Según Naciones Unidas, la generalización y el alcance de la violencia contra las mujeres es consecuencia directa de la enorme discriminación con la que siguen tropezando en la sociedad y una demostración de la falta de voluntad política de los Estados. Afirma que la violencia ejercida por el Estado por medio de sus agentes, tanto por omisión como a través de las políticas públicas, puede constituir tortura.

Las masivas movilizaciones feministas del último año en las calles y en las redes sociales han sacado a la luz la rabia y el hartazgo de las mujeres ante la persistencia de violencias por parte de instituciones que durante décadas (si no siglos) no sólo no las han protegido, sino que las han intentado mantener invisibles y sin voz.

Porque lejos de reducirse, la violencia hacia las mujeres se está incrementando. Pero no haremos el ejercicio de intentar confirmar esta afirmación con indicadores anuales, ni cuadros comparativos sobre cómo han evolucionado las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres en nuestro país durante la última década. Ni mucho menos nos empeñaremos en comparar cómo está la situación en nuestro país en relación a nuestros vecinos del norte y del sur. Si estamos mejor que Francia o peor que Alemania. Y no lo vamos a hacer, porque esos datos no existen. Sin embargo, si escuchamos a las expertas en género, a reputadas feministas y a las miles de mujeres que salen a las calles a denunciar las múltiples violencias que sufren, es relativamente fácil llegar a la conclusión de que estas violencias van en aumento.

"La violencia ha aumentado, especialmente en las relaciones entre los más jóvenes. Sólo hace falta pasarse por los institutos para escuchar los relatos de violencia en las primeras relaciones, como relatan el creciente control que ejercen los chicos sobre sus parejas, el aislamiento al que las someten y la violencia sexual. Hay muy pocos datos porque este tipo de violencia no se denuncia", afirma Nuria Varela, escritora y especialista en violencia de género. "Lo que sabemos es que la violencia sexual es la que menos se denuncia en todo el mundo y viendo el trato que se les da a estas víctimas en los juzgados y en los medios de comunicación, existe un gran efecto disuasorio a la hora de denunciar", añade.

La única violencia sobre la que disponemos de datos es la que se ejerce en el ámbito de las relaciones afectivas. Es decir, la que realizan las parejas o exparejas de las mujeres que sufren violencia. Desde 2003 (fecha desde que se comenzó a contabilizar) hasta el 23 de noviembre de 2018, han sido asesinadas en nuestro país por este tipo de violencia un total de 972 mujeres según las cifras oficiales, y 27 niños y niñas. En lo que llevamos de año, han sido asesinados 44 mujeres y tres menores. La ley de integral de violencia de género de 2004 sólo se centra en este tipo específico de violencia e incluye toda una batería de medidas de protección, prevención y restitución del daño que no tienen otras violencias o las mujeres que la sufren si el maltratador no es o ha sido su compañero sentimental.

Del resto de las violencias, poco se sabe. Y si no se conocen, no se nombran y no se miden, difícilmente podemos acabar con ellas. En los casos en que sí se recopilan datos, no se hace de forma coordinada y no existe un análisis y sistematización de los mismos que permita conocer estas violencias para producir políticas públicas a nivel estatal que las prevengan, las combatan eficazmente y restaure a las víctimas.

Así lo denunció esta semana Amnistía Internacional en relación a la violencias sexuales, afirmando que en los últimos 30 años ningún Gobierno había producido políticas públicas a nivel nacional que armonizaran las desigualdades de trato que sufren estas víctimas dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivieran.

Ninguna ley impide recabar datos sobre las distintas violencias machistas. De hecho, los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España hacen imperativa esa recolección y su análisis para entender el funcionamiento de las distintas violencias y poder combatirlas eficazmente. "Hay que ir como cirujana mirando todos los datos para hacernos una idea, porque datos e indicadores fiables hay muy pocos. Pero no es culpa de la ley. Si no hay estadística sobre violencia sexual, por ejemplo, es porque no hay voluntad política para medirla.

Eso es violencia institucional. Es desdén. El estado no está", afirma Varela.

"El estado está haciendo dejación de funciones. El Convenio de Estambul [un tratado internacional del Consejo de Europa ratificado por España] se aproxima mucho más a lo que es la demanda social del "basta ya", de "pongamos todo junto y hagamos una reflexión global y analicemos el papel de los Estados", afirma Marisa Soleto, presidenta de Fundación Mujeres. "Y esto se liga directamente con los movimientos como el Metoo, los que se han dado en Argentina o los de España. "Al estado le está costando deshacerse de las estructuras patriarcales para entender lo que es ese "basta ya", que no sólo las mujeres, sino la sociedad en su conjunto está enarbolando en la calle contra los abusos a las mujeres", añade.

Si el Estado está sordo, ciego y mudo, otros actores tampoco se quedan atrás, resaltan las expertas, porque muchos de los datos que recogen distintas instituciones, tanto públicas como privadas, son ciegas al género. Es decir, no dan datos desagregados que permitan saber si la violencia o la discriminación que sufren determinados colectivos profesionales se ejercen de forma más pronunciada hacia las mujeres. A pesar de que la ley de igualdad de 2007 ya establecía la obligatoriedad de recopilar datos desagregados por sexos, el uso del masculino genérico en muchos de ellos, oculta posibles violencias hacia las mujeres.

"Las políticas de igualdad son imprescindibles para la erradicación de las violencias de género. Es verdad que ponemos el acento sobre políticas de violencia de género, que necesitan un impulso y que también han sufrido lo suyo con esta crisis del capitalismo porque se han visto afectadas por una reducción severa de recursos e incluso de impulso político. Tenemos que mejorar las medidas contra la violencia de género, pero para que sean efectivas tienen que estar en un contexto de impulso de políticas de igualdad muy fuerte y potentes" . señala Soleto.

Las mujeres han dicho basta



Las masivas manifestaciones del 8 de marzo en todo el mundo, especialmente en nuestro país, el éxito de la huelga feminista, los millones de mensajes e historias compartidos a través de iniciativas como #Metoo, Ni una menos o #Cuéntalo ponen de relieve que las mujeres han dicho basta y se han lanzado a denunciar todo aquello que habían callado hasta ahora.

Sólo la iniciativa #Cuéntalo (puesta en marcha con un simple tuit por la periodista feministas Cristina Fallarás a raíz de un artículo de Virginia Pérez Alonso, codirectora de Publico, en abril de este año) funcionó como una espita para que en tan sólo diez días, más de dos millones de mujeres de distintos lugares del mundo se lanzaran a contar las violencias que habían vivido.

"Las mujeres están redefiniendo en las redes las violencias que sufren, porque éstas se multiplica si no tienes armas para enfrentarlas o si las enfrentas en soledad. Ponerla en común crea una nueva memoria colectiva de la violencia. Porque la violencia no existe en sí misma. Existe en tanto en cuanto es un hecho social", afirma Fallarás.

Y es clave que ellas relaten las violencias que sufren, afirma la periodista, "porque desde el momento en que el relato no les pertenece a ellas, sino a instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o a la policía (dos instituciones que no se caracterizan por su feminismo), se convierte en falso y machista. Que las instituciones públicas no estén recogiendo todas las violencias es violencia institucional, desamparo y negligencia", afirma.

"Lo que está haciendo principalmente las manifestaciones en la calle y en las redes es impugnar las trampas y procedimientos del sistema. Denunciar que tenemos leyes que no se cumplen, que hay juzgados especializados en violencia contra las mujeres con jueces y juezas que no están formados y que nos saben nada de violencia de género o incluso son misóginos", afirma Varela. "El sistema judicial n está capacitado para juzgar en cuestione de violencia".

La mayoría de las expertas y organizaciones feministas, como Women´s Link, llevan años diciendo que el principal problema no son las leyes que existen, que, aunque mejorables, donde hay que poner el foco es en su interpretación. En los estereotipos y prejuicios de género operadores jurídicos (jueces, juezas, fiscales, peritos, psicólogos....) y en su necesaria formación en perspectiva de género.

En España tenemos un problema con la violencia sexual sobre el que tendríamos que ser más diligentes en reparar, porque ejemplos como la sentencia de la Manada nos demuestran que los criterios de interpretación judicial no coinciden con el sentir social y no siempre coinciden con la realidad del abuso y la violación que se tiene en la sociedad. Deberíamos estar resolviendo si tenemos un problema legislativo o un problema de interpretación judicial.

La solución a largo plazo, para muchas expertas, es la educación. Si queremos tomárnoslo en serio, hay que empezar en las aulas de una vez. Hay que formar a una generación. Esos críos no sólo son jóvenes ahora, sino que serán los futuros jueces, políticos, abogados… Es urgente también meterle mano a la universidad. Cuando hablamos de aulas, pensamos en gente joven, pero la universidad sigue educando en el machismo. Alguien que se gradúa en derecho no hay visto ninguna materia sobre igualdad en toda la carrera. Lo mismo pasa con las facultades de ciencias de la información. En todas las alas de España se sigue educando de espaldas a la igualdad", concluye Varela.

