La Consejería de Medio Ambiente tiene sobre la mesa una propuesta controvertida. La organización agraria UPA ha planteado al gobierno de Ángel Garrido que permita a los propietarios de explotaciones ganaderas tirar a matar contra el lobo –protegido por ley– si, con ello, se evita un inminente ataque al rebaño. Sería, apostillan sus promotores, como último recurso. Y habría mucho que reglamentar. "Tendría que haber unas medidas disuasorias previas –vallados, pastores eléctrico, perros–", explica Jesús Anchuelo a 20minutos, secretario general de UPA Madrid. Si el lobo no hace caso, lo siguiente sería echar mano de la escopeta para ahuyentarle con tiros al aire. "Pero, si persiste, tendríamos la autorización para cazarlo", añade.

La idea, trasladada al consejero Carlos Izquierdo en una reunión reciente, imita una que ya valora el gobierno de Castilla y León y que "está en vigor en Francia", según Anchuelo. Requeriría del concurso "voluntario" de los ganaderos, que deberían obtener su correspondiente permiso de armas, y otorgaría una dispensa para usarlas contra estos cánidos en casos extremos. "No sería para salir al camino o pastos comunales", argumenta el secretario general. "No queremos ilegalidades". La Comunidad aún no se ha pronunciado. Fuentes de Medio Ambiente afirman que "se están estudiando todas las propuestas" aportadas por la entidad agraria en aquel encuentro, incluida esta. UPA, que moviliza a medio millar de trabajadores del sector primario, también reclama la supresión de una serie de tasas creadas en 2012, "agilizar" algunos trámites burocráticos, actualizar los recursos digitales y recibir formación en lucha contra incendios. En estos puntos, el acuerdo parece más probable.

El problema de los baremos

La presencia del lobo en Madrid es novedosa. Exterminados hace medio siglo, en los últimos años se han avistado en las sierras del norte y el oeste de la región. Hasta julio, las autoridades han contabilizado 393 ataques a ganado –incluidos los de buitres y perros asilvestrados–frente a los 337 de todo 2017. Como consecuencia, la Comunidad ha tenido que multiplicar la partida reservada para indemnizar a los propietarios afectados, pasando de 60.000 a 300.000 euros en cuatro años. Los baremos fijados por la Comunidad conceden entre 60 y 1.200 euros de indemnización por animal herido, pero dos sentencias han abierto la puerta a pagos de hasta 25.000.

Desde Ugama, otra de las asociaciones del sector, su presidente, Alfredo Berrocal, advierte de que habrá nuevos fallos y alerta contra el "crecimiento" de los ataques. "Hay explotaciones con tres o cuatro a la semana", indica. Aunque no se opondría al uso de armas en fincas como propone UPA, Berrocal pone el foco en "garantizar la vida en el medio rural". Y en convocar la Mesa del lobo.

Este foro, impulsado por la Consejería junto a ganaderos, conservacionistas, forestales y veterinarios, se reunió por primera vez hace dos años. Hasta hoy. El gobierno del PP tiene pendiente desarrollar su plan de conservación para esta especie. Por el momento, defiende prevenir los ataques con "cercados, adiestramiento y presencia de mastines y sistemas de aviso" en lugar de armas. Además, tiene las manos atadas para abrir la veda y autorizar el tiro al lobo.

Entre 15 y 25 ejemplares en Madrid

A eso se agarra el colectivo ecologista. "Habría que cambiar la legislación», señala el diputado regional de Podemos Alejandro Sánchez, que recuerda que este animal está protegido por la ley estatal y la europea con multas de entre 3.000 y 200.000 euros. "Matarlos está prohibido, pero incluso si no lo estuviera, darle carta blanca a los ganaderos abre una puerta muy peligrosa a tomarse la justicia por su mano contra esta y otras especies y a que puedan ocurrir accidentes graves", afirma el también portavoz de Equo al tiempo que reclama no dejar fuera del debate el incremento de las muertes por atropello en vías como la A-1.

Las organizaciones denuncian la falta de datos oficiales. El conteo más reciente lo realizó el Icona en 1988 y cifró en 2.000 los ejemplares repartidos por todo el país, la mayoría en la franja septentrional, donde se permite su caza de forma controlada. En Madrid, mientras las estadísticas cuentan alrededor de 250.000 cabezas de ganado, los conservacionistas no creen que haya más de dos decenas de lobos campando. El último informe del Voluntariado para el censo del lobo ibérico y el Observatorio de la sostenibilidad habla de entre 15 y 25.

"No creo que sea un problema grave real", indica Ángeles Nieto, coordinadora de Ecologistas en Acción, quien pide "mejorar las investigaciones de los ataques y agilizar las indemnizaciones". Nieto confía en que la Consejería no admita la propuesta. "Utilizar armas es anacrónico y carente de justificación", reprocha. "Estaremos radicalmente en contra".