Durante los últimos días Uruguay se encontró con una modalidad que desde hace ya un tiempo se ejerce en la Argentina: la toma de terrenos privados o públicos.



Sin embargo, en Uruguay la política del gobierno no contempla este tipo de actos y ya van dos ocupaciones que fueron desalojadas, primero por la Policía y ahora por los mismos vecinos, ambas lideradas por un argentino.



Dos argentinos, Ariel Silva y Gabriel Leal, encabezaron una toma de terrenos tras ingresar con otras 30 personas a un predio en el barrio Las Capras, ubicado a sólo 600 metros de donde estos dos okupas ya habían liderado una toma similar el lunes.



En ese sentido, 170 personas entraron a un predio para luego empezar a parcelarlo, pero al final fueron desalojadas 48 horas después por la Policía, sin registrarse heridos pero con 18 detenidos, según publicó el diario El País de Uruguay.



En esta ocasión, Silva se enfrentó con Sebastián Alvez, un vecino que les pidió que se fueran del predio y tras la negativa de este argentino de 26 años volvió con un grupo de habitantes y cuidadores del campo, rompieron todos los materiales usados para parcelar y los echaron.



El argentino, que vende roscas y vive con su padre, un jubilado de 70 años, había advertido tras el desalojo policial del miércoles que iba a seguir con su objetivo de tomar tierras, porque según dijo quiere "un terreno para después pagarlo".



La tónica de estas personas es muy similar a la que ocurre en Argentina, aunque la celeridad con la que se toman decisiones en Uruguay es determinante para no tener okupas en terrenos que no les pertenecen.



Silva reunió a varios integrantes del grupo, con el claro objetivo de invadir un predio de 400 hectáreas y con la clara convicción de haber aprendido de los errores que dice haber cometido en la primera toma, ocurrida el lunes en la intersección de Camino Paso de la Española y Camino del Águila.



Los ocupantes permanecían dubitativos, pero Silva los convenció y en la tarde de ayer fueron a tomar el predio, siendo finalmente desalojados por los vecinos, quienes anoche montaron una guardia para evitar que ocurra algo similar.



La intendente de Montevideo, María Sara Rivero, remarcó que "hay una normativa que prohíbe la ocupación de tierras ilegales" y agregó que de ese tema se encarga "la Justicia".



"El predio tomado el lunes tiene un dueño que estaba al día con sus impuestos. Se lo desalojó con la Policía", precisó a Radio 10 la funcionaria, que negó que haya sido un movimiento espontáneo.



Mientras tanto, unas 20 familias que habían estado en la primera toma fueron al Ministerio de Vivienda uruguayo para pedir una solución a esta carencia, pero admitieron que ese es el mejor camino para conseguir el sueño de la casa propia y no por medio de la violencia.



De esta manera, Uruguay demostró interés y rapidez para solucionar este tipo de conflictos en el menor tiempo posible, al contrario de lo que ocurre en la Argentina, donde hay varios sectores de Capital Federal y el conurbano bonaerense que siguen intrusados, después de días, meses y hasta años en ciertos casos.

