No es que sea automáticamente ilegal ni incompatible con su pasado, señala, pero cuando menos una estela de dudas se teje alrededor de los más de 450 jueces activos y retirados que lograron registrar empresas y encontrar contratos públicos justo en el tercer peor país del mundo para hacer negocios legales, según el último índice de facilidad para hacer negocios –Ease of doing business index– del Grupo del Banco Mundial.

¿Qué tienen esos abogados que no tengan los demás? La mayoría de sus compañías –131 de 559– incluso son constructoras, que en tiempos de contrabando y escasez consiguen cemento, ladrillos y contratos para obras de construcción de alcaldías, gobernaciones y ministerios. También han logrado pasar el torniquete de los dólares preferenciales que el gobierno venezolano monopoliza desde el año 2003.



Tal es el caso de la Corporación Construya FM, que consiguió 762.801 dólares en 14 solicitudes que quedaron asentadas en la llamada “lista Cadivi”, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y detrás de la que, otra vez, aparece el nombre de un juez.

Tras los montos y el resto de los detalles de las transacciones destaca el abogado Darwin Martínez Salandy, el mismo juez de control del estado Miranda que figura como representante legal de una constructora que primero tuvo contratos con el Ministerio de Educación Superior y, luego de retirarse de la carrera judicial, aumentó su cartera de clientes incluyendo la propia Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que controla el proceso de admisión, ascensos y evaluaciones a los jueces del Estado venezolano. Esa institución, de acuerdo con el RNC, le encargó la reparación y acondicionamiento de los mismos tribunales donde atendió casos y firmó sentencias entre 2003 y 2004.

Esa anécdota, de cualquier modo, es una nota al pie de página en la lista de “jueces contratistas”. Hay 19 casos de jueces que han tenido tres, cuatro y hasta más compañías, que en diferentes oportunidades han contratado con la administración pública. Encabeza la lista la abogada Katiuska Silva, que entre 2007 y 2008 rotó por cuatro cortes penales del estado Apure y ahora, lejos de ellas, se le ve como dueña de siete contratistas, que van desde empresas de transporte y alimentos, hasta una inmobiliaria, una productora de eventos y una importadora.