Desde que comenzaran a ser publicadas en Junio de este año, las revelaciones sobre los programas de espionaje llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos han pintado un cuadro cada vez más complejo y preocupante sobre las inmensas capacidades de esa institución para interceptar las comunicaciones telefónicas y por Internet a una escala global. De acuerdo a Glenn Greenwald, el periodista que desde el diario Británico The Guardian ha liderado la publicación de los documentos filtrados por Edward Snowden, este cuadro todavía está incompleto, pero sin duda la información ya disponible debiera obligarnos a una profunda reflexión sobre el estado de la seguridad de las comunicaciones en Chile.

Y aunque es razonable que la discusión se haya centrado en el impacto sobre la privacidad como derecho fundamentalmente individual, también juega un papel central en el funcionamiento saludable de las instituciones de una sociedad democrática soberana.

Lamentablemente, y como explica Pancho Vera de Derechos Digitales, la reacción nacional ante las revelaciones publicadas por Greenwald y otros ha sido, por decirlo menos, indiferente. Relegada a las secciones internacionales o de tecnología de los medios, las consecuencias que tienen estos programas para los intereses internos y externos de Chile parecen, hasta ahora, importarle a muy pocos. la reacción del Gobierno de Chile ha sido una de meros murmullos. En julio, anunció una investigación sobre la veracidad de las revelaciones de Snowden, que apuntaban a que Chile estaba entre los países sometidos a espionaje. Más de tres meses después, los resultados de esa investigación no se han hecho públicos, ni parecen haber habido declaraciones adicionales al respecto.

Incluso las preguntas más básicas permanecen sin respuesta. Por ejemplo, preguntarnos si los funcionarios estatales están obligados a tomar medidas de seguridad mientras, por nombrar algunos ejemplos, negocian el TPP con Estados Unidos, o deciden el destino de los recursos naturales nacionales con empresas británicas , o discuten estrategias para resolver conflictos limítrofes. ¿Cuáles son las políticas de retención y protección de datos en el Estado? ¿Están usando servicios como Dropbox o Gmail? E independiente de donde estén basados, ¿están sometidos a auditorías de seguridad?. Le he hecho estas y otras preguntas a muchas personas que trabajan en el Estado o se comunican regularmente con sus funcionarios. Las respuestas, aunque no son oficiales, no son alentadoras.

Esta preocupación puede parecer exagerada o paranoica, pero la evidencia publicada hasta ahora la justifican plenamente. Aunque sin duda los programas de espionaje fueron fundamentados y financiados con el propósito principal de combatir el terrorismo, las revelaciones de Snowden han dejado en claro que la NSA ha utilizado la misma infraestructura para llevar a cabo espionaje a figuras políticas que supuestamente están en el círculo de aliados de EEUU: La Unión Europea, el Presidente (y ex también) de México, la Presidenta de Brasil, y mientras escribo esto, se suman acusaciones de espionaje de la Canciller alemana Angela Merkel.

De la misma forma, y a pesar de negarse a admitirlo, la NSA ha estado conduciendo actividades de espionaje económico a Petrobras, la empresa estatal Brasileña. Y aunque las revelaciones concretas que apunten a este tipo de actividades en Chile han sido tenues, solo una ignorancia profunda sobre la historia política y económica del país podría llevarnos a concluir que no es un candidato a estas mismas actividades.

Finalmente, y aunque es cierto que las revelaciones de Snowden han generado un importante y necesario debate sobre la importancia de la privacidad, es importante tener claro que, incluso en el mejor de los casos, las reformas a las actividades de la NSA estarán concentradas en los programas que tienen un impacto doméstico en EEUU. Para contrarrestar el resto, cada país tendrá que asumir la responsabiliad de usar las herramientas legislativas, tecnológicas y diplomáticas que estén a su alcance. Si declaraciones de prensa seguidas de un silencio ensordecedor es lo que podemos esperar del Estado de Chile, es quizá hora de golpear algunas puertas hacer algunas preguntas.

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