El máximo tribunal electoral de México declaró este viernes presidente electo al priísta Enrique Peña Nieto (Atlacomulco, 1966). Después de rechazar por unanimidad una impugnación de la izquierda mexicana, que pedía la invalidez de las elecciones de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expidió la constancia de mayoría al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El fallo ha sido rechazado por Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Movimiento Progresista, quien ha anunciado que no reconocerá a “un poder ilegítimo”.

La decisión de López Obrador, quien no descarta recurrir a la desobediencia civil, representa no solo un desafío para Peña Nieto, que tendrá que resolver cómo lidia con los cuestionamientos del líder que convulsionó a México con su protesta postelectoral de 2006, sino para los propios partidos de la izquierda, en particular para el de la Revolución Democrática. El PRD deberá determinar si sigue con López Obrador la ruta de la confrontación que ha marcado el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), o si se distancian de quien fuera su candidato y establecen una relación propia con el nuevo gobierno. De momento, le otorgan su respaldo.

“No puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial, las elecciones no fueron limpias, ni libres, ni auténticas, en consecuencia no voy a reconocer un poder ilegítimo, surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución, implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación”, declaró López Obrador pocas horas después de la decisión de los magistrados. A diferencia de lo ocurrido en todo el periodo postelectoral, esta vez el candidato de la izquierda apareció en solitario ante los medios en su casa de campaña. Ahí convocó a sus partidarios a reunirse en el Zócalo de la capital mexicana el 9 de septiembre para definir el rumbo. Entre las opciones, López Obrador adelantó que la “desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra ladrones de la esperanza del pueblo”. La protesta será “pacífica y responsable”, añadió.

Minutos después del anuncio, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, acudió a la oficina de López Obrador, en donde estuvo breves minutos para luego encerrarse con otros barones de su partido. Por su parte, Graco Ramírez, histórico líder de la izquierda y ganador, el mismo 1 de julio, de la elección al Gobierno de Morelos, dio ya el primer paso al anunciar que respeta el fallo del Tribunal y llamó a construir un “gran acuerdo nacional”.

No obstante, el senador Manuel Camacho Solís asegura a EL PAÍS que la “decisión unánime es que se mantiene una línea de comunicación con Andrés Manuel, y se aboga por la unidad de la izquierda. No se da ninguna ruptura. Nos reuniremos el próximo jueves con él”. Según Camacho, la izquierda discutió este viernes la formulación de un posicionamiento reprobando la decisión del Tribunal, al que considera que le ha faltado altura para entrar al fondo de la materia. “Cuando vi lo que se estaba diciendo en el Tribunal, pensé: este no es un tribunal constitucional. Los magistrados se fueron por el camino fácil, su decisión se redujo a encontrar insuficiencias en las pruebas no a cuestionarse si su decisión reducía la impunidad, fortalecía a las instituciones, si iban a contribuir a la concordia. No analizaron lo que estaba en juego”.

El jueves por la noche, el Tribunal determinó, por unanimidad de sus siete magistrados, desechar la impugnación sometida por la Coalición Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador, para declarar inválida la elección del 1 de julio. “Se considera jurídicamente improcedente acoger la pretensión de la coalición de anular las elecciones. Los agravios contenidos en el juicio de inconformidad por la coalición Movimiento Progresista en forma alguna han sido acreditados ante esta Sala Superior, por lo que no ha lugar a acordar su petición de nulidad”, sentenció después de más de cinco horas de sesión el presidente del Tribunal, el magistrado José Alejandro Luna Ramos.

En su impugnación del triunfo de Peña Nieto, que tuvo 3,3 millones de votos más que López Obrador, la izquierda argumenta que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y que Peña Nieto incurrió en compra de votos, tuvo acceso indebido a medios de comunicación, rebasó el tope de gastos de campaña y se benefició de la publicación de encuestas “amañadas”. Sin embargo, el proyecto de sentencia que fue presentado el jueves al pleno considera que las pruebas presentadas por la izquierda fueron “insuficientes o inconducentes” y que las acusaciones resultaron “infundadas” por elementos probatorios “vagos, genéricos e imprecisos”.

La impugnación de la izquierda, de 639 páginas y un anexo de 49, es pública y ha sido criticada por analistas por presentar inconsistencias tales como faltas de ortografía, acreditación equivocada de hechos y disparidad en las cifras del supuesto gasto realizado por Peña Nieto en su campaña —dan cifras tan diferentes de ese supuesto gasto como 374 millones de pesos ó 3.095 millones de pesos—. Pero también ha habido voces que han criticado al fallo por ser “demasiado legalista” y acusan al Tribunal de limitarse a encontrar defectos en las pruebas ofrecidas antes que a valorar los indicios de las mismas.

Además de López Obrador, el movimiento #YoSoy132, que desconoce el triunfo de Peña Nieto, realizó este viernes “marcha fúnebre” por la “muerte de la democracia”. El PRI ha llamado a la izquierda y a su excandidato a acatar el fallo. Pero AMLO ya ha movido ficha. Ahora la jugada crucial está en manos del Partido de la Revolución Democrática.