El 18 de noviembre de 2011, decenas de activistas de vivienda acudieron al barrio de Manoteras a intentar paralizar el desahucio de Azucena y su familia, que vivían de alquiler en una casa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. A pesar de la movilización, Azucena, sus tres hijos, su madre y su abuela, de 87 años, fueron desahuciados.

El próximo 10 de marzo, más de cuatro años después de los hechos, se celebrará el juicio contra Patricia, una de las activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que acudió al desahucio, en los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo nº 11 por una supuesta agresión a uno de los agentes de policía que asistieron al desahucio. La acusación particular –el policía denunciante– pide un año de cárcel por el atentado a la autoridad y ocho meses por lesiones, mientras que el fiscal pide dos años por atentado a la autoridad y un año por lesiones a un agente de policía. “Nos sentamos en el portal, la Policía Municipal nos pidió que nos disolviéramos porque, si no, nos sacarían por la fuerza. Hicimos resistencia pasiva. Me sacaron por las piernas cuatro agentes, a rastras. Después me llevaron fuera del cordón policial y me pidieron el DNI”, contaba Patricia en un artículo publicado en Diagonal tras saberse, en 2013, la petición de condena de Fiscalía.

Testigos presenciales de los hechos aseguran que la protesta se desarrolló de forma pacífica y el desahucio fue ejecutado sin incidencias relevantes. Tan solo se pidió la identificación a los participantes de la protesta, entre los que se encontraba Patricia, que no fue detenida en el momento de los hechos, sino diez horas después de la ejecución del desahucio, y ya en su propio domicilio.Vídeos grabados durante la protesta confirmar la versión de Patricia.

“Patricia es detenida diez horas después en su domicilio. No es informada de que está detenida, pues los agentes le piden que la acompañen a comisaría y, una vez está en comisaría, Patricia afirma que le comunican que está detenida”, explica Eric Sanz de Bremond, abogado de Patricia y miembro de la Comisión Legal Sol.

La activista de la PAH fue retenida durante 20 horas, acusada de atentado contra la autoridad y lesiones a un policía. Según el abogado de la Comisión Legal Sol, el policía que denunció la presunta agresión manifiesta que sufre una caída hacia atrás, que se golpea con el codo en el suelo y que ya no puede actuar. Sin embargo, “en uno de los vídeos que se grabaron de ese desahucio se puede ver como el agente utiliza un pañuelo con el brazo presuntamente lesionado”.

Sanz resalta que “el proceso judicial ha sido lento, pues ha estado paralizado durante dos años”, tiempo en el que se “ha condicionado bastante la vida de Patricia, en la medida de vivir con la amenaza de una petición de tres años de prisión”.

https://www.diagonalperiodico.net/global/29479-activista-la-pah-se-enfrenta-tres-anos-carcel-por-hacer-resistencia-pasiva.html