Aunque sabía que podía terminar en prisión, el líder sindical de Guayana Rubén González nunca dejó de encarar, a viva voz y sin titubeos, los atropellos del gobierno hacia su gremio. Luego de meses dando muestra de su temple, al final de un día que todos habían considerado exitoso en la lucha por sus derechos, lo llevarían a la cárcel, una vez más.

Fotografías: William Urdaneta y Rafael Hernández

—Acompáñenos al comando —le dijo uno de los guardias a Rubén González, después de verificar su cédula de identidad.

Era miércoles 29 de noviembre de 2018, poco después de la 1:00 de la madrugada. Dirigentes sindicales y trabajadores iban rumbo a Ciudad Guayana en dos autobuses tipo Encava, por la carretera que conduce al oriente venezolano. Regresaban de Caracas, luego de una marcha que consideraron histórica.

En un país donde la protesta tiene un alto costo político, el liderazgo de sindicatos disidentes venía de plantarse en el centro de la capital y marchado varias cuadras, desde la plaza Morelos hasta la Defensoría del Pueblo. Tenían mucho tiempo sin lograr manifestar de esa forma, porque los reprimían los cuerpos de seguridad del Estado. Esta vez, sin embargo, no hubo bombas lacrimógenas, ni tampoco perdigones.

Pero casi 24 horas después de la jornada, camino a sus casas en el sur del país, un contingente militar los interceptó. Estaban en la alcabala de Anaco, estado Anzoátegui. Más de 30 efectivos de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron las unidades. Uno de los funcionarios llevaba dos nombres anotados en un papel. Uno de ellos era el de él. El mismo Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), quien horas antes había dicho ante los medios de comunicación que, más temprano que tarde, Nicolás Maduro y su gobierno tendrían que irse, porque habían “llenado al país de hambre, miseria y destrucción”.

Rubén González estuvo esquivando ese desenlace para un capítulo que había comenzado casi cuatro meses antes, el 6 de agosto de 2018, cuando trabajadores salieron a protestar por primera vez en Ciudad Piar, en contra de la decisión unilateral del Gobierno de unificar los eslabones salariales de la administración pública. Entonces el liderazgo recayó en los hombros de González, porque Sintraferrominera es el segundo sindicato más importante de la región, y porque él era el único dirigente legítimamente electo que no había bajado su voz, pese a las reiteradas amenazas oficiales y maniobras judiciales. Ferrominera es una de las pocas empresas básicas de Guayana que aún produce y exporta materia prima. Y tanto Sintraferrominera como el sindicato de Sidor están intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2014.

Una semana después del inicio de la huelga del 6 de agosto, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional entró a la casa de González, ubicada en Ciudad Piar, a unos 45 minutos de la fábrica, al pie de las minas donde se extrae el hierro para trasladarlo hacia las plantas procesadoras en Ciudad Guayana.

Minutos antes, al terminar la habitual asamblea de trabajadores en el portón de San Isidro, dos guardias nacionales lo habían abordado en la vía conminándolo a que los acompañara al comando.

—Pero, ¿cómo es eso? ¿Estoy o no detenido? —les preguntó.

Los funcionarios no respondieron e intentaron bajarlo de la camioneta que manejaba. El dirigente arrancó veloz, pero los guardias lograron montarse en la parte trasera. La maniobra terminó en su casa, donde los militares tomaron fotos, mientras los familiares les exigían que se fueran. Todo terminó en un forcejeo y en golpes.

En esas tierras color naranja, González ha vivido casi toda su vida, o casi una vida: 35 años. Es una casa blanca, discreta pero amplia, bordeada por un jardín y matas de mango, ubicada en este caluroso pueblo en el que más del 90% de sus habitantes viven y dependen de las operaciones de Ferrominera Orinoco.

De allí salió electo concejal con los votos del chavismo, electo en 2005 con 52% de los votos, tres años antes de que asumiera la lucha sindical y cuatro años antes de su primera detención por liderar una huelga. En 2009, en una treta similar, un tribunal lo encarceló por cuatro delitos, y 17 meses después lo condenó a siete años de prisión aunque el TSJ se echó para atrás al día siguiente.

Fue en esa casa en la que crió a sus hijos: Yarudid, Rubi, Yhezzy y Rubenny, y donde vivía con ellos y con sus 14 nietos y su esposa, Yadid de González, la mujer que le ha acompañado toda su vida. De allí, también, tuvo que huir por más de una semana, luego de que aquel 13 de agosto la Guardia Nacional intentara sin éxito llevárselo preso.

Esa vez escapó, pero no por mucho tiempo.

Tres meses después, la mañana del 1 de noviembre de 2018, González volvería a dar una demostración de su talante cuando efectivos del Ejército dispararon para disolver la misma huelga que, para entonces, ya casi llegaba a los tres meses. En todo ese tiempo, no se había procesado un solo gramo de mineral de hierro, como forma de ejercer presión para la adecuación de las tablas salariales.

Ese día, en el portón principal de la fábrica en Ciudad Guayana, más de siete soldados armados con FAL intentaron mover una camioneta blanca que estaba parada en la entrada principal de Ferrominera Orinoco, trancando el acceso a la plaza. Pero los trabajadores los retaron.

—Van a tener que matarnos —les decían a los uniformados, mientras se les iban acercando.

Luego hubo disparos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.

—Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, nosotros lo que les estamos diciendo a ustedes, sí, a ustedes, es que no sean dictadores —vociferó González, rodeado de una veintena de hombres vestidos con sus camisas color caqui, bajo el sol, encandilados, sosteniendo proyectiles de balas en sus manos como si fuesen canicas.

—Nicolás Maduro, ¿tú crees que con 3 mil o 4 mil bolívares un trabajador puede comprar algo? Yo te invito a que vayas e intentes comprar algo. Ahora resulta que no podemos protestar porque nos mandan al Ejército a echarnos plomo —dijo con firmeza, mirando fijamente a una cámara que lo grababa.

El video circularía luego por las redes sociales. Era otro episodio de un conflicto que, otrora, hubiese sido el motivo de una huelga general al sur y en todo el país.

Pasaron 27 días y Rubén González junto a unos 20 dirigentes sindicales de Guayana y más de 50 trabajadores llegaron a Caracas, luego de 8 horas de carretera, atravesando en el país en varias camionetas y un autobús alquilado. Fueron a la audiencia del ferrominero Rodney Álvarez, un trabajador acusado de homicidio y a quien ellos consideran un preso político. Pero también viajaron para asistir, el miércoles 28 de noviembre, a una marcha que creyeron un momento cumbre en la lucha de los trabajadores.

El movimiento sindical reclamaba respeto a las convenciones colectivas, ante una reciente estocada a los contratos colectivos: en septiembre, el Gobierno había interpuesto un nuevo cálculo para el tabulador salarial. Ya no sería el salario mínimo sino el petro, una muy cuestionada criptomoneda creada por Nicolás Maduro, cuyo precio calcula a discreción. Todos los tabuladores del país, a partir de entonces, comenzarían a medirse bajo esta única referencia, imponiendo un tope de ganancia y unificando salarialmente la nómina pública del país.

En Caracas entró en calor un nuevo intento de agrupación para hacerle frente a las pretensiones del patrono. Se llama la Intersectorial de Trabajadores, la cual busca vincular a todos los gremios del país bajo una única plataforma de protesta, casi prohibida en Venezuela luego de las turbulentas manifestaciones sociales de 2017.

Fue así como el conflicto se avivó aún más para todos, pero quizá especialmente para los ferromineros. El mismo día que González partía a Caracas, un comando de la DGCIM sorprendió, durante la huelga, a otros siete trabajadores en el portón y los detuvo. Meses atrás había detenido a otros dos.

—Tenemos compañeros en los calabozos por protestar. Quiero decirte, Nicolás Maduro, que eres un gobierno opresor, dictador y que es mentira que eres obrerista —reclamó, con carácter, Rubén González desde el centro de Caracas.

La presencia de González en aquella marcha era simbólica, no solo por él sino por la vanguardia que históricamente ha representado Guayana en las luchas sindicales. En 2009, su detención y juicio por liderar una huelga motivó uno de los primeros intentos de reagrupación del movimiento sindical desde la región: el Frente Autónomo en Defensa del Empleo y el Sindicato. El suyo es uno de los pocos casos en los que la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado con vehemencia, cuando entonces conminó al Estado a su liberación e indemnización inmediata. Fue ese pronunciamiento, entre otros factores, lo que en 2011 obligó al Gobierno a eliminar la condena de siete años y ocho meses en su contra, para luego reiniciar el juicio que, seis meses después, finalmente le dio la libertad plena.

Pero en 2018 el panorama era distinto. No solo lo perseguían a él como líder sino también a los trabajadores. Y aunque el 28 de noviembre había sido un día exitoso en Caracas, no tendría un buen final.

—Acompáñenos al comando.

Luego de que el guardia le dijo aquello a Rubén González se produjo un forcejeo. Nadie quería bajarse de los dos buses en los que regresaban a Guayana, pero no parecía haber opción. De pronto ya los rodeaban más de 200 efectivos de la Guardia Nacional y una tanqueta.

Así que accedió. Le informaron que estaba detenido por un hecho ocurrido en agosto, en su casa, bajo el cargo de agresión a un funcionario militar.

Pasó la noche y la madrugada en el comando de la GNB en Anaco, con la instrucción de que sería presentado en un tribunal militar en Ciudad Bolívar. Mientras, sus compañeros siguieron hasta Ciudad Guayana y denunciaron la detención —ahora sí— de su secretario general.

La presentación no ocurrió en ese tribunal, sino en Maturín, y allí es ordenado su lugar de reclusión, en el Internado Judicial de Monagas, conocido como la cárcel de La Pica, en los calabozos militares adyacentes, donde comparte reclusión con otros presos políticos.

Ese mismo 30 de noviembre de 2018, un tribunal de control ordenó que los nueve trabajadores de Ferrominera, detenidos dos días antes, fuesen enviados a la cárcel de El Dorado, el internado judicial del estado Bolívar en el municipio Sifontes, a cinco horas de Puerto Ordaz y al que se llega cruzando en curiaras el río Yuruari. Allí, dentro de poco, si nada cambia, compartirán celda con otros siete trabajadores de CVG Venalum, también presos por protestar. Con estos, ya suman 15 los trabajadores de Guayana detenidos por defender el derecho a la contratación colectiva.

Cierra así un capítulo en la vida de Rubén González. Un capítulo más. Pero el temple de estos hombres que extraen el hierro muy probablemente les ayudará a escribir los capítulos por venir.

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