Un usuario copia CD con unos de los dispositivos que antes estaba sujeto al canon digital. ATLAS

El canon digital murió dos veces. Pero, al menos, aprendió otras tantas lecciones. Así que la nueva versión de la compensación a los creadores por las copias privadas que se pueden hacer de sus trabajos trata de arreglar los errores del pasado: el Ministerio de Cultura y las entidades de gestión de los derechos de autor han alcanzado un acuerdo que marca las líneas generales del nuevo modelo, según han confirmado a este periódico tres fuentes conocedoras del pacto.

Es un sistema parecido al canon que estuvo en vigor hasta 2011, aunque modificado: la compensación a los autores formará parte del precio de los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual (un CD, un móvil, una memoria USB...). Sin embargo, habrá excepciones, entre ellas, la exención para empresas y Administraciones públicas y la opción para las personas físicas y jurídicas de pedir un reembolso, si demuestran el fin profesional de las copias que realicen. Las disposiciones figuran en un borrador del correspondiente real decreto, al que ha accedido EL PAÍS. Está previsto que el nuevo canon entre en vigor el 1 de enero de 2017, aunque antes le espera un amplio recorrido, por el que puede ser modificado: ante todo, precisará del visto bueno de los otros ministerios afectados y del Consejo de Ministros. Una vez aprobado el texto definitivo del Real Decreto, además, harán falta meses para concretar todos los detalles en una orden ministerial.

Cronología de un entuerto 1994. Se introduce en España una compensación equitativa por las copias privadas. Ante un vacío legal, y usuarios que ya las están realizando, la idea es convertirlas en excepción legal y fijar un pago por ellas. A la sazón, el canon se centra en los soportes analógicos, como casetes, fotocopiadoras y VHS.

2006. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero actualiza la compensación al nuevo entorno tecnológico, de ahí que se hable de canon digital. Ahora la tasa cubre también memorias USB, archivos externos, lectores de mp3 o móviles.

2011. El canon digital sale dañado de los tribunales. La Audiencia Provincial de Barcelona establece que solo deben pagarlo las personas físicas y no las jurídicas, en la sentencia del sonado caso Padawan (por el nombre de la empresa que ganó el juicio contra la SGAE). Por otro, la Audiencia Nacional anula la orden ministerial que regulaba las cuantías de la compensación. 2012. El 1 de enero entra en vigor la nueva compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aprobada por el Gobierno del PP. Los ingresos para las entidades pasan de más de cien millones de euros a unos cinco.

2016. El Tribunal de Justicia de la UE, en junio, tumba el nuevo canon. El Supremo, en noviembre, recoge la sentencia europea y declara “inaplicable” el sistema.

Ya no serán, por tanto, todos los ciudadanos los que deban sufragar esa tasa a través de los Presupuestos Generales del Estado como estableció la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre de 2011. Esta medida fue anulada en noviembre por el Supremo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallase en junio que choca con la normativa comunitaria.

Tanto las leyes españolas como las europeas prohíben que se reproduzcan canciones, películas o libros sin la autorización de sus creadores. Aceptan, sin embargo, una excepción para aquellas copias que las personas físicas realicen para su uso privado sin fin comercial. A cambio, las normativas fijan la obligación de abonar una compensación económica a los creadores a través de las sociedades de gestión. De ahí que surgiera el canon digital, que afecta a soportes y aparatos como CD, DVD, fotocopiadoras, lectores de Mp3, memorias USB, discos duros, móviles o tabletas. En principio, sus fabricantes e importadores deberían asumir el pago, aunque nada impide legalmente que lo trasladen a los compradores subiendo los precios de sus productos. De hecho, no los bajaron cuando el canon pasó a los Presupuestos Generales.

El asunto, entre pleitos, polémicas, millones de euros y su complejidad, como reconocen incluso los expertos en la materia, siempre ha sido espinoso. Ahora, además, se había convertido en urgente, ya que no hay ningún sistema válido en vigor. El canon se introdujo en 1996, fue actualizado al entorno digital por el Gobierno del PSOE en 2006, y sufrió serios reveses judiciales en 2011, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona estableció que solo debían pagarlo personas físicas y no jurídicas (caso Padawan) y la Audiencia Nacional directamente anuló la orden ministerial que regulaba sus cuantías. El Ejecutivo del PP optó por introducir un nuevo modelo, impulsado por el entonces secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que acabó peor: el Tribunal de Justicia de la UE, en junio, y el Supremo, hace un mes, lo dejaron "inaplicable" por su cobro indiscriminado, creando un vacío. Y para llenarlo, a falta de las modificaciones posteriores, sirve el acuerdo.

De paso, ambas partes se llevan una satisfacción. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, empieza a cumplir con ese plan de diálogo y acción que él mismo se impuso en su toma de posesión. Y las entidades de gestión celebran el regreso al modelo que siempre defendieron, que aplica casi toda la UE y que les proporciona mayores ingresos: con la compensación aprobada por el anterior Gobierno cobraban unos cinco millones de euros respecto al centenar del antiguo canon digital.

Pero, ¿cuánto cobrarán ahora? Varios estudios, más o menos parciales, han venido apuntando cifras entre 50 y 80 millones. Aunque es demasiado pronto para decirlo. Y la misma reflexión vale para otras preguntas en el aire. ¿Qué aparatos estarán sujetos al canon? ¿Qué tarifas habrá? Y, sobre todo, ¿qué se considera copia privada? ¿Las realizadas en la nube o por los televisores capaces de grabar lo que emiten han de ser compensadas? De estas dudas depende la respuesta a una larga pelea entre quienes defienden que el canon afecta a un fenómeno residual, sin apenas ciudadanos que realicen copias privadas, y los que aceptan esta objeción para el frente analógico pero invitan a trasladar el debate al mundo digital. Para concretar todo ello se aprobará una orden ministerial, tras una negociación entre las partes, bajo el paraguas de la Secretaría de Cultura, como prevé la versión provisional del Real Decreto. Sin embargo, una fuente relata haber visto "tres o cuatro" borradores distintos, de ahí que hasta que el texto se presente en el Consejo de Ministros caben modificaciones.

La normativa además pretende evolucionar sobre la marcha, con la posibilidad de modificar tarifas y criterios según los cambios del entorno digital y de las tecnologías. Aún así, el Real Decreto plantea algunas pistas. Fija, por ejemplo, otra exención para "quienes cuenten con la autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad". El texto avanza también algunos criterios para establecer la cuantía a pagar, como la intensidad de uso de los aparatos y soportes, su capacidad de almacenamiento, el impacto de la copia sobre la venta de la obra original o el carácter digital o analógico de la reproducción. Y propone que no haya obligación de compensación cuando el perjuicio para el autor sea mínimo.

Sea como fuere, como a menudo ocurre en estos casos, la UE está preparando una directiva que armonice todo lo relacionado con el canon a nivel europeo, lo que llevará a otras modificaciones. Es decir, que por mucho que lleve años, la partida acaba de empezar otra vez.