Entre otros hallazgos reportados aquí por primera vez:

• CAMC acordó desarrollar por lo menos cinco proyectos agrícolas valuados en unos 3.000 millones de dólares, que nunca completó.

• La compañía, según los contratos revisados por Reuters, recibió al menos la mitad del valor del contrato de 200 millones de dólares para el proyecto de arroz y al menos el 40 por ciento del valor del contrato para los otros cuatro desarrollos, un total combinado de al menos 1.400 millones de dólares por trabajos nunca finalizados.

• CAMC pagó más de 100 millones de dólares en honorarios a intermediarios; los fiscales dicen que esos pagos fueron sobornos que ayudaron a la compañía a ganar contratos en Venezuela.

Ni CAMC ni ninguno de sus ejecutivos fueron acusados.

En un comunicado, la compañía con sede en Pekín dijo a Reuters que los detalles y las afirmaciones hechas en los documentos judiciales incluyen "una gran cantidad de inexactitudes", pero no dio más detalles.

La compañía no respondió a las solicitudes de hablar con los ejecutivos de CAMC mencionados en los documentos. Reuters no pudo llegar a esos ejecutivos de manera independiente.

"Nuestra compañía opera en Venezuela respetando la idea de integridad y se esfuerza por completar cada proyecto de construcción con la mejor tecnología y administración", dijo la empresa en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo a Reuters en un comunicado que los “reportes” sobre supuestos sobornos de parte de compañías chinas en Venezuela “obviamente distorsionaron y exageraron los hechos, con una agenda oculta”. No especificó a qué agenda se estaba refiriendo. La cooperación entre los dos países continuará, dijo el comunicado, en base a “principios comerciales, mutuamente beneficiosos y equitativos”.

Ni el Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones del gobierno, ni PDVSA, un socio en muchos de los contratos, respondieron a las consultas de Reuters.

No está claro cuándo enfrentarán un juicio aquellos que están procesados. Enric Gimenez, un abogado en Andorra de Salazar, el venezolano que los fiscales dijeron negoció muchos de los contratos, dijo a Reuters que su cliente es inocente de los cargos presentados allí.

El gobierno de izquierda iniciado por Chávez y ahora liderado por Maduro está enfrentando en este momento su amenaza más grave. El líder opositor Juan Guaidó invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado en enero y fue reconocido por la mayoría de las democracias occidentales. La semana pasada, en un alzamiento frustrado, Guaidó buscó sin éxito conseguir el apoyo de los militares, un punto de apoyo clave del gobierno de Venezuela, para movilizarse contra Maduro.

La crisis política fue alimentada por el derrumbe económico, la hiperinflación, el desempleo masivo y un éxodo de ciudadanos desesperados. Los venezolanos sufren la escasez de alimentos y medicinas, así como frecuentes cortes de energía y agua, elementos básicos que debían mejorar a través de proyectos como el de Delta Amacuro.

La escasez y los proyectos nunca acabados, dice la oposición, ilustran el tipo de corrupción que ayudó a empobrecer al país, de unos 30 millones de habitantes y que una vez fue próspero.

Después de un ambicioso acuerdo entre China y Venezuela en 2007, las compañías chinas fueron presentadas como socias en obras de infraestructura y otros proyectos por miles de millones de dólares. Desde entonces, China invirtió más de 50.000 millones de dólares en Venezuela, principalmente en forma de acuerdos de petróleo a cambio de préstamos, según muestran cifras del gobierno.

En un discurso en 2017, Maduro dijo que habían acordado 790 proyectos con empresas chinas en sectores que iban desde el petróleo hasta la vivienda y las telecomunicaciones. De ellos, dijo Maduro, 495 habían sido completados.

Algunos desarrollos se han estancado debido a la corrupción, dijeron personas familiarizadas con los proyectos; otros se desviaron por la incompetencia y la falta de supervisión.

En Delta Amacuro, incluso los funcionarios del gobierno reconocen que una mezcla de ambos arruinó el proyecto arrocero. "El gobierno abandonó el proyecto", dice Víctor Meza, coordinador estatal de la agencia de desarrollo rural de Venezuela, que trabajó con CAMC. "Se perdió todo, se robó todo".

Andorra, cuyas leyes de secreto bancario lo convirtieron en un paraíso fiscal, inició su investigación sobre el lavado de dinero de Venezuela como parte de un esfuerzo más amplio por sanear su sector financiero. La acusación es parte de un caso mucho más grande en el que los fiscales alegan que funcionarios venezolanos recibieron entre 2009 y 2014 más de 2.000 millones de dólares en "comisiones ilegales" a través de cuentas en Banca Privada D’Andorra, un banco local conocido como BPA.

El Gobierno de Andorra, luego de que Estados Unidos acusara a BPA de lavado de dinero, tomó control del banco en 2015. Desde ese momento, los tribunales procesaron a 25 exempleados de BPA por lavado de dinero en una serie de casos, incluyendo el que investiga los contratos de Venezuela. Una portavoz del Gobierno de Andorra no quiso hacer declaraciones para este artículo.

Además del proyecto agrícola de CAMC, la justicia de Andorra examina otros planes de la empresa como dos plantas de energía y otras cuatro construidas por Sinohydro Corp, otra firma estatal china de ingeniería. Ninguna de esas plantas ha llegado a estar completamente operativa, dejando a las ciudades cercanas sometidas a apagones regulares.

Sinohydro no respondió a las llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes en busca de comentarios.

Durante una reciente visita de Reuters a Delta Amacuro, la planta de arroz seguía sin ser terminada. Sólo uno de sus 10 silos, lleno a medias, contenía granos.

Algunas de las maquinarias estaban operativas, pero para el procesamiento de arroz de Brasil. Los arrozales cercanos estaban en barbecho, el laboratorio no tenía muebles ni uso, mientras que las carreteras y los puentes aún debían ser construidos.

“No producimos nada”

Tucupita, una ciudad de 86.000 habitantes capital de Delta Amacuro, abraza las orillas del Caño Manamo, que es una rama del Orinoco, uno de los ríos más grandes de Sudamérica. Alguna vez, Tucupita fue una parada para los barcos que enviaban mercancías desde fábricas del interior a compradores en el Caribe y otros sitios.

En 1965, el gobierno intervino el Caño Manamo. El tráfico de embarcaciones se detuvo, el agua dulce retrocedió y el agua de mar se filtró tierra adentro, degradando los suelos de la zona. Cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, quedaba poca agricultura.

"Cuando yo era niño, había arroz por todas partes", recordó Rogelio Rodríguez, un agrónomo local.

"Ahora no producimos nada".

En 2009, Chávez y Xi Jinping, el vicepresidente de China en ese momento, expandieron un fondo conjunto que los dos países habían creado en 2007 con el acuerdo de desarrollo. "¿No vamos a estar nosotros agradecidos de China?", preguntó Chávez en una ceremonia desde el palacio presidencial en Caracas.

Prometiendo suministrar petróleo a Pekín "por los próximos 500 años", se dirigió a un mapa y señaló Delta Amacuro. "Fíjate Xi", dijo Chávez, anunciando los esfuerzos para rehabilitar la región.

Estuvieron presentes en la ceremonia el presidente de CAMC, Luo Yan y Rafael Ramírez, un hombre de confianza de Chávez que dirigió PDVSA y el ministerio de Petróleo durante una década.

Ejecutivos y empresarios se apresuraron a participar en el desarrollo.

Diego Salazar, primo de Ramírez, estaba en una buena posición. El padre de Salazar fue un guerrillero comunista y escritor que luego se convirtió en legislador y aliado de Chávez. Sus lazos familiares y conexiones con los legisladores le dieron al joven Salazar una valiosa agenda de contactos que usaba en una consultora que operaba en Caracas.

La firma, Inverdt, era propiedad de un holding llamado Highland Assets con sede en Panamá que él había establecido, según el testimonio que Salazar dio a los investigadores en Andorra.

Desde una oficina a pocas cuadras de la sede de PDVSA, se reunía con frecuencia con Ramírez y otros altos funcionarios, según personas familiarizadas con sus actividades.

Ramírez dejó el ministerio en 2014 y fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas hasta 2017. Desde entonces, Maduro lo ha acusado públicamente de hechos de corrupción no especificados, pero Ramírez no fue inculpado en Andorra y no ha sido formalmente acusado en Venezuela.

Ahora vive en el extranjero y se opone el gobierno. Ramírez no respondió correos electrónicos de Reuters en busca de comentarios y no pudo ser contactado.

En el momento de la ceremonia con Xi, Chávez estaba convirtiendo a PDVSA en un centro estratégico para ejecutar una variedad creciente de proyectos de desarrollo, muchos de ellos no relacionados con el petróleo. Una unidad recién creada y conocida como PDVSA Agrícola, por ejemplo, tenía como meta aumentar el suministro de alimentos.

La diversificación hizo de PDVSA el conducto a través del cual se adjudicaron contratos y una alta suma de dinero conjunto administrado por el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela.

Para 2010, dicen los documentos, el banco había recibido 32.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China y otros 6.000 millones de un fondo creado por Chávez para financiar proyectos de infraestructura con dinero del petróleo y las reservas internacionales. El Banco de Desarrollo de China no respondió a los pedidos de comentarios de Reuters.

Salazar comenzó a acercarse a los ejecutivos chinos, ofreciendo sus servicios como un consultor muy bien conectado.

Viajó a China mensualmente y comenzó a pagar a los funcionarios venezolanos allí para forjar vínculos con empresas como CAMC.

"Mi trabajo era convencerles con reuniones, viajes y promoción para firmar contratos con mi empresa", dijo Salazar a los investigadores andorranos.

Personas familiarizadas con el testimonio dijeron que Salazar y sus supuestos socios, antes de la acusación, acordaron declarar en Andorra porque esperaban limpiar sus nombres.

En su testimonio, Salazar dijo a los investigadores que eligió trabajar a través del BPA porque sabía que otros venezolanos ricos lo habían hecho.

Ubicado en un tranquilo valle de los Pirineos, el banco tenía la reputación de ser un discreto administrador de dinero para clientes de países de alto riesgo.

Después de que Andorra presentó solicitudes de información para su caso a Caracas, un tribunal venezolano ordenó en 2017 que Salazar fuera arrestado bajo sospecha de corrupción, lavado de dinero y conspiración.

Citando a la investigación andorrana, la orden de arresto de Venezuela dijo que Salazar "forma parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada, cuyo fin es blanquear y darle apariencia de legalidad a fondos que provienen de cuantiosos contratos celebrados con instituciones del Estado venezolano".

No se ha fijado una fecha para el juicio y Salazar sigue encarcelado en Caracas.

Un abogado de Salazar en Venezuela negó los cargos ante el tribunal.

Gimenez, abogado de Salazar en Andorra, dijo a Reuters en un correo electrónico que las autoridades chinas decidieron qué compañías se beneficiarían de su dinero y que ni Salazar ni sus supuestos intermediarios podrían haber influido en eso.

Inverdt, la firma consultora de Salazar, ofreció servicios "profesionales" y "técnicos" a muchas compañías chinas, escribió Gimenez, y "solo un puñado de esas empresas fueron seleccionadas para la ejecución de obras en Venezuela".

Uno de los intermediarios de Salazar, según la acusación, era Francisco Jiménez, un ingeniero de carrera de PDVSA que se había convertido en el enviado de la compañía en Pekín y fue procesado junto a Salazar por los andorranos. Salazar lo contactó por primera vez durante un viaje a China en 2010, según el testimonio de Jiménez en Andorra.

Ese marzo, Jiménez firmó una "alianza estratégica" con Salazar para promover Inverdt en China. Bajo los términos de su contrato, revisado por Reuters, Salazar aceptó pagarle a Jiménez 7,38 millones de dólares en una cuenta de BPA que Inverdt ayudó a abrir. Archivos bancarios que están entre los documentos del caso muestran que Jiménez más tarde recibió otros 7 millones de dólares.

Jiménez, quien ahora vive en Panamá, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto de Reuters en busca de comentarios.

Salvador Capdevila, su abogado en Andorra, declinó hacer comentarios.

Una funcionaria que los fiscales dijeron ayudó a Salazar fue Rocío Maneiro, embajadora de Venezuela en China y ahora embajadora del país en Gran Bretaña. Maneiro no fue procesada en Andorra. Numerosos documentos judiciales, incluyendo un archivo de los fiscales en relación a su testimonio, se refieren a ella como "imputada" por los pagos que ellos dicen recibió de Salazar y por su supuesto rol ayudándolo a hacer contactos con las compañías chinas.

En 2010, según muestran registros bancarios que forman parte de los documentos del tribunal, Salazar realizó una transferencia de 30.000 dólares a una cuenta china a su nombre, citando "servicios prestados por la señora Maneiro".

Más tarde, Salazar realizó depósitos por un total de 13 millones de dólares en una cuenta BPA propiedad de una compañía con sede en Panamá que Maneiro, en un documento de divulgación vinculado a la cuenta, dijo que le pertenecía.

Un informe interno del comité contra el lavado de dinero de BPA, revisado por Reuters, también incluyó a Maneiro como su propietaria.

Maneiro, a través de un abogado y en un mensaje de texto a Reuters, negó haber ayudado a Salazar o que hubiese recibido pagos de él. "Son aseveraciones sin fundamento alguno", escribió en un mensaje. Dijo a un juez andorrano que la firma en el formulario de divulgación sobre la compañía panameña está falsificada. El tribunal ha ordenado un análisis de la firma.

“Una maleta llena de contratos”

A principios de 2010, los primeros contactos de Salazar dieron sus frutos.

Sinohydro, empresa de ingeniería, firmó en marzo un contrato de 316 millones de dólares con PDVSA para construir una planta de energía cerca de la ciudad de Maracay, en el centro del país.

En el contrato, Sinohydro acordó pagarle a Salazar una tarifa del 10 por ciento por ayudarlo a "obtener una posición favorable y positiva para llevar a cabo el contrato". Los registros del banco muestran que la compañía pagó 49 millones de dólares en la cuenta BPA de Salazar y otros 72 millones de dólares después de que Sinohydro se asegurara contratos adicionales para plantas eléctricas.

La compañía eventualmente construyó cuatro plantas, pero ninguna cumplió con las especificaciones completas del contrato, dicen ingenieros.

La planta cerca de Maracay, por ejemplo, debía generar 382 megavatios, según muestra el contrato. En cambio, está produciendo unos 140 megavatios, según José Aguilar, exdirector de la empresa estatal de energía.

Pronto, la compañía de Salazar ganaba más de 100 millones de dólares al año, según su testimonio y el de algunos de sus ayudantes.

"Tenía una maleta llena de contratos", dijo a los investigadores andorranos Luis Mariano Rodríguez, un asistente de Salazar acusado en el caso.