A lo largo de más de cien páginas distribuidas en dos documentos que se complementan de forma coherente, desarrolla Vox un amplio y técnicamente bien armado programa económico basado, por el lado de los ingresos, en una completa redistribución fiscal cuyo flujo se orienta de abajo arriba y, por el lado del gasto, en la reducción a la mínima dimensión posible del sector público.

El programa económico de Vox: limitar el derecho a huelga, pensiones semiprivadas y el desguace del sistema fiscal

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En ingresos destaca la propuesta de crear un IRPF con sólo dos tipos, el 22% para la porción de renta que no supere los 60.000 euros anuales y el 30% para el exceso sobre esa cuantía. Se justifica por el hecho de que aproximadamente el 50% de declarantes no paguen nada o casi, amén de que unos 3 millones de perceptores de rentas ni siquiera deban declarar, lo que hace que los contribuyentes netos, con una renta media de poco más de 30.000 euros –la clase media trabajadora- soporte el mayor esfuerzo fiscal. Ya la prensa ha deducido legítimamente de este razonamiento que Vox está proponiendo eliminar la exención de tributar para perceptores de rendimientos del trabajo que no superen 14.000 euros al año, que pasarían a pagar entre 1.400 y 1.500 euros que ahora no deben pagar.

Pero la trampa más importante es otra. Por un lado, la casi nula contribución por IRPF de la mitad de declarantes tiene una explicación obvia en la precariedad de nuestro mercado laboral, y aflora de hecho una y otra vez en datos de Eurostat como una de las causas de la recaudación inferior a la media europea. No parece justo afrontar el problema forzando a tributar a la población más vulnerable, sino revirtiendo las reformas que, como la última acometida por el PP, empeoraron las condiciones laborales y que, sin embargo, Vox se propone incluso profundizar. En segundo lugar, establecer una media de ingresos entre los contribuyentes netos da una visión distorsionada de la realidad. A día de hoy, menos del 4% de declarantes de mayor renta aporta más del 36% de ingresos por IRPF, lo que indica que, a pesar del achatamiento de la progresividad, que por cierto procede de reformas con la misma orientación que la de Vox, conserva un enorme potencial redistributivo.

La modificación propuesta por Vox beneficiará sin ningún género de dudas a las rentas más altas y menguará muy poco la tributación de las rentas medias. Los perceptores de rendimientos del trabajo de hasta 20.200 euros se beneficiarán de una reducción de sólo 2 puntos en su marginal máximo y de 8 puntos los que no superen 35.200, mientras que en las rentas más altas cae 15 puntos, del 45 al 30%. Aún más, puesto que el porcentaje que realmente se paga sobre el total de la base liquidable es el tipo medio, como muy bien explica el propio documento de Vox, cuanto menor sea la renta menor será también el ahorro fiscal y crecerá por el contrario según lo haga la porción de renta que supere los 60.000 euros.

Matrimonio con hijos frente a solteros

Puede que mitigue en algo esta pérdida de progresividad la noción de Necesidad Básica del Contribuyente (NBC) con la que Vox pretende sustituir el mínimo personal y familiar, pero de modo muy leve y no siempre, dado que la fórmula propuesta beneficia a cónyuges con hijos frente a solteros y familias monoparentales y porque el recorte por NBC comienza a reducirse porcentualmente desde los 12.000 euros de renta. También se propone que todas las fuentes de renta –sean del ahorro, el trabajo o patrimoniales- tributen por la misma tarifa, pero esta mejora de la equidad se contrarresta con una nueva deducción para dividendos.

Fin de los beneficios fiscales para pymes

Pero la pérdida mayor de progresividad se deriva del conjunto de medidas propuestas. Aparte de la eliminación completa del Impuesto sobre Patrimonio y para padres e hijos del de Sucesiones y Donaciones, se quiere reducir el tipo del Impuesto sobre Sociedades al 22% en una primera fase. El tipo sería igual para todas las empresas con independencia de su tamaño y actividad, lo que forzará una mayor tributación de cooperativas, empresas de nueva creación o entidades sin ánimo de lucro, así como de las empresas de reducida dimensión, no por el tipo de gravamen sino por la supresión de sus beneficios fiscales (verán reducida en 8 puntos su tributación, desde el 30%, la banca y empresas de hidrocarburos).

El Impuesto sobre Sociedades no tiene por qué ser progresivo como lo es el IRPF, exigencia que el artículo 31 de la Constitución predica para los ciudadanos y que afecta en todo caso a los propietarios de las empresas cuando éstas distribuyen beneficios. Ahora bien, es razonable entender de interés público el fomento de ciertas actividades, y sobre todo la pervivencia de las pequeñas y medianas empresas, en las que se halla el mayor porcentaje de empleo del país y que pueden sufrir un duro golpe si no existe ninguna compensación fiscal para sus desventajas comparativas respecto de la gran empresa debidas a dificultades de acceso a mercados internacionales, financiación o economías de escala.

Se anuncia finalmente una rebaja en las cotizaciones sociales de las empresas que se compensaría con subidas de impuestos especiales y, a medio plazo, con una gradual elevación de los tipos reducidos de IVA (el 4 y el 10%) hasta el general del 21%.

Transferencia de recursos de abajo arriba

La justificación de bajar impuestos directos y subir los indirectos se aborda en el inicio del documento, que reproduce un argumento usual entre muchos fiscalistas según el cual los impuestos indirectos son más eficientes que los directos y distorsionan menos la actividad económica. Es un hecho muy conveniente para las grandes fortunas que los tributos que se sancionen como más eficientes sean los que mayor ahorro fiscal les permiten.

La realidad, sin embargo, es que el IVA arrastra sus propios problemas de eficiencia, no menores que los que puedan aquejar a los principales tributos directos, y genera multitud de huecos de fraude, mayores en un mercado único con diferentes Haciendas como el de la UE, que además dañan con especial intensidad el mercado por ofrecer a los defraudadores un colchón de sobreprecio medio del 21% con el que destruir a sus competidores. Lo que es innegable es que se trata de un tributo mucho más injusto que los directos; preserva una levísima progresividad en exclusiva sobre la renta consumida, pero como lo normal es que quien más gane ahorre una porción mayor de sus ingresos, en realidad grava proporcionalmente más cuanto menor sea la renta que se percibe.

La sustancial reducción de equidad vertical que la propuesta de Vox entraña no sólo no se niega, sino que se reconoce de modo explícito cuando se asegura que la progresividad, aún manteniéndose, ha de ser "moderada" y se alerta sobre el riesgo confiscatorio. Tal pretensión no sería censurable si la acompañase la realidad, si de verdad la progresividad hubiese llegado demasiado lejos. Pero lo cierto es que nuestro sistema lleva décadas perdiendo progresividad. Baste con observar que el marginal máximo de nuestro principal tributo directo, el IRPF, ha pasado desde el inicio de la Transición del 65,51% al 45% y el tipo general del impuesto indirecto más importante, el IVA, por el contrario, ha ascendido del 12% al 21%.

La desigualdad de ingresos de los ciudadanos medida por el coeficiente Gini ha aumentado de forma sustancial desde que comenzase la crisis y apenas se ha reducido a pesar de la recuperación del empleo de los últimos años. Sobre esta desigualdad, solo superada por países como Bulgaria, Grecia y Lituania, nos advirtió la Comisión Europea en marzo de 2018, avisándonos de que por impuestos y transferencias somos capaces de paliarla solamente en un 34,6% en tanto la media de reducción en Europa es del 40%.

Que la desigualdad lastra la economía es algo que ha llegado a reconocer el FMI, organismo nada sospechoso de simpatías socialistas, en un informe firmado por Andrew Berg y Jonathan Ostry en 2011. La forma en que lo hace es fácil de comprender: al transferirse recursos de la parte baja de la pirámide social hacia arriba se están arrebatando a aquellos que más necesidad de consumo tienen, hundiéndose la demanda agregada y con ella la actividad económica. De lo que puede deducirse que la reforma fiscal que precisa nuestra economía es exactamente la opuesta de la que Vox presenta; necesitamos mayor progresividad en el sistema, no menos.

Propuesta de gasto: se lleva al extremo la desregulación

El rasgo más destacable de la propuesta de gasto es que se lleva al extremo la desregulación y la privatización que en los programas de PP y Ciudadanos sólo son avances, si bien muy notables. Se reformula por entero el sistema de pensiones, no sólo potenciando los fondos privados, que se verían asimismo beneficiados por mayores deducciones fiscales, sino pasando a un sistema mixto de reparto y capitalización de ahorro privado, lo que de nuevo no parece ajustarse demasiado con una inmensa mayoría de población trabajadora sin posibilidades de ahorrar por escasez de ingresos.

Es la precariedad laboral una de las principales causas de insuficiencia financiera del sistema de pensiones, y la profundización radical de la reforma del 2012 que se plantea, aparte de la práctica desaparición del derecho laboral y de la capacidad de presión colectiva de los trabajadores, comporta un grave riesgo para las pensiones futuras.

Más lejos que nunca en privatizar educación y sanidad

El programa de Vox se inscribe de lleno en la teoría de la elección pública, cuyo fundador, James Buchanan, es citado como autoridad en una de las notas al pie. Sólo se reconocen los fallos de la intromisión del Estado en la economía; los ciudadanos se transforman en clientes o consumidores que maximizan su satisfacción por medio de decisiones individuales, que el sector público ha de limitarse a garantizar propiciando la prestación con preferencia por la empresa privada.

Como consecuencia, se llega más lejos de lo que nadie lo había hecho antes en nuestro país en la apertura a la privatización en educación y sanidad, aunque en el campo de la primera, en donde se propone el modelo de cheques a las familias para acudir al centro público o privado de su elección, cuenta también un importante sesgo ideológico de censura de lo que se considera "adoctrinamiento" en la enseñanza pública.

Es llamativo que se ponga como ejemplo de cambio exitoso el incremento de la enseñanza privada en Suecia, país que ha empeorado sus resultados con respecto a su etapa de predominio de la enseñanza pública, en los mismos informes Pisa a los que se recurre para criticar la educación en España.

También se pasa por alto que los mejores resultados los obtengan los países con mayor peso de la enseñanza pública, como Finlandia y Alemania, ambos en torno al 95% según datos de Eurostat, y los peores los cosechen los de menor peso público, entre otros Bélgica, Inglaterra, Malta o España, en donde la proporción de enseñanza pública ronda el 68%, si bien en nuestro país ello no se debe a un gran volumen de la privada pura y dura sino de la concertada, controlada en el 60% por la Iglesia, aunque este hecho no sea mencionado por Vox como riesgo de adoctrinamiento.

Ganancia de empresas beneficiarias de la privatización

El propósito de privatización del sistema sanitario es una de las partes más alarmantes del programa, y se incorpora a las propuestas aun reconociéndose la innegable calidad de la sanidad pública. Pero se advierte de que en breve se irá haciendo insostenible como consecuencia del envejecimiento de la población y porque, insistiendo en el razonamiento estrictamente mercantil de todo el documento, si para el usuario se proveen servicios por los que individualmente no paga la tendencia natural es a que la demanda y también la oferta por parte de los propios profesionales sanitarios sea ilimitada. Y otra vez falla la realidad.

Un sistema sanitario de hospitales públicos escasamente financiados y masificados y con una red privada a la que puedan acudir trabajadores asegurados por compañías privadas también, con el papel del Estado reducido a la intermediación, ni es un mercado libre ni opera como tal. Es un régimen de oligopolio en el que la posibilidad de elección de la mayoría se limitará a acudir al centro al que se te derive, el beneficio de las aseguradoras dependerá de poder ahorrarse el pago de las intervenciones médicas más costosas y gran parte de la demanda la facilitará políticamente la Administración.

Hay un ejemplo conocido en el que ilustrarse, que es el sistema sanitario norteamericano, que cuesta más del doble que el español en proporción con el presupuesto general y ofrece muchas menos prestaciones, en el que miles de personas carecen de acceso a insulina, otras tantas se arruinan en pleitos con las aseguradoras y otras más mueren cada año por falta de atención sanitaria.

Si lo que se pretende es asegurar la tasa de ganancia a las empresas beneficiarias de la privatización, éste es el camino. Para asegurar la salud de la ciudadanía la prestación pública del servicio ha demostrado en nuestro país de forma sobrada ser la fórmula más eficaz y desde luego más justa.

Un programa competente para socavar el estado social

Al autor del programa de Vox hay que reconocerle una innegable competencia profesional. Conoce perfectamente el modelo social que se pretende alcanzar y los cambios estructurales necesarios para ello, y los detalla con enorme rigor técnico. Es de notar que se trata de un modelo que encaja difícilmente en la Constitución de 1978, que define, aun de manera amplia, un Estado social que consagra la progresividad fiscal, la función social de los derechos de propiedad y herencia, la subordinación al interés general de toda la riqueza del país y la garantía por los poderes públicos de unas pensiones dignas, sanidad y educación.

Pero el mayor inconveniente es el contraste con la realidad, un mal que comparte con la doctrina neoliberal en que se inspira. El economista Steve Keen ha sometido desde hace años a profunda crítica esta falla de las teorías neoclásicas. Sus sofisticados modelos matemáticos vendrían a demostrar que la Gran Depresión de los años 30 era imposible, razón por la cual fueron incapaces primero de predecirla y después de afrontarla. Y lo mismo les sucedió con la crisis de 2007, y aún van camino de repetir la catástrofe si la ciudadanía se lo permite.

Parten del supuesto de un mundo de libre empresa en régimen de competencia perfecta y de un mercado en el que es imposible un exceso de producción sobre la demanda si se deja operar a sus agentes con absoluta libertad y sin interferencia alguna del Estado. Pero ese mundo no existe ni ha existido nunca. Hay fallos del mercado, monopolios y oligopolios, asimetrías de información, ciclos de estancamiento y subconsumo que exigen la intervención pública.

La masiva rebaja fiscal acometida por Reagan inspirada en la curva de Laffer condujo a Estados Unidos a una sucesión de déficits colosales. Cuando repitió George W. Bush la jugada en 2001 devoró todo el superávit logrado por el gobierno de Clinton y además llevó la tasa de ahorro del país a casi cero, el mínimo histórico. Y la eliminación de todas las regulaciones de suelo y movimientos financieros, tras el estallido de la burbuja tecnológica, condujo a una nueva burbuja asociada a la financiarización, la inmobiliaria, que, como en nuestro país y en tantos otros lugares, desembocó en una crisis demoledora. Como ha advertido muchas veces Joseph Stiglitz, todas las burbujas acaban estallando.

Aún hay decenas de miles de personas que padecen los devastadores efectos de un periodo depresivo del que todavía no hemos logrado salir del todo. Volver a las andadas, a las mismas políticas económicas que nos hicieron descarrilar, incluso llevándolas a su extremo e ignorando un pasado tan reciente, sería una insensatez que con toda seguridad pagaríamos muy cara.