Fernández Díaz en una visita a una empresa de Viladecans (Barcelona). M. Minocri ATLAS

La filtración de una grabación entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en la que ambos supuestamente conspiraban para incriminar a dirigentes de los partidos secesionistas, ha hecho estallar el caso de la llamada policía patriótica que EL PAÍS ya denunció en diciembre de 2012 y por la que el PSOE lleva varios años preguntando en el Congreso. La conversación, divulgada por el diario digital Público, implica también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que estaría presuntamente informado de la operativa.

La mayoría de las fuerzas políticas, tanto en Cataluña como en el resto de España, han solicitado la dimisión de Fernández, así como una explicación sobre la presunta utilización partidista de la Policía Nacional y de otros servicios del Estado por parte del Gobierno del PP. El escándalo se produce durante la última semana de campaña electoral, en la que Jorge Fernández se presenta como número uno de la lista de Barcelona del PP.

La conversación divulgada desde el martes, y que continuará en los próximos días, vuelve a traer a colación la conjura policial contra el soberanismo denunciada por EL PAÍS el 23 de diciembre de 2012.

Esta operativa se inició con la llegada al poder del PP en 2011. El 22 de diciembre de aquel año fue nombrado ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que, un mes después, cambió toda la cúpula policial, nombrando director general de la Policía a Ignacio Cosidó y director adjunto operativo (DAO) a Eugenio Pino. Fue este el que presuntamente creó un grupo de policías emboscado en el anonimato cuya función era elaborar informes apócrifos contra los líderes de los partidos políticos independentistas catalanes y sus familias.

El objetivo era luchar contra el movimiento de secesión de Cataluña y la filosofía era que el fin justificaba los medios. Para ello, utilizaban hechos ciertos de investigaciones reales, que aderezaban con interpretaciones y pruebas no válidas para cualquier procedimiento judicial. Los casos más famosos son las acusaciones contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tener cuentas en Suiza.

El comisario Villarejo, imputado por revelar secreto El juez que instruye el caso Nicolay ha citado a declarar como investigado al comisario José Manuel Villarejo por revelación de secretos. Fuentes judiciales han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha dictado una providencia en la que cita para el próximo lunes 27 de junio a Villarejo por la presunta grabación ilegal de una reunión entre policías y agentes del CNI sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás. Además de al comisario, el juez ha citado también al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aunque este ha sido llamado como testigo, al igual que el antiguo jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas.

La resolución no es firme, por lo que las partes pueden recurrirla para intentar posponer o evitar las comparecencias. El juez ha tomado su decisión en contra del criterio del fiscal, que se había opuesto a que se investigara a Villarejo.

Este último caso fue especialmente llamativo, ya que varios comisarios y policías viajaron a Suiza en un avión oficial para comprar información a un confidente con fondos reservados. Volvieron a Madrid con varios pantallazos de una supuesta cuenta de Trias en Suiza, que posteriormente filtraron a la prensa para forzar una investigación judicial. La operación fracasó, ya que ningún juez admitió esos pantallazos como prueba para abrir un procedimiento.

Esta era la actuación habitual del grupo de policías patrióticos que han actuado impunemente durante más de cuatro años. Se elaboraban informes sin membrete ni firma, que pretendían adjudicar a la UDEF o a otras unidades policiales cuando lo filtraban a los medios afines, que los publicaban con el objetivo de que la Justicia iniciara una investigación.

En algún caso, como el de la familia Pujol, las informaciones eran veraces y útiles, pero en todos los casos el procedimiento era irregular y el objetivo claro: acosar a los enemigos políticos. Además, en la investigación de la fortuna de los Pujol en el extranjero se produjeron hechos extraños, como que el abogado y socio del comisario Villarejo, Rafael Redondo, acompañara a Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en su declaración ante la policía en Madrid.

Entre los policías que presuntamente han participado en este grupo, según se deduce de las preguntas parlamentarias formuladas por el diputado del PSOE Antonio Trevín, figuran el director adjunto operativo, Eugenio Pino, y José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín Blas y José Manuel Villarejo, entre otros. Estos dos últimos han protagonizado recientemente un duro enfrentamiento con motivo de la investigación del caso Nicolay.

Además de la lucha contra el secesionismo, el Ministerio del Interior encargó más recientemente informes contra Podemos y sus principales líderes. De esas investigaciones surge el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que aunque estaba acabado el pasado otoño, no se filtró a los medios afines hasta pasadas las elecciones del 20-D cuando el PP constató que esta fuerza política había crecido más de lo previsto.