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La Justicia española tiene una oportunidad aséptica de rehabilitar la confianza en la misma por parte de una ciudadanía, que hoy con razones o sin ellas la desacredita

A la Justicia española se lo han puesto a huevo cocido y sabroso, una oportunidad única para darle un portazo a la incomodidad de depender sistemáticamente de la inexcusable influencia del juego sucio de los políticos, desligándose del hilo umbilical que les unía al tener que soportar distracciones e injerencias sobre un trabajo que la ciudadanía ha empezado a cuestionar como neutral, con la consiguiente desconfianza en todo lo que hace desde la fiscalía que reúne pruebas, móviles y evidencias, al cable trenzado de una investigación complementaria que relaciona conexiones espurias que podrían aparecer inconexas, juzgando a tenor de las pruebas y testigos, penalizando los resultados con la balanza de la credibilidad y el equilibrio de ser justos en todos los casos que se les presenta para ejercer un análisis exhaustivo.

4.200 jueces y fiscales se quejan de una judicatura de escasos miembros y medios personales e informáticos, haciéndola obsoleta, lenta, complicada y muy descontenta con las promesas de actualizarla, reivindicando desde hace años una separación de poderes con el ejecutivo que gobierna y que debería obligatoriamente mantenerse alejado por simple ética constructiva, permitiendo que sean los propios interesados quienes se elijan como presidentes y vocales dentro de un órgano colegiado que nada tenga que ver con las impurezas que producen con mucho descaro los partidos políticos en el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, precisando que ya es hora de darle un repaso al código civil y penal, que data de años que difícilmente se han actualizado a las nuevas modalidades que conllevan otros tratamientos sobre la corrupción, el crimen organizado y las infracciones que surgen en la convivencia entre las personas, distintos desórdenes y la intolerancia que debe proteger a los más débiles, tanto en el plano social que pormenoriza el castigo a quienes con repetidas consecuencias violan, destruyendo familias, causan desazón por la falta de control en el cada vez más dinámico narcotráfico, haciendo que sus autores se paseen impunes, dejando a sus anchas que las luchas entre bandas y ajustes de cuentas sean habituales en un país no acostumbrado a que las fuerzas y cuerpos del Estado se sientan desamparados, cuestionados e indiscriminados en sus peligrosas tareas por abortar el movimiento de clanes que se han asentado en un trono de intocables, que se premian cuando unos delatan a otros por pactos secretos que los servicios de información no tienen más remedio que instituir para cosechar éxitos de aprensión en tierra, mar y aire de las sustancias tóxicas y las causas de violencia que la drogodependencia causa letalmente.

Hoy se tienen pruebas irrefutables de que las corruptelas llegan hasta los despachos, conviniendo puestos relevantes en la jurisprudencia con partidismos y la tentación por obtener un ambicionado estatus que elimina de un plumazo el fervor que requiere un ensamblaje con total garantía, tal al contrario lo hace la industria farmacéutica con el favor de recetar productos que incluso no fueron necesarios para la curación, aumentando los gastos presupuestarios en sanidad, por citar un ejemplo, que ha visto una parálisis en prolongar asuntos que pasados los años y cuando les llega la hora, o bien se hallan detenidos por un defecto de forma que nunca sería advertida por la ausencia de rigor y el exceso de labor dedicada, o por la falta de documentos que han sido camuflados y perdidos en legajos con el sello estampado de pendientes por incoación de expedientes que deben ser considerados piezas aparte de los casos más llamativos y flagrantes, lo que hace que se retrotraigan otra vez como el típico día de la marmota, llevándolos al ostracismo por su falta de transparencia y permisividad en el trapicheo entre un astuto mundo de abogados colegiados, que desde el inicio no cesan de impugnar y controvertir antes que se emitan los cargos.

La Justicia no debe consentir ser favorecida por elementos extraños, que manipulen un sentido de claridad en el ejercicio de una profesión dedicada en tiempo y alma a esclarecer con prudencia los despropósitos y las consecuencias, que se derivan de una praxis mal gestionada que se distrae por el cúmulo de trabajo y una falta de coordinación provocada por intereses controvertidos de quienes al descubierto de sus hábitos hacen lo posible y lo imposible para desfigurar los hechos, dejando en tela de juicio por allanamiento consentido y obligado, que ha traído el caos premeditado a una institución a la que hay que darle todo el apoyo necesario para el bien y la credibilidad de una ciudadanía que espera más de lo que hoy recibe en las salas de lo judicial.

Una patada en la puerta de la policía ante un inminente peligro debe servir de ejemplo hoy al juez que se ve agobiado por la intromisión externa en sus quehaceres, lo que les permitiría a ellos también dar un sonoro portazo en las narices a todos aquellos que creen tener del derecho de utilizar la Ley en su propio beneficio.

Hoy, después de los descubrimientos periodísticos que no han hecho más que aumentar la necesidad de rehabilitar un gremio que imparte con responsabilidad la Justicia limitada de recursos, debe necesariamente romper con los tabús de un poder ejecutivo siempre en continuo recambio y suplantación de su propia verdad manipulada a su conveniencia, que hasta el presente les han amenazado inexcusablemente con arrinconar su evolución si no cumplían con determinadas sugerencias, toda vez que les ofrecían implicarse en ideologías compartidas pero que nunca debían ser aprovechadas por un sentido ceñido a oscurecer los resultados a través de un confuso laberinto, en el que se ha demostrado no han encontrado una plausible salida a una diplomacia inexistente que a los magistrados defendiesen.

“ En un pueblo libre, es más poderoso el imperio de la Ley que el de los hombres “

Tito Livio ( historiador romano 59 AC-64 AC)

“ El árbitro considera la equidad, el juez la Ley “

Aristóteles ( filosofo griego 384 AC – 322 AC )

Y HABLANDO DEL DERECHO MÁS PRÓXIMO AL ROMANO, HE AQUÍ LO ÚLTIMO SUCEDIDO EN EL SENO DE UN PENSAMIENTO CONTRA EL QUE NO PODRÁN DERRIBARLO, PARA QUE LOS GOZOS Y LAS SOMBRAS QUEDEN PROTEGIDAS EN EL ARCON DE LA ESPERANZA DE PANDORA, PARA EMPEZAR A PENSAR QUE TODO ÉSTO QUE SE RELACIONA CON LA LEY TENGA UN ARREGLO DESDE AHORA MISMO, SI TODAVÍA QUEDA VALENTÍA PARA HACERLO.

En la judicatura hay hombres intachables que no están dispuestos a dejarse contaminar con los vaivenes de lo que no terminan de aprender los “cachorros” sin bozal de la política, que tiene mucho que ver con el honor, la capacidad de discernir y la libertad de elegir una responsabilidad que en cuatro días podría ser objeto de una crítica por cuanto disponga el elegido a un cargo de larga singladura.

Ayer Manuel Marchena Gómez, jurista desde 2007 del Tribunal Supremo, ha dado un ejemplo que muchos deberían imitar, es decir, retirarse a tiempo y enterrar al mismo tiempo la sospecha de su intachable independencia.

Reproducimos a continuación su carta de renuncia a cualquier propuesta que pudieran delegarle como Presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo :

“Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1.- Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2.- Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como propuesta de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3.- El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como Magistrado del Tribunal Supremo – de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados -, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4.- Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 19 de noviembre de 2018

Así de sencillo, así de claro (solitarios invisibles y con un fuerte aplauso)

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