Durante casi tres meses, alguien en el Poder Ejecutivo ha traído asoleados a empresarios que tienen inversiones por más de 5 mil 200 millones de dólares para generación de electricidad a través de paneles solares.

Desde enero, la Comisión Reguladora de Energía aprobó un acuerdo para dar certidumbre a empresas pertenecientes a la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), que iniciaron proyectos de inversión antes del cambio en la ley ocurrido en 2014.

Según resolvió el órgano de gobierno de la CRE, aquellas empresas de energía solar que llevaran más de 30 por ciento de desarrollo en su inversión podrían tener la certeza jurídica de que se les mantendrían las condiciones pactadas antes de 2014, fecha en que entró en vigor la nueva Ley de Industria Eléctrica.

El pleno de la CRE dio luz verde el 29 de enero pasado a esa condición del 30 por ciento, que permitirá que empresas no vean cancelados sus proyectos si al 1 de enero de 2020 no han iniciado operaciones sus plantas. Se calcula que en esas condiciones están inversiones por mil millones de dólares. La noticia debió ser agua de mayo para esa industria, pero hubo un pequeño pero. Las semanas transcurrían y nomás no se veía para cuándo la Secretaría de Gobernación publicara el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ayer, finalmente, Segob publicó un acuerdo de la CRE. Ahora sólo faltan de publicar otros ocho. Entre ellos uno de almacenamiento de energía, que igualmente impacta a Asolmex.

El maltrato a la CRE vive un nuevo capítulo. Puede ser que en estos momentos (afortunadamente) no veamos al titular del Ejecutivo emprenderla desde Palacio Nacional en contra del presidente de la CRE, pero este episodio de congelamiento también socava la operación de la Comisión Reguladora de Energía.

Al día de ayer estaban pendientes de publicarse en el DOF acuerdos de la CRE como los siguientes:

El A-065-2018, mediante el cual se establecen zonas de exclusión temporal para el suministro de diésel ultra bajo azufre, de conformidad con el artículo quinto transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos. La relevancia de este acuerdo, según fuentes consultadas, es que “se flexibilizan obligaciones establecidas en la NOM-016 para que Pemex pueda dar cumplimiento, incluso podría haber desabasto de diésel si Pemex no suministra por cumplir con lo que hoy establece la NOM-016”.

El A-005-2019 que establece los productos y servicios que pueden ofrecer los integrantes de la industria eléctrica que desarrollen actividades de almacenamiento de energía, cosa que brindará certeza jurídica para inversiones en proyectos de ese rubro, el almacenamiento.

El A-009-2019 que delimita el alcance y determina eximir el cumplimiento de diversos preceptos de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. Esto tiene relevancia pues otorga certeza a los particulares de obligaciones que vencieron en febrero.

Y el A-011-2019, que corresponde ni más ni menos que a modificaciones al reglamento interno de la CRE, que tiene que ajustar estructura luego del recorte del 28 por ciento que vivió con el arribo del nuevo gobierno.

Así que si ustedes creen que porque ya hay cuatro nuevos consejeros en la CRE –afines a ya saben quién– se acabaron los problemas de ese organismo autónomo, no se equivoquen. Hoy por hoy esa institución padece un veto de bolsillo a sus resoluciones.