Puigdemont y Torra, en Waterloo, el pasado 22 de octubre. / EPA

La pregunta en Catalunya debe ser, con algunas variantes, la que se formulan en Madrid los centros de poder, de análisis y de influencia: ¿Cuál es la auténtica misión política de Quim Torra? La respuesta comienza a perfilarse con certeza: externalizar las decisiones políticas de las instituciones autonómicas catalanas, o en otras palabras, destruir el sistema autonómico en Catalunya mediante la demolición de su reputación y la paralización de su actividad. El proceso soberanista ha tenido un constante propósito destructivo. Tanto social, económico, como políticoinstitucional.

Los primeros destrozos están ahí. Se ha fracturado la sociedad catalana que fue el gran logro del catalanismo de la transición. No hay "un solo pueblo", sino dos, enfrentados y de espaldas. El tejido empresarial se ha deteriorado aunque sus efectos serán constatables en diferido mientras que los sociales ya son comprobables. El modelo de partidos ha entrado en implosión. Y al tiempo que todo esto ocurría se ha ido creando una realidad paralela, siguiendo el modelo de sustitución de legalidad y legitimidad políticas que culminó en el Parlamento catalán el 6 y 7 de septiembre del 2017 con la aprobación de las leyes de desconexión. Ese modelo alternativo a la vigencia de la Constitución y del Estatuto es el que Torra tiene la misión de generalizar.

Por el momento ha conseguido paralizar su propio Gobierno, que se dedica al activismo, la agitación y la propaganda. La gestión gubernamental sería, en esta lógica, las "migajas" a las que se refería Eduard Pujol tratando de contraponerlas a la grandeza del objetivo republicano. Lo que importa es la república, no las listas de espera sanitarias. El Parlamento está maniatado y con síntomas de arteriosclerosis. Y, por fin, la reputación del conjunto de la Generalitat se deteriora a ojos vista. No hay una institución autonómica íntegra. Véase el desolador ejemplo de la imagen dilapidada de los Mossos d'Esquadra.

La futura república, en la versión lunática de Carles Puigdemont, Torra y Josep Costa no se institucionalizaría en la plantilla autonómica, por histórica que sea la Generalitat, sino en un sistema de nueva planta liderado por el presidente del Consell de la República como órgano germinalmente ejecutivo y la prevista Asamblea de Representantes que sería el embrión de un nuevo legislativo. El partido-guía no sería tampoco una coalición de circunstancias entre republicanos y exconvergentes, sino la Crida per la República, una unificación del movimiento nacional por la independencia catalana que dejaría en la marginalidad absoluta a los partidos "unionistas".

El liderazgo de Junqueras

La labor de piqueta –no la de ingeniería- requiere un tipo tosco, convencido y sin afanes de continuidad. Torra ofrece el perfil perfecto de dirigente destructivo, llamado a demoler para que luego vengan los arquitectos de la república, unos en la cárcel y otros en el eufemístico "exilio". La pelea independentista se libra en un segundo escenario casi en sesión privada: la huelga de hambre de cuatro políticos presos no se perpetra solo ni principalmente contra los ritmos de debate y fallo del Tribunal Constitucional, sino especialmente contra la eventual emergencia del liderazgo martirial de Oriol Junqueras.

La apelación a la vía eslovena no es improvisada. Forma parte del vacío subversivo de referencias institucionales y de convivencia que Torra tiene encomendado crear en una Catalunya en la que, si los independentistas radicales no la controlan, jamás consigan hacerlo sus adversarios. El designio es que al enemigo se le deje en tierra quemada y el presidente vicario de la Generalitat es el encargado de arrasar hasta convertir el país en un foco de tensión permanente en una zona geoestratégica europea clave, desestabilizando al tiempo una España en la que el peso catalán (superficie, demografía, PIB) es de una sustancial importancia.

La alternativa en un eventual Estado catalán son el Consell de la República, la Asamblea de Representantes y la Crida

De ahí que la huida hacia delante, la ruptura, y hasta la violencia (que llegará en intensidad superior a la que estamos contemplando) no sean sino ingredientes de este propósito de desmantelamiento de la institucionalización catalana. Nada tiene que relacionar el futuro de Catalunya con su presente autonómico. Ahí encaja la vía eslovena y la evocación histórica al desastre balcánico. La simetría yugoslava ya tuvo algunos ensayistas que "normalizaron" la creencia de que si en la dictadura de Tito los yugoslavos no existían, en la España del 2018, los españoles son "rara avis" porque las estirpes reconocibles son las nacionales de un artefacto llamado España que no ha pasado históricamente de constituir un 'melting pot'.

El socialismo español, después de Felipe González, ha incurrido en el defecto del adanismo. Creyó, con un análisis, en el mejor de lo casos, naif, y en el peor, ignorante, que el conflicto catalán no era de la responsabilidad principal de los separatistas. Pedro Sánchez ha querido, pero no ha podido. Ha calculado mal, como reconoce Josep Borrell, aunque no le ha acompañado la suerte: no hay muchos personajes tan desafortunados como Torra en la historia de Catalunya y de España. El jefe del Gobierno ya está convencido de este diagnóstico y sobre él armó su discurso del pasado miércoles en el Congreso.

'Diciembre negro'

El día 21 de este 'diciembre negro' podremos introducir la sonda y conocer el alcance de la balcanización que pretende el secesionismo, que, contra toda buena fe y sentido común, ha convertido arbitrariamente un Consejo de Ministros en una provocación. Distorsionar el espíritu de las decisiones forma parte del sino destructor encomendado a Torra y que tan fielmente cumple. Y esta es, a grandes trazos, la interpretación de la crisis catalana que ya hegemoniza el ambiente político de un Madrid en ebullición.