Las autoridades europeas ya han advertido que el próximo Gobierno que se forme en España deberá imponer nuevos recortes fiscales –unos 9.000 millones de euros– para alcanzar el objetivo de déficit pactado (2,8% del PIB). Los ciudadanos españoles tienen que saber que esta exigencia no es un destino obligado, ni una necesidad ineludible. El próximo Ejecutivo puede oponerse a este mandato, dado que tendrá margen para hacerlo.

La austeridad fiscal ha fracasado. No sólo ha generado un innecesario dolor social, sino que también ha incrementado las desigualdades, ha reforzado los efectos depresivos del ciclo hasta 2014 y, en definitiva, se ha mostrado contraproducente para abordar los grandes desafíos económicos del país. Por todo ello, el Gobierno debería oponerse a la austeridad que sigue reclamando Bruselas.

Quien dirija el rumbo del país o bien retoma la senda de los recortes para perseguir el cumplimiento de un objetivo –ciertamente arbitrario– de déficit público, o bien prioriza abordar otros desequilibrios económicos más urgentes: el desempleo, las desigualdades sociales y las reformas estructurales de nuestro modelo productivo. En un contexto como el actual lo sensato parece destinar los ingresos públicos derivados del crecimiento a abordar estos grandes desafíos, y no a reducir drásticamente el déficit.

Sorprende además que Bruselas insista en la senda de los recortes, cuando los factores que presionan sobre el déficit público en este momento no tienen que ver con el gasto, sino con la debilidad de los ingresos. La aplicación electoralista de la pasada rebaja fiscal de Rajoy ha disminuido la capacidad recaudadora de la Hacienda Pública, y lo ha hecho además beneficiando a los grupos de renta más alta.

Asimismo, el modelo de trabajo precario y de bajos salarios impuesto por las últimas reformas laborales, determina cotizaciones sociales menguantes y, con ello, un déficit creciente de la Seguridad Social.

Por ello, para corregir el déficit público lo que realmente necesita nuestra economía es, en primer lugar, una reforma tributaria que fortalezca la suficiencia fiscal de las administraciones públicas. Del mismo modo, la derogación de las dos últimas reformas laborales permitirá reequilibrar la negociación colectiva y, con ello, elevar los salarios y fortalecer nuevamente las cotizaciones sociales.

Pero mientras estas dos vías de corrección del déficit se ponen en marcha, lo que necesitamos es un Gobierno que informe a Bruselas de un cambio de prioridades. Así, los Presupuestos Generales de 2016 deben efectivamente rehacerse, pero no para imponer recortes, sino precisamente para revertirlos y desarrollar una política económica alternativa.

Para poder recuperar el gasto social, impulsar un Programa de Renta Garantizada, desarrollar las infraestructuras públicas y desplegar una política expansiva que reduzca el desempleo, España debe posponer el cumplimiento del Pacto de Estabilidad –alcanzar un déficit del 3% del PIB– hasta el final de la legislatura que debe comenzar. Sólo el dogmatismo neoliberal puede priorizar la rápida reducción del déficit a la rápida reducción del desempleo en un contexto, como el actual, en el que el BCE asegura la estabilidad financiera y una reducida prima de riesgo mediante su programa de compra de deuda pública.

Un Ejecutivo de cambio, como el que pretende encabezar Pedro Sánchez, que defienda el progreso social, revierta los duros efectos que la austeridad ha tenido en nuestro país y aspire a extender el Estado del Bienestar, debería cuando menos situarse donde se ha situado el primer ministro italiano. Con su negativa a cumplir con los criterios de déficit impuestos por Bruselas, Matteo Renzi entreabre la puerta del cambio de perspectiva que necesitamos en Europa, visibilizando las contradicciones entre la lógica tecnocrática de la Comisión y la defensa de la soberanía democrática de los parlamentos.

También Francia, sin negociación previa, ha informado recientemente a la CE de que no cumplirá su objetivo de déficit, dado el incremento del gasto en seguridad planificado tras los atentados de París. Si un desafío como la seguridad justifica el incumplimiento unilateral de los objetivos de déficit, ¿acaso no lo hace un desempleo que supera el 20%?

Un Gobierno de progreso social debería necesariamente posponer sus objetivos de déficit. ¿Será Pedro Sánchez capaz de hacerlo? ¿Veremos de nuevo a un PSOE resignado, que no puede porque no le dejan, o se abrirá definitivamente paso la voluntad de cambio?

Nacho Álvarez es Secretario de Economía de Podemos