27 de Octubre de 2015

De aprobarse, sería un punto de inflexión en nuestra cultura política. Se trata de un amparo en revisión interpuesto por una organización (SMART) y, por ello, en lo inmediato, sólo tendría efectos concretos para los quejosos. El alegato central de SMART es defender su derecho a producir, transportar y consumir mariguana. Buscando un símil, de ser aprobado el proyecto, sería como si durante la era de la prohibición en EU, se autorizara a un grupo de ciudadanos a instalar una pequeña destiladora para autoconsumo. El comercio queda expresamente fuera. En Suecia, país donde la política antialcohol es muy severa, la importación de pequeñas destiladoras es muy frecuente. Hasta allí el asunto parece anecdótico.

Pero en el fondo de la argumentación del ministro está una auténtica revolución conceptual. Se sobrepone el derecho de los individuos a conducir su propia vida, dentro del inviolable límite de no afectar a terceros. El proyecto es un dique a la intervención del Estado paternalista que supone saber siempre qué es mejor para la vida de sus súbditos. El “desarrollo de la personalidad” implica tener la libertad para experimentar con el cuerpo y la mente, es uno de los argumentos centrales del proyecto. Ahí es donde el asunto cobra una dimensión histórica. El liberalismo en nuestro país ha tenido un desarrollo tormentoso. Durante el siglo XX el Estado autoritario mexicano se erigió desde la premisa de saber qué es mejor para los campesinos, para los obreros, para las clases medias, para los individuos. La noción de individualidad, eje de toda democracia moderna, quedó sojuzgada ante la tutela autoadjudicada del Estado.

La actitud sigue vigente, prohibir la entrada al mercado de las propiedades rurales implica que el campesino o comunero no sabe qué es mejor para su vida. De las intenciones a los resultados hay un abismo. El prohibicionismo ha provocado que hoy, en las de por sí sobresaturadas cárceles mexicanas, estén decenas de miles de personas, la gran mayoría jóvenes, por poseer porciones muy menores de mariguana. Esas normas otorgan licencia a policías que extorsionan con la ley en la mano. De continuar el proceso de despenalización para el autoconsumo, esa amenaza cotidiana desaparecería.

En el proyecto de sentencia no se eluden las posibles consecuencias que para la salud individual puede tener el consumo. La discusión es compleja: edad de inicio en el consumo, probabilidad de dependencia, brotes sicóticos, etcétera. El alcohol, el azúcar y hasta la mantequilla pueden tener efectos nocivos. Como lo ha señalado con claridad meridiana Luis de la Barreda, esa discusión pertenece a otro ámbito. Imaginemos a un Estado cuya misión central fuera eliminar el riesgo individual, ¿prohibiría el alpinismo o el buceo? Sólo con información y educación, cada individuo deberá fijar sus propios límites. El diabético debe conocer sus niveles de glucosa y sus riesgos, pero no reclamar que se cierren las pastelerías. Lo mismo vale para el colesterol o las bilirrubinas.

Así hoy nos parezca increíble, uno de los grandes avances liberales de la Revolución Francesa fue establecer el derecho a la felicidad. La búsqueda de la felicidad se volvió un derecho terrenal que no podía estar sujeta al capricho divino. No insinúo que fumar mariguana conduzca a la felicidad, tampoco lo descarto. Simplemente no lo sé, cada quien construye su felicidad o lo intenta; cada quien corre sus riesgos, con mariguana o con una motocicleta. Por eso el proyecto resulta tan relevante, pues detrás de este dique al Estado se asienta la discusión sobre la elección del destino personal. Esa búsqueda puede estar plagada de riesgos, pero el Estado sólo debe informar de los mismos. Muy distinta es la lectura cuando existe afectación a terceros. Allí el Estado debe intervenir. El alcoholímetro ha salvado muchas vidas. Trasladar los costos de los vicios privados al Estado —fumadores pasivos, por ejemplo— es injusto. En esa lectura, al contrario del prohibicionismo, debemos exigir un Estado proactivo que defienda a esos terceros potenciales que somos todos.

Llegamos tarde a la discusión. Quizá, como lo ha dicho Leo Zuckermann en estas páginas, debimos comenzar por el uso medicinal de la hierba en la Ley General de Salud. Pero la realidad se impone por caminos misteriosos. Llevar el asunto al Pleno o proponer una suerte de consulta sería perder la brújula de los principios. Mañana Voltaire estará observando muy atento, pensando siempre en los resultados.

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