La Procuraduría General de la República es una de las dependencias en las que mayor impacto tendrá la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, puesto que 100% de su personal es de confianza.

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CIUDAD DE MÉXICO.

Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.

“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan & Roma.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Alistan amparos por baja salarial

Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse ante la reducción de ingresos o de prestaciones.

Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.

Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no cesan y la bandeja de correos está saturada.

Excélsior acudió a una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una disminución de sus salarios o sus compensaciones.

Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera anticipada o de plano exigen su liquidación.

“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.

Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.

En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.

Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a 100% de su personal como de confianza, al igual que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

En la Secretaría de Gobernación tienen esa condición 90% de los trabajadores, en Hacienda y Crédito Público, 75%, al igual que en Trabajo y Previsión Social, mientras que en la de Energía es 71

por ciento.

TRANSMITEN MIEDO

Entre los empleados de dependencias como Petróleos Mexicanos circulan mensajes de WhatsApp con supuestos tabuladores, cuyo origen nadie conoce, según los cuales los salarios quedarían disminuidos desde un 18%, en el caso de los trabajadores especializados, y en porcentajes progresivos hasta el director general.

“Lo que hay entre todos los empleados aquí en Pemex es pánico”, dijo uno de los trabajadores de la petrolera, al mostrar a Excélsior los supuestos nuevos tabuladores, que circulan en redes sociales.

La primera pregunta con la que llegan los servidores públicos de confianza a Trusan & Roma es: “¿en serio van a disminuir nuestros salarios?”. Luego cuestionan si pueden hacer algo para impedirlo y, por último, si pueden ampararse ante una situación así.

De acuerdo con el Censo de Gobierno 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 318 mil empleados que ocupan puestos de confianza y que representan 20.3% del total de la administración pública federal.

El escenario que prevén es el de ver disminuidos sus salarios y la posibilidad de que las instituciones judiciales luchen por mantener los derechos laborales, que aseguran les han costado mucho trabajo ganar.

Ante ello ya salieron a la luz algunos despachos, entre los que están Trusan & Roma, que se presentan como una alternativa para que los funcionarios puedan ampararse.

“Trusan & Roma te ofrece promover para ti un amparo indirecto contra leyes; específicamente contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como contra la Ley de Austeridad Republicana que en estos momentos está en dictaminación en el Congreso de la Unión, las cuales expresamente disminuirán tu salario y cancelarán tus seguros”, redacta la firma de abogados en su correo electrónico que está llegando a todos los servidores públicos federales.

“Creo que, ahora, el Poder Judicial vive el reto más importante de su historia y su papel será proteger a todo aquel que el nuevo gobierno intente violar sus derechos humanos, como en este caso en que se pretende tomar medidas regresivas en perjuicio de los servidores públicos de confianza”, señaló Martínez.

Piden renuncias

De acuerdo con Rodolfo Martínez, a funcionarios federales que pertenecen al Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Secretaría de Energía, Gobernación, Función Pública y del Registro Agrario Nacional, a través de la Secretaría de la Función Pública, les está solicitando el acta de entrega recepción y su carta de renuncia, sin importar el cargo que ocupen, incluso aunque sean parte del personal operativo.

En la administración pública federal existen 32 mil 834 funcionarios del SPC, quienes para ocupar su puesto deben continuar tomando capacitación y presentando evaluaciones para mantener su contrato, y para obtener su nombramiento debieron concursar y demostrar su competencia.

En 2014, la Auditoría Superior de la Federación señaló que los principales motivos para crear una Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) eran evitar la pérdida de servidores públicos experimentados, terminar con la falta de continuidad en las políticas públicas, eliminar el compadrazgo, la corrupción, discrecionalidad y el arribismo de funcionarios.

“Lo primero que le digo a los funcionarios del Servicio Profesional de Carrera que me consultan sobre si incurrirían en un desacato al no presentar su renuncia, como se les está solicitando, es que no, ¡no renuncien! Que se las pidan va contra la propia ley”, comentó Martínez, de Trusan & Roma.

“El artículo 44 de los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración pública federal sólo obliga a los titulares, directores generales o aquellos que manejen fondos a realizar este procedimiento, en caso de que se separen del cargo”, explicó.

Para Martínez, la actual administración está llevando acciones que en todo caso deberían de ser tomadas por el nuevo gobierno una vez que tome posesión.

A la firma de abogados también se han acercado empleados de confianza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes señalaron a Excélsior que desde la primera quincena de noviembre comenzaron a sufrir efectos negativos en sus bolsillos.

Denunciaron que el gobierno federal dejó de pagar el porcentaje proporcional de un subsidio al que aún tienen derecho, pues está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, y que cada quincena recibían con motivo de su Seguro de Separación Individualizado, que es equivalente a una liquidación.

Organismos autónomos, en la lista

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son dos organismos autónomos en los que hay funcionarios con salarios superiores a 108 mil pesos al mes.

Los 11 consejeros del INE reciben en promedio 308 mil pesos mensuales como salario bruto, lo que se convierte en poco más de 172 mil pesos netos.

El secretario ejecutivo suma percepciones por 278 mil pesos brutos.

Alrededor de 125 funcionarios electorales del INE perciben más de 108 mil pesos mensuales.

En tanto, en la CNDH hay 31 funcionarios que perciben un sueldo bruto superior a ese monto.

El presidente del organismo, Luis Raúl González, tiene un sueldo base de 29 mil 52 pesos mensuales, más una compensación de 169 mil 589 pesos, percibe en total 198 mil 641 pesos brutos al mes.

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