El “Plan AMBA” contempla la creación de un “súper fuero federal” con la fusión de los 12 juzgados federales de Comodoro Py con los 11 del fuero penal económico (también considerado federal) para unificar funciones y distribuir la competencia penal tributaria. El resultado serán 23 juzgados de instrucción, cuatro salas de la Cámara de Apelaciones, llevando a los Tribunales Orales Federales de 8 a 12. Pero el ingrediente adicional es que también “ampliaría” la jurisdicción hacia todos los juzgados federales del conurbano bonaerense al norte y al sur, llegando hasta La Plata y sumando a los distritos de Lomas de Zamora, San Isidro, Morón y San Martín. Cada uno con sus cámaras de apelaciones y sus tribunales orales, lo que descentralizaría la acción de Retiro y dividiría la competencia según qué juzgado de todo ese universo resulte sorteado para intervenir.

Para que esta opción sea viable, debería constituirse la facultad de juzgamiento de funcionarios públicos (algo que los del conurbano solo tienen restringido ahora a la corroboración de un delito cometido dentro de los límites de su jurisdicción) y además dotarlos de la capacidad de investigar contrabando, una presea que muchos ambicionan con arrancar de las manos del penal económico. Dos juzgados en San Isidro, tres en San Martín, dos en Lomas y dos en Quilmes podrían sumarse a los platenses y agregarse a los 23 sobre los que podrían recaer sorteos, evitando el efecto “bolilla caliente”.

De esta forma, Comodoro Py, Inmigrantes y todas las cabeceras de distrito del conurbano, hasta el poderoso fuero federal de La Plata, quedarían concentrados a cargo de las funciones completas que hoy tienen sólo los 12 de Retiro. Para este modelo de reforma solo sería necesario atribuirle por ley la competencia en la materia y la ampliación territorial a los jueces que hoy tienen varias tareas sobre sí, pero solo en la faceta penal. Este plan cumple la función de diluir el poder de Comodoro Py y a la vez no volverse “inmanejable” como definieron los interlocutores judiciales que le acercaron la iniciativa al Poder Ejecutivo, semanas atrás. Se alteraría todo el ecosistema con mínimos cambios normativos.

Pero parte de esta idea colisiona con el proyecto histórico del actual secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien siempre abogó por la idea de integrar a la justicia criminal y correccional porteña -que cuenta con 63 juzgados y múltiples vacantes- con Comodoro Py. Teniendo en cuenta la aceleración de implementación del Código Procesal Penal como requisito indispensable para activar una reforma que ponga de relieve al sistema acusatorio, según diagnóstico unívoco, el número a mirar es el de las fiscalías. De los 63 fiscales de instrucción, 7 de menores y tres generales, hoy hay 44 que están ocupadas por sus titulares. El resto está vacante. Según el texto original del Código y su anexo, harían falta 1.500 cargos para que se pueda implementar el sistema en el que los fiscales realizan la investigación y los jueces garantizan la legalidad del proceso. En esta parte de la Justicia, existen -contabilizando las vacantes- alrededor de 1.200 cargos, con personal que ya está entrenado en la aplicación del acusatorio. Beliz se topó con la resistencia infranqueable de la Secretaría de Inteligencia en el primer kirchnerismo. Esa reforma nunca vio la luz pero siempre quedó en los papeles, incluso en los de los radicales que veían con buenos ojos al comienzo de Cambiemos presionar para que se materialice.

Otro indicio hay que leerlo en la puja por la coparticipación: Fernández aspira a recortarle a Horacio Rodríguez Larreta parte de los puntos adicionales que el macrismo le dio a cambio de traspasarle las comisarías de la Policía Federal. Sería inviable que además de esa poda le revoleen al Jefe de Gobierno la justicia nacional con el mantenimiento a su cargo. Las provincias ya discuten por qué deben sostener al actual híbrido de la justicia “ordinaria” pese a que su jurisdicción se restringe al perímetro de la General Paz. Muchos ven “la gran Beliz” como la única garantía de romper la lógica que había intoxicado la relación de la justicia federal con los servicios de inteligencia.

Sin embargo, esa cuestión mantiene en alerta a un sector de Comodoro Py. Durante el fin de semana trascendió que el fiscal de instrucción José María Campagnoli, acérrimo enemigo del kirchnerismo, merced a su relación histórica con Beliz, era un asesor dilecto para la redacción de la reforma que es secreta hasta para los funcionarios del Ministerio de Justicia. Desde Retiro, el Instituto Patria y algunos juzgados y fiscalías no pararon de sonar los teléfonos para confirmar el rumor, que algunos leían intencionado para intentar socavar las chances de que se concrete. Si bien es cierto que uno de los hijos de Beliz trabaja en su fiscalía y que la relación no solo es impecable y de permanente comunicación, también lo es que el fiscal estaba durante la feria de vacaciones. El rumor partió de un ala de Comodoro Py y representa el primer pataleo subterráneo ante lo que supone el rearme de los “centauros”, lo que irrita a más de un federal que los ha considerado enemigos. Funcionarios más ligados a Cristina de Kirchner ponían los ojos en blanco y rogaban que la noticia no fuese cierta. Tampoco lo podían confirmar.