El resultado de la última elección presidencial dejó finalmente instalado un escenario político complejo, trancado y altamente fragmentado, que ha empezado a funcionar como un fin de ciclo en el sistema político chileno. Tanto por un natural agotamiento de las instituciones, que requieren cuidados administrativos y políticos para mantenerse vigentes, como por la impericia republicana, democrática y laica de la elite dirigente, cuya manera de actuar es más cercana al corporativismo y al asambleísmo que a los protocolos institucionales de una democracia representativa.

La cómoda victoria presidencial de Sebastián Piñera, hace poco más de año, vino acompañada de una minoría parlamentaria del Gobierno. La mayoría parlamentaria opositora, difusa doctrinariamente y con un extremo fraccionamiento político, se transformó en un algo eventual, cuya agenda no ha podido ser desentrañada ni siquiera en los procedimientos a usar.

Sin la existencia de un núcleo claro de dirección gubernamental u oposición eficientes, el escenario se desenvuelve solo en escaramuzas políticas sobre las formas y no el fondo del funcionamiento institucional del país. No hay punto de apoyo para desarrollar una agenda de mayor fondo y todavía no se agotan las variables que deben considerarse –porque aún no ocurren físicamente, como la elección de gobernadores provinciales– y que incidirán a corto plazo en la estabilidad del país.

En este cuadro, la elección de autoridades municipales y de gobernadores regionales del próximo año adquiere un valor inusitado, tanto político como institucional. Particularmente, porque la perspectiva de esas elecciones es que sus resultados serán antipartidos políticos –sean oficialistas o de oposición– y podría emerger de ellas un brote de federalismo de facto en las regiones donde triunfen candidatos regionalistas independientes, que haga más difícil la gobernabilidad.

Por de pronto, era inevitable que, dadas las circunstancias descritas, el agotamiento evidente de las sincronías institucionales a nivel de los órganos superiores del Estado empezara a manifestarse de manera fuerte. Como ejemplo están las querellas de competencia interórganos, los conflictos entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, la desorientación de la Contraloría General, la corrupción en altos tribunales de la República, los conflictos en el Ministerio Público y, en general, la pérdida de todas las formas en las relaciones entre los poderes del Estado.

Especial papel les cabe aquí a las prácticas políticas presidenciales ansiosas, ancladas en visiones tradicionales de la seguridad, el funcionamiento de la economía y una manera poco pulcra de hacer Gobierno, que desgastaron rápidamente las holguras políticas del Ejecutivo, merced de sus propios errores –como ocurrió en La Araucanía–, y prácticamente han demolido al actual gabinete y su equipo político, transformando al Presidente de la República en reportero y vocero de sus propias acciones.

Lo mencionamos como tema en otro Editorial, inmediatamente después de la elección, donde sostuvimos que “en la actual Constitución Política, el Gobierno está diseñado como un presidencialismo exacerbado, uno de cuyos reforzamientos proviene del juego de quorum legislativo, su capacidad de iniciativas de ley y el manejo de gran parte del impulso legislativo. Estos aspectos en mayor medida dependen de la voluntad y la capacidad política objetiva del Ejecutivo y no de los acuerdos parlamentarios”.

Y agregábamos que “el nuevo sistema electoral proporcional que acaba de entrar en funcionamiento, entregó un Parlamento más fraccionado de lo previsto, aunque era algo que se podía prever, pero que no tiene un correlato procedimental ni doctrinario que permita dibujar, de manera relativamente simple, soluciones cooperativas entre el Ejecutivo y el Legislativo en el próximo período”.

Prácticamente todos los problemas de entrampamiento institucional actuales solo tienen solución legislativa o de mayorías parlamentarias calificadas para ser solucionados en su fondo. Y eso está lejos de producirse sin altos costos políticos para los actores. La aprobación de la sola idea de legislar la Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno ha hecho –fundamentalmente a la oposición– entrar en pánico respecto de una DC escorada a dar mayoría parlamentaria permanente al Gobierno y, eventualmente, cambiar su eje político hacia el centro. Lo que implicaría un costo a la UDI y un reordenamiento general de fuerzas, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En este cuadro, la elección de autoridades municipales y de gobernadores regionales del próximo año adquiere un valor inusitado, tanto político como institucional. Particularmente, porque la perspectiva de esas elecciones es que sus resultados serán antipartidos políticos –sean oficialistas o de oposición– y podría emerger de ellas un brote de federalismo de facto en las regiones donde triunfen candidatos regionalistas independientes, que haga más difícil la gobernabilidad.

Muchos líderes locales y regionales sostienen que al feudalismo parlamentario actual podría oponerse un federalismo de facto. En aquel, merced a mayorías precarias y acuerdos con el Ejecutivo, los parlamentarios son dueños –aunque los nombra el gobierno central– de los cargos administrativos como Seremis y otros, y ello podría perder incidencia a manos de este nuevo fenómeno. Sobre todo el Senado, cuyos miembros pasarán a ser contendores directos de los gobernadores regionales como líderes de su territorio.

No son pocos los que sostienen la necesidad de terminar con el Senado y tener un régimen unicameral. Es un gran locus de corrupción, por su incidencia en el nombramiento de altos cargos públicos y las posibilidades de introducir intereses privados en leyes públicas.

Pero no parece haber agua en la piscina para un gran cambio constitucional. Porque esta elite política todavía no sabe nadar ni quiere aprender, se siente cómoda en lo que está. Como dijimos hace más de un año en el Editorial citado más arriba, “tal como están las cosas en el país, con crisis de corrupción y de modelo, es más fácil obstruir o derribar que construir. Más aún, si la vieja salvaguarda legal de la Constitución de 1980 acerca de un presidencialismo reforzado, tiene pocas probabilidades de prosperar y está destinada a desaparecer…”.