Los magistrados de restitución de tierras han condenado a 19 reconocidas empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor a devolver 53.821 hectáreas de tierra a campesinos despojados.

Así lo reseñó un informe que realizaron de manera conjunta las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, señalado cómo en 24 sentencias los magistrados cuestionan a las empresas que compraron tierras a muy bajos precios, en medio de la violencia que ha padecido el país por el conflicto armado.

En las empresas cementeras está Argos S.A (Fiducor S.A.), con dos sentencias. Una del Tribunal Superior de Cúcuta del 17 de febrero de 2016 y otra del Tribunal Superior de Cali del 18 de agosto de 2016 que se refieren ambas a predios ubicados en el Carmen de Bolívar, donde hubo hechos de violencia paramilitar en el año 2000.

En una de esas sentencias, reseñó el informe, se indica que “(…) el desplazamiento y despojo de predios en la zona de ubicación del inmueble restituido sirvió al propósito de concentración de la propiedad en cabeza de un único propietario a través de una triangulación de negocios que llevó a que aprovechándose de la situación de violencia se privara arbitrariamente, y por ínfimos valores, a los campesinos que allí eran propietarios de unidad agrícola familiar”.

El informe reseña también una condena del Tribunal Superior de Antioquia del 11 de febrero del 2016 en contra de la empresa bananera CI Banana S.A. sobre un predio en Mutatá, Antioquia, en la cual se indica que no hubo una mínima precaución para adquirir el predio en condiciones adecuadas en la zona que enfrentó episodios de violencia guerrillera y paramilitar.

En el sector financiero existe una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia del 27 de febrero de 2015 que relaciona a Bancolombia en un litigio por un predio en Valencia, Córdoba. El informe explica que allí se niega el reconocimiento de la hipoteca a favor del Banco y afirma que se realizaron negocios en medio de un contexto de intimidación que vivía la región, sin verificar la legalidad de los respectivos títulos.

En cuanto a las empresas palmicutoras hay una sentencia del Tribunal Superior de Cúcuta del 24 de septiembre de 2013 contra de la sociedad Las Palmas LTDA sobre un predio en Sabana de Torres, Santander; así como una del Tribunal Superior de Antioquia, del 17 de junio de 2014, contra la empresa Palmas de Bajirá sobre un predio en Mutatá. Allí, reseñan las Fundaciones, la sentencia cuestiona la adquisición de un terreno baldío de manera arbitraria e ilegítima que motivó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos.

También hay una condena contra Palmas de Bajirá y Palmagan S.A. del Tribunal Superior de Antioquia, del 27 de octubre de 2014 por otro predio en Mutatá.

Igualmente, hay una condena del Tribunal Superior de Antioquia del 23 de septiembre de 2014 en contra de las empresas mineras Continental Gold Limited y Anglo Gold Ashanti por un predio ubicado en Bagadó (Chocó) y en la cual se ordenó a la Agencia Nacional Minera suspender títulos mineros que involucren al Resguardo del Alto Andágueda hasta que se haga la respectiva consulta previa.

La mayor cantidad de sentencias que reseñaron las Fundaciones tienen que ver con empresas Agropecuarias como Todo Tiempo S.A, la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. en tres ocasiones, A. Palacios S.A.S, la Sociedad Montecarmelo, la Sociedad Agropecuaria W2 S.A.S., Agroservicios San Simón S.A., la Sociedad Jorge Herrera e Hijos S.C.S en tres fallos, Agropecuaria Tocaloa S.A.S y la Sociedad Inversiones Futuro Verde S.A.

Finalmente, hay una condena contra la empresa constructora Urballanos Cía Ltda del Tribunal Superior de Bogotá del 10 de noviembre de 2014 y que tiene que ver con un predio en Granada (Meta).

En el informe se reseñó la valentía de los jueces y magistrados de restitución de tierras, a pesar de las presiones, y por emitir sentencias en derecho. Hasta el momento hay cerca de 3 mil sentencias para restituir 200 mil hectáreas.

EMPRESAS NO DEMOSTRARON BUENA FE

El director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, señaló que todas las sentencias tienen como característica que ordena restituir los predios a los campesinos y que se determinó que las empresas no actuaron con buena fe, que es exenta de culpa por la Ley de Víctimas.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, destacó que las empresas contribuyeron al despojo a pesar de su magnitud y reconocimiento nacional “como Bancolombia, como Argos o empresas mineras”.

“Es también grave la responsabilidad del Estado en la entrega de títulos mineros en tierras en conflicto. Las mineras se disculpan porque con informes estiman que allí puede haber petróleo u oro y sería el Estado el que tenía que revisar que había sobre ese subsuelo”, señaló.

Valencia además cuestionó la labor del expresidente Álvaro Uribe Vélez al motivar la compra de tierras en zonas de conflicto y por los incentivos a las multinacionales.

“Nosotros hemos conversado con Argos y nos ha dicho que están dispuestos a aportar y diferenciarse de otros dueños de tierra que despojaron y hacer una labor ahora de responsabilidad social. Pero lo cierto es que las empresas los ubican como que ahí no hubo buena fe, hubo por lo menos conocimiento que las zonas estaban en conflicto y eso impedía comprar tierras fácilmente”, señaló.

CUESTIONAN PROYECTO DE LEY DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

Las Fundaciones cuestionaron un proyecto de ley que propone el Centro Democrático a fin de dar una solución jurídica a los ocupantes y poseedores de buena fe que no tienen formalizado dichos predios, según esa colectividad, por actuación arbitraria del Estado Colombiano.

Ese proyecto tiene ya críticas por parte del Gobierno por supuestamente buscar dejar sin efecto los procesos que inició el Incoder para recuperar bienes baldíos de la Nación. De acuerdo con Vega, el proyecto busca que a todos los terceros que adquirieron predios inmersos de alguna manera en episodios de violencia, se les reconozca la buena fe exenta de culpa.

“Si usted va a comprar un celular a una tienda de una empresa certificada, usted no tiene por qué pensar que el celular tiene una mala tradición. Pero si usted lo compra en la mitad de calle, asume que allí sucedió algo. Lo mismo pasa con las tierras, esas empresas que compraron en dichos sitios, lo normal era que preguntaron por qué era tan barata la tierra, qué pasó allí, esa es la buena exenta de culpa. Eso es lo que quiere tumbar el Centro Democrático”, dijo.

Por su parte, Valencia dijo que ese proyecto permitiría entregar las tierras a quienes las despojaron y, a la larga, ir en contra del acuerdo rural de La Habana que cuenta con elementos como el Banco de Tierras para entregar a los campesinos, eliminando terrenos de allí.