La antropóloga Neus Roig sostiene que el caso de los bebés robados es "una de las asignaturas pendientes" de la democracia en España, con más de 2.000 denuncias presentadas en los últimos ocho años, que en su mayoría han sido archivadas, y un imputado.

En una entrevista con Efe, Neus Roig, autora de una tesis doctoral sobre la trata de recién nacidos en nuestro país entre 1938 y 1996, subraya que "en España se han perpetrado sustracciones de bebés por parte de personas concretas pertenecientes a instituciones específicas de forma continuada en el tiempo".

La investigadora insta al Estado español a reconocer estos casos como crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, así como a pedir perdón a las víctimas y a ofrecerles ayuda para sobrellevar lo ocurrido.

Roig pide al Ejecutivo español y a la Conferencia Episcopal Española que permitan el acceso a la documentación sobre partos y defunciones que obra en su poder para que los afectados puedan conocer la verdad, en vez de tener que soportar "el olvido y el silencio".

Hasta el momento, solo la titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que investiga los casos de bebés robados en la clínica San Ramón de la capital, ha propuesto juzgar al doctor Eduardo Vela, exdirector del hospital, por firmar un certificado de nacimiento de una niña cuya supuesta madre biológica era estéril.

La experta afirma que la justicia española ha archivado de forma "masiva" las más de 2.000 denuncias presentadas a partir del año 2008 y ha puesto "trabas" para que los afectados puedan acceder a los archivos y los datos que podrían contribuir a esclarecer estos sucesos.

Pone como ejemplo que entre julio y septiembre del año 2014 la Fiscalía de Sevilla archivó las 130 denuncias sobre sustracciones de recién nacidos que había recibido.

Desde su punto de vista, la justicia española tiene la obligación de investigar casos que han sido archivados por motivos "incomprensibles" como que el juez o el fiscal no saben a quién imputar o que los hechos han prescrito.

Reclama la investigación judicial de las causas en las que se han exhumado cajas vacías, sin restos del bebé supuestamente enterrado, se ha comparado el ADN de un cadáver con el de los padres con el resultado de que no era su hijo o se ha detectado a niños muertos sin entrada en un cementerio.

Roig ha dedicado cuatro años a la investigación, titulada La búsqueda de la filiación biológica, en la que ha estudiado en detalle 476 casos de distintas comunidades autónomas.

Por medio de entrevistas, ha reconstruido las historias de vida de mujeres republicanas encarceladas a las que se les quitó su bebé para entregarlos en adopción sin rastro que los vincularan con la prisión, así como a las que abandonaron a sus hijos voluntariamente y otras que fueron forzadas a hacerlo.

Otras madres dieron a luz en patronatos, conventos y pisos especializados en la asistencia a jóvenes embarazadas y a otras mujeres se les comunicó la muerte de los bebés.

"Lo que más nos ha preocupado ha sido entrevistar a personas que nunca sabrán quiénes son, a las que se les ha negado su historia biológica y que no saben qué pasó con sus madres cuando les alumbraron", asegura.

El trabajo ha incluido la realización de entrevistas a una exmonja de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, médicos, comadronas, forenses, funcionarios del Registro Civil y de archivos provinciales, párrocos, responsables de laboratorios de ADN, representantes de asociaciones de bebés robados y juristas.

La investigación ha sido dirigida por dos catedráticos de la Universidad de Almería, el historiador Fernando Martínez y el antropólogo Francisco Checa, y por el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona Santiago Castellà.

La autora presentará su trabajo en Madrid el próximo 30 de agosto dentro de las actividades organizadas por un grupo de afectados para unirse a la conmemoración del Día Nacional de los Bebés Robados y sus Familias.