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«Desgraciadamente, en España no hay mucha voluntad política de acabar con los privilegios ancestrales de la Iglesia. En las recientes elecciones, y ahora en estas que se avecinan, ninguno de los partidos, ni siquiera los del espectro pretendidamente progresista, llevan en sus programas ninguna propuesta firme sobre la separación de poderes Iglesia-Estado». Juanjo Picó, portavoz de la junta directiva de Europa Laica, participó ayer en la mesa redonda Laicidad y Constitución, organizada por la Asociación de Vecinos El Tajo en el Centro Social de Santa María de Benquerencia.

Picó, quien reconoció que «muy lentamente» van produciéndose avances en España relacionados «no solo con la religión, sino con la libertad de conciencia de las personas», como en su día la Ley del Divorcio y en estos momentos la nueva legislación sobre eutanasia, pasando por la regulación del matrimonio homosexual, explicó a La Tribuna que «uno de los retos a los que nos enfrentamos es el multiconfesionalismo». La solución, según Alternativa Laica, «no es dar privilegios a todas las religiones, sino aspirar a que esos privilegios se reduzcan». Para Picó, «es demencial tener una casilla en la declaración de la renta para la Iglesia católica, pero más aún lo sería poner una para cada confesión». Otro ejemplo, «y este ya es absolutamente real», es la elección de religión en las escuelas. «Los colegios están para aprender, no para creer. Parroquias, sinagogas y salones del reino han de estar en la esfera privada, que es donde les corresponde».

En el caso concreto de Toledo, donde Toledo Laica, presidida por el artista y profesor Fernando Barredo, es la rama de Alternativa Laica, «no tenemos aún datos precisos relacionados con el tema de las inmatriculaciones, pero suponemos que habrá un montón». Otro asunto que según Picó está presente en Toledo es el de «la simbología, con la que no estamos en contra, siempre que no invada la vía pública».

En este sentido, el portavoz de Alternativa Laica insiste en su «profundo respeto y garantía para las creencias», aunque en la esfera de lo privado, y «desde luego, no en el ámbito de las instituciones del Estado». Ni tampoco en lo que respecta a los acuerdos con la Santa Sede (piden su derogación) o exenciones fiscales como el IBI: «Tenemos documentados más de 11.600 millones al año en aportaciones del Estado a la Iglesia en España, algo que genera desigualdad y que escapa a la fiscalidad pública, y eso no puede ser».

Completaron la mesa redonda, a la que asistieron alrededor de veinte personas, Andrés Carmona, Pedro J. Martínez y el propio Barredo de Valenzuela.