España incumple sus compromisos europeos para preservar la riqueza lingüística del continente. Así lo manifiesta el comité de ministros del Consejo de Europa, que acaba de emitir un informe con recomendaciones en el que emplaza al Gobierno español a reforzar el uso de las lenguas cooficiales en la Administración central y garantizar el derecho de los ciudadanos que las hablan a utilizarlas en los procesos judiciales. La institución con sede en Estrasburgo insta además a los responsables autonómicos de Galicia y Comunidad Valenciana a eliminar los límites impuestos en las aulas a sus idiomas propios.

El quinto diagnóstico oficial sobre el grado de cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, un tratado de 1992 pero al que el Estado español se adhirió en 2001, es el más duro. El Consejo de Europa critica la falta de avances y reitera la necesidad de reformar el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma establece que el uso de un idioma cooficial “solo está permitido si ninguna de las partes se opone”. Lo que debería garantizar, objetan los expertos europeos, es que se pueda emplear siempre que lo pida una de las partes.

El Ministerio de Política Territorial aduce que el informe del Consejo de Estado abarca el periodo 2014-2016 con el PP en el Gobierno, por lo que no tiene en cuenta los avances impulsados por el PSOE, como los cursos a distancia para funcionarios, el reconocimiento de las lenguas cooficiales como méritos en los concursos de traslados o el complemento salarial que cobrarán a partir de 2020 los empleados que las usen. Lo que no aclara el departamento de Meritxell Batet es si se reformará la ley del poder judicial como piden expresamente los expertos europeos.

El gallego se pierde en la escuela

El Consejo de Europa incide especialmente en el grave retroceso que está sufriendo el gallego. “El proceso de desgalleguización está siendo rapidísimo porque no se adoptan las políticas adecuadas para mantener la lengua regional minoritaria que más hablantes tiene en Europa”, coincide el sociolingüista Henrique Monteagudo.

En la esquina noroeste de la península Ibérica el porcentaje de niños que no habla nunca en gallego se ha disparado en una década casi 15 puntos, pasando del 29,59% de 2008 al 44,13% de 2018, según el Instituto Galego de Estatística. Para apreciar la ruptura de la transmisión generacional que reflejan estas cifras, basta compararlas con el número de abuelos que se expresan solo castellano: un 13%. “La transmisión de la lengua de padres a hijos ya no está garantizada y, por lo tanto, la proporción de alumnos con dominio del gallego como idioma de la vida cotidiana también ha disminuido significativamente”, apunta el Consejo de Europa, que pone foco del problema en los colegios e insta al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) a dar marcha atrás al modelo que instauró en 2010.

En Galicia, desde hace nueve años, las escuelas e institutos deben impartir el mismo número de asignaturas en castellano que en el idioma propio de la comunidad. El sistema anterior, puesto en marcha por el bipartito de PSOE y BNG basándose en un plan aprobado por Manuel Fraga, permitía dar más clases en gallego.

El Consejo de Europa concluye que la presencia del idioma propio en el sistema educativo de Galicia “es insuficiente, particularmente a nivel preescolar”. “Al firmar la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, España se comprometió a que hubiese una línea de educación íntegramente en gallego y no existe. Es un incumplimiento flagrante de un compromiso del Estado”, apunta Monteagudo, secretario de la Real Academia Galega. El PP suprimió los programas voluntarios de inmersión lingüística que funcionaban en educación infantil para facilitar el aprendizaje del gallego a niños de entornos castellanohablantes.

La Xunta no piensa atender la recomendación del Consejo de Europa. El Gobierno de Feijóo se aferra a la “legalidad” de su modelo educativo y destaca que los últimos datos estadísticos que maneja revelan que el número de gallegohablantes aumenta del 50,9% al 51,88%. El presidente gallego admite la caída entre los más jóvenes pero sostiene que la solución es impulsar “campañas de promoción”.

Oficina de quejas en la Comunidad Valenciana

El informe del Consejo de Europa también critica, aunque de forma más suave, la normativa escolar en la Comunidad Valenciana por impedir la existencia de “programas de inmersión” lingüística en valenciano. “Si los tribunales no permiten la inmersión lingüística completa, no se puede hacer”, responde el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. En 2015, el Ejecutivo integrado por PSOE y Compromís aprobó una normativa que potenciaba la enseñanza en valenciano, pero la justicia anuló varios artículos. Ahora los colegios deciden las horas impartidas en valenciano y castellano con un mínimo del 25% en ambas.

El informe constata “mejoras significativas” en el uso del valenciano y destaca la reapertura de la televisión y radio autonómicas. Las dificultades para el uso de este idioma las reflejan las quejas presentadas en la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat. En 2018, primer año de funcionamiento, la Consejería de Sanidad fue el organismo más señalado, con denuncias de pacientes por la imposibilidad de comunicarse en valenciano.

Un vecino de Alicante que acudió a la oficina asegura que en mayo se dirigió en valenciano a un policía local que le estaba poniendo una multa y el agente le espetó: “En Alicante el idioma oficial es el español, no entiendo su dialecto”. Una mujer relata que en un centro de salud en Valencia, la médica le respondió: “No entiendo el valenciano, así que si quiere que le ayude...” Y la de un vecino de Xàtiva que telefoneó en agosto a la Tesorería de la Seguridad Social y fue interrumpido por su interlocutora: “Estás llamando a la Tesorería de la Seguridad Social y tienes que hablarme en castellano”. Cuando el hombre le dijo que estaba llamando a una oficina valenciana, la empleada colgó.

En Baleares solo dos jueces usan el catalán

El déficit de lenguas cooficiales en el sistema judicial español lo corrobora desde Baleares la titular del Juzgado de Instancia número 24 de Palma, Victoria Crespí. Solo ella y otro magistrado, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Gabriel Fiol, dictan siempre sus sentencias en catalán. “El uso de las lenguas no es nada igualitario” apunta Crespí, que lo achaca a factores como el desconocimiento del idioma o problemas a la hora de traducir los dictámenes. “Yo pido la traducción de mis sentencias, pero solo hay un traductor que además también trabaja con otros idiomas”, lamenta Crespí, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una investigación por la queja de un abogado que recibió un fallo en catalán, aunque finalmente le dio la razón a la magistrada.

Para Crespí otro de los problemas es que el CGPJ no ha editado ningún diccionario jurídico en catalán en el que los magistrados puedan apoyarse “porque el lenguaje es cambiante y supone un plus de esfuerzo dar con determinados términos”. Aboga por campañas de concienciación para que la gente que quiera expresarse en catalán “sepa que puede hacerlo”.

Para el abogado Josep de Luis, presidente de Obra Cultural Balear, se sigue utilizando el castellano “por cierta inercia” a pesar de que existe un marco jurídico que permite “una teórica normalidad del catalán”. “Parte de una falsa presunción de que pudiera ponerte el juzgado en contra”, lamenta De Luis.

Pegatinas para ser atendido en euskera

El Consejo de Europa critica que “no está garantizado” el uso del euskera en los procedimientos civiles, criminales y administrativos, donde las sentencias y la atención a las personas en ese idioma brilla por su ausencia. El informe precisa que solo 16 de los 343 magistrados son bilingües. Extiende el déficit a la universidad, concretamente a las carreras de Derecho y Medicina, mientras reconoce el esfuerzo en la Ertzaintza, donde el 42% de los agentes tienen esa capacitación, y en el Servicio Vasco de Salud, con un 34%. Pese a los tirones de orejas, el Gobierno vasco está “razonablemente satisfecho” con las conclusiones del Consejo de Europa. La viceconsejera de Política Lingüística, Miren Dobaran, cree que se reconoce el impulso al euskera en la Administración vasca.

La portavoz del sindicato de enfermería, Satse, Amaia Mayor, reconoce que el personal sanitario ha hecho un esfuerzo grande para certificar el nivel exigido en sus puestos de trabajo y así garantizar el derecho de los ciudadanos: “Somos el colectivo más amplio, incluidas las matronas, y el que más se ha euskaldunizado”. Los trabajadores de la sanidad vasca llevan una pegatina con una E para que los usuarios sepan quiénes les pueden atender en euskera y si así se solicita todas las comunicaciones oficiales se pueden recibir en ese idioma. El colectivo donde menos extendido está el bilingüismo es el de los médicos especialistas.

Con información de Ignacio Zafra, Lucía Bohórquez y Pedro Gorospe.