La fiscal reduce en más de un 50% las multas que solicitó para Alavedra y Prenafeta tras llegar a un acuerdo con los acusados

Macià Alavedra y Lluís Prenafeta podrán eludir la cárcel por el caso Pretoria al no tener antecedentes penales y conseguir que el Ministerio Fiscal les rebajara la pena de prisión de seis años y 10 meses a dos años para cada uno. Así informó, este jueves, la fiscal encargada de la causa, Ana Cuenca, en su escrito de conclusiones durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por este caso de corrupción urbanística destapado en localidades de Barcelona, entre 2001 y 2009.

Los que fueran ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña en las décadas de los 80 y 90 estaban acusados de dos delitos continuados de tráfico de influencias y un delito continuado de blanqueo de capitales. Tras reconocer los hechos investigados y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, Alavedra y Prenafeta lograron rebajar la gravedad de los delitos imputados, que pasaron a ser dos de tráfico de influencias y uno de blanqueo, pero no continuados.

La decisión del Ministerio Fiscal benefició también a estos dos veteranos políticos catalanes en cuanto a las multas a pagar por su implicación en el caso. La fiscal las rebajó en más de un 50%. Así, en el caso de Macià Alavedra, ex consejero de Economía de Pujo en los 90, tendrá que abonar tres millones de euros, frente a los 10,3 solicitados en el escrito de acusación inicial de la Fiscalía.

En cuanto a Prenafeta, ex secretario de Presidencia de la Generalitat en los años 80, la cantidad también se redujo, pasando de 13,8 millones a 5,8 millones de euros. Fuentes jurídicas advirtieron a este diario de que ambos políticos abonaron ya gran parte de las multas tras poner sus bienes a disposición del tribunal.

Los ex altos cargos de Pujol confirmaron haber cobrado comisiones por intermediar entre empresarios y el presunto cabecilla de la trama urbanística, Luis Andrés García, alias Luigi. En concreto, un 4%. Es más, el propio García, empresario y ex diputado autonómico del PSC, reconoció el cobro de esas comisiones en su declaración, el pasado 15 de marzo, calificándola de "una intermediación estrictamente privada".

En total, el caso Pretroria llevó al banquillo de los acusados a 11 personas por presuntos cobros de comisiones ilegales tras intermediar en operaciones urbanísticas realizadas en las localidades de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona. El tribunal que juzga esta causa está presidido por Concepción Espejel.

A dos sesiones de que concluya el juicio, que arrancó el pasado 12 de marzo, la fiscal Cuenca modificó también su acusación para el resto de acusados. Así, para el presunto cabecilla de la trama, la representante del Ministerio Fiscal incrementó la pena de prisión de ocho a 13 años, así como la multa, de 22,5 millones a más de 26 millones de euros. La Fiscalía acusa a Luigi de dos nuevos delitos: uno continuado de cohecho y otro de falsedad en documento oficial. García responderá también por tres delitos de tráfico de influencias -uno de ellos, continuado- y otro de blanqueo.

Para Bartomeu Muñoz Calvet, alcalde de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet entre 2002 y 2009, la fiscal incrementó la pena solicitada de seis años y 10 meses a 12 años y cuatro meses, además de aumentarle la multa de 4,2 millones a 6,8 millones. En este caso, la Fiscalía acusa a Muñoz de dos nuevos delitos, prevaricación administrativa -por el que reclama una pena de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público- y delito continuado de tráfico de influencias. El ex alcalde está acusado también de dos delitos de cohecho, uno de ellos, continuado.

En el caso del ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, la Fiscalía mantiene la pena de un año de cárcel por un delito continuado de tráfico de influencias, pero le rebaja el importe de la multa a la mitad. De 4,15 millones a 2,5 millones de euros.

Para Manuel Valera, considerado el testaferro de Luigi, la fiscal aumentó la pena de cárcel solicitada a cuatro años y 10 meses, de los dos años y nueve meses que pidió en su escrito de acusación inicial. No obstante, le rebajó la multa a pagar de 6,1 millones a 3,6 millones de euros.

En cuanto a los empresarios José Singla y Manuel Carrillo, el Ministerio Fiscal fijó la pena solicitada para el primero en cuatro años y cinco meses -en un principio, la condena reclamada por la fiscal era de tres años y seis meses- y para el segundo, con quien llegó a un acuerdo, rebajó la pena a seis meses.

En relación a Gloria Torres y Philip McMahan, considerados testaferros de Macià Alavedra, la fiscal llegó a un acuerdo con ellos tras reconocer los hechos, rebajándoles la pena a seis meses de cárcel. Una situación similar se produjo en el caso de la mujer de Lluís Prenafeta, Lluisa Mas, a quien le rebajó la condena de tres años y seis meses a seis meses.

El juicio prosigue el 10 de octubre, con la lectura del informe final del Ministerio Fiscal, para dar paso a la opción que tienen los acusados a tomar la última palabra, el 11 de octubre, fecha fijada como último día del juicio.