Se trata de los dos últimos escritos de disconformidad que ha presentado el Gobierno esta legislatura haciendo uso de la capacidad que le atribuye la Constitución para paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por disminución de ingresos o por aumento de gasto.

En total, ya son 24 los vetos registrados por el Ejecutivo y en sólo dos casos, los relativos a iniciativas del PSOE para paralizar la LOMCE y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, la Mesa del Congreso ha desoído el escrito de disconformidad, provocando que el Gobierno haya recurrido ante el Tribunal Constitucional.

EL AUTOCONSUMO PRIVARÍA AL ESTADO DE 162 MILLONES

Respecto a la proposición de ley contra el ‘impuesto al sol’, apoyada por todos los grupos de la oposición, el Gobierno justifica el veto alegando que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían en el mercado regulado, y detalla que sin ellos se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

Asimismo, en el escrito recogido por Europa Press, el Ejecutivo estima que retirar el 2% de la generación del ‘pool’ energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad . Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico.

EQUIPARAR PERMISOS DE PATERNIDAD, OTROS 3.637 MILLONES

En cuanto a la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú para ampliar a 16 semanas los permisos de paternidad, el Gobierno veta su tramitación alegando que “una ampliación de los períodos de suspensión de la relación laboral o de los permisos” previstos en el Estatuto de los Trabajadores “determinaría el correlativo incremento del tiempo de abono de las prestaciones económicas”, lo que a su vez “tendría un importante impacto económico en el presupuesto de la Seguridad Social”.

Si la reforma pactada con Ciudadanos para ampliar a cuatro semanas los permisos de paternidad supone un coste medio de 500 millones de euros por cada año, el Gobierno detalla que aplicar la ley de Podemos elevaría el coste en otros 560,59 millones el primer año, otros 879,04 millones en 2018, y así sucesivamente hasta sumar un sobre coste, según el Gobierno de 1.029,78 millones de euros.

Pero, además, la iniciativa incluye una disposición adicional que exige un Plan de universalización del derecho a plaza en escuela infantil desde el día siguiente a la finalización del permiso parental, “asequible económicamente para todos los niveles de ingresos personales de cada uno de los progenitores y con horarios suficientes”, lo que según sus cálculos costaría al menos otros 1.608,04 millones de euros.

Los vetos presentados por el Gobierno fueron estudiados este martes en la Mesa del Congreso, donde ha sido aceptado merced a los votos de PP y Ciudadanos recordando que es la Constitución la que atribuye al Ejecutivo esa capacidad de veto.

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