La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

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Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa.

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron 34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.

Las auditorías

De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay evidencia de haberse realizado.

La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15, sin justificación alguna.

Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.

Animal Político comprobó que al menos cuatro de las compañías a las que se les entregaron los recursos están relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.

Además están vinculadas con la red de compañías reveladas en el reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.

Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.

La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la pobreza y la desigualdad.

“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse”, concluyó la ASF.

Los resultados de estas auditorías fueron publicadas en su momento por diferentes medios de comunicación, sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso no ocurrió.

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias.

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La simulación

En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.

De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí solas la mayor parte de los servicios.

Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas que la propia Sedesol “recomendó”.

Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un salario pagado con los recursos de los convenios.

Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser real porque las empresas subcontratadas originalmente por las universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de compañías.

“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.

Los nexos entre empresas

Como parte de la investigación forense, los auditores identificaron las compañías que recibieron recursos de los convenios que Sedesol firmó con las tres universidades mencionadas en 2015, y que presuntamente simularon los servicios. Animal Político rastreó datos de dichas empresas y se confirmó su nexo con empresas fantasma.

De acuerdo con el reporte de la auditoría, las empresas Integrasoft SA de CV, Grupo Corporativo Integral Vazme SA de CV, Cofint SC, Infraestructura Astoria SA de CV, e Izarre SA de CV fueron las que recibieron recursos directamente de las tres universidades.

Como ya se dijo estas no usaron el dinero para cumplir con ningún servicio, sino por el contrario, lo transfirieron entre ellas o a otro grupo de empresas: Srevint SA de CV, Factores y Servicios Humanos SA de CV, CMA Servicios Estratégicos SA de CV, Corporativo Kukmu S de RL de CV, Elevait SAPI de CV, Sultan Group Development, Matchser SA de CV, Servicios Comerciales S de RL de CV, RIEU Recursos de Capacitación S de RL de CV, Ji&am Administración S de RL de CV, Distribuidora Zadot SA de CV y Soluciones en Comercio Caricom SA de CV.

Estas compañías a su vez triangularon los recursos con Unificación de Recursos Administrativos SA de CV y World Heritage Group SA de CV. En estas operaciones también estuvieron involucradas seis personas físicas.

Animal Político obtuvo las actas constitutivas de varias de estas compañías, y se descubrió que cuatro de ellas fueron creadas en Coahuila ante el mismo notario de nombre Gustavo Muñoz Domínguez. Se trata de Factores y Servicios Humanos, Unificación de Recursos Administrativos, Srevint y Matchser, estas dos últimas creadas con tan solo un día de diferencia en 2014.

Factores Humanos tiene entre sus representantes legales a Beatriz Ariana Enríquez Herrera, quien también desempeña ese rol en la empresa Unificación de Recursos Administrativos. A su vez esta empresa tiene como otra de sus representantes a Graciela Díaz Hernández, quien también es apoderada de las compañías Matchser y Srevint.

Pero los vínculos no se limitan a estas empresas. Animal Político pudo verificar que uno de los socios de la empresa Factores y Servicios Humanos, Javier Ángel Gonzalez Colsa, también es socio de la compañía Integradora de Capital Humano SA de CV, una de las empresas fantasma uilizadas entre 2013 y 2014 en “La Estafa Maestra”

Integradora no es una empresa con un papel menor en aquella red. Fue la única que recibió recursos de otra compañía llamada ESGER Servicios y Construcciones, que se convirtió en receptora de más de 680 millones de pesos provenientes de distintas universidades.

En enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a ESGER en su lista definitiva de compañías que simulan operaciones, es decir, de empresas fantasma.

Leer: #LaEstafaMaestra: empresa que desapareció 683 mdp de Sedesol es fantasma, declara el SAT

Esta es la tarjeta informativa que el equipo de Meade Kuribreña envió sobrre el tema.

NOTA INFORMATIVA

Los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fueron suscritos por el Dr. José Antonio Meade Kuribreña ni sus vigencias corresponden a su gestión como Secretario Desarrollo Social. Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña.

A efecto de que no se volvieran a presentar las condiciones observadas por la Auditoría Superior de la Federación, la administración del Dr. Meade Kuribreña implementó las siguientes acciones:

a. Ante el incumplimiento de pago por parte de las referidas instituciones públicas de educación superior a los Coordinadores de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (Coplades) y Coordinadores Técnicos Sociales (CTS´s), la Sedesol tuvo que realizar adecuaciones hacia finales del ejercicio fiscal 2015, que permitieran dotar de suficiencia presupuestaria a la estrategia de otorgamiento de “ayuda social extraordinaria”, exclusivamente a aquellas personas con méritos, que hubieren contribuido a la supervisión de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales derivadas de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS).

b. La Sedesol modificó el 31 de marzo de 2016, los Lineamientos de operación del FAIS, con lo que se clarificaron las atribuciones que a dicha Dependencia del Ejecutivo Federal le asigna la Ley de Coordinación Fiscal. De esta forma, propuso la figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en tanto mecanismo oficial para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales. Los honorarios de dichos agentes no los cubrirá más Sedesol, puesto que deberán cubrirse con cargo al 3% de los recursos que para operación se asignan anualmente a los gobiernos locales para el FAIS, el mismo que se publica con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

c. En su caso, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Sedesol, las irregularidades detectadas en la operación de los programas.

En suma, la contratación de Coplades y CTS se realizó de manera previa a la gestión del Dr. Meade Kuribreña, quien -a su llegada a la dependencia- atendió la situación preexistente a fin de: no dejar en desamparo a aquellos trabajadores que demostraron con documentos que habían realizado trabajos que en última instancia habían aportado a Sedesol; cancelar esa modalidad de contratación y para crear un nuevo mecanismo de apoyo a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura transparente y basado en la normatividad.

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Con información de Nayeli Roldán.