La Guardia Nacional que propone Andrés Manuel López Obrador, con disciplina y formación militar, viola estándares internacionales en materia de derechos humanos, deforma preceptos constitucionales establecidos desde hace siglo y medio y emula un modelo propio de regímenes dictatoriales o antidemocráticos.

Así lo advirtieron expertos en Derecho constitucional e internacional, y el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante las audiencias públicas convocadas por el Senado para analizar la minuta de Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados, e impulsada por el gobierno de López Obrador.

Los especialistas consideran que el modelo propuesto en dicho dictamen ha caído en desuso desde hace más de dos décadas, y que hoy en día solo se asemeja a la guardia militarizada de Venezuela.

Sumado a lo anterior, la mayoría de ellos coincidió en que es una solución fallida, pues los datos muestran que en 2006, cuando comenzó el periodo de combate a la violencia con el uso de fuerzas armadas, la tasa de homicidios en México era de 8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que para 2018 dicha tasa ya asciende 25 crímenes por 100 mil habitantes.

“No me parece posible que México sea incapaz de constituir una fuerza policial civil capaz de enfrentar a la delincuencia y opte por una vía que no es acorde al Derecho Internacional”, sentenció en su intervención Jan Jarab, el representante de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

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A continuación se presentan algunas de las principales objeciones y dudas que presentaron los especialistas:

Viola marco internacional y constitucional

Uno de los puntos centrales en que coincidieron la mayoría de los especialistas es que el modelo de Guardia Nacional planteado en la minuta aprobada por los diputados, el cual incluye componentes militares en áreas como la formación, disciplina, fuero y mando mixto, violenta de forma flagrante el marco internacional en materia de derechos humanos que México está obligado a acatar.

El abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, Santiago Corcuera Cabezut, advirtió que ningún estado democrático puede invocar modificaciones a sus normas internas para ir en contra de los parámetros convencionales que están en tratados internacionales, y que son claros en el del uso excepcional y limitado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

“El Senado está obligado a llevar a cabo un control legislativo de convencionalidad porque estamos ante un dictamen que dice formar una policía civil, pero que delega múltiples tareas a la Defensa: desde el reclutamiento, la disciplina, el mando con mayoría militar. Es no es policial sino es militar, y es una contradicción frontal a la norma internacional”, dijo.

Jan Jarab hizo hincapié en que México “tiene obligaciones con los estándares internacionales” en derechos humanos que no pueden soslayarse. Advirtió que lo normal en un estado democrático es enfrentar con instituciones policiales civiles a los delincuentes, y que el uso de las fuerzas armadas debe ser extraordinario, como lo han dejado en claro las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, y la decisión de la Suprema Corte de Justicia en México al anular la Ley de Seguridad Interior.

“Las dos máximas cortes en México y el continente han dictado sentencias sobre el papel excepcional de fuerzas armadas en seguridad. Pero ahora se pretende elevar a política convencional lo que es extraordinario. La intervención militar sino es extraordinaria, regulada y fiscalizada no pasa la prueba de la convencionalidad”, dijo Jarab.

Los especialistas también alertaron que el dictamen de reforma de la Guardia Nacional, sobre todo en el apartado de artículos transitorios donde se deja sin plazo perentorio el apoyo del Ejército en seguridad pública, va en contra de los parámetros constitucionales que han moldeado a México en los últimos 150 años.

Corcuera dijo que desde la Constitución de 1857, y posteriormente en el artículo 129 de la Constitución de 1917, se estableció que los militares deben limitar su actuación fundamentalmente a sus funciones, que son ajenas a la seguridad pública. Cosa que, añadió, ahora se pretende ignorar modificando la redacción.

El politólogo e investigador Jorge Javier Romero acusó que con el dictamen de Guardia Nacional se busca “deformar el orden constitucional” establecido so pretexto de combatir una situación de violencia a través de lo que, dijo, “es la institucionalización de la militarización de la seguridad pública”.

Modelo propio de dictaduras y alta letalidad

El Doctor en Derecho y exsecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álvaro Vizcaíno Zamora, advirtió que el modelo de Guardia Nacional que pretende crear México es obsoleto y propio de regímenes autoritarios. Esto a partir de un estudio comparado que llevó a cabo con 47 gendarmerías y guardias que existen en el mundo.

De entrada señaló que de las 47 guardias 44 se crearon antes de 2001, y solo 3 en las últimas décadas. Es decir, se trata de una alternativa que ha caído en el desuso.

Y del total de guardias y gendarmerías hay 22 que datan del siglo XIX, cuando se privilegiaba el modelo militar que paulatinamente se ha ido abandonando hacia el modelo de mando civil. Prueba de ello es que en 2009 la guardia de Francia cambió al modelo totalmente civil, mientras que la de Chile y Argentina hicieron lo propio en 2011.

“Hoy solo hay tres guardias donde el componente militar predomina en el mando, la formación y reclutamiento de elementos y son las de Portugal, Túnez y Venezuela. El modelo propuesto en México se asemeja más al de Venezuela”, dijo Vizcaíno.

El especialista concluyó que, actualmente, 9 de cada 10 gendarmerías que son 100 % civiles se encuentran ubicadas en países con regímenes democráticos, mientras que 3 de cada 4 guardias militares operan en gobiernos dictatoriales.

El representante de la ONU, Jan Jarab, subrayó que la experiencia a nivel internacional y en México ha dejado en claro que el uso de las fuerzas armadas no es adecuado en la seguridad pública, pues se trata de fuerzas de combate que no están diseñadas para la prevención e investigación.

Prueba de ello, dijo, es el nivel de letalidad del Ejército en México que es de 10 a 1 e incluso letalidad perfecta, índices que no existen en las guerras convencionales.

“Tenemos un dictamen donde hoy hay fuero militar, disciplina y capacitación militar. Estamos creando un cuerpo que nos identificará con los regímenes autoritarios y dictaduras, no con las democracias”, dijo por su parte el politólogo Javier Romero.

Abandono de policías y fiscalías

Otro aspecto negativo destacado por los especialistas, sobre esta propuesta de reforma, es el abandono de las fuerzas de seguridad civil.

Jorge Javier Romero señaló que si el argumento para crear la Guardia Nacional es que la Policía Federal es una institución inútil y poco confiable, deben entonces mostrarse los diagnósticos que son prueba de ello. En cualquier caso, dijo que es un contrasentido pues a la vez se propone incluir elementos de Policía Federal en al Guardia Nacional.

“Y en todo caso, si el diagnóstico es que no hay fuerzas de policía civil suficientes, entonces más bien se deberían quitar recursos a la Defensa Nacional para fortalecer estas instituciones”, señaló.

En el mismo sentido se expresó Jan Jarab al advertir que con la creación de la Guardia se pretende desarticular a la principal fuerza policial del país, que es la Policía Federal, un contrasentido respecto a lo que marcan los criterios internacionales que privilegian el uso de la fuerza policial civil, y no militar.

Peor aún, dijo el representante de Naciones Unidas, es que si se reconoce que el problema más profundo en México relacionado con la violencia y el crimen son los altos índices de impunidad, no se opte por desarrollar a las fuerzas de investigación.

“¿Por qué se propone fortalecer a las fuerzas armadas en lugar de a las fiscalías? ¿Por qué en lugar de fortalecer a los investigadores se quiere convertir a militares en ellos? ¿De verdad creemos que con un curso rápido van a saber investigar? ¿O será que lo que pretendemos buscar más bien es el uso de la fuerza?”, cuestionó Jarab a los legisladores.

El experto en Derecho Constitucional e investigador del CIDE, Raúl Mejía Garza, concluyó que la creación de la Guardia Nacional, militar o no, no resolverá el problema de la violencia en México. En el mejor de los casos, dijo, será una medida que “encubra el problema” pero no es la solución, pues para ello se requiere del desarrollo integral de corporaciones de seguridad y de investigación de todo el país.