Hace 40 años, el 5 de octubre de 1975, la organización armada Montoneros protagonizó su bautismo de fuego, al atacar el Regimiento 29 de Monte, en Formosa, copar el aeropuerto internacional de El Pucú y secuestrar en vuelo un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a esa ciudad, manteniendo privados de su libertad a los pasajeros y familiares que los esperaban.

En esa operación terrorista, conocida como Operación Primicia, fueron asesinados diez soldados conscriptos, un policía, un suboficial y un teniente de 21 años. Sus nombres se incorporan a la lista de quienes dieron su vida en defensa de la patria y en cumplimiento de su deber: Argentino Alegre, Antonio Arrieta, Heriberto Dávalos, José Coronel, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales, Alberto Villalba, Hermindo Luna, Víctor Sanabria y Ricardo Massaferro.

Era un domingo calmo cuando, a la hora de la siesta, el denominado ejército montonero, aprovechando la complicidad de un soldado conscripto entregador, ingresó al regimiento para tomarlo y robar las armas que allí había. Algunos fueron sorprendidos en su descanso y otros, con su juventud temeraria, reprimieron con coraje la acción cobarde de los terroristas mesiánicos que, en plena democracia, atacaban unidades militares, secuestraban, asesinaban y sembraban miedo en todo el país. Como recuerda el periodista Ceferino Reato en su libro Operación Primicia, el ataque fue diseñado y dirigido por Raúl Yaguer, el número cuatro en la conducción de Montoneros, y los terroristas que protagonizaron el hecho se fugaron en un Cessna 182 y en un Boeing 737-200 de Aerolíneas, que aterrizó a 700 kilómetros de Formosa, en una pista clandestina de Santa Fe.

La defensa heroica del regimiento es recordada en Formosa como el Día del Soldado Formoseño, aunque debería conmemorar en todo el país a las víctimas del terrorismo, en recuerdo de todos aquellos que fueron asesinados, heridos, secuestrados o que padecieron de alguna forma la agresión directa o indirecta de los grupos armados. Sin embargo, para el Estado argentino el recuerdo de esas víctimas no tiene valor alguno. Sus nombres no se incluyen en el Monumento a la Memoria ni han sido indemnizados ni homenajeados por un gobierno que considera que los derechos humanos, por razones fundamentalmente ideológicas, sólo deben ser otorgados a quienes actuaron en los grupos subversivos. Aún más, se los ensalza y premia con cargos públicos, asegurando su impunidad como responsables del dolor de miles de ciudadanos.

La Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que lleva adelante desde hace casi una década el reclamo de las víctimas del terrorismo, cifra en 17.382 personas las que fueron agredidas por el terrorismo, de las cuales 1094 fueron asesinadas, según da cuenta la obra Los otros muertos, de Carlos Manfroni y Victoria Villarruel.

Las familias de los atacantes terroristas que murieron en el intento de copamiento del regimiento de Formosa fueron indemnizadas durante el gobierno del presidente Carlos Menem. Por el contrario, los parientes de los muertos en la defensa de la unidad militar fueron ignorados y se les denegó un beneficio similar. El diputado nacional formoseño Ricardo Buryaile presentó un proyecto de ley para indemnizar a sus familiares, pero el kirchnerismo, gran conocedor de todas las tretas para obstaculizar iniciativas legislativas, aprobó una más que modesta pensión y saboteó el de la indemnización, hasta que perdiera estado parlamentario. Mientras tanto, esta forma asimétrica e interesada de manejar los derechos humanos se extendió con el otorgamiento de una pensión mensual vitalicia a alrededor de 10.000 ex detenidos o sus familiares por haber sido "presos políticos", un beneficio que es percibido, entre otros, por algunos ex integrantes de organizaciones terroristas detenidos antes del golpe militar de 1976 y que hoy ocupan funciones en el propio Congreso de la Nación en representación del kirchnerismo.

Los derechos humanos han sido enlodados al hacer de ellos un uso político y asimétrico. La calificación de lesa humanidad y la imprescriptibilidad aplicadas a los delitos en la represión no fueron, como corresponde en la jurisprudencia internacional, consideradas para los crímenes de organizaciones armadas con apoyo internacional. Las condenas y detenciones de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles han desconocido principios de la justicia como los de cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal. Mientras tanto, las víctimas del terrorismo sólo esperan reconocimiento.