El Juan Carlos I saluda a su amiga Corinna Sayn-Wittgenstein durante un acto en 2006 | EFE/ Archivo

De acuerdo con las investigaciones del fiscal suizo Yves Bertossa, la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen, recibió en 2012 una transferencia de 65 millones de euros por parte de la fundación panameña Lucum. Esa cuenta de la fundación había recibido, en el año 2008, la suma de 100 millones de euros por parte del ministerio de finanzas de Arabia Saudí. La cuenta, gestionada por el gestor de fondos ginebrino Arturo Fasana, pertenecería al rey emérito.

Corinna Larsen asegura que esa transferencia era una “donación” de parte de Juan Carlos, para ella y su hijo. La fiscalía suiza, en cambio, investiga la hipótesis de una operación de lavado de dinero, para blanquear la millonaria comisión pagada por la monarquía saudí al monarca español, agradeciendo sus favores en la negociación del contrato del AVE para la Meca.

En septiembre de 2018, el juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional archivó la llamada “pieza Carol”, una causa abierta a partir de las grabaciones difundidas por el excomisario Villarejo. Este había filtrado la grabación realizada en 2015 a Corinna Larsen, asegurando que el Rey tenía cuentas secretas en Suiza. ¿Por qué se archivó la causa? El principal motivo esgrimido fue la inviolabilidad del Rey, ya que los hechos investigados ocurrieron cuando este aún no había abdicado.

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En junio de 2014, el rey Juan Carlos I pasó a ocupar el título de “rey emérito”, una decisión tomada después de otros escándalos que rodeaban a la familia real, como el del caso Nóos que involucraba a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin, o la caza de elefantes en Botsuana. El prestigio de Juan Carlos estaba por los suelos y su abdicación hacia Felipe VI, que aparecía en los medios de comunicación como “el preparado”, fue un intento de lavar la cara la Monarquía.

La investigación judicial Suiza vuelve a plantear ahora la cuestión de la corrupción real, con un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Unidas Podemos ha pedido una comisión de investigación parlamentaria, a sabiendas de que el PSOE ya votará en contra. Un gesto para la galería.

A diferencia de Izquierda Unida, que siempre ha levantado en su programa la república federal, Podemos nunca incorporó en su programa la lucha contra la monarquía, algo que siempre consideró “fuera de la agenda”. Sin embargo, hace algunos años, Pablo Iglesias todavía realizaba algunas declaraciones críticas de esta institución: “Democracia y monarquía son dos conceptos contradictorios que se expresan además así en la historia de España. En la historia de España monarquía es símbolo de corrupción, de Imperio, de elecciones amañadas, de sufragio censitario, de límites al desarrollo constitucional y al desarrollo democrático. Monarquía es símbolo en España de que un dictador designe a un Borbón como sucesor al título de Rey. La Monarquía no es algo de lo que ningún español demócrata pueda enorgullecerse”.

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Sin embargo, ni Izquierda Unida ni mucho menos Podemos se han planteado seriamente la lucha por terminar con la monarquía. Y aún menos ahora que son parte del gobierno pro monárquico junto al PSOE, como se vio en el acto de inicio de la Legislatura, con los ministros de Unidas Podemos aplaudiendo de pie al Rey Felipe. O aún peor, con el escandaloso apoyo de Unidas Podemos al veto en el Congreso a la iniciativa de la CUP para que el Rey comparezca por los contratos con Arabia Saudí. Un nuevo y enorme batracio que están dispuestos a tragar los ministros “del cambio”.

La cuestión de la monarquía y las corruptelas del rey emérito vuelven a estar en la agenda política a poco más de un año de que decenas de referéndums antimonárquicos se extendieran por todo el Estado en barrios y universidades.

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En el Estado español llevamos soportando más de 40 años de democracia borbónica surgida de las entrañas del franquismo. No permitamos una segunda transición pactada por arriba que trate de cerrar la crisis monárquica, territorial y de representación para darnos 40 años más de lo mismo. Por eso, más que nunca, ante la completa integración del neorreformismo al régimen monárquico en el gobierno neoliberal “progre”, hace falta una alternativa política que se plante frente a este régimen y su monarquía. Una alternativa que luche por la apertura de procesos constituyentes libres y soberanos sobre las ruinas de este régimen decadente para “decidirlo todo”, como parte de la lucha por el gobierno de las y los trabajadores.