El Pacto de Estado que ha puesto de acuerdo a todos los partidos -menos uno- en torno a 1.000 millones de euros, va a servir para engordar la patraña de que la violencia tiene género, no va a resolver el problema y va a trasladar al ámbito judicial el prejuicio feminista de que "la masculinidad es una patología que requiere cura".

Ni la lucha contra el paro, ni la respuesta al desafío soberanista, ni el inquietante futuro de las pensiones, ni la crisis demográfica que convertirá a España en un gigantesco asilo… ninguno de estos problemas acuciantes ha servido para poner de acuerdo a los partidos del arco parlamentario.

El primer gran Pacto de Estado de la legislatura se ha producido en torno a 1.000 millones de euros. Es decir, en torno a una bolsa.

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Porque nadie que repase las 200 medidas de la lucha contra la Violencia de Género puede creerse que tan contraproducente antídoto va a atajar la terrible lacra de los asesinatos y malos tratos… sino todo lo contrario.

La mayor parte de las 212 medidas contempladas ahondan en la asimetría penal de la ineficaz Ley de Violencia de Género de Zapatero (2004) y proporcionan, por tanto, gasolina judicial para el Estado, convertido en bombero pirómano.

Sólo Podemos no ha firmado. Quería más dosis de feminismo.

Analizamos siete consecuencias indeseables de un Pacto, marcado por la injusticia y la arbitrariedad.

1. Aumentará aún más la desigualdad, al discriminar aún más al ya de por sí discriminado varón

El endurecimiento de las medidas se traducirá en un aumento de la desigualdad, en contra del varón, vulnerando la Constitución (“los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social“.

El Pacto aplica el dogma del Convenio de Estambul: «la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género»

Y no sólo eso, sino que extenderá aún más la desigualdad, discriminando aún más al varón, al sacar la violencia de género del ámbito de la pareja:

Ya no se considerará sólo la ejercida por la pareja o ex pareja, sino que se extiende el concepto a todos los tipos de violencia sobre la mujer que recoge el Convenio de Estambul, que asegura que “la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género”.

Cuando la violencia no tiene género, ni es consustancial al varón como se desprende de la Ley de Violencia de Género española.

Aquella Ley y estas medidas se basan en ese error de concepto: el objetivo no es la justicia sino machacar al varón. El Pacto de Estado está trufado de asimetría penal. Un botón de muestra: La confesión del agresor ya no será eximente -como hasta ahora- para poder rebajar la pena.

Hasta un juez del Supremo, Antonio Salas, observó hace unos meses que la violencia de género se debe entre otras causas a “la maldad innata de ser humano” independientemente de que sea hombre o mujer.

Y lo advirtió el ex presidente socialista de Madrid, Joaquín Leguina, en El País, en 2004. En el texto, Igualdad, paridad y violencia, señalaba que se manejaba como “verdad revelada” que “la violencia de género es unidireccional, de hombres contra mujeres y nunca al revés”.

Y lo advirtieron ciento ochenta penalistas de sesgo progresista (jueces, fiscales, catedráticos y especialistas en Derecho Penal). El mismo año en que se aprobó la Ley de Violencia de Género zapaterista, hicieron público un manifiesto aquel mismo año (2004), en el que criticaban duramente el proyecto de ley, advirtiendo que sería ineficaz y que “defraudará a las víctimas”.

¿Por qué no se hizo caso a profesionales en la materia? Es fácil adivinar la razón: porque primaba el interés político e ideológico por encima de cualquier otra consideración. ¿Por qué nadie ha recordado ahora esa prevención de juristas y catedráticos? Porque sigue primando el prejuicio ideológico y su corolario crematístico -hay mucho dinero en juego-.

2. Más atropello contra la presunción de inocencia

La actual Ley de Violencia de Género ya se llevaba por delante el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución: “Todos tienen derecho (…) a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”), al penalizar automáticamente al varón en cuanto la mujer ponía la denuncia.

En efecto, nada más hacerlo el varón puede ser detenido, expulsado de su casa e inhabilitado para la custodia compartida, antes de que se pronuncie el juez… es decir sin saber si, finalmente, va a ser declarado culpable o inocente.

En tanto que la mujer por el mero hecho de interponer denuncia, sin que medie sentencia, tiene derecho a asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, ventajas laborales, eximente de cotización a la Seguridad Social durante seis meses y la percepción de la Renta Activa de Inserción, entre otros.

La mujer no tendrá que pasar siquiera por la Policía para acreditarse como víctima de violencia de género

Pues bien, el atropello contra la presunción de inocencia del varón se va a acentuar con el Pacto de Estado ya que, a partir de ahora, la mujer no tendrá que pasar siquiera por la Policía para acreditarse como víctima de violencia de género.

Serán válidas “sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley”, órdenes de protección, atestados policiales cuando se hayan presenciado los hechos, o simples informes de diferentes instituciones y grupos profesionales colegiados.

Veremos si esa condición de víctima sin denuncia tiene validez en el orden judicial, como prueba, por ejemplo, en un proceso de divorcio. Nos tememos lo peor.

3. Criminalizará la convivencia y la relación varón-mujer

Como consecuencia de todo ello, a partir de ahora, todo varón será sospechoso potencial de violencia de género. Al sacar ésta última del ámbito de pareja, todo un colectivo de la población (alrededor de 20 millones de personas) quedará marcado simplemente por un cromosoma (el XY), no por su conducta o su responsabilidad civil o penal, sino por su condición sexual.

Lo cual tiene graves consecuencias antropológicas y sociales, porque significa criminalizar la convivencia de varones y mujeres.

La guerra de sexos de la que hablaban las feministas de los años 70 se va a trasladar a todos los ámbitos de la sociedad y se va a sustanciar en forma de denuncias y condenas (contra el varón y con el más nimio pretexto), que se multiplicarán por doquier.

Llevará a la práctica al ámbito judicial las tesis más inquietantes y estrafalarias de los feminismos radicales

Imaginemos lo que puede ocurrir en el ámbito laboral, por ejemplo, si venganzas o rencillas personales de una mujer hacia un hombre se transforman en denuncia por violencia de género. Imaginemos la alarma social que puede provocar el pánico del varón ante quien puede hacerle perder el puesto de trabajo o multarle con las más mínima excusa, y sin apenas garantías judiciales. Sólo por el hecho de ser varón.

Todo ello vulnera no sólo la Constitución, sino también la Declaración de Derechos Humanos. Se llevan a la práctica así algunas de las tesis más inquietantes y estrafalarias de los feminismos radicales, como considerar “la masculinidad una patología que necesita cura” –como ha denunciado recientemente la famosa activista Cristina Hoff-Sommers, horrorizada ante la deriva que han tomado esas corrientes-.

4. Se demoniza la figura del padre

Las nuevas normas prohibirán al condenado por malos tratos recibir la visita de sus hijos. Lo cual vulnera otra vez el art. 14 de la Constitución (los españoles son iguales ante la ley) en dos aspectos.

Primero, porque sí se permite a los hijos ver a la madre, cuando es ésta la maltratadora. ¿Y la Igualdad, en qué queda?

Segundo, porque sí se permite a los hijos ver a padres condenados por delitos no menos graves, como terrorismo, asesinato o secuestro. Los mayores carniceros de ETA han recibido visitas de sus hijos… ¿por qué no se permite, entonces, a los varones condenados por malos tratos?

Se vulnera además el derecho del familiar a ver a su deudo encarcelado. Pues no hay que olvidar que el derecho de visitas no sólo es del preso, sino también de sus familiares. ¿Por qué se hace esta excepción con los condenados por malos tratos?

¿Y por qué no con las madres condenadas? ¿Esta es la clase de Igualdad que se va a impartir en la aulas?

5. Aumentarán las denuncias falsas

Son tantas las ventajas económicas y sociales que se le ofrecen a la mujer que denuncie malos tratos y tan opacos los filtros judiciales para demostrarlo, que las medidas terminarán alentado la picaresca de las denuncias falsas.

Si la mera presentación de una denuncia por malos tratos supondrá una prestación por desempleo durante seis meses para la mujer… sin saber si el varón acusado es declarado inocente o culpable, es fácil imaginar los abusos que originarán las nuevas medidas.

No hay que olvidar que ya existe una verdadera industria de los malos tratos, que se lucra con el sufrimiento ajeno, y que el 87% de las denuncias por violencia de género no acaban en condena. Porque los supuestos delitos denunciados no están probados, son archivados o sobreseídos o se trata de denuncias falsas o simulaciones de delito.

6. La unidad de todos los partidos…. gracias al generoso presupuesto (1.000 millones)

«Esto es algo histórico; nunca se había llegado a un pacto de Estado de lucha contra la violencia machista” ha dicho una diputada de Ciudadanos.

Y no le falta razón. Es histórico el consenso prácticamente unánime de todos los grupos (con la excepción de Podemos al que el Pacto le parecía poco “feminista”). Y es que el dinero obra milagros. Sobre todo cuando la bolsa es abultada.

Nada menos que 1.000 millones de euros de presupuesto. Imaginemos lo que se podría haber hecho con esa cifra en lugar de destinarlo a un problema tan politizado y tan politizable. Porque nadie puede creerse que ese dinero vaya a servir para paliar el problema de la mal llamada violencia de género.

Sobre todo, vistos los antecedentes. La Ley de Violencia de Género, de 2004, no fue más que una tapadera para canalizar decenas de miles de millones de los fondos europeos para políticas de Género.

Había que demostrar que la mujer era la víctima y el varón el verdugo. Si no, no había dinero. Nada menos que 24.000 millones de euros, hasta el año 2012.

Desde entonces, la industria de los malos tratos funciona como una caja registradora. Como desveló en su día Actuall, cuatro federaciones feministas fuertemente vinculadas al PSOE acaparan a través de miles de asociaciones todas las líneas de trabajo del Plan estratégico contra la violencia contra la mujer y, en consecuencia, los fondos europeos destinados a erradicar esta lacra.

Se trata de la Fundacion Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Juristas Themis.

Al pasar a ser responsabilidad no sólo estatal sino también local, entrarán nuevos actores en el manejo del presupuesto… y nuevas estructuras clientelares

Al pasar a ser responsabilidad no sólo estatal sino también local (comunidades autónomas, ayuntamientos) entrarán nuevos actores en el manejo del presupuesto. Y se crearán nuevas estructuras clientelares para controlar esos fondos.

Pero los diputados siguen vendiendo un mensaje así de altruista: «El mensaje que tenemos que transmitir a las mujeres que sufren violencia es claro: la unidad de todos los partidos para ayudarlas a salir del sufrimiento».

7. Se enseñará obligatoriamente la igualdad en los colegios

Siguiendo la brecha abierta por la Educación para la Ciudadaníad de Zapatero y por los contenidos LGTB de las leyes de 11 comunidades autónomas, el Estado pretende ahora imponer obligatoriamente la Igualdad en las aulas.

Tal cosa es un despropósito, porque la Igualdad -así formulada- no existe. Existe la igualdad de todos ante la ley (que ya recoge la Constitución) y la dignidad inviolable de toda persona, independientemente de su sexo y condición, y -en consecuencia- la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

Pero la igualdad, a golpe de cuotas paritarias, es una ocurrencia feminista (y un patio de Monipodio político), que no se puede enseñar porque carece de rigor científico.

Tampoco tiene sentido imponer en las oposiciones oficiales a cuerpos del Estado o a profesiones sanitarias, preguntas específicas sobre violencia de género, porque es tan ridículo como lo sería preguntar ¿Verdad que no va a matar usted al presidente del Gobierno? O ¿Responda si tiene usted una ametralladora en el maletero del coche?

El respeto a la mujer -y no el camelo artificial de la igualdad- se aprende en el hogar, y no con preguntas absurdas o asignaturas de perfume estatista -que evocan tiempos pasados, cuando era obligatorio jurar los Principios Fundamentales del Movimiento o los versículos del libro rojo de Mao o del Mein Kampf hitleriano si querias acceder a una plaza-.

8 …Y no resolverá el problema: aumentará violencia de género

La indefensión en la que deja al varón, provocará con toda probabilidad más episodios de malos tratos.

Las agresiones del varón a la mujer son execrables, no tienen la menor justificación y merecen que recaiga sobre el culpable el peso de la ley, en eso estamos de todos de acuerdo. Pero la solución no son leyes injustas como las de Género que penalizan al varón por el mero hecho de serlo y no en función de hechos objetivos delictivos.

Y las medidas del Pacto inciden en esa arbitrariedad. La injusticia genera venganza y revanchismo. Y tratar al varón de forma injusta, encarcelado con la sola acusación de la pareja, privado de los hijos y socialmente condenado antes de ser declarado inocente, sólo puede generar alarma social y un aumento de la misoginia.

Máxime si lo ponemos el contexto del aumento de denuncias falsas, y del manejo opaco de los fondos por parte de asociaciones vinculadas a partidos políticos.

Las medidas del Pacto van a extender la violencia a través de otra variable: el crimen del aborto

En este sentido, las medidas del Pacto son contraproducentes, porque no van a atajar la violencia de género sino todo lo contrario.

E incluso van a extender la violencia a través de otra variable: el crimen del aborto. El Pacto contempla que las mujeres menores de edad no necesiten el consentimiento paterno para abortar en caso de violencia de género. El pato, como siempre, lo pagarán los más inocentes.

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