Lo había dicho en campaña una y otra vez. Firmó para derogar la ley. Se comprometió ante los empresarios del este y ante el movimiento Un Solo Uruguay. Y dio el primer paso para cumplir con su promesa en la ley de urgente consideración. Pero el gobierno electo no solo pretende derogar la obligatoriedad de pagar los salarios a través de instituciones financieras, uno de los principales reclamos de algunos empresarios, sino que pretende derogar disposiciones de la ley de inclusión financiera que han sido elogiadas en los informes del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).

“Históricamente Uruguay ha sido considerado como una plaza financiera regional y recibe importantes fondos e inversiones del exterior, fundamentalmente de los países limítrofes. Asimismo, permanentemente ha ofrecido diversos instrumentos societarios y financieros atractivos para inversores no residentes. En este marco, el país presenta un riesgo inherentemente alto con relación a la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior, lo cual constituye su mayor amenaza en términos de lavado de activos”, dice en una de sus primeras apreciaciones el informe de evaluación de Uruguay de la Gafilat publicado el 23 de enero.

Y, en ese sentido, el documento destaca hasta en once oportunidades las medidas que ha tomado Uruguay, a través de la inclusión financiera, para combatir el lavado de activos. “Se destaca la implementación de la Ley Nº 19.210 de inclusión financiera, que prohíbe el uso de efectivo para adquisiciones de bienes a partir de USD 4.000 dólares, lo que reduce los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, relacionados con el sector inmobiliario y de construcción, que históricamente han sido percibidos como vulnerables, y también en cuanto al sector notarial”, señala Gafilat en uno de sus pasajes.

El artículo 184 del anteproyecto de ley de urgente consideración establece que se derogarán, entre otros, los artículos del 36 al 41 de la ley de inclusión financiera que marcan los topes y las restricciones al uso de efectivo para operaciones superiores a los US$ 4.000. “Nosotros entendemos que eso es un problema. Y que se ve agravado por la derogación de la obligación del escribano de identificar el medio de pago”, dijo a El Observador el director de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa.

Porque además de derogar los topes, también deroga el artículo que obliga a los escribanos a individualizar el medio de pago para registrar la operación en los registros públicos. Es decir, en caso de aprobarse la ley urgente tal como está redactada, no solo permite utilizar efectivo para cualquier tipo de compra sino que la Secretaría Antilavado no va a poder conocer cuáles operaciones se hacen en efectivo para investigar a posteriori, ya que el escribano no va a estar obligado a identificar el medio de pago.

Uno de los argumentos manejado por el presidente electo, Luis Lacalle, para defender estas derogaciones fue asegurar que esta medida no sirvió para impedir el caso del sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, que vivía en una mansión en Playa Verde y tenía varios autos de alta gama que habían sido adquiridos sin levantar sospechas de las autoridades antilavado. Balcedo fue procesado por blanqueo de capitales. Sin embargo, cuando comenzaron a regir los topes para el uso de efectivo –en abril de 2018- en este tipo de operaciones el sindicalista ya estaba detenido.

Para el presidente electo, esas medidas fueron aplicadas porque el actual gobierno tiene una “visión patológica” de la sociedad que vincula el manejo de efectivo al manejo irregular. “No pasa en ningún lugar del mundo. Otro tipo de controles son los que tienen que haber”, aseguró en diálogo con radio Sarandí.

Para Espinosa, en tanto, la derogación de esta medida puede traer “problemas” a Uruguay porque no va a poder explicar ante Gafilat –ni ante los países vecinos- por qué se decidió eliminar este artículo. De todos modos, el director de la secretaría asegura que el actual tope (de poco más de US$ 4.000) es bajo y se podría aumentar hasta los US$ 100.000 o 150.000 para compatibilizar la “libertad financiera” y la lucha contra el lavado de activos.

Camilo dos Santos

“Uruguay tiene como principal riesgo el ingreso de capitales ilícitos del exterior. Los extranjeros manejan mucho efectivo. Pero si cuando quiere comprar algo en Uruguay lo obligo a pasar por instituciones financieras lo puedo controlar”, agregó Espinosa.

Lacalle ya anunció que pretende que extranjeros de alto poder adquisitivo se vengan a instalar en Uruguay, flexibilizando la residencia fiscal, y, con estas derogaciones, se reducen los controles para el dinero que puedan traer.

¿Qué es Gafilat?

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo dedicado a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). GAFILat es el grupo regional dedicado a Latinoamérica.

La última evaluación realizada por el organismo permitió a Uruguay quedar fuera de las listas de países no cooperadores en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, comúnmente llamadas “lista negra” y “lista gris”. Si bien en cumplimientos técnicos Uruguay queda bien parado, tiene varias recomendaciones para mejorar “calificaciones de efectividad”, según consignó El País.

Escribanos y agentes inmobiliarios celebran los cambios

La Cámara Inmobiliaria del Uruguay y la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) ven con buenos ojos los cambios impulsados por el gobierno electo. El presidente de la AEU, Atalívar Cal Fernández, aseguró a El Observador que las actuales normativas "achican la posibilidad de hacer negocios" y que los más perjudicados son los de menos recursos. Cal Fernández explicó están a favor de la "libertad del usuario" y señaló que quienes aseguran que derogar estos artículos promueve el lavado "desconocen el negocio".

Según el escribano, el 99,9% de los negocios actualmente se realizan con letras de cambio y que están de acuerdo con que los negocios en efectivo tengan mayores controles. Sin embargo, aseguró que la obligación de identificar el medio de pago trae problemas porque si el escribano se "equivoca en un número" al anotar puede enfrentar complicaciones. "Hay que darle seguridad a la gente", apuntó y aclaró que ellos "no promueven" los negocios en efectivo.

Desde la Cámara Inmobiliaria tienen una visión similar. Si bien todavía no realizaron un análisis profundo sobre la ley –que contiene varios cambios que los afectan- están de acuerdo con eliminar los topes. “Estamos totalmente de acuerdo con la eliminación de los artículos del 36 al 41” de la ley de inclusión financiera, dijo a El Observador el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Wilder Ananikián.