CUERNAVACA, Mor. (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se desistió de la demanda por daño moral interpuesta en contra de tres opositores a la termoeléctrica y al Proyecto Integral Morelos (PIM), por lo que el Ministerio Público Federal decidió el no ejercicio de la acción penal en contra de los denunciados.

Este jueves, en audiencia celebrada en la delegación Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR), Jaime Domínguez, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores recibieron la noticia de que la CFE había retirado los cargos.

El pasado 10 de abril, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizaron una protesta en la termoeléctrica de Huexca, que incluyó pintas al edificio. Los manifestantes procedían de todo el país y habían llegado a Morelos a una sesión especial del CNI realizada en Amilcingo, comunidad a la que pertenecía Samir Flores, férreo defensor del territorio y la autonomía comunitaria y opositor, por eso mismo, a la termoeléctrica. Samir fue asesinado en febrero pasado.

A partir de esta manifestación, la CFE levantó la denuncia en contra de Domínguez, Castellanos y Flores –este último líder opositor de Puebla–, quienes son considerados de los más visibles en el movimiento. La CFE exigía el pago de 69 mil pesos como reparación del daño moral causado a los trabajadores de la paraestatal.

Los tres imputados negaron haber participado en la manifestación y más aún en las pintas al edificio, por lo que exigieron a la actora de la demanda presentar las pruebas al respecto. Además, al salir de la primera audiencia hace unos días, calificaron la nueva denuncia de CFE como un intento más de amedrentarlos e intimidarlos.

El martes pasado, como reportó Apro, los activistas fueron recibidos por Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien se manifestó inquieto por la persecución que se ha montado en contra de los ambientalistas.

Este jueves, los demandados fueron acompañados a la delegación de la FGR en Morelos por una centena de miembros de organizaciones civiles, quienes demandaron dejar de “criminalizar” a los luchadores sociales. Hace unos días también, decenas de activistas y defensores de derechos humanos, así como organizaciones civiles, demandaron detener las campañas de amedrentamiento contra los opositores.