El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja intensamente estos días para solucionar su primer conflicto diplomático, que amenaza con derivar en una crisis económica del sector naval que afectaría especialmente a Cádiz y Ferrol al poner en peligro un contrato de 1.880 millones de euros que garantiza 6.000 empleos anuales sólo en el astillero de Navantia-San Fernando hasta el año 2022.

El pasado martes, el Ministerio de Defensa confirmó que había iniciado los trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español y que se devolverán los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y el país saudí en enero de 2015.

Defensa ha tomado esta decisión alegando que esas bombas de precisión se podrían utilizar para bombardear Yemen «contra población civil”, como ocurrió en el ataque contra un autobús con niños en ese país a primeros del pasado mes de agosto. Fuentes conocedoras de la crisis diplomática añaden que el contrato lo cerró de forma irregular y sin ninguna transparencia el ex ministro del PP Pedro Morenés.

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Las autoridades saudíes han entendido esa decisión como una forma de cuestionar su actuación en Yemen por parte del Gobierno de España, que desde el martes ha creado un gabinete de crisis para evitar represalias diplomáticas y económicas. Coordinados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y con especial protagonismo de Josep Borrell, los ministerios de Defensa, Exteriores y Comercio están desplegando una intesa actividad para evitar que Arabia ponga en cuestión sus encargos navales en Cádiz y Ferrol.

En este sentido no se descarta una «reconsideración» de la decisión del Ministerio de Defensa para solucionar el conflicto, que ha generado una gran inquietud especialmente en la Bahía de Cádiz. En el mes de julio, tras años de negociaciones con una importante implicación por parte del Rey Emérito, Juan Carlos I, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, firmó el acuerdo entre ambos gobiernos para que la empresa pública Navantia construyera cinco corbetas para el país asiático.

Desde entonces se abrió un plazo de tres meses para su entrada en vigor, tiempo para dar los pasos estipulados en la firma del precontrato de abril pasado, como la entrega de los avales por parte de los astilleros españoles para demostrar que son capaces de ejecutar un contrato por valor de 1.880 millones de euros, el de mayor calado de la historia de los astilleros en el exterior.

Tras constatar el malestar de las autoridades saudíes por la anulación de la venta de bombas, la preocupación se ha disparado entre las plantillas de Navantia de Galicia y Cádiz, muy castigadas por la reconversión industrial, el paro y la crisis económica. «Ha sido una auténtica irresponsabilidad», ha asegurado este jueves el presidente de la coordinadora de comités de empresa de Navantia, Javier Galán, sobre la decisión del Gobierno de suspender la venta de armas a Arabia «sin nmedir las consecuencias».

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«Es un craso error», ha añadido el presidente del comité de empresa de Navantia-San Fernando, Jesús Peralta, que ha asegurado que un Gobierno progresista «no puede generar más paro en la provincia de Cádiz», antes de anunciar que la plantilla «responderá de manera contundente» si considera que está en peligro lo que el propio Gobierno socialista vendió en julio como «el mayor contrato de la historia de Navantia con un cliente extranjero».

La construcción de las corbetas para Arabia Saudí fue fruto de una intensa negociación durante años del Gobierno de Mariano Rajoy, con ayuda del Rey, y contó con el rechazo inicial de fuerzas como Podemos, que acabó aceptándolo tras la llegada a la Alcaldía de Cádiz de José María González ‘kichi‘. «A mí me duele muchísimo cuando los derechos humanos entran en colisión con otro derecho humano, como es el derecho al futuro y a que suenen los pitos de las ollas en tu casa», dijo ayer el regidor.

Por su parte, el Gobierno dará hoy algunas explicaciones sobre la situación durante la reunión de la Comisión de Defensa en el Congreso. La secretaria de Estado de Comercio comparecerá para presentar el Informe de las estadísticas españolas de exportación de material de Defensa, de 0tro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes al año 2017, y para informar sobre las autorizaciones y exportaciones a países que las han usado o que existe el riesgo de que las usen en el conflicto del Yemen, sobre la revocación o suspensión de las autorizaciones efectuadas y sobre si va a haber algún cambio de la política de exportación de armas a estos países, según el orden del día.