El Gobierno del PP y, más concrétamente, su ministro de Educación Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha decidido incumplir por cuarto año consecutivo la resolución del Congreso de los Diputados que obliga a retirar la subvención al Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH) en tanto no rectifiquen las biografías mendaces e inexactas de algunas figuras de la reciente historia de España y de la actualidad como Esperanza Aguirre y Gerardo Díaz Ferrán. En 2015 la RAH va a recibir 84.000 euros de los impuestos de todos los españoles a cuenta de una obra tan monumental como carente de rigor y credibilidad, en la que se han gastado más de 7 millones de euros del público erario.

A punto de cumplirse 39 años años de muerte del general Francisco Franco, el militar que encabezó la sublevación contra las instituciones democráticas de la II República y sumió a España en una guerra civil seguida de cuarenta años de régimen dictatorial, la RAH sigue manteniendo que Franco no fue un dictador. No ha rectificado la biografía que encargó en su día al presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos y patrono de la Fundación Francisco Franco, Luis Suárez Fernández, según la cual el general –nombrado generalísimo en Salamanca por sus secuaces sublevados-- “montó un régimen autoritario pero no totalitario”. El dictador fue, según el Diccionario, el segundo presidente de la República, Manuel Azaña, quien, según la entrada del historiador Carlos Seco Serrano, presidió un régimen “prácticamente dictatorial” con el socialista Juan Negrín de jefe del Gobierno.

Las falsedades y la falta de rigor de la entrada del monárquico Seco Serrano sobre Azaña han sido puestas de relieve por el biógrafo Santos Juliá y tampoco se han rectificado. La exigencia de revisión y rectificación del monumental diccionario (50.000 biografías en 50 tomos) afectaba a treinta y un personajes incluidos en los 25 primeros tomos. Los errores y la carga ideológica reaccionaria de una obra que había comenzado a elaborarse en 1999, bajo el auspicio del entonces 'azañista' José María Aznar como jefe del Gobierno, provocaron una década después un auténtico escándalo entre los historiadores e intelectuales independientes. Pero la dirección de esa Academia Real –la presentación de los primeros tomos del Diccionario fue protagonizada por Juan Carlos I- se negó a rectificar. Su presidente, Gonzalo Anes, apeló a los principios de “libertad intelectual” y de “responsabilidad de los autores”, sin olvidar, claro está, “el pluralismo” y las “distintas sensibilidades historiográficas”. Anes falleció en marzo pasado sin que la edición impresa del Diccionario haya sido rectificada.

El Congreso de los Diutados ordenó entonces al ministro de Educación, el socialista Ángel Gabilondo, la congelación de la subvención al diccionario. Gabilondo cumplió el mandado escrupulosamente. Pero la llegada del PP al gobierno significó la abolición de facto de la decisión parlamentaria. En 2012, la RAH recibió 190.000 euros a cuenta del diccionario. En 2013 el ministro Wert aseguró que tenía el compromiso de que se rectificarían 30 biografías y se suprimiría una. Este año el dinero público ha seguido fluyendo con mayor intensidad, a cuenta también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que la RAH recoja datos de los “reinos hispánicos”. Y en 2015 recibirá 84.000 euros más para el Diccionario, a pesar de que se ha dado por concluído. La RAH ha hecho saber que no rectificará ninguna entrada, aunque aportará una adenda al final de la obra complementando diez biografías y matizando 36.

El socialista Mario Bedera ha vuelto a pedir a Wert la supresión de la partida presupuestaria mientras se siga incumpliendo el mandato parlamentario de corregir las entradas que se han apartado del rigor y la objetividad. Aunque, como Catón el Viejo, de antemano sabía que delenda est Carthago y sus enmiendas iban a ser rechazadas por el PP. Wert le hizo saber en conversación privada que con el fallecimiento de Anes algo se podía mover en la RAH.

Pero, como comenta Bedera a este diario, eso no quiere decir que un militar leal a la República como Vicente Rojo deba ser tachado de desleal, chaquetero, cobarde, negligente y mal estratega –la entrada la hizo el cura Ángel David Martín Rubio, profesor de Historia de la Iglesia Católica-, ni que Gerardo Díaz Ferrán deba aparecer como un gran empresario ni que Esperanza Aguirre tenga que ser retratada en una obra científica como una dirigente política poco menos que providencial. No parecen entradas ni ciertas ni ajustadas a la realidad cuando el expresidente de la CEOE lleva dos años en la cárcel por graves delitos relacionados con la desaparición de 400 millones de euros de las empresas de las que era titular y la presidenta del PP madrileño gobernó la Comunidad Autónoma rodeada de corruptos. Luego ya, aunque el Diccionario Bibliográfico sea un fracaso comercial, no importa, pues como tantas obras mostrencas, el Gobierno ha decidido que lo paguemos entre todos.