Fotografía: Isaias Cisnero

Tucumán está consolidado como uno de los principales exportadores de limón del mundo, la provincia concentra el 80% de una agroindustria que genera divisas por unos US$ 300 millones anuales. Hace poco más de un año se produjo el reingreso formal del limón tucumano al mercado de Estados Unidos. El primer envío que consistió en 30 toneladas de la fruta en fresco y significó la reapertura oficial hacia un mercado que puede generar importantes negocios para el sector. Se estima que este año a pesar de las lluvias, se duplicarán las ventas de limón a Estados Unidos.

Argentina tiene dos cadenas con fuerte liderazgo, la de la soja mayormente pampeana y la del limón del NOA focalizada en un 80 % en Tucumán. Además de esto, Tucumán podría sumar a tres potentes asiáticos para la exportación de limón: Emiratos Árabes, India y Corea, tres países asiáticos que representan una marcada importancia cuando de consumo se habla.

Mientras tanto, desde hace algunas semanas circula en las redes un video en el que los productores citrícolas desechan camiones enteros de limones en El Timbó (Burruyacu). A mediados de junio Tucumán fue noticia nacional por desechar miles de kilos de fruta, que fueron encontrados en un basurero clandestino en Las Talitas.

Los empresario del sector argumentan que debido a factores climáticos, el retraso en la cosecha aumentó el tamaño de la fruta fresca que de esta manera no se puede mandar al exterior, razón por la cual los productores decidieron desechar miles de kilos de limón en vez de volcarlos al mercado interno y provocar una caída de los precios generalizada. De esta manera los empresarios de citrus ponen a resguardo sus ganancias. Para empresas como SA San Miguel, que en el 2016 facturó más de 4000 millones de pesos, tirar algunas toneladas no les reporta pérdidas.

La suerte de los trabajadores del citrus no es la misma. Las jornadas laborales con pago a destajo llegan a durar hasta 14 horas diarias. Cuando termina la temporada, a los trabajadores y sus familias les quitan el derecho a tener una obra social. Y a partir de ese entonces deben sobrevivir con un “plan interzafra” que ni siquiera cubre a la totalidad de los temporarios.

Lejos de castigar a los empresarios responsables de semejantes prácticas en pos de sostener sus ganancias, el gobierno provincial no hizo siquiera mención a lo ocurrido y prefirió mirar para otro lado. La impunidad con la que se manejan los empresarios en la provincia es apañada por un gobierno que dice cuidar el futuro y el trabajo de los tucumanos, pero que garantiza los niveles más altos de precariedad laboral.