El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la operación urbanística diseñada por el Ayuntamiento de la capital y por el Atlético de Madrid para derribar el estadio Vicente Calderón, construir 2.000 viviendas sobre la parcela que ocupa junto al río Manzanares, y trasladar al club de fútbol al campo de La Peineta, al otro lado de la ciudad.

El TSJM ya había paralizado en enero de 2012 esta operación urbanística, pero el Tribunal Supremo anuló esa sentencia en octubre de 2014 y obligó a repetir el proceso judicial. Ahora, de acuerdo con la sentencia fechada el 13 de abril, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces del TSJM toman en cuenta las disposiciones del Supremo y examinan, además, el cambio legislativo aprobado por la Comunidad de Madrid en 2013 precisamente para soslayar las trabas a la operación.

El fallo resultante mantiene sin embargo la anulación, y además ofrece unos argumentos que afectan también al plan urbanístico aprobado recientemente por el Ayuntamiento para sustituir a la operación anulada en 2012. Los magistrados estiman que en ese ámbito no es posible, de acuerdo con la ley regional del suelo, construir edificios de más de cuatro alturas. La conocida popularmente como Operación Calderón, que prevé rascacielos de 36 pisos, queda así herida de muerte, a expensas eso sí de un posible recurso ante el Supremo. El Ayuntamiento ha avanzado que recurrirá porque su interpretación difiere de la dictada por el tribunal.

La sentencia resuelve el recurso interpuesto en 2010 por la asociación Señales de Humo (crítica con la gestión del club y contraria a su traslado a La Peineta) contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el Ayuntamiento y refrendado por la Comunidad en diciembre de 2009. El Gobierno municipal, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), había firmado en 2008 un convenio con el club en virtud del cual éste se mudaría a La Peineta, comprando esa parcela municipal (41,2 millones) y levantando allí un estadio nuevo (195 millones). Para costearlo, el club se alió con la cervecera Mahou (dueña de una antigua fábrica junto al Calderón) y encargó a FCC la obra de La Peineta. El nuevo campo se costearía con la construcción de 2.000 viviendas sobre los terrenos donde ahora se asientan el Vicente Calderón y la antigua fábrica. Y, para hacerlo posible, el Ayuntamiento aprobó un plan urbanístico.

Señales de Humo recurrió ese plan, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló en enero de 2012 al considerar que la operación, que preveía entonces la construcción de torres de 17 pisos, incumplía la ley regional del suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre (PP), que prohíbe superar las cuatro alturas.

Pero el Supremo anuló a su vez la sentencia del TSJM en octubre de 2014, sin entrar eso sí en el fondo de la cuestión: consideró que no se había dado voz en el proceso judicial a Mahou. Obligó pues a repetir el juicio, que es lo que ha hecho el TSJM. Pero eso ha permitido —además de incluir a Mahou— que el tribunal pueda tomar en consideración los cambios legales aprobados por la Comunidad a raíz de la sentencia de 2012 precisamente para soslayar las trabas puestas por los jueces.

ampliar foto Plano del futuro parque y los dos rascacielos junto al río Manzanares.

El meollo de la cuestión es el cambio introducido en 2007 por Aguirre en la ley del suelo: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático”.

Después de que el TSJM anulara el plan urbanístico del Calderón por incumplir ese precepto, Aguirre (ahora candidata del PP al Ayuntamiento) insistió en que no cambiaría su ley. Pero la presidenta regional dejó el cargo poco después, en septiembre de 2012, y su sustituto, Ignacio González (PP), sí cambió la norma. En abril de 2013, se matizó que el límite de alturas no sería “de aplicación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la ley, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.

Esa modificación legal debía salvaguardar no ya el plan urbanístico anulado por el TSJM en 2012, que se dio por perdido, sino el nuevo aprobado por el Ayuntamiento en julio de 2014 para sustituirlo, que también prevé superar de largo las cuatro alturas: con dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de hasta 22.

La sentencia del 13 de abril no anula pues el nuevo plan de 2014, porque el recurso se presentó contra el anterior, pero sí incluye argumentos que llevarían a paralizarlo también en caso de ser recurrido ante la justicia, como pretende hacer Señales de Humo cuando sea aprobado definitivamente.

En concreto, el TSJM considera que el ámbito del Calderón sí está afectado por la limitación de las alturas, pese al cambio legal de 2013, porque es “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”. Y como tal, debe someterse a la ley del suelo ahora en vigor.

Por tanto, se anula el anterior plan, pero esa misma anulación es extensible en caso de recurso al nuevo, dejando así en el aire el futuro de la operación… o de la ley del suelo que aprobó Aguirre.

Los “intereses” del Atlético El Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2014 el plan urbanístico que afecta al área del estadio Vicente Calderón y a la antigua fábrica de cerveza de Mahou (demolida en 2010). El objetivo es levantar dos rascacielos gemelos de 36 pisos, y ocho bloques de hasta 22 alturas, con una superficie edificable total de 175.365 metros cuadrados. Con el dinero de la venta de esos 2.000 pisos, se pagarán la obra de La Peineta, al otro lado de Madrid, adonde el club se trasladará en 2018. El Ayuntamiento prevé que las obras se realicen en tres fases: comenzarían este año, y estarían concluidas en 2023. Pero la asociación Señales de Humo tiene previsto recurrirlo: “No tiene sentido que las personas que detentan la mayoría accionarial del Atlético, en connivencia con los dirigentes de las administraciones, perpetren un atentado urbanístico de espaldas a la ciudadanía y a la masa social del club. Entendemos que el Atlético, como institución, se debe a su comunidad de aficionados y a la sociedad de la que forma parte, y que bajo ningún concepto debe participar junto a políticos que defienden intereses privados en operaciones oscuras que nos perjudican a todos y que únicamente buscan lograr beneficios para los grandes accionistas del Atlético”, dice su portavoz, Emilio Abejón.

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