Un alto cargo de la Xunta de Galicia nombrado por Alberto Núñez Feijóo ha trazado un plan en Venezuela para que una fundación pública cubra con fondos propios el agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de las ayudas de emergencia a españoles en aquel país durante 2015 y 2016, dos años electorales.

El Gobierno de Rajoy pagó en dólares cambiados en el mercado negro las ayudas sociales a españoles en Venezuela

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El secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, un dirigente próximo a Feijóo, formuló esa propuesta en diciembre pasado durante una reunión en la embajada española a la que acudieron el embajador, Jesús Silva, y el cónsul general, Juan José Buitrago, según ha podido comprobar eldiario.es.

Todos los presentes en aquella cita son miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud (FES), que tiene como objeto "prestar atención sanitaria, médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles". Se trata de una fundación pública cuyo presidente ejecutivo es el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, después de una reforma de sus estatutos promovida por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el que el diplomático tiene muy buena relación.

La investigación del Tribunal de Cuentas activó en diciembre pasado a altos cargos y dirigentes cercanos al PP gallego para tratar de controlar las consecuencias del escándalo. Las fuentes consultadas sostienen que la voz de alarma la dio Aurelio Miras Portugal, un histórico dirigente del PP gallego que ejerció de Consejero de Emigración en los Gobiernos de Fraga y luego dio el salto al Gobierno de Rajoy. Este político, probablemente el que mejor conoce la comunidad gallega en el exterior, con la que lleva tratando más de dos décadas y organizando polémicos actos institucionales con dinero público en vísperas de las campañas, alertó a la Xunta de la conveniencia de solventar el asunto sin hacer mucho ruido. Según las mismas fuentes, la dirección del Gobierno gallego dio instrucciones a Rodríguez Miranda para que tratase de solucionar una crisis que apunta a un compañero de partido.

Según los informes en poder del embajador Silva y del Ministerio de Trabajo, de quien depende la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, fue el anterior responsable de este organismo durante los años 2015 y 2016, Juan de San Genero Santana, un dirigente del PP, quien gestionó la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares, producto de cambiar unos 300.000 euros, teóricamente destinados a ayudas de emergencia social para casos de extrema gravedad. Según figura en el informe del Tribunal de Cuentas, el importe correspondiente al cambio oficial en aquellos años (6,40 bolívares por dólar) fue entregado a la fundación para que se invirtiera en acciones sociosanitarias, pero el diferencial obtenido mediante el cambio en el mercado negro, que podría alcanzar hasta 40 veces más, se destinó al pago de actividades de marcado carácter electoralista. El dinero acabó dedicado al pago de reparaciones en sedes sociales de hermandades y hogares regionales, en reponer vallas de seguridad y hasta en la pintura de la carpintería exterior, y la cobertura de peticiones de diversa índole ajenas a las funciones propias de los organismos sociales adscritos a la embajada.

Todo quedó reflejado en un informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo redactado a raíz de que el último secretario de la consejería, José Manuel Gómez de Aranda, emitiera una denuncia al verse también involucrado en los repartos que hizo su titular hasta octubre de 2016, Juan de San Genaro Santana, antes de jubilarse. A partir de esos informes, el Tribunal de Cuentas abrió en 2018 su investigación y concluyó en noviembre de 2019 con un acta de liquidación que reflejaba la existencia de "hechos que pueden ser constitutivos de responsabilidad patrimonial".

"Yo soy responsable de mis actos"

El principal encausado en ese expediente es quien fuera consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Juan de San Genaro Santana Reyes, un ex legionario, dirigente del PP en la isla de Fuerteventura, que llegó a diputado regional. Santana guarda silencio desde su residencia familiar de Fuerteventura. "En estos momentos me debo a los tribunales de justicia, que han de valorar mis actuaciones. Yo soy responsable de mis actos, y por ellos espero que sea por lo que se me juzgue", ha respondido a este periódico.

Hasta el momento se desconoce de modo oficial si alguien ha reintegrado al tesoro público esas cantidades reclamadas. Lo único confirmado es que no lo ha hecho la Fundación España Salud pese a los intentos del Partido Popular por que así fuera.

Una fuente oficial de la Secretaría de Emigración de la Xunta ha confirmado a este periódico que la reunión de diciembre pasado entre su titular, Rodríguez Miranda, el embajador y el cónsul general, efectivamente se produjo, pero negó que fuera convocada para abordar la búsqueda de una solución que evite que Juan de San Genaro Santana tenga que desembolsar esos 300.000 euros que le reclama el órgano fiscalizador. Una segunda fuente conocedora del encuentro sostiene que ese fue el motivo de la cita.

Durante esa reunión, el cónsul general, Juan José Buitrago, se mostró en completo desacuerdo con la fórmula escogida para devolver los fondos, mientras que el embajador no se manifestó abiertamente en contra. Pero ninguno de los miembros de la directiva de la fundación al tanto de esta operación la ha planteado a día de hoy a sus órganos para que se aborde en la próxima reunión prevista para la que todavía no hay fecha.

Otros integrantes de las FES conocedores de ese plan para tapar el agujero de 300.000 euros se han manifestado contrarios siquiera a su planteamiento y así lo han trasladado a la embajada, que mantiene congelada cualquier decisión. La oficina de comunicación de la legación diplomática española remite, cuando este medio pregunta por el asunto, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que tampoco ha contestado a eldiario.es.

Ha sido el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia el que se ha mostrado más proclive a una solución que evite a Santana, ex consejero y compañero de partido, el trago de responder en solitario por la sanción del Tribunal de Cuentas, según fuentes oficiosas de la embajada de España en Venezuela.

La Fundación España Salud tiene en su consejo de administración una mayoría de cargos orgánicos del PP en la diáspora, algunos de ellos en calidad de presidentes de hermandades, hogares y centros provinciales. También integran ese consejo el agregado comercial, el consejero de Trabajo y Seguridad Social de la embajada, el secretario de este órgano y el cónsul general.

La comunidad gallega en Venezuela fue la que más se movilizó en las elecciones generales de 2015 y 2016. Según datos oficiales, registró una participación por encima de la media, que superó incluso la de la colonia canaria, la más numerosa en el país.

Antonio Rodríguez Miranda (A Bola, Ourense, 1967) es un destacado dirigente del Gobierno gallego, desde hace al menos una década integrante del núcleo cercano al presidente Feijóo en el PP de esa comunidad. A él, antiguo candidato sin éxito del partido en la villa de Allariz, feudo histórico del BNG, recurrió el líder popular a principios de la década para actuar de contrapeso del aparato frente a la todopoderosa familia Baltar, en Ourense, sus únicos rivales internos en el PP gallego. A partir de ahí se ganó el puesto de número tres de la formación como portavoz del partido. Pero su carrera política se vio empañada de repente en 2010 también por un problema económico: el cobro presuntamente indebido de 26.000 euros en dietas de desplazamientos entre Ourense y Santiago que, en realidad, hacía en el coche oficial del entonces vicepresidente del Parlamento autonómico, José Manuel Baltar, cuando aún no se había roto la relación.

Tras su caída en desgracia, Miranda anunció la devolución "íntegra" de las dietas y el PP lo mantuvo un tiempo apartado de la primera línea institucional hasta que en diciembre de 2012 fue designado secretario general de Emigraciones de la Xunta. En 2015 volvió a verse envuelto en otro asunto de gran repercusión mediática, el de la presunta caja B del PP de Ourense que dio por acreditada la investigación de la Operación Pokémon.