La gestión pública relega las necesidades de la población más vulnerable, la cual progresivamente ha normalizado la falta de acceso a derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y desigualdad.

Por más de 50 años, las decisiones de política púbica han priorizado las condiciones de movilidad de los sectores de la población que cuentan con mayores privilegios y que tienen la oportunidad de elegir entre distintos medios para movilizarse.

En este contexto la gestión pública relega las necesidades de la población más vulnerable, la cual progresivamente ha normalizado la falta de acceso a derechos básicos, aumentando las condiciones de marginación y desigualdad.

Por otro lado, en la esfera pública la discusión sobre la dificultad de movernos en las ciudades se ha concentrado en el evidente crecimiento del parque vehicular, los altos tiempos de traslado y la falta de alternativas seguras desde los servicios de transporte público. Comenzamos a discutir la necesidad de regular el futuro de los vehículos autónomos, cuando como país aún no hemos resuelto las necesidades de traslado básicas de las personas que les dan acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y el bienestar en general.

Hoy en México tenemos zonas urbanas y rurales donde la población, particularmente niños, niñas, jóvenes y mujeres adultas, debe caminar kilómetros en condiciones de inseguridad para poder llegar a centros de trabajo, de educación o de salud, zonas donde no hay cobertura de los servicios públicos y mucho menos oferta de calidad de estos.

Aun cuando en México 55 por ciento de la población nos movemos en transporte público de baja calidad y 29 por ciento caminando y en bicicleta, la falta de sistemas de movilidad con perspectiva social hace que las personas más vulnerables de la sociedad pierdan sus libertades ya limitadas de acceso a educación, salud y trabajo.

Ocho de cada 10 mujeres vivirán violencia sexual en la calles, seis de cada 10 personas que sean testigos de esa violencia decidirán no hacer nada y dos de cada cinco mujeres decidirán cambiar su modo de viaje o sus actividades solo para evitar seguir siendo constantemente violentadas.

Una de cada 20 personas con discapacidad la adquirió resultado de un accidente vial y tres de cada 10 vivirán discriminación en el espacio púbico y el transporte por su condición de discapacidad. La violencia vial seguirá siendo la primera causa de muerte en jóvenes y al no considerar la seguridad vial una política prioritaria de salud y derecho a la vida, seguiremos validando socialmente el mantenimiento del privilegio que goza tan solo 16% de la población en México que usa automóvil para sus desplazamientos.

Si además eres una persona de una familia que se encuentra en el decil más bajo, el transporte público ocupa el segundo lugar del gasto familiar, después de la alimentación y por encima del gasto en educación, el doble del gasto en vivienda y hasta 10 veces más que el gasto en salud. Para 2030, una familia del decil más bajo gastará hasta 12 por ciento en transporte público inseguro y de baja calidad, mientras que la del decil más alto invertirá solo 4 por ciento en el transporte privado, teniendo ingresos 21 veces mayores.

A este grupo, que tiene la posibilidad de moverse en un medio de transporte individual como el auto, es al que hemos dedicado el gasto público, con cerca de 74 por ciento de los recursos federales de 2013 a 2017. Este gasto solo ha dedicado 1.93 por ciento a elementos de seguridad vial y 0.43% a elementos de accesibilidad universal. Sin duda, el dinero público no ha estado donde están las necesidades de movimiento de los sectores más vulnerados y marginados del país.

¿Qué hace falta para que la política de movilidad sea prioridad en los gobiernos de todas las escalas? Algunos tomadores de decisión nos orientaron hacia las siguientes conclusiones:

1. Atender con prioridad las políticas de movilidad urbana es una necesidad social que cada día adquiere una voz más fuerte, imposible de ignorar desde el punto de vista político, elevar la conciencia social sobre los valores colectivos y lograr dar acceso a los derechos fundamentales de las personas, especialmente al derecho a la movilidad.

2. Una vez tomada la decisión a seguir, el camino más fácil para acceder al financiamiento parece ser la diversificación en el acceso a las fuentes flexibles y no negociables, como el Fondo Metropolitano, las cuales van en decremento.

3. Es necesario que el gobierno federal brinde apoyo a los esfuerzos locales con un rumbo de política que ponga énfasis en recuperar la rectoría del Estado para mejorar la calidad del servicio en el transporte público; los gobiernos solos no podrán asumir todo el costo político.

Columna publicada en Milenio, el 7 de diciembre de 2018

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