El golpe de Estado de 1973 es uno de los acontecimientos más relevantes de la Historia de Chile. Desembocó en una dictadura militar que duró más de 16 años, marcada por la intervención de Estados Unidos, el crecimiento de la desigualdad y la represión violenta. Sus consecuencias permanecen hasta la actualidad y se reflejan en la estructura social y política de un país polarizado y desprovisto de una justicia transicional que le permita reconciliarse.

Ha pasado casi medio siglo desde el golpe de Estado que tuvo lugar en Chile en 1973, que dio lugar a más de 16 años de una dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet. Aún hoy cada 11 de septiembre la ciudad de Santiago se detiene y da paso a múltiples manifestaciones y actos de conmemoración que dan cuenta de que, en la memoria colectiva de la sociedad chilena, las heridas continúan abiertas y la reparación sigue siendo una tarea pendiente.

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Actualmente, solo el 20% de los chilenos piensa que Chile es un país reconciliado y un 27% cree que se ha hecho justicia en materia de derechos humanos. Por otro lado, el 85% piensa que todavía existen pactos de silencio en el Ejército para proteger a los militares involucrados en crímenes, percepción alimentada por el hecho de que, en la actualidad, existen miles de causas abiertas a las que las Fuerzas Armadas chilenas no han dado respuesta. A esto se suma la impunidad de los oficiales que formaron parte de la dictadura y fueron responsables de crímenes de lesa humanidad, incluido Augusto Pinochet.

En Chile siguen presentes vestigios importantes de la dictadura pinochetista que han configurado la estructura social y económica del país en los últimos 40 años. La instauración en 1973 de un modelo económico de corte neoliberal, plasmado en la privatización de sectores como la sanidad, la educación y las pensiones, sigue vigente en la actualidad. Asimismo, ciertos elementos jurídicos y políticos que definen la forma en que se construyen las relaciones sociales y de poder, como es el caso de la Constitución de 1980 o el sistema electoral binominal, no han empezado a reformarse hasta la última década. Es así como la dictadura ha condicionado, de una forma u otra, la manera en la que la sociedad chilena entiende la política y se relaciona con ella.

Estados Unidos y la “vía chilena al socialismo”

Los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1973 y 1990 estuvieron determinados, entre otros factores, por la intervención estadounidense. La “doctrina de la seguridad nacional”, dirigida a combatir todo aquello que pudiera favorecer el desarrollo del comunismo en América Latina, definía la política exterior de la potencia estadounidense a partir de la Revolución cubana de 1959. A través de instrumentos como la Escuela de las Américas —organización encargada de la instrucción y adiestramiento de militares latinoamericanos contra la insurgencia—, la doctrina legitimó la toma del poder por parte de las fuerzas armadas en la región y la violación de los derechos humanos justificada en la “eliminación del enemigo interno”.

El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista del mundo elegido democráticamente. Durante su Gobierno, la Unidad Popular —la coalición de partidos de izquierda de la que Allende formaba parte— se centró en impulsar un proyecto político conocido como “la vía chilena al socialismo”, que buscaba la consecución de una revolución socialista por la vía democrática. En este proyecto destacan distintas reformas dirigidas a transformar la estructura social y económica del país dentro de un marco constitucional y democrático, como la nacionalización del cobre, la reforma agraria y la expropiación de los medios de producción, entre otras.

En el marco de la Guerra Fría, la Administración estadounidense —entonces presidida por Nixon— vio con malos ojos el ascenso de un Gobierno socialista en Latinoamérica. Las inclinaciones de Allende hacia las ideas castristas y el estrechamiento de las relaciones con la Unión Soviética ponían en peligro los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la región latinoamericana. La llegada al Gobierno de la Unidad Popular llevó a la búsqueda de nuevas estrategias económicas y militares por parte de los distintos actores estadounidenses.

Uno de los principales impulsores de la intervención en América Latina y en el Gobierno de Allende fue Henry Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El informe Church de 1975 —elaborado para investigar las operaciones y los abusos de poder de los servicios de inteligencia y del poder ejecutivo de Estados Unidos— menciona los diálogos entre Kissinger, Nixon y el director de la CIA, Richard Helms, en los cuales se establecía la necesidad de “evitar que Chile se fuera por el desagüe”, así como las órdenes a la CIA de evitar que Allende asumiera el Gobierno; cuando esto fracasó, comenzaron a planearse operaciones para minar su gobernabilidad.

Para ampliar: “Acción encubierta en Chile, 1963-1973”, Comisión Church, 1975

La desestabilización del país y el golpe de Estado

Entre 1970 y 1973 tuvo lugar en Chile una fuerte crisis económica resultante de una serie de factores tanto internos como externos y que se manifestó en una inflación que superó el 600%, así como en la escasez de alimentos y la caída de la capacidad de compra para el desarrollo de la industria. La política económica exterior de los Estados Unidos hacia el Gobierno de Allende fue determinante y respondía al objetivo de minar la gobernabilidad mediante lo que Helms llamó “hacer chillar a la economía chilena”.

La crisis terminó por reafirmar las tensiones entre los distintos sectores de la población y por polarizar a la sociedad chilena, dividida entre aquellos que apoyaban las políticas reformistas allendistas y aquellos que las criticaban con dureza. La intervención de Estados Unidos también estaba presente en este aspecto: como reveló la Comisión Church, los servicios de inteligencia trabajaron para forjar una oposición fuerte mediante la financiación de partidos políticos como el Partido Nacional o la Democracia Cristiana y de medios de comunicación especialmente críticos, como El Mercurio. También brindaron ayudas económicas a organizaciones del sector privado, como el grupo paramilitar de ultraderecha Patria y Libertad, responsable del asesinato en 1970 de René Schneider, comandante jefe del Ejército, leal a Allende.

A lo largo de 1973, las tensiones derivadas del malestar social y la crisis económica fueron incrementando, alimentadas por el bloqueo económico y la intervención del exterior. Meses antes del golpe tuvo lugar una huelga masiva de camioneros y comerciantes —también financiada por la CIA— que reflejaba la insatisfacción de una parte de la ciudadanía frente a los proyectos de nacionalización. El 29 de junio de ese año la organización Patria y Libertad llevó a cabo un intento fallido de golpe de Estado —conocido como el Tanquetazo— y un mes después asesinó al edecán naval del presidente Allende, el comandante Arturo Araya Peeters.

El martes 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile, liderados por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea —Augusto Pinochet, José Toribio Merino y Gustavo Leigh—, iniciaron un proceso de sublevación a nivel nacional que comenzó con las Fuerzas Armadas en Valparaíso. Allende, tras intentar ponerse en contacto con los tres comandantes desde el palacio presidencial de La Moneda, comprendió lo que estaba ocurriendo y emitió a través de la radio su último discurso. Poco más tarde comenzaron los disparos y bombardeos contra La Moneda y Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la que, según el relato oficial, se suicidó.

Para ampliar: “1-11 de septiembre”, Biblioteca Nacional de Chile, 2013

A partir de entonces, se instauró en Chile una dictadura militar que duraría más de 16 años, gobernada por una junta de Gobierno compuesta por los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas — aire, tierra y mar—, así como por el director general de los Carabineros, César Mendoza Durán. Pinochet se convirtió en el presidente de facto al ser el comandante de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas. La junta militar nombró a los ministros de su primer gabinete y cerró por tiempo indefinido el Congreso Nacional, con lo que concentró en sí misma el “mando supremo de la nación”.

El primer decreto del régimen, dictado por los cuatro integrantes de la junta, expresaba el compromiso por parte de esta de “restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas” en un Chile “en un proceso de destrucción sistemática […] por la intromisión de una ideología dogmática y excluyente”. La vía al socialismo había terminado y daba relevo a un sistema radicalmente diferente que reestructuró toda la sociedad, la economía y la política chilenas.

Los contactos entre la Administración estadounidense y la junta militar de gobierno se mantuvieron. Irónicamente, Pinochet recibió la visita de Kissinger en 1976 cuando este iba a realizar un discurso por los derechos humanos en la Organización de Estados Americanos. La desclasificación masiva de documentos de la CIA ha revelado el papel de esta en el desarrollo del golpe de Estado, implicada en la financiación y el apoyo a operaciones encubiertas desde la oposición.

Para ampliar: “EE. UU. en Latinoamérica”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2013

El laboratorio neoliberal

La situación económica con la que se encuentra Pinochet no era buena. Aunque la inflación había disminuido, a finales de 1974 aún se encontraba en un 369%. Para enfrentarse a esta situación, el Gobierno de Pinochet llevó a cabo una serie de reformas con el objetivo de liberalizar la economía y reducir el papel del Estado en ella mediante la ejecución de un proyecto económico conocido como El Ladrillo. Este no se dio a conocer hasta terminada la dictadura, en 1992, y fue elaborado por un grupo de estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile conocidos como los Chicago Boys.

Los Chicago Boys eran estudiantes que entre la década de los cincuenta y los sesenta fueron becados, como parte de la estrategia de política exterior de Estados Unidos, para continuar sus estudios en la Universidad de Chicago, en la cual aprendieron de las ideas económicas del nobel Milton Friedman, uno de los precursores del neoliberalismo contemporáneo. Entre ellos se encontraban Pablo Barahona, Sergio de Castro y Jorge Causas, que se convertirían durante el régimen en los ministros de Economía y Hacienda y el presidente del Banco Central de Chile, respectivamente.

La política de El Ladrillo de los Chicago Boys consistió, sobre todo, en la reducción del gasto público y la disminución del papel del Estado en la economía chilena. Mediante la reforma previsional, se privatizaron las pensiones y se instauraron los fondos privados de cotización, que hasta hoy forman parte del sistema chileno. Por otro lado, la reforma laboral significó una desregulación del sector, que dio mayor flexibilidad al mercado de trabajo y redujo el margen de maniobra de los sindicatos para negociar colectivamente sus salarios y condiciones. También se redujeron las barreras de los precios y se privatizaron los servicios de salud, los centros de educación terciaria y las empresas estatales. Con la ayuda de Estados Unidos, Chile fue el primer país en implementar el modelo económico de Friedman y sirvió como un experimento para evaluar la implementación y el resultado de las políticas de liberalización.

Para ampliar: La doctrina del shock, M. Winterbottom, M. Whitecross y N. Klein, 2009

Los perdedores de la dictadura

Los efectos del golpe de Estado y del bombardeo de La Moneda se vieron reflejados en la vida de todos los chilenos. Después de su llegada al poder y de la clausura del Parlamento, la junta de gobierno instauró el estado de sitio y un toque de queda con la intención de controlar a la población. Se ilegalizaron los partidos políticos, se pusieron límites a la libertad artística y de expresión y se prohibieron las manifestaciones sociales y sindicales de cualquier tipo.

En 1974 se creó de manera oficial la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la cual aplicó los principios de la doctrina de la seguridad nacional para la persecución, detención y ejecución de toda clase de oposición política a la dictadura. Gran parte de los oficiales que formaban parte de la Dina fueron entrenados en la Escuela de las Américas, donde fueron instruidos sobre los distintos mecanismos de tortura, interrogación y ejecución de grupos subversivos. A través de la Dina —luego renombrada Central Nacional de Informaciones—, el régimen de Pinochet ejerció una política sistemáticamente violenta y represiva contra la población, sobre todo contra miembros de sindicatos, campesinos, obreros y estudiantes, pero también contra otros colectivos sociales. Los pueblos indígenas, por ejemplo, fueron víctimas de violaciones graves de sus derechos humanos. En 1979 Pinochet anuncia que “ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos”; su identidad étnica y cultural fue negada en un intento de homogeneización y chilenización como política cultural del Estado.

De acuerdo con los informes oficialmente reconocidos por el Estado, la dictadura en Chile dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos que fueron encontrados e identificados con el tiempo. A estas cifras se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados. El Estadio Chile y el Nacional se convirtieron en dos de los principales centros de detención del país, en los cuales muchas personas, como el cantautor chileno Víctor Jara, fueron torturadas y asesinadas.

La Dina formaba parte del acuerdo de cooperación internacional entre los distintos organismos autoritarios y de represión política que había en el Cono Sur, que, con el apoyo de la CIA, conformaron la llamada Operación Cóndor. Esta consistía en un sistema de coordinación entre países cuya intención era erradicar el “terrorismo marxista” de la zona utilizando instrumentos de represión y ejecución. En conjunto, todos los países que formaron parte del acuerdo —Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— generaron un saldo de aproximadamente 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos.

El no: “Chile, la alegría ya viene”

La dictadura de Pinochet vio el principio del fin, después de 15 años, con la victoria del no en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual más de siete millones de chilenos votaron su continuidad en el Gobierno. Si bien fue el tercer referéndum al respecto —ya se había llevado a cabo en 1978 y 1980 para legitimar la dictadura, en los cuales el sí ganó con un amplio margen—, las irregularidades en los dos plebiscitos anteriores llevaron a cuestionar su validez democrática, así como la legitimidad de sus resultados.

De acuerdo con la Constitución de 1980, el mandato de Pinochet debía terminar el 11 de marzo de 1989. La junta militar podía presentar a un nuevo candidato, que sería ratificado mediante el plebiscito popular de 1988, para lo cual propuso a Pinochet; de ser rechazado, habrían de convocarse nuevas elecciones en 1990. En 1987 se legalizaron los partidos políticos, que hasta entonces habían funcionado como organizaciones clandestinas; de esta forma, un año después nació la Concertación de Partidos por el No, que reunía al Partido Demócrata Cristiano, al Partido por la Democracia y al Partido Socialista, entre otros.

Los meses previos al plebiscito se caracterizaron por una fuerte tensión y polarización política en todo el país. Todas las noches los chilenos veían las franjas electorales televisivas del sí y el no; el lema de este último era “Chile, la alegría ya viene”. Finalmente, el 5 de octubre la Concertación de Partidos por el No ganaría con un 54,7% de los votos frente al 43% del sí. El 11 de marzo de 1990 el candidato democristiano, Patricio Aylwin, se convertiría en el primer presidente de la transición a la democracia.

Si bien Chile ha vivido un proceso de democratización política, permanecen en el entramado institucional elementos heredados de la dictadura, a lo que se suma una polarización que aún hoy divide entre detractores y defensores del régimen de Pinochet. La sociedad chilena pospinochetista no acaba de llegar a un consenso sobre la dictadura que le permita reconciliarse con su pasado y reparar los daños cometidos. Cuando Pinochet murió en 2006, lo hizo con una orden de detención internacional y más de 400 querellas en su contra por crímenes de lesa humanidad; aun así, más de 60.000 personas asistieron a su funeral.

Fe de errores: En una versión anterior de este artículo se afirmaba que Víctor Jara fue torturado y asesinado en el Estadio Nacional cuando realmente sucedió en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. El Estadio Nacional también fue un importante centro de detención y tortura durante la dictadura chilena.