El empecinamiento de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por juzgar al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, y prolongar en el tiempo un caso que ha durado un año y cinco meses por publicar un tuit en 2011, ha costado a la justicia “más de 100.000 euros” según una estimación “conservadora” efectuada por fuentes jurídicas de la propia Audiencia Nacional.

Desde la Sección Segunda de este órgano jurisdiccional, los magistrados Espejel y López levantaron hasta en tres ocasiones el archivo decretado por el titular del juzgado central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, y decidieron llevar a juicio al edil madrileño a pesar de contar también con el posicionamiento en contra de la Fiscalía, que no veía motivos para juzgarle por un delito de humillación a las víctimas por el que finalmente se ha sentado en el banquillo.

La valoración del coste del caso Zapata ha sido contabilizada por estas fuentes de la propia Audiencia Nacional, después de analizar el número de horas de trabajo ordinarias y extraordinarias del juez instructor; los magistrados de la Sección Segunda a los que llegaban los recursos; los tres jueces de la Sección Tercera que finalmente juzgaron al edil; funcionarios de un juzgado y dos salas distintas; los informes periciales elaborados y citaciones de testigos; las horas de trabajo del Ministerio Fiscal; así como los gastos de procuradores y abogados.

Además, mientras toda esta estructura judicial ha empleado su tiempo en resolver este asunto, no lo ha aprovechado en otros, que se apilan en las mesas de los masificados juzgados centrales de instrucción de la Audiencia.

En julio de 2015 el juez Santiago Pedraz ya quiso archivar el caso porque la propia aludida, la víctima de ETA, Irene Villa, declaró que no se sentía humillada por aquel tuit de Zapata publicado en 2011 en el que dijo “han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. La Fiscalía apoyó el archivo a partir del mes de octubre del mismo año, una vez que el concejal declaró como imputado. No obstante, los magistrados Espejel y López, respaldados de forma exclusiva en la asociación Dignidad y Justicia, única acusación en el caso, prolongaron el caso y provocaron el enjuiciamiento y el elevado coste para las arcas del Estado.

Los magistrados Concepción Espejel y Enrique López han estado en el centro de la polémica los últimos meses, al ser apartados del tribunal que juzga la causa principal de la Gürtel y sus piezas separadas, debido a su afinidad con el Partido Popular. Anticorrupción considera que ambos magistrados “han perdido su apariencia de imparcialidad” y debían ser apartados de todo procedimiento que esté relacionado con la supuesta organización criminal que actuaba “de forma simbiótica con el PP” según la UDEF.