Con la intención de diferenciarse de sus antecesores y al mismo tiempo modernizar los mecanismos del Estado, el Gobierno puso en marcha una plataforma virtual que le permite a cualquier persona corroborar cuáles son las empresas que ganan licitaciones de obras públicas, cuánto cobran por esos trabajos, quiénes pierden en cada compulsa y cuáles son los precios en juego.

El Gobierno busca evitar así los dos principales conflictos que surcan la relación entre el Estado y las constructoras: la posibilidad de que las empresas acuerden entre ellas quién gana y quién pierde en cada concurso (una sospecha que afecta al sector desde siempre) y la sombra de la corrupción.

La nueva herramienta tecnológica está al alcance de quien quiera consultarla en la página www.contratar.gob.ar, y está en la órbita del Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Además de difundir el nombre de los ganadores y los montos, todo el proceso se realizará online, desde el acceso a los pliegos de las licitaciones hasta la presentación de las ofertas y los motivos por los que se elige al ganador

Casi desde el inicio de esta administración, los gestores de las inversiones del Estado en el gobierno de Mauricio Macri pudieron establecer con claridad qué era lo peor que les podía ocurrir: terminar como José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, preso desde el año pasado cuando se lo encontró escondiendo casi US$ 9 millones en un monasterio en General Rodríguez.

Era el peor ejemplo de una serie que también tenía otros exponentes polémicos, como el multiprocesado Julio De Vido, ex ministro de Planificación.

Si bien no es demasiado compleja, el nuevo sistema que está en Internet responde a un salto cualitativo en la voluntad política por transparentar uno de los mecanismos más oscuros del Estado, que engendró múltiples casos de corrupción que son materia de investigación judicial, desde la construcción de viviendas en el programa Sueños Compartidos hasta las casas sin terminar a cargo de Milagro Sala y el escándalo de Odebrecht por la construcción de gasoductos y obras sanitarias, por sólo citar los casos más resonantes de los últimos años.

"Hay que imaginar los fondos que se habrían podido destinar a la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura pública si hubiera existido un gobierno abierto y transparente en la última década. Seguramente no habrían existido las maniobras corruptas de los [José] López y otros tantos, en detrimento del buen uso de los dineros públicos", sostuvo Ibarra ante la consulta de LA NACION.

Según su interpretación, "estos desarrollos van al corazón del concepto de un Estado abierto. Y refuerzan la idea de la participación y el control ciudadano como eje fundamental de una democracia participativa".

Acuerdo empresario

El viernes pasado, Ibarra se reunió con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), para contarles en detalle cómo funcionará el nuevo esquema de contrataciones, que ya está en marcha y para fin de año deberá ser utilizado por todos los ministerios.

El presidente de la entidad empresaria, Gustavo Weiss, sostuvo ante la consulta de LA NACION: "Estamos totalmente de acuerdo, primero por un problema de transparencia, pero también de sencillez, porque hacia eso va el mundo. Presentar las ofertas en papel es realmente muy complicado. Tenemos que presentar la misma información en todos lados. Y esto nos ayuda muchísimo para que sea más fácil leer y cotizar una licitación. Lo apoyamos decididamente".

Aunque no lo dirán en voz alta, los funcionarios a cargo de la implementación del sistema creen que, con la difusión de los datos por Internet, se eliminarán los denominados "clubes de la construcción", dado que las empresas interesadas en participar de una compulsa difícilmente puedan conocer quiénes son sus competidores hasta la apertura de las ofertas económicas, cuando ya no se pueden cambiar los números presentados con anterioridad.

Con la venta tradicional de pliegos, sostienen quienes están al tanto de la operatoria, era relativamente sencillo para una empresa constructora o un consorcio saber quién había comprado esos documentos y ensayar algún tipo de acercamiento mutuo para acordar precios, por ejemplo.

El sistema que inauguró el Gobierno tiene poco tiempo de uso. Hasta principios de mes se habían iniciado 26 solicitudes de gasto (muchas de ellas son licitaciones) por $ 7080 millones.

Algunas de las obras más resonantes que se manejaron por esa vía son las licitaciones para la construcción de tres gasoductos clave para el futuro suministro de zonas con problemas de abastecimiento (el Cordillerano, el denominado "Lechero" y el de Tandil-Mar del Plata), que organizó el Ministerio de Energía.

Los funcionarios de la Casa Rosada sostienen que el propio Macri, cuyo pasado empresario lo condujo, entre otras alternativas, por el sector de la construcción y la relación entre el Estado y la actividad privada, les pidió avanzar con medidas que permitan transparentar la obra pública.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre datos oficiales, en los primeros cinco meses de 2017 el Estado puso unos 52.300 millones de pesos en inversión real directa y transferencias de capital a provincias y municipios. Una parte sustancial de ese monto (excluidas las compras de bienes y servicios) corresponde a lo que usualmente se denomina obra pública. En el futuro, esa porción entrará en la plataforma virtual para transparentar las licitaciones.

Relación polémica

En la práctica, la relación entre el Estado y sus contratistas está envuelta en polémicas desde hace años. Eso llegó al extremo en el kirchnerismo, cuando las denuncias por corrupción y favoritismos se multiplicaron. El mejor exponente de esa situación es quizá Lázaro Báez, el mayor constructor de rutas en Santa Cruz mientras Néstor y Cristina Kirchner ocuparon la Casa Rosada.

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario, tenía un trato preferencial no sólo al momento de la adjudicación, sino también en los plazos de pago, según figura en una denuncia que hizo en la Justicia el Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich.

La transparencia en la gestión pública fue uno de los eslóganes de campaña de Macri, a tal punto que creó el Ministerio de Modernización para concretar esa promesa.

Modernización también avanzó en la "despapelización" de la burocracia pública mediante la digitalización de los procesos internos, con el objetivo de bajar costos y aumentar la velocidad de los trámites. Esos cambios también facilitan el acceso público a la documentación oficial. Para eso creó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que funciona en los ministerios nacionales, Presidencia, Jefatura de Gabinete, Secretaría General y en 46 organismos descentralizados del Estado.

Desde el cambio de gobierno, se generaron más de 13.833.952 documentos digitales y se caratularon más de 1.293.672 expedientes. También se capacitaron y crearon más de 85.000 usuarios.

El Gobierno también persigue otros objetivos con la búsqueda de transparencia. Entre ellos, mejorar en los rankings internacionales. Fuentes cercanas a la Casa Rosada destacan como un dato positivo el hecho de que el país aparezca en el puesto 17° del Índice Global de Datos Abiertos, con lo que se convirtió en la nación de mayor crecimiento en el año en esta materia.

Todo a la vista

La obra del gasoducto Cordillerano ya se puede seguir por este sistema Archivo

52.300

Presupuesto millonario

Son los millones de pesos que destinó el Estado a obras públicas en los primeros cinco meses de 2017

Procedimiento online

A través de una página web se podrá acceder a la información sobre los contratos, ganadores y condiciones de pago

26

Disponibilidad

Son los proyectos que ya pueden ser consultados a través del nuevos sistema que lanzó el Ministerio de Modernización

Principales proyectos

Entre las obras con datos disponibles están los gasoductos Cordillerano y Tandil-Mar del Plata y las represas patagónicas

7080

Transparencia

Son los millones de pesos que suman los contratos y licitaciones que ya cuentan con información accesible

En la mira

Con esta iniciativa se busca terminar con los "clubes de la construcción" y los acuerdos entre competidores