Exigir antecedentes socioeconómicos y certificado de notas hasta sexto básico es ilegal en los colegios que reciben subvención.

SANTIAGO.- Durante el segundo semestre cerca de 11.500 colegios en el país inician sus procesos de admisión para recibir a nuevos alumnos a partir del año 2014. Esta etapa muchas veces representa un estrés para las familias, el que en ocasiones se ve acentuado cuando los establecimientos exigen requisitos que son ilegales.

Entre septiembre de 2012 y abril de este año, la Superintendencia de Educación Escolar ha recibido 170 denuncias por prácticas ilegales durante los procesos de admisión. Del total de las denuncias, el 68% corresponde a colegios particulares subvencionados y un 13% a establecimientos municipales.

La queja más recurrente es que los colegios exigen a los alumnos los certificados de notas del año anterior en niveles que la ley no permite. Según establece la Ley General de Educación, los establecimientos que reciben subvención del Estado no pueden considerar en la admisión el rendimiento escolar de los estudiantes cuando cursan hasta sexto básico.

Según explica la ministra de Educación, Carolina Schmidt, esto se debe a que los menores no cuentan con la "madurez" para que se le pidan ese tipo de exigencias. "En los cursos iniciales los niños no tienen la madurez suficiente para poder predecir en base a los resultados anteriores el comportamiento futuro", afirma.

En esos niveles los colegios sí pueden pedir a los alumnos que rindan pruebas, pero, según explica el superintendente, Manuel Casanueva, éstas deben limitarse a medir aspectos psicológicos o de madurez, pero en ningún caso el desempeño académico.

Colegios deben informar cupos y entregar resultados

Otra denuncia frecuente es que los establecimientos no entregan adecuadamente a los apoderados los resultados de los procesos de admisión, no respetan los plazos de postulación y falta información sobre el proceso de admisión, como fechas o cupos.

En este punto, las autoridades precisan que los colegios tienen la obligación de publicar la lista de los alumnos que fueron seleccionados y que los apoderados de aquellos estudiantes que no fueron aceptados pueden pedir al establecimiento las razones de esa decisión.

Asimismo, deben informar los requisitos de postulación de manera transparente, indicando el número de vacantes ofrecidas en cada nivel, los criterios generales de admisión, el plazo de postulación, la fecha de publicación de los resultados, los requisitos de los estudiantes, la documentación a presentar y el tipo de pruebas a los que serán sometidos los alumnos.

Otra práctica que ha sido detectada por la Superintendencia, aunque en menor medida, es que algunos establecimientos solicitan las liquidaciones de sueldo de los apoderados o informes socioeconómicos de la familia (como la Ficha de Protección Social) como antecedentes para admitir a un estudiante.

Esta situación también está expresamente prohibida por la ley en aquellos establecimientos que reciben subvención del Estado –municipales y particulares subvencionados–, no así en los particulares pagados, que no deben cumplir con esta normativa.

El superintendente sostuvo que se trata de pocas denuncias para el universo de 3 millones 500 mil estudiantes que hay en el país, pero remarcó que "cualquier niño que quede fuera del sistema escolar por estas razones es grave".

En caso de detectar alguna de estas irregularidades, los apoderados pueden denunciarla en el sitio web de la Superintendencia o en las oficinas de la entidad en todo el país.

Los establecimientos que no cumplan con la normativa se exponen a multas que van desde los $2 millones hasta los $40 millones.

Junto con denunciar estas prácticas, las autoridades recomiendan a los apoderados verificar algunos aspectos relevantes a la hora de elegir el colegio para su hijo, como asegurarse que éste cuente con reconocimiento oficial del Estado, con un reglamento interno y con un manual de convivencia.