Para el público que desconoce las particularidades del caso, la noticia de que un expresidente sea juzgado por corrupción en una nación latinoamericana —donde la impunidad suele ser la regla— podría parecer un avance. Sin embargo, un proceso judicial en el que los fiscales y jueces han actuado de forma parcial, sin apego a la legalidad y violando las garantías del inculpado constituye una enorme amenaza para la democracia y un acontecimiento que —en pleno año electoral— será motivo de incertidumbre y crispación entre los brasileños.

La sentencia del juez Sérgio Moro, ratificada esta semana, se da diecisiete meses después de que Dilma Rousseff fue depuesta de la presidencia a través de una operación política de dudosa legalidad y luego de que el Congreso exoneró al presidente Michel Temer, sobre quien existen pruebas de corrupción.

Al ratificar la condena impuesta a Lula y aumentarla de nueve a doce años, los tres jueces federales —en busca de un estrellato político similar al del ya famoso Moro—, validaron de forma unánime un juicio viciado de origen y sin el tipo de pruebas que exige un proceso penal.

La investigación nunca logró probar que Lula tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces no solo ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos recursos presentados por la defensa del expresidente. Tampoco consideraron una carta abierta firmada por numerosos intelectuales, activistas y políticos latinoamericanos ni el estudio minucioso de la sentencia por parte de más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontan todas las premisas de la sentencia del juez Moro. Juristas internacionalmente reconocidos criticaron duramente el proceso. Incluso el teórico del garantismo jurídico Luigi Ferrajoli alertó que el proceso contra Lula se caracterizaba por su “impresionante ausencia de imparcialidad”.