Terminar con la austeridad fiscal constituye un imperativo para garantizar la creación de empleo de calidad y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, el Programa de Estabilidad 2015-2018 remitido a Bruselas por el gobierno del PP refleja que dicha austeridad seguirá siendo la columna vertebral de la política económica.

La mejora de la recaudación, fruto del crecimiento, se trasladará a una acelerada reducción del déficit público en lugar de a la recuperación de las partidas de gasto recortadas en años anteriores. Dada esta elección política, la reducción del desempleo será lánguida y dolorosa, asistiremos a nuevos deterioros de los servicios públicos y a una renovada expansión de las desigualdades sociales. En 2018, la tasa de paro prevista por el Gobierno seguirá siendo del 15,6%. Una cifra socialmente inaceptable; no podemos conformarnos.

La propuesta económica del Gobierno para la próxima legislatura no sólo renuncia a revertir los recortes del periodo 2010-2013 (lo que supondrá una reducción del gasto público de cinco puntos sobre el PIB entre 2014 y 2018, situándolo muy por debajo de la media europea). También renuncia a una reforma fiscal, y a una estrategia de lucha contra el fraude, que eleven la ratio de ingresos sobre el PIB (que el Gobierno fija constante para la próxima legislatura). Pocos dogmas económicos han resultado tan dañinos para la vida de la mayoría social como la máxima neoliberal impuesta por el Pacto Fiscal de la UE: alcanzar el equilibrio presupuestario por encima de cualquier otra consideración.

Pero la economía no es como la física. Sus análisis y propuestas reflejan distintas prioridades políticas. Y para Podemos el déficit de empleo, el déficit social y el déficit estructural de la economía española son prioritarios a la corrección del déficit presupuestario.

Abandonar la austeridad significa aplazar el horizonte de reducción del déficit público y, sobre todo, condicionarlo al objetivo de reducción del desempleo. La propia excepcionalidad de una tasa de paro tan elevada justifica dicho aplazamiento. Esta alternativa política no entraña además comprometer la estabilidad presupuestaria, sino modificar el orden de los factores.

Nuestra propuesta pasa, en primer lugar, por el desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportunidades y Modernización Económica que incremente anualmente la inversión pública y las políticas sociales en 25.000 millones de euros entre 2015 y 2018, manteniendo constante, en lugar de reducir, el peso del gasto en el PIB. Esto no sólo estimulará la demanda agregada, sino que se dirigirá a recuperar los deteriorados servicios públicos, a combatir la desigualdad y a sentar las bases de un cambio de modelo productivo (incrementando gastos en I+D, propiciando una mejora en las especializaciones productivas, impulsando la transición energética y desarrollando la conciliación de la vida laboral y familiar). Este plan se financiará con el incremento de los ingresos derivado de dos fuentes. Por un lado, el impacto que esta política fiscal expansiva tiene sobre el crecimiento de la economía entraña un efecto multiplicador sobre la renta que, tomando el valor de los coeficientes calculados por el propio FMI, aumentará la recaudación en 7.000 millones de euros anuales sobre la previsión actual del Gobierno.

Además, un plan de lucha contra el fraude y una reforma tributaria que corrija la desfiscalización de las rentas más altas también permitirá incrementar la recaudación, hasta elevarla 3 puntos porcentuales sobre el PIB —algo razonable, dado que nuestra brecha con la eurozona se sitúa en 8 puntos—. Los ingresos aumentarían progresivamente hasta alcanzar 35.000 millones de euros adicionales en 2018. Finalmente, la disminución más lenta del déficit público —el 3% se alcanzaría a lo largo de la legislatura, en vez de al principio— ampliará el margen de gasto.

El efecto neto de esta alternativa política sería un crecimiento económico mayor, una disminución de las desigualdades y, particularmente, una reducción más rápida del desempleo. En 2018 dicha tasa sería 5 puntos más baja que la prevista por el Programa de Estabilidad del Gobierno, y sólo así se podrían alcanzar los 20 millones de ocupados que había en 2007. Si se abandona el dogmatismo con el que se está abordando esta cuestión, se comprenderá que podemos terminar con la austeridad, y que nuestra alternativa económica es preferible para la mayoría social.

Nacho Álvarez es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y responsable de Economía del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos

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