







Nuevamente nuestros gobernantes han decidido que estamos en emergencia. Emergencia económica, emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, emergencia previsional.





Incluso la Provincia de Buenos Aires hace años que está en emergencia de seguridad o, como yo me burlo, emergencia delictiva.





¿Qué significa estar en emergencia?





Según la Real Academia Española:



emergencia

Der. del lat. emergens, -entis 'emergente'.

1. f. Acción y efecto de emerger.

2. f. Suceso, accidente que sobreviene.

3. f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.



estado de emergencia

1. m. Situación oficialmente declarada de grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones.



emerger

Del lat. emergĕre.

1. intr. Brotar, salir a la superficie del agua u otro líquido. U. t. en sent. fig. Der. del lat., -'emergente'.1. f. Acción y efecto de emerger.2. f. Suceso, accidente que sobreviene.3. f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.1. m. Situación oficialmente declarada de grave peligro por conflictos sociales, catástrofes naturales u otras razones.Del lat.1. intr. Brotar, salir a la superficie del agua u otro líquido. U. t. en sent. fig.









Uno puede estar en emergencia un día, una semana, si tiene una seguidilla de catástrofes, como Haití, puede estar más de un año.





¿Pero nosotros? Estamos en “emergencia” desde Alfonsín a la fecha.

¿Cuál puede ser la emergencia de seguridad en Provincia de Buenos Aires? ¿Qué hay de nuevo? Hace décadas que los delincuentes comunes hacen lo que quieren en el conurbano bonaerense. Lo que la Legislatura llama “emergencia” es el new normal que a esta altura ya es ancienne norme.





Ahora bien, si los argentinos vivimos en emergencia, ¿qué es lo que manejan o gerencian nuestros gobernantes? Porque se supone que uno delega facultades en los representantes para que estos busquen algún tipo de orden en el caos. Leviathan, Hobbes, esas cosas.





Si después de más de tres décadas, nuestros gobernantes no han alcanzado algún tipo de normalidad y siempre vivimos en excepción, surgen dos preguntas:

1. ¿Es una excepción? ¿Es una emergencia? ¿Es un estado de emergencia? ¿O simplemente es the new normal? ¿La nueva normalidad?

2. ¿Para qué les pagamos los sueldos?





Si no pueden lograr en un país sin guerras desde 1982 que haya una provisión fluida de electricidad, que la frontera no sea un colador, que ensanchen las rutas a medida que crece el tránsito vehicular, que funcione el FFCC de cargas, que no exploten los caños de gas en las escuelas o que la gente tenga que esperar menos de cinco horas en un hospital para ser atendido; si no saben cuál es la mejor manera de reducir a un hombre que ha dado once puñaladas a otro y se escapa; o que los niños sepan leer a los nueve años; si no saben evitar que se cargue una tonelada de cocaína en una base militar; si no saben generar las condiciones necesarias para generar un (1) puesto de trabajo, ¿por qué les pagamos los sueldos?





Los diputados y senadores tienen que hacer una sola cosa: lo que está enumerado en el artículo 75 de la CN. No lo hacen. ¿Para qué les pagamos el sueldo?





Por dos años, durante el gobierno de Macri, el BCRA le pagó a bancos una tasa de interés del 80% anual. Esta acción hizo quebrar a miles de empresas. Todos lo sabemos, en particular los damnificados. Evidentemente también los políticos opositores, toda vez que durante la campaña pasearon por todos los canales de televisión denunciándolo.





Ahora bien, la responsabilidad de la política monetaria (emisión, tasa de interés de los papeles que emite el BCRA, tipo de cambio) no es del presidente, es responsabilidad del Congreso.





Sin embargo el Congreso no se ocupó. Ni siquiera se ocupó de desarmar esa trampa de muerte una vez que el gobierno de Macri nos metió en ese desfiladero. No protestaron públicamente antes del inicio de la etapa electoral.





El poder ejecutivo se ocupó de algo que no debe ocuparse y lo hizo con premeditación, alevosía y obscenidad, toda vez que dieron una conferencia conjunta Sturzenegger, Caputo, Dujovne y Peña el 28 de diciembre del 2017. Eso constituyó un abuso de poder - ocuparse de lo que no les corresponde -.





Ningún fiscal federal actuó de oficio, como tampoco ningún juez federal. Ningún diputado los denunció.





Los diputados no pidieron juicio político para los ministros o el Jefe de Gabinete, la comisión conjunta de ambas cámaras que supervisa el BCRA no pidió la remoción de Sturzenegger, ni posteriormente la de Caputo, o Sandleris.





Entonces ¿para qué les pagamos los sueldos?





El viernes en la televisión escuchaba a un operador político disfrazado de periodista quien decía que Macri había provocado una inflación del 300% en su mandato. Cierto. Pero no dijo que los responsables de la emisión monetaria son los legisladores y no el Poder Ejecutivo. Macri abusó de su poder e hizo algo que no tenía que hacer. Los legisladores incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.





Esta última semana varias personas explicaron públicamente el artículo 29 de la Constitución Nacional. Hay delegaciones desde hace décadas y nadie movió un dedo hasta la fecha. Un delito sin castigo no asusta a nadie. Pero sigamos con este punto un momento.





No toda delegación es punible. Sí cuando “Artículo 29.- ...otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna...”.





Poner la tasa al 80% puso la fortuna de millones de personas a merced de unos pocos. Una inflación del 5% mensual pone el 5% mensual acumulado o más del salario de un trabajador a merced de unos pocos. Una diferencia de cambio entre exportador e importador del 30% pone la fortuna de ciento de miles de familias a merced de unos pocos.





Son casos claros contra los funcionarios que ejecutaron los abusos (directores del BCRA y funcionarios del ejecutivo) y legisladores que los consintieron.





Tanto los sindicatos como las cámaras empresariales PyMes como las cámaras empresariales de exportadores o las asociaciones de productores agropecuarios tienen estudios de abogados con contratos permanentes. ¿A nadie se le ocurre recurrir a la justicia para parar este abuso?





¿Nadie pide que los funcionarios sean civilmente responsables del daño que causan?





Y si un diputado o un senador no cumple sus funciones ¿no debería descontársele el sueldo, al menos? Aunque más no sea para forzarlos a leer el artículo 75 de la Constitución y a que tilden inciso por inciso, mientras comen medialunas, para contabilizar de cuál se ocupan y de cuál no.





Si vivimos en emergencia permanente, ¿para qué los queremos? ¿Si no pueden lograr la normalidad en un país sin guerras, sin grandes terremotos, para qué los tenemos?





Si vamos a tener un administrador que a cambio del 50% del PBI argentino no nos puede dar normalidad, tal vez el problema no sea él, seamos nosotros.





Fernández





Las medidas que tomó el flamante presidente Fernández son recesivas. En su afán de satisfacer a los acreedores externos mientras no les toca el negocio a bancos, petroleras, mineras, ni a la casta política, sigue apretando el torniquete a trabajadores activos y pasivos, pymes y al sector agroexportador (productores, frigoríficos, aceiteras, etc.).





Es la misma reacción que tuvo Machinea en su momento, cuando fue ministro de De la Rúa. En el caso de Machinea se entiende: siempre fue un fiel empleado de la banca. Sin embargo, Machinea se equivocó. La reacción fue exagerada (overshooting) y tuvo dos consecuencias: cayó el nivel de actividad debido al impuestazo y recaudó menos que antes de las medidas.





Fernández comete el mismo error, que puede arruinarnos la vida a todos, mientras él no obtiene la recaudación deseada.





La Argentina no creció en el último gobierno de Cristina Fernández y decreció con Macri. Ocho años de caminar para atrás. Lo único que se le ocurre a la casta política es pegarle al burro. Porque la alianza es sagrada: no se le toca los privilegios a Bulgheroni o a Roggio o a Shell, y no se bajan los viáticos actualizados por el precio de la nafta a los diputados.





Me parece que esta gente ni sospecha. Y cuando digo “esta gente” no hablo del actual gobierno.