Sólo 91 días después de ingresar en prisión con una condena de dos años por apropiación indebida de fondos públicos, el ex gerente de la Orquesta de Extremadura, Pedro Manuel Salguero, ha conseguido el tercer grado sin haber hecho frente a la responsabilidad civil subsidiaria. Se da la circunstancia de que Salguero está pendiente de otra investigación judicial al estar acusado de un delito societario, otro de apropiación indebida y un tercero de administración desleal cuando también era el responsable económico del Festival de Teatro Clásico de Mérida hasta 2011.

El factor esencial para su salida de la cárcel de Badajoz -donde ingresó el 10 de octubre- ha sido la obtención de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz), donde gobierna el PSOE, y donde el condenado fue concejal de Cultura por estas mismas siglas de 2003 a 2007. El alcalde es Eugenio Álvarez, ex consejero de la Junta, ex senador y primer edil en dos etapas, una de ellas relevando a su esposa.

Salguero consiguió el empleo en un concurso de méritos donde alcanzó los 133,5 puntos, obteniendo así más de 20 de ventaja sobre la segunda clasificada. Se presentaron cuatro personas al único puesto de auxiliar administrativo, cuyas bases fueron aprobadas por el Ayuntamiento el 18 de octubre de 2018, con Salguero ya en prisión, dentro del programa regional 'Plan de Empleo Social' de la Junta de Extremadura para municipios. A comienzos de febrero, Salguero entró a trabajar oficialmente en el Ayuntamiento, destinado como conserje en el Centro Joven.

Fuentes penitenciarias muestran su extrañeza por la obtención del tercer grado debido a que no ha devuelto la cantidad por la que fue condenado. Eso sí, confirman que ha tenido un buen comportamiento y que desde los primeros días colaboró con los funcionarios en la recogida de paquetes y ordenación de material.

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha rechazado la existencia de un pacto previo o posterior de la Junta con Salguero y ha aludido a la separación de poderes para atribuir únicamente al estamento judicial el otorgamiento del tercer grado tras conseguir un puesto de trabajo en el ayuntamiento donde fue concejal.

Iglesias ha recordado que el Gobierno extremeño se personó como acusación particular en este caso y se ha opuesto siempre a la suspensión de pena en tanto en cuanto Salguero no abone la indemnización impuesta de 135.000 euros. "Ése señor volverá a la cárcel cuando termine su contrato", ha indicado.

Condena por apropiación indebida

En abril de 2018, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Salguero tras un acuerdo de conformidad entre las tres partes: la Fiscalía, la Junta y el propio acusado, que reconoció apropiación indebida de 111.700 euros de la Fundación Orquesta de Extremadura (OEx). La denuncia la había interpuesto el Partido Popular cuando José Antonio Monago llegó a la Presidencia de la Junta y ordenó un informe de fiscalización económica de la comunidad autónoma entre los años 2010 y 2011.

El Tribunal de Cuentas ya había condenado a Salguero a devolver casi 135.000 euros por pagos sin justificar -23.264 por intereses-. La sentencia señaló que el condenado «dispuso de 111.695 euros, sobre todo mediante pagos cargados en la cuenta de la entidad y, en dos ocasiones, por caja», entre el 16 de febrero y el 27 de julio de 2011, «en su mayor parte mediante anticipos al gerente y retirada en efectivo».

«Los citados importes constan contabilizados en la cuenta 'Gerente pagos pendientes de aplicación' y todos ellos fueron realizados con firma del gerente, sin que conste justificación contable, ni figure tampoco su reintegro», indicó el Tribunal de Cuentas. Como ejemplo de las irregularidades existe una factura del 13 de julio de 2011 por importe de 12.980 euros para la compra de una furgoneta, pero ésta no existe dentro del patrimonio de la OEx.

La Orquesta de Extremadura tenía en 2011 un presupuesto de 3.112.000 euros, de los que 2.942.000 los aporta la Administración regional. En el Patronato están presentes además del Gobierno extremeño, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Fundación Maimona.

Otro alto cargo del PSOE de Extremadura, Juan Francisco Cerrato -ex administrador de Feval, Institución Ferial de Extremadura- entró en la misma prisión el 29 de enero tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito de malversación. Había intentado eludir la prisión incluso pidiendo el indulto, rechazado por la juez al tratarse de un delitos de corrupción.