Un escrache, similar al que protagonizaron en su día otros destacados miembros de Podemos contra la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, ha sido el detonante de la primera imputación en el seno de la cúpula de Podemos. Los hechos ocurrieron hace ahora un año, el 17 de febrero de 2014, cuando el presidente de Cantabria y líder del PP regional, Ignacio Diego, acudió a la principal universidad pública de la comunidad a participar en el foro Tengo una pregunta para usted, organizado por el Consejo de Estudiantes. Allí, según consta en el auto de imputación, un grupo de activistas lanzó insultos contra Diego durante su intervención, y a la conclusión del acto, "se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente, impidiendo de hecho que pudiera acceder a su vehículo oficial".

Entre las nueve personas imputadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, se encuentra Marcos Martínez Romano, miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos (los 62 de Pablo Iglesias) y portavoz del círculo de Santander. El otro cántabro que forma parte de este órgano de decisión es Jesús Montero, secretario general de Podemos Madrid y también en el centro de la polémica durante las últimas semanas.

El magistrado acusa a Martínez de un delito de desórdenes públicos o, alternativamente, coacciones, atentado agravado y de una falta continuada contra el orden público, injurias y amenazas. Según relata el instructor en la resolución que pone fin a la investigación, el dirigente de Podemos intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente con el propósito de agredirle, y un policía se interpuso para impedirlo, forcejeando "levemente" con él, para después insultar a los escoltas.

Si bien el delito de desórdenes públicos lleva aparejada una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, la condena es mayor para el caso de coacciones y atentado contra la autoridad, donde ley contempla de cuatro a seis años de prisión. Marcos Martínez, graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y vinculado a movimientos sociales y el 15-M, ha recibido esta imputación en pleno proceso de primarias de Podemos para elegir a la dirección del partido en Cantabria. De hecho, la votación on line para los inscritos en esta región arrancó el pasado lunes y se prolongará hasta el viernes 13. El fin de semana se conocerán los resultados.

El dirigente de Podemos intentó entrar al vehículo donde estaba el presidente de Cantabria con el propósito de agredirle, pero un policía se interpuso para impedirlo, relata el auto

Martínez figura como número tres de la candidatura oficialista Claro que Podemos que apadrina el núcleo más próximo a Pablo Iglesias. El secretario de Comunicación y Estrategia Política de Podemos, Íñigo Errejón, se desplazó el pasado 2 de febrero a Santander para arropar a los miembros de esta lista, que encabeza José Ramón Blanco. En aquel acto, celebrado en la sala del Paraninfo de la Universidad de Cantabria, intervinieron, además de Errejón, tanto Montero como el propio Martínez.

El jefe de campaña de las europeas y mano derecha de Iglesias fue interrumpido por protestas de falta de neutralidad que le lanzaron miembros de las otras tres candidaturas en liza en estas primarias autonómicas. "Tú nos están dividiendo con tu presencia", llegaron a espetar los críticos a Errejón. El dirigente de Podemos pidió calma y contestó: "Las diferencias nos hacen más fuertes".

Desde las corrientes alternativas se preguntan si el caso de Martínez será abordado por la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos y si este órgano interna, también bajo control de afines a Iglesias, estudiará la posible apertura de un expediente de expulsión a raíz de la citada imputación. El código ético de Podemos obliga a cualquier miembro del partido a asumir "el compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el Reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos".

De momento, el área de Ética y Validación de la Comisión de Garantías Democráticas todavía no ha publicado ese reglamento con las faltas y delitos que el partido entenderán suficientes como para pedir al imputado, procesado o condenado que deje su cargo.

El imputado denuncia ser tratado como 'kale borroka'

Tras conocer la imputación, la reacción de Martínez ha sido la de respaldar un comunicado emitido por la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (Libres), que considera el auto "un documento politizado" con "una falta de proporción evidente entre lo ocurrido el 17 de febrero de 2014 y los delitos" que cita el juez. Además, denuncia que el instructor aplica a los nueve activistas "artículos del Código Penal diseñados en la lucha contra la 'kale borroka' en un contexto de conflicto terrorista".