El pasado viernes 14 de septiembre, Ángel Garrido durante el debate del Estado de la Región, anunciaba la gran traca final de sus políticas neoliberales: la concertación del bachillerato a través de los famosos “cheques-bachillerato”.

Tras quince años del golpe de estado en Madrid conocido como el tamayazo, que arrebató el futuro gobierno de coalición del PSOE e IU, el mapa de la escuela pública madrileña ha quedado como si nos hubiera caído una bomba encima. Han sido quince años de políticas contra la enseñanza estatal, aplicadas por los gobiernos de Esperanza Aguirre (aristócrata y política, presidenta de la CAM entre el 2004 y 2012), Ignacio González (presidente entre 2012-15, imputado por el caso Lezo) y Cifuentes (presidenta dimitida por el caso del máster), en los que el presupuesto de la Escuela Pública ha ido disminuyendo al tiempo que aumentaba el de la privada-concertada.

Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, la privada y concertada entre el curso 2007/2008 al curso 2017/18 ha matriculado casi al 80% (77,7%) del nuevo alumnado.

Así pues, la escuela concertada y privada ha aumentado en Madrid 3,5 veces más que la escuela pública en la última década.

Desde que Esperanza Aguirre en el curso 2010/11 nos aplicara la doctrina del shock, los recortes no han dejado de azotar a toda la comunidad educativa de la Escuela Pública: docentes, alumnos y familias. El cierre de unidades escolares cada curso, la reducción de plantillas ordinarias y de atención a la diversidad, el aumento de ratios y de horarios lectivos, y un largo etcétera han sido la tónica de la política educativa del PP. En resumen: un maltrato a un alto porcentaje de la sociedad madrileña, a todas esas familias que elegimos la enseñanza pública y también pagamos impuestos, y que sin embargo, hemos visto cómo han descendido los recursos de los centros escolares de nuestras hijas e hijos usurpados por las políticas neoliberales y parasitarias de las arcas públicas hacia los negocios privados de sus amigos. Hemos pagado, en resumen, con nuestros impuestos una subcontrata a empresas privadas, lo mismo que ocurre de forma habitual con los comedores o los servicios de limpieza, pero, lo que es mucho más grave, respecto del entero sistema de enseñanza.

Así las cosas, el sucesor de Cristina Cifuentes, en un discurso patético y paternalista, anunciaba su proyecto de subvencionar los estudios de bachillerato en centros concertados a cargo de las arcas públicas. Garrido explicó que el gobierno de la CAM “cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social”. “Serán 3000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta”. Hay que tener mucha cara para expresar las cosas así, para presentar lo que no es más que una aportación de dinero público a un negocio privado como una medida educativa de apoyo a las “familias de entornos desfavorecidos”.

Se trata del proyecto ideológico de convertir todo lo público en mercancía. Es la continuación de las políticas de cesión de suelo público a colegios concertados, que José Ignacio Wert incorporó a la LOMCE a través de una enmienda del PP (que en Madrid es conocida como la “enmienda Granados” en referencia a la Operación Púnica por la que fueron investigados varios colegios concertados de la región).

La otra mentira y justificación ideológica es la de la “libertad de elección de centro”. En las últimas semanas, en los plenos de diferentes ayuntamientos madrileños, el Partido Popular ha presentado mociones en apoyo a la escuela privada-concertada. En la página web del PP de Alcalá de Henares, podemos leer que “los populares complutenses llevarán una moción al Pleno de mañana para debatir la libertad de elección de las familias en el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española”.

Asombra contemplar este maquillaje por el que la expansión de los negocios de la patronal de la enseñanza -que desde hace ya tiempo insisten en que ellos no son subsidarios, sino complementarios- se presentan como un bien universal basado en los principios de los derechos humanos y constitucionales. Habría que comenzar, como explica Fernández Liria en Escuela o Barbarie, por negar la mayor: aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento en unos niños que, en sus ambientes familiares, pueden estar sometidos a una dictadura ideológica asfixiante y castradora. Nadie tiene por qué asumir como un destino el haber nacido en una familia del Opus, de testigos de Jehová, de integristas islámicos o hippies contraculturales. Contra lo que se suele decir, la escuela pública no adoctrina, en primer lugar porque hay en ella tanta diversidad que aunque quisiera, no podría; y en segundo lugar, porque los profesores son funcionarios con libertad de cátedra, que no tienen por qué ceder a ninguna presión gubernamental. Se olvida a menudo que para eso se inventó el funcionariado: para apuntalar la división de poderes e impedir injerencias gubernamentales en la enseñanza o la justicia. Son dos virtudes que por definición no puede tener la enseñanza privada o concertada, donde la diversidad puede ser cribada ideológicamente y los profesores pueden ser despedidos por no encajar con el ideario doctrinal del centro. La enseñanza privada no es un bastión de los principios de la Ilustración, sino una lacra medieval y totalitaria incrustada en los principios del Estado de Derecho. Se habla mucho del gran éxito educativo de Finlandia, obviando el hecho de que ahí la enseñanza privada y concertada es prácticamente inexistente.

Que al Partido Popular, en el contexto de la Educación (no voy a entrar en otros), el bien común, los derechos humanos, los criterios sociales y los entornos desfavorecidos de los que tanto hablan les importan menos que nada, lo sabe cualquier docente que trabaje en cualquier barrio obrero de Madrid (y se me ocurren bastantes). Lo sabemos muy bien miles de docentes que hemos trabajado ahí en la última década, y que estamos a la espera de que el gobierno de Garrido cumpla con la dotación de profesores firmado en el Acuerdo Sectorial de enero del 2018 con los agentes sindicales. Ni cumplen con el cupo de profesores, ni con nada del Acuerdo que implique dotación económica. Este incumplimiento nos llevó a los delegados sindicales de CCOO al encierro del pasado mes de junio en la Escuela de Marginación de San Carlos Borromeo.

Si a la agresión sistemática del Partido Popular a la Escuela Pública, le sumamos ahora la entrega de 8 millones de euros en cheque-bachillerato a los centros concertados, los docentes madrileños podemos darnos por muertos y felicitar a los premiados. No solamente va a suponer un grave ataque a la igualdad de oportunidades y a la equidad social, sino que además, dejaremos de nuevo que nos vampiricen el dinero público para sus intereses privados. Veremos aumentar el cierre de aulas en centros públicos (incluso con alta demanda de alumnado), como ya viene ocurriendo desde hace una década, pero ahora en progresión geométrica. Y por supuesto, veremos en el paro a nuestros compañeros interinos y el incumplimiento de cualquier acuerdo para potenciar el empleo público.

Antes de entrar en la cárcel, cuando todavía era ministro de Economía, Rodrigo Rato resumió bien el programa del PP: había que “hacer más con menos”. Se impone la lógica de la subcontrata de empresas privadas porque dicen que salen más baratas, como si, tratándose nada menos que del derecho a la educación de la población, esto fuera un argumento solvente. Ahora, los madrileños vamos a regalar 8 millones de euros a la patronal de la escuela privada y concertada.

Pasada la crisis económica del 2008 el nuevo mantra del PP para justificar su falta de presupuestos en la pública ha sido repetir una y otra vez que no todo se soluciona con dinero y que los recursos no son infinitos. En este mismo capítulo es donde se añade, cómo no, la supuesta falta de formación del profesorado como mal endémico de nuestra escuela. Todo un abanico de calumnias y sarcasmos que algunos medios de comunicación no han cesado de airear. La respuesta, por parte de la comunidad educativa, tiene que ser contundente. Basta ya de negocios y de mentiras.

Sobre todo, es necesario que la respuesta al anuncio de la concertación del bachillerato sea tajante, porque con ello se traspasa una línea roja que, hasta el momento, nadie se había atrevido a cruzar. Como venimos diciendo en otros ámbitos: ninguna agresión sin respuesta. El Partido Popular busca dejarlo “todo atado y bien atado”, y están nerviosos porque saben que en las elecciones de mayo los ciudadanos de esta región les vamos a echar de las instituciones. Y esta vez no van a tener posibilidad de ningún tamayazo.

Hay momentos y oportunidades de urgencia política e histórica. Estemos a la altura, en la calle y en las urnas.

Silvia Casado Arenas es profesora de secundaria y autora del libro '¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes' junto a Carlos Fernández Liria.