163 días. Es el tiempo que ha pasado desde que Ada Colau (Barcelona, ​​1974), representante de Barcelona en Comú (BeC), fue investida alcaldesa de Barcelona, ​​la primera mujer de la historia de la ciudad en ocupar ese cargo. Su ajustada victoria –con 11 concejales de 41, sólo uno más que CiU– hace que tenga claro que la capacidad de actuación de (BeC) "dependerá, también, del acuerdo y del diálogo con otras fuerzas políticas municipales". La trayectoria de Colau es el ejemplo del traspaso que se ha hecho desde la lucha de calle en la política institucional en el escenario de partidos post 15-M. La alcaldesa de Barcelona piensa que "nos encontramos en un momento en que la sociedad está pidiendo más participación, más transparencia y cambios en las instituciones y en las formas de hacer política". A cambio, espera "una ciudadanía vigilante" en relación con sus decisiones.

¿El marco institucional existente a nivel municipal tiene límites para llevar a cabo las transformaciones que os planteáis desde BeC en un principio?

Está claro que el ámbito municipal tiene limitaciones que no nos gustan y que no quisiéramos. Desde que entramos en el Ayuntamiento, reivindicamos la soberanía municipal. Es la administración más cercana a la ciudadanía. Nos encontramos en un momento en que la sociedad está pidiendo más participación, más transparencia y cambios en las instituciones y en las formas de hacer política. Además, la administración municipal es la que da más servicios directos: la gente pide servicios sociales, vivienda, etcétera. En cambio –y no por casualidad–, el diseño institucional que se hizo después de la transición recorta absolutamente la soberanía municipal y es a la que da menos recursos de todas las administraciones.

"Nosotros, ahora mismo, somos un gobierno en minoría, con once concejales en un pleno de 41. Ganamos las elecciones contra todo pronóstico, con un mandato de cambio clarísimo de la ciudadanía"

Entre lo que tenéis entre manos, ¿qué reformas planteáis para hacer más democrática una institución como el Ayuntamiento?

Por un lado, estamos mucho más limitados de lo que nos gustaría, pero, por el otro, hay mucho margen y es una cuestión de voluntad política. ¿Hasta donde llegaremos? La respuesta no depende de nosotros, sino que –una vez más– volvemos la pregunta al conjunto de la ciudadanía. Nosotros, ahora mismo, somos un gobierno en minoría, con once concejales en un pleno de 41. Ganamos las elecciones contra todo pronóstico, con un mandato de cambio clarísimo de la ciudadanía. Éramos una candidatura nueva, impulsada con poco tiempo y pocos recursos. Con todo, también tenemos un mandato de diálogo: nos encontramos en el Consistorio más plural de la historia y hay que pactar con varias fuerzas para aprobar muchas cosas, como los presupuestos o el Plan de Actuación Municipal. Lo que se podrá hacer dependerá del acuerdo con otras fuerzas municipales y de la voluntad de la ciudad en un sentido más amplio: los movimientos sociales, de las entidades y de los diferentes actores que se impliquen. Para que las cosas cambien debe haber corresponsabilidad.

¿Por qué apostar por fichar al exconcejal socialista Jordi Martí como nuevo gerente del Ayuntamiento? ¿Piensas que su salario –97.000 euros anuales– debería adaptarse al código ético?

La figura del gerente municipal es un perfil técnico que no es tan fácil de encontrar. Es el máximo responsable de toda la estructura técnica y ejecutiva. Supervisa 12.000 trabajadores y un presupuesto de más de 2.500 millones de euros. Cuando nosotros ganamos [las elecciones], tuvimos que designar muchos altos cargos en los que no habíamos pensado. Nosotros no habíamos gobernado nunca, eso es un hecho. Consulté gente con la que confío políticamente que me recomendó Jordi Martí. Le propusimos y aceptó una rebaja del sueldo anterior de gerente municipal. Él es quien pone la firma sobre grandes decisiones que conllevan muchos millones de euros. Tiene un perfil técnico altamente especializado, experiencia gerencial y recorrido dentro de la administración pública. Durante estos primeros meses, está yendo bien; la verdad es que estoy contenta. A lo largo de los próximos años se podrá juzgar su trabajo. Con todo, debemos hacer una reflexión colectiva sobre cuáles deben ser los mínimos y los máximos de los salarios de directivos.

"Tuvimos que designar muchos altos cargos en los que no habíamos pensado"

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca considera que no basta con las acciones puestas en marcha para impulsar la 'ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética'. ¿Hay un plan concreto para poder desplegar la ILP en Barcelona?

La PAH hace muy bien exigiéndonos más porque es su función; ha ido muy por delante de todas las instituciones y las administraciones, ha marcado el camino y ha demostrado que era una cuestión de voluntad política. Los desahucios se han reducido, pero todavía se producen y siguen habiendo pisos vacíos. Las expulsiones por impago de alquiler, que representan más del 90% en Barcelona, ​​dependen de leyes estatales. Hemos presentado una medida de gobierno que es la aplicación de la ILP y hemos empezado a implementarla. También hemos requerido la cesión obligatoria de más de 500 pisos de la Sareb, pero el procedimiento es de uno a uno y los trámites son muy largos. Necesitamos que los cientos de viviendas vacías en manos de diferentes grandes tenedores se faciliten inmediatamente para ponerlos en alquiler social. En los próximos días tenemos una reunión con los operadores jurídicos para hablar de la aplicación de la ley, pero nos encontramos en una situación de impass con un gobierno de la Generalitat en funciones que no está al cien por cien. Cuando se constituya el próximo gobierno, exigiremos que aplique la parte que le corresponde.

Las tarifas de transporte público de la ATM son de las más caras de la Unión Europea en relación con el salario mínimo. ¿Se podrá aplicar una rebaja tarifaria de cara al 2016?

El transporte público es una prioridad absoluta por el gobierno de BeC como mecanismo de transporte para las clases populares y por la mayoría de población de la ciudad, pero no depende sólo del Ayuntamiento, sino de la Autoridad del Transporte Metropolitano, donde debemos poner de acuerdo a tres administraciones diferentes: el Ayuntamiento, la Generalitat y el Área Metropolitana. Ahora, se está discutiendo sobre las tarifas del próximo año y, en principio, deben aprobarse en diciembre. Tenemos las conversaciones abiertas. Nosotros queremos congelar, como mínimo, los precios de 2016 y aumentar la tarificación social. Un ejemplo sería pasar de la T-12 a T-16. También estamos a favor de hacer abonos para estudiantes y personas desempleadas. Por otra parte, la gran asignatura pendiente es la financiación del transporte público, donde hay una situación de fraude y infrafinanciación. Los principales organismos competentes, la Generalitat y el Estado, han rebajado sus aportaciones. En cuanto a los precios, somos partidarios de hacer una reducción general a medio y largo plazo, pero no es aceptable que el Ayuntamiento de Barcelona tenga que asumir cargas financieras que perdona a la Generalidad de Cataluña y el Estado.

¿Se mantendrán las políticas de control estricto y sanciones contra la gente que no paga billete en el transporte público?

Está claro que se debe controlar el fraude. El transporte público es un bien común. En este sentido, es normal que se vigile el cumplimiento de las normas porque, si no, la gente piensa que no está obligada a cumplir las reglas del juego si otros se las saltan. Dicho esto, en un contexto de crisis, está claro que hay gente que no paga el transporte público porque no tiene capacidad económica. Tenemos que mejorar la tarificación social para la gente que tiene dificultades económicas y entonces podremos ser absolutamente estrictos con el control del fraude.

"El nuevo plan director reforzará una policía de proximidad, de prevención y de mediación muy ligada al territorio"

Una de las promesas electorales de BeC era disolver las UPAS, ahora USP. ¿Por qué todavía no ha disuelto este cuerpo de antidisturbios de la Guardia Urbana?

Dimos instrucciones a la Guardia Urbana para que dejara de hacer funciones de antidisturbios justo al llegar al Ayuntamiento. El orden público no es una competencia municipal, sino de los Mossos. Otro debate es el modelo que debe tener la Guardia Urbana. Amadeu Recasens, el nuevo comisionado de Seguridad, está trabajando en un nuevo plan director, que se presentará pronto para reforzar una policía de proximidad, de prevención y de mediación muy ligada al territorio. También tiene que haber unas unidades de apoyo especiales por si hay situaciones puntuales que requieran más efectivos.

Pero, ¿que se hará exactamente con los efectivos que forman parte de estos cuerpos?

La idea es que las Unidades de Apoyo Especial estén más vinculadas a las funciones del territorio. Queremos que no estén completamente apartadas del cuerpo y que asuman la interlocución con las asociaciones de vecinos, las entidades de comerciantes, las AMPA y el conjunto de asociaciones vinculadas a los distritos y los barrios. Cuando hay conocimiento del territorio, se puede intervenir de manera preventiva y evitar conflictos.

Una de las personas que ha mantenido dentro del cuerpo de la Guardia Urbana es Evelio Vázquez, que consideró falsos los hechos del 4-F narrados en 'Ciutat Morta'. ¿Por qué ha decidido mantenerle al frente de la GUB?

Con el Evelio Vázquez, hemos hablado tanto Amadeu Recasens como yo misma una vez accedimos al Ayuntamiento. Él dijo que estaba en sintonía con los objetivos que se estaban planteando y valoramos positivamente que el máximo responsable del cuerpo de la GUB quisiera acompañar el proceso de transición hacia el nuevo plan director. El diseño del próximo planeamiento debe hacerse contando con la Guardia Urbana para que tenga éxito. Evelio Vázquez nos pareció un gran activo para acompañarnos en el proceso.

¿Entienden, sin embargo, que esta decisión puede generar dudas entre una parte de la población?

Cualquier decisión puede generar dudas y eso lo entiendo. Aceptamos todas las críticas y queremos una ciudadanía absolutamente vigilante. Ahora estamos en una fase de transición y, durante los próximos meses, se podrá evaluar si ha sido una buena decisión. Yo, de momento, creo que sí lo ha sido.

"La solución para resolver el problema [de los manteros] no puede ser estrictamente policial y judicial"

El pasado lunes, asistimos a una gran operación de la Guardia Urbana contra los vendedores ambulantes en el barrio de Besòs Mar. ¿Las operaciones policiales son la solución a las problemáticas que se han generado en torno a la venta ambulante?

La Guardia Urbana actuó como policía judicial, por órdenes del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona. El fenómeno del top manta es global, complejo, viene de lejos. La solución para resolver el problema no puede ser estrictamente policial y judicial. Se trata de un colectivo que no tiene voluntad de delinquir, pero que se encuentra en una situación de exclusión por una ley de extranjería que muchos consideran racista y que les hace estar en el limbo de la irregularidad. Cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos que sólo había una gestión policial del conflicto, con miles de sanciones que no han solucionado nada. En la gestión que se hace del espacio público, hay una respuesta que va a las causas del fenómeno. Hemos creado un grupo de trabajo enfocado desde el área de derechos sociales para tratar directamente con el colectivo y con otros actores implicados para encontrar soluciones a medio y largo plazo. Mientras tanto, la Guardia Urbana ha de seguir con su labor de gestión del espacio público. Pensamos que, más que atacar al vendedor ambulante, hay que ver qué pasa con las mercancías y saber quién las falsifica y se enriquece con su venta. También hemos pedido más colaboración entre las diferentes administraciones afectadas para ir al origen del problema y evitar que se persiga a los más vulnerables, que son los vendedores.

Tiene el compromiso de hacer una revisión de la ordenanza, pero, hasta ahora, no ha trascendido que haya ningún cambio. ¿Se ha tomado alguna medida al respecto?

Tiene sentido que haya una ley que regule la convivencia en el espacio público, pero pensamos que la antigua ordenanza estaba muy enfocada a la sanción y la penalización de colectivos vulnerables, cuando lo que debería hacer es abordar estos conflictos socialmente. Lo hemos criticado con dureza y lo mantenemos. No es sólo una cuestión de opinión política o moralidad, la ordenanza se ha demostrado ineficaz: la aprobación de la norma ha supuesto cientos de miles de euros en sanciones que ni se han cobrado ni han servido para cambiar los comportamientos en el espacio público. Hay que trabajar por un nuevo pacto de convivencia para superar el marco de la ordenanza de civismo. Está sobrepasada y se debe hacer un planteamiento que no se centre en la sanción. No lo decimos sólo nosotros, las entidades vecinales y el síndico de agravios creen lo mismo. Hemos creado un grupo de trabajo interno y transversal a las diferentes áreas para poder reunir toda la información pertinente. Después, tendremos que trabajar con el resto de grupos municipales, con el movimiento vecinal, el mundo del comercio y la síndica de Greuges para encontrar un nuevo pacto de convivencia.

¿Apuesta por un turismo sostenible que reduzca el número de camas en los barrios más afectados? ¿Qué medidas estás dirigiendo?

En una gran ciudad como Barcelona, ​​hay intereses contrapuestos y barrios muy afectados por la presión turística. Hay quien considera que se está haciendo poco para contrarrestarlo y también hay amplios sectores empresariales y comerciales que creen que se está haciendo demasiado. Tenemos dos exigencias en sentido contrario. Siempre hemos estado de acuerdo con los vecinos de los barrios más afectados por la presión turística. Durante la campaña, nos comprometimos a aplicar una suspensión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, muchos de nosotros venimos de los barrios afectados y conocemos la problemática, los procesos de gentrificación y la especulación inmobiliaria que implica. En el ámbito del turismo, tampoco ha habido liderazgo político: el gobierno anterior dejó que las empresas del sector tuvieran un desarrollo caótico. Con todo, nuestra prioridad es gobernar el sector turístico, que hasta ahora no tenía ningún tipo de control democrático. Primero, suspender temporalmente las nuevas licencias para alojamientos turísticos. También creamos el Consejo Municipal de Turismo, un espacio democrático de debate ciudadano. En diciembre, se aprobará su reglamento en el plenario. El objetivo es hacer una radiografía del estado de la cuestión: faltan muchos elementos para poder decidir si Barcelona puede crecer o debería decrecer en el ámbito turístico. Estas cuestiones deben plantearse democráticamente, dando voz y escuchando a todos. Es normal que haya intereses particulares y de negocio, pero, primeramente, hay intereses generales como el derecho al espacio público, a la vivienda o al descanso. Debatir el modelo turístico es debatir el modelo de ciudad. Ahora mismo, el modelo de turismo también es una amenaza para el modelo de ciudad, que no es sostenible. Hay indicios de burbuja turística y se debe poner orden para hacer que la actividad turística esté al servicio del conjunto de la ciudadanía.

"Necesitamos pisos de alquiler social para cubrir una situación de emergencia"

¿El Ayuntamiento está aplicando políticas activas para clausurar los pisos turísticos ilegales o bien convertirlos en viviendas dedicadas al alquiler social? Plataformas vecinales como la Asociación de Vecinos de l'Òstia consideran que el consistorio no está invirtiendo bastante esfuerzos.

Hemos hecho la suspensión provisional de las nuevas licencias. En Ciutat Vella, Gala Pin comenzó un proceso de inspecciones exhaustivas de las viviendas turísticas para ofrecer a los pequeños propietarios la posibilidad de alquilar sus propiedades en un régimen de alquiler social. Necesitamos pisos de alquiler social para cubrir una situación de emergencia que nos deja con más de 30.000 familias inscritas en un registro de solicitantes de vivienda social y un parque público insuficiente para atender todas las demandas. El Ayuntamiento, sin embargo, tiene una capacidad limitada: una parte de la regulación depende de la Generalitat de Catalunya. Pensamos que el 100% de la tasa turística debería destinarse a compensar los efectos de la presión del turismo en los barrios que más la sufren, pero la Generalitat no quiere. Estamos haciendo todo lo posible en lo que es competencia del Ayuntamiento, pero una cuestión tan grande como el modelo turístico de Barcelona no se puede en decidir con cuatro meses, con un gobierno en minoría y la oposición de todos los partidos menos la CUP.

El Ayuntamiento aprobó, el pasado 22 de septiembre, la medida de gobierno Barcelona Ciudad Refugio, que comprometía 10,5 millones de euros en 2015 para afrontar la crisis de las refugiadas. ¿Podrá agotar el presupuesto para este año?

Barcelona quiere ser ciudad de acogida. Creemos que afrontar la crisis de los refugiados es una obligación moral y política para cualquier administración pública. Nos hemos reunido con todas las entidades expertas en temas de asilo y hemos recibido una avalancha de solicitudes de la ciudadanía para colaborar. El Ayuntamiento ya tiene una política de acogida muy avanzada a través del Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), con unos servicios técnicos sobre cuestiones sociales muy buenos. Nombramos a Ignasi Calbó –que tiene mucha experiencia en el ámbito– como comisionado para que coordine todos los activos existentes. Adelantándonos a la llegada de personas refugiadas, hemos trabajado en un plan de acogida para optimizar los servicios y atender a las personas que sufren situaciones realmente duras. Además, en Barcelona, ​​ya hay solicitantes de asilo provenientes de países como Ucrania, Siria, Irak o Eritrea, pero no son reconocidos por el Estado. A pesar de no tener el estatus jurídico de refugiados, estamos proveyendo todos los servicios municipales a esta gente. También apoyamos la cooperación con las entidades que trabajan en los países de tránsito de refugiadas, mientras que, con la partida de 10,5 millones de euros, queremos comprar o alquilar viviendas, tanto para las personas que lo necesitan aquí como para las solicitantes de refugio.

Al firmar el Compromiso de las Escaleras, BeC renovó el contrato con Movistar de manera temporal tras justificar que, si no lo hacía, la empresa cortaría todas las líneas del Ayuntamiento. ¿Qué decisión definitiva tomaréis en relación con esto?

Nada más llegar al Ayuntamiento, nos encontramos que se acababa el contrato de Telefónica y que había prevista una prórroga de dos años. La redujimos al mínimo posible, un año. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha contactado varias veces con la empresa para pedir que no haya represalias para las personas trabajadoras que se hayan acogido a la huelga y que se mejoren las condiciones. En cuestión de telefonía, sin embargo, no tenemos muchas alternativas: por el volumen que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, ​​no hay ninguna empresa o cooperativa que pueda aportar el servicio que da Telefónica o Vodafone. En la búsqueda de una alternativa, esto también depende de que el tejido de la ciudad genere opciones diferentes a las de las grandes operadoras telefónicas.