El protagonismo que le dio el gobierno de Mauricio Macri a la Procuración del Tesoro podría convertirse en un búmeran. El organismo es, en el plano formal, el cuerpo de abogados que representan al Estado nacional, pero en los últimos años quedó claro como se lo utilizó también para sostener estrategias del macrismo y, según varias denuncias judiciales, para respaldar la búsqueda de ventajas económicas del grupo empresario familiar. Los comentarios que intentan desacreditar la designación de Carlos Zannini al frente de esa repartición, en rigor expresan la inquietud por lo que se viene y aquellos asuntos donde podría intervenir: el caso de la deuda del Correo, donde la lógica sería que los representantes estatales pidan la quiebra de la empresa, lo más temido por el Grupo Macri; podría haber una revisión de la prórroga de la concesión de la Panamericana, otorgada sin licitación hasta 2030 a Autopistas del Sol, donde también tenían participación los Macri, que se beneficiaron con la venta de su parte tras una maniobra en el CIADI; hay un dictamen que el macrismo freezó para dar de baja la concesión del soterramiento del tren Sarmiento, a cargo de empresas sospechadas de corrupción, entre ellas Odebrecht en sociedad con Iecsa, otra empresa ligada a la familia del presidente saliente. Pero hay más temas calientes en este ámbito: el decreto que permitió a familiares de funcionarios blanquear capitales, decenas de expedientes por conflictos de interés; disposiciones sobre el secreto fiscal; y hasta las tierras de Joe Lewis.



Durante el primer año de gobierno de Macri el Procurador del Tesoro fue Carlos Balbín, camarista en lo contencioso administrativo proteño, sugerido por Elisa Carrió. No era alguien del riñón del presidente. Pese a su bajo perfil, de Balbín hubo noticias ante el escándalo del Correo, porque tuvo una postura crítica al acuerdo donde el Estado nacional aceptaba condonarle buena parte de la deuda del Correo. Un sumario y una auditoría de la Procuración poco contemplativas con Macri y sus negocios causaron su eyección del cargo. Aunque había otros temas que ya hacían ruido, como el contrato de Ausol y el pleito en el CIADI. En 2016, el Poder Ejecutivo publicó un decreto donde le otorgaba un papel relevante el Procurador del Tesoro en la revisión de las renegociaciones contractuales. En marzo de 2017 –en medio del escándalo del Correo y de la venta dudosa de MacAir a Avianca-- dispuso que el Estado nacional sea representado y/o patrocinado por esta misma dependencia en los casos de conflictos de intereses y estableció un procedimiento burocrático. A los pocos días, Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, que venía de un estudio jurídico que trabajó para los Macri y que además integró la llamada “mesa judicial”. Con el tiempo fue evidente que ese papel de la Procuración no era garantía de independencia ni transparencia. Esto vale para todos los temas a su cargo. Los expedientes por conflictos de interés en particular son decenas y varios atañen a la familia Macri.

El Correo

El expediente sobre el concurso de acreedores del Correo Argentino lleva 18 años en trámite. Al comenzar le debía al Estado 296 millones de pesos. Hoy, con intereses, unos 4500 millones. Durante todos estos años los actores judiciales toleraron y favorecieron el paso del tiempo, cuando un proceso así no pude durar por ley más de dos años. El Estado rechazó varias propuestas de pago por inconvenientes. Pero cuando llegó Macri al gobierno, sus delegados en el Ministerio de Comunicaciones –que intervenía entonces—aceptaron una propuesta que licuaba casi la totalidad de lo adeudado por la empresa de su familia. La fiscal de Cámara Gabriela Boquín lo denunció, y el pacto debió ser anulado ante el escándalo. Macri anunció que todo volvía a “foja cero” y ahí quedó: hace casi tres años el proceso es un nuevo mar de dilaciones no sólo de parte de la empresa, sino que la Procuración del Tesoro en manos de Saravia Frías tuvo un papel protagónico, facilitado por el decreto que le da intervención. En el ínterin la fiscalía denunció maniobras de vaciamiento y fraude en las conformidades de los acreedores. Al día de hoy sigue sin haber un nuevo acuerdo. El estado no cobra.

Por la función que le dio el propio Macri, la Procuración del Tesoro es la que debe dar su conformidad o no ante una nueva oferta. En la última, el Correo ofreció el monto de la deuda original, de 2002, y los intereses solo si gana juicios contra el Estado (que inició después de la expropiación en el gobierno de Néstor Kirchner). En lugar de rechazarla y exigir una mejora, Saravia Frías volvió a decir que no tuvo tiempo de analizar. Pero la fiscal Boquín reclamó el procedimiento de “salvataje” la semana pasada, que se debió haber hecho en 2004 y está apelado desde 2010 en la Cámara. El salvataje o cramdawn implica la puesta en venta de las acciones y los interesados en comprar deben decir cómo pagaran a los acreedores. Correo es una empresa inactiva con denuncias de todo tipo. Si fracasa el salvataje, el camino es la declaración de la quiebra, que en este caso arrastraría a las empresas controlantes, Socma y Sideco, que son pilares del grupo empresario de los Macri. Esa decisión la debe tomar la Cámara Comercial, pero una nueva gestión en la Procuración del Tesoro ahora puede dar completamente otra impronta al expediente. Puede, por ejemplo, hacer el mismo reclamo que la fiscalía en lugar de proteger a los empresarios. También podría sumar elementos a la causa penal que tramita en el fuero federal por el intento de beneficiar a la empresa del Presidente.

Autopistas

Durante el gobierno de Macri se prorrogó sin licitación la concesión de la Panamericana y el acceso Oeste, donde los peajes son fuente de fortunas, hasta el año 2030, a favor del a empresa Ausol. Detrás de este negocio hubo un increíble entramado que permitió que el Grupo Macri, que tenía el 7 por ciento de acciones de esa firma, las vendiera a valores siderales. La Procuración del Tesoro, en función de las atribuciones que le dio Macri, estuvo presente en varios tramos de los procedimientos, y de la misma manera una nueva gestión podría desarmarlo mientras –además—tramitan causas judiciales, una a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y otra del juez Sebastián Casanello.

En 2015, después de las PASO, Ausol empezó a reclamar la renegociación del contrato que vencería recién cinco años después. Después del triunfo de Macri, tres días antes de su asunción, una de las socias, la española Abertis inició una demanda en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en la que reclamaba una supuesta deuda producto de la pesificación de las tarifas de los servicios públicos durante el gobierno de Eduardo Duhalede. Quería 1000 millones de dólares. El ex procurador Balbín dictaminó en contra de ese procedimiento, por prescripto y porque no se había iniciado una demanda local, lo que colaboró con su expulsión, porque atentaba contra el interés empresario de los Macri. El pleito, ya con otro procurador, derivó en un acuerdo por el cual el Estado admitió pagarle a Ausol 500 millones de dólares. Cuando recién comenzó el gobierno de Cambiemos las acciones de la empresa valían 4 pesos, como explicó la ex funcionaria de Vialidad Julieta Ripoli, pero el ministro de Transporte prometió rápidamente la renegociación del contrato y comenzaron a trepar. Después aumentaron los peajes entre un 200 y 270 por ciento. Las acciones llegaron a 75,50. Fue entonces que Socma vendió su participación en casi 20 millones de dólares.

La concesión, además, fue renovada pese a informes lapidarios sobre evasión, obras incumplidas y endeudamiento del Organo de Control de Concesiones viales (Occovi). Todo es ahora materia de investigación.

Soterramiento

A raíz de que la brasileña Odebrecht revelara en un proceso en Estados Unidos que pagó 35 millones de dólares en sobornos en Argentina, entre 2007 y 2014, algunas causas judiciales donde la constructora aparecía involucrada comenzaron a moverse. Por la cuestión de los contratos hubo coletazos en la Procuración del Tesoro. El soterramiento del Sarmiento, es clave. La licitación, del año 2006, fue a favor de un consorcio de empresas: una unión entre Odebrecht y la firma Iecsa, que por entonces pasaba del Grupo Macri a manos del primo del Presidente, Angelo Calcaterra, y ahora es de un empresario amigo, Marcelo Mindlin. También participaban la española Comsa y la italiana Ghella. El ex procurador Balbín planteó que había que rescindir el contrato por las sospechas de corrupción. Su sucesor, Saravia Frías, consideró que hacía falta sentencia. La revisión del contrato, que afectaría a la empresa ligada al grupo Macri, está frenada.

Blanqueo para familiares

A través del decreto 1206/2016 Mauricio Macri introdujo una modificación de la ley de sinceramiento fiscal para permitir que ingresen al blanqueo de capitales los cónyuges, los padres y los hijos menores (emancipados) de funcionarios integrantes de los tres poderes, a nivel nacional, provincial y municipal. Felipe Solá planteó la inconstitucionalidad, pero el Estado –con Macri presidente, claro— dijo que no estaba legitimado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo lo avaló. El caso llegó a la Corte Suprema con un recurso de la Procuración del Tesoro. Los supremos nunca definieron. Ahora podría no hacer falta: si el nuevo jefe de los abogados del Estado desiste el planteo ante el alto tribunal, Solá quedará legitimado y los jueces tendrán que definir el fondo. También puede surgir un decreto que revoque lo anterior.

Secreto Fiscal

Durante la gestión de Alberto Abad en la AFIP una resolución dispuso que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) –una fiscalía especial que aborda temas sobre corrupción que tiene competencia para hacer planteos ante el Estado, por ejemplo en sumarios administrativos, donde puede actuar como “parte acusadora” —no podría recibir más información que estuviera bajo secreto fiscal para sus investigaciones. Sólo se la daría a los jueces/zas. Es una traba para las investigaciones, más aún ahora que se implementará un sistema acusatorio, con protagonismo de los fiscales. La PIA inició una demanda y, sin bien perdió en primera instancia, luego la Cámara dijo que se la debía reconocer como órgano de control y habilitarle acceso a la información en cuestión. El caso está en la Corte suprema hace dos años esperando resolución, con un dictamen fiscal a favor de la PIA. Este órgano llevó todos los antecedentes a la Procuración del Tesoro a la espera de que modifiquen la postura estatal, pero esto no sucedió. Se abre una puerta ahora también allí.

Tierras de Joe Lewis

El empresario Joe Lewis, en cuya estancia ha vacacionado Macri, también fue favorecido por su Gobierno, que a través de la Procuración del Tesoro trazó una estrategia para impedir que avanzara una acción contra el magnate por la compra irregular 11.000 hectáreas en 1996, que están ubicadas entre el Bolson y Bariloche, en una zona considerada de “seguridad de fronteras”. Pese a que hay una ley que la define así (la 15385) las tierras e impide su comercialización, le fueron vendidas igual. El caso fue revelado por el periodista Santiago Carrillo en Perfil. Hay una causa penal en trámite, donde se discute la prescripción, y otra actuación ante la Procuración del Tesoro, que debe velar por el interés del Estado. El ex procurador Balbín había enviado una nota donde pedía iniciar una “acción de lesividad”, que es factible cuando hay una escritura viciada de origen. Pero el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, cuestionó esa iniciativa y la boqueó. Este es otro asunto que se podría destrabar.

Juicios internacionales

El más conocido es el proceso relacionado con efectos de la expropiación de YPF. Petersen Energía, que fue accionista, había perdido sus acciones y los derechos los compró el fondo Burford, que reclama 3000 millones de de dólares. La jueza hoy a cargo, Loretta Preska, de Manhattan, decidió dejar el juicio en suspenso a la espera del desembarco del nuevo gobierno de Alberto Fernádnez, porque advierte que podría haber estrategias diferentes. Recientemente, la Procuración del Tesoro informó que, además del caso YPF, entre arbitrajes y tribunales internacionales, hay 15 litigios que involucrarían 1.800 millones de dólares.