MÉXICO, D.F. (apro).- El más reciente escándalo de espionaje político, detonado en vísperas del inicio de la campaña electoral, tiene todos los elementos para que los autores vayan a la cárcel: El delito es la intervención de comunicaciones privadas y la víctima, Josefina Vázquez Mota, ha identificado como el criminal a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.

Más aún, de acuerdo con la propia Vázquez Mota, García Luna tiene un cómplice en esta conducta delincuencial: Alejandra Sota Mirafuentes, vocera de la Presidencia de la República, y también, portavoz en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.

Luego de que este mismo lunes 26 presentó la denuncia de hechos Agustín Torres Ibarrola, coordinador de Redes Sociales de la campaña de Vázquez Mota y quien fue grabado en una conversación con ella, las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) deben determinar la responsabilidad de ambos funcionarios, si actuaron por su cuenta o si se los ordenó su jefe.

Si Calderón no sabía del espionaje y la difusión que de esa ilícita actividad hacen García Luna y Sota Mirafuentes mediante filtraciones, como acusa Vázquez Mota en la conversación con Torres Ibarrola obtenida ilegalmente, es algo muy grave, pero si lo efectúan con su aval es todavía peor, porque conciente actos delictivos a sabiendas.

Es cierto, no sorprende y en todo caso es un elemento más que explica la impunidad con la que ha actuado García Luna a lo largo del sexenio, como el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala acreditaron la conducta delictuosa de ese funcionario favorito de Calderón.

No extraña, por eso, el silencio de los implicados y el presuroso afán de Javier Lozano, uno de los portavoces del Partido Acción Nacional (PAN), de culpar del espionaje al PRI, partido en el que militó hasta 2006 y cuyas prácticas conoce muy bien, pero sobre todo de encubrir a García Luna, prototipo de la delincuencia desde el poder: “Estoy aquí para defenderlo”.

Y añadió: “Yo sí le tengo respeto y afecto, y consideración a Genaro García Luna, y creo que si el presidente de la República le ha brindado su confianza es porque es un hombre leal a la institución a la que sirve, al país para el que trabaja y al presidente que lo nombró.”

Es sabido que Lozano no actúa por sí solo ni tiene criterio propio y que si defiende a García Luna es porque lo mandó su jefe, sobre todo cuando es Vázquez Mota la que lo acusa, como queda claro en la grabación dada a conocer este lunes por el portal La silla rota, en la charla con Torres Ibarrola –por cierto sobrino de Calderón– al final del último debate con Ernesto Cordero y Santiago Creel.

“Vamos a ganar, ¿y luego qué vamos a hacer?”, dice Vázquez Mota en una expresión muy reveladora también de su verdadera estatura política, y enseguida le comparte a su colaborador: “Como nos están grabando, mándale un saludo a Alejandra Sota”.

Poco después, la candidata del PAN insiste en que la conversación está siendo grabada –“los dos les mandamos saludos a Alejandra Sota y a Genaro García Luna”–, y enseguida hace imputaciones inequívocas: “Un saludo cariñoso para Genaro García Luna, que nos graba en lugar de grabar al Chapo. Y un saludo muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas nuestras llamadas telefónicas. ¡Pinche Sota!”.

La acusación, entonces, está hecha y la Constitución, en su artículo 16, establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.”

El Código Penal Federal, en el artículo 177, señala: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.”

De manera que, si hay voluntad, la PGR puede investigar y dar con los responsables que, conforme a lo que dice Vázquez Mota, son García Luna y Sota Mirafuentes, como deben hacerlo los abogados que ella contrató: Germán Martínez y Fernando Gómez Mont.

La otra opción es que la acusadora, candidata presidencial del PAN, quede como una falsaria…

Apuntes

Hace tres semanas, el 5 de marzo, en este espacio se informó de la demanda que el abogado Pedro Leblic, en representación de decenas de padres de familia, presentó ante los tribunales de España contra la organización secreta El Yunque, debido a que viola el artículo 22.5 de la Constitución de ese país, que prohíbe “las asociaciones secretas y de carácter paramilitar”. Pues bien, un juez civil ha decidido admitir la demanda, una decisión inédita que permitirá conocer el nivel de penetración de ese entramado ideológico que opera, también, en otros países. En México, mientras tanto, los juramentados hicieron valla y cantaron loas a Joseph Ratzinger, el Papa que dio la comunión a un sujeto que la historia juzgará por las matanzas que propició…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado