Todo el argumentario político de los que defienden el encarcelamiento de Oriol Junqueras y siete exconsellers se vino abajo horas después con la entrevista al fiscal general del Estado en el programa Hora 25, en la Cadena SER. Las apelaciones al respeto a las decisiones judiciales quedaron desnudas al escuchar a José Manuel Maza. Quedó muy claro que la Fiscalía ha promovido una respuesta política al desafío independentista y que la jueza Carmen Lamela ha suscrito sus tesis.

Maza dijo que el desenlace jurídico sobre la situación personal de los imputados podría haber sido diferente si hubieran acatado la Constitución en su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Acto seguido, indicó que también se tendría que haber considerado otros elementos, como el riesgo de fuga, pero su intención era clara. Si los acusados hubieran manifestado una determinada opinión política, la decisión del fiscal y la jueza podría haber sido otra. «A lo mejor alguna cosa hubiera cambiado», explicó.

Maza también recordó que el «Estado de derecho» (sic) había soportado más allá de lo razonable: «Bastante paciencia ha tenido el Estado de derecho», dijo. El olor a venganza era inconfundible. El discurso de que se trata de la aplicación estricta e imparcial de la ley recibía un fuerte revés. La ley se impone cuando se acaba la paciencia del fiscal general (o del ministro de Justicia que le nombró).

En pleno delirio, Maza llegó hasta extremos en los que ningún jurista medianamente inteligente querría meterse cuando le preguntaron sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE por sus iniciales) que se enviará a Bélgica para traer a España a Carles Puigdemont. Empezó diciendo que no conocía muy bien las características de la OEDE porque no la había tenido que solicitar nunca. Ingresó en la carrera judicial en 1975 y fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en 2002. Su carrera judicial no es pequeña, pero la OEDE parece ser uno de esos arcanos ininteligibles que sólo conocen ciertos jueces.

Maza no estaba obligado a especular. Siempre podía comentar que la orden no se ha enviado aún y que su contenido está por decidir. Pero no tuvo inconveniente en admitir como posibilidad que se solicite sólo por el delito de malversación (que obviamente también existe en Bélgica) ante la posibilidad de que un juez belga rechace la entrega por los delitos de rebelión y sedición si no hay un equivalente exacto en los delitos que aparecen en el Código Penal de ese país, en cuyo caso la entrega podría ser rechazada.

Algo así sólo se podría llevar a cabo por razones políticas. Conseguir como sea la imagen de la entrega de Puigdemont para su inmediato ingreso en prisión. Recibir al expresidente de la Generalitat con la condición de que sea imputado únicamente por malversación nos llevaría al disparate jurídico de que un conseller fuera acusado de rebelión y sedición, mientras que su jefe, el que dio las órdenes, sólo lo fuera por malversación de caudales públicos.

Sobre el asunto del delito de rebelión, Maza tuvo otra respuesta para los anales del Derecho. «Los que han criticado que planteemos la rebelión deben recordar que una querella no es un escrito de acusación. No se hila tan fino. Incluye todos los posibles delitos. No afirmamos que haya rebelión sino que es posible».

Es decir, la Audiencia Nacional ha metido en prisión a varios miembros del Gobierno catalán destituido por el Gobierno central –y elegido gracias a las últimas elecciones autonómicas– con una querella en la que se han incluido todos los posibles delitos, sin tener aparentemente muy claro cuáles de ellos tienen visos de haberse producido. Ya lo afinaremos en el escrito de acusación y mientras tanto provocaremos una crisis política de consecuencias muy predecibles.

Sobre el riesgo de fuga citado por Maza, hay que recordar que tres de los exconsellers se presentaron en la Audiencia Nacional de vuelta de su fugaz viaje a Bruselas. ¿Se corría el riesgo de que se fugaran por segunda vez? ¿Si su intención era fugarse, pretendían hacerlo a la segunda? Es una pregunta absurda, cierto, pero es inevitable por los argumentos esgrimidos por el fiscal general y la jueza Lamela.

En el auto que ordena el ingreso en prisión, Lamela recuerda, al citar los argumentos jurídicos con los que se puede justificar la prisión preventiva, que hay que tener en cuenta la gravedad de los delitos (lógico) y «las circunstancias concretas y personales del imputado». Es lo que marca la ley. Al final del auto, esas circunstancias personales dejan de tener tanta importancia, porque Lamela pasa a señalar que otras personas con similar responsabilidad política han decidido salir de España: «Basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido».

Lamela les está diciendo a los imputados: vais a pagar por lo que habéis hecho y por el viaje de Puigdemont a Bruselas.

Políticamente, está claro que la presencia de Puigdemont en Bélgica dejaba en un lugar terrible a los exconsellers que aceptaron quedarse en España, aunque por otro lado no se puede negar que fueron más valientes. Parece que jurídicamente también han tenido que pagar un precio.

Maza dice que «no afirmamos que haya rebelión sino que es posible». Para Lamela, no cabe ninguna duda. Hace un relato de los hechos ocurridos en Cataluña en las últimas fechas que en su mayor parte todos conocemos y que los independentistas no pueden negar. Y a la hora de intentar colar el delito de rebelión, que se ha convertido en una especie de fetiche personal para Maza y los que le nombraron, hace un análisis político que es respetable como opinión personal, pero que no tiene cabida en un auto judicial.

Utiliza declaraciones de Puigdemont y el exconseller Forn que no hay ningún problema en calificar de estúpidas y peligrosas. El problema es que se han oído cosas iguales de lamentables en ambos lados y no han supuesto el ingreso en prisión de sus autores. Se dirá que estos no pretendían provocar la secesión de Cataluña. Cierto, pero el doble rasero es evidente.

La clave parece ser establecer que los miembros del Govern lanzaron una campaña por la independencia con un referéndum ilegal –esa parte nos la sabemos todos– y adjudicarles la responsabilidad directa de todos los hechos violentos producidos en esas fechas. Incluida una agresión a militantes socialistas en la sede de su partido de la que no consta que fuera ordenada directamente por Puigdemont o Forn.

Como dice Maza, no se puede hilar tan fino en una querella. Da la impresión de que una magistrada sí puede hacerlo para ordenar un ingreso en prisión preventiva.

Lamela también cita la manifestación ante la Conselleria de Economía, donde miles de personas se concentraron durante el registro de la sede realizado por la Guardia Civil. Los agentes se presentaron allí sin avisar antes a los Mossos, que se encontraron con las imágenes conocidas y cometieron el error policial de no despejar la calle. Con violencia, como siempre hacen los antidisturbios de todos los cuerpos policiales. Al final, sí lo hicieron en dos ocasiones por la noche.

Sobre ese incidente, aún no sabemos por qué, si el registro acabó a las 22.00, un grupo de agentes no salió hasta las 4.00. Y por qué el resto de los agentes no salió a esa hora y esperó hasta las 7.00. Si el mando de los Mossos se negó a darles cobertura y realizar una carga, resultaría muy extraño que Lamela se hubiera olvidado de anotarlo en su auto. Habría que preguntarse también por qué no ha ingresado en prisión como parte fundamental de la conspiración.

La jueza tiene que describir una conspiración para justificar el encarcelamiento de los responsables políticos de la Generalitat. Lo que nos lleva al 1 de octubre. Sostiene que «la actitud mostrada por los Mossos d’Esquadra fue pasiva (el día del referéndum) manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir incluso en los casos en los que los miembros de la Guardia Civil eran agredidos». Incluso (esta es una palabra que le gusta mucho a Lamela) «llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil» para alertar a las personas reunidas en los colegios electorales instalados por la Generalitat.

Dejemos a un lado, porque no es el tema ahora, el hecho de que casi todas las agresiones cuyas imágenes pudimos ver fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

En el auto se da por hecho que todo eso formaba parte del plan. Pero si eso es así, y dado que Puigdemont y Forn no daban órdenes directas a los mossos desplegados en las calles, ¿por qué la Audiencia Nacional no ordenó por todas estas razones el ingreso en prisión del mando que sí daba las órdenes, el mayor Josep Lluís Trapero? ¿Fue porque no convenía políticamente en ese momento al existir aún la esperanza de solucionar esta crisis por otras vías? ¿Fue porque al Gobierno no le convenía meter en prisión al máximo mando profesional de los Mossos cuando iba a necesitar la colaboración de ese cuerpo policial en caso de aplicación del artículo 155? ¿Es decir, por razones políticas?

Cabe pensar que en el próximo ranking que haga el World Economic Forum sobre independencia judicial en el mundo, España baje aún más del puesto 58º en el que se encuentra ahora.

Hemos escuchado en los últimos meses declaraciones incendiarias de políticos en Madrid y Barcelona que ponen en riesgo nuestro futuro. En muchos días, se confirmaban las peores expectativas y todo lo que podía ir mal, iba aún peor. De repente, la aplicación del artículo 155 y el fracaso de la DUI provocaron de forma inesperada una pausa que dio lugar a una desescalada, que es lo que venían pidiendo muchas personas. Las bases independentistas no ocultaban su perplejidad ante el rumbo de los acontecimientos. Esto no era lo que les habían vendido. Ayudó mucho la convocatoria inmediata de nuevas elecciones, un paso positivo que por otro lado no deja de ser una forma de retrasar la búsqueda de soluciones hasta finales de diciembre.

Creíamos que lo peor había pasado. Al menos, el coche que se dirigía a toda velocidad hacia el precipicio se estaba frenando. Ahora, el fiscal general y una jueza de la Audiencia Nacional han decidido pisar el acelerador a fondo.