Foto aérea del campamento de refugiados de Calais/REUTERS

El lunes de la semana pasada el tabloide inglés The Sun publicaba en portada: "La anarquía a las puertas de Gran Bretaña. La crisis de los migrantes de Calais". Un día antes, los migrantes del campo cercano a Calais conocido como "La Selva" se manifestaban junto con varias asociaciones sociales para defender su derecho de libre circulación y unas condiciones de vida dignas. Tres días después, el primer ministro británico David Cameron negociaba con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker nuevas restricciones a la inmigración, e incluso la posibilidad de negar determinadas ayudas públicas a los inmigrantes comunitarios. No sabemos a qué "anarquía" se refería The Sun, pero lo que sí parece cada vez más claro es que el aumento exponencial de refugiados y migrantes está abriendo las costuras de una Unión Europea que no estaba ni tan unida ni era tan solidaria como quería aparentar.

En un ataque de sinceridad, el comisario europeo de Inmigración Dimitris Avramópulos afirmó hace unas semanas que vivimos "un momento difícil para Europa: el sueño europeo se ha desvanecido". Pero más que un sueño alejándose, nos adentramos progresivamente en una pesadilla securitaria que levanta muros entre quienes deben ser protegidos y quienes pueden, o incluso directamente deben ser excluidos de dicha protección. Porque la xenofobia política se define mediante esta operación de exclusión.

En este sentido, el Parlamento danés, presionado por el empuje de la extrema derecha del Partido Popular (PPD), que sustenta el Gobierno, y con el apoyo de conservadores, liberales y socialdemócratas, aprobó recientemente aumentar las restricciones a los refugiados. Aquí nos han llegado sobre todo los ecos de una medida especialmente retorcida, y que le ha valido a la reforma legal el sobrenombre de "ley de las joyas": la confiscación de la mayoría de bienes de valor y del dinero de los refugiados para sufragar "sus gastos en el país", una práctica, por cierto, ya aplicada en Suiza o en varios Estados federados alemanes como Baviera y Baden-Wurtemberg. Pero el paquete de recortes se compone de otras 30 medidas, entre las cuales se incluyen reducciones a las prestaciones y ayudas para no poner "en riesgo" la sostenibilidad del sistema de bienestar y de acogida danés, o el endurecimiento del acceso a la reagrupación familiar, obligando a esperar tres años antes de poder iniciar los trámites, medida que podría violar las convecciones europeas de Derechos Humanos y de protección del menor firmadas por Dinamarca y el resto de países europeos.

Necesitamos un Plan B frente a esa Europa de la xenofobia que avanza cual pesadilla orwelliana.

Pero Dinamarca no está sola. Como tampoco lo estaba Hungría cuando ocupaba los noticieros en otoño. Esta misma semana ha saltado a la opinión pública la noticia de que Europol estima que, por todo el continente, podría haber unos 10.000 menores separados de sus familias debido al tránsito migratorio del último año. Más allá de la veracidad de estas altas cifras y, sobre todo, de lo extraño que resulta que no haya sido denunciado antes por las propias organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno, lo más sorprendente es que, ante un drama humanitario de tal calado, las instituciones europeas no faciliten de una vez por todas corredores humanitarios con acceso legal y seguro para las y los refugiados. Una medida que regularía la entrada de refugiados en suelo europeo, cortaría de raíz el lucrativo negocio de las mafias, evitaría la separación forzosa de muchas familias y, sobre todo, miles de muertes innecesarias. Muertes que no son otra cosa que los cadáveres del racismo institucional de las políticas migratorias europeas.

Por el contrario, las instituciones europeas y los Estados Miembros siguen obstinados en transitar un camino bien distinto: reforzar la Europa Fortaleza, intentando convertir a países como Grecia, Macedonia o Serbia en Estados-tapón de los flujos migratorios hacia Centroeuropa. Y en ese camino hacia la reducción de los movimientos de refugiados valen todas las medidas imaginables: alojarlos en centros cerrados de internamiento, aplicar las conocidas como "devoluciones en caliente" o aumentar el control fronterizo de entrada y salida. Incluso la segmentación dentro de un colectivo sin apenas derechos, diferenciando entre refugiados que tendrían algunos de otros desprovistos completamente. En la práctica, esto conlleva restringir la figura del refugiado casi únicamente a los sirios, sin que esto les libre de perder su derecho de movimiento, recluidos en centros de internamiento a la espera de ser reubicados en otros países europeos.

El resto de demandantes de asilo pasarían a engrosar el cajón de sastre de los refugiados de segunda categoría: iraquíes, afganos o eritreos para los cuales se anima al Gobierno griego a devolverlos a sus países de origen. Y para que Grecia cumpla esta función de Estado-tapón, las instituciones europeas han recurrido a la clásica estrategia de la zanahoria y el palo: flexibilización del techo de déficit o del Pacto de Estabilidad si cumple como policía de fronteras del resto de Europa, o expulsión del espacio Schengen en tres meses si no lo hace.

No era solo Hungría. No es solo Dinamarca. Tampoco es Grecia ni tantos otros ejemplos que cabrían en esta lista. Es una espiral de recortes de libertades, una deriva securitaria, de barbarie y de miedo al otro que recorre Europa. Libertad de circulación violada, derechos básicos aplastados, refugiados de primera y de segunda, chantajes a Estados Miembro para que ejerzan de policía fronteriza del resto. No es una suma de hechos aislados: es una tendencia suicida que demanda que nos replanteemos el proyecto europeo y que levantemos, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, desde las calles y las instituciones, desde las organizaciones políticas y sociales, un Plan B frente a esa Europa de la xenofobia que avanza cual pesadilla orwelliana. Porque de ello depende que de las cenizas de aquel sueño europeo podamos construir un proyecto que nos permita convertir la solidaridad en derechos.