Noelia Martínez es concejal socialista electa del Ayuntamiento de Madrid hasta el 13 de junio, el día en el que se constituya el nuevo hemiciclo. José Cepeda es ingeniero informático y ocupa el puesto número 11 en la candidatura de Ángel Gabilondo. En el año 2010, él colocó un troyano para espiar el teléfono de su compañera y hace dos semanas el técnico de Telefónica que elaboró el informe denunciando el espionaje de una línea de teléfono del socialista sobre otros tres operativos móviles vinculados a la Asamblea de Madrid confirmó en sede judicial la veracidad de la información. Martínez denunció los hechos tras enterarse de que había sido espiada por el que entonces era su pareja tras una información publicada por el diario El Mundo. A día de hoy, critica que su partido siga sin abrir una investigación al diputado que ocupará un escaño en la Asamblea de Madrid cuando se constituya la Cámara el 9 de junio.

“Nadie, ni del PSM ni desde Ferraz, se ha puesto en contacto conmigo para preguntarme qué ha pasado. Sólo compañeros a título personal para solidarizarse conmigo. Pero la denuncia sigue su curso”, confiesa Martínez a este diario. El Confidencial preguntó sobre la situación interna de este diputado y si él mismo puso en conocimiento de su partido su situación a la gestora del PSM que dirige Rafael Simancas, desde donde se confeccionó la lista de Ángel Gabilondo que precisamente incluye al presunto espía. “Es un tema pasado y la gestora lleva dirigiendo el partido dos meses. Habla directamente con el afectado”, contestaron fuentes de la gestora ante las preguntas de este diario. El afectado, José Cepeda, hizo caso omiso a las llamadas de este diario. Ni siquiera desde la dirección nacional del PSOE supieron responder si se había abierto una investigación para esclarecer los hechos y si les consta que hay una denuncia en curso que podría desembocar en el procesamiento del diputado.

A Martínez le indigna todavía más que el PSOE no haga nada por su caso cuando el partido creó una Comisión de Garantía de la Igualdad al estallar el caso Ponferrada, donde los socialistas ganaron la Alcaldía gracias al apoyo de un concejal condenado por acoso sexual. El órgano se constituyó a finales de marzo de 2013 con el objetivo de evitar casos como este, velando por que todas las decisiones que se tomen en el partido, tanto a nivel municipal como autonómico y nacional, pasen por “una necesaria reflexión desde la perspectiva de la igualdad de género”. "¿Y este caso no merece una reflexión?", se pregunta la afectada.

Alfredo Pérez Rubalcaba preside en 2013 la reunión constitutiva de la Comisión de Garantía de la Igualdad. En la imagen, Amelia Valcárcel (3d) y Ángel Gabilondo (i). (Efe)

La Comisión estaba constituida inicialmente por diez integrantes bajo la presidencia de la filósofa feminista Amelia Valcárcel y entre sus miembros figura el número 1 de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid, el exministro Ángel Gabilondo. Luego se amplió a una veintena de miembros. “¿Para qué se creó entonces este órgano si no actúa cuando hay un caso tan evidente de espionaje como el mío?”, se pregunta la víctima, que se queja insistentemente de que ni Asamblea de Madrid ni Telefónica le informaran de esas irregularidades y se pregunta por qué esas escuchas no fueron denunciadas a las autoridades judiciales competentes.

Dos víctimas más del mismo ataque

En el informe elaborado por la Dirección de Gestión de Riesgo y Fraude de Telefónica, en poder de El Confidencial, se alerta de que otros dos teléfonos, además del de Martínez, fueron víctimas del mismo ataque. Según el documento, Cepeda colocó otro troyano para pinchar el dispositivo móvil de una diputada de un partido de la oposición, el PP, que también fue un regalo suyo. El socialista utilizó la misma fórmula para escuchar ilegalmente un tercer aparato de otra persona vinculada a la Asamblea de Madrid en el año 2006 y que distintas fuentes apuntan a que es una persona "con gran proyección política en la Comunidad de Madrid en estos momentos".

Cuando Martínez puso la denuncia, el caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital, donde siguen investigando el demoledor informe que en 2010 emitió Telefónica. En esas ocho páginas se resalta que “este tema es sumamente delicado por posible espionaje político”. No hay ningún nombre que se asocie a los teléfonos, pero se ratifica que la línea asociada a la Asamblea de Madrid que pertenecía al demandado controlaba otras tres líneas, todas a nombre de la institución.