Dos años atrás comenzó a aflorar en Rosario una ola de violencia criminal vinculada con las bandas de narcotraficantes que se transformó en una marea siempre creciente, caracterizada por ajustes de cuentas, venganzas y feroces luchas para conquistar territorios -o defenderlos- con el fin de vender en más de 300 búnkeres una cocaína barata y adulterada con sustancias de alta toxicidad, aunque también se comercializa cocaína de alta calidad.

El año pasado se supo que parte de la cúpula de la policía santafecina estaba infiltrada por el narcotráfico y, luego de que el gobierno de la provincia comenzó una depuración en la fuerza, el gobernador socialista Antonio Bonfatti y sus familiares fueron atacados en su casa con 14 balazos, atribuidos a policías resentidos con la depuración, que afortunadamente no hirieron a nadie. Hay tres efectivos detenidos por ese hecho.

Al observar la violencia rosarina, coronada por ajusticiamientos de líderes de bandas en pugna, y al reparar en la poca importancia que el gobierno nacional concede a la lucha contra el narcotráfico, es difícil dejar de plantearse si la pujante ciudad de Rosario no constituye una posible foto del futuro que le aguardaría al resto del país si las autoridades nacionales, en coordinación con las provinciales y locales, no encaran de una buena vez por todas una lucha en serio contra la droga y sus mercaderes.

Algunos casos rosarinos parecen sacados de las viejas crónicas de Medellín, cuando el narcotraficante Pablo Escobar comenzaba a crecer. Por ejemplo, el 29 de diciembre del año pasado, Luis Medina cayó asesinado con su novia en la zona sur de Rosario. En los últimos cuatro años, la venta de drogas lo había convertido en un muy poderoso empresario. Por eso, y porque temía que sus colegas lo asesinaran, se estaba retirando del negocio ilícito y se había mudado a un country de Pilar con su novia y evitaba regresar a Rosario. La firma de una escritura lo forzó a regresar a esa ciudad, y allí fue acribillado.

Como informó la nacion, a diferencia de otros personajes del ambiente del narcotráfico, Medina había blanqueado una parte de su actividad y, con su ex esposa, había conformado dos SRL dedicadas al ca tering para fiestas y al préstamo de dinero. Poseía, además, una agencia de automóviles importados. Medina había crecido tras el apresamiento de Roberto Padilla, poseedor de la primera cocina de cocaína desbaratada en Rosario.

Para vender droga sin inconvenientes, Medina habría comprado su impunidad corrompiendo a la policía santafecina, mediante el pago de un millón de pesos por mes. También tendría que efectuar pagos a la importante banda de Los Monos, que actúa en el sur de la ciudad, para gozar de su protección. Es decir, para que no lo mataran.

De los cuatro integrantes originales de la cúpula de Los Monos, dos se encuentran prófugos, uno está preso y el cuarto fue asesinado. Su crimen dio inicio a una serie de venganzas que, en una semana, arrojó cuatro asesinatos. Ex integrantes de Los Monos abandonaron la banda para competir con ella en la venta de droga en el sur rosarino.

El poder del negocio narco es enorme y contamina a los organismos e instituciones que deben combatirlo. Además de pagarle a la policía, los narcotraficantes suelen hacer lo mismo con la Justicia y con el mundo de la política, siempre necesitado de financiamiento. Otras veces, les basta con hacer valer el miedo que inspiran para desactivar persecuciones policiales o judiciales.

En Rosario, los asesinatos de Medina y su novia mostraron dos episodios muy preocupantes. Poco después de ocurridos, tres suboficiales de la División Judiciales de la Policía de Santa Fe pretendieron allanar el domicilio de Medina en el country de Pilar, sin orden judicial, por lo cual el procedimiento ilegal fue impedido por la guardia privada del country. Los tres efectivos se encuentran en situación de disponibilidad.

La noche del crimen, la jueza que se encontraba de turno no sólo no se presentó en el lugar del hecho, sino que ni siquiera atendió las llamadas telefónicas judiciales, como es obligación de los magistrados que se encuentran de turno. El crimen ocurrió el 29 de diciembre. Al día siguiente, la jueza presentó su renuncia. El gobernador Bonfatti consideró que la actitud de la magistrada amerita la conformación de un jury.

Tanto el gobierno nacional como el de Santa Fe deben comprender que no puede haber medias tintas en la lucha contra el narcotráfico, y que, cuando esa lucha se libra con franqueza, al comienzo produce muchas bajas en ambos lados, así como la necesidad de continuas limpiezas dentro de las fuerzas de seguridad y en la propia Justicia.

Forzado por las circunstancias, el gobierno santafecino parece decidido a enfrentar el desafío. El tiempo dirá si lo hace con la convicción necesaria. En cambio, el gobierno nacional parece indiferente ante el crecimiento de este delito federal. Si no se actúa ahora, mañana será demasiado tarde y Rosario podría anticipar lo que le espera al resto del país.