Joaquín Urías.

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Esta entrevista forma parte del dossier de #LaMarea75, ‘¿Hasta dónde van a poder?’, en el que abordamos los límites del nuevo Gobierno. Consíguela en nuestro kiosco o suscríbete.

Joaquín Urías es profesor de Derecho y exletrado del Constitucional.

¿Con qué ‘límites’ se encontrará el nuevo Gobierno en el ámbito de la justicia?

El nuevo Gobierno corre el riesgo de encontrarse con que los tribunales más altos, básicamente el Supremo, se conviertan en la auténtica oposición que bloquee muchas de sus iniciativas. No se trata solo de la conocida tendencia conservadora de los jueces de estos órganos sino de que muchos de ellos tienen auténtica fidelidad al PP, a quien deben sus carreras y una profunda fobia a Podemos. Siempre que toma posesión un gobierno progresista, la derecha tiene la tendencia a atrincherarse en el poder judicial. En este sentido, creo que Sánchez ha sido muy listo. La nueva fiscal general del Estado puede contribuir a frenar el activismo judicial, nombrando a fiscales jefe menos radicalmente conservadores y promoviendo informes en los que se pidan a los tribunales posicionamientos más racionales. Por otro lado, el nuevo ministro de Justicia es un buen arma para frenar la ofensiva judicial: conoce perfectamente ese mundo y a muchos de los jueces en los puestos más altos y tiene capacidad de negociación para intentar mantener al Tribunal Supremo en su sitio. Así, si todas las decisiones políticas trascendentes del Gobierno son impugnadas por PP y Vox puede que sean paralizadas por los jueces.

¿Cuál es la gran reforma pendiente?

El modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para la judicatura es la prioridad. Sin embargo, sería un error que en las circunstancias actuales el Gobierno accediera a que sean los propios jueces -y en especial las asociaciones profesionales de jueces, muy derechizadas- las que elijan a la mayoría de miembros. La prioridad ahí sería quitarle al Consejo la facultad de nombrar a los jueces del Supremo. Si se logra reformar el sistema de acceso al Supremo y se reducen las potestades judiciales del CGPJ, después será menos problemático regalarles el Consejo a las asociaciones ultramontanas. De lo contrario, se puede convertir en una trampa para el Gobierno.

¿Y el Constitucional?

Sí, antes que eso, el acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional es la llave maestra de la legislatura. Elegir con cuidado los nuevos magistrados e implantar una mayoría progresista es imprescindible si el Gobierno quiere hacer cualquier reforma. Y antes que eso, la reforma del sistema de acceso a la judicatura, incluida en el acuerdo de Gobierno, sería una buena forma de empezar a meterle mano a los problemas de la justicia, partiendo de que la falta de medios no es abordable a corto plazo. Ahí el Gobierno debe asegurar que el sistema seguirá siendo transparente y objetivo, pero introduciendo modulaciones en el tipo de estudio, que no sea solo memorístico, y en el tipo de habilidades que se exigen para ser juez. Además, habría que modificar la escuela judicial. Una reforma así tendría calado como para conseguir un impacto perdurable en nuestra judicatura.

¿Hasta dónde se llegará finalmente en el conflicto catalán?

Respecto a Cataluña, la gran baza de este Gobierno puede ser pacificar la situación y empezar a abrir una solución al problema. Ahí, a corto plazo, creo que la estrategia es buena: acercarse a los independentistas más dialogantes y empezar a explorar con ellos el acercamiento. El problema es que esa estrategia llevará, y está llevando ya, necesariamente a la división del independentismo. Si quiere tener éxito, el Gobierno debe reforzar a ERC. Por ejemplo, debe ofrecerle éxitos que puedan presentar en las elecciones catalanas y permitir que triunfen en ellas. Con un gobierno catalán de ERC puede empezar a vislumbrarse una hoja de ruta. A partir de ahí, la única solución realista pasa por la reforma del sistema autonómico.

¿De qué forma?

Revirtiendo legislativamente la jurisprudencia restrictiva del Tribunal Constitucional y, para ello, hay que elegir magistrados con sensibilidad autonómica, cosa que la izquierda no ha hecho hasta ahora. Aumentar las competencias y mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas tendría un impacto muy positivo en Cataluña. Recuperar autogobierno real es la única manera de rebajar el apoyo social al independentismo. La situación parece buena. Los presos empezarán a salir pronto. El único obstáculo son los jueces ultramontanos: decisiones como la inhabilitación de Torra, o incluso la de Torrent a medio plazo, van a seguir surgiendo tanto para torpedear el diálogo como para reforzar las posiciones más españolistas en todo el espectro político.