La espectacular (y segunda) fuga de Joaquín, El Chapo, Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, de una prisión de máxima seguridad no solo supone una tremenda humillación para México, “una afrenta al Estado”, como ha dicho desde París el presidente Enrique Peña Nieto; además, ha dejado al más crudo descubierto las fallas estructurales del mismo Estado mexicano.

La construcción de un túnel de 1.500 metros de longitud a pleno día, perfectamente iluminado y ventilado, a la vista desde la propia cárcel y una instalación militar, y para cuya excavación se tuvieron que sacar 3.250 toneladas de tierra, demuestra el poder de la organización criminal de El Chapo, el cartel de Sinaloa; pero sobre todo implica y conlleva la necesidad de una cadena de complicidades —más allá de los funcionarios del penal que están siendo interrogados— para hacer posible su evasión.

El Gobierno mexicano ha sido avergonzado por un delincuente, y solo investigando este caso hasta el final, caiga quien caiga, recuperará su credibilidad.

Peña Nieto inició su mandato hace tres años con un ambicioso y bien orientado programa de reformas, que mereció el aplauso internacional, y del que hoy se dará un paso histórico con las primeras concesiones petroleras. Pero, si no acaba con la impunidad y no avanza en la consolidación del Estado de derecho, esas reformas se habrán construido sobre la arena.

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