Un pupitre con la foto de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, en la escuela de Ayotzinapa, en enero. SAÚL RUIZ

A casi seis años del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, la noticia en México es que no hay noticia. Las investigaciones continúan como lo hicieron el mes pasado y el anterior, sin hallazgos notables. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido este jueves una nueva reunión con los familiares de los estudiantes. Su equipo debía presentar los últimos resultados de las investigaciones. Pero lo cierto es que no había mucho que decir, más allá de lo que ya se ha dicho otras veces.

En las últimas semanas se han hecho búsquedas sobre el terreno, se han enviado restos a laboratorios en el extranjero. Este jueves, uno de los abogados de las familias, Vidulfo Rosales, ha informado además de que las familias han pedido que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigue a los responsables de la Fiscalía durante los primeros meses de la investigación, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam y el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Pero poco más.

La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes, sobre qué les pasó, cómo y quiénes lo hicieron es la imagen del fracaso del Estado mexicano. Ya no solo el Gobierno, también de la Fiscalía y el poder judicial. A más de un año de la llegada al poder de López Obrador, la falta de resultados empieza a pesar.

La única manera que tiene el presidente mexicano de demostrar sus buenas intenciones es con reuniones y explicaciones transparentes de lo que se ha estado haciendo. Por eso desde enero, los encuentros con las familias son mensuales y no cada dos meses. Este jueves además, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, acompañó a López Obrador y las familias. Además de Zaldívar, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz, también participaron en la reunión.

A estas alturas, pocos dudan de la buena voluntad del Gobierno mexicano. Recién llegado al poder, López Obrador creó una comisión para investigar el ataque contra los estudiantes, dándole rango presidencial. Meses más tarde, la Fiscalía nombró a un nuevo encargado para el caso. Se trata de Omar Gómez, que formó parte del grupo de expertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, mandó a México para tratar de esclarecer lo ocurrido. Gómez es una figura respetada por los familiares de los 43 y sus abogados.

Tanto la comisión como la Fiscalía han trabajado este último año a marchas forzadas. Desde la campaña electoral de 2018, López Obrador ha dicho que resolver el caso Ayotzinapa es una prioridad. Igual que las familias y el propio grupo de expertos de la CIDH, el Gobierno rechazó las conclusiones de las pesquisas de los anteriores responsables de la Fiscalía, presentadas durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según la anterior Administración, un grupo de policías municipales y criminales locales actuaron coordinadamente para llevarse a los estudiantes. Secuestraron a los que pudieron y se los llevaron a un basurero en Cocula, municipio vecino de Iguala, en el Estado de Guerrero. Algunos llegaron ya muertos, los criminales, pertenecientes a un grupo llamado Guerreros Unidos, mataron a los que aún vivían y los arrojaron al basurero, donde luego les prendieron fuego. Los criminales habrían tirado los restos a un río cercano.

Durante meses, la discusión se centró en la hoguera y el basurero. Peritos independientes refutaron la versión de la Fiscalía y concluyeron que el basurero no pudo contener una hoguera del tamaño y el calor suficientes para quemar tantos cuerpos. El Gobierno y la Fiscalía se enrocaron en su versión y ya no se movieron. Las familias y sus abogados dieron por falsa esta narrativa. Sin hoguera ni basurero, el destino de sus hijos seguía siendo una incógnita.

A finales del Gobierno de Peña Nieto y ya con López Obrador en el poder, las denuncias de mala praxis contra la fiscalía federal han sido constantes. En 2018, después de analizar los casos de 63 detenidos presuntamente implicados en la desaparición de los 43, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas concluyó que en al menos 34 casos los detenidos habían sido torturados. En su investigación, la oficina del ombudsman también señaló tortura por parte de los investigadores de la Fiscalía.

Así, la fiscalía de Omar Gómez casi tuvo que volver a empezar. Su llegada coincidió con la liberación de decenas de presuntos implicados en los hechos, entre ellos supuestos integrantes del grupo delictivo de la región de Iguala, Guerreros Unidos, especialmente El Gil, Gildardo López Astudillo, que habría tenido un papel importante en la desaparición de los estudiantes. Además de frustrar al Gobierno, su liberación y la de otros apunta directamente a la Fiscalía, pero también al poder judicial.

En conversación con EL PAÍS, asistentes a anteriores reuniones entre López Obrador y las familias de los estudiantes explican que las nuevas pesquisas se apoyan en dos ejes. Por un lado, la localización de los teléfonos móviles de presuntos implicados durante el 26 y el 27 de septiembre de 2014, pero también antes y después. “En enero se hizo una presentación gráfica, un mapeo, ubicando a algunos personajes en sitios de la zona, a partir de análisis de telefonía. En su mayoría eran funcionarios públicos, policías municipales, pero también algunos civiles”, dice una de estas personas.

Por otro lado están las búsquedas en terreno. A la fecha se han realizado más de 20 rastreos de posibles fosas clandestinas. Los investigadores han encontrado restos de cuerpos y en algún caso se han mandado fragmentos de hueso a un laboratorio en Innsbruck, en Austria. Aunque las esperanzas de que se traten de alguno de los estudiantes son de momento escasas.