El sumario del caso Púnica, que mantiene en prisión desde el 31 de octubre de 2014, al que fuera secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, está poniendo de relieve que las tres mayorías absolutas cosechadas por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2011, la primera de ellas tras la repetición de las elecciones por el famoso tamayazo, tenían truco.

La lideresa madrileña, que llegó a alcanzar en 2007 el apoyo de más del 53 por ciento del electorado con más de un millón y medio de votos, acudió a sus citas con las urnas con un partido que, según la investigación del juez Eloy Velasco, se financió durante años de forma supuestamente irregular, nutriéndose de las subvenciones que empresarios como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, ya condenado por las tarjetas black, hacían llegar a la formación. Entre las vías que utilizaban estaba la de Fundescam, la fundación creada, según la propia Aguirre, para dar “cursos de elocuencia y retórica” a sus candidatos.

La pieza separada en la que se investigan las cuentas del PP madrileño, que permanece secreta, pone de relieve que el Gobierno de Esperanza Aguirre habría utilizado sus grandes obras, como el Campus de la Justicia, la construcción de los nuevos hospitales o la ampliación del Metro, para que las constructoras adjudicatarias financiaran la caja de Génova a través de terceras empresas con las que la Administración les obligaba a contratar servicios menores, como campañas de publicidad, que en algunos casos no se llegaban a prestar. El importe de esas supuestas facturas falsas, según los investigadores, habría acabado en las cuentas de Fundescam, sin que se evidenciara vínculo directo entre la adjudicataria y el PP de Madrid.

Además de Arturo Fernández -por cuyos contratos para surtir a la cafetería de la Asamblea de Madrid se interesó el juez Velasco, que llegó a enviar a la Guardia Civil a la sede del Parlamento regional-, el juez mantiene imputado en esta pieza al directivo de la constructora OHL Javier López Madrid, que habría aportado hasta dos millones de euros al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, según la agenda personal incautada a Granados que se encargó de descodificar en la Audiencia Nacional su antiguo socio y amigo de la adolescencia David Marjaliza.

Esa moleskine negra revela que, aunque abandonó el Gobierno de Esperanza Aguirre en junio de 2011, el político encarcelado siguió recaudando fondos para el partido hasta las elecciones europeas de mayo de 2014, tres meses después de que se viera forzado a dimitir de sus cargos como senador y diputado en la Asamblea de Madrid, una vez que el diario El Mundo publicó que tenía una cuenta en Suiza. Según un informe de la Guardia Civil que forma parte del sumario, su participación en la recogida de fondos era “necesaria” porque, gracias a su “dilatada carrera en el partido a nivel regional”, era el “encargado de mantener la red de contactos con los contribuyentes a la campaña”. Ese informe señalaba, además, que Granados y su jefe de gabinete y testaferro, Ignacio Palacios, hacían “gala” de cumplir el refrán castellano de que “quien parte y reparte se queda la mejor parte”, ya que, según sus sospechas, “se quedarían con una parte del dinero recaudado para el partido”.

No son los únicos empresarios que habrían ayudado al PP madrileño de Esperanza Aguirre, convertida ahora, según su confesión, en "la principal víctima de la corrupción". El propio Marjaliza, que monopolizó junto al también constructor imputado Ramiro Cid Sicluna el gran boom inmobiliario que experimentó Valdemoro en los años de la Púnica, admitió que adelantó de su bolsillo entre 90.000 y 100.000 euros para financiar la campaña del exalcalde José Carlos Boza Lechuga, a cambio del amaño del contrato para la gestión de los parquímetros que se concedió en 2012.

En el centro de la investigación también se encuentran los trabajos que el informático Alejandro de Pedro habría realizado para mejorar la reputación en las redes sociales de varios líderes populares que, en lugar de ser sufragados por la formación política, se camuflaban con pagos en negro por parte de adjudicatarias de contratos públicos como Indra. En el sumario, de hecho, aparece un proyecto en power point dedicado a la presidenta regional y un correo de una de las trabajadoras de De Pedro que decía textualmente: “Álex, continuamos con el apoyo a Esperanza Aguirre. Es trending topic ahora mismo porque le han lanzado un tupper en la inauguración del curso escolar en un colegio público”. También aparecen acreditados varios trabajos destinados a lavar la imagen de su sucesor, Ignacio González; su número dos, Salvador Victoria; la consejera de Educación, Lucía Figar; y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Además, el sumario ha puesto de relieve que en ocasiones la compañía Cofely compensó el amaño de contratos de eficiencia energética con la realización de encuestas políticas en las que se incluían preguntas sobre las expectativas electorales de los alcaldes supuestamente sobornados. Aunque se intentaban disfrazar como sondeos sobre “gestión energética”, el juez Velasco considera que en realidad tenían “índole política”. Esta práctica se llevó a cabo al menos en casi una decena de ayuntamientos madrileños, entre ellos los de Valdemoro, del que Granados fue alcalde, y Parla, bajo el mandato del socialista José María Fraile. Esta fórmula de financiación también fue adoptada, según la investigación, por constructoras como FCC, Urbaser y Ortiz Construcciones. Entre los años 2005 y 2015, estas empresas desembolsaron por estos trabajos un total de 419.700 euros.

Según el juez, el PP madrileño también aprovechaba la organización de las fiestas patronales de la región para financiarse. Así, la compañía Waiter Music, dirigida por el empresario José Luis Huerta, al que Granados solía presentar como el “inventor de la discoteca móvil”, organizaba los cumpleaños del líder de la Púnica y llevaba castillos hinchables a los mítines del PP, siempre con la etiqueta del gratis total que la lideresa se empeñaba en decir que no existía. En este caso y en todos, ese dinero se lo ahorraba el PP madrileño, el PP de Esperanza Aguirre, la que hoy se presenta como “la principal víctima de la corrupción”.

(*) Alfonso Pérez Medina es periodista