Colombia es tal vez el único país del mundo en el que todo un periodo histórico, los 10 años que van de 1946 a 1956, es conocido como “la violencia”. El periodo inició con el “Bogotazo”, los disturbios que siguieron a la muerte del líder popular Jorge Eliécer Gaytán, donde murieron al menos tres mil 500 personas. Por espacio de 10 años se sucederían las pugnas políticas, las agresiones, los asesinatos, los atentados terroristas y los desplazamientos forzados. La violencia terminó con un conjunto de amnistías y un saldo de entre 200 mil y 300 mil muertes. También fue un doloroso presagio de los conflictos que se sucederían a lo largo del resto del siglo XX colombiano.

Al repasar los últimos 10 años de la historia de México sólo puedo pensar en ese mismo fenómeno, “la violencia” como hilo conductor (aunque nuestra violencia es de origen criminal, y no político). De acuerdo a las cifras de fuentes abiertas que recopila Lantia Consultores, los homicidios vinculados con el crimen organizado sumaron alrededor de 97 mil en estos 10 años de violencia. Por otra parte, de acuerdo al INEGI, de 2007 a 2011 la tasa de homicidios prácticamente se triplicó. Un incremento de esta magnitud en la tasa de homicidios es un hecho inédito en un país de más de 100 millones de habitantes durante un periodo de relativa estabilidad económica y política. Sin embargo, los daños ocasionados por la violencia van mucho más allá. En varios estados se ha disparado la incidencia de otros delitos de alto impacto, en particular por la proliferación de mafias dedicadas a la extorsión de ciudadanos de a pie, de empresas e incluso de autoridades. Aunque hoy destinamos un presupuesto mucho más alto a las instituciones de seguridad, nuestros policías parecen igual o más corruptos o ineficaces que en 2007 (una realidad trágica pero comprensible, pues las instituciones de seguridad han ocupado la primera fila dentro de los blancos de la violencia).

En las siguientes páginas recorro estos 10 años de violencia, no en una sola narración (que terminaría por ser ilegible ante la multiplicidad de actores y de conflictos), sino por medio de la reseña de 54 eventos. En estos eventos se incluyen varios que en su momento acapararon los encabezados de la prensa, pero que también tuvieron un carácter definitorio o que son ilustrativos de los grandes cambios que trajo la violencia. Aunque el foco está en los protagonistas, incluyendo a los propios criminales, a las víctimas y a las autoridades, también quise reservar un espacio para el debate intelectual, que ha ido definiendo nuestra forma de interpretar estos 10 años (y en el que la revista nexos, por cierto, ha desempeñado un papel de primerísimo orden).

11 de diciembre de 2006

Inicia Operación Conjunta Michoacán

La seguridad no fue un tema relevante en la plataforma electoral de Felipe Calderón en la contienda de 2006. Sin embargo, a 10 días de tomar posesión anunció su decisión de emprender una batalla frontal en contra el crimen organizado. Arrancó con el despliegue de casi siete mil elementos, en su mayoría militares, en Michoacán. El gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel, se había acercado al presidente electo para pedirle ayuda, ante el creciente desafío criminal. En el corto plazo la Operación Conjunta Michoacán fue un éxito: no sólo se logró contener la violencia, que había escalado a lo largo de 2006, y capturar a un importante número de criminales, también se estableció un precedente de colaboración con un gobierno estatal de izquierda.

2 de enero de 2007

Inicia el Operativo Conjunto Baja California

Ante los buenos resultados obtenidos en Michoacán, el gobierno federal decidió lanzar operativos similares en otras entidades. Las intervenciones se sucedieron de forma acelerada: sólo en enero se anunció una operación conjunta en Baja California, otra en Guerrero, y otras más en el “Triángulo Dorado” (la región serrana situada entre Chihuahua, Durango y Sinaloa). Inevitablemente, estas intervenciones ya no contaron ni con el factor sorpresa, ni con el mismo grado de esfuerzo institucional y de colaboración del gobierno estatal que el operativo en Michoacán. No obstante, en los meses subsecuentes se lanzaron nuevas operaciones conjuntas. En casi todos los casos el resultado sería un incremento —primero moderado, luego dramático— de la violencia.

20 de enero de 2007

Extradición de Osiel Cárdenas Guillén

Antes de ser arrestado en 2003, Osiel Cárdenas Guillén había logrado hacerse del liderazgo del Cártel del Golfo, y había fundado su principal brazo armado, Los Zetas, por medio del reclutamiento de desertores de cuerpos de elite de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, sólo después de su extradición Cárdenas Guillén perdió control efectivo del Cártel del Golfo. Durante su juicio en Estados Unidos negoció una condena de 25 años a cambio de colaborar con las agencias de inteligencia norteamericanas, lo que contribuiría a generar desconfianza entre la estructura tradicional del Cártel del Golfo y la cúpula de Los Zetas.

21 de enero de 2008

Captura de Alfredo Beltrán Leyva

Por años el Cártel del Pacífico había prosperado como la organización del país con mayor capacidad para exportar droga a Estados Unidos. Aunque Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, ocupaba un lugar preeminente, el Cártel del Pacífico operaba como una federación de organizaciones autónomas, con liderazgos bien arraigados (lo que contribuía a mantener la cohesión entre ellas). Sin embargo, esta captura que, según elementos de Sedena fue posible gracias a una llamada anónima, y que implicó el despliegue de 300 soldados por las calles de Culiacán, fue interpretada como una traición por parte de Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo con algunas versiones el homicidio de uno de los hijos de El Chapo, en mayo de 2008, sería uno de los primeros episodios de la venganza de los Beltrán Leyva. El conflicto de gran escala que esta captura terminaría por detonar cuatro meses después sería el más sangriento en la historia reciente del país.

27 de enero de 2008

Aparece listado de policías ejecutables en Ciudad Juárez

En el Monumento al Policía apareció una cartulina en la que se amenazaba a 17 mandos de la corporación municipal, incluido su director, Juan Antonio Román García, quien sería asesinado unos meses después. El listado estaba precedido por la frase “para los que siguen sin creer”. La lista y la ejecución fueron atribuidos por los medios locales al Cártel de Juárez. De esta forma, la epidemia de violencia que tendría lugar en Ciudad Juárez fue precedida por un esfuerzo deliberado de una organización criminal para socavar la autonomía de la policía local. Días después de la ejecución de Román García, dejaría la policía municipal su sucesor, Guillermo Prieto Quintana, quien también había sido blanco de amenazas. La solución del presidente municipal de nombrar a un militar retirado como titular de seguridad pública establecería un precedente que sería replicado por alcaldes y gobernadores de todo el país en los años subsecuentes.

8 de mayo de 2008

Asesinato de Édgar Millán Gómez

El comisionado de Seguridad Regional de la Policía Federal fue acribillado en su propia casa. Al parecer, el día anterior, Édgar Millán estuvo demasiado cerca de capturar en Cuernavaca a Arturo Beltrán Leyva, quien ordenó su ejecución. Para planear el homicidio Beltrán Leyva contó con el apoyo del agente federal José Antonio Montes Garfias, quien era un colaborador cercano y amigo de Édgar Millán. Posteriormente, se daría a conocer que Garfias Montes también había operado una red de protección a grupos delictivos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

4 de junio de 2008

Secuestro de Fernando Martí

El hijo del empresario Alejandro Martí fue secuestrado en un supuesto retén de la Policía Federal. A pesar del pago de un rescate de seis millones de dólares, el cuerpo del menor sería localizado 53 días después. Como resultado de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue detenida la policía federal Lorena González Hernández, quien sería liberada siete años después por falta de pruebas. El secuestro de Fernando Martí conmocionó a la opinión pública nacional y, gracias a la visibilidad y al activismo de Alejandro Martí, dio lugar a movilizaciones multitudinarias en decenas de ciudades del país que exhibieron el descontento ciudadano por la crisis de inseguridad.

21 de agosto de 2008

Firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Ante la presión pública por la creciente violencia e inseguridad, representantes de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, de los medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas firmaron este ambicioso documento, donde se establecían nada menos que 74 objetivos. De la lectura del Acuerdo se desprende que el despliegue de elementos federales debía ser transitorio, y que las operaciones conjuntas tenían el propósito de mantener la estabilidad en lo que las autoridades estatales y municipales trabajaban en la profesionalización de sus policías. En el evento de firma del acuerdo Alejandro Martí remató su discurso con la frase: “si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien”.

15 de septiembre de 2008

Granadazos en el centro de Morelia

Son considerados el primer acto de “narcoterrorismo” en México. El ataque tuvo lugar durante la celebración del 198 aniversario del grito de Independencia, cuando alrededor de 30 mil personas se encontraban reunidas en la plaza central de la capital michoacana. Se detonaron dos granadas de fragmentación que quitaron la vida a un total de siete personas. Tanto La Familia Michoacana como Los Zetas (las dos principales organizaciones que en ese entonces competían por los mercados criminales de Michoacán) se deslindaron de los hechos, y ninguna otra organización se adjudicó el atentado. A la fecha las investigaciones no han arrojado resultados concluyentes.

2 de enero de 2009

Se aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Con la aprobación de esta ley se establecieron las instituciones que, a la fecha, son responsables de coordinar los esfuerzos entre órdenes de gobierno en materia de procuración de justicia, profesionalización policial y readaptación social. El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), como instancia superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es responsable de definir políticas en la materia y potencialmente tendría la facultad para suspender la entrega de recursos a las entidades federativas o municipios que no cumplieran con los objetivos establecidos. Sin embargo, el diseño institucional del CNSP (un gran cuerpo colegiado donde participan el presidente, los gobernadores y varios secretarios de Estado) ha llevado a que las decisiones se tomen con base en criterios políticos, no técnicos, y a que nunca se sancione realmente a los estados y municipios que no asumen sus responsabilidades en materia de seguridad pública.

23 de marzo de 2009

La PGR publica lista de los 37 criminales más buscados

La lista fue publicada en Diario Oficial de la Federación e incluía dos categorías de delincuentes: aquellos por los que se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos y aquellos por los que se ofrecía la mitad. Los delincuentes pertenecían a seis organizaciones distintas: Golfo-Zetas, Cártel del Pacífico, Organización de los Beltrán Leyva, Cártel de Juárez o de los Carrillo Fuentes, La Familia Michoacana y Cártel de los Arellano Félix. No se ofrecieron explicaciones sobre los criterios para seleccionar a los capos que se integraron en la lista. Sin embargo, el listado y los importantes avances que se tuvieron en la captura o abatimiento de quienes figuraban en él se convirtieron en un aspecto central de la política de comunicación del gobierno federal. El mensaje era claro: el gobierno no tenía protegidos y se combatía de forma frontal a todas las principales organizaciones criminales del país.

29 de abril de 2009

Human Rights Watch publica el informe Impunidad Uniformada

Con la publicación del informe se hizo evidente que al costo humano de las ejecuciones, los enfrentamientos y las agresiones de los criminales habría que sumar los abusos de unas Fuerzas Armadas que no concebían a sus adversarios como sujetos de derechos. El informe describe numerosos casos de detención arbitraria, desaparición forzada, violación sexual, tortura y asesinato cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas en 2007 y 2008, en el marco de “operaciones conjuntas” de combate al crimen organizado. Al momento de la publicación del informe ninguno de los casos, a pesar de estar plenamente documentados, había concluido con una condena penal. Human Rights Watch atribuía la alta incidencia de violaciones graves a los derechos humanos a la opacidad y parcialidad del sistema de justicia militar.

26 de mayo de 2009

“Michoacanazo”

La detención en Michoacán de 38 altos funcionarios, incluyendo varios alcaldes, pareció un golpe maestro. Con ello se mandaba un mensaje claro a todas las autoridades del país que solapaban las actividades del crimen organizado. Sin embargo, el “Michoacanazo” terminó por ser una penosa pifia que dejó al descubierto las bajísimas capacidades de la PGR para generar evidencia sólida. Los nombres de los funcionarios habían salido de una narconómina localizada durante un cateo en la Ciudad de México. Sin embargo, al momento de ejercer la acción penal, la PGR no contaba con mucho más que la declaración de un testigo protegido (quien sería asesinado años después). El Poder Judicial ordenó la liberación de los 38 implicados. Varios de los acusados han seguido ocupando cargos públicos.

11 de septiembre de 2009

Captura de Arnoldo Rueda Medina

Considerado en aquel entonces el número tres de La Familia Michoacana (sólo después de El Chayo y El Chango) Rueda Medina, La Minsa, fue detenido en Morelia. La Minsa era responsable de coordinar la fabricación de drogas sintéticas y su trasiego a Estados Unidos. Su arresto desató el primer gran despliegue de fuerza de dicha organización criminal, que primero intentó rescatarlo y, durante dos días, organizó ataques contra casetas de cobro e instalaciones policiales en todo el estado que ocasionaron la muerte de tres policías federales y dos soldados. En su momento se llegó a pensar que, con la captura de La Minsa, el gobierno federal podría comenzar con “el desmantelamiento total de La Familia Michoacana”.

16 de diciembre de 2009

Abatimiento de Arturo Beltrán Leyva

Como se ha hecho tradición en las operaciones de más alto perfil, la Secretaría de Marina fue la dependencia a la que se encomendó la captura del líder de la Organización de los Beltrán Leyva, una vez que se localizó al capo en un condominio de lujo en Cuernavaca. Sin embargo, El Barbas nunca tuvo intenciones de entregarse y fue abatido al intentar escapar por el elevador. A su muerte ninguno de sus hermanos tenía la autoridad suficiente para garantizar la disciplina de todas las facciones de la Organización de los Beltrán Leyva, lo que detonó el violento desmembramiento que continúa hasta nuestros días.

23 de diciembre de 2009

Asesinan a familia del marino Melquisedec Angulo Córdova

En las guerras también hay reglas. Mucho se habla del honor de los narcos, y de su respeto por la familia. Sin embargo, en las guerras más cruentas las reglas rápidamente terminan por romperse. El cuerpo del marino Melquisedec Angulo Córdova, quien cayó en combate durante la operación en la que también cayó abatido Arturo Beltrán Leyva, fue recibido con honores en Tabasco. Su funeral, organizado por la Secretaría de Marina, tuvo cobertura mediática. Unas horas después un comando armado irrumpió en el domicilio de la familia del marino y asesinó a su madre y a dos de sus hermanos. Desde entonces los funerales y los honores de los elementos caídos en combate en México se realizan en secreto.

1 de enero de 2010

Joaquín Villalobos publica Doce mitos de la guerra contra el narco

Joaquín Villalobos fue miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que en la década de los ochenta luchó por derrocar a la dictadura que ejercía el poder en El Salvador. Contratado como consultor para la resolución de conflictos por el gobierno federal, Villalobos enfocó sus actividades en la elaboración de una narrativa sobre la política de combate frontal al crimen organizado, y llegó a ser tildado como el “Intelectual del Calderonismo”. Entre las ideas centrales del importante texto que publicó en nexos en enero de 2010 destacan las siguientes: el narcotráfico es contagioso y expansivo, en el largo plazo no se hubiera podido evitar una guerra frontal; no es posible la negociación con cárteles, por tratarse de actores fragmentados y sin control efectivo sobre sus elementos; la violencia, y en particular las bajas criminales, son indispensables para que el gobierno gane la guerra.

12 de enero de 2010

Captura de Teodoro García Simental

Formaba parte de la lista de los más buscados de la PGR. El Teo o El Tres Letras fue una de las figuras más sanguinarias de los primeros años del gobierno de Calderón. Su confrontación con sus antiguos patrones, los Arellano Félix, generaron dramáticos episodios de violencia, principalmente en Tijuana. El Teo también fue responsable de popularizar la infame práctica de contratar “pozoleros” para disolver cadáveres en ácido. Como represalia por la ejecución de su novia desencadenó una serie de ataques que cobraron la vida de 36 personas. En contraste con los casos de otros capos de primer nivel, la captura no generó una profundización de la violencia en el área de influencia de El Teo. Tijuana fue la primera zona metropolitana del país donde se logró contener una epidemia de violencia.

24 de enero de 2010

Ejecución de Sergio Peña Mendoza

Mejor conocido como Concord 3, Peña Mendoza había sido detenido meses antes en Reynosa, Tamaulipas. La desconfianza entre las cúpulas del Cártel del Golfo y de Los Zetas sólo había aumentado desde la extradición de Osiel Cárdenas Guillén en 2007 y la inexplicable ejecución del Concord 3 fue interpretada por el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, como una traición directa de sus antiguos aliados. Los Zetas exigieron la entrega de El Metro 3, a quien consideraban responsable directo del asesinato de Peña Mendoza. En lugar de acceder, el Cártel del Golfo buscó aliarse con otras organizaciones para la guerra que pronto iniciaría contra su antiguo brazo armado. Las consecuencias del rompimiento serían desastrosas para el noreste del país, que hasta entonces había permanecido en relativa calma. En Tamaulipas las ejecuciones pasaron de 90 en 2009 a mil 209 en 2010.

31 de enero de 2010

Masacre en Villas de Salvárcar

Un comando armado disparó contra jóvenes de bachillerato y universidad que celebraban una fiesta en un domicilio particular, con un saldo de 16 muertes. El presidente Calderón —quien estaba de gira en Japón— se apresuró a afirmar que los jóvenes ejecutados eran “integrantes de pandillas”. Sin embargo, la información disponible sugiere que la masacre fue uno de los muchos casos de banalidad de la violencia que tuvieron lugar en Ciudad Juárez por aquellos meses (la principal línea de investigación apunta a que los sicarios que abrieron fuego buscaban a un solo individuo, que ni siquiera estaba en la fiesta). El presidente tuvo que retractarse.

17 de febrero de 2010

Inicia Todos Somos Juárez

Para comienzos de 2010 Ciudad Juárez se había convertido en símbolo de los horrores de la guerra contra el crimen organizado. En Juárez habían coincidido dos factores: se trataba de un cruce fronterizo estratégico en disputa entre dos cárteles, y existían pandillas juveniles con miles de miembros, que fungían como una enorme reserva de sicarios. Durante el gobierno de Felipe Calderón el programa recibió más de cinco mil millones de pesos. Aunque no generó resultados de forma inmediata, en el largo plazo fue posible una recuperación significativa de la seguridad en Ciudad Juárez. Desafortunadamente, por la gran diversidad de acciones que involucró (entre las que destacaban la ampliación de distintos programas de becas educativas y la inversión en espacios públicos) y la celeridad con que se implementó, es difícil definir qué componentes concretos de Todos Somos Juárez fueron los que dieron resultados.

28 de junio de 2010

Homicidio de Rodolfo Torre Cantú

Según las averiguaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, líder del Cártel del Golfo, fue quien mandó matar al entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas. El motivo, la negativa de Torre Cantú de proteger las inversiones que el Cártel del Golfo usaba para lavar dinero en el estado. Rodolfo Torre Cantú fue rápidamente reemplazado en la candidatura por su hermano Egidio Torre Cantú. En Tamaulipas, a diferencia del resto de los estados de la frontera norte, han continuado los enfrentamientos de comandos armados y la intimidación generalizada a la población, incluso en las principales ciudades. Tamaulipas es también la única entidad del norte del país donde se ha documentado la presencia de grupos de autodefensa.

29 de julio de 2010

Abatimiento de Ignacio Coronel

Formaba parte de la lista de los más buscados de la PGR. Mejor conocido como Nacho Coronel, el capo había logrado consolidarse como uno de los principales exportadores de crystal meth hacia Estados Unidos. Hizo su carrera delictiva en el Cártel del Pacífico, aunque de acuerdo con algunas versiones en los últimos tiempos se distanció de Joaquín Guzmán Loera, a pesar de ser pariente de su esposa. De acuerdo con un reporte de la DEA, Coronel también tenía la capacidad para formar su propia organización. El reporte resultó estar en lo correcto. Al momento de morir en una de sus mansiones de Guadalajara, Coronel había establecido las bases de lo que hoy conocemos como Cártel Jalisco Nueva Generación.

3 de agosto de 2010

Inician los Diálogos por la Seguridad

En tiempos en los que México hacía frente a los niveles más altos de violencia de su historia el presidente Calderón reconoció que los resultados no habían sido los esperados, y aceptó sentarse a dialogar personalmente sobre el tema con organizaciones civiles, empresarios, académicos y líderes religiosos. Cuando en la mesa con especialistas sugerí que se podía debilitar al crimen organizado y de forma simultánea disminuir la violencia, el presidente me interpeló, no sé si molesto o irónico (a los otros participantes los había escuchado sin interrupciones). Desde su perspectiva, desafortunadamente, la única alternativa a la violencia era tolerar que las organizaciones criminales operaran libremente.

21 de agosto de 2010

Encuentran cuerpos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Antes del macabro hallazgo de los cuerpos de 72 personas en fosas en San Fernando, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había reportado que los casos de secuestro de migrantes centroamericanos, que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos, habían alcanzado un nivel crítico (una investigación concluyó que en sólo seis meses casi 10 mil migrantes habían sido secuestrados). De acuerdo al testimonio de uno de los dos únicos sobrevivientes, los migrantes de San Fernando habían sido secuestrados por una célula de Los Zetas, que les ofreció trabajar como sicarios a cambio de un pago de mil dólares semanales. Ante la respuesta negativa, prácticamente todo el grupo fue acribillado. Las fosas de San Fernando no fueron un parteaguas. En los meses siguientes continuaron los casos de secuestro de migrantes y los hallazgos de fosas.

30 de agosto de 2010

Captura de Édgar Valdez Villarreal

Formaba parte de la lista de los más buscados de la PGR. Al momento de su captura La Barbie, miembro de la organización de los Beltrán Leyva, antes de que ésta se desmembrara, era el principal líder criminal en Guerrero y Morelos (estados pobres, con instituciones policiales paupérrimas, pero que hasta entonces no habían desempeñado un papel central en la guerra contra el narco). Su captura generó un vacío de poder que ha sido llenado por organizaciones de carácter mafioso en continuo conflicto: el CIDA, La Barredora, Los Rojos, Los Ardillos, Guerreros Unidos, por citar sólo algunas de las más prominentes. En Acapulco el impacto de la captura de La Barbie fue desastroso. Las ejecuciones, que en 2009 fueron 158, subieron a 370 en 2010 y a 887 en 2011. Desde entonces el puerto no ha tenido un solo año de relativa paz.

6 de noviembre de 2010

Abatimiento de Ezequiel Cárdenas Guillén

Otro personaje que aparecía en la lista de los más buscados de la PGR. Cardenas Guillén o Tony Tormenta había sido un liderazgo prominente del Cártel del Golfo después de la extradición de su hermano, Osiel Cárdenas Guillén. Su abatimiento fue uno de los éxitos más celebrados dentro de los spots del gobierno federal. Con su muerte Eduardo Costilla, El Coss, se fortaleció como el líder del Cártel del Golfo. Sin embargo, la organización, debilitada por su intenso conflicto con Los Zetas, inició un proceso de declive que la convertirían en una agrupación más o menos difusa de células delictivas locales, algunas especializadas en la extorsión de empresarios locales y otras en subcontratistas de organizaciones más grandes.

1 de diciembre de 2010

Ejecución de testigos protegidos

Dos testigos protegidos fueron ejecutados en un Starbucks de la Ciudad de México. El caso es escandaloso si se toma en cuenta que en el programa de testigos protegidos de la PGR participan sólo algunas decenas de personas. El caso no sería el último. En junio de 2015 Los Zetas lograron ejecutar a otro testigo protegido. Estos homicidios son indicativos de la incapacidad del Estado mexicano para operar en territorio nacional programas de colaboración con ex delincuentes, que a su vez generen inteligencia necesaria para diseñar estrategias más eficaces de combate al crimen organizado. Ante esta deficiencia la única alternativa ha sido aceptar la intervención de agencias norteamericanas, con los costos y condicionamientos que ello implica.

1 de enero de 2011

Fernando Escalante publica Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso

Con base en las cifras del INEGI, Escalante presentó en nexos un detallado análisis del dramático repunte de los homicidios registrado durante estos dos años (un repunte que, además, rompía de forma abrupta con la larga tendencia de disminución en los homicidios que se había observado de 1990 a 2007). El análisis de Escalante también destacaba que los operativos del gobierno federal habían contribuido a este repunte de la violencia, en tanto habían deteriorado la capacidad de las policías municipales para “organizar los mercados informales y los mercados ilegales”. Por su parte, José Merino buscó refutar que hubiera una relación de causalidad entre operativos y violencia. Sin embargo, como él mismo reconoce en Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: Una medición (nexos, junio de 2011), al realizar un análisis estadístico de causalidad, las intuiciones de Escalante se confirman.

12 de enero de 2011

Publicación de Base de Fallecimientos por Presunta Rivalidad Delincuencial

En un extraño ejercicio de transparencia, el gobierno federal publicó esta base de datos, que no era más que una tabla de frecuencias en la que se señalaba el número de distintas modalidades de “ejecuciones” ocurridas mensualmente en cada municipio del país. Sin embargo, era una herramienta estadística muy útil que permitía evaluar la relación entre la violencia del crimen organizado y otras variables. La publicación de la base generó descontento y terminaría por suspenderse en agosto de 2012. En algunos gobiernos estatales, de forma comprensible, la base molestaba porque evidenciaba la gravedad de la crisis de violencia. En un sector de la sociedad civil, de forma menos clara, generaba molestia porque, a pesar de no contener ningún nombre, la base contribuía a “criminalizar” a las víctimas. Desde que se suspendió la publicación de la base oficial decidí replicar el ejercicio desde Lantia Consultores, por medio del monitoreo diario de fuentes abiertas.

15 de febrero de 2011

Homicidio del agente Zapata

El agente especial Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue emboscado y ejecutado por un comando de Los Zetas mientras circulaba por una carretera del norte de San Luis Potosí. Fue el primer homicidio de un elemento de una agencia norteamericana de seguridad en suelo mexicano desde 1985. Como respuesta, el gobierno norteamericano lanzó la operación Fallen Hero. En pocos días fueron decomisados en varios estados millones de dólares en efectivo, junto con armas y cargamentos de droga. También fueron detenidas 41 personas vinculadas con organizaciones criminales mexicanas. Desde entonces no se ha registrado en nuestro país el homicidio de ningún otro elemento de agencias de seguridad norteamericanas.

1 de junio de 2011

Publico La raíz de la violencia

Uno de los artículos más largos y más detallados que he publicado en nexos. Entre otros argumentos que se evalúan se presenta un análisis estadístico del impacto que las capturas y abatimientos de capos tienen sobre los niveles de violencia vinculada con el crimen organizado. La conclusión, que se alcanza utilizando tres distintos criterios, es que los arrestos y abatimientos tienen, en la mayoría de los casos, un impacto positivo en el aumento de la violencia. La explicación general es que estas acciones aumentan la incertidumbre y propician el incumplimiento de acuerdos, lo que a su vez da lugar a conflictos sucesorios o a la fragmentación de la organización.

16 de julio de 2011

Operativo Lince Norte

A diferencia de los operativos conjuntos que se habían llevado a cabo hasta entonces, el Operativo Lince Norte fue una estrategia de carácter fundamentalmente militar y acotada al objetivo de identificar blancos y debilitar la estructura de Los Zetas en el noreste del país. A partir de entonces resultó claro que el Estado mexicano había decidido priorizar las acciones en contra de Los Zetas (la organización criminal que por aquel entonces generaba más violencia) sobre las demás organizaciones criminales del país. Lo anterior, en oposición a la narrativa oficial, donde se enfatizaba la importancia de combatir a todas las organizaciones por igual. Con este cambio también inició un gradual proceso de disminución de la violencia que habría de prolongarse hasta 2014.

14 de septiembre de 2011

Se gradúa la primera generación de elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León

Algunas semanas después del trágico incendio del Casino Royale, en el que perdieron la vida 52 personas (al parecer una represalia porque los dueños se negaron a pagar la cuota que exigían Los Zetas), Nuevo León estrenó una nueva policía estatal. La antigua corporación había sido desmantelada casi por completo (sólo 800 de sus cuatro mil elementos pasaron las pruebas de control de confianza) y el gobierno del estado —bajo la creciente presión del empresariado— destinó a la corporación recursos suficientes para ofrecer un sueldo inicial de 14 mil 500 pesos (muy superior al que pagan las corporaciones de otros estados) y prestaciones orientadas a ofrecer un proyecto de vida a los elementos. En años siguientes la violencia y la incidencia delictiva en Nuevo León disminuyeron de forma acelerada.

20 de septiembre de 2011

35 cuerpos son abandonados en la glorieta Boca del Río, Veracruz

En Veracruz tuvo lugar uno de los episodios más oscuros dentro de la silenciosa estrategia por eliminar del panorama criminal a Los Zetas. Sicarios del CJNG, que a veces simplemente se hacían llamar “Los Matazetas” se desplegaron por el puerto y comenzaron a dar cacería a células de Los Zetas, con el visto bueno del gobierno estatal, de acuerdo con algunas versiones. El gobernador Javier Duarte, por su parte, pareció querer justificar los hechos al señalar en su cuenta de Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”. En respuesta, unos meses más tarde, Los Zetas abandonarían 26 cuerpos en una de las principales glorietas de la zona metropolitana de Guadalajara.

20 de septiembre de 2011

Primera edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

A partir de 2011 el INEGI ha publicado año con año los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), una visión general tanto de las conductas delictivas que afectan a la población, como de la percepción pública en materia de seguridad y desempeño institucional. En ningún otro país se realiza una encuesta de victimización de una magnitud equiparable. La muestra es de decenas de miles de viviendas, lo que permite que el ejercicio sea representativo a nivel de entidad federativa. Gracias a la ENVIPE sabemos, por ejemplo, cómo varía la cifra negra (los delitos que no son denunciados) a lo largo del país, y en qué entidades la población confía más en las policías.

25 de mayo de 2012

Ataque a camiones repartidores de Sabritas

Los Caballeros Templarios no sólo buscan intimidar a pequeños negocios y a productores agrícolas, también a grandes empresas. En un hecho inédito, cuatro instalaciones y 40 vehículos fueron incendiados de forma coordinada en Michoacán y Guanajuato. Sin embargo, hay controversia sobre la motivación de los ataques. Algunas versiones mencionan que se trató de un caso más de extorsión. Sin embargo, la propia organización criminal colocó mantas en las que señalaba que los vehículos de Sabritas eran utilizados para trasladar “personas de inteligencia y agentes del gobierno que se hacen pasar por agentes de ventas”.

7 de octubre de 2012

Muerte de Heriberto Lazcano Lazcano

Heriberto Lazcano murió en un pequeño enfrentamiento (sólo iba acompañado de dos hombres) cuando intentaba huir de elementos de la Secretaría de Marina en Sabinas, Coahuila, después de asistir a un partido de beisbol. En un desenlace que parecería inverosímil, un comando armado robó el cuerpo de El Lazca de la funeraria donde se le practicaba la autopsia. Con la muerte del también llamado Z3, el gobierno de Calderón avanzó de forma decisiva, antes de su cierre, en el proceso de desmantelar a la organización que había sido la más violenta del país. Los Zetas, por su parte, continuarían un largo proceso de fragmentación que a la fecha sigue generando inestabilidad en Tamaulipas y Veracruz.

3 de enero de 2013

Se crea la Comisión Nacional de Seguridad

El secretario de Seguridad Pública en tiempos de Calderón, Genaro García Luna, se convirtió en una figura que acumuló gran poder y que operó con un enorme margen de discrecionalidad el presupuesto destinado a la expansión de la Policía Federal. Una de las primeras decisiones de Peña Nieto como presidente fue desaparecer la SSP y sustituirla por la CNS, un organismo supeditado a la Secretaría de Gobernación (en lo sucesivo, esta última habría de fungir como la cabeza del sector seguridad). El diseño de la CNS demostraría ser disfuncional: tiene un titular con grandes responsabilidades formales, pero con capacidad real limitada para incidir en la operación de la Policía Federal o del Sistema Federal de Readaptación Social.

13 de febrero de 2013

Se anuncia el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

El presidente anunció este programa que ha sido, a la fecha, la principal apuesta gubernamental para atender las causas de la violencia. Como en muchas otras políticas que implican la distribución de fondos a entidades federativas y municipios, terminaron por prevalecer criterios políticos para la asignación de recursos. En primer lugar, el programa no se focalizó a los municipios o polígonos más violentos del país (en un afán de inclusión técnicamente absurdo, se destinaron recursos a las 32 entidades federativas). Más grave todavía, no se establecieron criterios a efecto de seleccionar intervenciones que efectivamente atendieran a la población más vulnerable y redujeran sus factores de riesgo. En virtud de las deficiencias de diseño y de operación, en 2017 el programa se suspenderá para cualquier efecto práctico.

24 de febrero de 2013

Surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán

José Manuel Mireles —la polémica figura que encabezó al grupo de autodefensa en el municipio de Tepalcatepec— describió en un emotivo video las condiciones de expoliación en las que su comunidad vivía debido a la presencia de Los Caballeros Templarios: los impuestos que cobraban “por vivir”, las violaciones de niñas y la total complicidad de las autoridades. Los abusos de Los Caballeros Templarios contribuyen a explicar la rápida expansión de los grupos de autodefensa por todos los municipios de Tierra Caliente. Sin embargo, no tardaron en surgir reportes de la propia vinculación de algunos líderes con organizaciones criminales, de los abusos que comenzaron a ser habituales en la toma de comunidades e incluso de la instalación de un centro de tortura.

26 de mayo de 2013

Multisecuestro en el Bar Heaven

La Ciudad de México no ha sido uno de los principales escenarios de la violencia del crimen organizado. En términos generales, las autoridades capitalinas han logrado evitar que las ejecuciones se generalicen. Sin embargo, en la capital existe un enorme mercado de narcomenudeo en continua disputa entre pequeñas organizaciones locales. Las investigaciones señalan que el secuestro y la ejecución de 13 jóvenes que se encontraban en un bar de la Zona Rosa fue un ajuste de cuentas entre las bandas Unión de Insurgentes y Unión de Tepito, después de que un dealer fuera ejecutado en las inmediaciones de un bar de la colonia Condesa.

10 de enero de 2014

Captura de Héctor Beltrán Leyva

El último de los hermanos Beltrán Leyva en libertad fue capturado mientras cenaba en San Miguel de Allende. No hubo disparos en la captura de El H, quien en los últimos tiempos se hacía pasar por un empresario del sector inmobiliario. Aunque por aquel entonces la Organización de los Beltrán Leyva había sido severamente debilitada, el gobierno presentó el operativo de captura como la culminación de un importante trabajo de inteligencia. Después de un primer año de gobierno con un saldo de seguridad relativamente positivo pareció que, efectivamente, se habían concretado avances importantes en el desarrollo de capacidades para combatir al crimen organizado de forma más eficaz.

15 de enero de 2014

Inicia nueva intervención federal en Michoacán

Hacia principios de 2014 los grupos de autodefensa que surgieron en la Tierra Caliente de Michoacán parecían incontenibles, y su inminente avance sobre Apatzingán suponía el riesgo de una confrontación de resultado incierto con Los Caballeros Templarios. Sólo entonces el gobierno federal decidió intervenir, primero por medio del envío masivo de elementos policiales y militares, y luego por medio de la creación de una “Comisión Especial” encabezada por Alfredo Castillo. Esta intervención tuvo consecuencias mixtas. Los esfuerzos por integrar a los grupos de autodefensa en una Policía Rural no dieron resultado. Sin embargo, sí fue posible socavar la amplia base de apoyo y complicidad de Los Caballeros Templarios, una de las organizaciones criminales más sanguinarias y con mayor poder corruptor, y a la vez capturar a sus principales líderes.

28 de enero de 2014

Se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro

La principal labor de la Coordinación Nacional Antisecuestro ha sido supervisar y apoyar la operación de una unidad antisecuestro en cada entidad federativa. Las unidades operan desde una lógica distinta al resto del sistema de prevención y persecución del delito. En primer lugar, se prioriza la atención a las víctimas. En segundo lugar, se realiza un esfuerzo por analizar información con el propósito de identificar patrones y modalidades delictivas. Aunque las cifras no son del todo confiables, en 2015 se reportó una disminución de 28% en la incidencia de este delito. También se advierte que el secuestro ha perdido la preeminencia que alguna vez tuvo dentro de las preocupaciones de las clases medias urbanas. El éxito de la Coordinación Nacional Antisecuestro le valió a su primer titular, Renato Sales, ser nombrado Comisionado Nacional de Seguridad.

30 de marzo de 2014

Muerte de Enrique Plancarte

La intervención federal en Michoacán forzó al principal operador financiero y segundo al mando de Los Caballeros Templarios, Kike Plancarte, a abandonar el estado. A las pocas semanas Plancarte fue abatido por elementos de Semar en Querétaro. Su caída hizo evidente que, sin la red de complicidad que permitió por años a los Templarios comprar o intimidar casi cualquier voluntad en Michoacán, el modelo de operación de la organización no era funcional. Tras la muerte de Kike Plancarte su hija, la cantante conocida como La Barbie Grupera publicó en Twitter: “Nadie es eterno en el mundo”.

14 de junio de 2014

Circulan fotos de Rodrigo Vallejo con La Tuta

Primero se difundieron grabaciones donde el líder de los Templarios aparece con Jesús Reyna, quien fuera secretario de Gobierno e incluso gobernador interino ante los problemas de salud del gobernador Fausto Vallejo. Luego circularon dos videos en los que La Tuta discute con el hijo mayor del gobernador Vallejo la situación política del estado. Los videos demuestran, sin mayor margen para la interpretación, cómo autoridades electas y criminales cogobernaban Michoacán (si bien la voz de La Tuta era la que parecía tener un mayor peso). En este contexto, el gobierno federal optó por sustituir de facto al gobierno del estado en el desempeño de varias de sus funciones (además de la seguridad pública).

30 de junio de 2014

Ejecución extrajudicial en Tlatlaya

Fue la primer ejecución extrajudicial multitudinaria que recibió atención mediática durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese día murieron 22 personas en lo que, de acuerdo a la versión presentada por Sedena, fue un enfrentamiento. Sin embargo, en el informe de la CNDH sobre el caso se documenta cómo las víctimas se “rindieron rápidamente”, que al menos 15 fueron ejecutadas después de haber sido sometidas, y que se alteró la escena del crimen para simular que habían muerto en combate. El informe de la CNDH también reveló uno de las aspectos más trágicos de la masacre: varias de las víctimas habían sido secuestradas en comunidades de la Tierra Caliente de Guerrero y eran forzadas a trabajar para los criminales.

22 de agosto de 2014

Creación de la Gendarmería Nacional

Originalmente la Gendarmería fue un compromiso de la campaña de Peña Nieto y se planteó como una de sus principales propuestas en materia de seguridad. Sin embargo, antes de iniciar operaciones, la naturaleza del proyecto fue mutando. Originalmente, se concibió como una corporación militarizada. Posteriormente, se señaló la conveniencia de que fuera de carácter civil, y que desempeñara de modo permanente tareas propias de una policía de proximidad en zonas rurales conflictivas o que registraran una alta “densidad criminal”. Finalmente, se optó por establecerla como una división más de la Policía Federal. También la magnitud del proyecto fue reduciéndose. En un principio se habló de una corporación con 40 o 50 mil gendarmes. Sin embargo, la Gendarmería se inauguró con sólo cinco mil elementos.

26 de septiembre de 2014

Tragedia de Iguala

La desaparición de los 43 estudiantes marcó un antes y un después. A partir de esa fecha se revierte la tendencia de disminución de las ejecuciones que se había sostenido desde finales de 2011. También a partir de entonces el gobierno federal ha visto su capital político y sus niveles de aprobación evaporarse, y ha habido un incremento generalizado de los eventos de conflictividad social (movilizaciones, tomas de instalaciones, etcétera). La investigación de los hechos ha sido un laberinto, y los numerosos reportes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que participan en el caso apuntan a un sinnúmero de negligencias y omisiones por parte de las autoridades ministeriales. Sin embargo, el hermetismo de las Fuerzas Armadas, en particular la rotunda negativa para que los elementos del 27 Batallón fueran entrevistados por el GIEI, es el elemento que ha hecho más daño. Recientemente, la periodista Anabel Hernández señaló que los soldados de dicho batallón fueron los responsables de recuperar la droga que se encontraba en los camiones que habían sido tomados por los estudiantes.

27 de noviembre de 2014

El presidente Peña Nieto publica su Decálogo en materia de seguridad

Envuelto en el descontento por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el reportaje sobre la “Casa Blanca”, el presidente buscó tomar la iniciativa y anunció un decálogo de acciones para recuperar la seguridad. La selección de las 10 acciones no fue afortunada. Se trataba de propuestas vagas; iniciativas “recicladas” del gobierno de Calderón (como el mando único policial o la clave única de población) o incluso programas que ya operaban en buena medida (como la línea única de emergencia). Dos años después el Decálogo ha sido completamente olvidado (tal vez sólo cabría mencionar que en la Cámara de Diputados se discute una versión muy diluida de una contrapropuesta a la iniciativa de mando único). La práctica de anunciar grandes acciones sin hacer un esbozo de sus mecanismos de operación o un análisis previo de su viabilidad, ha sido un error recurrente del actual gobierno.

27 de febrero de 2015

Captura de La Tuta

El máximo líder de Los Caballeros Templarios, quien meses atrás era el hombre más poderoso de Michoacán, fue capturado sin oponer resistencia en una casa de Morelia. Con esta captura llegaba a su fin la mafia más poderosa de la historia del país. Michoacán está muy lejos de recuperar la paz. Las comunidades de Tierra Caliente, las que más padecieron en tiempos de La Familia y Los Templarios, son recelosas, tanto de la policía estatal como de las Fuerzas Armadas, y se niegan a desarmarse. Después de años de ver cómo las autoridades colaboraban con los criminales, interpretan cualquier despliegue de elementos como una nueva estrategia para traer de vuelta la dictadura criminal.

1 de mayo de 2015

Embestida del CJNG

Ante las acciones cada vez más desafiantes del CJNG (que ya había acribillado en una emboscada a 15 elementos de la policía estatal de Jalisco) dio inicio el 1 de mayo de 2015 un operativo federal en el estado. Ese mismo día el CJNG decidió mostrar músculo: derribó un helicóptero del Ejército, bloqueó vialidades en la capital del estado y otros 15 municipios más, e incendió gasolineras, bancos, restaurantes y otros comercios. La embestida fue un exceso y un error de cálculo que sólo generó una respuesta igualmente impulsiva del gobierno federal. Tres semanas después la Policía Federal realizaría un operativo en un rancho ocupado por presuntos miembros del CJNG en Tanhuato, Michoacán. El saldo del operativo sería de 42 civiles y un policía muertos, en lo que la evidencia sugiere que fue un nuevo caso de ejecución extrajudicial colectiva. Vecinos del rancho señalaron que los disparos se hicieron desde un helicóptero.

11 de julio de 2015

Fuga de Joaquín Guzmán Loera

La fuga fue un ridículo de primer nivel para el gobierno federal, tanto por la resistencia que se había tenido para extraditarlo a Estados Unidos, como porque el presidente había dicho en entrevista que todos los días le preguntaba al secretario de Gobernación si lo tenía bien vigilado. La fuga también exhibió que ni siquiera una institución relativamente profesional como el Sistema Federal de Readaptación Social es inmune al poder corruptor de un criminal de la talla de Guzmán Loera. Para llevar a cabo su fuga no sólo contó con la complicidad de un gran número de funcionarios del penal del Altiplano, donde se encontraba recluido, sino también en el CISEN y en la Policía Federal, instituciones encargadas de la videovigilancia del capo. En resumen, la fuga colocó un velo de duda sobre la confiabilidad de todo el aparato de seguridad del Estado.

19 de junio de 2016

Enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca

La combativa Sección 22 de la CNTE logró capitalizar el descontento social, en constante aumento desde los hechos de Iguala, y formar una gran coalición con otras organizaciones sociales, en rechazo a la reforma educativa. Por varios meses en 2015 y en 2016 las movilizaciones y bloqueos ahorcaron la economía del estado al grado que Oaxaca llegó a competir con Guerrero y otras entidades asoladas por el crimen organizado para recibir elementos federales que contribuyeran a mantener el orden. Fue precisamente durante el desalojo de un bloqueo carretero por parte de elementos de la Policía Federal que seis civiles resultaron muertos. La versión oficial, como en casos anteriores, resultaría débil. La Policía Federal señaló que el grupo que participó en el operativo no portaba armas, afirmación que fue desmentida por material fotográfico de diversos medios.

29 de junio de 2016

Remoción de Enrique Galindo como comisionado de la Policía Federal

Desde la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, se había consolidado como el hombre fuerte del sector seguridad. Mientras los titulares de la CNS se sucedían en el puesto, él permaneció y fortaleció su relación de trabajo con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, las pifias y los reportes de abusos por parte de elementos de la Policía Federal, cada vez más difíciles de negar, terminaron por imponerse. La remoción se dio a pocos días después de la publicación de un demoledor informe de la CNDH sobre el caso Tanhuato. Si ésta fue la motivación directa de la remoción, se habría roto la tradición de solapar a los altos mandos por violaciones graves a los derechos humanos, siempre que las víctimas fueran presuntos delincuentes.

Epílogo

Todavía no hay a la vista un cierre para la violencia en México. Las posiciones más pesimistas, las que señalaban que el país se encaminaba a convertirse en “Estado fallido”, han sido refutadas. Sin embargo, la tendencia observada desde mediados de 2014 es preocupante. Nuevamente, la violencia va en aumento, pero ahora lo hace sobre todo en estados y en municipios que tienen las menores capacidades para hacerle frente. Un escenario sombrío de normalización de la violencia, donde nos resignamos a que algunas regiones del país sean controladas por mafias y grupos de autodefensa, se perfila como uno de los tristes legados de estos primeros 10 años de violencia criminal.

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Socio de Lantia Consultores.