

| 11 min lectura

El sector agrícola y ganadero español considera que ha llegado al límite. Sienten que son el último eslabón, y el más presionado, de la cadena alimentaria. Se quejan del precio al que cobran sus productos y de no poder asumir los costes de producción. A esto se unen más exigencias medioambientales comunitarias, menos inversiones desde Bruselas y nuevas barreras comerciales, como las que impone Estados Unidos al aceite de oliva envasado, al queso o al vino.

En España hay unos 800.000 productores, según contabilizó públicamente el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Escuchar sus demandas deja entrever que cada industria ligada al campo tiene sus propias dificultades para seguir adelante, pero todas comparten quejas comunes. Por eso, exponemos las principales reivindicaciones que ha llevado a agricultores y ganaderos a salir a las calles de todo el país, qué soluciones piden al Gobierno y cómo ha reaccionado éste ante las primeras protestas.

¿Por qué se quejan los agricultores y ganaderos?

El sector se enfrenta a un problema principal: la caída de rentas de los productores, cuenta a Newtral.es Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), una de las tres principales asociaciones del sector que organiza las movilizaciones del campo. Las otras dos son UPA y ASAJA. “La caída viene de atrás, pero se está agravando. El motivo es que los precios van a la baja, se están rayando los costes de producción y está generalizada la caída por debajo de los costes”, explica Blanco.

«Los precios van a la baja, se están rayando los costes de producción»

A la caída de los precios de origen -el pago que reciben al vender sus productos los agricultores, ganaderos o apicultores-, se unen los costes de producción: la energía eléctrica, carburante, abonos, semillas, salarios, maquinaria, entre otros. Todo ello unido, denuncian, les impide tener rentabilidad. “Nos fijan los precios de lo que compramos, y de lo que vendemos”, se queja Blanco, en referencia a que ellos entregan sus productos sin precio, pero tienen que asumir cada año mayores costes.

Protesta de agricultores y ganaderos en Toledo el martes 4 de febrero. Foto: EFE/Ismael Herrero

Pero este no es un conflicto nuevo. “Llevamos toda la vida, este problema no se ha resuelto nunca”, cuenta el secretario general de COAG. “Las movilizaciones desde hace 50 años han sido motivadas por el problema de los precios bajos y el alto coste de producción. No se ha conseguido romper esta dinámica y hacernos con parte del control del mercado, por eso seguimos con la misma lucha. Pero en general, en la última década, los precios están por debajo de los costes de producción, se están cerrando explotaciones”, asevera Blanco, que se dedica a la apicultura.

¿Qué les impide tener rentabilidad?

Que los trabajadores del campo no obtengan un “precio justo” por lo que producen está motivado por muchos factores, que influyen de forma diferente dependiendo del tipo de explotación agraria o ganadera a la que se dediquen. El exceso de producción es uno común a todos, ya que si crece la cosecha se satura el mercado, y los precios bajan. Esto está estrechamente ligado a la climatología. Por ejemplo, en un buen año de lluvias la producción olivarera crece, por lo que las aceitunas pierden valor al venderlas a las almazaras o cooperativas.

Los trabajadores del sector primario se quejan además de tener que asumir nuevas exigencias europeas que incrementan aún más los costes. “La PAC viene cada vez más cargada de exigencias medioambientales y de sostenibilidad, y eso implica más costes que se unen a las que ya tenemos de seguridad alimentaria, laborales, etc. si nos piden más y se recorta el presupuesto, volvemos al desajuste”, comenta Miguel Blanco. Esta afirmación encierra dos nuevos problemas que afecta a todas las industrias ganaderas y agrícolas: el de la reducción del presupuesto europeo para la política agraria común (PAC) y el de la importación de productos de otros países que no cumplen los estándares europeos y que también consumimos en España.

“Se produce una competencia tremendamente desleal: las grandes empresas se suministran de productos, más baratos, con estándares mucho más bajos en otros países como Marruecos o Brasil, tiran los precios a la baja e impiden el mantenimiento de nuestros precios”, específica el miembro de COAG, que exige preferencia comunitaria de productos que cumplen con la PAC y con el resto de políticas europeas de sanidad, calidad y bienestar animal, porque sino, dice, los precios seguirán cayendo permanentemente.

COAG exige preferencia comunitaria de productos que cumplen con la PAC y con otras políticas europeas de sanidad y calidad

¿Y qué pasa con las ayudas europeas? El acuerdo para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020 está próximo a terminar y ya se están anunciando posibles recortes para el periodo 2021-2027. El ministro de agricultura, pesca y alimentación ha dicho que tiene confianza en que no se produzca una reducción de las ayudas de la PAC. “Nosotros decimos que al menos deberían aumentar las partidas presupuestarias en la medida que se estime que pueda aumentar la inflación”, explica Blanco.

Además de todo esto, la industria agraria se ha encontrado con barreras comerciales que dificultan la exportación de sus productos y que afecta a las inversiones que se han hecho durante años en el exterior. La imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump de un 25% a productos como el vino, las aceitunas, el aceite de oliva envasado, el queso, la carne de cerdo, entre otros, está dañando con fuerza al sector agrícola desde que comenzaran a aplicarse el 18 de octubre de 2019.

No es el primer veto que sufre España. En 2014 Rusia prohibió la importación de ternera, cerdo, verduras, hortalizas, frutas, carne de ave, pescado, quesos, leche y productos lácteos desde la Unión Europea, EEUU, Australia, Canadá y Noruega, debido a las sanciones que les impusieron por su papel en la crisis ucraniana. Según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) las importaciones de Rusia de alimentos procedentes de España cayeron en 785,3 millones en 2015.

¿Cuáles son los sectores más afectados?

Estos problemas han alcanzado en mayor o menor medida a todos los trabajadores del campo, pero también a los distribuidores y comercializadores. Sin embargo, algunas áreas se han visto especialmente perjudicadas debido a los vaivenes políticos y económicos.

Según Miguel Blanco, en los últimos años se han visto fuertemente azuzados los sectores lácteos, las frutas y las hortalizas. Lorenzo Ramos, agricultor y Secretario General de la UPA, hacía referencia en El Intermedio de laSexta, además, al sector del aceite de oliva. “Los precios han sido de ruina y los agricultores no pueden aguantar más”, expresaba en la entrevista. Desde Newtral.es hemos podido hablar con dos de ellos: el olivarero y el lácteo.

Para Rafael Pico, director General de Asoliva, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, uno de los sectores peor tratados por los aranceles de Estados Unidos es el del aceite de oliva y la aceituna. A diferencia de otros productos, el impuesto al aceite de oliva envasado -no al aceite de oliva a granel- sólo afecta al campo español, pero no al aceite producido por otros países europeos.

El arancel del aceite de oliva envasado de EEUU solo afecta a España

“Estamos fuera del mercado. Desde la entrada en vigor del arancel de Trump hay muy pocas exportaciones españolas [de aceite de oliva], calculo que no será más de un 15%”, cuenta Rafael Pico. “Es chocante que nos traten de una forma tan dura. Si el arancel al aceite de oliva se impusiera a todos los países comunitarios, sería dramático, pero no tanto como ahora. El mal de España es la alegría de los demás países comunitarios porque se van a quedar con la cuota de mercado que va a perder España”, opina.

Pero el problema de la exportación se agrava debido a esta imposición de Trump. Según cuenta Pico, otros países comunitarios, como Italia, compraban aceite a España para envasarlo y venderlo en gran parte a Estados Unidos. Ahora, al estar obligado a exportar con un 25% de arancel por ser de origen español, ha dejado de comprarlo. “Nos vuelve a sobrar un montón de aceite”, afirma Pico, que además cuenta que cada vez hay un mayor exceso de producción que no lleva a un incremento de comercialización, sino todo lo contrario. “Si hay una mayor oferta y una menor demanda, porque nos están cerrando mercados, la crisis está servida”, manifiesta.

Según Pico, que se eliminaran los aranceles no solucionaría todo el problema, pero el panorama podría ser muy distinto al actual. “La Unión Europea está diciendo por activa y por pasiva que no se dan las circunstancias de deterioro del mercado para que tenga que actuar, a su juicio”, explica.

Rafael Pico, director General de Asoliva, indica que cada vez hay más producción olivarera en España . Foto: shutterstock

Luis Calabozo, director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), la patronal del sector que agrupa a más del 95% de los productores de España, está de acuerdo con las reivindicaciones de los productores y afirma que son los más perjudicados de la cadena. “Entre todos presionamos a todos los eslabones, los productores y ganaderos son los que más sufren y los que menos posibilidades tiene de crecer y desarrollarse”, explica.

“Por mucho que se modifiquen los precios, nunca ha habido forma de modificar los que recibe el ganadero. El lácteo es un sector que juega con márgenes muy pequeños y con ese tapón es muy difícil remunerar al mismo tiempo a la ganadería y a la industria, pero esto no se traslada al consumidor”, afirma Calabozo.

Según el director de Fenil, el lácteo siempre ha sido el ejemplo de dificultad para ser sostenible. “En los últimos 10 años se han cerrado en España unas 10.000 explotaciones de leche de vaca, pero esto es un fenómeno que no tiene sólo que ver con la la dificultad de los precios, sino también con la liberalización del sector, es un fenómeno sociológico”, explica.

Calabozo indica que España importa 300.000 toneladas de queso al año, un producto que también está afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque a diferencia del aceite de oliva envasado, el arancel del 25% al queso ha afectado a todos los países comunitarios. “Nos están perjudicando de manera negativa. El mercado de EEUU se ha convertido en el primer mercado en valor de las exportaciones de queso españoles, es un sector que en los últimos 10 años ha crecido de forma importante, pero hay que decir que nuestros quesos son poco sustituidos”, explica.

¿Qué exigen los agricultores y ganaderos al Gobierno?

Una regulación del mercado y legislativa, en varios sentidos, según explica Miguel Blanco. Para empezar, quieren que se establezcan mayores criterios cuando se hacen acuerdos o tratados comerciales con otros países, como el de preferencia comunitaria, citado más arriba. “Aquello que se autorice a entrar a España tiene que hacerlo con los mismos requisitos de calidad que se nos exigen a nosotros, qué mínimo que cumplir con los estándares del mercado comunitario”.

También hablan de una modificación de la Ley de Cadena Agroalimentaria, aprobada en 2013, para evitar el desajuste de los mercados. Aunque para los trabajadores del campo hasta ahora ha sido positiva, consideran que aún puede mejorarse para evitar el desequilibrio en el reparto de los márgenes comerciales.

“Las grandes empresas de distribución alimentaria aprietan a la baja a los precios y la industria alimentaria nos aprieta a los productores, se dan circunstancias insensatas que nos llevan los precios a la baja”, cuenta Blanco. Hace referencia a lo que se denomina en la industria como venta a pérdidas, es decir, a que el último eslabón de la cadena, las empresas que comercializan los productos en las tiendas, los vendan por debajo del precio de coste. Esto lo regula la Ley de Competencia Desleal, pero aún se da en el mercado español. “Es inaceptable y hay que prohibirlo, las pérdidas las pagamos nosotros”, proclaman tanto Blanco como el resto de organizaciones agrarias.

Los trabajadores del campo exigen que se regule la Ley de Competencia Deslead. Foto: EFE/Ismael Herrero

Además, piden que se refuerce el presupuesto de seguros agrarios, que es responsabilidad de las administración central y de las comunidades autónomas en un 30%. Éste sirve para que, en caso de inclemencias meteorológicas o enfermedades de animales, los productores pueda mantener las rentas. Blanco pide, en nombre de los trabajadores del campo español, que los políticos españoles “arrimen el hombro” para abaratar las pólizas de seguros, y que esto permita a todos ellos acogerse a seguros agrarios.

También exigen que se facilite el mercado de proximidad, aunque esta venta sea limitada porque las explotaciones están alejadas de las grandes urbes, consideran que puede ser beneficioso para ellos.

Pero estas protestas también reclaman un mayor empoderamiento del sector primario en España. Desde UPA, piden a la sociedad que se extienda y se reivindique el “orgullo rural” y el papel de los productores en el reto climático y el control de la fauna salvaje. “Sin nosotros no habría alimentos”, reivindican en el decálogo de UPA. “Sin nuestras actividades tendríamos una naturaleza más asilvestrada y sin control más riesgo de incendios forestales y desertificación”, añaden.

¿Qué ha prometido el Gobierno?

Las apariciones públicas del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación han aumentado durante las últimas semanas y en ellas siempre ha extendido el problema agrario a Europa. “Quiero decir que los entiendo perfectamente, y que comparto buena parte de sus reivindicaciones”, dijo Planas a los afectados el sábado 1 de febrero en el programa de TVE 2 ‘Agroesfera’.

Ese mismo fin de semana anunció una mesa de ‘diálogo agrario’ donde se reuniría con las principales organizaciones profesionales agrarias. «Tenemos un problema, pero es sin duda un problema europeo. Está ocurriendo en Países Bajos, en Francia, en Alemania, y se puede decir porque he tenido contacto personal con el ministro francés y la ministra alemana, que la problemática es exactamente la misma», afirmó en rueda de prensa el martes 4 de febrero, un día después del encuentro con los implicados.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa celebrada tras el consejo de Ministros el martes 4 de febrero. Foto: EFE/Emilio Naranjo

En ese encuentro anunció que el Gobierno se ocuparía de todas las demandas que están exigiendo los agricultores y ganaderos, y se comprometió haciendo referencias concretas. Estas fueron sus promesas:

Garantizó reformas de los seguros agrarios. “Es mi intención en la elaboración de los próximos PGE incrementar la dotación pública al apoyo que efectuamos a los seguros agrarios. El mejor instrumento de defensa ante el riesgo climatológico”, aseveró.

También habló de una modificación de la Ley de Cadena Agroalimentaria del año 2013 de la que anunció una relación “más precisa” de las prácticas comerciales prohibidas y una regulación de la ‘venta a pérdidas’. En este apartado aseguró que se incluiría la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.

Planas dio a conocer que ya había organizado en su agenda algunas reuniones para analizar los precios de la cadena de algunos sectores agrarios, y que iniciaría un diálogo con las grandes empresas de distribución. Con la ‘mesa del aceite’, aseguró, tratará de establecer medidas de promoción de mercados a terceros como Canadá o Japón.

Asimismo citó la aprobación de una norma de autorregulación del mercado, esto es, la retirada de productos, en la cual, dijo, están trabajando cooperativas agroalimentarias con el apoyo del Ministerio. Por último, también lanzó compromisos en relación a la PAC y los aranceles. “Nos aproximamos al momento final de la negociación presupuestaria y regulatoria de la PAC, su dotación es una línea roja dentro de la discusión de todo el presupuesto comunitario”.

Sobre los estándares de calidad, Planas afirmó su intención de exigirle a la Comisión Europea que los productos importados cumplan con los estándares que se les exigen a los países comunitarios, tal y como piden los trabajadores del campo.

Durante toda la intervención pública Planas no habló de plazos, y mientras todas las promesas llegan al Congreso los agricultores y ganaderos siguen en pie. Tras la manifestación celebrada en Madrid el 5 de febrero, un día después de escuchar estos compromisos por parte del Gobierno, los trabajadores del campo continuarán sus protestas en Andalucía y en Murcia, para terminar en una gran manifestación el día 25 de febrero en Sevilla.

Fuentes: