Ya casi en tiempo de descuento, el PSOE ha hecho públicas las propuestas de pacto a cinco formaciones de izquierda del arco parlamentario, Podemos, Unidad Popular, En Comú Podem, En Marea y Compromís. Los documentos, todos ellos diferentes entre sí, pretenden generar un último puente de diálogo de cara a la sesión de investidura que arranca mañana. Los votos de Ciudadanos no suman lo suficiente para que salga adelante la candidatura de Pedro Sánchez y el PSOE quiere dejar claro que ha intentado el diálogo con otras formaciones hasta el último minuto y que no se ha conformado con su alianza con el partido naranja.

Un sucedáneo del contrato único y otras grandes cesiones del PSOE en el pacto con Ciudadanos

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Sin embargo, son significativas las ausencias en las propuestas de negociación que propone a la izquierda. A diferencia del pacto acordado con Albert Rivera, el PSOE no quiere hablar con los otros grupos políticos de un eje clave en un pacto de Gobierno: los impuestos. El partido de Pedro Sánchez no menciona ni una sola vez en los cinco documentos elementos de negociación de una reforma fiscal. Ni cambios en el IRPF, ni en ningún otro impuesto. Simplemente, es una materia no discutible con el arco parlamentario más a la izquierda.

Hay una excepción que aparece aislada en el documento enviado a En Comú Podem y a IU, en el que se propone la "supresión injustifiada de la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)". También para En Comú Podem reserva la propuesta de negociar una nueva política presupuestaria en materia de déficit de las Comunidades Autónomas, una materia que en cambio no quiere discutir con los dos grandes partidos de ámbito estatal (Unidad Popular y Podemos). Al partido catalán el PSOE le propone que "en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera" se haga "una revisión de los objetivos de déficit de las Comunidades Autónomas que tenga en cuenta el esfuerzo realizado por éstas en los últimos años en la reducción del déficit". Estos objetivos de déficit están correlacionados con el del conjunto de las Administraciones Públicas que se negocia con Bruselas y que, sin embargo, no está con estos partidos en discusión.

En el mismo sentido, el PSOE tampoco entra a discutir con las otras formaciones de estabilidad presupuestaria u objetivos de déficit a negociar con Bruselas. Sí llama la atención que en la introducción de los documentos, el PSOE propone a los partidos, "garantizar, mediante la reforma constitucional, que la estabilidad social prevista en el artículo 135 de la Constitución justifique el establecimiento de un suelo social presupuestario". Este suelo social presupuestario podría ser un gasto social mínimo que justificara el cumplimiento del artículo 135, esto es, que hubiera obligación de cumplir con el déficit estructural, siempre que hubiera un mínimo de gasto social comprometido.

Esta iniciativa, que sería un acercamiento significativo a las demandas de los partidos de izquierdas, no viene luego explicitada en el texto, ni desarrollada en medidas concretas.

Otras ausencias significativas

En materia laboral, se abre a la negociación con los otros partidos, la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Pero no se pone en discusión la creación de un nuevo modelo de contrato (el que llaman "estable" en el pacto con Ciudadanos y que está inspirado en el contrato único).

En cuanto a otras medidas acordadas con Ciudadanos, el PSOE no pone sobre la mesa el Complemento Salarial Garantizado pero sí la creación de un Ingreso Mínimo Vital, más en línea con las propuestas de Renta Básica de los partidos de izquierdas. El Complemento Salarial Garantizado se articula mediante la declaración de la renta.

Las medidas en materia de lucha contra la corrupción son prácticamente idénticas a las que figuraban en el documento pactado con Ciudadanos. El único detalle nuevo es el de precisar a partir de qué umbral se haría pública la identidad de los infractores en materia tributaria. En el documento con Ciudadanos se hablaba de las "muy graves". Ahora se especifica que se levantaría el secreto fiscal para las superiores a 30.000 euros.

Hay propuestas en esta materia que ni siquiera se han incluido, como la de ampliar a cinco años (frente a los dos actuales) el periodo para permitir a un alto cargo pasarse al sector privado. El documento con Ciudadanos hablaba de crear un "supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos" que no figura en la oferta a los partidos de izquierda, "destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas, así como a fundaciones o entidades dependientes de ellas, de un sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión".

También ha desaparecido la propuesta de "establecer un solo formato de declaración de bienes y patrimonio para todo aquel que acceda a un cargo público" y no se habla de tipificar como delito la figura del testaferro. El documento pactado con la formación de Rivera hablaba de "tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción".

En materia de energía, no hay apenas novedades. Si acaso, de nuevo, una omisión: el documento no menciona la "solución al consumo del carbón nacional" que contenía el acuerdo con Ciudadanos. Podemos propuso en su programa el fin de las ayudas al mineral doméstico.