El responsable de la paliza, ejecutada por tres matones, que recibió el pasado 4 de septiembre la reportera mexicana Karla Silva es el jefe de seguridad del municipio donde trabaja. Según ha informado este jueves el Procurador de Justicia de la entidad, Carlos Zamarripa Aguirre, de las pruebas y declaraciones de testigos circunstanciales se deriva la “probable participación del director de la policía preventiva del municipio de Silao [de 173.000 habitantes]”, quien habría ordenado el ataque contra la corresponsal del diario El Heraldo de León. Hasta el momento, Nicasio Aguirre Guerrero se encuentra prófugo de la justicia.

Los resultados de la investigación se dan a conocer una semana después de que Silva fuera agredida en las oficinas del periódico en la ciudad. Alrededor de las cinco y media de la tarde tres hombres, provistos de armas blancas, irrumpieron en las instalaciones del diario y le patearon la cabeza y el cuerpo hasta dejarla en un estado lamentable. “Bájale de huevos a tus noticias”, le dijeron. La reportera, que en el momento de la paliza se encontraba con su compañera de trabajo, hizo la denuncia y fue trasladada inmediatamente al hospital con múltiples contusiones en el rostro (cubierto de sangre), los brazos y las piernas, donde permaneció casi 24 horas ingresada. Las pruebas médicas realizadas el pasado lunes revelan que Silva sufre un edema cerebral leve y su visión está afectada, por lo que se le ha recomendado reposo absoluto. Este martes la periodista reiteraba sus deseos de volver al oficio: “Debo dimensionar lo sucedido; fue complicado, pero no tengo por qué dejar la ciudad o la profesión. Soy una persona activa y espero recuperarme pronto. Como dicen, no hay peor enemigo del hombre que el miedo”.

En entrevista telefónica, el subdirector editorial de El Heraldo de León, Carlos Martínez Vertti, ha manifestado su deseo de que “la investigación llegue a fondo”. Aunque prefiere ser cauto, señala que pueden ser más los implicados en el suceso: “La reportera cubría muchas denuncias sobre inseguridad y falta de servicios municipales, así que el director de policía no era el único molesto por sus investigaciones”.

El periódico ha hecho público en los últimos días que la reportera sufría bloqueos informativos en el Ayuntamiento desde hacía meses. “El alcalde [el priísta Enrique Benjamín Solís Arzola] no le daba entrevistas y un día le dijo: 'Oiga, ya no me tire tanto [no se meta conmigo]' en un tono algo serio, pero no amenazante, por lo cual llevaba bastante tiempo sin pedirle entrevistas”, describía el subdirector a organizaciones sociales.

En el mismo sentido, Leopoldo Maldonado, oficial del programa legal de Article 19 ha comentado que la investigación debe seguir la cadena de mando hasta el máximo responsable del Ayuntamiento, a quien Aguirre Guerrero debía rendir cuentas. Para la organización defensora de la libertad de expresión el resultado inicial de la investigación “no sorprende por el contexto en el que se da la agresión (directamente en el lugar de trabajo), los antecedentes de animadversión del Ayuntamiento contra Karla; y porque la mayor parte de los ataques registrados contra la prensa viene por parte de un funcionario público”.

Según Article 19, entre enero de 2007 y septiembre de 2014, 285 mujeres periodistas han sido atacadas en México y en 132 casos se identificó al agresor como un funcionario público. “Se suele pensar que las agresiones vienen sobre todo desde las organizaciones criminales, pero no es así”, asegura Maldonado. La violencia contra comunicadores en el país es una constante: tan solo el año pasado se registraron 330 agresiones contra profesionales de los medios, y en lo que va de 2014 tres periodistas han sido asesinados.