Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-

La primera vez que la Policía lo torturó, Gonzalo Encina tenía 15 años. Iba en moto por González Catán y perdió el control cuando los oficiales empezaron a perseguirlo. Se cayó, se lastimó y terminó detenido. En la comisaría los agentes le tiraron sal en las heridas y se las pisaron: “se te va a hacer gangrena”, lo amenazaron. Al año siguiente lo detuvieron otra vez, lo agarraron de los pelos y le dieron una golpiza. A los 17, unos policías de Laferrere lo llevaron al calabozo de la seccional y le pegaron al grito de “vas a ver cómo te va a quedar el culo”. La última vez que se cruzó con la Bonaerense -en septiembre de 2014- lo mataron. Durante la última mitad del año se registraron 485 casos de tortura en la Provincia de Buenos Aires, según el “Informe sobre torturas y tratos inhumanos” de la Defensoría de Casación.

El registro se creó hace 15 años y tiene documentados más de 10 mil abusos de las fuerzas de seguridad. “Nos ocupamos de sistematizar los casos que relevan los defensores durante las entrevistas a los detenidos”, dijo a Cosecha Roja el defensor de casación Mario Coriolano. El 64 por ciento de los torturadores registrados durante el último año pertenecen a la Policía Bonaerense y el 33 por ciento son funcionarios penitenciarios. El 98 por ciento de las víctimas son hombres y más de la mitad pidieron mantener el relato en reserva porque temen las represalias de los agentes de seguridad. Además, el 19 por ciento son menores de 18, casi un tercio tienen menos de 13 y el 60 por ciento apenas terminó la primaria.

Los casos se repiten: a un joven marplatense le pegaron entre seis policías, no le curaron las heridas, le dispararon al lado de la oreja y lo dejaron con la ropa ensangrentada puesta. A uno de Mercedes lo embadurnaron con nafta y lo acecharon con un encendedor. A un adolescente de La Matanza le pegaron piñas y patadas en la cara, le sacaron fotos y lo amenazaron con subirlas a Facebook. En General Pueyrredón detuvieron a un pibe y lo ataron a una silla: durante dos horas, alguien que se hacía pasar por un preso le decía que lo iba a violar.

En el 59 por ciento de los casos, tortura es igual a golpes. El resto son amenazas, agresiones con arma blanca, asfixia, hostigamiento y robo de pertenencias. Algunas víctimas contaron cómo los castigaron con “el submarino”: a un joven los policías le metieron la cabeza adentro de una bolsa de nylon, a otro le tiraron gas pimienta en los ojos, le pegaron en la cara y le metieron la cabeza adentro de un tacho mientras le tiraban agua para ahogarlo.

Algunos de los jóvenes sufrieron la práctica del aislamiento, una costumbre policial y penitenciaria que viola el derecho a la educación, al esparcimiento y al contacto con la familia. ¿Cómo? Los dejan solos en la celda -esos casos se conocen como “engome”- o los llevan a celdas especiales conocidas como “buzones”. Así le pasó a un joven que terminó amenazando con tragarse una hoja de afeitar porque estaba harto de sufrir. Lo habían sancionado con 12 días de encierro: no podía salir al patio ni ir a la escuela ni a los talleres. Estuvo encerrado sin luz para cocinar, con el inodoro tapado, lleno de ratones y sin colchón ni frazada.

En 23 casos los pibes contaron que les robaron o destruyeron las pertenencias. Lo grave -además de lo material- es el daño simbólico. Según el estudio, los objetos “significan el fruto del esfuerzo de sus seres queridos, que desde afuera de los muros se preocupan y destinan los pocos medios económicos que tienen para acercarles elementos que le permitan vivir más dignamente”.

Hacinados, sin atención médica y lejos de la familia

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la familia debe ser protegida. Pero, según el informe, en la gran mayoría de los casos relevados los detenidos están lejos de sus parientes y “pertenecen a los sectores más empobrecidos de la sociedad que apenas pueden cubrir sus necesidades básicas”. No es fácil juntar plata para pagar el transporte, la comida y el hospedaje cuando van a visitar a un hijo, un marido, o un hermano detenido.

Si alguien hace un reclamo, recibe piñas, como el relevado en Morón: el detenido fue agredido cuando reclamó un teléfono para hablar con la familia y cuando pidió atención médica. Un asmático solicitó ayuda y recibió una golpiza y dos inyecciones de corticoides que “casi le provocan un infarto”. La ausencia o deficiencia de salud fue mencionada en el 23 por ciento de los relatos.

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El informe será presentado hoy a las tres de la tarde junto a víctimas, familiares, Amnistía Internacional Argentina, el CELS, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Instituto de Investigación sobre Jóvenes, Violencia, Droga y Narco-Crimen de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de Naciones Unidas y otras organizaciones.

El evento será en la Universidad de La Matanza, en el municipio donde se registraron 44 de los 485 casos. Uno de los pibes contó que los policías de una de las comisarías de la zona, hostigan regularmente, a él y a los amigos. Son los mismos oficiales que recaudan coimas de desarmaderos y de narcos. El joven relató que pasan con el móvil por la puerta de la casa, le muestran armas, les sacan fotos y amenazan con subirlas a Facebook y escracharlos en el barrio. Si los detienen, les pegan patadas y piñas, les tiran agua caliente, les hacen submarino seco y los amenazan de muerte para sacarles información de vecinos del barrio.

Fotos: CELS – Imagen tomada el 26 de mayo de 2014 durante un monitoreo realizado por magistrados del Comité Departamental de Mercedes en las comisarías de Moreno I,V,VI y VII.