La fila de micros escolares avanza por la avenida Libertador. Varias camionetas de la Policía Federal (PFA) esperan en las inmediaciones de la residencia presidencial desde temprano. Hay refuerzos de Prefectura y también móviles de la bonaerense. Pero los bombos vienen flacos: cinco pibes de apenas veinte años, que bajan de un Renault negro con vidrios polarizados. Señoras de impecable lino blanco y sombrero de raffia italiana conviven con sudorosos trajes medio pelo y zapatos sin lustrar. Poca bandera y mucho cartelito prolijo: “No al cierre de las inmobiliarias” y “Sí a la libertad profesional” se lee sobre el sello del Colegio Profesional Inmobiliario, una de las entidades que convocó a la movilización a la Quinta de Olivos, donde florecen los jardines de rosas blancas de la primera dama.

En muchos sentidos la marcha descoloca: el linaje del presidente y de la mayoría de los funcionarios justifica considerar a las empresas casi amigas de la casa, por eso para conseguir sus objetivos suelen bastar los lobbies silenciosos. No es usual ver a Héctor D´Odorico, titular de la Cámara Inmobiliaria y dueño de una de las principales agencias del país, dando entrevistas en medio de una manifestación con micros, bombos y banderas. Pero en Argentina es imposible aburrirse, y la era Macri sigue entregando postales para el asombro.

La movilización no es lo masiva que don Héctor esperaba, cuando en conversación telefónica con crisis explicó que a pesar de la naturaleza porteña de la norma se unieron al reclamo “todas las provincias, todos los colegios departamentales de la provincia de Buenos Aires, los centros, las instituciones, las cámaras”, con la expectativa de que “las autoridades van a tener que darse cuenta de que realmente los inmobiliarios estamos presentes.” Cuatrocientas personas según la estimación de la PFA, siempre amarrete, más de quinientas en la generosa cuenta de esta cronista, levantan carteles y tocan silbatos de plástico multicolores que se reparten en montoncitos. Luego cantan el himno con el tono intenso y solemne de la vibración que produce lo colectivo, y sin respiro añaden un epílogo: “borombombom, borombombom, sin honorario no hay profesión”.

El reclamo culmina con la entrega de un petitorio al presidente de la República, pero tanto los dirigentes de las principales entidades inmobiliarias como los que asistieron a la marcha se cuidan de criticar al gobierno. No dirán nunca que están decepcionados: atribuyen la medida a una “necesidad electoral”, cuasi populista, y se muestran convencidos de que lograrán revertirla después del 22 de octubre, para volver a la tranquilidad de la que disfrutaron siempre, incluso durante las gestiones de Néstor y Cristina.

hecha la ley

Como el proceso de urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires o la ampliación de buena parte de la asistencia social que había desplegado el kirchnerismo, la medida que prohíbe cobrar comisión a los inquilinos en la capital no encaja en la caracterización que suele hacerse de la alianza que gobierna desde diciembre de 2015. ¿Quién, salvo las inmobiliarias, puede estar en contra de una medida que beneficia potencialmente a 400 mil familias? De tanto en tanto, el macrismo toma direcciones inesperadas. Como la reforma a la ley 2340 impulsada por Inquilinos Agrupados, asociación civil presidida por Gervasio Muñoz, quien admite que “no esperaban llegar a tanto”. El apoyo sorpresivo para que el proyecto se convirtiera en ley vino de Juan Maquieyra, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Y del propio Rodríguez Larreta, quien hace muy poco en esta misma revista se negaba a reconocer el problema de la especulación inmobiliaria.

Si bien se aprobó en agosto, el Gobierno aún no puso en marcha la modificación. Desde la publicación de la norma se abrió un extraño período de negociación ex post con las entidades, representadas en su mayoría por el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar y el presidente del Colegio Profesional Inmobiliario de la Capital Federal, Héctor D´Odorico. Además de la marcha, para la que el Colegio dispuso micros en cinco puntos distribuidos en la ciudad, las inmobiliarias permanecieron cerradas durante todo el día lunes.

El destino de la ley aún es incierta. Desde Inquilinos Agrupados, la organización que puso el dedo en la infecta llaga de los alquileres, Gervasio Muñoz se muestra escéptico. Cree que el conflicto no puede desengancharse del escenario nacional, donde ya tiene media sanción un proyecto mucho más ambicioso para regular el precio de los alquileres (que hoy se eleva por encima de la inflación). Allí Daniel Lipovetzky, otro alfil cambiemita, lo mantiene anestesiado en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados. Muñoz advierte, además, sobre un precedente: la ley 5464 que establecía un régimen de control de las administraciones de consorcios, fue derogada en 2016 apenas tres meses después de su sanción.

¿Qué pasó en aquel caso? Los administradores le “intervinieron” a Larreta sus típicas recorridas por los barrios, desplegando mini “escraches” en cada reunión que el jefe de gobierno porteño hacía con vecinos. En las declaraciones de D´Odorico puede leerse una advertencia en el mismo sentido. El presidente de la Cámara de Inmobiliarias dijo a crisis que Larreta “les mintió” hace dos semanas, cuando en una reunión de vecinos en Caballito les prometió una reunión con el vicejefe de gobierno Santilli –reconocido amigo del rentismo metropolitano– y al final los recibió Maquieyra.

política croupier

¿Por qué las cámaras inmobiliarias marcharon a Olivos, si la protesta apunta a una ley de aplicación exclusiva al ámbito de la ciudad de Buenos Aires? Quizás en el imaginario de los propietarios porteños, Macri siga manejando los asuntos de la ciudad. O tal vez se trate de una apelación per saltum a la jefatura de Macri sobre Rodríguez Larreta. Pero, ¿es posible que el Presidente no esté al tanto de una medida de esta naturaleza? ¿O será que el gremio de los esquilmadores de inquilinos observa una hendidura al interior del oficialismo y actúa en consecuencia?

Después de tantos giros retóricos de politólogos, periodistas, economistas y editorialistas a un lado y otro de la grieta, quizás esa tensión paradojal y desconcertante sea una pista para comprender la naturaleza del partido, movimiento o alianza que nos gobierna desde 2015. Tal vez lo que el macrismo viene a intentar es una política de representación laxa, difusa e inconexa, donde se van desplegando poco a poco una batería de medidas incongruentes pero capaces de atraer a todos, como un catch all party del siglo XXI. Una democracia mediada por los grupos focales antes que por las instituciones de representación. Retenciones cero, servicios sin subsidios, urbanización de villas, autopistas en el interior para delicia de los sojeros, concesiones a los inquilinos, créditos hipotecarios para todas y todos, festival de obra pública para empresarios amigos, diálogo sazonado con planes sociales entre Carolina Stanley y las principales agrupaciones que representan la economía popular, febril endeudamiento, asistencialismo con responsabilidad social empresaria vía Toty Flores, y el pan dulce de Maru Botana.

la eutanasia del comisionista

Hay un diagnóstico posible: el gobierno de la ciudad necesita resolver el tema de los alquileres, porque su proyecto de “ciudad moderna” planea duplicar la población, pasando de tres a seis millones de porteños. Este ambicioso plan de desarrollo urbano, corazón de la hegemonía duradera del PRO en la ciudad, puede entrar en colisión con las consecuencias del modelo económico nacional. A la par de los miles de millones de pesos puestos en “aliviadores pluviales naturales parquizados” o en la integración de las villas a la vida urbana, en la ciudad moderna suben el desempleo y la marginalidad. Con el 37 por ciento de la población en relación de inquilinato, con una afectación de casi el 70 por ciento del salario medio al pago de alquileres y gastos de vivienda, más otro 20 por ciento en condiciones de precariedad habitacional, se comprende que la “pata progre” del oficialismo intente morigerar la economía de esas familias a través de cierta regulación de las comisiones.

Pero la reacción no se hace esperar: así como las patronales del agro adoptaron en 2008 los cortes de ruta utilizados por los piqueteros, así como los opositores al kirchnerismo reciclaron los cacerolazos con que los ahorristas protestaban en 2001 cuando los bancos se quedaron con sus depósitos, hoy los activistas inmobiliarios marchan a la Quinta de Olivos en defensa de “la libertad profesional” y de la auto-regulación de los mercados. En la fascinante genealogía de los movimientos de resistencia de los “privilegiados”, ahora hay que contabilizar este ataque a un gobierno estéticamente afín pero que puede llegar a darles la espalda siempre y cuando no estén lo suficientemente concentrados y no les quepa el traje de modernos capitalistas creativos.

Por ahora, las autoridades parecen redoblar la apuesta y convocaron a una mesa de negociación con todos los actores, incluidos inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios, para avanzar en una reforma integral del sistema del alquileres. ¿Podrá Rodríguez Larreta calzarse la máscara del “progresismo neoliberal” para conseguir esa alquimia? ¿Se quebrarán los lazos de sangre que unen al macrismo con las empresas inmobiliarias? ¿Macri desautorizará al actual Jefe de Gobierno? ¿Habrá sido todo, como sugieren algunos, una medida populista del oficialismo frente a las elecciones? ¿Se derogará finalmente la norma y los inquilinos volverán a fojas cero? ¿Qué dirá el emperador inmobiliario Eduardo Elzstain? Pronto se estrenarán los nuevos capítulos de esta serie que promete tener atrapados a todos los porteños.