He llegado hasta las puertas del palacio real en Yeddah. La princesa Sahar, una de las cuatro hijas del rey Abdalá de Arabia Saudí que han denunciado estar detenidas en una destartalada villa del complejo palaciego, me había invitado a conocer sus condiciones de vida. Sea cual sea el motivo de su encierro, está claro que las mujeres no tienen libertad para recibir visitas y su caso resulta tóxico para las autoridades. Tras la confusión inicial que causa mi presencia en la garita de guardia y varias llamadas telefónicas, un oficial de la Dirección General de Seguridad, la policía secreta, me conmina a desistir del intento. “Usted se va, le devolvemos el pasaporte y como si no hubiera pasado nada”, sugiere en inglés una voz al otro lado del móvil, tras haberme sometido a un detallado interrogatorio. Ante mi insistencia, se identifica como “el responsable de toda la seguridad”. “¿Me está diciendo que no puedo ver a la princesa?”, me atrevo a inquirir. Mi interlocutor sigue como que no me hubiera oído, pero el tono de su voz resulta imperativo. Cuando uno de los guardias me entrega el pasaporte, después de haber fotocopiado todas sus páginas, entiendo que debo irme.

¿Qué más puedo hacer? Estoy en una habitación con tres policías de uniforme y uno de paisano. Los muros que rodean el complejo palaciego en Al Murjan, un lujoso barrio del norte de Yeddah, tienen varios metros de altura. Y el portón que da acceso al enorme recinto está vigilado por dos tanquetas y miembros de la Guardia Nacional. “¿Se convence ahora de que estamos encarceladas bajo circunstancias brutales?”, me pregunta más tarde Sahar. Dada la falta de resultados tangibles después de que su madre denunciara el encierro que sufren, teme que el mundo no les haya creído. “Si hemos cometido algún crimen, que nos lleven ante un tribunal y nos juzguen”, vuelve a repetirme. Su voz contenida transmite autocontrol. Son 13 años de encierro, 13 años de desesperación.

Durante una semana de llamadas telefónicas y mensajes a través de internet, la princesa me ha confirmado la historia que revelara la prensa británica, y ha aceptado con paciencia mis preguntas y repreguntas, tratando de atar los cabos de un asunto que cualquiera que no conozca Arabia Saudí encontrará increíble. Desde 2001, su padre las tiene encerradas. Sahar, de 42 años, y Jawaher, de 38, comparten, con dos perros y un gato, una enorme villa que ellas mismas tienen que limpiar. Otras dos hermanas, Maha, de 41, y Hala, de 39, están aisladas en alguna otra parte del recinto, y tanto ellas como su madre temen por su salud. “Nos están matando poco a poco, quieren que nos suicidemos; por eso se fue mi madre, para buscar ayuda y protegernos”, asegura Sahar.

Que un padre o un marido encierren a sus hijas o esposas no es inusual en Arabia Saudí, pero sorprende que eso ocurra en el seno de la familia real. Sus miembros tienen los medios para saltarse las anacrónicas normas sociales que imponen los más retrógrados, y son por lo general bastante cosmopolitas. “Sí, es la situación de muchas mujeres saudíes”, admite la princesa. “El sistema de tutela es un sistema de esclavitud en pleno siglo XXI. Bajo la ley saudí, el padre, el marido o el hermano tienen todo el poder de decisión sobre nosotras; el islam sin embargo nos reconoce nuestros derechos”, defiende.

Sahar insiste en que no se trata solo de ellas; sino de la situación de los derechos humanos en su país del que su caso es un ejemplo. También subraya que ha denunciado esas injusticias en su cuenta de Twitter. Llama la atención que en sus circunstancias siga teniendo acceso a una línea telefónica y a Internet. Pero esto es Arabia Saudí, donde hay un festival de cine a pesar de que las salas de proyección están prohibidas; o acaba de celebrarse la semana artística de Yeddah, pero no existen escuelas de bellas artes. “Todo es muy ambiguo”, reconoce la propia Sahar. Tanto a ella como a Jawaher, les permiten salir de vez en cuando a comprar provisiones. Eso sí, bajo estricta vigilancia.

Dice desconocer qué ha motivado su privación de libertad. No obstante, atribuye la medida a que su hermana menor, Hala, que se graduó como psicóloga en la Universidad Rey Saud de Riad, descubrió mientras hacía prácticas en el Hospital Militar que “ingresaban a presos políticos en el área de psiquiatría, donde les administraban alucinógenos”.

“Quiso denunciarlo a su superior, pero le respondió que no era asunto suyo. Le dijeron que se callara o tendría que afrontar las consecuencias”, manifiesta Sahar. Según su relato, Hala pagó por ello. “De repente, cambió. Se encontraba enferma; descubrimos que le ponían drogas en la comida. Trataron de destruir su reputación con que la habían encontrado en medio del desierto, inconsciente junto a su coche, en un país que las mujeres no pueden conducir y la enviaron a la cárcel”.

Al parecer la joven princesa fue acusada de ser una drogadicta, algo que su hermana rechaza de plano. “Incluso si fuéramos unas drogadictas o unas desequilibradas, ¿por qué no nos dan tratamiento real como ha sido el caso de otros hijos a los que han llevado a las mejores clínicas de Europa y América?”, pregunta. “¿Por qué este castigo colectivo?”

El Palacio Real guarda silencio. En Occidente, quien calla otorga, pero en Arabia resulta impensable la mínima alusión a algo tan privado. Lo que no se menciona, no existe. Ni siquiera Sahar y Jawaher han sentido reacción alguna en su encierro tras la publicación de su caso. “Nos ignoran”, concluye.