Estamos por cumplir en México cuatro décadas de la primera reforma política que admitió el pluralismo en el país y que, casi medio siglo después, no ha liquidado la razón de nuestro atraso democrático: La compra de las elecciones para ejercer el poder político.

La reforma política de Jesús Reyes Heroles, aprobada en diciembre de 1977, entre otros cambios legalizó al Partido Comunista, dio registro al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) –partido sometido al dinero y escuela del actual PRD–, creó los diputados de partido y legitimó al sistema hegemónico, que colapsaría una década después, en 1988.

A partir de entonces se inició un ciclo de fraude-reforma que se nos mantiene entre lo sofisticado y lo primitivo, siempre por la misma razón: El uso del dinero para ganar elecciones, con una arquitectura jurídica y política para la impunidad.

A juzgar por este ciclo, no hemos aprendido nada:

A la fraudulenta elección de 1988 que entronó a Carlos Salinas le siguió una reforma, bastante limitada que avaló el PAN –inauguración de un cogobierno aún vigente—y que creó el Instituto Federal Electoral (IFE) en manos totalmente del gobierno.

El poder del dinero desde los tres niveles de gobierno, precisamente para defraudar, fluyó sin control. Sólo fue posible la alternancia reducida a lo estatal por voluntad de Salinas: Al PAN, el poder compartido; a la izquierda, fraudes y más de 500 militantes asesinados.

Luego vendría la iniquidad en la elección de 1994, admitida por el propio Ernesto Zedillo, que llevó a lo que pretendía ser la reforma electoral “definitiva”, que le dio autonomía al IFE y la definitividad a un tribunal del Poder Judicial.

Pero fue el dinero lo que rompió el consenso: El PRI-gobierno se aferró al inmenso financiamiento de las campañas, con el PAN y el PRD en contra, ya con Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador al frente de esos partidos.

En la elección de la alternancia, en el 2000, el uso ilegal de dinero oscureció la ficticia “primavera democrática” que dio lugar además a un gobierno inepto, frívolo y corrupto de Vicente Fox.

El Pemexgate y los Amigos de Fox fueron sancionados económicamente, pero las mañas se sofisticaron.

En el 2006, fluyó también el dinero ilegal a la campaña de Calderón a través del Consejo Coordinador Empresarial, Televisa y organismos de El Yunque, con el aval del IFE presidido por Luis Carlos Ugalde, a quien sus patrones le financiaron su actual negocio: La consultoría Integralia.

Otra vez la inequidad y la ilegalidad dieron lugar a otra reforma, la de 2007, que prohibió comprar tiempos en radio y televisión, a la que Peña Nieto le dio la vuelta también con dinero.

Y una vez más, en este ciclo de uso de dinero sucio para comprar elecciones, se hizo la reforma de 2014 para, supuestamente, fiscalizar los recursos. En Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México, entraña del corrupto grupo que gobierna, quedó liquidada esa reforma…

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