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Gritos contra la reforma laboral se cuelan a veces en la conversación. Fabrice Angei (Túnez, 1959), miembro de la Secretaría Confederal de la CGT, el sindicato que desde hace ya casi cuatro meses protagoniza la masiva lucha contra la reforma laboral del gobierno de Manuel Valls, participa esta mañana de sábado 11 de junio en una acción de protesta, las votaciones ciudadanas, en las que se recoge la opinión de los transeúntes sobre la ley El Khomri, el nombre con el que se conoce el proyecto de reforma laboral, por el apellido de la titular del Ministerio de Trabajo, Myriam El Khomri. Los resultados de estas votaciones serán enviados al presidente de la República, François Hollande, el próximo 26 de junio. Antes, el 14 de junio habrá otra jornada de manifestaciones en varias ciudades.

Una vez alejado unos metros de sus compañeros para evitar el ruido, llega la primera pregunta:

-- ¿Por qué se oponen a esta reforma laboral? En otros países como España o Alemania se han llevado a cabo políticas similares.

-- Nos hace volver 200 años atrás. Esta ley elimina todas las garantías colectivas asignadas a los trabajadores por la ley y los convenios colectivos. Aumentará la precariedad. No es una buena ley para las pequeñas empresas--, enumera casi de carretilla con un cálido acento del Midi, el sur de Francia.

La CGT no rechaza, sin embargo, toda la ley. Sus críticas se centran en varios enunciados. Una de las principales peleas está en el artículo 2, que acaba con lo que se conoce como el principio favorable. Es decir que cuando existen varias leyes o normas que afectan al trabajador, debe prevalecer la más favorable a éste. En la nueva ley los acuerdos a nivel de empresa tendrán más valor, por ejemplo, que los convenios sectoriales. “Queremos mantener una arquitectura donde la ley y el convenio colectivo garanticen una base común de derechos al conjunto de los asalariados”, señala Angei, responsable en el seno del Comité Nacional de la CGT de los asuntos relacionados con la reforma laboral.

Esta ley elimina todas las garantías colectivas asignadas a los trabajadores por la ley y los convenios colectivos. Aumentará la precariedad

El sindicato, nacido en 1895 bajo los dictados de emancipación del proletariado de la I Internacional y cercano al Partido Comunista Francés desde los años cuarenta, se opone también a la ampliación del concepto de despido por razones económicas. “Se suaviza su definición y se separa de la viabilidad de la empresa. Va a permitir, por tanto, los despidos incluso en empresas que están saneadas”. Otras cuestiones críticas son la disminución de las indemnizaciones en caso de enfermedad o accidentes o la reforma de la medicina laboral y la eliminación de las revisiones médicas bianuales.

Además, hay otra medida que preocupa especialmente, los referendos como mecanismo de aprobación de acuerdos dentro de las empresas: cualquier organización que represente al menos al 30% de los trabajadores podrá convocar una votación. “No aceptamos este tipo de consultas que se harán con una pistola en la sien: 'o perdéis garantías en horario o en remuneración de horas extras u os despedimos o deslocalizamos'. Los sindicatos no serán ya nada”, se indigna.

Para Angei, si se retiran estos puntos, no habría necesidad de retirar toda la ley. Afirma incluso que hay medidas en la ley con las que están a favor, como el programa de garantía para jóvenes, un dispositivo gubernamental destinado a la formación e integración profesional de los jóvenes en situación de vulnerabilidad que la ley El Khomry pretende hacer extensivo a todos los jóvenes. “Pero no puede ser un aceptáis lo malo y a cambio tenéis esto. No puede haber un chantaje de este tipo”, señala.

La noche anterior a esta entrevista telefónica se celebró el partido de inauguración de la Eurocopa, un Francia-Rumanía que acabó con la victoria dos a uno de la selección anfitriona. No hubo incidentes y los espectadores pudieron llegar sin problemas hasta el Stade de France, en Saint Denis, en la periferia de París. Los días previos habían estado llenos de mensajes gubernamentales de alerta. Hollande había afirmado el jueves previo estar dispuesto a que “el Estado tomara todas las medidas que fuesen necesarias” para asegurar el desarrollo de la competición.

Que una posible incidencia negativa sobre la Eurocopa disminuya el apoyo a la lucha sindical contra la reforma laboral, rechazada por el 71% de los franceses, es un riesgo muy presente. Cuando se le pregunta a Angei si no tienen miedo de que los franceses acaben hartos de la huelga en estas circunstancias no tarda ni medio segundo en responder que la huelga no le gusta a nadie, ni a los que la hacen, y añade que si se ha llegado hasta aquí es porque les han “obligado” a ello. “Hace cuatro meses que le decimos al Gobierno que esta ley no es buena, que hay que retirarla y abrir una verdadera negociación, pero el Gobierno permanece sordo”.

Y ahora, cuatro meses más tarde, ha llegado la Eurocopa. “Philippe Martínez [secretario general de la CGT] lo ha dicho ya, nuestra lucha no es contra la Eurocopa. Es contra la reforma laboral. No vamos a impedir a los espectadores ir al estadio”, explica para contrarrestar el discurso gubernamental que les acusa de actuar “contra Francia y contra los franceses”, en palabras de Manuel Valls. “No podemos permitir que nos chantajeen con la Eurocopa. El gobierno no podrá ponernos bajo la amenaza de parar la contestación social”, advierte Angei, que deja claro que continuarán movilizándose bajo diferentes formas como la acción del voto ciudadano y otras que no supongan bloqueos. Una de ellas es el reparto a las distintas hinchadas europeas de octavillas, con forma de tarjeta roja, en varias lenguas. “Ellos también han conocido en sus países reformas similares y sus consecuencias. Este combate es europeo. Estas leyes son inducidas por la Comisión Europea y acompañan a las políticas de austeridad”.

Manifestación contra la reforma laboral el pasado 9 de marzo en Marsella.

Irónicamente, mientras transcurre la entrevista las aficiones inglesa y rusa han convertido Marsella en el escenario de una salvaje guerrilla urbana, y la violencia entre los ultras neonazis se repite también con alemanes y ucranios en Lille. Entre las medidas que no descartaban Hollande y Valls para garantizar la Eurocopa, se había hablado de una figura muy polémica, contemplada en la legislación francesa, la del requerimiento: obligar a los huelguistas a ir trabajar mediante órdenes de la prefectura e incluso con el uso de la policía. Para Angei, esta “amenaza” no es más que una “fanfarronada, una provocación” que no ayuda a calmar la situación. “Cuando se le pregunta al Gobierno cómo poner en marcha esta medida, no lo sabe. Es muy complicada jurídicamente. Estamos, por tanto, ante un anuncio destinado a impactar a la opinión pública, a sacar pecho. Y ya está. Ya hay unos servicios mínimos. El gobierno debería de ser responsable, y en lugar de hacer declaraciones de este tipo, establecer negociaciones”, critica.

En este enfrentamiento cada vez mayor entre la CGT, y sus algo más de 600.000 afiliados, y el gobierno socialista, hay un marco recurrente en batalla, el del uso de la violencia. De un lado, el ejecutivo y algunos medios conservadores insisten una otra y vez en la presencia de grupos violentos organizados en las manifestaciones. Así, por ejemplo, Valls ofreció a finales de abril su apoyo en Twitter a la policía y condenó la violencia de una “minoría de irresponsables”. El presidente de MEDEF, la patronal francesa, fue mucho más lejos, y tildó en una entrevista en Le Monde de “maleantes y terroristas” a los militantes de la CGT. Tuvo que rectificar y reconocer que terrorista era un término “completamente inapropiado”. Del otro lado, la CGT ha presentado ante la ONU una interpelación contra el Estado francés por la represión y la violencia policial. “La represión es la detención preventiva de sindicalistas que no son violentos, o las sanciones de despido. Hemos hecho una campaña con el lema no hay conquistas sociales sin libertad sindical. Y hoy en día se amordaza la libertad sindical”, explica Angei.

Si hay un gobierno de derecha, peleamos y si es de izquierdas, también peleamos. Forma parte de nuestro ADN

Además de la CGT y otras centrales sindicales, hay otros actores muy presentes en las revueltas, los estudiantes de instituto y universidades y el movimiento Nuit Debout. Con los primeros, reconoce Angei, existe cierta coordinación. “Trabajamos de manera independiente, pero hay intercambios y una filosofía común”. Con la Nuit Debout los lazos son más difusos. “No hay decisiones comunes, pero nos han invitado a explicar las razones de nuestra lucha, nuestras propuestas, etcétera”.

Esta convergencia entre actores sociales y sindicales llama la atención si se compara con la desafección existente en España hacia unos sindicatos que toleraron la desregulación laboral casi sin rechistar. “La situación no es la misma. En Francia también hay una crisis política en la que los ciudadanos no ven alternativas. En la cuestión sindical, sin embargo, es diferente. Para la mayoría de la gente, la esfera sindical juega su papel”, explica.

Muy ligada a esta buena reputación aparece también la respuesta a la pregunta de si existe una excepcionalidad francesa que hace que sus movilizaciones tengan un alcance y una fuerza desconocidas en otros lares. “Puede ser que la cultura sindical francesa sea la que marca”, intuye. “En Francia todos los derechos y conquistas sociales han sido arrancados por la lucha de los trabajadores. Los sindicatos tienen una visión social y política, no partidista, de transformación social. No estamos vinculados a ningún partido político. Y esto ayuda, porque significa que no vamos a reaccionar en función de quién esté en el gobierno. Si hay un gobierno de derecha, peleamos y si es de izquierdas, también peleamos. Forma parte de nuestro ADN”.

Para lograr que la reforma laboral pasase en el Parlamento, sin arriesgarse a que fuese rechazada en votación, el ejecutivo recurrió al artículo 49.3 de la Constitución. Una medida excepcional que permite aprobar de manera unilateral una ley, si una décima parte de la Asamblea Nacional no promueve una moción de censura. No lo hicieron. A partir del 13 de junio el proyecto de ley se discutirá en el Senado y la votación está prevista para el 28. “Continuaremos con la movilización. No hay nada cerrado. Iremos hasta el final de nuestras exigencias”, advierte Angei para recordar que incluso una ley aprobada “puede ser retirada o no aplicada”. En la memoria, la marcha atrás de la ley del contrato para el primer empleo del Gobierno conservador de Dominique de Villepin en 2006, tras varios meses de protesta.