La Renta de Garantía de Ingresos, similar a la que hoy ha aprobado el Congreso de los Diputados, se concibe en el País Vasco como un derecho "subjetivo" que la Administración debe satisfacer a quienes cumplan los requisitos. En el País Vasco casi 65.000 personas perciben esta ayuda para hacer frente a las necesidades mínimas, incluidos inmigrantes en situación irregular. El coste de la RGI, además de la ayuda de alquiler de hasta 250 euros al mes, supone a las arcas públicas un desembolso anual de casi 460 millones de euros. Se exige no rebasar un umbral de ingresos, acreditar un periodo de empadronamiento, ser mayor de 23 años y no disponer de patrimonio.

Es una vieja aspiración de los movimientos sociales. Hoy se ha dado un paso para alcanzarlo, aunque sin visos de que su materialización se produzca a corto plazo. Sin el respaldo del partido del Gobierno, el PP, ni de Ciudadanos, la aprobación esta mañana de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la aprobación de una renta mínima para las familias españolas con menos ingresos puede quedarse en el camino. Por el momento, todo apunta que la ayuda de 426 euros para hacer frente a las necesidades mínimas tendrá que esperar.

De esta forma el País Vasco será la única comunidad autónoma que concede una prestación similar. Lo hace desde hace siete años. Se trata de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), destinada a apoyar a las unidades familiares que residen en Euskadi no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Actualmente alrededor de 64.500 personas perciben esta ayuda cada mes. Los importes de las ayudas oscilan, según los casos y las circunstancias del demandante, entre los 625 y los 959 euros mensuales.

La RGI vasca está concebida como “un derecho subjetivo”, lo que obliga a la Administración pública vasca a abonar la prestación siempre que se cumplan los requisitos fijados. Ello ha llevado al Ejecutivo vasco a tener que hacer frente a un desembolso muy importante durante estos años de crisis, en los que el número de demandas de la ayuda básica casi se ha duplicado. En el último lustro las ampliaciones presupuestarias para hacer frente al pago de la RGI ha sido una constante.

La mayor parte de los perceptores son mujeres con hijos a su cargo y pensionistas

Junto a la RGI, en Euskadi se concede Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), una ayuda para el pago de una vivienda en alquiler, que supone una percepción de otros 250 euros mensuales. El coste global de financiar ambas prestaciones, la RGI y la PCV, superó el año pasado los 460 millones de euros anuales. Una cuantía muy importante para las arcas públicas y que ha suscitado polémica por el procedimiento que anualmente se debería emplear para actualizar las cuantías de la RGI. El Gobierno vasco ha apostado este año por tomar como referencia de actualización el IPC mientras que la oposición le insta a vincularlo al comportamiento del salario mínimo.

Entre 625 y 959 euros mensuales

En Euskadi esta renta básica está planteada bien para las unidades familiares que no tengan ningún tipo de ingresos o bien para las que pese a tenerlo no alcanzan los mínimos establecidos como suficiente para hacer frente a las necesidades básicas. Una barrera que la marca la tabla de cuantías de la RGI que, por ejemplo, para unidades familiares con un solo integrante es de 625 euros, de 803 euros en caso de ser dos personas y de 888 euros para las familias con tres o más miembros. En el caso de unidades familiares cuyos principales soportes son pensionistas los importes se incrementan y oscilan entre una prestación básica de 710 euros y un máximo de 959 euros. En el caso de familia monoparentales cada mes se incrementará la prestación en otros 45 euros.

El perfil más habitual de los perceptores es el de una mujer con hijos a su cargo. Otro de los colectivos más habituales es el de los pensionistas. El fin último que se pretende con este tipo de ayudas es facilitar la integración social en un primer lugar y la laboral como objetivo a medio plazo, de modo que los casos no se cronifiquen y los demandantes puedan generar ingresos suficientes para abandonar las ayudas sociales. Corresponde al Servicio Vasco de Empleo la gestión de estas ayudas.

Euskadi invierte 460 millones al año en el pago de la renta básica y la ayuda a vivienda

A ella tiene derecho cualquier persona mayor de 23 años, inmigrantes sin permiso de residencia incluidos. Se exige acreditar tres años de residencia y de empadronamiento en algún municipio vasco o un año si demuestran cinco años de vida laboral remunerada ininterrumpida. También se fija una excepción en los casos de maltrato, en los que basta con un año de residencia en el País vasco. Se debe demostrar que no se dispone ni de patrimonio ni de ingresos o que los que se generan en una unidad familiar son inferiores al nivel mínimo básico que se marca en el cuadro de prestaciones de la RGI en función de cada unidad familiar.

Ayuda abierta a los inmigrantes en situación irregular

Pese a la percepción generalizada, la mayoría de quienes reciben este tipo de ayudas sociales cada mes son vascos. Los extranjeros representan alrededor de un tercio. De entre todos ellos, las personas en situación irregular, sin permiso de residencia suponen apenas un 5% y perciben de media 926 euros al mes. Casi todos ellos perciben además la ayuda de vivienda a la que en la mayoría de los casos también tiene derecho. Precisamente sobre este colectivo se ha suscitado muchas de las polémicas generadas en el País Vasco en torno a este tipo de ayudas y su concesión a personas en situación irregular. Desde el PP se han manifestado las posiciones más críticas apelando a la necesidad de intensificar los controles y los niveles de exigencias para percibir estas ayudas y evitar el abuso de las mismas.