Llarena peleará en la UE hasta que Puigdemont sea juzgado por rebelión El juez se inclina por retirar la euroorden cursada a Alemania tras laminar el tribunal regional esta herramienta de cooperación

El juez Pablo Llarena no se resigna y se inclina por rechazar la entrega de Carles Puigdemont solo por malversación. Aceptar la decisión de Alemania en tales condiciones -ayer dio el portazo definitivo al delito de rebelión- crearía acusados de primera y segunda división en el juicio por el proceso independentista ilegal, un escenario que desde el primer momento ha intentado evitar la Justicia española.

Con esa intención, el magistrado del Tribunal Supremo baraja retirar en las próximas horas la euroorden dictada contra el expresidente catalán, según han informado a ABC fuentes de la investigación. Llarena se encontraba ayer a la espera de recibir de forma oficial la resolución acordada por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el tribunal de la región alemana donde fue arrestado Puigdemont, que se fugó de España en octubre de 2017.

La decisión de los jueces alemanes de rechazar definitivamente la entrega del expresidente catalán por el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa, en cierto modo era previsible. Hasta en tres ocasiones en los últimos meses este tribunal regional ha sostenido que Puigdemont no cometió el delito de alta traición, el equivalente alemán a la rebelión. No aprecian violencia suficiente en su plan para separar Cataluña de España por las vías ilegales. Es más, estos jueces llegaron a decir que la violencia no fue suficiente como para doblegar a las instituciones y compararon lo sucedido en Cataluña con una protesta ecologista en el aeropuerto de Fráncfort.

La indignación creció ayer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal español, que lamenta que Alemania se extralimite y entre a valorar el fondo de los delitos atribuidos a Puigdemont. Para lo magistrados de la Sala Penal, esta decisión ha roto el espíritu del sistema europeo de euroórdenes, basado en el principio de confianza.

El Alto Tribunal atribuye indicios de rebelión a trece líderes independentistas, a quienes acusa de asumir la violencia como un medio -no deseado, pero aceptable- para alcanzar la secesión de Cataluña por la vía unilateral, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Que luego sean condenados por este delito u otro dependerá de la prueba que se desarrolle en el juicio, el momento de la verdad. Por este crimen está procesado Puigdemont, pero también el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, o los antiguos consejeros Jordi Turull y Raul Römeva, entre otros investigados que sí se encuentran a disposición del juez. Esta misma semana el juez Llarena suspendió de sus funciones a seis de los procesados que son diputados, entre ellos a Puigdemont.

Al retirar la euroorden, lo previsible es que Llarena exprese este malestar ante Alemania, pero también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se plantea cuestionar la decisión alemana. Llarena ya expresó que podría reclamar a este tribunal, con sede en Luxemburgo, para que resuelva si Alemania ha cometido un exceso en su actuación.

Como adelantó ABC, el Supremo asume que se celebrarán varios juicios contra los líderes del «procés», debido a los plazos de entrega de los fugados; pero busca neutralizar los perjuicios que generaría una limitación externa a los delitos sobre la mesa. Se daría la paradoja que el máximo responsable del plan secesionista ilegal, Puigdemont, fuera juzgado por un delito castigado con menos pena que los demás.

La Fiscalía del Supremo también reaccionó ayer y se puso manos a la obra. El Ministerio Público, cuyos cuatro representantes en la causa tienen previsto reunirse hoy, estudia solicitar a Llarena la retirada de la eurorden, el escenario más plausible tras estudiar todas las opciones legales posibles. Se trata de la primera decisión crucial que adoptará la Fiscalía desde que asumió el mando María José Segarra, nombrada por Pedro Sánchez.

El rechazo a la entrega por parte de Alemania dejaría a Puigdemont con libertad de movimientos en este país, pero no impediría un futuro juicio. Si el expresidente catalán se desplazase a otro país, la Justicia española podría cursar una nueva orden europea de detención y entrega, y el proceso de reclamación volvería a empezar. Además, Puigdemont sería arrestado en el momento si se le ocurre volver a España, donde el delito de rebelión no prescribe hasta pasados veinte años.

Reacciones políticas

La situación procesal de Puigdemont ahora mismo es la de un procesado en firme por rebelión y declarado en rebeldía. Llarena, tras nueve meses de investigación, ha dado por concluida la investigación respecto a los encausados que se encuentran en España, y mantienen en una pieza separada a los huidos.

Además de Alemania está pendiente la respuesta del Reino Unido sobre la entrega de Clara Ponsatí, algo que está previsto que suceda a finales de este mes. Por su parte, la reactivación de la euroorden a Bélgica y la extradición a Suiza para reclamar al resto de fugados estaba supeditada a la decisión de Alemania, con lo que es una incógnita cuál será el próximo paso que dé el juez.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar, de manera especialmente eufórica en el campo del soberanismo, que celebró la decisión prácticamente como si Alemania hubiese reconocido la fallida República catalana, informa Àlex Gubern. Así, los partidos independentistas consideraron que el tribunal alemán ha hecho saltar por los aires lo que consideran que es una persecución vengativa de la Justicia española contra el proceso.

El propio Puigdemont utilizó la red social Twitter para expresarse: «Hemos derrotado la principal metira sostenida por el Estado», publicó. Para el portavoz de JPC, Eduard Pujol, «el delito de rebelión del que eran acusados ha caído», por lo que en «un país normal» los nueve diputados en prisión preventiva estarían la semana que viene en sus escaños. Para el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés (ERC), es la prueba de que la acusación por rebelión «no se aguanta» porque se trata de una «construcción jurídica artificial que no pasa la prueba del algodón en otras jurisdicciones».

Frente a la posición de los independentistas, Inés Arrimadas recordó que la decisión de extraditarle solo por malversación no descarta que haya cometido un delito de rebelión: «No se está juzgando el fondo de la cuestión, (la justicia alemana) no puede decidir que no se ha cometido rebelión en España».