Ante una audiencia de profesionales y estudiantes del derecho convocada por el Opus Dei, Bonadío confesó que lo único que le interesaba era la política, que tenía abogados que se encargaban de darle forma jurídica a sus decisiones y que quienes quisieran ser jueces se dedicaran a la política y cultivaran contactos. Uno de los asistentes reconstruye esa conferencia para El Cohete a la Luna.

En 1996, el reciente juez federal Claudio Bonadío, entonces de 40 años, fue invitado a dar una charla en el Centro Universitario de Estudios (CUDEs) de la calle Vicente López 1950, residencia universitaria administrada por el Opus Dei. Al Club de Derecho del CUDEs asistían estudiantes y se analizaban y discutían fallos de la Corte Suprema y otras cuestiones jurídicas; también se convidaba a profesores, abogados y jueces para que expusieran y compartieran su experiencia de vida. Uno de esos estudiantes era hijo de un camarista del fuero penal —miembro del Opus Dei y vinculado al menemismo— y trabajaba con Bonadío. Otro era el entonces estudiante Juan Manuel Soria Acuña, actual juez del Tribunal Fiscal de la Nación, quien en 1999 se alejó del Opus. Soria no ha olvidado esa conferencia que impactó a los jóvenes estudiantes de derecho congregados para escucharlo, y me autorizó a reproducir su testimonio:

“Empezó diciendo que no había ningún tema jurídico que le interesara en especial, por eso no había querido hablar de ninguno; que prefería hablar de su vida y de su trabajo. Que nunca había tenido demasiado entusiasmo por el derecho; que lo que le gustaba era la política. Que ese defecto no le había impedido ser juez federal; que él tomaba las decisiones en los casos que manejaba y que tenía abogados en el juzgado que, de algún modo, plasmaban en términos jurídicos lo que, con independencia del sistema normativo, él decidía hacer”.

“Que con motivo de la dictadura y por cuestiones personales se había recibido tardíamente de abogado —a los 32 años—, pero que eso tampoco fue impedimento para llegar al cargo de juez federal; que por supuesto había abogados mucho más preparados y con mayor experiencia que él para ocupar su posición, pero que no llegaron y que las cosas son así en nuestro país”.

“Que era juez federal por su amistad personal con Carlos Corach y Carlos Grosso —entiendo que es uno de los principales asesores políticos de Mauricio Macri— y que su único mérito personal para ser juez federal eran esas amistades, a las que les debía lo que era”.

“Que a pesar de que arreciaban en ese momento decenas de denuncias de corrupción contra los funcionarios del gobierno nacional (presidencia de Carlos Menem), muchas radicadas en su juzgado, ni él ni ninguno de los doce jueces federales que debían entender en esas causas tenían intención de avanzar con las investigaciones”.

“Que si nuestra aspiración como estudiantes era llegar a ser algún día jueces, no nos preocupáramos mucho de estudiar derecho, de ejercer exitosamente la profesión de abogado, de la cátedra universitaria ni por los eventuales concursos; que los cargos de jueces los ocupan aquellos que los políticos quieren, salvo raras excepciones: ‘Alguno tiene que saber’, dijo, bromista. Que si aspiramos a tal posición nos dediquemos a la política y a hacer contactos”.

“Al terminar la reunión algunos de los presentes nos lamentamos maliciosamente de no haber grabado la charla para entregar el material a la prensa; la verdad era que nunca hubiéramos podido prever la retahíla de afirmaciones que escuchamos esa tarde de la boca de un juez federal que, según nos pareció, se sintió con la libertad para hablar sin tapujos en un ambiente que habría considerado amigable, seguro o meramente intrascendente”.

“Quiero aclarar que salvo esta anécdota no tuve jamás relación personal o profesional con el doctor Bonadío, no le tengo inquina ni afecto, pero creo importante dejar sentado este testimonio (como dice San Juan en su primera carta) sobre lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado”.

Un problema sistémico

El doctor Glock es apenas el caso más notorio, por su temeridad y su falta de límites, de un problema general que es la degradación de la Justicia en la Argentina. Pero no fue siempre así. Nacido el año de los fusilamientos en el basural de José León Suárez, el adolescente Bonadío militó en la organización de jóvenes de clase media Guardia de Hierro, que disputó con Montoneros su primacía sobre la Juventud Peronista. En 1976, cuando el futuro juez tenía 20 años, la organización se subordinó a la conducción del dictador Emilio Massera, quien designó como interventor primero al capitán de Navío Carlos Bruzzone, que tenía dos hijos en la organización, y luego al oficial de inteligencia Jorge Aguerre, según la investigación del periodista Alejandro Tarruella. Con los guardianes subordinados, el sindicalista Lorenzo Miguel detenido en un barco de guerra y los montoneros secuestrados en la ESMA, Massera creía tener a todas las alas del peronismo en un puño y confiaba en que la ex Presidente Isabel Perón lo designara como sucesor político.

Cuando supo bajo qué jefatura había quedado, Bonadío renunció a Guardia de Hierro y por medio de unos compañeros de la zona sur del Conurbano bonaerense se conectó con Eduardo Vaca y con el Centro de Estudios para el Proyecto Nacional (CEPNA) que dirigía Héctor Muzzopappa. Allí atendía los teléfonos mientras estudiaba derecho. Una vez recibido, en 1988, trabajó como investigador con el Procurador del Tesoro, Alberto García Lema, en un proyecto de reforma de la Constitución. Amigos de entonces dicen que allí nació su pasión por una ley y una Constitución propias, que caracterizó su desempeño como juez. Fue asesor de Marcos Raijer en el Consejo Deliberante porteño, donde fue cesanteado por faltas injustificadas. Casi al mismo tiempo, el Banco Ciudad lo inhabilitó por emitir cheques sin fondos y le cerró la cuenta.

Asesor de Eduardo Bauzá, Subsecretario de Carlos Corach en Legal y Técnica, llegó a la Justicia federal en 1994, cuando Carlos Menem, que ya había anegado la Corte Suprema con una mayoría automática, copó el fuero federal, duplicando la cantidad de juzgados y cuadruplicando la de fiscalías. Ya en funciones, continuó usando un coche y un chofer de la presidencia, según consta en una recusación que presentó en su contra Abel Fatala, a quien había procesado por ser al mismo tiempo asesor de un concejal y de un diputado, lo cual no es un delito. Glock rechazó la recusación alegando que el uso de vehículo y chofer era “de carácter transitorio y hasta que los mismos sean provistos por los canales usuales de una serie de bienes inmuebles de trabajo”, cosa permitida (según Bonadío) “por la ley de contabilidad”. La Cámara Federal sobreseyó a Abel Fatala y dijo que Bonadío actuó con “ligereza”, “poco tino”, “desacierto” e “incongruencia”, por lo que “deberá abstenerse en el futuro de pronunciarse del modo anómalo referido, con el objeto de evitar eventuales dispendios jurisdiccionales y actos desemparentados absolutamente con el debido proceso”. Rencoroso, el año pasado encuadernó a Fatala.

El ex Guardián estrechó relaciones con tres ex montoneros reconvertidos: Mario Montoto, Rodolfo Galimberti y Germán Moldes (uno de los presos liberados en la amnistía de 1973). Moldes, a quien Muzzopappa bautizó como Capitán Garfio por su parecido con el personaje de Disney, fue jefe de asesores de José Luis Manzano en la Cámara de Diputados y luego pasó al estudio de Hugo Anzorregui, justo cuando se sistematizaba el eje 25 de Mayo/Comodoro Py.

En diciembre de 2018, el ex secretario de medios de Menem, Jorge Rachid, dijo que «Moldes y Claudio Bonadío no son Macrì. Son la Embajada de Estados Unidos», y le contó a El Cohete un episodio de la década de 1990, en el que Moldes llegó a su consultorio con una valija llena de dólares de parte de José Luis Manzano, para que desmintiera una información cierta según la cual a cambio de un tercio del paquete accionario se entregaría el canal 11 de televisión a Silvio Berlusconi y Franco Macrì.

En cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, el doctor Glock ordenó la detención de Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía y ordenó la captura de Mario Firmenich. El argumento para privar de su libertad a los miembros de la ex conducción montonera fue de una gran creatividad, aun para los estándares de su juzgado. Según el juez, fueron partícipes necesarios en la comisión de los delitos de Lesa Humanidad contra el grupo de militantes al que ordenaron “ingresar a la Argentina, a sabiendas de que la logística de la Organización estaba seriamente comprometida” y pese a que no desconocían “los métodos de interrogación que empleaban las FFAA y de Seguridad”. Al cabo de 68 días, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi declararon nulas por arbitrariedad sus actuaciones y dispusieron que se sorteara otro juez para la causa. El elegido fue Jorge Ballestero, quien ordenó el cese de las detenciones y de la orden de captura. Los camaristas dijeron que no había en la causa ninguna prueba sobre la complicidad de los ex jefes guerrilleros. También formularon una denuncia penal contra Bonadío, quien habría incurrido en el delito de privación ilegítima de la libertad, y remitieron los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que determine si corresponde su juicio político. Ningún juez del fuero tuvo más resoluciones revocadas en la apelación ni tantas denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

El precursor

Durante los años del menemismo, el control de la Justicia federal se utilizó para viabilizar el desguace del Estado y para proteger a los funcionarios que aprovecharon en beneficio propio esa acelerada circulación de valores. Sólo en pocos casos, ese dispositivo se empleó para perseguir a quienes incomodaban a las autoridades. El doctor Glock fue un pionero de esa modalidad que llegó al cénit en la última década, ahora en contra de CFK y de funcionarios o militantes vinculados con su gobierno, y en simbiosis con la prensa comercial e ideológica, según la técnica expuesta en uno de sus libros por el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro.

Es parte del folklore nacional la frase del ex ministro de Economía Domingo Cavallo sobre la servilleta en la que su colega de interior, Carlos Corach, habría escrito en 1996 los nombres de los jueces que actuaban de acuerdo con sus indicaciones y que cercaron al economista.

Otra causa menos conocida pero que muestra un temprano modus operandi, es la que Bonadío siguió entre 1996 y 1998 por administración fraudulenta y asociación ilícita contra el ex presidente del liquidado Banco de Intercambio Departamental de Venado Tuerto (BID), Roberto Cataldi, a quien ordenó detener. Tanto la defensa de Cataldi como un grupo de abogados y funcionarios judiciales buscaban incriminar al Banco Central, lo cual hubiera obligado al Tesoro a responder por todos los malos negocios del BID y hubiera generado honorarios de abogados por una suma que se estimaba en unos 30 millones de dólares.

El banquero declaró que Bonadío se reunió varias veces a solas con él, la última en el Hospital Penna, donde había sido internado. Allí lo instó a aportar datos para incriminar a directivos del Banco Central a cambio de mejorar su situación procesal. Bonadío no negó la visita, que atribuyó a su sensibilidad por la salud de un detenido que había sido operado del corazón, pasaba por una crisis emocional y amenazaba con suicidarse. Las autoridades del Central recusaron a Bonadío, quien fue separado de la causa, pero sin más consecuencias. Esta práctica extorsiva es la que se encuentra en muchas fojas encuadernadas en los últimos años por Bonadío, su fiscal Carlos Stornelli y el agente de inteligencia Marcelo Sebastián D’Alessio. Es D’Alessio quien dijo, en una de sus conversaciones con Pedro Etchebest, que su jefe era Montoto (firmante del más conmovido aviso fúnebre de su amigo Bonadío) y en otra que tanto el juez como el fiscal estaban haciendo fortunas a expensas de los empresarios encuadernados.

Montoto, Stornelli y Macri en el Día del Ejército de 2019

Un vaticinio

Hace poco más de un año Bonadío recibió una carta del miembro de la cátedra Plan Fénix de la UBA, Arnaud Iribarne. Colaborador de la publicación peronista Movimiento, el contador Iribarne conoció en el Manifiesto Argentino a Héctor Timerman y, hace trece meses, ante la muerte del ex canciller, decidió escribirle al doctor Glock.

Recordó que tanto el juez Daniel Rafecas como la Cámara Federal sentenciaron que no había delito en la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Pero Ud. inventó que había existido traición a la patria, consiguiendo con ello la reapertura de la causa”, escribió Iribarne. Como sólo puede haber traición a la patria en caso de guerra, añade, el doctor Glock “inventó la analogía como interpretación de la ley penal” y sostuvo que “Irán nos puso una bomba y que eso es como si fuera una guerra”. Pero la Argentina nunca rompió relaciones diplomáticas con Irán y la analogía no es una interpretación válida de la ley penal. “Esas minucias dejémosla para los estudiantes de Derecho ya que los reflectores de la TV lo iluminan y ningún periodista amigo hará preguntas que lo puedan incomodar. La cuestión es que Timerman tenía el turno en la clínica en Estados Unidos, el pasaje sacado, la visa de ingreso y el pasaporte al día, pero Ud. le impidió viajar”.

Ante la muerte de Timerman “le deseo que, dentro de muchos años, se encuentre con dos médicos que le ponen cara muy seria y le dicen:

—Mi amigo, la ciencia no tiene nada para ofrecerle.

Y el doctor Bonadío con voz temblorosa preguntará:

—¿Pero no van a intentar nada?

Y que los médicos le respondan:

—Lo siento, nada podemos hacer.

“Y Ud. tendrá que preparar la valija de regreso sabiendo que está desahuciado. Allí se acordará de Héctor Timerman y dirá a ese tipo yo le saqué las últimas balas del cargador en su último momento. A lo mejor se moría igual. ¿Pero quién me lo garantiza? Ese día estará solo con calmantes. No vendrán ni Clarín ni TN ni Morales Solá ni los que le palmeaban la espalda y le decían doctorazo, Ud. sí que se la juega, Ud. es el Sergio Moro de la Argentina. Ese día ni se acordarán de Ud. Porque un juez moribundo no es noticia, ni sirve para ganar elecciones”.

El vaticinio de Iribarne no se cumplió muchos años sino apenas unos meses después: en mayo de 2019, cuando debieron operarlo de un agresivo neuroblastoma cerebral en estadio 3, que en ocho meses más acabó con su vida. También se equivocó en su pronóstico sobre la soledad en que lo dejarían. Sigue siendo útil después de muerto y ninguno de sus valedores lo abandonó. Como el Cid Campeador, hasta ganó el sorteo para investigar la compra del testimonio de Vandenbroele para condenar a Boudou que investigó Ari Lijalad. La gente del sorteo fue de la última en enterarse de que esa bolilla no iba más.

Seguir la línea

Por cierto, el doctor Glock no fue una rueda loca sino parte de un engranaje. Desde la jubilación anticipada por problemas de salud del gran juez Horacio Cattani, Martín Irurzun perdió el rumbo y convalidó las actuaciones de Bonadío por las mismas prácticas que antes fustigaba. Suya es la doctrina que permitió practicar decenas de detenciones preventivas, alegando un presunto poder residual de los ex funcionarios, que les permitiría entorpecer la investigación. Y por encima de ambos, como garante de las privaciones ilegales de la libertad, actuaba el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Huevo Duro Lorenzetti, ahora reconvertido en un albertista de la primera hora posterior a la caída de Maurizio Macrì, quien aspira a recuperar la presidencia del tribunal.

Todo comenzó en Macondo

Es inconveniente olvidar que estas aberraciones comenzaron junto con el gobierno de Cambiemos en la provincia de Jujuy, con la detención de la dirigente de la organización social Túpac Amaru, Milagro Sala. La justificación la dio el entonces presidente de la UCR, Ernesto Sanz, en una entrevista con Cristina Pérez en la radio Mitre del Grupo Clarín. Sanz le hizo lo que denominó “una confesión de real política. Gerardo Morales asume el día 10 de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo, el día 11 de diciembre en menos de 24 horas dejaba de ser el gobernador. Porque en Jujuy lo que gobernaba no era Fellner y la institucionalidad. Gobernaba Milagro Sala con un Estado paralelo y ese Estado paralelo le impedía ser a Morales gobernador desde el primer día”.

Su argumento es idéntico al que formuló cuatro años después el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el diputado radical Pablo Baca, quien en 2015 votó la ampliación del tribunal que desde entonces integró. En conversación con una diputada amiga, Baca dijo que Milagro “está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”. Esta semana se difundió la noticia de que para impedir el juicio político promovido por la oposición, Baca había presentado su renuncia. Pero luego se informó que sólo había pedido licencia, y por la tarde comenzó el procedimiento que busca su remoción, a raíz de las afirmaciones acerca de la injerencia del Poder Ejecutivo, es decir Morales, sobre la Justicia, para mantener detenida por razones políticas a Milagro Sala. Pese a que critica al titular del Ministerio Público, Lello Sánchez, Baca dice que todos forman parte del mismo equipo, del que Morales es el jefe.

La versión que circuló es que ese jefe le había advertido que si no retiraba la renuncia quedaría excluido del equipo y pasaría de ser perseguidor a perseguido, pero El Cohete a la Luna pudo comprobar que nunca ingresó al Superior Tribunal otra cosa que la solicitud de licencia. El jueves se abrió el procedimiento de juicio político a Baca y el viernes se conformó la comisión acusadora, con tres legisladores oficialistas y dos opositores, que tendrá un mes para investigar y dictaminar.

En un diálogo con el recauchutado infotainer del Grupo Clarín, Jorge Lanata, Morales dijo que Milagro Sala debería estar en una cárcel común, en contra de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una medida cuyo cumplimiento obligatorio fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la que ahora depende la libertad plena de Sala. No se registraron protestas por esta intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones judiciales.

Morales mostró el mismo día una veta sorpresiva, al designar como titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy a Diego Capusotto. El gran actor compuso un personaje al que llamó Josefa Herrera.

En su primera presentación, caracterizado como una señora muy modosa, se supo que era militante de la UCR y que había asesorado a Morales. Pedro Saborido concibió este diálogo desopilante para el nuevo personaje de la galería de Peter Capusotto y sus videos:

—¿Va a tener independencia a la hora de investigar hechos de corrupción, dada su cercanía al radicalismo?.

—Voy a tener independencia porque esas son las instrucciones del señor gobernador — respondió el incomparable Capusotto.

Después aclaró que «me sacaron de contexto».

Genial.

La música que escuché mientras escribía

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