Santiago del Estero puso en marcha el primer juicio por delitos de lesa humanidad donde queda bajo la lupa la participación civil en el último golpe de Estado y el rol de la Justicia. En la causa hay dos ex funcionarios de la Justicia Federal, Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, que están procesados por los delitos de secuestros y torturas contra 11 de las 34 víctimas que integran el expediente.





Junto a ellos hay otros 12 acusados, entre ex policías y ex militares. Todos están siendo juzgados por crímenes cometidos entre 1975 y 1979 y el inicio del proceso oral generó un revuelo en la elite santiagueña que llegó a las páginas del diario La Nación, que utilizó un editorial para atacar al tribunal y dar cobertura a esos representantes de la crema social santiagueña.

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"Contribuyeron intencionalmente, desde su función como magistrados y funcionarios federales, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores", sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al confirmar su procesamiento, en marzo pasado.





Esa definición coincidió con la declaración que el martes pasado hizo Cristina Torres, quien contó cómo fue secuestrada de su casa en 1975 por una patota que comandaba el ex jefe policial Musa Azar y detalló la intervención del entonces juez Olmedo y del fiscal Liendo Roca. Ambos avalaron la detención irregular y los secuestros durante la declaración indagatoria que le tomaron con Azar presente: "Consideré en ese momento, que si no firmaba, las consecuencias para mí iban a ser peores, dado que ya me habían anticipado que si no colaboraba y me portaba bien , iba a volver al centro clandestino", relató ante los jueces jueza Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y Juan María Ramos Padilla.





Junto a Liendo Roca, Olmedo de Arzuaga y Azar están siendo juzgados el ex subjefe policial Miguel Tomás Garbi; el ex segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Cayetano José Fiorini; el ex jefe de compañía de la misma unidad militar, Jorge Alberto D'Amico; y los oficiales del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Eduardo Baudano, Pedro Ledesma, Dido Isauro Andrada y Roberto Díaz Cura. Todos eran mi de la patota policial involucrados en secuestros y torturas.

Entre los imputados, también está Ramón Warfi Herrera, interventor militar en la Policía provincial que ejerció la jefatura de esa fuerza. El acusado número catorce es el Raúl Humberto Silva, apoderado de una empresa constructora, quien durante la última dictadura fue empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia y está acusado participar junto a policías del secuestro de un militante en 1975.





El impacto que este juicio generó en la elite santiagueña puede leerse en el editorial que publicó La Nación el 13 de agosto pasado bajo el título "Más justicia militante", donde atacó la composición del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. Sostuvo sus críticas con dos argumentos: los jueces son "confesos militantes" y Liendo Roca y Olmedo de Arzuaga ya fueron juzgados y sobreseídos por la Cámara Federal de Tucumán, que es la misma que les confirmó el procesamiento.



