Personas familiarizadas con los métodos del escuadrón FAES dicen que esa fuerza se basa en una red nacional de informantes del vecindario, a menudo leales al partido gobernante, para seleccionar objetivos y planificar operaciones.

Con frecuencia persigue a hombres pobres y jóvenes con antecedentes penales menores -posesión de marihuana y el robo son dos antecedentes mencionados en esta historia- o pequeños alborotadores que molestan a líderes locales.

Posteriormente, el grupo FAES emite declaraciones que afirman haber eliminado a personas “antisociales” o “altamente peligrosas”.

“La misma comunidad sabe quién es el que roba, sabe quién es el que vende droga, sabe quién es el que extorsiona”, dijo María Silva, líder estatal en Lara del Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización militante de izquierda que respalda a Maduro y proporciona inteligencia local a las autoridades. “Y al identificarlos, se neutralizan”.

El gobierno de Venezuela no publica cifras oficiales de muertes a manos del grupo FAES. Los datos internos del gobierno revisados ​​por Reuters muestran que 5.280 personas perdieron la vida ante toda la policía del país después de oponer “resistencia a la autoridad” el año pasado, un aumento del 160% desde 2016, año anterior a la creación del escuadrón.

Otros datos muestran cifras más elevadas. El Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental con sede en Caracas que tiene enlaces con universidades de todo el país, contó 7.523 decesos bajo esas circunstancias el año pasado.

El grupo FAES enfrenta poco escrutinio externo. Decenas de testigos, así como oficiales de policía activos y retirados, dijeron a Reuters que investigadores forenses aliados con el FAES a menudo aprobaron los informes de muertes de la fuerza, sin análisis completos, y respaldaron sus afirmaciones de que los agentes actuaron en defensa propia.

En cada caso revisado por Reuters, miembros de la familia de una víctima dijeron que la única documentación proporcionada por las autoridades fue un certificado de defunción y un breve informe que alegaba que su pariente había muerto por “resistencia a la autoridad”.

"Los documentos no pueden ser tomados al pie de la letra", dijo Nizam Peerwani, forense jefe del condado de Tarrant, Texas, y asesor de Physicians for Human Rights, un grupo con el que ha trabajado en zonas de conflicto como Ruanda, Bosnia, Afganistán e Irak. "Sin reportes de autopsia, informes médicos, rayos X, fotos de heridas internas y otras documentaciones no hay forma de corroborar lo que están diciendo".

Grupos de derechos humanos y familias de los fallecidos han pedido que se investigue a la fuerza especial. Pero hasta ahora solo un puñado de casos judiciales, todos no concluyentes, han investigado las acusaciones contra los oficiales de FAES.

Un detective de homicidios, que no forma parte de FAES pero está implicado en su trabajo, dijo a Reuters que el grupo es en gran medida intocable. Los archivos de casos relacionados con la violencia de la fuerza especial, como las personas sometidas a ella, “están durmiendo el sueño eterno”, afirmó.