El PP ha decidido solucionar un problema que no existe. La instrucción de los procesos penales por parte del juez. El PSOE está muy de acuerdo en apoyarle en ello. Podrán pactar y acordar un cambio que no soluciona nada que nos acucie, pero que a ambos partidos les debe parecer prioritario. Han comenzado ya los movimientos de formación de la opinión pública para hacernos aplaudir un cambio que no sólo no es necesario, ni mucho menos urgente, sino que puede ser peligroso y contraproducente para el funcionamiento del Estado de Derecho. Nos la van a colar y encima van a pretender que les aplaudamos el empeño.

No es un tema tan técnico como pretenden. Trata del control del poder y eso lo vamos a entender todos rápido. Fue Felipe González el que comenzó a pensar que los jueces en este país tenían “demasiado poder”. No es raro. Se arriesgaba a que le enviaran a prisión a unos cuantos cargos importantes. Lo resolvió reformando la manera en la que el juez podía adoptar la prisión preventiva e introdujo la obligatoriedad de la petición acusatoria, para meter al fiscal por medio. Sólo doy datos. El PP siempre estuvo en contra de entregar la instrucción a la Fiscalía, arrebatándosela a los jueces. No hace falta ser un lince para saber cómo y por qué se han caído ahora del caballo y se han reconvertido, después de ver el calvario judicial que han atravesado en los últimos años. Intentar controlar a los jueces, a través de nombramientos y otras zanahorias y palos, es complejo, indirecto y no totalmente satisfactorio. Las carnes de los populares lo saben, y los ciudadanos también. En cambio, hacer que la Infanta no sea acusada o que no se impulse la acción penal en temas como los Papeles de Bárcenas, Pujol y otros muchos, que arrancaron gracias a acusaciones populares, no resulta tan difícil. A las pruebas me remito.

Así que han decidido solucionarnos ese problema que nos inquieta tanto y que estriba en que los jueces instruyan con independencia, aunque sin medios, que esa también es otra forma de ponerle palos a la rueda.

Los argumentos que se esgrimen, para vendernos una idea que a ciertos políticos les encanta, son fácilmente rebatibles. Ni importa que el juez instructor sea una figura diferente a la de otros países, ni es fácil llevarla a cabo con el número de fiscales existentes, ni es aceptable que un fiscal dependiente jerárquicamente pueda investigar y tomar medidas contra los ciudadanos por mucho que a posteriori las controle el juez. No pongo en duda a los integrantes de la Fiscalía, pero sí a quiénes mandan y en modo alguno van a dejar de hacerlo.

Ni yo, ni ninguno de los detractores de este cambio innecesario y peligroso, tenemos nada que objetar a la capacidad profesional de los fiscales españoles, pero me temo que la tenemos toda contra los dos grandes partidos que han politizado y manipulado durante décadas las reglas del juego para buscar crear una burbuja de impunidad para el poder.

Si de verdad es tan operativo que sea el fiscal el instructor, no veo otra salida que convertir a los fiscales en parte del Poder Judicial y hacerlos totalmente independientes, como sucede en otros países, por cierto.

La instrucción penal sólo puede estar en manos independientes del poder en una democracia. No dejemos que nos la cuelen de nuevo. Los cambios, los pactos en sí, no merecen aplauso alguno. Es su contenido el que debe satisfacer la necesidad de una sociedad más libre y de una auténtica regeneración democrática que la inmensa mayoría de los españoles desea y que es la única esperanza de progreso para todos. Eso es lo que deben de reformar y pactar. Que no nos la cuelen de nuevo.