En una reciente querella, el Consejo de Defensa del Estado le imputó a la firma asiática el delito de responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que sobornó a un funcionario público de la casa de estudios, para ganar un concurso de instalación de luminarias y conseguir pagos irregulares. Quien entregó la coima de 8 millones de pesos en efectivo fue Waldo Rojas Soto, el tío de Natalia Compagnon. El ilícito que cita el libelo, podría significar la cancelación de la personalidad jurídica de LG -que implicaría su cierre en Chile- o el pago de una millonaria multa. La conducta desplegada por Rojas Soto, es la misma que usó para entregar al mismo empleado fiscal 30 millones en efectivo, pertenecientes a la multinacional española Isolux, que también mantuvo contratos con la entidad educacional. Este último soborno, se vincula a los llamados “cuadernos de las coimas” en Argentina, ya que Waldo Rojas, fue contratado para operar en Chile y conseguir millonarios contratos de infraestructura por el jefe de Isolux en el país vecino, Juan Carlos de Coycoechea. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de la multinacional coreana LG, por el delito de responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que sobornó a un funcionario público para ganar una licitación de luminarias en la Universidad de Santiago, como también para recibir pagos de manera irregular.9,

La acción legal -que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– establece la dinámica que ejecutó el gigante coreano a través de dos de sus ejecutivos, quienes usaron a Waldo Rojas Soto -tío de Natalia Compagnon- para que Mauricio Carrasco, entonces jefe de finanzas de la Usach, cometiera cohecho por 8 millones de pesos. (Lea la querella completa)

El libelo ingresado ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, revela que Carrasco ingresó a trabajar a la casa de estudios en 2012, pero mantenía un nutrido contacto con Waldo Rojas, desde muchos antes. Fue en ese contexto que este último organizó una reunión entre Carrasco y el gerente de ventas de LG, Roldán Díaz Delgado, para exhibir los productos, con miras a cambiar la iluminación en las salas de la Usach.

El encuentro derivó en que la multinacional coreana contratara a una empresa externa para “determinar áreas en que sería factible instalar iluminación LED”, señala la presentación del CDE. Hecho eso, el 31 de enero de 2013 LG se ganó la licitación, gracias a los oficios de Carrasco, que manipuló los requisitos para que ganara la firma asiática por un monto superior a los 69 millones de pesos.

Posteriormente, Carrasco llegó a un acuerdo verbal con Díaz Delgado para instalar más luminarias LED, que no estaban cubiertas por la licitación.

“Es decir, sin ningún respaldo y sin cumplir con la normativa de la Usach. Estos trabajos se ejecutaron desde el primer semestre de 2013, hasta alrededor de octubre del mismo año, a un costo de $117 millones 547 mil 144 pesos”, sigue el documento. Como se ve, el trato directo fue más caro para la Usach que la propia licitación.

En un principio, el pago fue rechazado por la autoridad universitaria, pero Carrasco logró saltarse los controles y la suma fue cancelada íntegramente a LG a través de dos facturas, el 16 de abril de 2014. Según el CDE, las gestiones realizadas por el jefe de finanzas -“con el que la empresa LG (…) se benefició”- derivaron en que Waldo Rojas le entregara a Carrasco 8 millones de pesos en efectivo.

El sistema del pago de la coima ejecutado por Waldo Rojas a Carrasco, fue el mismo que usó en 2014, pero con el dinero de la multinacional española Isolux. En la oportunidad el tío de Natalia Compagnon le entregó -en dos oportunidades- bolsos negros con 15 millones de pesos contante y sonante en su interior.

El soborno fue por dos “trabajos”. Primero, que Isolux se adjudicara la licitación por 9.500 millones de pesos, para construir un edificio en la Usach y adelantar ilegalmente los estados de pago, pese a los evidentes atrasos en la obra.

Por las coimas de ambas empresas extranjeras con asiento en Chile, Carrasco está condenado por cohecho y fraude al fisco en carácter de reiterado, aunque no pasó un día en la cárcel, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes. (Lea la condena de primera instancia)

Lo particular de esta sanción penal, es que ni Waldo Rojas ni los ejecutivos de LG se encuentran formalizados.

Escuche el audio de la formalización al funcionario coimeado de la Usach

Hay que recordar que Rojas Soto se liga a los llamados “cuadernos de las coimas” en Argentina, ya que fue contratado para operar en Chile -y conseguir millonarios contratos de infraestructura- por el jefe de Isolux en el país vecino, Juan Carlos de Goycoechea. Este último es investigado por la justicia trasandina y ya declaró haber pagado sobornos durante la gestión de los Kirchner.

Existen también vínculos en el caso Caval. De acuerdo a radio Cooperativa, el socio de Compagnon, Álvaro Valero, condenado por delito tributario por la justicia de Rancagua, explicó que se sintió “engañado y utilizado por Natalia, quien desarrollaba una agenda propia y paralela de negocios en concomitancia con Waldo Rojas y Sebastián Dávalos, quienes desarrollaban negocios valiéndose de la empresa Caval, pero sin integrar las utilidades de estos negocios a la misma”.

Isaac Givovic, yerno del actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, indicó que conoció a Waldo Rojas a raíz de proyectos inmobiliarios de Compagnon con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, aunque no detallo cuáles, publicó la exrevista Qué Pasa.

Coincidencias

Durante la tramitación del caso, el 31 de julio de 2016 el Ministerio Público allanó la empresa Tangerine, propiedad del prestamista Fernando Cassorla, donde se incautaron una serie de documentos que dan cuenta que vendía publicidad electoral, entre ellos al PS Carlos Montes, actual presidente del Senado y padre del entonces fiscal regional Andrés Montes.

Actualmente, el ex jefe de esa zona del Ministerio Público, es el fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que reemplazó -con mayores atribuciones- a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Pues bien, en agosto de 2017, Andrés Montes estaba a poco de cesar su cargo y debía encontrar trabajo. Fue así como en el mismo mes de 2017, postuló al nuevo puesto de la CMF.

Coincidentemente, publicó La Tercera, un mes antes, su padre Carlos Montes, como miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta presentó en la sala el documento que contenía la propuesta para que la Presidenta Michelle Bachelet eligiera a los integrantes del Consejo de la CMF. La Corporación, por unanimidad, nombró a Kevin Cowan, Mauricio Larraín, Rosario Celedón y Christian Larraín.

Nueva coincidencia, fueron estos últimos tres que eligieron al ex fiscal Andrés Montes para el nuevo cargo en diciembre de 2017. En su oportunidad, Carlos Montes fue consultado sobre el particular. Indicó que desconocía por completo que su hijo hubiera postulado el cargo, toda vez que carecía de injerencia sobre los consejeros.

La movida

Cuando Isolux pagó las coimas por 30 millones a Carrasco, celebró un contrato con Tangerine, mediante el cual Waldo Rojas cobraría sus comisiones.

LG no estuvo ajeno a esta estrategia e hizo lo propio con Fernando Cassola, el dueño del factoring -señala el CDE- usando documentos tributarios ilícitos y así pagar el soborno a Carrasco.

“Son falsas porque no existe a su respecto una contraprestación por parte de Tangerine a LG, que justifique los pagos, sino que estos corresponderían a triangulaciones para entregar el dinero a Waldo Rojas, a fin de que con una parte del dinero pagara el soborno a Carrasco y retuviera para sí el saldo restante, como retribución de su actuar ilícito”, detalla el libelo.

Las dos facturas falsas suman 23 millones de pesos por lo que se estima que Waldo Rojas podría haber recibido cerca de 15 por coimear a Carrasco.

En la carpeta de investigación de la fiscalía, existen una serie de testimonios y documentos que dan cuenta que el contacto de Waldo Rojas en LG era el gerente de ventas Roldán Díaz.

Un segundo sospechoso, según el CDE, es Eduardo Quezada Araya, entonces gerente de cuentas importantes de LG, a cargo de supervisar las obras.

“En consecuencia, cuando Tangerine remite a LG las dos facturas falsas mencionadas, por servicios que nunca se prestaron a LG, los querellados Díaz y Quezada sabían que estas eran falsas ideológicamente y que ellas se habían emitido para triangular los dineros que se requerían, a fin de sobornar a Carrasco”, asegura el organismo en su querella.

Quezada declaró en el caso y confesó que Tangerine nunca prestó servicio alguno a la multinacional LG. En su testimonio ante la fiscalía, aseguró: “Era vox populi de que los pagos a los asesores incluían pagos por coimas a funcionarios. Tengo muy presente una frase de Roldán Díaz; “No sabemos ni queremos saber para qué ocupan la plata (…)”.

LG en problemas

En 2009 entró en vigencia en Chile la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, para cumplir con el estándar OCDE en materia de persecución de los delitos de corrupción.

Básicamente, el cuerpo legal establece que las empresas también son responsables de la comisión de ilícitos, según el CDE. Para el caso de la investigación en contra de LG se cometió soborno, ya que ejecutivos de la firma -bajo supervisión de los dueños o controladores- realizaron las triangulaciones con Tangerine para el pago de la coima. Por su parte Carrasco, como funcionario público cometió cohecho.

“La empresa LG (…) tiene responsabilidad en los hechos señalados, por cuanto incumplió sus deberes de dirección y supervisión respecto de la prevención del delito de soborno cometido por sus gerentes Díaz Delgado y Quezada Araya y (…) Waldo Rojas Soto, al haber este entregado la suma de 8 millones de pesos a Carrasco, sobornándolo, a fin de que (…) realizara las gestiones necesarias al interior de la universidad para que esta contratara con la empresa, fuera de la normativa (…) beneficiándose con ello”, agrega el CDE.

El organismo, para fundamentar que el LG es responsable en calidad de autora del delito, tomó en consideración el testimonio prestado por Andrés Palacios Braccesi, gerente legal de compliance de LG. Este último, aseguró que la firma contaba con un “sistema de prevención de delitos” desde 2015. En otras palabras, normas internas implementadas para detectar actos ilegales de empleados de la firma. De acuerdo a lo señalado por el CDE, la empresa hasta ahora no ha entregado ninguna prueba de ello.

Una fuente ligada a la compañía, indicó que el CDE habría caído en un error, ya que se proporcionaron a la fiscalía todos los documentos del programa interno para la evitar la comisión de ilegalidades. En ese sentido, se indicó que la firma ha prestado toda la colaboración.

Las sanciones que enfrenta LG van de la cancelación de la personalidad jurídica, lo que implicaría su cierre o bien millonarias multas que deben ser fijadas por el Ministerio Público y confirmadas por un tribunal.

Radio Bío Bío contactó al abogado Mario Vargas, patrocinante de Rojas Soto en el caso, pero indicó que analizaba aún la querella del CDE, por lo que no podía emitir comentarios.