Inevitablemente, el Gobierno tendrá que articular un nuevo préstamo para que la Seguridad Social pueda pagar las pensiones de 2018. La cifra todavía no está cerrada porque ni hay Presupuestos ni se sabe con exactitud a cuánto ascenderán las necesidades del sistema. Pero lo que sí se conoce es que en cada paga extra se producen unas exigencias adicionales de cerca de 8.000 millones de euros, tal y como se apunta desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y, por lo tanto, que la cantidad máxima a la que puede llegar ese préstamo es de 16.000 millones.

El Gobierno, eso sí, espera que el dato sea inferior porque confía en que las cotizaciones sociales sigan creciendo con fuerza y el sistema requiera menos recursos extra. En este sentido, el Ministerio dirigido por Fátima Báñez destaca que en 2017 las necesidades adicionales se han reducido en un 15% respecto a 2016. Además, el Fondo de Reserva, tras la última disposición para abonar la paga extraordinaria del presente mes de diciembre, cuenta con 8.095 millones de euros que, si bien no se emplearán completamente ya que el Ejecutivo quiere evitar ser el responsable de dejar a cero la hucha de las pensiones, sí se podrían emplear parcialmente.

Pero, en todo caso, el préstamo que el Estado realice con cargo a los Presupuestos Generales de 2018 será fundamental para pagar las pensiones. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, apuntó ayer que «los instrumentos para financiar las pensiones vendrán de las cotizaciones sociales y de las aportaciones procedentes de Presupuestos».

Un posible contratiempo en este planteamiento sería la imposibilidad de que el Gobierno saque adelante las cuentas del próximo año. El Ministerio de Hacienda confía en que, una vez que la tensión en Cataluña se haya reducido al menos parcialmente, pueda presentar los PGE de 2018. Pero si finalmente este escenario no es posible, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se vería obligado a prorrogar los Presupuestos de este año y, en consecuencia, el préstamo de 10.192 millones a la Seguridad Social. Esta cifra estaría muy por debajo de las necesidades extraordinarias del sistema, y obligaría al Ejecutivo a agotar casi totalmente el saldo del Fondo de Reserva.

Déficit hasta 2020

Más allá de las necesidades inmediatas para el próximo ejercicio, las palabras de Burgos también demuestran que el sistema seguirá requiriendo préstamos en los años siguientes. De hecho, el Plan Presupuestario enviado a Bruselas contempla que la Seguridad Social seguirá sufriendo un desequilibrio entre gastos e ingresos hasta, al menos, 2020, año en el que el Ejecutivo difícilmente contará con la opción de acudir a la hucha de las pensiones.

Si esta previsión del Gobierno se cumple, la Seguridad Social completará nueve años en una situación deficitaria, ya que hasta 2011 los ahorros de la hucha siguieron creciendo a pesar de que la crisis ya estaba instalada en España. Pero a partir de ese año, el Fondo comenzó a recudir sus fondos a una velocidad vertiginosa hasta pasar de contar con 66.815 millones a poco más de 8.000.

Para tratar de limitar la importancia de esta situación, desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha repetido en numerosas ocasiones que, en términos contables, es lo mismo articular un préstamo a través del Tesoro Público que acudir al Fondo de Reserva porque, en definitiva, ambas opciones suponen elevar la deuda del Estado. Sin embargo, esta situación evidencia que el sistema no es sostenible, que tiene un déficit casi crónico, y que es necesario que el Pacto de Toledo alcance un acuerdo lo antes posible.