Cínicas condolencias a la familia de Rafael Nahuel, ninguna investigación sobre el actuar de la Prefectura y el anuncio de próximas represiones a todo lo que el Gobierno identifique como “RAM”. Así se sintetiza el contenido de la conferencia de prensa que esta mañana dieron en la Casa Rosada la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

El tema convocante fueron los hechos ocurridos en Villa Mascardi el último sábado donde el joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel perdió la vida producto de las balas de la Prefectura Naval.

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Ambos funcionarios tuvieron como todo objetivo justificar el accionar represivo de las fuerzas federales y ahondar aún más en la construcción de un enemigo interno en el sur argentino, integrado por miembros de la comunidad mapuche. Para ayudar el relato oficial, en la conferencia de prensa se digitó que las preguntas las realizaran centralmente periodistas del Grupo Clarín y otros pocos aliados del Gobierno.

Bullrich arrancó la conferencia mandándole “a la familia de Nahuel un pésame”. Inmediatamente se dedicó a lanzar diversas justificaciones del accionar de Prefectura que, precisamente, asesinó a Nahuel.

“Queremos conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país, una situación que hace varios años que sucede pero no ha sido tomada en cuenta. En el sur de nuestro país han sucedido más de 70 acciones violentas o atentados en los últimos años”, sentenció Bullrich. Y agregó que se está “frente a grupos violentos que han escalado, que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, al Estado, la Constitución, los símbolos, que se consideran un poder fáctico con una ley distinta”.

Enseguida la ministra se “avivó” y aclaró que el Gobierno distingue “con claridad entre los pueblos originarios que han sabido resolver desde hace años sus reivindicaciones y estos grupos que no tienen reivindicaciones y tomaron la violencia como forma de acción política”. Incluso relacionó los hechos de Mascardi con “lo que está sucediendo en Chile, donde está sucediendo el mismo problema”.

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Antes de darle la palabra a Garavano, la ministra dijo con la firmeza que la caracteriza que “el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Seguridad, le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad para que ninguna fuerza acepte una orden ilegal”. No se refería, obviamente, a órdenes como la de los jueces Guido Otranto de Esquel o Gustavo Villanueva de Bariloche.

“Esto ya lo hemos vivido los argentinos, esto es muy de fondo, tenemos que tener claro donde está la ley y qué deben hacer las fuerzas federales”, sentenció Bullrich sin especificar a qué se refería con eso de “ya lo hemos vivido”.

Por su parte Garavano recordó que no hace mucho “el Congreso volvió a prorrogar la Ley de Tierras” y que en ese sentido “el Gobierno siempre ha estado detrás de resolver todas las controversias”. Pero separó a los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu de Mascardi reprimida el último fin de semana del resto de las comunidades mapuches. “La existencia de estos grupos es algo que tenemos que tomar en cuenta”, dijo el ministro al tiempo que sentenció que “no es la violencia la que va a resolver los conflictos”.

Ni en sus declaraciones iniciales ni mucho menos a partir de las preguntas deseadas que lanzaron los periodistas de TN, Clarín, Radio Mitre, Cadena 3, Radio Continental y la Radio Pública de la Ciudad (aliados o empleados del macrismo), los funcionarios hicieron referencia a llevar adelante una investigación propia sobre las fuerzas represivas en su acción criminal. ¿Una consecuencia del Caso Maldonado, donde la “investigación interna” del Ministerio terminó arrojando más contradicciones que certezas y abrió una crisis con los gendarmes que actuaron en Cushamen?

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“El juez tendrá que buscar los elementos probatorios, nosotros no”, dijo Bullrich. Así dejó en claro dos cosas: que no piensa tirar a ningún prefecto por la ventana y que todo quedará en manos del mismo juez que ordenó la represión. “Esto se realizó en el marco de una manda judicial de (el juez Gustavo) Villanueva y la Prefectura estaba actuando en ese marco. Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una acción ordenada judicialmente”.

“Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”, argumentó la camaleónica funcionaria. Y en ese sentido se basó en lo relatado por los prefectos del grupo Albatros: “hubo estruendos muy fuertes, propios de armas de grueso calibre. Pero esas armas no pudieron ser secuestradas y seguramente ya no están más en ese lugar”.

Como para seguir delineando el relato criminalizador de las comunidades mapuches que recuperan territorio en la Patagonia, Bullrich dijo que “en el lugar están todavía los del grupo violento y eso va a derivar en perder pruebas”. Es más, dijo con bronca, “el lugar está tomado, entró más gente y la Policía Federal fue apedreada hoy”.

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Pese a toda la perorata, ni Bullrich ni Garavano esquivaron el “centro” que les tiró uno de los periodistas cuando les preguntó qué tipo de grupos son y cómo se financian. Fue Garavano quien se limitó a decir que “más allá de la caracterizaciones generales es importante detenerse en que hubo más de 70 hechos. Corresponde a la Justicia ir detrás de cada uno de esos hechos y determinar quiénes son los responsables y se avance contra quienes violaron la ley”. Puro chamuyo, dijeron por lo bajo otros periodistas presentes en la conferencia de prensa.

Sobre el final, algo que podría tomarse como una declaración de guerra. Bullrich confesó que para el Gobierno “la RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente. Y los queremos separar total y absolutamente de la comunidad mapuche y de cualquier comunidad originaria de la Argentina. RAM es como un nombre pero puede haber otro grupo que se llame de otra manera”. E insistió en que desde el Gobierno “se pone en el RAM a todo aquel grupo que no respeta la ley”.

La ministra terminó con un claro mensaje antimapuche: “Vamos a cuidar a los argentinos que viven en el sur. Se acabó el mundo del revés”.

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