El Tribunal Constitucional (TC) niega la indemnización a las familias de Lasa y Zabala como víctimas de terrorismo. Un error. Un tremendísimo error, que se produce porque el TC es un tribunal político, no jurídico. Con esta decisión, más de 30 años después, surge la sombra de una suerte de GAL, esta vez, constitucional.

José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala nunca fueron juzgados. Jamás. Aún a día de hoy, su pertenencia al comando Gorki no está probada ni ellos sentenciados a nada por un tribunal competente. Así las cosas, mal que les pese a muchos -incluso, entiendo que les pueda pesar-, deben tener la presunción de inocencia.

Por este motivo, la sentencia del TC cae por su propio peso. Cuando justifica su decisión porque considera que tanto Lasa como Zabala participaban en delincuencia organizada o pertenecían a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos. ¿Cómo pueden afirmar tal cosa, si nunca fueron juzgados? Por muchos indicios que tengan, por muy doloroso que sea aceptarlo, no está probado que fueran etarras.

Lo que sí está más que probado, en cambio, es que fueron víctimas de terrorismo de Estado. Lo que sí está juzgado y sentenciado es que lo que se cometió con ellos fue una auténtica salvajada al amparo de un Gobierno.

Por otro lado, en el caso de las indemnizaciones para víctimas de terrorismo asesinadas, el resarcimiento no es para las personas muertas, sino para sus familias que, en el caso de las de Lasa y Zabala no tienen pertenecen a una organización delictiva porque, de serlo, habrían de haber sido juzgadas. No ha sido el caso.

Precisamente por este motivo e incluso aunque estuviera probado -y juzgado- que Lasa y Zabala fueran etarras, seguiría siendo injustificado que sus descendientes no cobraran indemnización. Que no la cobren, justifica el terrorismo de Estado del mismo modo que los creadores de los GAL justificaron la creación de éstos. Igual. ¿Qué lectura se hace de esta decisión del TC? Que hay víctimas de primera y de segunda, que con los presuntos delincuentes o terroristas sirve el ojo por ojo...

Y eso abre una ventana muy peligrosa en un país, como es España aunque nos cueste reconocerlo, en el que las denuncias por torturas policiales no son pocas y hasta la ONU nos ha dado un tirón de orejas en alguna ocasión. ¿Tampoco se indemnizará a esas víctimas de abusos policiales, sencillamente, porque son delincuentes?

Cuando se toman decisiones judiciales con criterios políticos o, incluso, sentimentales, el porcentaje de posibilidad de cometer una injusticia es prácticamente del 100%. Y ese ha sido el caso de este nuevo GAL, ahora, constitucional.