Según reveló el Centro Mandela se trata del grupo bonaerense Buratovich, cuyas actividades supuestamente irregulares fueron denunciadas en su oportunidad por integrantes del Foro por la Tierra y llevadas a la justicia penal por el expresidente del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich.

“El grupo económico de la familia Buratovich y asociados, que conformaron un complejo y activo conglomerado de sociedades comerciales vinculadas a partir de la empresa madre, establecida en Ruta 8, Km 176.5 de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, desmontó en zona protegida”, denuncia el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelson Mandela” del Chaco.

A través de un informe cedido a este portal, advierte que “a pesar de que el campo está ubicado en Zona Amarilla, según el Mapa de Zonificación del OTBN, desmontaron más de 1000 hectáreas del total de la superficie del lote, que sería de 2.000 hectáreas”. “Fue intensa y rápida la deforestación”, aseguró. Describió, asimismo, que “en este predio trabajaron 9 grandes topadoras, marca Caterpillar D8, que fueron vistas el jueves 15 de junio y los días siguientes, en plena tarea de desmonte. Serían las mismas topadoras que desmontaron en el predio del Establecimiento “Las Rejas”, también ubicado en zona protegida según la Ley de Bosques”.

Según informa el Centro Mandela, el predio en cuestión se encuentra ubicado en la Parcela 304, Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes. Se trata del Paraje Pampa Castro, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de J.J. Castelli. Desde Pampa del Infierno se llega al lugar por Picada 40 y desde J.J. Castelli por Malla Rubino. En el empalme entre la Picada 40 y la Picada YPF comienza el desmonte, que se puede ver desde la misma picada. El predio no cuenta con alambrado perimetral.

Tierra fiscal y desmonte clandestino

El informe también revela que “el Instituto de Colonización otorgó el título de propiedad del predio al adjudicatario, Omar Esperguín, sin que éste ejecutara las mejoras obligatorias. Luego el campo fue comprado por el grupo Buratovich. Frente a la Parcela 304, en donde ya se desmontó, el grupo económico compró otro campo, picada de por medio. Todo es Zona Amarilla”.

Apunta, además, que “en el blog de la Dirección de Bosques, año 2017, sólo aparece una solicitud de aprovechamiento de Cambio de Uso de Suelos a nombre de José Antonio Buratovich. La Consulta realizada se extendió entre el 18 de mayo al 19 de junio. Lo grave es que no corresponde a la Parcela 304 de la Circunscripción VII, Zona B, Departamento General Güemes, por lo que el desmonte que se ejecutó en este predio sería ilegal, además de que el campo está ubicado en zona protegida”.

Desmonte exprés

Desde el Centro Mandela conjeturan que “probablemente vinculado con la clandestinidad, el desmonte se ejecutó entre los días 16 y 23 de junio de este año. Se deforestó en una semana. Es evidente que los dueños del campo no habrían cumplido con los pasos reglamentarios para obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Bosques. Tampoco se respetaron, por ser zona protegida, las restricciones legales que pesaban sobre el campo según la Ley de Bosques y el Mapa de Zonificación”.

Recalca, además, que “la ejecución del desmonte está comprobada por las imágenes satelitales secuenciadas” que acompañan el informe. En cada imagen se observa la fuente y la fecha. En las imágenes también se observa, en tonos rosados a morados, que los predios ubicados a la izquierda de la Parcela 304, es decir al oeste, son campos de la megaempresa sojera, girasolera y maicera “Manuel Santos de Uribelarrea” (MSU), que intensamente desmonta en la región para ampliar su propia frontera agrícola, a despecho o con el acompañamiento y complacencia de los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques.

Otros desmontes

Al norte de la Parcela 304, picada de por medio, comenzaron otros desmontes. En las imágenes satelitales que siguen se reflejan cambios de color, de tono rosado, de forma rectangular. Alguna de estas parcelas también habrían sido comprada por el grupo Buratovich.

El grupo económico de la familia Buratovich y asociados impetuosamente expandió su propia frontera agropecuaria. Viene comprando campos con montes que luego deforestaron, ubicados entre Tres Isletas y Avia Terai. En 2007 el Centro Mandela investigó los desmontes ejecutados en los predios de este grupo económico que compró campos en los parajes Lote 20 Grande, Lote 20 Pampa Solís y Lote 20 Chico. Los resultados de la investigación fueron expuestos en terreno a miembros del Comité Católico contra el Hambre y el Desarrollo y de la Confederación Campesina, de Francia, cuando visitaron Chaco. Los franceses quedaron impactados no solo por los desmontes, sino también por la destrucción y quema de los restos forestales ejecutados por los empresarios.

Este grupo empresario familiar tiene representaciones y establecimientos en Charata y Pinedo, desde donde se hicieron fuertes a través de las relaciones trabadas con dirigentes políticos, funcionarios públicos y técnicos de probada eficacia para obtener resultados positivos en las actuaciones administrativas que frecuentemente realizan ante la Dirección de Bosques, en donde usufructúan los beneficios del tráfico de influencias.

Denuncia contra el grupo económico Buratovich

Cuando estuvo a cargo del Instituto de Colonización, Esteban Branco Capitanich, dispuso que se formulara una denuncia ante el Fiscal de Investigación Penal Preliminar de turno, con el patrocinio letrado del abogado Adrián Maximiliano Gaitán. De acuerdo a las facultades que le otorgara el Decreto 075/07, había conformado una Comisión Revisora de las actuaciones administrativas del Instituto de Colonización producto de lo establecido por el Tribunal de Cuentas. Según los resultados de las auditorias llevadas a cabo por los fiscales de ese organismo, detectaron graves irregularidades en los trámites de los expedientes 106532/05, 113.804/73, 113.270/73, 1822/84, 113398/74, 0388/77.

Establecieron que “surgen conductas fraudulentas del análisis de las pruebas, y elementos de juicios incorporados a la causa, donde se evidencia un claro fraude en perjuicio del Estado Provincial, por las maniobras realizadas por los directivos de la empresa Conexa S.A., en asociación con los funcionarios intervinientes, enriqueciéndose ilícitamente con la irregular venta de tierras fiscales en perjuicio de la Administración Pública Provincial.”. La firma Conexa S.A. estaba integrada por Eduardo Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich.

En la denuncia, además de Conexa S.A., se mencionó a las siguientes empresas: Cerco S.A., integrada por Nelly Mabel García de Buratovich; Palo Mataco S.A., de la que formaban parte Adolfo José Buratovich; Blanco Palomo S.A., integrada por Eduardo Antonio Buratovich; Guayaibi S.A., integrada por Ana Inés Buratovich; Adedan S.A., Eduardo Antonio Buratovich; Buratovich SACIA, cuyos socios eran Antonio Francisco Buratovich, Nélida Insaurralde y María Luisa Buratovich Cancelari; Buratovich Hnos Sacafyf, siendo los socios José Antonio Buratovich, Adolfo José Buratovich y Ana Inés Buratovich; Algarroba S.A., integrada por Adolfo José Buratovich; y, Fibagro S.A.

Se mencionó a los funcionarios que “intervinieran a lo largo del desarrollo de los expedientes”, cuyas responsabilidades fueron consideradas inexcusables por el denunciante, quién señaló como posibles autores a Jorge Guillermo Berry, de la administración general del Instituto de Colonización, a Ernesto Omar Nikisch, jefe de la delegación de J.J. Castelli, a Juan Francisco Alderete, a cargo de la Gerencia de Planeamiento y luego gerente de Régimen de la Tierra, a Mario Oscar Portela, director de Asuntos Jurídicos, a Roberto Cogno, presidente del Instituto, y a Omar Enrique Rodríguez, actual presidente de Colonización.