Los constructores de obra pública corroboraron en las últimas semanas el dicho popular según el cual no hay peor cuña que la del mismo palo. Con el visto bueno del presidente Mauricio Macri, ingeniero civil de profesión, el secretario de esa cartera, Daniel Chaín -arquitecto que en el pasado integró la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)-, dispuso reformas profundas en las licitaciones. Éstas van desde la eliminación de la venta de pliegos hasta la obligación para las empresas de presentar las ofertas en formato digital. Aunque quizá ninguno de los dos lo diga en voz alta, las modificaciones tienen como objetivo sobresaliente eliminar eventuales procesos de cartelización (y el pago de sobreprecios) en la obra pública, uno de los sectores más cuestionados en la relación habitual entre el Estado y las empresas privadas.

Como en casi todas las iniciativas que apuntan a fomentar la transparencia en la gestión pública, el uso de Internet es uno de los aliados. El Gobierno ahora pone los pliegos online para que cualquier compañía los baje y se presente a la compulsa sin tener que pagar por ellos.

En paralelo, les pide a las empresas que presenten sus ofertas en pendrives, CD o DVD para luego hacerlos públicos en las páginas web de los distintos organismos. El caso pardigmático será Aysa, la compañía que presta el servicio de agua potable y cloacas en la ciudad y varios municipios del Gran Buenos Aires.

Chaín puso en marcha la primera experiencia en el último verano en la licitación de una defensa costera en Concordia, una obra orientada a evitar parte de los desastres que causaron las últimas inundaciones en esa zona del país. El funcionario dice que obtuvo los resultados que buscaba: "En principio, bajamos los precios y se sumaron más oferentes que lo habitual", le comentó a LA NACION.

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, tiene un presupuesto para este año cercano a los $ 41.300 millones.

Una parte sustancial de esos fondos los manejará Chaín, que tiene entre sus responsabilidades no sólo la realización de obras públicas (una parte específica de las inversiones del Estado), sino también aumentar los servicios de agua y cloacas en todo el país, una de las mayores apuestas en términos de infraestructura que hizo el Gobierno.

En esa línea, espera iniciar proyectos por US$ 21.000 millones en los próximos cuatro años para tender 55.000 kilómetros de tubería para agua y otros 30.000 kilómetros para cloacas

Por ahora la Secretaría de Obras Públicas lidera el cambio de esquema en las licitaciones, pero es probable que se extienda a otras áreas del Estado, según les sugirió Macri a varios de sus funcionarios. También les pidió que sumaran en la nueva forma de adjudicar obras a las gobernaciones y los municipios.

Malos antecedentes

La relación entre el Estado y sus contratistas está desde hace años envuelta en polémicas. La más ruidosa del último tiempo tiene que ver con los beneficios que les dio el kirchnerismo a las empresas de Lázaro Báez, el mayor constructor de rutas en Santa Cruz mientras Néstor y Cristina Kirchner ocuparon la Casa Rosada. Austral Construcciones, la nave insignia del empresario, tenía un trato preferencial no sólo al momento de la adjudicación, sino también en los tiempos de pago. Son todos temas que están siendo investigados por la Justicia.

Según los funcionarios que están a cargo de implementar los cambios en las licitaciones, el solo hecho de no poner al alcance de todos los pliegos por Internet le aportan una dosis de transparencia importante a todo el proceso.

Eso se debe a que con el sistema anterior era relativamente sencillo para una compañía constructora o consorcio saber quién había comprado pliegos y ensayar algún tipo de acercamiento mutuo para acordar precios, por ejemplo.

Ahora, en cambio, se puede bajar el formulario para licitar una obra sin dejar registro, por lo que no se puede saber quiénes son todos los competidores hasta que se abren las ofertas, que luego se hacen públicas.

Además, el hecho de que sea un proceso gratuito puede aumentar el interés de más empresas.

La obra pública no es el único rubro en el que el Gobierno intenta diferenciarse de su antecesor.

La semana pasada Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, difundió en su página web quienes fueron los ganadores de dos licitaciones internacionales para la provisión de gasoil.

Cammesa, una empresa mixta, es la mayor favorecida con los subsidios del Estado y estuvo envuelta en acusaciones por sobreprecios y falta de transparencia en la compra de millonarios cargamentos de gasoil y fueloil que se trajeron para compensar la caída en la oferta local de gas, que se utilizaba para generar electricidad.

En parte, la difusión de esa información, que de ahora en adelante será pública, ocurrió en respuesta a una polémica que se había generado en la primera parte del año, cuando Shell, la empresa cuya filial en la Argentina presidía Juan José Aranguren (ahora ministro de Energía y Minería), se había quedado con al menos ocho cargamentos en una semana.

La transparencia en la gestión pública fue uno de los slogans de campaña de Macri, a tal punto que creó el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, para concretar esa promesa.

Cambio de método