Una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República realizaron ayer el diputado Sergio Gahona y el senador Víctor Pérez por las irregularidades en el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar (ID 85-37-LP15), destinada a cubrir las raciones alimenticias en siete regiones del país. La presentación de los parlamentarios UDI apuntó nuevamente a las inconsistencias de la auditoría realizada por el consultor externo Miguel Faúndez Malbrán, acusado por la Junaeb de falsear la información de solvencia financiera de la empresa Dipralsa, que se había adjudicado 4 de las 33 unidades territoriales en las que estaba dividida esta licitación, correspondientes a la Región de El Maule. Los antecedentes presentados ayer por los legisladores reiteran que los cálculos realizados por Faúndez son muy distintos de los realizados por el Departamento de Gestión de Recursos de Junaeb. Según la presentación, se favoreció a la empresa Hendaya, quien se adjudicó un monto total de $61.950.893.190, correspondientes a 366.482 raciones de alimentos diarias. Según lo denunciado por Gahona y Pérez, existe una diferencia sustancial entre las bases de datos de los informes realizados por el Faúndez y uno realizado en el mes de septiembre de 2015 por el Departamento de Gestión de Recursos de Junaeb. Ambos, según los parlamentarios, analizando los estados financieros de las principales empresas concesionarias con un mes de diferencia. De esa forma, Hendaya S.A. se vio favorecida con el cálculo de levarage financiero, el que no habría tomado las deudas con sus proveedores. Pero lo más importante es que otro error cometido por Faúndez fue el de "aceptar la incorporación de numerosos certificados de línea de crédito o intención de otorgar línea de crédito de múltiples instituciones financieras, créditos que en ningún caso se otorgarían en simultáneo, ya que al aprobarse y otorgarse uno de ellos modifica la situación crediticia de la compañía, impidiendo así la obtención del resto de los créditos”. Eso fue lo que ocurrió con la empresa Hendaya, ya que en el informe de Faúndez se estableció más de M$25.000.000, acreditado con tres certificados de distintas Instituciones, información que según los parlamentarios “no detalla cómo está documentado, ni si hay una demostración fehaciente de los documentos de la línea de crédito de los bancos”. “Es altamente probable que la cifra expuesta por Hendaya incluya compañías de seguros, e intenciones de bancos, pero no línea de crédito pura, aprobada y sin uso por ese monto”, dice el texto. Por esa razón, más las declaraciones de la semana pasada del propio Faúndez al diario El Mercurio de que existen documentos rechazados en otras seis empresas ganadoras, los parlamentarios señalan que se debería aplicar el mismo principio de interpretación de la ley denominado de analogía o "a pari" y establecer el mismo criterio a todas las empresas que adolecen de estos problemas. Esto, principalmente porque JUNAEB invalidó el contrato con la empresa Dipralsa el pasado 19 de febrero, pero dejó vigentes todos los demás contratos con las empresas adjudicadas, los que a juicio de Gahona y Pérez “adolecen de los mismos vicios y errores que padece la ya mencionada”. Consultada por este medio, la empresa Hendaya S.A. señaló que no se referirá a esta situación por el momento.A la par de esta denuncia, este lunes se conoció que Junaeb llegó a un acuerdo para reemplazar a Dipralsa en la Región del Maule, repartiendo las cuatro unidades territoriales anteriormente adjudicadas en cuatro diferentes empresas de alimentos. Según la información a la que pudo acceder, el contrato fue acordado el sábado pasado y estableció el siguiente cuadro para las 276.964 raciones alimenticias que le correspondía entregar: - La empresa Delibest Agencia Chile se adjudicó la, por las que deberá entregar, por un monto total acordado de contrato de- La empresa Sociedad de Casinos y Servicios S.A. Aliservice se quedó con una, correspondiente a la entrega depor un monto de- La empresa Distribuidora de Alimentos S.A. (Distal) se adjudicó la, por las que deberá entregarde alimentos, por un monto total de- Finalmente la empresa Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser) se quedó con la, que corresponde apor un monto total deDe esta forma, el nuevo monto de las cuatro unidades territoriales de la Región de El Maule es de un presupuesto total de $42.980.614.092, lo que representa una disminución decon respecto a lo anteriormente adjudicado a Dipralsa ($45.330.781.315), el monto más alto de la licitación adjudicada el pasado 27 de enero. Eso sí, cabe recordar que el monto total de las ofertas no era el único parámetro para que las unidades territoriales fueran adjudicadas. De todas formas, al menos dos de las nuevas empresas que obtuvieron licitación, consultadas por este medio, se declararon disconformes, ya que señalan que la licitación completa debería reasignarse. También llamó la atención que dos empresas que anteriormente habían sido excluidas del proceso por no aclarar su vinculación con otras empresas oferentes, Soser y Distal, ahora sí pudieran adjudicarse unidades territoriales. Soser incluso había presentado una querella por su exclusión, alegando tener una oferta más baja que el resto de las compañías. Desde la Junaeb, señalaron que esta vez dichas empresas cumplieron con todos los documentos solicitados y reconocieron vínculos con otras operadoras, como es el caso de Soser con Infinita S.A.Por su parte, la empresa Dipralsa señaló que la invalidación de la resolución que aprobó el contrato entre Junaeb y dicha compañía se encuentran hoy ante “una arbitrariedad y ante una ilegalidad pues la autoridad tomó una decisión apresurada, sin tener todos los antecedentes necesarios a la vista y sin cumplir con el debido derecho de audiencia en el proceso administrativo invalidatorio, discriminando a Dipralsa e incumpliendo el principio de igualdad de los oferentes”. La compañía señala que entregó toda la información que se le exigía para la licitación y prueba de ello es que la oferta de la empresa fue aceptada por la autoridad el 12 de diciembre de 2015, luego adjudicada el 27 de enero de este año y finalmente firmado el contrato el 11 de febrero pasado. “Asimismo, tenemos el deber de aclarar que el motivo esgrimido por la autoridad para invalidar este contrato no tiene sustento, pues la licitación es clara y sólo exige la presentación del certificado de línea de crédito a las empresas que llevan menos de seis meses trabajando para Junaeb. Dipralsa lleva más de 27 años en el rubro, por lo que no debía presentar ese documento”, dice la empresa. Según la operadora la autoridad “está al tanto de que nuestra compañía tiene el respaldo financiero necesario para garantizar diariamente el servicio a los 276 mil niños involucrados en esta licitación, tal como consta en la información entregada por nosotros, en forma y tiempo, a la Junaeb”. “Dipralsa cumplió con la licitación aportando información fidedigna y completa y tras firmar el contrato con la Junaeb realizó una inversión de 3 millones de dólares para garantizar la entrega de las raciones alimenticias a los 276 mil niños a partir del próximo 3 de marzo, día en que comienza el año escolar”, agregaron. Finalmente, la compañía señala que presentó sus descargos ante la Junaeb el miércoles pasado, dentro del plazo administrativo, pero que a la fecha no han obtenido respuesta alguna. “Y si bien esperamos que la autoridad recapacite y revierta su decisión, recurriremos a todas las instancias que corresponda para exigir el respeto de nuestros derechos”, concluyeron.Por último, este medio pudo comprobar además que la Jefa del Departamento de Recursos de Junaeb, a quien inicialmente se le había “aceptado la renuncia voluntaria”, finalmente no fue desvinculada y que actualmente está siendo reasignada, a la espera del informe del sumario interno encargado por la institución. JUNAEB: El informe final de Contraloría que explica el sumario por sobreprecio en las colaciones escolares - The Clinic Online