Un acuerdo para diluir la sangre derramada: tres años de enfrentamiento entre el Estado y los católicos mexicanos fueron borrados con la tinta de un pacto de no agresión orquestado entre la élite católica y el Gobierno de Emilio Portes Gil el 21 de junio de 1929, hace hoy 90 años. Atrás quedaron las homilías exacerbadas, la persecución religiosa, las matanzas y fusilamientos. Los sacerdotes regresaron a sus púlpitos y los funcionarios volvieron a sus escritorios. Pero pervivió la cicatriz de aquellos que no tuvieron esa suerte: más de 200.000 muertos, el saldo de este conflicto inédito en la historia de México.

La chispa de la guerra se encendió tres años antes. En julio de 1926, el presidente de México Plutarco Elías Calles ordenó la reforma al Código Penal para asumir la administración interna de la Iglesia Católica en el país. México se independizaba del Vaticano y, de hecho, durante el conflicto nació la Iglesia Católica Mexicana, ajena a la de Roma. Las nuevas reglas fijaban un número determinado de sacerdotes y su registro ante el Estado, así como sanciones si se incumplían estos mandatos. Los eclesiásticos consideraron estas normas como una afrenta y decidieron cerrar los templos para exteriorizar su rechazo.

El último repique de las campanas de las iglesias se oyó a la medianoche del 30 de julio de ese año. Las crónicas de la época daban cuenta de gente que acudía a misa hasta las últimas horas de la madrugada. En ese entonces los diarios de la capital narraban que unos 863.000 católicos, la inmensa mayoría de la población de Ciudad de México, quedarían afectados por los cierres de los templos. Aquellos creyentes emprendieron marchas, compusieron cánticos y corridos, y llamaron a ejercer el boicot económico al Gobierno en turno. En paralelo, se siguieron administrando los sacramentos en secreto. Misas, bautizos, matrimonios se celebraban en las casas y los sótanos.

El encono también derivó en una rebelión armada en distintos puntos del país. "¡Viva Cristo Rey!", tomaron por grito de guerra los católicos que decidían luchar por la libertad religiosa en una sucesión de guerrillas caracterizada por la escasez de armamento.

El conflicto entre el Gobierno y las milicias católicas se cobró más de 200.000 muertos

Los expertos coinciden en que ni los obispos ni el Gobierno de Calles se imaginaron el impacto social que representaría el cierre de iglesias en el país y la incertidumbre de no saber si podrían seguir recibiendo los sacramentos. Se trata de “un movimiento que nace desde abajo y mueve a mucha gente. Hay [en él] dos tendencias: una, de grupos reducidos, que se da en los Estados mexicanos de Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco o Michoacán; otra, la de una organización, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la capital del país”, señala Josefina MacGregor, profesora del Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El catedrático de esta universidad Jorge Traslosheros subraya que ni los obispos ni el Vaticano sabían cómo reaccionar ante este panorama.

El asesinato de un presidente electo marcó el punto más álgido de la gesta. El 17 de julio de 1928 muere Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, en la capital del país, a manos del joven católico José de León Toral. Tras la muerte, creció la urgencia por acabar con un baño de sangre que se cebaba con religiosos y militares. El acuerdo se consiguió meses después, ya bajo el mandato del presidente Emilio Portes Gil.

Tomás de Híjar Ornelas, presbítero y cronista de la Archidiócesis de Guadalajara, reconoce que los obispos de la época salieron fortalecidos con esa negociación, pero no la creencia católica. “El catolicismo social que había sido la gran amenaza se va a convertir en una forma muy benévola de participación social más orientada al asistencialismo”, refiere el religioso. A la distancia, el sacerdote apunta que los Acuerdos de 1929 se firmaron a espaldas de los cristeros y de los integrantes del a Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Este grupo los interpretó como una traición a manos de los jerarcas católicos.

Y esa traición se selló, para muchos creyentes, con el silencio. “Cuando sonaron las campanas para reanudar los cultos mi papá se soltó a llorar. Mi familia estaba desolada, desesperados, mi mamá me platicaba, pero mi papá no hablaba del tema, nunca más quiso hablar del tema”, refiere en su libro Dios y Mi Derecho Consuelo Reguer, descendiente de integrantes de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa.