– La información va a sorprender a muchos e inclusive, al personal del propio Canal 9, quienes permanecen al margen de los planes que tiene Alicia Kirchner para la emisora, altamente deficitaria, con problemas claros de administración, virtualmente vaciada y que siempre fue un objetivo del ex chofer de Néstor Kirchner. Acá le contamos cómo y de qué manera estudian las alternativas para entregar el negocio del canal provincial al amigo K, de cara a las elecciones del año 2019. Pero Rudy no irá solo; estará acompañado por otro “exitoso empresario K” de medios local.

LU 85 Canal 9 es una televisora provincial, que bajo la mano del kirchnerismo no ha superado la línea de una emisora militante, creada para darle difusión pura y exclusivamente a los actos del gobierno provincial, reproducir propaganda política de los candidatos del FPV y ser el móvil de campaña del partido gobernante, además de haberse transformado en retransmisora de telesur. En la década pasada recibió buena tecnología, pero su producción nunca estuvo a la altura de las necesidades de la provincia; solo abasteció de argumentos y difusión al relato K.

Pésimamente administrada, se constituyó en refugio de ñoquis y favores políticos; reducto de camporistas a las órdenes de Máximo. La producción periodística estuvo ausente y nunca le permitieron a la oposición, utilizar la pantalla para decir algo en contra del gobierno K. Sus desmanejos, las internas políticas y gremiales, abonaron al colapso de una emisora con posibilidades desaprovechadas. Como no podía ser de otra manera, comenzó a sufrir los mismos padeceres de otros organismos provinciales: falta de fondos, retraso en los salarios, paros, persecusiones y peleas entre la gerencia, los trabajadores y el gobierno.

El personal nucleados en el SATSAID (pero no totalmente apoyados por el gremio), comenzó a protestar poniendo placas negras por 10 minutos, pidiendo el pago de sueldos. La situación fue deteriorándose hasta que ayer una Resolución emitida por el Presidente del Canal, Lic Mario Borgne, camporista llegado desde Buenos Aires en diciembre 2015 luego de cumplir tareas para CFK, cursó una nota a los directivos pidiéndole sanciones “a los que obstruyan o impidieran” la transmisión normal del canal “poniendo placas o avisos que no fueran contemplados por la Gerencia de Producción y Programación”, indica el documento, dejando aclarado que dicho procedimiento “atenta contra la fuente laboral” le pide a los directivos de las áreas que “arbitre las medidas de forma urgente”.

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Preparación del terreno

Una situación fáctica que no se puede discutir es la falta de pago de sueldos en tiempo y forma por parte del gobierno provincial, motivo fundamental del conflicto que ya tiene sus meses de antigüedad. Esto acarrea problemas en todas las áreas provinciales: Educación, salud, viales, judiciales, Servicios Públicos, entre otros y también el canal 9. Sin embargo, la gobernadora tiene planes para la emisora provincial y por ello es tan importante que los conflictos no desaparezcan totalmente. Todo ello sumado a la situación de “quebranto” expresado por Kirchner y las condiciones de “austeridad” en la que supuestamente se encuentra la provincia, sumado a la inminente renovación del servicio satelital (ARSAT), sin el cual el canal provincial no podría repartir su imagen más allá de Río Gallegos, es campo de cultivo de los planes virtualmente “privatizadores/tercerizadores” que tiene el gobierno para la emisora, cuidando, claro está, que no caiga en cualquier manos, síno en manos amigas.

Estos planes están siendo “evaluados” y son de conversación obligada en reuniones dedicadas que se están haciendo, para buscarle la forma de ceder el canal en un plazo perentorio (antes de las elecciones) y el elegido, de acuerdo a nuestras fuentes muy cercanas a la mesa chica donde se elucubra la maniobra, es el inefable Rudy Ulloa Igor, que ya tiene el monopolio de los medios televisivos de la ciudad, con canal 2, Canal 10, su productora de radio y televisión y el diario digital.

Para no colisionar con la Ley, entraría en juego como socio del diversificado Rudy, un conocido empresario de medios de esta capital: Leopoldo Kalmus y sus hijos, propietarios del diario Tiempo Sur y Fm Tiempo y además, uno de los Kalmus ser funcionario del gobierno provincial frente al ISPRO.

Lo que ha podido determinar esta Agencia, de acuerdo a infidencias de fuentes muy bien informadas, es que todo se tiene bajo siete llaves para “dar el golpe” en el preciso momento en que todo esté “debidamente cocinado”, esto es: el instrumento legal redactado, los diputados del oficialismo enterados de qué se trata y todo el aparato interno del FPV decidido a dar apoyo a este pase de manos. En teoría, todo debiera pasar por la Cámara de Diputados, donde hasta el momento no existe ningún proyecto al respecto, pero está en estudio un plan alternativo que podría fundarse en la necesidad de tercerizar el canal por razones presupuestarias y dentro de la emergencia económica; en ese caso se hablaría de “presiones del gobierno nacional” para “achicar” gastos y están viendo la forma de extender la franquicia a Ulloa y sus socios, una meta, por otra parte, que siempre tuvo en la mira el ex chofer de Néstor Kirchner.

Uno de los objetivos que se están manejando entre las estrategias desplegadas por el gobierno, Ulloa y los negociadores de esta tercerización de Canal 9, es la reducción prácticamente a cero del personal de la planta emisora. Ulloa no quiere cargar con ese pasivo ni con el proceso de despido y el consecuente conflicto. Una de las alternativas sería proceder a la jubilación anticipada de quienes ya estén en condiciones de acogerse al beneficio, forzar renuncias, contratos, el ofrecimiento de jubilaciones y/o retiros voluntarios o simplemente ofrecer reubicación de algunos trabajadores en otras áreas de la administración pública provincial.

Los objetivos enumerados por las fuentes en los inmediato son los siguientes: desligar a la provincia de lidiar con los problemas de la emisora, reducir drásticamente la estructura de personal que hoy está sobredimensionada, deshacerse de empleados conflictivos que son parte de la interna del canal. Los objetivos de los “empresarios” a corto plazo son: facturar millonarias sumas de parte de la provincia que comenzaría a “pagar” por los servicios, apoderarse de la pauta privada mediante una fuerte campaña entre los abonados comerciales a los medios de Ulloa y Kalmus, utilizar la pantalla para la campaña política de octubre y de cara al 2019 y de alguna manera, unificar todos los canales de esta capital y la provincia, bajo un monopolio que será manejado por personas con intereses económicos-financieros y políticos directos con la gobernadora Alicia Kirchner. Esto, en términos comunicacionales, es pretender manejar el mensaje e instalar en la provincia un 6,7,8 propio.

El proceso comenzó. El SATSAID muestra un lánguido apoyo a los trabajadores que reclaman y son amenazados desde la presidencia del canal con descuentos y despidos. La única valla que tienen hoy los mentores de esta idea, es legal. Cuando encuentren un resquicio, una fundamentación, una excusa o puedan armar un motivo legalmente fundamentado para tercerizar el servicio del canal, seguramente Lu 85 Canal 9 pase a manos de Ulloa Igor y allí, entonces, comenzará a escribirse una nueva historia de la televisora estatal. (Agencia OPI Santa Cruz)