En julio de 2017, el exchofer del diputado Celso Morales (UDI), Ismael Díaz, presentó una demanda laboral ante el Primer Juzgado de Letras de Valparaíso para que el legislador gremialista lo reintegrara a su equipo tras ser despedido en abril de aquel año.

Lo anterior, además, para que Morales le pagara una indemnización que reflejara realmente las ganancias percibidas durante sus años de servicio, acusando que durante meses debió “devolverle” parte de su sueldo.

En concreto, según consignó La Tercera, Díaz comenzó siendo chofer del legislador en junio de 2012 con una renta fija bruta de $2.3 millones, pero Díaz afirmó que durante un largo tiempo debió presentar boletas a la Cámara por asesorías comunicacionales.

Díaz reveló que entre marzo de 2013 y enero de 2015 tuvo que entregar estas boletas a la Corporación, algo que el citado medio comprobó en Transparencia Activa.

Sin embargo, el 1 de febrero de 2015 su contrato cambió en términos formales y pasó a ser sólo por el trabajo de conductor.

“En la realidad no se modificaron las labores, ya que siempre me desempeñé como conductor y asesor parlamentario del honorable diputado Morales y mi remuneración efectiva nunca superó los $500.000″, añadió en el escrito.

“Porque en la época en que ésta formalmente era muy superior, tenía que entregar una parte sustancial de la misma al referido diputado”, acusó en el texto.

“Dicho finiquito no reconoce mi antigüedad laboral efectiva, limitándose sólo al segundo periodo en que formalmente fui trabajador (conductor) del referido parlamentario y desconociendo mi real y efectiva antigüedad laboral, la que como se ha indicado, mantuve desde junio de 2012”, lamentó Díaz en su demanda.

Pero esta situación tuvo un revés y culminó con un acuerdo de $7 millones a favor del desvinculado conductor, quien hoy en día -desde diciembre de 2017- labora para el comité parlamentario del mismo partido al interior de la Cámara de Diputados.

“(…) Fue una reunión que tuvimos entre caballeros, conversamos, llegamos a un acuerdo, se firmó, para dejar constancia por ambas partes y listo”, reveló Díaz.

Finalmente todo terminó con una propuesta de avenimiento. La demanda, en tanto, fue derivada hasta un tribunal de Curicó, zona que Morales representa; y el acuerdo se dio por ejecutoriado con su regreso a la Cámara.

El dinero, por su parte, salió de la misma Corporación y fue pagado en tres cheques tras la firma del secretario de la misma, el abogado Miguel Landeros.

“¿Es falso lo que dijo en su demanda?”, La Tercera le preguntó a Díaz. “Eso descúbrelo tú”, respondió el hombre.