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El mago tiene una sola misión: que no se le vea el truco. Tiene que moverse rápido, tiene que distraer con las manos y con la sonrisa ancha, tiene que simular que está haciendo una cosa cuando en realidad está haciendo otra. Sin galera, ni varita, ni conejo, el político —y sobre todo el que gobierna— intenta lo mismo.

El presidente Tabaré Vázquez prometió en tiempo electoral que no subiría impuestos, pero el año pasado el Ministerio de Economía decidió un aumento del IRPF y del IRAE. Esto trajo rispideces a la interna del Frente Amplio y un conflicto con el Pit-Cnt, que terminó con un acuerdo para que la suba no afectara a los sueldos menores a $ 50.100. Después de esto, ¿cómo hacer para conseguir más dinero —con un déficit que en los 12 meses finalizados en octubre pasado estaba en un 3,5%— sin pasar por trámites parlamentarios? Ahí es cuando los gobernantes se convierten en ilusionistas. Y, a veces, se les ven los hilos.

El artículo 87 de la Constitución establece que "para sancionar impuestos se necesita el voto conforme de la mayoría absoluta del total de componentes de cada cámara", o sea la mitad más uno. Pero para subir las facturas no se precisa que nadie vote nada, esto se hace por decisión del Poder Ejecutivo. El mayor traslado de dineros de los entes a Rentas Generales se da a través de UTE. El año pasado este aportó el 21% de sus egresos por concepto de impuestos (como ser el IVA que pagan los usuarios o el IRPF de los funcionarios), y el 12% que corresponde a los dividendos en efectivo (o sea las ganancias). En 2017, según las cifras cerradas a octubre, se nota un aumento del aporte a Rentas Generales: fue de 22% de impuestos y casi 13,5% de las ganancias, todo según los datos publicados por el Ministerio de Economía.

El traslado de los dividendos en efectivo a las arcas del Estado es lo que más indigna a algunos especialistas que sostienen que si UTE —o cualquiera de los otros entes— tiene un buen margen de ganancias, lo que debería hacer es bajar las tarifas y no seguir haciendo ajustes, como el que se aprobó días atrás, aunque este sea por debajo de la inflación.

"Utilizar a las empresas públicas como hiperrecaudadores no es lo que está previsto en la Constitución, no es lo que establece la ley. La aprobación parlamentaria de los impuestos tiene que ver con el necesario control que tiene que haber del gobierno central", señala Omar Paganini, vicerrector de Gestión Económica y Desarrollo de la Universidad Católica y miembro del Observatorio de Energía de esa misma institución.

El director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Universidad de Montevideo, Ignacio Munyo, se pronuncia más o menos en el mismo sentido, al tiempo que aclara que no es algo que tenga que ver con una fuerza política en particular. "Esto es algo que ha pasado históricamente. De hecho las empresas públicas surgieron como mercados monopólicos para que, justamente, puedan financiar parte de los programas sociales y el gasto público. El problema está en que esto se fue degenerando con el tiempo y hoy, la forma en que continúa esta tendencia, es totalmente ineficiente", advierte el economista que recientemente se sumó al equipo del senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

En 1999, en el último año del segundo gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, se trasladó el 22% de los egresos de UTE a Rentas Generales por concepto de impuestos y 19% por los dividendos de la empresa. En 2004, en el último del también colorado Jorge Batlle, fueron 33% y 21%, respectivamente.

Desde el directorio de UTE señalan que "los aumentos son fijados por el Ministerio de Economía y no hay posibilidades de incidir en eso" y que estos se calculan a partir de la inflación del último año, sin tener en cuenta si el último balance le dio positivo. Las autoridades del ente no están tan de acuerdo con esto y advierten que deberían bajarse las tarifas. El propio presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, señaló que la tarifa pudo haber tenido una "rebaja efectiva" a partir del próximo enero, según declaró a Brecha. También manifestó que de 2015 a 2017 se aportaron US$ 630 millones a Rentas Generales.

Paganini advierte que los altos precios de la electricidad y también de los combustibles, pueden espantar a posibles inversores, ya que estos están más caros que en los otros países de la región. Munyo, en tanto, sostiene que los aumentos son "una mala noticia en momentos en que el sector productivo está en una situación tan complicada".