El año pasado aumentó el número de muertos en accidentes de tráfico, y el gobierno ha decidido tomar medidas: desde ahora solo se contabilizarán como víctimas los que mueran en el acto, aquellos cuyo cadáver saquen los bomberos del amasijo de hierros. En cambio, los que lleguen con vida al hospital y palmen en las horas siguientes se apuntarán en otra casilla, pues no se les puede considerar con precisión muertos en accidente, solo heridos a los que posteriores complicaciones hospitalarias han provocado el triste final. Se prevé que el número de víctimas mortales descienda entre un 25% y un 30% solo este año.

Si la medida funciona, el gobierno dedicará después sus esfuerzos a reducir los asesinatos de mujeres: se considerarán víctimas de violencia machista únicamente a aquellas que hayan estado legalmente casadas con sus asesinos. El resto de mujeres acuchilladas, estranguladas, tiroteadas o arrojadas al vacío por sus parejas o ex parejas sin haber relación matrimonial se inscribirán como casos de delincuencia común, lo que seguramente permitirá una disminución histórica en los próximos meses.

Sobre la mesa del Consejo de Ministros se acumulan las propuestas para aplicar similares planes de choque a otros problemas que generan alarma social: los desahucios (si la familia no se queda tirada en la calle, no se la podrá llamar desahuciada); la pobreza energética (las velas contarán como iluminación); las listas de espera hospitalaria (solo te incluirán cuando te vea el anestesista. Ah, no, que eso ya se hace…), los incendios forestales, el fracaso escolar, la emigración de jóvenes o la corrupción.

Tras tantos éxitos políticos, una vez reducidos a cifras históricas los muertos en accidente, mujeres asesinadas, desahucios, pobres o corruptos, el gobierno se atreverá a cruzar la última frontera, el gran problema de nuestro país, la primera preocupación de los españoles según el CIS, el dato que nos deja siempre a la cola de Europa, el drama de millones de familias: el paro.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, se plantean contar como trabajo (y descontar como paro) todo tipo de situaciones que tengan algún parecido, por remoto que sea, con una relación laboral: contratos por horas, tiempo parcial y hasta parcialísimo, prácticas no remuneradas, cursos, salarios por debajo del mínimo, comerciales a comisión, becarios eternos, emperdedores y cualquier persona que en el mes anterior haya dedicado un rato a trabajar, por poco que haya sido y poco que haya cobrado. Es decir: contar como trabajador al parado que trabaje algo.

Para que esta ambiciosa política de empleo tenga éxito, se requerirá la colaboración de toda la sociedad: trabajadores que acepten formas extremas de precariedad (incluso ser pobres con salario), medios de comunicación que celebren los nuevos datos o como mucho los maticen (“datos históricos ensombrecidos por la temporalidad”), sindicatos que critiquen pero acepten el juego de seguir comparando con los datos del año anterior, y por supuesto empresarios que estén dispuestos al sacrificio de sustituir empleo estable por subempleo precario, contratar trabajadores parciales para luego cargarlos de horas extras (la mitad de ellas sin pagar), firmar cuarenta contratos anuales para un solo puesto, y recurrir a subcontratas, externalizaciones y lo que haga falta para batir récords mes tras mes.

Venga, que acabar con el paro está a nuestro alcance.