La madrugada del 23 de junio de 2015, autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron un autobús de pasajeros, que se dirigía de Motozintla a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y obligó a descender a una adolescente de 17 años, con el pretexto de que “parecía guatemalteca”. Desde entonces, la menor de edad permanece desaparecida.

Los hechos ocurrieron en una garita migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic, del municipio Frontera Comalapa, instalaciones en las que el mismo INM reconoce que fue ingresada la menor de edad para ser interrogada, y que, por cierto, son monitoreadas las 24 horas por cámaras de videovigilancia.

Según la versión del Instituto Nacional de Migración, la adolescente fue detenida a las 3:00 horas de la madrugada, y supuestamente liberada, minutos después, al confirmarse que era mexicana. Sin embargo, según la versión de las autoridades, para ese momento su autobús ya había partido, y ella se alejó caminando en la oscuridad, por el monte.

Al detectar que la menor no llegó a su destino, sus familiares comenzaron por su propia cuenta la búsqueda, y luego de varios días lograron identificar y contactar a otros pasajeros del mismo autobús, quienes les informaron sobre la detención de la adolescente.

La familia tardó 22 días en dar con esos testigos y, por ello, fue hasta el 14 de julio de 2015 que se presentó una denuncia formal por la desaparición, ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, hoy Fiscalía Estatal.

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Con base en esta denuncia, las autoridades chiapanecas solicitaron al INM que entregue los videos de las cámaras de vigilancia. Esta solicitud fue formulada el 6 de agosto de 2015, es decir, 45 días después de la aprehensión y desaparición de la menor. Sin embargo, el INM ignoró la petición.

El Ministerio Público insistió una semana después, el 13 de agosto, y luego de seis días (el 19 de agosto), Migración informó que los videos habían sido borrados, porque “lo solicitado excedía el tiempo de almacenamiento” en los servidores de la institución, el cual es, según ésta misma, de 60 días.

Sin embargo, dicho argumento es mentira: las dos peticiones del MP chiapaneco solicitando los videos fueron presentadas dentro del tiempo de 60 días e, incluso, para el momento en que el INM emitió su negativa formal, en realidad sólo habían transcurrido 58 días desde la desaparición.

Es decir: el Instituto Nacional de Migración se negó a proporcionar estas imágenes, alegando que ya habían sido borradas, cuando aún faltaban 48 horas para que el sistema las eliminara.

Por ello, la familia de la menor desaparecida acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para solicitar ayuda, institución que insistió en la presentación de los videos, con los mismos resultados: primero ignorar la solicitud, y ante un recordatorio, informar que los videos ya habían sido borrados.

Finalmente, la familia presentó una denuncia por la desaparición de la menor ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que los presuntos responsables de los hechos son los dos servidores públicos federales, adscritos al Instituto Nacional de Migración, que la capturaron.

A ellos, cabe destacar, se suma un tercer servidor público, pero estatal: un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Público de Chiapas, que resguardaba las mismas instalaciones.

Tal como constató la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la investigación que emprendió desde agosto de 2015 (y cuyos resultados se incluyen en la recomendación 31/2017), los dos funcionarios del INM aseguraron desconocer el paradero de la menor, y afirmaron que ella abandonó las instalaciones en un momento de “descuido”, por lo que se dedicaron a buscarla en las inmediaciones de la garita, sin lograrlo.

Sin embargo, durante una segunda declaración ante las autoridades, estos mismos funcionarios afirmaron que luego de que la menor salió de las oficinas, no la siguieron porque “ya le habíamos otorgado el beneficio de la duda y no teníamos motivos para detenerla”.

A esa contradicción en las declaraciones de los funcionarios federales se suma una más, del tercer servidor público involucrado, el policía auxiliar estatal que vigilaba el acceso a las instalaciones, y quien afirmó que la menor recibió la indicación de que se fuera.

Este policía afirmó que no se preocupó por la seguridad de la adolescente (varada en medio del monte, en la madrugada), ya que “mi función como policía es resguardar las instalaciones y la integridad de los agentes federales de Migración”.

A dos años de que esta menor fue obligada a descender del autobús en el que viajaba, ninguna de las autoridades, ni la Fiscalía Estatal de Chiapas, ni la PGR, ni el Instituto Nacional de Migración han aportado elementos que permitan dar con el paradero de esta adolescente.

En este tiempo, las únicas investigaciones que arrojaron algún resultado fueron aquellas realizadas por sus mismos papás y hermanos.

Ellos han recabado distintas pistas, inclusive la identidad de una persona que se dedica a la trata de mujeres, y que opera en el ejido San Gregorio Chamic (el mismo donde fue desaparecida la menor), un lugar en el que desde hace 20 años proliferan establecimientos donde se explota sexualmente a mujeres y niñas, principalmente indígenas, mexicanas o centroamericanas.

Según esos testimonios, esa persona (cuyo nombre se mantuvo bajo reserva) “ha bajado (de autobuses de pasajeros) a otras menores y las vende, en ese lugar todos los vecinos saben eso”.

Asimismo, la familia recabó el testimonio de una persona que reconoció a la menor, en el municipio de Comitán, cuando era trasladada por dos mujeres mayores, que la custodiaban, en agosto de 2016, un año después de su desaparición.

No obstante, ninguna autoridad ha realizado acciones para constatar la veracidad de estos testimonios y la víctima, hoy de 19 años, permanece ausente.