Estas semanas se derramará mucha tinta para recalcar las virtudes de Patricio Aylwin. Habrá reconocimientos transversales a su legado, y de seguro el discurso oficial será unánime en reconocer al expresidente como un demócrata ejemplar. Seremos pocos los que no nos sumaremos a estas voces, no por mezquindad, sino por diferencias políticas. Sin embargo, creo importante comenzar este escrito expresando mis condolencias a sus familiares, sus seres queridos, y también a todos y todas quienes hoy lamentan sinceramente su partida. Las legítimas diferencias políticas no nos pueden llevar a perder el sentido de respeto y humanidad con quienes discrepamos. La vida de Patricio Aylwin está imbricada en la historia política del Chile de la segunda mitad del siglo XX. Desde su temprana militancia en la Falange Nacional hasta el fin de su gobierno fue un activo protagonista del debate público chileno. Pero sin lugar a dudas, los momentos que marcarán el debate sobre su figura serán su rol en el golpe cívico militar de 1973 y el proceso conocido como la transición a la democracia, desde el plebiscito del ’88 hasta el gobierno que presidió entre 1990 y 1994. Si tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que Aylwin fue un personaje contradictorio. Contradictorio porque promovió el golpe de Estado del 11 de Septiembre y una vez consumado este lo justificó sin ambages, como también fue promotor de la recuperación de la democracia una vez consolidada la dictadura, más extensa y más brutal de lo que cualquiera se hubiera imaginado en los tensos días de 1973. Pero una sola palabra no basta para definir a una persona. Tampoco se puede pretender en una columna abarcar toda una vida. Es por ello que centraré mi reflexión en lo que fue el proceso de transición política, en particular en el alcance de la frase “en la medida de lo posible”, que si bien fue pronunciada en el contexto de la demanda por justicia, es extrapolable a una forma de entender la política que marcó la pauta del Chile que desde entonces nos ha tocado vivir. Nos han dicho desde chicos que la historia oficial la escriben los vencedores, y una vez instalada como tal, resulta muy difícil cuestionarla, incluso pensar por fuera de sus cánones. En el caso de la historia de nuestra transición, bien cabe preguntarse además quiénes son los vencedores. ¿Los demócratas? ¿Los partidos políticos? ¿La democracia en abstracto? ¿Todos los chilenos y chilenas? La respuesta es compleja y se hace difícil hurgar en nuestro pasado reciente, en especial cuando el debate público, a propósito de la muerte de uno de sus principales protagonistas, tiende a la uniformidad. Pero intentémoslo. La historia oficial dice que la dictadura cayó con un plebiscito. El plebiscito del SI y el NO del 5 de Octubre de 1988, que ha llegado a mi generación cargado de una épica con la que resulta imposible no empatizar. La franja del NO, las tensiones de esa noche, los ciudadanos abrazando a carabineros al día siguiente, son imágenes que han quedado grabadas en la memoria de nuestro país. Sin embargo, hay una historia que quienes han gobernado Chile desde entonces parecieran querer olvidar. La del pueblo de Chile movilizado y luchando por recuperar sus derechos conculcados. La dictadura no cayó solo con un lápiz y un papel. Fue la organización del pueblo la que horadó la supuesta solidez de la dictadura, la que levantó del olvido a sus muertos, la que dijo basta a la tortura y la que afirmó premonitoriamente que vivir dignamente era un derecho, y que ese derecho estaba siendo violentado con el nuevo Estado que emergía de las fauces de Pinochet y sus cómplices, activos y pasivos. ¿Qué fue de ese pueblo en la nueva democracia? Al pueblo se le dijo entonces, lo mismo que hoy los políticos del viejo orden le dicen a quienes se movilizan por un Chile distinto: “muchas gracias por su participación, por poner los temas en la palestra, pero ahora déjennos a nosotros hacernos cargo, que sabemos cómo se hace”. El pueblo, que se había sacrificado por terminar con la dictadura cívico militar, ya no era necesario para construir la nueva democracia. Era mejor mantenerlo aislado, separado, marginado. Había que cuidar la gobernabilidad. No molestar más de la cuenta a militares ni empresarios. Y los políticos de entonces se aprendieron el libreto de memoria y empezaron a actuar, “en la medida de lo posible”. Surge aquí inevitablemente otra pregunta que a la luz de los años resulta central para tratar de entender por qué hoy estamos donde estamos ¿Quién define lo que es posible y lo que no? La elite concertacionista de principios de los ‘90s creyó que era más importante ponerse de acuerdo con la derecha, militares y empresarios, que llevar adelante el programa que ellos mismos habían comprometido. Optaron entonces por construir una política de los acuerdos que terminó por legitimar, en la práctica, el modelo que la dictadura había impuesto. La “operación legitimadora” (el término es de Edgardo Boeninger) consistía en convertir el modelo neoliberal en la cancha donde se desarrollaría la política chilena de ahí en adelante. Pero no se quedaron solo en eso. Había que construir las condiciones para que no hubiese oposición posible al nuevo consenso. Y si a fines de la dictadura existía una amplia gama de medios escritos de oposición, a poco andar del nuevo gobierno estos fueron desapareciendo, y no por casualidad. Se cortaron las vías de financiamiento internacional para medios independientes y el avisaje estatal se concentró en los dos grupos más poderosos que habían sido colaboradores activos de la dictadura y sus transformaciones: Copesa y El Mercurio. Las organizaciones sociales tampoco lo pasaron bien. La política se redujo a los pasillos del Congreso, la Moneda y los salones empresariales y militares, y cuando desde la sociedad civil se intentó hacer política, el portazo que recibieron resuena hasta los días de hoy. Y esta lógica, esta forma de entender la sociedad, se prolonga en muchos de los actores políticos hasta hoy. La crisis de representatividad en que hoy está inmersa la política chilena no nace de la nada, es producto de casi tres décadas de separación intencionada entre la sociedad y la política institucional. Los dogmas del modelo neoliberal en los cuales se pusieron de acuerdo derecha y Concertación ya no son tan pétreos como antes y los chilenos y chilenas ya no están dispuestos a que se les excluya de la construcción del país en el que vivimos en aras de acuerdos de los que no han sido partícipes y que sabemos han reproducido la profunda desigualdad de nuestro país. Por otra parte, la colonización del empresariado hacia la política tiene sus raíces más profundas también en este período, cuando se decidió cerrar los ojos a las privatizaciones (robos), y se fueron mimetizando quienes estaban a uno y otro lado. Los discursos de la moderación, la técnica como herramienta de la dominación con pretensión de neutralidad y las vanguardias iluminadas (sean estas de tecnócratas o de revolucionarios), ya tuvieron su ocasión. Ahora le toca a la sociedad en su conjunto definir cuáles son los límites de lo posible. Con autonomía política y sin delegar nuestra fuerza transformadora en los mismos que nos excluyeron ayer.