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La controversia desatada en Suecia ilustra hasta qué punto el llamado oficio más antiguo del mundo encaja como un guante en la economía compartida.

La policía de Estocolmo informó hace unos días al periódico sueco Daegens Nyheter que los trabajadores sexuales del país estarían usando, al menos, 200 apartamentos de Airbnb y otros servicios de subarrendamiento, para prestar sus servicios.

Si la policía descubre lo que está sucediendo en determinados apartamentos, lo que hacen es contactar a los propietarios de esas residencias.

"Muchos se quedarán completamente destrozados cuando lean la carta y descubran lo que está pasando", comenta en las páginas de Dagens Nyehter Simon Häggström, responsable de la unidad de prostitución en el departamento de policía. "Cuando se enteran, hay muchos que quieren deshacerse de la cama y vender el apartamento".

Los partidarios de la despenalización de la prostitución han proclamado que el hecho de que los trabajadores sexuales ofrezcan sus servicios en apartamentos de alquiler temporal, ilustra el fracaso del llamado "modelo nórdico", basado en legalizar la venta de sexo, aunque no su compra.

"Son muy buenos a la hora de vendernos que la idea les está yendo bien", cuenta a VICE News Pye Jakobsson, co-fundadora de la Alianza Rosa de Suecia, un grupo de defensa de los derechos de las prostitutas. "Se supone que no deberíamos de existir. Para los suecos esto es un grave caso de identidad intolerable. A ellos les encanta ser la brújula moral del mundo. Les pasa lo mismo que le pasa a Estados Unidos".

En 1999, Suecia legalizó la venta de sexo, pero mantuvo su compra en la ilegalidad. La ley se proponía reducir la prostitución a partir de una premisa muy simple: castigar al cliente, y no a la mujer que trabaja en el negocio. En Suecia hay muchas mujeres que llegan de los países más pobres del a Europa del Este o del sur de Asia para ofrecer sus servicios como prostitutas.

El modelo sueco resultó de lo más inspirador para muchos países de todo el globo, especialmente para algunas divisiones feministas y progresistas que abogan por proteger a las mujeres abusadas. Noruega e Islandia no tardaron en imponer normativas similares. Y Canadá e Irlanda están debatiendo si incorporar o no versiones igualmente parecidas. Gran Bretaña lo intentó con un modelo similar, pero fue votado en contra en el último minuto.

Sin embargo, la ley se ha encontrado también con férreos detractores, especialmente entre aquellos que proceden de organizaciones consagradas a defender los derechos de los trabajadores sexuales. Aquellos que trabajan en la industria del sexo han denunciado que la ley en cuestión disminuye su seguridad, puesto que obliga a que el intercambio se produzca se manera clandestina, y les dificulta la tarea de calibrar a sus clientes. Los detractores también han subrayado que el impulso de la ley resulta denigrante para la mujer.

"Es muy sexista", afirma Norma Jean Almodovar, directora ejecutiva de la división de Los Ángeles de la organización para los derechos de los trabajadores sexuales conocida como COYOTE. "Ellas creen que todas las mujeres son víctimas: estamos todos siendo explotados".

Los impulsores de la ley aseguran que tal línea de pensamiento es una falacia.

"Cualquiera que crea que existe algo parecido a una prostituta feliz debería de darse una vuelta por la calle con nosotros cualquier noche y mirar a esas mujeres a los ojos", opina Nadine Bergquist, miembro de Rosenlundstodet, una organización de voluntarios que ayuda a las prostitutas a dejar su trabajo. Bergquist no se mordió la lengua durante una entrevista publicada por el periódico canadiense Globe&Mail el año pasado.

En el año 2014 un estudio del gobierno sueco concluyó que la prostitución callejera en el país había disminuido hasta la mitad en comparación con los índices registrados en 2005. Sin embargo, la metodología empleada ha sido cuestionada y otros estudios en profundidad han descubierto que la ley ha fracasado en su intento de disminuir los niveles de prostitución en general. Además, se cree que la ley también ha contribuido a aumentar significativamente los daños y la exclusión social que van asociados a este tipo de actividades.

La noticia de que las prostitutas están alquilando apartamentos a través de Airbnb está recortando los ingresos de las prostitutas, que se ven obligadas a pagar el alquiler de apartamentos. Es exactamente lo contrario de lo que el gobierno se había estado jactando que iba a conseguir, comenta Jakobsson.

"La policía se está dedicando de manera muy pero que muy activa a cerrar cualquier local en el que podamos trabajar", comenta. De hecho, Jakobsson está convencida de que el personal de los hoteles suecos ha sido entrenado específicamente para impedir la entrada de prostitutas. "A la gente se le han ocurrido soluciones de lo más creativa".

La ley sueca estipula que las autoridades pueden cobrarle a alguien por proxenetismo si la persona en cuestión alquila una habitación a sabiendas de que será utilizada por una prostituta, añade Jakobsson. Eso es lo que explica que sea la misma policía la que envía las cartas a los dueños de las casas — y es, muy probablemente, el mismo motivo por el que los dueños se ponen tan nerviosos cuando las reciben, explica.

"Según la ley que combate el proxenetismo, el dueño del apartamento será culpable una vez sea descubierto", cuenta. "Se supone que es entonces, cuando descubren la actividad que se está llevando a cabo, cuando están obligados a tomar medidas razonables para detener la actividad".

Airbnb puede resultar una manera de eludir las leyes contra el proxenetismo, añade Jakobsson, porque es la web — y no una persona — la que se encarga de organizar el alojamiento.

En otro reciente artículo sobre la prostitución en Gotemburgo publicado por Dagens Nyheter, Airbnb emitió un comunicado en que afirmaba que la empresa no sanciona las actividades ilegales que se producen en los apartamentos que alquila.

"Nuestra política es de tolerancia cero en asuntos como este", lee el comunicado. "Más de 70 millones de huéspedes se han alojado en Airbnb, y es increíblemente raro que surja un problema entre el cliente y su anfitrión. Si surge cualquier clase de conflicto, trabajamos deprisa para hacernos cargo de nuestros anfitriones y de los clientes, y para impedir que aquellos usuarios que han hecho un uso inadecuado de su alojamiento queden excluidos de nuestra plataforma y de su comunidad".

Jakobssen establece un paralelismo entre cómo la policía pretendía combatir la prostitución con fuertes represalias y con cómo las autoridades de todo el mundo quieren regular Airbnb, Uber, y otras empresas que han afluido en la encrucijada de las economías compartidas. El gobierno se inclina a cuestionar cualquier negocio en el que existan transacciones económicas que escapan al control de hacienda, de la policía o de otros reguladores, explica.

"En Suecia el estado lo es todo", sentencia Jakobssen, y cuenta cómo los países escandinavos disponen de un estado del bienestar plagado de beneficios. Claro que al mismo tiempo, esperan que los suecos se comporten de acuerdo a unas reglas intraspasables de comportamiento social.

"Se trata de dar cabida a la pequeña familia que es el estado. Aquellos de nosotros que decidimos vivir fuera de esos límites tan específicos, nos encontramos con que se nos enfadan, con un estado intervencionista que quiere que dejemos de ser diferentes", concluye.

Sigue a John Dyer en Twitter: @johnjdyerjr