Carles Puigdemont renuncia, pero el golpismo sigue con la osadía ilegal de siempre, incluso más. A pesar de los procesos judiciales abiertos, han vuelto a desafiar la legalidad vigente para avalar el dislate del pasado 1 de octubre así como para rechazar la destitución del huido Puigdemont. Roger Torrent ya dejó claras sus verdaderas intenciones el pasado miércoles cuando dio pábulo a la propuesta de resolución que finalmente ha sido aprobada en sesión plenaria y en la que JxCat, la CUP y ERC exigían que se defendiera la independencia de la república catalana. Ante esta concatenación de provocaciones, el Gobierno tiene que ser firme: más artículo 155, que es lo mismo que más Constitución. Será la única forma de evitar disturbios callejeros y que la lógica fuga de empresas siga ahondando en la herida financiera y laboral que el golpe de Estado ha provocado en Cataluña.

De lo contrario, el separatismo volverá a reforzarse y extenderá su perniciosa influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad catalana, amén de la persecución de los constitucionalistas, que están perdidos sin la vigilancia constante y rígida del Estado. La propuesta del encarcelado Jordi Sánchez como candidato es la prueba evidente de que los golpistas no piensan pararse en raya y que tampoco piensan en los catalanes. La única voluntad es llevar la situación al límite, mantener la tensión aunque ello suponga la ruina de la comunidad autónoma. De ahí que el Ejecutivo deba considerar, entre otras medidas, el hecho de tomar el control de TV3, el principal altavoz del separatismo para consolidar sus mensajes contra España. Pablo Llarena no permitirá que Sánchez salga de la cárcel, ya que supondría un fraude de ley.

Por lo tanto, la propuesta independentista es mera cosmética propagandística para contentar a sus socios más radicales a sabiendas de que no los llevará a ninguna parte. Una forma de seguir con el sempiterno victimismo independentista que tiene en la “opresión del Estado” la única —pero ajadísima— carta argumental que esgrimen ante sus acólitos y ante la comunidad internacional —con nulo éxito, por cierto—. Pura fachada de cartón piedra, pues la única verdad es que los golpistas se guarecen en un callejón sin salida sabedores de que su deriva no va a ninguna parte y que lo único que pueden hacer es aceptar la Constitución y seguir siendo lo que son: parte de España. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo tendrán que estar muy atentos a lo que pase a partir de ahora. Los independentistas han vuelto a lanzar un desafío ante los ojos de todo el mundo. El Gobierno debe responder con más 155.