La Junta de Castilla y León había decidido asumir la tutela de Sara y su hermana de 12 años el mismo día en el que ingresó en el hospital, el 2 de agosto, donde murió al día siguiente víctima de malos tratos y tras haber sufrido abuso sexual, "por la negligencia de la madre (Davinia M.G) en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los Servicios Sociales" y no porque se apreciara riesgo para ellas.

Así lo ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, quien ha comparecido a petición propia para informar de las actuaciones llevadas a cabo por los servicios de protección a la infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid en relación con la menor, fallecida el jueves 3 de agosto en el Hospital Clínico Universitario.

García, quien ha explicado el funcionamiento de los servicios y los protocolos de actuación, ha defendido la actuación de la Junta y sus profesionales porque cumplieron normas y protocolos "más allá de los mínimos", "fueron equilibrados y proporcionales" en su actuación y sus conclusiones fueron "coherentes" con la información con la que se contaba, que no hacia presagiar peligro para la vida de la menor. "Se hizo lo correcto", ha señalado la consejera.

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que el 2 de agosto (tras una segunda visita fallida al domicilio familiar después de citarse con la madre) a las 9.00 horas se celebró una Comisión de Valoración en la que se propuso la asunción de la tutela de las menores.

Los motivos que se adujeron fueron que la progenitora no reconocía ni era consciente de las necesidades de las menores y presentaba una situación de separación en la que se negaba a aceptar ayuda instrumental para las niñas; una inadecuada organización parental en el cuidado de las menores, con posible situación de negligencia por parte de la madre, quien "minimizaba, justificaba y negaba" la situación de posible maltrato vivida por ella y sus hijas; y la no colaboración parental con la Administración para valorar la situación.

Así, la consejera ha aclarado que la decisión se toma no porque se piense o haya indicios de que pueda existir un "riesgo vital" para las niñas, algo que hasta ese momento no se desprendía de nada de lo que se conocía por los diversos profesionales de distintos ámbitos que habían tenido conocimiento del caso, sino "por la negligencia de la madre en la atención doméstica de sus hijos y por su falta de colaboración con los Servicios Sociales".

Hasta ese momento nadie, ni siquiera el entorno cercano a las niñas (en referencia a sus tíos), pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara.

La medida llegó tarde

Tras tomarse el acuerdo de asumir la tutela, se contactó telefónicamente con la madre para una cita y comunicarle la decisión, pero es precisamente en este momento cuando la progenitora, D. M. G., manifestó que no podía acudir a la cita porque estaba en el Hospital Clínico con Sara y que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Acto seguido, los Servicios Sociales contactaron con la trabajadora social del centro hospitalario para conocer el motivo del ingreso de la menor y para comunicar que la niña estaba tutelada, por lo que no podía entregarse a la madre en caso de alta hospitalaria. Los técnicos se desplazaron al hospital sobre las 14.45 horas para comunicar las tutelas a la madre y obtener la información sobre el ingreso de la pequeña de las hermanas.

Sin embargo, el día 3 de agosto se recibió en la Gerencia de Servicios Sociales un oficio del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid en el que se requería el expediente de la menor y se informaba del secreto de las actuaciones, de que la madre y R. H. estaban detenidos y la menor se encontraba en estado de muerte encefálica.

Todo ello, después de varias actuaciones llevadas a cabo por los Servicios Sociales de la Junta desde el día 25 de julio, cuando comienza el análisis de la información con la que se cuenta, llegada por correo ordinario el día 21 de julio desde la Fiscalía de Menores de Valladolid, a raíz de una consulta en el Hospital Campo Grande, donde se detectan posibles malos tratos el 11 de julio.

Ese día acudió al hospital la Policía (también se contactó con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid) y de sus diligencias no se apreciaba que pudiera haber peligro para las menores e incluso se vinculaban los problemas familiares a la expareja de la madre y padre de la menor, que se encontraba desde el 7 de julio en el extranjero.

El 25 de julio se asigna al caso un nivel de prioridad 2, que exige un inicio de la investigación dentro de las 48 horas siguientes y se consideró no hacerlo de nivel 1 (respuesta inmediata) porque no había indicios de riesgo para la salud o integridad para las menores (tampoco nivel 3, que resta gravedad al caso). "Parece claro que la decisión fue la adecuada", ha defendido la consejera, quien se ha remitido a la información con la que se contaba.

Con posterioridad, la Sección de Protección a la Infancia contactó con la Fiscalía de Menores para conocer en qué juzgado se encontraba el caso, aunque este no tenía uno asignado toda vez que el de Violencia había perdido su competencia ante la negativa de la madre a declarar y denunciar.

El mismo día 25 de julio se localizó y acordó una cita con la madre el día 26 a la que acudió con las menores, que iban correctamente vestidas y aseadas y a las que se entrevistó igual que a la madre, que en ningún momento hizo referencia a una tercera persona como Roberto H., supuesta pareja de ella.

Sin riesgo apreciable

Hasta ese momento no se obtienen indicios de riesgo vital para la niña y, según los antecedentes, se trata de un posible caso de violencia de género, en los que los protocolos no consideran adecuada la separación de los hijos de las madres víctimas.

Los Servicios Sociales vuelven a contactar con la madre el mismo día 26 para realizar una visita domiciliaria lo antes posible, aunque la madre manifestó que hasta el viernes, que salía antes de trabajar, no podía, por lo que el día 28 se fija la visita. Sin embargo, la mujer llamó porque no iba a poder estar y propone la visita el 3 de agosto, aunque la insistencia de los técnicos hacen que se adelante al 1.

Aunque se le pidió que indicara la guardería donde dijo que iba a dejar a las niñas, manifestó que iban a estar con un amigo de su estricta confianza que conocía desde la infancia, sin hacer referencia a relación de pareja, aunque fue la persona que fue detenida junto a ella, Roberto H.

Los técnicos de la Junta realizaron gestiones para intentar comprobar dónde estaban las niñas, contactaron con la tía y acudieron al domicilio ante la sospecha de que pudieran estar allí solas, aunque nadie abrió ni hubo forma de hablar con vecinos.

Ya el 1 de agosto, los técnicos acuden de nuevo a la casa para la nueva visita como se había acordado, pero no había nadie, de manera que tras contactar con la madre, esta pone muchas dificultades para concretar una nueva fecha para la visita por dificultades en su trabajo, lo que se interpreta como signo "inequívoco" de falta de colaboración, motivo por el que después se propone y acuerda asumir la tutela de las dos menores.

Alicia García ha puesto de manifiesto la necesidad de evaluar los diferentes aspectos de la situación, dado que de lo contrario se cometerían "gravísimos errores" y serían "osados e imprudentes" si se emitieran juicios apresurados sin conocer todos los hechos.

Aunque ha reconocido que es posible que haya habido fallos, la consejera ha defendido la actuación de los profesionales y se ha comprometido a intentar mejorar todo para evitar casos como el de Sara, aun sabiendo que no se podrá reparar el "terrible" daño causado a la menor.