Por Nicolás Lucca (*)

El documental «Borrando a Papá» sigue censurado en democracia. Lo más impactante es que los pedidos de censura provienen de quienes deberían velar por los derechos de quienes viven en democracia. Obviamente, ninguno de los indignados vio la película dado que, por lógica del pedido de censura, no llegó a estrenarse.

Luego de que las organizaciones no gubernamentales Salud Activa y Comunicar Igualdad pusieran el grito en el cielo por el contenido del documental -que dedujeron en base a un trailer colgado por la productora San Telmo en YouTube- el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales le retiró a la película las salas en las que iba a ser estrenada el pasado 28 de agosto.

Ante el revuelo generado en base a la nota de Rouge en la que se describen partes del documental al que se accedió en exclusiva por gentileza de la productora, se conocieron nuevas maniobras destinadas a la censura previa de una película que da testimonio de la realidad de un grupo de hombres que no ven a sus hijos por diversos motivos y que, encima, son víctimas de la discriminación del Estado por el sólo hecho de ser hombres.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se había comprometido con la productora San Telmo a proyectar «Borrando a Papá» en las instalaciones del mismo. La función estaba prevista para el martes 2 de septiembre. El viernes, mismo día en que se publicó la nota en Perfil.com, se decidió no proyectarla «por problemas técnicos».

Las vicisitudes técnicas del Colegio parecen haber llegado por correo electrónico. Puntualmente, dos interesadas que pidieron expresamente «acciones para evitar su proyección». Y he aquí lo más grave: se trata de una diputada nacional por el PRO Gladys González y de la Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri.

Amparada en la «promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes», Tagliaferri hizo llegar su «preocupación ante la proyección en el espacio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal del documental Borrando a Papá”. Según la funcionaria, dicho documental «establece los derechos de los adultos por sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, desconociendo el interés superior de estos tal como establece la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 de Protección Integral y demás tratados de derechos humanos a los que adhiere el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional».

La funcionaria ahonda su teoría al afirmar que «la proyección de Borrando a Papá por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal implica un reconocimiento y legitimación del Síndrome de Alienación Parental». Increíblemente, Tagliaferri esquiva un dato elemental: la película no se estrenó y no aclara cómo hizo para poder saber todo lo que contiene el documental que pretende censurar, censura que, demás está decir, está lejos, muy lejos de las funciones que le competen.

«Confiamos en la justicia cuando valiéndose de la voz del niño, niña y adolescente junto a los informes de este organismo de protección de derechos, elaborados por especialistas en la materia, toma la decisión de impedir el contacto con alguno o ambos progenitores toda vez que esto garantice la integralidad psicológica y física de los niños», afirma Tagliaferri, otra vez aludiendo a un documental que no se estrenó y obviando otros casos gravísimos que «Borrando a Papá» denuncia, como los que fueron alejados de sus hijos en base a denuncias cuestiones tan básicas como «hablar ruso».

Pero Tagliaferri no lo vio así -de hecho, no lo vio- y pidió al Colegio de Abogados que se tomen «las medidas que consideren pertinentes para evitar la difusión de dicho documental». Pedido de censura previa, abierto y sin medias tintas.

La diputada Gladys González, se sumó al pedido de Tagliaferri y, también por correo electrónico, se dirigió al Colegio de Abogados presentándose como «Diputada Nacional por el PRO, vicepresidenta de la Comisión de Niñez en la Cámara de Diputados», que trabaja «con ONGs y especialistas en niñez, y de la mano del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes del GCABA» y «luchando contra el abuso sexual infantil y por supuesto los derechos del niño».

González manifiesta la preocupación que le genera que el Colegio proyecte un documental que el Incaa dejó sin salas, y fundamenta su preocupación en lo dicho por Tagliaferri.

La diputada del PRO no tuvo medias tintas para reconocer que desde su banca en el Congreso también intermedió ante el Incaa, al afirmar que con ellos han iniciado «las acciones para evitar su proyección».

González afirma que «el documental en cuestión no solo tiene un enfoque errado sobre qué derechos priman a la hora de hablar de impedimento de contacto, sino q avala un síndrome de alienación parental q no existe, q no ha sido reconocido por ninguna institución de la salud del mundo, sobre el cual la cámara de diputados y el senado de la Nación han expresado su preocupación porque es utilizado por padres abusadores como argumento en juicios de abuso sexual infantil intrafamiliar, para acallar a los niños diciendo q las madres les lavan el celebro y ellos mienten». Los «q» de la cita obedecen a la conjunción «que» y se mantuvieron textuales.

«Tenemos material muy fundado y venimos haciendo jornadas, se han expresado además Colegios de Psicólogos y de Abogados del país en contra del inexistente SAP, que podemos hacer llegar a la brevedad», sostuvo González. Más interesante sería que aportara la documentación de por qué no debe ser estrenado un documental y por qué se habla del abuso sexual infantil, sino es la temática de la película.

Sin embargo, González afirmó que «podría abundar en detalles de los entretelones de este documental y sobre las causas judiciales q pesan sobre algunos de los padres q están detrás». Al respecto, González no precisó cómo obtuvo acceso a los pormenores judiciales de las personas que obran en el documental, más allá del detalle de que «Borrando a Papá» gira, precisamente, en torno a las vivencias judiciales de sus protagonistas.

También de forma directa, al igual que Tagliaferri, González no anduvo con vueltas y pidió la suspensión de la proyección, dado que hacerlo «sería estar avalando prácticas aberrantes contra los niños».

González no especificó cuáles son las normativas que permiten que se censure una película antes de su estreno y, obviamente, no puede hacerlo, dado que es algo que la Constitución Nacional prohibe expresamente. Y como Diputada Nacional, González debería saberlo.

Durante 72 horas, se intentó entablar comunicación telefónica tanto como la Diputada González, como con Tagliaferri, obteniendo resultados esquivos a los fines de mantener una conversación sobre la temática de la presente nota. Desde el despacho de González precisaron que la diputada «no quiere hacer declaraciones por el momento».

(*) Editor Perfil.com | Twitter: @RelatoDPresente