El PRI presentó este miércoles en el Senado una iniciativa de reforma que busca prohibir que las empresas de telefonía móvil establezcan plazos forzosos de contratación, así como el cobro de servicios adicionales que no hayan sido solicitados por los usuarios.

El legislador Omar Fayad Meneses presentó la propuesta que obligaría a las empresas a informar al momento de la suscripción de contratos de prestación de servicios todas las condiciones y costos que deberá pagar el usuario.

"Con ello, fortaleceríamos los derechos de los usuarios para decidir libremente si reciben o no un servicio y por cuanto tiempo, impidiendo que sean objeto de contratos con plazos forzosos y otorgándoles una herramienta más eficaz para exigir una mayor calidad en la telefonía móvil y el cumplimiento de los parámetros que son ofertados por las compañías", señaló el legislador en un comunicado.

La iniciativa contempla que las empresas de telefonía móvil se abstengan de incluir servicios de forma automática, sin informar al consumidor. Además, en los contratos el consumidor gozará de prerrogativas como adquirir o no la prestación de servicios adicionales.

El usuario podrá cancelar en cualquier momento el cumplimiento del contrato, la prestación del servicio básico, sin penalización alguna, debiendo cubrir sólo el monto por los servicios que hubiere recibido al momento de la cancelación.

Fayad Meneses expuso en tribuna que de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en México había 97.6 millones de suscriptores de telefonía celular hasta 2012, es decir una penetración de 86.9 de cada 100 mexicanos, que disponen de una línea de telefonía móvil.

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Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los usuarios de cuatro de las empresas de telefonía móvil Telcel, Iusacell, Telefónica Movistar y Nextel, tuvieron en 2010 unas 3,500 millones de llamadas caídas o no completadas.

Lo anterior, se tradujo en 7,790 quejas y sirvieron de base para ejercer cuatro acciones colectivas de demanda solicitando indemnizaciones y pago de daños y perjuicios.