No existe duda alguna para la ciencia, como para los más importantes organismos internacionales, que la humanidad se enfrenta ante el mayor desastre ambiental de toda su historia. Acuerdos como el de París o los ODS 2030 y tantos otros han llamado a la acción para enfrentar este peligro.

Hoy, la tragedia se refleja en la pérdida creciente de biodiversidad, la mayor amenaza, pues de ésta la humanidad toma todo lo que necesita para vivir. Por ello su conservación no es un capricho, es un imperativo para seguir viviendo. Para Chile, por la riqueza de su naturaleza y la fuerte dependencia que tenemos de los recursos que ella entrega, la pérdida de bíodiversidad es un asunto que define el bienestar presente y futuro de todos.

El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se discute en el Congreso desde 2014, puede ser menos de lo que deseamos, pero lo cierto es que el Servicio permitirá reducir incertidumbres, optimizar el financiamiento de áreas protegidas y gestionar un único sistema nacional; se integrará la experiencia y capacidad de guardaparques y se promoverá la gestión local, incluyendo a pueblos indígenas. La nueva entidad tendrá competencias sobre la conservación de humedales, el cuidado de las especies nativas y el control de las especies exóticas invasoras, entre otras facultades. Todo ello, apoyado por un Comité Científico de peso.

La mejor manera de enfrentar la pérdida de biodiversidad es conservarla, y para ello es obligatorio el liderazgo del Estado. Esto es tan obvio, que una inmensa mayoría de la ciudadanía considera al Estado como el principal responsable del medio ambiente.

Esa responsabilidad requiere de un mandato y una estructura mínima para abordar esta tarea. O sea, crear de una vez por todas un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que permita una institucionalidad ambiental robusta, inclusiva y moderna, cuya única prioridad sea la gestión de la conservación de la biodiversidad. Ni más, ni menos.

Existen buenos ejemplos, como el de Francia que cuenta desde el 2016 con la Agencia de Biodiversidad, que agrupó a 4 Servicios públicos y 1.200 profesionales, o el de Nueva Zelanda con su Departamento de Conservación, que diseña y supervisa la implementación de acciones de conservación.

El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se discute en el Congreso desde 2014, puede ser menos de lo que deseamos, pero lo cierto es que el Servicio permitirá reducir incertidumbres, optimizar el financiamiento de áreas protegidas y gestionar un único sistema nacional; se integrará la experiencia y capacidad de guardaparques y se promoverá la gestión local, incluyendo a pueblos indígenas. La nueva entidad tendrá competencias sobre la conservación de humedales, el cuidado de las especies nativas y el control de las especies exóticas invasoras, entre otras facultades. Todo ello, apoyado por un Comité Científico de peso.

Cuando la evidencia científica y la política mundial nos muestra el camino con certeza, no se entiende que aún no exista un instrumento que consolide una agenda país para conservar nuestro patrimonio natural y ese es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.