A fines de 2012, el ministro del Interior Eduardo Bonomi pidió al Parlamento que aprobara “de forma urgente la ley sobre tenencia, tráfico y venta ilícita de armas” luego de dos episodios violentos que tuvieron como protagonistas revólveres. “Es fundamental para quien se encuentre con armas en situaciones complicadas se lo pueda pasar al juez y que él sea quien decida las medidas convenientes, cuando eso suceda estos hechos van a bajar”, dijo el ministro, que también encabezó la cartera de seguridad en el gobierno de José Mujica. Ocho meses después, los legisladores aprobaron una ley sobre tenencia responsable de armas, su reglamentación demoró algunos años más y con la norma se dispusieron mayores exigencias para poder acceder y portar un arma de fuego.

Durante la campaña hacia las elecciones internas, el exprecandidato Mario Bergara puso la tenencia de armas en la agenda pública al anunciar que proponía desarmar a la sociedad civil.

En la campaña electoral hacia octubre, contrariamente a lo planteado por Bergara, los programas de gobierno de la mayoría de los partidos incluyen propuestas que van desde dejar la ley tal cual está a derogarla y reformular las normas que habilitan a portar armas a la población.

Si bien el programa del Frente Amplio establece que se “promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor” y que buscarán implementar “acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias”, para Gustavo Leal el asesor en seguridad del candidato Daniel Martínez, la ley debe mantenerse tal cual está. “Cargar un arma es una gran responsabilidad. El modelo es que haya derechos que se garanticen”, dijo al ser consultado por El Observador.

Leal destacó que la normativa actual –que desea mantener- prevé un examen psicológico, uno sobre aptitud física, una fundamentación de por qué la persona que lo solicita tiene que tener el porte de armas, una prueba de tiro y se otorga si, cumplidos esos pasos, el jefe de policía del departamento donde se pide da su firma. “Es un sistema que da garantías. Nosotros defendemos equiparar los derechos y las responsabilidades. Personas tienen derecho a tener un arma y portarla con los informes adecuados”, señaló.

En el Partido Nacional la visión es otra. El programa de gobierno blanco apunta a “revisar durante el primer año de gobierno la sobre armas y su decreto reglamentario” para tender a una “simplificación del registro y regularización de la tenencia y adquisición de armas de uso civil”. El objetivo es “promover el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios por parte de la población”, indica el documento.

El asesor en temas de seguridad del Partido Nacional, Álvaro Garcé, explicó en una entrevista en el programa Buen Día Uruguay de Canal 4 que la ley de tenencia de armas vigente “ha logrado un efecto contrario a lo que se proponía”.

“Si la idea era avanzar hacia una tenencia responsable se ha logrado une efecto de rebote empujando a un montón de gente que tenía armas a desprenderse de las mismas, pero no bajo el concepto de la tenencia responsable sino elevando una serie de requisitos que en la práctica es muy difícil de cumplir”, sostuvo. En enero, el Poder Ejecutivo dio hasta enero de 2020 para que quienes ya poseen armar regularicen su situación según lo que dispone la ley y su reglamentación.

Cabildo Abierto, en tanto, va un paso más que el Partido Nacional. El partido liderado por el excomandante del Ejército Guido Manini Ríos propone en su programa de gobierno derogar la ley de tenencia responsable de armas y confeccionar “una norma moderna, que además de simplificar los registros con empleo de tecnología permita adquirir y tener armas para la legítima defensa en forma legal”. De llegar al gobierno, Cabildo Abierto quiere “modificar la prohibición de poseer armas a cualquier ciudadano sin antecedentes y establecer que configura delito la posesión para ciudadanos con antecedentes”.

Diego Battiste

La ley actual indica que no podrán tener un título habilitante de tenencia de armas quienes fueron procesados o condenados por delitos dolosos, quienes formen parte de organizaciones sociales o políticas que inciten a la violencia, cuando exista información policial del solicitante que demuestre que tuvo conductas violentas o que es una “persona conflictiva” y quienes no hayan aprobado la prueba teórico-práctica de la jefatura de policía correspondiente. A su vez, prohíbe que se tengan más de tres armas, excepto que sea debidamente justificado y detalla qué tipo de armamento puede portar un civil.

Por su parte, el Partido Colorado no tiene propuestas específicas sobre el tema porque la idea es que de ser gobierno la ley se mantenga, como propone Leal, pero sí hace referencia a casos de violencia doméstica.

El programa indica que quieren tender a “reducir la posesión de armas por parte de condenados por violencia doméstica”. “Haremos uso de las facultades que brinda la Ley de Tenencia Responsable de Armas para que ninguna persona que haya sido condenada por violencia doméstica pueda poseer armas, las que serán requisadas y destruidas”, agrega.

Diego Sanjurjo, asesor en seguridad de Ernesto Talvi, explicó a El Observador que la ley actual es “equilibrada” porque “permite que los ciudadanos que se sientan indefensos frente a la delincuencia se armen, pero también dificulta la proliferación” de armas de fuego. Sanjurjo indicó también que uno de los objetivos si son gobierno es bajar la tasa de suicidios y que, en ese marco, proponen que se les retiren las armas a personas que hayan intentado quitarse la vida. Sanjurjo se ha dedicado a estudiar el control de armas.

Por otro lado, Robert Parrado, asesor de seguridad del Partido de la Gente, consideró que la normativa actual debe ser revisada y, por ejemplo, disponer las condiciones del lugar donde va a estar guardada esa arma. “Hay que tener certezas de antecedentes (de los solicitantes), características de vivienda y un plus de análisis de si existen situaciones de violencia domética o intentos de suicidio”, dijo a El Observador. Para Parrado, tener un arma “es un derecho y tiene que cumplirse con requisitos básicos”.

En una línea similar, el Partido Independiente considera en su programa que debe “mejorarse y potenciarse la política de porte de armas, que es una de las condiciones que facilitan y agravan la comisión de delitos”.