Después de que la Secretaría de Hacienda y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, protagonizaran un pleito público por 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, el economista Juan Moreno analizó cómo se han manejado esos cuantiosos recursos. En entrevista, el también asesor parlamentario revela que, en efecto, se aplican de forma discrecional –probablemente con propósitos electorales– y que de la misma manera los manejó el exsecretario José Antonio Meade, ahora candidato “ciudadano” del PRI a la presidencia. En juego han estado y seguirán estando decenas de miles de millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Resulta que José Antonio Meade, el ciudadano “apartidista”, con fama de honesto y servidor público incorruptible, y que juega como candidato presidencial de la coalición Todos por México, de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, no es nada inmaculado.

El movimiento que emprendió en enero el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la Secretaría de Hacienda la entrega de 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (FFF) –incluido en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación– que habían pactado a finales de 2017, permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar de manera totalmente discrecional cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales.

Así lo dice el doctor en historia económica y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez después de hacer una revisión exhaustiva del FFF, tanto en el Presupuesto de Egresos de la Federación como en la Cuenta Pública Federal de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Explica el especialista en programación financiera que dicho fondo fue introducido de manera subrepticia por la SHCP –cuando el titular era Luis Videgaray Caso– en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal de 2016, dentro del “Ramo 23, Provisiones Salariales y económicas”, con un monto de mil 481 millones de pesos.

Sin embargo, el revisarse los analíticos de la Cuenta Pública para 2016 se encontró que las erogaciones por ese concepto habían alcanzado la insólita cifra de 62 mil 258 millones de pesos, monto 42 veces superior al aprobado en el PEF.

Al siguiente año, los funcionarios de Hacienda encargados indebidamente de elaborar el dictamen del PEF –por ley, esto les corresponde a los diputados– introdujeron un monto de 3 mil 243 millones de pesos en ese fondo del Ramo 23. De nuevo, según el cierre preliminar del PEF para 2017, el gasto reportado asciende a 55 mil 482 millones de pesos, 17 veces por encima de lo incluido en el PEF.

Dice Juan Moreno: “Pero esas enormes desviaciones del gasto público, respecto a lo incluido en el PEF, no son lo más preocupante, sino la total discrecionalidad con que la SHCP maneja esos enormes montos de recursos públicos, así como su dudosa legalidad”.

Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2158, ya en circulación