La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que impulse la investigación de una de las 16 piezas del caso Púnica, lo que puede provocar un nuevo terremoto en la política madrileña. Los agentes tienen que examinar todos los contratos que la empresa Waiter Music, que organizaba conciertos y festejos, obtuvo en 35 municipios de la región entre los años 2004 y 2013 y que le permitieron ingresar 25,6 millones de euros. El ministerio público ya trabaja con la hipótesis de que Francisco Granados, principal imputado de la causa, utilizó su influencia política como consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y como secretario general del PP de Madrid para que muchos consistorios gobernados por el PP contrataran a Waiter. A cambio, esta firma hizo regalos a cargos públicos y se prestó a financiar actos electorales de los populares.

Los investigadores van a examinar irremediablemente los expedientes de contratación de estos 35 Consistorios. La Fiscalía hizo la petición antes de que el juez instructor de la causa, Eloy Velasco, dejara el caso y fuera sustituido por Manuel García-Castellón. El nuevo magistrado deberá impulsar ahora la pieza 7, la de Waiter, tomando declaración a extrabajadores de esta firma y analizando todos los contratos, que salpican a un reguero de alcaldes madrileños (la mayoría ya no ostenta el cargo), pero entre los que están ocho que hoy siguen al frente de sus municipios, tres que ahora son diputados autonómicos o nacionales, cuatro que han encontrado acomodo como altos cargos en el actual Gobierno de Cristina Cifuentes y cuatro exregidores que actualmente son concejales en la oposición. Una lista en la que hay 19 cargos públicos en activo y una veintena que ya no lo están, como Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

El principal municipio investigado es Valdemoro, epicentro de la trama, donde Granados fue alcalde. Según la información que obra en poder de la UCO, este municipio pagó a Waiter 8,9 millones de euros entre 2004 y 2013. En esos años ocuparon la alcaldía José Carlos Boza y José Miguel Moreno, ambos ya imputados en la causa. La Guardia Civil ya ha analizado estos contratos y concluye que parte de los fondos municipales que recibió Waiter fueron luego utilizados por el partido para pagar los gastos de varios mítines, como por ejemplo el acto de cierre de campaña de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y otro en marzo de 2008 celebrado en Valdemoro en apoyo de Mariano Rajoy.

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El propietario de Waiter, José Luis Huerta Valbuena, también está imputado. Mantenía buena amistad con Granados y se benefició de ella, "fruto del clientelismo político e intercambio de favores". A cambio del sinfín de contratos que se llevó, Huerta obsequió con diversos "eventos de carácter personal" al propio Granados y a otros cargos públicos del PP. La Fiscalía quiere dirimir ahora si lo que pasó en Valdemoro se repitió en otros municipios de Madrid, sobre todo en aquellos que facturaron importantes cantidades de dinero con Waiter. También ha pedido "recabar la justificación de los trabajos que realizó Waiter para el PP de Madrid en el capítulo de financiación y sus gastos electorales".

El segundo municipio donde Waiter logró suculentos contratos fue Móstoles. Entre 2004 y 2011 facturó 3,4 millones de euros. El regidor en ese periodo, del PP, fue Esteban Parra. Su sucesor, Daniel Ortiz (también del PP), ya está imputado por amañar, presuntamente, otro contrato de eficiencia energética de 73 millones de euros que se investiga en otra de las piezas del caso. Hay otros cinco municipios que superan el millón de euros contratados con Waiter: San Martín de la Vega (2,1 millones de euros entre 2004 y 2011), Algete (1,7 millones entre 2007 y 2013), Chinchón (1,2 millones entre 2006 y 2013), Ciempozuelos (1,2 millones entre 2007 y 2012) y Torrejón de Velasco (un millón de euros entre 2004 y 2013). En todos gobernó el PP, aunque hay una excepción temporal.

Francisco Granados, a su salida de la prisión de Estremera. (EFE)

Se trata de San Martín de la Vega. Entre diciembre de 2003 y mediados de 2007 el alcalde de este municipio fue el socialista Miguel Angel Belinchón. En esa legislatura Waiter facturó casi 600.000 euros con el Ayuntamiento. Belinchón luego trabajó para Waiter, llegando a ser su director de comunicación. En 2007 le sucedió en el cargo la popular Carmen Guijorro Belinchón, alcaldesa hasta 2015, que siguió contratando a Waiter. Hoy es asesora de la Consejería de Transportes en el Gobierno de Cifuentes. En Algete, todos los contratos con Waiter se efectuaron bajo el mandato de Inmaculada Juárez (PP). Aunque en este municipio la UCO también ha puesto sus ojos en el concejal de Festejos, David Erguido, que también fue diputado autonómico y asesor de la Comunidad con Esperanza Aguirre. Hoy es asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En Chinchón, todos las adjudicaciones que se llevó Waiter (1.276.016 euros) se efectuaron bajo el mandato de María Luisa Fernández Fernández, alcaldesa del PP entre 2006 y 2015. Ahora ha sido recolocada por Cifuentes al frente de una empresa pública, Madrid Activa, un ente de tres trabajadores. En Ciempozuelos Waiter hizo negocio (1.210.344 euros) bajo el paraguas de María Ángeles Herrera (del PP), alcaldesa entre 2007 y 2015. Ahora es concejala en la oposición. En Torrejón de Velasco (1.026.629 euros) los regidores que contrataron a Waiter fueron Gonzalo Cubas, cuñado del empresario David Marjaliza y ya imputado en la causa, y Miguel Ángel López del Pozo, que luego fue consejero de Telemadrid.

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Hay otras ocho localidades que también han trabajado con Waiter cuyos alcaldes del PP siguen hoy en el cargo. Se trata de Alcorcón (397.768 euros entre 2011 y 2013), con David Pérez al frente (también es diputado autonómico); El Álamo (333.191 euros entre 2007 y 2011), con dos regidores salpicados, Jesús Arribas (ocupó el cargo hasta mayo de 2010) y Natalia Quintana, su sucesora y actual alcaldesa; Villarejo de Salvanés (229.577 euros en los periodos 2005-2007 y 2011-2013), con los alcaldes Francisca García-Fraile (entre 2003 y 2008) y Marco Antonio Ayuso (desde 2011 hasta la actualidad); Villanueva de la Cañada (155.455 euros entre 2004 y 2013), con Luis Partida al frente todos esos años; Alcobendas (59.236 euros en 2011), con Ignacio García de Vinuesa (hoy también diputado autonómico); Boadilla del Monte (41.140 euros en 2012), con Antonio González Terol (hoy también diputado nacional); Majadahonda (21.767 euros en 2012), con Narciso de Foxá; y El Escorial (17.980 euros en 2008), con Antonio Vicente Rubio.

Aunque la intención de la UCO es examinar todos los contratos, quiere centrarse principalmente en los de mayor cuantía económica y en aquellos en los que ya maneja indicios de amaño. En otros tres municipios los alcaldes que en su día adjudicaron a Waiter son hoy diputados autonómicos. Se trata de Alcalá de Henares (477.964 euros entre 2011 y 2013), bajo la gestión de Bartolomé González (parlamentario en la Asamblea de Madrid) y Javier Bello; le sigue Getafe (169.879 euros entre 2012 y 2013), con Juan Soler, que además de diputado autonómico es hoy senador; y Leganés (63.330 euros entre 2012 y 2013), con Jesús Gómez.

David Pérez (Alcorcón), Juan Soler (Getafe) y Bartolomé González (Alcalá de Henares).

Otros exalcaldes han encontrado acomodo en el Ejecutivo regional de Cifuentes o son en la actualidad ediles de sus municipios en la oposición tras perder las elecciones de 2015. En este listado están María Rabaneda, exregidora de Pinto. Bajo su mandato el ayuntamiento pinteño facturó 263.884 euros a Waiter. Hoy es alto cargo en la consejería de Sanidad. O el actual consejero de Tranportes, Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz, donde Waiter ingresó 155.927 euros bajo su mandato y el de su predecedora, la socialista Trinidad Rollán. En Aranjuez (625.614 entre 2011 y 2013), Coslada (155.315 euros entre 2012 y 2013) y San Lorenzo del Escorial (21.240 euros en 2010) los exregidores María José Martínez de la Fuente, Raúl López Vaquero y José Luis Fernández-Quejo del Pozo son actualmente concejales del PP.

La UCO también tendrá que examinar los contratos que el consistorio de la capital firmó con Waiter. Alberto Ruiz-Gallardón pagó 229.000 euros en 2006 y 2007, y Ana Botella, 55.660 euros en 2013. El listado de municipios controlados por el PP se completa con Moraleja de Enmedio (897.208 euros entre 2004 y 2012), cuyo exalcalde Carlos Alberto Estrada está ya imputado en la causa; Arroyomolinos (386.963 euros entre 2004 y 2008), con Juan Velarde Blanco; Colmenar de Oreja (157.033 euros entre 2011 y 2013), con Francisco José García Paredes; Las Rozas (41.760 euros en 2009), con Bonificacio de Santiago; Titulcia (34.563 euros en 2004 y 2005), con Fuencisla Molinero Cuenca; Navalcarnero (32.670 euros en 2013), con Baltasar Santos González (imputado en otras causas); y Torrelodones (18.815 euros en 2008), con Carlos Galbeño.

La Púnica salpica también a Navalcarnero por un concierto de Bertín Osborne David Fernández El Ayuntamiento, gobernado por el PP y en quiebra técnica, contrató a Waiter Music para que el artista actuara en 2013. La factura fue 11.600 euros más cara que la misma actuación en otro municipio

Pero no todo son alcaldes del PP. Waiter también logró hacer sus pinitos en municipios controlados por el PSOE e IU. Se trata de Parla (253.026 euros entre 2009 y 2013), con el socialista José María Fraile (ya imputado en Púnica) en el poder. O Velilla de San Antonio (229.909 euros en 2007, 2012 y 2013), donde Waiter trabajó con la socialista Dolores Agudo y el popular Julio Sánchez Alarilla. En Humanes (365.099 euros entre 2006 y 2010), con el independientes Adolfo Álvarez Sojo, que fundó Compromiso Social Humanes tras ser expulsado del PSOE. También aparece José Masa, el mítico alcalde de IU en Rivas Vaciamadrid (43.352 euros en 2011 y 2012).

El trabajo para la UCO va a ser ingente. De estos 35 municipios, ya tiene identificados a 11 que aceptaron facturas duplicadas de Waiter y cuatro de los proveedores que trabajaban con esta firma en la organización de los eventos. Se trata de Valdemoro, Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Coslada y Ciempozuelos. La operativa consistía en que Waiter y sus proveedores facturaban por lo mismo (aunque cambiando el concepto), por lo que el consistorio pagaba dos veces. En otros casos, la UCO ya tiene documentado que, por ejemplo, los eventos que Waiter regalaba al PP en sus mítines (como la instalación de castillos hinchables para atraer a familias) se facturaban de forma fraudulenta cargando los importes en los contratos públicos de fiestas locales.

En la lista también aparece algún alcalde socialista e incluso uno de IU que también contrató con Waiter

La pieza de Waiter no acaba aquí. La Fiscalía también ha pedido recabar todos los contratos que varias constructoras (FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Virton, Grupo DHO y Urbaser) firmaron con la firma de José Luis Huerta por valor de 1,34 millones de euros. La Guardia Civil ya ha constatado que estas empresas, adjudicatarias de contratos públicos en la comunidad de Madrid, también costearon actos electorales del PP abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter, estableciendo así una relación indirecta entre las adjudicatarias (las constructoras) y el partido que controlaba esas adjudicaciones.