Aunque no lo parezca, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, no gana para disgustos en algunos Ayuntamientos en los que gobierna. Es el caso del de Arroyomolinos, regentado por Carlos Ruipérez quien, para alcanzar ese puesto, se saltó a la torera las directrices emanadas desde la dirección del partido en Barcelona según la cual no se podía ser alcalde si no se conseguía la mayoría de los votos. Ruipérez consiguió en las Elecciones de mayo de 2015 cinco concejales mientras el PP alcanzó siete. No obstante, Ruipérez pactó con los demás grupos municipales: PSOE (3), Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr) (3) y Podemos (3), la alcaldía del municipio.

Y durante estos dos años de mandato, Carlos Ruipérez ha hecho y deshecho a su antojo, con el beneplácito de la cúpula de Ciudadanos a pesar de diferentes escándalos judiciales de los que les ha informado puntualmente Extraconfidencial.com. Así, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero abrió una investigación por un presunto delito electoral cometido por el actual Jefe de la Policía Local del municipio madrileño de Arroyomolinos, Guillermo García Jiménez, que durante las Elecciones -tanto municipales como nacionales de 2015 y 2016-, hizo Campaña para el partido Ciudadanos de Albert Rivera, siendo en la primera sargento de la Policía Municipal de Móstoles y, posteriormente en las otras, ya colocado como Jefe de la Policía Local de Arroyomolinos. Y también por ese mismo Juzgado, el edil Carlos Ruipérez Alonso, también es por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, así como también lo está su primer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Juan José González Arroyo.

No es el único problema judicial que le rodea. Ya que, el alcalde de Arroyomolinos gobierna en la localidad madrileña de Arroyomolinos gracias al apoyo del concejal socialista de Educación y Juventud, Juan Carlos García González, investigado por el Juzgado de Instrucción n º 2 de Navalcarnero por los posibles delitos de injurias y calumnias -ambas con publicidad-, acusación y denuncias falsas y estafa procesal, marcadas con el número de diligencias previas 285/2015. De este modo el alcalde de Ciudadanos en Arroyomolinos rompe el código que suele tener el partido de Albert Rivera con respecto a otros partidos políticos, a los que no permite ninguna imputación para que éstos gobiernen.

Un concurso “ad hoc”

En octubre de 2016 el Ayuntamiento de Arroyomolinos publicaba un concurso público, gracias a un préstamo a 10 años sin intereses concedido por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la adjudicación del Contrato administrativo mixto de suministro e instalación de material eléctrico de iluminación con tecnología LED para la renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior en este municipio. El nada desdeñable montante del contrato ascendía a 3.900.022,91 euros, IVA incluido. La publicación de contrato se realiza el 26 de julio de 2016 y la resolución del mismo está previsto para el próximo día 27.

La primera “particularidad” del contrato es que permite que el Ayuntamiento disponga de todas las cartas encima de la mesa para adjudicar el contrato a quien desee. O por decirlo de otra manera: el “preseleccionado”. Y para tal fin, “solo hacía falta establecer un procedimiento de adjudicación que lo permitiera y unos criterios para valorar las ofertas que lo facilitasen, como se ha producido en esta adjudicación”, han denunciado distintas fuentes especializadas en contratos con la Administración Pública a Extraconfidencial.com.

En primer lugar, para primar a la empresa podríamos decir que “preseleccionada”, no se permitió realizar ninguna baja al precio del contrato; es decir, que, antes o después, será adjudicado en el precio de 3.900.022,91 euros, IVA incluido, lo que en principio beneficia al adjudicatario porque no tiene que hacer baja alguna y sobre todo, se tiene el contrato bajo control, sin que exista alguna oferta desbocada a la baja que pueda dar al traste con el procedimiento.

Supuestamente, para solventar el tema económico, el Ayuntamiento estableció una relación de mejoras a las que asignó un máximo de 55 puntos y lo denominó criterios valorables en cifras o porcentaje. “Todo licitador sabe y el Ayuntamiento también lo sabe que para ganar el Concurso hay que hacer el 100% de las mejoras. En otro caso, es muy probable que otro licitador las ofrezca y gane el Concurso. Aunque no se ha abierto el sobre C que contiene las mejoras, el Ayuntamiento sabe perfectamente que el 90%, sino el 100% de los ofertantes ha hecho la oferta de mejoras al 100%”, han declarado las mismas fuentes a Extraconfidencial.com.

Todo controlado… o casi todo

En consecuencia, el Ayuntamiento gobernado por Ciudadanos ya tenía un dato del problema. Asumía que el 100% de los ofertantes tendrían los 55 puntos. O al menos, si el Ayuntamiento ya tenía un favorito para ganar el Concurso conocía la oferta económica de la empresa preseleccionada y, por tanto ya controlaba ese problema.

El resto de los datos se pusieron abiertamente encima de la mesa, en el sobre B, para que el Ayuntamiento los conociera y, cuando asignará las valoraciones “subjetivas”, conociera de antemano los puntos que debería otorgar a cada candidato “con el objetivo de que ganase la empresa preseleccionada”.

Para todo ello se asignaron 45 puntos a unos criterios que el Pliego define en función de un juicio de valor. Pero que no todos son juicio de valor, a la vista de los documentos que obran en poder de este periódico. Los 45 puntos se distribuyen en:

1- Una valoración de la memoria técnica, valoración totalmente subjetiva, a la que se asignan 20 puntos y donde se permite excluir del procedimiento a las empresas que no lleguen a 12 puntos.

2- Se asignan 25 puntos a la reducción de la potencia ofertada por cada licitador, con un mínimo del 50%.

La forma de adjudicar el contrato a la empresa preseleccionada es muy fácil. Conociendo el dato de los puntos que la empresa “elegida” va a obtener en el sobre A de las mejoras y, asumiendo que todos los licitadores van a ofertar las mejoras al 100%, el Ayuntamiento tenía y tiene en sus manos, de forma transparente y teóricamente legal, la fórmula magistral para adjudicar el contrato.

Como sabe los puntos asignados a cada licitador en la valoración de la potencia, máximo 25 puntos y sabe los puntos máximos que cada licitador puede obtener de los 55 puntos del sobre A, solo tiene que hacer una simple operación matemática para saber los puntos que tiene que asignar, de forma totalmente subjetiva, al precandidato. Y todo ello sin probabilidad de error y aparentemente legal.

Siempre según las mismas fuentes, “ahora, una vez que tenían todas las cartas encima de la mesa y ya sabían quién era el precandidato, solo se trataba de vestir el muñeco y darle una apariencia de legalidad. Lo primero que hicieron fue contratar a una empresa que hiciera las valoraciones técnicas para que pareciera que todo es independiente y aséptico”.

Contrato negociado sin publicidad

Y efectivamente. Se convoca el concurso con un procedimiento legal, pero controlado, un negociado sin publicidad, a alguien de confianza. Energium Soluciones y Servicios S.L. “Una empresa que en teoría se dedica a esto, pero que nunca podría haber evaluado un concurso de 4 millones de euros. Para ello tiene que ser alguien conocido y controlable y nada mejor que alguien que vive en una de las Urbanizaciones del pueblo. Hay infinidad de empresas que hubieran licitado por la asistencia técnica de un contrato de 4 millones de euros, pero lo ponemos en manos de una empresa que posiblemente jamás ha hecho una evaluación como esta y que muy probablemente no tiene ni empleados, ni oficina”, afirman.

Para darle el máximo rango de seriedad y objetividad al procedimiento, de los diez licitadores que presentaron su oferta al concurso se excluye de una primera tacada a cinco empresas, todas ellas por unos defectos no subsanables en las Memorias Técnicas. Mercantiles como Elecnor, la UTE Proemisa/Becsa, Ferrovial, la UTE 3E/Telnor y Enertika fueron excluidas, en una primera fase, “con unos criterios no sostenibles, basados en meras elucubraciones e interpretaciones de la empresa Energiun, como asesor técnico y asumidos por la mesa de contratación del Ayuntamiento”.

De las cinco empresas excluidas, Elecnor, la UTE Proemisa/Becsa, Ferrovial, la UTE 3E/Telnor recurrieron al Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid obligando el Tribunal a la readmisión en el procedimiento de todas y cada una de ellas por no ajustarse a derecho los criterios seguidos por Energiun para la exclusión. Enertika no recurrió porque su memoria contenía errores evidentes de difícil defensa. Ya se empieza a ver el plumero de las valoraciones de Energiun y su solvencia técnica, cuestionada por el Tribunal de Contratación en el 100% de los casos juzgados.

En este punto, aún con las cinco empresas excluidas, el Ayuntamiento publicó las valoraciones de la Memoria técnica, valoraciones realizadas por Energium y asumidas por la Mesa de contratación.

El caso es que la Mesa de Contratación -que hasta en dos ocasiones rechazó las exclusiones de algunas de estas empresas por parte del Ayuntamiento-, debería haber abierto las plicas de las ofertas el pasado viernes se negó a hacerlo y el alcalde Carlos Ruipérez lo ha elevado al Pleno del Consistorio para tomar una decisión definitiva. ¿Y saben qué empresa se presenta como principal candidata a la obtención de este suculento concurso? Pues, ni más ni menos, que una mercantil implicada en Operación Púnica. Su máximo representante es un conocido empresario muy relacionado con el mundo del Fútbol. Y con mucho poder.