Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes, según un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, que entre otras misiones identifica las principales trabas para el desarrollo del país.

Xaviera de la Vega, encargada de Medio Ambiente y Desarrollo del Cnid, explica que Chile ocupa el lugar doce en el Atlas de la Justicia Ambiental (EJA, sus siglas en inglés), con 46 conflictos. En los primeros lugares del ranking figuran India (246 conflictos), Colombia (121) y Brasil (83). En el listado, que es coordinado por expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona, aparecen 2.081 conflictos en el planeta. De la Vega explica que Chile sube al quinto puesto si la cifra se analiza por número de habitantes.

La especialista añade que la mayoría de los conflictos están vinculados al agua. Este recurso es clave para el desarrollo de la economía chilena, según recordó el Banco Mundial en un informe de 2011, ya que existe una fuerte tendencia a la exportación basada en sectores con procesos de producción que requieren mucha agua. Por ejemplo, en 2005, el 42% del PIB fue resultado de actividades que tienen una alta demanda de este recurso: la industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles, la minería, el sector agropecuario y silvícola, y la electricidad, gas y agua.

Grandes controversias

La preocupación por el agua, llevó al Cnid a encargar una investigación sobre los conflictos ambientales relacionados con este recurso desde 1998 (un año después de la puesta en marcha del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) hasta 2015. El estudio detectó que 49 megaproyectos, cuyas inversiones superan los US$ 100 millones, han estado o están envueltos en controversias desde la década de 1990.

Entre las inversiones en conflicto figuran los casos de la planta de celulosa de Nueva Aldea, Alto Maipo, Pascua Lama e HidroAysén, entre otros, que demandan altas cantidades de agua para sus procesos productivos o la generación de energía.

Según el estudio, los motivos que más se repiten en todos los conflictos analizados son: el reclamo al derecho de la participación ciudadana y consulta indígena, la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio, demanda por ordenamiento territorial, y localización de proyectos en el borde costero, entre otros.

El estudio, elaborado por la consultora Agea y fechado en marzo pasado, agrega que del total de megaproyectos con conflictos, el 57,1% corresponden a la industria de energía, el 30,6% a la industria minera y el 12,2% al sector silvoagropecuario (agroindustrial, embalses y celulosas).

El informe agrega que de las 28 iniciativas energéticas en conflicto, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, 10 a centrales hidroeléctricas y un proyecto eólico.

Conflictos activos

Entre los conflictos latentes está HidroAysén, que consiste en la construcción de cinco centrales hidroeléctricas. Pese a que el gobierno le cerró la puerta al proyecto en 2014, la firma impugnó la decisión. En su memoria anual 2016, publicada hace pocos días, el gerente general de HidroAysén, Camilo Charme, explica que el año pasado han estado concentrados en una activa participación en la discusión de la Política Energética para la Región de Aysén y la legalidad de la evaluación ambiental del proyecto de las centrales hidroeléctricas, entre otros temas.

"Hemos mantenido nuestra defensa jurídica de la evaluación ambiental del proyecto de centrales hidroeléctricas, respecto de nuestro ordenamiento ambiental vigente, y estamos a la espera de la sentencia que dictará el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago", dice Charme en su carta a los accionistas.

Pese a que no hay movilizaciones contra el proyecto y a que Enel, uno de los socios de la firma, ha manifestado que HidroAysén no está en carpeta, los ambientalistas siguen de cerca la resolución que tomará el tribunal, al que la empresa recurrió para reclamar por la decisión de 2014. "El resultado es importante, porque se va a definir si es que el proyecto sigue teniendo autorización ambiental para construirse o no", dice Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente (Fima).

En Aysén también están los ojos puestos en el proyecto hidroeléctrico de Río Cuervo, cuyo futuro está hoy en manos del Tribunal Ambiental de Valdivia, añade Costa.

Muy pronto también se deberían realizar los alegatos en la Corte Suprema en torno a la central hidroeléctrica de pasada Mediterráneo, en la Región de Los Lagos.

Macarena Soler, abogada de la Fundación Gaute Conservación Sur, dice que los alegatos se podrían realizar este mes o el próximo. "Lo que más preocupa es el tendido eléctrico que está dispuesto en toda la cuenca de paisaje y el segundo tema, en la lista enorme de problemas que genera una hidroeléctrica de esta magnitud, es que esta empresa es descuidada, es negligente, es un mal vecino", afirma la abogada.

Mediterráneo, empresa que declinó referirse a su caso por estar "judicializado", es una central hidroeléctrica de pasada, es decir, que no considera embalses ni represas, pero sí el desvío de parte de las aguas del río Manso hasta unas turbinas para luego retornar a su cauce natural.