Entre finales de la primavera y mediados del otoño los ciudadanos catalanes, vascos y gallegos acudirán a las urnas a renovar sus parlamentos. Van a ser las primeras elecciones después de la dos elecciones generales de 2019. Después vendrá un periodo relativamente largo sin que se celebre ninguna, ya que no es previsible que las andaluzas, que, por calendario, son las que tendrán que venir en primer lugar, vayan a adelantarse y se celebrarán, por tanto, en diciembre de 2022.

Las tres "nacionalidades" van a poder expresarse de manera diferenciada respecto de como lo ha hecho el cuerpo electoral español en este 2019 y de como lo harán en el futuro las "regiones" que, junto con ellas, "integran España". Se trata, por tanto, de tres elecciones que responden al diseño del constituyente que redactó el artículo 2 de la Constitución en los términos en que lo hizo. No le puso nombre a las "nacionalidades" ni a las "regiones", pero todo el mundo entendió la diferenciación entre unas y otras.

En todo caso, el carácter de "nacionalidades" de las tres que acuden a las urnas este año no se discute. Lo hacen, además, en un momento en que la integración de las "nacionalidades" en el Estado ha sido puesta en cuestión de manera expresa en Catalunya y está en revisión en el País Vasco, donde se trabaja en la reforma de su estatuto de autonomía con la vista puesta en la próxima legislatura. No parece que haya novedad en este terreno en Galicia.

Las tres "nacionalidades" suman casi doce millones y medio de ciudadanos, es decir, más del 25 % de los que componen el cuerpo electoral español. Cualitativamente, en lo que a la estructura del Estado se refiere, su peso es todavía mayor. Quiere decirse, pues, que el resultado de las elecciones, además de determinante para la composición del gobierno de cada una de ellas, condicionará de manera muy significativa las posibles estrategias de los partidos de gobierno de España para el futuro de la constitución territorial del país.

Las elecciones son, pues, importantes, por lo que ocurra en cada una de ellas, por lo que ocurra en las tres juntas y por la incidencia que tengan, por separado y juntas, en la dirección del Estado, en particular por lo que a la estructura del mismo se refiere.

En Catalunya las elecciones de 2020 van a ser las quintas desde las del otoño de 2010. Las legislaturas catalanas se han acortado a algo más de la mitad en la última década. Las tres últimas han girado en torno a la convocatoria de un referéndum sobre el "derecho a decidir" (2014) o de "autodeterminación" (2017) o a las consecuencias político-judiciales de la celebración de los mismos. Han sido legislaturas en las que la acción de gobierno ha estado dirigida a poner en cuestión la integración de Catalunya en el Estado. Dicha acción de gobierno se ha encontrado con un enfrentamiento total por parte del Estado y ha generado una división en bloques de tamaño similar en la sociedad catalana.

Ese enfrentamiento total entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat, combinado con la división en bloques del electorado ha dificultado, por no decir, que imposibilitado la formación de un Gobierno "adecuado al concepto", como diría Hegel, tanto en Catalunya como en España.

Con la moción de censura en 2018, que únicamente fue posible por el levantamiento del cordón sanitario que el Gobierno de Mariano Rajoy había impuesto al nacionalismo catalán, se empezaron a poner las bases para salir de esa situación. La mayoría de la moción de censura sería revalidada tanto en las elecciones del 28 de abril como en las del 10 de noviembre de 2019. Con más claridad en las de abril que en las de noviembre, aunque Pedro Sánchez necesitó la repetición para decidirse a formar Gobierno.

Las encuestas parecen indicar que los partidos nacionalistas seguirán disponiendo de mayoría parlamentaria, aunque será necesaria la suma de la CUP para alcanzarla. No está claro si ERC conseguirá definitivamente desbancar al PDeCAT. Parece probable, pero la distancia que dan las encuestas no es insalvable. El pulso por el liderazgo del espacio nacionalista es una de las incógnitas a despejar. El resultado de dicho pulso puede condicionar la acción del Gobierno de la Nación e incluso la duración de la legislatura.

En lo que al PSC y En Comú Podem se refiere, no parece que se vaya a producir un cambio significativo respecto de las pasadas elecciones. Se aprecia una ligera tendencia al alza, más clara para los socialistas, pero nada más.

En las derechas sí se produce una suerte de terremoto. Ciudadanos se derrumba, pasando de 36 escaños a 23-24 en la encuesta de El Periódico o 16-17 en la de la Vanguardia. Entre PP y Vox recogen parte de dichos escaños, pero entre las tres derechas suman en el mejor de los casos 30. En la encuesta de La Vanguardia se dibuja un escenario escalofriante para el PP, que queda en último lugar por detrás de Vox.

En el Parlamento Vasco son pocas las novedades que cabe esperar. La mayoría nacionalista que ya fue muy abultada en las pasadas elecciones es prácticamente seguro que se mantiene y bastante probable que se amplíe algo, sobre todo por la marcada tendencia al descenso que se viene advirtiendo en las últimas elecciones en el voto del PP, que no se ve compensado por un aumento de Ciudadanos y Vox, que, previsiblemente, continuarán siendo partidos extra parlamentarios.

En la nueva legislatura habrá que contar con un debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, cuyos trabajos preparatorios se han iniciado en esta. Las oscilaciones al alza o no de los partidos nacionalistas influirán sin duda en el mismo. El problema constitucional vasco, en todo caso, se añadirá al problema catalán. La integración de ambas "nacionalidades" ocupará un lugar destacado en la agenda política.

En Galicia la incógnita a despejar es si el PP mantendrá la mayoría absoluta que le permita retener el Gobierno de la Xunta o no. Con los resultados de las generales del 10 de noviembre queda lejos de poder hacerlo y aunque el voto suele ser distinto en distintas convocatorias, en Galicia no lo es tanto como en otras Comunidades. La importancia para el futuro del PP como partido de gobierno de la Nación salta a la vista.

Las tendencias que se apuntan parecen indicar que Catalunya y País Vasco van a poner encima de la mesa un problema de naturaleza materialmente constituyente al que, de alguna manera, habrá que hacer frente. Cuando digo de alguna manera, excluyo el NO con mayúsculas por respuesta, como se ha venido haciendo desde hace diez años. El Gobierno de izquierda no va a poder esquivar el problema, del que va a depender su propia supervivencia.

Por otro lado, el desmoronamiento de las derechas en País Vasco y Catalunya y el posible debilitamiento del PP en Galicia, excluyen la posibilidad en el futuro inmediato de una alternativa de gobierno en esa dirección. No es que no haya en el Congreso de los Diputados una mayoría alternativa, es que no parece verosímil que se pudiera alcanzar en una próximas elecciones.

De lo que sí podemos estar seguros es de que la impronta de las tres "nacionalidades" en el sistema político español va a tener una visibilidad este año como no la ha tenido desde la entrada en vigor de la Constitución. Es una excelente ocasión para repensar el pacto constituyente de 1978.