Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

A lo largo de mi larga vida académica he visto con frecuencia que ideas que se consideraban radicales terminaban por aceptarse tras algún tiempo, dependiendo el tiempo de respuesta de la flexibilidad de las instituciones encargadas de actuar en las áreas donde se presentaban las supuestamente radicales propuestas. En España, debido al enorme conservadurismo y rigidez del establishment financiero-político-mediático que gobierna el país, se necesita mucho más tiempo para que tal establishment acepte propuestas que son de mero sentido común, pero que son consideradas como demasiado radicales.

Algo está pasando hoy en Europa, en algunas instituciones enormemente poderosas de carácter financiero, que confirma lo que estoy diciendo. Me estoy refiriendo al reciente cambio del Banco Central Europeo, que ha pasado de ser uno de los mayores proponentes de que se reduzcan los salarios a apoyar tal incremento. Ni que decir tiene que el Banco Central Europeo no ha explicado por qué apoya esta medida ahora, y no antes, ni tampoco ha pedido disculpas por el enorme daño que ha causado proponiendo (y en muchas ocasiones imponiendo) bajadas salariales que era fácil de ver que, además de dañinas, eran totalmente contraproducentes para alcanzar la recuperación económica. Veamos los datos.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

Estamos todavía saliendo de una de las crisis más grandes que han ocurrido en España y en el resto de Europa, definida como la Gran Recesión (que, en realidad, para millones de españoles y europeos debería definirse como la Gran Depresión), en la que, a pesar de lo que dice la sabiduría convencional, todavía estamos estancados. La causa de esta Gran Recesión (o Gran Depresión) es sumamente fácil de ver (y era, por lo tanto, igualmente fácil de prevenir, como algunos así hicimos –tal como el lector puede ver en mi libro Globalización económica, poder político y Estado del Bienestar, publicado por Ariel Económica en el año 2000, siete años antes de que comenzase la crisis). La causa más importante de la Gran Recesión fue la aplicación de las políticas neoliberales iniciada a los dos lados del Atlántico Norte en los años ochenta (con el presidente Reagan, seguido por los gobiernos Bush, Clinton y Bush junior, en EEUU, por la Sra. Thatcher y el Sr. Blair en el Reino Unido, y por el Sr. Schröder en Alemania, entre otros), políticas que eran ni más ni menos que un ataque frontal por parte del mundo del capital al mundo del trabajo, promoviendo reformas laborales que tenían como objetivo reducir los salarios, y llevando a cabo políticas de austeridad que intentaban reducir o desmantelar el Estado del Bienestar, creando con ello una gran inseguridad e inestabilidad entre la clase trabajadora, eje de las clases populares.

El enorme descenso de los salarios como una de las causas de la Gran Recesión

Como era fácil de predecir, estas políticas de reducción de los salarios y recortes del gasto público crearon un enorme problema de demanda doméstica que afectó negativamente al crecimiento económico (ver mi artículo "Marx llevaba bastante razón", Público, 01.08.16). El gran crecimiento del endeudamiento, causado por la disminución de los salarios, aumentó el tamaño del capital financiero, que al ver su rentabilidad disminuida en las inversiones en la economía productiva (como consecuencia de la escasa demanda), invirtió en la economía especulativa, creando burbujas que al explotar determinaron la enorme crisis financiera. Los datos, fácilmente obtenibles, muestran claramente los orígenes de tal crisis. Léanse mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante (Anagrama, 2015) y lo verán. El hecho de que los datos que avalan estas tesis sean fácilmente accesibles, sin embargo, no quiere decir que sean fácilmente visibles en los principales medios de información y persuasión, influenciados en su gran mayoría por el capital financiero, que quiere decir la banca.

Todo el enorme sufrimiento causado por la aplicación de estas políticas públicas, que han beneficiado única y exclusivamente a sectores muy minoritarios de la población (el famoso 1%, que es la manera ahora de definir estos días a la clase capitalista, es decir, a los propietarios y gestores de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios), era fácilmente previsible. Y fue totalmente perjudicial para la gran mayoría de la población y también, por cierto, para la equidad y eficiencia del sistema económico. En contra de lo que sostiene el pensamiento económico neoliberal dominante, la inequidad no favorece la eficiencia económica. Todo lo contrario, la perjudica, como muestran los datos (ver mi último libro).

Cómo la sabiduría convencional neoliberal está cambiando, sin admitir que las tesis que defendía son insostenibles en base a la evidencia existente

Miren por donde, ahora, casi diez años después de iniciarse la crisis, algunos de los mayores arquitectos de las políticas promovidas por el establishment europeo -tales como el Sr. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo- han indicado que las políticas monetarias –que incluyen imprimir más y más dinero- no han sido suficientes para estimular la economía (lo cual es sumamente fácil de entender, pues este dinero imprimido por el BCE no va a los que lo necesitan, es decir, a los ciudadanos o a los Estados (excepto indirectamente ahora, a través de los mercados secundarios), sino primordialmente a los bancos y a las grandes empresas, que lo guardan o utilizan para optimizar sus beneficios, sin que ello implique un mejoramiento de la demanda doméstica). De ahí que el Sr. Draghi haya recomendado que se suban los salarios, lo cual algunos, muy pocos, habíamos sugerido desde que se inició la crisis, pues era fácil de ver que el gran enlentecimiento del crecimiento económico era, en parte, resultado del descenso de la demanda doméstica, consecuencia del descenso salarial.

Pero hay otras intervenciones que todavía no se han reconocido como necesarias, aunque les aseguro que lo harán en los próximos años. Me estoy refiriendo a la masiva inversión pública, con intención de crear empleo y estimular también la demanda doméstica. A lo máximo a lo que el establishment europeo (las instituciones que gobiernan la Eurozona) ha llegado ha sido al Plan Juncker, que es un estímulo para que sea el capital privado el que invierta, lo cual es dramáticamente insuficiente. Seguro que perderemos un par de años más antes de que el establishment europeo se dé cuenta de que tales inversiones son clave para la resolución de la Gran Recesión, como fueron clave para la resolución de la Gran Depresión.

Comparando la sabiduría convencional en Europa con la existente en EEUU

En este sentido, es interesante ver lo que está pasando en EEUU y compararlo con lo que está pasando en le Unión Europea. La teatralidad de las elecciones en EEUU (que, debido, en parte, a la figura atípica de Trump, ha centrado el debate en aquel país) ha ignorado los análisis de los programas económicos y sociales de los candidatos, que tienen diferencias pero también semejanzas, algunas de ellas especialmente relevantes para el debate (o mejor dicho, no debate) que ocurre en la UE. Me refiero a la coincidencia en los programas de los dos partidos mayoritarios de priorizar las inversiones públicas en la infraestructura física del país. Los dos partidos proponen una masiva inversión pública para no solo mejorar una estructura física muy olvidada en el país, sino también para crear buen empleo, con puestos de trabajo bien pagados.

Así, la Sra. Clinton ha prometido gastarse más de 270.000 millones de dólares (algo más de 240.000 millones de euros) en, además de mejorar el sistema educativo y el acceso a tal sistema por parte de las clases populares, mejorar también las infraestructuras del país (que incluyen carreteras, puertos, transporte ferroviario, transformación energética, la estructura de internet de alta velocidad, y otras que se consideran necesarias), y cuyas deficiencias son, en parte, causa del enlentecimiento de la productividad del país. Y el Sr. Trump ha prometido, predeciblemente, gastarse el doble de lo que ha prometido la Sra. Clinton en la infraestructura física.

El Sr. Trump, como era de prever, no indica cómo lo financiará. La Sra. Clinton sí que lo hace: lo programa, en parte, con un impuesto añadido de sociedades sobre las compañías estadounidenses que tienen parte de su producción en el extranjero. Hoy las políticas de apoyo a la globalización económica están desacreditadas en EEUU, y se apoyan medidas que en la UE se definirían y denunciarían como proteccionistas. Es interesante notar, en este aspecto, el cambio de 180º que ha experimentado el Sr. Lawrence Summers, que fue en su día el equivalente al Ministro de Fianzas del presidente Clinton (y arquitecto de la desregulación financiera en EEUU, una de las causas de la crisis financiera). De ser un gran entusiasta de la desregulación y la movilidad de capitales, ha pasado a favorecer hoy la regulación, siendo, a la vez, uno de los mayores defensores de la inversión pública masiva. Y a aquellos conservadores y liberales que protestan por tal incremento del gasto público, subrayando (como siempre hacen) que estaríamos creando una deuda que recaería sobre nuestros hijos y nietos (uno de los argumentos más utilizados por un gurú economista neoliberal de gran visibilidad mediática en Catalunya, miembro del Consejo de Gobierno del Banco de España), Summers responde indicando que sería imperdonable no invertir para dejar a nuestros hijos y nietos una infraestructura mucho mejor de la que hoy existe. Es más, por fin el Sr. Summers reconoce que el gobierno federal puede pedir prestado tanto dinero como quiera, a unos intereses bajísimos (un 1%), que serían más que pagables, pues tales inversiones provocarían un crecimiento de la productividad que originaría un aumento de un 3% de los ingresos al Estado federal, lo que permitiría pagar fácilmente esta deuda.

Tal argumento aplica también, por cierto, al Estado español y a sus CCAA. He indicado en repetidas ocasiones que España tiene uno de los sistemas bancarios privados más grandes, y uno de los sistemas bancarios públicos més pequeños en la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo capitalista desarrollado. Sería de desear que ello se revertiera. Por paradójico que parezca, el problema de España no es la falta de dinero, sino los canales privados (la banca privada) en los que circula. Es probable que ello cambie, sobre todo consecuencia de cambios en la cultura política y económica del país, hoy extraordinariamente conservadora que ha estado dañando el bienestar de las clases populares, y que está originando, como respuesta, una protesta generalizada que terminará transformando este país en caso de que las nuevas fuerzas políticas sean capaces de canalizarla. Es extraordinario, en este sentido, lo que se ha conseguido ya en un periodo muy corto. Pero los lentos cambios en la vía parlamentaria deberían ir acompañados con amplias movilizaciones en defensa de los intereses de las clases populares presionando para que se realicen aquellos cambios necesarios. En realidad, el hecho de que el BCE hoy pida un aumento de los salarios es una respuesta directa al temor de que los movimientos de protesta (a los dos lados del espectro político) se vayan expandiendo por todo el territorio europeo. Una vez más, aparece claro el dicho de que detrás de todo cambio de política económica, monetaria y/o financiera, hay cambios y presiones políticas. Son las variables políticas las que determinan los fenómenos económicos, y no al revés. Así de claro.