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Este nuevo espacio de CTXT incluirá la presentación y análisis de ciertos asuntos controvertidos que consideramos necesario abrir a la discusión pública en España. El primero de la serie es “La crisis del periodismo”, al que seguirán “Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual”, “Políticas educativas y protestas en la enseñanza”, “Gustos y actitudes juveniles” y “Crisis económica”. El objetivo es documentar estos asuntos clave para el presente desde las varias perspectivas en conflicto y fomentar el debate informado en torno a ellos.

Cada mes se introducirá una de estas controversias y se creará un espacio para la participación del público interesado. Además de la interacción en red se organizará un debate público con ocasión de la publicación de cada nuevo asunto. El tema está abierto a comentarios. La asociación sin ánimo de lucro SEMIOTYCOM (Asociación para la investigación en semiótica y comunicación) financia y produce este espacio, que se basa en el trabajo de varios investigadores universitarios implicados en un proyecto oficial I+D+I, “La construcción de los asuntos públicos en la esfera pública mediatizada”.

Introducción

El comienzo de la crisis del periodismo español suele situarse entre la última década del siglo XX y la primera del XXI y está marcado principalmente por la llegada de Internet. No obstante, como veremos, algunas de sus raíces son mucho más profundas. Esta primera crisis de modelo nacida a raíz de la transición al digital se agrava cuando en torno a 2008 se solapa con la crisis financiera internacional, dando lugar, en palabras de Miguel Álvarez, a una cuádruple crisis: de financiación, de pluralidad, de dependencia y de ética, que desembocan en una general crisis de identidad del periodismo español.

“En pleno proceso de transición al digital, y para complicarlo aún más, irrumpe en 2008 el hundimiento de una burbuja financiera global, poniendo la puntilla a una forma de hacer periodismo más dependiente de los anunciantes que de los propios lectores. Solo en 2009, la pérdida de ingresos por publicidad fue del 21%, llevándose por delante a toda la prensa gratuita excepto 20Minutos. En cinco años de crisis un total de 284 medios han echado el cierre en España, dejando el nivel de paro de la profesión en el 51%, el doble de la tasa general”[1].

Desde 2008 se han destruido un total de 11.875 empleos, y el número de desempleados no ha parado de aumentar. 2014 ha sido el primer ejercicio en el que se ha detenido este incremento con respecto a los años anteriores, un dato que han celebrado con matices desde la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Como recuerda Luis Palacio, el director del último Informe de la Profesión Periodística, 9.451 periodistas en paro supone todavía una cifra muy elevada, más aún si tenemos en cuenta que no refleja a todos los desempleados, por ejemplo a aquellos que buscan su primer empleo. Además, como subraya Carmen del Riego, presidenta de la APM, la pérdida de poder adquisitivo de los periodistas que han tenido la suerte de conservar su trabajo durante la crisis ha sido constante y aún no se ha acabado.

La otra cara de esta crisis es que, gracias a la iniciativa de algunos profesionales y a la reducción de costes que conllevan las nuevas tecnologías, los nuevos medios están floreciendo más que nunca. Paralelamente a las altas cifras de destrucción de empleo, de 2008 a 2014 se han creado más de trescientos nuevos medios[2], una gran mayoría impulsada por periodistas. Muchos de ellos han cobrado en poco tiempo una relevancia notable, basada según algunos en atreverse a preguntar lo que los medios tradicionales no preguntan.

La crisis del periodismo español se enmarca en una de escala mundial. Autores como el sociólogo Todd Gitlin han hablado de un cúmulo de cinco crisis tras estudiar, en su caso, el periodismo estadounidense. Las dos primeras son consecuencia del declive precipitado de la circulación de periódicos y de la caída de los ingresos por publicidad, que han hecho que muchos periódicos hayan dejado de ser rentables. A estos factores se suma, en tercer lugar, la incapacidad o falta de intención de los medios tradicionales de penetrar tras los “velos de ocultación” del poder. Desde el punto de vista de los públicos, en cuarto lugar encontramos la difusión de la atención, que pasa de la concentración a la multitarea y de lo textual a lo audiovisual –en lo que algunos sostienen que es un cambio tan radical en el conocimiento, los hábitos y las sensibilidades como el que supusieron la invención de la escritura o de la imprenta–. Las formas de acceder a la información y de participar en ella están cambiando radicalmente en nuestro tiempo. En quinto y último lugar, el problema más profundo de la profesión parece ser la crisis de autoridad del periodismo[3].

El público, como actor fundamental del ámbito al que da nombre –la esfera pública– está dejando de confiar en la prensa. Así lo reflejan también datos del informe anual de la APM y otras muchas investigaciones. Por ejemplo, el Instituto Internacional de la Prensa, que después de enviar una delegación a valorar la situación de las libertades en España alertó sobre la preocupante falta de libertad de expresión entre los medios españoles. La delegación internacional, que le comunicó su preocupación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, “observó un alarmante crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos respecto a los medios de titularidad pública en España, ampliamente percibidos como un instrumento al servicio de los poderes políticos”.

Aunque España se contaba entre los países en los que menos prensa se lee, en 2012 seguía siendo el segundo país de Europa con más cabeceras. Esto apunta a que se había formado una cierta burbuja mediática, y parte de la explicación a esta tendencia la obtenemos en la cantidad de periódicos locales nacidos al amparo de constructoras inmobiliarias, que los empleaban como medio de presión a la hora de conseguir recalificaciones y licencias[4].

España jamás ha destacado por su pluralismo mediático. A día de hoy, el 60% del mercado de la prensa se lo reparten tan sólo tres actores: Vocento, Unidad Editorial y Prisa. La televisión sigue siendo la principal fuente de información de la ciudadanía, como vienen comprobando los informes de la APM y corroboran otros barómetros del CIS. Tras la fusión por un lado de Telecinco y Cuatro y, por otro, de Antena 3 y La Sexta, los grupos Planeta y Mediaset controlan la mayor parte de la información en abierto. En cuanto a la televisión de pago, Prisa controla el 65% del sector [en las próximas semanas la CNMC debe pronunciarse sobre la venta del 56% de Digital plus a Telefónica] y el 50% de la radio, además de acaparar junto a la Cope y Onda Cero la casi totalidad de la publicidad (el 93%)[5].

El periodismo español tampoco destaca por su independencia política. Históricamente los medios están claramente polarizados en un partidismo explícito, siguiendo lo que se ha denominado “modelo Mediterráneo”[6]. La independencia económica también brilla por su ausencia[7]. Por ejemplo, el 23% de El País –todavía el periódico de información general más leído de España– pertenece desde 2013 a los bancos Santander, HSBC y Caixabank. Pere Rusiñol, antiguo redactor jefe de este periódico, señala que mientras que la noticia de la investigación de las posibles cuentas en Suiza de la familia Botín fue portada en muchos medios, en El País nunca hubiera podido serlo, puesto que la familia Botín es la propietaria del Santander y el Santander es en parte propietario de El País.

Inevitablemente el periodismo español sufre una crisis ética y deontológica. La precariedad es la norma: el 67% de los periodistas ha vivido un ERE en su empresa en los últimos cinco años y el 76% una reducción de salario. En estas condiciones, “ejercer la profesión con rigor es una quimera, y el código deontológico, una reliquia[8].”

“Sin periodismo no hay democracia”: los periodistas en defensa de su oficio

Durante los últimos años se han sucedido numerosos intentos de redefinición y dignificación de la profesión periodística por parte de los trabajadores de múltiples medios de comunicación y de varias asociaciones de la prensa.

Estos intentos se han encarnado, además de en la creación de nuevos medios, en protestas, denuncias, manifestaciones y manifiestos. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE) es autora de un manifiesto que comienza afirmando que el periodismo español atraviesa “la peor crisis de su historia” [9]. Su eslogan, “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia” ha sido recogido por muchas otras asociaciones y medios que coinciden en creer que “dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos”.

Entre las preocupaciones de los periodistas, reflejadas en los manifiestos y declaraciones de intenciones de los nuevos medios[10], destacan: la destrucción de empleo y la precarización, el debilitamiento de un oficio que en demasiadas ocasiones ha pasado a ser “fuente de manipulación, sensacionalismos, odios y de defensa de intereses ajenos al bien común”. Critican las ruedas de prensa sin preguntas y la negativa de los poderes públicos a comparecer para “dar cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder”. Subrayan la necesidad de un periodismo “responsable, basado en la ética, con integridad y rigor, jamás supeditado a la dictadura de las audiencias”.

Algunas de las principales protestas las han llevado a cabo trabajadores del sector público. Entre ellas han destacado especialmente las de los trabajadores de las autonómicas Ràdio Televisió Valenciana (conocida por el nombre de su principal canal, Canal 9) y Telemadrid y, a nivel nacional, las de los trabajadores de Radio Televisión Española. Es significativo que muchas de sus protestas desembocan en procesos judiciales.

Nuevos medios

Paralelamente al cierre de 364 medios, de 2008 a 2014 se crearon 331 nuevos (para un listado detallado, véase el último Informe Anual de la APM). Muchos de ellos los impulsaron y gestionan sus propios trabajadores, los periodistas.

Los periodistas que integran estos nuevos medios a menudo se juegan su propio dinero, y en ocasiones pasan un tiempo sin cobrar un sueldo, que solo llegan a percibir si su empresa resulta tener éxito. Muchos señalan tener una postura ética respecto a la publicidad, con vistas a salvaguardar su independencia no sólo en el terreno político sino también en el económico, prefiriendo otras vías de financiación. Según la APM, además de la publicidad (que supone en torno al 40% de los ingresos), mencionan el patrocinio, las aportaciones de simpatizantes, los servicios de comunicación para empresas (notas de prensa, organización de eventos, etc.), las ventas de ejemplares y las suscripciones. El 13% de los proyectos no facturó nada. Entre estas formas de financiación está cobrando fuerza el crowdfunding. En ocasiones se emplea para investigaciones puntuales, mientras que en otras está sirviendo para lanzar nuevos medios o para lograr que medios existentes se mantengan a flote[11]. Como se aprecia en sus declaraciones de principios, algunos de estos medios funcionan como cooperativas autogestionadas.

Según Ashifa Kassam, corresponsal en Madrid de The Guardian, las redacciones de estos nuevos medios son una mezcla de veteranos despedidos y jóvenes periodistas deseando trabajar en una industria en la que pocos están contratando. No obstante, como apunta el investigador Ramón Salaverría en el mismo medio, aunque páginas como las de los periódicos El Confidencial o eldiario.es obtienen más de cinco millones de visitas mensuales, cabeceras clásicas como El País o El Mundo siguen siendo las más leídas, con audiencias que triplican las de los nuevos medios digitales.

Del total de medios creados (contabilizados en marzo de 2014), un 92,5% son medios digitales, mientras que solo un 7,5% son medios en papel o que también tienen una versión impresa además de la digital. Por otra parte, del total de medios digitales, un 6,9% son radios y televisiones ‘online’. Entre 2008 y 2013, los medios locales han supuesto un 29% frente al 9% de los nacionales. Abundan los especializados en temas como arte y cultura (el 12%) o deportes (el 10%), seguidos de un 5% de contenido económico.

Algunos de los medios de información general de alcance nacional más destacados creados en lo últimos años son eldiario.es, Infolibre, La Marea, Vozpopuli, Diagonal o CTXT (para un listado completo, véase este link). Por su actitud crítica y su independencia, algunos de ellos están ganando el favor del público frente a los medios tradicionales.

Movilizaciones y protestas

Los periodistas españoles no se han mantenido callados ante las dificultades y la destrucción que está acarreando esta crisis. Estas protestas han variado en su forma (manifestaciones callejeras, cortes de emisión, huelgas…) pero en todo caso han pretendido llamar la atención de la ciudadanía sobre los problemas de la profesión y de sus medios así como sobre sus repercusiones para la calidad de la democracia.

Son frecuentes las protestas por la externalización de servicios –trabajos que en lugar de realizar la propia empresa son subcontratados a terceros[12]–. También, contra lo que se ha dado en llamar “redacciones paralelas”, que consisten en grupos de redactores sesgados ideológicamente en la línea de quien controla la cadena. En este sentido, quien más protestas acumula es Nacho Villa, el director de Radiotelevisión Castilla-La Mancha, calificado de “comisario político” al servicio del gobierno de Cospedal. Los trabajadores han organizado protestas conocidas como “viernes negros” en los que, vestidos de este color, se quejan de “la manipulación informativa, la plantilla paralela, los despidos de profesionales, la contratación irregular, la falta de transparencia y la gestión irresponsable”.

Otro asunto controvertido han sido las ruedas de prensa sin preguntas.

Como recordaron la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) "las ruedas de prensa son instrumentos fundamentales de la tarea de los periodistas y vías absolutamente necesarias para que los gobernantes sean sometidos al control de los ciudadanos a través de los informadores". Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy y algunos de los partidos de la oposición han popularizado las apariciones en pantallas de plasma, frente a las que habitualmente no caben preguntas. Rajoy, además, impuso en ocasiones preguntas pactadas entre el gobierno y el medio[13]. Destaca en este sentido la iniciativa “Sin preguntas no hay cobertura”, que aboga por que no se cubran aquellas ruedas de prensa en las que no se admiten preguntas.

Radio Televisión Española (RTVE)

La cadena de titularidad pública estatal, aunque no ha sufrido ningún ERE hasta la fecha, vive tiempos difíciles. Hasta 2006 acumulaba una deuda de 7.000 millones de euros, que fueron asumidos por el gobierno de Zapatero. No obstante, sería también Zapatero quien en su siguiente legislatura la dejara sin financiación publicitaria sin al mismo tiempo solucionar adecuadamente su financiación.

Los trabajadores de TVE han protestado en numerosas ocasiones por la “asfixia económica” que sufren y la “credibilidad nula” de sus informaciones. Recientemente se han mostrado en contra del nombramiento de José Antonio Álvarez Gundín al frente del servicio de informativos. No sólo han criticado su sesgo ideológico –inmediatamente antes había sido directivo en La Razón–, sino la reestructuración de la plantilla de informativos que llevó a cabo al poco de aceptar el cargo, considerada partidista. Álvarez Gundín sustituyó a varios jefes de sección, una decisión que inmediatamente generó protestas de los trabajadores. El Consejo de Informativos de la cadena denunció que la nueva dirección trataba de “crear una redacción sumisa y al servicio del poder político, alejada de las preocupaciones ciudadanas y dedicada a labores de propaganda gubernamental”[14].

Los trabajadores, que se han manifestado pidiendo “pluralidad y transparencia” en varias ocasiones, han criticado los recortes presupuestarios que les han llevado de tener un presupuesto de 540 millones en 2011 a 292 en 2013. También se han manifestado en contra del nombramiento de José Antonio Sánchez como presidente de la cadena. Sánchez fue anteriormente director de Telemadrid y uno de los principales responsables de su ERE.

Autonómicas

Las cadenas autonómicas, tras años de malas gestiones, acumulaban en 2013 deudas por encima de los 1.600 millones de euros. Canal 9 (1.200 millones) y Telemadrid (240 millones) representaban casi el 90% del total de la deuda. La cifra ascendía a los casi 3.000 millones si se tienen en cuenta los 1.046 millones de la deuda de Televisión de Cataluña (TV3), que fue cubierta por la hacienda de la Generalitat en 2008.

De los datos de 2013 se desprende que las autonómicas son relativamente caras para la audiencia que tienen: cuestan unos 882 millones de euros a los gobiernos regionales (unos 21 euros por español al año), y generan tan solo un 8,6 % de audiencia (un 9% menos que el año anterior según la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA[15]).

Con el vigente marco legal, posibilitado por la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual implantada por el gobierno del PP en 2012[16], a las cadenas públicas que no funcionan adecuadamente se les abren dos caminos. Uno, el cierre, como ha ocurrido con Canal 9. Y dos, la privatización, como ha sido el caso de la televisión de Aragón (y ha estado cerca de ser el de Telemadrid), proceso a través del que dejarían de ser medios de servicio público.

Por su relevancia, nos referiremos en exclusiva a dos casos: Ràdio Televisió de Valencia y Telemadrid.

Ràdio Televisió de Valencia (RTTV o Canal 9)

Ante los 1.200 millones de deuda acumulados, en julio de 2012 se aprobó un expediente de regulación de empleo (ERE) que ordenaba el despido de 1.198 de sus 1.643 trabajadores. Todos los sindicatos del sector presentaron demandas colectivas impugnando el ERE, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo el 5 de noviembre de 2013. El gobierno de Alberto Fabra aprobó el cierre de la cadena ese mismo día, ante la supuesta imposibilidad de readmitir a los más de mil trabajadores despedidos, y la Comunidad Valenciana asumió la deuda. La valenciana fue la primera comunidad con lengua cooficial en quedarse sin una televisión autonómica pública.

Salut Alcover, presidenta del comité de empresa de RTTV, aseguró que la sociedad valenciana “ha perdido una herramienta de fomento de su lengua, de creación de identidad, de información de proximidad”. Afirmó que RTVV ha servido para que el Partido Popular “despliegue dos herramientas fundamentales: la primera es la manipulación informativa. La segunda es la financiación, el saqueo para financiar nadie sabe qué”. El ERE de la Televisión Valenciana ha generado una “encrucijada judicial”, con centenares de denuncias aun pendientes de resolución.

Telemadrid

Telemadrid también sufrió un ERE en enero de 2013, conocido como “el ERE de la vergüenza”[17], que eliminó a 829 trabajadores –861 si se cuenta a los que no eran fijos– de los 1.175 con los que en total contaba la cadena, que continuó emitiendo con apenas 300 empleados.

El ERE fue declarado improcedente en marzo de ese mismo año por el Tribunal de Justicia de Madrid. La sentencia sería ratificada por el Tribunal Superior de Justicia (marzo de 2014), que lo consideró "no ajustado a derecho", y dio a elegir a la Comunidad de Madrid entre la readmisión de los 861 trabajadores despedidos o el aumento de su indemnización. El gobierno de Ignacio González optó por lo segundo[18]. Para poder proseguir con las emisiones, se externalizaron gran parte de los servicios, recurriendo a diversas empresas privadas, algunas cercanas a sus exdirectivos y asignadas de forma controvertida.

Dos años después del ERE, la portavoz de IU en la Comisión de Control de Telemadrid, Libertad Martínez, denuncia que Madrid “necesita un nuevo modelo de radio televisión pública abierto, plural, veraz y participativo que responda a la demanda de la sociedad madrileña”. Define el panorama actual en la cadena como de “descapitalización humana y profesional, quiebra financiera, programación de ínfima calidad, sectarización de la información, audiencia bajo mínimos (no llega al 5%) y deterioro progresivo de la imagen corporativa e institucional de Telemadrid”. Los trabajadores aseguran que, a pesar de haber reducido la plantilla en un 80%, Telemadrid sólo redujo sus gastos en un 1,6% en 2014. La cadena es hoy la penúltima autonómica en audiencia, con un 4,8%, sólo por delante de Castilla-La Mancha TV. Trabajadores y extrabajadores de la casa afirman que “a la llegada de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid en 2003, estábamos en un 17,1%”.

Entre las muchas denuncias, la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) presentó una querella contra tres ex directivos de Telemadrid, a los que acusa de haber cometido presuntamente delitos de administración desleal y malversación de fondos públicos[19]. Y otra contra Ignacio González, en la que le acusaban de haber cometido siete delitos, entre otros tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Otros EREs: el caso de El País

Muchos otros medios españoles de titularidad pública y privada han sufrido EREs en los últimos años[20]. Uno de los más conocidos, por el antiguo prestigio de la cabecera, por ser el periódico generalista más leído y por el renombre de muchos de los trabajadores afectados, es el de El País, que fue comunicado por la dirección del periódico a sus trabajadores el 5 de octubre de 2012. “El periódico no puede soportar por más tiempo su actual estructura de costes”, manifestó Juan Luís Cebrián, presidente del grupo editorial propietario de El País, PRISA. No obstante, los trabajadores criticaron que mientras se echaba a la calle a 129 veteranos periodistas , el periódico no había dejado de reportar beneficios hasta ese momento. Los directivos ganaban una media de 200.000 euros anuales y el propio Cebrián cobraba un sueldo de 13 millones de euros al año.

*El estudio ha sido dirigido por Cristina Peñamarín