Alrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales, ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas cifras -que el colectivo saca a la luz con motivo de la filtración de los denominados Paradise Papers (Papeles del Paraíso) en los que, hasta el momento, se incluirían los nombres de 600 españoles entre los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, de las que nueve aparecen en el listado de paraísos fiscales para España y cinco ya lo han abandonado-, ponen de manifiesto que los listados nacionales de paraísos son incompletos e inconexos, por lo que Gestha reclama que se agilice la armonización europea que califique como paraíso cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes y exista el secreto bancario, registral y mercantil.

Mientras tanto, no debe extrañar que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles esté camuflado en territorios con baja o nula tributación, incluso en países con los que España ha suscrito un Acuerdo de intercambio individualizado de información fiscal, porque España no puede pedir información que no conoce.

En este contexto, Gestha indica que, según el último informe de Oxfam, la inversión española en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en el último año. Así, uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal y más de la mitad (54%) de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos.

De esta forma, disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraíso fiscal no es ilegal si se declara en España su tenencia. No obstante, la mayoría de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a través de testaferros en estos países de escasa o nula tributación y gran opacidad. Por ello, los técnicos instan a la Agencia Tributaria (AEAT) a que abra una investigación a los residentes en España que aparezcan en los Paradise Papers por posible fraude fiscal. Y en este sentido recuerdan que desde 2013 la ley española considera imprescriptibles las consecuencias tributarias y las infracciones relacionadas con los bienes en el extranjero no declarados, de forma que su valor tributa como ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del Impuesto sobre la Renta o al tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del último año no prescrito.

Así, la propiedad de títulos o acciones en sociedades opacas determinaría la comisión de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros. Por el contrario, cuando la cuota descubierta no supere esta cantidad, se impondría una multa del 150% del importe por la comisión de una infracción tributaria catalogada como muy grave. De estas consecuencias se librarían los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720 de bienes situados en el extranjero, así como los autónomos y personas jurídicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas propiedades.

Los técnicos también reclaman a la AEAT que las inspecciones se inicien con carácter inmediato para evitar que se presenten declaraciones complementarias con las que esquivar las sanciones y condenas respectivas por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que habrían podido cometer. Además, piden que aumente las competencias de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para la asunción de mayores responsabilidades, lo que mejoraría la eficacia para prevenir y reducir el fraude, al dedicar más esfuerzos a perseguir la evasión de las bolsas de fraude en multinacionales y grandes patrimonios.

Y es que, en la actualidad, el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores. Esto deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude, en un momento en el que las empresas del IBEX 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore y la presencia de estas filiales en territorios opacos no deja de crecer.