Salvador Arellano

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)de Nayarit solicitó a la Cámara de Diputados local la declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados del Poder Judicial por su presunta participación en un fraude para despojar de sus viviendas a más de 40 mil derechohabientes del Infonavit.

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​El fiscal de Justicia, Petronilo Díaz Ponce, informó que derivado de denuncias presentadas por la Comisión de la Verdad a través de afectados de despojo de viviendas, se inició con la investigación en contra de servidores públicos que entre 2013 y 2018 llevaron a cabo juicios “espejo” con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario público y un despacho de abogados, para la ejecución irregular hipotecaria de 40 mil viviendas propiedad de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Los delitos por los que se les podría acusar son falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, cometidos contra la administración de justicia y contra la custodia de documentos.

Este entramado de presunta corrupción se confeccionó a través de una simulación de juicios en cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración irregular delas viviendas.

El fiscal señaló que hay indicios que la operación fue en dos etapas: la primera inició en 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela; se conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados externos se tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los demandados, sin la intervención de Ministerio Público alguno, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75 por ciento del valor del avalúo de los inmuebles. Las escrituras fueron realizadas por un mismo notario.

La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016. Sin tener registro alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales; el fiscal explicó que el despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de acuerdos.

Además, se ordenó la vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo; así como indagar el actuar del fedatario público involucrado.

Añadió que también se ordenó desglosar la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República sobre los posibles delitos de su competencia, y que se tuvo comunicación con autoridades del Infonavit y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que también intervengan en el asunto.

En tanto, el presidente del Tribunal de Justicia, Ismael González Parra, aseguró que se aplicará todo el peso de la ley en contra de los magistrados y jueces que violentaron la ley, en caso de comprobarse las acusaciones.

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