Los de Susana Díaz no dan pie con bola en cuanto al Metro de Granada se refiere. A la consabida externalización del servicio, el desastre económico para el pequeño comercio de muchas calles de la ciudad, la multiplicación por más del doble del presupuesto inicial de la obra o la subida del billete del bus urbano se añaden el desastre de adjudicaciones (externalizaciones previas a una privatización probable en el futuro del Metro). Tal y como se puede observar en la plataforma de contratación de la Junta (pinchar aquí para ver) se ha concedido una adjudicación a la empresa Levantina de Seguridad SL de 70680 de euros para la vigilancia del edificio de talleres y cocheras.

La adjudicación (fechada en agosto de 2013) a la empresa Levantina de Seguridad entraría dentro de la dinámica de externalizaciones ordinaria de la Junta si no fuera porque son conocidos los vínculos de esta empresa con la extrema derecha. Primero porque su copropietario es José Luis Roberto, presidente de España 2000. Segundo porque Levantina de Seguridad cuenta entre sus vigilantes con multitud de miembros que forman o han formado parte del partido de extrema derecha España 2000.

Según consta en la página web de la empresa Levantina de Seguridad, José Cercos, es el director de inspectores de la empresa, pero además es miembro del Consejo Nacional de España 2000. Pero no es el único. Ramon Barnes y David Tejedor, que fueran candidatos al Senado por Valencia en el año 2011 son vigilantes de seguridad de la empresa Levantina. Otros miembros del partido de extrema derecha España 2000 trabajando en la empresa Levantina de Seguridad SL son Ricardo Bartolomé Martínez (que se presentó en 2004 en las elecciones al Congreso por este partido ultra en un pueblo de Tarragona), Rafael Giménez Giménez (suplente de España 2000 en las elecciones a las Cortes Valencianas en 2003) o Salvador Cayrols (que se presentó a las elecciones en Paterna como número 3 de España 2000). Otro antiguo trabajador de Levantina de Seguridad SL, Alejandro Serrador Ferrer, llegó a ser concejal de España 2000 en la población valenciana de Silla. Serrador ha sido condenado en varias ocasiones, además de estar implicado en la Operación Panzer por la que se le pedía una pena a todos los implicados un total de 42 años de prisión.

En uno de los numerosos “memes” que sobre Susana Díaz corren estos días (acompañando esta noticia) por las redes sociales se le califica como la mas facha de Andalucía. La realidad supera a la ficción.

Carlos Ríos para La Otra Andalucía.