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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha criticado que los inmigrantes en situación irregular sigan sin tener acceso a los servicios de Atención Primaria a través de los centros de salud casi un mes después de que el ministro del ramo, Alfonso Alonso, anunciara la medida, que para esta entidad se trata de una «operación de márketing electoralista».

El pasado 31 de marzo el responsable de Sanidad anunció su intención de ampliar la atención sanitaria de este colectivo que, tras la reforma impulsada por su antecesora Ana Mato en 2012, habían perdido el derecho a la tarjeta sanitaria y sólo podían ser atendidos en Urgencias, en caso de embarazo o ser menores de edad.

Sin embargo, denuncia esta entidad, «a día de hoy la situación no ha cambiado en absoluto» y ni el Ministerio, Gobierno, el PP en el Congreso y el Senado ni ninguna de las administraciones autonómicas han variado la situación preexistente a estas declaraciones «que provocaron tanto ruido mediático».

Una situación que, para la FADSP, confirma su creencia inicial de que se trataba de una «operación mediática sin ningún contenido práctico» ya que, de hecho, «parecía incongruente el planteamiento que se hacia de limitar la atención sanitaria a la Atención Primaria sin darles acceso a la tarjeta sanitaria», lo que les impediría tener acceso a pruebas diagnósticas o la prescripción de medicamentos.

«Resulta tremendo, y produce vergüenza, ver como el máximo responsable de la administración sanitaria del país juega con tanta frivolidad con la salud y la vida de las personas», ha denunciado esta entidad en un comunicado, en el que insiste en la derogación de la reforma.

Agencias