Revolución procesal en el caso máster. La juez Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar la investigación principal y ha levantado todas las imputaciones por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho que se atribuían a 19 personas. Una medida que toma después de que el Tribunal Supremo acordase el pasado viernes no seguir adelante con la causa del líder del PP, Pablo Casado. Según se desprende de un auto de 18 páginas, firmado este lunes, la magistrada se considera obligada a seguir la línea del alto tribunal y solo mantiene ya abierta la instrucción por la presunta falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

A través de su escrito, Rodríguez-Medel deja claro que esta decisión deriva exclusivamente de la resolución del Supremo —"es obligado resolver a la luz de su argumentación"— y del informe del teniente fiscal de dicho tribunal, Luis Navajas. Ambos mantuvieron que no existen indicios suficientes para abrir una investigación contra Casado y afirmaron que no se aportaron datos que avalen las sospechas de que el posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), impartido por el Instituto de Derecho Público (IDP), se usaba "como regalo" a alumnos "con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional" con el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama.

Según la juez, si no se puede actuar contra el líder del PP por prevaricación y cohecho, tampoco contra el resto. "No resulta posible circunscribir la decisión del alto tribunal al aforado", incide la instructora, que repite que el sobreseimiento se adopta "únicamente en base a los criterios recogidos en el citado informe [de la fiscalía] y en la citada resolución del Supremo".

Aunque, con tono crítico, la magistrada añade: "Resulta imprescindible puntualizar que, al modesto entender de esta instructora, se están elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado". Porque la juez enumera en su escrito la multitud de irregularidades que ha detectado durante la investigación —incluida la confesión de una de las compañeras del líder del PP, que admitió que le habían dado el título sin hacer nada—. "Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción", apostilla la magistrada.

Aun así, la juez no da el carpetazo definitivo a la instrucción y la mantiene abierta por falsedad documental contra Cifuentes, Álvarez Conde, Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado —dos de las profesoras que firmaron el acta del trabajo fin de máster de la antigua jefa del Ejecutivo autónomo— y Teresa Feito Higueruela, la exasesora del Gobierno regional que supuestamente acudió a la URJC cuando saltó el escándalo para presionar a los profesores. Se considera que los cinco participaron, supuestamente, en la falsificación del acta del TFM de la expresidenta regional.

Medio año de pesquisas

El caso máster, que ha acabado con la carrera política de Cristina Cifuentes, estalló hace más de medio año. La juez comenzó investigando el título de la expresidenta, que se sacó el diploma en Derecho Local y Autonómico en el curso 2011-2012 en el IDP. Pero, a medida que encontraba sospechas de la existencia de una trama más grande, amplió sus pesquisas. Por ejemplo, a la promoción 2008-2009, cuando estudió Casado.

En estos más de seis meses, según destaca Rodríguez-Medel en su escrito, se practicaron muchas diligencias que soportan los indicios enviados al Supremo: se ha citado a los investigados y a "multitud" de testigos, se han encargado informes a la Guardia Civil y se ha requerido información a la URJC. Toda una batería de iniciativas que permitió a la instructora considerar que los hechos tenían una trascendencia penal por prevaricación y cohecho. Y, de hecho, no era la única. La fiscalía respaldó esta tesis durante toda la instrucción, como recuerda la juez. El ministerio público solo cuestionó la investigación en el Supremo, adonde llegó la causa relativa a Casado, que se encuentra aforado al ser diputado.

"[Pero ahora], de conformidad con el criterio del Supremo, no son indicios consistentes de que nos encontremos ante un regalo concertado entre alumno y profesor, el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial", se arranca la magistrada, repitiendo la argumentación del alto tribunal, que añade: "Esto puede ser, como se apunta en el auto, un mero trato de favor". "Tampoco es un acto de cooperación necesario para el hecho delictivo el que el alumno se matricule, pague las tasas, solicite la convalidación masiva. Ni es indicio del concierto que solo a un grupo de alumnos se anuncie esta posibilidad de reconocer créditos", continúa Rodríguez-Medel, que dice que, según el criterio del Supremo, estos son solo "actos neutros".

Además, el alto tribunal argumentó que, para considerar que existía prevaricación por parte de Casado, había que "acreditar indiciariamente" que existía un acuerdo previo del diputado con la trama para que le regalasen el título. Algo que nadie ha investigado. Rodríguez-Medel no puede hacerlo al ser aforado. Y el Supremo, ni le ha citado como imputado, ni le ha pedido los ordenadores donde supuestamente guardaba los trabajos que hizo. Y, según mantiene la magistrada, sin oírle en declaración como investigado, solo "resulta posible [hallar esos indicios] si se cuenta con un elemento objetivo. Por ejemplo, una grabación donde el concierto se recoja o un documento firmado de propia mano en que así se pacte". "Obvio es decir que nada de esto se tiene", apostilla. Ni en el caso del líder del PP, ni en el del resto de alumnos.