Por: Eréndira Avendaño, Investigadora de México Evalúa.

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¿Cuál es el objetivo que guía la implementación de los subsidios al sector energético? ¿Cuál es su costo o impacto en el sector? ¿Cuál es la racionalidad de su instrumentación? ¿Quién se beneficia de ellos? Desafortunadamente, para casi ninguna de estas preguntas se cuenta con información que dé respuesta certera en el caso mexicano.

Existen escasos datos sobre el uso, efectos e implicaciones de este tipo de instrumentos de política pública en el país. Por ahora, ni siquiera hay consenso sobre el costo o el método para cuantificar el monto que representa la utilización de este instrumento en términos de recursos públicos. Por ejemplo, la OCDE estimó que los subsidios a la electricidad, gasolina, diesel y gas LP representaron 1.5% del PIB en promedio (ente 2005 y 2009). Sólo por el subsidio a la gasolina y el diesel, el mismo organismo advirtió un costo de 100 mil millones de pesos para 2011 (monto similar al presupuesto de la SEDESOL). En tanto, la Secretaría de Energía estimó que para el caso de la gasolina y el diesel, en 2011 el costo fue de más de 150 mil millones de pesos. PNUD afirmó en junio del año pasado que “México paga cada año cuatro veces más en subsidiar el combustible que los programas para combatir la pobreza.”

En lo que sí hay acuerdo es en que la aplicación generalizada de los subsidios al consumo de energéticos es regresiva para la población con menores ingresos. Esto es así porque el subsidio no es diferenciado por niveles de consumo de energéticos, y por ello los estratos de población con mayores ingresos aprovechan más que proporcionalmente los subsidios energéticos que los hogares más pobres. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un estudio sobre la distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público, confirma este comportamiento.

El estudio de México Evalúa titulado 10 Puntos para entender el Gasto en Equidad en México indica que:

En promedio, un hogar ubicado en el 10 por ciento más rico aprovecha el subsidio a la gasolina y diesel 20 veces más que un hogar en el 10 por ciento más pobre. Por subsidios al gas LP, esta relación es de 9 a 1. En el caso de los subsidios a la electricidad, es de 2.5 veces. Mantener en operación los subsidios energéticos anula los efectos de programas públicos bien focalizados, como Oportunidades, Seguro Popular o Adultos Mayores.

Por un lado, la incertidumbre sobre las dimensiones económicas de los subsidios y la tendencia creciente de los mismos y, por el otro, la certeza de sus efectos en la población más desprotegida, obligan a la revisión y deliberación pública del tema. Por ello, cabe destacar la iniciativa de un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (IMCO, GESOC, Transparencia Mexicana, CIDAC y México Evalúa) para externar su preocupación en la materia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hace unos días, miembros de estas organizaciones entregamos una carta al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, incorporando planteamientos que consideramos relevantes analizar sobre el tema de subsidios energéticos. En este sentido, es pertinente celebrar tanto la apertura de nuevos canales de diálogo entre gobierno y sociedad civil como la disposición de la ASF para evaluar los subsidios.

El tema es complejo y tiene muchas aristas. Puede ser visto con un enfoque de política energética, política fiscal, política industrial, política social o medioambiental. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál es el valor público que orienta su aplicación, no hay elementos para considerar su utilidad pública, cuál es su origen y cuáles serían los efectos de su eliminación. Existe un costo de destinar recursos al pago de subsidios energéticos, recursos que bien podrían asignarse a uso más eficiente como el fortalecimiento de una política energética competitiva y sustentable en el país.

En México Evalúa consideramos que el punto de partida es transparentar el origen, objetivos y costos de los subsidios mediante información clara y relevante. En este sentido esta iniciativa y la labor de la ASF son clave, no sólo en la generación de un diagnóstico y la valoración de su impacto. También es fundamental para colaborar en la construcción de soluciones viables.



