La entrada de Wikipedia sobre el municipio de Candelaria, en Misiones y muy cerca de Posadas, cierra con un párrafo peculiar: "Esta localidad pasó a la fama un 19 de abril de 2012 por una calurosa pelea entre un periodista y el presidente del consejo deliberante. En dicha pelea el periodista cobró como gerente".

Las imágenes del episodio aludido ya suman miles de reproducciones en YouTube. Es probable –aunque contradiciendo principios elementales del marketing de ciudades– que el pueblo de Candelaria se haya hecho más conocido, como se afirma. Pero también es probable que, tras lo sucedido, a nadie le queden dudas sobre la forma en que, desde el poder local, se atienden los requerimientos de la prensa.

Pero enmarcada en un plano más amplio –el nacional, en el que la intolerancia hacia la prensa crítica tiene muchas veces sello oficial–, la piña del concejal Jorge Peña al periodista Daniel Luna dista de ser una anécdota pueblerina. A través de las imágenes de la agresión se ponen de manifiesto los riesgos y las dificultades que enfrenta, más veces de lo conveniente, el periodismo en las pequeñas localidades del interior. Allí donde el periodista suele ser considerado una figura incómoda, a la que hay que callar. Allí donde además no valen las ideologías o los cambios de signo político, porque lo que ocurre no es nuevo.

La última edición del Monitoreo de la Libertad de Expresión, un compendio sobre los ataques que sufre la prensa nacional, realizado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), registra 122 ataques a la prensa en todo el país durante 2011, un diez por ciento más que durante el año anterior. Del total de las agresiones, bastante más de la mitad –el 66 por ciento– se dieron en ciudades y pueblos del interior del país.

El trabajo también analiza el fenómeno diferenciando según tipo de agresor. Los datos son elocuentes: los ataques cuyo agresor es desconocido (25,2 por ciento del total) duplican al segundo tipo de agresor: las fuerzas públicas, principalmente la policía (11,8 por ciento) y, muy cerca, los funcionarios municipales (11,2 por ciento).

Sin tomar en cuenta a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad, Salta es el distrito que registra la mayor cantidad de agresiones contabilizadas por Fopea. Fue, además, el escenario de algunos de los casos más graves, como el atentado contra una antena de radio y televisión ubicada en el cerro 20 de Febrero que, en su caída, arrastró las de otros medios y afectó a más de una decena de emisoras. O como el incendio a una emisora de FM ubicada en San Miguel de Cerillos. El segundo atentado que sufrió en el año.

"En los centros urbanos, como pueden ser las capitales o las ciudades principales, hay estructuras más organizadas, tanto desde el poder político como desde los medios. El principal problema –alerta Mónica Baumgratz, responsable del mencionado Monitoreo– está en el interior del interior. En las pequeñas comunidades, donde el periodista está más expuesto. Por varias razones: por un lado, porque el ejercicio de la profesión está más precarizado; también porque todos se conocen, todo se sabe, y el periodista se cruza constantemente con el sujeto investigado. Además, hay bastante ignorancia de las leyes que protegen la libertad de expresión."

Más vulnerables

Eduardo Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) suma otra razón, no menos preocupante: "El interior de nuestro país comparte los problemas que tienen muchos periodistas de investigación en el interior de otros países de América latina: la lejanía de las grandes ciudades hace que muchas veces se preste menos atención a los ataques que sufren, y eso los hace más vulnerables".

La lista de casos ocurridos durante 2011 es de lo más variada. Valga como ejemplo el del periodista de Las Lomitas, Miguel González, que en marzo del año pasado denunció ante la comisaría de esa localidad que el chofer y custodio del intendente local, Carlos Alberto Meza, le advirtió que no hablara del jefe comunal y lo atacó con golpes de puño y patadas. O el ocurrido en septiembre pasado, cuando el editor del portal Imagen y Noticias, de Pico Truncado, en Santa Cruz, Héctor Vidal, denunció que desconocidos entraron en su casa y le dejaron mensajes intimidatorios pintados en las paredes. Una de las frases decía en grandes letras: "Imagen y Noticias dejá de mentir, transa".

Un poco antes, en octubre de 2010, se conoció una serie de casos relacionados con hostigamientos a la prensa ocurridos en la localidad misionera de El Soberbio. Valentina Lovell, uno de los periodistas afectados, denunció presiones del presidente del Concejo Deliberante de esa localidad, Juan Carlos Pereira. Según trascendió, al ser consultado por Fopea, Pereira respondió: "Lo que dicen los diarios me lo paso por las pelotas. En este pueblo mandamos nosotros porque así lo dice la gente que nos votó".

Una dosis de esta suerte de inmunidad al escrutinio público que ostentan algunas estructuras locales de poder se vivió hace algunas semanas en Candelaria, durante la sesión del Concejo Deliberante del municipio, en la que se debía decidir la suerte del concejal Peña, tras difundirse en forma masiva su exabrupto con el periodista Luna. Una vez avalada su continuidad en el poder, al finalizar la sesión, otro periodista, Rodrigo Castillo, fue golpeado por quien habría sido identificado como custodio de un funcionario. "El universo es muy pequeño –interpreta Baumgratz–. A los funcionarios locales no les preocupa salir en TN o en los diarios nacionales, porque el impacto de esos medios no llega hasta la comunidad que los vota."

También hace pocas semanas, en el marco de una mesa redonda organizada por la Feria del Libro, el periodista entrerriano Daniel Enz alertó sobre los efectos estructurales que están teniendo este tipo de prácticas. "Se percibe una decisión editorial de no armar equipos para investigar, de no destinar presupuesto ni formar gente para eso. En parte por temor, ya que desarrollar ese tipo de trabajo molesta al poder y, en consecuencia, son dolores de cabeza que, por lo que se ve, los editores no quieren pasar. Hay excepciones, pero, en general, les resulta más fácil tomar la decisión de no investigar y trabajar otro tipo de periodismo más amigable o menos molesto", se lamenta.

Enz reside en Paraná y va por su octavo libro de investigación. "Lo mío es todo muy a pulmón: yo me endeudo para publicarlos, después me ocupo de ubicarlos en las librerías, es una tarea muy ardua", reconoce. Es el editor de la revista Análisis –una revista que se publica desde hace más de una década y que a lo largo de su historia fue variando de formato–, que también tiene su sitio web. "En la historia de Análisis nos ha pasado de denunciar a alguien del gobierno y que, como reacción, nos quitaran la pauta oficial para ahogarnos financieramente. Durante el menemismo, incluso, la campaña incluyó presionar a los demás anunciantes. Ahora, con el kirchnerismo en el poder, sigue pasando lo mismo", admite.

Claro que el kirchnerismo le supo imprimir un rasgo novedoso a la cuestión. Enz percibe, sobre todo en las redes sociales, los ecos del falso dilema "periodismo profesional v. periodismo militante", instalado desde el Gobierno. "Allí notás cierta mirada social que, de alguna manera, justifica o avala este tipo de prácticas o ataques al periodismo. En las comunidades, en cambio, todos nos conocemos y la sociedad respeta y apoya a los periodistas de trayectoria. Claro que el apoyo es silencioso, por temor a represalias", sostiene.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza Adriana Amado reconoce que, en ocasiones, se subestiman los efectos de la presión que se ejerce en el interior en materia financiera: "Es tal la concentración de las fuentes que financian los medios que eso termina coartando el margen de acción de los periodistas".

Amado cita en un artículo suyo (publicado en en libro La palabra empeñada. Investigaciones sobre medios y comunicación pública en Argentina, que editó y compiló) un estudio realizado por el CELE que sistematizó los informes anuales de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la OEA (algo así como los monitoreos de Fopea, pero sobre todos los países de la región). De allí surge que, entre 1998 y 2008, nuestro país ocupó el 7° puesto regional en cantidad de denuncias por ataques a la libertad de prensa. Claro que la posición varía según el tipo de agresiones denunciadas. Relativamente mejor posicionada en materia de asesinatos o agresiones físicas si se la compara con países como Honduras o México, la Argentina saca el peor puntaje en categorías como "Censura", "Uso abusivo del poder público", "Pluralismo" y "Acceso a la información".

"Se trata de cuestiones muy preocupantes, que afectan a la libertad de expresión, aunque de otra manera. A simple vista parece que el poder político no presiona, pero si estructuralmente opera en perjuicio de un periodismo veraz y de calidad, el daño es mucho más grande de lo que, a simple vista, se piensa", alerta Amado.

El secretario de redacción del diario cordobés La Voz del Interior, Sergio Suppo, lo resume así: a mayor dependencia económica, menor independencia periodística. "En Córdoba se nota, más que nada, un agravamiento de la dependencia de la pauta oficial en los medios más chicos. Tengo la impresión de que, en otras provincias, el kirchnerismo le imprimió un ribete más autoritario a la relación del poder con los medios, pero acá la cosa está más repartida", analiza.

En cualquier caso, nada se compara con sentir que la propia vida está en riesgo. "Ahora se corre el rumor de que algo malo me va a pasar", admite el periodista Daniel Luna, protagonista del incidente con el concejal Peña, en el municipio misionero de Candelaria.

Luna, director del único sistema de medios que posee el pueblo, también reconoce que, después de que el concejal Peña fue ratificado en su cargo, no volvió al Concejo Deliberante. "Porque no están dadas las garantías. Ahora tengo que tener el cuidado especial de ver adónde voy, tengo que evitar salir de noche solo… y los periodistas que trabajan conmigo están igual. Tenemos que tomar recaudos que pueden ser propios de las grandes ciudades, pero que no se acostumbran aquí, en un pueblo chico."

Pero a tono con el refrán, hasta el pueblo más chico puede transformarse en una sucursal del infierno. Un infierno silencioso, no apto para periodistas, en el que la libertad de expresión puede ser un sueño, o una aspiración, pero jamás un derecho adquirido.

122

agresiones en 2011

La cifra surge de la última edición del Monitoreo de la Libertad de Expresión, que realiza Fopea.

66%

ocurridas en el interior

Del total de las agresiones, 24 ocurrieron en la ciudad y 17 en la provincia de Buenos Aires. El resto, 81, tuvieron lugar en el interior del país.

7°

en el ranking regional

El dato proviene de un estudio que sistematiza los informes regionales sobre libertad de exrpesión de la OEA, entre 1998 y 2008.

11,2%

perpetradas por funcionarios

Del 25,2% del total se desconoce el agresor. Le sigue la policía (11,8%) y después los funcionarios municipales (11,2%).

OCTUBRE DE 2011

Pintadas y destrozos

Un grupo de desconocidos ingresó en la casa de Héctor Vidal, director del portal web Imagen y Noticias, de la locallidad santacruceña de Pico Truncado. La agresión, según Vidal, podría estar relacionada con una nota.

NOVIEMBRE DE 2011

FOTO Javier Corbalán / Gentileza Diario El Tribuno

Otra vez en la radio

Santos Segundo Ramos, dueño de la FM San Miguel de Cerrillos, mira desolado los destrozos. El periodista relacionó el ataque con el "poder político cerrillano".

ABRIL DE 2012

Imagen de TV

Periodista agredido por un concejal

El periodista Daniel Luna se acercó con las cámaras de su canal a la sede del Concejo Deliberante de la localidad misionera de Candelaria. El motivo: reclamar que se permitiera la presencia del periodismo durante las sesiones de ese cuerpo. En medio de una tensa conversación con el concejal Jorge Peña, el funcionario le propinó golpes y patadas.