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Por Eduardo Garzón

Cuando el Ministerio de Fomento cedió la circunvalación M-30 al Ayuntamiento de Madrid en 2004, el gobierno de Gallardón decidió iniciar su reforma y presentarla como logro central de su mandato municipal. Pero la reforma de una infraestructura de esas características requería, en condiciones normales, un plazo de tiempo muy superior a los cuatro años, por lo que la única forma de terminar las obras a tiempo para sacar pecho de cara a las elecciones municipales era llevar a cabo prácticas excepcionales que lograran acelerar sobremanera el proceso. Estas prácticas van desde la vulneración de la legislación de protección medioambiental y de la salud (constatada por tribunales y que convierte a las obras en ilegales) hasta el incremento desorbitado de horas laborales extraordinarias que sufrieron los trabajadores (seis de ellos murieron durante el transcurso de las obras), pasando por la violación sistemática de los trámites administrativos. Todo con tal de acabar las obras a tiempo, independientemente del daño económico, social y medioambiental que pudiera generar. Una actuación abominable que no puede quedar impune.

Ni que decir tiene que este acelerón encareció extraordinariamente el proceso. Las obras de reforma se presupuestaron por 2.458 millones de euros, pero finalmente supusieron un coste de 3.508 millones de euros, un 42% más. Estamos hablando de mucho más de la mitad del presupuesto anual del ayuntamiento, lo que incrementaba la deuda hasta un nivel que no estaba permitido por las autoridades europeas. Para disimular el estropicio, Gallardón privatizó parcialmente la empresa pública encargada de reformar la M-30 y escondió ahí la deuda para que no pudiese ser achacada al ayuntamiento. Pero se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y en 2011, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, el gobierno del PP tuvo que dar marcha atrás y trasladar toda la deuda de la empresa mixta al ayuntamiento, lo que hizo que la deuda municipal se disparara hasta situar a la capital del país en la ciudad más endeudada de todas y con mucha diferencia.

Lo peor de todo es que en este mezquino intento de ocultar el cadáver bajo la alfombra, el gobierno de Gallardón volvió a vulnerar todo tipo de preceptivos legales. La normativa no contempla en ningún sitio que se pueda privatizar (ni siquiera parcialmente) la gestión de una calle pública. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo porque la gestión de una calle no es susceptible de ser llevada a cabo por empresarios particulares ya que no se cobra a los usuarios de la carretera y los únicos ingresos de la empresa provienen del ayuntamiento. Este extrañísimo modelo de gestión encareció la factura del Ayuntamiento, que pasó a pagar por conceptos por los que antes –cuando la empresa era 100% pública– no pagaba, como dividendos, impuestos de sociedades, IVA e intereses por el préstamo del socio privado. De hecho, desde 2005 hasta 2017 el Ayuntamiento ha pagado 597 millones de euros por estos conceptos, una cantidad que se hubiese ahorrado si la empresa hubiese sido 100% pública. Para que nos hagamos una idea de las prioridades del gobierno del PP, ese volumen es superior a lo que el equipo de gobierno del Partido Popular presupuestó para gasto social en 2015. Además, puesto que la privatización está blindada por contrato, si no cambian las cosas el Ayuntamiento tendrá que pagar hasta 2040 unos 1.250 millones de euros más por estos motivos. Un agujero en toda regla para las arcas municipales.

Pero es que además, el contrato que permitió la privatización recoge cuánto debe pagar el Ayuntamiento cada año al socio privado (compuesto por el grupo ACS y Ferrovial), pero esta cantidad no se calculó en función del coste de gestionar la M-30 sino que se calculó para que las empresas privadas obtengan cada año un 7,053% de rentabilidad. Negocio asegurado y sin ningún tipo de riesgo a costa del dinero del contribuyente. Esto tuvo como consecuencia que en 2007 la factura anual del Ayuntamiento se multiplicara por 2 (se incrementó en 10,5 millones de euros cada año). La justificación documental de este incremento es paupérrima e irrisoria (apenas un cuadro para justificar cobros de millones de euros) y ni siquiera se incluye en el expediente del contrato.

Pero la cosa no queda aquí: resulta que el contrato firmado compromete al socio privado a mantener y cuidar la infraestructura, pero buena parte de estos compromisos no se están realizando y otros se están pagando por duplicado. Además, hay gastos como los de la factura eléctrica y de suministro de agua que deberían correr a cuenta de las empresas privadas según el contrato y sin embargo los ha asumido siempre el Ayuntamiento. Hasta la llegada al gobierno de Ahora Madrid se hacía la vista gorda con estos incumplimientos, pero desde entonces se han iniciado expedientes sancionadores que rompen el pacto tácito firmado por el Partido Popular y las constructoras mencionadas.

Todo esto ha salido a relucir gracias a la comisión de investigación impulsada por el gobierno de Ahora Madrid. Sin este ejercicio de transparencia nunca hubiésemos conocido los entresijos de este importante y lamentable expolio. El gobierno de Gallardón aceleró las obras de la reforma de la M-30 por motivos electorales sin importarle el enorme perjuicio económico, social y medioambiental que ello causaba, entregó la gestión de una carretera pública a empresas constructoras a través de un contrato que blinda sus beneficios hasta 2040 y a pesar de que la legislación no contempla tal cosa, vulneró sistemáticamente los procedimientos administrativos que recoge la legislación, y consintió que tales empresas no cumplieran los compromisos recogidos en el contrato. Un trasvase de dinero tan descarado como planeado desde las arcas públicas a los bolsillos de unos pocos.

Eduardo Garzón es asesor de Economía en el Ayuntamiento de Madrid.