

El fiscal está ahí enfrente, sentado, con la cara dura. La pequeña, de cuatro años, quiere salir corriendo. La investigación para procesar a quien la abusó sexualmente le está resultando un trauma adicional. No entiende los tecnicismos del ministerio público, ni por qué está ahí intentando convencerlos de lo que pasó o de qué sirve todo eso.

Así reconstruye Analía Castañer, coordinadora del grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia (Atij), uno de los casos que el colectivo ha documentado, en el Estado de México, sobre lo que sucede cuando un menor se presenta a declarar sobre un abuso sexual sin acompañamiento especializado.

La historia de la niña no para ahí. Entre el miedo y los nervios se ha enredado mucho. Empieza a contar lo sucedido, pero ante las muchas preguntas, no puede seguir. Empieza a pensar que ese señor de enfrente no le cree y se calla. El fiscal concluye que la declaración es confusa e imprecisa y la investigación se cae. No hay castigo para quien la abusó, y ella sale de ahí como víctima doble: de una violación y de que las autoridades crean que ha sido capaz de inventar una mentira semejante.

En México, de acuerdo con datos de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac), hay cerca de 4.5 millones de casos de abuso sexual durante la infancia. Se estima que alrededor de 10% denuncia y de esos solo 1.5% llega a juicio.

El Informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) reporta que de 2010 a 2015 fueron consignados en averiguaciones previas, a nivel nacional, 67 mil 548 casos de delitos sexuales contra mujeres, de ellas 28 mil 672 estaban entre 0 y 15 años de edad.

Mientras que 12 mil 576 de las víctimas son hombres, y de ellos, 7 mil 300 estaban entre 0 y 15 años de edad. Los datos brindados por los organismos de procuración de justicia, consultados por la Ceav para el informe, evidencian que casi cuatro de cada diez (37.48%) de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual en las averiguaciones previas tienen menos de 15 años.

Para un menor es muy difícil atravesar la ruta de la impartición y procuración de justicia. “Es un enorme embudo. Ya de por sí es difícil que hablen de lo que les pasó y luego está esto de lo difícil que es conseguir que se haga justicia. Si el sistema en general funciona mal en México, imagínate lo que es llegar con un niño chiquito a que le tomen una declaración. No encuentras personal que esté preparado para hacerlo”, dice Castañer.

De acuerdo con el Protocolo de actuación para las autoridades en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, todos los menores de edad que se presenten a declarar deben tener el acompañamiento de un especialista.

“Un niño no puede ir a declarar sin antes haber recibido información que le permita entender de qué se trata –asegura Castañer–, porque la complejidad de un proceso de justicia no es asequible para ellos. Cognitivamente les resulta imposible entender palabras técnicas o toda la complejidad de lo que sucede en una diligencia”.

Necesitan un lenguaje diferente, una especie de traductor previo que les explique: de qué se trata, por qué así, quiénes son las personas que están presentes y por qué a él o ella le toca ir a hablar, qué sentido tiene, para qué le sirve. Sin embargo, estima la especialista, en la actualidad solo uno o dos de cada 10 niños que van a denunciar un abuso sexual tiene este tipo de acompañamiento.

Toca ayudar

Por eso es que el grupo de Atención a la Infancia en Procesos de Justicia (Atij) está trabajando para ayudar a revertir este panorama. El grupo pertenece al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (Ilef) y ofrece acompañamiento a las víctimas de abuso sexual que acuden a denunciarlo.

Además, Atij cubre otro aspecto que impide el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, los trabajos periciales. Los peritos necesitan saber aplicar las pruebas adecuadas a los niños y lograr que tengan el suficiente peso científico y metodológico para que se usen en un proceso de justicia.

En general, reporta el informe de Ceav, en los delitos de abuso sexual a menores, el personal de Ministerios Públicos tiende a argumentar que los jueces y juezas “les rechazan” los casos. Lo anterior denota que persisten debilidades en la formación del personal para investigar los delitos sexuales.

Los testimonios emitidos en los grupos focales por agentes del Ministerio Público, subraya el informe, también revelan la falta de credibilidad en el dicho de las víctimas por parte del personal jurisdiccional, pero también por parte de quienes realizan las investigaciones en los organismos de procuración de justicia.

La discusión respecto a si un niño fantasea una situación de abuso sexual sin realmente haberla vivido ha estado en el centro de la problemática desde hace mucho tiempo. “Los niños no pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad“, refiere un análisis del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef).

Pero, hay peritos con una enorme carga de trabajo dentro de las instituciones públicas, dice Castañer, “tienen que hacer cientos de diagnósticos. Deben realizar periciales en media hora, y eso es técnica y metodológicamente imposible. Agrégale ahora que si se trata del caso de un niño o una niña tienes que tomar un montón de pruebas, hacer intervenciones para generar confianza”.

En un caso de niños y niñas, “una pericial bien hecha te lleva seis sesiones de dos horas y en distintos días. Son doce horas solo de aplicación, y luego tienes que sentarte a analizar resultados y después hacer el informe. En total te puedes llevar unas 20 horas. Si frente a eso pones la realidad de un perito teniendo que hacerlo en media hora o en cuatro horas, en el mejor de los casos, pues es obvio que no se hacen bien. Y con los ministerios públicos pasa lo mismo, llevan 200 casos abiertos al mismo tiempo. Por eso es más fácil decir que el niño está mintiendo”.

Es evidente que el sistema de justicia tiene que cambiar, asegura la especialista. Pero, ¿cómo le va a hacer para que todo su personal esté capacitado? “Esperar a eso es esperar algo que irá lento, por eso es que otras instituciones necesitamos apoyarlo. Si no hay personal especializado suficiente para preparar a niños y que pasen por ese proceso de la mejor manera, las organizaciones de la sociedad civil y los psicólogos tenemos que intervenir”.

Por eso, aunado a las tareas de acompañar a menores víctimas de abuso sexual durante el proceso penal y capacitar a los peritos para que hagan pruebas e informes más robustos, Atij también prepara a psicólogos clínicos para que si un juez les pide información sobre un niño o una niña puedan ofrecerla.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.