Finalmente el tribunal ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción contre el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres. Tras escuchar las peticiones, la Sala se ha retirado a deliberar y decidir si aceptaba la petición y finalmente ha decretado la libertad provisional sin fianza para el marido de la Infanta y su exsocio, si bien el primero tendrá que comparecer ante un juzgado en Suiza.

Urdangarin tiene la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, país en el que actualmente reside junto a la Infanta, y de comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, aunque este pueda ser temporal. A diferencia del exduque, el tribunal sí que ha decretado la retirada de su pasaporte de Torres.

En este sentido, el tribunal justifica en su auto la decisión en el hecho de que ambos acusados “en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia y han comparecido en cada uno de los llamamientos judiciales”. Y no advierte que haya riesgo de fuga en ellos porque ambos “disponen de arraigo suficiente en territorio nacional”. La diferencia a la hora de reclamar sólo el pasaporte de Torres sería consecuencia de que la Audiencia considera que ese arraigo es suficiente “especialmente” en el caso de Urdangarin” y de que el esposo de la Infanta cuenta con escolta policial.

La Fiscalía había reclamado cárcel bajo fianza de 200.000 euros para Urdangarin y de 100.000 para Torres

En el caso de Diego Torres, además de retirarle el pasaporte, tiene prohibido salir de España y también tendrá que comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio el día 1 de cada mes. Como su exsocio, también deberá comunicar cualquier cambio de residencia, incluso temporal. En todo caso, contra el auto cabe recurso de súplica en el plazo de tres días.

El fiscal Horrach había lanzado una petición de ingreso inmediato en la cárcel eludible si pagan una fianza de 200.000 euros en el caso del marido de la infanta Cristina, y de 100.000 en el caso de su socio en Nóos. La petición del fiscal se produjo durante la vistilla celebrada en la Audiencia Provincial de Baleares convocado para este jueves, a petición precisamente de la Fiscalía para decidir si se acordaban medidas cautelares contra ellos tras su condena por el caso Nóos, de seis años y tres meses y ocho y seis meses, respectivamente.

El tribunal ha optado por “medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal” y que consideran proporcionadas

El tribunal ha optado por “medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal” y que consideran proporcionadas al riesgo de fuga que implican las elevadas penas que impusieron a Urdangarin y Torres.

De esta forma, ambos condenados eluden el ingreso inmediato en prisión sin tener que afrontar si quiera una fianza, durante el periodo que transcurra hasta que la sentencia sea firme puesto que todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Por su parte, la Abogacía de Baleares se había adherido a la petición del fiscal y la del Estado ha solicitado medidas reales (embargo y retención de ingresos) para Diego Torres. En el caso de las peticiones de la Abogacía de la región, el tribunal tiene previsto estudiarlas próximamente y resolverlas en resolución aparte.

Horrach había alegado que hay un riesgo de fuga que no queda anulado por sus circunstancias personales

En esta vistilla el tribunal tenía por objeto decidir sobre la adopción de medidas cautelares, medidas que durante toda la semana se ha especulado y que podían ir, en función de lo solicitado por las parte, desde la prisión incondicional, la prisión eludible con fianza, la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. El fiscal Horrach ha alegado que hay un riesgo de fuga que no queda anulado por sus circunstancias personales.

Además, la diferencia de las cantidades solicitadas se debe a la distinta capacidad económica de cada uno de los condenados y la Fiscalía también ha tenido en cuenta las características del delito contra la administración pública, dado que hay “indicios incriminatorios confirmados por la sentencia”.

El exduque de Palma ha llegado sobre las 10.15 horas a la sede de la Audiencia Provincial de Palma. Ataviado con traje chaqueta y mochila, ha acudido a la cita con el semblante serio, en un coche con chófer, y sin la compañía de su esposa, la infanta Cristina, que fue absuelta en este proceso.

Diego Torres (d), exsocio de Iñaki Urdangarin, llega, acompañado de su abogado, Manuel González Peeters, a la Audiencia de Palma. (Atienza / EFE)

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, había sugerido días atrás que se inclinaba por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma y para el que fuera su socio, aunque también avisó de que esperaría a escuchar las alegaciones de las partes, de manera que podría optar por pedir otra medida. Por su parte, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, apelaba al principio de jerarquía que rige en el Ministerio Público y daba a entender que no había razón para pedir prisión preventiva puesto que no existía riesgo de fuga.

La diferencia de las cantidades solicitadas se debe a la distinta capacidad económica de cada uno de los condenados

Por su parte, los abogados de ambos condenados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peteers, coincidían en rechazar que su defendidos deban ingresar en la cárcel. Vives señalaba este miércoles que creía que su cliente no iría a la cárcel, pero recordaba que esa es su opinión y que “los que deciden son sus señorías”. El letrado también reconoció que era “incapaz de saber lo que puede decir el ilustre representante del Ministerio Fiscal”, aunque añadió que esperaba “lo mejor” para su cliente

Por su parte, la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la acusación popular en el caso Nóos en representación de Manos Limpias, ha presentado su renuncia ante la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que la acusación popular no ha estado presente en la vistilla. En un escrito, la abogada señala que renuncia por motivos “exclusivamente personales, habida cuenta de que hay intereses totalmente contrapuestos, una pérdida de confianza absoluta hacia el cliente así como a las desavenencias que entre ellos son insalvables, de confianza de este letrado hacia su cliente”.