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En el año 2001, Competencia denunció a las tres grandes eléctricas por elevar los precios artificialmente en el mercado mayorista en pleno invierno.

En el mercado eléctrico el tiempo es relativo: los precios se aceleran, las investigaciones avanzan despacio y las sanciones se congelan. Los organismos supervisores -Servicio de Defensa de la Competencia, CNE y CNMC- llevan 16 años denunciando la alteración de los precios en el mercado mayorista eléctrico con el mismo truco: ofertas de precios altos del kilovatio que dejan fuera del ajuste entre compras y ventas a centrales concretas. Estas, que finalmente son reclamadas para garantizar el servicio en zonas determinadas, acaban por cobrar el kilovatio a precio de oro. El mecanismo se conoce, pero 16 años después funciona como el primer día.

El expediente recién abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Comptencia (CNMC) a Endesa y a Gas Natural Fenosa describe así los hechos que quiere sancionar con hasta seis millones de euros: se asignaban «valores de precio a las ofertas al mercado diario de carácter anormal o desproporcionado» con el objetivo «de excluir a estos grupos (de generación) de la programación en dicho mercado para que se produjera en el marco del proceso de restricción de soluciones técnicas (con precios más elevados)».

Se trata de un procedimiento efectivo para subir los precios. Y muy conocido. En 2001, el entonces secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos (hoy ministro de Economía), ya dio traslado al Tribunal de Defensa de la Competencia un supuesto pacto entre las eléctricas Endesa, Fenosa e Iberdrola para elevar los precios en el mercado mercado mayorista. Según la denuncia del Servicio de Defensa de la Competencia de entonces, las tres empresas ofertaron electricidad a precios «excepcionalmente elevados» los días 19, 20 y 21 del mes de noviembre.



Denuncia sin efecto

La denuncia no tuvo mucho efecto. Unos años después, en 2005, con el sector empresarial eléctrico en ebullición, Endesa levantó el dedo para apuntar a sus rivales por alterar el mercado. Según sus cuentas, en el periodo enero-septiembre de 2004, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Viego se repartieron 242 millones de euros de sobrecostes. El artificio que utilizaron, según la empresa denunciante: ofertas de precios muy elevados para favorecer la generación de electricidad en centrales ubicadas estratégicamente.

​El polémico mecanismo al que supuestamente recurren algunas empresas para elevar ingresos –algo negado siempre por la asociación patronal del sector, Unesa– fue detectado. Pero nada sucedió. La prueba: dos años después de la denuncia de Endesa, en el año 2007, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) abrió expediente «informativo» sobre siete centrales de generación, de las que no concretó la propiedad, por haber forzado los mecanismos de mercado.

Según la CNE de la época, presuntamente, algunas empresas habrían reservado las ofertas de electricidad de determinadas plantas de generación en el mercado mayorista hasta que la demanda llegaba al límite y su aportación era indispensable (mercado de restricciones). Entonces, las plantas reservadas a propósito entraban en funcionamiento y las empresas propietarias cobraban el precio máximo por kilovatio registrado en el mercado durante la jornada. Lo de siempre.

Multa a Iberdrola

No fue hasta el año 2013 cuando la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) decidió actuar con contundencia. Lo hizo con Iberdrola, a la que impuso una multa -recurrida- de 25 millones en el año 2015. La razón, según la CNMC, fue que Iberdrola incrementó el precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013 por el expeditivo método de retirar capacidad de producción. El asunto aún colea en la Audiencia Nacional.

También colea, para mal, en la CNMC. Porque la Comisión multa, pero no cobra. Y no lo hará en los próximos años porque la media para resolver los recursos llega a siete años. Según detalló el organismo al Congreso, ha impuesto desde su creación, a finales de 2013, un total de 272 sanciones por valor de 914,66 millones de euros, aunque lo recaudado apenas supone el 3% de esa cantidad, sólo 29,81 millones.

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