Podemos condena de forma rotunda los atentados cometidos ayer en Bruselas, en los que han fallecido más de 30 personas y más de 230 han resultado heridas. Nuestros pensamientos y afecto están con todas ellas, con sus familias, y también con las víctimas de los atentados que se han producido en las últimas semanas en Malí, Somalia y Costa de Marfil. Hoy más que nunca Europa debe permanecer unida en su rechazo al terrorismo y a la barbarie, en la solidaridad con las víctimas y sus allegados, y en la defensa y el firme compromiso con la paz, las libertades y los derechos humanos.

Ante hechos tan terribles como los acaecidos ayer en Bruselas, es necesaria una acción coordinada para llevar a sus responsables ante la justicia y garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Hoy más que nunca, también, es necesario un nuevo consenso entre las fuerzas políticas y sociales españolas y europeas que permita afrontar la lucha contra el terrorismo internacional de una manera más eficaz, justa y respetuosa con los derechos humanos. Para ello es necesario superar el actual modelo de defensa y seguridad nacional centrado en costosas intervenciones militares o respuestas solamente policiales que no abordan las causas de los conflictos. La respuesta ha de ser política, y debe estar basada en una nueva agenda global que afronte esa amenaza internacional de forma integral. En ese sentido, desde Podemos creemos urgente avanzar en la adopción de las siguientes medidas.

1. Medidas para neutralizar las vías de financiación del terrorismo internacional

Es necesario que la Unión Europea y sus Estados miembros refuercen su cooperación para cortar las vías de financiación de Daesh. En el caso de España, deben llevarse a cabo mejoras en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe sobre España de diciembre 2014 del GAFI (Grupo de Acción Financiera, organismo intergubernamental para promover políticas que combatan el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo) mencionaba entre otros ámbitos susceptibles de mejora la baja sanción penal del blanqueo de capitales en nuestro país; la renuncia de España a congelar activos financieros en la lucha antiterrorista; la falta de coordinación política y operativa entre las autoridades encargadas de los controles de exportación y las encargadas de evitar el blanqueo de capitales; o las pocas regulaciones para intermediarios financieros en el ámbito de las transferencias electrónicas.

Sería necesario remediar cuanto antes todas estas deficiencias, así como promover y potenciar iniciativas de ámbito europeo que refuercen el control de los flujos opacos de capitales dentro y fuera de nuestro continente, para lo que habrá que aportar nuestra experiencia y nuestro conocimiento en materia de regulación y control financiero, y nuestros servicios de inspecciones de hacienda, inteligencia, policía y aduanas. Para combatir el terrorismo, nada sería más útil que una acción coordinada que combata los paraísos fiscales y refuerce los mecanismos de control y supervisión de los flujos de capitales a nivel internacional.

2. Medidas para cortar el suministro de armas a Daesh

El Consejo de Seguridad de la ONU decretó un embargo de armas contra Daesh. Para poder implementarlo, necesitamos una estrategia integral que garantice un control del comercio de armas mucho más eficaz que el actual, que no está impidiendo que auténticos arsenales de armamento tanto legal como fuera de circulación lleguen a manos de terroristas europeos, ni que Daesh obtenga armas y material militar para seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Oriente Medio (Siria, Irak, etcétera). Esa nueva estrategia europea debe asegurar el cese efectivo de las transferencias de armas a países donde exista un riesgo sustancial de que puedan acabar en manos de Daesh o puedan ser usadas para cometer violaciones de los derechos humanos. Asimismo, debe reforzar la legislación y los controles existentes en todos los países europeos en materia de control de armas para que se ajusten plenamente al Tratado sobre Control de Armas ligeras y otros tratados internacionales. Debe incluir también medidas drásticas para neutralizar el floreciente mercado negro de armas en Europa, pues, lamentablemente, estamos viendo que las armas empleadas en los atentados son de origen europeo: en la sala Bataclan se encontraron rifles de asalto de la antigua Yugoslavia de la marca Zastava M70, de los que se cree existen aún más de cuatro millones en el mercado negro; en las redadas que llevó a cabo la policía belga en Bruselas se encontraron varios AK-47, el rifle de asalto de origen ruso que puede comprarse por apenas 300 euros en los Balcanes, una zona que se ha convertido en puente para otros mercados. Para controlar ese mercado ilegal es necesario adoptar un marco legal armonizado sobre posesión de armas en toda la Unión Europea que incluya un registro de venta de armas en cada país europeo, así como el fortalecimiento de la cooperación policial, judicial y de inteligencia entre los Estados para luchar contra ese mercado.

En el caso de España, además de suspender las exportaciones de armas a zonas o países en conflicto y potenciar la lucha contra el mercado ilegal de armas, es necesario establecer evaluaciones más rigurosas del riesgo de las exportaciones de armas antes de conceder o denegar las licencias, e implementar un sistema de control y verificación del destino, uso y destinatario final de las armas exportadas por España (donde se incorporen, por ejemplo, sistemas de marcado de la trazabilidad de la munición). Debe también modificarse la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, para incluir «la regla de oro» del Tratado sobre el Comercio de Armas. Es preciso, además, reforzar el control parlamentario y la transparencia de las decisiones en esta materia.

3. Medidas para reafirmar nuestro compromiso con las libertades y derechos fundamentales

La lucha antiterrorista se ha basado exclusivamente en las últimas décadas en un drástico endurecimiento de las legislaciones. Hemos visto restringir cada vez más los derechos fundamentales, abusar de los estados de excepción y los limbos jurídicos, legalizar o permitir la impunidad de prácticas de tortura o de malos tratos a personas detenidas, aprobar leyes penales o de seguridad ciudadana cada vez más restrictivas, restringir el derecho de manifestación, expresión y protesta… Toda una serie de medidas que se alejan de un modelo de sociedad libre, justa y de derecho en nombre de una lucha antiterrorista, impregnada del discurso del miedo, que no solo ha restringido las libertades y los derechos de los que cualquier democracia debe hacer bandera, sino que se ha demostrado ineficaz.

La respuesta ante la violencia, la barbarie y la amenaza no puede sacrificar los valores que impregnan nuestras sociedades y que son fruto de siglos de avances y conquistas para disfrutar de una vida en democracia, de la libertad y los derechos civiles. Es necesario, por ello, otro enfoque que garantice la eficacia de la cooperación policial, judicial y de los servicios de inteligencia dentro del pleno respeto de los derechos humanos y de las normativas internacionales. Deben modificarse aquellas leyes restrictivas —Código Penal, ley mordaza, régimen de incomunicación, jurisdicción universal, ley de partidos políticos, etcétera— que no contribuyen a reducir o eliminar la espiral de violencia y menoscaban las libertades y el habeas corpus. También deben impulsarse políticas que favorezcan la lucha contra la violencia machista y la desigualdad de acceso a los derechos (incluidos los económicos, sociales y culturales) de las comunidades más vulnerables, tanto en Europa como en otros países donde se está sufriendo el fenómeno de la radicalización. Es necesario adoptar estrategias que favorezcan la cohesión e inclusión social, en especial de los colectivos más vulnerables y discriminados (población migrante y refugiada, minorías étnicas o religiosas, etcétera). Para ello tenemos una herramienta que sería adecuado ampliar y profundizar: el Plan integral contra la radicalización, lanzado en febrero 2015 por el Gobierno español.

4. Medidas para promover la defensa de los derechos de las personas refugiadas que huyen del terrorismo internacional, los conflictos armados y la represión

Millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a huir de atentados como el ocurrido ayer en Bruselas, de los conflictos armados, la represión u otras violaciones de los derechos humanos. Aunque Europa está obligada ética y jurídicamente a proteger a esas personas, en los últimos años la Unión Europea y sus Estados miembros han priorizado el control migratorio, el cierre y militarización de sus fronteras y la adopción de otras medidas que ponen en peligro los derechos de las personas refugiadas y migrantes. El último ejemplo de una política migratoria y de asilo, inaceptable jurídicamente, vergonzosa éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos humanos y humanitaria que vive Europa, es el acuerdo que la Unión Europea ha acordado con Turquía el pasado 18 de marzo. Un acuerdo a todas luces incompatible con la legislación internacional de derechos humanos y que vulnera el acuerdo suscrito por el Parlamento español el pasado 16 de marzo.

La Unión Europea y España deben reorientar totalmente su estrategia ante dicha crisis de derechos humanos. Además de paralizar inmediatamente la aplicación del acuerdo con Turquía, es necesario adoptar medidas urgentes para ayudar a que las personas refugiadas no se vean obligadas a recurrir a canales de acceso irregulares y costosos, como atravesar el Mediterráneo, lo que ha costado la vida a miles de personas durante los últimos años. España y el resto de países de la Unión Europea deben priorizar la apertura de canales legales (visados humanitarios, peticiones de asilo en embajadas, medidas para favorecer el reasentamiento, la reagrupación familiar y el retorno, etcétera), la protección de las personas refugiadas tanto en alta mar (creando una agencia europea de salvamento efectiva) como a quienes llegan a su territorio, para compartir entre todos su protección y garantizar una solución duradera y unas condiciones de acogida dignas.

Por último, nuestra política exterior ha de reorientarse hacia un paradigma que se centre en los derechos humanos, la equidad de género, la democracia y el desarrollo sostenible e inclusivo. Para ello, es imprescindible fomentar el liderazgo local en la gestión de los conflictos (en especial de la sociedad civil y las mujeres, los defensores y las defensoras de los derechos humanos, la oposición pacífica y los colectivos discriminados o excluidos) y evitar la imposición por la fuerza de soluciones exógenas. Nos preocupa, por ejemplo, el enfoque militarista y exógeno que se dio en Irak o en Libia y que ahora se está dando en Siria. Consideramos que es mucho más oportuno y sostenible apostar por una agenda de construcción de paz que, en lugar de aumentar los presupuestos de defensa y armamentísticos, priorice las políticas y aumente los presupuestos destinados a garantizar los derechos humanos (incluido el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el alimento, el agua, los cuidados), la equidad de género, la democracia, el desarrollo sostenible e inclusivo y las necesidades humanitarias que existen en España y en todo el planeta. En el ámbito de la política exterior, es necesario, por tanto, aumentar la cooperación al desarrollo, la asistencia humanitaria, la solidaridad internacional y la construcción de la paz, y orientarlas hacia la transformación de las causas que generan los conflictos armados. Frente al discurso del miedo, frente al discurso del odio que crece en nuestro continente y se alimenta de varias formas de exclusión, necesitamos refundar Europa a partir de un compromiso inquebrantable con las libertades, con los derechos humanos, con los valores en los que nos reconocemos y que nunca debemos abandonar.

Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos