José María Serna de la Garza me hizo notar que la figura del Comisionado encargado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán se parecía a la del Jefe Político en los tiempos del Porfiriato. La comparación es sugerente porque la función principal de aquellos representantes del presidente en los estados de la República –llamados coloquialmente “provincias”- era, precisamente, la de garantizar la tranquilidad y la seguridad en donde se habían evaporado. Si esto es cierto, de alguna manera, con el nombramiento de Alfredo Castillo retrocedemos a los tiempos del Porfiriato. La sola idea es inquietante cuando han pasado más de 100 años de la Revolución y estamos a tres de celebrar el Centenario de la Constitución de 1917. Es una suerte de dejà vu institucional que empaña las aplausos por la modernidad alcanzada que tanto hemos escuchado en estos meses.

En este comentario me interesa indagar el sustento constitucional de la figura del Comisionado. En el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de enero se citan los artículos 89, fracción I de la Constitución (facultad reglamentaria del presidente de la República) y una serie de disposiciones de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, como fundamento. Más adelante, en el mismo texto, también se menciona el artículo 21 de la Constitución (en el que se establece que la seguridad pública es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno), el Plan Nacional de Desarrollo y un par de tesis de jurisprudencia con las que se ha pretendido ofrecer sustento a la intervención militar en tareas de seguridad pública desde la administración anterior.

La referencia a este conjunto de artículos está enmarcada por una solicitud formal de apoyo realizada por el Gobernador de Michoacán y por la firma de un acuerdo de Coordinación entre éste y el Secretario de Gobernación. La participación del Secretario resulta indispensable porque las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgan una serie de facultades genéricas en materia de seguridad que se ofrecen como sustento a la decisión tomada. De hecho, el Secretario será el jefe del Comisionado y tendrá la facultad directa de nombrarlo y removerlo. Sin embargo, mientras se encuentre en funciones, será el Comisionado quien tendrá una serie de facultades amplísimas que lo convierten en el verdadero responsable de regresar la tranquilidad a la entidad. Según el decreto en cuestión, además, tendrá la misión de restablecer “el orden y la seguridad” en el estado así como “su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública” en Michoacán.

Esas amplísimas facultades buscan sus asideros en la ley y se proyectan hasta nichos resbalosos como la potestad de solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para cumplir la misión encomendada. Supongo que por ello, en el texto del decreto, al asignar éstas y otras atribuciones al Comisionado se hace referencia genérica y reiterada a “las disposiciones aplicables”, a “los ordenamientos legales y administrativos” y a “la legislación secundaria”. De esta manera la búsqueda de fundamentación emerge y se reitera como un imperativo que obsesiona a los redactores del documento. No podría ser de otra manera porque lo que está en juego son las bases con las que se ejercerá la fuerza pública –la violencia estatal- durante los próximos meses en el Estado de Michoacán.

Precisamente por ello tiene sentido preguntarnos si, más allá del texto del decreto y de las disposiciones legales genéricas a las que alude, la Comisión tiene o no sustento constitucional. Temo que la respuesta es negativa. No sólo porque los artículos constitucionales que se citan no sirven para fundamentar a la figura sino porque existían otras alternativas vigentes en la propia Constitución. Por ejemplo, existe una disposición constitucional, el artículo 119, adicionado en 1993, que en su primer párrafo señala que “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestaran igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del estado o por su ejecutivo, si aquella no estuviere reunida”.

Creo que esta disposición podría haber ofrecido sustento constitucional a la decisión tomada pero no fue la ruta que se siguió. La evasión probablemente respondió a que el artículo constitucional exige que la solicitud provenga del Congreso estatal cuando éste se encuentre sesionando y, en Michoacán, sesiona “por años legislativos, comprendidos del quince de enero al catorce de enero del año próximo” (Artículo 31 de la Constitución local). Sin embargo, como sabemos, quién decidió realizar la petición de apoyo fue el Gobernador. De hecho, según recoge la prensa de esos días, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura estatal exigió al mandatario local que informara al Congreso sobre la fundamentación y motivación jurídica de su actuación lo que permite suponer que no existía sintonía entre los poderes.

Otra alternativa, también ominosa y grave pero constitucional, era la de echar mano del artículo 29. Una disposición pensada para las situaciones de “invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” y que conlleva la restricción o suspensión de los derechos y garantías “que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”. Desde 1942, cuando Ávila Camacho emitió un decreto de suspensión con motivo de la declaración de guerra por parte de México a las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial, esta figura –que además fue profundamente reformada en 2011-, no ha sido utilizada por ningún presidente. Las razones pueden ser muchas pero una de ellas, de nuevo con toda probabilidad, es que su puesta en marcha también requiere de un aval legislativo.

Nadie niega la gravedad de lo que sucede en Michoacán –al menos yo no lo hago- pero es una mala estrategia la de apartarse de las normas constitucionales cuando la realidad apremia. La historia enseña que, al menos en estos menesteres, las salidas en falso pueden traducirse en abusos y excesos y no necesariamente porque esa sea la intención de las autoridades sino porque así se les llama a los actos en los que se ejerce la fuerza pública cuando carecen de sustento constitucional. De hecho, no es baladí que en el Decreto no se mencione –ni una sola vez- a los derechos humanos. Ojalá no se pierda la brújula como durante el sexenio anterior y se tenga presente que la lucha por la seguridad no puede implicar la fractura del Estado constitucional; no al menos si queremos seguir viviendo en una democracia.

Pedro Salazar Ugarte. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su más reciente libro es Política y derecho. Derechos y garantías. Cinco ensayos Latinoamericanos (Fontamara, México, 2013).