Un hermano de Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, es directivo de Atresmedia Radio, perteneciente al Grupo Planeta. En este conglomerado empresarial está integrado también el diario La Razón, cuyo consejero delegado, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha ido este viernes a prisión por supuestos delitos de corrupción relacionados con la gestión del Canal de Isabel II.

Moix dio a los fiscales del caso la orden de pedir la prisión incondicional tanto del consejero delegado de La Razón como del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, situado por los investigadores como el cerebro de una trama delictiva que, aprovechando sus cargos en la Administración regional, habría realizado operaciones irregulares con fondos públicos para enriquecerse personalmente.

Sin la petición de prisión ordenada por Moix el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no hubiera podido privar de libertad a ninguno de los investigados ya que en este momento la Fiscalía es la única parte acusadora del procedimiento.

Fuentes de Anticorrupción aseguran que el trabajo de su hermano José María Moix como director de Antena y Marketing de Atresmedia Radio "no condiciona en absoluto" la actuación del fiscal jefe. La mejor prueba, señalan, es que ha instado la prisión incondicional del consejero delegado de otra empresa del grupo para el que trabaja su familiar.

Polémica

La actuación de Moix en la operación Lezo ha motivado que los grupos de la oposición del Congreso (PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCat) hayan pedido las comparecencias urgentes del fiscal general, José Manuel Maza, y de los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y José Ignacio Zoido.

La alarma ha surgido tras difundirse, erróneamente, que Moix obstaculizó la realización de registros que afectaban al esclarecimiento de los graves delitos de corrupción que se imputan a Ignacio González y su entorno.

La realidad es que el pasado lunes Moix mostró a los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, su discrepancia con la pretensión de que, en el registro preparado para el miércoles siguiente en la sede del Canal de Isabel II, se buscaran documentos relacionados con una operación antigua, la compra de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), llevada a cabo en 2001.

Los investigadores tienen indicios de que esa compraventa, realizada a través de una mercantil panameña llamada Sociedad de Aguas de América, supuso un grave perjuicio para los fondos públicos porque el precio fue sobrevalorado. Ello habría producido un quebranto para las arcas de la Comunidad de Madrid de unos 25 millones de dólares.

Desconexión temporal

Esta operación, no obstante, no es imputable a Ignacio González, que no entró en el Canal de Isabel II hasta 2003. Esa desconexión temporal y la falta de identidad en los investigados llevó a Moix a argumentar que el expediente de Inassa no debía formar parte del registro, registro cuya realización ordenó en todo caso porque su objeto era más amplio y afectaba a otras operaciones.

Moix tampoco rechazó investigar la compraventa de Inassa, pero su opinión era que debía hacerse en unas diligencias diferentes de la operación Lezo.

El fiscal jefe aceptó finalmente la posición de sus subordinados tras la celebración de una inusual Junta de Fiscales que respaldó a sus compañeros, de manera que el expediente de Inassa sigue formando parte de las diligencias abiertas sobre la operación Lezo.