Danny O’Brien, director internacional de la Electronic Frontier Foundation, una organización que defiende y promueve los derechos digitales desde hace casi treinta años, dijo que el trabajo de Bini ha ayudado a construir un internet más seguro. Los equipos que las autoridades ecuatorianas presentaron como evidencia son, simplemente, “la clase de equipos que uno tiene cuando se trabaja en este tipo de proyectos”, dijo O’Brien.

“Las habilidades y forma de vida de personas que dedican su tiempo libre a proteger a los usuarios de internet están siendo usadas en su contra”, dijo O’Brien. Esto es, según él, una preocupación recurrente entre los defensores de derechos humanos.

David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión dijo que, hasta ahora, nada conecta a Bini con un delito. Jillian York, directora internacional de Libertad de Expresión de la Electronic Frontier Foundation calificó el arresto como una “caza de brujas”.

Bini fue arrestado en el aeropuerto internacional de Quito. Estaba por abordar un avión a Japón para un curso de artes marciales, según dijo su novia, Sofía Celi. Tras la detención, autoridades ecuatorianas aparecieron en televisión para aplaudir el arresto y mencionar sus visitas a Assange.

La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que el gobierno quería prevenir que Ecuador se convierta en un centro de “espionaje y piratería” digital. Romo dijo que no podía comentar sobre la evidencia en contra de Bini, pero también mencionó que Bini había visitado a Assange al menos “una docena de veces”.

Los abogados de Bini alegan que la detención es ilegal. Dicen que Bini no tuvo acceso a sus abogados por diecisiete horas, no fue informado de los cargos en su contra y no se le ofreció un traductor, como lo exigen las leyes ecuatorianas. Además, dicen que han sido acosados y amenazados por la policía.