A decir del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, la sanción de una década de inhabilitación a Emilio Lozoya, por omisión en su declaración patrimonial, puede ser el principio de un golpe contundente a la impunidad. Para el legislador, la participación del exdirector de Pemex en las tramas criminales de Odebrecht y OHL, así como en los daños patrimoniales en las recompras de Agronitrogenados y Fertinal, apunta hacia Peña Nieto como “el director de una orquesta criminal”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La inhabilitación de 10 años, que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Emilio Lozoya Austin por omitir al menos una cuenta bancaria en su declaración patrimonial mientras dirigía Pemex, representa “sólo el inicio” de “un golpe contundente a la impunidad” que debe llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, estima Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

“Lozoya sólo pudo hacer lo que hizo en Pemex con la protección y el aval del presidente Peña Nieto”, sentencia el legislador de Morena en entrevista con Proceso.

“Estamos ante la oportunidad de poner en evidencia y con pruebas contundentes una conducta criminal de un expresidente de la República a partir del saqueo y del deterioro financiero de la principal empresa de este país”, sostiene Ramírez Cuéllar, para quien “sería vergonzoso” que, al terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, “Peña Nieto no fuera sancionado por todo este cúmulo de irregularidades”.

La sanción contra Lozoya y la multa de 620 millones de pesos que la SFP ordenó contra su exasesor Édgar Torres Garrido, por la compra a sobrecosto de Grupo Fertinal, marcan una línea más en el amplio historial de irregularidades, corrupción y favoritismos que el primero arrastró durante sus tres años al frente de Pemex, y que Proceso documentó ampliamente el sexenio pasado.

A más tardar el próximo 4 de julio, el “joven maravilla” –como se apodó a Lozoya en el arranque del sexenio– enfrentará la judicialización del caso Odebrecht por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y deberá responder ante la justicia por el presunto cobro de un soborno de 10.5 millones de dólares, primero mientras coordinaba los asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, y luego como director general de Pemex.

Tiene otros casos pendientes, como el presunto favoritismo en el que incurrió con la empresa española OHL –de cuyo consejo de administración fue miembro– en los primeros meses que estuvo al frente de Pemex, o las adquisiciones de las plantas de Agronitrogenados y del Grupo Fertinal, que provocaron en un desfalco multimillonario en las finanzas de Pemex.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2221, ya en circulación)