Detrás del patriotismo chovinista, de la defensa a ultranza de la unidad de España, del engaño de los himnos y las banderas, lo que queda de Vox es un programa económico aterrador. Basta con echar un vistazo al documento para preguntarse qué mentes retorcidas han elucubrado semejante disparate y para concluir cuál es el objetivo único y principal de la ultraderecha española: dar la estocada final a nuestro maltrecho Estado de Bienestar. Mariano Rajoy, con sus duras políticas de ajustes y recortes, hizo tambalear los servicios públicos básicos, pero será el amante de las pistolas Santiago Abascal −si llega a tener influencia en el próximo Gobierno−, quien dé el tiro de gracia al Estado social y democrático de Derecho.

En realidad, los líderes de Vox no esconden cuáles son sus verdaderas intenciones, que dejan escritas en negro sobre blanco en el propio programa electoral: “Restaurar la solidez de las finanzas públicas eliminando el déficit y reduciendo la deuda; reducir los impuestos; liberalizar los mercados y servicios; y reformar el llamado Estado del Bienestar, eliminando el de los políticos”. Es decir, menos inversiones públicas, más privatizaciones y privilegios tributarios para los ricos. Esa es la “nueva España” que quiere Abascal.

Pero vayamos por partes. ¿Qué está ofreciendo Vox a sus votantes en lo económico? En primer lugar, la medida estrella de la formación verde, una bajada drástica de los impuestos, tendría un efecto letal para el sostenimiento del Estado de Bienestar. El partido de Abascal propone una fuerte rebaja del IRPF, reduciendo tramos hasta dejar solo dos: un tipo general del 22% para rentas de hasta 60.000 euros y un 30% para las rentas superiores a esa cantidad. En la actualidad, los ricos pagan un 45% a partir de esos 60.000 euros, de manera que con Vox saldrían ganando. Los líderes ultras aseguran que aplicarían subvenciones a las rentas más bajas pero no aclara cuáles.

Si a esa medida fiscal se une que Vox ofrece eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones −como ya ha hecho el ‘trifachito’ andaluz−, así como el de patrimonio, además de una rebaja en el Impuesto de Sociedades para las empresas desde el 25 hasta el 12,5 por ciento, no hace falta ser un avezado economista para comprender que los servicios públicos como la sanidad y la educación tendrían problemas para financiarse al día siguiente de la entrada en vigor del plan.

Para completar el negro panorama, los líderes de Vox apuestan por una drástica reducción del gasto público de más de 24.000 millones de euros, pero no dicen cómo hacerlo. Sin duda, tal recorte solo podría llevarse a cabo desmantelando aún más los hospitales, las escuelas y universidades y los transportes públicos, entre otros servicios. Así, de los 24.236 millones de gasto que pretenden ahorrar, 16.236 millones saldrían de un ajuste del gasto de la Administración Central del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, según publica el diario Expansión. Otros 8.000 millones se recortarían de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El fin último sería reducir al máximo la influencia del Estado en el producto interior bruto (PIB), una idea que va aún más allá del clásico neoliberalismo para entrar de lleno en el terreno de “la jungla económica”.

Por descontado, los sindicatos y las organizaciones obreras provocan urticaria a los dirigentes de Vox, siempre empeñados en aniquilar cualquier vestigio de socialismo. Ya lo dijo el historiador Gaetano Salvemini a propósito de los fascismos: “El Estado paga por los errores de la empresa privada. El beneficio es privado e individual. La pérdida es pública y social”. Es decir, se individualizan las ganancias y se socializan las pérdidas del sistema. No extraña por tanto que Vox lleve en su programa electoral para el 28A la eliminación de las subvenciones oficiales a los sindicatos (también a los partidos políticos). Sin resistencia organizada de la clase obrera, el camino para implantar un modelo económico basado en el desmantelamiento del Estado de Bienestar queda libre y expedito.

La inevitable consecuencia de la aplicación de semejantes teorías económicas salvajes sería una mayor conflictividad social. Pero eso también lo tiene previsto Vox con su propuesta de reforma de la ley de huelga. La formación verde quiere regular este derecho por primera vez en la historia de nuestra democracia. Para ello propone medidas restrictivas, como que la huelga se vote por mayoría de los trabajadores de cada centro, que se proteja a aquellos que quieran trabajar ese día y que los piquetes informativos funcionen exclusivamente dentro del centro de trabajo, sin salir a la calle. Por supuesto, el comité convocante que no se atenga a esa ley respondería ante los tribunales por los daños físicos y materiales que se puedan ocasionar.

En cuanto a los convenios colectivos se dará prioridad a los convenios de empresa sobre los territoriales y sectoriales, permitiendo que las compañías se “descuelguen” de los acuerdos de ámbito superior. De esa forma, Vox pretende dinamitar la negociación colectiva y dar al trabajador, a título individual, la posibilidad de negociar su remuneración y condiciones laborales con el patrón. Es decir, una vez más nos encontramos ante la vieja máxima “divide y vencerás” atribuida a Julio César.

Con el modelo económico de Vox las pensiones cambian drásticamente. Ya no rige el principio de reparto solidario en las aportaciones bajo supervisión e incentivos del Estado, sino que cada trabajador irá depositando obligatoriamente sus contribuciones en una cuenta personal hasta completar el 50 por ciento de su pensión. El otro 50 por ciento correría a cargo del Estado. El sistema resulta de un egoísmo terrorífico, ya que supone liquidar de facto las pensiones públicas.

En cuanto al comercio internacional, Vox es más bien euroescéptico: prefiere la autarquía nacionalista al librecambismo, como todo buen partido ultra. Ahí bebe de la clásica idea fascista de que demasiado comercio convierte la economía nacional en dependiente del capital internacional. La autosuficiencia económica −una utopía en un mundo cada vez más globalizado− sería lo deseable, según ellos. Para lograr el autoabastecimiento energético no dudan en seguir apostando por la energía nuclear, que está siendo abandonada por los países más avanzados.

En resumen, a Vox le ocurre lo que a todos los partidos de extrema derecha de nuevo cuño, que le va bien cuando habla de lo demagógico/patriótico pero que naufraga cuando sus dirigentes se sientan a sacar las cuentas del Estado y a hablar del pan de los ciudadanos. Ahí es donde se comprueba que “del patriotismo no se come” y entonces aparecen las contradicciones políticas, ya que el reparto equitativo de la riqueza nunca figura en su ideario, a diferencia de los estados socialdemócratas que buscan la redistribución y la igualdad. Tradicionalmente la ultraderecha ha abogado por programas económicos que dejen hacer al gran capital y por la protección a ultranza de las grandes fortunas. De entrada, uno de los máximos principios del fascismo –gran inspirador de los nuevos populismos de extrema derecha– es el ‘darwinismo social’. Es decir, el Estado protege a los individuos con un mayor poder económico en detrimento de las clases menos pudientes. O dicho de otro modo: los más fuertes sobreviven, los más débiles perecen, como descubrió Charles Darwin en sus teorías biológicas.

La idea supremacista de que los más vulnerables deben desaparecer por la propia inercia determinista tiene una consecuencia directa: Vox está abiertamente en contra de las políticas sociales. Se suprimirán todos aquellos gastos públicos que el partido verde considere superfluos, como subvenciones al transporte, cursos de formación para desempleados, ayudas a la violencia de género y cobertura social y sanitaria a inmigrantes sin documentación.

Las aportaciones de las empresas a la Seguridad Social se irán recortando progresivamente, ya que Vox considera que suponen un lastre para la creación de riqueza y de empleo. Otro ataque al Estado de Bienestar, que ingresará cada vez menos. ¿Y qué pasará con las empresas públicas como Renfe o Aena? Vox procederá a una “estrategia de cierre progresivo o venta” de las mismas si generan pérdidas. “Son un lastre para la economía y no hay una necesidad social”, dicen los dirigentes de Vox, que consideran que con sus políticas todos los ciudadanos gozarán de recursos económicos suficientes para recurrir a escuelas y médicos privados, por ejemplo. El programa nada dice de las inversiones en seguridad, aunque se sospecha que las empresas de vigilancia tendrán cada vez más importancia, en detrimento de las policías estatales y autonómicas.