ERC ha puesto como requisito para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una mesa de negociación entre los gobiernos catalán y español. Una condición modesta, si se compara con las exigencias que el independentismo catalán ponía sobre la mesa en los momentos de auge de la vía unilateral, pero que sigue siendo inasumible para buena parte de la opinión pública conservadora, así como para los sectores del PSOE más hostiles a cualquier reconocimiento de la plurinacionalidad, y que ya han impulsado un manifiesto pidiendo un pacto del partido socialista con populares y Ciudadanos.

La negociación entre el Estado y el independentismo es un tabú en España o Francia, donde Macron no quiere oír ni hablar de las reivindicaciones del nacionalismo corso. Sin embargo, en otros países plurinacionales como Reino Unido, Canadá o Dinamarca, los gobiernos han negociado con el independentismo los términos de consultas sobre el futuro de aquellos territorios en los que existen demandas de autodeterminación.

Es obvio que ningún estado del mundo desea su desintegración territorial, pero las estrategias para conservar la unidad han variado mucho en función de los países y de los gobiernos. Ninguno de los tres países de los que vamos a hablar se han roto, pese a haber apostado por un reconocimiento jurídico de la plurinacionalidad muy avanzado. En el caso de Reino Unido y Canadá, las urnas ha contribuido a relegitimar democráticamente la opción unionista. Mientras tanto, Dinamarca ha admitido un posible referéndum de autodeterminación en dos de sus históricos dominios, Groenlandia y las Islas Feroe, consultas que por el momento siguen sin convocarse.

Advertencia. No existe una regla de oro que vincule republicanismo con mayor flexibilidad democrática a la hora de debatir sobre territorialidad, lengua y soberanías. Ya hemos visto el caso de Francia y el rechazo de Macron a negociar con el nacionalismo corso. Hay ejemplos aún más radicales. En la república portuguesa incluso está prohibida la formación de partidos regionales. Los tres ejemplos que siguen a continuación son monarquías parlamentarias. Sí, también Canadá, que al menos formalmente sigue siendo un reino de la Commonwealth y tiene a la monarca Isabel II como jefa de Estado.



Reino Unido

En Octubre de 2012 el primer ministro británico, David Cameron, del Partido Conservador, y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, del Partido Nacionalista Escocés (SNP según sus siglas en inglés), firmaban un acuerdo para la celebración de un referéndum de autodeterminación. La petición de una consulta sobre la separación o no de Escocia se introduce en la agenda política británica hace poco más de una década.

A diferencia de Catalunya o el País Vasco, el nacionalismo escocés no obtiene victorias electorales importantes hasta principios del siglo XXI. El parlamento y el gobierno autonómico de Escocia son de hecho instituciones de reciente creación. Su fundación tuvo lugar en 1998. Es decir, 15 años después de la creación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (1983), la más tardía de las regiones españolas en acceder a la autonomía.

La larga hegemonía del laborismo en Escocia, tradicionalmente uno de los territorios más a la izquierda de Reino Unido, no concluiría hasta 2007, año en que por primera vez los nacionalistas obtendrían un resultado mayoritario en las urnas. Los nacionalistas escoceses nunca habían ocultado su defensa de una Escocia independiente, dentro de la UE y de la corona británica, pero su victoria electoral sería posible gracias al voto de muchos electores y electoras no independentistas.

El apoyo del laborismo a la Guerra de Irak y a las políticas social-liberales de Tony Blair decepcionarían a muchos tradicionales votantes del Partido Laborista, y les acercarían a un nacionalismo escocés socialdemócrata, el SNP, ecologista, el Partido Verde Escocés, o anticapitalista, el Partido Socialista Escocés.

En 2011 el SNP ganaba las elecciones escocesas con la promesa de convocar desde el gobierno autonómico un referéndum para decidir el futuro estatus de este territorio: ampliación de la autonomía o separación de Reino Unido. Si bien en un primer momento el gobierno de Londres se opondría al referéndum argumentando que la convocatoria de este resultaría ilegal por exceder las competencias asignadas al Parlamento escocés, en 2012, para sorpresa de muchos, la coalición conservadora-liberal, daba un giro de 180 grados en su política para Escocia.

En octubre de ese año, el líder británico y el líder escocés firmaban el Acuerdo de Edimburgo, que fijaba las condiciones y el procedimiento de la consulta, a celebrar en un plazo de dos años. El primer ministro David Cameron se comprometía a respetar el resultado de un referéndum, pero Londres decidiría la pregunta. “¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o No”, una pregunta clara, sencilla y directa, que no dejaba lugar a respuestas ambiguas, justamente lo que buscaba el SNP, y que enfrentaba al votante escocés, partidario de más autonomía, ante el vértigo de una independencia incierta.

Apoyado por el Partido Laborista, en la oposición, y cuyo líder, Gordon Brwown, escocés, se implicaría a fondo en la campaña “Mejor juntos”, los partidarios del NO a la independencia ganarían con un mensaje dirigido no al unionista convencido, sino a los indecisos, y especialmente a los votantes moderados del SNP, autonomistas convencidos, pero no identificados con las posiciones independentistas. Los laboristas escoceses, que llevarían el peso de la campaña, plantearían que un voto negativo a la independencia podía abrir la puerta a una ampliación del autogobierno y una reforma federal de Reino Unido. Una propuesta seductora para muchos ciudadanos y ciudadanas escoceses, y que irritaría a los independentistas, que la tacharían de “soborno de último minuto”. El 18 de septiembre de 2014 el no a la independencia ganaba por un 55% de los votos.

A pesar de la derrota del SNP en el plebiscito, el mismo partido ganaría tan solo dos años más tarde las elecciones al parlamento autónomo por un holgado 46% de los votos, poniendo de manifiesto que muchos escoceses votan nacionalista, pero no se identifican con la meta de una Escocia independiente.



Canadá

La provincia autónoma de Quebec ha celebrado ya dos referendos sobre su futuro. El primero de ellos fue promovido en 1980 por el Partido Quebecois. Los nacionalistas, en el poder desde 1976, defendían una evolución gradual hacia la independencia del territorio, de mayoría francófona, a través de un largo periodo de colaboración entre Canadá y la provincia autónoma, que se convertiría en un estado libre asociado, un estatus similar al de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos. Según el proyecto Quebec - Canadá: Un nuevo trato. La propuesta del Gobierno de Quebec para una nueva asociación entre iguales: la soberanía-asociación, presentado en 1979, ambos estados, canadiense y quebecois, seguirían manteniendo una misma moneda, una unión aduanera común, así como una política exterior y de defensa conjunta.

La moderación de la propuesta independentista pretendía ganar partidarios entre los francófonos más dudosos con respecto a las ventajas de una eventual separación. Este aggiornamento de la propuesta independentista tendría su reflejo en una pregunta larga y compleja, deliberadamente ambigua, reformista, y gradualista, que además permitía un cierto encaje legal del derecho de autodeterminación, no reconocido en la Constitución de Canadá. En caso de votar sí, los electores no estaban dando su apoyo directo a la independencia, sino el respaldo a que los gobernantes de Quebec negociaran con el gobierno canadiense un nuevo estatus para la provincia:





El Gobierno de Quebec ha anunciado su propuesta de llegar a un nuevo acuerdo con el resto de Canadá basado en el principio de la igualdad de los pueblos. Este acuerdo le permitiría a Quebec adquirir el poder exclusivo para aprobar sus leyes, recaudar sus impuestos y establecer sus relaciones externas, lo que es la soberanía, y, al mismo tiempo, mantener con Canadá una asociación económica que comprenda el uso de la misma moneda. No se realizará ningún cambio en el estado político resultante de estas negociaciones sin el consentimiento del pueblo en otro referéndum. Por lo tanto, ¿le da al gobierno de Quebec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre Quebec y Canadá?



El gobierno canadiense autorizaría el referéndum, pero no quedaría de brazos cruzados ante el crecimiento del independentismo. El primer ministro Pierre Trudeau, liberal, padre del actual mandatario canadiense, Justin Trudeau, opondría al proyecto independentista un ambicioso programa de reforma federal de la Constitución y reconocimiento de la especifidad francófona dentro de Canadá. Trudeau, bilingüe, originario de Quebec, podía usar un perfecto francés para convencer a sus paisanos de las ventajas del federalismo sobre el independentismo.

Su proyecto reformista ganaría para el no a muchos de los indecisos, partidarios de más autonomía, pero que temían los riesgos de una separación. Además, la campaña “Non, merci” movilizaría también contra el independentismo a los anglófonos de Quebec, así como a otras minorías nacionales y étnicas, como los indígenas, que temían el aumento de poder de los nacionalistas.

En mayo de 1980 el enviado especial de El País para cubrir la campaña del referéndum recogía las palabras de un jefe indio, que explicaba las razones por las que votaría no en la consulta: “Tenemos más simpatías por el no, menos discriminatorio en el fondo con las minorias que el actual partido de Quebec de René Levesque, quien con buena tradición francesa, quiere abolir las reservas indias para convertirnos a todos en buenos quebequeses francófonos”. El 20 de mayo de 1980, el 84% del censo electoral de Quebec acudiría a votar. Casi el 60% de los votos serían negativos.

Tras su derrota en las urnas, los partidarios de la reforma federal de Canadá tomarían la iniciativa. El independentismo tardaría 15 años en volver a convocar un nuevo referéndum. En 1985 los nacionalistas perdían las elecciones en Quebec, inaugurando una década de hegemonía liberal en esta provincia. Sería el fracaso de la reforma federal planteada en 1992 en referéndum al conjunto de Canadá, rechazada tanto en los territorios anglófonos como francófonos, el acontecimiento que volvería a abrir una ventana de oportunidad al independentismo. En 1994 los nacionalistas volvían al poder y planteaban una segunda votación. La pregunta en 1995, como antes en 1980, buscaría seducir al nacionalismo moderado:





¿Acepta usted que Quebec sea soberano después de haber ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política en el marco del Proyecto de Ley sobre el futuro de Quebec y del Acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?



El independentismo volvería a perder, pero por un estrecho margen: 49% por el Sí, 50% por el no. No obstante, los nacionalistas encajarían la derrota con la confianza en que un tercer referéndum les daría finalmente la victoria. Los partidarios de la unidad de Canadá reaccionarían ante esta posibilidad planteando una ley para regular futuras consultas y, claro está, dificultar la posibilidad del sí.

Tras un dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 que confirmaba la legitimidad del derecho a la independencia, siempre y cuando esta no fuese proclamada por la vía unilateral, el parlamento canadiense aprobaría la Ley de Claridad, convirtiéndose así Canadá en uno de los pocos países del mundo que reconocen el derecho de autodeterminación en su ordenamiento jurídico.

La ley, del año 2000, regula la posibilidad de un verdadero referéndum sobre la separación de una parte del territorio canadiense, obligando así al independentismo a someterse a una pregunta clara, sencilla y directa, siempre pactada con el Gobierno de Canadá, en lugar de una consulta ambigua como las anteriores, en torno a la apertura de un proceso negociador. La ley también establece la necesidad de una mayoría reforzada de votos positivos para declarar la independencia, y siempre después de una previa negociación política y económica entre Canadá y Quebec sobre los términos del divorcio, el reparto de la deuda pública o el futuro de los anglófonos en caso de separación. La Ley de Claridad también obligaba dentro de este proceso negociador a reconocer la posibilidad de autodeterminación de las minorías nacionales de Quebec, sobre la premisa de que si Canadá reconoce el derecho democrático de una de sus partes a separarse, un hipotético Quebec independendiente también debería reconocer el derecho a la separación de aquellas comunidades que así lo deseen. Desde 1995 no se ha vuelto a celebrar un referéndum y el nacionalismo quebecois se encuentra de capa caída.



Dinamarca

El país nórdico también ha reconocido de facto el derecho a la autodeterminación, si bien no de una parte del territorio continental, sino de las islas del Atlántico Norte que forman parte del reino danés: Groenlandia y el archipiélago de las Feroe. Ambos territorios tienen un estatus singular dentro de Dinamarca, y por ejemplo, por decisión propia, no forman parte de la UE. Tanto Groenlandia como las Feroe tienen reconocidos en sus respectivos estatutos de autonomía el derecho de autodeterminación.

En 2008 Groenlandia votó su nuevo estatuto en un referéndum en el que las tesis soberanistas se impusieron por un 72% de los votos. Dinamarca aceptó el resultado de la consulta, que aunque de carácter consultivo, se comprometió a asumir. Si bien una hipotética explotación de los yacimientos petrolíferos de la isla podría alentar las pulsiones independendentistas, una década después del reconocimiento del derechos a la autodeterminación, los partidos groenlandeses siguen sin convocar una consulta sobre la independencia o permanencia en el reino danés.

En el caso de las Feroe si tuvo lugar en 1946 un plebiscito sobre la separación de Dinamarca, que no contó con el beneplácito de Copenhage. El monarca danés no reconoció los resultados de las votaciones, que daban una ajustada mayoría al SÍ, y no reconoció la independencia de las islas. El archipiélago, de 50.000 habitantes, goza de una amplia autonomía y está reconocido desde 2005 como una nación por parte de Dinamarca. Desde 1998 cuenta de hecho con su propia selección nacional de fútbol, y forma parte de la UEFA. Unionistas y separatistas están muy igualados, y el referéndum de autodeterminación previsto para 2018 se ha pospuesto por diferencias entre los partidos que conforman su gobierno.

