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Cuando el Parlamento de Andalucía aprobó los presupuestos para 2016 con el voto favorable de PSOE y Ciudadanos, tres diputados del partido naranja se equivocaron a la hora de votar una de las partes. El error fue solucionado por Juan Pablo Durán, presidente socialista de la cámara, con una pirueta reglamentaria: bueno, pues lo dejamos como lo mandó Susana, sin enmiendas. La maniobra provocó el enfado de la oposición de PP, Podemos e IU. En venganza por la maniobra, un diputado de Podemos dejó a los tres diputados que se confundieron de equipo unos post-it informativos en sus escaños: uno verde junto al botón de sí, uno rojo junto al de no y uno amarillo junto a la abstención. Desde entonces no volvieron a olvidar que su voto iba en sincronización con el del PSOE.

En el puzzle de los posibles pactos de Gobierno en España, una combinación de piezas comienza a encajar empujada por la realidad. Mientras se produce el acercamiento entre PSOE y Ciudadanos --las dos fuerzas que según las encuestas más perderían en caso de repetición de las elecciones--, el PP empieza a asumir que, apestado como está por las tramas internas de corrupción –el presidente Rajoy ya ni saluda, no vaya a ser contagioso--, no podrá ser en los próximos tiempos compañero de viaje de nadie.

El PP, golpeado en Madrid y Valencia, necesita resetearse, y qué mejor forma de hacerlo que yéndose a la oposición permitiendo con su abstención un gobierno en el que no participe el diablo Podemos. De momento es sólo una hipótesis, pero la hipótesis es una posible solución que los representantes del poder económico llevan semanas patrocinando. Y cuando el poder económico suena, agua lleva.

Un Gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos en la investidura y que ofrezca cierta estabilidad en el Congreso no sería un experimento nuevo. En la nueva política de a cuatro el Parlamento es clave, y en el ensayo que echó a rodar en Andalucía hace 8 meses, PSOE y C’s conforman una pareja de hecho estable. ¿Qué actividad parlamentaria han llevado de la mano? ¿Cómo funciona la pareja PSOE-C’s?

La Mesa del Parlamento

De los 7 asientos de la Mesa del Parlamento andaluz, primera barrera para que el pleno discuta las propuestas de los distintos grupos, 4 de ellos están ocupados por miembros del PSOE (3) y Ciudadanos (1). La oposición de PP, Podemos e IU denuncia el espíritu de defensa central de la Mesa, que en muchas ocasiones ha servido en estos 8 meses para rechazar que se debatan asuntos incómodos, como la Ley de cuentas abiertas de Podemos o iniciativas fiscales del PP. “El miembro de Ciudadanos en la mesa es el cuarto representante del PSOE en la práctica”, se quejan desde la oposición.

Comisión de investigación de los cursos de formación

Sobre la espalda de la presidenta Susana Díaz carga la herencia de los escándalos de los últimos años del PSOE andaluz. Una carga que aspira a soltar cuando el Parlamento dicte sentencia política de lo ocurrido. Y ella espera salir indemne. La comisión de investigación sobre el caso de los cursos de formación en Andalucía (EREs) ya está dando sus primeros pasos, y el primero de todos fue designar quién preside la comisión. ¿Adivinan? El elegido ha sido Julio Díaz, que hasta 2013 era concejal del PSOE en La Palma del Condado (Huelva); es el miembro de Ciudadanos en la mesa del Parlamento, ese cuarto hombre del PSOE a efectos prácticos, según la oposición. La comisión, que intentará depurar responsabilidades políticas por una mala práctica que supuso pérdidas millonarias de dinero público desde 2002 a 2012, está siendo limitada por las directrices del presidente de C’s: “Nos entierran con papeles que todos los que sabemos un poco de qué va este tema, sabemos que no sirven para nada y sólo eternizan el proceso; no se está yendo a la clave del asunto”, explican las víctimas sepultadas por montañas de papel.

Poca actividad

La actividad legislativa del Parlamento andaluz funciona al ralentí. La Ley de Presupuestos de Andalucía, aprobada de la mano por PSOE y C’s, es el único encargo hasta el momento del Parlamento al Gobierno de Susana Díaz. Una ley presupuestaria que salía adelante tras ser rechazadas todas las enmiendas presentadas por PP, Podemos e IU (más de 700), y aceptadas 8 de las 9 presentadas por Ciudadanos. El grueso de la actividad parlamentaria se está limitando por parte de PSOE y Ciudadanos a la aprobación de proposiciones no de ley, como el rechazo a la LOMCE o a la violencia de género, más gestos simbólicos que actividad real, y a mantenerse a la espera de las leyes encargadas por el ejecutivo de Susana Díaz, que se centrará en los próximos tiempos en asuntos como la ley del deporte, la ley de retracto (insuficiente por no proteger de forma orgánica el derecho a la vivienda, según los colectivos de afectados), y un proyecto de ley de consumidores y usuarios.

Freno a propuestas sociales y de transparencia

Los grupos parlamentarios más escorados a la izquierda en la cámara andaluza, Podemos e IU, se estrellan una y otra vez de frente con el pacto PSOE-C’s en esta legislatura. Las propuestas de banca de crédito pública propuestas por IU meses atrás, o la ley de emergencia social llevada por Podemos al Parlamento esta pasada semana, se han encontrado con una mayoría que no se muestra dispuesta a que se trabaje sobre el asunto. La ley de cuentas abiertas de Podemos, tras ser rechazada varias veces por la mesa del Congreso, llegó a ser debatida. La situación se desbloqueó tras amenazas del equipo jurídico de Podemos, que no encontraba razón legal para el bloqueo de la mesa. Finalmente fue votada y tumbada con los votos en contra del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos.

Ciudadanos ante el enchufismo y el derroche de lo público

La denuncia del enchufismo y el adelgazamiento de las estructuras públicas en Andalucía eran dos de las puntas de lanza de Ciudadanos en su campaña electoral para el gobierno de la Junta, pero no están siéndolo en su actividad parlamentaria. Desde el pacto PSOE-C’s, la Junta de Andalucía presidida por Susana Díaz ha aumentado su gasto en asesores a dedo y altos cargos. En el Parlamento de Andalucía, la posición de Ciudadanos ha sido la abstención ante el decreto de la Junta de Andalucía que pretendía dar estatus de funcionarios a los trabajadores de las empresas relacionadas con la Junta, habitual nido de enchufes y malas prácticas públicas. La propuesta fue rechazada gracias a la suma de los votos de PP y Podemos, unión que el PSOE ha definido como “pinza”.