El diputado de Unidos Podemos por la Región de Murcia, Javier Sánchez, ha pedido que el ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, explique en la Comisión de Fomento el posible cierre del aeropuerto de San Javier. El objetivo de esta iniciativa es conocer el motivo por el que se quiere clausurar un aeropuerto “rentable” y financiado por Europa, para “privilegiar la ruina de Corvera, calificado por AENA como inviable y sin ninguna proyección económica o de utilidad para los murcianos y murcianas”.

Según ha señalado Sánchez, “el Partido Popular vuelve a hacer de las suyas en la Región de Murcia y esta vez le ha tocado al aeropuerto de San Javier”. Por ello, tras la reunión mantenida con los trabajadores del aeródromo, el diputado de Unidos Podemos ha afirmado que “detrás de esta operación se encuentra la intención del gobierno regional de lavar la cara a una de sus emblemáticos proyectos fracasados. Y lo quiere hacer a costa de trabajadores y de un servicio, el de San Javier, que es bueno para nuestra economía, turismo y, en definitiva, para la Región”.

Asimismo, Javier Sánchez Serna ha explicado que “los datos hablan por sí solos” y ha añadido que San Javier demuestra su “rentabilidad y solvencia” debido a que ha sido desarrollado por la Unión Europea (FEDER 2003 a 2013) para consolidar más de 1 millón de pasajeros y capacidad de hasta 3 millones, sin olvidar que “fue premiado como Mejor Aeropuerto de Europa 2014”.

Además, Sánchez ha añadido que “las inversiones de AENA en el aeropuerto hasta 2012 continúan creciendo debido a la alta demanda que recibe de las principales compañías europeas. En este sentido, sólo en el invierno de 2017 dicha inversión crece un 77%”.

Por último, Javier Sánchez Serna, ha subrayado que “el Partido Popular quiere que la Región de Murcia se quede con el fantasma de Corvera, cuyas instalaciones son ejemplo de la economía del saqueo que ha presidido los gobiernos del Partido Popular. Un aeropuerto que ya fue calificado por AENA como inviable y no rentable, algo que incluso llevó a Europa a sancionar negativamente el envío de fondos para su puesta en marcha”.