viernes 29 marzo, 2019

Los abogados de Ramón Eduardo Caro, uno de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas involucrados en la causa iniciada en 2007 por torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas, presentaron ante el Juzgado Federal de Río Grande un escrito en el que rechazan las acciones legales contra su cliente, y argumentan para eso que en 1982 “en el momento de los sucesos imputados”, la provincia de Tierra del Fuego “no tenía jurisdicción sobre las Islas”. Desde el Centro ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata criticaron la acción: "Es humillante y da bronca", sostuvieron.

Hernán Bazán Güemes, uno de los letrados de Caro, explicó a PERFIL: “Se trata de una apreciación netamente jurídica y técnica la que planteé en el escrito. No solamente señalé la incompetencia del Juzgado Federal de Río Grande sobre esta causa, sino que también la prescripción de la misma; ya que está en situación de cosa juzgada porque tiene una sentencia de la Cámara de Casación del tribunal federal de la ciudad de Buenos Aires; también sobre la incompetencia del juez y la falta de legitimación activa sobre la causa. Me resulta sorprendente que aparezca solamente este planteamiento por el tema de la incompetencia. Es verdad que lo planteé y argumenté el motivo, porque en 1982 las Islas Malvinas, si bien son de pertenencia de la República Argentina, no estábamos ejerciendo la soberanía y pedía que se juzgue con juez competente del lugar. Yo no dije quiénes tenían que ser los jueces, sino que directamente no tenía que ser el Juzgado de Río Grande, eso fue simple y concreto".

Torturas en Malvinas: el entramado oculto de antisemitismo, estaqueos y hambre

En la misma línea se expresó el otro abogado del militar, Walter Weisswein, al precisar: “La causa en este momento es un absurdo, primero porque está prescrito. Todavía Argentina no tiene soberanía (sobre las Islas Malvinas), ni en el año ‘82 lamentablemente la tenía, por lo cual al no tenerla, el Código Procesal Penal de la Nación refiere puntualmente que cuando no hay soberanía territorial objetiva, el juez no puede intervenir y nosotros lo que estamos diciendo es eso".

"Nuestra valoración es que hay una coyuntura más política que lo que tiene que ver con los hechos puntuales. De los seis hechos todavía el juez Federico Calvete no resolvió la situación procesal de ninguno de los 18 imputados que todavía no fueron indagados por los incidentes que se interpusieron y que interpusimos con Bazán Güemes. Hay algunos que todavía no han sido notificados porque son personas que están por todo el país”, acotó el abogado defensor.

Torturas en Malvinas: los 12 puntos del reclamo ante la CIDH

En ese contexto, señaló: “Otra situación es el impacto emocional que tuvieron estas personas (los militares) al recibir las notificaciones, porque la persona que nosotros defendemos fue a Malvinas a defender el país. Nos parece que acá deconstruyeron una situación histórica para referir una cuestión de coyuntura política. Eso es nuestra valoración. El delito que le están imputando es el de tortura; él fue con 9 soldados a la Guerra y todos volvieron salvos y sanos de allá. La denuncia en su contra se trata de un sólo hecho de los 195 testimoniales que tenemos en la causa. Es una situación cubista porque se busca una parte del todo cuando la presunta situación de organización para hacer lo mismo que se hacía en esa época, llevarlo a Malvinas, es una incoherencia y esto lo pensamos con Bazán. Caro fue a Malvinas y es un militar que fue de carrera, no fue un conscripto que lamentablemente lo llamaron como a las categorías ‘62 y ‘63. Fue condecorado por el Congreso de la Nación y por la provincia de Santa Cruz”.

“Esta denuncia tiene una relevancia aislada porque no es bien descriptiva de la conducta que tuvo Caro en esta situación, por eso refiero a esta deconstrucción del hecho. Para una indagatoria tiene que ser muy claro y preciso el hecho que se le imputan, entonces cuando nosotros leemos la imputación, referimos que se trata de una descripción precisa y vaga. Cuando nos metimos en la causa leímos el Informe Rattenbach, y es claro lo que dice, obvio que hubo desaciertos logísticos; políticos y diplomáticos, pero eso no hace al hecho que le imputan a nuestro asistido, porque toda la causa, toda la cuestión histórica tiene que ver con este informe”, añadió Weisswein.

Piden detener a 26 militares acusados de cometer torturas en Malvinas

“Caro tiene 64 años y fue un impacto emocional grande para él, fue terrible para su salud física y mental. Cuando nos llama, realmente estaba impactado emocionalmente, destruido, con un dolor muy grande. Nosotros nos presentamos a la causa y él todavía no se presentó porque no está la fecha de indagatoria, pero está disposición de la justicia", cerró el abogado.

Imagen de archivo de la Guerra de Malvinas. FOTO: CEDOC

Repercusión. Ante la presentación, el abogado del Centro Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola opinó en diálogo con PERFIL: “El escrito plantea una excepción de incompetencia territorial, aduciendo que Argentina no tiene soberanía sobre las Islas (Malvinas). Es una bestialidad, porque no sólo no corresponde el planteo sino que además es contrario a la Constitución Nacional. Es muy complicada la zona en la que se metieron estos colegas".

"La causa es de 2007 y al momento hay 95 militares denunciados. Hay 105 casos porque algunos de los militares denunciados participaron en más de uno de los hechos; hay 26 requeridos por el fiscal de los cuales, por una cuestión de organización interna, el juez federal de Río Grande requirió a 18, es decir que hay 18 requerimientos de indagatoria todavía sin fecha porque esta causa tiene la complejidad de que las personas denunciadas están a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual la cuestión de las notificaciones y la designación de los abogados defensores es algo que lleva tiempo", detalló el abogado.

"Nos encontramos con esto, que nos llamó mucho la atención porque es el primer planteo que vemos de incompetencia en razón del territorio lo cual nos dejó pasmados”, completó Guerrero Iraola.

El origen de la guerra fue el intento por parte de Argentina de recuperar la soberanía de las islas. FOTO: CEDOC

Asimismo, el letrado recordó: “La primera denuncia la recopiló Pablo Vassel, con alrededor de 20 casos. Esto continuó al punto de que hoy hay más de 120 denunciantes. Hay dos denuncias que fueron en paralelo, sin saber una de la otra: la primera es la de Vassel y otra la de Rubén Darío Gleriano que es un excombatiente conscripto de Mar del Plata que se encontró en una de las Olimpíadas que hacen de excombatientes a la persona que le ejerció tortura, Pedro Valentín Pierre, de hecho la causa se caratula con ese nombre. El exsoldado realiza la denuncia en Buenos Aires ante la secretaría de Derechos Humanos, esto se envía a Comodoro Py y ahí hay una primera definición de competencia porque hay una decisión de Vassel y de organismos y demás, de hacer una reivindicación soberana y solicitar el tratamiento en Río Grande, Tierra del Fuego. La causa cumple 12 años y han pasado muchas cosas: tuvimos un hito de 2015 con la Corte Suprema; ahora estamos con esta causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una causa que tiene un montón de particularidades”.

“Este pedido genera mucha indignación. Nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedimos que se declare la responsabilidad del Estado argentino por privación del acceso a la Justicia. Siempre hacemos esta diferenciación: una cosa son los miembros de las Fuerzas Armadas que eligieron la carrera militar y se fueron cobrando un sueldo a Malvinas y otra cosa son los soldados conscriptos que además de haber sido llevados por la fuerza por estar haciendo el Servicio Militar Obligatorio, muchísimos de ellos tuvieron que sufrir además del fuego de la potencia enemiga, las torturas de sus superiores".

Imagen de archivo | Soldados durante la Guerra de Malvinas. FOTO: CEDOC

Ocultamiento. En ese contexto, Guerrero Iraola describió por qué se tardó tanto tiempo en denunciar a los superiores: "Cuando ellos vuelven en 1982 denuncian esta situación, se arman los Centros de Asistencia y Rehabilitación donde hicieron, según está probado en los archivos desclasificados de 2015 que hicieron trabajos de inteligencia y contra-inteligencia; maniobras de acción psicológica para que los soldados no hablaran, los amedrentaban. El Estado juega un papel muy importante en tratar de generar las condiciones de impunidad, por eso está nuestro reclamo. El Estado tuvo conocimiento de esto desde 1982, se cumplen 37 años ahora de la Guerra de Malvinas y todavía no tenemos ningún tipo de respuesta estatal, a eso hay que sumarle los actos de reivindicación específicos: que una persona que torturó y gozó de 37 años de impunidad; que nunca tuvo que dar ni siquiera una respuesta ante la Justicia se presente y diga que el lugar donde los soldados fueron llevados a combatir por la República Argentina 'en el momento de los sucesos imputados', la provincia de Tierra del Fuego 'no tenía jurisdicción sobre las Islas', la verdad que es humillante, da bronca y genera muchas reacciones".

“Los abogados cuando juramos lo hacemos por la Constitución Nacional y en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional es bien clara en relación a lo que comporta a la causa Malvinas, que es una causa irrenunciable. Entonces, los abogados podemos movernos dentro de ciertos límites para ejercer la defensa de nuestros defendidos, pero no podemos cruzarlos porque sino sería todo muy difuso y complejo. Creo que lo que se presentó ahora se debe a que el Estado garantizó las condiciones de impunidad durante muchos años y estos hombres gozaron de ella y creyeron que nunca iban a tener que dar explicaciones por aquello de lo que se los acusa”, concluyó el miembro de la CECIM.