La "Democratización de la Justicia" comenzó a mostrar grietas en el oficialismo: el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside el periodista Horacio Verbitsky, habitual fuente de consulta del Gobierno K, cuestionó hoy el proyecto que regula las medidas cautelares (ver documento completo) enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En un comunicado publicado en su página de Facebook, el CELS manifestó que “algunos de los proyectos en análisis representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial”, pero agregó que “otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad”.

“Defendemos la idea de que se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos y estadísticas del sistema judicial, con la expectativa de que esta decisión avance finalmente sobre la discusión de una ley general de acceso a la información”, señaló.

No obstante, el organismo que comanda Verbitsky criticó el proyecto K de las cautelares. “Algunos puntos son cuestionables en su constitucionalidad, ya que podrían afectar seriamente a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva”, manifestó y agregó que “las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”.

Según explicó el CELS, ellos mismos han solicitado medidas cautelares contra el Estado en varias oportunidades: por el acceso a la educación de migrantes, la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas, la suspensión de normas limitantes en forma inconstitucional de la libertad personal o la suspensión de actos administrativos de expulsión de migrantes, enumeró.

“Las medidas cautelares pueden ser necesarias para defender la libertad sindical o exigir acciones positivas del Estado, a fin de garantizar derechos en condiciones de igualdad”, afirmó y añadió que “el problema es que la forma en que se las propone regular pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil de la relación para, en cambio, fortalecer y darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales”.

Además, la ONG señaló que le presentó a los senadores “observaciones técnicas y algunas propuestas para reformular el texto del proyecto, de modo de cumplir con el objetivo de evitar los usos abusivos que se han conocido en estos años, pero al mismo tiempo dar lugar al uso de la cautelar como parte de la obligación estatal de garantizar la tutela judicial de sectores a los que les es difícil acceder a una defensa rápida y eficaz de sus derechos”.

En virtud del debate exprés que hubo en torno al proyecto en la Cámara Alta y la rápida obtención de un dictamen de mayoría por parte del kirchnerismo, para que desde el oficialismo hicieron caso omiso a las observaciones del CELS de Verbitsky, que expuso tres ejemplos para hablar de la importancia de las cautelares.

-“La ESMA podría haber sido derribada si no se hubiera logrado frenar su destrucción con un amparo y una medida cautelar que dio cuenta de la urgencia de la situación hasta que se resolviera la discusión de fondo. Hoy ha sido recuperada como sitio de memoria”, detalló.

-“PAMI podría haber sido privatizado en aquellos años de neoliberalismo”, explicó.

-“El efecto cascada en las legislaciones provinciales de una medida como esta impediría que se haya logrado la suspensión de los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense para evitar daños irreparables mientras se discute su constitucionalidad”, sumó.

El CELS expresó dudas también al proyecto que crea tres nuevas Cámaras de Casación ("La inclusión de nuevas instancias remite más a su verticalidad”, fundamentó), y a la reforma del Consejo de la Magistratura (pide que el momento de la elección sea la de medio término y no en las presidenciales).

“En definitiva, estas reformas requieren en algunos de sus puntos una revisión y un mayor debate, sea por razones de constitucionalidad (para el caso de las cautelares) como por su complejidad e impacto a nivel de la estructura del sistema de justicia nacional”, esgrimió el CELS en su comunicado.