En estos días aún veraniegos de negociación, ruedas de prensa e intentos de investidura se ha hecho público un pacto contra la corrupción. De salida, debe elogiarse cualquier iniciativa que ponga freno a la actuación de las tramas corruptas. Esta forma de delincuencia se encuentra muy peligrosamente integrada en nuestro sistema institucional. Y está distorsionando las reglas del juego democrático. Además, ha causado un daño económico gravísimo a la sociedad, pues los estudios más solventes nos indican que la factura de la corrupción supera a la del rescate bancario.

Sin embargo, la lectura del citado pacto nos lleva a la conclusión de que se centra en diversas cuestiones periféricas, pero no incide en los problemas centrales que permitirían atajar realmente la corrupción. El acuerdo no propugna reformas legales efectivas para acabar con la enorme arbitrariedad con la que las administraciones públicas realizan sus contrataciones, que es lo que facilita el desvío ilegítimo de millones de euros a bolsillos privados a través de mordidas escandalosas. Tampoco aporta medidas concretas que permitan a los juzgados de instrucción llevar adelante sus investigaciones en plazos razonables y con instrumentos adecuados. Ni apuesta por el endurecimiento de las penas para los corruptos, que siguen disfrutando de un tratamiento punitivo bastante benévolo, lo cual contrasta con la enorme severidad con la que se castigan en nuestro país casi todos los delitos.

Por otro lado, parece sorprendente que se haya alterado el concepto de corrupción, claramente a la baja, para excluir delitos tan relevantes como la prevaricación, la malversación, el tráfico de influencias o determinadas formas de cohecho. En cualquier pacto riguroso para la regeneración democrática lo lógico sería incluir con firmeza todo el abanico de conductas que están ensuciando la vida pública. Por ello, resultan poco comprensibles esos esfuerzos negociadores casi a la desesperada para suprimir infracciones penales que forman parte del catálogo de delitos que persigue la Fiscalía Anticorrupción. Y esas exclusiones restan bastante credibilidad al pacto, al proyectar sombras sobre la voluntad real de actuar contra la corrupción y al dar la impresión de que su insuficiente letra final obedece a razones de mera oportunidad política.

Sin duda, los promotores del pacto anticorrupción pretendían aportar soluciones a un verdadero problema de Estado. Pero el resultado no es precisamente alentador. Las proclamas iniciales sugerían que los corruptos iban por fin a ponerse nerviosos. La realidad es que seguro que han quedado muy tranquilos. Saben que con estas medidas van a poder seguir maniobrando entre las bambalinas de las adjudicaciones públicas. También son conscientes de que cuentan con más recursos para escapar de la justicia de los que existen en los juzgados para perseguirles. Y, en los pocos casos en los que sean condenados, conocen igualmente que nuestro sistema de penas será muy suave con ellos y que resulta muy improbable que acaben en prisión.

Sin entrar en el fondo de los acuerdos de investidura, parece claro que la respuesta jurídica que se aporta en materia de corrupción no va a producir grandes transformaciones. Y eso no es positivo para una ciudadanía que va pasando de la indignación al desengaño, del malestar a la impotencia. Se aprecia una percepción de irresponsabilidad pública, ya que casi nadie responde en el ámbito político cuando surgen casos de corrupción. Y peor todavía es que progresivamente se esté pasando a una sensación de impunidad, pues nuestro sistema penal no aporta castigos disuasorios efectivos frente a esta delincuencia de guante blanco. Quizás el debate que se ha abierto pueda mejorar esta situación. Se trata de una cuestión clave para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.