La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado este miércoles el expediente abierto el pasado noviembre a la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, por haber dictado resoluciones como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en un procedimiento en el que había sido recusada.

Rosell fue denunciada por el empresario Eduardo López Mendoza, investigado en unas diligencias penales y que la recusó el 26 de septiembre de 2013. Diez días después, la magistrada acordó no aceptar la causa de recusación y dispuso que hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias.

La recusación fue finalmente desestimada por la Audiencia el 11 de mayo de 2015, pero entre medias se produjeron dos comparecencias del empresario, citado a declarar. Las declaraciones no llegaron a celebrarse, ya que fueron suspendidas, y los funcionarios del Juzgado han manifestado que se convocaron "por error".

El archivo del expediente sin responsabilidad alguna para Rosell, que fue defendida por el abogado Agustín Azparren, exvocal del CGPJ, supone un nuevo varapalo al promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrrero, que había pedido que se sancionará a la jueza a un mes de suspensión por una falta muy grave.

El archivo se ha acordado por cinco votos frente a dos, estos últimos emitidos por el presidente de la Comisión Disciplinaria, Wenceslao Olea, y la vocal Carmen Llombart.

Los medios de comunicación canarios han informado de la relación de amistad del denunciante con el magistrado Salvador Alba, que mantiene un antiguo enfrentamiento con Rosell.