El reciente acuerdo alcanzado por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía

Señalamos las características que debería incorporar una ley integral que realmente pretenda terminar con la pobreza energética

La situación en la que viven millones de personas en España exige la aprobación de una ley integral de medidas urgentes contra la pobreza energética que garantice el acceso a los suministros energéticos básicos a todos los ciudadanos.

El reciente acuerdo alcanzado por el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos no da respuesta a estas necesidades, tal y como ya han denunciado las principales organizaciones sociales y de consumidores del sector. Es un acuerdo que se ha llevado a cabo de espaldas a dichas organizaciones, que no garantiza el acceso universal de toda la ciudadanía a los suministros energéticos básicos y que permitirá a las eléctricas seguir cortando la luz a familias sin recursos durante todo este invierno.

En dicho acuerdo solo pueden ser «consumidores vulnerables severos» aquellos acogidos a tarifas de último recurso que estén siendo atendidos por los servicios sociales por hallarse en riesgo de exclusión social, y deberán acreditarlo mediante documento expedido por los servicios sociales.

Con la propuesta contenida en el acuerdo, a la anciana de Reus también se le habría cortado el suministro. Ella tenía un contrato en el mercado libre, y en el acuerdo alcanzado los consumidores con este tipo de contratos siguen estando desprotegidos (la prohibición de corte de suministro contemplada solo se aplica a consumidores que tienen el bono social, y no se puede acceder al bono social con un contrato de suministro de electricidad en el mercado libre).

La financiación de las medidas por parte de compañías eléctricas (bono social y cofinanciación de consumidores vulnerables severos) recae únicamente en las comercializadoras, y, por lo tanto, el mecanismo de financiación todavía podría ser considerado discriminatorio por el Tribunal Supremo. Además, la financiación por parte de las comercializadoras se establece según el número de clientes, y no por energía vendida, lo cual es previsible que perjudique al sector doméstico (frente al sector de grandes consumidores).

La gravedad del problema hace imprescindible un verdadero diálogo del Gobierno, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones sociales del sector.

A continuación, señalamos algunas de las características fundamentales que, a nuestro juicio, debería incorporar una ley integral que realmente pretenda terminar con la pobreza energética:

Para acabar con la pobreza energética es necesario abordar el conjunto de suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos.

Principio de precaución. Han de prohibirse por ley los cortes de los suministros sin a utorización de los servicios sociales correspondientes, los cuales comprobarán la situación de vulnerabilidad de la persona o unidad familiar afectada. No se autorizará el corte si los servicios sociales determinan que el hogar en cuestión se encuentra en situación de pobreza energética. Deberán ser las empresas energéticas las que contacten con las administraciones públicas competentes para comprobar la situación de vulnerabilidad y en ningún caso deberá recaer esta responsabilidad en los hogares afectados.

Diseño de una auténtica tarifa social que incorpore como criterio principal (tanto para su concesión como para calcular el descuento exacto aplicable) la renta per cápita de los miembros de la residencia habitual. Los descuentos respecto a la tarifa estándar se aplicarán con el objetivo de que todos los hogares puedan acceder a un suministro mínimo compatible con una vida digna. Dichos descuentos podrán llegar al 100% en el caso de unidades familiares sin ingresos, con tramos de descuento partiendo de esa premisa. Los criterios actuales de concesión del bono social eléctrico, por ejemplo, no están pensados para acabar con la pobreza energética porque no reflejan correctamente las circunstancias de los hogares vulnerables.

El acceso a los descuentos tarifarios debe ser de aplicación universal para todos los consumidores que sean personas físicas, en su primera residencia. En particular, ha de ser de aplicación tanto en contratos de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) como de mercado libre.

Financiación a cargo del sector energético, como obligación de servicio público. Todas las empresas energéticas de los distintos segmentos (generación, transporte, distribución y comercialización) deben asumir el coste del bono social (o, equivalentemente, de la tarifa social) de forma proporcional a los ingresos obtenidos en España. Además de ser justo, con este mecanismo de reparto del coste es seguro que no se estaría incurriendo en discriminación de ningún tipo, al ser la obligación de servicio público de carácter universal, y por lo tanto la medida no sería anulada por el Tribunal Supremo, como ha ocurrido ya en dos ocasiones en el caso del bono social eléctrico.

Finalmente, enfatizamos que el reparto debe realizarse según los ingresos y no según el número de clientes porque es muy probable que este segundo criterio perjudicase más al sector doméstico.

Secretaría de Economía de Podemos