Los cortes de luz de diciembre y enero, el gigantesco lastre que implican para las cuentas públicas los subsidios al consumo de electricidad, el rojo crónico que muestran los balances de Edenor y Edesur, las dos empresas más grandes del rubro, así como los problemas para pagar las cuentas de las distribuidoras del resto del país son apenas los síntomas más visibles del descalabro en el que está sumido el sector eléctrico argentino.

De manera subrepticia, casi sin publicidad, pero con un fuerte impacto sobre las cuentas nacionales, las distribuidoras eléctricas de todo el país aumentaron en los últimos meses de manera exponencial sus deudas con el Estado, por el pago de la energía que venden a los consumidores. De acuerdo con números del sector privado, hasta el 10 de enero los pasivos de las compañías habían alcanzado la cifra récord de 7693 millones de pesos. Es, por caso, equivalente al gasto de todo el Poder Judicial del año pasado, o al 10% de los subsidios que se destinaron a la energía en el mismo período. Y muestra una tendencia negativa marcada, dado que hace dos años, en abril de 2012, las empresas debían unos 360 millones de pesos. En otros términos: la deuda de las empresas con el Estado se multiplicó 21 veces en dos años.

El sistema eléctrico funciona sobre el esqueleto diseñado en los años 90, pero con múltiples remiendos aplicados por el kirchnerismo para aumentar la incidencia del Gobierno en el sector. Cammesa, la compañía que administra el negocio y maneja el Gobierno, se encarga de comprar la energía a los generadores, como Central Puerto, Endesa Costanera y El Chocón; asignar su despacho, y abastecer a las distribuidoras, que le cobran la factura al cliente final. Luego le pagan a Cammesa, que debe reembolsar los fondos a los generadores.

Por los problemas de caja derivados del congelamiento de tarifas y el incremento de costos, las empresas se quedaron sin fondos para realizar obras de mantenimiento y al mismo tiempo pagar por la energía. Para ellas, la elección fue relativamente sencilla: priorizaron su infraestructura antes que los pagos a Cammesa. La falta de pago era, hasta hace poco, una práctica infrecuente entre las empresas de distribución eléctrica. La primera en dar el salto fue Edesur, en junio de 2012, cuando incumplió una cuota de $ 31 millones, si bien pidió una reestructuración del cronograma de pagos. Más tarde siguió Edenor, por un monto mayor.

Con el tiempo, la situación proliferó. Los mayores problemas de pago los tienen, justamente, las empresas más grandes. Hasta enero, Edenor debía $ 2269 millones, y Edesur, $ 1656 millones, según números estimados. Tercera en la lista está EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, con $ 1429 millones. Edemsa (Mendoza), DPEC (Corrientes), Edelap (La Plata), Electricidad de Catamarca, la cooperativa de Comodoro Rivadavia y Edelar (La Rioja) también ocupan un lugar preponderante entre los deudores.

"Todo está relacionado con el atraso tarifario y la incapacidad de las distribuidoras de atender con sus ingresos los costos operativos. Técnicamente están fundidas, pero para que sigan prestando servicios se les permite dejar de pagar todo o parte de la electricidad que distribuyen y que ahora intermedia Cammesa como vendedora. Esto ha ido en aumento. Como el déficit de Cammesa lo absorbe el Tesoro, el Estado nacional termina siendo acreedor de estas empresas. Todo un desbarajuste derivado del populismo tarifario que ha deteriorado la calidad de los servicios", resumió el ex secretario de Energía Daniel Montamat.

El Gobierno tiene criterios distintos sobre qué hacer con los deudores. El secretario de Energía, Daniel Cameron, suele reclamarles a las empresas que le paguen a Cammesa. Sucede que si ellas no atienden sus facturas, la administradora del mercado dependerá cada vez más de las transferencias del Estado. Es, de hecho, la mayor receptora de subsidios ($ 33.897,1 millones en 2013, casi 40% más que el año anterior).

En cambio, el ministro de Planificación, Julio De Vido, transmitió en diversas ocasiones durante los últimos meses a ejecutivos de las empresas que prefiere que prioricen la realización de obras para mantener la prestación del servicio antes que los pagos a Cammesa. El ministro de Economía, Axel Kicillof, parece pensar de la misma manera, dado que implementó un esquema de compensaciones para las empresas que asigna sin una fecha estipulada, sino cuando los números de las compañías entran en una situación crítica.

Desde la mirada de las empresas, la posibilidad de contar con los fondos para pagar toda la energía que compran está más que lejos. Creen que el Gobierno transitará primero el camino de la quita de subsidios. Si bien implicarán una factura de luz más cara para los usuarios, no mejorará ni en un solo centavo los ingresos de las compañías. Para eso deberán esperar a un aumento de tarifas, algo que no creen que ocurra antes de 2015.