Remolcadas y llevadas al “corralón” terminaron 30 unidades de Uber por operativos que el Ayuntamiento emprendió contra dicha empresa de transporte a lo largo de hoy viernes 16 de diciembre.

El argumento que Raúl Felipe Luévano Ruiz, secretario del Ayuntamiento, dio para emprender dichas acciones consiste en que esa compañía “no existe jurídicamente”; en entrevista con ZETA, el funcionario se apoyo en el Artículo 269 del REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, que en su Objetiva C, dicta:

“Con multa de quinientos a setecientos salarios mínimos por prestar servicio público sin permiso o concesión correspondiente; o a quien preste el servicio utilizando colores y trazos distintos del transporte público amparándose en documentos que no hayan sido expedidos por la autoridad competente; o a quien preste el servicio público en una modalidad diferente a la autorizada.” De acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización – salario mínimo – vigente el 2016, dicha multa podría ir de 36 mil 520 a 51 mil 128 pesos.

“Uber no paga ningún derecho al Ayuntamiento”, remató. Continúo con que los esfuerzos de regularización de Uber emprendidos durante el gobierno del ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí (2013-2016) quedaron “a medias”, por lo que mientras no esté incluida esa modalidad en el reglamento no se les permitirá trabajar en el traslado de personas por ninguna de las calles de Tijuana.

Sobre la posibilidad de que Uber se defiende ante la incautación de las unidades particulares de sus choferes, Luévano Ruiz aseveró: “pueden argumentar lo que a su derecho convenga”.

Información recabada por ZETA de parte de los propios choferes expone que la Policía Municipal no les ha permitido grabar ni fotografiar el momento en el que les incautan los autos:

“Estamos muy desconcertados”, dice uno de los operadores, que confiaba en el acuerdo que llegó la empresa con el gobierno de Astiazarán Orcí; asimismo dijo que Uber ha pagado las multas a sus choferes, para que estos puedan recuperar sus unidades.

De acuerdo al gobierno, otra de las intenciones del gobierno municipal es regular la tarifa de Uber y evitar cobros arbitrarios o abusivos para los usuarios, así como revisar sus protocolos como se analizan los de cualquier transporte público; es decir, adecuar a Uber al control municipal.

La forma en que los policías municipal detectaron a los Uber es haberlos descubierto cobrando en efectivo, por lo que por eso supusieron se trataba de un servicio de transporte, también se les identificó por tener colocado el teléfono celular – que marca la ruta – en el parabrisas.

El segundo al mando en la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro negó que ese operativo se deba a los acuerdos que el hoy alcalde realizó con empresas de transporte de ruta durante su campaña electoral, según él los operativos en contra del transporte irregular han sido “parejos”.

Dijo que desde que comenzaron los operativos en general el pasado lunes 12 de diciembre, cerca de 90 vehículos de Grupo Calfia, 60 taxis libres, y 7 unidades de masivo Azul y Blanco han sido incautadas por no cumplir con una documentación apegada a la normatividad; con ello intentó desmentir a los choferes de Uber que apuntan que las acciones de este viernes responden a cumplir con los compromisos de campaña de “El Patas”.

Dirigentes de Uber se reunirán con el Director de Vialidad y Transporte, Javier Salas, el próximo lunes 19 de diciembre, con lo que el Ayuntamiento de Tijuana espera informarles de su situación actual para abrir la puerta a una futura regulación en el Cabildo.

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