El primer elemento clave es la reclasificación de la cannabis dentro de la Ley General de Salud, de modo tal que pueda ser considerada como una sustancia con valor terapéutico para la salud pública; algo imposible hoy en día y una disposición necesaria e indispensable si es que realmente quiere avanzarse en su regulación terapéutica. Contrario a las voces que claman que la mariguana carece de potencial benéfico para la salud, la evidencia científica cada día apunta más hacia la exploración de sus posibilidades, como lo demuestra la existencia de medicamentos certificados hechos con ella. Pensar que una planta, por su mera condición jurídica, no puede ser considerada como un potencial agente terapéutico simplemente atenta contra el sentido común y los principios de la ciencia médica. La iniciativa también propone, en este sentido, descriminalizar la prescripción de la cannabis en la práctica médica.



La segunda clave se encuentra en la modificación -a la alza- de las cantidades de posesión no sujetas a la acción penal contenidas en la Ley General de Salud. Las cantidades propuestas son más realistas frente a las dinámicas del mercado, toda vez que las cantidades actuales –cinco gramos para el caso de la mariguana- no sólo no diferencian al usuario del menudista, sino que en la práctica colocan al usuario en una posición de vulnerabilidad más grande frente al ejercicio de la acción policiaca. Cualquier política efectiva hacia las drogas, ya sea de salud o de seguridad, tiene por fuerza que ser capaz de distinguir y de tratar de manera diferenciada, al uso de drogas de su comercio.



La tercera clave de esta iniciativa se encuentra en su intención de regular el cultivo de la cannabis, dándole competencias específicas a las entidades federativas, ya que sin una producción fiscalizada por la autoridad difícilmente se podría hablar de una regulación integral hacia ella. De este modo, se propone hacer consideraciones especiales a quien cultive por necesidad económica, otorgar a las entidades el control sanitario de la producción y reconsiderar el cultivo con fines privados y no comerciales, lo que se ajusta al sistema internacional de control de la planta.



Desde luego, la iniciativa no agota todas las complicaciones que una reconversión de la política de drogas en México implica. Sin embargo, atina decididamente a señalar en dónde se encuentran algunos de sus más importantes nudos gordianos. Desenredar éstos, y algunos otros, será la tarea que los próximos años depara a nuestra sociedad una política de drogas más humana, más eficaz, más segura y más saludable para todos: usuarios y no usuarios.

