El decreto de estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros pone a todas las autoridades del Estado a las órdenes del Gobierno. "Las medidas son drásticas y van a tener consecuencias", advierte el jefe del Ejecutivo

España en estado de alarma, institucional, sanitaria, social y económica, con los ciudadanos a la espera de las medidas del Gobierno. Siete horas necesitó este sábado el Consejo de Ministros para aprobarlas, que se acumulan a las 24 de preparación previas. El Real Decreto Ley, que cambia la vida de los españoles, al menos durante 15 días, y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el viernes necesitó un larguísimo parto por las diferencias entre los ministros del PSOE y los de Unidos Podemos, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición. Mientras, en función del nivel de responsabilidad personal, media España permanecía recluida en casa y otra media, de paseo, en la calle, en la sierra o en la playa, pendientes de que el Ejecutivo aclarara la situación.

Y, al margen de disputas políticas, la realidad es que se ha resuelto limitar la circulación de los ciudadanos desde hoy mismo aunque con muchas excepciones. Se permitirá salir del domicilio para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad o para ir al banco; la asistencia a centros sanitarios; los desplazamientos para trabajar; la vuelta al lugar de residencia habitual; el cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables y por cualquier otra causa de fuerza mayor o situación de necesidad o similares, todas estas debidamente justificada. Las salidas deberán hacerse individualmente, salvo en situaciones de dependencia.

Se trata de un régimen que permite a los ciudadanos cierta libertad de movimientos a pesar de las restricciones, que prohíbe de forma expresa cualquier salida por motivos de ocio y que trata de mantener cierta actividad empresarial y laboral. Se cierran los establecimientos comerciales, especialmente los relacionados con la hostelería, pero se permiten aperturas en la alimentación, las farmacias, las tintorerías o las peluquerías. El uso de vehículos particulares se admite para toda la lista de acciones autorizadas o para poner gasolina. No hay confinamientos en ninguna comunidad, pero todos los ciudadanos deben cumplir estas normas allí donde se encuentren.

Una serie de decisiones, junto a otras como que Interior pasa a controlar los cuerpos policiales autonómicas y locales, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó este sábado en una comparecencia a última hora en La Moncloa, en la "protección de los españoles" frente al coronavirus.

Advirtió que en cualquier momento "dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas" y que el Ejército "ya esta preparado para ello". Los militares y la policía serán los encargados de velar de que los ciudadanos cumplan con las limitaciones impuestas, explicó.

El presidente destacó también que las comunidades mantienen sus competencias, pero bajo el mando del Gobierno. En esta crisis, dijo, no puede haber discrepancias por "ideologías" o de "territorios", después de los reproches del lehendakari, Íñigo Urkullu, y del president de la Generalitat, Quim Torra, por lo que consideran actuaciones centralizadoras. La unidad de acción es el fundamento del estado de alarma. Da al Estado de instrumentos para dar una respuesta homogénea, dijo Sánchez, "la misma en toda España".

El Gobierno, que recomienda a los ciudadanos que mantengan la distancia de un metro cuando acudan a comprar, ni siquiera esquiva ya el reconocimiento de la importante incidencia que esta crisis tiene en la economía. Aseguró que el escenario es "cambiante" pero nos enfrentamos a unas consecuencias económicas "de envergadura" y asumió que todas estas medidas tienen efectos inmediatos. Por eso anunció que el Consejo de Ministros en su reunión del martes aprobará un nuevo paquete de medidas para familias, trabajadores, autónomos y pymes. Todo un plan que Podemos quería incluir ya en el Real Decreto del estado de alarma y que ha sido uno de los grandes asuntos de debate en el Consejo de Ministros. El presidente vinculó estas discrepancias a que se trataba de un decreto "complejo".

Tan complejo que Sánchez realizó esta declaración institucional casi siete horas después de lo previsto. El Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la alarma se reunió a las 12.30, con el vicepresidente tercero Pablo Iglesias, que se saltó la cuarentena impuesta tras el positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es su pareja sentimental. Ni Montero ni la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, también contagiada, acudieron. Podemos lo justificó en que el presidente lo convocó y en esta ocasión no se habilitó la asistencia telemática, como sí se ha hecho los últimos días. Obviamente, añadían, ha seguido un protocolo sanitario.

Su presencia, que produjo una gran sorpresa en La Moncloa, dio al traste con los propios mensajes del Ejecutivo de que los españoles deben permanecer en casa. Y propulsó además la larga discusión de la reunión. Iglesias comenzó pidiendo la participación de ministros de Podemos en el grupo con competencias en el estado de alarma -Defensa, Interior, Transportes y Sanidad-, todos del PSOE. El propio Sánchez no negó que su vicepesidente hubiera pedido estar en el puente de mando con el argumento de que no podía desvelar las deliberaciones del Consejo de Ministros. Pero en todo caso señaló que el debate fue "enriquecedor, sosegado, intenso y muy detallado". En esto coinciden distintas fuentes consultadas.

Lo sorprendente es que se esperara a la reunión para realizarlo. Los ministros de uno y otro bando arrastran desde hace días la discusión sobre el alcance de la respuesta a la crisis y su impacto. Podemos reclamaba acciones para "defender a las mayorías sociales". Su dogma fue más inversión pública, frente a las reticencias de ministras socialistas como Calvo o Calviño. Por contra, los morados contaron con el apoyo de Escrivá, Celaá, Rodríguez Uribes y Ábalos. Lo que prueba la división generada por este decreto en el Gobierno.

Así, una de las batallas dadas por Iglesias y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y que generó tensión, fue la petición de medidas sobre el empleo, toda vez que estas semanas puede haber despidos numerosos, o para no perder la prestación mientras dure la expansión del coronavirus. Pero Sánchez impuso dejar estos planes para el martes, en sintonía con Calviño.