Diez de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, avalando, desde el máximo tribunal, lo que muchos habíamos señalado desde hace dos años. Las razones que tuvieron para pronunciarse por la invalidez de la totalidad de la norma fueron diversas, todas importantes e ilustrativas. La ministra Norma Piña, por ejemplo, expuso el proceso desaseado de aprobación que tuvo la Ley en la Cámara de Diputados: un dictamen que se dio a conocer pocas horas antes de su aprobación; mociones suspensivas por parte de los legisladores de oposición que fueron ignoradas. Ahí estuvimos varios de los integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra cuando la comisión dictaminadora pretendió aprobar el dictamen en fast-track, dentro de un salón pequeño y obscuro, a espaldas del público, como si se estuviera consumando un delito.

Otros ministros sostuvieron que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Otros más, como el ministro Arturo Zaldívar, señalaron que la Ley constituía un fraude a la Constitución, una forma de burlar la disposición constitucional que señala que las tareas de seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles, no militares. Una ley que pone en riesgo los derechos fundamentales, incompatible con un régimen democrático de derecho; una ley que normaliza el uso de las fuerzas armadas en lugar de tratarlas como una herramienta excepcional. El ministro José Ramón Cossío señaló que la Constitución solo prevé dos supuestos para que los militares estén en las calles: una declaratoria de guerra o una suspensión de garantías.

La SCJN fungió como contrapeso a un Ejecutivo y a un Legislativo sordos a las múltiples críticas y advertencias sobre los riesgos implícitos de dar facultades extra-constitucionales a las fuerzas armadas. Podríamos ahora empezar de nuevo a pensar el paradigma de seguridad para México, algo distinto al desastre que ha sido la militarización del país los últimos 12 años. Sin embargo, la presentación, el día anterior, del plan de seguridad para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dio al traste con cualquier esperanza de ver un cambio en materia de seguridad.

La propuesta incluye cuestiones positivas, como un cambio en el paradigma de política de drogas, una reforma profunda al sistema penitenciario y una apuesta por atender las causas sociales de la criminalidad. Pero el corazón de la misma está en la creación de la Guardia Nacional: un cuerpo de seguridad bajo control militar, con entrenamiento militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa y conformada por miembros de las policías militar y naval para realizar tareas de seguridad pública.

Los policías militares harán labores de prevención del delito, vigilancia de las calles y serán auxiliares de los ministerios públicos en la investigación del delito. Nada se dijo sobre la necesaria capacitación policial. Para que la reforma no termine en la SCJN, como pasó con la Ley de Seguridad Interior, el nuevo Gobierno anunció que reformará la Constitución para quitar los candados que impiden la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Es difícil entender la decisión del presidente electo. Tiene el capital político para revertir el desastre en materia de seguridad, ha reconocido la ineficiencia de la militarización, conoce los riesgos. ¿Por qué apostar por un –mayor- crecimiento de las fuerzas armadas? ¿Por qué continuar con una estrategia que ha demostrado ser tan costosa en términos de vidas, legitimidad y paz? Las omisiones en el plan para formar instituciones civiles son graves. Igualmente grave es la actitud que denota la propuesta: si la Constitución estorba, que se cambie. Doblegar la Constitución y desoír a la Suprema Corte para seguir un camino que ha dejado cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados es un error histórico.

Catalina Pérez Correa es académica en estudios jurídicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)