Andrés Manuel López Obrador no ha engañado nunca. Es consistente en su discurso y congruente en sus acciones. En las dos últimas semanas ha seguido ese camino y el país que está dibujando en construcción es preocupante. López Obrador ha ido dando a conocer el armado de su cuarta transformación, que se edificará sobre la centralización del control político, el económico y del estado de fuerza desde Palacio Nacional, que le permitirá gobernar verticalmente el país. Nada de horizontalidad ni contrapesos. De arriba hacia abajo, como dice que hará con la corrupción, decidirá el destino de 130 millones de personas.

El diseño de su próximo gobierno está listo. Desde la presidencia se coordinarán 32 delegados federales que serán sus representantes políticos, que actuarán como los viejos jefes políticos del porfiriato. Bajo el pretexto de que se trata de una medida de austeridad, elimina los delegados federales que cada dependencia tenía en cada entidad, con lo que cambiará el convenio de coordinación fiscal mediante el cual el gobierno entrega recursos a los estados a través de partidas presupuestales, para hacerlo mediante los coordinadores –manejados por Gabriel García, que era secretario de organización de Morena–, minando el federalismo al ser ellos quienes por fuera de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, distribuyan los dineros y asignen los programas.

Otra pinza estratégica de control y poder de López Obrador es que en el siguiente sexenio la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda concentrará todas las compras gubernamentales, con el propósito declarado de ser una medida para eliminar la corrupción. De esta forma, ninguna secretaría de Estado volverá a tener autonomía de gasto para planificar, calendarizar y administrar sus compras, sino que tendrá que recurrir a Hacienda cada vez que necesite adquirir papel de baño, medicinas, uniformes o computadoras, por mencionar algunos de los insumos recurrentes. Entonces, si a través de los delegados federales centralizará el poder político en el país, mediante la Oficialía Mayor de Hacienda ejercerá un férreo control hacia el interior del gobierno.

Para que la política y la economía se unifiquen mecánicamente en una misma línea, López Obrador necesita tener el control de la comunicación, que es un arma que le dé el espacio que necesita para construir los consensos que requiere para gobernar, al mitigar las eventuales críticas en la opinión pública. Por eso, anunció que desaparecerán todas las oficinas de comunicación social del gobierno federal, y que toda la información, así como el mensaje gubernamental, saldrá de un solo despacho en Palacio Nacional, bajo la responsabilidad de César Yáñez, que ha sido su sombra durante años. El control centralizado de información y mensaje será acompañado de sus conferencias mañaneras diarias, donde su equipo ha sugerido que harán gestiones ante la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para que sean transmitidas en vivo, lo que le permitirá fijar la agenda sin intermediarios y, disfrazado de información, diseminar propaganda.

No podría haber un control total si no se dispone de los mecanismos de coerción que tiene un Estado, mediante el uso legítimo de la fuerza. Junto con ello, la centralización de los órganos de inteligencia civiles en la nueva Secretaría de Seguridad Pública, así como la incorporación de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, y de la dirección de protección civil de Gobernación, detallados en la columna publicada ayer, se suman para conformar el cuerpo total al estilo de gobernar que desea López Obrador.

Esta forma vertical y centralizada de gobernar ha pasado sin que nadie levante las cejas. Los riesgos no han sido debatidos ni problematizados, incluso para que el propio López Obrador pueda reflexionar sobre lo que va a construir. Pero de forma circunstancial, un ensayo bajo la firma del almirante retirado estadounidense James Stavridis, que fue comandante de la OTAN, publicado en la última edición del semanario estadounidense Time, arroja luz a esta nonata discusión pública.

“Una vez más, parece que la democracia tiene un competidor. Los hombres fuertes están surgiendo en parte porque los gobiernos electos están luchando para enfrentar los nuevos desafíos: la migración global, los avances tecnológicos, el terrorismo trasnacional y el malestar económico internacional. Más y más gente está dispuesta a tratar o tolerar otro enfoque”, escribió.

“Hoy, uno puede ser perdonado por creer que la era de la democracia ha terminado. Dos grandes naciones, Rusia y China, tienden hacia un régimen unipersonal. La lista de países inclinándose hacia las órbitas autocráticas está creciendo. En América Latina incluye a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han mostrado los síntomas de una frágil democracia. En el otro lado del Atlántico, Turquía, Hungría y Polonia, aunque todavía reconocidas como democracias, tienen un poder centralizado que controla la prensa, manipula los tribunales y aplasta las protestas”.

Lo que pasa en el mundo es una llamada de atención, no sólo para todos los mexicanos –sólo una tercera parte del padrón electoral, no hay que olvidar, votó por López Obrador–, sino también para el incansable candidato vencedor. Mucho trabajó, luchó y sufrió López Obrador para llegar a la presidencia que asumirá con un claro mandato que no debe confundirle la cabeza, sino forzarlo a cambiar a México, como tanto lo ha prometido, por un país mejor, no por algo que más adelante le recriminen, incluso sus seguidores y quienes votaron por él, por haberse desviado de la ruta prometida y convertirse en un autócrata. No lo merecemos nadie. Tampoco él, que tiene toda esa fuerza nacional para ser, como lo sueña, el mejor presidente en la historia de México.