CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres semanas de que Enrique Peña Nieto promulgara la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció abusos sufridos por civiles cometidos por integrantes de Secretaría de Marina hace más de cinco años.

Este jueves la CNDH dio a conocer la recomendación 74/2017 dirigida al secretario de Marina, Francisco Soberón Sanz, relacionada con actos de tortura y privación de la libertad, seguridad e integridad personal atribuibles a marinos en agravio de un ciudadano del estado de San Luis Potosí en septiembre de 2012.

De acuerdo con la investigación realizada por el organismo, “constató que tres efectivos navales atentaron contra la seguridad y libertad personales del agraviado, al detenerlo sin motivo ni fundamento alguno, ya que no se acreditó que cometía delito de flagrancia como lo argumentaron sus aprehensores en la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal”.

No sólo eso, el organismo advirtió la intención de no certificar las lesiones por parte del médico de la Semar que tuvo a la vista a la víctima, toda vez que “omitió realizar examen médico exhaustivo, apegado a los pasos y protocolos para elaborar el certificado médico de lesiones, lo que infringió los principios de legalidad y seguridad jurídica del agraviado”.

El organismo pudo constatar a partir de cinco testimonios, que el agraviado fue detenido junto con otras dos personas cuando salía de un restaurante sin orden de aprehensión o flagrancia delictiva, mientras que los marinos señalaron en su puesta a disposición que el arresto ocurrió “cuando salía de una residencia en un vehículo con personas armadas”.

Asimismo, el organismo comprobó que la Semar puso a disposición a la víctima 17 horas y media después de la detención, “ya que lo retuvieron en una casa deshabitada donde lo golpearon, para luego llevarlo al aeropuerto, subirlo a un avión y trasladarlo a la SEIDO, en la Ciudad de México, donde fue presentado ante el Ministerio Público Federal.

En la recomendación, la CNDH incluyó la declaración preparatoria de la víctima, quien señaló que el 26 de septiembre de 2012, alrededor de las 18:30, marinos ingresaron al restaurante donde se encontraba con un amigo, y uno de ellos lo sacó del negocio para revisarlo.

De acuerdo con el testimonio, al percatarse de que la víctima tenía un tatuaje en la muñeca izquierda, lo insultó, diciéndole que “era una escoria de la sociedad y un malandrín”, para después ponerle una capucha en la cabeza, esposarle las manos hacia atrás, subirlo a un vehículo castrense, y trasladarlo en avión para ponerlo a disposición de la Siedo, ahora Seido a las 12:00 horas del 27 de septiembre.

En la narración, la víctima detalla cómo fue torturado, en San Luis Potosí, y después en la Ciudad de México:

“…Me bajaron del vehículo, después me desvendaron los ojos para tomarme una fotografía, yo ya estaba dentro de un edificio deshabitado, inmediatamente me volvieron a tapar los ojos, y me estuvieron golpeando no sé cuánto tiempo, perdí la noción del tiempo; me sacaron del domicilio, me subieron a otro vehículo y me subieron a un avión, bajándome del avión me desvendaron para tomarme fotografías y ahí me percaté de la presencia de otros dos sujetos más, de ahí me ingresaron a una base o no sé qué sería, me golpearon ahí, me pusieron toallas y bolsas en la cara para no permitir mi respiración, en la espalda tengo unas marcas que me dejaron cuando me golearon muy fuerte, no sé con qué me golpearon”.

La CNDH también incluye en su recomendación cómo la dependencia se refirió a los hechos en la nota periodística “Semar presenta al Z-50 o el Talibán, exlíder zeta”, del diario Excelsior de fecha 27 de septiembre, que habla de la detención de Iván Velázquez, “El Talibán”, de 42 años originario de Nuevo Laredo, Manuel Antonio Guerrero, de 27 nativo de Monterrey, y Carlos Uriel de Santiago Hernández, de 19 años originario de San Luis Potosí, “a quienes se les decomisaron dos vehículos, dos armas cortas, un arma larga, cuatro granadas de guerra, equipo de comunicación, 20 mil dólares americanos y 12 kilos de mariguana”.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, hasta el 21 de diciembre de 2017, la víctima seguía sujeta a proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de mariguana con fines de venta, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego.

La CNDH confirmó que tres efectivos de la Semar “vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de la víctima, al provocarle de manera intencional sufrimientos físicos y psicológicos con la intención de que aceptara lo que los agentes aprehensores le decían sobre la organización delictiva a la que se le vinculó, lo que constituyó tortura en su agravio”.

El organismo identificó que el médico de la Semar que tuvo a la vista a la víctima, “omitió realizar examen médico exhaustivo, apegado a los pasos y protocolos para elaborar el certificado médico de lesiones, lo que infringió los principios de legalidad y seguridad jurídica del agraviado”.

Al resaltar que los marinos estaban conscientes de la prohibición que tienen de violar derechos humanos, la CNDH puntualizó que las lesiones de la víctima están sustentadas en el certificado médico elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) y conformadas por los peritos médico y psicológico del organismo.

Ante los hechos constatados, la CNDH concluyó que los cuatro elementos de la Marina, quienes torturaron y el médico naval, “incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, y a la integridad personal por actos de tortura”, por lo que el organismo instruyó a Soberón Sanz a reparar integralmente a la víctima.

La CNDH recomendó al titular de la Semar brindar “atención psicológica, inscribir al agraviado en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga derecho a los beneficios de ley; colaborar en el seguimiento de la averiguación previa que se instruye ante la PGR contra los agentes navales que intervinieron en el caso y en el procedimiento administrativo que se promoverá ante el Órgano Interno de Control de la Semar contra los mismos”.

El organismo instruyó a que se capacite a los elementos de la Semar en materia de derechos humanos, “para evitar detenciones ilegales, e instruir al personal médico de esa instancia sobre la emisión ética y legal de las certificaciones física de personas y el aviso inmediato a las autoridades competentes, así como también deberán acreditar un curso sobre la correcta aplicación del Protocolo de Estambul”.