CHICAGO, Illinois. Genoveva Ramírez, inmigrante de origen mexicano, exigió este lunes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) que revise su solicitud de visa U antes de que la deporten en octubre.

En una demanda presentada en una corte federal en Illinois, Ramírez, también conocida como la 'abuelita Genoveva' sostiene que la "negligencia interna" del DHS amenaza con separarla de su familia.

“Como activista he visto como ICE justifica romper familias y comunidades como la mía. He visto cómo nos criminalizan y nos deshumanizan, y he luchado contra eso", dijo Ramírez, quien colabora con la organización de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD por sus siglas en inglés) y con la Unión Internacional de Empleados (SEIU) Local 1.

"Hoy estoy demandando a DHS porque me niego a permitir que su propia negligencia interna y procesamiento de los retrasos se conviertan en otra excusa para separar a mi familia", agregó la mujer de 67 años.

Genoveva, quien es indocumentada, ha vivido en el país durante 20 años. En septiembre pasado, solicitó una visa U, que ofrece protección a víctimas y testigos de crímenes violentos que cooperan con la investigación y procesamiento de los responsables. De acuerdo con Ramírez, ella y uno de sus diez nietos fueron agredidos físicamente durante una invasión de morada en 2015, y luego cooperaron con la investigación.

En la demanda se indica que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no procesó durante más de un año el pedido de la visa, y tampoco tramitó la aceleración del trámite, que generalmente demora tres años o la postergación de la deportación, mientras se resolvía el caso.

"No hubo comunicación entre USCIS y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que muestra en este caso las consecuencias devastadoras de un sistema migratorio que es totalmente ilógico", señala la querella, que agrega que ICE frustra el propósito de la Ley de Protección de las Víctimas de Tráfico y Violencia, aprobada por el Congreso para defender a los inmigrantes víctimas de crímenes.

Los abogados piden a la corte federal del Distrito Norte de Illinois que ordene a USCIS la determinación preliminar de que Ramírez es elegible para la visa U, y se anule la orden de deportación de la mujer.

En su última audiencia ante un juez de inmigración, ocurrida el mes pasado, Ramírez fue informada de que debe abandonar voluntariamente el país antes el 31 de octubre o será deportada. Las autoridades le informaron que el 28 de octubre se tiene que presentar con su boleto de avión para salir del país.

"Seguimos en la lucha, seguimos fuertes, y como les dije en inmigración… Esto no termina aquí, esto apenas empieza", dijo Genoveva a Univision.

"Bajo otra administración... generalmente paraban las deportaciones mientras que inmigración procesaba la Visa U, para darle la oportunidad al gobierno de ver si esa persona era elegible para ese beneficio", dijo Mony Ruiz Velasco, abogada de Genoveva.

Al solicitar un comentario sobre el particular, una portavoz del servicio USCIS comentó a Univision que por política no pueden comentar sobre demandas pendientes.

Una enmienda a otra demanda

Ramírez anunció su acción legal junto a una actualización de la querella que presentó la familia de Wilmer Catalán-Ramírez, inmigrante originario de Guatemala, quien en mayo pasado demandó a la oficina del ICE de Chicago por uso excesivo de fuerza y violencia.

Catalán-Ramírez, quien se encuentra en un centro de detención en McHenry en espera de deportación, también está demandando a la Ciudad de Chicago y al Departamento de Policía de Chicago por haberlo colocado erróneamente en la base de datos de pandilleros de la ciudad.

Al haber sido colocado en esta base de datos de pandillas, Catalán habría sido despojado de cualquier protección de privacidad que tiene Chicago como ciudad santuario. De acuerdo con la demanda, Wimer no fue informado de que estaba en la lista ni se le permitió impugnar su colocación en esta base de datos.

“Salieron nuevos documentos que demuestran que al señor Catalán ya lo tenían en la mira, fue blanco de diferentes detenciones y también se han sacado a la luz los nombres de los policías responsables de ponerlo en la base de datos de las pandillas, sin avisarle, sin darle ninguna notificación”, Reyna Wences, miembro de la PASO-West Suburban Action Project.

Con información de Jazmin Beltrán y agencia EFE.





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