Las audiencias en este juicio, producto de cuatro años de investigación de la fiscalía, fueron descritas como "históricas" por varios expertos en derecho ambiental, y serán seguidas de cerca por la industria petrolera y activistas ambientales. Representantes de ambos lados estuvieron presentes en la apertura de las audiencias.

Tillerson presidió Exxon desde 2006 hasta que se convirtió en secretario de Estado de Donald Trump en enero de 2017, cargo del que fue retirado por el presidente en marzo de 2018.

En su argumento inicial, el representante del fiscal general Kevin Wallace, indicó que Exxon comunicó durante varios años a sus accionistas e inversores que estaba considerando los riesgos del endurecimiento de las leyes en varios países sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.

Wallace mostró en una pantalla extractos de comunicaciones a los accionistas en los que Exxon afirma utilizar un "riguroso" sistema para sus proyecciones, incluido el aumento notable de los costos de sus emisiones de carbono para 2040.

Según Wallace, la compañía hizo sin embargo estimaciones de costos más bajos para evitar la caída de sus pronósticos de rentabilidad.

"Los inversores estaban preocupados por el impacto (del cambio climático) y solicitaron información" para tomar decisiones, dijo Wallace. "Exxon les dio muchas explicaciones, pero no fueron ni verdaderas ni precisas (...) los inversores ahora tienen derecho a la verdad y a ser compensados", agregó.

Las comunicaciones engañosas habrían resultado en una sobrevaluación de las acciones del grupo, y un daño a los accionistas estimado "entre 476 millones y 1.160 millones de dólares".

Sin embargo, el abogado de Exxon, Ted Wells, rechazó las acusaciones y las calificó como "lejanas a la verdad". Además, acusó a la oficina del fiscal de "motivaciones políticas", como resultado de una campaña para golpear a Exxon perpetrada por los medios de comunicación y las organizaciones ambientales.

Well dijo que si bien el sistema de medición de riesgo climático de la compañía incluía dos métodos, eso no tenía la intención de engañar a los inversores sino de proveer distintos pronósticos.

Las proyecciones de mayores costos se utilizaron para anticipar la demanda de energía a largo plazo y la evolución de los precios, mientras que las menores permitieron estimar el costo de posibles proyectos de inversión, para tomar decisiones, pero sin impacto directo en los inversores.

La compañía rechazó haber actuado con intenciones de engañar. "No tiene sentido, no tenemos interés en engañarnos a nosotros mismos", dijo el representante legal.

Tillerson se espera como un testigo clave en el juicio que durará unas tres semanas. Wells dijo que lo llamará a declarar, y la fiscalía tiene la intención de hacer lo mismo.

Activistas ambientales, que organizaron una pequeña manifestación ante la corte de Manhattan, esperan que ExxonMobil sea sentenciado a pagar fuertes multas. Su reclamo contra la compañía se inició en 2015 con el lema "#Exxonknew" ("#Exxonsabía"), alegando que Exxon ocultó deliberadamente el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente.

Un informe publicado el lunes por cinco académicos, incluidos dos de Harvard, comparó el discurso de los gigantes energéticos sobre el cambio climático con el de las tabacaleras, que durante mucho tiempo minimizaron los peligros del tabaco para la salud.

Cualquiera sea el resultado del juicio, dice Hana Vizcarra, experta en derecho ambiental de la Universidad de Harvard, los debates tendrán un impacto en cómo las grandes compañías de energía comunican sobre el riesgo climático.

"Inversores y accionistas quieren más información relacionada con el clima y cómo (la regulación relacionada) afecta a las empresas", dijo. "Casi todas las compañías de petróleo y gas ahora producen informes relacionados con el clima; la pregunta es qué información debe incluirse".