Agentes de policía llegan al Diario de Mallorca. En vídeo, testimonio de Bruno Da Silva, uno de los empresarios que denunció a Bartolomé Cursach. Foto: BARTOLO RAMÓN (Diario de Mallorca)

Un juzgado de instrucción de Palma ha ordenado requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas que cubren habitualmente información sobre tribunales para aclarar el origen de una filtración en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach y agentes de la Policía Local de Palma. El juez Miquel Florit, que se hizo cargo del asunto tras la recusación del anterior magistrado, ordenó el registro de las sedes de Europa Press Baleares y de Diario de Mallorca para decomisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas. La orden contaba con el aval de la fiscalía, según han confirmado fuentes cercanas al asunto.

La delegada de Europa Press en Baleares, Antonia López, ha explicado que en la mañana de este martes tres policías y una secretaria judicial se han personado en la delegación en el centro de Palma y han mostrado una orden de entrada y registro para requisar el teléfono móvil y el ordenador portátil de una de las periodistas. La periodista ha pedido hablar en reiteradas ocasiones con los servicios jurídicos, pero los agentes se han negado. “Al final se han llevado su teléfono móvil y dos ordenadores de sobremesa”, ha señalado López, que ha indicado que los agentes le han explicado que se investigaba un delito de revelación de secretos.

El magistrado Miquel Florit abrió una pieza separada dentro del caso Cursach a raíz de la filtración de un informe elaborado por el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en el que se apuntaba a un posible fraude fiscal de 65 millones de euros y se advertía de la implicación de 18 personas. Las defensas del principal imputado, Bartolomé Cursach, y del que fuera su número dos, Bartolomé Sbert, se quejaron por la filtración y el magistrado ordenó la incoación de diligencias previas por un posible delito de revelación de secretos, ya que el informe no les había sido notificado. Ordenó a la policía judicial que investigase el origen de la filtración.

“La policía ya se había puesto en contacto con nuestra periodista para preguntar por el funcionamiento de la agencia y la forma de trabajar y pensábamos que venían para que ella se ratificara en lo que ya había declarado”, ha señalado López. Los agentes de policía y la secretaria judicial también han intervenido el teléfono particular de un periodista de Diario de Mallorca, que también publicó el informe. El profesional ha sido citado en los juzgados, donde los agentes le han enseñado la orden para que entregara el móvil con las claves para desbloquearlo. Horas después se han presentado en la sede del periódico, pero la dirección del diario se ha negado a entregar la documentación solicitada porque no han acudido con un mandamiento judicial.

El Sindicato de Periodistas de Baleares ha tachado los hechos de “ataque aberrante” a la libertad de información y al derecho al secreto profesional la actuación judicial. “Exigimos que se garantice el derecho de los profesionales a no revelar sus fuentes como un pilar básico de su libertad de prensa. Sabemos que no se les ha dejado hablar con los servicios jurídicos de su empresa”, ha denunciado su secretaria general, María Amengual.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también ha rechazado "tajantemente" las incautaciones y ha explicado en un comunicado: "En los casos de filtraciones, la jurisprudencia exime de este delito a los periodistas y lo atribuye en su caso a los funcionarios que hayan facilitado la información". FAPE ha insistido en que "los periodista de Europa Press y Diario de Mallorca no están obligados a revelar quienes les facilitaron la información y mucho menos a entregar los documentos y los equipos con los que desarrollan su trabajo".

A las críticas se ha sumado la Asociación de Medios de Información (AMI), que ha recordado "a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones".