Alfredo Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2013, p. 26

Raúl Salinas de Gortari solicitó este miércoles a un juez federal que lo declare inocente y absuelto de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos, único cargo penal que enfrenta en tribunales.

Al presentar sus conclusiones de defensa relativas a dicho proceso, el hermano del ex presidente Carlos Salinas sostuvo por escrito que la acusación carece de fundamento, toda vez que la propia Procuraduría General de la República (PGR) emitió en el año 2009 un dictamen pericial en el que precisó que todas las propiedades atribuidas al inculpado, como parte del supuesto enriquecimiento ilícito, fueron declaradas en su momento ante la Secretaría de Hacienda por el propio Raúl Salinas.

El juez de la causa tendrá cinco días para citar al penalista José Luis Nassar Daw, defensor de Raúl Salinas, y al Ministerio Público federal para realizar la denominada audiencia de vista. A partir de esa diligencia, que tendrá lugar aproximadamente el 20 de marzo, el juez tendrá un plazo de 30 días hábiles para dictar la sentencia del caso.

En diciembre pasado, la PGR presentó sus conclusiones, en las que pidió al juez que condene a Raúl Salinas por ese delito.

Junto con Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez también está procesado en la causa 36/97, en la que lo acusan de ser prestanombres de bienes del primero, como el rancho Las Mendocinas, en Puebla.

Según consta en el documento elaborado por los abogados de Raúl Salinas –que pudo ser consultado en las instalaciones del juzgado 13 de distrito, ya que los defensores del inculpado se negaron a entregar una copia del mismo–, el argumento en que se sustenta la defensa radica en que durante el proceso se acreditó la licitud de los recursos, propiedades y bienes asegurados por la PGR a Salinas.

La procuraduría acusa al hermano del ex presidente Carlos Salinas de haber adquirido 41 inmuebles en nueve entidades federativas, 12 cuentas de cheques, dos cuentas de ahorro, 36 cuentas de valores y dos contratos de acciones, con recursos cuyo origen supuestamente no justificó como servidor público de Conasupo.

El monto del supuesto enriquecimiento ilegal originalmente fue tasado en 181 millones de pesos, pero en diciembre de 1998 el monto saltó a 224 millones, luego de que el juez de la causa admitiera 112 nuevas pruebas de la procuraduría.

En su descargo, Raúl ha alegado que la lista de bienes debe ser depurada, porque por lo menos ocho inmuebles los adquirió entre 1977 a 1981, cuando no era funcionario.