El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, está pasando de puntillas por la Consellería de Interior de la Generalitat de Catalunya que está bajo su mando desde que el 27 de octubre se suspendiera la autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sólo un día antes, agentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Catalunya se habían plantado en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, porque habían recibido el chivatazo de que sus compañeros de Información de los Mossos d'Esquadra iban a destruir pruebas relevantes sobre el referéndum del 1 de octubre.

De esa actuación nació un informe que fue filtrado desde Interior a la prensa poniendo en riesgo a fuentes de la propia Policía Nacional, como desveló Público esta semana, y cuya utilidad está en entredicho: ni siquiera la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional que lleva la causa de sedición contra el exmajor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, lo ha admitido en su integridad, ya que la mayoría del material que aportan nada tiene que ver con los hechos que ella investiga y que se limitan a la concentración ante la Consellería de Economía el 20 y 21 de septiembre y a la organización del referéndum del 1 de octubre.

Y lo que ahora está dejando este informe es un reguero de preguntas sobre cómo siguen actuando Las cloacas de Interior bajo el mando o la vista gorda del ministro Juan Ignacio Zoido, que no ha hecho más que un punto y seguido a la política de su antecesor Jorge Fernández Díaz.

El mando de los Mossos que ordenó la destrucción rutinaria del material, Castellví, no puede ser acusado de tratar de destruir pruebas a escondidas

Al menos dos veces al año los Mossos d'Esquadra, al igual que el resto de los cuerpos policiales, se deshacen de documentación que ha dejado de ser de interés o que ya no es necesario guardar –como facturas después de cinco años–. Operación que debe hacerse bajo ciertos requisitos, como el de que incluso si ha sido triturada debe ser además quemada: por eso siempre se efectúa en el mismo lugar. En el caso catalán, la incineradora de Sant Adrià de Besòs había dado cita a la Comissaria General d'Informació, que dirige Manuel Castellví, para el 26 de octubre, y simplemente se cumplió la cita acordada.

A este mando de los Mossos, ni Zoido ni su delegado (en virtud del 155) como jefe del cuerpo policial catalán, Juan Antonio Puigserver, le van a abrir una investigación porque el resultado desmentiría el objetivo incriminador de la filtración del informe policial: Castellví había firmado con la necesaria antelación la orden rutinaria –y periódica– de que el 26 de octubre se llevaría una nueva remesa de materiales a destruir a la incineradora. Así que no se le puede imputar la intención de destruir pruebas a escondidas.

"Hay que pedir cita, día y hora, y ese procedimiento lleva varios días, porque se necesita una autorización administrativa, que alguien dé el visto bueno, y esto lo hace Castellví... pero mucho tiempo antes" –explican fuentes de los Mossos a Público–. "Estamos seguros de que alguien tendió una trampa para jugársela al cuerpo de los Mossos. No a Castellví en concreto, aunque no le haya importado que todas las sospechas recaigan sobre él".

Manuel Castellvi, comisario general de Información de los Mossos d'Esquadra, en una foto de 2015. EFE

Es decir, no se trata –como sostienen las consideraciones iniciales del informe policial– de que los Mossos se deshicieran de materiales comprometidos que querían ocultar. a toda prisa y en vista de que se iba a proclamar la independencia de Catalunya al día siguiente –y de que, previsiblemente, el Gobierno de Mariano Rajoy iba a aplicar el artículo 155–. Ése es el verdadero motivo de que el ministro Zoido no abra ninguna investigación interna contra el comisario catalán de Información, porque sabe perfectamente que la orden de destrucción de los documentos no tiene ninguna relación con la situación política de Catalunya en esas fechas.

Interior tampoco investiga quién dio el 'chivatazo'

De lo que sí se sorprenden las fuentes consultadas, tanto policiales como jurídicas, es del contenido de las cajas, no sólo heterogéneo hasta lo inverosímil, sino repartido en un lapso de tiempo larguísimo y aparentemente escogido por su relevancia comprometedora.

"¿Cómo puede ser, si destruimos los materiales cada cuatro o seis meses, que aparezca de pronto este tipo de documentos seleccionados de 2011 a 2018 y que estén además sin triturar previamente?", se pregunta un mando intermedio de los Mossos. "Esto refuerza nuestras sospechas de que la persona que preparó esas cajas escogió materiales específicos porque sabía que ese 26 de octubre se tenían que llevar a la incineradora y que el convoy iba a ser interceptado. Es decir, los que dieron el aviso eran también los autores del montaje y por eso Interior no abre ninguna investigación disciplinaria interna en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra".

Fragmento del informe de la Brigada Provincial de Información en el que se expone la existencia del 'chivatazo' que alertó a la Policía.

Es la propia Brigada Provincial de Información la que reconoce en su informe que su personación en la incineradora de Sant Adrià de Besòs responde a un chivatazo y no a una orden de la jueza de la Audiencia Nacional encargada de la causa, Carmen Lamela. En concreto el "Oficio 3022/2017" informa de que:

"El 26 de octubre pasado se dirigió escrito número 2547 en el ámbito de las Dilig. Previas 82/17 dirigido al Juzgado Central de Instrucción número TRES, a través del servicio de Guardia y la oficina TEPOL, en el que se daba cuenta de la localización e inmovilización a su llegada a la mencionada crematoria, de tres vehículos camuflados ocupados por Mossos de Escuadra de la Comisaría General de Información, en cuyo interior transportaban 36 cajas al parecer con abundante

documentación para su destrucción". Es decir, la Policía les estaba esperando porque había recibido aviso previo, sin participación de la Fiscalía.

No fue hasta horas después, con el convoy de los Mossos interceptado y bloqueado por fuerzas policiales, cuando la jueza Lamela, de guardia ese día, "ordenaba se procediera inmediatamente a la aprehensión de los papeles y documentos relacionados en su escrito", explica la Brigada Provincial en el informe de 395 folios repartidos en dos "libros".

Los policías se llevan a su sede los materiales incautados sin que esté presente un secretario judicial que certifique el contenido

A partir de ese momento, sin secretario judicial que certifique el registro e incautación del material, los policías se llevan las cajas a la sede de la Brigada Provincial de Información de Barcelona. Según el relato de hechos que consta en el informe de la propia Policía: "El día siguiente 27 de octubre se instruyó atestado número 2.559/2017 de la Brigada Provincial de Información, en el que se daba cuenta detallada del desarrollo de la intervención y del material intervenido. De igual forma, en escrito número 2.572 de 27 de octubre 2017, se remitió escrito al Juzgado Central de Instrucción TRES en el que se solicitaba MANDAMIENTO JUDICIAL para realizar el desprecintado y apertura de las cajas, a fin de proceder a su análisis". Y no es hasta el 30 de octubre cuando la jueza Lamela permite se abran esas cajas para su análisis.



Las fuentes de Información de la Policía Nacional consultadas por Público se excusan alegando que "no tiene porque ser una persona determinada quien nos diera la información de las cajas que los Mossos iban a llevar a la incineradora. Hay también intervenciones telefónicas autorizadas de las que podría haber salido esta información. Nuestra obligación es que cuando tenemos noticia de la posible comisión de un delito tenemos que actuar y la orden de la juez llegó en cuanto pusimos en su conocimiento la información que manejábamos".

Pero, ¿cómo sabía la Policía Nacional la información que había en las cajas si no las abrieron hasta el día 30, que fue cuando la juez Carmen Lamela firmó el mandamiento judicial? Y, si no hay un chivato en el cuerpo de los Mossos, ¿cómo pudo la Policía Nacional escuchar una intervención telefónica si estos pinchazos sólo estaban autorizados en esos días a la Guardia Civil?

Más aún, ¿por qué el informe policial ha sido filtrado a los medios sin los sellos de entrada y registro, ni el foliado del juzgado, cometiendo presuntamente un delito de revelación de secretos? Son las preguntas que ni Juan Ignacio Zoido ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quieren responder, de ahí que no abran ninguna investigación interna ni en Mossos de Esquadra ni en Policía Nacional.

Por lo menos la juez Carmen Lamela lo tiene más claro y ha decido dejar fuera del procedimiento que instruye la Audiencia Nacional la mayor parte de la información aportada por la Policía en su informe sobre el supuesto intento de destrucción de pruebas de los Mossos d'Esquadra en la incineradora de Sant Adrià de Besòs. Un informe en el que sólo se aprecia el sello de Las cloacas de Interior.