El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en poder del juez Eloy Velasco es demoledor para los intereses de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, y agrava su situación procesal. Figar ni pasaba solo por allí ni fue engañada por sus colaboradores directos.

Según el informe al que ha tenido acceso la SER, Lucía Figar se encontraba en la cúspide de una "trama" en la Consejería de Educación, para adjudicar contratos de reputación on line al ‘conseguidor’ Alejandro de Pedro. Contratos a medida y vulnerando los procedimientos públicos, que fueron concedidos entre 2011 y 2014, y que según la Guardia Civil, servían para “beneficiar la imagen personal y la carrera política de la consejera con dinero público”.

Para ello, la trama liderada por Figar no tenía escrúpulos en “emplear medios de cuestionable honradez personal y política” como el uso de perfiles falsos en redes sociales, para “contrarrestar y desprestigiar otras opciones políticas”.

La UCO pide ampliar el espectro delictivo contra Figar. Ya está imputada por prevaricación y malversación, y los agentes le añaden fraude en la contratación pública y tráfico de influencias. Además, hasta ahora se sabía que Figar contrató a De Pedro por unos 80.000 euros, pues bien, hubo otro contrato a medida de 200.000, que no llegó a adjudicar porque se precipitaron las detenciones.

Para los agentes, los otros integrantes de la “trama” de adjudicaciones a la Púnica en la Consejería de Educación de Madrid son el exviceconsejero Manuel Pérez Gómez; el exdirector de la Fundación para el conocimiento Madri+D, Luis Sánchez, que fue utilizada para camuflar determinados pagos; y el exjefe de Gabinete de la Consejería y actual director de Comunicación del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Pablo Balbín, a quienes la UCO atribuye fraude, malversación o tráfico de influencias entre otros delitos.