La Junta de Andalucía destinará 100.000 euros para el apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística, como Catalunya o Valencia. Este es uno de los puntos del acuerdo suscrito entre Vox y el Gobierno andaluz de PP y Cs para desbloquear los presupuestos, y que más que impacto económico tiene un trasfondo ideológico al asumir varias de las teorías de la formación ultra, como la enseñanza en catalán, una de las lenguas oficiales del Estado, en detrimento del castellano.

La formación de Santiago Abascal ya dejó entrever sus posicionamientos al reclamar ayudas de la administración andaluza para que las comunidades emigradas no perdieran sus raíces culturales, como la Feria de Abril de Barcelona. Ahora, dan un paso más allá con el objetivo, explican desde el partido, de colaborar a que “los estudiantes andaluces que quieran estudiar en castellano en cualquier parte de España puedan”. Para ello, el texto del pacto recoge que se modificarán las bases reguladoras de las subvenciones a las comunidades andaluzas destinadas a actividades de promoción cultural, “con el objetivo de que permitan específicamente la financiación mediante las mismas de programas y actividades que permitan sentar las bases necesarias para paliar los problemas que originan en los descendientes de los miembros de estas comunidades los procesos de inmersión lingüística, y que pudieran incidir en un abandono paulatino de sus raíces culturales y lingüísticas”.

En la práctica, esto se traduce en que esas asociaciones podrán dar clases de refuerzo o ahondar en el estudio del castellano, aunque habrá que esperar a ver cómo concretan esas entidades culturales sus proyectos para recibir los fondos públicos. Asimismo, el acuerdo especifica que esa partida podrá incrementarse con otros importes “derivados de determinadas líneas de dicha normativa que no se encuentren óptimas en términos de eficacia y eficiencia”.

El acuerdo fue suscrito este jueves con la solemnidad que reclamaba Vox, harto de sentirse ninguneado por uno de los socios del ejecutivo, Cs. Así, junto a los diputados de Vox se han sentado en la mesa el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), el de Economía, Rogelio Velasco, independiente pero nombrado por Cs. Los dos han dicho sentirse cómodos con el pacto “porque contribuye a la estabilidad política y por tanto a la económica”, subrayó Velasco, rechazando cualquier sesgo ideológico en las cuentas tras las modificaciones con la formación ultra. "Lo que los andaluces quieren es que pongamos medidas para crear trabajo, y este acuerdo lo que recoge son propuestas de trabajo y mejora de los presupuestos", justificó Bravo.

Teléfono para "violencia intrafamiliar"

Según han explicado, el impacto económico de las peticiones de Vox para desbloquear el primer presupuesto del Gobierno andaluz será de de 2,1 millones de euros y 18,5 millones en las cuentas de 2020. Una cifra no muy elevada si se tiene en cuenta que a cambio el Ejecutivo logra la estabilidad para la legislatura, dado que el acuerdo nace con “vocación de continuidad”. Pero los detalles son significativos desde el punto de vista simbólico, dado que Vox logra introducir su tesis en temas como la inmigración. Así, en este 2019 se destinan 600.000 euros para mejorar las infraestructuras judiciales, curiosamente la misma cantidad que se detrae de la partida destinada a actividades relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes. Igualmente llamativo resulta la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar, el término que usa la formación ultra para negar la violencia machista.

“Tenemos la obligación y responsabilidad de seguir defendiendo a cualquier persona que sufre violencia”, apuntó el consejero de Hacienda, subrayando que este servicio viene a “ampliar” los ya existentes para las mujeres víctimas de violencia machista. “La violencia no tiene género”, insistió sin embargo el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, que planteó este servicio como destinado por ejemplo a “los hijos de una madre alcohólica o a la madre que sea extorsionada por sus hijos drogadictos”. “Es una forma de explorar nuevos caminos en un asunto que hasta la fecha no da los resultados que se han perseguido”, mantuvo Hernández.

El grueso de los poco más de 20 millones arrancados por Vox se destinarán, no obstante, a la reorganización del sector instrumental, el punto donde más ha apretado las tuercas la formación para poner coto a lo que denominan “chiringuitos ideológicos” junto con el control de las subvenciones.