A mediados del año pasado circuló la noticia de que la esposa de Joaquín López-Dóriga supuestamente estaba extorsionando a la inmobiliaria Abilia por 5 mdd para permitirle continuar con la construcción de un complejo de viviendas en Polanco, sin promover un juicio de lesividad para revocar los permisos de construcción otorgados por el Gobierno capitalino. Luego de un proceso legal, la inmobiliaria ganó el caso y pudo continuar con sus operaciones normales. Hoy, sale a relucir la noticia de que la PGJ capitalina decidió archivar la investigación en contra de la cónyuge del periodista por descartar se haya tratado de un caso de extorsión. Ante esto, la defensa de Abilia informó que presentará una demanda de amparo en contra de la decisión de la dependencia.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) resolvió archivar la investigación en contra de la esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, Teresa Adriana Pérez Romo, por la presunta extorsión a la inmobiliaria Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala, refiere este día el diario Reforma.

El 21 de agosto de 2015, el medio de circulación nacional dio a conocer que la inmobiliaria Abilia encargada del desarrollo del proyecto de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, denunció a Pérez Romo por extorsión, ya que supuestamente exigió 5 millones de dólares como garantía de que no habría un juicio de lesividad contra la obra de la inmobiliaria.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, la dependencia aprobó el no ejercicio de la acción penal por considerar que no se trató de un caso de extorsión sino de “una propuesta de conciliación”.

“Las reuniones que realizaron […] siempre fueron encaminadas a conciliar y, por ende, no se vislumbra un medio coercitivo y/o intimidatorio para en efecto afirmar que hay delito”, indicó la PGJ capitalina según Reforma.

De acuerdo con el diario capitalino, Pérez Romo exigió a través de su abogado el pago millonario para no parar la obra. Por ello, Aramburuzabala presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015, en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, misma que incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.

Luego de la decisión de la Procuraduría, la defensa de la inmobiliaria Abilia informó que presentará una demanda de amparo en contra de la decisión de archivar la averiguación previa.

Aramburuzabala, considerada por Forbes como la mujer más rica de México, dijo en una posterior entrevista con Reforma que Joaquín López-Dóriga la amenazó con destruirla luego de que la empresaria denunciara a la esposa del periodista.

“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales […] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, dijo Aramburuzabala al medio referido.

El 23 de septiembre de 2015, la Inmobiliaria ganó el recurso de reclamación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal para concluir los 122 departamentos que construye en la calle Rubén Darío número 225 de Polanco.

La misma información señala que en junio de 2015, el Gobierno capitalino clausuró la obra y promovió un juicio de lesividad para revocar los permisos que había otorgado, como uso de suelo o el dictamen de impacto urbano. La empresaria reclamó que el juicio de lesividad estaba vinculado a la presión de Pérez Romo.

Sin embargo, el Tribunal dijo que la clausura era ilegal y otorgó la razón a Aramburuzabala. Ante tal decisión, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ordenó levantar los sellos de clausura en el desarrollo inmobiliario.