El Gobierno considera intolerables las "últimas declaraciones, insultos y amenazas proferidas por el presidente Maduro contra España": Así se lo trasladado este mediodía el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea -en ausencia del ministro José Manuel García-Margallo, hoy con el Rey en Bruselas- al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea, en relación con las acusaciones de "racista" dirigidas a Mariano Rajoy.

Y así lo ha explicitado, posteriormente la propia Oficina de Información Diplomática en una nota de prensa oficial. Isea ha acudido a la convocatoria del Gobierno a la hora convenida, pero apenas ha permanecido cinco minutos en el despacho del director general, lo que da cuenta del alto grado de tensión diplomática y aventura cualquier tipo de respuestas por parte del régimen chavista, incluida, como mínimo, una nueva llamada a consultas a su representante en España.

El alto cargo español ha expresado al embajador "el malestar y el rechazo" del Gobierno por las acusaciones de "racista" contra el presidente Mariano Rajoy, y ha reivindicado que "las autoridades españolas han sido y serán siempre respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de Gobierno en Venezuela". Además, le ha advertido de que "este tipo de declaraciones e insultos no contribuyen a un mínimo entendimiento entre dos Gobiernos que representan a dos pueblos unidos históricamente por estrechos lazos". Según el comunicado de la OID, Isea "ha tomado nota de estos mensajes y ha señalado que los comunicaría a sus autoridades".

Molesto por la proposición no de ley que aprobó el martes el Congreso español reprobando al Gobierno venezolano por la detención de líderes de la oposición y pidiendo su puesta en libertad, Maduro acusó a Rajoy de estar "detrás de todas las maniobras contra Venezuela".

Nicolás Maduro. EFE

"Que las Cortes (españolas) vayan a opinar de su madre, pero que no opinen de Venezuela", dijo en su programa En Contacto con Maduro, que se emite en la cadena pública del país sudamericano.

La proposición no de ley aprobada en el Congreso contó con los apoyos de PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV, mientras que fue duramente criticada por la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y BNG, quienes consideran a los líderes opositores encarcelados unos golpistas.