rector aseguró a su personal que sus salarios no se verían afectados.

“Tenemos la ventaja que recibimos recursos federales, los cuales no se han retenido en ningún momento, además de los ingresos propios y medidas que tomamos como reducir los gastos en otras actividades para canalizarlos a la deuda”, planteó.

EN RIESGO DE NO PAGAR AGUINALDOS HASTA A SINDICALIZADOS

Esta semana, burócratas recibieron varios mensajes de texto en el que se advertía que no les será depositado su aguinaldo, programado para este 7 de diciembre.

Aunque la información no ha sido confirmada a través del Sindicato General de Burócratas, los sindicalizados han obtenido información extraoficial de que el gobierno del Estado no está en condiciones de realizar el pago.

Lo mismo ocurre en las demás instancias. Por ejemplo, en el Instituto Estatal Electoral, dentro de los primeros 10 días de diciembre se deben depositar cerca de 20 millones de pesos, correspondiente a la ministración de este mes, pero aún no ha sido así.

También el Instituto de Transparencia debe recibir un monto 2 millones 71 mil 283 pesos de manera “urgente” en este mes.

Para los empleados del Poder Judicial, inicia el periodo de vacaciones este viernes 13 de diciembre, lo que significa que de no serles pagados sus sueldos y aguinaldos, ya no podrían recurrir al paro de labores.

GOBIERNO, SOLO APAGAFUEGOS

Abordado por ZETA al final de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso de Baja California, Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas, aseguró que la falta de liquidez para que la administración estatal haga frente a estos compromisos se debe a que no les fueron entregadas las participaciones y aportaciones federales, así como a nuevas disposiciones fiscales que les impiden adquirir nuevos créditos.

Si bien, el grueso de estos pagos pendientes proviene de partidas federales, la administración estatal tiene la facultad de subsanar ese rezago para cumplir el pago de sus obligaciones mientras reciben ese recurso, pero no ha ocurrido así.

A decir del funcionario estatal, disposiciones federales le impiden al Estado adquirir deudas mayores al 6 por ciento para el pago de pasivos a corto plazo, cuando en 2017 el tope era del 7.3 por ciento.

Para el titular de las finanzas en el estado, “los límites en los endeudamientos a corto plazo nos asfixian porque no podemos pedir más dinero que el que marca la ley. Estamos en el 5.9 por ciento en ingresos de libres disposición (créditos) que equivalen a 500 millones de pesos”.

Justificó que en 2017 “todavía podíamos manejar algunas cosas, enviaban los recursos que se plantearon como recursos de gestión, nos dan una partecita en octubre y en diciembre. Lo que hacíamos era un crédito a corto plazo y lo saldábamos, ahora es complicado porque no podíamos hablar con quienes salían ni los que iban entrando (en el gobierno federal).

La administración de “Kiko” Vega espera que entre el 8 y 10 de diciembre, el gobierno federal deposite las aportaciones pendientes.

Hernández Díaz detalló que “el problema del flujo hace que tengamos que decidir, si pagamos nómina o el adeudo al banco, no es sencillo. Lo que hacemos es decir ‘¿estamos obligado a darle a esta dependencia?’. Pues no, porque reciben recurso federal, entonces lo que hacemos es decirle, no pagues a proveedores, concéntrate en tu nómina y ya, pero pues de pronto sucede que no les alcanzó”.

“Todas las paraestatales van a decir que necesitan toda la ministración mensual, pero se está priorizando a la parte de los compromisos de nómina”, manifestó.

Al no conocer la cifra exacta de adeudos en el momento de ser cuestionado, Bladimiro Hernández ofreció proporcionar una relación de adeudos exactos y órganos con los que la Secretaría de Finanzas registra ministraciones pendientes de cubrir, pero hasta el cierre de edición esta información no fue enviada a esta redacción.

Respecto a si la medida fue consultada desde el gobierno con cámaras empresariales, Llantada precisó que no fue así. “Este gobierno no se ha distinguido o por mantener una comunicación estrecha con el sector productivo, nosotros somos quienes generamos los empleos y lamentablemente ha marcado ha sido consistente el gobierno del Estado en tomar medidas de manera unilateral”.

El dirigente de Coparmex en la capital del estado precisó que el aumento del más del 100 por ciento a la sobretasa del Impuesto Sobre la Nómina es particularmente dañina para el empresariado local, porque desde el 1 de diciembre el salario mínimo se duplicará en la franja fronteriza norte del país.

“No se nos hace justo que porque no exista una medida real de corrección a las finanzas, se nos cargue a nosotros, ese costo financiera que tiene en este momento”, añadió.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que no dudará en presentar un amparo colectivo en contra de la medida.

El presidente del Consejo, Kurt Honold señaló que después de una reunión con los integrantes del organismo coincidieron en tomar dicha medida “por considerar que son medidas contracíclicas que violan el principio fiscal de progresividad”.

El CCE rechazó todos los aumentos al servicio doméstico, comercial e industrial del agua y también a los servicios que presta la Coordinación de Protección Civil a giros comerciales, industriales y de servicios, como el aumento al impuesto sobre la educación media superior.