Bruselas ha determinado que los acuerdos fiscales (tax rulings) de Irlanda con Apple son en realidad ayudas estatales "ilegales". La Comisión Europea reclama así a la multinacional que devuelva 13.000 millones de euros por estas ventajas fiscales recibidas. El organismo, tras una investigación en profundidad iniciada en 2014, ha ha concluido que la multinacional ha gozado de un trato "selectivo" y que se le otorgó una "ventaja significativa".

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Bruselas ha exigido a Irlanda que recupere estos 13.000 millones más intereses, que corresponden al periodo comprendido entre 2003 y 2014. Aunque la multinacional lleva beneficiandose desde 1991 de acuerdos fiscales, la CE solo puede remontarse a 2003 en su reclamación, tras haber pedido las cuentas a la compañía en 2013.

La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha recordado que las normas comunitarias impiden a los Estados miembros conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. "La investigación de la Comisión concluyó que Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a Apple. Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003 que bajó hasta el 0,005% en 2014". Vestager ha incidido en que esta cantidad no corresponde a una multa, sino a que son impuestos impagados.

Este dictamen llega seis días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Bruselas de actuar como una "autoridad fiscal supranacional", a raíz de las investigaciones contra multinacionales como Apple, Fiat o Starbucks. La Comisión Europea respondió que no haría una excepción con la compañía de la manzana y que las normas comunitarias impiden conceder ventajas fiscales a una empresa sin que estén disponibles para sus competidores.

Entramado fiscal

El tipo efectivo de tributación para el impuesto de sociedades en Irlanda asciende al 12,5%, sin embargo Apple conseguía mediante un complejo entramado y los acuerdos fiscales pagar impuestos del 1% sobre beneficios, un tipo que incluso llegó a ser únicamente del 0,005% en 2014. La Comisión señala que el método de determinación de los beneficios imponibles de dos sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple (Apple Sales International y Apple Operations Europe) no reflejaba la realidad económica: la práctica totalidad de los beneficios por ventas obtenidos por las dos empresas se distribuyeron internamente a una "administración central".

La evaluación de la Comisión demostró que esas "administraciones centrales" solo existían nominalmente y no podían haber generado tales beneficios. Con arreglo a ciertas disposiciones específicas de la normativa tributaria irlandesa que han dejado de estar en vigor, estos beneficios distribuidos a las "administraciones centrales" no fueron objeto de gravamen en ningún país. Esta organización no estaba implantada en ningún país ni contaba con empleados o locales propios.

Irlanda y Apple reclamarán

El ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, ha dicho que su país tiene intención de recurrir el dictamen de la Comisión Europea. "Esto es necesario para defender la integridad de nuestro sistema fiscal, aportar certeza fiscal a los negocios y desafiar la usurpación de las reglas de ayuda comunitarias en la competencia fiscal de un Estado miembro soberano", ha dicho el ministro.

"Es importante que enviemos un fuerte mensaje de que Irlanda continúa como un lugar atractivo y estable" para la inversión de largo plazo, ha indicado Noonan. El titular de Finanzas ha apuntado que el sistema fiscal de su país está basado en una "estricta aplicación" de la legislación, "sin excepción" alguna.

En un comunicado, Apple ha señalado que paga todos sus impuestos en cualquier lugar donde opera y consideró que la CE "ignora" la legislación fiscal de Irlanda, al tiempo que advirtió del "profundo" efecto que la medida tendrá en la inversión en Europa. "Vamos a apelar y confiamos en que la decisión será revocada", señaló la empresa, después de que la CE llegase a la conclusión de que Irlanda concedió beneficios fiscales "ilegales" a la empresa tecnológica por valor de 13.000 millones de euros.