Leemos con desánimo la pésima noticia de que el gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, indultó al ex intendente del PJ de General Acha Omar Ávila, condenado por un caso de corrupción. Ávila tenía inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ahora se iría a presentar a las elecciones pues mantiene un alto grado de popularidad. El ex intendente fue destituido en 2001 por haber desviado 13 subsidios de 2500 pesos cada uno.

Más allá de repudiar la decisión –que además revela la poca conciencia ciudadana por esos lares, como también sucede en Perú donde la hija de Fujimori llegó al ballotage promoviendo el indulto a su padre- habría que examinar la constitucionalidad de la medida.

El art. 36 de la Constitución Nacional dispone textualmente que:

“Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.

Pues bien, una posible interpretación armónica de estas normas lleva a concluir que se todos los delitos enumerados en esta norma constitucional de protección democrática tienen características especiales, que debe ser desmenuzadas atentamente. Es claro que las autores de los primeros delitos (interrumpir por actos de fuerza el orden institucional, usurpar funciones previstas por la Constitución) no pueden beneficiarse con el instituto de la prescripción ni con el indulto. Resta determinar que implicancias tiene ese párrafo quinto pues la primera conclusión a la que necesariamente debe arribarse es que algún significado concreto debe tener esta inclusión expresa en el texto constitucional.

Una primera interpretación –muy amplia- consiste en equiparar a los delitos de corrupción contra el Estado a aquellos enunciados en los párrafos previos. El argumento utilizable sería que el hecho de que haya una equiparación con el atentado contra el sistema democrático implica también la aplicación de las consecuencias enunciadas para ellos.

La segunda interpretación –algo más restrictiva- consistiría en afirmar que la Constitución Nacional estipula que debe inhabilitarse al ex funcionario y, por lo tanto, esa porción de la sanción no puede limitarse por el indulto. Dicho de otro modo, podría indultarse la pena de reclusión y sanciones económicas pero esas personas no pueden eximirse de la inhabilitación dispuesta por la ley. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esta disposición es superior a la de la Constitución pampeana que autoriza al gobernador a dictar indultos.

Una tercera interpretación –más restrictiva- pregonaría que no son aplicables ninguna de las excepciones por no haberse contemplado expresamente.

Nos gustaría conocer opiniones para analizar si corresponde nuestra actuación en este asunto.