Contenidos en Internet geobloqueados para México, fuga de aplicaciones de servicios que busquen mercados menos rígidos, censura de contenidos digitales, espionaje de los usuarios en la Red… Estos son algunos de los riesgos que organizaciones de la sociedad civil advierten que puede traer consigo la iniciativa de la Secretaría de Hacienda de poner impuestos a aplicaciones como Uber, Netflix, o Amazon Prime.

El pasado 9 de septiembre, durante la presentación del Proyecto de Egresos del próximo año, la Secretaría de Hacienda pidió a los diputados que a partir de abril de 2020 se aplique el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a plataformas digitales que están radicadas en el extranjero pero ofrecen sus productos y servicios en México.

La idea, planteó Hacienda en su iniciativa, es actualizar el marco fiscal para que los proveedores de servicios digitales en el extranjero paguen ese impuesto y así aumentar la recaudación para las arcas públicas y favorecer una competencia más justa con los proveedores digitales mexicanos que sí trasladan el costo del IVA de sus productos y servicios a los consumidores nacionales.

“No hay terrorismo fiscal, no estamos inventando nada nuevo”, enfatizó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien precisó que no se trata de un nuevo impuesto, sino de cambiar la deficiente forma en que por años se ha recaudado en México.

Para garantizar el cobro del gravamen, la iniciativa de Hacienda advierte que podrá tomar varias medidas, entre ellas una drástica: la “suspensión de la conexión” de las aplicaciones digitales, servicios, y contenidos en línea que no cumplan con las obligaciones fiscales que exige México.

La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), señalaron que si bien es positivo que el gobierno federal busque medidas para lograr una mayor recaudación fiscal para beneficio del país, algunas de las propuestas de Hacienda son “ambiguas”, “inconstitucionales” y representan “riesgos” para la libertad de expresión y los derechos humanos.

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“Contenido geobloqueado”

Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, planteó en entrevista que identifican cinco grandes riesgos.

Uno, que la iniciativa de Hacienda no precisa con exactitud cuáles son los supuestos y categorías de servicios digitales que tendrán que pagar impuestos y cumplir con otras obligaciones, como inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el SAT, tener un representante legal en suelo mexicano, pagar el IVA, y emitir comprobantes de pago vía electrónica a los clientes.

Esto podría provocar que múltiples empresas digitales extranjeras, especialmente las pequeñas y medianas que, a diferencia de los ‘gigantes tecnológicos’ como Facebook, Amazon o Netflix, no consideran a México como un mercado prioritario, decidan restringir geográficamente sus contenidos y servicios en el país para no tener problemas con el fisco mexicano.

“A estas pequeñas y medianas empresas digitales les puede ser más costoso el cumplimiento de las obligaciones fiscales que dejar de ofrecer sus servicios en México. Y esto no beneficia ni al fisco, ni a los usuarios mexicanos que no podrán acceder a esos servicios y contenidos, por lo que se limitaría la pluralidad y la libertad de Internet”, planteó García.

Sobre este punto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció el pasado 9 de septiembre que en el caso de las grandes plataformas digitales como Google, Netflix, o Twitter, será “muy complicado” aplicarles el cobro de impuestos, pues existe una controversia a nivel internacional sobre dónde están causando el impuesto y cómo se tiene que pagar.

Riesgo de censura

El segundo punto es que la iniciativa de Hacienda contempla que cuando las empresas digitales no cumplan con las obligaciones fiscales se les desconectará literalmente de la red mexicana hasta que se pongan al día.

La R3D consideró que esta propuesta es “inconstitucional” y “censura” el derecho de los mexicanos de buscar, recibir y compartir contenidos e información en Internet sin ninguna restricción ilegítima. Además, Luis Fernando García dijo que sería una medida “poco práctica” desde un punto de vista técnico, ya que existen múltiples aplicaciones en la Red que permiten a los usuarios “burlar” las restricciones de contenidos cambiando la ubicación de su dirección IP.

“Ese es uno de los mayores riesgos que plantea la iniciativa de Hacienda”, recalcó por su parte Martha Tudón, coordinadora de derechos digitales de Artículo 19.

“Desconectar plataformas digitales pone en riesgo la naturaleza de internet libre y es desproporcionada, porque afectaría el derecho a la libertad de expresión y de acceder a los contenidos”, apuntó.

Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Internet, de la que forman parte Google, Amazon, Airbnb, Facebook, o Mercado Libre, también mostró su “extrema preocupación” por esta posiblidad.

“Que las autoridades tributarias amenacen con la posiblidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México (…) atenta contra la naturaleza abierta de Internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información, protegidos por la Constitución mexicana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso la Asociación, que “urgió” a la autoridad mexicana a revisar “la proporcionalidad” de la sanción, para definir un esquema tributario eficiente y eficaz.

Además, la Asociación Latinoamericana de Internet lamentó que el plazo fijado por Hacienda de abril de 2020 para que entren en vigor múltiples requisitos y normativas es muy corto, lo que “inhibirá la capacidad de las empresas de atenderlos, especialmente las pymes, que no cuentan con áreas legales o despachos contables, por lo que serían común que éstas las incumplieran debiendo enfrentar sanciones desproporcionadas”.

¿Quién se queda con los datos de los usuarios?

Otro riesgo: para que sea posible cobrar el IVA, la propuesta de Hacienda es que las empresas extranjeras deben demostrar que el consumidor de sus productos y servicios se encuentra en México, según su domicilio, información bancaria, o dirección IP de los dispositivos electrónicos.

Luis Fernando García expuso que la iniciativa, tal y como está redactada en la Gaceta Oficial, no aclara si las empresas digitales tendrán que recolectar esa información de los usuarios y además entregársela al gobierno mexicano, por lo que podría abrirse la puerta a “potenciales violaciones a la privacidad”.

“La iniciativa es muy ambigua en este punto. No queda claro si las plataformas digitales van a tener que compartir esa cantidad de datos de los usuarios con el Estado mexicano, lo cual abre la puerta a posibles injerencias ilegales de la privacidad de los ciudadanos”, apuntó al respecto Martha Tudón, de Artículo 19.

Otro riesgo, subrayó la R3D, es que la iniciativa de Hacienda privilegia el cobro de impuestos no sobre los ‘gigantes’ tecnológicos, sino sobre los eslabones más débiles de la economía digital: los usuarios, que serán quienes finalmente absorban el aumento en los costos de las aplicaciones y de los servicios digitales.

Además, también afectaría a los conductores de aplicaciones de transporte privado como Uber, que tendrá que hacer retenciones a los choferes para garantizar el pago de impuestos.

En cambio, dijo Luis Fernando García, la iniciativa no plantea impuestos por la venta de publicidad y de otras ganancias derivadas de la explotación de datos personales, que son dos de las vías con las que los gigantes de la tecnología obtienen recursos millonarios.

“Nos parece demagógico que se planteé que esta iniciativa es para que paguen más los que más dinero tienen. Lo que vemos que se está planteando es que se quiere trasladar el impuesto a los usuarios finales, mientras que los impuestos a las grandes compañías por sus ganancias generadas en México son muy bajos, o se quedan en un limbo”, insistió García.

Ante estos riesgos, tanto Artículo 19 como la R3D plantearon la necesidad de entablar un diálogo con el Gobierno mexicano, en el que se incluya a las organizaciones de la sociedad civil, “con la intención de fortalecer y modificar el diseño de mecanismos de recaudación relacionados con la economía digital, para que éstos sean efectivos, proporcionales, sin transgredir la Constitición ni producir impactos negativos en el ejercicio de los derechos humanos”.