El hospital 57 del IMSS en Cuatitlán Izcalli, a las afueras de Ciudad de México.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayor red pública de seguridad social en el país, tiene previstos más de 120 hospitales especializados para frenar el avance del coronavirus. Más de 10.000 enfermeras y 5.000 médicos están en la primera línea de combate a la pandemia. El Hospital General de Zona 57 en Cuatitlán Izcalli, en la periferia de Ciudad de México, no es una de ellas. Hace dos semanas, sin embargo, las cosas cambiaron por completo. Un grupo de trabajadores sanitarios de ese centro de salud empezó a notar que sus compañeros de guardia y los pacientes que estaban ingresados por otros padecimientos desarrollaban síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y decidieron alzar la voz. Al menos una decena de médicos y enfermeras pidieron incapacidades, algunos con pruebas que confirmaron el contagio, aplicadas por el propio IMSS.

Las autoridades, en cambio, no reconocen en el papel ningún brote ni ningún caso confirmado. En menos de 10 días, las solicitudes de pruebas, insumos médicos y equipo de protección se han disparado en un hospital que no tenía planes ni capacidad para afrontar la pandemia, pero que, en términos prácticos, ya lo está haciendo. “La versión oficial es aquí no pasó nada, nadie nos da la cara”, afirma una enfermera que pide el anonimato.

Los testimonios coinciden en que el brote apareció en torno al 7 de abril, cuando una paciente ingresó por la noche a la sala de urgencias con problemas respiratorios, aseguran siete trabajadores consultados por EL PAÍS. La necesidad de despejar la zona de urgencias y brindar atención oportuna a enfermos en situación crítica hizo que una doctora decidiera internarla, a pesar de que la instrucción que habían recibido los trabajadores era no aceptar ningún paciente con cuadros respiratorios y canalizarlos a los hospitales de referencia. “Al no ser un ‘hospital covid’, en las últimas semanas nos envían más pacientes con otros padecimientos de los centros de referencia, han llegado muchísimos”, comenta otra enfermera.

La dirección sostiene, dicen los trabajadores, que esta persona fue diagnosticada con influenza y que se le aplicó una prueba de coronavirus, que salió negativa. Pero los trabajadores ponen en duda el manejo adecuado de las pruebas e insisten en que se debió haber respetado la instrucción de no admitir a pacientes respiratorios porque por urgencias pasan casos sospechosos de coronavirus y el riesgo de contaminación en la ropa o por contacto es latente. “Fue una negligencia y una decisión que nos expuso a todos”, asegura una enfermera. La duda no bastó para que se iniciara una investigación epidemiológica y la hipótesis de una contaminación desde la sala de urgencias fue desechada por la dirección del hospital, lamentan los empleados.

Esa semana, la mitad de los 30 enfermos ingresados en medicina interna empezó con síntomas. “Muchos son pacientes con insuficiencia renal, lupus o problemas del corazón, por definición, más vulnerables que un ‘enfermo normal”, explica una de las trabajadoras del turno nocturno. “Ese mismo día me empecé a sentir mal, tuve fiebre, dolor de cabeza y dolor en todo el cuerpo y al día siguiente pedí que me hicieran la prueba”, cuenta una enfermera que está de baja con diagnóstico positivo. Y ahí empezaron los problemas. “Otras dos compañeras se fueron de incapacidad y tuvieron que ser internadas, una de ellas tuvo que ser intubada”, asegura.

“No nos damos abasto, en mi guardia hay normalmente seis compañeras, ahora quedamos tres y tenemos que atender 35 camas entre todas”, afirma otra enfermera. Las coincidencias en los testimonios permiten identificar una decena de casos, al menos sospechosos, entre el personal: cuatro médicos y seis enfermeras. Otras fuentes aseguran que ese número supera los 20 contagios. No hay datos oficiales del IMSS para contrastar esa cifra ni una explicación que contraste la versión del personal sobre el brote. EL PAÍS pidió durante cuatro días al Instituto que diera a conocer su postura, pero no recibió respuesta. Los empleados tampoco han tenido acceso a una lista del personal ni de pacientes contagiados. “Estamos a merced del virus porque no sabemos con qué tratamos”, lamenta un médico con diagnóstico positivo.

“La contingencia nos agarró sin capacitación suficiente”, dice el mismo médico. Como el coronavirus no estaba en los planes del hospital, tampoco hay tests ni insumos suficientes, asegura. “No nos quieren hacer las pruebas hasta que tengamos síntomas más fuertes, aunque los tengamos, y cuando les pedí material, me dijeron que no fuera paranoica”, relata una enfermera, que ha perdido el sentido del gusto y el olfato, y ha sufrido dolores de cabeza.

La escasez de equipo, sin embargo, viene de varias semanas atrás. “No contamos con el material necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”, se lee en una petición presentada ante el Sindicato del Instituto, fechado al 27 de marzo. Otra solicitud similar se presentó esta semana. Algunos trabajadores reconocen que se les ha apoyado a cuentagotas, pero muestran imágenes en las que comprueban que el equipo es de mala calidad: es muy delgado, se rompe fácilmente o no cumple con las especificaciones para protegerlos. “Cuando nos dan una mascarilla desechable para un turno de ocho horas hay gente que ni siquiera puede comer ni ir al baño, por miedo al contagio”, dice una enfermera del turno vespertino.

A algunos se les ha entregado un kit con una mascarilla N95 y un gorro y una bata desechables. “Goggles, guantes, caretas protectoras… Lo demás lo tenemos que pagar nosotros”, asegura una de las entrevistadas. En las últimas semanas ha salido a la luz reclamos por la falta de insumos y denuncias de brotes masivos dentro de hospitales del IMSS, como el hospital 72 de Tlalnepantla -también en la periferia de la capital-, donde hace dos semanas hubo al menos una veintena de casos confirmados entre el personal. El hospital 72 es el hospital de referencia para coronavirus del hospital 57. “Decidimos hablar porque no queremos ser otro caso como el de Tlalnepantla”, explica una de las entrevistadas.

Los trabajadores se quejan de que les están dando las incapacidades por enfermedad general y no por riesgo laboral. Cuando un trabajador se ausenta por ese motivo recibe solo el 70% de su salario y, tácitamente, el hospital aduce que la causa fue un padecimiento contraído fuera del centro de salud, como una gripe o una diarrea, y no por atender una situación que los pone en riesgo, como la propia epidemia. El propio hospital sanitizó y mantiene aislado, con unas delgadas cortinas de tela, el piso donde los trabajadores identificaron el brote. “Las medidas tomadas es para la seguridad de los compañeros”, escribió un delegado sindical en redes sociales, “aclarando que no hubo ni hay pacientes con covid-19”.

La mayoría de los pacientes pidieron el alta voluntaria por miedo, dicen quienes los atienden. “¿Por qué desinfectaron el área si se supone que no hay casos? No tiene sentido”, sentencia una de las entrevistadas. Las negligencias también tienen su historial en el hospital. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el año pasado una recomendación contra la clínica, después de que un mal diagnóstico fuera decisivo en la muerte de una paciente en 2016.

“Ante la incertidumbre y el temor, las protestas de los trabajadores son legitimas, pero debemos decir que sus inquietudes han sido atendidas y los pendientes, que son los menos, están por cubrirse”, asegura Arturo Olivares, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en un documento enviado a este periódico. “En cuanto al tema de brotes de contagio entre el personal, el Instituto es el encargado de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La posición del Sindicato en este asunto es y ha sido verificar que los procesos de investigación sean transparentes en todos los casos, se apoye a la base trabajadora en su recuperación y se realice el seguimiento epidemiológico correspondiente”, agrega Olivares.

El Sindicato sostiene que se han realizado 7.312 pruebas de entre 8.414 casos sospechosos entre trabajadores, aunque no detalla cuántas han salido positivas. También apunta que ha comprado más de 776.000 insumos para el personal, además de los que ya ha adquirido el IMSS: más de 402.000 cubrebocas, casi 177.000 pares de guantes y 90.500 caretas protectoras. Aunque el reparto incluye a hospitales de segundo nivel, como la clínica 57, los “centros covid” tienen la prioridad. El sindicato exhorta, finalmente, a sus representados a denunciar cualquier carencia y violación a su contrato laboral.

“Creen que estamos exagerando”, lamenta una entrevistada. Al desabasto, las bajas de sus compañeros, las violaciones a sus derechos laborales y el silencio de las autoridades se les suman el miedo a las agresiones en la calle, el aislamiento de sus familiares y una sensación de desprotección ante la fase más crítica de la epidemia, decretada en México el pasado martes. “Lo único que pedimos son condiciones para hacer nuestro trabajo, para saber que no vamos a perjudicar a los pacientes y para estar tranquilas de que no vamos a contagiar a nuestros familiares”, concluye.

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