Según el portavoz de Sanidad del PP, Miguel Santalices, “es la ley más importante de la legislatura”. Para el resto de partidos, una norma que consagra la “privatización de la sanidad gallega”. El texto se aprobó ayer en el Parlamento gallego con los votos del PP y el rechazo de toda la oposición. Parte de una promesa electoral del PP: los pacientes gallegos esperarán como máximo 45 días por una consulta y dos meses para una operación. A partir de esos plazos son derivados a hospitales privados o concertados con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Según el diputado popular Miguel Santalices, la nueva ley “sacará las listas de espera del debate político”. “Es una ley valiente [...] que coloca al ciudadano como eje del sistema: libre elección en primaria y en las especialidades. Galicia cumple en la atención a enfermedades con prioridad uno. Se marcó 30 días y estamos en torno a 19 días. El objetivo es cumplir la prioridad dos: 60 días para una intervención y 45 días en una consulta”.

Los detractores del texto —todo el arco parlamentario salvo el PP— repitieron uno tras otro los peros que el Consello Económico e Social ha puesto sobre la futura ley. “Que va a ser imposible la reducción de tiempos a medio plazo sin un incremento importante de recursos”. “Que supone un cambio cualitativo e impulsa un sistema mixto primando la aportación de la sanidad privada”.

Desde Alternativa Galega de Esquerda, su diputada Eva Solla alertó de que el objeto es desviar “pacientes a los hospitales privados”. La socialista Carmen Acuña se mostró convencida de que para estas clínicas será todo un negocio y pronosticó que los centros públicos atenderán los casos graves mientras que las enfermedades más “rentables”, las que no requieren de internamiento, se enviarán a la privada, lo que propiciará, según su tesis, un paulatino deterioro de la sanidad pública. Se apoyó en que la ley no cuenta con una memoria presupuestaria para pronosticar que cuando la norma entre en vigor supondrá detraer fondos de los presupuestos desde la consellería que preside Rocío Mosquera a las empresas privadas. Y alertó de que en el hospital O Meixoeiro de Vigo, donde trabajaba, una prueba diagnóstica espera un año.

“Están vendiendo un producto fraudulento para drenar pacientes y recursos a la sanidad privada. Esta ley no supone ninguna mejora, es una cobertura para legalizar la privatización de la sanidad. Han sometido a la sanidad a una política de acoso y por eso iremos a la huelga los días 9 y 10 de este mes”, atacó la nacionalista Montse Prado. La oposición también se quejó de que la nueva legislación incrementará las listas de espera no estructurales (agendas secretas a donde van a ir a parar todos los pacientes que rechacen operarse en los centros privados y concertados). El diputado del PP Miguel Santalices desvío las críticas alegando que la norma contribuirá a priorizar la atención a los casos más graves y permitirá a los enfermos “elegir el hospital, el médico y el personal de enfermería”.