El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, advierte al Gobierno de que no permitirá que se produzca la exhumación del dictador Francisco Franco. En una misiva enviada este miércoles y dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegura que su "Abadía no autoriza el acceso a la Basílica (lugar de culto) con la finalidad de acceder a una 'res sacra' (sepultura)".

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A pesar del visto bueno del Tribunal Supremo a esta actuación, la máxima autoridad religiosa en el Valle de los Caídos reseña que esa sentencia "no resuelve alegaciones" planteadas por la Abadía, entre las que destaca la "vulneración de la libertad religiosa" de su "comunidad al pretender actuar en un lugar sagrado" y no contar con "la preceptiva autorización eclesiástica".

El mismo día que el prior ha enviado esta misiva a Calvo, el Alto Tribunal también ha decidido que el Gobierno podrá exhumar los restos del dictador aunque Cantera se niegue a ello. Así lo ha reiterado este miércoles el Supremo, que ha contestado a la familia que "no es necesaria" la aclaración de la sentencia que autorizó el traslado del cadáver del dictador al cementerio de Mingiorrubio solicitada por sus descendientes.

En su argumentación insiste en la configuración de este espacio como "lugar de culto" y destaca que "el carácter de 'res sacra' de las sepulturas que se encuentran en su interior es indiscutible'". "Como usted bien sabe, los bienes inmuebles del Valle de los Caídos pertenecen a la Fundación de la Santa Cruz y parte de ellos (entre los que se encuentra la Basílica) fueron cedidos en administración a esta Abadía", explica a la vicepresidenta.

Cantera, que fue candidato del partido ultraderechista Falange en la década de los 90, justifica su decisión amparándose en la "defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas". Asimismo insiste en que lamenta "la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados".

La semana pasada el Supremo sentenció que no apreciaba arbitrariedad ni desproporción en la decisión del Ejecutivo de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y remarcó que la exhumación no lesiona el derecho de los familiares a elegir el destino de los restos, pues este es un derecho que no es absoluto y que "puede ser limitado por razones de interés público". "No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes", señalan.

Ante este fallo, el prior incide en que en su demanda alegaban "vulneraciones de derechos fundamentales" cuya última palabra "no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional" o al "Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo". "El sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el Ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales", indica en su carta.

"Si autorizáramos, ahora, la exhumación, no solo dejaríamos sin finalidad legítima los recursos de amparo que, sin duda, se producirán, sino que careceríamos de justificación para oponernos - como nos opondremos a la exhumación - anunciada en los escritos del Estado - de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía", insiste en su escrito.

Desde la Abadía, el prior asegura que no han desacatado la sentencia del Supremo. En un segundo comunicado asegura que su postura de evitar el acceso a la Basílica se debe al "principio de inviolabilidad de los lugares de culto y en defensa de la correcta interpretación de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, sin perjuicio de otros derechos fundamentales y valores morales y religiosos que entendemos vulnerados".