Si el periodo 2006-2016 mexicano pudiera tener un nombre, lo llamaríamos “El boletinato”: en estos años las investigaciones periodísticas escasearon y fueron suplidas por la repetición acrítica de boletines oficiales, mientras que las entrevistas tomaron el cariz de infomerciales políticos. Solo casos como el de “La casa blanca”, publicados fuera de la prensa mainstream, nos mostraron las posibilidades que en este país sigue teniendo el periodismo. El pretendido auge de la libertad de prensa, que inició en 2000 con la derrota del PRI en la elección presidencial, se difumina frente a los 93 periodistas asesinados desde entonces.

Una coalición de periódicos que actúa como equipo de nado sincronizado (Milenio, Excélsior, El Universal, La Razón y El Sol de México) empujó a los periodistas críticos, disidentes, fuera de las redacciones de la prensa masiva. Seducidos por la facturación de las decenas de miles de millones de pesos que comprende la publicidad oficial o comercial, los dueños de los medios han intentado edulcorar la estampa del horror nacional.

Desde la presentación del primer informe de Ayotzinapa, en septiembre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se convirtió en un actor incómodo para el gobierno y su coalición mediática. La sincronía discursiva de rechazo al GIEI debe alertarnos sobre el control que subsiste en la prensa pero también sobre su concentración: un puñado de periódicos (dueños también de cadenas radiofónicas) y una televisora (con acciones en otros medios) son los encargados de informar al grueso de la población. Los sujetos que se informan por esas únicas vías han sido despojados de su derecho a informarse.

El académico Fernando Casado ha usado la etiqueta de “antiperiodistas” para referirse a todos aquellos trabajadores de la prensa masiva que, conscientes o no, reproducen un discurso que defiende y fortalece el statu quo, que usan las técnicas del periodismo para mantener los privilegios del sistema. En contraste, el periodista profesional usa sus herramientas para, desapasionadamente, sorprender y desnudar al poder. Existen, según Casado, algunas condiciones materiales que permiten la proliferación de los antiperiodistas: falta de pluralidad, precarización laboral del gremio, censura y autocensura, el “disfraz de la objetividad”, la proximidad al poder y el beneficio económico por encima de la información. Elementos, todos, plenamente instalados en nuestro ecosistema mediático.

El 6 de septiembre de 2015 el GIEI entregó su primer informe sobre Ayotzinapa, en el que concluyó, entre otras cosas, que la noche del 26 de septiembre de 2014 se llevó a cabo un ataque masivo cuyo resultado fue de 108 víctimas (que incluyen seis ejecuciones extrajudiciales y 40 heridos); que participaron la policía federal y el ejército; que los motivos fueron diversos y que era imposible que se hubiera incinerado a los estudiantes desaparecidos en el tiradero de Cocula, como sostuvo desde su primera versión la Procuraduría General de la República (PGR) .

Dos días después, en la prensa escrita ya se había puesto en marcha una campaña de desprestigio liderada por el diario La Razón. En su portada se podía leer “La PGR defiende su verdad con peritajes de la UNAM”, y al lado un gráfico titulado “100 vs. 1”, sobre los expertos (100) que confirmaban la versión del incendio en Cocula frente a José Torero (1), que argumentó la imposibilidad del incendio. En la portada de Milenio se leía “En 20 minutos Torero tumbó la ‘verdad histórica’” y en el periódico Excélsior destacaron la “disposición” de Enrique Peña Nieto para reunirse con los padres.

El 9 de septiembre, en su columna de Milenio, Carlos Marín arremetió contra los opositores del “sentido común” que exigían la comparecencia de quienes dirigieron las pesquisas en el basurero-convertido-en-crematorio de Cocula.

Desde entonces los periodistas defensores de la versión oficial se ciñeron a un guión concreto que bien resumió Ciro Gómez Leyva en una frase: “Los sometieron, los trasladaron, los mataron, los quemaron, los tiraron al río”.

El 18 de septiembre, mientras que El Universal y La Jornada reportaron en sus portadas la discrepancia entre los informes del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck y los peritos argentinos sobre los hallazgos en el río San Juan –estos últimos catalogaron de “débil” la identificación de Jhosvani Guerrero–, Milenio y Excélsior dedicaron las portadas a la captura de “El Gil”. Milenio aseguró que “El Gil” fue quien instruyó para que pulverizaran y tiraran al agua los restos de los estudiantes –como si la declaración, por sí sola, diera carpetazo al caso– y Carlos Marín, en su columna de ese día, reiteró la versión oficial y celebró la captura del criminal.

Quizá sin prever la campaña que se desataría en su contra, a principios de octubre Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defendió la permanencia del GIEI en el país. Ese día Carlos Marín escribió que la Comisión “se manchó” al asegurar en su reporte preliminar que la tortura corresponde a una práctica generalizada en el país. El 9 de octubre las planas se dedicaron al tercer peritaje: Milenio indicó que la PGR había abierto nuevas líneas de investigación; La Razón reprochó que la procuraduría hubiera cedido a las “exigencias” del GIEI; y, en contraparte, Reforma presentó la versión de Emilio Álvarez Icaza, que desde entonces ha mostrado con mayor claridad su postura.

Conferencia de prensa del GIEI, 20 de octubre de 2015.

El 21 de octubre se anunció la salida de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la investigación del caso y el relanzamiento de la investigación. Para Carlos Marín, el Estado “dobló las manos” frente al grupo independiente. Esta columna es importante: desde entonces comenzó a perfilarse el ataque ininterrumpido a los integrantes del GIEI; en Milenio, El Financiero y La Razón se cuestionaron cobros, asesorías, casos anteriores y vidas personales de los integrantes del panel de expertos como Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain.

El 21 de febrero de 2016 el GIEI presentó el reporte parcial de su segundo informe sobre Ayotzinapa. Como lo consignó La Jornada en su nota de portada, el panel de expertos alertó sobre los obstáculos de la PGR, los desvíos de información y las filtraciones ilegales que ponían en riesgo el caso Ayotzinapa. La PGR rechazó lo dicho por el GIEI –y Milenio reportó esta discrepancia en su portada. Para La Razón, el tema más trascendente fue una nota sobre el abogado Francisco Cox del GIEI; el titular dice así: “Cobra en México y ‘dobletea’ en Uganda experto del caso Iguala”; la nota hace énfasis en que en el país africano no cobra mientras que aquí “le cuesta al erario 136 mil pesos mensuales”.

¿Quién y por qué filtraron la información contra los integrantes del GIEI? ¿Cuál era el interés periodístico en ello? ¿Cuál el interés político? En los últimos meses el rompimiento de la prensa con el GIEI fue rotundo. La escaramuza legal contra Emilio Álvarez Icaza también tuvo buen eco en la prensa oficialista: Excélsior, Milenio, El Universal y La Razón se encargaron de enjuiciar al mensajero.

En el caso de Ayotzinapa y la investigación del GIEI, la prensa masiva tomó una decisión capital: confundió los dichos con los hechos. ¿Quién se hace responsable por ello? ¿Acaso no tiene la prensa una función social que fundamenta parte de la vida democrática? Así han actuado en distintos momentos: cuando salió el reportaje de “La casa blanca”, las planas no fueron sobre el escándalo descubierto sino sobre las “aclaraciones” de Angélica Rivera; cuando el relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, declaró que en México la tortura es una práctica generalizada, los medios no corrieron a investigar los detalles de los casos concretos de tortura sino a reportar las declaraciones oficiales que daban manotazo a Méndez. Uno a uno, los enemigos del régimen son atacados sincronizadamente.

Quizá el caso más interesante sea el del periodista Héctor de Mauleón. Fue el primero en tener acceso al expediente –otro síntoma de nuestra prensa actual: el periodismo está o se hace en las columnas–; lo revisó y logró crear una narrativa coherente –quizá la única– de la versión oficial. De Mauleón ha sabido ir con el viento y ha procurado salir bien parado de este episodio. Probablemente la fisura más clara en el periodismo actual fue en la presentación del libro La travesía de las tortugas (Proceso, 2015), en la cual, al final del evento, De Mauleón fue increpado por su postura frente al caso. Los comprometidos enfrentaron al oficialista involuntario.

Podemos distinguir diferentes tipos de prensa en este entuerto: la oficial, la de filtraciones, la balanceada y la comprometida. Estas formas de la prensa pueden operar de forma exclusiva o simultánea en algunos medios, como El Universal y Milenio, que lo mismo se prestaron a ser el vehículo del mensaje de gobierno que a intentar ser espacios críticos. En nuestro ecosistema mediático, los dueños de los medios hacen acuerdos con el poder, los directores editoriales obedecen y un par de columnistas critican –y de paso, quizá sin dolo, legitiman esas prácticas. Caso aparte merece la prensa comprometida, como el portal SinEmbargo, o tantos otros, en los que, con los mismos vicios del oficialismo -apelar a una sola fuente, hacer pasar dichos por hechos-, sin más se dieron por hechos irrefutables las investigaciones del GIEI.

¿Qué papel ha jugado la prensa ante el GIEI? ¿Cuál frente al caso completo de Ayotzinapa? Han manipulado titulares, dado rienda suelta a los estereotipos (raciales, clasistas, de género), caricaturizado a los personajes o filtrado información. ¿Qué efectos tiene esto en el lector? Depende del tipo de lector: hay sujetos que por su condición de desigualdad han sido despojados de su derecho a saber. Los más pobres, los que no tienen acceso a internet, los que viven de la información que esta estructura mediática, compleja y concentrada, les brinda. Ese sujeto, votante de las próximas elecciones, es el más afectado.

¿Qué quieren esos antiperiodistas ocultar? Hace unos días, la excorresponsal de The New York Times en México Ginger Thompson escribía que en México hoy preferimos hablar de Trump que de nuestros propios problemas. Mientras los integrantes del GIEI se van frustrados por no haber llegado al fondo del asunto (y sospechosos del silencio del gobierno frente a los ataques que recibieron), nuestras élites prefieren concentrarse en Trump. Pregunta Thompson: “¿cómo puede mejorar la imagen de México cuando sus líderes no pueden demostrar algo de compromiso para terminar con los abusos y la impunidad que preocupan tanto a sus propios ciudadanos?” La pregunta viene acompañada de la respuesta involuntaria de Peña Nieto: aquí no hay más que “mal humor social”.

Ricardo Flores Magón, en 1906, en pleno porfiriato, habló de “la prensa sombra”:

La prensa gobiernista, esa prensa-sombra que adula por paga, ha reinado soberana, y bajo sus alas membranosas el pueblo mexicano ha vivido en la ignorancia y se ha nutrido de errores. El programa de esa prensa que se nutre del tesoro nacional puede resumirse en estas palabras: guerra a la honra de los ciudadanos, alabanzas de las torpezas o delitos de los funcionarios. Y ese programa desastroso, conjunto de venalidad y de cinismo agresivo, flota como una bandera negra solapando crímenes, amenazando virtudes, propagando la maldad y la barbarie.

Hoy, que vivimos en una de las mayores crisis de derechos humanos de la que se tenga memoria, el periodismo es más necesario que nunca. El último informe del GIEI presenta un trabajo periodístico que pone bajo sospecha las diligencias judiciales de Tomás Zerón: los periodistas locales José Manuel Giménez y Daniel Rodríguez Villa no dudaron en hacer su trabajo y filmaron al funcionario el 28 de octubre en el río San Juan. Allí hay esperanza, como la hay en algunas organizaciones de periodistas, fotoperiodistas y los medios internacionales que hoy están más al pendiente de lo que sucede en México. Pero ésta vive fuera de la prensa mainstream. Estos son los días de “El boletinato”.

Fotos: cortesía de Agencia Prensa Rural, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Somos El Medio.