Volvió a formarse una cola para entrar a la Audiencia Nacional. Comenzaba la fase final del proceso, y todos los acusados deben presenciarlo. En el vestíbulo se reencontraban más que como niños tras el verano, como reclutas después de un permiso. La cortesía ofrece un refugio: esas preguntas por los hijos, la familia, los qué tal todo sirven para encender el piloto automático, sonreír un poco y no pensar en que está cerca el final del enorme limbo que ha supuesto este macrojuicio. Entrar a la sala lo cambió todo: a partir de ese día (23 de octubre) los procesados fueron vislumbrando los contornos de un futuro aciago.

La fiscal Concepción Sabadell inició su informe dando por confirmadas las sospechas del escrito de acusación. Incidió desde el principio en la idea de que, gracias a las pruebas, los testigos y los peritos, había quedado acreditada la existencia de una organización, “un sistema”, creado premeditadamente para delinquir. Se refirió a los hechos como “modo de vida” y negó que fueran actuaciones puntuales. “Es una actividad duradera de una organización con un mecanismo para obtener fondos públicos a cambio de sobornos”, afirmó. “Un enriquecimiento que se consiguió con el abuso de las funciones públicas de los acusados” que “viciaron los procedimientos de contratación”. Desestimó las peticiones de rebaja de penas de gran parte de los procesados, aunque reservó un gesto hacia Francisco Correa que, quizás, le reste alguno de los 125 años de prisión solicitados. Sabadell no aceptó atenuantes, pero sugirió al tribunal que, a la hora de dictar sentencia, considerara la actitud del cabecilla al confesar y aportar información relevante para el caso.

Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, en su condición de presos, entraron los últimos y por una puerta lateral más cercana a la primera línea del banquillo. Crespo, el número dos, había perdido rectitud. Álvaro Pérez el Bigotes, más encanecido y flaco, parecía enfermo. Correa se sentó, clavó los codos en las rodillas y hundió tanto la cabeza que, visto desde atrás, a veces, adquiría la forma de un torso decapitado.

El objetivo de la fase de informes finales es cerrar el relato, precisar sus puntos de solidez y encarar el cuento de la Fiscalía con el cuento de las defensas. Al final, un juicio no es más que una disputa entre relatos que pretenden instituirse como verdad sentenciada; y en el caso concreto de las acusaciones, una forma de dotar al daño cometido de una suerte de certificación oficial para justificar el daño (la condena) que se administrará después. Los acusados acuden y escuchan cómo es el Estado el que se hace cargo de su historia. El primer derecho que pierde un reo es el de la posesión de una narrativa propia.

Por eso, mientras Concepción Sabadell reconstruía las irregularidades de la trama y mencionaba nombres, los aludidos empezaban a negar ostensiblemente desde sus asientos. Según los nombraban, se iban activando como si fueran una tribu de muñecos con cabeza basculante de esos que uno pone en el salpicadero para alegrarse el viaje. En el suelo, bajo las sillas, se veían bolsos de piel y una cartera de apariencia ministerial de Alberto López Viejo: un sueño roto resumido en un maletín con cierres dorados.

Las pruebas remaban a favor de la fiscal. Sobre la impugnación de las grabaciones y las peticiones de nulidad (a las que se adhirió el PP), Sabadell indicó que la validez de las mismas se había confirmado a lo largo del procedimiento y criticó la actitud goebbeliana que han mantenido algunas defensas: “Por mucho que se insista y se reitere, una alegación no se convierte en verdad”. Para ello, se apoyó también en las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que negó las supuestas irregularidades en las grabaciones, los registros y la cadena de custodia de las pruebas.

El ministerio público explicó, parte por parte, la composición de la trama. Sobre las empresas del grupo Correa, dijo que “la estructura la creó Luis de Miguel para ocultar la identidad del verdadero responsable”. Todas las firmas constituían un solo cuerpo. “Las hojas de coste, los cambios de trabajadores de una sociedad a otra, el cálculo total de los beneficios acreditan que todas pertenecían a la misma voluntad de acción. La finalidad era obtener contratos públicos de forma opaca”, apuntó. Se construyeron “para poder fraccionar contratos de modo oculto sin que pareciera que se trataba del mismo servicio”. La organización funcionaba de manera jerarquizada como una mafia.

En Majadahonda se podía comprobar en toda su magnitud la naturaleza perversa de este sistema. “Es el ejemplo paradigmático de cómo una asociación parasita un ayuntamiento, controla la gestión, elimina los órganos de control que existan y todo aquello contrario a la intención de lucrarse”. Las propias empresas de Correa elaboraban los pliegos de condiciones de los concursos públicos que luego ganaban. En el caso de la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (por la que Correa repartió 240.000 euros en comisiones), las empresas de la trama ya estaban preparando el trabajo antes de que se efectuara la adjudicación. Según Sabadell, las ofertas de Correa eran las más baratas, pero porque ya habían pactado sobrecostes. “Se ponía un sobreprecio del que ni siquiera se beneficiaba el ayuntamiento, sino los propios acusados y el PP”.

Dentro de la vertiente política de la organización, cada miembro desempeñaba una tarea específica destinada al saqueo. José Luis Peñas, autor de las grabaciones, tampoco quedó exonerado en el relato de la fiscal: tanto él como Juan José Moreno ponían al servicio de la trama sus facultades en el consistorio. Ambos fueron fundamentales para la marcha del caso, sin embargo, según el escrito de acusación, también recibieron regalos y contraprestaciones por sus cargos y por la adjudicación de contratos.

El ministerio público contará con dos días más para desgranar sus conclusiones. Después será el turno de las defensas. El día 10 de noviembre quedará visto para sentencia. Hasta entonces volverán a montarse colas para entrar en la Audiencia, pero serán solo colas de abogados y acusados. Apenas se vio media docena de periodistas el día 23. El 26 de julio, cuando compareció Rajoy hubo 312 reporteros y 21 medios extranjeros. Uno de los mayores casos de corrupción de la historia va a revelar su rostro definitivo mientras el partido que lo avaló y lo sostuvo irrumpe en una autonomía y se erige en garante del orden y la legalidad. Aquí, lejos de todo, en la calle Límite, en una esquina de un polígono industrial de San Fernando de Henares, se desmonta esa presunción; aquí el PP no es constitucionalista ni un partido de Estado, aquí el fango que hay detrás de esas siglas se explica con pruebas, cifras y rostros, pero casi nadie está mirando.