La Justicia desestimó un escrito presentado por los abogados de la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) por las "faltas garrafales de ortografía" que contenía. El recurso de apelación fue preparado por el abogado del organismo, Pablo Andrada, y contenía más de 100 errores de escritura en 11 páginas. Estos son algunos de ellos: espresa, desarroyo, ubiera, estubiera, quizo, abaló, extructura, digimos, mas haya, entre otros.





"El escrito de apelación presentado en autos resulta absolutamente inentendible, plagado de faltas de ortografía garrafales, errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas, con un lenguaje inapropiado", afirma la sentencia del 20 de setiembre a la que accedió El Observador.





Con estas palabras, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de primer turno ratificó la condena que obliga al organismo a pagarle $ 342.074 a una funcionaria que trabajaba en régimen de Comisión de Apoyo en un centro de tratamiento intensivo (CTI).





La Justicia ya había condenado a ASSE, pero el organismo apeló la decisión y un Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia definitiva.





En el escrito –que fue aprobado por unanimidad por los cuatro integrantes–, afirmaron que el texto que habían presentado los abogados de la institución no se ajustaba "a la dignidad y respeto que merece la Justicia".





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"Las faltas de ortografía, los errores de sintaxis, el exceso en la utilización de abreviaciones no hacen sino indicar que el apelante incorporó un borrador, que ni siquiera revisó, sometiendo al Tribunal y a su contraparte a un ejercicio de develación de un acertijo supuestamente argumentativo", agrega la sentencia.





También hay errores de tipeo, en donde se nota que el abogado quiso escribir una palabra y terminó tecleando otra.





Además, el escrito cuestiona que la Justicia hubiera dictado una "sentencia imparcial", a lo que el Tribunal de Apelaciones contestó: "Aparentemente pretenden que las sentencias sean parciales".





El caso

La mujer había denunciado a la Comisión de Apoyo porque no le habían pagado la compensación del 20% por trabajar en un CTI. Tampoco había percibido el extra por presentismo ni le habían efectuado de forma correcta la liquidación cuando dejó de trabajar en un centro del organismo. Todos esos beneficios son otorgados a los funcionarios contratados directamente por ASSE, pero en algunos casos se omiten cuando el trabajador se emplea en régimen de Comisión de Apoyo, es decir, de forma tercerizada.





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Por ese motivo, los funcionarios denuncian que sus derechos son vulnerados. Los juicios que los trabajadores le ganan al organismo son tan costosos que en la Rendición de Cuentas se incluyó un artículo que prevé $ 300 millones (unos US$ 10 millones) para hacer frente a sentencias adversas. En los últimos años el organismo pagó $ 1.700 millones (US$ 56 millones) en litigios.



