TOLEDO.- El 'caso Cuadrifolio', a través del cual en 2014 se pretendió inculpar al PSOE de Castilla-La Mancha en una presunta trama de corruptelas que señalaba directamente al Gobierno socialista de José María Barreda, se gestó en el despacho de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, y de lo cual habría tenido conocimiento quien entonces presidía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Así se desprende de las declaraciones del exalcalde de Leganés y hoy diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, quien tras explicar al diario ‘El Mundo’ cómo el PP podría haber evitado el escándalo de la ‘Operación Lezo’ que en estos días le está sacudiendo, en otra entrevista, en este caso a cargo del periodista Carlos Alsina en ‘Onda Cero’, desvelaba también cómo el ‘caso Cuadrifolio’ ‑que precisamente se hizo público a través de una publicación en El Mundo‑ se montó en el despacho de Aguirre.

Una trama sobre la que ha abundado hoy más, al afirmar en unas declaraciones a ‘Cadena SER Castilla-La Mancha’ que personalmente informó al respecto a Cospedal en la sede de la Presidencia regional, en el transcurso de una reunión en la que también participó su mano derecha en el partido y entonces presidente de las Cortes, Vicente Tirado.

No obstante, Gómez también ha apuntado que el primer miembro del PP castellano‑manchego en tener conocimiento sobre lo que se preparaba fue quien era consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, al que "se lo comenté directamente durante un almuerzo en Madrid", ha precisado. "Posteriormente se lo comenté a la anterior presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en su despacho en presencia de Vicente Tirado, en Toledo, en el Palacio de Fuensalida", ha detallado el diputado del PP madrileño.

Por otra parte Jesús Gómez asegura que si bien en el despacho de Aguirre no estaba presente ningún miembro del PP de Castilla-La Mancha, cuando se planteó cómo difundir la presunta trama de financiación ilegal sí "tenían constancia del caso".

Un asunto que fue utilizado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que entonces gobernaba, para acusar a sus antecesores en el Palacio de Fuensalida de diversas prácticas para presuntamente contribuir a la financiación ilegal del PSOE regional. Acusaciones para las que el PP de Cospedal desplegó toda su maquinaria política, lloviendo así las denuncias de prácticas supuestamente ilícitas tanto desde el propio Ejecutivo como desde el partido a nivel regional e incluso local.

Entre ellas, por ejemplo, las acusaciones que vertía el entonces consejero de Sanidad y hoy diputado nacional por Madrid, José Ignacio Echániz, quien aseguraba haber encontrado en la Consejería una factura a nombre de Cuadrifolio según la cual se le habrían abonado 230.000 euros por el transporte y la colocación de las maquetas de distintos centros de salud para una exposición, algo que calificaba como "un despilfarro".

También desde el PP local de Toledo se lanzaron duras acusaciones hacia distintos miembros del PSOE, por aquel entonces en el Gobierno municipal que presidía García-Page, hoy miembros de su equipo en la Junta de Comunidades, a los que se refirió como "panda de chorizos", y que terminaron en los tribunales en forma de querella.

Mientras, desde el PSOE se esforzaban en 'desmontar' con pruebas todo aquello de lo que se les estaba acusando, siendo así como se demostró que un correo electrónico que se había publicado y en el que presuntamente un alto cargo del Gobierno de Barreda en el que indicaba a la empresa Cuadrifolio cómo eludir los controles, no se correspondía con el dominio propiedad de la Junta de Comunidades (jccm.es), sino con el de un empresario estadounidense, propietario de una consultora (jccm.com). Se empezaban así a clarificar que tras esta denuncia sobre trato de favor y financiación ilegal había "algo más", comenzando por una suplantación de identidad.

Un caso Cuadrifolio sobre el que se pronunciaba el pasado mes de enero la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, imponiendo una fianza de un millón de euros y la apertura de juicio oral a cuatro periodistas que en 2014 trabajaban en el diario ‘El Mundo’ por la publicación de una serie de informaciones sobre la presunta financiación irregular del PSOE castellano-manchego a través de la empresa Cuadrifolio.

Se abría así juicio oral por delitos continuados "de calumnias e injurias graves con publicidad" a Casimiro García-Abadillo, actual director de ‘El Independiente’; Eduardo Inda, que hoy está al frente de ‘OKDiario’, y los periodistas de ‘El Mundo’ Esteban Urreiztieta y Santiago González, por la publicación de informaciones en las que se atribuía al Gobierno de José María Barreda de "favorecer" a la empresa Cuadrifolio en la adjudicación de contratos, inflar las cantidades facturadas y contribuir con ello a la financiación ilegal del PSOE castellano‑manchego,

Denuncias todas ellas publicadas en prensa sobre las que la Fiscalía de Castilla-La Mancha abría diligencias de oficio e iniciaba una investigación que finalmente terminaría con el archivo de la causa en febrero de 2016, al no apreciarse irregularidades. Tras ello, ‘El Mundo’ se vio obligado a rectificar.

DESPEJAR INCÓGNITAS Y ASUMIR RESPONSABILIDADES​

Sobre la implicación de María Dolores de Cospedal en el ‘caso Cuadrifolio’ ha opinado la vicesecretaria y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, que ha calificado como “gravísima” la información desvelada por Jesús Gómez.

Para Maestre resulta lamentable que desde el PP “en vez de denunciar o tomar medidas contra la presunta trama corrupta que les afecta con el caso del Canal de Isabel II y que ha llevado a prisión a Ignacio González a prisión, se dedicaran a inventarse falsos casos contra el PSOE castellano-manchego, que siempre ha tenido una conducta intachable”.

Además, la portavoz regional de los socialistas ha indicado que quieren averiguar quién acompañaba a Esperanza Aguirre en su despacho cuando se produjeron estos hechos. “Sobre todo nos gustaría saber quién inspiró esa operación y quien la ordenó, para que se asuman responsabilidades”, ha sentenciado Maestre.