Este lunes, 16 de abril, empieza el juicio contra ocho jóvenes de Altsasu acusados de terrorismo. Para protestar contra una acusación “desproporcionada” la organización de familiares de las personas detenidas Altsasu Gurasoak convoca en Iruñea una manifestación este sábado 14 de abril.

Cuando tres de las y los seis jóvenes de Altsasu lleven 517 días encerrados en la prisión de Soto del Real en Madrid a 400 kilómetros de sus casas, se celebrará su juicio por delitos de terrorismo. El juicio durará del lunes 16 de abril hasta el 27 del mismo mes. Las tres personas encarceladas lo están en régimen de FIES (Fichero interno de especial seguimiento) mediante el cual se encuentran prácticamente incomunicadas; la llamada cárcel dentro de la cárcel.

Los hechos de los que son acusados Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno -en cárcel-, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola y Ainara Urkijo -en libertad provisional con medidas cautelares- se remontan a la noche del 15 de octubre de 2016 cuando se produjo una pelea entre las personas encausadas y tres guardias civiles y sus novias. Hace 545 días.

Concentración en Iruñea

515 días después de la detención, el 14 de abril, se producirá en Iruñea una manifestación bajo el lema “Justicia. No es terrorismo”, convocada por la plataforma que agrupa a los padres y madres de las personas detenidas, Altsasu Gurasoak. La concentración que dará comienzo en los cines Golem de la localidad pretende demostrar una vez más el apoyo masivo hacia las personas acusadas entre la sociedad tanto vasca como de más allá de Euskal Herria. En total más de 90.000 personas han firmado el manifiesto contra la represión judicial que las y los jóvenes de Altsasu están sufriendo y que ha sido impulsado por Altsasu Gurasoak.

La manifestación también quiere poner de relieve la situación de ocupación policial que vive Euskal Herria. Pese a que ETA cejó su actividad en 2011, la presencia de cuerpos policiales en zonas como Altsasu sigue inalterada. Según señala Jaime Montero Román, abogado de los y las jóvenes de Altsasu, el caso en cuestión demuestra la resistencia de un cuerpo policial a perder sus privilegios en el territorio.

La Junta de portavoces del Parlamento de Nafarroa con los votos favorables de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra aprobaba el 9 de abril una declaración institucional de apoyo a la manifestación convocada para el sábado. Tanto UPN como PSN y PPN votaron en contra de la declaración.

La construcción de caso

Pese a que desde el principio algunas vecinas y vecinos que presenciaron la pelea consideraron que se trataba de una “pelea de bar”, el 19 de octubre -hace 541 días- el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), gracias a la ayuda de medios de comunicación como ABC, El Mundo o El País empezó a construir otra narrativa de los hechos: había sido un atentado terrorista de ETA con gran violencia.

Tal y como señala Jaime Montero Román, abogado de los y las jóvenes de Altsasu, en un vídeo elaborado por la Asociación Libre de Abogados, tras la irrupción de Covite y los medios españolistas, fue la Audiencia Nacional de la mano de Carmen Lamela quien se sumó al linchamiento de las personas encausadas. La jueza solicitó al juzgado de instrucción número 3 de Iruñea que se inhibiera del caso en favor de la Audiencia y desde esa misma sala judicial, el fiscal José Perals pidió un total de 375 años de prisión -penas de cárcel que van desde 12 a 60 años de cárcel- para las ocho personas jóvenes y una indemnización de 41.000 euros.

La Audiencia Nacional, afirma la letrada en el caso Amaia Izko, en una actuación sin precedentes decidió no admitir la práctica totalidad de las pruebas que la defensa de los y las jóvenes de Altsasu presentó. Se desestimó la gravedad real de las lesiones contra los Guardia Civiles, en realidad lesiones leves; se desestimaron las irregularidades en el testimonio de los Guardia Civiles agredidos que solo quisieron testificar ante otros Guardia Civiles y no ante la Policía foral; se desestimó que el 26 de octubre de 2016 -hace 523 días- seis de los ocho acusados y acusadas se presentaran voluntariamente en los juzgados de Iruñea para prestar declaración como prueba de su cooperación con la justicia.

Muchas voces han denunciado la desproporcionalidad de las acusaciones. Desde Amnsitía Internacional hasta, incluso, personas como la del coronel en jefe de la Guardia Civil, Javier Hernández, que consideró que la criminalización que está viviendo Altsasu por un caso de violencia juvenil es desmesurada.

Tanto partidos políticos como sindicatos de la sociedad vasca también se han posicionado en contra de la instrumentalización de la justicia española. De este modo, el 10 de abril, las organizaciones laborales ELA, LAB, ESK, CGT, EHNE y STEE solicitaban al Juzgado Decano de Iruñea que intercediera en el Consejo General del Poder Judicial para que el caso se instruyera en la capital navarra.

El último ejemplo de la vergüenza en el Caso de Altsasu

Hace 43 días, el 1 de marzo, la defensa de las y los jóvenes de Altsasu recusaba a la magistrada que instruirá su caso, Concepción Espejel, con la intención de apartarla del juicio. La presidenta del tribunal está casada con un coronel de la Guardia Civil y ha sido condecorada por este cuerpo con el distintivo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en su categoría de Cruz con distintivo blanco. Esta es la misma condecoración que el cuerpo policial entregó a la jueza Lamela.

Según afirma la defensa, Espejel mantiene “lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido” y por eso se ve “gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo”.

Finalmente, la Audiencia Nacional rechazó por “extemporáneas” las peticiones de los acusados de apartar a Concepción Espejel del tribunal que debe juzgar a los y las jóvenes de Altsasu.

http://arainfo.org/515-dias-de-verguenza-irunea-se-manifiesta-contra-el-montaje-del-caso-de-altsasu/