Tras 120 millones de euros de inversión, una década de obras y pruebas, y con tres años de retraso por irregularidades empresariales, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto al fin en marcha una infraestructura pionera para comercializar el gas de la basura. El gobierno de Ana Botella (PP), en funciones desde hace una semana, adjudicó ayer un contrato de 16,3 millones y 11 años de duración para la gestión de la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez.

Dos empresas presentaron oferta para hacerse con el contrato: Ferrovial, que sumó 76 puntos y logró la adjudicación, y una unión temporal formada por ACS, Sacyr y FCC, que obtuvo 45,3 puntos.

El contrato se formalizará en junio; deberá hacerlo el nuevo gobierno local, que sólo podría paralizar esta adjudicación a costa de una indemnización. La concesionaria deberá inyectar gas a la red comercial desde el primer día.

Connivencia entre empresas La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en enero una multa de 98,2 millones a 39 empresas y tres asociaciones por repartirse licitaciones. Entre ellas, a FCC, Ferrovial, ACS y Sacyr, que copan los contratos de servicios de la capital. La CNMC detalló en su investigación el caso de Valdemingómez. El Ayuntamiento adjudicó en enero de 2012 las plantas de La Paloma y Las Dehesas (una a FCC, la otra a ACS y Sacyr), pero la planta de tratamiento quedó desierta. Según la CNMC, Ferrovial, ACS y Sacyr “alcanzaron un acuerdo sobre esa licitación”; entre otras cosas, pactaron exigir unas condiciones diferentes. Finalmente, no se presentaron al concurso, por lo que quedó desierto. De esta forma, la planta siguió en manos de ACS y Sacyr, que la habían puesto en marcha.

La planta exportará cada año un mínimo de 63.584 megavatio-hora (MWh) térmicos. El precio de la última subasta (vigente hasta el 30 de junio) es de 30,76 euros por MWh térmico, por lo que el precio de mercado de la producción mínima de la planta alcanzaría los dos millones de euros. El Ayuntamiento ingresará 1,5 millones al año en concepto de canon.

El complejo de biometanización se empezó a construir en 2005, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) como alcalde. El coste inicial era de 51 millones de euros; se concluyó en diciembre de 2008 con una inversión final de 78,6 millones. Se compone de dos plantas (La Paloma y Las Dehesas) que producen biogás a partir de la materia orgánica del vertedero, y una planta de tratamiento, que es la que lo inyecta luego en la red.

Una vez construida la infraestructura, en marzo de 2009 se firmó un contrato de preexplotación, de tres años de duración, mediante el cual el Ayuntamiento abonó 41,6 millones a varias empresas por poner a punto el complejo. En 2012, se adjudicaron finalmente las plantas de La Paloma y Las Dehesas, pero la planta de tratamiento quedó desierta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó irregularidades en esa licitación, por una supuesta connivencia de las empresas interesadas.

La planta volvió a licitarse en septiembre de 2014, pero el concurso quedó desierto de nuevo.

Hasta la adjudicación de ayer, la planta funcionó tres años sin contrato. El Ayuntamiento compensó durante ese tiempo a ACS y Sacyr (concesionarias del contrato de preexplotación) por el gas comercializado.

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