El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (dcha), escucha la intervención del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante el último pleno del Senado. Foto: Kiko Huesca / EFE

El refrán "dime de qué presumes y te diré de qué careces" le va como anillo al dedo a este Gobierno, que se proclama dialogante, feminista e igualitario, pero no es ninguna de las tres cosas.

Sánchez e Iglesias dicen estar dispuestos a dialogar con todos, pero sólo lo hacen con quienes son de su cuerda o necesitan por interés partidista. Sean los separatistas catalanes, los nacionalistas vascos, los sindicatos o el sursuncorda. En cambio, la oposición, los empresarios, los agricultores y ganaderos, o cualquiera que cuestione al Ejecutivo "progresista", reciben invectivas desde las instancias oficiales y son tachados de intransigentes por no plegarse a los planes de Sánchez e Iglesias. Es la España binaria (buenos/malos, progresistas/fascistas, machistas/feministas) que la izquierda quiere crear con esta guerra cultural.

El Gobierno también se autodefine profundamente "feminista", pero estos días hemos visto acusaciones entre sus miembros de "machismo reprimido". Iglesias, sobre cuya conciencia deberían pesar aún sus mensajes en un chat privado que salió a la luz hace unos años de grave contenido vejatorio hacia una periodista de TVE, fue quien lanzó esta acusación velada contra el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por atreverse a a corregir los flagrantes fallos jurídicos y de redacción de la ley que desde el cuquiministerio de Irene Montero querían aprobar a toda prisa para apuntarse el tanto ante las manifestantes del 8-M. Todo un torpedo a la línea de flotación del PSOE (recordemos el "no, bonita, el feminismo nos lo hemos currado las socialistas" de Carmen Calvo). La furibunda defensa pública que Iglesias hizo de la norma desarrollada por el departamento que dirige su pareja terminó revelando una actitud claramente machista y paternalista, como si la propia ministra no pudieran hacerlo ella misma sin que el macho alfa de Podemos saliese a su rescate. Las que no parecen merecer la protección "feminista" de PSOE y Podemos son las menores tuteladas por los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia víctimas de una red de prostitución. Unos casos execrables cuya investigación parlamentaria están bloqueando ambos partidos.

De igual modo, el carácter supuestamente igualitario del Ejecutivo socialcomunista queda refutado por sus actuaciones. Una de sus primeras leyes, la de libertad sexual elaborada por Igualdad y que ha sido foco de conflicto interno, tiene como resultado quebrar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres consagrada en la Constitución de 1978, que los populistas denostan. Otrosí, Sánchez e Iglesias, que dicen estar en contra de los privilegios para los políticos, dan trato casi de pleitesía al inhabilitado Quim Torra frente a otros dirigentes autonómicos que sí respetan la legalidad y las sentencias judiciales. Igualmente, negocian con los nacionalistas vascos cómo romper la caja única de la Seguridad Social sin que se note demasiado, pues una de sus principales consecuencias sería que el dinero para las pensiones de los jubilados más ricos de España estaría garantizado por ley con los fondos de las cotizaciones, entre otras, de las autonomías menos desarrolladas. Si ésta es la solidaridad que promueven las izquierdas, menuda falacia.

Resulta paradójico que los dos personajes más narcisistas de la política actual, Sánchez e Iglesias, queden retratados de una forma tan nítida en el espejo de sus vanidades. Otra cosa es que haya quien no quiera reconocerlo. Pero vista la ración de "jarabe democrático" que Iglesias recibió anteayer en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, el mismo en el que él realizaba escraches en su época de estudiante a verdaderos demócratas como Rosa Díez, cada vez más españoles se dan cuenta del masivo engaño que constituye el Gobierno "progresista".

Jefe de Opinión de EXPANSIÓN