El Gobierno buscará este jueves darle media sanción en la Cámara de diputados al proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Sin la incorporación de la cláusula transitoria para resguardar a los magistrados que ya cumplen con los requisitos para jubilarse y "evite renuncias masivas", Juntos por el Cambio ya adelantó que no dará quórum. Sin embargo, el Gobierno -que no tiene mayoría propia- confía en que cuenta con el respaldo de al menos una parte de los dos interbloques federales para avanzar con la iniciativa, que llega con modificaciones al recinto.

"El oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios. Es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”, apuntaron los legisladores de JxC el miércoles a última hora, después de que fracasaran las negociaciones con el Frente de Todos.

En el oficialismo aseguran que no los necesita para darle luz verde al texto.

Tras más de cinco horas de debate en el plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión Social –en el que expusieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el Secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el Director del ANSES, Alejandro Vanoli- el Frente de Todos consiguió emitir un dictamen de mayoría que incluyó modificaciones respecto al texto original enviado por el Ejecutivo.

El despacho contó con el acompañamiento de dos legisladores clave: el cordobés Paulo Cassinerio –que responde al gobernador Juan Schiaretti y forma parte del Interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca- y el misionero Diego Sartori que integra la bancada conducida por el mendocino José Luis Ramón y firmó en disidencia.

Si bien puertas adentro ambos bloques mantienen matices y diferencias, el Gobierno confía en que contará con el respaldo de, al menos una parte, de esas dos bancadas.

En esa línea, el miércoles por la noche, la bancada de Ramón seguía negociando con el oficialismo la incorporación a los regímenes especiales de algunas categorías de trabajadores no contempladas; un pedido que propuesto con aval del secretario general del gremio judicial, Julio Piumato. Concretamente solicitaban por los cargos de pro-secretarios y jefes de despacho.

La Izquierda, por su parte, firmó un dictamen propio, pero confirmó que dará quórum para la sesión.

Entre las modificaciones que ya incorporaron al dictamen se decidió mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta ahora- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada, como estaba previsto.

Además, eliminaron el inciso que estipula la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque sostiene el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años de corrido o 15 de manera discontinua.

A su vez, retocaron un artículo para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes: fijaron que se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos al valor actual y no lo que el funcionario percibió cuando desempeñó en dicha actividad.

Otro punto no menor es la eliminación del inciso permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.

"El sistema de financiamiento de seguridad social no tolera más regímenes tan diferenciales porque vamos a tener problemas severos de financiamiento", advirtió Moroni durante su exposición. “El régimen jubilatorio del Poder Judicial como el del Servicio Exterior son deficitarios. Entre ambos regímenes el déficit superó los 11.000 millones de pesos en 2019", agregó Vanoli en la defensa del texto.