La Procuración General de la Nación emitió un dictamen donde aconseja a la Corte Suprema de Justicia apoyar el recurso presentado por la Asociación de Derechos Civiles, para eliminar la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas o bien que sean dictadas en horarios extracurriculares. A la espera del fallo definitivo, en Salta aseguran que la medida “todo continuará igual”.

El viernes pasado, el procurador fiscal Víctor Abramovich presentó un escrito ante la Corte expresándose a favor de la inconstitucionalidad de los elementos de la Ley de Educación Provincial n° 7546. En la resolución, el máximo Tribunal de Salta argumentó que la religión católica es mayoritaria en la población salteña. Sin embargo, desde la Procuración General de la Nación respondieron que “el hecho de que la mayoría de la población de la provincia demandada profese una religión determinada no es argumento suficiente para justificar la instrucción en dicha religión vulnerando gravemente los derechos constitucionales de las minorías”.

Abramovich sostiene que “precisamente los derechos han sido instituidos para colocar ciertas cuestiones más allá del alcance de las mayorías y de establecerlos como principios legales”. Y suma que la obligación de revelar las preferencias religiosas -práctica habitual en el ámbito educativo de Salta, reforzada por la previsión normativa de la Disposición General de Educación Primaria y Educación Inicial Nº 45/09- está prohibida por los instrumentos internacionales que protegen la libertad religiosa, ya que puede configurar un modo de coaccionar la libertad de tener o no tener creencias religiosas.

La disposición establece que los padres puedan manifestarse si desean o no que sus hijos reciban la enseñanza religiosa en la escuela pública y la misma no sea impuesta. Mientras la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el ministerio de Educación del gobierno de la provincia indicaron que “todo continúa igual”.

“Es una causa que se judicializó donde los actores interpusieron un recurso extraordinario previo al dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde interviene la Procuraduría de la Nación que es parte del Ministerio Público Fiscal. Es simplemente un dictamen que no quiere decir o implique que la Corte vaya a suspender el dictado de la enseñanza religiosa”, dijo Angelina Coll, coordinadora de actuaciones, en diálogo con Somos Noticias.

Ante la posibilidad de que la Corte falle a favor del recurso presentado y que el dictado deba realizarse en horarios extracurriculares, la funcionaria señaló que se debe recordar que la educación católica no es la única que se dicta en las escuelas de Salta. “Hay distintos tipos de enseñanza y lo que hay que destacar es que además transmiten valores”.

La acción judicial se inició en 2010 con la sanción de la Ley de Educación Provincial. Dos años después el juez Marcelo Domínguez ordenó al gobierno de la provincia el cese de las prácticas compulsivas de religión católica en las escuelas públicas y cuestionó que el marco legal que ampara la enseñanza de la religión respete los principios internacionales.

La Procuración General de la Nación emitió un dictamen donde aconseja a la Corte Suprema de Justicia apoyar el recurso presentado por la Asociación de Derechos Civiles, para eliminar la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas o bien que sean dictadas en horarios extracurriculares. A la espera del fallo definitivo, en Salta aseguran que la medida “todo continuará igual”.

El viernes pasado, el procurador fiscal Víctor Abramovich presentó un escrito ante la Corte expresándose a favor de la inconstitucionalidad de los elementos de la Ley de Educación Provincial n° 7546. En la resolución, el máximo Tribunal de Salta argumentó que la religión católica es mayoritaria en la población salteña. Sin embargo, desde la Procuración General de la Nación respondieron que “el hecho de que la mayoría de la población de la provincia demandada profese una religión determinada no es argumento suficiente para justificar la instrucción en dicha religión vulnerando gravemente los derechos constitucionales de las minorías”.

Abramovich sostiene que “precisamente los derechos han sido instituidos para colocar ciertas cuestiones más allá del alcance de las mayorías y de establecerlos como principios legales”. Y suma que la obligación de revelar las preferencias religiosas -práctica habitual en el ámbito educativo de Salta, reforzada por la previsión normativa de la Disposición General de Educación Primaria y Educación Inicial Nº 45/09- está prohibida por los instrumentos internacionales que protegen la libertad religiosa, ya que puede configurar un modo de coaccionar la libertad de tener o no tener creencias religiosas.

La disposición establece que los padres puedan manifestarse si desean o no que sus hijos reciban la enseñanza religiosa en la escuela pública y la misma no sea impuesta. Mientras la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el ministerio de Educación del gobierno de la provincia indicaron que “todo continúa igual”.

“Es una causa que se judicializó donde los actores interpusieron un recurso extraordinario previo al dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde interviene la Procuraduría de la Nación que es parte del Ministerio Público Fiscal. Es simplemente un dictamen que no quiere decir o implique que la Corte vaya a suspender el dictado de la enseñanza religiosa”, dijo Angelina Coll, coordinadora de actuaciones, en diálogo con Somos Noticias.

Ante la posibilidad de que la Corte falle a favor del recurso presentado y que el dictado deba realizarse en horarios extracurriculares, la funcionaria señaló que se debe recordar que la educación católica no es la única que se dicta en las escuelas de Salta. “Hay distintos tipos de enseñanza y lo que hay que destacar es que además transmiten valores”.

La acción judicial se inició en 2010 con la sanción de la Ley de Educación Provincial.

Dos años después el juez Marcelo Domínguez ordenó al gobierno de la provincia el cese de las prácticas compulsivas de religión católica en las escuelas públicas y cuestionó que el marco legal que ampara la enseñanza de la religión respete los principios internacionales.

