Ana Bernal-Triviño

Nunca antes en la historia, las decisiones judiciales habían provocado tal nivel de movilización social y rechazo hacia la Justicia. Durante años muchas expertas habían advertido que, huérfana de perspectiva de género, la Justicia se convierte en un arma de discriminación institucional. Pero esta afirmación caló masivamente a raíz de dos casos emblemáticos: la sentencia que condenó a los violadores de una joven en los Sanfermines de 2016 (popularmente conocida como La Manada) y el caso de Juana Rivas.

“En cierto sentido la Justicia está liderando la reacción patriarcal” hacia los avances del feminismo, afirma la socióloga de la Universidad de A Coruña, Rosa Cobo, que reconoce que “la reacción en las calles a estos dos casos no tiene parangón en la historia del feminismo”.

Las consecuencias de la presión del movimiento feminista exigiendo cambios legislativos largamente postergados y mayor formación de los operadores jurídicos en perspectiva de género, comenzó a cristalizar y un grupo de expertos propuesto por el Gobierno ha comenzado a esbozar las primeras medidas.

Analizamos con distintas expertas algunos de los fallos y las posibles soluciones para lograr un sistema judicial más igualitario.

El movimiento feminista, origen de los cambios

Los movimientos feministas han ayudado a poner de relieve los problemas del sistema judicial. “Creo que el movimiento feminista ha explicado con claridad la falta de objetividad y de neutralidad de la justicia con las mujeres. Ha sido entendida por amplios sectores sociales que, a su vez, han visto que la parcialidad de un sector de la Justicia con las mujeres también se ha dado en otros campos, como, por ejemplo, en la dificultad de castigar a las élites económicas por los casos de corrupción”, apunta Rosa Cobo.

Alba Pérez, de Plataforma 7N, recuerda que esta denuncia siempre ha sido constante en el activismo feminista. “Llevamos años señalando la falta de sensibilización y formación con perspectiva de género de nuestros operadores jurídicos. Esta falta, en una sociedad que se supone igualitaria, es gravísima porque cuando esto ocurre nos encontramos con una justicia ciega y poco justa”.

Frente a estas acciones, han surgido también críticas que han criminalizado al movimiento feminista o han señalado que causa presión en las decisiones judiciales. ¿Hasta qué punto es cierto? “Yo creo que siempre que sean manifestaciones pacíficas, como siempre han sido las concentraciones feministas, es un toque de atención muy necesario para que la justicia esté más cerca a la sociedad”, explica la magistrada Victoria Rosell.

Visibilización de los estereotipos

La justicia patriarcal siempre se ha definido como aquella que, en su trabajo, explota los mandatos de género en sus interpretaciones y revictimiza a las mujeres agredidas. Estos meses diversas sentencias sin perspectiva de género han saltado al debate en los medios de comunicación. Pero, ¿ese punto de vista ha calado en la sociedad? Cobo no es optimista. “La sociedad española, en mi opinión, tiene muchas resistencias para aceptar que las mujeres estamos en una posición inequívoca de desventaja social”, advierte la socióloga.

Para Alba Pérez, estos estereotipos se han visibilizado más pero se mantienen porque vivimos en una sociedad donde está instalada la cultura de la violación, donde la pornografía y la prostitución se ofrecen como una educación sexual fácil para los jóvenes. “Perduran los mitos patriarcales de la violencia sexual como, por ejemplo, que la víctima debe resistirse de forma heroica”, advierte esta integrante de la plataforma 7N.

Para la abogada Carla Vall perduran muchos estereotipos. “En un estudio sobre violencia sexual vimos que había un patrón, un juicio previo que analiza si la víctima es una ‘buena mujer’. Y si no entra en ese concepto, no merecía esa protección”.

Las reformas definitivas en la Justicia

Se ha formado un grupo de expertos para reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, pero los avances se producen a cuentagotas porque hay un nuevo problema, y grave. Como advierte Victoria Rosell, se está empezando a cuestionar aspectos ya superados. “Por ejemplo, una idea falsa e irresponsable es que la justicia con perspectiva de género afecta a la presunción de inocencia. Nada más lejos de la realidad. Toda condena exige una prueba de cargo suficiente para quebrantar la presunción de inocencia del acusado”, remarca esta jueza.

El movimiento feminista se hace eco de estos problemas, pero el cambio no es rápido y depende de hacer política. “Cambiará en la medida en que el próximo Gobierno sea de izquierdas. La derecha no ha hecho políticas públicas feministas cuando ha estado en el poder. Al contrario, ha vaciado de contenido y ha dejado sin recursos las pocas que se habían hecho antes”, apunta Cobo.

Victimización añadida a las víctimas

Cómo tratar a la víctima debe ser uno de esos aspectos fundamentales en el sistema judicial. El dolor, las prisas o retrasos en celebrar un juicio pueden afectar al testimonio de la víctima. “La Justicia exige su denuncia y su testimonio, a veces, es contraproducente para su recuperación. Tenemos que esforzarnos al máximo para que el proceso penal no sea un favor de victimización añadido para las víctimas. Se necesita algo de tiempo, mucho cuidado y personas expertas para obtener un testimonio válido. Y, una vez obtenido, conservarlo”, advierte Rosell.

Para esta magistrada, la peor mentira es la de las denuncias falsas. “Se intenta transmitir que los hombres están en peligro por mujeres mentirosas que presentan denuncias falsas. Ya está bien. Ese mensaje hace muchísimo daño a las víctimas, no se puede lanzar el mensaje de que el sistema no las va a creer, sería disuasorio y profundamente injusto”, advierte la magistrada.

Por su parte, Valls cree que hay mujeres que se vienen abajo cuando pasan por las diferentes instancias judiciales. “Tengo que trabajar a nivel emocional con psicólogas, para que estén fuertes en ese momento. Muchas de ellas tienen incorporado que su implicación en el proceso judicial no será bueno para ellas, pero siguen por las que vendrán, y eso les motiva”.

El corporativismo como freno

La reacción a la sentencia de La Manada y en especial al voto particular del juez Ricardo González, que calificó la violación como un vídeo «de jolgorio y regocijo», encendió las reacciones en la calle. Como respuesta a estas manifestaciones, más de 750 jueces denunciaron ante el Consejo Consultivo de Jueces de Europa un intento de «linchamiento público» y una «gravísima amenaza contra la independencia judicial en España».

Otra situación peculiar fue la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar una diligencia a un juez que llamó «bicho» e «hija puta» a una mujer que había presentado una denuncia por maltrato. “Es el corporativismo del patriarcado, y el sistema judicial tiene que dejar de servirle de bastón. El CGPJ debería actuar en estas situaciones”, reclama Pérez, de Plataforma 7N.

Victoria Rosell, como magistrada, lo vive desde dentro. “Hay críticas que proceden de compañeros y compañeras que no están de acuerdo en que critiquemos resoluciones judiciales, lo consideran una deslealtad. Pero es que no debemos más lealtad a la carrera judicial que a la ciudadanía a la que servimos. La crítica nos hace avanzar”, argumenta.

Opinión parecida sostiene la abogada Carla Vall: “Hay un corporativismo evidente porque no estamos captando la dimensión de lo que tenemos delante, no ven que son unos delitos violentos que suponen un riesgo alto”.

La formación, asignatura pendiente

La especialización de los profesionales de la judicatura es en ocasiones deficiente. “Se han dado cursos de formación de 20 horas no presenciales que parece notoriamente insuficiente para denominarlo especialización”, subraya Rosell.

Para Cobo no es solo una cuestión de una formación especializada en la carrera, sino que debe partir desde la base. “No es aceptable que el alumnado de las facultades de Derecho no tenga asignaturas sobre desigualdad y violencia de género en los grados y másteres. ¿Cómo harán buenas sentencias si no son capaces de entender la arraigada desigualdad y desventaja social de las mujeres?”, denuncia la socióloga.

Rosa Egea, abogada del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección del Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno de Aragón, apunta que “arrastramos una legislación que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, no vamos a permitir que se continúen vulnerando los derechos del 50% de la humanidad”. Por su parte, Carla Vall argumenta que “se está judicializando un debate social y todo lo que suena a feminista dentro del juzgado te deslegitima para el resto del discurso”.

Medidas jurídicas que dañan a mujeres y menores

Egea pone en la diana un asunto vital: los maltratadores que siguen viendo a sus hijos. “Se fundamentan en el derecho del padre a disfrutar de sus hijos e hijas, como si fuesen de su propiedad. Arrastramos esta concepción desde el derecho romano, el ‘pater familias’. Es insólito en pleno siglo XXI”. Al menos, en verano de 2018, se logró reformar el Código Civil para los hijos e hijas puedan acudir a atención psicológica como víctimas de la violencia ejercida por su padre, sin que este tenga que dar una autorización que, obviamente, nunca se producía.

Egea aporta otro elemento a cuestionar. Vivimos en un Estado de Derecho, con una justicia garantista con los derechos del detenido, pero esta abogada advierte que eso no puede ser “en detrimento de la víctima del delito, a la que hay que proteger de la victimización secundaria”. Vall, como abogada, asegura que “a veces, parece que pedimos algo que no corresponde, cuando es algo dictaminado en el Estatuto de la Víctima. Casi pides perdón por exigir lo que corresponde para protegerla”.

El futuro con una ultraderecha institucional

Decía Susan Faludi que “la reacción antifeminista no se desencadenó porque las mujeres hubieran conseguido plena igualdad con los hombres, sino porque parecía posible que llegaran a conseguirla”. Para Pérez es la mejor descripción de la situación actual. “Ante todos los avances feministas siempre va a ver una reacción de los sectores más misóginos y machistas. Tenemos que continuar con firmeza porque nuestros derechos no son negociables”, advierte esta representante del 7N. “Hay sectores que ven amenazado el status quo de abuso de poder y de dominación masculina, sin entender que la igualdad va a favorecer a toda la sociedad y que con este cambio nadie va a perder todos y todas ganamos”, concluye Egea.