La masacre de El Junquito. Así ha sido bautizado extraoficialmente el desenlace del operativo con que las fuerzas de seguridad venezolanas pretendían capturar a Óscar Pérez, el enemigo número uno del régimen chavista hasta el pasado 15 de enero. Esa es la fecha en que Pérez, exinspector de la Policía científica del país, y otros seis rebeldes empeñados en derrocar al “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, murieron bajo una lluvia de balas o cohetes. El Gobierno no ha hecho pública todavía la causa exacta de sus decesos.

Tanto peor para la imagen de Maduro. Con el paso de los días y a medida que se intensifica la opacidad en torno a este suceso, aumenta el número de instancias que lo acusan de haber ordenado la ejecución extrajudicial de los alzados y de otras dos personas atrincheradas con ellos en un chalet de El Junquito, un poblado en las afueras de la capital. La mayor alianza de partidos opositores de Venezuela, la Conferencia Episcopal local y veintitrés expresidentes iberoamericanos ya están hablando de “ajusticiamiento”.

Los subversivos se dieron a conocer el 27 de junio de 2017, cuando dispararon contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior desde un helicóptero. En diciembre sometieron a un grupo de soldados, asaltaron una base militar y sustrajeron armas de su arsenal. Esas hazañas y sus llamados a una insurrección popular quedaron documentados en las redes sociales. Sus simpatizantes subrayan que los hombres de Pérez nunca hirieron ni le quitaron la vida a nadie, pero la élite cívico-militar revolucionaria sostiene lo contrario.

El destino de los “terroristas”

El segundo timonel del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que los agitadores nunca contemplaron deponer las armas como lo proclamó el propio Pérez en videos grabados poco antes de su muerte, que ellos lanzaron granadas contra los cuerpos de seguridad al verse sitiados en El Junquito y que terminaron asesinando a Heyker Vásquez, líder de un colectivo chavista –luego descrito como agente de la Policía Nacional Bolivariana– cuya presencia en el lugar de los hechos ha atizado controversias.

Foro Penal Venezolano señaló que la participación de civiles irregulares o paramilitares en operativos de seguridad o de control del orden público infringía lo establecido en la Constitución nacional. La organización no gubernamental (ONG) agregó, por otra parte, que el uso de lanzacohetes contra los insurgentes en El Junquito –como se vio en un video colgado en Twitter– representaba un crimen de lesa humanidad, tanto más si se consideraba que Pérez había manifestado públicamente su intención de entregarse a las autoridades.

El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, secundó a Cabello y alegó que los sediciosos habían disparado a matar cuando se les conminó a rendirse. Maduro fue más lejos y cosechó aún más críticas al justificar el destino que les tocó a los “terroristas”. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que el operativo para atrapar a Pérez “parece ilegal”. Desde el exilio, la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, otrora personal de confianza del PSUV, no dudó en catalogar lo ocurrido como un homicidio.

Suspicacia razonable

En un comunicado emitido este 16 de enero, la ONG Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) ponía el episodio de El Junquito en el contexto de otras 6385 ejecuciones extrajudiciales presuntamente consumadas entre enero de 2012 y marzo de 2017, definiéndolas como acciones deliberadas, ilegítimas y con injerencia gubernamental perpetradas por agentes del Estado o particulares bajo su orden, con su complicidad o su consentimiento. El documento advertía, por si hacía falta, que hasta los imputados por terrorismo tienen derechos humanos.

Según Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), y Carlos Patiño, portavoz del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), hay suficientes razones para sospechar que lo acontecido en El Junquito el 15 de enero fue una ejecución extrajudicial. Ambos apuntan a la resolución innecesariamente violenta de la crisis y a la conspicua ausencia de funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, que habrían debido impedir lo que pasó.

En entrevista con DW, Ponce y Patiño resaltan también el hecho de que, a estas alturas, las autoridades no les hayan entregado los cuerpos de los muertos a sus familiares. “Eso preocupa por los antecedentes a la mano: hace algunos años, tras un controvertido operativo de seguridad que dejó varios muertos, los dolientes recibieron los restos incinerados de sus seres queridos y no pudieron exigir la realización de autopsias para determinar si ellos habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, dice Patiño, de PROVEA.

Funestos precedentes

“A eso se suma la demolición del chalet donde buscaron refugio Pérez y los otros insurgentes”, añade Ponce, del OVCS, dejando a buen entendedor que las fuerzas del orden pueden estar más interesadas en encubrir lo sucedido en El Junquito que en desvelarlo. Los dos activistas de derechos humanos coinciden en que la suspicacia es razonable, a juzgar por los excesos cometidos por los uniformados y los paramilitares chavistas en el marco de otros operativos como la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y el Plan Zamora.

“La OLP, que en teoría buscaba reducir los niveles de criminalidad, dio pie a delitos que iban desde allanamientos ilegales de viviendas y detenciones arbitrarias hasta ejecuciones extrajudiciales, como la ‘masacre de Barlovento’ de 2016, cuya flagrancia obligó al Ministerio Público a admitir que ésta había tenido lugar. Y el Plan Zamora consistía en permitir que, junto a los cuerpos de seguridad del Estado, también civiles armados y grupos paramilitares reprimieran a quienes protestaron contra el Gobierno en 2017”, detalla Patiño.

“Estamos ante un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos”, observa Ponce. Aunque fenómenos de esta índole se registraron también en el período democrático previo a la “Revolución Bolivariana” impulsada por el difunto presidente Hugo Chávez (1999-2013), Patiño y su colega del OVCS atribuyen el agravamiento de la situación a la impunidad propiciada por el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela. La “masacre de El Junquito” es sólo la cara nueva de un viejo problema.

Dada la renuencia del régimen de Maduro a invitar veedores imparciales para escrutar la limpieza de los procesos electorales venezolanos o inspectores globalmente reconocidos para analizar el estado de los derechos y las libertades ciudadanas en el país caribeño, cabe preguntarse qué árbitro podría arrojar luz sobre lo que algunos llaman el “caso 15-E”. “Aunque es poco probable que Maduro responda a nuestra demanda, no podemos dejar de exigirle que encargue una investigación independiente para saber a ciencia cierta qué pasó el 15 de enero en El Junquito”, opina Ponce.

Autor: Evan Romero-Castillo (few)

