Una concejal de la Izquierda de Godoy Cruz denunció al Partido Obrero (PO) porque usaron sus tarjetas de débito y crédito sin su consentimiento para comprar dólares en Estados Unidos e Irlanda, adquirir un Smart TV y hasta comprar un juego de PlayStation, en concepto de la "lucha partidaria".

Se trata de Silvina Licata (27), una concejal godoicruceña que asumió en agosto de 2016 su banca en el Concejo como la única integrante del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Sin embargo, en diciembre de 2017 se desvinculó por una serie de situaciones que le tocó afrontar con los militantes del PO.

"Me prohibían hablar, no me dejaban presentar proyectos, ni siquiera asistir a mi despacho, sólo era una secretaria de prensa", aseveró la concejal a Los Andes, que en pocos días dejará su banca por la inminente renovación del Concejo Deliberante.

Durante los casi dos años desempeñándose como edil, la joven de 27 años aseguró que accedió a cobrar sólo $14.000 del total de su salario (de alrededor de $52.000), ya que el resto le correspondía al Partido Obrero para la "lucha partidaria", tal como pregonan con frecuencia varios dirigentes como Soledad Sosa o Nicolás del Caño.

Licata es mamá soltera y tiene un hijo de dos años. Su vida está lejos de alcanzar los lujos de otros legisladores. "Pago el alquiler de una casa prefabricada, la guardería de mi hijo y no llego a fin de mes", contó. Ante la imposiblidad de acceder a la totalidad de su sueldo, se vio obligada, incluso, a trabajar en paralelo como moza.

La concejal señaló, además, que tenía prohibido utilizar su cuenta de banco personal y de disponer de su bono de sueldo para trámites particulares, debido a la insistencia del Partido Obrero y de los estrictos "principios morales"-como ella definió- que imperan acerca de que los legisladores del FIT sólo deben cobrar el monto correspondiente al salario mínimo, vital y móvil, y donar el resto de su sueldo al partido.

Una vez desvinculada del Partido Obrero, Licata continuó ocupando su lugar como edil independiente. Sin embargo, en febrero de este año, recibió una llamada de una empresa de venta de electrodomésticos que despertó su preocupación: la compra de un Smart TV desde una tarjeta de crédito a su nombre, cuyo destino era la sede del Partido Obrero en calle 9 de Julio de Ciudad.

Licata aseguró que nunca compró ese televisor y que le sorprendieron los supuestos fines "partidarios" que tenía -incluso después de desvincularse- por lo que denunció el "desconocimiento de compra" y, además, la existencia del plástico, ya que ni siquiera lo había pedido.

La situación empeoró en marzo pasado, cuando fue a retirar su sueldo y no había dinero. Al parecer, desde el Partido Obrero extrajeron la totalidad de su salario como concejal y realizaron más compras con su dinero, pero que poco tenían que ver con la política.

En el resumen de la tarjeta que llegó al domicilio de Licata aparecían un juego de PlayStation, el pago de publicidad para el Partido Obrero en internet, viajes de turismo en el exterior y hasta la compra de dólares en Estados Unidos e Irlanda. Las transacciones a favor de la "lucha" superaban los 50.000 pesos, que fueron debitados sin el consentimiento de la concejal y pese a que había abandonado el partido en diciembre pasado.

Entre los detalles curiosos destacan la compra del Smart TV, pero que no fue en un solo pago, sino en seis cuotas, es decir, que a Licata se lo seguirán descontando después del término de su mandato como concejal.

"A mí me están sacando el sueldo, me mataron de hambre y hoy no tengo plata", manifestó con preocupación la joven de 27 años, quien precisó que por estos días recibe la ayuda de familiares y amigos para solventar los gastos, ya que no tiene fondos propios.

"Sólo quiero recuperar mi plata y desmentir el aporte a la lucha que ellos (dirigentes del FIT) aseguran realizar frente al 'dietazo' de los legisladores", comentó enojada.

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Este 10 de abril, la concejal finalmente formalizó su denuncia por estafa ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Apuntó contra el apoderado del Partido Obrero, Martín Rodríguez, y del diputado provincial, Héctor Fresina. En caso de avanzar la causa, los implicados en el presunto delito arriesgan de uno a seis años de prisión.