CDMX.- En 12 años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 851 obras civiles y militares en las que ejerció 33 mil 681.7 millones de pesos mediante un modelo de contratación llamado administración directa, el cual evade la licitación pública con altos niveles de opacidad y es el mismo con el que se construye el aeropuerto en Santa Lucía.

En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, diversas dependencias federales, gobiernos de los estados y hasta el Poder Judicial firmaron convenios de colaboración con la Sedena en los que quedó estipulado el monto que aportaría cada uno a la milicia para la realización de las obras.

Una vez que la Sedena recibió los recursos, contrató mediante adjudicación directa o invitación a tres personas a cientos de empresas que fungieron como proveedores en los proyectos, en un proceso opaco y de desaseo en los contratos.

La Defensa informó que está analizando la información publicada en la primera parte de este trabajo y que en su momento tomará las medidas conducentes.

La administración directa es una modalidad que contempla la Ley de Obras Públicas para que las dependencias puedan realizar trabajos entre sí tras la firma de un convenio y sin recurrir a contratos con particulares por medio de licitaciones.

En la mayoría de las obras realizadas bajo este esquema, la Defensa Nacional no ha tenido que difundir en su portal de obligaciones de transparencia los convenios firmados con las dependencias y tampoco los contratos con los proveedores, al argumentar que los recursos utilizados no son parte de su ejercicio presupuestario.

Esto ha permitido que en las 851 obras ejecutadas por la secretaría en 12 años vía administración directa la dependencia no ha tenido que transparentar los nombres de los participantes, los dictámenes, fallos de participación ni los informes de avance físico y financiero de las construcciones. El Universal

Para este reportaje se solicitó información respecto a un centenar de obras, pero únicamente se consiguió documentación sobre 17.

Al revisar los convenios, se encontró un acuerdo de confidencialidad en el que justificaban seguridad nacional para no entregar información en las obras militares, mientras que en las civiles se estipula que la información relacionada a las mismas recaía en el que solicitó la obra a Sedena.

Cuando se solicitó a las dependencias o estados un listado de los proveedores contratados en cada una de las obras, argumentaron que no contaban con esa información porque sólo se limitaron a transferir los recursos y la forma en que el dinero se ejercía le competía a la Sedena.

Por su parte, la secretaría se negó en un principio a brindar el listado de proveedores contratados, pero en 17 casos cedió ante las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual le ordenó brindar la documentación contable y administrativa de las obras.