Un trabajador tapa una pintada a favor de ETA en 2011 en Gernika. ATLAS / REUTERS

Intermediarios civiles notificarán el 8 de abril a la justicia francesa, en nombre de ETA, la localización de los arsenales de la banda terrorista para que proceda a su desarme, con la supervisión del Comité Internacional de Verificación, coordinado por Ram Manikanningam y constituido a finales de 2011, tras el cese definitivo de la violencia. El desarme será unilateral e incondicional. El lehendakari Iñigo Urkullu avanzó el pasado martes a Mariano Rajoy en una reunión en La Moncloa el paso que dio ayer la banda terrorista.

Esta conversación duró una hora y media y solo trató del desarme de ETA. Urkullu le explicó a Rajoy los detalles y le pidió que facilitara el proceso que ahora se abre, según fuentes nacionalistas. Con esta cita, el lehendakari quería evitar obstáculos del pasado, cuando en momentos clave el Gobierno español solicitó a Francia que incrementara la presión contra ETA. El presidente del Gobierno no se comprometió a nada, pero mantuvo un actitud positiva ante la noticia adelantada por el lehendakari, que también comunicó con antelación a la socialista Idoia Mendia, su socia en el Gobierno vasco, el desarme.

Este, finalmente, se conoció al mediodía de ayer a través de Jean Noël Etcheverry, Txetx, activista de Bizi, asociación ecologista abertzale, quien manifestó a Le Monde: “ETA nos ha dado la responsabilidad del desarme de su arsenal y en la tarde del 8 de abril estará totalmente desarmada”. Un procedimiento inédito, ya que en otros momentos importantes, como las treguas o el cese definitivo de la violencia, ETA utilizó comunicados leídos por representantes de la banda.

Fuentes conocedoras del proceso aseguran que el desarme “no tendrá complicaciones y será tan sencillo como la entrega de un papel de los intermediarios civiles a la justicia francesa para que esta proceda. Será un proceso discreto y sin publicidad”. Con esta fórmula, los intermediarios civiles pretenden garantizar su seguridad jurídica. Lo mismo sucede con el Comité Internacional de Verificación que dispone a su vez del apoyo del Gobierno vasco.

La operación se ha gestado desde la detención el pasado 16 de diciembre en Bayona de cinco intermediarios civiles, entre ellos Etcheverry, cuando trataban de filmar la inutilización de un arsenal en Francia para entregarlo luego a las autoridades. La imposibilidad de llevar a cabo aquella operación, así como el acoso policial a los movimientos de ETA abocados al desarme, ha empujado a la banda a cambiar de estrategia tras asumir la negativa de los Gobiernos español y francés a participar en el mismo. Una parte de los arsenales ha sido incautada por la policía francesa adelantándose al sellado de zulos de la banda. ETA ha activado su desarme unilateral para evitar la incautación total por la policía y, en definitiva, su rendición.

El arsenal es bastante reducido y está en desuso desde hace más de cinco años, con lo que el desarme es fundamentalmente simbólico. La última incautación de armamento de ETA por parte de la policía francesa, en diciembre del año pasado, se limitaba a 12 subfusiles, nueve fusiles, 25 armas cortas y dos granadas. Entonces se especuló con que representaba el 20% del armamento, lo que ofrece una idea de su limitación. Fuentes oficiales calculan que ETA controla actualmente unas 280 armas.

Espera en Noruega

Tras el cese definitivo del terrorismo, ETA pretendió negociar con el Gobierno español su desarme. Una representación de su aparato político esperó en Noruega la presencia de alguna delegación del Gobierno del PP sin éxito. En febrero de 2013, la representación de ETA fue expulsada de Noruega tras las presiones del Gobierno español.

Sin embargo, ETA no cambió de estrategia y siguió empeñada sin éxito en que los Gobiernos español y francés participaran en el desarme. Asimismo, hizo caso omiso a la propuesta del Gobierno vasco de diciembre de 2014 en la que se ofreció a ocupar en la operación de desarme el papel que no quería desempeñar el Ejecutivo español.

A ETA le costó asumir la negativa del Gobierno español y cambió de táctica a finales del pasado año; implicó a intermediarios civiles en la operación, con la supervisión del Comité Internacional de Verificación. Fuentes conocedoras de este proceso aseguran que serán centenares los voluntarios que se movilizarán para llevarlo a cabo.

En esta decisión han pesado las presiones de la izquierda abertzale, que quiere pasar la página del terrorismo cuanto antes. En sus filas no se ocultaba desde hace tiempo la desazón por los lentos movimientos de los restos de la banda.