miércoles 07 de octubre de 2015 , 07:47h

Coches patrulla a 53.520 euros, motos a 49.125 y 'scooters' a 19.704. Precios que duplicaban los de mercado y que eran los que tasaba el contrato de suministro para la flota de vehículos de la Policía Municipal que licitó el Ayuntamiento de Madrid y que el actual equipo de Gobierno canceló el 14 de septiembre, dos días antes de su adjudicación.

Según el pliego de prescripciones técnicas de dicho contrato, consultado por Madridiario, cuyo gasto fue aprobado en Junta de Gobierno el 14 de mayo de 2015 -10 días antes de las elecciones municipales- por 28,57 millones (impuestos incluidos), valoraba a precio de oro los nuevos vehículos de la Policía Municipal con los que se pretendía renovar el parque móvil. Así, el coste previo a impuestos (incluidos seguro, alquiler y mantenimiento) de un coche patrulla era de 53.520 euros, el de las motos de gran cilindrada de 49.125, las 'scooters' de 19.704, los furgones de 45.679, los furgones antidisturbios de 107.933 o los vehículos de investigación de accidentes de 130.362, entre otras máquinas. Todo para un contrato de 'renting' de cuatro años. A pesar de la oferta a la baja de la única empresa que optaba al concurso (el Consistorio no ha facilitado la identidad de dicha compañía), que ofrecía hasta 636 vehículos por ese precio totalmente equipados, las cuentas no salían.



"No nos pareció razonable retirar vehículos de propiedad de la Policía para renovar la flota con un 'renting' y dentro de cuatro años quedarnos sin nada -en realidad, el Cuerpo conservaría 358 vehículos de otro contrato de arrendamiento que vence en 2018, además de otros en propiedad-. Los costes por vehículo eran muy altos. En concreto, el arrendamiento de vehículos sale económico si el precio por kilómetro es de unos 0,40 euros. En este contrato ascendía a más de tres euros. Nos salía más barato mandar a los agentes a llevar atestados en taxi", comenta Benito Patiño, miembro directivo del equipo de la Concejalía de Seguridad de Madrid. En el departamento que dirige Javier Barbero y en el alto mando policial detectaron que algunos precios duplicaban los de mercado y que los criterios de amortización no se cumplían ni en el caso de los vehículos de vida útil más corta (4 años).



La 'marcha atrás' del Consistorio deja al Cuerpo en una situación que algunos consideran como comprometida. Al menos, durante dos meses. El 14 de septiembre se devolvieron 132 vehículos y se dieron otros 3 de baja, y se ha tenido que hacer una compra urgente de 115 vehículos que se recibirán el 15 de diciembre. Es decir, que durante tres meses muchas unidades de Policía Municipal van a tener que patrullar a pie. El Consistorio admite el problema, aunque incide en que es puntual y que no es tan grave porque va a optimizar las necesidades de vehículos de las unidades y porque el contrato citado, entre otras cosas, iba a sustituir las motos de los agentes que, aunque bastante antiguas, aún siguen en uso ya que todavía no han llegado al final de su vida útil, por lo que aguantarán con ellas hasta final de año.

Adquisición progresiva

En estas circunstancias, según Patiño, el Consistorio ha optado por un plan de adquisición de vehículos progresivo a lo largo de la legislatura para evitar la pérdida de una parte importante de la flota al fin del contrato. Además de la compra urgente, el equipo de Gobierno tiene previsto hacerse con otros 200 vehículos en 2016 y continuar comprando o alquilando otros nuevos en los años siguientes. Según sus estimaciones, la factura de la renovación de la flota se va a reducir de los 28 millones que preveía el contrato a 12, sin cambiar de modelos de vehículo, aunque en esta cuenta no se especifica si están incluidos los costes complementarios de las máquinas.



Inmaculada Sanz, concejala del PP portavoz en el Área, asegura que su formación ha recibido quejas de policías por la reducción de coches en la calle. "Hay preocupación en el Cuerpo porque hasta el 15 de diciembre va a haber una carencia de más de un centenar de vehículos. Hemos pedido más información sobre el asunto pero no nos la facilitan, a pesar de los anuncios de transparencia del Gobierno. Nosotros apostamos por una Policía Municipal de proximidad, que cuente con una planificación y unos recursos adecuados. Sin embargo, no sabemos de qué manera va a afectar este caso a la visibilidad, la acción y la presencia policial en las calles. Sobre todo, en unas fechas muy complicadas como son las de comienzo de la campaña de Navidad".



Según Ramón Silva, portavoz socialista de Seguridad, "no es razonable mantener contratos de 'renting' gravosos para el Ayuntamiento. A priori entendemos la decisión y hemos pedido más información para poder debatir este asunto en la próxima comisión. No obstante, si es verdad que hay vehículos suficientes y no necesitamos cubrir unos contratos con otros porque las adjudicatarias no cumplen sus compromisos, bienvenido sea".



Por otra parte, su homóloga en Ciudadanos, Ana Soler, plantea que, aunque la formación naranja apoya la reducción de costes en la contratación pública, no están de acuerdo en la reducción del parque móvil. "Ya denunciábamos antes los pocos efectivos con que cuenta la Policía, imagínate ahora. Esta situación crea una sensación de inseguridad en la población y entre los propios agentes. Estamos haciendo un estudio comparativo de costes pero consideramos que las soluciones de compra de activos no son las mejores porque llevan aparejados costes añadidos de mantenimiento y seguros que hay que cuantificar".



Julián Leal es portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM). Su formación prefiere no pronunciarse hasta que se dé más información sobre el contrato. No obstante, "si los precios estaban engordados, deberían haber previsto antes la compra de vehículos porque se va a agravar la situación de los agentes. Por ejemplo, en Arganzuela hay días que funcionan solo cuatro vehículos. Todo eso redunda en la mala calidad de servicio, el incumplimiento de los tiempos de respuesta, la acumulación de incidencias sin atender y la inseguridad que supone para policías y ciudadanos", asegura. Y añade: "Tenemos dudas de la recuperación del formato de compra de vehículos por parte de la Policía. La última vez que se utilizó hubo situaciones en las que los coches se quedaban en el dique seco por falta de piezas y averías. No está claro que el Ayuntamiento pueda implantar una adecuada infraestructura en esta legislatura para ese formato de servicio".



José Ramón Pérez, portavoz del sindicato Unión de Policía Municipal (UPM), culpa de los costes desorbitados al anterior equipo de Gobierno, responsable de su redacción. "El contrato era una vergüenza. Los precios llegaban a cuadruplicar los de mercado y se aplicaban recargos injustificados, como en el caso del IPC. Además, las condiciones eran pésimas porque, por ejemplo, los agentes tenían que llevar el coche al taller en caso de avería, en vez de tener una asistencia propia. Y eso que la mitad de los coches que se han devuelto en septiembre tenían menos de 50.000 kilómetros y apenas cuatro visitas rutinarias al taller".



Por último, José María Hernández, secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz en Policía Municipal del sindicato, se muestra de acuerdo en la rescisión del contrato, aunque "todavía esperamos las explicaciones del modelo policial que quieren implantar y las soluciones que van a dar para paliar el problema de falta de vehículos que se ha planteado".



