Vía libre al Govern balear para exigir el catalán al personal sanitario que quiera trabajar en las Islas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado finalmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Estado en tiempos de Mariano Rajoy contra el decreto autonómico que impone la obligación de aprender catalán al personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas.

La Abogacía General del Estado ha autorizado a la Abogacía del Estado en Baleares a desistir de este recurso, que se estaba tramitando ya ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJB). Un desistimiento que, según explicaban ayer desde la Delegación del Gobierno, se produce «a partir de la voluntad política expresada por el nuevo Ejecutivo central» y como fruto de las conversaciones mantenidas respecto a este asunto con el Govern que preside la socialista Francina Armengol.

El decreto ahora convalidado por el Gobierno central establece la habilitación del personal sanitario en Baleares para cumplir con el principio de doble cooficialidad lingüística. Así, se admiten las solicitudes de participación de todos los aspirantes a los procesos selectivos, y quien los supere obtendrá la condición de personal estatutario sanitario fijo. Sin embargo, tendrá por delante dos años de plazo para alcanzar y acreditar el nivel de conocimientos de catalán requerido. En caso de no hacerlo, mantendrá la condición de personal estatutario fijo, pero no podrá participar en ningún procedimiento de movilidad que convoque el IB-Salut ni acceder tampoco a los pluses económicos que conlleva la carrera profesional.

Para el Govern balear, en palabras de su consellera de Salud, Patricia Gómez, lo que se pretende con el decreto es conseguir un nivel «de comprensión del catalán». Por ejemplo, para auxiliares y celadores el nivel requerido es el A2, «un nivel básico», y para médicos, enfermeros y fisioterapeutas el B1.

La ex delegada del Gobierno con el Partido Popular, María Salom, fue la encargada de presentar el recurso el pasado mes de marzo, después de que hasta tres ministerios se pronunciaran en contra al entender que se podía poner en peligro el artículo 43 de la Constitución, que defiende el derecho universal a la sanidad.

No en vano, según ha venido publicando este diario, los problemas para conseguir especialistas se vienen incrementando en los últimos tiempos, especialmente en islas como Ibiza o Menorca, donde muchos han optado por hacer las maletas. Según los profesionales del sector, el decreto vulnera derechos como los concursos de traslado y el desarrollo profesional, entre otros.

Baleares es hoy la única comunidad autónoma bilingüe en la que el requisito del idioma cooficial es un «mecanismo excluyente», a diferencia de lo que ocurre en Galicia, País Vasco e incluso en Cataluña, donde el conocimiento del idioma cooficial, o bien es un mérito o bien se imparten cursos de captación de profesionales sanitarios sin menoscabar sus derechos.

Satisfacción en el Govern

En todo caso, la noticia ha sido recibida con enorme «satisfacción» por parte del Govern, que entiende que, al retirarse el recurso, el Estado acepta los argumentos planteados por parte de la Abogacía de la comunidad autónoma y confirma que el decreto es «proporcionado» y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional.

«Desde el Govern valoramos positivamente la decisión del Gobierno central de desistir del recurso que el PP interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima», explicaba ayer la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa.

A su juicio, la retirada del recurso, que se venía esperando desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, confirma un «nuevo talante» por parte de la administración estatal respecto a la diversidad lingüística existente en el territorio.

Desde el Govern de Francina Armengol recuerdan que ese decreto cuenta, además, con el dictamen favorable del Consell Consultiu, garantizando «que todos los profesionales sanitarios puedan participar en la oferta pública de más de 5.000 plazas ya iniciada y que seguirá durante el año 2019».

La aprobación del decreto por parte del Pacte que lidera Armengol provocó en su día importantes movilizaciones del sector sanitario y de la plataforma Mos Movem, que ahora podrían volver a salir a la calle.