titulares en Puerto Cisnes", complementó.

Altas rentas

Por otra parte, la FNE respondió al cuestionamiento que se hiciera sobre una eventual falta de representatividad del estudio, al no considerar o sub representar a los notarios de localidades medianas y pequeñas, así como de zonas extremas. Ello pues no se advierte cómo localidades como Puerto Cisnes, Juan Fernández, San Pedro de Atacama o San Miguel podrían tener un ingreso promedio de $14.000.000 mensuales

Frente a dicha afirmación la Fiscalía sostuvo que "para el caso de las rentas, no se utiliza una muestra, sino que la totalidad de la población respecto de la cual se analizan las rentas, siendo así absolutamente improcedente tener una discusión respecto a la representatividad del número de notarías consideradas".

Desde la Asociación de Notarios declinaron entregar comentarios a raíz de las respuestas a sus observaciones que hiciera la Fiscalía Nacional Económica.

Por otro lado, en el desarrollo de este estudio, la Fiscalía comprobó esta hipótesis y estimó que el marco regulatorio requiere de una modificación estructural para que este mercado pueda operar de manera adecuada.

"Al término de este estudio, estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que

tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país", señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.

Entre las recomendaciones formuladas por la Fiscalía, se cuentan reducir la cantidad de trámites que debe realizarse ante un notario y permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos. Asimismo, se propone flexibilizar las reglas que regulan la forma en que se desarrolla la actividad para fomentar la calidad del servicio y reducir el precio de los trámites.