El anterior presidente de la Comunidad de Madrid ha sido detenido por "dirigir una organización criminal" y pasó la noche en los calabozos de la Guardia Civil.

El Partido Popular, que gobierna en España desde 2012 y en la Comunidad de Madrid desde 1995, está envuelto en varios casos de corrupción (Gürtel, Púnica, Lezo...) cuyos sumarios judiciales han arrojado la conclusión de que este partido se ha financiado ilegalmente y pagado sobresueldos ilegales a dirigentes durante, al menos, veinte años.

Como consecuencia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tienen que declarar en sede judicial como testigos en causas vinculadas a la corrupción política.

La Comunidad de Madrid como epicentro de la corrupción

Podríamos reflexionar sobre la desigualdad en la Comunidad de Madrid, donde la esperanza de vida varía en 7 años entre las zonas residenciales de lujo del noroeste y algunos de los barrios populares del sur. Podríamos reflexionar sobre el deterioro de los servicios públicos en una de las regiones más ricas de Europa y donde se llenan las listas de espera sanitarias con más de 70.000 personas. O sobre la apuesta decidida por concertar colegios privados que segregan alumnos por sexo mientras la enseñanza pública se deteriora.

También podríamos cuestionar por qué se construye una Ciudad de la Justicia con una inversión de 105 millones de euros que termina sin uso, como una ruina. O por qué se ha invertido cientos de millones de euros en carreteras radiales sin uso mientras no se garantiza la vertebración territorial de la región.

La pérdida absoluta de perspectiva de un proyecto de región (y de país) es preocupante porque genera desigualdad y sufrimiento social. Pero ni siquiera es lo más grave. El conflicto hoy está instalado en el corazón mismo de la democracia: cuando el partido que gobierna está salpicado por tramas y tramas de corrupción, la pregunta adecuada es saber quién manda en la Comunidad de Madrid. Y no está en absoluto claro si es el mandato democrático de la ciudadanía o el mandato espúreo de quienes se han comprado al partido de gobierno a golpe de financiación ilegal, sobrecostes y demás.

No podemos asegurar a ciencia cierta si la Comunidad de Madrid está gobernado con criterios de bien común e interés general o si son los intereses de una alianza entre élites políticas y económicas quienes dirigen el rumbo de las instituciones políticas.

Es un principio de democracia elemental el que está en cuestión. Si en Madrid hay un gobierno "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" o un saqueo de la ciudadanía protagonizado por las élites. Ninguna democracia homologada con la española resistiría una situación así, tan siquiera la duda. En el Reino Unido, Francia o Alemania una situación similar del partido de gobierno reclamaría una disolución inmediata de las cortes y una convocatoria electoral.

Cifuentes, más de lo mismo

Cristina Cifuentes es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid desde 1991. Fue parte de los consejos de administración de Fundescam y del Canal de Isabel II, dos de los nodos de la corrupción del PP madrileño, y ha sido una de las dirigentes fundamentales de la formación en los últimos veinte años.

Cristina Cifuentes lleva dos años al frente de la Comunidad de Madrid y no ha impulsado una sola reforma de calado en la administración, no se le conoce una sola propuesta reconocible por la ciudadanía y, desde luego, carece de un plan de gobierno que no signifique mucho más de lo mismo.

Pero Cristina Cifuentes es también la presidenta del Partido Popular de Madrid y una dirigente fundamental en ese partido desde hace décadas. Ni ella ni su partido tienen hoy legitimidad democrática para encabezar el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque está en entredicho que se deban a sus votantes o a la ciudadanía. Nadie sabe a ciencia cierta si defienden el interés general o el propio. Y nadie sabe a ciencia cierta qué día estallará el próximo escándalo.

El papel de Podemos en la oposición

Todo eso sitúa a Podemos en el terreno de la impugnación, de la discrepancia y, por tanto, en la oposición. No debemos permitir ni un minuto más una situación de deterioro y deslegitimación de la mejor herramienta que tiene nuestro pueblo para resolver sus problemas: las instituciones públicas y la democracia.

Podemos en la Comunidad de Madrid tiene la obligación de frenar el fenómeno más peligroso posible: la normalización de la corrupción y la banalización de un mal que corroe nuestra democracia. No estamos discutiendo diferencias ideológicas, sino un imperativo moral y democrático: defender nuestras instituciones y nuestro gobierno de cualquier interés que no sea el de la mayoría social.

Defender la democracia es, hoy, hacer todo lo posible para desalojar al Partido Popular del Gobierno de la Comunidad de Madrid y devolverlo a la ciudadanía. Acabar con el secuestro.

En la tarde del sábado reuniremos a todos nuestros dirigentes y cargos públicos para dar un impulso a la construcción de una alternativa política a Cristina Cifuentes y emplazaré a mi organización a invitar al pueblo de Madrid a, una vez más, alzarse orgulloso para defender la democracia. Lo que está en juego es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: defender las instituciones públicas y ponerlas al servicio de la gente. Es lo que todos los cargos públicos de Podemos prometimos al tomar posesión y es nuestro compromiso con nuestro pueblo.