El 7 de septiembre de 2017, un rugido que nació en las profundidades del golfo de Tehuantepec, a unos 170 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas, cimbró al sur del país. Eran las 11:48 de la noche cuando llegó la sacudida: un terremoto de 8.2 grados zarandeó la tierra, tumbó casas y dejó en la calle a 800 mil personas, tan solo en Oaxaca.

“Haz de cuenta que estabas parado en gelatina”, cuenta Edelberto Juan Pineda, habitante de la comunidad de Río Pachiñe, una población que forma parte del municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, y que se ubica en la zona del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más golpeadas por los sismos de 2017 y las réplicas que siguieron.

“Nosotros ya estábamos durmiendo. Cuando vino el temblor salté de la hamaca y les grité a todos, salgan, salgan. El único que no despertaba era mi Edel, lo tomé en brazos y quién sabe cómo me fui enredando hasta que nos caímos, como pudimos salimos. Yo pensé que la casa se me venía encima porque estaba muy muy duro el temblor. Cuando terminó, el pasillo de la casa donde dormíamos estaba derrumbado”.

Edelberto Juan no exagera. El sismo partió el suelo en dos y abrió grietas de entre 15 y 20 centímetros de ancho y más de metro y medio de profundidad, que corrieron en paralelo por todo el barrio de Los Juanes en Pachiñé.

Desde entonces, lo que la comunidad vive es la falta de atención y respuesta de las autoridades.

Llevan dos años con la incertidumbre sobre si podrán seguir haciendo vida a la vera del río de los teteretes, esos lagartos capaces de correr sobre el agua que hasta hace algunos años poblaban la zona y que le heredaron el nombre a la localidad —päach en ayuuk, o mixe, significa teterete y ñëë, agua—.

Hasta la fecha se han realizado tres estudios de suelo en la zona, dos financiados por organizaciones de la sociedad civil, como la Casa para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, y uno a cargo de Protección Civil de Oaxaca.

Los tres coinciden en el alto riesgo de seguir habitando el barrio de los Juanes.

Rosalva Pérez, doctora en Geología e investigadora de la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Guerrero, autora del tercer estudio señala en entrevista que “el terreno representa una alta vulnerabilidad para ellos. Considerando que la actividad sísmica difícilmente va a dejar de ocurrir entonces sí, sigue siendo de alto riesgo”.

Pero dos años después, de reubicación no se ha dicho nada. De eso no habla ni el gobierno federal, ni en el gobierno del estado, ni el gobierno municipal. Ningún gobierno.

Por el contrario, tras el sismo, a la región llegaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con una única respuesta a la problemática: reconstruyan. Entonces se entregaron tarjetas bancarias con recursos y se presionó una y otra vez para avanzar con la reconstrucción, incluso con la amenaza de que si no lo hacían, se les quitaría la ayuda.