José Luis Quintana (Madrid, 1961), médico de familia y director del centro de salud El Greco de Getafe (Madrid), lleva semanas de movilizaciones contra el plan con el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, pretende privatizar la gestión de 27 ambulatorios y seis hospitales. Una marea blanca de manifestaciones, encierros y huelgas que ha llevado a aplazar 30.000 consultas. Pero su empeño aún no ha dado frutos. El jueves, Madrid aprobó la primera parte de su plan, a lo que los sanitarios contestaron con una medida de presión inédita: la dimisión de los equipos directivos de 125 centros —uno de ellos el de Quintana—, si la privatización se hace efectiva. Los profesionales perderían entre 200 y 300 euros al mes.

Pregunta. ¿Cuántos equipos se han adherido a la dimisión?

Respuesta. Seguimos recogiendo firmas. Ya tenemos unas 125, casi la mitad de las firmas de los 270 equipos directivos de la comunidad. Son unas 400 personas entre directores, responsables de enfermería y de las unidades administrativas. Además, están las de los responsables de otras tareas que se realizan en los centros de salud: uso racional de los medicamentos, protocolos específicos, calidad, cuidados enfermeros...

P. ¿Qué buscan con la medida?

R. El objetivo fundamental es que la consejería de Sanidad entienda el profundo malestar y la gran decepción que supone para los profesionales la implantación de medidas encaminadas a la venta de hospitales y centros de salud. El número de dimisiones es un dato importante pero con las que hay ya unos dirigentes sensatos deberían pensar hacia dónde dirigen el servicio madrileño de salud, que es de todos los ciudadanos.

P. El consejero Javier Fernández-Lasquetty dijo que si se hacen efectivas las dimisiones sustituirá a los profesionales de inmediato.

R. No creo que sea tan sencillo encontrar a cientos de personas dispuestas inmediatamente. Tenemos una consejería que más que responsables y directivos, busca personas que le den la razón y que aplaudan sus decisiones. Por eso, cuando se equivocan, como ahora, critican y descalifican a quien está en desacuerdo. No pueden pretender palmeros, necesitan personas con espíritu crítico.

P. ¿Qué significa la privatización de la gestión de 27 centros?

R. Un despropósito. Nadie lo ha hecho antes. Implica romper un sistema de calidad acreditada y bajo coste, traspasar impuestos de los madrileños a los beneficios de personas o empresas.

P. ¿Afectará a los pacientes?

R. Los pacientes no tendrán que pagar ni un euro por la asistencia, pero perderán a su médico y su enfermera. Profesionales elegidos por ellos, que pasarán a ser escogidos por la empresa que gestiona el centro.

P. ¿Hay voluntad negociadora por parte de la administración?

R. Se ha esperado al último minuto dejando un margen de tiempo mínimo, pero tenemos que creer que existe voluntad de pacto. Prefiero pensar que se desea un punto de encuentro, aunque algunas declaraciones señalan lo contrario. Nuestra mano va a seguir tendida.

P. González y Lasquetty han descalificado las movilizaciones.

R. Que el presidente de la Comunidad de Madrid, responsable del funcionamiento de las instituciones, diga que “sean bienvenidas las dimisiones”, habla mal de su sentido de la responsabilidad y de cómo se entiende la tarea de gobierno. Que el consejero diga que optimizar el tiempo de ingreso de los pacientes para que pasen solo los días necesarios en el hospital --tal y como proponíamos en nuestro plan de ahorro-- pone en riesgo al paciente solo se explica desde el desconocimiento y desde la falta de argumentos. Muy triste.

P. ¿Cree que se podrá parar el plan?

R. Por descontado que creo que se puede parar el plan privatizador. No se puede gobernar contra todo el mundo. Seguiremos movilizándonos suceda lo que suceda. Las próximas acciones dependerán del escenario en que nos sitúe la consejería: intento de acuerdo o conflicto.

P. ¿Madrid es un laboratorio de prueba para otras regiones?

R. Comunidades, sanitarios y gobernantes de toda España, miran a Madrid. En el trasfondo de todo, no está solo el ahorro –porque, de hecho, no creo que se ahorre--, está una forma de entender la prestación de sanitaria. No se privatiza para ahorrar, sino por ideología. La sanidad debe ser un derecho y no una posibilidad de negocio.