La cancelación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha dejado en el “abandono” a casi tres millones de personas que anualmente migran de sus lugares de origen hacia el norte del país. Investigadores, académicos y organizaciones civiles advierten lo anterior y denuncian que mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atiende con diligencia a los indocumentados centroamericanos, la situación de los trabajadores mexicanos del campo se convierte en una tragedia nacional.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Marginados por generaciones, tratados como “invisibles” o “desechables”, los jornaleros que cada año abandonan sus hogares en el sur para migrar a los campos agroindustriales del norte están fuera de los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno canceló los programas que atenuaban su condición de miseria.

Los afectados suman dos millones 71 mil 483 trabajadores –son nueve millones con sus familias–, señalan los dirigentes de este sector, quienes denuncian los efectos de la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que operaba la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que en el sexenio pasado tuvo presupuestos anuales de 300 millones de pesos en promedio.

Si bien las organizaciones defensoras de los derechos de los jornaleros, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2016 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general 36/2019, reconocieron y expusieron las deficiencias del PAJA, persiste la alerta sobre la situación de por sí ya vulnerable de este sector de la población, que ha quedado desamparado en el arranque del nuevo gobierno.

La Secretaría del Bienestar (que sustituyó a la Sedesol) no ha informado sobre las alternativas de apoyo para los casi tres millones de trabajadores del campo, universo calculado con base en información de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009.

De acuerdo con datos de la extinta dependencia, el PAJA inició operaciones con 290.66 millones de pesos y su última asignación fue de 296.49 millones, que fue aplicada en 186 mil 175 localidades con población jornalera y receptora de trabajadores agrícolas en 142 municipios de 27 estados.

Entre las subvenciones que se les otorgaban destacan la ayuda económica para el arribo a los campos, que era de entre 800 a mil 150 pesos por familia, y las becas, que ascendían hasta 650 pesos por hijo. También tenían apoyo alimenticio y albergues con servicios básicos, y eran afiliados al también desaparecido Seguro Popular.

En su informe sobre la Cuenta Pública de 2016, la ASF reportó que la Sedesol “no contó con una cuantificación de los jornaleros agrícolas y sus familias”, y aun cuando la dependencia otorgó los subsidios, el diseño de las reglas de operación del programa “presentó inconsistencias y no fue posible evaluar la contribución del PAJA al fortalecimiento del cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencian sus capacidades”.

El PAJA y otros programas de la Sedesol fueron objeto de recorte por el actual gobierno. Así lo dio a conocer públicamente la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, el 17 de enero último.

Cuatro días después, en entrevista con el diario La Jornada, la funcionaria explicó los defectos de los apoyos sociales y de su aplicación: se desconoce “quiénes son y dónde viven” los beneficiarios, y el programa “obedeció mucho al apoyo de los más ricos”. Agregó que el nuevo gobierno no desatendería a los jornaleros y que se diseñaría otro plan, pero hasta la fecha no existe una estrategia oficial en favor de ese grupo.

Recomendación

Dirigida a las secretarías de Bienestar y del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los gobiernos estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la recomendación general 36/2019 de CNDH propuso la elaboración de un diagnóstico nacional sobre la situación de los jornaleros agrícolas, la generación de programas sociales que garanticen sus derechos, la conformación de un registro único de empresas agrícolas receptoras, el desarrollo de instrumentos para prevenir delitos y recibir denuncias, la aplicación de esquemas de vigilancia en materia de condiciones laborales y vivienda dignos, y que se garantice la prohibición de que los menores de edad trabajen en el campo.

Específicamente, a la secretaria Albores le solicitó aplicar la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, “diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos”, delimite las responsabilidades de las autoridades de los tres niveles de gobierno y “considere la instalación y, en algunos casos, la mejora de los albergues para el alojamiento” de los trabajadores y de las Unidades de Servicios Integrales a nivel nacional.

Para Celso Ortiz Marín, investigador de la Universidad Autónoma Intercontinental de Los Mochis, Sinaloa, el gobierno de López Obrador “se olvidó de los jornaleros agrícolas”.

También integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, conformada por 11 organizaciones sociales, académicos y defensores independientes, cuestiona lo que él llama la consigna federal de “primero mato y después averiguo”, así como la obsesión gubernamental de que todo está corrupto.

“El gobierno de la 4T –puntualiza– está dejando fuera a los sectores altamente vulnerables, como los trabajadores agrícolas, que son ciudadanos invisibles porque muchos de ellos no tienen acta de nacimiento ni credencial de elector.”

Ortiz Marín considera que el gobierno de la “Cuarta Transformación” no tiene por qué ser tajante al “borrar todo para después construir”; al contrario, dice, debe llamar al diálogo.

El académico coincide en que el PAJA se vició en su operación y perdió su misión, pero “teníamos la esperanza de que ahora sí habría una política hacia los jornaleros. Esperábamos trabajar y construir algo que respetara sus derechos. A seis meses (del nuevo gobierno) no vemos nada”.

Lamenta que en lo que va del año se esté desdibujando el avance que consiguieron los defensores de los derechos humanos, académicos y la sociedad civil cuando en los noventa el Estado mexicano volteó hacia los jornaleros –indígenas 40% de ellos–, que provienen de los estados más pobres.

“Ya revisamos las reglas de operación de los programas sociales y este año no habrá apoyo para los jornaleros. La mirada está puesta en los centroamericanos, en los que se van a Estados Unidos. No existe una mirada hacia los migrantes internos que salen de sus comunidades por pobreza, despojados por los megaproyectos”, asegura.

Ortiz indica que al menos la mitad de la mano de obra para el campo proviene de las entidades más empobrecidas, como Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, y advierte que la situación toma dimensiones de una “tragedia nacional” con la desaparición de los apoyos sociales y la carencia de alternativas para atender a esta población, que genera volúmenes de productos que en su mayor parte, el 80%, se exportan.

El investigador expone otro ejemplo del “trato de desechables” que padecen los trabajadores del campo: “En la zona norte de Sinaloa –mi área de estudio– anualmente mueren de tres a cinco personas; entre ellos hay niños que son atropellados por la maquinaria”.

Sorpresa y lamento

El reclamo de las organizaciones sociales al gobierno de López Obrador tiene fundamento. Margarita Nemecio Nemesio, quien también colabora en la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas Internos, explica que se reunieron con la ahora secretaria de Bienestar el 20 de junio de 2018 –antes de las elecciones presidenciales del 1 de julio– y después el 3 de septiembre último en la oficina de transición del entonces presidente electo, y le plantearon sus expectativas en favor de los trabajadores del campo.

En los encuentros también estuvo Ariadna Montiel, ahora subsecretaria de Bienestar, “y no se vislumbraba la desaparición de los programas sociales como el PAJA; al contrario, se nos dijo que habría un cambio para mejorarlo”, refiere Nemecio.

La activista social afirma que desde antes de que Albores González asumiera el control de la dependencia sabía de la situación del programa. “Le explicamos que tenían que allegarse de mayor información para entender el tema; no sabían cómo operaba el PAJA”.

Así que para los integrantes de la red nacional de jornaleros fue una sorpresa cuando la funcionaria anunció la eliminación de los apoyos en la conferencia de prensa del 17 de enero último, a la que no asistieron los activistas y especialistas porque, sostienen, no fueron invitados.

Un mes después, el 18 de febrero, la organización de Nemecio le envió una carta a Albores González en la que le expusieron la ausencia de una política específica para atender al sector; también le advirtieron que no sólo persisten los problemas que dieron origen al PAJA, sino que se agravan.

Le explicaron asimismo la necesidad de renovar el programa, preservando los aciertos que tuvo, y le hicieron notar que 60% de los jornaleros agrícolas, de origen mestizo, no pueden ser atendidos por el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), como se propuso. Además, le solicitaron otro encuentro, pero no se realizó.

En una carta firmada por el director adjunto de la secretaria Albores, Luis Carlos Chávez, fechada el 22 de febrero, la petición fue remitida con el director general de Atención de Grupos Prioritarios, Carlos González Torres.

La organización civil respondió a las autoridades con otro escrito el 15 de marzo: “Hasta ahora no hemos encontrado una mención en los lineamientos generales de la Secretaría de Bienestar, ni en las reglas de operación de los programas sociales de esta dependencia, que señale cuáles son las acciones y el trato directo con los jornaleros, cuál es el presupuesto asignado a este grupo vulnerable para su atención, y dónde está el ejército de trabajadores sociales que se va a acercar a ellos para registrar sus necesidades y demandas.”

En otro mensaje, del 29 de mayo último, la red expresó su “preocupación e indignación tras no identificar en la reestructuración de esta secretaría una política específica para la atención de los jornaleros y sus familias”.

La omisión fue confirmada en el Plan Nacional de Desarrollo. La organización no gubernamental expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) existe sólo una alusión a los jornaleros agrícolas cuando el gobierno se refiere a los que “participan en la movilidad laboral con Canadá”, programa que recibirá un presupuesto de 35 millones de pesos administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Nemecio Nemesio cuestiona el hecho de que en la reforma laboral recientemente aprobada tampoco se haya aludido a la población jornalera agrícola, excluyéndola de la seguridad social.

La figura de las jornaleras tampoco aparece en la Secretaría de la Mujer. Con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se abolió la estrategia para atender a los hijos de los trabajadores agrícolas, “invisibles” de igual modo en el programa de Educación Indígena que sí trataba la Comisión Nacional de Fomento Educativo.

Tampoco están considerados en los lineamientos del INPI; lo mismo ocurre en la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes. “La única niñez migrante que existe es la extranjera; no los menores que pertenecen a las familias jornaleras”, agrega la activista.

Nemecio destaca otro defecto de los distintos niveles de gobierno: “No quieren aceptar la movilidad interna agrícola, compuesta por los más vulnerables, que migra para abastecer un sector que perpetúa la explotación laboral…

“Lo grave no es que desaparezca el programa, que ya sabíamos que tenía muchas fallas, sino que la Cuarta Transformación abona a invisibilizar una población dentro de la agenda pública. Al parecer le está abonando a que siga siendo una mano de obra explotada”, agrega.

Este reportaje se publicó el 7 de julio de 2019 en la edición 2227 de la revista Proceso