La Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía han seguido las prácticas del Gobierno central a la hora de contratar obras y servicios públicos con algunas empresas que no pagaban a Hacienda. Como si las deudas al erario público por los beneficios obtenidos fueran una cuestión secundaria, la Generalitat de Cataluña contrató obras sanitarias con Abantia Empresarial, presidida por Francisco Boada, que arrastra una deuda de 8,2 millones de euros con Hacienda. Por su parte, la Junta de Andalucía ha contratado servicios con Limpiezas Celeste, una sociedad que no ingresaba los descuentos del IRPF ni de la Seguridad Social de las nóminas de los trabajadores. Ambas sociedades aparecen en los listados de grandes deudores, publicados por primera vez por la Agencia Tributaria el 22 de diciembre pasado.

Lo decía el ministro Cristobal Montoro en conversación con este diario: “Quien no tiene problemas con Hacienda no es nadie en este país”. Y no le faltaba razón, habida cuenta de que la Agencia Tributaria tenía identificados unos impagos de más de 15.600 millones de euros de personas físicas y sociedades o empresas con deudas de más de un millón de euros.

Las deudas se conocieron dos días después de las elecciones, supuestamente para no interferir en el voto a los inefables gestores políticos. Entre los grandes morosos figuran personajes de relieve, como el exjuez Pascual Estevill, tres hijos del fundador de El Corte Inglés, Luis Areces, ya exconsejeros de los grandes almacenes o el exbanquero Mario Conde.

En todos los casos el “secreto fiscal” ha prevalecido sobre el interés de los ciudadanos y ha servido para proteger a entidades, empresas y personajes que se negaban con avaricia y pertinacia a asumir el principio de que “Hacienda somos todos”. Pero además seguían obteniendo concesiones, licencias, contratas, alquileres y beneficios a costa de dinero público en plena crisis económica y con fuertes recortes sociales.

Así, la deuda fiscal del grupo Abantia, que realizó una operación de refinanciación en 2014 y nombró nuevo consejero delegado a Andreu Puig, exgerente del Ayuntamiento de Barcelona hasta 2011, no supuso obstáculo alguno para que la Generalitat de Cataluña, bajo la presidencia de Artur Mas, le concediera la ampliación del Hospital del Mar en Barcelona y, con anterioridad, participara en la construcción del Hospital de Reus (Tarragona), inaugurado por José Montilla en septiembre de 2010.

No obstante, Abantia, con 2.200 empleados y contratos en América Latina y Qatar, ha quedado al margen de la investigación judicial sobre la corrupción del grupo empresarial Innova, promotor del hospital universitario de Reus, y en el que aparecen implicadas más de 40 personas en varias piezas judiciales separadas. La propia Innova (conglomerado empresarial local de edificación y urbanismo) figura en el listado de grandes morosos de la Agencia Tributaria con un impago de 3.582.339 euros.

La corrupción y el tráfico de influencias en la construcción del hospital --una tarta de 170 millones de euros de dinero público--, con las ramificaciones políticas que todavía investiga la justicia, no impidió a Artur Mas, nombrar asesor suyo en materia sanitaria al director general de Innova, Josep Prat, que a su vez era vicepresidente del grupo sanitario privado USP. Posteriormente, el consejero de Salud, Boi Ruiz, le nombró presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS). Innova se disolvió y se comprende que en plena crisis económica no estuviera para pagar impuestos.

Por lo demás, las relaciones entre los público y lo privado de las “clases extractivas” estaban bien engrasadas y eran muy fluidas. En una pieza separada de la investigación judicial se señala que el mencionado Prat pagó en nombre de Innova 720.000 euros a Carles Manté, director general del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) por trabajos de “consultoría estratégica” que al parecer nunca se hicieron.

De menor importancia, aunque significativa como botón de muestra de que las administraciones públicas han dejado en segundo plano las obligaciones fiscales de las empresas a la hora de contratar tareas y suministros, vale citar la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, de la limpieza de numerosos colegios en Sevilla a la empresa Limpiezas Celeste, con sede social en Granada y regentada por Joaquín Rubio Torres.

Pese a acumular una deuda con Hacienda de 5,3 millones de euros, según la lista Montoro, esa empresa obtuvo contratas de limpieza de varios colegios en la ciudad de Sevilla por un valor neto de 2,6 millones de euros. Según las fuentes consultadas, Limpiezas Celeste trabajaba en toda Andalucía y era conocida porque tenía la contrata de numerosos organismos públicos, incluidos los juzgados, a los que finalmente acudió su gerente, el mencionado Rubio Torres, para presentar concurso de acreedores. Fuentes sindicales aseguran que ni siquiera pagaba los seguros sociales.