"Si no queréis que EEUU rebaje su apoyo, tenéis que demostrar que vais a respaldar nuestro sistema de defensa común". Palabra arriba, palabra abajo, el secretario de Defensa de Donald Trump, James Mattis, ha pronunciado esta frase en las decenas de conversaciones que ha mantenido con sus homólogos de los 27 países socios de la OTAN. Previsiblemente, volverá a repetir el mantra hoy ante María Dolores de Cospedal, que llega al Pentágono con el compromiso de que España aumente su gasto en defensa de manera significativa por primera vez desde su entrada en la organización atlántica en 1986.

Que la Unión Europea "costee su propia defensa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial" es una de las grandes prioridades de la Administración Trump en política exterior. Y fuentes del Ministerio de Defensa español confirman que los socios de la OTAN (en particular EEUU) cuentan con el compromiso en firme del Gobierno español de ir pasando progresivamente del actual 0,92% del PIB al 2%, tal y como se acordó en 2014. Sobre el papel, se trataría de doblar el gasto en menos de siete años. O lo que es lo mismo: un desembolso extraordinario de unos 12.000 millones de euros anuales, suficiente para pagar las pensiones de jubilación durante dos meses.

Un exfuncionario del Departamento de Estado asegura que España es uno de los países que más presiones recibirán para elevar su gasto militar, por su tasa de crecimiento económico y, sobre todo, porque es el tercero por la cola en el listado que elabora la propia OTAN con criterios propios. Quitando a Luxemburgo, una nación con 450 soldados profesionales cuya debilidad militar es un género humorístico en el norte de Europa (incluso inspiró esta película de Peter Sellers), solo Bélgica dedica menos porcentaje de sus recursos que España para la defensa de sus fronteras.

Oficialmente, el Gobierno defiende que el renovado interés por elevar el gasto de defensa no tiene nada que ver con la llegada de Trump. Desde Defensa insisten en que es un compromiso internacional que quieren blindar en esta legislatura ante un eventual cambio de Gobierno. “Obama insistió mucho con este tema, no es solo cosa de Trump. Lo que pide la OTAN es que se supere ese 2%, algo que hoy solo cumplen Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia. Además, un 20% tiene que dedicarse a inversiones como adquisición de material o investigación. Son objetivos razonables para la seguridad de España”, subrayan, aunque admiten que los plazos podrán ampliarse siempre que empecemos a incrementar el gasto de manera sustancial.

Voces académicas que llevan años estudiando el gasto militar español desde posiciones ideológicas enfrentadas coinciden en que lo primero de todo será estabilizar los presupuestos e introducir en la contabilidad oficial partidas que ya existen y que se han estado 'ocultado' durante años para no tener que pasar por el Congreso ni el escrutinio de la opinión pública. Especialmente los famosos programas especiales de armamento (PEA), con los que se lleva años financiando la compra de sistemas de defensa (aviones, fragatas, submarinos, etcétera) mediante créditos otorgados a las empresas por el Ministerio de Industria, entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales que después Defensa devuelve fuera de los Presupuestos Generales.

"Me consta que se están haciendo estudios internamente para agregar al presupuesto de Defensa los gastos extraordinarios de los PEA. Con esto, nos iríamos aproximando a ese 2% al que creo que tenemos que aspirar según vaya avanzando la recuperación económica", comenta Rafael Calduch, profesor de la Universidad Complutense y experto en seguridad internacional. En su opinión, el Gobierno está obligado a asumir este gasto "para la viabilidad de su defensa y para evitar que haya países ‘free rider’ [gorrones] que se aprovechan de los demás, como ha hecho España en los últimos años". Un cambio de paradigma que ya estaba en marcha pero que Trump ha colocado como la gran prioridad de su mandato en política exterior. "Para ellos, lo importante ya no es Europa, sino Asia-Pacífico, y nos van a obligar a pagar antes que después por nuestra defensa", dice.

Pere Ortega, investigador del Centro de Estudios Delas por la Paz, lleva años publicando informes sobre el gasto militar español que arrojan cifras muy distintas a las que maneja el Ministerio de Defensa. Entre ellas, los PEA. "Por ejemplo, para falsear y esconder el gasto real y evitar el debate en el Congreso, el Estado ha utilizado un subterfugio: presupuestar una cantidad muy baja en el pago de programas de armamento y costearlos con un presupuesto extraordinario después. Esto se impugnó por la oposición en 2016 y el Tribunal Constitucional tiene bloqueados 1.824 millones de euros, que ahora obligan a aprobar en los Presupuestos Generales, algo que no va a ser fácil", recuerda. Las empresas que recibieron los créditos de Industria llevan casi dos años sin cobrar de Defensa y no pueden devolver los préstamos concedidos por Industria. Tras la llegada de Cospedal al ministerio, el Gobierno se ha comprometido a incluir la partida en los Presupuestos Generales del Estado, lo que sobre el papel ya supondrá un aumento de la partida de Defensa de en torno al 30%.

Fragatas de la OTAN en el puerto de Málaga. (EFE)

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que a la OTAN no se la puede engañar con trampas contables. “Ellos tienen su propia metodología para medir el gasto. Los parámetros son claros y dicen lo que es gasto militar y lo que no". Llegar al 2% del PIB, concluyen, significa gastar más. "Los presupuestos de Defensa bajaron un 30% y en inversiones, un 50%. Y hay sistemas de armas imprescindibles que están en el último tercio de su vida útil y deberían ser renovados. Por ejemplo las fragatas F-80”, dicen.

En los próximos meses, se definirá cuáles son las necesidades de las Fuerzas Armadas “a largo, largo plazo” y se cerrarán las primeras propuestas para planificar el aumento progresivo del gasto comprometido con la OTAN y EEUU. El reparto genera expectativas diferentes en una institución que, como ocurre con la educación o la sanidad, ha sufrido duros ajustes durante la crisis.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) —lo más parecido a un sindicato que hay en las Fuerzas Armadas—, cree que la gran prioridad debería ser dignificar las condiciones laborales de la tropa y la marinería. “Se ha reducido el personal en más de 10.000 personas y no ha cambiado el modelo, por lo que hacemos el trabajo de los que se han ido. Cada vez tenemos que hacer más labores de limpieza, jardinería. Hay cuarteles muy viejos, con falta de higiene. Cuando salimos de misión, comparamos con otros países y es sangrante”, dice.

El F-35 Lockheed Martin. (Reuters)

En el ministerio aseguran que el dinero también se utilizará para mejorar la situación de algunos cuarteles, aunque lo más acuciante es pagar los PEA y modernizar el armamento. “Algunos cuarteles podrían estar mejor, es cierto, y tendríamos que seguir trabajando en ello, pero lo importante es la operatividad de las unidades”. Lo más urgente para Defensa es “mantener el nivel tecnológico de nuestro ejército, renovar esas capacidades basándonos mucho en la industria española, que da puestos de trabajo y trae I+D”. Es decir, gasto en armamento, tecnología e investigación militar.

Además de sustituir las fragatas F-80 por otras nuevas (se habla de las F-110), las Fuerzas Armadas españolas empiezan a considerar urgente, por ejemplo, la renovación de los Harrier, cuya vida no irá más allá de 2025. Su sustituto natural son los F-35, a 120 millones de euros la unidad y 40.000 euros de mantenimiento por hora de vuelo. Los fabrica la empresa estadounidense Lockheed Martin, cuyos carteles empapelan frecuentemente la línea de metro que une Washington DC con el Pentágono, el lugar en el que la ministra Cospedal será recibida por Mattis.