El Ministerio del Interior está terminando de procesar las estadísticas de criminalidad del primer semestre del año, con la seguridad de que estarán muy lejos de concretar la previsión anunciada en junio de 2017, cuando el ministro Eduardo Bonomi, declaró en una entrevista concedida a Búsqueda, que en 2018 las rapiñas caerían un 24%, cifra "muy cercana" al 30% prometido por el presidente Tabaré Vázquez durante la campaña presidencial. "Cuando el presidente manejó esas cifras es porque las teníamos muy estudiadas", había sentenciado entonces el jerarca.





Pero las cosas no ocurrieron de acuerdo a lo planeado y entonces el gobierno empezó a preparar el terreno y abrir paraguas para anunciar datos desalentadores que indican que finalmente durante el primer semestre de este año las rapiñas subieron 50%. Para justificar este cambio de tendencia, la cartera ensayó distintas explicaciones: primero Bonomi responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia por haber liberado a varios presos durante su visita anual a cárceles; luego indicó que problemas en la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) llevaron a que se judicialicen menos denuncias que con el sistema anterior.





Sobre este punto, el ministro destacó que debido a que el nuevo CPP propone que la prisión preventiva sea una excepción –cuando antes era la regla- hay alrededor de unos 1.400 presos menos, de los cuales un 60% están cometiendo delitos.





Más tarde, en entrevista a El Observador, el director Nacional de Policía, Mario Layera, dijo que desde que está operativo el nuevo código "llevar una investigación a largo plazo es difícil porque hay un lío en la Fiscalía que no te lo permite. Además, señaló que el Estado "está muy compartimentado", y que la Policía no puede acceder a "determinada información" con la que cuentan el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, Secundaria Y Primaria, lo que serviría para crear un "perfil" de los delincuentes.





La pasada semana Bonomi volvió a cargar contra el Poder Judicial al criticar a los jueces que ordenan custodias policiales para proteger a víctimas de violencia doméstica, en lugar de encarcelar a los agresores, una tarea que ocupa a 500 efectivos en Montevideo y 100 en Canelones. "Con decisiones judiciales están determinando las políticas públicas y eso no corresponde. El juez no puede sacar policías de la calle cuando está planificado un sistema de patrullaje, vigilancia y acercamiento a la población", señaló Bonomi.





Consultado por El Observador, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, dijo que a partir de octubre se empieza a notar un cambio en los bienes de los que se hacen los delincuentes durante una rapiña. Si en 2016 el 38% de las rapiñas eran objetos de valor, como carteras, championes, celulares, y el restante 62% era dinero, en 2017 el 59% de lo robado eran objetos y el 41% era dinero. "Esto quiere decir que el delincuente tiene más dificultad para robar, roba por menos monto, porque lo que roba lo tiene que vender, y necesita de robar más veces para sobrevivir". La explicación es que "la inclusión financiera, sacar dinero de la caja dio resultado, ahora tienen más dificultades para conseguir dinero".





Los planes para cambiar la pisada

Tobilleras y custodias

La cartera trabaja en un proyecto de ley que permita dar un protocolo para la colocación de tobilleras electrónicas en casos de violencia doméstica. La medida incluye la obligación de que jueces consulten a un equipo asesor integrado por funcionarios de la cartera que ayuden a definir si esta medida, que tiene como objetivo mantener alejadas a las víctimas de sus agresores, es o no eficiente.





Asimismo, se establece que aquellos hombres que rompan la tobillera sean enviados a prisión, ya que según dijo Vázquez, hay casos en lo que esto ocurre y los jueces vuelven a insistir en la colocación de una tobillera, cuando "quedó demostrado" que este sistema no funcionó. En 2018 unos 20 agresores rompieron la tobillera que llevaban puesta.





Asimismo, la cartera adquirirá 200 tobilleras electrónicas más para dar respuesta a la creciente demanda. Actualmente casi 20 mujeres se encuentran en lista de espera en Montevideo para recibir tobillera. Mientras tanto se les asigna una custodia policial.





Más policías, más patrullaje

El Ministerio del Interior está reclutando unos 500 policías para integrar una unidad de Guardia Republicana que actuará en los departamentos ubicados al norte del Río Negro. La base estará en Salto y allí estarán apostados unos 150 efectivos.





Asimismo, se ubicará en Salto una base de Policía Aérea que vigilará desde el aire los departamentos del norte.





Vázquez dijo a El Observador que esto permitirá trasladar los distintos efectivos que debieron ser trasladados desde Montevideo para atender situaciones puntuales en el norte del país (a salto viajaron 30 de Guardia Republicana), hacia el sur, y sobre todo para reforzar la zona costera hacia el este del país.





También se espera que los policías que trabajan en el norte puedan apoyar a los balnearios del sur y este del país durante la temporada de verano.

