El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó el pasado lunes a 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.

El sistema de financiación y pago se hacía de modo dual, según Ceres

Con el procesamiento de los imputados se cierra la fase de investigación de la causa, que queda ahora a la espera de que las partes presenten sus escritos de calificación y soliciten la apertura o no de juicio.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana procesó también a los cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Y a una decena de empresarios del sector de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de contratos de la Generalitat en una época de gran desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, que habrían realizado aportaciones irregulares. El instructor dejó fuera de la causa, en cambio, al extesorero nacional del partido Luis Bárcenas.

“De lo investigado” durante seis años, indica el auto del juez Ceres, resulta que el “sistema de financiación y pago por el Partido Popular de los gastos en que incurría por los servicios y organización de actos que realizaba Orange Market”, una de las empresas del grupo de Correa, “se abonó presuntamente de forma dual” por parte de la formación. “Es decir, que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, denominándose en los archivos internos de Orange Market Barcelona, junto a otra parte que se abonaba de forma legal, en Alicante según dichos archivos, mediante emisión de factura”.

Según las estimaciones de los inspectores de Hacienda que han analizado la contabilidad de la red de Correa y la de los populares valencianos, el “total de ingresos” que no fueron “incluidos en la contabilidad oficial del PP” en el año 2007 fue de al menos 2,5 millones de euros. Y en 2008, la suma de presuntos pagos “en b” y realizados “por terceros” (los constructores procesados) alcanzó el millón de euros.

Los partidos han planteado ampliar el alcance del delito electoral en la reforma del Código Penal. El juez Ceres recuerda, sin embargo, que en el momento de los hechos este delito estaba limitado a la “financiación irregular” cometida “en campañas electorales”. En 2007 hubo comicios locales y autonómicos y en 2008, generales. Las “presuntas irregularidades de gastos e ingresos” detectadas en esos ejercicios pero fuera del periodo de campaña también revisten para el magistrado carácter delictivo, pero quedarían englobadas bajo la figura de las “falsedades”. El instructor deja para una eventual sentencia la concreción del tipo de falsedades cometidas.

El marco legal El delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su redacción aplicable a este caso que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables” serán castigados a penas de “uno a cuatro años de cárcely multa de 12 a 24 meses”. El juez Ceres añade, citando una sentencia del Supremo, que, para ser delictiva, la financiación irregular “debe cometerse en las campañas”; “si bien ello no es óbice” para que las irregularidades fuera de ese periodo puedan encajar en otros tipos penales, como los de falsedad.

La investigación de la supuesta financiación irregular, iniciada por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se centró en sus albores en los pagos de mítines y actos electorales por parte de ocho empresas de la construcción. Ceres llega seis años después a la misma conclusión al mantener que “se producían unos ingresos indirectos en el partido mediante disminución del débito mantenido” por la formación “con Orange Market a través de pagos que diversas sociedades realizaban” a esta empresa, organizadora en exclusiva de las campañas de los populares valencianos, y que se enmascaraban “mediante contratos aparentes” que no implicaban “una real prestación de servicios”.

Entre los empresarios procesados figuran algunos que se han visto salpicados por otros escándalos. Es el caso de Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino), a quien la semana pasada se le abrió juicio en otro procedimiento por delito fiscal junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas. El del constructor Enrique Ortiz, imputado con la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal. Y también el del exresponsable de la patronal de Alicante Rafael Martínez Berna. El resto de empresarios procesados son Enrique Gimeno (Facsa), Alejandro y Antonio Pons (Piaf) y Gabriel Alberto Batalla y (Lubasa).

El magistrado atribuye la responsabilidad exclusiva de haber contratado con Orange Market, la filial valenciana del grupo de Correa, a la dirección regional de los populares. Y dicta el sobreseimiento provisional de Bárcenas y del exgerente nacional Cristóbal Páez al considerar que, si no se les comunicaron las contrataciones “difícilmente puede partirse de conocimiento alguno” por su parte.