El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dio este lunes por concluida la investigación sobre los papeles de Bárcenas y considera acreditado que el Partido Popular dispuso de una caja b (una contabilidad opaca) entre 1990 y 2008 con la que sufrago campañas electorales, sobresueldos a dirigentes y las reformas de sus locales, entre ellas la de la emblemática sede central de la calle Génova, 13, en Madrid. En un auto de 190 páginas, el magistrado considera que existen “sólidos y fundados indicios” de que el partido del Gobierno se sirvió durante esos 18 años y de forma “sistemática” de “diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal”.

Tras dos años de investigación en los que ha tenido que enfrentarse a las resistencias tanto del PP como de organismos públicos controlados por este partido, como la Agencia Tributaria, el juez concluye que los fondos opacos del PP fluyeron “al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública”. En su resolución, Ruz propone juzgar a seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que controlaban la caja b; el exgerente Cristóbal Páez, y dos responsables y una empleada de Unifica, el estudio de arquitectura que realizó la reforma de Génova 13, abonada con 1,55 millones de euros en dinero negro, según los cálculos del magistrado.

Las pesquisas se iniciaron en febrero de 2013, después de que EL PAÍS publicara los 14 folios que constituyen la contabilidad secreta del extesorero Luis Bárcenas. En esos documentos el antiguo responsable de las finanzas del PP consignó supuestamente ingresos en dinero negro por valor de casi ocho millones de euros procedentes de empresarios, en su mayoría del sector de la obra pública. El dinero se destinó a cubrir gastos de naturaleza variada. El juez, no obstante, archiva la causa abierta contra los 22 empresarios pagadores, al entender que no hay indicios para establecer correspondencia entre los pagos ilegales al PP y las adjudicaciones de contratos públicos, base para imputar un delito de cohecho.

Propone juzgar a los extesoreros y los arquitectos de la obra de Génova, 13

Después de negar durante meses la existencia de una caja b, los líderes del PP optaron por atribuir toda la responsabilidad sobre los supuestos fondos opacos a su extesorero Bárcenas, quien tras ingresar en prisión en junio de 2013 confesó ante el juez la veracidad de sus manuscritos. Ruz, sin embargo, rechaza la tesis de la cúpula del PP, y a lo largo de su resolución dedica varios pasajes a atribuir el sistema de donativos en negro inequivocamente al partido liderado por Mariano Rajoy. A lo largo del auto abundan las expresiones siguientes: “La doble estructura contable creada por el PP”, “un sistema de financiación de la formación política”, o simplemente “los fondos de la caja b del PP”. A Bárcenas —gerente desde 1990 a 2008, cuando se convirtió en tesorero— y a su antecesor Lapuerta, el juez les atribuye la mera “llevanza” de la “contabilidad paralela del PP”.

Ruz, cuyo paso por la Audiencia Nacional toca a su fin después de que el Poder Judicial sacara a concurso el pasado diciembre la plaza que ocupa, disecciona la caja b aplicando los criterios básicos de contabilidad. En el apartado de las entradas detalla las aportaciones de los empresarios, entre los que destacan nombres como Juan Miguel Villar Mir (OHL), que, según la contabilidad de Bárcenas, entregó un total de 530.000 euros entre 2004 y 2008, o Luis del Rivero (Sacyr), que donó supuestamente 480.000. Los principales pagadores, según los papeles de Bárcenas, fueron los constructores andaluces José Luis Sánchez Domínguez (Sando, 1,25 millones) y Manuel Contreras (Azvi, 858.000 euros).

En cuanto a las salidas de fondos, Ruz relata que parte del dinero negro se ingresaba (fraccionado para no superar los límites de la ley de financiación de partidos) en las cuentas oficiales de donativos (hasta 1,27 millones). Otra parte se destinó al pago de retribuciones y sobresueldos a personas vinculadas con el partido, como el exconsejero navarro Calixto Ayesa, que recibió 86.545 euros como “compensación” por dejar su trabajo para dedicarse a la política. Otras cantidades se utilizaron para ayudar a víctimas del terrorismo. También hay gastos para campañas electorales o para la compra de sedes, como las de Bizkaia (36.000 euros en 2002) y La Rioja (200.000 euros en 2008).

Archivada la causa contra 22 empresarios y Ángel Acebes

Sin embargo, Ruz dedica el grueso de su exposición a analizar el uso de 1,55 millones de euros en b entre 2005 y 2010 para reformar la sede del PP en la calle Génova, 13. Esta operación supuso una defraudación fiscal de la que considera responsable directo a la sociedad Unifica y a sus administradores y socios Gonzalo Urquijo y Belén García, y a la empleada Laura Montero. El juez considera que el PP es responsable civil subsidiario de este supuesto delito fiscal.

El juez imputa a Bárcenas y a Lapuerta un delito de apropiación indebida por quedarse para sí con 120.000 y 209.550 euros de la caja b, respectivamente. Ese dinero iba destinado a la compra de acciones de Libertad Digital en 2004, año en el que el grupo de medios del locutor Federico Jiménez Losantos alimentaba, con el apoyo del PP, la teoría de la conspiración sobre el atentado del 11-M. La adquisición de los títulos fue, según Bárcenas, ordenada por el entonces secretario general, Ángel Acebes. El juez, que tenía a este exdirigente imputado, decidió archivar la causa contra él.

Ruz abre una pieza separada, que envía a los juzgados de Toledo, sobre la investigación por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de recogida de basuras de Toledo, que, según Bárcenas, fue la contraprestación por una donación de 200.000 euros para la campaña de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en 2007. El magistrado entiende que “en el momento presente” no existen “elementos indiciarios suficientes” para proceder contra personas aforadas, por lo que descarta enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia manchego y lo remite a los juzgados ordinarios. Ruz aprecia en el caso de los pagos de Sufi un delito de prevaricación.