El Partido Popular de Valencia utilizó las cajas de ahorros bajo su influencia para realizar favores urbanísticos a los empresarios que nutrían la caja B. Las pruebas se esparcen por los distintos sumarios que investigan el saqueo de las cajas valencianas y demuestran que, en tiempos de crisis, el PP valenciano y sus empresarios afines reinventaron el pelotazo urbanístico. En lugar de hacer negocio con la recalificación de terrenos -con un mercado inmobiliario en crisis- los responsables políticos presionaban a las cajas para que compraran el suelo de sus donantes. A cambio, los constructores beneficiados nutrían la caja B del partido.

El primero en reconocer los pagos ha sido el empresario Enrique Ortiz, que en el transcurso de la operación Brugal ha reconocido ya ante el juez los pagos en negro al partido controlado entonces por Francisco Camps. En su caso, Bancaja realizó operaciones sin lógica comercial por valor de 235 millones de euros. En una sola inversión, la entidad financiera que después se integró en Bankia entregó 44 millones de euros a Ortiz, que según las auditorías posteriores de la entidad carecía por completo de activos.

Un negocio ficticio

La técnica para conseguir el pelotazo era sencilla. Los empresarios conseguían que el ayuntamiento de turno recalificara el suelo, pero después, ante la imposibilidad de venderlo a causa de la crisis, presionaban a los políticos valencianos para que las cajas de ahorro compraran el suelo con la excusa de una suculenta inversión que era ficticia.

Así, los empresarios tenían importantes beneficios al vender un suelo sobrevalorado, mientras las cajas se cargaban con pérdidas millonarias. En otra modalidad, en lugar de comprar directamente los terrenos, entidades como Bancaja empezaban a formar parte del accionariado de las constructoras, valorando como activos los terrenos que en realidad, carecían prácticamente de potencial de negocio.

Según los informes del Banco de España sobre Bankia, solo en dos años (2009-2011) la cartera de activos inmobiliarios de Bancaja se depreció un 73%. Los peritos judiciales hablan textualmente de operaciones que carecen de "escasa racionalidad económica", y enmarcan en esta línea negocios relacionados a varios empresarios investigados por financiar ilegalmente al PP.

Más de 300 millones tirados

En esta línea, Ortiz ha sido el primero en evidenciar con su confesión que las decisiones de Bancaja no fueron fruto de un error reiterado y cometido por personas expertas en inversiones financieras. En el caso del presidente del Hércules C.F, se investigan operaciones irregulares con relación, al menos, a tres proyectos distintos.

El primero de ellos, con la entrada de Bancaja en el capital de una sociedad llamada Visomed, dejó 44 millones de euros por el camino. En otras dos operaciones similares, relacionadas con la compra de suelo en la zona de Armanello (Benidorm), "se desconoce el destino de los más de 72 millones de euros" aportados por Bancaja. En la tercera, Bancaja entró en otra sociedad de Ortiz, llamada Urbanika, poseedora de otro paquete de terrenos, por 55,5 millones de euros. El coste real del suelo según los auditores era de 1,7 millones. La operación dejó a Ortíz una plusvalía de 41,8 millones de euros.

Sin embargo, el modelo no se aplica únicamente al empresario alicantino. Los informes de auditoría sobre Bancaja analizan también las operaciones de la entidad con la empresa Acinelav Inversiones 2006, participada al 20,40% por una filial de Lubasa, constructora del empresario castellonense Luis Batalla. Personal de la constructora resultó imputado en la rama valenciana de la operación Gürtel por financiar presuntamente al Partido Popular valenciano. Además, en 2013 un exempleado de la constructora realizó una denuncia que señalaba directamente por financiación ilegal al exnúmero dos del PP autonómico, Ricardo Costa. En su caso, Bancaja puso encima de la mesa 63 millones de euros. Ahora, según los auditores, "existe una clara incertidumbre sobre la recuperabilidad de la totalidad de la inversión en esta sociedad".