Son varios los presidentes argentinos detenidos a lo largo de la historia, algunos lo fueron en ejercicio de sus funciones –como consecuencia de golpes de Estado-, pero hubo otros que fueron arrestados ya habiendo cumplido su mandato.

El primer caso fue el de Bartolomé Mitre, el primer presidente constitucional del país unificado, quien cayó preso en 1874 por el delito de "rebelión" contra el entonces mandatario Nicolás Avellaneda, tras denunciar un "fraude electoral" en la provincia de Buenos Aires.

El fundador del diario La Nación se levantó en armas y fue derrotado en la batalla de “La Verde”, tras la cual quedó detenido en Luján. Finalmente Avellaneda lo indultó, junto a todos los que participaron del levantamiento, y recuperó su libertad.

Yrigoyen fue el primer presidente constitucional en ser derrocado

Hipólito Yrigoyen, por su parte, fue el primer presidente derrocado en la historia argentina y, además, el primero en ser detenido cuando desempeñaba el cargo. El golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, el 6 de septiembre de 1930, lo quitó del cargo durante su segundo mandato (había ocupado la presidencia entre 1916 y 1922, y reasumido en 1928) y lo confinó a la isla Martín García.

Marcelo Torcuato de Alvear ocupó la presidencia en el medio de los dos períodos yrigoyenistas (1922-1928) y aspiraba a un segundo mandato en 1931. Sin embargo, el régimen militar que encabezaba Uriburu tenía otros planes y decidió prohibir la candidatura del radical, quien fue detenido y trasladado a Martín García, donde fue alojado junto a su predecesor.

La misma suerte que Yrigoyen, corrió Arturo Frondizi en 1962. Tras sufrir 26 asonadas militares y seis intentos de golpe de Estado, el radical fue depuesto en el quinto año de su mandato, el 26 de marzo de ese año. Desde la residencia presidencial, Frondizi fue conducido al sector militar del Aeroparque y embarcado en un avión de la Fuerza Aérea, también rumbo a la isla Martín García.

Arturo Frondizi fue derrocado y detenido en el quinto año de su mandato

La primera mujer en ocupar la Presidencia de la Nación, María Estela Martínez de Perón, también fue encarcelada mientras estaba en funciones. Isabelita, como la llamaban sus acólitos, asumió a primera magistratura tras la muerte de su esposo, el general Perón, de quien era vicepresidenta. En un clima de caos generalizado en el país, los militares la derrocaron en la madrugada del 24 de marzo de 1976 y fue trasladada -cuándo no- a Martín García.

De allí fue luego enviada a "El Messidor", una residencia ubicada en cercanías de Bariloche, donde permaneció un largo período mientras se la juzgaba por asociación ilícita y defraudaciones reiteradas. Al final fue liberada y marchó al exilio hacia España.

El expresidente Héctor J. Campora no fue “formalmente” detenido, aunque permaneció recluido durante tres años en la embajada de México, perseguido por la dictadura militar que quiso asesinarlo la misma noche del 24 de marzo de 1976 en que se derrocó a Isabel Perón.

Isabel Perón asumió la presidencia tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, y fue derrocada y detenida en 1976

Cámpora logró escapar de su casa junto a su familia y se asiló en la representación diplomática del país azteca hasta que en noviembre de 1979, cuando se encontraba gravemente enfermo, le permitieron salir del país. Murió trece meses después, el 19 de diciembre de 1980, en tierra mexicana.

El último presidente constitucional en ser detenido fue Carlos Menem, a quien la Justicia apresó el 7 de junio de 2001, en el marco de la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

A Menem se lo consideró jefe de una asociación ilícita que vendió armas a esos dos países, falsificando para ellos una serie de decretos que permitieron la supuesta maniobra. La Corte lo liberó el 21 de noviembre del mismo año.

Los expresidentes de facto al banquillo

El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, el presidente Raúl Alfonsín firmó el Decreto 158/83 por el que dispuso someter a juicio a nueve militares de las tres armas que habían integrado el denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Así, los expresidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, fueron enjuiciados y condenados por delitos de lesa humanidad en 1985.

Los expresidentes de facto del Proceso de Reorganización Nacional fueron condenados en 1985 por delitos de lesa humanidad.

En 1990, el por entonces presidente Carlos Menem decidió indultarlos.

Otro expresidente de facto del PRN, Reynaldo Bignone, fue condenado por delitos de lesa humanidad a 25 años de prisión, en 2010.