Dicho esto (y a riesgo de que resulte increíble), varios legisladores e ideólogos de la política están pensando en un nuevo impuesto (el 165), lo que será una daga más al ya moribundo esquema recaudatorio nacional. Poco importa si es Carlos Heller, Máximo Kirchner o cualquier otro de los nombres que sonaron estos días como los hacedores del revolucionario proyecto llamado “Impuesto a la riqueza”, “Impuesto a las grandes fortunas” y hasta “Impuesto solidario de emergencia”. Lo que importa realmente es que el único fin que tiene el mismo, es el de vender un poco más de populismo, o lo poco que queda de él a aquellos que aún interpretan que quienes poseen riqueza, son los grandes enemigos de la sociedad.

En resumidas cuentas, podemos decir que el proyecto consta de gravar a los patrimonios que ostenten una fortuna superior a los 3 millones de dólares. Abarcaría (según sus propios creadores) a unas 12.000 fortunas y se estima que tendrá un impacto en la recaudación (también dicho esto por tus progenitores) de unos 3.600 millones de dólares, algo así como 234.000 millones de pesos (calculado al tipo de cambio que ellos mismos pregonan como el único y real: el dólar oficial). El impuesto (cabe aclarar) tendrá carácter excepcional y se recaudará por única vez, en virtud de la emergencia económica en la que estamos inmersos.

En mi afán de continuar con los recuerdos, es atinado mencionar otros impuestos que también fueron en su momento acompañados con la promesa de que su creación era solo a los fines de sobrevivir a una emergencia y que a pesar de ello, aún hoy subsisten: Impuesto a las Rentas (actual Impuesto a las Ganancias, promulgado como un impuesto de emergencia en 1932), el Impuesto a los Bienes Personales (de 1991, el cual tendría una vida de 10 año), el incremento del IVA del 18 al 21% (del año 1995 debido al “efecto tequila” producido por la crisis mexicana), el Impuesto a los Movimientos Bancarios (popularmente conocido como el “Impuesto al Cheque” fue promulgado en el año 2001 como un paliativo temporal a la crisis de aquellos años, impuesto este que aún sufrimos a pesar de ser un cáncer para las empresas y contribuyentes en general) y la Retenciones a la Exportaciones (creadas en el año 2002, también de manera transitoria, las cuáles hoy no solo siguen vigentes sino que cada vez se incrementan más sus alícuotas). Por lo que si hay algo de lo que sospechamos mis estimados legisladores, es que este probablemente sea otro impuesto de esos que seguirán pagando las generaciones futuras.

Si hay algo que demuestra claramente el empobrecimiento de la Argentina es la correlación que tiene la pobreza con el aumento de la presión impositiva y con ella, el crecimiento exponencial del Estado. Al comienzo de la década del 80, el Estado tenía un tamaño que rondaba el 17% del PBI y la pobreza rozaba el 7%. Incluso los planes sociales de aquella época no solo eran muy escasos sino que además, no eran dinerarios: hacer política pasaba por otro lado no tan clientelista como hoy. En la traza que nos transporta desde aquellos años hasta la actualidad, la presión impositiva se ha multiplicado dos veces y media, la pobreza lo ha hecho por seis mientras los planes sociales se han transformado en millones y casi todos ellos, dinerarios. Hoy cerca de 23 millones de personas cobran algún cheque del Estado y 11 millones reciben planes sociales sin ninguna contraprestación, aunque esta cuanta ya ha quedado obsoleta ante la nueva lluvia de ayudas estatales entre la pandemia y el desconcierto económico. Está claro que la mayor presencia del Estado nos ha empobrecido antes, nos empobrece hoy y nos seguirá empobreciendo en el futuro.

El proyecto del “Impuesto a la riqueza” sobre el cual pretenden solucionar todo lo que han venido haciendo mal durante décadas, implica una recaudación que equivale a apenas algo más de dos meses de pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), al 10% de los sueldos de los empleados públicos (sin tener en cuenta los salarios de la salud y de las fuerzas de seguridad), o (para tener una perspectiva más global) a siete días de los gastos del Estado. Incluso las diferentes estimaciones indican que la ineficiencia en el gasto público argentino (corrupción y gasto sin sentido) se ubica en los 7,7 puntos del PBI (unas diez veces lo que se pretende recaudar con este nuevo impuesto). Con solo eliminar la corrupción y la ineptitud no necesitaríamos no solo de este impuesto, sino tampoco de la brutal emisión monetaria a la que nos están sometiendo. En conclusión, desde lo recaudatorio, esta nueva aventura impositiva es la nada misma. Sin embargo, supongamos por un momento que estos $ 234.000 millones que se pretenden recaudar, efectivamente lo solucionen todo: si en Marzo emitimos (entre emisión para atender al Estado y la realizada para cubrir las no renovaciones de Leliqs) algo más de $ 500.000, ¿era necesario por algunas monedas más irritar a 12.000 personas que producen, dan trabajo y que están ya hartas del manoseo público? Lo más curioso es que los propios creadores de este delirio entienden que efectivamente este nuevo impuesto no alcanza para mucho y que vendrán nuevas imposiciones, lo cual implica que este análisis para desgracia de muchos, deberemos repetirlo en breve.

Los legisladores deben pensar y legislar para una Argentina de verdad, que deje atrás el populismo y que entienda de una vez que el sector privado es el gran generador de riqueza y el único que puede eliminar la pobreza y transformar a este país en uno mejor y no centrarse únicamente en poner un impuesto a los que les ha ido mejor en los últimos tiempos, excepto claro que la finalidad de este impuesto no sea la de recaudar, sino en verdad sea la de lograr que aquellos poseedores de grandes fortunas se vayan definitivamente del país.

El Impuesto a la Riqueza (como muchos de los otros 164) castigan la productividad, el éxito y la confianza, cercenando la confianza y demostrando que Argentina no puede cumplir ni sostener las reglas del juego que ella misma escribe. Quienes pretendan que esto generará una mejora en la recaudación se equivocan. Esto generará más desconfianza, evasión y por sobre todo un gran daño institucional cambiando una vez más las reglas del juego. Pretender querer cobrar un impuesto retroactivo y por sus alícuotas, altamente confiscatorio es un nuevo robo de la política al sector privado que solo generará más pobreza, más desocupación y menos futuro para todos.

* Docente universitario, consultor de empresas y conferencista – Columnista económico del programa "Alguien Tiene que Decirlo", de lunes a viernes de 9 a 12 horas por Radio Rivadavia | Twitter: @madorni