La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la primera impugnación contra la Ley de Seguridad Interior.

Ignacio Molina, secretario general del gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, promovió la controversia por la violación a la Ley de Autonomía Municipal con las diversas disposiciones que tiene la ley que protege a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el documento enviado (que el 5 de enero recibió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo), dicha ley viola tres criterios básicos:

El de la Constitución Federal, que otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública.

El que prohíbe al presidente de México emitir una declaratoria para la intervención de Fuerzas Armadas en los municipios sin mediación del ayuntamiento.

Las fuerzas armadas del país no pueden desempeñar funciones de seguridad pública, como dicta la Constitución.

Con estos argumentos, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018 este viernes.

Algunos órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos afinan detalles con sus constitucionalistas para interponer, a más tardar la próxima semana, otra controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.

El 20 de enero terminará el plazo de 30 días naturales para que sea impugnada la ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre.