El juez Pablo Ruz, el mediático Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, que a finales de año cumplirá los 40, se despide poco a poco del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras casi cinco años de trabajo de forma interina. Perfila sus últimos días, a la espera de que el Poder Judicial complemente los trámites administrativos de su traslado y su sustitución por el magistrado José de la Mata. Su nuevo destino será otro juzgado de instrucción, el 4 de Móstoles, encuadrado en uno de los partidos judiciales con más carga de trabajo de la Comunidad de Madrid. Dejará las causas estrellas, esas que le han hecho famoso, para llevar casos más mundanos, más terrenales, unos 6.000 expedientes anuales, según cálculos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Ruz ya está recogiendo sus cosas del despacho que ha ocupado durante casi cinco años (llegó a la Audiencia en junio de 2010). El Consejo del Poder Judicial ya ha enviado al ministerio de Justicia el acuerdo de la Comisión Permanente que resuelve el concurso de las 41 plazas que estaban ocupadas por jueces en comisión de servicios, una de ellas la de Ruz. Justicia ha de ratificar ese acuerdo y enviarlo al BOE, según fuentes del Poder Judicial, algo que se hará en breve. Una vez que lo publique el BOE, José de la Mata tendrá ocho días para incorporarse a la Audiencia y sustituir a Ruz.

Si los plazos se cumplen, entre la segunda y la tercera semana de abril Pablo Ruz dejará las grandes causas que ha llevado en la Audiencia y pondrá rumbo a su nuevo destino, el juzgado de instrucción número 4 de Móstoles. Allí llevará casos más terrenales, de menor carga mediática, pero no se aburrirá. Su juzgado pertenece al partido de Móstoles, uno de los que más carga de trabajo acumula. Para hacernos una idea, su juzgado trató el año pasado unos 6.000 expedientes, entre diligencias de instrucción y jucios de falta. Sobre todo, casos relacionados con delitos patrimoniales: robos, hurtos, estafas... "han crecido mucho las estafas por Internet", destacan en el TSJ de Madrid. En la Audiencia también dejará el equipo que le ha acompañado durante este periplo de casi cinco años: unos 20 funcionarios. El equipo de Móstoles será más modesto, 8 funcionarios.

Minucioso y muy meticuloso, quienes conocen a Ruz señalan que ha querido dejar atado, dentro de los plazos que le quedaban, los casos más destacados que ha instruido durante este último lustro. El principal, la trama 'Gürtel'. Ya ha cerrado la primera etapa del caso, la que comprende el periodo 1999-2005, que analizó Pozuelo, Majadahonda y la fortuna de Luis Bárcenas; también ha concluido la pieza separada que abrió con los llamados 'papeles de Bárcenas', donde el magistrado ve acreditada una caja B en el PP durante 18 años. El 'caso Neymar', que investiga si hubo fraude fiscal en el sobrecoste del fichaje del jugador brasileño del Barcelona, "está también prácticamente acabado", según fuentes de la Audiencia, después de que el pasado 13 de marzo Ruz dictara el auto que abría juicio oral y el fiscal ya haya realizado su escrito de acusación. Otro de los casos que ha cerrado es el que instruyó contra los dos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha: Juan Pedro Hernández-Moltó e Ildefonso Ortega. Acusados de falseamiento de cuentas y administración desleal, tienen impuestos una fianza civil de 138,2 millones.

A finales de diciembre, Ruz también concluyó sin acusados la investigación del asesinato de Juan Carlos García Goena, ocurrido en 1987 en Hendaya y atribuido a los GAL. Meses antes, en julio de 2014, Ruz había dictado la apertura de juicio oral contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre. Ambos están acusados de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. Antes de que acabara 2014, en octubre, Ruz también procesó a los 32 responsables de Fórum Filatélico, acusados de estafar 3.702 millones de euros a 269.203 clientes.

Deja el caso 'Gürtel' a medias

Con un volumen de trabajo como el que soporta un juzgado de instrucción de la Audiencia, es normal que Ruz deje muchos flecos antes de su marcha. La trama 'Gürtel' aún tiene muchas piezas que concluir, de las que ya se encargará De la Mata. Se trata de la segunda época de la trama: Boadilla del Monte y Arganda del Rey entre los años 2000 y 2009. Antes de irse, Ruz ha seguido pidiendo informes e imputando a personas relacionadas con la causa, como es el caso de Alicia Vallejo, jefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla y pareja de exalcalde, también imputado. Hay otras dos piezas separadas: la de AENA y la del Ayuntamiento gaditano de Jerez de la Frontera. En uno de sus últimos autos, Ruz ha citado como imputados a siete personas implicadas en esta pieza, entre ellos el exjefe de prensa de Javier Arenas.

En esta última pieza, la de Jerez, un informe de la UDEF de 2014 detalla supuestas irregularidades en tres contratos adjudicados por el Ayuntamiento, del PP, a dos empresas de la organización de Francisco Correa. Entre los implicados la alcaldesa y también senadora María José García Pelayo. Ruz ha querido dar en estos últimos días prioridad a este pieza, después de que el 15 de diciembre le fuera entregado un sobre anónimo con un dossier en soporte papel y otro en soporte digital sobre este caso.

Minucioso, meticuloso y puntilloso. Parece que todo es Derecho, Ley y Justicia en torno a la figura del juez Ruz: su padre es abogado de empresa; su abuelo fue inspector de impuestos y vocal del Tribunal de Cuentas, y tuvo un bisabuelo juez y un tío notario. Obviamente, deja causas abiertas. La más importante, de la Jordi Pujol Ferrusola, imputado por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda. También deja a medias otros causas sin tanta carga política: el 'caso SGAE' (presunta apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital), caso en el que Ruz fue recusado; el 'caso Pescanova'; y el 'caso Nueva Rumasa'. También dejará pendientes, según fuentes de la Audiencia, casos relacionados con la Justicia universal, como el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en Chile en 1976.

Muchas deficiencias en su nuevo destino

Ruz reside en Aravaca, con su mujer y sus tres hijos (todos varones), a apenas 20 minutos en coche de su nueva oficina, los juzgados de Móstoles. "Es un juzgado con buena carga de trabajo. El año pasado hubo una inspección y el resultado fue positivo. Los funcionarios han hecho muchos esfuerzos para entregarle a Ruz un juzgado en buenas condiciones", explican fuentes del TSJ de Madrid. Aun así, no todo será un camino de rosas en su nuevo destino.

Susana González de la Varga, Magistrada-Decana del Partido Judicial de Móstoles, explica que en su zona hay juzgados que sobrepasan el 200% de la carga de trabajo que se considera razonable y, a pesar de ello, no se crean ni nuevos juzgados ni se refuerzan las plantillas con funcionarios de apoyo. González de la Varga pone el ejemplo de una vacante de uno de los psicólogos forenses que atendía asuntos penales, entre ellos, exploraciones e informes periciales respecto a menores víctimas de abusos, agresiones sexuales y malos tratos. En el propio juzgado que ahora ocupará Ruz, uno de los ocho funcionarios estuvo 11 meses de baja.

El hacinamiento y la dispersión de las sedes también generan serios problemas. El edificio del Partido Judicial de Móstoles, inicialmente configurado para unos 10 juzgados, alberga las instalaciones de 22, una Fiscalía que atiende a varios Partidos Judiciales (Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Navalcarnero), un equipo psicosocial que atiende Móstoles y Navalcarnero, una clínica médico forense y un Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SCNyE), además de otros servicios. La falta de espacio ha provocado que 4 de los 22 juzgados hayan tenido que irse a otros edificios. Así es la plaza física donde tendrá que trabajar Ruz, un Partido Judicial que necesita aumentar la plantilla de peritos judiciales, psicólogos forenses y crear espacios amigables necesarios para atender a menores agredidos.

En cuanto a los medios materiales, Ruz deja una Audiencia Nacional que ha sufrido varios años de obras para modernizarse. Su nuevo destino, según Susana González de la Varga, tiene serias deficiencias: no hay un Plan de Evaluación de Riesgos ni un Plan de Seguridad e Higiene, tal y como exige la ley; no hay plan de evacuación del edificio; no se hacen inspecciones de seguridad y salud. Existen problemas de ventilación, grietas cuya evolución no se analiza, humedades, suelos levantados con riesgo inminente de caída, acumulación de olores en algunas zonas, una red de saneamiento obsoleta, fallos continuos en los ascensores y en los sistemas de calefacción y aire acondicionado, llegando a temperaturas que superan los límites permitidos por la normativa vigente.

Los huecos bajo las escaleras, accesibles a todos los ciudadanos, están llenos de material y efectos de deshechos que no se retiran y se acumulan durante años (máquinas de escribir antiguas, cajas, cartones…) Además, faltan rampas de acceso para personas con minusvalía. Por último, la suciedad es generalizada: la plantilla de limpieza es escasa, las ventanas del edificio no se limpian, el suelo se ha dejado de pulir y abrillantar, el parqué de los despachos de los jueces está en un estado deplorable, hay cristales rotos en ventanas que no se han reparado y los equipos informáticos están obsoletos y los programas no se actualizan. Faltan desfibriladores y demás material sanitario para atender cualquier situación de urgencia que se pueda presentar, faltan mascarillas y material imprescindible ante posibles enfermedades infecciosas.