El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, dio el día libre a los escoltas que todavía tiene asignados por Interior para evitar ser citado a declarar, según revelan fuentes de su entorno. Camps aseguró que iba a pasar el fin de semana en su domicilio y eso sigue sosteniendo ahora, después de que la policía que se desplazó a su casa y una secretaria judicial no le localizaran ni en la dirección que aportó al tribunal ni en su teléfono particular.

De hecho, el expresident aportó al tribunal como dirección particular la del Consell Jurídic Consultiu, un organismo del que es miembro tras abandonar la Generalitat, y un teléfono móvil en el que el juzgado de instrucción número tres de Palma no ha podido localizarle, según consta en el escrito incorporado al sumario.

“Todo el fin de semana he estado haciendo vida normal”, aseguraba anoche Camps a la edición valenciana de ABC y sostenía que nadie ha contactado con él para citarle tras un regate que ni siquiera su entorno entiende puesto que será llamado a declarar de nuevo en los próximos días. “Paco no está bien”, concluyen fuentes cercanas al expresident.

La oposición ha tachado de "indigno" y "cobarde" a Camps al que acusa de "huir de la Justicia y no dar la cara", en palabras del líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que pidió al actual presidente Alberto Fabra que exija a Camps su escaño "por dignidad política".

El juez resta importancia al juego del escondite

Camps es el único testigo de la lista que ha esquivado la citación judicial. Este fin de semana han prestado declaración, entre otros, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el notario de Aizoon. El juez instructor, José Castro, restaba importancia públicamente a la maniobra y decía: “no pasa nada, declarará otro día”. Las acusaciones, sin embargo, consideran que Camps se está burlando de la Justicia.

Camps se acogió al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".

Ahora, una secretaria judicial de Palma deberá desplazarse de nuevo a Valencia y leer una a una las preguntas del juez, el fiscal y las acusaciones planteadas al expresident. El juzgado no dará a conocer a Camps esas preguntas por adelantado por lo que los cuestionarios que las acusaciones y la fiscalía tuvieron que entregar al juez por adelantado el pasado jueves para cumplir con los plazos previstos seguirán siendo secretos. Por ese motivo, fuentes del caso muestran su desconcierto ante una maniobra que obstruye la investigación judicial y que a Camps sólo le sirve para ganar tiempo y la antipatía del tribunal, concluyen.