Mientras mirábamos cómo derribaban la estatua de Sadam, hubo iraquíes que vislumbraron la llegada de un tiempo de recuperación nacional en el que arraigaría un Estado democrático apoyado por la comunidad internacional. Muchos otros eran más escépticos aunque confiaban que al menos la democracia pudiera cicatrizar las heridas de la represión y la guerra. Para los más, sin embargo, esas heridas no iban a curarse sino a infectarse.

Es bien sabido que lo que emergió de las ruinas del Partido Baaz iraquí no fue ni la paz ni la democracia sino una ocupación interminable y la guerra civil. Más de una década después, instigadores de conflictos de todo pelaje ideológico siguen enfrentándose por llenar el vacío de Sadam o, simplemente, para beneficiarse de él.

Islamistas extremistas, aspirantes a señores de la guerra, políticos corruptos…, para todos esos grupos e individuos, un «Iraq libre» nunca quiso decir libertad para construir un nuevo sistema de gobierno representativo. Significaba, al contrario, libertad para aprovecharse y para transformar a su favor los invariables mecanismos de auto-enriquecimiento patrimonial y de control social.

Sin embargo, con perversa ironía, el conflicto ha fomentado al menos un ideal democrático: la igualdad. Aunque los enfrentamientos por ganar influencia y la consiguiente espiral de venganza hayan adquirido un carácter cada vez más sectario, la violencia ha sido una constante en la vida de todos y cada uno de los iraquíes por igual. Y donde más palpable se hace el igualitarismo brutal de la guerra civil de Iraq es en el asedio de los hospitales y centros médicos del país.

Después de casi medio siglo de cleptocracia interrumpida por las sanciones internacionales y la guerra, la infraestructura sanitaria de Iraq está exhausta. La situación de abierta subversión en las provincias más importantes del país ha supuesto que ya no existan las condiciones más elementales para una atención médica imparcial.

Un colega, al que me referiré como Ahmed, ha sido testigo de primer orden del deterioro que la salud ha sufrido en paralelo al de la seguridad. En la ciudad de Hit, a 30 kilómetros de Ramadi (en la provincia de Anbar), Daesh, fuerzas gubernamentales y milicias tribales han mantenido combates esporádicos durante casi un año. A medida que se intensificaban los enfrentamientos, Ahmed, especialista en pediatría que trabajaba en el hospital de Hit, intentó huir de la violencia y partió hacia Bagdad.

Pero, como es ahora común en Iraq, la profesión de Ahmed le convierte en un objetivo permanente. A su llegada a la capital, Ahmed recibió reiteradas amenazas de muerte de Asa’eb Ahl al-Haq y otras milicias chiíes locales; probablemente sospechaban que había atendido a heridos de Daesh mientras estuvo en Anbar. A la vista de la falta de alternativa, Ahmed regresó a Hit con la esperanza de que las condiciones de su hospital hubieran cambiado.

Y habían cambiado, pero no en el sentido que Ahmed esperaba. La última vez que hablé con él, en agosto, era el único médico que quedaba en la ciudad; todos los demás habían huido o habían sido asesinados en el avance de Daesh. Cuando el ejército iraquí se retiró de Hit en octubre pasado, la primera línea del frente resultante bloqueaba el hospital e impedía el acceso de la población civil por las carreteras cercanas. En consecuencia, la instalación hospitalaria no solo no ha podido recibir equipamientos médicos que funcionen ni suministros sino que ha acabado destruido por el continuo fuego cruzado.

Al igual que en Bagdad, Ahmed trabaja con miedo de ser represaliado por el simple hecho de atender a los miembros de su comunidad sea cual sea su procedencia sectaria o tribal. Para Daesh, la identidad de los pacientes de Ahmed -lo que menos debería importar a cualquier profesional médico- puede determinar que proporcionarles tratamiento sea considerado un acto de guerra. Lo que significa que ejercer como médico puede implicar que Ahmed viva o muera. Su elemental defensa de la imparcialidad médica -el principio de que un profesional médico no debe discriminar sino que debe proporcionar atención universal- podría constituir un crimen capital al capricho de cualquier extremista.

La historia de Ahmed no es un caso aislado. La multiplicidad de actores armados, léase Daesh, el Ejército iraquí o las milicias chiíes (que se consideran a sí mismas una red informal de «fuerzas de movilización popular»), ha creado una atmósfera fatalmente impredecible para quienes desempeñan la medicina y para sus familias. Al no existir un marco político estable, el sector sanitario ha sufrido un severo retroceso en materia de regulación, apoyo y protección; la insuficiencia sanitaria ha dado lugar a que entre las comunidades más pobres de Iraq hayan resurgido muchas enfermedades infecciosas previamente erradicadas.

Peor aún, el personal sanitario depende más de las órdenes arbitrarias de los ocupantes temporales que de la administración de los hospitales. En Mosul, por ejemplo, las fuerzas de Daesh han ocupado hospitales enteros y han amenazado con destruir las casas y matar a las familias de los médicos que huyan. Hay informes que indican que unidades del ejército iraquí han asaltado hospitales de zonas controladas por extremistas, y que combatientes de todas las afiliaciones han aprovechado las instalaciones médicas como posiciones militares.

Las líneas siempre cambiantes y vagas del campo de batalla hacen que las políticas médicas no se establezcan según criterios convencionales sino por los vientos de la guerra. En términos prácticos, esto significa que tratar hoy a un paciente cualquiera -incluso con una pistola apuntando a nuestras cabezas- puede suponer una sentencia de muerte mañana. Si el hospital cambia de manos, ¿cómo esperar que quien asume el control respete el juramento de Hipócrates?

No es sorprendente, pues, que esta marcada vulnerabilidad ante la explotación y las represalias haya provocado un éxodo masivo del personal médico iraquí. La Asociación Médica Iraquí informaba ya en 2007 por al menos «el 75% de los médicos, farmacéuticos y enfermeras habían abandonado sus puestos de trabajo en universidades, clínicas y hospitales», y que de este porcentaje, más de la mitad había huido del país.

Pero no todos se han ido. Durante el mismo período, entre 2003 y 2007, más de 2.000 médicos iraquíes fueron asesinados y otros 250 secuestrados. En 2008, una encuesta realizada a médicos iraquíes informaba de que más del 80% de los encuestados había sufrido al menos un asalto físico; un 38% del personal de urgencias denunciaba haber sufrido la amenaza de la violencia armada.

Aún así, a pesar del peligro, son muchos los médicos que como Ahmed siguen desafiando la violencia cotidiana y la intimidación para salvar las vidas de sus compatriotas. No lo hacen en nombre de ninguna secta, ideología, o afiliación política -y saben muy bien que salvar ciertas vidas podría costarles la suya propia. Lo hacen para que aquellos a los que atienden y curan puedan mirar algún día más allá de esas divisiones y recapaciten sobre las heridas comunes que todos compartimos como iraquíes. La comunidad internacional debe a estos médicos y médicas -y a este país- la ayuda necesaria para que puedan serlo con seguridad.

Ali Jasim es el seudónimo de un profesional de la medicina que trabaja actualmente en Iraq. El autor, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, es miembro consultor de Defenders for Medical Impartiality.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/between-daesh-and-hard-place-doctor-s-struggle-save-and-survive-iraq-2006384597#sthash.JGXT42UF.dpuf