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Una década después de la aprobación de la Ley 39/2006 para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, Carlos Bravo, secretario confederal de Protección social y políticas públicas de CCOO, ha valorado el nivel de implantación actual del Sistema de Dependencia en nuestro país, lastrado por los recortes impuestos en 2012. Para el sindicato es necesario impulsar en 2017 un amplio proceso de evaluación de la implantación del sistema que, con el mismo grado de acuerdo político y social que dio origen a la Ley, permita alcanzar un Pacto de Estado desde el que se revisen aquellas cuestiones que se considere necesario reforzar para garantizar la total implantación de este nuevo derecho social.

Este nuevo derecho social nació del Acuerdo de Diálogo Social suscrito en diciembre de 2005 por las organizaciones sindicales, empresariales y el Gobierno, y constituyó el primer derecho subjetivo reconocido con carácter estatal en el marco de los servicios sociales, posteriormente tramitado como proyecto de ley hasta aprobarse en la Ley 39/2006.

En su día, la previsión de personas a atender mediante este nuevo sistema de protección social se cifraba en alrededor de 1,3 millones de personas, una cifra similar al número de personas que actualmente se encuentran reconocidos con un grado de dependencia que les da derecho a recibir una prestación pública. Sin embargo, de todos ellos cuentan con una prestación efectiva algo más de 856.000 personas y se encuentran en lista de espera unos 350.000 personas (el 29% del total de personas reconocidas con derecho a prestación). Junto a ellos, además, hemos de señalar que cerca de 100.000 personas se encuentran también a la espera de valoración de la situación de dependencia, por lo que la cifra total de dependientes que aún no reciben una prestación efectiva supera las 400.000 personas.

En opinión de Carlos Bravo, “el sindicato sitúa el principal reto del Sistema de Dependencia para 2017 en la garantía de atender con una prestación efectiva a los más de 400.000 dependientes que aún no reciben una prestación efectiva”. Por lo que este sindicato reclama que los instrumentos presupuestarios que se habiliten para el ejercicio 2017 se incrementen la financiación, tanto estatal como autonómica, para garantizar los 2.450 millones de euros que el sindicato calcula que necesitará la atención de este colectivo. Comisiones Obreras advierte que esta financiación adicional permitiría completar la implantación del sistema de dependencia en los términos de protección que actualmente se encuentran reconocidos (66% servicios profesionales, 34% prestaciones económicas) y llevaría el total de financiación del sistema desde los 7.500 millones de euros que actualmente se destinan hasta el entorno de los 10.000 millones de euros anuales (0,88% PIB). Por su parte, el sindicato calcula que el coste total que conllevaría la implementación del Sistema de Dependencia en los términos de calidad establecidos en el diseño original, donde las prestaciones económicas fuesen realmente excepcionales y los servicios profesionales recuperasen la intensidad reducida en los recortes de 2012 y se prestasen con una intensidad suficiente, se situaría entre el 1% y el 1,5% del PIB, según la intensidad de las prestaciones que finalmente se regulasen.

En la misma línea, el sindicato ha señalado que la etapa de recuperación que se ha registrado desde las elecciones autonómicas de 2015 muestra un perfil discontinuo y ha comenzado a desacelerarse, en gran medida como consecuencia de la falta de compromiso del Estado para participar de una forma más decidida en la financiación de las nuevas prestaciones que se están reconociendo, y que actualmente se limita a la financiación del nivel mínimo (que en 2016 sólo ha crecido en 36,7 millones de euros respecto de lo inicialmente previsto).

Del mismo modo, CCOO valora el hecho de que, según datos de la EPA, la implantación del Sistema de Dependencia haya contribuido a crear desde 2008 unos 155.000 empleos netos en los servicios sociales asociados a la atención a la dependencia, y ya sean 439 mil trabajadores y trabajadoras quienes están empleados en este sector (293 mil en los servicios de asistencia en establecimientos residenciales y 200 mil en actividades de servicios sociales sin alojamiento). No obstante, el sindicato señala que esta cifra es aún inferior al empleo que el Sistema de Dependencia había conseguido crear hasta 2012 y cuya tendencia se vio interrumpida tras los recortes impuestos en aquel momento. Aún más, el empleo que se ha generado desde entonces se ha caracterizado por ser más precario de modo que, por ejemplo, en el caso de los servicios sociales sin alojamiento (donde se ubica el servicio de ayuda a domicilio que ha concentrado la mayor parte de los recortes) la tasa de trabajadores a tiempo parcial se ha multiplicado hasta significar en torno al 40% del total de contratos del sector. Una situación que es necesario revertir, no sólo por la precariedad que implica para las trabajadoras y trabajadores del sector, sino porque en realidad supone una protección social de peor calidad para los dependientes. Por ello el sindicato viene reclamando la restitución de las intensidades de atención previstas inicialmente para el servicio de ayuda a domicilio que en 2012 se vieron reducidas entre un -20% y un -60%, según los grados.

Finalmente, Carlos Bravo ha hecho un llamamiento a la necesidad de que 2017 sea el año en el que se aborde un proceso amplio y participado de evaluación de la implantación de la Ley que ayude a la renovación del nivel de compromiso y consenso político y social que dio origen a la misma. De modo que el mismo ayude a que, con el mismo grado de acuerdo político y social que dio origen a la Ley, permita impulsar un Pacto de Estado desde el que se revisen aquellas cuestiones que se considere necesario reforzar para garantizar la total implantación de este nuevo derecho social.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/salud/mas-400-000-dependientes-prestacion/20161215114741134779.html