Las negociaciones entre el Gobierno de Manuela Carmena y los fondos de inversión que adquirieron paquetes de vivienda protegida están rotas. La imposibilidad de llegar a acuerdos entre ambas partes, como los que se ultiman con diferentes entidades bancarias, ha llevado al equipo de Gobierno a aumentar la beligerancia para evitar las ejecuciones de desahucio que pesan sobre los inquilinos de estos inmuebles. Una tesitura ante la que Carmena les ha anunciado su intención de batallar en los tribunales, al entender las operaciones de venta de estos activos no fueron legítimas ni conforme a derecho.

El equipo jurídico del Ayuntamiento se está afanando en buscar la forma legal de revertir la venta por la que Blackstone-Real Magic State adquirió un lote de 1.860 viviendas en 2013 por valor de 120 millones, según explica la responsable del área de Derechos Sociales, Marta Higueras. “Estamos estudiando a fondo el expediente y, si encontramos alguna cuestión que no se ajuste a derecho en la operación, buscaremos cómo rescindir los contratos judicialmente”, explica la vicealcaldesa.

La intención prioritaria de Carmena pasa por paralizar los desahucios, y en estos casos la única opción que valora su equipo de Gobierno es que “las viviendas reviertan de nuevo en el Ayuntamiento y con carácter social”. En los últimos meses, un alto porcentaje de los desahucios ejecutados en la ciudad corresponden a este tipo de viviendas. No caben, al menos de momento, más negociaciones con Fidere, la sociedad anónima cotiza de inversión inmobiliaria (socimi) creada por el fondo norteamericano para gestionar estos activos.

El Ayuntamiento de Madrid frena la venta de 2.000 viviendas sociales a fondos buitre

La paralización, ayer mismo, del procedimiento de venta de 2.086 viviendas sociales a fondos de inversión, que el anterior Gobierno no llegó a materializar, ha sido toda una declaración de intenciones de Carmena. La retirada de las acciones legales iniciadas por el Ayuntamiento para hacerse con las casas permitirá detener los procesos de desahucios que pesaban sobre 70 familias. “Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución”, aseguró la alcaldesa.

La polémica operación de venta de pisos de protección oficial que llevó a cabo el PP en 2013 “ha generado una situación de injusticia tremenda para sus inquilinos, que podían haber comprado esa vivienda social al mismo precio que los 'fondos buitre' y no tuvieron esa posibilidad”, según había denunciado ya la regidora al inicio de su mandato. Es por este motivo, unido a las “denuncias particulares de personas afectadas por el miedo a perder su vivienda”, por el que el Ayuntamiento revisa con lupa el expediente, según añade Higueras.

Carmena junto a inquilinos de viviendas cuya venta a fondos de inversión se ha paralizado. (EFE)

Un proceso largo y tedioso

La responsable de Derechos Sociales, área en la que se incluye Vivienda, reconoce que, aun consiguiendo revertir la venta de estos inmuebles, el proceso podría ser largo y tedioso. Una prolongación en el tiempo por la que no descarta que se planteen alternativas para dar solución habitacional a las personas que sean desahuciadas antes de hacer efectiva la reversión. Para estos casos también se contempla la posibilidad de “tratar de mediar con Fidere para llegar a acuerdos concretos y evitar situaciones de vulnerabilidad de las familias”.

La edil de Ahora Madrid valora más positivamente la receptividad de las entidades financieras, e incluso la Sareb, con las que ultima un acuerdo para la cesión temporal de viviendas, a coste cero, para garantizar una alternativa habitacional a personas desahuciadas y en riesgo de exclusión social, como ya adelantó El Confidencial. En su mayoría, se trata de viviendas que no están teniendo salida ni para el alquiler ni para la venta y que, precisamente, se encuentran en los barrios donde la tasa de lanzamientos hipotecarios es más elevada.

Todos los gastos generados por estas viviendas, como los de comunidad e IBI, correrán a cuenta del Ayuntamiento, que también tendrá capacidad para gestionarlos durante los cuatro años de legislatura. La oferta ha sido puesta sobre la mesa, tras dos meses de negociaciones, por la mayoría de grandes entidades, según recalca la concejal de Derechos Sociales.