El fiscal Horrach valora solicitar el ingreso inmediato en prision para Urdangarín y Torres. / EFE / ATLAS

Iñaki Urdangarin es el primer miembro de la realeza española condenado por corrupción y, en concreto, por el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos. En cambio, la infanta Cristina ha sido absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, aunque la Audiencia de Palma le ha impuesto el pago de 265.088 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero conseguido por su marido. El tribunal ha impuesto al exduque de Palma seis años y tres meses de cárcel, siete años y un mes de inhabilitación y multa de 512.553 euros. Una condena muy por debajo de los 19 años de prisión que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción.

Con esta sentencia se cierra un capítulo del escándalo que provocó un terremoto en la Monarquía española, hasta el punto de ser una de los factores que influyó en la abdicación del rey Juan Carlos en junio del 2014. Ya como jefe del Estado, Felipe VI decidió al poco tiempo excluir de la Familia Real a las infantas. Y al año, le revocó a su hermana el título de duquesa de Palma.

Pero el ‘caso Nóos’ todavía traerá cola. De entrada, el fiscal Pedro Horrach solicitará la prisión preventiva inmediata para el cuñado del Rey y para su exsocio, Diego Torres, condenado a ocho años y seis meses de cárcel, aduciendo riesgo de fuga. Ha pedido que se convoque la vista para tal fin. Además, los abogados de Urdangarin y Torres anunciaron de inmediato que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo.

EL DESCONOCIMIENTO DE LA INFANTA

La Audiencia de Palma destaca que la infanta Cristina “desconocía” y no era "consciente" de la existencia de “ilícitos penales (delito fiscal y malversación)" en las actuaciones de su marido y, por lo tanto, no participó “en su ejecución”. Tampoco ha quedado acreditado que participara en la "ocultación" de lo que debía declarar a fisco su esposo en el 2007 y el 2008. Por ello, se la absuelve de los delitos de fraude a Hacienda que le atribuía la acusación popular de Manos Limpias y por la que pedía cárcel. El fiscal no acusaba a la infanta.

No obstante, las magistradas sí consideran probado que, a pesar de que la infanta desconocía las acciones de Urdangarin, incorporó a su patrimonio dinero ingresado en las cuentas de la sociedad Aizoon (compartida con su esposo al 50%) que se había “ocultado y sustraído” a Hacienda, así como "la cantidad malversada" procedente del reparto de beneficios acordado entre Urdangarin y Torres. Un montante que fue ingresado en las cuentas corrientes "de las que [Cristina] gozaba de plena disponibilidad”.

El tribunal detalla que mediante su tarjeta de crédito asociada a las cuentas de Aizoon, la infanta cargó gastos familiares y se benefició de las cantidades ingresadas por 265.088 euros, cuantía de la que ha sido considerada corresponsable a título lucrativo con Urdangarin. Como la hermana del Rey ya depositó 587.413 euros a finales del 2014, ahora el Estado le deberá devolver casi la mitad.

LOS DOS SOCIOS

Por su parte, Urdangarin ha sido condenado por prevaricación, fraude a la Administración pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, pero ha quedado exonerado de blanqueo de capitales. Por este delito solo pagará su exsocio Diego Torres, de quien las juezas consideran acreditado que usó empresas en Belice y Reino Unido.

Según recogen los hechos probados de la sentencia, de 741 páginas, ambos acordaron que Torres se dedicara a los proyectos y a la dirección de la estructura de Nóos, y Urdangarin se ciñiera al ámbito institucional y comercial, “proporcionando los contactos necesarios que, al más alto nivel, su privilegiado posicionamiento le preocupara”, dada su "proximidad a la Jefatura del Estado”. Ese estatus le permitía ejercer una “presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades”.

Para llevar a cabo sus negocios, Urdangarin y Torres constituyeron “un entramado societario” alrededor del Instituto Nóos. El Gobierno balear, presidido entonces por Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de prisión, empezó a contratar a sus empresas para la realización de proyectos, como los denominados Illes Balears Fórum 2005 y 2006, cuya adjudicación se efectuó prescindiendo de la tramitación legal aplicable. También cobró por la intermediación en el patrocinio de un equipo ciclista. Nóos percibió por los dos eventos 2,3 millones de euros. Ambos socios emitieron a través de sus sociedades 425 facturas. Urdangarin cobró a través de Aizoon 837.683 euros y Torres, con sus empresas, 838.566 euros.