El 18 de diciembre de 2017 cuatro colombianos fueron detenidos por policías de Cancún. Uno de ellos apareció decapitado dos días después de la detención y los otros tres siguen desaparecidos. Este es un caso que deja al descubierto una cadena de irregularidades de las autoridades mexicanas que hablan de corrupción, encubrimiento y complicidad con el crimen organizado.

BOGOTÁ.- El expediente que han recopilado autoridades colombianas sobre la desaparición de tres de sus ciudadanos en Cancún es demoledor.

La extensa carpeta, que contiene testimonios, mensajes telefónicos y actas de denuncias judiciales, indica que policías municipales de Cancún detuvieron el 18 de diciembre pasado a cuatro colombianos a quienes subieron en dos patrullas. Horas después, los habrían entregado a un grupo criminal identificado como el “Cártel de Jalisco”.

Dos días más tarde, uno de los colombianos fue encontrado decapitado y con huellas de tortura. Los otros tres continúan desaparecidos.

A lo largo de estas 12 semanas, la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, encargada de la investigación de los hechos, no ha realizado una sola captura a pesar de todas las evidencias y declaraciones de testigos que involucran a policías municipales en la detención de los cuatro extranjeros.

“Tienen videos de las cámaras cercanas al lugar de la detención, saben a qué patrullas los subieron, saben que eran ocho policías hombres y dos mujeres los que fueron por ellos, y no han hecho nada”, se lee en una parte del expediente conocido por Proceso.

Según la documentación a la que esta revista tuvo acceso, funcionarios de la Cancillería colombiana se vieron tan desbordados por “todas las irregularidades que se presentaron por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo”, que pidieron ayuda a la Policía Federal, lo que hasta ahora no ha dado ningún resultado.

Además, al ver la sospechosa incompetencia de la Fiscalía de Quintana Roo, personal diplomático de Colombia acreditado en México pidió la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado, lo que tampoco ha servido para dar claridad a la investigación.

Esto, a pesar de que hay abrumadoras pruebas de que en la tarde del 18 de diciembre los colombianos Yesly Tatiana Góez Guisao, Joan Sebastián Espinoza Urrego, Óscar Alexander Zuluaga Macías y Néstor Espinoza Castañeda fueron detenidos por policías de Cancún que los subieron a dos patrullas de color azul y blanco.

Los policías nunca presentaron a los colombianos ante ninguna autoridad judicial, ni los internaron en una cárcel de la ciudad. Esto, a pesar de que al llevárselos dijeron a una testigo que los conducirían al Centro de Retención Municipal, conocido como “El Torito”.

En lugar de eso, los habrían entregado al “Cártel de Jalisco”. Al día siguiente, alguien que se identificó como “el intermediario del cártel” llamó por teléfono al trabador de los colombianos Román Hernández Tzet y pidió 50,000 pesos mexicanos (unos 2,670 dólares) para liberarlos.

Dos días después, cuando la pareja de uno de los detenidos ya había depositado ese dinero en una cuenta bancaria, fue hallado en una calle de Cancún el cadáver de Joan Sebastián Espinoza Urrego. Estaba desnudo, sin cabeza y con los genitales en la boca.

Los otros tres colombianos siguen desaparecidos. Nadie sabe con certeza, además de sus captores, si están vivos o muertos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín, ciudad colombiana de la que son oriundas las víctimas, considera que se trata de un caso de “desaparición forzada” y que debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.

Por ello, pidió al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intercedan ante al gobierno mexicano para dar celeridad a la investigación, atender a los familiares de las víctimas, llegar a la verdad y castigar a los responsables.

“No es el único caso de colombianos desaparecidos en México. Sabemos que el país tiene un problema grave de desapariciones y lo único que pedimos es que este caso tenga un enfoque de derechos humanos, además del tratamiento judicial que por su naturaleza requiere”, dice el subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila.

El gobierno federal mexicano tiene conocimiento de todas las “irregularidades” que han cometido las autoridades de Quintana Roo en la investigación del caso.

Una mujer a la que identificaremos como Alejandra y que es pareja de Óscar Alexander Zuluaga Macías, uno de los desaparecidos, presentó el 5 de enero en Bogotá una pormenorizada denuncia de lo que ocurrió en Cancún.

La declaración, que se prolongó 10 horas, la hicieron ella y Santiago Espinoza Urrego, hermano del colombiano que apareció muerto, ante la agregada de la Procuraduría General de la República (PGR) de la Embajada de México en Colombia, Tisbe Cázares Mejía.

Alejandra, quien vivía en Cancún con su pareja y los otros desaparecidos, denunció que un funcionario de la Fiscalía de Quintana Roo le pidió 20,000 pesos mexicanos (1,070 dólares) “por agilizar la investigación”; que esa institución judicial “desde el primer momento encubrió a los policías” municipales que “levantaron” a los cuatro colombianos y que “los del cártel” siempre estaban al tanto de cada palabra que decían ante los fiscales que les tomaban declaración.

“Los del cártel, que no sé si de verdad son de un cártel, tienen espías en todos lados. Un día estábamos declarando ante un fiscal y me llaman al celular para decirme que nos estaban viendo, que estábamos en la oficina de tal licenciado, y que dejáramos de estar de chismosos porque nos iban a chingar”, señaló Alejandra.

La directora de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Gabriela Martínez, quien fue consultada por la vía telefónica por este semanario, declinó referirse a las graves acusaciones contra la institución que constan en la denuncia de Alejandra y Santiago ante la PGR y dijo desconocer por qué no se ha ejercido acción penal contra los policías que detuvieron a los colombianos.

“No tengo información que en estos momentos pueda compartir. Y no estamos dando información sobre la investigación porque no queremos entorpecerla. La investigación está abierta”, señaló Martínez.

–Las acusaciones contra la Fiscalía son muy graves y me gustaría conocer su versión –se le insistió.

–Es todo lo que puedo decir.

La delegación de la PGR en Cancún lleva una investigación paralela a la de la Fiscalía de Quintana Roo y ha tomado declaraciones a varios testigos, pero tampoco ha detenido a ninguno de los presuntos implicados en el asesinato de Sebas y la desaparición de los otros tres colombianos.

“Gota a gota” en el Mar Caribe

Joan Sebastián Espinoza Urrego, conocido como Sebas, viajó a Cancún en 2015 para dedicarse al negocio ilegal de los préstamos “gota a gota”.

El joven, de 21 años en ese entonces, se involucró en esa actividad en su natal Medellín y, según sus amigos, el grupo con el que trabajaba en esa ciudad del noroccidente colombiano le financió el viaje y le entregó dinero para ponerlo a “trabajar”.

Los créditos “gota a gota”, que se pagan en abonos diarios a tasas de interés de hasta 20 por ciento mensual, son una modalidad delictiva que Colombia comenzó a exportar a varios países latinoamericanos hace unos tres años. Detrás de esa actividad, que es usada para lavar dinero de origen ilícito, suelen haber bandas involucradas en el tráfico de drogas y la extorsión.

Los dueños del negocio de los “gota a gota” no usan abogados para cobrar los créditos cuando los deudores se atrasan, sino la intimidación y la violencia.

A Sebas le fue bien en Cancún. Comenzó como “cobrador”, ascendió a “supervisor” y después llegó a ser “administrador de ruta”.

Al cabo de un año, lo alcanzó en ese balneario del caribe mexicano Óscar Alexander Zuluaga Macías, de 21 años y también oriundo de Medellín.

Lucy Macías, la mamá de Óscar Alexander, dice que el joven era amigo de Sebas y que le gustó la propuesta que este le hizo de ir a Cancún pues había terminado de cumplir 18 meses de servicio militar en la ciudad de Armenia, en el occidental Eje Cafetero colombiano, y estaba sin empleo.

Óscar Alexander, conocido por sus amigos como Alex, llegó al balneario mexicano el 17 de septiembre de 2016.

Meses después, Sebas le pidió a su novia, Yesly Tatiana Góez Guisao, que se fuera a vivir con él. La joven viajó a Cancún el 28 de mayo de 2017.

Y en agosto de ese año llegó también la pareja de Alex, Alejandra. Los cuatro, que provienen de familias colombianas humildes, vivían en un departamento amplio en Cancún.

En entrevista con este semanario, Alejandra asegura que en ese balneario de arenas blancas y mar azul vivían bien. Alex, su pareja, primero fue “cobrador” de los “gota a gota” y después “supervisor”. Ella sostiene que nunca creyó que estuvieran un ambiente peligroso.

“Sé que los préstamos son ilegales y que ahí hay gente mala, pero ellos eran un equipo de cinco gentes, tres colombianos y dos mexicanos, que prestaban dinero a personas humildes, a pequeños comerciantes, a amas de casa.

Nunca supe que usaran la fuerza para cobrar, aunque a veces no les pagaban y les quedaban a deber. Pero los préstamos dejan mucha ganancia”, afirma.

Dice que Sebas era el jefe de Alex, aunque asegura desconocer quiénes eran los superiores jerárquicos de los dos jóvenes.

De eso, agrega, nunca se dio cuenta. “Para mí y para mi marido el jefe siempre fue Sebas”, señala. También sostiene que durante todo el tiempo que permaneció en Cancún nunca habían tenido problemas con nadie, “ni con la policía ni con malandros que nos quisieran hacer algo”.

A principios de diciembre pasado, llegaron a Cancún los padres de Sebas, Carmen Urrego y Néstor Raúl Espinoza Castañeda, para pasar unas semanas de vacaciones en el balneario caribeño. La pareja se hospedó en el departamento donde vivían los cuatro jóvenes colombianos.

“Éramos felices en Cancún, íbamos a las playas, yo comencé a trabajar medio tiempo en un restaurante y como asesora de ventas, y Yesly Tatiana era estilista y trabajaba en eso (en el Bella Dama Salón)”, relata Alejandra.

Yesly Tatiana, de 25 años, mantenía una comunicación diaria con su mamá, Aleida Guisao Gil, a través de WhatsApp. La señora, quien vive en Medellín, dice que siempre tuvo los temores normales de una madre cuya hija está en otro país, pero nunca le preocupó demasiado la actividad de Sebas.

“El ‘gota a gota’ no es legal pero aquí en Medellín eso muy común, yo lo he usado para pagar mis cuentas. Y conozco muchos jóvenes que se están yendo a Brasil, a Perú, a Chile y a otros países a trabajar en eso”, afirma.

La señora Aleida y Lucy Macías, la mamá de Alex, presentaron ante la Fiscalía colombiana en Medellín una denuncia por la desaparición de sus hijos. A las dos les tomaron muestras de ADN que la institución judicial envió a la Procuraduría General de la República (PGR) de México.

La desaparición

El lunes 18 de diciembre, pocos minutos antes de las dos de la tarde, Sebas llamó a Alex a su celular y le dijo que fuera a casa de Brayan Castelano, un “cobrador” mexicano que trabajaba con ellos, porque había descubierto “que se estaba quedando con la ruta y con un dinero del cobro” y le iría a pedir cuentas, según declaró un testigo ante la Fiscalía de Quintana Roo.

Además, relató que Alex estaba en el departamento donde vivían los cuatro colombianos y que cuando comentó el asunto que iba a atender, tanto Yesly Tatiana como Néstor Raúl Espinoza Castañeda –pareja y padre de Sebas, respectivamente– le dijeron que lo acompañarían.

Los tres se trasladaron en taxi a la casa de Brayan, donde vivía con su mamá, María Helena Castelano, y allí se encontraron con Sebas.

De acuerdo con la versión de María Helena, Sebas y Brayan arreglaron rápido el asunto. El “cobrador” se comprometió a pagar lo antes posible al “administrador” del negocio 30,000 pesos mexicanos (1,600 dólares) que había omitido reportar en las cuentas. Al parecer, todo se había solucionado.

Pero según María Helena, a Yesly Tatiana no le pareció el acuerdo y exigió, a gritos, que Brayan les diera algunas de sus pertenencias (ropa, zapatos tenis de marca) en garantía de pago.

“Luego entró a la recámara de Bray y comenzó a sacar cosas”, aseguró.

María Helena dijo en ese momento intervino y comenzó a discutir con la joven colombiana.

Una amiga de Yesly Tatiana cree que ella reaccionó así porque dos otros “cobradores” ya los había robado antes y no quería que eso se repitiera.

Al calor de la discusión, María Helena Castelano decidió llamar por teléfono a la policía municipal.

Alrededor de la tres y media de la tarde, Román Hernández Tzet, otro “cobrador” mexicano que trabajaba con Sebas, se acercaba a casa de los Castelano, “atrás de la Escuela Secundaria Federal número 9” de Cancún, cuando vio dos patrullas de la policía municipal estacionadas afuera de la vivienda.

Luego observó, según la declaración que dio en la Fiscalía de Quintana Roo, que unos diez policías, ocho hombres y dos mujeres, sacaron de la casa de María Helena y Brayan Castelano a los cuatro colombianos que había llegado allí: Sebas, Yesly Tatiana, Alex y don Néstor Raúl.

Los subieron a las dos patrullas y se los llevaron junto con el automóvil de Sebas y una moto que tenía Brayan en su casa.

A las cinco de la tarde, Román Hernández Tzet llegó al departamento de los colombianos y contó lo sucedido a Alejandra y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas.

“Casi me llevan a mí también porque iba a grabar con mi teléfono –les dijo–, pero lo guardé enseguida”.

Alejandra se comunicó por WhatsApp con María Helena Castelano y esta le confirmó la versión de Román Hernández Tzet y le dijo que había llamado a la policía porque Yesly Tatiana comenzó a sacar pertenencias de la habitación de Brayan. También indicó que los policías preguntaron qué había pasado y que la joven colombiana les dijo que Brayan les había robado un dinero.

Ante la insistencia de los policías, Yesly Tatiana les confesó que se dedicaban a prestar dinero. Un “oficial” le respondió que eso es un delito que se persigue “de oficio”, igual que entrar a una vivienda “sin permiso y sustraer cosas”, según escribió María Helena Castelano en uno de los chats conocidos por este semanario.

También le explicó a Alejandra que los policías le dijeron que iban a llevar a los cuatro colombianos al “Torito”, como se conoce el Centro de Retención Municipal, y que en 36 horas los soltarían.

Alejandra escribió: “Toca esperar, confiar en Dios, porque Dios sabe que no somos malos”, y María Helena Castelano le respondió con mala ortografía: “Yo lo se también son personas nobles y les tengo aprecio. Pero yo no los denuncie como se cree. Solo hable a la patrulla para k ella (Yesly Tatiana) se calme”. Además, aseguró que no se había fijado en los números de las patrullas.

Esa misma tarde, Alejandra le pidió a Román Hernández Tzet y a su esposa ir a buscar al “Torito” o a cualquier otro penal de la ciudad a los cuatro detenidos. La pareja de Alex temía hacer la búsqueda en persona porque pensó que podría ser deportada.

Por la noche, Román regresó al apartamento y le dijo a Alejandra y a Carmen Urrego, la mamá de Sebas, que los colombianos no estaban en ningún centro de detención.

El martes 19, muy temprano, Román llamó a Alejandra para comunicarle que los desaparecidos habían sido entregados por la policía municipal de Cancún “al Cártel de Jalisco”.

Según explicó, un “intermediario” de ese grupo delictivo le había llamado a su teléfono celular para darle esa noticia e informar a la familia que tenían que depositar 50,000 pesos mexicanos (2,670 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de una persona de apellido “Rouche”.

Alejandra y la señora Carmen pidieron “a los muchachos de la ruta” de los “gota a gota” reunir el dinero. A las cuatro y media de la tarde lo depositaron en una sucursal bancaria de Plaza Xcaret.

Román dio aviso a los secuestradores y les mandó la foto de la ficha del depósito. Estos le dijeron que en una hora soltarían a los cuatro colombianos en la Plaza de las Américas.

Carmen Urrego y Alejandra recorrieron ese centro comercial varias veces sin encontrar a sus gentes. Román volvió a llamar “al intermediario del cártel” y este le dijo que ya los habían soltado. Por la noche se convencieron de que eso era mentira.

“Estábamos desechas y con más miedo que nunca”, recuerda Alejandra.

El jueves 21 de diciembre, a solo dos cuadras del apartamento donde vivían los colombianos, apareció el cadáver de Sebas desnudo, decapitado, con la piel del rostro desgajada y castrado. El cuerpo estaba recargado en una cerca metálica de la que colgaba una “narcomanta”, como se les llama en México a los mensajes que cuelgan en las calles los cárteles de la droga.

“¡Víctor Manuel Olivas Jalisca –indicaba el aviso– eres el siguiente! ¡¡¡Síguele jugando al verga apoyando a los Jalisco y te va a llevar la verga a ti junto con todos los putos arrastrados!!! ¡Se les olvida que viven aquí a los perros. Esto va para todos esos culeros que sigan a apoyando a los Jalisca. Esto les va a pasar llámense gobierno o gente civil..!”.

Llama la atención que los colombianos supuestamente habían sido entregados al “Cártel de Jalisco” y que la “narcomanta” era una amenaza contra el director de la policía municipal, Víctor Manuel Hernández Olivas, por apoyar “a los Jalisco”.

En los últimos meses, la zona de Cancún y la Rivera Maya ha sido escenario de una violenta disputa entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización ascendente en la etapa de reconfiguración que vive el narcotráfico mexicano, y grupos afines a los debilitados cárteles de Los Zetas y del Golfo.

El pasado miércoles 7 de marzo el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, anunció una reestructuración de la policía municipal. Julio Ricardo Carballo asumió como director encargado en reemplazo de Víctor Manuel Hernández Olivas, el jefe policiaco aludido en la “narcomanta” que apareció junto al cadáver de Sebas.

Sin rastro

El jueves 21 de diciembre, Alejandra y la madre del joven ejecutado acudieron a la Fiscalía de Quintana Roo a denunciar la desaparición de los otros tres colombianos. También reportaron los hechos al Consulado de Colombia en la ciudad de México, que se puso en contacto con las autoridades judiciales del balneario caribeño, lo que no sirvió de nada para activar la aletargada investigación.

El viernes 22 llegó a Cancún, procedente de Brasil, donde radica, Santiago Espinoza Urrego, hermano de Sebas. Junto con Carmen, su madre, identificó, principalmente por sus tatuajes, el cadáver del joven.

Luego Santiago se concentró junto con Alejandra, en buscar a don Néstor Raúl, a Yesly Tatiana y a Alex. Carmen no paraba de llorar.

Los tres colombianos se hospedaron en la zona hotelera de Cancún, que es la menos peligrosa de la ciudad.

Los días que siguieron la pasaron en la Fiscalía rindiendo declaraciones, esperando turnos y urgiendo a fiscales, secretarios y policías ministeriales a que hicieran algo por encontrar a los desaparecidos.

De acuerdo con Alejandra, un funcionario de la Fiscalía les pidió 20,000 pesos “para agilizar el caso” y se los dieron.

“Uno busca la plata donde sea y paga lo que piden, porque lo que uno quiere es volverlos a ver. Pero sólo nos estafaron, nunca hicieron nada, nunca investigaron a los policías que se los llevaron, nunca mostraron un poco de interés en buscar a nuestra gente”, dice Alejandra.

El comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía, Juan Pérez, se hizo cargo del caso. La joven colombiana le preguntaba en forma insistente si ya había revisado las cámaras cercanas a la casa de los Castelano para saber qué patrullas se los llevaron.

“Él nos decía que eso un proceso que lleva tiempo, que no todo se puede hacer de la noche a la mañana. Pérez lo único que quería era que nos fuéramos de Cancún para dejar morir el caso. No quiso ni rastrear llamadas de celulares ni investigar las cuentas donde hicimos los depósitos”, señala.

Proceso contactó por la vía telefónica al comandante Pérez y le planteó el cúmulo de irregularidades que han denunciado las propias autoridades colombianas, pero él aseguró que nunca ha llevado el caso de los desaparecidos y sólo “al principio” estuvo “verificando unos datos”.

Lo cierto es que en unos chats y llamadas de WhatsApp conocidos por este semanario queda claro que Pérez era quien conducía esa investigación y que en diciembre y enero tuvo una comunicación muy fluida con algunos testigos.

Su principal interés siempre fue avanzar en la hipótesis de que el asesinato de Sebas y la desaparición de Yesly Tatiana, Alex y don Néstor Raúl fue producto de un “ajuste de cuentas” del hampa organizada.

–¿Sebas estaba involucrado con algún cártel? –se le pregunta a Alejandra.

–No creo, porque vivíamos en la misma casa y nunca me di cuenta de nada raro. Él no era capaz de actuar con saña con nadie. Dos veces lo robaron “cobradores” y no hizo nada. Si yo hubiera visto algo raro, agarro mis maletas y me vengo a Colombia.

–¿Y es posible que haya sido un “ajuste de cuentas” de gentes que están en el negocio de los créditos “gota a gota”?

–No. Hacia eso quisieron llevar la investigación, pero es algo ilógico porque entonces ¿por qué la policía los “levantó”? Por ese lado, están equivocados. Lo que quieren hacer los que encargados de investigar es tapar a alguien, porque ni Sebas ni Alex tenían líos con nadie.

Alejandra asegura que, más bien, la condición de prestamistas “gota a gota” de Sebas y Alex “le dio pretexto a la Fiscalía para tratarnos como si fuéramos peores delincuentes que los de los cárteles que matan a tanta gente en Cancún”.

Dice que “si los hubieran detenido por ser prestamistas y los juzgan por eso, está bien, pero a ellos los detuvieron policías y supuestamente los entregaron a un cártel, o ellos mismos armaron todo, no sé, y a la Fiscalía nada de eso le importó. Es como si a nosotros, por ser prestamistas y colombianos, nos pueden matar o desaparecer con toda impunidad”.

El miércoles 27 de diciembre, el “intermediario del cártel” llamó por teléfono a Santiago, el hermano de Sebas, y le dijo que Yesly Tatiana, Alex y Néstor Raúl seguían con vida y que los liberarían a cambio de 200,000 pesos mexicanos (unos 10,700 dólares). El colombiano pidió una prueba de supervivencia.

Uno de los secuestradores, que estaba con el “intermediario”, pasó entonces al teléfono y le dijo: “¿Qué quieres de prueba de supervivencia, cabrón, la cabeza de Tatiana o la de tu papá?”.

Santiago le pidió calma y le dijo que le diera unas horas para juntar el dinero. Por la tarde llamó al “intermediario” y le dijo que solo había reunido 80,000 pesos (4,280 dólares) y le propuso que liberaran a uno de los tres y luego juntarían el resto.

Los secuestradores aceptaron, pero le advirtieron que soltarían a uno de los dos hombres, no a Yesly Tatiana, pues a ella “le estaban sacando mucho provecho” y tenía “una hemorragia de tan violada” que estaba.

Santiago, Alejandra y doña Carmen depositaron el dinero en un banco de una cadena de tiendas de electrodomésticos y “los del cártel” les dijeron que harían la liberación en un conocido prostíbulo de Playa del Carmen. La tarde del jueves 28 fueron hasta allí, pero no encontraron a nadie.

Alejandra le envió un desesperado mensaje por WhatsApp al “intermediario” en el que le pedía que se apiadara de ellos. “Por q nos mintieron. Padre amado misericordioso no puedo con esto. Señor póngase la mano en el corazón por favor”, le suplicaba, segura como estaba ya de que no habían liberado a nadie.

Al otro día, 28 de diciembre, el “intermediario” le respondió: “Lo mejor k yo t rekomendaria es k salieras de kankun a otra parte del país”.

“Jamás –escribió ella— q me maten esos hijos de puta malandros”.

La verdad es que Alejandra, Santiago y doña Carmen ya habían decidido irse de Cancún.

“Aquí, o nos matan, o nos roban otra vez”, dijo Santiago, y les aseguró a su mamá y a Alejandra que ya se estaba quedando sin dinero y que era mejor aprovechar lo poco que le quedaba para comprar los pasajes aéreos hacia Colombia.

Además, un “coyote” del mundo judicial les dijo a Santiago y a Alejandra que Yesly Tatiana, Alex y Néstor Raúl podían estar muertos porque había escuchado el rumor de que les dieron “dos tiros de gracia a cada uno” y los habían enterrado “en una fosa común en el barrio Bonfil”.

Cuando Santiago, Alejandra y doña Carmen Urrego fueron al departamento a recoger todo lo que quedaba para irse de Cancún se dieron cuenta de que policías ministeriales de la Fiscalía de Quintana Roo lo habían allanado.

“Revisaron todo, rompieron cosas, muebles y se robaron lo poco que había. ¿Qué buscaban? No sé”, señala Alejandra.

Santiago, doña Carmen y Alejandra llegaron al aeropuerto de Cancún a las tres de la mañana del viernes 29 de diciembre y tomaron el primer vuelo a Colombia en el que encontraron cupo.

Alejandra cree que Alex está muerto. “Así lo siente mi corazón”, dice la joven.

Santiago y doña Carmen ya no guardan esperanzas de que don Néstor Raúl aparezca con vida. Ellos enterraron a Sebas el 5 de enero en un cementerio de Medellín y Santiago comentó que ese sepelio valía para su hermano y para su padre.

Pero Aleida Guisao Gil, la madre de Yesly Tatiana, afirma que su hija está viva. Tiene la ilusión de que alguno de sus secuestradores se haya enamorado de ella y la haya salvado, o de que quizá la vendieron a tratantes de personas y la tienen recluida en un remoto burdel del caribe del que algún día se escapará.

“No pierdo la fe”, dice Aleida, quien ha encabezado en Medellín varios “plantones” para exigir a las autoridades mexicanas “dejar de proteger a delincuentes” y hacer una investigación seria de la desaparición de su hija y de los otros dos colombianos.

Las desapariciones de personas con la participación de policías son frecuentes en México. El caso más emblemático es el de 43 estudiantes normalistas que fueron detenidos por policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Se sabe que los entregaron a un grupo de narcotraficantes y hasta hoy se desconoce su paradero.

El pasado 31 de enero, policías del estado de Jalisco detuvieron a los italianos Raffaele Russo, Antonio Russo y Vincenzo Cimmino, a quienes entregaron a una organización delictiva. Desde entonces no se sabe de ellos.

Desde el estallido de la violencia en México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien declaró la guerra a los cárteles de las drogas, en el país han desaparecido 34,408 personas, casi nueve al día en promedio. De ellas, 66 corresponden al estado de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún.

Aleida Guisao Gil, la madre de Yesly Tatiana, piensa viajar a México a demandar personalmente justicia ante la Fiscalía de Quintana Roo y la Procuraduría General de la República. Podrá hacerlo cuando sus amigos y vecinos terminen una colecta que ya está en marcha para comprarle los pasajes de avión y su estancia.

Alejandra tiene una larga lista de sospechas. Desconfía totalmente del “cobrador” Román Hernández Tzet, quien al principio de la desaparición era el conducto mediante el cual se comunicaba “el intermediario del cártel”.

Tampoco cree en la sinceridad de María Helena Castelano, quien fue la que llamó a la policía. Ella, su hijo Brayan y Román cambiaron en enero pasado sus teléfonos celulares y eliminaron sus cuentas de Facebook.

Alejandra, además, considera que la “narcomanta” que estaba junto al cadáver de Sebas puede ser un “montaje para distraer la atención” y que ese “montaje” pudo ser urdido por los propios policías que detuvieron a los cuatro colombianos.

“Ya no sé qué pensar –dice–. De lo único que estoy segura es de que ya no confío en nadie de México y de que Cancún no es el paraíso”.

Esta es una versión actualizada del reportaje que se publicó originalmente en la edición 2158 de la revista Proceso.