A finales de 2018 el Gobierno presentó el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el que, además de plantear la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2040, se instaba a las estaciones de servicio a instalar puntos de recarga para coches eléctricos "de potencia igual o superior a 22 kW".

Ahora se ha presentado un nuevo borrador en el que se da seis meses más a las pequeñas gasolineras, una vez se apruebe la ley, para instalar electrolineras que tendrán que ser de 50 kW y que deberán estar presentes desde el primer día en el caso de las nuevas estaciones.

Obligatorios en estaciones de servicio y nuevos edificios

Ahora las gasolineras que tengan un volumen agregado de ventas de 10 millones de litros en adelante estarán en la obligación de instalar estos puntos de recarga para coches eléctricos -antes eran cinco millones- en un plazo no superior a 21 meses tras la aprobación de la ley, aún sin fecha a la vista.

Por su parte, las más pequeñas (aquellas con un volumen de entre cinco y 10 millones) dispondrán de hasta 27 meses para poner en marcha dichas electrolineras, por lo que se amplía el plazo para que puedan cumplir con la futura legislación. También se fijarán obligaciones para la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y existentes.

El 'nuevo' anteproyecto precisa que el objetivo es la recarga rápida (no ya semirápida o rápida) y además figura la creación de una plataforma de información sobre puntos de recarga para garantizar su existencia en las áreas donde son más necesarias.

Lo que no se recogen son las posibles sanciones por incumplimiento. Por otro lado, el anteproyecto mantiene el objetivo de prohibir en 2040 la venta de los coches y vehículos industriales ligeros que emitan CO₂. Esto incluye los gasolina, diésel, híbridos y los impulsados por gas.

La ley, centrada en la descarbonización a largo plazo, establecerá también la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una zona de bajas emisiones -como Madrid Central- antes de 2023, además de Canarias y Baleares.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de este año el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo objetivo es la total descarbonización de la economía española para 2050. Hasta que no se forme el nuevo Gobierno, este proyecto del PSOE no saldrá adelante.

En el aire queda cómo se sustituirá lo ingresado por el gravamen de hidrocarburos si cada vez hay menos motores térmicos. El actual Gobierno en funciones debe contemplar cómo afectarán estas propuestas de corte ecológico al modelo de recaudación en materia de impuestos.