El Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales generales Fernando Rivarola y Fernanda Révori, salió rápidamente al cruce de las versiones que circularon en las redes sociales desestimando que las “fichas” de vecinos hayan sido elaboradas y requeridas por el MPF; sino que fue aportado espontáneamente por una persona que integra un organismo nacional con autonomía en todo el país. Los fiscales, aseguraron que no pueden dar identificar a este sujeto porque tiene “protección legal especial para la reserva de su identidad”.



Asimismo, manifestaron su enérgico repudio al contenido y a la descripción de cada uno de los vecinos que este documento detalla señalando que viola “sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”.



Esto se conoció en la audiencia del viernes en el marco de las investigaciones que se están realizando en torno a la ocupación de comunidades originaria y en la que la compañía “Tierras del Sud Argentino” del grupo Benetton, y que se constituyó como querellante. El defensor público Fernando Radziwilowski, planteó su preocupación por la existencia de fichas que forman parte del expediente en las cuales se identifica por actividad y pertenencia social, política e ideológica a un grupo de militantes sociales y periodistas de Esquel.



“No advertimos que todas las personas de la lista que es parcial, estén vinculadas con el No a la Mina pero sí hay un número importante”, dijo Rivarola y agregó que “lo que hemos podido ver que en el listado hay vecinos que integran algún movimiento social, también existen en la nómina periodistas, detectamos un funcionario del MPF, hay personas amigas mías, profesionales y hasta incluso el médico personal de mi hijo”, señaló y agregó: “es todo una sorpresa para nosotros”.



Violación de derechos



Rivarola señaló que una vez conocido el documento cuestionado se logró certificar el origen del mismo. “A la luz de los derechos constitucionales se presenta como velatorio, de los más sagrados derechos constitucionales como son la libertad de opinión, la libertad de trabajo y libertades básicas que tenemos los ciudadanos”, expresó.



“El MPF iniciará acciones legales correspondientes para colaborar con los vecinos afectados y desde ya anunciamos que estamos a disposición de las autoridades que resulten autorizadas para poder brindar toda la información que tenemos sobre el contenido y el origen del documento”, dijo.



Organismo nacional



“Confirmamos fehacientemente que no es un documento elaborado y requerido por el MPF”, dijo Rivarola y agregó que es información que aportó “espontáneamente una persona”.



“No podemos brindar desde el MPF los datos concretos de esta persona que en su momento fue atendida por dos fiscales el pasado 28 de mayo de este año y aportó la información en formato digital y se volcó en una computadora”, señaló y aclaró que el Ministerio está impedido por Ley Nacional Nº25.520, con la reforma de la Ley Nº 27.126 que es la ley de inteligencia nacional.



“La persona es integrante de un organismo nacional tiene una protección legal especial para la reserva de su identidad y también del contenido de la información que ha suministrado”, comunicó Rivarola. En este sentido, informó también que mañana iniciarán todas las acciones necesarias para lograr la habilitación legal para poder informar los datos de la persona en cuestión.



Indicó que el documento también contenía información de distinto orden como notas periodísticas, fotografías de otros casos e informes de antecedentes de otras personas vinculadas al proceso que podrían tener relación con la investigación de los casos que están ocurriendo en Leleque.



“Advertimos que este documento no tiene absolutamente nada que ver con los hechos investigados”, indicó Rivarola y manifestó que esta información iba a ser procesada pero que no dieron los tiempos para ello. “Esta persona que integra un organismo nacional que tiene autonomía funcional en todo el país, que quiso aportar información que pudiera ser de interés para la investigación”, dijo.



“Entiendo que debe haber algún tipo de sanción para con estas personas por lo menos desde la faz administrativa porque estamos hablando de un agente, funcionario o empleado de un organismo nacional”.



“El contenido de la información es repudiable”, dijo y aseguró que lo que no es normal y tampoco admisible el “seguimiento de vecinos” relevando datos de su vida privada y profesional e ideológica.



Habeas Data



“Este es el remedio constitucional más claro que es el recurso de habeas data y está previsto por el art. 43 de la constitución nacional y entendemos que los vecinos que lo interpongan deben hacerlo ante los Juzgados Federales”, añadió.



El habeas data tiene a proteger la inserción de datos personales en registros. “Las personas que aparecen en el listado tienen derecho a que los datos sean extinguidos de cualquier tipo de registro”, dijo Rivarola y aseveró que se colaborará para que esto se logre. “Independientemente del modo de cómo esto tomó publicidad, y lo lamentable de tener que dar explicaciones nos quedamos con lo positivo que es que estas personas tiene la posibilidad de ejercer sus derechos”.