El precio de una naranja sube un 710% desde que el agricultor la coge del árbol hasta que el supermercado la pone a la venta. La cifra es oficial y está publicada por el Ministerio de Agricultura, pero se actualizó por última vez en la campaña de 2010. Además, y por mucho que organizaciones agrarias y partidos la usen para simplificar el problema del campo, no es la única que importa al estudiar la formación de los precios: no concreta los costes ni el margen que se llevan supermercado, mayorista y productor.

Hasta hace diez años, España disponía de todos estos datos detallados por producto. Llegó a haber más de treinta alimentos —ternera, cordero, huevos, sardinas, varias frutas y hortalizas...— analizados en informes que incluían, céntimo a céntimo, cuánto suponía cada coste (mano de obra, maquinaria, agua, transporte, almacenamiento) y cuánto ganaba o perdía cada eslabón de la cadena. Los datos también permitían ver quién influía más en el precio final. En eldiario.es los analizamos hace pocas semanas y vimos cómo, sin subvenciones, muchos productos agrarios se venden a pérdidas. Al menos, así sucedía en 2011.







El real decreto-ley aprobado por el Gobierno el martes modifica aspectos de la Ley de Cadena Alimentaria de 2013. Uno de lo más relevantes es que obligará a incluir en todos los contratos el coste de producción y, a partir de ahí, a que el precio sea siempre igual o superior a este. Como en cualquier contrato, el precio queda fijado por escrito entre comprador y vendedor. Pero, para evitar manipulaciones, se indica que podrán usarse datos públicos de referencia.

"Si comprador y vendedor no tienen una referencia para fijar los costes de producción, podrán usar la del Ministerio", dijo el ministro de Agricultura, Luis Planas. "Ampliaremos el stock de datos. Pero el Ministerio no juega un papel arbitral".

Ese stock de datos, esas cifras de referencia, recaerán en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, un órgano integrado por el Ministerio, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias, de consumidores y los lobbys de la industria alimentaria. Lleva años parado en este asunto: actualmente solo publica los precios semanales en origen, mercas y destino. El Ministerio se ha comprometido a "relanzarlo" y a actualizar los estudios de costes y márgenes de los principales productos, si bien esto no forma parte del decreto. Los gastos derivados de su funcionamiento se financian con cargo al presupuesto del Ministerio.

"Anteriormente era el Observatorio de Precios", explican fuentes de Asaja. Nació en el año 2000. "A raíz de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2013 cambió de nombre. Y con ello se dejaron de hacer ciertos estudios de costes. Ahí se estudiaba la cadena, se veía la horquilla de precios en origen, los pasos intermedios, los márgenes... Es una cuestión en la que hemos insistido en los últimos años: que se sigan haciendo, porque son estudios neutrales, no de parte".

Los informes —que puedes consultar aquí— se encargaban a Tragsa, una empresa semipública. Tenían el visto bueno de todos los agentes de la cadena, de productores a supermercados. "Es la forma de explicar a la sociedad por qué el precio sube de origen a destino", decía recientemente a este medio Felipe Medina, secretario técnico de Asedas, la patronal de los supermercados. "[Que se reactive] Nos parece una gran decisión. Nos obliga a todos a sentarnos en una mesa y decirnos las cosas a la cara. ¿Es esto un problema estructural, coyuntural, a qué se debe...?".

Planas se ha comprometido también a reforzar, con presupuesto y personal, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo dependiente del Ministerio creado con la Ley de la Cadena en 2013 para garantizar que esta se cumple. La AICA, sucesora de la Agencia para el Aceite de Oliva, tiene un presupuesto anual de 6,2 millones de euros, hace inspecciones de oficio, recibe denuncias y tiene la potestad de iniciar procedimientos sancionadores cuando la competencia es de la Administración General del Estado. Si recae en las Comunidades Autónomas, se lo pasa a ellas.

El decreto no aumenta sus competencias, una demanda de las organizaciones agrarias, que alaban su buen funcionamiento pero se quejan de que muchas sanciones terminen en las CC.AA. "Queremos que se le amplíen", señalan desde Asaja. "Si refuerzas un organismo de control, le dificultas la tarea al infractor". El incumplimiento de los plazos de pago y la ausencia de contratos son los principales motivos de las sanciones, que recaen sobre todo en la industria alimentaria y en los mayoristas. Por sectores, los mayoristas de las frutas y hortalizas se llevan la palma.













Otra de las medidas urgentes aprobadas incluye la publicidad del infractor si la sanción es grave (reincidencia de dos leves e incumplimiento en plazos de pago) o muy grave (reincidencia de dos o más infracciones graves).

Hasta ahora los datos de la AICA eran agregados y solo se publicaban los nombres de los supermercados o mayoristas multados si la Comunidad Autónoma o el Ministerio así lo decidían. Ahora será obligatorio por parte de ambas. La idea es que así quede dañada su reputación.