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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre.- El presidente Felipe Calderón hizo suya la propuesta de la UNAM para convocar a un debate sobre la política de seguridad del Estado, dentro del que se analizará la pertinencia de la despenalización de las drogas.

Tras un encuentro de casi cuatro horas entre el Presidente y el rector de la UNAM, José Narro, el primer mandatario aceptó la iniciativa universitaria de formar un equipo de trabajo para estudiar 36 propuestas realizadas por especialistas en materia de seguridad y justicia. No se concretaron los nombres de quienes integrarán el grupo de análisis.

Desde el Castillo de Chapultepec, Calderón solicitó a la Universidad Nacional que realice un diagnóstico de la inseguridad en los estados y de la eficacia de las instituciones que la combaten.

El Presidente manifestó su coincidencia con diez planteamientos. “Tienen muchísimas cosas brillantes, (y) tienen algunas más genéricas, de propósito”.

Tanto Calderón como Narro coincidieron en la preocupación de que el narco reclute a menores.

Calderón acepta iniciativa de la UNAM

El presidente Felipe Calderón dijo sí a la propuesta del rector de la UNAM, José Narro, para trabajar juntos, gobierno y especialistas universitarios, la política de Estado en materia de seguridad y justicia para México, basada en los principios democráticos, respeto a los derechos humanos, reducción de víctimas, mejora de los cuerpos policiacos y revisión de la política de consumo de drogas.

Pero a pesar de que hubo más coincidencias que disensos entre ambas instituciones, al grado que el presidente Felipe Calderón ubicó al menos 10 de ellas, ayer no se concretaron ni fechas ni nombres para la conformación del grupo de trabajo que se aplicará a construir la política de Estado en materia de seguridad y justicia.

Después de casi cuatro horas de diálogo público, el Presidente de la República aceptó la iniciativa de la UNAM para formar un equipo de trabajo que trace la ruta para que las 36 propuestas elaboradas por los especialistas universitarios se conviertan en parte fundamental de la estrategia de Estado en materia de seguridad.

También le pidió al rector José Narro que se pueda reactivar el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como sus mecanismos de seguimiento; en caso de que no funcione más, entonces optar por el nuevo planteamiento universitario de pacto nacional como principio de la nueva estrategia de seguridad.

Reunidos en el Castillo de Chapultepec, el presidente Calderón solicitó a la UNAM que realice un diagnóstico del nivel de inseguridad por estados, así como de la capacidad real de respuesta de las instituciones en todos los niveles, pues si bien el gobierno federal cuenta con estos datos, elaborados por el Cisen, su carácter confidencial impide que toda la población los conozcan.

Si la UNAM realiza este trabajo, comentó el Presidente de la República, la información permitirá localizar las zonas con mayores problemas y, con ello, construir las respuestas.

Además, le planteó que la Universidad Nacional realice un estudio que detecte el tipo de corrupción que más le lastima a los ciudadanos, para que sea el primer punto que se ataque.

Por momentos con un lenguaje que dejó escapar ironías y reproches por ambas partes, sin que en ningún instante se pronunciaran palabras altisonantes ni ofensa alguna, el presidente Felipe Calderón y el rector de la UNAM, José Narro, coincidieron en que la colaboración de ambas partes no tiene propósitos ocultos ni estrategias políticas; el único objetivo superior es que México salga del momento difícil de violencia e inseguridad que vive.

El presidente Felipe Calderón estuvo acompañado por la señora Margarita Zavala; los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, quien fue el moderador; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Educación, Alonso Lujambio; de Salud, José Ángel Córdova; de Desarrollo Social, Heriberto Félix, así como del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré y la Procuradora general de la República, Marisela Morales.

A su vez, el rector de la UNAM, José Narro, hizo equipo con Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República; Luis de la Barreda, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Raúl González, abogado general de la UNA, y Guillermo Silva Aguilar, de la oficina del Abogado General de la UNAM.

Aunque refutó dos puntos específicos del diagnóstico de la UNAM en materia de seguridad y justicia, uno referente a la protección de los derechos humanos y otro más a la falta de inversión en educación, salud y prevención de adicciones, el presidente Felipe Calderón expresó su respaldo inmediato a 10 propuestas de los universitarios.

Esgrima de datos hiela el ambiente

El ambiente era gélido cuando Alonso Lujambio refutó al rector de la UNAM, José Narro Robles.

Sergio García Ramírez, maestro universitario, ex procurador General de la República y autoridad en el mundo de los juristas latinoamericanos, apretó la mandíbula y de inmediato solicitó la palabra a Francisco Blake, secretario de Gobernación, habilitado de moderador en la mesa de diálogo entre la UNAM y el presidente Felipe Calderón.

El alcázar de Chapultepec, escenario de los encuentros públicos del Presidente de la República con integrantes de la sociedad civil organizada, fue entonces testigo del primero de dos momentos tensos en este diálogo público inédito entre la comunidad de la UNAM y un Presidente de la República emanado del PAN.

El centro de la pugna fue un párrafo del documento de propuestas de la UNAM sobre seguridad y justicia, referente a la “desatención de la prevención” por parte del gobierno federal.

Alonso Lujambio, secretario de Educación, dijo que no estaba de acuerdo con esa información y ofreció cifras para sustentar que jamás un gobierno federal había atendido tanto el tema de la prevención; jamás una administración federal había invertido tanto dinero en construir planteles de bachillerato tecnológico, de universidades y de becas, lo cual permitió aumentar la cobertura educativa del 58.7% al 66.7%, e insistió en un esfuerzo sin precedente.

Entonces, el maestro de decenas de generaciones de juristas, Sergio García Ramírez, le contestó con esa oratoria que distingue a los hombres y mujeres del derecho.

“Yo no podría, se lo digo a mi distinguido amigo, el señor secretario de Educación, mirar la pertinencia, la exactitud de las cifras que él acaba de manifestar, también hay otras estadísticas que no quiero traer a colación, que no se pueden negar y que tienen que ver, por ejemplo, con el número de muertos, y que tienen que ver, por ejemplo, con los indicadores de impunidad. No las menciono, no tiene caso.

“Pero creo que en esto también hay coincidencias porque no se han refutado. Ahí están, ahí están estos datos que conoce la República y que todos hemos lamentado, señor Presidente, usted a la cabeza de la República. También son datos de nuestra realidad, irrefutables, y tienen que ver, por cierto, con el tema de esta reunión: Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, lapidó García Ramírez.

Y entonces el aire casi se heló en la mesa de diálogo. Y entonces el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, dejaba por un momento de atender sus menesteres en la computadora portátil color plata que acaparó su atención durante las 3:35 horas que duró el encuentro entre la UNAM y él.

Quizás por sus orígenes como abogado, Felipe Calderón puso especial atención en las palabras del maestro Sergio García Ramírez, como lo conocen en el mundo de los hombres y mujeres que estudian y viven de las leyes.

Quizás por esos mismos orígenes, mientras 11 oradores hacían uso de la palabra, entre académicos y secretarios de Estado, que más parecían rendir su informe de labores, Felipe Calderón hacía anotaciones en su lap, leía y subrayaba el documento de propuesta de la UNAM.

Por varios momentos tuvo un diálogo por tarjetas con el director general del Cisen, Guillermo Valdés, quien primero le envío una tarjeta blanca al mandatario, vía la señora Margarita Zavala, quien a su vez se la dio a Francisco Blake, para que a su vez la entregara al Presidente de la República.

Luego, Felipe Calderón le envió otra tarjeta blanca a don Guillermo, pero a través de su asistente personal, una militar que también acudió por la respuesta de Guillermo Valdés al mandatario federal.

Por momentos, Calderón sostenía breves diálogos con el rector José Narro, sentado a su derecha; en otros instantes bromeó con Francisco Blake, sentado a su izquierda, aunque ambos debieron contener las risas, para no interrumpir la fluidez del diálogo.

Frente a ellos, la serie de invitados “testigos sociales” convocados por el Presidente de México. Entre ellos destacaba la señora Isabel Miranda de Wallace, que parecía estar en una clase, porque no sólo siguió todo el diálogo con una atención que nada le distrajo, sino que anotó constantemente datos que le interesaban.

Buscaba la carnita

Vino así el discurso de cierre del presidente Calderón. Fue en ese momento que evidenció que la computadora no lo distrajo, sino que le ayudó a ordenar sus ideas, pues durante 39 minutos respondió a cada uno de los académicos.

Fue en ese momento cuando vino el segundo momento incómodo, pues el presidente Calderón también hizo referencia a la cita que molestó a Alonso Lujambio, pero ahora con un tono irónico que reviró la crítica a los universitarios, al catalogar su propuesta como muy general y centrada básicamente en generalidades y objetivos, no en planteamientos concretos.

Confesó que “buscaba la carnita” en el documento…, pero no la encontró.

El rector José Narro también se despidió, pero se paró en seco ante los reporteros.

“Ustedes se ven mucho mejor de lejos”, comentó y se retiró sin contestar las preguntas sobre la satisfacción o no de este encuentro y las respuestas del Presidente.

El Ejecutivo da a conocer sobre cuartel infiltrado

El Presidente reveló que el sistema de denuncia de un estado está en manos de la delincuencia y no se puede hacer algo porque están sindicalizados

Sin especificar el nombre, el presidente Felipe Calderón reveló que el sistema de llamadas de emergencia ciudadana, denominado C-4, en una de las entidades del país, “está dominado claramente por criminales de la zona”, y las autoridades estatales se niegan a sustituir a ese personal con elementos federales, incluso con el pretexto de que son sindicalizados.

Ayer, el presidente Felipe Calderón insistió en que México requiere de una política de Estado en contra del crimen, pues el combate a los delincuentes no es una opción para el gobierno federal, sino una obligación constitucional; “tenemos la obligación moral y ética de trabajar con altura de miras, poniendo por encima de cualquier otra consideración el interés del Estado”.

Destacó estar convencido de que “debemos consolidar una verdadera política de Estado en materia de seguridad, como tal, una política que trascienda a gobiernos y las fronteras de los partidos políticos o de las ideologías.

“Una política que se asuma, como lo que debe ser, más allá de la tarea de un mero hombre, de un gobierno, de un nivel de gobierno o de un solo poder. En este esfuerzo requerimos de la participación de todos; de los gobiernos, de los Poderes de la Unión, de nuestros académicos y pensadores y de toda la sociedad”, destacó.

Durante sus discursos de apertura y cierre del diálogo público con el rector de la UNAM, José Narro Robles, el Presidente de la República insistió en que el reto que enfrenta el país exige que “todos nos comportemos a la altura de lo que México demanda y que busquemos juntos soluciones estructurales y de largo plazo a este grave problema”.

Momentos antes de la conclusión del encuentro, el Presidente de la República dijo que “hay muchos lugares problemáticos en el país, pero también han avances y hay otros lugares donde no hemos avanzado, ciertamente, por ejemplo, no digo lugares, pero hay un estado donde sabemos que el C-4, donde llegan las llamadas de emergencia de la gente y donde se dan las instrucciones de reacción a los policías, están dominados, claramente por criminales de la zona.

“Es decir, los criminales se enteran primero de las llamadas de emergencia de la gente, que los propios policías, que también en los policías hay una gran penetración. Cuando hacemos la propuesta de sustituir el C-4, de remplazarlos por gente de la Policía Federal, o un combinado del Ejército y Policía Federal, etcétera.

“Primero hay una gran resistencia, luego hay disposición, pero luego la respuesta es que los empleados del C-4 están sindicalizados, y no los podemos mover. Bueno, esto es realmente de seguridad. Nosotros les ayudamos a liquidar a todos los empleados, pero déjenos operar el C-4, a la fecha”; por ello el Presidente de la República pidió a la UNAM hacer un diagnóstico de dónde hay capacidades para enfrentar el reto y dónde se requiere más apoyo.

Reiteró la disposición de su gobierno para revisar, precisar, mejorar y adecuar a las cambiantes circunstancias que vive el país la estrategia de seguridad pública.

“Estamos decididos a conseguir nuestro objetivo y dispuestos a desarrollar nuevos esquemas que propicien un mayor compromiso de todos, de las autoridades; y que permitan, también, una mayor participación ciudadana”, dijo.

Felipe Calderón también respondió a una observación del jurista Sergio García Ramírez, en materia de derechos humanos y destacó que “ciertamente, el enfrentamiento de los criminales ha sido muy duro y las acciones se han multiplicado y seguramente acciones contrarias a derechos humanos o garantías individuales, si se han cometido, hay una clara consigna y una orden del gobierno de castigar cualquier violación.

“Evidentemente si hay más presencia de fuerza pública, por ejemplo y vamos a suponer, una autoridad pide al gobierno federal que intervenga y pide que se ponga, por ejemplo, en un retén, un soldado da la orden de detención a un vehículo éste no se detiene y el soldado disparó y murió el ocupante del vehículo. Evidentemente esa muerte terrible e injusta, se castiga”.

Preocupa el reclutamiento de menores

El rector de la UNAM, José Narro, y el presidente Felipe Calderón expresaron su preocupación por el alto número de jóvenes y menores que han sido reclutados por el crimen organizado, incluso el universitario propuso la creación de la Defensoría de la Juventud.

Durante ediálogo entre la UNAM y el Presidente de la República en materia de seguridad y justicia, ambos hicieron ver que esa es una de las aristas que requieren de mayor atención por parte de una estrategia nacional que combata al crimen.

José Narro Robles explicó que los universitarios construyeron un documento con 36 propuestas, donde “subrayamos la preocupación que tenemos por distintos grupos, en particular, el caso de los jóvenes”.

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