Un juez en Baja California otorgó a un grupo de ciudadanos una suspensión de plano para obligar a las autoridades responsables a que antes de la consulta sobre la planta cervecera, y en un lapso no mayor a 24 horas (que concluye antes de las 13:00 horas de este sábado), presenten todas las medidas y acciones para prevenir y evitar el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19.

Este sábado y domingo se lleva acabo la consulta ciudadana sobre el destino de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en la zona, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para no realizar reuniones masivas ni congregar a personas sin que se respete la sana distancia.

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Desde esta mañana ya se instalaron mesas donde la gente podrá votar a través de boletas sobre el funcionamiento de la planta cervecera de Mexicali, que presenta un avance de 70% en la construcción.

En caso de incumplimiento de esta protección jurídica por parte de las autoridades responsables, entre ellas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la Secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez; al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, el Juez Federal determina en el expediente 285/2000 la posibilidad de sanciones privativas de la libertad y destitución de dichas y dichos funcionarios.

Además del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo Manzur; a la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra; al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, y “terceros interesados”.

“[…] Los efectos y consecuencias del acto reclamado que han quedado precisados, consistentes en la omisión de las autoridades responsables de dictar medidas sanitarias suficientes para evitar la propagación de la epidemia denominada COVID-19, entre los asistentes a la consulta pública reclamada, sí configura un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, pues impactan en el derecho a la salud, y a la postre, en el derecho a la vida de la comunidad mexicalense a la que pertenecen los quejosos, lo que obliga a este Órgano Jurisdiccional a pronunciarse sobre la media cautelar solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente por lo que hace a dichos efectos y consecuencias del acto reclamado (medidas de prevención de riesgosanitario)”, indica la resolución judicial.

En un comunicado, la Coparmex destacó que con la consulta, el titular del Poder Ejecutivo Federal está poniendo en riesgo la inversión industrial más importante que se ha dado durante las últimas décadas en Baja California en plena antesala a una fuerte crisis económica mundial por la contingencia sanitaria.

Desde el mes de febrero, la CNDH emitió la Recomendación 1/2020 relativa a la pretensión de instalar una empresa cervecera utilizando una excesiva cantidad de agua del Valle de Mexicali, en Baja California, en detrimento del derecho humano al agua para uso personal y doméstico de los habitantes de esa región, semidesértica y con vedas.

“El gobierno federal decidió organizar una consulta pública para este sábado y domingo sobre la instalación de esta empresa encargándola a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, la dependencia no tiene facultades para organizar tal convocatoria y la promoción para el voto que está haciendo es claramente favorable a la empresa en cuestión”, destacó en un comunicado.

En primera instancia, la Recomendación de la CNDH pone en el centro el derecho humano al agua como objeto del problema, por lo cual, hacer una consulta sobre este tema resulta improcedente ya que un derecho humano no se somete a consulta, ni a votación, sino que se respetan, siendo éste el compromiso de la CNDH y el sentido de su recomendación.