Jacinto Lara Bonilla

Abogado y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Carlos Slepoy Prada

Abogado que ejerce la acusación en la querella argentina.

Un creciente y pujante movimiento social, de organizaciones de derechos humanos y de memoria histórica se ha ido consolidando en los últimos años e impulsa diversas iniciativas en materia de verdad, justicia y reparación.

Entre ellas, la denominada querella argentina, que se interpuso en Buenos Aires el 14 de abril de 2010. Es ésta una acción judicial basada en el principio de justicia universal, en virtud del cual los crímenes que lesionan a la humanidad deben ser investigados y sus responsables perseguidos universalmente en todo tiempo y lugar, con independencia de la nacionalidad de víctimas y victimarios y los intereses particulares de los Estados. Este principio -que otrora fue especial y celebradamente puesto en práctica por la misma administración de justicia española que hoy, paradójicamente, se niega a enjuiciar los crímenes del franquismo- constituye un avance civilizatorio y ha colaborado de modo trascendental para poner fin a la impunidad en aquellos países respecto de los que fue aplicado.

La querella reabrió un camino en la búsqueda de justicia cuando todos parecían clausurados. Ha sido y es impulsada por víctimas de la dictadura ante la denegación de sus derechos por parte de tribunales españoles que han vulnerado normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos, tratados internacionales suscritos por España y la propia jurisprudencia de esos mismos tribunales. Estimula y repara a las víctimas y actualiza la necesidad de que los propios juzgados españoles asuman la tarea que les es propia: hacer justicia, en este caso respecto de los más graves crímenes que puedan cometerse en contra de los seres humanos y de los pueblos.

Un gran y creciente número de personas y organizaciones están implicadas en el fomento y fortalecimiento del proceso judicial argentino. Con su esfuerzo han conseguido la adhesión al mismo de más de un centenar de ayuntamientos, de distintos parlamentos autonómicos y de otras instituciones. Realizan regularmente distintas actividades para explicar y difundir las características del proceso que se sigue ante la justicia argentina en ciudades y pueblos de España, de Argentina y de otros países. Han promovido la interposición de cientos de querellas, de múltiples denuncias que en forma gratuita son presentadas por los afectados en los consulados argentinos de todo el mundo e inmediatamente trasladadas al juzgado porteño, de la organización de videoconferencias desde el consulado argentino en Madrid, de los viajes a Argentina de un elevado número de personas que presentaron personalmente sus querellas y declararon en el juzgado o del viaje que efectuó la magistrada argentina para tomar declaración a algunas víctimas en los propios juzgados españoles con la participación y colaboración de sus titulares, entre otras muchas iniciativas.

El proceso, que instruye la jueza Servini de Cubría, ha tenido sustanciales avances. Entre otros, muchos y relevantes, debe subrayarse que en la causa se ha acumulado un enorme material probatorio de los crímenes perpetrados y que por el momento se ha incriminado, por la comisión de algunos de ellos, a un total de veintidós personas entre las que se encuentran varios ex ministros, cursándose pedidos internacionales de detención y solicitudes de extradición de los mismos. Denegadas éstas, como era previsible, las autoridades españolas no han podido sin embargo evitar la repercusión internacional de estas medidas, ni pronunciamientos en los parlamentos español, argentino y europeo confluyentes en la obligación internacional de extraditar o juzgar a los reclamados, ni el repudio y la condena por parte de los principales organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

La ley de extradición pasiva española no prevé la participación de las víctimas en el procedimiento de extradición y en consecuencia ni éstas ni las organizaciones e instituciones que las representan o que con ellas se solidarizan tuvieron la posibilidad de intervenir en el mismo, ni de recurrir las decisiones adoptadas. Sí pueden hacerlo en cambio en el proceso judicial que se desarrolla en Argentina -y a ello están convocadas- y también, y nos interesa destacarlo especialmente en el presente artículo, en los que se impulsen en los distintos juzgados de instrucción del Estado español.

No existe probablemente un solo pueblo donde no haya damnificados por el franquismo: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en cuarteles, en preventorios; expresos; torturados; exiliados; perseguidos; represaliados, etc. etc.

¡Ni uno solo de ellos, repetimos, ni uno solo de ellos, y son millones, ha recibido justicia!

En España hay más de 8.000 ayuntamientos. Vecinos de prácticamente todos ellos, y sus concejales y alcaldes en muchos casos, han sido víctimas de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo. Delitos imprescriptibles; no amnistiables ni amparables en ley, norma, práctica o pronunciamiento judicial de impunidad de ningún tipo; perseguibles como ilícitos internacionales, existieren o no leyes internas que los contemplaran como tales en el momento de su comisión, como supo decir clara y contundentemente el Tribunal Supremo español en otros y mejores tiempos.

Cualquier ayuntamiento se querellaría pidiendo justicia contra los autores de un atentado terrorista que produjera víctimas entre sus miembros o entre los habitantes de su municipio. Tendría el derecho y el deber de hacerlo. !Cómo no ha de proceder contra los que las ocasionaron asaltando las instituciones democráticas y practicando sistemáticamente el terrorismo de Estado!

¿Cuánto duraría la impunidad del franquismo si las víctimas, sus asociaciones y ayuntamientos de todo el país presentaran querellas en los juzgados de la localidad en la que se han producido los crímenes, incitando así en todo lugar la actuación de la justicia?

Los fundamentos jurídicos para sostener estas acciones judiciales son sólidos e irrebatibles y las condiciones están maduras para ello: la querella argentina ha abierto una importante grieta en la política de impunidad mantenida por el Estado español y hay jueces y fiscales decididos a investigar, como lo revelan importantes y recientes medidas adoptadas por algunos de ellos.

Llevar a cabo esta iniciativa permitiría que toda víctima, asociación y/o corporación municipal, desde las de las ciudades más grandes y más pobladas hasta las de las localidades más pequeñas y con menos habitantes, reclame judicialmente su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos, y muchos abogados, se ofrecieron a colaborar en el procedimiento judicial argentino y en muchos casos lo han hecho, aunque limitadamente dadas las dificultades derivadas de su tramitación en Argentina. Unos y otros tendrán una participación activa y determinante de prosperar la propuesta que aquí se formula. Su promoción y su impulso serán sin duda trascendentales y decisivos para acabar con la impunidad del franquismo.

La calificada en su día como modélica transición española tiene logros de los que preciarse, pero también enormes y radicales injusticias que deben abochornarla. Entre ellas, y más que ninguna otra, la del olvido de quienes lucharon contra el fascismo y la dictadura; la de la sustracción al conocimiento de las nuevas generaciones de la ejemplar lucha de este pueblo por la libertad y la justicia; la de la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo y la del inconcebible desamparo que sufren sus víctimas. Ha llegado la hora de ponerles fin; de revertir esta realidad que cuestiona, pervierte y degrada cualquier sistema político que se pretenda democrático.

Recientemente la Corte Suprema de Chile acordó el procesamiento de los responsables de las torturas y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet. Ya son innumerables las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, muchas de ellas españolas, amparadas por los tribunales de distintos países hispanoamericanos. Así, haciendo justicia, se honra a las víctimas.

Es tiempo de que se honre, aquí y ahora, a tantos Carmelo Soria víctimas de la dictadura de Franco.

El franquismo conformó una sociedad a su imagen y semejanza por medio de la represión y el terror. Es preciso remodelarla a través de la justicia.

Es posible que haya tareas más urgentes, pero ninguna es tan necesaria.