2018 ha sido el año en el que el término presos políticos ha vuelto a ser objeto de debate y se ha retorcido el discurso sobre la legalidad de la autodeterminación al más puro estilo “qué fue antes, ¿el huevo o la gallina?”. Ha sido el año en el que se ha visto cómo torcer un tobillo a un guardia civil se presentaba a la opinión pública y a los tribunales como un acto terrorista -¿no ha sido siempre atentado contra la autoridad?- y se ha castigado con una condena ejemplarizante, mayor que la impuesta a La Manada. Ha sido el año en el que el surrealismo al más estilo Monty Python ha inundado los tribunales con causas penales por hacer algo que es mucho, mucho español, como es cagarse en dios.

Pero también ha sido el año en el que la justicia europea ha recriminado a España por su falta de respeto a la libertad de expresión, en el que hemos visto entrar en prisión a Iñaki Urdangarin -condenado en junio de 2018 a cinco años de cárcel por el caso Nóos, mientras su mujer, la Infanta Cristina, se hacía la tonta- y en el que ha comenzado, aunque brevemente, el juicio por uno de los mayores y más sangrantes desfalcos de la última década: la salida a bolsa de Bankia con las cuentas falsificadas, mientras el Estado español rescataba a la entidad financiera con 14.000 millones de euros y continuaban los desahucios de miles de familias.

CUANDO PELEARSE CON UN GUARDIA CIVIL SE CONVIERTE EN TERRORISMO

En mayo de 2018 comenzó el juicio de los ocho jóvenes de Altsasu, acusados de lesiones y amenazas terroristas por la pelea que había tenido lugar el 15 de octubre en este municipio, coincidiendo con las fiestas en esta localidad de navarra. Antes, cuatro de ellos ya habían pasado dos meses en prisión preventiva y otros tres más de año y medio en cárceles, además, a más de 400 kilómetros de su hogar.

Durante el juicio, un vídeo expuesto por la defensa mostraba cómo el guardia civil agredido no reconoció a los jóvenes como sus agresores. También una imagen indicaba que la ropa que el agredido afirmaba que portaba uno de los principales responsables de la agresión no coincidía con la que llevaba ese día uno de los acusados. Aun así, el proceso acabó con una de las condenas más altas que se haya puesto nunca por una pelea: penas de entre dos y 13 años de cárcel para los ocho acusados sumando 79 años de cárcel entre todos.Las penas máximas para cada uno de los delitos por los que fueron finalmente condenados, de los que se descartó el de amenazas terroristas. La sentencia fue hecha pública el 1 de junio, y el 5 del mismo mes, antes de que fuera firme, la Guardia Civil se apresuró en noviembre a detener a los jóvenes que faltaban por entrar en prisión.

En noviembre, Altsasu se convirtió en el escenario elegido por los partidos de derecha y extrema derecha -Ciudadanos, PP y Vox- para un acto de España Ciudadana, una plataforma para reivindicar el españolismo y el apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.

ENALTECIMIENTO: Y EUROPA DIJO “YA ESTÁ BIEN”

2017 fue el año de los juicios por enaltecimiento del terrorismo, con el primer tuitero que entró en prisión condenado por este tipo de delitos o con la condena a los doce raperos de La Insurgencia, Cassandra y otra veintena de sentencias más. También lo fue 2016 -con el juicio de Strawberry y otra treintena más-, al igual que 2015 -con el caso Titiriteros, con otras 25 sentencias, 21 de ellas condenas- o 2014 -con las operaciones Araña que dieron inicio a la persecución de las publicaciones en redes sociales como objeto de delito de enaltecimiento del terrorismo-.

Y llegó 2018, y la dinámica cambió. En marzo de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España con indemnizar con 9.000 euros y revocar la condena a 15 meses de cárcel a Enric Stern Taulats y Jaume Roura Capellera por quemar una imagen del rey en un acto independentista en Girona en 2007. Esta sentencia ha sido citada en el último mes de abril por la propia Audiencia Nacional -y por algunos de los jueces que han impuesto condenas más duras por enaltecimiento del terrorismo- para absolver a un joven que fue detenido durante la operación Araña en 2014.

Ya en marzo, una circular de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ordenaba a Guardia Civil y Policía Nacional a poner freno a las causas por enaltecimiento del terrorismo. No venía de gratis. La Fiscalía seguía con esto la doctrina que comenzaba a dictar el Tribunal Supremo, que a su vez obedecía una nueva directiva europea aprobada en 2017 y que dictaba que, para castigar el enaltecimiento se requiere ahora reiteración y provocar una situación de riesgo real de que se cometan actos terroristas.

CUANDO CAGARSE EN DIOS ES UN DELITO

La historia comenzó en 2014: un coño gigante sacado en procesión por una decena de mujeres que protestaban por el entierro de los derechos sociales y laborales, y un grupo de abogados cristianos que se erigieron como templarios, querellándose contra toda mujer que muestre las tetas en un sitio poco adecuado o que entiendan que ofende al cristianismo con sus protestas.

La causa del Santo Coño Insumiso acabó archivada, pero, cuatro años más tarde, llega el spin off: Los Abogados Cristianos cargan ahora contra el actor Willy Toledo por cagarse en dios, en la Virgen del Pilar y decir ¡viva! al Santo Coño Insumiso en un tuit publicado en 2017. Tras meses de jugar al gato y al ratón -el juez cita a declarar, Toledo no va, se cambia la fecha la citación, se pone orden de captura, le detienen y ponen en libertad…-, el último episodio de una de las causas penales más chorras de la década fue en noviembre, con el anuncio por parte de la Fiscalía de que investigarán si otro tuit del actor, esta vez por tachar de “historieta de ficción” a la Inmaculada Concepción, es también objeto de delito.

https://www.elsaltodiario.com/justicia/2018-en-los-juzgados-altsasu-presos-politicos-y-libertad-de-expresion