El Ayuntamiento de Madrid pagará 21 millones de euros hasta 2019 a la orden religiosa Compañía Jesús Provincia de Castilla por el alquiler de un aparcamiento de tres plantas en la zona de Chamartín que no alcanza el 1% de ocupación. Según los registros municipales, en 2015 funcionó al 0,8% de su capacidad.

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El contrato se firmó a través de una sociedad pública por el Gobierno que presidía Alberto Ruiz Gallardón y tiene una cláusula de penalización, en caso de que sea rescinda, que obliga a la administración a pagar la totalidad del importe. Cuando expire la concesión, la infraestructura seguirá en manos de la orden religiosa Compañía Jesús Provincia de Castilla.

Madrid Movilidad, la sociedad pública dependiente del Ayuntamiento, extendió un cheque en blanco a la entidad católica en 2007 cuando esta afrontó las obras en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, un centro concertado de élite situado al norte de la capital.

Con cargo al dinero de todos los madrileños, dicha empresa municipal adquirió un compromiso de pago hasta 2029 basándose en unas previsiones que quedaron muy lejos de cumplirse. Los cálculos del Ayuntamiento entonces establecían que el parking, situado al lado del colegio jesuita ganaría 1,1 millones cada año. Se trata de un centro concertado de élite donde estudió el propio Gallardón y algunos de sus hijos, según públicó EL PAÍS. La realidad es que en los primeros cinco ejercicios, desde 2009, ha perdido 2,5 millones de euros. A pesar de las pérdidas, el Gobierno que preside Manuela Carmena no tiene capacidad para resolver el contrato. En caso de hacerlo, la orden jesuita percibiría los 21 millones de euros pactados hasta 2029, según figura en la auditoría ciudadana, cuyas conclusiones presentaron ayer el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, junto a la portavoz del Consejo Asesor responsable del dictamen, la profesora Bibiana Medialdea.

Ese informe de técnicos externos explica que "la supuesta rentabilidad de la inversión se justificó en base a un estudio económico que establecía unas previsiones, dada la zona de establecimiento del parking [en la zona de Chamartín pegada al colegio], absolutamente irreales, de forma que actualmente las ocupaciones reales del aparcamiento sólo alcanzaron el 1,17% de las ocupaciones estimadas y los abonos vendidos no llegaron ni al 10% de lo estimado en dicho estudio".

La auditoría ciudadana concluye que "el Ayuntamiento se verá constreñido por un contrato claramente abusivo a seguir utilizando el parking, en el que ya ha perdido más de 2,5 millones de euros hasta 2015, a pesar de que el proyecto se aprobó suponiendo que cada año obtendría un beneficio neto antes de impuestos de más de un millón de euros".