Fue necesario que el GIEI sacara a la luz su nombre para que Tomás Zerón de Lucio saliera, públicamente, a responder lo que llamó “una especulación”, sobre las acusaciones de que sembró pruebas en una diligencia no reportada oficialmente en la averiguación del caso Ayotzinapa. El funcionario, que no aceptó preguntas de los reporteros, admitió que, un día antes de la diligencia oficial en la que peritos y buzos de la Marina encontraron una bolsa de plástico con restos humanos en el Río San Juan, él estuvo en el mismo lugar acompañado del detenido Agustín García Reyes, quien lo condujo al sitio en lo que denominó un “acto de investigación policial” previo al envío de peritos forenses en la diligencia ministerial del 29 de octubre de 2014. Todo, dijo, fueron actuaciones “transparentes”.

Y la primera pregunta que salta en la lógica es, ¿si todo era transparente por qué su acto de investigación y el video completo que ayer proyectó, donde se le ve recorrer la rivera del río junto al acusado no fue integrado al expediente oficial de la investigación que la misma PGR hizo pública en internet? ¿Por qué ese video, donde dice que se le ve realizar una inspección previa para conocer “el lugar exacto donde fueron arrojados los restos al río en bolsas” no se había hecho público y no se le entregó, como parte de la colaboración, al Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, que se tuvieron que enterar de ese “acto de investigación” por otras vías?

Según el director de la Agencia de Investigación Criminal, es práctica común que, antes de una diligencia formal del Ministerio Público, él y su equipo acudan a “verificar” si determinado lugar es suceptible de efectuar la investigación formal, en este caso a partir de la declaración de un detenido. ¿Y entonces, se duplican funciones o por qué no se manda de primera instancia al MP que, según la Ley Orgánica de la PGR y la Constitución, es la única instancia facultada para realizar indagatorias y peritajes con validez oficial?

Aunque se le quiera creer a Tomás Zerón y a las bitácoras de vuelo, el video, y los documentos de “metadata” que presentó para acreditar su “acto de investigación”, la duda persiste. Si eso despierta suspicacias, todavía más ocasiona el que la bolsa de evidencias con restos humanos, la prueba reina de la “verdad histórica”, tenía fecha del 28 de octubre y no del 29 cuando se realizó la diligencia. Zerón dice que “por un error de la perito que escribió equivocadamente la fecha en la etiqueta y que se va a investigar”.

Todo podría ser creíble y hasta verificable, pero lo que no se sostiene es el ocultamiento de un “acto transparente” y el “error” de una perito en lo que él mismo consideró “la investigación más profunda realizada en la historia de la procuración de justicia en México”. ¿Si era tan profunda, no pudo ser más escrupulosa? Al final, lo que más le pesa a Zerón es su pasado: él fue clave en la investigación del caso de la niña Paulette en la Procuraduría del Estado de México, un caso cuya versión oficial, a la fecha, nadie ha podido creer. ¿Será que el hallazgo de la niña, varias días y diligencias después de su muerte, atrapada al pie de su cama, también fue un “acto de investigación transparente”? Es pregunta.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito del caso Ayotzinapa, la diputada Mariana Benítez, ex subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PGR, se comunicó a esta columna para precisar que ella no participó en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos. “Jamás participé en algo relacionado con Ayotzinapa. Primero porque mi hijo nació el 30 de septiembre de 2014 y estuve de licencia casi un mes. No había forma de que yo participara en los momentos más complicados de la investigación. No atendí siquiera una reunión sobre el tema. Mi única participación fue, en calidad de subprocuradora jurídica, lograr la suscripción del acuerdo con la CIDH”. Hasta ahí la aclaración de la diputada Benítez… Una vez más el Tribunal Electoral federal le enderezó la plana a los consejeros electorales. Ayer los magistrados revocaron la sentencia del INE que negó la solicitud de registro a los candidatos independientes al Constituyente de la Ciudad de México. El argumento fue que, en 18 casos, el INE no respetó el derecho de audiencia de los aspirantes y les negó el plazo de 48 horas que marca la ley para aclarar faltantes en su solicitud, por lo que ordenó reabrir el análisis de cada caso. “Lo menos que podemos hacer es subsanar los errores del INE”, dijo el magistrado Manuel Gutiérrez Oropeza en la sesión. Lo que no dijo es que ya se está siendo costumbre… Los dados mandan. Por fin una Escalera.

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