Estoy en Twitter desde 2010, luego de vencer una desconfianza previa que se evaporó muy rápidamente. Siempre mi perfil estuvo identificado con mi nombre y apellido y una foto mía en el avatar. Siendo una figura pública de mediana intensidad (un “casi famoso”) junté una buena cantidad de seguidores, 67 mil en la actualidad. Con esos atributos cualquier persona que haya pasado algunas horas en Twitter sabe que toda opinión cargada políticamente será contrarrestada por hordas de decenas y decenas de personas que acusarán a uno de cosas espantosas, casi siempre falsas y, lamentablemente, algunas ciertas. Me pasó durante el kirchnerismo, claro, pero también desde diciembre de 2015. He tenido que aclarar que no, que no tengo cinco contratos con el Estado, que no gano cientos de miles de pesos por mes, que nunca fui kirchnerista a pesar de haber trabajado con Diego Gvirtz y que sí, que el que cambió fue él y que cuando eso sucedió me quedé sin trabajo. Me han dicho de todo y contesté con humor, sarcasmo, ironía, con puteadas, con indiferencia, con datos, con paciencia pedagógica, de cualquier manera que me saliera en el momento. No tengo un método y a veces comparto con mis seguidores más cariñosos algunas de las más extremas demostraciones de hostilidad como para mitigar el estupor. Cuando opiné en contra del gobierno en el caso Chocobar (una opinión realmente moderada y expresada con prudencia) llegaron a desear que mataran a un hijo mío para que yo entienda realmente el tema. Jamás se me ocurrió usar la palabra troll. Si alguna vez el ataque fue coordinado, no lo supe y en el fondo, no me importa demasiado. Contesté a cada cuenta como si fuera una persona, ya sea que tuviera o no una cantidad apreciable de seguidores. Son las reglas de Twitter, su famosa horizontalidad, la acepto y no solo eso, la celebro. Es un mundo nuevo del que saco muchísimo más provecho que el pesar eventual que me pueda causar.

Teniendo esa perspectiva mental, no es difícil imaginar el horror que me provocó el informe de Amnistía Internacional en su sección Argentina sobre “Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina”. El informe, con un lenguaje y una metodología pretendidamente científicos identifica a una docena de periodistas que fueron moderadamente críticos del gobierno actual y a dos representantes de ONGs relacionadas con derechos humanos y describe algunas acciones de Twitter en su contra. A pesar de la verborragia y del despliegue de datos y de gráficos, en ningún momento se demuestra la existencia de grupos organizados y mucho menos que esos pretendidos ataques coordinados sean dirigidos desde el gobierno. Es probablemente por eso que las recomendaciones finales sean algunas generalidades contra las cuales es imposible estar en desacuerdo. Seguramente sería mejor que el debate ni incluya insultos ni noticias falsas pero qué otra cosa se puede decir al respecto.

Sería muy tedioso criticar cada aspecto metodológico pero basta señalar algunas cosas y enfocarse en lo que el informe llama “caso testigo”. En primer lugar, uno se pregunta por la elección de las “víctimas” y la falta de un grupo de contraste. La docena de periodistas que “sufren” algún tipo de ataque coordinado no son comparados en el informe con una lista similar de periodistas de otras características de manera de determinar que la respuesta global de Twitter Argentina a unos y otros sea diferencial. De la manera en que está mostrado el trabajo uno tiene que aceptar que las respuestas son anormales y que se deben a un ataque coordinado y digitado desde el gobierno solo porque está enunciado y no porque haya algún tipo de prueba. Asimismo, el informe no da un solo ejemplo de alguna intervención cercenada o interrumpida o desviada por el ataque de los famosos trolls.

El informe mismo toma la precaución de decir que “coordinado” no significa “coordinado” sino algo mucho menos grave que de todas maneras deciden llamar “coordinado”. El párrafo es notable en su sinsentido:

Es importante aclarar que cuando nos referimos a una acción coordinada no necesariamente implica una coordinación centralizada sino la existencia de una coordinación temática y temporal de cuentas que pueden pertenecer a diversas agrupaciones o conjuntos celulares de cibertropas (página 16).

Esto que suena a “la parte contratante de la segunda parte”, el famoso contrato de los hermanos Marx, simplemente está diciendo que hay grupos de personas que coinciden temáticamente. Las llama “cibertropas” dándole una carga que solo puede ser tomada a la risa. Entre los “influencers” mencionados hay gente que conozco personalmente, que no es particularmente oficialista y que de ninguna manera trabaja coordinadamente con nadie para lograr ningún objetivo que no sea conversar en Twitter.

La cosa es mucho peor cuando uno analiza el “caso testigo”. El capitulo 11, en la página 29, llamado “11. Caso testigo: agresiones contra la vocera de Amnistía Internacional en Argentina” trata del caso de Mariela Belski. En resumidas cuentas, Belski, que no tiene cuenta de Twitter, fue criticada en la red social cuando apareció denunciando la desaparición forzada de Santiago Maldonado (una interpretación de los hechos que valdría la calificación de “fake news”, muy utilizada en el informe). Obviamente, los críticos estaban identificados positivamente con el gobierno, algo muy esperable. Un par de esos críticos hicieron circular la información que Belski trabajaba para la procuradora Gils Carbó. Esa información (que en el informe se aclara que es falsa) fue retuiteada por el diputado de Cambiemos Fernando Iglesias. El informe reconoce que “no logró generar una conversación orgánica significativa” lo cual en lenguaje fsoc significa que nadie le prestó atención. El retuit de Iglesias, según el informe, no fue tomado por nadie. Y eso fue todo lo que pasó. Después se muestra a una cuenta, @antipopulista33, arrobando infructuosamente a “influencers” de manera casi maniática. Nada que no se haya visto un millón de veces en Twitter y que no signifique nada relevante. Ese fue el calvario de Mariela Belski en la red social: fue criticada por decir que se trató de una desaparición forzada (tenían razón los tuiteros críticos) y un intento por asociarla con Gils Carbó fracasó rotundamente. De hecho, si no fuera por este informe, probablemente nadie estaría recordando el nombre de Mariela Belski. ¡Y este fue elegido como “caso testigo”!

Si la metodología del trabajo deja mucho que desear hay que decir que la idea que lo inspira es muy infeliz y particularmente desgraciada proveniendo de una ONG que se supone tiene como cometido luchas por los derechos humanos y garantizar las libertades individuales. Las redes sociales generan un espacio nuevo al que nos estamos acostumbrando y al que día a día le vamos aprendiendo y al mismo tiempo cambiando las reglas. Desde ya que hay peligros: desde los robos a la privacidad de los datos, como en el caso de Facebook hasta los hackeos provenientes de Rusia: las redes son un reservorio de información fenomenal y los peligros de que caigan en manos interesadas no son menores. Sin embargo, el informe de Amnistía Argentina no alude a esos riesgos y en la práctica solo trata de resguardar los egos de algunos periodistas poco acostumbrados a la crítica y a la interpelación horizontal. Una perspectiva realmente liberal debería ser abrazada por periodistas en su conjunto y defender la libertad de expresión de manera irrestricta. Ya sabemos que la defensa de esa libertad no solo implica la de expresar conceptos que nos agraden sino especialmente de aquellos que nos repelen y con los cuales estamos en desacuerdo. Cualquier intento de regulación estatal de contenidos en la red es infinitamente más riesgoso que una “cibertropa” inventada.