De las 17 carteras del nuevo Gobierno de España, 11 están en manos de mujeres. Los despachos de algunas multinacionales estrenan placa de jefas. Miles de personas en las calles paran el país a favor de la igualdad. Otras tantas, por primera vez, se declaran feministas. El Gobierno solicita a la RAE un informe para adecuar el texto constitucional al lenguaje “inclusivo”. Todo en menos de seis meses. En España el movimiento #MeToo azuzó el feminismo y con la inercia de décadas de trabajo, la lucha por la igualdad ha dado un salto de siglos. 2018 es el año de las mujeres.

Tras el 8-M, las mujeres gritaron con rabia que no estaban dispuestas a seguir sintiéndose inseguras. “Sola, borracha, quiero llegar a casa”, coreaban cientos de manifestantes durante la huelga feminista. Cansadas de ser la presa, juntas, se giraron y enseñaron los dientes a los depredadores. Ni una más iba a cargar en sus hombros con la culpa de haber sido violada.

Este rugido de indignación abrió debates como el de la falta de perspectiva de género en la judicatura tras la sentencia de La Manada, que condenó a cinco hombres por abusos sexuales a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016. El tribunal libró a los acusados del delito de violación al entender que la víctima “no se resistió”. Tras el anuncio de esta sentencia, miles de personas salieron a manifestarse contra un fallo judicial que consideraban que desprotege a las mujeres. Desde entonces, cada vez hay más inscritas en clases de defensa personal para aprender a protegerse de posibles agresores.

Estas movilizaciones han empujado al nuevo Gobierno de España, formado en junio y con la mayor presencia femenina del mundo a endurecer las leyes contra los abusos sexuales y ha propuesto reformar el Código Penal para acotar la interpretación de los jueces y calificar como delito sexual la falta de consentimiento expreso de la víctima. “Si una mujer no dice 'sí' expresamente, todo lo demás es 'no”, decía Carmen Calvo, ministra de Igualdad, el pasado 10 de julio al anunciar la propuesta.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez, formado a principios de junio, ha recuperado el Ministerio de Igualdad, suprimido por el PP en 2011. Y organismos públicos como el Consejo de Estado y el Consejo Superior de Deportes estrenaron una presidencia femenina el pasado junio con María Teresa Fernández de la Vega y María José Rienda, respectivamente. El nuevo Gobierno también ha llegado a cuestionar la forma en que está escrita la Constitución. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo encargó a la RAE un estudio sobre la “adecuación” de la máxima ley al “lenguaje inclusivo”.

Amamantado y criado durante décadas por unas pocas, el feminismo ha agrupado las voces de miles de mujeres. La propia Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, se declaró feminista el pasado 24 de mayo durante una entrevista y se mostró partidaria de que las empresas tomen medidas hacia la igualdad para permitir que cada vez más mujeres lleguen a puestos directivos. En 2018 solo un 27% de las empresas españolas cuentan con alguna mujer en altos cargos directivos, según un informe de la auditora Grant Thornton. La escasez de mujeres en puestos de responsabilidad es conocida como el techo de cristal. Algunas de sus causas son la maternidad y la tendencia de los hombres a elegir a otros hombres (conocida como homofilia), según la profesora del IESE Nuria Chinchilla.

Ellas no han llamado a las puertas del cielo directivo, ellas han entrado resquebrajando el techo de cristal. Durante los dos últimos años, multinacionales como Google, Facebook, Twitter, Amazon o Microsoft nombraron a mujeres para la dirección de su filial española. Sus políticas de conciliación les han permitido convertirse en ejemplos de paridad, tanto en la base como en los puestos directivos. “Empieza a haber un consenso entre la sociedad y el ámbito empresarial de que la igualdad es un tema importante al que hay que destinar recursos”, explica la directora general de Google España, Fuencisla Clemares.

No solo en las empresas las mujeres lo tienen más difícil, otro foco de discriminación para ellas es el deporte. Los salarios insignificantes, contratos no regulados y una ley que no contempla su profesionalización llevaron a muchas deportistas a apoyar la huelga feminista en las redes sociales bajo el hashtag #LasDeportistasParamos. Además, firmaron un manifiesto en el que reclamaban los mismos recursos que sus compañeros, convenios laborales en cada disciplina y el fin de la cosificación de la mujer en el deporte. Desde entonces, las asociaciones de mujeres deportistas afirman que hay una mayor movilización para acabar con la desigualdad de trato entre los y las deportistas.

Fuera de las ciudades, las mujeres también han tomado conciencia. Las agricultoras y ganaderas comenzaron a organizarse este año para conseguir más representación en las instituciones rurales, y avanzar en la titularidad compartida de la tierra, todavía en un 71% en manos de hombres. El día de la huelga feminista, cientos de mandiles colgaban de los balcones en protesta por el mayor desempleo que sufren las mujeres en el campo.

Otro de los debates que se ha reavivado es el de la regulación de la prostitución. En junio de este año, el Ayuntamiento de Barcelona rechazó una iniciativa del PSC que pretendía multar a los clientes y proxenetas. Y antes de que finalice el 2018, el PSOE madrileño llevará al Pleno municipal una ordenanza similar. Málaga y Sevilla también han aprobado medidas que penalizan esta práctica. Mientras, asociaciones de prostitutas como Hetaira reclaman el reconocimiento legal de su trabajo.

Esta nueva ola feminista ha contado, por primera vez, con la participación de los hombres. Miles de voces masculinas gritaron este año a favor de la igualdad y muchos de ellos se sumaron a las manifestaciones y reclamos de sus compañeras de trabajo y vida. Sin embargo, para el experto en violencia de género, Miguel Lorente, esta solidaridad es un espejismo, puesto que “la mayoría ha adoptado una postura de neutralidad”, que califica de "posmachismo".

En 2018, las mujeres abrieron la caja de Pandora con la intención de liberarse de todos los males que habían soportado durante milenios. En el mito, cuando Pandora abrió la caja solo logró retener la esperanza. Con 82 años, la histórica feminista Ana María Pérez del Campo, primera mujer separada de España, también la guarda: “Tengo mucha esperanza en que las jóvenes y las menos jóvenes sigan adelante, sabiendo que luchar es lo más duro y justo que puede hacer una mujer”.