José Antonio Meade, el candidato oficial no va a ganar. La pregunta que todo el país se hace es ¿cuándo se va a dar cuenta la Presidencia y qué va hacer cuando lo asimile? Durante meses el equipo gobernante se había consolado con la idea de que una vez destapado su delfín, los recursos políticos, la maquinaria de Estado y la buena imagen del candidato elegido, compensarían la impopularidad actual del PRI y el rezago con el que arrancaba su abanderado. Pero eso fue hace unos meses. Al pasar las semanas ha quedado en claro que Meade no sólo no avanza en las encuestas de intención de voto, tampoco parecen estar haciendo mella las duras campañas diseñadas para enlodar a los dos candidatos de oposición que le aventajan.

En cifras redondeadas, Andrés Manuel López Obrador concentra poco más de 40% de la intención de voto, Ricardo Anaya supera un 30%, y Meade se encuentra estancando con un lejano 20%. El único cambio de los últimos meses es que el candidato del PRI ha perdido dos o tres puntos adicionales.

A 85 días de la elección el grupo en el poder contempla la cuenta regresiva sin saber qué otra cosa hacer para insuflar un soplo de esperanza a las posibilidades de Meade. Pero ya han dejado en claro que están dispuestos a recurrir a lo indecible antes de darse por derrotados. En su desesperación las infamias han comenzado a escalar hasta alcanzar cuotas que no habíamos visto desde hace décadas. El grupo en el poder, todo indica, se dispone a vender su alma al diablo con tal de generar otros 20 puntos a su candidato y/o tumbar a sus rivales. Y las posibilidades asustan.

Bajo el supuesto de que El Bronco será capaz de quitar algunos puntos a López Obrador, el grupo en el poder prefirió liquidar toda legitimidad de las autoridades electorales

Inflar el voto era algo que se esperaba. Los financiamientos ilegales y las prácticas clientelares son peccata minuta; prácticas habituales utilizadas incluso en 2012, cuando el PRI ni siquiera las necesitaba.

Lo que no esperábamos era el uso faccioso para descabezar fiscalías (entre otras la de Delitos Electorales) y deshacerse así de funcionarios incómodos, la utilización de la Procuraduría para perseguir a un rival de Meade (Ricardo Anaya) y, más recientemente, imponer desde el Trife (el máximo tribunal en materia de elecciones) a un candidato independiente que falsificó buena parte de las firmas exigidas para estar en la boleta electoral.

Bajo el supuesto de que este candidato, Jaime Ramírez El Bronco, será capaz de quitar algunos puntos a López Obrador, el grupo en el poder prefirió liquidar toda legitimidad de las autoridades electorales con tal de dar un raspón al líder de la oposición. Por lo pronto, ha quedado en claro que la mayoría de los ministros del Tribunal son operadores del partido en el poder. Sabíamos que eran filo priístas, desconocíamos que eran empleados dispuestos a cometer cualquier ignominia que se les ordenase.

Se supone que incluso en materia de manipulación electoral había límites. Pero la presidencia parece estar dispuesta a romperlos sin que importe acabar con el débil tinglado que el país venía construyendo trabajosamente en materia de instituciones.

El código de vestir de la fiesta admitía cuchillos, el PRI ha llegado con bazuca. ¿Qué va a pasar cuando asuma que tampoco la bazuca alcanza para que su campeón resulte vencedor? ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Peña Nieto?

@jorgezepedap