Misterios de la gestión pública en manos del Partido Popular. La Xunta de Feijóo puede regar a la familia Franco con decenas de miles de euros para que cumpla con su obligación de abrir al público el Pazo de Meirás, pero no puede hacer algo para obligarles a que la gestión de un bien de interés cultural responda a los principios de mérito, capacidad y transparencia que informan la gestión pública. En otra palabras, la familia Franco puede meter el cazo para quedarse con un bien robado o recibir cuantiosas subvenciones públicas, pero las autoridades no pueden decir una palabra sobre el pazo. El presidente gallego Núñez Feijóo debe vivir en un episodio permanente de Barrio Sésamo y parece evidente que está convencido de que todos los demás también.

El gobierno bipartito, aquel que no hizo nada ni cambió nada, declaró bien de interés cultural el Pazo de Meirás, a pesar de la furibunda oposición jurídica de la familia Franco, que perdió todos y cada uno de los pleitos iniciados. También contó con la oposición política del Partido Popular, que siempre que se pretende hacer justicia y escribir la historia como fue defiende la injusticia y el olvido usando el nombre de la reconciliación en vano. Era una manera de empezar a devolver al patrimonio público un bien de valor histórico y cultural robado por el dictador y su familia bajo el simulacro de una donación hecha a punta de dictadura.

Tras el cambio de gobierno en 2009, Feijóo pagó a la familia Franco para que cumpliera la ley y abriera el pazo al público al menos cuatro días al mes. Así son las cosas en España: a la familia Franco se le paga para que cumpla la ley, a los trabajadores se les manda a la Guardia Civil. La familia Franco ha recibido, que sepamos, más de 50.000 euros hasta 2013 para cumplir mal, tarde y a regañadientes las obligaciones impuestas por la declaración de bien de interés cultural, mientras se hacía reportajes a todo color para la prensa del corazón y el pazo se cerraba en agosto para que no se les molestase durante sus vacaciones. De acuerdo con este modelo de gestión a lo Barrio Sésamo de Núñez Feijóo, tenemos la obligación de pagar a la familia Franco pero que ésta pueda gestionar las visitas a "su" propiedad como le dé la gana. Si no fuera una falacia tan grosera, hasta daría risa.

Si quieren conocer las verdaderas razones por las que la Xunta de Feijóo puso la pasta y la familia Franco puso el cazo a cambio de nada, lean atentamente el argumentario utilizado por el Partido Popular para defender su abstención en la moción del Ayuntamiento de Sada para reclamar la devolución del pazo: la Fundación Franco es legal, esto es una democracia y no Venezuela y el pazo nunca perteneció al pueblo de Sada. En otras palabras: el pazo es de los Franco y nada que objetar a que le den la gestión a la Fundación Franco. Todo lo demás, mentira.