La provincia de Buenos Aires tiene un problema con su policía. Hace 10 días, un grupo de uniformados asesinó a tres menores y un mayor tras una persecución en San Miguel del Monte, un pequeño pueblo turístico ubicado a 100 kilómetros de Buenos Aires. Los muertos tenían entre 13 y 22 años y las mentiras de los policías por ocultar el crimen fueron tan evidentes que siete de ellos pronto terminaron presos. El ministerio de Seguridad de la provincia ha dado ahora un paso más y el jueves descabezó a buena parte de la cúpula de la fuerza.

La policía Bonaerense tiene 90.000 hombres. Es poderosa y controla un territorio tan grande como Italia, con 17 millones de habitantes. Pero está carcomida por la corrupción. Desde el regreso de la democracia en 1983, gobierno tras gobierno intentaron controlarla, sin demasiado éxito. En los 90 se acuñó el término “maldita policía” para referirse a ella. El 10 de diciembre de 2015, asumió como gobernadora María Eugenia Vidal, hija política de Mauricio Macri. Once días después, una presunta zona liberada permitió la fuga de tres condenados por homicidio y narcotráfico. La bienvenida fue la medida del desafío que enfrentaba la nueva administración, que había llegado al poder con la promesa de limpiar a esa fuerza indomable.

En mayo pasado, la gobernadora Vidal resumió en una entrevista con el diario Perfil el estado de situación de la Bonaerense cuando llegó al poder. Dijo que la policía de la provincia “se autogobernaba, definía qué hacía, qué combatía y qué no combatía”, con alusiones veladas a un presunto “pacto con el poder político” que garantizaba el encubrimiento. Tras casi cuatro años de gestión, el ministerio de Seguridad provincial inició 31.490 sumarios internos (1.400 de ellos por enriquecimiento ilícito), apartó de sus funciones a 12.500 policías, suspendió a 2.444 y expulsó a 1.900. Otros 870 uniformados de todos los rangos están presos por distintos delitos.

En mayo de 2016, se conoció un caso paradigmático: ocho jefes policiales fueron detenidos sospechados de montar una red que cobraba a narcotraficantes y proxenetas por protección. Asuntos Internos encontró en la jefatura departamental 36 sobres numerados con el equivalente a unos 10.000 dólares, producto del cobro de sobornos. Con la muerte de los menores en San Miguel del Monte, el gobierno decidió apurar nuevos cambios.

El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, pasó a a retiro a seis comisarios generales y puso en su lugar a otros más jóvenes. La novedad más relevante se produjo en la dirección de Institutos de Formación, que por primera vez en la historia de la Bonaerense quedó en manos de una mujer, la comisario general Marcela Martí. Sólo sobrevivió en su cargo el jefe de la policía, Fabián Perroni, en su puesto desde mayo de 2017, cuando se produjo la última gran purga. Fuentes del ministerio aseguran que se trató de un “recambio generacional” que estaba en carpeta desde hace tiempo, pero reconocieron que, en este caso, coincidió con las necesidades de la campaña electoral. Vidal irá por la reelección en octubre y no quiere sorpresas.