El "círculo rojo" goza de impunidad. Así funcionó, así funciona y así parece que quiere seguir funcionando en la Argentina. El problema es que sus miembros tradicionales -políticos, empresarios y banqueros, jueces y fiscales, sindicalistas y no pocos periodistas y dueños de medios- ahora no son los únicos beneficiarios de ese sistema que les provee impunidad. Ahora también lo usan narcos, traficantes de personas y otros baluartes de estirpe similar, como algunos financistas del terrorismo.

¿Por qué? Porque los mismos canales que utilizan los miembros del "círculo rojo" para lavar su dinero negro o sacar fortunas del país también extendieron sus servicios a, por ejemplo, los narcos, que a su vez recurren a ellos porque cuentan con protección política. Y si son intocables, como lo son, ¿por qué no aprovecharían la oportunidad?

Esto puede resultar sorpresivo e inquietante para algún lector. Pero no es una novedad para los integrantes del "círculo rojo". Lo saben desde hace rato y muchos son cómplices. Por acción u omisión. ¿O acaso sorprende la proliferación de supuestas mutuales, cooperativas y cuevas financieras?

La pregunta clave es, pues, otra. ¿Quiere el gobierno de Mauricio Macri modificar el statu quo? Si avanza en esa dirección, ¿qué hará el resto de la clase política?

Hay un argentino, consultor internacional que da asesoramiento en todo el mundo para combatir el crimen organizado. Se llama Edgardo Buscaglia y alerta desde hace años sobre los "vacíos del Estado". Escribió un libro sobre México y esos "vacíos" que terminan beneficiando a narcos y corruptos. Ahora alerta sobre la Argentina.

¿Qué son esos "vacíos"? Huecos que hacen que la Argentina sea hoy "un país de bajísimo costo operativo para las redes criminales transnacionales". Narcotráfico, trata de personas o de órganos, entre otros crímenes que él califica como "de lesa humanidad".

No es el único. Otros expertos argentinos, como Juan Belikow, de renombre internacional en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, alertan desde hace tiempo sobre el coladero criminal que resulta la Argentina.

Buscaglia fue, sin embargo, más lejos. Enumeró los 17 puntos legislativos, institucionales u organizacionales que, por su ausencia, abren las puertas a las redes criminales. Plantea que en cada causa penal que apunta contra ese tipo de organización deberían desarrollarse cinco investigaciones simultáneas: 1) la penal-patrimonial, focalizada en los autores materiales; 2) la patrimonial, focalizada en la red criminal que está detrás, con sus empresas y políticos; 3) la financiera, a cargo de la unidad antilavado, que debería quedar bajo control legislativo, por fuera del Ejecutivo; 4) la penal tributaria, y 5) la destinada a la extinción de dominio de los bienes adquiridos por esa red.

Para cumplir con esos primeros cinco puntos, a su vez, cada juez y cada fiscal deberían contar con múltiples herramientas, como el acceso en red a los registros de la propiedad (inmueble, automotor, naviero) de todas las jurisdicciones del país. Es algo tan obvio como inviable hoy. De hecho, si un juez o un fiscal quieren rastrear qué propiedades tiene un sospechoso deben oficiar a 24 jurisdicciones... y rogar que les respondan, algún día.

Buscaglia remarca que también deben implementarse tres tipos de auditorías obligatorias: dos económicas (una del Poder Legislativo sobre todos los partidos, que a su vez deberían desarrollar otra, puertas adentro) y una electoral a cargo de la sociedad civil (con herramientas otorgadas por una ley de participación ciudadana para que la clase política no pueda esquivarla).

El capítulo electoral es clave en la lucha contra los "vacíos". Buscaglia recomienda impulsar una nueva ley de financiamiento que sincere, entre otros muchos puntos, cuál es el verdadero costo de cada campaña.

¿Otras leyes pendientes? La de reasignación social de bienes decomisados, de extinción de dominio y otra similar a la "ley Rico" de Estados Unidos (que encuadró la corrupción política como delincuencia organizada o asociación delictiva). ¿Los últimos dos ejes? Desarrollar una mejor coordinación de las fiscalías locales con sus pares de Brasil, Chile y Uruguay, para investigar las redes transnacionales. Y desarrollar lo que denomina "unidades de investigación patrimonial" en cada provincia, con fiscales, jueces, policías, agentes de la UIF, de la AFI y de la AFIP.

Buscaglia pasó hace poco por Buenos Aires, Santa Fe y Formosa. Mantuvo reuniones con varios referentes del oficialismo y de la oposición, mientras que otros le rehuyeron o incluso lo invitaron a retirarse. Por intereses coyunturales. O por complicidad con el actual pacto de impunidad.