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Concentración del poder económico y político

En enero de 2014, Oxfam revelo que las 85 personas más ricas controlaban tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Para enero del 2015, el número se había reducido a 80. La profundización de la desigualdad económica es la tendencia más preocupante para 2015, según en Foro Económico Mundial. Resulta, pues, imperativo hablar del tema en México, en donde más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta básica, pero que alberga a uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora bien, esta desigualdad que caracteriza a México no sólo tiene implicaciones sociales: las implicaciones políticas juegan un rol preponderante.

Uno de los aspectos más graves de esta desigualdad es la distribución del ingreso. Dada la escasa recopilación de indicadores, saber qué tan desigual es México respecto a otros países resulta una tarea compleja. No obstante, la Standardized World Income Inequality Database refiere que México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.

El problema se ha incrementado con el tiempo. Dos bases de datos han arrojado datos para las últimas tres décadas: la Socio-Economic Database of Latin America and the Caribbean (SEDLAC) y la Income Distribution Database (OECD). Hay dos resultados: entre mediados de los noventa y 2010, la desigualdad de ingreso disminuyó. Sin embargo, la desigualdad es mayor a la que había en los ochenta. Estamos, pues, frente a dos eventos contradictorios: ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza en el país. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución.

La obtención de datos oficiales de lo que ocurre en las clases más altas es cuasi imposible, de ahí que se recurra, por ejemplo, a las declaraciones fiscales. Así, de manera indirecta y por medio de métodos estadísticos, autores como Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015) han obtenido estimaciones de lo que sucede en ese México, podríamos decir, desconocido: al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos totales de la nación. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Otro reporte de Wealth Insight afirma que la riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del mundo. La cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del mundo y en ese mismo periodo, disminuyó un 0.3%.

El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho en los últimos años. Al día de hoy son sólo 16. Lo que sí ha aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142, 900 millones de dólares.

Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos.

Para darnos una idea de la magnitud de la brecha en México veamos este ejemplo: para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza.

Las implicaciones de lo anterior no son sólo de índole social. Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Bailleres en la industria minera y Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, Iusacell y Banco Azteca. Los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales.

Uno de los grandes problemas reside en que nuestra política fiscal favorece a quien más tiene. No es de ninguna manera progresiva y el efecto redistributivo resulta casi nulo. Por gravar consumo por encima del ingreso, las familias pobres, al gastar un porcentaje más alto de su ingreso, terminan por pagar más que las ricas. La tasa marginal del ISR—una de las más bajas de los países de la OCDE—, el que no haya impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y el que tampoco los haya a herencias, entre otras cosas; son ejemplos de cómo el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados.

La constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad de los pequeños negocios.

La política social asimismo ha sido un rotundo fracaso: al día de hoy, esa lógica de que el crecimiento se filtra de las capas altas a las bajas simplemente no ocurre en México desde hace décadas. Uno de los dolorosos ejemplos es el salario mínimo: si un mexicano percibe esta cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. La política salarial que en algún momento se concibió como mecanismo de contención inflacionaria, ya no tiene razón de ser. Hoy en día, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de pobreza.

Otros aspectos que han detonado o que son en sí mismos consecuencias de la desigualdad extrema en México y que están pendientes en la agenda pública son:

• La población indígena, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general.

• La educación pública versus la privada

• La violencia a causa de la marginación.

La agenda para el futuro

La brecha entre ricos y pobres nos está haciendo daño, si no se le pone freno obstaculizará la lucha contra la pobreza (y supondrá una amenaza para el crecimiento sostenible de México). Pero no tiene por qué ser así. Conocemos las soluciones para hacer de México un país más justo.

1. La creación de un auténtico Estado Social y un cambio de enfoque, de un Estado dador a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos.

2. Si se crea una política fiscal progresiva y una distribución más justa, se podrá hablar de una política más acorde con los objetivos a mediano y largo plazo.

3. El gasto ha de focalizarse en educación, salud y acceso a servicios básicos, en infraestructura, en escuelas que cuenten con los servicios para que la brecha de desigualdad no crezca más.

4. La política salarial y laboral asimismo debe cambiar: es impostergable fortalecer el nivel de compra del salario mínimo.

5. La transparencia y rendición de cuentas: si realmente se quiere combatir la corrupción, las declaraciones fiscales de todos los miembros del gobierno deben hacerse públicas. Sólo así se fortalecerá el Estado de Derecho.

Para leer el estudio completo consuta http://cambialasreglas.org