La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción formal contra España por la construcción de un complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000, y que incluye un tramo de costa virgen, en el norte de la isla de Fuerteventura. La medida, que podría llevar al estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y exponer a las arcas nacionales a una multa millonaria, pone en evidencia que el resort, con 323 villas y una superficie edificada de unos 500.000 m2 (unos 90 campos de fútbol, aproximadamente), se construyó sin haber emitido la obligatoria declaración de impacto ambiental y desoyendo a la propia Justicia española.

Tarabilla canaria, presente en la zona en la que se ha construido el resort. Autor: Aurelio Martín.

El mencionado hotel de lujo se ubica en el municipio de La Oliva, en la costa de Majanicho. Concretamente, en un espacio identificado por SEO/BirdLife como Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, por sus siglas en inglés) y declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por el Gobierno canario, lo cual lo incluye en la Red Natura 2000, la red integrada de espacios naturales protegidos de la Unión Europea.

La Comisión abre el proceso de infracción al considerar que el hotel se construyó sin que se determinara la necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental (EIA), tal como exige la Directiva de Impacto Ambiental, y sin que se haya realizado dicha evaluación, tal como exige la Directiva Hábitat en este tipo de casos. Coincide así con el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, en 2006, reconocía en una sentencia un cúmulo de irregularidades en el procedimiento de autorización del proyecto y, consecuentemente, declaraba nulo el plan parcial. Sin embargo, el fallo no tuvo efectos sobre el proyecto urbanístico que en la actualidad es explotado por el grupo inmobiliario y turístico francés Pierre & Vacances Center Parcs.

Con la apertura del proceso, la Comisión solicita al Gobierno de España que presente sus observaciones y alegaciones en el plazo máximo de dos meses. Tanto si considera que la respuesta es insuficiente como si esta no se recibe, el órgano de la UE podría emitir un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento, en el que expondría las razones por las que considera que España habría incumplido el Derecho de la UE. A partir de este momento, el Ejecutivo español tendría otros dos meses para ajustarse a dicho dictamen. En el peor de los casos, la Comisión podría llevar a España ante el TJUE. España se enfrentaría, por tanto, no solo a la obligación de hacer cumplir la legislación europea -incluso en el caso de que esto implicara la demolición de la infraestructura-, sino también a una posible sanción económica, que puede ser millonaria si se llegase a una segunda sentencia por incumplimiento.

SEO/BirdLife se suma a otros colectivos, como Agonane-Ecologistas en Acción, y solicita que se cumpla la legislación europea, que se depuren responsabilidades y que se tomen las decisiones oportunas que permitan poner freno a este caso de incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria.

“Este caso es, sin duda, un peligroso exponente de los riesgos a los que se enfrenta el patrimonio natural de las Islas Canarias, que no solo es rico sino también frágil. Han tenido que pasar más de diez años. Se ha tenido que llegar a Bruselas. En el camino, se ha desoído a la ciudadanía y a la Justicia española. Aún estamos a tiempo de asegurar el cumplimiento de la legislación que protege el capital natural de nuestro país, que también reconoce la Constitución en su artículo 45: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”, señala el delegado de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta.

Avutarda hubara, otra de las especies presentes en la zona construida. Autor: Aurelio Martín

La zona afectada por el complejo Origo Mare posee una importancia ecológica y paisajística tal que ha sido designada como ZEPA, Hábitat de Interés Comunitario, Área prioritaria de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de las especies de la avifauna amenazada canaria y, consecuentemente, parte de Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En ella, se pueden encontrar distintos tipos de ecosistemas, como los arenales, las playas arenosas, los bajíos costeros o el malpaís. En cuanto a las especies,están presentes aves ligadas a medios esteparios: la hubara canaria, el corredor sahariano, la tarabilla canaria, el alcaraván, etc.; o costeros: el chorlitejo patinegro, el charrán común y distintas larolimícolas de paso e invernantes. Todas estas especies aparecen en el anexo I de la Directiva Aves y, por tanto, deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.

España ya ha sido expedientada por incumplir directivas comunitarias en materia ambiental. En 2011, por ejemplo, el TJUE dictaminó que el desdoblamiento de la carretera comarcal M-501, conocida como la “carretera de los pantanos”, en la Comunidad de Madrid, para convertirla en autovía, se hizo de manera irregular, al no realizarse un estudio de impacto ambiental previo. Esta irregularidad fue denunciada por SEO/BirdLife y otros colectivos ecologistas.

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