La autorización a la Policía para requisar documentación y eventualmente realizar arrestos, sin que exista una causa razonable y ante la posibilidad de hacerlo al voleo, constituye una preocupante marcha atrás en la evolución de la libertad de las personas para circular y las garantías del debido proceso.

El principio general en la materia prescribe que la Policía Federal puede actuar sobre los efectos, pero nunca sobre las causas. Por ello, toda autorización que, bajo pretexto de operar en aras de proteger el orden público que importe un menoscabo a los mencionados derechos de parte de una autoridad administrativa y sin intervención judicial, implica una grave violación a ese postulado.

En esta oportunidad se trata de un exceso en el ejercicio del poder de Policía, sin que existan garantías que impidan detener los abusos y, sobre todo, la discriminación en que se podría incurrir.

Este fallo del Tribunal Superior de Justicia incurre en lo que se ha considerado como “derecho penal de autor”. Esto es, la presunción de que alguien puede ser un delincuente potencial basada exclusivamente en su apariencia física, rasgos, raza u otros elementos susceptibles de llevar a la presunción de que se está frente a un delincuente basándose exclusivamente en semejantes prejuicios.