Sin oportunidad del INE para confrontar la modificación realizada por le Gobernador de Baja California, aún existen seis acciones de inconstitucionalidad más que fueron admitidas a trámite las cuales fueron promovidas por partidos políticos nacionales y locales, más una controversia, interpuesta por el Gobierno saliente de Baja California.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la “Ley Bonilla”.

Fernando Franco González Salas, Ministro encargado de analizar el tema declaró que “se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 124/2019, promovida por quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad”.

Sin oportunidad del INE para confrontar la modificación realizada por le Gobernador de Baja California, aún existen seis acciones de inconstitucionalidad más que fueron admitidas a trámite las cuales fueron promovidas por partidos políticos nacionales y locales, más una controversia, interpuesta por el Gobierno saliente de Baja California.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto durante el 31 de octubre pretendía que la SCJN declarará como inconstitucional el Decreto aprobado por el Congreso de Baja California durante el 11 de septiembre, el cual permite la modificación del tiempo del mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El pasado 1 de noviembre, Jaime Bonilla Valdez rindió protesta como Gobernador constitucional de Baja California ante el pleno del Congreso. Con ello, se rompió el periodo de 30 años de gobernadores emanados del Partido Acción Nacional.

A la sesión acudieron como invitados especiales la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Ortiz Morales.