El 19 de marzo se registró oficialmente el primer fallecimiento por Covid-19 en México. Tres meses y una semana después, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 27,000, aunque existen sospechas fundadas de que el número real es significativamente mayor; una tragedia. ¿Cuántas muertes podrían haberse evitado si se hubiese instrumentado una agresiva política de pruebas para identificar contagiados y poder así romper cadenas de contagio? No haberlas hecho por ahorrarse unos cuantos millones de pesos es una negligencia criminal. Tres meses de aislamiento, tres meses de suspensión de gran parte de la actividad económica sin haber reducido significativamente la tasa de contagio, como muestra que el número de contagiados registrados crece a una tasa diaria casi constante de 3% indica un enorme fracaso gubernamental.

Adicionalmente, la suspensión de gran parte de la actividad productiva ha tenido un enorme costo en el bienestar de una parte significativa de la población. El Inegi reportó la semana pasada que durante abril el IGAE experimentó una caída, respecto del mes anterior, de 17.3% y, respecto de abril del año pasado, de 19.3% lo que nos sitúa en un nivel de producción agregada al mismo nivel que se tuvo en febrero del 2010. Dada esta reducción y dado que durante el bimestre mayo-junio la situación no cambió significativamente, es posible afirmar que durante el segundo trimestre de este año el PIB se contrajo a una tasa anual de aproximadamente 20 por ciento. Esto naturalmente ha tenido un fuerte impacto en el empleo y el ingreso familiar. Así, en el trimestre marzo-mayo, se perdieron 1 millón de empleos formales registrados ante el IMSS. Por otra parte, la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo arrojó que durante abril 12.5 millones de individuos dejaron de percibir un ingreso, situación que seguro no cambió, si no es que se agravó en los dos siguientes meses.

La caída del PIB, que se estima para todo el año sea de 10%, tendrá otro impacto que ninguna atención ha recibido: la acumulación de capital humano. La emergencia sanitaria implicó la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y, aunque se hizo un esfuerzo por sustituirlas por educación a distancia, esto no fue generalizado y menos aún fue de la misma calidad que la que se hubiese tenido en clases cara a cara. Fue, para efectos prácticos, un semestre perdido y dado que no se ha controlado la pandemia, está en duda que en agosto puedan reanudarse las clases presenciales.

Pero, además, hay otro aspecto que es importante señalar. Debido a la caída en el ingreso familiar y el incremento en los niveles de pobreza en la cual se estima caigan 90 millones de mexicanos, es de esperarse que se den dos fenómenos. El primero es que muchas familias reduzcan su gasto en colegiaturas, lo que implica inscribir a sus hijos en escuelas más baratas o escuelas públicas con el efecto que ello tendrá en la calidad de la educación recibida. El segundo fenómeno es la deserción escolar, sobre todo en los niveles de educación media superior y superior. ¿Cuántos jóvenes abandonarán sus estudios para tratar de incorporarse a la fuerza laboral para complementar el ingreso familiar? Que los jóvenes se vean forzados a truncar sus estudios sería, en sí misma, una tragedia que aún puede ser evitada si el gobierno instrumenta una política de transferencias directas a las familias (el ingreso vital) junto con una política de salario solidario en las empresas formales y un seguro transitorio de desempleo. Dudo que lo hagan y el costo futuro para el país de un menor capital humano será enorme; una tragedia a cargo del gobierno.

Twitter: @econoclasta