El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, denunció como acto de corrupción la desviación de recursos adquiridos de la supuesta ayuda humanitaria internacional, entregada a dirigentes de la oposición por parte de Estados Unidos y sus países aliados.

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“Estados Unidos acaba de dar 90 millones de dólares para atenuar la crisis venezolana. Con eso algo se hace, pero nuestros hospitales y los diversos servicios de atención y protección al ciudadano no están en óptimas condiciones», expresó el también primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), durante una entrevista para el portal web El Cooperante.

Moronta aseguró que el dinero recibido se ha utilizado para “pagar gastos ostentosos de dirigentes”, quienes entregarían a los venezolanos esa ayuda para avanzar en la solución de conflictos generados por la crisis económica.

Ante esto, pidió a la gerencia estadounidense y a la Unión Europea (UE) que inicien una investigación para revelar el misterio que existe en la utilización del dinero.

Estas afirmaciones dejan en evidencia una posible red de corrupción articulada alrededor de la Coalición Ayuda y Libertad coordinada por el dirigente de la derecha venezolana, prófugo de la justicia y miembro de Voluntad Popular (VP), Lester Toledo, quien también ha estado implicado en la organización para el ingreso de mercenarios a Venezuela, con el propósito de asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, publicó el portal de VTV.

El pasado 22 de febrero, en Colombia se realizó el concierto “Venezuela Aid Live”, donde se recaudaron alrededor de 2,5 millones de dólares que serían enviados al país. Sin embargo, meses más tarde, luego de una investigación de inteligencia colombiana, se develaron los verdaderos usos de estos recursos.

El periodista de Panam Post, Orlando Avendaño, reveló los resultados de dichas investigaciones donde se evidenció mediante facturas filtradas, la desviación de más de 125.000 mil dólares en gastos personales y artículos de lujo por parte de los enviados de Juan Guaidó, Rosana Barrera y Kevin Rojas, militantes del partido Voluntad Popular, que tenían la responsabilidad de administrar parte de esos recursos.

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El 17 de junio, el ministro de Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, mostró pruebas obtenidas a través del teléfono de Roberto Marrero, colaborador directo de Guaidó, y que lo comprometen con la trama de corrupción basada en la captación de fondos para uso personal y acciones terroristas, como comprobaron organismos de inteligencia venezolanos.