La absolución de los estudiantes Ismael Benito y Daniel Ayyash, de los delitos de los que eran acusados, básicamente de desórdenes públicos, pone sobre la mesa algunos elementos centrales. Uno de ellos la detención preventiva de 34 días que sufrieron los dos jóvenes por unos delitos que finalmente se ha comprobado que no habían cometido. A esta situación habría que sumar los efectos de la práctica pérdida de derechos civiles que conllevó la acusación.

Absueltos los estudiantes Isma y Dani, que pasaron 34 días en prisión preventiva por la huelga del 29M

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La situación de los dos estudiantes, con una detención vinculada a disturbios en la calle, se parece a la sufrida por los protagonistas de otros dossieres con gran repercusión: el caso 4-F, que inspiró el documental Ciutat Morta y la detención y posterior encarcelamiento de Sergi Rubia, el casteller detenido cerca de Can Vies, en Sants, durante las protestas debido al cierre del centro social. En los tres asuntos se dictó prisión preventiva y la juez instructora fue la misma persona: Carmen García Martínez.

Las declaraciones de la autoridad policial han sido, también tanto en el proceso de Isma y Dani, de Sergi Rubia o el de los afectados por el caso 4F, el detonante, casi único, de la actuación judicial.

Sergi Rubia ha sido, de todos los acusados, el que ha tomado una decisión más contundente en defensa de sus intereses. Después de que el juzgado penal 28 le absolviera de la acusación de mover contenedores hacia una hoguera, el joven respondió con una querella por falsedad documental contra los agentes que lo denunciaron: dos miembros de la Guardia Urbana. Además, ha presentado una reclamación administrativa al ministerio de Justicia pidiendo una compensación por los 22 días que pasó encerrado en la prisión de Can Brians.

Desde la asesoría legal de Isma y Dani, no se manifiestan sobre la posibilidad de actuar legalmente contra los que hayan sido responsables de la detención preventiva durante 34 días de los dos estudiantes. Otras fuentes han declarado que cualquier decisión debería esperar a que la sentencia sea firme. Recordar que en el caso presentaron acusación tanto la fiscalía, en nombre de la administración pública, como la Generalitat. De acuerdo con la legislación estas dos partes podrían instar un recurso que forzaría a una revisión de todo o parte del procedimiento.

En todo caso, si finalmente los dos estudiantes, decidieran presentar una denuncia, deberían hacerlo contra la administración pública. Las fuentes consultadas tienen pocas esperanzas de que estos procesos lleguen a resultados satisfactorios para los denunciantes, porque los criterios legales son muy restrictivos.

Todo el caso de Isma y Dani se ha basado en las apreciaciones de un sargento de los mossos al que le pareció distinguir a los estudiantes en un grupo de personas que incendiaban contenedores el día de la huelga general del 29M. Pero, sentencia en mano, este policía no llegó a identificar a los dos estudiantes sin lugar a dudas. Esta circunstancia, por supuesto sería una de las que una hipotética acusación debería tener muy en cuenta si se decide pedir responsabilidades por los daños sufridos por los jóvenes a raíz de su detención.