El lavado de dinero en México asciende a casi 10,000 millones de dólares al año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al referirse a la ley antilavado publicada el miércoles pasado , la dependencia federal indicó que el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son un fenómeno delictivo que afecta a todos los países del mundo.

En el Informe Semanal de su vocería, la secretaría expuso que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra.

"En nuestro país se estima que el monto de lavado de dinero asciende a casi 10,000 millones de dólares al año", señaló Hacienda.

Manifestó que la estabilidad financiera mundial depende de la adopción de medidas colectivas a escala internacional, pero también de la eficacia de los sistemas nacionales.

Agregó que las sólidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son un pilar fundamental del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.

En este sentido, subrayó, la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero.

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Al mismo tiempo, se establece un sistema de vanguardia para la prevención y combate a este delito en el país, con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Ello, a través de una coordinación interinstitucional, a fin de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Tras hacer un recuento de las acciones que ha implementado México para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la dependencia mencionó algunas de las características principales de la nueva legislación.

Entre ellas destacó las restricciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles para lavar dinero, y la verificación de identidad de clientes y usuarios a entidades e intermediarios no financieros.

Además, mencionó las nuevas obligaciones a entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones consideradas como vulnerables, y nuevas facultades a la SHCP y la Procuraduría General de la República para recabar información que permita cortar con el flujo de dinero proveniente de los grupos delictivos.