La Constitución de 1978 es hija de su tiempo. Un tiempo convulso por los cambios tan enormes que se vivía en la España de entonces. Acababa de morir un dictador que había regido el país durante casi cuarenta años, dictadura precedida por una guerra civil fraticida y atroz, así que los españoles teníamos poca práctica reciente en eso que en el extranjero llamaban “democracia”. Las últimas personas que habían votado en unas elecciones libres debían superar los sesenta años y, dada la esperanza de vida de entonces, eso las convertía en un grupo humano muy reducido.

Tras la muerte de Franco el 21 de noviembre de 1975 comenzó un proceso de apertura de política y social que permitió la creación de partidos políticos diferentes al único que existió durante la dictadura de forma legal. Las elecciones de 1977 dieron unas Cortes Generales que eran un crisol de partidos e intereses donde se palpaba tanto la tensión ideológica como el deseo de todos de no volver a la etapa anterior. La única solución era avanzar, y eso precisaba que todos negociaran, que todos aceptaran cosas que no querían: era necesario alcanzar consensos.

Uno de los puntos que más tensiones provocó entonces fue la organización territorial. Entre los partidarios de un modelo federal a los de un modelo centralista, se llegó a diseñar un modelo nuevo que pretendió ser intermedio: el modelo autonómico. Un modelo con el que se trataba de satisfacer las aspiraciones de las diferentes corrientes ideológicas reunidas en las Cortes.

Es evidente que hay partidarios de establecer diferencias entre las diferentes regiones del país basándose en argumentos históricos, sociales y en aspiraciones de autogobierno. Cuando se estaba negociando la creación del estado autonómico, el proceso para la constitución de esas instituciones, su estructura, bases jurídicas, competencias… tres fueron las regiones que solicitaron se les reconociera un sistema diferenciado y específico.

Para ello se basaron en que fueron las únicas que, durante la Segunda República, llegaron a aprobar estatutos de autonomía, mientras que las restantes no llegaron a hacerlo por verse interrumpido el proceso con la Guerra Civil. Basándose en ese hecho, se estableció una vía especial y rápida para el acceso a la autonomía, la del artículo 151, que permitía que alcanzaran unas competencias más completas que aquellas otras regiones que accedieran a la autonomía por la vía ordinaria del artículo 143.

Las tres comunidades históricas usaron esa vía rápida, pero matizada por la Disposición Transitoria Segunda.

Sin embargo, se consideró que esa vía rápida debía estar abierta a todas las regiones y no sólo a esas tres, si bien con unos requisitos más difíciles de conseguir que la vía ordinaria. Y Andalucía fue la única, salvo las tres históricas, que aprovechó el camino marcado en el 151.

La cuestión es ¿cuáles son esas tres regiones históricas de las que hablamos? Se trata de Cataluña, País Vasco y Galicia. Esas son las tres autonomías que consiguieron la aprobación de sus estatutos de autonomía durante la Segunda República y que, por tal motivo, se las denomina comunidades históricas, término que no hace referencia alguna a una historia diferente ni diferenciada de la del resto de España.