En un nuevo capítulo de la batalla legal contra Uber, la Fiscalía de la Ciudad denunció a la empresa propietaria de la aplicación móvil que une a conductores particulares con pasajeros que requieren de un viaje en un vehículo, por evasión tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La denuncia fue presentada en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La presentación fue hecha por el fiscal Martín Lapadú, a cargo de Unidad de Investigaciones Complejas Oeste del Ministerio Público de la ciudad.

La decisión fue tomada después del análisis de documentación secuestrada en un allanamiento hecho en la oficina de Payment Collection SRL, que realiza los movimientos comerciales de la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes.

"La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía realizó un estudio de los movimientos de dinero efectuados por Uber Argentina y detectó que la operatoria financiera constituiría evasión tributaria tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Nación y posible lavado de activos de origen delictivo previsto por el artículo 303 del Código Penal", según explicaron fuentes judiciales.

Las fuentes agregaron: "según el informe hecho por el CIJ la firma Uber Argentina SRL podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia habría evadido el pago de tributos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto de 2.089.318,53 pesos, en concepto de Ingresos Brutos. Además se detectó que la empresa debió haber declarado al menos en el ejercicio anual de 2016 la suma de $3.656.307,43 en concepto de valor agregado (IVA)".

Según la denuncia de la Fiscalía de la Ciudad, "los documentos financieros de Uber Argentina que fueron peritados permitieron confirmar que las sumas de dinero que maneja la empresa exceden acabadamente el monto de 300.000 pesos, por lo que se concluyó que las maniobras que realiza Uber Argentina podrían configurar también lavado de activos de origen delictivo"

En septiembre pasado, el fiscal Lapadú había llevado adelante una serie de allanamientos en las oficinas de Uber y en domicilios de gerentes y choferes "socios" por la "violación de clausura impuesta" y por "ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir".

Consultados por LA NACION, voceros de Uber dijeron: “Uber contribuye a la economía local creando nuevas oportunidades económicas para miles de personas en el país. Además, la mayor parte de los ingresos generados (tarifas) se queda en Argentina y va a los conductores. En términos impositivos, Uber paga todos los impuestos aplicables requeridos por las leyes y acuerdos locales e internacionales. Por esas razones, carece de sustento fáctico y legal alguno la denuncia efectuada contra Uber por evasión tributaria y lavado de dinero”.