Javier Sánchez Serna

Portavoz de Educación de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados

Nadie duda de que la educación, junto a la sanidad o los servicios sociales, ha sido una de las grandes damnificadas en el altar de los recortes y la austeridad. Y ahora, cuando organismos internacionales empiezan a cuestionar el tipo de recuperación económica del Gobierno Rajoy, basada en la precariedad y los bajos salarios, la cuestión de la política educativa vuelve a emerger como política de estado.

La situación desde la que partimos es francamente mala. Desde 2010 se han recortado más de 7.000 millones de euros en política educativa, lo que ha supuesto volver a unos niveles de inversión similares a los de los primeros años 80: en torno al 4% de inversión, cuando la media de los países de la OCDE se sitúa en un 5,6% y el de los países más prósperos, como Dinamarca o Finlandia, en un 9%.

En este contexto de recortes, la LOMCE del Partido Popular vino a establecer la letra de un proyecto educativa profundamente elitista y segregador. La LOMCE, ciertamente, nada tenía que ver con la calidad educativa tal y como se pregonaba, y sí con el proyecto de poner a competir unos centros con otros, con los famosos rankings de calidad; o con romper el currículo común, estableciendo itinerarios tempranos que segregan a las chicas y chicos a los 13 años; y también con la reducción de áreas de conocimiento, como por ejemplo la casi desaparición de asignaturas como música o filosofía.

Como es sabido, la también conocida como Ley Wert, elaborada sin ningún tipo de consenso, fue ampliamente rechazada por una comunidad educativa que, constituida en Marea Verde, llegó a convocar más de una treintena de huelgas y manifestaciones. Fruto de este rechazo general, todos los partidos de la oposición llegamos a las últimas elecciones generales con la promesa escrita de derogar la LOMCE. Definitivamente, nadie habría apostado hace dos cursos en la continuidad de la LOMCE.

Sin embargo, la LOMCE sigue vigente. Es cierto que el PP ha perdido su mayoría absoluta y sabe que no puede mantener su ley educativa tal y como está. Pero también es verdad que C’s y PSOE, con su apoyo y abstención a Rajoy, tampoco fueron valientes en su día para plantear su definitiva derogación.

En su lugar, el Gobierno nos ha embarcado en una suerte de travesía hacia el denominado "Pacto de Estado por la Educación" que, a nuestro juicio, tiene más de prórroga a la LOMCE que de voluntad real de cambio.

Pero no se trata de desechar la idea de pacto educativo, sino de definir cuáles tendrían que ser sus condiciones de posibilidad. Y de comprender, quizá en primer lugar, que un pacto educativo debe ir más allá de un pacto entre partidos y debería ser, ante todo, un pacto con la comunidad educativa.

Por ahora, debemos reconocer la dificultad de la empresa y constatar que, hasta la fecha, solo hemos conocido un pacto educativo. Y no es otro que el que se plasmó en el artículo 27 de la Constitución del 78, que garantizaba el derecho a la educación. Es verdad que si uno lee con atención ese artículo 27 se encuentra con una redacción ambigua: "Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza". Esto es, el legislador del 78 puso en el mismo plano dos principios muy diferentes y que pueden llegar a ser contrapuestas: por una parte, el derecho a la educación como derecho de ciudadanía y por otra, la libertad de enseñanza.

Esta tensión ha sido permanente durante todos estos años. Por eso, cada vez que en el Congreso reivindicamos la necesidad de garantizar el derecho a la educación y los recursos materiales para hacerlo efectivo, el PP siempre responde con el derecho de las familias a elegir la educación que quieren, apoyándose en el mismo artículo.

Pero esta ambigüedad no fue un descuido de los ponentes, ni un fallo de la técnica legislativa, sino que es un ejemplo de la correlación de debilidades que marca toda la transición y, por tanto, el debate constitucional. No digo nada nuevo si afirmo que ese debate no se dio en las condiciones de tranquilidad y sosiego que los representantes públicos requieren para hacer su trabajo, sino que se trató de una componenda entre fuerzas dispares. Y no hay duda de que las presiones de los sectores conservadores conseguirán mantener buena parte del anterior status quo de tal modo que, como contrapartida a la creación de una red estatal de centros públicos de enseñanza, se acaba aceptando las principales demandas de los sectores conservadores: la creación de nuevos centros privados, su financiación por parte del Estado y la libertad para fijar el ideario del centro o mejor dicho la no regulación de los contenidos o los valores impartidos por estos centros.

De esta manera los partidos dinásticos garantizaron, mediante este "primer pacto educativo", la coexistencia de una red público-estatal de enseñanza con una red privada-subvencionada y de un carácter fuertemente confesional. Posteriormente, con la LODE del primer Gobierno socialista, se regulará mínimamente los currículos, la gestión y la financiación de estos centros y se fija, más como deseo que como objetivo a medio plazo, su carácter subsidiario y temporal respecto a la red pública.

¿Qué ha pasado desde este primer "pacto educativo"? Si lo tuviéramos que decir en una frase podríamos los términos se han invertido y la red pública va camino de ser la red subsidiaria de la red privada-subvencionada, que no para de crecer.

Por eso, un pacto educativo que se quiera útil, esto es, que quiera abordar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo debe desmontar las medidas más injustas de la LOMCE a la vez que refuerza y ensancha la red pública-estatal. No podemos aceptar que el pacto educativo sea algo así como hallar el mínimo común múltiplo, esto es, un acuerdo de mínimos que "vender" a la opinión pública pero que no modifique ni altere los desequilibrios de nuestro sistema educativo.

Desde el principio de los trabajos de la subcomisión, sabíamos que un Pacto de Estado con el PP de los recortes y la LOMCE no sería nada fácil. Si aceptamos participar en este espacio no fue para blanquear la política educativa del José Ignacio Wert ni para conseguir pequeños retoques, sino porque queríamos explorar hasta dónde estaba dispuesto a rectificar el Gobierno y, sobre todo, hasta dónde podíamos llegar con el Grupo Socialista y el resto de grupos de la oposición.

A día de hoy estas dudas siguen en el aire. Más allá de las buenas intenciones o de las declaraciones grandilocuentes, la realidad es que, tras el periodo estival, los portavoces de educación apenas nos hemos reunido y ni siquiera se ha decidido el método de elaboración de las conclusiones de la Subcomisión para el Pacto Educativo. Ya en su día dijimos que era necesario definir el método de trabajo al inicio y no después de casi un centenar de comparecencias. Pero el Grupo Popular y su aliado naranja siempre han elegido ganar tiempo y jugar con las expectativas.

En las próximas semanas, más por la proximidad del final de la subcomisión que por voluntad política, los portavoces de educación de los distintivos grupos nos tendremos que sentar de una vez para definir al menos los puntos o temáticas que debe abordar esta subcomisión. Puede que, entonces, el PP tenga la tentación de desplazar el debate político hacia un simple procedimiento técnico, reduciéndolo todo a votos particulares y al cálculo del "mínimo común múltiplo".

A nuestro juicio, una salida así sería una estafa, no ya para la institución parlamentaria, sino para toda la comunidad educativa. En este sentido, desde Podemos y las confluencias tenemos muy claro que el Pacto educativo, en caso de haberlo, debe gravitar sobre una serie de puntos muy concretos y que se han repetido hasta la saciedad durante estos meses. Elementos como garantizar el derecho a la educación, reforzar el papel de la red pública, aumentar la inversión en educación, estabilizar las plantillas docentes o universalizar de la red educativa 0-6 años -entre otros-, no pueden quedar fuera de los debates de la subcomisión, ni pueden pretender resolverse con medidas cosméticas.

Un pacto educativo no puede reducirse a consensuar medidas pretendidamente técnicas, y con las que todos deberíamos estar de de acuerdo, frente a otras cuestiones supuestamente políticas o ideológicas, que nos dividen. Debemos abordar los problemas de nuestro sistema educativo, sin esquivar los posibles desacuerdos. Somos conscientes de los puntos de fricción, pero también sabemos que hay un parlamento plural y mayorías parlamentarias alternativas que no pasan necesariamente por los votos de PP y C’s. Falta saber, en todo caso, la disposición del Grupo socialista para explorarlas.

A estas alturas de la legislatura, y cuatro cursos después de la implantación de la LOMCE, ya no sirven acuerdos de mínimos. Estamos convencidos que de un mal pacto educativo, un pacto educativo de cartón piedra, sería peor que la ausencia de pactos, por lo que tendría de decepcionante y desmovilizador para la comunidad educativa. Una comunidad educativa que no sólo se ha movilizado contra los recortes estos años, sino que también ha debatido y elaborado sus propuestas en el "Documento de bases para una Ley Educativa", suscrito por más de 40 organizaciones sociales y políticas; entre las que, por cierto, se encuentran PODEMOS y PSOE.

Por eso, pensamos que dar la espalda, nuevamente, a las demandas de la comunidad educativa y conformarse con pequeños arreglos, supondría una victoria en diferido del Gobierno sobre la Marea Verde. El objetivo no puede ser un pacto educativo a cualquier precio, el objetivo solo puede ser garantizar el derecho a la educación, poniendo en el centro la escuela pública. Y si no puede ser con el Gobierno de Rajoy, tendrá que ser echándolo.