La decisión de esta semana de la Corte Constitucional, que dijo que no es viable poner un límite de tiempo para la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, desató el debate entre quienes consideran que la providencia protege los derechos de la mujer y entre quienes afirman que vulnera el derecho a la vida.

El alto tribunal defensor de la Carta Magna, con una votación de seis a favor y tres en contra, rechazó la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, en la cual se establecía como límite de tiempo las 24 semanas de gestación para poder practicar un aborto.

La Corte dejó en firme las tres causales de aborto legal que estima la jurisprudencia desde 2006 (ver recuadro). El fallo, además, exhortó al Congreso de la República para que legisle en materia de aborto y advierte que en este momento existen todo tipo de barreras y de trabas para que las mujeres soliciten la interrupción del embarazo.

La magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, ponente de la decisión derrotada, criticó que la decisión envía “un muy mal mensaje para nuestra población colombiana en condición de discapacidad: el mensaje de que su vida no es que merezca respeto, que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y que podría no tener derecho ni a nacer”.

Esto, porque la Constitucional decidió sobre una tutela interpuesta por una mujer de 33 años, que con 26 semanas de embarazo, solicitó a su EPS que se le realizara el procedimiento por una serie de malformaciones en el feto, pero su petición había sido negada en tres centros hospitalarios de Bogotá.

Por ello, la jueza 36 penal municipal de Bogotá autorizó la interrupción del embarazo. Y la Corte asumió el estudio del caso.

EL HERALDO conversó al respecto con Ana María Méndez, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y con Claudia Rodríguez de Castellanos, pastora cristiana de la Misión Carismática Internacional y senadora de Cambio Radical.

La decisión, ¿buena o mala?

Para Méndez el fallo es importante “porque ratifica que la interrupción voluntaria del embarazo, en las tres circunstancias descritas en 2006, efectivamente es un derecho fundamental de las mujeres, y lo que busca además de reconocer este derecho es avanzar hacia la eliminación de barreras por parte en este caso del sistema de salud, que constituyen violencia de género e incluso podría constituirse como un trato cruel, inhumano y degradante, y son incumplimientos del Estado a normas internacionales de derechos humanos”.

Rodríguez, en cambio, asegura que el aborto no es un derecho: “Considero que la Corte Constitucional viene dejando de cumplir con su papel de salvaguardar los fundamentos constitucionales y en este caso el derecho a la vida que debe estar por encima de cualquier otro derecho. La vida es el derecho en el que se fundamentan los demás derechos. Por lo tanto su inviolabilidad es quebrantada por la misma Corte Constitucional”.

¿Se discrimina a discapacitados?

La abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres califica la aseveración de la magistrada ponente como “confusa”, y señala que la Corte ha dicho que la malformación procede también como “la calificación de incompatible con la vida extrauterina, y el sustento tiene que ver con que el Estado no puede forzar a una mujer a terminar un embarazo de un feto que va a morir. Así mismo, antes de que se produzca el nacimiento no existe titularidad de derecho, solo se puede hablar de un derecho a la vida a partir de un nacimiento, entonces no es posible hablar de una persona que no ha nacido y señalarla como discapacitado”.

Por su parte, la senadora de Cambio Radical y defensora de los derechos de la familia sí ve en esta providencia un acto discriminatorio: “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que las leyes que permiten explícitamente la discriminación por motivos de discapacidad violan lo establecido en este documento”.

La jurisprudencia sobre aborto

Ana María Méndez considera que las decisiones del alto tribunal han sido beneficiosas para las mujeres: “La jurisprudencia de la Corte es coherente, es clara, es concisa en garantizar la autonomía reproductiva, en fijar cuáles son las obligaciones del Estado para la garantía de este derecho. La jurisprudencia ha sido muy protectora del derecho de las mujeres”.

Claudia Rodríguez de Castellanos, entre tanto, advierte que la Corte en sus fallos no ha tenido en cuenta al feto: “La jurisprudencia actual en el tema es incoherente y genera confusiones a los ciudadanos sobre cuál derecho está por encima del otro. En estos casos hay incoherencia con lo que se predica de no discriminación, de la protección al menos fuerte y de evitar el abuso. Creo que por encima de todo debe estar la protección al más indefenso, en este caso, el que está por nacer”.

¿Hacia dónde legislar?

La abogada feminista advierte que si el Congreso va a legislar sobre el asunto, “no hay retroceso alguno admisible: los estándares fijados en la sentencia se constituyen como mínimos de derechos humanos y cualquier modificación legal tiene que buscar avanzar hacia una mayor garantía del derecho y no retroceder, y tiene que ver con la obligación de progresividad y no regresividad, como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos. El desafío es avanzar hacia la eliminación de barreras y es una oportunidad para darnos un debate en cuanto a la procedencia del aborto solo por la voluntad de la mujer”.

La pastora cristiana, de otro lado, opina que “el Congreso, como representante del pueblo, debe pronunciarse de manera acorde con los preceptos constitucionales. Debe generar claridad sobre este tema y en muchos más: no podemos hablar de proteger a los niños, y por otro lado dictar sentencias que autorizan matarlos, como en la eutanasia y el aborto. No podemos decir que estamos cansados de las violaciones de menores, de su secuestro, de su maltrato, cuando las autoridades cada día desconocen y no castigan a quienes lo hacen”.

Solo bajo estas tres circunstancias:

1. Cuando el embarazo pone en peligro la salud física y mental de la mujer o su vida.

2. Cuando es producto de una violación o de un incesto.

3. Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.