Alberto Fernández y Cristina Kirchner (REUTERS)

Las iniciativas y acciones del presidente Alberto Fernández desde que asumió el poder evidencian cuáles son sus prioridades de gobierno. En materia económica: superpoderes, excepcionalidad y discrecionalidad, que aseguren asignación y recortes antojadizos de recursos a propios y extraños, gasto público y renegociación de la deuda sin control ni plan y negativa voluntaria de diseño presupuestario y plan económico. Ajuste confiscatorio a los jubilados, quita de coparticipación a la CABA y castigo a la clase media, el campo y los sectores de la sociedad que no los votaron.

Estas acciones procuran el manejo de las cuentas fiscales sin control ni freno alguno. Recaudar lo más que se pueda a como dé lugar y no ordenar ni pagar deuda, o pagar lo menos posible de acá 2023. Si la situación se complica, como no hay acceso a los mercados, emitir. Todo ha causado indignación en los ciudadanos. Es entendible esta preocupación tomando en consideración el mensaje que había transmitido el Presidente que venía a “llenar las heladeras de los argentinos”, “dar un aumento del 20% a los jubilados” y “terminar con el ajuste”.

Pero la cuestión económica no es la prioridad número uno del Gobierno. Más allá de lo que se dice, la verdadera y principal prioridad es la impunidad de Cristina Kirchner que es la dueña del poder y del gobierno en la argentina.

El Presidente no ha podido ocultar que toda su agenda política, acciones, decisiones y hasta declaraciones están subordinadas a los dictados de la vicepresidente Cristina Kirchner. Hace esfuerzos para mostrar una independencia que no tiene y un poder de decisión que no existe en la práctica.

Intenta Alberto Fernandez copiar el modelo de cooptación de la transversalidad de Néstor Kirchner para buscar una fortaleza y estabilidad política frente a su vicepresidente y distraer con ello su debilidad.

Pero el Presidente no es el bueno y la Vicepresidente la mala. Son lo mismo. No hay que caer en la trampa ni la estratagema trillada y fatigada del “kirchnerismo crítico”, “kirchnerismo originario», “kirchnerismo disidente” y/o “kirchnerismo republicano”, porque a fin de cuentas, en cualquier denominación sabemos que todos han formado parte del saqueo y la destrucción de nuestro país.

La Argentina clama por justicia y es un abuso descarado invitar a formar parte de un gobierno que entregó la nación al narcotráfico y sus aliados, a quienes con la excusa de terminar con los desencuentros, -propósito que al gobierno no le interesa-, terminan siendo hoy los cómplices del momento.

El Presidente, en ese encorsetamiento que tiene, envía señales equivocadas a la comunidad internacional cuando trata de culpar al gobierno de Cambiemos de la destrucción del país, obviando irresponsablemente su actuación propia como parte del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, verdaderos responsable y propulsor del régimen corrupto que se instaló en el país.

Exculparse a sí mismos y pretender hacerle ver al ciudadano que existe un único gobierno que arrasó con el país y es responsable de la debacle es sumamente preocupante, pues se busca limpiar la imagen de una organización criminal que organizó un gobierno para delinquir y rendir a todo un país.

Debemos decirlo de manera responsable: para la reconstrucción de la nación no necesitamos como -nos quieren hacer creer- que quienes recuperaron el poder desde 2019 y lo destruyeron todo antes, procuren hoy el reencuentro de ciudadanos divididos en algún momento por temas políticos, cuando en verdad se busca unir esfuerzos para que una facción política se lleve puestas a las instituciones y la libertad.

El Presidente lleva adelante una transacción que le permitió llegar al poder, a través de un pacto de impunidad con su Vicepresidente, para terminar con sus cuentas pendientes en la usticia y garantizarle el fin de la persecución judicial por su corrupción, dándole certezas de impunidades definitivas para adelante, sobre crímenes que no pueden ser olvidados ni perdonados.

Por ello el Presidente habla de “un nunca más a la persecución judicial”, agita que hubo años de lawfare y sostiene que hubo complicidad mediática para perseguir a Cristina Kirchner y los suyos con detenciones arbitrarias e injustas.

En ese orden, van los proyectos que fogonea el Presidente para silenciar al periodismo y sus investigaciones, a quienes se culpa de atreverse a visibilizar la corrupción macrocefàlica y sin fin del Kirchnerismo, del cual formó parte, se escandalizó y denunció con vehemencia en tiempos de alejamiento con la Vicepresidente.

No le importa al Presidente la degradación institucional que su pacto de impunidad con Cristina Kirchner significa para el país.

Por ello, dejó correr el proyecto temerario de intervenir el poder judicial de la Provincia de Jujuy, con la finalidad de liberar a Milagros Sala, por designios de la vicepresidente Cristina Kirchner. Un dislate macabro instalado como si nada a plena luz del día.

Tiene que rendir cuentas la Vicepresidente de cada uno de ellos según el delito cometido. La muerte de Bonadio no debe ser la muerte de las causas que investigaba. La reforma judicial de avanzada que planea el gobierno y esconde la colonización de los juzgados federales, cuyo plan es acompañado con el empujón para que jueces federales se jubilen, tampoco.

Es imposible construir una sociedad democrática con impunidad, porque las instituciones dejan de estar al servicio de los ciudadanos.

Hasta el día de hoy la impunidad -no solo para los culpables de corrupción pero principalmente- es el mayor estímulo para quienes una y otra vez se atreven a asaltar, agredir, asesinar y robar.

Conozco la impostura del kirchnerismo. Esa necesidad táctica de estar siempre en cruzada contra alguien, porque sólo se puede justificar el régimen, si es cruzada necesaria contra algo que se muestra como mal absoluto.

Esto es mucho más grave de lo que pensamos y son muchos quienes prefieren no afrontarlo. Se consuelan pensando que estos desvíos autocráticos son igual democracia.

Esto impide la discusión y la exigencia de responsabilidades sobre los crímenes pasados. Esto impide un debate sobre nuestro pasado.

Esto evidencia el grado de impunidad, opacidad y corrupción de nuestro sistema. La impunidad es la norma. Como consecuencia, se pueden decir las barbaridades más disparatadas sin que pase nada.

Pareciera que es de mala educación que la gente asuma la responsabilidad de sus actos o palabras. Por otra parte, este país debe padecer otro mal que lo carcome: la insoportable equidistancia de muchos que no toman partido entre la República y la autocracia populista.

No hay democracia con gurisas. Es como el embarazo; se está embarazada o no, nunca he conocido a nadie que haya estado medio embarazada.

La política que persigue implementar el gobierno es la del estado de venganza, descalificación y linchamiento contra los que molestan al gobierno. Lo que quieren hacer con la justicia es convertirla en un reducto servil y domesticado, un ámbito copado por militantes y familiares como sucede hoy en la provincia de Santa Cruz.

La política de Estado que tiene en mente la Vicepresidente, dueña del poder del gobierno, es la radicalización, confrontación, persecución y descalificación del otro en su amplio contexto, lo que pone en peligro al futuro de la nación misma y la viabilidad de la república; en consecuencia, eso es lo que debiera estar en el centro del debate político. Es por esta razón que el contenido y la forma en la que se trasmite el discurso político del gobierno adquiere relevancia especial.

Llegará sin duda el momento de rendir cuentas al país. ¿Quién responderá por el tiempo perdido y los daños que se están causando? Argentina vive uno de los momentos más peligrosos de su historia. La degradación de la Justicia avanza y todo parece anunciar que el deterioro de la institucionalidad del país será irreversible. Vamos a luchar para que esto no ocurra. Tenemos que hacerlo, no estamos solos. La sociedad no lo va a permitir.

El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Juntos por el Cambio)