Nadie de la elite política ha tratado de explicar –más aun, posiblemente ni siquiera se han dado cuenta– que el resultado del juicio en La Haya con Perú le significó a Chile una pérdida estratégica de un puerto, el de Arica. Este hoy solo tiene un frente de altamar hasta la milla ochenta, y la bisectriz generada por el fallo le entregó un territorio marítimo al Perú que creó una nueva situación operacional en la zona. En estricto rigor, para ingresar a él provenientes desde el norte, las naves eventualmente deberían avanzar a una latitud mucho más al sur para, luego, ya en territorio marítimo chileno, devolverse al norte y, de esta manera, eludir entrar a territorio peruano, si así lo deseasen.

No ha sido posible saber si en la Armada nacional, con su Dirección de Territorio Marítimo o el Estado Mayor de ella, tienen opinión sobre esto o, si alguna vez, su jefatura institucional lo advirtió como un riesgo ante las autoridades civiles o, bien, si lo trató internamente con las otras ramas de las FF.AA.

Algo de suma gravedad respecto de lo ocurrido en este tema es que el agente chileno ante La Haya, Alberto van Klaveren, declaró a la prensa, varias veces antes de conocerse el fallo (ver Reportajes de La Tercera del 24 de enero de 2014), que algunos abogados asesores de Chile en el juicio habían sugerido abandonar la argumentación sobre el llamado triángulo exterior, lo que finalmente no prosperó. Ello significa que sí se debatió un hecho que tenía directa incidencia sobre un problema estratégico del país y que, eventualmente, ello pudo estar en conocimiento del tribunal internacional y condicionó el fallo.

La pregunta es si lo ocurrido –que implica pérdida territorial y estratégica para el país en torno a un puerto, el cambio de su estatus operacional comercial y estratégico, la creación de un nuevo riesgo de roces debido a la nueva frontera marítima, todo ello vis a vis con la conducta diplomática reiterada de Perú por levantar como interés nacional el irredentismo frente a las consecuencias de la Guerra del Pacífico– merece, al menos, un análisis de responsabilidades de quienes debían conducir los procesos pertinentes. Cualquier país serio en temas de su Seguridad Nacional lo haría.

En el ínterin del desarrollo del juicio en La Haya, se produjeron las negociaciones privadas de un fondo de inversiones perteneciente al Presidente de la República en ejercicio en ese período, Sebastián Piñera, con una pesquera peruana, Exalmar, dineros que no estaban sometidos a un control público nacional. Esta inversión, ambigua en su decisión y totalmente imprudente desde el punto de vista político, es lo que ha acaparado la atención de unos y otros en búsqueda de un eventual delito, y no lo más importante, que es su impacto en la Seguridad Nacional de Chile.

La pérdida territorial, la variación de riesgo estratégico o las eventuales responsabilidades e incompetencias de quienes tenían la obligación de resguardar la seguridad en procesos como el juicio de La Haya, han sido absolutamente obviadas y el argumento penal ha reemplazado al Interés Nacional.

El país se ha quedado impávido con la respuesta dada por las autoridades ante la pregunta sobre si se hicieron todos los esfuerzos para evitar la pérdida. Todos han dado por bueno que se hizo lo imposible. Nadie ha tenido la templanza de someter a una investigación exhaustiva lo actuado por la Cancillería, por ejemplo, y nadie ausculta si los órganos especializados de la seguridad efectivamente hicieron bien su trabajo.

Asimismo, nadie ha examinado con detención los viajes del canciller Alfredo Moreno durante la época, al menos para sacar enseñanzas acerca de cómo actuar a futuro, no obstante que, en el total de sus viajes en el hemisferio, Perú y Colombia ocuparon los lugares primero y segundo. Particularmente los realizados a Perú, ya que si Chile estaba en un juicio con ese país y tenía un equipo especial encargado de llevar el tema en La Haya, era de suponer que la intensidad de los intercambios diplomáticos a nivel de canciller debía enfriarse, incluso más, considerando la “política de cuerdas separadas”.

Pese a que el demandante en La Haya fue Perú, y que nuestro país tiene desde hace muchos años un tremendo equipo de negociadores comerciales en su diplomacia que perfectamente podría haberse hecho cargo de las conversaciones, la nación del norte recibió una regia atención personalizada del ministro de Relaciones Exteriores.

Surgen muchas preguntas de acuerdo a los resultados de La Haya: ¿para qué tenemos y gastamos en organismos de inteligencia y seguridad?; ¿para qué fuimos a La Haya, si al final algunos opinaban que solo bastaba con negociar?; ¿para qué una diplomacia que optó por el comercio y las cuerdas separadas, antes que por la defensa del territorio nacional?; ¿para qué una Armada y una Dirección de Territorio Marítimo dependiente de ella, que no tiene opinión que se conozca, ni previa ni posterior, acerca de lo estratégico derivado de lo ocurrido en La Haya?

Por cierto no se trata solo de La Haya y los límites marítimos con Perú, lo que a estas alturas es cosa juzgada con proyecciones y riesgos futuros, sino también de toda la actividad permanente en el borde costero nacional. Está pasando en Isla de Pascua y su situación interna; está ocurriendo con la eventual aprobación de dos puertos, fuera del actual de Coquimbo, en la Cuarta Región –uno de minera Dominga y otro de CAP Minería–, ambos en la comuna de La Higuera, sin que nadie se pregunte en serio para qué se proyectan: si realmente para embarques de pellet de hierro de una minería con bajo futuro; o por un negocio mayor transfrontera, que no se explicita. Todo ello, no obstante que los proyectos pongan en contradicción los temas ambientales con los del desarrollo en una zona única desde el punto de vista geológico, y donde debieran compatibilizarse adecuadamente minería, actividad portuaria y medio ambiente natural, por el Interés Nacional del país.

Esto no ocurre, porque en el país nunca se sabe para qué se hacen las cosas ni en detalle cómo actúan sus autoridades. Chile, en su conducción gubernamental y políticas de desarrollo, parece carecer de inteligencia estratégica y estar anclado en la incertidumbre permanente, sin transparentar dónde están los objetivos, dónde y en qué, el poder.

Por lo tanto,

la salud de la Seguridad Nacional de Chile está bajo reserva, porque no hay ni criterios ni sistema de control. Esto, por todo lo dicho y muchas otras cosas, como por ejemplo la inexplicable lentitud y poca eficiencia en sus respuestas, técnicas y políticas, a los desastres naturales que la fragilidad geofísica le impone al país.

Lo más grave de ello es la trivialidad de las elites políticas frente a hechos que, en cualquier país de mediano desarrollo, habrían causado su cesación en dicho ámbito. La obsolescencia técnica y política del Estado de Chile es consecuencia de su baja performance como gobernantes, y de su impericia e ineptitud en el campo político. Aunque también del hecho, no cuestionado, de que demasiadas veces los negocios privados se mezclan con los asuntos de Estado, disolviendo el interés público y la ética en la política.