Los gobiernos de los estados desviaron 72% del presupuesto federal etiquetado para mejorar los servicios de salud durante 2013, es decir, más de 2 mil millones de pesos que desaparecieron de las cuentas bancarias o gastos supuestamente justificados, pero sin documentos que lo comprueben.

Veracruz vació la cuenta bancaria donde le depositaron 190 millones 223 mil pesos –el mayor monto asignado con respecto al resto de entidades– pero no se sabe en qué lo gastó, toda vez que nunca justificó el destino ante la Federación. En las visitas de supervisión la entidad gobernada por Javier Duarte presentó “minutas de trabajo” y se comprometió a “comprobar la aplicación de los recursos”, pero no lo ha hizo.

Los estados que tampoco justificaron el destino del 100% de los recursos que recibieron son Querétaro (92 millones 470 mil pesos), Distrito Federal (91 millones 618 mil pesos), Aguascalientes (85 millones 439 mil pesos) y Guanajuato (83 millones 799 mil pesos).

Mientras que en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán sólo justificaron una parte del gasto, por lo que se supondría que el resto debía estar en el banco, sin embargo, las cuentas están en ceros, según detalla el análisis de la Auditoría del “Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud”, correspondiente al Ramo 12.

Entre las observaciones de la Auditoría está que las 31 entidades federativas y el DF “no demostraron la aplicación” ni el reintegro al erario de mil 728 millones de pesos. Y de los 313 millones 351 mil pesos reportado como ejercido, solo se justificó a través de formatos denominados “Certificados de gasto”, pero sin facturas, por lo que “no aseguran el seguimiento y la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos”, lo que significa un “probable daño o perjuicio o ambos” al erario público.

Los subsidios asignados por la Secretaría de Salud están previstos para que las entidades mejoren las condiciones de operación de las unidades médicas a través de “proyectos de dignificación, conservación, mantenimiento, equipamiento y obra nueva”.

Sin embargo, desde el diseño de la asignación hay errores que se traducen en un poco rendición de cuentas, pues la Secretaría de Salud “no demostró los parámetros y elementos que consideró para determinar la viabilidad de las actividades o proyectos, importes y distribución de gasto autorizados”, por lo que la aprobación de los montos “no se sujetó a criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa”, dice la Auditoría.

¿Y el dinero?

La Secretaría de Salud entregó 3 mil 181 millones 983 mil pesos de subsidios a los estados, de ello, la Auditoría Superior de la Federación solicita la devolución al erario de 2 mil 294 millones 614 mil pesos, es decir 75%, toda vez que se gastó de manera irregular.

El Instituto de Salud del Estado de México, por ejemplo, reportó como aplicados 119 millones 859 mil pesos, pero 154 millones 980 mil pesos aún estaban “pendiente de comprobar”. Dichos recursos estaban previstos para la construcción de cinco hospitales comunitarios con 18 camas cada uno en los municipios de Zumpango, Zinacatepec, Tepotzotlán, Melchor Ocampo y Chicoloapan; y para la adquisición de equipo en centros de salud de los municipios de Tlatlaya, Timilpan, Tecámac, Tenango, Ecatepec y Atlacomulco.

Para el rubro de “inversión pública”, el Edomex recibió 178 millones 774 mil pesos, y aunque reportó la ejecución de 65 millones 708 mil pesos, “no acreditó contar con la documentación justificativa y comprobatoria que sustente su aplicación”.

También se presume como daño al erario público los 3 millones 916 mil pesos de intereses generados por las cuentas bancarias en Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Quintana Roo que no fueron devueltos a la Tesorería de la Federación.

Aunque la Auditoría señala las irregularidades, las entidades no están en falta, porque los convenios firmados para la transferencia les da este margen. En una cláusula se señala que éstos se mantendrán vigentes hasta el cumplimiento de los supuestos compromisos por lo que no “no prevén fechas límite para el ejercicio, comprobación o el reintegro de los recursos, situación que pone en riesgo que la administración y aplicación de los recursos se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, control y rendición de cuentas”, dice el dictamen de la Auditoría.