Más allá de los avatares de nuestra coyuntura como país, el desarrollo que logremos en el largo plazo estará dado por el grado de conocimiento científico, investigación y desarrollo que seamos capaces de desenvolver. Adoptar sistemáticamente una aproximación científica a la solución de los problemas permite aceptar la realidad tal cual es, así entenderla y llegar o al menos aproximarse a las mejores soluciones para corregir problemas e intentar llegar a las mejores soluciones.





Cuán competitivos seamos, qué calidad de ambiente tengamos, cuánta sea la esperanza de vida y la mortandad infantil, cuán bien nos organicemos, todo depende de la ciencia en varios niveles: ser capaces de tomar buenas decisiones, adoptar las mejores prácticas del exterior, y descubrir las mejores soluciones propias.





Propone el biólogo británico Richard Dawkins, en su último libro, Ciencia en el alma que "las decisiones políticas, las decisiones de Estado, las políticas para el futuro, deben derivar de un pensamiento claro, una consideración racional de todas las opciones, la evidencia que las acompaña y sus posibles consecuencias. Las intuiciones, las corazonadas, incluso cuando no surjan de las oscuras aguas agitadas de la xenofobia, la misoginia u otros prejuicios ciegos, deben permanecer fuera de los criterios de decisión".





Desde esa perspectiva debe causar fuerte alarma el proyecto que intenta reglamentar la investigación científica que ha decretado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El Decreto del Poder Ejecutivo 115/018, del 24 de abril, que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (N° 19.175), aprobada el 20 de diciembre de 2013, en el artículo 44 establece que "Los permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, podrán ser solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) por personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docencia, mediante la presentación de un proyecto donde deberá indicarse además de las especificaciones establecidas en la Ley que se reglamenta las siguientes".





Para quienes no somos juristas, parece un poco sorprendente lo de pedir permiso para pescar con un fin docente o de investigación. Pero no se precisa ser abogado para alarmarse con los requisitos adicionales según los cuales debe avisarse a Dinara: "los objetivos generales y específicos que persigue el proyecto de investigación; personal técnico participante, adjuntando currículum de cada uno de ellos"; más grave aún, se debe abrir el espacio a la censura, es decir el "compromiso de no dar a publicidad a cualquier tipo de información especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dinara"





Es decir que si Dinara no comparte los objetivos de la investigación, o quién la hará puede no dar el permiso. Y que además hay que asegurar de antemano que se está dispuesto a no dar la información acerca de lo investigado sin que Dinara lo apruebe previamente.





Un decreto que va contra la esencia del trabajo científico, que debe ser abierto, colaborativo, interdisciplinario. Es inadmisible restringir el derecho a pescar con un fin científico. ¿Cómo va a pretender el Minsiterio de Ganadreía que quienes estudian Ciencias, o Veterinaria, o aún Agronomía dejen de hacer algo tan simple como pescar? ¿Quién va a fiscalizar que un científico vaya a una laguna y tire una red? ¿Un funcionario del MGAP? ¿Cómo se va a solicitar a un científico que la divulgación de los resultados no dependa de la calidad de la investigación sino de la autoridad?





En el caso de los científicos que quieran hacer colectas, ¿se les prohibiría acercarse con calderines a los cursos de agua? No solo es un caso de censura, sino que una censura que solo podría causar risa. Si no fuera por la gravedad que conlleva. Porque lo que está en juego no es solo la calidad de la ciencia sino los valores democráticos de libertad de cátedra y circulación transparente de la información.





En este tema el MGAP es como el pez que muerde con ganas un anzuelo: por la boca muere. Que el MGAP o la Dinara se adjudique una exclusividad y un control a la comunidad científica, implica una enorme contradicción. En Uruguay hay pesca ilegal con redes de trama fina, hay pesca con explosivos y según muchos dicen, pesca de arrastre que destruye los comederos de los peces costeros. No lográndose esos controles básicos, ¿se va a intentar controlar a docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias para que no investiguen o divulguen los resultados de una investigación?





Por otro lado, el decreto lleva inevitablemente a la conclusión, o al menos a la justificada sospecha de que en nuestros ríos, arroyos y peces hay datos que es mejor que no se divulguen a la población. Una población que toma litros y litros de mate y figura alto en el ranking de cáncer a nivel mundial.

Además de la salud hay una marca de Uruguay Natural a defender. Y ese decreto no lo hace.

Muchos peces tienen residuos de agroquímicos . Como la miel los tiene. Porque abejas y peces van recolectando y porque respirar agua es pasar agua por un filtro que extraiga el oxígeno. Hay que asumirlo tal como es. Mirar el asunto a la cara y con muchos ojos trabajando en equipo. Sin dogmas de ningún tipo.





Tenemos que pensar cómo hacemos nuestra actividad agropecuaria con eficiencia y al mismo tiempo, llevar la incidencia de fósforo, nitrógeno y otros residuos en el agua a los menores posibles con la meta del cero residuo en un plazo razonable.





A veces se proponen soluciones simplistas e inaplicables. Pero también para encontrar las soluciones a una producción de alto rendimiento y menos residuos es imprescindible más ciencia nacional funcionando en plena libertad. Falta muchísima ciencia para llegar a sistemas de producción de gran escala que no aporten residuos.





Seguramente hay que avanzar sobre todo en el manejo sistemático del ecosistema. Hay que agregar precisión a la agricultura, hay que instaurar franjas de cultivos protectores entre las zonas agrícolas y los cursos de agua, seguir controlando la erosión, defender activamente al monte natural y las áreas cercanas a las orillas de los ríos y arroyos, educar respecto al daño que genera tirar un envase en un arroyo, acelerar el uso de productos cada vez más selectivos y basados en el control biológico.





Sabemos poco de nuestras aguas, tanto en lo fluvial como en lo marítimo. Todos los pescadores costeros dicen que cada vez hay menos pescado y lo aceptamos como si se tratase de un agujero negro que hiciera mermar inexorablemente la población de corvinas, brótolas, anchoas y tantos otros peces otrora más abundantes.





La sobreexplotación de los recursos pesqueros y de la pérdida de calidad de aguas es un problema en todo el mundo y Uruguay no es la excepción. Y es de los pocos aspectos del ambiente donde hay resultados positivos allí donde se toman decisiones políticas basadas en ciencia. El Támesis fue declarado biológicamente muerto hace 60 años y hoy bulle de peces, aves y hasta focas.





El intento de la censura debe llevar a un renovado entusiasmo por el pensamiento científico y por las condiciones ambientales en las que vivimos. Que científicos, de todas las disciplinas e instituciones estudien, midan y cumplan con informarnos a los ciudadanos sin vigilancias estatales.





Para algo tenemos una Universidad autónoma que no debe someterse al poder político de turno. Que salgan a recolectar peces y aguas y midan su composición. Que lo divulguen sin control previo de ninguna índole, excepto la revisión entre pares que certifique la ausencia de errores en la medición realizada. Que no paren hasta encontrar soluciones que, sin frenar a la producción, nos devuelvan la tranquilidad de que lo que sale de las canillas es sola y únicamente H2O y que los peces tienen en sus músculos, solamente carne.