Pedro Horrach, el fiscal que ha impulsado en los últimos años las principales investigaciones sobre la corrupción en Baleares, entre ellas el caso Palma Arena y el caso Nóos, denunció este jueves, durante la sesión final de un juicio por supuesto saqueo de fondos públicos, las maniobras del PP para obstaculizar su trabajo e impedir que se conozca la verdad.

En una especie de alegato general contra el poder político en Baleares, una de las autonomías con más causas abiertas por corrupción, el fiscal censuró la estrategia del PP durante estos años para torpedear las causas judiciales abiertas contra dirigentes de ese partido y arropar a los supuestos corruptos.

En su intervención pública ante el tribunal, Horrach contó los detalles del caso Scala, que se estaba juzgando, uno de los mayores escándalos políticos en la historia de las islas, como ejemplo de la actitud del PP ante los casos de corrupción que él había investigado: “A la vez que atacaban a la señora Ordinas [dirigente del PP arrepentida que confesó la culpa], también atacaban a la Fiscalía Anticorrupción. ‘Quieren acabar con el Partido Popular’, parecía ser la consigna. Cuando no se pueden atacar los hechos, se ponen en entredicho las motivaciones del que investiga. Se le llama la teoría de la conspiración, se repite hasta la saciedad, hasta que cala en parte de la opinión pública”.

“Estas imágenes”, continuó Horrach, “forman parte de la corrupción, constituyen la corrupción, es una secuencia que se repite de forma interminable. Obstáculos y más obstáculos que impiden que la verdad fluya. Se necesitan muchas horas de trabajo, equipos de gente funcionando a pleno rendimiento y no dejar de presionar, de presionar en el sentido investigador, de presión investigadora, policial, fiscal y judicial y, aún así, no siempre llegamos a buen puerto. Y desengáñense, cuando llegamos, solo alcanzamos una parte de la verdad”.

Horrach denunció la connivencia de significados dirigentes del PP con los supuestos corruptos del caso Scala, un presunto desvío millonario de fondos públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), dependiente de la Consejería de Comercio.

El responsable de esa consejería, Juan Cardona, fue defendido “a ultranza” por el PP, mientras que este partido “tachó de mentirosa” a la exgerente del Consorcio Antònia Ordinas, que se prestó a colaborar con los investigadores para destapar las prácticas corruptas, según afirmó Horrach durante el juicio. El fiscal pide 21 años de cárcel para Cardona por la supuesta malversación de 8,2 millones de euros de fondos públicos. La lucha contra la corrupción, según explicó este jueves Horrach, requiere “paso corto, mirada larga y bastante mala uva”.

El fiscal solicitó, tras investigar el caso Nóos, la imputación de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del Rey. De la misma manera, cuando avanzó la investigación y con Urdangarin ya imputado, reclamó al juez que impusiera una fianza de responsabilidad civil al duque de Palma y a su socio, superior a los ocho millones de euros. Horrach discrepó del juez José Castro cuando este decidió imputar a la Infanta. El fiscal recurrió su imputación, al igual que hicieron la Abogacía del Estado y la propia infanta Cristina. La Audiencia de Palma admitió parcialmente esos recursos, dejó en suspenso la imputación de la hija del Rey y señaló la vía para que el juez vuelva a proceder contra la Infanta por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.