Este lunes todos los partidos parlamentarios -a excepción de Bildu- participaron de la reunión del pacto antiyihadista. El acuerdo se gestó en 2015, después de los atentados de París, frente a la amenaza de nuevos ataques del Estado islámico en ciudades europeas. En aquel momento, el pacto fue acordado a puertas cerradas por el PP y el PSOE, sumando después a Ciudadanos y otros grupos. Podemos participó de la reunión de 2015 en calidad de observador. Esta semana, Unidos Podemos, PNV, PDECat y ERC concurrieron como observadores.

El gobierno intenta aprovechar la conmoción provocada por los atentados de Cataluña para consolidar un clima de “unidad nacional” que integre al resto de fuerzas políticas detrás del fortalecimiento del aparato represivo y las fuerzas del orden. Este clima de “consenso” se apoya en un “sentido común” donde la “lealtad institucional” implicaría “dejar para después las diferencias”, porque “ahora es el momento de la unidad contra el terrorismo”. El problema de esta lógica, auspiciada desde el gobierno y replicada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias, es que por esta vía lo que se impone como “incuestionables” son las políticas de aquellos sectores más conservadores que buscan aumentar el poder securitario del Estado.

Ya lo hemos visto en Francia, después de los atentados de París: la idea de un “frente de unidad nacional” contra el enemigo externo es funcional al recorte de las libertades democráticas, promueve una mayor presencia de las fuerzas policiales en la vida pública y legitima el espionaje masivo de sectores de la población considerados “sospechosos” mientras se operan cambios legislativos que permiten nuevas formas de control y represión. En el caso español, esto no es una especulación sobre el futuro, sino un recuento de lo que ya incorpora el pacto antiyihadista, que en 2015 incluyó medidas en este sentido. Por eso sobran los motivos para no apoyarlo.

Las modificaciones del código penal y legislación “antiterrorista”

En 2015 se acordaron modificaciones al código penal que permiten desplegar una ofensiva de detenciones y acoso a la comunidad árabe y musulmana, en primer lugar, y a la población en general. La incorporación de la figura de “radicalización por internet”, legitima la inteligencia policial en las redes sociales “bajo sospecha”. Como denuncia el periodista David Bollero en Publico.es, el pacto penaliza “el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información” con fines de “captación y adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo”. Una figura que deja abierta la posibilidad de penalizar a cualquier persona que circule por redes sociales consideradas “peligrosas”. Y recordemos el caso de los titiriteros de Madrid para dar cuenta de la amplitud con que los jueces y la audiencia Nacional pueden interpretar libremente esos términos.

Recordemos, también, que la modificación de la legislación “antiterrorista” ya ha sido utilizada de forma perversa y escandalosamente represiva contra los jóvenes de Alsasua, a los que se les quiere imponer más de 350 años de cárcel por una trifulca de bar donde un guardia civil terminó con un tobillo lesionado.

La persecución a los tuiteros, la aplicación de la Ley mordaza contra periodistas y activistas, las detenciones arbitrarias, el espionaje de colectivos sociales, la introducción de la figura de la “prisión permanente revisable” y otras medidas se legitiman hoy con esta reedición del pacto antiyihadistas. El gobierno sale ganando, ya que todos los partidos presentes se cuidaron de no denunciar estas cuestiones, en aras del “consenso” y la necesidad de “dejar para después las diferencias”.

Una resolución central del pacto antiyihadista es aumentar los recursos de las fuerzas de seguridad nacional, es decir destinar más dinero, más efectivos, más armas, más tecnología para inteligencia. Pareciera que esta es una medida “incuestionable” en estos días, ya que el sentido común indicaría que de esta forma el Estado será más “eficiente” contra futuros ataques del Estado Islámico.

La realidad es muy distinta: el ejemplo de Francia, después de los primeros atentados de Paris, de Bruselas, Reino Unido, y también del Estado español desde 2015, demuestran que el aumento de los presupuestos de seguridad no genera un Estado más “eficiente” para terminar con los atentados. Los atentados no han cesado, porque sus causas son más profundas.

Al mismo tiempo, el reforzamiento de las medidas represivas contra los barrios pobres, las comunidades árabes y musulmanas, solo incrementa el descontento social y el resentimiento de sectores marginalizados, caldo de cultivo para la propaganda yihadista. Del mismo modo, las políticas guerreristas a nivel internacional, que Estados Unidos y los países europeos han reforzado con la llamada “guerra contra el terrorismo”, han profundizado el “odio contra occidente” entre grandes sectores, lo que es aprovechado de forma reaccionaria por los reclutadores del Estado Islámico. El reforzamiento de las fuerzas policiales y represivas, por último, preparan un Estado más represivo contra los jóvenes, los migrantes, las movilizaciones obreras y cualquier manifestación social que cuestione el orden establecido.

La unidad nacional y la defensa de los valores “democráticos”

El acuerdo de “mínimos” al que se llegó este lunes entre todos los grupos parlamentarios, incluye la condena a los atentados, el reforzamiento de las fuerzas de seguridad y una defensa en general de los “valores democráticos”. Una fórmula que satisface especialmente a la corona y al gobierno, que por esta vía buscan legitimarse como portadores de esos valores frente al conjunto de la población.

Podemos ha dicho que por ahora no firma el pacto, pero que participará de todas las reuniones. En la rueda de prensa posterior, su portavoz expresó la idea de que “hoy no toca hablar de diferencias” y que es necesario el “consenso” entre todos. Aunque Pablo Iglesias ha escrito en redes sociales que «el endurecimiento de la legislación penal no sólo se ha revelado ineficaz en la lucha contra el terrorismo, sino que pone en riesgo lo mas valioso de los sistemas democráticos», con su participación en la mesa del pacto antiyihadista, Podemos cae en la trampa de la “unidad nacional contra el terrorismo”. Por esta vía, terminan legitimando las políticas más conservadoras del gobierno y el régimen, mientras saludan el accionar de las fuerzas represivas.

Para evitar que el dolor de las víctimas y sus allegados sea instrumentalizado por el gobierno que busca reforzar los mecanismos represivos, es más importante que nunca mantener una posición crítica con las políticas securitarias, al mismo tiempo que se defiende una política independiente del Estado, denunciando la islamofobia y el racismo, las políticas de recortes sociales y el guerrerismo, que son el caldo de cultivo que prepara la posibilidad de nuevos atentados. Por eso sobran los motivos para no apoyar este pacto antiyidahista, ni caer en la trampa del “consenso nacional” con el gobierno y el régimen.

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