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a execrable masacre de Iguala ha exhibido la enorme podredumbre de las instituciones políticas en todos los niveles de gobierno. Pero también ha reactivado redes de solidaridad locales, nacionales e internacionales, cuya fuerza podría finalmente poner fin a la ignominia del (neo)liberalismo despótico, en el poder desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.

Ha surgido un histórico concierto de voces coincidentes en favor de la renovación de la política nacional: desde el Parlamento Europeo (véase: http://ow.ly/CD3fn ) hasta los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; desde Amnistía Internacional hasta el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR-EPR) (véase: http://ow.ly/CD3cq ); desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta las autodefensas de Michoacán; desde los yaquis de Sonora hasta los policías comunitarios de Guerrero; desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el Movimiento de Renovación Nacional, y desde París hasta Buenos Aires.

México es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el proceso de supuesta democratización ha dejado totalmente intactas las redes de poder de los mismos de siempre. Los procesos de transformación en aquellos países no han estado libres de importantes contradicciones y grandes retos hacia el futuro, pero nuestro país ni siquiera ha iniciado el camino.

El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo.

La forma en que opera este grupo político es por medio de la subordinación de las instituciones públicas a las redes informales de alianzas personales, políticas y de negocios. Por medio de pactos, prebendas e intercambios de la más diversa índole tejen una telaraña de control político, dominación social y enriquecimiento personal. El desplazamiento del Congreso de la Unión y la domesticación de la oposición política por medio del Pacto por México simbolizan la consolidación nacional de esta forma corrupta de gestión de poder. Y la masacre de Iguala exhibe la cara más sangrienta de esta misma descomposición institucional fomentada desde Los Pinos en todo el país.