Lo han vuelto a hacer. CCOO y UGT acaban de firmar, una vez más sin consultar a los afectados, un acuerdo para los empleados públicos que da nuevo oxígeno a un gobierno desacreditado y contra las cuerdas: incapaz de sacar adelante unos presupuestos, presionado por las grandes movilizaciones de pensionistas y mujeres, actuando dictatorialmente contra el pueblo catalán y la disidencia social y corroído por una corrupción rampante.

En ese contexto, además, el acuerdo de CCOO y UGT ni siquiera va a servir para recuperar el poder adquisitivo perdido: se establece un aumento que como máximo será del 8’1% en tres años, cuando los empleados públicos han perdido un 13’3% en los últimos años, según los propios cálculos sindicales. Es decir, los empleados públicos se habrán dejado un 5% como mínimo de su salario en el camino, sin sumar además los incrementos del IPC que se producirán. Pero es que además el acuerdo vincula los aumentos salariales al crecimiento económico y a la reducción del déficit público, no a su revalorización automática en función del poder adquisitivo perdido. Todo ello cuando está en cuestión el método de revalorización de las pensiones con la crisis abierta por la gran movilización de los pensionistas.

Aunque lo anterior por sí solo ya da una idea de la dimensión del fraude, tampoco hay compromiso gubernamental de reposición de todo el empleo destruido (puesto que se vincula al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria) y de algunos de los derechos perdidos en los últimos años.

Los portavoces sindicales hablan de un «buen acuerdo«: a buen seguro que obtendrán buenas prebendas a cambio de su firma. Montoro por su parte lo califica de «histórico» y lo pone como modelo para la negociación colectiva del sector privado.

Después de una nueva reunión de algo más de dos horas celebrada este viernes, los principales sindicatos de funcionarios, CC OO, UGT y CSIF y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, suscribieron finalmente un acuerdo global que abre un “clima nuevo” entre el Gobierno y los trabajadores de la Administración. El pacto, que fue ratificado por la tarde con la firma del mismo por parte de los máximos responsables de los sindicatos de funcionarios y el ministro Cristóbal Montoro, la horquilla de incrementos salariales queda establecida entre un mínimo del 6,1% y máximo del 8,8% para el periodo 2018-2019-2020. A esto hay que añadirle un 0,75% de fondos adicionales garantizados para el conjunto de los tres años. Se trata de la primera vez en la historia que un acuerdo de salarios para los funcionarios se vincula al crecimiento económico y el cumplimiento del déficit público, por lo que el IPC pierde protagonismo también en el ámbito de las revalorizaciones salariales. Además, lo hace en pleno debate de cómo ha de actualizarse la cuantía de las pensiones.

Para CC OO, esta partida de fondos adicionales se podría destinar, entre otros asuntos, a eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres y subir los salarios más bajos. En cualquier caso, será objeto de negociación colectiva.

De acuerdo con lo consensuado por ambas partes, en 2018, la subida será de un 1,75%, más un 0,20% de fondos adicionales. En 2019, se elevará al 2,25%, más un 0,25% variable en función del PIB, más un 0,25% de fondos adicionales. Para 2020, un 2%, más un variable del 1% en función del PIB, más un 0,3% de fondos adicionales. Si se cumple el objetivo de déficit en 2020, habrá una prima final del 0,55%. En opinión de Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CC OO, se trata de un “buen acuerdo” porque no solo mejora las retribuciones de los empleados públicos, sino que supone la primera creación de empleo neto en el sector público desde antes de la crisis, restablece la capacidad para la negociación colectiva, abre la puerta a recuperar la jornada de 35 horas y fija prioridades en los planes de Igualdad puestos en marcha que incentivan y mejoran la conciliación de todos los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, para favorecer dicha conciliación familiar, los empleados públicos podrán modificar su jornada con horas de libre disposición acumulables, equivalentes a 11 días anuales. Estas horas deberán recuperarse en acuerdo con la Administración. Además, el acuerdo incluye la posibilidad de establecer un sistema específico de jornada continua para el cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad. Desde CSIF apuntaron que estas medidas suponen un “punto y aparte” respecto a la crisis, “uno de los periodos más duros que se conocen en el deterioro de las condiciones laborales del colectivo de empleados públicos españoles”, aseguraron desde este sindicato.

Otras medidas acordadas son la devolución del 100% del salario en casos de baja por Incapacidad Temporal, el fomento de los planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad en todas las Administraciones públicas, el impulso de la formación o el análisis sobre la jubilación parcial de algunos colectivos. En cuanto al empleo, se ha pactado para 2018 la tasa de reposición del 100% para todas las Administraciones Públicas que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Esta tasa se podrá elevar al 108% en los casos de aquellos sectores o ámbitos que requieran un esfuerzo adicional de efectivos. En las administraciones locales, el 108% podrá elevarse si carecen de deuda viva o si por incremento de población en los próximos años tienen que prestar nuevos servicios. Las Administraciones públicas que no hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda o regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios (sanidad, educación, justicia y servicios sociales, principalmente) y del 75% en el resto. Podrán incorporar un 5% de su tasa en sectores o ámbitos que requieran un refuerzo adicional.

Por su parte y al hilo del incremento salarial, Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, señaló este viernes que «las empleadas y empleados públicos sabemos bien lo que es la incertidumbre, la presión, y la precariedad porque la hemos vivido durante todos estos años, durante los que hemos perdido el 13,3% de nuestro poder adquisitivo«. Por ello, con la consecución de este acuerdo, el sindicato calcula que al final del periodo el colectivo habrá recuperado casi cinco puntos de poder adquisitivo al restarle a ese 13,3% los 8,8 puntos que podrían incrementarse los salarios públicos de confirmarse las mejores previsiones. «Este acuerdo que firmamos representa el comienzo de la recuperación salarial y de la reparación de derechos; es el punto de partida del reconocimiento de nuestro esfuerzo personal y nuestro compromiso colectivo con los servicios públicos como garantes de derechos de la ciudadanía».

Se cumple con la consecución de este acuerdo el último plazo dado por el Gobierno según el cual el consenso debía estar ratificado por ambas partes antes del próximo 12 de marzo con la intención de incluirlo en los Presupuestos de 2018. Si finalmente no se aprobaran unas nuevas cuentas públicas y acabara el ejercicio con la prórroga actual de las de 2017, el Gobierno ya prevé aprobar este incremento de salario a los funcionarios mediante un decreto.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro,calificó el viernes de «histórico» el acuerdo salarial alcanzado para los empleados públicos porque, por primera vez, se vincula la subida al crecimiento económico, al tiempo que ha animado a emularlo en el sector privado.

En declaraciones a los medios tras la firma del acuerdo, el ministro ha añadido que se trata también del primer acuerdo que se liga a la corrección del déficit público, condicionando una subida adicional a las administraciones que cuenten con recursos.

«Hay crecimiento económico y es el momento de que revierta sus beneficios a quienes están protagonizándolo, que son funcionarios públicos y trabajadores en la mayoría de las empresas«, ha dicho Montoro, quien ha animado al sector privado a que «tome buena nota» ahora que tienen pendientes el cierre de su acuerdo salarial.