Típica pregunta que me es formulada en alguna entrevista periodística, o en alguna conferencia sobre la situación económica: ¿cuáles serían, a su juicio, las dos o tres medidas que debería tomar el gobierno para que la República Argentina pueda volver a crecer?



Obviamente, la pregunta viene luego de haber hecho una pormenorizada descripción de la situación económica heredada del kirchnerismo, de la larga decadencia; y de los problemas que le agregó 'Cambiemos'. En otras palabras, a pesar de ver lo profundo de los problemas económicos, mucha gente sigue creyendo que con dos o tres medidas concretas se sale eyectados hacia el progreso, lo cual confiesa que no se termina de conocer la real dimensión de la larga decadencia y que, en definitiva, no pasa por la economía solamente.



De todas maneras, ante esa pregunta suelo contestar diciendo que las medidas necesarias para salir adelante son:



1) Reforma del Estado con baja del gasto público en los tres niveles de gobierno;

2) Profunda reforma tributaria;

3) Modernización de la legislación laboral; y

4) Incorporar la economía argentina al mundo.



Si, en las décadas del ochenta y el noventa, el gasto público consolidado representaba el 30% del PBI y, actualmente, se sitúa en el 47% del PBI, reducir esos 17 puntos porcentuales implica bajar el gasto público consolidado en US$ 85 mil millones para volver a los niveles pre K. Eso significa que las provincias tendrían que reducir el empleo público en un 70% promedio, que fue lo que aumentó entre 2003 y 2017, cuando el kirchnerismo escondió la desocupación en el empleo público provincial, municipal y nacional.



Significa comenzar a recortar y ponerle un límite de tiempo a la interminable lista de planes "sociales" que está repartidos en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ANSES y demás organismos estatales.



Estimar los millones de personas que se benefician con esos planes "sociales" requiere de un gran esfuerzo de revisión, punto por punto, del presupuesto nacional punto por punto, porque los planes están repartidos en diferentes áreas del gobierno. No todos los planes sociales están en el Ministerio que maneja Carolina Stanley, aunque sí la mayoría.





Gasto previsional



Pensiones no contributivas como pensiones por invalidez, cuyos beneficiarios se incrementaron en un millón de personas durante la era K, tiene un presupuesto para este año de AR$1.140 mil millones. Habrá que revisar en qué se gastan AR$21.800 millones en apoyo al empleo; AR$17.400 millones en proyectos productivos comunitarios; AR$1.564 millones en abordaje territorial; AR$7.436 millones en pensiones otorgadas discrecionalmente por legisladores; AR$1.600 millones a ex-presos políticos; AR$2.400 millones en acciones de capacitación laboral; AR$4.900 millones en seguro de desempleo, y el listado sigue.



Aquí, se reparten miles de millones de pesos en planes "sociales" para terminar con la pobreza y la desocupación, y cada vez tenemos más pobres y desocupados. Evidentemente, el camino no es por acá. Bajar el gasto público, significa imaginar qué se hará con el sistema previsional, ya que el kirchnerismo le sumó 3,7 millones de beneficiarios que nunca habían aportado, y este año, se destinarán recursos por AR$525 mil millones.





Estado y contribuyente



Los "sensibles" me dicen: ¿y qué hace el Estado con esa gente, la deja morir de hambre? Mi respuesta es que el Estado no tiene dinero propio para financiar todos esos planes, en todo caso lo paga el contribuyente. La existencia de ese gasto público implica altos impuestos que espantan las inversiones; un endeudamiento que dispara la tasa de interés a niveles insólitos; y una recesión que dejó sin trabajo, entre marzo de 2018 y marzo de este año, a 161 mil empleados asalariados del sector privado, mientras que el empleo público nacional, provincial y municipal aumentó en 4 mil puestos.



En otras palabras, en nombre de la solidaridad, le transfirieron todo el costo del ajuste al sector privado, mientras que pareciera ser que a nadie le importa toda esa gente del sector privado que queda en la calle. Es más, pareciera ser que los únicos que tienen derechos son los piqueteros, que cortan la 9 de Julio todo el tiempo para reclamar más plata que sale de los bolsillos de la gente que va a trabajar y los mantiene. Es decir que no solo la gente debe mantenerlos con el fruto de su trabajo sino que, además, los piqueteros le hacen la vida imposible a los que van a trabajar para mantenerlos.



Un país en el que el 50% de su Presupuesto pasa por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, muestra un país que ha fracasado en generar las inversiones necesarias para que la gente pueda vivir del fruto de su trabajo, pagar su propia medicina y ahorrar para cuando llega el momento de su retiro. Esa relación, lejos de mostrar un Estado solidario, refleja un país fracasado.



En materia impositiva, hay doble imposición en varios niveles. Ejemplo, el impuesto a los débitos bancarios se paga incluso para pagar impuestos. Es decir, hay que pagar impuestos para pagar impuestos. Cuando una persona o empresa paga el impuesto a las ganancias, paga el impuesto a los débitos bancarios para pagar el impuesto a las ganancias.





Impuestos en cascada



El nefasto Sircreb mete la mano en las cuentas bancarias de la gente sin pedir permiso. Asume que cualquier ingreso a una cuenta bancaria es fruto de una venta y por lo tanto hay que pagar ingresos brutos. Si un familiar directo le transfiere dinero a otro para que pague la extensión de su tarjeta de crédito, el aplicativo considera que es un ingreso por ventas del titular y le cobra Ingresos Brutos.



Los municipios cobran una tasa de higiene a las empresas que están instaladas en sus municipios que no es otra cosa que una tasa sobre lo que factura la empresa, con lo cual se superpone con ingresos brutos. Una verdadera locura.



En materia laboral, se sabe que la industria del juicio hace que las firmas privadas tengan pánico de contratar personal porque, en la Argentina, contratar a una persona es sinónimo de adoptarla de por vida.





Fuera de la agenda de la política



En definitiva, cuando se explica solo algunos de estos puntos inmediatamente surge el problema de fondo: ¿quién está en condiciones de hacer todos estos cambios? La respuesta es que hoy no existe nadie en el mundo de la política que se anime a impulsar cambios en esta dirección. Más bien todos compiten para ver quién es más solidario con el dinero ajeno, terminando en una competencia populista donde el que más promete revolear el trabajo ajeno, más votos parece obtener.



Ni siquiera los políticos tienen el espíritu de estadistas marcando el camino. Todos se limitan a ver qué dicen las encuestas y hablar de esos temas, porque lo importante es ganar las elecciones. Luego se verá qué se hace, si se ganan las elecciones.



La Argentina carece de una dirigencia política que marque una agenda de cambió de valores. Se limita a repetir el discurso sentimental de ayudar a los que menos tienen, con el problema que a esos terminan hundiéndolos más por las políticas anti inversiones que llevan a cabo destrozando a la gente con impuestos.



Finalmente, los 6,5 millones de personas que trabajan en blanco para mantener a 21 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar su cheque, se cansan de producir para mantener a planeros, empleados públicos en todos los niveles, asesores de legisladores, ñoquis en las provincias, municipios y nación. En definitiva, son muchos los que consumen sin producir y cada vez menos los que producimos para mantener a los primeros. Con semejante mecanismo, la pobreza y la indigencia están garantizadas.



Ahora bien, de todo lo anterior se desprende que este monumental problema económico no lo pueden resolver los economistas solamente. Solo pueden decir qué hay que hacer. La palabra final la tienen los políticos, quienes son los responsables de llevar adelante las reformas necesarias, pero los políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones que en construir un país.



Así, se vuelve muy difícil salir de la larga decadencia.





