La macrocausa por el escándalo de los EREs en Andalucía la inició la juez Ayala en 2011, que fue apartada de la instrucción del caso, y ahora resulta que el fiscal anticorrupción, el cuestionado Manuel Moix, anuncia que será complicado que el juicio se inicie antes de 2017: ¿Qué habrá detrás de esa decisión? ¿Tendrá algo que ver con la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PP? ¿O quizás con el acuerdo de apoyo al gobierno del PP?

En las últimas semanas se barruntaba en los mentideros políticos, judiciales y periodísticos andaluces lo que se ha acabado confirmando: el juicio de la llamada pieza política de los EREs no arrancará este año como estaba previsto, sino casi con toda probabilidad el que viene. Con lo que suma un retraso más a los ya indecibles de una macrocausa que inició la juez Mercedes Alaya allá por enero de 2011.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, se reunió este miércoles con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y con los cuatro fiscales delegados que se encargan de los EREs y tras ese encuentro comunicó a la prensa la noticia. Según él será «complicado» que el juicio se inicie en este 2017.

La enésima demora ha sido recibida con alivio por parte de los socialistas andaluces, puesto que si finalmente Susana Díaz gana las primarias no le vendría nada bien que durante sus primeros meses de liderazgo en el PSOE inundaran las televisiones las imágenes de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo de los acusados.

Sin embargo, para el PP de Juanma Moreno supone un mazazo. El retraso viene motivado en parte por la recusación que precisamente los populares presentaron contra uno de los magistrados que componen la Sección Primera de la Audiencia, a la que por sorteo (para evitar suspicacias) le ha tocado juzgar este caso. Menuda carambola.

Se trata de Pedro Izquierdo, que fue alto cargo de la Consejería de Justicia de la Junta con Chaves, Griñán y hasta con Díaz: entre 2008 y julio de 2014 ocupó la Secretaría General de Justicia.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación; mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Junto con ellos serán juzgados también el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez -que fue ministra de Zapatero-, José Antonio Viera, Antonio Fernández,Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

Nota: este jueves la Audiencia de Sevilla ha anunciado que acepta la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, así que ahora deberá designar un nuevo ponente.