Un magistrado del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad sancionó a la empresa operadora del Subte por incumplir una medida cautelar que obligaba a poner en funcionamiento todos los ascensores y escaleras mecánicas de la red, y dispuso que los pasajeros podrán viajar gratis en todas las estaciones donde se registren desperfectos.

La medida fue adoptada por el juez Roberto Andrés Gallardo, conocido por su oposición a las medidas más polémicas del oficialismo nacional y porteño. Gallardo es el mismo que declaró en primera instancia inaplicable el protocolo de uso de armas de fuego de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en otra ocasión conminó a los funcionarios porteños a no hacer declaraciones sobre los reclamos sindicales de los Metrodelegados. Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y el propio Horacio Rodríguez Larreta lo consideraron "un dolor de cabeza" para la gestión.

Según reportó el sitio especializado Ijudicial, Gallardo dispuso que todo usuario del Subte que observe en alguna estación de la red escaleras mecánicas, ascensores y/o salvaescaleras fuera de funcionamiento, se encontrará exento de abonar la tarifa correspondiente, tras declarar incumplida la medida cautelar resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo que respecta a “regular funcionamiento de los ascensores y escaleras mecánicas”.

La Justicia dictó que los pasajeros podrán viajar gratis debido a los desperfectos para acceder a la red

En caso de verificarse tal situación, Gallardo instruyó a Metrovías a disponer las medidas necesarias para que en la estación no se cobre a los usuarios mientras persista el desperfecto. En el supuesto de que el usuario lo verificare al egreso, podrá acercarse a la boletería que se encuentre en la estación de que se trate y el personal de Metrovías deberá arbitrar los medios necesarios para reintegrar el importe en la tarjeta SUBE.

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El magistrado también informó que en la última inspección oficial, ocurrida el 7 de febrero, se verificaron 51 medios de accesibilidad sin operatividad, habiendo descontado los supuestos ajenos a la responsabilidad de la firma propiedad del holding Grupo Roggio.

“Pareciera que Metrovías S.A. resultaría desinteresada en asegurar un eficaz funcionamiento de los ascensores y de las escaleras mecánicas instaladas en las estaciones de subterráneo”, expresó el juez, quien también ordenó informar públicamente a los usuarios de los viajes gratis.

Roberto Andrés Gallardo, el juez del polémico fallo.

Sentencia "inoportuna"

El fallo del magistrado se conoce en momentos en que Metrovías y otros dos consorcios internacionales son evaluados por una comisión técnica que deberá definir a quién se encarga la operación y mantenimiento del Subte por un plazo de 12 años. Se estima que la evaluación técnica de los oferentes estará resuelta en marzo, y antes de mitad de año se resolverá el nuevo concesionario de acuerdo a su plan de negociso y su oferta económica.

Esta semana se encuentran en Buenos Aires representantes de la compañía alemana de trenes Deutsche Bahn, que aceptó competir junto a Metrovías como asesor técnico especializado. También están aquí representantes del grupo francocanadiense Keolis y de la firma británica Transport for London (TfL), que compiten asociadas a Helport, del Grupo Eurnekian.En octubre de 2018, Gallardo impuso a Metrovías una multa de $ 5 millones a la empresa. A su vez, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad emitió en 2018 más de 140 resoluciones con multas a Metrovías por diferentes desperfectos constatados en la prestación del servicio.

Conocido el fallo, Metrovías indicó que el área de Legales fue notificada de la sentencia por la tarde del martes y contrastaba los relevamientos del tribunal con sus propios informes para luego determinar un descargo y, eventualmente, apelar.

Desde Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal que es -a fin de cuentas- la última responsable de la red, atacaron al juez Gallardo por considerar que elaboró "un fallo arbitrario" y que frustra el plan de accesibilidad en marcha. Desde la firma controlada por el Gobierno porteño dejaron entrever que apelarán la medida.