En la revista Nexos del mes de julio aparecen dos artículos que merecen mucha atención. Por un lado, Jorge Buendía y Javier Márquez publican “2018: ¿por qué el tsunami?”, y por otro, Ciro Murayama habla de “La captura del Congreso por Morena”. Ambos ayudan a tener una visión mucho más objetiva de la elección del año pasado, y permiten formar una base sobre la cual evaluar el actual gobierno, producto de esa elección.

Primero, Buendía y Márquez hacen notar que en febrero de 2018, la campaña de Ricardo Anaya había logrado una tendencia ascendente que lo ubicaba como el competidor de López Obrador, quien había iniciado el año con los mejores números de su historia. Incluso en el norte del país, donde tradicionalmente había estado en tercer lugar, se ubicaba ya como segunda opción. Fue en ese mes cuando la PGR de Peña Nieto inventó un supuesto caso de corrupción en contra de Anaya, quien no era conocido ampliamente por la población. Este golpe implicó que conforme crecía el conocimiento de la persona, creciera igualmente la percepción de corrupción en su contra, impidiendo que el avance mostrado hasta entonces pudiera continuar.

Es imposible afirmar que fue ese golpe el que descarriló definitivamente la campaña de Anaya, pero es seguro que redujo notoriamente su competitividad, y abrió una brecha a favor de López Obrador que, para junio, se convirtió en el efecto avalancha que terminó dándole 53 por ciento del voto de los mexicanos.

Por su parte, Ciro Murayama explica con toda claridad cómo al mismo tiempo que la mayoría votaba por López Obrador, su coalición no alcanzaba los mismos resultados. Aunque dicha coalición claramente fue la más votada, apenas llegó al 44 por ciento de los votos. Sin embargo, a la hora de asignar las curules en la Cámara de Diputados, ese 44 por ciento de votos se convirtió en 62 por ciento de los asientos. Esto, gracias a que la coalición acomodó las candidaturas de forma que pudiera utilizar la “cláusula de sobrerrepresentación” de forma múltiple. Es decir, la coalición 'Juntos Haremos Historia' aprovechó un hueco legal para obtener una sobrerrepresentación de 18 puntos. Y no fue una coincidencia, sino un acto doloso, es decir, calculado para dañar la representación de los votantes por otros partidos y coaliciones.

Ambos textos importan porque documentan hechos que tienen un contexto. El primero, identifica el impacto de una decisión del presidente Peña Nieto a favor de López Obrador, que de forma circunstancial diversos analistas han establecido como el acuerdo de permitir el triunfo del segundo a cambio de la impunidad del primero. El texto de Murayama, en cambio, documenta una secuencia de decisiones de parte de los colaboradores de López Obrador para forzar la ley y causar un daño a los votantes de otras opciones políticas.

Ambas acciones pueden calificarse, sin duda alguna, como antidemocráticas. Excluir a un contendiente haciendo uso faccioso de la procuración de justicia, y reducir la representación de las opciones distintas mediante chicanería legal no pueden calificarse de otra forma.

Es relevante hacer énfasis en estos actos porque lo que los ganadores han calificado como elecciones históricas, lo son no por sus resultados, sino por lo desaseado y abusivo de su propio comportamiento. Y es también importante porque es a partir de esa base desde donde hay que evaluar lo que la coalición triunfadora ha hecho desde entonces: concentrar el poder en una sola persona, destruyendo instituciones para lograrlo.

Es decir que si bien la mayoría de los mexicanos votó por López Obrador, lo hizo gracias a la exclusión facciosa de su competir más cercano. Y el voto dividido, que buscaba crear contrapesos a López Obrador, desapareció gracias a las argucias inmorales de su coalición. Quede constancia.