

"La violencia económica es una de las causas fundamentales por las que los violentos someten a las mujeres y es muy difícil que los jueces tomen estos casos desde esa perspectiva, por eso este fallo es muy importante", aseguró Nina Brugo Marcó, abogada especializada en temas género y ex presidenta de la comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.



El debate se disparó a raíz de una resolución que difundió el martes la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que ordenó dar marcha atrás a la decisión de un juez de no investigar a un hombre que había intentado ocultar a su ex mujer la venta del auto que compraron cuando estaban casados.



Para ello, el hombre dijo que su ex pareja tenía problemas psiquiátricos, falsificó su firma y en el momento de la transferencia hizo pasar a otra mujer por su ex esposa.



Si bien los tres jueces de la Cámara estuvieron de acuerdo en que había que volver a investigar al hombre, fue el magistrado Gustavo Hornos quien decidió incluir entre sus argumentos las leyes nacionales y tratados internacionales que protegen a la mujer, y en los argumentos de su voto consideró que "los hechos investigados deben ser estudiados bajo una perspectiva de género".



Hornos consideró que el problema era el artículo 185 del Código Civil que establece la "excusa absolutoria", es decir que la estafa no podía ser considerada como tal porque había ocurrido dentro de la pareja, por lo que sostuvo que ese artículo era "inconstitucional".



En declaraciones al canal de cable TN, el juez afirmó que "la justicia penal tiene que acercarse a los problemas de la gente y solucionarlos de manera concreta. Hay que llevar todos los elementos de protección a la mujer que existen en los tratados internacionales a la realidad concreta".



"El femicidio es una violencia que normalmente vemos reflejada en la justicia, pero es interesante que se reconozca este tipo de violencia, que se empiece a visibilizar", le dijo a Télam Zoe Verón, a cargo del área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).



La especialista precisó que "como antecedente es poco fuerte porque es el voto de un juez, sin embargo, tratándose de un tribunal de Casación, que tiene alta jerarquía, creemos que va a tener repercusiones en los niveles inferiores".



La ley Nº 26.485, aprobada en 2009, puntualiza que la violencia contra la mujer no es sólo física o sexual, también contempla otros aspectos como la violencia psicológica, la obstétrica, la mediática, la laboral o la institucional, y en su artículo quinto establece que la violencia económica o patrimonial es la que "se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer".



Mabel Bianco, titular de La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), señaló que "ocultar el dato de los ingresos es un mecanismo muy usado por los hombres para evitar hacer aportes para ser responsables de la cuota alimentaria. El fallo es bueno en principio para que se reconozca la obligación de la transparencia sobre los ingresos por parte de ambos miembros de la pareja".



"Incluso servirá para los casos en que al separarse alguno constituye otra pareja, cómo eso influye y como se separa la necesidad de aporte del ex", agregó.



De acuerdo con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, las denuncias por violencia económica representan el 40% de los casos recibidos entre 2008 y 2016, detrás de la violencia psicológica (90%) y la física (70%), considerando que una misma presentación puede incluir más de una razón.



"La decisión de Hornos abrió las puertas para discutir otras violencias más invisibilizadas, como la violencia económica pero que son la antesala de la violencia física", señaló Verón.