"Por supuesto sé que teníamos y tenemos razón, pero a pesar de eso me arrepiento cada día de haber denunciado a las grandes empresas del sector. Si hubiéramos ido todas las cooperativas de España, apoyadas por los sindicatos, a denunciar entonces tal vez sí. Pero nosotros solos, ¿hasta dónde pensábamos ir? Ahora Mercadona y otras empresas nos ven como los revolucionarios. No quieren trabajar con nosotros". Así se manifiesta un excooperativista de SAT San Antón, que pide y reitera que su nombre no salga publicado. La omertá sobre las prácticas de dudosa legalidad siempre ha imperado en el sector. Y ellos las rompieron, provocando una investigación de CNMC que acabó con una multa millonaria a las grandes (Danone, Lactalis, Puleva, Pascual, Nestlé, Central Lechera Asturiana, Senoble). Todo eso les ha salido muy caro. "Denunciar a quien te da de comer, ¿a quién se le ocurre?".

La cooperativa de Peralta (Navarra) San Antón rompió la baraja en 2012. Llevaba años entregando la leche a las industrias a un precio por debajo del mercado. Mientras hubo beneficios y capacidad de seguir adelante, callaron. Pero una vez que los ingresos disminuyeron hasta un punto en que no había rentabilidad ("nos decían, o cobras esto, o ya puedes tirar tu leche") se decidieron a hablar. El regulador de la competencia comenzó a tirar del hilo, y descubrió un acuerdo de precios de prácticamente todas las empresas del sector en España, un cártel en el sentido más clásico. La multa, que aún no se ha pagado porque ha sido recurrida por todas las industrias, fue de 80 millones de euros.

"Se nos dijo que se nos protegería, que no se sabría quién hizo la denuncia"

Supuestamente, la cooperativa navarra debía ser considerada como testigo protegido y a sus 16 ganaderos los asesores les decían que no les pasaría nada. CNMC debía de protegerles para evitar reprimendas. "Se nos dijo que se nos protegería, que no se sabría quién hizo la denuncia y esta constaría como anónima". Incluso a día de hoy CNMC asegura que es una denuncia anónima y se desconoce quién la hizo. Pero a la hora de la verdad, en un segmento muy endogámico, todo el mundo supo que eran ellos. Y entonces vinieron las represalias. A San Antón dejaron de comprarle la leche. Uno por uno, los que habían sido sus antiguos clientes se marcharon. Una campaña en Change.org en las navidades de 2014 evitó que Senoble (proveedor de Mercadona) dejara de comprarles el 31 de diciembre y dejara sin destino a miles de litros. Por entonces, ya era su último cliente.

Esta fue la campaña publicada en la web participativa.

El escollo de Mercadona-Senoble se salvó in extremis, pero sólo sirvió para dar aire un tiempo más. La eliminación de las cuotas lácteas en abril de 2015 supuso tal vez la puntilla definitiva para la cooperativa de Peralta. Con la libre posibilidad de adquirir leche sin cuotas, su cooperativa proscrita tuvo cada vez menos posibilidad de colocar una leche "que siempre nos habían alabado por ser de gran calidad". Los precios a la baja de la materia prima hicieron el resto. De las 16 personas que tenían explotaciones ganaderas cuando la denuncia se produjo, actualmente sólo 5 siguen con la actividad. El resto están saliendo del negocio, vendiendo sus vacas y algunos las instalaciones. Los socios aprobaron recientemente en una asamblea pedir el concurso de acreedores con una deuda de 600.000 euros con La Caixa y otra de 120.000 con Banco Popular. Así que un juzgado mercantil navarro decidirá el destino de la cooperativa, que ya es agua pasada para muchos de los que la integramos. "Para los que queramos seguir en el negocio, tendremos que separarnos completamente de lo que supuso San Antón, hasta en el nombre. Trabajar sin que se nos relacione con ella".

"En el sector nadie movió un dedo para ayudarnos, aunque todos nos decían que teníamos razón"

Ahora, años después de la denuncia y tras pasar un calvario económico, son muchas las críticas que estos profesionales del sector primario tienen para con su profesión. "En el sector nadie movió un dedo para ayudarnos, aunque todos nos decían que teníamos razón. Varias cooperativas lo estuvieron contemplando, pero finalmente lo rechazaron por miedo. Nosotros nos gastamos más de 300.000 euros en abogados, un dinero que ya no está en la cooperativa y que no ha servido para nada. Tampoco los sindicatos nos ayudaron. UPA un poco, pero el resto no han querido saber nada. La cooperativa está muerta. Yo ya sólo quiero pasar página", asegura otro de los afectados.

El miedo es tan grande que algunos ganaderos hasta han solicitado a este periodista que no publicara esta información por miedo a represalias.

¿Protección al que denuncia?

"Lo que aprendemos de esto es que es mejor no denunciar y seguir tragando, el que se sale de la linde está muerto", asegura otro de los ganaderos. Pese a que consideran un gesto valiente el que hicieron al denunciar, creen que las instituciones no les han protegido, haciendo irrespirable el ambiente y provocando la división de los propios ganaderos, muchos de los cuales no entendieron que se mordiera la mano que les daba de comer, aunque les diera cada vez menos de comer.

El desamparo de la cooperativa navarra recuerda en bastantes cosas a la situación de los que denuncian casos de corrupción ante el juez, como ha dicho en repetidas ocasiones Ana María Garrido, una de las primeras denunciantes de Gürtel, en su caso en el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid). Algunos partidos como Ciudadanos están hablando de legislar para proteger a los que denuncien ante instancias judiciales. Tal vez podría ampliarse a denuncias de competencias, que están creciendo con la nueva CNMC y su programa de 'clemencia', que permite a un agente que ha participado en prácticas anticompetitivas reducir su castigo si denuncia a los demás. Pero para los ganaderos de Peralta, esto ya llega tarde.

Una demanda

Curiosamente, ahora es la vía judicial la que podría restablecer parte de lo perdido a estos ganaderos. Una demanda mercantil, que se presentó en un juzgado de Granada, contempla multas millonarias de algunas de las compañías participantes en el cártel hacia San Antón. Son Puleva, Asturiana, Celega (proveedor de Senoble). En total, los exganaderos de San Antón reclaman unos 15 millones de euros de compensación, por los precios más bajos que el cártel pagó durante más de una década. Puleva es la más afectada, con 8,6 millones.

"Algunos dependemos de esta demanda para restaurar unas cuentas que se han ido al garete tras tomar la decisión que tomamos", asegura otro de los granjeros. Una apuesta arriesgada, toda vez que la justicia nunca ha contemplado indemnizaciones de tamaña cuantía en el sector lácteo por acuerdos de precios, por muy demostrados que estén.