Podemos ocultó el fallecimiento de uno de sus empleados durante la campaña electoral del 10-N cuando estaba trabajando en la producción de un mitin de Pablo Iglesias y después se resistió a aclarar las causas de su muerte. La abogada del partido que asumió la investigación interna fue apartada solo cuatro días después de contactar con los máximos responsables de la formación para solicitarles datos sobre las condiciones laborales del fallecido y averiguar si habían comunicado los hechos a la Inspección de Trabajo, ante la posibilidad de que el triste desenlace tuviera un origen de carácter laboral, según consta en documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La muerte de A. L. B. J., miembro del departamento de Producción de Podemos, encargado de montar los eventos del partido, se produjo repentinamente el pasado 1 de noviembre cuando se había desplazado desde Madrid a Palma para preparar uno de los primeros actos de Iglesias en la campaña de las generales. Horas antes del comienzo, A. L. B. J., de 51 años, informó a sus compañeros de que se sentía mal e iba a subir a la habitación del hotel en la que se hospedaban para echarse un rato a descansar. Cuando sus compañeros vieron que no respondía a llamadas ni mensajes, abrieron la puerta y descubrieron que había muerto.

El fallecido había colaborado con el partido desde el inicio y estaba muy involucrado en su vida interna. Pero la dirección ocultó la noticia

La noticia provocó una gran conmoción en la plantilla de Podemos. El fallecido había colaborado con el partido desde el inicio y estaba muy involucrado en su vida interna. Pero la dirección ocultó la noticia. Al día siguiente del mitin de Iglesias en el Palacio de Congresos de Palma, el comité de empresa de la formación envió a la gerente estatal, Rocío Val, y a la Dirección de Recursos Humanos un correo para exigirles que trasladaran a todos los trabajadores lo que había ocurrido. También reprocharon que el actual vicepresidente segundo del Gobierno no tuviera ninguna palabra de recuerdo para el fallecido durante el acto electoral.

“Os solicitamos realicéis dicha comunicación oficial, durante el día de hoy, a todas las compañeras, por el canal que veáis más oportuno”, reclamaron los representantes de la plantilla en un correo en poder de este diario. “Resultó duro para el equipo sacar adelante un evento con esta triste noticia, que les llegó a cuentagotas sin que nadie reuniera al equipo para informarles; resultó duro que no se hiciera ni una mención al compañero durante el evento, que había preparado él mismo. Quedamos a la espera de vuestra contestación a este compromiso necesario”.

El correo también llegó a Cumplimiento Normativo, el departamento encargado de que el partido y todos sus trabajadores respeten la legalidad. Mónica Carmona, abogada de esta sección, comunicó el 4 de noviembre al comité de empresa que procedía “a incoar diligencias” para comprobar si la formación había actuado correctamente en este caso. La muerte de A. L. B. J. se había producido supuestamente por un infarto de corazón, pero nadie había comprobado si sus condiciones laborales actuaron como detonante ni se había descartado que fuera un accidente de trabajo por haber tenido lugar en pleno viaje a Palma para el montaje de un mitin.

No era un detalle menor. El fallecido tenía una hija, pero vivía solo en condiciones más que modestas. Desde hacía cuatro años, su casa era una habitación en un piso de alquiler en un tercero sin ascensor, situado en uno de los barrios más humildes de Madrid. En caso de accidente laboral, su hija y los pocos familiares con los que tenía trato —fue muy difícil localizarlos para comunicarles la noticia— habrían tenido derecho a una indemnización.

Pablo Iglesias y el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, en el mitin de Palma de Mallorca. (EFE)

El mismo 4 de noviembre, Carmona mandó un correo a la gerente, la dirección de Recursos Humanos y el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, para solicitar información. “Dado que el fallecimiento se produjo durante un desplazamiento por motivos de trabajo, como responsable de Cumplimiento Normativo debo realizar una investigación interna de las circunstancias en las que se produjo el fatídico desenlace, con carácter preventivo, al objeto de evitar cualquier tipo de responsabilidad penal o administrativa para el partido”, expuso la letrada. “Para ello, y de acuerdo con el Protocolo de Actuación del Departamento de Cumplimiento Normativo, os agradeceré que a la mayor brevedad posible, y como máximo en el plazo de 48 horas, me facilitéis la siguiente información”.

La lista incluía una “relación detallada y circunstanciada de los hechos (…) fecha del desplazamiento a Palma, lugar del fallecimiento, circunstancias en que se produjo; informe completo sobre el trabajo de producción del evento; actuaciones realizadas por el equipo de Producción y RRHH tras conocer el fallecimiento; funciones específicas de A. L. B. J.; detalle de las comunicaciones realizadas a las autoridades; indicar si se ha comunicado a la Inspección de Trabajo; datos de su contrato laboral, jornada contratada y funciones de su puesto de trabajo, y detalle del control horario de las jornadas laborales realizadas por el trabajador desde el 1 de septiembre hasta la fecha de su fallecimiento”. Entre los trabajadores, estaba extendida la queja de que se les obligaba a realizar jornadas maratonianas, doblando a menudo las 40 horas semanales. La responsable de Cumplimiento Normativo quería chequear si el infarto del trabajador de Producción pudo estar motivado por estrés o agotamiento.

El partido no contestó ni al comité de empresa ni a Carmona. Su respuesta llegó el 6 de noviembre, según las fuentes consultadas. Cuatro escuetas líneas para informar de que A. L. B. J. había muerto y su velatorio sería al día siguiente en el tanatorio de Móstoles. El siguiente mensaje de la cúpula fue para recordar que toda la plantilla estaba convocada la noche del 20-N a una fiesta en la Sala Caracol para celebrar los resultados, acompañado de emoticonos de copas de vino y una folclórica bailando.

No hubo más comunicaciones de la dirección, ni siquiera después de los comicios, por lo que el 27 de noviembre, el comité de empresa envió un nuevo correo para denunciar el oscurantismo del partido y exigir información de forma inmediata. Entre los destinatarios figuraba Grupo 17, la empresa de riesgos laborales de la formación, y la secretaría general que ocupa Pablo Iglesias. “Han pasado más de 20 días desde el fallecimiento y la Organización asombrosamente no ha comunicado oficialmente la causa, los motivos, las particularidades, ni la relación laboral que pudiera tener o no la causa de la muerte”, exponía ese segundo correo.

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Además de reclamar la copia del parte a la Inspección de Trabajo y el detalle de las condiciones laborales de A. L. B. J. (vacaciones disfrutadas en 2019, horarios, jornadas...), los representantes de la plantilla también exigieron “acceso a todas las investigaciones respecto al fallecimiento para corroborar la posible sobrecarga de trabajo” y la “confirmación y detalles en el caso de que se haya informado a la familia de la posibilidad de derechos derivados del fallecimiento”.

El correo del comité de empresa desvela otros datos reveladores, como que el partido ordenó a los trabajadores que borraran de las redes sociales todos los mensajes de recuerdo al antiguo compañero. “Queremos [hacer] constar nuestra disconformidad por la actuación de la Organización en este asunto en general. Primero por el inexplicable afán de ocultar el fallecimiento, especialmente a la plantilla”, señalaba esta comunicación, a la que ha tenido acceso El Confidencial. “También cuestionamos la forma de actuar de Rocío Val como responsable/gerente por contactar personalmente con personas que tienen o han tenido relación laboral con la Organización instando a que borraran sus mensajes personales de condolencia publicados en sus redes sociales, a pesar de que ella misma ya había contactado anteriormente con al menos dos familiares directos”.

Según han confirmado varias fuentes, tras esta comunicación del comité, la abogada encargada de la investigación interna volvió a contactar con los responsables del partido para insistirles en que era imprescindible que facilitaran todos los documentos que había pedido tres semanas antes para poder cumplir con su labor como responsable de Cumplimiento Normativo. Pero Carmona tampoco obtuvo ningún dato en ese nuevo intento. Lo único que recibió, el 2 de diciembre, fue un mensaje de la dirección para comunicarle que había sido apartada de su cargo. Desde entonces, está de baja.

Podemos ha declinado aclarar a este diario por qué ocultó la noticia, cuáles son los motivos por los que se negó a facilitar su información laboral al comité de empresa y si comunicó los hechos a la Inspección de Trabajo, entre otras preguntas. Una portavoz oficial del partido ha asegurado que prefieren no hacer comentarios.