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Esta semana se ha celebrado mucho el 40 Aniversario de la Constitución y poco, como es saludable, los diez años que han pasado desde que España entró oficialmente en crisis. El cuarto trimestre de 2008 se saldó con una recesión del 1,1% en el PIB y una masiva destrucción de empleo. Desde entonces, el país ha remontado vuelo dejando por el camino a muchas personas y deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Hace diez años, un trabajador en España cobraba de media 21.883 euros anuales. En 2016, último año del que tiene cifras oficiales el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cifra ha aumentado a los 23.156 euros, lo que equivale a un crecimiento del 5% en la última década, ya que en los últimos dos años los salarios han permanecido prácticamente congelados.

El aumento tan exiguo de los salarios ha provocado un declive considerable en el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras los salarios subían un 5%, la cesta de la compra lo hacía en un 10%, el agua en un 20% y la electricidad, gas y otros combustibles en un 30%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Es decir, el agua y la electricidad han subido cinco veces más que los salarios desde que estalló la crisis en España.

Según los expertos, la subida de los precios mayoristas de la luz se explica por un cúmulo de factores, entre ellos, el incremento de los precios de los combustibles que se utilizan para la generación eléctrica (el gas y el carbón), los elevados costes de las emisiones de CO2 y la escasa generación eólica, tecnología más barata.

Además de esos factores, los españoles pagan en su recibo de la luz un 21% de IVA, el tipo general, una tasa muy superior a la que abonan los consumidores en países como Grecia (13%), Italia (10%) o Luxemburgo (8%).

Según datos facilitados por la Comisión Europea referentes a los tipos de IVA aplicados en los distintos países, sobrepasa en más de tres puntos la media de la eurozona, que se sitúa en torno al 17,7%.

Hay que tener en cuenta además que, en realidad, el peso de este tributo en la factura eléctrica de las familias es aún más elevado, ya que se aplica sobre el total de la factura, que incluye, además del coste del consumo o la potencia contratada, otro gravamen, el impuesto especial sobre la electricidad, con un tipo superior al 5%: es decir, se paga un impuesto sobre otro impuesto.

Esta tasa del 21% se aplica en nuestro país desde 2012, cuando el equipo de Cristóbal Montoro elevó el tipo general del impuesto desde el 18%.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado de momento bajar el IVA de la electricidad para que no aumente el uso de los “productos más contaminantes”.

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