NdeR: [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]

#DatosCerrados | De diciembre de 2012 a agosto de 2015, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cuidó que las áreas de trabajo estuvieran pulcras. José Antonio Meade Kuribreña era el titular de esa dependencia en cuya cartera está la diplomacia mexicana. En servicio de limpieza, en esos años, la Cancillería pagó más de 168 millones de pesos, de los que el contrato mayor fue por 165 millones con la empresa LavaTap. Ese dinero habría alcanzado para tres programas de atención a migrantes mexicanos y equivale a los ingresos hasta abril de las cinco candidaturas a la Presidencia en el presente proceso electoral.

Pero los ciudadanos no pueden saber si ese recurso público fue bien empleado. Y no pueden saber si, ese ejército de miles de trabajadores que barrieron, sacudieron y abrillantaron los vidrios mientras los cubría el anonimato de la subcontratación, se desempeñaron en óptimas condiciones laborales. Con el argumento de “seguridad nacional”, la Cancillería reservó la parte técnica del contrato hasta 2021.

Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).- Cuando fue Secretario de Relaciones Exteriores, de diciembre de 2012 a agosto de 2015, a José Antonio Meade Kuribreña le interesó tener limpios los sitios de trabajo. Eso revela el gasto bajo su gestión en esa dependencia en la que estuvo a cargo desde el primer minuto del peñanietismo hasta que presentó su renuncia para convertirse en Secretario de Desarrollo Social.

En un flujo para diferentes empresas outsourcing entre las cuales aparecen nombres de personas, la Cancillería gastó 168 millones 692 mil 789 pesos, una cantidad similar a los ingresos de las cinco candidaturas hasta abril en la presente contienda electoral y que habría alcanzado para tres programas de atención a migrantes mexicanos después de que Donald Trump ganara la Presidencia de Estados Unidos y amenazara con expatriarlos.

Para limpiar sus inmuebles en la Ciudad de México, la zona metropolitana y delegaciones foráneas, la SRE pagó un contrato de 165 millones 139 mil 276 pesos con la empresa LavaTap con vigencia del 31 de diciembre de 2013 al 31 de octubre de 2016. Pese a que ese convenio abarcaba las oficinas en la zona metropolitana y las delegaciones foráneas, la dependencia invirtió otros tres millones 553 mil 512 pesos en otras 26 contrataciones para asear durante un año esas mismas oficinas fuera de la Ciudad de México. Es decir, el servicio se contrató doblemente en el primer año del peñanietismo.

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Según una revisión en el directorio de la dependencia, hay 168 oficinas repartidas en el mapa mexicano. La limpieza de cada una salió en promedio en 350 mil pesos al año, cuando hasta el término del sexenio de Felipe Calderón ese costo era de 80 mil pesos. Para este cálculo se tomó en cuenta el contrato más grande –el de LavaTap- y se añadieron los montos de los convenios en cada delegación foránea. Todo, según los datos en el Portal de Obligaciones y Transparencia.

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Los ciudadanos no pueden conocer si quien ahora lucha por convertirse en Presidente de México hizo un buen gasto. En 2016, ya en la gestión de Claudia Ruiz Massieu (quien fue nombrada en agosto de 2015 en sustitución de Meade y renunció en enero de 2017), el contrato por los 165 millones con LavaTap se volvió inescrutable con una reserva de su parte técnica del 8 de agosto de 2016 al mismo día de 2021.

El argumento, especificado en el Índice de Expedientes Reservados de la SRE, es que el convenio contiene información sobre el acceso a las instalaciones estratégicas de la dependencia y debe evitarse su divulgación para no poner en riesgo los inmuebles, a los servidores públicos y a terceros. “De no ser así las personas externas pudiesen obtener información confidencial, lo que vulneraría la seguridad nacional”, se lee en la justificación.

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La “seguridad nacional” es el argumento predominante en la reserva de información. El Gobierno de Enrique Peña Nieto mantiene con candado 12 millones 201 mil 657 expedientes. De las dependencias de Estado, la SRE es la sexta con más reserva, con 122 mil 816 carpetas. El cómo limpió sus oficinas en los primeros años del peñanietismo engrosa el cúmulo de estos asuntos negados ante los ciudadanos. Ahí está, al lado de temas de diplomacia, tratados internacionales o negociaciones con otros países. Convive con los temas estratégicos cuando se refiere más al compromiso de una empresa y sus trabajadores.

Más allá de la trayectoria del dinero público en el escondite de este contrato quedaron también las condiciones laborales de quienes en esos años limpiaron las oficinas de la cancillería bajo el esquema del outsourcing o subcontratación. Es una fuerza laboral integrada por miles de trabajadores, pero de los cuales, ni siquiera existe un censo, a pesar de que desde los 70 está permitida esta forma para realizar el aseo en oficinas públicas.

Se trata del segundo contrato más grande firmado por la Cancillería en 2013 cuando se iniciaba la Administración de Enrique Peña Nieto y Meade Kuribreña fue incorporado a su Gabinete. Sólo fue superado en monto por el seguro de gastos médicos para el personal del servicio exterior mexicano adscrito en el exterior que fue de 293 millones 161 mil 974 pesos.