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MADRID // El cierre de las centrales nucleares en España supondría la creación de unos 300.000 empleos (de los que 100.000 procederían del desmantelamiento de las propias instalaciones y gestión de sus residuos) e implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros y un crecimiento de la recaudación de unos 2.800 millones. Los datos los ha presentado este miércoles Greenpeace en el informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social, basado en un exhaustivo análisis de la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales.

El documento sostiene que el sector de las energías renovables generaría 200.000 puestos de trabajo, con un alto porcentaje de alta cualificación. Además, no alargar la vida de las nucleares implicaría la gestión de menos residuos radiactivos, con un ahorro de 769 millones de euros en ocho años, así como multitud de ventajas para el medioambiente y la seguridad. «El cierre gradual de las centrales nucleares puede suponer un importante incentivo para la economía española y la creación de empleo. El desmantelamiento nuclear es un hecho necesario e inevitable, y por su implicación en las comunidades locales, merece ser controlado por la sociedad», sostiene Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

En el estudio, la ONG alerta de que las eléctricas apenas han cubierto el 30% del fondo para la gestión de residuos nucleares. Así, recuerda que las inversiones vinculadas al desmantelamiento de estas centrales ascienden a 4.198 millones de euros. «El establecimiento de un sistema de financiación de proyectos requiere del desarrollo de un marco legal adecuado y, sobre todo, de una correcta estimación de los costes», añade el documento. Greenpeace destaca que el cierre de las plantas nucleares también «acelerará» el tránsito hacia un modelo energético más sostenible.

Por todos estos motivos, la organización ecologista propone no conceder ninguna nueva licencia de explotación a los reactores nucleares que operan en España (en la actualidad hay siete en funcionamiento), así como la paralización inmediata del proyecto del Almacén Temporal Centralizado en Cuenca. También propone elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos y un nuevo marco legal para la financiación del desmantelamiento y la gestión de residuos «que no recaiga en los ciudadanos del futuro, sino en las compañías que han obtenido los beneficios», apunta Montón.