Detrás de la aprobación el pasado noviembre del decreto que establecía la jornada de 35 horas semanales para los 270.000 empleados públicos que hay en Andalucía, la presidenta de la Junta ocultaba la falta de cobertura económica para hacerle frente. Tanto es así que, según fuentes socialistas, después de su aplicación, el mismo día en que arrancaba en Madrid la Conferencia de Presidentes, Susana Díaz se dirigió de manera reservada al Gobierno para pedirle un favor: necesita un recurso urgente al Tribunal Constitucional de esta norma para que, como ha sucedido en Castilla-La Mancha y el País Vasco, quede en suspenso.

Susana Díaz carece de recursos para financiar la jornada de 35 horas que ella misma ha aprobado en Andalucía

La relación de Susana Díaz con el Gobierno y, en particular, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es muy estrecha. En la sombra, la presidenta andaluza es la que más está peleando para que el PSOE facilite la aprobación de los Presupuestos de este año, aunque llegue a presentar una enmienda de totalidad. Sabe, como el resto de los barones de su partido, que de ellos depende, entre otras medidas, que pueda aprobarse una nueva oferta de empleo público y que se activen las transferencias estatales a las comunidades autónomas.

Estos dos aspectos son claves para una comunidad cuya deuda roza el 22% del PIB. Pese a ello, Susana Díaz quiso ponerse la medalla al principio del invierno para convertir a Andalucía en el primer territorio, junto a Madrid capital, en distinguir a sus funcionarios con la reducción de su horario laboral a las 35 horas. Este privilegio le ha comenzado a acarrear serios problemas en la sanidad pública, donde necesita una atención continuada que exige la contratación de más profesionales. En menor medida, es lo que también ocurre en el sectoreducativo andaluz y en el de la Justicia. Y el problema es que el Gobierno autonómico carece de recursos para nuevas contrataciones, por lo que el deterioro de estos servicios es alarmante mientras las reivindicaciones de los empleados públicos van en aumento.

Protestas del sector sanitario

A finales de noviembre decenas de miles de personas se manifestaron en Granada, Huelva y Málaga en protesta por la fusión hospitalaria promovida por el Servicio Andaluz de Salud, la falta de inversiones y la escasez de medios y personal sanitario. Fueron marchas convocadas por movimientos ciudadanos al margen de partidos políticos y sindicatos en demanda de una “sanidad pública digna”. Fuentes cercanas a la presidenta de la Junta admiten que estas demostraciones han supuesto un serio varapalo para ella en un momento en el que acababa de sacar pecho por el decreto de las 35 horas y se prepara para competir en la carrera de las primarias abierta por el comité federal del PSOE celebrado en enero.

El sindicato mayoritario en el sector público, la CSIF, volvió a abordar el lunes con la secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, los problemas derivados de la posible implantación de la jornada de 35 horas en las distintas administraciones. Esta central opina que aumentaría el empleo y la calidad de los servicios, sobre todo en la sanidad pública, donde el déficit de las plantillas y la interinidad son más acusados.

La presidenta de la Junta andaluza es la que más está presionando en la sombra para que haya Presupuestos este año

Mientras el Gobierno no derogue el real decreto que en 2012 elevó el horario de los funcionarios a 37,5 horas semanales, es difícil que vuelva a aplicarse con normalidad la reducción de jornada anterior a la crisis. Aun así, el PSOE tendría oportunidad de hacer de ello una bandera en el debate presupuestario, la misma que acaba de izar falsamente Susana Díaz en Andalucía a sabiendas de que en estas condiciones lo mejor para ella es perder el mástil en el Tribunal Constitucional.