México se caracteriza por tener una enorme desigualdad en el ingreso. Por solo citar un dato, baste señalar que el 10% de la población mexicana con mayores ingresos obtiene el 50% del ingreso nacional. Por otro lado, México tiene, junto con Chile, los índices de desigualdad más grandes dentro de los países de la OCDE. De acuerdo a cifras de este organismo, el coeficiente de Gini de México, por ejemplo, es de 0.46, mientras que el de España es de 0.34 y el de países como Noruega o Dinamarca es de 0.25.

Sin embargo, si hay algo que sobresale de México y de otros países de América Latina no es tanto la enorme desigualdad de ingresos que genera el mercado, sino la muy notable incapacidad de la política fiscal, tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, para revertir esta situación. Mientras que en muchos países europeos la política fiscal es capaz de reducir el coeficiente de Gini en diez puntos porcentuales o más, en México y en otros países de América Latina el efecto de la intervención del Estado por la vía de impuestos y transferencias es prácticamente nulo. Esta situación revela que una parte muy importante del problema de la desigualdad en América Latina reside no tanto en la generación intrínseca de desigualdad, como en el diseño institucional que impide su reducción mediante la intervención de la política fiscal.

Este aspecto crucial de la política fiscal tiene, en el caso de México, tres componentes fundamentales:

1) Una estructura tributaria que tiende a darle mucho peso a la recaudación indirecta, es decir, por la vía del consumo, en vez de hacerlo a través del ingreso como ocurre en la mayor parte de los países de la OCDE. Es bien sabido que los impuestos al consumo son problemáticos debido a que las familias relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que las relativamente ricos. Por lo tanto, en una economía tan desigual como la mexicana, y a pesar de las exenciones en algunos productos, esto implica que las familias pobres pueden terminar pagando en forma de impuestos un porcentaje más alto de sus ingresos que las familias ricas, lo cual puede incluso aumentar la desigualdad original.

2) Una estructura tributaria que tiende a gravar muy poco a la riqueza o, más generalmente, a los ingresos por capital. En México, por ejemplo, hasta hace muy poco no había impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario (y lo que existe hoy en día está muy mal diseñado), no existen impuestos a las herencias de ningún tipo, en varios estados no hay un impuesto a la propiedad de automóviles (Tenencia) y, finalmente, la recolección de impuestos a la propiedad de vivienda (impuesto predial) es muy ineficiente (con excepción de la Ciudad de México y de algunos sitios turísticos). Todo esto implica que las principales fuentes de ingreso de las personas más ricas tienen un trato privilegiado, por lo que los impuestos por ingresos laborales suelen ser mucho más altos que por ingresos de capital, lo que alimenta la desigualdad en vez de combatirla.

3) Por el lado del gasto, tenemos además una estructura de gasto público muy ineficiente y muy poco redistributiva. Esto se debe a que, si bien existen algunos programas sociales bien focalizados y que tienden a beneficiar a la población de menores recursos, también es cierto que existen una enorme cantidad de programas sociales y productivos que no están dirigidos a estos segmentos de la población. A esto contribuye, por supuesto, la ausencia de programas de seguridad social universal, que tienden a ser bastante redistributivos.

En conjunto, estos tres elementos explican porque la desigualdad en México no logra ser abatida por la política fiscal, ya que ésta es muy benévola con las personas de mayores ingresos y con sus fuentes de ingresos más importantes. Todo esto configura un esquema tributario y de gasto que tienden a perpetuar la desigualdad original que produce el mercado. En ese sentido, en la medida en la que persista dicho esquema tributario y de gasto, México difícilmente podrá avanzar en el combate a la desigualdad.

Gerardo Esquivel es economista del Colegio de México