Julio De Vido (NA)

El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, calificó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido como "gran tramoyista de las inversiones de la obra pública" y pidió su detención, previo desafuero como diputado de la Nación.

Lo hizo en la causa en la que De Vido y otras 35 personas fueron citadas a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez por la presunta defraudación millonaria en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

Moldes basó su pedido en un fallo de la Cámara Federal en el que a principio de mes sostuvo que las detenciones de los imputados se debían valorar analizando el entorpecimiento de la causa "derivadas del mantenimiento del poder público y/o sus influencias". Para el fiscal De Vido se encuentra en esa situación.

"No hace falta saber leer debajo del agua para entender que el único de los imputados que hoy puede considerarse en posesión de vinculaciones con ´el poder público y sus influencias´ se llama Julio M. de Vido, hoy parapetado tras la protección que le brindan sus fueros parlamentarios", señaló Moldes en un dictamen al que accedió Infobae.

El dictamen del fiscal ahora deber ser resuelto por la Cámara.

El pedido de detención se suma a las malas noticias judiciales que De Vido recibe desde la salida del kirchnerismo del gobierno en diciembre de 2015, después de 12 años de inmunidad judicial.

El próximo miércoles De Vido comenzará a ser juzgado por la tragedia ferroviaria de Once y está procesado en varias causas como las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario detenido Lázaro Báez, la compra de trenes chatarra a España y Portugal, la no renovación de los contratos ferroviarios, entre otras. Además, sus abogados renunciaron ayer a seguir defendiéndolo en todas las causas.

De Vido sostiene que sufre una persecución judicial ordenada por el gobierno de Mauricio Macri.

El macrismo ya intentó expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados pero no obtuvo los votos necesarios.

El fiscal Carlos Stonelli pidió a principios de julio la indagatoria y detención de 23 personas por la presunta defraudación al Estado de 264.935.123 de pesos destinados a la reactivación de la mina de carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Sobre De Vido, Stornelli pidió su previo desafuero a la Cámara de Diputados ya que como legislador tiene inmunidad de arresto. Entre los otros pedidos de detención estaban los del ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, el ex coordinador general del Ministerio Jaime Álvarez, del actual intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, y de ex funcionarios de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Fundación Regional Santa Cruz de la universidad, organismos que participaron del manejo de los fondos.

El juez Rodríguez rechazó el pedido porque sostuvo que ninguno de los imputados incurría en las causales que se prevén para ordenar detenciones: que haya peligro de fuga o de que entorpezcan la investigación. El magistrado agregó que todavía quedaba prueba pendiente por realizar antes de resolver un llamado a indagatoria.

Por otra parte, Rodríguez le otorgó la exención de prisión a cinco acusados, entre ellos Pérez Osuna y Baratta, bajo palabra. La medida les asegura la libertad mientras el caso se investiga.

Stonelli apeló y la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal. A principio de mes y por mayoría el tribunal le ordenó al juez Rodríguez volver a examinar su postura teniendo en cuenta la gravedad de la maniobra que se investiga y los riesgos sobre los acusados.

Con ese fallo, Rodríguez citó a indagatoria a 36 personas a partir del próximo 3 de octubre y hasta el 28 de noviembre, fecha en la que fue convocado De Vido.

Además el juez volvió a rechazar la detención de los acusados pero les prohibió la salida del país, les ordenó que entreguen sus pasaportes y que se presenten una vez por mes en el tribunal. Sobre los acusados con exención de prisión les impuso una fianza de 100 mil pesos.

Pero Stornelli volvió a apelar. Primero objetó la caución de 100 mil que se le impuso a quienes recibieron las exenciones de prisión. Y ayer hizo lo propio sobre el resto de los acusados.

El fiscal de Cámara Germán Moldes

El fiscal Moldes dictaminó sobre las exenciones de prisión. Sostuvo que con las medidas que tomó el juez Rodríguez de prohibición de salida del país, entrega de pasaporte y la obligación de presentarse en el tribunal todos los meses "mejoró el cuadro de garantías" y redujo los riesgos de una posible fuga.

Pero Moldes fue más allá. Señaló que la causa tiene "una suerte de marcha en dos velocidades que ensombrece su correcto avance" por la "diferencia status que inevitablemente traza una línea divisoria entre los imputados" y que "redunde en una desgradable sensación que haría pensar en la existencia de réprobos y elegidos".

Y apuntó a la situación de De Vido. Señaló que la Cámara Federal diferenció entre los acusados en quienes tienen una posición con beneficios "derivadas del mantenimiento del poder público y/o de sus influencias".

Para Moldes el único de los acusados al que le cabe esa referencia es al ex ministro de Planificación Federal de Néstor y Cristina Kirchner.

"No queremos que, curiosamente, las cosas terminen sucediendo al revés y nos quedemos con el mediomundo lleno de mojarritas y el tiburón nadando en aguas abiertas", sostuvo Moldes en referencia al peso político De Vido.

Así, el fiscal dictaminó que "es imperioso adecuar y agilizar los procedimientos que la Constitución Nacional prevé para lograr un efectivo sometimiento a proceso y, en su caso, la eventual restricción efectiva de la libertad del único imputado actualmente en el ejercicio de poder político (por su condición de diputado nacional) y con acceso a la capacidad de incidencia y negociación que tan alta función le habilita".

La mina de carbón de Río Turbio (OPI Santa Cruz)

Concretamente, Moldes requirió que se "arbitren los medios necesarios para insistir con su desafuero ante la Cámara que actualmente lo cobija, lo que deberá hacerse con la premura y firmeza del caso ya que estamos ante una situación criminal acreditada y que se caracteriza como acto de corrupción administrativa".

También agregó como argumento la situación de De Vido en las restantes causales judiciales en las que está "sindicado como una suerte de primus inter pares (NdA: el primero entre iguales, en latín) en el gabinete nacional y gran tramoyista de las inversiones en obra pública".

La Real Academia Española tiene tres definiciones para la palabra tramoyista: persona que inventa, construye o dirige tramoyas de teatro; persona que las coloca, las hace funcionar o trabaja en las mutaciones escénicas; y persona que utiliza ficciones o engaños.

El planteo debe ser resuelto por los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah. En su primera intervención tuvieron votos diferentes por lo que había sido convocado Leopoldo Bruglia, juez de la Sala I del tribunal.