Que un gobierno anuncie una reforma fiscal no es nada raro, lo insólito es que sea para subir los impuestos, en vez de para hacer un regalo electoralista. Hay que reconocerle valentía al gobierno Sánchez por plantearse elevar la presión fiscal más allá del 38% del PIB. Mejorar la recaudación para financiar los gastos públicos es una iniciativa que comparto, pero requiere que se haga con justicia. El sistema tributario será justo, como exige nuestra Constitución, si cumple los principios de igualdad y progresividad, y para ello es imprescindible que, entre otros impuestos, existan los que gravan la riqueza.

Como es sabido, la imposición sobre la riqueza adquiere diversas formas en España: impuestos municipales sobre bienes inmuebles y plusvalías, e impuestos autonómicos sobre sucesiones, transmisiones patrimoniales y sobre el patrimonio. Permítanme que me refiera hoy a éste último, para explicar las razones por las que debemos tener en nuestro sistema fiscal un impuesto de esta naturaleza, que grave la titularidad de bienes y derechos.

Un primer motivo es que la distribución personal de la riqueza es más desigual que la de la renta, como pone de manifiesto un reciente estudio del Banco de España: el 10% de la población acumulaba un 53% de la riqueza neta total en 2014. Por tanto, al haber mayor desigualdad, se requiere un gravamen adicional. Las rentas que se obtienen del capital tributan en el IRPF al 23% (como máximo) mientras que las del trabajo tienen un tipo máximo del 45% (con normativa estatal). Si se aplica además un impuesto sobre el valor de todos los bienes y derechos, con un mínimo exento, se consigue un gravamen que afecta a los altos patrimonios. Así se logra incrementar la progresividad del sistema fiscal en su conjunto y por tanto reducir la desigualdad.

Por otra parte, la riqueza genera ventajas para quien la posee: estatus social, poder, más oportunidades y una satisfacción per se. Además, el hecho de ser rico proporciona un seguro frente a necesidades imprevistas. Por ejemplo, dos personas que ganan 60.000 euros al año, pero una lo obtiene del trabajo y la otra de su capital, no están en la misma situación, aunque tengan los mismos ingresos anuales. Por ello, la persona más rica debe contribuir en mayor medida al sostenimiento de los gastos públicos mediante un impuesto sobre la riqueza.

Hay más argumentos a favor de la imposición sobre el patrimonio, pero también los hay en contra. Uno de los más socorridos es la doble imposición. Al gravar la riqueza, se está haciendo tributar el fruto del ahorro, que ya pagó cuando se generó la renta inicial. Pero este problema afecta a casi todos los impuestos: no dejamos de gravar el consumo con el IVA porque la renta que gastamos tributó en origen por el IRPF. También pueden aparecer problemas de liquidez, pero tienen soluciones técnicas como el aplazamiento o el pago en especie. Por otra parte, quienes se oponen al impuesto sobre la riqueza destacan los efectos negativos sobre la inversión y el ahorro, pero la evidencia empírica muestra que son poco relevantes cuando los tipos de gravamen son moderados.

Por tanto, la imposición sobre el patrimonio en España debe existir, pero necesita reformarse. La mayoría de las personas ahorran con el fin de mantener su nivel de consumo cuando salgan del mercado de trabajo por razones de edad. Sería socialmente ineficiente gravar ese ahorro. Por esta razón, el gravamen de la riqueza se reserva a los contribuyentes más ricos, que no necesitan ahorrar para consumir en la vejez. En la actualidad, el mínimo exento (con la normativa supletoria del Estado) se sitúa en 700.000 euros. Ese umbral u otro cualquiera, corresponde a una decisión política sobre lo que la sociedad considera una persona rica.

Por otra parte, el tipo de gravamen debe ser moderado, nada impediría incluso que fuera proporcional. La propia existencia de un impuesto sobre patrimonios altos contribuye a la progresividad del sistema fiscal, sin que sea imprescindible que lo sea en su tarifa. Y es crucial ampliar la base imponible, evitando la elusión que ahora se produce a partir de la idea de dejar exenta la empresa familiar. Deben incluirse todas las formas de riqueza, también la tenencia de acciones. Finalmente, una reforma urgente es el establecimiento de un mínimo común en toda España, también en los territorios forales, para evitar una competencia a la baja que acabe con la imposición sobre el patrimonio en nuestro país.

No soy muy optimista sobre la viabilidad política de la reforma fiscal anunciada por el gobierno, porque en principio no existe una mayoría parlamentaria favorable. El Partido Popular y Ciudadanos han demostrado su voluntad de bajar los impuestos a toda costa en los presupuestos para 2017 y 2018. En consecuencia, resultarán imprescindibles los votos del PNV y del PDeCAT. Se trata de dos partidos que dicen defender los intereses de vascos y catalanes, pero me temo que solo de los vascos y catalanes ricos. Así, parece que en la próxima campaña electoral se debatirá sin eufemismos sobre el nivel de presión fiscal en España. Será una auténtica nueva política.