La Guardia Nacional es una trampa para el Ejército, y no se ha dado cuenta de ello. Los gobiernos, los políticos y los ciudadanos reconocen que en el tema de la lucha contra la delincuencia son necesarios para enfrentar a los criminales y alcanzar la seguridad en el país, aunque no se han puesto de acuerdo si la Guardia Nacional sea comandada por un militar, por un civil o por una combinación ecléctica de ambos. Los generales quieren todo y han escuchado el canto de la sirena del presidente Andrés Manuel López Obrador que está invirtiendo un gran capital político para que así suceda, sin darse cuenta del camino por el cual los inducen y conducen.

La Guardia Nacional es el símbolo de la estrategia de seguridad pública del nuevo gobierno, que así la ha presentado al país. Si no hay Guardia Nacional, ha dicho el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, los militares regresarán a los cuarteles. Es retórica política, porque en realidad, no responde a una estrategia de seguridad en términos reales. Ese nuevo cuerpo no tiene presupuesto asignado. Tampoco le van a dar mayores facultades para poder operar de una forma integral y extensiva. El discurso de que o son los militares a cargo de tareas policiales o es la nada, no se sostiene con ese tipo de apoyos que supondría un modelo que se defiende con tanto ahínco.

De hecho, poco ha cambiado en el último cuarto de siglo, cuando comenzó el involucramiento de los militares de manera regular en la seguridad pública. El presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal apoyada con el Tercer Batallón de Infantería, que nunca dejó de ser militar y que para sus operaciones se requería permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el de Vicente Fox, el procurador general Rafael Macedo de la Concha era un general en activo cuyo jefe inmediato era el secretario de la Defensa, el general Clemente Vega. En el de Felipe Calderón, el despliegue militar en el país se amplió a 47 mil efectivos, que continuó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cambio que ahora pretende el presidente López Obrador y que se consumirá, es que eleva la militarización de la seguridad pública a rango constitucional.

La oposición política y los organismos de derechos humanos han rechazado este proceso de militarización, pero los militares han visto en ello el blindaje legal por el que cabildearon los secretarios de la Defensa Clemente Vega, Guillermo Galván, Salvador Cienfuegos y Luis Cresencio Sandoval para evitar las lagunas legales que los tienen en la frontera con la ilegalidad. El Ejército ve hoy una oportunidad adicional para ampliar sus recursos y extenderse a empresas colaterales, como las que le ha asignado López Obrador en materia de bienes raíces y construcción, reclutamiento y capacitación de personal civil hasta este momento.

En gobiernos anteriores tenían inyección de recursos, como recibieron de Calderón presupuesto para las Bases de Operaciones Mixtas, y durante el de Peña Nieto los gobernadores les pagaban servicios como si fueran Policía Bancaria Industrial. También les financiaban cuarteles y bases con tal de que permanecieran en sus estados enfrentando criminales. En la administración de López Obrador, los negocios serán asignados directamente, pero mantendrán la misma arquitectura de los sexenios previos en sus posibilidades para atacar la inseguridad. Es decir, más allá de cómo resulte el mando, no habrá diferencia con el pasado en las facultades de combate a los delincuentes, ni en cuanto a aspectos operativos. El gran cambio con el nuevo gobierno, es el político.

En esto radica la trampa de la Guardia Nacional. Hasta antes de la ley que creará ese nuevo cuerpo policial militarizado, la responsabilidad por resultados y las violaciones a los derechos humanos recaían en el poder civil. Incluso el presidente López Obrador, en su defensa de los militares-policías, ha reiterado que el fracaso de la estrategia no se debió al Ejército, sino a los políticos que la diseñaron. No eran malos los soldados sino los políticos. La condena no debía ser para la Secretaría de la Defensa, sino para la Presidencia y el gabinete de seguridad. Las palabras son música para los oídos de los militares, pero en el largo plazo serán veneno.

El consenso para que los militares encabecen la lucha contra la delincuencia significa que el poder civil está transfiriendo la responsabilidad al Ejército. La reacción de los gobernadores es clara: sí a los militares pero, ¿dónde están sus planes para mejorar sus policías, con mejores salarios y recursos para su capacitación y equipamiento? La postura del presidente y su secretario de Seguridad Ciudadana es igualmente diáfana: si los soldados no están en ese combate, no habrá serenidad en el país. Entonces, quienes rendirán cuentas por los resultados, serán los generales en la Secretaría de la Defensa Nacional, no los civiles en Palacio Nacional o Constituyentes.

Mejor imposible. Los militares pasarán a la primera fila del aparador de la seguridad, y si las cosas no salen bien o violan los derechos humanos, el gobierno ya no será su cobertura política ni el que responda por ellos. Sólo ellos serán responsables del éxito o del fracaso de la lucha contra la delincuencia. Ya se verá al final del sexenio, cuando ante las críticas y acusaciones, exigencias de resultados en el corto plazo y tropiezos, los militares se encuentren en una situación peor que la actual, señalados de incompetentes y de violar las leyes, allanando el camino para el anhelo final de López Obrador, acabar con las Fuerzas Armadas.

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