En el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las libertades se deterioraron y la percepción de mayor corrupción aumentó. La gobernabilidad declinó, pero el poder centralizado incrementó. Las palabras sobre democracia se han quedado en una retórica hueca y sin sustento. El futuro no pinta bien, como deja ver el Proyecto de Justicia Mundial, que en la primera vez que mide al Gobierno López Obrador, lo reprobó. Esta organización sin fines de lucro con sede en Washington, que fue crítica con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, muestra que si antes estábamos mal, ahora estamos peor.

Ayer fue dado a conocer mundialmente el Índice 2020 sobre el Estado de Derecho, una revisión sobre cómo se están aplicando las leyes para combatir la corrupción, la pobreza y las enfermedades, cruzada con las variables de seguridad, derechos, justicia y gobernabilidad, donde se ve lo mal que le fue a México el año pasado. De 128 países, México se encuentra en el lugar 104, una caída de tres lugares, superada sólo por los gobiernos autócratas de Venezuela (128), Nicaragua (118) y Bolivia (121), y por Honduras (116), cuyo Gobierno está infectado por el crimen organizado. El gigante latinoamericano, Brasil, está lejos, en el lugar 67, y Chile, la democracia más acabada de la región, en el 26. Entre los países de ingresos medios y altos, a México sólo le ganan en pérdida de libertades, Venezuela, Irán y Turquía.

El informe trae sorpresas amargas. Una es en el capítulo de Ausencia de Corrupción, considera como formas de corrupción el soborno, influyentismo de intereses públicos y privados, y desvío de recursos públicos en el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y los militares. El mandato de las urnas a López Obrador de combatir la corrupción ha sido incumplido y causó decepción. La caída, en comparación con el último año del presidente Enrique Peña Nieto, fue de 0.03 puntos. La percepción de que el Presidente ha optado por la impunidad impunidad, le costó al país en el ranking, al ser situado en el lugar 121; superando sólo siete naciones que están peor evaluadas que México.

El mismo sitio ocupa el capítulo Orden y Justicia, que mide la manera como la sociedad evalúa qué tanto hace el Gobierno por la seguridad de las personas y su patrimonio. “La seguridad es uno de los aspectos que definen cualquier sociedad de leyes, y es una función fundamental del Estado”, dice el índice. “También es precondición de la concreción de los derechos y las libertades que el Estado de Derecho busca promover”. La seguridad es la razón por la cual nacieron los Estados modernos, para proveerlas a sus ciudadanos y súbditos. El documento no aclara si la evaluación se dio antes o después del “cualiacanazo”, la demostración más clara de la claudicación del Estado mexicano a las leyes.

Los Derechos Fundamentales, que es otra de las categorías del Proyecto de Justicia Mundial, se refieren a los derechos humanos y la libertad de expresión. Una vez más, el Índice no registra todavía las largas campañas de hostigamiento y control sobre la libertad de prensa, acompañadas por un sistemático y masivo golpeteo en las redes sociales y, de manera sobresaliente, en las comparecencias matutinas del Presidente López Obrador en Palacio Nacional. Tampoco incorpora el sentir y pensar de los mexicanos del atraco a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde el presidente nombró a una neófita en la materia que se rodeó de profesionales que no son abogados, y que planteó una agenda de trabajo con intereses particulares. No sería raro que el sitio 78 donde ubicaron a México en el documento, tuviera un retroceso el próximo año, superior a la caída de 0.02 puntos en 2019.

Uno de los factores que registró el Proyecto de Justicia Mundial como negativo, fue la pérdida de contrapesos que tiene el gobierno. Ese factor cayó 0.01 puntos con respecto a 2019, al notarse la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en los poderes del Estado así como en la prensa. No entra el Índice en detalles de dónde se registró ese retroceso que colocó a México en el lugar 89 de la tabla, pero se puede argumentar que los mexicanos se empezaron a dar cuenta de la subordinación del Poder Legislativo, en particular la Cámara de Diputados, y de la propia presidencia de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Arturo Zaldívar, que parece apéndice de la Conserjería Jurídica de la Presidencia, y melosamente solícito con López Obrador.

La transparencia fue una de las reformas democráticas de segunda generación que la sociedad civil -universidades y medios- forzó para que el presidente Vicente Fox aceptara una legislación. La opacidad es una característica de los regímenes autoritarios, y entre más transparente es un gobierno al compartir su información y empoderar a la gente con herramientas para que rinda cuenta, mayor fortaleza adquiere el sistema. El de López Obrador es un gobierno esencialmente opaco, como las murallas al público al esconder procesos de licitación resueltos en adjudicaciones directas o acciones de seguridad pública. El Índice tiene a México en el lugar 36, que se puede interpretar como inercial, donde no se avanzó, pero tampoco cayó.

La justicia en México, no extraña, también se empantanó. La Justicia Civil (116) y la Justicia Criminal (119), reflejaron las deficiencias en el sistema de procuración y administración de las leyes, y externalizaron las dudas sobre su imparcialidad y eficiencia como mecanismo de resolución de disputas. Esta parte, esencial del Estado de Derecho, tampoco pasó la prueba del primer año de gobierno de López Obrador, que en materia de derechos y libertades, para todo lo que se esperaba de él, ha sido decepcionante y preocupante.