La Reforma Local aprobada a finales del año 2013 sigue haciendo su labor de zapa. Los que ahora se encuentran en entredicho por sus tropelías y corrupciones, pronto se beneficiarán –los hados y el pueblo no lo quieran- “de la racionalización y nueva eficiencia de la administración local”, presidida por los municipios superiores a los 20.000 habitantes o por las diputaciones provinciales, que asumirán en medio de su descrédito general buena parte de los servicios públicos correspondientes a los municipios rurales. La voladura de la autonomía municipal y de las juntas vecinales o concejos, o el expolio de sus bienes públicos se han puesto en marcha de manera casi desapercibida a partir de una concepción neoliberal del territorio basada en las economías de escala y en la centralización urbana.

Los pequeños municipios y juntas vecinales que han levantado sus voces frente a la iniquidad de la ley apenas han logrado traspasar el silencio y la soledad de su entorno. Los ciudadanos y campesinos siguen anestesiados por su propia situación, por la propaganda oficial, o pendientes los más “espabilados y afortunados” de los repartos de la PAC. “Los agricultores de sofá” ya controlan buena parte del pastel. Lo público y lo común no están lamentablemente entre sus preocupaciones inmediatas. Lo que debería ser una verdadera rebelión ante la pérdida de derechos y servicios públicos esenciales y fundamentales se está quedando en una reivindicación fragmentaria y ahogada por la maquinaria burocrática o por la complicidad, no sé si interesada o cobarde, de muchos alcaldes y concejales obedientes. Aunque es cierto que se ha presentado recurso de inconstitucionalidad de la ley por parte de unos 3000 municipios, hasta el mundo rural no ha llegado con el empuje necesario la voz de la rebeldía, de la indignación o del hartazgo por la nefasta gestión de sus bienes, por la desaparición de servicios estratégicos o por la apropiación de sus derechos democráticos.

Ciertamente, la retirada y abolición de competencias propias, cuestionadas e impropias, previstas en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, dejará a un gran número de municipios rurales sin servicios básicos y sociales, abocándolos a la exclusión y marginación territorial. Todo un canto a la retórica de la cohesión, pues serán las juntas vecinales y los ayuntamientos los que, ¡vaya ironía!, transfieran sus riquezas e ingresos a las insostenibles diputaciones provinciales, en las que se centralizará la gestión privatizada, los consorcios y la política administrativa y territorial. ¿Dónde quedan las unidades comarcales y la apuesta inteligente por el desarrollo rural y el equilibrio territorial en la Comunidad de Castilla y León? De nuevo en el discurso cínico y en el desprecio al que nos tienen acostumbrados desde el mausoleo de las Cortes de Castilla y León el Gobierno regional de Juan Vicente Herrera; aparentemente Valladolid y Madrid como símbolos del poder político y administrativo siguen alejadas del mundo rural; no es así, sus oligarquías económicas y financieras ya han tomado posiciones en el reparto del patrimonio común.

Queda un mes de plazo para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. De lo contrario podrán ser disueltas y su bienes y competencias traspasadas a los ayuntamiento inmediatos y diputaciones. El 31 de diciembre acaba el plazo según la Ley. En el Congreso de los Diputados se han elevado peticiones para prolongar los plazos. Y en el Senado, con demasiado retraso, acaban de constituir una Comisión que se enfrenta a los problemas de gestión y despoblación de nuestras montañas. Aunque se ha realizado un gran esfuerzo en la presentación de los requisitos contables en los Consejos y Tribunales de Cuentas y ante el Ministerio de Hacienda, son muchas las pedanías, cerca del 20 % en alguna de nuestras provincias, que siguen pendientes de presentar en tiempo y forma sus cuentas. Muchas de ellas con amplios y extensos recursos naturales y culturales. En el reciente Manifiesto de Cuéllar en defensa de los pueblos pequeños se pone de relieve el total rechazo y la honda preocupación “ante la reforma local impuesta y ante el expolio de los recursos rurales en beneficio de especuladores y saqueadores”.

Algunos alcaldes, presidentes de diputación, consorcios en ciernes, defensores de la desamortización, malandrines tecnocráticos, oligarcas y hacendados, y toda una laya política y urbana se aprestan en medio de esta desolación a repartirse las ingentes plusvalías acumuladas durante siglos en nuestros pueblos y aldeas. ¿Cómo parar y detener tantos desmanes? Al menos, en las próximas elecciones municipales y generales necesitamos alcaldes y representantes públicos verdaderamente comprometidos con el medio rural, con la autonomía municipal o comarcal, con sus gentes y con sus bienes públicos. La utopía de un mundo rural vivo es parte de nuestro futuro.