La Audiencia Nacional ha condenado este lunes a dos años de prisión al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y a otros tantos al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que filtró al exdirigente político información sobre la operación policial que se estaba llevando a cabo en Valdemoro en el marco del caso Púnica. El alto tribunal también ha castigado con un año y medio de cárcel al exmiembro del instituto armado en excedencia José Luis Caro Vinagre, también por facilitar el mencionado chivatazo.

Según la sala, el soplo provocó un "intenso" daño a la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil así como al esclarecimiento de los hechos que rastreaban los agentes del mencionado departamento. Además, continúa la sentencia, permitió a los imputados destruir pruebas e incluso ocultar dinero proveniente de la presunta trama corrupta.

Talamino admite que le dijo a Granados que había "un dispositivo en Valdemoro" Roberto R. Ballesteros El guardia civil asegura que fue solo un comentario en una conversación "ocasional" y añade que inmediatamente negó que él trabajara en ese operativo y que tuviera certeza de ello

Tanto Granados como Caro Vinagre han sido condenados por un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario. Talamino, por su parte, lo ha sido por un ilícito de violación de secreto también agravado. Este último guardia civil, además, ha sido castigado con una pena de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El tribunal entiende que Talamino, que era experto en tecnología de seguimientos, alertó a Granados el 5 de septiembre de 2014, durante las fiestas de Valdemoro, de que la UCO estaba trabajando en la localidad de Pinto y, en concreto, vigilando la sede de Éboli, donde estaba el despacho de David Marjaliza.

Según el relato de los hechos considerados probados por la Audiencia Nacional, al día siguiente, el agente en excedencia Caro Vinagre, que trabajaba como asesor de la Comunidad de Madrid, buscó a Talamino para sacarle más información. El guardia civil le confirmó entonces que el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO había iniciado un dispositivo de captación de imágenes preparado por él mismo para grabar a quien acudiera a ver a Marjaliza y "acreditar el pago de comisiones". Estos nuevos datos fueron igualmente trasladados por Caro Vinagre a Granados, según entiende probado el tribunal.

Fue entonces cuando el exconsejero madrileño se enteró de que estaba siendo investigado por corrupción, tras lo cual pidió a Marjaliza que destruyera toda la documentación que los relacionaba. Este último ordenó a su vez a un "subalterno" que se deshiciera de una serie de papeles seleccionados, entre los que había facturas de regalos, el organigrama de sociedades y testaferros así como contratos en cuya adjudicación había mediado. Marjaliza también ocultó el dinero en metálico que guardaba en su caja fuerte, mientras Granados escondió el dinero que guardaba en su domicilio y que posteriormente fue descubierto en un armario de casa de sus suegros, donde los agentes de la UCO intervinieron 922.000 euros en billetes de 500, 200 y 100.

Rodríguez Talamino, en el centro, entre Granados y Caro Vinagre, durante el juicio. (EFE)

Tras la filtración, explica la resolución, “los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y, cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios". Además, continúa la sentencia, "se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas”.

Durante el juicio, el propio Talamino negó haber realizado el chivatazo que, según la Fiscalía, alertó al exdirigente popular de que estaba siendo investigado en el marco del caso Púnica. El guardia civil, que trabajaba en el Grupo de Apoyo Técnico de la Guardia Civil —responsable de instalar micrófonos y pinchar teléfonos—, sí admitió sin embargo que conocía a Caro Vinagre, que por aquella época estaba en excedencia trabajando en la Comunidad de Madrid junto a Granados, y que a Granados le confesó que había un operativo en Valdemoro.

"Granados se acercó a mí cuando yo iba a la barra; me pareció normal, pues estábamos en fiestas; hicimos algunos comentarios jocosos y ya está, lo habitual; no hablamos nada sobre la instalación de ningún medio encubierto; me hizo alguna pregunta sobre el comentario que yo le había hecho la noche anterior, cuando le dije que había dispositivos de la UCO en Valdemoro; me preguntó si yo trabajaba en ese dispositivo; le dije que no, que era una suposición mía", relató Talamino a cuenta de una conversación que mantuvo durante las fiestas de la población.

Granados: "El agente solo me dijo que tenía compañeros trabajando en Valdemoro" Roberto R. Ballesteros El exdirigente del PP madrileño admite que el guardia civil Talamino le alertó de que había un operativo abierto en la localidad, pero asegura que fue un comentario general, que no le concretó nada

El guardia civil explicó que, días después de ese encuentro casual, mantuvo una cita con su excompañero Caro Vinagre —que le había pedido días antes que se vieran— en la que este último le preguntó qué le había contado a Granados para que estuviese tan preocupado. Talamino aseguró que no le dijo nada en ese momento sobre la investigación y que le respondió tan solo que se sentía mal porque, por un comentario general, esa familia estuviera tan preocupada.

Así lo dijo el guardia civil en la primera sesión del primer juicio del caso Púnica, cuya sentencia acaba de ser notificada. La resolución, que condena a los tres acusados, da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, que culpaba a Talamino de facilitar a Granados información reservada sobre la investigación que había en marcha contra el empresario David Marjaliza, también imputado en el caso Púnica.

El fallo cuenta con el voto particular del magistrado Nicolás Poveda, que se muestra conforme con las penas impuestas pero discrepa tanto en los hechos probados como en la fundamentación. El miembro del tribunal discrepante considera que el testimonio de Marjaliza y su secretaria, Ana Ramírez, respecto a la destrucción de documentación no está acreditado y que en la declaración de ambos durante la vista existen numerosas contradicciones, por lo que ambas pruebas no deberían ser entendidas como tal.