No es fácil escuchar en las filas del grupo parlamentario socialista una palabra agradable hacia Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La mayoría de sus diputados guardan un triste recuerdo de su paso por el Banco de España y no desean resucitar la pesadilla que supuso para su partido y también para el Gobierno de Zapatero su gestión como gobernador.

En el PSOE asusta que vuelva a desenterrarse la última etapa del Gobierno de Zapatero

Sin embargo, ahora el PSOE ha tenido poco margen para oponerse a la comisión de investigación sobre la salida a Bolsa de Bankia que han registrado Podemos y Ciudadanos. La imputación judicial de Fernández Ordóñez y de Julio Segura, máximo responsable de la CNMV en el último Gobierno socialista, les ha arrastrado a ponerse al frente de la manifestación, presentando su propia solicitud. Pero en el fondo no quieren desenterrar viejos fantasmas, de ahí que ahora vayan a negociar con el PP la forma de limitar el alcance de esta investigación para impedir que de ella solo se beneficien Pablo Iglesias y Albert Rivera, mientras se pone de nuevo en cuestión la fiabilidad de los organismos reguladores e, incluso, del sistema financiero.

Este objetivo no se antoja fácil porque dentro del PSOE no hay un criterio unánime sobre el perímetro que debe tener esta investigación. Hay diputados que ven aconsejable que las indagaciones se remonten al año 2000 para examinar cómo las cajas de ahorro alimentaron la burbuja inmobiliaria, los hay que ven más práctico profundizar en el contexto político que llevó a Bankia a medirse en el mercado y tampoco faltan quienes opinan que llevar esta polémica de nuevo al Parlamento es un disparate teniendo en cuenta que ya hay una investigación judicial en marcha.

Que investigue la Justicia

Esta última postura la concretó ayer la magistrada en excedencia Margarita Robles, presidenta de la Comisión de Justicia. “Aunque no es incompatible, cuando hay procedimientos judiciales no es necesario abrir investigaciones parlamentarias. Es importante que ahora los tribunales puedan analizar con calma, investigar los hechos y depurar si ha habido responsabilidades”.

Lo que asusta también en el PSOE es que Fernández Ordóñez, obsesionado con su lavado de imagen, hunda todavía más el crédito del partido. El PP no tiene interés alguno en ajustar cuentas ni con el exgobernador ni con Zapatero, el presidente que le aupó al Banco de España, ante el temor de que acaben cuestionándose la credibilidad de esta institución y también de la CNMV. A los diputados del PSOE tampoco se les ve nada entusiasmados con esta investigación parlamentaria, pues consideran que el tiempo de MAFO ya pasó, que ha pagado su mala gestión como gobernador con un creciente aislamiento y que ya se le dieron las collejas suficientes cuando se despidió de su cargo.

Los socialistas opinan que Fernández Ordóñez ya ha pagado su culpa con su creciente aislamiento y no quieren contribuir a lavar su imagen

El encargarlo de hacerlo, curiosamente, fue Valeriano Gómez, interlocutor ahora con el Gobierno para los asuntos económicos. El exministro de Trabajo le afeó que no hiciera nada para frenar la burbuja inmobiliaria y que no mostrara la misma prudencia que exhibió con la banca a la hora de criticar la política económica del Gobierno de entonces. El PP fue más duro y le censuró la falta de crédito para las empresas, las deficiencias de la unidad de supervisión del Banco de España y los costes de los procesos de reestructuración financiera. Cinco años después, los dos grandes partidos preferirían olvidar estos reproches y dejar a la Justicia que actúe.