“Han forzado mi puerta”. María Goretti Guisande dormía cuando esta mañana un taladro ha perforado el cerrojo de su casa. La ha despertado la luz de la habitación al encenderse. Ha abierto los ojos y ha visto a mucha gente. Incapaz de moverse, lo único que ha podido hacer es mandar con el móvil dos mensajes de urgencia: a la asociación antidesahucios 500X20 y a Genoveva Seydoux, otra enferma, como ella misma, de las enfermedades de los síndromes de sensibilización central (SSC), cuyo día internacional se celebra mañana.

Me están desalojando, les ha dicho.

La comitiva judicial ha entrado en su casa. Agentes de la policía catalana, trabajadores de servicios sociales y del servicio de emergencias médicas (SEM). La han sentado en una silla, la han bajado en el ascensor, la han metido en una ambulancia y se la han llevado. Detrás ha quedado una puerta rota, sus muebles, sus cosas, sus recuerdos y las pocas cajas que había podido empezar a embalar.

Goretti Guisande ha perdido su piso, que para ella era mucho más que su hogar: era su hospital y la burbuja donde vivía protegida de los tóxicos del exterior.

“Creo que estoy en un estado de choque y de autoengaño. Creo que saldré de aquí y volveré a mi casa”, repetía esta mañana, desesperada, en un box de urgencias del hospital de Sant Pau, donde la han trasladado por orden del médico forense que el juez había convocado al desahucio. Afectada de sensibilidad química múltiple severa ⎯tiene también fibromialgia y síndrome de fatiga crónica⎯, cualquier químico puede causarle transtornos graves, por eso se ha resistido hasta el final a mudarse a un centro de alojamiento temporal, la alternativa de vivienda que le ofrecía el Ayuntamiento. Por eso tampoco quería hoy estar en el servicio de urgencias del hospital barcelonés.

La pesadilla empezó en otoño de 2013, cuando, incapacitada para trabajar ⎯prácticamente no puede moverse ⎯, dejó de tener ingresos y ya no pudo seguir pagando el alquiler. En 2014 recibió tres notificaciones de desahucio, que sus abogados ⎯asignados de oficio⎯ consiguieron paralizar a causa de su enfermedad. El propietario ofreció condonarle la deuda si se iba en quince días, pero en su situación eso no era factible. No fue hasta principios de febrero pasado cuando se intentó ejecutar el desalojo, aunque un grupo de activistas de la asociación 500X20 y la PAH consiguieron pararlo. El 13 de abril, el juez decretó el lanzamiento abierto, es decir, que podía ser desalojada sin notificación previa. Goretti vivía desde entonces con la angustia de perder su piso en cualquier momento.

No solo a ella, tampoco a su abogada la habían advertido de que el desahucio sería hoy. “El alzamiento abierto es una medida para evitar que lo paren, como en la ocasión anterior. Es muy perjudicial, y más en el caso de una mujer tan enferma como ella”, afirma Laia Caralt, letrada del despacho que fue designado de oficio para representarla. El hecho de que haya acudido un médico forense y el SEM muestra que era un desalojo especial y que el juez era consciente de la gravedad de su estado. Estaba bien documentado. Para Clara Valverde, enferma y presidenta de la Liga Síndrome de Fatiga Crónica, su caso abre un precedente “muy peligroso” para otras enfermas de SSC. “Hay muchas enfermas amenazadas de desahucio. Hay muchas enfermas que están sin ingresos y sin pensiones. Hay muchas Gorettis”, denuncia.

Su invalidez, ha dejado a Goretti impotente y sin opciones. Si fuera por ella, decía entre sollozos este mediodía en Sant Pau, agarraría la puerta y se iría por las buenas del hospital. Pero ni tenía su silla de ruedas ahí, ni sitio a donde ir. Originaria de Galicia, de 37 años, está sola y tiene a su familia lejos. La atienden los servicios sociales de su distrito y una trabajadora social desde hace tiempo.