Dos grandes problemas están increíblemente irresueltos en la Argentina y son los que llevan a los conflictos que se trató de encaminar en la reunión de ayer: el reparto de la recaudación de impuestos en primer lugar entre la Nación y las provincias y luego entre ellas. Es la famosa coparticipación, primaria y secundaria. El otro problema irresuelto es la financiación del sistema previsional.

Cuando recién arrancan los sistemas previsionales universales y obligatorios son maravillosos para los gobiernos gastadores: todos pagan, casi nadie cobra. ¿Qué se hizo en la Argentina con Perón, militares y sucesores? Usar el superávit de las cajas de la jubilación para financiar el déficit en que caían las empresas públicas obligadas a cobrar tarifas demasiado bajas. Lo que es hoy el subsidio a las tarifas.

Todo terminó cuando el Estado y sus empresas debían comenzar a devolver los "préstamos" del sistema jubilatorio. Por cierto, se habían "olvidado" de actualizar los montos por inflación. Y las tarifas seguían subsidiadas. Se arregló con emisión e inflación.

Todo terminó con empresas públicas quebradas, al igual que el sistema previsional.

Las jubilaciones no se actualizaban, los jubilados ganaban juicios, que no podían pagarse. Raúl Alfonsín heredó un país con un déficit que llegó al 17% del PBI, default interno y externo. Todo terminó en los brotes hiperinflacionarios.

La solución de Menem fue destinar parte de lo obtenido en las privatizaciones a pagar la deuda previsional. También se destinó parte de la recaudación de IVA, Ganancias y la totalidad de Bienes Personales a las cuentas previsionales. Toqueteos de la coparticipación. Y también deuda, con los famosos Bocon en pesos y dólares.

Para evitar futuros desfalcos previsionales se eligió un sistema mixto, con jubilación pública y uno de capitalización. En este último esquema, los aportes personales de los trabajadores iban a cuentas individuales y ya no al esquema general de reparto.

En 1992, ante la inminencia de la entrada en vigor de ese esquema, se decidió en un pacto fiscal entre la Nación y las provincias, ratificado por el Congreso y las legislaturas, un aporte extraordinario al sistema de jubilaciones nacionales para evitar que se quedara sin recursos suficientes para pagar jubilaciones.

Funcionó así: la recaudación de coparticipados -IVA y Ganancias son los más importantes- se reparte entre la Nación y las provincias. Poco más de la mitad va al interior y un uno por ciento va para los Aportes del Tesoro Nacional. Lo administra el Ministerio del Interior, pero pertenece a la provincias. El resto es para la jurisdicción federal.

Baches presupuestarios

En el pacto de 1992 se decidió que antes de cualquier reparto, de la recaudación total de coparticipados se sacaría el 15%, que iría a cubrir el bache de la Anses. El resto se repartiría según los índices habituales entre la Nación y las provincias.

El interior recibió ayudas a cambio: garantías de transferencias fijas de ATN, por ejemplo. La oferta de que transfirieran sus cajas de jubilación propias si adaptaban condiciones al sistema nacional o ayuda para cubrir el déficit si no las transferían.

Los pactos dejaron de tener sentido cuando el kirchnerismo eliminó el sistema de jubilación con capitalización al que al principio se afiliaron, entre miles, Néstor y Cristina. Ya no había bache que cubrir porque todos los aportes, más todos los ahorros acumulados, eran manejados arbitrariamente por la Casa Rosada, que se quedó así con un jugoso superávit para hacer política y politiquería tras la reestatización.

Hicieron juicio Santa Fe, Córdoba y San Luis. La Corte les dio la razón recién en diciembre pasado. Y ordenó devolver actualizada la deuda. Una pesadísima herencia para el gobierno actual.

Cristina Kirchner no sólo no pagó miles de sentencias de la Corte Suprema en favor de jubilados. Además decía que el sistema judicial argentino es sobre casos particulares. Así que los jubilados que no hacían juicio no estaban alcanzados, aunque sufrieran la misma injusticia.

Pero con el tema provincias hizo todo lo contrario. Repartió el 15% de coparticipación con las provincias, como antes de los pactos, incluso con las que no demandaron. Buenos Aires, por ejemplo. Lo hizo por decreto, sin que sus repentinamente institucionalistas seguidores se escandalizaran. Macri anuló ese decreto con otro, que, ahora sí, a los K les pareció mal.