Los tres mandos militares de la Inspección General de Sanidad de la Defensa procesados por cobrar comisiones de hasta el 50% a las empresas a las que les adjudicaban servicios de limpieza, formación y administración del hospital Gómez Ulla llevaban un tren de vida de comodidades y caprichos al que difícilmente se podían haber subido con su sueldo normal.

El teniente coronel Francisco N. C., el teniente Miguel Ángel G. C. y el coronel Eduardo S. G. acudían a clubes de alterne con todos los gastos pagados, recibían relojes Omega de sus agradecidos proveedores o eran invitados a copiosas comidas por parte de los adjudicatarios. Pero éstas eran solo algunas de las dádivas que los mandos recibían a cambio de la concesión de adjudicaciones. En ocasiones los favores se pagaban en forma de servicios.

En algún caso, los domicilios particulares de los mandos eran limpiados gratuitamente por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital. Estas señoras de la limpieza eran enviadas a atender las necesidades domésticas de los jefes militares, que también recibían jamones y otros detalles en Navidad.

Las casas de los mandos eran limpiadas gratis por el personal contratado por las empresas que se encargaba del saneamiento del hospital

Estos obsequios se sumaban al dinero en efectivo que recibían de los empresarios por cada contrato que adjudicaban, montante que representaba exactamente la mitad de los beneficios que estos últimos obtenían de las operaciones. Con estos ingresos clandestinos provenientes de las mordidas, los dirigentes castrenses pagaban gastos personales al alcance de muy pocos ciudadanos.

El teniente coronel Francisco N. C., por ejemplo, entre 2007 y 2010 se construyó un barco de recreo realizado en madera y adquirió tres motocicletas, dos coches y dos viviendas en Madrid. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, compra en los ejercicios dos casas en Madrid y una tercera residencia de verano en Vera (Almería). Un informe patrimonial realizado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, encargada de las pesquisas, reveló además que los mandos militares prácticamente han resuelto en los últimos cinco años las hipotecas que tenían sobre sus viviendas.

Según el auto de procesamiento dictado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Togado Militar Central número 1, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los acusados realizaron “amortizaciones de capital exorbitantes”. En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios. En el caso de Francisco N. C., además, tanto en 2008 como en 2009, la Guardia Civil detectó compras por importes superiores a los 80.000 euros cada año. En la causa también constan informes que revelan que las empresas tenían en nómina a personas con una relación cercana a los procesados, documentos que sin embargo no son referenciados en el auto de procesamiento.

En algunos ejercicios, los acusados superaron los 50.000 euros abonados a las entidades bancarias con las que suscribieron los préstamos hipotecarios

En el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Togado Militar Central número 1 el pasado 30 de noviembre, se pone de manifiesto que los tres mandos “exigían comisiones por los contratos adjudicados” y que ya antes de la licitación decidían la empresa a la que le iban a conceder el servicio, lo que supone un uso “fraudulento del procedimiento que regula los expedientes de contratación”.

Habitualmente, los procesados “acudían a la contratación menor” en adjudicaciones que “por su importe o por su objeto debían haberse tramitado en un solo expediente”, 'modus operandi' con el que “eludían los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que la legislación contractual establece”, reza el auto del Juzgado Togado.

La práctica totalidad de las adjudicaciones irregulares tuvieron lugar en relación con servicios prestados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En concreto, se trataba de trabajos de limpieza de las instalaciones, formación del personal, contratación de conductores, vigilantes o expertos en adiestramiento canino, adquisición de maquinaria y otros similares. En ocasiones, no se llevaban a cabo los cursos acordados, no se entregaban los productos concertados o se derivaban los servicios a domicilios particulares de los mandos.

Los tres fueron apartados de sus funciones por el Ministerio de Defensa nada más ser imputados

El coronel Eduardo S. G. desempeñó el puesto de jefe de la Administración Económica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan). Bajo su mando trabajaba el teniente coronel Francisco N. C., que ostentaba el cargo de jefe de la Unidad de Contratación del mencionado Igesan. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, era el responsable del seguimiento de la ejecución de los contratos.

Los tres fueron apartados de sus funciones por el Ministerio de Defensa nada más ser imputados. La Subsecretaría de Defensa, de hecho, fue el órgano que denunció los hechos después de detectar las primeras irregularidades durante una inspección rutinaria. Desde el Ministerio explican que nada más observar estos movimientos extraños, toda la información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Militar, que abrió diligencias y judicializó el caso.