La Subsecretaría del Deporte realizó una auditoría en la que se revisaron las cuentas rendidas por la Corporación X Juegos Suramericanos Santiago 2014 y aprobadas por el Instituto Nacional del Deporte (IND), específicamente por la Unidad de Rendición de Cuentas, para la realización de los X Juegos Suramericanos y Panamericanos Odesur 2014. El documento, con fecha de emisión de noviembre de 2015, objetó un total de $4.195.370.248, según precisa el informe al que tuvo acceso. Dicho monto corresponde al 43,77% del total revisado correspondiente a más de $9 mil millones. Cabe decir que la auditoría interna revisó los montos que la Contraloría General de la República (CGR) no incluyó en la muestra de su informe final de septiembre de 2015, en el que objetó un total de $4.096.350.082. Para organizar la realización del evento, se creó la mencionada corporación, cuyos socios fundadores son el IND y el Comité Olímpico de Chile (COCH). Esta entidad fue la que recibió los fondos para llevar a cabo la tarea.También se determina la existencia de facturas de compra por servicios y asesorías sin contrato por más de $2 mil millones. Aquí se incluyeron servicios de alimentación, transporte, mantención del sitio web, arriendo de equipos, entre otros. El documento detalla facturas cuyos servicios o adquisición de bienes no fue posible determinar y otras que no tenían relación con el contrato presentado por más de $300 millones. Entre estas, la de mayor valor corresponde a un pago al exterior por medio del Banco Santander a MSL Technology SL, empresa dedicada a la automatización, programación, creación y comercialización de servicios informáticos, por $247.190.469. Los antecedentes presentados no explican por qué se pagó dicha suma y no se adjuntó ningún contrato. Se refuta el pago de diplomas por más de $3 millones casi nueve meses después de que terminaran los juegos, la rendición de más de $4 millones por no poseer comprobantes del pago de gastos comunes de oficinas arrendadas para la corporación y cargos bancarios sin respaldo, y se validaron recibos para justificar el arriendo de bienes muebles por más de $31 millones. Según detalla el informe, lo anterior no corresponde, pues al arrendar ese tipo de bienes se debe emitir una boleta o factura con IVA. El pago de $360.000 para cargas de teléfono por semana se califica como “cobro pagado en exceso”, pues ese servicio no estaba acordado con la empresa en cuestión, Transporte Transurbano Chicureo Ltda. Por contrato, esta solo tenía la labor de facilitar dichos medios de comunicación. Se objetan más de $700 millones por gastos en pasajes, alimentación y alojamiento de deportistas, pues no se entregó una nómina oficial que diera a conocer el nombre de estos, el país al que representaban y la disciplina con la que participarían en los juegos. Se observa la entrega de facturas por más de $400 millones por no incluir documentos que respaldaran si los bienes o servicios adquiridos fueron recibidos y, finalmente, se evidencia un mayor pago en algunas remuneraciones, según lo acordado en el contrato, por más de $17 millones. Ernesto Galaz y Marcela González, ex asesor jurídico y ex directora ejecutiva de la corporación, respectivamente, son algunos de los nombres que figuran en la nómina de exceso en el pago de remuneraciones. De acuerdo al informe, el contrato de Galaz era por $2 millones. Sin embargo, aparece con más de $1 millón de monto en exceso. Lo mismo ocurre con González, quien recibiría $3.200.000 y aparece con más de $3 millones de monto en exceso. Galaz señaló en conversación con este diario, que no conocía los resultados de este informe pero aclaró que dicho monto en exceso se justificaba ya que en los últimos meses antes de los juegos “hubo un aumento de $500 mil para todos los funcionarios que trabajaban en la corporación. Eso fue un acuerdo del presidente del directorio y del directorio. De $2 millones pasamos a $2 millones y medio”. Agregó que “el directorio de la corporación asumió que la pega fuerte iba a ser en los últimos meses antes de los juegos y por eso aumentaron los sueldos. Además fue el periodo en que se contrató a más gente”. Al respecto, el informe de la auditoría precisa que “pese a que ciertos documentos contractuales autorizaban montos por bonos por desempeño, no existe ningún medio de verificación que autorice alguna bonificación que explique la diferencia”. En esa línea, el documento califica con “criticidad alta” estas observaciones por considerar que requieren “atención y tratamiento urgente” pues podrían “dar lugar a un debilitamiento en el proceso de Rendición de Cuentas”, lo que podría provocar “un impacto adverso a nivel institucional para las actuales y futuras revisiones de cuentas”. En relación al mayor pago de remuneraciones señala que las consecuencias son “la vulnerabilidad de la imagen del servicio y el cuestionamiento de la probidad de los funcionarios de la corporación.”. Se acusa una “deficiente gestión respecto al resguardo de los recursos fiscales y un mal uso de los recursos del Estado”. Se concluye además que la Unidad de Rendiciones de Cuentas del IND no realizó un instructivo escrito que permitiera a los funcionarios de esa área llevar a cabo sus labores. La ausencia de estos manuales escritos vulnera la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado Decreto Ley n°1.263 de 1975, art. N°61, que indica que hay que ceñirse a las instrucciones que dicte Contraloría para llevar a cabo estas tareas. No cumplir con esto podría ser “objeto de reparo y sanciones” debido a la “mala administración de recursos públicos”. La auditoría recomienda que se revisen los documentos que acrediten el desembolso de bonos para quienes presentan exceso de pagos y, en caso de que esto no pueda acreditarse, solicita “reversar” dichos montos. Exige que se capacite a los funcionarios de la unidad responsable sobre cómo acreditar los gastos en rendiciones siguiendo la normativa establecida y realizar un trabajo de planificación para coordinar todas las demás áreas de trabajo, tales como la Contraparte Técnica, el Departamento de Fiscalización, la Unidad de Administración de Programas y el Departamento Jurídico. Pese a que se determina que la mayoría de las observaciones “se enfocan a la responsabilidad” de la Unidad de Rendiciones de Cuentas del IND, se aclara que “esto no significa que el problema sea de responsabilidad exclusiva de esta área”, pues “existe un problema integral del sistema y una coordinación inter organizacional escasa del IND entre sus áreas”.El informe de auditoría expresa que para llevar a cabo la revisión de los inventarios de los bienes de la corporación se realizó un trabajo en terreno y de recopilación de información. Para esto se accedió al “sistema de registro” que utilizó la entidad, el que solo corresponde a un listado de los bienes y en donde no se especifica información que permita deducir que estos se encuentran “contabilizados e incluidos en un sistema de control de inventarios”. Dicho listado contiene información respecto al nombre del coordinador, deporte, recinto, fecha del inventario, estado y la cantidad de implementos de cada evento deportivo. Con estos datos se hicieron actas de “traspaso de equipamiento” que informan de la entrega de estos a las federaciones deportivas. La auditoría tuvo acceso a 46 actas, las que aparecen firmadas por el representante designado por el IND, Álvaro Reyes, encargado de entregar los elementos. Pese a que en estas se indica que la mayoría de los instrumentos deportivos fueron recibidos por las federaciones, la auditoría precisa que dicha información “no da certeza de que correspondan a la totalidad de los bienes, no existiendo tampoco un informe final del encargado de la corporación ni del funcionario nominado por el IND”. Por otro lado, se acusa una situación pendiente con una camioneta Ssang Yong y una van Hyundai que se encuentran en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), según detalla el informe. No obstante, en el documento aparece que el encargado de contabilidad del COCH precisó que no existe un “acta de entrega de los vehículos” y que solo hay anotaciones de ingreso en el libro de Registro de la Guardia de quienes los recibieron. En esa línea, el informe también detalla que Marcela González le envió un correo a la ministra del Deporte, Natalia Riffo, a la subsecretaria de la misma cartera, Nicole Sáez, y al presidente del COCH, Neven Ilic, señalando que el traspaso oficial de los vehículos estaría “pendiente” y solicitando instrucciones al respecto. De acuerdo al informe, se indica que la Jefa de Alto Rendimiento del IND tiene celulares y las llaves de dos bodegas del Estadio Nacional, en las que se encuentran artículos de la corporación. Se aclara que los celulares no los “habría recibido formalmente” y que ha distribuido algunos bajo recibos sin la realización de un inventario. Al respecto se precisa que “faltan procedimientos, definición de responsables de los inventarios y existencia de un registro de los bienes”, lo que “reviste especial atención por cuanto involucra la responsabilidad de funcionarios del IND”. Se determina que es “posible” que existan más elementos sin actas de entrega en otras instalaciones del IND y de la Subsecretaría. En esa línea, se concluye que no hay un sistema de control de inventarios que informe la cantidad total de los bienes y que no es posible identificar los listados de las actas como los bienes que adquirió la corporación para los juegos. El que no se haya realizado el traspaso oficial de algunos bienes desde la corporación a la Subsecretaría del Deporte y al IND, y la ausencia de los registros de los bienes que pertenecen a otra institución “puede ser motivo de reparos y afectar las responsabilidades individuales, por parte de la CGR”, señala el informe. Tras la revisión del inventario, la situación se calificó nuevamente con “criticidad alta” por requerir “atención y tratamiento oportuno”, pues podría generar “impacto adverso tanto a nivel institucional como en la opinión pública”. En relación a las observaciones se concluye que se muestra “una realidad distorsionada de la situación de los bienes adquiridos por la corporación y el destino final de ellos”. Se afirma que lo anterior afecta al IND ya que se han “recepcionado bienes sin un adecuado control”. Como recomendación se indica que la División de Administración y Finanzas del IND regule la situación con la aplicación de las normas correspondientes. Consultado sobre esta auditoría, Galaz indicó que “cuando el IND hace esta auditoría, se está auditando a sí mismo. Ellos mismos son los que deben $4 mil millones. Es insólito. Aquí no había gente externa al IND para que trabajara con las platas. Fue el IND y el COCH”. “El IND está tratando por todos los medios de evadir responsabilidades y traspasarlas a la corporación”, sentenció. Finalmente, la auditoría puntualiza en una de sus conclusiones finales que el IND debe revisar los montos que financiaron actividades de infraestructura, a través de 26 proyectos deportivos, por un total de $3.522.880.000 y $1.440.576.878 correspondiente a un proyecto no auditado por encontrarse en la Unidad de Rendiciones de Cuentas del IND.El pasado miércoles 20, el ex presidente de la Asociación de Funcionarios de Chiledeportes (Anfuchid), Álvaro Muñoz, declaró por casi dos horas en la Fiscalía Oriente de Santiago debido al oficio que envió en octubre de 2015 al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por “irregularidades detectadas” en la rendición de cuentas de la corporación. En el documento, dirigido al presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, se establece que $3.849.598.989 no han podido ser aclarados y se precisa que “existen fundadas sospechas de conductas constitutivas de delito, tales como malversación o defraudación de caudales públicos y eventual sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco”, de acuerdo al documento al que accedió este diario. Se acusa la presentación de boletas de garantía vencidas por “importantes montos de dinero”, lo que impide cobrar la suma correspondiente en caso de que los servicios no hayan sido prestados según lo esperado y se denuncia la “inactividad del IND y Mindep en torno a la obligación de denunciar la eventual comisión de delitos ante el Ministerio Público”. Se determina la existencia de “absoluta inercia del IND respecto a las eventuales acciones civiles tendientes al reintegro o restitución de $2.783.270.009, por ausencia de rendición de cuentas” y “ausencia de claridad respecto de pagos de servicios sin identificación de ítem, rubros u otros antecedentes por la suma de $1.044.413.426”. Finalmente, se denuncia que existen $127.810.407 que se obtuvieron de intereses bancarios, “producto de transacciones realizadas por la Corporación Odesur 2014, persona jurídica sin fines de lucro”. Sobre este último punto, la abogada de Anfuchid, Alejandra Miranda, precisó aque dicho monto “se debe porque es ilegal y punto. La corporación, al tener personalidad jurídica sin fines de lucro que trabaja con patrimonios estatales, no puede gestionar intereses bancarios”. “Veo que este va a ser el motivo de la condena más inmediato. La corporación guardó plata del fisco y obtuvo intereses bancarios. Sobre eso no hay discusión”, añadió. Galaz se refirió a este tema y aseveró que, de acuerdo a los estatutos de la corporación, lo anterior sí puede realizarse. Dicho documento, al que accedió este medio, señala en el Título III sobre Patrimonio que “a objeto de asegurar el financiamiento de las obras y actividades de la corporación, sus recursos en dinero serán mantenidos por el directorio, preferentemente en instrumentos financieros y depósitos bancarios, tales como fondos mutuos, depósitos a plazo, entre otros”. Para Galaz la iniciativa de Anfuchid de llevar esto al CDE se debe a que “en el fondo, están tratando de buscar que Ruiz-Tagle (el ex ministro de Piñera) cometiera irregularidades. Hoy estamos en una caza de brujas. Todo lo que signifique involucrar a alguien es bueno”. Considera además que Anfuchid está “equivocado de sede. La Contraloría todavía no cierra su investigación y, por lo tanto, tiene que resolver sobre los nuevos antecedentes que fueron aportados por el instituto”. El pasado lunes la causa fue reasignada al fiscal José Antonio Villalobos, quien es parte del equipo del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.Para organizar este evento deportivo, que se realizó entre el 7 y el 18 de marzo, se creó una corporación sin fines de lucro. Gabriel Ruiz-Tagle fue el primer presidente del directorio pero después, con la creación del Ministerio del Deporte, se convirtió en titular de esta cartera. Por ello, Catalina Anfossi asumió como presidenta de la corporación y trabajó a la par con Marcela González y Ernesto Galaz. González, directora nacional del IND durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, se desempeñó como directora ejecutiva de la corporación. Por su parte, Galaz, director jurídico de la Secretaría General de Gobierno desde 1990 a 2010, fue el asesor jurídico de la corporación y en la segunda administración de la Mandataria, asumió como jefe de la División Jurídica del Mindep. Según un documento al que accedió, en abril de 2014 el director nacional del IND en ese tiempo, envió un oficio al presidente del COCH en el que señaló quiénes serían los cuatro representantes del IND en el directorio de la corporación. Entre estos se encontraba la actual ministra del Deporte, Natalia Riffo, y la subsecretaria, Nicole Sáez. Pese a esto, Galaz precisó, en conversación con este diario, que “este fue un acto administrativo que no tuvo consecuencias jurídicas porque nunca fue presentado a ninguna asamblea, ni reunión del directorio de la corporación. Por lo tanto, ellos nunca asumieron en propiedad sus cargos”. Por otro lado, según otro documento que está en poder de este medio, González cumplió funciones en la corporación solo hasta el 30 junio de 2014. No obstante, de manera posterior a esa fecha continuó recibiendo oficios relacionados con la rendición de cuentas por los juegos Odesur. Incluso, el 31 de diciembre de 2015, recibió uno por parte del IND para comunicarle los resultados obtenidos por la auditoría realizada por la Subsecretaría del Deporte y le informa que “los respaldos presentados son insuficientes para acreditar el gasto”, por lo que solicita antecedentes adicionales.