El gigantesco fraude político, legal y electoral para legalizar la totalidad de las viviendas ilegalmente construidas está a punto de consumarse. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la semana pasada el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para permitir legalizar la totalidad de viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía. Es muy significativo que la primera medida política y legislativa del gobierno de Susana Díaz no tenga como objetivo luchar contra la especulación y la corrupción urbanística, sino ampararla y favorecerla.

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La modificación de la LOUA persigue eliminar el artículo que declara imprescriptible las infracciones de los actos de urbanización en suelo no urbanizable. Esta imprescriptibilidad es un arma legal de enorme importancia para impedir que se consoliden estas urbanizaciones ilegales, y deberían haber permitido a ayuntamientos y a la propia Junta de Andalucía actuar para desmantelar estas obras de urbanización (viales, redes de abastecimiento de agua y electricidad…). La absoluta desidia, cuando no manifiesta complicidad, de estas administraciones –que son las que tienen las competencias urbanísticas-, ha sido la principal causa de la existencia de esas miles de urbanizaciones y viviendas ilegales, y de la impunidad de los infractores y delincuentes urbanísticos. Ahora pretenden blindar a estos propietarios para que no se les pueda aplicar las normas de disciplina urbanísticas contempladas en la ley. La incompetencia y desidia de la Junta en la lucha contra la especulación urbanística queda patente con el escandaloso dato de que sólo haya efectuado una media de 4,3 derribos al año. De 5.438 casos investigados en los últimos años, sólo se han demolido 26 inmuebles, un 0,47% de los casos. La impunidad es total.

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El argumento de la presidenta de la Junta de Andalucía es una pura falacia. Repite machaconamente que beneficiará a los propietarios extranjeros que compraron de buena fe, sin ni un solo dato que lo atestigüe. Además, los que realmente fueron estafados, pueden acudir a los tribunales, como así han hecho alguno de estos propietarios. La Junta asegura que esta modificación legal beneficiará entre 20.000 y 25.000 viviendas, pero la realidad es que no tienen ni idea del número de viviendas existentes, ni de la propiedad y uso de las mismas (primera residencia, alquiler, vacías…). Así lo reconoce en respuesta a una petición de información realizada por Ecologistas en Acción sobre el número de viviendas y urbanizaciones ilegales y la situación jurídica de las mismas, en la que textualmente se asegura que: “La administración autonómica no conoce de forma precisa y detallada, los datos solicitados”, no aportando ni un sólo dato de las viviendas y urbanizaciones ilegales existentes en Andalucía y del estado de las mismas, remitiéndonos a que lo solicitemos a cada ayuntamiento. ¿Y por qué no lo hace la propia Junta de Andalucía?.

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La actitud de los máximos responsables de la Junta consiste en amparar a los que durante las últimas décadas han venido incumpliendo la legalidad urbanística, apoyar a los infractores y delincuentes urbanísticos cuya actividad no hubiera sido posible sin las tramas de corrupción que se han desarrollado en numerosos municipios. La inclusión de un artículo que obliga a archivar los expedientes sancionadores de los ayuntamientos contra las viviendas y urbanizaciones ilegales es de una extrema gravedad, y totalmente ilegal, ya que supone una descalificación en toda regla de los ayuntamientos que han cumplido con la ley y expedientado a los infractores urbanísticos, y una injerencia inadmisible en las competencias municipales. Ecologistas en Acción estudiará denunciar por prevaricación a los que apoyen esta norma manifiestamente ilegal.

Si el PP indultó a numerosos alcaldes condenados por estas tramas de corrupción urbanística, ahora el PSOE amnistía a los que han construido ilegalmente. En esto, en poco se diferencian. Esta modificación contará con el entusiasta apoyo del PP, como era previsible, y también de Ciudadanos, que no deja de ser preocupante, pues es un nuevo partido que se presenta con la bandera de la lucha en defensa de la legalidad y contra la corrupción. Ni el PSOE ni Ciudadanos llevaban esta reforma en su programa electoral, lo que supone por tanto un fraude electoral.

El discurso de la regularización de las viviendas ilegales es un arma política devastadora para el medio ambiente y el paisaje, así como para la política social, al favorecer unas formas constructivas que fomentan la insolidaridad y descohesión social, y para el propio estado de derecho al que desarbola en su núcleo más ejemplar, los jueces, fiscales, policía, políticos y ciudadanos cumplidores de las leyes, que son mayoría, constituyendo un escándalo de enormes proporciones.

Ecologistas en Acción emplaza a la presidenta de la Junta de Andalucía a que explique a los andaluces cuando se adoptarán medidas legislativas y políticas para que se cumpla el mandato constitucional de un uso racional del suelo y frenar la especulación urbanística (artículos 45 y 47 de la Constitución Española).