A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI se ha acumulado un conjunto de tensiones entre los gobiernos estatales y las universidades públicas locales en diversas entidades federativas. Los casos de universidades como la Michoacana, la de Guadalajara, la Veracruzana, la de Hidalgo, la del Estado de México, la de Morelos, la de Baja California, la de Aguascalientes o la de Oaxaca son experiencias ilustrativas de la manera en que los poderes ejecutivos estatales —con o sin el respaldo de las autoridades federales o de sus propios órganos legislativos locales— han emprendido iniciativas dirigidas a controlar, supervisar o condicionar los recursos financieros públicos de las universidades, o para modificar sus respectivas leyes orgánicas e introducir nuevas reglas del juego para la elección de autoridades internas, en especial de los rectores.

Esas iniciativas obedecen a muy diferentes razones y circunstancias, pero tampoco son del todo novedosas. La historia política de cada universidad contiene relatos que en el pasado remoto o reciente explican las tensiones, contradicciones y pleitos entre los universitarios y los gobiernos estatales, o entre los propios universitarios, que están en la base de la construcción de nuevos arreglos políticos e institucionales entre gobiernos y universidades. Esas historias de conflicto y poder, más o menos conocidas, alimentan las diversas narrativas sobre la configuración política interna de las universidades y sus relaciones con los entornos locales, regionales y nacionales.

Desde hace una década, los recelos y críticas a las universidades se han multiplicado. A pesar —en muchos casos— de reformas comprobables en sus comportamientos institucionales, y en buena medida como efecto de las políticas federales de modernización, evaluación de la calidad y financiamiento público diferencial, condicionado y competitivo observadas durante por lo menos tres décadas (1989-2018).

Ilustración: Patricio Betteo

La “estafa maestra” donde los directivos de algunas universidades públicas e instituciones tecnológicas se vieron envueltos en desvíos de recursos públicos; los problemas de la sustentabilidad financiera de las universidades derivadas de sus tradicionales regímenes de contratación, prestaciones, pensiones y jubilaciones; o la crítica a las prácticas patrimonialistas, clientelares y corporativas que caracterizan las relaciones políticas entre los universitarios, se han convertido en la fuente de numerosas exigencias de cambios mayores dentro y fuera de los campus universitarios.

Reclamos airados de transparencia institucional, escenas de indignación moral y escándalo político. Presiones para cambios institucionales hechos a la medida de indicadores de calidad dirigidos a construir universidades “de clase mundial” —de excelencia académica, autofinanciables, con gobiernos universitarios eficientes— donde la competitividad, el emprendimiento y la innovación sean los principios orientadores del desempeño institucional.

Ese es justamente el núcleo duro retórico, simbólico y político que el actual gobernador de Nayarit, el panista Antonio Echevarría García, utilizó para anunciar el pasado sábado 4 de enero a través de las redes sociales el envío de una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, misma que fue revisada y aprobada aceleradamente ese mismo día por el congreso nayarita —por diputados del PRI, PAN, Morena, PRD y diputados sin partido— y publicada como decreto en el periódico oficial del gobierno estatal el martes 7 de enero. Sin consulta previa con las autoridades universitarias que representan a la institución, y sin mediar un proceso de negociación con la propia comunidad universitaria local, el ejecutivo elaboró una iniciativa que tomó por sorpresa a los universitarios.

De manera inmediata, el mismo día que aparecía publicada en el periódico oficial, el rector de la UAN expresó su condena al procedimiento seguido por el ejecutivo y el legislativo estatal, a la que se sumó el jueves 9 la solidaridad de los rectores de 20 rectores de universidades federales y estatales del país a través de un pronunciamiento público y, un día después, de los rectores de las cinco universidades públicas que constituyen la región occidente de la ANUIES. En menos de una semana, la bomba que significaba la iniciativa sabatina del gobernador estalló. Lo que ahora tenemos es una situación de crisis e incertidumbre en la UAN que amenaza con debilitar aún más la frágil situación financiera y académica que ya experimentaba la universidad desde hace varios años.

Hijo del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez (1999-2005), contador por la Universidad Autónoma de Guadalajara, empresario y militante del PAN, el actual gobernador fue electo en 2017. Encabezó la coalición “Juntos por ti” formada por el PAN, el PRD, el PT y el Partido de la Revolución Socialista de Nayarit, que obtuvo el 38% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de su principal contendiente, apoyado por el PRI. Ese origen empresarial y político explica el tono y el lenguaje del decreto de reforma. El Artículo 7, por ejemplo: “Promover, gestionar, implementar y ejecutar redes empresariales que […] capaciten a la planta estudiantil, generen vinculación social y permitan el desarrollo de la universidad”. O el Artículo 12, en el que se menciona la creación de un nuevo órgano (el “Colegio de Elección Universitaria”) que, en conjunto con el Consejo General Universitario y el Consejo de Educación Media Superior, “tienen la facultad de crear o modificar su estructura, atendiendo a las necesidades de interés público”. Asimismo, se incluye la figura de un “Patronato para administrar el impuesto especial destinado a la UAN, quien lo presidirá”. Estas piezas retóricas expresan los intereses que el gobierno estatal impulsa con la reforma de la UAN.

El entorno nacional en el cual ocurren los hechos ayuda a explicar las causas del pleito. De un lado, una clara posición política presidencial de desconfianza, escepticismo y recelos a las universidades públicas federales y estatales, que se traduce en recortes presupuestales y condicionamientos financieros de diversa magnitud e implicaciones. Por el otro, la formulación de una nueva Ley General de Educación Superior donde se aspira a coordinar y regular de otra manera las políticas federales de educación superior, que incluye nuevas formas de gobierno del sistema nacional de educación superior asociada a fórmulas distintas de asignación presupuestal entre la federación y los gobiernos estatales respecto a las universidades públicas locales. Adicionalmente, la prioridad del gobierno federal de impulsar al sistema de universidades públicas Benito Juárez García como el centro de sus políticas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Un cuarto factor es la lógica política que siguen los gobernadores en sus relaciones con las universidades públicas de las entidades que gobiernan, donde las preocupaciones por asegurar la gobernabilidad de esas instituciones es el objetivo pragmático que se desprende de sus iniciativas reformadoras.

Pero las universidades públicas también han aportado sus propias insuficiencias al agravamiento de la situación. En el caso de la UAN, los escándalos de corrupción heredados del rector anterior —junto con las prácticas clientelares y corporativas de gestión de los recursos universitarios que se traducen en un esquema de prestaciones financieramente insostenible— han llevado al límite la viabilidad institucional de la propia universidad, a pesar de los esfuerzos de reforma que recientemente esa institución y su rector impulsan con la resistencia de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.

Las postales de la crisis política que atraviesa la UAN tienen implicaciones en por lo menos dos ámbitos generales: el jurídico-procedimental y el político-institucional. Esas dos dimensiones concentran la atención sobre la naturaleza, alcances y límites de la autonomía universitaria contemporánea en México.

Por un lado, porque, desde el punto de vista del Tercero constitucional, la autonomía significa una garantía de autogobierno, de ejercicio de libertades académicas de enseñanza e investigación y de diseño de políticas institucionales adecuadas para el desarrollo de las funciones sustantivas; funciones que deben ser apoyadas en su carácter de organismos descentralizados del Estado por medio de asignaciones de recursos públicos “oportunos y suficientes”. Por el otro lado, la dimensión política constituye el centro mismo de la gestión de la autonomía universitaria, una dimensión donde los sistemas de creencias, los procedimientos, las reglas no escritas y los códigos de entendimiento forman la base dura de las relaciones de estabilidad, conflicto y cambios que se desarrollan en los intercambios entre el gobierno y las universidades públicas. La ruptura de esos códigos significa siempre la antesala de un conflicto cuyos costos suelen ser altos tanto para las universidades como para los gobiernos.

En ese sentido, uno de los puntos críticos de la iniciativa se encuentra en la modificación de los procesos de elección de las autoridades universitarias, contenidos tanto en el citado artículo 12, como en el 15 y el 15 Bis del decreto. Hoy, los usos y costumbres de estos procesos obedecen a una fórmula común en la mayoría de las universidades públicas: la elección del rector por parte del consejo general universitario y la designación de autoridades por parte del rector, a propuesta de las propias comunidades de escuelas y facultades. La iniciativa contempla la creación de un “Colegio de Elección Universitario” que se encargará de organizar la elección de consejeros para la integración de diversos cuerpos colegiados, un espacio donde se elimina la participación del rector, el secretario, y los representantes sindicales y se incluye al patronato universitario como figura de autoridad. Este punto es claramente un cambio sustancial en la reglas del autogobierno universitario.

El problema de fondo tiene que ver tanto con los procedimientos como con las implicaciones para la autonomía universitaria. Ambos son asuntos delicados y trascienden las fronteras del conflicto nayarita porque introduce una nueva lógica política en las relaciones entre las comunidades universitarias y los poderes públicos, y coloca en el centro la discusión sobre el significado, las dimensiones y los límites de la autonomía universitaria en el contexto contemporáneo. Una tiene que ver con las reglas escritas y no escritas de conducción e implementación de los cambios en las universidades. Otra con el hecho de que, dados los patrones de conflictividad observados en otros casos universitarios, la autonomía parece ser un concepto vaciado de significado, una idea que es interpretada de maneras diferentes por los actores involucrados.

Por ello, el caso de la UAN resulta preocupante como experiencia coyuntural y como señal de los tiempos que corren: los escenarios de resolución no son claros, y dependerán de la dinámica de los juegos políticos entre los actores locales y nacionales del proceso.

Negociar el diseño de la reforma supone la abrogación del decreto que ya fue aprobado por el legislativo, una acción que tendría costos político significativos para el gobernador y los legisladores nayaritas. Tratar de impedir, obstaculizar o revertir la reforma de una ley en la que no participaron los universitarios, significaría un enorme desgaste y la posible fractura entre los propios universitarios. En cualquier caso, tanto la legitimidad como la factibilidad de la reforma están en juego y sus consecuencias pueden tener alcances nacionales.

La política universitaria es un ejercicio que, como el fútbol, siempre se juega en el corto plazo, con individuos generalmente hábiles en el uso de máscaras de ocasión que esconden una piel dura y ánimos de piedra. El viernes 10 por la tarde, el rector Peña respondió al gobernador con la formación de una “comisión de consulta” sobre posibles cambios a la normatividad universitaria que se entiende como una alternativa al decreto ya publicado en el periódico oficial estatal.

Mientras todo sucede, las estatuas de Manuel Lozada, el Tigre de Alica y de Amado Nervo, uno de nuestros poetas patrios, miran, desde los jardines públicos de Tepic, en sus silencios de bronce y piedra, el desarrollo de los acontecimientos de un conflicto que apenas comienza.

Adrián Acosta Silva

Profesor-investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.