La Ley de Consultas con la que Cataluña quiere regular la consulta del 9 de noviembre ha entrado en vigor este sábado al ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Acto seguido, en el Palau de la Generalitat, el presidente catalán, Artur Mas, ha firmado el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre.

Antes de la firma del decreto se han leído los puntos que contiene, entre ellos las dos preguntas que se les va a formular a aquellos que participen el 9-N. El objeto de esta convocatoria es, según este texto, conocer la opinión de las personas llamadas a participar sobre el futuro político de Cataluña con la finalidad de que la Generalitat, con "conocimiento de causa, pueda ejercer las iniciativas legales, políticas e institucionales que le corresponda", leyó el secretario del Govern, Jordi Baiget.

Las modalidades de votación son la presencia ordinaria el día 9 de noviembre o de forma anticipada por depósito de voto, que se podrá hacer del 20 al 25 octubre, ambos incluidos.

Para Artur Mas, este decreto se convoca "bajo el amparo de la ley de consultas, con respeto a los marcos legales". Se trata, en palabras de Mas, de una "ley constitucional y estatutaria, que pedimos que sea respetada". Durante su discurso tras la firma del decreto, realizado mayoritariamente en catalán, se ha dirigido en castellano al resto de comunidades en España: "Tenemos una larga historia en común con el resto que a nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión con un voto en una urna. Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar".

Mas ha sostenido que el proceso soberanista se basa en "amplias mayorías sociales, consenso político, búsqueda constante del diálogo y respeto a los marcos legales", ya que la consulta se convoca al amparo de la Ley de Consultas del Parlament. Además, ha insistido en reclamar al Gobierno central que haga lo posible por permitir la consulta, y ha asegurado que está abierto a pactar "hasta el último momento" las condiciones para hacer posible el 9 de noviembre, "pero no podemos caer en la trampa del inmovilismo vestido de una presunta legalidad".

Tras asegurar que el decreto supone un "antes y un después" en la larga historiade Cataluña, ha zanjado su discurso con una intervención en inglés dirigida a los líderes internacionales para defender que su intención es que el proceso se haga desde el diálogo y la paz.

Tras su discurso, Mas salió a la puerta del Palau de la Generalitat para saludar al público congregado en la Plaza de Sant Jaume. Allí se han coreado diferentes cánticos independentistas y a favor de la consulta, se han exhibido banderas 'estelades', pancartas, y se han vitoreado a los asistentes a la firma del decreto en su entrada al Palau.

Consultas no refrendarias

Según recoge el texto de la Ley de Consultas publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, se trata de una ley que regula las "consultas populares no referendarias", que "pueden promoverse por iniciativa institucional o por iniciativa ciudadana".

La finalidad de las consultas convocadas bajo el amparo de esta ley es "conocer la opinión de la población sobre la cuestión sometida a consulta y su resultado no tiene carácter vinculante. Sin embargo, los poderes públicos que las han convocado deben pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta, en el plazo de dos meses a partir de su celebración".

Una consulta de 9 millones de euros

El Govern prevé que la consulta cueste unos 9 millones de euros, según queda establecido en el anexo de memoria económica del decreto de convocatoria de la votación del 9-N, también publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El coste previsto es de 8.987.699,17 millones, aunque la cifra acabará siendo superior porque no se incluye el IVA en algunas de las partidas; además, el decreto deja claro que todas las cifras presupuestadas son "una estimación y que, por tanto, pueden variar al alza o a la baja".

En los Presupuestos del Govern para este año, acordados por CiU y ERC, ya figuraba una partida para la votación, que era de 10 millones de euros aunque la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, dijo que era ampliable.

El censo

El censo para la consulta convocada para el 9 de noviembre se basará en el Registro de población de Cataluña —que elabora el Institut d'Estadística de Cataluña— con fecha 1 de julio de 2014, y en el registro de catalanes en el extranjero, que se cerró este viernes antes de que se convocase oficialmente la votación. La lista definitiva de personas llamadas a votar el 9 de noviembre se difundirá el 16 de octubre.

Según el decreto de la convocatoria, está previsto que puedan votar los mayores de 16 años que tengan 'condición política' de catalanes, incluyendo aquellos que viven en el extranjero y que se hayan inscrito en el registro habilitado al efecto, mientras que no podrán hacerlo los catalanes empadronados en el resto de España.

Además, pueden acudir a las urnas aquellos inmigrantes comunitarios que lleven más de un año viviendo en Cataluña, así como los no comunitarios que acrediten más de tres años con permiso de residencia, siempre y cuando soliciten entre el 1 y el 7 de octubre poder participar en el 9-N.

El censo era uno de los aspectos que generó más debate en la ponencia conjunta que redactó la ley de consultas, ya que para poder diferenciar la consulta de un referéndum y evitar la posible inconstitucionalidad de la norma era necesario que los ciudadanos llamados a votar no coincidiesen con el censo electoral.

Los próximos pasos del Gobierno

Una vez rubricado el decreto de convocatoria de la consulta, el Gobierno central ya ha puesto en marcha la maquinaria para frenar esta convocatoria. La comisión de subsecretarios tiene previsto solicitar al Consejo de Estado el preceptivo informe para la presentación del recurso.

Con el aval del Consejo de Estado en la mano, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocará este lunes el Consejo de Ministros que aprobará el recurso, escrito que la Abogacía General del Estado entregará la misma mañana del lunes ante el Tribunal Constitucional.

Una vez que el Gobierno haya interpuesto el recurso ante TC, esta institución deberá decidir cuando convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ningún pleno ordinario previsto para la próxima semana.

No obstante, se espera una reunión rápida y que el pleno admita el recurso, lo que paralizará de inmediato la convocatoria de consulta, con todos sus efectos, al menos durante un periodo de cinco meses.